Source: http://megaconsulting2000.com/sociedad_limitada/01disposiciones_generales.htm
Timestamp: 2018-07-19 20:45:26+00:00

Document:
1. La nueva Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (en adelante SRL), en su artículo primero, intenta dar un concepto de este tipo de sociedades mediante la simple yuxtaposición de tres elementos diferentes:
- La existencia de un capital integrado por las aportaciones de todos los socios.
- La división de ese capital en participaciones sociales.
- La no responsabilidad personal de los socios por las deudas sociales.
Sin embargo, tales notas, ciertas, no parecen diferenciar grandemente este tipo de sociedades de las Anónimas: La primera y la tercera son comunes a ambas, y la segunda exigirá una exégesis posterior para saber hasta qué punto la no existencia de títulosvalores representativos del capital influye en el concepto mismo de un tipo social. En definitiva, desde este artículo primero de la Ley de SRL se plantea el problema de su distinción con la Sociedad Anónima, distinción necesaria para que unas personas que quieren asociarse decidan qué tipo social les conviene.
2. Históricamente, la figura de la Sociedad Limitada como diferente de la Anónima ha surgido por dos vías diferentes: Una la anglosajona y otra la continental.
Como dice GONDRA <<1>> , existía una «presión de los medios comerciales de fines de siglo pasado en favor de la extensión del privilegio de la limitación de responsabilidad, reservado hasta entonces a la gran empresa bajo la forma de SA», pero esta presión no conduce a la creación de la SRL: mientras en el Derecho anglosajón la flexibilidad del régimen de las Sociedades Anónimas facilita el nacimiento de las «privates companies», similares a nuestra Sociedad Anónima «cerrada» o «familiar», en el Derecho continental, y primero en Alemania <<2>> , la progresiva «rigidificación», que dice GONDRA, del régimen de las SA por el deseo de proteger a las minorías de socios, a los inversores y a los acreedores, es la que hace necesaria la creación de un nuevo tipo social que acoja la presión antes dicha: una especie de sociedad colectiva con responsabilidad limitada <<3>> .
En definitiva, donde la Sociedad Anónima se configure como un tipo flexible, que admita la posibilidad de «cerrarla», de personalizarla por vía de pactos sociales, parecerá innecesaria la creación de este nuevo tipo social; y al revés, donde la rigidez de la regulación de la Anónima sea grande, habrá que crear un nuevo tipo social, con mayores tintes personalistas, más flexible.
3. Esta solución dualista puede ser criticada desde un punto de vista de gusto personal, pero también desde el campo de la economía jurídica. Tan es así, que a la crítica de la mayor parte de los mercantilistas, se puede unir el propio mea culpa de la Exposición de Motivos de la nueva Ley de SRL: «Es posible que en el derecho del futuro la correlación entre las distintas formas sociales tenga que plantearse con criterios jurídicos diferentes; pero hasta tanto no se afronte esa reforma global, parece conveniente seguir la política legislativa que, con suficiente claridad, se desprende de la Ley 19/1989, de 25 de julio» <<4>> .
Tal vez esa visión, o previsión, de unión futura ha influido en la nueva Ley. Se ha dicho <<5>> que la Ponencia <<6>> encargada de redactar las Bases y articulado de la proyectada Ley de S.R.L. se encontró dividida entre dos compromisos: Hacer una Ley diferente de la Ley de SA (y además sin tocar ésta dada su reciente aprobación), para que resultase un tipo social distinto, y no hacer un tipo tan diferenciado que fuese obstáculo a ese deseo de futura unificación del Derecho Societario.
4. Surge así un tipo social que la Exposición de Motivos califica con tres notas: de carácter híbrido, de carácter cerrado y con flexibilidad en su régimen jurídico.
- Su carácter híbrido resulta de la introducción de elementos personalistas y capitalistas. En la anterior situación legislativa, cuando las prestaciones accesorias de los socios sólo estaban previstas específicamente para las Limitadas <<7>> , este carácter híbrido era más exclusivo. Hoy tales prestaciones accesorias también caben conforme a la regulación legal en las Anónimas, de donde que se pueda llegar a configurar con seguridad una anónima «híbrida», con lo que este carácter ya no resulta esencialmente diferenciador.
- Su carácter cerrado, pese a haberse suprimido el número máximo de socios, resulta de la necesidad de que siempre exista una cierta restricción a la transmisión de participaciones sociales (Artículo 30). Pero dado que cabe constituir Sociedades Anónimas, con acciones nominativas, en las que se cierre la transmisión de las mismas en igual grado que la transmisión de las participaciones sociales, este carácter de «cerrada» tampoco resulta esencialmente diferenciador.
- Y en cuanto a la flexibilidad de su régimen jurídico, es cierto que se nota un claro avance de respeto a la autonomía de la voluntad frente a las normas de las Sociedades Anónimas. Esta posibilidad implica una grave responsabilidad para los profesionales del Derecho, fundamentalmente Notarios y Abogados, que redacten Estatutos de SRL: pueden darles a sus clientes un «traje hecho», unos estatutos estándar, o pueden empeñarse en redactar unos Estatutos a la medida, según sea la composición de los socios, el equilibrio de poder que se desee y la libertad de administración que se intente.
Con todo no hay que olvidar lo que dice FERNÁNDEZ DEL POZO <<8>> : «Nuestra anónima es enormemente flexible (por ello se habla de su "polivalencia funcional").
La huida de la forma anónima a limitada tras la Reforma de julio de 1989 es debida al elevado coste estructural de mantener una sociedad que requiere peritos para valoraciones de aportaciones o adquisiciones, auditores para la realización de ciertas operaciones sociales o los que necesita sufragar por razón de anuncios y sólo en muy pequeña medida a otros factores (escasamente disuasoria es ya la norma de capitales mínimos)».
5. Llegados a este punto parece innecesario plantearse hasta qué punto la nueva SRL es más personalista o más capitalista; es más, a esta pregunta se podría contestar: ¿Comparando con cuál? Y si no innecesario, sí al menos poco práctico.
Publicada la nueva Ley de SRL lo que parece cierto es que su competencia no va a estar con la sociedad colectiva, sino con la Anónima. Y en tal caso la pregunta a la que se debe contestar, cuando un grupo de personas se dirigen al profesional del Derecho pretendiendo constituir una sociedad, después de tantear todas sus intenciones y proyectos, si quieren tener una responsabilidad limitada, es: ¿Qué les conviene a ustedes, una Anónima o una Limitada? <<9>> .
Para resolver esta cuestión se debe comenzar por poner unos límites, aunque sean amplísimos, a la duda :
- Si la sociedad a constituir piensa recurrir a la financiación pública vía emisión de obligaciones, solamente podrá ser Anónima.
- Si la sociedad a constituir ha de tener un capital inferior a diez millones de pesetas <<10>> , solamente podrá ser Limitada.
- Y si la sociedad a constituir ha de ser absolutamente abierta, sin límite alguno a la transmisión de las cuotas de los socios en el capital social, solamente podrá ser Anónima.
Salvados estos supuestos, el campo que queda para la duda es amplísimo, y para llenarlo con un consejo correcto, a la pregunta ¿Anónima o Limitada?, parece que habrá que recurrir, como ya adelantaba FERNÁNDEZ DEL POZO, al capítulo de costos. Y así:
a) Si la sociedad a constituir se prevé que va a ser muy abierta, o con cambio frecuente de socios, dada la mayor carestía de la transmisión de las participaciones por medio de documento público (Artículo 26) <<11>> , parece conveniente que asuma la forma de Anónima.
b) Pero en el caso contrario, salvada tal expectativa, la mayor flexibilidad de la regulación de las SRL aconsejará esta forma, ya que, al menos:
- Evitará la intervención de expertos en la aportación de bienes in natura (Artículo 21), sin perjuicio de una mayor responsabilidad.
- Posibilitará la convocatoria de Juntas Generales sin recurrir a caros anuncios en prensa y BORME (Artículo 46).
- Posibilitará mayor espacio de tiempo, incluso indefinido, en el ejercicio de los órganos de administración sin necesidad de su reelección (Artículo 60).
indicación «Sociedad de Responsabilidad Limitada», «Sociedad Limitada» o sus abreviaturas «SRL» o «SL».
1. El artículo 13 de la Ley de S.R.L. dice que en los Estatutos de estas Sociedades «se hará constar, al menos: a) La denominación de la sociedad».
Esta necesidad de denominación hace referencia a la necesidad de identificar a un ente que va a intervenir en el tráfico jurídico con personalidad autónoma, y a la necesidad consecuente de diferenciarlo de otros que también concurren con él en dicho tráfico.
La teoría del nombre se desarrolla en el Derecho Civil, en relación con las personas físicas, dentro del área de los derechos personalísimos, de donde surgen las notas de inalienabilidad, imprescriptibilidad, irrenunciabilidad y protección erga omnes. Y el hecho de que también se predique un nombre para las personas jurídicas ha motivado el intento de aplicar a este último las notas dichas de los derechos personalísimos. Esta asimilación, sin embargo, ha de hacerse con mucha cautela, hablando a lo más de una cierta analogía.
Efectivamente, la vertiente fundamental de la protección al nombre de la persona física es el derecho al honor, en un sentido muy amplio, quedando en segundo plano el sentido identificador (de hecho no hay ningún obstáculo a que dos personas con iguales apellidos tomen el mismo nombre, ni por consiguiente una sección de nombres en el Registro Civil a estos efectos), mientras que la vertiente fundamental de la protección al nombre de la persona jurídica es la identificación y diferenciación de otros entes (de ahí la Sección de Denominaciones en el Registro Mercantil Central), aunque también exista una cierta vinculación con el derecho al honor citado, pero con un sentido restrictivo y más fácilmente cuantificable, equivalente a un derecho al crédito en sentido amplio.
Por otra parte, también conviene señalar la diferencia de esta denominación de las personas jurídicas con el nombre comercial como propiedad industrial, e incluso como marca. Dice una Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 2 de septiembre de 1982: «Son distintas la denominación social, de una parte, y el nombre comercial y marca de fábrica, de otra, y se rigen por normas diferentes». «Tales diferencias, según MARINA GARCÍA-TUÑÓN <<12>> , se materializan en una distinta protección», sin que sea aquí necesario entrar a fondo en esta cuestión. Baste con decir que la denominación social identifica y diferencia a la Sociedad en el ámbito jurídico, como persona jurídica determinada, pero que si se quiere emplear tal denominación, en exclusiva, en el campo económico, será conveniente su registro como nombre comercial, o incluso como marca comercial, si es el caso, en el Registro de la Propiedad Industrial.
2. El artículo 2 de la reciente Ley reguladora de las SRL establece: Que a la denominación adoptada se añadirá necesariamente la indicación «Sociedad de Responsabilidad Limitada», «Sociedad Limitada», o sus abreviaturas «SRL» o «SL» <<13>> ; que no se podrá adoptar una denominación idéntica a la de otra Sociedad prexistente; y que reglamentariamente podrán establecerse ulteriores requisitos para la composición de la denominación social.
La redacción de este artículo coincide exactamente, cambiando Sociedad Anónima por Limitada, con el artículo 2.º de la Ley de SA. Estamos aquí en uno de los casos de ese «deber de abstención» que según ÁNGEL ROJO <<14>> «condicionó la labor de la Ponencia redactora, a la cual se prohibió la corrección de las normas comunes a la Ley de Sociedades Anónimas y a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada».
En el precepto que nos ocupa, la «abstención» fue tan radical que en su párrafo 3.º se empleó, como en la Ley de Anónimas, el futuro para prever las normas reglamentarias de desarrollo: «Reglamentariamente podrán establecerse ulteriores requisitos...». Pero lo que era un futuro en la Ley de Anónimas ya es un pasado en la de Limitadas, pues entre ambas se aprobó (BOE de 30 de diciembre de 1989) el Reglamento del Registro Mercantil, que contiene tales normas (Artículo 363 al 373). Y es de esperar que el nuevo futuro empleado no prevea nuevas normas reglamentarias al respecto.
