Source: http://www.intersindical.org/stepv/ensenya/lleiqualitatarticles3.htm
Timestamp: 2017-11-20 07:37:43+00:00

Document:
La comunitat educativa dels Conservatoris Professionals de Música davant la Llei
Comisión de Equipos Directivos de Conservatorios Profesionales de Música y
AMPAS de Conservatorios Profesionales de Música
PROPUESTA al Pleno del Consejo Escolar del Estado ante el "Informe de la Comisión Permanente al Anteproyecto de Ley Orgánica de Calidad de Educación"
documento sobre la ley de calidad de las jornadas de la Permanente Estatal de directores y directoras de IES celebradas a Teruel los días 10, 11 y 12 de mayo - 2002
Permanente Estatal de directores y directoras de IES
Manifiesto de protesta contra el punto 1 de la Adicional Decimotercera del Anteproyecto de Ley de Calidad de la Enseñanza.
colectivo de profesores de Secundaria
LEY ORGÁNICA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (L.O.C.E.)
Agradecer, en primer lugar, al Presidente de la Comisión la invitación realizada a la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs) para poder expresar ante las personas componentes de la misma la valoración que realizamos sobre el proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Quiero valorar lo que supone la invitación realizada, pues si mal no recuerdo es la primera vez que se invita a la Confederación de STEs a esta Comisión, y eso que los STEs somos la segunda fuerza sindical en el ámbito de la enseñanza pública en el conjunto del Estado. Por esta Comisión creo que van a pasar, que estamos pasando, muy distintas organizaciones sindicales y sociales, por lo que me atrevo a señalar que no todas las opiniones valen lo mismo, pues no todas tienen el mismo respaldo expresado en número de votos.
Desde el punto de vista de la Confederación de STEs la LOCE ni es una ley necesaria, ni contempla las medidas que necesita nuestro sistema educativo para mejorar.
Es evidente que tras doce años de la promulgación de la LOGSE son necesarios cambios, pues hay problemas. Muchos de los retos a los que trató de responder esta ley siguen estando pendientes al día de hoy. Por esto hay que hacer un poco de memoria; en el momento de aprobación de la LOGSE, los STEs y otras voces progresistas, denunciamos sus deficiencias. La LOGSE no abordó todos los aspectos necesarios para mejorar la calidad de la educación. Se dieron por supuestas condiciones en los centros y en el profesorado que no existían y, pese a los retrasos en su implantación, no se fueron creando las condiciones suficientes a medida que se implantaba para asegurar su éxito. Cuando denunciamos que la LOGSE nacería muerta si no iba acompañada de la financiación adecuada, y no sólo de una memoria económica, sabíamos, como se vio más tarde, que este déficit impediría elementos esenciales para su desarrollo: construcciones, recursos materiales y humanos para la atención a la diversidad, programas realistas para capacitar al profesorado ante los nuevos retos educativos, tanto en su formación inicial como permanente, mejoras laborales que lo posibilitaran, inclusión de nuevos profesionales en las plantillas de los Institutos, etc.
La situación ahora es compleja, aunque las estadísticas oficiales nos dicen que el fracaso escolar ha disminuido, pasando de un 37% en 1989, a un 23’6% en el año 1999, y ahora puede rondar, según los expertos, en torno al 20%, como la media de la OCDE; estos datos deberían hacer que todos los que estamos inmersos en el mundo de la enseñanza, pero sobre todo la administración educativa, tuviéramos un moderado optimismo ante el futuro, pero parece que políticamente esto no interesa al partido gobernante, por lo que se ha trasladado a la opinión pública los fracasos y no los éxitos, lo que ha generado un ambiente, especialmente en torno a la Educación Secundaria que no es el mejor ni para que el profesorado pueda realizar su trabajo, ni tampoco para el correcto funcionamiento de nuestro sistema educativo. También queremos indicar que no se puede atribuir gratuitamente a la ampliación de la escolaridad obligatoria ni a la implantación de un currículum comprensivo los problemas de fracaso, de abandono o de indisciplina que se detectan en nuestros centros educativos. Ensayar nuevas reformas o, mejor, realizar una contrarreforma sin haber analizado previamente y con seriedad las causas del mal funcionamiento, que no del fracaso, de las anteriores, llevará a que los problemas se mantengan, se reproduzcan y se multipliquen, pues sus causas son de fondo y continuarán también con la nueva ley.
El proceso de elaboración del proyecto de ley se puede calificar de cualquier cosa menos de democrático. Unas propuestas del MEC fueron apareciendo a lo largo del curso pasado a través de ambigüedades e imprecisiones y mezcladas con descalificaciones al sistema actual; otras, como las de los "itinerarios" vienen de hace unos años, de la época en que el Sr. Nasarre, Presidente de esta Comisión era Secretario General de Educación del MEC.
El "Documento de bases para una ley de calidad de la educación" presentado por el MEC en marzo de este año y el debate realizado sobre el mismo se podría calificar simplemente de "broma" si no fuera porque es la base en la que se sustenta este importante proyecto de ley.
El anteproyecto no ha sido realmente discutido por los sectores sociales implicados en la educación, ni con las distintas organizaciones de la comunidad educativa. El MEC se ha limitado a realizar consultas con algunas entidades, la mayoría no representativas, a convocar jornadas propagandísticas con invitados a la carta y a utilizar los medios de comunicación para justificar su proceso de reforma y haciendo, repito, una descalificación del funcionamiento de la enseñanza.
Hay que señalar que pese a que la ley afecta en gran medida al profesorado y a sus condiciones de trabajo, el MEC no ha pasado el anteproyecto ni el proyecto por la Mesa Sectorial de Educación, donde estamos las organizaciones verdaderamente representativas del profesorado, como entendemos que es preceptivo y, por si esto fuera poco, también hay que señalar que a algunas personas y organizaciones, como a los STEs, se nos impidió expresar en el Consejo Escolar del Estado nuestra opinión sobre el anteproyecto.
Para la Confederación de STEs la política neoliberal que el gobierno del PP está desarrollando en los distintos ámbitos sociales y económicos, se concreta en el terreno educativo en tres leyes, la LOU y la Ley de FP, ya aprobadas, y la mal llamada "ley de calidad". El objetivo último de estas leyes, en línea con el neoliberalismo, aspira a poner la enseñanza y el dinero público destinado a la misma en los Presupuestos Generales del Estado y en los de cada Comunidad Autónoma al servicio de las empresas de enseñanza, empresas entre las que destaca la Iglesia Católica, dentro de una política general de privatización de los servicios públicos, política que pasa por descalificarlos y deteriorarlos primero y privatizarlos después.
El proyecto de ley plantea un cambio en profundidad del sistema educativo, utilizando como aval interpretaciones sesgadas de informes comparativos de sistemas educativos e instrumentalizando el malestar del profesorado, haciendo recaer sobre el modelo comprensivo la responsabilidad exclusiva de los males educativos de este país; males a los que durante los seis años que lleva el gobierno del PP gestionando la política educativa no sólo no ha querido poner remedio, sino que ha contribuido a agravar disminuyendo los recursos, pues se ha pasado de invertir el 4’9% del PIB en el año 1993 al 4’5% en el 1.998, cifra que se mantiene actualmente; esta disminución de 0’4 puntos supone que se dedican a la enseñanza tres mil millones de euros menos cada año y, mientras tanto, van aumentando las subvenciones a la enseñanza privada.
