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Timestamp: 2019-09-18 03:34:18+00:00

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STC 172/2005, 20 de Junio de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 23865989
Número de Recurso: 1945-2004
Recurso de amparo 1945-2004. Promovido por Bodegas Bagordi, S.L., respecto a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que desestimó su demanda contra el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre multa por infracción en la elaboración de vino. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley y a la presunción de inocencia, y vulneración del derecho a la legalidad penal: cobertura legal insuficiente de sanciones administrativas en materia de denominación de origen del vino de Rioja (STC 50/2003).
STC 172/2005, de 20 de junio de 2005
En el recurso de amparo núm. 1945-2004, promovido por la mercantil Bodegas Bagordi, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales don Juan Manuel Caloto Carpintero y asistida por el Letrado don Félix Santiago Pérez Álvarez, contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra núm. 167/2004, de 12 de febrero, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 476-2001, y contra la Resolución del Director General de Alimentación de 10 de mayo de 2000, confirmada en alzada por Orden Ministerial de 28 de febrero de 2001 dictada por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, recaídas en el expediente sancionador núm. 3679-R incoado por el Consejo Regulador de la Denominación Calificada Rioja. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha actuado como Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 25 de marzo de 2004, don Juan Manuel Caloto Carpintero, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de la mercantil Bodegas Bagordi, S.L., interpuso recurso de amparo contra las resoluciones administrativas y judicial a las que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
Por Resolución del Director General de Alimentación, de 10 de mayo de 2000, se le impuso a la demandante de amparo en el expediente sancionador núm. 3679-R una multa de 4.070.400 pesetas, por incurrir en infracciones consistentes en introducir en bodega inscrita uva procedente de viñas no inscritas y en la indebida utilización de los documentos propios de la denominación (cartilla de viticultor), previstas en el art. 51.1.4 y 6 de la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 3 de abril de 1991, por la que se otorga el carácter de calificada a la denominación de origen Rioja, se aprueba su reglamento y el de su Consejo Regulador.
La demandante de amparo interpuso recurso de alzada contra la anterior resolución, que fue desestimado por Orden Ministerial de 28 de febrero de 2001, dictada por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La demandante de amparo interpuso recurso contencioso-administrativo contra las anteriores resoluciones sancionadoras, que fue desestimado por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra núm. 167/2004, de 12 de febrero.
En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda de amparo, se invoca en ésta, frente a las resoluciones administrativas y judicial impugnadas, la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), del principio de legalidad en materia sancionadora (art. 25.1 CE) y del principio de igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE):
En relación con la denunciada lesión del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) se argumenta en la demanda de amparo que en el ámbito del Derecho administrativo sancionador la carga de probar los hechos imputados, mediante pruebas fehacientes, incumbe a la Administración y no puede suplirse por simples deducciones o afirmaciones. En este ámbito las sanciones por las infracciones imputadas se imponen en virtud de prueba tasada, no siendo procedente acudir a indicios racionales para dar por probada una infracción.
En este caso sobre la Administración recaía la carga de probar el uso indebido de la denominación, no existiendo, sin embargo, prueba alguna al respecto, ya que simplemente se deduce el uso indebido y se sanciona a la recurrente en amparo. En efecto, tanto durante la tramitación del expediente sancionador como a lo largo del recurso contencioso-administrativo quedó acreditada la falta de prueba que demostrase que la uva introducida en la bodega era de procedencia ajena a la denominación de origen calificada Rioja. Y si los veedores hubieran tenido la certeza de que las uvas eran de ajena procedencia a la denominación habrían evitado su introducción en las instalaciones de la ahora demandante de amparo.
En definitiva, en el expediente administrativo no hay prueba alguna que demuestre que los veedores vieron vendimiar y cargar uvas ajenas a la denominación de origen calificada Rioja. En el acta ni siquiera se alude a estos extremos, faltando, en consecuencia, una mínima actividad probatoria que pueda considerarse de cargo para poder considerar enervada la presunción de inocencia.
