Source: https://www.forojudicialindependiente.es/2009/04/17/informe-modulos-audiencias-provinciales-penales/
Timestamp: 2019-10-17 16:46:50+00:00

Document:
Foro Judicial Independiente – Informe módulos Audiencias Provinciales PenalesXXX
Informe módulos Audiencias Provinciales Penales
Informe que emite la asociación de jueces y magistrados
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE,
como alegaciones al
«Estudio de la medición de la carga de trabajo de las Audiencias Provinciales, Sección Penal».
Sobre los Principios básicos del sistema.
Jornada neta anual fijada en 1404 horas
De la “finalidad” y “metodología” del Estudio realizado por el Servicio de Inspección
Sobre la baremación de los procedimientos
1. De la valoración en general de los distintos procesos
1.1. El supuesto soporte del subjetivismo de la valoración
1.2. Trabajo con los jueces y magistrados asesores externos
1.3. Proporción o «media» con asuntos que no terminan por sentencia
2. Las concretas puntuaciones de los procedimientos
2.1. Los parámetros de dedicación
2.2. El cronograma: ¿Qué cronograma?
2.3. Faltan definiciones
3. Baremación de las audiencias provinciales, secc penal
Sobre los Principios básicos del sistema
El estudio realizado por el servicio de inspección, parte de una premisa inaceptable, por inexacta: Fija la jornada anual neta del juez o magistrado en 1.404 horas. El cómputo no se ha hecho adecuadamente por el Servicio de Inspección, y así tenemos:
La duración máxima de la jornada de trabajo en la Administración de Justicia será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1625 horas anuales. A tal fin, el Servicio de Inspección ha tenido en cuenta la Resolución de 15 de julio de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo ,en cómputo anual ,y las de las jornadas en régimen de dedicación especial para el personal al servicio de la Administración de Justicia.
1. De dicha duración deberán descontarse:
1.a) 14 días festivos anuales x 7’5 horas/día = 105 horas.
2 días (24 y 31 de diciembre) x 7’5 horas/día = 15 horas.
Justificación: El artículo 182 de la LOPJ declara inhábiles a efectos procesales los días de fiesta nacional, los festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autónoma y localidad, así como los días 24 y 31 de diciembre.
1.b) 18 días de asuntos propios x 7’5 horas/día = 135 horas.
Justificación: El artículo 373.4 de la LOPJ prevé que los jueces y magistrados puedan disfrutar de 6 permisos en el año natural, de 3 días cada uno de ellos.
1.c) “Pausa diaria” de 30 minutos x 5 días (semana) x 47 semanas (año) = 117’5 horas.
Deducciones: 18 días de asuntos propios + 14 días festivos + 24 y 31 de diciembre = 34 días x 30 minutos = 17 horas.
TOTAL: 100 ,5horas.
Justificación: La disposición tercera, apartado 4, de la Resolución de 5 de diciembre de 1996 (RCL 19963051), (Instrucciones sobre jornada y horarios de los funcionarios de la Administración de Justicia), determina que «Se podrá disfrutar de una pausa diaria en la jornada de trabajo por un período de treinta minutos, computable como trabajo efectivo». La Resolución de 5/12/1996 solo fue derogada por la Resolución de 15 de julio de 2005 (RCL 20051670) en cuanto se opusiere a esta última Resolución. Y, en materia de pausa diaria no hay oposición alguna entre una y otra Resolución.
1.d) Jornada de verano (16 junio a 15 septiembre). Reducción de 5 horas semanales x 10 semanas = 55 horas.
Justificación: Durante el período comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, la jornada laboral se reduce en 5 horas semanales (32’5 horas/semanales) para funcionarios y Secretarios judiciales (disposición 8.ª de la Resolución de 17/07/2005). Se trata de medir la carga de trabajo que razonablemente puede asumir un órgano judicial y, por ende, habrá de tenerse en consideración la jornada reducida del personal del juzgado que, durante ese tiempo de ausencia, no podrá colaborar en absoluto en la tramitación de los asuntos.
Aunque la totalidad del período de jornada reducida de verano abarca 12 semanas (2 de junio, 4 de julio, 4 de agosto y 2 de septiembre), hemos considerado proporcionado tomar solo en consideración 10 semanas porque los jueces y magistrados disfrutan sus vacaciones mayoritariamente en el mes de agosto (julio o septiembre, en otro caso), pero no absolutamente todos lo pueden hacer precisamente en esas mensualidades. Entre las 12 semanas del período total y las 8 semanas que corresponderían excluyendo el mes de agosto, hemos optado por el cómputo prudencial de 10 semanas.
1.e) En algunas comunidades autónomas el horario de los funcionarios es de 35 horas semanales. Así se fija, por ejemplo, en Madrid, en Andalucía, por el artículo 4.2 de de la Orden de 31/10/2007 (Consejería de Justicia y Administración Pública) (BOJA 221/ 2007, de 9 de noviembre; rect. BOJA 240/2007, de 7 de diciembre [LAN2007489]).
En Semana Santa y Pascua también se fija jornada de horario reducido en las comunidades autónomas. Por ejemplo, la Resolución de 1 de abril de 2009, del Director General de Justicia y Menor (Comunidad Valenciana), acuerda que los días 14, 15, 16 y 17 de abril (de este año 2009) se reduce la jornada laboral, de obligado cumplimiento, a 5 horas diarias.
