Source: https://smillaleo.wordpress.com/2012/02/12/mexico-jurisprudencia-de-corte-suprema-sobre-inviolabilidad-de-comunicaciones-electronicas-2011/
Timestamp: 2018-04-26 11:07:35+00:00

Document:
SÉPTIMO. En sesión de veintisiete de abril de dos mil once, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó aclarar de oficio la resolución pronunciada el veintisiete de octubre de dos mil diez, en el recurso de reclamación 299/2010, al advertir que en el considerando sexto se incurrió en un error al referirse a los “párrafos noveno y décimo” del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando en realidad debe hacer mención a los “párrafos decimosegundo y decimotercero”, que son los que hacen referencia a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, objeto de la resolución aclarada.
La fe de hechos -como se verá a continuación- se realizó con la finalidad de que el notario constatara que el señor ********** encendería una computadora ubicada en el domicilio conyugal, accedería a la página web “windows live hotmail” y, acto seguido, a la cuenta personal de correo electrónico de su esposa, con la finalidad de imprimir correos electrónicos que contenían conversaciones entre la señora ********** y un tercero ********** -el instructor de golf del fraccionamiento en el que se ubicaba el domicilio conyugal-.
“Yo, licenciada Ma. Leticia Acevedo Acevedo, Notaria Interina Pública Número 116 ciento dieciséis del Estado de México, con residencia en San Mateo Atenco, de la cual es titular el licenciado W. Isidro Muñoz Rivera, hago constar: La fe de hechos, que el señor **********, me solicitó efectuara el día 17 diecisiete de septiembre de presente año; con el objeto de dar fe de que en su domicilio particular, ubicado en **********, en el Municipio, de Lerma, Estado de México, en una habitación de la misma existe un equipo de cómputo en el cual se accedería al navegador de Hotmail.com, encontrándose varios correos electrónicos a nombre de la señora **********, mismos que serían impresos; desarrollándose la fe de hechos conforme a lo que consta en el acta circunstanciada, que para el efecto procedí a levantar y que para constancia se agrega el apéndice de la presente bajo la letra ‘A’, cuyo contenido se transcribe a continuación:
“‘Acta circunstanciada:
“‘Siendo las trece horas con veintiocho minutos del día 17 diecisiete de septiembre de 2007 dos mil siete, me constituí en el inmueble ubicado en **********, Municipio de Lerma, Estado de México, en donde ya me esperaba el solicitante el señor **********, con el propósito de dar fe de hechos de que en una habitación de la misma existe un equipo de cómputo en el cual se accedería al navegador de hotmail.com, encontrándose varios correos electrónicos a nombre de la señora **********, mismos que serían impresos; acto seguido, cerciorada de que efectivamente se trata del domicilio por así señalarlo la denominación de la calle y el número exterior del inmueble, el solicitante y la suscrita entramos al inmueble, subiendo por el lado izquierdo unas escaleras, llegando a la planta alta, posteriormente hacia la derecha se aprecia un pasillo, por el cual entramos a una habitación que se encontraba del lado izquierdo del mismo pasillo. Acto seguido, me percato de la existencia de un despacho, argumentando el solicitante, que es en donde en ocasiones trabaja. Acto continuo, caminando del lado derecho existe un pasillo pequeño, en donde del lado izquierdo se encuentra un área de cómputo y dos libreros, como se comprueba con las fotografías que se dejan agregadas a la presente diligencia. Acto seguido, el solicitante señor **********, sentado frente a la computadora, enciende el equipo y accesa al navegador de hotmail.com en la página de la señora **********, quien argumenta el solicitante que es su esposa. Acto seguido, el solicitante **********, sentado frente a la computadora, enciende el equipo y accesa al navegador de hotmail.com, en la página de la señora **********, quien argumenta el solicitante que es su esposa. Acto seguido, ya en la página de hotmail.com, se aprecia que el buzón está identificado como la señora ********** y percatándome que aparece la fecha en que se levanta la presente diligencia; acto continuo al darle “click” al buzón, se despliegan varios correos, los cuales el solicitante empieza a ir abriendo algunos de ellos, y mandando a impresión. Posteriormente el solicitante me hace entrega de los correos como los iba abriendo e imprimiendo, mismos que se dejan agregados a la presente acta. Por no haber otro asunto que tratar a solicitud del interesado se dio por terminada la diligencia, previo el levantamiento del acta correspondiente, siendo las trece horas con cincuenta minutos del día de la fecha Doy fe.’. El solicitante me manifestó bajo protesta de decir verdad, y previo apercibimiento que le formulé de las penas en que incurren quienes declaran falsamente, estado lo dispuesto por el artículo 79 setenta y nueve, fracción VIII octava de la Ley del Notariado del Estado de México.
