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Timestamp: 2019-08-25 01:28:57+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Especial N° 23
ADOPCIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL DENOMINADO “CONFLICTO MAPUCHE”. Proyectos de acuerdo.
INTERVENCIÓN : Francisco Leandro Bayo Veloso
INTERVENCIÓN : Ivan Norambuena Farias
INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
Sesión 23ª, en miércoles 15 de mayo de 2002
(Especial, de 16.03 a 18.57 horas)
Adopción de medidas relacionadas con el denominado “conflicto mapuche”. Proyectos de acuerdo	7
1.	Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto que otorga un bono a los funcionarios públicos que indica. (boletín Nº 2920-05)	51
-Asistieron los siguientes señores diputados: (98)
Egaña Respaldiza, Andrés	UDI	RM	51
-Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señores Juan Bustos, Aníbal Pérez y Edgardo Riveros.
-Asistió, además, el ministro del Interior (S), señor Jorge Correa Sutil.
-Se abrió la sesión a las 16.03 horas.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
El acta de la sesión 15ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 16ª se encuentra a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
El señor SALAS ( Presidente en ejercicio).-
La presente sesión, motivada en una presentación suscrita por 44 diputadas y diputados, tiene por objeto analizar los serios incidentes y hechos violentos en el marco del denominado “conflicto mapuche”, y las necesarias medidas que debe adoptar el Gobierno respecto de las acciones concertadas de grupos violentistas en las regiones afectadas.
El tiempo previo de 15 minutos corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo.
Señor Presidente , hemos solicitado esta sesión especial para analizar los serios incidentes y hechos violentos en el marco del denominado “conflicto mapuche”. La situación existente en La Araucanía y en la parte sur de la Octava Región obliga a preocuparnos con seriedad del tema, con el objeto de lograr acuerdo en la búsqueda de soluciones definitivas.
La Novena Región tiene características únicas en nuestro país. Es una zona incorporada -anexada, según opinan otros- a la República recién en 1881, que presenta alta ruralidad, niveles únicos de subdesarrollo, un nivel per cápita que alcanza a menos de la mitad del que exhibe el resto del país, alta presencia de población mapuche, débil estructura caminera, bajísimos niveles de rendimiento escolar. Es la región más pobre del país, con los peores indicadores de salud y de educación, y escasísimas expectativas de desarrollo, relacionadas con una creciente conflictividad generada por los hechos que pasamos a denunciar, los que la colocan en un lugar preferente en los medios de comunicación social.
Según informe de Carabineros , en 1999 hubo 189 conflictos en la Región de La Araucanía. A octubre de 2001 sumaban otros 410 y, en los últimos meses, a las miles de hectáreas de pino, eucaliptos, bosques nativos, cercos, puentes, se agregan los ataques incendiarios dirigidos a camiones, galpones y casas-habitación.
Señor Presidente , por su intermedio le digo al ministro del Interior que tenemos toda la documentación de soporte que respalda lo expresado anteriormente, la que demuestra que el terrorismo se expande en los sectores rurales de la Novena Región de La Araucanía y también en la parte sur de la Octava Región. Podemos aseverar que estamos frente a una situación de gran inseguridad.
Los gremios asociados a la Confederación de la Producción y el Comercio de La Araucanía, presididos por Manuel Riesco , llamaron oportunamente la atención de la ciudadanía acerca de este clima. Los agricultores, madereros, transportistas, obreros y trabajadores en general se sienten amenazados, sin que se advierta una acción efectiva del Estado.
La Constitución Política de la República establece en su artículo 1º: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia”.
Aseguramos, señor ministro, con mucho respeto pero con firmeza, que el Estado no está cumpliendo con este deber en nuestra región.
Las empresas forestales cosechan en un marco de inseguridad, y no están plantando ni un solo árbol más por temor al presente y al futuro. Los empresarios agrícolas de predios afectados o en riesgo de serlo no encuentran trabajadores para tareas propias del campo o, incluso, tareas domésticas, por temor.
Trabajadores transportistas, algunos de los cuales hoy están en tribunas, han visto amenazadas sus vidas, limitadas sus capacidades físicas y perdidas sus fuentes laborales.
