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Timestamp: 2018-11-18 08:28:47+00:00

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﻿ Sentencia 1995-8145 de febrero 15 de 2012
SENTENCIA 1995-08145 DE 15 DE FEBRERO DE 2012
CONTENIDO:RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PERSONAS RECLUIDAS EN CENTROS CARCELARIOS O DE DETENCIÓN. EL ESTADO DEBE GARANTIZAR POR COMPLETO LA SEGURIDAD Y ASUMIR TODOS LOS RIESGOS QUE LLEGUEN A PRESENTARSE EN VIRTUD DE LA RECLUSIÓN DE PERSONAS EN CENTROS CARCELARIOS O DE DETENCIÓN, LO QUE CONFIGURA UN DEBER DE PROTECCIÓN. POR LO ANTERIOR, EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE A LOS DAÑOS CAUSADOS A ESTOS CIUDADANOS ES OBJETIVO. POR OTRA PARTE, RECALCÓ QUE EL USO DE LA FUERZA SE ESTABLECE COMO UN CRITERIO DE ULTIMA RATIO, ES DECIR, QUE SE TRATA DEL ÚLTIMO RECURSO AL CUAL DEBE ACUDIR LA FUERZA PÚBLICA PARA NEUTRALIZAR O REPELER UN DELITO O AGRESIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, POLICÍA NACIONAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DECLARACIÓN JURAMENTADA, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, CÁRCEL, REPARACIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA
Sentencia 1995-8145 de febrero 15 de 2012
Rad. 41001-23-31-000-1995-8145-01
Exp.: 22.887
Actor: José Antonio Toledo y otros
9. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Huila en un proceso que, por su cuantía (fl. 12)(4) determinada al momento de la interposición de la demanda, tiene vocación de doble instancia. Se aplican en este punto las reglas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998.
10. Además de las pruebas aportadas al plenario con el escrito de la demanda, la parte demandante solicitó se enviase copia autentica “del resultado de la investigación disciplinaria seguida contra el oficial involucrado en los hechos, por parte de la Procuraduría” y la demandada solicitó el traslado del proceso penal militar adelantado por la justicia penal militar contra el subteniente Néstor Vidal Caicedo (fl. 88, cdno. ppal.) Por tanto, dada la solicitud del a quo, la auditoría 57 de guerra remitió copia auténtica del proceso penal militar al Tribunal Administrativo de Huila, y copia auténtica del proceso ordinario que se adelantó contra los hermanos Toledo por el delito de violencia contra empleado oficial y lesiones personales (fl. 223-339, cdno. 2), expediente dentro del cual los uniformados rindieron declaraciones juramentadas (sin foliar, cdno. 2).
11. Reposa del mismo modo copia auténtica del fallo disciplinario proferido en el marco del proceso surtido contra el ST. Néstor Vidal Caicedo (fls. 114-117, cdno. 2).
12. En cuanto al traslado de pruebas, esta Sección ha expresado(5), que aquellas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra la cual se aducen o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquella, no podrán valorarse en el proceso contencioso administrativo. También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en instancia administrativa, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión. En el presente asunto, como quiera que las pruebas trasladadas del proceso penal militar, incluyendo el proceso penal que se inició contra los hermanos Toledo por el delito de violencia contra empleado oficial y lesiones personales, fueron pedidas por la entidad demandada, la cual además intervino en su práctica, y las mismas obran en copia auténtica, y no fueron objetadas por la parte actora teniendo la oportunidad para ello, serán valoradas para la resolución del recurso de apelación.
13. Asimismo, en razón a que carecen del requisito del juramento, formalidad necesaria para poder ser tenidas como declaración de tercero conforme al artículo 227 del Código de Procedimiento Civil, la indagatoria realizada al oficial de la policía implicado en el hecho no será valorada, así como tampoco la indagatoria de los hermanos Toledo en el proceso penal iniciado contra ellos.
14.1. El señor José Antonio Toledo Perdomo —lesionado— es hijo de José Abelardo Toledo Cuellar y Rebeca Perdomo Figueroa (registro civil de nacimiento visible a fl. 36, cdno. ppal.) y hermano de María de Jesús, Jairo, Alberto, Rosa, Marisol, Orlando, Nidia, José Antonio y Manuel Antonio, todos mayores de edad.
14.2. José Antonio Toledo Perdomo, campesino, se dedicaba a la recogida de cosechas a jornal, así como al cultivo y mantenimiento del predio de sus padres(6) y gozaba de buena salud física(7).
14.3. El 23 de julio de 1994, José Toledo encontrándose en estado de embriaguez(8) y en compañía de su hermano Luis, tuvo una riña con los hermanos Silva y concretamente con Álvaro, también ebrio(9), hacia las 8.00 p.m. en la calle quinta del municipio de Acevedo. Ante el escándalo, el comandante de la Policía de Acevedo, ST. Néstor Vidal ordenó al subintendente Méndez Perdomo y a los agentes Correa Home, Jaramillo Rodríguez y Francisco Buitrago (fl. 241, cdno. 2)(10) acompañarle al lugar para enterarse de lo que pasaba; todos portaban fusil(11). No obstante, los hermanos Silva salieron corriendo antes de su llegada, permaneciendo únicamente los hermanos Toledo. Estos últimos fueron capturados llamándoles “guerrilleros”(12) y conducidos hasta las instalaciones del cuartel.
14.4. El médico general del centro de salud de Acevedo, doctor Fernando Basto Bravo, atendió a José Antonio Toledo Perdomo en el cuartel de Policía el 23 de julio hacia las 10.00 p.m. por solicitud del ST. Néstor Vidal(13) y lo volvió a ver al día siguiente por presentar “abdomen agudo, posiblemente por trauma abdominal cerrado”, ante el riesgo de que el detenido presentara un hematoma retroperitoneal decidió remitirlo al Hospital Regional de Pitalito (fl. 68, cdno. 2)(14).
14.5. El 25 de julio de 1994 fueron puestos a disposición del Juzgado Promiscuo Municipal de Acevedo los señores José Antonio y Luis Toledo Perdomo (indocumentado) por el delito de violencia contra empleado oficial y lesiones personales.
14.6. El 5 de agosto de 1994 el mencionado juzgado resolvió la situación jurídica de los procesados decidiendo abstenerse de imponer medida de aseguramiento contra los hermanos Toledo “por no tener certeza de que en contra de los referidos exista indicio grave de responsabilidad según las pruebas recopiladas” (fls. 266-274, cdno. 2)
14.7. José Antonio Toledo Perdomo ingresó al Hospital Regional de Pitalito el 24 de julio de 1994 a las 7.00 pm. remitido del centro de salud de Acevedo tras haber recibido “múltiples traumas contundentes (patadas) en abdomen y brazo izquierdo” con el siguiente diagnóstico:
“1. Abdomen defendido, Blumberg (+)
2. Equimosis e inflamación en 2º dedo de mano izquierda con limitación funcional.
3. Equimosis en cara externa de rodilla derecha y cara superior de rodilla izquierda. Hacen diagnóstico de: 1. Trauma cerrado de abdomen. 2. XX Luxo-fractura del 2º metacarpiano (historia clínica 78364 del Hospital Regional de Pitalito)”.
14.8. Al día siguiente, el 25 de julio, fue intervenido quirúrgicamente realizándosele laparotomía exploratoria con los siguientes hallazgos:
“1. Hemoperitoneo de 350 ml.
2. Hematoma retroperitoneal lateral bajo bilateral no expansivo (...)
Las lesiones fueron causadas con elemento contundente (...) (historia clínica 78364 del Hospital Regional de Pitalito)”.
14.9. José Antonio Toledo Perdomo, de 32 años de edad, recibió inicialmente una incapacidad por 25 días con tratamiento intrahospitalario, de tal modo que el 27 de julio de 1994 se encontraba recluido en la cama 16 de la sección quirúrgicas del Hospital Regional de Pitalito, con la siguiente situación médica:
“1. Férula de yeso en mano izquierda, la cual no es procedente retirar.
2. Herida suturada de Laparotomía, de 24 cm. En región abdominal supra infraumbilical.
3. Abrasión con costra hemática, de 1.0 x 0.5 cm. Asociada a equimosis leve perilesional localizada en rodilla derecha.
4. Abrasión de costra hemática, 2 x 1.5 cm. Asociada a equimosis leve perilesional localizada en rodilla izquierda.
5. Equimosis leve de 4 x 2 cm. Localizada en la cara anterior del tercio inferior del muslo izquierdo (fl. 4, cdno. 2) ”(15).
14.10. Las secuelas causadas por las lesiones recibidas por José Antonio fueron:
“1. Deformidad física
2. Perturbación funcional del miembro superior izquierdo
3. Perturbación funcional del órgano de la prensión
Todas de carácter permanente (f. 53, cdno. 2)”(16).
15. A raíz de los hechos ocurridos se inició investigación penal y disciplinaria contra el ST. Néstor Vidal con los siguientes resultados:
15.1. Producto de la denuncia formulada por Luis Toledo contra el ST Néstor Vidal ante la unidad local de la Fiscalía General de la Nación en Acevedo el 9 de agosto de 1994 por la presunta comisión del delito de lesiones personales contra José Toledo, el mencionado despacho remitió el expediente al juzgado 66 de instrucción penal militar adscrito al departamento de Policía del Huila dada la calidad de miembro activo de la Policía Nacional del investigado, (fl. 6, cdno. 2), el cual avocó la investigación y en auto interlocutorio de 8 de enero de 1997 (fl. 206-214, cdno. 2) resolvió la situación jurídica al oficial absteniéndose de decretar en su contra medida de aseguramiento. En dicha providencia señaló:
“Al valorar el acervo probatorio se tiene que no aparece plenamente comprobado en el expediente que las lesiones inferidas a José Antonio hayan sido inferidas por el aquí sindicado Néstor Vidal Caicedo.
En efecto, las marcadas contradicciones en las que han incurrido los Toledo Perdomo respecto a la autoría del ilícito marcan la pauta para crear incertidumbre al respecto y aunque aquellos finalmente reiteraron que fueron presionados para declarar a favor de los Policiales dando a entender que prácticamente estos elaboraron a su modo su atestación, resultan dudosas tales afirmaciones cuando una de estas fue aportada ante la procuraduría provincial de Garzón, en donde se supone, se hizo en forma libre y en la que ratificaron que las lesiones fueron provocadas en parte durante la reyerta sostenida con Silva y sus amigos, admitiendo en parte la posición irregular de la Policía” (fls. 212-213, cdno. 2).
