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Timestamp: 2019-07-18 19:21:29+00:00

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C-934 de 2006
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020044578CC-SENTENCIAC934200615/11/2006CC-SENTENCIA_C_934__2006_15/11/2006200445782006SENTENCIA C-934/06 COSA JUZGADA MATERIAL -Prohibición de reproducir textos declarados inexequibles NORMA DECLARADA EXEQUIBLE- Reproducción COSA JUZGADA MATERIAL -Vinculación con el concepto de precedente COSA JUZGADA MATERIAL- Inexistencia por variación significativa del contexto jurídico dentro del cual se inscriben normas acusadas Considera la Corte Constitucional que en el presente caso no se configura el fenómeno de la cosa juzgada material. Varios factores conducen a esa conclusión. En primer lugar, las disposiciones acusadas forman parte del nuevo Código de Procedimiento Penal que desarrolló el sistema penal con tendencia acusatoria introducido mediante una reforma constitucional en el año 2003, lo que significa que el contexto dentro del cual se inscriben estas normas ha variado sustancialmente. En segundo lugar, los cargos formulados en esta oportunidad se basan en el bloque de constitucionalidad, en especial, en la incidencia que pueden tener el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.5) y el Pacto de San José (art. 8.2) en la interpretación del alcance del derecho al debido proceso reconocido en el artículo 29 de la Constitución, cargo que no fue abordado en las sentencias mencionadas. Y, en tercer lugar, la jurisprudencia de los órganos internacionales competentes al interpretar las normas relevantes del bloque de constitucionalidad, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto de San José, ha evolucionado recientemente. COSA JUZGADA MATERIAL DE SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD -Efectos JUZGAMIENTO DE ALTOS FUNCIONARIOS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- Línea jurisprudencial JUZGAMIENTO DE ALTOS FUNCIONARIOS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- Razones por las que constituye la máxima garantía del debido proceso El juzgamiento de altos funcionarios por parte de la Corte Suprema de Justicia constituye la máxima garantía del debido proceso visto integralmente por las siguientes razones: (i) porque asegura el adelantamiento de un juicio que corresponde a la jerarquía del funcionario, en razón a la importancia de la institución a la cual éste pertenece, de sus responsabilidades y de la trascendencia de su investidura. Por eso, la propia Carta en el artículo 235 Superior indicó cuáles debían ser los altos funcionarios del Estado que gozarían de este fuero; (ii) porque ese juicio se adelanta ante un órgano plural, con conocimiento especializado en la materia, integrado por profesionales que reúnen los requisitos para ser magistrados del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria; y (iii) porque ese juicio se realiza ante el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, quien tiene a su cargo la interpretación de la ley penal y asegurar el respeto de la misma a través del recurso de casación. PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA- Consagración en instrumentos internacionales JUZGAMIENTO DE ALTOS FUNCIONARIOS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- Juzgamiento en única instancia /PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA EN CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS O PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA/PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA EN PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS Encuentra la Corte que la interpretación del art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 8.2 del Pacto de San José que han efectuado los órganos internacionales competentes, resulta armónica con la interpretación que se ha hecho de los artículos 29 y 31 Carta Política en materia de juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, en la medida en que de dichos pronunciamientos no se deriva una regla según la cual en los juzgamientos de altos funcionarios con fuero penal ante el órgano de cierre de la jurisdicción penal, deba establecerse una segunda instancia semejante a la que existe para otros juicios penales. Es decir, cada Estado goza de un amplio margen para configurar los procedimientos y para diseñar los mecanismos eficaces de protección de los derechos, sin que esté ordenado, según la jurisprudencia vigente, que en los casos de altos funcionarios aforados se prevea siempre la segunda instancia. FUNCIONARIO CON FUERO CONSTITUCIONAL- Juzgamiento por la Corte Suprema de Justicia /FUNCIONARIO CON FUERO LEGAL- Juzgamiento por la Corte Suprema de Justicia En el presente caso, las normas acusadas versan sobre altos funcionarios aforados. Unos tienen fuero constitucional, como sucede con los Senadores y Representantes a la Cámara y los demás funcionarios a que se refieren los artículos 174, y 235 numerales 2 y 4 de la Constitución Política. Otros tienen fuero en virtud de la ley, como ocurre con el viceprocurador, el vicefiscal, los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, y del Consejo Nacional Electoral, los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y Tribunales, los procuradores judiciales II, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Director Nacional de Fiscalía y los directores seccionales de Fiscalía. Ninguna de las normas acusadas se refiere a procesos que no versen sobre conductas cometidas por altos funcionarios estatales. Respecto de tales funcionarios, como se anotó anteriormente, la garantía del debido proceso, visto de manera integral, reside en el fuero mismo puesto que en virtud del fuero su juzgamiento ha sido atribuido por la Constitución, o por el legislador autorizado por ella, al órgano de cierre de la justicia penal de conformidad con las normas que desarrollan los derechos, el cual es un órgano plural integrado por abogados que reúnen los requisitos establecidos en la Constitución para acceder a la más alta investidura dentro de la jurisdicción ordinaria. Referencia: expediente D-6214 Demandantes: Paula Andrea Ávila Guillén y Sofía Miranda Ballesteros.