Respecto a la denunciada vulneración del principio de legalidad en materia sancionadora (art. 25.1 CE), se afirma en la demanda de amparo que las resoluciones administrativas y judicial impugnadas tipifican los hechos imputados a la recurrente en amparo en el art. 51.1.4 y 6 de la Orden Ministerial de 3 de abril de 1991, por la que se otorga carácter de calificada a la denominación de origen Rioja, se aprueba su Reglamento y el de su Consejo Regulador, y en el Oficio Circular núm. 9/99.
De otra parte ha de destacarse que la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en su Sentencia núm. 1146/2003, de 4 de noviembre, a diferencia de la Sentencia ahora impugnada en amparo, al igual que el Tribunal Superior de Justicia de la Rioja (Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo núms. 225/2003, de 28 de mayo, 392/2003, de 1 de septiembre, y 185/2003, de 23 de abril), se han hecho eco de la doctrina constitucional de las SSTC 52/2003, de 17 de marzo, y 132/2003, de 30 de junio, anulando las respectivas resoluciones ministeriales dictadas en expedientes sancionadores incoados por el Consejo Regulador de la denominación de origen calificada Rioja. También el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en aplicación de la referida doctrina constitucional, ha procedido al archivo de numerosos expedientes sancionadores.
Por último la demandante de amparo estima que ha resultado lesionado el principio de igualdad en aplicación de la ley (art. 14 CE).
Bajo la invocación del mencionado derecho fundamental sostiene, de un lado, que el Tribunal Supremo en supuestos iguales al que ha sido objeto de la Sentencia recurrida ha estimado que si falta prueba del perjuicio o desprestigio de la denominación el hecho no puede tipificarse como infracción del art. 51.1 de la Orden Ministerial de 3 de abril de 1991, por la que se otorga el carácter de calificada a la denominación de origen Rioja, se aprueba su reglamento y el de su Consejo Regulador; de otro, que por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra no se ha aplicado en este caso la doctrina sentada en las ya mencionadas SSTC 52/2003, de 17 de marzo, y 132/2003, de 30 de junio.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 30 de septiembre de 2004, acordó admitir la demanda y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso contencioso-administrativo núm. 467-2001, debiendo previamente emplazar, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo deseasen, en el recurso de amparo, a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción de la demandante de amparo.
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, de 4 de noviembre de 2004, se tuvo por personado y parte en el procedimiento al Abogado del Estado y se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Abogado del Estado, por plazo común de veinte días, dentro de los cuales pudieron presentar las alegaciones que estimaron pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52 LOTC.
La representación procesal de la recurrente en amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 25 de noviembre de 2004, en el que reiteró sucintamente las efectuadas en la demanda de amparo, a lo que añadió que, con posterioridad a la interposición de ésta, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó la Sentencia de 10 de junio de 2004, en la que declaró la nulidad de la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 3 de abril de 1991, por la que se otorga el carácter de calificada a la denominación de origen la Rioja, se aprueba su Reglamento y el de su Consejo Regulador, así como la Sentencia de 20 de julio de 2004, en la que declaró expresamente la nulidad del art. 51.1 de la citada Orden.
El Abogado del Estado evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 1 de diciembre de 2004, que en lo sustancial a continuación se extracta:
Comienza por señalar que la vulneración de los derechos a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE) es originariamente imputable a la resolución administrativa sancionadora, y, por lo tanto, obliga a encuadrar el recurso de amparo en el art. 43.1 LOTC, en tanto que la infracción del art. 14 debe entenderse referida a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, lo que nos llevan al art. 44.1 LOTC. Se trata, por consiguiente, afirma el Abogado del Estado, de un recurso de amparo mixto.