15.2. Respecto a la investigación disciplinaria la Policía Nacional - departamento de Policía del Huila recepcionó la queja formulada por Luis Toledo ante la procuraduría provincial de Garzón y mediante providencia del 12 de diciembre de 1994 acogió el concepto emitido por el funcionario investigador y en consecuencia absolvió de toda responsabilidad disciplinaria al ST Néstor Vidal Caicedo por considerar que los cargos imputados “carecen de veracidad, son acomodados, tendenciosos y malintensionados (sic)” atribuyéndole las lesiones recibidas por el querellante a la riña protagonizada por él mismo y en la que recibió “una serie de golpes con armas contundentes garrote y golpes de puño en la cara y otras partes del cuerpo, tal y como lo afirma el aquí quejoso” (fl. 115-117, cdno. 2).
16. José Antonio Toledo trabajaba a jornal y obtenía una remuneración aproximada de siete mil pesos al día(17).
17. En el presente caso le corresponde a la Sala determinar si le son imputables a la demandada los daños causados al señor José Antonio Toledo durante el proceso de su captura y retención tras una riña, es decir, bajo relaciones de especial sujeción frente a miembros de la fuerza pública que actuaban en ejercicio de sus funciones y con las armas de dotación oficial; o si por el contrario, procede el hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad por la mencionada gresca en la que participó antes de la captura. Por último se analizará el supuesto de responsabilidad del Estado en la vulneración de la prohibición a la discriminación por razones sociales y el sometimiento a los retenidos a tratos crueles y denigrantes.
18. La Sala tiene por probado el daño pues surge del expediente que el señor José Antonio Toledo Perdomo sufrió lesiones de carácter permanente y parcial el día 23 de julio de 1994 luego de haber participado en una gresca, ser retenido y trasladado a un cuartel de policía durante un día.
19. Para resolver el problema jurídico sometido a conocimiento de la Sala, se abordará el estudio de los siguientes aspectos: i) responsabilidad estatal en materia de privación de la libertad; ii) protección constitucional especial de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad; la protección al derecho fundamental a la igualdad, la dignidad humana y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
i) Régimen de responsabilidad en materia de personas recluidas en centros carcelarios o de detención
20. Ha sido criterio de esta Sala señalar que con relación a las personas que se encuentran privadas de la libertad, es decir, aquellas que en virtud del agravio cometido al ordenamiento jurídico y social deben soportar tanto la limitación en el ejercicio de sus derechos y libertades como, condiciones especiales de subordinación frente al Estado, y por contera, la reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su propia defensa frente a las agresiones de agentes estatales o de terceros respecto de quienes puedan ser víctimas al interior del establecimiento carcelario, el Estado debe garantizar por completo su seguridad y asumir todos los riesgos que lleguen a presentarse en virtud de dicha circunstancia como un deber de protección(18). Razón por la cual esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el régimen de responsabilidad aplicable a los daños causados a las personas privadas de la libertad, en sitios de reclusión oficiales, es objetivo(19), teniendo en cuenta las condiciones especiales en las cuales se encuentran y con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política. Así pues, ha puesto de presente que en estos casos, entre las personas presas o detenidas y el Estado existen relaciones especiales de sujeción”(20) de conformidad al desarrollo jurisprudencial que sobre la materia ha adelantado la Corte Constitucional(21).
21. En efecto, la Corte Constitucional ha identificado seis elementos que definen las relaciones de especial sujeción entre los internos o reclusos y el Estado, estos son(22):
“... (i) la subordinación(23) de una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) esta subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial(24) (controles disciplinarios(25) y administrativos(26) especiales y posibilidad de limitar(27) el ejercicio de derechos, incluso fundamentales). (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los derechos fundamentales debe estar autorizado(28) por la Constitución y la ley. (iv) La finalidad(29) del ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la resocialización). (v) Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales(30) (relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser(31) especialmente garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe garantizar(32) de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas)”.
22. Así mismo la jurisprudencia constitucional ha destacado que de las relaciones de especial sujeción provenientes de la situación jurídica de los reclusos se derivan cuatro consecuencias en torno al ejercicio de los derechos fundamentales: i) una autorización constitucional y legal para limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales conforme a la competencia punitiva del Estado, principalmente el derecho a la movilidad, libre desarrollo de la personalidad, intimidad, reunión, trabajo y educación, ii) una prohibición de restricción de ciertos derechos fundamentales que permanecen en plena vigencia y que justamente, dadas las condiciones de debilidad manifiesta e indefensión(33) que rodean a la población carcelaria, poseen una protección constitucional reforzada(34) como son el derecho a la vida(35), la dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros. Y por último, un doble deber positivo o de acción del Estado(36) consistente en (iii) asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales o no, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás(37); y (iv) el deber de asegurar todas las condiciones necesarias(38) para la efectiva resocialización(39) de los reclusos.
23. Con esta orientación constitucional, la Sala(40) ha entendido que de la especial sujeción de las personas recluidas o detenidas, y de su situación de debilidad manifiesta e indefensión surgen una serie de deberes para el Estado que fundan la responsabilidad patrimonial de la administración cuando se producen daños en la vida e integridad de estas personas. Estos deberes se traducen en: 1) deberes positivos o de acción en el sentido de hacer, o “prever y controlar los peligros que pueda sufrir una persona retenida desde el momento mismo en que se produce la privación material de la libertad, hasta el momento en que ella es devuelta a la sociedad” y 2) de abstención o no hacer, en el sentido de contener toda “conducta que pueda vulnerar o poner en peligro los derechos que no hayan sido limitados con la medida cautelar”(41).
24. La suma de estos dos aspectos confluye en que la población carcelaria es sujeto de derechos y en virtud de su especial sujeción con el Estado, la responsabilidad de este último es inversamente proporcional a la limitación que sobre el ejercicio de los derechos de los retenidos ejerza, de tal modo que ante un régimen de privación de la libertad, el Estado debe garantizar la seguridad del recluso y ante la legítima limitación en el ejercicio de ciertos derechos, deberá asumir los riesgos que se deriven de tal atribución:
“En efecto, el carácter particular de esta situación implica que corresponde al Estado garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad y la asunción de todos los riesgos que, en esa precisa materia, se creen como consecuencia de tal circunstancia. Bajo esta óptica, demostrada la existencia de un daño antijurídico causado, en su vida o en su integridad corporal, a quien se encuentra privado de la libertad puede concluirse que aquel es imputable al Estado”(42).
25. Se trata de una responsabilidad que el Consejo de Estado ha apreciado en una doble dimensión: i) de resultado por cuanto “si el Estado no devuelve al ciudadano en las mismas condiciones en que lo retuvo, debe responder patrimonialmente por los perjuicios que este haya sufrido durante el tiempo de la retención, aunque haya puesto en funcionamiento todos los recursos de que dispone para proteger al retenido y evitarle la causación de cualquier daño, salvo que haya intervenido una causa extraña, pues frente al retenido la obligación del Estado no es un comportamiento sino la realización efectiva de un resultado determinado”(43) y segundo, ii) objetiva, en la medida que no basta probar la diligencia de la administración para eximirse de su responsabilidad, por cuanto, “a pesar de demostrar la diligencia de la administración, queda comprometida su responsabilidad, pues —bueno es insistir en ello—, el Estado asume por completo la seguridad de los internos”(44).
26. Lo anterior no obsta para que en este tipo de situaciones opere la causa extraña en sus diversas modalidades, como causal exonerativa de responsabilidad, casos en los cuales, como resulta apenas natural, la acreditación de la eximente deberá fundarse en la demostración de todos y cada uno de los elementos constitutivos de la que en cada caso se alegue.
ii) Protección constitucional especial de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad; la protección al derecho fundamental a la igualdad, la dignidad humana y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes
27. En lo que concierne a los deberes de abstención que surgen para el Estado en el ejercicio de su potestad punitiva previamente expuesto (par. 22), sobresale dentro del catálogo de principios y derechos que le está vetado al Estado limitar en virtud de las especiales relaciones de sujeción de las personas detenidas o retenidas en establecimientos oficiales, la protección al principio-derecho a la dignidad humana en su doble dimensión de axioma constitucional y de derecho fundamental también protegido por el derecho interamericano de los derechos humanos.
28. La Corte Constitucional ha entendido que el deber de protección del derecho a la dignidad humana de la población carcelaria y/o retenida(45), que reposa en cabeza del Estado como contrapartida al ejercicio de su legítimo poder punitivo constituye
“... el pilar central de la relación entre el Estado y la persona privada de la libertad, y es, además, una norma fundamental de aplicación universal(46), reconocida expresamente por los tratados y convenios de derechos humanos, prevalentes en el orden interno (C.P., art. 93)(47). De esta forma, por ejemplo, la jurisprudencia ha precisado que ‘... el derecho a la dignidad humana de los internos, el cual tiene connotación de fundamental y por tanto inherente a la persona humana(48), debe ser respetado no sometiéndoseles a condiciones de hacinamiento(49) y no realizándoseles requisas que por sus características vulneren la dignidad humana del privado de la libertad y se constituyan a su vez en tratos crueles inhumanos y degradantes, proscritos por la Carta Política (C.P., art. 12)’(50). Para la Corte no es admisible constitucionalmente considerar que ‘... los atropellos irrazonables, dantescos e inadmisibles que se infringen (sic) a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad son adjudicables al propio recluso, por haber delinquido y terminado en la cárcel, y no al Estado por incumplir de manera manifiesta sus obligaciones’(51). Las violaciones a los derechos fundamentales que sufren los reclusos por no existir un adecuado sistema penitenciario, no son responsabilidad de los reclusos, son responsabilidad del Estado”.
29. De conformidad a la interpretación que del derecho a la dignidad ha venido edificando la jurisprudencia constitucional, aplicada a las personas privadas de la libertad, se entiende que esta puede ser desconocida en dos de sus tres dimensiones:
“i) Por vulneración de las condiciones materiales de existencia mínima que se han de garantizar a toda persona, en tanto ser humano (‘vivir bien’), por un lado, y para referirse al haber sido privado de los bienes no patrimoniales, la integridad física y la integridad moral (‘vivir sin humillaciones’), por otro lado(52). Sin embargo, teniendo en cuenta que la situación de reclusión es temporal, la dignidad humana no solo supone asegurar condiciones mínimas y básicas necesarias para la vida presente, sino también garantizar la posibilidad de regresar al seno de la sociedad mediante procesos adecuados de resocialización”(53).
