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Timestamp: 2020-08-13 06:23:02+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 506, de 16/02/2007
299/000003 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Nombramientos ... (Página 3)
299/000005 Personal eventual como Asistente para la atención de la Presidencia de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. Nombramiento ... (Página 3)
130/000041 Real Decreto-ley 1/2007, de 12 de enero, por el que se deroga la disposición transitoria quinta de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias, frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco ...
162/000558 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la renovación de las redes de abastecimiento urbano ... (Página 5)
162/000559 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la profesionalización del personal dedicado a la lucha contra incendios forestales ... (Página 6)
162/000560 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al vino y bebidas de baja graduación alcohólica en la futura Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas por menores ... (Página 7)
172/000241 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las iniciativas del Gobierno en la regulación de la eutanasia ... (Página 7)
172/000242 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la independencia de la Justicia y el respeto a las instituciones democráticas ... (Página 8)
173/000172 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las iniciativas del Gobierno en la regulación de la eutanasia ...
173/000173 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la independencia de la Justicia y el respeto a las instituciones democráticas ...
184/090935 Pregunta para respuesta escrita formulada por la Diputada doña Alicia Castro Masaveu
181/003049 (GP), sobre previsiones del Ministerio de Medio Ambiente acerca de llevar a cabo alguna actuación para aliviar el impacto de las restricciones asociadas a Kyoto en las centrales térmicas de carbón.
Conversión en pregunta para respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente ... (Página 11)
184/093702 Pregunta para respuesta escrita formulada por la Diputada doña Alicia Castro Masaveu
181/003048 (GP), sobre motivo de la falta de respuesta del Gobierno a la petición de colaboración por parte del Alcalde de Oviedo para la rehabilitación del Teatro Campoamor que, entre otros eventos, acoge la entrega de los premios Príncipe de Asturias. Conversión en pregunta para respuesta oral en la Comisión de Cultura ... (Página 11)
En virtud de lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en sus reuniones de 14 de abril de 2004, 25 de enero de 2005 y 20 de diciembre de 2005, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 7 de febrero de 2007 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a las personas que a continuación se relacionan, a propuesta del Excmo. Sr. D. Julio Villarrubia Mediavilla, con efectos de 8 de febrero de 2007 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistentes para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista:
- Doña Rocío NAVARRO JIMÉNEZ.
- Doña Carmen Gema PONCE RAMOS.
- Doña Gema María GALÁN MOYANO.
- Doña Ana Isabel SÁNCHEZ RUBIO.
- Doña María RUIGÓMEZ MORENO.
- Doña Bibiana FELEZ ÁLAMO.
- Doña Olaya Ruth COSTA GUERRA.
- Don Francisco GRACIA VILLAMAYOR.
- Doña María Margarita ZANOTTA SOSA.
- Doña María HERNÁNDEZ ANDRÉS.
- Don Serafín FARALDOS MORENO.
- Doña Cristina CASADO TURIÑO.
- Doña María Jesús ALDERETE VINCENT.
- Don Enrique VAQUEIRO COSTAL.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2007.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
En virtud de lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en sus reuniones de 14 de abril de 2004, 25 de enero de 2005 y 20 de diciembre de 2005, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 8 de febrero de 2007 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña Esther JIMÉNEZ LÓPEZ, a propuesta del Excmo. Sr. D. Julio Villarrubia Mediavilla, con efectos de 9 de febrero de 2007 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2007.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
En virtud de lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión de 13 de abril de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 9 de febrero de 2007 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña Patricia GERVASIO GARCÍA, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Lucila Corral Ruiz, con efectos de 8 de febrero de 2007 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2007.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Se publica a continuación el Real Decreto-ley 1/2007, de 12 de enero, por el que se deroga la disposición transitoria quinta de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
A tal fin el artículo 9 de la citada ley prohíbe el patrocinio de los productos del tabaco, así como toda clase de publicidad y promoción de los citados productos en todos los medios y soportes, incluidas las máquinas expendedoras y los servicios de la sociedad de la información, con diversas excepciones que el precepto establece en los párrafos a), b) y c) del apartado 1 relativas a publicaciones destinadas exclusivamente a los profesionales que intervienen en el comercio del tabaco, presentaciones de productos del tabaco a profesionales del sector en el marco de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y normativa tributaria, así como la promoción de dichos productos en las expendedurías de tabaco y timbre del Estado, siempre que concurran determinadas circunstancias y las publicaciones que contengan publicidad de productos del tabaco, editadas o impresas en países que no forman parte de la Unión Europea.