3. Dicha regulación del Reglamento del Registro Mercantil es, por tanto, ya conocida, por lo que aquí sólo se hará una somera exposición de su contenido.
Esta regulación parte de que existe autonomía de la voluntad para encontrar la denominación más adecuada a la Sociedad que se constituye, incluso especificando que tal denominación podrá ser subjetiva <<15>> u objetiva (Artículo 365), y lo que hace a continuación es señalar los límites a tal autonomía.
Tales limitaciones son de dos clases: Genéricas y específicas. Las primeras hacen refencia a toda denominación social, previa a la elección de la misma, y las segundas hacen referencia a concretas denominaciones sociales que se hayan podido elegir.
Entre las limitaciones genéricas tenemos:
- La posibilidad de expresiones contrarias a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres (Artículo 369).
- La prohibición de usar el nombre de España, Comunidades Autónomas, provincias o municipios, o de Organismos, Departamentos o dependencias de las Administraciones públicas, ni de Estados extranjeros u organizaciones internacionales. En cuanto a los adjetivos correspondientes («nacional», «estatal», «autonómica», etc.) sólo podrán emplearse por las Sociedades participadas mayoritariamente por dichos Entes, y el adjetivo «oficial» cuando la Administración pública ostente la mayoría, siempre salvo excepciones legales o autorizaciones específicas (Artículo 370).
- La prohibición de denominaciones que induzcan a error sobre la clase de sociedad que se constituye (Artículo 371), v. gr. «Sociedad colectiva de agricultores, SL».
- La prohibición de denominaciones idénticas a otras que figuren incluidas en la sección correspondiente del Registro Mercantil (Artículo 372) <<16>> .
Y entre las limitaciones específicas, relativas a la denominación concreta elegida, menos prohibitivas y más reglamentadoras, tenemos:
- Que deberá ser única, sin que quepan varias denominaciones sociales, ni siquiera por vía de abreviaturas (Artículo 363), cuyo canal para el uso en el trá-fico puede ser el nombre comercial o la marca.
- Que deberá expresarse con letras del alfabeto de cualquiera de las lenguas oficiales. En caso de guarismos podrán ser arábigos o romanos (Artículo 364).
- Que en el caso de denominación subjetiva, habrá que contar con el consentimiento de los sujetos cuyos nombres se mencionan, el cual se presume si son socios, y salvo pacto en contrario su nombre permanecerá en la denominación social aunque dejen de serlo (Artículo 366).
- Que en el caso de denominación objetiva podrá ser de fantasía o hacer referencia a una o varias actividades económicas, pero en este último caso tales actividades habrán de estar abarcadas por el objeto social estatutario, por lo que habrá de modificarse la denominación si se varía el objeto social, dejando de incluir actividades que figuran en la misma (Artículo 367).
1. La regla contenida en este artículo 3 de la Ley estaba recogida en el párrafo 2.º del artículo 3.º de la Ley anterior: «Cualquiera que sea su objeto, la Sociedad (de Responsabilidad Limitada) tendrá carácter mercantil y quedará sometida a los preceptos de la Ley», en referencia indudable a los preceptos de la Ley reguladora de este tipo social. También el artículo 3.º de la actual Ley de SA establece que «la sociedad anónima, cualquiera que sea su objeto, tendrá carácter mercantil, y en cuanto no se rija por disposición que le sea específicamente aplicable quedará sometida a los preceptos de esta Ley».
El artículo de la nueva Ley de SRL que ahora nos ocupa, a diferencia de los preceptos transcritos, omite decir que tal SR. de carácter mercantil, cualquiera que sea su objeto, quedará sometida a los preceptos de la Ley reguladora de este tipo social; sin embargo, no parece que haya que darle mayor importancia a tal omisión, que si se separa hoy de lo establecido en la Ley de SA parece ser por la regulación legal independiente de diversas especies de Sociedades Anónimas, como las Laborales o Deportivas.
Por otra parte, omite también una prohibición contenida en el párrafo 2.º del artículo 4.º de la Ley anterior: «La Sociedad de Responsabilidad Limitada no podrá tener por objeto la representación de intereses colectivos, profesionales o económicos, atribuidos a otras entidades por la Ley con carácter exclusivo», omisión explicable si se tiene en cuenta que esta prohibición hacía referencia a restricciones políticas para crear, bajo el ropaje de SRL, entidades para las que se preveía una forma de asociación de reconocimiento restringido.
2. Como dice PAZ ARES <<17>> , el problema de la mercantilidad de las sociedades se proyecta sobre dos vertientes: objetiva y subjetiva. En la vertiente objetiva se tiene en cuenta «la mercantilidad de la Sociedad como contrato», es decir, el carácter mercantil por razón de la empresa que se propone desarrollar y consiguiente sometimiento a las normas mercantiles en su estructura y funcionamiento, mientras que en la vertiene subjetiva se tiene en cuenta la «mercantilidad de la soc i e d a d como persona jurídica», es decir, si la sociedad nacida es o no comerciante, si se somete o no al estatuto del comerciante: inscripción en el Registro mercantil, quiebra, etc...
Según el autor antes citado, y sin que parezca necesario adentrarse en toda la diversidad de opiniones existente, cabría establecer en este tema tres etapas diferentes:
A) La primera etapa al publicarse el Código de Comercio vigente, en el año 1886: El criterio de la mercantilidad objetiva se contiene en el artículo 116 del C. de c., al decir que «el contrato de compañías (...) será mercantil, cualquiera que fuese su clase, siempre que se haya constituido con arreglo a las disposiciones de este Código» <<18>> . Y el criterio de la mercantilidad subjetiva se contiene en el artículo 1 del C. de c.: «Son comerciantes para los efectos de este Código: (...) 2.º Las compañías mercantiles o industriales que se constituyeren con arreglo a este Código». De ambos criterios legales concluye PAZ ARES <<19>> que para el Código de Comercio, antes de promulgarse el Código Civil, «son sociedades objetivas y subjetivamente mercantiles las sociedades constituidas con arreglo a un tipo mercantil (criterio formal), pero que sólo pueden constituirse con arreglo a un tipo mercantil las sociedades que ejercitan el comercio (criterio material)», siendo «la materia mercantil la que en última instancia determina la mercantilidad objetiva y subjetiva de la sociedad».
B) La segunda etapa al publicarse el Código civil, en el año 1889: Su artículo 1.670 dice que «las sociedades civiles, por el objeto a que se consagran, pueden revestir todas las formas reconocidas por el Código de Comercio», añadiendo que «en tal caso les serán aplicables sus disposiciones en cuanto no se opongan a las del presente Código». Este precepto parecía echar por tierra, por una parte, dado su primer párrafo, las tesis meramente formalistas como definidoras en exclusiva de la mercantilidad de las sociedades:
Podrá haber una sociedad colectiva, comanditaria o anónima de carácter civil y no mercantil. Pero, por otra parte, dado su segundo párrafo, parecía echar por tierra las tesis materialistas: Las sociedades con forma mercantil, aunque con objeto civil se rigen por las disposiciones correspondientes del Código de Comercio.
La solución a la nueva situación creada parece radicar en el último inciso del 2.º párrafo del artículo 1.670 del Código Civil: se aplican las disposiciones del Código de Comercio a las sociedades de tipo mercantil y objeto civil, en cuanto no se opongan a las del Código Civil. Es decir, estamos ante un nuevo supuesto de sociedad: entre las mercantiles (por su forma y objeto) y las civiles puras (por su forma civil y objeto civil) surgen las sociedades que aun siendo civiles por su objeto tienen forma mercantil: A estas sociedades se les aplicarán las normas mercantiles en su aspecto objetivo, relativas a su estructura y funcionamiento, y se les aplicarán las normas civiles en cuanto a su aspecto subjetivo, ya que no se habrán convertido en comerciantes.
C) Y la tercera etapa llega con la Ley de SA de 1951 y la Ley de SRL de 1953 después que, como se ha visto, establecen un sistema especial para las Sociedades Anónimas y las Limitadas: Éstas serán mercantiles, tanto en su aspecto objetivo como subjetivo, realicen actos civiles o actos de comercio, sea su objeto civil o mercantil. Es decir, tanto en cuanto a su estructura y funcionamiento, como en cuanto a su status subjetivo, que es el de comerciantes, se aplicará la legislación mercantil correspondiente. Esto es lo que también dicen las actuales leyes de SA y de SRL.
Tal situación, que constituye un paso más en la progresiva mercantilización de la vida civil <<20>> , se ha extendido igualmente a las Sociedades de Garantía Recíproca <<21>> y a las Agrupaciones de Interés Económico <<22>> .
3. En resumen, y por lo que aquí interesa, las SRL, de acuerdo con el artículo 3 de su Ley, serán siempre mercantiles, tanto si su objeto, la actividad empresarial prevista en sus Estatutos <<23>> , es civil o constituye alguno de los actos de comercio a que se refiere el artículo 2 del Código de Comercio.
1. En nada varían este precepto la situación desde la reforma de la anterior Ley de SRL por la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea en materia de Sociedades. Desde entonces quedó suprimido el límite máximo de cincuenta millones para el capital social de estas sociedades y se estableció el capital mínimo de quinientas mil pesetas. Por lo demás continúa siendo necesario expresarlo en pesetas y desde su origen habrá de estar totalmente desembolsado.
2. El que la SRL tenga un capital mínimo, aunque sea tan moderado en los tiempos que corren como son quinientas mil pesetas, tiene cierto sentido consecuente: Si se trata de una sociedad más bien capitalista, como se ha visto, y sobre todo si sólo responde con su capital, éste debe existir. Es más, como dice PAZ ARES <<24>> , no es posible la llamada «sociedad mercantil sin patrimonio»:
«En efecto, las sociedades mercantiles, en la medida en que son sociedades externas -sociedades personificadas-, tienen siempre patrimonio».
El problema será fijar su cuantía mínima, y precisamente una cuantía que al menos soporte los gastos de constitución, ya que en el sistema anterior, de silencio legislativo, se constituían SRL con capitales tan exiguos <<25>> que entraban literalmente en quiebra al quedar inscritas en el Registro Mercantil, y pagar los gastos citados.
La Ley de SRL ha fijado tal cuantía mínima, como se ha visto, en quinientas mil pesetas, sin distinción de casos, alejando así el supuesto teórico de situación de quiebra citado. Sin embargo, no ha faltado otro intento de hacer necesaria una cifra mayor de capital social mínimo, alegando la «infracapitalización» de las Sociedades cuando existe una evidente desproporción entre la cifra del capital social y las actividades que integran el objeto social.
Este es el caso que resuelve una Resolución de la DG de los Registros y del Notariado de fecha 23 de junio de 1993, ya bajo vigencia de la Ley 19/1989, de 25 de julio, que establecía la cifra de quinientas mil pesetas como capital mínimo en las SRL. El Registrador Mercantil calificó como falta subsanable tal «infracapitalización» porque una SRL con dicho capital mínimo se proponía en su objeto social, como dice la propia Resolución, «actividades de construcción, promoción inmobiliaria, instalación de tratamiento de aguas, explotación de centros comerciales, residencias geriátricas, explotaciones mineras, etc.», y apoyaba su negativa a inscribir en lo dispuesto en los artículos 260, 3.º, del Texto Refundido de la Ley de SA <<26>> , donde se prevé la disolución por «la imposibilidad manifiesta de realizar el fin social», y en el artículo 39 del Código Civil, donde se prevé la extinción de las corporaciones, asociaciones y fundaciones al hacerse «imposible aplicar a éste (el fin para el que se constituyeron) la actividad y los medios de que disponían». La DG citada, siguiendo los argumentos del Notario recurrente, revocó el acuerdo y la nota del Registrador, porque aunque sea conveniente una adecuada capitalización de la Sociedad, garantía de acreedores y de terceros, así como de la propia permanencia de la Sociedad, existe ya una norma legal sobre el capital mínimo de las SRL., quinientas mil pesetas, declarando inaplicables los preceptos de la LSA y del C.c. citados por referirse a entidades ya existentes y cuya disolución exige una previa «decisión de los órganos soberanos de la propia entidad o la pertinente resolución judicial». Y efectivamente, parece posible que a instancia de parte interesada <<27>> , la autoridad judicial, con los medios de prueba contradictorios que se pondrán a su disposición, pueda entrar en esta materia de «infracapitalización» social, para la salvaguarda de interés de terceros; pero otra cosa es que, como decía el Notario recurrente, el Registrador mercantil, con el solo documento que se le presenta, pueda entrar a calificar no sólo aspectos jurídicos, sino también económicos, con la consiguiente inseguridad jurídica.
