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Timestamp: 2019-08-17 15:10:56+00:00

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Capítulo.- 14
JUNTADE CASTILLA Y LEÓN
AL DIRECTOR GERENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD GATUNA
Don JEREMÍAS PELOTARI TOCADOR, mayor de edad, titular del DNI 7,428.755-+ con domicilio en Gatola, calle Los Gatos Licenciados, 12, 1º B, parte interesada en el expediente disciplinario3/2012, ante el citado organismo comparece y expone:
Que habiéndome sido notificada la Resolución dictada en el presente expediente por el Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud Gatuna y no estando conforme con el contenido de la misma, dicho sea con el debido respeto y estrictos términos de defensa de mis intereses, por medio del presente escrito y dentro del plazo legal conferido al efecto, paso a interponer Recurso de Reposición frente a la misma en base a las siguientes
PREVIA.- Para evitar reiteraciones innecesarias, me remito a todas y cada una de las alegaciones contenidas en todos mis escritos de alegaciones anteriormente presentados y que obran en el expediente, puesto que considero que no se han resuelto las mismas con arreglo a derecho, toda vez que la conducta del interesado no supone la comisión de infracción alguna o, como máximo, pudieran calificarse de infracciones de carácter leve y no grave, tal y como lo hace la resolución recurrida.
PRIMERA.- Vulneración del artículo 35 del RD 33/1986, de 10 de enero y del artículo 47 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.- Nulidad por aplicación del artículo 62.1.e) y/o anulabilidad por aplicación del artículo 63 ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
1.- El primero de los artículos citados establece que: “A la vista de las actuaciones practicadas y en un plazo no superior a un mes, contados a partir de la incoación del procedimiento, el instructor formulará el correspondiente pliego de cargos, comprendiendo en el mismo los hechos imputados, con expresión, en su caso, de la falta presuntamente cometida, y de las sanciones que puedan ser de aplicación, de acuerdo con lo previsto en el art. 14 del presente reglamento. El instructor podrá por causas justificadas, solicitar la aplicación del plazo referido en el párrafo anterior”.
La resolución ahora recurrida reconoce expresamente en su punto 7.1 (folios 20 y siguientes) que el pliego de cargos fue dictado fuera de plazo y, además, que en el mismo no se expresaban ni las presuntas infracciones cometidas ni las sanciones que pudieran recaer.
La propia resolución dice: “El incumplimiento puesto de manifiesto supone, en efecto, una irregularidad…”.
Sin embargo, reconocida dicha irregularidad, acaba considerando que la misma no tiene efecto jurídico sobre el procedimiento sancionador que nos ocupa, realizando para ello una valoración totalmente arbitraria y subjetiva con la única finalidad de llegar a dicha conclusión.
Como ejemplo resulta sorprendente que llegue a afirmar que cuando la Administración no cumple los plazos legalmente establecidos es el ciudadano gatuno el que debe de correr con la carga de advertir a aquella para que pueda operar la caducidad. (Página 21 in fine).
Con el debido respeto, no puedo estar más en desacuerdo con dicha afirmación, siendo ésta claramente contraria a nuestro ordenamiento jurídico. La anulabilidad de una resolución o la caducidad de un expediente, operan de forma automática cuando se incumplen los requisitos o se dan las circunstancias establecidas por la Ley, sin necesidad de avisos previos por parte de los ciudadanos, máxime cuando estamos ante un proceso sancionador del que pueden derivar sanciones o actos administrativos perjudiciales para ellos.
El artículo 47 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre establece que los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes, obligan a las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos.
En el presente caso, habiéndose incoado el expediente mediante resolución del día 22-11-2012, el pliego de cargos debió formularse antes del 22-12-2012 y, sin embargo, se realizó por resolución de fecha 08-04-2013, es decir, cuatro meses y medio después.
La conclusión es clara: el plazo para formular el pliego de cargos había precluido, por lo que ya no era posible cumplir dicho trámite, lo cual conllevaba bien la nulidad, o bien la anulabilidad de dicho acto y, en cualquier caso, la caducidad del mismo, debiéndose haber decretado la finalización y archivo del procedimiento, sin perjuicio de que procediera a la incoación de un nuevo expediente si la supuesta infracción no hubiera prescrito.
