Source: http://lapaznoapoyaalmas.blogspot.com/2008_07_16_archive.html
Timestamp: 2017-07-21 00:34:56+00:00

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La Paz no apoya al MAS: 16-jul-2008
estas alturas de la coyuntura, el común denominador de su desarrollo es la incertidumbre. En el caso del referéndum revocatorio, unos sostienen que el 10 de agosto aún está lejano y que todo puede pasar antes de esa fecha. Otros dicen que, pese a las tribulaciones, se llegará al día indicado y el ciudadano tendrá que expresar su decisión que, sabe, no resolverá nada y más bien profundizará las contradicciones existentes, agudizando el clima de violencia abierto en Bolivia desde hace tiempo.Hasta el agotamiento se ha insistido en que la convocatoria al referéndum revocatorio es inconsti- tucional. Si bien es cierto que la figura de la consulta, a través del voto ciudadano, está incorporada en el texto constitucional, la revocatoria no lo está de manera expresa. De ahí que la interpretación arbitraria de la norma superior por una inferior no puede llevar a nadie al reconocimiento de facto de esta forma de democracia directa no prevista constitucionalmente.El Gobierno y los senadores opositores han supuesto que el referéndum puede ser tratado de diferentes maneras y sin fundamento legal alguno, autoasignándose la facultad de ampliar los alcances del artículo 4 de la Carta Magna a gusto y sabor de sus necesidades coyunturales. Empero, ambos no tomaron en cuenta que la Constitución Política del Estado establece un límite expreso en cuando a la finalización del mandato de las primeras autoridades nacionales, departamentales o municipales, pues las causas que pueden ocasionar el alejamiento de sus cargos están debidamente legisladas. Entre ellas no está la revocación del mandato popular, por lo que lo hecho en el Congreso Nacional es un exceso que ha vulnerado la norma constitucional.Por otro lado, las evidencias cada vez más claras y contundentes del manejo discrecional del Padrón Electoral, con depuraciones inexplicables, la extensión de certificados de nacimiento a diestra y siniestra por autoridades gubernamentales que en complicidad vergonzante permiten la intromisión del Gobierno venezolano en la base de datos y la extensión de carnets de identidad de manera irregular y fraudulenta, denotan que el MAS y el Gobierno están dispuestos a lograr la ratificación presidencial y la revocatoria de los prefectos opositores a cualquier precio, así sea a través de un monumental fraude electoral que, salta a la vista, está en curso.Como el fraude es un mecanismo de ruptura de la norma que regula la relación de paz entre los ciudadanos, es previsible que la campaña por el referéndum revocatorio, a favor o en contra, tendrá un carácter de confrontación porque las reglas de juego estarán dadas en la calle o en el campo por el más fuerte y el más violento, mas no por la ley.Una eventual victoria o derrota de cualquiera de las autoridades sometidas a la revocatoria será puramente formal, porque estará desfigurada por la violencia y por la confrontación de interpretaciones de una ley desastrosamente redactada que impedirá un conclusión pacífica y cierta del evento convocado.El atrincheramiento preelectoral se reproducirá con inusitada fuerza en el momento postelectoral, pero no para afirmar posiciones democráticas que habrán sido agotadas con el referéndum sino más bien para afirmar posiciones antidemocráticas, en las que una fracción de la sociedad querrá imponerse a la otra por la fuerza. Esto generará más violencia y mayor división en el país. En suma, Bolivia habrá perdido.Si algo de prudencia les queda a nuestros gobernantes, harán caso a la exigencia de los bolivianos de suspender el referéndum revocatorio y, previa auditoría al Padrón Electoral, convocar a elecciones generales anticipadas, para reconfigurar el mosaico político nacional.*Germán Gutiérrez G.
