Source: https://es.scribd.com/document/33895737/Tribunal-Constitucional-Fallo-505-Transelec
Timestamp: 2019-04-19 22:19:53+00:00

Document:
Con fecha 30 de mayo de 2006, Luis Vidal Hamilton-Toovey, en representación de
Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. (sucesora de Pullinque; en el fallo se hará referencia a
ambas indistintamente), ha deducido un requerimiento para que se declare la
inaplicabilidad del artículo 3º transitorio de la Ley Nº 19.940 que modificó el Decreto con
Fuerza de Ley Nº 1 de 1982, del Ministerio de Minería, Ley General de Servicios
Eléctricos, en los autos arbitrales caratulados “HQI Transelec S.A. con Empresa Eléctrica
Panguipulli S.A.” de los cuales conoce actualmente la Corte de Apelaciones de Santiago,
en virtud del recurso de casación en la forma interpuesto por su representada en contra
de la sentencia arbitral por contravenir, el artículo 19, N° 24, de la Constitución Política de
Señala la requirente que el juicio arbitral se inició por demanda deducida por HQI
Transelec Chile en contra de Eléctrica Panguipulli solicitando que se condenara a ésta a
pagar a la demandante determinados peajes por concepto de transmisión de electricidad
que se le adeudaban. Esta tuvo como fundamento lo dispuesto en el Artículo 51° G de la
Ley General de Servicios Eléctricos –hoy derogado- que disponía que “toda controversia
que surja entre el propietario de las líneas y subestaciones involucradas y cualquier
interesado en constituir una servidumbre o quien hace uso de ellas o entre estos últimos
entre sí relacionada con servidumbres de paso de energía eléctrica y, en particular las
dificultades o desacuerdos referidos a la constitución, determinación del monto de peajes
y sus reajustes, proposición y antecedentes que debe proporcionar el propietario en
conformidad al artículo 51° F, el cumplimiento, validez, interpretación, terminación y
liquidación de convenios o fallos arbitrales relacionados con estas servidumbres, serán
resueltos por un tribunal arbitral compuesto por tres árbitros arbitradores designados, uno
por cada una de las partes, y un tercero, que deberá ser abogado, elegido por los dos
primeros de común acuerdo, y en caso de desacuerdo, por la justicia ordinaria.”
“El tribunal arbitral actuará en calidad de arbitrador y fallará en única instancia.”
Según sostuvo la demandante en esa sede arbitral, Eléctrica Panguipulli usaba
activos de transmisión de propiedad de HQI Transelec, sin pagar por ello. Señala la
requirente que la potencia y energía que genera la central de su representada es
inyectada en la subestación Pullinque de propiedad de la Compañía General de
Electricidad Transmisión. De acuerdo a lo que establecía el Articulo 51º B -hoy derogado-
del DFL Nº1, “cuando una central generadora está conectada a un sistema eléctrico cuyas
líneas y subestaciones en el área de influencia de la central pertenezcan a un tercero, se
entenderá que el propietario de la central hace uso efectivo de dichas instalaciones,
independientemente del lugar y de la forma en que se comercializan los aportes de
potencia y energía que aquella efectúa y, por consiguiente, debe pagar los
correspondientes peajes a su dueño”. Se entiende el área de influencia como “el conjunto
de líneas, subestaciones y demás instalaciones del sistema eléctrico directa y
necesariamente afectado por la inyección de potencia y energía de una central
Eléctrica Panguipulli, que a la época se denominaba Pullinque, suscribió el año
1993 un contrato de peaje con Endesa por el cual esta última, como dueña de ciertos
activos de transmisión, se obligó con Panguipulli a permitir que ésta inyectara y retirara
energía y potencia eléctrica en distintos puntos de la red eléctrica que era de propiedad de
Endesa, todo ello, durante un plazo de más de 30 años. Pullinque se obligó a pagar el
peaje convenido como precio de tales servicios, en forma periódica, hasta el año 2028.
El pago del peaje, de acuerdo al contrato, otorgaba a Pullinque los derechos
establecidos en el Artículo 51º D del DFL Nº 1 y los que se estipulan en la cláusula cuarta
del mismo. El Articulo 51º D -hoy derogado- señalaba: “El pago de anualidades del peaje
básico dará derecho al propietario de la central generadora a retirar electricidad, sin pagos
y. la decisión debe considerar y aún fundarse. es menester que exista una contradicción entre una disposición constitucional y la ley que se impugna..no se había solicitado en la demanda. los activos de transmisión de Endesa fueron arrendados por ésta a una filial creada por ella. de todos sus activos y derechos. sostiene la requirente. para la procedencia de un recurso de inaplicabilidad. Las instalaciones que comprende el área de influencia quedaron establecidas en el anexo 1 del contrato. que si bien Eléctrica Panguipulli había pagado y pagaba el peaje. pues el estudio que en este recurso debe hacerse está referido a una ley que sea o se crea aplicable al caso de que conozca algún tribunal de la República. Como contraprestación por la venta de algunos de esos activos y la cesión del contrato de peaje. pero para establecer esa contradicción no basta un análisis o comparación en abstracto entre la norma fundamental y la legal. cuyas cláusulas habían quedado sin efecto en todo cuanto se opusieran a lo dispuesto en la nueva ley. Endesa y Transelec percibieron de CGE el precio de venta pactado. La precisión anterior resulta necesaria en razón de que no en pocas ocasiones se ha planteado la duda de si para establecer la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una disposición el Tribunal Constitucional ha de atender sólo a la eventual contradicción entre ella y la Constitución. que Eléctrica Panguipulli no pagaba los peajes por los servicios de transmisión eléctrica. dieron normal cumplimiento a las obligaciones emanadas del contrato de peaje suscrito entre Endesa y Pullinque. de acuerdo a lo razonado en los considerandos 14 al 19 y a lo dispuesto en la propia Ley 19.940 era de orden público y regía in actum. destinados a ventas a clientes propios. denominada Transelec a la que se le cedieron el cobro del peaje y la administración de los activos de Endesa.A. Transelec conservó en su poder parte de los activos de transmisión por cuya utilización paga Panguipulli.adicionales. debía prevalecer la nueva ley sobre el contrato válidamente celebrado resolviendo que: “se acoge la demanda en cuanto a que a contar del 13 de Marzo de 2004… deberá aplicarse en su integridad dicha Ley. lo pactado en el contrato con el fin de obtener la duplicación del pago por el uso de sus activos. como asimismo la totalidad del derecho a percibir el precio o peaje. el Tribunal Arbitral resolvió que Eléctrica Panguipulli a partir del 13 de marzo de 2004 debía pagar las nuevas sumas que establecía la Ley Nº 19. sin perjuicio de aplicar para el período que media entre la fecha indicada y la dictación del primer decreto de transmisión troncal las disposiciones del actual D. afectando. efectuados desde las instalaciones de transmisión de 500 Kv y de 220 Kv que se identifican en el anexo número 2 de este contrato no serán objeto de cobros adicionales de peajes por parte de Endesa a Pullinque.”. Transelec fue luego adquirida por HQI Transelec S. Se indica por la requirente que. Transcurrieron más de 10 años. lo que –alega la requirente. por el contrario. que continuó obligando a las partes en los términos convenidos. los contratos celebrados entre las partes. Por ello el sentenciador tuvo como fundamento que la Ley Nº 19. para estos efectos. La sentencia arbitral declaró que Panguipulli había pagado y pagaba el peaje convenido a CGE. Nº 1 y su reglamento.F.940 o Ley Corta.. En 1996. Sin perjuicio de lo anterior. en el modo en que la aplicación de la misma .. forzándola a un arbitraje obligatorio. en consecuencia. según la requirente.una parte de los activos de transmisión identificados en el contrato. alegó. sucesora de Transelec.. Endesa y Transelec (empresa matriz y su filial) vendieron a un tercero -CGE. provenientes de inyecciones de la actual central Pullinque. de sus pasivos y obligaciones. La cláusula cuarta del contrato de peaje celebrado en el año 1993 dice que “los retiros de electricidad de Pullinque. con total prescindencia del caso al que la ley podría aplicarse o si. quien se hizo dueña del 100% de las acciones de la sociedad. pues aquella empresa le había cedido a ésta el derecho a cobrarlo.L.” Con posterioridad a ello.. durante los cuales las partes. HQI Transelec desconoció. A fines del año 2003. desde luego. Para ello.940”. También la sentencia arbitral declaró. en todos los nudos del sistema ubicados dentro de su área de influencia. incluyendo a HQI Transelec. el hecho falso.
