Source: http://aspectosjuridicosprl.blogspot.com.es/p/responsabilidad-penal-prl.html
Timestamp: 2017-07-23 06:33:12+00:00

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4) El impulso uniformador ante la pluralidad de imputados y las defensas compartidas. 5) Incidencia de la concurrencia con reclamación de daños y perjuicios.
El ámbito penal actúa como ultima ratio, es decir únicamente ante hechos muy graves y cuando hayan fracasado el resto de mecanismos de protección. A pesar de ello, la realidad de nuestros días, muestra una la creciente penalización de la PRL, con la casi segura incoación de Diligencias Previas en casos de accidentes de trabajo mortales o muy graves.
Las vías de inicio del proceso penal pueden ser diversas: - Denuncia de los perjudicados (o de sus herederos). - Comunicación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En este proceso, el Juez de Instrucción citará a todas las personas que puedan aportar información sobre el suceso, ya sea en calidad de testigo o de imputado en caso de atribuírsele la posible participación en la comisión del delito: a) La declaración de testigo se producirá sin asistencia letrada, y con obligación de decir verdad, bajo amenaza (¿Jura o promete…?) de imputación de un delito de falso testimonio. El testigo podrá ser preguntado por el Juez, por el Fiscal (si se personara) y por los abogados de los imputados y de las compañías aseguradoras en caso de concurrir reclamación de daños y perjuicios.
La imputación partirá de forma piramidal del empresario a las personas del organigrama empresarial con funciones preventivas asignadas, pasando por los técnicos o sanitarios de la modalidad preventiva. Frente a ello, cabe tener en cuenta los siguientes aspectos:
En este sentido, la Circular 4/2011 de la Fiscalía General del Estado (http://bit.ly/C4-11Fisc, también disponible en http://bit.ly/DocPRL) establece, en referencia al delito contra la seguridad de los trabajadores (art. 316 CP), que la condición de sujeto legalmente obligado a facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, recaerá en el empresario y en quién éste delegue. Asimismo, refiere que la mera constitución o concertación de un Servicio de Prevención por parte del empresario no convierte a los miembros de estos servicios en sujetos “legalmente obligados”, sin perjuicio de lo cual, atendiendo al caso concreto, podrán ser responsables cuando se haya producido una auténtica y genuina delegación de funciones… Cuanto antecede, no obsta a que sí se impute a técnicos y sanitarios por un asesoramiento deficiente, al no identificar determinados riesgos (por ejemplo, higiénicos), proponer medidas preventivas insuficientes, asesorar una dotación de EPIs ineficaz, dar la aptitud a un trabajador expuesto a un riesgo palmariamente incompatible con su estado de salud, impartir una formación inadecuada en PRL, no contemplar un riesgo incompatible con la gestación, etc. 2.- La delegación jerárquica de responsabilidades:
Como hemos visto en la anterior referencia de la Circular 4/2011 de la Fiscalía General del Estado (http://bit.ly/C4-11Fisc, también disponible en http://bit.ly/DocPRL), el empresario es el obligado principal, del cual dimana el conjunto de obligaciones en PRL. Sin embargo, ello no significa que el empresario deba ser autosuficiente y estanco, sino que deberá articular dos mecanismos ya anunciados en el apartado anterior:
Si bien es cierto que podemos entender que la vigilancia es una responsabilidad inherente al vargo, lo cierto es que la indefinición puede generar un efecto mancha de aceite entre distintos niveles jerárquicos que puedan estar implicados, al margen de dar una imagen de cierta confusión y tolerancia en la estructura empresarial. Por ello, es importante una delegación clara de funciones PRL que permita ubicar las responsabilidades y minimizar su transmisibilidad.
…construyendo una posición de garantía en el delegado sin cancelar la del delegante, esto es el delegante no ha de controlar ya directamente la fuente de peligro sino a la persona a quien se ha conferido el dominio de la fuente de peligro. En caso contrario, la responsabilidad regresaría al superior jerárquico, y en última instancia, al empresario, por culpa in eligendo.
Al contrario, el responsable jerárquico y el recurso preventivo pueden convivir, pero tienen responsabilidades distintas, por cuanto estos últimos se ceñirán a las funciones específicas que les confieren los artículos 32.bis.1 LPRL y 22.bis.1 RSP. Los recursos preventivos asumen una función complementaria (pero no sustitutiva) de supervisión y control de la eficacia de lo previsto, pero carecen de poder ejecutivo y no son los responsables de la implantación, ni de proporcionar los medios. En los términos de la Circular 4/2011 de la Fiscalía General del Estado (http://bit.ly/C4-11Fisc, también disponible en http://bit.ly/DocPRL), …no atribuyen al recurso preventivo una especial y directa capacidad de decisión en cuanto a las medidas preventivas que deban adoptarse, antes bien, los incumplimientos que puedan ser observados por dicho recurso preventivo, deberán ser puestos en conocimiento del empresario, a quien incumbirá, en todo caso, la adopción de medidas para corregir las disfunciones observadas por dichos recursos preventivos, que, por tanto, como tales, no podrán ser “legalmente obligados”. Todo ello sin perjuicio de que, en función de su concreta actuación u omisión pueda serles imputable la producción imprudente de resultados lesivos típicos, al considerarse los delitos imprudentes como infracciones penales comunes y no especiales.
