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Sábado, 05 de Enero de 2013 18:40
La Presidenta de la Nación expresó su opinión vía Twitter acerca del asado de fin de año que se realizó en la ex Esma cuando la Secretaría de Derechos Humanos presentó el Plan Estratégico 2012-2015 del Ministerio de Justicia
A través de su cuenta en la red social Twitter Cristina se refirió a la polémica que desató -incluso entre los diversos organismos de derechos humanos- el hecho que en la presentación del plan estratégico para este año del Ministerio de Justicia, a cargo de Julio Alak, realizada en el edificio La Casa de la Militancia (Ex ESMA), se comiera un asado.
"Denuncia ex-ESMA - Julio Alak: Típica “noticia” cazabobos de la cadena del odio y el desánimo" dijo la Presidenta.
Y explicó qué es una noticia cazabobos:
"Noticia Cazabobos: Ingredientes para la Receta Mediática del Monopolio:
1. Cualquier hecho nuevo, repetido o inventado.
2. No importa lugar, tiempo, si fue ayer, hace una semana o 1 año.
3. Ingrediente fundamental: QUIEN. Preferentemente un funcionario del gobierno nacional o personaje público que apoya al proyecto.
a. En tiempos electorales
b. Para ocultar hechos relevantes que beneficien a las corporaciones
c. Todos los días, para desgaste
5. Políticos de partidos varios. Loros mediáticos “críticos” que repiten el libreto. Algún pase de último momento (sin intervención de AFIP)".
Cristina recordó que "En la ex-ESMA se han hecho y se seguirán haciendo asados, festivales, reuniones, Hebe cocinando, el Canal Encuentro, Paka Paka, etc. Es la vida que por fin alcanza un lugar donde reinaron la muerte, el dolor, la tragedia y también las miserias humanas".
También se refirió al Ministro de Justicia, Julio Alak, diciendo:
"¿Por qué Alak? Porque es el comunicador institucional judicial de Gobierno y por su impugnación a la Cámara Cautelar en lo Clarín y lo Rural".
Ley de medios: Red de relaciones familiares y empresarias dentro de la Cámara Civil y Comercial
Jueves, 06 de Diciembre de 2012 13:37
El Portal de Notiicas MinutoUno publicó hoy que la pelea desatada entre el Ejecutivo y el Grupo Clarín develó una red familiar para el control de nombramientos y decisiones de la Cámara Civil y Comercial Federal liderados por un juez jubilado que ocupó por pocas horas la subrogancia del juzgado N° 1
El Portal de Notiicas Minuto1 publicó hoy que la pelea desatada entre el Ejecutivo y el Grupo Clarín develó una red familiar para el control de nombramientos y decisiones de la Cámara Civil y Comercial Federal.
La sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales (conocida como Ley de Medios ) aprobada por una amplísima mayoría hace tres años, desató una verdadera pelea judicial entre el Poder Ejecutivo y el Grupo Clarín, señala Miinuto1
Continúa el artículo: La intención del mayor multimedios de la Argentina de evitar la desinversión establecida por la nueva ley y reconocida ya por la mayor parte de los grupos mediáticos del país, dejó al descubierto una inédita trama de relaciones familiares y empresarias dentro de la Cámara Civil y Comercial Federal.
Este fuero, uno de los más poderosos por el impacto económico de las causas que deben resolver, parecería haber quedado en manos de un pequeño grupo de jueces de primera instancia liderados por un juez jubilado que ocupó por pocas horas la subrogancia del juzgado N° 1.
En el bar "Las Meninas", muy cerca del teatro Cervantes, este selecto club de magistrados se reúne casi a diario. Desde allí se ha logrado armar una aceitada red que define "cómo" y con "quién" se cubre cada una de las vacantes que requieren de un juez subrogante.
De acuerdo a lo que marca el procedimiento legal, el plenario de todos los magistrados pertenecientes a la Cámara es el que decide cada subrogancia.
A partir de la oposición de dos jueces (De las Carreras y Guzmán) al nombramiento de Alejandro Nobili como subrogante en el Juzgado 5, quedó al descubierto este sistema alternativo de decisión liderado por el magistrado jubilado.
El grupo esta integrado además por un sobrino directo del ex subrogante del juzgado N° 1, y tres jueces más de primera instancia. Se suman a las reuniones con frecuencia dos secretarios de esos juzgados.
Los encuentros, mayormente al mediodía, sirven para definir los nombres que luego lograrán el apoyo de la mayoría de la Cámara.
Un definido sistema de relaciones familiares permite a este grupo de magistrados tener llegada e influencia ante las definiciones centrales de esta instancia judicial.
La costumbre de nombrar familiares es una regla compartida por los camaristas de la Sala I y también de la Sala III. De hecho, el Jefe de Despacho de la primera es Iván Farrell, hijo de un camarista recientemente renunciado, y Ana Inés Recondo, en tanto, tiene un puesto similar pero en la Sala III. Ana Recondo es hija de un juez de Cámara de esa sala.
Estas relaciones familiares permiten además crear y fortalecer excelentes vínculos con importantes grupos económicos. En la pelea judicial entablada por el Grupo Clarín por la Ley de Medios quedaron al descubierto alguno de ellos. Por ejemplo, el marido de una jueza de la sala primera de apelaciones en lo Civil y Comercial es Julio César Rivera, abogado que tiene como cliente a Cablevisión-Multicanal.
La confusión entre relaciones personales y políticas también muestra apellidos tristemente célebres de la historia reciente. La jefe de despacho de la Sala III, Verónica Helibron, esta casada con el nieto del dictador Jorge Rafael Videla.>
*las negritas son nuestras
Julio Alak 5 de Diciembre
El ministro de Justicia, Julio Alak aseguró que en 48 horas comienza la plena aplicación de la ley de servicios audiovisuales, al vencer la cautelar que favorece al Grupo Clarín y advirtió que si se pretende extenderla sería “un alzamiento contra la ley, un conflicto de poderes”.
