Source: https://colectivodefensajuridica.wordpress.com/category/laboral/
Timestamp: 2020-07-15 01:54:24+00:00

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LABORAL – PRIOR ABOGADOS
PRIOR ABOGADOS
COLECTIVO DE DEFENSA JURÍDICA
Carácter voluntario del teletrabajo
24 mayo, 2020 Rosario Raposo Martinez1 comentario
Esta dura crisis sanitaria que hemos vivido, desde el punto de vista laboral se recordará por dos aspectos: el procedimiento de Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) derivados del Covid-19 y la modalidad de teletrabajo.
En muchos medios se ha oído la frase de que “el teletrabajo ha venido para quedarse”. Facilitar y promover el teletrabajo fue de las primeras medidas del Gobierno, para paliar los efectos de la crisis sanitaria, permitiendo la continuidad de la actividad sin riesgo de contagio. Pero lo cierto es que esta modalidad de trabajo ya existía y venía siendo utilizada por algunas empresas, aunque por la mayoría de empresas se veía aún con reticencia.
El teletrabajo debe ser aceptado voluntariamente por el trabajador. La empresa no puede imponer el teletrabajo, ni siquiera a través de un procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo, ni tampoco de la negociación colectiva. Los representantes de la empresa y de las personas trabajadoras pueden pactar las condiciones del teletrabajo, un plan de teletrabajo, pero el trabajador debe adscribirse a este plan de forma voluntaria e individual.
Muy relacionado con el Teletrabajo tenemos la figura del derecho a la desconexión digital, que ha ganado mucha importancia debido al avance tecnológico y que es imprescindible regular para garantizar ese derecho de los Trabajadores a desconectar del trabajo al concluir la jornada laboral.
“el mayor reto del teletrabajo es el derecho a la desconexión, con el fin de limitar las consecuencias negativas que este tipo de trabajo puede tener para la salud y el bienestar, debido a sus interferencias con la vida privada, la intensificación del trabajo y la realización de tareas adicionales o suplementarias”
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/
OVERTIME & IRREGULAR DISTRIBUTION OF WORKING HOURS
17 abril, 2020 17 abril, 2020 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
Overtime must be previously requested by the company. (That is to say that if employee works voluntarily more hours cannot claim that this time counts as overtime).
On the other hand, even if the overtime is requested by the company, it is voluntary for the employee (unless case of “force majeure” without prejudice of its compensation as overtime).
Overtime hours may be paid (with a salary higher than ordinary hours) or compensated with resting days within the period indicated in the agreement or the individual contract.
The maximum number of overtime hours is 80 hours per year; exceeding this maximum limit is against the law. Overtime compensated by resting time is not counted for limit purposes.
Control of overtime has been a constant objective for the Labor Inspection. Therefore, the Law requires companies to have a record of overtime. Currently, daily registration (As of May 12, 2019)
Irregular distribution of working hours
(if the total amount of hours per year is 1780, then company can distribute 178 hours in a different way)
The company can distribute 10% of the working day differently from the one initially planned. The employee must provide a greater number of hours of service for certain periods within the year as long as it is compensated with fewer hours in other periods. Therefore, the punctual excess of hours will not be considered overtime.
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14 marzo, 2020 10 abril, 2020 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
Se trata de un mecanismo legal, regulado en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, que permite a las empresas suspender los contratos de trabajo o reducir las jornadas laborales de manera temporal, cuando atraviesen por dificultades económicas, productivas, organizativas o técnicas o de fuerza mayor que pongan en riesgo su viabilidad.
POR CAUSAS ORGANIZATIVAS, PRODUCTIVAS, TÉCNICAS o ECONÓMICAS:
Causa económica: Situación económica negativa, como la existencia de perdidas actuales o previstas o la disminución progresiva de los ingresos. Se entenderá que hay disminución si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos de cada trimestre es inferior a los obtenidos en el mismo trimestre del año anterior.
Causa productiva: cambios en la demanda de los productos o servicios.
Causas organizativas: cambios en los sistemas de trabajo o manera de organizar la producción.
Causas técnicas: cambios en los medios o instrumentos de producción.
Tras las crisis del coronavirus, las empresas pueden alegar la falta de ventas o la escasez de aprovisionamientos de materias primas.