El proyecto de ley se plantea con un nombre altamente pretencioso, "ley orgánica de calidad de la educación", como si la enseñanza, la educación actual no fuera de calidad, infravalorando al mismo tiempo a todo el sistema educativo y el trabajo del profesorado. Se habla de calidad y lo hacen partiendo de unos principios cuyos enunciados pueden parecer asépticos, pero que en realidad esconden la filosofía de una política conservadora que pretende acabar con la línea pedagógica que marca nuestra sistema educativo y que no es otra que la línea de la igualdad de todos y todas en el acceso a la educación, igualdad de posibilidades en el desarrollo de sus capacidades, y en la apuesta por la compensación de desigualdades; el proyecto nos marca otra línea, nos habla de selección y de clasificación, lo que quiere decir segregación y privilegios para unos pocos.
El proyecto de ley nos habla de "educación preescolar", de educación asistencial, rompiendo el marco actual que considera toda la etapa educativa de 0 a 6 años como una etapa educativa. El proyecto nos vuelve así al pasado, cuando lo que en realidad se necesita es que sea norma básica para todo el Estado el que toda la etapa se regule y se gestione desde las Consejerías de Educación. El gobierno, sin aumentar los presupuestos, quiere hacer obligatoria la financiación de la Ed. Infantil en todas las comunidades, aspecto que rechazamos de manera absoluta pues es una etapa no obligatoria y el presupuesto que se quiere destinar a este fin debería destinarse a la creación de plazas públicas en el tramos 0-3, a la mejora de las infraestructuras en el 3-6 y para hacer efectivo el principio constitucional de que la enseñanza básica es gratuita. Consideramos, en definitiva, que es necesario que el dinero público se dedique a la escuela pública para su mejora.
Cuando se habla de "itinerarios" el proyecto de ley dice en su art. 25.4 una cosa, "los centros sostenidos con fondos públicos deberán ofrecer todos los itinerarios", y después se dice su contraria, que este principio general se podrá adecuar a las "necesidades generales y de demanda" y, por si esto no fuera suficiente, se contempla la creación de "centros con especialización curricular". Para la Confederación de STEs esto quiere decir que los centros educativos podrán impartir los itinerarios que quieran; pero, claro, habrá que ofertar todos los itinerarios posibles en función del alumnado existente en cada localidad. Ante esto nos podemos preguntar ¿quién se especializará en los itinerarios que conducen al Bachillerato?, ¿quién ofertará el itinerario peor?, ¿quién ofertará los Programas de Iniciación Profesional?; y nos podemos contestar: está claro, la enseñanza privada, en virtud de la "libertad de enseñanza" y en la posibilidad que esta ley le dará de creación de "centros con especialización curricular", ofertará los itinerarios que quiera y la enseñanza pública, que debe atender a todo el alumnado, deberá ofertar todos los itinerarios y, lógicamente, los Programas de Iniciación Profesional, programas que de hecho se convierten en un cuarto itinerario al que destacados pedagogos no han dudado en calificar como el "basurero del sistema".
Los centros educativos podrán también tener un "ideario propio", ideario que habrá de ser aceptado si se elige dicho centro
Las tres medidas que acabo de señalar, la posibilidad de no ofertar todos los itinerarios, la de ser centro de especialización curricular y la de tener que aceptar el ideario, tienen un objetivo claro y explicito: que la enseñanza privada pueda seleccionar a su alumnado, consiguiendo trasvasar al alumnado "bueno", dicho entre comillas, de la enseñanza pública a la enseñanza privada concertada, e impedir que el "malo", dicho también entre comillas, permanezca o llegue a la enseñanza privada concertada.
En definitiva, que para los STEs la segregación del alumnado en itinerarios que está siendo presentada por la administración y por algunos defensores de esta ley como la panacea a los problemas existentes, no solucionará los problemas actuales sino que los acrecentará y se establecerá una clara división entre los centros y los problemas se concentrarán en determinados grupos, itinerarios y centros públicos, pues los privados se "desprenderán" del alumnado problemático. La segregación traerá más problemas y conflictos a los centros públicos y dificultará, cuando no impedirá, el trabajo del profesorado en los centros que, sin duda, se convertirán en "guetos".
Para la Confederación de STEs la enseñanza obligatoria es aquella que garantiza el derecho de todas y todos a una educación que desarrolle sus capacidades en igualdad de condiciones, aquella que dote a todo el alumnado de una formación sólida que le capacite para afrontar los cambios a los que habrá de enfrentarse en la vida, especialmente en un sistema laboral en que las competencias necesarias se renuevan rápidamente. En esta dirección, hay motivos para estar preocupados por el cumplimiento de este derecho, especialmente cuando es sabido que las desigualdades socioeconómicas y culturales de procedencia familiar de los estudiantes se manifiestan en mayores dificultades para éstos. Es preocupante cualquier medida que restrinja las posibilidades del alumnado de permanecer escolarizado o que segregue al alumnado con menor rendimiento, lo que supone reproducir y agravar las diferencias sociales.
La enseñanza obligatoria debe tener unos objetivos propios y un sentido en sí misma. Esta enseñanza será eficaz si logra sus metas, y no en función de niveles posteriores. En la enseñanza obligatoria no es tolerable ni la selección previa ni la interna, y se deben realizar todos los esfuerzos para evitar su abandono.
Los itinerarios demuestran claramente las intenciones del gobierno, dado que tratan de seleccionar lo antes posible al alumnado en función de su destino final. Con ello, el alumnado de familias acomodadas y con ciertas aspiraciones irá colocándose desde los primeros años en aquellos centros de Primaria de "mayor nivel" y mejor relacionados con los de Secundaria con ciertas optativas, que le permitan a su vez cursar un Bachillerato de calidad y optar a carreras universitarias de primera categoría, todo ello con todos los apoyos necesarios en forma de clases particulares o de otros medios. Al grupo de centros de "nivel superior", sobre la base de criterios de eficacia y rentabilidad, no podrán acceder más que unos pocos centros públicos, el resto serán privados concertados.
Los famosos "niveles", la calidad del sistema y la reducción del fracaso escolar no tienen nada que ver con unas pruebas finales por muy amenazadoras que se quieran presentar. La calidad y la reducción del fracaso escolar sólo se obtienen mediante una intervención en cada una de las etapas, ciclos, niveles y cursos con las medidas pedagógicas y didácticas adecuadas, así como con la aportación de los recursos materiales y humanos necesarios para tratar la complejidad que tienen las diferentes situaciones de diversidad de alumnado. Aquí hay que señalar que nos resulta muy llamativa la ausencia de medidas de apoyo y refuerzo al alumnado con problemas en Ed. Primaria.