No obstante, la disposición transitoria quinta de la citada ley establece un régimen de excepción temporal de tres años desde su entrada vigor cuando se trate de publicidad y patrocinio que incorporen en su vestuario, complementos, instrumentos, equipamientos, prototipos y/o vehículos, los equipos participantes en competiciones y eventos deportivos del motor con efectos transfronterizos.
En cuanto a la figura jurídica a través de la cual se aprueba esta medida, debe destacarse que la derogación
de la disposición transitoria de la Ley 28/2005, de 27 de diciembre, está sujeta al principio de reserva de ley. La extraordinaria y urgente necesidad, presupuesto de la aprobación del real decreto-ley, viene motivada en primer término por la necesidad de dar cumplida respuesta en el plazo más breve posible al requerimiento del dictamen motivado de la Comisión, que no puede esperar a la tramitación de una ley por el procedimiento ordinario, y en segundo lugar, por la necesidad de evitar los perjuicios económico-presupuestarios que se derivarán de una eventual sentencia condenatoria a España, resultado del inminente proceso judicial por incumplimiento de las obligaciones que le incumben de conformidad con el artículo 5.1 de la Directiva 2003/33/CE, en el caso de no procederse a la derogación objeto de esta norma.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Sanidad y Consumo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de día 12 de enero de 2007,
Artículo único. Derogación de la disposición transitoria quinta de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2007.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000558
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la renovación de las redes de abastecimiento urbano, para su debate en Pleno.
El agua constituye, en nuestros días, el recurso más importante para el desarrollo económico. Las restricciones al consumo condicionan gran parte de la actividad económica como ha quedado patente en la reciente etapa de sequía que hemos padecido, que ha evidenciado asimismo la necesidad de su ahorro.
El usuario agrario es el mayor consumidor del Estado, destinando al regadío cerca de un 80% del total de agua consumida; por ello el mayor potencial de ahorro estriba, sin duda, en la modernización de regadíos.
Así se consideró en el Plan Hidrológico Nacional, en cuyo anexo de inversiones, cerca de un 30% se destinaba a modernización de regadíos, y en el Plan Nacional de Regadíos -Horizonte 2008- elaborados por los gobiernos del Partido Popular.
El llamado Plan de Choque para la Mejora y Consolidación de Regadíos, presentado en marzo de 2006 conjuntamente por los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente, no es más que un compendio de los dos anteriores, con un presupuesto de 2.409 millones de euros y actuaciones previstas hasta el año 2007.
El segundo lugar en el consumo de agua lo ocupa el abastecimiento urbano, que supone el 14% del consumo
total de agua en España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta del Agua 2004), las pérdidas que se producen en las redes de distribución se sitúan como media en el entorno del 20%.
El abastecimiento urbano es competencia municipal y la mayoría de los ayuntamientos carecen del presupuesto suficiente para proceder a la renovación de las redes de distribución, algo esencial para conseguir un ahorro efectivo de agua.
De otro lado, durante la presente legislatura, la política del Ministerio de Medio Ambiente se centra casi exclusivamente en promover el ahorro de agua, como única alternativa, aparte de la desalación, para solucionar los problemas de agua en las distintas Comunidades Autónomas.