Además, durante las fiestas patronales de prácticamente todas las grandes ciudades, pequeñas capitales de provincias e incluso pueblos (Madrid, Sevilla, Tenerife, Zaragoza, León, por citar algunos casos conocidos), las correspondientes Consejerías de Justicia fijan una reducción de jornada de una hora diaria (o más) a los funcionarios. Todo ello debería tenerse igualmente presente para la determinación de la jornada anual neta, descontándose del cómputo hecho por el Servicio de Inspección.
Tampoco se han tenido en consideración los días adicionales de permiso o vacaciones según el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril), o sobre conciliación de la vida laboral y familiar… etc. Por otra parte, habrían de tenerse en cuenta contingencias comunes, como son las enfermedades, intervenciones quirúrgicas, embarazos, tomas de posesión en cambios de destinos, así como otras contingencias que pudieran presentarse; y, en general, otros permisos y licencias susceptibles de concederse (véanse precedentes jurisprudenciales al respecto; vg., STS [Sala 3ª, Sección 7ª] de 18/04/2008 [RJ 20082461]). y otras anteriores y posteriores
Todo este conjunto de eventualidades y/o circunstancias, no pueden ignorarse por completo. Por contra, entendemos que deben tenerse también presentes para la determinación de la jornada anual neta, descontándose del cálculo que se contiene en el Estudio sometido a consideración. A nuestro criterio, ese descuento no puede ser inferior, prudencialmente, al 10% de la jornada máxima (1.625 X 10% = 162’5 horas).
1.f) Asistencia a cursos, estudio y formación por medios propios. Incongruentemente, el Servicio de Inspección señala que debe restarse por estos conceptos un 10% de la jornada máxima en cómputo anual (equivalente a 1625 horas anuales) y, sin embargo, se limita a restar 153 horas, cuando el 10% de 1625 horas son 163 horas.
Los conceptos que el propio informe señala como comprensivos de esa reducción son exclusivamente tres, en una lista cerrada: asistencia a cursos, estudio y formación por medios propios (pág. 5 del Estudio).
Hay otros conceptos que no han sido tenidos en consideración: tiempo dedicado a la atención de los profesionales (abogados, procuradores) y a la de los propios justiciables, lectura de correos profesionales (ordinario y electrónico), BOE y sentencias novedosas.
El tiempo invertido en todas estas actividades (las señaladas por el Estudio más las añadidas en este Informe), no deben computarse en menos del 15% de la jornada máxima de cómputo anual (equivalente a 1625 horas); es decir, 244 horas.
Horas brutas Horas de descuento Jornada anual NETA
Trabajo efectivo cómputo anual 1.625
Festivos, más 24 y 31 de diciembre 120
Días asuntos propios 135
Pausa diaria 100,5
Jornada de verano 55
Eventualidades y/o circunstancias del apartado 1.e) 162’5
Formación, atención público, examen de BOE, correo… 244
TOTALES 1.625 816’5 808 horas
Desde la asociación Foro Judicial Independiente, pensamos que la finalidad de estos módulos no es, ni mucho menos, la de «ajustar la carga de trabajo a unos niveles razonables que permitan, tanto el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, como la conciliación de la vida laboral y familiar» (como pomposamente se dice en la Introducción del Estudio). Tampoco damos crédito a la metodología que se dice empleada para fijar la medición de la carga de trabajo ―que desde este mismo momentos solicitamos que se tome por el CGPJ como carga MÁXIMA RAZONABLE (resaltamos el término “máxima”) ―.
La baremación que se ha hecho «persigue», a nuestro juicio, dar carta de naturaleza a las insuficiencias estructurales del sistema, ocultándolas de forma eufemística, bajo el expediente de presumir «normal» y de convertir en «ordinario» lo que han sido «rendimientos» extraordinarios de jueces y magistrados.
a) El planteamiento del Servicio de Inspección es similar, en su finalidad, a la enmienda 631 del Grupo Socialista para modificar la LOPJ en el año 2006:
Congreso 8 de junio de 2006. Serie A. Núm. 69-15
ENMIENDA NÚM. 631
FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
De modificación al artículo octavo la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Se añade un nuevo apartado, con la numeración que corresponda, para introducir tres nuevos párrafos en el apartado 4 del artículo 403, que pasa a tener la siguiente redacción:
«4. Las retribuciones variables por objetivos estarán vinculadas al rendimiento individual acreditado por cada juez o magistrado en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales y profesionales.
Todos los jueces y magistrados estarán obligados a alcanzar un objetivo normalizado, que no podrá ser inferior al rendimiento medio de los órganos unipersonales o, en su caso, colegiados en los que se integre, correspondiente a los cinco años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de la presente ley, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
El Consejo General del Poder Judicial podrá determinar por vía reglamentaria los factores de corrección que puedan incidir individualmente en la consecución del objetivo antedicho, previo informe favorable del Ministerio de Justicia.
Si estas correcciones tuviesen repercusión presupuestaria, se requerirá informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.»
Lo que no se pudo introducir por aquella enmienda en sede parlamentaria ―entre otras razones, por la oposición frontal de todas la asociaciones judiciales― se pretende ahora implantar, bajo pretexto de estudio de medición de carga de trabajo, dentro del programa de modernización que preconiza el actual CGPJ.
b) Los jueces hemos vivido engañados y hemos sido utilizados, durante los pasados años.
Se nos dijo que la superación de los módulos era un esfuerzo al que debíamos colaborar, que era coyuntural. Una gran mayoría de la carrera judicial optó por trabajar a destajo por muy variadas razones, sacrificándose —estoicamente y por una miserable compensación económica— para suplir esas carencias estructurales. Y ahora se opta por hacer unas previsiones excesivas―por elevadas, en todos los ordenes jurisdiccionales, para evitar crear las unidades judiciales realmente necesarias; previsiones que se han basado en la productividad de los jueces en el año 2007, como si hubiéramos trabajado durante esa anualidad tan solo 37’5 horas semanales brutas.
