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Timestamp: 2019-09-20 01:23:22+00:00

Document:
STS 354/2014, 9 de Mayo de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 511596114
Número de Recurso: 1374/2013
Número de Resolución: 354/2014
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA DE DESCARGO. VALORACIÓN. Siendo así no cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el tribunal de instancia a las reglas de la lógica y a los principios de la experiencia, y a los parámetros de racionalidad y modificación exigibles, quedando extramuros de la competencia de esta Sala censurar el criterio de dicho Tribunal sustituyéndole mediante otra valoración alternativa del significado de los elementos de prueba disponibles, por lo que no se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de los hoy recurrentes quienes en su argumentación critican la fuerza de convicción de las pruebas de apoyo en sus exclusivas manifestaciones exculpatorias, olvidando que el problema no es que no haya mas pruebas de cargo, o incluso que existan pruebas de descargo que la Sala no haya creído, sino determinar si las pruebas de cargo en las que se ha apoyado la Sala de instancia para condenar son suficientes y han sido racional y lógicamente valoradas. Se condena al acusado. Se desestima la casación.
En el recurso de casación por quebrantamiento de forma, e infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por Jacinto , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz, Sección Primera, que condenó al acusado como autor penalmente responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y dicho recurrente representado por el Procurador Sr. Delgado Gordo.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz, incoó Procedimiento Abreviado con el número 75 de 2011, contra Jacinto , y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Badajoz, cuya Sección Primera, con fecha 18 de abril de 2013, dictó sentencia , que contiene los siguientes:
HECHOS PROBADOS: «Probado y así se declara que el inculpado, Jacinto , mayor de edad, y sin antecedentes penales, con DNI 07216393-M, con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito, libró como administrador único de la mercantil "Cajas Registradoras y Servicios Unificados Reunidos S.L ("CRYSUR"), de la mercantil "Importaciones Mediterráneas SL"(IMEDI SL) y de la mercantil "Importaciones Sureías Informátlas SL"(ISURI SL), un total de dieciocho letras de cambio en las siguientes fechas: dos letras el 8 de octubre de 2008, nueve el 20 de octubre de 2008, una el 27 de octubre de 2008, tres el 25 de noviembre de 2008 y tres el 28 de noviembre de 2008, siendo el importe de las mismas 2.900 euros en tres letras de cambio, 4,640 euros en tres, 2.513,33 euros en una y 2.513,34 euros en otra y ascendiendo, consecuentemente, el importe total de todas ellas a 56.646,67 euros.
Asimismo, el inculpado las aceptó con su firma sin especificación de fecha e induciendo a error en la persona del aceptante, ya que como librado figuraba Kopiers Mérida Extremadura SL y la aceptación se produjo sin el conocimiento ni el consentimiento del administrador único de dicha entidad.
Finalmente, el inculpado, con el ánimo de obtener beneficio económico ilícito, como administrador único de las entidades que, en los respectivos casos figuraban como libradoras, presentó a descuento en "Sur Caja de Ahorros de Galicia" ("Caixa Galicia") tres letras de cambio y las restantes en "Banco Bilbao Vizcaya Argentaría SA" ("BBVA"). Concretamente, por el imputado se presentaron al descuento, en el BBVA, las letras de cambio siguientes:
A) Letras de cambio (14) libradas por la entidad "Importaciones Mediterráneas S.L", contra la cuenta n° 01622367940205007406, del Banco Bilbao Vizcaya S.A, cuenta cuya titularidad es de la mercantil aceptante "Kopiers Mérida Extremadura S.L", con las fechas de vencimiento siguientes:
- 10 de enero de 2009: vencieron en esta fecha los efectos O A5380714 y 0A6384112.
- 20 de enero de 2009: vencieron en esta fecha los efectos O A8326561 y 0A8384117.
- 10 de Febrero de 2009: vencieron en esta fecha los efectos OA5380713 y OA 8384113.
- 20 de febrero de 2009: vencieron en esta fecha los efectos OA 6384118 y 0A8326562,
- 10 de marzo de 2009: vencieron en esta fecha los efectos OA 5380712 y OA 8384114.
- 20 de marzo de 2009: vencieron en esta fecha el efecto OA 8384119.
- 10 de abril de 2009: vencieron en esta fecha el efecto OA 8384115.
- 20 de abril de 2009: vencieron en esta fecha el efecto 0A8384120.
- 20 de Mayo de 2009: vencieron en esta fecha el efecto OA 6364121. El importe total de los efectos señalados asciende a 45.046,66 E*.
B) Letra de cambio (1) librada por la entidad "Importaciones Surega Informática", contra la cuenta ya indicada en el párrafo anterior, siendo aceptante también " Kopiers Mérida Extremadura S.L", con fecha de vencimiento el día 15 de enero de 2009, por importe de 2.900  .
Asimismo el imputado presentó al descuento tres (3) letras de cambio en la entidad " Caixa de Galicia", cada una de ellas por importe de 2.900 E (IMPORTE TOTAL 8.700 £j, con fechas de vencimiento los días 15 de enero de 2009 (nº de documento OA 8387913), 15 de febrero de 2009 ( nº de documento CA 8387914), y 15 de marzo de 2009 (nº de documento OA 8387915).
Al igual que en todos los casos ya referidos, el imputado descontó los efectos mercantiles, quedándose con el dinero indicado.
