Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/ElSalvador733.03.sp.htm
Timestamp: 2017-03-28 13:41:56+00:00

Document:
PETICIÓN 733-03 ADMISIBILIDAD
2. Los peticionarios alegaron que los hechos denunciados constituían una grave violación de derechos humanos, máxime si se tiene en cuenta que ocurrieron como expresión de una política estatal de desapariciones forzadas. Los peticionarios alegaron además que su petición cumplía los requisitos formales de admisibilidad. Respecto del agotamiento de los recursos internos los peticionarios adujeron estar exentos de tal requisito porque se había impedido sistemáticamente su acceso a la jurisdicción interna por más de veinte años. 3. En su respuesta, el Estado salvadoreño solicitó que se declarase inadmisible la denuncia, dado que no cumplía con lo establecido en el artículo 46.1.a de la Convención Americana. El Estado sostuvo que los peticionarios tenían a su disposición numerosos recursos, entre ellos, las acciones penales ante los órganos ordinarios y auxiliares, por lo cual los peticionarios podrían haber acudido al juzgado más próximo a su jurisdicción. El Estado adujo asimismo, que los peticionarios interpusieron un recurso de hábeas corpus en el año 2002 (pudiendo haberlo interpuesto en cualquier momento anterior), el cual fue sobreseído por falta de elementos e información sobre el supuesto niño desaparecido.
9. El mismo día en que desapareció el niño, su familia inició su búsqueda, la cual tuvo que ser suspendida puesto que los militares seguían teniendo presencia en la zona, lo que atemorizó a la familia Salinas. Los peticionarios adujeron que la familia ni siquiera pudo acercarse al río ese día puesto que les disparaban desde el otro lado. 10. Los peticionarios alegan que no fue posible hacer en ese tiempo una denuncia ante las autoridades puesto que debido al conflicto armado existente, había el temor de que cualquier persona que se apersonara a los cuarteles iba a ser vinculada a la guerrilla y sufrir represalias. Al respecto, según los peticionarios, la Comisión de la Verdad para El Salvador advirtió que se cometieron muchas violaciones de derechos humanos en contra de la población civil simplemente por considerarlos colaboradores de los guerrilleros, especialmente dentro de la campaña de los primeros años de “quitarle el agua al pez”. Dentro de este panorama, los peticionarios alegan que no existía confianza en las autoridades, especialmente cuando las violaciones a los derechos humanos eran perpetradas por el ejército salvadoreño. 11. En cuanto al esclarecimiento de los hechos, los peticionarios indican que la Asociación Pro-Búsqueda acompañó a la señora María Adela Iraheta[2], madre de Santos Ernesto Salinas, a interponer denuncia ante la Fiscalía General de la República con sede en la ciudad de San Vicente, en el mes de agosto de 2002, sin que la misma haya sido recibida por los funcionarios a cargo “por argumentar que debía presentarse en las oficinas centrales” en la ciudad de San Salvador, lo cual fue intentado sin obtener ningún resultado positivo. La madre del menor y la Asociación Pro- Búsqueda, presentaron recurso de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 17 de octubre de 2002[3]. En resolución de fecha 3 de marzo de 2003 (notificada el 11 de marzo del mismo año), la Corte sobreseyó el recurso fundándose en la inexistencia de un mínimo de elementos que generen a la sala el estado de probabilidad acerca de la presunta desaparición forzada alegada, por lo que debía estarse a lo informado por la autoridad demandada[4]. Los peticionarios alegaron que con esta resolución, se vieron agotadas sus esperanzas de obtener remedio judicial a través de los recursos de la jurisdicción interna.
B. Posición del Estado 12. En su respuesta, el Estado argumentó que en El Salvador no había evidencia de que durante el conflicto se hubiera presentado una práctica sistemática de desaparición forzada de niños. Además, el Estado se opuso a la admisibilidad de la denuncia bajo el argumento de que los peticionarios no habían agotado los recursos previstos en la legislación interna.
