Source: https://es.scribd.com/doc/6984078/12/III-MARCO-DE-PROCEDENCIA-DE-LOS-ACUERDOS-REPARATORIOS
Timestamp: 2016-02-10 07:06:32+00:00

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El art. 241 inc. 2° del CPP permite la aplicación de los acuerdos
reparatorios respecto de ciertos hechos punibles en que, en prin-
cipio, los intereses concretos de las partes priman por sobre el in-
terés abstracto de la sociedad en la persecución penal y la pena.
Estos hechos se incluyen en lo que puede denominarse como el
marco ele procedencia de los acuerdos reparatorios.
Este marco era bastante amplio en el Proyecto de Código
de Procedimiento Penal presentado por el Poder Ejecutivo, pues
abarcaba todos los delitos que afectaren bienes jurídicos disponi-
"Ei ámbito dentro dei cual se propone aceptar estos acuerdos queda
delimitado de modo bastante general y deberá ser precisado en lo
sucesivo tanto por la ley penal y su interpretación, como por la
jurisprudencia"".
Durante la tramitación legislativa del proyecto, la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados
limitó el marco de procedencia a los hechos que afectaren bienes
jurídicos disponibles de "carácter patrimonial o susceptibles de
apreciación pecuniaria" y agregó los delitos culposos siempre que
no tuvieran resultado de muerte o lesiones graves:
'* O. cit., pp. 61 y 83.
"' Mensaje del Proyecto de Código de Procedimiento Penal, p. 17.
LOS ACUERDOS REPARATORIOS EN EL NUEVO PROCESO PENAL
"Un bien jurídico disponible tiene un titular preciso —una persona
natural o jurídica— que está en condiciones de perdonar el delito
cometido. Son bienes jurídicos disponibles: los delitos de propie-
dad, las lesiones leves, las injurias, los cuasidelitos en los cuales no
hay resultado de lesiones graves (...) Se aprobó el artículo con mo-
dificaciones. En el primer inciso, se agrega, después de 'bienes
jurídicos disponibles', la expresión 'de carácter patrimonial o sus-
ceptibles de apreciación pecuniaria'"".
Sin embargo, posteriormente la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento del Senado volvió a ampliar
el marco de procedencia, pero al mismo tiempo agregó un inciso
3° al actual artículo 241:
"Respecto de los delitos dolosos, la Comisión suprimió la referencia
a que los bienes jurídicos afectados sean susceptibles de apreciación
pecuniaria, por la latitud de este concepto, y convino en permitir
los acuerdos reparatorios en lesiones de mediana gi'avedad, siempre
que la víctima no sea menor de edad. Analizó luego la conveniencia
de permitirlos en los delitos culposos, sin la restricción prevista en
el proyecto, que se refiere a hechos como, por ejemplo, accidentes
del tránsito. Decidió, por lo tanto, abrir la posibilidad de que se
celebren acuerdos reparatorios respecto de los delitos culposos sin li-
mitaciones, pero, al mismo tiempo, reforzar el control del juez,
ordenando que de oficio, o a petición del ministerio público, negará
aprobación a los acuerdos reparatorios convenidos en procedimien-
tos que versaren sobre hechos diversos de los previstos en este
artículo, o si el consentimiento de los que lo hubieren celebrado no
apareciere hbremente prestado, o si existiere un interés público
prevalente en la continuación de la persecución penal. Se entenderá
especialiTiente que concurre este interés si el imputado hubiere
incurrido reiteradamente en hechos como los que se investigaren en
el caso particular. En consecuencia, quedó aprobada la indicación
N"^ 236, del H. Senador señor Urenda, destinada a suprimir, en el
'' Primer hiforme de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de
la Cámara de Diputados, p. 108.
LOS ACUP:RD0S REPAKA'I-ORIOS EN EL NUEVO l'RÜCESO PENAL
inciso primero, las frases: 'que no hubieren producido resultado de
muerte ni afectaren en forma permanente y grave la integridad
física de las personas'"'*.
En consecuencia, el art. 241 inc. 2° del CPP, que establece el
marco de procedencia de los acuerdos reparatorios, quedó con el
"Los acuerdos reparatorios sólo podrán referirse a hechos investi-
gados que afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patri-
monial, consistieren en lesiones menos graves o constituyeren de-
litos culposos".
1. DELITOS QUE AEECTAN BIENES JURÍDICOS
DISPONIBLES DE CARÁCTER PATRIMONIAL
En primer término, es menester recordar que el bie^i jurídico es
el objeto protegido por el tipo penal y se ha definido, por la
dogmática penal moderna, como aquella condición de vida social
que sirve de base para la panicipación del individíio en el sistema
sociaP'\ Es decir, los bienes jurídicos son aquellas condiciones
básicas de vida social (vida, salud, libertad) que permiten el de-
sarrollo del individuo en sociedad y que exigen una protección
Enseguida, la ley exige que se trate de un bien jurídico que
sea disponible. En la dogmática penal, el debate sobre la disponi-
bilidad del bien jurídico se ha dado a propósito de la teoría del
"* Segundo Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento del Senado, p. 321 (destacado agregado).
'" MIR, Derecho pemil, PG, Ed. Reppertor, Barcelona 1999, p. 102; esta
definición la propone Mir como propia de un Derecho penal inserto en un
Estado social y democrático de Derecho; en similar sentido, Claus Roxin
{Derecho penal, p. 56) y Juan Bustos Ramírez (Manual de Derecho penal, PG,
Editorial Ariel, Barcelona 1989, p. 55).
LOS ACUERDOS RIÍ.PARATORIOS liiV EL NUEVO PROCESO PENAL
consentimiento'^. Así, se reconoce efecto excluyente de la tipicidad
•—causa de atipicidad— o la antijuridicidad —causa de justifica-
ción— al consentimiento del sujeto pasivo cuando se trata de un
bien jurídico disponible. En consecuencia, la discusión gira en
torno a la disponibilidad de los bienes jurídicos.
Al respecto, debemos tener presente que, en un Estado de
Derecho, que reconoce a la libertad de la persona como un dere-
cho fundamental, en principio, todo bien jurídico es disponible.
Bajo esta premisa, el poder de disposición sobre el objeto pro-
tegido es parte del concepto de bien jurídico. En este sentido, el
profesor Claus Roxin, citando a Hans Rudolphi, señala:
'"Bien jurídico y poder de disposición sobre el bien jurídico forman
no sólo una unidad, sino que objeto de disposición y facultad de
disposición son, en su relación mutua, de por sí, el bien jurídico
protegido por el tipo'. La lesión del bien jurídico no se agota, por
consiguiente, en la acción contra la voluntad del portador del bien
jurídico; no obstante, este es uno de sus presupuestos"^'.
Es decir, no constituiría delito la acción que lesionare un
objeto en la medida que la víctima consintiera en ella. Sin em-
bargo, el propio Roxin señala que existen ciertos límites a dicha
disponibilidad, donde el consentimiento no tiene un efecto exclu-
yente del injusto. Por ejemplo, "está excluido de antemano un
consentimiento en bienes jurídicos cuya lesión se dirige contra la
comunidad"", esto es, en que el titular del bien jurídico es la
colectividad (bienes jurídicos colectivos). Asimismo, advierte
Roxin, que "totalmente ineficaz es el consentimiento en el caso
del bien jurídico individual vida humana"-^
'" Enrique Cury, Derecho penal, PG, t. I., 2" edición, Editorial Jurídica de
Chile, Santiago 2001, p. 363.
-'' O. cit., p. 518.
'- O. cit., p. 526.
" O. ciL, p. 529.
Por lo tanto, el reconocimiento de la disponibilidad de los
bienes jurídicos se vincula a la mayor o menor importancia que
se le da a la libertad individual en el sistema social, de modo que,
en último término, se trata de una discusión netamente político-
Pues bien, la primera política criminal que debemos tener
en consideración es aquella implícita en la ley. En este sentido,
se pueden identificar criterios político-criminales en la ley, a
partir de los cuales es plausible deducir posturas del legislador
sobre la disponibilidad de los bienes jurídicos. Así, la extinción
de la responsabilidad penal como efecto del perdón del ofendido
respecto de los delitos de acción penal privada (art. 93 N° 5 del
Código Penal, en adelante CP), permite inferir que, para la ley,
los bienes jurídicos protegidos por los delitos de acción penal
privada contemplados en el art. 55 CPP son disponibles. Lo
anterior se ve confirmado por las normas del CPP que reconocen
efecto extintivo de la acción penal privada a la renuncia de la
víctima a ésta (art. 56 inc. 2°), establecen el sobreseimiento de-
finitivo como consecuencia del desistimiento de la querella (art.
401) y admiten el término de la causa por la conciliación entre
las partes (art. 404). En consecuencia, podemos decir que, por
ejemplo, el honor es un bien jurídico disponible, puesto que los
delitos de injuria y calumnia son de acción penal privada (art. 55
leti-a a) CPP).
En esta dirección, es posible afirmar que la decisión del
legislador de hacer depender la persecución penal pública de la volun-
tad de la víctima respecto de los delitos contemplados por el art.
54 del CPP, implica una postura del mismo en orden a reconocer
la disponibilidad de los bienes jurídicos protegidos por éstos,
máxime si la renuncia de la víctima a la persecución extingue la
acción penal pública (art. 56 inc. 3° CPP). Así, podríamos decir
que, por ejemplo, la intimidad protegida por el delito de violación
de domicilio (art. 54 inc. 2° letra b) CPP) y la salud amparada por
los tipos penales de lesiones menos graves y leves (art. 54 inc. T
letra a) CPP), son bienes jurídicos disponibles. Lo mismo podría
LOS ACUKR130S REPARATORIOS EN EL NUF.VO PROCESO PENAL
afirmarse respecto de la libenad sexual protegida por los delitos
tipificados en los artículos 361 a 366 quater del CP, conforme al
art. 369 del mismo código-'*.
Sin embargo, la inclusión de las lesiones menos graves y
leves entre los delitos de acción penal pública previa instancia
particular (art. 54 inc. 2" letra a) CPP) y no de las lesiones graves
tipificadas por el art. 397 del CP, significa que, para la ley,
importa no sólo el bien jurídico protegido sino también la enti-
dad de la afección producida en éste. Así, no es lo mismo una
puesta en peligro del bien jurídico protegido que una lesión del
mismo (iter criminis). Tampoco es irrelevante la intensidad de la
lesión que se produce en el bien jurídico. De allí entonces que
el debate sobre la disponibilidad de los bienes jurídicos debería
plantearse, para efectos de los acuerdos reparatorios, en relación
con cada tipo penal en particular y no sólo en general, es decir,
es menester preguntarse por la disponibilidad del bien jurídico
protegido por tal o cual tipo penal específico.
Ahora bien, la decisión legislativa de conceder acción penal
pública para la persecución de un delito no implica que el bien
jurídico protegido por éste sea indisponible. En este sentido, el
hurto es un delito de acción penal pública, pero el consentimien-
to de la víctima excluye la tipicidad, conforme al art. 432 del CP,
de manera que puede sostenerse que el patrimonio es un bien
jurídico disponible.
En fin, podemos utilizar tres criterios para determinar la
disponibilidad de un bien jurídico: (1) la teoría del consentimien-
to como causa de atipicidad o de justificación, (2) los delitos de
acción penal privada y (3) los delitos de acción penal pública
previa instancia particular.
No obstante, estar en presencia de un bien jurídico dispo-
nible no significa todavía que proceda un acuerdo reparatorio.
Recordemos que en la tramitación legislativa del proyecto de
"•* Artículo modificado por la reciente Ley N.° 19.874.
LOS ACUERDOS REPARA^IORIOS EN EL NUEVO PROCESO PENAL
CPP se agregó a la expresión "bienes jurídicos disponibles" la
nota "de carácter pati-imonial". Esto no implica una restricción
de la procedencia a los delitos contra el patrimonio. Si esa
hubiere sido la intención del legislador, pues entonces derecha-
mente se habría referido a los delitos contra el patrimonio. Sin
embargo, el CPP no alude a estos delitos sino que a los hechos
que afectan bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial,
con lo cual, sin alcanzar el ámbito de todos los delitos que afectan
bienes jurídicos disponibles, admite una interpretación más am-
plia que aquellos que vulneran solamente al patrimonio. De esta
manera, es posible dar cabida en el marco de procedencia desde
ya a los delitos que afectan a la propiedad en sus diferentes for-
mas, como por ejemplo la propiedad industrial o la intelectual.
También pueden incluirse algunos tipos penales que protegen
principalmente al patrimonio y en menor medida a otros bienes
jurídicos. Por último, pueden admitirse en dicho marco hechos
que no afectan al patrimonio propiamente tal, pero sí bienes
jurídicos habitualmente vinculados a éste en el caso concreto.
En consecuencia, podemos distinguir tres grupos de delitos
respecto de los cuales puede sostenerse que afectan bienes jurí-
dicos disponibles de carácter patrimonial:
a. Delitos que afectan exclusivamente al patrimonio.
b. Delitos que afectan (1) al patrimonio en sus formas no
tradicionales, (2) principalmente al patrimonio y (3) un
bien jurídico disponible distinto de características patrimo-
c. Delitos que afectan al patrimonio y otro bien jurídico en
a. Delitos que afectan exclusivamente al patrimonio
Son los delitos respecto de los cuales existe pleno acuerdo en la
doctrina y jurisprudencia en que lo único afectado es el patrimo-
LOS ACUERDOS REPAIUTORIOS EN EL NUEVO PROCESO PENAL
nio-\ Entran en esta categoría de delitos, por ejemplo, el hurto
(arts. 432 y 446 CP), la usurpación no violenta (art. 458 CP), los
daños simples (art. 487 CP), la estafa (art. 468 CP), los oti-os
engaños (art. 473 CP), la apropiación indebida (art. 470 N.° 1
CP), la falsificación de instrumento privado (art. 197 CP), el uso
malicioso de instrumento privado falso (art. 198 CP)-^', el robo
con fuerza en lugar no habitado (art. 442 CP), el robo de cosas
en bienes nacionales de uso público (art. 443 CP) y el incendio
de objetos de poco valor (art. 478 CP)-".
En la práctica, los acuerdos reparatorios se celebran mayoritaria-
mente respecto de delitos contra el patrimonio. Dentro de éstos,
ocupan un lugar preponderante los delitos de hurto y daños. Sin
embargo, también se han alcanzado acuerdos reparatorios respecto
de delitos como la apropiación indebida, por ejemplo, en la IX
región, en los casos RUC 16528-6, 68596-4 y 27659-2, todos de
2001, el robo con fuerza en lugar no habitado, en la 11 región, en
el caso RUC 59806-9 (2001), y el robo en bienes nacionales de uso
público, en la misma región, en el caso RUC 59445-4 (2001), y en
la IX región, en el caso RUC 22054-6 (2001).
También pueden mencionarse las faltas contra el patrimonio
que se ventilan en procedimientos simplificados: artículos 494 N"
19, 495 N° 21 y 497 del CP.
"' Entendemos por patrmionio, siguiendo a Mario Garrido Montt, la propie-
dad "en un sentido normativo muy amplio y flexible, comprensivo de aquellas
relaciones jurídicnmeiite reconocidas por el sistc-mti y que existen entre una persona y
lina cosa, relación que le confiere a esa persona algunas facultades sobre la cosa, que
son susceptibles de apreciación económica" (Derecho penal, t. W, PE, Editorial Jurí-
dica de Chile, Santiago 2002, p. 141).
-'' En opinión de Alfredo Etcheberry, los delitos de los artículos 197 y 198
claramente afectan a la propiedad, máxime si se tiene en cuenta el requisito
típico del perjuicio {Derecho penal, tomo IV, Editorial Jurídica de Chile, San-
tiago 1998, pp. 134 y 136 y 174); en igual senrido, Jean Pierre Manís, "La
justicia penal consensuada en el nuevo Código de Procedimiento Penal" en
Revista CRK4, N.° 1, año 2000, p. 195.
'' Véase el Instructivo N° 34, numerales 2.- y 3.-, antes citado.
LOS AC;UlíRDOS REPARATORIOS EN EL NUEVO PROCESO PENAL
bien jurídico distinto de características patrimoniales
Son delitos en que ía procedencia de estos acuerdos resulta más
discutible, porque no afectan exclusivamente al bien jurídico
patrimonio. En este orden, podemos mencionar (1) los dehtos
que afectan al patrimonio en sus nuevas manifestaciones, como
aquellos que se cometen en perjuicio de privilegios industriales
y derechos de propiedad industrial (arts. 28, 52, 61 y 67 de la ley
19.039)-** y la propiedad intelectual (arts. 78 a 80 de la ley
17.336)''', así como los daños en sistemas de tratamiento de in-
formación (arts. r y 3° de la ley 19.223)'" ".
Asimismo, podemos señalar (2) aquellos delitos que afectan
de modo directo y principal al patrimonio, pero que indirecta-
mente dañan a otros bienes jurídicos, como por ejemplo, el robo
con fuerza en lugar habitado (art. 440 CP), que también puede
implicar una vulneración significativa en el bien jurídico intimi-
dad. En leyes especiales, puede mencionarse la obtención frau-
dulenta de créditos (art. 160 del D.F.L. 3 de 1997), los dehtos
tributarios (art. 97 del Código Tributario), los dehtos aduaneros
(arts. 168, 168 bis, 178, 179 y 180 de la Ordenanza de Aduanas)
y el giro doloso de cheque (art. 22 del D.F.L. 707 de 1982), en
los que, además del patrimonio, se ven afectados indirectamente
intereses económicos generales".
-** En este sentido, Juan Bustos Ramírez incluye estas figuras entre los delitos
contra el patrimonio {Manual de Derecho Penal, PE, Editorial Ariel, Barcelona
1991,pp. 214-215).
-'' En contra, Bustos Ramírez, quien sostiene que el bien jurídico protegido
"es un derecho personalísimo del autor", por lo que debe ser tratado
sistemáticamente entre los delitos contra la libertad, "ya que aparece como una
forma de la libertad de expresión" (o. cit., p. 136).
'" Siguiendo a Etchebeny {Derecho penal, t. III, Editorial Jurídica de Chile,
Santiago ¡998, p. 481).
" Véase el Instructivo N" 34, numerales 2.- y 3.-, antes citado.
'- Véase el Instructivo N" 34, numerales 2.- y 3.-, antes citado.
Antes de la transformación del giro doloso de cheque en un delito
de acción penal privada, mediante la modificación introducida por
el art. 38 de la ley 19.806 al art. 42 del DFL 707, de 1982, el uso
de los acuerdos reparatorios en estos casos era bastante extendido.
Por ejemplo, se celebraron acuerdos reparatorios respecto de este
delito en la IX región, en los casos RUC 10001205-3, 10000321-
6 y 10000672-K, todos de 2001.
Por último, puede indicarse (3) a la violación no violenta de
domicilio (art. 144 inc. 1° CP) como un delito que afecta otro
bien jurídico distinto del patrimonio (la intimidad), aunque con
connotaciones patrimoniales en la mayoría de los casos".
Acuerdos reparatorios en casos seguidos por este delito se han
celebrado en no pocas ocasiones. Por ejemplo, en la IV región, en
los casos RUC 89624-8 y 30474-K, ambos de 2001. Asimismo, en
la IX región, en el caso RUC 41742-0 (2001).
c. Delitos que afectan al patrimonio y otro bien juridico
en forma relevante
Son delitos clasificados entre aquellos que afectan al patrimonio,
pero en que conjuntamente se ven dañados, en forma relevante,
otros bienes jurídicos. En este grupo, pueden señalarse el robo
calificado (art. 433 CP), el robo simple con violencia o intimi-
dación (art. 436 inc. 1° CP), el robo por sorpresa (art. 436 inc.