Por todo ello, dada la necesidad de ahorro de agua y la imposibilidad de la mayoría de los municipios españoles de afrontar el coste económico que supone la renovación de las redes de abastecimiento, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda a la firma de Convenios con los Ayuntamientos para renovar las redes de abastecimiento urbano, en los que se especifiquen los recursos financieros que aportará cada Administración, para evitar las pérdidas de agua que se producen en dichas redes de distribución y conseguir así un ahorro efectivo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2007.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000559
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, para la profesionalización del personal dedicado a la lucha contra incendios forestales, para su debate en Pleno.
Durante los últimos años las Comunidades Autónomas han instado al Gobierno a incrementar la dotación de medios contra los incendios forestales asignados a sus regiones, y han reconocido la necesidad de profundizar en la profesionalización del personal de las campañas así como en la incorporación en las mismas de los últimos avances técnicos y nuevas tecnologías.
Aunque la política forestal debe ser una prioridad para todas las administraciones españolas, la disponibilidad de recursos económicos condiciona el desarrollo prolongado de ciertas actuaciones, lo que dificulta la profesionalización del personal dedicado a estas tareas. La permanencia de las labores de prevención durante todo el año es una de las garantías para evitar incendios forestales en el periodo estival. Las campañas estivales de lucha contra incendios en los últimos años han sido especialmente funestas. Al incalculable valor de las pérdidas de los recursos naturales hay que añadir las tragedias que reiteradamente se vienen produciendo por la pérdida de vidas humanas. Una profesionalización del sector no garantiza impedir que ello suceda pero sí dotar de unos recursos al personal que contribuya a disminuir el porcentaje de riesgo.
El Plan Forestal Español, aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de julio del 2002, actualmente en vigor, realizaba un estudio exhaustivo de las necesidades para la prevención, planificación y coordinación en la lucha contra incendios forestales, proponiendo diferentes medidas que han quedado en el olvido. Una de ellas pretendía el fomento de la profesionalización del personal que trabaja en la defensa contra incendios forestales con una calificación adecuada.
De otro lado, entre los objetivos que la Ministra de Medio Ambiente ha anunciado recientemente figura la prevención de incendios forestales como una prioridad.
1. Colaborar con las Comunidades Autónomas en la promoción de planes de formación en el sector forestal y, en especial, en los ámbitos de la prevención y extinción de incendios forestales.
2. Establecer convenios con las Comunidades Autónomas, así como las necesarias partidas presupuestarias correspondientes, para el establecimiento de programas de formación en el sector forestal, y en especial en los ámbitos de la prevención y extinción de incendios forestales.
3. Establecer convenios con las Comunidades Autónomas, así como las necesarias partidas presupuestarias correspondientes, encaminados a la realización de trabajos forestales permanentes que conlleven una contratación continua del personal formado, de tal forma que pueda producirse su efectiva profesionalización, especialmente en la prevención y extinción de incendios forestales."
162/000560
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al vino y bebidas de baja graduación alcohólica en la futura Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas por menores, para su debate en Pleno.
El vino está reconocido como un "alimento" en la Ley de Viña y el Vino de 2003. Está integrado en el medio natural, contribuye a la vertebración del campo, y es considerado como un elemento saludable de la dieta mediterránea si se consume adecuadamente y con moderación.
Asimismo, forma parte desde hace siglos de nuestras costumbres, tradiciones y cultura nacional. España tiene la mayor superficie mundial de viñedo y es el tercer productor mundial de vino. Este alimento también es considerado como uno de los grandes activos gastronómicos entre los turistas que nos visitan.
Recientemente, el Gobierno ha anunciado que la futura ley de prevención de consumo de bebidas alcohólicas por menores prevé incluir al vino dentro de las amplias restricciones para la venta, consumo y publicidad previstas para el resto de bebidas alcohólicas de alta graduación.
Esta normativa iría en perjuicio del sector vitivinícola que es el sector económico predominante en muchas comarcas de La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Cataluña, etc.
Por otra parte, desde el sector sanitario hay numerosos estudios que prueban los efectos beneficiosos del consumo moderado del vino, debido a su elevado nivel de antioxidantes y su efecto preventivo de enfermedades cardiovasculares.