A. Competencia de la Comisión Interamericana ratione materiae,
ratione personae, ratione temporis, y ratione loci
20. La Comisión posee competencia ratione loci, ya que las violaciones de derechos alegadas ocurrieron dentro del territorio de un Estado parte de la Convención Americana. La Comisión posee competencia ratione temporis, porque en la fecha de iniciación de los hechos alegados ya estaba en vigor para el Estado salvadoreño la obligación de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. B. Requisitos de admisibilidad 1. Agotamiento de los recursos internos
21. El artículo 46.1 de la Convención Americana establece como requisito de admisibilidad de una petición el previo agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna del Estado. Los peticionarios argumentaron que no estaban obligados a agotar algún tipo de instancia interna puesto que los hechos denunciados se enmarcan dentro del supuesto contenido en el artículo 46.2.a, el cual permite una excepción al agotamiento cuando no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados. Los peticionarios alegan que por más de 20 años se vieron impedidos de presentar un recurso de hábeas corpus y cuando pudieron acceder a tal recurso, debido al paso del tiempo y a la falta de voluntad estatal por investigar la práctica de desapariciones forzadas, tal recurso fue inoperante. 22. Aseguraron los peticionarios que, tal como lo ha señalado la CIDH en anteriores informes, durante la época del conflicto las víctimas de violaciones no pudieron invocar sus derechos por un temor generalizado. Con la firma de los acuerdos de paz tampoco se pudo acceder a un recurso idóneo, puesto que la práctica de los tribunales internos era negar los recursos de hábeas corpus presentados por desapariciones forzadas, alegando que correspondía a los denunciantes informar sobre la autoridad que había ordenado la detención. Fue a partir de 2002, cuando la Corte Suprema cambió su jurisprudencia al respecto, estableciendo que el recurso de hábeas corpus pudo ser impetrado para iniciar investigaciones de desapariciones forzadas. Sin embargo, para ese momento, la investigación de los hechos ocurridos durante el conflicto era ya muy difícil y requería un esfuerzo investigativo especial de las autoridades estatales, situación que no ha ocurrido.
24. La Comisión estima que los peticionarios se vieron impedidos de acceder a los recursos internos durante la época del conflicto armado ya que durante esa época, El Salvador carecía de un Poder Judicial independiente, por lo que resultaban notoriamente inefectivas las denuncias de violaciones de derechos humanos[5]. En ciertas ocasiones, denunciar los hechos podía resultar peligroso para el denunciante. Asimismo, los hechos ocurrieron en momentos en que los recursos judiciales internos resultaban inoperantes, en particular el de exhibición personal o habeas corpus[6]. 25. Con posterioridad a esta época, el recurso de hábeas corpus o exhibición personal siguió siendo inefectivo para la investigación de desapariciones forzadas, debido a que las autoridades judiciales exigían a los recurrentes del recurso la comprobación de la detención[7]. La Comisión encuentra que los casos sobre desapariciones forzadas de personas, presentados durante esta época, no arrojaron el debido esclarecimiento de los hechos o a la investigación y sanción de los responsables[8]. El propio Estado acepta que sólo a partir de marzo de 2002, en el caso de proceso de la desaparición de las niñas Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez, la Corte Suprema de Justicia modificó su criterio jurisprudencial en el sentido de que acepta la violación de derecho a la libertad física, aún sin prueba de la detención el cual negaba la tutela de casos de desaparición forzada[9]. Este caso representó por lo tanto, la posibilidad de efectividad del recurso de habeas corpus en los casos de personas desaparecidas en El Salvador.
