Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A280-07.htm
Timestamp: 2017-11-17 17:30:01+00:00

Document:
A280-07
Auto 280/07
CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Aplicación reglas para el reparto de la acción de tutela
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia de juez de circuito
Referencia: expediente ICC-1160
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo y el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla en la tutela promovida por el ciudadano Juan Carlos León Orejarena contra el Instituto de Transito y Transporte de Sampués, Sucre
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007).
Provee la Corte Constitucional en relación con el Conflicto de Competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo y el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla, en la tutela promovida por el señor Juan Carlos León Orejarena contra el Instituto de Tránsito y Transporte de Sampués, Sucre
1. El señor Juan Carlos León Orejarena instauró acción de tutela contra el Instituto de Tránsito y Transporte de Sampués, Sucre, al estimar vulnerados sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso, porque no le ha respondido una solicitud del 26 de marzo de 2007, mediante la cual solicitaba descargar un comparendo que le había sido puesto el 27 de diciembre de 2004 por una infracción de tránsito, comoquiera que ya caducó, según lo dispuesto por la Ley 769 de 2002, pero a la fecha de instaurar esta demanda no había recibido respuesta y sin embargo fue sancionado. (Fl. 1-10)
2. Por reparto le correspondió conocer de la demanda a la Unidad Judicial Municipal de Sampués, quien, mediante Auto del seis (06) de junio de 2007, resolvió rechazar de plano la tutela, al estimar que la entidad accionada “Tránsito Departamental de Sucre, representada legalmente por el Jefe de Grupo de la Sede Operativa de Sampués, señor Gonzalo Vergara, ES DE CARÁCTER DEPARTAMENTAL” y, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1382 de 2000 carece de competencia para pronunciarse de fondo. En consecuencia ordenó remitirla al Juzgado Civil del Circuito de Reparto. (Fl. 13)
3. Hecho el nuevo reparto le correspondió conocer de la tutela al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo, quien, mediante Auto del doce (12) de junio de 2007 resolvió rechazar de plano la tutela al estimar, con fundamento en el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, que como el lugar de residencia del actor es la ciudad de Barranquilla y es a la dirección por él aportada en esa ciudad a la cual se le debería responder la petición, corresponde entonces resolver al tutela a los Jueces del Circuito de Barranquilla de reparto, por ser el lugar de la eventual vulneración del referido derecho y, en consecuencia, ordenó remitir las diligencias a ese distrito judicial para el respectivo reparto. (Fls. 20-21)
4. Realizado entonces el nuevo reparto, correspondió conocer de la demanda al Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla, quien, mediante Auto del trece (13) de julio de 2007, resolvió abstenerse de conocer de la tutela, considerando que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, corresponde a los Jueces del Circuito de Sincelejo, por lo que decidió plantear el conflicto negativo de competencia ante la Corte Constitucional, a la cual remitió las diligencias, el treinta (30) de julio de 2007. (Fls. 25 y 26)
1. De conformidad con la normatividad vigente, la resolución de un conflicto de competencia -bien sea negativo o positivo-, estará a cargo del superior jerárquico común de los juzgados o tribunales entre quienes se suscite la colisión[1]. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado que su competencia para resolver lo atinente a los referidos conflictos es residual, ello quiere decir que solamente dirimirá el conflicto siempre que éste se suscite entre jueces o tribunales que no tienen superior jerárquico común.
2. Esta Corporación en lo atinente a la resolución de conflictos en sede de tutela, ha señalado en su jurisprudencia que son competentes para conocer de la acción de tutela “a prevención” los jueces o tribunales del lugar en donde ocurrió la amenaza o vulneración a los derechos fundamentales.[2]
3. El Decreto 1382 de 2000 estableció las “reglas para el reparto de la acción de tutela”. En efecto, por razón de la distribución geográfica de los despachos judiciales, pueden existir varios con posibilidad de conocer de la acción de tutela en un solo lugar, por lo que consideró necesario regular la “forma de reparto” de las acciones de tutela, con el fin de racionalizar y desconcentrar el conocimiento de las mismas.[3]
4. El Consejo de Estado, en sentencia del dieciocho (18) de julio de 2002, proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, declaró la nulidad del “inciso cuarto del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000” y la del “inciso segundo del artículo 3º” del mismo Decreto y denegó las demás súplicas de las demandas contra el referido Decreto.
