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Timestamp: 2018-10-23 19:38:14+00:00

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Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. TÍTULO IV. Programación y gestión urbanística mediante actuaciones integradas (Vigente hasta el 22 de Julio de 2010).
Programación y gestión urbanística mediante actuaciones integradas
Actuación Integrada es el proceso urbanístico por el que se establecen las condiciones jurídicas, económicas, temporales y de planeamiento a los efectos de transformar el suelo urbanizable y el urbano sin urbanización consolidada en solares urbanizados y edificables. Las Actuaciones Integradas proceden en los supuestos que se detallan en el artículo siguiente y tienen como ámbito propio una o varias Unidades de Ejecución completas.
1. La Actuación Integrada procede en los siguientes supuestos:
a) En Unidades de Ejecución de suelo urbanizable, con las salvedades derivadas del régimen regulatorio de las construcciones consolidadas y semiconsolidadas establecidas en el capítulo III del Título I de la Ley Urbanística Valenciana y en este Reglamento.
b) La urbanización pública de un terreno que tenga una superficie igual o superior a 40.000 metros cuadrados de suelo con la finalidad de transformarlo en uno o varios solares, ya sea suelo urbanizable o urbano en cualquiera de sus categorías, e independientemente de su configuración parcelaria.
c) Cuando el terreno a urbanizar esté incluido en Unidades de Ejecución de suelo urbano sin urbanización consolidada o con urbanización insuficiente u obsoleta, en los términos previstos en los artículos 10.3 y 21.4 de la Ley Urbanística Valenciana.
2. El régimen anterior será de aplicación bien por venir así establecido en el planeamiento, bien porque la realidad de los hechos demuestre que es necesaria una Actuación Integrada en lugar de una Actuación Aislada para garantizar una calidad y homogeneidad óptimas de la urbanización. El correspondiente Programa de Actuación Integrada, así como la resolución por la que se apruebe éste, deberán justificar expresa y razonadamente esta necesidad y describir con precisión los hechos y circunstancias en que se base.
3. En particular, procederá el régimen de Actuaciones Integradas en aquellos suelos urbanos sin urbanización consolidada, cuando la urbanización pública y conjunta de dos o más parcelas deba tener lugar conforme a una única programación, siempre que no pueda alcanzarse mediante el desarrollo de una Actuación Aislada:
a) Un resultado homogéneo o una óptima calidad de la urbanización. El correspondiente Programa de Actuación Integrada, así como el acuerdo por el que se apruebe éste, deberán justificar expresa y razonadamente esta necesidad.
b) La conexión integral de la Unidad o Unidades de Ejecución a las redes de servicios urbanísticos existentes.
c) La producción de dos o más solares simultáneamente, transformando suelo que tenga pendiente la implantación de algún servicio urbanístico.
Gestión Directa de Actuaciones Integradas
1. La actividad urbanística es una función pública que corresponde a la Administración de la Generalitat y a la Administración Local en sus respectivos ámbitos de competencia.
2. La gestión de la actividad urbanística se desarrolla en las formas previstas en la Ley Urbanística Valenciana y en este Reglamento, sin perjuicio de la legislación sectorial que resulte de aplicación.
Número 3 del artículo 268 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
4. Las actuaciones no comprendidas en el apartado 3 de este artículo, en especial las relativas a la urbanización, edificación y rehabilitación, y las de mera gestión, así como las materiales y técnicas podrán desarrollarse directamente por la Administración actuante o a través de empresas públicas, o indirectamente mediante la colaboración de entidades privadas o particulares, sean o no propietarios de suelo, en los términos establecidos en este Reglamento.
5. El urbanizador en gestión directa no podrá percibir beneficio empresarial, salvo cuando actué mediante empresas urbanísticas publicas, municipales o autonómicas que podrá hacerlo hasta el porcentaje fijado en la Ley Urbanística Valenciana
1. Corresponde a la Administración actuante decidir sobre la gestión directa o indirecta en los Programas de Actuación Integrada.
2. El procedimiento de aprobación de los Programas de Actuación Integrada a realizar en régimen de gestión directa municipal se iniciará mediante acuerdo plenario, en el que se acordará su sometimiento a los tramites de información pública y evacuación de los informes, preceptivos o no, que procedan.
3. Cuando la iniciativa no corresponda a la administración municipal, la administración actuante iniciará el procedimiento mediante acuerdo de exposición pública del órgano competente de la Conselleria titular de la competencia sectorial, y en él se acordará su sometimiento a los tramites de información pública y evacuación de los informes, preceptivos o no, que procedan.»
1. El acuerdo que decida la gestión directa de la actuación deberá incluir necesariamente una descripción detallada de los compromisos de inversión y gestión que contrae la administración actuante y la disponibilidad de recursos presupuestarios para financiar, siquiera parcialmente, la actuación sin ingresar cuotas de urbanización, en previsión de la retribución en terrenos o del impago a ellas.
2. Cuando se trate de empresas de capital íntegramente público la disponibilidad de recursos presupuestarios se garantizará mediante certificación de suficiencia económica con cargo al presupuesto de la empresa de capital íntegramente público a través de la cual la Generalitat realiza las actuaciones, debiéndose acreditar la suficiencia económica hasta la finalización de la actuación.
Artículo 270 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
1. Cuando la Administración pretenda desarrollar un Programa de Actuación Integrada o Aislada por gestión directa, redactará de oficio y tramitará hasta su aprobación una iniciativa con el contenido que se determina en el párrafo siguiente.
2. Siempre que no exista ordenación pormenorizada o se pretenda modificar la ordenación existente, la Administración actuante deberá incluir en su iniciativa el correspondiente instrumento de planeamiento espacial.
1. La información pública se realizará mediante anuncio publicado en el Diari Oficial de la Generalitat y, simultáneamente o con posterioridad, en un periódico de amplia difusión en el municipio.
Se remitirá notificación formal e individualizada a los interesados y a quienes consten en el Catastro como titulares de derechos afectados por la actuación propuesta.
2. Al no tratarse de un procedimiento selectivo se expondrá al público conjuntamente la alternativa técnica y la proposición jurídica económica, que se presentarán de forma abierta.
En el anuncio de la información pública se hará constar la posibilidad de formular alegaciones al contenido de la documentación anteriormente señalada en el plazo de 20 días a contar desde el día siguiente a la última publicación del anuncio o desde la recepción del aviso si es posterior. El anuncio deberá hacer referencia expresa al régimen de gestión directa adoptado para la actuación y, en consecuencia, a no haber lugar ni a la presentación de alternativas técnicas ni proposiciones jurídico-económicas.
3. Iniciada la tramitación por gestión directa se requerirá la conformidad del pleno del Ayuntamiento en supuestos de gestión directa municipal y del conseller competente en materia de territorio en gestión directa autonómica para que puedan aprobarse otros programas alternativos.
Número 3 del artículo 272 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
1. Concluidos los tramites de exposición pública y contestación de alegaciones procederá aprobar el programa de actuación integrada por gestión directa, estimando o desestimando las alegaciones presentadas.
2. La competencia para la aprobación corresponderá al Pleno del Ayuntamiento en régimen de gestión directa municipal y al órgano competente de la Conselleria titular de la competencia sectorial en gestión directa autonómica".
3. El plazo máximo para resolver sobre la aprobación será de 30 días desde la fecha en la que fuera posible adoptar el acuerdo correspondiente.
Debe entenderse como fecha en la que fuera posible adoptar el acuerdo, aquella en la que la administración actuante disponga de todos los informes preceptivos o, habiendo transcurrido el plazo para su emisión esta no se hubiere producido, no interrumpiéndose por ello la tramitación del procedimiento.
4. En gestión directa el Urbanizador notificará el acuerdo de aprobación del programa a los que consten como interesados en las actuaciones y publicará el anuncio correspondiente en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia si el plan contiene normativa urbanística. En aquellos supuestos que el programa vaya acompañado de un instrumento de planeamiento de aprobación definitiva autonómica, la eficacia del programa quedará condicionada a la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento que le acompaña.
Artículo 273 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
En el plazo de dos meses desde la aprobación de la iniciativa de gestión directa si ésta no contenía planeamiento espacial, o desde la publicación del instrumento de planeamiento espacial aprobado definitivamente. Se deberá resolver acerca del procedimiento para contratar las actuaciones subsiguientes de acuerdo con los preceptos que resulten de aplicación de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas.
Los Programas de gestión directa se regirán por la normativa específica contenida en este capítulo, que se completará con la siguiente:
1. En aquellos aspectos relativos al planeamiento espacial, resultarán de aplicación los preceptos que regulan la tramitación del plan correspondiente.
2. En aquellos aspectos relativos al Proyecto de Urbanización, al Proyecto de Reparcelación y a la ejecución de las obras de urbanización, resultarán de aplicación los preceptos que regulan la tramitación de los Programas de gestión indirecta y su ejecución.
Los propietarios de terrenos que representen al menos la mitad de la superficie afectada por la actuación, podrán asociarse como Agrupación de Interés Urbanístico siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 144 de la Ley Urbanística Valenciana y en este Reglamento. Cumpliendo las exigencias requeridas en el precepto citado, podrán constituirse Agrupaciones de Interés Urbanístico, incluso en ámbitos de Suelo No Urbanizable, con la finalidad de instar la reclasificación de dicho suelo clasificado como no urbanizable para su posterior programación.
1. La Agrupación de Interés Urbanístico deberá contar con poder dispositivo sobre los terrenos de los propietarios integrados, a los solos efectos de garantizar con ellos las obligaciones sociales.
