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Timestamp: 2017-07-22 08:54:02+00:00

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JAS vida futura: lunes 16 de mayo de 2016
Nueva política: las viejas mentiras de siempre, edulcoradas mediáticamente
El principal motor de la economía española ha sido la demanda nacional, que desde el tercer trimestre de 2013 ha contribuido positivamente, después de tres años consecutivos de detracción. En el conjunto de 2015, la demanda nacional aportó 3,7 puntos al crecimiento, más del doble que en 2014 (1,6 puntos), destacando el consumo privado, que se aceleró casi dos puntos, llegó al 3,1%, impulsado por el favorable comportamiento del empleo y de la renta bruta. En cambio la demanda externa detrajo cinco décimas al crecimiento del PIB, debido a un avance de las importaciones de bienes y servicios superior al de las exportaciones.
La zona euro ha hecho todo lo posible para superar una crisis de deuda soberana y una crisis bancaria, y ahora se enfrenta a una crisis política. Europa está luchando contra una crisis migratoria que amenaza su principio de fronteras abiertas a las personas; Grecia está regateando con sus acreedores sobre la ayuda financiera que necesita para pagar las deudas que vencen en julio, los británicos decidirán si se quedan en la UE y España votará de nuevo en junio para tratar de romper un estancamiento político.
¿Qué diferencia habría si el Gobierno resulta ser
del PP, PSOE, Ciudadanos o Podemos? Parece que las cartas
están echadas y el crecimiento económico no depende tanto de las decisiones
económicas internas como de esos débiles factores externos. Según los códigos
de conducta de Bruselas, los Estados deben someter sus proyecciones a los tipos
de interés, tipo de cambio y precios del petróleo.
- El tipo de interés es
clave para el escenario macro y fiscal. Tiene un efecto directo en las finanzas
públicas al alterar la carga financiera de la deuda y, por otra parte, tiene un
efecto indirecto en decisiones de consumo e inversión.
- El cambio en
crecimiento económico de los socios comerciales de la UE viene de la mano de un
menor crecimiento de la economía mundial. Ello se traduciría en una menor
demanda de importaciones originarias de España, un 4% inferior a la supuesta en
el escenario base. En ese extremo, el PIB podría caer un 0,4% en 2019. Un menor
crecimiento mundial afectaría al PIB principalmente a través de las exportaciones
netas que, a su vez, afectarían a las finanzas públicas. Ello llevaría a una
menor demanda de los socios comerciales de la UE.
cambia el coste de la energía. España, como país netamente importador, se vería
afectado por dos vías: los costes de producción y balanza por cuenta corriente.
Se ha analizado el efecto sobre los principales agregados macro de una
evolución de los precios del petróleo un 10% mayores. Con esos nuevos datos, el
PIB podría reducirse alrededor de 0,3% en 2019. A un panorama incierto
para la economía internacional se ha sumado el nerviosismo sobre
acontecimientos como el referéndum británico sobre la adhesión de la Unión
Europea y las próximas elecciones españolas para alejar a los inversores de los
activos de riesgo. Los costes de financiación de los endeudados países del sur
de Europa han subido y se han alejado aún más de los niveles mínimos de Alemania.
española con respecto a la alemana se amplió hasta los 141 puntos básicos, máximos
de un mes, mientras el Estado español vendía una serie de bonos estatales en
una cuádruple subasta el jueves pasado.
crecimiento dependerá del dinamismo de la demanda interna, que tiene tendencia
a moderarse. Por su parte, el sector exterior registra contribuciones ligeramente
negativas en 2016 y 2017 y nulas en los dos años siguientes.
En línea con el
menor dinamismo de la actividad, se prevé que se modere el ritmo de creación de
empleo aunque la tasa de paro continuará reduciéndose progresivamente.
Las decisiones de inversión estarán
condicionadas por la evolución de las exportaciones, el proceso de
desapalancamiento del sector privado y la recuperación del crédito, entre
otros factores. Se espera que la inversión en construcción mantenga ritmos de
crecimiento estables y ligeramente inferiores al 5% durante todo el periodo.
Respecto al sector
exterior, destaca el dinamismo de las exportaciones y la ralentización
progresiva de las importaciones, en línea con la evolución prevista para la demanda
interna. En este contexto, la economía presentará una capacidad de financiación
frente al resto del mundo superior al 2% del PIB. Ya conocemos las
propuestas de los principales partidos, que poco han variado respecto a las
últimas elecciones de diciembre. El último hecho más relevante mediáticamente
hablando, ha sido el nacimiento de la coalición electoral de Podemos e Izquierda
Unida, “Unidos Podemos”. Sus portavoces muestran semblantes sonrientes e
ilusionantes en los medios —prácticamente en exclusiva en La Sexta— y han
publicado su programa económico para las elecciones generales del próximo 26 de
junio. Parece un simple lavado de cara de las principales propuestas que ya
estaban contenidas en el programa de Podemos de los pasados comicios.
Algunos alertaban
que esas propuestas constituían un error mayúsculo que, de haberse aplicado en
su integridad, habrían condenado a nuestra economía a la bancarrota y otros que
darían un duro golpe a la corrupción endémica de las clases extractivas, harían
que los más ricos pagaran a Hacienda lo que deben y reducirían la desigualdad.
juicios de valor sobre las Propuestas de “Unidos Podemos” ni sobre las tendencias,
creencias o gustos políticos de cada cual. Sólo intentaré aportar datos y
razonamientos para que cada cual pueda conocerlos, valorar como les afectan
personalmente y discernir que es lo mejor para su familia y para la sociedad en
la que desean vivir.
Unidos Podemos se asienta sobre tres grandes pilares:
1.- Reducir el
déficit público mucho más lentamente y lograr que toda su disminución se
acometa a través de fuertes subidas de impuestos. ¿Quién los pagará?
2.-Dirigir,
planificar e hiperregular en mucha mayor medida la economía y la vida de las
empresas. ¿Se cumplirán o se seguirán eludiendo?
3.-Establecer una
tupida red de asistencialismo estatal para rescatar a todos aquellos ciudadanos
excluidos de la sociedad debido a la pobreza generada por las subidas de
impuestos y la hiperregulación de la economía. ¿Cómo se generará el dinero
necesario para pagar esta red asistencial?
Repartir la miseria
Unidos Podemos aboga por enfrentarse a las
instituciones europeas para
conseguir que el gobierno de España
tenga derecho a endeudar todavía más rápidamente a los ciudadanos españoles.
se ha casi triplicado durante la última década. ¿Necesitamos todavía
más deuda para hipotecar en mayor grado nuestro futuro y el de nuestros hijos
y nietos?. Para Unidos Podemos, la sangría del déficit público sólo debe ir
minorándose a través de brutales aumentos de prácticamente todos los impuestos
—IRPF, cotizaciones sociales, patrimonio, sucesiones, sociedades, especiales,
etc.—, con el declarado objetivo de incrementar la recaudación en hasta 40.000
millones de euros (una media superior a los 2.000 euros por familia).
también defiende la necesidad de colocar una mayor porción de la economía bajo
el control directo de las regulaciones y de los mandatos políticos. La historia
reciente nos dice que donde hay regulaciones y políticos, hay corrupción. Basta
ver la TV y leer periódicos. Unidos Podemos pretende
regresar al más rígidamente intervenido sistema previo a 2010 que mantuvo una tasa
media de paro en España del 17% en los últimos 35 años. La solución que ofrece
Unidos Podemos para las personas que buscan empleo es condenarlas al paro
estructural más elevado del mundo desarrollado. El dirigismo estatal aspira a
crear una “banca pública” —a imagen y semejanza de las desastrosas cajas de
ahorros—, a aprobar un “plan nacional de transición energética” —reforzando
todavía más la injerencia política en la determinación de nuestras fuentes de
energía, lo que ha contribuido a disparar su precio durante la última década— y
a imponerles a los empresarios el tipo de inversiones que deben acometer —un
sucedáneo de la “política industrial - planificación indicativa socialista” que
tantos fracasos cosechó.
parece ser consciente de que sus políticas económicas no contribuyen a generar
riqueza sino sólo a colocar la economía a los pies de los políticos y por ello también
contempla un reforzamiento del asistencialismo estatal para todos aquellos que
queden desplazados de la sociedad: así, en el programa se defiende una renta
mínima de inserción mucho más extensa que la actual, una reestructuración
forzosa de la deuda privada o un control de precios sobre los suministros
básicos. En suma, tras renunciar a la creación de riqueza —más deuda, más
impuestos y más regulaciones— no les queda otra que apostar por repartir la
Sería lógico que la
muy delicada situación a largo plazo de la Seguridad Social (queda Fondo de Reserva
de la SS para pagar las dos extraordinarias de máximo 5 años más) justificara
una cierta promoción del “ahorro privado” entre los españoles, para ayudarnos a
que nos esforzáramos en fabricar un colchón con el que capear los inexorables
recortes futuros que se avecinan para nuestras pensiones. Unidos Podemos plantea
todo lo contrario: una ofensiva sin
cuartel contra el ahorro privado. La confluencia de izquierdas apuesta por
aumentar aquellos impuestos que más directamente atacan la tenencia de ahorro
privado: patrimonio y sucesiones. A su vez, también promete incrementar la
tributación sobre las rentas del ahorro (como los dividendos, los intereses o
las plusvalías). Esto no es cosa sólo de “ricos”, porqué todo el que tiene unos
ahorrillos colocados en Fondos en algún banco, recibe indirectamente de todo
eso y pagará impuestos por ello, reduciendo el rendimiento de sus ahorros.
