Source: http://eljustoreclamo.blogspot.mx/2008_04_29_archive.html
Timestamp: 2018-04-24 12:09:15+00:00

Document:
El Justo Reclamo: 04/29/08
Hace dos años el pueblo de Atenco fue brutalmente reprimido por las policías estatal y federal bajo las órdenes de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto.
A la fecha aún quedan 16 compañeros presos y varios perseguidos políticos, y lo mas indignante es que aun permanecen impunes las violaciones a nuestras compañeras y los asesinatos de Javier Cortés y Alexis Benhumea.
A dos años de la represión, seguimos en pie de lucha, por ello, se les invita a que participen y difundan esta jornada de lucha.
JORNADA DE LUCHA EN ATENCO
POR LOS PRESOS Y PESEGUIDOS POLITICOS DE ATENCO Y DE TODO EL PAIS.
POR LA PRESENTACION CON VIDA DE NUESTROS HERMANOS Y HERMANAS DESAPARECIDAS
A dos años de la brutal represión que sufrimos por parte de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, tratando de desmoralizar y desaparecer la resistencia en Atenco y golpear al movimiento social en México, nosotros seguimos de pie, luchando por la liberación de nuestros 16 presos y presas políticas, de nuestros compañeros y compañeras procesadas, y de los 6 compañeros y compañeras perseguidos, así mismo, levantamos la voz por la libertad de todos y todas las presas políticas del país y los desaparecidos, por eso convocamos a todas las organizaciones y personas a la siguiente jornada de lucha:
10:00 hrs. celebración del día del niño y conmemoración del natalicio de Nezahualcoyotl, asistirán alrededor de 600 danzantes, frente a la casa de la Cultura “José Enrique Espinosa Juárez” y frente al auditorio “Emiliano Zapata”.
8:00 a.m. Se colocará una cruz en medio de los cerros de Huetepec y Tepetzingo en AtencoPor la tarde noche habrá un baile.
10:00 a.m. en Atenco
Ofrenda a nuestro compañero Alexis Benhumea, a 2 años de que el gobierno asesino y represor de Peña Nieto y Vicente fox lo asesinaron, así como a nuestro hermano Francisco Javier Cortes, en la Carretera Lechería-Texcoco, entrada principal a Atenco.
12:00 p.m. Acto solidario con la presencia de Flavio sosa, los familiares de nuestros hermanos asesinado en ecuador y Julio Hernández López, frente al auditorio “Emiliano Zapata”.
Desde las 14:00 p.m. a la noche, acto político cultural frente al Auditorio “Emiliano Zapata”
Agradecimiento a los abogados
SALIMOS DE ATENCO A LAS 7 A.M. CAMINAMOS A LA AUTOPISTA PEÑON TEXCOCO Y DE AHI NOS TRASLADAMOS EN AUTOBUSES AL D.F., POR LO QUE CONVOCAMOS:
DEL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN-ZÓCALOA LAS 13:00 HRS
A TODOS LOS HERMANOS QUE PUEDAN AYUDARNOS EN TAREAS PRACTICAS, COMO MONTAR EXPOSICION FOTOGRAFICA, COLGAR MANTAS, ETC. LOS ESPERAMOS DESDE ANTES.
A partir de las 9:00 hrs. representación de la Batalla de Puebla, en Atenco y Nexquipayac.
¡ LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS DE MEXICO ¡
¡ LA TIERRA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE ¡
¡ EL FPDT VIVE, LA LUCHA SIGUE ¡
San Salvador Atenco, abril del 2008.
Secretario de Defensa de EEUU justifica despliegue de portaaviones en Golfo de México
El secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, dijo este martes en México que el despliegue de un segundo portaaviones en el Golfo es un "recordatorio" del poder militar estadounidense en la región, aunque aseguró que no se trata de una "escalada militar".
"No creo que vayamos a tener dos portaaviones por un largo período de tiempo. O sea que no lo veo como una escalada militar. Sin embargo, pienso que podría ser tomado como un recordatorio", dijo Gates a periodistas durante una visita oficial al país azteca.
Un portavoz de la marina estadounidense había dicho más temprano que la llegada del portaaviones "USS Abraham Lincoln" al Golfo esta semana forma parte de "una rutina de remplazo" del "USS Harry S. Truman".
Gates cumplió una corta visita de un día al país vecino, para "fortalecer las relaciones militares", según fuentes oficiales. Se trata del segundo viaje de un secretario de Defensa estadounidense a México en toda la historia. La primera fue la de William Perry hace 12 años.
El viaje tiene lugar pocos días después de que Venezuela y Brasil anunciasen la conformación, antes de fines de año, del Consejo de Defensa Suramericano.
"Estamos en los estadios iniciales para contruir un sistema de cooperación con el ejército mexicano más elaborado", dijo un funcionario que acompañaba a Gates a periodistas.
TeleSUR - Afp / mc - MC
Movimientos sociales bolivianos anuncian movilizaciones para el próximo cuatro de mayo
(VIDEO) Pese a las exhortaciones del gobierno para evitar cualquier enfrentamiento, los sectores sociales que lo respaldan decidieron no quedar inactivos el día de la consulta.
La Iglesia Católica de Bolivia afirmó por su parte que no existen condiciones para el diálogo entre el gobierno y la oposición; y convocó a evitar la violencia ante la proximidad de la consulta.
- OEA intenta mediar entre Gobierno boliviano y oposición separatista
Los movimientos sociales bolivianos anunciaron para el próximo domingo movilizaciones contra el referéndum autonomista convocado por la oposición en el departamento de Santa Cruz.
Pese a las exhortaciones del gobierno para evitar cualquier posibilidad de enfrentamiento, los sectores sociales que lo respaldan decidieron no quedar inactivos el día de la consulta.
“Por seguridad de Bolivia y por la unidad del país, para el próximo 4 de mayo, el día del referéndum autonómico, Santa Cruz de la Sierra debe abstenerse de ir a las urnas a prestarse en el juego de las logias oligarcas de Santa Cruz de la Sierra”, exhortó Roberto de la Cruz, Concejal de la ciudad de El Alto.
Las mujeres de los seis pueblos indígenas que habitan en el departamento de Santa Cruz también dieron instrucciones a sus afiliadas. “No asistiremos al referéndum del 4 de mayo, ni como votantes ni como jurados electorales, dedicándonos ese día a resguardar nuestras organizaciones, comunidades y territorios”, dijo a TeleSUR Carmen Chuvé.
Las organizaciones sociales afines al gobierno crearon un Consejo Nacional de Defensa del Cambio, desde donde se anunciaron medidas y movilizaciones para obstaculizar la consulta por estatutos autonómicos del 4 de mayo.
Fidel Surco, de la Confederación de Colonizadores, llamó al “boicot en todas las zonas de colonización y en todas las 15 provincias del departamento de Santa Cruz; y como también dentro de la ciudad de Santa Cruz, en lo que es el Plan 3.000, en Villa 1ro de Mayo en las zonas y Villas donde están apoyando el proceso de cambio”.
Los sectores sociales decidieron movilizarse tras el virtual fracaso de las últimas gestiones realizadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), para que gobierno y oposición reinicien el diálogo, antes del 4 de mayo, en procura de un acuerdo sobre el proyecto de nueva Constitución y de los Estatutos autonómicos.
Iglesia llama a evitar violencia
Los obispos tantearon durante dos meses la posibilidad de volver a reunir al gobierno del presidente Evo Morales y a la oposición autonomista de Santa Cruz. Sin embargo los resultados de sus gestiones fueron claros: “no hay confianza ni en los potenciales mediadores que ya estuvieron en el país”.
El presidente del Senado, el opositor Oscar Ortíz, dijo no entender “qué jugada está haciendo el gobierno de hacer a un lado ahora al grupo de países amigos donde hay países tan importantes como Argentina, Brasil y Colombia que incluso tuvieron la gentileza de que vengan sus propios cancilleres acá y sólo apuntar a la OEA”.
El gobierno espera para las próximas horas el reinicio de gestiones de la OEA, mediante su subsecretario Dante Caputo y reiteró sus advertencias en torno al estatuto autonómico cruceño.
“Después del 4 de mayo, esperemos que el prefecto y las autoridades cruceñas no intenten generar gobierno propio al margen de la Constitución, al margen de la legalidad”, expresó Edmundo Novillo, presidente de la Cámara de diputados.
Pues estimó que esto “podría seriamente confrontar al gobierno nacional con este autogobierno que pretenden después del 4 implementarse en Santa Cruz”.
La Iglesia Católica ratificó su voluntad de facilitar el diálogo para buscar un acuerdo en torno al texto de la nueva Constitución y los estatutos autonómicos que impulsan algunas regiones, y convocó a la reflexión.
Jesús Juárez, secretario de la Conferencia Episcopal, hizo “un vehemente llamado a evitar confrontaciones que puedan conducir a la violencia” el próximo 4 de mayo.
Para la consulta de este domingo en Santa Cruz, no se acreditó ningún veedor internacional. El gobierno afirma que no se trata de un referéndum, sino de una costosa encuesta.
