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Timestamp: 2013-12-11 23:53:45+00:00

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RESUMEN DE LA LEY DE ECONOM�A SOSTENIBLE Cargando�
www.notariosyregistradores.com RESUMEN DE LA LEY DE ECONOM�A SOSTENIBLE
Fuenlabrada (Madrid) *
Modo de legislar
Internacionalizaci�n empresas
Evaluaci�n de esta Ley
Agencia y distribuci�n
Navarra y Pa�s Vasco
Esta Ley trata de impulsar la renovaci�n de nuestro tejido productivo muy da�ado como consecuencia de la grave crisis financiera y econ�mica internacional en la que nos hemos visto inmersos y que se ha cebado de modo singular en el sector de la construcci�n y en la p�rdida de empleo en general. La Estrategia para una Econom�a Sostenible, aprobada por Consejo de Ministros en noviembre de 2009, articul� un amplio programa de reformas, entre cuyos objetivos principales se encuentran:
- Incremento en la inversi�n en investigaci�n, desarrollo e innovaci�n,
- fomento de actividades relacionadas con energ�as limpias y el ahorro energ�tico, o - la trasposici�n rigurosa de la Directiva de Servicios. La sostenibilidad perseguida es de tres tipos:
- Econ�mica, asentada en la mejora de la competitividad, en la innovaci�n y en la formaci�n; - medioambiental, aprovechando la imprescindible gesti�n racional de los medios naturales para impulsar nuevas actividades y nuevos empleos, y
- social, persiguiendo la igualdad de oportunidades y la cohesi�n social. Buena parte de su contenido aparecer� en otros textos legales y reglamentarios La presente Ley de Econom�a Sostenible es una de las piezas m�s importantes de esta Estrategia ya que aborda, transversalmente y con alcance estructural, muchos de los cambios que, con rango de ley, son necesarios para lograr los referidos objetivos
Estructura: Tiene un T�tulo Preliminar y cuatro m�s, once disposiciones adicionales, nueve transitorias, cuarenta y cinco finales y una derogatoria. II. T�tulo Preliminar.
En �l se define su objeto, el concepto de econom�a sostenible y los principios de actuaci�n de los poderes p�blicos como el ahorro y la eficiencia energ�tica, la promoci�n de las energ�as limpias y su I+D+i, la racionalizaci�n de la construcci�n residencial, la mejora de la competitividad o de estabilidad en las finanzas p�blicas Objeto de la Ley: introducir en el ordenamiento jur�dico las reformas estructurales necesarias para crear condiciones que favorezcan un desarrollo econ�mico sostenible. Concepto de econom�a sostenible. Es un patr�n de crecimiento que concilia el desarrollo econ�mico, social y ambiental en una econom�a productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesi�n social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Principios de actuaci�n de los poderes p�blicos.
- Estabilidad de las finanzas p�blicas. - Racionalizaci�n de las Administraciones P�blicas.
- Fomento de la capacidad innovadora de las empresas. - Ahorro y eficiencia energ�tica. - Promoci�n de las energ�as limpias y eficaz tratamiento de residuos.
- Racionalizaci�n de la construcci�n residencial.
- Calidad de la educaci�n e impulso de la formaci�n continua. - Y mejora de las prestaciones sociales financieramente sostenibles. III. T�tulo Primero: Se centra en reformas dentro del sector p�blico que permitan la mejora del entorno econ�mico. Concretamente modifica el procedimiento administrativo com�n y dicta normas sobre ordenaci�n general de la econom�a. 1.- Iniciativas normativas. Lleno de buenas intenciones est� el cap�tulo I donde se recogen los principios a los que se han de adaptar las iniciativas normativas y c�mo debe de ser la regulaci�n vigente. El tiempo dir� si no es un mero brindis al sol.
- Entre los principios aplicables a las iniciativas normativas se encuentran los de necesidad, proporcionalidad, seguridad jur�dica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. - Se impulsar�n los instrumentos de an�lisis previo de iniciativas normativas para garantizar que se tengan en cuenta los efectos de todo tipo que �stas produzcan. - Se establecer�n los mecanismos de consulta p�blica con los agentes implicados que estimulen su participaci�n activa en el proceso de elaboraci�n normativa. Para ello pondr�n a su disposici�n todos los canales de comunicaci�n necesarios, especialmente a trav�s de medios telem�ticos.
- Se evitar� la introducci�n de restricciones injustificadas o desproporcionadas al funcionamiento de los mercados.
- Se promover� el desarrollo de procedimientos de evaluaci�n a posteriori de su actuaci�n normativa. - Se crear�n instrumentos de acceso sencillo y universal a la regulaci�n vigente. - Los poderes p�blicos procurar�n el mantenimiento de un marco normativo estable, transparente y lo m�s simplificado posible, f�cilmente accesible por los ciudadanos y agentes econ�micos
- Las Administraciones P�blicas revisar�n peri�dicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulaci�n y a los objetivos de sostenibilidad recogidos en esta Ley y publicar�n un informe peri�dico.
2.- Organismos reguladores. El Cap�tulo II los reforma, introduciendo por primera vez en nuestro ordenamiento un marco horizontal, com�n a todos ellos, que asume sus caracter�sticas de independencia, frente al Gobierno y frente al sector correspondiente, y su actuaci�n de acuerdo con principios de eficiencia y transparencia. Los Organismos Reguladores est�n dotados de personalidad jur�dica propia y plena capacidad p�blica y privada. Act�an en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines con autonom�a org�nica y funcional, plena independencia de las Administraciones P�blicas y de los agentes del mercado. Est�n sometidos al control parlamentario y judicial. Se regir�n por las normas del presente Cap�tulo, por su legislaci�n espec�fica, en lo que no resulte afectado por la presente Ley, y por sus estatutos, aprobados mediante el correspondiente Real Decreto. En lo no previsto en las anteriores normas, se regir�n por la
LRJAP, por la Ley de Organizaci�n y Funcionamiento de la
Administraci�n General del Estado, por la Ley General Presupuestaria y por el resto del ordenamiento jur�dico. Se aplica este cap�tulo a las Comisiones Nacional de Energ�a, del Mercado de las Telecomunicaciones, del Sector Postal o, en parte, a la de la Competencia. No se aplica a los organismos vinculados al �mbito financiero. Se reduce el n�mero de miembros de los Consejos (cuatro m�s el Presidente) y se establecen nuevos mecanismos de rendici�n de cuentas como comparecencias ante el Parlamento. Se fija un periodo transitorio para la salida de los vicepresidentes y de los consejeros que ya hayan extinguido su mandato.
3.- Reforma del mercado financiero.
A) Las sociedades cotizadas incrementar�n la transparencia en relaci�n con la remuneraci�n de sus consejeros y altos directivos, as� como sobre sus pol�ticas de retribuciones. Se modifica la Ley del Mercado de Valores para que las sociedades cotizadas pongan a disposici�n de los accionistas un informe sobre remuneraciones que ser� aprobado en la Junta General. Tambi�n el Banco de Espa�a podr� exigir a las entidades de cr�dito pol�ticas de remuneraci�n coherentes con una gesti�n del riesgo prudente y eficaz. B) Como mecanismos de protecci�n de los usuarios de servicios financieros y con el fin de asegurar la pr�ctica de un cr�dito responsable, las entidades de cr�dito deber�n evaluar la solvencia del prestatario, a la vez que aumentar la informaci�n proporcionada sobre los productos financieros y bancarios que se le ofrecen. Es de destacar el art�culo 29 que se transcribe en parte: �1. Las entidades de cr�dito, antes de que se celebre el contrato de cr�dito o pr�stamo, deber�n evaluar la solvencia del potencial prestatario, sobre la base de una informaci�n suficiente. A tal efecto, dicha informaci�n podr� incluir la facilitada por el solicitante, as� como la resultante de la consulta de ficheros automatizados de datos�
2. Se faculta al Ministro de Econom�a y Hacienda para que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, apruebe las
normas necesarias para garantizar el adecuado nivel de protecci�n de los usuarios de servicios financieros en sus relaciones con las entidades de cr�dito, incluy�ndose, en todo caso, las medidas relacionadas con la transparencia de las condiciones financieras de los pr�stamos y cr�ditos hipotecarios y del cr�dito al consumo. Estas normas tendr�n la condici�n de normas de ordenaci�n y disciplina y� podr�n tener el contenido siguiente:
a) Normas dirigidas a promover las pr�cticas de concesi�n responsable de pr�stamos o cr�ditos, incluyendo pr�cticas que favorezcan:
1.� una adecuada atenci�n a los ingresos de los consumidores en relaci�n con los compromisos que adquieran al recibir un pr�stamo;
2.� la adecuada e independiente valoraci�n de las garant�as inmobiliarias que aseguren los pr�stamos de forma que se contemplen mecanismos que eviten las influencias indebidas de la propia entidad o de sus filiales;
3.� la consideraci�n de diferentes escenarios de evoluci�n de los tipos en los pr�stamos a inter�s variable, las posibilidades de cobertura frente a tales variaciones y todo ello teniendo adem�s en cuenta el uso o no de �ndices oficiales de referencia;
4.� la obtenci�n y documentaci�n apropiada de datos relevantes del solicitante;
5.� la informaci�n precontractual y asistencia apropiadas para el consumidor;
6.� el respeto de las normas de protecci�n de datos.
b) Normas sobre la prestaci�n a los consumidores de los restantes servicios bancarios distintos de los de inversi�n, en especial respecto a la contrataci�n de dep�sitos y a las comunicaciones que permitan el seguimiento de las operaciones realizadas por dichos clientes.
c) La informaci�n precontractual que debe facilitarse a los consumidores antes de que formalicen sus relaciones contractuales con las entidades, incluyendo las que deben figurar en las p�ginas electr�nicas de la entidad cuando se ofrezcan servicios por esa v�a o por otras de comercializaci�n a distancia, todo ello para asegurar que aqu�lla refleje de forma expl�cita y con la necesaria claridad los elementos m�s relevantes de los productos contratados.
Lo previsto en este art�culo se entender� sin perjuicio de la libertad de contrataci�n que, en sus aspectos sustantivos y con las limitaciones que pudieran emanar de otras disposiciones legales, deba presidir las relaciones entre las entidades de cr�dito y su clientela.�
C) Reforma de los mercados de seguros y fondos de pensiones para mejorar la tutela de los derechos de los asegurados y fomentar el desarrollo de la actividad econ�mica en este sector mediante la transparencia en la mediaci�n de seguros y reaseguros, simplificar y agilizar los tr�mites y aumentar la protecci�n de los ahorradores y los tomadores de seguros. Afecta a los siguientes textos legales:
- El TR de la Ley de regulaci�n de los
- Y el TR de la Ley de ordenaci�n y supervisi�n de los
D) Clientes de servicios financieros. Se desarrollan los mecanismos para su protecci�n, permitiendo la actuaci�n de los servicios de reclamaciones de los supervisores financieros mediante la modificaci�n de la Ley de
Medidas de Reforma del Sistema Financiero. E) Las disposiciones transitorias primera a quinta detallan el r�gimen de adaptaci�n aplicables a las medidas de reforma de los mercados financieros
4. Sostenibilidad financiera del sector p�blico.
El Cap�tulo IV introduce principios de actuaci�n y medidas como las siguientes:
- Pol�ticas de racionalizaci�n y contenci�n del gasto, de acuerdo con los objetivos de estabilidad presupuestaria destacando al respecto el Plan de Austeridad, que podr� llevar en �ltima instancia a la racionalizaci�n de las estructuras de la Administraci�n General del Estado y el sector p�blico empresarial.
- Las sociedades mercantiles estatales y las entidades p�blicas empresariales adscritas a la Administraci�n General del Estado adaptar�n su gesti�n a los principios enunciados de esta Ley, enumer�ndose patrones de sostenibilidad y planes estrat�gicos a desarrollar en un a�o.
- Para ayudar a la disciplina presupuestaria de las Entidades locales, se habilita al Ministerio de Econom�a y Hacienda a que, bajo determinadas condiciones, retenga el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participaci�n en los tributos del Estado que le corresponda, cuando las Entidades locales incumplan la obligaci�n de remitir la liquidaci�n de sus respectivos presupuestos de cada a�o. 5. Eficiencia de la contrataci�n p�blica.
Se aborda en el Cap�tulo V junto a una amplia reforma de la Ley de
Contratos del Sector P�blico (por las D. F. 16� y 55�). Ver tambi�n la DF. 32� (que anuncia un texto refundido) y la D.Tr.7�.
- Se modifica por completo la normativa de los modificados de obras, de acuerdo con las pr�cticas recomendadas por la Uni�n Europea.