Por último, Unidos
Podemos pretende suprimir toda ventaja fiscal al ahorro (muy en especial, la
deducción por aportación a planes de pensiones, que aunque mal diseñada no debería
eliminarse sin ofrecer alternativa alguna). Unidos Podemos ha
colocado en su punto de mira a los ahorradores y no es de extrañar: el ahorro y
la acumulación de un cierto patrimonio privado concede al individuo autonomía
frente al Estado y Unidos Podemos parece que no desea ciudadanos autónomos sino
ciudadanos dependientes del Estado.
financiera de la Seguridad Social es crítica, pero lejos de promover el ahorro
privado complementario, Unidos Podemos aspiran a rapiñar con más saña a los
ciudadanos. Así, por un lado, la confluencia de izquierdas apuesta por eliminar los límites a las cotizaciones
sociales sin que ello implique elevar las pensiones máximas ofrecidas por el
sistema, es decir “pagar más y recibir lo mismo”. Textualmente: “Se eliminará
el tope máximo a las cotizaciones, sin necesidad de incrementar la pensión
máxima en similar proporción”. ¿Para qué trabajar más si voy a recibir lo
mismo?. No pensarían ustedes lo mismos y buscarían alguna alternativa para
eludir esta ley?
propugna que los autónomos coticen según sus ingresos reales, impidiéndoles
escoger su base de cotización tal como sucede ahora mismo: una política que
encarecerá las cuotas de casi el 80% de todos los profesionales autónomos. Puede
parecer equitativo el trato respecto al de los asalariados, pero si se pone en
marcha, ¿Cuántos tendrán que cerrar sus negocios y despedir o sumergir a sus
dos o tres trabajadores?
¿Se trata de rapiñar
sin miramiento alguno los ingresos reales y el ahorro de los españoles que han
trabajado, ganado y guardado, para mantener a flote un sistema social
deficitario y condenado desde su mismo nacimiento al fracaso por meras razones
demográficas?.
empresas con menos de 10 trabajadores no están obligadas a contar con
representantes de sus empleados dado el alto coste que ello representa en
plantillas tan pequeñas y la creciente burocratización que implica en la
gestión diaria de la compañía. Unidos Podemos pretende extender los
representantes de los trabajadores —la presencia empresarial de los sindicatos—
a todas las compañías con independencia de su tamaño. Lejos de
liberarlas de la losa burocrática que ahora mismo las asfixia, Unidos Podemos
pretende incrementarla todavía más. La contrarreforma laboral
que prepara la coalición de izquierdas ¿dificultará la capacidad de sobrevivir
de muchas pequeñas empresas?. La nueva política sugiere que el camino
es …. ¿más deuda, más impuestos y más regulaciones?
¿Debería tener el Gobierno o el
Parlamento la autoridad para administrar nuestras vidas, violando numerosos
aspectos de las libertades de las personas?. ¿Es legitima esta autoridad?
En algunos sectores de la población, cada
vez se alzan más voces fomentando el ¿derecho? de “copropiedad” sobre
prácticamente todos los aspectos de la vida de los demás. Otros aspiran a
incrementar su libertad y su responsabilidad, sin pretender ejercer ningún
derecho a controlar la vida de sus compatriotas. ¿Deberíamos reconocer a
alguien el derecho de que pueda administrarnos nuestra vida legalmente? Ya ven que me hago muchas preguntas. Los
que lean este escrito pueden pensar en sus respuestas personales a estas
preguntas, como ejercicio intelectual y sin obsesionarse para encontrar la
respuesta “definitiva”. Cada uno tiene la suya. Como ya he vivido bastantes comicios
electorales y legislaturas que cada vez duran menos un día pensé sobre la
importancia de mi voto personal e hice unos cuantos números que les resumo a
continuación. Cada español representamos
aproximadamente un 0,00000279% del censo electoral. Si fuéramos circunscripción
única, la probabilidad de que nuestro voto fuera decisivo sería de 0,0000056%,
esto es, 1 entre 17,8 millones (adaptando el cálculo a condiciones más cercanas
a la española, la probabilidad sería todavía menor, dado que cuantas más
opciones en liza haya, más rápidamente desciende ésta). Suponiendo un nivel de
abstención de casi el 30%, la probabilidad seguiría siendo tan baja como del
0,00000793%, esto es, 1 entre 12,62 millones. Tengamos presente que la probabilidad
de ganar el Gordo de Navidad es del 0,001%, (1 entre 100000) es decir, 126
veces superior a la de ser determinante para el resultado electoral. Por consiguiente,
que una persona vote o no vote es esencialmente irrelevante para el resultado
final. Desde un punto de vista objetivo, no tiene ningún sentido estratégico
acudir a las urnas por mucho que intentemos auto engañarnos. Entonces, ¿porqué a algunos les preocupa
tanto ir o no a votar y decidir a quien votar?
¿Nos ilusiona pensar que poseemos más
influencia sobre el Gobierno (y por tanto, sobre los múltiples ámbitos de
nuestras vidas en los que interviene el Estado) de la que en realidad poseemos?
¿Cuántos ciudadanos después de leer las
propuestas políticas, económicas y sociales de cada partido, las analizan y
llegan a la conclusión de votar al mismo partido que yo, el que mejor
representa mis valores e intereses (PMRMVI)? Sabiendo que mi influencia a la hora de explicar
públicamente mi voto o abstencionismo es prácticamente nula a efectos prácticos
y por tanto, mi decisión de votar únicamente determina mi voto, no el del resto
de votantes del PMRMVI …¿Cuantos diputados podría conseguir nuestro grupo?
¿Porqué nos enzarzamos en discusiones numantinas con la parienta, con algunos
miembros de la familia, con los amigos, …?
Coordinar el voto de un conjunto de
cientos de miles de votantes con artículos, manifiestos, adhesiones públicas a
un partido, plataformas activistas, creación de partidos políticos, etc. es
tremendamente complicado. Por consiguiente, razonar sobre qué decisiones
estratégicas deben tomar todas ellas a la vez tiende a ser algo bastante estéril.
Cada uno de nosotros, aunque podamos vernos influidos en parte por alguna de
esas iniciativas, deberemos tomar nuestra decisión estratégica de acuerdo a
muchos otros elementos. Un conocido me dijo que aprovechaba la
salida matutina dominical para comprar el periódico, pasarse por el Colegio
electoral, votar y ver el ambiente: “Total, aunque mi voto no moverá montañas,
para lo que me cuesta ¿acaso si jugar a la lotería fuera gratuito no
participaríamos en todos los sorteos?” Es verdad, pero jugando a la lotería
tienes la oportunidad de que te toque un premio y votando…
es falso que votar no conlleve costes: los más evidentes son el de perder el
tiempo en acudir al colegio electoral, identificarse y depositar el sufragio
(en el caso del voto por correo, éstos sí son mucho mayores). También está el
coste de informarse y reflexionar sobre cuál es la fuerza política más adecuada
para promover estratégicamente la libertad - intereses personales (leer los
programas electorales, compararlos y ponderar los distintos escenarios
postelectorales) y el riesgo de equivocarnos y apoyar a formaciones que
contribuyen a reducirlos. Para ahorrarse estos costes podría votarse aleatoriamente,
lo cual desde un punto de vista estratégico tiene escaso sentido. Por último
existe el coste del “conformismo con un sistema injusto”.