Como ya hemos indicado, su posterior inculpación debería estar asociada a la falta de identificación de algún riesgo y al asesoramiento defectuoso sobre las medidas de prevención, protección y emergencia a aplicar. En casos extremos, también podrán verse imputados por actitudes de connivencia con el empresario en mantener unas condiciones de trabajo que supongan un riesgo grave.
Para el desarrollo de su función de asesoramiento, el técnico o sanitario de un Servicio de Prevención Ajeno se regirá por la información que le facilite la empresa y por la que obtenga en sus visitas periódicas. Sin embargo, si pertenece a un Servicio de Prevención Propio, tendrá una presencia más continuada en el centro de trabajo, y un conocimiento más próximo del día a día en el cumplimiento de las obligaciones preventivas. En este sentido, la mayor cercanía del SPP, puede suponer un mayor grado de responsabilidad en la medida en que sus miembros puedan ser conocedores de deficiencias preventivas y no actúen proponiendo su abordaje.
Sin embargo, en caso de accidente de trabajo, se tiende a responsabilizar de cualquier incumplimiento u omisión, con el agravante de que todo lo que no esté escrito, puede tenerse por no contemplado. Basta el comentario de la reciente sentencia que condena a un técnico por el desplome de un elevador de vehículos por defectuoso mantenimiento de uno de sus brazos (http://bit.ly/TécSPA, también disponible en http://bit.ly/DocPRL), o algún otro caso que conozco de primera mano, como la imputación de un técnico por la propulsión (y lesiones en el rostro del trabajador) de la tapa de un calderín a presión al que habían cambiado los tornillos por unos que no eran adecuados, o la colocación de unos ganchos en una grúa que no soportaban el peso, etc. ¿Estaba estropeado el elevador en el momento de la visita? Si es así, ¿era visible? ¿Alguien lo informó al técnico? Y el calderín, ¿podía apreciarse a simple vista que los tornillos diferían en milímetros? ¿Debe el técnico comprobar la resistencia de los materiales? ¿Estamos hablando de PRL o de seguridad industrial y mantenimiento de maquinaria?
¿Qué medidas preventivas puede proponer? Si no basta con señalar las incorrecciones que el técnico aprecia en su visita, no le quedará otra que salvaguardarse indicando que debe realizarse un mantenimiento adecuado de toda la maquinaria y equipos utilizados y que deberá cumplirse con el RD 1215…, y entonces, correrá el riesgo de ser acusado de realizar una Evaluación de Riesgos genérica. Del mismo modo, se dice que la Evaluación de Riesgos no debe ser un documento descriptivo del lugar de trabajo, ni un inventario de equipos, pero como al técnico se le escape cualquier incumplimiento constructivo, como puede ser la inclinación excesiva de una rampa, la altura insuficiente de un peldaño, la presencia de una viga a poca altura del suelo… o desconozca la utilización de algún equipo, como el anteriormente mencionado calderín, o la sierra que teóricamente estaba inutilizada, o la escalera de mano que se guardaba detrás del armario… y allí ocurra un accidente… las posibilidades de imputación crecen, y para minimizarlas no le quedará otra que señalar que los lugares de trabajo deberán cumplir con lo establecido en el RD 486… y los equipos al RD 1215…
A cuanto antecede, hay que añadir la dificultad probatoria sobre qué se dijo y qué se omitió al técnico en su visita: no es extraño (aunque no debiera ocurrir) que se modifique un procedimiento de trabajo, adquiera una nueva máquina, produzca un incidente que potencialmente hubiera podido causar daños... y no se informe al técnico. Lo mismo ocurre con prácticas irregulares que puedan ser conocidas y/o consentidas por los superiores jerárquicos: la retirada de protecciones, la falta de uso del empujador, la anulación de un dispositivo seguridad… Si se produce la imputación penal, en un contexto de sálvese quien pueda, no resultará infrecuente que el jefe del taller mantenga que sí informó al técnico de todo ello. Este fenómeno acontece especialmente cuando el técnico pertenece a un SP Ajeno y todos los implicados de la empresa adquieren una memoria colectiva-cristalina sobre las palabras exactas con las que informaron al susodicho técnico de que bajaban a la tolva, o subían encima de la máquina para solucionar atascos de material, o utilizaban una herramienta no contemplada, o que se incorporó un nuevo trabajador que aún no tenía la formación, etc. En definitiva, la Evaluación de Riesgos es una actividad muy compleja, sobre la que no se ha alcanzado la conveniente seguridad jurídica, permaneciendo irresoluto el dilema entre elaborar un documento conciso y específico (foto real de los riesgos en el momento de la visita), o facturar un mamotreto con generalidades que permitan cubrir (casi)cualquier eventualidad.