Eduardo Bours solicitará a la PGR indague “los señalamientos” de Proceso
* La mayoría de los ejemplares de Proceso en Sonora fueron decomisados
México, D.F., 28 de abril (apro).- El gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, aprovechó los reflectores de su conferencia de prensa semanal para hacer referencia al reportaje publicado esta semana por el semanario Proceso bajo el título “Narcopoder en Sonora”.Al respecto, el priista sonorense dijo que solicitará a la Procuraduría General de la República (PGR) investigue “los señalamientos” de la revista, la que en un amplio reportaje se refiere a los negocios realizados por el gobernador a la sombra del poder; al enriquecimiento de sus nueve hermanos, y a las presuntas relaciones de sus colaboradores más cercanos con el tráfico de drogas.En una entrevista radiofónica con el periodista Carlos Loret de Mola, Eduardo Bours dijo que ya habló con Eduardo Medina Mora, titular de la PGR, a quien le pidió una investigación a fondo sobre el tema del narcotráfico, y agregó que “son mentiras” los señalamientos contra su jefe de escoltas, Lázaro González Cruz, por quien “mete las manos al fuego”.Y sobre los hermanos Beltrán Leyva, grupo de narcotraficantes con el que se relaciona a altos mandos policiacos estatales, Bours Castelo declaró:“No tengo la más remota idea, es una cuestión que está viendo la PGR; obviamente es gente de Sinaloa que puede tener tráfico, pero no tengo la más remota idea”.Negó que 24 camiones de la firma Bachoco –una de las varias empresas de los hermanos Bours Castelo-- hayan sido detenidos por autoridades federales. Y sólo reconoció que cuatro vehículos fueron asegurados (con sustancias prohibidas) y ellos mismos, como dueños, presentaron las denuncias correspondientes.Detalló: “Se subcontrata el servicio de transporte, Bachoco no lo hace, y desafortunadamente el crimen organizado (ha operado) con diferentes camiones, esta no es la única empresa. Como consecuencia, cambiamos (sic) al subcontratista”.Respecto del negocio de la acuacultura, el gobernador afirmó no estar directamente involucrado:“No estoy en el negocio de la acuacultura”, pero confirmó lo que Proceso publica esta semana: “Mis hermanos están y no son de los más grandes que hay en el estado, en fin, me parece muy claro que son ganas de lastimarme”.Acotó que sus hermanos poseen “dos o tres hectáreas” de tierras cerca de playa San José, pero admitió además que Ricardo y Francisco Javier Bours, al lado de otras familias de Sonora, compraron la empresa Ocean Garden, la comercializadora de camarón más importante del mundo.
--¿Manlio Fabio Beltrones (líder de la fracción priista en el Senado) está detrás de esto? –soltó Loret de Mola a Bours.
--Hay una gran posibilidad de esto, por supuesto que sí.
Confiscan Proceso en Sonora
Una de las aristas preocupantes es que Eduardo Bours, el personaje central de la historia de Proceso, ordenó el decomiso de la mayoría de los ejemplares que fueron enviados a esa entidad.Y es que tan pronto como el semanario envió su dotación de ejemplares a la entidad el fin de semana anterior –en que aparece la foto de Bours Castelo en traje azul y con una diminuta bandera nacional en la solapa--, poco más de mil ejemplares que debieron circular en las principales ciudades sonorenses fueron decomisados presuntamente por órdenes del gobernador.Según datos de los distribuidores del semanario, en total se confiscaron mil 30 ejemplares que directamente debieron entregarse a los voceadores; la revista sólo pudo circular, con unos 400 ejemplares, aproximadamente, en algunos locales cerrados de Sonora.Y es que los textos publicados no sólo se refieren a la presunta protección oficial al narcotráfico en esa entidad, sino a los múltiples negocios y a la cuantiosa fortuna que han amasado los Bours en cuatro años y medio de gobierno.El reportaje refiere, por ejemplo, el explosivo negocio de la acuacultura –uno de los más boyantes de la familia– y la adquisición, junto con otros socios, de la comercializadora Ocean Garden Product, la cual fue vendida a ese poderoso grupo de empresarios por parte de Bancomex y Nacional Financiera.Según datos consultados en Sonora y entre grupos de cooperativistas, los Bours pretenden exportar, a través de Ocean Garden, camarón blanco y azul a distintos países del mundo.Con esos fines construyen amplios estanques en el Golfo de California, en lo que se conoce como playa San José, para la producción y exportación de miles de toneladas de ese marisco a través de la comercializadora internacional.También ofertan maquinaria agrícola y, a través de la empresa Tepeyac, pretenden controlar –e incluso monopolizar– la venta de fertilizantes para el campo, otro sector donde han invertido multimillonarias ganancias en la siembra de mandarina, cártamo y trigo, según se acredita en el reportaje referido.Por si fuera poco, los Bours también están involucrados en el negocio del transporte de pasajeros: en Obregón, Hermosillo y Navojoa, por mencionar sólo tres ciudades.Ahí los Bours desplazaron a cientos de permisionarios con amplia antigüedad en ese negocio con la incorporación de cientos de camiones.No es todo: poco después de asumir la gubernatura, en 2003, Eduardo Bours dispuso, como dueño de la concesionaria Ford, que todas las patrullas que circulan por la entidad fueran de esa marca, convirtiéndose el grupo familiar en el concesionario con más ventas de automóviles en el estado.Controlan extensas rutas y prestan el servicio urbano de pasajeros con cientos de autobuses nuevos. En la parte trasera de los vehículos se observa la palabra “SUBA”, la que para los sonorenses consultados significa “Servicio Urbano Bours y Asociados”.Así mismo han desplazado a decenas de inversionistas que pretenden invertir sus capitales en el turismo.Todos se han topado con la barrera de los Bours Castelo, quienes prácticamente acapararon los proyectos turísticos en Puerto Peñasco.
Los lunes de cada semana –a semejanza del político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador cuando encabezaba la jefatura del gobierno del Distrito Federal–, el gobernador Bours da una conferencia de prensa para comentar las bondades de su gestión.En ese marco esta mañana fue cuestionado por distintos reporteros sonorenses respecto del reportaje de Proceso.Bours declaró: “Voy a pedir a la PGR que investigue y se aclaren esos señalamientos”.Y al referirse al trasiego de drogas y a las redes de narcotráfico que operan en la entidad, Bours señaló que Sonora es por mucho un estado en el que se ha dado un combate a grupos delictivos –no mencionó a ninguno en particular--, y agregó que no se echará para atrás en el combate al crimen organizado.Tan pronto como Bours Castelo dio por terminada su tradicional conferencia de prensa matutina, la delegación en Sonora de la PGR emitió un comunicado en el que confirmó la existencia de la averiguación previa PGR/SON/HM-UMAN/338/2007 –consignada por el semanario--. En el boletín, la dependencia acota que en la casa de Lázaro González Cruz, jefe de escoltas de Bours, no se encontraron evidencias sobre el presunto tráfico de drogas por el que se le investigó.Lo que la delegación de la PGR sí revela es que la averiguación se abrió el 16 de noviembre de 2007 y que el cateo a la casa de González Cruz fue producto de una “llamada anónima”, por lo que indagatoria aún sigue abierta.Sobre los más de 20 aseguramientos de camiones de la empresa Bachoco –y de cuyos hechos ha dado cuenta la propia prensa sonorense y nacional--, la delegación de la PGR reconoce que por esos hechos no se ha iniciado ninguna averiguación, debido a que los automotores exhiben diversas razones sociales.La publicación de “Narcopoder en Sonora” generó múltiples reacciones. Una de ellas la de Enrique Reina Lizárraga, dirigente estatal de Acción Nacional:“Creo que a los sonorenses nos interesa mucho (lo publicado contra el gobernador) porque está hablando de un gobernador priista, está hablando de la primera autoridad de un estado. Y no es la primera vez. Es él quien tiene que aclarar todo lo que se menciona”.En contrapartida Ernesto Lucas, líder estatal del PRI, comentó que “a Eduardo Bours comienzan a verle espolones para un proyecto nacional que de veras pueda cuajar”.
“La gran diferencia es que Eduardo Bours le llama a las cosas por su nombre y no necesita de mensajes o mensajeros para decir lo que siente”.
Finalmente, el controvertido gobernador declaró a la prensa local que estudia la posibilidad de entablar una “demanda civil” en contra del semanario.
¿Qué demuestra Bours con el decomiso de Proceso en Sonora?
a) Su inocencia
4.67 % 140 votos
b) Su intolerancia
22.66 % 679 votos
c) Su culpabilidad
72.67 % 2178 votos
Porque se omite la imagen de Calderon en la fotografia de la portada?.....Presion del gobierno "espurio" o del narco?......