30. En el caso concreto se solicita por parte de la demandante condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por las lesiones causadas por el ST Néstor Vidal en ejercicio de sus funciones y con armas de dotación oficial, en el proceso de captura y retención en establecimiento oficial de José Antonio Toledo, arguyendo que las razones ofrecidas por el a quo para denegar las pretensiones no obedecen a lo acaecido, en tanto sostuvo: i) que las lesiones no fueron propinadas por dicho funcionario, para lo cual ii) desestimó los testimonios ofrecidos por diversas personas que se encontraban presentes en tales momentos señalándolos de testigos amañados y, iii) que las versiones rendidas por los hermanos Toledo fueron inconsistentes, por lo que consideró que las lesiones fueron producto del hecho exclusivo de un tercero, como son los hermanos Silva, quienes en forma previa a la intervención de la Policía se enfrentaron y lesionaron a José Toledo.
31. En torno al primer aspecto, sobre la credibilidad de los testigos presenciales de los hechos, cabe señalar que todos coinciden en asegurar que el subteniente Néstor Vidal detuvo a los hermanos Toledo, los trataron de guerrilleros y durante el trayecto en que fueron conducidos por el mencionado oficial desde la heladería-cantina, hasta la estación de policía, agredió física y moralmente a los detenidos. Pese a la coincidencia de los testimonios de los terceros, el a quo valoró que estos eran mal intencionados, restándoles valor probatorio sin explicar las razones que le llevaban a esta decisión. Lo que sí explicó, es que existían serias contradicciones entre las versiones rendidas tanto por José Antonio como por Luis Toledo en las diferentes instituciones en las que presentaron queja formal por los mismos hechos, aspecto que será analizado a continuación realizando una confrontación entre las tres versiones suministradas por estas dos personas en la Procuraduría, la Fiscalía y el proceso administrativo. La Sala analizará qué dijo Luis Toledo en cada una de estas oportunidades:
Procuraduría provincial de Garzón-Huila (jul. 27/94) Unidad local de fiscalías de Pitalito-Huila (ago. 9/94) Diligencia de audiencia pública en el juzgado de Acevedo por comisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila (abr. 4/2000)
Yo estaba con mi hermano José Antonio Toledo Perdomo, quien estaba en la cantina de Santiago Quintero, cuando él saltó y los hermanos Silva le pegaron con un garrote, lo tumbaron al suelo, yo me metí para que no le pegaran y también recibí golpes en la cara y en el brazo izquierdo, mi hermano recibió golpes en el estómago, mi hermano se paró cuando llegó el teniente con los agentes, creo que eran tres, me cogieron y me llevaron para el calaboso (sic) del cuartel de la policía, al ratico llevaron a mi hermano, nos llevaron a pie, por el camino de la policía nos pegó, me hiso quitar la camisa, eso lo hiso el teniente, llegué allá y de una patada me mandaron al calabozo, cuando llegó mi hermano llegó también sin camisa, él gritaba que no lo golpearan más, luego lo metieron al calaboso donde yo estaba, lo metieron haciéndole zancadilla y lo empujaron, el teniente, luego llegaron y nos echaron agua con un valde grande y nos dejaron allí, mi hermano siguió quejándose y me pidió que le llevara el cura para que lo confesara, ahí amanecimos, como a las seis de la mañana nos sacaron porque yo les gritaba que mi hermano se estaba muriendo, ellos me decían que eran cólicos, nos dejaron en una pieza hasta las cuatro de la tarde sin prestarnos atención alguna ni teniendo en cuenta que yo les pedí que trajeran un médico, como faltando 20 las cuatro (sic) llegó el médico y lo miré y dijo que estaba grave, que estaba grave, que estaba reventado, que había que trasladarlo a Pitalito, lo cual se lo dijo a la Policía, antes de sacarnos los policías nos tomaron una fotos porque nos dijeron que nosotros eramos unos guerrilleros (...). (fl. 66, cdno. ppal.) (sic). Estábamos en la calle cuando llegó Álvaro Silva y le propuso pelea a mi hermano, le tiró unos golpes pero de ninguna consideración, entonces llegó la Policía y se llevaron a mi hermano y a mí también dándonos golpes en el estómago y en la espalda, nos metieron al calabozo y nos echaron agua, a mi hermano le pegaron una patada por detrás y quedó boca abajo mi hermano me dijo que estaba estropeado y que le dolía la barriga, como a la madrugada nos sacaron del calabozo porque mi hermano no podía soportar el dolor y teniente decía que eran cólicos (...) El domingo nos tomaron fotografías, como a las cuatro de la tarde mandaron a mi hermano con escoltas para el hospital de Pitalito diciendo que él era un guerrillero (fl. 1 y reverso, cdno. 2).
Ampliación de denuncia 17 de agosto de 1994 (fl. 3, cdno. 2)
Preguntado. Recuerda usted qué persona, en forma concreta le pegó la patada a su hermano? Contestó: El teniente era el que le pegaba patadas en la barriga y con el fusil también le pegaba así, esto culetazos. El denunciante hace además con las dos manos hacia adelante indicando cómo le pegaba los culetazos a su hermano. Preguntado. A[l] formular la denuncia, inicialmente, usted hablaba de una patada que le pegaron por detrás a su hermano, pero ahora habla de varios golpes, podría explicarnos esa situación? Contestó: Es que cuando llegó la Policía estaba peleando con Álvaro Silva, un civil, y, en eso lo cogieron a él en rastra y lo llevaron para el comando y le daban patadas en la barriga y culata y en eso la gente les gritaba que no fueran abusivos y se lo llevaron para el cuartel y allá dentro lo cogieron de las mechas y el teniente lo mandó así bocaabajo y yo le dije que no lo estropeara así y entonces sacó la mano y me pegó una cachetada a mí también y en eso nos echó candado y nos dejaron en el calabozo y se fueron (fl. 3, cdno. 2) (sic). Eso sucedió en 1994, no me acuerdo de la fecha, eso fue en la calle principal al frente de la panadería de Polo Ossa, fue como a las 6 y media de la tarde, u sábado, yo no había entrado a una cantinita que había un bailadero, al frente de la Caja Agraria y resulta que ahí estaban los Silvas Alvaro y otro hermano de él, y ellos estaban tomando y cuando llegué y me pare ahí junto a ellos y pedí una cerveza y cuando yo vi que uno de esos se me mandó con un envase y entonces yo pegué brinco y me fui para la calle, pero el nombre de él no lo sé, y en vista de eso yo salí a la calle y en esas se dio cuenta mi hermano José Antonio Toledo y se fue donde yo estaba y me pregunto que qué pasaba y uno de esos Silvas le iro a mi hermano con un garrote, y estando en esas fue que llegó la policía y dijo el teniente que echemolo para el cuartel y entonces nos llevaron juntos, y yo no queria entrar y entonces no me hicieron nada, pero a mi hermano si el comandante y otro policía lo cogieron en rastra y a patadas y ahí llegando al cuartel el comandante le pegó una patada en la barriga y lo mandó lejos y mi heramno de una vez cayo al suelo y entonces yo le dije No mi teniente no lo estropee de ssa forma poquees que yo vi que cuando le dio la patada se encogio y se quedo quietico y ls sigui dando con los pies, le dabaera solo en la barriga porque mi hermano quedo bocaarriba y con una patada que ledio, le lastimo un dedo que le toco hacerlo sobar luego de que ya se mejoro algo, y asi como estaba estropeado, nos metieron al calabozo, en el mismo cuartico, y ahí nos metieron al calaboso a las 7 de la noche del sábado y nos sacaron al otro dia a las 4 de la tarde y eso porque unos familiares que fueron se dieron cuenta qe mi hermano José Antonio estaba muy enfermo y ahí mismo fue don Rufino Maje y le sobo el brazo, y cuando se lo llevaron para Pitalito, se fueron dos Plicias con el para donde el hospital y se fueron dos policías con el porque nos dijeron que nosotros eramos de la guerrilla de Acevedo (...) (fl. 219 y reverso cdno. ppal.) (sic).
32. Como puede observarse, las tres versiones conservan puntos comunes(54) respecto a: i) la presencia de los dos hermanos en el mismo lugar, la cantina y la salida a la calle en medio de una riña con los hermanos Silva; ii) la llegada del subteniente y otros agentes que no se identifican y la detención de los dos hermanos Toledo, mientras se ignora qué sucede con los hermanos Silva; iii) el traslado a pie hacia el cuartel por parte de la policía y el recibimiento de golpes, patadas, zancadillas y un baldado de agua (esto último en las dos primera versiones) mientras se encontraban en el lugar; iv) las quejas de José Antonio sobre los dolores que tenía en el estómago; v) la acusación de ser guerrilleros por parte del oficial hacia los hermanos.
33. Se advierte que las versiones difieren sobre cómo se produjo la riña y la magnitud de los golpes que recibieron de los hermanos Silva (se subraya), en este sentido en la primera versión se dice que José Antonio recibió golpes en el estómago en ese momento, en la segunda se dice que los Silva le tiraron algunos golpes sin consideración y en la última que estos mismos le pegaron a su hermano con un garrote. Adicionalmente, en la ampliación de denuncia ante la fiscalía se informa sobre una cachetada que recibió Luis y se precisa que los golpes dados a José Antonio fueron en el estómago por parte del teniente con el arma de dotación oficial (fl. 3, cdno. 2), versión que fue reiterada ante el despacho comisorio del juzgado único promiscuo municipal de Acevedo(55) (fl. 220, cdno. ppal.).
34. Así mismo, existe coincidencia en el testimonio de Luis sobre la atención médica que recibió su hermano en el calabozo y la necesidad, manifestada por el galeno al ver el estado de gravedad de José Antonio, de trasladarlo al hospital de Pitalito (fl. 220, cdno. ppal.).