“Generales del solicitante
“Bajo protesta de decir verdad, manifiesta ser mexicano e hijos de padres mexicanos; **********: Nacido en México, Distrito Federal, el **********; con domicilio en **********, en Lerma, Estado de México; empleado; sin contar con Registro Federal de Contribuyentes ni Clave Única de Registro de Población, quien se identificó con **********; misma que en copia al apéndice de la presente bajo la letra ‘B’.
“Yo, la notaria, certifico y doy fe:
“El compareciente me acreditó su identidad; a mi juicio tiene capacidad legal para este acto; tuve a la vista los documentos que me presentó y se han relacionado en esta acta; la copia de los documentos que se mencionan en la presente y que se agrega al apéndice de la misma, sellada y rubricada por la suscrita notaria, certifico es fiel reproducción del documento auténtico que tuve a la vista y devolví al interesado; le leí la presente, le expliqué su valor y consecuencias legales; manifestó su conformidad con el contenido de la misma mediante impresión de su firma en este mismo acto; y por no causar impuestos, autorizo definitivamente la presente en este mismo lugar y fecha. Doy fe.”(5)
Sin embargo, la Sala no coincidió con la Juez de lo Civil en lo que hace al perdón tácito del señor ********** respecto a la relación extramatrimonial de su cónyuge. Para la Sala Regional los correos electrónicos ofrecidos como pruebas resultaban insuficientes para acreditar la mecánica del adulterio, esto es, “la infidelidad (cópula voluntaria entre la cónyuge demandada y otra persona de distinto sexo que no es su cónyuge) en las referidas fechas”.(7)
“No obstante lo anterior, solamente resulta acertado lo alegado por el quejoso en el sentido de que, adverso a lo considerado por la Sala, sí se pusieron de manifiesto evidencias suficientes para demostrar las injurias graves de un cónyuge hacia el otro, que hacen difícil la vida en común, toda vez que las comunicaciones electrónicas que el actor encontró en orden con su esposa y un personaje de nombre ********** tienen un grado superlativo de obscenidades, que además de ser impúdicas libidinosas y lujuriosas, son graves, aunado a que por el dicho de testigos se puso en conocimiento que a su esposa se le han visto abrazándose y besándose con el citado tercero **********, lo cual lo ha dañado emocionalmente, al sentir un menosprecio y ofensa a su honor, pues tales actos realizados por su consorte resultan humillantes, denotativos y ofensivos en la persona del quejoso.(8)
“En efecto, por injuria se entiende todo acto realizado con el fin de ofender el honor, la reputación o el decoro de una persona, así como toda expresión proferida o toda acción de hecho o palabra ejecutada para manifestar desprecio a otro, o con el fin de hacerle una ofensa directa.(9)
“Por lo tanto, la traición sentimental y sexual que el actor siente, por haber sido víctima de ello por parte de su cónyuge al encontrar en la computadora que ésta utiliza, diversos correos electrónicos que contienen textos impúdicos y libidinosos, contrarios a las buenas costumbres y que ponen en duda y ofenden al accionante sobre el hecho relativo a la verdad o no de las relaciones sexuales extramaritales de su cónyuge que ahí se expresan, sin discusión alguna provoca gravemente en la persona del accionante una ofensa y desprecio a su honor y reputación, que hace difícil la vida en común; ello al generar la consorte demandada ese estado de incertidumbre sobre su comportamiento sexual, tanto más si familiares, amigos y trabajadores le han dicho y comentado al enjuiciante el hecho luego probado de que han visto a su esposa besándose y abrazándose extramaritalmente con otro hombre, lo cual se tornó así en un aspecto de tracto sucesivo ofensivo, pues al sembrar la duda en el afectado en la posible comisión de un verdadero adulterio, por ende, se actualiza un motivo tormentoso, que sufre a diario y lo hace repudiar la vida en común con su esposa.(10)
“Ello es así, porque para la demostración de la causal de divorcio consistente en las sevicias, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el otro, que hagan difícil la vida en común, sólo es necesario evidenciar el acto realizado por uno de los cónyuges hacia el otro con el fin de ofender su honor, reputación o decoro, así como la expresión proferida o la acción de hecho o palabra ejecutada que manifieste desprecio, con el fin de hacerle una ofensa directa.(11)
“Lo anterior implica que, sin lugar a dudas, se actualizara esa causal con los correos electrónicos que se dio fe notarial de que se encontraban almacenados en la memoria de la computadora que se encontraba en el domicilio conyugal de las partes y que era utilizada por la demandada, de los que se aprecia como remitentes y receptores, recíprocamente, las direcciones o página de internet ‘From: la señora ********** (maito: **********ahotmail.com) … To: el tercero ********** y ‘From: el tercero ********** {*********** ajsp.com} … To: ‘la señora ***********” {********** ahotmail.com} …’ (asi), en los que se describe relaciones sexuales entre las personas que se envían dichos correos electrónicos, y que el actor transcribió algunos en su escrito inicial de demanda, en la forma y términos siguientes:(12) …