Ciudad Obregón, Son., 28 de abril (apro).- Dueña del poder político del estado de Sonora y de una fortuna incalculable con empresas como Bachoco, Tepeyac, Ocean Garden, Larvas Génesis y Alma, la familia formada por los hermanos Bours Castelo no cesan de comprar y de invertir. Ya es dueña de medio estado, pero lo quiere todo.Mientras se prepara para dejar en la gubernatura a uno de sus incondicionales, así como para postular al actual mandatario Eduardo Bours para “la grande”, el clan aplica grandes sumas de capital o explota con frenesí varios de los más lujosos hoteles de la región, el sistema de transporte más próspero de la entidad, siete minas y enormes extensiones de tierra con sofisticados sistemas de riego para sus cultivos de cártamo, trigo y mandarina, además de tener actualmente en desarrollo los proyectos de acuacultura más ambiciosos que se hayan visto en el país. Y, por si fuera poco, de acuerdo con la averiguación previa PGR/SON/HM-UMAN-LL/338/2007, personajes muy cercanos al gobernador Eduardo Bours, entre ellos su jefe de escoltas, Lázaro González Cruz, operan la más amplia red de narcotráfico (y narcomenudeo) en el estado. Esto, afirman los documentos, ha sido “solapado y (está) bajo la protección” del mandatario estatal.La empresa Bachoco, propiedad de los Bours, es investigada por la PGR debido a que decenas de tractocamiones de esa compañía han sido asegurados con cuantiosos cargamentos de droga (mariguana, cocaína y pastillas psicotrópicas) ocultos entre los pollos congelados y los huevos que se envían a varios estados del país.Conforme a las indagatorias realizadas hasta el momento, los Bours Castelo tienen vínculos con la célula de narcotráfico que encabezan los hermanos Beltrán Leyva, quienes en Sonora están convertidos en los “verdaderos barones de la droga” y han invertido cientos de millones de dólares en la compra de terrenos, fincas y hoteles. Estos negocios, se explica, “son la pantalla” para lavar sus ganancias ilícitas.Formado a la sombra del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien en 1991 lo nombró asesor en las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio en materia agropecuaria, Eduardo Bours llegó a la gubernatura de Sonora en 2003 y, desde entonces, le ha sido atribuido utilizar sus más altas influencias políticas para incrementar el poder económico de su familia.Aún hoy, pese a las acusaciones que pesan en su contra, el gobernador Eduardo Bours se mantiene muy cerca de la cima: Apenas el viernes 24, fue recibido en la residencia oficial de Los Pinos por el presidente Calderón y el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Hablaron de la reforma energética, de las obras de infraestructura que el mandatario desarrolla en la entidad, de los “temas de la agenda política nacional” y de la próxima reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que se realizará, justamente, en el estado de Sonora. El gobernador aprovechó la ocasión para pedir a sus anfitriones más recursos para las finanzas estatales.Pero por lo que se refiere a las finanzas privadas, sólo en Puerto Peñasco, al amparo del poder, los Bours Castelo han invertido cerca de 3 mil millones de dólares en la adquisición de tierras y la construcción de grandes firmas hoteleras que, de acuerdo con un informe elaborado por la PGR –a raíz de que el año pasado murieron en Cananea seis policías, dos civiles y 16 sicarios de Los Zetas–, tienen que ver con el “lavado de dinero”.Durante los cuatro años y medio que lleva en la gubernatura de Sonora Eduardo Bours Castelo, no han dejado de causar escándalo los negocios emprendidos por el clan al que pertenecen sus hermanos Alma de Jesús, María de los Ángeles, Xavier, Susana, José Gerardo, Ricardo, Rodrigo y Sandra Luz.
A finales del año pasado, muy cerca del Golfo de California, en lo que se conoce como playa “San José”, Francisco Javier Bours adquirió mil hectáreas, donde se construye, con maquinaria del gobierno del estado, el más ambicioso proyecto de acuacultura para la cría de camarón blanco y azul. Aunque no se ha informado cuántos estanques productivos se dispondrán allí, se sabe que cada uno medirá 10 hectáreas y que –a juicio de expertos consultados por el reportero– cada hectárea producirá poco más de 50 toneladas de camarón de exportación por ciclo.E inclusive la colocación del producto en el mercado internacional ya la tiene resuelta el clan Bours Castelo. En una negociación operada a través del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), los Bours compraron la comercializadora Ocean Garden. Creada por los cooperativistas pesqueros, Ocean Garden cayó primero en quiebra y durante varios años estuvo en manos de Nacional Financiera. Ésta la traspasó a Bancomext, donde un amigo y socio del gobernador Bours, Mario Laborín, se la vendió al clan en poco más de 70 millones de pesos. Ahora la empresa está convertida en la más importante exportadora de mariscos de todo el mundo.Muy cerca de las playas de San José –a menos de un kilómetro de distancia, donde se desarrolla el proyecto de acuacultura–, el gobernador Eduardo Bours tiene una casa de descanso que suele visitar los fines de semana con sus hermanos. A unos 500 metros de esa propiedad, frente al mar, está ubicada la empresa Larvas Génesis, S.A. de C.V., donde un equipo técnico trabaja en la producción y mejoría genética del camarón que, en breve, los Bours exportarán a Estados Unidos y a varios países de Asia y Europa. En esta zona, la casa de Eduardo Bours luce imponente, a diferencia del resto de las residencias que fueron destruidas o dañadas por un huracán que azotó la región en agosto de 2007. Tras el fenómeno meteorológico, los Bours reconstruyeron su casa de descanso en menos de dos meses, con arquitectos y empleados del gobierno estatal.Católico como el resto de su familia, Eduardo Bours mandó construir su propia iglesia en San José, adonde va a confesarse y a rezar. Pobladores del área afirman: “Viene seguido por aquí, se encierra en su casa y acude a oír misa, se confiesa con el sacerdote y así descarga sus culpas”.Algunas de las personas consultadas llegaron inclusive a señalar que los Bours Castelo, encabezados por el gobernador José Eduardo Bours (el cuarto hijo de 10 que procrearon Javier Robinson y Alma Castelo, uno de los cuales, Mario, ya falleció), son dueños de más de la mitad del territorio sonorense y están seguras de que el mandatario buscará la candidatura presidencial en el año 2012.Además de dominar el mercado del marisco, la familia controla también, por medio de la empresa Tepeyac que opera Ricardo Bours,un amplio sector del mercado de los fertilizantes y ha penetrado en varios estados del país, como Veracruz y Tabasco, mediante la compra de otras empresas líderes en la distribución de ese producto, como Fypa, S.A. de C.V., y NPK Agroindustrial, S.A de C.V.No conformes con esto, mediante sus vínculos con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, los Bours obtuvieron la concesión para operar la aerolínea Alma, cuyos aviones vuelan por todo el país y se aprestan a abrir rutas internacionales.Así mismo, los Bours Castelo son dueños de siete minas que explotan mediante el uso de ácido clorhídrico, sustancia que, al igual que la efedrina, sirve para elaborar pasta de coca.