Tras la precedente consideración descarta la denunciada lesión del principio de igualdad en aplicación de la Ley (art. 14 CE), ya que la parte actora no ofrece término adecuado de comparación, a saber, anteriores Sentencias del mismo órgano judicial, que, pronunciadas en casos sustancialmente iguales, sean expresivas de una doctrina estable de la que arbitrariamente se aparte la Sentencia recurrida (SSTC 8/2004, de 9 de febrero, FJ 3; 129/2004, de 19 de julio, FJ 3). Por el contrario en la demanda de amparo se hace descansar la supuesta infracción del art. 14 CE en que el Tribunal Supremo ha admitido que si falta la prueba del perjuicio o desprestigio a la denominación, el hecho no puede tipificarse como infracción. Ni existe la identidad de órgano jurisdiccional, ni se aportan Sentencias del Tribunal Supremo, ni hay similitud de los casos, puesto que lo sancionado fue la introducción de uva procedente de viñas no inscritas y la indebida utilización de una cartilla de viticultor.
En opinión del Abogado del Estado tampoco puede acogerse la pretendida vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), que se aduce en la demanda de amparo en doble sentido: por un lado, que la sanción se funda en prueba indiciaria y no en prueba directa; por otro, que la sanción se ha impuesto sobre meras conjeturas y suposiciones arbitrarias, esto es, sin prueba de cargo, ni directa, ni indirecta.
Pues bien, la mercantil demandante de amparo ha sido sancionada, no por meras conjeturas o suposiciones, sino con una prueba indiciaria de cargo perfectamente justificable desde el punto de vista constitucional. En efecto, son hechos que la resolución administrativa sancionadora fija como probados -y que nunca han sido rebatidos- que los veedores del Consejo Regulador avistaron dos tractores que arrastraban remolques cargados de uva fuera de la zona de producción perteneciente a la denominación, y que vieron luego que esos tractores entraban en Bodegas Bagordi, donde, pese a la advertencia de los veedores, fueron descargados al amparo de dos talones de la cartilla de viticultor de don Sabino Pagola. No puede calificarse de ilógica, ni excesivamente abierta, sino totalmente conforme con el sano criterio de la razón humana, la inferencia que arranca del hecho directamente percibido por los veedores de que se descargaron en Bodegas Bagordi los remolques que transitaban cargados de uva fuera de la zona de la denominación de origen y concluye, a falta de toda explicación alternativa razonable, que esa uva procedía de terrenos situados fuera de la circunscripción Rioja, y que, por ende, los talones de la cartilla de viticultor eran indebidamente utilizados. Ciertamente los veedores no observaron por percepción directa la vendimia fuera de la zona de denominación, pero del hecho (directamente percibido) de los remolques cargados de uva en el término de Milagro fuera de la zona Rioja y de su descarga en las Bodegas Bagordi se puede claramente inferir que la uva no procedía de viñas inscritas. Tan evidentes hechos-base impiden conceder relevancia a la poco clara descripción de los Srs. Sarabia Moreno. La inferencia expuesta respeta, en definitiva, los límites que señala la doctrina constitucional (SSTC 135/2003, de 30 de junio, FJ 2; 163/2004, de 4 de octubre, FJ 9).
En relación con la denunciada infracción del principio de legalidad en materia sancionadora, el Abogado del Estado sostiene que es inexcusable tener presente, por resultar aplicable en este caso, la doctrina de las SSTC 52/2003, de 17 de marzo, y 132/2003, de 30 de junio, las dos relativas a la denominación Rioja, aunque no sean idénticos los preceptos del Reglamento de la denominación de origen aplicados en cada supuesto. Por ello considera que no es fácil justificar que la Sala sentenciadora prescindiera de tener en cuenta la referida doctrina constitucional arts. 5.1 y 7.2 LOPJ, pese a ser consciente de su existencia.