Últimamente escucho a muchas personas expresar su confusión o decir que se encuentran frente a un dilema cuando piensan en qué decisión tomar para el 10 de agosto. Aparentemente esto se debe al sinnúmero de elementos políticos que han confluido en la coyuntura y, especialmente, en el debate para el referéndum revocatorio. Es así que algunos creen que decirle "no" a Evo Morales sería equivalente a decirle "sí" a Tuto Quiroga, Manfred Reyes y/o la autonomías. O tal vez decirle "no" a Morales sería como manifestar el deseo de volver a las "antiguas" prácticas políticas. Otros creen que el hecho de participar en el referéndum sería avalar una ilegalidad, y por ello, consideran la posibilidad de abstenerse o tal vez anular su voto. Algunos piensan que, a juzgar por las reglas injustas impuestas por el MAS y Podemos, lo que deberían hacer es votar "no" al MAS y anular su voto en la parte de la papeleta referida a las prefecturas. Pero veamos las cosas de manera más lógica. ¿La ley aprobada por los tontolones de Podemos es injusta e inconstitucional? Sí, pero ¿podemos hacer algo al respecto? ¿Exigir que se hagan los nombramientos del Tribunal Constitucional? esa es una buena opción, pero a estas alturas difícilmente los van a nombrar antes del 10 de agosto, porque además no les conviene, hablan mucho de legalidad pero en el fondo se sienten muy cómodos cometiendo delitos. ¿Evitar que se realice el referéndum por la fuerza? No, eso sería caer en las mismas actitudes antidemocráticas y fascistas del gobierno y sus grupos de choque. ¿No votar, votar blanco o votar nulo? Cada ciudadano tiene el derecho de hacerlo en cualquier elección, pero en el caso particular del referéndum de la alianza MAS-Podemos, no solucionamos nada, de todos modos el acto eleccionario se va a llevar adelante. Entonces la única opción que nos queda como ciudadanos es votar. ¿Que votando estamos avalando una ilegalidad? Es cierto, pero hay cientos de simpatizantes del MAS y de Podemos (si es que aun le quedan) que van a avalar las trampas y cochinadas de sus partidos, y que van a estar chochos de la felicidad si nosotros decidimos no votar en repudio a sus triquiñuelas. Entonces, una vez más, tenemos que olvidar lo que quisiéramos, o lo que debería ser, y tomar decisiones en base a lo que es, y hacer lo que podemos hacer que, creo yo, es votar en esa porquería de referéndum. En cuanto a las otras disyuntivas, las preguntas del referéndum se refieren solamente a la continuidad o no de las gestiones de ciertos funcionarios públicos, así de simple, los ciudadanos que estén conformes y de acuerdo con el desempeño y la visión del Presidente, votarán porque se quede, y si están de acuerdo con el desempeño y la visión del Prefecto, también le pondrán un "sí". Y voy a poner un ejemplo claro: El ciudadano Jorge Lizandro Coca Olmos, que tanto ha criticado la gestión de Evo Morales, que se ha cansado de decirle al Presidente que no haga las cosas tan mal, que ya está harto de tanta insensatez, de tanta mentira, de todo el discursito llorón y confrontacional del racismo, de la pésima administración económica, de la desastrosa política exterior, de las ilegalidades e inconstitucionalidades, del cinismo de García Linera, y de otras tantas barbaridades, va a votar porque Evo Morales y todos sus compinches se vayan. ¿Eso quiere decir que Lizandro Coca le dice "sí" a Tuto? ¡Claro que no! Seguro habrá alguna otra oportunidad para mostrarle a los mentecatos de Podemos que son iguales o peores que los del MAS, con ellos nos las veremos en elecciones municipales o prefecturales, y entonces pagarán el precio por ser los mismos politiqueros de siempre. Mi voto por el "no" a Evo Morales no implica apoyo a nadie en específico, lo que significa es que creo que merecemos y somos capaces de generar y de tener algo mejor, mejor que lo que había antes de Evo y mejor que Evo ¿o somos tan ineptos como para estar condenados a tener mediocres en el gobierno? Yo creo que no. En cuanto a la autonomía, soy autonomista con o sin referéndum revocatorio, y seguro que hay gente que puede votarle "no" al Presidente pero también estar en contra de las autonomías, eso no tiene ninguna relación. Autonomía es algo que se verá si es que algún día dejan de pelearse por miserias en el Comité Interinstitucional y ponen en marcha el referéndum autonómico de Cochabamba. ¿Decirle sí a Manfred? Le voy a decir que "sí", pero no porque le diga "no" a Evo Morales, sino porque la segunda parte de la papeleta me pregunta si estoy de acuerdo con la gestión del Prefecto y yo sigo pensando que Reyes Villa es uno de los mejores en lograr gestión pública eficiente. Para mí la cosa es así de simple.Fuente:http://www.lostiempos.com/noticias/16-07-08/16_07_08_pv6.php