3. El capital habrá de expresarse necesariamente en pesetas, como ya se establecía en la anterior legislación, sin perjuicio de que las aportaciones consistan en tales pesetas, en otros bienes no dinerarios o en moneda extranjera importada en España conforme a la legislación vigente <<28>> .
En la Ley anterior, el artículo 10 decía que las prestaciones accesorias «no podrán integrar el capital social», prohibición que con tal carácter expreso no aparece en la actual regulación. Sin embargo, parece evidente que hay que llegar a igual solución, no solamente por la seguridad que el capital social debe representar para los terceros, sino por la dicción del artículo 22 de la nueva Ley, en su párrafo 1.º: «En los Estatutos podrán establecerse (...) prestaciones accesorias distintas de las aportaciones de capital...».
4. Por último, el capital social no sólo deberá estar enteramente suscrito desde la constitución de la Sociedad, como en el caso de las Anónimas, sino que además habrá de estar «totalmente desembolsado».
A esta necesidad presentó una enmienda el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, pidiendo que se abriese la posibilidad, como en las Sociedades Anónimas, del «desembolso parcial de al menos una cuarta parte del capital», basando su petición en que «con la presente reforma la Sociedad Limitada va a cubrir ámbitos hasta ahora propios de las Sociedades Anónimas de tamaño medio y va a precisar de grandes capitales». No hay que olvidar que las empresas vascas, generalmente de tamaño pequeño o mediano, serán en su mayoría clientes de esta nueva Sociedad Limitada.
Sin embargo, la enmienda no ha prosperado. La explicación de la ponencia <<29>> no parece muy consistente: Tras alegar el precedente de la anterior legislación y del modelo francés, al que denomina «latino habitual», añade que «la Sociedad Anónima, como puede captar fondos del ahorro público puede y debe tener parte de su capital sin desembolsar, pero este no es el caso de la Sociedad Limitada, donde, a nuestro juicio, no existe en modo alguno esa facilidad para recurrir al mercado financiero...». Es cosa muy diferente el recurrir al crédito, y más al «mercado financiero», que aplazar el desembolso de cantidades debidas como consecuencia de la suscripción del capital social; más bien parece que sea el ánimo de lograr una nota más de diferenciación con las Sociedades Anónimas, aparte del precedente de nuestra legislación, la causa de esta obligación de desembolso total del capital social.
JOSÉ MARÍA SEGURA ZURBANO
Artículo 5. Participaciones sociales
En la sociedad de responsabilidad limitada el capital -dice el artículo 1.º-está dividido en participaciones sociales, las que han de ser -proclama el artículo 5- indivisibles y acumulables, atribuyendo a los socios los mismos derechos, pero con las excepciones expresamente establecidas en la presente Ley.
Voy a estudiar aquí el papel y significado jurídico de lo que la Ley llama participación social. Para ello parece conveniente, casi diría necesario, contemplar el pasado reciente de la Ley, con su Anteproyecto y Proyecto, así como las modificaciones realizadas, hasta que ha aparecido el texto legal definitivo. Además, para tratar de entender lo que se va a exponer, voy a partir de la Ley de 1953, y realizar en fin un recorrido del marco prelegislativo hasta desembocar en la Ley actual de 1995.
II. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA LEY DE 1953
La Exposición de Motivos de la Ley de 1953 decía: «No se ha seguido el sistema de parte única por socio, poco acomodado a la práctica española, sino el principio de pluralidad de partes iguales, acumulables e indivisibles. Y para diferenciar enérgicamente la participación en el capital de una sociedad de responsabilidad limitada de la que en cambio corresponde a los socios en una sociedad por acciones, se ha recogido la regla, universalmente admitida, de que las participaciones sociales no podrán incorporarse a títulos negociables o ser denominadas acciones».
Explicación no pedida, pero sí sumamente conveniente para percatarse de la mens legis. Hace años, FEINE, al estudiar la sociedad limitada alemana, decía: El principio de participación única lo comparten casi todas las legislaciones; él asigna a la Limitada un lugar intermedio entre las sociedades colectivas y las anónimas, pues de seguirse el principio de pluralidad de partes iguales se acercarían notablemente las sociedades de responsabilidad limitada a las anónimas. De ahí cabe pensar, que -como la misma Exposición de Motivos reafirmaba, la equidistancia de la sociedad en estudio de la colectiva y de la anónima- a continuación quería con firme expresión evitar la aproximación y aún más la confusión con la Anónima.
Y por ello afirmaba: no podrán incorporarse a títulos negociables ni denominarse acciones.
III. LA POSICIÓN DE LA DOCTRINA TANTO ESPAÑOLA COMO EXTRANJERA
La cuota social de la sociedad limitada -ha señalado RIVOLTA- no es asimilable en puridad a un bien en sentido propio; revela la posición jurídica del socio, de naturaleza contractual y, si se transmite, el adquirente entra en la posición contractual del transmitente. En Francia -a juicio de Ph. MERLÉ-, los derechos de cada socio resultan de la escritura, sin creación material de títulos.
En España se ha podido decir que en la SRL la cualidad de socio no se incorpora a un título negociable como la acción («ésta confiere a su legítimo titular la condición de socio y le atribuye los derechos...», decía y dice hoy la Ley de Sociedades Anónimas); constituye una cuota ideal en el capital social, suponiendo su transmisión una modificación de la escritura pública de la sociedad limitada, o sea, una modificación del contrato que ha dado nacimiento al ente, por lo que en la transmisión material de participaciones no opera la de la cualidad de socio (CARLÓN SÁNCHEZ, quien añade, profundizando: para ser miembro de una sociedad limitada es preciso poseer la titularidad de una o varias participaciones, pero la medida de los derechos y obligaciones de los socios no depende exclusivamente, a diferencia de la acción, del número de participaciones de que cada uno de ellos es titular, sino que cabe que cada socio goce con relación a los demás de derechos distintos y se encuentre vinculado frente a la sociedad por obligaciones igualmente particulares; y es que guardan los socios una relación personal con la sociedad y la escritura social es soberana -con limitaciones- para articular los derechos y las obligaciones de los distintos socios, lo que es radicalmente distinto a lo que sucede en la sociedad anónima).
En la misma línea de pensamiento, BROSETA PONT ha afirmado: En la Anónima el socio lo es de forma inmediata por el hecho de adquirir una acción; en la Limitada es socio quien intervino en la escritura de constitución o quien, si lo devino posteriormente, se ha adherido a ella por la adquisición de una participación; se es parte de un contrato de sociedad de responsabilidad limitada, en suma. Con lo que la posición del socio en este tipo social está más cerca de las sociedades personalistas, en las que fundamentalmente cuenta la persona del socio y en segundo grado la medida de su interés, que de la Anónima, en la que la titularidad sobre la acción es la que confiere la cualidad de socio.
Por último, PÉREZ DE LA CRUZ ha sabido ahondar en el fondo de la cuestión al señalar: la imposibilidad de documentar mediante títulos las participaciones sociales es sólo el efecto de una diferencia conceptual con la acción más profunda. Esta es el medio para formar parte de la sociedad anónima (Artículo 48), pero la participación no atribuye la cualidad de socio: al contrario, a quien es socio de la Limitada se le atribuye la titularidad de participaciones.
¿Por qué?, por la base que subyace en la Limitada:
estamos ante una sociedad cerrada, especialmente apta para empresas en que se manifiestan los caracteres del intuitu personae; por ello, al querer que la sociedad se mantenga entre los socios que la han creado, las participaciones sociales no son libremente negociables en general y por tanto no se las representa en títulos negociables que facilitarían su transmisión sustituyendo sin más a un socio por otro.
Y es que lo anterior ya lo puso de relieve FEINE en la doctrina alemana, para luego, profundizando en el substratum existente en las empresas que adoptan la forma social en estudio, decir algo que conviene exponer ya por adelantado: El principio de igualdad de trato de los socios no obstaculiza, sino, muy al contrario, permite «dar a cada uno conforme a sus merecimientos», por lo que son válidas las participaciones con dividendo preferente. Como también -concluía- el principio de capitalización del voto al ser sólo dispositivo en la ley permite que los Estatutos subrayen, si lo estiman pertinente, la estructura individual de la sociedad concreta, organizando el voto por cabezas o de otro modo.
IV. LA TRANSMISIÓN SEPARADA DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
La dificultad de conjugar la separación entre la acción de la Sociedad Anónima y la posición de socio en la Limitada, ante la posibilidad de transmisión separada de las participaciones sociales, se ha destacado por la doctrina.
Para BARBA DE VEGA, ello equivale a admitir que cada participación incorpora una posición de socio, como si de una acción se tratara, afirmación que comparte MAIRATA LAVIÑA, recordando la frase de URÍA: Las participaciones son acciones no documentadas, para ser PÉREZ DE LA CRUZ el que por último expone: La posibilidad de la propiedad indivisa de participaciones, la regulación del usufructo, la prenda y la transmisión de «alguna o algunas» de ellas..., en la práctica de algún modo desdibujan la distinción esencial entre la acción y la participación respecto a la posición de socio en la SRL. Con este planteamiento estoy ya en disposición de realizar el estudio del término igualdad de las participaciones sociales.
V. PARTICIPACIONES IGUALES. SIGNIFICADO DE LA EXIGENCIA LEGAL
1. La Exposición de Motivos de la Ley de 1953.
Al presentar el entonces Ministro de Justicia la Ley a las Cortes explicó la igualdad exigida por la misma como: Identidad del valor nominal. La divisibilidad de la cuota única por socio del sistema alemán -añadió- podría haber llevado a multiplicar el número de socios, desorbitando y entorpeciendo la vida social. Con lo que -cabe concretar- participaciones iguales expresa o significa lo que literalmente dice el Derecho francés: «De un valor nominal igual». Ni menos ni tampoco más.
2. La posición de la doctrina ante la exigencia legal.
¿La igualdad se refiere no sólo al valor nominal de la participación, sino también a los derechos que confiere? ¿Caben o no distintas categorías de participaciones con diferente contenido de derechos, o sea, al lado de participaciones ordinarias caben participaciones privilegiadas? Este es el gran interrogante, sobre el que los autores han distado de estar conformes, como estudiaremos a continuación.
En una primera línea de pensamiento ha podido decir PÉREZ DE LA CRUZ que es clara la vocación de la Ley (de 1953) hacia la identidad de derechos entre las participaciones; no caben las partes privilegiadas, y éste ha sido el criterio de autores como URÍA, BROSETA PONT, SÁNCHEZ CALERO, ANTONIO POLO, VELASCO ALONSO o VICENT CHULIÁ.
Pero no ha sido el anterior el criterio de otra parte de la doctrina: Partiendo de la Exposición de Motivos ya expuesta, se ha señalado que la escritura social puede establecer derechos preferenciales, así el derecho de suscripción preferente o el derecho a la cuota de liquidación y también obligaciones especiales, por ejemplo, la de realizar prestaciones accesorias (CARLÓN SÁN-CHEZ); y cabe -han entendido BARBA DE VEGA y MAIRATA LAVIÑA, con el apoyo de la Resolución de 7 de noviembre de 1957- que la escritura pueda disponer que la mayoría se forme por cabezas, con un voto cada socio, cualquiera que sea su participación de capital. En este sentido recientemente VÉRGEZ SÁNCHEZ, como también mantuvo idéntico criterio SOLÁ DE CAÑIZARES entre los primeros estudiosos de la Ley de 1953.
