Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1650-de-abril-4-de-2003?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041dd9ff034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-07-03 17:43:31+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 1650 DE ABRIL 4 DE 2003
SENTENCIA 1650 DE 04 DE ABRIL DE 2003
CONTENIDO:PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA. DEBE ACREDITARSE LA RENUENCIA DEL DEMANDADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, TUTELA, DEMANDADO, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA
REVISTA TUTELA N°:42 DE JUNIO DE 2003, PÁG.1101
Auto 1650 de abril 4 de 2003
Exp. 4100123310002002 01101 01, abr. 4/2003
M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié
Nº Interno 1650
Actor: Liliana Sandoval C/Megabanco
Asuntos Constitucionales - Acción de Cumplimiento
Se decide la impugnación al auto del 4 de octubre de 2002, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, que rechazó de plano la solicitud de cumplimiento interpuesta por la señora Liliana Sandoval contra Megabanco.
Solicitó la accionante el cumplimiento del artículo 28 de la Ley 546 de 1999.
La señora Liliana Sandoval adquirió un crédito para la financiación de vivienda de interés social. Afirmó la accionante que fue por valor de $ 6.750.000 a una tasa de interés al 37.74% anual con incrementos del 23% anuales otorgado inicialmente por Coficrédito para la vivienda de interés social en el barrio “Virgilio Barco” de la ciudad de Neiva y que dicho crédito fue adquirido posteriormente por Coopdesarrollo hoy Megabanco, por compra de cartera el día 14 de agosto de 1998, iniciado el 15 de septiembre con el crédito N° 42170311619 con la misma tasa de interés.
Sostuvo la accionante que solicitó “por intermedio de la Superintendencia Bancaria” le fuera reliquidado el crédito de acuerdo a las normas legales vigentes, pero Megabanco la negó aduciendo que la cooperativa no tenía el carácter del establecimiento de crédito y por tal razón no tenía el derecho a la reliquidación, de conformidad con lo establecido en la Ley 546 de 1999, olvidando que su vivienda es de interés social, la cual se rige por normas especiales y goza de protección especial del Estado.
Agregó que a pesar de que existe el proceso civil para solicitar la reducción de intereses, acudió a este mecanismo porque no cuenta con los medios económicos para acudir todos los gastos que acarrea contratar un abogado, existe un perjuicio grave e inminente en contra de su patrimonio y el de su núcleo familiar, pues de seguir pagando cuotas e intereses tan altos, sus ingresos no alcanzarían a cubrir todos los gastos y estaría en peligro de perder la vivienda.
Como soporte de la reclamación hecha ante la Superintendencia Bancaria y a Megabanco, allegó los documentos correspondientes al crédito del señor Leonel Tamayo Tamayo.
El Tribunal Contencioso Administrativo del Huila rechazó de plano la acción. Consideró en primer término, que la parte actora no solicitó a la accionada el cumplimiento del deber legal para establecer la renuencia; en segundo lugar, las reclamaciones aportadas al expediente no fueron hechas por la accionante; y en tercer lugar, Megabanco S.A., es una entidad bancaria de derecho privado y no una autoridad pública que ejerce funciones públicas.
La accionante impugna el fallo manifestando que el crédito para vivienda e interés social fue interpuesto por ella y el señor Leonel Tamayo Tamayo y ambos figuran en las escrituras como propietarios y también como deudores de Megabanco. Frente al requisito de la renuencia manifiesta que el tribunal debió darle traslado para que fuera corregida la demanda. Anexó en esta instancia documentos.
En desarrollo del artículo 87 de la C.P. dispone el artículo 1º de la Ley 393 de julio 29 de 1997, que toda persona podrá acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo “para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos”. Para decidir frente al caso concreto, la Sección optará la siguiente metodología: Primero. Se analizará la falta de legitimación por activa de que trata el tribunal; Segundo, estudiará la falta de legitimación por pasiva en el contexto de la acción de cumplimiento y, tercero, se verificará el requisito de procedibilidad de la acción en lo que trata con, (sic) si se estableció la renuencia. Estos tres fueron los argumentos del tribunal para rechazar de plano la acción y así se procede a dar el respectivo tratamiento.
Considera esta Sección que la señora Liliana Sandoval sí está legitimada para actuar en la presente acción como quiera que obran en el expediente documentos acreditando que la accionante conjuntamente con el señor Leonel Tamayo Tamayo, adquirieron solidaria y mancomunadamente a título de propiedad el inmueble descrito en la solicitud, así como ambos son en las mismas condiciones, deudores hipotecarios de la obligación crediticia como consta en el certificado de libertad y tradición (fl. 48) y el pagaré (fls. 58 y ss.).
El artículo 6º de la Ley 393 de 1997, dice que procederá la acción de cumplimiento contra las acciones u omisiones de particulares que impliquen el incumplimiento de la ley o acto administrativo, cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, pero sólo para el cumplimiento de las mismas y que podrá dirigirse contra el particular o contra la autoridad competente para imponerle dicho cumplimiento al particular.
Además, se tiene que el artículo 335 de la Constitución Política establece:
“ART. 335.—Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a los que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo puede ser ejercida previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito”.