A mayor abundamiento, el citado artículo 35 en su parte final, da la posibilidad al instructor de solicitar la ampliación de dicho plazo cuando existan causas justificadas para ello.
Es decir, dado que el pliego de cargos no podía dictarse en plazo, era obligación del instructor el haber solicitado la ampliación del mismo con la obligación de determinar las causas que así lo justificaban.
Sin embargo, no consta en el expediente nada al respecto, lo que confirma el incumplimiento denunciado, debiendo dictarse el archivo del presente procedimiento.
2.- Tampoco se expresan en el pliego de cargos ni las presuntas infracciones cometidas, ni las posibles sanciones que de las mismas se pudieran derivar, tal y como así obliga el citado artículo 35 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, con remisión al art. 14 de la misma norma. Otra irregularidad más que conlleva la anulación de dicha resolución.
No se trata, tal y como dice la resolución recurrida, de precisar ya en el pliego de cargos la calificación definitiva de la infracción y su correspondiente sanción, toda vez que ello no es posible hasta la finalización de la instrucción. Se trata de informar al interesado desde un principio de la presunta infracción que, según la Ley, pueden suponer los hechos por los que se instruye el expediente y, además, las posibles responsabilidades en las que hubiere podido incurrir expresando la sanción que la Ley prevé para el caso de que se acreditase la comisión de la misma. Y se remite al artículo 14 del citado Real Decreto para que simplemente expresase cuál/es de las sanciones allí recogidas podía ser aplicada al caso. Sin embargo, el instructor tampoco cumplió con dicha obligación. No hace la más mínima alusión a dicha norma.
Otra irregularidad más que conlleva la nulidad de todo lo actuado.
3.- En el apartado primero del Pliego de Cargos formulado inicialmente, se recogía como hecho imputado el “Negarse reiteradamente, en la madrugada del 4 de abril de 2012, a pasar la llamada del Centro de Emergencias Gatunas a los Chamanes de guardia del Centro Gatuno de Salud, a fin de atender la urgencia demandada por la gata de la calle Serradilla a través del Servicio de Emergencias Sanitarias Gatunas”.
Esta parte, en consecuencia, desplegó su actividad probatoria tendente a demostrar que el aviso fue comunicado al Chamán de turno en cuanto fue posible y que la urgencia fue atendida con toda normalidad.
No obstante, en el considerando primero de la propuesta de resolución como en el punto 5 de la resolución se imputa una infracción al interesado “al no corresponderle al Telefonista la discriminación de las urgencias”, HECHO TOTALMENTE NUEVO E INEXISTENTE EN EL CONTENIDO DEL PLIEGO DE CARGOS.
Al respecto, es constante doctrina jurisprudencial que establece que no pueden variarse los hechos imputados en el pliego de cargos e introducir hechos o nuevas imputaciones en la propuesta de resolución o en la propia resolución, lo cual conlleva la nulidad de la sanción impuesta por dichos hechos.
En definitiva, ha quedado perfectamente acreditado que el Telefonista recogió el aviso y se lo pasó al médico de turno y que, finalmente, la urgencia fue atendida sin la más mínima incidencia, por lo que el hecho primero del pliego de cargos en el que se me imputa una negativa a pasar la llamada del Centro de Emergencias Gatunas a los Chamanes de guardia del Centro Gatuno de Salud al objeto de atender la urgencia no resulta ser cierto, puesto que el aviso fue recogido, trasladado al Chamán y atendida la urgencia sin ninguna incidencia.
4.- En su punto 7.2, la resolución ahora recurrida pasa de puntillas sobre un tema de vital importancia para determinar si el comportamiento del interesado incurrió en algún tipo de negligencia o, por el contrario, actuó en todo momento conforme al reparto de turnos existentes entre los Chamanes del Centro de Salud Gatuno de Gatola, a la hora de prestar el servicio de guardia nocturno.
A pesar de que el resultado de las diligencias evidencia sin ningún lugar a dudas la existencia de dicho reparto de turnos (todas las personas que han declarado han reconocido su existencia y todos ellos reconocieron como válido el documento que fue aportado por esta parte en el que se recoge dicho reparto), la resolución recurrida es reticente a la hora de reconocer expresamente la existencia de dichos turnos (ello es previsible, puesto que dudamos mucho que se adecúe a la legalidad vigente), sin embargo, no niega dicha práctica y únicamente manifiesta que, de existir, no tendría carácter oficial.
