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Timestamp: 2020-06-06 11:05:51+00:00

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﻿ Auto AP3559-2015 de junio 24 de 2015
AUTO AP3559-2015 DE 24 DE JUNIO DE 2015
CONTENIDO:REQUISITOS PARA OBTENER LA SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN JUSTICIA Y PAZ. EL ARTÍCULO 18A DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ (LEY 975 DEL 2005) DISPONE QUE EL POSTULADO QUE SE HAYA DESMOVILIZADO ESTANDO EN LIBERTAD PODRÁ SOLICITAR, ANTE EL MAGISTRADO CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS, UNA AUDIENCIA DE SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE DETENCIÓN PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO POR UNA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO NO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD. SEGÚN EL ALTO TRIBUNAL, EL MAGISTRADO PODRÁ CONCEDER LA SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 20 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA RESPECTIVA SOLICITUD, CUANDO EL POSTULADO HAYA PERMANECIDO COMO MÍNIMO OCHO AÑOS EN UN ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN CON POSTERIORIDAD A SU DESMOVILIZACIÓN, POR DELITOS COMETIDOS DURANTE Y CON OCASIÓN DE SU PERTENENCIA AL GRUPO ARMADO ORGANIZADO AL MARGEN DE LA LEY, Y CUANDO HAYA PARTICIPADO EN LAS ACTIVIDADES DE RESOCIALIZACIÓN DISPONIBLES. IGUALMENTE, CUANDO HAYA PARTICIPADO Y CONTRIBUIDO AL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES DEL PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ, CUANDO HAYA ENTREGADO LOS BIENES PARA CONTRIBUIR A LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS, SIEMPRE QUE NO HUBIESE COMETIDO DELITOS DOLOSOS CON POSTERIORIDAD A LA DESMOVILIZACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, PERSONA DESMOVILIZADA, MAGISTRADO DE JUSTICIA Y PAZ, PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ
Auto AP3559-2015 de junio 24 de 2015
Rad.: 45979
AP3559-2015
De acuerdo con lo regulado en el artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012, en concordancia con el artículo 68 Ibídem y con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para desatar el recurso de apelación promovido en contra del auto proferido por la Magistrada con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, mediante el cual negó la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario que recae en contra del desmovilizado XXX XXXX, por una no privativa de la libertad.
En concreto, negó la petición que en ese sentido elevó el defensor del postulado, tras analizar los requisitos consagrados en el artículo 18A de la Ley 975 de 2005, adicionado por el artículo 19 de la Ley 1592 de 2012, y concluir que no se colma el previsto en el numeral 1º, concerniente a haber permanecido como mínimo ocho (8) años en un establecimiento de reclusión con posterioridad a su desmovilización, por delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.
Para la magistrada a quo, dicho lapso no se satisfizo, toda vez que debe descontarse el tiempo que estuvo el procesado purgando la pena que se le impuso por el delito de fuga de presos, el cual, estimó sin mayores análisis, no fue cometido en razón de su pertenencia a la organización ilegal.
Inconforme con la decisión, la defensa técnica del postulado y el Fiscal Cuarto delegado ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz, la apelaron, coincidiendo ambos en que el ilícito en comento sí guarda estrecha relación con las actividades desarrolladas por las autodefensas.
En tales condiciones, la Corte, una vez repase las exigencias para acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento, deberá resolver el siguiente problema jurídico: definir si la conducta punible de fuga de presos por la que fue condenado XXXX y respecto de la cual cumplió la sanción privativa de la libertad impuesta, con posterioridad a su desmovilización, debe entenderse cometida o no durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado ilegal, a efectos de imputarle ese término de detención a los ocho años que como requerimiento objetivo demanda la norma invocada por su representante judicial.
2. Los requisitos para obtener la sustitución de la medida de aseguramiento.
El citado artículo 19 de la Ley 1592 de 2012 señala lo siguiente:
“La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 18A del siguiente tenor:
Recuérdese que de los cinco requerimientos enunciados en la norma transcrita, la Sala de Justicia y Paz encontró satisfechos los relacionados en los numerales segundo a quinto, esto es, haber participado en las actividades de resocialización y obtenido certificado de buena conducta; haber participado y contribuido al esclarecimiento de la verdad en las diligencias judiciales del proceso de justicia y paz; haber entregado los bienes para contribuir a la reparación integral de las víctimas, si a ello hubiere lugar de conformidad con lo dispuesto en la ley; y no haber cometido delitos dolosos con posterioridad a la desmovilización.