al darle preeminencia respecto de relaciones jurídicas consolidadas a través de un contrato generador de derechos que se han incorporado a los patrimonios de los contratantes. fundando tal pretensión en el carácter de norma de orden público que tal disposición revestiría. lo harán en conformidad a las normas legales que la presente ley modifica y su reglamento. el derecho de propiedad de la requirente sobre el contrato y sobre todo lo que emana de éste. pues “el recurso de inaplicabilidad no es un mecanismo de control de constitucionalidad de la ley. en el período que medie entre la fecha indicada y la dictación del primer decreto de transmisión troncal. cuya inaplicabilidad se solicita parcialmente.afectará los derechos constitucionales de las partes en ese pleito o gestión. explica la parte requirente que su derecho de propiedad ha sido violado al aplicarse en el juicio en que incide el requerimiento. plantea la acción que. de si la norma en abstracto resulta ser constitucional.940 y resolverse en la sentencia arbitral que dicha ley obliga a las partes desde el momento de su vigencia. De ese modo. En ella se declara que las normas legales anteriores a la dictación del precepto impugnado “deben entenderse incorporadas al contrato … en conformidad al mandato contenido en el artículo 22 de la Ley sobre efecto retroactivo de las leyes. del Ministerio de Minería. sino la constitucionalidad de la aplicación de una ley a un caso concreto”.940 un efecto retroactivo que ni siquiera esa ley dispone. las empresas que efectúen retiros y los usuarios finales que deban pagar los peajes de transmisión. ese derecho se ha incorporado al patrimonio de la empresa por tratarse de un bien incorporal o derecho de contenido eminentemente patrimonial. como podría suceder respecto de la Ley Nº 19. De ese modo. pues la aplicación de la ley inaplicable constituye una expropiación de su derecho de propiedad sobre ese contrato. Ley General de Servicios Eléctricos. los propietarios de centrales. todo lo cual había sido sobrepasado por la nueva ley que “ha entrado a regular un contrato afinado con antelación.” Se cita luego una sentencia dictada por la Corte Suprema con fecha 28 de julio de 1992. a su juicio.” Agrega la requirente que cuando la ley se refiere al “régimen de recaudación y pago por el uso de las instalaciones de transmisión troncal”. ha sido afectado en su esencia. lo que regula son los “peajes de transmisión troncal” que corresponde a la materia regulada en el contrato de peaje a que se alude en el requerimiento. incluso. en el requerimiento de inaplicabilidad. la norma contenida en el artículo 3º transitorio de la Ley Nº 19. que crea derechos y obligaciones sobre los que se tiene dominio pleno y de los cuales no puede ser privado el contratante sin que ello quebrante el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República. modificando y extinguiendo de esa forma derechos patrimoniales válidamente adquiridos en razón de un contrato legalmente celebrado. concluyendo la sentencia que la norma que se pedía declarar inaplicable efectivamente impedía a la requirente exonerarse del pago de indemnizaciones por las causales que contemplaba el contrato que mantenía vigente con su contraparte desde antes de la dictación del precepto y por las que le otorgaba el derecho común y el derecho especial a la época de celebración de aquel.940. dispuso en uno de sus incisos que: “El régimen de recaudación y pago por el uso de las instalaciones de transmisión troncal. de 1982. Expone que se ha pretendido otorgar a la Ley Nº 19.940. independientemente. No obstante. que el pago por la utilización de dichas líneas está incluido en el peaje establecido en el contrato. que modificó el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 1982. 71-30 y 71-32 del decreto con fuerza de ley Nº 1. Agrega que el contrato de peaje que vinculan a HQI Transelec con Eléctrica Panguipulli. que la sentencia arbitral reconoce como plenamente válido y vinculante para las partes. además. . que sobre el particular dispone: En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”. esta Magistratura no debe ni puede “juzgar la constitucionalidad de una ley. establece el derecho de Eléctrica Panguipulli a utilizar las líneas de transmisión y.” Expone la actora que el artículo 3° transitorio de la Ley Nº 19. sino uno de control de constitucionalidad de la aplicación de la ley. Así. Por otra parte. regirá desde la fecha de publicación de esta ley. previsto en los artículos 71-29.
Por iguales razones. Con fecha 22 de septiembre de 2006 se declaró admisible el requerimiento y se suspendió el procedimiento en la causa en que éste incide. concluye que “la prudente estimación de la equidad hecha por el arbitrador. y. por un tribunal arbitral arbitrador. pudiendo prescindir de las disposiciones de la ley. “debe fallar obedeciendo a lo que su prudencia y equidad le dictaren”.situación que la Corte Suprema ha repudiado en la sentencia antes mencionada. La inaplicabilidad debe impetrarse en tanto exista alguna gestión en la que el precepto cuestionado pueda resultar decisorio. no se divisa la manera en que la norma impugnada pueda ser objeto de aplicación. incluso. en primer término.. 2. la validez o nulidad del fallo dictado por los arbitradores. Siendo la cuestión a resolver en este recurso. dada su amplia facultad para estimar prudentemente lo que considere equitativo”.” Agrega: “debe hacerse un uso muy moderado de esta facultad correccional en cuanto al criterio mismo de lo decidido por el amigable componedor. la sentencia fue dictada por árbitros arbitradores. 3. para resolver la contienda. tales jueces no han tenido necesidad de ceñirse a dicho precepto. ya que no es posible declarar la inaplicabilidad de un precepto legal pues su aplicación no . Hacen ver al respecto que don Julio Philippi Izquierdo. sentencia en la cual se declara que la controversia no podía resolverse “fundada en una ley posterior al contrato. en caso alguno. conforme al artículo 223 del Código Orgánico de Tribunales. podría invocarse para modificar. motivo por el cual carece de todo sentido declarar que un precepto legal positivo se debe dejar de aplicar. genera un efecto que excede a las partes que concurren a su celebración.” Concluye la requirente su presentación señalando que la norma que contiene el artículo 22 de la Ley sobre efecto retroactivo de las leyes y que incorpora a los contratos las leyes vigentes al momento de su celebración. incorporadas ahora al contrato. que crea derechos y obligaciones sobre los que se tiene dominio pleno y de los cuales no puede ser privado el contratante”. tal acción no es procedente. Por ende. sino que estriba en detectar cuidadosamente lo que en verdad es justo frente al caso particular. de la Constitución. si bien descansa en su propia convicción y raciocinio. Ello es así en razón de que tales árbitros se rigen y dictan sus resoluciones teniendo solamente en consideración la prudencia y normas de equidad. Como la conclusión está fundada en su propia valoración. En el asunto que se analiza. en caso alguno. en única instancia. ya que no era legalmente admisible a su respecto el recurso de apelación. no es producto de su capricho o mero arbitrio. El día 16 de noviembre de 2006 Transelec S. la cual. que éste no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 93.A. En este caso. inciso decimoprimero. alterar o desnaturalizar convenciones vigentes antes de que la referida ley entró en vigencia. los requeridos estiman que el recurso deducido resulta improcedente. Atendida la calidad de arbitrador del tribunal arbitral del cual emana la sentencia de única instancia en que incide el requerimiento. antes HQI Transelec S. a menos que se haya contemplado alguna adecuada instancia superior. Señala al respecto lo siguiente: 1. no podrá ser revisada. Por expresa disposición del inciso segundo del artículo 239 del Código Orgánico de Tribunales. Plantea. contra las sentencias de los arbitradores. tales árbitros jamás podrían incurrir en algún error de derecho que viciara la sentencia. el requerimiento fue resuelto.. a obligar al propio Estado y al resto de la sociedad. ya que resuelven conforme a lo que su prudencia y equidad les señala. formuló sus observaciones al requerimiento presentado. toda vez que. al señalar que no es posible admitir que una nueva ley entre “a regular un contrato afinado con antelación. en cuanto sobre dichas leyes vigentes. 4. llegando. el recurso de casación en el fondo no procederá. tienen también los contratantes un derecho de propiedad que les permite exigir su respeto y cabal cumplimiento.A. media actualmente sólo una impugnación de nulidad por la vía de un recurso de casación en la forma. ya que un árbitro arbitrador es quien.