“(Se transcribe)
“También la conducta de las partes denotadas en los correos electrónicos transcritos por el actor en su escrito inicial de demanda, fueron materia de estudio en el dictamen emitido por la perito en psicología designada por la propia demandada, y que ésta lo hizo suyo al haberlo ofrecido como prueba en orden con la litis inicial, en el cual, al respecto, destaca lo siguiente:(13)
“‘… Al efecto dicha perito agregó los cuadros siguientes:(14)
“‘… Cuadro 1. Análisis de ciento ochenta y ocho mensajes electrónicos que obran en ciento ochenta y dos fojas útiles por una sola de sus caras, exhibidos en el anexo trece del escrito de demanda del señor **********.(15)
“‘… Cuadro 2. Análisis de ciento cincuenta y tres mensajes electrónicos que obran en trescientas veintidós fojas útiles por una sola de sus caras, exhibidos en el anexo dieciséis del escrito de demanda del señor **********.(16)
“‘… Cuadro 3. Análisis de dos mensajes electrónicos que obran en tres fojas útiles por una sola de sus caras, exhibidos en el anexo diecisiete del escrito de demanda del señor **********.'(17)
“Asimismo, destaca lo manifestado por la perito de la demandada en el dictamen en materia de psicología legal que exhibió, en el sentido de que: ‘… Si bien él se sentía agraviado por la conducta de la señora **********, él estaba en todo derecho de conducirse conforme a la norma jurídica, terminando con la relación conyugal, y respetando los derechos de sus menores hijos y de su cónyuge.’ (foja 706 del cuaderno de pruebas del actor, tomo III).(18)
“Es más, tales relaciones extramaritales expresadas en dichos correos electrónicos, fueron objeto de estudio en el dictamen emitido por la perito tercero en discordia, en el que se concluyó: ‘… En relación a el contenido de los correos electrónicos enviados supuestamente por la señora ********** a el señor **********, indican que se trata de una relación en proceso de reconciliación donde la señora rectifica haber tenido conductas de infidelidad mismas que se dan por medio de fantasías, por lo tanto, muestra sentimientos de culpa, de lo cual espera ser absuelta de sus errores, así mismo indica deseos de superar la problemática en compañía de su esposo. Por otro lado en relación a los correos dirigidos supuestamente por el señor ********** hace la señora **********, el señor se proyecta como una persona indulgente que acepta y reconoce las faltas que tuvo en su relación de matrimonio y, por tanto, justifica a la señora por su comportamiento y cede a una oportunidad de reanudar su relación a pesar de los sentimientos de tristeza y decepción generados por la supuesta infidelidad por parte de su esposa. En cuanto a los correos supuestamente enviados por parte de la señora ********** y el tercero **********, dan por hecho una relación extramarital donde se describe una relación basada en fantasías y con contenido erótico las cuales son conductas que evaden las normas sociales al no ser actos permitidos para ambos por la sociedad. En relación al contenido del texto en general de los correos se puede decir que existe una relación extramarital por parte de la señora ********** y el tercero ********** sin embargo a la perito suscrita no le consta el envío a través de la red sea quien efectivamente emitió el correo, ya que reitero nuevamente que la información extraída por medio de correos electrónicos no son fiables pues podrían ser manipulables por alguna persona experta en entrar en sistemas ajenos sin permiso, y por tanto el contenido presentado puede o no sido manipulado …’ (fojas 866 a 929, del cuaderno de pruebas del actor, tomo III).(19)
“Igualmente, obra en autos el dictamen en materia de cibernética forense presentado por el perito de la parte actora, en el que se concluyó; ‘… Del análisis practicado se concluye que las cuentas de correo electrónico utilizadas con mayor frecuencia en la computadora marca HP modelo Compac nx6320 con número de serie CNU 6342CX0, “propiedad del sr. *********, fueron ********** ahotmail.com y ********** ayahoo.com.mx. Se encontraron elementos de comunicación entre las direcciones de correo electrónico ********** ahotmail.com y ********** ajsp.com y ********** ayahoo.com.mx y ********** ajsp.com. Del análisis de estas direcciones se concluye que sus partes son **********, ********** y ********** y su dominio es hotmail.com.jsp.com y yahoo.com.mx. En cuanto a la parte local, no existen convenciones acerca de cómo deben ser creadas o utilizadas, sin embargo es común que las empresas asignen el nombre y apellido del usuario a la dirección de correo electrónico, con la finalidad de poder relacionarlo con el remitente mediante el uso de herramientas convencionales que el dominio jsp.com está registrado a nombre de JSP Internacional …” (fojas 465 a 517 del cuaderno de pruebas del actor, tomo II); dictamen único que, por ende, no se encuentra contradicho en el juicio natural por otro en esa materia.'(20)
