Source: http://www.franciscosantana.net/2012/03/sala-de-casacion-penal-reitera-que-las.html
Timestamp: 2018-09-20 08:00:03+00:00

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Sala de Casación Penal reitera que las sentencias de sobreseimiento deben tramitarse conforme al procedimiento de apelación de sentencias definitivas
"...De la revisión a la causa, el escrito contentivo del recurso de casación, así como a la sentencia recurrida; la Sala observa que en el presente caso, se ha ejercido separadamente dos denuncias en el presente recurso de casación, la primera referida a la falta de aplicación del artículo 22 eiusdem; y la segunda referida a la contradicción en la motivación del fallo dictado por la Corte de Apelaciones.
Observa asimismo la Sala, que en el caso bajo examen el recurrente en su recurso de apelación ofreció elementos probatorios para que los mismos fueran valorados por la Corte de Apelaciones, al momento de decidir el recurso interpuesto, y sobre este punto el recurrente indicó “… De conformidad con lo dispuesto en el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal, promuevo la denuncia con todos sus anexos con el objeto de demostrar a través de dichos documentos que se cometió el delito denunciado…” (Pieza 2, folio 172).
Ahora bien, en relación a éstos elementos de prueba destinados a respaldar el recurso de apelación, debe precisarse que el ofrecimiento de los mismos, no constituye una simple formalidad; sino por el contrario a través de ellos, se actualiza la vigencia del principio de contradicción propio de nuestro proceso penal, además de que se garantiza el derecho a la defensa de la protección procesal del promovente de la prueba. En este contexto, las pruebas ofrecidas en el escrito de apelación, e incorporadas válidamente en la incidencia recursiva incoada con ocasión de éste garantiza en la audiencia de apelación, aquellas pruebas que hayan sido ofrecidas o propuestas en el texto del escrito de apelación; esto nace del derecho a la igualdad que tienen las partes de actuar con similares derechos y oportunidades para sostener y fundamentar sus pretensiones procesales, pues una situación contraria, generaría indefensión.
En el caso bajo estudio, se verifica que las pruebas ofrecidas por el recurrente en la oportunidad de la apelación de la sentencia de sobreseimiento, eran las mismas que habían promovido con la denuncia y durante la fase de investigación; sin embargo, es el caso que durante la celebración de la prevista en el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, convocada por la instancia para resolver la solicitud de sobreseimiento por prescripción, peticionada por el Ministerio Público; el Juez de Control, procedió a resolver favorablemente la misma indicando lo siguiente:
“…Así las cosas, estima el Juzgador que si quedó probado en la fase preparatoria, la verificación de estas dos (02) negociaciones, la primera entre MOISES BENACERRAFT y BANCO HIPOTECARIO UNIDO, Y la segunda entre BANCO HIPOTECARIO UNIDO e INVERSIONES COLLESAN, a las cuales se ha hecho referencia en repetidas oportunidades, siendo que estos negocios jurídicos no constituyen delito, por tratarse de contratos celebrados entre ambas partes, habiendo capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita, aunado al hecho que al denunciante le nace la potestad de reclamar el cumplimiento de este contrato ante el juzgado con competencia en materia civil y mercantil, como en efecto hizo, con lo cual el Juzgador de la sede penal estima que los hechos acreditados en autos se encuentran fuera de la esfera del derecho criminal (atipicidad) y por ende lo procedente y ajustado a derecho es DECRETAR EL SOBRESEMIENTO DE LA CAUSA seguida en contra del ciudadano IGNACIO SALVATIERRA PALACIOS, por la presunta comisión del delito de FRAUDE, previsto y sancionado en el artículo 463 ordinales 2° y 5° del Código Penal, pero de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto los hechos denunciados no revisten carácter penal. Así se decide:
Por cuanto el hecho objeto de la denuncia no reviste carácter penal, tal y como se dejó asentado precedentemente, considera inoficioso el Tribunal pasar a analizar lo concerniente al elemento intencional (dolo) que señalan los defensores como inexistentes en la presente causa, así como la falta de determinación por parte de la investigación del Ministerio Público, en cuanto a la representación de BANCO HIPOTECARIO UNIDO, para el momento que se suscriben los contratos a los cuales se ha hecho referencia en el presente fallo. Así se hace constar…”.