Recuerdo un juicio en el que tuve ocasión de participar, por fallecimiento por inhalación de gas sulfhídrico producido por descomposición de desechos cárnicos. Ocurridos los hechos, todo el mundo parecía convencido de que debería haberse contemplado dicho riesgo (recuerdo un testimonio especialmente duro del Inspector de Trabajo), pero analizando las evaluaciones de riesgos de las empresas que se dedicaban a la misma actividad en España, en ninguna de ellas estaba contemplado. En este sentido, el técnico habilitado de la Comunidad Autónoma, tuvo la honestidad de declarar ante el Juez que a él mismo no se le hubiera ocurrido que la carne esas condiciones, pudiera generar tal concentración de sulfhídrico. Reconoció que le constaba en aguas residuales y purines, pero que fue a raíz de ese accidente cuando iniciaron una campaña en mataderos, incineradoras y tratadoras de desechos cárnicos. Esta declaración llevó al Juez a superar el sesgo cognitivo, o perjuicio de retrospectiva y a valorar que antes del accidente, no era tan previsible la presencia de sulfhídrico, y que la omisión del técnico no podía ser por ello, calificada de imprudencia grave, acordando su absolución. 6.- Trabajadores autónomos:
Por la naturaleza del trabajador autónomo y el modo en que se le aplica la LPRL, no parece viable la imputación penal de un trabajador autónomo por el delito del artículo 316 CP, por cuanto no podrá considerársele sujeto legalmente obligado a facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas. Sin embargo, sí podría ser imputado por los delitos de resultado por imprudencia grave, como el de homicidio o lesiones.
Como veremos en este apartado, al margen del delito contra la seguridad de los trabajadores y del homicidio imprudente o lesiones, existen otros delitos menos evidentes, que pueden cometerse en el ejercicio de la PRL. 1) Delito contra la seguridad laboral (art. 316 a 318 CP): Por ejemplo, podría darse por la presencia de un trabajador en un andamio sin medidas de protección colectivas ni EPIs, incluso si el citado trabajador no sufriera ningún daño, por cuanto se trata de un delito de riesgo, bastando la creación del peligro grave para la vida, salud o integridad física de los empleados.
- Que se haya producido una infracción de las normas de prevención de riesgos laborales. Debe entenderse normativa en sentido amplio, desde la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a la regulación específica de determinados agentes (cancerígenos, biológicos, amianto, ruido, etc.), lugares de trabajo (obras de construcción, buques, etc.), operaciones (manipulación de cargas), equipos de trabajo, etc. - La infracción consiste en no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas. - Que dicha omisión comporte un peligro grave para la vida, salud o integridad física de los trabajadores. Al tratarse de un delito de riesgo, no exige que se haya producido un daño.
- Que la conducta responda a dolo o imprudencia grave por parte de su autor. - Que el sujeto activo del delito esté legalmente obligado a facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con la seguridad e higiene adecuadas.
Cuando los hechos sean atribuibles a persona jurídica, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieren adoptado medidas para ello (art. 318 CP). Las penas van de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, aplicable en grado inferior si fuera por imprudencia grave.
…no sólo al empresario en sentido formal o estricto, sino también a todos aquellos sujetos que ejercen de hecho poderes empresariales con incidencia en el proceso productivo dentro del complejo organizativo de la empresa, sea por delegación en la cadena jerárquica de la organización, sea por colaboración en sentido horizontal con quien ad extra aparece como titular del poder directivo empresarial …incluye desde la alta dirección, la media y la de simple rector de la ejecución o capataz, es decir, el de cualquier persona que asume la ejecución de una tarea con mando sobre otros y con función general de vigilancia y cuidado.