Los medios de comunicación masivos y los propios afectados, como también quienes buscan el conflicto por desconocimiento o subalterno interés, presentan esta violencia como violencia mapuche. No es así. Ello es estigmatizar a la gente y ayudar, en forma indirecta, a los verdaderos violentistas. La violencia es rural, no mapuche, y está alentada, entre otros, por organizaciones no gubernamentales de países amigos, acreditados con sus embajadas en Chile. Recientemente se desarrolló en Traiguén una amplia reunión de trabajadores y agricultores descendientes de esos países, para expresar su dolor y frustración por esta acción y pedir la intervención de los respectivos gobiernos.
Largo sería enumerar los actos de verdadero terrorismo que motivan nuestra intervención. Aquí muestro, a guisa de ejemplo, un listado de actos terroristas efectuados en la provincia de Cautín y en las comunas de Traiguén y de Lumaco. Son miles. Sólo en Traiguén y en Lumaco tenemos 400 en el último año. Pero quizás el caso más emblemático es el de Cañete, en el cual el Ejecutivo se hizo parte, invocando la ley antiterrorista, para investigar la vinculación de encapuchados con preparación subversiva que se adjudicaban reivindicaciones de tipo territorial. Esto lo hizo el Gobierno en 1999, a través de la División de Inteligencia de la Policía de Investigaciones y de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, Dipolcar. El ministerio fue informado del establecimiento de una organización autodenominada “Coor-dinadora de comunidades en conflicto Arauco-Malleco”. Esta habría contado con la asistencia, en aspectos organizacionales y operativos, del Frente Patriótico “ Manuel Rodríguez ” y del MIR, tal como lo reconocen sus propios documentos publicados en internet en el sitio http://www.west ftum.cjb.net. Lo cierto es que dicho proceso parece estar durmiendo en el juzgado de Cañete . Esto demuestra la forma en que actúan estos delincuentes, cosa que uno no ve en el mundo mapuche, porque ellos no tienen acceso a internet.
Se fundó el Pegun-Dugun, y uno de sus miembros, testigo protegido, confirma e identifica al grupo que actuó por vía violenta, instrumentalizando la lucha étnica para fines propios. Esa organización es comandada públicamente por José Huenchunao y está constituida, además, por cuatro personas: el Óscar, el Kiwi, el Héctor y el Reinao, todos hoy en libertad. Uno de ellos, el Héctor, participó recientemente en el acto terrorista que afectó a los trabajadores señores Boisier -padre e hijo-, de Purén.
Con posterioridad, la Policía de Investigaciones recogió testimonios y pruebas acerca de planes terroristas de la organización, entre los que se incluirían, además, planes de secuestro y de traslado de armamentos. Investigaciones entregó información al juez de Cañete, don Jaime Álvarez , quien abrió un cuaderno secreto por asociación ilícita y conducta terrorista, y destinó una unidad especializada a la investigación de la organización.
Hoy, el señor Álvarez está trabajando como juez de garantía en Ovalle, y la unidad de la Policía de Investigaciones ha sido desmantelada. El juzgado de Cañete permaneció sin magistrado por más de dos años. El Gobierno, en tanto, expresa que está atento al tema de Cañete.
En concreto, señor ministro : ¿Qué respuesta definitiva le dará el Gobierno a don Jorge Luchsinger, de Vilcún ; a don Enrique Stappung, de Traiguén ; a los señores Gerardo y Hernán Jequier , de Collipulli; al señor Edgardo Maynet y al señor Feliciano Cayul , de Maica, al último de los cuales le quemaron su casa en 1999; a los doscientos operarios, en su mayoría mapuches, que perdieron su trabajo en el fundo Rucañanco; al señor Osvaldo Carvajal , de la hacienda Lleu Lleu, agredido en 18 ocasiones por cometer, hace años, el delito de denunciar públicamente a los responsables; a don Antonio Boisier y a su hijo, conductores de camiones forestales, que hoy se encuentran en la tribuna, uno de ellos con un ojo menos de por vida?
Sabemos lo que ya se ha dicho, es decir:
-Que el Gobierno hará respetar el Estado de derecho.
-Que el Gobierno se ha hecho parte en muchos procesos judiciales, incluyendo requerimientos por ley de Seguridad Interior del Estado.