2° CP), los daños calificados (arts. 485 y 486 CP), la usurpación
violenta (art. 457 CP), el incendio caHficado (arts. 474 y 475 CP)
y el incendio simple (arts. 476 y 477 CP)'**.
En la IX región, en el caso RUC 53889-9 (2001), a pesar de la
oposición de la Fiscalía, el Juzgado de Garantía aprobó un acuerdo
reparatorio respecto de un robo con violencia.
" Véase Instructivo 34, numeral 3.-, antes citado.
" Véase Instructivo 34, numeral 4.-, antes citado.
LOS ACUERDOS REPAR.\TORIOS EN EL NUEVO PROCESO PENAL
En general, estos delitos quedan fuera del marco de proce-
dencia, puesto que afectan, además del patrimonio, bienes jurí-
dicos muchas veces indisponibles. Sin embargo, cuando estos
delitos quedan en grado de tentativa o frustración, es posible
considerar su inclusión en el marco de procedencia, atendida la
menor intensidad de afección a los bienes jurídicos protegidos".
2. LESIONES MENOS GRAVES
Respecto de este hecho punible, se han presentado dos cuestio-
nes. Una ha sido planteada por Mauricio Duce, en el sentido de
que la referencia que hace el art. 241 inc. 2° a las lesiones menos
graves no alude necesariamente a la definición que el Código
Penal hace de ellas (art. 399 del CP):
"Me parece posible sostener que el carácter menos grave no debe
ser medido por los jueces de garantía con atención exclusiva a los
criterios tradicionales del Código Penal referentes a los días de
incapacidad laboral que han generado las lesiones, sino que también
debe incorporarse la evaluación de la gravedad que la propia víctima
haga de ellas y los perjuicios efectivos que dichas lesiones le hayan
provocado. Esto permitiría que algunos casos en los que se exceda
el carácter menos grave definido por el Código Penal, pero en lo
que el Juez de Garantía evalúe que hay un interés preponderante
de la víctima por sobre la persecución penal pública, se admita un
acuerdo reparatorio. Interpretando de esta forma la cláusula en
anáhsis se generaría una mayor flexibilidad en la aplicación práctica
de los acuerdos reparatorios"^'.
Esta posición tiene la ventaja de contemplar la opinión de
la víctima sobre la gravedad de las lesiones, para determinar la
procedencia del acuerdo reparatorio. Sin embargo, como dijimos
Véase Instructivo 34, numeral 7.-, antes citado.
O. cit., p. 183.
anteriormente, para la ley, no obstante que pueda tratarse de un
bien jurídico disponible como es la salud individual, no es irre-
levante el grado de afección que se produce en el mismo. En este
sentido, el art. 397 N° 2 del CP fija un criterio relativamente
objetivo, difícil de soslayar para efectos de determinar la proce-
dencia de un acuerdo reparatorio".
Por otra parte, se ha planteado la duda de la procedencia
respecto de las lesiones leves tipificadas por el art. 494 N° 5 del
CP, al referirse el art. 241 inc. 2° CPP sólo a las lesiones menos
graves. Este punto ha sido aclarado expresamente por el Juzgado
de Garantía de Loncoche en el siguiente fallo (RUC N" 5568-5,
"Tercero: Que el acuerdo reparatario propuesto en esta causa es
jurídicamente procedente, a pesar que el artículo 241 inciso 2° del
Código Procesal Penal prescribe que sólo se referirá a lesiones
menos graves, toda vez que, en realidad, lo que el texto de la norma
quiere decir es que los jueces deben negar la aprobación de los
acuerdos reparatorios en caso que los hechos investigados se re-
fieran a lesiones de mayor intensidad que las lesiones menos graves,
porque razonando a fortiori, si la ley permite que los acuerdos
reparatorios se refieran a hechos investigados que consistieren en
lesiones menos graves, entonces con mayor razón los autoriza tratán-
dose de las lesiones leves que dieron inicio a este procedimiento".
En todo caso, la aplicación de los acuerdos reparatorios en
casos de lesiones leves es sumamente extendida en la práctica.
3. DELITOS CULPOSOS
Estos delitos se incluyen en el marco de procedencia porque
tienen una estructura diferente que los delitos dolosos, especial-
mente en la forma de la acción, que significa un menor desvalor
Véase Instructivo 34, numeral 5.-, citado.
frente a ellos, no obstante que afectan a bienes jurídicos básicos
como la vida y la salud.
En nuestro Código Penal, como sostiene el profesor Juan
Bustos Ramírez, "sólo se castigan delitos culposos contra la vida
y la salud individual de las personas, y dentro de éstos sólo ciertos
hechos punibles, el homicidio simple y las lesiones graves y
menos graves (...) en el resto son muy contados los delitos
culposos existentes""*. En este sentido, pueden mencionarse de-
litos culposos como el homicidio y las lesiones por imprudencia
temeraria (art. 490), el homicidio y las lesiones por imprudencia
simple del facultativo o dueño de animales (ar. 491 CP) y el
homicidio y las lesiones por imprudencia simple con infracción
de reglamentos (art. 492 CP)".
En la práctica, se han celebrado acuerdos reparatorios tanto en
casos de lesiones graves culposas como de homicidio culposo. Así,
en la IV región, en el caso RUC 10001744-6 (2001), por homicidio
culposo. Asimismo, en la IX región, en los casos RUC 18015-3
(2001) y RUC 25075-5 (2001), por el mismo delito.
Por otra parte, en la IX región, en el caso RUC 11941-1 (2001),
se aprobó un acuerdo reparatorio en un caso de incendio culposo
(art. 22 de la Ley de Bosques).
También pueden mencionarse la falta del art. 494 N° 10
CP, relativo al desempeño de profesionales de la salud, y la del
art. 495 N" 21 CP, de daños culposos.
4. AGRAVANTES Y CONCURSOS
Es importante tener presente que la concurrencia de agravantes
no altera la procedencia de los acuerdos reparatorios, habida
" El delito adposo. Editorial Jurídica de Chile, Santiago 1995, p. 19.
•" Véase Instructivo 34, numeral 6.-, citado.
LOS ACUERDOS I?F.l'AllATORIOS EN EL NUEVO PROCESO PENAL
consideración de que la ley atiende al bien jurídico protegido por
delito o al tipo de delito de que se trata (dehto culposo) para su
inclusión en el marco de procedencia'*".
Asimismo, es factible convenir un acuerdo reparatorio en
casos de concurso real (art. 74 del CP) o concurso ideal (art. IS
CP), pero sólo respecto del hecho punible que se incluye en el
marco de procedencia'*'.
IV. Í N T E R E S P U B L I C O P R E V A L E N T E E N LA
El art. 241 inc. 3° del CPP previene que, de oficio o a petición
del Ministerio Público, el juez negará aprobación a los acuerdos
reparáronos cuando existiere un interés público prevalente en la
continuación de la persecución penal. Es decir, no obstante tra-
tarse de un hecho punible incluido en el marco de procedencia,
la ley contempla la facultad de oponerse a la aprobación del
acuerdo reparatorio cuando concurre tal interés público.
1. SIGNIFICADO DE LA OPOSICIÓN
Ahora bien, oponerse a la aprobación de un acuerdo reparatorio
por este motivo implica que, a pesar de estar en presencia de un
hecho punible respecto del cual la ley admite tal acuerdo por
estimar que los intereses de las partes priman por sobre el interés
público en la persecución penal, se considera que, en el caso con-
creto, la necesidad de persecución penal pública pi-epondera por
sobre los intereses de las partes. Es decir, se estima que, en el caso
concreto, el conflicto entre el Estado y el imputado provocado
por la infracción cometida, es más importante que el conflicto
* En este sentido, Instructivo 34, numeral 7.-, antes citado.
"*' ídem nota anterior.
LOS ACUERDOS REPARATORIOS EN EL NUEVO PROCESO RENAL
entre la víctima y el imputado. Es más, significa que debe ejer-
cerse el poder punitivo del Estado y sacrificarse la solución acor-
dada por las partes del conflicto penal, que daba satisfacción a los
intereses concretos involucrados. En pocas palabras, importa des-
plazar el modelo de paites por el modelo punitivo.
En consecuencia, la oposición al acuerdo reparatorio por
estimar que concurre un interés público en la persecución penal
debe justificarse a la luz de los fines de la pena, esto es, debe
ejercerse esta facultad cuando la prevención general y la preven-
ción especial exigen continuar con la persecución penal e impo-
ner una pena''-.
Lo anterior vuelve sumamente dudosa la facultad que la ley
concede al tribunal para negar, de oficio, la aprobación del acuer-
do reparatorio. Porque tal decisión adoptada de oficio por el
tribunal implicaría que, a juicio de éste, en el caso concreto, debe
imponerse una pena por razones de prevención general y de
prevención especial, apreciación totalmente incompatible con el
rol del tribunal. Una decisión de este tipo vulneraría el principio
acusatorio, que exige una separación estricta entre las facultades
persecutorias y las jurisdiccionales'".
La evaluación sobre la prevalencia del interés público en la
persecución penal, corresponde solamente a la Fiscalía, puesto que
ésta es la representante del interés público en los procesos penales
y, en esa condición, ejerce la acción penal pública solicitando la
imposición de una pena en el caso concreto. De allí que debamos
concluir que corresponde sólo a la Fiscalía ejercer esta facultad de
oposición, vale decir, el tribunal no puede decretarla de oficio sino
sólo a petición del fiscal'*'*. En consecuencia, debemos entender
•*- Véase Insunictivo 34, numeral 9.-, citado.
"" HORVITZ- LÓPEZ, Derecho procesalpe:)ial chileno, t. L, Editorial Jurídica
de Chile, Santiago 2002, pp. 43 y ss.
'" En este sentido, Instructivo 34, numeral 8.-, citado; igualmente, RIEGO-
DUCE, Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal, vol. 1, Universidad Diego
Portales, Escuela de Derecho, Santiago 2002, p. 333.
que la decisión de oficio del tribunal se restringe a negar la apro-
bación cuando se trata de delitos que no entran en el marco de
procedencia o cuando el consentimiento no ha sido prestado en
forma libre e informada por las partes.
2. C O N C E P T O DE INTERÉS PÚBLICO PREVALENTÉ EN
En cuanto a los criterios para determinar la presencia de un interés
público prevalente en la persecución penal, cabe señalar que el
CPP contempla uno especial en su art. 241 inc. 3, parte final:
"Se entenderá especialmente que concurre este interés si el impu-
tado hubiere incurrido reiteradamente en hechos como los que se
investigaren en el caso particular".
Este criterio alude a la conducta anterior al proceso penal
que se sigue en contra del imputado, sin definir concretamente
cuales hechos deben considerarse. Existen varias alternativas de
interpretación. En primer lugar, podemos entender que se trata de
procesos penales anteriores seguidos en contra del mismo impu-
tado por hechos similares. O bien de un historial de acuerdos
reparatorios por los mismos. Asimismo, podemos sostener que es
necesaria la existencia de condenas previas por ellos. Creemos que
una interpretación acorde con la presunción de inocencia (art. 4°
del CPP) debería restringir dicha conducta a condenas anteriores
recaídas en hechos similares a los investigados'*'', entendiendo por
•" En este sentido, dice Mauricio Duce que "el hecho de considerar, para los
efectos de evaluar la procedencia de los acuerdos reparatorios, como conductas
anteriores hechos por los cuales no se ha sido condenado, pone en cuestión la
vigencia de la presunción de inocencia ya que se impediría acceder a los acuer-
dos basados en hechos que no han sido formalmente probados y por los cuales
el imputado no ha sido considerado culpable en un juicio previo" (o. cit., p. 165,
tales los delitos de la misma especie definidos por el art. 351 inciso
final del código, esto es, que afectan a im mismo bien jurídico''''.
Así, en la IX región, la Corte de Apelaciones de Temuco se
ha pronmiciado en este sentido, en un caso de hurto cometido
por 4 imputados (RUC 3130-4, de 2001), uno de los cuales
registraba una condena anterior por hurto, en que el Juzgado de
Garantía de Pucón aprobó el acuerdo reparatorio, a pesar de la
oposición de la Fiscalía:
"Pucón, veintitrés de marzo de dos mil uno (...) EL MINISTERIO
PÚBLICO: Hace presente que los hechos por los cuales se ha
formulado la investigación se encuentran dentro de lo que se puede
llegar a acuerdo reparatorio por lo que en principio no ve objeción
a la propuesta por defensa y además, se tiene presente que la afec-
tada retiró la casi totalidad de las especies que fueron sustraídas, en
consecuencia, no se opone al acuerdo reparatorio respecto de los
imputados T., A. y D.. Con relación al imputado L.Q.H. se opone
al acuerdo reparatorio por existir un interés público prevalente ya
que registra una condena anterior por el delito de hurto de 541 días
de presidio menor en su grado medio la que se encuentra cumplida
con fecha 2 de febrero de 1989. (...) LA DEFENSA: Ejercida por
la abogada señora Wertinger expresa que la circunstancia invocada
por el Ministerio Público no concurre por cuanto la norma entien-
de que existe interés público cuando el imputado hubiere incurrido
reiteradamente en hechos como el que se investiga ahora y el
imputado sólo ha sido sujeto de una sentencia. EL TRIBUNAL:
Oídos los intervinientes y encontrándose en la hipótesis de bienes
jurídicos disponibles de carácter patrimonial, (...) 2° Que el Minis-
terio Público se ha opuesto al acuerdo reparatorio que dice relación
nota 14); en contra, Raúl Tavolari, quien ha sostenido una interpretación más
estricta, en el sentido que la ley hace referencia a hechos anteriores similares
que se resolvieron mediante acuerdos reparatorios ("Presentación del Libro
Reforma Procesal Penal, tomos I y II, Instrucciones Generales del Ministerio
Público N°s 1 a SO" en Refonna Procesal Penal. Instnicciones generales N's 51 a
15, Ministerio Público, Fiscalía Nacional, Editorial Jurídica de Chile, Santiago
2002, p. 386).
•"' Véase Instructivo 34, numeral 10.-, citado.
LOS ACUERDOS REPARATORIOS F.N EL NUEVO PROCESO PENAL
con el señor Q.H. por las razones ya señaladas que este Tribunal
estima que si bien presenta el referido Q. una condena por el delito
de hurto la cual se encuentra cumplida conforme a los antecedentes
que se tienen a la vista, el artículo 241 del Código Procesal Penal
entiende que por interés prevalente deben ser hechos reiterados con
anterioridad al proceso que se investiga, en consecuencia el espíritu
del legislador debe entenderse que no procede el acuerdo
reparatorio en aquellos casos en que el imputado haya tenido con-
denas anteriores y que en lo posible no tendrá beneficios alterna-
tivos por el número de las condenas. 3° Que en el caso del señor
Q. y en el supuesto caso de una condena efectuando los cálculos
mentales el Tribunal estima que este imputado podría ser acreedor
de un beneficio contemplado en la ley 18.216. 4° Que en conse-
cuencia, este Tribunal considera que el nuevo sistema que nos rige
pretende castigar drásticamente a las personas cuya rehabilitación
no es posible, así como pretender a que personas que incurren por
primera vez en un ilícito o las que ya han cometido alguno pero con
posibilidades de rehabilitación social, se vean favorecidos con algu-
na alternativa consagrada en el Código Procesal Penal. 5° Que así
las cosas y habiendo constatado el Tribunal que afectada y el señor
Q. han prestado libremente su consentimiento y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 241 del Código Procesal Penal, se
APRUEBA este acuerdo reparatorio a que han llegado los imputa-
dos con la víctima de pagar la suma única de dinero de $ 40.000,
en efectivo, suma que será pagada en este acto".
Frente a la aprobación del tribunal del acuerdo reparatorio
respecto del imputado en cuestión, la Fiscalía presentó recurso de
apelación. Decidiendo el recurso, la Corte de Apelaciones (Rol
34-2001-R.P.P.) se pronunció en los siguientes términos:
"Temuco, diez de abril de dos mil uno. VISTOS: Atendido el
mérito de los antecedentes, en los que consta que el imputado
L.A.Q.H. registra una sola condena anterior por el delito de la
misma especie, y que el artículo 241 inciso 3 del Código Procesal
Penal exige para la procedencia de acuerdos reparatorios que no
exista un interés público prevalente, atendiéndose que concurre este
interés si el imputado hubiere incurrido 'reiteradamente' en hechos
similares al que se investiga en la causa, circunstancia que como ya
se dijo no concurre en la especie, puesto que existe un solo hecho
anterior que afecta al imputado. Y atendido lo dispuesto en la norma
legal antes citada, se CONFIRMA la resolución pronunciada en la
audiencia de veintitrés de marzo del presente en cuanto aprobó el
acuerdo reparatorio en contra de todos los imputados, y ordenó
sobreseimiento total y definitivo en esta causa".
Una interpretación distinta ha sostenido el Juzgado de
Garantía de La Serena, en el caso RUC 1000845-5 (2001), se-
guido por el delito de robo en bienes nacionales de uso público;
"Se deja constancia que para la aprobación precedente el Juez in-
fi-ascrito ha estimado que efectivamente no concurre un interés
público prevalente en la continuación de la persecución penal en
atención únicamente a que el imputado P.P. no ha incurrido rei-
teradamente en hechos como el que se investiga en esta causa, como
quiera que si bien es cierto fue anteriormente investigado y sancio-
nado con fecha 16 de julio de este año a la pena de 3 años y 1 día
de presidio menor en su grado máximo, como autor de robo con
fuerza en lugar habitado en grado de frustrado, hecho ocurrido el
25 de febrero del mismo año en esta ciudad, dicha circunstancia no
configura por si sola la reiteración, entendiendo por tal para estos
efectos la conducta habitual en esta clase u otra según fuera el caso,
los que no necesariamente exigen la existencia de sentencias con-
denatorias firmes ni menos aún cumplidas".
En todo caso, cualquiera que sea la interpretación del cri-
terio establecido por la ley, no debemos olvidar que se trata sólo
de uno especial, como aparece textualmente en el art. 241 inc. 3°,
parte final, del CPP. No cabe duda entonces de que el Ministerio
Público se encuentra autorizado para oponerse a los acuerdos
reparatorios por otros criterios relativos a la concurrencia de un
interés público prevalente en la persecución penal. En este sen-
tido, el Instructivo N° 34, impartido por la Fiscalía Nacional,
menciona otros criterios que pueden tenerse en cuenta por los
fiscales para ejercer esta facultad de oposición, como (1) la exis-
tencia de otro bien jurídico que se ve afectado indirectamente
por el delito y (2) la constancia de que el imputado ha llegado
a acuerdo reparatorio en dos procesos anteriores al actuaP''. Estos
criterios orientadores, a diferencia del previsto por la ley, son
facultativos para la Fiscalía, vale decir, pueden invocarse cuando
realmente aparezca necesaria la persecución penal y la pena en
"" Véase Instructivo 34, numeral 11.-, citado.
LAS ACCIONES CFVILES
EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL*
SUMA ROJ/VS VALDEBENITO /
LAUTARO CONTRERAS CHMMOVICH
Abogados de la División Nacional de
Atención a las Víctimas y Testigos
SUMARIO: I. Introducción. LEÍ principio de promoción
de los intereses concretos de la víctima. 2. Reparación y
derecho a la tutela judicial efectiva. 11. Algunos alcances
sobre conceptos habitualmente utilizados en la materia. III.