Pero independientemente de su oficialidad o no, lo cierto es que la propia dirección del centro tiene perfecto conocimiento de ello y lo acepta y permite, por lo que la realidad es que la prestación del servicio de guardia se ajusta a dicha práctica. El propio coordinador del Centro de Salud Gatuno de Gatola, D. J.L. Alegría y ¡Olé¡, reconoció la existencia de dichos turnos y declaró que el documento en el que se recoge el reparto de turnos (aportado por esta parte el día 31-05-2013 durante la toma de declaraciones), “es fruto del acuerdo de los Chamanes de guardia”; no obstante, no existe ninguna mención al respecto ni por el instructor a lo largo de toda la instrucción, ni ahora por la resolución recurrida.
Y lo que es más grave, tampoco se censura (ni tan siquiera se valora) el hecho de que durante las guardias los Chamanes duerman y descansen en los dormitorios. Al respecto, resulta muy esclarecedora la conversación mantenida entre el SVB Gatola y el Chamán regulador (transcripción de la grabación, página 33), acerca de la cual ni el instructor ni la resolución recurrida, hacen la más mínima mención:
Chamán regulador: No, no y el que ha cogido el teléfono, un borde, pero un borde, que estaban durmiendo, que estaban fuera de su turno y que no se podían poner. Entonces qué pasa, ¿Qué van a hacer las guardias para dormir?
SVB Gatola: Si, si…si…si. Así, literal.
En dicha conversación, la propia Chamán regulador reconoce el verdadero motivo por el que el telefonista no puede pasar la llamada: Porque los Chamanes están fuera de su turno y están durmiendo.
En consecuencia, no existe una negativa a pasar la llamada a un Chamán sino una imposibilidad, puesto que el Chamán de turno se encontraba prestando una asistencia y los otros dos se encontraban en su turno de descanso durmiendo.
Se pone de manifiesto, entonces, que el problema suscitado excede a la esfera del interesado (Telefonista) y alcanza a la propia dirección o coordinación del centro que permite que los Chamanes de guardia organicen la misma a través del establecimiento de dichos turnos: Tiene perfecto conocimiento de los mismos y no ha realizado ninguna actuación tendente a su eliminación, por lo que tácitamente los acepta y permite.
Acordada dicha práctica por los Chamanes de guardia y tolerada y permitida por la dirección o coordinación del Centro Gatuno de Salud, no es procedente ahora reprochar la actuación del Telefonista interesado que actuó conforme a la misma e informó debidamente a la Chamán reguladora de la imposibilidad de pasar la llamada a un Chamán por los motivos indicados.
Sorprende de nuevo que no se haga el más mínimo comentario con respecto a dichas circunstancias, tal y como venimos denunciando a lo largo de todo el expediente, lo que pone de manifiesto la parcialidad existente en todo momento a la hora de tramitar y resolver el mismo, en el que únicamente se busca la imposición de una sanción al interesado (ignorando los verdaderos motivos para ello) y se trata de silenciar por todos los medios y pasar por alto una práctica habitual en todos los Centros de Salud Gatunos de Castilla y León, no solamente en el de Gatola y pasar por alto una práctica que, dudamos, sea legal y conforme a las normas.
No es de recibo que estando tres Chamanes de guardia, los pacientes gatunos tengan que esperar en plena noche a que termine el Chamán de turno para ser atendidos, cuando los otros dos se encuentran en sus dormitorios durmiendo o sin hacer nada.
Le pese a quien le pese, esta es la práctica habitual y resulta sorprendente y contradictorio que la Administración, en vez de corregir la misma, la acepte y permita y, además decida imponer, una sanción a un Telefonista por actuar conforme a las reglas que son acordadas por los propios Chamanes que prestan el servicio de guardia con la aquiescencia de la dirección y/o coordinación del Centro Gatuno de Salud.
A continuación y como ilustración a lo expuesto, transcribo las respuestas de algunos de los gatos que han declarado en el presente expediente:
Aprendiz de Chamán Doña Rosa Caballos Sam:
Preguntada por el Letrado: ¿En situación normal, es la práctica habitual que el Chamán que esté de turno haga toda la asistencia, aunque algún paciente gatuno tenga que esperar a que se termine de atender a otro?
