Source: https://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/sc544_05.html
Timestamp: 2019-12-12 07:02:07+00:00

Document:
Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [C-544_2005]
Artículo ref_endnote_14
La disposición acusada consagra una prohibición de acceso a la función pública. La inhabilidad tiene fuente sancionatoria pues surge como consecuencia de haberse impuesto al servidor público la tercera sanción disciplinaria en cinco años. No obstante, aunque los demandantes sostengan que por ese hecho la inhabilidad se erige en una nueva sanción, de la jurisprudencia transcrita es posible descartar tal interpretación. La inhabilidad que ocurre como consecuencia de haberse interpuesto la tercera sanción disciplinaria en cinco años surge, no como una nueva sanción, sino como una medida de protección de la Administración, que pretende evitar el acceso a sus cargos de personas que han demostrado una manifiesta incompetencia en el manejo de los negocios que se les encomiendan. En este sentido, dado que la nueva inhabilidad no es una sanción, la disposición acusada no contradice lo dicho en la Sentencia C-1076 de 2002. La providencia judicial en mención retiró del ordenamiento jurídico el parágrafo 2º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 por considerar que la norma violaba el artículo 29 de la Constitución Política. El parágrafo demandado disponía que constituía falta disciplinaria gravísima “haber sido sancionado disciplinariamente en tres ocasiones con anterioridad dentro de los cinco años anteriores”, con lo cual la norma permitía la imposición de nuevas sanciones, las propias de las faltas gravísimas, con sustento en la sola reincidencia. La norma que ahora se estudia no establece nuevas sanciones como consecuencia de haberse impuesto la tercera sanción disciplinaria. Elimina la posibilidad de acceder a cargos públicos en un plazo de tres años, pero dicha prohibición, como se vio, no puede considerarse una cuarta sanción, sino la medida legítima que utiliza la Administración para proteger sus intereses y los de la comunidad.
Nuevamente, la interviniente defiende la exequibilidad de todas las normas acusadas, pese a que la demanda fue admitida exclusivamente respecto del numeral 2º del artículo 38 del a Ley 734. Aún así, en relación con la preceptiva cuya demanda fue admitida, la interviniente asegura que la norma no contiene los mismos elementos normativos del artículo 48 de la Ley 734, declarado inexequible por la Corte, pues mientras "la una hace referencia a reincidencias cometidas en el pasado y era lógico que se retirara del mundo jurídico y la que se somete a consideración trata de una criterio constitucional válido para imponer la sanción que lógicamente se cuestiona, y no de manera reiterada como lo presenta el actor, por tanto, no es contrario del artículo 29 de la Constitución".
Agrega que el acceso a la administración pública está sometido a ciertos límites, que el legislador puede establecer gracias a la autorización que recibe de la Constitución Política, y que, respecto de la norma sometida a estudio, dichos límites no exceden la potestad de configuración del legislador. Ello, en primer lugar, porque aunque la norma tiene un contenido similar al del parágrafo del artículo 48, que fue declarado inexequible por la Corte, su contexto jurídico es distinto al de la norma retirada del ordenamiento jurídico. Ciertamente –dice- el parágrafo el artículo 48 sancionaba disciplinariamente a quien hubiera incurrido en faltas disciplinarias previas, lo que constituía una sanción a la persona y no a la conducta, circunstancia que difiere de la norma bajo estudio, en la que la reincidencia opera como criterio para restringir el acceso a un cargo público, no como una nueva falta sancionable. En este sentido, reitera que en este caso la norma no regula la imposición de una sanción sino la existencia de una causal de inhabilidad, con lo cual se prohíbe que "ingresen o continúen en el servicio público personas sin las cualidades y condiciones, con tachas en su comportamiento desde el punto de vista disciplinario, no acordes con la idoneidad, probidad y moralidad, fines esenciales de la función pública que aseguran la primacía del interés general".
En principio, es indispensable recordar que las inhabilidades son prohibiciones de acceso a la función pública. Una inhabilidad es una circunstancia fáctica cuya verificación le impide al individuo en el que concurre acceder a un cargo público. Su finalidad no es otra que la de preservar la pulcritud de la administración pública, garantizar que los servidores públicos sean ciudadanos de comportamiento ejemplar y evitar que sus intereses personales se involucren en el manejo de los asuntos comunitarios, comprometiendo la imparcialidad, moralidad, igualdad y eficiencia de la Administración. Como lo ha dicho la Corte, "...con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función pública, para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la comunidad, posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de dichos intereses con arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad que informan el buen servicio y antepongan los intereses personales a los generales de la comunidad."[1]
Desde este punto de vista y atendiendo a dicha teleología, la jurisprudencia constitucional distingue dos tipos de inhabilidades: en primer lugar, están las inhabilidades que se configuran como consecuencia de concurrir en el individuo aspirante a un cargo público, circunstancias de naturaleza personal. Es el caso de la existencia de parentescos –verificado por ejemplo en el artículo 126 de la Constitución Política- que impiden el ejercicio de cargos públicos simultáneos o la nominación de una persona a un cargo del Estado, por parte de un servidor público con quien la une un lazo de consanguinidad o afinidad.
Es esta la razón por la cual la Corte Constitucional ha señalado, ya en varios pronunciamientos, que los antecedentes disciplinarios –al igual que los penales- de los aspirantes a ocupar cargos públicos, pueden ser tenidos en cuenta por el legislador para estructurar las inhabilidades que considere pertinentes.
"En realidad, las normas que prohíben el ejercicio de cargos públicos a quienes han sido condenados a pena privativa de la libertad sin límite de tiempo –lo ha dicho la Corte -, antes que juzgarse a partir de la sanción impuesta al ciudadano, deben evaluarse desde la perspectiva de la exigencia que se impone al ejercicio del cargo, pues de este modo no sólo se logra conservar incólume la idoneidad del servidor público en lo que toca con el desarrollo y ejecución de sus funciones, sino también permite transmitirle a la comunidad un cierto grado de confianza en lo relativo al manejo de los asuntos de interés general, pues hace suponer que éstos se encuentran a cargo de personas aptas cuyo comportamiento no ha sido objeto de reproche jurídico alguno." (Sentencia C-209 de 2000 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) (Subrayas fuera del original)
Esta misma posición ha definido el destino de demandas contra normativas similares pues, de manera genérica, la Corte ha dicho que "[a]l establecerse los requisitos negativos, es decir, las causales de inhabilidad, cuya ocurrencia implica la inelegibilidad de la persona en quien concurren, se exige que ella no se encuentre en determinada situación previa en el momento de efectuarse la elección. Tal ocurre, por ejemplo, con la condena por delitos comunes, la interdicción judicial, las sanciones disciplinarias, el ejercicio de jurisdicción o autoridad o el desempeño de cargos públicos..."[14].
"...la expresión demandada conduce a imponer una sanción disciplinaria manifiestamente desproporcionada por cuanto, al no haberse especificado de qué naturaleza debían ser las tres sanciones disciplinarias anteriores cometidas dentro de los últimos cinco años por el funcionario público, éste se podría ver abocado a la imposición de una destitución e inhabilidad general por la comisión de varias faltas leves.
[4] La norma decía así: Artículo 43. Otras inhabilidades. Constituyen además, inhabilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes: 1.	Haber sido condenado por delito sancionado con pena privativa de la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos salvo que estos últimos hayan afectado la administración pública...."

References: artículo 48
 artículo 29
 artículo 38
 artículo 48
 artículo 29
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 126
 Artículo 43