Una carta del fiscal general de la República, Mario Uribe, dirigida al presidente del Senado, Óscar Ortiz, en la que se observaba la conformación de la Comisión Especial para investigar el atentado contra un medio de comunicación en Yacuiba, sirvió como excusa al Gobierno para retirar su ofrecimiento de enviar a los jefes militares a declarar ante esa instancia parlamentaria.Por la mañana se conoció la misiva del fiscal Uribe en la que señala que el Ministerio Público ya tiene una investigación en curso sobre esos hechos y, por tanto, considera que el Parlamento no tiene facultades para erigirse en cabeza de Ministerio Público en esta investigación. Uribe le recuerda a los miembros de esa comisión que ‘deben enmarcarse en la ley’.En la tarde, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, ofreció una conferencia de prensa y expuso los mismos argumentos que tiene el fiscal general para suspender la presencia del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Luis Trigo, que debía prestar declaraciones hoy a las 10:00 en el Senado.La misiva remitida a Ortiz señala: "El artículo 12 de la ley Orgánica del Ministerio Publico señala entre las funciones de las comisiones legislativas, la de ejercer funciones de Ministerio Público en la investigación de asuntos de interés nacional que se le encomiende por resolución camaral, siempre que los hechos no se encuentren ya sometidos a la jurisdicción ordinaria".El ministro de Defensa afirmó que la ‘comisión especial’ conformada el 25 de junio “carece de legalidad por ser contraria a las normas constitucionales”.San Miguel afirmó que el comandante en jefe es el único portavoz para asistir a cualquier convocatoria y negó la posibilidad de que tanto Trigo como alguno de los jefes militares se presente ante esta comisión.El ministro añadió que el fiscal Diego Choque también envió un cuestionario sobre los hechos y que la carta fue remitida al comando para que sea respondida por esa autoridad.De igual modo, informó de que el sumario informativo contra el subteniente Georges Nava Zurita concluyó y que el mismo será entregado por el general Freddy Mackay.Según el ministro de Defensa, el principal acusado del atentado en Yacuiba fue pasado a la letra E de disponibilidad para que enfrente su juicio en la justicia ordinaria.A pesar de esas afirmaciones, los senadores que conforman esta comisión recordaron que existe una convocatoria pública y con carta expresa, además que en la tercera invitación se puede mandar a detener a los que se resistan a declarar.El senador Wálter Guiteras aseguró que, como cabeza del Ministerio Público, continuarán con sus investigaciones y, llegado el caso, también pueden convocar al fiscal Uribe para que justifique sus declaraciones. “Tenemos el respaldo jurídico, además la tipificación del delito no es igual. Vamos a seguir investigando”, agregó.Georges Nava pidió testificar ante el fiscalDe acuerdo con el abogado de Georges Nava, Abraham Quiroga, el militar está dispuesto a declarar y de esta manera demostrar que existe la predisposición de coadyuvar en la investigación del caso. Esa intensión será utilizada como estrategia durante la audiencia cautelar de cesación de la detención y así lograr que su cliente se defienda en libertad. También se sabe que el otro abogado de Nava, Marco Antonio Medina, pidió la recusación del juez Pablo Zelaya y que el caso sea llevado por un Tribunal de Sentencia, pero el fiscal Choque dijo que no procede esa petición.Ayer, mientras declaraban ante el representante del Ministerio Público, Eliseo Flores Paco y Elías Yapura Cazón, dos personas vigilaban constantemente la audiencia y trataban de seguir el trabajo de los periodistas. Al parecer, uno es agente de Inteligencia, pues su actitud fue extraña en relación a las otras personas que habían en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.Para hoy está prevista la ampliación de las declaraciones de Rolando Barrientos Ortega y Juan Peñaranda Estrada.Diez sindicados piden salir en libertadPor segunda vez, diez de los doce detenidos por el atentado en Yacuiba, perpetrado el pasado 21 de junio, intentarán salir en libertad. El abogado Abraham Quiroga pidió la cesación de la detención, por lo que el juez Pablo Zelaya fijó la audiencia para mañana a las 8:30. También intentará incluir en la audiencia al subteniente Georges