Ley 26373 designación de jueces
Julio Alak- Declaraciones a la prensa
Los jueces subrogantes son inconstitucionales pero sus actos son válidos
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucional del procedimiento creado por el Consejo de la Magistratura de la Nación para nombrar jueces subrogantes. Igualmente, y con el fin de mantener incólumne el orden jurídico y las instituciones, los actos que estos han realizado y realicen hasta dentro de un año, son válidos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció que la utilización de jueces subrogantes para suplir las vacantes de magistrados titulares no se ajusta a las directivas de la constitución nacional, toda vez que estos carecen del acuerdo del Senado y no fueron nombrados mediante un procedimiento constitucionalmente válido.
La controversia llegó ante los estrados de la Corte a tenor del expediente caratulado ”Rosza, Carlos Alberto y otro s/ recurso de casación”, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9 declaró inconstitucional la resolución 76/04 del Consejo de la Magistratura de la Nación y declaró la nulidad de todo lo actuado por el juez de instrucción, el cual no había sido designado constitucionalmente puesto que era juez subrogante-.
La Cámara Nacional de Casación Penal revocó la decisión sosteniendo que la resolución del Consejo de la Magistratura es constitucional a tenor de la modificación introducida por la ley 25.876 que facultó al Consejo para ”dictar los reglamentos que establecieran el procedimiento y los requisitos para la designación de jueces subrogantes en los casos de licencia o suspensión de su titular y transitorios en los casos de vacancia para los tribunales inferiores.”
El Tribunal Oral no acató la decisión, y suspendió el procedimiento hasta tanto se sustancie el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, dictaminó a favor de lo decidido por Casación. Explicó que no puede entenderse que un juez no sea imparcial porque no haya tenido acuerdo del Senado para ser nombrado en su cargo, o porque carezca de la garantía de inamovilidad de su cargo e intangibilidad de sus remuneraciones.
Recordó que el nombramiento en comisión del inciso 19 del artículo 99 C.N. que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a cubrir las vacantes en empleos públicos por un plazo determinado tampoco son aprobados por el Senado, y no por ello la Constitución descalifica su idoneidad para cumplir su función.
De acuerdo con el máximo representante del Ministerio Público Fiscal, el recurrente y los magistrados del Tribunal Oral no han podido demostrar argumentalmente que el magistrado al cual le serían invalidadas sus decisiones sea inidóneo o parcial, por lo que aconsejó rechazar el recurso extraordinario y confirmar lo decidido por Casación.
La mayoría de los jueces de la Corte Suprema tuvieron otra visión del asunto. Así los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Maqueda reconocieron la inconstitucionalidad de la resolución del Consejo de la Magistratura, pero a su vez comprendieron que no se podía tirar a la basura años de trabajo en miles de causas.
Entendieron que la ausencia del acuerdo del Senado significaba un desmedro en la imparcialidad del magistrado, ya que la Constitución establece que quien sea llamado para cumplir una magistratura, lo haga elegido con el mayor cuidado y por consenso de las instituciones.
Lo que era una excepción se ha transformado en una regla y los jueces subrogantes han continuado con su suplencia durante un plazo que excede la mera contingencia, y por lo tanto están reemplazando a los jueces constitucionales –nombrados con acuerdo del Senado-.
Igualmente, el Máximo Tribunal tuvo en cuenta que no se podía declarar la nulidad de todo lo actuado por dichos agentes, ya que significaría dañar seriamente a las instituciones y a la república, más allá que en el plano teórico un acto dictado por un sujeto distinto al que fue facultado por la norma para dictarlo es nulo de nulidad absoluta y no puede ser considerado un acto jurisdiccional.
Explicaron que ”…la aplicación en el tiempo de los nuevos criterios ha de ser presidida por una especial prudencia con el objeto de que los avances propuestos no se vean malogrados en ese trance. En mérito de ello, es necesario trazar la línea divisoria para el obrar de la nueva jurisprudencia, apoyándola en razones de conveniencia, utilidad y en los más hondos sentimientos de justicia, necesidad que entraña, a su vez, la de fijar el preciso momento en que dicho cambio comience a operar…”
”Este criterio ya había sido sostenido desde antaño cuando en el derecho romano, a través de la Lex barbarius Philippus, se mantuvo la validez de los actos dictados por un Pretor que fue designado sin reunir las calidades necesarias para ello, según las normas de la época, dada su condición de esclavo (Digesto, Libro II, Título XIV, 3)”.
”…cabe recordar que la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo que, si bien una ley del Congreso declarada inconstitucional no es ley, que es inoperativa y que no confiere derechos ni impone deberes, su existencia efectiva en forma previa a esa declaración es un hecho operativo cuyas consecuencias no pueden ser justamente ignoradas. El pasado no siempre puede ser borrado por una nueva decisión de la justicia.”
Señalaron además que la posición de la Corte en el tema es idéntica a la postura que fue tomada por el Máximo Tribunal por medio de la acordada 07/2005, en el cual se entendía que el Congreso de la Nación debía dictar la norma adecuada para suplir la irregularidad del nombramiento de jueces subrogantes.
Los ministros del Alto Tribunal no sólo declararon la inconstitucionalidad de la resolución del Consejo de la Magistratura sobre los jueces subrogantes, sino que además dispusieron ”…mantener en el ejercicio de sus cargos a quienes han sido designados para ejercer la función jurisdiccional en los tribunales que se encuentran vacantes hasta que cesen las razones que originaron su nombramiento o hasta que sean reemplazados, o ratificados, mediante un procedimiento constitucionalmente válido que deberá dictarse en el plazo máximo de un año.”