En este caso se tiene que producir un acontecimiento inevitable que imposibilita a todos los efectos la continuidad de una relación laboral, como estar sufriendo un alto índice de absentismo laboral o el cese total de la actividad debido a una recomendación sanitaria o decisión de la autoridad.
En los casos de fuerza mayor, la empresa podrá solicitar directamente a la autoridad laboral las medidas que considere oportunas para que se pronuncie en el plazo de 5 días; en este supuesto, también puede intentarse pedir el ERE con carácter retroactivo. Estos días y dada la rapidez con la que se está expandiendo el coronavirus, esta modalidad de ERTE es la que está generando más interés. Sigue leyendo →
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5 septiembre, 2019 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
El Convenio Especial con la Seguridad Social consiste en la posibilidad de seguir cotizando para evitar lagunas de cotizac ión en el cálculo de la pensión de jubilación o bien para reforzar las bases de cotización y mejorar el cálculo de la misma.
Esta posibilidad, a la que pueden acogerse trabajadores en distintas circunstancias, ha gozado de gran popularidad entre trabajadores que han agotado el desempleo y aún les quedaban algunos años para poder acceder a la jubilación.
De esta manera, y a cambio de hacerse cargo personalmente de las cuotas a la Seguridad Social, pueden mantener el importe de su pensión al cotizar durante unos años que precisamente entran dentro del periodo de cómputo para el cálculo de la misma.
¿Cuál es el coste del convenio especial con la Seguridad Social?
Dependerá de la base de cotización elegida por el interesado, que puede ir desde la mínima (1.050 euros al mes) hasta la máxima (4.070,10 euros mensuales).
Así, para una base mínima de 1.050 euros, el coste para el suscriptor del convenio sería de 279 euros mensuales. En el caso de haber optado por la base máxima, la cuota mensual ascendería a 1.083 euros. Sigue leyendo →
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El tiempo cotizado en países extranjeros
Minientrada 6 abril, 2019 8 abril, 2019 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
La Seguridad Social trata el tiempo cotizado en países extranjeros de forma diferente en función del país y del convenio que tenga suscrito.
En el caso de los emigrantes a países de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo o Suiza, como criterio general se aplica el denominado “Reglamento comunitario de coordinación de los sistemas de Seguridad Social”, y se trata de una norma aplicable a los nacionales de cualquier estado miembro que estén o hayan estado sujetos a la legislación sobre Seguridad Social de uno o más estados miembros, así como a sus familiares y supervivientes.
Además, las normas de coordinación de la UE garantizan que no se pierdan las cotizaciones pagadas en los países antes de su incorporación a la UE.
Y se admite el principio de la acumulación o totalización de períodos de cotización, según el cual, los períodos de seguro, empleo o residencia cubiertos bajo la legislación de un estado miembro se tendrán en cuenta en todos los demás estados. Por ejemplo, si para ser titular de una pensión contributiva en España, se exige una cotización mínima de 15 años, esta cotización se puede alcanzar sumando a la cotización realizada en España la de los otros países de este grupo. Sigue leyendo →
Convenio Especial de la Seguridad Social
14 febrero, 2019 13 febrero, 2019 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
¿Quién puede suscribirlo?
Los trabajadores que causen baja en el Régimen de la S. S. en que estén y no queden comprendidos en cualquier otro.
Los trabajadores por cuenta ajena indefinidos y los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Sistema de la Seguridad Social, siempre que continúen en situación de alta, tengan 65 o más años y 35 o más de cotización efectiva.
Los trabajadores o asimilados en situación de pluriempleo o de pluriactividad que cesen en alguna de las actividades por cuenta ajena o propia.
Los trabajadores o asimilados que cesen en su actividad por cuenta propia o ajena y sean contratados con remuneraciones que den lugar a una base de cotización inferior al promedio de los doce meses inmediatamente anteriores a dicho cese.
Los pensionistas de incapacidad permanente total para su profesión habitual, que con posterioridad a la fecha de efectos de la correspondiente pensión hayan realizado trabajos y hubiesen estado incluidos en algún Régimen del Sistema de Seguridad Social y se encuentren en una de las situaciones anteriores.
Los trabajadores que se encuentren percibiendo prestaciones por desempleo o el subsidio por desempleo y cesen en la percepción de las mismas.
Los pensionistas que hayan sido declarados capaces o inválidos parciales.
Los pensionistas de incapacidad permanente o jubilación, a quienes se anule su pensión en virtud de sentencia firme.