5. En acatamiento del fallo anterior, esta Corporación ha venido aplicando las reglas de reparto fijadas por el Decreto 1382 de 2000, cuando le ha correspondido definir la autoridad judicial que debe asumir el conocimiento de determinada tutela, al suscitarse un conflicto de competencia que deba resolver por la inexistencia de superior jerárquico de los juzgados o tribunales parte en el conflicto.
6. Con todo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que “el Decreto 1382 de 2000 no contempla reglas para definir la competencia de un despacho judicial, sino que establece reglas para llevar a cabo el trámite administrativo del reparto”[4], En consecuencia, en materia de tutela se presenta un conflicto de competencia aparente[5], cuando la controversia procesal suscitada, y que generó la remisión del expediente a la Corte Constitucional, tuvo su razón de ser en la inobservancia de las reglas que informan el reparto y trámite de la acción de tutela[6].
7. A partir de las consideraciones precedentes, la Sala entrará a decidir sobre el conflicto negativo de competencia planteado y, en esa medida, a definir a deberá ser repartido el expediente con el fin de que pueda adelantar el trámite en el caso estudiado.
8. En el presente caso se somete a consideración de la Corte Constitucional un conflicto negativo de competencia, aparente, suscitado entre el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo, Sucre, y el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla, Atlántico, en razón a la aplicación del Decreto 1382 de 2000 dentro la tutela promovida por el señor Juan Carlos Orejarena contra el Instituto de Tránsito y Transporte de Sampués, Sucre.
9. La Corte ha fijado un criterio según el cual la resolución de los conflictos de competencia debe responder a la realización de dos principios básicos que orientan la protección de los derechos fundamentales, como objetivo primordial de la Constitución Política y del establecimiento de la acción de tutela, a saber, i.) la eficacia de esos derechos fundamentales (Art. 2), para lo cual es necesario atender al postulado de prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental y ii.) la sumariedad, celeridad e informalidad del procedimiento de tutela (Art. 86), entendidos como condición necesaria para la protección real y oportuna de ese tipo especial de derechos constitucionales.[7]
10. La tutela estaba dirigida contra el Instituto de Tránsito y Transporte con sede operativa en Sampués, Sucre, que es una entidad departamental. En consecuencia, resulta aplicable el inciso 2º del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, según el cual: “A los Jueces del Circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental.”
Bastan pues las anteriores consideraciones para afirmar que en el proceso de la referencia, la tutela debe ser resuelta por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo.
11. Ahora bien, como ya se ha mencionado, el Decreto 1382 de 2000 no establece cuál es el despacho judicial competente para conocer una acción de tutela, sino a cuál de todos los despachos judiciales potencialmente competentes les ha de ser ‘repartida’ para efectos de la distribución del trabajo interno.
En este sentido, se reitera, el Decreto mencionado no define reglas en materia de “competencia” propiamente dichas, sino de reparto judicial.[8]
12. En virtud de lo anterior, la Sala Plena, teniendo en cuenta los principios de celeridad y eficiencia de la administración de justicia[9] y el respeto a los derechos fundamentales del señor Juan Carlos Orejarena[10], demandante dentro del proceso de tutela, ordenará en el presente caso, de acuerdo a su jurisprudencia[11], remitir el expediente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo, Sucre, para que conozca de la acción de tutela de la referencia y resuelva lo que en derecho corresponda[12].
Primero.- Por Secretaría General REMÍTASE el expediente contentivo de la acción de tutela propuesta por el señor Juan Carlos Orejarena contra el Instituto de Tránsito y Transporte con Sede Operativa en Sampués, Sucre, al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo, Sucre, para que éste asuma en forma inmediata el conocimiento del referido amparo constitucional y, en consecuencia, adelante la correspondiente actuación judicial sin más dilaciones.