La reválida que se pretende justificar desde argumentos tan vagos como que es necesario un mayor nivel de exigencia en los estudios actuales, nivel que se alcanzará al superarla, atenta frontalmente, además, contra la evaluación continua que el profesorado realiza día a día sobre su alumnado. Se trata sin duda de una prueba de desconfianza de la administración sobre profesorado y alumnado, que en una sola prueba han de ser examinados de lo que ya han superado a través de la evaluación continua.
La reválida en el Bachillerato también significa la reintroducción fraudulenta de la selectividad. La superación de esta reválida es el requisito para el acceso a la Universidad, pero se da la paradoja de que, según la LOU, también ésta puede establecer una prueba cuando la demanda supere la oferta establecida. De este modo, el alumnado deberá superar en un sólo año tres exámenes decisivos para su futuro: el de Bachillerato, exigido conjuntamente por el Estado y la Comunidad Autónoma, la Reválida, exigida por el Estado para la obtención del Título, y la prueba o pruebas de acceso, exigidas por las Universidades.
Los STEs defendemos que la etapa de la escolaridad obligatoria debe ser una etapa de convivencia entre los niños y niñas y los jóvenes de distinta procedencia y distinta extracción social, de convivencia entre personas de distintas creencias y razas, de convivencia con "el otro", con el que es distinto, pues la etapa de escolarización debe ser una etapa que sirva para el reconocimiento mutuo, para la valoración mutua entre los que son distintos, para contribuir con esta convivencia al mejor desarrollo democrático de una sociedad que cada día es más diversa, más múltiple, más plural. La segregación en itinerarios, la especialización curricular, los idearios, no contribuyen, al contrario, dificultan lo que debe ser una convivencia democrática en los centros escolares, como base a la necesaria convivencia democrática en la sociedad.
En paralelo con esta apuesta por la interculturalidad en los centros educativos, hay que señalar también que los países de la OCDE que tienen sistemas comprensivos (Finlandia, Japón, Corea, Reino Unido...) logran un elevado nivel educativo global, según el informe Pisa; por el contrario, los sistemas educativos segregadores (como el alemán) no aumentan los niveles. En España, con un sistema que es comprensivo sólo en el papel, no se consiguen los niveles de los países con este tipo de sistemas por tener un sistema educativo rígido y uniforme, que carece de los recursos humanos y económicos necesarios para atender a la hetereogenidad del alumnado.
Del profesorado se habla poco en este proyecto de ley y lo que se habla no nos gusta a los STEs y creemos que tampoco le gusta a la mayoría del profesorado. No se reconoce que el trabajo en las aulas se ha venido complicando un poco más cada día como resultado de una sociedad en continuo cambio, de una sociedad cada vez más compleja y, también hay que señalarlo, con la aplicación de la reforma educativa, ya que la administración no ha tomado las medidas adecuadas para solventar estas complicaciones y hacer que la enseñanza mejore, pues lleva seis años descalificando el sistema y, por tanto, al profesorado.
El proyecto de ley habla de formación inicial y permanente del profesorado, pero para dejarlo tal y como está. No se cita la formación inicial de los maestros y maestras, pues se mantiene igual que está, por debajo de la media de la OCDE, fomentando la idea de que para educar a los más pequeños se necesita menos formación y cualificación que para hacerlo con los mayores; los STEs seguimos reivindicando el Cuerpo Único de Enseñantes. Sobre la formación permanente la ley no se atreve a valorar el fracaso que ha supuesto la aplicación de los sexenios y lo poco que éstos han contribuido a mejorar la formación permanente del profesorado, por más cifras que se quieran presentar de cursos realizados; los STEs consideramos que la formación permanente debe basarse en la reflexión conjunta de los Equipos de Ciclos, de los Departamentos, de los Claustros sobre la práctica docente, huyendo de la burocracia que supone la continúa repetición de cursos; es necesario que se reconozca el derecho a la formación en horario lectivo y que para que ésta pueda darse deben crearse en los centros las condiciones humanas y materiales necesarias.
El acceso a la función pública docente se también mantiene como está. La LOGSE, pese a intentarlo, no consiguió acabar con el problema del profesorado interino, pues en la actualidad hay un número muy parecido al que había cuando se aprobó esta ley. Desde los STEs consideramos que hay que acabar con la injusticia histórica que pesa sobre este colectivo y que debe modificarse el acceso, que deben modificarse las pruebas y que hay que reconocer en esta Ley el buen trabajo que viene realizando la inmensa mayoría del profesorado interino; hay que permitir su permanencia en el sistema con la aplicación de un "acceso diferenciado", regulando el acceso del profesorado interino a modo y manera de como se ha realizado con los facultativos del Insalud hace poco tiempo, por medio de una ley aprobada en este Congreso.
El aumento de los controles, pruebas y reválidas como forma de mejorar el sistema que se contempla en el proyecto de ley se traslada también al profesorado y así se plantea hacer la evaluación del profesorado como forma de mejorar su práctica docente y se le quiere recompensar por ello, llegando a una nueva jerarquización del mismo, lo que hará más difícil el necesario trabajo en equipo de Claustros y Equipos docentes; al profesorado, sin embargo, no se le posibilita participar en la evaluación de la administración educativa ni en como ésta influye en la marcha de su centro.
La restauración de los viejos cuerpos de catedráticos y directores supone una vuelta al pasado, que en nada va a mejorar el sistema; la administración, si considera que los catedráticos son los mejores profesores y profesoras debería encargarles como una de sus funciones el enseñar al alumnado más problemático, como la mejor forma de mejorar nivel y preparación.
Sobre el profesorado de privada concertada valoramos positivamente que se indique en la ley que sus retribuciones tienen que ser como las del profesorado de pública, pero lamentamos que esta medida no se temporalice y lamentamos también que aunque este profesorado cobre con dinero público no se regule que su acceso debe tener también control público. Los STEs proponemos, por tanto, que se temporalice la equiparación salarial y que, al mismo tiempo, se regule el control público del acceso de este profesorado a los centros privados concertados.
Para la Confederación de STEs la no consideración del Claustro y del Consejo Escolar como órganos de gobierno de los centros docentes es un claro retroceso democrático que no tiene justificación, pues reducirá la autonomía real de los centros educativos y no contribuirá a mejorar ni la convivencia en los centros ni el trabajo en equipo del profesorado. Tenemos la impresión de que al "profesionalizar" la función directiva se pretende por parte de la administración el tener un equipo directivo con un talante mucho más "comprensivo" con sus medidas y con sus fallos y el tener un elemento controlador y fiscalizador. La ausencia de candidaturas a la dirección de los centros en el porcentaje actual no significa que la comunidad de cada centro, ni el profesorado como parte de la misma, deseen el sistema de directores profesionales. Los STEs, pese a los problemas, seguimos defendiendo que los órganos unipersonales de los centros sean elegidos por éstos, como parte de la cultura democrática y participativa que existe en la enseñanza.