Como consecuencia de estos hechos, ante las denegaciones de pago a la fecha de vencimiento de cada una de las letras de cambio, la mercantil Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A interpuso dos demandas de juicio cambiarlo contra Kopiers Mérida Extremadura SI, que tramitaron, respectivamente, por Juicio Cambiarlo n° 2596/09 en el Juzgado de 14 Instancia n° 3 de Badajoz y por Juicio Cambiarlo n° 1773/09 en Juzgado de 1ª Instancia n° 6 de Badajoz. No obstante, el Juzgado de lª Instancia n° 3 de Badajoz, en virtud de Auto de 3 de diciembre de 2009 suspendió las actuaciones por prejudicialidad penal y el Juzgado de lª Instancia n° 6 de Badajoz en virtud de sentencia n° 24/11 de 9 de febrero de 2011 estimó la demanda de oposición interpuesta por Kopiers Mérida Extremadura S.L y acordó alzar los embargos trabados contra ella con la expedición de los correspondientes mandamientos de devolución; consecuentemente, los daños económicos han repercutido exclusivamente sobre "Sur Caja de Ahorros de Galicia" y sobre "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A". Hechos que se declaran probados.
FALLO: Que debemos condena r y condenarnos a D. Jacinto , mayor de edad y sin antecedentes penales, como autor responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso ~dial can un delito continuado de estafa, ambos ya definidos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de prisión de dos años, cuatro meses y dieciséis días, accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo obrante el tiempo de la condena, y :culta de diez meses y quince días, con cuota diaria de quince e!, y responsabilidad personal subsi.dlar.ta en caso de impago.
En materia de responsabilidad civil indemnizará a las entidades BBVA y Calza Galicia en la cantidad que se determine y liquide en ejecución de sentencia, con arreglo a las bases fijadas en el fundamento jurídico quinto de esta resolución.
Se imponen al condenado las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular.
El tiempo pasado en situación de detención o prisión, se computará para el cumplimiento de la pena privativa de libertad.
Se ratifican las medidas cautelares personales y reales acordadas por el Instructor.
Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, por Jacinto que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
PRIMERO .- El Motivo se articula al amparo del artículo 5,4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por violación del artículo 24.2 de la Constitución , derecho a la presunción de inocencia.
SEGUNDO .- El Motivo se articula al amparo del artículo 849, 2° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por error en la apreciación de la prueba.
TERCERO .- El Motivo se articula al amparo del artículo 849, 1° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por indebida aplicación de los artículos 74 y 77 del Código Penal .
Sexto.- Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día veinticuatro de abril de dos mil catorce.
El motivo primero por vulneración del art. 24.2 CE , con base en el art. 852 LECrim , al vulnerarse el derecho a la presunción de inocencia al considerar como probado la comisión de un delito continuado de estafa en relación con un delito de falsedad en documento mercantil; cuando ni ha existido prueba de cargo valida y suficiente ni la inferencia del tribunal a quo respecto de la valoración de la prueba es acorde a las reglas de la lógica al basarse la condena en las declaraciones de tres testigos y no valorar las pruebas de descargo, testifical y documental que contradicen lo dispuesto por los tres referidos testigos y demuestran la veracidad de lo declarado por Jacinto , sin que las declaraciones de los tres testigos constituyen prueba de cargo,
-Ahora bien también hemos dicho que el fallo judicial que pone fin al proceso debe ser la expresión razonada de la valoración concreta e individualizada de los elementos que integran el computo, de las pruebas practicadas de cargo y descargo y de la interpretación de la norma aplicada. Por ello mismo, la obligación de motivar -como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva que ampara a todo justiciable- supone la necesidad de valorar las pruebas presentadas por la acusación, como las de descargo practicadas a instancia de la defensa.
A este respecto no resulta ocioso reiterar los criterios contenidos en la STS. 3.5.2006 , según la cual la sentencia debe expresar un estudio lo suficientemente preciso del catálogo probatorio, de su valoración respectiva y de su decisión, de suerte que una sentencia cuya decisión sólo esté fundada en el análisis parcial de sólo la prueba de cargo, o sólo la prueba de descargo, no daría satisfacción a las exigencias constitucionales del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de la C.E . La parte concernida que viese silenciada, y por tanto no valorada el cuadro probatorio por él propuesto no habría obtenido una respuesta desde las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva, la resolución judicial no respondería al estándar exigible de motivación, y en definitiva un tipo de motivación no sería el presupuesto de la previa valoración y ponderación crítica de toda la actividad probatoria, sino por el contrario, estaría más próximo a esa inversión argumentativa que convirtiendo en presupuesto lo que sólo debería ser el resultado del proceso crítico valorativo, partiría de la voluntad del órgano judicial de resolver el caso de una determinada manera, para luego "fundamentarlo" con un aporte probatorio sesgado en cuanto que sólo utilizarían aquellos elementos favorables a la decisión previamente escogida, silenciando los adversos.
Ahora bien, ello no comporta que el Tribunal sentenciador tenga que realizar un análisis detallado y exhaustivo de cada una de las pruebas practicadas pues cuando se trata de la motivación fáctica, recuerda la STS. 32/2000 de 19.1 , la sentencia debe exponer cuál o cuáles son las pruebas que sustentan la declaración de hechos probados, al objeto de que, conocidas éstas, la parte tenga posibilidad real de impugnar la razonabilidad del criterio valorativo del juzgador y que el Tribunal de casación, pueda, asimismo, efectuar la función revisora sobre si el razonamiento de la resolución judicial impugnada es suficiente para cimentar el relato histórico, pero debe advertirse que la motivación fáctica adquiere especial importancia cuando el hecho probado se apoya en prueba indirecta o indiciaria, porque entonces, es del todo punto necesario la expresión de los razonamientos que han permitido al Tribunal llegar a las conclusiones adoptadas a través de un proceso deductivo derivado de unos hechos indiciarios indirectos, pero no es precisa una detallada argumentación cuando la prueba es directa, en cuyo caso la exigencia de motivación queda cumplimentada con la indicación de las pruebas directas de que se trate, pues, en tal caso, el razonamiento va implícito en la descripción de aquéllas.