Segundo.- Por Secretaría General COMUNÍQUESE la decisión adoptada en esta providencia al Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO No. 280 DE 2007
Referencia: ICC-1160
Ante esta situación y la ausencia de norma que resolviera el asunto, se ha recurrido por analogía, a los preceptos que regulan casos semejantes, concretamente, a la legislación civil. En consecuencia, la Corte Constitucional ha reiterado que cuando se presenta un conflicto de competencia entre Tribunales o juzgados que tienen un superior común, la autoridad competente para resolverlo es éste. No sucede lo mismo cuando el conflicto se presenta entre autoridades que no tienen superior funcional común, cual es el caso de un Tribunal Superior y un Tribunal Administrativo, pues según esta misma corporación, el competente para dirimirlo es la Corte Constitucional, ya que no existe disposición legal aplicable, es decir, que la Corte se ha arrogado una competencia que constitucionalmente no le corresponde por haber sido asignada a otra entidad, y es aquí en donde se presenta mi discrepancia. Veamos.
De otra parte, la Ley 270/96 -Estatutaria de la Administración de Justicia-, al regular la competencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le asignó en el numeral 2 del artículo 112, esta función: "Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén el artículo 114, numeral tercero, de esta ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos salas de un mismo Consejo Seccional." Disposición que fue objeto de revisión constitucional por esta Corte en la sentencia C-037/96, siendo declarada exequible. Y en cuanto al punto que resulta de interés para este salvamento, no se hizo ningún análisis, simplemente se afirmó:
Nada más lesivo del ordenamiento supremo, concretamente de lo dispuesto en el artículo 256-6 de la Carta, que expresamente le asigna la función de dirimir los conflictos de competencia entre "las distintas jurisdicciones" al Consejo Superior de la Judicatura- Sala Disciplinaria-. No entiendo los motivos que tuvo la Corte para inaplicar un mandato constitucional expreso, claro y contundente como éste. Sin embargo, creo que dicha decisión como se lee en algunos autos, tuvo su origen por la declaratoria de incompetencia del Consejo Superior de la Judicatura para dirimir esa clase de conflictos, lo que condujo a la Corte, en un excesivo deseo de garantismo y violando la Constitución, a llenar el vacío y proteger el derecho de acción de la persona o personas que incoaron la tutela, argumentando tener competencia para ello, pues el artículo 241-9 de la Constitución la autorizaba para revisar los fallos de tutela, lo que incluía, también las providencias judiciales que se profirieran en tales procesos.
Contrario, a lo que generalmente se piensa, este principio no opera sólo en materia penal, pues como se reitera en el artículo 8 numeral primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", también tiene cabida en asuntos civiles, laborales o de cualquier otra índole.[13] Dice así la disposición citada:
[1] Ley 270 de 1996, artículo 17 y s.s. y Código de Procedimiento Civil, artículo 28.
[2] En el auto A-137 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte dijo:
“En este tipo de casos la Corte Constitucional ha fijado la regla jurisprudencial[2] según la cual el criterio que deben aplicar los jueces o tribunales antes de abstenerse de asumir el conocimiento de una solicitud de amparo constitucional y plantear innecesariamente colisiones de competencia, es la elección que haya efectuado el accionante. Lo anterior, a partir de la interpretación sistemática del artículo 86 Superior y del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que garantizan a todo persona reclamar “ante los jueces - a prevención” la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.
[3] Esas reglas de reparto del decreto 1382 de 2000 se establecieron así: “Artículo 1°. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
Sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, de 18 de julio de 2002 (CP.: Dr. Camilo Arciniegas Andrade). Se declaró nulo el inciso cuarto del numeral 1º del articulo 1º. Exp. 6414 y otros acumulados.
Lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4° del presente decreto.
Cuando se trate de autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al artículo 116 de la Constitución Política, se aplicará lo dispuesto en el numeral 1° del presente artículo.
