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Timestamp: 2020-08-07 00:29:01+00:00

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Sentencia de Tutela nº 829/05 de Corte Constitucional, 11 de Agosto de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 43623726
Derecho a la vida en conexidad con la seguridad social de agente del escuadron antimotín de la policia nacional a quien en cumplimiento de su deber y por una papa explosiva lanzada por estudiantes, la junta medico le determino una perdida de capacidad laboral del 62.44% y una incapacidad permanente parcial con aptitud "no apto", siendo retirado del servicio, sin pension de invalidez que exige para su reconocimiento perdida del 75% de la capacidad laboral. Solicita se ordene el reconocimietno de la pension de invalidez. Reiteración de jurisprudencia sobre la protección del derecho a la seguridad social. La pension de invalidez en la ley 100 de 1993 y en el regimen especial de la fuerza publica. Aunque el régimen legal anterior no generaba el derecho a la pensión de invalidez a favor del miembro de la fuerza pública que tuviese una disminución de la capacidad laboral menor del 75%, y por tanto, solo se podía acceder a la misma cuando el porcentaje fuese igual o superior al 75%, a partir de la ley 923 de 2004, debe entenderse que esta situación se modificó, pues se reconoce que los miembros de la fuerza pública pueden optar por una pensión cuando la invalidez sea igual o superior al 50%. Concedida
PENSION DE INVALIDEZ-Diferencias entre el régimen común y el régimen especial de la Fuerza Pública no vulnera el derecho a la igualdad
REGIMEN ESPECIAL DE LA POLICIA NACIONAL-Modificado por la ley 923 de 2004 respecto al porcentaje exigido para otorgar la pensión de invalidez/PENSION DE INVALIDEZ EN REGIMEN ESPECIAL DE LA POLICIA NACIONAL-Se reconoce cuando la disminución de la capacidad laboral sea superior a cincuenta por ciento
Aunque el régimen legal anterior no generaba el derecho a la pensión de invalidez a favor del miembro de la fuerza pública que tuviese una disminución de la capacidad laboral menor del 75%, y por tanto, solo se podía acceder a la misma cuando el porcentaje fuese igual o superior al 75%, a partir de la ley 923 de 2004, debe entenderse que esta situación se modificó, pues se reconoce que los miembros de la fuerza pública pueden optar por una pensión cuando la invalidez sea igual o superior al 50%. En otras palabras, la normatividad vigente para los miembros de la fuerza pública, contempla una situación distinta en el sentido de reconocer la pensión de invalidez cuando la disminución de la capacidad laboral sea superior al 50%.
Referencia: expediente T-1093186
Acción de tutela instaurada por el señor L.E.G.O. contra el Ministerio de Defensa - Policía Nacional.
Bogotá D.C, once (11) de agosto de dos mil cinco (2005).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados A.B.S., M.J.C. espinosa y J.C.T., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
en el proceso de revisión del fallo adoptado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la acción de tutela presentada por medio de apoderado por el señor L.E.G.O. contra el Ministerio de Defensa - Policía Nacional.
El expediente llegó a la Corte Constitucional, por remisión que hizo la Corte, Suprema de Justicia en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección de Tutelas Número Cinco de la Corte, en auto de fecha 27 de mayo de 2005 aceptó, para efectos de su revisión, la insistencia presentada por el Procurador General de la Nación (e)
1.1. Expresa el señor L.E.G.O., que se desempeñaba como Agente del Escuadrón Antimotín ''Esmad''de la Policía Nacional - Ministerio de Defensa.
1.3. El 4 de febrero de 2004, la Junta Médico Laboral de la Policía Nacional, determinó una pérdida de la capacidad laboral del 62.44% y una incapacidad permanente parcial con aptitud ''no apto''. Fue así como el 5 de agosto de 2004, la Policía Nacional mediante Resolución No. 0118 lo retiró del servicio.
Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional, al Juez de Tutela.
Señaló que si el actor no estaba de acuerdo con el dictamen rendido por la Junta Medica Laboral ha debido solicitar la convocatoria del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de la Junta Médica.
En relación con el retiro del tutelante, explicó que se tomo con fundamento en el decreto 1796 de 2000 por el cual se regula la evaluación de la capacidad psicofísica y la disminución de la capacidad laboral que se califica en apto, aplazado y no apto.
En el caso del actor, la Junta Médico Laboral lo declaró ''no apto'' mediante Acta No. 790 del 12 de marzo de 2001, razón por la que no se permite el desarrollo normal y eficiente de la actividad policial o civil correspondiente al cargo, empleo o funciones, por lo que fue retirado del servicio por disminución de la capacidad psicofísica.