Paula Andrea Ávila Guillén | Sofía Miranda Ballesteros.CONSTITUCIONALIDADManuel José Cepeda EspinosaDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32 numerales 5, 6, 7 y 9 de la Ley 906 de 2004 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"D6214Identificadores20020044579true66008Versión original20044579Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32 numerales 5, 6, 7 y 9 de la Ley 906 de 2004 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"
Considera la Corte Constitucional que en el presente casono se configura el fenómeno de la cosa juzgada material. Varios factores conducen a esa conclusión. En primer lugar, las disposiciones acusadas forman parte del nuevo Código de Procedimiento Penal que desarrolló el sistema penal con tendencia acusatoria introducido mediante una reforma constitucional en el año 2003, lo que significa que el contexto dentro del cual se inscriben estas normas ha variado sustancialmente. En segundo lugar, los cargos formulados en esta oportunidad se basan en el bloque de constitucionalidad, en especial, en la incidencia que pueden tener el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.5) y el Pacto de San José (art. 8.2) en la interpretación del alcance del derecho al debido proceso reconocido en el artículo 29 de la Constitución, cargo que no fue abordado en las sentencias mencionadas. Y, en tercer lugar, la jurisprudencia de los órganos internacionales competentes al interpretar las normas relevantes del bloque de constitucionalidad, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto de San José, ha evolucionado recientemente.
En el presente caso, las normas acusadas versan sobre altos funcionarios aforados. Unos tienen fuero constitucional, como sucede con losSenadores y Representantes a la Cámaray los demás funcionariosa que se refieren los artículos 174, y 235 numerales 2 y 4 de la Constitución Política.Otros tienen fuero en virtud de la ley, como ocurre con elviceprocurador, el vicefiscal, los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, y del Consejo Nacional Electoral, los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y Tribunales, los procuradores judiciales II, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Director Nacional de Fiscalía y los directores seccionales de Fiscalía.Ninguna de las normas acusadas se refiere a procesos que no versen sobre conductas cometidas por altos funcionarios estatales. Respecto de tales funcionarios, como se anotó anteriormente, la garantía del debido proceso, visto de manera integral, reside en el fuero mismo puesto que en virtud del fuero su juzgamiento ha sido atribuido por la Constitución, o por el legislador autorizado por ella, al órgano de cierre de la justicia penal de conformidad con las normas que desarrollan los derechos, el cual es un órgano plural integrado por abogados que reúnen los requisitos establecidos en la Constitución para acceder a la más alta investidura dentro de la jurisdicción ordinaria.
DEMANDA de inconstitucionalidad contra el artículo 32 numerales 5, 6, 7 y 9 de la Ley 906 de 2004 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, las ciudadanas Paula Andrea Ávila Guillén y Sofía Miranda Ballesteros demandaron el artículo 32 numerales 5, 6, 7 y 9 de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal."
En primer lugar, señalan las demandantes en su escrito de corrección de la demanda, que si bien el término "única instancia" no fue utilizado por el legislador al referirse a los procesos de que conoce la Corte Suprema de Justicia en relación con el juzgamiento de los funcionario públicos mencionados en los numerales 5, 6, 7 y 9 del artículo 32 del Código de Procedimiento Penal, "al tratarse la Corte Suprema de Justicia del más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria, aquellos funcionarios públicos no tienen la posibilidad de recurrir la decisión tomada dentro de la sentencia condenatoria, lo cual vulnera un interés jurídico propio y, por ende el derecho a la defensa de estos sujetos procesales".
"(…) éste concepto únicamente se predica de aquellos procesos y providencias distintas al procedimiento penal y a las acciones de tutela." Y agregan que: "Teniendo en cuenta lo anterior, se puede deducir la obligatoriedad y la importancia en materia penal y en acciones de tutela de tener la posibilidad de apelar una sentencia condenatoria ante juez o tribunal superior, con el fin de que la persona involucrada tenga las debidas garantías procesales. La importancia de que en procesos penales, en caso de tenerse sentencia condenatoria, se tenga derecho a la impugnación de dicha providencia, está dada en que en este, se ejerce el poder punitivo del Estado, dado que en cabeza de este se encuentra la acción penal. Así mismo, este tipo de procesos ponen en tela de juicio, las libertades básicas del sujeto procesal.
Ahora bien, como se afirmó con anterioridad, al establecer la norma aquí acusada que el tribunal competente para conocer de los procesos mencionados es la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y al ser este el último tribunal dentro de la jurisdicción ordinaria, se deduce la falta de existencia de un juez o tribunal superior que conozca de una sentencia condenatoria. Esto último vulnera lo anteriormente mencionado sobre el principio de doble instancia en el cual el sujeto procesal debe tener la posibilidad de apelar la sentencia condenatoria ante un superior. Dentro de ninguna de las normas del Código de Procedimiento Penal, se hace referencia a la garantía procesal de apelar la sentencia condenatoria que profiera en primera instancia la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia".
De la misma forma transcriben los artículos 33, 34, 36, 176 y 179 del Código de Procedimiento Penal, para señalar la competencia que tiene cada uno de los órganos jurisdiccionales en materia penal para conocer del recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia y de las cuales se evidencia claramente que ninguno de tales órganos es competente para conocer del recurso ordinario de apelación de una sentencia condenatoria proferida en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia. Concluye por tanto que "Lo anterior es una clara violación a los presupuestos normativos relativos al derecho de defensa y al debido proceso, que deben ser garantizados por parte del mismo poder punitivo, tal y como lo establece el artículo 29 de la Constitución…".
Por último en relación con este cargo, agregan que: "Si bien, hay que reconocer que el artículo 31 de la Constitución Política permite al legislador establecer procesos de única instancia, este (sic) libertad de configuración no es absoluta, debido a que dentro de los procesos penales y de las acciones de tutela, tal y como se dijo anteriormente, se debe garantizar necesariamente el principio de la doble instancia, dado que se trata de un derecho reconocido internacionalmente como inherente a la persona humana, por los tratados internacionales en materia de derechos humanos."