Dicho concepto será extensible a contratistas y subcontratistas de propia actividad, por cuanto recae sobre estos la obligación de vigilar en cascada el cumplimiento por parte de los trabajadores de la subcontratista (aún sin ser trabajadores suyos) y a ésta respecto de la segunda subcontratista si la hubiere. En referencia a los técnicos y sanitarios de la modalidad preventiva, ya vimos que según la Circular 4/2011 de la Fiscalía General del Estado (http://bit.ly/C4-11Fisc, también disponible en http://bit.ly/DocPRL), los integrantes de un Servicio de Prevención, no adquieren por si mismos la condición de sujetos legalmente obligados, sino que parten de una función de asesoramiento, que no suele incluir (salvo delegación específica) la capacidad organizativa o presupuestaria para la implantación de las medidas preventivas y de protección, ni la potestad directiva y disciplinaria para vigilar y controlar su cumplimiento. Sin embargo, como hemos apuntado a lo largo del presente artículo, la imputación de técnicos y sanitarios (especialmente de los primeros), no es infrecuente, tanto por las omisiones o incorrecciones en sus actividades e informes, como por el hecho de que Inspectores, Fiscales y Jueces no siempre establecen la debida distinción entre la función asesora y la ejecutiva.
Asimismo, ya vimos que la inculpación por el artículo 316 CP no debería producirse en el supuesto de recursos preventivos, delegados de prevención/miembros del Comité de Seguridad y Salud y trabajadores autónomos. 2) Homicidio imprudente (art. 138, 142 y 621 CP): Cuando el resultado del accidente o enfermedad profesional sea el fallecimiento del trabajador.
Penas: - Como delito (art 138 y 142 CP): por imprudencia grave, prisión de uno a cuatro años. Si concurriera imprudencia profesional se impondrá la pena accesoria de la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de tres a seis años. - Como falta: (art. 621 del CP): por imprudencia leve, con multa de uno a dos meses. 3) Lesiones (art. 147, 617 y 621 CP): Cuando el trabajador accidentado sufra lesiones que no le causen la muerte, por ejemplo, por atrapamiento de la mano en una máquina desprotegida. Penas:
- Como delito (art 147 CP): prisión de seis meses a tres años, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico; o de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses, cuando sea de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido. Si concurriera imprudencia profesional se impondrá la pena accesoria de la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de uno a cuatro años. - Como falta (art. 617 y 621 CP): lesiones no calificadas de delito causadas por cualquier medio o procedimiento; lesiones calificadas de delito menos grave, causadas por imprudencia grave; y lesiones constitutivas de delito, causadas por imprudencia leve. Las penas van desde localización permanente de seis a 12 días o multa de uno a dos meses. 4) Delitos de aborto imprudente (art. 146 CP) y lesiones al feto (art. 157 y 158 CP):
Las penas van de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses. Se aplicará la inhabilitación de uno a tres años, en caso de mediar imprudencia profesional. La mujer embarazada no será penada. 5) Delito de revelación de secretos (art.199 y 200 CP)
Las penas pueden ser de un año a cuatro de prisión, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación profesional de dos a seis años. 6) Delito de denegación de auxilio y omisión de l deber de socorro (art. 195 y 196 CP)
La pena es de multa de tres a doce meses. 7) Delito de acoso laboral (art. 173.1 CP, introducido por Ley Orgánica 5/2010):
Faltas------------Imprudencia leve---------------------Multa-----------------Perseguible si existe denuncia La distinción entre dolo, imprudencia grave (o temeraria) e imprudencia leve es compleja y difuminada. Responde a una elaboración jurisprudencial de dichos conceptos, que podemos simplificar en:
Es decir, el autor es consciente y consiente la existencia de riesgo grave para la vida, salud o integridad física de los trabajadores. - Imprudencia: se distingue del dolo por la falta de malicia en la omisión, es decir, no media una intención o designio de dañar o someter a los trabajadores a un peligro, pero ante la probabilidad del riesgo grave no se actúa para evitarlo.
- Imprudencia leve o levísima: cuando no concurran las notas de la imprudencia grave. En tal caso, nos hallaríamos ante una falta y no un delito. - Además, se estimará imprudencia profesional cuando no se hayan observado las normas que ordinariamente son respetadas por los que ejercen es misma profesión. 3.- Concurrencia de delito de riesgo y resultado:
Por ejemplo, el único trabajador que utiliza la máquina se atrapa la mano por ausencia de resguardo. b) Disparidad de sujetos pasivos: se crea una situación de peligro que afecta a un grupo de trabajadores, y solo alguno de ellos sufre un daño. Por ejemplo, un trabajador se cayó del andamio por ausencia de medidas colectivas, pero todos los trabajadores que lo utilizaron corrieron el peligro de precipitarse al vacío. Esta situación es la más frecuente y por concurso ideal de delitos puede dar lugar a que las penas solicitadas sean de mayor entidad.
4.- El impulso uniformador ante la pluralidad de imputados y las defensas compartidas: En ocasiones, los Jueces y Fiscales tienden a aplicar un café para todos que lleva a atribuir las mismas penas a todos los imputados.