- Se regula la sucesi�n de la persona del contratista, a�adiendo un art�culo, el 73 bis. Se centra fundamentalmente en fusiones y escisiones. - Se completa la regulaci�n que del valor estimado de los contratos hace el art. 76.1: En el caso de que se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitaci�n la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerar� valor estimado del contrato el importe m�ximo que �ste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas. - Se regula la modificaci�n de los contratos introduciendo un nuevo T�tulo V al Libro I. Ver tambi�n el nuevo 202.
- Desaparece en el art. 207 la referencia a que en los supuestos de modificaciones que excedan del 20 por ciento del precio inicial del contrato, la Administraci�n tambi�n pueda instar la resoluci�n.
- Se establece una mayor transparencia de la informaci�n en la contrataci�n p�blica, se fomenta la realizaci�n de contratos de investigaci�n y desarrollo, y se impulsa la participaci�n de peque�as y medianas empresas en la contrataci�n p�blica. - Se centraliza el acceso a la informaci�n contractual en una
plataforma electr�nica en la que se difundir� toda la informaci�n relativa a las licitaciones convocadas por el sector p�blico estatal. - Se simplifican los tr�mites administrativos en los procesos de contrataci�n disminuyendo el coste que para los empresarios implica participar en procedimientos de adjudicaci�n de contratos p�blicos. - Se establecen reglas espec�ficas para la denominada �contrataci�n precomercial� para favorecer la investigaci�n y desarrollo. - Se incluyen ciertas previsiones que completan el r�gimen jur�dico de las f�rmulas contractuales e institucionales de colaboraci�n entre el sector p�blico y el sector privado. En concreto, la D. F. 16� regula determinados aspectos del contrato de distribuci�n que est�n siendo muy pol�micos en el sector del autom�vil.
- Se regulan los t�rminos en que los adjudicatarios de estos contratos pueden concurrir a los mercados de capitales para obtener financiaci�n para la ejecuci�n de los mismos. - La D. F. 32� autoriza al Gobierno para elaborar un texto refundido en materia de contrataci�n p�blica en el plazo de un a�o.
- La D. F. 55� cambia el concepto del contrato de gesti�n de servicios p�blicos para incluir a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, encomienda a una persona, natural o jur�dica, la gesti�n de un servicio cuya prestaci�n ha sido asumida como propia de su competencia por la Administraci�n o Mutua encomendante.
La D. Tr. 7� dispone que los contratos administrativos regulados por la Ley 30/2007, que hayan sido adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se regir�n en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinci�n, incluida su duraci�n y r�gimen de pr�rrogas, por la normativa anterior.
6. Responsabilidad social de las empresas. En el Cap�tulo VI se anuncia que el Gobierno pondr� a disposici�n de las empresas un conjunto de caracter�sticas e indicadores para su
autoevaluaci�n en materia de responsabilidad social, as� como modelos o referencias de reporte.
Una empresa responsable debe de perseguir estos objetivos: transparencia en la gesti�n, buen gobierno corporativo, compromiso con lo local y el medioambiente, respeto a los derechos humanos, mejora de las relaciones laborales, promoci�n de la integraci�n de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y del consumo sostenible.
Se prev� un informe anual por parte de las sociedades an�nimas, pero no parece obligatorio.
Cualquier empresa podr� solicitar voluntariamente ser reconocida como empresa socialmente responsable, de acuerdo con las condiciones que determine el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial.
IV. T�tulo Segundo: Introduce una serie de novedades directamente vinculadas con el impulso de la competitividad del modelo econ�mico espa�ol, eliminando obst�culos administrativos y tributarios, actuando espec�ficamente sobre tres ejes: - el desarrollo de la sociedad de la informaci�n,
- un nuevo marco de relaci�n con el sistema de I+D+i y
- una importante reforma del sistema de formaci�n profesional, que se lleva a cabo mediante esta Ley y una Ley Org�nica complementaria.
1. Medidas de simplificaci�n administrativa. Est�n en el Cap�tulo I - Se establece la obligaci�n, para el Gobierno y las Comunidades Aut�nomas, de impulsar reformas normativas para ampliar el �mbito de aplicaci�n del silencio administrativo positivo, salvo razones imperiosas. El Gobierno presentar� un Proyecto de Ley en tres meses. Las Comunidades Aut�nomas tienen un a�o.
- Se a�ade el art. 84 bis a la Ley de
Bases de R�gimen Local, para restringir la posibilidad de exigir licencias a aquellas actividades en las que concurran razones imperiosas de inter�s general, vinculadas con la protecci�n de la salud o seguridad p�blicas, el medioambiente o el patrimonio hist�rico-art�stico.
- Se podr�n cobrar tasas por las actividades de verificaci�n para aquellas actividades no sujetas a autorizaci�n o control previo.
2. Medidas tributarias.
Est�n en el Cap�tulo II. Se a�aden otras dispersas por el articulado.
- Se incorpora la figura del trabajador aut�nomo econ�micamente dependiente en el art�culo 32.2 de la Ley del
IRPF. Esta definici�n permite ampliar el �mbito de la reducci�n del rendimiento neto de actividades econ�micas. - La D. F. 49� a�ade dos disposiciones adicionales a la Ley del
- La 31� regula los rendimientos derivados del ejercicio de opciones de compra sobre acciones.
- La 32� recoge la escala auton�mica aplicable a los residentes en Ceuta y Melilla.
- Para los grupos fiscales se simplifica la comunicaci�n de sus variaciones que realizar� la sociedad dominante en la declaraci�n del primer pago fraccionado al que afecte la nueva composici�n. Se modifica al respecto el art. 70. 6 de la Ley el Impuesto de Sociedades.
- Se sustituyen determinadas obligaciones de publicaci�n de las administraciones tributarias en boletines oficiales por la posibilidad de publicaci�n en sede electr�nica. Se modifica, al respecto, el
art�culo 112 de la Ley General Tributaria relativo a la notificaci�n por comparecencia para los casos en que no sea posible efectuar la notificaci�n al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administraci�n tributaria e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, o tras un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar.
- A la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la D. F. 37� a�ade la D. Ad. 13� relativa al r�gimen fiscal com�n aplicable a las fusiones, escisiones, etc., que var�a referencias normativas a Directivas Comunitarias.
- La D. F. 48� modifica el art. 117 bis de la Ley del IVA que trata sobre solicitudes de devoluci�n de empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicaci�n del Impuesto, Islas Canarias, Ceuta y Melilla correspondientes a cuotas soportadas por operaciones efectuadas en la Comunidad con excepci�n de las realizadas en el territorio de aplicaci�n del Impuesto.
- La D. F. 57� modifica el art. 14.1, letras k) y l) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2004, de 5 de marzo. Este art�culo est� dedicado a las rentas exentas y los apartados referidos a los dividendos y participaciones en beneficios obtenidos sin mediaci�n de establecimiento permanente por fondos de pensiones equivalentes y por determinadas instituciones de inversi�n colectiva, extendi�ndose la posible exenci�n a fondos de pensiones e instituciones de inversi�n colectiva residentes en los Estados integrantes del Espacio Econ�mico Europeo siempre que estos hayan suscrito un convenio con Espa�a para evitar la doble imposici�n internacional con cl�usula de intercambio de informaci�n o un acuerdo de intercambio de informaci�n en materia tributaria.
- La D. F. 58� suprime dentro la Ley General Tributaria el segundo p�rrafo del art. 2.2 a). Este art�culo est� dedicado al concepto, fines y clases de tributos. El p�rrafo suprimido trataba sobre tasas y aclaraba cu�ndo se entender�a que los servicios se prestan o las actividades se realizan en r�gimen de derecho p�blico. Aparece en cursiva:
2. Los tributos, cualquiera que sea su denominaci�n, se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos:
a) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilizaci�n privativa o el aprovechamiento especial del dominio p�blico, la prestaci�n de servicios o la realizaci�n de actividades en r�gimen de derecho p�blico que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepci�n voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.
Se entender� que los servicios se prestan o las actividades se realizan en r�gimen de derecho p�blico cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la legislaci�n administrativa para la gesti�n del servicio p�blico y su titularidad corresponda a un ente p�blico.
3. CATASTRO. Se aborda la reforma de la actividad catastral en dos partes del articulado:
- En el Cap. III del T�tulo II (art. 46) se dictan las reglas generales de la reforma.
- La D. F. 18� modifica el Texto Refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario. Principales reformas:
- Se refuerza la colaboraci�n que prestan al catastro los notarios y registradores de la propiedad:
- Se reducen los plazos de env�o de informaci�n al Catastro por los notarios.
- Se ampl�an los casos de comunicaci�n por los notarios y por los registradores de la propiedad, incrementando los supuestos en los que se suple la obligaci�n de declarar por los titulares de los inmuebles.
- Se ampl�a la informaci�n catastral a disposici�n de la sociedad, tanto cartogr�fica como descriptiva de los inmuebles, mejorando la accesibilidad por medios electr�nicos con las limitaciones que se deriven del r�gimen de protecci�n de datos.
- Se generaliza la utilizaci�n de la certificaci�n catastral descriptiva y gr�fica, el empleo de la cartograf�a catastral y se mejora la operatividad en la utilizaci�n de la referencia catastral.
- Se ampl�a y mejora el procedimiento de comunicaciones y el dise�o de nuevos mecanismos de conciliaci�n de la informaci�n catastral con la realidad inmobiliaria, a cuyos efectos los notarios podr�n participar en la soluci�n de discrepancias y rectificaci�n de errores.
- Los procedimientos de acceso a la informaci�n catastral, comunicaci�n y colaboraci�n entre administraciones se desarrollar�n
preferentemente a trav�s de medios telem�ticos.
- La cartograf�a digital del Catastro ser� accesible de forma telem�tica y gratuita al menos a trav�s de la
Sede Electr�nica del Catastro y del
Geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales de Espa�a.
Se repasan las principales variaciones en el articulado.
- Art. 3: en la descripci�n catastral se a�ade el n�mero de identificaci�n fiscal del titular catastral o, en su caso, n�mero de identidad de extranjero.
- Art. 3. La certificaci�n catastral descriptiva y gr�fica se incorporar� a los documentos p�blicos que contengan hechos, actos o negocios susceptibles de generar una incorporaci�n en el Catastro Inmobiliario, as� como al Registro de la Propiedad en los supuestos previstos por ley.
- Art. 3. Esta certificaci�n en los procedimientos administrativos ser� el medio de acreditaci�n de la descripci�n f�sica de los inmuebles.
- Art. 3. Se refuerza la presunci�n de certeza de los datos catastrales al suprimirse la expresi�n �a los solos efectos catastrales�.
- Art. 3: Se mantiene la prevalencia de los pronunciamientos jur�dicos del Registro de la Propiedad.
- Art. 6.3. La referencia catastral deber� figurar en todos los documentos que reflejen relaciones de naturaleza econ�mica o con trascendencia tributaria vinculadas al inmueble.
- Art. 11. Uno de los procedimientos de incorporaci�n de bienes y datos se llama ahora de subsanaci�n de discrepancias y rectificaci�n.
- Art. 12.6. Se deroga este apartado dedicado a los bienes en proindiviso.
- Art. 14. Se considera tambi�n comunicaci�n la informaci�n que deben remitir los notarios referida a la segregaci�n, divisi�n, agregaci�n o agrupaci�n de los bienes inmuebles, siempre que, realizadas las actuaciones que prev� el art�culo 47.2, conste la referencia catastral de los inmuebles afectados, exista correspondencia entre los inmuebles objeto de dichas actuaciones y la descripci�n que figura en el Catastro y que se aporte el plano, representado sobre la cartograf�a catastral, que permita la identificaci�n de esas alteraciones.
- Art. 14. Se considera tambi�n comunicaci�n la informaci�n que remita el registrador al Catastro en los supuestos de concentraci�n parcelaria, deslinde administrativo, expropiaci�n forzosa y de los actos de planeamiento y de gesti�n urban�sticos que se determinen reglamentariamente. Ha de hacerlo siempre que, realizadas las actuaciones que prev� el art�culo 48.5, conste la referencia catastral de los inmuebles afectados, as� como el plano que permita la identificaci�n de dichas actuaciones sobre la cartograf�a catastral.
- Art. 18. Procedimientos de subsanaci�n de discrepancias y
de rectificaci�n. Aparte de a�adir al t�tulo lo de �rectificaci�n�, se prev� una tramitaci�n abreviada cuando no existan terceros afectados, ya que podr� iniciarse directamente con la notificaci�n de la propuesta de resoluci�n.
- Art. 18. Se a�ade un segundo p�rrafo dirigido a notarios y registradores:
Cuando exista identidad, en los t�rminos que establece el art�culo 45 (10% de tolerancia en superficie y sin dudas sobre la identidad de la finca o bien coincidencia en situaci�n, superficie y linderos), con la correspondiente finca registral inscrita, en los asientos posteriores se tomar� como base la nueva descripci�n f�sica y gr�fica.