A. La jurisprudencia ha sostenido que: “para que pueda ser declarado inaplicable un precepto legal basta con que la cuestión propuesta en el juicio en que incide el recurso se halle regida por el precepto tachado de inconstitucional y que. Expone que a contar de la entrada en vigencia de la Ley Corta. Ello no impide que el árbitro resuelva ajustándose a las disposiciones de la ley. Hace presente que. goce y remuneración de las instalaciones de transmisión troncal y subtransmisión y que. pueda ser tomado en cuenta en el pronunciamiento que finalmente deba dictarse. al establecer dicho cuerpo normativo que la transmisión troncal es un servicio público. Así lo ha sostenido en nuestro medio el profesor López Santa María. expone Transelec S. que implica como consecuencia la imposibilidad de alterar los contratos en curso deriva del artículo 19 Nº 24º de la Constitución. las diferencias que existen en nuestro sistema entre el árbitro de derecho y el amigable componedor. si encuentra que ellas coinciden con los dictados de su prudencia y equidad. Hacen ver que en Chile. entre otros. es lógico entonces que el régimen de remuneración tarifario fijado por la Ley Nº 19. ya que ninguno de estos es ni puede ser absoluto. Agrega que.A. Transelec S. De esta opinión son.940. de existir alguna empresa que ha sido afectada en su derecho de propiedad por la Ley Nº 19. concluye que. el cual según su artículo 3º transitorio “regirá desde la fecha de publicación de esta ley”.” De este modo. que refuerzan la idea de la improcedencia de ejercer un control de constitucionalidad en el arbitraje seguido ante un arbitrador. sus alcances y lo resuelto por la sentencia arbitral al respecto. Luego de analizar ciertos aspectos del contrato de peaje. lo que en nuestro sistema jurídico tiene un carácter excepcional.A. se estableció un nuevo sistema de recaudación y pago por el uso de las instalaciones de transmisión troncal. 5.940 rija desde la fecha en que entre en vigencia y afecte de igual manera a todos los actores de la industria eléctrica. por tanto. el arbitrador “dará su fallo en el sentido que la prudencia y equidad le dicten”. destaca que sólo respecto de una de las peticiones hechas valer. el transporte de electricidad pasó a constituir un servicio público completamente regulado. La requerida entra luego a referirse a la intangibilidad de los contratos. tal condición admite revisión cuando pugna y desconoce otros derechos igualmente fundamentales. como consecuencia de las trascendentales modificaciones introducidas por la Ley Corta. varias son las sentencias pronunciadas por arbitradores que han puesto de manifiesto las posibilidades de la equidad para solucionar un conflicto jurídico. Patricio Aylwin Azócar y Álvaro Aliaga Grez. Señala que si bien es cierto que la mayor parte de la doctrina coincide en que la invariabilidad de lo legítimamente pactado. Julio Philippi Izquierdo. el tribunal arbitral dispuso la aplicación íntegra de la Ley Nº 19. Entrando a analizar en lo sustancial el asunto en debate. El transporte de electricidad pasó de ser una actividad privada a ser un servicio público fuertemente regulado y tarificado por la autoridad y en el cual la libertad económica del transmisor se encuentra gravemente limitada. es posible concluir que las partes de un procedimiento arbitral de esta naturaleza están imposibilitadas para interponer un recurso de inaplicabilidad porque los árbitros arbitradores resuelven los conflictos sometidos a su consideración “de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren”. a contar de la entrada en vigencia de dicho cuerpo legal por el uso de las instalaciones de propiedad de esta última. Por último. 6. ha sido Transelec S. dada la naturaleza de la transformación sufrida por la actividad de transmisión troncal de electricidad. quien se ha mostrado crítico frente a la teoría de la intangibilidad de los contratos. particularmente en lo relativo al uso. Conforme a lo dispuesto en el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil. se pasó de una relación jurídica con un marcado carácter privado a una relación de carácter público que cabe dentro del derecho público. y que .resulta imperativa para el arbitrador.940 en relación con los pagos que deberán efectuarse a Transelec S.A. el 13 de marzo de 2004. junto con ello..
que la autonomía de la voluntad debe replegarse ante ella.A. de acuerdo a la cual “los contratos válidamente celebrados vigentes a la fecha de publicación de esta ley. “todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad a ella. alude a la imperatividad de la Ley Nº 19. Transelec S. Nº 24º. se colige que la ley entra en vigor desde el momento de su publicación. se incluía una norma transitoria -artículo 8º-. . una regla contractual. Por la otra.940 confirma la aplicación inmediata de la misma a los contratos de peajes de transmisión troncal. es del caso hacer presente que para invocarlo es menester ser titular indubitado del mismo. reconoce el dominio sobre los derechos que emanan de los contratos.A. Las partes no pueden invocar. salvo que ella misma disponga otra fecha distinta al efecto. con o sin contratos vigentes deben regirse por la nueva ley porque sus disposiciones son de orden público como lo resolvió el Tribunal Arbitral. De esta forma una empresa no puede invocar su contrato para sustraerse del cumplimiento de una obligación generada por un nuevo texto legal. Más adelante expone Transelec S.940. se encuentren vinculados o no por contratos previos. En el Mensaje Presidencial que dio origen a la iniciativa legal que culminó con la promulgación de la Ley Nº 19. prevalecerán las disposiciones de la nueva ley…”. para sustraerse a dicho conjunto normativo. que la historia fidedigna de la Ley 19.940.A.A. que el derecho de propiedad tiene como limitaciones los otros derechos y la ley.940. Indica que de lo dispuesto en los artículos 6º y 7º del Código Civil. de la Constitución Política.940 es una norma de orden público económico. por cuanto regula un servicio público y una actividad trascendental para la organización económica del país. prevalecen sobre cualquier acuerdo de voluntades de las personas. Expone que esta tesis tiene un mayoritario respaldo en la jurisprudencia con sentencias similares desde mediados del siglo anterior hasta nuestros días. aún cuando estos engendren derecho de dominio a favor de los acreedores. que si bien el artículo 19. Expone luego Transelec S. según esta norma. Las disposiciones imperativas son particularmente relevantes en aquellas actividades económicas especialmente reguladas y disciplinadas. ha sido revisada con el paso del tiempo. De esta forma.los peajes se determinan a través de un procedimiento establecido en la ley. En efecto. por lo mismo. en su concepto. En rigor. la nueva ley incorpora al régimen de servicio público eléctrico el transporte de electricidad por el sistema de transmisión troncal y de subtransmisión. Señala. Posteriormente. dada la precisa terminología que usa sobre su vigencia. pero sujetándose a la ley. distribuidores o usuarios. la regulación legal de la economía de un país es una materia de tal relevancia. Luego Transelec S. Señala que todos los agentes del tráfico eléctrico. más adelante. Indica que una parte de la doctrina constitucional chilena tiende a situar el fundamento de la imperatividad de ciertas normas económicas en la supuesta calidad de “orden público” u “orden público económico” que ellas eventualmente exhibirían. sean generadores.940. puesto que contempló normas expresas en tal sentido en los artículos 3° y 10º transitorios. Refiriéndose al artículo 22 de la Ley Sobre Efecto Retroactivo de las Leyes expresa que la forma normal de entenderlo en cuanto a que la ley nueva no puede afectar los contratos celebrados. irrenunciable y no disponible por las partes contratantes. sin necesidad de estipulación expresa. A esta regla recurrió el legislador de la Ley Nº 19. la Ley Nº 19. Argumenta la requerida que las normas imperativas tienen dos características importantes. que es de orden público y.940 resulta obligatoria respecto de todos los agentes a que está destinada. por tanto. Los árbitros sentenciadores entendieron que la Ley Nº 19. lo que no se produce en el evento que expresamente se contravenga la normativa sectorial. se refiere a la vigencia de la Ley Nº 19. subsiste bajo el imperio de otra. Por una parte. Ellas se desarrollan bajo un marco jurídico establecido por la ley y la autoridad. Agrega que el artículo 12 del mismo cuerpo legal permite argumentar a favor de la modificación por el legislador de los contratos en curso. pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción. pues. se incorporan a los contratos ya otorgados o que se celebren a futuro.