La Sala, entonces, no aludirá a estos aspectos, no solo porque sobre los mismos, por razones obvias, no hubo ningún motivo de inconformidad por parte de los impugnantes, sino también porque verificada la vasta documentación aportada por el defensor, encuentra que, en efecto, todos ellos fueron acreditados debidamente, a través de múltiples certificaciones emanadas de las autoridades competentes.
El punto de debate, en consecuencia, se limita exclusivamente a determinar si se colma el regulado en el numeral primero de la norma en comento, esto es, el haber permanecido como mínimo ocho años en un establecimiento de reclusión con posterioridad a su desmovilización, por delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley, término que será tenido en cuenta a partir de la reclusión en un establecimiento sujeto integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario.
De cara a resolver el problema jurídico que debe dilucidar la Corporación, se parte por señalar que tampoco hay dudas acerca de la condición de desmovilizado del procesado XXX XXXX, pues, de acuerdo con los elementos de juicio aducidos por los intervinientes en el desarrollo de la audiencia de sustitución, se extracta que en el año de 1997 se incorporó a las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC—, habiendo militado en los Frentes Héroes de Tumaco y Libertadores del Sur, hasta su desmovilización colectiva el 3 de septiembre de 2005.
Ocurrido lo anterior, XXXX permaneció en la zona de ubicación temporal de Santafé de Ralito desde el 5 de septiembre siguiente, hasta su traslado al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC de Tierralta (Córdoba), el 12 de diciembre de 2006.
Sin embargo, la fecha de su postulación no es esa, tal como lo aduce el defensor, sino el 1º de febrero de 2007, pues, es a partir de esta calenda que se encuentra certificada dicha actuación por parte del Gobierno Nacional, así como su ingreso a ese plantel carcelario, regido integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario.
En esa medida, tampoco es objeto de discusión que esa es la fecha que demarca el punto de partida para contabilizar los ocho años de reclusión, pues, la jurisprudencia de la Sala ha sido unánime al considerar que los mismos se cuentan desde la postulación y los recurrentes no presentaron ninguna objeción sobre el particular.
Así las cosas, desde entonces y hasta el día de la emisión del proveído impugnado, el 6 de mayo de 2015, transcurrieron 8 años, 3 meses y 5 días.
En ese interregno ocurrieron varias situaciones que deben ventilarse con el fin de clarificar debidamente la situación jurídica del postulado.
Una de ellas, es que se inició el procedimiento previsto en la Ley 975 de 2005, en desarrollo del cual, el 12 de noviembre de 2011 un despacho de control de garantías adscrito a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá le aplicó al procesado medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación, por los delitos que fueron objeto de imputación, esto es, “concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, homicidio en persona protegida en grado de tentativa, tortura en persona protegida, destrucción y apropiación de bienes protegidos, desplazamiento forzado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, desaparición forzada, detención ilegal y privación al debido proceso, violación de habitación ajena, violación del lugar de trabajo, daños en bien ajeno, contribuciones arbitrarias y simulación de investidura”(4).
La otra, que luego de la desmovilización y antes de que se iniciara el aludido trámite de justicia y paz, fueron ejecutadas dos sentencias condenatorias que previamente se habían emitido en contra de XXXX.
Es ahí donde se origina la inquietud de la funcionaria de primera instancia, que la condujo a tener por no acatado el término de ocho años. Véase.
Mediante sentencia del 22 de enero de 2002, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia (Caquetá) condenó a XXXX a las penas principales de 95 meses de prisión y multa por el equivalente a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y a la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, tras declararlo penalmente responsable de los delitos de secuestro simple y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal, hechos que tuvieron ocurrencia en el mes de septiembre de 2001.
También el mencionado despacho judicial, dictó fallo condenatorio en contra del incriminado el 1º de junio de 2004, por la conducta punible de fuga de presos, la cual tuvo lugar el 29 de abril de 2003, fecha en la que se evadió del plantel carcelario, cuando cumplía la sanción privativa de la libertad anteriormente reseñada. En esta ocasión, el juzgado le impuso la pena principal de prisión de 36 meses y la sanción accesoria interdictiva por igual término.
Ocurrió que XXXX se desmovilizó colectivamente el 3 de septiembre de 2005 y, como ya se anotó, se le postuló al trámite de la Ley 975 de 2005, según las certificaciones aportadas, el 1º de febrero de 2007.
Pero previamente a ello, el 3 de enero de 2007, fue dejado a disposición del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad respectivo, para que terminara de cumplir la pena restrictiva de la libertad que se le aplicó en razón del primer fallo aludido, es decir, en el que se le condenó por las hipótesis delictuales de secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
En esa medida, el Juzgado Sexto de dicha especialidad con sede en Medellín, el 16 de junio de 2011 dispuso su libertad por pena cumplida.