Los hermanos Bours Castelo, de acuerdo con informes de la DEA y de la PGR, no son ajenos al narco. Tan sólo en el último año y medio han sido asegurados 24 camiones de la empresa Bachoco –la más importante comercializadora de pollos, gallinas y huevos en el país– cargados con mariguana y cocaína.Según datos consultados en la PGR, los camiones de Bachoco han sido interceptados en rutas consideradas como las más importantes para el trasiego de droga: Tijuana, Mexicali y San Luis Río Colorado, donde operan los hermanos Beltrán Leyva, célula del cártel de Sinaloa.A raíz de la detención de algunos de esos camiones, el gobernador Bours lanzó una fuerte protesta contra la PGR y el Ejército por la gran cantidad de retenes y puntos de revisión instalados para detectar cargamentos de droga. La acusación más agresiva fue lanzada por el mandatario el 21 de noviembre de 2007, cuando la PGR descubrió que Lázaro González Cruz, su jefe de escoltas, mantiene ligas con el narcotráfico, en particular con los hermanos Beltrán Leyva. González Cruz, según la PGR, es una de las personas más cercanas al gobernador. Con base en una investigación a cargo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la tarde de aquel 21 de noviembre un equipo especial de la PGR se desplazó a Hermosillo, Sonora, con una misión especial: realizar un cateo. La razón: que se acusaba a González Cruz de operar una amplia red de narcomenudeo y de estar relacionado con operaciones de lavado de dinero.Bajo esa hipótesis, agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) catearon el domicilio del jefe de escoltas de Eduardo Bours. Aunque en aquella residencia no encontraron nada ilegal, la averiguación previa AP/PGR/SON/HM/-UMAN-ll/338/2007 establece que González Cruz tiene vínculos con una red de narcotraficantes que sirve a los intereses de los Beltrán Leyva, en particular con Alfredo, conocido como El Mochombo. (Éste sería detenido más tarde, el 21 de enero de 2008.)Luego de aquel fallido cateo, el gobernador arremetió contra la PGR y la AFI. En conferencia de prensa dijo: “La AFI no sirve para nada, más que para crear problemas en los estados”. Luego agregó: “Nada mejor le puede pasar a Sonora que se vayan de aquí los de la AFI, que dejen a la gente de la Procuraduría General de la República. Lo que estamos viendo ahora es que el delegado de la PGR (Óscar Ortega) dice que las famosas Unames (Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo), esas cosas tampoco las controlan ellos”.Otra de sus declaraciones fue: “Creo que la AFI es un problema muy serio. Ayer hablé con el titular de la PGR (Eduardo Medina Mora). Voy a hablar son el secretario de Seguridad (Genaro García Luna), porque tiene que hacer una investigación a fondo. No puede ser que entren a una casa así nomás, por una supuesta llamada anónima”.Bours acusaba a la PGR de haber cateado la casa de González Cruz sin orden judicial. Pero la PGR reviró al gobernador con un dato contundente: Los agentes de la AFI sí llevaban una orden. Era la número 158/2007 y fue obsequiada por el juez de Distrito Jorge Raúl Valencia para catear el domicilio de González Cruz, ubicado en Víctor Martínez 133, en Hermosillo.En los últimos cinco meses, la PGR logró obtener mayores datos sobre el empleo de los camiones de Bachoco para el transporte de droga. En cuatro ocasiones, autoridades federales encontraron en Hermosillo y sus alrededores cargamentos de cocaína, crystal y otras drogas en camiones de Bachoco que transportaban también pollos congelados o huevo. Uno de los mayores decomisos fue realizado por elementos de la Sedena el 16 de marzo de 2007 en un camión de Bachoco que llevaba casi dos toneladas y media de mariguana y pastillas psicotrópicas.Y avicultores de Ciudad Obregón y de Hermosillo comentan al reportero que la empresa Bachoco opera, con licencias oficiales, la importación de efedrina.Esta sustancia –comúnmente utilizada para la elaboración de medicamentos (entre ellos los antigripales) y por cuyo manejo discrecional saltó a la fama el empresario chino Zhenli Ye Gon– sirve para mezclarla con el alimento que consumen los pollos criados por Bachoco.El consumo de efedrina permite que los pollos no duerman en un lapso de al menos ocho semanas. De esa manera, el pollito “se la pasa comiendo de día y de noche”, según relata a Proceso un empresario avícola. Cuando desarrolla hasta dos kilos de peso, dice, “ya está listo para salir al mercado de consumo”.Pero al igual que los pollos de Bachoco, buena parte de la juventud sonorense tampoco puede conciliar el sueño: Según la PGR, Sonora tiene el tercer lugar entre los estados del país con mayor consumo de crystal, la droga sintética elaborada con efedrina. Conforme a la indagatoria, los grupos de distribución de esta droga cuentan con la protección de policías estatales.Dichas redes se hallan vinculadas con los hermanos Beltrán Leyva, dueños de fincas y haciendas en Sonora que mantienen una estrecha relación con los Salazar, grupo de distribuidores de droga que, de acuerdo con los testimonios, tienen vínculos con Arnoldo Tapia Chang, identificado como operador policiaco de Eduardo Bours.Por cierto que los Salazar mantuvieron una guerra a muerte con el gupo llamado “Los Gueritos”, a quienes se atribuye la desaparición y asesinato de Alfredo Jiménez Mota, reportero del diario El Imparcial de Hermosillo, en abril de 2005.Los Salazar, quienes lograron exterminar a “Los Güeritos” con el crimen de dos de sus más violentos operadores, El 9 y El 15, dominan buena parte del negocio del narco en la entidad y, según la PGR, disponen de un rancho de lujo conocido como “El Quiriego” (donde nació la extinta actriz María Félix). En esa zona de lujo los Salazar son vecinos del procurador del estado, Abel Murieta, pues el funcionario también cuenta allí con una casa de descanso conocida como “Abelandi”, donde el equipo político de Eduardo Bours suele reunirse. Los Salazar y Los Beltrán Leyva se disputan las rutas de trasiego de las drogas con Los Zetas, quienes en noviembre de 2007 se enfrentaron al Suat, grupo policiaco que acribilló a 24 miembros del cártel del Golfo, en una de las masacres más fragorosas que se recuerdan en el estado.Las principales rutas de narcotráfico en Sonora, en manos de los Beltrán, son Caborca, Nogales, Sásabe, Saric, Santa Cruz, Sonoíta, así como los tramos carreteros que comunican con Mexicali y San Luis Río Colorado.Cuando falta un año y medio para terminar su gestión como gobernador, Eduardo Bours ya tiene listo su relevo. En el medio político se da como un hecho que el futuro candidato a la gubernatura será el senador Alfonso Elías Serrano, incondicional de Eduardo Bours.
DUEÑOS DE SONORA
Hermosillo, Son., 26 de abril (proceso).- Nadie los detiene. Los hermanos Bours Castelo, encabezados por Ricardo y Eduardo, gobernador de la entidad este último, son considerados por los empresarios locales y por allegados a su familia como los hombres más poderosos de Sonora económica y políticamente.De 2003 a la fecha, al amparo del poder, este clan logró desplazar a los industriales regionales y foráneos para erigir un próspero emporio que se expande más allá del territorio sonorense. Y en sólo cinco años, Eduardo Bours puso en operación una estrategia que le ha resultado eficaz: combinar la política con los negocios.Tal es el control que ejerce esta familia que sus industrias abarcan casi todos los sectores productivos: el turismo, el ramo avícola y minero; domina también el mercado nacional de los fertilizantes, tiene participación en la aviación, el transporte terrestre y alimentos balanceados; controla la venta de tractores y el negocio automotriz a través de las agencias Ford…Apenas tomó posesión como gobernador, el 13 de septiembre de 2003, Eduardo Bours decidió cambiar todo el parque vehicular del gobierno estatal. Con esta acción no sólo cumplió uno de sus “caprichos”, como dicen los sonorenses, sino que convirtió a las concesionarias Ford de la entidad en prósperos negocios que son controlados por su familia. Desde entonces, todas las patrullas que circulan en Sonora tienen esa firma automotriz.Junto con su hermano Ricardo, Eduardo comenzó a comprar grandes extensiones de tierras en Sonora, Sinaloa y otras zonas del país para impulsar uno de los negocios familiares más rentables: la acuacultura y otros desarrollos de granjas acuícolas donde cultivan camarón de alta calidad para exportación.
Peripecias de Ocean
En la década de los sesenta, los cooperativistas pesqueros del país crearon la empresa Ocean Garden Products, la comercializadora de mariscos más grande del país. Tiempo después, debido a malos manejos financieros, la compañía cayó en quiebra y fue absorbida por Nacional Financiera (Nafin). Durante lustros, dicha empresa se convirtió en un negocio del que se beneficiaron amigos y compadres de los hombres del poder.Ocean Garden tiene su historia. Durante la gestión de Ernesto Zedillo hubo varios intentos por sacarla a la venta, pero ninguno fructificó. El intento más cercano fue cuando un grupo de inversionistas privados estuvo a un tris de adquirirla.Uno de los más interesados en comprar la compañía fue William Karma, el empresario gasolinero dueño de la cadena Hidrosina. Al final el proceso se truncó.Después, el Bancomext encargó otro avalúo de la empresa, pero los resultados del estudio fueron tan cuestionados que lo único que se consiguió fue poner en alerta a quienes se oponían al proceso. De acuerdo con la valoración realizada por el despacho de Asesores Financieros Internacionales, Ocean Garden apenas alcanzaba una cotización de 9 millones de dólares. Otros cálculos más serios establecieron que la empresa no costaba menos de 60 millones de dólares. En 2001, ya en el período de Vicente Fox, esa cotización fue considerada como “muy corta”, ya que lo más valioso de la empresa eran los créditos revolventes contratados con bancos estadunidenses. En aquella época, la comercializadora tenía suscritas líneas de créditos por 120 millones de dólares, siendo el Bank of América, presidido por James F. McCabe, el prestamista más importante.Pero además de los créditos, la fortaleza de la empresa radicaba en el aspecto social. Ocean Garden daba empleo a más de 900 proveedores, la mayoría de los cuales eran cooperativistas de las dos Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y Campeche; casi 90 mil personas recibían beneficios de la entonces empresa paraestatal que financiaba una flota de 982 barcos y compraba a los cooperativistas toda su mercancía.El 25 de noviembre de 2005, dos años después de que Eduardo Bours asumió la gubernatura, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomex) puso en venta la empresa comercializadora. En aquel tiempo se dijo que sus activos costaban 161 millones de pesos.Ese día, la institución acordó la venta de la comercializadora a las empresas mexicanas Granjas Acua, Acuícola Boca y Grupo Industrial Pesquero Mexicano que pagarán –informó Bancomext– 161 millones de pesos. En aquella licitación los Bours Castelo y asociados fueron los únicos que presentaron una oferta económica.Tanto el banco como la Comisión Intersecretarial de Desincorporación consideraron que para realizar la transacción se tomaron en cuenta “el prestigio, experiencia y solidez financiera” del grupo integrado por las empresas compradoras, lo que “permite prever el desarrollo el potencial de Ocean Garden en beneficio de la actividad pesquera y acuícola nacional”.Sin embargo, empresarios acuícolas y cooperativistas consultados por este reportero en Hermosillo, aseguran que Mario Laborín Gómez, actual director de Nafin, gestionó que la comercializadora se vendiera en 70 millones de pesos y no en 161 millones de pesos, como se dijo oficialmente. Laborín Gómez, dicen las fuentes consultadas, es uno de los más estrechos amigos de Eduardo Bours. Tan cercano es, afirman, que ambos tienen líneas de negocios en el sector de los fertilizantes y la hotelería.El 2005 fue próspero para la familia Bours, quienes participaron incluso como inversionistas en Finpatria, sociedad financiera de objeto limitado enfocada al crédito hipotecario.