En los supuestos en que no exista dicha identidad, el
registrador de la propiedad, por medios telem�ticos, pondr� esta circunstancia en conocimiento de la Direcci�n General de Catastro que, tras analizar la motivaci�n expuesta, emitir� informe cuyas conclusiones se har�n constar en el Registro de la Propiedad e incoar�, en su caso, el procedimiento oportuno.
Los nuevos plazos entrar�n en vigor el 6 de marzo de 2012.
- Art. 33. La base geom�trica del Catastro Inmobiliario est� constituida por la cartograf�a parcelaria elaborada por la Direcci�n General del Catastro. Dicha cartograf�a catastral constituir� la base para la georreferenciaci�n de los bienes inmuebles.
- Art. 33. La cartograf�a catastral estar� disponible preferentemente a trav�s de un servidor de mapas gestionado por la Direcci�n General del Catastro o de los servicios que a tal efecto se establezcan en su sede electr�nica.
- Art. 33.4. Con el fin de facilitar la utilizaci�n de la cartograf�a catastral como cartograf�a b�sica para la identificaci�n de las fincas en el Registro de la Propiedad, la Direcci�n General del Catastro proporcionar� acceso al servicio de identificaci�n y representaci�n gr�fica de dichas fincas sobre la cartograf�a catastral, mediante un sistema interoperable que responder� a las especificaciones que se determinen por Resoluci�n de la Direcci�n General del Catastro.
En los supuestos en que se hubieran utilizado medios o procedimientos distintos de la cartograf�a catastral para la identificaci�n gr�fica de las fincas en el Registro de la Propiedad podr� aplicarse el procedimiento de rectificaci�n por ajustes cartogr�ficos establecido en el art�culo 18.3 de esta Ley.
- Art. 36. Ha de ser gratuita la informaci�n telem�tica que est�n obligados a suministrar las Administraciones y dem�s entidades p�blicas, los fedatarios p�blicos y quienes, en general, ejerzan funciones p�blicas al Catastro Inmobiliario.
- Art. 36.3 La remisi�n que han de hacer los notarios dentro de los 20 primeros d�as del mes ha de ser telem�tica. - Art. 36.3. Tambi�n remitir�n la documentaci�n complementaria incorporada en la escritura p�blica que sea de utilidad para el Catastro.
- Art. 36.3. Cuando dicho suministro se refiera a las comunicaciones que deben realizar los notarios conforme a lo dispuesto en el art�culo 14. a) (segregaciones�), la remisi�n de la informaci�n deber� producirse dentro de los 5 d�as siguientes a la autorizaci�n del documento p�blico que origine la alteraci�n. Los nuevos plazos entrar�n en vigor el 6 de marzo de 2012.
- Art. 36.3. Mediante Resoluci�n de la Direcci�n General del Catastro, previo informe favorable de la Direcci�n General de los Registros y Notariado, se regular�n los requisitos t�cnicos para dar cumplimiento a las obligaciones de suministro de informaci�n tributaria establecidas en este apartado.
- Art. 46.2. Modificaciones de inmuebles en procedimientos administrativos.
- Art. 47.2. Cuando las modificaciones a que se refiere el art�culo 40.2 consistan en agrupaciones, agregaciones, segregaciones o divisiones de fincas o se trate de la constituci�n sobre ellas del r�gimen de propiedad horizontal, el notario remitir� al Catastro, en el plazo de cinco d�as desde la autorizaci�n del documento, copia simple de la escritura junto con el plano o proyecto, si se lo presentase el interesado, para que se expida una nueva referencia catastral. El Catastro comunicar� la nueva referencia catastral al notario autorizante del documento p�blico en el plazo de 24 horas, para su constancia en la matriz por diligencia o nota al margen. La misma documentaci�n se aportar� para la asignaci�n notarial de la referencia catastral provisional en los supuestos de obra nueva en construcci�n en r�gimen de propiedad horizontal. Los nuevos plazos entrar�n en vigor el 6 de marzo de 2012.
- Art. 48. Se refiere a la constancia registral de la referencia catastral y sufre dos modificaciones:
- Se a�ade, al aludir que debe de constar en el asiento como uno m�s de los datos descriptivos de la finca, que se hace �con el car�cter y efectos establecidos en el art�culo 6.3� (situar a la finca en la cartograf�a catastral y efectos tributarios)
- Se a�ade este p�rrafo: �5. En caso de inscripci�n de actos de naturaleza urban�stica, el registrador remitir� a la Direcci�n General del Catastro copia del plano el d�a siguiente al de su presentaci�n en el Registro de la Propiedad. El Catastro devolver� al registrador, en el plazo de cinco d�as, las referencias catastrales de las fincas objeto del acto de que se trate.� Los nuevos plazos entrar�n en vigor el 6 de marzo de 2012.
- Art. 62. No est�n sujetas a la tasa de acreditaci�n catastral la expedici�n de las certificaciones y documentos enumerados cuando su obtenci�n se produzca directamente por medios telem�ticos. La lista la forman a) Ortofotograf�a. b) Fotograf�a a�rea. c) Cartograf�a. d) Informaci�n alfanum�rica digital. Y e) Copias de informaci�n no gr�fica de expedientes.
- Disposici�n adicional segunda. Colaboraci�n de notarios y registradores. Prev� una Orden de Presidencia para desarrollar los aspectos procedimentales que sean precisos para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Ley, siempre que no se hayan previsto en �sta de modo espec�fico otros desarrollos normativos.
- Disposici�n transitoria octava. Utilizaci�n de medios electr�nicos. La vigencia de los plazos previstos en los art�culos 18.2, 36.3, 46.2, 47.2 y 48.5 de esta Ley se producir� transcurrido un a�o desde la entrada en vigor de la Ley de Econom�a Sostenible. Entre tanto, ser�n de aplicaci�n los plazos establecidos en dichos art�culos conforme a la redacci�n vigente a la entrada en vigor de dicha Ley.
Por tanto, su entrada en vigor ser� el 6 de marzo de 2012. Art. 18.2. Discrepancias relativas a la configuraci�n o superficie de la parcela.
El notario informar� a la Direcci�n General del Catastro sobre la rectificaci�n realizada, por medios telem�ticos, en el plazo m�ximo de cinco d�as desde la formalizaci�n del documento p�blico. Art. 36.3. Deber de colaboraci�n. Los notarios y registradores de la propiedad remitir�n telem�ticamente al Catastro, dentro de los 20 primeros d�as de cada mes, informaci�n relativa a los documentos por ellos autorizados o que hayan generado una inscripci�n registral en el mes anterior, en los que consten hechos, actos o negocios susceptibles de inscripci�n en el Catastro Inmobiliario. En dicha informaci�n se consignar� de forma separada la identidad de las personas que hayan incumplido la obligaci�n de aportar la referencia catastral establecida en el art�culo 40. Asimismo, remitir�n la documentaci�n complementaria incorporada en la escritura p�blica que sea de utilidad para el Catastro.
Art. 46.2 Modificaciones de inmuebles en procedimientos administrativos. Cuando del procedimiento administrativo resulten modificaciones en el inmueble de acuerdo con lo previsto en el art�culo 40.2, el �rgano administrativo remitir� al Catastro copia de los planos de situaci�n, para que por �ste se expidan y comuniquen, en el plazo de cinco d�as, las nuevas referencias catastrales de los bienes inmuebles afectados.
Art. 47.2. Constancia catastral en documentos notariales.
Cuando las modificaciones a que se refiere el art�culo 40.2 consistan en agrupaciones, agregaciones, segregaciones o divisiones de fincas o se trate de la constituci�n sobre ellas del r�gimen de propiedad horizontal, el notario remitir� al Catastro, en el plazo de cinco d�as desde la autorizaci�n del documento, copia simple de la escritura junto con el plano o proyecto, si se lo presentase el interesado, para que se expida una nueva referencia catastral. El Catastro comunicar� la nueva referencia catastral al notario autorizante del documento p�blico en el plazo de 24 horas, para su constancia en la matriz por diligencia o nota al margen. La misma documentaci�n se aportar� para la asignaci�n notarial de la referencia catastral provisional en los supuestos de obra nueva en construcci�n en r�gimen de propiedad horizontal. Art. 48.5. Constancia registral de la referencia catastral.
5. En caso de inscripci�n de actos de naturaleza urban�stica, el registrador remitir� a la Direcci�n General del Catastro copia del plano el d�a siguiente al de su presentaci�n en el Registro de la Propiedad. El Catastro devolver� al registrador, en el plazo de cinco d�as, las referencias catastrales de las fincas objeto del acto de que se trate. Algunos puntos para debatir:
- �La subsanaci�n de discrepancias del art�culo 18 se refiere, desde un punto de vista subjetivo a todos los t�tulos o tan s�lo a los otorgados por el titular registral? Parece que s�lo a estos �ltimos seg�n opinan tambi�n
Joaqu�n Delgado Ramos y
Javier L�pez Cano, pues son los que han de conocer la finca y tienen mayor obligaci�n de contribuir a la correcci�n de los datos catastrales. - �Queda alg�n t�tulo otorgado por el titular registral fuera de las exigencias de incorporaci�n � manifestaci�n?
- Un c�rculo conc�ntrico lo forma el conjunto de casos en que es precisa la incorporaci�n de la certificaci�n catastral. Seg�n el art. 3, ser�n �documentos p�blicos que contengan hechos, actos o negocios susceptibles de generar una incorporaci�n en el Catastro Inmobiliario, as� como al Registro de la Propiedad en los supuestos previstos por ley.� La clave tal vez est� en interpretar la expresi�n �as� como�. Si se considera como requisitos cumulativos (t�tulos con efectos tanto en Catastro como en Registro), podr�an quedar fuera hipotecas, novaciones, subrogaciones, etc. Se si opta por una interpretaci�n disyuntiva, tambi�n a este tipo de documentos les ser�a aplicable el art�culo 18. En una interpretaci�n teleol�gica yo me inclino por la restrictiva, pues no parece, por ejemplo, adecuado un t�tulo de novaci�n -que pretende conceder un periodo de carencia- para adaptar Registro, Catastro y realidad f�sica.
- �Y los t�tulos correspondientes a elementos de una divisi�n horizontal? Estos t�tulos se adaptan a la exigibilidad de la incorporaci�n de la certificaci�n catastral, pero no al proceso derivado de la existencia de discrepancias pues lo que se trata cohonestar con la realidad y el registro no es tanto un piso como la parcela sobre la que est� situada la divisi�n horizontal. No parece razonable que los titulares del s�ptimo izquierda se tengan que someter a un procedimiento que afecte a toda la divisi�n horizontal, siendo s�lo titulares, a trav�s de los elementos comunes de una �nfima parte de la parcela global. Aparte de ello, en estos casos, la descripci�n catastral no suele ser lo suficientemente completa para comparar terrenos.
- �Y si los interesados ignoran si las superficies coinciden? Este �tertium genus� -que ser� el m�s habitual en la pr�ctica- no est� previsto por el legislador. Normalmente los intervinientes no son expertos en mediciones y carecen de un plano de su propiedad. En los pisos y locales existe un batiburrillo de posibles modos de medir: superficie construida, �til, computable, terrazas, con parte proporcional de elementos comunes� No resulta razonable empujar a los interesados a optar entre decir que coincide o que no coincide cuando no lo saben. Tampoco se les puede imponer la carga de averiguarlo contratando a un t�cnico. Quiz�s sea lo m�s l�gico interpretar que no hay discrepancia cuando no se dice de modo expreso.