Parágrafo. Si conforme a los hechos descritos en la solicitud de tutela el juez no es el competente, éste deberá enviarla al juez que lo sea a más tardar al día siguiente de su recibo, previa comunicación a los interesados.
Artículo 2°. Cuando en la localidad donde se presente la acción de tutela funcionen varios despachos judiciales de la misma jerarquía y especialidad de aquél en que, conforme al artículo anterior, resulte competente para conocer de la acción, la misma se someterá a reparto que se realizará el mismo día y a la mayor brevedad.
Artículo 3°. El juez que avoque el conocimiento de varias acciones de tutela con identidad de objeto, podrá decidir en una misma sentencia sobre todas ellas, siempre y cuando se encuentre dentro del término previsto para ello.
Cuando se presente una o más acciones de tutela con identidad de objeto respecto de una acción ya fallada, el juez podrá resolver aquélla estándose a lo resuelto en, la sentencia dictada bien por el mismo juez o por otra autoridad judicial, siempre y cuando se encuentre ejecutoriada.” Sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, de 18 de julio de 2002 (CP.: Dr. Camilo Arciniegas Andrade). Se declaró nulo el inciso segundo del articulo 3º Del decreto 1382 de 2000. Exp. 6414 y otros acumulados.
[4] Auto A-099 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, SV M. Jaime Araújo Rentería.
[5] Sobre el particular, se pueden consultar entre otros los Autos 105 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell, 051 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y 107 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[6] Al respecto ver el Auto ICC-998 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[7] Corte Constitucional, Auto 072 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. En esa oportunidad esta Corporación señaló además lo siguiente:
[8] Desde el Auto 160 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa; SV Jaime Araujo Rentería) la Corte Constitucional ha señalado que el Decreto 1382 de 2000 no establece reglas de ‘competencia’ en materia de tutela, regula el proceso administrativo de reparto de las acciones de tutela, entre todos aquellos jueces que de acuerdo a la Constitución y a la Ley, son competentes. Esta decisión ha sido reiterada, entre otras providencias, en los Autos 169 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa; SV Jaime Araujo Rentería), Auto 099 de 2003 (MP Manuel José Cepeda; SV Jaime Araujo Rentería), Auto 134 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araujo Rentería), Auto 003 de 2004 (MP Rodrigo Escobar Gil; SV Jaime Araujo Rentería), Auto 009 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa; SV Jaime Araujo Rentería) y Auto 157 de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis; SV Jaime Araujo Rentería). Concretamente, en el Auto 009 de 2004, la Corte consideró que “El Decreto 1382 de 2000 se ocupa de reglamentar el proceso administrativo del reparto de las acciones de tutela, entre los diferentes despachos judiciales que en virtud del artículo 86 de la Constitución Política son competentes. Así pues, el Decreto 1382 de 2000 no es la norma legal que establece cuál es el despacho competente para conocer un proceso de acción de tutela. El momento procesal en que las normas del Decreto 1382 de 2000 son aplicables es cuando se va efectuar el trámite administrativo de reparto de procesos de acción de tutela entre los diferentes jueces competentes. (…)” Ver recientemente, Auto 268 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa, SV Jaime Araujo Rentería).
[9] Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administra­ción de Justicia), artículo 4° (Celeridad. La administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumpli­miento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar) y artículo 7° (Eficiencia. La administración de justicia debe ser eficiente. Los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley).
[10] Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administra­ción de Justicia), artículo 9°.- Respeto de los derechos. Es deber de los funcionarios judiciales respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso.
[11] Ver entre otros, en Auto A.064 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. SV M. Jaime Araujo Rentería
[12] La Sala Plena de esta Corporación ha tomado decisiones similares; al respecto ver, entre otros, el auto 072 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa, SV Jaime Araujo Rentería).
[13] Normatividad que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte integran el denominado bloque de constitucionalidad .

References: artículo 1
 artículo 37
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 3
 resolución 
 artículo 1
 artículo 112
 artículo 114
 artículo 256
 artículo 241
 artículo 8
 artículo 17
 artículo 28
 artículo 86
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 4
 artículo 116

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 86
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 9