No hace falta votar para tener la ocasión
de denunciar la lógica perversa del sistema actual y para actuar en
consecuencia. Una forma puede ser: No
plegarnos al rito electoral, protestar públicamente contra los presupuestos que
plantea el Gobierno y señalizar disconformidad contra el sistema ante una
población que ha terminado por asumir que votar constituye incluso un deber y
la vía última de legitimación de cualquier derecho humano. La forma en que cualquiera de nosotros
podemos actualmente influir sobre el grado de intervencionismo del Estado en
nuestra sociedad no es precisamente a través del voto, sino participando en la
difusión de los valores, las formas de actuar y comportarse privadamente y en
sociedad, y de las ideas críticas y razonadas en todos los ámbitos posibles. Es
más importante persuadir a personas amigas, conocidas y saludadas para que
interioricen aquellos valores que son buenos para el desarrollo libre de la sociedad,
sin pretender aconsejarles a quién deben (o no) votar. Lo primero es una
carrera de fondo con alguna opción de victoria a largo plazo, porqué de los buenos
razonamientos y consejos, algo aprovechan las personas que quieren aprender y superarse.
Lo segundo es una carrera de 100 metros lisos en los que no hay ninguna posibilidad
práctica de victoria en el corto plazo, porqué las “estructuras de poder” dominan
mediáticamente a la masa, como domina el pastor con sólo la ayuda de unos pocos
perros adiestrados a los rebaños que entran alocadamente en el cercado.
“Unidos Podemos”. Resumen “50 pasos
para gobernar juntos”
1. Plan nacional de transición energética (PNTE), acompañado por una
reforma en profundidad del sistema eléctrico que incluye la recuperación por
parte del Estado de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas
privadas caduque.
2. Nueva senda de reducción del déficit a un ritmo "significativamente
más paulatino" que el planteado por la Comisión Europea.
3. Reforzar el estado del bienestar, fortalecer los servicios públicos y
reformar el artículo 135 de la constitución.
4. Plan de lucha contra el fraude fiscal con medidas como conocer los
titulares de las cuentas bancarias en paraísos fiscales.
5. Reforma tributaria progresiva para incrementar 3 puntos porcentuales la
ratio de ingresos/PIB. Aplicación del tipo superreducido del 4% de IVA a un
mayor número de alimentos y productos sanitarios de primera necesidad, y el
tipo reducido del 10% a todos los suministros básicos que actualmente no lo
6. Nuevo marco de relaciones laborales y lucha contra la precariedad.
Derogación de las Reformas Laborales de 2010 y 2012 e incremento del SMI hasta
los 800 euros al mes en 14 pagas a mitad de legislatura, y 900 euros en 2019.
8. Nuevo modelo productivo, política industrial e I+D+i. Fijar como
objetivo que la inversión nacional en I+D+i se sitúe en el 2% del PIB.
9. Poner en marcha una potente y eficaz banca pública a partir de las
entidades ya nacionalizadas Bankia y Banco Mare Nostrum, que no serán
10. Medidas para PYMES, autónomos y economía social como el establecimiento
de cuotas a la Seguridad Social porcentuales y progresivas en función del
rendimiento neto para los autónomos que facturen por encima del salario mínimo
11. Programa de renta garantizada de un mínimo de 600 euros a los ingresos
existentes, para todos los hogares con ingresos por debajo del umbral de la
pobreza monetaria.
12. Establecimiento de un mínimo vital básico de suministro eléctrico
garantizado cuya tarifa se fijará en función de la renta.
13. Paralización de los desahucios por motivos económicos probados. Derecho
a la dación en pago con carácter retroactivo y a la reestructuración de la
deuda hipotecaria en los términos señalados en el punto 7 del capítulo de
15. Acceso universal a la tarjeta sanitaria, también para los inmigrantes y
personas con nacionalidad española que residen en otros países.
16. Indexación de las pensiones al IPC. Derogación de la reforma de las
pensiones que aprobaron el Gobierno del PSOE en 2010 y el Gobierno del PP en
17. Atención a Dependencia: Priorización máxima del derecho subjetivo de
18. Igualdad de género y diversidad sexual, a través, por ejemplo, de la
reforma del sistema de permisos por nacimiento o adopción, estableciendo un
calendario de aumento del actual permiso de paternidad hasta igualarlo con el
19. Pacto de Estado por la Infancia que blinde los derechos de la infancia
20. Lucha contra la corrupción y transparencia efectiva del sector público,
con medidas como el "cierre constitucional de las puertas
21. Referéndum ciudadano para la revocación del gobierno en caso de
incumplimiento del programa electoral.
24. Derecho a decidir: Garantía constitucional del derecho de los gobiernos
autonómicos a celebrar consultas a la ciudadanía sobre el encaje territorial de
país cuando una mayoría lo pida con intensidad. Al amparo del artículo 92 de la
CE, convocatoria de un referéndum con garantías en Cataluña para que sus
ciudadanos y ciudadanas puedan decidir el tipo de relación territorial que
desean establecer con el resto de España.
25. Reforma de las administraciones locales. Derogación de la Ley Montoro
(Ley 27/2013, de sostenibilidad y racionalización de la Administración Local).
27. Cambio constitucional: Apertura de un debate ciudadano orientado a
discutir el inicio de un proceso de cambio constitucional capaz de modificar
los marcos económico, social, político, territorial e institucional definidos
en el texto de 1978. Convocatoria, al amparo del artículo 92.1 de la
Constitución Española, de un referéndum consultivo para iniciar ese proceso.
28. Justicia gratuita real y reconocimiento del derecho a la tutela
29. Multas y sanciones administrativas proporcionales a la renta de las
30. Promoción de una política pública activa para la recuperación de la
memoria democrática con medidas como el reconocimiento jurídico de todas las
32. Ley de Aguas que garantice como un derecho fundamental el acceso al
agua de calidad, así como la conservación de caudales ecológicos y acuíferos.
36. Protección de costas y medio marino. Invalidación de las modificaciones
37. Economía circular encaminada a garantizar una reducción del uso de los
recursos naturales, y una gestión efectiva de residuos que tienda a
38. Impulsar una nueva Política Agraria Común (PAC) basada en la
agroecología, la soberanía alimentaria y los bienes comunes.
44. Acceso efectivo al derecho al voto a españoles residentes en el
46. Derecho a asilo y dignidad para las personas migrantes. Cierre de los
CIEs y elaboración de las modificaciones legales necesaria para garantizar el
47. Medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos en las
49. Promover el reconocimiento del Estado Palestino por parte de España y
50. Aumento del
presupuesto destinado a la Ayuda Oficial al Desarrollo al 0,7% de la Renta
Nacional Bruta.
ELECCIONES 26J - 50 PASOS PARA GOBERNAR
JUNTOS Las
próximas elecciones generales no serán unas elecciones más. Dada la
trascendencia política que tendrán, concurrimos con un amplio acuerdo. Las
fuerzas políticas que hemos participado en este acuerdo acudiremos a las
elecciones generales del próximo 26 de Junio de 2016 con los mismos programas
electorales con los que nos presentamos a las elecciones del 20D. No
obstante, hemos elaborado un documento programático común destinado a comunicar
a la sociedad española los principales espacios de intersección de los distintos
programas electorales y, sobre todo, las principales líneas de actuación del
gobierno de progreso y cambio que aspiramos a liderar tras el 26J. Se trata de
una ruta en cincuenta pasos con los que responderemos a los grandes problemas
de nuestra sociedad en el corto y en el mediano plazo. El
texto se titula “50 pasos para gobernar juntos” y está organizado en torno a
cinco ejes temáticos: económico, social, político-institucional,
medioambiental e internacional Hoy
nada es más urgente que poner en pie un gobierno capaz construir un nuevo futuro
para nuestro país. Un nuevo futuro para los millones de trabajadores precarios
y para los cientos de miles de jóvenes que han tenido que marcharse por falta
de un futuro. Nada es más urgente que ayudar a las familias que han perdido su
casa, a los que han tenido que cerrar su negocio, a quienes lo han pedido todo
durante esta crisis. Nada es más urgente que proteger a quienes echan horas
que nadie les paga por salarios de miseria, a quienes quieren formar su propia
familia y no tienen ni para empezar, a los enfermos que a duras penas llegan a
pagarse sus medicamentos y a los jubilados que han tenido que volver a sostener
a sus familias, esta vez con su pensión. Nada es más urgente que recuperar
los inversión sustraída a la sanidad pública y a la educación pública; a
los servicios sociales y a las personas dependientes; a la I+D+i, a las
infraestructuras, a la cultura y al deporte. Nada más urgente que poner fin al
robo sistemático de dinero público que unas élites políticas corruptas han
llevado a cabo durante décadas con total impunidad. Hoy
nada es más urgente que poner en pie un gobierno que trabaje para defender
unas condiciones de vida y trabajo dignas para las grandes mayorías de nuestro
país y garantice que los corruptos se sentarán en los banquillos de los
juzgados y no en los consejos de administración de las grandes empresas
estratégicas del país. Estos
son nuestros objetivos y estas nuestras propuestas. 1 50 PASOS PARA GOBERNAR JUNTOS I. Democracia económica 1.