-Que se han magnificado los hechos por parte de gente interesada.
-Que son los afectados ubicados en zonas de conflictos quienes deben procurarse su propia seguridad.
También sabemos lo que se ha hecho:
-Se ha aumentado el número de efectivos policiales en la zona, con gran cantidad de recursos distraídos en una estrategia que consideramos equivocada.
-El resultado es la mantención de un clima de gran inseguridad en La Araucanía y en la parte sur de la Octava Región.
-Existe un constante y sostenido proceso de deterioro del imperio del derecho, incluidos los derechos humanos, propiciado por terroristas organizados.
-La población rural, y también la urbana, valoriza el poder de esta verdadera banda criminal, que sobrepasa la capacidad de protección que han otorgado la justicia y las policías.
-Esta misma población escucha el discurso de los cabecillas de la banda, que encadena los beneficios que otorga el Estado con la acción que ellos desarrollan, validando así su eficacia ante la población mapuche en su proceso de reivindicación económica y social.
-Como consecuencia, la nueva inversión en la Región prácticamente no existe. Empresarios y trabajadores, amedrentados, no viven un clima de paz. Las compañías de seguro no aceptan los riesgos en esta zona.
Se observa así, señor ministro , como, lamentablemente, este problema de orden público en La Araucanía y en la parte sur de la Octava Región se ha transformado en una espiral viciosa con tres componentes: terrorismo, impunidad, beneficio.
El terrorista actúa, incendia, ataca y amedrenta.
La justicia, según expresiones de magistrados a cargo de los procesos, “vela por la paz social”.
El Gobierno, atendiendo los aspectos sociales de la demanda pública de los pueblos originarios, se esmera en entregar beneficios de todo tipo a la comunidad indígena. ¡Exitosa transformación de una violencia terrorista en un conflicto racial! Repito: ¡Exitosa transformación de una violencia terrorista en un conflicto racial!
Ante este clima, llamamos a los honorables señores diputados a consensuar las diferencias y a lograr los acuerdos necesarios para avanzar paso a paso en la solución de los problemas. Este problema no es sólo del Gobierno, sino de todos, en conjunto.
La situación de pobreza que vive esta región es propicia para generar desencanto y desazón. Hay que hacer esfuerzos que permitan renunciar a la violencia y fomentar el diálogo que promueva los emprendimientos productivos, de manera que se levanten las regiones en un contexto de igualdad de oportunidades y de progreso equitativo.
Deben resguardarse y promoverse los derechos fundamentales de las personas, cualquiera sea su color y su etnia. Debe asegurarse el respeto al Estado de derecho.
Chile es uno solo. Construyámoslo juntos, sin divisiones y en paz.
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Díaz.
Señor Presidente, el distrito que represento se encuentra enclavado en una zona donde habita gran parte del pueblo mapuche chileno.
Nuevamente se debaten en esta Sala los impactos coyunturales de lo que algunos denominan como el “conflicto mapuche”, y las graves secuelas de la violencia extremista, como son la nula inversión privada en nuestra Región de La Araucanía, el traslado de la actividad forestal a Paraguay y Uruguay, y, con ello, el aumento de la cesantía y de la pobreza.
Esto ya tiene impredecibles consecuencias no sólo para el sur, sino para todo el país. Se ha puesto en serio riesgo la estabilidad necesaria para el desarrollo económico, y con ello se posterga cada vez más el sueño que tenemos de derrotar la pobreza.
En los últimos años, estos grupos minoritarios han tenido un protagonismo confrontacional y violento en contra de agricultores, de empresas forestales e, incluso, de campesinos chilenos de origen mapuche.
Estos grupos radicalizados pretenden asumir la representación del pueblo mapuche, buscando convertirlo en sujeto de polarización de conflictos y, por esa vía, convertirlo en promotor y protagonista de climas de confrontación.
Son diversas las comunidades indígenas que han levantado su voz para rechazar la instrumentalización política de sus aspiraciones, así como para mostrar que los grupos violentistas no son representativos del pueblo mapuche. Entre estas organizaciones puedo mencionar a la Asociación Lautaro Ñy Ávila Rehue , cuyo presidente , Arnaldo Ñanculef , ha hecho llamados al pueblo mapuche a no dejarse utilizar por elementos foráneos que introducen ideas que conducen a la confrontación y a la división. En la misma línea, han hecho planteamientos loncos tan prestigiosos como Venancio Coñupán , Oscar Imihuala , Braulio Ancán , entre muchos otros.