Peter Nava Zurita y a Rolando Enriquez Cuéllar, que no están incluidos en esa petición. Ayer por la tarde, algunos de los presuntos implicados en el atentado dijeron que no tienen nada que ver con el hecho terrorista y sólo fueron a Yacuiba para apoyar el bloqueo contra el referéndum por el Estatuto Autonómico. Esa misma versión fue reiterada anoche durante la audiencia de ampliación de las declaraciones que se lleva a cabo desde el lunes pasado y que concluirá el viernes, posiblemente, con el testimonio del subteniente Nava y de Enríquez.Por su parte, el comandante de la Policía de Yacuiba, coronel Édgar Iñiguez, aseguró que recibió amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas a su celular. Dijo que lo acusan de estar vinculado a los dirigentes políticos de la 'media luna'. Por otro lado, el médico forense Wálter Flores dijo que ninguno presenta lesiones graves ni leves, por lo que se descarta que haya habido maltrato físico, tal como lo denunciaron familiares.Fuente:http://www.eldeber.com.bo/vernotaahora.php?id=080716000325
Cuatro multinacionales demandan al estado boliviano por 925 millones de dólares
El Gobierno de Bolivia asumió su defensa en cuatro demandas arbitrales, por un total de 925 millones de dólares (algo más de 521 millones de euros), presentadas por empresas internacionales afectadas por el proceso de nacionalización que lleva a cabo el presidente Evo Morales, informó ayer en La Paz el ministro sin cartera responsable de la defensa legal de las recuperaciones estatales, Héctor Arce. La demanda más importante corresponde a la firma Ashmore Energy Internacional (AEI), que solicitó el arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo en su reclamación por la confiscación del 25% de acciones en la compañía de transporte de hidrocarburos Transredes, que pasaron al Estado el pasado 2 de junio. De acuerdo con el informe, la demanda asciende a 500 millones de dólares. La AEI ya apeló al tratado entre Bolivia y la Unión de Bélgica y Luxemburgo sobre protección mutua, y en su caso indemnización, de inversiones expropiadas o nacionalizadas. La italiana EuroTelecom Internacional (ETI) recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), institución de la que Bolivia se ha retirado. El Gobierno de La Paz decidió en mayo la nacionalización de las acciones italianas en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel). La ETI reclama a Bolivia 350 millones de dólares, y ha visto cómo el Gobierno recuperó alrededor de 40 millones de dólares de una cuenta en Gran Bretaña que había quedado congelada por disposición de los italianos. El Ejecutivo boliviano espera alcanzar acuerdos con la suiza Glencore, que administraba la fundición de metales de Vinto y que fue incluida en el proceso de nacionalización de Morales, y con las firmas Graña y Montero de Perú, además de la alemana Oil Tanking GMBH, cuyas acciones fueron confiscadas en la nacionalización de la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB).Fuente:http://www.elmundo.com.bo/Secundarianew.asp?edicion=16/07/2008&Tipo=Nacional&Cod=7929
A medida que pasa el tiempo y se acorta el plazo para que la ciudadanía asista una vez más a las urnas, crece la incertidumbre ante la serie de factores adversos que muestran una total desconfianza en los organismos encargados del desarrollo de la difícil como delicada tarea de garantizar la voluntad popular que será expresada en el voto popular.Es sumamente controversial la situación de políticos, dirigentes cívicos y de los sindicalistas, como también de la ciudadanía en todos los casos polarizada por efecto de las contradicciones pero además profundizada por la serie de hechos que cual avalancha están a punto de sepultar la instancia del voto.Las denuncias sobre el indiscriminado manejo de las Fuerzas Armadas de la Nación de cuyo organismo algunos de sus elementos de baja graduación han sido detectados en tareas terroristas, les han sido incautadas cierto tipo de armas, archivos computarizados con una serie de datos de posibles actos de convulsión, han salpicado la imagen del Gobierno, aunque algunos ministros comprometidos en esas actividades se han dado a la tarea de atacar para limpiar su imagen pero sin aclarar plenamente su situación.No se limpia un escándalo y ya surge otro como el de la doble carnetización, con un trabajo que altera el padrón electoral y con denuncias muy formales sobre alteración de miles de cédulas de identidad. Se atribuye el hecho a una intervención directa del Gobierno venezolano que financió esa tarea pero