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Timestamp: 2019-01-21 12:24:22+00:00

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﻿ SENTENCIA T-248 DE MAYO 26 DE 1998
SENTENCIA T-248 DE 26 DE MAYO DE 1998
CONTENIDO:DERECHO A LA SALUD MENTAL. PRESTACIÓN DE TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS POR LAS EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD.
TEMAS ESPECÍFICOS:OBLIGACIONES DE LA EPS, RÉGIMEN DE OBLIGACIONES DE LA EPS, EXCLUSIÓN DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD, DERECHO A LA SALUD MENTAL, EXAMEN PSICOLÓGICO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:320 DE AGOSTO DE 1998, PÁG.1194
Sentencia T-248 de mayo 26 de 1998
PRESTACIÓN DE TRATAMIENTOS SICOLÓGICOS POR LAS EPS.
EXTRACTOS: «Ha de reiterarse que, si bien el derecho a la salud en sí mismo no es en principio fundamental, adquiere tal carácter por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal.
La vida humana, en los términos de la garantía constitucional de su preservación (C.P., arts. 1º, 2º y 11), no consiste solamente en la supervivencia biológica sino que, tratándose justamente de la que corresponde al ser humano, requiere desenvolverse dentro de unas condiciones mínimas de dignidad.
La persona conforma un todo integral y completo, que incorpora tanto los aspectos puramente materiales, físicos y biológicos como los de orden espiritual, mental y síquico. Su vida, para corresponder verdaderamente a la dignidad humana, exige la confluencia de todos esos factores como esenciales en cuanto contribuyen a configurar el conjunto del individuo.
Por otra parte, el artículo 12 de la Constitución proclama el derecho fundamental a la integridad personal y, al hacerlo, no solamente cubre la composición física de la persona, sino la plenitud de los elementos que inciden en la salud mental y en el equilibrio sicológico. Ambos por igual deben conservarse y, por ello, los atentados contra uno u otro de tales factores de la integridad personal —por acción o por omisión— vulneran ese derecho fundamental y ponen en peligro el de la vida en las anotadas condiciones de dignidad.
Deben reiterarse los conceptos de esta Sala acerca de los indicados derechos.
En cuanto a la vida digna sostuvo:
“El de la vida, un derecho cualificado.
El derecho a la vida es el primero y más importante de los derechos consagrados en la Constitución. Sin su protección y preeminencia ninguna razón tendrían las normas que garantizan los demás.
Dado su carácter, el derecho a la vida impone a las autoridades públicas la obligación permanente de velar por su intangibilidad no sólo mediante la actividad tendiente a impedir las conductas que lo ponen en peligro sino a través de una función activa que busque preservarla usando todos los medios institucionales y legales a su alcance.
El concepto de vida que la Constitución consagra no corresponde simplemente al aspecto biológico, que supondría apenas la conservación de los signos vitales, sino que implica una cualificación necesaria: la vida que el Estado debe preservar exige condiciones dignas. De poco o nada sirve a la persona mantener la subsistencia si ella no responde al mínimo que configura a un ser humano como tal (...).
La vida del ser humano, entonces, es mucho más que el hálito mediante el cual se manifiesta su supervivencia material. No puede equipararse a otras formas de vida, pues agrega al mero concepto físico elementos espirituales que resultan esenciales”. (Cfr. C. Const. S. Quinta de Revisión. Sent. T-067, feb. 22/94).
En lo relativo a la integridad personal manifestó:
“En cuanto a la integridad personal, valor cuya jerarquía es cercana al de la vida y cuyas violaciones casi siempre la ponen en peligro, se relaciona con la preservación del sujeto en sus componentes físicos, sicológicos y espirituales, los cuales se hallan integrados en un conjunto armónico que justamente constituye la esencia del ser humano. Tales elementos y el todo resultante de su articulación deben permanecer inalterados por agresiones, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ataques y lesiones, por acción u omisión de autoridades o particulares.
El derecho a la integridad personal se deriva directamente de la consideración y el respeto que merece el ser humano en su esencia por razón de su dignidad intrínseca, que resulta ofendida en alto grado por cualquier forma de maltrato moral o material”. (Cfr. C. Const. S. Quinta de Revisión. Sent. SU-200, abr. 17/97).
Para la Corte es claro, además, que en los casos de peligro o afectación de la salud mental y sicológica de una persona no solamente están comprometidos los derechos fundamentales que a ella corresponden sino los de sus allegados más próximos, los de la familia como unidad y núcleo esencial de la sociedad que merece especial protección, y los de la colectividad.
De todo lo dicho se deduce que, al reclamar judicialmente la preservación inmediata del derecho a su salud mental, la persona invoca derechos fundamentales susceptibles de amparo por la vía del artículo 86 de la Constitución Política.