El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 10 de diciembre de 2004, en el que interesó, con base en la argumentación que a continuación se resume, la estimación de la demanda de amparo:
A su juicio carece manifiestamente de contenido constitucional la denunciada vulneración del principio de igualdad en aplicación de la ley (art. 14 CE), ya que la demandante, sin ni siquiera aportar copia de las resoluciones judiciales, simplemente alega una doctrina del Tribunal Supremo, órgano judicial distinto al que dictó la Sentencia recurrida, de modo que falta uno de los requisitos imprescindibles incluso para tomar en consideración la lesión del mencionado derecho fundamental, cual es la identidad del Tribunal que dicta las resoluciones que se pretenden invocar como término de comparación.
También debe ser desestimada la queja relativa a la lesión del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), ya que de las resoluciones administrativas y judicial se desprende que hubo prueba de cargo suficiente para desvirtuarla, siendo totalmente ajena a este derecho fundamental la referencia de la recurrente a la actitud que, en su opinión, debieron adoptar los veedores, su carácter o no de funcionarios públicos, o acerca de la existencia de uvas amparadas por los talones del Sr. Pagola, porque estas alegaciones se refieren más bien a la propia valoración de la prueba que a la presunción de inocencia.
En cuanto al principio de legalidad sancionadora, el Ministerio Fiscal se remite a las SSTC 52/2003, de 17 de marzo, y 132/2003, de 30 de junio, ya que la norma aplicada en este caso para sancionar a la recurrente en amparo es la misma que la que determinó la concesión del amparo en aquellas Sentencias.
La presente demanda de amparo tiene por objeto la impugnación tanto de la Resolución del Director General de Alimentación, de 10 de mayo de 2000, confirmada en alzada por Orden del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de 28 de febrero de 2001, por la que se impuso a la recurrente en amparo la sanción de 4.070.400 pesetas por la comisión de infracciones tipificadas en el art. 51.1.4 y 6 de la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 3 de abril de 1991, por la que se otorga carácter de calificada a la denominación de origen Rioja, se aprueba su Reglamento y el de su Consejo Regulador, como de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra núm. 167/2004, de 12 de febrero, que desestimó el recurso contencioso-administrativo que la solicitante de amparo interpuso contra las referidas resoluciones administrativas sancionadoras.
A tenor de los argumentos impugnatorios y del propio suplico de la demanda de amparo debe destacarse que estamos en el caso presente ante uno de los denominados recursos de amparo mixto (arts. 43 y 44 LOTC). Como el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal acertadamente ponen de manifiesto en sus escritos de alegaciones, las vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y del principio de legalidad en materia sancionadora (art. 25.1 CE) son originariamente imputables a las resoluciones administrativas sancionadoras y, únicamente, en cuanto confirma éstas, a la resolución judicial, en tanto que la lesión del principio de igualdad en aplicación de la ley (art. 14 CE) ha de entenderse referida exclusivamente a la Sentencia que ha puesto fin a la vía judicial previa.
La demandante de amparo, bajo la invocación del principio de igualdad en aplicación de la ley (art. 14 CE), aduce que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra se ha separado de la doctrina del Tribunal Supremo establecida para supuestos iguales al que ha sido objeto de la Sentencia impugnada, así como que en ésta no se ha aplicado la doctrina constitucional de las SSTC 52/2003, de 17 de marzo, y 132/2003, de 30 de junio.
La demandante de amparo considera vulnerado también su derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). Argumenta al respecto que en el ámbito del Derecho administrativo sancionador las infracciones imputadas han de sancionarse en virtud de prueba tasada, no siendo procedente acudir a la prueba indiciaria para acreditar la infracción, no habiendo existido además en este caso una mínima actividad probatoria que pueda considerarse de cargo para estimar enervada la presunción de inocencia.