3. Planteamiento de la cuestión semántica ante la regulación legalreglamentaria de la sociedad limitada, conforme a la Ley de 1953, retocada en 1989.
Es innegable, en una primera aproximación a la cuestión, que ha preponderado la tendencia a interpretar la igualdad con criterios capitalistas propios de la sociedad anónima, pero para ser absolutamente coherentes habría entonces que haber reconocido, en principio al menos, la posibilidad de admitir participaciones privilegiadas, paralelamente al artículo 50 que regula -con los límites que establece- las acciones privilegiadas en la Anónima. A mi juicio (como ya he expuesto en «La sociedad de responsabilidad limitada), Trivium, 1992, y en el «Derecho de la Familia», Trivium, 1993), la cuestión requiere con todo un planteamiento de base más ancho y profundo, que abarque la totalidad de la problemática y evite prejuzgar cuestiones.
Ante todo, la premisa básica la sentó hace años, como ya se expuso, MÜ-LLER ERZBACH: Hay que partir del principio de igualdad de trato de los socios en la Limitada; pero éste -decía- no implica un régimen esquemático de igualdad: La sociedad debe dar a cada socio lo que le corresponda por sus merecimientos, tratándolos a todos igual si son iguales las condiciones que concurren y sobre todo sus aportaciones y actividades.
Con este principio rector, en el Derecho comparado no ha existido problema para enfocar el estudio de las prestaciones accesorias y para considerar válido el pacto en el acto constitutivo de participaciones privilegiadas relativas al reparto de ganancias o a la cuota de liquidación, con el límite siempre de la prohibición del pacto leonino (RIVOLTA; PLANIOL y ROBLOT).
Sin embargo, la Ley española de 1953 parecía, respecto a los dividendos privilegiados, zanjar su posibilidad con el artículo 27: los socios tendrán derecho a los beneficios repartibles en la proporción correspondiente a sus respectivas participaciones sociales; será nulo todo pacto en contrario, salvo lo dispuesto en el artículo 10 (prestaciones accesorias).
Digo parecía zanjar, pues lo que el artículo 27 prohibía era todo pacto contrario al derecho a los beneficios repartibles en la proporción correspondiente a las participaciones, o sea, el privilegio consistente en que existieran participaciones con mayor dividendo que otras; pero ¿y con derecho a cobrarlo antes, prioritariamente?: Obtenido un beneficio «X» y acordada su distribución vía dividendo, podía convenirse la prioridad en el cobro a los socios con participaciones cuyo privilegio consistía precisamente en esa preferencia, para luego ser los demás socios los que obtendrían el dividendo, siempre y en todo caso que el reparto se realizara «en la proporción correspondiente a las participaciones sociales», que tenían que ser de igual valor nominal, como ya ha sido expuesto. La excepción del artículo 27, «salvo lo dispuesto en el artículo 10, relativo a las prestaciones accesorias», se refería a la salvedad que este precepto preveía: La compensación que con cargo a beneficios hayan de recibir los socios que las realicen.
¿Y el derecho a voto no ligado necesariamente al capital aportado? En el Derecho comparado, el principio de que «toda cuota social confiere un voto» se ha seguido en Francia, Italia, Bélgica...; y es que -señala RIVOLTA- se ha considerado que la potencia del voto del socio es necesariamente proporcional a su participación en el capital, por tanto, no caben cuotas privilegiadas en el voto. En nuestro Derecho ya quedó planteada la cuestión y señalado los criterios negativo y afirmativo, así como la Resolución de la Dirección de los Registros de 1957, con lo que ante el artículo 14 de la Ley del 53 era factible adoptar un criterio de adopción de acuerdos con independencia del capital («a excepción de lo preceptuado por el Artículo 17 de la Ley»). En este sentido, la reciente Resolución de 5 de marzo de 1992 ha confirmado una cláusula estatutaria de tal tenor.
Lo expuesto con todo no podía ignorar el rumbo que tomaba la nueva Ley, si el Anteproyecto con la redacción que tenía en el año 1993 se mantenía inalterado (el Artículo 56 del mismo decía que: se entiende por mayoría... un número de notas que representen al menos el 25 por 100 del capital social; los Estatutos podrán: Exigir el voto favorable de una proporción del capital superior..., sin que pueda llegar a la unanimidad y además de la proporción legal o estatutaria, el voto favorable de un determinado número de socios; pero no podrán atribuir más de un voto por cada participación social, ni limitar el número de votos a emitir por un socio).
Quedaban en el tema clave de privilegios en las participaciones de la Sociedad Limitada los relativos al derecho de suscripción preferente y a la cuota de liquidación:
Respecto a aquél, si el paralelismo con la acción de la sociedad anónima se mantenía, no podía olvidarse la prohibición de privilegios respecto al derecho de preferente suscripción con que el artículo 50 termina; pero frente a este enfoque, el peso jurídico de la diferente sustancia y naturaleza de la participación respecto a la acción, la mens legis respecto a la igualdad de aquéllas, ya señalada anteriormente y la dicción del artículo 18 de la Ley de 1953 al permitir que la escritura social estableciera que «en caso de aumento de capital el socio tenga derecho a asumir una parte no proporcional a su participación social», tenían que llevar a la conclusión de la posibilidad de preferencias en el derecho de suscripción caso de aumento de capital.
Los argumentos que se acaban de exponer -máxime ante el silencio de la Ley de Anónimas en cuanto a privilegios en sede de cuota liquidatoriahabían de pesar también acerca del privilegio respecto a la cuota patrimonial de liquidación (mayor o preferente, o ambas a la vez combinadas: prior y plus), y es que el artículo 27 estudiado, al hablar de «beneficios repartibles», parecía separar éstos de los beneficios que se ha acordado no repartir, o sea, los que pasan a las reservas sociales, al patrimonio de la sociedad. No era de apreciar, en definitiva, razones de peso suficientes para negar privilegios respecto a la cuota de liquidación.
4. El Anteproyecto y el Proyecto de ley (1993-1994).
Tanto en uno como en otro, el artículo 5 decía: El capital social estará dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, para luego -como se ha dicho- establecer que cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto, sin que los Estatutos puedan limitar el número de votos a emitir por un socio (Artículo 56,4); exigir que la distribución de dividendos a los socios se realice en proporción a su participación en el capital social (por la remisión del Artículo 86 al Artículo 215 de la Ley de Anónimas) y por último guardar silencio acerca de si la cuota patrimonial correspondiente a cada socio, caso de liquidación, habría de ser o no proporcional a su participación en el capital social (Artículo 122).
En general, la regulación proyectada ha provocado diferentes pareceres doctrinales y un juicio crítico que conviene exponer en lo esencial al fin aquí propuesto.
5. La recepción por la doctrina del régimen proyectado.
Por una parte se señaló en seguida que las dudas en la configuración de la Limitada creaban incertidumbre, pues -a juicio de MENÉNDEZ MENÉNDEZ- si bien existía una moderada primacía en el diseño configurador como una sociedad cerrada o familiar, con la posibilidad de que los socios la abrieran, sobre el enfoque de una sociedad abierta o capitalista, pero con autonomía de los socios para cerrarla, las dudas que afloraban en la regulación prelegal eran evidentes.
Se destacó, por otra parte, la perfección técnica de la regulación y el avance que representaba la misma en el proceso de modernización del Derecho de sociedades, pero ante la regulación proyectada se catalogaba a la Limitada como una sociedad anónima bis, si bien paradójicamente incluso menos flexible en mucho aspectos (FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA reafirmaba esta calificación hablando de «pequeña anónima», término que también emplearon ESTEBAN VELASCO, A. BERCOVITZ y J. M. DE EIZAGUIRRE).
Y descendiendo a los aspectos y rasgos que configuraban el modelo diseñado en el Anteproyecto-Proyecto y que importan más para calar hondo en el substratum íntimo del fondo jurídico sustantivo, se han expuesto consideraciones como las que a continuación se dicen.
a) De un lado no entenderse qué función cumple la exigencia de la igualdad de las participaciones cuando éstas no están destinadas al mercado. Deberían admitirse ciertos privilegios en cuanto a los beneficios o a la cuota de liquidación y el derecho de voto vinculado al capital no es un dogma que deba regir en la sociedad limitada (A. BERCOVITZ·). En este sentido se señalaba que el dogma de la igualdad es compatible con la desigualdad subjetiva de los socios (así, caso de las prestaciones accesorias vinculadas a la titularidad de participaciones sociales concretamente determinadas y la conveniencia de regular las participaciones privilegiadas con distinto derecho al dividendo), bien como preferencia en el reparto o como dividendo privilegiado (BISBAL MÉNDEZ y respecto al primero de los puntos señalados OLIVENCIA RUIZ).
b) De otro lado, al término igualdad, elevado a la categoría de dogma, se le estaba dando un alcance que podía considerarse no sólo excesivo, sino desajustado a la realidad, a las necesidades de las empresas tipo medio que a la puerta de la Limitada están llamando en el Derecho vivido.
Puede señalarse al efecto con qué esfuerzo de argumentación se tuvo que fundamentar, con acierto a mi entender, la posibilidad de que estatutariamente se previeran varios grupos o clases de participaciones, con atribución -dentro de cada uno- de un derecho de adquisición preferente en favor de los titulares comprendidos dentro de cada grupo, considerando la Resolución de 1 de octubre de 1993 que así no se contrariaba el principio de igualdad.
c) A la vez, en otro orden, el dogmatismo de base -erróneo a mi entenderque constituyó el hilo conductor de la Resolución de 21 de junio de 1990: La acción (participación en la Limitada) permite objetivar la relación de participación en la sociedad respecto de la persona de su titular, hasta el punto de poder decirse que en las sociedades de capital «se es tantas ve-ces socio como participaciones se poseen». Equiparación entre acción y participación que, como puede observarse, se consideraba total y sin matizaciones (en este sentido, CABANAS TREJO y CALAVIA MOLINERO).
En relación con este criterio conviene exponer el enfoque de J. M. DE EI-Z A -GUIRRE, para el que en la sociedad limitada la condición de socio resulta mucho más objetivada o despersonalizada que en las sociedades contractuales, personalistas. En ella la adquisición y la pérdida de la condición de socio se hallan indisolublemente vinculadas a la titularidad de al menos una participación social, por lo que cabe afirmar -concluye- que ésta es la que confiere la condición de socio. Lo anterior no es obstáculo, a su juicio, para que quepan ventajas particulares tanto de orden patrimonial como administrativo, cuya atribución puede ser personal o unida a la participación social, de modo que en este último caso (participaciones preferentes) las ventajas circulan con la participación.
Y para ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, con el principio de igualdad se prohíben las participaciones privilegiadas; no caben por tanto las participaciones con derecho a un dividendo preferente ni las que atribuyan a su titular el derecho a designar a los administradores de la sociedad o a un número determinado de ellos, destacando que el que existan acciones privilegiadas no es obstáculo, pues esta posibilidad se ha utilizado escasamente, según sus palabras.
d) Pero ahondando en las necesidades de las empresas que con mayor frecuencia requieren acudir a una forma social que sea respetuosa con el intuitus personae, al ser la relación inter socios, es determinante en ellas y por tanto necesitar plasmar jurídicamente el carácter cerrado que se quiere mantener en su seno, se señaló la necesidad de revisar el régimen prelegal: En este sentido, al estudiar específicamente la empresa familiar, IGLESIAS PRADA entiende que debería haberse suprimido la igualdad como característica esencial de las participaciones sociales, no sólo en cuanto al diferente valor nominal, sino sobre todo en cuanto la permisión estatutaria de una diferente medida de los derechos correspondientes a aquéllas, esencialmente el derecho de voto y los derechos al dividendo y a la cuota de liquidación.
e) Y como cierre del panorama doctrinal acerca del Anteproyecto-Proyecto de Ley cabe concluir así. En primer lugar, para MASSAGUER FUENTES, debería romperse la igualdad tanto respecto a los derechos económicos como a los políticos. Nada se opone en la esencia de la Limitada a la existencia de participaciones con voto plural, por encima del que proporcionalmente corresponda a la participación en el capital (por contra, al ser una sociedad cerrada no parece deban admitirse las participaciones sin voto o exigir un mínimo de capital para asistir o votar en Junta); ni se acierta a encontrar una razón que impida prohibir la transmisión de las participaciones. Y es que nada debería oponerse, en definitiva, a que las partes conformen su relación enteramente sobre bases contractuales, desde luego con respeto del carácter híbrido capitalistapersonalista de la SRL.
