Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831211.html
Timestamp: 2019-11-22 05:30:35+00:00

Document:
as201831211
Auto Supremo Nº 211
Expediente : 531/2017
Demandante : Delfin Mendiola Muriel
VISTOS: El recurso de casación presentado por Olga Durán Uribe y Verónica Ardaya Miranda, en su condición de apoderadas de Juan Edwin Mercado Claros, representante legal y Director General Ejecutivo del SENASIR contra el Auto de Vista 42/2017 de 29 de marzo, cursante de fs. 216 a 219, dictado por la Sala Primera Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dentro el proceso social de Reclamación de Pensiones seguido por Delfín Mendiola Muriel contra la entidad recurrente, el Auto que concede el recurso de fs. 232, el Auto Supremo de admisión 531-A de 3 de noviembre de 2017, antecedentes del proceso; y:
A la solicitud de calificación de Renta de Vejez de Delfín Mendiola Muriel, la Comisión de Calificación de Renta de la Dirección General de Pensiones dicta la Resolución 12427 de 8 de julio de 1998, otorgándole Renta Única de Vejez equivalente al 100% de su promedio salarial, correspondiendo a la básica el 50% y a la complementaria el 50%, a ser cancelada desde abril de 1998, reconociendo 299 aportes para ambos regímenes y la edad de 55 años, con fecha de nacimiento 21 de diciembre de 1941 (fs. 30 de obrados); a raíz de la revisión de rentas en curso de pago, el SENASIR establece Inconsistencia de fecha de nacimiento del jubilado, por lo que la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, dictó la Resolución 713 de 2 de febrero de 2016, resolviendo el Recalculo de la Renta Única de Vejez y determinar el monto indebidamente cobrado y su descuento en el equivalente al 20% mensual de la renta de vejez recalculada, hasta cubrir el monto total adeudado (fs. 125-129 de obrados); efectivizado por Resolución 1208 de 11 de marzo de 2016, que dispone el recalculo de la renta única de vejez, en el equivalente al 100% del promedio salarial del jubilado, correspondiendo a la básica el 50% y a la complementaria el 50%, a pagarse desde octubre de 2010, considerando como fecha de nacimiento del jubilado 24 de diciembre de 1941 y matrícula 411224-MMD; estableciendo el monto de Bs823.383.11 como cobro indebido, a ser descontado en el equivalente al 20% mensual de la renta recalculada, cursante a fs. 141 del expediente.
El rentista presenta recurso de reclamación, resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR mediante Resolución 226/16 de 1 de junio, confirmando las resoluciones reclamadas (fs. 176 a 185 de obrados).
En apelación interpuesta por el rentista, la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista 42 de 29 de marzo de 2017, cursante de fs. 216 a 219, revoca la resolución de la comisión de reclamación apelada, manteniendo firme y subsistente la resolución 12427 de 8 de julio de 1998 de la Comisión de Calificación de renta de la Dirección General de Prestaciones; dejando sin efecto los supuestos cobros indebidos y la devolución del monto descontado hasta la fecha.
Contra el Auto de Vista, Olga Durán Uribe y Verónica Ardaya Miranda en su condición de apoderadas de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo y Representante Legal del SENASIR, formulan recurso de casación en el fondo, cuyo escrito cursa de fs. 222 a 225, conforme los argumentos siguientes:
Argumentan errónea interpretación del art. 9 del Decreto Supremo (DS) 27991 de 28 de enero de 2005, que faculta al SENASIR cumplir con la revisión de oficio o por denuncia debidamente justificada de las calificaciones de rentas y pagos globales; revisión que puso en evidencia que el jubilado contaba con 45 años de edad, a la fecha de corte del sistema de reparto.
Señala que el SENASIR desarrolla sus actuados en cumplimiento de garantías constitucionales, como la seguridad social, no de manera discrecional sino bajo lineamientos de orden normativo en pos de evitar cualquier daño económico al Estado.
Con relación al art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que, para cumplir el derecho a la jubilación garantizada por el Estado, el ente gestor debe realizar un trabajo auditado, técnico, jurídico, social, económico, mediante el manejo de la verdad formal o documentada en pos de encontrar la verdad real; para este efecto, debe pasar y aplicar elementos de verificación para lograr la certeza, el cual es el fin principal del principio de verdad material.
Señala que el art. 67.II de la CPE fue violado por el Auto de Vista recurrido, por cuanto la norma obliga cumplir la ley a momento de proveer una renta vitalicia de vejez, es decir, observando las normas particulares, como específicas de la seguridad social; aclara que no se puede aplicar criterios garantistas de derechos en franco quebrantamiento de la ley particular.
Argumenta que fueron transgredidos y mal aplicados los arts. 116 y 117 de la CPE, porque el ente gestor al corroborar la documentación presentada por el asegurado, puede identificar documentación adulterada, sin que previamente necesite exista una sentencia judicial que declare dicha falsedad, ya que ello lleva a un proceso previo y moroso; entre tanto, el Estado a la simple consideración de dicha documentación que cursa en el expediente, eroga pagos, que por objetividad y verdad material no corresponde; aspectos que deberán ser considerados por el Tribunal Supremo.
Solicita que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista 42/2017 de 29 de marzo, confirmando la resolución 226/16 de la Comisión de Reclamación y las resoluciones de la Comisión Nacional de Prestaciones 713 y 1208.
