Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/docu1031795429554.htm
Timestamp: 2018-12-12 22:06:37+00:00

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Ley 19.659
Ley Nº 19.659
Artículo 1º.- Agréganse al artículo 24 del Decreto Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, los siguientes incisos:
"Declárase que las medidas cautelares previstas en el presente artículo no se encuentran sujetas a plazo alguno de caducidad y que para su adopción no es necesario ofrecer contracautela.
En el caso de que el Directorio del Banco Central del Uruguay declare el Proceso de Resolución Bancaria previsto en el artículo 40 de la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008, las medidas cautelares a las que refiere el presente artículo podrán ser transferidas a la Corporación de Protección del Ahorro Bancario, mediando acuerdo entre esta y el Banco Central del Uruguay. En estos casos, la Corporación de Protección del Ahorro Bancario actuará como sustituto procesal de aquel en los correspondientes procesos judiciales".
Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 9º de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002, por el siguiente:
“ARTÍCULO 9º. (Expropiación de acciones).- Declárase de necesidad pública la expropiación por el Estado de las acciones o partes sociales emitidas por los bancos y cooperativas de intermediación financiera, en caso de configurarse alguna de las siguientes hipótesis:
A. Que la empresa supervisada incurra en incumplimiento contumaz de las instrucciones particulares que le curse la Superintendencia de Servicios Financieros para desplazar o sustituir su personal superior o modificar la estructura y composición de su paquete accionario.
B. Que la empresa supervisada incurra en incumplimiento contumaz del plan de recomposición patrimonial o adecuación que oportunamente hubiese aprobado el Banco Central del Uruguay.
C. Que los accionistas o socios hayan sido sancionados con suspensiones o inhabilitaciones por órganos reguladores o sometidos a proceso penal en virtud de hechos vinculados con su actividad profesional".
Artículo 3º.- Agrégase al artículo 16 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002, el siguiente inciso:
"En la misma resolución que dispone la constitución de un fondo de recuperación de patrimonio bancario, se aprobará el reglamento del mismo, el que deberá prever entre otros, el plazo de vigencia y la existencia de cuotapartes adicionales a las distintas categorías de pasivos según los grados de privilegio establecidos en la ley, destinadas a contingencias futuras derivadas de reclamaciones efectuadas en sede administrativa con motivo del proceso de verificación de créditos previsto en el artículo 14 de la presente ley. Las referidas cuotapartes adicionales quedarán a disposición del administrador, aún después de la disolución y liquidación del fondo de recuperación de patrimonio bancario".
Artículo 4º.- Modifícase el inciso tercero del artículo 2º de la Ley Nº 18.387, de 23 de octubre de 2008, por el siguiente:
"Se encuentran excluidos del régimen de esta ley, el Estado, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y los Gobiernos Departamentales. A las entidades de intermediación financiera les será aplicable el régimen legal específico de liquidación administrativa establecido para dichas entidades. De forma subsidiaria a dicho régimen se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones de la presente ley, con excepción de las normas relativas a la calificación del concurso contenidas en el Título IX".
Artículo 5º.- Modifícase el literal C) del artículo 15 de la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"C) Ser liquidador en sede administrativa de las empresas integrantes del sistema de intermediación financiera y de sus respectivas colaterales. Respecto de estas últimas, la Corporación de Protección del Ahorro Bancario resolverá su disolución y liquidación. Para el caso que la empresa colateral se encuentre regulada o supervisada por el Banco Central del Uruguay, la Corporación de Protección del Ahorro Bancario requerirá en forma previa su opinión favorable.
La Corporación ejercerá sus potestades como liquidador de entidades de intermediación financiera con la finalidad primordial de proteger el ahorro por razones de interés general".
Artículo 6º.- Agrégase al artículo 15 de la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008, el siguiente literal:
“D) Contribuir a la estabilidad financiera a través de su propia gestión en el cumplimiento de los cometidos establecidos en la ley y en todas las demás actividades y ámbitos que se coordinen con los restantes miembros de la red de seguridad financiera".
Artículo 7º.- Modifícanse los literales I, J, M y N del artículo 16 de la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
"I) Para la aplicación de los Procedimientos de Solución previstos en esta ley, tendrá los más amplios poderes para: excluir total o parcialmente activos y pasivos de la institución financiera, transferirlos directa o indirectamente a una o varias instituciones, o compensar a los acreedores mediante entrega de un certificado de participación emitido por un vehículo financiero (fideicomiso, fondo de recuperación de patrimonio bancario, etc.), todo ello respetando siempre el orden de prelación en la quiebra definido por la ley y bajo el criterio general de que, aplicado el procedimiento, ninguno de los depositantes de la entidad puede resultar a priori en peor situación que la que hubiera devenido en la liquidación lisa y llana en términos de la recuperación de sus ahorros y el cobro de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios.