�Es obligatorio seguir por notarios y registradores el procedimiento para subsanar discrepancias previsto en el art�culo 18.2? Un argumento a favor de su voluntariedad estar�a en que se utiliza una expresi�n potestativa (podr�n) en el encabezado del art�culo 18.2 Sin embargo, la expresi�n �podr�n� tambi�n puede estar referida al resultado positivo, s�lo posible, del procedimiento. El comienzo del 18.2 a) aparece, en cambio, con un sesgo m�s imperativo: �el notario� solicitar� de los otorgantes�. En la misma l�nea de argumentaci�n estar�a la obligaci�n cualificada que tienen notarios y registradores de colaborar con el Catastro y la intenci�n manifiesta que persigue la Ley seg�n su Exposici�n de Motivos: �Se reducen as� las cargas administrativas que soportan los ciudadanos, mediante el refuerzo en la colaboraci�n que prestan al catastro los notarios y registradores de la propiedad, al ampliarse los supuestos en los cuales la informaci�n que comunican suple la obligaci�n de presentar declaraci�n y al incorporarse la posibilidad de mejorar, tras la intervenci�n notarial, la conciliaci�n entre la base de datos catastral y la realidad f�sica inmobiliaria�. Me inclino, pues, por la obligatoriedad de intentar seguir el protocolo del 18.2, pues, de este modo, se pueden evitar algunas declaraciones que, hasta el presente, deber�an de presentar los ciudadanos. La interpretaci�n contraria �dejar la decisi�n en manos del fedatario autorizante- podr�a diluir los objetivos manifiestos de la reforma. Ser�a defendible que el interesado -por desinter�s o ignorancia de la informaci�n precisa- le pudiera exonerar al Notario de seguir el protocolo del 18.2, pues �l es el primer beneficiario �aunque no �nico- de la rectificaci�n. A su vez, cabr�an dos posibilidades de defender la renuncia: o bien inicialmente, o bien, tras la pregunta del Notario acerca de la identidad entre la realidad f�sica y la descripci�n obrante en la certificaci�n catastral. Creo m�s defendible la renuncia desde el principio, pues, tras la pregunta, el 18.2 marca exactamente lo que el Notario debe de hacer. La renuncia desde el principio es armoniosa con el �podr�n� que se utiliza en el encabezado del precepto y tambi�n con la filosof�a del la ley de intentar reducir las cargas de los ciudadanos. Ahora bien, si ellos no quieren aprovecharse por considerar que no es el momento oportuno o que m�s que quitarles cargas se les imponen... Pi�nsese que luego la posible acta la tendr�an que pagar y lleva su tiempo. Ahora bien, las renuncias llevan sus riesgos pues exigen una labor previa de informaci�n por parte del fedatario al ciudadano y tambi�n pueden convertirse en meras cl�usulas de estilo. Por ello lo planteo, como dice el encabezado, como un punto para debatir al tener importantes pros y contras. (Nota: esta posibilidad de renuncia que planteo no estaba en mi versi�n inicial). Ver y responder encuesta
El no haber seguido este protocolo, �es obst�culo que suspende la inscripci�n? El registrador tiene la obligaci�n de incorporar en los asientos de las fincas ya inscritas la nueva descripci�n de la configuraci�n y superficie del inmueble que obre en la escritura y, posteriormente, calificar si existe identidad o no con la finca registral a los efectos oportunos. Dif�cilmente puede cumplir con esta obligaci�n si del t�tulo no se desprenden los datos necesarios para cumplir con su labor. Por ello, de entender que resulta obligatorio para el notario el seguir el protocolo del art�culo 18.2 (ver los puntos anteriores), me inclino por considerar que ser�a defecto el que no aparezca rastro en la escritura del procedimiento que prev� el art�culo 18.2 o, en su caso, de la renuncia por el interesado.
�Y es defecto la no incorporaci�n del certificado catastral? Dif�cil respuesta tiene la pregunta al poner en relaci�n los art�culos 18.2 y 44.2 de la Ley del Catastro. Es obligatoria esa incorporaci�n por lo dispuesto en el art�culo 3.2. Pero el art. 44.2 dice textualmente que �La falta de aportaci�n de la referencia catastral:� No impedir� que los notarios autoricen el documento ni afectar� a su eficacia o a la del hecho, acto o negocio que contenga.� Y el art. 44.3 completa expresando que �la no constancia de la referencia catastral en los documentos inscribibles o su falta de aportaci�n no impedir� la pr�ctica de los asientos correspondientes en el Registro de la Propiedad, conforme a la legislaci�n hipotecaria.� Ante expresiones tan claras, estimo que tal omisi�n no es defecto, m�xime cuando el registrador puede tambi�n obtenerla telem�ticamente y as� obviar el problema.
Como los conceptos de parcela y finca registral
no coinciden, �qu� hacer cuando una finca registral se corresponda con dos o m�s parcelas catastrales?: �habr� de cuartearse la descripci�n y transformarla en sumatorio de las descripciones parciales de las diversas parcelas catastrales? Creo que se deber�a mantener la descripci�n global de la finca registral y a�adir las parciales, aunque ello resulte farragoso.
Nota: en estos apuntes se han recogido algunas ideas expuestas por Jos� Antonio Alba Navarro, Notario de Fuenlabrada y por Ildefonso S�nchez Prat, Notario de Barcelona, sin que ello signifique que est�n de acuerdo en todo lo dicho.
Opinar en el Foro de Actualidad.
Encuesta 2. Ver trabajo de Joaqu�n Delgado.
Ver trabajo de Javier L�pez Cano.
Ver trabajo de Lu�s Fern�ndez-Bravo Franc�s.
Ver trabajo de Salvador Torres Esc�mez. Ver trabajo de Eugenio de Vicente, con modelos. Ver trabajo de Luis Bustillo. Ver trabajo de Jos� Montoro. Ver trabajo de �scar V�zquez.
Ver trabajo de Fernando Gom�. Ver trabajo de Francisco Consegal.
Ver trabajo de Jos� Ignacio Su�rez Pinilla.
4. Impulso a la sociedad de la informaci�n.
A ello se dedica el Cap�tulo IV del que conviene destacar:
- Se introduce como elemento integrante del servicio universal la conexi�n a banda ancha a una velocidad de 1Mbit por segundo, provista a trav�s de cualquier tecnolog�a. - Se utilizan los avances de las nuevas tecnolog�as para una utilizaci�n m�s intensa de las bandas de frecuencias.
- Se reduce la tasa que los operadores de telecomunicaciones han de satisfacer. - En los edificios se garantizar� que las viviendas puedan conectarse a las redes de telecomunicaciones de acceso ultrarr�pido, y a nuevos servicios audiovisuales.
5. Impulso a la actividad investigadora y a la innovaci�n.
Entre las medidas incluidas en el Cap�tulo V rese�amos:
- Se regula la titularidad y car�cter patrimonial de los resultados de la actividad investigadora y del derecho a solicitar los correspondientes t�tulos de propiedad industrial e intelectual para su protecci�n y la aplicaci�n del derecho privado a las transmisiones a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora respecto de los
Organismos p�blicos de investigaci�n, las universidades p�blicas, las fundaciones del sector p�blico estatal, las sociedades mercantiles estatales y otros centros de investigaci�n dependientes de la Administraci�n General del Estado.
- Se busca fomentar la transferencia de los resultados de la actividad investigadora desde los centros de investigaci�n y universidades al sector privado. - Las patentes sostenibles tienen tramitaci�n preferente con una reducci�n del 18 por ciento en tres a�os, de diversas tasas en materia de propiedad industrial. - Se incrementa la deducci�n en el Impuesto sobre Sociedades, del 8 al 12 por ciento, para las actividades de innovaci�n tecnol�gica (arts. 35 y 44).
6. Internacionalizaci�n de las empresas. El Cap�tulo VI marca las nuevas l�neas directrices para la pol�tica de internacionalizaci�n de la empresa.
- Se incorporan elementos como la imagen de marca, la transferencia de tecnolog�a o impacto de la actividad de la empresa en el medioambiente, que vienen a completar el concepto tradicional de exportaci�n.
- Se modifica la Ley reguladora del r�gimen del
Seguro de Cr�dito a la Exportaci�n.
- Se impulsar� la red espa�ola de convenios para evitar la doble imposici�n.
7. Formaci�n profesional. El Cap�tulo VII recoge los principios por los que ha de regirse. Sin embargo, sobre esta materia hay que tener en cuenta tambi�n la Ley Org�nica complementaria de la presente Ley de Econom�a Sostenible, publicada con posterioridad y el reciente
Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las pol�ticas activas de empleo..
- Adecuar la oferta formativa a las demandas del sistema productivo y ampliarla; - integrarla m�s en el conjunto del sistema educativo
- incrementar la cooperaci�n de las diversas administraciones educativas
- mayor movilidad entre formaci�n profesional, el bachillerato y la universidad - mayor participaci�n de los interlocutores sociales y de las empresas privadas. Ver tambi�n las D.F. 20� (afecta a la Ley Org�nica
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formaci�n Profesional) y la D. F. 24� (modifica la Ley Org�nica
2/2006, de 3 de mayo, de Educaci�n. V. T�tulo Tercero: En �l se recogen disposiciones sobre sostenibilidad ambiental, en �mbitos tales como el modelo energ�tico, la reducci�n de emisiones, el transporte, la movilidad sostenible o la rehabilitaci�n de viviendas. 1.- Modelo energ�tico. En el Cap�tulo I se incluyen los grandes principios aplicables como la garant�a de la seguridad del suministro, la diversidad, la eficiencia econ�mica y el respeto al medio ambiente.
Los objetivos nacionales con el horizonte del 2020 se centran en aumentar la participaci�n de las energ�as renovables hasta el 20%, reforzar la previsibilidad y la eficiencia de las decisiones en pol�tica energ�tica y reducir las emisiones de CO2 Se impulsa la cooperaci�n entre Administraciones P�blicas, la investigaci�n y la informaci�n a los usuarios.
Los certificados de eficiencia energ�tica para edificios existentes se obtendr�n de acuerdo al procedimiento b�sico que se establezca reglamentariamente para ser puestos a disposici�n de los compradores o usuarios de esos edificios cuando los mismos se vendan o alquilen. La D. F. 51� autoriza al Gobierno para que, mediante Real Decreto y en el plazo de seis meses, a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, apruebe el procedimiento b�sico para la certificaci�n de eficiencia energ�tica en los edificios existentes
La D. F. 21� dispone que el Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, remitir� a las Cortes Generales un proyecto de Ley de Eficiencia Energ�tica y Energ�as Renovables, que adopte las medidas necesarias para avanzar en el cumplimiento de los objetivos previstos en esta Ley.
2. Lucha contra el efecto invernadero.
Entre las medidas que el Cap�tulo II recoge se encuentran:
- Se impulsa el incremento en la capacidad de absorci�n por sumideros, en particular, los vinculados al uso forestal, la compensaci�n voluntaria de emisiones de CO2, en sectores que deben reducirlas y no est�n sujetos al comercio de derechos de emisi�n.
- Se constituye un fondo p�blico para adquirir cr�ditos de carbono, obtenidos por empresas espa�olas y para impulsar su actividad en sectores asociados a la lucha contra el cambio clim�tico, - Se mejora el r�gimen fiscal de deducci�n de los gastos efectuados en inversiones destinadas a la protecci�n del medioambiente, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el IRPF.
3. Sector del transporte. El Cap�tulo III concentra medidas para estimular su competitividad y su respecto hacia el medioambiente.
Seg�n el art. 103, las Administraciones competentes fomentar�n el desarrollo de planes de transporte de empresas, con vistas a reducir el uso del autom�vil y promover modos menos contaminantes en los desplazamientos de los trabajadores. Estos planes de transporte se tratar�n en el marco del di�logo social, y tendr�n car�cter voluntario para las empresas.
4. Rehabilitaci�n y vivienda.
Trata de ello el Cap�tulo IV (arts 107 al 111)
Se dictan las reglas a las que han de someterse las pol�ticas p�blicas para un medio urbano sostenible.
Informaci�n. Al servicio de esas pol�ticas debe de existir un
sistema informativo general e integrado, comprensivo, al menos, de los siguientes instrumentos:
a) Censos de construcciones, edificios, viviendas y locales desocupados y de los precisados de mejora o rehabilitaci�n.
b) Mapas de �mbitos urbanos obsoletos, desfavorecidos o en dificultades.
c) Un sistema p�blico general e integrado de informaci�n sobre suelo y urbanismo, previsto en la disposici�n adicional primera de la
Ley del Suelo, a trav�s del cual los ciudadanos tendr�n derecho a obtener por medios electr�nicos toda la informaci�n urban�stica proveniente de las distintas Administraciones, respecto a la ordenaci�n del territorio llevada a cabo por las mismas.
Actuaciones de transformaci�n. Las actuaciones de renovaci�n y rehabilitaci�n urbana tienen la consideraci�n de actuaciones de transformaci�n urban�stica, de conformidad con lo previsto en el art�culo 14.1 del texto refundido de la
Ley del Suelo, si�ndoles de aplicaci�n el r�gimen legal establecido en dicho texto a las actuaciones de urbanizaci�n o de dotaci�n, seg�n sea su objeto.
Derecho al realojo. Los usuarios de viviendas o locales, por cualquier titulo, en edificios en que se realicen obras de rehabilitaci�n en elementos o servicios comunes que les impidan el uso de unas u otros, tendr�n derecho al realojo en otra vivienda o el uso de otro local que est� disponible en el propio edificio o en edificios colindantes o cercanos. En el caso de que no se le pueda proporcionar el correspondiente realojo, tendr� derecho a una compensaci�n econ�mica que cubra el da�o causado. Este derecho de realojo parece tener como pariente lejano el derecho de retorno arrendaticio. Tendr� dificultades su utilizaci�n en la pr�ctica ya que nace hu�rfano de regulaci�n en temas tales como qui�n ha de realojar, asumir el coste, d�nde, grado de imposici�n, alternativa entre varios posibles destinos, grado de uso para ser beneficiarios del realojo, naturaleza real o personal, etc.�
Planes urban�sticos. Los programas, planes y dem�s instrumentos ordenadores de la rehabilitaci�n de construcciones y edificios, adem�s de contenerse en planes de ordenaci�n urban�stica, pueden aprobarse en forma independiente por los procedimientos de aprobaci�n de las normas reglamentarias y tienen en todo caso, respecto de las construcciones y edificios afectados por ellos, los mismos efectos que los planes de ordenaci�n urban�stica. Convenios de ejecuci�n. La Administraci�n actuante, los consorcios por ella constituidos o las entidades o sociedades que los gestionen pueden convenir los t�rminos y condiciones de su ejecuci�n con los propietarios de edificios, pisos o locales, las comunidades de propietarios y agrupaciones de �stas. Tambi�n puede convenirse la ejecuci�n privada de la rehabilitaci�n por empresas que, sustituyendo a la propiedad del inmueble, asuman la realizaci�n a su costa de la totalidad de las obras a cambio de la cesi�n de parte determinada del edificio rehabilitado.