En base a ello exhortaron al Congreso de la Nación a dictar a la brevedad una norma que establezca un procedimiento constitucionalmente válido para el nombramiento de magistrados, poniendo fin a la figura del juez subrogante.
Por su parte, Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni, si bien reconocieron que la figura del juez subrogante no se adecuaba en un todo a la forma de nombramiento de los magistrados, entendieron que el sistema era complementario para subsanar una situación especial como es la vacancia de una parte importante de las magistraturas.
De todos modos entendieron, al igual que el resto de los ministros, que es el Congreso de la Nación el que tiene que dar pronta solución al problema, por medio de una ley que establezca la manera en que deberán ser cubiertos los puestos vacantes, acorde a las mandas de la Constitución Nacional. Por tanto y en disidencia confirmaron la sentencia de Casación Penal.
Por mayoría, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del nombramiento de jueces subrogantes sin acuerdo del Senado para cubrir las vacantes existentes en el Poder Judicial, pero dispusieron mantener la validez de los actos procesales y jurisdiccionales realizados en ejercicio del cargo.
Fuente www.diariojudicial.com
Gobierno nacional desmiente vínculos con la fundación que promueve a Ravi Shankar
Jueves, 06 de Septiembre de 2012 22:25
El Ministerio de Justicia aclaró que no mantiene vínculos con la fundación El Arte de Vivir
El ministerio a cargo de Julio Alak difundió esta noche un comunicado para negar que tenga relación con la fundación El Arte de Vivir cuyo líder es el hindú Ravi Shankar, y reflejó que el convenio que firmó con esa entidad hace 6 años fue "dejado sin efecto" hace cuatro años por esa cartera.
"El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informa que no tiene vínculo alguno con la Fundación El Arte de Vivir, y que el convenio firmado con esa entidad el 19 de julio de 2006 fue dejado sin efecto a través de la resolución Nº 2011 dictada por esta cartera el 25 de julio de 2008".
En el acta de cooperación original se detalla que el vínculo con El Arte de Vivir, antes de ser anulado, se produjo para "promover la rehabilitación de los internos dependientes del Servicio Penitenciario Federal y la promoción de los valores humanos universales, la mejora del equilibrio físico, mental y espiritual" en las cárceles.
LaPistaOculta>GR
El Gobierno pidió el "per saltum" por la cautelar del Grupo Clarín
Viernes, 07 de Diciembre de 2012 08:52
El gobierno presentó ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de per saltum, al considerar al fallo judicial que extendió la cautelar al Grupo Clarín para adecuarse a la Ley de Medios, como "arbitrario y con flagrantes contradicciones"
El Poder Ejecutivo solicitó "la nulidad ante la Corte" del fallo adoptado por la Cámara Civil y Comercial Federal que benefició al Grupo Clarín a través del recurso del per saltum. La solicitud la realizó la Jefatura de Gabinete.
La resolución en beneficio del multimedios lleva la firma de los jueces Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta, quienes le concedieron al holding el privilegio de no adecuarse a la ley de Medios, sancionada hace tres años.
De la misma manera actuará la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), el organismo encargado de la aplicación de la ley de medios, que debía entrar en plena vigencia hoy viernes, según lo había dispuesto el 22 de mayo pasado la Corte Suprema de Justicia.
“La calificamos de una cautelar eterna”, expresó el ministro de Justicia, Julio Alak, quien sostuvo que los miembros de la Cámara “no interpretaron el espíritu de desmonopolización de la Ley de Medios ni la voluntad popular que expresó el pueblo cuando convalidó a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner” en las elecciones.
“Este fallo es absolutamente arbitrario, tiene groseras contradicciones”, indicó el ministro de Justicia, quien calificó a esa resolución como “absurda” porque “la Sala va por más y dice que el plazo para Clarín debería ser de un año cuando simultáneamente dicta una cautelar”.
"La Corte recibirá el per saltum del estado argentino y tiene que terminar con esta prolongación excesiva que ha beneficiado un grupo económico, que es monopólico y decir ‘esta ley tiene que aplicarse porque fue aprobada por el Congreso’” concluyó Alak.
"Vamos a pedir que los jueces trabajen en enero" ( Audio)
Viernes, 28 de Diciembre de 2012 19:03
El ministro de Justicia, Julio Alak confirmó que elevarán un pedido a la Justicia para que habilite la feria judicial de enero, para que la Cámara Federal Civil y Comercial resuelva cuanto antes la cuestión de fondo con respecto a la demanda contra la ley de Medios.
El ministro de Justicia, Julio Alak, en entrevista con Víctor Hugo Morales confirmó hoy que elevarán un pedido a la Justicia para que habilite la feria judicial de enero, para que la Cámara Federal Civil y Comercial se expida cuanto antes sobre la cuestión de fondo planteada por el Grupo Clarín contra la ley de Medios.
Ademas señaló "que la sentencia de La Corte le está indicando a la Cámara que lo resuelva lo antes posible".
“Si piensa el Grupo Clarín que el Estado no se va a defender correctamente, se equivoca. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que ésta sea una ley plena en 2013”.
Por incompetencia inpugnarán el fuero que dictó la cautelar a favor de La Rural
Sábado, 05 de Enero de 2013 12:46
El ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo que la cautelar dictada por la Cámara Civil y Comercial a favor de la Sociedad Rural Argentina es absolutamente arbitraria, porque al impugnar un decreto presidencial debe entender el fuero contencioso administrativo. Planteará la incompetencia del fuero.
"Otra vez un sector corporativo ha elegido el mismo fuero civil y comercial y la misma Sala 1 que dicta cautelares eternas para impugnar un acto legítimo del Estado", sostuvo anoche el ministro, quien añadió que esta “nueva cautelar es una decisión arbitraria, que no toma en cuenta los muy graves motivos que el Estado valoró para revocar la venta, especialmente el procesamiento de los directivos del Ministerio de Economía y de la SRA.