J) Como liquidador de instituciones de intermediación financiera, serán suyas todas las atribuciones que le fueron asignadas al Banco Central del Uruguay en tal carácter, con excepción de la declaración de disolución y liquidación de las mismas, que seguirá siendo privativa del Banco Central del Uruguay.
La liquidación de cada empresa colateral operará en forma independiente entre ellas y respecto de la liquidación de la institución de intermediación financiera.
M) Emitir opinión sobre la autorización de nuevas instituciones de intermediación financiera aportantes al Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, así como sobre los planes de recomposición patrimonial o adecuación que presenten las mismas y sobre los proyectos de fusiones, absorciones y toda otra transformación que presenten esas empresas.
N) Determinar, a los efectos de dar cumplimiento al cometido establecido en el literal C) del artículo 15 de la presente ley, las empresas que se consideran colaterales de las instituciones de intermediación financiera en liquidación. Para establecer la condición de colateral de una empresa, podrá considerar aspectos tales como identidad total o parcial de directores o representantes, identidad total o parcial de accionistas mayoritarios, condición de empresa controlada o controlante, estrecha vinculación económica o administrativa, desarrollo de actividades afines, utilización común de recursos, domicilios comunes, empleados administrativos o gerentes comunes, existencia de un único centro de decisiones”.
Artículo 8º.- Agréganse al artículo 16 de la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008, los siguientes literales:
“Ñ) Promover cualquier acción en interés de la masa de acreedores y particularmente, las acciones revocatorias concursales y las tendientes a hacer efectiva la responsabilidad civil contra los administradores de hecho o de derecho, integrantes del órgano de control interno, personal superior de la entidad respecto de la que se haya declarado un Proceso de Resolución Bancaria, o cualquier persona física o jurídica que pudiera haber contribuido directa o indirectamente a provocar la crisis de la entidad. Los legitimados pasivos deberán reintegrar bienes y derechos e indemnizar los perjuicios causados, perdiendo asimismo sus eventuales derechos concursales. El régimen de la responsabilidad será el establecido en la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, para los administradores de sociedades anónimas, en lo pertinente. Será competente el Juez Letrado de Primera Instancia de Concursos.
O) Solicitar medidas cautelares o provisionales respecto de los bienes y derechos de las personas mencionadas en el literal precedente. La medida no estará sujeta a plazo alguno de caducidad y no será necesario ofrecer contracautela. El interesado podrá solicitar, en cualquier momento, en vía incidental, el levantamiento del embargo, acreditando la inexistencia de los hechos que motivaron la medida. Ello sin perjuicio de la competencia del Banco Central del Uruguay de acuerdo con los artículos 22 a 24 del Decreto Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.
P) Para sus actuaciones como tal, solicitar el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario.
Q) Sin perjuicio de los poderes conferidos al Interventor o Comisión Interventora, la Corporación, como responsable a cargo de los Procesos de Resolución Bancaria, tanto durante la intervención, como en la implementación de Procedimientos de Solución, y en la liquidación, dispondrá de los más amplios poderes de administración y disposición, sin limitaciones de especie alguna, sobre los bienes, acciones, derechos y obligaciones de la institución de intermediación financiera en cuestión, a cuyos efectos podrá levantar los embargos e interdicciones trabados.
R) Con la unanimidad de los miembros del Directorio, suscribir acuerdos de cooperación con organismos financieros internacionales u otros organismos aseguradores de depósitos o encargados de resolución bancaria de países extranjeros, en todas aquellas áreas propias de sus cometidos y atribuciones.
S) Para la realización de los Actos Preparatorios del Proceso de Resolución Bancaria en una institución de intermediación financiera, disponer de las más amplias facultades para operar dentro de la misma, con el fin de obtener la información y documentación necesaria para la implementación de alguno de los Procedimientos de Solución previstos en la presente ley, así como identificar, contactar u organizar procedimientos de debida diligencia con potenciales interesados en adquirir unidades de negocio conformadas por activos y pasivos de la institución”.
Artículo 9º.- Sustitúyese el artículo 28 de la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008, por el siguiente:
"ARTÍCULO 28. (Recursos contra los actos unilaterales).- Todos los actos unilaterales de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario podrán ser impugnados en forma fundada con el recurso de reposición por el titular de un derecho o interés legítimo que considere lesionado por el acto, dentro del término de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su notificación personal, si correspondiere, o de su publicación en el Diario Oficial. Si el acto fue dictado por el Presidente u otro órgano subordinado de la Corporación, se interpondrá conjuntamente el recurso de revisión jerárquica para ante el Directorio.