Para FERNÁNDEZ DEL POZO, con la SRL ha de lograrse una sociedad de capital de base personalista: Su rasgo definitorio es el papel desempeñado por el intuitu personae, del que tiene que ser lógica e ineludible consecuencia el carácter cerrado de la sociedad. Sociedad contractual no ignorada en el Proyecto, pues en él se reconocen algunas posibilidades de personalización del tipo normativo (las prestaciones accesorias, la adición estatutaria de causas atípicas de separación, exclusión y disolución, la atribución de competencias gestoras a la Junta...), pero criticando el autor que no se permita el simple quórum personalista o la pura mayoría de personas o la limitación del número de votos por persona, o el voto plural. La mera declaración de igualdad de derechos de las participaciones -dice- es un obstáculo serio al programa de flexibilización tan solemnemente proclamado en la Exposición de Motivos.
Y en último lugar, SEQUEIRA MARTÍN, quien comienza separando las participaciones privilegiadas y los derechos especialmente concebidos a socios determinados por las especiales características personales de los mismos (independientes por tanto de las participaciones sociales), que otorgan a su titular un derecho subjetivo, intransferible e inmodificable sin su voluntad. A su lado -dice- están las participaciones sociales privilegiadas en las que el tratamiento privilegiado de determinados derechos es consecuencia de su incorporación a determinadas participaciones, pero independientemente de quien pueda ser el titular de las mismas (como puede apreciarse en la línea apuntada ya por J. M. DE EIZAGUIRRE). Para terminar abogando porque «se introduzcan modificaciones en el proceso de aprobación de la futura Ley que supriman la exigencia de la igualdad de las participaciones, o bien en todo caso la circunscriban de forma clara tan sólo a su relación con la cifra de capital, si así se estima conveniente, para una mayor seguridad de las transacciones y del ejercicio de los derechos, admitiendo simultáneamente de forma expresa la posibilidad de las participaciones privilegiadas» (a su juicio, lo más conveniente sería adoptar una cláusula de validez general que, salvo las excepciones expresamente indicadas en la ley, permitiera su introducción por vía estatutaria).
6. Las modificaciones en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley y la redacción definitiva del texto legal.
En lo que al objeto de atención importa, el Proyecto de Ley fue objeto de unas modificaciones, a su paso por el Congreso, que por su importancia conviene poner de relieve.
a) En el artículo 5 se suprimió el término iguales, para a continuación decir:
Las participaciones atribuirán a los socios los mismos derechos, con las excepciones expresamente establecidas en la presente Ley.
Las modificaciones constitutivas de tales excepciones han consistido en: Cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto, pero «salvo disposición contraria en los Estatutos» (Artículo 53.4); la distribución de dividendos a los socios se realizará en proporción a su participación en el capital social, pero «salvo disposición contraria de los Estatutos» (Artículo 118.1) y lo mismo respecto a la cuota de liquidación, pues es «salvo disposición contraria de los Estatutos sociales» (Artículo 119.1).
b) Ha permanecido inalterada la exigencia de que en los Estatutos sociales conste: El capital social, las participaciones en que se divida, su valor nominal y su numeración correlativa (Artículo 13.e). Respecto a lo cual, al paso del Proyecto por el Senado, se ha dicho que la numeración es una técnica de identificación de las participaciones de utilidad para los casos en que: Un mismo socio sea titular de participaciones no iguales, que representen diferentes derechos; para dejar abierta la posibilidad de identificación en el caso de que se quieran vincular prestaciones accesorias a participaciones concretas y determinadas; y por último para facilitar la formalización de las anotaciones en el libro registro de socios, por ejemplo, caso de usufructo o prenda sobre una determinada participación.
c) Se ha confirmado la nulidad de las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente libre la transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos inter vivos (Artículo 30.1) y además por estatutos puede prohibirse totalmente tal transmisión (Artículo 30.3; que exige el reconocimiento al socio del derecho a separarse de la sociedad en cualquier momento).
Ante modificaciones de tal profundidad, causadas por enmiendas de determinados grupos con representación parlamentaria y en las que sin duda ha tenido considerable influjo el juicio crítico que el mantenimiento formal del dogma de la igualdad de las participaciones había causado, y que he expuesto en líneas generales, no parece exagerado decir que el giro dado a esta líneafuerza, a tal principio base, sostén y configurador del régimen legal, ha sido muy profundo. Ahora sí puede afirmarse que el campo para la autonomía de la voluntad de los socios en la configuración del complexus jurídico interno es realmente amplio en los aspectos esenciales del entramado jurídico de los derechos del socio (dividendo, voto, cuota patrimonial caso de liquidación, transmisión de participaciones), permitiendo adecuar la regulación de derechos y obligaciones a las características reales de cada sociedad concreta.
Después del recorrido efectuado parece lógico que -a la vista de la actual regulación legal- pueda llegarse a algunas conclusiones que ayuden en las tomas de postura, resolución de problemas, dudas y oscuridades que la aplicación de la normativa puede plantear.
Primera. La Ley ha configurado una sociedad que puede adaptarse al tipo de empresa en que el elemento personalprofesional es predominante.
Desde luego exige un capital mínimo, parte de la necesidad de la veracidad de las aportaciones y establece responsabilidades, lo que es obligado ante la «no responsabilidad personal de los socios por las deudas sociales». Pero, como demuestra el proceso prelegislativo expuesto, ha acabado tomándose muy en consideración el criterio que ya GARRIGUES exponía como el seguido por la Ley del 53: La concepción notarial de la sociedad limitada la configuró, ya antes de la Ley, más bien con el acento en la nota personalista, con el injerto de la responsabilidad limitada (y sus obligadas consecuencias).
Y es que, como decía FEINE, ante el Derecho alemán: Había que ofrecer, s o b r e todo a empresas medianas y pequeñas, cimentadas sustancialmente sobre la actividad personal de los socios, el beneficio de la responsabilidad limitada.
A mi juicio precisamente es lo que se ha querido lograr con la Ley actual, con una regulación que configura a la Limitada como sociedad con una estructura corporativa, pero que es a la vez de base contractual y en la que los socios, unidos por vínculos personalesprofesionalesfamiliares, gozan de fa-cultades en la esfera gestora y en general de un amplio margen de autonomía estatutaria en la regulación de la estructura organizativa interna (recoge esta idea COTTINO, con cita de FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA).
El modelo prevalente de empresa considerado por la Ley es el de un grupo empresarial con reducido número de interesados y de carácter cerrado por el intuitus personae existente. En consecuencia, si bien existen rasgos comunes con la sociedad anónima (los institucionales que regulan: El capital social como cifra de garantía de los acreedores y los que exigen el carácter corporativo del ente), el modelo legal de la Limitada configura una sociedad personalista con responsabilidad limitada, con amplia libertad por tanto en la estructura organizativa interna.
Segunda. La naturaleza jurídica de la participación social está íntimamente ligada a la de la significación predominantemente capitalista o personalista de la sociedad en estudio.
Pues bien, no es la participación la que confiere la condición de socio. Y no sólo ya porque -a diferencia de la acción en el artículo 48 de la Ley de Anónimas en que respecto a la acción si se proclama expresamente- en ningún sitio así se dice, sino fundamentalmente porque las cosas discurren del modo siguiente: Para ser socio hay que otorgar la escritura pública de constitución de la sociedad como parte que se es en el contrato social, y caso de que se ingrese posteriormente sé es socio adhiriéndose a la sociedad al adquirir alguna participación y respetando el procedimiento de transmisión estatutariolegal, en el que como cierre del sistema de control se establece la ineficacia de la transmisión respecto a la sociedad si no se ha cumplido con el mismo (Artículo 34). Y es que en la sociedad limitada las participaciones no tienen el carácter de valores libremente transmisibles, salvo disposición estatutaria limitativa: Su transmisión exige el cumplimiento del régimen estatutario o legal en su caso, posibilitándose incluso que en cierto caso esté por Estatutos totalmente prohibida la transmisión de aquéllas. Y ello, hay que insistir, tiene su razón de ser y causa en que no es irrelevante la persona del socio, sino todo lo contrario.
Por tanto, no se es socio por que se es titular de alguna participación sin más, a diferencia de lo que en la Anónima acaece: A quien es socio de la Limitada se le atribuye la titularidad de una o varias participaciones; éstas no incorporan ni atribuyen por ello la condición de socio, sólo sirven como unidad de medida y configuradoras de la posición jurídica del socio, la que se adquiere por ser parte, originaria o derivativa, en el contrato social (BROSETA PONT y últimamente PÉREZ DE LA CRUZ).
Tercera. Las participaciones no tienen el carácter de valores, no pueden estar representadas por medio de títulos o anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones (Artículo 5.2). Y esto que ya de por sí es importante para depurar el substratum íntimo de la participación, constituye el efecto o manifestación al exterior de la diferencia sustancial profunda que entre participación y acción existe, como se ha expuesto en la conclusión anterior y repetidamente he señalado.
Por lo anterior, las certificaciones de participaciones a que tiene derecho el socio (Artículo 27.4) son documentos probatorios, ad utilitatem en puridad, pero ni representan la cualidad de socio ni son imprescindibles en modo alguno:
Existe la misma sin necesidad de documento certificativo, por simple que éste sea. Y por lo expuesto también, quien es socio puede ejercer los derechos que implican tal cualidad sin más y caso de tratarse de un adquirente de participaciones sociales, basta para ejercer los derechos de socio frente a la sociedad el que ésta tenga conocimiento de la transmisión (Artículo 26.2; llevándose al efecto por ella un libro registro de socios a que se refiere el Artículo 27.1).
No puede considerarse con relevancia jurídica por tanto exigencia estatutaria como, por ejemplo, la de que para ser socio habrá de constar inscrito en...; o justificar estar en posesión del certificado...», o fórmulas semejantes, en contradicción con lo que se ha expuesto y con los requisitos exigidos por la Ley.
V. M. GARRIDO DE PALMA
1. De nuevo, como se hizo al tratar del tema de la denominación, habría que distinguir las diferencias entre lo que es la nacionalidad en las personas físicas y la nacionalidad en las personas jurídicas. Efectivamente, aunque el artículo 9, párrafo 11, del Código Civil admite sin más la nacionalidad de las personas jurídicas, es indudable que no será igual el alcance de la nacionalidad en el ámbito de los ciudadanos, que implica, como decía NIBOYET, «una relación puramente política entre un individuo y el Estado», que en el de las personas jurídicas que implica una dependencia a las leyes de un Estado y la competencia de tales leyes para regular su constitución, su estatuto y sus funciones esenciales <<30>> . Por ello, también aquí se puede hablar de nacionalidad de las personas jurídicas en términos ciertamente analógicos <<31>> .
Por otra parte, no hay que olvidar que el valor jurídico de la nacionalidad, como excluyente del no nacional, del extranjero, ha ido evolucionando en los últimos tiempos. Aquella «Fraternidad» de la Asamblea Constituyente en la Revolución Francesa, extensible a todos los hombres, se restringió en la misma «Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano», no ya de todos los hombres, y acabó <<32>> en el principio de reciprocidad del artículo 11 del Código Civil de Napoleón. Desde este momento la internalización va creciendo, sobre todo en el ámbito mercantil, hecho para el tráfico: La Exposición de Motivos del Proyecto de Código de Comercio español de 1882 dice que «el sistema que sigue el Proyecto es, sin duda alguna, el más conforme con los principios del Derecho moderno, que considera a los comerciantes como ciudadanos de todo el mundo». Esta evolución se perfecciona en el Tratado de Roma, constitutivo de la CEE (1957), entre cuyos principios se incluye, aunque todavía con algunas excepciones <<33>> , la prohibición de las discriminaciones por razón de nacionalidad.