Por ejemplo, si la ausencia del resguardo en la máquina responde a una omisión del jefe de mantenimiento, al jefe de equipo, tarde o temprano le convendrá que se sepa. O a la inversa, si la ausencia del resguardo se debe a que el trabajador lo inhabilitó con consentimiento o tolerancia de su jefe de equipo, al jefe de mantenimiento, tarde o temprano le interesará indicar que él cumplió su cometido con la colocación del mismo. 5.- Incidencia de la concurrencia con reclamación de daños y perjuicios:
- Acordar la continuación del procedimiento, aún sin mediar acusación particular. La acusación será ejercitada por la Fiscalía. Por otro lado, el acuerdo indemnizatorio actúa como atenuante de la responsabilidad penal, lo que puede permitir negociar con el Fiscal una rebaja de la condena solicitada, cabiendo la posibilidad de llegarse a un acuerdo que convierta el juicio en un mero trámite de lectura de sentencia. 4.- Juicio y sentencia. Normas de cumplimiento de las condenas.
Se practicarán las pruebas que el Juez admita u ordene, ya sean documentales, periciales, declaración del Inspector de Trabajo y Seguridad Social, testifical de compañeros, etc. La sentencia condenará o absolverá a los acusados. Frente a la misma, cabrá recurso de apelación ante la Audiencia Provincial y frente a ésta tan solo cabría el excepcional recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Por todo ello, la sentencia definitiva puede obtenerse a los 5 o 10 años de la apertura de Diligencias Previas. Dicha circunstancia puede alegarse como atenuante en el juicio o en el recurso: la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa (art. 21.6 CP). è Aspectos relevantes en el cumplimiento de las penas (actualizado con reforma del Código Penal de la Ley Orgánica 1/2015) :
Consiste en la imposición de una sanción
pecuniaria, por el sistema de días-multa, con una cuota diaria mínima de 2 y
máxima de 400 euros para personas físicas, y de 30 a 5.000
euros para personas jurídicas (Art. 50 CP). Para su cuantificación, dentro
de los límites establecidos para cada delito, se tendrá en cuenta la situación
económica del reo, y en determinados delitos, el daño causado, el valor
del objeto del delito o el beneficio reportado por el mismo.
La pena de multa se extingue con el pago de la misma. El Juez podrá
acordar el fraccionamiento del pago, dentro de un máximo de dos años.
Al tratarse de responsabilidad personalísima, no puede cubrirse mediante póliza
de Responsabilidad Civil, ni ser satisfecha por persona distinta al condenado.
Si el condenado no pagara la multa
impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día
de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, si bien:
- Tratándose de faltas (o delitos leves, según Ley Orgánica
1/2015), podrá cumplirse mediante localización permanente.
- Podrá acordarse, previa conformidad del
penado, el cumplimiento mediante trabajos en beneficio de la comunidad,
equivaliendo cada día de privación de libertad a una jornada de trabajo.
2.- La pena de inhabilitación especial para
Ha de concretarse expresa y motivadamente
en la sentencia, y priva al penado de la facultad de ejercerla durante el
tiempo de la condena. (Art. 45 CP)
En este sentido, se producen
inhabilitaciones a empresarios y mandos jerárquicos, del siguiente tenor: …para administrar entidades mercantiles,
…para empleo o profesión relacionada con la construcción… En el caso de los técnicos y sanitarios
puede ser importante delimitar con el Juez el alcance de la inhabilitación,
ciñéndola a la función en PRL, para intentar salvaguardar la formación
académica de base, es decir, el ejercicio de la profesión de Ingeniero,
Arquitecto, Químico, Médico del Trabajo, etc.
La condena a determinado tiempo de
prisión, no siempre supondrá el ingreso en la institución penitenciaria.
Veremos mecanismos y aspectos relevantes
para el cumplimiento de dicha condena, distinguiendo la regulación anterior y
posterior al 1 de julio de 2015, fecha de entrada en vigor de la reforma del
Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, recordando que para
procedimientos iniciados previamente, se aplicaría la regulación más
beneficiosa para el penado.
no es superior a dos años de prisión (por lo tanto, se incluye la condena de
dos años, pero no la de dos años y un día), los jueces suelen suspender su ejecución (durante un plazo de dos a cinco años), y
por lo tanto, el condenado no ingresa en prisión. (Art. 80 CP), siempre y
cuando sea el primer delito, o el penado no tenga antecedentes penales vigentes
(no computarán como antecedentes, las condenas por delitos imprudentes, ni los
antecedentes que ya hayan sido cancelados).
