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Timestamp: 2018-10-17 08:56:20+00:00

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Autos: Bazterrica Gustavo s/tenencia de estupefacientes Lugar y Fecha: Buenos Aires, 29 de agosto de 1986 Hechos: Gustavo Bazterrica fue
condenado a la pena de 1 año de prisión en suspenso y $ 200 de multa y costas por el delito de “tenencia de estupefacientes” en primera y segunda instancia por lo que la defensa dedujo el recurso
extraordinario que fue parcialmente concedido. Es decir, la Corte Suprema de Justicia entendió que la revisión del procedimiento policial que diera inicio a la causa no era una cuestión atinente a su competencia pero sí lo
respectivo a la violación del art. 19 de la Constitución Nacional, en cuanto, según la defensa del imputado, los estupefacientes encontrados en su poder eran para consumo personal. Holding La cuestión pasa por dilucidar qué limitaciones los
razonables resultan admisibles al amparo de
principios constitucionalmente consagrados en el artículo citado supra y que dice: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será
Carlos Santiago Nino. las relaciones familiares. las creencias . La norma deja librado a la moral. práctica 1992). Astrea. Es indudable que la norma constitucional define un ámbito de libertad individual que excluye la intervención del Estado y de terceros.obligado a hacer lo que no manda la ley.J. ni privado de lo que ella prohibe”.. Bs.el Alto Tribunal de la Nación precisó que "el artículo 19 en relación directa con la libertad individual protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos. la As.N. sin embargo Carlos Nino señala que el límite a la interferencia del Estado no se agota en las acciones realizadas en privado. a los principios religiosos de las personas y de la sociedad civil ciertos actos que considera por lo tanto como “privados”.S. P. hábitos y costumbres. jurídico y politológico de constitucional". a las convicciones. Análisis filosófico. c/ por Ed.526-XIX) -citado Ministro Petracchi al expedirse en la sentencia in re "Bazterrica" (Fallos 308:1392). la situación económica. el En el precedente "Ponzetti de Balbin Atlántida" (C. Ed. Solo interviene cuando dichos actos ofenden al orden o a la moral pública o perjudican a un tercero (cfr. "Fundamentos de Derecho Constitucional.
. En materia penal es este el que crea los instrumentos adecuados para resguardo de los intereses que la sociedad estima relevantes mediante el dictado de las disposiciones que acuerdan protección jurídica a determinados bienes. hechos o datos que. El legislador de esta manera precisa tales limitaciones. las acciones.religiosas. la salud mental y física y. están reservadas al propio individuo". Resolución de la Corte El voto de la mayoría en "Bazterrica" puso su énfasis en el campo de inmunidad de las acciones privadas que el artículo 19 de la Constitución Nacional circunscribe. en suma. se lee en el mismo voto. teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad. Ellas están reservadas al juicio de Dios y quedan fuera del ámbito de las prohibiciones. estableciendo su límite en el orden y la moral pública y en los derechos de terceros. Más adelante. que las acciones privadas de los hombres comprenden lo atinente a la salud e integridad física y psicológica de las personas. la actividad legislativa encuentra allí su límite y por tanto no puede prohibir las conductas que tienen lugar en el ámbito privado siempre que no afecten la moral colectiva y no revelen entidad para afectar derechos de terceros. genéricamente definidas por la norma.
es decir. no puede el legislador abarcar las acciones de los hombres que no . El alcance de tal límite resulta precisado por obra del legislador. siempre que no afecten el orden y la moral Así definido el públicos. el Ministro Petracchi precisa en el precedente al que se viene aludiendo que es requisito para la intervención de la ley penal. A propósito. su intervención en ese sentido. esto es. no se pueden sancionar penalmente acciones que sólo se refieran a la moral individual: no son punibles las acciones de los hombres que constituyan actos en su esfera privada.Tal aseveración lleva necesariamente a deslindar la moral individual de la colectiva. La última será relevante a la hora de autorizar la intervención estatal. no puede ir más allá de las acciones de los hombres que ofendan a la moral pública. "El poco flexible límite que circunscribe el campo de inmunidad de acciones privadas lo constituye el orden y la moral públicos y los derechos de terceros. que se afecten bienes jurídicos privados o colectivos. que interfieran con el orden público o que afecten derechos de terceros. ámbito de acción privada de los hombres con arreglo a la garantía del artículo 19 de la Constitución Nacional. es claro que al Estado le está vedado inmiscuirse en él. pero.