El gobierno, la Sra. Ministra habla de motivar al profesorado, pero las medidas que se proponen y que acabo de citar tienden a jerarquizarlo e infravalorarlo y algunas suponen un retroceso con lo que ya existe en algunas comunidades, me refiero en concreto a la disminución en horario lectivo a los mayores de 55 años con disminución de sus retribuciones
La nueva asignatura "Sociedad, cultura y religión" nos pone grotescamente de manifiesto que la aconfesionalidad del Estado recogida claramente en la Constitución, sigue siendo una asignatura pendiente. Las dos opciones de esta asignatura como evaluables y computables para la nota media nos vuelven a llevar a lo que ya parecía que había quedado claro y resuelto con la sentencia del tribunal Supremos de 1.994, que si lo que se enseña y evalúa en la opción no confesional es necesario para la formación integral del alumnado, no se puede privar de estos conocimientos al alumnado que elige la opción confesional, pues sería una discriminación. Imaginamos que los tribunales tendrán que volver a actuar y a poner las cosas en su sitio. Los poderes públicos, desde el punto de vista de los STEs, puede garantizar el derecho constitucional de los padres a que sus hijos e hijas reciban formación religiosa sin que esta forme parte del currículun y sin que esta quite horas de formación necesarias para otras asignaturas; las confesiones religiosas pueden y deberían dar la formación religiosa fuera del horario escolar.
También habría que hablar sobre la falta de una ley de financiación, pero como hay poco tiempo, únicamente decir que cualquier medida legislativa que pretenda ampliar los servicios educativos y no cuente con la necesaria financiación, está destina al fracaso.
Para ir terminando quiero decir que esta ley se puede calificar de sexista, pues se olvida e ignora en su articulado a las alumnas, a las profesoras, a las madres... El proyecto de ley ha estado redactado por personas con un lenguaje sexista, no coeducado, pese al trabajo realizado y el dinero empleado por el propio MEC y por la Dirección General de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en estos últimos años para que el lenguaje refleje la realidad de nuestra sociedad.
Quiero terminar diciendo que el profesorado y el resto de la ciudadanía que defiende la enseñanza pública, como enseñanza democrática, igualitaria y de calidad para todos y todas, no vamos a permanecer al margen de la tramitación de esta ley, que vamos a movilizarnos, pues estamos convencidos de que es necesario salvar la enseñanza pública, de que es necesario impedir que se llegue a lo que parece que quiere llevarnos el gobierno, a que la enseñanza pública sea subsidiaria de la enseñanza privada. Sabemos, y la historia nos lo enseña, que calidad para unos pocos es privilegio, y sabemos que la enseñanza pública es la única que puede garantizar que la calidad sea para todos y todas.
Madrid, a 7 de octubre de 2.002
Somos una Comisión de Equipos Directivos de Conservatorios Profesionales de Música y AMPAS de Conservatorios Profesionales de Música y mandamos esta circular para comunicarte que nos hemos puesto a reflexionar sobre el papel que las enseñanzas musicales van a tener en el ámbito de la nueva Ley de Calidad de la Enseñanza.
De esta reflexión ha surgido el escrito que te remitimos, con el título:
"LAS ENSEÑANZAS MUSICALES REGLADAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: UN DEBATE ABIERTO." (Página 2)
Te pedimos que lo leas y, si estás de acuerdo, que mandes tu adhesión, tus sugerencias o ambas cosas al número de fax 961732723 del Conservatorio Profesional de Música de Cullera.
A continuación te presento la lista de adhesiones:
Conservatorio de Música Ruperto Chapí (Elda).
Conservatorio Profesional de Música de la Vall d’Uixó.
Conservatorio Profesional de Música de Catarroja.
Conservatorio Profesional de Música de Cullera y sus Centros Adscritos:
Centro Autorizado de Enseñanzas Musicales de Grado Profesional José Serrano (Sueca).
Centro Autorizado de Enseñanzas Musicales de Grado Profesional Vicent Vera (Sueca).
Centro Autorizado de Enseñanzas Musicales de Grado Profesional Maestro Valdovín (Gandía).
Centro Autorizado de Enseñanzas Musicales de Grado Profesional Santa Cecilia (Cullera).
Centro Autorizado de Enseñanzas Musicales de Grado Profesional L’Alcudia.
Conservatorio Profesional de Música de Oliva.
Conservatorio Profesional de Música de Ontinyent.
Conservatorio Profesional de Música Mariano Pérez Sánchez (Requena).
Conservatorio Profesional de Música de Torrent y sus Centro Adscrito:
Centro Profesional Autorizado de Enseñanza Musical de Grado Medio Luis Sanjaime (Montroi).
Conservatorio Profesional de Música Núm. 2 de Valencia.
AMPA del Conservatorio Profesional de Música de Alicante.
AMPA del Conservatorio Profesional de Música Ruperto Chapí (Elda).
AMPA del Conservatorio Profesional de Música de la Vall d’Uixó.
AMPA del Conservatorio Profesional de Música de Catarroja.
AMPA del Conservatorio Profesional de Música de Cullera.
AMPA del Conservatorio Profesional de Música de Oliva.
AMPA del Conservatorio Profesional de Música de Ontinyent.
AMPA del Conservatorio Profesional de Música Mariano Pérez Sánchez (Requena).
AMPA del Conservatorio Profesional de Música de Torrent.
AMPA del Conservatorio Profesional de Música Núm. 2 de Valencia.
AMPA del Conservatorio Profesional de Música José Iturbi (Valencia).
Escuela de Música "Ad Libitum" de Ontinyent.
LAS ENSEÑANZAS MUSICALES REGLADAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: UN DEBATE ABIERTO.
INFORME DE LA COMISIÓN DE EQUIPOS DIRECTIVOS Y ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
En noviembre de este año, se cumplirán tres años de la creación de la Comisión de Equipos Directivos de los Conservatorios Profesionales de Música de la Comunidad Valenciana. Durante todo este tiempo, representantes de la gran mayoría de todos los Conservatorios han mantenido reuniones de trabajo, con una periodicidad bimensual, para analizar y reflexionar sobre el presente y el futuro de las enseñanzas musicales, conscientes de los graves problemas que nos afectan.
Sin embargo, ante los múltiples esfuerzos de transmitir estas inquietudes y reflexiones a la Consellería de Educación y Cultura, la respuesta recibida ha sido similar a la gran desatención que nuestras enseñanzas sufren de las distintas Administraciones Públicas. El clima de cansancio y descontento generalizado embarga a todos los sectores implicados, y por este motivo, las Asociaciones de Madres y Padres de los Conservatorios se han unido a los Equipos Directivos para exigir soluciones definitivas, ya que transcurridos doce años de la promulgación de la L.O.G.S.E., persisten los problemas de ordenación y de incardinación de nuestras enseñanzas dentro del sistema educativo. Y para añadir más confusión, el anteproyecto de la futura Ley de la Calidad empeora sustancialmente la situación de las enseñanzas artísticas pues ni siquiera aparecemos, sumiéndonos de nuevo, en una eterna incertidumbre.
Las enseñanzas artísticas han experimentado una espectacular demanda social y constituyen un valor crucial dentro de los sistemas educativos de todos los países de la Unión Europea. Tienen como finalidad contribuir a la formación integral de los individuos y garantizar la cualificación de futuros profesionales, por esto se convierten en un excelente indicador para medir el nivel de desarrollo y bienestar de un país.