Por su parte, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al momento de resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de sobreseimiento, indicó:
“…Se evidencia del folio 142 al 153 inclusive que el Juez Quincuagésimo Segundo (52°) de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dicta decisión en fecha 02 de Noviembre de 2009, en la cual expuso entre otras cosas lo siguiente:
Es criterio reiterado de esta Alzada que: “Es importante señalar que en materia penal existe el Principio de Legalidad que nos señala que los dispositivos legales, deben ser interpretados con el sentido propio que tienen las palabras, es decir en forma restrictiva, cuando la misma norma no permita o requiera una interpretación extensiva o una interpretación analógica para la aplicación de la misma. Es menester del Juzgador encuadrar la conducta desplegada por una persona dentro del precepto consagrado en la norma cuando se trata de normas de carácter sustantivas y así mismo, se presenta la misma situación cuando es necesario encuadrar la conducta que ha de cumplir la parte procesal en desarrollo de lo dispuesto taxativamente por el dispositivo adjetivo mediante el procedimiento de la subsunción. En otras palabras, es necesario que el Representante del Órgano Jurisdiccional subsuma y cumpla taxativamente con los dispositivos procesales o adjetivos al pie de la letra, no pudiendo bajo ningún concepto, con las excepciones señaladas anteriormente en que se presenta alguna laguna (interpretación extensiva) o por disposición propia de la Ley (interpretación analógica), acoger y pretender aplicar un dispositivo legal que no está expresamente señalado, no pudiendo el Juez legislar cuando se presentan situaciones que no están expresamente previstas, a menos que se traten de supuestos en los que se pueden aplicar los principios generales procesales consagrados en el titulo preliminar del Código Orgánico Procesal Penal, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los Tratados Internacionales suscritos por Venezuela. Como consecuencia Jurídica, cuando violamos el Principio de Legalidad en materia Procesal estamos violando también el Principio del Debido Proceso contemplado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala expresamente:
(...) “Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
“Tradicionalmente hemos sostenido que el Debido Proceso implica necesariamente una significación compleja: histórica, política y jurídica. En lo jurídico es especialmente relevante su acepción jurídico-procesal, cuya teleología se refleja en su función de síntesis de las garantías para concretar la legitimidad procesal. Siendo un concepto de extensión universal que implica a cualquier tipo de procedimiento para resolver conflictos aplicando el derecho. Sin embargo, es el sistema procesal penal el área más sensible y urgida de la adecuada regulación y eficiente aplicación del Debido Proceso.
Las Garantías del Debido Proceso se encuentran claramente identificadas en la Carta Fundamental y en otros instrumentos declarativos y convencionales ratificados por la República tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.”
En este orden de ideas, se evidencia que las decisiones de los Órganos Jurisdiccionales deben estar lo suficientemente sustentadas bajo tres premisas importantes que aunque según el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal están establecidas para el sistema de la sana crítica en la valoración de las pruebas, son la base de toda fundamentación, las mismas son: los conocimientos científicos, las máximas de experiencias y los razonamientos lógicos. Ahora bien, es de hacer notar que la decisión de sobreseimiento dictada por el Tribunal Quincuagésimo Segundo (52°) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, cursante del folio 142 al 153 del presente expediente se encuentra totalmente fundamentada, ya que, en la motiva se evidencia un análisis pormenorizado de las circunstancias de hecho y de derecho del asunto a tratar, y también se evidencia el razonamiento lógico por parte del Representante de este Organo Jurisdiccional que le hace arribar a la conclusión que toma en la dispositiva del fallo, en donde se decreta el sobreseimiento de la causa a favor del ciudadano IGNACIO SALVATIERRA PALACIOS. El Juez A quo transcribe y analiza la normativa legal establecida así como los criterios doctrinales y jurisprudenciales aplicables al caso en concreto, haciendo el debido análisis de los mismos en relación a la situación planteada, creándose una total certidumbre en cuanto a los fundamentos que el Juez tomó para decretar dicho sobreseimiento, Esta (sic) Alzada observa, que el recurrente no esgrime en su recurso de apelación cuales fueron los derechos que fueron conculcados o las infracciones de ley que cometió el Tribunal A quo en su decisión, esgrimiendo situaciones que son propias de la materia civil y no del campo penal.