Por lo que se refiere en concreto al derecho a la presunción de inocencia este Tribunal ha declarado que la presunción de inocencia sólo se destruye cuando un Tribunal independiente, imparcial y establecido por la Ley declara la culpabilidad de una persona tras un proceso celebrado con todas las garantías (art. 6.1 y 2 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales), al cual se aporte una suficiente prueba de cargo, de suerte que la presunción de inocencia es un principio esencial en materia de procedimiento que opera también en el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora (SSTC 120/1994, de 25 de abril FJ 2; 45/1997, de 11 de marzo, FJ 4, por todas). En la citada STC 120/1994 añadíamos que entre los múltiples facetas de ese concepto poliédrico en que consiste la presunción de inocencia hay una, procesal, que consiste en desplazar el onus probandi con otros efectos añadidos. En tal sentido ya hemos dicho se continúa afirmando la mencionada Sentencia que la presunción de inocencia comporta en el orden penal stricto sensu cuatro exigencias, de las cuales sólo dos, la primera y la última, son útiles aquí y ahora, con las necesarias adaptaciones mutatis mutandi por la distinta titularidad de la potestad sancionadora. Efectivamente, en ella la carga de probar los hechos constitutivos de cada infracción corresponde ineludiblemente a la Administración pública actuante, sin que sea exigible al inculpado una probatio diabolica de los hechos negativos. Por otra parte la valoración conjunta de la prueba practicada es una potestad exclusiva del juzgador, que éste ejerce libremente con la sola carga de razonar el resultado de dicha operación. En definitiva, la existencia de un acervo probatorio suficiente, cuyas piezas particulares han de ser obtenidas sin el deterioro de los derechos fundamentales del inculpado y de su libre valoración por el Juez, son las ideas básicas para salvaguardar esa presunción constitucional y están explícitas o latentes en la copiosa doctrina de este Tribunal al respecto (SSTC 120/1994, de 25 de abril, FJ 2; 45/1997, de 11 de marzo, FJ 4).
De otra parte hemos mantenido que el derecho a la presunción de inocencia, incluso en el ámbito del derecho administrativo sancionador (SSTC 45/1997, de 11 de marzo; 237/2002, de 9 de diciembre, FJ 2), no se opone a que la convicción del órgano sancionador se logre través de la denominada prueba indiciaria, declaración parecida a la efectuada por el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, que también ha sostenido que no se opone al contenido del art. 6.2 del Convenio la utilización de la denominada prueba de indicios (STEDH de 25 de septiembre de 1992, caso Phan Hoang c. Francia, § 33; de 20 de marzo de 2001, caso Telfner c. Austria, § 5). Mas cuando se trata de la denominada prueba de indicios la exigencia de razonabilidad del engarce entre lo acreditado y lo que se presume cobra una especial trascendencia, pues en estos casos es imprescindible acreditar, no sólo que el hecho base o indicio ha resultado probado, sino que el razonamiento es coherente, lógico y racional. En suma, ha de estar asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la experiencia común. Es esa, como hemos dicho, la única manera de distinguir la verdadera prueba de indicios de las meras sospechas o conjeturas, debiendo estar asentado el engarce lógico en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes (SSTC 45/1997, de 11 de marzo, FJ 5; 237/2002, de 9 de diciembre, FJ 2; 135/2003, de 30 de junio, FJ 2 , por todas).
Nuestro control de razonabilidad del discurso, esto es, de la solidez de la inferencia, puede llevarse a cabo tanto desde el canon de su lógica o coherencia (siendo irrazonable cuando los indicios constatados excluyan el hecho que de ellos se hace derivar o no conduzcan naturalmente a él), como desde el de su suficiencia o carácter concluyente (excluyéndose la razonabilidad por el carácter excesivamente abierto, débil o indeterminado de la inferencia). En el último caso este Tribunal ha afirmado que ha de ser esencialmente cauteloso, por cuanto son los órganos sancionadores los únicos que tiene un conocimiento preciso, completo y adquirido con todas las garantías de la actividad probatoria. Por ello hemos afirmado que sólo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia en este ámbito de enjuiciamiento cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada (STC 135/2003, de 30 de junio, FJ 2, por todas).