Pues no. Precisamente en esa anualidad es en la que se hicieron los mayores esfuerzos por la carrera judicial, con horarios infrahumanos de más de 10 y 12 horas diarias, trabajando sábados y domingos, pidiendo días de asuntos propios para dictar sentencias, etc., etc. Ese sobreesfuerzo se agradece ahora convirtiéndolo en la «norma». Es inaceptable, máxime si se tiene en cuenta que, según los datos que se han obtenido, un alto porcentaje de magistrados y jueces superó durante el año 2007 el módulo establecido (41’05% durante el primer semestre y 38’23% el segundo semestre), con arreglo a la legalidad vigente, véase ley de retribuciones, en una opción legítima y legal. Ahora se promedia ese alto porcentaje para obtener la mediana estadística.
La metodología seguida ha sido la de ir ajustando los números a un resultado prefijado: MEDIANA ESTADISTICA del año 2007, ajustado a la conveniencia, no de superar la carga irrazonable de trabajo que pesa sobre los órganos judiciales, sino de aminorar de cara a la galería el número de unidades judiciales verdaderamente necesarias.
Buena prueba de ello es que, en la memoria de los letrados de la Inspección del grupo de trabajo para todos los órdenes jurisdiccionales, en el memorándum del 9/02/2009 se partía de un total de 1.672 horas anuales para llegar, con los descuentos, a 1.404 horas netas. Tras darse cuenta la Inspección de que el total de horas anuales era menor, 1.625 horas (Resolución de 15 de julio de 2005), el número de horas netas, sin embargo, se ha mantenido en las mismas 1.404 horas anuales. ¿Cómo? Muy fácil: las reducciones que antes (el 9/02/2009) estaban perfectamente justificadas para el Servicio de Inspección, ahora se reducen para ajustar el resultado final. En concreto:
Horas totales/año Reducciones totales Horas netas/año
Memoria de 9/02/2009 1.672 268 horas 1.404
Estudio de marzo 2009 1.625 220’5 horas 1.404’5
No existe ninguna razón objetiva para que en febrero se tenga por correcto reducir un total de 268 horas al año y un mes después, la reducción quede disminuida a 220’5 horas. La única razón es que el resultado final tenía que encajar fuera como fuese.
Llama también poderosamente la atención que, habiéndose encargado por el CGPJ un costoso informe (varios cientos de miles de euros) a una empresa externa y profesional (“Steria Norman & Broders”), sobre valoración del desempeño de jueces y magistrados, fechado en febrero de 2004, no se haya tenido en absoluto en consideración. Quizás se deba a que se ajustaban demasiado a la realidad, en vez de a los criterios estajanovistas que ahora nos presentan.
Donde el Estudio se antoja más censurable, a nuestro entender, es en la baremación por clases de asuntos y materias, que actúa —según se dice— como verdadero soporte del sistema. Se reconoce en el Estudio la gran carga subjetiva que comporta esta valoración y, seguidamente, para justificar el resultado, se afirma que se trata de “subjetivismo debidamente sustentado en el conocimiento directo de la labor y experiencia profesional”. De nuevo hemos de poner en cuestión estas afirmaciones del Servicio de Inspección. Vemos por qué razón.
Según el Servicio de Inspección, el supuesto “sustento” de la valoración hecha en su Estudio radica en «haber recurrido a asesores externos, intentando que resultaran representadas la máxima variedad de situaciones en función de cada tipo de órgano». La supuesta colaboración de estos asesores externos se explica en el Estudio del siguiente modo:
Haber enviado a estos asesores externos un cuestionario en el que se sometían a su consideración múltiples aspectos de interés para la baremación.
Se les solicitó una valoración porcentual de la mayor parte de las categorías de procedimientos que tienen entrada en el órgano, lo que se combinó con la cumplimentación de un cronograma, cuya finalidad era conocer su opinión sobre la distribución de la jornada de trabajo semanal entre cada una de las tareas cotidianas que realiza un Juez o Magistrado.
Finalmente «… reunido el grupo de trabajo con los asesores, se hizo una puesta en común de los cuestionarios cumplimentados, contrastando y analizando sus diferencias de criterio y las explicaciones dadas por cada uno. Para realizar una comparación lo más coherente posible se partió de un procedimiento estándar que pudiera servir de referencia para la medición de la carga de los demás asuntos. Primero se obtuvo una ponderación comparativa de todas las clases de asuntos (en abstracto, de 0 a 100) y después, para disponer de una escala de conversión a unidades de tiempo de los valores resultantes, se elaboró un cronograma del procedimiento estándar consistente en la medición temporal de cada una de las fases o etapas procesales que conforman su trámite, pero siempre de trabajo efectivo, lo que diferencia esta forma de cálculo de la propia de los tiempos de respuesta. Se procuró el acercamiento a duraciones promediadas, que pudieran dar cabida a las situaciones más comunes y, a la vez, compensar entre sí las extremas y descartar las anecdóticas …».
Añadiéndose que «… asimismo, se han tenido en cuenta para fijar las puntuaciones la proporción de asuntos que no terminan por sentencia, para obtener una media que refleje lo más fielmente posible la carga de trabajo del juzgador, por lo que la puntuación no pretende valorar el tiempo de dedicación de éste a un asunto concreto, sino el promedio que resulta de computar, dentro de la clase puntuada, aquellos asuntos que se sobreseen, son desistidos, etc., junto con los que efectivamente llegan a ser conocidos por el Juez o Magistrado en toda su extensión, incluyendo vistas, atención a profesionales y a los justiciables y resoluciones …».