En un contexto cultural-musical como la Comunidad Valenciana, todavía parece más incomprensible esta situación. De todos es sabido la especial trascendencia cultural y social que tiene la música entre nuestros conciudadanos. Nuestros compositores, intérpretes y directores están presentes en la Historia de la Música destacando por sus valiosas aportaciones. Desde el siglo pasado, asociaciones musicales y corporaciones locales han procurado que la música se extienda hasta el último rincón de la geografía valenciana, y en la actualidad los músicos valencianos están presentes en la práctica totalidad de Orquestas, Bandas y Conservatorios de todo el territorio español, convirtiéndose en auténticos embajadores de la cultura valenciana. A todo ello, nuestras instituciones educativas han contribuido de manera excepcional. El Conservatorio de Música de Valencia es uno de los más antiguos y prestigiosos del país y los nuevos Conservatorios creados más recientemente, se consolidan con fuerza en todo el territorio.
Así pues, ante el padecimiento continúo de profesores, alumnos y padres/madres hemos decidido la redacción de este documento para transmitirlo a los agentes sociales: Administración, Partidos Políticos, Sindicatos, etc. con la esperanza de concienciar a los responsables de la necesidad de abordar definitivamente estos problemas. Nuestra intención es efectuar una reflexión serena sobre las enseñanzas musicales, identificando sus áreas de mejora, con la finalidad de potenciar acciones conjuntas de las Administraciones Educativas y los poderes públicos. Y para ello, nos ofrecemos nuevamente para colaborar en este proceso y transmitir nuestras reflexiones y experiencias al conjunto de la Sociedad.
EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE LA CALIDAD EDUCATIVA.
Aunque todavía es pronto para valorar la futura ley, el anteproyecto de Ley de la Calidad Educativa está provocando una honda preocupación dentro de los Conservatorios y centros de enseñanzas artísticas ya que las referencias a las enseñanzas musicales son mínimas. De hecho, dentro de las enseñanzas escolares de régimen especial únicamente aparecen desarrolladas las Enseñanzas de Idiomas. Con este lamentable "olvido" la Administración Educativa desatiende las enseñanzas musicales y los graves problemas que padecemos, sumiéndonos en una nueva indefinición al obviar los desajustes de ordenación existentes en la actualidad.
Estamos convencidos, que esta nueva ley orgánica podría ser una magnífica oportunidad para corregir algunos de los graves problemas que padecemos. Sin embargo con esta actitud la Administración vuelve a desatender las enseñanzas artísticas.
También observamos con preocupación, la reducción de la asignatura de Música dentro de las enseñanzas obligatorias. En el citado anteproyecto, el área de Música desaparece de la enseñanza primaria. Con esta medida las enseñanzas artísticas vuelven a desvalorizarse y perder peso en el conjunto del Sistema Educativo.
La regulación del Bachillerato en la futura Ley de la Calidad, sería una magnífica oportunidad a nuestro entender, para la consolidación definitiva de una modalidad de "Bachillerato Musical" que posibilitara la conexión de las enseñanzas musicales con las generales y garantizará el acceso a los estudios universitarios al equiparar esta nueva modalidad con las restantes. Sin embargo no es así, más bien al contrario, ahora se añaden nuevas dudas e interrogantes. La inclusión de la Prueba General de Bachillerato (reválida) introduce elementos de confusión para aquellos alumnos nuestros que se acojan al Bachillerato musical regulado en la LOGSE. Dicha prueba constará de una parte común y una específica. Parece ser que la prueba específica versará sobre las asignaturas de las diferentes modalidades. Como el bachillerato musical no aparece como una modalidad, ¿Cómo será la prueba de la parte específica? ¿Incluirá contenidos que los alumnos habrán cursado en los Conservatorios de Grado Medio?, o como nos tememos, ¿obligará a nuestros alumnos a examinarse de asignaturas que no han cursado, lo que supondrá la puntilla definitiva a este tipo de bachillerato?, pues las dificultades actuales que padecen nuestros alumnos en la selectividad se adelantarán para la obtención del Bachillerato.
Otro aspecto a considerar es el de las futuras convalidaciones. Creadas para mitigar el exceso de carga lectiva que sufren nuestros alumnos, desconocemos como se articularán en la nueva ordenación, si serán posibles y que incidencia real tendrán en la práctica.
Para finalizar este apartado nos gustaría reflexionar sobre "la cultura del esfuerzo" que la futura ley persigue recuperar. Todos somos conscientes que nuestros alumnos están ya inmersos en esta cultura del esfuerzo desde el primer día que acuden a los Conservatorios, con la nueva Ley se endurecen los criterios de promoción y las condiciones de la enseñanza obligatoria y el Bachillerato. Si no se adoptan medidas en este sentido existe un problema real de inviabilidad de este tipo de enseñanzas, ya que a los alumnos les resulta prácticamente imposible cursar las enseñanzas obligatorias con las enseñanzas de música. Esperamos que la nueva ordenación no suponga más dificultades y hacemos un llamamiento a las Autoridades Educativas para la solución definitiva de su incardinación en el Sistema Educativo. No queremos perder otra oportunidad.
3. EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD.
El Real Decreto 990/2000 de 2 de junio de 2000 que modifica y completa el Real Decreto 1640/1999 de 22 de octubre de 1999, que regula las pruebas de selectividad a los estudios universitarios supone un serio obstáculo para los alumnos que tienen el llamado Bachiller Musical, y es uno de los motivos por el que muchos no se acogen a esta "modalidad". No existe una vía especifica de acceso, forzando a nuestros alumnos a examinarse, en el segundo ejercicio de la citada selectividad, de áreas que no han sido cursadas por ellos. Después de una serie de reivindicaciones hemos contemplado con frustración que la llamada VÍA MÚSICA no ha prosperado, lo que ha supuesto un serio revés a las expectativas profesionales. Para añadir más confusión, la promulgación de la LOU (Ley de Universidades) no nos aclara la situación. Esta ley ha modificado la prueba de selectividad, y en estos momentos no sabemos como afectará a nuestros alumnos. Parece ser que cada Universidad e incluso cada Facultad establecerá los procedimientos de admisión que considere oportunos, desconociendo cual será la incidencia de esta medida para los alumnos de enseñanzas musicales.
EL DESARROLLO INCOMPLETO DE LA LOGSE.
La promulgación de la LOGSE supuso un importante avance en la articulación de las enseñanzas musicales dentro del sistema educativo, sin embargo doce años después todavía existen aspectos no desarrollados que impiden una normalización completa. Nos referimos a la creación de los Centros Integrados de enseñanzas musicales de Grado Medio y enseñanzas generales. En la actualidad las Administraciones Públicas no han regulado estos tipos de centros. Solo existen algunas experiencias de iniciativa privada. Con estos centros asistiríamos a la solución definitiva de los problemas de excesos de carga lectiva que padecen los alumnos. Hasta el momento los repetidos intentos de concienciar a los responsables por parte de esta Comisión han resultado infructuosos.
Además de lo citado anteriormente, estamos esperando de la Administración Autonómica el Reglamento Orgánico y Funcional de Conservatorios Elementales y Profesionales, la regulación de la normativa para el acceso al cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, el mapa escolar de Conservatorios de la Comunidad Valenciana, un mayor esfuerzo en la construcción de infraestructuras y dotación de Conservatorios, regularización de las plantillas orgánicas de profesorado a las exigencias reales para acabar con la inestabilidad de los Claustros, convocatorias de oposiciones con más asiduidad, ordenación coherente de pruebas extraordinarias y pruebas de acceso, etc.