La Corporación de Protección del Ahorro Bancario dispondrá de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente a la interposición, para instruir y resolver los recursos interpuestos. Si vencido ese plazo el Directorio no hubiera resuelto el recurso cuya decisión le compete, la impugnación se entenderá denegada. Con la resolución expresa del Directorio o el vencimiento del plazo quedará agotada la vía interna”.
Artículo 10.- Agrégase al artículo 29 de la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008, el siguiente inciso:
"En caso de la promoción de esta acción sin haber agotado debidamente la vía interna, la Corporación podrá interponer la excepción de falta de agotamiento de la misma. Previo a la consideración del fondo del asunto, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil deberá pronunciarse respecto de la referida excepción".
Artículo 11.- Modifícase el inciso segundo del artículo 30 de la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Si la ilegitimidad del acto hubiera causado daños que no queden reparados con la subsanación de los vicios en el plazo expresamente fijado al respecto por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil que entienda en el asunto, se podrá promover su reparación en la vía ordinaria ante los Juzgados con competencia en materia civil, dentro de un plazo de caducidad de sesenta días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia del Tribunal de Apelaciones correspondiente".
Artículo 12.- Modifícase el literal A) del artículo 33 de la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"A) Los depósitos prendados en garantía de operaciones crediticias en la propia institución de intermediación financiera, siempre que el contrato de prenda haya sido otorgado en documento público o privado y se encuentre registrado contablemente en los inventarios de la institución. Al momento de la suspensión de actividades dispuesta dentro de un Proceso de Resolución Bancaria o de la liquidación de una empresa de intermediación financiera, operará la compensación entre el crédito emergente del depósito prendado y la deuda garantizada por el mismo, hasta los valores nominales concurrentes.
Operada la compensación, el saldo remanente del depósito prendado no quedará excluido del beneficio de la garantía".
Artículo 13.- Agrégase a la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008, el siguiente artículo:
"ARTÍCULO 33 bis. (Depósitos no prendados en garantía).- Para el caso de depósitos no prendados en garantía de operaciones de crédito en la propia institución, declarada la suspensión de actividades no procederá la compensación, salvo que deuda y crédito estuvieran en situación de ser compensados legalmente antes de la referida suspensión".
Artículo 14.- Modifícase el inciso tercero del artículo 35 de la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"La Corporación de Protección del Ahorro Bancario dispondrá de treinta días corridos para hacer efectivas las coberturas, contados a partir de la fecha en que se disponga la liquidación de la institución de intermediación financiera de que se trate".
Artículo 15.- Modifícanse los incisos primero y segundo del artículo 40 de la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 40. (Proceso de Resolución Bancaria).- Cuando a juicio exclusivo del Banco Central del Uruguay, una institución de intermediación financiera tenga afectada en forma irreversible y no subsanable a través de un plan de adecuación, saneamiento o reconstitución, su liquidez, solvencia o su capacidad de gestión, el Directorio del Banco Central del Uruguay deberá declarar el Proceso de Resolución Bancaria, el que implica la intervención, el desplazamiento de autoridades y la suspensión de actividades de la institución en cuestión, así como la caducidad de todas las comisiones o mandatos otorgados por ellas, salvo que la Corporación de Protección del Ahorro Bancario disponga diversamente y la suspensión durante veinte días hábiles, de todo tipo de plazo que pueda correrle a la empresa intervenida. Desde la declaración del referido proceso se suspenderá el devengamiento de los intereses sobre los depósitos; para el caso de que se implemente alguno de los Procedimientos de Solución previstos en la presente ley, las condiciones y términos de los contratos se mantendrán inalterados.
El Proceso de Resolución estará a cargo de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario. Para ello, la Corporación deberá designar un Interventor o una Comisión Interventora integrada por tres miembros, que ejercerá la representación de la entidad intervenida y cuyos poderes serán fijados por la Corporación, comunicándolo al Registro Nacional de Comercio".
Artículo 16.- Agrégase a la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008, el siguiente artículo:
"ARTÍCULO 40 bis. (Actos Preparatorios del Proceso de Resolución Bancaria).- Los Actos Preparatorios del Proceso de Resolución Bancaria en una institución de intermediación financiera, podrán iniciarse cuando la misma incumple la responsabilidad patrimonial mínima, presenta un plan de recomposición patrimonial o adecuación, o se identifican problemas de gobierno corporativo, entre otras razones. En todos los casos, para dar comienzo a los Actos Preparatorios se requerirá el acuerdo de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario con la Superintendencia de Servicios Financieros sobre la entidad de la situación verificada y la debida fundamentación.