“Al respecto también resulta trascendente el dictamen en materia de psicología forense en análisis de contenido ideológico de correos electrónicos, presentado por el perito del actor, en el que concluyó:
“‘… Primera. Con el análisis del contendido (sic) ideológico de los diversos correos electrónicos que sostuvo la señora ********** con el tercero ********** se encontraron elementos que indican la existencia de infidelidad extramarital por parte de la señora ********** hacia el señor **********. Segunda. Con el análisis del contenido ideológico de los diversos correos electrónicos que sostuvo la señora ********** con el señor ********** se encontraron elementos que indican que la señora ********** tomaba una actitud de víctima para manipular al señor **********, ejerciendo de esa manera violencia psico-emocional …'(21)
“No se advierte tampoco lo declarado por la testigo **********, en el sentido de que vio a la demandada besándose y abrazándose con el tercero ********** (fojas 107 a 110 del cuaderno de pruebas del actor, tomo III), así como lo manifestado por la testigo **********, en el sentido de que la propia enjuiciada le confesó ser amante del tercero ********** (fojas 110 a 114 del cuaderno de pruebas del actor, tomo III), y lo dicho por el testigo ********** (así), que vio en un restaurante a la enjuiciada con el tercero ********** en una situación muy comprometedora (fojas 252 vuelta a 255 vuelta del cuaderno de pruebas del actor, tomo III).(22)
“Todas estas probanzas, adminiculadas directa y objetivamente entre sí, llevan al convencimiento, en el ánimo de este cuerpo colegiado para tener por evidenciadas las injurias graves provocadas por la demandada con su actuar impropio y falto de respeto en contra de la persona y honor del actor, su esposo, al sostener comunicaciones lujuriosas, obscenas y de carácter sexual, libidinoso e impúdico con una persona, puesto que familiares, amigos y trabajadores del accionante le han dicho a éste que los han visto ‘abrazados y besándose’ en lugares concurridos y públicos, que sin lugar a duda han ocasionado un daño en el estado emocional del demandante que le hace difícil vivir en común con su consorte, incluso ante la inseguridad que tiene de que las relaciones sexuales extramaritales en las que aparecen como interactuantes la enjuiciada y dicho tercero **********, contenidas en los correos electrónicos encontrados en la computadora que utiliza su esposa sean verdad en lo físico y materialmente, por lo que inobjetablemente y sin discusión alguna, ello actualiza la causal de divorcio necesario contenida en la fracción XI del artículo 4.90 del Código Civil del Estado de México, consistente en las injurias graves de un cónyuge para el otro, que hagan difícil la vida en común, la cual invocó el accionante en su escrito inicial de demanda en contra de su consorte, fundándola en los hechos demostrados con la concatenación directa y objetiva de los medios de convicción antes referidos, realizada conforme a las reglas de la lógica y la experiencia correspondientes, formal y legalmente.(23) …”
“A juicio de esta Primera Sala, el auto de presidencia impugnado, indebidamente desechó por improcedente el recurso de revisión que hizo valer la hoy recurrente en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado, ya que en dicha resolución sí se efectuó, aunque de manera implícita, una interpretación directa de los artículos 4o. y 16 de la Constitución Federal.
“De los antecedentes reseñados y de una lectura íntegra de la sentencia dictada en el amparo directo 402/2010, se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito determinó la guarda y custodia de cuatro menores a través de la valoración de diversas pruebas documentales consistentes en una serie de correos electrónicos obtenidos de la cuenta personal de la madre de los niños.
“A juicio del Tribunal Colegiado de Circuito, el contenido de las comunicaciones que la madre mantenía con un tercero, constituye una injuria grave en perjuicio del entonces marido de la señora ********** y, en consecuencia, demostraban la incapacidad de la ahora reclamante para mantener la guarda y custodia de sus descendientes.
“Asimismo, y como consta en autos, la impresión de dichos correos fue realizada sin el conocimiento ni consentimiento de la señora **********.
“Esta Primera Sala considera que en la sentencia recurrida sí se realizó una interpretación del artículo 4o. y de los párrafos decimosegundo y decimotercero del artículo 16 de la Constitución Federal, porque aun cuando ni siquiera se hayan invocado y transcrito dichos numerales, de manera implícita sí se interpretaron, puesto que se fijaron sus sentidos y alcances.
