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Timestamp: 2017-12-12 04:44:02+00:00

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EL DERECHO PENAL DEL AMBIENTE
En el tema referido al Derecho Ecológico, indicamos que el resultado depredante del factor social, ha obligado a la sociedad a concebir formas de control de la acción devastadora del hombre y a regular sus actividades hasta racionalizarlas. Surge de la norma constitucional, el Derecho Penal del Ambiente, que podemos definir, como "el conjunto de normas jurídicas de carácter coercitivo, que fija los límites de intervención y modificación de la naturaleza en la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, tipificando los hechos violatorios como delitos e imponiendo las sanciones correspondientes".
En tal sentido, la ley Orgánica del Ambiente, mediante principios y normas reguladoras, orienta y dispone el tratamiento de las conductas humanas atípicas, que inciden en el ambiente y en los recursos naturales, dañándolos o poniéndolos en peligro de daño, y que la Ley Penal del Ambiente contempla como delitos.
Es así como el Estado, para el beneficio colectivo, ha hecho valer su acción imperial, decretando normas penales especializadas y particulares, que aun cuando se fundamentan en la tan repetida acción preventiva de este derecho, establece normas tipificadoras de "delitos ecológicos o ambientales", que a su vez penaliza como tales, dentro de la calificación de "delitos de peligro", tal como hemos repetido en diferentes temas de la materia. Se materializa de esta manera, la tipificación como delito del "daño ambiental", que, de acuerdo con la LOA, es "toda alteración que ocasione pérdida, disminución, degradación, deterioro, detrimento, menoscabo o perjuicio al ambiente o a alguno de sus elementos".
Cuando nos referimos a la relación del Derecho Ecológico con el Derecho Penal, indicamos que este último, por contener como derecho público interno, las normas relativas a los hechos punibles y las sanciones aplicables a quienes resulten culpables, es la rama del Derecho que más interés ha tenido para el Derecho Ecológico, por constituirse en el respaldo por vía directa y supletoria, de su acción coercitiva, además de servir de fundamento y calificación integrante de los instrumentos normativos ecológicos, los cuales contienen normas dispositivas de carácter penal, considerando al ilícito ecológico como una categoría de antijuridicidad capaz de constituirse en delito, para cuya violación establece las penas correspondientes.
AUTONOMÍA DEL DERECHO PENAL DEL AMBIENTE
A partir del 5 de diciembre de 1991, con la promulgación de la "Ley Penal del Ambiente", la materia penal ambiental se constituyó en una rama autónoma y especial. Situación que fue ratificada y con especificidad orgánica en la reforma de la Ley Orgánica del ambiente en 2007. La ley Penal del Ambiente establece procedimientos penales especiales en el área administrativa, es decir, las reglas procesales que debe aplicar la administración en su función sancionadora, a fin de evitar que se cometan irregularidades y abusos en perjuicio de los particulares y sus derechos, tales como la garantía del derecho de defensa en toda instancia del proceso, el sistema probatorio para demostrar el ilícito, los plazos que deberán respetarse en la secuencia de las actuaciones procedimentales, etc. En la Ley Orgánica del Ambiente se crean los órganos correspondientes a la Jurisdicción Penal Especial del Ambiente.
CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL DELITO AMBIENTAL
En nuestro estudio hemos dado especificidad al denominado: delito ecológico o ambiental, concebido como la "conducta típicamente antijurídica, culpable e imputable a una persona, que causa un daño o pone en peligro de daño al ambiente, y es sancionada con una pena". Evidentemente, es un delito o crimen contra el medio ambiente que es sancionado dada la existencia de la legislación medioambiental. Delito que se ha conformado a una espacialidad universal. Es una definición filosófica que se fundamenta en el deber de todos y cada uno de participar en la protección del medio ambiente, entendido como el bien común, que debe ser preservado.
Esta perspectiva se desarrolló en especial en el derecho anglosajón y en el derecho europeo del medio ambiente desde los años 70’. Para la perspectiva pragmática, el delito contra el medio ambiente es una infracción contra la legislación medioambiental, cuya sanción judicial está clasificada en la categoría de crimen. Con esta perspectiva, se hablaría de contravención medioambiental o de infracción medioambiental.
