Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2010-00128-de-noviembre-4-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_9d0e910da1970080e0430a0101510080&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-12-16 13:46:00+00:00

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﻿ Sentencia 2010-00128 de noviembre 8 de 2010
SENTENCIA 2010-00128 DE 04 DE NOVIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:OFERTA PÚBLICA DE EMPLEOS DE CARRERA. FUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL LA QUE IMPUSO EL ORDENAMIENTO DEL CONCURSO CREANDO TRES GRUPOS PARA LA PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE EMPLEOS ES DECIR, QUE TAMBIÉN ES SU OBLIGACIÓN VERIFICAR QUE LA PERSONA Y EL CARGO ESTÉN UBICADOS EN EL GRUPO QUE LE CORRESPONDE SEGÚN LAS DIRECTRICES FIJADAS. SI BIEN ES CIERTO LAS ENTIDADES PÚBLICAS SON LAS QUE DEBEN ACTUALIZAR LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEOS DE CARERA (OPEC) EN EL TÉRMINO FIJADO, TAMBIÉN LO ES QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL DEBE COMPROBAR QUE LOS CARGOS ESTÉN INCLUIDOS EN EL GRUPO QUE LES CORRESPONDE SEGÚN LAS DIRECTRICES FIJADAS POR ÉSTA Y, EN CASOS ESPECÍFICOS, CONSTATAR QUE EL EMPLEO QUE ESTÁ SIENDO OCUPADO EN PROVISIONALIDAD POR UN EMPLEADO QUE ESTUVO COBIJADO POR EL ACTO LEGISLATIVO, ESTÉ INCLUIDO EN EL GRUPO II.
Sentencia 2010-00128 de noviembre 8 de 2010
Rad.: 85001-23-31-000-2010-00128 01(AC)
Actor: Martha Patricia Calderón Fernandez
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otro
Bogotá, D.C, cuatro de noviembre de dos mil diez.
Consiste en determinar si las entidades demandadas vulneraron los derechos fundamentales de petición, trabajo, igualdad y debido proceso a la demandante al ofertar el cargo Nº 21762 y/o profesional universitario código 219 grado 04 en el Grupo 1 etapa tres, y no en el Grupo II, como debió hacerse por encontrarse amparado por el Acto Legislativo 1 de 2008, previsto en la Convocatoria 1 de 2005.
A folio 34 del expediente obra Acta de Posesión 30, mediante la cual el alcalde del municipio de Aguazul del Departamento de Casanare nombró a la actora en el cargo de Profesional Universitario (área sistemas), código 340, grado 04.
Mediante Resolución 124 de 16 de marzo de 2004 la actora ingresó a la alcaldía del municipio de Aguazul del departamento de Casanare en el cargo de Profesional Universitario en (área de sistemas) código 340, grado 04, en provisionalidad (fl. 9).
Obra en el expediente copia del formulario de inscripción extraordinaria en carrera administrativa Acto Legislativo 1 de 2008, realizada por la tutelante el 8 de julio de 2009, siendo radicada en la misma fecha en las dependencias de la Alcaldía del municipio accionado, como consta en el sello de recibido de la alcaldía (fl. 10).
El 23 de julio de 2010, mediante petición radicada en las dependencias de la alcaldía del municipio solicitó lo siguiente:
1. ...”Solicito que la alcaldía del municipio de Aguazul Casanare a través de la Secretaría General “responsables” de la emisión de la información del concurso realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil se subsane oportunamente la información que no se reportó a tiempo por parte del municipio a través del aplicativo “Reporte de empleos y servidores públicos que estuvieron cobijados por el acto legislativo” dentro del plazo señalado el cual concluyó el 7 de diciembre de 2009 a la CNSC” (fl. 13).
La entidad accionada mediante Resolución 1 de 13 de agosto de 2010, resolvió la petición de la actora (fl. 15). Argumenta que por la declaratoria de inexequibilidad del acto legislativo mediante Sentencia C-588 de 27 de agosto de 2009, la entidad no había reportado los cargos ofertados, los cuales solo fueron publicados hasta el 6 de octubre de 2009, reportando los siguientes empleos:
Nivel de empleo Total empleo
El día 28 de octubre de 2009, a través de la Circular 54, que aclara la 53 del día anterior, se informaron las condiciones que se adoptarían respecto de la Convocatoria 1 de 2005, con ocasión de la declaratoria de inexequibilidad del acto legislativo, reiniciando el concurso, respecto de los empleados que fueron amparados por el acto legislativo.