De la misma forma citan apartes de algunos pronunciamientos tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de la Comisión, en relación con el principio de la doble instancia como pilar del debido proceso, por considerarlas vinculantes para el Estado colombiano en lo referente a la interpretación de normas relacionadas con el debido proceso y el derecho de defensa. Así transcriben lo que la Comisión de Derechos Humanos determinó en un caso concreto de su competencia: "El recurso contra la sentencia definitiva tiene como objeto otorgar la posibilidad a la persona afectada por un fallo desfavorable de impugnar y lograr un nuevo examen de la cuestión. Esta revisión en sí tiene como objeto el control del fallo como resultado racional de un juicio justo, conforme a la ley y a los preceptos de garantía, y de la aplicación correcta de la ley penal". Y continuo diciendo: "(…) el artículo 8.2.h se refiere a las características mínimas de un recurso que controle la corrección del fallo tanto material como formal. En ese sentido, desde un punto de vista formal, el derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, a que se refiere la Convención Americana, debe en primer lugar proceder contra toda sentencia de primera instancia, con la finalidad de examinar la aplicación indebida, la falta de aplicación o la errónea interpretación, de normas de Derecho que determinen la parte resolutiva de la sentencia. La Comisión considera, además, que para garantizar el pleno derecho de defensa, dicho recurso debe incluir una revisión material en relación a la interpretación de las normas procesales que hubieran influido en la decisión de la causa, cuando hayan producido nulidad insanable o provocado indefensión, así como la interpretación de normas referentes a la valoración de las pruebas siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de las mismas."
Con base en la anterior transcripción, sostienen que el artículo 8.2.h de la Convención, hace parte del pilar fundamental del derecho al debido proceso y por tanto el no cumplimiento de la norma es una clara violación al derecho constitucional, interpretado a la luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia. Afirman además que la Comisión amplió el alcance del derecho al debido proceso al determinar que "este derecho no establece excepciones de ninguna naturaleza, ni siquiera para juicios políticos sustanciados ante el más alto tribunal del país." por lo que el hecho que el juicio se adelanta ante la Corte Suprema de Justicia, no subsana de ninguna manera la violación al debido proceso, por la NO existencia de la doble instancia en los casos contemplados en el artículo 32 numerales 5.6.7 y 9 del Código de Procedimiento Penal. Esto se ha ido demostrando a lo largo de esta demanda, lo cual conlleva a la INCONSTITUCIONALIDAD del artículo acusado, dado que viola los artículos 29 y 93 de la Constitución.
Las accionantes resaltan además, que de conformidad con lo manifestado por la Comisión Interamericana, el derecho a la doble instancia, no hace referencia a un recurso ordinario, al que el procesadosiempre tendrá derecho de acudir."
Por último, consideran que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido la naturaleza de la segunda instancia de la siguiente forma: "Conviene subrayar que el proceso penal es uno solo a través de sus diversas etapas, tanto la correspondiente a la primera instancia como las relativas a instancias ulteriores. En consecuencia, el concepto del juez natural y el principio del debido proceso legal rigen a lo largo de esas etapas y se proyectan sobre las diversas etapas procesales. Si el juzgador de segunda instancia no satisface los requerimientos del juez natural, no podrá establecerse como legítima y válida la etapa procesal que se desarrolle ante él". Adicionalmente estiman que la revisión de la sentencia no puede limitarse a un solo aspecto de la misma, por cuanto esta función debe referirse a todas las etapas con el fin de garantizar el debido proceso legal.
Lo anterior evidencia que dentro del enunciado normativo formal, se derivan dos normas jurídicas y en esa medida las accionantes optaron por formular su acusación contra la norma jurídica que establece un juicio de única instancia ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, tal interpretación, no necesariamente implica un desconocimiento del requisito procedimental de certeza, porque la norma clara que admite una sola interpretación como la interpretación arbitraria y subjetiva del demandante son tipos ideales que admiten una gama de posibilidades entre sí. De esa manera la apreciación de los cargos deben basarse en la razonabilidad de las interpretaciones planteadas por el actor en cada caso, de forma que una interpretación plausible debe ameritar un juicio de constitucionalidad en su contra. Es decir, cuando se pueda descartar que la interpretación sea arbitraria, procede un juicio de constitucionalidad contra la misma, por ser un sentido aceptado por la disposición atacada como inconstitucional."
Respecto de la primera hipótesis, afirma los siguiente: "El fundamento de la interpretación mediante la cual el juicio actualmente consagrado es de única instancia, es que conoce de él directamente la Sala de Casación Penal, que no tiene superior jerárquico o funcional. Al no haber una instancia superior a esa Sala, de ninguna manera podría concebirse un juicio de doble instancia que comenzara por el órgano de cierre de la jurisdicción." Para sustentar sus afirmaciones cita apartes de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con la tesis de la "diversidad igualitaria", según la cual las Salas de la Corte Suprema de Justicia son cada una suprema en su especialidad, con lo cual concluye afirmando que "Si se admite que hay competencias separadas dependiendo de la especialidad, con una prohibición rígida contra las intromisiones de una Sala en asuntos de la especialidad de otra, entonces la Sala Penal es la única autorizada a conocer de los juicios penales contra los funcionarios señalados en la norma acusada."
Sobre esta hipótesis, termina afirmando que del contenido de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y de la sentencia de la Corte Constitucional que revisó su constitucionalidad, "se infiere que la Sala de Casación Penal juez último y supremo en los asuntos de su competencia. Entonces la interpretación de las ciudadanas que promueven este proceso es plausible, porque el artículo 32 del nuevo C.P.P. hace referencia únicamente a la Sala Penal, lo que posiblemente implica que todos los magistrados de la misma conocen en primera instancia de esos juicios. Si ello es así, no puede haber doble instancia, porque la Sala de Casación penal no tiene superior jerárquico de donde se colige una única posibilidad interpretativa: los procesos de que tratan los numerales demandados son de única instancia."