Autonomía de la responsabilidad civil exigible en el pro-
ceso penal. IV. Fundamento del ejercicio conjunto. V.
Relación de subordinación entre las acciones civiles y
penales. VI. Características de las acciones civiles ejercitables
en el proceso penal. VIL Régimen procesal. 1. Clases de
acciones civiles ejercitables en el proceso penal. 2. Com-
petencia. 3. Legitimación activa y pasiva en las acciones
civiles ejercitables en el nuevo proceso penal. 3.1. Acción
restitutoria. 3.2. Acciones reparatorias. 4. Petitum. (el obje-
to de la pretensión). 4.1. Acción restitutoria. 4.2. Acciones
reparatorias. 5. Causa de pedir {cansa petendi). VIII. Tra-
mitación de las acciones civiles. 1. Acción restitutoria. 2.
Acciones reparatorias. 2.1. Durante la fase de investigación
y de preparación del juicio oral. 2.2. Durante el juicio oral.
IX. Las acciones civiles en las formas anticipadas de poner
término al procedimiento, en las salidas alternativas y en
algunos procedimientos especiales.
Artículo elaborado con anterioridad a la publicación de la ley N° 19.874.
LAS ACCIONES CTOLES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL
1. EL PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DE LOS INTERESES
CONCRETOS DE LA VÍCTIMA
Según el Mensaje con que el Ejecutivo envió al Congreso Na-
cional el proyecto de ley que establecía un nuevo Código de
Procedimiento Penal (en adelante CPP'), uno de los principios
básicos que inspira la Reforma Procesal Penal es el de la promo-
ción de los intereses concretos de las víctimas de los delitos, consagrado,
en términos generales, en el artículo 6° del Código Procesal
El artículo 6° CPP señala que: "Protección de la víctima. El ministerio
público estará obligado a velar por la protección de la víctima del
delito en todas las etapas del procedimiento penal. Por su parte, el
tribunal garantizará conforme a la ley la vigencia de sus derechos
El fiscal deberá promover durante el curso del procedimiento acuer-
dos patrimoniales, medidas cautelares u otros mecanismos que fa-
ciliten la reparación del daño causado a la víctima. Este deber no
importará el ejercicio de las acciones civiles que pudieren corres-
ponderle a la víctima.
' Para referirnos ai Código de Procedimiento Penal, utilizaremos en este
documento la abreviatura; CPP (1906). También emplearemos las siguientes
abreviaturas: CPR (Constitución Política de Ja República), CADH (Convención
Americana de Derechos Humanos), PIDCP (Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos), COT (Código Orgánico de Tribunales), CPC (Código de
Procedimiento Civil), CP (Código Penal), CC (Código Civil), STS (sentencia
del Tribunal Supremo español), RDJ (Revista de Derecho, Jurisprudencia y
Ciencias Sociales), RCP (Revista de Ciencias Penales).
^ Párrafo 56 del Mensaje del Código Procesal Penal, en Historia de la Ley
Nuevo Código Procesal Penal, N° 1 t. I, Cámara de Diputados, Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, Publicación Oficial Redacción de Sesiones,
LAS ACCIONES CIVILES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL
Asimismo, la policía y los demás organismos auxiliares deberán
otorgarle un trato acorde con su condición de víctima, procurando
facilitar al máximo su participación en los trámites en que debiere
intei'venir".
En su redacción original", el actual artículo 6° señalaba como
objetivo del procediiitiento penal, la proteccióií y reparación de la víc-
ti?¡r¿.. En la Cámara de Diputados se advirtió que la norma sólo
plasmaba uno de los fines del procedimiento penal, mas no los
restantes, especialmente el que se estimó principal: "castigar al
delincuente". En razón de lo anterior, en la Cámara Baja "se
descartó consignar todos los objetivos del procedimiento, ya que
el gran debate gira acerca del objetivo de un proceso penal. Por
ello, se optó por no consignar en esta disposición ningún objetivo
del procedimiento, limitándose el precepto a señalar cuáles son
las obligaciones que asumen los fiscales del ministerio público,
los jueces y la policía respecto de la víctima"'*.
La plasmación general del principio de promoción de los
intereses concretos de la víctima, algo escueta a raíz de las modifi-
caciones que, según acabamos de ver, sofrió la norma a lo largo
de su tramitación, se desarrolla, según el propio Mensaje, en
distintas disposiciones del nuevo Código Procesal Penal'. Así, el
artículo 109 reconoce a la víctima el carácter de sujeto procesal y le
permite ejercer una serie de derechos, aun cuando no deduzca querella
criminal, esto es, aun cuando no se convierta en parte acusadora
(ser informado del curso y resultado del procedimiento, solicitar
' La disposición rezaba en su primer inciso: ''^Víctima. La protección y re-
paración de la víctima del delito constituirán objetivos del procedimiento penal.
Los fiscales del Ministerio Público estarán obligados a velar por sus intereses
en todas las etapas del mismo. Por su parte, los jueces garantizarán la vigencia
de sus derechos durante el procedimiento" (Art. 4°).
^ PFEFFER, Código Procesal Penal anotado y concordado, Editorial Jurídica de
Chile, Santiago 2001, p. 22. La Ley N° 19.879 modificó c! artículo 6°, agre-
gando un nuevo inciso segundo, relativo a la promoción de los mecanismos
tendientes a la reparación de la víctima.
' Véase nota 2.
medidas de protección, impugnar el sobreseimiento o la senten-
cia absolutoria, por ejemplo), el artículo 258 permite al quere-
llante forzar la acusación, incluso contra la opinión del Ministe-
rio Público, los artículos 59 y 109, letra c-, le permiten deducir
demanda para perseguir la responsabilidad civil ex delicio, o el
artículo 349, que obliga al tribunal de juicio oral en lo penal a
pronunciarse sobre la pretensión civil que se hubiere deducido,
aun habiéndose dictado sentencia absolutoria.
Pero los derechos que el Código Procesal Penal reconoce a
la víctima y las obligaciones que se imponen a distintos opera-
dores del sistema penal a su respecto, no se agotan en la enume-
ración contenida en el Mensaje a propósito de la consagración
del principio en comento. En efecto, los ofendidos por el delito
tienen la facultad de presentar querella*^", ser oídos por el fiscal
antes de que se pida o resuelva la suspensión del procedimiento
o su terminación anticipada'', solicitar la revocación de la suspen-
sión condicional del procedimiento^, solicitar al juez de garantía
medidas cautelares reales'^, oponerse al ejercicio del principio de
oportunidad'", celebrar acuerdos reparatorios", entre otros dere-
chos. Por su parte, los fiscales del ministerio público deben evitar
o disminuir al mínimo cualquier perturbación que hubieren de
soportar las víctimas con ocasión de los trámites en que debieren
intervenir'^, remitir los antecedentes, cuando correspondiere, al
organismo del Estado que tuviere a su cargo la representación de
'' Art. 109, letra b) y 111, inciso 1°, CPP.
'' Art. 109, letra d), en relación con art. 78, inciso 2°, letra d), ambos CPP.
«Art. 239 CPP.
'' Art. 157 CPP.
"' Art. 170, inc. 3°, CPP.
" Art. 241 CPP.
'-' Art. 78, inc. 1°, CPP. El precepto impone al Ministerio Público el deber
de evitar o mitigar, en caso de que no sea posible de eliminar, la victímizadón
seaindaria de la víctima, entendiendo por tal aquel proceso que incrementa el
daño causado por el delito con otros de índole psicológico o patrimonial de-
rivados del contacto de ésta con el sistema jurídico-penal (véase LANDROVE,
Victímología, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia 1990, p. 44).
la víctima en el ejercicio de acciones civiles", facilitar su inter-
vención en el procedimiento'"*, etc.; los funcionarios de Carabi-
neros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile tienen
el deber, sin necesidad de recibir previamente instrucciones
particulares de los fiscales, de prestar auxilio a la víctima'' y pesa
sobre ellos la prohibición de informar a los medios de comuni-
cación social acerca de la identidad de los ofendidos por el de-
lito"'; los hospitales, clínicas y establecimientos de salud, sean
públicos o privados, deben practicar a la víctima los reconoci-
mientos, exámenes médicos y pruebas biológicas conducentes a
acreditar delitos sexuales y a identificar a los partícipes en su
comisión'^ etc.
Ahora bien, cabe preguntarnos cuál es el contenido del
principio de promoción de los intereses concretos de la víctima.
El Mensaje, en forma expresa, no aporta elementos que nos
permitan delimitar su significado, pese a que lo estima como uno
de los principios básicos que han de regir el procedimiento cri-
A partir de una primera aproximación —meramente grama-
tical— al principio, es posible aseverar que existirían intereses
concretos del ofendido por el deHto y que éstos estarían en una
situación distinta a los objetos protegidos por las normas penales.
Esto es, habría una relación dicotómica entre los bienes jurídicos
"abstractos" (intereses colectivos, generales o de la comunidad en
su conjunto) en que se funda el injusto y los intereses concretos
de la víctima. Aunque de índole distinta, ambos intereses estarían
protegidos mediaiite el ius puniendi estatal, que se ejerce en el proceso
penal. En otras palabras, a través de la función que tradicional-
mente se ha estimado como la única del procedimiento penal
" Art. 78, inc. 2°, letra c) CPP.
'•* Art. 78, inc. 1°, CPP.
" Art. 83 letra a) CPP.
"• ArL 92 CPP.
" Art. 198, inc. 1° CPP.
(ejercicio del kis puniendt), se pretendería amparar no sólo bienes
jurídicos, sino también intereses determinados de los ofendidos
La interpretación anterior coincide con una corriente doc-
trinal que sostiene que el Derecho Penal debe tutelar, en igual-
dad de condiciones, tanto bienes jurídicos como intereses concre-
tos de la víctima, toda vez que el ilícito penal no sólo configuraría
una lesión o puesta en peligro del bien jurídico, sino también
menoscabo o destrucción a un derecho particular del ofendido en
tanto sujeto individual (si se trata de bienes jurídicos individuales)
o en tanto miembro de la comunidad (si estamos frente a bienes
jurídicos colectivos o estatales)"*.
Esto es, sobre la base de lo expuesto anteriormente, a través
del principio de promoción de los intereses concretos de la víc-
tima se buscaría resguardar intereses determinados de ésta (la
salud "de la víctima", en oposición al bien jurídico salud, v. gr.),
imponiendo al imputado una pena o medida de seguridad.
No obstante, este primer acercamiento al principio da cuen-
ta de una concepción de las finalidades del proceso penal bastante
criticada por algunos autores, entre ellos RAMOS'^, quienes han
objetado la afirmación de que el proceso penal tenga por objeto
el ejercicio del tus puniendi estatal, pues ésta pasa por alto la
presunción de inocencia (art. 8.2 CADH, art. 14.2 PIDCP, art. 4°
CPP). Es decir, concebir al proceso penal como orientado hacia
el ejercicio del derecho de castigar del Estado conlleva interpretar
sus normas como la regulación de un conjunto de actos encami-
nados, "desde la primera actuación del procedimiento" (art. 7°,
inc. 1° CPP), a sancionar a una persona que ya se estima como
'" CAFFERATA, Cuestiones actuales sobre el proceso penal. Editores del Puerto,
Buenos Aires 2000, p. 81. A este respecto véase ESSER, "Sobre la exaltación
del bien jurídico a costa de la víctima", en Revista peruana de ciencias penales, N°
ó, junio Í998 (pp. 585 ss.).
" El Sistema procesal español, Barcelona 1992, pp. 3 y ss., citado por SOLÉ, La
tutela de la víctima en el proceso penal, Editorial Bosch, Barcelona 1997, p. 9.
partícipe de un hecho típico, antijurídico y culpable. Y es que,
como acertadamente se ha señalado, en el proceso penal "no se
trata de imponer o no una pena a alguien cuyo punto de partida
es presuponer su condición de delincuente, sino que se trata de
enjuiciar la conducta de un ciudadano que, mientras no se de-
muestre lo contrario es inocente del delito del que se le acusa"-".
Los autores que han criticado los planteamientos tradiciona-
les en torno a las finahdades del proceso penal han puesto de
relieve otros fines, tales como la libertad del imputado y la re-
paración de la víctima'', concibiendo al proceso criminal como
un mecanismo de aseguramiento de los derechos de la persona
Por otra parte, creemos necesario señalar que la primera
aproximación que hemos hecho al principio de promoción de los
intereses concretos de la víctima, la cual concibe el proceso penal
como una concatenación de actos dirigidos a la realización del ins
puniendi, protegiendo, consecuentemente, los intereses determi-
nados del ofendido, imphca poner de relieve el ejercicio de facul-
tades del Estado en el procedimiento criminal y marginar el ejer-
cicio de los derechos de la persona en el mismo.
Por lo anterior, y basados en el Mensaje del CPP y en una
interpretación del proceso penal como instrumento de garantía
de los derechos hmdamentales, creemos posible aseverar que las
normas que menciona el Mensaje a propósito del principio en
comento y que reconocen derechos a la víctima, están preorde-
nadas, en forma amplia, a la ttitela de sus derechos fundamentales y
a la consagración de los valores superiores del ordenamiento jurídico en
-« SOLÉ, o. cit., p. 11.
•' El Código Procesal Penal da cuenta de que la función del proceso penal
no se agota en el ejercicio del derecho a castigar del Estado, sino que abarca
otras finalidades, como la reparación. En efecto, el art. 349 señala que, aunque
se absuelva al acusado, el tribunal debe pronunciarse sobre la demanda civil, es
decir, pese a que, una vez cerrado el debate en el juicio oral, no se ejerza el
ius puniendi, el órgano jurisdiccional debe emitir una decisión en torno a la
indemnización de los daños causados por el hecho ilícito.
relación con el ofendido por el delito-^. Así, v. gr., el CPP tutela la
dignidad (art. 1°, inciso 1°, CPR) de la víctima a través del ar-
tículo 78, inc. 1°, que obliga al Ministerio Público evitar o dis-
minuir la perturbación ocasionada por los trámites en que deba
intervenir el ofendido; el art. 289, disposición que permite limi-
tar la vigencia del principio de publicidad en el juicio oral, está
establecido para preservar la intimidad y el honor del ofendido
(art. 19 N° 4 CPR), entre otros; el art. 109, letra a), que permite
a la víctima solicitar medidas de protección se prevé con el objeto
de amparar su integridad física y psíquica y, eventualmente, su
vida (art. 19 N°l CPR); el art. 111 que le faculta para presentar
querella, da operatividad al derecho a la tutela judicial efectiva
(art. 8.1 CADH), etc. En este sentido, el principio de promoción
de los intereses concretos coloca el ejercicio y tutela de los de-
rechos fundamentales de la víctima como una función más del
enjuiciamiento criminal y obliga a los organismos del sistema
penal a darle un trato digno, asegurar la vigencia de sus derechos
y brindarle protección.
Así como el proceso penal se erige como un sistema de
garantías a favor del imputado, tutelando la presunción de ino-
cencia (art. 4° CPP), la imparcialidad de los jueces (art. 1°, inc.
1° CPP), el principio del non bis in idem (art. 1°, inc. 2°, CPP),
el principio de legalidad en materia de medidas privativas o res-
trictivas de libertad (art. 5° CPP), entre otros, ese mismo proceso
asegura derechos fundamentales de la víctima.
Este vínculo entre el principio de promoción de los intereses
concretos y los derechos básicos de la víctima es puesto en eviden-
cia por el propio Mensaje del Código Procesal Penal, el cual señala
que los principios básicos "que deben regir el enjuiciamiento cri-
minal en nuestro sistema jurídico" especifican contenidos previs-
tos en la Carta Fundamental y en los pactos internacionales de
--' Sobre la interpretación del proceso penal como instrumento de garantía
de los derechos fundamentales, véase SOLÉ, o. cit., pp. 9 ss.
LAS ACC:K)NES CIVILES EN EL CODK;O PROCESAL PENAL
derechos humanos'^ Asimismo, corresponde a una lectura del
proceso penal desde la Constitución, que abandona la visión uni-
taria de las funciones de aquél e incorpora otras finalidades.
A continuación, comenzaremos el análisis de cómo el CPP
regula una de las finalidades distintas de la realización de la
potestad punitiva del Estado: la reparación de la víctima, a través
del ejercicio de acciones civiles en el proceso penal.
2. REPARACIÓN Y DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL
La reparación de la víctima como fimción del proceso penal es
propia de los sistemas procesales derivados del modelo francés de
acumulación de la acción civil a la penaP'*. En estos sistemas, se
posibilita ejercer la acción civil en el transcurso del procedimien-
to criminal. Así ocurre en el derecho chileno, según lo disponen
los artículos 59 CPP y 171 COT-', aunque, tratándose de la
pretensión que sólo tiene por objeto la restitución de la cosa y
de aquellas acciones reparatorias que dedujeren personas distintas
de la víctima o se interpusieren contra personas diversas del
imputado, deben necesariamente deducirse en sede penal y civil,
Para los autores que conciben otras funciones del derecho
procesal penal, además de la de actuación de la potestad punitiva
estatal, el objetivo de la reparación de la víctima no juega un
papel secundario respecto de los demás, pues el derecho de la
-' Párrafo 45 del Mensaje del Código Procesal Penal, en Historia de la Ley
Nuevo Código Procesal Pejial, N° 1 T. I, Cámara de Diputados, Comisión de
'•' GIMENO-MORENO-CORTÉS, Derecho Procesal Penal, Editorial
C O L E X , Madrid 1996, pp. 26 y 27.
-' Véase la modificación introducida a este artículo del COT por el artículo
1° de la Ley N° 19.708, de 5 de enero de 2001.
víctima para conseguir una pronta y eficaz tutela de su pretensión
reparatoria tendría rango constitucional'''.
Efectivamente, la facultad del perjudicado por el delito para
deducir acciones civiles en el procedimiento penal y perseguir,
consecuentemente, la reparación del daño causado, es manifesta-
ción de su derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el art.
8.1 CADH (en relación con el inciso 2° del artículo 5° CPR),
pues se traduce en la potestad de acceder a los órganos jurisdic-
cionales para reclamar el reconocimiento del derecho subjetivo a
obtener la indemnización del daño causado por el hecho ilícito-'.
Cabe advertir que, en el CPP, el ejercicio de acciones civiles
en el procedimiento penal no es la única forma de que dispone la
víctima para obtener la reparación del daño, sino que existen otras,
tales como los acuerdos reparatorios (art. 241) y la suspensión con-
dicional del procedimiento (art. 238, inciso primero, letra e.-).
11. ALGUNOS ALCANCES SOBRE CONCEPTOS
HABITUALMENTE UTILIZADOS EN LA MATERLV
Tradicionalmente, las acciones civiles injertadas en el proceso
criminal y la responsabilidad civil que éstas persiguen, se han
-<' Véase GIMENO-MORENO-CORTES, o. cit., p. 27 y GIMENO, "La
reforma del proceso penal en el actual sistema democrático español", en La
prueba en el proceso penal, publicaciones del Centro de Estudios Judiciales, N° 12,
Madrid 1993, p. 146, citado por TAMARIT, La reparación a la víctima en el
derecho penal (Estudio y crítica de las nuevas tendencias politico-ciíminales), Centre
d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya,
Barcelona 1994, p. 80. Estos autores relacionan el derecho de la víctima a
obtener un pronunciamiento rápido en torno a su pretensión reparatoria con
el derecho a una tutela judicial efectiva, previsto en el art. 24.1 de la Consti-
tución española.
