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Timestamp: 2019-09-20 23:22:44+00:00

Document:
¿Incurre en responsabilidad el colegio que aprueba a menor que faltó varios meses a clases? [Exp. 01238-2017] | Legis.pe
Primero: Con fecha 26 de mayo de 2017, la representante del Ministerio Público, interpone demanda de contravención a los derechos de los niños y adolescentes, contra la Institución Educativa Privada “Robert Fulton”, representada por su directora Susana Beatriz De la Cruz Castillo, en agravio de la niña xxxxxxxxxx (08), solicitando se imponga una multa de 05 URP.
La vulneración del derecho a la niña xxxxxxxxxx, por la Institución Educativa Privada “Robert Fulton”, se encuentra acreditada con la lista de asistencia[2], el Informe de Mis Progresos[3] y el Acta Consolidada de Evaluación Integral del Nivel de Educación Primaria EBR – 2016[4], en las cuales se puede observar las constantes faltas de la niña, las mismas que se justifican con un certificado médico de la madre, no existiendo tal causa de justificación en el Reglamento Interno del Colegio[5]; asimismo que la niña en los 04 bimestres ha obtenido notas sobresalientes, felicitando la participación del padre en la vida estudiantil de la niña, cuando por su propia versión de la accionada se sabe que la menor no ha asistido al colegio desde el 20 de junio de 2016.
Tercero: Con fecha 02 de junio de 2017, mediante resolución 01[7] se admite la demanda, en la vía del proceso único, y se corre traslado a la parte demandada por el plazo de cinco días, por lo que Susana Beatriz De la Cruz Castillo -Directora de la Institución Educativa Privada “Robert Fulton”-, contesta la demanda[8] solicitando que la misma sea declarada infundada y/o improcedente, para cuyo efecto manifiesta que ante el hecho de haber justificado las inasistencias de dicha menor -en el periodo que su mamá estaba enferma- se optó porque se lleven las tareas y las clases al domicilio de la niña, de tal forma que mientras duraba la recuperación de la madre pueda ir avanzando en sus tareas de aprendizaje; y ante la ausencia de la menor a clases, solicitó a la UGEL de Chincha las orientaciones respectivas para su evaluación, donde le informaron que ningún estudiante puede dejar de ser evaluado, por lo que procedió a su evaluación, la misma que al calificarse aprobó y fue promovida de grado. Refiere que el padre de la menor le ha promovido denuncias tanto en el Ministerio Público (dando motivo al presente proceso), así como en la UGEL de Chincha y en INDECOPI, señalando aspectos que se han desvirtuados, motivo por el cual INDECOPI mediante Resolución N° 130-2017-INDEC0PI-ICA[9], ha declarado improcedente la denuncia e infundadas sus demás denuncias.
Cuarto: La presente sentencia es sobre la demanda de impugnación de contravención a los derechos de los niños y adolescentes interpuesta por el Ministerio Público contra la Institución Educativa Privada “Robert Fulton”, representada por su directora Susana Beatriz De la Cruz Castillo, en agravio de la niña xxxxxxxxxx (08), a fin que se imponga una multa de 05 URP.
Quinto: El artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil (en adelante CPC), establece que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso; en la jurisprudencia nacional se señala que: “El Debido Proceso y la Tutela Jurisdiccional Efectiva garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la Tutela Jurisdiccional Efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia es decir una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio significa la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso”[15].
El artículo 4 del Código de los Niños y Adolescentes, reconoce que “el niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar (…)”, en concordancia con el inciso 1) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú[18]. En consecuencia, constituyéndose un deber del Estado asumido en Tratados Internacionales proteger el interés superior del niño y adolescente y el pleno respeto a sus derechos.