Imposici�n de obras. La Administraci�n competente puede ordenar la realizaci�n de obras de mejora hasta el importe m�ximo del deber legal, adem�s de por motivos tur�sticos y culturales, en el supuesto de que la construcci�n o el edificio de que se trate quede afectado por un programa, plan o cualquier otro instrumento legal de rehabilitaci�n de viviendas aprobado y en vigor, y se refieran a obras que sirvan para garantizar los derechos reconocidos por ley a las personas, especialmente las que padezcan alguna discapacidad, o vengan impuestas por normas legales sobrevenidas por razones de seguridad, adecuaci�n de instalaciones y servicios m�nimos, reducci�n de emisiones e inmisiones contaminantes de cualquier tipo y las necesarias para reducir los consumos de agua y energ�a.
- Propiedad horizontal. Se realiza una modificaci�n de la Ley de Propiedad horizontal sin tocar formalmente su texto. Las obras a que se refiere el apartado anterior tienen, a los efectos de la Ley sobre propiedad horizontal, el car�cter de necesarias que deben ser obligatoriamente costeadas por los propietarios de la correspondiente comunidad o agrupaci�n de comunidades, no si�ndoles de aplicaci�n las reglas del
art�culo 17 de dicha Ley y debi�ndose limitar el acuerdo de la Junta correspondiente a la distribuci�n de la derrama pertinente y la determinaci�n de los t�rminos de su abono.
- Propietarios que no han de contribuir. Ser�n aquellos cuyos ingresos anuales sean inferiores a 2,5 veces el Indicador P�blico de Renta de Efectos M�ltiples (IPREM), excepto en el caso de que las subvenciones o ayudas p�blicas a las que esa unidad familiar pueda tener acceso impidan que el coste anual repercutido de las obras que le afecten, privativas o en los elementos comunes, supere el 33 por ciento de sus ingresos anuales.
- Nota de afecci�n. La conformidad o autorizaci�n administrativas del proyecto t�cnico de cualesquiera de las obras de mejora a que se refiere el apartado primero o, en su caso, la orden administrativa de ejecuci�n de �stas determina la afecci�n real directa e inmediata, por determinaci�n legal, de las fincas constitutivas de elementos privativos de reg�menes de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario, cualquiera que sea su propietario, al cumplimiento del deber de costear las obras. La afecci�n real se hace constar en el Registro de la Propiedad mediante nota al margen de la inscripci�n de dominio, con constancia expresa de su car�cter de garant�a real y con el mismo r�gimen de preferencia y prioridad establecido para la afecci�n real al pago de cuotas de urbanizaci�n en las actuaciones de transformaci�n urban�stica.
- Ocupaci�n. - La ocupaci�n de elementos comunes por obras e instalaciones de rehabilitaci�n, para estos fines, no requiere el consentimiento ni de los propietarios ni de las comunidades. - La ocupaci�n de aquellas partes de pisos o locales de edificios destinados predominantemente a uso de vivienda y constituidos en r�gimen de propiedad horizontal que sea indispensable para la instalaci�n de servicios comunes que est�n previstos en planes, programas o instrumentos de rehabilitaci�n y, en todo caso, el de ascensor, se declara necesaria para su expropiaci�n en beneficio de la correspondiente comunidad de propietarios o agrupaci�n de �stas, siempre que se cumplan determinadas condiciones.
- La ocupaci�n de espacios libres o de dominio p�blico, que sea indispensable para la instalaci�n de servicios comunes que est�n previstos en planes, programas o instrumentos de rehabilitaci�n y, en todo caso, el de ascensor, se declara, causa suficiente para su desclasificaci�n y, en su caso, desafectaci�n y enajenaci�n posterior a la comunidad siempre que se cumplan determinadas condiciones.
- La ocupaci�n de suelo por las instalaciones del
ascensor, tales como vest�bulos, descansillos y acceso a viviendas derivados de la instalaci�n, as� como del subsuelo y vuelo correspondientes, objeto de la desclasificaci�n como espacio libre y, en su caso, desafectaci�n del dominio p�blico a que se refiere el p�rrafo anterior, no es computable en ning�n caso a efectos del volumen edificable ni de distancias m�nimas a linderos, otras edificaciones o la v�a p�blica.
- Expropiaci�n. La aprobaci�n de los programas, planes e instrumentos y la orden de ejecuci�n de las obras comportan la declaraci�n de la utilidad p�blica o, en su caso, el inter�s social, a los efectos de la expropiaci�n forzosa de los bienes y derechos necesarios para su ejecuci�n.
VI. T�tulo IV. Este T�tulo recoge instrumentos destinados a la aplicaci�n y evaluaci�n de la Ley de Econom�a Sostenible:
- El Fondo de Econom�a Sostenible, como instrumento financiero, destinado a apoyar a los particulares en el desarrollo de los principios y objetivos contenidos en la Ley. Ya fue creado por acuerdo del Consejo de Ministros el 4 de diciembre de 2009
- Instrumentos de coordinaci�n entre las Administraciones (General del Estado, Comunidades Aut�nomas y Entidades locales), en el seguimiento y evaluaci�n de la aplicaci�n de la Ley
- Mecanismos de participaci�n de los interlocutores sociales en las tareas de evaluaci�n y seguimiento.
- Informe del Gobierno, al menos cada dos a�os, sobre el desarrollo de la econom�a sostenible, que incorporar� las recomendaciones de actuaci�n para el per�odo siguiente. VII. ALGUNOS ASPECTOS MERCANTILES. (JAGV)
Nota: el ep�grafe VII �ntegro ha sido redactado por Jos� �ngel Garc�a-Valdecasas, Registrador Mercantil de Granada.
1. Sociedades de Capital. Disposici�n final vig�sima quinta. Modifica el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Se modifica el art�culo 497 que pasa a tener la siguiente redacci�n:
�Art�culo 497. Derecho a conocer la identidad de los accionistas.
Las entidades que, de acuerdo con la normativa reguladora del mercado de valores, hayan de llevar los registros de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta est�n obligadas a comunicar a la sociedad emisora, en cualquier momento que lo solicite y con independencia de que sus acciones tengan o no que ser nominativas por disposici�n legal, los datos necesarios para la identificaci�n de los accionistas, incluidas las direcciones y medios de contacto de que dispongan, para permitir la comunicaci�n con aquellos.
Reglamentariamente se podr�n concretar los aspectos t�cnicos y formales necesarios para el ejercicio de este derecho por parte de la sociedad emisora.�
Aclara la anterior redacci�n del art. 497 en el sentido de que la comunicaci�n a la sociedad emisora se producir� sean o no las acciones nominativas por disposici�n legal, y que dicha comunicaci�n debe incluir las direcciones y medios de contacto.
Ver apuntes para opositores de Demetrio de Falero en el Foro de Notyreg.
2. Constituci�n de empresas. Disposici�n final vig�sima sexta. Estudio sobre medidas de simplificaci�n y agilizaci�n de constituci�n de empresas contenidas en esta Ley.
�En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley, se elaborar� un estudio, para su elevaci�n a la Comisi�n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ�micos, sobre las medidas de simplificaci�n y agilizaci�n de creaci�n de empresas. Dicho estudio incluir� las recomendaciones oportunas sobre las modificaciones normativas y organizativas necesarias para continuar avanzando en la simplificaci�n, agilizaci�n y plena implantaci�n de medios telem�ticos en los tr�mites para la constituci�n de sociedades, as� como en su extensi�n a otros supuestos de creaci�n de empresas�.
Se trata de una declaraci�n de intenciones sobre la necesidad de efectuar un estudio de los resultados sobre simplificaci�n en la creaci�n de empresas se contiene en la Ley, para poder continuar avanzando en dicho proceso, e incluso para su extensi�n a otros supuestos de creaci�n de empresas. Es de suponer que esta DF 26 est� pensando en las medidas que conten�a la Ley sobre simplificaci�n en la constituci�n de sociedades que, por el DRL 13/2010, quedaron desgajadas del mismo para su inmediata entrada en vigor. Aunque todav�a es pronto para emitir una opini�n fundamentada, no parece que las medidas del RDL 13/2010 vayan a tener una influencia decisiva en lo que pretend�a el legislador, m�s por deficiencias de la propia ley, que por la actuaci�n por los operadores empresariales y jur�dicos que son los encargados de su puesta en marcha.
3. Fondos de Pensiones. - Disposici�n transitoria sexta. Establece esta DT, de gran inter�s aunque su aplicaci�n no sea masiva, la cancelaci�n de oficio por los RRMM de los asientos practicados relacionados con Fondos de Pensiones y relativos a actos y circunstancias que ya no sean inscribibles en el RM de conformidad con el art. 11 bis a�adido por la misma Ley.
- DF 13. Ello nos lleva, alterando el orden de las disposiciones de la Ley, al examen de la DF 13 de la Ley en la que se contiene la nueva regulaci�n de los Fondos de pensiones, modificando el TR de la Ley de los Planes y Fondos de pensiones, aprobado por RDL
1/2002 de 29 de Noviembre.
--- Se regula en el art. 8.8 el rescate del Plan antes de su vencimiento, en caso de desempleo de larga duraci�n o enfermedad grave.
--- Los preceptos de mayor inter�s para nuestro trabajo
son los art�culos 11 y 11 bis:
En el art. 11 se establece que los Fondos de Pensiones se constituyen, previa autorizaci�n del MEH, por escritura p�blica, inscrita en el RM y en el Registro Administrativo. Plazo de otorgamiento de la escritura y para la inscripci�n, tres meses desde la autorizaci�n. Una vez inscrito en el RM, el registrador lo comunica telem�ticamente a la DG de Seguros y Fondos de Pensiones. Las modificaciones posteriores no requieren autorizaci�n previa, s�lo comunicaci�n. Una vez inscritos en el Registro Mercantil, se inscriben en el Registro. Administrativo. Hay reserva de denominaci�n a favor de los �fondos de pensiones�.
Pueden ser de dos clases: De empleo y personales y por el proceso de inversi�n, abiertos y cerrados.
La principal novedad es el nuevo art. 11 bis que fija, desde una Ley, la materia inscribible en el Registro Mercantil.
As� establece que a cada Fondo de Pensiones se le abrir� una hoja en el Registro Mercantil en la que se inscribir�:
a) La constituci�n del fondo de pensiones.
b) Los acuerdos de delegaci�n de facultades de representaci�n del fondo.
c) Los acuerdos de cambio de denominaci�n del fondo y de modificaci�n de sus normas de funcionamiento.
d) El cese, renuncia y sustituci�n de las entidades promotora, gestora y depositaria del fondo.
e) Los nombramientos y ceses de los miembros de la comisi�n de control del fondo.
f) La disoluci�n y liquidaci�n del fondo de pensiones.
g) Las medidas administrativas que afecten a la entidad gestora o a sus administradores, al fondo o a alguno de los planes integrados en el, o a las comisiones de control.
h) En general, los actos y contratos que modifiquen el contenido de los asientos practicados o cuya inscripci�n est� prevista por disposiciones con rango de ley.
Las normas de funcionamiento y las cuentas anuales del fondo de pensiones ser�n objeto de dep�sito en el Registro Mercantil. No se practicar� asiento alguno posterior al de la letra a) salvo las previstas en la letra g) anterior, mientras no se extienda al margen del mismo nota acreditativa de la inscripci�n del fondo en el registro administrativo de fondos de pensiones. Dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha del asiento de constituci�n del fondo en el Registro Mercantil, sin que conste su inscripci�n en el Registro Administrativo o, en su caso, sin que se haya interpuesto recurso contra la resoluci�n denegatoria, expresa o por silencio, caducar� aqu�l asiento y podr� ser cancelado de oficio por nota marginal.