-' Sobre el derecho constitucional de las víctimas a la uitela judicial efectiva
y la facultad para deducir pretensiones civiles, véase el artículo "La Constitu-
ción y los derechos de la víctima en el proceso penal chileno", que aparece en
calificado como acciones y responsabilidad derivadas del delito. Nu-
merosas disposiciones sustantivas e instrumentales que contiene
nuestro ordenamiento jurídico así lo ponen de manifiesto. Por
ejemplo, el art. 59 CPP que hace mención en su inciso 2° a las
responsabilidades civiles derivadas del hecho punible y en su inciso
3° a las consecuencias civiles del hecho punible; el inciso 3° del art.
398 CPP que, al tratar la suspensión de la pena que se puede
imponer en el procedimiento simplificado, dispone que tal sus-
pensión no afecta la responsabilidad civil derivada del delito; el
artículo 105 CP, inciso 2°, según el cual la prescripción de la
responsabilidad civil proveniente del delito se rige por el Código
Civil, o, finalmente, el artículo 2.449 CC que señala que el con-
trato de transacción puede recaer sobre la acción civil que nace de
Pese a la frecuencia con que el legislador utiliza las expre-
siones acción civil derivada del delito y i-esponsabilidad civil derivada
del delito, se trata de denominaciones equívocas^'*, por varias ra-
zones que pasamos a exponer a continuación.
Primero, porque no es presupuesto para que el órgano ju-
risdiccional acoja una acción civil e imponga la obligación de
pagar a la víctima los perjuicios que la conducta ilícita del impu-
tado le ha causado, que se dicte sentencia penal condenatoria.
Más aún, el nuevo Código Procesal Penal dispone que, en la
hipótesis que el tribunal de juicio oral en lo penal absuelva al
acusado, habiéndose deducido validamente demandas civiles,
aquél está obligado a pronunciarse respecto de éstas (art. 349), lo
que demuestra que la dictación de una resolución judicial de
condena penal no es requisito para declarar al acusado como
^» Véase DE LA OLIVA SANTOS-ARAGONESES-HINOJOSA-
MUERZA-TOMÉ, Derecho Procesal Penal, Editorial Centro de Estudios Ramón
Areces, iMadrid 1999, p. 246; MONTES, Comentarios al Código Penal de 1995,
VTVES ANTÓN (coord.), v. I, Editorial Tirant lo blanch, Valencia 1996, pp.
571 y 572; asimismo, PEREIRA, La cosa juzgada en el proceso civil, Editorial
Jurídica Cono Sur, Santiago 1997, p. 216.
obligado al pago de la reparación de los daños civiles. En con-
cordancia con esta idea, el art. 67 del mismo cuerpo legal, declara
que la circunstancia de dictarse sentencia absolutoria en materia
penal no impide que se dé lugar a la acción civil que sea proce-
SegTindo, porque la dictación de la sentencia referente a la
pretensión penal no lleva implícita el pronunciamiento sobre la
responsabilidad civil, sino que es necesario que la víctima formu-
le una acción civil, distinta de la penal, dada la naturaleza privada
y disponible de aquella-', por una parte, y el principio de la
pasividad^°, por otra. En atención a lo anterior, el art. 342 letra
b) CPP señala que uno de los requisitos de la sentencia definitiva
es la enunciación breve de los daños cuya reparación reclamare la
víctima. Esto es, para la decisión sobre el objeto civil del proce-
dimiento penal, es precisa la solicitud previa de indemnización
por parte del ofendido por el delito.
Tercero, porque la decisión de absolución en torno al ilícito
penal no significa que no exista la responsabilidad civil o que
haya precluido la facultad de deducir acciones civiles, salvo los
casos que menciona el art. 179 CPC^'. Esto es, si el perjudicado
por el daño no solicita la reparación en sede penal y en ésta se
absuelve al acusado, aquél sigaie estando facultado para presentar su
demanda ante el tribunal civil, salvo la excepción recién apuntada.
Por lo anterior, es más propio hablar de acciones civiles ejcr-
citahks en el proceso penaP^- y de responsabilidad civil exigihle en el
-'' C-LARIÁ, Derecho Procesal Penal, t. II, Rubinzal-Cuizoni Editores, Buenos
Aires 1998, p. 110.
"' Art. 10, inc. 1°, COT.
'' Según este precepto, las sentencias absolutorias y las resoluciones que
sobresean definitivamente producen cosa juzgada en el proceso civil si se fundan
en la no existencia: del delito o cuasidelito objeto del juicio criminal, de relación
alguna entre el hecho que se persigue y la persona acusada, o de indicio alguno
" DE LA OLIVA et al., o. cit, p. 246.
LAS ACCIGN'KS CIVILES KN (ÍL (X)DIGO PROCESAL l>KNAL
Aliora bien, así como nuestra legislación no emplea en for-
ma del todo apropiada las expresiones recién comentadas, tam-
poco utiliza de un modo exacto la denominación de acción civil,
pues las acciones a que hace referencia el párrafo 2° del Título
III del Libro Primero del Código Procesal Penal son propiamen-
te pretensiones. En efecto, la acción corresponde al derecho de
poner en ejercicio la labor jurisdiccional o, en palabras del pro-
fesor Pereira, al "derecho subjetivo público a la prestación de la
jurisdicción"", y el nuevo Código, en esta parte, no se está re-
firiendo a tal facultad, sino a manifestaciones de voluntad que
contienen distintos tipos de intereses que se pretende imponer al
interés ajeno.
Sin perjuicio de lo anterior, y con el objeto de utilizar un
lenguaje armónico con el empleado por el nuevo Código Proce-
sal Penal, utilizaremos las expresiones acción y pretensión como
III. AUTONOMÍA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXIGIBLE EN EL PROCESO PENAL
La responsabilidad civil es independiente de la penal. Señalábamos
denantes que la responsabilidad civil no deriva de un delito. La
obligación que pesa sobre el autor del daño en orden a reparar al
perjudicado por éste tiene su origen en un hecho ilícito y no en
una conducta típica. Que el CPP confiera a la víctima la facultad
de deducir pretensiones civiles en sede criminal no nos puede lle-
var a confundir ambos tipos de responsabilidad. Lo que acontece
es que un mismo hecho ilícito puede dar origen a responsabilidad
penal y civil y dada esa fuente común de consecuencias jurídicas
(penas y medidas de seguridad, por una parte, reparación civil, por
O. ck., p. 216.
LAS ACCIONES CIVILES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAI.
Otra), el CPP permite la interposición de acciones de naturaleza
civil en un procedimiento de naturaleza penal. Como lo ha puesto
de manifiesto la STS, de 1/12/1992:
"El delito, en cuanto a tal, no produce otro efecto que el de la pena,
de manera que no todos los delitos sino únicamente aquellos delitos
que a la vez constituyen un ilícito civil acarrean las consecuencias
de tener que reparar la lesión de índole civil que hubiesen produ-
cido, o lo que es lo mismo, que el delito, en sí, no es fíjente de
obligaciones reparatorias por ser delito, sino por tratarse de un
hecho que contemplado desde una determinada perspectiva es de-
lito y desde otra constituye un ilícito civil que es el que engendra
la obligación de reparar, por ello, en el art. 117 CP se dispone la
responsabilidad civil nacida del delito o falta se extinguirá de igual
modo que las demás obligaciones con sujeción a las reglas del
Derecho civil"^"*.
En el mismo sentido, la STS, de 20/1/89:
"La declaración contenida en el art. 19 CP no puede entenderse en
el sentido de que todo delito o falta genere responsabilidad civil, ya
que lo que las infracciones penales producen siempre es un daño
criminal y la única sanción legalmente establecida en justa correla-
ción con tal infracción es la pena, de suerte que las únicas infrac-
ciones penales susceptibles o con virtualidad suficiente para engen-
drar responsabilidad civil son aquellas en las que el hecho produce
dos clases de daños: el daño criminal y, además, un daño civil, es
decir, cuando ei hecho, además de hallarse tipificado como delito,
constituye a la vez un ilícito civil generador de un daño de esta
naturaleza para cuyo resarcimiento se halla establecida la acción
civil correspondiente, que se rige por las normas propias del dere-
cho privado, sin que deba producir confucionismo el hecho de que
la acción civil, aparte de poder ser ejercitada independientemente
en el proceso civil, correspondiente, lo puede ser en el proceso
" Sentencia transcrita en MORENO CATENA (dir.). El proceso penal, v. I,
Tirant lo blanch, Valencia 2000, p. 609.
LAS ACCIONES CIVILES EN EL CÓDIGO PROCESAl. PENAL
penal por la acumulación que de ambas acciones en esta clase de
procesos permite la LECRIM. Por ello, algún sector doctrinal
mantiene la opinión de los delitos formales de peligro o de mera
actividad, de cuya naturaleza participa el delito de alzamiento de
bienes, no son susceptibles de generar responsabilidad civil en
cuanto que se consuman con la mera actividad con independencia
que se produzca o no lesión"".
Según las resoluciones judiciales recién transcritas, la pena
nace del ilícito criminal. Si ese hecho antijurídico constituye, al
mismo tiempo, un ilícito de carácter civil, puede dar origen a la
obligación de reparar el daño civil ocasionado. Por otra parte, no
toda conducta contraria a derecho genera, al mismo tiempo,
responsabilidad civil y penal. Así ocurre tratándose de ios delitos
La responsabilidad civil y penal tienen notas que las distin-
guen entre sí. También son diferentes las pretensiones que per-
siguen uno y otro tipo de responsabilidad. A continuación expon-
dremos brevemente tales diferencias.
La responsabilidad civil se gradtía de acuerdo al daño causado,
esto es, conforme a los efectos del hecho ilícito, mientras que la
penal conforme al bien jurídico lesionado o puesto en peligro, la
intensidad del ataque al mismo y la culpabilidad del sujeto respon-
sable^^'; la finalidad de la responsabilidad penal puede ser mera-
mente retributiva, de prevención general o especial, mientras que
la civil busca la reparación del daño causado por un hecho ilícito^'';
'' ídem, pp. 609 y 610.
"' ALUSTUEY, "La responsabilidad civil y las costas procesales", en Las
covsecuenciasjurídicas del delito en el nuevo Código Penal español, GRiVCIA (coord.),
Tirant lo blanch, Valencia 1996, p. 472. De ahí que un ilícito penal que tiene
asignada una pena baja como el cuasidelito castigado en el artículo 490 del CP,
puede acarrear responsabilidades civiles elevadas y, por el contrario, un delito
con pena altísima como la traición del art. 106 del CP, puede no generar
ningún daño y, consecuentemente, ninguna responsabilidad civil.
" BUSTOS-HORMAZÁBAL, Lecciones de derecho penal, v. I., Editorial
Trotta, Madrid 1997, p. 235. No obstante, hay que señalar que estas fmalidades
LAS ACCIONES C1\1LES EN EL CODKÍO PROCESAL PEN;\L
la responsabilidad penal es personalísima, está necesariamente
vinculada al autor, mientras que la civil se puede imponer a per-
sonas que no tuvieron intervención alguna en el hecho ilícito. De
ese carácter estrictamente personal de la responsabilidad penal, se
deriva la consecuencia de que no puede transmitirse ni cumplirse
en forma solidaria, notas que sí presenta la responsabilidad civil
(arts. 2316, inciso 1° y 2317 CC)'«.
Y en cuanto a las diferencias existentes entre las acciones
civiles y penales podemos señalar que la acción civil ejercitable
en el proceso penal es patrimonial, pues a través de ella el per-
judicado pretende que se condene a una persona a la reintegra-
ción del patrimonio afectado por el hecho ilícito y, consecuen-
temente, es renunciable^'', transigibk, según lo autoriza en forma
expresa nuestra ley civil'*", cedible y prescriptible. En cambio, la
acción penal no tiene naturaleza patrimonial, pues es, por regla
muy general, pública: persigue intereses de la comunidad en su
conjunto. Además, mientras que la acción civil QS facultativa, pues
queda a discreción de la víctima, sus herederos o cesionarios ejer-
cerla o no, la penal es generalmente obligatoria e irrenunciable.
La independencia entre la responsabilidad civil y penal
queda de manifiesto en diversas disposiciones contenidas en el
Código Procesal Penal. Así, el art. 65 dispone que, extinguida la
acción civil, no se entenderá extinguida la acción penal para la
atraviesan a veces los campos civiles y penales. Así, el daño causado puede ser
un referente de medición de la pena tratándose de delitos contra el orden
socioeconómico y contra el patrimonio por la vía del art. 69 CP (véase
ALASTUEY, o. cit., p. 474). Por otra parte, la doctrina civil admite que la
finalidad de la responsabilidad civil extracontractual contiene elementos de
prevención y retribución (véase Derecho Civil IV Responsabilidad Extracontracttial,
Apuntes preparados por los ayudantes Patricio Tapia y Eduardo Ugarte, sobre
la base de los apuntes de clases del profesor Enrique Barros, Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile, s/f, pp. 10 ss).
"* MUÑOZ CONDE-GARCÍA ARAN, Derecln Penal Parte General, Tirant
lo blanch, Valencia 1998, p. 652.
''' Véase inciso 2° del art. 56 CPP.
""' Véase artículo 2.449 del Código Civil.
persecución del hecho punible. Además, los artículos 170 (inciso
final) y 240 (inciso primero) declaran que la extinción de la res-
ponsabilidad criminal a través del ejercicio del principio de opor-
tunidad o la suspensión condicional del procedimiento, respectiva-
mente, no acarrea la extinción de la responsabilidad civil ex delicto.
Asimismo, el artículo 398, inciso fmal, declara que la suspensión
de la pena que se disponga en el procedimiento simplificado, no
afecta la responsabiUdad civil derivada del delito.
IV. FUNDAMENTO DEL EJERCICIO CONJUNTO
¿Cuál es la razón para permitir al perjudicado por el daño oca-
sionado por el hecho ilícito deducir acciones civiles en el proce-
dimiento penal? La doctrina ha propuesto distintas explicaciones
tocantes a la facultad de la víctima para demandar la reparación
en sede penal.
Leone agrupa las distintas justificaciones para deducir las
acciones civiles en el procedimiento criminal en cuatro. Para la
primera de ellas, los actores civiles participan en las causas cri-
minales como necesarios consortes del Estado en el litigio (no obs-
tante, esta teoría incurriría en un error pues en la pretensión
punitiva estatal no quedan absorbidas las acciones civiles); para la
segunda, los actores civiles intervienen como coadyuvantes del mi-
nisterio piiblico en el ejercicio de la acción penal (sin embargo, esta
teoría no advierte que la parte civil está legitimada para deducir
tan sólo la pretensión de resarcimiento o restitución y, consecuen-
temente, es ajena al ejercicio del ius puniendí); para la tercera, los
actores civiles intervendrían en virtud de la acumulación de causas
(pero la acumulación es difícil de concebir entre materias civiles,
por una parte, y penales, por otra), y, finalmente, para una cuarta,
cabría identificar la participación de los actores civiles en el
procedimiento penal como una manifestación de la intervención de
tercero (aunque esta institución pertenece más bien a los proce-
dimientos civiles).
LAS ACCIONES CIVILES EX EL CODICIO PROCESAL PENAL
Por las objeciones anteriores, Leone estima que el funda-
mento del ejercicio conjunto de las acciones civiles y penales en
el procedimiento criminal ha de buscarse en la unidad del poder
jurisdiccional, principio análogo con la regla de prohibición de
contradicción de fallos, la cual opera de dos modos: preventiva-
mente, evitando la dictación de fallos contradictorios, y
represivamente, mediante aquellos mecanismos que se prevén
para resolver la contradicción, sacrificando uno de los fallos en
pugna"*'.
Otros autores explican el ejercicio conjunto de ambas accio-
nes por la nota de antijuridicidad común que comparte el hecho
ilícito civil y el penal, que no se diferencian entre sí desde un
punto de vista cualitativo. Sólo sobre la base de criterios de
política criminal el ordenamiento deja de castigar penalmente
una determinada conducta, a la que impone una sanción civil,
dando aplicación de esta forma al principio de extre?mi ratio y al
carácter fi-agmentario del derecho penal. Esa característica compar-
tida de antijuridicidad explicaría la unidad procesal entre acción
civil y penal'*^
V. RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN ENTRE LAS
La inserción de acciones civiles en las causas penales no puede
importar que las normas que rigen la ritualidad de aquéllas se
trasladen desde cuerpos procesales civiles a otros de carácter pro-
cesal penal, pues ello acarrearía continuas contradicciones en el
desenvolvimiento de las acciones civiles y penales en el juicio cri-
^' Tratado de derecho procesal penal, v. I, Ediciones jurídicas Europa-América,
Buenos Aires 1963, pp. 472 ss.
•*- BUSTOS, Manual de derecho penal. Editorial Ariel, Barcelona 1989, pp.
416 V 417.
LAS ACCIONES CmLES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL
Con el propósito de evitar la dilación del proceso penal y la
dictación de decisiones jurisdiccionales contradictorias en él, las
acciones civiles ejercitables en las causas criminales se rigen por
el principio de dependencia y accesoriedad *K Esta regla obliga a las
acciones civiles injertadas en el procedimiento penal a ajustarse
a la sustanciación, etapas, fases y actos de éste. Ello no significa
que, desde un punto de vista material, la responsabilidad civil ex
delicio esté supeditada a la responsabilidad penal. La relación de
subordinación y dependencia rige tan sólo en el ámbito procesal.
El principio de subordinación y dependencia está consagrado
legalmente en el inciso 2° del art. 59 CPP, según el cual, durante
la tramitación del procedimiento penal, la víctima podrá deducir
respecto del imputado, con arreglo a las prescripciones del Código Pro-
cesal Penal, todas las restantes acciones (distintas de la meramente
restitutoria) que tuvieren por objeto perseguir las responsabilida-
des civiles derivadas del hecho ilícito. Esto es, las acciones civiles
que se deduzcan en sede criminal deben adaptarse a la ritualidad
propia del procedimiento penal.
La máxima en comento acarrea diversos efectos. En primer
lugar, el ejercicio en el proceso penal de las acciones tendientes
a obtener la reparación de las consecuencias dañosas de un hecho
ilícito está condicionada al inicio de la persecución penal. Tan sólo
atando se ha puesto en marcha el m.eca?iismo estatal para la investi-
gación, juzgamiento y castigo de un hecho que reviste caracteres de
delito, cabe deducir pretensiones civiles.