26. La Corte Interamericana ha establecido que el recurso de hábeas corpus es esencial como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.[10] En este sentido, la CIDH observa que el recurso de hábeas corpus no ha operado de manera efectiva en El Salvador en los casos de desapariciones forzadas, aun después de finalizado el conflicto en 1992. La CIDH ha recibido la información proporcionada por ambas partes en el sentido de que el 20 de marzo de 2002, mediante sentencia recaída en el proceso de Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez, que la Corte Suprema modifica su jurisprudencia anterior, estableciendo que el recurso de hábeas corpus pudo ser impetrado para iniciar investigaciones de desapariciones forzadas. Este caso representó por lo tanto, la primera posibilidad de efectividad del recurso de hábeas corpus en los casos de personas desaparecidas en El Salvador.[11] 27. Tras más de 20 años de impedimentos para acceder a la justicia, los peticionarios interpusieron un recurso de hábeas corpus el 15 de noviembre de 2002, obteniendo una negativa de los tribunales, la cual les fue notificada el 11 de marzo de 2003. El fallo de la Corte Suprema mediante el cual se negó el recurso, a su vez exige a los familiares que aporten las pruebas para poder determinar que en efecto ocurrió la desaparición forzada. La Comisión observa que esta conducta estatal impide el acceso al recurso por parte de los peticionarios, puesto que el Estado traslada las obligaciones que por principio le corresponden respecto de la investigación, a los familiares de las presuntas víctimas[12]. La Comisión encuentra que, hasta esta etapa procesal del caso, el Estado no ha presentado evidencia de acciones concretas adoptadas con el fin de investigar los hechos denunciados y dar con el paradero de la presunta víctima[13]. Es de resaltar que en anteriores Informes sobre Admisibilidad, la Comisión Interamericana ha observado los impedimentos que han enfrentado los familiares de las víctimas desaparecidas en El Salvador, para que mediante el recurso del hábeas corpus, se logre establecer el paradero de las mismas[14].
En consecuencia, la Comisión considera que aplica al presente caso las excepciones contempladas en el artículo 46.2. (b y c) de la Convención.
29. La invocación de las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46.2 de la Convención se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos en ella consagrados, tales como las garantías de acceso a la justicia. Sin embargo el artículo 46.2, por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo vis á vis las normas sustantivas de la Convención. Por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos resultan aplicables al caso en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la posible violación de los artículos 8 y 25 de la Convención. Cabe aclarar que las causas y los efectos que impidieron el agotamiento de los recursos internos serán analizados en el informe que adopte la Comisión sobre el fondo de la controversia, a fin de constatar si configuran violaciones a la Convención Americana. 2. Presentación en plazo de la petición
30. En la petición bajo estudio, la Comisión ha establecido que aplica la excepción contemplada en el artículo 46.2. (b y c) de la Convención, por lo que no resulta aplicable el requisito del agotamiento de los recursos internos del artículo 46.1.a de la Convención Americana. Adicionalmente, en el presente caso tampoco resulta aplicable el requisito de presentación de la petición dentro del plazo de seis meses y debe la Comisión determinar, entonces, si la petición bajo estudio fue presentada dentro de un plazo razonable, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 32(2) del Reglamento de la Comisión, es decir, tomando en cuenta la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso. 31. En ese sentido, teniendo en cuenta la fecha en que ocurrieron los hechos alegados, así como la posibilidad de encontrarse frente a una situación de violación continuada de derechos humanos que se constituye en la desaparición que ha sido alegada, y la situación de los diversos recursos internos en El Salvador, la Comisión considera que la petición bajo estudio fue presentada dentro de un plazo razonable.
32. La Comisión entiende que en lo sustancial la petición no está pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y que no es sustancialmente la reproducción de ninguna petición anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional. Por lo tanto se cumplieron también los requisitos establecidos en los 46.1.c y 47.d de la Convención. 4. Caracterización de los hechos alegados
33. La Comisión toma nota de que en la petición se plantea la presunta comisión de un hecho de desaparición forzada de un niño,
[15] que de acuerdo con lo alegado por los peticionarios, no fue un hecho aislado, sino que habría sido cometido bajo una práctica sistemática de desapariciones forzadas de niños durante el conflicto interno vivido en El Salvador entre 1980 y 1992. En relación con la consideración del contexto en el que se produjeron los hechos alegados, la Comisión tomará como referencia que las consecuencias del fenómeno de las desapariciones forzadas de personas han sido objeto de análisis por parte de la Comisión de la Verdad para El Salvador. Por tanto, la Comisión concluye que en la denuncia de los peticionarios se describen actos que, de ser probados, podrían configurar violaciones a los derechos protegidos por los artículos 5, 7, 8, 17, 19 y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones de sus artículos 1.1 y 2, por lo cual se han cumplido los requisitos del artículo 47.b. En este orden de ideas, corresponde a la Comisión señalar que de la información proporcionada por los peticionarios, no se logra caracterizar la violación del derecho al nombre, contemplado en el artículo 18 de la Convención.