Explica que en la Circular 53 de 27 de octubre de 2009 se estableció que la publicación definitiva de los empleos de las aplicaciones IV y V, serían ofertados en el Grupo I, y que la accionada por no haber alcanzado a tramitar ante la CNSC petición de inscripción extraordinaria eliminó la posibilidad de que algún funcionario fuera amparado por el acto legislativo.
El 14 de septiembre de 2010 la CNSC, respondió la petición de la actora respecto de la corrección del reporte en OPEC de Grupo I a Grupo II, para lo cual manifestó lo siguiente:
“... Para el reporte de los empleos que eventualmente estuvieron cobijados por el Acto Legislativo 1 de 2008, la CNSC dispuso un aplicativo web para que las entidades hicieran el reporte en la OPEC de Grupo II, el cual estuvo habilitado hasta el 7 de diciembre de 2009, atendiendo lo dispuesto en el parágrafo segundo de la circular conjunta 74 que establece: “...El envío de la información requerida debe hacerse a través del aplicativo dispuesto para tal fin en la página de la Comisión www.cnsc.gov.co a más tardar el día 7 de diciembre de 2009...”.
Su nombre y por ende el empleo 21762 que usted desempeñaba no fue reportado en las condiciones precitadas, motivo por el cual no formará parte de la OPEC del segundo grupo.
Finalmente y teniendo en cuenta que son las entidades responsables de hacer el respectivo reporte conforme a las directrices estipuladas por esta Comisión en la Circular 74, la Comisión no tiene responsabilidad de las omisiones o errores en los reportes OPEC.
Con lo anterior damos respuesta a su solicitud”... (fl. 24).
A folio 117 del expediente obra requerimiento efectuado por el Tribunal a la Comisión Nacional del Servicio Civil de 29 septiembre de 2010, con el fin de que explique las condiciones en las cuales la actora se encuentra participando en la Convocatoria 1 de 2005 para los cargos distinguidos con los números 21762 y 21763 o para cuál de ellos, y las consecuencias que se generan al estar clasificada en el Grupo I Etapa 3 y no en el Grupo II OPEC cargos de vacancia definitiva provistos durante el lapso comprendido entre el 1º de enero de 2000 y el 23 de septiembre de 2004, estando amparada por el Acto Legislativo 1 de 2008.
La Comisión Nacional del Servicio Civil dio respuesta al requerimiento solicitado el 4 de octubre de 2010 (fl. 149) de la siguiente manera:
1. El equipo técnico de la fase II de la Convocatoria 1 de 2005 verificó la base de datos y constató que la señora Martha Patricia Calderón Fernández se encuentra participando en la Convocatoria 1 de 2005 y su estado es el siguiente:
— Presentó la Prueba Básica General de Preselección en la cual obtuvo un puntaje de 65, quedando habilitada para continuar en el proceso.
— Se inscribió a Fase II en la cual escogió la actividad de desempeño 136. La prueba de competencias laborales será aplicada el 10 de octubre de 2010.
— No se ha fijado fecha para la escogencia de empleo específico, razón por la cual la citada señora no se encuentra inscrita en los empleos 21762 o 21765.
2. En este punto es pertinente señalar que de conformidad con lo previsto en la Resolución 1601 de 2009, la publicación de empleos con vacancia definitiva según la fecha de provisión se realizaría por la entidad de la siguiente manera:
— Primer grupo: OPEC de cargos de vacancia definitiva reportados con por las entidades con anterioridad al 7 de diciembre de 2009 que no se encuentren el en segundo y en el tercer grupo.
A su vez, la publicación definitiva de la oferta pública de empleos de carrera, OPEC, del primer grupo se realizará en tres etapas a saber:
Etapa 1: Oferta pública de empleos de carrera, OPEC, de cargos en vacancia definitiva provistos con posterioridad al 23 de septiembre de 2004 y cargos en vacancia definitiva que no se encuentren provistos.