Responde: Sí, pero todo depende de la situación del paciente gatuno.
Preguntada por el Letrado: Los avisos que entran telefónicamente, ¿Suelen recogerse por el Telefonista y este los traslada al Chamán?
Responde: Sí.
Telefonista Don P. Loza Mar:
Preguntado por el Letrado: A la vista de lo dicho por Usted entiendo que hay un Chamán en consulta a partir de las 00:00 horas. A partir de esa hora, ¿Dónde están los otros dos?
Responde: En su dormitorio.
Preguntado por el Letrado: ¿Es práctica habitual que si durante la noche un Chamán está atendiendo una urgencia se le pase también otro aviso?
Preguntado: Si hay que despertar a alguno de los Chamanes, ¿lo despiertan Ustedes por propia iniciativa, o lo hacen a indicación del Chamán que está de turno?
Responde: En caso de que el Chamán de turno esté en el Centro Gatuno prestando asistencia, lo normal es que la nueva asistencia demandada sea prestada también por él, salvo que sea algo muy urgente, en cuyo caso se procede a despertar a uno de los Chamanes.
Y ha quedado perfectamente acreditado que el aviso que dio lugar a la incoación del presente expediente, no revestía carácter de urgencia, tal y como reconoció la propia Chamán que atendió el mismo, Doña Francisca Ternero del Fraile.
Preguntada por el Letrado: ¿Le consta que hubiera circunstancia de especial gravedad en el aviso?
Responde: De la conversación que yo tuve con el familiar que llamó, no.
Y de la grabación que obra en el expediente, se comprueba que ni el gestor sanitario ni el Chamán Regulador que hablaron con el interesado mencionaron en ningún momento ninguna circunstancia de especial gravedad con respecto a dicho aviso.
En consecuencia, reitero por enésima vez que el interesado no discriminó en ningún modo el aviso ni se negó a pasar la llamada al Chamán de turno, sino que actuó conforme a las normas internas que regulan la prestación de la guardia en el Centro Gatuno de Salud de Gatola: estando ocupado el Chamán de turno y no comunicando el interlocutor que el aviso revistiera gravedad, recogió los datos del mismo y los comunicó a aquel, quien atendió dicho aviso sin ningún tipo de incidencia.
CUARTA.- Infracción del artículo 138 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre y del principio de proporcionalidad. Inexistencia de dolo e intencionalidad. Levedad de las presuntas infracciones.
1.- Dicho artículo establece que “la resolución que ponga fin al procedimiento habrá de ser motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente”.
Ya en mis anteriores escritos de alegaciones aludí a la inexistencia de intencionalidad, negligencia y dolo e interesaba también la aplicación del principio de proporcionalidad y que, para el caso de que el instructor estimase que la conducta del suscribiente hubiera incurrido en algún tipo de responsabilidad, esta fuera calificada como leve a tenor de la escasa importancia y transcendencia de los hechos, máxime cuando ha quedado perfectamente demostrado que actué conforme a la práctica habitual del centro en la prestación de los servicios de guardia en horario nocturno y no hubo ninguna incidencia a la hora de atender el aviso, sino que todo se desarrolló en forma normal.
Al respecto, únicamente manifestar que los principios del derecho penal son perfectamente aplicables al derecho administrativos sancionador, tal y como así lo establece la jurisprudencia de nuestros tribunales. En este sentido traigo a colación lo dispuesto en el Fundamento de Derecho Tercero de la STC 54/2003, de 24 de marzo de 2003 (RTC 2003/54), al señalar que:
“la reiterada doctrina de este Tribunal, desde la STC 18/1981, de 8 de junio (FJ 2), que ha declarado, no solo la aplicabilidad a las sanciones administrativas de los principios sustantivos derivados del artículo 25.1 CE, considerando que los principios inspirados del orden penal son de aplicación con ciertos matices al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, sino que también ha proyectado sobre las actuaciones dirigidas a ejercer las potestades sancionadoras de la Administración las garantías procedimentales ínsitas en el artículo 24.2 CE, no mediante su aplicación literal, sino en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en la base del precepto. Ello, como se ha afirmado en la STC 120/1996, de 8 de julio (FJ 5), “constituye una inveterada doctrina jurisprudencial de este Tribunal y, ya, postulado básico de la actividad sancionadora de la Administración en el Estado social y democrático de Derecho”.