Para la realización de dichos actos, la Corporación de Protección del Ahorro Bancario podrá:
A. Requerir información pormenorizada sobre los activos y pasivos.
B. Relevar documentación relacionada con la titularidad de los activos y pasivos.
C. Identificar y contactar a potenciales interesados en adquirir unidades de negocio conformadas por activos y pasivos de la institución de intermediación financiera.
D. Organizar con los potenciales interesados procesos de debida diligencia sobre la información y documentación referida en los literales precedentes.
E. Llevar a cabo cualquier otra actividad que la Corporación entienda necesaria a los efectos de permitir la implementación inmediata de alguno de los Procedimientos de Solución, para el caso de que eventualmente se declare el Proceso de Resolución Bancaria por parte del Banco Central del Uruguay.
Todos los participantes durante los Actos Preparatorios del Proceso de Resolución Bancaria tienen el deber de guardar el más estricto secreto y la más absoluta reserva sobre toda la información y documentación a la que se acceda en el referido proceso, bajo la más severa responsabilidad civil y penal (Código Penal, artículo 302)".
Artículo 17.- Agrégase a la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008, el siguiente artículo:
"ARTÍCULO 40 ter. (Deber de coordinar con la Superintendencia de Servicios Financieros, el Banco Central del Uruguay y el Ministerio de Economía y Finanzas).- En los Actos Preparatorios del Proceso de Resolución Bancaria, la Corporación de Protección del Ahorro Bancario deberá trabajar en estrecha coordinación con la Superintendencia de Servicios Financieros, el Banco Central del Uruguay y el Ministerio de Economía y Finanzas".
Artículo 18.- Agréganse al artículo 41 de la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008, los siguientes incisos:
"Las transferencias a una entidad adquirente de activos y pasivos excluidos de una institución de intermediación financiera declarada en proceso de resolución bancaria, no requerirán del consentimiento de los deudores y acreedores, siendo dichas transmisiones plenas e irrevocables a todos los efectos legales.
Las transferencias de dominio de bienes o de otros derechos que se efectúen como consecuencia de la aplicación de cualquiera de los Procedimientos de Solución que se instrumenten por parte de la Corporación en el marco de un Proceso de Resolución Bancaria, estarán exentas de toda clase de tributos, aun los establecidos por leyes especiales.
En el caso que deba procederse a realizar exclusiones parciales de los depósitos referidos en el artículo 47 de la presente ley, a los efectos de su inclusión en unidades de negocio para su transferencia a entidades adquirentes, se procederá a incorporar en primer término y por igual, a todos los titulares por hasta los límites máximos garantizados en los términos establecidos en el artículo 34 de la presente ley. Las sucesivas incorporaciones seguirán la regla de la proporcionalidad en función de los valores residuales insatisfechos.
Para el caso de liquidación o exclusión parcial de pasivos dentro de Procedimientos de Solución, la titularidad de los depósitos cubiertos por la garantía (artículo 31 de la presente ley) quedará definida por persona física o jurídica. En el caso que el depositante beneficiario tuviere más de una especie de depósito, la exclusión se realizará siguiendo el grado de disponibilidad de las distintas especies. En consecuencia, se considerarán en primer término los saldos en cuentas corrientes y depósitos a la vista, en segundo lugar a los saldos en cajas de ahorro y en último término a los depósitos a plazo fijo, ordenados por fecha de vencimiento y comenzando desde aquel que tenga vencimiento más próximo en el tiempo.
A estos efectos, en los depósitos de más de un titular se considerarán en partes iguales a todos los titulares, a menos que en el contrato de depósito bancario se hubiere establecido una participación diferente".
Artículo 19.- Agrégase a la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008, el siguiente artículo:
"ARTÍCULO 41 bis. (Transferencias de universalidades en los Procedimientos de Solución).- Las transferencias de universalidades que se realicen en el marco de los Procedimientos de Solución o en la liquidación de entidades que se instrumenten por parte de la Corporación, implican la sustitución exclusivamente en las situaciones jurídicas activas y pasivas comprendidas en la delimitación de la universalidad que se transmite.
La transferencia o cesión de créditos que integren las universalidades a que se refiere el inciso anterior, operarán de acuerdo con lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Nº 16.774, de 27 de setiembre de 1996, en la redacción dada por la Ley Nº 17.202, de 24 de setiembre de 1999, y por el artículo 30 de la Ley Nº 17.703, de 27 de octubre de 2003.
Serán además aplicables a las transferencias de créditos y sus garantías, el artículo 10 del Decreto Ley Nº 14.701, de 12 de setiembre de 1977, en la redacción dada por el artículo 30 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, y en su caso los artículos 1º a 5º del Decreto Ley Nº 15.631, de 26 de setiembre de 1984, rigiendo en cuanto a este último en favor del beneficiario de la transferencia las soluciones allí previstas en favor del Banco Central del Uruguay.