2. Salvo aportación expresa de los terrenos a la Agrupación, a los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, sus propietarios conservarán íntegramente los derechos sobre ellos y su poder dispositivo, quedando dichos terrenos afectados a los fines y obligaciones de la Agrupación. Esta afección de las fincas podrá hacerse constar, como carga real, en el Registro de la Propiedad. Y en el caso de que la Agrupación aspire a la condición de urbanizar, y a los efectos de presentarse al concurso, deberá acreditarse la titularidad registral de las fincas por sus respectivos propietarios y la afección real sobre las mismas, quedando así cumplido el requisito exigido por el artículo 122.2 de la Ley Urbanística Valenciana.
Los propietarios que decidan adherirse a la Agrupación de Interés Urbanístico podrán hacerlo en cualquier Notaría, siempre que aporten datos suficientes para identificar la escritura de constitución de la Agrupación.
1. Hasta la adquisición de la personalidad jurídico-pública con la inscripción en el correspondiente Registro, las Agrupaciones de Interés Urbanístico se someterán al régimen jurídico previsto en la normativa reguladora de las Agrupaciones de Interés Económico.
2. Con posterioridad a la adquisición de la personalidad jurídico-pública, las Agrupaciones de Interés Urbanístico se regirán por la normativa autonómica sobre urbanismo y por la legislación sobre procedimiento administrativo común y sobre contratos con las Administraciones Públicas, respecto a la organización, formación de voluntad de sus órganos colegiados y relaciones con la Administración.
Inicio del concurso de Programación
El documento de planeamiento que puede incorporarse a la solicitud de inicio del concurso de programación de conformidad con el artículo 130.2 de la Ley Urbanística Valenciana constará, al menos, de:
1. Un documento de delimitación y superficie del ámbito.
2. Un plano de ordenación.
3. Una ficha en la que se concreten los parámetros urbanísticos básicos y, como mínimo, el uso característico o global, el Aprovechamiento Tipo, la tipología edificatoria predominante, la densidad máxima y los porcentajes desagregados de suelo destinado a dotaciones públicas.
4. En el caso en que se pretendan desarrollar las directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio, se deberá aportar una memoria justificativa de tal extremo. Por el contrario, si se propone modificar esas directrices, la Memoria deberá describir y justificar la variación planteada, e instar la revisión del Plan General.
1. La viabilidad de la petición de los particulares para el inicio de un procedimiento de programación será resuelta mediante acuerdo motivado del Pleno del Ayuntamiento a propuesta del Alcalde y a la vista de los informes emitidos por los servicios jurídicos y técnicos de la Corporación Local.
2. El informe técnico sobre la viabilidad de la petición que debe preceder a la resolución municipal deberá versar, al menos, sobre los siguientes extremos:
a) Adecuación de la iniciativa al planeamiento general del Municipio o a sus Directrices de Ordenación del Territorio.
b) Suficiencia de los servicios públicos existentes en el Municipio para atender a los nuevos desarrollos pretendidos, o la suficiente previsión a futuro de esos servicios.
c) Oportunidad temporal del desarrollo urbanístico del ámbito propuesto, en relación con otras actuaciones ya iniciadas o de ejecución preferente.
3. Los informes referidos en los apartados precedentes no serán vinculantes.
4. Si la propuesta del Alcalde fuera favorable a la solicitud, ordenará la redacción de unas Bases Particulares de Programación para su sometimiento a la aprobación por el Pleno dentro del plazo total de tres meses con el que cuenta el Ayuntamiento para resolver.
1. Si la solicitud formulada por un particular para el inicio de un procedimiento de programación pretende modificar la ordenación estructural, variando alguna de las directrices del planeamiento general, o si la solicitud no justifica el desarrollo de esas directrices, el silencio administrativo producirá efectos desestimatorios.
2. Si la solicitud formulada por un particular para el inicio de un procedimiento de programación no modifica la ordenación estructural, o sí lo hace pero en desarrollo de las directrices del planeamiento general, el silencio administrativo tendrá carácter positivo, con los siguientes efectos:
a) Se entenderá aplicable directamente el modelo tipo de Bases Particulares aprobado por la Conselleria competente en materia de territorio. En el supuesto de no existir Bases Generales aprobadas por el municipio, regirán asimismo las que se aprueban como Anexo II de este Reglamento. Letra a) del número 2 del artículo 282 redactada por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
b) El promotor del procedimiento podrá publicar por sus propios medios el inicio del concurso, incluyendo en todo caso en los anuncios las Bases Particulares que deban regir la licitación. El procedimiento, plazo y efectos de la publicación serán los regulados en los artículos 132 y siguientes de la Ley Urbanística Valenciana.
En el caso de que tras la petición por un particular del inicio de un procedimiento de programación por gestión indirecta, se resuelva por la Administración la sujeción del Programa al régimen de gestión directa, el autor de la propuesta tendrá derecho al resarcimiento de los gastos efectuados para su elaboración, salvo que la propuesta hubiera resultado insuficiente de acuerdo con su propia finalidad y no pudiese ser aprovechada por la Administración. El importe de los gastos será determinado por la Administración actuante en función de los que resulten acreditados por quien haya presentado la propuesta, conforme a la naturaleza y contenido de ésta y de acuerdo con los precios del mercado.
Regulación del concurso de Programación
1. Tal y como se refleja en las Bases Generales que se aprueban como Anexo II de este Reglamento, el contenido de esas Bases deberá contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos:
a) La ampliación, si procede, de los plazos previstos en la Ley Urbanística Valenciana y en este Reglamento. El plazo para resolver los expedientes de programación no superará en ningún caso los seis meses.
b) La regulación de los términos en los que se podrá proceder a subcontratar la realización parcial de las prestaciones correspondientes al Programa, distintas de la obra de urbanización cuando ésta esté sujeta a licitación, todo ello de conformidad con las reglas previstas para la subcontratación en la Ley Urbanística Valenciana y en este Reglamento.
c) Cualesquiera otras cuestiones jurídicas, económicas y administrativas que afecten tanto al procedimiento de adjudicación como al desarrollo y ejecución de los Programas de Actuación Integrada de gestión indirecta.
Número 2 del artículo 284 suprimido por el artículo 4 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
3. Hasta en tanto el Municipio no haya aprobado sus propias Bases Generales, serán de aplicación las que constituyen el Anexo II de este Reglamento. Esas Bases Generales habilitarán la formulación de propuestas de inicio de expedientes de programación, de acuerdo con el artículo 130 de la Ley Urbanística Valenciana, así como la tramitación de esos expedientes al amparo de los efectos estimatorios del silencio administrativo previstos en los artículos 130.5 de la Ley Urbanística Valenciana y artículo 287 de este Reglamento.
1. Las Bases Generales podrán establecer la exacción y regulación de dos tipos de tasa:
a) Una tasa por la tramitación de Programas de Actuación Integrada y Aislada hasta la adjudicación de la condición de Urbanizador. Esta tasa se repercutirá a todos los aspirantes a Urbanizador que formulen una iniciativa de Programa.
b) Una tasa por la tramitación de las actuaciones y expedientes urbanísticos que traigan causa de la adjudicación de los Programas. Esta tasa se repercutirá a quien haya sido designado Urbanizador.
2. La imposición de estas tasas no excluirá la repercusión, en su caso, de los honorarios profesionales previstos en los artículos 137.1 y 168.1.e) de la Ley Urbanística Valenciana y en este Reglamento.
3. Ninguna de las tasas referidas en los apartados anteriores podrán ser repercutidas en el correspondiente Programa de Actuación Integrada o Aislada, a los propietarios como cargas de urbanización.
1. De conformidad con el contenido del modelo de Bases Particulares que se apruebe por la Conselleria competente en materia de territorio, el contenido de esas Bases deberá contemplar, además de los aspectos regulados en el artículo 131.2 de la Ley Urbanística Valenciana, como mínimo los siguientes:
a) La previsión y, en su caso, limitación de la posibilidad de formular Alternativas Técnicas que supongan una ampliación del ámbito territorial a programar, así como las consecuencias de la ampliación.
b) El porcentaje mínimo de solares cuya edificación haya de ser simultánea a la urbanización. Si las Bases Particulares no fijaran este porcentaje, se estará a lo dispuesto en el planeamiento. En cualquier caso, esta obligación será únicamente exigible al Urbanizador.
c) La exigibilidad o no de informe del Consejo del Territorio y el Paisaje previsto en el artículo 136.4 de la Ley Urbanística Valenciana.
d) Referencia al carácter de contrato administrativo especial del que suscriban la Administración actuante y el Urbanizador como consecuencia de la adjudicación del Programa, en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
e) Las prerrogativas que ostenta la administración de acuerdo con la legislación de contratos de las Administraciones Públicas y, como mínimo, las de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevisibles o que no hubieran podido ser contempladas en las Bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de conformidad con las causas, procedimiento y efectos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y en este Reglamento. Letra e) del número 1 del artículo 286 redactada por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
f) La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución y ejecución del contrato entre la Administración y el Urbanizador.
g) Los términos en que deba producirse la eventual adjudicación conexa o condicionada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 139.1 de la Ley Urbanística Valenciana y en este Reglamento.
h) La previsión de un precio cierto de licitación, que tendrá carácter de máximo y que servirá de base para el cálculo de la garantía provisional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 140.1 de la Ley Urbanística Valenciana y en este Reglamento.
i) El calendario específico de plazos de desarrollo y ejecución del Programa, así como la regulación de los efectos de su incumplimiento.
j) La identificación de los documentos y criterios que serán objeto de valoración a efectos de la adjudicación del Programa de conformidad con el artículo 131.4 de la Ley Urbanística Valenciana, así como su ponderación. A estos efectos, podrán ser tenidas en cuenta aquellas mejoras que plantee una Alternativa Técnica respecto de la integración de la Actuación en su entorno.
k) La puntuación mínima que deberán superar las Alternativas Técnicas para poder ser valoradas las Proposiciones Jurídico-Económicas que las desarrollen.