Plan nacional de transición energética (PNTE) El
desarrollo de este PNTE tiene como objetivo la modernización económica, la eficiencia
empresarial y un sistema energético totalmente descarbonizado para 2050, en
consonancia con el acuerdo climático de París. Debe ir encaminado a mejorar
la eficiencia energética de nuestro modelo productivo y de consumo, y a
reducir su consumo global de energía, reducir el coste del factor energía para
empresas y hogares, disminuir las emisiones de CO2 así como la factura
importadora de combustibles fósiles. Debe estar estructurado alrededor de dos
ejes: 1)
Plan Nacional de Ahorro Energético: orientado a la mejora de la eficiencia energética
y a la reducción de consumo energético en edificios, pero también en el transporte,
la industria y los sistemas de distribución eléctrica. La columna vertebral
de este plan será la rehabilitación energética de viviendas y edificios de
la Administración, que debería permitir recolocar parte de las personas
paradas que vienen del sector de la construcción. 2)
Plan Nacional de Energías Renovables: centrado en tecnologías como la solar
fotovoltaica y térmica, eólica, geotérmica, pequeña hidroeléctrica y
biomasa de baja emisión. Este plan debe incluir todos los eslabones en la
cadena de investigación, desarrollo, fabricación e instalación. El
PNTE estará acompañado por una reforma en profundidad del sistema eléctrico
que incluirá: ● Una auditoría
de la deuda acumulada por el déficit de tarifa y una auditoría de costes
de todo el sistema (además, se reclamará ante la Justicia la cantidad
cobrada en exceso por las eléctricas en concepto de Costes de Transición
a la Competencia).
establecimiento de controles efectivos para impedir prácticas oligopólicas
y específicamente la integración vertical.
modificación del marco regulatorio y del mercado eléctrico de modo que
todas las fuentes de generación de electricidad reciban una retribución
basada en los costes reales de producción.
aprobación de una legislación del autoconsumo de modo que a) la energía
autoconsumida instantáneamente quede libre de cualquier tipo de imposición,
b) la energía vertida al sistema eléctrico sea justamente retribuida por
la empresa comercializadora, c) los trámites administrativos sean
ágiles, d) se permitan instalaciones compartidas
● Adopción de
medidas para la reducción del precio de la energía para la industria
(especialmente las electrointensivas) en consonancia con los principios de
energética defendida (renovables, ahorro y eficiencia, cogeneración) y de transparencia
tarifaria (auditoría de costes).● La
sustitución progresiva del uso de energías fósiles por energías renovables,
garantizando en todo caso una transición justa de
los empleos hacia nuevos sectores
● El cierre
definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña y la no
extensión de los permisos de operación para el resto de
centrales nucleares en funcionamiento, de modo que todas ellas estén cerradas en 2024
recuperación por parte del Estado de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas privadas caduquen.
● Se prohibirá
el uso de la técnica de fractura hidráulica (fracking) y de las
Nueva senda de reducción del déficit El
próximo gobierno deberá presentar y acordar con las autoridades europeas una
nueva senda de reducción del déficit público que resulte coherente con las
prioridades de nuestra economía: apuntalar la recuperación económica,
incrementar el ritmo de creación de empleo, impulsar inversiones públicas que
modifiquen el patrón de especialización industrial y fortalecer los servicios
sociales y el Estado del Bienestar para luchar contra las desigualdades. Esto
exige un ritmo de reducción del déficit significativamente más paulatino que
el planteado por la Comisión Europea, y que en todo caso se produzca como
consecuencia de una mejora en la financiación del Estado y no gracias a nuevos
recortes del gasto público. El ritmo de reducción del déficit debe trasladar
al final de la legislatura el cumplimiento de los umbrales de déficit que
establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, dado que un ritmo
superior podría fácilmente traducirse en una nueva asfixia económica y en la
imposibilidad de fortalecer la cohesión social en nuestro país. Debe
acordarse igualmente la modificación sustancial de aquellos aspectos de la Ley
de Estabilidad Presupuestaria que más dificultan la aplicación de políticas
fiscales adecuadas a la posición cíclica de la economía y a las necesidades
de reforzamiento del Estado de Bienestar, y debe revertirse la reforma del
artículo 135 de la Constitución. Además,
un gobierno de cambio impulsará una profunda reforma de dicho Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, y de las reglas fiscales en la Eurozona,
flexibilizando el objetivo de equilibrio presupuestario en los términos que
plantea este acuerdo en el apartado “democracia internacional”, para adaptarlo
a las necesidades de las distintas economías nacionales. 3.
Reforzar el estado del bienestar, fortalecer los servicios públicos y reformar
el artículo 135 de la constitución La
situación económica, laboral y social exige un cambio en la política
presupuestaria para la próxima legislatura. No puede existir agenda social, ni
política de inversiones, sin una dotación presupuestaria suficiente. Sin un
impulso de la actividad económica no se creará más empleo. Proponemos por
ello incrementar la ratio ingresos/PIB para asegurar el mantenimiento de la
ratio gasto/PIB en su nivel actual (43,3%). Creemos que puede alcanzarse el
objetivo de elevar la ratio ingresos/PIB en 3 puntos porcentuales al final de
la legislatura a través de las medidas que se proponen más adelante. ● La mayor
parte del paquete de expansión fiscal iría destinada a educación y
sanidad, de forma que en los dos primeros años de la legislatura se recupere
el nivel de gasto nominal previo a los recortes, y al final del mandato se
haya alcanzado el peso sobre el PIB de 2009 (4,6% y 6,8%,
● El gasto en
protección social se mantendría 1,1 puntos porcentuales por encima de lo
que prevé la política diseñada por el Partido Popular. Esto permitiría
poner en marcha el Plan de Renta Garantizada, la extensión de la
atención a la dependencia y la revalorización de las pensiones
● El desarrollo
de la inversión pública estaría centrado en financiar la transición
● El resto de
la diferencia con el Programa de Estabilidad se destinaría a políticas
partidas (servicios públicos generales, defensa, orden público y asuntos
económicos) sí mantendrían la reducción prevista en el Programa de
Estabilidad actual.
Es decir, el peso del gasto en el PIB quedaría de
la siguiente forma: Clasificación
funcional, % PIB 2015 2019 Prog. Estab. Propuesta Total 43.3% 40.1% 43.3% Servicios públicos
generales 6.5% 5.7% 5.5% Defensa 1.0% 0.9% 0.8% Orden público y
seguridad 2.0% 1.9% 1.7% Asuntos Económicos 4.2% 4.0% 3.7% Protección del
medio ambiente 0.8% 0.8% 1.1% Vivienda y
suministros comunitarios 0.5% 0.5% 0.7% Salud 6.2% 5.7% 6.8% Cultura, ocio y
religión 1.1% 1.1% 1.4% Educación 4.0% 3.8% 4.6% Protección social 17.0% 15.9% 17.0% 4.
Plan de lucha contra el fraude fiscal De
forma reiterada los técnicos de la Agencia Tributaria han reiterado que la
mayor parte del fraude fiscal de nuestro país se concentra en las grandes
empresas y grandes fortunas del país. Necesitamos un plan de lucha contra el
fraude que tome en consideración esta realidad y que incluya, entre otras, las
medidas siguientes: i.
Aprobar un paquete de medidas contra los paraísos fiscales en el que se
multinacionales. Eliminar pantallas
tributarias. Se revisará la fiscalidad de las SICAV, las SOCIMI, las
sociedades de capital riesgo y las Entidades de Tenencia de Valores
Extranjeros (ETVE) para velar por la inversión productiva y la equidad
fiscal. Se revisará la redacción de los convenios con el fin de evitar
la doble imposición para incorporar normas antielusión. Aprobar una Ley anual
tributaria. Incrementar
gradualmente el personal de la AEAT. Elaborar un Estatuto
básico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para
garantizar su autonomía, una dirección profesional y la erradicación
del uso partidario de la institución. El desarrollo de este Estatuto
básico contemplará que en el futuro será el Parlamento quien nombre al
director de la AEAT. 5.
Reforma tributaria progresiva El
objetivo de esta reforma fiscal debe ser elevar la capacidad recaudatoria de la
Hacienda española, que recordemos se encuentra a 8 puntos del PIB por debajo
de la media de la UE. Una
reforma tributaria ambiciosa debería incrementar 3 puntos porcentuales la
ratio de ingresos/PIB a lo largo de la siguiente legislatura. El mecanismo
fundamental para conseguir este incremento en la recaudación debe ser, además
de la lucha contra el fraude fiscal, la ampliación de las bases tributarias.