lo que constituye también un requisito de admisibilidad para que esta Magistratura se pronuncie acerca de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto legal. impugnado en la especie. Estas cuestiones. llamados. como aquel que resolvió la contienda entre las partes en única instancia. . sin embargo. hacía innecesario otro artículo que se refiriera al tema de la vigencia de la ley y sus efectos en los contratos suscritos con anterioridad. como ha quedado consignado en la parte expositiva.940. Habiéndose traído los autos en relación se procedió a la vista de la causa oyéndose los alegatos de los abogados de las partes el día 11 de enero del presente año. ser afectados por una ley posterior. en conformidad al artículo 93 inciso undécimo de la Carta Fundamental. que dada su imperatividad. sus observaciones reproduciendo ciertos considerandos de la sentencia dictada en los autos arbitrales en que incide el requerimiento presentado que le parecen especialmente relevantes. en caso de aplicarse el artículo 3º transitorio de la Ley 19. tal como ha quedado descrito en la parte expositiva que antecede. en única instancia. Que. De este modo. Las partes acompañaron diversos informes en derecho y opiniones legales. son efectivamente de previo pronunciamiento pues. que estableció un nuevo régimen de recaudación y pago por el uso de las instalaciones de transmisión troncal eléctrica. por lo que no se verifica este requisito que habilita al Tribunal Constitucional a resolver cuestiones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. por encontrarse el pago por el uso de tales instalaciones ya regulado por un contrato válidamente celebrado. entonces. 3. por árbitros arbitradores. 1. resulta improcedente declarar inaplicables preceptos legales que no están llamados a dirimir contiendas en tales sedes.A. llamada Ley Eléctrica Corta (en adelante artículo 3º transitorio). por ley. volviéndose a la intención original del legislador. Problemas a Resolver. de un modo constitucionalmente tolerable. se produce un resultado contrario a la Constitución Política. El segundo es que. no son tribunales ordinarios o especiales. conforme al tenor del artículo 93 Nº 6 de la Carta Fundamental. dentro del plazo máximo de un año contado desde dicha publicación”. la parte requerida ha alegado que no es pertinente entrar a responder esta cuestión. II Consideración sobre las Cuestiones de Previo Pronunciamiento Planteadas por la Requerida. La pregunta es. que se describirán en los considerandos 3º y 4º.deberán adecuarse a sus disposiciones. a su juicio. la cual quedó reflejada en la redacción final del artículo 3º transitorio. Dicho precepto en definitiva fue eliminado. tratándose de una contienda que fue resuelta. a resolver conforme a la prudencia y la equidad. A estas cuestiones preliminares se refieren entonces los considerandos reunidos en el apartado que sigue. CONSIDERANDO: I. la primera de las cuestiones de previo pronunciamiento planteadas por la requerida y que dice relación con la procedencia de entrar al fondo del requerimiento se vincula con la sede de equidad en que. desapareció la norma transitoria relativa a la adecuación o supervivencia de los contratos de peaje o de transmisión suscritos con anterioridad. Que. A su respecto. por lo que mal pueden resultar decisivos en ellas. Concluye Transelec S. presenta dos argumentos: el primero es que los tribunales arbitrales. Que. sería improcedente entrar al fondo del requerimiento deducido. se aplicó el artículo 3º transitorio. la cuestión que se plantea ante este Tribunal es si. si el contratante tiene un derecho de propiedad sobre los créditos que emanan de un contrato y si tales créditos pueden. como lo es el artículo 3º transitorio. 2. a la relación entre requirente y requerido. en caso de ser aceptadas. pues no se verifican en la especie requisitos de admisibilidad de la acción impetrada.
Que la segunda de las objeciones de previo pronunciamiento que plantea la requerida se refiere a la naturaleza de la gestión pendiente. Que. 8. ya que. este Tribunal debe pronunciarse sobre la inaplicabilidad de un precepto legal sólo si se reúnen las siguientes cinco condiciones: la primera es que exista una gestión que se siga ante un Tribunal Ordinario o Especial. pues sólo en la que está pendiente puede aún recibir aplicación el precepto legal que se impugna como contrario a la Constitución. El hecho de que el asunto se haya originado en sede arbitral resulta enteramente indiferente. la segunda es que el precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto que se ventila en esa misma gestión. la única gestión pendiente entre las partes que controvierten se verifica ante la Corte de Apelaciones de Santiago. también es efectivo que para ello sólo deberá decidir si el tribunal arbitral era competente y si el fallo adolece o no de ultra petita. Ella consiste en un recurso de casación en la forma interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago. . tampoco este Tribunal ha sido convencido que el artículo 3º transitorio pueda resultar decisivo para resolver la validez o nulidad del fallo arbitral. a propósito de estas dos cuestiones. en primer lugar. Que. por lo que se verifica este esencial requisito. en conformidad a lo dispuesto en el numeral 6º y en el inciso décimo primero del artículo 93 de la Constitución Política. la cuarta es que la cuestión le sea planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce de la gestión pendiente. en relación al numeral 4º del artículo 768. en la especie. también. el precepto legal impugnado no puede resultar decisivo en la resolución de ninguno de estos dos asuntos. como lo son no sólo si procede la inaplicabilidad de un precepto legal en sede de árbitros arbitradores o si éstos deben ser considerados tribunales. no resultan pertinentes para decidir las excepciones planteadas y no corresponde a esta Magistratura establecer el sentido y alcance de las normas jurídicas. en condiciones que se trata de un arbitraje forzado por la ley. si los jueces árbitros resolvieron en equidad aplicar las tarifas establecidas en el artículo 3º transitorio o si directamente dieron aplicación a ese precepto. en virtud de lo dispuesto en el artículo 786. las partes han controvertido una serie de puntos de enorme interés. los únicos pendientes. la tercera es que la impugnación esté fundada razonablemente. como se establecerá en los considerandos que siguen. Que. ambos del Código de Procedimiento Civil. Estas y otras controversias. por ejemplo. debatieron. 6. la que. y por ende no se verifica este requisito de admisibilidad establecido en el artículo 93 de la Carta Fundamental. 7. siendo de enorme interés jurídico. Esta eventual sentencia de reemplazo deberá dictarse conforme a derecho. 5. por estimarlo de orden público. 4. a no dudarlo. no serán resueltas en este fallo. constituye un Tribunal Ordinario. en contra de un fallo dictado por árbitros arbitradores. sino también si la sede arbitral que resolvió sus controversias debe ser considerada como de arbitradores. pues lo que resulta relevante al precepto constitucional es el lugar donde se verifica la gestión pendiente y no dónde se verificó la instancia que la antecedió. y la quinta y última es que se cumplan los demás requisitos que establezca la ley. sino cuando ellas resultan necesarias para resolver las controversias que se le plantean. La Corte deberá decidir si anula o no lo resuelto por los árbitros fundada en si el tribunal fue o no incompetente para resolver y en si el fallo incurrió o no en el vicio de ultra petita. resolver si anula o no el fallo dictado en sede arbitral. Por último. en razón de la naturaleza del Tribunal de Alzada que tendría que hacerlo. dictar sentencia de reemplazo. Que resulta efectivo que la Corte de Apelaciones de Santiago debe. Alega la requerida que. Siendo todo ello efectivo. en estas condiciones. ya referido. no es menos cierto que si la Corte de Apelaciones decide anular el fallo arbitral en virtud del vicio de ultra petita deberá. fundado en las causales indicadas.
como pueden serlo las de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes o las relativas a los contratos que contiene el Código Civil.Que. durante el pleito arbitral. en la especie y por las razones indicadas. ello dependerá de si la Corte anula o no el fallo arbitral recurrido de casación. en caso de aplicarse a la relación entre las partes. deben desecharse las alegaciones de la requerida acerca de la improcedencia de que este Tribunal entre a conocer y resolver el fondo del asunto y corresponde pronunciarse acerca de si el artículo 3º transitorio produce o no. III. de 1982. este Tribunal concluye que el precepto legal puede resultar decisivo en la resolución del asunto. regirá desde la fecha de publicación de esta ley. sino que es una instancia que debe resolver en conformidad a derecho. en caso de dictarse sentencia de reemplazo por la Corte de Apelaciones. Que lo dicho en el considerando anterior no puede ni debe entenderse como un pronunciamiento de este Tribunal acerca de si procede o no que la Corte de Apelaciones aplique el artículo 3º transitorio para determinar el precio de los servicios entre los litigantes. en conformidad a normas de rango legal. sin que ello signifique un pronunciamiento acerca de si el precepto legal debe o no ser aplicado por los jueces del fondo. determina a quienes obliga esa regulación y establece otro conjunto de reglas sobre la misma materia. precisamente regula el régimen de recaudación y pago por el uso de las instalaciones de transmisión troncal. No obstante. pues la gestión pendiente. procede o no aplicar el artículo 3º transitorio a las partes en litigio. en el período que medie entre la fecha indicada y la dictación del . 13. En consecuencia. 11. puede resultar decisivo en la resolución de uno de los asuntos debatidos por las partes y que esa eventual sentencia de reemplazo tendría que resolver. La Cuestión de Fondo que debe Resolverse. en conformidad con las reglas legales vigentes. artículo 3º transitorio de la Ley 19. por lo cual este Tribunal juzga que. previsto en los artículos que detalla del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 del Ministerio de Minería. cuestión respecto de la cual a este Tribunal no le corresponde emitir pronunciamiento alguno. Que también se verifican en la especie los demás requisitos ya indicados en el considerando sexto que antecede. una de las cuestiones controvertidas por los litigantes fue si se había o no pagado el precio debido al titular por el uso que las requirentes en esta causa hacían y seguían haciendo. En los incisos siguientes regula el régimen transitorio. el precepto legal impugnado puede resultar decisivo en la resolución de tal asunto. regirá desde la fecha de publicación de la Ley 19. Esa es una decisión que corresponde a los jueces del fondo.940 cuestionado.El régimen de recaudación y pago por el uso de las instalaciones de transmisión troncal. no tiene esta característica. previsto en los artículos 71-29. 12.940. Tampoco le corresponde a este Tribunal determinar si. la única en que el precepto legal podría recibir aplicación. el precepto legal impugnado. del Ministerio de Minería. para quedar obligada a pronunciarse si tal aplicación resultaría o no contraria a la Constitución. resulta enteramente irrelevante para resolver la admisibilidad de la acción impetrada pronunciarse acerca de si procede o no declarar inaplicable un precepto legal para una sede de árbitros arbitradores. un resultado contrario a la Constitución Política. determinando que dicho régimen. El artículo 3º Transitorio de la Ley 19. En efecto. Que. 156 por la Primera Sala de este Tribunal. de las instalaciones de propiedad de las requeridas y la sentencia arbitral resolvió también cual debía ser ese precio. 10. conforme a lo razonado a fs. 9. En consecuencia.940 establece: “Artículo 3°..Que el artículo 3º transitorio de la Ley 19. A esta Magistratura sólo le compete verificar la posibilidad de que el precepto legal pueda ser aplicado a un caso.940. para el evento de dictarse una sentencia de reemplazo. Desde luego. 71-30 y 71-32 del decreto con fuerza de ley N° 1.