Los trabajadores que hayan causado baja a causa de solicitud de una pensión y esta les sea denegada.
Forma y plazo de solicitud
La solicitud del Convenio Especial se efectuará mediante la presentación del modelo correspondiente (modelo TA-0040 ), ante la Dirección provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social o Administración de misma correspondiente al domicilio del solicitante.
– Se abren dos plazos:
* 90 días siguientes al cese o situación determinante del convenio especial.
* 1 año siguiente al cese o situación determinante del convenio especial.
Si dispone de certificado digital puede acceder a la Sede Electrónica y remitir telemáticamente este modelo de soliciutd a través del trámite Alta en Convenio Especial. Sigue leyendo →
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DEBER DE REINCORPORARACIÓN AL TRABAJO TRAS DENEGACION DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE
19 enero, 2019 19 enero, 2019 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
Si un trabajador se encuentra en situación de incapacidad permanente, y posteriormente se la deniegan (bien porque un Juzgado Social se la ha concedido y la Sentencia no es firme dado que está pendiente de la resolución del recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia y éste tribunal deniega la incapacidad permanente, o bien porque el INSS la concede y posteriormente procede a revisarla dentro del plazo de dos años), debe de tener en cuenta que debe reincorporarse al trabajo.
Desde la notificación de la denegación de la incapacidad permanente, el trabajador ha de considerar que está en situación de alta para el trabajo, por tanto ha de ponerse en contacto con la empresa, y ponerlo en su conocimiento (de forma fehaciente dejando constancia de la voluntad de reincorporarse a su puesto de trabajo), puesto que cualquier ausencia en los días posteriores puede ser considerada por la empresa como una falta injustificada, y podría desembocar en una medida disciplinaria e incluso un despido.
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El pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo
21 septiembre, 2017 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
El art. 21 del Estatuto de los Trabajadores define los supuestos, posibilidades v límites de la concurrencia entre trabajador y empresario. En concreto, su apartado 1º advierte que «no podrá efectuarse la prestación laboral de un trabajador para diversos empresarios cuando se estime concurrencia desleal o cuando se pacte la plena dedicación mediante compensación económica expresa, en los términos que al efecto se convengan»-. Esto es, un trabajador puede en principio vincularse laboralmente para varios empresarios sin por ello quebrantar su deber de buena fe. Sin embargo, dicha regla cede en dos concretos supuestos: a) que se estime que tal concurrencia es desleal, lo que cabe presumir respecto de «la actividad consistente en realizar tareas laborales de la misma naturaleza o rama de producción de las que está efectuando (el trabajador) en virtud del contrato de trabajo sin consentimiento del empresario» ( STS 5 junio 1990 ); y b) que se pacte la plena dedicación del mismo (art. 21.1 y 3 ET).
Lo que analizamos en el presente artículo, es el régimen jurídico del deber de « no concurrir con la actividad de la empresa» que impone el art. 5, d) ET a los trabajadores asalariados y que se completa con el citado art. 21 ET con la regulación del pacto de no competencia para después de extinguido el contrato.
El pacto de no competencia para después de extinguido el contrato supone la voluntaria limitación que el trabajador realiza de sus derechos constitucionales al trabajo y a la libre elección de profesión y oficio ( art. 35.1 de la Constitución Española ) Sigue leyendo →
6 junio, 2017 6 abril, 2017 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
El «principio de condición más beneficiosa» es un principio de creación jurisprudencial conforme al cual los sujetos del contrato de trabajo pueden de mutuo acuerdo o por decisión unilateral del empresario establecer condiciones de trabajo más favorables que las establecidas en las normas legales y convencionales reguladoras de una concreta relación de trabajo, prevaleciendo aquéllas sobre éstas incluso en el supuesto de que éstas sean modificadas. El fundamento legal de dicho principio hay que buscarlo en el art. 3.1.c del Estatuto de los Trabajadores conforme al cual los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan «por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos».
Los requisitos requeridos por nuestro ordenamiento para reconocer la existencia de una condición más beneficiosa son, por consiguiente, dos: a) En primer lugar, que las condiciones nazcan del contrato, fruto de un pacto expreso o tácito, por el que se regirán. b) En segundo lugar, que estas condiciones no sean menos favorables o contrarias a las establecidas en las disposiciones legales o convenios colectivos. Cumplidos estos requisitos legales, la condición se incorpora al patrimonio contractual del trabajador y, a salvo la posibilidad de compensarla o absorberla, se convierte en inatacable frente al convenio colectivo.