35. Ahora bien, hay otros aspectos que requieren un mayor análisis en la confrontación de testimonios y pruebas documentales, como es acerca de si a los hermanos les fue informada la razón por la que se encontraban privados de su libertad y si se les leyeron sus derechos a ser visitados, a recibir alimentos y a ser asistidos por un abogado para su defensa durante el periodo de retención en el cuartel de la policía, (D. 2700/91, art. 377). Aunque sobre este punto Luis contestó ante la Procuraduría: En ningún momento nos dijeron nada, agregando que su madre les llevó la comida durante el tiempo que estuvo en el cuartel y un tío para los días que estuvo en la cárcel (fl. 66, cdno. ppal.), dentro del material probatorio allegado al proceso se encuentran: i) dos actas sobre los derechos de los capturados con fecha 23 de julio de 1994 que fueron elevadas por el ST. Néstor Vidal en calidad de comandante de la estación de Policía, AG. Hernández Bedoya Orlando como secretario, José Alirio Antury como testigo y en la que reposa la firma de Luis (fl. 17, cdno. 2) y José Antonio (fl. 18, cdno. 2) y, ii) las versiones libres y espontáneas rendidas por cada uno de los hermanos retenidos, ante los policías ya mencionados, en la que se hacen las siguientes afirmaciones:
“Dice mi hermano que yo me reboté con dos de ellos y que les tiré y que no me quería dejar traer par la policía, pero yo en verdad si es hice fue en forma inconciente yo no me acuerdo nada de eso habíamos tomado cerveza y aguardiente con mis amigos y familiares; a mí ningún policía me pegó cuando me trajeron a la estación de Policía, aquí me trataron bien y me trajeron al médico ya que por los golpes que había recibido con garrote estaba muy mal y a mí también cuando tomo mucho la bebida me hace daño y por los golpes que me dieron esos tipos los Silvas me sentía mal (sic) (diligencia de versión libre y espontánea rendida por José Antonio Toledo, jul. 24/94)” (fl. 19, cdno. 2)
36. La declaración anterior, que corresponde a José Antonio, es específica en prescribir que se encontraba borracho, que él provocó a los policías, que recibió buen trato por parte de los miembros de la institución oficial y en atribuir a la reyerta anterior a su captura todas las consecuencias de su estado de salud. Por su parte a Luis se le cuestionó de la siguiente manera:
“Preguntado. Sírvase decir al despacho si usted opuso resistencia ante los policías o quien les pego alguno de ellos o ninguno caso afirmativo dígale al despacho sus características físicas. Contestó. Yo dicen que me reboté con los policías pero no me acuerdo casi estaba muy borracho. A mí ningún policía me pegó cuando me trajo a la Estación, y aquí en la estación de Policía me han tratado bien no tengo nada que decir de ellos (sic) (diligencia de versión libre y espontánea rendida por Luis Toledo, jul. 24/94)” (fl. 20, cdno. 2).
37. Cabe advertir dos aspectos sobre estos documentos: i) en la firma de Luis se observa que su nombre no fue escrito en forma completa y la caligrafía es claramente precaria, lo que revela un grado de instrucción mínimo que torna dudosa sus competencias de lecto-escritura(56); por su parte, en el caso de José, si bien es cierto que su firma evidencia un dominio superior al de su hermano en dichas competencias(57), también lo es que para esos momentos su estado de salud era sumamente delicado; ii) además, José Antonio sostuvo que si bien el firmó unos papeles, nunca supo de qué se trataban, pensando que se referían a un traslado. En concreto señaló: “el subteniente Néstor Vidal me sacó fotos y estando ahí me hicieron firmar unos papeles los cuales creo que enviaron a Pitalito y decían que yo era guerrillero” (declaración ante la Fiscalía Seccional 17 con sede en Garzón-Huila, nov. 29/94, fl. 54, cdno. 2).
38. Por su parte el ST en declaración juramentada evidenció la certeza que guardaba de que los hermanos Toledo habían firmado documentos, como el acta y la declaración libre y espontánea (fl. 19 y fl. 242, cdno. 2) ante él mismo, escritos que lo eximían de toda responsabilidad durante el periodo que estuvieron retenidos, y en el que se hacen afirmaciones precisas en el sentido de que no habían sido maltratados por ningún agente de la policía. Sobre este punto, la juez del proceso contra los hermanos Toledo advirtió posibles irregularidades procesales, que intentó esclarecer de la siguiente manera:
“Preguntado. Estas personas sindicadas del delito que ustedes les acusan manifiestan que ustedes Lo hacen para justificar el mal trato que les dieron y no porque eso sucedió? Contestó: ‘Si dicho, o corrijo. Es de anotar que en la versión libre y espontánea que ellos rindieron ante el personal uniformado, ellos no tuvieron ninguna presión o constreñimiento para rendirla y en ella muy clarito manifiestan que la Policía los trató de manera adecuada’. Preguntado: El mismo señor Luis Toledo al hacer énfasis en la declaración que usted acaba de mencionar, dice que ustedes nunca le preguntaron sobre el tratamiento que habían recibido por parte de la Policía, que lo único que es propio de él es la firma, que si le preguntaron unas cosas, pero que como él no sabe leer no supo que firmó, y que el mismo procedimiento hicieron con su hermano José Antonio’. Contestó: ‘En el momento en que él iba a firmar dicho documento él lo observó aproximadamente unos 15 minutos, al que ya le tomaron indagatoria o sea a Luis, porque el otro si se encontraba enfermo y lo firmó yal parecer estaba leyendo’. Preguntado: Porqué motivo usted en dicha declaración se limitó únicamente sobre el trato que habían recibido más no de la forma como habían resultado lesionados por parte de los señores con los cuales estaban riñiendo? Contestó: ‘Pues como lo he expuesto anteriormente yo le tomé dicha versión para acreditar que la acción de la Policía fue correcta y que en ningún momento las lesiones que tienen los individuos fueron hechas por hombres de la Institución’” (sic) (declaración juramentada rendida el 26 de julio de 1994, fls. 242-243, cdno. 2).
39. Comoquiera que la “declaración libre y espontánea” rendida por los hermanos Toledo ante las autoridades de policía se efectuó i) sin la gravedad del juramento, ii) sin la presencia de un defensor; iii) en un contexto de especial sujeción ante los miembros de la policía, iv) por el mismo funcionario cuya conducta ha dado origen a este proceso, y el cual, v) en su defensa penal, siendo totalmente consciente de la formalidad que dichos actos jurídicos revisten para la exclusión de su responsabilidad, se ampara abiertamente en los mismos; huelga concluir que tales diligencias desconocieron el mandato establecido en el artículo 377 del Decreto 2700 de 1991(58) y las garantías que integran el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 constitucional, prueba que de conformidad con el criterio de esta Sala es ilegal-nula de pleno derecho y por ende no será apreciada como prueba.
40. Excluyendo lo anterior, la única declaración rendida bajo la gravedad del juramento por parte de José Antonio relata cómo sucedieron los hechos de la siguiente manera:
“Si señor nosotros fuimos atropellados por la policía, yo estaba bien borracho; entonces en eso fue cuando me cogió el subteniente Néstor Vidal y me dieron duro, yo perdí el conocimiento, enseguida me cogieron y me llevaron al puesto de policía, entonces ya estando dentro del puesto de policía ahí me dio tres culetazos más en esta parte de aquí, el declarante señala la parte del abdomen, el señor subteniente Néstor Vidal, después de eso me metieron al calabozo y estando dentro del calabozo me hecharon agua, entonces enseguida yo les pedí el favor que me sacaran para ir al médico porque me sentía enfermo, entonce no me quisieron sacar sino que mandaron fue a traer al médico y e tonces fue el médico y me miró y me dijo que eso eran cólicos lo que yo tenía, entonces me mandaron a aplicar una inyección para que me calmaran los cólicos y esa inyección me la aplicó un agente de policía. Entonces me tuvieron ahí en el calabozo hasta las cuatro de la tade del dia domindo desde el sábado a las ocho de la noche que me cogieron. Estando en el calabozo me enfermé grave porque no podía orinar, todo se me tapó...” (sic) (declaración rendida ante la Fiscalía Seccional 17 con sede en Garzón-Huila, nov. 29/94, fl. 54, cdno. 2).
41. En la lectura de esta declaración se evidencia que la narración de los hechos que realizaron los hermanos resulta coincidente en los aspectos centrales y por tanto gozan de credibilidad y veracidad para esta Sala.
42. Es pertinente poner de presente que en el oficio que se deja a disposición del juez a los hermanos Toledo, se relata que estos fueron capturados por una patrulla policial dos días antes, tras haber reñido en forma recíproca en vía pública con Álvaro Silva, y sus hermanos, y que al intervenir la fuerza pública “para controlar el desorden”, el señor Luis Toledo, atacó al subteniente Néstor Vidal Caicedo produciéndole escoriaciones en la cara así como daños en el uniforme de dotación oficial. Se agrega que dicho comportamiento se produjo en forma similar por parte de José Antonio, quien atacó al agente Abel Correa Home, causándole escoriaciones en la nariz y daños en el uniforme, y que para capturarlo fue necesario quitarle un taco de billar desastillado con el cual desafiaba a la fuerza pública, el cual fue dejado a disposición del despacho judicial (fl. 81, cdno. 2)(59).
43. Posteriormente en la declaración juramentada rendida por el ST. Néstor Vidal, a tan solo dos días de la comisión de los hechos, en el marco de dicho proceso penal(60) se pudo constatar la mínima magnitud de las agresiones recibidas por los policías de la siguiente manera:
“... al llegar nosotros al sitio de los hechos, nos encontramos con un individuo en su mano o que tenía en su mano un pdazo de madera era al parecer un taco de billar, dicho individuo al solicitarle que soltara dicho elmento por parte del agente Correa Ome Abel, fue agredido por el mismo causandole una escoriación en la cara y posteriromente se le avalzó al agente rasgándole un bolsillo del uniforme, yo me estoy refiriendo a José Antonio Toledo en ese momento cuando aprehendíamos a este sujeto alque acabo de nombrar, el señor Luis Toledo Perdomo me atacó a mi, por medio de la mano y me razguño en la cara o encima de la nariz, yo creo que con las uñas (El declarante presenta encima de la nariz un insignificante razguño, muy superficial) y aparte de eso me propino una patada encima de la espinilla derecha (se deja constancia que el declarante no presenta ninguna lesión o hematoma), y aparte de eso al ser conducido hacía las instalaciones de la estación, se agarró dicho individuo Luis Toledo al bolsillo del uniforme que yo tenía y lo razgó unos 15 cm...” (sic) (destacado fuera de texto) (fl. 240 reverso, cdno. 2).