Según un informe gubernamental estadounidense de 2000, un delito ecológico es una actividad criminal incluida en alguna de las siguientes categorías: comercio ilegal de especies en peligro de extinción, pesca ilegal, tala indiscriminada de bosques, comercio ilegal de minerales preciosos, comercio de materiales nocivos a la capa de ozono y, finalmente, contaminación por desechos tóxicos. Pero de manera general, con aceptación generalizada, la noción de delito ecológico concierne generalmente los siguientes campos:
•	Emisión contaminante que afecte el agua, el aire, el suelo o la salud humana o de los ecosistemas;
•	Tráfico de especies en peligro de extinción o destrucción de su hábitat;
•	Poner en los elementos del medio ambiente, por una mala gestión, desechos peligrosos, tóxicos, radioactivos, etc.;
•	Explotación o sobrexplotación ilegal de un recurso natural;
•	Inobservancia de la legislación medioambiental, que conlleve graves consecuencias para el medio ambiente o la salud.
La principal característica del delito ecológico o medioambiental es de ser considerado como un "delito de peligro", es decir, que se conforma como tal, aunque el peligro, por su propia naturaleza, no se materializa en una lesión. El punto de partida consiste en la presunción, que debe probarse, que la conducta que se invoca ha provocado un resultado peligroso o ha creado un riesgo constatable de la realización de un comportamiento humano (acción) potencialmente lesivo. Es decir, debe ser un hecho cuyo procedimiento lógico a seguir en la investigación y en la prueba de la relación de causalidad, ha de partir de la acción peligrosa para demostrar que dio lugar a un peligro intrínseco que pueda ser materializado.
Esta característica del delito ecológico conlleva a que la prueba es distinta a las de los tradicionales delitos de lesión. Para el curso lógico que ha de desarrollar el análisis de la investigación, tendente a demostrar la existencia de un peligro es inverso al que ha de seguirse cuando se trata del análisis y constatación de un daño efectivo ocasionado por una emisión o vertido nocivos. Mientras que, en los delitos de lesiones, será preciso, una vez observado el resultado exterior evidente para los sentidos y consistente en un daño (físico) o menoscabo fácilmente constatable del bien jurídico -por ejemplo, la muerte de alguna persona, una enfermedad, la destrucción de la cosa, etc., se conforma con investigar qué comportamiento humano provocó causalmente tal resultado.
LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN MATERIA AMBIENTAL
La tutela judicial efectiva es un derecho reconocido por la Constitución como consecuencia del Estado de Derecho, en el que se elimina la auto-tutela y se establece la tutela a cargo de los órganos judiciales definidos específicamente, quienes dirimen las controversias y poseen el monopolio de la administración de justicia.
La Constitución venezolana reconoce los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, en virtud de los cuales: "toda persona puede acceder a los órganos de administración de justicia para obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses, incluidos los colectivos o difusos". A tal efecto, los referidos órganos están representados por las cortes y tribunales que forman parte del Poder Judicial, así como por los demás órganos del sistema de justicia previsto en la Constitución, entre los cuales se encuentran los ciudadanos que participan en la administración de justicia o que ejercen la función jurisdiccional de conformidad con la ley.
Como una de las implicaciones del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, en que se constituye a Venezuela por obra de la Constitución, ésta exige al Estado, garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. De esta forma se consagra la justicia gratuita, como un derecho humano, que encuentra su principal fundamento en los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, que tiene por objeto permitir el libre acceso de toda persona a la justicia, sin discriminación alguna.
Como consecuencia de lo expuesto, y dado que sólo la Sala Constitucional será competente para resolver las acciones de amparo en el Tribunal Supremo de Justicia, la ley orgánica respectiva deberá eliminar la acción cautelar de amparo que se ejerce conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad y que permite a las Salas Político Administrativa y Electoral, suspender los efectos de los actos administrativos cuya nulidad les corresponde conocer y decidir. Para ello, la legislación deberá dotar al juez contencioso administrativo de todo el poder cautelar necesario para decretar de oficio o a instancia de parte, cualquier tipo de medida cautelar que fuere necesaria para garantizar la tutela judicial efectiva de los administrados y el restablecimiento de sus situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso de que se trate, bien sea a través de la suspensión de los efectos del acto administrativo correspondiente, o a través de órdenes de hacer o no hacer, incluyendo el pago de sumas de dinero, que se impongan a la administración dependiendo del caso concreto.
