Source: http://drakenland.wordpress.com/2012/08/10/historia-de-las-constituciones-japonesas-y-sus-aportaciones-al-ordenamiento-juridico-del-imperio-del-sol-naciente/
Timestamp: 2014-08-23 19:16:23+00:00

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Historia de las constituciones japonesas y sus aportaciones al ordenamiento jurídico del Imperio del Sol Naciente | Drakenland / El lobo zamorano
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Historia de las constituciones japonesas y sus aportaciones al ordenamiento jurídico del Imperio del Sol Naciente	“Nosotros, el pueblo japonés, actuando por medio de los representases debidamente elegidos de la Dieta Nacional, determinados a asegurar para nosotros y para nuestra posteridad los frutos de la cooperación pacífica con todas las naciones y los beneficios de la libertad para toda nuestra tierra, y resueltos a evitar los horrores de una nueva guerra como resultado de la acción del Gobierno, proclamamos que el poder soberano reside en el pueblo y establecemos firmemente esta Constitución”
El 10 de agosto es para mí la fecha más importante del año. Fue el día en el que vino al mundo alguien que es para mí más importante que mi propia vida y a la que desde el mismo momento en el que conocí, le he dedicado toda mi existencia y le he dado todo lo que había dentro de mí, tanto en aquella época en la que era un periodista ingenuo e idealista que pensaba que una simple idea podía cambiar el mundo, hasta hoy, en la que soy sólo un simple estudiante de Derecho que sueña con poder ser, algún día, lo suficientemente bueno para conseguir hacerla feliz.
Ese absurdo y casi inalcanzable objetivo ha sido el que ha definido mi día a día a lo largo de más de cuatro años en los que, como no me cansaré de repetir, he utilizado este blog como instrumento para llegar a ella e intentar transmitirle aquello que sé y que, en mi profunda ingenuidad, he juzgado que podría serle de utilidad. Aunque con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que es probable que ella sepa mucho más que yo de los temas de los que hablo.
Es por eso por lo que me siento un tanto ridículo haciendo cosas como éstas, pero incluso así las llevo a la práctica y el motivo es bien sencillo: la amo con todas mis fuerzas. Y lamento si el hecho de decir constantemente que la quiero le molesta en su fuero interno. Es la verdad, y aunque sepa que realmente no consigo nada con esta clase de artículos, es lo único que puedo hacer por ella. Una razón por la que dos años ha, redacté una review sobre FullMetal Alchemist de la que me gustaría pensar que conseguí hacer que conociese el anime y el manga, y se leyese este último. Pero el año pasado fracasé en mi intento de hacer algo que le gustase con Fushigi Yugi y Nausicaä, por lo que en 2012 pensé en cambiar de tercio y llevarlo todo a uno de mis terrenos como es el Derecho, e intentar ofrecerle algo que al menos le fuese útil, por lo que pensé en hablar de esto: el Constitucionalismo nipón. Una entrada en la que CE quiere decir “Constitución Española”, CM “Constitución Meiji” y CJ “Constitución de Japón”.
No tienes obligación de leerlo, sé que el tema es aburrido, aunque he intentado resumirlo y explicarlo todo lo posible para hacerlo algo más divulgativo. Sé también que no es bueno, ni te sirve para nada, ni es algo que tú desees, pero es un texto que he escrito con el corazón y que aunque no te lo creas me ha llevado mucho trabajo. Hasta el punto de que los tres últimos días antes de su publicación, apenas he salido de casa o he dormido para tenerlo listo a tiempo, por lo que no será de extrañar que tuviese sus erratas. Pero, sólo sé que lo he creado con la intención de agradarte, incluso aunque no te interese, y me ha llevado mucho tiempo y no pocos quebraderos de cabeza… hasta el punto de convertirlo en la que es, con muchísima diferencia, la entrada más larga de la historia de esta bitácora. Perdón pues, por no poder hacer nada que realmente te guste, pero incluso así esto es para ti.
Con todo mi cariño y todo el amor de este lobo, que es tu auténtico lobo, y que quiere ser tu hombre. Moltes felicitats, aunque soy yo el que se alegra de que estés en mi mismo mundo, a pesar de que yo no tenga más riqueza que la que puede haber en mi interior y sólo pueda ofrecerte este tipo de cosas que no tienen ningún valor. Y sí, lo repito, te quiero y te querré hasta el fin de mis días, porque sólo tú, con el simple recuerdo de tu mirada, le das luz a mis ojos y calor a un corazón que de no ser por ti, hace demasiados años que hubiese muerto congelado. Eres lo más bonito que he conocido en mi vida y yo sólo sirvo para amarte, aunque consiga siempre hacer sonreír a todo el mundo menos a ti, mi princesa, mi reina, mi ángel y en definitiva, mi todo.
El Concepto de Constitución y sus modelos esenciales
La primera de las preguntas a resolver sería el matizar qué es una constitución y lo que representa. Aunque dicha tarea no es en absoluto fácil y va mucho más allá de la que se ha dado en llamar “Norma Suprema”, hasta el punto de que existe una inmensa cantidad de modelos cuyo contenido y alcance difiere sustancialmente de uno a otro. Sin embargo podríamos decir que existen dos referentes básicos.
- Constitución de los Estados Unidos de 1787:Ciertamente existieron en el pasado otros muchos documentos cercanos a lo que hoy entendemos como una constitución, como podría ser por ejemplo la Carta Magna que se le obligó a jurar a Juan I de Inglaterra o la Bula de Oro de 1222 que no tuvo más remedio que promulgar Andrés II de Hungría. Pero en realidad, el concepto moderno en relación a este tipo de norma se halla en la creada para los EE.UU después de que éstos consiguiesen su independencia del Imperio Británico.
La idea era sencilla y consistía en dotar a la nación de una especie de Ley Suprema que definiese de un modo claro e inequívoco sus normas más elementales así como el funcionamiento básico de sus Instituciones. Por ejemplo la división del poder legislativo en dos cámaras (Senado y Cámara de Representantes), el régimen de acceso a las mismas, la creación de un Tribunal Supremo y tribunales inferiores, el carácter de comandante en jefe de las fuerzas armadas por parte del Presidente, etc. Sin embargo sus pretensiones terminaron yendo mucho más allá.
A lo largo de la historia del Derecho y de la filosofía asociada al mismo existió una pugna entre al menos dos tendencias o formas de concebirlo. Por un lado el conocido como Derecho Positivo o establecido (normalmente por escrito) que entendía que no había más Derecho que el creado por el legislador, soberano, tirano, etc y que no entendía de consideración ética o moral alguna. Por otro estaban los “Iusnaturalistas”. Esta creencia entendía que en la propia naturaleza existían de forma inherente una serie de normas indisponibles para poder alguno y en virtud de las cuales toda ley contraria a ellas debía ser considerada una “Corruptio Legis” y como tal, desobedecida. Era el llamado Derecho Natural o Iusnaturalismo, y en él se aglomeraban ya muy diversas consideraciones, muchas veces morales o religiosas, aunque sólo planteaba un problema real que daría pie a no pocas polémicas a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son esas leyes naturales y cómo llegar a ellas? ¿Se recurría a la religión? ¿A la moral? ¿A la ética de moda? ¿A la razón? Muchas respuestas se darán a lo largo del tiempo, pero desde el punto de vista del Derecho sólo una nos interesa.
Escena de la firma de la Constitución de los Estados Unidos pintada por Howard Chandler Christy
Cuando las trece colonias americanas sometidas al gobierno de Jorge III de Inglaterra declaran su independencia el 4 de julio de 1776, incluyen en el preámbulo que oficializa su nuevo status quo lo siguiente: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness”. (Mantenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas: que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por parte de su Creador de ciertos Derechos Inalienables entre los cuales se encuentran la Vida, la Libertad y la Persecución de la Felicidad). De esta manera, la nueva nación reconocía los derechos procedentes de la Ley Natural nada menos que en la declaración en la que se emancipaba de la Metropoli europea, y ante ese hecho su Constitución no podía quedarse al margen.
Fue por ello por lo que en 1791 se incluyó en el texto original la conocida como “Bill of Rights”. Diez “enmiendas”, ampliadas a diecisiete en la actualidad, en la que se introducen algunos de esos derechos y se “positivizan” (se dejan por escrito) para que no quede la menor duda acerca de ellos. Así por ejemplo, la primera garantiza la libertad religiosa y de expresión, la cuarta reconoce la inviolabilidad del domicilio, o la quinta, tan utilizada y vista en casi todas las películas de temática judicial, asegura el derecho del reo a no declarar en su contra.
Es aquí donde reside la auténtica “gracia” de este modelo de Constitución. Con estos derechos declarados, ninguna disposición legal, sea del rango que sea, podría ir jamás contra ellos, hasta el punto de que los nacionales de los Estados Unidos podrían oponer (hacer valer) los mismos ante cualquier tribunal ante la menor sospecha de lesión, siendo por supuesto el Supremo el que tendría la última palabra y el que, de ese modo, “actualizaría” la Constitución ante cualquier nueva situación social que se presentase como, por ejemplo, la igualdad de derechos de la población negra respecto a la blanca o la legalidad de una unión civil homosexual análoga al matrimonio. En resumen. El rasgo más importante de este modelo es el de dotar al individuo de una serie de derechos reconocidos por escrito y por encima de los cuales el poder jamás podría actuar.
- La Constitución Francesa de 1791 y sucesivas: Francia y España habían colaborado de un modo activo en la independencia de los Estados Unidos, sin embargo eran las tropas francesas las que más habían asimilado el espíritu filosófico y jurídico de aquella guerra. Un factor al que se añadió el que el tratado que pondrá fin a las hostilidades se firmará en París en 1783, lo que para algunos historiadores encendió la chispa de la futura Revolución Francesa.
Excede con mucho la pretensión de este artículo explicar los hechos que llevaron a Luis XVI a convocar los Estados Generales así como todos los sucesos relacionados con ellos como lo fue el “Serment du Jeu de paume” (Juramento del juego de la pelota) que haría de simiente para el primer texto constitucional francés. Aunque sí es de relevancia decir que de todo ello nace una Constitución a la que al Borbón no le quedará más remedio que acatar, al menos inicialmente. No obstante, su espíritu es radicalmente diferente al de los americanos, empezando por el hecho de que los Estados Unidos son, desde el principio, una república, mientras que Francia y los países que posteriormente adopten cartas magnas semejantes a la suya son en aquel momento reinos.
Esto quería decir en esencia que la idea que este tipo de disposiciones legales quería imponer en el Viejo continente no iba de proteger al individuo de los excesos del poder mediante el reconocimiento de derechos naturales. Ciertamente, la famosa “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” tuvo un papel muy relevante en la Historia del Derecho Internacional y, de hecho, se considera una de las grandes fuentes del Derecho Francés, pero en la práctica fue completamente ineficaz. De hecho supuso el Preámbulo de esta Constitución que, como tal, carecía de valor jurídico, al ser esta parte la que se limita a definir los objetivos de un texto legal, la explicación de la derogación de uno anterior que supone su aprobación, o los motivos que han llevado a su redacción. La realidad es que el debate que se dirimía en Europa era muy diferente: el fin del Absolutismo.
El juramento del juego de la pelota, pintado por Jacques Louis David
No es verdad que hasta aquel momento todos los monarcas del continente hubiesen concentrado todo el poder en sus manos. De hecho las monarquías de la Alta Edad Media eran extremadamente débiles y dependían en exceso de la nobleza, y durante la Baja Edad Media, si bien en territorios como en los de la Corona de Castilla el rey tenía un poder casi total, en su vecina, la Corona de Aragón, las cortes tenían un poder que acortaba de forma realmente considerable la voluntad del soberano. Pero durante toda la Edad Moderna, el modelo de Gobierno por excelencia pasará a ser el del rey como gobernante absoluto.
Si bien es cierto que en zonas como las del Sacro Imperio Romano-Germánico, ciertos príncipes gozaban de una gran autonomía que les permitió incluso revelarse contra el propio emperador (como le ocurrirá a Carlos V), el modelo que se irá imponiendo progresivamente será el francés. Es decir, un estado central y unitario en el que el rey tendrá un control total sobre todo lo que suceda en su reino salvo en lo referente a una institución: La Iglesia Católica. (La mayoría de los príncipes y reyes protestantes adoptaron en realidad esta confesión para disponer también de los bienes del clero, esquivando así el problema). Incluso en España, la llegada de Felipe V (Borbón) al trono traerá consigo el fin de la llamada “Monarquía Hispánica” para dar paso definitivamente a la Corona de España, que acabará con las Coronas de Castilla y Aragón, poniendo fin así con un federalismo que había llevado al reino a la decadencia y la ruina en el siglo XVII y que sólo se mantendrá en relación a Navarra.
Las máximas que regirán la política de la época serán tres:
“Rex superiorem non recognoscens. In regno suo est imperator”. Un texto extraído de la Decretal “Per Venerabilem” redactada por el Papa Inocencio III en 1202, en la que se reconocía al rey como soberano absoluto de los territorios, sin que hubiese en ellos poder político superior a él (ni siquiera el de un emperador).
“Quod principi placuit legis habet vigorem”. En realidad, la fase histórica conocida como “Alto Imperio Romano” era un Principado. Lo cual quería decir que no lo dirigía un emperador sino un “princeps” (príncipe), una institución que en los siglos posteriores sirvió también para referirse al rey como gobernante y no a sus herederos o hijos, como se hace en la actualidad. Ulpiano, fue el creador de esta frase que podríamos traducir como “Lo que que al príncipe le place tiene valor de ley” y que definirá otro de los grandes poderes de la monarquía durante aquel tiempo: la potestad de dictar leyes a su antojo.
“L’etat c’est moi”. Máxima por excelencia del reinado de Luis XIV en Francia y que definirá el paso de la concepción de “reino” (como manera de entender un territorio) al de “estado”. Un estado que, eso sí, se estructura en torno a la figura del rey, cuyos intereses estarán por encima de cualquier otra consideración (muy especialmente en temas económicos y bélicos).