En el caso de todos los órdenes jurisdiccionales, unipersonales y colegiados, la supuesta puesta en común y acercamiento del trabajo de la Inspección con los magistrados, ha sido una falacia. Los módulos que ahora se nos presentan nada tienen que ver con los que se habían consensuado con los magistrados asesores externos de los distintos órdenes jurisdiccionales, que en una primera reunión consensuaron determinados parámetros y en una segunda reunión asistieron a la modificación del valor a la baja sin justificación alguna, por parte de la inspección de los parámetros ya establecidos, y por tanto, los criterios expuestos por los magistrados, han sido completamente omitidos y no se han tenido en consideración
La nitidez de lo expuesto excusa de cualquier argumento sobre la inexistencia de la menor voluntad de llegar a ningún consenso ni acercamiento. Sencilla y llanamente se ha ignorado por completo a los “asesores” externos y se ha impuesto un criterio productivista, CONSISTENTE, COMO YA SE HA DICHO, EN LA MEDIANA ESTATIDISTICA DEL AÑO 2007.
Por lo demás, no sabemos, porque el Estudio no lo explica, qué pueda ser un procedimiento estándar, para servir de referencia para medición de la carga de los demás asuntos. Tampoco se explica, en absoluto, lo relativo al cronograma de ese procedimiento estándar, consistente en medición temporal de cada una de las fases o etapas procesales que conforman su trámite, pero siempre de trabajo efectivo.
Otro de los criterios tenidos en consideración por la Inspección para puntuar los procedimientos ha sido no distinguir entre los modos de finalización de los mismos, de manera que TODOS los de una misma categoría o clase, acaben por auto o por sentencia, se computan igual.
El criterio nos parece acertado, si es que se han tenido en consideración, pero no lo es tanto la “media” o «promedio» que se ha establecido en el orden contencioso-administrativo y, en otro caso, deben valorarse todas las actuaciones judiciales, que finalicen por autos..
En efecto, se dice textualmente en el Estudio que “se han tenido en cuenta para fijar las puntuaciones la proporción de asuntos que no terminan por sentencia, para obtener una media que refleje lo más fielmente posible la carga de trabajo del Juzgador, por lo que la puntuación no pretende valorar el tiempo de dedicación de éste a un asunto concreto, sino el promedio que resulta de computar, dentro de la clase puntuada, aquellos asuntos que se sobreseen, son desistidos, etc., junto con los que efectivamente llegan a ser conocidos por el Juez o Magistrado en toda su extensión”. -.
Sentado lo anterior, consideramos que las concretas puntuaciones atribuidas por el Estudio a los distintos procedimientos son fruto del más puro voluntarismo, y en ocasiones, de la arbitrariedad.
Ello nos hace, una vez mas, rechazar el sistema, por arbitrario; y nos ratifica en que, lo que se ha tenido en cuenta, y lo que interesa es cuadrarlo con los datos estadísticos del año 2007. De ahí que, a mayor peso específico de una materia, se atribuya por el Servicio de Inspección una menor puntuación de dedicación, porque de otra manera, los datos estadísticos no les cuadrarían, resultando una puntuación algo más acorde, en aquellos asuntos que pueden denominarse marginales, por la ausencia significativa y peso específico de los mismos.
Tampoco sabemos con qué clase de «cronograma» se ha llegado a la «brillantísima» conclusión de que, por ejemplo, una sentencia de un procedimiento abreviado tiene una concreta duración de tiempo.
Para dictar la sentencia, el magistrado, tendrá que leerse detenidamente la causa, sacar sus anotaciones, releer o visionar los discos de las grabaciones, las declaraciones de los acusados, testigos, los dictámenes periciales, informes etc. consultar jurisprudencia y, por último, redactar la sentencia (lo que significa minutarla por escrito o transcribirla directamente al ordenador). Y todo eso, en las horas de media que se expresa en el estudio es un verdadero dislate.
Lo mismo cabe decir de todos los procedimientos que requieran vista pública. En el acto de la vista concurren las partes, Ministerio Fiscal y letrados, se procede a la práctica de la prueba, con los diferentes turnos para los letrados y Ministerio Público. El dictado de la sentencia, en estos procesos, no lleva menos trabajo que el invertido en una apelación. A ello hay que añadir el tiempo «invertido» en tramitar (que no solo consiste en señalar el juicio, sino en resolver numerosas controversias que surgen a lo largo del procedimiento). ¿Todo esto solo merece, cada asunto el tiempo necesario, siendo prácticamente imposible promediar realmente las horas. Nos parece increíble tal despropósito.
Lo expuesto es sólo un botón de muestra. Desde luego que si el sistema de medición prospera, los jueces nos veremos obligados a hacerlo público, para que la ciudadanía conozca que se nos «obliga» a tramitar y resolver sus asuntos dentro de unos tiempos medios imposibles, verdaderamente kafkianos, y que, esta medición “a la baja” será la cobertura perfecta de cara a la ciudadanía para no incrementar la planta de órganos judiciales, ni tampoco el número de jueces (porque a nadie se le escapa que se intentará de nuevo establecer un módulo de salida, y que tomará como base el confeccionado para la entrada).
Desde otra óptica, faltan definiciones cumplidas de las categorías que se barajan para la baremación.