Por último, aclaró que no es acreedor de la pensión de invalidez, por cuanto para ella se requiere una disminución de la capacidad igual o superior al 75%, de conformidad con el decreto 17 96 de 2000.
En el caso en estudio, es evidente el conflicto de orden legal que suscita el accidente sufrido por el accionante pues mientras éste se ampara en la ley 100 de 1993 que determina el derecho a la pensión con mas del 50% de la pérdida de la capacidad laboral, el Ministerio de Defensa, se apoya en el decreto 1796 de 2000 que fija dicha pérdida en un 75% por lo cual, debe controvertirse ante la jurisdicción competente, el derecho legal reclamado.
Apelada la decisión anterior, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de dieciséis (16) de marzo de dos mil cinco (2005), confirmó la providencia impugnada, básicamente bajo los mismos argumentos expuestos por el a-quo.
Insistencia presentada por el Procurador General de la Nación .
2.1. Para el actor el Ministerio de Defensa - Policía Nacional, vulnera su derecho a la vida en conexidad con la seguridad social, por cuanto pese a que sufrió un accidente cuando se encontraba prestando sus servicios como Agente del Escuadrón Antimotín que le generó una incapacidad para laboral, no le ha sido reconocida a su favor el pago de la pensión de invalidez.
Explica que la Junta Medico Laboral de la Policía Nacional, determinó una pérdida de la capacidad laboral del 62.44% y una incapacidad permanente parcial con aptitud ''no apto'', razón por la que fue retirado del servicio.
2.2. Por su parte, el Ministerio de Defensa señaló que de conformidad con el decreto 1796 de 2000, el actor no es acreedor del derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez, pues para ello se exige una pérdida de la capacidad laboral del 75 %.
Tercera.- Reiteración de jurisprudencia sobre la protección del derecho a la seguridad social.
La Corte, en reiterada jurisprudencia, recordada recientemente en una decisión de la Sala Sexta de Revisión Sentencia T-290 de 31 de marzo de 2005. M.P.D.M.G.M.C., ha señalado que el derecho a la seguridad social contemplado en el artículo 48 de la Carta, adquiere carácter de derecho fundamental cuando las circunstancias del caso conducen a que su desconocimiento ponga en peligro derechos y principios fundamentales, como el de la vida, la dignidad o la integridad del individuo.
También se ha dicho que: ''el derecho a la pensión de invalidez, como elemento constituyente del derecho a la seguridad social, resulta por ende tutelable si se logra demostrar que su desconocimiento pone en grave peligro los derechos a la vida, a la dignidad humana y a la integridad del titular.
''Tratándose de la pensión de invalidez adicionalmente tiene vigencia el principio de la solidaridad. Por eso su reconocimiento y pago tiene un carácter de derecho subjetivo y humano. Y entrará a ser fundamental en una situación concreta al darse algunas condiciones que la jurisprudencia ya ha establecido. En sentencia T-440/94. M.P.F.M.D., se precisó cuándo la pensión de invalidez es DERECHO FUNDAMENTAL DERIVADO:
''Desde otro punto de vista, se dice que el derecho a disfrutar de la pensión, en ocasiones, comparte la naturaleza de fundamental, dada su derivación directa e inmediata del derecho al trabajo, considerado también como principio esencial del Estado social de derecho, y siempre que su titularidad recaiga en personas que gozan de su pensión por diversas razones.
''En repetidas ocasiones, esta Corporación también se ha pronunciado sobre el derecho a la seguridad social, en especial los derechos a la pensión de vejez, de jubilación y la invalidez que giran en rededor de los pensionados, quienes merecen una especial consideración como parte de la sociedad y el Estado, buscando la plena efectividad de todos sus derechos, en forma que éstos no se conviertan simplemente en la enunciación de premisas que no van a tener un fin práctico. (T-356 de 1995 A.M.C.
Así mismo, en dicha providencia se recordó la jurisprudencia de la Corte al afirmar que en determinadas circunstancias ''el derecho a la pensión de invalidez, es una de las formas de expresión del que se tiene a la seguridad social y cuyo objetivo radica en "compensar la situación de infortunio derivada de la pérdida de capacidad laboral mediante el otorgamiento de una prestación económica y de salud" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-144 del 30 de marzo de 1995. M.P.: Dr. A.B.C., no corresponde a un acto de liberalidad ni al generoso aporte de una entidad pública en favor de un particular sino que constituye un derecho inalienable de éste, con categoría de fundamental cuando su violación repercute en peligro para la vida o la integridad de su titular. (T-246 de 1996 J.G.H.G.