Como no es muy difícil de deducir, este modelo era verdaderamente ineficiente. No sólo poseía unas cortes estamentales inútiles en las que la representación se dividía en nobleza, clero y pueblo llano, sino que su sistema económico, especialmente en lo referente a impuestos, era insostenible, por lo que las bancarrotas eran constantes y las hambrunas, una dolorosa y habitual realidad; máxime en unos tiempos en los que la guerra era una forma tan habitual como costosísima de hacer política. Pero su lado más sangrante era el relacionado con los abusos del monarca y los excesos y arbitrariedades de los jueces puestos por él y encargados de hacer valer sus leyes.
El constitucionalismo europeo tendrá pues una clave resumida en la frase: “Soberanía Nacional”. Se trataba de crear un documento que sirviese de piedra angular para la estructuración política del país y que dejase bien claro que la soberanía no recaía en el monarca sino en la Nación que pasaría de este modo a ser sinónimo de estado. Así, el rey ostentaría únicamente el Gobierno de la misma (poder ejecutivo), mientras que el poder legislativo quedaría en manos de unas cortes elegidas por sufragio censitario y que representarían a la mencionada nación y no a los estamentos, como había ocurrido hasta la fecha. El judicial, encargado de velar por las normas aprobadas por éstas sería completamente independiente y sus miembros empezarían a tener que pasar un proceso de selección, haciéndose un especial esfuerzo en eliminar la arbitrariedad en sus decisiones; rasgo diferencial que hasta aquel momento había caracterizado su profesión. Algo que se materializará a su vez en un concepto llamado “Reserva de Ley” que atribuía a esta clase de disposiciones la ordenación y reglamentación en exclusiva de estos aspectos como, por ejemplo, las normas procesales (las encargadas de enjuiciar a alguien), sin que los caprichos o los prejuicios del juzgador tuviesen cobertura legal.
El juramento de las Cortes de Cádiz en 1810 pintado por José María Casado del Alisal
Un buen ejemplo de este esfuerzo lo encontramos en la Constitución de Cádiz de 1812, en cuyo artículo 172 se incluía una pormenorizada lista de restricciones al poder real, entre las cuales se encontraban la de no poder “impedir, bajo ningún pretexto, la celebración de las Cortes en las épocas y casos señalados por la Constitución, ni suspenderlas ni disolverlas, ni en manera alguna embarazar sus sesiones y deliberaciones”, hasta el punto de catalogar expresamente de traidores a quienes lo indujesen a hacerlo. Tampoco se le permitía la privación de propiedad privada y muy especialmente se le impedía “privar a ningún individuo de su libertad, ni imponerle por sí pena alguna. El Secretario del Despacho que firme la orden, y el Juez que la ejecute, serán responsables a la Nación”.
Por supuesto, detalles como el de la defensa de la propiedad o el del sufragio censitario (únicamente votan los avecindados que pagan impuestos) nos dan pistas de que se trataba de constituciones hechas a la medida de la burguesía, clase emergente durante el siglo XIX. Aunque posteriormente dichos textos evolucionarán hacia ideas algo más cercanas a las actuales con una defensa de intereses más universales, incluyendo aseveraciones como “Soberanía Popular” (la soberanía reside en el Pueblo) o “Sufragio Universal”, que reconocía el derecho a voto a todas las clases sociales (a pesar de que las más bajas eran a su vez las más incultas al no tener acceso a la educación, con el riesgo de fraude que ello implicaba) y que se ampliará posteriormente a la mujer.
En resumen: si la Constitución Americana era un texto que lo que pretendía era fundamentalmente defender al individuo frente a los excesos del poder reconociéndole derechos inalienables y oponibles ante los tribunales, las Constituciones Europeas eran meras declaraciones políticas que pretendían limitar el poder de los monarcas, dejando vía libre a la Burguesía para alcanzar puestos de relevancia, sin que los derechos incluidos en ella tuviesen más valor que el del papel mojado. Pero, ¿qué ocurría en Japón?
El primer intento real de importar el estado de Derecho a Japón. La Constitución Meiji de 1889
Como posiblemente te habrán comentado en más de una ocasión, las divisiones occidentales de la Historia de la Humanidad no son aplicables para Asia. Una salvedad de la que China y Japón son dos magníficos ejemplos. La primera por estar dividida fundamentalmente en dinastías y la segunda por estarlo en períodos o eras. Tal situación es debida a la peculiar evolución del subcontinente, que hasta el siglo XIII vive una etapa de esplendor que irá desmoronándose a raíz de la irrupción del Imperio Mongol, hasta el punto de sumir a las diferentes entidades políticas que lo componen en un retraso cultural y científico respecto a Europa que pagarán con un mal conocido como “colonialismo” y que se prolongará hasta el último cuarto del siglo XX.
En medio de ese fenómeno, “Cipango” se había ido librando progresivamente de las ansias coloniales portuguesas, españolas, francesas, inglesas y muy especialmente holandesas por una simple consideración. Todos ellos lo calificaban, no sin cierta razón, de archipiélago superpoblado pero muy inferior intelectualmente a China o Corea y con un subsuelo realmente pobre y sin aprovechamiento útil alguno. Y será esta pobreza la clave de su salvación, dado que salvo algunos intentos de evangelización por parte de misioneros lusos (hundidos tras la Rebelión de Shimabara), y algunos pactos con los holandeses (más para el ataque al comercio portugués en la región y para la utilización de los puertos de Kyushu como base de avituallamiento en la zona, que por una ambición real en la misma), Europa no mostrará por ellos el menor interés.
En medio de aquel caos en el que todos los lugares de su entorno iban pasando a manos europeas, y pese a que no había cumplido los dieceséis años de edad, Mutsuhito, que pasaría a la posteridad como el “Emperador Meiji” era perfectamente consciente, a pesar de su juventud, de la más que precaria situación a la que se enfrentaba el Imperio cuyo destino descansaba sobre sus hombros. Desde su más tierna infancia asimiló las inquietudes del periodo “Bakumatsu” y sabía que la política “Sakoku” de aislacionismo que había caracterizado al extinto Shogunato Tokugawa, que convertía al país en una prisión de la que nadie podía entrar o salir, se había traducido en un retraso histórico del país que lo había sumido en una situación análoga a la que, desde el punto de vista occidental, podría ser la de la Alta Edad Media. Algo especialmente peligroso, si tenemos en cuenta que en Europa el Imperialismo empezaba a ser corriente que definía todas las máximas y esfuerzos de la política exterior.
Fotografía de Mutshuhito a comienzos de su reinado con ropa occidental
Para evitar dicho destino, el dirigente quiso crear de la noche a la mañana un estado occidental copiando lo mejor de cada una de las naciones europeas. Así adaptó a la realidad de su país, mediante asesores debidamente contratados, la administración francesa, la armada inglesa y el ejército de tierra prusiano, así como el sistema educativo de este país. Aunque querer evolucionar en apenas unas décadas lo que tenían que haber avanzado durante varios siglos de historia no fue precisamente tarea fácil. La Guerra Boshin, que lo había llevado al poder, acabó oficialmente en 1869, pero las escaramuzas con los señores feudales y de la guerra (valga la redundancia) se extenderán varios años más, hasta el punto de tener que volver a cerrar el país del exterior hasta que se encontrase completamente pacificado.
Medidas como la de trasladar la capitalidad de Kyoto a Edo (a la que se rebautizará como Tokio), la creación de un sistema de administración territorial de 72 prefecturas, o la supresión de privilegios feudales provocarán una oleada de rebeliones como las de Saga, Shinpouren, Akizuki, Hagi o muy especialmente Satsuma, cuyo balance de víctimas mortales fue casi diez veces mayor al de la mencionada Guerra Boshin. Un cúmulo de calamidades a las que hubo que sumar la destrucción del castillo de Edo por un fuego incontrolado, o el asesinato de uno de tres grandes hombres de confianza del emperador: Okubo Toshimichi.
Ello se tradujo en que si en 1872 recibe al Duque de Edinburgo o al embajador ruso con la intención de comenzar un periodo de aperturismo político, las revueltas harán que su siguiente recepción diplomática se produzca en 1881 y ante un representante tan pintoresco como el rey Kalakaua de Hawai, cuyos territorios eran pasto potencial de colonialismo como efectivamente lo serían cuando McKinley anexionó las islas a los Estados Unidos. Europa además empezaba a disputarse desiertos enteros sin utilidad alguna en África con la simple máxima de acumular bajo su bandera el mayor número de kilómetros cuadrados posibles, y eso convertía a Japón en un objetivo como cualquier otro, a pesar de su subsuelo, y el gobernante lo sabía.
Grabado con el Ejército Imperial sofocando la rebelión de Satsuma
Será en este momento cuando remate su programa de reformas militares creando un código deontológico conocido como Gunjin Chokuyu, de obligado conocimiento para los integrantes de las fuerzas armadas que puedes consultar AQUÍ. También proseguirá un ambicioso programa diplomático para presentar su imperio al mundo, que hará que países como el nuestro le concedan el Toisón de Oro en 1883 (la máxima condecoración con la que se puede distinguir a alguien en España). Aunque serán sus relaciones con el Imperio Británico y muy especialmente con Prusia las que más beneficios le reportarán, hasta el punto de que verá en este último reino la culminación a su programa de reformas que lo haría plenamente creíble a nivel internacional: Una constitución.
El mencionado reino de Prusia seguía existiendo en teoría, pero en la práctica era el principal artífice del II Reich, también conocido como Imperio Alemán, cuyo sistema político cautivó al monarca. El mismo consistía en un emperador (Kaiser) como él que reinaba, pero no gobernaba, y cuyo trabajo era aliviado por un primer ministro que, aunque tuviese que rendirle cuentas a unas cortes, en realidad tenía potestad para obrar como considerase menester. Esa admiración por lo prusiano, que se había materializado incluso en la imitación en la vestimenta oficial de Mutsuhito al estilo de la del kaiser, hará que cree un nuevo puesto que definirá la política japonesa hasta 1945 y que será el de “primer ministro”. Un cargo que desempeñará Itou Hirobumi, verdadero impulsor de este sistema, también conocido como “Gabinete” y que sustituirá al obsoleto y rancio modelo del Daijou-kan, que había regido en Japón durante nada menos que doce siglos.
Será Hirobumi, que había residido en Europa y estudiado sus constituciones, el encargado de crear esta carta magna, aunque como es fácilmente deducible de todo lo anteriormente narrado, dicho documento carecía de todas las connotaciones que en Europa y en Estados Unidos llevaron a su redacción. Se trataba más bien de crear una Prusia del Pacífico copiando la piedra angular del ordenamiento jurídico de ésta, sin entender demasiado bien lo que significaba ni lo que auténticamente pretendía.
Caricatura satírica de la revista “La Flaca” que ridiculizaba los pucherazos electorales en España durante el régimen de la Constitución de 1876 Buena prueba de ello se encuentra en su artículo 3, que definía al emperador como inviolable (algo que sí se había reconocido en todas las constituciones monárquicas de su tiempo) a la par que divino, lo que consolidaba nada menos que la legitimidad en la que se basaban los monarcas absolutistas y la visión providencialista con la que ellos se autoconferían. Es decir, CREAN UN DOCUMENTO TEÓRICAMENTE DESTINADO A EVITAR EL ABSOLUTISMO A LA VEZ QUE EN EL MISMO SE CONSAGRA ÉSTE. Una idea corroborada en el artículo 4, que hacía residir la soberanía en él.
La avalancha de poderes conferidos al emperador eran inmensos, de modo que éste dirigía la Administración del Estado, poseía el mando supremo del Ejército y la Armada, con la posibilidad de dictaminar sus reglamentos organizativos y disciplinarios, podía conceder amnistías e indultos o incluso nombrar nobles… algo que en la práctica le permitirá controlar indirectamente el poder legislativo.
La Kokkai o “Dieta” serían las cortes legislativas japonesas y adoptarían un modelo similar al británico. Una cámara de “Pares” (análoga a la “House of Lords” británica o Cámara Alta) compuesta por los miembros de la familia real y de la nobleza (elegida por supuesto por el emperador) y cuyos puestos eran inamovibles, y otra cámara de “Representantes”, elegidos democráticamente (Cámara baja). Aunque naturalmente este sistema escondía diversas trampas.
El emperador Mutsuhito promulga la Constitución de 1889
Las iniciativas legislativas (hacer leyes) eran potestad del Gobierno (artículo 38 CM) y aunque cualquiera de las dos cámaras podía redactar un proyecto de ley, éste necesariamente tenía que pasar por el trámite de ser propuesto por el ejecutivo para su aprobación. Si éste se negaba, la cámara podía transmitirle una queja (artículo 40 CM) que podía ser rechazada sin más. Por lo tanto en la práctica, sólo los proyectos que le interesasen al primer ministro serían tramitados.
Para colmo, la aprobación de un proyecto de ley exigía, fuese el que fuese, mayoría absoluta en ambas cámaras (artículo 47 CM). Por lo tanto en el caso de que el ejecutivo no quisiese enfrentarse a la cámara elegida democráticamente cuando ésta plantease una ley que no le conviniese al emperador, la Cámara de los “Pares” formada por los nobles afines y/o puestos a dedo por él, podrían tumbar el proyecto sin que hubiese más oportunidades para él, salvo las de volver a ser presentado más adelante con propuestas menos “peligrosas”.
Naturalmente existía también la posibilidad contraria, como era la de que la Cámara de los Representantes tumbase cualquier iniciativa que perjudicase a sus intereses o que beneficiase injustamente a sus nobles. Pero es allí donde entraría en juego el artículo 8 del texto legal que confería al emperador la potestad de dictar “ordenanzas” (aquí serían equivalentes a los Decretos) en casos que en España se califican de “extraordinaria y urgente necesidad” (en la práctica cuando le diese la gana) que deberían ser convalidados por la Dieta para perdurar en el tiempo. Eso quería decir que como el periodo de sesiones duraba tres meses (artículo 42 CM), aunque existía la obligación de convocarlas cada año (artículo 41 CM) la realidad era que estas ordenanzas (que salvo modificar la Constitución podían versar del asunto que quisiesen) habían estado en vigor nueve meses, con toda la maquinaria propagandística asociada a la misma para que a la Cámara de Representantes no le quedase otra opción que la de decir que sí a todo su contenido.