El principal problema que a menudo plantean las «condiciones más beneficiosas», sobre todo aquellas que nacen por la tácita, es el de acreditar su nacimiento y vigencia. La jurisprudencia, al efecto, viene claramente exigiendo que la condición sea fruto de la voluntad deliberada de establecerla, de forma bilateral o unilateral, y no mero resultado presunto de una situación de condescendencia o tolerancia. «La aplicación de la doctrina de la condición más beneficiosa -ha afirmado el Tribunal Supremo en su ST. de 20 de diciembre de 1993 (A/9.974)- tiene como presupuesto la existencia de un acto de voluntad, expresado habitualmente por la tácita (hechos concluyentes), que permite la incorporación al nexo contractual de una determinada ventaja o beneficio», sin que al efecto baste la repetición o persistencia en el tiempo. La tolerancia o condescendencia “no dejan de ser tales porque duren más o menos tiempo”, es preciso que “se transformen en una conducta distinta de concesión o reconocimiento de un derecho”, esto es, que la actuación persistente descubra la voluntad empresarial de introducir un beneficio que incremente lo dispuesto en la Ley o Convenio» (S.T.S. 7 de junio de 1993 (A/4.544).
Esta exigencia jurisprudencial de animus obligandi para el nacimiento de las condiciones más beneficiosas lleva al Tribunal Supremo a rechazar que el error de cálculo, ignorancia o interpretación errónea de la normativa aplicable (S.T.S. 26 de abril de 1993 (A/3.358) o los actos de mera liberalidad, tal es el caso de los regalos de Navidad que suelen hacer muchas empresas (S.T.S. 21 de abril de 1994 (A/1.261), sean generadores de condiciones más beneficiosas.
3. El régimen de la condición más beneficiosa viene exclusivamente dado por el pacto o acto de concesión, en el que, desde luego, y en uso de la libertad de contenidos contractuales (art. 1.255 C.C.), pueden establecerse limitaciones para la misma. La significación, alcance y límites de la «condición más beneficiosa» -ha dicho el Tribunal Supremo en ST de 13 de julio de 1994 (A/7.048)- están «anudados a los términos de su concesión».
4. La condición más beneficiosa puede ser modificada o neutralizada por tres vías.
LABORALartículo 41, condición más beneficiosa, condicion, incrementos salariales, modificación, modificación sustancial, principio de condición más beneficiosa
Implicaciones penales del uso de redes sociales
16 noviembre, 2016 13 noviembre, 2016 Alex de RoaDeja un comentario
El uso intensivo de las redes sociales ha trasladado al plano digital diversas acciones que afectan al ámbito penal y que son igualmente perseguibles y punibles. La consumación de esta especificidad delictual tiene consecuencias particulares en la obtención de las pruebas y en la elaboración de la denuncia penal.
Delitos más comunes
Coacciones: el artículo 172 del Código Penal castiga al que “sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto”
Amenazas: el artículo 169 del Código Penal dispone que comete este delito “el que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico.”
Injurias: en este apartado, el Código Penal especifica (artículo 208) que constituye delito “la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.”
Sólo se castiga en términos generales las injurias graves, con la excepción prevista en el artículo 173.4, que castiga las injurias y vejaciones leves dirigidas a la víctima de violencia de género. Este enfoque es muy interesante en los casos de acoso por parte de las parejas sentimentales, una vez rota la relación, y sobre todo, en la publicación en las redes sociales de comentarios o fotografias despectivas o que denigren a la ex-pareja.
Ciberacoso: en el año 2011 se añadió específicamente el apartado 7º del artículo 197, que castiga al “que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona”.
Es en este apartado donde se subsumen los supuestos conocidos como sextorsión o el grooming, ambos supuestos normalmente incardinados con el delito de coacciones o amenazas, en el que la difusión de las imágenes de carácter íntimo tiene como objetivo la obtención de un beneficio.
La difusión de pornografía de menores (artículo 189) castiga al “que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil.” Este enfoque también se vincula con el artículo 197, en los casos de distribución a través de redes sociales de imágenes de menores en centros escolares, en los que los propios alumnos pueden cometer este delito.