“Esto es así, en primer término, porque el Tribunal Colegiado, al admitir y valorar las pruebas objeto del juicio, interpretó el artículo 16 de la Constitución Federal en el sentido de que la intervención de una comunicación privada, sin el consentimiento expreso e irrefutable de los que la entablan, es decir, obtenida ilegalmente, sí puede ser ofrecida como prueba en un juicio por una de las partes y, en consecuencia, admitida y valorada por el Juez correspondiente.
“Asimismo, existe una interpretación directa del interés superior del niño, previsto en el artículo 4o. constitucional, ya que la guarda y custodia de un menor puede verse alterada por probanzas obtenidas sin respetar la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Es cierto que los órganos jurisdiccionales, en tanto autoridades estatales, deben realizar todos los actos tendientes a la protección de los menores en el marco de un proceso judicial. Pero de ahí no se sigue, como lo sugiere el Tribunal Colegiado, que un órgano jurisdiccional pueda admitir pruebas que han sido obtenidas contraviniendo las reglas constitucionales en materia de comunicaciones privadas.
“Adicionalmente, esta Primera Sala considera que el Tribunal Colegiado también realizó una interpretación directa del artículo 4o. constitucional al fundar su decisión de otorgar la custodia de los menores al padre, por considerar que era lo mejor para el desarrollo integral de los menores, lo que se puede observar en la página 292 y siguientes de la sentencia de amparo.
“Dado que el concepto de interés superior y desarrollo integral del niño son ejes rectores de la protección que nuestro orden constitucional garantiza para la niñez, la valoración hecha por el Tribunal Colegiado sobre qué condiciones son idóneas para el mismo conlleva una interpretación del mencionado artículo 4o. constitucional.
“A riesgo de ser reiterativos, es necesario volver a advertir que la interpretación implícita de los artículos 4o. y 16 constitucionales, fue realizada por el Tribunal Colegiado a quo de manera directa, porque aun cuando no expuso los motivos y razones para llegar a las conclusiones antes señaladas, de los antecedentes inmediatos del caso concreto se advierte que la interpretación relativa a la constitucionalidad de las pruebas se realizó en atención directa e inmediata a la interpretación que sobre este punto concreto sostuvo la autoridad responsable y que propuso el padre de los menores …”(25)
“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL VALORAR LAS PRUEBAS EN UN JUICIO DE GUARDA Y CUSTODIA, REALIZA UNA INTERPRETACIÓN IMPLÍCITA DE LOS ARTÍCULOS 4o. Y 16, PÁRRAFOS DECIMOSEGUNDO Y DECIMOTERCERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito determina la incapacidad de uno de los padres para mantener la guarda y custodia de un menor, a través de la valoración de diversas pruebas documentales -consistentes en una serie de correos electrónicos obtenidos de la cuenta personal de dicho progenitor sin su consentimiento-, realiza una interpretación directa de los artículos 4o. y 16, párrafos decimosegundo y decimotercero , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque aun cuando ni siquiera se hayan invocado y transcrito dichos numerales, de manera implícita sí se interpretan, puesto que se fijan sus sentidos y alcances. Esto es así, en primer término, porque el Tribunal Colegiado de Circuito, al admitir y valorar las pruebas objeto del juicio, interpretó el artículo 16 de la Constitución Federal en el sentido de que la intervención de una comunicación privada, sin el consentimiento expreso e irrefutable de los que la entablan, sí puede ser ofrecida como prueba en un juicio por una de las partes y, en consecuencia, admitida y valorada por el Juez correspondiente. Asimismo, existe una interpretación directa del interés superior del niño, previsto en el artículo 4o. constitucional, ya que la guarda y custodia de un menor puede verse alterada por probanzas obtenidas sin respetar la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. En este sentido, aun cuando el órgano colegiado no haya expuesto los motivos y razones para llegar a las conclusiones antes señaladas, si de los antecedentes inmediatos del caso concreto se advierte que la interpretación relativa a la constitucionalidad de las pruebas se realizó en atención directa e inmediata a la interpretación que sobre este punto concreto sostuvo la autoridad responsable y que propuso una de las partes del juicio de origen, se deben tener por colmados los requisitos de procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo.”(26)
“De la fe de hechos notarial se desprende que el actor encendió la computadora y accesó a mi correo, situación que es del conocimiento de cualquier usuario de un correo electrónico que la persona que puede abrir una cuenta de correo electrónico, sea porque conozca la contraseña, o que dicha persona al accesar en una computadora, tiene la capacidad y los privilegios de abrir los mensajes recibidos y también de crear correos con la misma cuenta, de lo que se confirma que mi contraria tenia acceso a mi correo electrónico en cualquier momento y, por lo tanto, mandar los correos electrónicos o cualquier persona por instrucciones del actor, lo anterior quedó corroborado fehacientemente con la fe notarial presentada por el actor en el principal y quejoso en el juicio de garantías en que se promueve el presente recurso, que en forma ilegal dicho contrario violó la intimidad de la suscrita, al acceder a mi correo electrónico sin mi consentimiento delante del fedatario, lo que constituye un delito federal, y si mi contraparte accedió en forma ilegal a mi correo delante del notario público, no teniendo recato alguno, comprobándose con la fe de hechos el delito, con mayor razón accedió a mi correo estando solo, sin la presión de persona alguna, por lo tanto, éstos carecen de valor probatorio alguno, lo cual sin causa que lo justifique la autoridad federal olímpicamente lo ignoró.