Grabado en el que el emperador Meiji acude a una sesión de la Dieta Imperial
Los pocos beneficios que tenían los miembros de la “Cámara baja” eran los de inviolabilidad por las declaraciones efectuadas en el ejercicio de su cargo (artículo 52 CM), así como el “aforamiento” (artículo 53 CM) por el cual no podían ser detenidos y/o procesados, sin el consentimiento expreso de ambas cámaras, lo que contribuía a protegerlos de ciertos abusos en relación a sus opiniones si éstas eran contrarias al monarca. Pese a todo, el arresto estaba permitido en caso de delito flagrante (es decir, claro, descarado y público, cometido delante de la autoridad) o de ciertas actividades relacionadas con problemas exteriores o con un hecho que provocase alguna “conmoción pública”.
En relación al poder judicial, se estableció que los jueces aplicarían la Ley “en nombre del Emperador” (fórmula europea y que utiliza a día de hoy sistemas judiciales como el español) (artículo 57 CM) y serían nombrados entre aquéllos que siguieran los requisitos exigidos (artículo 58 CM), por fin, de acuerdo a la Ley (cumpliendo así la ya mencionada “Reserva de Ley”) siendo imposible moverlos del cargo salvo en caso de delito o de sanción disciplinaria por motivos de su puesto.
En total, apenas 76 artículos divididos en siete capítulos que versaban sobre los siguientes aspectos:
Derechos y Deberes de los Individuos
La Dieta Imperial
La Judicatura (Los jueces)
Finanzas (Impuestos)
Curiosamente y a pesar de que el capítulo 4 hace referencia a ellos, en ninguna parte de la Constitución se habla de cómo son elegidos los miembros del Gobierno ni el Primer Ministro. Teóricamente, se les concedía a los ministros de una materia concreta el privilegio de poder vetar una orden imperial relacionada con su materia absteniéndose de dar su consentimiento, puesto que la norma suprema imponía la presencia de la firma del encargado ministerial junto a la del emperador. Pero esto, de poco servía si tenemos en cuenta que era el monarca el que desde un principio ponía a capricho tanto al primer ministro como a su gabinete.
En realidad, el primer ministro y su equipo, para evitar suspicacias, eran nombrados entre los miembros del partido que tenían mayoría en la Cámara Baja, aunque el emperador no tenía por qué confirmarlos. De hecho, tampoco se establece en ningún lugar del articulado el método de elección de representantes o la duración de las legislaturas, diciéndose únicamente que el Emperador tenía la potestad de disolver las cámaras (artículo 7 CM) y que una vez ordenada su disolución (artículo 44 CM) existía un periodo de cinco meses para convocar elecciones (artículo 45 CM).
Todo esto, por supuesto, servía para escenificar una pantomima que ocultaba una dura situación. Todo pasaba por el emperador y ningún asunto de importancia se llevaba a cabo sin su consentimiento. Pese a todo esto, tanto Mutsuhito (emperador Meiji), como sus sucesores, Yoshihito (emperador Taishou) e Hirohito (emperador Showa), delegaron un amplio número de potestades y decisiones en sus primeros ministros, al estilo de lo que ocurría entre los Kaisers y los Cancilleres en el Imperio Alemán. Pero este texto escondía además otra extraña consecuencia.
Itou Hirobumi y Yamagata Aritomo, los dos hombres más fuertes de Japón durante la era Meiji
Si bien Itou Hirobumi era un político a la europea, con no pocas connotaciones civiles, más adelante serán militares como Matsukata Masayoshi o muy especialmente Yamagata Aritomo los que se convertirán en los hombres fuertes del país, sembrando de esta manera un más que peligroso precedente de un mal que afectará a muchos países con constituciones en vigor: el creciente papel del ejército como principal resorte del poder. Por ello bastará únicamente la primera mitad de la era Showa para que quede sobradamente demostrada la inutilidad de esta Constitución. Un drama lo suficientemente ilustrado con los derechos reconocidos en ella, que se quedarán en papel mojado.
En realidad en dicha norma sólo se protegían los derechos y deberes de servir en las fuerzas armadas (artículo 20 CM) y pagar impuestos (21). Algunos como la libre elección de residencia (artículo 22 CM), Propiedad (artículo 27 CM) o Libertad Religiosa (artículo 28 CM) fueron respetados. Otros como la prohibición de arrestos arbitrarios (artículo 23 CM), la imposibilidad de castigar hechos que no fuesen constitutivos de delito en el momento de producirse (artículo 24 CM), Inviolabilidad del Domicilio (artículo 25 CM), Confidencialidad de las Comunicaciones (artículo 26 CM), o la Libertad de Expresión (artículo 29 CM) fueron sistemáticamente violados, merced al artículo 31 CM que anulaba la eficacia de cualquier derecho reconocido en beneficio de los poderes del emperador siempre que se encontrasen en tiempos de guerra o con un estado de emergencia declarado. Unas excepciones que de forma alterna o simultánea, se sucedieron en Japón desde la promulgación de la Constitución en 1889 hasta la derrota japonesa de 1945 en la Segunda Guerra Mundial.
Así pues, este texto legal no era sino un lavado de cara ante el exterior que no recogía espíritu alguno de “carta magna” y que en realidad concedía plenos poderes al emperador o al primer ministro para que, con unas excusas o con otras, hicieran lo que les viniese en gana. Si tienes curiosidad, puedes consultar el texto original de esta parte de la Historia de Japón AQUÍ.
La Crisis de la Constitución Meiji en el siglo XX
La Constitución de 1889 no tardaría en entrar en declive. Había imitado el modelo prusiano, pero no había tenido en cuenta el espíritu de la misma ni tampoco el contexto social que había hecho de su redacción un asunto prioritario, aunque los problemas en las cartas magnas europeas surgirían con total facilidad. El objetivo de cercenar el poder del monarca llevaría prácticamente un siglo en toda la Europa continental. Un camino jalonado de guerras y revoluciones que derogarían constitución tras constitución dejando un cada vez más incómodo reguero de sangre tras de sí.
La creación de un régimen estable en el que una constitución fuese la piedra angular se había convertido en una simple utopía. En España, la Constitución de Cádiz de 1812 no será acatada por Fernando VII y sólo tendrá validez durante la época conocida como “Trienio Liberal”. A lo largo del periodo que separa 1812 a 1936, nuestro país promulgará nada menos que seis cartas magnas, dejará dos sin promulgar e incluso dejará en el tintero un noveno proyecto más. La falta de consenso en sus redacciones, la lacra del terrorismo anarquista y muy especialmente la visión meramente coyuntural de sus ponentes (resolver un problema concreto sin previsión de futuros acontecimientos), harán de estos textos una auténtica losa jurídica en vez de una solución o garantía.
En medio de este desastre, la Constitución Meiji nace en un momento de relativa estabilidad para estos textos. Francia y sus tres leyes constitucionales de 1875 aguantarán hasta la entrada de los alemanes en París en 1940, la Prusiana de 1851 duraría hasta la disolución del Imperio Alemán y la carta magna española de 1876 será la que hasta el momento más ha aguantado en vigor en nuestra historia, prolongándose su vida hasta el directorio militar de Primo de Rivera en 1923, aunque se restaurará su validez durante un año más en 1930. La japonesa, pese a la distancia y a que no era una auténtica constitución, heredará sus mismos problemas y terminará por convertirse en otro lastre más.
El Canciller Otto von Bismarck y el Kaiser Guillermo I serán los dos modelos de referencia para crear la Constitución Meiji
Textos como el aprobado por Itou Hirobumi estaban pensados para un emperador como el Meiji ayudados por un hombre prudente y con experiencia como él. Pensaba en un Japón dominado siempre por un análogo al Kaiser Guillermo I y asistido por un Canciller de la talla de Otto von Bismarck. Pero, ¿qué pasaría si el monarca, en el que dicho texto hacía residir la soberanía, fuese un incompetente y sus primeros ministros no fueran hombres dignos del cargo? La muerte de Mutsuhito, daría una respuesta a esta cuestión.
Su sucesor, Yoshihito, fue simplemente una marioneta en manos de diversos titiriteros. Al contrario que el apuesto y fornido emperador Meiji, él se alejará lo más posible de los actos públicos para ocultar lo que no era sino un secreto a voces: sus problemas neurológicos de los que existen muchas y muy diferentes leyendas en las que no voy a entrar. A ello se le sumará la redomada incompetencia de los presidentes que ejercieron las labores de Gobierno y que se explica con el siguiente dato. En sus apenas catorce años de reinado existieron hasta doce primeros ministros, alguno de los cuales no duró ni seis meses en el cargo. El Modelo a seguir al crear ese puesto, Bismarck, había aguantado 19 años como canciller del Imperio Alemán y 27 como primer ministro de Prusia. Toda una demostración de que la Constitución Meiji había sido todo un fracaso, aunque todavía quedaba lo peor y que paradójicamente heredarán también del constitucionalismo europeo.
Los sistemas constitucionales continentales eran particularmente débiles y realidades como la española servirán para poner sobre la mesa un mal que se cebará especialmente sobre nuestro país y que posteriormente heredaran repúblicas como la de Weimar: la hiperdependencia del ejército como garante del orden. En por ejemplo en España el Pronunciamiento de Riego fue el encargado de hacer valer la constitución de 1812, la entrada a caballo del general Pavía puso fin a la Primera República en 1874, entre medias el general Serrano llegó incluso a jurar como regente del reino hasta la llegada de Amadeo I de Saboya.
Entrada del general Pavía en el Congreso con agentes de la Guardia Civil
La imposición de un determinado sistema político, su mantenimiento o su derogación, dependerán expresamente de la voluntad del ejército. Así durante el reinado de Isabel II se producirá el llamado “Régimen de los Espadones”, llamado así por las espadas de los generales de alto rango como Narváez y O´Donnell cuyo estatus de militares los llevó a dirigir el país y cuya caída o muerte fue también la de la reina. Del mismo modo, el general Prim (héroe de la Guerra contra Marruecos y presidente del Consejo de Ministros para aplacar la ira popular) fue el responsable de que Amadeo de Saboya fuese reconocido como monarca, aunque cuando llega a España su principal valedor es asesinado y se ve obligado a abdicar con sólo un año y medio de reinado a sus espaldas. Se podría decir de esta manera que el Ejército era un Estado dentro del Estado y que el ser oficial del mismo constituía una de las mayores puertas de acceso a los puestos de mando de la administración civil, a cuyo poder no se encontraban sometidos.
En Japón el problema no será exactamente así en teoría, pero sí en la práctica. El Emperador Meiji había conseguido obrar un auténtico milagro militar con su ejército y armada. En 1895 derrotan a China en la Primera Guerra Sino-Japonesa anexionándose Formosa (Taiwán), las Islas Pescadores y la Península de Liaodong. En 1905 derrotan a los rusos en la guerra Ruso-Japonesa convirtiéndose así en la primera nación de raza amarilla que derrota a otra de raza blanca, ganando así un indiscutible prestigio militar que les abrirá las puertas a la tan ansiada ocupación de Corea. En resumen, el Imperio del Sol Naciente había pasado de ser territorio potencialmente colonizable a potencia colonizadora.
En ese contexto de guerras coloniales en las que los dos grandes rivales de la zona, Rusia y China, eran derrotados, el ejército adquirirá un papel cada vez más relevante en perjuicio de la administración civil. La implantación del Servicio Militar obligatorio y universal por parte de Yamagata Aritomo en 1873 militarizará una sociedad que pasará a conocer y asimilar las ideas del general Jakob Meckel, enviado prusiano para el adiestramiento del ejército de tierra nipón y que tomará al ya mencionado Yamagata y a Katsura Tarou como discípulos más aventajados.
Grabado francés con las tropas niponas en la Guerra Ruso-Japonesa Será este militar el que convierta a los japoneses en los prusianos de oriente meced a dos máximas que se esforzará en implantar. Por un lado las ideas del conocido como “Clausewitzismo”, una teoría bélica creada por Carl von Clausewitz consistente en idear un código ideológico que lograse que el soldado asimilase como suyas las mejores virtudes de su nacionalidad y de su papel de guerrero, que diferenciase objetivos militares de los políticos y, especialmente, que se especializase en el desarrollo de un nuevo tipo de guerra, la psicológica. Por otro, inculcar en todos los miembros del ejército una lealtad absoluta al emperador similar a la que los prusianos profesaban a su rey y kaiser.
Esto unido a las victorias obtenidas en las guerras coloniales, abren por fin a Japón las puertas del sureste asiático dotándolos de recursos, especialmente agrícolas, que nunca hubiesen podido obtener en su archipiélago de origen. Un factor que convierte al ejército en el garante del orden interno, en el principal elemento de cohesión y moralización social y lo que es más importante, en el motor económico del país.
El comienzo del periodo Taishou, con un emperador incapaz, marcó un período de decadencia en el que el ejército japonés participa en la Primera Guerra Mundial y ocupa con éxito las posesiones alemanas en Asia y Oceanía, logrando hacerse con la parte germana de Nueva Guinea y con ciertas posiciones estratégicas que los dejan a las puertas de su sueño dorado de conquistar la zona de Manchuria. Pero Japón no tiene buenos políticos y los éxitos militares se materializan en un profundo e injustificable ninguneo político que obligará a los nipones a devolver todo lo conquistado (sólo se quedarán con un grupo inútil de islas en la Micronesia) y a no ser reconocidos en la práctica como una gran potencia a nivel mundial. Un agravio al que hubo que sumar la decisión de entrar en la Sociedad de Naciones formada por las mismas potencias que los habían menospreciado.
Terremoto de Kanto, el fenómeno más relevante de la era Taishou
Este ridículo no fue óbice para que los primeros ministros de esta era, ahondasen en un conjunto de reformas que pretendían convertir a Japón en una auténtica democracia en la que la Constitución de 1889 tuviese la importancia que estaba realmente destinada a tener. Un grupo de cambios que pasaban imperiosamente por someter al ejército al poder civil, algo que ya en aquel momento parecía una misión imposible dada la progresiva militarización de la sociedad y el auge del ultranacionalismo, unido a la presencia de sociedades secretas que presionaban para lograr inducir a Japón a extenderse por toda Asia. Afortunadamente para ellos, Hiroito, el emperador Shouwa, alcanzará el poder en 1926.