Dos años después de la adquisición de Ocean, sus actuales propietarios compraron un predio de mil hectáreas en las playas de San José, en el que construyen ya un complejo acuícola que, aseguran, será uno de los más importantes del estado y del país.Según el diseño de los hermanos Bours, la obra tendrá varios estanques de diez hectáreas cada uno para la siembra y cultivo de camarón blanco y azul, los de mayor demanda en el mercado internacional. Y para exportarlo, disponen ya de la infraestructura de Ocean Garden Products, dedicada a la exportación de camarón y otros productos del mar.Además de Ocean Garden, el grupo Bours posee otros siete negocios que controla Francisco Javier, el mayor de los seis hermanos varones de la familia Bours Castelo. Entre las más conocidas destacan la comercializadora de pollo y huevo Bachoco y la empresa de telecomunicaciones Megacable. Pero los Bours también participan con sus empresas en sectores como la agroindustria, fertilizantes, acuacultura, aerotransporte, inmobiliario y, recientemente, en servicios financieros.Otra de las actividades a la que se dedican los familiares de Eduardo Bours es la compra de terrenos que luego venden al gobierno sonorense, como ocurrió recientemente con un predio de los Bours Castelo localizado en pleno centro de Ciudad Obregón que fue adquirido por las autoridades para construir ahí el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia del estado.Entre los 10 hermanos Bours Castelo –seis hombres y cuatro mujeres–, Francisco Javier es considerado el líder. Quienes lo conocen aseguran a Proceso que es muy distinto a su hermano Eduardo, el gobernador, quien suele ser “prepotente”.Un excompañero de escuela de Francisco Javier consultado por Proceso –quien solicitó el anonimato por temor a las represalias– afirma que en el Instituto La Salle, de Ciudad Obregón, Francisco Javier “era muy serio, muy tranquilo; hasta parecía tímido”.“Eso sí –agrega–, era amable y sencillo a pesar de pertenecer a una de las familias más adineradas de Sonora. Francisco Javier nunca tomó un micrófono”.En contraste, dice, “Eduardo a lo mejor te paga para que le prestes ese micrófono...” Y continúa: Eduardo, quien fue presidente del Consejo Nacional Agropecuario y del Consejo Coordinador Empresarial, estuvo involucrado en algunas controversias políticas por ser gestor de fondos privados para la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa en el 2000 y seis años después se vio implicado en otros escándalos por haber participado en el famoso Grupo Tucom (Todos Unidos contra Madrazo).Como gobernador de Sonora y cabeza del “ala política” de su familia, Eduardo no tiene límites, dice el entrevistado. Aquí se asegura que él será candidato presidencial para el 2012. Incluso ya tiene resuelta la parte más importante: el dinero.Y remata: “Aunque los Bours no aparecen todavía en la lista de multimillonarios de la revista Forbes, en Sonora su familia es considerada como una de las más acaudaladas de México.”
PAN: El partido de la impunidad
México, D.F., 28 de abril (apro).- Al tomar posesión del cargo que completará casi dos décadas de gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) en Jalisco, el 1 de marzo del año pasado, Emilio González Márquez proclamó: “No venimos a robar ni a descansar, ni venimos por glorias humanas ni tampoco para abusar del poder.”Pronto ese conjunto de compromisos quedó quebrantado, igual que su juramento, como alcalde de Guadalajara, de terminar el trienio, a pesar de sus recurrentes actos de falsa congruencia y su grosera ostentación de religiosidad.“Soy católico. Por eso no robo, por eso no engaño… No soy ladrón, no soy narco, no soy maricón. De otras cosa podré tener un poquito, pero de eso no”, decía Emilio en julio del 2005, después de usar el presupuesto municipal para editar nada menos que 120 mil ejemplares de un libro apologético de la religión de su preferencia.González Márquez, quien junto con sus cofrades Guillermo Velasco Arzac y José Antonio Ortega Sánchez, se declaró esbirro del ultraderechista Álvaro Uribe --como Felipe Calderón--, es protagonista de uno más de los escándalos que lo han acompañado en su carrera política, sobre todo después de dar el brinco del Partido Demócrata Mexicano (PDM) al PAN y de ocupar cargos mediante insanas prácticas políticas, incluyendo --como es el caso-- la manipulación de la fe.Pero Emilio es, también, el prototipo de la clase política panista de la que tanto se ufana el presidente nacional del PAN, Germán Martínez, quien exhibe con sus actos por qué Calderón lo colocó --mediante el ilegal e inmoral uso del aparato del gobierno-- en ese cargo.Martínez Cázares ha exonerado a Emilio con celeridad, pero no por la transferencia de recursos del presupuesto de Jalisco a la Iglesia católica ni por el desprecio y la ofensa hacia ciudadanos que le exigen decoro, sino por el lenguaje que el funcionario utilizó para ufanarse de que en ese estado hace lo que le viene en gana, porque para eso fue electo y tiene asegurada la absolución del cardenal Juan Sandoval.A Martínez le parece suficiente que Emilio haya ofrecido disculpas por su léxico, una patraña que oculta el patrimonialismo en el uso del erario --millones y millones no sólo a la Iglesia, sino a Televisa, a Televisión Azteca, al Teletón--, la insolencia hacia sus mandantes, hayan votado o no por él, y el atentado a una condición de paz en una democracia: el laicismo.Más que las palabras utilizadas y aun si recurrió a ellas por el influjo de drogas o alcohol, esos son los ejes del debate sobre el comportamiento de González Márquez: el uso patrimonialista del erario, la rendición de cuentas, el respeto a los gobernados porque él es --hay que recordárselo-- un servidor público y la vigencia del laicismo, que garantiza el respeto por igual a todas las religiones y a la ausencia de credo.Y esos son los temas que Germán Martínez, desde su cargo de presidente del PAN, soslaya en la expedición de un nuevo certificado de impunidad, el sello ya del partido de la derecha.Como secretario de la Función Pública impartió la línea de Calderón Hinojosa para absolver a Vicente Fox de cualquier sospecha de corrupción --“meto las manos al fuego” por él, proclamó--, y hace poco emitió un fallo absolutorio a un miembro del mismo clan de la derecha, Juan Camilo Mouriño, el empresario español convertido a la política para seguir haciendo negocios y que ha sido exhibido, con documentos, en una inequívoca conducta delincuencial, conforme a lo que establece el Código Penal.Martínez Cázares, quien integró el gabinete de Calderón durante una anodina gestión de nueve meses --apenas superado por priistas como Jaime Serra Puche, Fausto Alzati y Esteban Moctezuma--, hizo una encendida defensa de Mouriño, que concluyó en absolución, en el diario El Universal, que después ratificó a quien lo quisiera escuchar.“Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad. ¡Eso representa Juan Camilo!”, exclamó Martínez sobre Mouriño, a quien identificó como “orgullo” del PAN.Con el reciente escándalo de Emilio --uno más en su larga lista de compra de popularidad con recursos públicos-- y su inmediata exoneración por Martínez, el PAN muestra su auténtica estatura moral y política, que es la que siempre ha tenido la derecha.Comentarios: delgado@proceso.com.mx
La Corte da entrada a impugnación de la reforma electoral
* Nueva Alianza y Convergencia se suman así a quejas de la IP contra el Cofipe
México, D.F., 28 de abril (apro).- En una decisión sin precedentes y que puede tener efectos en los cambios que se hagan a la Carta Magna, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos Convergencia y Nueva Alianza en contra de la reforma electoral de noviembre pasado.En lo que representó un cambio de criterio del propio tribunal constitucional, por seis votos a cinco, el pleno de la SCJN consideró como “procedentes y fundados” los reclamos de esos dos partidos políticos que impugnaron el procedimiento de la reforma electoral.Ambos partidos cuestionaron, además, la restricción a los particulares para contratar la propaganda electoral y el relevo de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).Si la Corte les da la razón, sería la primera ocasión en que el máximo tribunal del país invalida una reforma a la Carta Magna. Hasta ahora no había aceptado revisar acciones promovidas en contra de reformas constitucionales.De hecho, la Comisión de Receso de la Corte –que funcionó en diciembre pasado y en la que participaron los ministros Genaro Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo– había rechazado las demandas al considerarlas “notoriamente improcedentes”.Fundamentó su rechazo en una jurisprudencia de 2002, en que la Corte estableció que no procedía ningún tipo de recurso para impugnar una reforma a la Constitución.La admisión de las demandas no significa que Convergencia y Nueva Alianza tengan razón, pero abrió la posibilidad de que los partidos políticos impugnen reformas constitucionales. La decisión del lunes se empata con los amparos promovidos por el sector empresarial en contra de la misma reforma, en particular la que se hizo al artículo 41 de la Carta Magna que prohíbe la compra de propaganda electoral por parte de particulares.La Corte aún no decide si ejerce la facultad de atracción de tales amparos, interpuestos por los empresarios luego de ser rechazados por jueces de distrito.Esos jueces de primera instancia tomaron esa decisión precisamente apoyados en esa jurisprudencia del 2002, que impedía la impugnación de las reformas constitucionales.De haber utilizado el mismo criterio, ese mismo año la Corte hubiera dado entrada a las impugnaciones que cientos de municipios hicieron a la ley indígena, pero la composición del pleno en ese entonces determinó que las reformas constitucionales no estaba sujetas a ningún control del Poder Judicial.