El Grupo Parlamentario Popular considera innecesario prohibir la publicidad y el patrocinio de las marcas de vino, así como del resto de bebidas de inferior graduación alcohólica por las razones anteriormente expuestas.
- No incluir el vino y las bebidas de inferior graduación alcohólica en la futura Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas por menores.
- Proteger y promover pautas de consumo moderado del vino, reconociendo los efectos saludables de su consumo responsable.
- Reconocer la importancia económica, social y cultural del sector vitivinícola."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2007.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
172/000241
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las iniciativas del Gobierno en la regulación de la eutanasia, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente interpelación urgente sobre las iniciativas del Gobierno en la regulación de la eutanasia, para su debate en el Pleno de la Cámara.
La sociedad española actual está en condiciones de plantearse la capacidad de decidir sobre la propia vida, sin los viejos estigmas, desde la mentalidad de una sociedad moderna con amplias dosis de laicidad o al menos está en condiciones de plantearse una reflexión colectiva sin anatemas, que concluya en una regulación eficaz, desde una profundización de los derechos fundamentales de la persona proclamados en la Constitución y que son inherentes a su dignidad y la dotan de contenido material.
Estos Derechos no pueden ser entendidos de forma contradictoria con lo dispuesto en el mencionado precepto, que ha de ser considerado como "tipo rector" de la interpretación constitucional de los derechos y libertades.
El artículo 10.1 de la Constitución Española de 1978 expresa las características fundamentales del Estado democrático de Derecho, afirmando que "la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le
son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social".
En otros términos, los derechos fundamentales de la persona emanan de la proclamación de su dignidad como fundamento del orden político y de la paz social, y de conformidad con los valores superiores del ordenamiento jurídico proclamados en el artículo 1 de la propia norma fundamental.
La vida, como objeto de protección jurídica, no presenta, en principio, ningún problema desde el punto de vista de su reconocimiento constitucional; así, el artículo 15 de nuestra Constitución proclama taxativamente que "todos tienen derecho a la vida". Una interpretación integradora de vida y libertad y, por consiguiente, una interpretación del artículo 15 a la luz del libre desarrollo de la personalidad obliga a considerar que fa vida impuesta contra la voluntad de su titular no puede merecer en todo caso el calificativo de bien jurídico protegido. En otras palabras, la vida es un derecho, no un deber. Por ello, debe ser rechazada una ficticia confrontación entre vida y libertad que se pretenda resolver apelando a la prevalencia formal de una sobre otra, en base a criterios tales como la ordenación sistemática, la intensidad de la tutela penal o la prioridad biológico-natural.
Sin embargo, la especial importancia de la vida, la irreversibilidad de las consecuencias de la decisión, la eventual necesaria implicación de terceros y la vulnerabilidad de los procesos de toma de decisión en determinadas situaciones y etapas vitales hacen necesario que la decisión se adopte con cuantas medidas sean necesarias en orden a garantizar la plena libertad de la voluntad.
Interpelación urgente, para su debate en Pleno, para que explique las iniciativas y propuestas del Gobierno para abordar la regulación legal que reconozca el derecho a decidir sobre la propia vida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2007.-Carme García Suárez, Diputada.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la independencia de la Justicia y el respeto a las instituciones democráticas, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno, relativa a la independencia de la Justicia y el respeto a las instituciones democráticas, para su debate en el próximo Pleno.
El respeto a la independencia judicial y a la separación de poderes son pilares fundamentales del Estado de Derecho, que establece la Constitución española.
Sin embargo, desde el comienzo de esta legislatura, el Gobierno ha sometido al Poder Judicial a una permanente presión política, llegando incluso a descalificar actuaciones y decisiones judiciales y a justificar las realizadas por otros dirigentes políticos. "Tenebrosos", "inmovilistas", o "muertos vivientes" han sido calificativos vertidos por miembros del Gobierno contra jueces y magistrados.
