Source: https://josepdemarti.blogspot.com.es/2010/11/
Timestamp: 2017-05-29 13:18:16+00:00

Document:
Que la residencia XXX que represento tiene plazas financiadas con fondos públicos de las conocidas como de “colaboración” que a efectos estadísticos de aplicación de la Ley de Dependencia se consideran como plazas de prestación de servicio residencial (Fuente: http://www.imsersodependencia.csic.es/documentos/estadisticas/indicadores/saad/2010-11/estadisticas-saad-nov-2010.pdf) Que la residencia aplica el V Convenio Marco Estatal de Servicios a personas en Situación de Dependencia. Que el artículo 37.1 de la Constitución Española determina claramente que “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios”.
Considere la situación de las plazas de colaboración como equiparables a las de concierto ya que, aunque el régimen jurídico sea diferente, los usuarios de una y otra, son personas con idéntico derecho a recibir un servicio de calidad, que han seguido un idéntico trámite de acceso. Considere que, actualmente, en aplicación del Decreto 142/2010 la residencia que represento está acreditada a todos los efectos hasta que se apruebe y se aplique el Decreto de Acreditación.
Más de 200 personas han visitado este blog entre anteyer y ayer y muchas de ellas me han enviado mails o me han llamado aportando más datos y posibles interpretaciones sobre la resolución de la Consellera Capdevila de 3 de noviembre.Entre los datos, llama la atención que entre el documento y sus anexos hay una contradicción de conceptos: La resolución habla claramente de "aportación económica" pero en el anexo se habla de "incremento de tarifas". Parece que con las prisas han hecho el "corta y pega" sin fijarse demasiado.También ha llamado la atención un visitante sobre el hecho de que no son 26 los indicadores sino 26 procesos con ¡41 indicadores!Sobre las interpretaciones quiero llamar la atención sobre dos:- Un amigo me indica que me equivoco al decir que la consellera se burla del sector porque lo único que está haciendo es, dos días antes de empezar la campaña electoral, un guiño a los sindicatos. Parece que llevan años diciéndoles que van a conseguir que cualquier incremento de tarifas irá directamente dirigido a aumentar los salarios de los trabajadores de las residencias. Como ven que no lo han hecho (básciamente porque los salarios los pactan trabajadores y empresarios mediante el sistema de negociación colectiva) quieren dar la sensación de que lo intentan pero son los empresarios quienes no lo aceptan. Según esa opinión la resolución, de casi imposible cumplimiento, no va dirigida realmente a los empresarios sino a los sindicatos por lo que no sería una burla sino una triquiñuela.- Otras personas me ha dicho que se me ve el plumero y que soy yo el que estoy escribiendo en clave electoral. Sobre esto, no voy a negar que tengo una ideología y, cualquiera que lea este blog puede deducirla sin demasiado esfuerzo. No obstante, el hecho de que comente la resolución el día que se hace pública me parece que tiene que ver más con la coincidencia cronológica que con cualquier otra cosa.Por favor, amigos y amigas blogueros. Seguid enviándome opiniones o poniéndolas directamene en le foro de Inforesidencias.com.