La situación que hereda de su padre es calamitosa. La sociedad japonesa se encuentra ultrajada por los agravios de la Primera Guerra Mundial, el Terremoto de Kanto demuestra la torpeza de su administración a la hora de enfrentarse a desastres naturales, el ejército está prácticamente sublevado y la Crisis del 29 se cebará especialmente en su comercio, al que se le impondrán unos aranceles que lo convertirán en imposible en la práctica. Ya en aquel momento se habla de golpe de estado y sus fuerzas armadas actúan ya al margen de cualquier consideración. Aunque la gota que colmará el vaso será la firma del Tratado Naval de Londres en 1930, con el que los británicos conseguían que franceses, norteamericanos, italianos y nipones accediesen a limitar sus armadas con el pretexto del peligro de un posible nuevo conflicto armado a nivel mundial,
Los militares, que habían visto cómo el gobierno civil de la nación ratificaba un tratado al que se oponían y que los perjudicaba directamente, se cansaron y el 15 de mayo de 1932 se produce un intento de golpe de estado que, si bien teóricamente es un fracaso, en la práctica se salda con la muerte del primer ministro Inukai Tsuyoshi, lo que significó la demostración final de que el único poder y ley real en Japón era el de sus Fuerzas Armadas.
Recorte de periódico con la noticia del asesinato de Inukai Tsuyoshi
Las escuelas comienzan a enseñar oficialmente las bases del “八紘一宇” (Hakkou ichiu) que se convierte en el lema oficial del imperio. El ejército continúa una serie de “incidentes” provocados con China que ya comenzó en Manchuria en 1931 sin control alguno por parte del Gobierno, y que continuarán con el ataque a Shangai, la creación del estado títere de Manchukuo y las incursiones en Mongolia. Un conjunto de factores que convierten a Hiroito en una marioneta necesaria para los jefes militares de su imperio, pero privada de cualquier tipo de libertad. La Constitución Meiji en ese contexto sigue vigente pero carece de validez alguna y no será hasta la redacción de la actual cuando Japón vuelva a contar con un instrumento jurídico verdaderamente eficaz que garantice tanto un sistema político estable como unos derechos individuales oponibles e indiscutiblemente inalienables.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, Japón es un país desolado. Los feroces bombardeos americanos para forzar su rendición habían diezmado seriamente a la población civil de un país con casas construidas mayoritariamente de madera y como tales muy fáciles de incendiar. Las bombas atómicas de Hirosima y Nagasaki convirtieron al Imperio en el escenario de dos crímenes de guerra que habían quedado impunes. Su tan orgullosa armada, auténtico símbolo del poderío naval nipón había sido aniquilada y todas las zonas que habían conquistado habían caído en manos de Estados Unidos o de la URSS.
Apenas unos años antes de su derrota, su expansión colonial había llevado el Hinomaru hasta una distancia de 6.000 kilómetros de Tokio, se habían hecho con el control fáctico de estados títere que ellos mismos habían creado como Manchukuo (Manchuria), Mengjiang (parte de la Mongolia interior) o el Gobierno Nacionalista de Nanjíng (Parte Este de China) e incluso las parte del sudeste asiático bajo el dominio de Francia había pasado a su control.
Marines japoneses durante la batalla de Wuhan durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa
La Guerra Relámpago a imitación de la de la Wehrmacht del III Reich unida a una más que astuta combinación de la Infantería, Artillería y Armada los había llevado a obtener victorias tan aplastantes como la toma de Singapur, en la que la otrora todopoderosa “Royal Navy” sufre una escandalosa derrota en la que 80.000 de sus efectivos son hechos prisioneros. Un desastre sólo superado en la historia del Imperio Británico por el fracaso del desembarco de Galípoli en la Primera Guerra Mundial. Pero ese aplastante dominio ocultaba también un reverso tenebroso.
La Segunda Guerra Sino-Japonesa estalla en 1937 con el pretexto del incidente del Puente de Marco Polo y con ella el Imperio del Sol Naciente se embarca en su tan anhelado sueño de convertir China en un protectorado nipón. Aunque la contienda se alarga mucho más de lo previsto y la represión japonesa se materializa en una avalancha de muertos que se calculan entre 17 y 22 millones de civiles. Muchos de ellos han sido víctimas de experimentos aberrantes o vivisecciones, otros han sido deliberadamente convertidos en adictos al opio y muchas hembras forzadas a ser “mujeres de consuelo” (esclavas sexuales) con las que se acostaban los soldados japoneses cuando estaban necesitados de sexo. También crónicas como las de la invasión de Filipinas hablan de horripilantes matanzas japonesas capaces de crear varios niveles de sangre coagulada en el suelo tras las ejecuciones.
Estados Unidos no entra por motivos humanitarios en la Guerra ni tampoco lo hace por el ataque a Pearl Harbor (aunque ése fuese el pretexto inicial). Para este país, la contienda había empezado cuando sus aliados chinos fueron invadidos, lo que lleva a Roosevelt a decretar el embargo de petroleo al Imperio Japonés, lo que deja a éstos sin el 90% de sus suministros de combustible. Japón amenazaba la supremacía comercial del país en el Pacífico y la incontrolabilidad de los militares que dirigían en la práctica el imperio, hizo que el poliomelítico más famoso de todos los tiempos llevase dos políticas: una de neutralidad, de cara a la galería, y otra silenciosa de continuas provocaciones a los japoneses para que los atacasen. Y será Douglas MacArthur el responsable de su éxito.
Portadas de la revista Time con los MacArthur (padre e hijo) como responsables de los intereses americanos en Japón
Eisenhower o Marshall, muy mitificados en el cine, lucharon en un frente sin importancia alguna como era el Occidental. La derrota de Hitler se fraguó en el sangriento Frente Oriental que vivió batallas tan apocalípticas como la de “El Kursk” en la que para derrotar a 750.000 alemanes (de los que cayeron 250.000) los rusos sacrificaron la vida de casi un millón de hombres. Cifras auténticamente escandalosas si las comparamos con las de las débiles escaramuzas entre ingleses, americanos y nazis, que tuvieron como colofón un Desembarco de Normandía sobre el que existían numerosas susceptibilidades acerca de que los soldados alemanes “se dejaron ganar” para rendirse ante ellos y librarse así de la barbarie rusa que llegaría a asolar Berlín. MacArthur, a diferencia de los otros dos, desde el principio se encontró con una resistencia muy fuerte por parte de la Armada Nipona a la que tuvo que ir derrotando plaza a plaza. Algo que logrará merced a mostrar un genio militar que lo convirtió en uno de los mejores estrategas del siglo XX.
Será precisamente este avance arrollador el que convertirá su campaña militar en una de las causas más gloriosas en las que se podían alistar los jóvenes americanos. Sin embargo, y como ya apuntamos al hablar de La Tumba de las Luciérnagas, las batallas en los enclaves cercanos al archipiélago eran cada vez más duras. Además existían entre uno y dos millones de soldados en el continente que acudirían inmediatamente a defender a su país del invasor en el caso de que éste pisase su suelo. Es decir, que si bien el balance de víctimas para los estadounidenses hasta ese momento había sido perfectamente asumible por la sociedad americana, la empresa de someter a Japón podría costarles entre 500.000 y un millón de hombres. Por ello había que forzar la rendición del país lo que le llevará a autorizar el lanzamiento de las dos bombas atómicas.
Su decisión fue sin duda un crimen de guerra, pero estaba destinada a evitar un mal mayor precisamente para Japón. El Tercer Reich se había rendido el 8 de mayo de 1945 pero la URSS también había sufrido ataques por parte de los asiáticos y quería venganza, así como asentar su influencia por esos lares. La diplomacia norteamericana hizo todo lo que pudo para demorar la intervención rusa, que quería también una parte de Japón, aunque cuando Hiroito leía a su nación el discurso que le llevaba a deponer las armas, el Ejército Rojo había tomado posiciones para entrar en el país, aunque éste lo desconociese. De esta manera Japón quedó enteramente bajo soberanía americana. Un sólo día de retraso y la tragedia que dividiría en dos a Corea se hubiese producido en sus fronteras.
La ocupación de Japón como paso previo a la nueva Carta Magna
El Imperio del Sol Naciente había sido derrotado. Pese a los intentos de golpe de estado para continuar con la guerra y los diferentes códigos de honor que hicieron que varios oficiales optasen por muy diversas formas de suicidio antes de afrontar la dolorosa realidad, el archipiélago había fracasado en su intento por dominar un continente en el que sólo habían dejado destrucción y muerte con la sombra de algo que posteriormente será denominado “Crímenes contra la Humanidad”.
Los aliados, se habían propuesto en las conferencias de Teherán, Yalta y Postdam deshacerse de los líderes nazis sometiéndolos a un juicio a la americana que tendría lugar en la ciudad de Núremberg y que sentará las bases de buena parte de lo que hoy compone el Derecho Internacional. Fueron básicamente tres las acusaciones a las que los procesados fueron sometidos: Crímenes de Guerra (utilización de tácticas específicamente destinadas a diezmar la población civil), Guerra de Agresión (usar la guerra de forma gratuita para forzar a otros países a plegarse a sus exigencias) y los mencionados crímenes contra la humanidad, centrados en el exterminio masivo de sectores enteros de la sociedad por razones ideológicas o étnicas.
La defensa de los acusados fue soberbia y muy posiblemente de no haber existido jueces soviéticos en el tribunal, la mayor parte de los acusados hubiese quedado en libertad. No en vano, los juristas alemanes eran sencillamente los mejores del mundo y le habían enseñado a éste todas las bases del Derecho Civil mediante las teorías de Savigny, o habían creado en la República de Weimar la que se considera posiblemente la mejor constitución de todos los tiempos. Y ésa fue precisamente su defensa: la de que actuaron conforme a su derecho.
Instantánea del banquillo de los acusados en los Juicios de Núremberg
Sinceramente, dichos juicios fueron una pantomima de cara a la galería por un motivo esencial: La Unión Soviética de Stalin juzgaba. Una potencia que antes de la Segunda Guerra Mundial había liquidado a siete millones de ucranianos (genocidio) dejándolos morir de hambre, ejecutándolos sumariamente o desterrándolos a campos de trabajos forzados por la simple sospecha de que dicha zona podía rebelarse, enjuiciaba unos crímenes que al lado de algunos de los que ya llevaba a sus espaldas se habían quedado en algo similar a una infracción de tráfico. Todo ello sin contar con que la URSS se había anexionado también de forma violenta una parte de Polonia, las tres repúblicas bálticas o Finlandia (guerra de agresión) y había puesto para ello un especial énfasis en exterminar a la población civil, no sin antes asegurarse de violar a cualquier mujer que se encontrase a su paso (crimen de guerra). Aunque al margen de esta circunstancia, estos procesos dejarán sobre la mesa conceptos como la igualdad soberana de todos los estados, la necesidad de la justificación adecuada ante la Comunidad Internacional de una guerra para que ésta pudiese ser legal y la presencia de unos derechos inalienables sobre los cuales ningún derecho nacional está por encima y que en 1948 se redactarán con el nombre de Derechos Humanos.
Será fundamentalmente en este año cuando se lleven a cabo los conocidos como “Los juicios de Tokio” (The International Military Tribunal for the Far East), un proceso paralelo al de Núremberg mediante el cual los Estados Unidos procedieron a juzgar a los líderes nipones vencidos, incluyendo en el Tribunal una presencia mucho mayor de jueces procedentes del entorno británico y norteamericano, relevando a un segundo plano la presencia rusa o francesa. Aunque las acusaciones fueron ligeramente diferentes.
Clase A: Conspiradores que planearon y llevaron a la práctica una guerra a escala gigantesca que tenía como objetivo la conquista de la mayor parte de Asia Oriental.
Clase B: Ejecutores directos de “atrocidades y crímenes contra la Humanidad” calificados como “convencionales”.
Clase C: Los que estando en una posición política o militar que les hubiese permitido detener los crímenes de la clase anterior, no lo hubiesen hecho.
Pero la gran pregunta era qué pasaría con Hirohito y su familia. Es cierto, reinaba pero no gobernaba, aunque parecía cierto que si no hubiese sido por su aquiescencia los excesos del ejército nipón (que le había jurado obediencia en los términos ya descritos) jamás hubiese llegado a tales extremos, ni su ocupación hubiese sido tan cruel. Sin embargo, tanto MacArthur como el ya por entonces presidente Truman se negaron a que el emperador se sentase en el banquillo por una razón muy sencilla: era un elemento necesario para legitimar las medidas que el general estadounidense estaba emprendiendo en Japón.
Hideki Tojo, principal cabeza de Turco en los Juicios de Tokio, en los que será condenado a muerte
Ya abordo del acorazado USS Missouri (BB-63) la rendición de Japón había sido firmada ante un general de cinco estrellas que, asistiendo en mangas de camisa, había renunciado al honor protocolario de llevar sus condecoraciones y su uniforme de gala ante sus vencidos como una muestra de su respeto hacia ellos y por su afán por llevárselos a su terreno. Algo que convierte a MacArthur en uno de los pocos generales y políticos estadounidenses provistos de un mínimo de cerebro y sentido común. Es más, era un hombre con la suficiente cabeza como para saber que un tratado humillante no serviría más que para llegar a una nueva guerra mucho más cruenta que la anterior como ya había ocurrido con Alemania. Por ello optó por una solución mucho más osada: hacer para Japón una nueva Constitución hecha a medida de sus pretensiones. A lo largo de los siguientes párrafos intentaremos explicar en qué consistía la jugada.
En todo sistema jurídico existe el llamado “Sistema de Fuentes”, es decir, aquél que determina de dónde nace el Derecho, quién lo impone, cuál prevalece en caso de conflicto y en qué lugares se aplica (Por ejemplo el Derecho Civil Catalán es diferente al Derecho Civil usado en Aragón o el utilizado en Castilla). Sin embargo, dicho concepto sufrirá una importante y casi definitiva modificación con las ideas del jurista austríaco Hans Kelsen cuyos postulados son en esencia los que a día de hoy definen la mayor parte de las constituciones vigentes.