El punto 2 del mismo art�culo establece cual sea el t�tulo inscribible y la forma de proceder notario y registrador ante la constituci�n de un fondo:
�2. La constituci�n del fondo de pensiones, las modificaciones de las normas de funcionamiento, la sustituci�n de entidad promotora, gestora o depositaria, y la disoluci�n y liquidaci�n del fondo, se inscribir�n en el Registro Mercantil en virtud de escritura p�blica.
Para los dem�s actos bastar�n certificaciones de los acuerdos correspondientes expedidas por el �rgano de administraci�n o apoderado de la entidad gestora.
En el caso de escrituras p�blicas, el notario las remitir� de forma telem�tica al Registro Mercantil del domicilio social de la entidad gestora del fondo para su inscripci�n, salvo que alguna de las partes intervinientes en el otorgamiento no le autorice para ello. En este caso, el notario entregar� una copia electr�nica de la escritura p�blica a la entidad gestora, quien deber� remitirla por medios telem�ticos con firma electr�nica al Registro Mercantil para su inscripci�n. Cuando se trate de certificaciones de acuerdos, �stas ser�n remitidas al Registro Mercantil por la entidad gestora de forma telem�tica con firma electr�nica.
En las remisiones telem�ticas de escrituras p�blicas y certificaciones a que se refiere este apartado se acompa�ar� la documentaci�n adicional que, en su caso, se establezca reglamentariamente, y se observar�n los requisitos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electr�nico de los ciudadanos a los Servicios P�blicos.
Para la inscripci�n de la constituci�n del fondo se incorporar� copia electr�nica de la escritura de constituci�n y los documentos de los que resulte la preceptiva autorizaci�n administrativa previa, la obtenci�n del n�mero de identificaci�n fiscal, y la certificaci�n negativa de denominaci�n expedida por el Registro Mercantil Central.
El notario autorizante de la escritura de constituci�n del fondo de pensiones solicitar� telem�ticamente a la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria la asignaci�n provisional de un N�mero de Identificaci�n Fiscal.
Una vez inscrito el fondo de pensiones en el Registro Mercantil, el encargado del mismo notificar� telem�ticamente a la Agencia Estatal de la Administraci�n Tributaria la inscripci�n del fondo. La Agencia Estatal de la Administraci�n Tributaria notificar� telem�ticamente al notario y al registrador mercantil el car�cter definitivo del N�mero de Identificaci�n Fiscal.
Asimismo, el notario autorizante de la escritura de constituci�n o de cambio de denominaci�n del fondo solicitar� telem�ticamente al Registro Mercantil Central el certificado negativo de denominaci�n, salvo petici�n expresa en contrario de las partes intervinientes en cuyo caso ser� la entidad gestora quien lo solicite en modo telem�tico con firma electr�nica. Recibida la solicitud, el Registro Mercantil Central expedir� tambi�n telem�ticamente la certificaci�n negativa o, en su caso, indicar� la imposibilidad de su emisi�n�.
Es tremendamente importante este precepto pues establece una �nica forma de presentaci�n en el Registro Mercantil que es
la telem�tica. Es decir, haga la presentaci�n el notario o el interesado,
la �nica forma de presentaci�n es la telem�tica. No parece que sea admisible la presentaci�n f�sica, entre otras razones porque no va a existir escritura en papel sino por fin, copia electr�nica. Aunque el precepto para los casos en que no hace falta escritura p�blica s�lo se dice que ser� suficiente con certificaci�n, por aplicaci�n del art. 5 del RRM, dicha certificaci�n deber� venir con firma electr�nica reconocida. Es decir al no ser posible la presentaci�n f�sica se elimina la necesidad de la legitimaci�n notarial de firmas o su ratificaci�n ante el Registrador.
Como vemos con criterio de gran novedad se establece, con relaci�n a los fondos de pensiones, la posibilidad de que el notario expida copia electr�nica de la escritura, la cual ser� presentada telem�ticamente al Registro mercantil por la entidad gestora. Dicha posibilidad de copia electr�nica tambi�n estaba establecida en relaci�n a las sociedades normales, pero fue suprimida en el RDL 13/2010. Tambi�n es novedad, y en algo aclara las dudas surgidas en relaci�n a las sociedades telem�ticas del RDL 13/2010, que en la constituci�n del fondo o en caso de cambio de denominaci�n, si el notario no solicita, a petici�n de los interesados, telem�ticamente la certificaci�n de denominaci�n al RM Central, esta ser� solicitada por le entidad gestora tambi�n de forma telem�tica. Ello ratifica en cierto sentido la opini�n que hemos expresado en relaci�n a las sociedades del RDL 13/2010 de que la certificaci�n de denominaci�n, la pida quien la pida, debe ser telem�tica. Esperemos que una vez que sea posible la obtenci�n por el interesado de certificaciones de denominaci�n v�a telem�tica, la DGRN cambie su doctrina establecida en Resoluci�n de 26 de Enero de 2011.
Siguiendo con el precepto el punto 3 regula las comunicaciones del registrador mercantil a la Direcci�n General de Seguros, una vez inscrito el Fondo:
�3. Una vez practicadas las correspondientes inscripciones, el Registrador Mercantil remitir� de oficio a la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones por medio telem�tico una certificaci�n autorizada con su firma electr�nica, acreditativa de los asientos practicados, acompa�ada de la escritura p�blica, en su caso, y de la documentaci�n que se establezca reglamentariamente.
Cuando se trate de acuerdos sujetos a inscripci�n en el Registro Administrativo, la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones, una vez recibida la certificaci�n del Registrador Mercantil, proceder� a su inscripci�n en aqu�l y lo notificar� a la entidad gestora y al Registro Mercantil.
Mediante resoluci�n motivada la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones podr� denegar la inscripci�n en el Registro Administrativo o requerir a las entidades la subsanaci�n de la documentaci�n y requisitos necesarios para la inscripci�n�.
Con relaci�n a los puntos 2 y 3 del art. 11 bis debe tenerse tambi�n en cuenta lo que dispone el DT 6�: �Lo previsto en los apartados 2 y 3 del art�culo 11 bis en relaci�n con la remisi�n por medios telem�ticos y con firma electr�nica de solicitudes, certificaciones, documentos y comunicaciones, ser� de aplicaci�n transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley�. Es decir se da un plazo de seis meses para que tanto la DG de Seguros, el RM Central, los RM provinciales, notarios y los mismos interesados est�n en condiciones de relacionarse exclusivamente entre ellos por medios telem�ticos. Finalmente el punto 4 establece una serie de obligaciones a cargo del Colegio de Registradores:
�4. El Colegio de Registradores habilitar� modelos estandarizados de certificaciones, accesibles de forma gratuita por Internet u otros medios equivalentes de consulta telem�tica, que puedan ser utilizados para cumplimentar los tr�mites anteriormente indicados, aprobados por la Direcci�n General de los Registros y del Notariado previa consulta con la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones�.
Adem�s por aplicaci�n del art. 286 del RRM tambi�n se inscribir�n, en la hoja abierta al fondo:
a) la alteraci�n de su naturaleza abierta o cerrada.
b) Los nombramientos y ceses de los miembros de la comisi�n de control del fondo. Tambi�n por aplicaci�n del mismo art. 11 bis, se depositar�n en el Registro, las normas de funcionamiento del fondo, derogando el punto 5� del art. 287 del RRM, que dispon�a que se har�an constar en la hoja.
Igualmente ser�n objeto de dep�sito las cuentas anuales del Fondo.
--- La consecuencia de todo lo expuesto y de los t�rminos imperativos en que se pronuncia el art. 11 bis, es ya no ser�n inscribibles en el RM:
a) Los acuerdos de integraci�n o adscripci�n de los planes de pensiones dentro del fondo o la movilizaci�n a otro fondo de pensiones, lo que deroga el art. 290 del RRM. b) Los nombramientos y ceses de los miembros de la comisi�n de control o en su caso de la comisi�n de control de cada plan.
En estos dos puntos es donde encuentra su aplicaci�n la DT 3� de la LES pues a partir de su entrada en vigor los registradores mercantiles cancelar�n de oficio, obviamente cuando hayan de practicar alg�n asiento en relaci�n al fondo o expidan una certificaci�n, los asientos que hoy d�a ya no son inscribible.
--- Tambi�n se da nueva regulaci�n, introduciendo medios telem�ticos en su tramitaci�n, a todo lo relativo a la disoluci�n del Fondo de Pensiones:
Para ello se modifica el apartado 3 del art�culo 15, que queda redactado como sigue:
�3. El acuerdo de disoluci�n del fondo de pensiones se comunicar� a la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones y se inscribir� en el Registro Mercantil y en el Registro Administrativo conforme a lo establecido en el art�culo 11.bis de esta Ley. El Registrador Mercantil remitir� de oficio, de forma telem�tica y sin coste adicional alguno, el acuerdo de disoluci�n del fondo al Bolet�n Oficial del Registro Mercantil para su publicaci�n. Adem�s la entidad gestora deber� publicar el acuerdo en su p�gina web o, en su defecto, en uno de los diarios de mayor circulaci�n del lugar del domicilio social de dicha entidad.
Ultimada la liquidaci�n, tras haber dado cumplimiento a lo preceptuado en el p�rrafo tercero del apartado 2 precedente, los liquidadores deber�n solicitar del Registrador Mercantil y de la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones la cancelaci�n respectiva de los asientos referentes al fondo de pensiones extinguido.�
--- Tambi�n se modifica el art. 20 sobre entidades gestoras y el art. 21 sobre las entidades depositarias.
--- Se introduce un nuevo art., el 26 bis, sobre comercializadoras de planes de pensiones individuales. Estas podr�n ser:
a) Entidades de cr�dito que tengan como actividad t�pica y habitual recibir fondos del p�blico en forma de dep�sito, pr�stamo, cesi�n temporal de activos financieros u otras an�logas que lleven aparejada la obligaci�n de su restituci�n, aplic�ndolos por cuenta propia a la concesi�n de cr�ditos u operaciones de an�loga naturaleza.
c) Empresas de servicios de inversi�n.
d) Sociedades gestoras de instituciones de inversi�n colectiva.
Es interesante este art�culo pues dicha actividad podr� y deber� incluirse, en su caso, incluirse en el objeto social de las entidades anteriores.
--- Tambi�n se reforman los art. 35 y 36 sobre infracciones y sanciones administrativas.
4. Mercado de Valores. Disposici�n final quinta. Modifica la ley
24/1988, de 28 de Julio, de Mercado de Valores.
--- Se establece la informaci�n que sobre operaciones realizadas por los Consejeros en modo dual de una sociedad an�nima europea, se debe hacer en la memoria (Art. 35.1.)
--- Se regula el contenido del informe anual de gobierno corporativo de las sociedades cotizadas. Es un hecho relevante que debe ser comunicado a la CNMV. Art. 61 bis.
--- Se regula el informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros de las sociedades cotizadas. Afecta tambi�n a las cajas de Ahorro. Art. 61 ter.
--- Se da nueva redacci�n al art. 85.2 sobre las facultades de supervisi�n e inspecci�n de la CNMV.
--- Se regula de forma m�s precisa y detallista todo lo relativo a infracciones y sanciones.
5. Inversi�n colectiva. Disposici�n final s�ptima. Modifica la ley
35/2003, de 4 de Noviembre, sobre Instituciones de Inversi�n Colectiva.
--- Se modifica el art. 25 relativo a la transformaci�n de la IIC. Se exige: a) Autorizaci�n de la CNMV.
b) Acreditaci�n de que se re�nen las condiciones de la IIC resultante. c) Reforma de estatutos con inscripci�n previa en el Registro mercantil. d) Publicaci�n en la web e la sociedad o de su sociedad gestora y en su defecto en dos peri�dicos. El registrador mercantil remitir� el acuerdo inscrito de forma telem�tica y sin coste adicional alguno al Borme para su publicaci�n. e) Si son fondos comunicaci�n a los part�cipes a efectos del derecho de separaci�n.
f) Presentaci�n a la CNMV de los estados financieros con n o m�s de tres meses de antig�edad.
--- Se modifica la regulaci�n de la fusi�n de fondos de inversi�n. No se exige escritura p�blica ni inscripci�n en el RM. Art. 26.
--- Se modifican los art�culos 69, 70, 77, 80 a 82,88 y 93, sobre supervisi�n, facultades CNMV, responsabilidad e infracciones.
6. Capital riesgo. Disposici�n final octava. Modifica la Ley
25/2005, de 24 de Noviembre, sobre sociedades de capital riesgo y sus gestoras.
--- Se trata de retoques en sus art�culos 49 a 53 y 55 en materia de altos cargos de direcci�n, que asimila a los administradores, de supervisi�n de la CNMV, infracciones y prescripci�n.
7. Intermediarios financieros. Disposici�n final novena. Modifica la Ley
13/1985, de 25 de mayo, sobre coeficientes de inversi�n, recursos propios y obligaciones de informaci�n de los intermediarios financieros
--- Modifica arts. 10 y 11 en materia de facultades del Banco de Espa�a sobre dichas entidades.