Además del precio vil, la Sociedad Rural no pagó la totalidad del precio de venta. La Cámara convalidó esta situación. A cualquier hijo de vecino que no cumple las cuotas, lo ejecutan, sacan la casa o el auto y a la Sociedad Rural no.
La decisión de la Cámara Civil y Comercial es violatoria del derecho de defensa porque se le privó al Estado Nacional de una instancia ordinaria que le permita ser oído previo a una resolución, máxime que estamos frente a un acto administrativo que tiene la presunción de validez.
Correspondía y es un deber de la Cámara darle la oportunidad al Estado de oírlo previamente antes de despachar la cautelar.
Vamos a plantear la incompetencia del fuero, porque lo que está en discusión es la validez del decreto presidencial, y eso es claramente competencia del fuero contencioso administrativo.
Agregó que las cautelares son inaudita parte sólo en primera instancia. Acá hay un caso de grave arbitrariedad. Esto podría abrir el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
Esta cámara no sólo no deja aplicar las leyes de la nación, sino que en este caso convalida la apropiación de los bienes del dominio públicos por parte de una corporación.
El juez federal Sergio Torres declaró que la compraventa de este predio a precio vil es un hecho delictivo, y la Cámara Civil y Comercial, al dictar hoy esta cautelar, está convalidando esta gravísima irregularidad.
El acto administrativo 2552 había declarado la nulidad de la venta del predio de la rural en 1991 por precio vil. El precio de venta fue de 30 millones de dólares con amplia financiación, mientras que las valuaciones del Tribunal de Tasaciones y de la SIGEN indicaban que la valuación no podía ser inferior a 63 millones de dólares.
La nulidad dispuesta por el Estado se sustenta porque están gravemente viciados los elementos de causa, objeto, finalidad y motivación de la venta de 1991.
El predio de Palermo se había tasado a un valor que no era el real, y enmascaraba una finalidad de liberalidad y no se correspondía el precio real con el que se pago.-
El Estado considera que el acto de venta del predio en 1991 al ser portador de vicios graves, no es susceptible de saneamiento, razón por la cual el Estado tiene la facultad revisar y anular por sí y en su propia sede, y en cualquier momento los actos que considera nulos.
La facultad del Estado de revisar y anular por sí y ante si los actos verificados como nulos es una facultad imprescriptible, tal como lo establecen los artículos 14 incisivo b y 17 de la ley de procedimiento administrativo.
Una vez mas esta Cámara ignoró que está en presencia de un acto administrativo que como tal es portador de una presunción de legitimidad.
El acto administrativo que dispuso la nulidad de la venta no fue espontáneo del Poder Ejecutivo. Tiene como todo acto la presunción de legitimidad (artículo12 de la ley de ProcedimientoAdministrativo) y siguió todo el procedimiento previo. Intervino la Sigen, el Tribunal de Tasaciones y la Procuración del Tesoro.
Hay todo un procedimiento previo en sede administrativo que lo antecede y también en sede judicial, en donde se dispuso el procesamiento del funcionario del Ministerio de Economía en el año 1991 y también de los directivos de la Sociedad Rural Argentina.-
La medida cautelar no declara la nulidad del decreto de la Presidenta, sino que está suspendiendo interinamente sus efectos.
Referentes de la oposición firman solicitada en apoyo a la Sociedad Rural
LaPistaOulta/GN
Asume Alejandro Marambio en el Servicio Penitenciario tras la fuga de 13 presos
Miércoles, 21 de Agosto de 2013 09:09
Trece presos escaparon mediante un boquete del Complejo Federal I de Ezeiza, de máxima seguridad, y el director del SPF, Víctor Hortel, denunció que existió "complicidad interna", por lo que desplazó a 19 penitenciarios y presentó su renuncia. Asume hoy Alejandro Marambio, quien ya ejerció el cargo anteriormente
El ministro de Justicia, Julio Alak, informó que hoy a las 11 horas pondrá en funciones en la sede de su cartera a Alejandro Marambio como nuevo titular del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en reemplazo de Víctor Hortel, quien renunció al asumir la "responsabilidad política" de la fuga de trece internos ocurrida en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.
Alak además anunció que se ofrece una recompensa de 500 mil pesos a las personas que puedan aportar datos sobre cada uno de los 11 internos que siguen prófugos, ya que dos de ellos fueron recapturados, se trata de José Armando Durán (37): argentino, soltero, con domicilio en el partido bonaerense de La Matanza, detenido desde 1999 y condenado; y de Claudio Marcelo “Pájaro” Ortiz (32): argentino, con domicilio en el barrio Don Orione del partido bonaerense de Almirante Brown, detenido desde 2012 y procesado.
Los prófugos son:
- Luciano Javier Campo (35): argentino, con domicilio en la Capital Federal, detenido desde 2001, reincidente y con condena. Lo apresaron en 2001 junto a dos cómplices tras asaltar un banco en Flores y tomar rehenes durante seis horas.
- Martín Alejandro Espiasse Pugh (35): argentino, nacido en la provincia de Chubut, también usó la identidad Matías Nicolás Lago González, fue apresado en 2007 en Mendoza y condenado por robo con armas aunque con otro apellido. Detenido desde 1999 y proveniente de la Unidad Penal 9 Regional Sur. Luego descubrieron su verdadera identidad y que estaba prófugo por el crimen de dos policías cometido el mismo año en Chubut.
- Alberto Manuel Freijo (33): argentino, soltero, con domicilio en La Matanza, detenido desde 2009 y procesado.
- Leonardo Antonio Salto (31): argentino, soltero, con domicilios en la Capital Federal y los partidos bonaerenses de Avellaneda y Ezeiza, detenido desde 2006 y procesado.