La STS. 540/2010 de 8.6 y 258/2010 de 12.3 , precisan que "..."...la ponderación de la prueba de descargo representa un presupuesto sine qua non para la racionalidad del desenlace valorativo". Su toma en consideración por el Tribunal a quo es indispensable para que el juicio de autoría pueda formularse con la apoyatura requerida por nuestro sistema constitucional. No se trata, claro es, de abordar todas y cada una de las afirmaciones de descargo ofrecidas por la parte pasiva del proceso. En palabras del Tribunal Constitucional exige solamente ponderar los distintos elementos probatorios,pero sin que ello implique que esa ponderación se realice de modo pormenorizado, ni que la ponderación se lleve a cabo del modo pretendido por el recurrente, sino solamente que se ofrezca una explicación para su rechazo ( SSTC. 148/2009 de 15.6 , 187/2006 de 19.6 ).
En el caso presente la Sala de instancia considera probado que el acusado Jacinto , administrador único de tres empresas (Crysur, Imedi e Isuri) libró un total de 18 letras de cambio por importe total de 56.646,47 E, que él mismo aceptó sin conocimiento y consentimiento de la entidad librada Kopiers Mérida Extremadura SL. Dichas cambiales no obedecían a operación comercial alguna y fueron descontadas por el acusado en dos entidades bancarias, quedándose con el importe recibido.
La Sala, en cuanto a la falta de conocimiento y consentimiento de la entidad librada, llega a tal convicción valorando las testificales del propietario y mayor accionista de Kopiers, Remigio , del hijo del anterior Jose Pablo ; del administrador de dicha entidad Abilio ; y de la falta de probanza documental de la alegación del acusado de un pacto con Remigio .
Y en relación a que las letras de cambio no respondían a ningún negocio causal subyacente, esto es, a ningún suministro de mercancías, destaca la falta de practica y aportación de la prueba pericial contable que pudiera acreditar la correlación entre suministro de mercancías y libramiento de las cambiales; y la propia declaración sumarial del recurrente (folios 208 y 209), en presencia de letrado e introducida en el plenario por su lectura y sometida por ello a la contradicción de las partes e inmediación del tribunal, en la que reconoció el cierre de su empresa en diciembre 2007 por crisis y que las letras de 2008 no correspondían a ninguna mercancía, si facturas ni nada.
El recurrente cuestiona esta valoración y conclusiones de la Sala de instancia y sostiene que siendo cierto que él aceptó con su propia firma las letras, firmando simultáneamente como librador y librado, pero esa práctica era conocida y autorizada por Kopiers Mérida Extremadura, como lo demuestra el hecho de que muchas otras letras, en las mismas condiciones que las que son objeto de acusación, también aceptadas con la firma del acusado, habrían sido descontadas en las mismas entidades bancarias y abonadas a su vencimiento por Kopiers. Y, por último, que el acusado no cesó en sus negocios a finales del 2007, sino en diciembre 2008, por lo que las letras sí obedecían a transacciones reales de mercancías.
Para ello hace referencia a su propia declaración en el plenario, a la prueba documental de las letras de cambio emitidas por Crysur, Isuri e Imedi contra Kopiers y/o Mecanización Extremeña y aceptadas y pagadas por estas entre los años 2006 y 2009 a las entidades BBVA y Caixa Galicia, al documento, folio 566, acreditativo del viaje a Riviera Maya por parte de varios distribuidores de las empresas de Jacinto , entre ellos, Remigio , a dos resoluciones judiciales: auto de 15.10.2012 de la Audiencia Provincial de Huelva que confirmó el sobreseimiento y archivo de la causa, y sentencia de 4.2.2013 Juzgado de lo Penal nº 4 de Granada , absolutoria del Sr. Jacinto de los delitos de estafa y falsedad documento mercantil, resto hechos idénticos a los aquí enjuiciados, a diversas facturas y justificantes de entregas de mercancías y a las propias operaciones bancarias que acreditan que el recurrente incurrió en un error en cuanto al cese de su actividad en el año 2007; y a la prueba testifical de descargo de uno de los hijos del denunciante, Higinio ; del representante legal de BBVA sobre que la línea de descuento habría tenido cargos del mismo librado y se habían atendido, por lo que no sospechó nada raro; a Pascual , auxiliar administrador del Sr. Jacinto y encargado de la facturación, albaranes y pedidos; de Luis Manuel , encargado del servicio técnico, y de Alvaro , distribuidor del recurrente y asistente a la reunión en Riviera Maya.
El recurrente considera que la sentencia de instancia omite cualquier referencia a la prueba de descargo practicada y en cambio fundamenta la condena de las testificales ya referidas de Remigio , Jose Pablo ; y Abilio , cuyas declaraciones se han visto contradichas por la documental de descargo y testifical directa de Alvaro , y no cumplen con los criterios jurisprudenciales para su consideración como prueba de cargo, desde su doble consideración de testigos, víctimas y/o perjudicados.
