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Timestamp: 2019-05-27 01:58:47+00:00

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﻿ SENTENCIA C-190 DE MARZO 15 DE 2006
SENTENCIA C-190 DE 15 DE MARZO DE 2006
CONTENIDO:CAPTURA POR ORDEN DE LA FISCALÍA. SÓLO SE APLICARÁ CUANDO EL LEGISLADOR LA REGULE. SE DECLARA EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE LA EXPRESIÓN "O DE LA CAPTURA EXCEPCIONAL DISPUESTA POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN " CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 297 DE LA LEY 906 DE 2004
TEMAS ESPECÍFICOS:ATRIBUCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, FLAGRANCIA, ORDEN DE CAPTURA PROFERIDA POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:415 DE JULIO DE 2006, PG.12´78
Sentencia C-190 de marzo 15 de 2006
CAPTURA POR ORDEN DE LA FISCALÍA
Solo se aplicará cuando el legislador la regule.
Sentencia C-190 de 2006
Ref.: expediente D-5832
Demandante: Rolando Robayo Tamayo.
Demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 2º inciso 3º, 297 parágrafo y 300 de la Ley 906 de 2004.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Rolando Robayo Tamayo, presentó demanda contra los artículos 2º (parcial), 297 (parcial) y 300 de la Ley 906 de 2004, por infringir el preámbulo, los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 28, 32, 93 y 133 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Mediante auto de julio cinco (5) de 2005, el magistrado sustanciador admitió la demanda y se corrió traslado del expediente al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto correspondiente.
El 25 de julio del año mencionado, el expediente fue recibido en el despacho del magistrado sustanciador, incluyendo el oficio DP- 0685 allegado a esta Corporación el 22 de julio de 2005, suscrito por Edgardo José Maya Villazón y Carlos Arturo Gómez Pavajeau, Procurador y Viceprocurador General de la Nación respectivamente, quienes solicitan a esta Corte disponer que el Procurador General, en virtud de la función que le atribuye el numeral 33 del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000, designe al funcionario que debe rendir el concepto en el proceso de la referencia pues los suscritos se encuentran impedidos.
La razón que aducen para su impedimento es que como Procurador y Viceprocurador, participaron en la Comisión Redactora, el primero, y en la subcomisión redactora, el segundo, del proyecto de ley que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal —L. 906/2004—.
Por tal razón, la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante auto de treinta (30) de agosto de 2005, decidió aceptar los impedimentos propuestos y ordenó que el Procurador General de la Nación designará el funcionario que rendiría el concepto.
2.1. Artículo 2º, inciso 3º (parcial) de la Ley 906 de 2004.
La Corte constata que mediante Sentencia C-730 de 2005 (1) se declaró la inexequibilidad de las expresiones “En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito” contenidas en el inciso final del artículo 2º de la Ley 906 de 2004.
En consecuencia, siendo las misma expresiones acusadas del artículo 2º en la presente demanda, esta Corporación habrá de estarse a lo resuelto en la Sentencia C-730 de 2005 respecto de la acusación formulada en este proceso.
2.2. Artículo 300 de la Ley 906 de 2004.
La Corte evidencia, igualmente, que mediante Sentencia C-1001 de 2005 (2) se declaró la inexequibilidad del artículo 300 de la Ley 906 de 2004.
En consecuencia, siendo el mismo artículo acusado en la presente demanda, esta corporación habrá de estarse a lo resuelto en la Sentencia C-1001 de 2005 respecto de la acusación formulada en este proceso.
3. Artículo 297 (parcial) de la Ley 906 de 2004.
El parágrafo (parcial) señalado de inconstitucional expresa la posibilidad excepcional de captura por parte de la Fiscalía General de la Nación.
No obstante, la posibilidad con que cuenta la Fiscalía General de la Nación para realizar capturas de manera excepcional debe comportar el cumplimiento de presupuestos, requisitos, límites e hipótesis claramente definidos en la ley, conforme con el numeral 1º del artículo 250 de la Constitución.
Ahora bien, la expresión “... o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación...” contenida en el artículo 297 parágrafo de la Ley 906 de 2004, tiene dos interpretaciones con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En consecuencia, esta corporación declarará exequible la expresión “... o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación...” contenida en el artículo 297 parágrafo de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que la facultad excepcional de efectuar capturas de la Fiscalía General de la Nación no será aplicable hasta tanto el legislador no regule, de conformidad con el inciso tercero del numeral 1º del artículo 250 de la Constitución, los límites y eventos en que excepcionalmente procede la captura por orden de la Fiscalía General de la Nación.
1. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-730 de 2005, que declaró inexequible la expresión “En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito”, contenida en el inciso final del artículo 2º de la Ley 906 de 2004.
2. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-1001 de 2005 que declaró inexequible el artículo 300 de la Ley 906 de 2004.
3. Declarar EXEQUIBLE la expresión “o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación” contenida en el artículo 297 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que la facultad excepcional de efectuar capturas de la Fiscalía General de la Nación no será aplicable hasta tanto el legislador no regule, de conformidad con el inciso tercero del numeral 1º del artículo 250 de la Constitución, los límites y eventos en que excepcionalmente procede la captura por orden de la Fiscalía General de la Nación.
El suscrito magistrado salvó su voto en relación con la decisión adoptada por la Corte en la Sentencia C-730 de 2005, cuando la corporación decidió declarar inexequibles las expresiones “En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito”, contenidas en el inciso final del artículo 2º de la Ley 906 de 2004.