“Por lo antes señalado quedó plenamente acreditado, con la fe de hechos notarial que el actor intervino y accesó a mi correo en forma ilegal, pero más aún con los correos electrónicos enviados de él para él, consecuentemente dichos correos que indebida e ilegalmente se me atribuyen, carecen de valor probatorio alguno, contrariamente a lo sostenido por la autoridad federal, la cual indebida e ilegalmente los atribuye a mi persona y les concede valor probatorio pleno, cuando los mismos carecen de los requisitos indispensables para ser prueba fehaciente, dado por las carencias a que hemos hecho mención, por lo que la fe notarial exhibida por el actor natural, hace prueba en su contra …”.(27)
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia recaída en el amparo en revisión 2/2000, de la cual fue ponente el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, se pronunció sobre esta trascendental cuestión.(29) En ese entonces, la Segunda Sala de este Alto Tribunal estableció la posibilidad de que los particulares cometan “ilícitos constitucionales” al momento en que desconozcan los derechos fundamentales de otro particular. En específico, se determinó que “los deberes previstos en la Constitución vinculan tanto a las autoridades como a los gobernados, toda vez que tanto unos como otros pueden ser sujetos activos en la comisión del ilícito constitucional con total independencia del procedimiento que se prevea para el resarcimiento correspondiente”.(30)
En esta resolución, la Corte Interamericana determinó que el principio de igualdad y no discriminación, al igual que lo había hecho anteriormente respecto al derecho a la vida, a la integridad personal o a la libre circulación de las personas, “genera efectos con respecto a terceros, inclusive, a particulares … ya que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico”.(32)
“Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.”
Estos datos, que han sido denominados habitualmente en la doctrina como “datos de tráfico de las comunicaciones”,(39) deberán ser objeto de análisis por parte del intérprete a fin de determinar si su intercepción y conocimiento antijurídico resultan contrarios al derecho fundamental en cada caso concreto.
Tradicionalmente, las comunicaciones protegidas por la Constitución han sido identificadas con la correspondencia de carácter escrito, que es la forma más antigua de comunicarse a distancia entre las personas. De ahí que en el penúltimo párrafo del artículo 16 de la Constitución se señale que “la correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro”. Sin embargo, la expresa referencia a las comunicaciones postales no debe interpretarse como una relación cerrada.
A los efectos que nos ocupan en este momento, el correo electrónico se configura como un sistema de comunicación electrónica virtual, en la que el mensaje en cuestión se envía a un “servidor”, que se encarga de “enrutar” o guardar los códigos respectivos, para que el usuario los lea cuando utilice su operador de cuenta o correo.
En esta misma lógica, tampoco sería constitucionalmente válido afirmar que el señor ********** se encontraba legitimado para interceptar los correos, ya que al ser una cuestión de índole “familiar”, la secrecía de las comunicaciones se desvanece. Esta Primera Sala de la Suprema Corte considera necesario realizar varias afirmaciones al respecto.
Sin embargo, estas limitaciones no se configuran, de ningún modo, en las relaciones conyugales. El desarrollo de nuestro ordenamiento jurídico ha alcanzado un punto en el que resultan del todo rechazables aquellas posiciones que colocan a la mujer en una posición de subordinación respecto al marido. Ni el “cuidado de la familia”, ni la supervisión “de la conducta moral” de uno de los cónyuges, habilita al otro para violentar sus derechos fundamentales. La decisión de dos individuos de unir su vida en matrimonio, no les implica renuncia alguna en sus derechos fundamentales ni en su dignidad, por lo que la protección del secreto a las comunicaciones privadas se mantiene incólume aun en este escenario.