2. Por otra parte, la regulación de esta materia, artículo 6 de la nueva Ley, como en el caso de la «denominación» de estas SRL, coincide exactamente con la establecida para las Sociedades Anónimas en el artículo 5.º de su Ley. Se está de nuevo en el caso de aquél «deber de abstención», antes citado, impuesto a la Ponencia redactora.
3. El párrafo 1.º de este artículo 6 establece que «serán españolas (...) todas las SRL que tengan su domicilio en territorio español, cualquiera que sea el lugar en que se hubieren constituido». Se sale así del anterior sistema de constitución en España mas domicilio en España, y se entra en el criterio único del domicilio como fundamento de la nacionalidad: «el domicilio es el "prius", como dice CÁMARA, o dato determinante de la nacionalidad, que arrastra el de la constitución con arreglo al Derecho español» <<34>> .
Por consiguiente, ya no es necesario que la SRL se constituya en España para que pueda ser española, pudiendo también constituirse en el extranjero, si en ese momento acuerda fijar su domicilio en España. Ahora bien, esta constitución en el extranjero no tendrá problema ninguno si ocurre en escritura pública autorizada por un Cónsul español, pero si interviene un funcionario público extranjero el documento autorizado por el mismo habrá de ser equivalente, según su propia legislación, a la escritura pública española en cuanto a eficacia y valor probatorio <<35>> .
Con el otorgamiento de la escritura pública, la SRL ya está constituida <<36>> , pero todavía no está inscrita. Si se inscribe en el Registro Mercantil español correspondiente a su domicilio adquiere personalidad jurídica y no cabe duda sobre su nacionalidad española. El problema surge, al decir de SÁNCHEZ CA-LERO <<37>> , si la escritura autorizada en el extranjero, pese a tener la Sociedad domicilio en España, se inscribe en un Registro público extranjero, siempre que la Ley de este país, como ocurre en Francia, lo permita; entiende este autor que tales Sociedades serán españolas, y por ello se les aplicará la legislación española, incluida la norma que les obliga a inscribirse en el Registro Mercantil español para tener personalidad jurídica, inscripción a la que habrán de trasladarse, al realizarse, todos los datos que constaban en la primera inscripción en el Registro público extranjero.
4. Ya se tiene el principio sentado para que una SRL tenga nacionalidad española: Que tenga su domicilio sito en España. Incluso a este domicilio se le podrá aplicar, como española que es la Sociedad, lo dispuesto en el artículo 19 de nuestra Constitución: «Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia...»; pero no deberán «mentir» respecto a donde la han fijado con toda libertad. Por eso, se considera por nuestra Ley de SRL, en el párrafo 2 del artículo 6, que cuando una Sociedad ha radicado en España su principal establecimiento o explotación, ha elegido libremente tener su domicilio en España, y por consiguiente en el acto de su constitución no debe «mentir», sino por el contrario «deberá(n) tener su domicilio en España».
Como después se verá al tratar del «domicilio» de las SRL (Artículo 7), éste se puede situar en dos lugares distintos, el ya citado del emplazamiento de su principal establecimiento o explotación, o el lugar en que se halle su efectiva administración y dirección. Pues bien, si una Sociedad tiene en España su principal establecimiento o explotación deberá domiciliarse en España y ser española, aunque su centro administrativo y de dirección se encuentre en el extranjero. Y en cambio, si una Sociedad tiene en España su centro administrativo y de dirección, pero no su principal establecimiento o explotación, podrá fijar su domicilio en España, pero no deberá fijarlo.
Esta diferencia de criterio parece tener su fundamento en la peculiar situación de la economía española en el ámbito societario europeo: será más frecuente que sociedades con su centro director en el extranjero instalen sus establecimientos en España que lo contrario, y por ello si no se quiere obligar a tener el domicilio, y por tanto la nacionalidad española en ambos casos, parece más prudente exigir tal domicilio y consiguiente nacionalidad española en el supuesto más frecuente, y de más fácil control por la Administración española, de instalación de establecimientos en España.
1. Ya tenemos una S.R.L. de nacionalidad española por tener su domicilio en España, domicilio que ha de expresarse en los Estatutos sociales conforme a la letra d) del artículo 13 de la Ley. Domicilio que va a tener repercusión, aparte de en la nacionalidad, en materia jurisdiccional y fiscal <<38>> , entre otras.
Domicilio que puede ser fijado libremente mediante la localización del centro de la efectiva administración y dirección de la Sociedad o del principal establecimiento o explotación. Pero fijados éstos, la Sociedad ya no puede fijar su domicilio en forma ficticia o por su mera conveniencia: El artículo 7, pá-rrafo 2, de la Ley dice que la Sociedad, para fijar estatutariamente su domicilio debe optar por uno de dichos dos lugares, ya que la Sociedad sólo puede tener un domicilio. Y en esta fijación estatutaria del domicilio no parece suficiente la referencia a una determinada localidad, sino que habrá que localizar físicamente el mismo, sea mediante el señalamiento de la calle y número, del polígono industrial o del paraje correspondiente; en otro caso sería innecesario el precepto contenido en el artículo 72 de la Ley, haciendo competente al órgano de administración para cambiar el domicilio «dentro del mismo término municipal», si los Estatutos no dispusieran lo contrario.
2. La posibilidad de una opción entre el centro de la efectiva administración y dirección de la Sociedad y el principal establecimiento o explotación exige intentar concretar estas expresiones.
Por centro de la efectiva administración y dirección de la Sociedad no hay que entender tan sólo el lugar donde se pueda reunir el órgano de administración de la misma, sino que ha de haber una estructura estable: Las oficinas comerciales o administrativas de la Sociedad, donde se encuentra su documentación, aunque el Consejo o la Junta General, por razones de espacio u otras cualesquiera, se reúnan en lugar distinto, como lo establece para esta última el artículo 47 de la Ley, al prever que los Estatutos podrán señalar para su celebración un lugar diferente del «término municipal donde la Sociedad tenga su domicilio».
La otra alternativa, el lugar «en que radique su principal establecimiento o explotación», hace referencia al centro comercial o industrial donde se desarrolla principalmente el objeto social. Ahora bien, la Sociedad puede tener varios y en este caso el determinar cuál de ellos es el principal puede crear arduos problemas interpretativos que habrá que resolver en cada caso concreto: ¿primará el volumen económico, el número de trabajadores, el gé-nero de actividad, el «decanato» en su creación...? 3. Por otra parte, puede existir una discordancia entre el domicilio estatutariamente elegido y aquellos que según la Ley se podían elegir. Y esta discordancia normalmente no podrá ser apreciada por el Registrador Mercantil correspondiente, quien al calificar la escritura de constitución no podrá tener en cuenta sino el contenido de la misma: tan sólo si en la misma escritura se determinase donde se prevé situar aquel centro administrativo o el principal establecimiento social, cabría una calificación registral denegadora de la inscripción, haciendo necesaria la correspondiente subsanación. Es más, normalmente las localizaciones de tales centros o establecimientos se determina después de la fundación, es decir, después de otorgada la escritura pública de constitución de la Sociedad, que incluye los Estatutos sociales, los cuales a su vez mencionan el domicilio social elegido.
Si la discordancia existe y, como será normal, la escritura de constitución se inscribe en el Registro Mercantil, dice el artículo 7, párrafo 2, de la Ley que «los terceros podrán considerar como domicilio cualquiera de ellos». Es decir:
- No se estará ante un caso de nulidad de la Sociedad, pues no es uno de los supuestos recogidos en el artículo 16 de la Ley. La Sociedad habrá adquirido personalidad jurídica, como dice MARINA GARCÍA-TUÑÓN <<39>> , porque es «el mismo legislador el que asume el supuesto fáctico y le otorga una concreta solución» en el artículo 6, párrafo 2 de la Ley.
- La inscripción practicada «no produce efecto sanatorio alguno, conforme al artículo 7 del RRM, por lo que podrá ser objeto de revocación, bien a instancia de la propia Sociedad y mediante el correspondiente documento modificativo, bien a instancia de cualquier tercero, incluyendo socios y acreedores, a través de la oportuna resolución judicial» <<40>> .
- Los terceros mencionados podrán considerar como domicilio social el que más convenga a sus intereses: o el que figure inscrito en el Registro Mercantil, o cualquiera de los dos por los que habría podido optar la Sociedad, tantas veces repetidos.
1. El artículo 259 del Reglamento del Registro Mercantil, bajo el título de «Noción de sucursal», dice: «Se entenderá por sucursal todo establecimiento secundario dotado de representación permanente y de cierta autonomía de gestión, a través del cual se desarrollen, total o parcialmente, las actividades de la sociedad». Y añade, como no podía ser menos, que tal noción se da «a efectos de lo prevenido en este Reglamento».
De tal noción, válida en principio, aunque la realidad puede ser mucho más variada, resultan varias consecuencias:
- La Sucursal hace referencia al establecimiento mercantil, coincida éste o no con el domicilio social. Se trata así de una forma de multiplicar la actividad social, si bien al poder desarrollarse en ella incluso la totalidad de las actividades de la Sociedad, no cabe duda de que puede llegar a ser lugar apto, conforme al artículo 7 de la Ley, antes examinado, para fijar el domicilio social; pero si se convierte en domicilio social, dejará de ser sucursal, pues parece indudable que la sucursal, por definición, es algo que está separado del domicilio social. Por ello, si en la sucursal se desarrolla la totalidad de la actividad de la sociedad, es «su principal establecimiento o explotación», no cabe duda de que el domicilio social estará fijado en el otro lugar posible conforme al artículo 7 citado: «El centro de su efectiva administración y dirección».
En todo caso, al no ser el domicilio social, tendrá el carácter de «establecimiento secundario».
- La Sucursal debe estar dotada, además de aquella autonomía econó-mica dicha, de una cierta «representación permanente y de cierta autonomía de gestión», es decir, de una cierta autonomía jurídica, ejercitada por alguien con facultades para ello.
2. La vigente Ley de SA estableció en su artículo 9, letra e), que en los Estatutos sociales se hará constar «el domicilio social, así como el órgano competente para decidir o acordar la creación, la supresión o el traslado de las sucursales» <<41>> , mención esta última obligada, cuya omisión, aunque a los fundadores de la Sociedad no se les pase por la imaginación la futura creación de sucursales, constituye un defecto subsanable, que de momento impedirá la inscripción de la Sociedad en el Registro Mercantil <<42>> .
Si en la constitución de muchas Sociedades Anónimas no piensan los fundadores en la futura creación de sucursales, mucho más fácilmente pasará lo mismo en las Sociedades Limitadas, que en principio se suponen para estructuras menos complejas, dimensión económica más modesta, y en consecuencia con mayor flexibilidad en su regulación. Por eso, previendo el lógico olvido y para impedir que el mismo sea obstáculo a la inscripción registral, el artículo 8 de la Ley de SRL, después de reconocer que «la SRL podrá abrir sucursales en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero», añade que «salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para acordar la creación, la supresión o el traslado de las sucursales».
La solución así dada, de clara economía formal, o de elusión de posibles defectos formales, es además acorde con la práctica habitual en esta materia, pues cuando se prevé en los Estatutos el órgano competente para la creación, supresión o traslado de sucursales, cosa obligada en las Anónimas, se suele pactar que tal órgano será el de administración, que es precisamente el que representa a la Sociedad para que ésta desarrolle su objeto social, su actividad económica <<43>> , para cuyo impulso se crean las sucursales.
3. Por último, todo lo relativo a los Registros competentes para la inscripción de las sucursales, circunstancias de tales inscripciones y de los actos posteriores, normas relativas a la primera y posteriores sucursales de sociedades extranjeras, publicidad formal y material, se encuentra regulado en los artículos 260 al 272 y 301 del Reglamento del Registro Mercantil, no pareciendo necesario hacer aquí el desarrollo de los mismos.