8. Disciplina entidades de cr�dito. Disposici�n final d�cima. Modifica la Ley
26/1988, de 29 de Julio, sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito.
--- Es importante la reforma del art. 29 que permite la imposici�n de sanciones de hasta 1.000.000 de euros a las personas o entidades, sus administradores de hecho o de derecho y sus socios, que infrinjan lo dispuesto en el art. 28 que regula la reserva de actividades de las entidades financieras.
Dice este art. 28: Sin perjuicio de lo previsto en el
T�tulo V, ninguna persona f�sica o jur�dica, nacional o extranjera, podr�, sin haber obtenido la preceptiva autorizaci�n y hallarse inscrita en los correspondientes registros, ejercer en territorio espa�ol las actividades legalmente reservadas a las entidades de cr�dito o utilizar las denominaciones gen�ricas propias de estas u otras que puedan inducir a confusi�n con ellas.
2. Se entender�n, en particular, reservadas a las entidades de cr�dito:
a) La actividad definida en el p�rrafo a) del apartado 1, del
art�culo 1 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptaci�n del Derecho vigente en materia de entidades de cr�dito al de las Comunidades Europeas.
--- Tambi�n es interesante el nuevo apartado qu�ter del art. 43 bis que impone las comunicaciones telem�ticas entre el Banco de Espa�a y las entidades financieras.
9. Sistema financiero. Disposici�n final und�cima. Modifica la Ley
44/2002, de 22 de Noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.
--- Se da nueva redacci�n al art. 30 relativo al Sistema de Reclamaciones ante el Banco de Espa�a, ante la CNMV, ante la DG de Seguros y de Fondos de pensiones.
10. Mediaci�n de seguros. Disposici�n final duod�cima. Modifica la ley
26/2006, de 17 de Julio, de mediaci�n de seguros y reaseguros privados.
--- En el art. 4.1 modificado se dispone que las entidades de seguros pueden aceptar la cobertura de riesgos sin intervenci�n de mediador de seguros privados.
--- En el art. 8 se regulan los auxiliares externos de los mediadores de seguros: Colaboran y captan clientela pero sin asumir obligaciones. Tambi�n existen los auxiliares-asesores: Prestan su asistencia en la gesti�n, ejecuci�n y formalizaci�n de seguros.
--- El art. 13. Exige que en caso de agente exclusivo persona jur�dica, la mitad de su �rgano de direcci�n posea los conocimientos t�cnicos adecuados.
--- El agente de seguro exclusivo no puede desempe�ar cargos de administraci�n o direcci�n en sociedad de agencia de seguros exclusiva, salvo que respeten el pacto de exclusividad y lo acepte la Compa��a aseguradora. Prohibici�n que se formula tambi�n en direcci�n contraria. Art. 19.2 y 3.
--- Se establece una incompatibilidad entre el agente de seguros vinculado para desempe�ar cargos de administraci�n o direcci�n en agencias de seguros exclusiva o corredur�as de seguros. Art. 24.2.
--- Nueva regulaci�n del llamado operador de banca-seguros, que hace de agencia de seguros a trav�s de de las redes de distribuci�n de las entidades de cr�dito. Cada entidad s�lo puede tener un operador de banca seguros. Art. 25.1.
--- Nueva regulaci�n de la cancelaci�n de la inscripci�n de los mediadores en la DG de Seguros. Art. 53. En la DA 4� se rebajan las tasas por inscripci�n de los mediadores de seguros en el Registro Administrativo: Por la inscripci�n de sociedad de agencia o corredur�a, 147 euros, por cada cargo, 11 euros y por certificaciones, 11 euros.
11. Seguros privados. Disposici�n final decimocuarta. Modifica el TR de la Ley de ordenaci�n y Supervisi�n de seguros privados aprobado por RDL
6/2004 de 29 de octubre.
--- para el ejercicio del derecho de separaci�n de mutualistas de mutuas o mutualidades de previsi�n social, se remite, el modificado art. 24.1, al art. 15 de la Ley 3/2009 de MESM.
--- quiz�s lo m�s interesante de la reforma de este TR est� en la nueva secci�n 4�, Cap�tulo 1�, t�tulo 3�, sobre las agencias de suscripci�n. Son sociedades mercantiles que reciben apoderamiento de entidades aseguradoras de otros Estados miembros de la UE para la suscripci�n de riesgos en nombre y por cuenta de aquellas. Dicha actividad debe constar en el objeto de la sociedad. Requieren autorizaci�n administrativa e inscripci�n en la DG de Seguros y F de P.
VIII. OTRAS DISPOSICIONES ADICIONALES: 1. Responsabilidad por incumplimiento de normas de Derecho comunitario. Adicional 1�.- Si el Reino de Espa�a es sancionado por ello, asumir�n la responsabilidad las Administraciones P�blicas u otras entidades integrantes del sector p�blico que hubiesen incumplido.
2. Municipios sin administraci�n electr�nica. Adicional 7�.- Las Comunidades Aut�nomas y las Entidades integradas en la Administraci�n Local en las que no puedan ser ejercidos a partir del 31 de diciembre de 2009 los derechos reconocidos en el art�culo 6 de la Ley (que reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Administraciones P�blicas utilizando medios electr�nicos), en relaci�n con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia, deber�n aprobar y hacer p�blicos los programas y calendarios de trabajo precisos para ello, que deber�n de ser aprobados y publicados en seis meses. Se modifica para ello la
Ley de acceso electr�nico de los ciudadanos a los Servicios P�blicos.
3. Navarra y Pa�s Vasco. Adicional 11� y D. F. 46�.
- En virtud de su r�gimen foral, la aplicaci�n a la Comunidad Foral de Navarra de lo dispuesto en esta Ley se llevar� a cabo, seg�n lo establecido en el art�culo 64 de la
Ley Org�nica de Reintegraci�n y Amejoramiento del R�gimen Foral de Navarra, conforme a lo dispuesto en el Convenio Econ�mico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
- En virtud de su r�gimen foral, la aplicaci�n a la Comunidad Aut�noma del Pa�s Vasco de lo dispuesto en esta Ley, se entender� sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto Econ�mico.
- La D. F. 46� a�ade un p�rrafo al apartado 2 de la D. Tr. 1� del Decreto-Ley
13/2010, de 3 de diciembre: �El r�gimen transitorio del recurso cameral permanente regulado en este apartado se entender� sin perjuicio de los reg�menes forales de los Territorios Hist�ricos del Pa�s Vasco y Navarra.�
4. Canarias. - La D. Adicional 14� recoge las especialidades canarias en el desarrollo de una estrategia integral.
- La D. F. 30� fija el concepto de rehabilitaci�n a efectos de la materializaci�n de la Reserva para Inversiones en Canarias.
- La D. Tr. 8� tambi�n se dedica a la reserva para inversiones en Canarias: La materializaci�n de las dotaciones a la reserva para inversiones procedentes de beneficios de per�odos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2007 se regular� por las disposiciones establecidas en el art�culo 27 de la Ley
19/1994, de 6 de julio, de modificaci�n del R�gimen Econ�mico y Fiscal de Canarias, seg�n la redacci�n dada por el Real Decreto-ley 12/2006, de 29 de diciembre, con las modificaciones introducidas por esta Ley.
- La D. F. 27� adapta el Impuesto General Indirecto Canario a los cambios realizados en la Ley del IVA por la Ley de Presupuestos para 2011.
- La D. F. 28� adapta el Impuesto General Indirecto Canario a los cambios realizados en la Ley del IVA por la Ley
2/2010, de 1 de marzo.
5. Contratos de distribuci�n y agencia. Adicional 16�.- - Mediante el contrato de distribuci�n, una persona natural o jur�dica, denominada distribuidor, se obliga frente a otra, el proveedor, de manera continuada o estable y a cambio de una remuneraci�n, a promover actos u operaciones de comercio de estos productos por cuenta y en nombre de su principal, como comerciante independiente, asumiendo el riesgo y ventura de tales operaciones.
- Se anuncia una Ley reguladora de los contratos de distribuci�n. Hasta entonces, el r�gimen jur�dico del contrato de agencia se aplicar� a los contratos de distribuci�n de veh�culos autom�viles e industriales.
- Se a�ade una disposici�n adicional a la Ley
12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia donde se regulan determinados aspectos de los contratos de distribuci�n de veh�culos autom�viles e industriales, siendo aplicable dicha Ley supletoriamente.
- Entre los temas tratados est� el del stock de veh�culos que tanta pol�mica ha suscitado al poder devolver los veh�culos el distribuidor pasados sesenta d�as.
6. Sociedad de la Informaci�n. Adicional 17�.- El Gobierno acelerar� su implantaci�n con medidas tendentes a:
- Mejorar la velocidad, calidad y capacidad de las redes de telecomunicaciones as� como extender la cobertura de las redes troncales de alta capacidad en zonas rurales.
- La implantaci�n del DNI electr�nico o la dotaci�n de centros escolares.
- Apoyar programas de innovaci�n ligados a la Sociedad de la Informaci�n.
- Fomentar el uso de la parte del espectro radioel�ctrico reservada para usos comunes o de radioaficionados.
IX. OTRAS DISPOSICIONES FINALES.
1. T�tulo competencial. Final 1.- - Car�cter de legislaci�n b�sica. La ley en su conjunto constituye legislaci�n b�sica dictada al amparo del art�culo 149.1.13.� de la Constituci�n, que atribuye al Estado las �bases y coordinaci�n de la planificaci�n general de la actividad econ�mica�, por lo que es de aplicaci�n general a todas las Administraciones P�blicas y organismos y entidades dependientes de ellas.
- Determinados cap�tulos tienen car�cter b�sico por razones adicionales:
- bases de la ordenaci�n del cr�dito, banca y seguros
- bases del r�gimen jur�dico de las AAPP y el procedimiento admvo com�n.
- t�tulos acad�micos y profesionales - legislaci�n b�sica sobre medio ambiente, minas y energ�a.
- No s�lo tendr�n car�cter b�sico, entre otros, los siguientes preceptos:
- Los art�culos 27 (remuneraci�n de consejeros), apartados 2 y 4 del art�culo 111 (obras necesarias y ocupaci�n), apartados 2 y 4 del art�culo 110 (valor de las actuaciones de rehabilitaci�n) se incardinan en el art�culo 149.1.6.� y 8.� de la Constituci�n que atribuyen al Estado la competencia en materia de �legislaci�n mercantil� y �legislaci�n civil�, respectivamente. No se incluye el derecho de realojo del art. 110.2.
- La secci�n 2.� del cap�tulo V del t�tulo II (Promoci�n de los derechos de propiedad industrial), que se incardina en el art�culo 149.1.9.� de la Constituci�n, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de �legislaci�n sobre propiedad intelectual e industrial�.
2.- Cooperativas. Dos disposiciones distintas modifican el mismo art�culo de la misma Ley:
- Final 2.- Cambia el art. 93.2 de la
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, para ampliar las actividades de las cooperativas agrarias.
- Final 42.- Var�a el art. 93.4: �Las cooperativas agrarias podr�n desarrollar operaciones con terceros no socios hasta un l�mite m�ximo del 50 por ciento del total de las realizadas con los socios para cada tipo de actividad desarrollado por aqu�llas.�
- La D. Final 42 tambi�n toca los art�culos 9 y 13 de la Ley
20/1990, de 19 de diciembre, sobre R�gimen Fiscal de las Cooperativas. 3. Defensa de la competencia. Tambi�n en este caso hay dos disposiciones distintas que modifican la misma Ley:
- Final 3: Modifica en la
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia �nicamente el art�culo 8.1 para incluir exenciones a la aplicaci�n del procedimiento de control previsto para concentraciones econ�micas. Concretamente, quedan exentas todas aqu�llas concentraciones econ�micas en las que, el volumen de negocios global en Espa�a de la sociedad adquirida o de los activos adquiridos en el �ltimo ejercicio contable no supere la cantidad de 10 millones de euros, siempre y cuando las part�cipes no tengan una cuota individual o conjunta igual o superior al 50 por ciento en cualquiera de los mercados afectados, en el �mbito nacional o en un mercado geogr�fico definido dentro del mismo.
- Final 35: Se salvan las competencias de los organismos reguladores sectoriales en el art. 12. Se da m�s valor a los dict�menes de la Comisi�n Nacional de la Competencia y de los reguladores sectoriales, que ser�n determinantes para la otra parte, seg�n se aplique, ya que s�lo podr�n disentir de su contenido de forma expresamente motivada. Otros preceptos afectados se refieren a �rganos y funciones de la Comisi�n nacional de la Competencia. Ver ampliaci�n en
Difusi�n Jur�dica.