Especificidades procesales
En estos supuestos, uno de los temas puntales es la obtención de la prueba de los actos descritos para su posterior denuncia. Las publicaciones en medios digitales e internet son de naturaleza voluble, por lo que se hace imprescindible la denominada “captación de prueba electrónica”: la práctica jurídica ha avanzado y, aunque en sede judicial ofrece menos problemas un acta notarial que certifique el contenido de una determinada dirección de internet en un determinado momento, han surgido diversos servicios prestados por terceros para la obtención de pruebas, que emiten actas de navegación electrónica, las cuales también certifican el contenido de una determinada red social, incluso permiten su grabación en tiempo real, para ser aportada como prueba en el proceso.
Por otra parte, desde el punto de vista de inicio del proceso, siempre es recomendable la vía judicial preferentemente a la denuncia en sede policial: los medios de las unidades de investigación de delitos telemáticos no permiten grandes periodos de investigación, y los instructores tienen facultades de archivo del procedimiento que, desde el enfoque de los intereses de la víctima, interesa evitar. La denuncia judicial permite el acopio de pruebas (suelen ser delitos que se mantienen y se amplían con el tiempo) y, cumpliendo los plazos de prescripción, presentar pruebas que permitan la efectiva condena del causante, y asegurar el resarcimiento de la víctima.
Es interesante, por último, el enfoque hacia las empresas que trabajan o tienen representación en redes sociales, de un estudio de prevención de riesgos digitales por parte de profesionales jurídicos, en el marco de los planes de corporate compliance a los que están obligados en aras de evitar la responsabilidad penal a la que hace referencia de forma genérica el artículo 31.bis del Código Penal.
Alex de Roa
Abogado ICASBD 2.498
alexderoa.wordpress.com
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PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ (PNC Invalidez)
24 octubre, 2016 24 octubre, 2016 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
Esta pen sión se concede a personas que, con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, no cumplen con los requisitos de periodos de cotización necesarios para solicitar una pensión contributiva de incapacidad permanente en sus diferentes grados.
Requisitos Específicos de la propia Pensión no Contributiva de Invalidez
Edad: Tener dieciocho o más años y menos de sesenta y cinco.
Residencia: Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de cinco años, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.
Discapacidad: Grado de discapacidad igual o superior al 65%.
El derecho a Pensión no Contributiva de Invalidez no impide el ejercicio de aquellas actividades laborales, sean o no lucrativas, compatibles con la discapacidad del pensionista y que no representen un cambio en su capacidad real para el trabajo. Sigue leyendo →
LABORALGRADO DISCAPACIDAD, PENSIÓN DE INVALIDEZ, PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA
GUIA SOBRE PENSION DE VIUDEDAD
17 mayo, 2016 27 julio, 2017 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
Causantes / requisitos
El causante deberá ser persona integrada en el Régimen General de Seguridad Social, afiliadas y en ALTA o en situación asimilada a la de alta, que reúnan el período mínimo de cotización exigido de:
a) 500 días, si el fallecimiento es debido a enfermedad común: 500 días dentro de un período ininterrumpido de 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento o a la fecha en que cesó la obligación de cotizar, si el causante se encontrase en situación de alta o asimilada sin obligación de cotizar.
b) Si el fallecimiento es debido a accidente, sea o no de trabajo, o a enfermedad profesional no se exige período previo de cotización.
Las personas que, en la fecha del fallecimiento, “no se encuentren” en alta o en situación asimilada a la de alta, causarán derecho a pensión siempre que reúnan un período mínimo de cotización de 15 años. En ningún caso, se tendrá derecho al cobro de cantidades correspondientes a ejercicios anteriores a 1-1-99.
Beneficiarios / requisitos
Además de los requisitos generales (afiliación, alta y cotización) exigidos al causante en cada situación, para acceder a la pensión de viudedad, los beneficiarios deben acreditar otros requisitos específicos en determinadas circunstancias. Sigue leyendo →
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: primer análisis del Tribunal Supremo y Fiscalía General del Estado
14 abril, 2016 13 abril, 2016 Alex de Roa2 comentarios
La novedad que ha supuesto en el ámbito penal la introducción de tipos específicos para las personas jurídicas (empresas y sociedades) va siguiendo su curso lógico y han aparecido, pocos meses después de su entrada en vigor, las primeras posiciones jurídicas en cuanto a la aplicación práctica de los supuestos que contempla el Código Penal. El pasado 29 de febrero, el Tribunal Supremo emitió una Sentencia relativa al análisis de diversos supuestos delictivos en los que, además de las personas físicas involucradas, se hizo uso de sociedades mercantiles instrumentales para llevar a cabo los mismos. Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha publicado la primera (y esperada) circular al respecto de la modificación del Código Penal en la que se analiza, entre otros, los requisitos de los modelos de gestión (corporate compliance o prevención de riesgos penales) que deben adoptar las empresas para eximirse de la acción penal que se derive de las personas que tenga a su cargo, o que actúen en su beneficio Ambos documentos abren diversas e interesantes cuestiones en el ámbito jurídico práctico.