Sin embargo, lo sustantivo no está tanto en la coyuntura, por muy graves que sean las secuelas -las que, más bien, son expresión de los efectos de un problema de fondo que se arrastra por una década-, sino en la incapacidad de los gobiernos de la Concertación para dar una respuesta eficaz, con soluciones concretas a estos compatriotas campesinos de origen mapuche, quienes, sin duda, son los más pobres entre los pobres del país.
El Gobierno, en lo inmediato, lejos de garantizar el orden público, ha establecido mesas de diálogo no con las entidades representativas del pueblo mapuche, sino justamente con quienes protagonizan y agudizan los conflictos. Como ha ocurrido en otras situaciones, el Gobierno ha mostrado su incapacidad para manejar las situaciones de crisis.
Hoy existe consenso en que la denominada ley Indígena produce más daños que beneficios. Ninguna norma puede sobrevivir sin una mínima aceptación por parte de la comunidad, y dicha normativa no la tiene en nuestro sur. Existe sensación de ilegitimidad por doquier, pues se sabe que se basa en fundamentos falsos, en mitos históricos y en lugares comunes. Su balance final es trágico: más y más pobreza.
Quienes impulsaron esta ley tan nociva para Chile y para nuestra región de La Araucanía creyeron erradamente que el conjunto de demandas y aspiraciones de los campesinos chilenos de origen mapuche podría ser resuelto por la vía de fomentar un conjunto de mitos históricos y de repetir lugares comunes. Como bien lo decía Eduardo Díaz Herrera , cuando dicha ley se promulgó, “los mapuches no comen leyes ni resuelven sus agudos problemas de crisis agrícola y de pobreza con la creación de organismos como la Conadi, que son redes burocráticas para atrapar el dinero -el cullín en mapudungún- que la ley destina al pobre”.
La ley considera a los indígenas como personas en estado de interdicción, incapaces de decidir por sí mismos, y se les aplica una serie de prohibiciones y restricciones abiertamente discriminatorias respecto del resto de la población chilena. Además, se terminó por imponerles un organismo burocrático absolutamente inútil, como la Conadi, que, durante su existencia, ha hecho noticia más por las irregularidades que ocurren en ella que por otra cosa. La Conadi ha terminado atrapando el dinero -el cullín- que la ley destina a los campesinos más pobres.
Mención aparte merece la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en términos de representación de la comunidad mapuche. El desarrollo del actual conflicto es prueba de su absoluta inutilidad como organismo público. Superada por los acontecimientos, no es reconocida como interlocutora válida por ninguna de las partes, y se recurre a ella para el solo efecto de acceder a los recursos del Fondo de Tierra.
Hace algunos meses, el país conoció el estallido de un escándalo que afectaba a la Conadi a raíz de que algunos de sus funcionarios aparecían comprometidos en gravísimas irregularidades, incluso, en actos constitutivos de delitos tales como la adulteración maliciosa de la extensión territorial y del avalúo de los predios agrícolas que esa Corporación adquiere en nombre del Estado, usando para ello el Fondo de Tierras, a fin de quedarse con el sobreprecio.
Con este tipo de irregularidades, las únicas perjudicadas son las comunidades mapuches, puesto que los recursos que, por este concepto, se les destinan, son apropiados indebidamente por burócratas que estiman más conveniente desviarlos hacia sus propios intereses. Muchos de esos recursos van a parar a los bolsillos de correligionarios que son contratados no precisamente por sus conocimientos técnicos, o bien a entidades con las cuales existen intereses políticos comunes y a las que se les encargan estudios muy caros e inútiles. En definitiva, el porcentaje de dineros fiscales -repito, el cullín- que reciben los mapuches es ínfimo.
El Gobierno en forma irresponsable tampoco ha cumplido su promesa de comprar 150 mil hectáreas de tierra -así lo ofreció el Presidente Lagos en la última campaña presidencial-, pues en lo que va corrido de su gestión, sólo se han adquirido 3.386 hectáreas el año 2000, y 1.539 en 2001, lo que da un total, a la fecha, de 4.925 hectáreas.