Las transferencias de dominio de bienes o de otros derechos como consecuencia de la aplicación de cualquiera de las soluciones referidas que requieran publicidad registral, serán inscriptas en los Registros Públicos que correspondan mediante la presentación de testimonio notarial del contrato o del acto de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario que las cause, e individualización en anexo de los bienes o derechos cuya transferencia se registra".
Artículo 20.- Sustitúyese el artículo 43 de la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008, por el siguiente:
"ARTÍCULO 43. (Plazo).- Una vez declarado el inicio del Proceso de Resolución Bancaria por el Banco Central del Uruguay, la Corporación de Protección del Ahorro Bancario deberá procurar la aplicación de algún Procedimiento de Solución de los previstos en la presente ley. Para ello dispondrá de un plazo de cinco días hábiles contados desde que se inicie el Proceso de Resolución Bancaria dispuesto por el Banco Central del Uruguay.
Por su parte, el Banco Central del Uruguay y el Poder Ejecutivo tendrán un plazo común de diez días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo referido en el inciso precedente a efectos de aprobar el Procedimiento de Solución. Si vencidos los plazos establecidos en los párrafos anteriores, la Corporación de Protección del Ahorro Bancario entiende que no le es posible aplicar ningún Procedimiento de Solución, así lo comunicará al Banco Central del Uruguay y este, dentro del plazo de tres días hábiles, deberá disponer la liquidación de la institución de intermediación financiera para que la Corporación pueda cumplir adecuadamente con el pago de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios en los plazos previstos por esta ley".
Artículo 21.- Sustitúyese el artículo 47 de la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008, por el siguiente:
"ARTÍCULO 47. (Privilegios de los depositantes en la quiebra).- Se declaran comprendidos en la clase de créditos con privilegio general a que refiere el artículo 110 de la Ley Nº 18.387, de 23 de octubre de 2008, los depósitos bancarios de cualquier naturaleza mencionados en el artículo 31 de la presente ley, excepto los comprendidos en sus artículos 32 y 33. A los efectos de su orden de preferencia dentro de dicha clase, se los ubicará inmediatamente después del primer lugar (créditos laborales) y antes del segundo (créditos por tributos nacionales y municipales).
La subrogación de pleno derecho a que hace referencia el artículo 36 de la presente ley, ubica también a los derechos emanados de dicha subrogación a favor del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios en el mismo lugar que el establecido en el inciso precedente dentro de la clase de créditos con privilegio general a que refiere el artículo 110 de la Ley Nº 18.387, de 23 de octubre de 2008.
Si la Corporación de Protección del Ahorro Bancario hubiera aplicado recursos del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios para viabilizar algún Procedimiento de Solución, de acuerdo con el literal H) del artículo 16 de la presente ley, tendrá derecho de resarcirse contra los activos de la liquidación. A dichos efectos, el orden de preferencia para el crédito del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios se ubicará inmediatamente después de los depositantes referidos en el inciso primero del presente artículo".
Artículo 22.- Sustitúyese el artículo 49 de la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008, por el siguiente:
"ARTÍCULO 49. (Protección legal).- Tanto los miembros del Directorio de la Corporación, como su personal dependiente o personas contratadas a cualquier título, carecerán de legitimación pasiva para ser demandados por terceros por daños causados por acciones u omisiones relacionadas con el ejercicio de los cometidos asignados legalmente o en ocasión de ese ejercicio, correspondiendo en todos los casos la legitimación pasiva a la Corporación, sin perjuicio de la facultad de esta de repetir contra aquellos que hubiesen actuado con culpa grave o dolo.
Asimismo, la Corporación deberá hacerse cargo de los honorarios profesionales causados por cualquier demanda judicial que se derive del ejercicio de sus funciones, incluso luego de abandonado el cargo o finalizado el contrato".
Artículo 23. (Prohibición de promover procedimientos judiciales o arbitrales una vez declarado el Proceso de Resolución Bancaria).- Declarada en Proceso de Resolución Bancaria una institución de intermediación financiera, ningún acreedor podrá promover procedimientos judiciales o arbitrales de ningún tipo por créditos anteriores a la referida resolución, a excepción del caso de los créditos prendarios e hipotecarios. Las actuaciones judiciales o arbitrales que se realicen serán nulas.
Las actuaciones que se encuentren en trámite continuarán ante la sede que esté conociendo en las mismas, hasta que recaiga sentencia o laudo firme.
Artículo 24. (Extinción de embargos e interdicciones).- Sin perjuicio de las facultades previstas en el inciso primero del artículo 15 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002, y en el literal Q) del artículo 16 de la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008, la declaración del Proceso de Resolución Bancaria, así como la disolución y liquidación de instituciones de intermediación financiera, producirá la extinción de pleno derecho de los embargos o interdicciones que afecten a estas.
La Corporación de Protección del Ahorro Bancario comunicará a los Registros Públicos la resolución correspondiente a los efectos de que se procese el levantamiento inmediato de las inscripciones vigentes.