EL GRADO SUPERIOR DE MÚSICA.
En este sentido apoyamos a nuestros compañeros del Grado Superior para que, de una vez por todas, los Conservatorios Superiores se incorporen al sistema universitario, corrigiendo una de las situaciones más injustas e incomprensibles.
También creemos que es necesario organizar los estudios superiores en dos ciclos correspondientes a Diplomatura y Licenciatura y garantizar los suficientes puestos escolares en los Conservatorios Superiores para la promoción de los alumnos que acaben los estudios en los Conservatorios Profesionales y superen las pruebas de acceso a dichos estudios superiores.
Respecto a las pruebas de acceso a los Conservatorios Superiores, es necesaria su regulación garantizando la excepcionalidad de la vía extraordinaria (alumnos que no reúnen los requisitos de titulación) para dignificar y valorar la labor de formación musical realizada en los Conservatorios Profesionales y en los Institutos de Secundaria.
Por todo lo expuesto con anterioridad, creemos firmemente, que la Administración y los Poderes Públicos deben garantizar la enseñanza profesional de la Música como un servicio público de primera magnitud.
Actualmente nos encontramos en un proceso de redefinición del Sistema Educativo, un buen momento para abordar y subsanar los problemas que venimos padeciendo durante estos últimos años. Por este motivo la nueva Ley Orgánica no puede hacer oídos sordos a esta situación.
PROPUESTA al Pleno del Consejo Escolar del Estado ante el "Informe de la Comisión Permanente al Anteproyecto de Ley Orgánica de Calidad de Educación":
Augusto Serrano Olmedo y José Luis López Belmonte, Consejeros en representación de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza (STEs), realizan la siguiente
DEVOLUCIÓN del citado Informe a la Comisión Permanente y convocatoria de una Ponencia especial que redacte un nuevo Informe.
Consideramos que en la Ponencia especial deberán estar representadas todas las organizaciones presentes en el Consejo Escolar del Estado y que debería reelaborar completamente el Informe que ahora rechazamos de tal forma que el Consejo Escolar remita al Gobierno propuestas que verdaderamente den solución a los problemas que tiene planteados la enseñanza.
Los Consejeros que estamos aquí representando a la Confederación de STEs rechazamos el Informe de la Comisión Permanente sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación. Con este rechazo queremos significar que el anteproyecto debe volver al gobierno, al MEC y que debe iniciarse un autentico proceso negociador para concluir en un proyecto que de respuesta a los problemas que tiene hoy día la enseñanza, respuesta que, estamos seguros, con este anteproyecto no se da, sino que, al contrario, se agravarán los problemas actuales y se beneficiará la enseñanza privada. Vamos a explicar, aunque no muy pormenorizadamente, las razones por las que rechazamos este Informe y pedimos su devolución.
Hay, dentro de la comunidad educativa que defiende la educación pública, quien ha calificado la ley de calidad del PP como su última batalla contra la enseñanza pública; en la Confederación de STEs creemos, sin embargo, que esta batalla está siendo una más dentro de la guerra que el neoliberalismo le tiene declarada a los servicios públicos en general y a la enseñanza en particular.
Este curso está transcurriendo con retrocesos en el servicio público de la educación y ahora estamos sufriendo un fuerte ataque al concepto de enseñanza que defendemos distintas organizaciones y que se ha expresado aquí en numerosas ocasiones. Este Consejo ha demostrado tener poca voluntad de negociación y consenso y lo demostró claramente en la reunión de la Comisión Permanente del día 28, lo que nos decidió a no presentar enmiendas al anteproyecto de ley de calidad, pues en esa reunión se ha demostrado que el PP, el gobierno, cuenta con mayoría absoluta también en este Consejo. Pero vayamos por partes.
La Ley Orgánica de Universidades y la de Formación Profesional van a suponer en su desarrollo, al margen de otras consideraciones negativas, la progresión en la privatización de estas enseñanzas. La LOU favorece el auge de universidades privadas, sobre todo de la iglesia católica, que no tendrán que cumplir las mismas condiciones para su creación que el resto; la prepotencia del gobierno le llevó a su aprobación contra la opinión inmensamente mayoritaria de la comunidad universitaria. Ahora algunos de sus contenidos están en el Tribunal Constitucional.
La Ley de FP se ha aprobado con prácticamente la única oposición del Sindicato de Estudiantes y de los STEs, con la complicidad de algunos sindicatos y entre las distracciones para la comunidad educativa que suponían los globos sonda de la Sra. Ministra con pistas sobre su ley de calidad. Esperamos que algunos de sus contenidos acaben también en el Tribunal Constitucional.
El anteproyecto de "Ley de Calidad" que estamos aquí rechazando clara y rotundamente en nombre de la Confederación de STEs, forma parte, al igual que la LOU y la ley de FP, de la política educativa europea que aspira a poner la escuela pública y el dinero de los Presupuestos Generales del Estado y de cada Comunidad al servicio de las empresas de enseñanza. Hace años que venimos denunciamos esbozos de esa política mercantilizadora, lo hicimos en la LODE, en la LOGSE y en la LOPEGCE, pero el gobierno del Sr. Aznar quiere ir en primera fila de lo que los STEs consideramos un falso europeísmo, quiere profundizar y acelerar el proceso mercantilizador en España en cumplimiento de los acuerdos de la cumbre de Lisboa del año 2000; y quiere hacerlo empezando por utilizar para intereses privados los fondos que se deberían dedicar a la enseñanza pública.
Y en la Ley de calidad lo constatamos: hay un aumento de privatización del sistema con el impulso que se da a los conciertos educativos. Éstos, también bajo la forma de "convenios", ven mejoradas su dotación económica y sus condiciones de acceso, incluidos niveles no obligatorios (Infantil, FP, Bachilleratos, Adultos) y en la Memoria económica que ha filtrado la Sra. Ministra vemos que de cada 10 euros previstos 8 van a la enseñanza privada.
La mercantilización que denunciamos lleva a esta ley a implantar en el sistema educativo la llamada "lógica" del mercado, lógica que desde los STEs vemos bastante ilógica, por cierto. Y en la Ley del PP se pretende implantar esta lógica con la armonización de la "autonomía", la "dirección" y la "carrera docente" en torno a los "estándares de calidad", mecanismos pensados todos ellos para una progresiva disminución de la financiación de la escuela pública, como se lleva haciendo desde el año 1996, con el objetivo de que disminuya, al mismo tiempo, su calidad.