Además, deberán acercarse los tipos efectivos a los tipos nominales mediante
la eliminación de las deducciones más regresivas, deberá instaurarse un tipo
efectivo mínimo para las grandes empresas (del 15%), habrá que desarrollar un
impuesto sobre Transacciones Financieras, recuperar y reforzar los impuestos
sobre la riqueza, sucesiones y donaciones (modificándose además el mínimo
exento en el Impuesto de patrimonio). Habrá de reducirse además la dualidad
de la tarifa entre rentas del trabajo y ahorro. Debe instaurarse un Impuesto de
Solidaridad a las entidades financieras privada con carácter extraordinario,
con el fin de recuperar parte de las ayudas públicas recibidas por el sector. Esta
reforma debe hacerse además reforzando la progresividad de nuestro sistema.
Para ello se aplicará el tipo superreducido del 4% de IVA a un mayor número
de alimentos y productos sanitarios de primera necesidad, y el tipo reducido
del 10% a todos los suministros básicos (calefacción, gas, electricidad) que
actualmente no lo tienen. 6.
Nuevo marco de relaciones laborales y lucha contra la precariedad La
sociedad española en el curso de la crisis se ha hecho cada vez más desigual.
Es necesario revertir esta fuerte tendencia hacia la desigualdad, y el primer
ámbito donde esto debe y puede hacerse es en el ámbito laboral. Es
necesario para ello derogar las Reformas Laborales de 2010 y 2012, y avanzar en
el desarrollo de un nuevo marco laboral que garantice la creación de empleo de
calidad. Para garantizarlo pensamos que un gobierno de cambio debería apostar,
entre otras, por las siguientes medidas: ● Aprobar un
calendario de incremento del Salario Mínimo Interprofesional que permita
alcanzar los 800 euros al mes en 14 pagas al final de los dos primeros
años de legislatura, y que en 2019 sea de al menos 900 euros al mes.
● Se elaborará
un nuevo Estatuto de los Trabajadores que con los objetivos de 1) reducir
la precariedad; 2) reequilibrar la negociación colectiva; 3) impulsar la
participación de los trabajadores en la gestión de la empresa; y 4)
eliminar las discriminaciones de género. Estos objetivos se concretarán,
entre otras vías, del siguiente modo:
● Reformar la
contratación temporal y a tiempo parcial: a) Se establecerá un contrato
único temporal (en lugar del contrato estable y progresivo) que establecerá
las causas que justifiquen la utilización de ese modelo de contrato. Los
contratos temporales cuya causa sea una obra o servicio determinado se convertirán
de manera automática en indefinidos cuando su duración sea superior a un
año o cuando se concatene una sucesión de dichos contratos durante dicho
● Reforzar la
lucha contra el fraude laboral, principalmente en los contratos
temporales, mediante una mayor dotación de medios y facultades a la Inspección
de Trabajo y un mayor nivel de implicación de la representación de los
trabajadores. Impulsar una regulación de las horas extraordinarias para
evitar que se conviertan en un instrumento de distribución irregular de
la jornada y de prolongación fraudulenta de la jornada de trabajo
● Modificar la
actual regulación del despido: a) En el despido improcedente el
trabajador tendrá la titularidad de la opción de optar por la
indemnización o la readmisión en la empresa. b) Se recuperará la figura
del despido nulo por fraude de ley. c) Se reforzará la causalidad del
despido por razones económicas, productivas, técnicas y organizativas.
d) Se revertirá el abaratamiento del despido de la reforma laboral de
2012 e) La autorización gubernamental preceptiva para los Expedientes de
Regulación de Empleo será obligatoria.
negociación colectiva: a) Los convenios sectoriales tendrán preminencia
sobre los de empresa a la hora de reconocer derechos básicos, y se
modificará la regulación de las cláusulas de descuelgue de los
convenios colectivos. b) Se reconocerá el grupo empresarial como unidad
de negociación c) Se aprobará un nuevo régimen de vigencia y prórroga
automática de los convenios colectivos. d) Con la finalidad de mejorar la
eficacia de los sistemas de representación en la empresa, se ampliará el
ámbito de representación de los trabajadores a todas las empresas y centros
de trabajo que carezcan de representación unitaria e) Se suprimirá la
unilateralidad del empresario para fijar condiciones de trabajo,
estructura y cuantía del salario. f) Se reforzarán las garantías para
ejercer el derecho de huelga bajo el principio de autotutela
● Fortalecer
los procedimientos de información, participación y consulta mediante la
implantación de un sistema similar a los Consejos de Vigilancia establecidos
Reestructuración de la deuda hipotecaria de los hogares El
peso de la deuda privada sigue siendo muy importante en nuestro país, en
particular de la deuda hipotecaria de los hogares. La caída en el precio de
las viviendas ha llevado a una fuerte desproporción entre el valor nominal de
muchas hipotecas, y el valor real de los activos inmobiliarios. Además, el
elevado nivel de endeudamiento lastra la demanda privada y dificulta la
ello, es necesario impulsar la reestructuración de la deuda hipotecaria de los
hogares mediante una reducción en el valor nominal de las hipotecas de primera
vivienda en el caso de las familias que cumplan ciertos criterios sociales
(todos sus miembros estén en paro y no cuenten con ningún otro ingreso o
hogares que presenten ingresos inferiores a 3 veces el IPREM). Por otro lado,
se debe impulsar un procedimiento simplificado de reestructuración y
cancelación de deudas (fase de conciliación/fase de vista judicial), en el
marco de un nuevo régimen de segunda oportunidad que realmente libere de las deudas
pasadas una vez que la situación de quiebra sea efectiva. 8.
Nuevo modelo productivo, política industrial e I+D+i Urge
la transformación de nuestro modelo productivo, explotador de recursos y personas,
hacia un modelo de desarrollo sostenible centrado en buscar el bienestar y la
prosperidad para todas las personas, capaz de crear empleo estable y de
calidad, y que además asegure una redistribución de la riqueza más justa y
una mayor inclusión social. Se diseñará un plan de transición de la
economía que genere empleo sostenible y dé respuesta a las necesidades
sociales y ambientales del país. Para ello apostamos por: - Una política
industrial que, estratégicamente y desde la eficiencia y la sostenibilidad
(de energía y materias primas), defina las especializaciones sectoriales
e industriales que permitan desplazar nuestro tejido empresarial hacia ramas
de mayor valor añadido, teniendo en cuenta el mercado internacional de
- Un plan de
empleo verde que ayude a desarrollar un sector empresarial sostenible y
que ponga en marcha políticas activas de formación e inserción en los
nuevos nichos productivos. Este plan priorizará zonas afectadas por la
desindustrialización y la planificación para derivar el empleo asociado
a los sectores en crisis hacia otros más sostenibles y necesarios.
- Fijar como
se reorientarán las inversiones en infraestructuras públicas desde la construcción
residencial y el transporte por carretera hacia infraestructuras productivas y
tecnológicas que posibiliten la digitalización de la economía y la transición
hacia el nuevo modelo productivo (infraestructuras energéticas y de transporte
colectivo, pero también de telecomunicaciones y suministro de agua, entre
otras). El
nuevo Gobierno del cambio impulsará la creación de Comités Estratégicos
Sectoriales con la participación de empresas y sindicatos y el objetivo de
garantizar el futuro del sector, definir las grandes orientaciones
estratégicas y tecnológicas y concretar las necesidades para su
modernización. 9.
Banca pública En
esta nueva política industrial cobran un mayor peso los instrumentos
financieros públicos para crear sinergias entre las capacidades innovadoras y
financieras del sector privado y del sector público. Con el fin de que España
cuente también con una importante red de banca pública para llevar a cabo
estas políticas, el Gobierno renegociará los términos del Memorando de
entendimiento firmado con la UE para poner en marcha una potente y eficaz banca
pública a partir de las entidades ya nacionalizadas Bankia y Banco Mare
Nostrum, que no serán reprivatizadas, y del ICO. 10.
PYMES, autónomos y economía social Las
PYMES y los autónomos suponen más del 98% de las empresas en España. Las
PYMES en España tienen una especial importancia en cuanto a su contribución
en la generación de empleo, ya que ocupan casi dos tercios del total de
trabajadores. Es preciso reconocer el esfuerzo y la iniciativa de estas
empresas pequeñas y medianas, de los autónomos, y de las entidades de
economía social, y para ello, se impulsará: ● Desarrollo de una
verdadera Ley de Segunda Oportunidad, mediante la introducción de un
proceso simplificado de Reestructuración y cancelación de deudas para
● Deben establecerse
cuotas a la Seguridad Social porcentuales y progresivas en función del
rendimiento neto para los autónomos que facturen por encima del salario
mínimo y alta gratuita para aquellos que facturen por debajo del salario
● Fomento de la economía
social, con un plan de ayudas a los proyectos cooperativos que cumplan con
los requisitos de igualdad, sostenibilidad e innovación.