Etapa 2: Oferta pública de empleos de carrera, OPEC, de cargos de vacancia definitiva provistos durante el lapso comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 23 de septiembre de 2004.
Etapa 3. Oferta pública de empleos de carrera, OPEC, de cargos de vacancia definitiva provistos con anterioridad al 31 de diciembre de 1999.
— Segundo grupo: OPEC reportados a través del aplicativo “Reporte de empleos y servidores públicos que estuvieron cobijados por el acto legislativo”, desempeñados por empleados provisionales habilitados para continuar en la Fase II de la Convocatoria 1 de 2005 y que no hayan escogido empleo específico o grupo temático.
— Tercer grupo: OPEC de cargos en vacancia definitiva que vienen siendo desempeñados por servidores públicos provisionales en condición de prepensionados acorde a lo establecido en el Decreto 3905 de 2009, reportados y certificados a través de aplicativo “Reporte de información de empleos en vacancia definitiva desempeñados por servidores provisionales en condición de prepensionados conforme al Decreto 3905 de 2009”.
Aduce que en el caso particular el municipio de Aguazul no reportó a través del aplicativo web citado anteriormente el empleo Nº 21762 desempeñado por la señora Martha Patricia Calderón Fernández, razón por la cual se ofertó en el Grupo I etapa 3.
Conforme a lo manifestado, las consecuencias que ello generan para la concursante son que en el evento de resultar habilitada para hacer escogencia del empleo específico, no podrá seleccionar el cargo que viene ocupando en provisionalidad ni el 21765, por cuanto estos empleos se ofertaron en Grupo I etapa 3 y cuentan con inscritos.
El municipio de Aguazul Departamento de Casanare contestó la tutela acorde a los siguientes argumentos (fl. 36 a 42).
El municipio en ningún momento alcanzó a tramitar ante la CNSC, la correspondiente inscripción extraordinaria en carrera administrativa, mediante diligenciamiento previo del formulario para empleados diseñado para tal fin por la misma comisión, teniendo en cuenta que con la declaratoria de inexequibilidad del Acto Legislativo 1 de 2008, se eliminó la posibilidad de que algún funcionario quedara amparado por dicho acto, razón por la cual figura la actora en el primer grupo de los inscritos de la OPEC y no en el segundo grupo.
Aduce que debe negarse la tutela solicitada, toda vez que acorde a las decisiones jurisprudenciales eliminaron la posibilidad de cobijar el cargo indicado por la actora en el Grupo II, pues como se explicó la entidad no alcanzó a realizar el trámite correspondiente de actualización de cargos de la OPEC.
La Comisión Nacional del Servicio Civil contesto la tutela acorde a la siguiente fundamentación (fl. 127):
De conformidad con lo previsto en la Resolución 1601 de 2009, la provisión de empleos en vacancia definitiva según la fecha de provisión se realizaría en tres grupos.
Por otra parte la demandada capacitó a las entidades publicando en su página web el instructivo para la consolidación de la OPEC del sistema general de carrera, dirigido a las entidades nominadoras donde se advirtió lo siguiente:
“Recuerde diligenciar el modo y fecha de provisión para cada uno de los empleos reportados, toda vez que esta información es el referente para la oferta de los mismos en las etapas establecidas en los cronogramas de actividades. En todo caso, si dicha información no es diligenciada, los empleos serán ofertados en la segunda etapa”.
Por lo anterior, y frente al reporte de empleos realizado al municipio de Aguazul se encontró que la provisión reportada por la entidad en el aplicativo creado para la provisión del empleo identificado con el código OPEC 21762, fue reportado sin informar que el empleo venía siendo desempeñado por una funcionaria vinculada en provisionalidad desde el 16 de marzo de 2004, motivo por el cual el empleo fue ofertado en el Grupo I etapa 3, por lo tanto es imposible para la comisión conocer esta situación, ya que la competencia es exclusiva de las entidades que reportan los empleos, en consecuencia, de conformidad con la Resolución 1601 de 2009, el empleo en discusión debía ser reportado en el Grupo I etapa 3, como efectivamente lo hizo la demandada.