l) La determinación de la cuantía y forma de la garantía definitiva a prestar por el Urbanizador.
2. El acto de aprobación de las Bases Particulares de Programación será recurrible en vía administrativa.
Las Bases Particulares podrán establecer:
1. Una fórmula polinómica por la que deban ponderarse los criterios de adjudicación del Programa.
2. Causas específicas de resolución adicionales a las previstas en la Ley Urbanística Valenciana, en este Reglamento y en la legislación reguladora de los contratos de las Administraciones Públicas.
3. El alcance y límite de las posibles prórrogas para el desarrollo y ejecución del Programa, sin que en ningún caso puedan producirse las mismas por mutuo consentimiento tácito.
La competencia para la aprobación de las Bases Generales y Particulares reside en los Ayuntamientos que, en ningún caso, estarán vinculados por la documentación presentada por quienes soliciten el inicio de un procedimiento de programación.
1. En el caso de tramitación de Programas, la publicación del anuncio de las Bases Particulares de Programación en el Diari Oficial de la Generalitat será el que produzca los efectos suspensivos del otorgamiento de licencias a los que se refiere el artículo 101.2 de la Ley Urbanística Valenciana.
2. En el supuesto de tramitación del concurso de programación por funcionamiento del régimen de silencio, la suspensión del otorgamiento de licencias se producirá tras la aparición del primer anuncio de exposición al público de una de las Proposiciones en el Diari Oficial de la Generalitat.
3. En aquellos Programas de Actuación Aislada en los que no sea preceptiva la aprobación de Bases, la suspensión se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y remitido el anuncio correspondiente para su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la iniciativa.
1. La suspensión de licencias implicará igualmente la de los acuerdos aprobatorios de nuevos Programas en la zona afectada. Durante el periodo de vigencia de la suspensión de los acuerdos aprobatorios de Programas no se admitirán iniciativas de programación.
2. Los programas aprobados no se verán afectados por la suspensión de licencias y programas, salvo que al acordar la suspensión así se haga constar expresamente en la resolución. En caso de adoptarse esta última medida cautelar, se devengarán las indemnizaciones que procedan.
Número 2 del artículo 290 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
1. Los anuncios del concurso de programación se ajustarán al modelo tipo aprobado por la Conselleria competente en materia de territorio. En todo caso, se deberá reseñar la fecha de envío del anuncio de programación al Diario Oficial de la Unión Europea tanto en el anuncio que se publique en el Diari Oficial de la Generalitat, como en el propio anuncio que se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea.
2. La publicación del anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat deberá solicitarse dentro de los dos días siguientes a la remisión del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea.
1. Los avisos que se remitan a los titulares catastrales deberán reseñar:
a) La identidad del remitente.
b) El instrumento urbanístico y el ámbito sobre el que verse la comunicación.
c) La identificación del Notario autorizante y del Acta, bien sea la de remisión de avisos a que se refiere el artículo 133.1.f) de la Ley Urbanística Valenciana, o bien la protocolización de la Alternativa Técnica de Programa, en cuyo caso se indicará, además, el domicilio y horario de la notaria, donde podrá consultarse la referida Alternativa por cualquier persona.
d) Tratándose de concurso de gestión indirecta de Programa, deberá expresar la referencia al acuerdo municipal de aprobación del inicio del concurso o justificar la aplicación del silencio.
2. La remisión de los avisos podrá formalizarse en la misma acta notarial de exposición al público de la Alternativa Técnica o en otra diferente destinada a este exclusivo fin.
1. El plazo de información pública de los documentos señalados en las letras a), f) y, si procede, k) del artículo 126 de la Ley Urbanística Valenciana, y en este Reglamento, deberá iniciarse dentro de los tres meses a que se refiere el artículo 133.3 de esa Ley, o el mayor que establezcan las Bases de Programación. A tal efecto, la protocolización notarial podrá formalizarse en una sola acta. Este plazo de información al público tendrá una duración de un mes.
Número 2 del artículo 293 suprimido por el artículo 4 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
3. Con anterioridad al transcurso del plazo de tres meses, deberá haberse cumplido con todas las formalidades propias de la información al público y, en particular, deberán haberse remitido todas las publicaciones y todos los avisos.
Número 3 del artículo 293 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
4. Los avisos remitidos por el aspirante a Urbanizador deberán dar cuenta de la iniciación del concurso y de la exposición al público de su propuesta de programa, en los términos previstos en este Reglamento.
5. En el acta notarial se protocolizará, directamente o por testimonio, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana que publique el anuncio y el contenido de los avisos.
Número 5 del artículo 293 introducido por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
Si el Programa afecta a varios municipios será preceptivo la formalización de sendas actas en Notarías con competencia territorial en cada uno de los municipios.
El Ayuntamiento tendrá que remitir las alegaciones presentadas por los interesados durante la exposición al público de los documentos de ordenación, en el plazo máximo de cuatro días desde que tengan su entrada en el registro, a la sede de la Notaría donde se haya protocolizado la Alternativa Técnica, para su incorporación a las actuaciones y su toma de razón por el aspirante a Urbanizador.
1. En el caso de que tras el segundo intento de notificación no se consiga practicar el aviso del inicio del procedimiento de gestión indirecta de un Programa de Actuación Integrada a quienes consten en el Catastro como titulares afectados por la Actuación propuesta, el aviso se entenderá correctamente practicado. De tales circunstancias se dejará constancia en el acta de protocolización y se continuará la tramitación del procedimiento.
2. Las mismas consecuencias previstas en el párrafo anterior se producirán si el aviso se rechaza por su destinatario en el primer intento.
3. El Urbanizador o el Notario indicarán expresamente en el encargo que realicen a la oficina de Correos, el carácter de los avisos y su relación con el expediente de programación de terrenos, dejando constancia en el aviso del expediente de que se trate. La oficina de Correos encargada de practicar los avisos deberá dar cuenta al Urbanizador o al Notario que los hubiese encargado, del resultado de los intentos de notificación, dentro de los dos días siguientes a aquel en que haya concluido el plazo de depósito en lista previsto en la legislación reguladora del servicio de correos.
Número 3 del artículo 296 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
4. El aviso a los eventuales titulares desconocidos o de ignorado paradero se efectuará mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
1. Para la obtención de información sobre quienes consten en el Catastro Inmobiliario como titulares de los derechos afectados por una Actuación, necesaria al objeto de practicar los avisos regulados en el artículo 134.4 de la Ley Urbanística Valenciana, se estará a las siguientes reglas:
a) El interés legítimo de quien solicite la información se acreditará mediante aportación ante el Catastro Inmobiliario de copia sellada de la instancia referente a la iniciación del procedimiento en los términos previstos en el artículo 130 de la Ley Urbanística Valenciana o de presentación de la Alternativa Técnica ante el Ayuntamiento, o de diligencia notarial de protocolización de esa Alternativa en la Notaría.
b) Se deberá aportar plano parcelario en el que se delimite el ámbito afectado, indicándose el polígono o polígonos catastrales afectados.
c) La certificación catastral deberá emitirse en el plazo máximo de quince días a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de información..
2. Asimismo, los aspirantes a Urbanizador tendrán derecho a que el Notario que autorice el acta de protocolización de su Alternativa Técnica, obtenga por sus medios la información catastral necesaria para practicar los avisos.
1. Como máximo, la finalización de la información al público, que en todo caso deberá ser de un mes, se producirá dentro del plazo de dos meses contados desde la expiración del plazo de tres meses previsto en el artículo 133.3 de la Ley Urbanística Valenciana, o superior que fije el Ayuntamiento en las bases del concurso. Durante estos dos meses quedarán suspendidos los plazos subsiguientes del procedimiento.
Número 1 del artículo 298 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
2. Cada aspirante a Urbanizador deberá presentar en el Ayuntamiento el acta notarial que acredite la información pública de su Alternativa Técnica dentro de los diez días siguientes a la finalización del plazo de exposición pública de esa Alternativa.
Aspirantes a Urbanizador
Informes y documentación que deben presentar los aspirantes
1. A los efectos de calificar las proposiciones de programa, de informar sobre su contenido y de realizar una propuesta de adjudicación de ese programa, regulados en los artículos siguientes, se requerirán informes emitidos, como mínimo, por:
a) El Secretario Municipal.
b) El Interventor Municipal, en su caso.
c) El Técnico Municipal competente.
d) El Técnico de Administración General adscrito al área de urbanismo del Ayuntamiento.
2. A los efectos establecidos en el presente artículo, y en el caso de no existir alguno de los anteriormente indicados, se solicitará dictamen de técnico y letrado competente, pudiendo acudir, a tal efecto, a los colegios profesionales.
Artículo 299 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
Las Proposiciones de los aspirantes a Urbanizador deben incorporar la siguiente documentación:
1. La que acredite la personalidad jurídica, la capacidad y la solvencia técnica y económica del aspirante, en los términos de los artículos 122 y 123 de la Ley Urbanística Valenciana. Se presentará en un sobre cerrado y sellado y contendrá justificación documental de los extremos referidos en el artículo 133.1, de la Ley Urbanística Valenciana. Número 1 del artículo 300 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
2. Proposición Jurídico-Económica y que se presentará en plica cerrada.
3. La Alternativa Técnica que, adicionalmente, deberá presentarse en soporte informático. Número 3 del artículo 300 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
Documentación relativa a la solvencia técnica
El aspirante a Urbanizador deberá incluir entre la justificación de su solvencia técnica, la documentación acreditativa de la titulación de su equipo técnico redactor y asesor. El referido equipo deberá estar integrado, como mínimo, por un técnico superior competente para la elaboración del correspondiente proyecto y un Licenciado en Derecho.