De igual manera y con el objeto de hacer efectiva la tutela judicial de los administrados y garantizar su derecho de libre acceso a la justicia, la ley orgánica deberá eliminar la carga que tienen los administrados de agotar la vía administrativa antes de interponer el recurso contencioso administrativo de nulidad, lo cual debe quedar como una opción a elección del interesado, pero no como un requisito de cumplimiento obligatorio. Aunado a ello, la legislación deberá establecer expresamente que en caso de que un acto administrativo estuviere viciado de inconstitucionalidad o de algún vicio que acarree su nulidad absoluta, no operará en modo alguno, el plazo de caducidad para el ejercicio del recurso contencioso administrativo de nulidad. Lo anterior tiene por objeto ofrecer al administrado una protección de sus derechos humanos acorde con el principio de progresividad consagrado en la Constitución, una vez eliminada la acción de amparo cautelar contra actos administrativos.
Por otra parte, consecuente con lo antes expuesto, la ley orgánica respectiva eliminará la acción de amparo cautelar que se ejerce conjuntamente con la acción popular de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas, teniendo en cuenta que en este sentido la Sala Constitucional tiene el poder cautelar propio de toda Corte o Tribunal Constitucional en derecho comparado, en virtud del cual puede decretar cualquier medida cautelar que fuere necesaria para proteger los derechos humanos y garantizar la integridad de la Constitución, incluyendo la suspensión de los efectos de la norma cuya nulidad se solicite, únicamente para la situación concreta de los accionantes, partes o terceros que intervinieren en el proceso y mientras dure el juicio de nulidad correspondiente.
Ahora bien, la referida competencia de la Sala Constitucional no puede ni debe entenderse como parte de los derechos a la defensa, tutela judicial efectiva y amparo consagrados en la Constitución, sino, según lo expuesto, como un mecanismo extraordinario de revisión cuya finalidad constituye únicamente darle uniformidad a la interpretación de las normas y principios constitucionales.
Indiscutiblemente, conforme a la doctrina constitucional, todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses, sin que, en ningún caso se produzca la indefensión. Se trata de un derecho fundamental, protegido mediante el recurso de amparo ante el Tribunal establecido en la materia, y en todo caso por el Tribunal Supremo de Justicia. Como se ha señalado, consiste primariamente en el derecho del litigante a obtener una resolución judicial motivada y congruente, que se pronuncie sobre el fondo de las pretensiones deducidas, sea favorable o adversa, siempre que concurran los presupuestos procesales necesarios para ello. La tutela judicial efectiva es una institución que tiene por finalidad instrumentar la guarda de personas incapaces de regirse por sí mismas, tanto personal como patrimonialmente.
La tutela penal del delito ecológico
Hay autores que consideran, que estos delitos no deberían de existir y en tal sentido señalan, que el derecho penal debe tomar en cuenta únicamente intereses sociales y no intereses particulares. Dicen, que si el acto quebranta la armonía social, deberá perseguirse independientemente de lo que quiera el ofendido. No obstante, el delito ha sido aceptado como tal y para su tipificación debe considerarse necesaria la tutela penal del medio ambiente, donde el punto álgido de control se ha anticipado temporalmente, es decir, la protección que procura el Derecho penal se hace avanzar lejos de la lesión efectiva de los bienes jurídicos en juego, de tal manera, que el primer plano no lo ocupa tanto evitar lesiones en sí mismas, sino la prevención de éstas, anticipando su intervención temprana, mediante el control de funciones o de actividades que tienen relación con el surgimiento de efectos lesivos.