Sumado a lo anterior el empleo identificado con la OPEC 21765 se ofertó el 28 de junio de 2010 por la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la fecha se encuentran más de 10 personas inscritas para él, lo cual implica que posteriormente se conformará lista de elegibles para la provisión de este empleo.
Por otra parte según lo establecido en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, la convocatoria es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración como a los participantes, por que no puede ser desconocido por las partes.
El hecho de que la tutelante este activa en la convocatoria encontrándose pendiente de presentar prueba comportamental, demuestra que no existe ningún tipo de perjuicio por parte de la accionada, insistiendo que no es la competente para proveer los empleos.
La accionante pretende que la Comisión Nacional del Servicio Civil incluya el cargo que ocupa actualmente en provisionalidad en la alcaldía del municipio de Aguazul del Departamento del Casanare, en el Grupo II de la Convocatoria 1 de 2005, en razón a que eventualmente fue cobijada por el Acto Legislativo 1 de 2008 y, que según su dicho, el ente territorial inscribió erradamente en la OPEC (Oferta Pública de Empleos de Carrera) por lo que fue ofertada en el grupo I.
En cumplimiento de la Ley 909 de 2004 la Comisión Nacional del Servicio Civil publicó la Convocatoria 1 de 2005 en la que abrió el concurso de méritos para acceder a la carrera administrativa.
La Convocatoria describió el proceso de selección dividiéndolo en dos fases, la primera, en una prueba básica general de preselección en donde los aspirantes orientaban el cargo de su preferencia por rangos según el nivel jerárquico al que aspiraban; en la segunda elegían el empleo público específico al que querían acceder.
Con motivo del Acto Legislativo 1 de 26 de diciembre de 2008, que reformó el artículo 125 de la Constitución Política en el sentido de darle estabilidad a los empleados públicos provisionales que estaban ocupando cargos de carrera a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 909 (sep. 23/2004), se suspendió el concurso de méritos hasta que se llevara a cabo el trámite de inscripción extraordinaria en carrera.
Como la reforma anterior fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-588 de 27 de agosto de 2009, la Comisión Nacional del Servicio Civil, expidió la Circular 53 de 27 de octubre de 2009, fijando las siguientes reglas:
“(...) Frente al referido fallo la CNSC emitió la Circular 48 de 2009, “Impacto de la sentencia C-588 de la Corte Constitucional respecto del Acto Legislativo 1 de 2008”, la cual indicó en el numeral 5, que antes del 25 de septiembre de 2009 las entidades debían reportar los empleos sobre los cuales los servidores estaban concursando en la Convocatoria 1 de 2005 y que estando habilitados no continuaron en la segunda fase, por cuanto consideraban que tenían la opción de la inscripción extraordinaria.
Para tal efecto, la CNSC diseñó un aplicativo denominado: “Información relacionada con los servidores públicos que estuvieron cobijados por el Acto Legislativo 1 de 2008”, el cual se encuentra dispuesto en la página web (www. cnsc.gov.co) y debe ser diligenciado por las entidades. El plazo para el reporte de la información de este aplicativo se amplía hasta el 7 de diciembre de 2009.
Para estos cargos podrán concursar todos los aspirantes habilitados para continuar en la Fase II de la Convocatoria 1 de 2005 que no se inscribieron para esta fase dentro de los términos señalados por la CNSC. Las fechas para la inscripción y la realización de las pruebas será fijada oportunamente por la CNSC.
Los aspirantes que no superaron la prueba básica general de preselección, la prueba de competencias funcionales, los citados que no se presentaron a la aplicación de las pruebas eliminatorias o fueron inadmitidos por no cumplimiento de requisitos, se encuentran excluidos del proceso de selección y por lo tanto no podrán inscribirse nuevamente en la fase II (...)” (resaltado fuera de texto)
Lo anterior evidencia que los servidores públicos que estuvieron cobijados por el acto legislativo que no se inscribieron en la fase II por tener el beneficio de inscripción extraordinaria en carrera, pudieron continuar con esta fase luego de la declaratoria de inexequibilidad, siempre y cuando hubieran demostrado los requisitos, superado las pruebas de preselección y competencias funcionales y asistido a las pruebas eliminatorias.