Por otra parte, este principio se traduce en que la co??serua-
ción de las acciones civiles en el procedimiento penal depende de la
•*' Véase MORAS, La acción civil reparatoria y el proceso penal, Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1996, pp. 19 y 47; LEONE, o. cit., p. 479, 496,
497; FLORIÁN, Elementos de derecho procesal pe7ial, Editorial Bosch, Barcelona
1969, p. 221; MORENO (dir.), o. cit., pp. 614 y 615. La doctrina denomina
este principio bajo la fórmula "/« pe?ial tient le civil en état". La máxima aparece
de manifiesto en el artículo 87 del Código Procesal Penal Modelo para
LAS ACCIONES CIVILES F,N KL CÓDIGO PROCESAL PENAL
pemianencia de la persecución criminal. Luego, si el proceso crimi-
nal no finaliza en juicio oral, el perjudicado se ve obligado a
deducir sus pretensiones reparatorias ante un órgano jurisdiccio-
nal con competencia civil. Así lo dispone el art. 68 del Código
Procesal Penal, según el cual si antes de comenzar el juicio oral,
el procedimiento penal continúa de conformidad a las normas
que regulan el procedimiento abreviado, o por cualquier causa
termine o se suspende, sin decisión acerca de la acción civil que
se hubiere deducido oportunamente, la víctima debe presentar su
demanda ante el tribunal civil competente, sujetándose el juicio
a las normas del procedimiento sumario. Lo contrario, mantener
el conocimiento en sede criminal de la acción civil habiendo desa-
parecido la penal, pugnaría con la accesoriedad de la pretensión
civil respecto de la penal. Como lo ha declarado la Cámara de
Acusación de Córdoba (Argentina), resol. 57, 17-VI-1987, " C ,
L. s/falsedad ideológica";
"...3) Si por sentencia firme, un juez de instrucción sobresee en
foriii;i parda] a los imputados, la acción resarcitoria no puede ejer-
cerse en el proceso penal... pues el mismo, en virtud de dicha re-
solución, se cerró en forma definitiva e irrevocable...4) Es obliga-
ción de todo tribunal de justicia evitar un desgaste innecesario de
jurisdicción... una vez dictada ésta (la sentencia de sobreseimiento)
y ya firme, operan ipso iiire las consecuencias jurídicas de la misma,
entre las que se cuenta la de producir el cese de la acción civil que
se hubiese instado. Una tramitación procesal, en la que se intenta
el ejercicio de la acción civil resarcitoria dentro de un proceso penal
irrevocablemente cerrado en virtud de sobreseimiento, repugna la
naturaleza accesoria de aquella accióii"^.
El inciso final del artículo 68 CPP consagra una excepción
a esta faceta de la accesoriedad, al señalar que si comenzado el
juicio oral, se dictare sobreseimiento, el tribunal oral en lo penal
Sentencia citada por ÍVI01M.S, o. cit., p. 38. La cursiva es nuestra.
debe continuar con el juicio para el solo conocimiento y fallo de
Asimismo, la preeminencia de la acción penal respecto de la
civil sujeta a ésta a las normas procesales penales en todo lo relativo a
la procedencia, oportunidad, forma de rendición y apreciación de la
fuerza probatoria de los medios de prueba tendientes a demostrar la
responsabilidad civil derivada del delito (art. 324, inciso 1°, del
Código Procesal Penal"*').
Finalmente, este principio hace que sólo sean aplicables a la
acción civil ejercitable en el procedimiento cri?ninal normas de natura-
leza civil en la medida que sean compatibles con éste. A este respecto,
cabe señalar que el Código Procesal Penal, en materia de accio-
nes civiles derivadas del delito, se remite a los artículos 254
CPC'*'' y 1.698 CC"*", toda vez que la vigencia de estas normas
en el proceso penal no supone alteraciones significativas en el
sistema de la nueva ley de enjuiciamiento criminal.
VI. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES CIVILES
EJERCITABLES EN EL PROCESO PENAL
Otro aspecto de las acciones civiles derivadas del delito que es
preciso abordar dice relación con sus notas características, a sa-
ber: cabe la renuncia a su respecto, pueden ser objeto de transacción, su
ejercicio es contingente, son susceptibles de desistimiento y, además, son
presa'iptibles.
A continuación comentaremos las características expuestas.
•*' Esta norma procesal reza: '^Prueba de las acciones civiles. La prueba de las
acciones civiles en el procedimiento criminal se sujetará a las normas civiles en
cuanto a la determinación de la parte que debiere probar y a las disposiciones
de este Código en cuanto a su procedencia, oportunidad, fonna de rendirla y
apreciación de su fuerza probatoria".
^'•' Véase art. 60 , inciso 1°, CPP.
-" Véase art. 324, inciso 1°, CPP.
i) Según lo declara en forma expresa nuestro Código Procesal
Penal, la acción civil ejercitable en el procedimiento penal, a
diferencia de la acción penal pública, se extingue por la renuncia
de la persona ofendida (art. 56, inciso 2°). Tal renuncia podrá
efectuarse estando pendiente el juicio o antes de haberse dedu-
cido la acción, así como cuando hubiere recaído sentencia firme
sobre la pretensión"^^. No se podrá renunciar antes de producirse
el hecho ilícito si ello iinporta condonar el dolo futuro (art. 1.465
CC), o renunciar a bienes jurídicos indisponibles, como la vida,
ii) Por otra parte y dado que el objeto de la controversia entre
ei perjudicado por el hecho ilícito/y el autor del daño tiene un
carácter disponible, la acción civil que se ejerce en el proceso
penal es susceptible de componerse por intermedio del contrato
transaccional. Así lo declara en forma expresa el Título XL del
Libro IV del Código CiviP'^
iii) La acción civil ejercitable en el procedimiento criminal puede
ser objeto de desistimiento'". A través de éste el actor civil se
aparta del proceso penal y deja de ejercer la acción civil en el
El desistimiento puede ser expreso o tácito. El desistimiento
expreso se realiza a través de una declaración de voluntad explí-
cita, que puede manifestarse e72 cualq-itier estado del procedivtiento
(art. 64, inciso 1°, CPP). El desistimiento tácito, que el Código
Procesal Penal llama abandono, es consecuencia de la inasistencia,
sin causa justificada, a dos actos fundamentales del procedimiento
"'*' REYlíS, Acción y rcspoiisabilulad civil derivadas de delitos y faltas, Gráficas
Menor, Madrid 1958, p. 356.
* Véase are. 2.449 CC.
'" En esta parte se sigue a CLARIÁ, o. cit., pp. 128-130.
ordinario: la audiencia de preparación del juicio oral y la audien-
cia de juicio oraP'.
El nuevo Código Procesal Penal, a diferencia de algunos en
que se inspira, como el Código de Procedimiento Penal Italiano"
o el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica", no re-
gula el efecto que produce el desistimiento de la acción civil. No
obstante ello, cabe hacer presente que en el Proyecto de Código
de Procedimiento Penal que el Ejecutivo envió al Congreso Na-
cional sí se contemplaban cuáles eran las consecuencias de este
Efectos del desistimiento y abandono. El desistimiento o el abandono de
la demanda civil importan una renuncia a la pretensión reparatoria
y, en consecuencia, impiden el ejercicio del derecho alternativo que
concede el artículo 69'*.
La renuncia de la acción civil sólo afectará al renunciante y a sus
sucesores, y no a las demás personas a quienes también pudiere
corresponder dicha acción.
El desistimiento y el abandono obligarán al actor civil a responder
por las costas que su intervención en el procedimiento hubiere
En el Segundo Informe de la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, recaído en dicho
Proyecto, en segundo trámite constitucional, se afirmó que ésta
'' Véase inciso segundo del artículo 64 CPP. Inicialmente el proyecto de
código (art. 73) contemplaba otras dos causales de desistimiento tácito: el
alejamiento de estas audiencias sin justo motivo y la no exposición de las
conclusiones en el juicio oral. Estas causales fueron eliminadas en razón de
que pareció excesivo considerarlas (PFEFFER, o. cit., p. 82).
" Véase art. 82.4 de ese Código.
'' Véase art. 91 de ese Código.
'•* El art. 69 corresponde al actual 59, que permite el ejercicio de la preten-
sión reparatoria en sede civil o penal (ejercicio alternativo de acciones).
LAS ACCION'I-'S CWILES EX líL C:ODlGO PROCIÍSAL PEiVAL
era una materia regulada por las normas civiles y procesales ci-
viles, de forma que no se justificaba contemplarla también en el
Código Procesal Penal". Esto es, en el Senado se estimó que el
art. 73 recién trascrito resultaba redundante, pues reiteraba los
efectos que las normas civiles contemplan respecto del desisti-
miento y del abandono. Luego, se reconoció que el desistimiento
conllevaba la renuncia a la acción civil, pues según el art. 150 CPC
el acto procesal en cuestión tiene el efecto ^e cosa juzgada.
Cabe agregar que para la mayoría de la doctrina procesal
penal, el desistimiento de la acción civil no tiene un efecto
meramente formal, sino que además impide promover una pre-
tensión reparatoria en sede civil. Esto es, a través del desistimien-
to el perjudicado por el acto u omisión ilícita no sólo se alejaría
del proceso penal, sino que además renunciaría a su derecho
subjetivo de reclamar el daño causado, impidiéndole promover su
pretensión ante los tribunales civiles competentes. A este respec-
to, Clariá señala, refiriéndose al desistimiento expreso, que éste:
"implica renuncia a la pretensión reintegradora patrimonial. En
el proceso penal, no puede limitarse a la instancia, o sea tener
alcance meramente formal"^'^. Y sobre el desistimiento tácito,
apunta que éste provoca la renuncia al ejercicio de la acción civil
con el mismo alcance del desistimiento expreso". En un sentido
similar se pronuncia Velez Mariconde'^ y Núñez^'^.
El abandono de la acción civil, por expresa previsión legal,
obliga a la víctima a soportar las costas que su intervención como
parte civil hubiere causado, a menos que el tribunal, por razones
" No obstante, la mención del efecto del abandono respecto de las costas,
previsto en el inciso final del art. 73, se mantuvo en el actual art. 47, inciso
segundo, CPP.
•" CLARIÁ, o. cit., p. 128.
'"' ídem, p. 129.
"* Acción resarckoriíi, pp. 1S4 y 155, citado por ABALOS, Derecho procesal
penal, t. II, Ediciones Jurídicas Cuyo, Santiago 1993, p. 226.
''' La acción civil en el proceso penal, pp. 137 y 138, citada por ABALOS, o. cit.,
LAS ACC;iONES C1\'ILF.S EN EL CÓDIGO PROCIÍSAL PENAL
fundadas, que debe expresar determinadamente, la exima total o
parcialmente del pago*^^".
iv) El ejercicio de las acciones civiles es contingente en el pro-
cedimiento penal, en dos sentidos diversos*"'. Por una parte,
porque la víctima puede querer no ejercerlas. Por otro, porque
ella sólo podrá ejercer acciones civiles en la medida en que ese
hecho genere, a su vez, responsabilidad civil. Existen algunos
ilícitos penales que no generan daño indemnizable. Piénsese, por
ejemplo, en el porte y tenencia ilícita de armas, en el manejo en
estado de ebriedad simple, en los delitos que quedan en grado de
tentativa o, como vimos, en general en los delitos de peligro.
v) La acción civil ejercitable en el procedimiento penal es
prescriptible. Como la responsabilidad civil ex delicio no es sino
una clase de responsabilidad extracontractual, resulta aplicable el
artículo 2.332 CC, según el cual las acciones que la persiguen
prescriben en el plazo de cuatro años contados desde la perpe-
tración del acto. Así por lo demás lo declara implícitamente el
art. 105 CP: "la prescripción de la responsabilidad civil prove-
niente del delito, se rige por el Código Civil".
El nuevo Código Procesal Penal permite al perjudicado por
el hecho ilícito interrumpir civilmente la prescripción extintiva a
través de la preparación de la demanda civil, solicitando, con
posterioridad a la formalización de la investigación, la práctica de
diligencias que considere necesarias para esclarecer los hechos
que serán objeto de su demanda. Sin embargo, la eficacia de este
mecanismo de interrupción de la prescripción está condicionada
a la realización de un acto procesal posterior: la presentación de
la demanda civil, antes de los 15 días anteriores a la fecha de la
celebración de la audiencia de preparación del juicio oral. De no
Véase incisos 2° y 3° del art. 47 CPP.
FLORIÁN, o. cit., p. 207.
LAS ACCIONES CIVILES EN EL CÓDIGO PROCIÍSAL PENAL
presentarse la demanda, la prescripción se considera como no
interrumpida''^
No es el anterior el único caso que prevé el nuevo Código
de interrupción condicionada de la prescripción. Efectivamente,
puede ocurrir que antes de comenzar el juicio oral y habiendo la
víctima formulado pretensiones de índole civil, el procedimiento
penal continúe conforme a las normas que regulan el procedi-
miento abreviado, o por cualquier causa termine o se suspenda,
sin decisión acerca de la acción civil deducida oportunamente.
Así, puede ocurrir que el juez de garantía apruebe un acuerdo
reparatorio, la suspensión condicional del procedimiento o de-
crete el sobreseimiento del proceso. En todos estos eventos la
deducción de las acciones civiles interrumpe la prescripción. Sin
embargo, para que esa interrupción se mantenga, la víctima debe
presentar su demanda ante el tribunal civil competente en el
término de sesenta días siguientes a aquél en que, por resolución
ejecutoriada, se dispusiere la suspensión o terminación del pro-
cedimiento penal. Si no se presenta la demanda, la prescripción
continuará corriendo''^
El ejercicio de pretensiones cautelares reales por parte de la
víctima (art. 157 CPP) también producirá el efecto de interrup-
ción de la prescripción, pues la expresión demanda judicial que
emplea el inciso tercero del art. 2.518 CC se ha entendido por
la jurisprudencia en un sentido amplio, abarcando "cualquier
gestión del acreedor efectuada ante la justicia con el objeto de
exigir directamente el pago, o preparar o asegurar el cobro'"''*.
Por otra parte, el análisis de la historia fidedigna del estableci-
miento del Código Procesal Penal nos indica que el efecto de
'•- Artículo 61, inciso final, CPP.
''' Artículo 68 (incisos primero y segundo) CPP.
'••' ABELIUK, Las obligaciones, t. II., Editorial Jurídica de Chile, Santiago
1993, p. 1017, quien cita los siguientes fallos en apoyo de la interpretación
genérica de la voz "demanda judicial": R., t. 46, sec. 1", p. 647, R., t. SO, sec.
\\ p. 320 y R., t. 60, sec. 2\ p. 130,
LAS ACX:iONKS CmLES EN F.L CÓDIGO PROCESAL PENAL
ínternapción de la prescripción que prevé el inciso 3° del art. 61
CPP lo produce tanto la preparación de la demanda civil del
inciso 1° del mismo artículo, como la cautela de la demanda,
prevista en el inciso 2° del precepto y desarrollada en el art. 157
CPP^'.
'•' En su redacción original, el actual art. 61 CPP disponía: '^Frcparnción de
la demanda civil durante la instnicción. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
siguiente, el actor civil podrá preparar la demanda civil durante la etapa de
instrucción, con posterioridad a la formidación de cargos, solicitando la práctica
de diligencias que considere necesarias para esclarecer los hechos que serán
objeto de su demanda. Regirán, correspondientemente, los artículos 279 y 280.
.asimismo, se podrá pj-eparar la demanda civil solicitando alguna de las medidas
previstas en el artículo 190 (...). La preparación de la demanda civil interrumpe
la prescripción. No obstante, si no se dedujere demanda en conformidad a lo
prescrito en el Párrafo 3° de este Título, continuará corriendo la prescripción
como si no se hubiere interrumpido" (art. 77). El art. 190 del proyecto del
Ejecutivo corresponde al actual art. 157 que regula las medidas cautelares rea-
les. Del art. 77 del proyecto, en relación con el 190 del mismo, se desprende
que, en su redacción original, el CPP buscaba que tanto la solicitud de la
práctica de diligencias tendientes a esclarecer los hechos que serían objeto de
la demanda, como la interposición de pretensiones de contenido cautelar real,
interrumpieran la prescripción. Esta idea no aparece tan clara en el actual art.
61, pero creemos que se mantiene implícita. Lo que aconteció fue que en el
Senado se estimó que la expresión preparar que utihzaba el inciso segundo del
actual art. 61 (que se reemplazó por cautelar) no era del todo correcta pues las
medidas a que hace referencia el inciso son cautelares y no preparatorias. Como
podemos apreciar, la modificación que introdujo el Senado fue meramente
conceptual y no se pronunció sobre el efecto de la solicitud de diligencias
necesarias para esclarecer los hechos objeto de la demanda y de la solicitud de
medidas cautelares: la interrupción de la prescripción. Por lo demás, la deno-
minación del art. 61 {Preparación de la demanda civil) es otro argumento en
apoyo de nuestra afirmación, pues el inciso tercero del art. 61 señala que la
prepaj-ación de la demanda civil interrumpe la prescripción y la denominación
del artículo indicaría que siguen habiendo dos formas de preparación de la
demanda civil que producen el efecto indicado en el inciso tercero (la solicitud
de una o más de las medidas precautorias autorizadas en el Título V del Libro
Segundo del CPC y la petición de realización de diligencias para determinar
los hechos que serán objeto de la demanda civil).
1. CLASES DE ACCIONES CIVILES EJERCITABLES EN EL
El Código Procesal Penal distingue entre dos grupos de acciones
civiles injertadas en el proceso criminal. Por una parte, hace
referencia a la que persigue únicamente la restitución de la cosa,
esto es, a la acción restitutoria. Esta acción, como su propio nom-
bre lo indica, busca la restitución material de cosas que puedan
set-uir de medio de prueba en el procedimiento penal o sean instru-
mentos o efectos del delito, entendiendo por estos últimos tanto el
producto del ilícito como los objetos sobre que recae. Por otra,
el nuevo Código menciona "las otras acciones encaminadas a ob-
tener la reparación de las consecuencias civiles del hecho puni-
ble" (inciso 3° del artículo 59) o las "restantes acciones que tuvieren
por objeto perseguir las responsabilidades civiles derivadas del
hecho punible" (inciso 2° del artículo 59). De esta forma, el Có-
digo contempla una serie de acciones civiles que escapan a aque-
lla que busca la mera restitución de la cosa, y que se entablan por
el actor civil con la finalidad de reparar las consecuencias civiles
del hecho punible. Las denominaremos acciofies reparatorias, pre-
cisando, no obstante, que la pretensión restitutoria también está
orientada hacia la reparación, sólo que restringida a la obtención
de una decisión jurisdiccional que permita restablecer la relación
jurídica que el dueño, poseedor o mero tenedor tenía respecto a
El CPP (1906), antes de la reforma introducida por la ley N° 18.857,
de 6 de diciembre de 1989, también regulaba varios tipos de acciones
civiles. Efectivamente, el art. 10 CPP (1906) señalaba que: "De todo
delito nace acción civil para obtener la restitución de la cosa o su
valor y ía indemnización establecida por ía ley a favor deJ perjudi-
cado". Luego, el perjudicado por el hecho ilícito podía deducir la
acción restitutoria, por una parte, y la pretensión indemnizatoria.
LAS ACCIONES CI\1LES EN EL CÓDIGO PROCESAL PEN.-U.
por Otra. Esta última tenía un contenido bastante amplio, pues podía
perseguir el valor de los objetos propios de la acción restitutoria
que habían perecido, indemnizaciones generales conforme a los
artículos 2314 y siguientes del Código Civil e indemnizaciones
especiales previstas por la ley respecto de algunos delitos (art. 410
CP, V. gr./"
Para QUEZADA'^^ el art. 10 CPP (1906) incorporaba tres clases de
acciones civiles: la 7-estitJitoria (que tenía por objeto la mera resti-
tución de la cosa), la reparatoria (cuya finalidad era obtener el valor
de la cosa), y la indemnizatoria (que perseguía los daños y perjuicios
causados por el hecho ilícito, ya sea conforme a las reglas generales
del Código Civil o según reglas contendidas en el Código Penal
respecto de delitos determinados (antiguo art. 327, 370, 389 y 410,
todos del CP).
El problema del art. 10 CPP (1906), en la redacción anterior al año
1989, es que fue objeto de una interpretación restringida: sólo se
vio en él la consagración de la acción restitutoria y de acciones que
perseguían la reparación pecuniaria en dinero, "identificándola sólo
con la pretensión de declaración o liquidación de daños y perjuicios
causados por delitos" que fueran indemnizables en dinero'"*.
La ley N" 18.857 modificó, entre otros muchos preceptos, el citado
art. 10 y ie dio una nueva redacción, que corresponde a la actual.