Si algo está claro en Cataluña en relación a las próximas elecciones es que en el Departamento competente en Servicios Sociales (hoy d'Acció Social i Ciutadania) habrá cambios profundos, como mínimo en lo que a personas se refiere. Es inimaginable que, sea quien sea quien gane, vuelva a hacer cohabitar a una consejera de un partido con una directora general del ICASS de otro viendo cómo han ido las cosas.Es cierto que el gobierno que acaba ha visto como tenía que poner en funcionamiento el Sistema de la Dependencia y la Llei de Serveis Socials, elaborados en una época de vacas gordas, en plena crisis económica, pero también lo es que los presupuestos de dependencia han sido de los menos afectados por las medidas contra el déficit.En su relación con el sector geroasistencial empresarial, este gobierno se ha ido moviendo entre el acercamiento y la desconfianza. Es cierto que las mesas técnicas se han reunido y que, tanto la Consejera como la directora del ICASS han participado en actos públicos organizados por asociaciones patronales, pero no lo es menos que, en todo momento han actuado como si el sector empresarial de atención a mayores fuese poco digno de confianza. Sólo así puede entenderse que, a pesar de comprometerse en diversas ocasiones no hayan sido capaces de aprobar un decreto de acreditación; que hayan dejado en la estacada durante dos años a las residencias que esperaban poder acreditarse durante 2009 y 2010 o que, en relación a la subida de tarifa de los conciertos hayan ido alargando las cosas hasta muy, muy al final.Tan al final que, el día 3 de noviembre (a poco más de tres semanas de las elecciones), la Consellera dicta una resolución en la que se entrelee su carcajada. ¿Queríais subida de concierto?, Aquí la tenéis.Al final la subida no es subida sino "propinilla", y además "propinilla envenenada". Una subida de tarifas supone que los precios quedan determinados de una forma de ahora en adelante. Una "propinilla envenenada" consiste en dar una cantidad que "no implica consolidación de derechos económicos para ejercicios futuros" (literal de la resolución) y que supone incrementar los costes del servicio de forma permanente.Vayamos por partes. Esta resolución se parece mucho a la que ya circuló como propuesta en junio pero hay algún cambio. Para conseguir la "aportación económica" hay que cumplir tres requisitos:1. Condiciones laborales:Según me cuentan personas que han asistido a las reuniones de la mesa técnica, la necesidad de que exista un convenio colectivo catalán es una fijación de la Sra. Carolina Homar (Directora del ICASS), que no acepta que, aplicando la Ley de la negociación colectiva, los sindicatos y empresarios hayan acordado el V Convenio Marco Estatal de la Dependencia que es de aplicación en Cataluña. Esta fijación se alimenta a su vez de los sindicatos, sobre todo UGT, que consideran que cualquier subida de tarifas debe ir dirigida a subir los salarios de los empleados. Desde hace años se ha intentado negociar el convenio catalán, y hace poco casi se alcanzó, pero se rompieron las negociaciones (por decisión de los sindicatos, según dos fuentes de la parte empresarial).De uno de aquéllos intentos surgió un pacto de eficiacia (una especie de convenio pero que sólo aplican las partes que lo han firmado) que firmaron los sindicatos con la patronal de las entidades religiosas (entonces FERS) y que tiene unas condiciones laborales diferentes al V Convenio estatal. El salario y la jornada anual son mejores para los trabajadores pero la forma de computar los festivos trabajados así como los descansos, por ejemplo, no lo son tanto.Explico todo esto porque sin saberlo no se entiende que ahora la Generaliat diga que las residencias que quieran recibir la "propinilla" tienen que aplicar el pacto de eficacia o garantizar que sus gerocultores cobran un salario base de 991,2€ (un 8% más que en el V Convenio) y tener una jornada anual de 1744horas (un 3% menos que el V Convenio). Este requisito está muy bien para quien ya aplica el pacto de eficacia pero, ¿Puede una residencia arriesgarse a cambiar el salario y jornada de sus trabajadores con efecto 1 de Enero de 2010 para cobrar una cantidad este año que no está garantizada el que viene?. Además, la subida sólo se aplica a los usuarios de plaza pública por lo que las residencias que tengan plazas públicas y privadas verían incrementar sus costes para todos sólo a cambio de la "propinilla".2. Indicadores de calidadSe exige el registro de los famosos "26 indicadores" que ya se hicieron públicos pero que ahora se complementan con un manual de 80 páginas para su aplicación. Además se pide, para poder cobrar la "propinilla" que la residencia presente un certificado emitido por una empresa auditora reconocida e independiente. ¿Cuánto