- Thiago Ximenez (29): brasileño, con domicilio en Foz de Iguazú, detenido desde 2008, proveniente del penal de Resistencia, Chaco, de donde se había fugado en 2007, y condenado. También decía llamarse Batista Antonio Junior Mateo.
- Renato Dutra Pereira (27): brasileño, con domicilio en Foz de Iguazú, detenido desde 2008, también fugado del penal de Chaco y procesado.
- Cristian David Espínola Cristaldo (22): paraguayo, soltero, condenado a 18 años de prisión por el crimen del periodista y líder comunitario boliviano Adams Ledesma Valenzuela, en la Villa 31, cometido en 2010 en dicho asentamiento de Retiro.
- Marcos Ezequiel Sánchez (26): argentino, soltero, con domicilio en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, detenido desde 2011 y procesado.
- Mario Enrique Bañera (40): argentino, soltero, con domicilio en el partido bonaerense de Moreno, detenido desde 2012 y procesado.
- Jonathan Páez (23): argentino, soltero, con domicilio en La Matanza, detenido desde 2012 y procesado.
- Luis Alberto López (28): argentino, soltero, con domicilio en la localidad bonaerense de Ciudadela, detenido desde 2012 y procesado.
Alak dijo que la fuga fue "planeada y diseñada por cuatro internos", dos de ellos de nacionalidad brasileña, uno de los cuales también tiene la nacionalidad paraguaya, quienes registran antecedentes de haberse fugado de otros penales tanto de sus países de origen como de la Argentina. Señaló que los otros nueve internos escaparon tras ellos pero sin haber participado del diseño del plan.
El ministro negó que luego de la fuga se hubiera producido un motín o una toma de rehenes, y precisó que "esta información que les brindo fue ratificada por el fiscal que entiende en la investigación de la Cámara Federal de La Plata con sede en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora".
Un total de 13 presos -dos ya recapturados- logró evadirse mediante un boquete de 40 por 22 centímetros realizado en el suelo -que es de concreto, de hormigón armado- de la celda 22 del pabellón B, del módulo 3, del Complejo Federal I de Ezeiza.
Para poder realizar el boquete, los presos debieron romper casi 30 centímetros de hormigón armado y añadió que la tierra acumulada para la realización del túnel fue encontrada adentro de la celda. A partir del boquete se construyó un túnel de aproximadamente un metro de profundidad y de entre dos y tres metros de longitud, a través del cual -los reclusos- salieron a la parte exterior del módulo.
Los presos recorrieron desde allí aproximadamente treinta metros hasta el primer alambrado perimetral y luego cuarenta metros más atravesando otros tres alambrados perimetrales de seguridad. En cada uno de ellos se detuvieron para abrir un hueco, cortando o abriendo los alambres.
Al parecer los dos brasileños Thiago Ximenez y Renato Dutra Pereira junto a un par de argentinos fueron los "ideólogos" y autores del boquete y que los otros nueve internos se sumaron a la fuga.
Los internos brasileños ya habían participado en otros escapes en cárceles de Paraguay y Brasil y lo habían intentado en Argentina. Los dos argentinos que también participaron del diseño del plan de fuga, explicó, lo habían intentado si éxito en penales de Neuquén y Reconquista (Chaco).
A raíz de la fuga la cárcel se encuentra cerrada y no se permiten visitas. Está trabajando en el lugar personal del juzgado federal a cargo de Carlos Ferreiro Pella. EL SPF, a la vez, informó que la situación en el Complejo está absolutamente controlada y que el refuerzo de la guardia responde a la activación de un protocolo de seguridad que se aplica en situaciones de fuga.
RENUNCIA DEL DIRECTOR DEL SPF
Victor Hortel, ex director del Servicio Penitenciario Federal, dijo al renunciar que se apartaron de sus cargos a 19 penitenciarios tras la fuga. Se realizará una denuncia penal para se investigue a esto funcionarios penitenciarios que debieron controlar y no lo hicieron.
Hasta ahora se separaron de sus cargos seis agentes penitenciarios que cumplieron funciones de celadores, cuatro jefes de turno, cuatro inspectores de turno que cumplieron funciones durante el fin de semana, el jefe de requisa, el jefe de módulo, el director de módulo, el director de tratamiento y el prefecto a cargo del Complejo Federal I.
“Sospechamos de la complicidad interna del personal. Hubo dos días de tareas y se usaron herramientas a las que no se accede regularmente”. "Ni los celadores ni los inspectores cumplieron con su tarea. El personal de requisa tampoco encontró las herramientas. Los soldados ubicados en los dos puestos a 50 metros debieron haber visto los movimientos. También fallaron los soldados de guardia que debían estar apostados en los techos", dijo Hortel.
Hortel consideró que "los celadores no cumplieron su tarea de verificar los lugares de alojamiento", que "los inspectores y jefes no supervisaron esa tarea" y que "el personal de requisa tampoco encontró las herramientas utilizadas". También responsabilizó al personal a cargo de la seguridad externa y se refirió entre ellos a "los soldados que estaban apostados en dos puestos a cincuenta metros, que debieron haber visto los movimientos y no lo hicieron".
"Como jefe del Servicio Penitenciario Federal soy el máximo responsable político de esta fuerza y asumo absolutamente la responsabilidad que me cabe por estos sucesos", dijo Hortel. Finalmente, resaltó que la fuga "ha tenido algún tipo de previsión, de planificación" y que "la capacidad de las personas evadidas ha superado los sistemas de seguridad del complejo".
Alejandro Marambio Avaria es consultor en Justicia y Seguridad y ya había ejercido el cargo de director del Servicio Penitenciario federal entre 2007 y 2010: fue nombrado por el presidente Néstor Kirchner y ratificado por Cristina Fernández. También se había desempeñado como subsecretario de Gestión Penitenciaria.