Esta anticipación de la tutela penal mediante la criminalización en el terreno previo a la lesión se alcanza fundamentalmente a través de dos vías complementarias. En primer lugar, construyendo bienes colectivos «previos» a los bienes jurídicos individuales, donde se quiere adelantar la frontera de la punibilidad. Se construyen, ya sea por considerar que partir de la tutela de bienes jurídicos individuales se supone una intervención que llega muy tarde y que es insuficiente desde la perspectiva "ecocéntrica" que parece ir imponiéndose, sea por evadir las dificultades que puedan existir en cuanto a la prueba de la causalidad o del aspecto subjetivo en relación con los eventuales efectos finales.
Por otra parte, se recurre a la construcción de tipos delictivos que convierten las fases previas a la lesión, en fases penalmente relevantes e incluso previas al propio peligro en sí, con el objetivo de minimizar de este modo el riesgo para los bienes en juego.
Esta posibilidad jurídica de la tutela del delito ecológico o medioambiental, se mantiene en proceso evolutivo que avanza significativamente en nuestro Derecho. Es una creación de delitos que sólo pueden interpretarse como lo que se denomina en la doctrina alemana «delitos por acumulación», es decir, tipos delictivos en los que se tipifica una conducta que no puede llegar a afectar al bien jurídico protegido, sino sólo en la medida en que sea realizada o repetida de forma masiva, lo que apunta en una dirección que va más allá de la tipificación preferente de delitos de peligro abstracto, correspondiente a la ficción jurídica, que como se recuerda, constituye en principio el modelo de referencia para la punición de comportamientos en esta materia. Todo lo cual plantea, no sólo lo relativo al contenido de "injusto" de los hechos punibles y las posibles inconsistencias respecto al principio de lesividad, sino que en una materia como la ambiental, la utilización creciente de referentes indeterminados, remisiones normativas y tipos penales en blanco, crea innumerables problemas, entre los que destaca la posible fricción con el mandato de determinación y, en última instancia, el de legalidad.
EL ILÍCITO, LA INFRACCIÓN, EL DELITO AMBIENTAL Y EL ECOCIDIO.
En el Derecho Penal venezolano, las normas referidas a la infracción y el delito ambiental se han ido incorporando en normas específicas, que convierten al delito ambiental o ecológico, en un delito especial, el cual se ha incorporado en la legislación especial de la materia ecológica o ambiental, la cual sufrió una transformación y reubicación definida cuando apareció la Ley Penal del Ambiente. Luego sufre un cambio importante al ser reformada la Ley Orgánica del Ambiente, cuando se crea la Jurisdicción Penal Especial del Ambiente. De igual manera, se hacen cambios importantes al promulgarse la Ley de Bosques, la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, donde se contemplan infracciones y procedimiento administrativos regulados por la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Penal del Ambiente.
En materia penal ambiental, la Ley Orgánica del Ambiente contempla sanciones y medidas a tomar en caso de ocurrencia de un "ilícito ambiental", entendido éste como la conducta de acción u omisión prohibida, que implique o configure la violación de una norma legal o reglamentaria, tipificada como delito de daño o de peligro de daño, por poner en peligro de daño, o dañar efectivamente un bien ambiental considerado objeto de tutela o de protección legal. En tal sentido, la misma ley contempla la posibilidad de que sea aplicada una sanción o pena al autor o autores de la ilicitud o injusto, todo lo cual fue contemplado en la Ley Penal del Ambiente, donde la conducta antijurídica o ilícito se ubica en lo penal o en lo administrativo, de donde se derivan las sanciones o medidas que deben tomarse o imponerse.
Aun cuando no es un término ajustado a nuestra legislación penal, dada su incidencia en el tratamiento de la delincuencia ambiental, tanto en el derecho interno como en el internacional, hemos querido incluir en este estudio del Derecho Penal del Ambiente al Ecocidio, que es un término muy usual para definir la acción delictiva que produce un daño masivo o destrucción ambiental de un territorio determinado, de tal magnitud que ponga en peligro la supervivencia de los habitantes de dicho territorio. Estimándose que dicho daño puede ser irreversible, cuando se produce en un ecosistema frágil o donde se genere un desequilibrio ecológico, que permita a algunos agentes depredantes actuar en forma directa o indirecta contra los diferentes hábitats.