Este filósofo del Derecho definirá sus teorías en torno al dibujo de una Pirámide que en el futuro llevará su nombre y en cuya cima situará a la constitución como “dios” de un sistema jurídico del cual emana todo lo demás, que en ningún caso podrá contradecirse con lo dicho y recogido en ella. En otras palabras, la Constitución pasa a ser una NORMA SUPREMA que sirve de piedra angular para sostener y legitimar todas las normas con las que opera un país y que al margen de la importancia que tengan, siempre estarán por debajo de ella. Así por ejemplo, en España este sistema se articula así: Constitución Española de 6 de diciembre de 1978 > Leyes Orgánicas > Leyes ordinarias o disposiciones con rango análogo > Reglamentos. Pero no todo es en realidad tan sencillo.
Caricatura que ilustra la Teoría de la “Puñalada por la Espalda” sufrida por Alemania en el Tratado de Versalles y que servirá como pretexto para el ascenso de Hitler
Uno de los principios fundamentales del Derecho por excelencia es que el Derecho Internacional (del que los tratados son parte) tiene prevalencia sobre el Interno. Como no resulta muy difícil de deducir, esto planteaba un problema: “¿Qué pasaba con el Derecho Internacional y qué lugar ocupaba en una Pirámide en la que nada podía ir en contra de una Constitución?”. Ante eso, la solución que se dio fue la de que los tratados tendrían un rango infraconstitucional pero supralegal. Traducido, quiere decir que los mencionados tratados están por encima de cualquier ley pero por debajo únicamente de la constitución, con lo que en países como el nuestro, su ocupación en el anterior esquema sería: Constitución Española de 6 de diciembre de 1978 > TRATADOS INTERNACIONALES > Leyes Orgánicas > Leyes ordinarias o disposiciones con rango análogo > Reglamentos. Si se prefiere, UN PAÍS PUEDE FIRMAR EN PRINCIPIO CUALQUIER TIPO DE TRATADO (militar, de colaboración, de extradición, etc) SIEMPRE QUE NO CONTRADIGA SU CONSTITUCIÓN.
De modo que desde el punto de vista jurídico existían dos opciones para abordar el Japón de la posguerra. Una era hacerle firmar un tratado estúpido y abusivo similar a otras torpezas históricas como los de Brest-Litovsk (contra Rusia), Saint-Germain-en-Laye (contra el Imperio Austro-Húngaro), o Versalles (contra el II Reich) que apenas un cuarto de siglo antes habían sido el auténtico germen de la Segunda Guerra Mundial y que sólo originaría ansias de revanchismo. Otra era imponer una Constitución que impidiese a Japón firmar cualquier tipo de acuerdo internacional que no conviniese a los Estados Unidos.
Por ello, teniendo en cuenta la buena imagen que en aquel momento comenzaban a tener las Constituciones y con el pretexto de garantizar mediante ella una serie de derechos individuales en los que ninguna esfera de poder podría entrar y con el Estado como pleno garante, MacArthur y su gabinete optaron por esta segunda opción que a la postre resultó ser la más eficaz.
Construir un estado títere a la americana mediante una Norma Suprema
Normalmente cuando se procede a redactar una constitución el primer paso en la convocatoria de elecciones para formar las llamadas “Cortes Constituyentes” que son las encargadas de organizar el trabajo de redactar una Constitución en el menor tiempo posible y que una vez terminada, suelen disolverse para someter su trabajo a referendum y así dejar al pueblo pronunciarse sobre el nuevo texto. Aunque, como no parece muy difícil de deducir, nada de esto se hizo con esta nueva Carta Magna que en la práctica fue redactada en su mayor parte por Courtney Whitney (un militar amigo de MacArthur) y por Milo Rowell, alumno de la Universidad de Harvard en la que Kelsen impartía su cátedra, y autor de las únicas frases con sentido que tiene ese texto al que dividirán en los siguientes apartados:
Derechos y Deberes del Pueblo
Autonomías locales
Lo primero que salta a la vista en su estructura es que en muchos aspectos es muy similar a la de la su predecesora de 1889. Esto se debió a que este nuevo texto se tramitó como una “reforma” del anterior, de modo que los japoneses no sintiesen tan atacada su soberanía y no se le otorgase a esta norma suprema el carácter de lo que realmente era: Una carta otorgada… Una pseudoconstitución impuesta por una potencia extranjera y redactada de acuerdo a sus intereses. Aunque antes de ahondar en sus aspectos más oscuros, lo haremos en los más positivos.
Derechos y deberes de los japoneses
Así como en su predecesora, este apartado carecía de importancia, limitándose a señalar aspectos como el del derecho y el deber de pagar impuestos y de servir en las fuerzas armadas, a lo que se añadía unas leves referencias a la libertad religiosa, esta Constitución será una auténtica predecesora de lo que se dará en llamar “Neoconstitucionalismo”, que perseguía reconstruir políticamente los países que lucharon en la Segunda Guerra Mundial a través de las mencionadas constituciones, en las que tras definirse de una forma más o menos extensa, se definían de un modo claro e inequívoco una serie de Derechos que en caso de España se califican como “Fundamentales”.
Esto era consecuencia directa de los atropellos contra ciertos “derechos inalienables” del ser humano que en zonas como Alemania o Italia se habían padecido durante el periodo de entreguerras, e incluso a través de la contienda en sí, y que llegaban incluso a las ejecuciones sumarias (por ejemplo, era lo que se veía que hacían en “La Lista de Schindler” con los judíos cuando sin motivo alguno se les pegaban un tiro). Se pretendía de esta manera arraigar en la población la idea de que nada estaba por encima de esas ideas y de que no debían en ningún caso permitir intrusión alguna en los mismos. (Artículo 11 y 12 CJ).
Aquí es donde entra en juego el debate sobre qué valores deben integrar la lista y cuáles deben ser sus fuentes de inspiración. En realidad no hay obligación alguna de introducir más o menos… unos u otros… Ciertamente en la actualidad se toma como referencia a la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” aunque hasta su redacción en 1948, el gran baluarte en lo referente a estas lides fue la Constitución de los Estados Unidos en su ya expuesta Declaración de Derechos, incorporada a través de sus enmiendas; fue sobre esta última sobre la que se asentó la sección que nos ocupa. Los reconocidos son los siguientes:
Derecho a la vida, a la libertad y a la felicidad (Artículo 13 CJ).
Igualdad ante la Ley (Artículo 14 CJ)
Derecho de Sufragio Universal Activo (Artículo 15 CJ)
Derecho a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (Artículo 17 CJ)
Libertad de Pensamiento y conciencia (Artículo 19 CJ)
Libertad Religiosa (Artículo 20 CJ)
Libertad de Reunión, Asociación y Expresión (Artículo 21 CJ)
Libertad de Movimientos (Artículo 22 CJ)
Libertad de Cátedra (Artículo 23 CJ)
Derecho a la Salud (Artículo 25 CJ)
Derecho a la Educación (Artículo 26 CJ)
Derecho al Trabajo (Artículo 27 CJ)
Derecho a la Sindicación (Artículo 28 CJ)
Derecho a la Propiedad (Artículo 29 CJ)
Derecho a la Libertad (Artículo 31 CJ)
Derecho a la Tutela Judicial Efectiva (Artículo 32 CJ)
Inviolabilidad del Domicilio (Artículo 35 CJ)
Derecho a un juicio justo (Artículo 37 CJ)
Derecho del reo a no declarar en su contra (Artículo 38 CJ)
Irretroactividad de las Leyes Penales (Artículo 39 CJ)
Nótese el muy considerable aumento en el tamaño de esta sección que ocupa aproximadamente un tercio de la extensión de su texto y que comprende una enumeración mucho más amplia, detallada y profunda de la que posiblemente hubiesen reconocido por sí mismos los nipones. En ese sentido se aprecia una espectacular influencia occidental, muy patente en el artículo 38 que es, casi literalmente, la quinta enmienda de la Constitución Americana.
Otro buen ejemplo de ello lo encontramos en inclusiones como la de la Libertad de Cátedra. Este problema existía en Japón, y su “oficialismo” en la enseñanza pública, aunque el contexto por el que se incorporó era puramente europeo, dado que en los países del viejo continente, los profesores universitarios utilizaron su cátedra para hacer propaganda de sus ideas, lo que contribuyó a agitar las tensiones entre los estudiantes y a llevar mucho más allá de lo inicialmente previsto, revoluciones que de otra manera no hubiesen pasado de mera charla política en las tertulias de los cafés. Ilustra perfectamente el ejemplo situaciones vividas en España como aquélla en la que se apartó de la docencia a Castelar (que llegó a ser presidente del Gobierno) o la coyuntura en la que Cánovas suprimió incluso este derecho durante el régimen de la Restauración. Un concepto pues puramente occidental que se metió “con calzador” en el texto sin importar que el mismo se adaptase o no a la realidad del país.
Se reconoce también el sufragio universal. La pugna entre sufragio universal y el censitario fue una de las más ardientes polémicas jurídicas del siglo XIX y mientras los defensores de los primeros hablaban de “un hombre, un voto”, los defensores de la segunda forma aseguraban que sólo los hombres con un estatus social lo suficientemente alto como para pagar impuestos merecían votar, ya que únicamente éstos poseían la cultura necesaria para saber cuáles serían las decisiones más importantes y acertadas para encarrilar correctamente el futuro del país. Finalmente ganó la primera de las dos, aunque lo innovador de este nuevo texto es que el sufragio les será reconocido por fin a las mujeres, en virtud del principio de Igualdad.
Reunión de MacArthur con Hirohito en plena posguerra para abordar las reformas jurídicas que tendrían lugar
Junto a todos estos derechos y libertades, sobre los que más adelante volveremos, se añaden una serie de prohibiciones que parecen chocar con el espíritu de la sección, aunque no es ni mucho menos así. Es más, se podría decir que en ese apartado se encuentran resumidas de un modo más palpable las auténticas necesidades que justificarían para la sociedad japonesa una constitución. Son en concreto.
Prohibición de Esclavitud (Artículo 18 CJ)
Prohibición (tácita) de los Matrimonios Forzados (Artículo 24 CJ)
Prohibición de la Tortura (Artículo 36 CJ)
No es tan inusual encontrar en esta clase de normas alusiones expresas a prácticas censurables, para que todo ciudadano, al margen de sus conocimientos en materia de leyes, las denuncie en el mismo momento en el que tenga noticia alguna de ellas. Por ejemplo en la CE, prohíbe expresamente en el 26 los “Tribunales de Honor”, en ámbitos civiles o profesionales. Con ellos, un grupo de individuos juzgaban (al margen de cualquier garantía) a un compañero y valoraban su trabajo con la intención de desacreditarlo y de impedirle volver a desempeñar su profesión. Un uso propio de los gremios y que había traído no pocos problemas hasta mediados del siglo XX en el ámbito laboral español, especialmente porque el tribunal era particularmente arbitrario y en él primaban los intereses personales y, por qué no decirlo, las revanchas, sobre la realidad enjuiciada.
Hirohito firma el texto definitivo de la Constitución de 1947
En relación a las tres prohibiciones, la primera de ellas era fundamental, especialmente para la mujer y el trato que recibía en ámbitos como el sexual, donde las esclavas en este ámbito eran frecuentes, aunque eufemísticamente rebautizadas con otros nombres como las ya referidas “mujeres de consuelo” (ianfu). Aunque también con ello se quería poner fin a cualquier reminiscencia de las costumbres feudales o el trato dado a prisioneros de guerra.
La segunda fue más bien una imposición expresa de igualdad de ambos cónyuges en el matrimonio. En muchas sociedades como la española hasta finales de la década de los 70 del siglo pasado, o las musulmanas en la actualidad, la mujer no tenía una personalidad jurídica real y sólo poseía voz a través del padre o del marido que era el que en la práctica autorizaba todo. Por ello, el artículo 24 es más bien un pretexto para ordenar que ambos esposos sean iguales en derechos y que el uno no dependa del otro en decisiones que sólo te atañen a nivel individual como, por ejemplo, abrir una cuenta corriente de ahorro en un banco.
La tercera de ellas obedece a una necesidad que explicaremos mejor en relación a otros tres artículos un tanto extraños en esta sección y que de algún modo intentaremos pormenorizar. El primero de ellos es el Artículo 16, que habla en términos generales de exigir la reclamación de daños, así como a poder solicitar la derogación de las leyes o el cese de ciertos cargos públicos sin que ello sea motivo de discriminación para la persona que lo solicita. En realidad, no se define en él ningún derecho en concreto sino más bien una máxima tan lógica como el derecho de reclamar pacíficamente un resarcimiento en el caso de haber recibido algún tipo de lesión en un bien de su esfera jurídica (si le han causado algún daño de cualquier tipo) así como a tener voz en cuanto al efecto de ciertas normas o la actuación de determinados altos cargos. Un factor que se debe al carácter “popularizador” de las Constituciones en cuanto a sus contenidos y en el que en ésta se hará especial énfasis.
Edición del Código Civil Napoleónico de 1804
Una de las pocas innovaciones unánimemente reconocidas a Napoleón es la elaboración del “Code” o primer Código Civil Francés que tuvo como máxima el ser redactado de la forma más sencilla posible para acercar las peculiaridades de esta jurisdicción al pueblo llano y que tuviesen unas nociones básicas de las reglas más elementales que regían aspectos tan cotidianos como el vallado de fincas o la resolución de un contrato. Las constituciones inicialmente estarán pensadas para juristas, pero poco a poco irán captando esa esencia haciendo que sus textos sean cada vez más sencillos y explicativos en sus aseveraciones. De ahí las continuas aclaraciones que, como veremos después, abundan en su texto. Se trata de que la población tenga acceso al mismo, lo comprenda y lo asimile e interiorice sus valores como propios, como ocurre con la siempre impopular “obligación de pagar impuestos” del artículo 30. De este modo su aprendizaje y propagación es mucho mayor, lo que conforme pasa el tiempo hace que sea más difícil modificarlo por los poderes de turno. Una táctica que distingue a las constituciones largas en su vida de las que apenas han sido un suspiro en la historia de su país.