Esta norma es concordante con el artículo 1º de la Constitución Política que establece la prevalencia del interés general sobre el particular en nuestro Estado social de derecho.
Corroborando la anterior normatividad, la ley define los servicios públicos como “... toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen especial, bien que se realice por el Estado directa o indirectamente o por personas privadas...”.
Para el caso concreto tenemos que la entidad accionada, Megabanco, desempeña su actividad financiera dentro de los parámetros establecidos en el citado artículo 335 de la Constitución Política de una parte, y, de otra, independientemente de la naturaleza pública, mixta o privada de la persona jurídica que preste un servicio público, al prevalecer el interés general sobre el particular (C.P., art. 1º) ésta debe responder para todos los efectos como un servidor público, tal como lo es Megabanco una persona (sic) privada que se dedica a la captación, manejo, aprovechamiento e inversión de dineros del público, operaciones de las que obtiene un margen de utilidad conforme al estatuto financiero.
Por los anteriores razonamientos concluye esta sección, por inferir con absoluta claridad que la entidad financiera Megabanco para el presente caso, presta un servicio público de interés general por lo que puede ser sujeto pasivo de la acción de cumplimiento, de conformidad con el artículo 6º de la Ley 393 de 1997.
En este sentido la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades como en la Sentencia T-1085 del 5 de diciembre de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería y la T-083 del 12 de febrero de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, esta última dijo lo siguiente:
“La Caja Popular Cooperativa, es una institución financiera organizada como cooperativa especializada de ahorro y crédito, que como tal y según lo ha establecido la jurisprudencia constitucional, presta un servicio público.
La entidad de carácter privado demandada en el proceso de la referencia es una corporación dedicada a la actividad financiera y, por tanto, susceptible de ser demandada por vía de tutela.
En efecto, la actividad financiera, cuyo objetivo principal es el de captar recursos económicos del público, para administrarlos, intervenirlos y obtener de su manejo un provecho de igual naturaleza, ha sido considerada por la Corte Constitucional como servicio público. Sobre este asunto ha dicho la corporación:
“El servicio público es definido en el derecho positivo colombiano como “...toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o indirectamente o por personas privadas ...”.
“De igual manera la jurisprudencia constitucional ha establecido que el servicio público es “toda actividad dirigida a satisfacer una necesidad de carácter general, en forma continua y obligatoria, según las ordenaciones del derecho público, bien sea que su ordenación esté a cargo del Estado directamente o de concesionarios o administradores delegados, o cargo de simples personas privadas”.
“... [L]a actividad desplegada por las entidades financieras tiene la prerrogativa consistente en la facultad para captar recursos del público, manejarlos, invertirlos y obtener un aprovechamiento de los mismos, dentro de los límites y con los requisitos contemplados en la ley;
“De los precedentes textos constitucionales aparece que la actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público, atendiendo a su propia naturaleza, reviste un interés general y, por tanto, no escapa al postulado constitucional que declara su prevalencia sobre intereses particulares (C. Pol., art. 1º), lo cual se concreta en el carácter de servicio público que se le atribuyó desde 1959 ...”. (C. Cons., Sent. T-443/92, M.P. José Gregorio Hernández Galindo)
3. Requisito de la renuencia.
Establece el artículo 8º de la Ley 393 de 1997, que para la procedencia de la acción “se requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad haya sido renuente a cumplirlo o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud. ...”.
La misma norma agrega que se podrá prescindir de este requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable para el accionante, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda”.
El evento anterior se produce cuando por dar trámite al procedimiento de renuencia, se produciría un daño al perjudicado mientras se obtiene el pronunciamiento en una u otra forma por la administración. Es decir, cuando de esperarse el tiempo de la renuencia, ello conlleva un perjuicio para el actor.
Para establecer la renuencia, la accionante allega oficio de la entidad Megabanco fechado el 6 de agosto de 2002, dirigido al señor Leonel Tamayo Tamayo, en donde le manifiesta que la Superintendencia Bancaria le ha dado traslado de la comunicación efectuada por él y proceden a efectuar comentarios y precisiones (fl. 16).
Considera la Sala que este documento no satisface el requisito de la renuencia como quiera que la accionante no solicitó a Megabanco el cumplimiento del deber legal, sino que la respuesta visible a folio 16 obedeció a una queja presentada por los actores ante la Superintendencia Bancaria y por lo tanto no se cumplió con el requisito para la procedencia de la acción señalado en el inciso 2º del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 y como tampoco se presenta el perjuicio que no se pueda remediar, procede su rechazo de plano, conforme lo dispone el artículo 12 de la misma ley, en este aspecto no hay traslado para subsanar.
Por las razones expuestas se confirmará el auto del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila que rechazó de plano la acción.
Confírmase el auto impugnado.
Magistrados : Ligia López Díaz, Presidente—Germán Ayala Mantilla—María Inés Ortiz Barbosa—Juan Ángel Palacio Hincapié.

References: artículo 28
 artículo 87
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 335
 artículo 150
 artículo 1
 artículo 335
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 12