A partir de ese día, entonces, comenzó a purgar la sanción de prisión que se le impuso por el delito de fuga de presos, respecto de la cual el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad le concedió libertad por pena cumplida el 3 de septiembre de 2013.
Así las cosas, el tiempo que estuvo detenido en razón de esa conducta punible, esto es, desde el 16 de junio de 2011 hasta el 3 de septiembre de 2013 —un total de 2 años, 2 meses y 17 días— no cuentan para la Sala de Justicia y Paz, toda vez que corresponden a un delito ajeno al conflicto armado.
Para la funcionaria a quo, si la postulación del procesado se hizo efectiva el 1º de febrero de 2007 —de lo que no hay duda—, es obvio que suprimido ese término, los ocho años que exige la norma para acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento, no se han cumplido.
Pues bien, la Corte, contrario a lo considerado por el despacho de primer grado, estima que ese tiempo sí debió contabilizarse para efectos de tener por acreditado el término de ocho años a que alude el numeral 1º del artículo 18A de la Ley 975 de 2005.
Al efecto, debe partir por rechazarse el pobre análisis realizado por la magistrada de control de garantías, quien dejó de lado la información y los elementos materiales probatorios que permitían determinar que el atentado contra la recta y eficaz impartición de justicia, sí podía estimarse cometido con ocasión de la pertenencia del implicado al grupo armado ilegal.
Si bien es cierto que de los fallos de las instancias concernientes a los delitos de secuestro, porte ilegal de armas y el propio de fuga de presos, poco es lo que puede extractarse, también lo es que el procesado XXXX explicó que por aquella época, la organización tenía prohibido que hicieran cualquier alusión a su estructura, advirtiendo que de no acatar sus directrices, se tomarían represalias sobre sus familias.
Es por ello que en la gran mayoría de los casos —o, por lo menos como se advierte en el presente asunto—, los investigados se acogían prontamente a los beneficios de la sentencia anticipada, lo cual marginaba de la actuación un debate probatorio profundo que permitiera esclarecer con exactitud lo sucedido.
Solo cuando aquellos condenados comenzaron a desmovilizarse y rendir sus versiones libres en sede de justicia y paz, se supieron los móviles de esos delitos, como sucedió en este evento, en el que inicialmente nada se dijo del porqué se cometió el ilícito de secuestro, pero ahora fue clarificado que la víctima era una presunta miliciana de las Farc, quien al parecer se dedicaba a extorsionar en el departamento de Caquetá.
Sin embargo, poco se ahondó sobre el particular, no solo porque ese hecho ya fue objeto de cosa juzgada, sino porque el grueso de la versión libre rendida por el postulado, se centró en los delitos no juzgados, los cuales fueron enunciados con antelación.
Entonces, cualquier incidencia que se haya sabido con posterioridad atinente a ese reato contra la libertad individual, fue resultado del relato espontáneo del desmovilizado, quien lo confesó nuevamente con el único propósito de satisfacer el principio de verdad, tal como lo explicó su defensor en la audiencia de sustitución.
Lo propio ocurrió con el delito de fuga de presos, lo cual fue omitido analizar por la Sala de Justicia y Paz, incurriendo en la contradicción de descartar su relación con la pertenencia del postulado al grupo ilegal, pese a que concluyó todo lo contrario en relación al ilícito de secuestro, respecto del cual, si se quiere, se cuenta con menos elementos de juicio para determinar esa situación.
En otras palabras, resulta ambivalente que la magistrada de primera instancia le crea a XXXX que secuestró en razón de pertenecer a la organización ilegal, pero no que se haya evadido de la cárcel por la misma razón.
Es que en lo concerniente a esta conducta punible, también es precaria la información que se tiene, en la medida en que poco pudo decirse al momento en que fue investigada y que ahora que se ventila el procedimiento de justicia y paz, el mayor esfuerzo de la Fiscalía se ha dirigido a los delitos que no han sido juzgados.
Por eso, no hay razones para determinar que XXXX está faltando a la verdad, cuando es consciente y conocedor de las consecuencias que acarrearía atentar contra ella.
Incluso, la disposición invocada claramente señala que “para verificar los anteriores requisitos el magistrado tendrá en cuenta la información aportada por el postulado y provista por las autoridades competentes”, la cual en su mayoría fue soslayada por la Sala de Justicia y Paz.
Recuérdese, entonces, que cuando el procesado tomó la decisión de fugarse, estaba cumpliendo una pena que se le impuso en razón de un hecho delictivo que efectivamente fue cometido con ocasión de su pertenencia al grupo armado.
