Source: http://www.aireg.es/2019/02/
Timestamp: 2019-02-17 00:03:19+00:00

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AIRE » 2019 » febrero: Asociación Independiente de Registradores
La Moncloa, viernes 15 de febrero de 2019
Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta comparecencia de prensa.
Quisiera comenzar esta intervención compartiendo con los españoles una íntima convicción, y es que una de las responsabilidades de la Presidencia del Gobierno es ofrecer a los españoles un horizonte. Un futuro que conquistar. Un modelo de sociedad que construir. Y hacerlo explicando las razones, los argumentos, los porqués del horizonte propuesto, de las decisiones que se toman desde el Ejecutivo.
Y esto es lo que pretendo hacer en esta declaración.
Hace casi nueve meses se abrió paso la primera moción de censura en la historia democrática en nuestro país. Los porqués que llevaron a hacerla prosperar los conocen todos los españoles y todas las españolas. El partido que entonces sustentaba al Gobierno fue condenado por financiación irregular y por enriquecimiento ilícito. Aún hoy se siguen investigando, y se siguen juzgando ante los tribunales las diversas ramificaciones de esa red de corrupción.
Hace casi nueve meses, España sufría un Gobierno que estaba más pendiente de defenderse ante los tribunales que de defender el interés general de los españoles. Un Gobierno acosado por la corrupción, y sumido en una parálisis legislativa. Un Gobierno que no atendía a las urgencias sociales que sufría y sufre buena parte de la ciudadanía de nuestro país.
La no asunción de responsabilidades políticas por el partido entonces en el Gobierno y, también, de su principal apoyo parlamentario llevó a que la mayoría del Congreso de los Diputados apoyara el cambio de Gobierno con una moción de censura. Y lo hizo legítimamente. Lo hizo al amparo del artículo 113 de la Constitución Española. Artículo que dota, –y quiero además volver a subrayarlo–, de legitimidad democrática y constitucional la conformación de un Gobierno salido de la moción de censura. Elegido por la mayoría de los escaños del Congreso de los Diputados que son elegidos, a su vez, por su voto por parte de los ciudadanos y ciudadanas en una democracia que, –no olvidemos–, es una democracia parlamentaria. Conviene recordarlo. Nunca olvidarlo.
Como conviene también recordar que este artículo constitucional exige que la naturaleza de la moción de censura sea constructiva. Y me parece importante quedarme y subrayar, aunque sea por unos segundos, esta característica. Tiene que ser constructiva, porque con ello se permite dotar de estabilidad, de certidumbre, de confianza a nuestro sistema político.
No se vota echar a nadie. Lo que se vota es la conformación de un nuevo Gobierno, con su programa de Gobierno. Y eso es lo que se produjo en junio del año pasado.
Esto es lo que hicimos: respetar la letra y el espíritu de la Constitución Española. Constituir otro Gobierno y ofrecer otra alternativa, otro horizonte, necesario, por otra parte, a nuestro país.
Nombramos un Gobierno de personas capaces, de personas que son referentes sociales y referentes también internacionales en sus ámbitos de responsabilidad. Un Gobierno, en definitiva, abierto. Un Gobierno no partidista. Un Gobierno dispuesto a consensuar con el diferente, –necesario en nuestro país: el consenso, el acuerdo, y no la crispación–. Un Gobierno con una clara vocación europeísta, de convicciones progresistas. Un Gobierno de izquierdas, con compromiso social, y con el mayor número de mujeres de todos los países de la OCDE sentadas en su Consejo de Ministros.
A todos ellos y a todas ellas les doy las gracias por su compromiso y por su trabajo tan intenso durante estos meses.
Un Gobierno que tenía una firme convicción: gobernar para la mayoría, unir a los españoles, y no enfrentarlos. Por encima de las ideologías, unir a los españoles. Dar una respuesta colectiva a los desafíos que como sociedad tenemos por delante: la digitalización y la revolución tecnológica, el empleo y el impulso empresarial, el cambio climático y la despoblación, la sostenibilidad de nuestro Estado de bienestar. La fortaleza de nuestras instituciones democráticas, y, singularmente, del Estado Autonómico, la igualdad de género, la lucha contra todo tipo de desigualdad y de exclusión social. La educación de nuestros hijos, la salud de nuestros seres queridos y las pensiones de nuestros mayores.
El horizonte hacia el que avanzar que propusimos entonces a los españoles se resume en tres ejes: el primero, la consolidación del crecimiento económico que tiene que ser respetuoso con el medio ambiente, y la creación de empleo digno. Ese es el primero de los ejes. El segundo, la reconstrucción de nuestro Estado de bienestar para redistribuir los frutos del crecimiento y, finalmente, reforzar nuestras instituciones democráticas.
Fruto de este intenso trabajo, y me gustaría, además, subrayarlo, porque es la primera vez que fructifica y prospera una moción de censura y, desde el minuto uno pusimos en marcha toda la maquinaria del Estado, no solamente para que España no se parara, sino que también reorientara muchas de sus políticas hacia opciones y políticas de contenido progresista y social. Fruto de ese intenso trabajo, en poco más de ocho meses de Gobierno y tras años de parálisis, se han aprobado en las Cortes Generales 13 Leyes y se han aprobado más de 25 Reales Decretos-ley. Se han traspuesto Directivas que dormían el sueño de los justos, y cuyo incumplimiento en la trasposición amenazaba al erario público. Y se ha recuperado la presencia europea e internacional de España, que hacía falta.