Sentado lo anterior, debe definirse si, en este caso, ha de concederse la acción de tutela para amparar el derecho fundamental a la seguridad social del señor G.O. vulnerado o en peligro de serlo por el no reconocimiento de la pensión de invalidez, debido a la existencia de regímenes pensionales diferentes, o si por el contrario, el afectado tiene medios judiciales distintos a esta acción para la defensa de sus derechos.
Cuarta.- La pensión de invalidez en la ley 100 de 1993 y en el régimen especial de la fuerza pública.
Dijo la Corte, en sentencia C-890 de 1999.
''Revisadas las disposiciones que integran la aludida prestación en cada uno de los regímenes citados, la Corte encuentra que la diferencia porcentual a partir de la cual se reconoce el estado de invalidez a los integrantes de la Fuerza Pública, no genera per se una discriminación de la cual pueda predicarse la violación del principio de igualdad material. Dos razones fundamentales conducen a dicha conclusión: la primera, que el régimen especial tiene previstos algunos beneficios, no contenidos en el sistema general, que definitivamente compensan la diferencia porcentual a partir de la cual se reconoce la pensión de invalidez. Y la segunda, que la forma de calificación, calculo, liquidación y monto de esta prestación establecida en el régimen especial de la fuerza pública, difiere sustancialmente del sistema regulado en el régimen general, ya que, como se dijo, aquel se ha programado a partir de las especiales funciones que le han sido asignadas por la Constitución Política y que se concretan en la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del orden constitucional y en el mantenimiento de la paz y de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Así, lo que importa al régimen especial es regular la pensión de invalidez a partir de las incapacidades que afectan de manera directa la prestación del servicio militar o de policía, en tanto que al régimen común le interesa calificar aquellas incapacidades que por regla general impiden desempeñarse en cualquier área de servicio''.
No obstante lo anterior, el 30 de diciembre de 2004, el Congreso expidió la ley 923 del mismo año ''por medio de la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política''.
En consecuencia, aunque el régimen legal anterior no generaba el derecho a la pensión de invalidez a favor del miembro de la fuerza pública que tuviese una disminución de la capacidad laboral menor del 75%, y por tanto, solo se podía acceder a la misma cuando el porcentaje fuese igual o superior al 75%, a partir de la ley 923 de 2004, debe entenderse que esta situación se modificó, pues se reconoce que los miembros de la fuerza pública pueden optar por una pensión cuando la invalidez sea igual o superior al 50%.
Quinto.- El caso concreto.
Sin embargo nota la Sala que el Ministerio de Defensa, en su decisión no analizó la vigencia de la ley 923 de 2004, que consagra una situación mas favorable para el trabajador, ya que el régimen legal establecido en el decreto 1796 de 2000, exigía un porcentaje superior al que se necesita para adquirir la pensión de invalidez bajo la vigencia de la nueva ley. Tampoco se tuvo en cuenta, el hecho de que el actor prestó un servicio al Estado y fue en cumplimiento de una acción cívica que perdió su ojo y oído izquierdo, siendo declarado no apto para continuar en la Policía Nacional.
Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que en su escrito de tutela, el señor G.O., manifiesta que de sus ingresos dependían económicamente su progenitora y su hermano menor.
Por consiguiente, puede decirse que el Ministerio de Defensa- Policía Nacional, vulneró los derechos fundamentales del demandante, en particular el derecho a acceder a la pensión de invalidez, razón por la que la Sala ordenará a la entidad demandada que en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de esta providencia re-examine la situación del actor, considerando el dictamen otorgado por la Junta Médico Laboral de la Policía Nacional y la ley 923 de 2004, a fin de que en término máximo de quince días profiera la resolución correspondiente.
Primero : Revocar la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil cinco (2005) dentro de la acción de tutela instaurada por el señor L.E.G.O. contra el Ministerio de Defensa- Policía Nacional.
Segundo : Ordenar a la entidad demandada que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia re-examine la situación del actor, considerando el dictamen otorgado por la Junta Médico Laboral de la Policía Nacional y la ley 923 de 2004, a fin de que en término máximo de quince (15) días profiera la resolución correspondiente.

References: artículo 31
 Resolución 
 artículo 48
 artículo 150
 resolución 
 resolución