44. Se advierte en el proceso que el uso de la fuerza que desplegaron los policiales, en tanto i) número, cuatro agentes, un suboficial y un oficial, frente a dos hombres, ii) medios de defensa, todos armados con fusiles frente a un taco de billar que exhibían los hermanos Toledo, iii) condiciones físicas, el uso pleno de sus capacidades frente a dos personas en un estado avanzado de alicoramiento, pero consientes y iv) institucionales, la autoridad de policía revestida del amparo del Estado y conocedora de las ritualidades jurídicas, frente a dos campesinos con un grado mínimo de instrucción y con evidencias de analfabetismo funcional; descubre que el uso de la fuerza implementada respondió a otras razones, distintas a la mera retención, y sobre las cuales corresponde a esta Sala discernir. En efecto, todos los testigos aseguran que José fue inexplicablemente tratado de guerrillero y sometido a un castigo con pretensiones de advertencia o ejemplaridad frente a la comunidad, que había padecido una toma guerrillera con la destrucción de la anterior estación de Policía(61).
45. Gloria María Cuellar Antury, relató el momento mismo en que arribó la policía de la siguiente manera:
“... yo llegué a ese sitio o establecimiento público ubicado en el municipio de Acevedo Huila se encontraba ahí el teniente de la Policía Néstor Vidal llama con otro agente porque se había formado una riña en ese preciso momento entró el muchacho José Antonio Toledo inmediatamente el teniente la voltió a ver y le dijo hay usted es guerrillero y lo golpeó con el arma que tenía el tenía como un fusil grande como uno no conoce de armas y lo golpeó y lo empujó y lo tiró hacia la calle inmediatamente le siguió profiriendo patadas por el estómago, por la espalda y cuando miraba que el muchacho no podía caminar le dijo al policía que se lo ayudara a levantar lo siguió llevando de esa manera por toda la calle una cuadra y bajaron por la carrera otra cuadra y lo llevaban hacia el cuartel y ahí había mucha gente que le gritaba que no lo mataran , que no le pegara y lo arrastraban también como a la cuadra siguiente que le muchacho no podía caminar nada entre el teniente y el policía lo cargaron lo llevaron de los brazos...” (fl. 277 reverso, cdno. ppal.).
46. Al respecto, Efraín Claros Chilito rindió el siguiente testimonio:
“Preguntado: Dígale al despacho si usted tiene conocimiento cuál fue el motivo por el cual presuntamente el teniente Néstor Vidal Caicedo trató mal de palabra y obra al señor Jesús Antonio Toledo Perdomo? (se refiere a José Antonio Toledo). Contesto: El motivo principal, yo creo fue porque Jesús Antonio es un poco de físico mal presentado entonces le decían era guerrillero y como ellos acostumbran a usar poncho; lo que pasó es que estaban tomando él se paró y le vio la cara y de una vez tome, el muchacho no le dijo nada, porque el temperamento del teniente es neurasténico” (fl. 253, cdno. ppal.).
47. Cabe señalar, entonces, que ante la condiciones de ebriedad en que se encontraban los hermanos, aspecto ampliamente probado en el proceso, bien pudo haberse dado una muestra de agresividad por parte de estos durante el proceso de retención, tal como lo aseguran los policías, o por el contrario, bien es posible que precisamente por ello, estos se encontraran totalmente indefensos e incapaces de actuar, como lo aseguran algunos testigos(62), lo cierto es que en ambas hipótesis la acción que pudo haberse dado contra los policías por parte de los hermanos Toledo no pasó de ser menor, como fueron pequeños rasguños en el rostro del oficial y daños en el bolsillo del uniforme de uno de los agentes sobre el cual se arrojó José según declaración del ST Nestor Vidal(63). Lo cierto es que el castigo al que fueron sometidos los hermanos Toledo, y en concreto José, explicita un abuso en el uso de la fuerza propinada en forma desproporcionada, irracional y excesiva(64) en torno a la situación que se presentaba.
48. El material probatorio acredita que el trato desigual, excesivo e irracional en el uso de la fuerza desplegada por el oficial de la policía contra José Toledo en el momento de su detención, obedeció al seguimiento de patrones de discriminación por razones de precariedad social, aspecto físico y vulnerabilidad económica en virtud de su origen campesino. Actuación de la administración que compromete la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y a la dignidad, este último en la doble dimensión de “vivir sin humillaciones”, es decir, sin verse expuesto a ofensas en el ejercicio de sus libertades y a “vivir como se quiere” es decir, sin pedir permiso en el cumplimiento del proyecto vital trazado individualmente por cada persona. Se advierte que la grave y pública acusación de “guerrillero” que el ST Néstor Vidal lanzó contra José Toledo, lejos de justificar el abuso de la fuerza, la hace aún más condenable, por cuanto tal acusación se produjo en forma caprichosa, sin el menor sustento fáctico y poniendo en riesgo la vida social y la propia seguridad del retenido. Así las cosas, el ensañamiento y abuso de fuerza resultó no solo injustificado sino ilegítimo bajo los postulados de inclusión e igualdad que predica el Estado social de derecho que gobierna el ordenamiento jurídico nacional.
49. Ha sido criterio de esta Sala(65) establecer que el uso de la fuerza se establece como un criterio de ultima ratio, es decir, que se trata del último recurso al cual debe acudir la fuerza pública para neutralizar o repeler un delito o agresión. No debe perderse de vista que el artículo 2º superior asigna en cabeza de las autoridades públicas la protección genérica de la vida, honra y bienes de todos los asociados, inclusive frente a aquellos que pueden ser catalogados como delincuentes.
50. Recuerda la Sala(66) que la Policía Nacional está instituida para “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” (C.P., art. 218). Para la consecución de este objetivo, los miembros de dicha institución deben primero escoger los medios más eficaces y los que causen menor daño a la integridad de las personas (D. 522/71, art. 109)(67), condicionándose el uso de las armas de fuego como un último recurso frente a casos de extrema necesidad.
51. Complementa esta postura la adherencia al principio y derecho a la inviolabilidad del derecho a la vida y la integridad personal(68) que en decisiones anteriores ha manifestado esta Sala, en tanto constituye una de las formas básicas de los estados de derecho de estirpe demoliberal como el nuestro, en consonancia con el derecho internacional(69), al que además se debe agregar la lealtad a la protección del derecho a la igualdad frente a obligaciones y pautas normativas definidas internacionalmente y que disponen la prohibición de la discriminación en todas sus formas y particularmente a las que se originan por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica (C.P., art. 13).
52. En el sub lite y teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, la Sala encuentra que se demostró la falla en el servicio atribuida a la entidad demandada por cuanto las lesiones causadas a José Antonio Toledo se produjeron en condiciones de especial sujeción frente a las autoridades de Policía, la cual incurrió en un exceso de fuerza que obedeció a razones distintas a la mera neutralización y puesta a disposición de las autoridades judiciales de dos personas que se encontraban indefensas, tanto jurídica como materialmente.
53. De igual modo las pruebas analizadas no consiguen determinar las lesiones que pudo generar en la salud e integridad del demandante la previa reyerta en la que participó contra los hermanos de apellido Silva, empero y en todo caso, este hecho no consigue eximir de responsabilidad a la Policía Nacional por cuanto la riña no fue la causa exclusiva para la generación de las lesiones que hoy padece José.
54. Efectuadas las anteriores consideraciones, y arribando a las conclusiones probatorias expuestas, para la Sala es evidente que en el caso concreto se incurrió en una falla del servicio en cabeza de la demandada con relación a la violación de derechos humanos y la acusación de guerrillero a un campesino, así como el lucro cesante en cabeza de José Toledo.
55. En mérito de lo expuesto, la Sala considera que están demostrados los elementos de la responsabilidad que le asiste al Ministerio de Defensa - Policía Nacional respecto a las lesiones causadas en la salud de José Antonio Toledo para lo cual revocará la sentencia de primera instancia y condenará por los daños a la salud, perjuicios morales y perjuicio material en su componente de lucro cesante causado a los demandantes.
VII. Condena
56. En la demanda se solicitó declarar responsable a la demandada por las lesiones causadas a José Antonio Toledo “en su integridad física y moral (sicológica)” y que vulneró “en forma ostensible el derecho a una buena salud” (fl. 11, cdno. ppal.) pero no se estableció una cuantía indemnizatoria con la cual condenar a la administración.
57. Al respecto, conviene señalar que en sentencia reciente esta corporación señaló que el perjuicio fisiológico se encuentra subsumido dentro del concepto más amplio de daño a la salud, por lo cual este y aquel no son indemnizables de forma separada e independiente(70).
58. Se tiene así que es procedente reconocer una sola indemnización por la afectación de la integridad física del demandante que considere el menoscabo fisiológico y como este afecta su proyecto vital, pues ambas son manifestaciones de un único daño: el del derecho a la salud. Debe precisarse, sin embargo, que el detrimento psicofísico o corporal en sí mismo no es indemnizable. Lo que es objeto de reparación son las consecuencias que derivan de él.
59. Ha considerado la Sala que la tasación de los perjuicios extrapatrimoniales es una tarea que compete al juez de la causa, en función de la razonabilidad y de las circunstancias de cada caso concreto, puesto que los pronunciamientos anteriores a través de los cuales la Sala ha reconocido perjuicios, “constituyen un criterio auxiliar y no obligatorio para efectos de tasar indemnizaciones en casos posteriores, y no implican reglas absolutas para la determinación de las condenas a que haya lugar”(71). En todo caso, si bien es cierto que los pronunciamientos judiciales anteriores no constituyen un precepto de imperativo cumplimiento para el juez, sí contribuyen a fijar los márgenes dentro de los cuales se debe ubicar para definir, de manera coherente y armónica, los perjuicios del caso concreto que se somete a su conocimiento.
60. Concierne entonces a esta Sala determinar el daño a la salud, referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto y encaminado a cubrir no solo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que el mismo genera, tasar de una parte en forma objetiva y de otra según el arbitrio iuris, el alcance del daño causado a José Toledo a raíz de las secuelas que sobre su integridad causó la demandada y de conformidad con las consecuencias particulares que en su caso produjo dicha lesión, aspectos que deberán tener correspondencia con el perjuicio causado para efectos de su valoración económica y su reparación integral (L. 446/98, art. 16)(72). Tal reparación pretende dejar indemne a la persona, como si el daño no hubiere ocurrido, o al menos a la situación más próxima a la que existía antes de su evento.