1. Dice DOMÍNGUEZ GARCÍA <<44>> que la obligación se puede definir como «título valor, de soporte documental o magnético, emitido en serie, que representa con carácter principal o fundamental una deuda pecuniaria o promesa abstracta de pago por parte de la Sociedad emisora, integrada en una operación económica unitaria de financiación externa de la cual se constituye en parte alícuota y, con carácter accesorio, la posición de miembro de la asociación o sindicato de obligacionistas». De esta definición se pueden extraer, sin entrar, por no ser el caso, en toda la problemática de esta institución, los rasgos fundamentales de la «obligación»:
- Se trata de un título valor, como las acciones de las SA, e incluso por un mayor parecido en su naturaleza jurídica causal, aunque emitido en masa, como la letra de cambio, y a diferencia de las participaciones sociales, según el artículo 5, párrafo 2, de la Ley de SRL. Este título valor podrá estar constituido físicamente por un papel o documento, o por un impulso magnético o anotación en cuenta.
- Representa fundamentalmente, pues tiene otras consecuencias accesorias que después se citan, una deuda pecuniaria, derivada de la misma función económica de la emisión: Se trata de una operación de financiación externa de la Sociedad, que recurre a captar dinero en el exterior y no entre los socios, o entre extraños que se van a convertir en socios, mediante aportaciones de éstos por la ampliación de su capital social. Esta captación se realiza normalmente por vía de préstamo, pero siendo muchos los prestamistas, y estando así el crédito repartido entre diversas personas, llamadas obligacionistas.
- Debido a su carácter de título valor destinado al tráfico, y para la protección de los titulares, se caracteriza como promesa de pago abstraída de su causa, funcionando como abstracta <<45>> .
- Y con carácter accesorio, para su mejor defensa y un contacto más fluido entre los múltiples prestamistas y el prestatario, convierte al tenedor en miembro de un Sindicato de Obligacionistas.
Hasta el momento actual, estas emisiones de obligaciones podían ser realizadas por cualquier persona física o jurídica, siendo diferente su normativa según quien fuese el emisor:
- Si personas jurídicaspúblicas, como el caso de la Deuda Pública, se someten a las normas especiales que regulan su emisión.
- Si Sociedades Anónimas, se sometían a las normas dictadas al efecto por la Ley de 1951, artículos 111 y siguientes, primera regulación completa de la materia.
- Si sociedades personalistas, limitadas u otras personas jurídicas privadas, se sometían a la Ley especial de 24 de diciembre de 1964, aunque teniendo como régimen supletorio la Ley citada de SA de 1951 <<46>> .
- Y si personas físicas, comerciantes o no, cuya posibilidad de emitir obligaciones derivaba de la libertad de pacto establecida en el artículo 1.255 del Código Civil, y expresamente para los comerciantes individuales del artículo 22, párrafo 1.º del Código de Comercio, se sometían a las reglas del acuerdo de emisión.
Esta situación, en cuanto a emisión de obligaciones por entes diferentes de los de naturaleza jurídicopública, cambia radicalmente con la aprobación de la Ley de SRL.
2. Al tratar del artículo 1 de la Ley de SRL, ya se vio cómo uno de los lí-mites insalvables que diferencian a las Sociedades Anónimas y Limitadas era la posibilidad o no de recurrir a la financiación pública externa vía emisión de obligaciones. Efectivamente, este artículo 9 de la Ley prohíbe a las SRL acordar o garantizar «la emisión de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones». En esa necesidad de diferenciación de tipos sociales, sin que la misma entorpezca la unificación futura del Derecho Societario, se tiene aquí un punto cardinal. Precisamente este razonamiento explica que tal prohibición aparezca en el Capítulo I de la Ley, bajo el título de «Disposiciones Generales».
Tal prohibición no fue aceptada por todos los Grupos Parlamentarios, y así en la sesión celebrada por la Comisión de Justicia del Senado el 15 de febrero de 1995 para dictaminar esta Ley, tanto el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, como el Popular, como el de Coalición Canaria <<47>> , plantearon la supresión del precepto. El razonamiento, análogo en todos los casos, era que estas SRL, con la reforma operada, van a cubrir ámbitos hasta ahora propios de las SA de tamaño medio y van a precisar de grandes capitales, no existiendo ni justificación lógica ni jurídica para que pierdan esta forma de financiación. El ponente Sr. GALÁN PÉREZ, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, rechazó tales enmiendas apoyado:
- En el informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, según el cual «es poco compatible con la naturaleza de este tipo societario, que sigue teniendo un marcado carácter personalista, aunque haya desaparecido el límite máximo en el número de socios». Esta opinión será muy respetable por venir de donde viene, pero partiendo de que «sigue teniendo un marcado carácter personalista», es decir, menos personalista que en la Ley anterior, no se ve como concluye en que no puede hacer algo que antes sí podía: Emitir y garantizar emisiones de obligaciones y bonos.
- En el carácter cerrado de la SRL, «no abierta a relaciones institucionales con personas ajenas a la organización societaria», como lo sería el Sindicato de Obligacionistas. De nuevo el argumento es endeble, ya que más cerradas eran las anteriores Sociedades Limitadas, en las que el número de socios no podía ser superior a cincuenta, y sin embargo estaban autorizadas a realizar este tipo de emisiones.
- Y en que sería «mantener algo que realmente no ha venido siendo utilizado».
Este es precisamente el argumento de los enmendantes, que no era utilizado, pero que con la reforma operada van a cubrir ámbitos hasta ahora propios de las SA de tamaño medio y van a precisar de grandes capitales.
Con todo, se pueden dar otros argumentos en favor de la tesis mantenida finalmente por el legislador:
A.-El primero de carácter más bien dogmático. Efectivamente, teóricamente parece chocante que una sociedad que no pueda tener su capital social representado por títulos valores, pueda luego emitir en masa obligaciones, verdaderos títulos valores a los que se podría incluso vincular una posible conversión en participaciones sociales. Tal posibilidad chocaría irremisiblemente con el carácter de cerrada que se ha querido dar a estas SRL, prohibiendo en su artículo 30, párrafo 1, «las claúsulas estatutarias que hagan prácticamente libre la transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos inter vivos», es decir, prohibiendo que, salvo el supuesto de sucesión mortis causa, puedan entrar libremente nuevos socios en la sociedad.
B. Y el segundo de carácter práctico y protección de los terceros:
La nueva Ley de SRL no sólo prohíbe la emisión de obligaciones al tipo social que regula, sino que en su Disposición Adicional Tercera, bajo el título de «Prohibición de emitir obligaciones», establece que «a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las personas físicas y las sociedades civiles, colectivas y comanditarias simples, no podrán emitir ni garantizar la emisión de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones». Queda así acotada la posibilidad de emitir o garantizar obligaciones u otra especie similar de títulos valores negociables, como los bonos, a las Sociedades Anó-nimas y a las Sociedades Comanditarias por acciones <<48>> .
Esta prohibición genérica da ya una nueva luz a las razones de la prohibición de emisión o garantía de obligaciones a las mismas SRL: Parece que el legislador intenta proteger a los terceros suscriptores de la emisión, permitiendo la misma, en calidad de deudor principal, a quien tiene una mayor transparencia en la aportación y conservación de su capital social, lo que se da en mayor grado en las sociedades por acciones, donde tales garantías se iniciaron ya desde su fundación para proteger a los propios socios, tenedores de unos títulos valores, las acciones, transmisibles a terceros, que han de poder confiar en la realidad económica del patrimonio social.
Y tal es igualmente, resulta claro, la razón de que tampoco se deje garantizar, salvo a las sociedades por acciones, estas emisiones de obligaciones:
tal garantía podría equivocar a los terceros suscriptores de las obligaciones, confiados en la garantía de unas personas físicas o jurídicas con un patrimonio al parecer cuantioso, pero sin un control severo sobre la realidad del mismo.
3. Como consecuencia de tal prohibición genérica, la Disposición Adicional Primera modifica el artículo 22 del Código de Comercio, eliminando de su pá-rrafo primero, relativo al contenido de la hoja abierta en el Registro Mercantil al comerciante individual, la referencia a «la emisión de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones», y añadiendo en su párrafo segundo, relativo al contenido de la hoja registral de los comerciantes colectivos, cuando se refiere a la emisión de obligaciones, la frase «cuando la entidad inscrita pudiera emitirlos de conformidad con la ley».
Y la Disposición Transitoria Séptima cierra el tema estableciendo: «Serán válidas y se regirán por lo dispuesto en la Ley 211/1964, de 24 de diciembre, las emisiones de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones que, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, hubieran sido acordadas por sociedades de responsabilidad limitada, colectivas o comanditarias simples, siempre que la fecha de adopción del correspondiente acuerdo conste en documento público o se acredite por cualquiera de las formas previstas en el artículo 1.227 del Código Civil. Igualmente serán válidas las emisiones de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones realizadas por empresarios individuales con arreglo a la legislación anterior y cuya formalización en escritura pública haya tenido lugar antes de la entrada en vigor de la presente Ley».
El precepto no necesita de demasiadas explicaciones, pero cabe resaltar algunos aspectos:
a) Así como la Disposición Adicional Tercera prohíbe emitir obligaciones a las «personas físicas», sin distinguir entre comerciantes y no comerciantes, la Disposición Transitoria Séptima declara válidas las emisiones de obligaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley por «empresarios individuales». ¿Qué pasará entonces con las emisiones realizadas por particulares no empresarios? ¿O es que por el hecho de haber emitido obligaciones toda persona física se convierte en empresario? Parece que a este segundo interrogante, de acuerdo con la ampliación del concepto de empresario en la más reciente legislación fiscal, habrá que darle una respuesta afirmativa <<49>> .
b) En el caso de personas físicas, empresarios individuales como queda dicho <<50>> , para que la emisión de obligaciones, o su garantía, sea válida, habrá de formalizarse en escritura pública antes del día 1 de junio de 1995, fecha de entrada en vigor de esta Ley <<51>> , mientras que en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, colectivas o comanditarias simples, como la emisión tiene dos fases, el acuerdo y su formalización en escritura pública, bastará con que el acuerdo se haya adoptado antes de dicha fecha de entrada en vigor de la Ley, siempre que la del acuerdo sea fehaciente conforme al artículo 1.227 del Código Civil: bastará, v. gr., una certificación del mismo expedida por el órgano de administración de la Sociedad con las firmas legitimadas por Notario antes del día 1 de junio de 1995.
1. Es este uno de los preceptos que más cambios ha sufrido a lo largo de la elaboración de la Ley de SRL. En el «Borrador de Anteproyecto» de la Ley, publicado en el Boletín de Información del Ministerio de Justicia <<52>> , se titulaba «prohibición de créditos y garantías a socios y administradores», y establecía, con un sentido drásticamente restrictivo, que la SRL, «no podrá anticipar fondos, conceder créditos o préstamos, prestar garantía, ni facilitar asistencia financiera a sus socios y administradores», prohibición que se repetía en el artí-culo 43, párrafo 5, en relación con la adquisición derivativa de las participaciones sociales de la propia sociedad, o de las acciones o participaciones de otras sociedades del mismo grupo. Además, en la misma onda de pensamiento, el artículo 88 prohibía «la distribución de cantidades a cuenta de dividendos».
En el Proyecto de Ley de SRL que publica el B. O. de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, de fecha 25 de enero de 1994, se mantenía literalmente la prohibición, incluida la relacionada con la adquisición derivativa de participaciones y la relativa a los dividendos a cuenta <<53>> ; pero se introducía ya un segundo párrafo en el que se exceptuaba de la prohibición «los créditos o préstamos, garantías y asistencia financiera concedidos por una sociedad a otra perteneciente al mismo grupo», entendiéndose que «existe grupo de sociedades cuando concurre alguno de los casos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio» <<54>> .