La "autonomía", que experimenta un gran avance desde la óptica neoliberal con la creación de los "centros de especialización curricular", busca en definitiva la deshomologación de centros: cada cliente, el cliente que tiene medios para costearse los extras, escoge el centro más acorde con sus preferencias de consumo; y así, con una competitividad comercial impropia de lo que debe ser la enseñanza, se irá dando paso a la supremacía de centros privados, lo que a su vez les atraerá más clientes. Quede claro que no hablamos de autonomía curricular o pedagógica, duramente cercenadas. Algunos centros públicos también entrarán en este juego competitivo, la administración les animará y ellos lo harán como forma de mantener sus puestos de trabajo, aunque para eso tengan que conseguir fondos extra para complementar los escasos que les vengan de la administración educativa; serán centros ubicados en determinadas zonas de las ciudades y dirigidos a determinada clientela.
Y así pasamos al tema del profesorado y a la dirección de los centros, que este modelo LOCE, necesita ser asumida por un director gerente nombrado por la administración. Éste, volcado preferentemente hacia sus clientes, será el encargado de tenerlos satisfechos para que su negocio siga boyante. En esa tarea no escatimará esfuerzos para buscar socios capitalistas, dar preferencia a unas materias en detrimento de otras o seleccionar a su alumnado. En la cuneta queda cualquier aspecto socioeducativo. Pero, leyendo la ley nos preguntábamos ¿cómo conseguirá todas las atribuciones de un empresario modelo respecto a sus trabajadores y trabajadoras para mejor exprimir toda su productividad....?, y aquí nos aparece la "carrera docente" es la respuesta que Dª Pilar del Castillo nos ofrece en la LOCE.
Menos retribuciones básicas para el común del profesorado y un monto limitado que la administración repartirá entre quienes demuestren que han asimilado mejor "la cultura del esfuerzo". El director, y aquí es donde cuadra el círculo, tendrá un papel preeminente en la valoración de ese esfuerzo. Mientras se engaña al profesorado con el perfume de la libertad de elección de su suerte retributiva, se pretenden conseguir trabajadores y trabajadoras dóciles y quebrar la cooperación como método de trabajo crítico en los colegios e institutos.
En cuanto a los "estándares de calidad", si alguien aún cree que van a tener un valor meramente orientativo e informativo es que desconoce las prácticas de países que ya han iniciado el camino de la mercantilización de la enseñanza, como EEUU o la Gran Bretaña.
La publicación periódica del hit parade de la calidad tendrá la virtud de castigar a los puestos más bajos del ranking:; castigará a los centros (con recortes de plantillas y de fondos, incluso el cierre, o la venta, que todo se andará) y castigará al profesorado (itinerarios basura, congelación de sueldo, traslado o incluso despido). Lo que se evalúa es la parte cuantitativa del final del proceso (a veces por agencias o auditoras privadas, en estos países), al margen de la situación de inicio y de los recursos disponibles, haciendo caer la responsabilidad en exclusividad sobre el profesorado del centro. Y sólo en esta dimensión mercantilista podemos encontrar el sentido al término "excelencia" en esta ley, nunca ligado a la mejora de la escuela pública y a la atención a la diversidad de la misma.
Habría otros muchos temas que tratar y por los que también rechazamos este anteproyecto de ley, como el retroceso que supone el llamar "preescolar" al primer ciclo de la Ed. Infantil dándole carácter de asistencial; la práctica desaparición de la Tecnología; el engaño de las repeticiones; la infravaloración del profesorado y el sobreesfuerzo para el alumnado que supone la reválida; la recreación del cuerpo de catedráticos y el ya demostrado ilegal trato que se pretende para la religión católica, tras haber cedido a las presiones de sus jerarcas; al hablar de religión e iglesia católica no podemos dejar de mencionar que en la exposición de motivos de la ley se le reconoce su tarea educadora –y adoctrinadora, diríamos nosotros- en el siglo pasado y, sin embargo no se menciona para nada la labor realizada por la II República, momento en que, nadie puede negarlo, se produjo el mayor avance en la enseñanza pública de todo el siglo, aunque el franquismo se dedicara después a borrar esta labor.
Con respecto al profesorado hay que señalar claramente que este Anteproyecto, si llega a ser ley, nos empeora nuestras condiciones de trabajo y dejará parte de nuestras retribuciones complementarias a la arbitrariedad de la administración educativa, vamos que la revalorización de la tarea de enseñar y la dignificación de la figura del profesorado no se contempla en absoluto en esta ley, sino que, repetimos, se destruye un poco más.
Hay que señalar también que el diálogo previo a este anteproyecto no ha existido, diga lo que diga la Sra. Ministra en los medios de comunicación. Del documento que presentó a debate al actual hay demasiado trecho y no hemos tenido ninguna reunión con la administración; aunque eso sí, la Sra. Ministra puede presumir de haberse reunido con las más inverosímiles asociaciones del profesorado, asociaciones que no representan a nadie, pues la legalidad en cuanto a la representación del profesorado nos la da la presencia en la Mesa Sectorial del MEC, Mesa que, por cierto, no se ha reunido para opinar sobre este anteproyecto, aspecto que entendemos que es obligatorio según la legislación vigente.
Por estas razones y por otras más, la respuesta de los sectores de la comunidad educativa y del resto de la sociedad que defendemos una enseñanza pública de calidad estará a la altura del envite que nos ha presentado el gobierno con su incorrectamente llamada ley de calidad. Pero que de ninguna manera nadie de los y las que apoyan la ley y al gobierno que la quiere imponer se planteen que la batalla la tienen ganada porque el PP tenga mayoría absoluta; pues deben tener muy claro que la única batalla que se pierde es la que se abandona, y millones de personas estamos dispuestos a luchar por otra enseñanza, porque luchar por otra enseñanza es luchar por otra sociedad donde las personas sean consideradas más allá de su "dimensión productiva", porque estamos seguros de que otro mundo es posible y de que otra sociedad es necesaria.
Madrid, 30 de Mayo de 2.002
La Comisión Permanente Estatal de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria, reunida en Teruel los días 10, 11 y 12 de mayo, una vez analizado el documento de bases y el texto articulado del Proyecto de Ley de Calidad de la Educación propuestos por el MECD quiere pronunciarse, en una primera lectura, sobre los siguientes aspectos:
1.- ITINERARIOS Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
En el artículo 24 se establecen itinerarios en los cursos 3º y 4º con el fin de atender a la pluralidad de necesidades e intereses del alumnado. Creemos que esto por sí solo no resuelve este problema. El llamado "fracaso escolar" se inicia en edades más tempranas, tiene causas diversas y es entonces cuando hay que intensificar las medidas correctoras y de apoyo.
Los itinerarios que se definen en dicho artículo no son la única medida ni la más importante de las que se puedan aplicar en los centros, ni tienen que limitar ni suprimir otras posibles medidas de atención a la diversidad. En este momento, existen modelos funcionando en algunas Comunidades Autónomas que han demostrado su eficacia, fundamentados en la autonomía de gestión pedagógica de los centros.
Dicha autonomía en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad es fundamental e imprescindible para el logro de resultados satisfactorios. Las Administraciones educativas están obligadas a proporcionar a los centros los medios y recursos suficientes para su aplicación. Los itinerarios han de entenderse, pues, como una medida más de atención a la diversidad y no como una mera organización del curriculum.
Valoramos la posibilidad que el Proyecto de Ley plantea de anticipar a los 15 años la incorporación a Programas de Iniciación Profesional para el alumnado que lo requiera. Asimismo pensamos que esta anticipación debe hacerse extensiva a los Programas de Diversificación Curricular, que están demostrando su eficacia.