que además estaría vulnerando la seguridad nacional y de cada persona al haber penetrado de manera ilegal en los registros reservados de identificación.Hay un acuerdo implícito entre las bancadas del oficialismo y la oposición que dio como resultado la aprobación de la Ley del Referéndum Revocatorio, con un conjunto de reglas que otorgan una abierta ventaja a la permanencia de los gobernantes y casi con seguridad liquidan a los prefectos de la media luna y algunos más, de estos últimos algunos oficialistas que ya han perdido la confianza ciudadana.La cadena de irregularidades tiene otro eslabón muy serio y es el que está relacionado con el uso de recursos económicos así como de los medios de comunicación del Estado en una gigante campaña mediática que por supuesto no podrá ser mínimamente igualada por los candidatos opositores.Hay un conjunto de hechos adversos que sumados generan grandes dudas entre la ciudadanía, confundida, agredida, menospreciada y amenazada por circunstanciales seguidores políticos del oficialismo que cada día que pasa se tornan más violentos y peligrosos.Toda ésta serie de elementos hacen pensar en la importancia del Referéndum y es coincidente en un alto nivel ciudadano la opinión común que pone en duda el verdadero objetivo de la consulta popular, sabiendo que los resultados de la misma no solucionarán en absoluto los problemas de la crisis económica nacional y menos aún logrará unificar los ideales bolivianos de libertad y justicia.Fuente:http://lapatriaenlinea.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3833&Itemid=33
La Carnetización gratuita viola un decreto de Evo al obviar el Registro Civil
El programa de carnetización gratuita “Existo yo, existe Bolivia” incumplió el decreto de su creación al no usar la base de datos del Registro Civil, según una denuncia presentada por dos diputados de Podemos ante la Fiscalía de Cochabamba. Un ejecutivo del proyecto respondió que se pidió el acceso a esa información, pero al no obtener respuesta, se acordó con la Policía usar el certificado de nacimiento original como requisito para otorgar el carnet. Este proyecto gubernamental fue creado el 6 de marzo de 2006 con el propósito de coadyuvar a la Dirección de Identificación Personal de la Policía en las tareas de carnetización en lugares alejados, con un fin social y de forma gratuita. Hasta junio de este año, logró entregar 385.083 cédulas, de las cuales el 67 por ciento fue otorgado a niños y jóvenes. La diputada de Podemos Ninoska Lazarte impulsó la obtención de cédulas falsas en el Chapare como una forma de mostrar la vulnerabilidad del programa de carnetización. En respuesta, ese proyecto le inició una querella por uso de instrumento falsificado y aclaró que los documentos denunciados no corresponden a su competencia. Sin embargo, el 14 de julio, Lazarte, junto con el diputado de Podemos Edwin Jiménez, presentó una denuncia penal contra el programa por no cumplir dos artículos del Decreto 28626, del 6 de marzo de 2006. Esta disposición, en su artículo 8, señala que “la base de datos del Registro Civil debe ser la fuente de información para el proceso de entrega de cédulas de identidad y de inscripción en el registro electoral. Los sistemas informáticos utilizados por el Registro Civil e Identificación Nacional deben estar integrados para compartir la información y complementarla”. Los denunciantes dijeron que las autoridades tienen el “deber de trabajar sobre dicha base de datos” para garantizar la verdad de los informes contenidos en las cédulas que el programa otorga. El artículo 9 establece que “la emisión de la cédula de identidad se efectuará con la sola verificación de la base de datos del Registro Civil, sin necesidad de la presentación física del certificado de nacimiento”. Según los parlamentarios, el programa de carnetización, mediante el ex director Percy Paredes, admitió, en un informe escrito sin fecha a la Cámara de Diputados, que no accedió a la base de datos del Registro Civil (como dispone el decreto) por falta de colaboración de la Corte Nacional Electoral. Frente a ello, el proyecto usó antenas satelitales móviles “para acceder a la mencionada base de datos”. Lazarte y Jiménez dicen que se cometieron los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y complicidad en falsedad ideológica. Consultado sobre esta denuncia, el director del proyecto, Miguel Albarracín, respondió que usan la “base de datos del padrón de la Corte (Nacional Electoral) y la base de datos del programa de carnetización”. ¿Pero el decreto acaso