Tregua del EPR, para localizar a sus compañeros desaparecidos
Pide a Calderón cese el hostigamiento contra sus militantes y simpatizantes
* Pide a Calderón cese el hostigamiento contra sus militantes y simpatizantes
México, D.F., 28 de abril (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) se abstendrá de realizar actos de hostigamiento mientras duren las negociaciones del grupo de intermediación con el gobierno federal para localizar a los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos en mayo del año pasado, anunció el grupo insurgente.“Mientras dure esta intermediación no habrá acciones armadas de nuestra parte", precisó el grupo armado.En un comunicado dirigido a la grupo encabezado por el obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz, el escritor Carlos Montemayor, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el atropólogo Gilberto López y Rivas y la senadora Rosario Ibarra, el EPR pidió al gobierno federal cese el hostigamiento contra sus integrantes y simpatizantes.El grupo armado agradeció “conmovido la pronta respuesta de quienes fueron invitados a formar una comisión de diálogo con el gobierno federal, a pesar de que este último no ha respondido por medio del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien el viernes pasado dijo que “analizaba” la autenticidad del comunicado mediante el cual el EPR hizo el planteamiento.Las últimas declaraciones del funcionario fueron para acusar de “terroristas” a los miembros del EPR.El grupo insurgente también agradeció la disposición del Frente Nacional contra la Represión (Fncr) por haber aceptado integrarse a la comisión de intermediación.“Nos han conmovido profundamente con su rápida respuesta de apoyo a nuestra solicitud de intermediación ante las graves violaciones de los derechos humanos cometidos en la persona de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ante el peligro en el que se encuentran a pesar del tiempo transcurrido desde su detención-desaparición”, señaló."Con su respuesta constatamos que no nos equivocamos en la autoridad moral que ostentan por su trayectoria de lucha honesta por la justicia, recordamos su trayectoria al lado de otras personas que en algunos momentos históricos se han identificado con las causas justas", agregó. En el comunicado el Ejército Popular Revolucionario aceptó también las condiciones que pusieron los invitados a integrar la comisión.“Les hacemos saber que aceptamos sus condiciones: a) que su intermediación tiene un carácter puntual referido a las gestiones necesarias para lograr la presentación y libertad de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez; y c) que mientras dure esta intermediación no habrá acciones armadas de nuestra parte. Respecto al inciso b) corresponde al gobierno federal dar su posición pública frente esta iniciativa, ojalá este gobierno asuma una actitud en correspondencia a lo que ustedes como intermediarios, y nosotros como Partido Democrático Popular Revolucionario asumimos”, señaló.Sin embargo, el EPR hizo cuatro “consideraciones” para el gobierno de Felipe Calderón que en estos días se ha mantenido en silencio ante esta propuesta de diálogo:“… a) Que el gobierno federal y estatal con sus policías y ejército dejen de hostigar e intimidar a las familias de nuestros compañeros, a sus amistades y a las ONG que se han solidarizado contra este repugnante delito; b) que se deje de perseguir y de investigar a quienes consideran son parte nuestra; c) que el gobierno federal suspenda los operativos de búsqueda y captura de miembros de nuestro partido; y d) ponemos a su consideración que sus buenos oficios abarquen a los demás desaparecidos en el país”.Desde mayo del año pasado el EPR acusó al gobierno federal, al Ejército y al gobernador Ulises Ruiz, de haber detenido, de mantener en cautiverio y de estar torturando a sus dos compañeros que fueron apresados en Oaxaca el 25 de mayo.Ante la negativa de las autoridades gubernamentales y militares, el EPR ha realizado los cuatro actos más fuertes de una guerrilla en los últimos años al volar los oleoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, ocasionando pérdidas millonarias a empresas trasnacionales.
Oaxaca, Oax., 28 de abril (apro).- El Comité “Hasta Encontrarlos” agradeció al escritor Carlos Montemayor; al obispo Samuel Ruiz; al periodista Miguel Ángel Granados Chapa; al antropólogo Gilberto López y Rivas, y al Frente Nacional Contra la Represión, haber aceptado ser intermediarios del Ejército Popular Revolucionario (EPR), para realizar las gestiones tendientes a lograr la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en esta entidad.Nadin Reyes Maldonado, representante de ese comité e hija de Edmundo Reyes Amaya, afirmó que los culpables de la desaparición de su padre y de Cruz Sánchez son los gobiernos federal y estatal.Luego de que las fuerzas federales detuvieron, el pasado 25 de abril, a elementos de la policía ministerial, a los que se pretende responsabilizar de la desaparición de los presuntos miembros del EPR, Reyes Maldonado señaló que “el gobierno del estado quiere nuevamente cambiar y desvirtuar todo para confundir a la población y hacer creer que ellos no tuvieron nada que ver en este delito”.Además, calificó como “cínica” y “descarada” la posición del gobierno del estado, al publicar desplegados y hacer declaraciones, en los que se “solidariza” en la búsqueda de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, quienes son reclamados por el EPR.“Esa no es más que una vil burla”, dijo, y preguntó: “¿Acaso cree, señor gobernador, que los familiares somos tontos?”.Añadió: “Nosotros nunca hemos confiado en usted (Ulises Ruiz Ortiz) y nunca lo haremos. Sabemos la responsabilidad directa que tiene usted en todo esto, y su actitud sólo demuestra falsedad e incongruencia”.Dijo: “Desde luego, la responsabilidad en esto no es toda suya, lo que debe hacerlo sentir un poco más tranquilo, pues también el gobierno federal tiene mucha responsabilidad en este delito. “Lamentablemente, una vez más, hoy nos queda claro que este gobierno, como todos los anteriores, continúa la práctica de la desaparición forzada, delito de lesa humanidad, que nunca ha terminado y no cesará de no hacerle frente en estos momentos”, agregó.Los familiares exigieron al Estado mexicano la presentación con vida de los presuntos miembros del EPR, además de que se les informe sobre las investigaciones que realizan al respecto los gobiernos federal y estatal.Finalmente, hizo un llamado a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y a otras organizaciones a sumarse a la demanda de que se presente con vida a los desaparecidos.
Pide Navarrete al PRI y PAN esperar resultados del debate antes de aprobar la reforma
* Los exhorta a evitar “un encontronazo político”
México, D.F., 28 de abril (apro).- El coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, pidió al PRI y al PAN evitar un “encontronazo político” y esperar los resultados del debate sobre la reforma energética, luego de que legisladores de estos partidos anunciaron que después de los foros de discusión aprobarían esta iniciativa.Al salir de la reunión del Frente Amplio Progresista con Andrés Manuel López Obrador, el legislador no descartó la presencia del “presidente legítimo” en dicho debate, y anunció que será el 5 de mayo cuando ya tengan integrada la lista final de quienes de sus integrantes participarán en el mismo.“Acabamos de trazar una línea estratégica, yo creo que el lunes 5 de mayo estaremos en condiciones de entregar a la Junta de Coordinación Política la lista de los 20 temas”, explicó.--¿Está descartada la presencia de López Obrador?--Ya veremos –respondió.“Se aprobó una estrategia dual, con el debate intenso y con la organización abajo difundiendo casa por casa, será un movimiento que esté en la casa de los mexicanos, en los medios, en el debate en el Senado; y tengo confianza en que en tres meses cambiemos la percepción que tiene el país y el gobierno tendrá que pensarle tres veces antes de insistir que se aprueba su reforma”, indicó.Navarrete confió que los debates serán tan “contundentes que demostrarán la viabilidad de rechazar las cinco iniciativas privatizadoras en materia energética”, que se han presentado.