La atención de la salud es, según el artículo 49 de la Constitución, un servicio público a cargo del Estado. Y, aunque puede ser prestado por los particulares, está sujeto a la vigilancia y control estatales, y ante todo a los postulados y mandatos de la Carta Política.
Según el artículo citado, se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, al paso que los servicios correspondientes, con independencia del carácter público o privado de quien los preste, deben conformarse a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
“Toda persona —según la norma— tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de la comunidad” (subraya la Corte).
Esto indica que la salud constitucionalmente protegida no es únicamente la física sino que comprende, necesariamente, todos aquellos componentes propios del bienestar sicológico, mental y sicosomático de la persona.
A la inversa de lo que entendió el tribunal en el fallo de segunda instancia, debe afirmarse que no es indispensable, para tener derecho a la atención médica, que el paciente se encuentre en la fase crítica de una enfermedad sicológica o mental. Aceptarlo así equivaldría a excluir, en todos los campos de la medicina, los cuidados preventivos y la profilaxis. Habría que esperar la presencia del padecimiento en su estado más avanzado y tal vez incurable e irreversible para que tuviera lugar la prestación del servicio. En el caso de las enfermedades mentales, si se acogiera dicho criterio, tendría que supeditarse todo tratamiento a la presencia cierta o inminente de la esquizofrenia, la demencia o la locura furiosa.
Carece de sentido, frente a la Constitución, que la persona afectada por los síntomas de un desajuste sicológico sea rechazada en cuanto al acceso a la prestación de los servicios médicos que lo corrijan o morigeren, bajo el argumento de que no se encuentra en la fase crítica y, peor todavía, arguyendo que ya pasó la etapa inicial de dicha fase.
Tampoco se justifica la exclusión de los tratamientos denominados prolongados, es decir aquellos que sobrepasan los treinta (30) días a partir del diagnóstico.
Por supuesto, las entidades públicas o privadas encargadas de prestar los servicios de salud no pueden excluir de su cobertura los padecimientos relacionados con el equilibrio y la sanidad mental y sicológica de sus afiliados o beneficiarios en ninguna de las fases o etapas de evolución de una determinada patología.
Las restricciones al respecto riñen de manera flagrante con la Constitución.
Por existir incompatibilidad evidente con el artículo 49 de la Constitución Política, esta Corte, haciendo uso de la facultad contemplada en el artículo 4º ibídem, inaplicará, para el caso concreto el artículo 15 del Decreto 1938 de 1994, reglamentario del plan de beneficios en el sistema nacional de seguridad social en salud, invocado por la compañía demandada al negar la continuación del tratamiento sicológico de la accionante, en la parte que excluye de la protección el “tratamiento con psicoterapia individual, psicoanálisis y psicoterapia prolongada” y en la que limita la psicoterapia individual de apoyo a “la fase crítica de la enfermedad, y sólo durante la fase inicial”.
En el caso materia de análisis, la EPS “Colseguros” negó a su afiliada —la demandante— la autorización para la práctica de sesiones de atención médica en el campo sicológico, que se enmarcaban dentro de una terapia que ella necesita.
Obra en el expediente la certificación del médico que la venía atendiendo, en el sentido de que “su tratamiento requiere de seguimiento psicoterapéutico”.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
1. REVOCAR el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, del diez (10) de diciembre de 1997, proferido al resolver sobre la acción de tutela incoada por L... contra la EPS “Colseguros” y, en su lugar, CONFIRMAR el de primer grado, dictado por el juez décimo civil del circuito de Medellín, el 14 de noviembre de 1997, que concedió el amparo y ordenó a dicha entidad reiniciar el tratamiento.
2. INAPLÍCASE, en este caso concreto, el artículo 15 del Decreto 1938 de 1994, reglamentario del plan de beneficios en el sistema nacional de seguridad social en salud, invocado por la compañía demandada al negar la continuación del tratamiento sicológico de la accionante, en la parte que excluye de la protección el “tratamiento con psicoterapia individual, psicoanálisis y psicoterapia prolongada” y en la que limita la psicoterapia individual de apoyo a “la fase crítica de la enfermedad, y sólo durante la fase inicial”.
3. “Colseguros” EPS deberá dar cumplimiento a lo aquí dispuesto y a lo ordenado por el juez de primera instancia en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo.
En consecuencia, brindará a la accionante, sin costo adicional para ella y durante el tiempo en que lo requiera, sin aplicar disposiciones restrictivas, la totalidad del tratamiento psicoterapéutico que venía recibiendo, así como el que resulte indispensable por razón de los daños que le haya causado la suspensión de aquél».
(Sentencia T-248 de mayo 26 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

References: artículo 12
 artículo 86
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 4
 artículo 15
 artículo 15