Lo anterior no contradice la consideración de la sentencia C-037 de 1996, de la Corte Constitucional, según la cual "bajo ningún aspecto puede señalarse que exista una jerarquía superior, ni dentro ni fuera, de lo que la misma Carta ha calificado como "máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria"", puesto que tal afirmación se hizo teniendo en cuenta que la Sala Plena no podía ser superior a las de Casación. Respecto de esta afirmación, el interviniente sostiene que el hecho de que la Sala Penal sea suprema en su jurisdicción no obsta para que se establezcan jerarquías dentro de la misma, ya que las jerarquías internas en manera alguna atenta contra su órbita de competencias, en tanto que permiten que la Sala mantenga su competencia exclusiva y excluyente sobre los asuntos encomendados a ella.
Finalizados tales argumentos procede a formular cargos de inconstitucionalidad contra las dos hipótesis hermenéuticas planteadas."
Frente a la primera hipótesis que denomina "juicio de única instancia", en la medida en que es encomendado a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la cual carece de superior jerárquico, argumenta la inconstitucionalidad, en la medida en que tanto la Constitución en su texto formal y el bloque de constitucionalidad, prohiben terminantemente los juicios penales de única instancia.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29-3 de la Constitución Política, según el cual a toda persona se le garantiza el derecho "a impugnar lasentencia condenatoria", pero ese derecho es vulnerado por la disposición que solo admite una instancia en un juicio penal, pues la impugnación supone un juez con mayor jerarquía que el de primera instancia.". También, respecto del artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aplicable como parámetro de constitucionalidad en tanto que preserva la supremacía del debido proceso y en esa medida, la garantía vulnerada es la de la doble instancia que se contempla en dicho instrumento internacional y en lo dispuesto en articulo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también hace parte del Bloque de constitucionalidad por las mismas consideraciones.
Así sostiene que: "el derecho que le asiste al condenado no es únicamente el de impugnar la sentencia condenatoria (art. 29-3 de la CP), sino que esa impugnación debe poder dirigirse ante un juez unipersonal o colegiado de jerarquía superior (art.8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP), y según el procedimiento legal previsto (art.14.5 del PIDCP).
De tal manera se tiene que en su criterio, el juicio penal de única instancia vulnera el derecho del condenado a impugnar la sentencia condenatoria y además el derecho de la Fiscalía y las víctimas a impugnar la sentencia absolutoria. No resulta admisible la interpretación según la cual la Constitución misma, en los artículos 174 y 235 han consagrado la excepción al principio de la doble instancia al establecer a la Corte Suprema de Justicia como única instancia del juicio, toda vez que las reglas constitucionales acerca de la organización del Estado necesariamente son interpretadas conforme a los valores y principios consagrados en la Carta Política. "De esa manera, la Corte Constitucional ha acudido a la armonización para garantizar la aplicación integral de la Constitución, por lo que la interpretación de esos artículos constitucionales, así como de los numerales acusados, como la consagración de un juicio penal de única instancia es constitucionalmente admisible por vulnerar los derechos fundamentales de los funcionarios con fuero". Así mismo sostiene que el articulo 31 -1 Superior, no autoriza establecer juicios penales de única instancia, pues las excepciones a las que se refiere hacen relación a juicios civiles, laborales y administrativo, en los que no se encuentra en juego la libertad de las personas y el Estado, no se obliga a establecer doble instancia en todos los casos.
En relación con la segunda hipótesis denominada "juicio de doble instancia no-reglado", considera que el hecho de que la competencia de los juicios para funcionarios con fuero, esté asignada a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual carece de superior jerárquico, no obsta para que haya jerarquías, con lo cual el juicio no es de única instancia sino de doble instancia.
En su criterio, de conformidad con lo anteriormente expuesto, la Sala de Casación Penal debe ser organizada por una ley ordinaria en una sub-Sala que conocerá de la primera instancia y en la que lo hará en la segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que permite organizar las distintas Salas en Salas de decisión cuando lo estimen necesario. Así sostiene que "Puesto que el legislador incumplió ese deber, hay una omisión legislativa relativa, que debe ser subsanada por la Corte Constitucional."
Respecto de la tercera hipótesis, denominada "los numerales acusados no son directamente aplicables sino con la reglamentación de competencias", estima que teniendo en cuenta las dos hipótesis planteada con anterioridad, se concluye que las normas acusadas debe ser declaradas inexequibles en su totalidad, lo cual resultaría inconstitucional porque plantearía situaciones normativas que tendrían efectos contrarios a las disposiciones de la Carta. Agrega que podría entonces, proponerse que se declare la constitucionalidad condicionada de los numerales acusados "en el sentido de que son inaplicables mientras no se expida una ley que defina el juez competente para la primera y segunda instancia, Sin embargo, eso también es inconstitucional, porque implica una ruptura del Estado de Derecho durante un lapso durante el cual no haya regulación legal al respecto."
3. Que exhorte al Congreso de la República para que regule las competencias de primera instancia y segunda instancia dentro de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en los juicios a los que se refieren los numerales 5,6,7, y 9 del articulo 32 de la Ley 906 de 2004 y los numerales 5,6,7 y 9 del articulo 75 de la Ley 600 de 2000".
En relación con la cosa juzgada, sostiene que la Corte Constitucional en la sentencia C-142 de 1993, ya se pronunció sobre la constitucionalidad del contenido normativo de los numerales 5o., 6o. y 7o. del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, en la que se declaró exequible el contenido normativo del numeral 6º del artículo 68 del Decreto 2700 de 1991, que alude a la competencia a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para juzgar en única instancia a los altos dignatarios del Estado mencionados en el artículo 235, numerales 2, 3 y 4 de la Carta,"al considerar que el artículo 29 constitucional garantiza es el derecho a impugnar las decisiones judiciales, más no a interponer en concreto el recurso de apelación, de tal forma que la ley protege dicho derecho fundamental, cuando establece mecanismos de impugnación aunque sean distintos al recurso ordinario en mención, como puede ser el de revisión, la casación y las nulidades.