Para que se mantenga la suspensión, es imprescindible que el condenado no
cometa otro delito durante el plazo fijado, puesto que en tal caso, se
revocaría la suspensión y se ejecutaría la pena, con lo que se produciría el
ingreso en prisión por la pena suspendida (al margen de la pena que corresponda
al segundo delito).
Por ejemplo: Condenado a seis meses de prisión,
suspendida durante dos años. No ingresa en prisión, pero al cabo de un año y
medio comete otro delito, por lo que la suspensión quedaría sin efecto y
debería cumplir los seis meses suspendidos, más lo que proceda por el nuevo
Por lo tanto, el periodo de tiempo que hay que estar sin delinquir no es el de
la duración de la condena (ya fuera seis meses, un año, año y medio, dos años),
sino el fijado como plazo de suspensión, que será como mínimo de dos años (el
más frecuente) pudiendo alcanzar hasta cinco años. b)
Los jueces pueden acordar la substitución de las penas de
prisión que no excedan de un año por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad, y en los casos
de penas de prisión que no excedan de seis meses, también por localización
permanente. Todo ello, cuando las circunstancias personales del reo, la
naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el
daño causado así lo aconsejen, siempre que no se trate de reos habituales,
sustituyéndose cada día de prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de
trabajo o por un día de localización permanente (Art. 88 CP).
Aquí la pena no queda suspendida, sino que se sustituye por el pago de una
multa; una vez realizado el ingreso, la condena se da por cumplida.
La modificación del CP va en varias direcciones: suprime
la sustitución de la pena de prisión por multa, otorga mayor discrecionalidad
al Juez para acordar o mantener la suspensión (incluso existiendo antecedentes
penales o habiéndose cometido un nuevo delito, o en condenas globalmente
superiores pero sumatorias de penas que individualmente no superen los dos
años) y da gran trascendencia a la reparación del daño causado. Por otro lado, insta al Juez a resolver sobre la
suspensión de la pena en la misma sentencia condenatoria siempre que ello resulte posible. En los demás casos, una vez declarada
la firmeza de la sentencia, se pronunciará con la mayor urgencia, previa
Aplicando cuanto antecede a la PRL
1.- Como se ha indicado, ya no podrá aplicarse la
sustitución de las penas inferiores a un año de prisión por una multa. Esta
prerrogativa, permitía dar por cumplida la pena en el mismo momento de efectuar
el pago de la multa. Como veremos posteriormente, la multa queda como medida
complementaria (o multa o trabajos en beneficio de la comunidad) en el supuesto
de la suspensión excepcional del artículo 80.3 del CP.
2.- La concesión de la suspensión de la condena, a
diferencia de la sustitución, no implica que la pena esté cumplida, sino que
queda latente durante un periodo de tiempo (de dos a cinco años), cuyo
agotamiento da lugar a la extinción de la pena. A partir de ese momento, se
iniciará el periodo (de dos a tres años) de vigencia de antecedentes penales,
Tras la modificación del CP podemos distinguir los
siguientes tipos de suspensión:
Ordinaria (art. 80.1 y 2 CP)
para penas no superiores a dos años y delincuentes primarios:
Premisas: Penas privativas de libertad no superiores a dos años
cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para
evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos.
Para adoptar esta resolución el juez o tribunal valorará las
circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado,
sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo
para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los
efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del
cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.
1) Que el condenado haya
delinquido por primera vez. A tal
efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por
delitos imprudentes o por
delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o
debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136. Tampoco
se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que,
por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la
probabilidad de comisión de delitos futuros.
Aplicándolo a la PRL, con respecto a los
delitos imprudentes, vemos que no impedirán acordar la suspensión las condenas
previas por el artículo 317 del CP, ni por el delito de lesiones u homicidio
Incluso, si se tratara de una condena por
el artículo 316 CP, el Juez podrá acordar la suspensión, si valora su menor relevancia
respecto de la probabilidad de comisión de delitos futuros.
2) Que la pena o la suma de las impuestas no
sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de
3) Que se hayan satisfecho las
responsabilidades civiles que se hubieren originado.... Se entenderá cumplido
cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades
civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso
acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo
prudencial que el juez o tribunal determine. El juez o tribunal, en atención al
alcance de la responsabilidad civil y al impacto social del delito, podrá
solicitar las garantías que considere convenientes para asegurar su
En este punto, cabe
considerar que al cometerse los ilícitos penales en el seno de una empresa, es
de esperar que exista una póliza de RC que cubra las indemnizaciones a que
deban hacer frente los penados. b) Excepcional (Art. 80.3 CP): penas no superiores a dos años
individualmente y delincuentes no primarios (pero que no tengan consideración
de reos habituales).
