Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2000/A087A-00.htm
Timestamp: 2017-11-25 07:50:26+00:00

Document:
A087A-00
Auto 087A/00
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Asunción por Corte Constitucional cuando no existe superior común
Referencia: expediente I.C.C.-117
Conflicto de competencias entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Tribunal Superior de Medellín, Sala Penal, respecto de la acción de tutela incoada por José Alonso Gaviria Arango.
Bogotá, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil (2000).
1. José Alonso Gaviria Arango, quien dice desempeñarse como educador grado 11 en la Escuela Rural “El Carmelo” del municipio de Heliconia (Antioquía), instauró acción de tutela contra la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Educación Nacional y Departamento Administrativo de la Función Pública, por considerar que se le han violado sus derechos a la igualdad, dignidad humana, salario móvil y digno.
Manifiesta el accionante que el Gobierno Nacional ha omitido el cumplimiento del artículo 53 de la Carta Política, que consagra el principio del salario vital y móvil y la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.
- Quienes devengan hasta dos salarios mínimos - en el sector estatal con un porcentaje que se ha anunciado del 10%.
Que por encontrarse dentro del rango de los que ganan más de 2 salarios mínimos, al no incrementarse su salario y ante el aumento desmedido de los productos que conforman la canasta familiar, se le está generando una disminución indirecta de su salario y un deterioro en su calidad de vida y la de su familia.
Solicita que se ordene al señor Presidente de la República y al Ministro de Hacienda y Crédito Público, que su salario le sea aumentado en la misma proporción que a los demás servidores públicos, es decir, en un 10%, y en todo caso teniendo como referencia las sentencias de la Corte Constitucional en este sentido.
2. El Tribunal Superior de Medellín, Sala de Decisión Penal, mediante providencia de 15 de agosto de 2000, dispuso el envío del correspondiente expediente de tutela al H. Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, por cuanto consideró que es éste el competente para tramitarla y decidirla, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 4 del numeral 1º del artículo 1º del decreto 1382 de 2000.
3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante providencia de 29 de agosto de 2000, decidió:
En primer lugar, inaplicar por inconstitucional el contenido del inciso 4 del numeral 1 del artículo 1º del decreto reglamentario 1382 de julio 12 de 2000.
En segundo lugar, remitir el expediente a la Corte Constitucional, con la finalidad de que se resuelva el conflicto negativo de competencias, por tratarse de órganos judiciales de diferente jurisdicción.
Estimó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el Ejecutivo Nacional carece de facultades constitucionales para modificar, mediante un acto Administrativo (decreto 1382 de 2000), lo normado por el artículo 37 del decreto 2591 de 1991. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 4 de la Carta Política, y en obedecimiento del principio de jerarquización de las normas, adoptó las mencionadas decisiones.
1. Tal como lo ha venido sosteniendo esta Corporación en abundante jurisprudencia, los conflictos de competencia surgidos en el trámite de las acciones de tutela deben ser resueltos por el superior jerárquico común de las autoridades judiciales involucradas, en los términos previstos por las normas del Código de Procedimiento Civil, ya que el ordenamiento legal que regula la acción de tutela no tiene previsto un trámite específico para estos fines.
2. Así, sólo en la medida en que los jueces trabados en el conflicto de competencias no tengan superior jerárquico común, es esta Corporación, como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, la llamada a desatarlos.
Sobre dicho particular, la Corte ha sostenido:
3. El Gobierno Nacional en cumplimiento de lo establecido por los artículos transitorios 5º literal b) y 6º de la Carta, expidió el decreto 2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”; el artículo 37 del referido decreto estableció, que son competentes para conocer de la acción de tutela, en primera instancia, a prevención los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.
4. El Presidente de la República, mediante la expedición del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, publicado en el Diario Oficial No 44.082 de 14 de julio del mismo año, en su artículo 1º, bajo el pretexto de ejercer la potestad reglamentaria, en los términos del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, lo que en realidad hizo fue introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en materia de competencia para conocer de la acción de tutela, en la medida en que en aquél se señalan reglas precisas de competencia en consideración a la naturaleza de la entidad demandada.
Establece además el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, que si la acción de tutela se ejerce “contra más de una autoridad” el asunto será de conocimiento del “juez de mayor jerarquía”, según corresponda al nivel de las autoridades respecto de las cuales se impetra la protección de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
Mientras el artículo 86 de la Carta instituye como derecho de toda persona la de ejercitar la “acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales”, el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 limita ese derecho, con la asignación de competencia a distintos funcionarios judiciales, teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra las cuales pueda dirigirse la petición de amparo, lo que significa que ya no podrá el afectado ejercitar tal acción ante cualquier juez, en cualquier momento y en todo lugar, como expresamente lo dispuso la citada norma.
De igual manera se observa que el art. 1 del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, viola el principio de la reserva legal, porque invade la competencia del Congreso, que es al que le corresponde regular la materia atinente a “los recursos y procedimientos” para la protección de los derechos fundamentales.
Esta Corporación mediante providencia de 26 de septiembre de 2000, con ponencia del Magistrado Alfredo Beltrán Sierra, expresó sobre el particular:
“Dada la especial naturaleza de la acción de, tutela como mecanismo judicial para hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales, su regulación corresponde al legislador mediante ley estatutaria conforme a lo preceptuado en el artículo 152 de la Carta Política, cuyo literal a) establece que mediante leyes de esa estirpe regulará el Congreso de la República lo atinente a los “derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección”.
“Así las cosas, con absoluta transparencia se observa que el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, publicado en el Diario Oficial No 44.082 de 14 de julio del mismo año, en su artículo 1º, a pretexto de ejercer la potestad reglamentaria que corresponde al Presidente de la República conforme al numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, lo que en realidad hace es introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en materia de competencia para conocer de la acción de tutela…
“Pero es más. Mientras el artículo 86 de la Carta instituye como derecho de toda persona para ejercitar la “acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar” para impetrar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración, el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 limita ese derecho con la asignación de competencia a distintos funcionarios judiciales teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra las cuales pueda dirigirse la petición de amparo, lo que significa que ya no podrá entonces el afectado ejercitar tal acción ante cualquier juez, en cualquier momento y en todo lugar como expresamente lo dispuso el citado artículo 86 de la Constitución”.
“Siendo ello así surge de bulto que el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, fue mucho más allá de la usurpación del Congreso de la República para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, para reformar, sin atribución alguna el artículo 86 de la Constitución Política, pues esa reforma no se ciñe para nada a ninguno de los procedimientos que para el efecto se establecen en el Titulo XIII de la Constitución (artículos 374 a 379).”
De lo dicho, se concluye que le asiste plena razón al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en su apreciación sobre la inconstitucionalidad del artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 y en su decisión de inaplicarlo por ser contrario a la Carta Política.
En consecuencia, como el actor escogió para instaurar la acción de tutela al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín –Sala Penal, será éste despacho judicial al que corresponde la tramitación de la misma, en razón de lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.
PRIMERO. INAPLICAR, en relación con la acción de tutela a que se refiere esta providencia, el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, por ser contrario a la Constitución Política conforme a lo expuesto en la parte motiva de este auto.
SEGUNDO. Dirimir el conflicto de competencia suscitado entre la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección B, en la acción de tutela instaurada por José Alonso Gaviria Arango, contra la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Educación Nacional y Departamento Administrativo de la Función Pública, en el sentido de que su conocimiento corresponde al Tribunal Superior de Medellín - Sala Penal.

References: artículo 53
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 4
 artículo 86
 artículo 37
 artículo 1
 artículo 189
 artículo 37
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 152
 artículo 1
 artículo 189
 artículo 37
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 1