Para consolidar el crecimiento y la creación de empleo, que era el primero de los ejes, el Gobierno aprobó al principio un Plan de Empleo digno que ha transformado en contrataciones indefinidas más de 50.000 empleos precarios.
Se ha aumentado en un 22% el Salario Mínimo Interprofesional acercándonos a los objetivos marcados por la Carta Social Europea. Se mejoró el grado de protección del colectivo de los trabajadores autónomos, que representa a más de tres millones de hombres y de mujeres en nuestro país.
Se han movilizado, también, políticas y recursos económicos para los pequeños y medianos municipios y llenar de oportunidades laborales la España vacía. Se han impulsado medidas para la transición ecológica de nuestro sistema energético, fundamental, para luchar contra un desafío global, como es el del cambio climático. Se ha derogado el impuesto al sol. Se han comprometido recursos para luchar contra la pobreza energética.
Se aprobó también una nueva Ley Hipotecaria, se ha dinamizado el sector de la ciencia, que ha sido vilipendiado durante siete años de la anterior Administración. Se han impulsado las inversiones en infraestructuras que eran necesarias para nuestro país, y se ha reafirmado el compromiso no solamente de este Gobierno sino también del conjunto de la sociedad por la reindustrialización, el sector primario y la creación artística y cultural.
Esta política económica se complementó con un compromiso firme con el saneamiento de nuestras cuentas públicas, y el resultado de esta política económica, que es rigurosa, pero no exenta de compromiso social, ha hecho que el crecimiento económico en España sea robusto, mayor que el de las principales economías europeas, y que el año 2018 se haya cerrado con unas tasas de creación de empleo muy semejantes a las que teníamos en niveles precrisis en nuestro país.
El segundo objetivo era que los frutos de ese crecimiento se redistribuyeran a la mayoría social de nuestro país. España es un país que si tiene un problema fundamental es la desigualdad. La desigualdad social, la desigualdad de género, y, también, la desigualdad intergeneracional. Hay mucha gente joven que sufre la falta de oportunidades, la precariedad, y las dificultades para poder emanciparse. Por tanto, no es útil, ni es justo, un crecimiento que no se redistribuye ante el conjunto de la sociedad.
El objetivo, por tanto, que nos propusimos fue reconstruir el Estado del bienestar. Por ello, recuperamos la universalidad de la sanidad pública. Garantizamos el poder adquisitivo de las pensiones. Revertimos los recortes educativos, las becas. Impulsamos el pacto de Estado contra la violencia de género. Reconocimos el derecho a voto de 100.000 personas con discapacidad que no lo tenían reconocido. Impulsamos una nueva Ley de lucha y de protección de los menores ante cualquier caso de abuso o de violencia. Reforzamos los recursos en la lucha contra la pobreza infantil, que afecta al 28% de los niños y niñas en nuestro país.
Nos comprometimos con la Agenda 2030, y reforzamos la legislación civil y procesal en materia de discapacidad ante enfermedades, también, que afectan a personas de mayor edad.
Y el tercer objetivo consistió en reforzar nuestra democracia, nuestras instituciones. Lo que se dice que es la regeneración democrática. No solamente poniendo en pie un Gobierno abierto, un Gobierno ejemplar, poniendo fin a un Gobierno asediado, como he dicho antes, por la corrupción, sino que planteamos, también, garantizar una Radiotelevisión Española pública objetiva y plural. El impulso a la Memoria Histórica, y dar cumplimiento al mandato parlamentario, y mandato legal de la Ley de Memoria Histórica de exhumar al dictador del Valle de los Caídos.
La creación, también, de una nueva autoridad macroprudencial que supervise y dé respuesta a futuros desmanes en el sector financiero que tanto han afectado a la clase media y trabajadora en nuestro país. O el impulso de dos reformas constitucionales que han sido largamente pedidos y demandados por la sociedad y determinados colectivos.
Una reforma constitucional para acabar con los aforamientos de los políticos, y una reforma constitucional para dejar de hablar y de llamar a las personas con discapacidad o con distintas discapacidades “disminuidos físicos, psíquicos, o sensoriales” que es como ahora mismo está tasado en nuestra Constitución.
No quiero olvidar en este punto el refuerzo del Estado con la mayor Oferta Pública de Empleo de la década, que se ha puesto en pie durante estos ocho meses de Gobierno, y la subida salarial de los empleados públicos que ha hecho el Gobierno. Y, por supuesto el refuerzo del Estado autonómico impulsando las conferencias sectoriales entre el Gobierno y los distintos Gobiernos autonómicos recogidas en los Estatutos y que, desgraciadamente, durante estos últimos siete años habían sido abandonadas por el anterior Gobierno.
La voluntad del Gobierno ha sido siempre la misma: la que ha caracterizado al Partido Socialista y a mi persona cuando he estado como líder de la oposición. Y, hoy, como presidente del Gobierno.
Nosotros, dentro de la Constitución y de la legalidad, estamos dispuestos a hablar, a dialogar, y a encontrar una solución. Dentro de la Constitución, todo. Fuera de la Constitución, nada.
