Source: https://jurisprudencia.vlex.cl/vid/810758977
Timestamp: 2020-01-29 20:54:23+00:00

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Sentencia nº Rol 6596-19 de Tribunal Constitucional, 3 de Septiembre de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 810758977
S., tres de septiembre de dos mil diecinueve.
Con fecha 13 de mayo de 2019, L.R.C.C. ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº 18.216, y del artículo 17 B), inciso segundo, de la Ley Nº 17.798, en el proceso penal RUC N° 1800519540-K, RIT N° 2508-2018, seguido ante el Juzgado de Garantía de Melipilla.
Igualmente, si una misma sentencia impusiere a la persona dos o más penas privativas de libertad, se sumará su duración, y el total que así resulte se considerará como la pena impuesta a efectos de su eventual sustitución y para la aplicación de la pena mixta del artículo 33
En relación con la gestión judicial en que incide el requerimiento, el requirente se encuentra formalizado como autor de los delitos de robo con violencia e intimidación (artículo 436 del Código Penal) y de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones (artículo 9 en relación al artículo 2 letra b) y c) de la Ley 17.798).
El requerimiento se acogió a trámite y declaró admisible por resoluciones de la Primera Sala de este Tribunal Constitucional, oportunidad procesal en que fue decretada la suspensión del procedimiento en la gestión pendiente en que incide.
El Ministerio Público formuló observaciones de fondo al requerimiento, en los siguientes términos:
Respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, solicita a esta M. rechazar el requerimiento, argumentando que atendida la gravedad de los ilícitos concernidos en la gestión judicial y las penas que la ley les asigna, o bien por la existencia de condenas anteriores, en este caso no es procedente la concesión de penas sustitutivas a las privativas de libertad, las que quedarían excluidas atendido el quantum de la pena, o las condenas pretéritas.
Al efecto expone que en el caso concreto, atendida la magnitud de los ilícitos concernidos en la gestión sublite respecto de los requirentes, y las penas asignadas por ley a los mismos, en primer lugar, no se avizora cómo podría en la especie estimarse conculcado el principio de igualdad ante la ley o el principio de proporcionalidad y, en segundo lugar, que atendidas las penas que la ley asigna a los delitos en el caso sublite, no concurren los requisitos legales necesarios para la procedencia de penas sustitutivas a las privativas de libertad, motivos determinantes para desechar este requerimiento.
Y tampoco se aprecian discriminaciones entre quienes se hallan en la misma situación, ni se contiene en el requerimiento un punto de comparación con otros delitos -independiente de que se trate o no de delitos de peligro- que pueda determinar una discriminación por la aplicación del artículo 17 B, en cuanto ordena que el juez debe determinar la pena sin tomar en consideración las reglas de determinación de los artículos 65 a 69 del código punitivo.
Finalmente, se aduce por el Ministerio Público que la norma no afecta las potestades del juez del fondo para la determinación de las penas, lo que no obsta que los grados de aquellas sean asunto cuya definición es materia de competencia del legislador, que puede disminuir o aumentar la severidad del castigo. Así, el juez podrá determinar libremente la pena dentro del marco que, soberanamente, y de modo ajustado a la Constitución, ha predeterminado el legislador. En definitiva, la aplicación del artículo 17 B no...

References: artículo 1
 artículo 17
 artículo 33
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 17
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