61. En el caso de José Antonio Toledo, no reposa en el expediente una prueba pericial que determine el grado de invalidez que efectivamente debía repararse; en vez de ello se especifican las secuelas de carácter permanente que las lesiones dejaron, como son:
Todas de carácter permanente” (fl. 53, cdno. 2)(73).
62. Por prueba testimonial se ha acreditado que las labores del campo a las que se dedicaba José Toledo y de la cual obtenía sus ingresos no ha podido continuar ejerciéndolas porque “no puede hacer fuerza”(74), “está casi inválido”(75), “para el trabajo material no es competente”(76) no puede levantar peso a riesgo de tener una hernia y “se siente mal”(77).
63. Es evidente que en este caso existe un daño que le impide a José Toledo desarrollar las labores materiales del oficio que conocía, como era ser jornalero. La falla le produjo entonces un daño grave e irreversible en sus posibilidades de relacionarse con el mundo personal, familiar y social que le era propio. En consecuencia, la Sala condenará a la demandada por concepto del daño a la salud a favor de José Antonio Toledo Perdomo por el valor equivalente a 100 smlmv.
64. Respecto a los perjuicios morales, de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 —Expediente 13.232—, cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado, se ha reconocido una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, reconocimiento que es el subrogado de lo que antes reconocía la Sala como mayor indemnización, que eran 1.000 gramos de oro. Se dijo por la Sala en la aludida sentencia:
65. “En cuanto a la jurisdicción contencioso administrativa, ha quedado clara su sujeción directa al artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que, conforme a lo expresado, hace no solo necesario, sino improcedente, el recurso a la analogía, para aplicar el Código Penal vigente, a fin de definir aspectos relativos a la valoración del daño moral”.
66. “Visto lo anterior, considera esta Sala que debe abandonarse el criterio adoptado por ella desde 1978, conforme al cual, para efectos de la indemnización del perjuicio moral, se daba aplicación extensiva a las normas que, al respecto, traía el Código Penal. Como ha quedado demostrado, razones de orden jurídico, apoyadas igualmente en fundamentos de orden práctico, justifican, en la actualidad, esta decisión. Se afirma, entonces, la independencia del juez contencioso administrativo para fijar, en cada caso, con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor de la indemnización del perjuicio moral”.
67. “Lo anterior se expresa sin perjuicio de que, con el fin de garantizar el desarrollo uniforme de la jurisprudencia en este aspecto, esta corporación establezca pautas que sirvan de referencia a los juzgados de inferior jerarquía, cuyos fallos, sin embargo, en cuanto tasen la indemnización del perjuicio aludido, solo podrán ser revisados por la instancia superior dentro del marco de sus competencias, dada la inexistencia de una norma prevista en ley o reglamento que pueda considerarse de obligatoria aplicación en la materia”.
68. “Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mínimo mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que este cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales...”(78).
69. Lo anterior poniendo de presente que en el juez administrativo radica la facultad discrecional de determinar el monto a reconocer cuando se trata de perjuicios morales. Discrecionalidad que está regida: a) bajo el entendido de que la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, —pues “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia”(79)—, más no de restitución, ni de reparación; b) por la aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) por el deber de estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto de perjuicio y su intensidad y d) por el deber de estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(80).
70. El monto a indemnizar por un perjuicio moral depende de la intensidad del daño. Cuando el perjuicio moral es de un mayor grado, como sucede generalmente con la pérdida de un hijo, se ha considerado como máximo a indemnizar la suma de 100 smlmv a la fecha de la sentencia(81), lo que “no significa que no pueda ser superior cuando se pide una mayor indemnización y se alega y demuestra una mayor intensidad en el padecimiento del daño moral”(82). En el caso de los hermanos ha sido criterio de esta Sala reconocer 50 smlmv.
71. Si bien José Antonio Pulido continúa manteniendo su vida, las lesiones causadas le han afectado profundamente el derecho a una vida digna, es decir de conformidad al proyecto de vida que se había trazado libremente como agricultor, conforme a su condición familiar y contexto social. Ahora, como producto del daño se ve excluido de su entorno y condenado a llevar la vida que no planeó, por tanto se reconocerán 50 smlv para José Antonio Pulido y 30 para cada uno de sus padres y hermanos de la siguiente manera:
José Antonio Toledo Perdomo 50 smmlv
José Abelardo Toledo Cuellar 30 smmlv
Rebeca Perdomo Figueroa 30 smmlv
María de Jesús Toledo Perdomo 30 smmlv
Jairo Toledo Perdomo 30 smmlv
Alberto Toledo Perdomo 30 smmlv
Rosa Toledo Perdomo 30 smmlv
Marisol Toledo Perdomo 30 smmlv
Manuel Antonio Toledo Perdomo 30 smmlv
Orlando Toledo Perdomo 30 smmlv
Nidia Toledo Perdomo 30 smmlv
72. Con relación al lucro cesante solicitado en la demanda, la Sala considera que en el expediente existen suficientes elementos probatorios que acreditan la dependencia económica de los padres respecto a su hijo y de sus hermanos para el sostenimiento familiar, en función al constante apoyo económico que este les brindaba. En este sentido, sobre la cuantía del lucro cesante basta con determinar que en ausencia de hijos y esposa a su cargo, es viable determinar que José Toledo podía destinar la mitad de los ingresos por él percibidos conforme a prueba testimonial, un salario mínimo, para atender las necesidades de sus padres y hermana dependiente en virtud de su discapacidad. No obstante al no tener prueba del grado de invalidez que pesa sobre José Antonio se condenará en abstracto para que una vez oficiado a la junta regional de invalidez, este sea liquidado por el juez de instancia.
73. Es menester acotar que aunque en el escrito de la demanda no fueron solicitadas medidas de reparación integral que significaran la imposición de pautas dirigidas a la reparación simbólica como presupuesto de la reparación integral y de equidad (L. 446/98, art. 16), esta Sala ordenará otras medidas de reparación que considera cardinales como garantía para la no repetición en las prácticas vulneradoras de los derechos fundamentales y ofensivas de los valores de igualdad e inclusión que inspiran el estado social de derecho.
75. En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera —Subsección B— de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
1. REVÓCASE la sentencia apelada, esto es, la proferida el 1º de marzo de 2002, por el Tribunal Administrativo del Huila, la cual quedará así:
PRÍMERO. DECLÁRASE responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, de los perjuicios causados con motivo de las lesiones padecidas por José Antonio Toledo Perdomo.
SEGUNDO. CONDÉNASE como consecuencia de la declaración anterior, a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios morales:
TERCERO. Por concepto de perjuicios materiales, CONDÉNASE en abstracto a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar la suma que corresponda a favor de José Antonio Toledo Perdomo, padres y hermanos.
CUARTO. A título de daño a la salud CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional al pago de la suma de 100 smmlv a favor de José Antonio Toledo Perdomo.
QUINTO. Que el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional difunda entre sus integrantes el contenido de esta providencia de conformidad a las siguientes medidas:
Envíe copias de esta providencia a todos los comandos de departamentos y policías metropolitanas con la instrucción de ser leída por sus comandantes; la incorpore en su página oficial por el término de un año, y la incluya como material de los cursos de ascenso de sus suboficiales y oficiales para su conocimiento y estudio.
SEXTO. Sin costas.
SÉPTIMO. Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.
OCTAVO. EXPEDIR, por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.
(4) La pretensión mayor correspondiente al perjuicio moral padecido por José Antonio Toledo Perdomo por las lesiones recibidas fue estimada en tres mil gramos oro (gr. jun. 5/95 a $ 11.389,33) (f. 12, cdno. ppal.) equivalentes a ($ 34.679.900), monto que supera la cuantía requerida en 1995 de nueve millones seiscientos diez mil pesos ($ 9.610.000), año de presentación de la demanda, para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado de doble instancia de conformidad al Decreto 597 de 1988.
(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, sentencia de 14 de abril de 2010, Radicación 05001-23-31-000-1993-00588-01(17805), actor: Luz Mila Zapata de Carvajal y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.
(6) Según declaraciones de Luis Toledo (fl. 220 al reverso, cdno. ppal.); Jesús Antonio Salas Gaviria (fl. 221, cdno. ppal.); Milton Maje Collazos (fl. 222, cdno. ppal.) Santiago Quintero Artunduaga (fl. 222 al reverso, cdno. ppal.); Efraín Claros Chilito (fl. 253, cdno. ppal.); Antonio Valenzuela Torres (fl. 254, cdno. ppal.) y Gloria María Cuellar Artunduaga (fl. 278, cdno. ppal.).
(7) Declaraciones de Antonio Valenzuela Torres “yo siempre lo miré alentado a José Antonio Toledo antes de los hechos, porque lo miraba trabajando en la finca, inclusive lo miré bajando productos para vender en la galeríam plátano yuca, frijol” (sic) (fl. 254, cdno. ppal.); Gloria María Cuellar Antury por su parte, señaló refiriéndose a José Antonio “Antes de los hechos era normal y un hombre que trabajaba en el campo en trabajo material porque uno pasaba por la finca y lo veía trabajando comunicorriente...” (sic).
(8) Reconocido así por Luis Toledo en su queja ante la Procuraduría General al señalar “mi hermano estaba borracho, él no se recuerda de nada” (fl. 66, cdno. ppal.), también Antonio Valenzuela Torres lo explicitó en su declaración (fl. 254, cdno. ppal.).
(9) Declaración rendida por Álvaro Silva Ramón, oportunidad en la que expresó “yo no me recuerdo porque estaba embriagado” (fl. 105 reverso, cdno. 2).
(10) Declaración rendida bajo la gravedad del juramento por el ST. Néstor Vidal ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Acevedo-Huila el 23 de julio de 1993.
(12) Varios testigos presenciales de la captura coinciden en esta afirmación como son Antonio Valenzuela (fl. 254, cdno. ppal.); Gloría María Cuellar Antury (fl. 277, cdno. ppal.); Efraín Claros Chilito (fl. 252, cdno. ppal.); Luis Toledo (fl. 220 reverso, cdno. ppal.) entre otros.
(13) Declaración rendida por el agente Abel Correa Home (fl. 84, cdno. 2).