Eso lo han sabido todos y cada uno de los Gobiernos autonómicos y lo sabe también la oposición. La única diferencia entre lo que ha ocurrido hoy y lo que ocurrió hace ocho meses, antes de la moción de censura, es que antes el Gobierno del Partido Popular contó con la lealtad institucional y el apoyo inequívoco del Partido Socialista Obrero Español, y de mi persona. En cambio, hoy, por desgracia, en estos ocho meses de Gobierno no hemos contado con la lealtad, no al Gobierno, sino al Estado, de la oposición conservadora.
Por tanto, consolidación del crecimiento y de la creación de empleo. Reconstrucción del Estado de bienestar, porque es importante crecer, pero sobre todo lo es redistribuir el crecimiento y mejorar la calidad democrática de nuestro país con las instituciones y, en particular con el Estado.
Y todo ello, insisto, se ha materializado en más de una veintena de Reales Decretos-leyes, y 13 Leyes que a mí me parece que han hecho mejorar a España, sin duda alguna. Que ha situado a nuestro país en mayores cotas de crecimiento, de justicia social y de ejemplaridad. Y todo ello, –insisto– en poco más de ocho meses.
Pero junto a lo logrado, –que ha sido mucho, y creo que ha sido importante para este país–, debo recordar lo bloqueado. Lo paralizado. Lo bloqueado y lo paralizado, no por una falta de mayoría parlamentaria, que existía, sino por una oposición que ha utilizado las instituciones con intereses partidarios. Por una oposición que no ha atendido a razones, que está alejada de los parámetros del sentido común, y de la moderación que se exige si uno quiere liderar la oposición. Que no ha antepuesto, en definitiva, el interés general. Habrá antepuesto otros intereses, pero desde luego no el interés general. Que ha bloqueado leyes importantes, muy importantes, en su tramitación en el Congreso de los Diputados. Muy importantes para el bienestar y la prosperidad de la ciudadanía, con independencia de a quién voten en los procesos electorales.
Se ha bloqueado, por ejemplo, la tramitación de la Ley de Eutanasia. Se ha bloqueado, también, la derogación de la Ley Mordaza. Se ha bloqueado también, la derogación de la Reforma Laboral. Se ha bloqueado también, la modificación del voto rogado para permitir la participación de los españoles que viven en el extranjero. Se han bloqueado también leyes importantes como la igualdad laboral, o la lucha contra la brecha salarial. Se ha bloqueado también la tramitación de la Ley sobre bebés robados. Las prácticas académicas universitarias externas. La pobreza energética, la protección a los desempleados. La sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones para garantizar que no hay merma de poder adquisitivo de nuestros jubilados y jubiladas.
Todo esto se ha bloqueado, se ha paralizado no porque no hubiera una mayoría parlamentaria para poder sacarlo adelante, sino por el filibusterismo parlamentario del Partido Popular y de Ciudadanos que contaban con una mayoría en la Mesa del Congreso.
Y, finalmente, el bloqueo a la tramitación de unos Presupuestos sociales y quiero subrayarlo, unos Presupuestos sociales, después de siete años de injusticia social, de austeridad, de recortes del Estado de bienestar. Y como resultado de desigualdad y de falta de oportunidades para colectivos hoy más vulnerables como consecuencia de estos intereses partidarios.
Unos Presupuestos sociales que hubieran revitalizado, por citar algunos ejemplos, nuestro sistema nacional de dependencia, que ha sido abandonado durante siete años de Gobierno del Partido Popular, la protección por desempleo a los parados de larga duración de más de 52 años, las políticas de vivienda, y, sobre todo, las políticas de alquiler para que los jóvenes se pudieran emancipar mucho antes, a edad temprana. La educación, con un impulso a las becas. La Formación Profesional, el empleo juvenil, el impulso a la ciencia y el retorno del talento que ha salido como consecuencia de los recortes durante estos últimos años de crisis. La transición justa de nuestra economía apoyando aquellas comarcas que van a estar afectadas como consecuencia de ese desafío enorme que representa el cambio climático, y el cambio, en consecuencia, de nuestro sector energético. Unos Presupuestos que hubieran reducido también la carga fiscal para las pequeñas y medianas empresas.
En definitiva, unos Presupuestos buenos para los españoles. Buenos para los españoles y buenos para todos y cada uno de los territorios de nuestro país.
Con todos, sí quiero trasladar algunos mensajes a la ciudadanía española. Con todo, y pese a que no haya presupuestos, porque así lo ha decidido la oposición, quiero trasladar que la revalorización de las pensiones de nuestros jubilados, que ha sido comprometida por el Gobierno de España, que el alza del Salario Mínimo Interprofesional, y que el aumento del sueldo de los empleados públicos que ha aprobado el Gobierno de España con o sin Presupuestos están garantizados. Están garantizados. Este es el compromiso del Gobierno de España. Y vamos a cumplir con ese compromiso.
Después de casi nueve meses de avances y de transformaciones buenas para los ciudadanos el Gobierno esta semana, y España, también, esta semana nos hemos topado con un bloqueo en forma de rechazo de los Presupuestos más sociales de la última década en nuestro país. Y, por tanto, si son los más sociales, los más necesarios en nuestro país.
Y la disyuntiva que se nos plantea es clara, como Gobierno. Y a mí como presidente del Gobierno: o continuar gobernando con unos Presupuestos que no son los nuestros, y que incumplen las exigencias sociales que necesita nuestro país, o bien, creer, como creo, que España no tiene un minuto que perder. Que España necesita avanzar. No dar pasos hacia atrás. Que España necesita empezar todo su esfuerzo y todas las energías colectivas en abordar las grandes transformaciones que necesitamos si queremos construir la España que queremos.