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20 marzo, 2016 20 marzo, 2016 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
Concepto: La incapacidad temporal es la situación de pérdida de la capacidad laboral por una alteración de la salud mera mente transitoria para el desarrollo de la prestación de servicios. La IT cubre la falta de ingresos que se produce cuando el trabajador no puede temporalmente trabajar y necesita asistencia de la Seguridad Social.
Duración: 365 dias prorrogables por otros 180 días si se prevee que el trabajador puede darse de alta por curación.
Si es enfermedad común o accidente no laboral:
Los 3 primeros días de la baja NO se cobra nada, salvo que el Convenio de aplicación digalo contrario.
Del4 al 15 se percibe el 60% de la base reguladora por IT. A cargo del empresario.
Del día 16 hasta el 20 el 75% de la base reguladora por IT. A cargo del INSS o la MUTUA.
Y desde el 21 se percibe el 75% de la base reguladora por IT.
Si es accidente de trabajo o enfermedad profesional:
Desde el día siguiente de la baja, el 75% de la base reguladora por contingencias profesionales. A cargo del INSS o la MUTUA desde el primer día. Sigue leyendo →
Querella contra empresas (II): intervención de la Administración Pública
4 enero, 2016 3 enero, 2016 Alex de RoaDeja un comentario
La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la última reforma del Código Penal, así como las consecuente aparición de los servicios jurídicos de corporate compliance para las empresas han abierto, a falta de pronunciación por parte de la Fiscalía General del Estado, interesantes planteamientos teóricos en su aplicación. Como ya hemos visto anteriormente en este mismo blog se abre la puerta a las querellas criminales dirigidas directamente contra las personas jurídicas, totalmente independientes a los procedimientos que eventualmente se puedan dirigir contra sus administradores por los mismos motivos, y con evidentes ventajas para el querellante, como la exención respecto a la identificación de la concreta persona física causante de la infracción penal (artículo 31 ter), lo que suponía en la práctica el mayor escollo para la interposición de la querella. Esta nueva figura nos plantea, sin embargo, una interesante cuestión respecto a los sujetos pasivos: ¿Qué efectos tendría la interposición de una querella contra una persona jurídica en la que tiene participación societaria una administración pública?
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TRAMITES PARA ALTA DE EMPLEADA DE HOGAR EN LA SEGURIDAD SOCIAL
21 diciembre, 2015 21 diciembre, 2015 Rosario Raposo MartinezDeja un comentario
T RAMITES
El empleador/a debe presentar:
TA 6 (Solicitud de INSCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR en el sistema de seguridad social). Es importante aportar los datos del empleador, entre ellos cuenta bancaria en la que se van a domiciliar los pagos a la S.S.
Impreso TA7 (Solicitud de ALTA, baja y variación de datos de cuenta de cotización)
Impreso TA.2/S-0138 (Solicitud de alta, baja o variación de datos del trabajador/a por cuenta ajena en el Régimen General Sistema Especial para empleados/as de Hogar) Este es el formulario con el que se completa el alta del empleado en la Seguridad Social. Aquí se incluyen los datos del empleado, del empleador, el tipo de contrato y las horas semanales así como el salario mensual. En función de estos datos después se calcula la cuota que se debe pagar a la seguridad social y que pagará el empleador.
El tipo de cotización por contingencias comunes será el 24,70%; siendo el 20,60% a cargo del empleador y el 4,10% a cargo del empleado. Para la cotización por contingencias profesionales se aplicará el 1,10%; a cargo exclusivo del empleador.
