Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-no-vinculante-dgt-1085-02-16-07-2002-285761
Timestamp: 2020-06-03 22:29:15+00:00

Document:
Resolución No Vinculante de DGT, 1085-02, 16-07-2002 | Iberley
Ley 19/1995, artículo 9-2
Si la venta de la finca rústica antes del transcurso de los 5 años supone el incumplimiento de lo estipulado en el artículo 9.2 de la Ley 19/1995 y la consiguiente pérdida de la exención obtenida o si, por el contrario, resulta de aplicación la excepción de fuerza mayor contenida en dicho precepto.
Un joven agricultor adquirió una explotación prioritaria acogida a los beneficios de la Ley 19/1995 en 1997. En 2001, obtiene del I.N.S.S. la calificación de incapacitado permanente en grado de total, por lo que se plantea la posibilidad de vender la finca rústica adquirida, al no poder continuar realizando la actividad agraria.
El consultante ostenta la condición de joven agricultor, según se desprende de la escritura de compraventa de fincas rústicas aportada con la consulta, siendo las fincas adquiridas mediante dicha escritura para su primera instalación en una explotación prioritaria. Ahora bien, la condición de explotación prioritaria no resulta debidamente acreditada con la documentación aportada. Dicha acreditación debe realizarse bien mediante certificación expedida por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o bien a través de su inclusión en el Catálogo General de Explotaciones Prioritarias, según dispone el artículo 15 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias (BOE de 5 de julio de 1995).
De acuerdo con lo anterior, el consultante manifiesta haber aplicado en la adquisición de las mencionadas fincas rústicas los beneficios fiscales previstos en la citada Ley 19/1995. Tampoco consta, entre la documentación aportada, la relativa a la liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aunque del contenido del escrito de consulta parece deducirse que los beneficios fiscales aplicados son los contenidos en los artículos 9.1 y 20.2 de la Ley 19/1995 (reducción del 90 por 100 de la base imponible del impuesto que grava la transmisión o adquisición de la explotación e incremento en 10 puntos porcentuales si el adquirente es un agricultor joven y la adquisición se realiza dentro de los cinco años siguientes a su primera instalación).
A este respecto, el apartado 2 del mencionado artículo 9 dispone que "para que se proceda a dicha reducción, se hará constar en la escritura pública de adquisición, y en el Registro de la Propiedad, si las fincas transmitidas estuviesen inscritas en el mismo, que si las fincas adquiridas fuesen enajenadas, arrendadas o cedidas durante el plazo de los cinco años siguientes, deberá justificarse previamente el pago del impuesto correspondiente, o de la parte del mismo, que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora, excepción hecha de los supuestos de fuerza mayor".
Con fecha 9 de octubre de 2001, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha reconocido al consultante una incapacidad permanente en grado de total, lo que le imposibilita para la realización de su profesión habitual de agricultor. En consecuencia, se propone efectuar la venta de la finca rústica antes del transcurso de los cinco años desde su adquisición sin pérdida del beneficio fiscal, solicitando la aplicación de la excepción de fuerza mayor sobre la base de la incapacidad permanente total sobrevenida, que le incapacita para el desarrollo de la actividad agrícola.
La fuerza mayor se ha configurado en nuestro ordenamiento jurídico como un caso de exención de la responsabilidad derivada de las obligaciones (artículo 1105 del Código Civil, de aplicación supletoria en el orden tributario, con arreglo al artículo 9.2 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria), de donde la fuerza mayor liberaría, en este supuesto, de la obligación de cumplir el plazo de cinco años previsto en el artículo 9.2 de la Ley 19/1995.
No existe en nuestro ordenamiento jurídico una definición legal de fuerza mayor, pero del contenido del citado artículo 1105 del Código Civil se desprende que debe tratarse de un suceso imprevisible o previsto pero inevitable. La doctrina civilista ha establecido como requisitos los siguientes:
1º. Que se trate de un hecho independiente de la voluntad del deudor.
2º. Que el acontecimiento sea imprevisto o bien previsto pero inevitable.
3º. Que dicho acontecimiento imposibilite al deudor para el cumplimiento de su obligación.
4º. Que entre el acontecimiento y la imposibilidad del cumplimiento de la obligación exista un vínculo de causalidad, sin que intervenga en esta relación la actividad dolosa o culposa del deudor.
En relación con el caso que nos ocupa, parece que la incapacidad permanente total sobrevenida, que incapacita al consultante para el desarrollo de la actividad agrícola en la finca rústica adquirida podría reunir los requisitos para ser calificada como fuerza mayor. Ahora bien, para que esto fuera así, sería necesario que dicha actividad agrícola no pudiera ser llevada a cabo más que por el titular de la explotación por que éste fuera un requisito exigido por la normativa específica que ampara el beneficio fiscal, pues en caso contrario no se cumpliría el último de los cuatro requisitos necesarios para la aplicación de la eximente de fuerza mayor.
Es decir, si la explotación puede ser atendida por otros trabajadores, contratados por el titular, sin incumplimiento de la legislación sobre explotaciones prioritarias, no se cumplirá el requisito de que entre el acontecimiento y la imposibilidad del cumplimiento de la obligación exista un vínculo de causalidad, puesto que no será necesaria la transmisión de la finca rústica al poder continuar el desarrollo de la explotación mediante el trabajo de terceros. A este respecto, del análisis de la citada Ley 19/1995, no se deduce que la explotación exclusiva por el titular sea un requisito necesario para el disfrute de los beneficios fiscales contenidos en sus artículos 9 y 20.
Por tanto, este Centro Directivo considera que la enajenación de las fincas adquiridas, antes del transcurso del plazo de cinco años, motivado por la incapacidad permanente total sobrevenida del titular de la explotación no constituiría incumplimiento de lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 19/1995, al resultar aplicable la excepción de fuerza mayor y, por lo tanto, no supondría la pérdida de los beneficios fiscales previstos en los artículos 9.1 y 20.2 de la citada ley a los que pudiera tener derecho el consultante únicamente en el supuesto de que la legislación específica sobre explotaciones prioritarias aplicable al mismo exigiera la explotación exclusiva por el titular sin permitir su realización mediante terceros contratados por aquél.
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