La intención del legislador de 1989 fue la de dar un carácter plural
a las acciones civiles, incorporando las precautorias o las de nulidad,
por ejemplo'''^
"' LÓPEZ, Derecho Procesal Penal chileno, t. I, Ediciones Encina, Santiago
<•'• Derecho Procesal Penal, Del Sumario, Editorial Jurídica Ediar-Cono Sur,
Santiago 1988, p. 99.
'* Véase Informe de la Comisión Conjunta encargada del estudio del pro-
yecto de ley que modificó el Código de Procedimiento Penal, de fecha 14/9/
89, en Repertorio de kgisliición y jurisprudencia chilenas. Código de Procedimiento
Penal, Editorial Jurídica de Chile, Santiago 2001, p. 43.
'''' ídem nota anterior, pp. 43 a 45.
Respecto de la acción restitutoria es competente únicamente el
tribunal que conozca las gestiones relacionadas con el respectivo
procedimiento penal (inciso primero del art. 171 COT).
En cuanto al tribunal competente para conocer de las pre-
tensiones reparatorias hay que distinguir dos situaciones diversas,
i) Si éstas son promovidas por la víctima contra el ijnputado, es
competente tanto el tribunal que conozca las gestiones relacio-
nadas con el respectivo procedimiento penal, como el tribunal
civil que resulte competente de acuerdo a las reglas generales. No
obstante, si en el procedimiento penal se admite la demanda civil
a tramitación, la víctima ya no está facultada para deducirla nue-
vamente ante un tribunal civil™"^'. Esto es, el derecho de la víc-
tima para presentar una demanda en sede civil precluirá por
haberse realizado un acto incompatible con su ejercicio (haber
presentado demanda en sede penal).
Si la víctima ejerce la acción reparatoria ante los tribunales
con competencia civil, ello normalmente no influirá en el curso
de la acción penal pública. Sin embargo, si el delito que se in-
vestiga en sede criminal es de acción penal privada, el ejercicio
'" Véase parte final del inciso 2° del art. 59 CPP. En términos similares se
expresa el art. 89 del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica: '^Ejer-
cicio alternativo. Las reglas que posibilitan plantear la acción reparatoria en el
procedimiento penal no impiden su ejercicio ante los tribunales competentes
específicamente, por la vía del procedimiento civil. Pero una vez admitida en el
procedimieiitu penal, no se podrá deducir nuevamente en un procediwiento civil inde-
pendiente (...)".
'' Salvo los casos que prevé el art. 68 CPP, pues en tales eventos el ofendido
por el delito puede ejercer acciones civiles en sede civil, pese a haberse admitido
a tramitación la demanda. También debe exceptuarse el caso de que la víctima
demande en sede civil a los terceros civilmente responsables.
LAS ACCIONKS CIVILES EN EL CODKX) PROCESAL HENAL
exclusivo de las pretensiones reparatorias en sede civil conlleva la
extinción de aquélla'-.
ii) En cambio, si las pretensiones reparatorias son promovidas
por sujetos distintos de la víctima o se dirigen contra personas diver-
sas del Í77iputado, deben plantearse necesariamente ante el tribunal
civil competente de acuerdo con las reglas generales".
3. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN LAS ACCIONES
CIVILES EJERCITARLES EN EL NUEVO PROCESO
3.1. Acción restitutoria
La persona con legitimación activa para deducir la pretensión
restitutoria es cualquiera que tenga derecho a la tenencia física,
posesión o sea dueño de los efectos o instrumentos del delito, o
bien de los objetos que constituyan medios de prueba en el pro-
cedimiento criminal. Puede ser la víctima del delito o no serlo,
pues en esta materia no rige la limitación que impone el inciso
final del art. 59 CPP, según lo dispone la misma norma.
Por otra parte, la pretensión restitutoria puede intentarse
contra el imputado u otra persona que tenga la cosa en su poder,
al no regir tainpoco la liinitación impuesta por el inciso final del
art. 59 CPP.
Los bienes objeto de la pretensión restitutoria pueden haber
sido vendidos por el autor de un robo o hurto y posteriormente
comprados por un tercero en una feria, almacén u otro estableci-
~- Así lo declara el inciso 1° de! art. 66 CPP. El precepto agrega en su inciso
2°, que para los efectos del ejercicio exclusivo de la acción civil, no lo constituirá
la solicitud de diligencias destinadas a preparar la demanda civil o a asegurar
•' Inciso final del art. 59 CPP e inciso 3° del art. 171 Cor.
miento industrial en que se vendan cosas muebles de la misma
clase. En esta situación podría resultar aplicable lo dispuesto en
el art. 890 CC, puesto que la acción restitutoria se ha estimado
que corresponde a una acción reivindicatoría, solo que ejercitada
en el proceso penal. Efectivamente, se ha señalado que la preten-
sión restitutoria "es esencialmente una acción reivindicatoría,
pues tiene el mismo fundamento, el mismo titular, el mismo
objeto y el mismo alcance que ésta"'''. Consecuentemente, la
persona que ejerce la acción restitutoria no podría obtener la
devolución de estos bienes sin antes reembolsar a quien tenía la
cosa en su poder lo que se hubiere pagado por ellas y lo que se
haya gastado en repararlas y mejorarlas.
El art. 890 CC reza: "Pueden reivindicarse las cosas corporales,
raíces y muebles.
Exceptúanse las cosas muebles cuyo poseedor las haya comprado en
una feria, tienda, almacén, u otro establecimiento industrial en que
se vendan cosas muebles de la misma clase.
Justificada esta circunstancia, no estará el poseedor obligado a res-
tituir la cosa, si no se le reembolsa lo que haya dado por ella y lo
que haya gastado en repararla y mejorarla".
Sin embargo, el art. 189 CPP dispone simplemente que el
dueño de las cosas hurtadas, robadas o estafadas tiene derecho a
que el tribunal de garantía se las entregue, una vez comprobado
su dominio por cualquier medio y establecido su valor.
El artículo 189 CPP establece que: '''Reclamaciones o tercerías. Las
reclamaciones o tercerías que los intervinientes o terceros
entablaren durante la investigación con el fin de obtener la resti-
tución de objetos recogidos o incautados se tramitarán ante el juez
'"* ETCHEBERRY, El derecho pejial en In jurispnulencin (en adelante "DPJ"),
c. II, Editorial Jurídica de Chile, Santiago 1987, p. 296.
de garantía. La resolución que recayere en el artículo así tramitado
se limitará a declarar el derecho del reclamante sobre dichos obje-
tos, pero no se efectuará la devolución de éstos sino hasta después
de concluido el procedimiento, a menos que el tribunal considere
innecesaria su conservación.
Lo dispuesto en el inciso precedente no se extenderá a las cosas
hurtadas, robadas o estafadas, las cuales se entregarán al dueño en
cualquier estado del procedimiento, una vez comprobado su domi-
nio por cualquier medio y establecido su valor.
En todo caso, se dejará constancia mediante fotografías u otros
medios que resultaren convenientes de las especies restituidas o de-
vueltas en virtud de este artículo".
¿Cuál norma debe primar? ¿El art. 890 CC, que obligaría
al legitimado activo de la acción restitutoria a hacer los pagos que
la norma dispone en favor del actual poseedor, o debe aplicarse
preferentemente el art. 189 CPP, que no condiciona la entrega
de lo reclamado a pago alguno? Al respecto se han planteado dos
posiciones respecto del art. 115 CPP (1906), fuente del actual art.
189 CPF''.
El art. 115 CPP (1906) reza: "Las reclamaciones o tercerías que las
partes o terceros entablen durante el juicio con el fin de obtener la
restitución de los objetos de que se trata en el artículo precedente^*^,
se tramitarán por separado en la forma de un incidente, y la sen-
tencia se limitará a declarar el derecho de los reclamantes sobre
dichos objetos; pero no se efectuará la devolución de éstos sino
después de terminado el juicio criminal o antes, si en concepto del
juez no fuere necesario consei-varlos.
'* PFEFFER, o. cit., p. 208.
''' El precepto se refiere a los instrumentos, armas u objetos de cualquier
clase que parezcan haber servido o haber estado destinados para cometer el
delito, y los efectos que de él provengan.
LAS ACCIONES CR'lLlvS EN EL CÓDIGO I'ROCESAL PENAL
Lo dispuesto en el inciso precedente no se extiende a las cosas
cualquier estado del juicio, una vez que resulte comprobado su
dominio y sean valoradas en conformidad a la ley"
La primera tesis, minoritaria en la jurisprudencia, señala que
debe primar el art. 115 CPP (1906) y el legitimado activo tendría
derecho a la devolución del bien sin condicionarla a efectuar
reembolso alguno, pues el art. 890 CC es una disposición gene-
ral, que sólo se aplica en el ámbito civil y que habría sido dero-
gada por el art. 115 CPP (1906) (por ser esta última norma
posterior)". La doctrina mayoritaria se ha adscrito a esta inter-
pretación. Así, para Etcheberry''^, apoyado por Cury''^, debería
primar el derecho que sobre el bien tenga la persona que deduce
la acción restitutoria, pues no se trata de una reivindicación or-
dinaria, "sino de una acción extraordinaria, de fundamentos y
modahdades especiales".
La segimda, seguida mayoritariamente por la jurisprudencia,
señala que los arts. 890 CC y 115 CPP (1906) son disposiciones
que se complementan y que no hay entre ellas ninguna incom-
patibilidad, pues mientras el art. 115 CPP (1906) establece la
oportunidad en que se deben devolver las cosas robadas, hurtadas
o estafadas, una vez comprobado el dominio y establecido su
valor, el art. 890 CC, por razones de equidad, obliga al
pretensionante a efectuar reembolsos a favor del actual posee-
dor*"', sin perjuicio de reclamar la indemnización al autor del
delito. Por otra parte, los reembolsos que exige el art. 890 CC
deben efectuarse, pues esta disposición tiene carácter especial y
" C. Talca, 10 de junio 1937, GT, año 1937, 1 er. Semestre, N° 99, p. 420.,
DPJ, t. II, p. 299.
'" ETCFIEBERRY, Derecho Penal, t. 11, Editorial Jurídica de Chile, Santiago
1998, p. 238.
'•' CURY, Derecho Penal Parte General, t. II, Editorial Jurídica de Chile,
Santiago 1985, p. 455.
«" C. Talca, 1934, GT 1934-2, 100-406, DPJ, t. 11, p. 296.
sustantivo, en tanto que el art. 115 CPP (1906) tiene un carácter
genérico y procesaP' y sus normas no crean derechos**^; porque
según el art. 115 CPP (1906) la resolución que pronuncia el Juez
es meramente declarativa, y al no aplicarse el art. 890 CC per-
dería tal carácter y mejoraría el derecho de una de las partes**';
además, es lógico suponer que el art. 890 CC considera el caso
de la posesión violenta o clandestina que dio origen a la compra
de cosa ajena en el establecimiento comercial, toda vez que no
distingue la forma en que llegó a poder del comerciante'*'*; asimis-
mo los antecedentes históricos del art. 890 CC, según el comen-
tario de Claro Solar a la disposición, demuestran que esta norma
se refiere precisamente a las cosas perdidas, hurtadas o robadas**'.
5.2. Acciojtes reparatorias
Las pretensiones reparatorias sólo pueden intentarse en el curso
del proceso penal por la víctima contra el imputado (art. 59, inciso
2°, CPP). De esta forma, el Código Procesal Penal limita
drásticamente las personas que pueden asumir los roles de
pretensionante y resistente tratándose de estas acciones.
i) Ahora bien, respecto del sujeto legitimado para entablar la
acción reparatoria, recordemos que el artículo 108 CPP prescribe
que, para los efectos del Código Procesal Penal, se considera
víctima al ofendido por el delito. En los delitos cuya consecuen-
cia fuere la muerte del ofendido y en los casos en que éste no
pudiere deducir las acciones reparatorias, el Código Procesal
»' Querella de A.R., CS (1938), GT 1938-1, 68-329, DPJ, t. II, p. 296.
«-' C. Santiago (1954); RDJ LI, 4-172, DPJ, t. II, pp. 297 y 298.
"' ídem.
"'' Ibidem.
"' C. Suprema, recurso de queja de A.H., CS. (1961); RDJ LVIII, 4-259,
DPJ, t, II, pp. 298 y 299.
LAS ACCIONES CIVILKS EN EL CÓDIGO PROC;ESfU. PENAL
Penal permite deducir la demanda civil al cónyuge y a los hijos,
a los ascendientes, al conviviente, a los hermanos, y al adoptante
o adoptado*"".
Otros sujetos que hayan sufrido daño civil a consecuencia
del delito y que no tengan la calidad de víctimas, no cuentan con
legitimación activa para deducir la pretensión reparatoria. Duran-
te la tramitación del Código Procesal Penal en el Senado, éste
estimó que el legitimado activo para deducir la acción reparatoria
debía circunscribirse a la víctima, pues la aceptación de otras
personas como pretensionantes restaría agilidad al juicio oral y
desnaturalizaría el objetivo esencial de la controversia en el pro-
cedimiento penaP''.
Para que la víctima entable su demanda civil, solicitando al
tribunal un pronunciamiento sobre su derecho a ser reparada, no
es necesario que presente querella. Así se desprende del Mensaje
del Código Procesal Penal, según el cual nuestra nueva ley de
enjuiciamiento criminal busca posicionar a la víctima como sujeto
procesal, reconociéndole una serie de derechos, entre los que se
encuentra la facultad de deducir acciones civiles (art. 109, letra
c-, CPP), con independencia de si se ha convenido en parte aaisadora
o no"**.
A la misma conclusión podemos llegar si advertimos la re-
dacción de varias disposiciones del Código Procesal Penal, de las
cuales se desprende que es la víctima y no el querellante la per-
sona facultada para demandar civilmente. Así, los artículos 59
(inciso 2°), 60 (inciso 1°), 109 (letra c.-), 157 (inciso 2°) y 273
(inciso 2°), todos en relación con el art. 12, también del Código
Según el inciso 2° del art. 59: "(...) durante la tramitación del pro-
cedimiento penal la víctima podrá deducir respecto del imputado
Art. 108, inciso 2°, CPP.
PFEFFER, o. cit., p. 495.
(...), todas las restantes acciones que tuvieren por objeto perseguir
las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible".
El art. 60, inciso primero, por su parte, reza: "La demanda civil en
el procedimiento penal deberá interponerse en la oportunidad pre-
vista en el artículo 261, por escrito y cumpliendo con los requisitos
exigidos por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. La
demanda civil del querellante deberá deducirse conjuntamente con
su escrito de adhesión o acusación".
Asimismo, el art. 109, letra c-, señala que: "La víctima podrá in-
tervenir en el procedimiento penal conforme a lo establecido en
este Código, y tendrá, entre otros, los siguientes derechos: (...) c)
Ejercer contra el imputado acciones tendientes a perseguir las res-
ponsabilidades civiles provenientes del hecho punible".
El art. 157, inciso segundo, dispone que: "Del mismo modo, al
deducir la demanda civil, la víctima podrá solicitar que se decrete
una o más de dichas medidas (cautelares reales)".
Por su parte, el inciso segundo del art. 273 se pone en el caso de que,
en la audiencia de preparación del juicio oral, no se produjere con-
ciliación sobre la responsabihdad civil. En tal evento: "el juez resol-
verá en la misma audiencia las solicitudes de medidas cautelares reales
que la víctima hubiere formulado al deducir su demanda civil".
Finalmente, el artículo 12 considera intervinientes: "al fiscal, al
imputado, al defensor, a la víctima y al querellante, desde que
realizaren cualquier actuación procesal o desde el momento en que
la ley les permitiere ejercer facultades determinadas".
Como es dable apreciar, el artículo 59, inciso 2°, CPP dis-
pone que la víctima, mas no el querellante es quien tiene la legiti-
mación para deducir todas las restantes acciones (distintas de la
restitutoria) que tengan por objeto perseguir las responsabilida-
des civiles derivadas del hecho punible.
Por otra parte, del tenor del artículo 60, inciso primero, se
desprende la distinción que efectúa la norma en cuanto a los
LAS ACX:iüNES CIVILF.S EN F.L CÓDIGO PROCESAL PENAL
requisitos que debe reunir la demanda presentada por la víctma de
aquella deducida por el querellante. En efecto, si la demanda se
presenta por la víctima, debe interponerse en la oportunidad
prevista en el art. 261 CPP, por escrito y cumpliendo los requi-
sitos del artículo 254 CPC. En cambio, si la demanda es deducida
por el querellante, este interviniente, junto con cumplir las exi-
gencias recién expuestas, deberá presentarla conjuntamente con
su escrito de adhesión o acusación. Luego, si para demandar ftiere
preciso haber presentado querella, no hubiera sido necesario
señalar que cuando la víctima se convierta en parte acusadora,
debe presentar su escrito de demanda junto con la acusación
particular o adhesión a la acusación fiscal, tal como lo dispone el
inciso primero del art. 60 CPP.
El art. 109 (letra c.-), por una parte, así como los arts. 157
(inciso segundo) y 273 (inciso segundo), por otra, también hacen
referencia a la facultad de la víctima para ejercer acciones ten-
dientes a perseguir la responsabilidad civil y para deducir la
demanda civil, respectivamente.
Según el art. 12 CPP no cabe confundir al interviniente
víctima con el interviniente querellante pues se trata de dos sujetos
procesales diversos. Por lo tanto, no procede hacer extensiva la
voz víctma a la expresión (¡zierellante ni tampoco considerarlos
términos sinónimos. Consecuentemente, cada vez que las normas
procesales que acabainos de comentar se refieren a la víctirna, esta
expresión debe entenderse en el sentido que le da el art. 108 CPP
y no como parte acusadora particular.
Los artículos 273 (inciso 1°), 325 (inciso 3°) y 338 (inciso
1°), todos del CPP, son equívocos al respecto y podrían llevarnos
a concluir algo distinto a lo que acabamos de exponer: sólo el
querellante estaría facultado para presentar demanda.
Conciliaciúji sobre la responsabilidad civil en la audiencia de preparación del
juicio oral. El juez deberá llamar al querellante y al imputado a con-
ciliación sobre las acciones civiles que hubiere deducido el primero
y proponerles bases de arreglo. Regirán a este respecto los artículos
263 y 267 del Código de Procedimiento Civil.
Apert/ira del juicio oral. El día y hora fijados, el tribunal se constituirá
con la asistencia del fiscal, del acusado, de su defensor y de los
demás intervinientes. Asimismo, verificará la disponibilidad de los
testigos, peritos, intérpretes y demás personas que hubieren sido
citadas a la audiencia y declarará iniciado el juicio.
El presidente de la sala señalará las acusaciones que deberán ser
objeto del juicio contenidas en el auto de apertura del juicio oral,
advertirá al acusado que deberá estar atento a lo que oirá y dispon-
drá que los peritos y ios testigos hagan abandono de la sala de la
Seguidamente concederá la palabra al fiscal, para que exponga su
acusación y al querellante para que sostenga la acusación, así como
la demanda civil si la liubiere interpuesto.
Artículo 338.- Alegato final y clausura de la audiencia del juicio oral.
Concluida la recepción de las pruebas, el juez presidente de la sala
otorgará sucesivamente la palabra al fiscal, al acusador particular y
al defensor, para que expongan sus conclusiones. El tribunal tomará
en consideración la extensión del juicio para determinar el tiempo
que concederá al efecto.
Seguidamente, se otorgará al fiscal y al defensor la posibilidad de
replicar. Las respectivas réplicas sólo podrán referirse a las conclu-
siones planteadas por las demás partes.