España debe continuar avanzando. Debe continuar progresando, desde la tolerancia y el respeto. Desde la moderación y el sentido común. Excluyendo la política de la crispación. Creciendo y creando empleo de calidad, redistribuyendo la riqueza. Consolidando y reconociendo no los derechos y las libertades que hemos logrado durante estos últimos 40 años, sino también ampliando la capacidad y el perímetro de esos derechos y de esas libertades, fortaleciendo la cohesión social y la cohesión territorial como único garante para conservar y preservar la unidad de España.
Por este motivo, les anuncio que en ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las Cámaras y la convocatoria de Elecciones Generales para el día 28 de abril.
He comunicado a SM el Rey esta decisión, y, como saben, de acuerdo a lo establecido en el Art. 115 de la Constitución Española, tanto la propuesta de disolución de las Cortes, como la fijación de la fecha de celebración que les he anunciado a todos los españoles y españolas, se materializarán, como no puede ser de otra manera, mediante un Real Decreto-ley que será publicado en el BOE en tiempo y forma.
Estoy convencido de que es posible recuperar la política útil para la ciudadanía. De que es posible recuperar la tolerancia, el respeto, el sentido común, la moderación y dar la espalda a la crispación en nuestro país.
España es de sus ciudadanos, no pertenece a ningún partido político. Es de los españoles. España es suya. Y ahora, ellos y ellas deberán decidir si damos pasos hacia atrás o avanzamos para lograr la España que queremos.
En la próxima legislatura deberemos consolidar la España de la próxima década. Y de una nueva generación. La España que gobernarán los jóvenes, hombres y mujeres de hoy. La decisión, como siempre ha sido, está en las manos de las españolas y de los españoles. Ellos y ellas decidirán el futuro de España con su voto en las urnas, y lo que decidan siempre, siempre, siempre será un gran acierto.
Las Líneas ICO 2019 financian actividades empresariales –tanto inversión como liquidez- en plazos comprendidos entre 1 y 20 años.
Nota informativa nº 10/2019 tribunalconstitucional.es
Adelanto de parte dispositiva
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad estimar la impugnación de disposiciones autonómicas presentada por el Gobierno contra la resolución del presidente del Parlamento de Cataluña que proponía a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat y la que convocaba sesión plenaria para celebrar la de investidura.
El fallo de la sentencia dice así:
“Estimar la impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) promovida por el Gobierno y, en consecuencia:
Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de las resoluciones del presidente del Parlamento de Cataluña de 22 de enero de 2018, por la que se proponía la investidura de don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, publicada en el “Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña”, núm. 3, de 23 de enero de 2018, y de 25 de enero de 2018, por la que se convocaba sesión plenaria el 30 de enero de 2018, a las 15:00 horas, en la parte que se refiere a la inclusión en el orden del día del debate del programa y votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó, publicada en el “Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña” núm. 5, de 26 de enero de 2018.
En los próximos días se notificará la sentencia y se elaborará una nota de prensa más extensa.
La moderada evolución de los precios en España mejora la competitividad frente a los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Nota informativa Nº 8/2019 tribunalconstitucional.es
El presidente del TC resalta en la República Dominicana la importancia de la justicia constitucional para la protección de la democracia y los derechos humanos
El Presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, ha participado en la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, en la que ha resaltado “la importancia de la justicia constitucional como elemento clave para la democracia, la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho”.
En este encuentro, celebrado en Santo Domingo (República Dominicana) los pasados 7 y 8 de febrero, han participado más de cien representantes de órganos constitucionales de todo el mundo.
González Rivas ha presidido la Decimocuarta Reunión de la Mesa Ejecutiva de la Conferencia, en la que han estado presentes el Presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Milton Ray Guevara y el Presidente de la Comisión de Venecia, Gianni Buquicchio. En ella, entre otros asuntos, se ha avanzado hacia la organización del 5º Congreso Mundial de Justicia Constitucional, que tendrá lugar en Argelia.
Durante su estancia, el Presidente del TC ha podido constatar las excelentes relaciones entre República Dominicana y España, “dos naciones hermanas que comparten y ensalzan su historia, su cultura y sus valores comunes”. Con motivo de los intensos y estrechos vínculos tanto en el plano económico, cultural como de cooperación, ha mantenido encuentros bilaterales con el Presidente del país, Danilo Medina, el Presidente de la Suprema Corte Justicia, Mariano Germán Mejía y con el Procurador General, Jean Alain Rodríguez.
Asimismo fue recibido por el Pleno de Magistrados del Tribunal Constitucional de Republica Dominicana, encabezado por Ray Guevara, en la sede de la institución, la cual tuvo la oportunidad de visitar. González Rivas ha manifestado la voluntad del TC español de profundizar en la cooperación en materia de justicia constitucional con el organismo dominicano, con el que colabora desde su nacimiento y con el que firmó el pasado 23 de septiembre de 2015 un Convenio de cooperación, instrumento que el Presidente considera “un buen marco para seguir avanzando en este sentido.”