Artículo 301 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
1. Además del contenido que les es propio de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Urbanística Valenciana, las Proposiciones Jurídico-Económicas deberán incluir la siguiente información, que se considerará suficiente a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1.a) del referido artículo 127:
a) Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación, tales como dimensiones de parcela mínima de resultado, Aprovechamiento Subjetivo y superficie mínima de terreno de origen necesarios para resultar adjudicatario de parcela resultante o de cuota indivisa.
b) Importe global de las cargas de urbanización y del coeficiente de canje.
c) Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.
d) Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.
e) Hoja resumen de los datos económicos relevantes adaptada al modelo aprobado por la Conselleria competente en materia de territorio.
2. Todas las anteriores magnitudes económicas se expresarán por metro cuadrado de suelo y de techo. Se hará indicación de que los importes serán revisados cuando se determinen las cuantías definitivas correspondientes a los gastos variables a que se refiere el artículo 126.j) de la Ley Urbanística Valenciana.
1. El presupuesto de licitación de la obra de urbanización a incluir en la Proposición Jurídico-Económica deberá desglosarse en las siguientes partidas:
a) Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras y red peatonal.
b) Tratamiento de los espacios libres, incluyendo jardinería, arbolado y ornamentación.
c) Mobiliario urbano.
e) Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios.
f) Red de alcantarillado para aguas residuales y sistema de depuración.
g) Sistema de evacuación de aguas pluviales
h) Red de distribución de energía eléctrica, gasificación y comunicaciones.
i) Red de alumbrado público.
j) Obras de enlace de los servicios urbanísticos con los de la red primaria de dotaciones públicas y el resto de obras de conexión e integración de la Actuación en su entorno territorial o urbano.
k) Impuesto sobre el valor añadido.
En relación con todas las partidas anteriores, se indicarán las mediciones y los precios unitarios.
2. El presupuesto regulado en el apartado anterior indicará si el impuesto sobre el valor añadido se entiende incluido o excluido de los importes que se consignen. En caso de que no se haga referencia expresa al impuesto sobre el valor añadido, se entenderá incluido.
1. En el supuesto de que el aspirante a Urbanizador se comprometa a afectar terrenos con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, la Proposición Jurídico-Económica deberá incluir la siguiente documentación referida a esos terrenos:
a) Certificación registral de dominio y cargas de fecha no anterior a quince días a la fecha de presentación de la Proposición Jurídico-Económica.
b) En caso de que los terrenos no estén inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del aspirante a Urbanizador, deberá aportar los títulos que acrediten su derecho de propiedad o las escrituras públicas otorgadas con terceros que le legitimen o le otorguen poder bastante para afectar las fincas con carácter real e inscribir esa afección en el Registro de la Propiedad.
c) Identificación gráfica de las fincas a afectar mediante plano catastral.
2. La finalidad de las afecciones reales es la de asegurar el cumplimiento por parte del Urbanizador de sus obligaciones de ejecutar los objetivos imprescindibles y complementarios del Programa, recogidos en el Contrato que suscriba con la Administración actuante.
3. La afección real de las fincas a la que se refiere el presente artículo se trasladará a las fincas de resultado que traigan causa de aquéllas, por subrogación real. En tal caso, cumplirá la función y substituirá a la afección real prevista en el artículo 180.2.c) de la Ley Urbanística Valenciana. Tratándose de fincas de otros propietarios, el traslado se limitará al importe de los objetivos imprescindibles pero no los complementarios.
Las cargas de urbanización a las que se refiere el artículo 127.2.e) de la Ley Urbanística Valenciana no incluyen las indemnizaciones que procedan ni los gastos variables mencionados en el artículo 126.j) de esa Ley, cuya estimación preliminar debe constar en la Alternativa Técnica y fijarse con carácter definitivo en el Proyecto de Reparcelación.
La Proposición Jurídico-Económica deberá expresar el cálculo del coeficiente de canje conforme a las siguientes dos fórmulas matemáticas, con idéntico resultado en ambas:
Ks= Coeficiente de canje
Cs= Costes de urbanización por metro cuadrado de suelo de origen
Vs= Valor del metro cuadrado de suelo de origen
Kt= Ct / Vt + Ct
Kt= Coeficiente de canje
Ct= Costes de urbanización por metro cuadrado de techo
Vt= Valor del metro cuadrado de techo sin urbanizar
Además de los contenidos enumerados en el artículo 126 de la Ley Urbanística Valenciana, las Alternativas Técnicas deberán cumplir las siguientes reglas:
1. Aquellas que vayan acompañadas de instrumentos de planeamiento que pretendan modificar la ordenación estructural, o se propongan incorporar nuevos suelos urbanizables a la estructura territorial, deberán incorporar, al menos, la solicitud de Cédula Territorial de Urbanización regulada en los artículos 112 y siguientes de la Ley Urbanística Valenciana. La solicitud deberá ser objeto de exposición al público junto con la Alternativa Técnica y el instrumento de planeamiento. Número 1 del artículo 307 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
2. El proyecto de edificación únicamente será exigible cuando el Urbanizador ofrezca como compromiso voluntario la edificación simultánea a la urbanización o en Programas de Actuación Aislada que tengan por objeto la edificación o rehabilitación de inmuebles.
3. En el supuesto de que, conforme a lo dispuesto en la legislación de ordenación del territorio y protección del paisaje, proceda obtener informes sectoriales para la Actuación propuesta, se deberá exponer al público junto con la Alternativa Técnica, la copia sellada del documento por el que se solicitaron.
1. La estimación preliminar y general de los gastos de urbanización variables cuya cuantía no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas incluirá, al menos, la de las obras de urbanización que deban ser ejecutadas por cuenta de una actuación distinta y posterior pero que, beneficiando a la actuación que es objeto de la Alternativa Técnica, deba ser en parte sufragada con cargo a ésta a través del correspondiente canon de urbanización.
2. Asimismo, tendrán la consideración de gastos variables aquéllos derivados de las actuaciones y trabajos necesarios para la elaboración de los informes arqueológicos y paisajísticos que resulten exigibles para el desarrollo urbanístico de la actuación, así como los correspondientes a la ejecución de las medidas que proceda adoptar de acuerdo con las resoluciones administrativas derivadas de dichos informes.
3. La Alternativa Técnica incluirá una estimación aproximada, no vinculante, de las indemnizaciones y compensaciones que correspondan por todos los conceptos con cargo a la Actuación, sin perjuicio de la valoración definitiva que proceda en el momento de exponer al público el Proyecto de Reparcelación.
1. Se considerarán variantes a los efectos del artículo 133.2 de la Ley Urbanística Valenciana las modificaciones de carácter técnico y nunca las de carácter económico. Las variantes no podrán alterar sustancialmente la ordenación urbanística propuesta.
2. Cada aspirante a Urbanizador podrá presentar una única variante respecto de su Alternativa Técnica inicial.
3. La presentación de una variante respecto de la Alternativa Técnica inicial no legitimará la presentación de una nueva Proposición Jurídico-Económica ni la alteración de las Bases de programación por quien la formule. No obstante, la Administración podrá elegir, de entre la Alternativa original y la variada, aquella que mejor satisfaga los intereses públicos, aplicándosele la Proposición Jurídico-Económica formulada.
4. No se entenderá como Alternativa Técnica el avance de planeamiento que formule quien inste la iniciación del procedimiento de Programación. En consecuencia, el referido aspirante podrá presentar Alternativa Técnica, que no se considerará variante de su avance de programación, todo ello con respeto a lo dispuesto en las Bases Generales y Particulares que regulen el procedimiento.
Calificación de la capacidad y solvencia de los aspirantes
1. El aspirante a Urbanizador deberá reunir y acreditar la plena capacidad de obrar y las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 a 123 de la Ley Urbanística Valenciana y en las Bases reguladoras del concurso, así como en la legislación estatal y europea de contratación administrativa.
2. No obstante, tal y como establece el artículo 119.5 de la Ley Urbanística Valenciana, en ningún caso se requerirá una clasificación especial para ser Urbanizador.
Número 3 del artículo 310 suprimido por el artículo 4 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
1. El procedimiento para la exclusión de quien se postule como Urbanizador se iniciará por la Administración actuante, de oficio o a instancia de cualquier interesado, mediante notificación a aquél en quien puedan concurrir las circunstancias previstas en el artículo 121.3º de la Ley Urbanística Valenciana.
2. Mediante esa notificación se le concederá un plazo de quince días hábiles para que pueda formular alegaciones en defensa de su candidatura, por no haber participado en actuaciones de investigación, experimentación, estudio o desarrollo del Plan de Acción Territorial o del Plan General que afecte a la ordenación del ámbito del Programa que se licita, porque esa participación no haya influido en beneficio propio o de su grupo empresarial en la fijación de las condiciones que vayan a regir el procedimiento de programación, o bien porque no sea empresa vinculada con la que incurra en las causas de inhabilitación previstas en el artículo 121. de la Ley Urbanística Valenciana. El plazo de quince días será también hábil para practicar o solicitar todos aquellos medios de prueba que se estimen oportunos.
3. El Ayuntamiento deberá resolver acerca de la continuidad o no del aspirante a Urbanizador en el plazo de quince días hábiles desde la finalización del plazo de audiencia al candidato. La falta de resolución expresa en ese plazo determinará que se presuma que el candidato tiene capacidad para contratar y la prosecución del procedimiento.
4. La resolución del incidente de exclusión de un candidato a Urbanizador será recurrible en los términos previstos en este Reglamento.
Objetivación de los criterios de puntuación de los aspirantes
1. Las Bases Particulares de programación establecerán, ordenarán de forma decreciente según su importancia, y ponderarán los criterios que deban ser aplicados a la hora de puntuar las Alternativas Técnicas y las Proposiciones Jurídico-Económicas, de conformidad con los baremos establecidos en los artículos siguientes.