Con independencia de que esta ultima afirmación no es del todo cierto, dado que la sentencia atribuye tal condición a las entidades bancarias en las que las letras fueron descontadas y no a Kopiers, las declaraciones de los perjudicados por el delito son, en principio, una actividad probatoria hábil para enervar el derecho fundamental a la presunción de inocencia, correspondiendo su valoración al tribunal de instancia con la inmediación a través de la cual forma su convicción, siendo los criterios a los que se refiere el recurrente -ausencia de incredibilidad, verosimilitud del testimonio y persistencia en la declaración, no requisitos ni condiciones objetivas de validez de la prueba, sino parámetros a que ha de someterse la valoración de su testimonio el cauce por el que ha de discurrir una valoración verdaderamente razonable, y controlable así casacionalmente a la luz de las exigencias que estos factores de racionalidad valorativos presentan.
Efectuada esta precisión previa, la sentencia de instancia no es que no valore la prueba de descargo, lo que sucede es que la versión del acusado no la considera acreditada y, por tanto, creíble.
Así, de una parte, y en relación a las pruebas personales contrapone el testimonio del propietario y mayor accionista de la entidad que figura como librada en las letras, que reconoció haber mantenido relaciones comerciales con Jacinto , pero que "con rotundidad" manifestó en el acto del juicio que nunca le autorizó a firmar ni aceptar tales letras de cambio, versión corroborada por su hijo, administrador de la sociedad desde enero 2008 a febrero 2009, en el sentido de que siempre se pagaba con cheques o pagarés y no con letras de cambio, y que estas no fueron ni aceptadas ni consentidas por él, por lo que dio orden de devolución de las mismas, que no respondían a ninguna operación mercantil, tal como ratificó el administrador de Kopiers, a partir de febrero de 2009, con la alegación del acusado a que esta forma de proceder se había acordado en una reunión que éste mantuvo con algunos clientes -entre ellos Remigio - en la Riviera Maya, en marzo 2007, línea de defensa que considera huérfana de toda base probatoria.
Y de otra parte, concluye que las letras de cambio no correspondían a ningún negocio causal subyacente, y para ello valora no solo la declaración del propio recurrente en fase sumarial, que si bien en algunos de sus extremos como la fecha exacta del cierre de sus empresas pudo obedecer a una equivocación del declarante tal error no puede predicarse sobre que aquellas respondieron a una previa provisión de fondos, negocio causal antecedente de suministros de productos o mercancías.
En este extremo debe resaltarse la corrección de la doctrina jurisprudencial expuesta por el tribunal de instancia en orden a la posibilidad de valoración de las declaraciones sumariales por la Sala. En efecto, es necesario recordar que ciertamente constituye garantía esencial del derecho de defensa el que las pruebas se practiquen en el plenario, bajo el juego ineludible de los principios de publicidad, concentración, inmediación y contradicción, pero ello no impide -como tiene esta Sala declarado, SSTS. 450/2007 de 30.5 , 304/2008 de 5.6 , 1238/2009 de 11.12 - que el Tribunal de Instancia puede otorgar prevalencia para fundar su convicción a la prueba practicada en la fase de instrucción sobre la practicada en el plenario, caso de discordancia entre ambas, siempre que aquella se halla practicado judicialmente con las debidas garantías y se halla sometido a efectiva contradicción en el acto del juicio oral. Concretamente en el caso de testimonios contradictorios previstos en el artículo 714 de la L.E.Criminal , la doctrina constitucional y de esta Sala (S.T.C. 137/88 , S.T.S. 14-4-89 , 22-1-90 , 14-2-91 o 1 de diciembre de 1.995, sentencia nº 1207/95 ), admite que el Tribunal pondere la mayor o menor verosimilitud de las versiones contrapuestas, contrastándolas con los datos deducidos de otras pruebas practicadas y con la credibilidad de las razones expuestas para justificar las contradicciones, correspondiendo al Tribunal de Instancia dicha valoración, conforme a lo dispuesto en el artículo 741 de la L.E.Criminal .
Esta Sala igualmente ha declarado (ver S. 113/2003 de 30.1) que las declaraciones de los testigos y los acusados aún cuando se retracten en el juicio oral, pueden ser tenidas como actividad probatoria suficiente para enervar el derecho fundamental a la presunción de inocencia sobre la base de la mayor fiabilidad que pudiera tener la versión sumarial. Pero esta afirmación aparece sujeta a determinados requisitos que inciden sobre la apreciación de la credibilidad de la rectificación con confrontación de las distintas manifestaciones, extremo que depende substancialmente de la percepción directa que sólo tiene el Tribunal de instancia por la inmediación de la prueba ( Sentencias de 7 de noviembre de 1997 ; 14 de mayo de 1999 ). En otros términos, la posibilidad de valorar una u otra declaración no significa un omnímodo poder de los tribunales para optar por una u otra declaración, a modo de alternativa siempre disponible por el solo hecho de existir en los autos una declaración distinta de la prestada por el testigo, o en su caso coimputado, en el Juicio Oral.
Esta exigencia presupone que la declaración que se incorpora al enjuiciamiento, provenga del sumario, es decir, de la documentación de la actuación judicial en investigación de un hecho delictivo, pues así lo exige el Art. 714 de la Ley Procesal , que refiere la posibilidad de dar lectura a las declaraciones del sumario, esto es las practicadas en sede jurisdiccional con exclusión de las celebradas ante la policía. Además tal declaración ha de ser realizada con observancia de las reglas que rigen la práctica de estas diligencias. Consecuentemente debe tratarse de declaraciones prestadas ante el Juez de Instrucción reuniendo los requisitos exigidos por la Ley, pues fuera de este supuesto no se trataría propiamente de diligencias sumariales de prueba, de forma que, aún no satisfaciéndose el principio de contradicción en aquella declaración, puesto que sucede con frecuencia, sobre todo cuando se trata del denunciante, que su declaración se produce con anterioridad a la del imputado, que dicho principio esencial del proceso se desenvuelve en el acto del Plenario, mediante la lectura concreta y puntual de la diligencia, abriéndose de esta forma a las partes la posibilidad de salvaguardar sus derechos ( SSTS. 4.3.2002 , 17.7.2002 , 5.12.2003 ). Por otra parte, la contradicción que permite la lectura de las obrantes en el sumario debe recaer sobre aspectos esenciales del testimonio, como afirmaciones contradictorias o retractaciones totales o parciales.