Comisión concluye que esta petición es admisible y por lo tanto es competente para examinar el reclamo presentado por los peticionarios en relación con la presunta violación de los artículos 5, 7, 8, 17, 19 y 25, en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana; en virtud del principio iura novit curia, por la presunta violación de los artículos 3 y 4 en relación con los artículos 1.1 y 2, conforme a lo dispuesto por el artículo 46.2.(b y c) del mismo instrumento internacional y conforme a los artículos 28 al 37 y 39 del Reglamento de la Comisión; y, es inadmisible en relación con la presunta violación del artículo 18 de la Convención. 36. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,
El Comisionado Florentín Meléndez Padilla, de nacionalidad salvadoreña, no participó en la discusión y decisión de este informe, conforme al artículo 17.2.a del Reglamento de la CIDH.
CIDH, Informe Anual 1992, OEA/Ser.L/V/II.83 Doc. 14, 12 de marzo de 1993, Capítulo IV, “Situación de los derechos humanos en varios Estados: El Salvador”, párrafos 10 y 11. En el mismo sentido, la Comisión Interamericana había recomendado al Estado en 1984 “que en forma urgente proceda a hacer los esfuerzos necesarios para lograr una reforma efectiva del sistema judicial que garantice la sanción a quienes sean responsables de violaciones a los derechos humanos”. CIDH, Informe Anual 1983-1984, OEA/Ser.L/V/II.83 Doc. 14, 12 de marzo de 1993, Capítulo IV, “Situación de los derechos humanos en varios Estados: El Salvador”, OEA/Ser.L/V/II.63 Doc. 10, 28 de septiembre de 1984, párr. 15.e.
[7] Ver, CIDH, Caso Hermanas Serrano Cruz, Informe Nº 31/01, en el cual la Comisión decidió declarar admisible el caso y aplicó la excepción al agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46.2.c) de la Convención, con base en que “[h]asta la fecha de adopción de[l] informe los recursos internos no ha[bían] operado con la efectividad que se requiere para investigar una denuncia de desaparición forzada [… e indicó que] ha[bían] transcurrido casi ocho años desde que se presentó la primera denuncia ante las autoridades en El Salvador, sin que hasta la fecha de adopción del […] informe se h[ubiera] establecido de manera definitiva cómo sucedieron los hechos”. [8] La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se pronunció sobre el tema de las desapariciones forzadas, y en sus consideraciones sobre el acceso a la justicia durante la posguerra señaló:
Cfr. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 20 de marzo de 2002, Expediente 379-2000.
Corte I.D.H., OC-8/87 del 30 de enero de 1987, “El Habeas Corpus bajo Suspensión de Garantías”, párr. 35.
Resolución de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, de fecha 20 de marzo de 2002, en el proceso de hábeas corpus número 379-2000, Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez. [12] Ver, Corte I.D.H., Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 152, en donde la Corte establece que “[E]n casos de desaparición forzada la defensa del Estado no puede descansar en la imposibilidad del demandante de allegar prueba al proceso, dado que, en dichos casos, es el Estado quien detenta el control de los medios para aclarar los hechos ocurridos bajo su jurisdicción y por ello se depende, en la práctica, de la cooperación del propio Estado para la obtención de las pruebas necesarias”.
Según la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, “niño es todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. [16]
Ver, CIDH Informe Nº 101/01 Caso 10.247 y otros. Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas. 11 de octubre del 2001, párr. 230. Ver, Corte I.D.H., Caso Castillo Páez. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párr. 66.
Ver, CIDH Informe

References: artículo 46
 resolución 
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 32
 artículo 47
 artículo 18
 artículo 46
 artículo 18
 artículo 17
 artículo 46

Resolución