En un último orden de cosas destacan dos enunciados esencialmente importantes. La exigencia de una orden judicial para producirse una detención salvo en caso de delito flagrante (Artículo 33 CJ), y la obligación por parte del “acusador” de informar al detenido de los cargos que se le imputan (Artículo 34 CJ). El Derecho Penal es tal vez el más famoso de todos por ser el que con mayor facilidad puede involucrar a cualquier ciudadano, pero también el más arbitrario y del que históricamente más se ha abusado.
Disposiciones como las dos anteriores o la prohibición de la tortura no pretenden defender a los delincuentes que han hecho algo, como muchas veces se cree, sino proteger al que no ha hecho nada de ser castigado por un acto que no ha cometido. Por ejemplo, la diferencia entre una acusación jurídica y una acusación mafiosa es la de especificar expresamente los cargos. Acusar el día del juicio y pillar de sorpresa al reo es la táctica más vieja que existe para conseguir demostrar la culpabilidad de alguien en relación con un injusto con el que es probable que ni siquiera esté vinculado. Del mismo modo, la tortura es el clásico instrumento con el que simplemente se conseguían confesiones, independientemente de si éstas eran reales o no. Detener arbitrariamente a alguien, era una manera como cualquier otra de destrozarlo tanto física como moralmente hablando. De ahí, la existencia de estos enunciados. Se trataba de dejar claro qué era lo que las autoridades no podían hacer. Unos derechos que evitaban así que las cárceles se llenasen, como era y a veces es habitual, de presos políticos y de enemigos del gobierno de turno, en vez de delincuentes.
Algunos documentos jurídicos como las “Siete Partidas” de Alfonso X el Sabio recogían “El Tormento” como institución válida para interrogar presos
Es en esa obsesión en su contenido divulgativo en donde encontramos constantes referencias acerca del carácter abstencionista que debe tener el Estado en materia de educación religiosa o el derecho de los ciudadanos nipones a cambiar de país y nacionalidad si así lo desean. No obstante, todos estos derechos no son absolutos. Por ejemplo el artículo 21 establece que no se establecerá censura alguna. Paradójicamente en un ámbito como en el que nos movemos (como es el anime) existen ciertas leyes que establece la obligación de censurar expresamente representaciones como las de los órganos genitales.
Explicar esa problemática excede con mucho las pretensiones de este artículo, aunque podríamos resumirlo en que estos derechos se desarrollan mediante leyes o mediante la jurisprudencia (interpretación en las sentencias) que el tribunal competente hace de los mismos. Se trata de popularizar, pero no de especializar y por ello las constituciones sólo dan unas indicaciones generales al ciudadano que, en todo caso, deberán ser matizadas por un profesional. De ahí que pese a la existencia de Internet y sus amplísimas bases de datos, la existencia de los abogados siga siendo necesaria. En resumen, con sus luces y sus sombras, el primer punto positivo de la Constitución Japonesa es que reconoce un número de derechos mucho mayor y mucho más útil y universal que su predecesora y en términos más accesibles.
Unas cámaras mucho más democráticas que las españolas
Si hay un hecho verdaderamente sorprendente e incomprensible de esta Constitución es el hecho de que en ninguna parte de su texto, ni siquiera en su preámbulo, se habla de lo que es Japón ni se da una definición clara del mismo en relación a conceptos como qué modelo de estado sigue (Social, Liberal, Socialista, Teocrático, etc), cuál es el rango de su jefe de Estado (Reino, Imperio, República, etc) o qué sistema utiliza para su administración (Central o Federal).
Ello se hizo porque la americana de 1787 tampoco empleaba su tiempo a la hora de hablar de lo que eran los Estados Unidos, asegurando directamente que el objetivo de los ponentes era otorgar al país una Constitución. Sin embargo, ello resultaba ridículo para unos tiempos como los de la segunda mitad del siglo XX en los que todos estos documentos incluían una definición del Estado al que constituían así como algunos de sus valores elementales. Y para más señas nada menos que en su artículo primero.
En la francesa éste asegura que: “Francia es una República indivisible, laica, democrática y social que garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y que respeta todas las creencias. Su organización es descentralizada”. En la italiana: “Italia es una República democrática fundada en el trabajo. La soberanía pertenece al pueblo, que la ejercitará en las formas y dentro de los límites de la Constitución”. En la portuguesa: “Portugal es una República soberana, basada en la dignidad de la persona humana y en la voluntad popular y empeñada en la transformación en una sociedad sin clases”. En la española: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
Diseño original de la Constitución Española de 1978
Esta regla no escrita sólo encuentra dos excepciones dentro de las democracias más avanzadas. El Reino Unido, que no posee una constitución escrita, y Alemania, a la que el fantasma del III Reich hizo que empezase su articulado con una larga y exhaustiva declaración de derechos individuales que bajo ningún concepto podrían ser vulnerados, relegando su definición a nada menos que el artículo 20: “La República Federal Alemana es un Estado Federal democrático y social”. Por lo tanto, la primera de las conclusiones a las que llegamos es que en la norma suprema nipona hay algo que falla y lo primero y más llamativo es que ni siquiera se preocupa por definir en modo alguno a Japón, limitándose a mencionar al Pueblo Japonés y al Estado constantemente sin entrar en la significación de tales palabras.
Pese a todo, la CJ cumple sobradamente con el expediente de dividir el poder en torno a tres grandes conceptos como es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cada uno con sus correspondientes secciones aunque demasiado torpemente trazadas, sin entrar en ningún momento en los detalles más importantes y con constantes referencias al ulterior desarrollo de una ley que explique su funcionamiento. Algo que si bien es una práctica común en casi todos los ordenamientos jurídicos, en la mayoría de ellos se dejan sentadas las líneas maestras que sirven de pilares para dichos poderes en la propia carta magna. Aquí se limitan poco más que a enumerar, lo que constituye su segundo gran fallo.
Legislativamente hablando el control se sigue encontrando en la Dieta, cuyo nombre fue respetado. Aunque el gran dilema sería si ésta sería un órgano unicameral, como parecía lo más adecuado, o uno bicameral, como lo había sido hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El segundo párrafo del artículo 14, suprimía los privilegios de la nobleza dejando sus títulos al nivel de “Nomen Honoris” (el título sólo es un nombre que da honor al que lo lleva). Ello quería decir que la anterior Cámara Alta del régimen impuesto por el emperador Meiji, compuesta por nobles y con un escaño en la práctica hereditario, tenía las horas contadas. Sin embargo, las presiones de los políticos japoneses hicieron que finalmente se conservara, aunque formada eso sí por miembros elegidos democráticamente (Artículo 43 CJ).
Instantánea de la actual Cámara de Representantes japonesa
Los países que optaron por este modelo de legislar, optaron por una Cámara Baja (que en el caso de España es el Congreso de los Diputados) cuyos miembros eran elegidos con la intención de discutir en su seno asuntos que afectasen al conjunto de la nación independientemente del origen de los parlamentarios y sin que tuviesen cabida localismos. La Cámara Alta (en nuestro país “Senado”) vendría a ser un foro en el que se discutiesen asuntos más regionales y locales desde el punto de vista nacional. Aunque como no es muy difícil de deducir, la realidad dista mucho de la teoría. En Japón la Cámara Baja es la Cámara de Representantes (Shūgiin) y la Alta es la de los Consejeros (Sangiin), aunque en este lugar el sistema es mucho más útil y eficaz de lo que nosotros conocemos.
Intentando resumir y simplificar todo, cuando se quiere aprobar una ley, ésta tiene que ser propuesta en la Cámara Baja. Si ésta da por mayoría su aprobación (que puede ser simple o absoluta en función de estados o de tipos de leyes o propuestas) ésta pasa a la Cámara Alta, que someterá otra vez el proyecto a votación. De este modo en lugares como España es necesario tener la mayoría en el Congreso y en el Senado si se quiere poder legislar con ciertas garantías. Pero lo interesante es lo que ocurre si la Cámara Baja dice una cosa y la Cámara alta otra. Un fenómeno que es conocido como “veto de la Cámara Alta”.
La explicación teórica es muy amplia, pero se resume en que en todos los lugares se forma una comisión mixta para conciliar ambas cámaras con un texto de consenso (artículo 74.2 CE) y que, en el caso de no lograr su objetivo, la Cámara Baja pueda “levantar el veto” e imponer su voluntad. Esto significa que tanto el Congreso en España como la Cámara de Representantes en Japón, son los parlamentos verdaderamente importantes. Pero mientras que en nuestro país el Senado es una institución completamente inútil, en el Imperio del Sol Naciente la Cámara de Consejeros es una auténtica garantía democrática y de diálogo precisamente por el procedimiento para “levantar”.
Instantánea de la actual Cámara de Consejeros japonesa
El Congreso de los Diputados necesita mayoría absoluta para lograrlo. Eso quiere decir que un partido en solitario o en compañía de un número de diputados realmente marginal puede imponer su voluntad, ya que sólo se necesitan 176 votos positivos. Por ilustrar con un ejemplo lo que quiero expresar el PP en la actualidad (X Legislatura) tiene 185 diputados. Si no controlase también el Senado, éste sólo serviría para retrasar dos meses la aprobación de una ley. Nada más.
La Cámara de Representantes tiene exactamente la misma potestad, pero necesita la escalofriante cifra de al menos dos tercios de votos positivos para levantar el veto de la Cámara de Consejeros (artículo 59 CJ). Teniendo en cuenta que este parlamento está compuesto por 480 miembros, se necesita como mínimo que 320 de ellos den su voto positivo. Un requisito tan abultado que obliga en la práctica al partido en el poder a pactar en el caso de que la Cámara Alta le dé su espalda. Como curiosidad, si algo así se exigiese en España, PP y PSOE no tendrían más remedio que pactar entre sí, puesto que necesitarían el consentimiento de 234 diputados, y salvo en muy contadas excepciones, ambos siempre han conseguido controlar algo más de la tercera parte del hemiciclo.
A esto se le suma otra idea realmente excepcional. En España, se eligen simultáneamente los diputados y senadores en las elecciones generales, lo que implica que normalmente el partido que obtiene mayoría en el Congreso, la tiene en el Senado y de forma todavía más holgada (en el primero se sigue el Sistema D’Hondt y en el segundo el de candidatos más votados, aunque no nos detendremos en esto). Si en esta décima legislatura el Partido Popular tiene mayoría absoluta en la Cámara Baja con 185 diputados de 350 (poco más de la mitad), en la Cámara Alta posee 166 senadores de 266 (casi las dos terceras partes). Si se prefiere un sistema como el nuestro sólo refleja las sensibilidades del electorado cada cuatro años.
Logos del conservador DPJ (arriba) y del liberal LDP (abajo) que constituyen los dos principales partidos de Japón
En Japón, los puestos en la Cámara de Representantes se deciden también cada cuatro años (artículo 45 CJ) pero no los de la Cámara de Consejeros que se alarga hasta los seis (artículo 46 CJ). Además, los miembros de esta Cámara Alta no se eligen todos a la par sino por mitades de tal modo que cada tres años se convocan unas elecciones que sólo servirán para renovar a una parte, mientras que la otra sólo podrá ser sustituida transcurridos otros tres.
Si se prefiere, esto quiere decir que las elecciones para una de estas instituciones se celebra cada cuatro años y para la otra cada tres. Esto quiere decir que rara vez coincidirán en el tiempo y que en el caso de que lo hagan, no reflejan de un modo tan sensible los bandazos de los electores como lo hacen en España, dado que en la “cámara de bloqueo” sólo se eligen a la mitad de sus integrantes. Esto obliga constantemente a la búsqueda de un consenso que por estos lares casi desconocemos. Valga como ejemplo que en la actualidad el DJP (Minshutou) tiene 308 parlamentarios de 480 posibles en el Shūgiin, pero apenas posee 106 de 242 en el Sangiin. Ello significa que si en una tiene casi los dos tercios necesarios para levantar el veto de la Cámara Alta, en ésta se encuentra lejos de obtener la mayoría absoluta, por lo que más tarde o más temprano se verá obligado a llegar a algún tipo de acuerdo con al menos otra formación, lo que en resumen nos lleva a una nueva Conclusión, la Constitución Japonesa tiene como segundo punto positivo como es el favorecer un mayor diálogo entre partidos y un mayor poder de decisión al pueblo en el caso de que las políticas del Gobierno de turno no le satisfagan.
Las leyes entran en colisión con la Constitución. Un poder judicial más poderoso
Ya hemos hablado de cómo se forman las cámaras y de las garantías que éstas suponen para el electorado pero, ¿qué ocurre cuando estas asambleas aprueban una ley que puede ir en contra de la Constitución? ¿Quién debe ser el encargado de velar por la Carta Magna? La respuesta parecía claramente a favor de depositar esta increíble responsabilidad en manos del poder judicial, aunque ni estaba claro el cómo ni, sobre todo, el quién.
Kelsen, al que ya nos referimos con anterioridad, propuso antes de la Segunda Guerra Mundial que se crease un órgano especial; un tribunal ocupado exclusivamente de la jurisdicción (asuntos relacionados con) constitucional y que sirviese de “auctoritas” en el sentido que se le daba en el Derecho Romano (tutor). Una especie de poder al margen de cualquier influencia y que sirviese para acabar los debates políticos con unas sentencias prácticamente paternales y ante cuyas decisiones no hubiese recurso alguno posible. Su nombre sería el del Tribunal Constitucional. Por su parte, su gran rival ideológico, Carl Schmitt, sostenía que era un deber del Jefe del Estado, dado que éste era ajeno normalmente a los asuntos que regían los intereses electorales del Primer Ministro y del Líder de la Oposición.