Tendrá que puntualizarse o precisarse mucho a este respecto. Y alguien tendrá que valorar la clase de asunto para su categorización de cara al sistema de medición que se pretende implantar (nos oponemos a que por ejemplo, deba ser el secretario judicial el que «decida» qué asuntos son o no «repetitivos», por poner un ejemplo, porque es el juez el que los resuelve y el que de verdad sabe si hay particularidades del caso que excluyan o no esa calificación).
Se trata de una cuestión jurisdiccional, y así se ha puesto de manifiesto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en varias Sentencias que se aportarán en el momento oportuno.
Y cuando llegue la hora de elaborar la “estadística de entrada anual”, se obtendrán resultados diferidos (del año anterior) y habrá que realizar un auténtico esfuerzo (que tampoco se valorará) para discriminar asuntos por categorías.
3. Baremación de los asuntos en las audiencias provinciales penales.
Amen de todo esto, ha de decirse que la materia penal en la actualidad es esencialmente mediática, estando los medios de comunicación, prensa escrita, radio y televisión, alerta a cualquier decisión que se produce sobre los numerosos casos que son de actualidad e interés, en muchas ocasiones morboso, tanto a nivel nacional como de comunidad autónoma o local. La falta de conocimiento que la sociedad, e incluso los medios de comunicación, tienen sobre el derecho aplicable y la función del juez, hace que las resoluciones que acceden a la luz pública sean en numerosas ocasiones mal interpretadas, principalmente cuando no satisfacen el deseo de venganza social que se instiga, incluso por el poder político. Los casos son tan notorios que no precisan comentario, y cuando se producen se utilizan para desprestigiar a la Administración de Justicia desde todos los ámbitos.
Por ello, sin pretender decir que las decisiones penales son más complejas que las de los otros órdenes jurisdiccionales, sí que se puede afirmar que precisan de una especial reflexión al afectar al derecho fundamental de la libertad y someten a juez o Tribunal a una presión social que no se produce, generalmente, respecto de otro tipo de materias, lo que hace que la penal pueda considerarse más estresante en sí misma, con carácter general, lo que debe ser compensado en la carga de trabajo.
Juicio del Tribunal del Jurado
Asignados en el estudio 25 puntos
Se le conceden 25 puntos, lo que supone solo 9 puntos más que a los Sumarios, cuando la diferencia en la complejidad y el trabajo entre uno y otro proceso es evidente. Las diferencias son las siguientes: A).- En el Jurado ha de dictarse el Auto de Hechos Justiciables que implica el estudio de la causa a los efectos de determinar esos hechos y resolver sobre las pruebas propuestas por las partes, materia que ha de suponer, al menos 3 horas de trabajo. B).- La segunda función radica en el proceso inicial para la designación de los Jurados y la resolución sobre las excusas presentadas, que han de resolverse, tras la celebración de una vista con la comparecencia de las partes, por medio de auto, todo lo cual, como mínimo ha de suponer dos horas. C).- La vista oral que siempre es de una duración muy superior a la del juicio del Tribunal profesional debido a la inexperiencia de los miembros del Jurado, siendo escasísimos los juicios que puedan solventarse en una sola audiencia, pudiendo establecerse el promedio en tres sesiones de una duración de 3 a 4 horas cada una, teniéndose en cuenta que el primer día debe constituirse el Jurado, lo que supone dos horas. D).- de ha de elaborarse el Objeto del Veredicto de mayor complejidad que una sentencia, pues los defectos en el mismo pueden provocar una decisión errónea de los Jurados y también la nulidad del proceso, precisándose la elaboración de dicho documento de manera rápida, lo que implica 10 horas de estudio y trabajo. E).- El acto de dar las instrucciones a los Jurados y permanecer en la sede del Tribunal durante la deliberación. F).- Una vez disuelto el Jurado, ha de pronunciarse la sentencia, respecto de la cual ha de decirse que precisa de una elaboración cuidada, como la del resto de asuntos.
De otro lado, una parte de los juicios de Jurado son por delitos que se enjuiciarían ante la Audiencia por Sumario, como el homicidio o el asesinato consumados. En el Tribunal ordinario los cauces procedimentales son mucho menos complejos y de mucha más corta duración. Es decir, la dedicación exigida no se corresponde con la diferente puntuación, que debería ser de 40 puntos.
En el anulado sistema de módulos, se recogía, aunque no para el Jurado, la puntuación para la sentencia de conformidad, aspecto que en el presente no aparece ya que hablamos de módulos de entrada y no de salida. Es cierto que pueden darse casos en que no se dicta sentencia de estudio, pero estos son los siguientes:
Supuestos de sentencia de los artículos 49, 50 y 51 de la Ley del Tribunal del Jurado.
En estos preceptos se regula la disolución anticipada del Jurado, la disolución del Jurado por conformidad de las partes y la disolución del Jurado por desistimiento de la petición de condena.
En los supuestos ahora contemplados se ha celebrado el juicio oral pero no prosigue la tramitación con la elaboración del objeto del veredicto, instrucciones, deliberación y sentencia de estudio, debiendo pronunciarse la sentencia, de condena para la conformidad o absolutoria en los otros dos supuestos, en los términos que se expresan en los citados artículos. Como se observa, en los casos contemplados se ha dictado el auto de hechos justiciables, que ha exigido un estudio profundo del caso, se ha tramitado el proceso de designación de los jurados con examen y resolución de las excusas y constitución del Tribunal, y se ha celebrado la vista.
Sentencia de conformidad con anterioridad del juicio oral.
En este caso tan solo nos hallamos con el auto de hechos justiciables y la designación de los miembros del Jurado en su primera fase.