Por último, se otorgará al acusado la palabra, para que manifestare
lo que estimare conveniente. A continuación se declarará cerrado el
El inciso 1° del art. 273 CPP señala que, en la audiencia de
preparación del juicio oral, el juez debe llamar al imputado y al
querellante a conciliación sobre las acciones civiles que éste hubiere
LAS ACCIONES CIVILES EN EL CÓDIGO PROCES,\L PENAL
interpuesto, sin mencionar a la víctima que no haya presentado
querella pero sí demanda.
Por su parte, el inciso final del art. 325 CPP dispone que
el presidente de la sala del tribunal de juicio oral en lo penal debe
conceder la palabra ai querellante para que sostenga la acusación
Y la demanda civil que hubiere deducido. Ninguna referencia
tiene respecto al ofendido por el delito que no se ha querellado,
pero que ha ejercido acciones civiles.
Finalmente, el inciso 1° del art. 338 declara que, recibidas
las pruebas en el juicio oral, eí juez presidente tiene que dar la
palabra, entre otros, al acusador particular, es decir, a quien se
haya querellado, sin mencionar a la víctima que sólo ha ejercido
No obstante la literalidad de las normas recién transcritas,
estimamos que la referencia que hace el art. 273, inciso 1°, CPP
a las acciones civiles deducidas por el querellante, sin hacer
mención alguna a la demanda deducida por la víctima que no es
parte acusadora, no debe interpretarse en el sentido de concluir
que el único legitimado para ejercer las pretensiones reparatorias
sea la víctima que se hubiere querellado. Primero, porque tal
afirmación se opone a la consideración de la víctima como sujeto
procesal del juicio criminal. Si ¡a víctima es un interviniente del
procedimiento (art. 12 CPP) y, consecuentemente, una persona
con facultades de actuación en el mismo pese a no haber dedu-
cido querella, tal como se estableció en el Segundo Informe de
la Comisión de Constitución, Legislación Justicia y Reglamento
del Senado**'^, recaído en el Proyecto de Código Procesal Penal,
el ofendido puede actuar en el juicio oral asumiendo el único rol
"'' La Comisión "tuvo en cuenta, además, que el concepto de "intervinien-
te" no corresponde al actual concepto de "parte" en el proceso. Los
intervinientes son aquellas personas con facultades de actuación en el procedi-
miento, aún cuando no tengan la calidad de parte, como ocurre con la víctima
que no ha deducido querella" (p. 56 del Informe).
LAS AC:C10NES CR-ILES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL
de sostén de la pretensión civil. Segundo, porque, desde el punto de
vista de la distinta naturaleza entre la responsabilidad civil y
penal, de la independencia entre ambas, no hay razón alguna para
exigir a la víctima la querella como condición para poder deman-
dar civilmente al imputado. La pretensión civil es autónoma de la
penal, tienen contenidos y características diversas. Es coherente
con el principio de la accesoriedad que la demanda civil sólo se
pueda interponer una vez iniciada la persecución penal y mien-
tras ésta se mantenga, mas no es razonable supeditar el ejercicio
de ía pretensión civil de la víctima a la deducción de la pretensión
penal por parte de la misma, cuando, a través de la acusación
fiscal ya se ha solicitado por el Estado la imposición de una pena.
La redacción del inciso primero del artículo 273 obedecería
a un descuido, pues al ehininarse en el Senado la referencia a los
actores civiles distintos de la víctima'^", la disposición da a enten-
der que sólo pudo haber presentado demanda el querellante, mas
ésta no pudo ser la intención de la Cámara Alta, que expresamen-
te acordó:
"(•••) restringir la interposición de acciones civiles a la acción res-
titutoria de la cosa que fue objeto del delito y a las acciones indem-
nizatorias que pudiera ejercer la víctima respecto del imputado'"".
Como es dable apreciar, el Senado quiso considerar a la
víctima (y no al querellante) como el único legitimado activa-
mente para interponer pretensiones reparatorias, sin perjuicio de
que el ofendido por el delito se querelle y presente demanda,
"" La norma señalaba: "Conciliación responsabilidad civil. El juez deberá llamar
al actor civil, imputado y tercero civilmente responsable a conciliación y pro-
ponerles bases de arreglo. Regirán los artículos 263 y 267 del Código de Pro-
cedimiento Civil" (art. 358 del proyecto).
'" Página 57 del Informe.
LAS ACCIONES CA'ILKS KN EL C:OUIGO PROCESAL PENAL
En el mismo error incurre el art. 325, inciso final, CPP, lo
que también obedecería a una incuria. Al modificarse el precepto
para efectos de adecuarlo a la decisión de eliminar al actor civil
que no ftiera víctima como legitimado para deducir pretensiones
reparatorias'^^ la norma quedó redactada en términos tales que da
a entender que el único capaz de deducir demanda civil es el
querellante. Lo mismo cabe decir respecto del art. 338, inciso
primero'^^
En suma, creemos que existen bastantes argumentos para
entender que es la víctima quien puede ejercer pretensiones
reparatorias y que no necesita querellarse para hacerlo. Conse-
cuentemente, las referencias que los arts. 273, 325 y 338 CPP
hacen al acusador particular deben extenderse a la víctima que
sólo hubiere presentado demanda, pues se trata de un intervi-
niente facultado, como ya hemos visto, para reclamar la repara-
ción del daño causado por el hecho ilícito y respecto del cual
debe contemplarse su actividad en el juicio oral y en la audiencia
de preparación del mismo.
Ahora bien, otro aspecto que es preciso abordar en lo que
dice relación con la legitimación activa para deducir las acciones
en comento, es el tocante al papel que en la materia juegan los
fiscales. Al respecto, recordemos que inicialmente, el proyecto de
Código de Procedimiento Penal enviado al Congreso por el Eje-
cutivo, contemplaba a los fiscales del Ministerio Público como
intervinientes facultados para deducir las pretensiones reparatorias
''- El art. 325, inciso 3°, disponía inicialmente que: "Acto seguido concederá
la palabra al fiscal, querellantes y demandantes civiles a objeto de que expongan
sus respectivas acusaciones y demandas" (art. 377).
'•'•' Que señalaba inicialmente: '^Alegato final y clausura. Concluida la recepción
de las pruebas, el presidente del tribunal otorgará sucesivamente la palabra al
fiscal, al acusador adhesivo o particular, al defensor y a las partes civiles, para
que expongan sus conclusiones. Seg-uidamente, se otorgará al ministerio público
y al defensor la posibilidad de replicar, debiendo referirse sólo a las conclu-
siones formuladas por las demás partes. Por último, se otorgará al acusado la
palabra, para que manifieste lo que estimare conveniente (art. 391 del pro-
en el juicio criminal. Efectivamente, en su redacción original,
dicho Proyecto obligaba al ministerio público a promover la pre-
tensión reparatoria (art. 95, inciso 2°, letra c.-) a favor de la
víctima. En tal contexto, este organismo, en el evento de que la
víctima del delito no contara con una defensa jurídica en el pro-
cedimiento penal, debía deducir demanda civil en su nombre y
realizar todos los actos preparatorios que considerara necesarios
para ello, a menos que el ofendido por el delito hubiera renun-
ciado expresamente al ejercicio de la acción, la hubiera entablado
ante un tribunal civil, hubiera manifestado su voluntad de ejer-
cerla por esa vía o no colaborase con el ministerio público para
el debido ejercicio de aquélla (art. 71, inciso 1°, del Proyecto).
El Senado estimó que la representación de los intereses
patrimoniales de las víctimas no correspondía a las funciones
propias del Ministerio Público. Consecuentemente, eliminó del
proyecto la obligación que se imponía al organismo en orden a
deducir en nombre de la víctima la demanda civil, modificando
los preceptos que hacían referencia a tal deber. Sin perjuicio de
lo anterior, la Cámara Alta acordó consignar expresamente como
obligación de los fiscales la de informar a la víctima sobre su
eventual derecho a indemnización y la forma de impetrarlo, y
remitir los antecedentes, cuando corresponda, al organismo del
Estado que deba representar al ofendido en el ejercicio de las
respectivas acciones civiles. Ese fue el deber que en definitiva se
asignó a los fiscales en el Código Procesal Penal (art. 78, inciso
2°, letra c- CPP)''^
'" Véase PFEFFER, o. cit., p. 96. La Segunda Sala del Tribunal de Juicio
Oral en lo Penal de Temuco, en sentencia de 11 de enero de 2002, RUC N°
0000000582-7, desechó la petición del Ministerio Público de que se condena-
ra al acusado por delito de homicidio a alimentos, al tenor del artículo 410 N°
1 CP, en atención a que el derecho de alimentos que reconoce este precepto
"es una acción civil que debe ser ejercida en la forma que establece el artículo
59 del Código Procesal Penal, esto es, mediante la correspondiente demanda
civil y no habiéndose ésta interpuesto en tiempo y forma, la petición resulta
improcedente" (considerando 23°). Véase Boletín depmsprudeiicia del Ministerio
LAS ACCIONES CIVILKS EN EL CÓDIGO PROCESAL PEN/\L
El 30 de enero de 2002 se publicó en el Diario Oficial la Ley
N° 19.789, que modificó el artículo 6° CPP y asignó a los fiscales
del Ministerio Público la fianción de promover, durante el curso
del procedimiento, acuerdos patrimoniales, medidas cautelares u
otros mecanismos que faciliten la reparación del daño causado a
la víctima. No obstante, el propio precepto precisa que este deber
no importa el ejercicio de las acciones civiles que puedan corres-
ponderá al ofendido.
ii) En cuanto a los legitimados pasivos de las acciones repara-
toi'ias, cabe advertir que en su redacción inicial, el Proyecto
establecía (art. 72) que tales pretensiones podían dirigirse contra
quienes aparecieran responsables del hecho punible, contra los
terceros civilmente responsables y contra los herederos de unos
y otros. En el Senado se restringieron los legitimados pasivos a
la primera hipótesis, pues en aras de la agilización del juicio oral
y su focalización en los aspectos esenciales de la controversia, era
necesario limitar el ejercicio de las acciones civiles a aquellas que
la víctima decidiera interponer en contra del imputado''^^
En conclusión, en sede penal las p-retensiones reparatorias sólo
puede promoverlas la víctim.a contra el imputado. Si tales pretensiones
son interpuestas por personas distintas de la víctima, o se dirige??, contra
personas distintas del imputado, deben plantearse ante el tribunal civil
competente de acuerdo a las reglas generales'"'.
P'úblico, N" 9, Marzo de 2002, p. 36. Como se puede apreciar, el fallo rechaza
la pretensión deducida por el fiscal del caso por cuestiones de legitimidad
"' PFEFFER, o. cit., p. 495,
'"' Véase inciso final del art. 59 CPP.
LAS ACCIONES CI\'ILES Ei\ EL CÓDIGO PROCESAL PENAL
4. PETITUM (EL OBJETO DE LA PRETENSIÓN)
4.1. Acción
Como ya hemos señalado, esta acción persigue obtener la devolu-
ción de los efectos, instrumentos del delito, o bien de objetos que
sirvan de medio de prueba del mismo. Estas cosas pueden tener
naturaleza m.ueble o inmueble, pues el inciso 1° del art. 59 CPP y
el inciso 1° del art. 171 COT, no hacen ninguna distinción al
La jurisprudencia ha fallado en tal sentido, estimando que,
por intermedio de la pretensión restitutoria, puede perseguirse la
devolución tanto de cosas muebles como de bienes raíces. En
efecto, la Corte Suprema'', a propósito del artículo 10 CPP (1906),
que consagra la acción en comento en términos muy similares al
art. 59 CPP, ha fallado que:
"El Código de Procedimiento Penal no ha limitado el alcance de
la palabra "cosa", y por lo tanto no se le puede dar un sentido
restringido, sino el amplio, como la ley ha definido este vocablo. En
efecto, el artículo 565 del Código Civil dispone que los bienes
consisten en cosas corporales o incorporales, siendo las primeras las
que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos,
como una casa, un libro; e incorporales las que consisten en meros
derechos, como los créditos y las servidumbres activas. El artículo
566 divide las cosas corporales en muebles e inmuebles, y el artículo
568, a éstas últimas las llama "inmuebles, o fincas o bienes raíces".
Por consiguiente, cuando el artículo 10 del Código de Pro-
cedimiento Penal consagra la acción restitutoria para obtener la
devolución de las cosas, sin otro agregado o explicación, está auto-
rizando para pedir la restitución de los bienes raíces que han sido
objeto del delito; y en el caso de la usurpación a que se refiere el
26 julio. R., t. 69, sec. 4^ p. 98, y R.C.P, mayo-diciembre 1972, p. 168.
proceso, la ley establece el derecho indiscutible del ofendido para
la entrega de la cosa inmueble usurpada'"'**.
Por otra parte, tanto la doctrina sustantiva como instrumental
penal ha apoyado el ejercicio de la pretensión restitutoria tanto en
bienes muebles como inmuebles (Bustos'-"*, Manzini'™, Leone"",
Gómez Colomer'"-).
Aliora bien, cabe preguntarse si es dable concebir un conte-
nido más amplio que el que señalábamos para esta acción, esto es,
si es factible, adscribiendo a una interpretación jurisprudencial de
la voz "restitución", contenido en una sentencia bastante citada'"^,
entender que en tal expresión están incluidas todas las medidas
legales que tengan por objeto y por efecto restablecer las cosas a
un estado anterior al de la conducta delictiva. Y así, por ejemplo,
admitir que el ejercicio de la acción restitutoria esté destinado,
también, para solicitar la invalidación de actos o contratos.
En el citado fallo se declaró: "5°) Que el legislador, al referirse a
la "restitución de la cosa" da a esta expresión un sentido amplio y
no la limita, como se sostiene por la sentencia en recurso a las cosas
distraídas o substraídas, sino que alude a toda medida de carácter
legal que tenga por objeto y por efecto restablecer las cosas al
estado anterior y considera como restituciones la invalidación de
actos o contratos que pueda obtener o lograr la víctima de la in-
fracción, mediante el ejercicio de acciones judiciales, estando, por
lo tanto, en el caso de examen, el tribunal en condiciones de dar
'•"* Repertorio de legislación y jnrispriidenciíi chilenas, Código de Procedimiento Penal,
t. I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago 2001, p. 36.
'" O. cit., p. 419.
'"" Tratado de derecho procesal penal, t.l, Ediciones Jurídicas Europa-América,
Buenos Aires 1951, p. 396.
'"' O. cit., V. L, p. 468 y 469.
'"' Citado por DE LA OLIVA et al., o. cit., p. 253.
'"' Véase C. Suprema, 8 de abril 1964. R., t. 61, sec. 4^ p. 49.
LAS ACCIGNF.S CrVlLES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL
aplicación a los preceptos del Código Civil que se han señalado
como infringidos (...)"'""'.
Creemos que una interpretación del objeto de la pretensión
restitutoria como la contemplada en el fallo trascrito, no es ad-
misible en el contexto del nuevo Código Procesal Penal, pues tal
resolución se dictó sobre la base del antiguo artículo 10 CPP
(1906) (posteriormente modificado por la ley 18.857, de 6 de
diciembre de 1989). Ese precepto establecía que: "De todo delito
nace acción penal para el castigo del culpable; y puede nacer
acción civil para obtener la restitución de la cosa o su valor y la
indemnización establecida por la ley a favor del perjudicado".
Los términos limitativos de la norma, que sólo permitía perseguir
la devolución de una cosa, por una parte, y la reparación pecu-
niaria en dinero, por otra, obligaron a la jurisprudencia, hasta la
dictación de la ley 18.857, a incluir dentro de la restitución otras
medidas reparatorias a favor del perjudicado por el hecho ilícito.
La ley 18.857 intentó, al modificar entre otros, los arts. 5° y 10
CPP (1906), superar la concepción restringida que muchos qui-
sieron ver en el CPP (1906), corregida en forma algo forzada por
nuestros tribunales, y extender el contenido de las acciones civi-
les más allá de la restitución e indemnización'"'.
Dado, por una parte, el contenido amplio de las pretensiones
reparatorias, que se deduce del tenor del art. 59 CPP {'^tocias las
restantes acciones que tuvieren por objeto perseguir las responsa-
bilidades civiles derivadas del hecho punible" —inciso 2°— y "las
otras acciones encaminadas a obtener la reparación de las conse-
cuencias civiles del hecho punible —inc. 3°—), y el contenido
restringido de la pretensión restitutoria (que tiene "por objeto
"" Tai interpretación permitió declarar la nulidad del contrato de compra-
venta de un inmueble objeto del delito de estafa.
'"' Véase Informe de la Comisión Conjunta encargada del estudio del pro-
89, en Reper-torio de legislación y jurispnidencia chilenas, Código de Procedimiento
Penal, o. cit., p. 43.
Únicamente la restitución de la cosa": inciso 1° art. 59 CPP), cabe
concluir que pretensiones que persigan objetivos tales como la
invalidación de actos y contratos deben quedar incluidas en el
contenido de las acciones reparatorias y no en el de la restitutoria.
4.2. Acciones reparatorias
Para aclarar el contenido de las acciones reparatorias hay que
destacar, en primer lugar, los términos amplísimos utilizados por
el artículo 59 (incisos 2° y 3°) al consagrarlas. Además, debemos
hacer hincapié en el principio de la economía procesal que informa
el procedimiento y recomienda plantear todas las cuestiones in-
herentes a la posición jurídica de una parte en una sola oportu-
nidad, y esa ocasión está dada por el proceso criminal. En razón
de lo anterior, entendemos que esas acciones no pueden acotarse
a las pretensiones meramente indemnizatorias, esto es, a las que
busquen la declaración de la obligación de pagar los daños y per-
juicios causados por delitos que sean indemnizables en dinero, sino
que pueden referirse a cualquier tipo de pretensión civil. En prin-
cipio, el único límite está dado por la finalidad de las acciones que
se intenten: "obtener la reparación de las consecuencias civiles
del hecho punible". El objeto de las pretensiones reparatorias es
variado y múltiple. Por lo tanto, podrán perseg-uir, v. gr.:
• La indemnización del daño, tanto material como moral,
ocasionado por el hecho antijurídico civil, conforme las
reglas generales de responsabilidad extracontractual (artícu-
los 2314 y siguientes del Código Civil).
• La indemnización del daño ocasionado por la conducta
ilícita civil, conforme a reglas especiales previstas en la ley
(así, por ejemplo, al art. 370 CP, que faculta a la víctima
de los delitos contemplados en los artículos 361 a 366 bis
del mismo cuerpo legal, a demandar alimentos al condena-
do en tales ilícitos).
LAS ACCIONKS CIVILES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL
• El pago del valor de los efectos o instrumentos del delito,
o bien, de las cosas que sirvan de medio de prueba en la
causa criminal, cuando no sea posible conseguir su devo-
lución; o el pago de los deterioros o menoscabos que hayan
sufrido las mismas, cuya devolución se ha conseguido a
través de la pretensión restitutoria.
• La nulidad de convenciones en cuanto con ello se logre
restablecer las cosas al estado anterior de comisión del delito
o cuasidelito civil.
• Reponer los mojones de deslindes en el caso de delito de
destrucción o alteración de términos o límites de propie-
dades públicas o particulares (arts. 462 CP y 843 CC).
5. CAUSA DE PEDIR (CAUSA
La causa de pedir de las acciones civiles será la conducta humana,
unida al daño y la relación de causalidad entre aquella y éste. Tal
conducta será aquella que motiva la persecución penal y que es
capaz de dar lugar tanto a responsabilidad civil como criminal. El
título o componente jurídico de la causa peteitdi será usualmente
el art. 2.314 CC.