(14) Declaración rendida el 2 de septiembre por el médico Fernando Basto Bravo ante el Juzgado 66 de Instrucción Penal Militar (fl. 69, cdno. 2), reiterada ante la Jueza Promiscua Municipal de Acevedo (fl. 106, cdno. 2).
(15) Primer reconocimiento por orden judicial, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 27 de julio de 1994.
(16) Segundo reconocimiento por orden judicial, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 29 de noviembre de 1994.
(17) Declaración de Gloria María Cuellar Antury (fl. 278, cdno. ppal.), un salario mínimo según Efraín Claros Chilito (fl. 253, cdno. ppal.) y seis mil pesos al día según Antonio Valenzuela Torres (fl. 254, cdno. ppal.).
(18) Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Ricardo Hoyos Duque, 30 de noviembre de 2000, Radicación 13329, actor: José Antonio Rincón Tobo.
(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, 26 de mayo de 2010, Radicación 66001-23-31-000-1998-00454-01(18800), actor: Ofelia Pérez Diaz y otros.
(20) Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 27 abril del 2006, Expediente 21138 y del 27 de noviembre de 2002, Expediente 13760, ambas con ponencia del consejero Alier Hernández Enríquez.
(21) Esta expresión en el contexto de las relaciones entre autoridades penitenciarias y personas privadas de la libertad, fue utilizada por primera vez en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la Sentencia T-596 de 1992. Así mismo, entre los pronunciamientos más importantes al respecto, sentencias T-705 de 1996 y T-153 de 1998.
(22) Corte Constitucional, Sentencia T-687 del 8 de agosto de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, reiterada en las T-596 de 1992, T-065 de 1995, C-318 de 1995, T-705 de 1996, T-1190 de 2003, T-490 de 2004, T-881 de 2002 y T-134 de 2005 y más recientemente en la T-126 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(23) “(2) La subordinación tiene su fundamento en la obligación especial de la persona recluida consistente en el deber de ‘cumplir una medida de aseguramiento, dada su vinculación a un proceso penal, o una pena debido a que es responsable de la comisión de un hecho punible’. Cfr. Sentencia T-065 de 1995. O también es vista como el resultado de la ‘inserción’ del administrado en la organización administrativa penitenciaria por lo cual queda ‘sometido a un régimen jurídico especial’. Así en Sentencia T-705 de 1996”.
(24) “(3) Desde los primeros pronunciamientos sobre el tema, la Corte identificó la existencia de un ‘régimen jurídico especial al que se encuentran sometidos los internos’, el cual incluye la suspensión y la limitación de algunos derechos fundamentales, en este sentido Cfr. Sentencia T-422 de 1992”.
(25) “(4) Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un régimen disciplinario para los reclusos, así en Sentencia T-596 de 1992”.
(26) “(5) Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un régimen especial de visitas, así en Sentencia T-065 de 1995”.
(27) “(6) Sobre los tres regímenes de los derechos fundamentales de los reclusos, según la posibilidad de la suspensión, limitación y goce pleno, ver entre otras las sentencias T-222 de 1993, T-065 de 1995 y T-705 de 1996”.
(28) “(7) En este sentido véase la Sentencia C-318 de 1995. La potestad administrativa para limitar o restringir derechos fundamentales en el contexto de las relaciones especiales de sujeción, ‘debe estar expresamente autorizada en la ley que regule su ejercicio’, así en la Sentencia T-705 de 1996”.
(29) “(8) Sobre la finalidad de la limitación a los derechos fundamentales en el contexto de las relaciones especiales de sujeción, véase especialmente la Sentencia T-705 de 1996. Sobre su relación con la posibilidad real de la resocialización véase la Sentencia T-714 de 1996”.
(30) “(9) Entre los especiales derechos de los presos y su correlato, los deberes del Estado, como consecuencia del establecimiento de una relación especial de sujeción, se encuentran ‘el deber de trato humano y digno, del deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario, utensilios de higiene, lugar de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia médica, y el derecho al descanso nocturno, entre otros’, citada de la Sentencia T-596 de 1992”.
(31) “(10) Sobre los deberes especiales del Estado ver la Sentencia T-966 de 2000”.
(32) “(11) Para la Corte esta garantía debe ser reforzada, ya que el recluso al estar sometido a una relación especial de sujeción, tiene limitado su derecho a escoger opciones y le es imposible autoabastecerse, en este sentido ver la Sentencia T-522 de 1992, además se encuentra en un estado de ‘vulnerabilidad’ por lo cual la actividad del Estado en procura de la eficacia de los derechos fundamentales debe ser activa y no solo pasiva, en este sentido ver la Sentencia T-388 de 1993, y en el mismo sentido la Sentencia T-420 de 1994. Ya que el recluso está en imposibilidad de procurarse en forma autónoma los beneficios propios de las condiciones mínimas de una existencia digna, así en la Sentencia T-714 de 1995, o se encuentra en estado de indefensión frente a terceros, así en la Sentencia T-435 de 1997”.
(33) Corte Constitucional, Sentencia T-590 de 1998.
(34) Corte Constitucional, Sentencia T-627 de 2007.
(35) Corte Constitucional, Sentencia T-1190 de 4 de diciembre de 2003.
(36) Sobre el énfasis en el deber positivo en cabeza del Estado, véanse las sentencias T-714 de 1996 y T-153 de 1998.
(37) Sobre el contenido de este deber positivo ver la Sentencia T-153 de 1998.
(38) Responsabilidad del Estado que se concreta en la obligación de velar por la seguridad de los reclusos en el perímetro carcelario y en la obligación de garantizar condiciones de vida adecuadas a los reclusos, ver en la Sentencia T-522 de 1992.
(39) La posibilidad de reinserción social depende en buena medida de la eficacia del derecho de los reclusos a contar con centros carcelarios adecuados, este derecho encuentra el fundamento de su validez en el derecho a la dignidad y en el principio del Estado social de derecho, ver en Sentencia T-153 de 1998.
(40) En similares términos puede consultarse, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre del 2009, Expediente 16.990.
(41) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de febrero de 2004, Expediente 14.955, sentencia del 24 de junio de 2004, Expediente 14.950; sentencia del 24 de junio de 1998, Expediente 14.406; sentencia del 20 de febrero de 2008, Expediente 16.996.
(42) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, Expediente 20.125, C.P. Alier Hernández Enríquez; sentencia de 20 de febrero de 2008, Expediente 16996, C.P. Enrique Gil Botero, posición jurisprudencial reiterada en la sentencia del 29 de enero del 2009, Expediente 16975.
(43) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de febrero de 2004, Expediente 14.955; sentencia del 24 de junio de 2004, Expediente 14.950; sentencia del 24 de junio de 1998, Expediente 14.406; sentencia del 20 de febrero de 2008, Expediente 16.996.
(44) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, 26 de mayo de 2010, Radicación 66001-23-31-000-1998-00454-01(18800), actor: Ofelia Pérez Diaz y otros, demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.
(45) Corte Constitucional, Sentencia T-848 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(46) “(44) Así se consideró en la Sentencia T-851 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) en la que se indicó: ‘Esta regla fundamental consta expresamente en el artículo 10-1 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, según el cual ‘toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano’. De allí ha deducido el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas —intérprete autorizado del pacto— una serie de consecuencias de gran importancia, contenidas en la Observación General 21 sobre personas el trato humano de las privadas de la libertad, a saber: (i) todas las personas privadas de la libertad deberán ser tratadas en forma humana y digna, independientemente del tipo de detención al cual estén sujetas, del tipo de institución en la cual estén recluidas; (ii) los Estados adquieren obligaciones positivas en virtud del artículo 10-1 del pacto, en el sentido de propugnar por que no se someta a las personas privadas de la libertad a mayores penurias o limitaciones de sus derechos que las legítimamente derivadas de la medida de detención correspondiente; y (iii) por tratarse de una ‘norma fundamental de aplicación universal’, la obligación de tratar a los detenidos con humanidad y dignidad no puede estar sujeta, en su cumplimiento, a la disponibilidad de recursos materiales, ni a distinciones de ningún tipo’. La sentencia también hace referencia al artículo 5-2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, 1969) [de conformidad con el cual ‘... toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano’] y al caso Knights y otros contra Jamaica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
(47) “(45) Las normas internacionales de derechos humanos, tanto en el sistema universal de protección, como el sistema interamericano de protección, consagran la dignidad de toda persona privada de la libertad como uno de los de Derechos Humanos (CADH, 1969) ya citado, y el numeral 1º del artículo 10 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PDCP, 1966) prescribe una regla similar, a saber, que ‘[t]oda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano’”.
(48) “(46) Ver Sentencia T-702 de 2001; M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra (en esta ocasión, la Sala Sexta de Revisión consideró que las requisas de los reclusos obligándolos a desnudarse y a mostrar sus partes íntimas vulneraba el derecho a la dignidad humana y por tanto debía ser suprimida y llevada a cabo bajo condiciones de respeto de la dignidad humana manifestada en la intimidad del recluso)”.
(49) “(47) Ver Sentencia T-153 de 1998; M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz (En esta sentencia se declaró un estado de cosas inconstitucional en cuanto a la situación carcelaria colombiana caracterizada, entre otras, por el alto grado de hacinamiento)”.
(50) “(48) Corte Constitucional, Sentencia T-269 de 2002 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). En esta ocasión la Corte decidió reiterar que no es razonable una requisa que se realice transgrediendo el derecho a la dignidad humana de la persona al manipular sus partes íntimas, existiendo otros mecanismos para garantizar la seguridad”.
(51) “(49) En la Sentencia T-1096 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) el fallo del juez de instancia que se revisaba afirmaba: ‘Para finalizar, debe recordarse al interno que no es el Estado el que por capricho lo tiene sometido a restricción de su libertad, sino que por su propia condición de infractor de la leyes, voluntariamente se ha sustraído al ordenamiento jurídico y se ha colocado en la posición de penado, lo que lógicamente le atrae (sic) las consecuencias de las que hoy se lamenta’. En la Sentencia [T-1096 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)] se decidió que ‘el Inpec desconoce de forma grave y manifiesta los derechos a la dignidad, la vida, la integridad física y a la libertad sexual de una persona privada de la libertad, cuando no adopta las medidas necesarias para evitar que otros reclusos abusen sexualmente de una persona recluida en un establecimiento carcelario y vulneren sus derechos, en especial si se trata de una persona que pertenece a un grupo que tradicionalmente ha sido discriminado’”.