En los últimos días, hemos visto cómo el Gobierno ha mantenido un injustificable silencio ante una iniciativa tan grave como la manifestación promovida por el Gobierno vasco contra los jueces, condenada sin paliativos por el Consejo General del Poder Judicial.
Por todo ello, se hace necesario reconocer que la independencia de los jueces y magistrados es una salvaguarda esencial del Estado de Derecho, condenando las coacciones a jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Interpelación urgente sobre los propósitos del Gobierno para garantizar la independencia de la Justicia y el respeto a las instituciones democráticas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2007.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
AUTOR: Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las iniciativas del Gobierno en la regulación de la eutanasia.
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento y, entendiendo que la creación de la Comisión no permanente a la que se alude en su parte dispositiva debería acordarse, en su caso, por el procedimiento reglamentario correspondiente, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente con número de expediente 172/000241.
En el debate fruto de una interpelación parlamentaria realizada el 22 de septiembre del 2004, se llegó a un acuerdo con los grupos parlamentarios PSOE, CIU, ERC, PNV, los cuales daban su apoyo a la Moción consensuada.
EI consistió en que, dado el veto que presentó el PP a la votación de una enmienda transaccional, se presentaría una proposición no de Ley firmada por todos los grupos mencionados, para su debate en Pleno, la cual presentaría el grupo mayoritario.
La proposición de Ley recogía, básicamente, el compromiso de que, a mitad de la legislatura, se constituiría una comisión no permanente de estudio sobre la disponibilidad de la propia vida.
Teniendo en cuenta que la proposición no de Ley no ha sido presentada hasta este momento, queremos manifestar las consideraciones siguientes:
- La necesidad de regular el derecho a morir dignamente se ha incrementado notablemente en la opinión pública de nuestro país. Las encuestas realizadas por el INJUVE, en la primavera del 2006, reflejan que a un 76% de jóvenes les parece correcto ayudar a morir a un enfermo incurable, frente a un 15%. En el año 2001 en una encuesta del CIS se recogía que el 72% de respuestas eran positivas cuando se preguntaba sobre esta realidad.
- El Comité consultivo de Bioética de Cataluña ha presentado, en el año 2005, un extenso documento con la participación de médicos, juristas y especialistas en bioética, en el que concluyen sobre la conveniencia de despenalizar la eutanasia y el suicido asistido en determinados supuestos.
Atendiendo también que el Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un Real Decreto por el que se regula el Registro Nacional de Instrucciones Previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo esta una fase imprescindible para garantizar el respeto a la voluntad sobre los futuros cuidados médicos que cada individuo quiere manifestar con el fin de que se dé debido cumplimiento al respeto de su dignidad en el proceso de la muerte.
Entiende este grupo parlamentario que es imprescindible avanzar en el el debate político sobre las garantías y la protección que deberán tener las personas afectadas, las familias y los profesionales de la sanidad, en el cumplimiento de estas voluntades recogidas en las instrucciones previas, así como cuáles serán las normas, los mecanismos y los procedimientos para interpretar de manera rigurosa y objetiva estas voluntades.
Por estas consideraciones, por la urgente necesidad de proteger a los diferentes actores, persona afectada, familias y personal médico, que viven momentos de drama humano y con consecuencias emocionales y psicológicas importantes, y para facilitar el debate de una cuestión tan delicada, la cual debe hacerse a fondo y conociendo todos sus aspectos, pero, a la vez, no aplazando sistemáticamente las medidas que demandan amplios sectores sociales, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados acuerda que siguiendo el procedimiento reglamentario establecido en el artículo 53 se constituya, en el plazo más breve posible,
una comisión no permanente para el estudio de la implantación, desarrollo, y normas que deberán legislarse para la correcta protección de todas las personas y sectores afectados en el desarrollo y cumplimiento del Registro Nacional de Instrucciones Previas. Esta comisión tendrá también como finalidad abrir un cauce de diálogo en el ámbito parlamentario para debatir los contenidos que pueda ser necesario legislar para garantizar el derecho a la plena dignidad en el proceso de la muerte.