2. Las Bases Particulares deberán establecer la importancia relativa que en la decisión de adjudicar la condición de Urbanizador tenga la Alternativa Técnica y el instrumento de planeamiento que, en su caso le acompañe, respecto de la Proposición Jurídico-Económica. A estos efectos, los porcentajes en los que las Bases Particulares valoren esa importancia relativa se ajustarán a los siguientes márgenes:
a) En caso de programas cuyas Alternativas Técnicas vayan acompañadas de instrumentos de planeamiento que supongan una modificación de la ordenación estructural, la puntuación de la Alternativa Técnica y del instrumento de planeamiento representará entre un 65 y un 75 por ciento de la valoración en relación con la Proposición Jurídico- Económica, que representará entre un 35 y un 25 por ciento.
b) En caso de programas cuyas Alternativas Técnicas vayan acompañadas de instrumentos de planeamiento que únicamente contengan ordenación pormenorizada en desarrollo de la ordenación estructural establecida en el planeamiento general, la puntuación de la Alternativa Técnica y del instrumento de planeamiento representará entre un 60 y un 70 por ciento de la valoración en relación con la Proposición Jurídico- Económica, que representará entre un 40 y un 30 por ciento.
c) En caso de programas cuyas Alternativas Técnicas consistan en un proyecto de urbanización por pretender el desarrollo de sectores de suelo urbanizable que cuenten con ordenación pormenorizada fijada por el planeamiento general, la puntuación de la Alternativa Técnica representará entre un 40 y un 50 por ciento de la valoración en relación con la Proposición Jurídico-Económica, que representará entre un 60 y un 50 por ciento.
3. La fijación del concreto porcentaje por las Bases Particulares, se fundamentará en la complejidad del planeamiento a desarrollar, en el uso a implantar y en las demás circunstancias técnicas que sea necesario ponderar. A estos efectos, en programas cuyo uso característico sea el residencial, la importancia relativa de la puntuación de la Alternativa Técnica se situará en la mitad superior de las escalas porcentuales establecidas en el número anterior, mientras que en aquellos programas cuyo uso característico sea el industrial o el terciario se situará en la mitad inferior.
4. El acuerdo por el que se seleccione la Alternativa Técnica y la Proposición Jurídico-Económica deberá motivar la decisión, ponderando expresamente la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en las Bases Particulares así como los baremos de puntuación aplicados. Asimismo, se indicarán justificada y detalladamente las razones por las que se entiende mejor una propuesta que las otras.
5. De conformidad con el artículo 135.3 de la Ley Urbanística Valenciana, los criterios de puntuación y la importancia relativa de las Alternativas Técnicas que vayan acompañadas de planeamiento, serán los siguientes:
a) La calidad técnica de la ordenación propuesta. Este criterio representará un 50 por ciento de la valoración de la Alternativa Técnica.
c) La mejor estructuración de dotaciones públicas y de espacios libres.
Los criterios establecidos en los apartados b) y c) anteriores representarán en conjunto un 20 por ciento de la valoración de la Alternativa Técnica.
d) La calidad técnica de las soluciones propuestas para la urbanización. Este criterio representará entre un 5 y un 10 por ciento.
e) Número, diseño, ubicación y calidad de las viviendas sometidas a algún régimen de protección que se comprometa a promover el urbanizador. Este criterio representará entre un 5 y un 15 por ciento.
f) Inversión en Programas de restauración paisajística o de imagen urbana dentro del ámbito del programa, como objetivos complementarios del mismo, de acuerdo con las directrices establecidas en los artículos 30 a 35 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. Este criterio supondrá entre un 5 y un 10 por ciento del valor total de la Alternativa Técnica.
j) Medios para el control de cada una de las prestaciones que constituyen el objeto del programa.
Los criterios establecidos en los apartados g), h), i) y j) anteriores representarán en conjunto entre un 5 y un 10 por ciento de la puntuación total de la Alternativa Técnica.
6. De conformidad con el artículo 135.3 de la Ley Urbanística Valenciana, los criterios de puntuación y su importancia relativa de las Alternativas Técnicas que no vayan acompañadas de planeamiento urbanístico, serán los siguientes:
a) La conexión adecuada a las obras de urbanización de la actuación en su entorno. Este criterio representará entre un 30 y un 40 por ciento de la valoración de la Alternativa Técnica.
b) La calidad técnica de las soluciones y de los materiales propuestos para la urbanización. Este criterio representará entre un 30 y un 40 por ciento.
c) Número, diseño, ubicación y calidad de las viviendas sometidas a algún régimen de protección que se comprometa a promover el urbanizador. Este criterio representará entre un 5 y un 15 por ciento.
d) Inversión en Programas de restauración paisajística o de imagen urbana dentro del ámbito del programa, como objetivos complementarios del mismo, de acuerdo con las directrices establecidas en los artículos 30 a 35 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. Este criterio supondrá entre un 5 y un 10 por ciento del valor total de la Alternativa Técnica.
e) Plazo de ejecución del programa de actuación integrada.
f) Compromiso de edificación simultanea a la urbanización de los solares resultantes de la actuación por encima de un mínimo legalmente exigible.
g) Compromisos adicionales asumidos voluntariamente y a su cargo por el urbanizador.
h) Medios para el control de cada una de las prestaciones que constituyen el objeto del programa.
Los criterios establecidos en las letras e), f), g) y h) representarán en conjunto entre un 20 y un 30 por ciento de la puntuación total de la Alternativa Técnica.
7. Las Bases Particulares deberán concretar motivadamente los porcentajes de cómputo de cada uno de los criterios de puntuación de la Alternativa Técnica y, en su caso, del instrumento de planeamiento que les acompañe, dentro de los rangos establecidos en el apartado anterior.
Artículo 312 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
1. De conformidad con el artículo 135.4 de la Ley Urbanística Valenciana, los criterios de puntuación de las Proposiciones Jurídico-Económicas y su importancia relativa, serán los siguientes:
a) Menor importe respecto de referencias de cuadros de precios de práctica usual de las cargas de urbanización, expresado en euros por metro cuadrado de edificabilidad. Este criterio representará entre un 25 y un 35 por ciento de la valoración de la Proposición Jurídico- Económica.
b) La valoración de los terrenos a efectos de fijar el coeficiente de cambio para el pago en especie y la menor proporción de solares o aprovechamiento que deban ser puestos a disposición del urbanizador por medio de reparcelación forzosa como retribución a cuenta de terceros con los que no tenga contrato suficiente. Este criterio representará entre un 20 y un 30 por ciento de la valoración de la Proposición Jurídico-Económica.
c) Mayor proporción de terrenos propios o de asociados que deban quedar afectos con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad al cumplimiento de las obligaciones especiales de edificación derivadas de la aprobación del programa representará entre un 35 y un 55 por ciento de la valoración de la Proposición Jurídico-Económica.
d) Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas voluntariamente y a su costa por el urbanizador. Este criterio supondrá entre un 5 y un 10 por ciento del valor total de la Proposición Jurídico-Económica.
Número 1 del artículo 313 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
2. Las Bases Particulares deberán concretar motivadamente los porcentajes de cómputo de cada uno de los criterios de puntuación de la Proposición Jurídico-Económica dentro de los rangos fijados en los párrafos anteriores.
Valoración de las Alternativas Técnicas de los aspirantes
Una vez calificado el Documento Uno de cada aspirante, se realizarán las siguientes actuaciones:
1. El tercer día a aquél en que se produzca la calificación de los requisitos de personalidad, capacidad y solvencia de los aspirantes a urbanizador, se iniciará el plazo para que se emitan los informes correspondientes, únicamente, sobre aquellas Alternativas Técnicas y, en su caso, los instrumentos de planeamiento que les acompañen, formuladas por aspirantes cuyos requisitos de participación hayan sido calificados favorablemente.
2. Los informes previos sobre Alternativas Técnicas y, en su caso, los instrumentos de planeamiento que les acompañen, a los que se refiere el artículo 136.3 de la Ley Urbanística Valenciana, deberán emitirse en el plazo máximo de tres meses. Todo ello, sin perjuicio de los demás informes que se estimen procedentes y, en particular, de los informes de Técnicos externos a los que se refiere el artículo 137.1 de la Ley Urbanística Valenciana.
3. Cuando sea preceptivo o resulte exigible por estar previsto en las Bases Particulares, al mismo tiempo que el resto de informes, se solicitará al Consejo del Territorio y el Paisaje el informe al que se refiere el artículo 136.4 de la Ley Urbanística Valenciana. El citado órgano tendrá a tal efecto el plazo de un mes desde que la solicitud tenga entrada en su registro, suspendiéndose los plazos de emisión de informes municipales y de selección de la Alternativa Técnica. El informe del Consejo del Territorio y el Paisaje en ningún caso será vinculante y su falta de emisión en plazo no impedirá la continuación del procedimiento.
4. El Ayuntamiento podrá requerir a los aspirantes a urbanizador para que, en el plazo máximo de veinte días, aclaren la documentación presentada, subsanen la omitida, o completen la que sea insuficiente, suspendiéndose en tal caso los plazos de emisión de informes.
5. Por resolución de Alcaldía, dictada en los cinco días siguientes a la emisión de los informes anteriormente indicados, se determinarán las Alternativas Técnicas que han recibido una puntuación superior a la mínima fijada por las Bases Particulares. Dicha resolución será debidamente notificada a los interesados.
Artículo 314 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
Artículo 315 suprimido por el artículo 4 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
Artículo 316 suprimido por el artículo 4 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
Valoración de las Proposiciones Jurídico-Económicas de los aspirantes
1. Dentro de los diez días siguientes a la resolución indicada en el artículo 314.5, se procederá a la apertura de las Proposiciones Jurídico- Económicas en acto público presidido por el Secretario, quien levantará acta. La fecha del acto de apertura de plicas se notificará a los aspirantes a urbanizador y se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