Por ello, estos supuestos se entienden ya contemplados en la puntuación antes indicada de 40 puntos, y no suponen una merma de la misma.
El número máximo de procesos del Tribunal del Jurado que ha de soportar un Magistrado no debe pasar de uno anual.
Sumarios y Procedimientos Abreviados en única instancia.
Asignados los sumarios 16 puntos y a los P. Abreviados 12 puntos
El estudio lleva a cabo una diferente valoración entre el Juicio por Sumario al que se asignan 16 puntos y el llamado Procedimiento Abreviado con una puntuación de 12. Es cierto que en el primero, la llamada fase intermedia se tramita ante el Tribunal, lo que no sucede en el segundo, pero la realidad enseña que la complejidad de los procesos abreviados no es menor que la del sumario.
En los delitos contra la libertad sexual, homicidios, asesinatos (si la competencia no es del Jurado) y otros delitos que se enjuician por la vía del sumario, tienen asignadas elevadas penas privativas de libertad, por lo que exigen un exquisito estudio y valoración de todas las circunstancias concurrentes.
Los delitos económicos, algunos de gran envergadura y siempre difíciles, se suelen tramitar por la vía del procedimiento abreviado, así como otros asuntos de tráfico de drogas, detenciones ilegales, secuestros, etc. significándose que, por ejemplo, en ocasiones los procesos por comercio ilegal de sustancias tóxicas en que las cantidades halladas no son de notoria importancia y se ventilan en procedimiento abreviado, suelen ser de estudio más laborioso que aquellos hechos que se tramitan por sumario porque se encuentra esa droga en cantidad que alcanza la notoria importancia. Una buena parte de los procesos por tráfico ilegal de sustancia tóxicas se dirigen contra dos o más encartados y existe una clara dificultad en discernir la participación de cada uno de ellos, al margen de que en los más complejos, ya sea enjuiciados por sumario, ya por el procedimiento abreviado, se trata de investigaciones policiales practicadas mediante escuchas telefónicas, lo que requiere una dedicación especial para la audición o lectura de las mismas y su correcta interpretación.
A lo lago de la tramitación de las causas de única instancia se producen de manera habitual peticiones de libertad que requieren un concienzudo estudio.
Ha de tenerse en cuenta que cada uno de los componentes de la Sección deberá tomar parte también en las vistas de sus compañeros. Los juicios orales por delitos tienen una duración mínima de una hora los más simples y una buena parte superan las dos horas, por lo que una racional distribución de la carga de trabajo y atención al despacho ordinario de la Sección impone que cada día de señalamiento se celebre tan solo una vista. La sentencia del proceso oral es compleja dada la trascendencia que tiene para las personas, acusados y para los acusadores perjudicados, estando en juego el derecho a la libertad y precisando generalmente un estudio detallado de derechos fundamentales, siendo siempre materias en las que se exige la adecuada respuesta social por medio de la administración de justicia, que ha de tutelar las normas básicas de convivencia y los derechos de los acusados.
Consideramos que tanto el Procedimiento Abreviado como el sumario deberían ser calificados con 20 puntos, quedando así englobados los asuntos que pudieran terminar por sentencia de conformidad. Consideramos que el número máximo de asuntos a resolver en única instancia asignados al año por Magistrado no debe sobrepasar en el de 15, es decir, 45 en total para una Sección de tres Magistrados.
Apelaciones contra sentencias por delito.
Asignado en el estudio 6,5 puntos
Se les ha concedido por el Consejo aproximadamente la mitad que la valoración del Procedimiento Abreviado en única instancia. No puede ocultarse que la elaboración de la sentencia en este tipo de procesos resulta menos costosa que cuando se trata de juicios en única instancia, pero tampoco ha de olvidarse hoy que con la implantación del sistema de grabación de los juicios orales, el estudio de la causa es mucho más costoso en tiempo y esfuerzo físico y mental que con anterioridad. La lectura del acta escrita llevaba muy poca dedicación de tiempo, pero la audición de la grabación supone que el estudio de las pruebas a revisar ha de hacerse en un tiempo igual al que tuvo el proceso ante el Juzgado.
Por otro lado, las sentencias dictadas en apelación no tienen recurso alguno, y en ellas queda definitivamente fijada la condena, si no es absolutoria, a penas de prisión en su caso, lo que exige una especial reflexión. Se considera que la puntuación debe ser de 10 puntos.
La carga racional por Magistrado vendría dada por un máximo de dos ponencias a la semana de esta clase de asuntos, que no se turnarían en las semanas en las que el Magistrado tuviera ponencia de juicio oral. La carga máxima por Magistrado y año no debe superar los 59 asuntos.
Restantes recursos incluidos las quejas.
Asignados en el estudio 3,5 puntos
En este apartado se incluyen lo que se llaman recursos contra resoluciones interlocutorias dimanantes de los Juzgados de Instrucción y las que provienen de ejecución de sentencias dictadas, tanto por dichos juzgados como por los de Lo Penal. Esto supone que en muchos de los recursos aquí incluidos recaen sobre decisiones que afectan a medidas restrictivas de la libertad, como prisión preventiva o internamiento de menores, decidir sobre la remisión provisional de la condena o la sustitución de la pena de prisión por multa o trabajos en beneficio de la comunidad, cuestiones estas que requieren de un estudio muy exhaustivo de las actuaciones, dada la trascendencia que tienen de cara al individuo, a la sociedad y, porque no, frente a quien resuelve. Se propone la puntuación de 5 puntos.
El mismo criterio anterior lleva a entender que el número máximo de ponencias por Magistrado sería de dos semanales. La carga anual no debería superar las 74 ponencias de entrada.