A la luz de la doctrina constitucional expuesta ha de ser examinada la queja de la recurrente en amparo. De un lado, como se ha señalado, la prueba indiciaria, si satisface los requisitos constitucionalmente exigidos, es perfectamente válida incluso en el ámbito del derecho administrativo sancionador para enervar la presunción de inocencia. De otro lado, en este caso, como el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal ponen de manifiesto, la recurrente en amparo ha sido sancionada con base en una robusta prueba indiciaria de cargo, suficiente para considerar enervada aquella presunción. En efecto, son hechos que la resolución administrativa sancionadora fija como probados que los veedores del Consejo Regulador avistaron dos tractores que arrastraban remolques cargados de uva desde fuera de la zona de producción perteneciente a la denominación de origen y que vieron que esos tractores entraban en la bodega de la mercantil demandante de amparo, donde, pese a la advertencia de los veedores, fueron descargados en la tolva al amparo de la cartilla de viticultor de don Sabino Pagola Esparza. A partir de estos hechos base, debida y directamente acreditados a través de pruebas de cargo lícitas, en concreto, el acta denuncia de los veedores del Consejo Regulador, posteriormente ratificada vía informe, no puede calificarse de ilógica, excesivamente abierta, débil o indeterminada, sino, por el contrario, totalmente conforme con el sano criterio de la razón humana, la inferencia que arranca de los hechos directamente percibidos por los veedores de que se descargaron en las bodegas de la recurrente en amparo los remolques que transitaban cargados de uva fuera de la zona de la denominación de origen, y concluye, a falta de toda explicación alternativa razonable, que esa uva procedía de terrenos situados fuera de la circunscripción de la denominación de origen y que, por ende, los talones de la cartilla de viticultor habían sido también utilizados indebidamente.
Por último la demandante de amparo denuncia la vulneración del principio de legalidad en materia sancionadora (art. 25.1 CE), ya que las infracciones administrativas por las que ha sido sancionada, tipificadas en el art. 51.1.4 y 6 de la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 3 de abril de 1991, por la que se otorga carácter de calificada a la denominación de origen Rioja, se aprueba su Reglamento y el de su Consejo Regulador, carecen de la necesaria cobertura legal requerida por el mencionado precepto constitucional, de conformidad con la doctrina de las SSTC 52/2003, de 17 de marzo, y 132/2003, de 30 de junio. En efecto, la normativa en este caso aplicable está constituida por la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, de estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes, cuyo art. 93 se remite en blanco al Decreto 835/1972, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, que, a su vez, salvo excepciones como la del art. 123, vuelve a hacer otra remisión a los Reglamentos de cada denominación de origen, produciéndose de esa forma esa segunda remisión normativa que no se ajusta a las exigencias del citado art. 25.1 CE.
Como dijimos en aquella Sentencia, en este caso el régimen sancionador parte del art. 93 de la Ley de 2 de diciembre de 1970, que establece en su apartado núm. 1 la posibilidad de sancionar las infracciones en materia de denominaciones de origen, y en el apartado 2 que [e]l Reglamento para la aplicación de esta Ley tipificará las infracciones y graduará las sanciones, sin que pueda exceder de las determinaciones del Título V. La regulación sancionadora de la materia se completa con el también preconstitucional Reglamento del vino, aprobado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo, que en su art. 129.2 dispone los Reglamentos de cada denominación de origen especificarán las sanciones a aplicar a las infracciones a su Reglamento por los inscritos en los Registros de las mismas, clasificando éstas en ... c) Uso indebido de la denominación o actos que puedan causarle perjuicio o desprestigio, que se sancionaran en la forma y cuantía que se establece en el apartado 1 de este artículo.
Por lo tanto, el art. 51.1 del Reglamento de la Rioja, que describe las infracciones por uso indebido de la denominación o actos que pudieran causarle perjuicio o desprestigio, entre ellas, aquellas por las que la demandante de amparo ha sido sancionada (apartados 4 y 6), encuentra su apoyo de rango en una normativa preconstitucional, a la que, como ya se apuntó, no es dable exigir retroactivamente reserva de Ley. En definitiva, tiene sus antecedentes en un precepto legal que establece una habilitación ilimitada a la potestad reglamentaria, proscrita constitucionalmente ex art. 25.1 CE; y también en el art. 129.2 apartado c) del Reglamento del vino de 1972 (FJ 8).