En el presente caso, como lo señala el A quo, se presenta un contrato de pacto de retracto que fue demandado en sede mercantil en cuanto a unos créditos que no fueron presuntamente pagados confundiéndolo con el fraude previsto y sancionado en el artículo 463, ordinales 2° y 5° del Código Penal, esto se evidencia en parte al señalar el recurrente en forma taxativa: “…El Banco engañó al ciudadano MOISÉS BENACERRAF, pues él suscribió y prestó su consentimiento para realizar, como en efecto hizo, una dación en pago con pacto de retracto, sin saber que el banco, al cabo de seis meses, no respetaría dicho pacto de retracto". De esta manera se evidencia la inexistencia de delito alguno por parte del ciudadano IGNACIO SALVATIERRA PALACIOS, así como también la inexistencia de cualquier hecho ilícito alguno.
Por otra parte, no existe ninguna circunstancia que ligue al señor SALVATIERRA PALACIOS con los hechos objeto de este caso, presentándose en todo caso una contratación o transacción comercial entre el Banco Hipotecario Unido S.A., con el denunciante.
(...) Es necesario destacar que el sentenciador se limitó a exponer en el fallo la conclusión a la que arribó, pero sin realizar previamente el análisis y la comparación de todos los elementos probatorios cursantes en autos.
Es así y tomando en consideración no sólo lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues expresamente establece que debe garantizarse el debido proceso en todo estado y grado de la causa, aun en las actuaciones administrativas, sino en atención a los principios y normas de orden constitucional, los doctrinarios y las múltiples jurisprudencias que explican el Principio de legalidad, el Debido Proceso, el Derecho a la Defensa, y La Tutela Judicial Efectiva, algunas de las cuales se señalaron con anterioridad, es por lo que estima esta Sala, que no se violaron en el presente caso los derechos y garantías procesales al haberse motivado los pronunciamientos realizados en la decisión de sobreseimiento, siendo que los jueces deben interpretar de manera integral el ordenamiento jurídico y además por el deber de velar por la aplicación de la ley en todo su sentido, prevista en normas de orden general y constitucional establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal y la propia Constitución, por lo que es evidente que en el presente caso ha habido violación de las garantías fundamentales retro mencionadas. De esta manera, el Juez A quo determino que no se verificaron los elementos integrantes o constitutivos del delito por ser una cuestión atípica, por ser netamente de carácter civil o mercantil.
Con razón de lo anteriormente expuesto, lo procedente y ajustado a derecho es DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado TOMÁS A. RODRÍGUEZ VILLALBA, en su carácter de defensor privado del ciudadano JORGE FORTUNATO BENACERRAF HERRERA, de conformidad con lo establecido en el artículo 447 ordinal 5°, del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de la decisión dictada por el Tribunal Quincuagésimo Segundo (52°) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 02 de Noviembre de 2009, mediante la cual decreta el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, al ciudadano IGNACIO SALVATIERRA PALACIOS, por la presunta comisión del delito de FRAUDE, previsto y sancionado en el artículo 463 ordinales 2° y 5° del Código Penal, conforme al numeral 2 del Art. 318 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECLARA…”.
Consideraciones estas, en atención a las cuales este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA CON LUGAR el recurso de casación propuesto por el profesional del derecho TOMÁS RODRÍGUEZ VILLALBA, actuando en su condición de representante judicial del ciudadano JORGE FORTUNATO BENACERRAF HERRERA (víctima); y, en consecuencia, anula la sentencia dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Caracas, en fecha17 de febrero de 2010 y ordena remitir el expediente al Juez Presidente del referido Circuito Judicial Penal, para que previa distribución lo remita a otra Sala de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal, a fin de que dicte una nueva sentencia, prescindiendo del vicio que originó la presente nulidad. Así se declara..."
Etiquetas: Corte de Apelaciones Debido proceso Sentencia definitiva Sobreseimiento

References: artículo 22
 artículo 448
 artículo 323
 artículo 463
 artículo 318
 artículo 49
 artículo 22
 artículo 463
 artículo 49
 artículo 447
 artículo 463