Marambio fue el primer director civil del SPF, cuando lo nombró Kirchner. Al renunciar, fue designado como subsecretario de Políticas Penitenciarias de la Nación y al año siguiente fue enviado a España en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para desempeñarse en el Consejo Iberoamericano de Ministros de Justicia como experto responsable de la reforma penitenciaria en Iberoamérica.
Marambio es abogado y profesor de Derecho Criminal y de Ejecución de la Pena, tanto en Argentina como en otros países. Actualmente lidera el Proyecto de la Comisión Europea de Reinserción Socio Laboral para los Privados de la Libertad que se desarrolla en catorce países de Latinoamérica.
El Gafi respaldó el compromiso político del país contra el financiamiento terrorismo
Jueves, 27 de Octubre de 2011 17:54
Durante el Plenario que tuvo lugar en París - “El plenario del organismo valoró los avances alcanzados por nuestro país”, destacó el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunció hoy en París que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) "respaldó los avances alcanzados por la Argentina, calificó de ‘enorme’ el esfuerzo realizado y destacó –una vez más- el compromiso del más alto nivel político demostrado por el Gobierno argentino", al referirse al proyecto de ley que modifica el Código Penal fortaleciendo la lucha contra el lavado de dinero e introduciendo la tipificación y severas condenas para los responsables del financiamiento del terrorismo.
Alak formuló estas declaraciones al término de su exposición ante el plenario del GAFI, que sesionó en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) bajo la presidencia del titular del organismo intergubernamental, Giancarlo Del Búfalo.
El Ministro encabezó la delegación argentina, integrada por el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella; el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli; el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena; la titular de la unidad de prevención del lavado de la Superintendencia de Seguros de la Nación, Ana Durañona; y representantes de la Cancillería, del Ministerio de Economía, del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Inspección General de Justicia (IGJ).
En su intervención, Alak reafirmó “el alto compromiso de nuestro país en la implementación de políticas públicas destinadas a la prevención, investigación y sanción de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, y subrayó la trascendencia institucional de las reformas normativas y administrativas que el país está llevando adelante para perfeccionar los instrumentos jurídicos y los recursos técnicos y humanos del Estado argentino vinculados a esta materia.
Precisó también que la intervención del Poder Ejecutivo Nacional “en modo alguno se agotó con las intensas gestiones que permitieron alcanzar la aprobación de la Ley 26.683” en el primer semestre del año, y anunció ante las representaciones de los países miembros del GAFI que el pasado 13 de octubre el Gobierno presentó un nuevo paquete de medidas para profundizar el proceso de adecuación normativa a los más elevados estándares internacionales.
Alak se refirió, así, a los dos proyectos de reforma del Código Penal enviados al Parlamento por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, uno en materia de delitos con finalidad terrorista y financiamiento del terrorismo, y otro que incorpora las figuras de manipulación de mercado e insider trading, entre otras, bajo el título de los “delitos contra el Orden Económico y Financiero”, creado oportunamente para el nuevo tipo penal de lavado de activos.
Alak explicó que “el proyecto remitido al Congreso en materia de terrorismo propone la creación de un agravante específico, que intensifica las penas de todo delito que sea cometido por personas o asociaciones, nacionales o extranjeras, con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades nacionales o internacionales, o a agentes de organizaciones internacionales, a realizar actos o abstenerse de hacerlos, siempre y cuando no se trate del ejercicio de un derecho constitucional”.
“Con estas modificaciones, ninguna actividad delictiva con finalidad terrorista queda fuera del agravante genérico establecido en el proyecto, y es considerada, automáticamente, actividad terrorista en los términos de la legislación nacional”, advirtió.
El mismo proyecto prevé la modificación del tipo penal de financiamiento del terrorismo, removiendo los obstáculos que presenta la actual redacción y adaptándola a la modificación propuesta para los actos con finalidad terrorista.
“De este modo, el tipo penal proyectado abarca a quien deliberadamente provea o recolecte fondos, por el medio que fuere, directa o indirectamente, destinados al financiamiento de cualquier delito del Código Penal y leyes especiales que tenga finalidad terrorista”, reseñó Alak, y aclaró que “no importa si el acto terrorista se ejecuta, si los autores se encuentran en el exterior o si el hecho se produce fuera del territorio argentino, ya que el delito se consuma con el mero financiamiento”.
Por su parte, Sbatella explicó que los proyectos presentados instituyen la responsabilidad penal de las personas jurídicas, fijan nuevas reglas en materia de decomiso y aplican las medidas especiales de investigación y protección de testigos e imputados, al igual que para la figura del lavado de activos, al tiempo que facultan a la Unidad de Información Financiera para disponer el congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas previstas en el nuevo tipo penal de financiación del terrorismo.
“De este modo, se ponen a disposición de la autoridad de aplicación las herramientas eficaces y expeditivas que esta materia demanda”, sostuvo el titular de la UIF.
UN PROCESO DE REFORMAS
Alak recordó que en febrero pasado el Gobierno presentó, ante el plenario del GAFI, un Plan Nacional de Acción que “se tradujo velozmente en una batería de medidas concretas de alto impacto positivo en la eficiencia de los sistemas de control, prevención y sanción” de estas variantes de la criminalidad compleja.
Entre esas acciones, el ministro destacó “la reorganización del sistema de lucha anti lavado encabezada por la Unidad de Información Financiera (decreto presidencial N° 1936/10); la readecuación de toda la reglamentación administrativa de ese organismo nacional; la modificación legislativa del Código Penal en materia de lavado de dinero (Ley N° 26.683); la unificación registral a nivel nacional y la creación del Registro Nacional de Bienes Decomisados por la Justicia Penal (Decreto 826/2011), además de numerosas resoluciones y readecuaciones administrativas de organismos de fiscalización y control, como la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Banco Central de la República Argentina y la Administración Federal de Ingresos Públicos”.