durante los primeros cuatro años desde la publicación de esta ley dicho cargo único se aplicará en proporción a sus consumos de energía efectuados hasta una potencia de cuarenta y cinco megawatts. párrafo segundo.I.I. Para efectos del cálculo de los peajes provisionales que debe efectuar la Dirección de Peajes. y dentro del primer período tarifario por los usuarios finales. para decidir la cuestión de fondo que se ha planteado resulta necesario examinar. 14. en caso de aplicarse a su relación con la requerida. en primer lugar. primero a través . definido en el artículo 71-29.I. será vinculante para todas las empresas eléctricas señaladas en el artículo 71-6. Respecto del cargo único al que se refiere el artículo 71-30. como es el contrato de peaje pactado con fecha 21 de abril de 1993. conforme lo dispuesto en el inciso final de este artículo.. primaría y dejaría sin efecto cláusulas contractuales válidas que establecieron otro régimen de recaudación y pago por el uso de esas instalaciones de transmisión troncal. por tramo correspondientes tanto para el período transcurrido desde la publicación de la ley. la priva de un derecho de crédito adquirido en virtud de un contrato cuya validez no está ni ha estado en discusión. por los propietarios de centrales y las empresas que efectúen retiros. Esta Magistratura no desconoce que a raíz de haberse asegurado el derecho de propiedad sobre bienes incorporales. sin perjuicio de las reliquidaciones a que hubiere lugar. y las siguientes. Como ha quedado establecido en los vistos. V. los propietarios de centrales. La determinación realizada por la respectiva Dirección de Peajes. Durante los siguientes cuatro años.Que.El artículo 19 número 24 de la Constitución Política del Estado asegura a todas las personas el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. un resultado contrario a la Constitución Política por cuanto el régimen de precios o peaje que debe pagar por el uso de las instalaciones de propiedad de la requerida. Las diferencias que resulten respecto de las sumas pagadas deberán abonarse dentro de los treinta días siguientes a la reliquidación.primer decreto de transmisión troncal. IV. a juicio de la requirente. si efectivamente la requirente puede alegar un derecho de propiedad sobre un crédito establecido en un contrato cuya validez no ha sido impugnada. El primer estudio de transmisión troncal determinará los valores de inversión. la requirente estima que el precepto legal impugnado produciría. Para esta primera determinación de los V. el valor que por este concepto se encuentre incorporado en la valorización de las instalaciones empleada por la Dirección de Peajes del respectivo CDEC en sus informes vigentes al 6 de mayo de 2002. 15. el ingreso tarifario corresponderá al "ingreso tarifario esperado por tramo". determinar cuál es el estatuto jurídico constitucional de amparo de ese derecho. en su caso. los centros de despacho económico de carga deberán reliquidar los pagos que deban efectuar las empresas y los usuarios finales. Este efecto de la aplicación del precepto. en segundo lugar. de los pagos que deban efectuarse por el uso de las instalaciones de cada sistema de transmisión troncal y subtransmisión. primando sobre las cláusulas del contrato produce o no un resultado contrario a la Constitución. en caso de aplicarse a la relación entre las partes. las empresas que efectúen retiros y los usuarios finales que deban pagar los peajes de transmisión. para luego y por último decidir si el artículo 3º transitorio. el cargo único se aplicará en proporción a sus consumos de energía efectuados hasta una potencia de treinta megawatts. letra A). Una vez finalizado dicho período regirá lo establecido en el artículo 71-30”. se superpondría. Sobre la base de tales valores. por tramo para los cuatro años siguientes. El Derecho de Propiedad sobre Bienes Incorporales. como los V. se considerará como valor efectivamente pagado para el establecimiento de las servidumbres de las instalaciones existentes a la fecha de la publicación de la presente ley. lo harán en conformidad a las normas legales que la presente ley modifica y su reglamento.
sino que tendría. Si bien su principal crédito es el derecho a usar las instalaciones. los intereses generales de la Nación y la utilidad pública. sin importar las normas que limitan tal explotación en defensa del medio ambiente. la Carta Fundamental establece unos mismos criterios. entre otros. entre otros. para ser congruente. El texto de la Constitución es claro y su sentido inequívoco: la Constitución asegura el derecho de propiedad sobre bienes incorporales y a ello debe atenerse esta Magistratura para resolver este caso. Al establecer reglas para balancear los legítimos intereses públicos con la defensa de la propiedad privada. No le corresponde a esta Magistratura resolver ninguno de esos debates ni referirse a ninguna de esas críticas. sin excluir los que nacen de los contratos. el numeral 24 del artículo 19. Esta autorización. la Constitución. dispone que sólo la ley puede establecer las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. es un bien incorporal que consiste en no pagar más de lo pactado. a todas las clases y especies de propiedad. a condición de que se deriven de su función social y así lo exijan. establece un mismo y único estatuto de protección para ambas especies de propiedad. (La doctrina de la intangibilidad de los contratos tiene consagración en otras Constituciones. Distinto es determinar las diferencias de la propiedad que se ejerce sobre unos y otros bienes. a su respecto.de la jurisprudencia y luego por medio del precepto constitucional aludido. donde tampoco se le ha dado un sentido absoluto. no es menos cierto que sobre este último también ha adquirido un derecho que. pero no en la Carta Fundamental de Chile). por ley.Que el texto de la Constitución no permite sostener que la propiedad sobre bienes incorporales que nacen del contrato no pueda cumplir una función social y que ésta fue establecida sólo en relación a los bienes corporales. Pero ello no es necesario de dilucidar en esta sentencia. por las cuales paga el precio pactado. particularmente entre los cultores del derecho civil. Se podrá decir que en estas dos situaciones el límite a la . Estatuto Constitucional de la Propiedad sobre Bienes Incorporales. cualquiera sea el origen o título de la propiedad adquirida. Que si bien existen diferencias evidentes en la propiedad que puede ejercerse sobre bienes corporales e incorporales. nuevos beneficios laborales o previsionales a favor de trabajadores con cargo a sus empleadores o sostener que la intangibilidad del contrato permite a un arrendatario explotar un bien del modo convenido con su arrendador. se aplica. 18. prima facie. En lo que importa al caso. una especie de propiedad. Tampoco hay nada en la naturaleza del derecho de propiedad sobre bienes incorporales que impida limitarlos en razón de la función social de la propiedad. 17. incluyendo la propiedad sobre bienes incorporales. entre ellas. pues el propio constituyente no ha hecho distinción alguna y ha permitido que el legislador regule y limite todas las especies de propiedad. la que comprende cuanto exijan. los intereses generales de la Nación y la utilidad pública. que exige más precisamente hacerse cargo de las semejanzas y diferencias en el estatuto constitucional de protección de una y otra especie de propiedad. dada por el constituyente al legislador para disponer limitaciones y obligaciones a la propiedad. V. respecto de su cuantía. que sostener como constitucionalmente ilícitas numerosísimas prácticas habituales de nuestro sistema jurídico. como la de otorgar. las diferencias que resulten ineludibles en virtud de la naturaleza de una y otra. en el número 24 de su artículo 19. se han producido efectos que han generado una cantidad abundante de debates y críticas. Sostener la intangibilidad absoluta de los derechos que nacen de los contratos no sólo carece de fundamento constitucional.Que también es claro que el deudor de un precio establecido por contrato también tiene. en su inciso 2º. 16. por lo que sólo cabría hacer.