En el caso presente la declaración sumarial del recurrente en cuanto a que las cambiales no correspondían a la entrega de ninguna mercancía, se ve corroborada no solo por la testifical, antes referida, del accionista mayoritario y administradores de la mercantil librada, sino por la absoluta falta de prueba documental o pericial acreditativa del suministro efectivo de mercancía cuyo precio se hallaba representado por el importe de las letras.
En efecto, es cierto que, quien conscientemente, autoriza a otro a firmar donde él debía hacerlo, sea con su propia firma, con una imitada o con una de realización arbitraria y, en consecuencia, reconoce el documento así extendido como si fuera propio, está excluyendo la afectación de cualquiera de las funciones del documento- probatoria del negocio jurídico que el documento refleja; de garantía, relacionada con la seguridad que brinda el documento respecto de la identidad del emisor de la declaración que contiene, y de perpetración de la declaración documentada para que pueda ser conocida por terceros- ya que por su propia decisión está asumiendo los efectos de la intervención del otro, como si fuera el mismo. Tal ausencia de afectación de las funciones del documento, sin perjuicio de tercero, excluye la falsedad documental, pues en estos casos, la sanción penal carece de justificación, SSTS. 73/2010 de 10.2 , 651/2007 de 13.7 , 1704/2003 de 11.12 , y 679/2008 de 4.11 , en un supuesto de imitación de firma del apoderado de empresa por quien no tiene poder de la misma, como práctica conocida y aceptada por éste y aquél, se ha estimado mendaz formalmente pero no falsedad, en el sentido típico del delito de falsedad documental. Esto constituirá una manera de operar connotada de irregularidad -en la medida que la firma es el modo de acreditar la intervención personal de un sujeto en un acto documentado- pero sólo de una irregularidad meramente formal y sin más trascendencia. Pues, al obrar así, el curso normal de la actividad en la que tal conducta se inscribe no experimenta ninguna alteración en sus efectos; de manera que la firma está operando realmente como si la hubiera estampado realmente su titular. Por tanto, la fe pública y la seguridad del tráfico mercantil, en general y en concreto, hubieran llegado a resentirse lo más mínimo.
Cuestión distinta es cuando esa falsedad pueda afectar a terceros que no han intervenido en la falsedad: letra de cambio con el acepto falsificado presentada al descuento.
En efecto, como hemos dicho en STS. 919/2007 de 20.11 , con cita STS. 1543/2005 de 29.12 , el contrato de descuento, de creación jurisprudencial, consiste básicamente en que el Banco descontante, previa deducción del interés correspondiente, anticipa a un cliente o descontatario el importe de un crédito no vencido contra tercero, generalmente instrumentado en letras de cambio, mediante la cesión "salvo buen fin" del crédito mismo, de tal forma que el cliente recupera anticipadamente el importe de las cambiales con el descuento correspondiente y todo ello previa cesión del instrumento cambiario a favor del Banco, el cual procederá por el mecanismo de cobro correspondiente a su efectividad, de tal suerte que si ello no acontece podrá repetir efectivamente el importe a su cliente.
En este sentido la STS. Sala Primera, de 2.3.2004 , señala que el contrato de descuento responde a una relación bancaria y su esencia jurídica radica en la obligación que asume el descontatario de restituir al Banco descontante los importes descontados cuando no se abonen a la fecha de sus vencimientos por quien resulta obligado y deudor de los mismos, recuperando así el Banco los anticipos dinerarios llevados a cabo, ya que se trata de cesión "pro solvendo" y no cesión "pro soluto".
Así como hemos declarado en la sentencia 1092/2000 de 19.6 , uno de los medios con más frecuencia utilizados por los defraudadores es el que proporciona el contrato de descuento bancario. El cliente consigue del Banco una línea de descuento, emite letras vacías o de colisión, con librados imaginarios, o reales pero no deudores se apropia del precio del descuento y cuando las letras regresan devueltas se ha hecho insolvente o simplemente no paga. La operación de descuento bancario va acompañada, como elemento inherente a su naturaleza y contenido, de la cláusula "salvo buen fin", reveladora de que el anticipo del importe de la cambial lo es a condición de que ésta sea abonada por el librado en la fecha de su vencimiento, quedando la posibilidad, caso de que no se produjera el pago, de dirigirse contra el librado aceptante, o, en su caso contra el librador en vía de regreso, para hacer efectivo el importe anticipado.
Roto el antedicho esquema, la estafa queda consumada ( ssTS. 1.7.2002 , 11.7.2002 ), sin que pueda aceptase el argumento de que cuando se emiten o libran letras de "favor" y éstas son descontadas por una entidad bancaria, no pueda existir infracción penal.
El motivo segundo al amparo del art. 849.2 LECrim , por error de hecho en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios, por cuanto la Sala sentenciadora ha considerado como probado que Jacinto firmó los aceptos de las letras de cambio sin el consentimiento ni la autorización de los responsables de Kopiers, sin valorar la documentación obrante en las actuaciones que acredita la existencia de esta autorización, y ha considerado probado el hecho de que las empresas administradas por el recurrente cesaron en su actividad en el año 2007, sin valorar las pruebas documentadas que acreditan que el cese acaeció en el año 2008, que el ámbito de aplicación del motivo de casación previsto en el art. 849.2 LECrim . se circunscribe al error cometido por el Tribunal sentenciador al establecer los datos fácticos que se recogen en la declaración de hechos probados, incluyendo en la narración histórica elementos fácticos no acaecidos, omitiendo otros de la misma naturaleza que sí hubieran tenido lugar, o describiendo sucesos de manera diferente a como realmente se produjeron.