Agrega que"en el fallo se advirtió que el fuero constitucional en virtud del cual se asigna a la Corte Suprema de Justicia, como el más alto tribunal de la justicia ordinaria, la competencia para juzgar a determinados servidores públicos, ofrece dos ventajas: economía procesal y la posibilidad de eliminar los errores que puedan cometer los jueces y tribunales inferiores: además, de la facultad de ejercer la acción de revisión para controvertir, es decir impugnar la sentencia condenatoria.
Así las cosas, concluye quees claro que lo expuesto por esa Corporación en la sentencia reseñada, es íntegramente aplicable a los numerales 5o., 6o. y 7o. actualmente acusados por las demandantes, en los cuales se reproduce el mismo contenido normativo ya declarado exequible, razón por la cual es incuestionable la ocurrencia del fenómeno de la cosa juzgada material..."
Ahora bien, en cuanto al cargo específico planteado en la demanda, estima la representante del Ministerio Público, que resulta abiertamente improcedente considerar contrario a la Constitución el contenido del numeral 5º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, en tanto que tal disposición"no hace otra cosa que reiterar en la ley procesal la regla de competencia por el factor subjetivo fijada inequívocamente desde la misma Constitución Política...", en los artículos 174, 175 y 235, numeral 2º Superior.
VII.CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
¿Vulnera los derechos al debido proceso y a la defensa, así como el principio de la doble instancia consagrados en el artículo 29 de la Carta y en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia que hacen parte del bloque de constitucionalidad, el que los numerales 5, 6,7 y 9 del artículo 32 de la Ley 906 de 2004 establezcan que los procesos penales que se sigan contra altos funcionarios del Estado enunciados en tales disposiciones son de competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
De esta forma, la Corte clarifica los alcances y las consecuencias de la llamada cosa juzgada material de un fallo de exequibilidad: El fallo anterior constituye un precedente respecto del cual la Corte tiene diversas opciones, ya que no queda absolutamente autovinculada por sus sentencias de exequibilidad[6]. La primera, es seguir el precedente, en virtud del valor de la preservación de la consistencia judicial, de la estabilidad del derecho, de la seguridad jurídica, del principio de la confianza legítima y de otros valores, principios o derechos protegidos por la Constitución[7] y ampliamente desarrollados por la jurisprudencia de esta Corte[8]. En esta primera opción la Corte decide seguir la ratio decidendi anterior, mantener la conclusión que de ella se deriva, estarse a lo resuelto y, además, declarar exequible la norma demandada. Otra alternativa es apartarse del precedente, esgrimiendo razones poderosas para ello que respondan a los criterios que también ha señalado la Corte en su jurisprudencia, para evitar la petrificación del derecho y la continuidad de eventuales errores[9]. También puede la Corte llegar a la misma conclusión de su fallo anterior pero por razones adicionales o diversas. En conclusión, los efectos de la cosa juzgada material de un fallo de exequibilidad son específicos y no se asimilan a los del derecho procesal general. Se inscriben dentro de la doctrina sobre precedentes judiciales en un sistema de tradición romano germánica, son los propios del proceso constitucional y responden a la interpretación de una Constitución viviente." [10]
Por lo anterior, y con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Corte Constitucional recordará, en primer lugar, la línea jurisprudencial en materia de juzgamiento de altos funcionarios por parte de la Corte Suprema de Justicia. En segundo lugar, hará un breve recuento del estado actual de la interpretación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de San José en cuanto al contenido y alcance de los derechos a recurrir el fallo condenatorio y ante un "tribunal superior." Y en tercer lugar, determinará si ese nuevo contexto obliga a un cambio en la línea jurisprudencial seguida hasta el momento, y si a la luz de ese contexto las normas demandadas son exequibles.
La frase "o en única instancia" del artículo 45; el numeral 6 del artículo 68;[16] (…)".
Dentro de todos los derechos que conforman el debido proceso, en materia penal, importa destacar este: el de impugnar la sentencia condenatoria. Pues la prosperidad de la demanda depende de la inexistencia de tal derecho en la legislación colombiana. (…) none [El] artículo 29 de la Constitución establece que quien sea sindicado tiene, entre otros derechos, el de "impugnar la sentencia condenatoria". (…). Lo anterior nos lleva a definir qué se entiende por " impugnar la sentencia".
7- La norma hace entonces una remisión genérica a la Corte Suprema, sin entrar a distinguir en qué Sala ocurre aquel seguimiento de causa del que habla el artículo 175 superior. ¿Significa lo anterior que la competencia es exclusiva de la Sala Plena, como lo sostiene el actor La respuesta es claramente negativa, pues el artículo 234 dispone de manera general la división funcional de la Corte Suprema de Justicia y establece que la ley la dividirá "en Salas, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno".
"(…) considera el demandante que el señalamiento del Vicefiscal, en los artículos 75-9 y 115-5 de la Ley 600 de 2000, entre los funcionarios que deberán ser juzgados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, constituye un desconocimiento del artículo 235 de la Carta Política, en la medida en que le otorga un fuero a quien la Constitución no se lo otorgó.
"En consecuencia, considera la Corte que bien puede el Legislador, cumpliendo las condiciones que se indican más adelante, señalar funcionarios civiles distintos a los expresamente enumerados en el artículo 235 Superior, que pueden ser juzgados penalmente por la Corte Suprema de Justicia, ya que ello no se encuentra prohibido por la Constitución, y forma parte de las atribuciones legislativas expresas consagradas en los artículos 234 y 235 de la Carta[26]. En ese sentido, los funcionarios que el legislador considere razonablemente que deben ser amparados por este fuero, contarán con un fuero de origen legal, y no constitucional. Esta razonabilidad depende principalmente de dos condiciones: la jerarquía del funcionario civil, y su afinidad institucional con los que el constituyente protegió con un fuero ante la Corte Suprema de Justicia."