(52) “(50) Recientemente, la jurisprudencia constitucional ha delimitado conceptualmente los ámbitos de protección de la dignidad humana, estableciendo tres campos diferentes que han sido desarrollados, caso por caso, a saber: ‘... (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones)’. Así lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia T-881 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), caso en el cual, luego de analizar el desarrollo jurisprudencial de la categoría constitucional ‘dignidad’, se consideró que la decisión de la entidad accionada de suspender el fluido eléctrico generó unas condiciones existenciales tales [‘... Imposibilidad de prestación del servicio médico y de correcto funcionamiento del Hospital del Arenal (falta de energía, equipos médicos dañados por deficiencias en el fluido eléctrico). Imposibilidad del funcionamiento del acueducto única fuente de agua potable del municipio (funciona con motobombas). Ausencia de iluminación en los establecimientos de la fuerza pública en las horas de la noche...] que implicaron ‘una incuestionable amenaza a sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la salud por conexidad con la vida y a la integridad física’. Dentro de la segunda línea jurisprudencial (la dignidad humana y las condiciones materiales de existencia, ‘vivir bien’), la Corte se refiere a sentencia como la T-296 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), caso en el que se revisó la acción de tutela presentada por una persona recluida en una cárcel con problemas de hacinamiento y que tenía que dormir sobre un piso húmedo, lugar de paso de otros reclusos; aunque en este caso la Corte no concedió la tutela por existir hecho superado (libertad del actor), se pronunció sobre la relación entre el hacinamiento penitenciario la dignidad humana y las condiciones materiales de existencia, en los siguientes términos: ‘... el juez de tutela, como autoridad constitucional ‘obligada a asumir la vocería de las minorías olvidadas’, debe ser riguroso en la protección de la dignidad humana de los internos...’, no obstante reconoció que tal deber puede implicar ordenar la inclusión presupuestal y la ejecución de una obra pública, siempre y cuando se trate de una orden ‘restringida’ y ‘excepcional’, que responda a un término razonable, proporcionado, acorde con las exigencias legales y constitucionales de disponibilidad presupuestal y ordenación del gasto’”.
(53) “(51) Para la Corte Constitucional, del ‘... derecho a la dignidad y del concepto de Estado social de derecho, se deduce el derecho de los reclusos a contar con centros carcelarios que les garanticen la posibilidad de reinsertarse en la sociedad...’, razón por la cual ‘... el análisis del sistema penitenciario debe siempre girar en torno de la pregunta sobre si este cumple con la función resocializadora, a la cual se debe fundamentalmente...’. Corte Constitucional, Sentencia T-153 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). En sentido similar, el inciso 6º del artículo 5º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, (CADH, 1969) establece que ‘[l]as penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados’, y el numeral 3º del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PDCP, 1966) señala que ‘[e]l régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados...’”.
(54) Resaltados con negrilla fuera de texto.
(55) La pregunta concreta que se le hizo fue: “Preguntado: Diga al despacho si es cierto o no, que el subteniente de la policía a que usted hace mención anteriormente, y cuyo nombre es Néstor Vidal Caicedo, la noche del día 23 de Julio de 1994 tambien golpio y pegó, brutalmente dentro del calabozo o dentro de las dependencias de la Policía de Acevedo a José Antonio Toledo Perdomo, en caso afirmativo, de que forma y en que partes del cuerpo? Contestó: Si dentro del calabozo lo golepo también le dio patadas y puntapiés, se las daba era en la barriga, yo sabía que era el teniente y el comandante de la Policía pero no le sabia el nombre” (sic) (fl. 220, cdno. ppal.).
(56) En sus generales de ley, en la misma versión libre, se dice que Luis tiene un grado de instrucción de primero de primaria (fl. 20, cdno. 2).
(57) En sus generales de ley insertos en la versión libre, se especifica que Luis tiene un agrado de instrucción de cuarto de primaria (fl. 19, cdno. 2).
(58) “ART. 377.—Derechos del capturado. A toda persona capturada se le hará saber en forma inmediata y se dejará constancia escrita: 1. Sobre los motivos de la captura y el funcionario que la ordenó. 2. El derecho a entrevistarse inmediatamente con un defensor. 3. El derecho a indicar la persona a quien se le deba comunicar su aprehensión. Quien esté responsabilizado de la captura, inmediatamente procederá a comunicar sobre la retención a la persona que se le indique. 4. El derecho que tiene, cuando se trate de investigación previa, de rendir versión espontánea sobre los hechos que se le imputan, con la advertencia de que puede guardar silencio sobre la incriminación hecha. La versión solo podrá rendirse en presencia de un defensor. 5. El derecho a no ser incomunicado. Decreto 2700 de 30 de noviembre de 1991, Por el cual se expiden las normas de procedimiento penal” (destacado fuera de texto).
(59) Oficio 107 de julio 25 de 1994 firmado por ST. Néstor Vidal Caicedo en calidad de comandante de la estación de Policía del municipio de Acevedo dirigido a la juez única promiscua municipal de Acevedo-Huila.
(60) Declaración rendida bajo la gravedad del juramento el 26 de julio de 1994 en el juzgado único promiscuo municipal de Acevedo-Huila (fls. 241-242 reverso, cdno. 2).
(61) Gloria María Cuellar Antury, en su declaración explicitó “... yo vivo a una cuadra de la casa al puesto de Policía y es más al dar ellos la vuela yo alcance a llegar primero a la casa porque ellos le daban patada y ya a la cuadra cuando el muchacho no le andaba creo que el muchacho había perdido el conocimiento cuando lo alzaron de brazos y por esa razón yo me di cuenta del recorrido porque yo iba para la casa y mi casa era donde funcionó luego el puesto de la policía luego que lo destruyó la guerrilla...” (fl. 278, cdno. ppal.).
(62) Antonio Valenzuela en su declaración al preguntársele cuál podría haber sido el motivo por el que los policías golpeaban a José respondió: “No, no sé el motivo cuando me di cuenta era que le estaban pegando y le decían guerrillero pero no sé porque, él no le tiraba a ninguno estaba hasta tomado” (fl. 254, cdno. ppal.).
(63) Declaración juramentada (fl. 241 reverso, cdno. 2).
(64) La Asamblea General de las Naciones, mediante la Resolución 34/169 de 17 de diciembre de 1979, consagró el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el cual pone el acento en la necesaria proporcionalidad entre el uso de la fuerza y el objetivo legítimo que se persiga, por lo que el uso de las armas de fuego debe constituir una medida extrema. En efecto, el artículo 3º de ese instrumento internacional ordena que “podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”.
(65) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Enrique Gil Botero, 26 de mayo de 2010, Radicación 05001-23-31-000-1994-02459-01(18888), actor: Hernando de Jesús Oquendo Jiménez y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.
(66) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, C.P. Danilo Rojas Betancourth, sentencia de 28 de septiembre de 2011, Radicación 25000 23 26 000 1999 1356 01, Expediente 21137, actor: Domingo Sierra Bonilla y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.
(67) Señala el artículo: “Para preservar el orden público la policía empleará solo medios autorizados por ley o reglamento y escogerá siempre, entre los eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes. Tales medios no podrán utilizarse más allá del tiempo indispensable para el mantenimiento del orden o su restablecimiento. Salvo lo dispuesto en la ley sobre el régimen carcelario, las armas de fuego no pueden emplearse contra fugitivo sino cuando este las use para facilitar o proteger la fuga”.
(68) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subseccion C, C.P. Enrique Gil Botero, sentencia de 30 de marzo de 2011, Radicación 05001-23-24-000-1995-00476-01(20294), actor: Wilson Hurtado Sepúlveda y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional, Sección Tercera, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia de 11 de febrero de 2009, Radicación 05001-23-26-000-1996-00960-01(17318), actor: Judy Sandra Calle Vélez y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.
(69) En este sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Nueva York, 1948), en el artículo 3º estatuye que todo individuo tiene derecho a la vida. Del mismo modo, la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, aprobada en la Novena conferencia internacional americana (Bogotá, 1948), en su artículo 1º prescribe que todo ser humano tiene derecho a la vida. Por su parte, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (Nueva York, dic. 16/66 incorporado al derecho interno colombiano por la L. 74/68), en su artículo 6º establece que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y que este derecho estará protegido por la ley. A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José (San José de Costa Rica, abr. 7/70) en su artículo 4.3 prohíbe a sus signatarios —entre los cuales está Colombia— restablecer la pena de muerte, si esta fue proscrita en su derecho interno. Igualmente, en el VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en 1990, se adoptaron los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
(70) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2011, Expediente 38.222, C.P. Enrique Gil Botero.
(71) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 4 de mayo de 2011, Radicación 17.396, actor: Antonio Euclides Valois Martínez y otra, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
(72) Artículo 16 Ley 446 de 1998: “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de los daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá a los principios de reparación integral y observará los criterios técnicos actuariales”.
(73) Segundo reconocimiento por orden judicial, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 29 de noviembre de 1994.
(74) Declaraciones de Luis Toledo, Jesús Antonio Salas Gaviria del 4 de abril de 2000 (fl. 219 reverso, 221 reverso, cdno. ppal.) y Antonio Valenzuela Torres del 14 de febrero de 2001 (fl. 254, cdno. ppal.).
(75) Declaración de Santiago Quintero, del 4 de abril de 2000 (fl. 222 reverso, cdno. ppal.) y Gloria María Cuellar Antury del 28 de febrero de 2001 (fl. 278, cdno. ppal.).
(76) Declaración de Efraín Claros Chilito del 14 de febrero de 2001 (fl. 253, cdno. ppal.).
(77) Declaración de Milton Maje Collazos del 4 de abril de 2000 (fl. 222, cdno. ppal.).
(78) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Radicación 66001-23-31-000-1996-3160-01(13232-15646), Belén González y otros, demandado: Nación - Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías, Invías.
(79) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2011, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Radicación 13232.
(80) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Radicación 15459.
(81) Ibídem. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2005, C.P. María Elena Giraldo Gómez; Radicación 16205.

References: artículo 185
 resolución 
 artículo 227
 artículo 90
 artículo 377
 artículo 29
 artículo 2
 artículo 16
 artículo 178
 artículo 16
 artículo 115
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 5
 artículo 10
 Resolución 
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 artículo 3
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 4
 Artículo 16