Durante su estancia en el penal, planeó el hecho con otro integrante de las autodefensas próximo a ser excarcelado, al que le pidió que lo “rescatara” cuando saliera a atender una cita médica.
Así ocurrió en efecto, puesto que otros integrantes de la organización criminal encañonaron a los funcionarios del Inpec y facilitaron su evasión(5).
Con posterioridad a su fuga, XXXX continuó militando en las AUC y prueba de ello es que años más tarde, se desmovilizó colectivamente con otros miembros del grupo armado ilegal y el Gobierno Nacional lo reconoció como postulado, permitiéndole así acceder a los beneficios de la ley de justicia y paz.
Advertido entonces que para la definición del asunto necesariamente tiene que atenderse a la manifestación del postulado y que, a la par, no existe criterio probatorio alguno para infirmar sus atestaciones, la necesaria conclusión que cabe realizar respecto del objeto de discusión en esta sede, atiende a que, efectivamente, la conducta punible de fuga de presos surgió por virtud y con ocasión de la pertenencia de XXXX al grupo armado ilegal.
Fueron sus compañeros de armas quienes lo liberaron. Ello no obedeció al simple interés por lograr su libertad sino a la necesidad de seguir contando en sus filas con él. De allí resulta evidente e incontrastable el nexo de medio a fin que ata el delito en cuestión con la vinculación del procesado a las autodefensas.
En consecuencia, fáctica, jurídica y probatoriamente, debió asumir la magistrada a quo que efectivamente el ilícito de fuga de presos se inscribe dentro de las opciones que garantizan al desmovilizado, como sucedió con el secuestro simple, la posibilidad de acceder al mecanismo sustitutivo solicitado por su defensor.
En tales condiciones, el término que ha permanecido privado de la libertad XXXX en calidad de postulado, desde el 1º de febrero de 2007, debe contarse ininterrumpidamente.
Ello quiere decir que para el momento en que el Tribunal adoptó la decisión de primer nivel, el 6 de mayo del año que avanza, los ochos años previstos en la norma estaban más que satisfechos.
Constatado el desatino de la magistrada de control de garantías, la Sala revocará su decisión, para en lugar declarar que sí se cumple con la totalidad de los requisitos señalados en el artículo 18A de la Ley 975 de 2005, adicionado por el artículo 19 de la Ley 1592 de 2012.
En consecuencia, accederá a la petición del defensor del postulado XXX XXXX, en el sentido de sustituir la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario que recae en su contra, por una no privativa de la libertad.
Como la fijación de la medida no restrictiva de la libertad fue dejada a la discrecionalidad de la judicatura, la Corte impondrá la de sometimiento a un sistema de vigilancia electrónica, en los términos del artículo 39 del Decreto 3011 de 2013.
Dicha medida se implementará a cargo del Inpec, una vez el postulado sea puesto en libertad y no sea requerido por otra autoridad judicial, precisándole que tiene la obligación de continuar vinculado con el proceso, iniciando su etapa de integración, la cual lidera la Agencia Colombiana para la Reintegración, dependencia con la que deberá comunicarse dentro de los 30 días siguientes a su liberación, según lo prevé el artículo 66 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 35 de la ley 1592 de 2012.
Asimismo, deberá suscribir acta en la que se comprometa a acatar las obligaciones señaladas en aquella disposición, con expresa advertencia de las consecuencias que acarrea su incumplimiento.
1. REVOCAR el auto proferido por la Sala de Justicia y Paz con función de control de garantías del Tribunal Superior de Bogotá, el 6 de mayo de 2015, por medio del cual negó la sustitución de la medida de aseguramiento que recae contra el postulado XXX XXXX, por una no privativa de la libertad.
2. En consecuencia, SUSTITUIR la mencionada medida aseguratoria, por la de sometimiento a un sistema de vigilancia electrónica, la cual se implementará por conducto del Inpec.
3. ORDENAR LA LIBERTAD de XXXX, una vez verificado que no tiene otros requerimientos. Para tal efecto, suscribirá acta compromisoria en los términos y con las condiciones indicadas en la parte motiva de este proveído.
4 Así consta en la respectiva boleta de detención.
5 Al efecto, véase a la reseña que hace en su versión libre, suministrada el 22 de junio de 2010 ante la Fiscalía Cuarta delegada de la Unidad Nacional de Justicia y Paz con sede en la ciudad de Medellín.

References: ARTÍCULO 18
 artículo 26
 artículo 68
 artículo 32
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 39
 artículo 66
 artículo 35