De otro lado, la Constitución y los tratados de derechos humanos garantizan a toda persona el derecho al debido proceso, que tiene como componente esencial el derecho de defensa. Ahora bien, como ya se vio, la posibilidad de apelar tiene vínculos estrechos con el derecho de defensa. Por consiguiente, aunque el Legislador puede establecer excepciones a la doble instancia y tiene una amplia libertad de configuración para establecer los distintos procesos y recursos, sin embargo es claro que debe garantizar en todos los casos el derecho de defensa y la plenitud de las formas de cada juicio. Por ende, al consagrar un proceso de única instancia, el Legislador debe establecer suficientes oportunidades de controversia, que aseguren un adecuado derecho de defensa, según la naturaleza del caso. Esto significa que un proceso de única instancia no viola el debido proceso, siempre y cuando, a pesar de la eliminación de la posibilidad de impugnar la sentencia adversa, las partes cuenten con una regulación que les asegure un adecuado y oportuno derecho de defensa[34]. Así, en reciente oportunidad, esta Corte reiteró que "no es forzosa y obligatoria la garantía de la doble instancia en todos los asuntos que son materia de decisión judicial, puesto que la ley está habilitada para introducir excepciones, siempre y cuando se respeten las garantías del debido proceso, el derecho de defensa, la justicia, la equidad y no se niegue el acceso a la administración de justicia[35]".
5. El principio de la doble instancia en el derecho internacional de los derechos humanosy el sentido y alcance de losde los derechos a recurrir el fallo condenatorio ante "tribunal superior".
"(...)5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley(...)".
"Artículo 25. Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso".
En el presente caso, las normas acusadas versan sobre altos funcionarios aforados. Unos tienen fuero constitucional, como sucede con los Senadores y Representantes a la Cámaray los demás funcionariosa que se refieren los artículos 174, y 235 numerales 2 y 4 de la Constitución Política.Otros tiene fuero en virtud de la ley, como ocurre con elviceprocurador, el vicefiscal, los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, y del Consejo Nacional Electoral, los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y Tribunales, los procuradores judiciales II, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Director Nacional de Fiscalía y los directores seccionales de Fiscalía.Ninguna de las normas acusadas se refiere a procesos que no versen sobre conductas cometidas por altos funcionarios estatales.
DeclararEXEQUIBLES los numerales 5, 6, 7, y 9 del artículo 32 de la Ley 906 de 2004.
Exequible Artículo 32 LEY_906_2004_31/08/2004
[1]El Magistrado Jaime Araujo Rentería presentó salvamento de voto respecto de la decisión mayoritaria.
[2]La Ley 906 de 2004 fue publicada en el Diario Oficial No.45.658 de 1º de septiembre de 2004.
Ley 600 de 2000, (Sentencia C-873/03), Artículo 75. De la Corte Suprema de Justicia.. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce: (…) 5. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refieren los artículos 174 y 235 numeral 2 de la Constitución Política. 6. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refiere el artículo 235 numeral 4 de la Constitución Política. (…) 9. Del juzgamiento del viceprocurador, vicefiscal, magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, del Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante la CorteSuprema de Justicia y tribunales superiores de distrito, procuradores delegados, Registrador Nacional del Estado Civil, Director Nacional de Fiscalía y directores seccionales de fiscalía. (…)
Ley 906 de 2004, Artículo 32. De la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce: (…) 5.Del juzgamiento de los funcionarios a que se refieren los artículos 174 y 235 numeral 2 de la Constitución Política. 6. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refiere el artículo 235 numeral 4 de la Constitución Política. (…) 9. Del juzgamiento del viceprocurador, vicefiscal, magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, del Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y Tribunales, Procuradores Delegados, Procuradores Judiciales II, Registrador Nacional del Estado Civil, Director Nacional de Fiscalía y Directores Seccionales de Fiscalía.
[4]Acto Legislativo 02 de 2003.
[5]Corte Constitucional, Sentencia C-836 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil (aclaración de voto de Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra y salvamento de voto de Jaime Araujo R., Alfredo Beltrán S., Álvaro Tafur G y Clara Inés Vargas) así como los antecedentes jurisprudenciales específicos sobre el precedente constitucional citados en la nota 14 de esta providencia.
[6]Sentencia C-447 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[7]Sobre la aplicación del concepto de precedentes en sistemas no anglosajones y su relación con el concepto de cosa juzgada, en especial en Alemania, España, Francia e Italia, ver Neil MacCormick y Robert Summers (Ed) Interpreting precedents. París, Ashgate Darmouth, 1997.
[8]Sentencias C-131 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-083 de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-123 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, SU-047 de 1999 M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero, SU-168 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[9]Sentencia C-774 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[10]Sentencia C-311 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[11]Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 14.5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.
[12] Pacto de San José, Artículo 8. Garantías Judiciales (…) 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. (…)"
[16] Artículo 68, numeral 6, Decreto 2700 de 1991: "Competencia de la Corte Suprema de justicia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce: (…) "6. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo 235 de la Constitución Nacional"
[17]En las secciones B y C de los considerando de la sentencia C-142 de 1993, la Corte Constitucional describe las posibles acciones y recursos que proceden contra las sentencias condenatorias: 1). Acción de Revisión. 2). Recurso de apelación. 3). Recurso extraordinario de casación. 4). La nulidad de los actos procesales
[19]Sentencia No. C-076 de 1993. MP. Jaime Sanín Greiffenstein.