creen que cobrará Applus+ o Bureau Veritas por acreditar que se cumplen unos indicadores el manual de los cuales tiene 80 páginas? No piensen en cientos de Euros sino más bien en miles. Por otro lado, ¿existe alguna auditoria reconocida e independiente preparada para acreditar antes de finales de 2010 que una residencia cumple con los indicadores?. Lo digo porque supongo que esas auditadoras necesitarán de un tiempo para preparar su manual de auditación y formar a algún auditor antes de empezar a auditar residencias concretas. Yo creo que es imposible que en siete semanas las residencias se preparen y las auditoras auditen. También creo que esto lo saben perfectamente la consellera y la directora del ICASS y por eso creo que se están mofando del sector.Sigo pensando que la Generalitat tendría que gastar menos en inventar y más en aplicar. Existen certificaciones y sistemas de calidad creados, algunos genéricos (ISO, EFQM) y otros más específicos como las normas UNE 158000. ¿De verdad hace falta exigir algo nuevo y diferente? Pues parece que sí.3. Titulación de los gerocultoresLa regla general para todas las comunidades es que todas las gerocultoras tengan un título o reconocidas sus competencias a finales de 2015 (así lo estableció el Consejo Territorial) y que, a medio camino, a finales de 2011, se alcance el 35%.Aquí, por un lado somos más lanzados que los demás y queremos que el 35% sea a finales de 2010 para poder cobrar la "propinilla". Pero, por otro lado sabemos que el proceso está atascado (la resolución dice que es un "proceso en construcción") y que es imposible que se cumpla tal como estaba previsto por lo que imaginaremos que cumple quien se haya inscrito en un proceso (o sea registrado una solicitud) y se comprometa a alcanzar el 100% en el futuro.El tercer requisito no supone ningún obstáculo pero los otros dos, unidos al carácter puntual de la subida hacen que, casi ninguna residencia perteneciente a una empresa vaya a obtener la "propinilla".Incluso si alguna, de las que aplican el V Convenio, se lo plantease, debería pagar con efectos enero un aumento del 8% a sus gerocultores y reducirles la jornada anual un 3%. Admitiendo que alguna lo hiciese ¿Aceptarían los trabajadores que eso funciosase sólo en 2010 debido a que lo que se cobrará de más será algo puntual y no consolidable?. Lo más seguro es que no, por lo que las residencias que se arriesguen a hacerlo saben que están cargando su cuenta de resultados con un gasto que se mantendrá cuando los ingresos no están garantizados. Claro que si lo hacen, cuando se den cuenta del error y se quejen a la Generalitat, las quejas se las tendrán que presentar a los nuevos inquilinos de Palau de Mar (sean del partido que sean pero que seguro, no serán las mismas personas). Un regalito que deja en el cajón la Consellera.Me gustaría poder contrastar lo que pienso con alguien que esté viviendo directamente la situación, yo veo una jugada política: Cuando presentaron en junio el borrador, la Consejera ofreció una rueda de prensa y la mayor parte de los periodistas se fueron sin entender de qué iba exactamente la cosa. Supongo que ahora habrá otra.El final de la resolución parece un pequeño guiño al sector ya que, después de mostrar "el caramelo que no comeréis", abre la puerta a que las residencias concertadas que ofrezcan habitaciones individuales con baño y una superfície un 10% superior a la exigida (o sea 6m2) puedan cobrar un suplemento a quien las ocupe como servicio opcional.Y, cómo si de un homenaje a Gila se tratase, se establece una excepción: Los centros en que todas las habitaciones san individuales no podrán cobrar el suplemento ya que en ese caso tener habitación individual no será una opción. Ya lo saben esas residencias, sea como sea hay que tener una habitación doble.
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Aunque en Estados Unidos izar la bandera al revés suele entenderse como una señal de protesta, tengo entendido que en navegación marítima, el hecho de que la enseña esté cabeza abajo quiere decir que la nave está lanzando una señal de emergencia a quien pueda ver su enseña. Lo que no sé exactamente es qué quiere decir cuando la Gerente de Servicios Sociales de una comunidad autónoma se fotografía para la revista de la FED posando ante una bandera de España en la que el escudo está claramente invertido.Quizás la Sra Milagros Marcos, gerente de servicios sociales de la Junta de Castilla León, no se dio cuenta. O quizás nos estaba enviando una señal encriptada mezcla de queja por cómo está financiando el Estado a las comunidades autónomas y petición de auxilio ante el desastre a que nos avoca una Ley de Dependencia que cada vez más se basa en “la paguilla” y menos en servicios profesionalizados.En fin. ¿Quién sabe?