4. Nuevas Agencias estatales. D. F. 15�. Los Organismos p�blicos que se transformen en Agencias estatales mantendr�n el r�gimen fiscal que tuviera el organismo de origen. Afecta a la Ley
28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales
5. Marcas. D. F. 19�. Tan s�lo se hace una peque�a reforma del apartado 2 de la D.A. 8� de la
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: �2. Una vez establecidas las condiciones generales, requisitos y caracter�sticas t�cnicas de la presentaci�n de solicitudes y escritos en soporte magn�tico o por medios telem�ticos, quedar� reducido en un 15 por ciento el importe de las tasas a que est�n sujetas dichas solicitudes y escritos, si los mismos son presentados y las tasas son abonadas previa o simult�neamente por dichos medios t�cnicos.�
6. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones P�blicas. D. F. 40�. Se modifica el art�culo 142.3 de la
Ley de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, a�adiendo el texto en cursiva:
�3. Para la determinaci�n de la responsabilidad patrimonial se establecer� reglamentariamente un procedimiento general con inclusi�n de un procedimiento abreviado para los supuestos en que concurran las condiciones previstas en el art�culo 143 de esta Ley. En el procedimiento general ser� preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del �rgano consultivo de la Comunidad Aut�noma cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuant�a igual o superior a 50.000 � o a la que se establezca en la correspondiente legislaci�n auton�mica.�
Nota: La Ley Org�nica de Econom�a Sostenible modifica, en paralelo, el art. 22.13 la Ley Org�nica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, dedicado a determinar los casos en los que la Comisi�n Permanente del Consejo de Estado deber� ser consultada.
7. Ley Sinde. D. F. 43�. En esta D.F. se esconde uno de los aspectos m�s pol�micos de la reforma que toma el nombre popular de la Ministra de Cultura �ngeles Gonz�lez Sinde. Con ella se trata de reducir las descargas ilegales de contenidos a trav�s de Internet. para la protecci�n de la propiedad intelectual en el �mbito de la sociedad de la informaci�n y de comercio electr�nico. A lo largo de su tramitaci�n se incluy� la intervenci�n judicial.
Para ello, se modifican varias leyes:
Servicios de la Sociedad de la Informaci�n y Comercio Electr�nico.
- El Texto Refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual - Y la Ley reguladora de la
Jurisdicci�n Contencioso-administrativa.
- Nota: En la
Ley Org�nica de Econom�a Sostenible se a�ade un nuevo apartado 5 al art�culo 90 de la
Ley Org�nica el Poder Judicial para fijar las competencias de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
Para identificar al responsable del servicio de la sociedad de la informaci�n que est� realizando la conducta presuntamente vulneradora, los �rganos competentes para la adopci�n de las medidas podr�n requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la informaci�n la cesi�n de los datos que permitan tal identificaci�n a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Tal requerimiento exigir� la previa autorizaci�n judicial Una vez obtenida la autorizaci�n, los prestadores estar�n obligados a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificaci�n. El Juzgado de Lo Contencioso, en el plazo de 24 horas siguientes a la petici�n y, previa audiencia del Ministerio Fiscal, dictar� resoluci�n autorizando la solicitud efectuada siempre que no resulte afectado el art�culo 18 apartados 1 y 3 de la
Se crea en el Ministerio de Cultura la Comisi�n de Propiedad Intelectual, como �rgano colegiado de �mbito nacional, para el ejercicio de las funciones de mediaci�n y arbitraje, y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.
La Comisi�n actuar� por medio de dos Secciones.
- La Secci�n Primera ejercer� las funciones de mediaci�n y arbitraje. En arbitraje, la decisi�n de la Comisi�n tendr� car�cter vinculante y ejecutivo para las partes. Estar� formada por tres miembros nombrados por el Ministro de Cultura, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Econom�a y Hacienda, Cultura y Justicia, por un per�odo de tres a�os renovable por una sola vez, entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual.
- La Secci�n Segunda luchar� por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneraci�n por los responsables de servicios de la sociedad de informaci�n. Estar� presidida por el Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona en la que �ste delegue y se compondr� de un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de Econom�a y Hacienda y un vocal del Ministerio de la Presidencia.
Procedimiento para el restablecimiento de la legalidad:
- Se iniciar� siempre a instancia del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideran vulnerados o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio. - La Secci�n podr� adoptar las medidas para que se interrumpa la prestaci�n de un servicio de la sociedad de la informaci�n que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, act�e con �nimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un da�o patrimonial.
- Antes de proceder a la adopci�n de estas medidas, el prestador de servicios de la sociedad de la informaci�n deber� ser requerido a fin de que en un plazo no superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores o, en su caso, realice las alegaciones y proponga las pruebas que estime oportunas sobre la autorizaci�n de uso o la aplicabilidad de un l�mite al derecho de Propiedad Intelectual. La retirada voluntaria de los contenidos pondr� fin al procedimiento.
- Transcurrido el plazo anterior, en su caso, se practicar� prueba en dos d�as y se dar� traslado a los interesados para conclusiones en plazo m�ximo de cinco d�as. La Comisi�n en el plazo m�ximo de tres d�as dictar� resoluci�n. - En todo caso, la ejecuci�n de la medida ante el incumplimiento del requerimiento exigir� de la previa autorizaci�n judicial.
- La falta de resoluci�n en el plazo reglamentariamente establecido tendr� efectos desestimatorios de la solicitud. Las resoluciones dictadas por la Comisi�n en este procedimiento ponen fin a la v�a administrativa.
- Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas que, en su caso, sean procedentes.
Actuaci�n judicial.
- La autorizaci�n referida corresponder� otorgarla a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
- El procedimiento se desarrolla en el art 122 bis de su
Ley reguladora. - Acordada la medida por la Comisi�n, solicitar� del Juzgado competente la autorizaci�n para su ejecuci�n, referida a la posible afectaci�n a los derechos y libertades garantizados en el art�culo 20 de la
- En el plazo improrrogable de dos d�as siguientes, el Juzgado convocar� al representante legal de la Administraci�n, al Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos y libertades afectados a una audiencia, en la que, de manera contradictoria, el Juzgado oir� a todos los personados y resolver� en el plazo improrrogable de dos d�as mediante auto. - La decisi�n que se adopte �nicamente podr� autorizar o denegar la ejecuci�n de la medida.
- Son recurribles los actos administrativos dictados por la Agencia Espa�ola de Protecci�n de Datos, Comisi�n Nacional de Energ�a, Comisi�n del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisi�n Nacional del Sector Postal, Consejo Econ�mico y Social, Instituto Cervantes, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Universidades y Secci�n Segunda de la Comisi�n de Propiedad Intelectual, directamente, en �nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
8. Patentes. La D. F. 52� modifica la Ley
11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, en concreto el apartado 1. A) de la disposici�n adicional segunda, a�adi�ndose lo que aparece en negrita: �1. Los plazos m�ximos de resoluci�n de los procedimientos que se enumeran en la presente disposici�n se computar�n desde la fecha de recepci�n en la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas de las respectivas solicitudes, y ser�n los siguientes:
A. Concesi�n de patentes y adiciones: si se tramitan por el procedimiento general de concesi�n, el que resulte de a�adir catorce meses al per�odo transcurrido desde la fecha de recepci�n de la solicitud hasta la publicaci�n del Informe sobre el Estado de la T�cnica en el �Bolet�n Oficial de la Propiedad Industrial�, y si se tramitan por el procedimiento de concesi�n con examen previo el que resulte de a�adir veinticuatro meses al citado per�odo.�
9. Registro de personal directivo del sector p�blico estatal. La D. F. 54� modifica la D. A. 4� del Real Decreto-Ley
8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducci�n del d�ficit p�blico. Var�a lo que aparece en negrita (antes se alud�a a sociedades mercantiles p�blicas). �Disposici�n adicional 4�. Registro de personal directivo del sector p�blico estatal.
Se crea, dependiente del Ministerio de Econom�a y Hacienda, el registro de personal directivo del sector p�blico estatal y que incluir� al personal que tenga tal condici�n cuando les corresponda el ejercicio de funciones ejecutivas de m�ximo nivel de las fundaciones del sector p�blico estatal, de los consorcios participados mayoritariamente por la Administraci�n General del Estado y sus Organismos y de las sociedades mercantiles estatales definidas en la Ley de Patrimonio de las Administraciones P�blicas.�
X. PROTECCI�N DE DATOS:
Este apartado lo ha redactado Antonio Fern�ndez Mart�n, Registrador Mercantil de Navarra.
Resumen de las modificaciones introducidas en el Titulo VII de la Ley Org�nica de Protecci�n de Datos por la D. F. 56�.
La ley de Econom�a sostenible en su disposici�n final quincuag�simo sexta ha modificado los siguientes art�culos del Titulo VII de la
L.O.P.D relativo a las INFRACONES Y SANCIONES:
1.- Art 43-2: Responsables
2.- Art 44 apartados 2 a 4: Tipo de Infracciones
3.- Art 45 apartados 1a 5: Tipo de Sanciones
4.- Art. 45, se a�ade un nuevo apartado 6� y los apartados 6 y 7 pasan a ser los apartados 7 y 8
5.- Art 46, apartados 1 a 3: Infracciones de las Administraciones Publicas
6.- Art 49: Potestad de inmovilizaci�n de ficheros
Novedades m�s importantes: 1.- La no inscripci�n de ficheros que contengan datos de car�cter personal en la Agencia Espa�ola de Protecci�n de Datos y la transmisi�n de datos a un encargado del tratamiento sin cumplir con lo establecido en el art.12 de la LOPD, tienen la consideraci�n de faltas leves.
2.- La vulneraci�n del deber de secreto supone siempre infracci�n grave, antes pod�a ser leve, grave o muy grave
3.- El impedimento u obstaculizaci�n del ejercicio de los derechos ARCO, es siempre infracci�n grave.
4.- La comunicaci�n de datos, pasa a ser infracci�n grave o muy grave atendiendo a que sean datos especialmente protegidos o no
5.- Se modifican las cuant�as de las sanciones por faltas leves o graves siendo para las primera entre 900 � y 40.000 �, antes eran entre 601 � y 60.101,21 � y para las segundas entre 40.000 y 300.000, cuando antes eran de 60.101� a 300.506 �
6.- Se incorporan nuevos criterios de graduaci�n de la cuant�a
como el car�cter continuado de la infracci�n, la vinculaci�n de la actividad del infractor con la realizaci�n de tratamiento de datos de car�cter personal.
7.- Se reconoce la facultad del �rgano sancionador de apercibir al infractor, para que en lugar de abrir el procedimiento sancionador, acredite la adopci�n de medidas correctoras y siempre que concurran determinadas circunstancias.
8.- Se ampl�a la posibilidad e inmovilizar los ficheros en los casos de infracciones graves y muy graves, cuando el tratamiento, su comunicaci�n o transferencia internacional supongan un menoscabo en el derecho a la protecci�n de dato
XI. DISPOSICI�N DEROGATORIA.
Aparte de las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan:
a) Los art�culos 22 a 28 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. Tratan de la protecci�n de clientes de los servicios financieros.
b) El Real Decreto
303/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros.
c) La disposici�n adicional tercera de la Ley
26/2006, de 17 de julio, de mediaci�n de seguros y reaseguros privados. Estaba dedicada a las Agencias de suscripci�n.
d) El apartado 5 del art�culo 23 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto
304/2004, de 20 de febrero, dedicado a la revisi�n de planes de pensiones en los planes individuales y asociados de aportaci�n definida Entrada en vigor: El domingo 6 de marzo de 2011, es decir, al d�a siguiente de su publicaci�n en el BOE, salvo la reforma del art. 60.3 del TR de la Ley de Ordenaci�n y Supervisi�n de los Seguros Privados, que entrar� en vigor para todas las p�lizas de seguro suscritas o renovadas a partir del 1 de enero de 2013.
O sea, que el Legislador que ha tardado un a�o en producirla, concede menos de 24 horas a sus s�bditos para conocer las 203 p�ginas del BOE (art. 6.1 del C�digo Civil).
LEY ORG�NICA DE ECONOM�A SOSTENIBLE. Ley Org�nica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Econom�a Sostenible, por la que se modifican las Leyes Org�nicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formaci�n Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci�n, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
* El ep�grafe VII, dedicado a los aspectos mercantiles de la Ley, ha sido redactado por Jos� �ngel Gairc�a-Valdecasas, Registrador Mercantil de Granada. El apartado sobre Protecci�n de Datos lo ha redactado Antonio Fern�ndez Mart�n, Registrador Mercantil de Navarra.
RESUMEN DEL PROYECTO SENADO de Albert Capell
REFORMA CATASTRAL POR JOAQU�N DELGADO
HILO EN FORO DE ACTUALIDAD
APUNTES OPOSITORES DEMETRIO DE FALERO ENCUESTA CATASTRO
ENCUESTA CATASTRO 2
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