El primero fue el sistema adoptado en la práctica totalidad de los países debido a que el segundo era un modelo ideado para camuflar los intereses de Hitler en Alemania, cuando todavía era Hindenburg la cabeza visible de la República de Weimar pero su demencia había llegado a unos extremos dramáticos que le impedía ser consciente de la realidad, lo que en la práctica hizo de él una marioneta en manos de los nazis. Pero el Constitucional rápidamente mostró sus defectos y en países como España terminó por convertirse en un antro de corrupción, con magistrados puestos a dedo por los partidos políticos y plenamente adulterado en su composición para favorecer los intereses del Gobierno que compuso su mayoría. Algo para lo que nunca han demostrado hacer gala del menor sentido del ridículo a la hora de redactar sentencias disparatadas. Un factor al que hay que añadir sus constantes desafíos al Supremo (ante cuyas decisiones cabe interponer Recurso de Amparo) y que han llevado a situaciones de auténtica catástrofe a nivel jurídico en las que no vamos a entrar.
Hans Kelsen (izquierda) y Carl Schmitt (derecha) protagonizaron los duelos más apasionantes del siglo XX en relación al Derecho Político
Tal vez por esa previsión y teniendo como referente a la Constitución de los Estados Unidos, los ponentes de la CJ se alejaron de los postulados de Kelsen para imponer el modelo americano, consistente en que serían los jueces los encargados de velar por el valor del texto como norma suprema haciéndolo valer contra cualquier tipo de decisión emanada por gobiernos, cortes o incluso otros jueces. Un modelo al que Dworkin calificó como de “El Juez Hércules” por el enorme poder que un miembro de la judicatura podría llegar a tener siguiendo este referente. Aunque naturalmente existen muchos tipos de tribunales y la autoridad de unos está subordinada a la de otros.
Así pues, el artículo 81 afirma claramente que será el Tribunal Supremo el encargado “definitivo para determinar la constitucionalidad de cualquier ley, ordenanza, reglamentación o disposición oficial” mientras que previamente, en el 76, se asegura que no se aceptará la composición de tribunales especiales (en relación a un Constitucional) para lo cual se ofrecen garantías como la inamobilidad de los magistrados que lo integran (artículo 78 CJ).
Esta última característica es la que convierte al órgano en una garantía de independencia, puesto que los magistrados son nombrados por el Gobierno pero después deben ser refrendados por el electorado en la primera de las elecciones a la Cámara de Representantes inmediatamente posterior a su designación, y en el caso de no ser elegidos serán relevados del cargo. (Casi igual que en España, que en casi todas las instancias de importancia se ponen a dedo, viven del cuento a partir de ese momento y pretenden que no se vigile su trabajo ni se opine sobre él, persiguiendo incluso al que lo hace en según qué casos).
Actual edificio del Tribunal Supremo Japonés
De modo que esta Corte Japonesa es la que debe apreciar si una norma o disposición es o no contraria a la CJ, para lo cual tendrá que analizar si para su aprobación se han tenido en cuenta todos los preceptos (pasos) legales requeridos y, especialmente si entra o no en colisión con algún derecho de los descritos anteriormente. Esto nos llevaría a un auténtico abismo de análisis en el que no nos podemos entretener y que englobarían las teorías del Núcleo Esencial o la Ponderación, pero baste decir que normalmente lo que se hace es anular los artículos que vulneren la carta magna, respetando el resto, dándoles una interpretación vinculante (habrá que hacer con ellos lo que el Tribunal diga al margen de lo que afirme su enunciado) o simplemente reescribirá algunos fragmentos del texto, aunque evidentemente si nada es salvable podrá acabar íntegramente con una norma.
Otra idea que no desarrollaremos y que sin embargo constituye uno de sus mayores aciertos es el que un mayor número de disposiciones a revisar (en España el TC no revisa la constitucionalidad de “reglamentaciones” [reglamentos]) y una capacidad de defensa para el individuo mucho más amplia (al basarse en la casuística) que la ofrecida por un Tribunal Constitucional, debido a los requisitos especiales que deben cumplir los que acudan a él, bien para interponer el recurso de inconstitucionalidad, bien para interponer recurso de amparo ya que por estos lares sólo protege los Derechos de la Constitución recogidos desde el artículo 14 hasta el 29 (aunque también lo hace con la Objeción de Conciencia) olvidándose del resto. Por ello, el tercer gran acierto de la Constitución Japonesa consiste en la mayor protección judicial para el individuo que la dispensada por las europeas, aunque no siempre ésta es todo lo fuerte que sería deseable.
Gobierno y Emperador. El juego de secularizar a un dios
Llegamos al que es sin lugar a dudas uno de los aspectos más importantes del texto constitucional. Tal es así que si bien en el de 1889 empezaba hablando de él para consagrar su carácter divino, en 1947 se hará lo mismo para desmitificarlo hasta el punto de convertirlo en un mero símbolo del Estado y de la unidad del pueblo, en el que, esta vez sí, recaerá la soberanía y no en el monarca, acabando así con el régimen absolutista que tácticamente imponía la norma suprema de la era Meiji. En realidad todo lo expresado en el artículo 1 de la CJ viene a decir que ocupa la posición de Jefe de Estado, aunque la obsesión de los ponentes por desmitificarlo es tal, que no ahorrarán esfuerzos con tal de eludir esa expresión en todo el texto.
Baste como ejemplo de este ninguneo que si bien el texto al que nos referimos tiene únicamente 8 artículos relacionados con el emperador, otras de corte monárquico como la holandesa llegaron a poseer hasta 73 relacionados con el monarca, de los cuales el 56 le atribuye incluso el poder ejecutivo. Otras como la sueca, mucho más discretas en su defensa de la “testa coronada”, lo califica directamente de Jefe de Estado en su artículo 4 y le dedica todo un capítulo. La del reino con carta magna más importante de Europa por población y peso económico, España (recordemos que el Reino Unido no la tiene), lo califica en el art 56 como “el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado Español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las Leyes”, otorgándole incluso el mando supremo de las fuerzas armadas (herencia directa de Franco que era Capitán General de los tres ejércitos), aunque en la práctica éste le corresponda al Gobierno.
Definido expresa o tácticamente, todas las monarquías constitucionales aceptan claramente que sus reyes son meros símbolos, pero les reconocen ciertos honores que no se ven en el texto nipón. Por el contrario sí que se incluye en éste una clave con la que estas cartas magnas acotan el poder de sus reyes: son los llamados “refrendos” a las decisiones de la Jefatura del Estado. En España, el 64.1 CE asegura que “los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso”. Razón por la cual, al final de todas las leyes aprobadas en nuestro país aparecen las palabras: “Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. Madrid, XX de XXXXX de 2012. – Juan Carlos R. y más abajo se puede leer El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey”.
El Rey de España, Juan Carlos I, sanciona una ley con el refrendo del expresidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo
En el caso japonés, se establece en el artículo 3 CJ la necesidad del consejo y la aprobación del Gobierno para que el emperador puede actuar de cualquier forma que directa o indirectamente pueda comprometer al estado. Unas actuaciones que además se ceñirán exclusivamente a las recogidas en su articulado (artículo 4 CJ). Limitaciones a las que habrá que sumar el control a su patrimonio, que no podrá crecer o disminuir mediante donaciones sin permiso expreso de la Dieta.
Por lo tanto, sus funciones se verán limitadas a las recogidas en el artículo 7 CJ y que versarán sobre:
Promulgar (poner a disposición pública de forma oficial) enmiendas de la constitución, leyes, decretos del Gobierno y tratados.
Convocar a la Dieta.
Disolver la Cámara de Representantes (única que lo hace en su totalidad).
Convocar oficialmente Elecciones Generales.
Nombramiento de ministros y otorgamiento de credenciales y plenos poderes a los representantes diplomáticos y recepción de los extranjeros.
Confirmar amnistías e indultos.
Concesión de honores.
Funciones ceremoniales.
Nótese que el término clave se encuentra en la palabra “confirmar” dado que todas esas decisiones le corresponden al Gobierno, que en el caso japonés recibe el nombre de “Gabinete”, cuyo jefe o “Primer Ministro” (内閣総理大臣) es también confirmado por el emperador (artículo 6 CJ). Por lo tanto, el monarca no es más que un mero instrumento de oficialización de las políticas del Ejecutivo elegido democráticamente al que en ningún caso puede oponerse. Algo que, recordemos, tenía plenos poderes para hacer en el régimen Meiji.
Foto del actual Gabinete presidido por Yoshihiko Noda
La definición del mencionado Gabinete es mucho más perfecta en este texto que en su predecesor dado que para empezar le atribuye el poder ejecutivo (artículo 65 CJ) estableciendo para su composición dos grandes limitaciones. La primera de ellas es el carácter civil que deben tener todos sus miembros (artículo 66.2) CJ, una medida claramente destinada a impedir que el poder vuelva al ejército sometiendo plenamente a éste, a pesar de que, como es de sobra conocido, los norteamericanos se encargaron de desmembrarlo. Si se prefiere, se trata de evitar en lo sucesivo la existencia de un “Estado dentro de un Estado” como ya se explicó que ocurrió en tiempos pasados. Un problema que a día de hoy sigue siendo el principal en zonas como Birmania, Pakistán y en general todo el Sudeste Asiático.
La otra de las grandes limitaciones es que tanto el primer ministro (artículo 67 CJ) como la mayoría de los miembros de su equipo (artículo 68 CJ) debían ser miembros de la Dieta, o dicho de otra manera, elegidos por el pueblo. En países como España el presidente del Gobierno puede ser cualquiera, sin que pese sobre él más restricciones que la de no poseer antecedentes penales abierto por delitos privativos de libertad o inhabilitadores (vamos, que incluso se permite que haya cometido delitos menores) y ni él ni sus ministros tienen obligación de pertenecer al Congreso o al Senado, lo que en la práctica quiere decir que dirigir un Ministerio en España es tan sencillo como ser amigo de su presidente y que éste te nombre a dedo, sin que haya sido necesario pasar por la menor elección u oposición. Por supuesto, esto significa que estamos ante el cuarto gran acierto de este texto: democratiza plenamente la vida política japonesa y garantiza un mínimo de nivel en sus gobernantes al obligarlos a pasar mayoritariamente al menos por el refrendo de las urnas.
Constitucionalmente también se aclara que el primer ministro es elegido por la Dieta, elemento que no quedaba claro en su predecesora, y se establecen las funciones básicas de los Gobiernos, resumidas en el artículo 73 CJ:
Administrar la ley y conducir los asuntos de Estado (definición teórica de “Ejecutivo”).
Dirigir la política internacional.
Concluir tratados (negociarlos y firmarlos) aunque necesita la aprobación de la Dieta para que se produzca la “prestación del consentimiento” (que el acuerdo vincule jurídicamente al país).
Dirigir la administración civil (función que anteriormente ostentaba expresamente el emperador)
Preparar el presupuesto del Estado y someterlo a la Dieta.
Promulgar los decretos (recordemos que son “leyes express” que el Gobierno redacta en Consejo de Ministros pero que deben confirmar las cortes) que no podrán afectar a la jurisdicción penal.
Decidir amnistías generales e indultos.
Por lo tanto sacamos una conclusión de todo lo dicho anteriormente. Las decisiones caerán en manos del ejecutivo, las leyes las redactarán las cortes y la justicia la impartirán los jueces. En todo este entramado el emperador confirmará todas las políticas de los primeros, convocará a las segundas para que trabajen, y nombrará oficialmente a los terceros que administrarán justicia en su nombre, aunque en ninguna de estas facetas su voluntad tendrá la menor importancia.
La renuncia perpetua a la Guerra y a su soberanía real
Prácticamente todos los historiadores coinciden en asegurar que el hecho de que China consiguiese hacerse con la Bomba Atómica al margen de la creada por la URSS supuso el punto de partida de su independencia respecto al Comunismo de Moscú, que terminaría incluso en enemistad, exteriorizada en hechos como la invasión de Vietnam, aliado de los soviéticos, por las fuerzas de Mao Tse Tung. Un dato que nos puede servir para hacernos una idea del terrible poder que algo como un ejército y unas armas poderosas de carácter balístico pueden otorgarte, hasta el punto de convertirte en una potencia a respetar en política internacional.
Estados Unidos se introdujo en la Segunda Guerra Mundial como lo había hecho en todas las demás, fingiendo o dejándose atacar un barco o flota, para, con una intervención casi anecdótica conseguir pingües beneficios económicos que le permitiesen obtener una posición privilegiada en determinados mercados. Sin embargo esta táctica sólo era aplicable a Europa. Contra Japón se había empleado abiertamente y no pensaba dejar que tal esfuerzo fuese únicamente para lograr una ventaja que sólo duraría unos años.
Se puede decir que acabada la confrontación, los norteamericanos reorganizarían Europa y Asia. En el viejo continente, el Reino Unido pasaría a ser una potencia satélite, Alemania se convertiría en un motor económico sin posibilidad alguna de resurgimiento militar, mientras que la gran potencia continental sería Francia. Por otro lado, en Asia sería China la gran potencia dominante, Japón ocuparía el mismo lugar de sus antiguos aliados germanos, mientras ellos dominarían todo el comercio en la zona del Pacífico. Pero mientras la “reestructuración” del III Reich fue cosa de cuatro estados y acabó en división en dos países y dos sistemas, la del Imperio del Sol Naciente sería exclusivamente suya, con apoyos anecdóticos del ya decadente Imperio Británico.
Primera visita oficial de Hirohito a Estados Unidos recibido por el presidente Nixon
Fue por ello por lo que Estados Unidos forzó la incorporación del artículo 9 CJ en el que exigía que en adelante no pudiesen mantenerse ningún tipo de fuerzas armadas de tierra, mar o aire. Esto significaba que el país se convertía en uno de los pocos estados del mundo sin ejército de ningún tipo. Algo a lo que se sumaba una afirmación cuanto menos ridícula que era la renuncia de por vida al “Derecho a la Guerra” sobre el que volveremos más tarde. A esto se le unen las matizaciones del artículo 98 CJ en el que explican claramente que “ninguna ley, ordenanza, decreto imperial u otro acto de gobierno, en forma total o parcial, contrario a lo que en ella se establece, tendrá fuerza legal o validez” a la par que se añade que “los tratados concluidos por Japón y el derecho internacional establecido serán fielmente observados”.
Todo jurista sabe a la perfección todo lo dicho en el Capítulo X de la Constitución Japonesa, y en concreto lo reseñado en el párrafo anterior, pero el equipo de MacArthur quería dejar todo ello tan claro que lo tipificó (escribió). Concretamente, el párrafo anterior quiere decir que Japón no puede participar en ningún tipo de coalición militar ni puede emprender por su cuenta rearme de tipo alguno, limitándose su actividad internacional al comercio.