VIII. TRAMITACIÓN DE LAS ACCIONES CIVILES
1. ACCIÓN RESTITUTORIA
La pretensión restitutoria debe deducirse dw'ante la investigación
criminal""', esto es, una vez iniciada la persecución penal pública
en algvnia de las formas que prevé el art. 172 CPP y hasta que se
cieiTe la investigación del hecho que reviste caracteres de delito.
Véase inciso 1° del are. 189 CPP.
La tramitación de esta acción se sujeta a lo previsto en el art.
189 CPP, segiín lo dispone el art. 59, inciso 1°, de ese mismo
Ahora bien, la pretensión restitutoria se refiere a una cues-
tión accesoria del juicio que exige pronunciamiento especial del
tribunal, por lo cual constituye una incidencia en él. Así lo ha
declarado la jurisprudencia"". Consecuentemente, y conforme lo
dispone el art. 52 CPP, en relación con el art. 89 CPC, tal in-
cidente puede resolverse previa tramitación (dando traslado a la
otra parte, y recibiéndolo a prueba si fuese procedente) o bien de
plano, con el sólo mérito de la solicitud deducida.
La resolución judicial que se pronuncia sobre la pretensión
restitutoria se limita a declarar el derecho del reclamante sobre
el objeto, pero no se efectúa la devolución de éste sino hasta
después de concluido el procedimiento, salvo que el tribunal con-
sidere innecesaria la conservación de la cosa'"**. Por lo tanto, tal
resolución solamente decide acerca de la existencia o inexistencia
de una determinada situación jurídica, en concreto, acerca de quién
tiene derecho a la tenencia física de la cosa. Luego, no se pronun-
cia sobre otros derechos en relación con el bien"''^
El inciso 2° del artículo 189 CPP contiene una regla especial
relativa a las cosas hurtadas, robadas o estafadas que hayan sido
objeto de la pretensión restitutoria. Una vez que ésta se hubiera
deducido, el tribunal de garantía"" debe acceder a ella, siempre
'"' C.S., 24 agosto 1972. R., t. 69, sec. 4a, p. 98, en Repertorio de legislación
y jíirispnidencia chilenas. Código de Procedimiento Penal, o. cit., p. 37.
""* Véase el inciso 1° del arL 189, en relación con el inciso 1° del art. 59,
ambos del CPP.
'"'' Véase Informe de la Comisión Conjunta encargada del estudio del pro-
89, en Repertorio de legislación y jiirispi~udencia chilenas. Código de Procedimiento
Penal, o. cit., p. 44.
"" Este no es el punto de vista de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público,
que ha expuesto en su oficio N" 154, de 1 de abril de 2003, que ios fiscales están
facultados para restituir las cosas hurtadas, robadas o estafadas, sin perjuicio de
la reclamación que pueda efectuarse al Juez de Garantía.
que se cumpla con dos trámites: la acreditación del dominio y la
tasación del bien (consecuentemente, a diferencia de la situación
prevista en el inciso primero, el tribunal está obligado a devolver
las cosas en el acto, no estando facultado para decidir entre res-
tituir los bienes inmediatamente o una vez concluido el procedi-
miento'").
En todo caso, debe dejarse constancia, mediante fotografías
u otros medios que resulten convenientes, de las especies devuel-
tas en virtud del artículo 189 CPP"-.
Por regla general, la restitución sólo se efectuará una vez
que finalice el proceso criminal por medio de una resolución
judicial. Esta podrá ser una sentencia definitiva (el inciso 3° del
artículo 348 CPP señala expresamente que la sentencia condena-
toria dispondrá la restitución de los instrumentos o efectos del
delito, cuando así proceda —en el mismo sentido, el inciso 3° del
art. 413 CPP—), la que ordena un sobreseimiento definitivo, la
aprobación de la facultad de no iniciar la investigación y el pro-
nunciamiento expreso o tácito a favor del ejercicio del principio
de oportimidad. El término del procedimiento penal, que permi-
te efectuar la devolución del objeto reclamado, también puede
revestir formas anómalas, tales como la comunicación de no
perseverar en el procedimiento o el archivo provisional, pues el
art. 189 CPP no distingue entre las distintas maneras de concluir
el procedimiento"^
La reclamación de los objetos cuya devolución puede
obtenerse a través del ejercicio de la acción restitutoria, puede
presentarse en el plazo de seis meses desde el término del juicio
oral. Transcurrido ese plazo, si se trata de especies, el adminis-
trador del tribunal, previo acuerdo del comité de jueces, debe
'" Véase LÓPEZ, "Algunos aspectos de la acción civil proveniente del
delito", en Revista de Ciencias Penales, enero-diciembre 1976, t. XXX\^, p. 47.
"-' Véase inciso final del art. 189 CPP.
'" Ministerio Público, Fiscalía Nacional, Reforma Procesal Penal Instnicciones
Generales números 26 a 50, Editorial Jurídica de Chile, Santiago 2001, pp. 330 ss.
venderlas en pública subasta. Los remates se pueden efectuar dos
veces al año. Si se ha dictado el sobreseimiento temporal o la
suspensión condicional del procedimiento, el plazo de reclama-
2. ACCIONES REPARATORIAS
2.1. Durante la fase de investigación y de preparació?i del
Durante la fase de investigación, cabe la posibilidad de que la
víctima quiera preparar la demanda civil, la cual deberá presentar
en la oportunidad prevista en el artículo 261 CPP y contendrá
sus pretensiones reparatorias.
El artículo 61 del Código Procesal Penal faculta al ofendido
por el delito para preparar su demanda de dos formas: pidiendo
al juez de garantía la dictación de providencias cautelares reales,
con el propósito de asegurar el resultado de las pretensiones
reparatorias respecto de las cuales se debe pronunciar el tribunal
de juicio oral en lo penal, por una parte, y solicitando al minis-
terio público la práctica de diligencias tendientes a aclarar los
sucesos que serán objeto de su demanda, por otra.
En efecto, el inciso primero del precepto recién citado es-
tablece que, con posterioridad a la formalización de la investiga-
ción y hasta su cierre "\ la víctima podrá preparar la demanda
civil solicitando la práctica de diligencias que estime necesarias
para esclarecer los hechos que serán objeto de su demanda'"",
"•' Véase art. 470 CPP.
"'La facultad para solicitar diligencias con el objeto de esclarecer los hechos
que serán objeto de la demanda precluye en el momento del cierre de la in-
vestigación, pues el artículo 61 CPP se remite a los artículos 183 CPP y 184
CPP, normas que están insertas en el marco de la fase de investigación.
'"" MORAS (o. cit., pp. 58 y 59) destaca que en sede civil, la investigación
que desarrolla el abogado del cliente que pretende demandar constituye una
LAS ACC:iONES CI\'ILES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL
aplicándose, en tal caso, lo establecido en los artículos 183 y 184
del CPP. En consecuencia, para que la víctima formule esta so-
licitud es preciso, por una parte, que la investigación se haya forma-
lizado y, por otra, que pida al fiscal"^ aquellas diligencias pertinentes
y titiles para esclarecer los hechos que serán objeto de la demanda
Asimismo, conforme al art. 157 CPP, la víctima puede soli-
citar por escrito al juez de garantía, respecto del imputado, una o
más de las medidas precautorias autorizadas en el Título V del
Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. Este derecho
puede ejercerse en dos oportunidades diversas: durante la etapa de
investigación (siempre que esté formalizada"''') y al deducir de-
manda civil. En relación con estas medidas, el inciso 3° del artículo
68 CPP contiene una importante norma, según la cual si el juez
de garantía decretó medidas cautelares reales y se aplica el pro-
cedimiento abreviado o, por cualquier causa, el proceso penal ter-
mina o se suspende, tales medidas permanecen vigentes durante un
término de sesenta días, tras el cual quedarán sin efecto si, solici-
tadas oportunamente (dentro de ese mismo plazo) al tribunal civil,
éste no las mantiene.
actividad privada. La presentación de la demanda ante los tribunales con com-
petencia civil exige una investigación previa del hecho ilícito, la que, una vez
finalizada, permitirá reunir todos los elementos fácticos que sustenten la pre-
tensión. Usualmente esa investigación la conducirá el abogado. La situación es
diametralmente distinta si la pretensión reparatoria se desea deducir en sede
penal, pues en tal evento la investigación de los hechos que serán objeto de la
demanda reviste el carácter de instrucción pública, de actividad pública. Esto es,
la instrucción estatal a cargo del fiscal no sólo se dirige al objeto penal del juicio
criminal, sino también al civil, sólo que tratándose de este último, será necesario
que el perjudicado inste al Ministerio Público a que desarrolle determinadas
"' El fiscal ordenará que se lleven a cabo aquellas diligencias que estime
pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. Si el fiscal rechazare
la solicitud, la víctima podría reclamar ante las autoridades del M.P. (véase
inciso 2° del art. 183 del nuevo Código).
"" Véase art. 230, inciso 2°, CPP: el precepto e.xige la formalización para que
el juez de garantía decrete medidas cautelares, sin distinguir la naturaleza real
o personal de éstas.
LAS ACC!ONf:S CIVILES EX EL CÓDIGO PROCESAL PIÍNAL
Si la víctima quisiera deducir pretensiones reparatorias con-
tra el imputado, debe presentar su demanda hasta quince días
antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia de
preparación del juicio oral"'^ Tal demanda debe presentarse por
escrito, cumplir con las exigencias del art. 254 CPC e indicar los
medios de prueba en los términos del artículo 259 CPP. La
demanda civil del querellante tiene que deducirse conjuntamente
con su escrito de adhesión o acusación'^".
Resulta trascendental que la víctima comparezca a la audien-
cia de preparación del juicio oral y a la de juicio oral, pues su
ausencia injustificada a tales actos, como ya señalábamos'-', con-
llevará el desistimiento tácito de la acción.
El imputado puede, hasta la víspera de la audiencia de pre-
paración del juicio oral, por escrito, o bien, oralmente, en la
misma audiencia, contestar la demanda y señalar sus vicios for-
males requiriendo su corrección. En la contestación, debe indicar
cuáles serán los medios probatorios de que piensa valerse, en los
términos del artículo 259 CPP'--.
Asimismo, todos los incidentes y excepciones deducidos con
ocasión de la interposición o contestación de la demanda deberán
resolverse durante la audiencia de preparación del juicio oral, en
la cual el juez de garantía debe llamar, además, a conciliación
sobre la responsabilidad civil exigible en el proceso penal'-^
2.2. Durante el juicio oral
El Título III del Libro Segundo del Código Procesal Penal
contiene varias normas que se refieren a la actuación, en el juicio
"'' Véase art. 60, inciso 1°, en relación con el art. 261, ambos de] CPP.
'-" Véase art. 60 CPP.
'-' Véase punto seis de este trabajo.
'-'^ Véase art. 62 CPP.
'-•' Véase artículos 63 v 273 CPP.
oral, del interviniente que ha interpuesto demanda civil en el
En primer lugar, el Código Procesal Penal dispone que, una
vez que el presidente de la sala señale las acusaciones contenidas
en el auto de apertura del juicio oral —que serán objeto del
juicio—, advierta al acusado que esté atento a lo que oirá y dis-
ponga que los peritos y testigos hagan abandono de la sala de
audiencia, debe conceder la palabra al fiscal para que exponga su
la demanda civil si se hubiere interpuesto'-'*. Como ya señala-
mos'^', creemos que la expresión querellante, que contiene la
norma, no debe restringirse a la víctima que se hubiere querellado
y presentado demanda civil, sino que debe abarcar al ofendido
que no se hubiere transformado en parte acusadora y sólo haya
deducido demanda.
Por otra parte, el inciso final del art. 68 CPP declara que,
si hubiere comenzado el juicio oral y se dictare sobreseimiento
conforme a las normas del Código Procesal Penal, el tribunal de
juicio oral en lo penal debe continuar con el juicio para el solo
conocimiento y fallo de la cuestión civil.
La prueba de la demanda civil, que quedó fijada en el auto
de apertura, deberá rendirse en la audiencia de juicio oral antes de
recibir aquella ofrecida por el acusado para oponerse a la preten-
sión civil'-''. Asimismo, y en virtud del principio de dependencia y
accesoriedad, en el juicio oral la prueba de las acciones civiles debe
sujetarse a las normas procesales penales en cuanto a su proceden-
cia, oportunidad, forma de rendirla y apreciación de su fuerza
probatoria'-''. Consecuentemente, la recepción de las pruebas debe
'-'' Véase incisos segundo y tercero del art. 325 CPP.
'-' Véase punto 7.3.2 de este trabajo.
'-" Art. 328 CPP.
'-" Inciso primero del art. 324 CPP.
LAS ACCIONIÍS CIVILES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL
realizarse en forma oral''**, no cabe la existencia de testigos inhá-
biles'^''', rige el sistema de valoración de la sana crítica"" y es ad-
misible cualquier medio probatorio apto para producir fe'^', etc.
Tan sólo tratándose de la carga de la prueba reciben aplicación
las normas procesales civiles.
Como ya señalamos, la referencia que hace el inciso primero
del art. 338 CPP al acusador particular debe extenderse al de-
mandante civil. Luego, si se hubiere presentado demanda civil
por la víctima no querellante, una vez que concluya la recepción
de pruebas, el juez presidente de la sala deberá otorgar sucesiva-
mente la palabra al fiscal, al sostenedor de la acción civil y al
Por otra parte, cabe observar que el art. 342 CPP, norma
que menciona el contenido de la sentencia definitiva, contempla
dos letras (b.- y e.-) referentes a la acción civil que se haya inter-
puesto durante el juicio.
Asimismo, señalemos que tanto en el caso de absolución
como en el de condena deberá el tribunal de juicio oral en lo
penal pronunciarse acerca de la demanda civil válidamente inter-
puesta (art. 349 CPP).
Si la sentencia es condenatoria y fuere procedente, se debe
disponer la restitución de los efectos o instrumentos del delito'".
Finalmente, en el cumpliiniento de la decisión civil de la
sentencia, deben regir las disposiciones sobre ejecución de las
resoluciones judiciales que establece el CPC". Para conocer de
tal ejecución es competente el tribunal civil, conforme lo prevé
el inciso final del art. 171 COT.
"-' Art. 291 CPP.
'-"' Art. 309, inciso primero, CPP.
"" Art. 297 CPP.
'" Art. 323, inciso 1°, CPP.
'" Art. 348, inciso 3°, CPP.
"•' Art. 472 CPP.
IX. LAS ACCIONES CIVILES EN LAS FORMAS ANTICI-
PADAS DE PONER TÉRMINO AL PROCEDIMIENTO,
EN LAS SALIDAS ALTERNATIVAS Y EN ALGUNOS
A continuación, nos referiremos a las relaciones que el Código
Procesal Penal contempla entre el ejercicio de la acción civil y
el principio de oportunidad, los acuerdos reparáronos, la suspen-
sión condicional y los procedimientos simplificado, monitorio y
El inciso final del artículo 170 CPP declara que, en el even-
to de extinguirse la acción penal a raíz del ejercicio del principio
de oporttmidad, ello no impide a la víctima entablar en sede civil
las pretensiones reparatorias que estime necesarias.
La suspensión condicio?ial del procedi?niento tampoco extingue
las acciones civiles de la víctima o de terceros. No obstante, si la
víctima ha recibido pagos en virtud de haberse decretado la con-
dición prevista en la letra e) del inciso 1° del artículo 238 CPP,
ellos deben imputarse a la indemnización de perjuicios que le
pueda corresponder"'*.
Como el acuerdo reparatorio sólo tiene la naturaleza jurídica
de causa de extinción de la responsabilidad penal, el término del
procedimiento penal a través de esta salida no impide que la
víctima acuda a! tribunal civil con el propósito de perseguir la
responsabilidad civil proveniente del hecho punible. Además,
existe una razón político criminal para sostener lo anterior: si el
acuerdo extinguiera la responsabilidad civil, la víctima se vería
desincentivada para celebrar acuerdos reparáronos y estaría for-
zada a continuar con el proceso penal o dar un contenido pecu-
niario a la reparación. Esto último transformaría los acuerdos
Art. 240, inciso primero, CPP.
LAS ACCIONES CIVIKF.S EN EL CÓDIGO PROC:ESAL PENAL
reparatorios en privilegio de unos pocos y se conculcaría el prin-
cipio de igualdad (19 N° 2 CPR)'".
Por otra parte, el acuerdo reparatorio no puede ser dejado
sin efecto por ninguna acción civil"^. Así, v gr., no se podrá
solicitar en sede civil la nulidad del mismo por concurrir un vicio
del consentimiento en la convención que le dio origen. Tampoco
puede ser dejado sin efecto a través del ejercicio de una acción
civil que pretenda perseguir la responsabilidad civil ex delicio.
Según el inciso final de los artículos 412 y 413 CPP, el fallo
que se dicte en el procedimiento abreviado sólo se puede pronunciar
sobre el objeto penal del juicio, no sobre el civil, salvo en lo
relativo a la restitución de los instrumentos o efectos del delito.
Luego, en este procedimiento especial sólo recaerá una decisión
jurisdiccional en relación con la acción restitutoria que se hubiere
deducido, mas no respecto de las reparatorias.
Si el procedimiento penal finalizara o se suspendiera por al-
g\ina de las salidas alternativas recién mencionadas (acuerdos
reparatorios y suspensión condicional) o bien, hubiera sido trami-
tado bajo la ritualidad de las normas del procedimiento abreviado,
y la víctima hubiera presentado demanda civil en la oportunidad
señalada en el art. 261 CPP, el ofendido por el delito deberá
volver a presentarla ante el tribunal civil competente, en el plazo
de sesenta días siguientes a aquél en que, por resolución ejecu-
toriada, se dispusiere la suspensión o terminación del procedi-
miento penal'" (de lo contrario, la prescripción continuará co-
rriendo). En este caso, la demanda y la resolución que recayere
en ella deben notificarse por cédula y el juicio se sujetará a las
normas del procedimiento sumario"''.
"' Ministerio Público, Fiscalía Nacional, Refmina Procesal Penal. Instrucciones
Generales números 26 a 50, o. cit., p. 174.
"" Véase inciso 2° del art. 243 CPP.
"• Véase art. 68, inciso 1°, CPP.
"« Véase art. 68, inciso 2°, CPP.
Por otra parte, si el procedimiento aplicable para el juzga-
miento de un hecho ilícito del cual se pueda derivar tanto res-
ponsabilidad civil como penal, fuese el sÍ7nplificado, no cabe la
interposición de demandas civiles, salvo la restitutoria (quedan
excluidas, consecuentemente, las pretensiones reparatorias)'^'^ Lo
mismo cabe decir respecto del juicio monitorio, pues éste no es
más que un procedimiento especial dentro del simplificado.
Art. 393, inciso 3°, CPP.
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 artículo 241
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 resolución 
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6

artículo 109
 artículo 6
 artículo 258

artículo 349
 artículo
1
 artículo 5

artículo 105
 artículo 2
 resolución 
 artículo 490
 artículo 2
 artículo 398
 artículo 87
 artículo 68
 artículo 69
 artículo 64

artículo 2
 resolución

 Artículo 61
 Artículo 68
 artículo 190
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 189
 resolución 
 resolución 
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 artículo 12
 artículo 59
 artículo 60
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59
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566
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568
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resolución 
 artículo 10
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resolución 
 artículo 189
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 artículo 261
 artículo 61
 artículo 61
 artículo
68
 artículo 259
 artículo 259
 artículo 170
 artículo 238
 resolución 
 resolución