● Fomentar el
emprendimiento en sectores innovadores. Se apoyará e impulsará el
emprendimiento en sectores innovadores, particularmente en la economía
● Estudiar el desarrollo
de la figura del autónomo de responsabilidad limitada, de modo que todos
los autónomos respondan a las posibles deudas únicamente con los bienes
profesionales que ellos decidan asociar a su actividad y no con todo su
II. Democracia social 11.
Renta Garantizada Creación
de un programa de renta complementaria a los ingresos existentes para todos los
ingresos por debajo del umbral de la pobreza monetaria. La cuantía inicial
será de 600 euros mensuales para las unidades de convivencia de un sólo
miembro, y aumentará progresivamente en función del número de miembros (35%
adicional para el segundo miembro, y 20% por cada uno de los siguientes) hasta
un máximo de 1290 euros. 12.
Suministros básicos Establecimiento
de una tarifa por tramos sociales para combatir los cortes de agua y la pobreza
energética que afecta a 1,4 millones de hogares. Un mínimo vital básico de
suministro eléctrico garantizado cuya tarifa se fijará en función de la
renta. El mínimo vital de suministro de agua es 60 litros al día según la
Organización Mundial de la Salud. Creación de un bono con una tarifa gratuita
para todas aquellas personas que no tengan ingresos y otra súper reducida para
las que se encuentren en situación de pobreza y/o exclusión social. 13.
Vivienda Paralización
de los desahucios por motivos económicos probados. Derecho a la dación en
pago con carácter retroactivo y a la reestructuración de la deuda hipotecaria
en los términos señalados en el punto 7 del capítulo de Democracia
económica. Conversión de la Sareb en un instrumento de gestión de un parque
público de vivienda en alquiler. Se regulará por ley el concepto de alquiler
social, que no podrá superar el 30 % de la renta familiar (incluidos gastos de
suministros). Regulación de la Función social de la vivienda, sancionando a
las entidades financieras y sociedades de gestión de activos que posean
viviendas deshabitadas. 14.
Nueva Ley de Educación Derogación
de la LOMCE y desarrollo de una nueva Ley de Educación basada en el documento
Por otra política educativa, elaborado con la comunidad educativa. Educación
pública, gratuita, laica e inclusiva mediante la ampliación de centros de
titularidad pública, hasta cubrir todas las necesidades de escolarización de
Educación Infantil (0-6 años). Recuperación de la inversión en educación
hasta alcanzar la cota del 4,6% del PIB los primeros dos años de legislatura,
que se ampliará progresivamente para alcanzar la media europea (6,2%).
Moratoria de conciertos educativos, junto a un plan para su supresión
progresiva mediante la integración voluntaria de centros privados-concertados
en la red de centros públicos. Se
acordará con la comunidad universitaria una Ley de Universidad e
Investigación pública al servicio de la sociedad, que incluya la mejora de su
financiación y asegure la gratuidad de la enseñanza universitaria como
objetivo, fijando mientras tanto tasas mínimas y un sistema de becas-salario
para garantizar el acceso universal. Rechazo del “3 + 2” y propuesta de un
gobierno democrático en las universidades. Desarrollo de Programa Nacional de
Introducción a la Investigación, orientado a fortalecer la carrera
investigadora en sus fases iniciales. 15.
Sanidad Acceso
universal a la tarjeta sanitaria, también para los inmigrantes y personas con
nacionalidad española que residen en otros países, quienes pierden el acceso
a la cobertura sanitaria universal noventa días después de su salida del
país. Estudio y evaluación de la cartera de medicamentos financiados por el
sistema sanitario para después proceder a su ampliación. Rechazo de la
implantación del repago farmacéutico. Incremento del presupuesto público en
sanidad hasta alcanzar la cota de 6,8% del PIB en 2019. Potenciación de la
Atención Primaria como alternativa a los recortes para salir de la crisis,
incrementando sus recursos para mejorar su capacidad diagnóstica y
terapéutica. Defensa del carácter público del sistema nacional de salud. 16.
Pensiones Indexación
de las pensiones al IPC. Derogación de la reforma de las pensiones que
aprobaron el Gobierno del PSOE en 2010 y el Gobierno del PP en 2014. Compromiso
de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones con la introducción
progresiva de la financiación por vía impositiva. Revisión y progresiva
supresión de los regímenes especiales de cotización para nuevas
Eliminación del tope máximo a las cotizaciones, sin necesidad de incrementar
la pensión máxima en similar proporción. Revalorización de la pensión
mínima en los siguientes términos: la pensión de jubilación personal o con
cónyuge no a cargo será equivalente al SMI anual, la pensión de jubilación
con cónyuge a cargo será equivalente al 110% del SMI anual. Revisión de
todas las medidas de reducción de las cotizaciones empresariales aplicadas en
los últimos años, que no han servido para generar empleo pero sí para
deteriorar gravemente el saldo de la Seguridad Social. 17.
Atención a Dependencia Priorización
máxima del derecho subjetivo de forma real: Revisión de la Ley de Dependencia
con nuevo articulado y cambios sustanciales acoplados al modelo 100% público
siempre que sea posible. Si no lo fuese, se priorizará la concertación y el
convenio con las entidades de la economía colaborativa, social y del bien
común. Plan para la recuperación del Sistema de Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia que contemple las siguientes medidas: ● Recuperación
de los niveles de financiación por dependiente anteriores a los recortes
realizados tras los decretos de 2012 y de 2013, y la cotización a la Seguridad
Social de los cuidadores familiares.
Establecimiento de un calendario urgente para la atención de las
385.000 personas dependientes a las que se les ha reconocido el derecho,
pero que actualmente se encuentran en lista de espera.
del porcentaje de dependientes atendidos por servicios profesionales, y
puesta en marcha de forma progresiva la universalización del derecho de
las personas a que los servicios públicos de atención a la dependencia
les proporcionen la autonomía funcional plena.
Igualdad de género y diversidad sexual Reforma del sistema de
permisos por nacimiento o adopción, estableciendo un calendario de aumento del
actual permiso de paternidad hasta igualarlo con el de maternidad. Para
garantizar la igualdad efectiva de derechos, el permiso será: igual para cada
persona progenitora; intransferible, como todos los demás derechos laborales y
sociales; pagado al 100% del salario; y con igual protección del puesto de
trabajo durante el ejercicio de los derechos de maternidad y paternidad.
Incremento de las atribuciones de la Inspección de trabajo y la Seguridad
Social en materia de prohibición de la discriminación en la contratación,
promoción y retribución, con el objetivo de equiparar las condiciones de
trabajo entre hombres y mujeres. Creación de una Comisión Estatal de
seguimiento y control de los planes de igualdad en las empresas, con capacidad
de propuesta para eliminar las discriminaciones. Medidas de atención especial
a familias monoparentales (mayoritariamente mujeres), para que el cuidado no
sea incompatible con la carrera profesional. Plan de empleo para mujeres
mayores de cuarenta y cinco años y para mujeres que se encuentran en riesgo de
exclusión social. Modificación de la Ley de Violencia de Género para que se
conciba a las mujeres como sujetos activos y no como víctimas; e inclusión de
todas las formas de violencia machista: matrimonio forzoso, crímenes de honor,
trata de mujeres y niñas, mutilación genital femenina. Oposición
a cualquier tipo de LGTBI+fobia institucionalizada o no, por lo que se pondrán
en marcha las medidas y acciones oportunas para que puedan garantizarse en
todos los ámbitos los derechos de las personas LGTBI+. Impulso de la revisión
de la Ley de Identidad de Género para la despatologización de las identidades
TRANS. Creación de protocolos de educación del profesorado y profesionales de
la educación en diversidad afectivo-sexual y de género. 19.
Infancia Pacto
de Estado por la Infancia que blinde los derechos de la infancia y la adolescencia
para garantizar la igualdad de oportunidades entre niñas, niños y adolescentes
(dada su condición de vulnerabilidad) y reducir la pobreza infantil. Tal y
como propone UNICEF, incremento de las cuantías y la cobertura de la
prestación económica por hijo a cargo de la Seguridad Social (de los actuales
291 hasta 1.200 euros al año) para los niños y las niñas con menos recursos,
teniendo en cuenta para la determinación de los niveles de renta que dan
acceso a la prestación las medidas oficiales de riesgo de pobreza. III. Democracia política 20.
Lucha contra la corrupción y transparencia efectiva del sector público Cierre
constitucional de las puertas giratorias. Extensión y clarificación de las
incompatibilidades de los cargos político y algos cargos de la Administración
una vez finalizadas sus funciones. Bloqueo del acceso de excargos electos a los
consejos de administración de empresas que operan en sectores estratégicos.