9 y 235). 304:1678 y 305:137). 303:1205. La Conferencia General del Episcopado Latinoamericano reunida en Santo Domingo. caracteriza una cultura de la muerte y que es causa de un deterioro creciente de la dignidad de la persona humana (Santo Domingo. Mensaje. Con todo. "Conclusiones" nro. in re "Bazterrica"). Ello explica porqué ha de considerarse lícita la actividad estatal enderezada a evitar las consecuencias que para la ética colectiva y el bienestar y la seguridad general pudieran derivar de la tenencia ilegítima de drogas para uso personal (Fallos: 301:673. puso de manifiesto que la droga. la trasgresión a la ética . Enrique Petracchi. El abuso de drogas ha sido también definido como un signo contrario al deseado desarrollo de la persona (Juan Pablo II. no pueden obviarse las graves consecuencias que la droga produce en el individuo víctima de la adicción y el serio compromiso que representa para su salud física y psíquica. entre otros males.interfieran con normas de la moral colectiva ni están dirigidas a perturbar derechos de terceros" (voto del Dr. No obstante el ámbito de reserva que la Carta Magna consagra en favor de los ciudadanos. atentando en forma directa contra la naturaleza y dignidad de la persona humana. 1/1/87).
siguiendo a los fundamentos de la Corte en el caso "Bazterrica". "penar la tenencia de drogas para el consumo personal sobre la sola base de potenciales daños que puedan ocasionarse [.. y en tanto las conductas del hombre se dirijan contra sí mismo. atendiendo a sus circunstancias particulares. quedan fuera del ámbito de las prohibiciones (in re "Bazterrica". la incriminación de la simple tenencia de drogas para consumo. en tanto conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional al invadir la esfera de libertad individual que ella consagra y en virtud de que la tenencia aquí sometida a juzgamiento no trasluce un . no castiga otra cosa que la mera creación de un riesgo (peligro abstracto) y no un daño concreto a terceros y a la comunidad. En otro aspecto. Así. declarar la inconstitucionalidad de la norma que pena la tenencia de droga para consumo personal.privada está reservada al juicio de Dios. carece de entidad para afectar la salud pública. corresponde en el caso "sub examine". voto de la mayoría). entendida de esta manera. Por todo lo expuesto.] no se justifica frente a la norma del artículo 19 CN” (del voto de la mayoría. Es decir que. in re "Bazterrica")..
Buenos Aires. Ernesto A. con el caso “Montalvo” (“Montalvo. según lo que entiende como un resguardo de la libertad de los otros. la defensa de la sociedad. las buenas costumbres o la persecución de un crimen.”. La salud pública es una cuestión que debe estar bajo el resguardo del Estado y la ley 23737 contempla esta cuestión cuando establece la opción para el imputado de someterse voluntariamente a una programa de rehabilitación cuyo cumplimiento satisfactorio daría lugar a la supresión de la anotación de la condena en el Registro de Reincidencia. Edición. Aquí lo que el fallo mayoritario de la corte pone de relieve es la atenencia en cuanto a la consideración del consumo de estupefacientes como una cuestión que afecta a la salud pública. Fallos 300:254) se inclinó por considerar los efectos del uso de estupefacientes como una cuestión pasible de ser comparada con los que producen las pestes o las guerras. 821 XIX. no hace lugar al alegato de la defensa en cuanto a la inconstitucionalidad de dicha ley aplicada al caso en el fallo de segunda instancia. 2005. Alejandro C. es decir. Es decir.peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros. Edit. La tercera. La segunda etapa viene dada por el caso “Bazterrica” analizado ut supra. Votos en disidencia Los Dres. La Ley. La tenencia de drogas para uso personal fue vista como un eslabón en la cadena de producción y tráfico de las mismas. Fayt y Caballero votan en disidencia y para su argumentación se limitan a la remisión al caso “Capalbo.” C. entiende que la aplicación del artículo 6 de la ley 20711 no es aplicable al caso (en relación al fallo de primera instancia) pero que sí lo es el artículo 14 de la nueva ley sobre consumo de estupefacientes (Ley 23737). recorrió tres etapas”. Fallos 313: 1333)1. como un acto que afecta a terceros aún siendo privado. 260 y ss. María Angélica Gelli “la doctrina de la Corte Suprema. 1 María Angélica Gelli Constitución de la Nación Argentina: comentada y concordada. . págs. acerca de la cuestión de la privacidad y la tenencia de drogas para uso personal. 3ra. En la primera (“Colavini. De esta manera. COMPARACIÓN CON CASO MONTALVO Según la Dra.
Deja de ser por lo tanto una acción meramente privada y relacionada con la conciencia de quien la realiza para pasar a ser un tema de atenencia pública y por lo tanto objeto de la ley. . en la revisión previa hecha por los legisladores de la Ley de Consumo de Estupefacientes que redundó en la redacción de una nueva ley que considerara el problema de la penalización del consumo de estupefacientes. básicamente.Vemos entonces que la diferencia entre el fallo mayoritario de la Corte en el caso “Montalvo” en relación a lo fallado en “Bazterrica” radica. El remedio de la opción por un tratamiento de rehabilitación deja en claro que el consumo de estupefacientes es una cuestión que ingresa en los planes de nuestro Estado en cuanto a las políticas de salud pública.
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References: artículo 19
 Resolución 
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 6
 artículo 14