Madrid, 11 de febrero de 2019
enero 23, 2019 Notas de prensa – registradores.org
◾La fiscal general destaca que es un instrumento de extraordinaria utilidad para la investigación de los fiscales
◾La decana de los registradores resalta la importancia de los fiscales en el Estado de derecho
23.01.19.- La decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, y la fiscal general del Estado, María José Segarra, han firmado una adenda al convenio entre ambas instituciones por la que el Ministerio Fiscal accederá a la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles, una información clave en las investigaciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y otras actividades como el narcotráfico, el contrabando o el terrorismo.
Convenio con Fiscalía General del Estado
Así, los órganos del Ministerio Fiscal podrán realizar tres tipos de consultas: sobre los titulares reales de una sociedad, sobre sociedades de las que una persona física es titular real y sobre sociedades de las que una sociedad se encuentra en la cadena de control de un titular real.
febrero 4, 2019 Notas de prensa – registradores.org
◾Según una estadística elaborada por el Colegio de Registradores con los datos del Registro de Titularidades Reales
◾Entre las mujeres que son titular real en España, el 85 por ciento lo son de forma directa, según datos del Registro Mercantil
04.02’19.- El Colegio de Registradores de España ha elaborado una estadística de género con la finalidad de conocer el porcentaje de mujeres que son titulares reales de las empresas. Según estos datos que se recogen en el Registro Mercantil, el 85 por ciento de mujeres son titulares reales directas, esto es, la persona física que en último término posee o controla directamente un porcentaje superior al 25 por ciento del capital.
Siguiendo con los datos de la estadística, las mujeres con titularidades reales indirectas son el 4 por ciento. Respecto a titulares reales asimiladas el 9 por ciento son mujeres y en sociedades de la cadena de control son el 2%.
Estos datos se refieren a mujeres de nacionalidad española y están recogidos en la presentación de cuentas anuales de 2017. Por diferencia de sexos, según la estadística llevada a cabo por el Colegio de Registradores, el 28 por ciento de 1.247.340 titularidades reales son mujeres, y el 71 son hombres.
El nuevo registro contiene la información completa y actualizada sobre las titularidades reales de las sociedades mercantiles, es decir, sobre las personas físicas que ostentan el control de la empresa de manera directa o indirecta. Dicha información proviene del Registro Mercantil en el que, desde este año y según determina la Orden 319/2018 del Ministerio de Justicia, las sociedades tienen la obligación de incluir la identificación del titular real en la presentación de sus cuentas anuales.
Viernes 1 de febrero de 2019 lamoncloa.gob.es
Los principales mercados emisores fueron Reino Unido, con 18,5 millones de turistas internacionales, Alemania, con 11,4 millones, y Francia, con más de 11,3 millones. Entre el resto de países de residencia cabe destacar los crecimientos experimentados por Estados Unidos, con un aumento cercano al 12%, Portugal (+9,8%) y Rusia (+6,3%).
El Sistema se sitúa en 18.819.300 afiliados medios en el último mes
En enero, la afiliación bajó en términos absolutos principalmente en Comercio, Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas, con -39.131 ocupados, Hostelería (-38.246), Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares, con -36.650 y Administración Pública y defensa, Seguridad Social Obligatoria (12.746) y Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, con -10.075.
Por CCAA, el número de afiliados en enero bajó en mayor medida en Madrid (-31.138), Comunidad Valenciana (-30.555), Andalucía (-22.633) y Galicia (-13.737).
Lunes, 4 de febrero de 2019 poderjudicial.es
Los mossos recurrieron la decisión del Juzgado Central de Instrucción 6 al entender que los hechos que se investigan tuvieron lugar en territorio de la República Federal Alemana y no se dan los requisitos de perseguibilidad previstos en el artículo 23.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el incidente de nulidad presentado por los dos mossos de Esquadra investigados junto al empresario J.M.M. y J.L.A., por delito de encubrimiento en relación con la ayuda y asistencia prestada a Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en marzo del año pasado a raíz de una euro-orden activada dos días antes por el juez instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena.
Los dos mossos recurrieron la decisión del Juzgado Central de Instrucción 6 en la que desestimaba el incidente de nulidad, que presentaron al entender aquellos que los hechos que se investigan tuvieron lugar en territorio de la República Federal Alemana y no se dan los requisitos de perseguibilidad previstos en el artículo 23.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que pueda conocer de los mismos, pues no se ha formulado querella por la Fiscalía ni constituyen delito en Alemania.
Después de analizar el mencionado artículo, los jueces señalan que los hechos investigan la naturaleza de la ayuda y asistencia que prestaban a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania para que eludiera la causa que se siguiera en el Tribunal Supremo y para sustraerse a la busca y captura acordada. “Por lo tanto se habrían cometido también en territorio español”, señala la Sala, pues al menos los dos mossos y J.L.A. “habían partido de España para reunirse con Puigdemont en Bélgica, los dos primeros, y en Helsinki el segundo”.
Se trata, explica el auto, de dos mossos en activo que se desplazaron desde Barcelona a Bélgica mientras disfrutaban de permiso “para prestar la asistencia que necesitare”. El tercero, que ocupaba el cargo de asistente técnico de Presidencia y Comisario de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona, se desplazó a Helsinki para estar junto a él en un acto en la universidad y decidió acompañarle por carretera hasta Bélgica, continúa la resolución, “en el viaje que aquel emprendía para presentarse ante las autoridades judiciales de dicho país, en lugar de volver a España en el vuelo que tenía comprado Helsinki-Barcelona”.