Las razones que sirvieron de base a la posición disidente fueron consignadas así en el salvamento correspondiente:
“... se argumenta que la falta de especificación con la que el legislador regula la facultad de la Fiscalía de capturar sin orden judicial previa —la cual fue dispuesta por el Constituyente derivado como excepcional, luego alejada del carácter general e indeterminado—, no se subsana con las regulaciones que el mismo legislador dispuso en otros artículos de la Ley 906 de 2004. Consideramos por el contrario, que se debió interpretar sistemáticamente el enunciado normativo demandado, con los demás artículos de la Ley en comento que regulan la facultad excepcional de la Fiscalía de capturar sin orden previa del juez. Estos artículos, que son el 300 y el 313 del nuevo Código de Procedimiento Penal (L. 906/05), prestan la concreción y especificidad por ausencia de la cual la Corte declaró la inconstitucionalidad en mención. En este orden —a nuestro juicio— los mencionados artículos subsanan el reparo constitucional consistente en que el artículo 2º acusado, deja “abierta la puerta” para que la excepción del artículo 250 de la Carta se convierta en la regla general, haciendo que la regulación del tipo de captura permitida a la Fiscalía sin orden judicial previa, se presente como condicionada a la concurrencia de circunstancias excepcionales. Por ello, no se debió declarar inexequible el enunciado normativo del artículo demandado.
“... al no estudiarse en su contexto la regulación que el nuevo Código de Procedimiento Penal que estableció la posibilidad excepcional de los fiscales para realizar capturas sin orden judicial previa, se omitió también analizar la racionalidad del establecimiento de dicha posibilidad. No se tuvo en cuenta que con la orden de captura emitida por un fiscal se pretende mantener la eficacia de la tarea de la persecución penal del órgano investigador, en situaciones o ante eventos muy particulares. Que la regulación de esta competencia por parte del legislador se desarrolló como la verificación de una serie de causales (L. 906/05, art. 300). Que dichas causales pretenden dar cuenta de los eventos en que el Fiscal sólo tiene una oportunidad para realizar la captura, y se encuentra frente a ella sin la orden escrita del juez. Y que pese a que el presupuesto normativo necesario es la ocurrencia de hechos imprevisibles, frente a los que el fiscal no tiene otra opción que realizar la captura en forma inmediata, su realización está condicionada a priori por los requisitos a que se ha hecho mención y a posteriori por el control del juez de garantías”.
Ahora bien, con los mismos argumentos jurídicos, el suscrito magistrado presentó aclaración de voto a la Sentencia C-1001 de 2005, dado que, a pesar de que la discrepancia con la decisión de la Corte no había desaparecido, se imponía como necesario respetar la decisión de la Sala Plena.
En la demanda de esta referencia ocurre algo similar: en cuanto a la parte resolutiva del fallo, estoy de acuerdo con la decisión de la Sala de declarar exequible la expresión “o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación”, contenida en el artículo 297 de la Ley 906 de 2004, pues considero que la facultad que aquí se asigna no hace más que reiterar la competencia conferida por la Constitución Política en su artículo 250.
Así mismo, estoy de acuerdo con la decisión de condicionar la exequibilidad de la norma —en el sentido de que la facultad excepcional de efectuar capturas no será aplicable hasta que el legislador no la regule— porque dicho condicionamiento es consecuencia obligatoria de aplicar la ratio decidendi de las decisiones contenidas en los fallos C-730 y C-1001 de 2005, fallos a los que por virtud de mi voto favorable me acojo.
No obstante, en tanto discrepo de las razones jurídicas que condujeron a la adopción de la decisión, aclaro mi voto en relación con el fundamento jurídico de la misma, para lo cual sigo los argumentos a los cuales adherí en su oportunidad y que tienen que ver con mi convencimiento de que la Ley 906 de 2004 sí fijó suficientes elementos de juicio para establecer el marco de ejercicio de la competencia de captura excepcional que la Constitución asigna a la Fiscalía y que, por tanto, la aludida falta de especificidad legislativa que las sentencias C-730 y C-1001 de 2005 detectaron, no existe.
En la parte resolutiva de este fallo la Sala Plena decidió estarse a lo resuelto en la Sentencia C-730 de 2005 y a la C-1001 de 2005 por medio de la cual se declaró la inexequibilidad del artículo 2º parcial de la Ley 906 de 2004 y del artículo 300 de la misma ley, respectivamente. Considero entonces necesario aclarar mi voto en lo que se refiere a que estos artículos debieron ser interpretados armónicamente, y a partir de ello determinar que la facultad de la Fiscalía para capturar sin orden previa del juez de garantías, estaba suficientemente regulada y referida a unos casos concretos. Luego las razones que esgrimió la Corte para su inconstitucionalidad, carecerían de fundamento. Sobre este tema en concreto me remito a lo expuesto en el salvamento de voto a la Sentencia C-730 de 2005 y C-1001 de 2005 por mí suscritos.

References: ARTÍCULO 297
 artículo 7
 artículo 7
 Artículo 2
 artículo 2
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 Artículo 300
 artículo 300
 Artículo 297
 artículo 250
 artículo 297
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 artículo 250
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 artículo 300
 artículo 297
 artículo 250
 artículo 2
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 artículo 250
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 artículo 300