Ahora bien, a partir de la entrada en vigor de la Constitución toda remisión a la potestad reglamentaria para la definición de nuevas infracciones o la introducción de nuevas sanciones carece de virtualidad y eficacia, pues si el reenvío al reglamento contenido en una norma legal sin contenido material alguno no puede producir efectos, con mayor razón aún debe predicarse la falta de eficacia respecto a la remisión en segundo grado establecida en norma sin fuerza de ley. Y ello, aunque esta última contenga una regulación suficiente, si bien incompleta, de las conductas ilícitas y las sanciones aplicables, ya que tal regulación no sana las insuficiencias atribuibles a la propia Ley que le sirve de cobertura, en atención al cumplimiento de la reserva constitucional de Ley. En otras palabras, la pervivencia de normas reglamentarias sancionadoras preconstitucionales tiene como importante límite la imposibilidad de que con posterioridad a la Constitución se actualicen dichas normas por la misma vía reglamentaria, puesto que ello no respetaría el sistema de producción de normas jurídicas impuestas en la Constitución (FJ 9).
Pues bien, como declaramos en la citada STC 52/2003, de 17 de marzo, y hemos de reiterar ahora en relación con las infracciones por las que ha sido sancionada la demandante de amparo, esto es, las previstas en el art. 51.1.4 y 6 del Reglamento de denominación de origen calificada Rioja, sin necesidad de que nos pronunciemos acerca de si los términos empleados por el art. 129.2 c) del Reglamento del vino en lo que se refiere a los actos que puedan causarle perjuicio o desprestigio implican una descripción de la conducta infractora que alcanza a satisfacer las exigencias de taxatividad que el art. 25.1 CE impone en la previa descripción normativa de las conductas a sancionar por la Administración, dicho art. 129.2 c) es el antecedente próximo ... [d]el precepto de rango infralegal aplicado por la Administración al sancionar a la demandante de amparo. Así, la Administración se apoya en una normativa reglamentaria sancionadora, aprobada con posterioridad a la Constitución y tributaria inmediata de una regulación preconstitucional: el Decreto 835/1972, de 23 de marzo, que si bien viene a dotar de contenido en materia sancionadora a la ilimitada deslegalización que habilita el art. 93 del Estatuto del vino de 1970, incumple las exigencias formales del principio de legalidad penal que, con carácter general, se imponen a toda norma sancionadora desde la perspectiva del art. 25.1 CE.
Este panorama descubre concluíamos en la citada Sentencia que las normas sancionadoras del Reglamento de la Rioja prolongan, revitalizando hasta la actualidad, otros preceptos cuya pervivencia en el ordenamiento constitucional se justificaba en necesidades de continuidad en el ordenamiento, apoyadas en el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE). Necesidades que si por un lado han de ponderarse restrictivamente en todo caso, como supuesto limitativo que son de un derecho fundamental, por el otro se ven matizadas progresivamente conforme avanzamos en nuestro tiempo, el de la vigencia de la Constitución. Posterior a la de ésta, el art. 51.1 [4 y 6] del Reglamento de la Rioja hace perdurar en el presente un sistema de producción de normas sancionadoras contrario al art. 25.1 CE. De ahí que, conforme a la doctrina más arriba expuesta, tengamos que concluir que dicho precepto reglamentario carece del fundamento de legalidad mínimo en el que la Administración pueda justificar constitucionalmente el ejercicio de su potestad sancionadora (FJ 9).
Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la Resolución del Director General de Alimentación de 10 de mayo de 2000 y de la Orden Ministerial de 28 de febrero de 2001 dictada por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, recaídas ambas en el expediente sancionador núm. 3679-R, así como la de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra núm. 167/2004, de 12 de febrero, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 467-2001.

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