Eliminación de los privilegios de los cargos electos. Rebaja de las
retribuciones de los miembros electos de las Cortes y equiparación salarial a
los cuerpos de funcionarios del Estado. Eliminación de las “pensiones de oro”.
Reducción del número de altos cargos. Nueva
Ley de Financiación de los Partidos Políticos. Limitación drástica de la
financiación bancaria de los partidos políticos. Equiparación de la
fiscalización de las fundaciones políticas a la de los partidos. Reformulación
de la Ley de Contratos del Sector Público. Creación de una bases de datos de
contrataciones y licitaciones abiertas y accesibles. Auditorías ciudadanas de
la gestión pública. Reforma de la web del registro mercantil. Materializar
los criterios sociales, medioambientales y de fomento de la economía local en
los pliegos de condiciones de la contratación pública. Introducción de la
figura delictiva del enriquecimiento injusto o ilícito. Inclusión en el
código penal del delito de soborno impropio. Derogación
de la Ley Berlusconi (Ley Orgánica 13/2015m de 5 de octubre, de modificación
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Derogación del artículo 324 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal por el que, por la vía del sobreseimiento
anticipado de los grandes procesos judiciales, se garantiza la impunidad de
todos los delitos complejos, incluidos los delitos de corrupción. Reforma
de la insuficiente e inadecuada Ley de Transparencia vigente, partiendo de la
concepción del acceso a la información generada por las instituciones como un
derecho. Se deben incluir a todas las instituciones públicas sin excepción,
ampliando su ámbito de aplicación más allá de la información
administrativa, a toda la información contenida por toda institución
pública, los tres poderes del Estado, así como a empresas públicas y empresas
privadas que gestionen servicios públicos y derogando la mención excluyente
referente a la información auxiliar que contiene el artículo 18 de la Ley.
Deben eliminarse las excepciones al derecho de acceso a la información que se
amparan en motivos poco razonables o vagos como son “los intereses económicos
y comerciales" y otorgar carácter positivo a las peticiones no
respondidas de tal manera que se pueda reclamar su cumplimiento. 21.
Referéndum ciudadano para la revocación del gobierno en caso de incumplimiento
del programa electoral Posibilidad
de abrir, a los dos años de mandato, un proceso de revocación ciudadana del
gobierno por incumplimiento del programa. A iniciativa de 158 diputados y un
15% de las firmas del censo electoral, se podrá llevar a cabo un referéndum
vinculante en el que se preguntará a la ciudadanía si deben celebrarse nuevas
elecciones por incumplimiento del programa de gobierno. En el caso de que el
resultado de la consulta fuese positiva, el/la presidente/a del gobierno
deberá convocar elecciones generales en un plazo máximo de 30 días. Se
promoverá la regulación de procedimientos similares en Ayuntamientos y Comunidades
Autónomas. 22.
Reforma del sistema electoral Corrección
de los factores que provocan la desproporción y la desigualdad del voto en
España (circunscripción, magnitud, barrera y fórmula), orientada a
garantizar la igualdad real del voto de todas las personas. 23.
Libertad de expresión, reunión y manifestación Derogación
de la Ley Mordaza, (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de protección de la
seguridad ciudadana). Elaboración de un nuevo marco legislativo relativo al
libre ejercicio de los derechos fundamentales de expresión, reunión y
manifestación. 24.
Derecho a decidir Apertura
de un amplio debate ciudadano sobre el reconocimiento y las formas del
ejercicio del derecho a decidir en el marco del cambio constitucional.
Reconocimiento constitucional de la naturaleza plurinacional de España.
Garantía constitucional del derecho de los gobiernos autonómicos a celebrar
consultas a la ciudadanía sobre el encaje territorial de país cuando una
mayoría lo pida con intensidad. Al amparo del artículo 92 de la CE,
convocatoria de un referéndum con garantías en Cataluña para que sus
desean establecer con el resto de España. Resulta
fundamental la mejora del marco democrático actual para fomentar la participación
ciudadana en la actividad política. Para ello impulsaremos un conjunto de reformas
que se podrán llevar a cabo mediante políticas públicas, nueva legislación
o bien desde el fortalecimiento de mecanismos como la Iniciativa Legislativa
Popular o el Referéndum.
Municipalismo Reforma
de las administraciones locales. Derogación de la Ley Montoro (Ley 27/2013, de
Promoción de un nuevo marco legal que armonice el nivel de gobierno municipal,
autonómico y estatal, ampliando y actualizando las competencias y presupuestos
de los municipios. La
necesaria reforma de la ley de estabilidad presupuestaria tomará en consideración
los servicios sociales realmente asumidos por los municipios. 26.
Nuevo modelo de financiación Nuevo
modelo de financiación construido bajo principios de equidad, justicia territorial
y solidaridad interterritorial. Apuesta por un modelo de financiación que
garantice la suficiencia del ámbito competencial a través de la recaudación
de los tributos cedidos a las comunidades autónomas y la participación de los
tributos del Estado. La financiación no podrá ser un obstáculo para el
desarrollo del marco competencial propio. 27.
Cambio constitucional Apertura
de un debate ciudadano orientado a discutir el inicio de un proceso de cambio
constitucional capaz de modificar los marcos económico, social, político,
territorial e institucional definidos en el texto de 1978. Convocatoria, al
amparo del artículo 92.1 de la Constitución Española, de un referéndum
consultivo para iniciar ese proceso. 28.
Justicia gratuita real y reconocimiento del derecho a la tutela judicial
efectiva Creación
de un texto normativo consensuado con los órganos colegiales y asociaciones de
letrados del turno de oficio orientado a garantizar la mejora del servicio
público de asistencia gratuita y la dignificación del turno de oficio.
Derogación las tasas judiciales. 29.
Multas y sanciones administrativas proporcionales a la renta de las personas Creación
de un sistema de multas y sanciones administrativas proporcionales a las rentas
de la persona sancionada. Incorporación de criterios de corrección a los procesos
sancionadores que incorporen la rendición de cuentas de la persona ofensora,
equidad y proporcionalidad de la sanción en función del nivel de renta y un
sistema de cálculo ágil y limitado, partiendo de tipos básicos y fijando
umbrales. 30.
Memoria democrática, verdad y justicia Promoción
de una política pública activa para la recuperación de la memoria democrática.
en marcha de tres grandes tipos de medidas: políticas para el ejercicio del derecho
a la memoria, políticas para el ejercicio del derecho a la verdad y políticas
para ejercicio del acceso a la justicia y la reparación para las víctimas del
franquismo. Reconocimiento jurídico de todas las víctimas del franquismo.
Reconocimiento jurídico, político y social de quienes defendieron la
legalidad republicana y de quienes lucharon contra el franquismo, el fascismo y
el nazismo. Condena institucional del franquismo en los términos declarados
por la ONU. Derogación
de la reforma de la justicia universal. IV. Democracia ambiental 31.
Lucha contra el cambio climático Aprobación
de una Ley de Cambio Climático orientada a la consecución de los objetivos
del Acuerdo de Paris del Clima que transversalmente regule de forma previsible,
coherente y estable todas las políticas involucradas. Esta ley incorporará
objetivos ambiciosos para 2030 con una reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero del 55% como mínimo, una generación con energías
renovables al menos del 45% y del 40% de reducción en el consumo de energía
respecto a 1990. El Plan de Transición Energética contemplado en el apartado
de “democracia económica” debería garantizar que en 2050 el 100% del consumo
energético proceda de fuentes renovables. Impulsar una fiscalidad verde que
desincentive los consumos más contaminantes. Se introducirán igualmente los
criterios de adaptación y mitigación al cambio climático en todas las
políticas de forma transversal, con acciones para aumentar la resiliencia de
las ciudades y los ecosistemas. Potenciar una política forestal de
repoblación con especies autóctonas y el desarrollo del efecto sumidero. Se derogará
con carácter inmediato la Ley 11/2014 y el RD 183/2015 que modifican la Ley
26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, de forma que se restituyan los
pilares rectores de precaución y prevención, y el principio de que “quien
contamina paga” y que “contaminar no sea rentable”. 32.
Ley de Aguas Nueva
Ley de Aguas que garantice como un derecho fundamental el acceso al agua de
calidad, así como la conservación de caudales ecológicos y acuíferos. Dicha
ley debe defender que el agua permanezca en manos públicas, y garantizar una
toma de decisiones participativa sobre la gestión y distribución del agua,
puesto que hablamos de un bien común. Se impulsarán medidas para la
erradicación de la pobreza hídrica y se reconocerá el agua como un derecho
humano, de forma que se garantice con ello una dotación mínima para toda la
ciudadanía. Revisión de la construcción de grandes infraestructuras
hidráulicas. 33.