2. Únicamente se abrirán las plicas que desarrollen las Alternativas Técnicas que hayan recibido una puntuación superior a la mínima fijada por las Bases Particulares.
3. En el plazo máximo de un mes contado desde la apertura, se deberán emitir los informes sobre las Proposiciones Jurídico-Económicas abiertas. Todo ello, sin perjuicio de los demás informes que se estimen procedentes y, en particular, de los informes de Técnicos externos a los que se refiere el artículo 137.1 de la Ley Urbanística Valenciana.
4. El Ayuntamiento podrá requerir a los aspirantes a urbanizador para que, en el plazo máximo de diez días, aclaren la documentación presentada, subsanen la omitida o completen la que sea insuficiente, suspendiéndose en tal caso los plazos de emisión de informes.
Artículo 317 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
Artículo 318 suprimido por el artículo 4 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
Selección del Urbanizador
1. El Pleno del Ayuntamiento dispondrá de un plazo de dos meses a contar desde la apertura de las Proposiciones Jurídico-Económicas para adjudicar el Programa de Actuación Integrada, excepto en los siguientes supuestos:
a) Que el concurso se haya iniciado sobre la base de la aplicación del silencio positivo regulado en el artículo 130.5 de la Ley Urbanística Valenciana. En este supuesto, el plazo máximo para resolver será el de seis meses desde el momento en que hubiese tenido lugar la apertura de Proposiciones Jurídico-Económicas.
b) Que en las Bases reguladoras se establezca un plazo superior.
2. De no acordarse la adjudicación dentro de los plazos máximos fijados en el número anterior, e independientemente del número de proposiciones presentadas, el concurso se declarará desierto. En este caso, los concursantes tendrán derecho a retirar sus proposiciones y a la devolución de las garantías provisionales.
1. En caso de recabarse informes de Técnicos externos a la Administración se suspenderá el plazo para resolver sobre la adjudicación del Programa, en orden a permitir la tramitación y resolución del expediente de contratación de ese servicio técnico, así como la emisión de los informes que se emitan en cumplimiento de la prestación objeto de ese contrato administrativo.
2. La suspensión tendrá lugar desde el momento en que la Administración actuante acuerde iniciar la contratación de los Técnicos externos, y concluirá con la incorporación al expediente administrativo de programación de los informes que éstos emitan. En ningún caso la suspensión podrá tener una duración superior a tres meses.
1. Al seleccionar la Alternativa Técnica y el instrumento de planeamiento que, en su caso, la acompañe, y aprobar la Proposición Jurídico- Económica, el Ayuntamiento únicamente podrá imponer aquellas modificaciones derivadas directamente de causas imprevisibles o que no hubieran podido ser contempladas en las Bases Particulares. Estas modificaciones deberán tener su fundamento en el interés general y, en ningún caso, podrán suponer una alteración del contenido de las Bases Particulares ni un falseamiento de los principios de libre concurrencia, ni computarán a los efectos establecidos en el artículo 168.4 de la Ley Urbanística Valenciana.
2. En todo caso, las modificaciones introducidas tanto en la Alternativa Técnica como en el instrumento de planeamiento que en su caso la acompañe y en la Proposición Jurídico-Económica requerirán el consentimiento del adjudicatario del programa, mediante la suscripción del Contrato con la administración actuante. En caso de que el adjudicatario no asuma esas variaciones se declarará desierto el concurso, aplicándose lo previsto en el artículo 137.3 de la Ley Urbanística Valenciana y devolviéndose al aspirante la garantía provisional.
3. Las mismas reglas resultarán aplicables para las modificaciones que pretenda introducir la Conselleria competente en materia de territorio, con motivo de la aprobación definitiva del planeamiento.
Artículo 321 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
1. Además de en los casos previstos en el artículo 139.1 de la Ley Urbanística Valenciana, y en los mismos términos en él dispuestos, podrá adjudicarse un Programa de Actuación Integrada condicionado a la realización de obras e infraestructuras que beneficien a otros Sectores o Unidades de Ejecución cuya programación no haya tenido lugar en ese momento. En tal caso, los terrenos de esos otros Sectores o Unidades quedarán afectos con carácter real al pago del correspondiente canon de urbanización por un plazo máximo de cinco años.
2. La afección prevista en el apartado anterior podrá ser objeto de inscripción registral mediante solicitud al Registro de la Propiedad suscrita por el Urbanizador responsable de la ejecución de las obras referidas u oficio remitido por la Administración actuante.
En caso de petición por parte del Urbanizador, a la solicitud deberá adjuntarse certificación administrativa de la proporción del coste de las infraestructuras que corresponda a cada uno de los Sectores o Unidades de Ejecución afectados por las obras. La certificación deberá expedirse por el Secretario Municipal en el plazo de un mes desde que se solicite por el Urbanizador.
1. La garantía provisional se devolverá a los aspirantes a Urbanizador en los siguientes supuestos:
a) A todos los aspirantes a Urbanizador cuando se declare desierto el concurso de programación.
b) A todos los aspirantes a urbanizador, cuando transcurra el plazo de que dispone la administración para resolver el expediente de programación. Letra b) del número 1 del artículo 323 redactada por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
c) A quienes no resulten adjudicatarios del Programa.
2. La garantía provisional será retenida al adjudicatario de la condición de Urbanizador e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.
3. La garantía provisional aportada por quien resulte adjudicatario del Programa se aplicará a completar la garantía definitiva, que será minorada en el importe ya asegurado por la garantía provisional.
La resolución por la que se acuerde la ejecución de las garantías previstas en el artículo 140 de la Ley Urbanística Valenciana deberá expresar y motivar razonadamente la causa que legitime tal ejecución.
Será recurrible el acuerdo municipal por el que se seleccione la Alternativa Técnica, se apruebe la Proposición Jurídico-Económica y, en consecuencia, se adjudique la condición de Urbanizador del Programa.
Efectos de la aprobación de los Programas
Si el programa y los planes de desarrollo no modifican la ordenación estructural, el Ayuntamiento procederá a su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, previa remisión de actuaciones a la Conselleria competente en materia de territorio.
Artículo 326 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
La resolución por la que se apruebe un programa de actuación integrada o aislada se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, incluyendo específicamente las normas urbanísticas de los instrumentos de planeamiento espacial que le acompañen. Asimismo, se publicará una reseña de tal aprobación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. También se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea cuando hubiera sido preceptiva la publicación de la licitación en dicho diario. En aquellos supuestos que el programa vaya acompañado de un instrumento de planeamiento de aprobación definitiva autonómica, la eficacia del programa quedará condicionada a la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento que le acompaña.
Artículo 327 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
1. Los Municipios deberán remitir, en soporte digital, a la Conselleria competente en materia de territorio copia completa y diligenciada de los siguientes documentos:
a) Los instrumentos de planeamiento aprobados definitivamente, salvo que ya obren en la Conselleria.
b) Las Bases Generales y Particulares que rijan los concursos de programación.
c) Las Proposiciones Jurídico-Económicas.
d) Los Contratos entre Ayuntamiento y Urbanizador.
e) Los Contratos entre Urbanizador y Empresario Constructor.
f) Los Proyectos de Urbanización.
g) Los Proyectos de Reparcelación.
h) En su caso, de las resoluciones por las que se aprueben todos los anteriores documentos.
2. Los Ayuntamientos enviarán copia de los anteriores documentos en el plazo de quince días desde el momento en que dispongan de ellos.
Los programas de actuación integrada y aislada entran en vigor una vez se haya publicado la resolución por la que se aprueben o con la entrada en vigor del instrumento de planeamiento que le acompañe. Tal publicación sólo podrá producirse tras la firma del contrato entre el urbanizador y la administración actuante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 145.2 de la Ley Urbanística Valenciana.
Artículo 329 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
1. Los Ayuntamientos ostentarán la prerrogativa de interpretar los contratos para el desarrollo y la ejecución de los Programas de Actuación Integrada, resolviendo aquellas dudas que se planteen en su cumplimiento, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana. Sus acuerdos serán inmediatamente ejecutivos y pondrán fin a la vía administrativa.
2. Con anterioridad a la resolución de los incidentes que se planteen durante la ejecución y el desarrollo de las prestaciones correspondientes al Programa, se tendrá que dar audiencia al Urbanizador por plazo de diez días.
Formalización del Contrato con el Urbanizador y el calendario de ejecución del Programa
1. En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa al urbanizador, y siempre que se haya producido aprobación igualmente definitiva del proyecto de urbanización, se procederá a la formalización del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada. El contrato se formalizará en documento administrativo bajo la fe pública del Secretario Municipal.
Número 1 del artículo 331 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
2. Con anterioridad a la formalización del Contrato, el Urbanizador tendrá que acreditar ante la Administración la constitución de la garantía definitiva, cuya cuantía oscilará entre un mínimo del 10 por ciento y un máximo del 20 por ciento de las cargas totales del Programa, excluidos los gastos a los que se refiere el artículo 168.2 de la Ley Urbanística Valenciana, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140.3 de la Ley referida y en las Bases reguladoras del concurso.
1. Salvo que se establezcan unos plazos más breves en las Bases de Programación, el desarrollo del Programa de Actuación Integrada deberá sujetarse al siguiente calendario:
a) La presentación de los textos refundidos correspondientes al planeamiento o al Proyecto de Urbanización deberá producirse en el plazo máximo de dos meses desde que tenga lugar la notificación al Urbanizador de la aprobación, provisional o definitiva, que imponga modificaciones a la Alternativa Técnica.
b) El inicio del procedimiento de pública concurrencia para la selección del Empresario Constructor deberá tener lugar en el plazo de un mes desde la formalización del Contrato entre el Urbanizador y la Administración actuante.