La razón de esta prohibición inicial fue la de proteger el capital social en defensa de los terceros, incluidas las minorías dentro de la Sociedad. Por eso, una serie de enmiendas en el Congreso de los Diputados <<55>> propuso limitar la prohibición a los casos en que no hubiese «reservas voluntarias netas en el balance de la Sociedad», ya que «todo lo que pueda darse como beneficio definitivo, se podrá anticipar».
Esta prohibición tan tajante implicaba una seria restricción, por lo que algún Grupo Parlamentario <<56>> pidió pura y simplemente su supresión. Pero al final triunfó una tesis intermedia <<57>> : La prohibición se desvanecía si había acuerdo de la Junta General para cada caso concreto, con lo que se compatibilizaba la defensa del capital social con la «posibilidad de que en casos concretos la sociedad atienda necesidades financieras de sus propios socios o administradores» <<58>> .
Así se dictaminó por la Comisión de Justicia <<59>> y pasó al Senado, donde se le dio la actual redacción, más correcta, aunque ya sin cambiar su sentido.
2. Hoy la redacción del precepto refleja un derecho de las SRL, «conceder a otra sociedad perteneciente al mismo grupo créditos o préstamos, garantías y asistencia financiera», pero limitando este derecho cuando la concesiíon se haga a favor de sus propios socios o administradores, o se trata de anticiparles fondos, al «acuerdo de la Junta General para cada caso concreto».
El párrafo 2 del precepto examinado se ocupa de la cuestión auxiliar de determinar cuándo existe «grupo de sociedades» por la remisión ya vista al artículo 42 del C. de c.
En todo caso, la prohibición primitiva subsiste en el artículo 40, párrafo 5, de la Ley si la finalidad del anticipo de fondos, crédito, préstamo, garantía o asistencia financiera es «para la adquisición de sus propias participaciones o de las acciones o participaciones emitidas por sociedad del grupo al que la sociedad pertenezca».
En cambio, como consecuencia de la nueva norma más permisiva, ha desaparecido la prohibición de repartir dividendos a cuenta, ya que tal reparto ha de aprobarse necesariamente por la Junta General, y ésta puede dispensar en cada caso concreto de la prohibición de anticipos a los socios.
Conferencia en el Ilustre Colegio Notarial de Madrid, publicada en el volumen La reforma del Derecho Español de Sociedades de capital, Madrid, 1987, pág. 92.
Erróneamente, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Senado, GALÁN PÉ-REZ, al dictaminar el Proyecto de Ley en el Senado, habla del modelo francés como «originariamente inspirador de la legislación societaria limitada». RIPERT y ROBLOT, en su «Traité du Droit Commercial», París, 1991, 14 ed., tomo 3, pág. 718, dicen que esta SRL «a été importée en France en 1925 (...). L'Allemagne l'avait creé en 18 ...».
FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, «¿Sociedad Anónima o Sociedad de Responsabilidad Limitada?», Civitas, 1992, pág. 186.
El ponente GALÁN PÉREZ, en la sesión plenaria del Senado celebrada el 22 de febrero de 1995, dijo: «Deseo añadir también que la Comisión General de Codificación está trabajando y va a seguir trabajando en los próximos meses en abordar esa gran tarea de la regulación de todo el derecho societario, de todo el derecho de sociedades, en una sola ley general, como han preconizado los sectores más relevantes de la doctrina».
Y según el diario Expansión de 14 de marzo de 1995, «El Ministerio de Trabajo y el de Justicia ultiman el anteproyecto que modifica la Ley de Sociedades Anónimas Laborales y que regula las futuras Limitadas Laborales, hasta ahora sin normativa específica en nuestro país. El anteproyecto incluye en un solo texto los dos tipos de sociedades Laborales».
Ver ANGEL ROJO, Revista General de Derecho, núm. 603, pág. 12.882.
La Ponencia autora del primer texto articulado de la Ley estaba compuesta por JUAN LUIS IGLESIAS, ANGEL ROJO, FRANCISCO NÚÑEZ LAGOS y HELIODORO SÁNCHEZ RUS.
No obstante el silencio de la Ley de SA de 1951, dada la flexibilidad de la misma, no faltaron opiniones que hacían posibles tales prestaciones accesorias, e incluso algunas tuvieron acceso al Registro Mercantil.
Revista General de Derecho, núm. 596, pág. 5.449.
FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, loc. cit., pág. 172, dice: «Tras la reforma, no hay razón alguna para no considerar intercambiables ambos tipos sociales en su adecuación a las pequeñas y medianas empresas». Incluso otros autores opinan que tal intercambiabilidad es <<10>>
Recordar que aunque el desembolso puede ser de tan sólo el 25 por 100, 2.500.000 pts., el resto hasta los diez millones de pesetas es capital social que los socios deben a la Sociedad, y podrá ser exigido por los acreedores de ésta.
En ningún caso la póliza intervenida por Corredor de Comercio Colegiado será válida, al no ser documento público, pese a su fuerza ejecutiva. Véanse los artículos 596 y 1.429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Derecho de Sociedades Anónimas, tomo I, «La Fundación», Facultad de Derecho de Albacete y Ed. Civitas, Madrid, 1991, pág. 232.
Finalmente se rechazaron las enmiendas presentadas por varios Grupos Parlamentarios (Canario, Catalán y Vasco) sobre la posibilidad de hacer constar tal añadido necesario en cualquiera de las lenguas oficiales existentes en España.
Loc.cit., pág. 12.883.
El RRM equipara «denominación subjetiva» con «razón social», que parecen ser cosas distintas.
La delimitación de tal identidad, en cuanto diferenciadora de otras denominaciones sociales, se desarrolla en el art. 373 del Reglamento del Registro Mercantil.
Comentario del Código Civil, Ministerio de Justicia, tomo II, págs. 1.376 y siguientes.
Para una escuela jurídica este precepto significaba que las sociedades constituidas con arreglo a las exigencias formales del artículo 119 del C. de c., escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, eran mercantiles; pero al no poder inscribirse en dicho Registro sino las sociedades mercantiles, previamente mercantiles, se incurría en un «círculo vicioso».
Para otra escuela jurídica este precepto significaba que eran mercantiles las sociedades que adoptaban en su constitución alguna de las formas sociales contempladas en el C. de c.: colectiva, comanditaria o anónima. Pero este criterio, en forma simplista, ignoraba la repercusión que debía tener el que la Sociedad se dedicase o no a realizar actos de comercio.
Loc. cit., tomo II, pág. 1.379.
FIGA FAURA, «Invasión del ámbito civil por las normas mercantiles», en Anales de la Academia Matritense del Notariado, tomo XXVIII, págs. 175 y sigs.
Ley 1/1994, de 11 de marzo, Artículo 4.º.
Ley 12/1991, de 29 de abril, Artículo 1.º.
Conforme al Artículo 13 b) de esta Ley.
Loc. cit., tomo II, pág. 1.384.
En mi vida profesional he conocido SRL con capital social de diez mil pesetas, y la de treinta mil pesetas era cifra habitual, si bien hay que contar con la pérdida de valor adquisitivo de la peseta y con mi edad...
Con su equivalente hoy en el artículo 104 c) de la Ley de SRL.
Que no podrá ser uno de los socios, por el principio de que nadie puede ir contra sus p r o p i o s <<28>>
Ver artículos 18 y siguientes de la Ley.
Concretamente el ponente en el Senado, GALÁN PÉREZ.
GIMÉNEZ ARTIGUES, La nacionalidad de las Sociedades Mercantiles, Ed. Bosch, 1949, pág. 56.
SÁNCHEZ CALERO, R. DE S., Ed. Aranzadi, núm. 1, pág. 45.
«Pasados los primeros momentos de la fiebre filosóficapolítica», como decía la Exposición de Motivos del Proyecto de Código de Comercio español de 1882.
Excepciones que se hacen hoy más chocantes ante los avances en la equiparación de los «ciudadanos» operadas en el Tratado de Maastricht. Así hoy, contrariando al Proyecto de C. de <<34>>
OLIVENCIA, Anales de la Academia Sevillana del Notariado, núm. 7, pág. 502.
Ver PRETEL, Anales de la Academia Matritense del Notariado, tomo XXX, volumen I, pág. 226.
Así el Artículo 11 de la Ley de SRL.
Loc. cit., pág. 50.
Tener en cuenta a estos efectos las diferentes legislaciones fiscales existentes en España:
además de la común, la navarra y la de cada una de las tres provincias, o Territorios Históricos, de la Comunidad Autónoma Vasca.
Loc. cit., pág. 252.
MARINA GARCÍA-TUÑÓN, loc. cit., pág. 252.
Ver también Artículo 22, párrafo 2, del C. de c. y el Artículo 120, párrafo 2, del RRM.
Ver MARINA GARCÍA-TUÑÓN, loc. cit., pág. 255.
Artículo 129 de la Ley de SA y Artículo 63 de la SRL.
La emisión de obligaciones por Sociedades Anónimas, R. d. S.(monografías), núm. 1, Ed. Aranzadi, pág. 47.
No es el momento de entrar en el tema de su naturaleza jurídica. Por otra parte, en esta materia, como dice ARRILLAGA, «Emisión de obligaciones y protección de los obligacionistas», Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1952, pág. 12, habría que «estudiar separadamente la naturaleza jurídica del contrato (empréstito obligacionista), la del documento o título (obligación) y la del acto de la emisión».
Artículo 12 de la Ley citada.
En el Congreso y en el Senado, aunque ya no en la sesión de dictamen final citada, también mantuvo esta postura IU-IC.
No cita el precepto, para prohibirles emitir obligaciones, a las personas jurídicas no mercantiles, sean sociedades civiles, asociaciones, fundaciones o corporaciones. Aunque no es este lugar para desarrollar la cuestión, parece, en principio, dadas las razones de la prohibición, que también a estos entes se refiere.
Así parece deducirse, además, del RD 29/1992, de 27 de marzo, sobre emisiones y ofertas públicas de ventas de valores, aplicable a las personas físicas, sin distinción, en su artículo <<50>>
Entiendo que el carácter de «empresario», ampliado por la legislación fiscal indicada, no puede equipararse absolutamente al de «comerciante», si no realiza «habitualmente» actos de comercio, como dice el Artículo 1, núm. 1 del Código de Comercio, por lo que a ellos, como se vio al hablar del objeto social, se aplicará la legislación mercantil en el ámbito objetivo del acto de comercio realizado, pero no en el subjetivo relativo al status personal de comerciante.
Suplemento al núm. 1.675, de 25 de junio de 1993.
Ahora en el artículo 87.
Estos casos se dan cuando una Sociedad:
a) Posee la mayoría de votos en otra, incluidos los que posean otras sociedades dominadas por ella.
c) Pueda disponer, por acuerdo con otros socios, de la mayoría de los derechos de voto.
d) Haya nombrado exclusivamente con sus votos la mayoría de los miembros del órgano de administración que estén desempeñando su cargo en tal momento.
Así el Grupo Federal IU-IC. En igual sentido, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Grupo Parlamentario Catalán (CIU).
Fue la postura de los Grupos Parlamentarios Vasco (PNV), Popular y Socialista.
Motivación de la enmienda del Grupo Socialista.
B. O. de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, de 18 de noviembre del 1994.

References: artículo 13
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 116
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 39
 resolución 
 artículo 10
 artículo 22

Artículo 5
 artículo 1
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 50
 artículo 27
 artículo 10
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 10
 Resolución 
 artículo 14
 Artículo 17
 Resolución 
 Artículo 56
 artículo 50
 artículo 18
 artículo 27
 artículo 5
 Artículo 86
 Artículo 215
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 5
 resolución 
 artículo 48
 Artículo 27
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 19
 artículo 6
 artículo 13
 artículo 7
 artículo 72
 artículo 47
 artículo 7
 artículo 16
 artículo 6
 artículo 7
 resolución 
 artículo 259
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 30
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 88
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 40
 artículo 119
 Artículo 4
 Artículo 1
 Artículo 13
 artículo 104
 Artículo 11
 Artículo 22
 Artículo 120

Artículo 129
 Artículo 63

Artículo 12
 Artículo 1
 artículo 87