El Ecocidio puede ser también el resultado de una contaminación masiva, tal como el vertido de desechos de industrias, el uso desconsiderado de pesticidas que destruyan extensivamente la fauna y la flora local; o el uso de herbicidas y o fuego con fines bélicos o de seguridad.
Después de su aparición, ha existido un apoyo creciente por parte de gobiernos, empresas y comunidades, para reformar el Estatuto de Roma y convertir el Ecocidio en el quinto crimen contra la paz. Es parte de un cuerpo emergente de leyes, conocido como Jurisprudencia de la Tierra. Los promotores de esta idea de convertir el Ecocidio en un crimen internacional, argumentan que se debe hacer para proteger los derechos humanos y el medio ambiente. Sin embargo, sus oponentes argumentan que de hacerlo, se criminalizaría al conjunto de la raza humana. Aquí cabe entender, que de establecerse como un delito de lesa humanidad, sería un intento para criminalizar a los Estados que utilicen prácticas calificables de Ecocidio, amparándose en el poder estatal.
Medidas y sanciones por ilícitos, infracciones y delitos ambientales
Contempla la Ley Orgánica del Ambiente en su articulado desde el artículo 108 Medidas y Sanciones por ilícitos, infracciones y delitos ambientales
PENALIZACIÓN POR DELITOS AMBIENTALES
En lo atinente a la penalización de los delitos ambientales, la Ley Orgánica del Ambiente establece lo siguiente:
Artículo 130. Las leyes penales que se dicten en ejecución de esta Ley, incluirán sanciones privativas de libertad, disolución de la persona jurídica y sanciones pecuniarias, que serán aplicadas según el caso, tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas. Independientemente de la responsabilidad de las personas jurídicas, los propietarios, presidentes o administradores responderán penalmente por su participación culpable en los delitos cometidos por sus empresas.
Artículo 131. La determinación de la responsabilidad penal en los delitos ambientales, es objetiva, para lo cual sólo basta la comprobación de la violación, no siendo necesario demostrar la culpabilidad.
Artículo 132. Las personas jurídicas serán responsables por sus acciones y omisiones por delitos cometidos con ocasión de la contravención de normas o disposiciones contenidas en leyes, decretos órdenes, ordenanzas, resoluciones’ y otros actos administrativos de carácter general o particular de obligatorio cumplimiento.
LA LEY PENAL DEL AMBIENTE
Esta Ley, promulgada por primera vez en 1992, se origina del criterio establecido por el legislador, de que las leyes existentes en Venezuela sobre la materia ambiental, no pasaban de ser solo instrumentos contentivos de disposiciones que encerraban toda una filosofa de protección ambiental, sin materializar una acción efectiva con el propósito principal de defender el ambiente. Su fundamento universal se encuentra en la Resolución No. 5 del Consejo Europeo del Derecho del Ambiente, que en 1977 establece:
"Valor fundamental como la vida o la propiedad privada y pública, el ambiente debe ser protegido al mismo tiempo por el Derecho Penal al lado del asesinato o el robo. Cada Código Penal debe comprender penalidades por contaminación, molestias, destrucción degradación y otros daños a la naturaleza".
La vigente ley, fue aprobada en la Asamblea Nacional, el dieciséis de diciembre de 2011 y publicada en la Gaceta Oficial N°39.913 del 02 de mayo de 2012, la cual deroga la Ley Penal del Ambiente publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Extraordinario N°4.358 de fecha tres de enero de mil novecientos noventa y dos.