Plan de Rescate Ecológico Impulsaremos
un Plan de Rescate Ecológico con el objetivo de recuperar el conjunto de zonas
degradadas y conseguir la restauración ambiental, lo que conllevará la creación
de empleo sostenible. Este rescate incluirá un Plan de Conservación de la
Biodiversidad en nuestro país que inventaríe los sistemas naturales, cree
corredores ecológicos e incorpore los ecosistemas no representados en la Red
de Parques Nacionales pero que también necesitan protección. Creación
de la Agencia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad e impulso de un Inventario
Nacional de la Biodiversidad, así como de un Plan Nacional de Restauración
Ecosistémica, y de planes sectoriales estratégicos de patrimonio natural y
biodiversidad. Apostamos por la revisión de la Ley de Caza y su reglamento de
desarrollo al objeto de adecuarlas a la realidad y a la conservación del
ecosistema y la fauna autóctona. Impulsaremos un Plan Nacional de
Restauración Ecosistémica para una adecuada gestión, protección y
restauración de los hábitats naturales, incluyendo la recuperación de
especies desaparecidas en los mismos. Proponemos
una protección estricta de las especies en peligro de extinción en toda
España, especialmente para las especies autóctonas (lobo, lince, oso), y la
inclusión de estas especies en los catálogos de Especies Amenazadas de las
Comunidades Autónomas. 34.
Ciudades sostenibles Se
llevará a cabo una política de transformación de los ecosistemas urbanos en
lugares más sostenibles y habitables para la ciudadanía. Se impulsará un
modelo urbanístico orientado a la rehabilitación y la eficiencia energética
de las actuales edificaciones y construcciones, en la línea de lo ya planteado
en el apartado “democracia económica”. 35.
Derecho al medio ambiente Se
impulsará el derecho a un medio ambiente adecuado como uno de los derechos
fundamentales de la ciudadanía de nuestro país. Se desarrollará una
Estrategia Integral de Participación y Educación Ambiental, para hacer
partícipe a la ciudadanía de los aspectos ecológicos que afectan a nuestra
vida y a nuestro bienestar. 36.
Protección de costas y medio marino Protección
del litoral, el medio marino y su entorno. Invalidación de las modificaciones
de la Ley de Costas. Se impulsará un nuevo modelo de protección del litoral
que tenga en cuenta criterios geomorfológicos y paisajísticos. 37.
Economía circular Fomento
de la economía circular, con el Objetivo de Residuo CERO. Se revisará la
transposición de la Directiva Marco de Residuos al ordenamiento jurídico
español, garantizando los principios de precaución y prevención. Se
impulsará una economía circular encaminada a garantizar una reducción del
uso de los recursos naturales, y una gestión efectiva de residuos que tienda a
eliminarlos. 38.
Política Agraria Común Impulsar
una nueva Política Agraria Común (PAC) basada en la agroecología, la soberanía
alimentaria y los bienes comunes, y capaz de defender a los pequeños agricultores,
proteger el medio ambiente y poner coto al control de la cadena agroalimentaria
por parte de grandes multinacionales. La PAC debe incluir instrumentos que
pongan fin a la especulación alimentaria. 39.
Bienestar animal y protección de la Biodiversidad Nos
oponemos al uso de recursos públicos y subvenciones a actividades lúdicas, espectáculos,
festejo o pruebas deportivas incompatibles con el bienestar animal. Defenderemos
la eliminación de las declaraciones de Bien de Interés Cultural o de Bien de
Interés Turístico para todo espectáculo donde se maltraten animales. Se
impulsarán iniciativas para promover el respeto a la dignidad animal. V. Democracia europea e internacional 40.
Reforma de la gobernanza económica en la UE Impulsar
una reforma de las instituciones europeas que democratice la toma de decisiones
políticas y económicas en la Eurozona. Impulsar igualmente la reforma de los
estatutos del Banco Central Europeo, para incluir entre sus objetivos el
mantenimiento de un nivel adecuado de actividad económica y la creación de
empleo, para integrarlo en el conjunto de instituciones que aplican la
política económica de forma coordinada y bajo un verdadero control
democrático, y para que pueda actuar como prestamista en última instancia de
las autoridades fiscales. 41.
Reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y del Pacto Fiscal El
gobierno de cambio impulsará en las instituciones europeas una reforma
profunda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y del Pacto Fiscal, eliminando
el objetivo de equilibrio presupuestario estructural y flexibilizando los
objetivos de déficit, para que se adapten mejor a las necesidades de cada
país. Impulsar la consideración de un nivel adecuado de inversión pública,
introduciendo una “regla de oro” que no las incluya en el cómputo del
déficit. Se
impulsará una auténtica política fiscal europea: un presupuesto común con
un peso significativo, un mecanismo de transferencia de recursos entre países
en función de su situación cíclica, la emisión de Eurobonos, y un mayor
grado de armonización en algunos impuestos, particularmente el de sociedades.
Esta política fiscal europea debería ponerse al servicio de un plan
transeuropeo de inversión en aquellas infraestructuras necesarias para la
transición energética, y para crear empleos sostenibles. 42.
Conferencia Europea de la Deuda Impulsar
una Conferencia Europea de Deuda que ponga en la agenda política de la Unión
Europea la reestructuración coordinada de las deudas públicas en el marco de
la zona euro. Proponemos una modificación en los plazos de vencimiento de las deudas
europeas en circulación, mediante un canje de bonos que facilite que los viejos
títulos sean sustituidos por nuevos títulos que se mantengan a perpetuidad.
El BCE sería la institución que debería adquirir, al valor nominal, los
viejos títulos y canjearlos por otros nuevos, a tipo de interés del 0% y con
el objetivo de mantenerlos en su balance. El BCE debiera reestructurar las
deudas públicas de las economías de la zona euro que excedan el 60% del PIB.
El BCE debería desarrollar esta operación de supresión de deuda pública
para todos los países de la zona euro, mutualizando de este modo la deuda. 43.No
al TTIP y no al CETA El
Tratado Transatlántico sobre Comercio e Inversiones (TTIP) es una amenaza a
nuestra soberanía, a nuestra democracia y a nuestra economía porque concibe
las regulaciones sociales y ambientales como obstáculos al comercio, nos
oponemos a su ratificación y estableceremos un diálogo con otros gobiernos
europeos para que actúen de la misma manera. También nos oponemos a la
ratificación del CETA, el tratado de comercio e inversiones entre la Unión
Europea y Canadá. 44.
Acceso efectivo al derecho al voto a españoles residentes en el extranjero Derogación
del “voto rogado” y reforma de la Ley de Régimen Electoral para facilitar el
derecho a voto de los españoles residentes en el extranjero. 45.
Plan de retorno Plan
de Retorno que facilite el subsidio de desempleo y el acceso a la vivienda a
los retornados y que reconozca a los trabajadores españoles que hayan
trabajado en el exterior las prestaciones económicas derivadas de las
cotizaciones a la seguridad social. Garantizaremos tarjeta sanitaria europea a
toda la ciudadanía española en el exterior. 46.
Derecho a asilo y dignidad para las personas migrantes Cierre
de los CIEs y elaboración de las modificaciones legales necesaria para garantizar
el derecho de asilo, articulando canales de entrada seguros y legales al recuperar
la posibilidad de solicitar asilo diplomático en embajadas y consulados españoles
de terceros países y con la concesión de visados humanitarios, la
eliminación del visado de tránsito para quienes huyen de países en conflicto
y la agilización de los procesos de reunificación familiar. 47.
Derechos humanos en las fronteras Medidas
para garantizar el respeto de los derechos humanos en el control de fronteras e
impedir la pérdida de vidas humanas en las mismas. Garantizaremos el cese de
las devoluciones ilegales y aseguraremos el respeto al principio de no
devolución a países donde la vida de los que emigran corra peligro,
facilitando el procedimiento de refugio. Se trabajará a nivel internacional,
europeo y estatal por el reconocimiento y protección de las migraciones
ambientales y climáticas. 48.
Sahara occidental Nos
comprometemos con la libre determinación del Sahara Occidental. 49.
Estado Palestino Promoveremos
el reconocimiento del Estado Palestino por parte de España y de la Unión
Europea 1. Ayuda al
desarrollo .Nos comprometemos a aumentar el presupuesto destinado a la Ayuda
Oficial al Desarrollo al 0,7% de la Renta Nacional Bruta. Publicado por
Nueva política: las viejas mentiras de siempre, ed...

References: artículo 135
 artículo 92
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artículo 135
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 artículo 324
 artículo 18
 artículo 92
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