Propone Graco que participen AMLO y Cárdenas en el debate de la reforma energética
México, D.F., 28 de abril (apro).- El secretario de la Comisión de Energía del Senado de la República, el perredista Graco Ramírez, propuso hoy que Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas y algunos representantes sindicales participen en uno de los dos primeros foros de debate sobre la reforma petrolera.En conferencia de prensa, en senador perredista confió en que López Obrador y Cárdenas Solózano acepten participar “en la primera mesa importante” sobre los temas de postura ante la situación de Petróleos Mexicanos, que son las dos primeras mesas."He recibido de parte de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) (la propuesta) para la participación de un líder social como Francisco Hernández Juárez y la de Martín Esparza, del Sindicato Mexicano de Electricistas; no sé si el PRI quiera invitar al sindicato petrolero y esto es materia de cada partido hacerlo", explicó.Graco Ramírez indicó, así mismo, que las comisiones de Energía y Estudios Legislativos del Senado acordaron los términos de la convocatoria para el debate petrolero, que iniciará el 13 de mayo y concluirá el 22 de julio.
Promoverá la ALDF inconstitucionalidad contra reforma al Estatuto de Gobierno
México, D.F., 28 de abril (apro).- La Asamblea Legislativa promoverá una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, porque son contrarias al artículo 122 de la Constitución Mexicana, anunció su presidente, el perredista Agustín Guerrero.En entrevista con Apro, el también vicecoordinador de la bancada del PRD en la Asamblea Legislativa (ALDF) señaló que “si la SCJN se conduce con legalidad, procederá el recurso”, el cual estará listo la próxima semana.Guerrero explicó que existen tres vías para promover la acción de inconstitucionalidad: por 125 diputados federales, por 22 locales o por cualquier partido político.Entre los cambios más significativos, las reformas aprobadas la semana pasada en la sesión legislativa presidida por la perredista Ruth Zavaleta en una sede alterna y publicadas hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), contemplan la eliminación de la cláusula de gobernabilidad en la Asamblea Legislativa; un límite de 40 diputados de un solo partido por los principios de votación directa y plurinominal; un mínimo de 2% de un partido para tener representantes en la Asamblea; la creación de partidos locales; un órgano fiscalizador del Instituto Electoral del DF (IEDF); reducción de los tiempos de campaña, y renovación escalonada de los consejeros del IEDF.Guerrero Castillo explicó que hubo errores de procedimiento, “al no turnar Ruth Zavaleta el dictamen procedente de la Comisión del DF en el Senado a su homóloga en la Cámara de Diputados, sino que la puso a votación”, asunto en el que hay jurisprudencia y por ello altas probabilidades en que las reformas sean revertidas.Además, apuntó, “debieron hacerse las reformas pertinentes al 122 Constitucional antes de aprobar las del Estatuto de Gobierno; ese artículo establece el régimen político del Distrito Federal y sólo puede ser modificado por el Congreso de la Unión”.Destacó que el artículo constitucional en mención “es claro al señalar que la Asamblea está compuesta por 40 diputados por mayoría absoluta y 26 por mayoría relativa, no hay ambigüedad que justificara la reforma; otro más, en el 122 también señala que los consejeros del IEDF fueron elegidos por un periodo de siete años, y la reforma al Estatuto es contraria a eso”.La aprobación de las reformas al Estatuto, dijo Guerrero Castillo, es motivo para promover la expulsión de Ruth Zavaleta, René Arce y Victorio Montalvo, legisladores identificados con Nueva Izquierda, porque “se confabularon con intereses contrarios al PRD, es decir al respeto y a la legalidad del Gobierno del Distrito Federal”.El legislador y representante de la corriente Izquierda Unida, señaló que el próximo miércoles se llevará a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD la solicitud para que se sancione estatutariamente a los legisladores Zavaleta, Arce y Montalvo.Por otra parte, Agustín Guerrero dio a conocer que la próxima semana se emitirá la convocatoria para que el próximo 6 de julio se realice una consulta ciudadana sobre la reforma energética propuesta por el presidente Felipe Calderón, y que fue planteada por la senadora Rosario Ibarra de Piedra.“Hay consenso en todos los partidos en la Asamblea, con excepción del PAN –agregó Guerrero--; la idea es que como Distrito Federal, sus ciudadanos presenten una posición frente a la reforma, que afecta no sólo al Distrito Federal, sino a todo el país.“Lo que esperamos es ser ejemplo para otros congresos, que también tienen leyes de participación ciudadana y que, en todo caso, podrían convocar a consultas en sus entidades, y así presentar todos un posición de los ciudadanos sobre ese tema en particular al Senado de la República.”El diputado perredista señaló que entre los posibles organizadores de la consulta, estarían la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el IEDF o el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); además de que antes del ejercicio habría foros informativos en favor y en contra de la reforma.
Calderón usa a Sedesol como ‘brazo electoral’ del PAN: Beltrones
* Se modificará la iniciativa de reforma energética del Ejecutivo, advierte el priista
México, D.F., 28 de abril (apro).- Las actividades en la Cámara de Senadores volvieron a la normalidad este lunes, después de que la tribuna de ese órgano permaneció tomada por senadores del Frente Amplio Progresista, durante 15 días.En entrevista, el presidente del Senado, Santiago Creel, dijo que la liberación de la tribuna demuestra que a través del diálogo, la negociación y el acuerdo se puede superar cualquier crisis.Pero la nota del día la dio el prista, Manlio Fabio Beltrones, quien exigió al presidente Felipe Calderón escuchar a quienes lo acusan de utilizar a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como el “brazo electoral” de Acción Nacional (PAN).Impugnó las decisiones adoptadas por Calderón en la materia, pues en lugar de ‘blindar’ los programas frente a los intereses electorales, busca beneficiar a su partido con recursos públicos rumbo a los comicios federales de 2009.El coordinador del PRI en el Senado sostuvo que el presidente “debe tomar en cuenta las opiniones que son mayoritarias, que le están exigiendo que deje de utilizar a la Sedesol como el brazo electoral del PAN, y que los programas sociales verdaderamente lleguen a beneficiar a la población más disminuida en ingresos económicos”.Después de reprobar las expresiones de Calderón expuestas durante la asamblea nacional del PAN –en las que criticó a los gobiernos del PRI--, Beltrones anunció la decisión del Revolucionario Institucional de condicionar cualquier periodo extraordinario de sesiones a la realización de una reforma integral a la política social.“Para nosotros cualquier periodo extraordinario que quiera abordarse, deberá incluir nuevas mecánicas para poder fortalecer una política social de Estado, que busque el acabar con ese clientelismo electoral alrededor de la utilización de los recursos”, aseguró.
Mañana, convocatoria para debate energético
Por su lado, el senador panista, Rubén Camarillo, indicó que las comisiones de Energía y Estudios Legislativos se reunieron este lunes y aprobaron la convocatoria para el debate energético, aunque todavía afinan algunos detalles.Así, la Comisión de Energía emitirá mañana martes la convocatoria para celebrar los 22 foros del debate nacional que arrancará el 13 de mayo y culminará el 22 de julio, precisó el legislador.El también secretario de la Comisión de Energía informó que el 8 de mayo la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles, acudirán al Senado para argumentar en pro del proyecto de reforma energética del Ejecutivo.Ya en el primer foro, el 13 de mayo, participarán los presidentes nacionales de los principales partidos políticos para fijar su postura sobre el tema, precisó el senador.Sin embargo, dijo que todavía no se define a los participantes en los foros, por lo que las bancadas tienen hasta el miércoles próximo para presentar sus listas de invitados, que deben ser aprobados por la Junta de Coordinación Política (JCP).En tanto el senador perredista Graco Ramírez anunció que ya habló con el director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Villa, para solicitar la participación de especialistas de esa casa de estudios, y que el senador priista Francisco Labastida Ochoa pidió lo mismo al rector de la UNAM, José Narro.
Ya se revisa petición del EPR: Creel
Finalmente Santiago Creel anunció que los legisladores federales están dispuestos a analizar la solicitud de mediación del Ejército Popular Revolucionario (EPR) para atender la desaparición de dos de sus miembros.El exsecretario de Gobernación dijo que primero se explorará el tema al interior de las bancadas y del propio gobierno federal antes de dar una respuesta oficial a la guerrilla.El viernes anterior el EPR pidió a un grupo de intelectuales actuar como mediadores para dialogar con el gobierno de Calderón.Entre los convocados se encuentran el obispo emérito Samuel Ruiz, el escritor Carlos Montemayor, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa y el antropólogo Gilberto López y Rivas, así como la mediación del Frente Nacional contra la Represión (FNCR).El EPR ha demandado al gobierno de Calderón presente vivos a sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos en Oaxaca desde mayo de 2007.