Motivación de la Ley Penal del Ambiente promulgada el 2 de diciembre de 1992
Consideramos de interés a los efectos didácticos y para la memoria jurídica en la formación doctrinaria de los abogados, exponer la motivación que dio origen a la primera ley penal del ambiente, promulgada en diciembre de 1992. Así aparece la Exposición de Motivos:
"La crisis ambiental por la cual atraviesa el planeta desemboca en la destrucción de la base de recursos sobre la cual se fundamenta el desarrollo socioeconómico de la humanidad si no se toman las medidas urgentes y estructuradas que permitan superarla. La vida misma es afectada actualmente a distintos niveles por la contaminación del aire, las aguas y los alimentos; la destrucción de los suelos de vocación agrícola, las selvas tropicales y otros ecosistemas frágiles; la lluvia ácida, los efectos negativos de lo nuclear, los desechos tóxicos industriales, la desaparición de ríos y montañas, la destrucción de la capa de ozono y otros efectos que acompañan el modelo industrial-urbano que se implanta a partir de la Revolución Industrial y los consiguientes procesos científico-técnicos que han producido grandes beneficios para la humanidad, pero que no son repensados a la luz de la problemática ecológica, no solo con el objeto de disminuir o aminorar sus impactos negativos, sino también con la idea de encontrar alternativas tecnológicas y de desarrollo compatibles con el ambiente, definido éste como una totalidad interdependiente de la cual forman parte los recursos naturales y no renovables, las diversas especies animales y vegetales que conviven en el planeta y todo el sistema ecológico incluyendo al hombre que per-mite el desarrollo de la vida. El ambiente está integrado también por el patrimonio histórico cultural y Paleo-ecológico, Arqueológico y Arquitectónico".
"Siguiendo los lineamientos teóricos originales, se considera como sujetos penales a la persona jurídicas ya que son las corporaciones las que causan los peores daños al ambiente, tanto en cantidad como en calidad y tienen una doble repercusión, en primer lugar, se amplía el ámbito de la ley, y en segundo lugar, sirve de garantía jurisdiccional a las mismas empresas que no se verán sancionadas sin previo proceso".
"Entre las obligaciones civiles derivadas del delito, como la modificación de construcciones violatorias de disposiciones sobre protección, conservación y defensa del ambiente, la restauración de los lugares alterados al estado más cercano posible al que se encontraban antes de la agresión al ambiente; la remisión de los elementos al medio natural de donde fueron sustraídos, en caso de ser posible y pertinente; la restitución de los productos forestales, hídricos, fáunicos o de suelos extraídos ilegalmente; la repatriación al país de origen de los residuos o desechos tóxicos o peligrosos importados ilegalmente o prohibidos en los pases de origen".
"Estas medidas como la restauración o la restitución de los objetos procedentes de delito, no son otra cosa que auténticas restituciones reparación de daños o indemnizaciones, y por lo tanto, comprendidas en la responsabilidad civil y debe seguirse lo pautado en el Código Penal al respecto, pues no hay diferencia entre por ejemplo la devolución de manera ilegalmente aprovechado y la restitución de objetos provenientes de otro tipo de delito".
"En cuanto a las medidas de seguridad, se han señalado la interrupción de actividades, ocupación de fuentes contaminantes, retención de sustancias sospechosas de estar contaminadas y otras no de manera limitativa, lógicamente, sino sólo a manera de ejemplo, pues en materias nuevas como ésta, se imponen tales señalamientos que van a constituir, si se quiere, elementos didácticos que pueden servir de orientación a los jueces para la innovación de otras soluciones según los casos".
"En cuanto a las multas se desarrolló la idea del salario mínimo como aquel que corresponde al vigente en el lugar que se cometió el delito y el monto en que se dicte la sentencia originalmente planteada por el biólogo de la UCV Alex Ferguson y posteriormente desarrollada entre 1988 y 1990. En relación al monto máximo de las multas de hasta un millón de salario mínimo, contemplado en la Ley Orgánica del Ambiente en su Artículo 36º, se propone su derogación ya que las multas se actualizaron de acuerdo con esta Ley Penal del Ambiente, y de acuerdo con la dinámica económica y el tiempo, ellos pierden su verdadera función disuasiva. En todo caso corresponde su competencia a la Ley Penal del Ambiente".
"El proyecto contempla no sólo las sanciones y penas, sino también los mecanismos para asegurar su cumplimiento, tales como fianzas o consignación de una suma para garantizar la ejecución de los trabajos de rembolso de los gastos causados por la ejecución de oficio; la fijación de una multa por daño de retardo en el cumplimiento de obligaciones de hacer impuestos por el Tribunal. Originalmente se había asumido el concepto "Astreinte" , vocablo de origen francés, pero no tiene la traducción al idioma oficial de la República: el Castellano, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua".
Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto tipificar como delito los hechos atentatorios contra los recursos naturales y el ambiente e imponer las sanciones penales. Asimismo, determinar las medidas precautelativas, de restitución y de reparación a que haya lugar y las disposiciones de carácter procesal derivadas de la especificidad de los asuntos ambientales.
Artículo 2. Extraterritorialidad. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a las personas naturales y jurídicas por los delitos cometidos tanto en el espacio geográfico de la República como en país extranjero, si los daños o riesgos del hecho se producen en Venezuela. En este caso se requiere que el investigado haya venido al territorio de la República y que se inicie la investigación por el Ministerio Público.
Requiérase también que el investigado no haya sido juzgado por tribunales extranjeros, a menos que habiéndolo sido hubiere evadido la condena.
Artículo 3. Responsabilidad Penal. La responsabilidad penal, a los efectos de los delitos ambientales, cuya ejecución exige la violación de una norma administrativa, es objetiva y para demostrarla basta la comprobación de la violación, no siendo necesario demostrar la culpabilidad.
Artículo 4. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Las personas jurídicas serán responsables por sus acciones u omisiones en los casos en que el delito sea cometido con ocasión de la contravención de normas o disposiciones contenidas en leyes, decretos, órdenes, ordenanzas, resoluciones y otros actos administrativos de carácter general o particular de obligatorio cumplimiento.
Artículo 5. Sanciones Principales. Las sanciones aplicables serán principales y accesorias. Son sanciones principales:
3. La disolución de la persona jurídica.
5. El desmantelamiento de la instalación, establecimiento o construcción.
Artículo 6. Sanciones Accesorias. Son sanciones accesorias:
1. La clausura definitiva de la instalación o establecimiento.
2. La clausura temporal de la instalación o establecimiento hasta por un año.
3. La prohibición definitiva de la actividad contaminante o degradante del ambiente.
4. La reordenación de los sitios alterados.
5. La suspensión de las actividades de la persona jurídica hasta por seis meses.
6. La inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos, hasta por dos años después de cumplirse la pena principal, cuando se trate de hechos punibles cometidos por funcionarios públicos o funcionarias públicas.
7. La inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte o industria, hasta por un año después de cumplida la sanción principal cuando el delito haya si-do cometido por el condenado o condenada con abuso de su industria, profesión o arte, o con violación de alguno de los deberes que le sean inherentes o co-nexos.
8. La publicación especial de la sentencia, a expensas del condenado o condena-da, en un órgano de prensa de circulación nacional y del municipio donde se cometió el delito y con la colocación de dicha publicación a las puertas del establecimiento, dentro de los treinta días siguientes a la decisión.
9. La obligación de destruir, neutralizar o tratar las sustancias, materiales, instrumentos u objetos fabricados, importados u ofrecidos en venta, en contravención a las normas nacionales sobre la materia y capaces de ocasionar daños al ambiente o a la salud de las personas.
10. La suspensión del ejercicio de cargos directivos y de representación en personas jurídicas hasta por tres años, después de cumplida la pena principal.
11. La prohibición hasta por dos años, de contratar con órganos y entes de la Administración Pública Nacional Estadal y Municipal y recibir beneficios fis-cales.
12. La ejecución de servicios ambientales a la comunidad afectada, que podrán consistir en trabajos ambientales de acuerdo a formación y habilidades, financiamiento de programas, proyectos o publicaciones ambientales, contribución a entidades ambientales bajo la coordinación y supervisión de la Autoridad Nacional Ambiental; ejecución de obras de recuperación en áreas degrada-das o mantenimiento de espacios públicos.
13. La asistencia obligatoria a cursos, talleres o clases de educación y gestión ambiental.
Artículo 7. Proporcionalidad. El tribunal aplicará las penas dentro de los límites establecidos por esta Ley en cada caso, tomando en cuenta el peligro que se produce o el daño ocasionado, el grado de dolo del delito en las personas naturales, o las condiciones en que la persona jurídica cometa el delito, y las circunstancias agravantes o atenuantes que puedan concurrir con el hecho. En este último caso, el tribunal las valorará y decidirá cuáles de ellas prevalecerán según su número, conforme a su naturaleza y magnitud.