De la revisión del proceso concluimos que el señor Delfín Mendiola Muriel es jubilado titular del Sistema de Reparto, que su renta calificada por Resolución 12427 de 8 de julio de 1998, fue recalculada por Resolución 1208 de 11 de marzo de 2016, al determinar la Resolución 713 de 2 de febrero de 2016, que el asegurado contaba con 47 años de edad, a la fecha de otorgación de la prestación del sistema de reparto (julio/1998).
El art. 14.I de la CPE señala que todo ser humano tiene personalidad, definida por Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental como, la aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones, personalidad jurídica consagrada en el art. 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además previsto en el art. 1.I del Código Civil Boliviano; siendo uno de sus atributos, el estado, entendido como la posición jurídica que ocupa una persona dentro de la comunidad; entonces, en ejercicio de ese su derecho, que por disposición del art. 13.I de la CPE es inviolable, universal, interdependiente, indivisible y progresivo; encontrándose el Estado obligado a promoverlo, protegerlo y respetarlo; el jubilado al evidenciar que contaba con dos partidas de nacimiento, con fechas de nacimiento distintas, procedió vía judicial, adjuntando documentación que acreditaba que en sus actos públicos y privados su fecha de nacimiento era 24 de diciembre de 1941, a anular la partida de nacimiento que consignaba como fecha de nacimiento 24 de diciembre de 1951, dejando vigente la partida que consignaba la fecha de nacimiento 24 de diciembre de 1941 (fs. 104-105), extremo ratificado con el certificado de fs. 18 a 119 expedido por el Servicio Nacional del Registro Civil (SERECI); fecha de nacimiento con la que el asegurado inicia y califica la renta de vejez.
En ningún momento, el Tribunal Ad quem al emitir el Auto de Vista ahora recurrido, negó la facultad que asiste al SENASIR de fiscalizar y controlar las prestaciones del Sistema de Reparto, por haber sido otorgadas conforme a Ley, aclarando que esa su atribución debe estar enmarcada a derecho, sin vulnerar el debido proceso, menos aplicando disposiciones de jerarquía inferior, refiriéndonos concretamente a la Resolución Ministerial (RM) 266 de 25 de mayo de 2005, que vulneren derechos reconocidos por la CPE y por normativa internacional, que según el art. 410 de la CPE, gozan de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, al ser parte del Bloque de Constitucionalidad.
En el caso de autos, por el Certificado de nacimiento de fs. 26, se evidencia que el rentista a momento de solicitar la calificación de su renta, acredita que su fecha de nacimiento es 24 de diciembre de1941, documento que en su momento acreditó el cumplimiento de edad para que la Dirección General de Pensiones califique su renta única de vejez mediante Resolución 12427 de 8 de julio de 1998 (fs. 30), fecha de nacimiento ratificada por el Auto Definitivo de 10 de noviembre de 1999 pronunciado por el Juez de Instrucción de la Provincia Warnes de la Corte Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso voluntario de cancelación de partida de nacimiento seguido por Delfín Mendiola Muriel contra el Ministerio Público, cuyas copias se encuentran de fs. 104 a 105 de obrados; corroborado por el Certificado expedido por el SERECI La Paz dependiente del Órgano Electoral Plurinacional; documentos que demuestran sin lugar a dudas, la fecha de nacimiento del jubilado y que tienen la fuerza probatoria que les asigna los arts. 1296, 1309 y 1534 del Código Civil, concordante con el art. 150 del Código Procesal Civil; consecuentemente no corresponde el recalculo de renta y como efecto, la restitución de su renta calificada por Resolución 12427, la suspensión de los descuentos y la devolución de lo descontado como cobro indebido.
Con referencia a los arts. 45, 67.II, 116 y 117 de la CPE, que protegen el derecho a la seguridad social, a la renta vitalicia de vejez, a la presunción de inocencia y al debido proceso, el SENASIR sostiene que, no se debe aplicar criterios garantistas de derechos en franco quebrantamiento de la ley particular que rige la materia; desconociendo totalmente lo dispuesto en el art. 109 de la CPE que textualmente señala: “I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección…” y lo normado en el art. 410 también Constitucional, que establece, todas las personas, naturales y jurídicas, órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la Constitución, que es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. Señala también que el bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por Bolivia. La aplicación de las normas jurídicas se regirán por la siguiente jerarquía: 1. Constitución Política del Estado. 2. Tratados internacionales. 3. Leyes nacionales, estatutos autonómicos, cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos. Al margen de lo señalado, debemos referirnos al art. 13 de la CPE, que señala que, los derechos reconocidos por la Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos; encontrándose el Estado obligado a promoverlos, protegerlos y respetarlos; por lo que es incomprensible que el SENASIR, entidad desconcentrada del Estado, vulnere derechos reconocidos constitucionalmente, en total desconocimiento del Estado Constitucional de Derecho vigente en nuestro país desde el 7 de febrero de 2009; por lo que cualquier otra consideración al respecto, no corresponde.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el Recurso de Casación en el Fondo de fs. 222 a 225, interpuesto por el SENASIR mediante las apoderadas de su representante legal.
Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y 52 del D S 23215 de 22 de julio de 1992.

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