Alak enumeró “los principales cambios normativos que han tenido lugar a partir de la sanción de la Ley N° 26.683”, y advirtió en ese sentido que “hasta la aprobación de esta norma, el delito de lavado de activos en Argentina requería la fehaciente demostración de que hubiese existido un delito previo, por lo que sólo se podía sancionar penalmente a quien lavaba activos si era “encubridor” del sujeto que hubiera cometido el delito precedente, lo que, a su vez, impedía la persecución del denominado ‘autolavado’”.
“Estos dos obstáculos –aseguró Alak- fueron resueltos satisfactoriamente en la nueva normativa, mediante la creación de un nuevo bien jurídico en un título especial de nuestro Código Penal, referido a los delitos contra el orden económico y financiero, respecto del cual, el lavado constituye una forma de afectación, lo que le otorga carácter plenamente autónomo respecto del encubrimiento y cualquier otra figura delictiva”.
“Con ello -agregó Alak- se han superado también las objeciones referidas a la exención de responsabilidad penal para familiares, que no rigen para ningún supuesto de lavado de activos.”
Frente a los representantes de los Estados miembros del GAFI, Alak subrayó que las reformas normativas “agravaron el mínimo de la escala penal prevista e incorporó nuevas conductas, como la de disimulación”.
Alak enumeró “otros cambios sustanciales promovidos por las reformas aplicadas, como la ampliación de la nómina de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas; la reglamentación del procedimiento de supervisión por parte de la Unidad de Información Financiera; la incorporación de medidas especiales de investigación; la eliminación del secreto fiscal en el marco de una investigación y el otorgamiento de autonomía y autarquía a la Unidad de Información Financiera”.
En tanto, Vanoli destacó que “estos cambios cualitativos permitieron que Argentina, en muy corto plazo, registrara avances claros en cinco de las seis deficiencias clave en materia de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo”, y recordó que así lo entendió el conjunto de países que conforman el GAFISUD, del cual Argentina forma parte, mediante un documento aprobado por unanimidad en su Plenario del pasado 17 de junio, en la ciudad de México.
Alak remarcó, por último, que “el Gobierno argentino tiene la plena certidumbre de que las deficiencias detectadas no se solucionan únicamente mediante modificaciones normativas” y que, en virtud de esa convicción, la Presidenta de la Nación creó el Programa Nacional de monitoreo de la implementación de todas las medidas de prevención y sanción del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo antes referido”.
“Con esto, la jefa del Estado promueve la evaluación permanente, junto a todos los actores vinculados, incluidos el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, de la ejecución de todas las reformas encaradas, además de la identificación de posibles puntos críticos u obstáculos que se presenten”, indicó.
El ministro concluyó que las normas aprobadas y las nuevas iniciativas presentadas “dan cumplimiento, en tiempo y forma, al Plan de Acción presentado y aprobado por este organismo”, a la vez que “constituyen un testimonio fiel y contundente del compromiso del gobierno argentino, que ha tomado las medidas necesarias para prevenir y sancionar el lavado de dinero de origen ilícito y el financiamiento del terrorismo en el marco de nuestro ordenamiento jurídico”.
Con críticas se aprobó en Diputados lavado y antiterrorismo
Viernes, 16 de Diciembre de 2011 07:32
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado dos proyectos contra el lavado de dinero que incorporan penas por delitos económicos y financieros y agravan la punibilidad de los delitos con finalidad terrorista. Críticas de diversos sectores a la denominada ley "antiterrorista"
El primero de los proyectos que busca modificar el artículo 41 Código Penal y establece cambios sustanciales en el tipo penal sobre terrorismo y su financiamiento, fue aprobado por 134 votos contra 90, en tanto que la iniciativa que penaliza la manipulación del mercado financiero logró 165 votos y 57 en contra.
El debate se inició poco después de las 19.30, luego de que la cámara baja aprobara el proyecto que declara de interés público la producción, distribución y fabricación de papel para diarios y establece el marco regulatorio.
La sanción de las normas sobre lavado de dinero y terrorismo habían sido solicitadas por el ministro de Justicia, Julio Alak, quien consideró que las dos normas "son trascendentes en la lucha contra la amenaza del terrorismo pero también en la adecuación de los estándares internacionales y ante el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)".
Por otra parte, Alak indicó que se crea un nuevo tipo penal de "financiamiento del terrorismo", que prevé penas de 5 a 15 años de prisión, para "el que recolectase o proveyese fondos para la comisión de los delitos".
Hasta la actualidad, el delito de terrorismo sólo se configuraba ante la existencia de una asociación ilícita terrorista, que además de los requisitos que debía cumplir como toda asociación ilícita, exigía que esté organizada en redes internacionales.
Al abrir la discusión, el diputado oficialista, Oscar Albrieu, sostuvo que "más allá de los compromisos internacionales y de adecuación a los parámetros internacionales existen en la Argentina razones para avanzar con la legislación, que es la del Estado como controlador y promotor de estas actividades".
En ese sentido, el diputado rionegrino consideró además que "la financiación del terrorismo no sólo preocupa a nuestro país" y aclaró que la norma "no crea nuevos delitos sino un agravante general para todos los delitos existentes".
Desde el radicalismo, el diputado Manuel Garrido, cuestionó las normas y consideró que el tipo penal de terrorismo que propone el Ejecutivo "abre la puerta a abusos y viola la necesaria certeza que debe existir para que no haya riesgo de represión indebida y de violación de derechos humanos".
Por el Frente Peronista, Gustavo Ferrari, anticipó el rechazo de ese bloque y defendió su propio dictamen, al sostener que "no se abordan directamente la asociación ilícita terrorista", al destacar la importancia de tener "una fórmula cerrada que despeje cualquier duda sobre la voluntad de combatir el terrorismo".