“Cuando se iniciaron las actuaciones había indicios de que los investigados podrían haber actuado con abuso de funciones públicas -dada su pertenencia a la policía autonómica catalana y cargo en la Diputación Provincial de Barcelona- para ayudar al sr. Puigdemont a sustraerse a la acción de la Justicia española, habiendo iniciado los hechos ejecutivos del delito de encubrimiento en España, lo que haría innecesaria la concurrencia de los requisitos de perseguibilidad establecidos en el artículo 23 de la LOPJ”, afirma la Sala.
Añade el Tribunal, que de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Supremo sobre el principio de ubicuidad, “el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo”, y será el juez que primero haya iniciado actuaciones el competente para su instrucción, en este caso, el Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional.
“Entre tanto, se puede recabar la información precisa acerca de la punibilidad de los hechos en Finlandia, Dinamarca o Alemania para el caso de demostrarse en la investigación abierta que ninguno de los actos ejecutivos del encubrimiento fue realizado en España”, destaca el auto.
Apunta la Sala que también la Fiscalía podría interponer una querella de considerarlo procedente, si bien el hecho de que iniciara diligencias de investigación que cesó para remitírselas al juzgado de instrucción y de que haya venido sosteniendo la acción penal a lo largo de todo el procedimiento, “evidencian su voluntad de que el proceso continúe hasta sentencia y hacen la función de dicho acto procesal”.
Aunque los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) cierran 2018 en su mínimo desde hace una década, la secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO, Lola Santillana, advierte que “no nos debemos dejar nublar por estos datos porque la estadística señala que la precariedad, los contratos temporales, la jornada parcial y los falsos autónomos siguen creciendo”. “Se deben modificar de forma inmediata los aspectos más lesivos de la reforma laboral que hemos acordado con el Gobierno”.
29/01/2019. ccoo.es
Lola Santillana ante los datos de la EPA del 4º trimestre de 2018
Según los datos el cuarto trimestre de 2018 hay más población trabajando con contrato temporal o a jornada parcial que un año antes: hay 4,4 millones de personas con un contrato temporal y 2,9 millones trabajando a jornada parcial (la mayoría de forma involuntaria). La tasa de temporalidad se sitúa en el 27% (la tasa más alta en un cuarto trimestre desde 2008) y la jornada parcial afecta al 16% de la población asalariada. En términos interanuales el empleo temporal aumenta en 167.000 personas y la población ocupada a jornada parcial aumenta en 89.000 personas
Lola Santillana ha advertido que la EPA confirma que más de la mitad de las personas desempleadas son parados de larga duración y que la tasa de jóvenes en desempleo es del 34%, por lo que ha exigido que “las prácticas no laborales deben tener un contrato”.
Además, ha señalado que la Mesa de Diálogo Social debe abordar las propuestas de CCOO para que la pobreza y el desempleo dejen de tener cara femenina ya que actualmente el crecimiento en el empleo se produce fundamentalmente en los hombres.
Por último, Lola Santillana ha denunciado que la ocupación está aumentando gracias al empleo público “a este país le falta un compromiso serio de los empresarios por la inversión y la creación de empleo”, ha concluido.
Lunes, 28 de enero de 2019 poderjudicial.es
En un nuevo auto, refuerza las razones que justifican la prisión y señala las diferencias entre la situación que afecta a los líderes del ‘Procés’ y la del disidente turco amparado por el TEDH Selahattin Demirtas
El Tribunal del llamado ‘caso Procés’ ha rechazado las peticiones de libertad o de medidas alternativas solicitadas en sus escritos de defensa por los nueve procesados que permanecen en prisión. Equiparaban su situación a la del líder político turco Demirtas, a quien el Tribunal de Estrasburgo ha dado la razón en una reciente sentencia dictada en noviembre de 2018. En línea con esta sentencia, las defensas de los acusados entendían que la Sala Segunda no había motivado suficientemente la no adopción de medidas alternativas a la prisión preventiva.
La resolución que hoy ha sido notificada descarta ese déficit de motivación: “Sostener que la Sala no se ha pronunciado acerca de la suficiencia de posibles medidas alternativas a la prisión -argumentan los magistrados-, sólo puede ser resultado de una lectura precipitada de resoluciones dictadas con anterioridad. En efecto, en nuestro auto de fecha 26 de julio de 2018, en respuesta a la solicitud de sustitución de la prisión preventiva por fórmulas menos gravosas, como las comparecencias apud acta, el control telemático, o la vigilancia policial, se decía textualmente: «las firmas diarias pueden dejar de ser diarias en el instante en el que el firmante decide emprender la fuga. El control policial puede relajarse o presentar fallos involuntarios que permitan la huida. Los dispositivos de rastreo telemático atenúan su eficacia en un ámbito territorial en el que rige la libertad de fronteras y la libre circulación de personas, por más que su utilización permitiría conocer el itinerario seguido por el procesado para sustraerse al llamamiento para el juicio oral».