Recursos contra sentencia dictadas en Juicio de Faltas y contra resoluciones en materia de Vigilancia Penitenciaria
Asignados en el estudio 1,5 puntos
Es necesario recordar en este apartado que los recursos en materia de Vigilancia Penitenciaria afectan a una cuestión de extraordinaria importancia dentro de la ejecución de las penas privativas de libertad. Se enmarcan en el ámbito de la resocialización del condenado y tienen una especial trascendencia en los efectos que la pena tiene sobre el mismo y su familia. Por otro lado, los permisos de salida, la concesión del tercer grado o de la libertad condicional pueden tener una trascendencia social cuando concedidos unos u otros se quebranta la confianza puesta en el penado que delinque, pudiendo, otra vez más, el Juez o Tribunal que ha concedido el beneficio ser puesto en tela de juicio ante la opinión pública, en un nuevo intento de desprestigiar a la Administración de Justicia.
Por lo dicho, considero que a los recursos en materia de Vigilancia Penitenciaria se les deben asignar 4 puntos.
Tocante a los Juicios de Faltas, no debe olvidarse que los que enjuician temas de tráfico por imprudencias tienen un contenido que puede ventilarse en la vía civil. Estos procesos no tienen la especial trascendencia social que se ha mencionado en los anteriores, y por ello se entiende que deben ser valorados con 2,5 puntos.
El máximo de ponencias semanales de esta clase de asuntos sería de dos. La carga máxima por Magistrado alcanzaría los 74 asuntos anuales.
Es este otro punto de especial trascendencia. El control de la ejecutoria penal merece la valoración de 2 puntos.
De acuerdo con lo expresado anteriormente, se realizan las siguientes conclusiones:
Rechazamos, de plano, el cálculo que se ha realizado en relación a las horas netas, por los motivos expuestos.
Entendemos que lo que se pretende en cuadrar las estadísticas del año 2007 con la planta actual, para justificar engañosamente, la innecesaria creación de juzgados o de plazas de magistrados o secciones en órganos colegiados No podemos olvidar que, según los datos de que disponemos, en la anualidad del 2007, nada más y nada menos que un total del 41’05 % de jueces y magistrados, superaron los módulos (anulados por el TS) durante el primer semestre y el 38’23% lo hizo el segundo semestre (una media del 39’65% de jueces y magistrados durante toda la anualidad 2007). Los jueces demostraron entonces su capacidad de sacrificio en aras de una situación coyuntural que ahora pretende perpetuarse.
Ese exceso de productividad sobre el 100% debe descontarse del denominado índice resolutivo. Tal exceso de productividad (opción legítima de algunos jueces y magistrados compensada con una miserable retribución), no puede promediarse para fijar ahora el módulo de carga de trabajo máxima razonable de juzgados y tribunales. No tenemos los datos exactos, pero, según las informaciones publicadas en la prensa, suministradas por el CGPJ, el número de asuntos resueltos en el año 2007 se elevó a la cantidad de 8.260.000.
En suma, los resultados obtenidos durante el año 2007 deben analizarse sin el efecto multiplicador de la productividad, descontando ese 39,65 % (exceso de productividad) de los resultados de dicho año. El índice resolutivo debe minorarse teniendo en cuenta dichos datos, sin que pueda pretenderse que los efectos extraordinarios y excepcionales de la productividad, puedan pasar a considerarse lo normal a resolver por el número de jueces y magistrados sentenciadores.
Se desconoce la metodología empleada.
Este dato es imprescindible y debe figurar en cualquier estudio riguroso, y este debe serlo, ya que se trata de cuantificar la medición del tiempo de trabajo fijada en 37,5 horas para todos los jueces y magistrados del Reino de España. Todas estas cuestiones deberían figurar en un estudio del calado del que nos ocupa. Sin subjetividad, con rigor, utilizando la técnica estadística y ficha técnica, conforme metodología aplicable a las ciencias sociales. Nada de esto aparece o se vislumbra en el Estudio de la Inspección.
Entendemos que la realización seria y rigurosa del Estudio objeto de este informe debería haber contado con una ficha técnica, con una muestra de la población a analizar (esto es, juzgados y tribunales), con el sistema estadístico predeterminado, de, al menos, el 7%, como mínimo o, en todo caso, del 5 %, que fue lo que hizo en su trabajo profesional y objetivo la empresa Steria, Norman & Broders, con estratificación de la muestra dentro de los distintos órganos jurisdiccionales, con órganos de distintas poblaciones. Todo ello con objeto de examinar la diversidad de problemas que se presentan dentro de cada jurisdicción, de conformidad con el territorio. Así, por ejemplo, no son los mismos problemas los que se plantean en las grandes ciudades, que en el resto.
No entenderlo así, supondría, de facto, una nueva disfunción y, en su caso, un empeoramiento sobre las condiciones de trabajo. Este extremo ya se puso de manifiesto en las Juntas de Jueces celebradas en todo el Reino de España en fechas recientes, en un concreto apartado en el que se expresaba que la carga de trabajo debía ajustarse a lo que estableció la sentencia del Tribunal Supremo, mediante un análisis individualizado caso por caso, sin que los nuevos módulos pudieran ser más gravosos que los anteriores.