se acordó que Eléctrica Panguipulli tendría los derechos establecidos en el artículo 51 D del D. en conformidad a la Constitución. 1 de 1982. pero. por sí mismo. con reglas heterónomas. en virtud de un contrato cuya validez no ha sido impugnada. El origen contractual de un derecho de propiedad hará más improbable justificar el interés social que legitima alterarlo. como sostiene la requirente. En ese contrato se estableció un precio o peaje básico que la requirente (su antecesora) debía pagar a la requerida (su antecesora) por el uso de las redes de transmisión. por así exigirlo el interés nacional o público. los derechos que nacieron de un pacto entre privados. La Constitución valora la certeza que otorgan los derechos de propiedad adquiridos. sin distinción de su origen o naturaleza. las instalaciones de transmisión eléctrica de la requerida (sin perjuicio de que los contratos fueron originalmente pactados entre otros y luego cedidos y que además contengan una serie de otras convenciones que no son pertinentes a la constitucionalidad de la aplicación del artículo 3º transitorio). la requirente adquirió el derecho a usar. un impedimento de regulación. o por el contrario. La circunstancia que un derecho se origine en un contrato privado y no en la disposición de una ley naturalmente hará más improbable justificar la limitación del mismo en razón de la función social de la propiedad. si es que se verifican los requisitos de interés público que ella misma establece para todas las especies de propiedad. Esta dificultad obligará a examinar. y a hacerlo intensamente. pero tal origen no es. El juzgamiento de la cuestión a la luz de la distinción entre limitación de derechos de propiedad y privación de los mismos. a cuestiones que sólo tienen consagración legal en materia civil. y por el pago del mismo precio.Que el hecho que no haya impedimento para que el legislador pueda regular o limitar la propiedad sobre cosas incorporales de origen contractual. propiedad tiene fundamento constitucional. no implica desconocer las peculiaridades de esta especie de propiedad a la hora de establecer su aptitud de ser limitada. es necesario determinar si realmente constituyen una limitación y regulación. Asimismo. En ellos descansa la legítima confianza que hace funcionar el sistema económico que nos rige. la priva de un derecho o de alguna de las facultades esenciales del dominio? 21.F. como es la que sostiene que los derechos no pueden ser “afectados”. como es la de la irretroactividad. antes. resulta mucho más pertinente. Pero estas dificultades que puede encontrar la justificación de la limitación legal no deben. cual es que la Constitución no impide al legislador limitar y regular la propiedad sobre bienes incorporales. VI.Que lo concluido obliga a examinar si las limitaciones y regulaciones establecidas en el artículo 3º transitorio pueden considerarse constitucionalmente justificadas. o a términos vagos que suelen nunca definirse con precisión. oscurecer la afirmación central de lo razonado en este apartado.L. como ha hecho alguna doctrina. en torno a parámetros que la Constitución chilena no consagra expresamente. Los derechos de propiedad sobre cosas incorporales que nacen de contratos entre privados no están inmunes a ser limitados o regulados. pero también es un límite con fundamento constitucional el que se pueda fundar en la función social de la propiedad.Que. cómo es que el legislador (ya que otro no podría hacerlo) justifica su acto de limitar. con todo. a la luz de lo dispuesto en el artículo 19 Nº 24. ¿Es la aplicación al caso sub-lite del artículo 3º transitorio una limitación o una regulación del derecho de propiedad de la requirente. De allí que sean exigentes los requisitos que habilitan al legislador para afectar tales derechos de propiedad. pero las limitaciones a los derechos están constitucionalmente autorizadas. que situarla. 20. 19. Además la requirente tenía derecho a que los retiros de . conforme a las exigencias de la utilidad pública. como es el de la llamada intangibilidad de los contratos. como ha alegado la requerida o si se trata de una privación. por un determinado precio o peaje. Ley General de Servicios Eléctricos.
A su respecto han debido pronunciarse las jurisdicciones constitucionales más influyentes del mundo. ventaja o libertad. para usar una expresión ya clásica del derecho anglosajón). sin considerar su impacto sobre la propiedad. 171 del Ministerio de la Vivienda. Así. en la especie. prima facie. Si tuviéramos por propiedad cada aspecto de esa autonomía. es una de las que mayor debate han suscitado en la doctrina.S. Nuestra Carta Fundamental contiene una distinción muy útil para acometer esta tarea. esta Magistratura ha estimado que ciertas regulaciones resultan inconstitucionales por privar a los propietarios de atributos esenciales de su dominio. En general. 24. legitimar cualquiera regulación o limitación. pues un acto de privación tendrá por objeto despojar. 23. lo que se contradiría con múltiples fallos de este Tribunal que han tolerado. ventaja o libertad que tenía. . quitar. alguna autonomía. Por el contrario. la regulación de la propiedad. causa rol 253. estableciendo un modo limitado y menos libre de ejercer la propiedad sobre la cosa. la regla constitucional que permite limitar la propiedad equivaldría a letra muerta.Que la magnitud de la regulación no resulta entonces indiferente. como por ejemplo en el proyecto de ley sobre pensiones de seguridad social (considerandos 19 y 20 del fallo de 21 de agosto de 2001. privilegio. desnaturalizaría la protección de este derecho fundamental (“la limitación tiene sus límites”. considerandos 10 a 12) o la sentencia relativa al proyecto de ley sobre regulación del transporte terrestre de pasajeros. pero el régimen de recaudación y pago por el uso de las mismas no será ya el establecido en las normas contractuales y legales a las que esas las cláusulas contractuales hacían referencia. El carácter esencial de lo privado en virtud de la regulación es un parámetro siempre útil para hacer la distinción y debe utilizarse aunque se determine que. sustraer una determinada propiedad de su titular. puede decirse que conceptualmente ambas figuras pueden distinguirse. En caso de aplicarse el artículo 3º transitorio. en determinados casos y bajo ciertas condiciones. desaparece para su titular. En efecto. mientras el acto regulatorio tendrá por función determinar las reglas a que debe ajustarse el ejercicio del dominio. Por una parte porque toda regulación o limitación priva al propietario de algo. 22.electricidad de cierta naturaleza no fueran objeto de cobros adicionales. se trata de una regulación. de fecha 25 de noviembre de 2003. habrá casos claros de privación (como cuando se le quita a una persona todo el bien sobre el que recae el dominio) y otros casos claros de regulación (como aquellos en que los actos propios del dominio que se limitan son irrelevantes). privilegio. rol 388. si el acto de regulación o de limitación afecta en una magnitud significativa las facultades o atributos esenciales del propietario. fundado en ello. su exacto impacto es el de alterar el precio o peaje por el uso de instalaciones. Aplicada a la relación entre las partes.Que la distinción entre “privar” de propiedad. A partir de la regulación. éste podrá argumentar que se le ha privado del dominio. el artículo tercero transitorio es una norma de general aplicación que precisamente regula el régimen de recaudación y pago por el uso de instalaciones de transmisión troncal. sino el establecido en la nueva ley. rol 334). Sin embargo. sin perjuicio que la empresa generadora pueda seguir usando. por otra.Que. pues trata como equivalentes la privación de la propiedad con la de cualquiera de sus atributos o facultades esenciales y. lo que procura el artículo 3º transitorio es regular. pues ya no puede hacer las cosas esenciales que éste conllevaba. por una parte y “regular” o “limitar” la propiedad. como por ejemplo en la sentencia en que se rechazó el requerimiento para declarar la inconstitucionalidad del D. Se trata de lo que el derecho comparado ha denominado desde hace casi un siglo “regulaciones expropiatorias”. Su finalidad no es privar. validando así la cesión gratuita de terrenos para áreas verdes dispuesta por ese precepto (sentencia de 15 de Abril de 1997. la requirente no se verá privada de su derecho al uso de las instalaciones de transmisión de la requerida.