En el caso presente entiende el recurrente que los documentos que acreditan el error de la Sala son:
-Documentación obrante a los folios 174 a 215 del rollo de la Sala remitida por el BBVA sobre las transacciones bancarias entre las empresas del recurrente, por su parte, y Kopiers Mérida Extremadura, SL, y/o Mecanización Extremeña SA, por otra, entre los años 2006 y 2009.
En los anexos X, folio 192, XI, folio 193 y XII, folio 194 transferencias bancarias realizadas por el recurrente al Sr. Remigio a través de las empresas que ambos administraban.
1.1 Folio 213 rollo letra de cambio OA 8326569 suscrita el 8.10.2008 y vencimiento el 20.12.2008, por importe de 2.513,33, firmada por el Sr. Jacinto , incluida el acepto y pagada por K.M. Extremadura en la fecha de vencimiento, sin que alegara falsedad alguna.
Ese mismo día, 8.10.2008, el recurrente suscribió otras dos letras OA 8326561 y OA8326562, por el mismo importe 2.513,33 y vencimiento 20.1 y 20.2.2009 que no fueron atendidas al cobro por K.M. Extremadura, alegando falsedad en la firma del acepto.
1.2 Folio 214 Rollo de la Sala, letra de cambio OA 8384116 emitida en fecha 20.10.2008 y vencimiento el 10.5.2009, por importe de 2.900 E, abonada a su vencimiento por K.M. Extremadura, pese a estar aceptada por el recurrente, y sin embargo denunció por ser falsas otras 9 letras emitidas el mismo día, 20.10.2008, y firmadas también por Jacinto , y vencimiento 10.1, 20.1, 10.2, 20.2, 10.3, 20.3, 10.4, 20.4 y 20.5.2009.
Finalmente en el folio 215 Rollo de la Sala letra de cambio OA 8197995 emitida el 27.10.2008 cuyo acepto fue firmado por el recurrente, y atendida al cobro por K.M. Extremadura a su vencimiento 15.12.2008 por importe 2.900 E.
-Documento nº 46, folio 566 de la causa, aportado con el escrito de defensa acreditativo del viaje a Riviera Maya de varios distribuidores de las empresas del recurrente, entre ellos, Remigio .
-Resoluciones judiciales aportadas en el acto del juicio: auto 15.10.2012 Audiencia Provincial de Huelva y sentencia 4.2.2013 , Juzgado de lo Pena 4 Granada, a las que se ha hecho referencia en el motivo anterior.
-Documentos 3 a 36 escrito defensa, relativos a facturas emitidas por (Crysur a Kopiers y/o Mecanización Extremeña desde el 13.5.2002 al 29.12.2008.
-Documentos 37 a 44, escrito defensa, relativos a justificantes de entrega de mercancías enviadas por Seur o Medir.
-Documento 45, escrito defensa (folio 551) correspondiente con las declaraciones tributarias de Crysur SL, modelo 347, operaciones anuales con terceros, de los años 2006, 2007 y 2008.
-Las propias operaciones bancarias existentes entre las partes en el año 2008 y las letras de cambio emitidas durante ese año y abonadas por K.M. Extremadura, que acreditan la existencia de relaciones comerciales entre las partes en el reiterado 2008 (folios 183 a 215 Rollo Sala).
-Documento nº 47 escrito defensa (folio 572), consistente en el Vilem, emitido por la TGSS. En el que consta que Luis Manuel trabajó en Crysur desde el 2001 hasta el 2008.
Estos documentos, a juicio del recurrente, acreditan:
-Que el cese de las empresas administradas por el recurrente se produjo en diciembre 2008.
-Que el recurrente durante años firmó los aceptos de distintos efectos cambiarios, entre los que se encontraban letras de cambio, con el conocimiento, consentimiento y autorización de K.M.Extremadura y, en concreto de Remigio .
El motivo no debe prosperar en los términos propuestos por el recurrente.
Es cierto que de la documentación mercantil aportada puede desprenderse que las empresas del acusado continuaron con actividad durante el año 2008 y que tres letras de cambio -OA832650 emitida el 8.10.2008, y vencimiento 20.12.2008, OA 8384116 emitida el 20.10.2008 y vencimiento 10.5.2009; y OA 8197995, emitida el 27.10.2008 y vencimiento 15.12.2008- libradas por Imedi las dos primeras y sin que conste la persona del librador en la ultima -firmadas en el acepto por el recurrente fueron atendidas a su vencimiento por Kopiers Mérida Extremadura- letras que no constan fueran descontadas.
Pero lo que no está acreditado -partiendo de que el propio recurrente reconoció en fase sumarial que las letras no correspondían a ninguna mercancía- es que las 18 cambiales libradas por empresas del recurrente contra Kopiers y con la firma de aquel en el acepto, obedeciesen a relaciones comerciales reales, que fuesen emitidas con conocimiento y consentimiento del librado Kopiers y en definitiva, que su importe, del que el acusado supuso, mediante descuento en dos entidades bancarias -que son las que la sentencia recurrida ha considerado perjudicadas, estableciendo a su favor la indemnización civil a determinar en ejecución de sentencia- le fuera debido.