En el seno de dicha comisión se articulará una participación transversal de todos los ámbitos que puedan aportar aspectos determinantes para profundizar en el conocimiento de todas las cuestiones derivadas o circundantes al ejercicio de la disponibilidad de la propia vida y elevará al Pleno sus propuestas dentro del presente año legislativo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2007.-Carme García Suárez, Diputada.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Moción consecuencia de interpelación urgente relativa a la independencia de la Justicia y el respeto a las instituciones democráticas.
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así come publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente moción, consecuencia de interpelación urgente, relativa a la independencia de la Justicia y el respeto a las instituciones democráticas.
El respeto a la independencia judicial y a la separación de poderes son pilares fundamentales del Estado de Derecho que establece la Constitución española. Así resulta, por ejemplo, del artículo 117.1 de la Constitución, que establece que los jueces y magistrados son independientes y se encuentran sometidos únicamente al imperio de la Ley, así como del artículo 10.1, que proclama el respeto a la Ley como fundamento del orden político y de la paz social.
En clara vulneración de estos principios, desde los inicios de esta legislatura el Gobierno ha promovido una permanente campaña de desprestigio hacia los jueces y magistrados, ha dirigido insultos y descalificaciones a los miembros de la carrera judicial y ha emprendido operaciones que ellos mismos han denominado de "reequilibrio ideológico".
Esta deriva ha animado a otras instancias políticas a proceder con la misma virulencia, como se refleja en la declaración del Gobierno vasco del 27 de enero de 2007 y en la manifestación celebrada dos días después, convocada por las fuerzas políticas que comparten ese Gobierno.
El último capítulo de esta campaña de desprestigio ha venido como consecuencia de la recusación del Magistrado del Tribunal Constitucional Pablo Pérez Tremps. De modo indisimulado se están produciendo todo tipo de presiones para forzar la dimisión del citado Magistrado, con el objetivo último de alterar el normal funcionamiento institucional del máximo órgano constitucional.
Se hace necesario, pues, que, a través de una declaración solemne del máximo representante de la soberanía popular, que es el Parlamento, se proclame la confianza en la independencia del Poder Judicial y se ampare a todos los jueces y magistrados frente a los intentos de presión que vienen padeciendo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente
"EI Congreso de los Diputados:
Proclama que la independencia de los jueces y magistrados es una salvaguarda esencial del Estado de
Derecho, que garantiza la necesaria imparcialidad en la administración de justicia.
- Condena con la máxima rotundidad los intentos de coacción, hostigamiento o deslegitimación de jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
- Condena las presiones para forzar la dimisión de jueces o magistrados."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2007.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/090935
181/003049
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP)
Solicitud de que su pregunta sobre previsiones del Ministerio de Medio Ambiente acerca de llevar a cabo alguna actuación para aliviar el impacto de las restricciones asociadas a Kyoto en las centrales térmicas de carbón, se incluya en el orden del día de la siguiente sesión de la Comisión de Medio Ambiente como pregunta oral.
1. Tener por convertida la iniciativa en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladarla, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Medio Ambiente (nuevo núm. expte. 181/003049).
2. Comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a la señora Diputada preguntante, así como publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 459, de 3 de noviembre de 2006.
184/093702
181/003048
Solicitud de que su pregunta sobre motivo de la falta de respuesta del Gobierno a la petición de colaboración por parte del Alcalde de Oviedo para la rehabilitación del Teatro Campoamor que, entre otros eventos, acoge la entrega de los premios Príncipe de Asturias, se incluya en el orden del día de la siguiente sesión de la Comisión de Cultura como pregunta oral.
1. Tener por convertida la iniciativa en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladarla, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Cultura (nuevo núm. expte. 181/003048).
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 463, de 16 de noviembre de 2006.

References: artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 86
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 97
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 97
 artículo 180
 artículo 184
 Real Decreto 
 artículo 53
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 117
 artículo 10
 artículo 190
 artículo 190