Una variación cualquiera en el régimen de pago o peaje por dicho uso naturalmente afecta el patrimonio de la requirente. en primer lugar. pero una alteración cualquiera de la cuantía de ese elemento no implica privar de la propiedad a la usuaria del servicio. los intereses generales de la Nación o por algún otro de los fines que taxativamente la Constitución enumera. limita el modo en que la requirente ejerce su derecho de propiedad a usar las instalaciones eléctricas. no se priva a una persona de su propiedad. limita sus facultades y por ende sólo será legítima si se justifica en razón de la función social de la propiedad y se vea exigida por la utilidad pública. La modificación del precio altera. la razón de ser de un contrato es su utilidad económica. rol nº 43). . En el considerando siguiente se examinará la cuestión de la magnitud. Más aún. En la especie.gozando y disponiendo de tal uso. Pero. La razón por la cual se contrata en los mercados es el lucro. Pero el privado no puede impedir que una necesidad pública modifique la cuantía del lucro que venía percibiendo en virtud del contrato. prive a la requirente de la esencia de su derecho de propiedad. el nuevo régimen legal de precios ha hecho que los privados sigan funcionando e invirtiendo en el mercado de la producción y distribución eléctrica. como es su legítima expectativa de beneficio económico o lucro. cabe razonar si cualquiera alteración en el precio por usar un bien. la requirente no ha alegado que las condiciones que establece el artículo 3º transitorio la priven de obtener lucro. que priva a su titular de su propiedad o de alguno de sus atributos esenciales. pues en ella ha desaparecido su esencia o razón de ser. priva a la requirente de uno de los atributos esenciales de su dominio. un elemento esencial de un contrato. como el que vinculó a las partes. regula. El precio es. habiendo tenido un fin regulatorio. cualquiera sea su magnitud. entonces la titular podría efectivamente sostener que se le ha privado de propiedad. a no dudarlo. el precio era un elemento de su esencia.Que. Es distinto que algo sea un elemento esencial de un contrato a que su alteración haga irreconocible ese contrato y distinto también a privar del derecho de propiedad o de alguno de sus atributos o facultades esenciales. entonces esa parte podría sostener que se le ha privado de la esencia de su propiedad. uno de sus atributos esenciales. la obliga a pagar un precio diverso al establecido en el contrato por ese uso. un elemento esencial en un contrato que regula el uso que una parte puede hacer de las instalaciones y fija el precio o peaje que habrá de pagar por ese uso. aunque se la afecta en su patrimonio. independiente de su magnitud.Pero que una alteración cualquiera en el precio no implique privación de la propiedad no equivale a afirmar que cualquiera alteración en el precio no pueda serlo. ni altera la circunstancia de hacerse por un precio. es de tal naturaleza y magnitud. Si la regulación estatal sobre un precio privara a una parte de lucrar. pero eso no debe confundirse con que una alteración de ese precio. Cabe entonces preguntarse si la alteración del precio del contrato. independiente de su magnitud. en caso de aplicarse. 26. Desde luego. Desde un punto de vista objetivo. aunque altere. pero. El tipo de contrato que vinculó a las partes tenía un precio. en virtud de una variación. En efecto. si la magnitud de la alteración fuese de tal naturaleza que impidiera la razón de ser del contrato. sin hacer desaparecer. por la vía legislativa. 25. ello será analizado en el siguiente considerando. En cuanto a la razonabildad de la magnitud en que se ve afectada. No priva a la requirente de usar esas instalaciones. de fecha 24 de febrero de 1987. no la priva del derecho a usar de esas instalaciones. Su propiedad no queda desprovista de lo que le es consustancial no resulta irreconocible o impedida de ejercicio o privada de tutela conforme ha entendido tradicionalmente este Tribunal la esencia de un derecho (considerando 10º de sentencia relativa a Proyecto de Ley sobre Partidos Políticos. si es que el legislador justifica esa limitación en una exigencia de interés público constitucionalmente aceptado.
la seguridad nacional. Para justificar ese cambio. se hace indispensable analizar la naturaleza de las materias reguladas por el artículo 3º transitorio. en disminución relevante de la . 30.¿Se encuentra constitucionalmente legitimada la regulación y limitación del derecho de propiedad que podría significar la aplicación del artículo 3º transitorio sobre los bienes incorporales establecidos en el contrato que liga a las partes? 27. Como lo dijo el Mensaje. frecuentes recurrencias a comisiones arbitrarias ad hoc para determinar los montos de los peajes. por lo que no puede pensarse que la eventual aplicación del artículo 3º transitorio a la relación entre las partes privaría a la requirente de su propiedad o de alguno de sus atributos o facultades esenciales. todo lo cual. que el sistema de acuerdo bilateral regulado presentaba innumerables dificultades en su aplicación. generaban constantes cambios y diversas interpretaciones relativas a los acuerdos de peaje. de aplicarse en contra de la requirente el régimen de recaudación y pago establecido por el artículo 3º transitorio. en la especie.Para responder la cuestión señalada en el epígrafe. obligada en contra de sus legítimos intereses y limitada en su propiedad sobre el crédito adquirido en virtud de un contrato válidamente celebrado. negociaciones complejas y de larga duración entre generadores y propietarios de los sistemas de transmisión. los que. estar conscientes que estos problemas derivaban en un serio riesgo de déficit de capacidad y disponibilidad de energía. Que uno de los objetivos de la Ley 19. a través del numeral 24 de su artículo 19. según puede leerse textualmente del Mensaje de la Ley 19.940. 28. Para determinar si todo ello se ve justificado en razón de la función social de la propiedad que se funda en la especie en la utilidad pública. Habiéndose concluido que. como lo es el artículo 3º transitorio de la Ley 19. los parlamentarios e incluso varios actores del sistema (como por ejemplo el Presidente del Directorio de Colbún y el Gerente General de Enersis) manifestaron. como lo sería el derecho a obtener lucro. en razón de exigencias de los intereses generales de la Nación.. la Constitución. una limitación y no una privación. durante todo el transcurso de la discusión de la Ley. la regulación del precio establecida en el artículo 3º transitorio es. debido a varios problemas que se identificaron.940. toda vez que el nuevo régimen de recaudación y pago por el uso de las instalaciones fue precisamente establecido por una ley. 29. cada uno con sus matices. constituyéndose en un factor de riesgo que opera como una barrera a la entrada a la industria de generación. a juicio de quienes aprobaron esa ley. al mismo tiempo que decisiones sustancialmente diferentes para similares conjuntos de instalaciones. el Presidente de la República y los legisladores manifestaron. dispone que una limitación u obligación a la propiedad sólo se legitima si está establecida por ley y si deriva de su función social. quedará afectada en su patrimonio. por estas razones “el costo del peaje se ha convertido en un ítem difícil de determinar ex ante para un nuevo inversionista en generación que desea ingresar al sistema.” Tanto en el Mensaje como en su discusión las autoridades del Ejecutivo. resta ahora examinar si esta limitación resulta constitucionalmente legítima.940 fue la de pasar “de un sistema de acuerdo bilateral regulado de las tarifas por peajes en el uso de las instalaciones de transmisión troncal a uno de tarifa fijado por la autoridad”. según consta en la historia de la ley. llevó a los órganos colegisladores a convencerse de que el sistema imperante producía altos costos de transacción para determinar los valores de los peajes.Que. VII. la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. para las partes.Que el primero de los requisitos constitucionales se verifica con claridad en la especie.
940 no es concluyente en cuanto a la intención del legislador de afectar o no los contratos válidamente celebrados. como es la provisión de la energía eléctrica a la población.La historia fidedigna del establecimiento de la Ley 19. podrían tolerarse en otra clase de relaciones entre particulares. los precios fijados por la autoridad en virtud de las nuevas condiciones determinadas por la misma ley. 33. resulta convincente el argumento de la requerida. el Legislador intervino más un mercado. conforme a lo expuesto. como denota el debate legislativo.940. ni para trasladar costos de hombros de unos privados a otros.F. lo hizo fundado en razones de utilidad pública que aparecen de manifiesto en el debate de la Ley 19. el transporte de electricidad por Sistemas de Transmisión Troncal y de Subtransmisión. que la ley 19. el problema que debe resolver esta Magistratura no es si existe o no un deber legal de aplicar el artículo 3º transitorio a dichos contratos. para disponer. como inciso final del artículo 7° del D. no implica que este Tribunal se pronuncie acerca del mérito del cambio efectuado por el legislador. para lo futuro. Fue en esta materia que el legislador pudo.Que. de que. habiéndose transformado.Que la relación contractual entre las partes incidía entonces en la producción de un servicio esencial a la población. 1 de 1982.Que. simultáneamente. 32. un nuevo sistema de precios a fin de disminuir riesgos de daños a la población que apreció como severos. por decisión legislativa. resulta equitativo que se le apliquen. Ley General de Servicios Eléctricos. Si el Legislador quiso dar seguridad a los inversionistas.". una disposición que estableció que “es servicio público eléctrico. 1 de 1982. Sin embargo. en caso alguno. lo que. 35. lo que denota la relevante función social de los derechos con que emprendían en ella.L. el Legislador no obró por capricho ni procuró simplemente producir un cambio en un mercado cualquiera. exhibir razones derivadas de exigencias de utilidad pública. fue resuelto por la afirmativa en el fallo arbitral. en razón de equidad entre los privados. al producir el cambio en los valores de peaje. por . el de la generación y transmisión eléctrica. Ello justifica limitaciones y regulaciones a la propiedad que. pues estimó que ello era necesario para la seguridad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica. en este sentido. en caso de mantenerse el sistema hasta entonces vigente y que sirvió a las partes para fijar sus precios contractuales. por lo demás. así como para evitar alzas innecesarias de ese servicio. poniendo fin con ello a los mayores márgenes de autonomía de la voluntad que contemplaba el D. En consecuencia.940 vino a agregar. los precios por el uso de las instalaciones de transmisión troncal quedaron determinadas por medio de tarifas establecidas por la autoridad. y como ya se ha dicho. A partir de la dictación de la Ley 19.L. sino porque lo estimó indispensable para crear mejores condiciones de seguridad y confiabilidad para el desarrollo de un servicio de utilidad pública. sino si tal eventual aplicación produciría un resultado contrario a la Carta Fundamental. Esta limitación a la autonomía de la voluntad fue buscada por el legislador en razón de tratarse.F. ello no fue para desarrollar un mercado cualquiera. 34. Como el examen de mérito técnico o político le está vedado. de un servicio de utilidad pública provisto por particulares. Tanto así. el Legislador estimó que un sistema de tarificación por la autoridad para fijar el valor del peaje por el uso de las instalaciones de transmisión troncal era necesario para favorecer a la población usuaria de los sistemas eléctricos. su negocio en un servicio de utilidad pública que debe soportar una serie de cargas consiguientes.940. 31. Como puede apreciarse.confiabilidad de los sistemas y en una tendencia al aumento de los costos del suministro. lo que constituye una razón de utilidad pública. restringiendo la autonomía de la voluntad de las partes para fijar precios.Que lo razonado en los tres considerandos que anteceden.