Ante ello hemos de matizar que sólo empezó a existir un sentimiento masivo antimilitarista a nivel internacional tras acabar la Segunda Guerra Mundial y comprobar cómo Europa había quedado prácticamente destruida. Hasta aquel momento la guerra no es que fuese una forma actuación del Estado como cualquier, otra sino que era su instrumento más poderoso de política exterior e interior. Las Guerras Coloniales fueron la clave de todo lo acontecido durante finales del siglo XIX y principios del XX en toda la actualidad europea. La amenaza bélica era a su vez la principal garantía de paz, basada en la vieja máxima del “si vis pacem para bellum” (si quieres la paz, prepara la guerra) de Flavio Vegecio e incluso fue utilizada como instrumento de cohesión social en las llamadas “Guerras de Prestigio”; maniobras propagandísticas creadas por Francia e Inglaterra consistentes en declarar guerras en las que conseguir victorias fáciles que diesen fama al vencedor, o en participar en conflictos en donde sólo combatían las potencias importantes.
Representación de la Guerra de Crimea, principal “guerra de prestigio” del siglo XIX y utilizada por Napoleón III
Por lo tanto, a partir de la entrada en vigor de la Constitución de 1947, Japón se veía privado de todos estos instrumentos que, en la práctica, pasarían a estar en manos de Estados Unidos, que desde ese día asumiría su defensa, o decidiría su presencia o no en las que posteriormente serán calificadas con el eufemismo de “Operaciones de Paz”. Si se prefiere estamos ante el mayor y más negativo aspecto de esta carta magna, puesto que su apartado 9 convierte a Japón en un país teóricamente independiente pero cuya política exterior está controlada en su mayor parte por otra potencia. O dicho de otro modo, consagra en la práctica al Imperio del Sol Naciente como un PROTECTORADO estadounidense.
Afortunadamente para los nipones, EE.UU. falló prácticamente en todas sus previsiones para la posguerra. Francia, con De Gaulle al frente, se convertiría en uno de sus más feroces enemigos, obligándoles a entenderse con Alemania Occidental (RFA). La descolonización del Imperio Francés dejaría casi todas sus antiguas posesiones en manos de un comunismo prosoviético que se vería obligado a combatir, muy especialmente en Asia. Para colmo en este continente, las incomprensibles políticas de su aliado Chiang Kai-shek hace que Mao Tse Tung gane la guerra contra él y se instale en Pekín creando una Unión Soviética Oriental. Todo ello casi a la vez que estalla una Guerra en Corea en la que la península estará a punto de ser una pieza más del entramado geopolítico del Marxismo.
Caído en desgracia MacArthur, tras hacer pública su intención de utilizar bombas atómicas para acabar con chinos y norcoreanos, Estados Unidos flexibilizó sus criterios respecto a Japón permitiéndoles en su suelo la instauración de una especie de Unidades Militares de Emergencias llamadas “Jieitai” (Japan Self-Defense Forces), que son poco más que una Policía Militar con severas restricciones armamentísticas que las convierte en la práctica en inútiles ante cualquier conflicto armado. Baste con decir que sus principales proveedores son industrias como NEC, Fujitsu, Hitachi, OKI o Toshiba, poco o nada vinculadas con el sector militar, y que el poco material que tienen relacionado con él está suministrado fundamentalmente por Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos.
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No obstante, y debido a la locura colectiva que parece imperar en Corea del Norte, se ha propuesto en numerosas ocasiones reformar la Constitución de Japón para acabar con ese artículo (algo que supone mayoría de dos tercios de ambas cámaras (requisito prácticamente imposible) y ratificación en referendum, aunque el Gobierno de los Estados Unidos puso fin inmediatamente a esa pretensión.
No cabe ninguna duda de que el Constitucionalismo es un fenómeno claramente occidental, adaptado fundamentalmente a los países relacionados directa o indirectamente con la realidad histórica vivida en el continente europeo y que resultaba francamente difícil de importar a un imperio tan alejado de nuestra esfera de influencia como Japón, tradicionalmente vinculado con las zonas orientales del continente asiático.
La primera de sus constituciones no fue real. Era una imitación de la prusiana con la que se quiso oficializar una monarquía absoluta que contaba con la presencia de un Gobierno normalmente vinculado a la nobleza y particularmente corto en sus legislaturas, lo que contribuía a acrecentar significativamente el poder del emperador y su presencia como símbolo de estabilidad. A pesar de esto, la presencia de un monarca diezmado en su voluntad como el del periodo Taishou fue desplazando progresivamente el poder hacia el ejército que terminará por hacerse con el control de la nación, como acabó ocurriendo en todos los de su tiempo en los que la calma y la seguridad de la población se hizo imposible.
Una vez derrotados en la Segunda Guerra Mundial, MacArthur tenía la obligación de convertir al Imperio en un ente político que nunca volviese a suponer un peligro para la supremacía comercial en el Pacífico de los Estados Unidos y así lo hizo, pero dotando al pueblo japonés de una nueva carta magna que, esta vez sí, podría definirse como una auténtica Constitución cuyo balance podríamos resumir en el siguiente esquema:
Su Declaración de Derechos es verdaderamente buena y adaptada a las exigencias de las constituciones modernas, aunque no esté basada en la realidad objetiva japonesa.
Es una Constitución breve y expresada en términos sencillos y accesibles para la divulgación de sus contenidos y conceptos.
Garantiza una auténtica división de poderes.
La Cámara Alta posee una auténtica importancia.
Se ofrecen unas garantías mínimas en relación a los parlamentarios que se pueden presentar, así como los requisitos para presidir el Gobierno o pertenecer a él.
La ausencia de un Tribunal Constitucional garantiza una mayor agilidad y transparencia en los procesos para decidir la constitucionalidad de una ley o sentencia, evitando la duplicidad de funciones y la corrupción inherente a ese tipo de órganos.
No fue redactada por el Pueblo Japonés a pesar de figurar constantemente en primera persona en todos los enunciados de muchos de sus apartados, empezando por su Preámbulo.
La definición de algunos de sus apartados es demasiado escueta y deja un margen discrecional demasiado grande a la Ley. Lo que se traduce en arbitrariedad.
No incluye ningún tipo de definición de Japón.
Su obsesión por secularizar el papel del emperador hace que no se moleste en definirlo como Jefe de Estado.
La renuncia a la guerra y la prohibición tácita de tener un ejército propio y digno de tal nombre, hace que en la práctica sea un país títere de Estados Unidos, echando por tierra cualquier legitimidad a la hora de hablar de la soberanía de Japón.
Con todo hay que decir que se trata de un texto que, pese a estar impuesto, se ha manifestado como extraordinariamente estable, aguantando ya nada menos que 65 años. Un periodo increíblemente largo y muy superior a la inmensa mayoría de las constituciones vigentes, bastante más jóvenes y ya mucho más reformadas que ésta. Valga como ejemplo ilustrativo que hasta el momento la constitución que durante más años ha sobrevivido en España fue la de 1876, que aguantó 48 años, es decir, casi veinte años menos de lo que ya ha aguantado ésta.
Calidad técnica o una sociedad más civilizada que la nuestra, lo cierto es que esta carta magna ha demostrado ser una de las más estables de todos los tiempos, aunque ciertos caracteres como el de consagrar tácitamente un vasallaje hacia Estados Unidos, mezclado con la situación de inestabilidad política que vive la zona por culpa de Corea del Norte, puede hacer que en el futuro cambie si no del todo, al menos en la parte vinculada con el ejército.
Así pues, éstas han sido a grandes rasgos las dos piedras angulares sobre las que se han construido hasta la fecha los ordenamientos jurídicos de nuestro país de referencia. Un pueblo que en apenas 40 años pasa de la Edad Media a derrotar a un poderoso ejército de raza blanca y que tras quedar destruido, se reconstruye en un tiempo récord convirtiéndose rápidamente en la segunda potencia económica mundial. Un honor que actualmente disputa con China, pero que incluso así asombró al mundo convirtiéndose en el segundo gran milagro político de la posguerra y cuya cultura se universalizó a finales del siglo XX y principios del XXI mediante un fenómeno tan inusual y aparentemente frívolo como el del manga, el anime y los videojuegos, a los que fueron capaces de inculcar un alma propia e inconfundible ante la que muchos, incluido el que escribe estas líneas, nos encontramos sencillamente fascinados.
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14 comentarios el “Historia de las constituciones japonesas y sus aportaciones al ordenamiento jurídico del Imperio del Sol Naciente”	Dath
agosto 10, 2012 @ 12:55 am	Siento no haber podido tener la entrada exactamente a las doce, pero he tenido un montón de problemas informáticos y al final he tardado más de lo esperado.
Responder	Pingback: Akira « Drakenland / El lobo zamorano
agosto 11, 2012 @ 6:32 pm	Algo extensa la entrada y creo que voy a tener que volver a leerla con mayor detenimiento porque hay momentos en los que me perdía, pero se ha entendido bastante bien. No me atrae mucho lo que es la política y, sobre todo, todo lo que sucedió durante el siglo XX, con las guerras mundiales, todas las atrocidades cometidas. Me cuesta leer cosas sobre eso, pero el tema de las constituciones creo que es algo muy interesante, puesto que marcan los derechos y obligaciones de los ciudadanos que habitan en determinado país. Me llevó tiempo leer todo el artículo, pero lo he leído. Seguro que te ha llevado mucho tiempo hacer este artículo, así que no queda más que agradecer por darme algo más de conocimiento de historia, en lo que a veces soy algo ignorante, sobre todo, en lo que refiere a los detalles.
agosto 11, 2012 @ 7:39 pm	Pues muchísmas gracias por tu esfuerzo Dany. Por cierto, Kelsen, Hart y demás Neokantianos te van a terminar cayendo en la carrera así que… acostúmbrate xD. Y sí, la verdad es que me tiré mis días para hacerla.
Un saludo e, insisto, muchísimas gracias por emplear tu tiempo en leer un texto tan largo.
agosto 14, 2012 @ 4:27 pm	Camarada, le informo que vuelvo a estar en la península ibérica de nuevo, y que cuando pueda voy a leerme esta entrada (muy muy interesante pinta, me interesa especialmente) y todas las que pueda.
Pero lo haré poco a poco, para poder digerirlo todo xD Cuidese y nos vemos en la red
agosto 14, 2012 @ 5:01 pm	Bienvenido de vuelta :D. Por cierto, como sigas llamándome de usted me veré obligado a buscarte, encontrarte, beberme delante de ti dos litros de Vodka, vestirme de mariachi y empezar a interpretar a base de eructos “malagueña salerosa” ( http://www.youtube.com/watch?v=qjmcE4QiBkc ) a todas las guiris que salgan a nuestro paso hasta que me pierdas de una vez ese respeto. Que me llames de tú, leñe >_________<
Responder	Pingback: Top 10: Mis vídeos preferidos de Youtube « Drakenland / El lobo zamorano
febrero 26, 2013 @ 3:15 am	¡Madre mia! ¡cuanto trabajo! estoy estudiando constitucional, y eso me ayudo a comprender mejor.
Me hiciste acordar a un manga OUR ALLIANCE – A LASTING PARTNERSHIP es una especie d epublicidad para que los japoneses vean mejor tener bases norteamericanas xD.
febrero 26, 2013 @ 2:44 pm	Es que este post era un regalo de cumpleaños. En realidad la base actual de todas las constituciones nacidas en el NeoConstitucionalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial es esencialmente la misma. Es decir, una declaración de lo que es el país y sus principios esenciales, una declaración de derechos (algunos de los cuales con el máximo grado de protección), una aclaración de las características del jefe de Estado o el monarca que lo rige y las normas relativas a la elección del jefe de Gobierno. Después hay una distinción:
– El modelo de Estados Unidos, consistente en un Tribunal Supremo que juzga tanto la constitucionalidad de leyes como de sentencias.
– El modelo kelseniano, que crea un Tribunal Constitucional para enjuiciar la constitucinalidad de las leyes y que revisa ciertas sentencias que puedan colisionar con los derechos de las partes susceptibles de “amparo” (como decimos en España).
Es digno de mención que las constituciones suelen desglosar también los poderes del estado. (Ejecutivo, legislativo y judicial). Pero en relación a los modelos americanos mucho cuidado, porque en las llamadas “Repúblicas Presidencialistas”, el presidente en sí mismo es un poder y tiene ciertas prebendas.
Pero vamos, con que tengas en la cabeza la pirámide kelseniana y que la constitución es la piedra angular del ordenamiento jurídico de un país es suficiente. Por cierto, que sepas que Argentina tiene uno de los mejores Códigos Civiles del mundo.
Responder	earvcunanan
mayo 17, 2013 @ 10:16 pm	It’s the best article about the Constitution of Japan that I’ve ever seen. Very useful. It’s a pity that you don’t translate into English posts like that.
Responder	Pingback: El Derecho Penal en Japón. Delitos más importantes y normas procesales básicas en el Imperio del Sol Naciente | Drakenland / El lobo zamorano
noviembre 27, 2013 @ 12:02 am	Con el poquísimo material que existe en español sobre la legislación japonesa y vas tú y escribes esta maravilla. He utilizado como base tu artículo para un trabajo de Constitucional de mi facultad que valía el 50% de la nota, citándolo todo debidamente aunque traducido al catalán, y me han dado un diez. Gracias a ti he aprobado la asignatura y puedo estudiar tranquila romano. Gracias de verdad ^^.
noviembre 27, 2013 @ 10:57 am	Vaya, sólo por algo así mereció la pena escribir esta entrada. Pues nada Claudia, me alegro de que ya tengas aprobado Constitucional, aunque ya que tienes el 5, vete a por el diez en el examen :3. Por lo demás, la gente le tiene mucho miedo a Derecho Romano, pero es una asignatura preciosa y si la dominas no tendrás ningún problema con los Derechos Civiles (tanto el común como el catalán). ¡Suerte!
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 artículo 20
 artículo 14
 artículo 81
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