c) El Proyecto de Reparcelación deberá someterse a información al público por el Urbanizador en el plazo máximo de seis meses desde la finalización del plazo para la opción por modalidad de retribución previsto en los artículos 166 de la Ley Urbanística Valenciana y en este Reglamento. A tal efecto, el Urbanizador deberá presentar ante la Administración actuante acreditación justificativa de la práctica de las comunicaciones reguladas exigibles.
d) La presentación de los textos refundidos correspondientes al Proyecto de Reparcelación deberá producirse en el plazo máximo de dos meses desde que tenga lugar la notificación al Urbanizador de las modificaciones a introducir en el Proyecto inicialmente formulado.
e) El inicio de las obras de urbanización deberá producirse en el plazo de tres meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación, acreditándose mediante acta de replanteo suscrita por la dirección de las obras y, al menos por un técnico municipal. A estos efectos, el urbanizador deberá acreditar, en el acta de replanteo, el pago a los acreedores netos de la cuenta de liquidación o bien la consignación de dicha cantidad en la Tesorería municipal
f) Las obras de urbanización deberán finalizar en el plazo máximo de treinta y seis meses desde su inicio. La finalización de las obras se acreditará mediante el correspondiente certificado final de obras expedido por el director facultativo.
2. Los plazos previstos en el número anterior únicamente podrán ser prorrogados y suspendidos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. En particular:
a) En lo relativo a la redacción de textos refundidos y Proyecto de Reparcelación, resultarán aplicables las reglas propias del contrato administrativo de consultoría y asistencia técnica.
b) Por lo que se refiere a la ejecución de las obras, serán aplicables los preceptos relativos al contrato administrativo de obras.
1. La Administración actuante únicamente podrá denegar la cesión de la condición de Urbanizador justificando en la correspondiente resolución la concurrencia de alguna de las siguientes causas:
a) Que el cesionario no cumpla los requisitos de personalidad, capacidad y solvencia económica y técnica exigibles para la adjudicación del Programa de conformidad con los artículos 121 a 123 de la Ley Urbanística Valenciana, en este Reglamento y en la legislación reguladora de los contratos de las Administraciones Públicas.
b) Que el Urbanizador originario retire la garantía definitiva sin que, en el mismo acto, el cesionario la sustituya por otra que ascienda al mismo importe.
c) Que la Administración acredite y motive que la cesión de la adjudicación perjudica el interés público.
d) Que el cesionario no reúna aquellos méritos y condiciones personales del cedente que fueron relevantes para la adjudicación del Programa.
e) Que, con la cesión, se menoscabe el interés general o suponga defraudación de la pública competencia en la adjudicación.
2. Con carácter previo a la denegación de la cesión del Contrato entre la Administración actuante y el Urbanizador, en su caso, se le dará audiencia a éste por plazo de quince días.
1. Para que proceda la cesión parcial a un tercero del Contrato suscrito entre la Administración actuante y el Urbanizador para tramo o porción minoritaria de la Actuación, se exigirá la concurrencia en el cesionario de los requisitos de personalidad, capacidad y solvencia económica y técnica exigidos por los artículos 121 a 123 de la Ley Urbanística Valenciana, por este Reglamento y por la legislación reguladora de los contratos de las Administraciones Públicas.
2. El conjunto de compromisos al que se refiere el artículo 141.3 de la Ley Urbanística Valenciana vendrá integrado, como mínimo, por todas las obligaciones asumidas por el Urbanizador en el Contrato suscrito con la Administración actuante, en lo que se refiere al tramo o porción de la Actuación objeto de la cesión.
3. Con carácter previo a la denegación de la cesión parcial del Contrato suscrito entre la Administración actuante y el Urbanizador, en su caso, se le dará audiencia a éste por plazo de quince días.
1. Podrán subcontratarse, sin necesidad de licitación pública, las siguientes obligaciones del Urbanizador:
a) La ejecución de obras cuyo coste se sitúe por debajo del umbral previsto en el artículo 120.6 de la Ley Urbanística Valenciana.
b) Los levantamientos topográficos.
c) La redacción del Proyecto de Reparcelación.
d) La gestión del cobro de las cuotas de urbanización.
e) Aquellas otras prestaciones accesorias que no estén expresamente sujetas a pública licitación por la Ley Urbanística Valenciana, por este Reglamento o por la legislación reguladora de los contratos de las Administraciones Públicas.
2. El límite cuantitativo de las prestaciones que pueden subcontratarse será el establecido en la legislación reguladora de los contratos de las Administraciones Públicas.
Penalizaciones y resolución del Contrato
El retraso en el inicio de la ejecución material de las obras o la demora injustificada en el cumplimiento de los plazos de realización o terminación de las obras establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y en este Reglamento, comportará la aplicación de las reglas sobre resolución de contratos y penalizaciones por retraso previstas en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
La inactividad injustificada del Urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o nueve alternos determinará la resolución del Contrato con la Administración. A los efectos de computar el plazo de inactividad del Urbanizador se estará a los documentos y antecedentes obrantes en el expediente administrativo, sin perjuicio de la potestad inspectora que, en todo caso, corresponde a la Administración.
La imposición de alguna sanción al Urbanizador por infracción urbanística o medioambiental grave o muy grave en relación con el ámbito Programado será causa de resolución del Contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa.
Será causa de resolución del Contrato entre la Administración y el Urbanizador la obstaculización por éste del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por el Programa. Se entiende incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento por el Urbanizador de la obligación de facilitar información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución, y para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística Valenciana les otorga.
La realización de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el Programa será causa de resolución del Contrato entre la Administración y el Urbanizador. Se entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en la selección del Empresario Constructor, los acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen la libre competencia.
1. El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar la Programación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, será causa de resolución del Programa, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de subsanar las previsiones del Programa si ello fuera posible sin desvirtuarlas sustancialmente.
2. Constituyen condiciones territoriales que son causa de resolución aquellos elementos de valor ambiental, cultural, paisajístico, arqueológico o de otro tipo, sujetos a protección por la legislación sectorial, que no se hayan tenido en cuenta por el proyecto a ejecutar y cuya preservación determine la inviabilidad de la ejecución del mismo.
3. En caso de resolución por la causa prevista en este artículo la Administración actuante reembolsará al Urbanizador los gastos documentalmente justificados, siempre que le sea imputable la falta de detección de los nuevos elementos territoriales determinantes de la inviabilidad del Programa.
1. La resolución del Contrato con fundamento en las causas tipificadas en los artículos anteriores se dispondrá por el órgano de contratación, de oficio o en su caso, a instancia del Urbanizador.
2. Para la resolución del Contrato deberá instruirse el procedimiento para declarar la extinción del Contrato, y los efectos que derivan de la resolución. En todo, caso, deberán sustanciarse los trámites siguientes:
a) Cuando la resolución se inste de oficio, audiencia al Urbanizador por plazo mínimo de diez días naturales.
b) En ese caso, y siempre que se proponga la incautación de la fianza, también se dará audiencia por el mismo plazo a quien hubiera avalado o garantizado al Urbanizador.
c) El Técnico de Urbanismo y el Secretario del Ayuntamiento emitirán informe en el plazo máximo de quince días naturales
d) Será preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo del Territorio y el Paisaje. El informe debe ser emitido en el plazo de dos meses desde que la solicitud de la Administración actuante tenga entrada en el registro del Consejo del Territorio y el Paisaje. De conformidad con la legislación reguladora del procedimiento administrativo común, el informe tiene carácter determinante, por lo que su falta de emisión impedirá la continuación del procedimiento.
3. Cuando la causa de resolución sea la realización de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario, la efectiva concurrencia de esa causa deberá ser valorada por el Tribunal de Defensa de la Competencia. Sólo podrá resolverse el Contrato cuando ese informe sea favorable.
La resolución del Contrato entre la Administración y el Urbanizador por causa de la que hubiese sido declarado culpable este último dará lugar a las consecuencias previstas en la legislación sobre contratos de las Administraciones Públicas y, en particular, a la prohibición de contratar con la Administración. En orden a publicitar tal circunstancia, los actos administrativos por los que se declaren resueltos los Contratos entre la Administración y los Urbanizadores se inscribirán en el Registro de Urbanismo de la Comunitat Valenciana.
En el supuesto de que proceda la resolución del Contrato entre la Administración y el Urbanizador, los propietarios que hayan contribuido de alguna manera al levantamiento de las cargas de urbanización serán compensados de acuerdo con las siguientes reglas:
1. La compensación será a cargo del Urbanizador, con ejecución de las garantías que éste hubiera prestado, en los supuestos previstos en las letras a), b), c), d), e), e i) del artículo 143.2 de la Ley Urbanística Valenciana. También corresponderá al Urbanizador la compensación a los propietarios en el supuesto previsto en el artículo 143.2.f) de la misma Ley, si el responsable de la falta de detección de la condición territorial determinante de la resolución es el propio Urbanizador.
2. En el resto de supuestos contemplados en el artículo 143.2 de la Ley Urbanística Valenciana, será la Administración quien deba compensar a los propietarios, en los términos que deriven de la legislación estatal sobre régimen del suelo y valoraciones y de la reguladora de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
3. En cualquiera de los anteriores supuestos, y antes de la correspondiente resolución, se dará audiencia a los propietarios afectados por plazo de veinte días.