Premisas: Se podrá acordar
excepcionalmente la suspensión aún cuando:
- El reo tenga
antecedentes penales sin cancelar, siempre y cuando no alcance la consideración
de reo habitual (tres o más delitos
de un mismo capitulo, en un plazo no superior a cinco años, art. 94 CP).
- Las penas sumen
más de dos años, pero no superen dicha cifra individualmente.
- El Juez valorará las circunstancias personales del reo, la
La suspensión se condicionará siempre a
la reparación efectiva del daño o indemnización del perjuicio causado, o al
cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación.
Asimismo, comportará siempre el pago de
una multa o la realización de trabajos en beneficio de la comunidad.
Esta suspensión excepcional puede ser
aplicable al ámbito de la PRL, puesto que tanto la parte empresarial (gerente y
línea jerárquica) como la preventiva (técnicos y sanitarios en PRL) puede verse
imputada por dos accidentes distintos en un periodo de tiempo no muy dilatado,
con la posibilidad de que una condena en el primer pleito (aunque fuera por
unos meses de prisión y quedara suspendida), pudiera impedir la solicitud de
una nueva suspensión en caso de condena en el segundo pleito. Asimismo, cabe considerar que la larga
duración de los procedimientos penales en PRL, que pueden oscilar entre 4 y 10
años, puede suponer la caducidad de los antecedentes penales durante su
motivos de salud (Art. 80.4 CP): enfermedad grave con padecimientos incurables.
Los jueces y tribunales podrán otorgar la
suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso
de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos
incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra
pena suspendida por el mismo motivo.
Plazos, revocación y otras
Los plazos de suspensión serán de dos a
cinco años para las penas privativas de libertad no superiores a dos años (Art.
82 CP).
La suspensión podrá condicionarse al
cumplimiento de determinadas prohibiciones o deberes (Art. 83 CP), si bien
ninguna de ellas está muy relacionada con el ámbito de la PRL: prohibiciones de
contactar con determinadas personas, limitaciones en cuanto a la residencia,
deber de comparecer periódicamente, participación en programas formativos o de
deshabituación... cumplir los demás deberes que el juez o tribunal estime
convenientes para la rehabilitación social del penado, previa conformidad de
éste, siempre que no atenten contra su dignidad como persona.
El Juez revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena cuando el
penado sea condenado por un delito cometido durante el período de suspensión y
ello ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de
suspensión adoptada ya no puede ser mantenida. (Art. 86 CP).
Por lo tanto, la comisión y condena por
un nuevo delito durante el tiempo de suspensión, daría lugar a que se cumpliera
la pena de prisión suspendida, sin perjuicio de la nueva pena por el segundo
delito. Todo ello, salvo que el Juez entienda que procede mantenerla por no
quebrarse la expectativa que dio lugar a la suspensión.
No obstante, aplicándolo al ámbito de la
PRL, cabe considerar que las posibilidades de que en un periodo de suspensión
de dos a cinco años, se cometa un nuevo delito y se reciba sentencia firme
condenatoria (incluyendo la posibilidad de recurso) son muy relativas,
considerando la duración media de los procedimientos de PRL.
Transcurrido el periodo de suspensión sin
incidencias, el Juez acordará la remisión de la pena, es decir, podrá
considerarse ésta como cumplida. A partir de este momento, iniciará el cómputo
de vigencia (entre dos y tres años) de los antecedentes penales.
Antecedentes penales que, como
anteriormente, no impedirían al Juez conceder una nueva suspensión en caso de
nuevo delito. b) La sustitución:
Como ya hemos apuntado, se suprime la
posibilidad de sustituir las condenas de prisión inferiores a un año por multa.
La multa queda como pena potestativa para
el Juez en la suspensión ordinaria (Art. 84 CP) y obligatoria en la
extraordinaria (Art. 80.3) salvo que se sustituya por trabajos en beneficio de
Los antecedentes penales:
Cómputo y cancelación:
Una vez cumplida la condena, ya fuera por
transcurso del plazo de suspensión sin haber delinquido, o por el pago de la
multa en caso de sustitución, deberemos tener en cuenta que la persona
mantendrá antecedentes penales durante un periodo, dependiendo de la gravedad
de la pena ya cumplida.
Los antecedentes penales requieren sentencia firme de condena, y se cancelan a los 6 meses para penas de multa de 10
días a 2 meses, a los 2 años para las penas que no excedan de 12 meses y las
impuestas por delitos imprudentes, y a los 3 años para penas de prisión de
hasta 5 años; a contar desde el día siguiente al cumplimiento de la pena, o al
que hubiera correspondido, en caso de suspensión. (Art. 136 CP)
Por ejemplo: en una condena de seis meses suspendida
durante dos años, una vez verificado que no se ha cometido ningún delito
durante estos dos años, el cómputo de cancelación de antecedentes sería a
partir del séptimo mes, por cuanto es cuando hubiera finalizado la condena de
seis meses, en caso de haberse cumplido.