el respectivo servicio.940. deducido a fojas 1. SEGUNDO: Que la aplicación del precepto legal reprochado altera el régimen de recaudación y pago a que se refería el objeto de la convención mencionada.A. el sistema de precios que se pagan entre empresas privadas que participan en el sector para proveer. para lo futuro. produce efectos contrarios a los previstos en la carta fundamental. TERCERO: Que no se encuentra en entredicho. la potestad legislativa para regular – por razones de interés público.997. en caso alguno. del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio”. con afán de lucro. sus bases. al Tribunal le basta con constatar que el legislador precisamente estaba persiguiendo un fin de utilidad pública. Déjese sin efecto la suspensión decretada a fojas 156. en la provisión de un servicio de utilidad pública esencial. Y VISTO. CUARTO : Que el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. quienes estuvieron por acoger el requerimiento de inaplicabilidad en razón de las siguientes consideraciones: PRIMERO: Que los antecesores de las partes de este requerimiento celebraron. ni la legitimidad de la norma contenida en el artículo 3 transitorio de la Ley 19.940 para determinar el régimen de recaudación y pago por el uso de las instalaciones de transmisión eléctrica entre las partes de este juicio.el sistema de transmisión eléctrica. inciso quinto. al margen de si desplegó o no la fórmula más adecuada para lograrlo. Vodanovic y Venegas. bajo el imperio de la legislación vigente a la época de su suscripción. de calificar si la aplicación de dicho precepto a la relación jurídica objeto de la controversia en que incide el requerimiento. 22º y 23º y. no prive a los participantes de lucro o beneficio económico o de algún otro atributo o facultad esencial de su propiedad. que “nadie puede.940 en su compulsa abstracta con la Constitución. de aplicarse el artículo 3º transitorio de la Ley 19. debe concluirse que. corresponder esta tarea únicamente a las autoridades políticas. como demuestra en la especie la historia legislativa. 21º. estipulando un determinado precio y el derecho a que los retiros de electricidad de cierta naturaleza no fueran objeto de cobros adicionales. 37. no se producirán resultados contrarios a la Constitución y. por ende. La protección del derecho en comento es de tal entidad. como es la electricidad para la población. para que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 3º transitorio de la Ley 19. sino en virtud de ley que autorice la expropiación. aunque con ello afecte los derechos establecidos en un contrato válidamente celebrado. con tales alteraciones. de lo razonado desde el apartado III en adelante. Acordada con el voto en contra de los ministros señores Bertelsen. lo que se declarará. lo dispuesto en los artículos 19 Nºs 3º. en la especie. constituyéndose el fortalecimiento y resguardo del dominio en elemento cardinal del orden jurídico regulado por el texto constitucional.Que. el legislador lo haga en razón de exigencias de utilidad pública y que. por el contrario.Que lo razonado en este apartado lleva a concluir que. ser privado de su propiedad. debe rechazarse la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad impetrada en estos autos. . 93 Nº 6º de la Constitución Política de la República. así como en el artículo 31 de la Ley Nº 17. SE DECLARA que se rechaza la acción intentada en estos autos por la parte de Empresa Eléctrica Panguipulli S. 36. un contrato por el uso de redes de transmisión eléctrica. Se trata. Orgánica Constitucional de este Tribunal Constitucional. el legislador puede legítimamente disponer un nuevo sistema tarifario que altera. elementos o condiciones. siempre que.
ni imponer condiciones. hipoteca). DECIMO: Que no cabe forzadamente distinguir. desde luego. autorizada la ley para establecer las limitaciones y obligaciones de la propiedad que derivan de su función social. puesto que de la convención emerge un conjunto de derechos y obligaciones. SEXTO: Que la naturaleza de la privación no se determina por la cuantía (hay expropiación si se despoja de mucho. en común. pero no lo suprimen. el deber del adquirente de respetar el derecho del arrendatario. en tanto que las facultades esenciales se refieren al pleno uso. como si el primero fuera esencial y el segundo. complementen o limiten las garantías constitucionales. perpetuidad y exclusividad del derecho. La privación de la propiedad puede ser total (sobre todo el bien) o parcial (sobre alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio). tales atributos aluden a los caracteres de generalidad. se concluirá que el precepto legal objetado resulta. en la especie. lo priva de los atributos y facultades esenciales del dominio y . en su aplicación al juicio en que incide el . de obtener la utilidad económica que – por su naturaleza . servidumbre) y de garantía (prenda. “ un derecho es afectado en su esencia cuando se le priva de aquello que le es consustancial de manera tal que deja de ser reconocible y que se impide su libre ejercicio en aquellos casos en que el legislador lo somete a exigencias que lo hacen irrealizable.su derecho a pagar un precio determinado . limitaciones y obligaciones acotan o reducen algún atributo o facultad del dominio. en este caso. de fisonomía propia cada una. implica quitar al titular la propiedad que tiene sobre el bien incorporal en que recae . radicando la esencia del dominio en la ventaja patrimonial o utilidad económica de la cosa. aquélla ha sido afectada sustancialmente. en mérito de las motivaciones precedentes. el artículo 19 Nº 26 de la Constitución Política desarrolla el principio de la seguridad jurídica . y en la especie se está vulnerando el dominio sobre una cosa incorporal precisa (el derecho al precio convenido). no podrán afectar los derechos en su esencia . sentencia rol Nº 43 ). goce. como se sabe.proporciona el bien. resulta fundamental diferenciar tales conceptos de la privación. OCTAVO: Que.y. en general. accesorio o secundario. SEPTIMO: Que. entre el derecho de uso de determinadas instalaciones que el contrato confiere al requirente y el precio del mismo. DECIMO TERCERO: Que. Como esta Magistratura ha señalado (considerando 21 . al aplicarse a la situación jurídica que genera la causa judicial. QUINTO: Que. se alude a derechos limitativos de goce (usufructo. tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. lo entraban más allá de lo razonable o lo privan de tutela jurídica “. de enterar las contribuciones de bienes raíces). no la hay si de poco). estableciendo que los preceptos legales que regulen. sino que por la supresión de cualquiera de los atributos o facultades esenciales del dominio. En ese punto se distinguen de la privación. DECIMO PRIMERO: Que. sin perjuicio del mencionado estatuto especial del dominio. Que en el ámbito civil. administración y disposición del bien. DECIMO SEGUNDO: Que. NOVENO: Que el precepto legal observado. en cuanto a las limitaciones o restricciones. mientras que se identifica a las obligaciones o cargas con las prestaciones que se deben en razón de ser poseedor o propietario de la cosa (por ejemplo. forzoso es estimar que.
Redactó la sentencia el Ministro señor Correa Sutil y el voto disidente sus autores. pero no firma por encontrarse ausente con permiso. Pronunciada por el Excmo. Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional. Mario Fernández Baeza. Se certifica que el Ministro señor Francisco Fernández Fredes concurrió a la vista y al acuerdo del fallo. Notifíquese. don Rafael Larrain Cruz. Rol Nº 505-06. Jorge Correa Sutil. señora Marisol Peña Torres y Francisco Fernández Fredes. Tribunal Constitucional. Raúl Bertelsen Repetto. contrario a las disposiciones contenidas en lo números 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Marcelo Venegas Palacios. .presente requerimiento. Hernán Vodanovic Schnake. integrado por su Presidente (S) Juan Colombo Campbell y los Ministros señores. regístrese y archívese.
Documentos similares a Tribunal Constitucional - Fallo 505 - Transelec
Más de vamosderecho
Caso Práctico Listo
esquema-elaboracion-leyes.pdf
Raquel Lermo Aragoneses

References: artículo 3
 artículo 19
 Artículo 51
 artículo 51
 Artículo 51
 artículo 22
 artículo 3
 artículo 19
 artículo 3
 artículo 223
 artículo 22
 artículo 93
 artículo 239
 artículo 19
 artículo 3
 artículo 637
 artículo 19
 artículo 22
 artículo 12
 artículo 93
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 93
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 resolución 
 artículo 3
 artículo 93
 artículo 768
 resolución 
 artículo 3
 artículo 786
 artículo 93
 artículo 3
 resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 19
 artículo 3
 artículo 71
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 51
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 19
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 19
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 19
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 31
 artículo 19
 artículo 19