Así mismo, tal y como ya denuncié, el instructor no motiva su decisión de calificar las faltas como graves y no como leves del artículo 72 c) y f) del Estatuto Marco. Únicamente decide calificar las mismas como graves sin especificar concretamente los motivos en los que radica su gravedad, y sin que la resolución ahora recurrida dé una respuesta clara de por qué dichas faltas no pueden ser consideradas como leves.
El suscribiente cumplió en todo momento con la práctica habitual de la prestación de la guardia en el centro gatuno de Gatola, que es la que acuerdan los propios Chamanes.
Y por otro lado, la grave desconsideración con los superiores y compañeros que aprecia el instructor, no pasa de ser, en último caso, una mera incorrección que se incardinaría perfectamente en el artículo 72.c) del Estatuto Marco, toda vez que en ningún momento se escucha en la grabación descalificación personal alguna, insulto o palabra malsonante, no se dan voces y ni tan siquiera se eleva el tono de voz por parte del suscribiente, por lo que nunca podrá considerarse dicha actuación como falta grave.
2.- El propio artículo 71.7 del Estatuto Marco establece que entre la infracción cometida y la sanción impuesta deberá existir la debida proporcionalidad, mientras que el artículo 73.3 se establece que para la determinación de la sanción se tendrá en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, cuantificándola en términos económicos cuando sea posible, y la reiteración o reincidencia.
En consecuencia, se infringe el principio de proporcionalidad puesto que aunque las presuntas infracciones pudieran ser consideradas como graves, entendemos excesiva la imposición de un año de suspensión de funciones por cada una de las faltas (en total dos años), máxime cuando ha quedado perfectamente acreditado que el telefonista recogió el aviso, lo trasladó al Chamán de turno y se atendió la urgencia de forma totalmente normal y sin ningún tipo de incidencia, tal y como así declaró la doctora Doña Francisca Ternero del Fraile quien atendió la misma.
Todo ello hace que consideremos que lo más procedente y ajustado a la normativa anteriormente citada es que, para el caso de que las presuntas infracciones fueran consideradas como graves, sería suficiente para la depuración de la responsabilidad en la que haya podido incurrir el interesado, la imposición de la sanción de suspensión de funciones por un tiempo que no excediese de cinco días por cada una de las faltas, es decir, en total diez días.
SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito junto con los documentos acompañados, se sirva admitirlo y, en su virtud, tenga por efectuadas las alegaciones en él contenidas y, en su virtud, acuerde la nulidad del presente expediente y/o, en su caso, la anulabilidad de la resolución recurrida por no ser conforme a derecho, procediendo al archivo del presente expediente disciplinario.
Subsidiariamente, se aprecie la comisión de una falta leve del artículo 72.4.f) de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, imponiéndose la sanción de apercibimiento o aquella otra que el órgano resolutorio estime legalmente procedente y adecuada para las faltas de carácter leve.
Gatola, a 15 de noviembre de 2013
Fdo.: Don Jeremías Pelotari Tocador.
Aquí el Gran Akila tomó la palabra y dijo: Los gatos que van a los servicios de Urgencias, son todos los españoles, los contribuyentes, que no ciudadanos, pues cada vez gozáis de menos derechos, con el dinero con que se paga a través de los impuestos, el Estado paga a sus funcionarios. Yo como extranjero que soy tengo más derechos que cualquier gato español, más derechos que yo tiene cualquier gato negro que haga uso de estos servicios y más derechos que ningún otro usuario tienen los gatos gitanos, que cuando van a cualquier Centro de Salud u hospital con cuatro voces que dan, son generales arengando a la tropa de Chamanes y estos vuelan, que no corren, a cumplir sus ordenes y deseos.
Ya ha quedado perfectamente acreditado: “Que Ustedes durante horas en la sala de esperas y los Chamanes dormidos a pedo suelto”.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 35
 artículo 47
 artículo 62
 artículo 63
 resolución 
 resolución 
in fine
 resolución 
 artículo 47
 resolución 
 resolución 
 artículo 35
 artículo 35
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 14
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 138
 resolución 
 artículo 25
 artículo 24
 artículo 72
 resolución 
 artículo 72
 artículo 71
 artículo 73
 resolución 
 artículo 72