2.- EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ESO.
El Proyecto de Ley trata estos aspectos en los artículos 28 y 29. A este respecto la repetición de curso ha de ser contemplada como un recurso más de atención a la diversidad; en ningún caso debe entenderse como una medida punitiva.
La decisión sobre la promoción de curso debe tomarla el equipo docente teniendo en cuenta las circunstancias individuales de cada alumno y considerando lo mas adecuado para la correcta evolución en su aprendizaje.
El mismo criterio debe regir para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
3.- PRUEBA GENERAL DE BACHILLERATO.
El artículo 37 del Proyecto de Ley establece la necesidad de superar una Prueba General de Bachillerato para la obtención del título.
Consideramos necesaria una prueba externa al finalizar el Bachillerato que cumpla un doble fin:
- Homologar el conjunto del sistema educativo, ante la existencia de una doble red de centros docentes.
- Regular el acceso a la Universidad mediante una prueba única que garantice una verdadera igualdad de oportunidades.
La obtención del título de Bachiller no debe estar subordinada a la superación de esta prueba.
La PGB debe respetar la especificidad curricular de las diferentes Comunidades Autónomas.
4.- DE LA FUNCIÓN DOCENTE.
El título IV del Proyecto de Ley y otras Disposiciones Adicionales abordan los aspectos relativos a la función docente.
Consideramos que la carrera docente, sin entrar en cuestiones de índole laboral que pertenecen al ámbito sindical, debe estar vinculada a la valoración del ejercicio profesional en la práctica docente. Por tanto, nos parece contradictorio que la Disposición Adicional duodécima establezca la posibilidad de acceso directo a la Cátedra por personas sin ninguna experiencia en el aula.
5.- DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
El artículo 77 establece las atribuciones del Consejo Escolar. En el marco de la demandada autonomía de gestión de los centros educativos, nos parece improcedente la merma de competencias del mismo.
6.- DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO.
El artículo 88 del Proyecto de Ley establece un nuevo procedimiento para la designación de los directores de los centros públicos.
Reconociendo que el sistema actual es mejorable, consideramos imprescindible que el director sea elegido por la Comunidad Educativa y no que la decisión sobre su elección recaiga mayoritariamente en la Administración educativa.
En todo caso la crisis del modelo actual se debe a otros factores no suficientemente contemplados en el Proyecto de Ley y que afectan a todos los miembros del equipo directivo, como son:
- Falta de competencias reales en la gestión de recursos humanos.
- Escasa capacidad en la adopción de medidas disciplinarias.
- Falta de apoyo y reconocimiento de su labor por parte de la Administración.
- Ausencia de medidas que prevean una adecuada reincorporación a la actividad ordinaria al finalizar el mandato.
- Retribución económica inadecuada a las responsabilidades derivadas del ejercicio del cargo.
7.- CENTROS DOCENTES CON ESPECIALIZACIÓN CURRICULAR.
Mostramos nuestra preocupación ante la posibilidad de existencia de este nuevo tipo de centros previstos en el Artículo 73 del Proyecto, dada la indefinición de los mismos y su repercusión en el proceso de admisión del alumnado.
8.- ORGANIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE ESO Y BACHILLERATO.
De acuerdo con los artículos 22 y 35 que establecen las asignaturas comunes en la ESO y el Bachillerato, las Comunidades Autónomas con lenguas propias deberán incluirlas en sus currículos.
Asimismo mostramos nuestro desacuerdo por la supresión del Bachillerato Tecnológico ya que alguno de sus itinerarios es el más adecuado para el acceso a determinados ciclos formativos de grado superior.
Consideramos imprescindible que se produzca un debate sereno y reposado que permita llegar a un consenso político y social para dotar al sistema educativo de una necesaria estabilidad que evite que los grandes ejes del mismo estén a merced de los cambios de mayoría parlamentaria.
- Cualquier proyecto de ley de calidad debe priorizar, dentro del sistema educativo, los objetivos de igualdad de oportunidades que solo pueden alcanzarse si In red pública es el eje vertebrador de la oferta educativa. Por tanto es imprescindible que la legislación garantice que en la práctica se produzca un reparto equilibrado de alumnos con necesidades educativas específicas entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, evitando de esta forma que la red pública se convierta en subsidiaria de la privada.
- Parece evidente que cualquier reforma educativa que no vaya acompañada de la correspondiente Ley de Financiación está condenada de antemano al fracaso.
- Al plantear un Proyecto de Ley de Calidad no pueden olvidarse, entre otros, los factores de carácter socio-familiar que inciden de forma directa en la educación: falta de colaboración de muchas familias; carencia de valores como respeto y esfuerzo, cuya generación y fomento deben ser previos al acceso a los centros educativos; predominio de la "cultura de la imagen", que obstaculiza los procesos de comprensión-expresión y razonamiento lógico; proyección de contravalores en los medios de comunicación y los crecientes flujos migratorios no integrados socioeconómicamente.
Reiteramos una vez más nuestra disposición a colaborar con las autoridades educativas en cualquier tarea que se oriente a mejorar la calidad de nuestro sistema educativo.
Teruel, a 12 de mayo de 2002.
Los abajo firmantes, profesores de Enseñanza Secundaria, ante la Disposición Adicional Decimotercera del Anteproyecto de Ley de Calidad de la Enseñanza, manifiestan su más enérgica protesta y rechazo por la creación de divisiones profundamente discriminatorias y vejatorias entre los actuales profesionales de este nivel no universitario.
Consideran inadmisible, así como desestabilizador y perjudicial para la convivencia en los Centros de Secundaria, la concesión de una prebenda para el nuevo Cuerpo de Catedráticos el impartir "preferentemente" los cursos de Bachillerato.
Consideran, asimismo, esa Adicional, un privilegio arbitrario sin fundamentos académicos ni argumentos pedagógicos, cuando, además, aparte de que nuestro ingreso en la carrera docente por oposición, nos capacita a todos los profesores de Enseñanza Secundaria para impartir el Bachillerato, son muchos los miembros de los actuales Departamentos Didácticos los que ingresaron en esta carrera docente por oposición al Cuerpo de Profesores de Bachillerato.
Así, no hay razón, ni profesional ni laboral, para que los catedráticos tengan preferencia para impartir el Bachillerato sobre el resto del profesorado. ¿Por qué los diferentes catedráticos miembros de los Departamentos tendrán siempre esa preferencia?. ¿Por qué se nos descalifica ahora para impartir Bachillerato y recluirnos únicamente en la Enseñanza Obligatoria?. ¿Desde cuando, en un Estado de Derecho, se cercenan derechos legalmente adquiridos?.
Trabajar en las aulas con nuestros jóvenes es, a veces, poco reconocido por la Sociedad y nuestro desaliento se acentúa cuando se conculcan, como en este caso, unos derechos legalmente adquiridos por oposición.
Es por todo ello por lo que exigimos la retirada de esta Adicional Decimotercera del citado Anteproyecto de Ley.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 24
 artículo 37
 artículo 77
 artículo 88
 Artículo 73