Por último, en cuanto a la eficacia de las resoluciones judiciales dictadas por otros órganos, en este caso -auto A.P. de Huelva y sentencia Juzgado de lo Penal Granada- la doctrina de esta Sala -por ejemplo SSTS. 46/2014 de 11.2 y 180/2004 de 9.2 , viene declarando que no vincula el contenido de otra sentencia dictada en el mismo u otro orden jurisdiccional, dejando a salvo los supuestos de cosa juzgada ( STS. 771/2002 de 18.7 ).
Por razones metodológicas analizaremos, a continuación, el cuarto motivo de casación por infracción de Ley, art. 849.1 LECrim . por indebida aplicación del art. 74 CP , al no deberse aplicar la continuidad delictiva.
Con cita de la Sentencia de esta Sala de 21.3.2005 , sostiene que la continuidad delictiva de la falsedad documental no es de aplicación en los supuestos en los que se aprecia una unidad natural de acción aunque se materialice en la confección de varios documentos mendaces.
La pretensión del recurrente se podría calificar todos los hechos, no como un delito continuado, sino como lo que la jurisprudencia engloba como unidad material de acción, conforme al concepto normativa de esta.
Este supuesto problemático en la dogmática penal parte de la existencia de una pluralidad de actos, de acciones, que son valorados como una unidad, constituyen un objeto único de valoración jurídica será natural o jurídica, dice la STS. 18.7.2000 , en función del momento de la valoración, si desde la perspectiva de una reacción social que así lo percibe o desde la propia norma. En todo caso se requiere una cierta continuidad y una vinculación interna entre los distintos actos entre si, respondiendo todos a un designio común que aglutine los diversos actos realizados, STS. 820/2005 de 23.6 .
Dicho en otros términos, existirá unidad de acción y no una pluralidad de acciones, entendidas ambas en el sentido de relevancia penal cuando la pluralidad de actuaciones sean percibidas por un tercero no interviniente como una unidad por su realización conforme a una única resolución delictiva y se encuentre vinculadas en el tiempo y en el espacio.
En esta dirección la doctrina considera que la denominada teoría de la "unidad natural de acción" supone varias acciones y omisiones que están en una estrecha conexión espacial y temporal que puede reconocerse objetivamente y con una vinculación de significado que permita una unidad de valoración jurídica y que pueden ser juzgadas como una sola acción .
En la jurisprudencia se destaca como el concepto de unidad natural de acción no ha provocado en la doctrina un entendimiento unánime. La originaria perspectiva natural explicaba este concepto poniendo el acento en la necesidad de que los distintos actos apareciesen en su ejecución y fueran percibidos como una unidad por cualquier tercero. Las limitaciones de ese enfoque exclusivamente naturalístico llevaron a completar aquella idea con la de unidad de resolución del sujeto activo. Conforme a esta visión, la unidad de acción podía afirmarse en todos aquellos en los que existiera una unidad de propósito y una conexión espacio-temporal o, con otras palabras, habría unidad de acción si la base de la misma está constituida por un único acto de voluntad. Pese a todo, hoy es mayoritaria la idea de que el concepto de unidad de acción, a efectos jurídico-penales, exige manejar consideraciones normativas, dependiendo su afirmación de la interpretación del tipo, más que de una valoración prejurídica. ( SSTS. 213/2008 de 5.5 , 1349/2009 de 25.1.2010 ). Por ello la teoría del concepto normativo de acción impide que superados los meros efectos naturalísticos de las acciones humanas pueda calificarse de una unidad natural de acción cuando se produce la falsificación de varios documentos mercantiles distintos. La teoría contraria llevaría al absurdo resultado de que cualquiera que fuera el número de cheques, pagarés o letras de cambio que se falsificaran continuamente en una unidad natural de acción, constituirían un solo delito, aunque se tratara, de miles de firmas falsas (por ejemplo, un talonario correspondiente a la falsificación de papeletas de lotería, en las cuales se falsifica la firma del depositario ( STS. 566/2006 de 9.6 ).
En definitiva, el concepto normativo de acción atiende sustancialmente al precepto infringido y al bien jurídico protegido, de modo que la acción se consuma cuando se produce el resultado previsto por la norma, cualquiera que sean los hechos naturales (únicos o plurales) que requiera tal infracción, para que se produzca en el mundo real. En suma, la ley penal no atiende estrictamente a la naturalidad de las acciones, sino a sus componentes jurídicos. Un solo disparo, por ejemplo, que por la fuerza del proyectil atraviesa dos cuerpos humanos, originando su muerte, constituye dos delitos de homicidio, cuando la acción natural era solo una. Lo propio sucede al revés: una multitud de actos naturales (una gran cantidad de golpes sobre una misma persona), es el resultado de un solo delito de lesiones ( STS. 566/2006 de 9.5 ).
En relación con el delito de falsedad documental este criterio se ha aplicado ocasionalmente, pero en supuestos muy diferentes al ahora enjuiciado. Por ejemplo en STS. 7.5.99 , en una sola ocasión y sin solución de continuidad, un policía del aeropuerto puso en siete pasaportes diferentes sellos de entrada con fechas alteradas, considerándose una sola acción la materialidad de poner los sellos en los siete pasaportes. Asimismo cabría estimar, unidad natural de acción inscribir dos firmas falsas en un mismo documento o suponer en un mismo acto la intervención de varias personas que no la han tenido, o incluso suscribir falsamente más de un documento en el curso de una única operación realizada simultáneamente o de modo inmediato ( SSTS. 885/2003 de 13.6 , 760/2003 de 23.5 , 671/2006 de 21.6 ).