Por su parte, desde el Frente Amplio Progresista, la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, anticipó su rechazo a ambas iniciativas, al considerar que "se pretende acrecentar aún más las posibilidades de persecución de luchadores" con estas normas.
Se trata de dos proyectos contra el lavado de dinero enviados por el Poder Ejecutivo, que obtuvieron dictamen el lunes pasado en un plenario de las comisiones de Finanzas y de Legislación Penal, incorporan penas por delitos económicos y financieros y agravan la punibilidad de los delitos con finalidad terrorista.
La primera de las normas impulsa una modificación del Código Penal para establecer que "cualquier delito de la legislación argentina que se cometa con la finalidad terrorista" descripta en los instrumentos internacionales "incrementará su pena en el doble del mínimo y del máximo".
Se establece que será reprimido con prisión de 5 a 15 años y una multa de 2 a 10 veces del monto de la operación "el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero" con la intención de que se utilicen para financiar actividades terroristas.
El otro proyecto, en tanto, incorpora al Código Penal "las principales conductas punibles que, conjuntamente con el lavado de dinero, afectan el orden económico y financiero", a la vez que incluye figuras penales destinadas a proteger el sistema financiero.
La normativa alcanzará a los directores, miembros de órganos de fiscalización, accionistas, representantes de la sociedad "y a todo aquel que acceda a la información privilegiada por ocupar un lugar dentro de la estructura societaria en la que prestan servicios o tareas".
Además, el proyecto incluye la figura del cohecho financiero pasivo para reprimir con penas de prisión de dos a seis años a quien recibiera un beneficio o ventaja económica a fin de facilitar, permitir, ordenar o aconsejar la realización de operaciones en entidades autorreguladas.
ROSSI Y EL TERRORISMO
El titular del bloque Frente para la Victoria, Agustín Rossi, aseguró este jueves que el gobierno nacional "se comprometió fuertemente al condenar al terrorismo internacional" en los diferentes foros internacionales, al sostener que "este país fue víctima de ese delito y los que murieron fueron argentinos".
Al cerrar el debate de los proyectos contra lavado de dinero, aprobados este jueves en la cámara baja, Rossi defendió las iniciativas aprobadas y se pronunció a favor de un Código Penal nuevo "que deje tener la mirada punitiva en los que menos tienen".
"Venimos a sostener esta ley con la legitimidad que tenemos una presidenta que es continuadora de un presidente que instaló una nueva forma de ver los conflictos sociales", aseguró el titular del bloque oficialista, al desestimar críticas en ese sentido por parte de la oposición.
Recordó que cuando asumió Néstor Kirchner en 2003 "teníamos cortes de rutas, piquetes y no reprimimos una sola protesta social.
Nadie puede pensar que este gobierno esté detrás de una iniciativa que sólo tenga como motivo la idea de criminalizar la protesta social".
"Este gobierno y el de Néstor Kirchner buscaron ante cada uno de los conflictos sociales negociar para resolver las cuestiones", enfatizó Rossi, quien puso de relieve que en el conflicto del Parque Indoamericano ocurrido a fines de 2010 "fuimos a resolver el problema sin víctimas".
Finalmente, el titular del bloque oficialista destacó que "esta política nos ha permitido transitar en momentos de mucha conflictividad, sin ningún tipo de inconvenientes".
"Somos un gobierno que no escondió bajo la alfombra lo que sucedió en la Argentina en la embajada (de Israel) y en la AMIA; en cada foro lo hicimos denunciando donde lo teníamos que hacer", concluyó Rossi.
La Reforma del Código Civil no pesifica los contratos en dólares ni los depósitos
Martes, 12 de Junio de 2012 10:30
VIDEO NOTICIA - El ministro de Justicia, Julio Alak, aclaró que "no hay pesificación de contratos en moneda extranjera ni hay pesificación de ahorros en moneda extranjera" en el proyecto que unifica los códigos Civil y Comercial
La reforma del código civil no pesifica los contratos en dólares sino que habilita el pago con pesos cuando no se estipule lo contrario.
La reforma no alcanza a los depósitos bancarios ni a las emisiones de deuda que establecen el pago de renta y capital en dólares u otras divisas.
De esta manera, Alak aclaró que la reforma incluida en el proyecto no habilita la pesificación de contratos o deudas preexistentes de moneda extranjera a pesos, sino que da la posibilidad de que aquellos que han contraído una deuda o un contrato en dólares puedan pagarlo en moneda local, "siempre y cuando el contrato lo prevea".
El funcionario explicó “Hoy quien quiera hacer un contrato de locación de su inmueble en dólares lo puede hacer tranquilamente y debe poner en el contrato que quiere cobrar en dólares. El que quiera vender una casa en dólares lo puede hacer y debe poner que quiere cobrar las cuotas en dólares. Lo que permite el artículo 765, como una excepción en caso de que las partes no fijen claramente que las cuotas se deben abonar en moneda extranjera, se que se debe pagar en la moneda de curso legal en la Argentina”.
El ministro aseguró que aquellos que hayan realizado depósitos en moneda extranjera los continuarán teniendo en esa moneda.
“Los depósitos están regulados por el artículo 1390, que dice que el depositante cuando deposita en moneda extranjera debe recibir lo mismos fondos en la moneda extranjera que depositó. Esto está regulado absolutamente y se prevé que la devolución de todos los depósitos en moneda extranjera se hagan en moneda extranjera”, dijo.
Alak indicó que “no se puede tomar un artículo aislado para analizar una materia, porque un Código es un conjunto de artículos regulatorios de una materia”.
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Written on Miércoles, 06 de Abril de 2016 18:43 in LOS MEDIOS Read 1133 times
Written on Martes, 29 de Marzo de 2016 16:31 in LOS MEDIOS Read 1152 times

References: resolución 
 resolución 
 artículo 99
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 41
 artículo 765
 artículo 1390