Las reglas anteriores fueron corroboradas a través de la Resolución 54 de 2009, mediante la cual la Comisión Nacional del Servicio Civil reiteró que los representantes legales de las entidades debían reportar a dicha entidad, con anterioridad al 7 de diciembre de 2009, los empleos de carrera administrativa con vacancia definitiva provistos en cualquier modalidad o que se encuentren vacantes a través del aplicativo de la página web denominado “Reporte información Empleos Públicos”, guardando especial atención en el diligenciamiento del módulo “modo y fecha de provisión” dado que los vinculados en provisionalidad antes de la entrada en vigencia de la Ley 909 de 2004 (sep. 23), serían reportados en otro aplicativo con el fin de incluirlos en el grupo que designó la comisión.
Advirtió que la publicación definitiva de los empleos se llevará a cabo en tres (3) grupos, el primero de cargos en vacancia definitiva reportados por las entidades con anterioridad al 7 de diciembre de 2009 que no se encuentren en ninguno de los dos (2) grupos subsiguientes. El segundo los cargos reportados a través del aplicativo “Reporte de empleos y servidores públicos que estuvieron cobijados por el acto legislativo”, al que podrán inscribirse los aspirantes habilitados que no se han inscrito en la fase II pero que procedan a ello en la fecha que señale en su oportunidad la CNSC, la cual será posterior al 7 de diciembre de 2009. El tercero está compuesto por servidores públicos que ocupan cargos en provisionalidad en condición de prepensionados conforme al Decreto 3905 de 2009.
Lo anterior evidencia que la Comisión Nacional del Servicio Civil, luego de la inexequibilidad del Acto Legislativo 1 de 2008, continuó con el trámite de la Convocatoria 1 de 2005 incluyendo en ella a quienes agotaron la primera etapa pero no continuaron con el trámite por tener la expectativa de ingresar a la carrera mediante inscripción extraordinaria.
Por tal razón, y para no dejar suspendido el trámite de la convocatoria, la Comisión Nacional del Servicio Civil permitió que las entidades públicas actualizaran la oferta pública de empleos incluyendo, en un segundo grupo, el cargo y el funcionario que eventualmente fue beneficiario del acto legislativo.
Así fijó los términos y condiciones que rigen la Convocatoria 1 de 2005, que son de obligatorio cumplimiento de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, que a la letra dice:
Convocatoria. La convocatoria, que deberá ser suscrita por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el jefe de la entidad u organismo, es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes...”.
En este sentido, observa la Sala que fue la Comisión Nacional del Servicio Civil la que impuso el ordenamiento del concurso creando tres grupos para la publicación definitiva de empleos es decir, que también es su obligación verificar que la persona y el cargo estén ubicados en el grupo que le corresponde según las directrices fijadas.
La Corte Constitucional, en sentencia T-433 de 30 de mayo de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, respecto del principio de legalidad, garantía fundamental del debido proceso, consideró lo siguiente
“Desde un punto de vista objetivo, el principio de legalidad constituye uno de los fundamentos bajo los cuales está organizado constitucionalmente el ejercicio del poder en un Estado social de derecho (C.N., art. 1º). Por otra parte, desde el punto de vista subjetivo, el respeto por el principio de legalidad constituye una garantía fundamental del derecho al debido proceso, que vincula a todas las autoridades del Estado y que se concreta en el respeto de los derechos adquiridos, de los procedimientos, y del derecho de defensa. En efecto, el principio de legalidad circunscribe el ejercicio del poder público al ordenamiento jurídico que lo rige, “de manera que los actos de las autoridades, las decisiones que profieran y las gestiones que realicen, estén en todo momento subordinadas a lo preceptuado y regulado previamente en la Constitución y las leyes”(1). La Corte ha sostenido que este principio puede concretarse en dos aspectos, a saber: que exista una ley previa que prevea la hipótesis o situación de que se trate, y que tal tipificación sea precisa en la determinación y consecuencia de dicha situación o conducta, aspectos que buscan limitar al máximo la facultad discrecional de la administración en ejercicio de sus prerrogativas(2).