Noveno: El 13 de enero de 2017 mediante acta fiscal[20] Berenice de Fátima Sanguineti Domínguez – madre de la menor xxxxxxxxxx– manifestó ante la Fiscalía Civil y Familia de Chincha que su menor hija ha estado concurriendo normalmente a clases hasta el mes de junio (entendiéndose del año 2016) y a finales del mes de julio se produjo un descerraje en el colegio, ello dejo fuertemente afectada a su hija y a ella, desde esa fecha su salud se vio deteriorada. Refirió que tuvo complicaciones producto del estrés, infecciones, problemas en la columna. Agrega que su hija está en tratamiento psicológico. Asimismo, señaló que su hija no se ha perjudicado porque ha tenido profesores particulares y pudo terminar su año en el colegio “Robert Fulton”, y se presentó a rendir sus exámenes, habiendo terminado satisfactoriamente su año lectivo.
Décimo: El 11 de abril de 2017, la directora de la Institución Educativa Privada “Robert Fulton”, Susana Beatriz De la Cruz Castillo, rindió su declaración[21] en sede fiscal, en donde manifestó que la niña dejó de asistir desde el día siguiente del incidente (21 de junio de 2016) hasta la semana del 12 al 16 de diciembre, fechas en que fue evaluada. Precisando que las inasistencias de la alumna han sido justificadas en razón de la enfermedad de la madre, quién acreditó estar enferma con certificados médicos; asimismo, señala que antes de ello se constituyó a la UGEL – Chincha para hacer la consulta pertinente, y fue donde le dijeron que si era válido justificar la inasistencia de un alumno en razón de la enfermedad de su madre si es que era ella la que la llevaba al colegio, no señalándole norma alguna que ampare tal respuesta a su consulta, la misma que fue de manera verbal.
Nuestro ordenamiento jurídico nacional ha establecido en el artículo 13 de la Carta Magna que: “La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo”.
Bajo este contexto, se tiene que: “La educación se constituye como un pilar para que la persona comprenda y se integre al entorno en el que se desenvuelve. Sin educación es imposible reconocer, elegir y entender o por lo menos avizorar de manera razonable los efectos de las decisiones que tomamos y los actos y hechos que nos circunscriben (…) Finalmente y no menos importante, esgrimir la finalidad de la educación es coordinar en una misma dirección la actividad de las distintas instituciones que se avocan a la tarea específica de educar”.
Siendo así, “Los padres son los llamados a velar porque el derecho de sus hijos a la educación se cumpla a cabalidad. Se fomenta la paternidad responsable”. “Se pueden imponer sanciones para aquellos padres que no cumplan objetivamente con dicho deber, ya sea por acción u omisión. Lo mismo ocurre con las instituciones.”
Nótese que se trata de un derecho que no discrimina ninguna etapa educativa. “Se entiende entonces que su aplicación es responsabilidad de todo aquel que participa de manera activa brindando servicios en el escenario educativo” (…) “Cada centro de enseñanza debe respetar las leyes, pero tiene autonomía, y goza también del derecho a la libertad. Los padres de familia no pueden interferir o imponer criterios, sino participar”.
En este contexto, Michele Taruffo sostiene que: “la función principal de la prueba es ofrecer al juzgador información fiable acerca de la verdad de los hechos en litigio. En realidad, al comienzo de un proceso, los hechos se presentan en formas de enunciados fácticos caracterizados por un estatus epistémico de incertidumbre. Así, en cierto sentido, decidir sobre los hechos significa resolver esa incertidumbre y determinar, a partir de los medios prueba presentados, si se ha probado la verdad o falsedad de esos enunciados C..)”[26]
Décimo tercero: Respecto a la multa que solicita el Ministerio Público que se imponga a la Institución Educativa Privada “Robert Fulton”, representada por su directora Susana Beatriz De la Cruz Castillo, corresponde señalar un monto prudencial.
I. Declarar FUNDADA la demanda sobre contravención a los derechos del niño interpuesta por el Ministerio Público contra la Institución Educativa Privada “Robert Fulton”, representada por su directora Susana Beatriz De la Cruz Castillo, en agravio de la niña xxxxxxxxxx (09).
II. IMPONGO por concepto de multa el pago de 02 URP a la Institución Educativa Privada “Robert Fulton”; consentida o ejecutoriada sea la presente resolución. Avóquese al conocimiento del presente proceso al señor juez que suscribe por disposición superior contenida en la Resolución Administrativa N° 246-2018-P-CSJIC/PJ.

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 13
 Resolución