El ámbito de actuación de un individuo, libre de injerencias de terceros, no se encuentra protegido únicamente por la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Como señalamos anteriormente, ésta es una garantía formal que protege el proceso comunicativo con independencia del contenido de los mensajes. Sin embargo, existe otro derecho fundamental, el de intimidad, que protege un ámbito propio y reservado de las personas que se pretende mantener ajeno al conocimiento de terceros. En palabras del Pleno de este Alto Tribunal, es “el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o sentimientos”.(41)
Lo anterior, viene a confirmar el criterio sostenido por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en el amparo en revisión 2/2000, en el cual se determinó que “si un gobernado realiza la intervención de alguna comunicación privada sin el consentimiento expreso e irrefutable de los que la entablan, incurrirá en un ilícito constitucional; por ende, si dentro de un juicio civil, en cualquiera de sus especies, una de las partes ofrece como prueba la grabación de una comunicación privada que no fue obtenida legalmente, tal probanza debe estimarse contraria a derecho y, por tanto, no debe admitirse por el juzgador correspondiente, pues ello implicaría convalidar un hecho que en sí mismo es ilícito”.(42)
Respecto a la prueba ilícita, también se ha pronunciado el Tribunal Pleno, al establecer que el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas resulta prevalente sobre los derechos de defensa y prueba garantizados en los artículos 14 y 17 de la Constitución, prerrogativas -estas últimas- “que se encuentran sujetas a limitaciones establecidas para sujetar al principio de legalidad la disciplina probatoria y para garantizar que la actividad jurisdiccional se lleve a cabo en estricto cumplimiento al marco constitucional y legal aplicable, por lo que cualquier grabación derivada de la intervención de una comunicación privada que no se haya autorizado en términos de lo establecido en el artículo 16 constitucional constituye una prueba ilícita que carece de todo valor probatorio”.(43)
A diferencia de lo señalado en la sentencia recurrida, tanto las resoluciones de la Juez de primera instancia como de la Sala Regional, no están basadas en la simple afirmación “de que la madre de los menores es la más apta por su naturaleza de mujer”.(44) Muy por el contrario, aquellas realizan un estudio exhaustivo de las declaraciones realizadas por los cuatro niños durante el procedimiento, para llegar a la conclusión de que es su deseo permanecer al lado de su madre.
Asimismo, tampoco asiste la razón al Tribunal Colegiado de Circuito, al momento en que señala que la guarda y custodia de los menores debe ser otorgada al señor ********** “ante la notoria inestabilidad emocional, social y económica por la que está pasando actualmente la madre de los menores”.(45) Esta afirmación está basada, únicamente, en la interpretación realizada por el Tribunal Colegiado de los correos electrónicos que obran en autos, los cuales, como lo hemos determinado anteriormente, carecen de valor probatorio alguno. Por el contrario, las sentencias de los tribunales ordinarios realizan un análisis completo y exhaustivo de los dictámenes del perito oficial tercero, en los que se demuestra que la señora ********** no muestra indicios de desequilibrio psicológico, ni presenta rasgos de personalidad tendientes a ejecutar acciones u omisiones que pongan en riesgo la estabilidad psicoemocional de sus menores hijos.
Por otro lado, tampoco asiste la razón al Tribunal Colegiado de Circuito, al momento en que afirma que, derivado de los peritajes, “a la madre se le tuvo como una persona permisiva en la conducta de sus hijos, y al padre como una persona que constriñe a sus hijos a seguir una conducta adecuada …”.(46) Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no comparte esta afirmación, ya que se basa -únicamente- en las opiniones obtenidas de los dictámenes emitidos por el perito contratado por el actor, las cuales fueron desestimadas por la Juez natural y la Sala del Tribunal Superior de Justicia, al ser contrarias a lo manifestado por los menores en sus declaraciones y a lo señalado en los dictámenes periciales ofrecidos por la demandada y el perito tercero oficial.
Por último, esta Primera Sala no comparte lo señalado en la sentencia recurrida, cuando establece que “no se inadvierte que los padres promovieron un juicio de divorcio por mutuo consentimiento en el que acordaron que el padre conservara la guardia y custodia”.(47) Lo cierto es que dicho acuerdo resulta irrelevante a nuestros efectos, ya que, como quedó reseñado en los antecedentes de esta sentencia, ese proceso caducó -al no haber un acuerdo entre los progenitores respecto a la convivencia con los hijos-, aunado al hecho de que los menores de edad han manifestado con posterioridad el deseo de vivir con la madre.
24. En este punto, resulta aplicable la tesis 3a. 14, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, página 271, cuyo rubro es: “REVISIÓN, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE. NO ES OBSTÁCULO QUE EL PRESIDENTE DE LA SALA LO HUBIERE ADMITIDO.”, y la tesis de jurisprudencia 1a./J. 101/2010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 71, cuyo rubro es: “AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. REQUISITOS DE PROCEDENCIA QUE DEBEN SER REVISADOS POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O DE SUS SALAS.”