Como ya se ha comentado, en la regulación
anterior al 1 de julio de 2015, si una persona con antecedentes penales
vigentes (no cancelados) fuera condenada por un nuevo delito, no podría
beneficiarse de una nueva suspensión.
No obstante, a partir del 1 de julio de
2015, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, el Juez sí podrá
conceder la suspensión aún existiendo antecedentes no cancelados:
a) En la suspensión ordinaria (Art. 80.1
y 2 CP): podrá no tener en cuenta antecedentes
penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias,
carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos
b) En la suspensión excepcional (Art.
80.3 CP): podrá conceder la suspensión aún existiendo antecedentes penales, cuando las circunstancias personales del
reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para
reparar el daño causado, así lo aconsejen.
La incidencia de Fiscalía:
Muchos de los aspectos aquí tratados, y
que quedan sometidos a la decisión última del Juez, partirán de la negociación
previa con el Fiscal, quién puede modificar la calificación de Instrucción,
considerando las atenuantes ya comentadas en otros apartados de la
Responsabilidad Penal en PRL (http://bit.ly/RPenalPRL),
de indemnización al perjudicado y dilaciones indebidas, proponiendo penas, su
suspensión o sustitución, que incluso puedan ser aceptadas por los
acusados. e)
La petición de indulto:
Si todo lo anterior fracasara, o si la condena fuera superior a dos años, cabría
la excepcional vía del indulto, consistente en la solicitud de perdón total o
parcial de la pena a los condenados por sentencia firme, que otorga el Rey, a propuesta del Ministro de Justicia, previa
Se trata de hacer las cosas bien, desde el vértice de la pirámide que supone el empresario, hasta los distintos niveles jerárquicos de la empresa, con el debido asesoramiento de la modalidad preventiva y la información y supervisión constante a los trabajadores. Es imprescindible que el empresario asegure a través de la delegación de funciones, que se va a dotar a sus empleados de los medios necesarios para desempeñar su actividad con las debidas medidas de prevención, protección y emergencia.
Si bien es cierto que siempre pueden ocurrir hechos que superen lo que se había imaginado y previsto (citaré el ejemplo paradigmático de contemplar que unos aviones se estrellen contra el edificio), no lo es menos que la inculpación penal pasa por el dolo o la imprudencia grave, por lo que si actuamos de forma diligente y exigente, conseguiremos orillar la condena penal, y en el peor de los casos, que la misma supere los dos años de prisión. Existen condenas a empresarios, jefes de obra, directores de planta… si bien la inmensa mayoría no comportan ingreso en prisión. En muchas ocasiones, tras la indemnización civil, se alcanzan acuerdos para que la condena quede en multa, o en pena inferior a dos años. No obstante, no siempre puede evitarse la inhabilitación profesional.
Sí se han producido condenas inferiores, que no han comportado ingreso en prisión. Recientemente ha sido muy comentada la condena a un técnico de SPA por no contemplar el riesgo de desplome de un elevador de vehículos (http://bit.ly/TécSPA, también disponible en http://bit.ly/DocPRL). En estos casos, lo recomendable sería evitar temporalmente las actividades más susceptibles de generar responsabilidades, en especial la evaluación de riesgos, hasta que se hayan cancelado los antecedentes penales y podamos volver a partir de cero. También se han dictado penas accesorias de inhabilitación profesional, en cuyo caso es importante, que queden delimitadas a la función de técnico en PRL o de sanitario de vigilancia de la salud, pero no impidan el ejercicio relacionado con la formación académica de base.
Aitor Jaén3 de junio de 2013, 14:46Magnífica exposición, muchísimas gracias.ResponderEliminarFrancisco Javier Garrido Ruiz30 de abril de 2014, 0:58Magnífico artículo, lo comparto con su permiso. Un saludo.ResponderEliminarUnknown13 de noviembre de 2015, 11:49Excelente articulo, muy clarificador, que invita a la integración efectiva de la Prevención de Riesgos Laborales en todos los niveles jerárquicos de la empresa.ResponderEliminarOliva Miguélez3 de mayo de 2017, 10:09Muy clarificador.ResponderEliminarnombre apellidos8 de mayo de 2017, 14:08Este comentario ha sido eliminado por el autor.ResponderEliminarAñadir comentarioCargar más...

References: artículo 316
 artículo 316
 artículo 80
 resolución 
 artículo 136
 artículo 317
 artículo 316