Artículo 25. (Administración y custodia de valores).- En caso de existir en la institución liquidada valores bajo su custodia, la Corporación de Protección del Ahorro Bancario en su carácter de liquidador, podrá proceder a la transferencia de los mismos a otras instituciones de plaza debiendo dar noticia de tales actuaciones por los medios que juzgue más convenientes.
Si correspondiere, la Corporación deberá proceder conforme lo previsto en el artículo 10 de la Ley Nº 5.157, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 10.603, de 23 de febrero de 1945 (Depósitos Paralizados).
Artículo 26. (Servicios de cofres de seguridad).- La Corporación de Protección del Ahorro Bancario en su calidad de liquidador, notificará mediante los medios que juzgue más convenientes a todas aquellas personas físicas o jurídicas que resulten ser titulares arrendatarios de cofres de seguridad, a los efectos que procedan a retirar el contenido dentro del plazo que se determine, el que no podrá ser inferior a noventa días corridos. Una vez vencido el referido plazo, el liquidador podrá proceder a la apertura de los cofres de seguridad cuyos contenidos no hubiesen sido retirados, en presencia de escribano público labrándose el acta circunstanciada correspondiente.
Con los bienes y valores que a juicio del liquidador tengan valor neto de realización, se procederá a su venta extrajudicial en pública subasta, sin base y al mejor postor. Si se tratare de valores con cotización en bolsa se enajenarán por su precio de mercado a la fecha de realización. Con el resultado de estas operaciones más los activos líquidos, neto de gastos, comisiones y arrendamientos devengados y no pagados en beneficio de la masa, se procederá a su acreditación directamente en las cuentas del Tesoro Nacional en el Banco de la República Oriental del Uruguay, siendo de aplicación el régimen previsto en el artículo 10 de la Ley Nº 5.157, de 17 de setiembre de 1914, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 10.603, de 23 de febrero de 1945.
En caso de tratarse de bienes y valores sin valor neto de realización así como documentación en general, el liquidador la remitirá al Archivo General de la Nación.
Artículo 27. (Exoneración impositiva).- Declárase que las instituciones de intermediación financiera en liquidación, así como los Fondos de Recuperación de Patrimonio Bancario creados al amparo de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002, no son sujetos pasivos de impuestos. Dicha exoneración no comprende al Impuesto al Valor Agregado.
Artículo 28. (Costos de las defensas penales).- Declárase que los Directorios del Banco Central del Uruguay y de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario están legalmente facultados a disponer la asunción del costo de las defensas penales dirigidas contra sus miembros y personal, por parte de sus respectivas instituciones, en los casos en los que estos sean denunciados criminalmente por actos cometidos de buena fe en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 29. (Fraude en las entidades integrantes del sistema financiero nacional).- Las personas físicas que revistan la calidad de socios, representantes, directores, gerentes, administradores, mandatarios, síndicos y fiscales, ya sea de hecho o de derecho, en una entidad integrante del sistema financiero nacional, y que, en ejercicio de sus funciones o como consecuencia de las mismas, cometan actos intencionalmente dirigidos a: a) exagerar, ocultar, disimular o hacer desaparecer total o parcialmente el activo o el pasivo de la entidad; b) reconocer o aparentar créditos con privilegios inexistentes o constituidos ilícitamente; c) sustraer o esconder la documentación social; d) ocultar información o proporcionar información falsa a las autoridades de regulación y control; e) obtener o usar información privilegiada en provecho propio o de terceros, serán castigados con doce meses de prisión a doce años de penitenciaría.
Constituirá circunstancia agravante que la entidad en la que ejercen o ejercían sus funciones ingrese a un proceso de resolución bancaria, intervención con o sin suspensión de actividades, o liquidación, en cuyo caso se les aplicará adicionalmente la pena de inhabilitación para administrar los bienes propios o ajenos por un período de cinco a veinte años, así como la prohibición de representar a cualquier persona durante el mismo período, todo ello sin perjuicio de las disposiciones que establezcan la aplicación de sanciones por parte del Banco Central del Uruguay.
Para entender en estos delitos será competente el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal especializado en Crimen Organizado.
Artículo 30. (Cobertura previsional). El personal de los Fondos de Recuperación del Patrimonio Bancario, tendrá cobertura de seguridad social por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.
Artículo 31.- Agrégase al artículo 32 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 15 de la Ley Nº 19.149, de 24 de octubre de 2013, el siguiente inciso:
“Exceptúase de lo dispuesto en el inciso primero a la Corporación de Protección del Ahorro Bancario”.
Artículo 32. (Declaración).- Declárase que el artículo 41 del Decreto Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, ha quedado derogado por imperio del literal C) del artículo 15 de la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008.
Artículo 33. (Derogación). Derógase el artículo 10 de la Ley Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se modifican normas del proceso de resolución bancaria.