Infraestructura en el extranjero que intensifica el riesgo de fuga
Para el Tribunal Supremo el riesgo de fuga sigue siendo intenso: “es un hecho notorio la existencia fuera del territorio español de estructuras de poder organizadas, puestas al servicio de aquellos procesados que han tomado la determinación de sustraerse al llamamiento de esta Sala. De hecho algunas autoridades y miembros actuales del Gobierno y el Parlamento de Cataluña -como han publicitado ampliamente los medios de comunicación- se han desplazado para mantener reuniones con las personas integrantes de tales estructuras, algunas de ellas también procesadas en esta causa y declaradas en rebeldía. Esta realidad intensifica claramente el riesgo de fuga, pues pone de manifiesto la existencia de cierta infraestructura en el extranjero -con presencia, insistimos, de procesados en esta causa ya huidos de la justicia- que podría facilitar la fuga de los procesados”.
El auto dictado hoy recuerda que la doctrina de Estrasburgo para valorar el riesgo de fuga exige ponderar la existencia de «contactos en el extranjero» que puedan facilitar la huida.
El caso Demirtas no es comparable al de los presos del ‘Procés’
Rechaza la Sala la comparación entre la situación de los políticos catalanes presos y la del opositor turco a que se refiere el Tribunal Europeo: “conviene destacar, por otra parte, un dato que singulariza y distingue las dos situaciones que las defensas, en su legítimo discurso impugnativo, pretenden igualar. El Sr. Demirtas era un líder opositor cuyo encarcelamiento -sin entrar en otro orden de consideraciones acerca de las notas definitorias del sistema jurisdiccional turco y de la pervivencia de preceptos penales difícilmente conciliables con el Convenio de Roma- podía llegar a implicar una ruptura de la legitimidad democrática”.
Sigue razonando el Tribunal Supremo: “los hechos que delimitan el objeto de la presente causa especial no se atribuyen por el Fiscal, el Abogado del Estado y la acusación popular a líderes de la oposición. Antes al contrario, la mayor parte de los procesados eran líderes políticos integrados en el Gobierno de una comunidad autónoma en la que asumían la máxima representación del Estado en ese ámbito territorial. No expresaban, por tanto, la silenciada voz discrepante frente a una política hegemónica que se impone sin contrapesos. Los políticos cautelarmente privados de libertad, cuya situación las defensas identifican con el cautiverio del Sr. Demirtas, se hallaban plenamente integrados en las estructuras de ejercicio del poder autonómico. La pretendida equiparación entre las medidas cautelares que afectan a los procesados y el encarcelamiento del opositor turco que está en el origen de la sentencia del Tribunal Europeo, es contemplada por la Sala como una respetable estrategia defensiva, pero carente de viabilidad por la falta de similitud con los hechos que van a ser objeto de enjuiciamiento. No existe persecución por las ideas. No se criminaliza una ideología. De hecho, la ideología que con tanta legitimidad democrática profesan los recurrentes, sostiene ahora al mismo gobierno autonómico y está presente en las instituciones de las que la mayoría de los procesados formaban parte. No está en cuestión una forma de pensar, una concepción rupturista de las relaciones entre los poderes del Estado. El día a día de la actividad política enseña la libertad con la que esas ideas son defendidas en las instituciones y en los foros nacionales e internacionales de debate político”.
Viernes, 1 de febrero de 2019 poderjudicial.es
El tribunal admite entre los testigos al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas
El Tribunal Supremo ha dictado hoy el auto en el que se pronuncia sobre la pertinencia de las pruebas propuestas por las acusaciones y defensas, en la llamada ‘causa del Procès’. Entre los centenares de testigos que el Tribunal acepta figura el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el lehendakari Iñigo Urkullu, el actual presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, diputados como Gabriel Rufián y Joan Tardá, la excoordinadora general del PDeCAT Marta Pascal, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y el exdelegado de Gobierno en Cataluña, Enric Milló. Además comparecerán también como testigos ciudadanos que resultaron lesionados en los hechos enjuiciados, así como agentes de policía y guardias civiles que también sufrieron heridas.
Por otro lado, la Sala rechaza testificales como la del Rey porque lo prohíbe expresamente el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tampoco ha admitido el testimonio del jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, al no admitir nuestro sistema el «testigo por sustitución».
Tampoco ha sido declarada pertinente la declaración propuesta por la acusación popular de Alfredo Pérez Rubalcaba, al venir referido su testimonio a hechos anteriores a la consulta de 2014. También han sido excluidos Carles Puigdemont y algunos de los procesados que están declarados en rebeldía en el mismo proceso. En su auto la Sala razona que la condición de parte pasiva del proceso, declarada en rebeldía y todavía no enjuiciada, es manifiestamente incompatible con el deber de declarar y la obligación de decir verdad que asume todo testigo.
Entre los testigos descartados por el Tribunal Supremo se incluye a Pilar Rahola, al estimar los magistrados que «…son prescindibles las valoraciones de la testigo propuesta».
Se rechaza también la prueba propuesta como testigo de Ignacio Cosidó, actual portavoz del Senado por el PP. En la resolución se indica que las dudas vertidas sobre la imparcialidad del presidente del tribunal de enjuiciamiento ya fueron hechas valer por las defensas en el incidente de recusación tramitado ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo, incidente rechazado por unanimidad de los magistrados que integran esa Sala especial.
No ha sido declarada pertinente la prueba pericial de Derecho internacional propuesta por Oriol Junqueras y Raül Romeva, encaminada a que un relator internacional y un experto independiente explicaran al Tribunal Supremo «el alcance actual y significado del derecho de autodeterminación». Los magistrados justifican el rechazo de esa pericial razonando que «La Sala no acepta una prueba encaminada a explicar a sus integrantes el alcance y significado de un derecho cuyo contenido material se obtiene a partir de las declaraciones internacionales suscritas por España y de la dogmática que se ha ocupado de su estudio. Hacer depender de la opinión de dos juristas -cuya neutralidad y preparación no se cuestiona- la conclusión acerca de la legalidad internacional del derecho a decidir, supone quebrar de forma irreparable el significado de la función jurisdiccional».
