Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2002/A110B-02.htm
Timestamp: 2017-11-23 00:06:25+00:00

Document:
A110B-02
Auto 110B/02
Referencia: expediente I.C.C.- 403
Conflicto de competencia entre la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Juzgado Segundo (2º) Penal del Circuito de Bogotá.
Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil dos (2002)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las consagradas en el Decreto 2591 de 1991, procede a resolver el conflicto de competencia de la referencia.
1. El señor Gabriel Rincón Álvarez, actuando en nombre propio presentó solicitud de tutela contra los directores, del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), de la Cárcel del Distrito Judicial de Villavicencio y de la Penitenciaría central de Colombia (La Picota), por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la integridad personal, debido a que según él, al encontrarse recluido en la cárcel de Distrito Judicial de Villavicencio, estar discapacitado de una pierna, ser invidente y haber sido funcionario público (juez de la República), debido a las condiciones del penal y a su lugar de reclusión, su integridad personal se encuentra en grave peligro, por lo cual ha solicitado en varias ocasiones ser trasladado, petición que no ha sido concedida.
2. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante auto del veintiuno (21) de junio de dos mil dos (2002), considerando lo dispuesto en el artículo 1º el decreto 1382 de 2000 (competencia de los Jueces del Circuito de las acciones de tutela contra entidades del sector descentralizado por servicios del orden nacional, y entidades del orden departamental), determinó que carecía de competencia para conocer de la acción, y resolvió remitir el expediente a la oficina de reparto, a fin de que fuera enviada al Juez Penal del Circuito que correspondiese para su conocimiento.
3. Efectuada la remisión, el expediente fue repartido al Juzgado Segundo (2º) Penal del Circuito de Bogotá, el cual mediante auto del veinticinco (25) de junio de dos mil dos (2002), bajo el argumento de la inconstitucionalidad del artículo primero del decreto 1382 de 2000 y al amparo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, resolvió “Proponerle colisión negativa de competencias al señor Magistrado ponente", y dispuso enviar el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiese el conflicto.
1.- Durante el trámite del presente conflicto de competencia, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de julio de 2002[1], luego de analizar las demandas contra el Decreto Reglamentario 1382 de 2000 "Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela", declaró la nulidad del inciso cuarto del numeral 1º del artículo 1º y del inciso segundo del artículo 3º de dicho acto administrativo, y denegó las demás pretensiones de nulidad, en los siguientes términos:
PRIMERO: Declárase nulo el inciso cuarto del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, que dice así: «Las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.»
SEGUNDO: Declárase nulo el inciso segundo del artículo 3.° del Decreto 1382 de 2000, que dice así: «Cuando se presente una o más acciones de tutela con identidad de objeto respecto de una acción ya fallada, el juez podrá resolver aquélla estándose a lo resuelto en la sentencia dictada bien por el mismo juez o por otra autoridad judicial, siempre y cuando se encuentre ejecutoriada.»
TERCERO: Deniéganse las demás súplicas de las demandas.
El Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo consideró en la mencionada providencia que el decreto reglamentario demandado fue expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de la potestad reglamentaria de que es titular el Presidente de la República, es decir, por funcionario competente. En el mismo sentido, señaló que las reglas de competencia fijadas en el artículo 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, buscan desarrollar el principio de desconcentración de la administración de justicia, el cual se frustraría si se otorgara a las personas la facultad ilimitada de escoger el juez que ha de conocer de la acción de tutela, que ni la Constitución ni la ley establecen.
En consecuencia, salvo los incisos indicados, las reglas fijadas por el Decreto Reglamentario 1382 de 2000 para el reparto de las solicitudes de tutela se encuentran vigentes.
2.- Si bien es cierto que esta Corporación aplicó de manera reiterada la excepción de inconstitucionalidad respecto del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, también lo es que el asunto ya fue resuelto por el Consejo de Estado, quien lo declaró ajustado al ordenamiento con excepción de los incisos anteriormente referidos, por lo cual la Corte Constitucional se estará a lo dispuesto en esa providencia.
3.- Por otra parte, cuando en el trámite de una acción de tutela las autoridades judiciales proponen conflicto negativo de competencia, la controversia debe ser dirimida por la Corte Constitucional únicamente si las dos autoridades judiciales hacen parte de jurisdicciones distintas y, por lo mismo, carecen de superior jerárquico común[2]. No obstante, la Corte observa que en este caso han transcurrido casi dos meses desde la presentación de la solicitud de amparo, lo cual compromete el acceso material a la administración de justicia y la eventual protección de los derechos del accionante, en contravía de los principios de prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia que informan el trámite de la acción de tutela[3], por lo cual y ante el imperativo de no dilatar la solución de fondo sobre este asunto, la Sala Plena de la Corte Constitucional aplicará directamente las reglas del Decreto Reglamentario 1382 de 2000 y determinará la autoridad judicial que debe asumir el conocimiento de la presente solicitud.
4.- De conformidad con lo establecido en el numeral primero del artículo primero del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, incisos tercero "A los Jueces del Circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional.", y quinto “Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el presente numeral”; la Sala plena de la Corte Constitucional ordenará al Juzgado Segundo (2º) Penal del Circuito de Bogotá, asumir de manera inmediata el conocimiento de la acción de tutela interpuesta por Gabriel Rincón Álvarez contra los directores, del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), de la Cárcel del Distrito Judicial de Villavicencio y de la Penitenciaría central de Colombia (La Picota).
Ordenar, al Juzgado Segundo (2º) Penal del Circuito de Bogotá, asumir de manera inmediata el conocimiento de la acción de tutela interpuesta por Gabriel Rincón Álvarez contra los directores, del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), de la Cárcel del Distrito Judicial de Villavicencio y de la Penitenciaría central de Colombia (La Picota).
Salvamento de voto al Auto 110B/02
REF. Expediente ICC - 403
Peticionario: Gabriel Rincón Alvarez
[1] Expedientes acumulados 6414, 6447, 6452, 6453, 6522, 6523, 6693, 6717 y 7057. Consejero Ponente Camilo Arciniegas Andrade.
[2] Cfr. Corte Constitucional, autos 044 de 1998 , 072 de 1999, 040 de 2001, 040, 072 y 073 de 2002, entre otros.
[3] Cfr. Decreto - ley 2591 de 1991. Artículo 3.

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 1
 Artículo 3