El caso de las boletas del 2006, ante la CIDH
Después de una serie de muestras, calamitosas todas, en que el aparato de justicia mexicano se mostró tan servil e inoperante como en sus peores tiempos, el jueves 24 Proceso interpuso una denuncia contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación al derecho de información, una vez que en México se agotaron los caminos legales para tener acceso a las boletas de la elección presidencial de 2006. Este recurso incluye una solicitud de medidas cautelares para evitar la destrucción de los paquetes electorales, avalada el pasado 11 de marzo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Agotados los caminos legales en México para tener acceso a las boletas de la elección presidencial de 2006, Proceso interpuso una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación al derecho de información.La denuncia fue presentada, el pasado jueves 24, en la oficina del Secretariado Ejecutivo de la Comisión, en Washington, e incluye una solicitud de medidas cautelares para evitar la destrucción de los paquetes electorales, avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 11 de marzo.Las medidas se mantendrían en tanto la CIDH resuelve si, en efecto, las autoridades administrativas y judiciales del país violaron el derecho a la información de la revista con la reiterada negativa de permitir el acceso al material electoral con el que se declaró ganador a Felipe Calderón.La negativa del Instituto Federal Electoral (IFE), del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de la Suprema Corte es considerada en la demanda como una violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México forma parte desde 1981.En esa Convención no sólo se instituyó el derecho a la información como un derecho humano, sino que éste debe ser respetado y garantizado por el propio Estado.La negativa también es señalada en la denuncia como un precedente para que autoridades administrativas como el IFE o las del Poder Judicial –jueces, magistrados y ministros– nieguen el acceso en futuras peticiones de información relacionadas con procesos electorales.Además, cuestiona que el Poder Legislativo mantenga fuera de la legislación electoral el derecho a la información, como lo reiteraron la Cámara de Diputados y el Senado al aprobar la reforma electoral de noviembre último.No sólo pide declarar a México “responsable internacionalmente” de la violación de ese derecho, sino que le recomienda adoptar medidas, incluidas las legislativas, para garantizar la plena vigencia y respeto a los derechos involucrados, sobre todo en relación con el deber de preservar en archivos públicos información de interés público como la solicitada”.La denuncia ante la CIDH fue interpuesta en momentos en que el IFE negocia con los partidos políticos para que se desistan de las más de 500 quejas presentadas con motivo de la cuestionada elección presidencial. Coincidió también con una nueva negativa del IFE, esta vez al investigador José Antonio Crespo, para permitirle la misma información. En todo caso, el instituto no podrá destruir las boletas en tanto no se agoten todos los recursos legales que existen hasta ahora, entre ellos el del investigador Sergio Aguayo.Presentada por la abogada Graciela Rodríguez Manzo, en nombre del director del semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, la denuncia pretende que sea la CIDH, y en su caso la Corte Interamericana de Justicia, la que proteja en México el derecho a la información en materia electoral.Si la CIDH acepta la denuncia y encuentra que hay violación del derecho reclamado, podrá solicitar al Estado mexicano medidas para reparar el daño y evitar su repetición. Si éste no lo hiciera, el juicio sería turnado a la Corte Interamericana, cuya jurisdicción fue reconocida por México en 1998. En caso de que la Corte encontrara razón en el reclamo de la revista, podría sancionar al Estado demandado, lo cual se haría del conocimiento internacional.En la demanda del semanario se responsabiliza al Estado mexicano de violar la libertad de pensamiento y expresión, pues el propósito de solicitar el acceso a la papelería de la elección presidencial era el de informar los resultados de un pretendido recuento ciudadano de los votos ante la prolongada incertidumbre que generó la autoridad electoral.En medio del impasse abierto por la decisión del IFE de posponer el resultado de las elecciones y la desconfianza generada entre partidos y un sector de la sociedad por la diferencia de apenas medio punto porcentual con la que se le dio el triunfo a Calderón, el 28 de julio de 2006 el director de Proceso solicitó al instituto el acceso a las boletas.Mes y medio después, la autoridad electoral, a través de su Comité de Información, rechazó la petición. Inconforme, Rodríguez Castañeda buscó la protección de la justicia federal y solicitó un amparo en contra de la decisión del IFE no sólo para lograr el acceso, sino para evitar la destrucción de las boletas.La respuesta, que estuvo a cargo del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y tomada el 21 de septiembre de ese año, fue también negativa. La razón: que el amparo no procede en materia electoral.Proceso recurrió esa resolución ante una instancia judicial superior por considerar que en el amparo estaba involucrado el derecho a la información en posesión del Estado, por lo que no podía considerarse como un asunto meramente electoral. El caso llegó en octubre siguiente al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Pero de inmediato, los magistrados del Tribunal le pidieron a la Suprema Corte que atrajera la revisión del amparo debido a que involucraba aspectos constitucionales, como el de derecho a la información, que está garantizado en el artículo sexto de la Constitución.El caso se mantuvo durante un año y cinco meses en el máximo tribunal. Fue hasta el pasado 11 de marzo cuando los ministros de la Corte –en una decisión dividida de seis votos a cinco– confirmaron que el amparo se debía desechar por considerar que la petición está relacionada con la materia electoral y no con el derecho a la información. Con argumentos incluso contradictorios sobre si el proceso electoral está o no culminado, esa mayoría de la Corte interpretó también que la papelería de la elección de Calderón puede ser destruida una vez que se agoten los diversos procesos judiciales promovidos por diferentes personas para acceder a las boletas (Proceso 1637).No fue la única vía que la revista buscó para tener acceso a las boletas de la elección presidencial. El reportero Daniel Lizárraga también solicitó la paquetería al IFE. El Instituto se amparó en “razones de seguridad nacional” para rechazar la solicitud. El reportero recurrió esa decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero los magistrados electorales confirmaron la negativa, no por las mismas razones del IFE, sino porque la información contenida en las boletas ya es pública. Aunque reconocieron que se trata de documentos públicos, resolvieron que están “indisponibles”. Peor aún, criticaron la petición porque consideraron que era tanto como pedirle al Banco de México los billetes que tiene en su poder para confirmar la cantidad de las reservas monetarias del país (Proceso 1591).Todas las vías se cerraron y se agotaron. En el caso del amparo rechazado a Rodríguez Castañeda, en la demanda ante la CIDH se precisa que el Estado mexicano violó el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esa disposición señala: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole…”. La propia Corte Interamericana ha precisado que el derecho a la libertad de pensamiento y expresión tiene una dimensión individual y una social. Sobre esta última estableció desde 1985 que se trata de “un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”. Ese mismo año determinó que comprende “también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole”.Los alcances de ese derecho fueron fortalecidos en 2000 con la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, según la cual “el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos” que los propios Estados están obligados a garantizar. Añade que ese derecho “sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.En la demanda, Proceso le dice a la Comisión que en caso de ser aceptada, México no podría argüir que la negativa está relacionada con una restricción permitida por la Convención o la Declaración de Principios. Si sostiene que con el acceso a las boletas la seguridad nacional se amenazaría realmente y de modo inminente, por lo que el material se debe destruir, la respuesta “equivaldría a asegurar que el resultado oficial de las elecciones presidenciales no coincide con la información actualmente en poder del Estado”, considera.Le hace ver también que con el acceso no se afectaría ni el orden público ni los derechos de los demás, pues eso no repercutiría en el carácter definitivo del proceso electoral. “Lejos de ello, el acceso… permitiría (al demandante) formarse una opinión sobre lo sucedido en esa elección…, respetándose así su derecho a acceder a la información en poder del Estado y, con ello, su derecho a saber”.Sobre la actuación del IFE, sostiene que “vulnera el derecho humano de acceso a la información en razón de que no hace del conocimiento público documentos que en forma expresa no tienen el carácter de información reservada ni mucho menos confidencial”. Además de que ya no hay ninguna vinculación jurídica porque el proceso electoral está concluido.“Todavía más grave –continúa– los Estados Unidos Mexicanos se han colocado en un escenario en el que frontalmente vulneran el derecho de acceso a la información, pues lejos de conservar en archivos históricos documentos de interés público como son las boletas electorales, por disposición legal… busca destruir tal información, en oposición no sólo del artículo 13 de la Convención, sino del artículo sexto de la Constitución.”La disposición que refiere es el artículo 254 del anterior Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ahora artículo 302 del nuevo código.Sobre las medidas cautelares, expresa que son necesarias porque ni el Juzgado Cuarto de Distrito ni la Suprema Corte ordenaron la suspensión de la destrucción de las boletas, “lo que hace peligrar su conservación y propicia que se cometa un daño irreparable al derecho de acceso a la información”. Considera como “urgente y necesario” que la CIDH solicite al Estado mexicano suspender esa destrucción en tanto se admite la denuncia y se resuelve sobre la posible violación del derecho a la información. De lo contrario, prosigue, se causaría un daño irreparable a esa garantía reconocida por la Convención Interamericana, pues la eliminación de las boletas está prevista para cuando se agoten los procesos de petición pendientes.Con la destrucción de las boletas, asegura, permanece la tentación de que en futuras elecciones se cometan anomalías “bajo la apuesta de que lo no descubierto durante el proceso electoral quedará en el olvido gracias a la desaparición de la principal evidencia documental”.Con la negativa, dice, lo que México está haciendo es exigir al demandante y a toda persona que votó en 2006 “un acto de fe incompatible con la democracia”, pues deben creer que lo acontecido en la jornada electoral quedó fielmente reflejado en las actas de la elección.

References: artículo 41
 artículo 122
 resolución 
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 254
 artículo 302