Juicio televisado en directo
Tampoco ha aceptado el Tribunal Supremo la testifical de relatores de Naciones Unidas, expertos en derechos humanos, premios nobel o intelectuales como Noam Chomsky y Paul Preston. Los magistrados argumentan que «las valoraciones personales de relatores, premios nobel, lingüistas, o historiadores –algunos de ellos de un incuestionable peso intelectual y autores de una obra que merece la admiración y el reconocimiento colectivo- son prescindibles cuando son llamados a juicio para opinar «…sobre los hechos objeto de acusación». En el proceso penal el testigo es examinado sobre los hechos de los que tiene conocimiento directo o referencial; el perito dictamina acerca de una materia en la que hay que aportar nociones científicas, técnicas o artísticas. No existe en nuestro sistema una figura procesal para identificar al declarante invitado a juicio para ofrecer sus valoraciones personales sobre los hechos».
El auto que hoy ha sido notificado fija en dos el número de plazas que cada uno de los procesados podrá reservar para familiares y allegados: «el mero cálculo combinado de las dimensiones de la Sala de Plenos del Tribunal Supremo, el número de procesados y las acreditaciones que se solicitan, impone la conveniencia de esa restricción que, además, se justifica por la necesidad de que la presencia de terceros en la Sala -en eso consiste precisamente el contenido real de la garantía constitucional de publicidad- no esté exclusivamente vinculada al núcleo familiar de los procesados».
Otra de las propuestas probatorias solicitadas por las defensas era la presencia de observadores nacionales e internacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos de los procesados. El Tribunal Supremo rechaza esa posibilidad con el siguiente razonamiento: «La Sala coincide plenamente con la defensa a la hora de subrayar la importancia de observadores que conviertan su presencia en un sano elemento de fiscalización del ejercicio democrático de la función jurisdiccional. Precisamente por ello ha autorizado -superando así restricciones históricas todavía vigentes en la mayoría de los países de nuestro entorno- que las sesiones del juico sean televisadas en directo y mediante streaming en la web. La consecuencia inmediata es que todo ciudadano que quiera convertirse en observador, nacional o internacional, del desarrollo del juicio podrá hacerlo. Y no en el limitado número de cinco que sugiere la defensa. No existirá, por tanto, límite numérico alguno para el seguimiento permanente y sin interrupción de las sesiones del juicio mediante señal de televisión en directo o en streaming. La Sala opta así por una fiscalización incondicionada de todas y cada una de las sesiones del plenario. Se eluden los problemas que se derivarían de la falta de acreditación, por aquellos a quienes las partes atribuyen la condición de observadores imparciales, de un estatuto de neutralidad e independencia económica respecto de sus proponentes».
Se acepta también una amplísima prueba documental así como la emisión de numeroso material multimedia propuesto por acusaciones y defensas.
El juicio dará comienzo el día 12 de febrero.
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Jueves, 31 de enero de 2019 poderjudicial.es
Actualmente destinado en la Audiencia Provincial de Madrid, fue secretario general del CGPJ de 1999 a 2013
El Consejo General del Poder Judicial, en su sesión plenaria de hoy, ha nombrado al magistrado Celso Rodríguez Padrón nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cargo vacante tras renuncia del anterior presidente, Francisco Javier Vieira Morante, quien ha pasado a desempeñar un nuevo puesto judicial.
Celso Rodríguez Padrón ha obtenido el apoyo de 14 de los 21 miembros del Pleno. La magistrada Gemma Gallego ha obtenido 5 votos y un voto el magistrado Jesús Gavilán. Se ha producido un voto en blanco.
El nombramiento de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es el primero de los nombramientos discrecionales que el pleno del CGPJ efectúa tras la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que estableció la obligatoriedad de una mayoría cualificada de tres quintos de los miembros del pleno del CGPJ para los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de presidentes de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia.
El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ingresó en la carrera judicial en 1988, siendo su primer destino como juez el juzgado de primera instancia e instrucción de Valverde del Camino, en la provincia de Huelva.
Ascendió a magistrado en 1990, siendo destinado al juzgado de primera instancia 35 de Barcelona, desde donde se trasladó en septiembre de 1991 al juzgado de instrucción 4 de Vigo.
Desde enero de 1995 a septiembre de 1998, Rodríguez Padrón fue Letrado al servicio del Consejo General del Poder Judicial, en la Sección de Selección de la Escuela Judicial.
Se reincorporó al servicio activo en la Carrera Judicial, pasando a ocupar plaza en el juzgado de instrucción 4 de Sevilla, plaza que había obtenido en concurso de traslado en mayo de 1997.
Desde esa fecha, Celso Rodríguez Padrón es magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, en el orden penal.
Ha pronunciado más de cincuenta conferencias y ha colaborado en una treintena de publicaciones jurídicas. Es autor del libro “La conformación del Poder Judicial”.
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Se encuentra usted en los archivos de AIRE de febrero de 2019.

References: artículo 113
 resolución 
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 resolución 
 artículo 411
 resolución