Se deben analizar las materias de forma individualizada. Ni tan siquiera sirve, a tenor de lo establecido por Tribunal Supremo, el análisis más genérico por materias, sino que debe ponderarse, dentro de cada materia, las especificidades propias. Todo ello en aras del cumplimiento de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con objeto de satisfacer la tutela judicial efectiva, como valor superior consagrado en la vigente Constitución Española de 1978
Con la elaboración de las cargas de trabajo, lo que no puede pretenderse es que se acabe con la pendencia, ya que si se tienen en cuenta los datos de la memoria del CGPJ, el número de asuntos desde el año 2005 al 2008 ha pasado de 6.200.000 a 8.900.000 en números aproximados un incremento de unos 3.000.000 de asuntos. Si se tienen en cuenta los datos ofrecidos recientemente por el Presidente del Consejo del Poder Judicial en el Parlamento, el número de asuntos ingresados se elevó a 9.094.000, permaneciendo igual el número de jueces sentenciadores.
No se trata de cuadrar las estadísticas del año 2007, en relación al número de jueces y magistrados existentes en la actualidad (que es lo que infiere del Estudio objeto de este informe). De lo que se trata es de atribuir a los juzgados y tribunales una carga de trabajo razonable y máximo; y si para ello, se quiere tomar como parámetro la jornada que se realiza en el sector público, deberán de valorarse de forma individualizada todas las tareas que se realizan desde que entra un asunto en un juzgado o tribunal, hasta que se archiva, rechazando por tanto, la forma de cálculo que se realiza en el estudio que es objeto del informe.
Se desconoce el entorno en relación al número de jueces, así como las resoluciones de los organismos internacionales en la materia.
Debe de tenerse en cuenta, el dictamen del Consejo de Europa para 2007, en el que se expresa que, la ratio de jueces por cada 100.000 habitantes es, en el Reino de España, de 10,1 ―en algunos casos como Madrid, no llega―, mientras que en Europa la media es de 19,8 por cada cien mil habitantes. El informe del Consejo de Europa del año 2008 (Comisión para la eficiencia de la Justicia), con referencia a datos del año 2006, nos sitúa en el puesto número 38, sobre 47 países, en relación con el número de jueces por cada cien mil habitantes.
El artículo 1.6 de la Carta Europea de los jueces (1998) establece que los gobiernos deben dotar a los jueces de medios para poder dar respuesta en plazo razonable. Con nuestra ratio (puesto 38 sobre 47 países, según informe del años 2008), resulta imposible dar una respuesta en tiempo razonable. Desde luego, lo que no puede pretenderse es cuadrar los números mediante el establecimiento de una carga de trabajo inasumible , realizando las medianas estadísticas del año 2007, ya que suponen un agravamiento en el carga de trabajo, incluso en relación con el módulo del año 2003, que fue anulado por el Tribunal Supremo.
Igualmente debe destacarse la declaración de SINGHVI en su artículo 33 que expresa que el Estado deberá proveer de recursos adecuados con objeto de permitir que la Justicia se administre en debida forma, con incremento de medios materiales adecuados para el mantenimiento de la independencia Judicial y de la eficacia, así como presupuestos para su funcionamiento.
El modelo adolece de indefinición que genera indefensión
El modelo que se nos presenta adolece de una indefinición de carácter general, que genera indefensión a los jueces y magistrados, ya que resulta imposible determinar con carácter general en cualquier orden jurisdiccional, el número de asuntos máximo que debe entrar en un año para superar la carga de trabajo máxima razonable. Este es un dato de vital importancia a la hora de poder planificar la planta judicial; dato absolutamente necesario para limitar el número de asuntos que, con carácter general, deben ingresar en un juzgado o tribunal. A partir de dicho número, que sí se encontraba cuantificado en el módulo del año 2003 y en el estudio de la empresa Steria Norman & Broders, por lo órganos competentes, en esto caso el Ministerio de Justicia, se debe proceder a la creación de nuevos órganos jurisdiccionales.
Con este estudio que se nos presenta para informe, resulta imposible determinar el número de asuntos de entrada necesarios para la realización de esas hipotéticas 1.404 horas anuales netas, ya que se trata, ni más ni menos, que de las variaciones de X elementos tomados dos a dos, y la resultante puede ser elevadísima, ya que, en cada orden jurisdiccional existen no menos de diez o doce grupos distintos de materias. De ahí que la variación de uno solo de los elementos que se expresan en el Estudio de ese “hipotético” e irreal juzgado o tribunal, hace que se descompense todo el sistema y por tanto, se desconozca qué número de asuntos debe resolverse y qué número de asuntos debe ingresar cada juzgado. Así resulta completamente imposible realizar una programación y un cómputo que se ajuste a lo pretendido por el Estudio, porque, dependiendo de múltiples variables, los resultados serán distintos, incluso dentro del mismo orden jurisdiccional.
Rechazamos por tanto, el estudio realizado, en tanto que genera indefensión, imposibilitando conocer de antemano la posibilidad de incremento de planta judicial, el número de asuntos que deben ingresar en cada juzgado y, por ende, el número de señalamientos que deben realizarse con carácter anual, dato éste que con el estudio, se conocerá una vez finalizado el año en curso.
Lo que deberían ser los módulos de entrada o la carga máxima de trabajo razonable anual de las Secciones Penales de las Audiencias Provinciales serían, por Magistrado, de: Un Juicio de Tribunal del Jurado; 15 asuntos en única instancia; 59 apelaciones de delito procedentes de los Juzgados de Lo Penal; 74 asuntos de apelación contra resoluciones interlocutorias; y 74 asuntos de apelaciones entre Juicios de Faltas y Vigilancia Penitenciaria.
Madrid, 17 de abril del año 2009
ASOCIACION FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE
abril, 2009 |Informes|

References: Resolución 
 artículo 182
 artículo 373
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 403
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 33