Supuestos que no pueden extenderse de tal forma que abarque lo que manifiestamente constituyen acciones autónomas (como es el caso presente en que el recurrente es condenado por la falsificación de 18 letras de cambio con fechas de libramiento entre el 8.10.2008 y el 28.11.2008), que son descontadas en dos entidades distintas -tres de ellas en "Sur Caja de Ahorros de Galicia" ("Caixa Galicia"), y las restantes en "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA" ("BBVA"). Entender que todas se llevaron a cabo en unidad de acto, forzaría de modo inadmisible el concepto racional y natural de acción y se vaciaría el concepto jurídico del delito continuado.
En efecto no se comete un solo delito porque las falsedades documentales se realicen sucesivamente, una tras de otra, en un lapso temporal más o menos prolongado. Quien de esa forma falsea, una tras otra, las firmas de un acepto en varias letras de cambio, no comete un delito de falsedad en documento cambiario, sino un concurso real de varios delitos, que en virtud del mecanismo previsto en nuestro derecho penal en el art. 74 del Código penal , se convierte en un delito continuado de falsedad documental (que no es más que la manera de solucionar punitivamente un concurso real, cuando se cumplen los requisitos del mismo), STS. 291/2008 de 12.5 .
Realidad jurídica del delito continuado que precisa de los siguientes requisitos:
Desde el punto de vista negativo no es posible obviar que no es necesaria la identidad de sujetos pasivos, los bienes jurídicos atacados no han de ser acentuadamente personales; y no es precisa la unidad espacial y temporal, aunque si un distanciamiento temporal disgregador que las haga parecer ajenas y desentendidas unas de otras, problema que habrá de examinarse racional y lógicamente en cada supuesto. El delito continuado precisa a este respecto que, por encima del tiempo, haya una ligazón o causa común, aunque diluya la unidad temporal ( SSTS. 1320/98 de 5.11 , 109/99 de 27.1 , 169/2000 de 14.2 , 505/2006 de 10.5 , 919/2007 de 20.11 ).
Condicionamiento que si concurren en el caso enjuiciado habida cuenta de la creación ficticia de 18 letras de cambio que no respondían a relación comercial alguna, firmando en el lugar del librado, sin su conocimiento, para ser descontadas y apropiarse de su importe.
El motivo tercero por infracción de Ley, art. 849.1 LECrim , por indebida aplicación de los arts. 74 y 77 CP .
Se argumenta en el motivo que la Sala enjuiciadora califica los hechos como una delito continuado de falsificación mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa, manifestando imponer la pena mínima de prisión, conforme a los arts. 74 y 77 CP , cuando en realidad no ha impuesto esa pena mínima sino una superior sin motivación alguna, ya que si los razonamientos expuestos en su fundamento jurídico sexto se hubieran aplicado correctamente, tal y como establecen referidos preceptos la pena mínima a imponer tendría que haber sido un año y nueve meses de prisión, y no dos años, cuatro meses y 16 días, como erróneamente ha hecho la sentencia.
El motivo devine inaceptable.
Hemos de partir de que la estafa realizada a través de un documento mercantil falsificado utilizado como medio necesario para su comisión, con consume la falsedad, sino que los dos tipos son compatibles, produciéndose un concurso medial de delitos en la forma prevista en el art. 77 CP , porque el delito de falsedad del art. 392 se consuma con independencia del propósito de utilizar el documento falsificado. De ahí que si mediante una falsificación en tales documentos se realiza el engaño propio de la estafa, habrá sendas lesiones a diversos bienes jurídicos y habrá esa relación de concurso ideal ( SSTS. 1131/98 de 6.10 , 1549/2003 de 20.11 , 29/2004 de 15.1 ).
Siendo así, el concurso ideal de delitos no excluye las reglas penológicas del delito continuado, sino que las presupone y se tiene en cuenta para la pena resultante. Por tanto la pena aplicable para cada delito continuado la pena en su mitad superior, según el art. 74, y después aplicar la pena más grave resultante en su mitad superior, según el art. 77, esto es una doble exasperación punitiva: mitad superior de la mitad superior de la pena correspondiente a la infracción más grave ( SSTS. 1606/97 de 31.12 , 1640/98 de 16.12 , 69/99 de 26.1 , 719/99 de 12.2 , 298/2002 de 15.2 , 689/2002 de 18.4 , 568/2003 de 21.4 ).
En el caso concreto: falsedad mercantil y estafa continuados en concurso ideal la pena más grave es la correspondiente a la falsedad -al incluir pena de multa- que habrán de imponerse en su mitad superior -por ser delito continuado-, y otra vez en su mitad superior -por el concurso ideal por lo que la pena imponible queda comprendía entre dos años, cuatro meses y 16 días a tres años prisión y multa de 10 meses y 15 días a 12 meses ( STS. 111/2009 de 10.2 ).
Consecuentemente las penas impuestas si lo han sido en su mínimo legal.
Desestimándose el recurso se imponen las costas, art. 901 LECrim .
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación, interpuesto por Jacinto , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz, Sección Primera, que condenó al acusado como autor penalmente responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa; y condenamos al recurrente al pago de las costas causadas en la tramitación de su recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamosD. Joaquin Gimenez Garcia D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Luciano Varela Castro D. Alberto Jorge Barreiro D. Andres Palomo Del Arco
SAP Córdoba 47/2002, 29 de Enero de 2002
STS, 21 de Octubre de 1997
STS 484/2017, 29 de Junio de 2017
STSJ Navarra , 20 de Mayo de 2003

References: artículo 5
 artículo 24
 artículo 849
 artículo 849
 resolución 
 resolución 
 artículo 714
 artículo 741
 resolución 
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