[21] Corte Constitucional, Sentencia C-411 de 1997, MP: José Gregorio Hernández Galindo. La parte resolutiva de la sentencia dice: "Primero.- DecláraseEXEQUIBLE, en los términos de esta Sentencia, la palabra "única" del artículo 68, numeral 2, del Código de Procedimiento Penal, adoptado mediante Decreto 2700 de 1991. none Segundo.- ESTESE A LO RESUELTO por la Corte en Sentencia C-142 del 20 de abril de 1993, acerca de la constitucionalidad del numeral 6 del artículo 68 del Código de Procedimiento Penal."
[24]Ley 600 de 2000, Artículo 75. De la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce: (…) 9. Del juzgamiento del viceprocurador, vicefiscal, magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, del Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y tribunales superiores de distrito, procuradores delegados, Registrador Nacional del Estado Civil, Director Nacional de Fiscalía y directores seccionales de fiscalía.
[25] Constitución Política, Artículo 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: none 1. Actuar como tribunal de casación. none 2. Juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, por cualquier hecho punible que se les impute, conforme al artículo 175 numerales 2 y 3. none 3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso. none 4. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales; a los Directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y jefes de misión diplomática o consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen. none 5. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el Derecho Internacional. none 6. Darse su propio reglamento. none 7. Las demás atribuciones que señale la ley. none Parágrafo. Cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas.
[26]Ello no es aplicable, sin embargo, a los altos mandos militares, según lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-361 de 2001, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra, puesto que en el caso específico de estos funcionarios castrenses, la ampliación de las competencias de la Corte Suprema de Justicia equivale a expandir el catálogo de excepciones al fuero penal militar establecido por la Constitución.
[27]Ver las sentencias C-142 de 1993, C-561 de 1996, C-411 de 1997.
[29]Ver la sentencia C-873 de 2003, precitada.
[30] Ver la sentencia C-561 de 1996. No obstante, la Corte Constitucional (C-037 de 1996) declaró inconstitucional que la Ley Estatutaria del a Administración de Justicia atribuyera a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de las apelaciones de algunos de estos procesos. El artículo juzgado decía: "Articulo 17. De la Sala Plena. La Sala Plena cumplirá las siguientes funciones: (…) 6. Resolver las impugnaciones y los recursos de apelación contra las sentencias, medidas cautelares, providencias y autos interlocutorios que profiera la Sala de Casación Penal en los procesos que trámite contra los funcionarios y servidores públicos con fuero constitucional de juzgamiento por los hechos punibles que se les imputen (Proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, "Estatutaria de la Administración de Justicia") La Corte resolvió lo siguiente: "DECIMOTERCERO.- Declarar INEXEQUIBLES (…) el numeral 6o del artículo 17 (…)"
[31]Ver las sentencias C-142 de 1993 y C-411 de 1997.
[32] Corte Constitucional, sentencia C-040 de 2002, MP: Eduardo Montealegre Lynett, en donde la Corte decidió: "Declarar exequibles, por el cargo estudiado en esta sentencia, las expresiones acusadas del artículo 39 de la Ley 446 de 1998, que literalmente dicen "en única instancia" y "privativamente y en única instancia"." Ver también la sentencia C-103 de 2005, MP: Manuel José Cepeda Espinosa, en donde la Corte recordó "los criterios que deben ser respetados por el Legislador para que su decisión de someter un procedimiento o acto procesal determinado a trámite de única instancia no riña con la Constitución".
[33]Sentencia C-142/93. MP Jorge Arango Mejía.
[34]Sobre los criterios que puede usar el legislador para el establecimiento de las formas propias de cada juicio pueden consultarse las sentencias C-1512 de 2000, T-323 de 1999 y C-502 de 1997.
[35]Sentencia C-650 de 2001. MP Clara Inés Vargas Hernández.
[36]Ver la Sentencia C-680 de 1998.
[37] Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996, MP: Vladimiro Naranjo Mesa, en donde la Corte dijo lo siguiente: "Esta norma señala que la Corte Suprema será dividida por la ley en salas, las cuales conocerán de sus asuntos en forma "separada", salvo que se determine que en algunas oportunidades se estudiarán materias por la Corporación en pleno. En ese orden de ideas, las atribuciones que el artículo 235 de la Carta le atribuye a la Corte, en particular la de actuar como tribunal de casación y la de juzgar a los funcionarios con fuero constitucional, deben entenderse que serán ejercidas en forma independiente por cada una de sus salas, en este caso, por la Sala de Casación Penal. De lo anterior se infieren, pues, varias conclusiones: en primer lugar, que cada sala de casación -penal, civil o laboral- actúa, dentro del ámbito de su competencia, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria; en segundo lugar, que cada una de ellas es autónoma para la toma de las decisiones y, por lo mismo, no puede inferirse en momento alguno que la Constitución definió una jerarquización entre las salas; en tercer lugar, que el hecho de que la Carta Política hubiese facultado al legislador para señalar los asuntos que deba conocer la Corte en pleno, no significa que las salas de casación pierdan su competencia o que la Sala Plena sea superior jerárquico de alguna de ellas. En otras palabras, la redacción del artículo 234 constitucional lleva a la conclusión evidente de que bajo ningún aspecto puede señalarse que exista una jerarquía superior, ni dentro ni fuera, de lo que la misma Carta ha calificado como "máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria". none En igual sentido, esta Corporación comparte los argumentos expuestos por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando, a propósito del análisis de constitucionalidad del numeral que se revisa, y en particular respecto de los fundamentos para determinar como de única instancia los procesos de juzgamiento a funcionarios con fuero constitucional, señaló: "De igual forma, si se acude al fundamento de la doble instancia como sistema concebido para disminuir los riesgos que consigo lleva la falibilidad humana, se aprecia que ésta es ineluctable, pero que precisamente se procura que la segunda instancia esté a cargo de un órgano más versado, docto y especializado en la ciencia específica, lo cual resulta francamente inconsecuente cuando la decisión de quienes han sido escogidos como expertos en la matera, pasa a ser revisada por funcionarios cuya versación y entrenamiento no son los mismos". none Así las cosas, al suponerse que el recurso de apelación contra sentencias, medidas cautelares, providencias y autos interlocutorios que profiera un funcionario judicial, implica que un juez de mayor grado revisará esas decisiones, y al haberse establecido que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia no es superior jerárquico de la Sala Casación Penal, se hace entonces necesario declarar la inexequibilidad del numeral 6o del artículo 17."