En función del salario se aplica una base de cotización, según tabla publicada para el año 2015 Tabla de cotizaciones Sigue leyendo →
El cómputo de tiempo de desplazamiento para el personal de seguridad privada: nueva Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa
25 noviembre, 2015 16 noviembre, 2015 Alex de RoaDeja un comentario
Los vigilantes de seguridad, y en general el personal del sector de la seguridad privada, no suelen disponer de un centro de trabajo fijo por la naturaleza de las labores que desempeñan. Existe en el sector una gran movilidad, que a veces comporta el cambio de lugar de trabajo durante la jornada laboral, sobretodo cuando se realizan funciones de transporte de fondos o en lo servicios de vigilancia dinámica en polígonos industriales o zonas residenciales privadas. El tiempo de traslado por parte del trabajador de un lugar a otro es computado por las empresas de seguridad de forma muy diferente, lo que ha llevado tradicionalmente a controversias entre el vigilante y su empresa en las cuestiones relativas al cómputo de horas efectivas de trabajo y, en caso de accidente laboral, a la aceptación de la responsabilidad por parte de la mutua laboral de los supuestos de in itinere. El Tribunal de Justícia de la Unión Europea se ha pronunciado finalmente al respecto, emitiendo una reciente sentencia que fija las bases para la resolución de estos conflictos. A partir de ahora, ¿cómo se computa el “tiempo de trabajo” en los desplazamientos diarios al centro de trabajo de los clientes?
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Querella contra empresas: aplicación de la reforma del Código Penal
4 noviembre, 2015 26 octubre, 2015 Alex de RoaDeja un comentario
La reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2015 introdujo el concepto de responsabilidad penal de las personas jurídicas. En esta ocasión (tras una primera introducción a título nominal en la reforma del 2010) se ha configurado un sistema completo, con una lista numerus clausus de infracciones penales que pueden ser cometidas por las personas jurídicas, de manera totalmente independiente a la responsabilidad que la misma acción produce en las personas físicas. Esta reforma abre la puerta a una serie de conceptos jurídicos nuevos, que interrelacionan el clásico derecho laboral de empresa con el derecho penal, en los servicios de asesoramiento corporate compliance o prevención de riesgos penales. Dentro de las labores de defensa de los intereses de las empresas, se abre la puerta con esta modificación a un concepto inédito en el derecho español: las querellas penales contra personas jurídicas.
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Sanción al trabajador como represalia: la garantía de indemnidad
21 octubre, 2015 15 octubre, 2015 Alex de RoaDeja un comentario
En el panorama laboral de nuestro país es por desgracia habitual que las reclamaciones que hace el trabajador en su empresa para mejorar sus condiciones laborales o salariales, o exigir el cumplimiento de las que ya existen por vía extrajudicial o judicial, tengan como consecuencia represalias por parte de la empresa, en forma de cambio de condiciones de trabajo, sanciones y, en el peor de los caos, el despido. La empresa suele “disfrazar” estas medidas sancionadoras, justificándolas como modificaciones motivadas en cambios de estrategia empresarial, y en el caso de las sanciones, inventando o exagerando los hechos para poder sancionar o despedir al trabajador sin tener que indemnizarlo. El trabajador está protegido por estos ataques por lo que la doctrina ha llamado la Garantía de Indemnidad. Pero, ¿cómo se configura este derecho y qué efectos tiene?
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Prestación por desempleo vs Límite del 75% del Salario Mínimo Interprofesional
3 octubre, 2015 13 octubre, 2015 Alex de RoaDeja un comentario
El artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio) establece un límite para la obtención del subsidio de desempleo: la carencia de rentas de cualquier naturaleza que superen, en cómputo mensual, el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. En la práctica supone un impedimento que tiene una doble vertiente: la denegación directa por parte de la Administración el momento de solicitar la prestación, o bien (y mucho más peligrosa) la reclamación posterior de las prestaciones por desempleo cobradas. Pero, ¿cómo se valora dentro del límite legal la existencia de cargas familiares? y ¿cómo se acreditan los rendimientos del capital mobiliario a mitad del ejercicio fiscal a los efectos de solicitud de la prestación?
LABORALdesempleo, laboral, límite, prestación, salario mínimo interprofesional, seguridad social
Plazos de prescripción en España y en Cataluña

References: artículo 47
 resolución 
 artículo 48
 artículo 172
 artículo 169
 artículo 173
 artículo 197
 artículo 197
 artículo 31
 resolución 
 artículo 215