Artículo 8. Medidas Precautelativas. El juez o jueza competente podrá adaptar, de oficio o a solicitud del Ministerio Público, en cualquier estado o fase del proceso, las medidas precautelativas que fuesen necesarias para eliminar un peligro, interrumpir la producción de daños al ambiente o a las personas, impedir la continuación o reaparición del daño o peligro, evitar las consecuencias degradantes del hecho que se investiga o asegurar el restablecimiento del orden. Tales medidas podrán consistir en:
1. Prohibición de funcionamiento de instalaciones o establecimientos hasta tanto se corrija o elimine la causa de la alteración o se obtengan las autorizaciones correspondientes.
2. Interrupción de la actividad origen de la contaminación o deterioro ambiental sujeta a control del Ejecutivo.
3. Ocupación temporal, total o parcial, de las fuentes contaminantes hasta tanto se corrija o elimine la causa degradante o se otorguen las garantías necesarias para evitar la repetición de los hechos.
4. La ejecución de trabajos a fin de eliminar o impedir el resurgimiento de daños al ambiente, por parte del infractor o infractora, o de oficio, a costa del responsable de los riesgos o daños.
5. La retención de substancias, materiales, recursos naturales u objetos sospechosos de estar contaminados, causar contaminación o estar en mal estado.
6. La destrucción o neutralización de substancias, recursos naturales o productos comprobadamente contaminantes o contaminados.
7. El retiro o retención de vehículos u objetos abandonados en lugares donde su sola presencia alteren el ambiente.
8. La ocupación o eliminación de obstáculos, aparatos, objetos o elementos cualesquiera que alteren el aspecto o el aprovechamiento racional de los recursos naturales, medio marino o zonas bajo régimen de administración especial.
9. La ocupación o eliminación de obstáculos, aparatos, objetos u elementos cualesquiera que trastornen el funcionamiento adecuado de vehículos, establecimientos, instalaciones, plantas de tratamientos o fuentes emisoras de contaminantes.
10. La prohibición de movilización de vehículos terrestres, fluviales, marítimos o aéreos.
11. La instalación de dispositivos necesarios para evitar la contaminación o de-gradación de los recursos naturales o el ambiente.
12. Cualquier otra medida tendiente a conjurar un peligro o evitar la continuación de actos perjudiciales al ambiente.
Artículo 9. Responsabilidad Civil. Luego de la sentencia condenatoria por delitos en los cuales resulten datos o perjuicios contra el ambiente, el juez o jueza se pronunciará sobre la responsabilidad civil del o los enjuiciados, ordenando en caso de ser necesario una experticia complementaria de valoración de datos e impondrá al o los responsables la obligación de ejecutar las medidas restitutivas correspondientes, reparar los daños causados por el delito e indemnizar los perjuicios. En tal sentido el juez o jueza podrá ordenar, entre otras, las siguientes medidas:
1. La modificación de construcciones violatorias de disposiciones sobre protección, conservación o defensa del ambiente, y su conformidad con las disposiciones infringidas.
2. La restauración de los lugares alterados al estado más cercano posible al que se encontraban antes de la agresión al ambiente.
3. La remisión de elementas al medio natural de donde fueron sustraídos, en caso de ser posible y pertinente.
4. La restitución al Estado o a su legítimo propietario de los productos forestales, hídricos, faunísticos o de suelos obtenidos ilegalmente.
5. La reordenación del territorio a fin de tornarlo utilizable ambientalmente con otro uso distinto al original, en aquellos casos en que el daño sea irreparable, al punto de resultar imposible recuperar la vocación inicial del suelo.
6. La instalación o construcción de los dispositivos necesarios para evitar la contaminación o degradación del ambiente.
7. La repatriación al país de origen de los residuos o desechos peligrosos importados ilegalmente o prohibidos en su lugar de origen o en la República Bolivariana de Venezuela, por cuenta del infractor.
8. Efectiva reparación del daño causado.

References: resolución 
 artículo 108

Artículo 130

Artículo 131

Artículo 132
 Resolución 
 Artículo 36

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9