28. “MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz.” (Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, mayo de 2006, tesis 1a./J. 191/2005, página 167).
29. Esta sentencia tiene como antecedente un juicio ordinario civil de divorcio en el cual uno de los cónyuges presentó como prueba una cinta de audio que contenía la grabación de una conversación telefónica entre su esposa y una tercera persona. El Juez de primera instancia no admitió la prueba y el actor interpuso recurso de apelación contra dicha resolución. La Sala responsable del Tribunal Superior de Justicia revocó el auto impugnado y, en consecuencia, admitió las pruebas ofrecidas. De la sentencia de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, dictada el 11 de octubre de 2000, derivaron las tesis aisladas de rubros: “COMUNICACIONES PRIVADAS. LAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DE UN JUICIO CIVIL, OBTENIDAS POR UN GOBERNADO SIN RESPETAR LA INVIOLABILIDAD DE AQUÉLLAS, CONSTITUYEN UN ILÍCITO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE RESULTAN CONTRARIAS A DERECHO Y NO DEBEN ADMITIRSE POR EL JUZGADOR CORRESPONDIENTE.” (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, diciembre de 2000, 2a. CLXI/2000, página 428) y “COMUNICACIONES PRIVADAS. EL DERECHO A SU INVIOLABILIDAD, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO NOVENO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ES OPONIBLE TANTO A LAS AUTORIDADES COMO A LOS GOBERNADOS, QUIENES AL TRANSGREDIR ESTA PRERROGATIVA INCURREN EN LA COMISIÓN DE UN ILÍCITO CONSTITUCIONAL” (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, diciembre de 2000, 2a. CLX/2000, página 428).
38. En este mismo sentido ya se pronunció esta Primera Sala en el amparo en revisión 481/2008, del cual derivó la tesis aislada de rubro: “COMUNICACIONES PRIVADAS. NO SE VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL A SU INVIOLABILIDAD CUANDO LOS PROPIOS INTERLOCUTORES REVELAN EL CONTENIDO DE UNA COMUNICACIÓN EN LA QUE PARTICIPARON Y DE LA CUAL PUEDE DERIVAR EL DESPLIEGUE DE UNA CONDUCTA DELICTIVA (INTERPRETACIÓN DE LOS PÁRRAFOS NOVENO Y DÉCIMO DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VIGENTE HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2008).” (Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVIII, octubre de 2008, 1a. XCV/2008, página 414).
42. “COMUNICACIONES PRIVADAS. LAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DE UN JUICIO CIVIL, OBTENIDAS POR UN GOBERNADO SIN RESPETAR LA INVIOLABILIDAD DE AQUÉLLAS, CONSTITUYEN UN ILÍCITO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE RESULTAN CONTRARIAS A DERECHO Y NO DEBEN ADMITIRSE POR EL JUZGADOR CORRESPONDIENTE.” (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, diciembre de 2000, 2a. CLXI/2000, página 428).
43. “INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL. LAS GRABACIONES DERIVADAS DE UN ACTO DE ESA NATURALEZA CONSTITUYEN PRUEBAS ILÍCITAS QUE POR MANDATO EXPRESO DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL CARECEN DE TODO VALOR PROBATORIO.” (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, abril de 2008, P. XXXIII/2008, página 6).
1.- Registro No. 161192
Localización: 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 230; [T.A.];
2.- Registro No. 161210
Localización: 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 227; [T.A.];
3.- Registro No. 161221
Localización: 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 226; [T.A.];
4.- Registro No. 161285
Localización: 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 225; [T.A.];
5.- Registro No. 161328
Localización: 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 222; [T.A.];
6.- Registro No. 161334
Localización: 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 221; [T.A.];
7.- Registro No. 161335
8.- Registro No. 161336
Localización: 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 220; [T.A.];
9.- Registro No. 161337
10.- Registro No. 161338
Localización: 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 219; [T.A.];
11.- Registro No. 161339
Localización: 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 218; [T.A.];
12.- Registro No. 161340
Localización: 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 217; [T.A.];
13.- Registro No. 161341
14.- Registro No. 161342
Localización: 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 176; [T.A.];
Etiquetado:inviolabilidad comunicaciones, jurisprudencia, México
← Argentina: Artículo comentario a nueva ley de 2008, Alfa-Redi 2008
Argentina: Artículo La incorporación de los delitos informáticos al Código Penal argentino 2008 →

References: resolución 
 artículo 16
 resolución 
 artículo 79
 artículo 4
 resolución 
 artículo 4
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 16
 artículo 4
 artículo 16
 artículo 16
 ARTÍCULO 16
 ARTÍCULO 16
 ARTÍCULO 16