References: Artículo 1
 artículo 24
 Resolución 
 artículo 40

Artículo 2
 artículo 9

Artículo 3
 artículo 16
 resolución 
 artículo 14

Artículo 4
 artículo 2

Artículo 5
 artículo 15

Artículo 6
 artículo 15

Artículo 7
 artículo 16
 artículo 15

Artículo 8
 artículo 16
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 

Artículo 9
 artículo 28
 resolución 

Artículo 10
 artículo 29

Artículo 11
 artículo 30

Artículo 12
 artículo 33
 Resolución 

Artículo 13

Artículo 14
 artículo 35

Artículo 15
 artículo 40
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Artículo 16
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 302

Artículo 17
 Resolución 

Artículo 18
 artículo 41
 resolución 
 Resolución 
 artículo 47
 artículo 34

Artículo 19
 artículo 30
 artículo 10
 artículo 30

Artículo 20
 artículo 43
 Resolución 
 Resolución 

Artículo 21
 artículo 47
 artículo 110
 artículo 31
 artículo 36
 artículo 110
 artículo 16

Artículo 22
 artículo 49

Artículo 23
 Resolución 
 Resolución 

Artículo 24
 artículo 15
 artículo 16
 Resolución 
 resolución 

Artículo 25
 artículo 10
 artículo 3

Artículo 26
 artículo 10
 artículo 3

Artículo 27
 artículo 16

Artículo 28

Artículo 29
 resolución 

Artículo 30

Artículo 31
 artículo 32
 artículo 15

Artículo 32
 artículo 41
 artículo 15

Artículo 33
 artículo 10
 resolución