[38]Corte Constitucional, Sentencia C-142 de 1993, precitada.
[39] Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002, de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en relación con la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, párrafos 121-123, en donde se señaló lo siguiente: "b) Doble instancia y recurso efectivo" none 121. La garantía procesal anterior se complementa con la posibilidad de que exista un tribunal superior que pueda revisar las actuaciones del inferior. Esta facultad ha quedado plasmada en el artículo 8.2.h) de la Convención Americana y en el artículo 40.b inciso v) de la Convención sobre los Derechos del Niño que manifiesta: none v) Si se considerare que [el niño] ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley […]." En el año 2004, en el caso Herrera Ulloa v. Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre la conformidad de los juicios penales por difamación, por la condena penal impuesta a un periodista por cuatro publicaciones supuestamente difamatorias, en donde dijo lo siguiente: "161. De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos (…), se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que "no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces", es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos (…). none 162. Con base en lo expuesto en los párrafos anteriores, la Corte pasa a resolver si el recurso de casación al que tuvo acceso el señor Mauricio Herrera Ulloa cumplió con los parámetros anteriormente establecidos y, por ende, si se trató de un recurso regulado y aplicado de conformidad con lo estipulado en el artículo 8.2.h. de la Convención Americana. none163. El juez o tribunal superior encargado de resolver el recurso interpuesto contra la sentencia penal tiene el deber especial de protección de las garantías judiciales y el debido proceso a todas las partes que intervienen en el proceso penal de conformidad con los principios que lo rigen. none 164. La posibilidad de "recurrir del fallo" debe ser accesible, sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. none165. Independientemente de la denominación que se le de al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice una examen integral de la decisión recurrida. (…) none 167. En el presente caso, los recursos de casación presentados contra la sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 1999 no satisficieron el requisito de ser un recurso amplio de manera tal que permitiera que el tribunal superior realizara un análisis o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior. Esta situación conlleva a que los recursos de casación interpuestos por los señores Fernán Vargas Rohrmoser y Mauricio Herrera Ulloa, y por el defensor de éste último y apoderado especial del periódico "La Nación", respectivamente (supra párr. 95. w), contra la sentencia condenatoria, no satisficieron los requisitos del artículo 8.2 h. de la Convención Americana en cuanto no permitieron un examen integral sino limitado. none 168. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2.h. de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, en perjuicio del señor Mauricio Herrera Ulloa."
[40] Comité de Derechos Humanos, caso Gomariz c. España, dictamen de 22 de julio de 2005, párr. 9.2 - en un juicio penal por apropiación indebida en el cual se condenó a un promotor de ventas que había firmado un documento de reconocimiento de deuda a la empresa que posteriormente lo denunció. El Comité dijo lo siguiente "(…) El Comité observa que en los sistemas legales de muchos países los tribunales de apelación pueden rebajar, confirmar o aumentar las penas impuestas por los tribunales inferiores. Aunque el Tribunal Supremo, en el presente caso, adoptó una opinión diferente respecto a los hechos considerados probados por el tribunal inferior, en el sentido de concluir que el Sr. Pérez Escolar era autor y no simplemente cómplice del delito de apropiación indebida, el Comité considera que la sentencia del Tribunal Supremo no modificó de manera esencial la caracterización del delito, sino que reflejó meramente que la valoración por parte del Tribunal de la gravedad de las circunstancias del delito conllevaba la imposición de una pena mayor. Por consiguiente, no existe fundamento para afirmar que se haya producido, en el caso presente, una violación del artículo 14, párrafo 5 del Pacto. none 9.3 Respecto del resto de las alegaciones del autor relacionadas con el artículo 14, párrafo 5, del Pacto, el Comité observa que varios de los motivos de casación que el autor planteó ante el Tribunal Supremo se referían a presuntos errores de hecho en la apreciación de las pruebas y vulneración del principio de presunción de inocencia. Del fallo del Tribunal Supremo se desprende que éste examinó con detenimiento las alegaciones del autor, analizó los elementos de prueba existentes en el proceso y aquellos a los que el autor se refirió en su recurso y consideró que existía amplia prueba de cargo incriminatorio como para descartar la existencia de errores en la apreciación de la prueba y contrarrestar la presunción de inocencia del autor (3). El Comité concluye que esta parte de la queja relativa a la presunta violación al párrafo 5 del artículo 14 no ha sido fundamentada suficientemente por el autor.

References: artículo 29
 artículo 235
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 29
 artículo 32
 artículo 241
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 29
 artículo 31
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 29
 artículo 8
 artículo 16
 artículo 32
 artículo 68
 artículo 235
 artículo 29
 artículo 32
 artículo 29
 artículo 32
 artículo 45
 artículo 68
 artículo 29
 artículo 175
 artículo 234
 artículo 235
 artículo 235
 artículo 32
 Artículo 32
 Artículo 75
 artículo 235
 Artículo 32
 artículo 235
 Artículo 14
 Artículo 8
 Artículo 68
 artículo 235
 artículo 68
 artículo 68
 Artículo 75
 Artículo 235
 artículo 174
 artículo 175
 artículo 17
 artículo 39
 artículo 235
 artículo 234
 artículo 17
 artículo 8
 artículo 40
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
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 artículo 14
 artículo 14
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