El principio de legalidad es, como se dijo, constitutivo del debido proceso y está consagrado en el artículo 29 de la Constitución, al establecer que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Es más, esta corporación ha sostenido que “el carácter fundamental del derecho al debido proceso proviene de su estrecho vínculo con el principio de legalidad al que deben ajustarse no sólo las autoridades judiciales sino también, en adelante, las administrativas, en la definición de los derechos de los individuos”(3).
...la condición de estar estudiando —exigida a los hijos del difunto entre dieciocho y veinticinco años para ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes—, no puede ser adicionada con otros requisitos, tales como la regularidad, seriedad y éxito de los estudios, pues esto constituye una vulneración al debido proceso porque se desconoce el principio de legalidad, al no estar tales condiciones consagradas en la norma que regula la materia.
De esto se desprende que, frente al caso concreto, la aplicación del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 por parte del seguro social es arbitraria, porque al establecer requisitos que no se encuentran en la ley se desconocen los derechos en cabeza de quien cumple con las condiciones para ser beneficiario de la sustitución pensional”.
Si bien es cierto las entidades públicas son las que deben actualizar la oferta pública de empleos de carera, OPEC, en el término fijado, también lo es que la Comisión Nacional del Servicio Civil debe comprobar que los cargos estén incluidos en el grupo que les corresponde según las directrices fijadas por ésta y, en casos específicos como el presente, constatar que el empleo que está siendo ocupado en provisionalidad por un empleado que estuvo cobijado por el acto legislativo, esté incluido en el grupo II.
Por otra parte la Sala observa que es evidente el error de la entidad al no haber ofertado los cargos tal como lo dispuso la Comisión Nacional del Servicio Civil dentro del aplicativo diseñado para tal fin, pues lo cierto es que la entidad demandada amparó a las personas que habían realizado la inscripción extraordinaria, y pese a la declaratoria de inexequibilidad del acto legislativo, reinició el concurso respecto de las personas que se encontraba amparadas por dicho acto.
La entidad explica en la respuesta que obra a 149 del plenario, que la actora puede verse afectada en el momento en que vayan a hacer la escogencia del empleo específico, toda vez que no podrá seleccionar el cargo que viene ocupando en provisionalidad como tampoco el 21765 por cuanto estos empleos se ofertaron en el Grupo 1 etapa 3, contando en ese caso con personas que ya se encuentran inscritas para ese cargo.
Sobre la referida vulneración del derecho fundamental al derecho de petición y al trabajo la Sala observa que no existe la violación alegada, toda vez que la entidad le dio respuesta a la petición solicitada el 23 de julio de 2010, mediante la Resolución 1 de 13 de agosto de 2010; respecto del derecho al trabajo tampoco se evidencia afectación alguna pues el hecho de presentarse al concurso de méritos no es garantía para acceder al empleo, porque para ello debe aprobar todas y cada una de las etapas del concurso, hecho que únicamente le genera una mera expectativa para acceder al empleo y no un derecho adquirido.
La Sala comparte los argumentos del tribunal al encontrar la referida vulneración a los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso por parte del municipio de Aguazul al haberle cerrado la posibilidad a la actora de continuar en el concurso en el grupo II, y no reportar de manera oportuna los cargos ofertados, además, la CNSC tomó la decisión de continuar el concurso amparando a las personas que se encontraban cobijadas con la inexequibilidad del acto legislativo, siendo negligente pues debió ofertar los cargos en el aplicativo dispuesto para tal fin.
Por lo anterior se confirmará la sentencia impugnada que negó los derechos fundamentales de petición y trabajo, y tuteló los derechos a la igualdad y debido proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
CONFÍRMASE la Sentencia de 4 de octubre de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que negó la tutela impetrada respecto de los derechos fundamentales de petición y trabajo, y tuteló los derechos a la igualdad y el debido proceso de la señora Martha Patricia Calderón Fernández en la acción de tutela incoada contra el municipio de Aguazul Departamento del Casanare y la Comisión Nacional del Servicio Civil.
(3) Sentencia T-516 de 1992, MM.PP. Fabio Morón Díaz, Simón Rodríguez Rodríguez y Jaime Sanín Greiffenstein.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 31
 artículo 125
 Resolución 
 artículo 31
 artículo 29
 artículo 47
 Resolución