Interesantísimo artículo en el País de 6 de Noviembre que reabre el debate sobre la gestión privada de servicios públicos. Desde una visión sesgada en un sentido, por supuesto, pero ¿No deberíamos empezar a hablar otra vez?El artículo establece claramente que cuando se privatiza la prestación de un servicio público, sobre todo cuando se hace con empresas privadas, baja la calidad y las empresas obtienen beneficios a costa de devaluar las condiciones de trabajo de los empleados. Las cosas no son tan malas si, quien presta el servicio es una entidad sin ánimo de lucro. O sea, lo que ya hemos escuchado mil veces y ha llevado a la inequidad actual (un residente en una residencia pública cuesta a la administración 5.000 Euros pero si está en una concertada cuesta 1.500).El artículo, por supuesto soslaya la clave principal del debate y el hecho de que estemos en una situación de recesión.Durante las últimas semanas he escuchado a personas eminentes por su elevada formación académica y su tendencia filosocialista abogar por un aumento de impuestos para financiar los servicios que debe ofrecer el estado de bienestar. El informe del comité de expertos sobre la aplicación de la Ley también proponía un aumento de impuestos.O sea. Como se calculó mal el número de dependientes que había. Como se calculó fatal lo que se recaudaría por copago. La solución es subir los impuestos, pero no para dar mejores servicios sino para poder seguir dando dinero a las familias de los dependientes para que los cuiden en casa.A mí me gustaría que se avivase el debate sobre la forma de gesitón de los servicios y sobre la utilidad o no de la prestación económica vinculada (que también queda denostada en el artículo de El País). Me gustaría que se valorase la calidad de forma objetiva y externa para saber si existe un modelo que sea obtjetivamente mejor y más económico.Lo ha empezado ahora el Pais, ¿nadie tiene nada que opinar?
Acabo de volver de Granada donde he participado en un congreso sobre nuevas tecnologías en la atención a personas mayores. Como en todos los actos en que se habla de mayores, había una mesa dedicada a la aplicación de la Ley de Dependencia en la que una persona que venía de la Diputación de Granada habló sobre lo bien que están prestando la ayuda a domicilio y la teleasistencia en esa provincia; después un representante del Ayuntamiento comentó lo mucho que gastan en dependencia y lo poco que reciben para hacerlo (mencionó también el SAD y la teleasistencia). Como no noté ningún atisbo de crítica hacia la ley en sí se me ocurrió preguntar si no resultaba sorprendente que se estuviese hablando en una ponencia sobre esta Ley de servicios cuando lo que más se presta son ayudas económicas. La respuesta fue sorprendente: el de la Diputación me dijo que cada vez se piden menos (en octubre de 2010 representa el 45% del total de ayudas en Andalucía y más del 55% en toda España) y que es normal que lo pidan porque en la actual situación económica muchas familias pueden llegar a fin de mes gracias a la prestación de la dependencia. El del ayuntamiento dijo textualmente que “la paguilla” de la dependencia era preferida por muchos dependientes y familiares.Se me quedó en la cabeza lo de “la paguilla” y espero que se le quede a todo el mundo porque la Ley lleva el camino de convertirse en seo.Como me gusta gritar en el desierto sigo clamando para que se pare la entrada de nuevos grados y niveles de dependencia bajo el paraguas de cobertura universal, que se establezca una moratoria y que se espere a tiempos mejores. De esta forma podríamos centrar todos los esfuerzos en crear un sistema verdaderamente universal para la gran dependencia en vez de ir extendiendo la capa de mantequilla sobre una tostada cada vez más grande. Nadie me escucha y en enero tendremos un nuevo grupo con bajos niveles de dependencia que tendrán derecho a una serie de prestaciones de servicios o a una “paguilla” de 180 euros.José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales también intervino y fue un contrapunto de realidad. Presentó datos del Observatorio de la Ley que esa asociación ha elaborado por quinta vez en julio de 2010 y presentó un interesante estudio titulado “El Servicio de Ayuda a Domicilio en la Encrucijada” (ambos en la Geriateca de http://www.inforesidencias.com/geriateca/index.asp). Sus tres grandes preocupaciones: el parón que está sufriendo la Ley en los últimos meses, el aumento de los ciudadanos que viven en el “Limbo”, o sea con una valoración pero sin recibir servicios ni prestaciones y la rebaja de un 6% de la cantidad asignada en los presupuestos de 2011 para el Plan Concertado que impedirá en parte la prestación de servicios por parte de los ayuntamientos.En fin, que con una paguilla lo arreglaremos todo.

References: artículo 37
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