no dice que deben utilizar la base de datos del Registro Civil?, consultó La Prensa, y la autoridad explicó que “el artículo indica que tenemos que basarnos en la Corte Nacional Electoral, pero en todo caso, al no tener acceso a la base de datos del Registro Civil, más propiamente, es que se ha definido, junto con la Policía, el uso y la solicitud del certificado de nacimiento”. ¿Por qué no se accede a los datos del Registro Civil?, insistió este diario, y Albarracín respondió que “nosotros hemos solicitado este año tener acceso (a esos informes), pero evidentemente dependía de la firma del convenio por parte de la Corte, ése es el tema principal, pero no ha sido ni negligencia, ni mala fe, ni tampoco se ha sobrepasado el artículo 9 del decreto”. El Director agregó que las cédulas se entregan previa presentación del certificado de nacimiento original, requisito establecido en las normas de la Policía. “Nunca se entrega una cédula de identidad sin el certificado de nacimiento”. Agregó que lo ideal hubiese sido acceder a la base de datos del Registro Civil y tener una buena relación con la Corte para obtener su información, pero “frente a esa realidad, hemos aplicado normas que también están vigentes. No hemos sobrepasado ni hemos omitido (el decreto)”, dijo la autoridad, y calificó de mentirosas las denuncias de los podemistas. Jóvenes civiles trabajan en sistemas informáticos Jóvenes egresados, estudiantes de Informática y de Derecho y algunos profesionales desempeñan actividades en las oficinas de desarrollo de sistemas, soporte técnico, base de datos y redes del programa de carnetización gratuita. En sus oficinas, ubicadas en la zona de Irpavi de La Paz, no se observó ayer a ningún policía, excepto el guardia de seguridad. Tanto el director del programa, Miguel Albarracín, como el jefe de área, Jorge Loza, coincidieron en que en esas dependencias se realiza un trabajo más técnico. “No se está trabajando de espaldas a la Policía”, dijo Albarracín. En total, el programa cuenta con 91 transcriptores: 46 policías y 45 funcionarios. Respecto de la forma de contratación de los jóvenes, Loza informó que se lanzan convocatorias públicas e internas y que se trabaja con transparencia. Albarracín negó que haya un criterio partidario al escoger a los trabajadores, aunque aclaró que se busca que éstos tengan “un alto compromiso social”.Fuente:http://www.laprensa.com.bo/noticias/16-07-08/16_07_08_segu1.php
Referéndum revocatorio agudiza confrontaciones entre bolivianos
Presidente de la Cámara de Comercio, Fernando DehneEl referéndum revocatorio del mandato del presidente y los prefectos de los nueve departamentos agudiza las confrontaciones entre los sectores antagónicos, dañando la democracia de nuestro país, aseveró el presidente de la Cámara de Comercio de Oruro, Fernando Dehne.Señaló que las dos partes en conflicto, oficialismo y oposición, provocan una crisis insostenible que repercute en las actividades económicas y en la vida cotidiana de la nación.“La actitud irresponsable del gobierno provoca actitudes de rechazo y esa confrontación debería levantarse de una vez, para que se reúnan y vean que se necesita diálogo ante todo, para mejorar la actual situación en la que nos encontramos, como empresarios privados no queremos más enfrentamientos en el país y no estamos en la posibilidad de apoyar a uno o a otro”, afirmó.Manifestó que la tozudez del gobierno para aprobar una Constitución mal hecha, fue la causa para los enfrentamientos.“La aprobación de los estatutos autonómicos precisamente surge como reacción a las constantes actitudes que tiene el gobierno, nosotros como empresarios y como parte de la sociedad hemos determinado que lo más importante para Oruro es la autonomía, pero una autonomía responsable y que lleve al departamento y a nuestra región al desarrollo y al manejo de nuestros recursos”, aseveró.Indicó que la situación álgida que vive no se empeore, ya que el referéndum revocatorio no demuestra soluciones, debido a que los intereses políticos del gobierno son distintos a los del pueblo.“El manejo de dinero que realiza el gobierno para su campaña política nunca antes se lo había visto, lo que nos lleva a pensar cuál es la situación de irresponsabilidad con la que nos maneja el gobierno, la misma gente ya se ha dado cuenta cómo el gobierno se maneja”, afirmó Dehne. Fuente:http://lapatriaenlinea.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=19&Itemid=32

References: artículo 4
 artículo 12
 resolución 
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 9