References: resolución 
 artículo 268
 artículo 5

Artículo 270
 artículo 5
 artículo 272
 artículo 5

Artículo 273
 artículo 5
 artículo 144
 artículo 122
 artículo 130
 resolución 
 artículo 282
 artículo 5
 artículo 284
 artículo 4
 artículo 130
 artículo 287
 artículo 131
 artículo 136
 resolución 
 artículo 286
 artículo 5
 resolución 
 artículo 140
 artículo 131
 resolución 
 artículo 101
 artículo 290
 artículo 5
 artículo 133
 artículo 126
 artículo 133
 artículo 293
 artículo 4
 artículo 293
 artículo 5
 artículo 293
 artículo 5
 artículo 296
 artículo 5
 artículo 134
 artículo 130
 artículo 133
 artículo 298
 artículo 5

Artículo 299
 artículo 5
 artículo 133
 artículo 300
 artículo 5
 artículo 300
 artículo 5

Artículo 301
 artículo 5
 artículo 127
 artículo 127
 artículo 126
 artículo 180
 artículo 127
 artículo 126
 artículo 126
 artículo 307
 artículo 5
 artículo 133
 artículo 119
 artículo 310
 artículo 4
 artículo 121
 artículo 121
 resolución 
 resolución 
 artículo 135
 artículo 135

Artículo 312
 artículo 5
 artículo 135
 artículo 313
 artículo 5
 artículo 136
 artículo 137
 artículo 136
 resolución 
 resolución 

Artículo 314
 artículo 5

Artículo 315
 artículo 4

Artículo 316
 artículo 4
 resolución 
 artículo 314
 artículo 137

Artículo 317
 artículo 5

Artículo 318
 artículo 4
 artículo 130
 resolución 
 artículo 168
 artículo 137

Artículo 321
 artículo 5
 artículo 139
 artículo 323
 artículo 5
 resolución 
 artículo 140

Artículo 326
 artículo 5
 resolución 

Artículo 327
 artículo 5
 resolución 
 artículo 145

Artículo 329
 artículo 5
 resolución 
 artículo 331
 artículo 5
 artículo 168
 artículo 140
 resolución 
 artículo 141
 artículo 120
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 143
 artículo 143
 resolución 
 artículo 143