¡Enhorabuena!, decimos nosotros, porque aún es tiempo de que entiendan que la solución al drama de estos chilenos jamás se alcanzará con la promesa de entregas masivas de tierras, hoy desvalorizadas por efectos de la crítica situación de la agricultura, para que profiten de su compraventa exclusivamente los intermediarios partidistas y también los vendedores. El gobierno de Aylwin destinó, ni más ni menos, 14 millones de dólares, en 1991, para entregar el Quinquén -arriba en la cordillera- a los pehuenches. Diez años después están más pobres que entonces, y continúan alimentándose con piñones.
En la pasada legislatura elaboré una propuesta para abordar y aproximar una solución al problema mapuche. Ella sigue plenamente vigente y, por eso, deseo explicitarla resumidamente en esta intervención. Incluye soluciones de corto plazo, a través de la adopción de medidas urgentes, y también de largo plazo, que apuntan a los problemas estructurales.
En el corto plazo se propone lo siguiente:
-Atacar el problema del desempleo, que es generalizado en la zona e incluye a sectores indígenas.
-Crear un programa transitorio que alivie tal situación, lo que implica asignar recursos adicionales a los municipios a fin de que éstos desarrollen proyectos intensivos en la utilización de mano de obra, que vayan en directo beneficio de la población rural e indígena de las zonas más afectadas. Proyectos relacionados con infraestructura, cunetas, drenajes, puentes, canales, etcétera. Soluciones concretas.
-Generar incentivos tributarios a las empresas de la zona a fin de que contraten mano de obra indígena local, pues no basta con desarrollar proyectos de utilización de mano de obra si las empresas de la zona contratan a trabajadores provenientes de otros lugares.
-Otorgar incentivos tributarios para aquellas empresas interesadas en apoyar a las zonas rurales con alta presencia indígena, con el objeto de fomentar donaciones y aportes en dinero o mejoras en infraestructura que vayan en directo beneficio de las comunidades afectadas en áreas como salud, educación y cultura, creándose para tal efecto un fondo de desarrollo social, administrado por los municipios y por las empresas involucradas, que permita el diseño e implementación conjunta de programas sociales dirigidos a los habitantes de esas zonas.
Respecto del plan estructural de largo plazo, sostengo que la principal vía de solución del problema de la marginalidad mapuche es desarrollar la educación a fin de que, a través de ella y de la capacitación, los miembros de esa etnia puedan incorporarse al mercado laboral en plena igualdad de oportunidades con el resto de los chilenos. No existe incompatibilidad alguna entre saber manejar internet y hablar perfectamente el mapudungún y el castellano.
Empero, para que este objetivo se materialice en el corto plazo, es necesario otorgar un bono de incentivo a la educación a aquellas familias indígenas de zonas rurales que tengan hijos cursando estudios, a partir del séptimo año básico, que es, más o menos, el nivel en que se produce el mayor porcentaje de deserción escolar. Dicho bono tendría por finalidad no sólo fomentar la educación de los niños, sino que, además, atenuar el costo que significa para las familias el hecho de no contar con los hijos para el trabajo de la tierra.
También en el ámbito educacional, se propone privilegiar el establecimiento de escuelas técnicas que formen a los jóvenes en aquellas labores técnico-profesionales que tienen mayor demanda laboral en la zona y en otras ciudades del país, y que les posibiliten mejores oportunidades de trabajo.
En materia de infraestructura, propongo mejorar y mantener caminos y puentes, y crear sistemas eficientes de transporte público rural, porque se trata de comunidades sumamente aisladas que han sufrido el problema por años. En consonancia con lo anterior, es necesario acercar los servicios públicos y municipales móviles a las comunidades rurales a fin de que sus integrantes puedan realizar sus trámites más frecuentes.
En materia de salud, se propone que los municipios implementen sistemas móviles de salud y de atención dental en las zonas rurales con alta presencia indígena, integrando la medicina tradicional, arraigada en la cultura mapuche, con la medicina moderna.
En lo concerniente a las tierras agrícolas y a su explotación, resulta vital entregarles -éste es un punto muy importante- un oportuno y eficaz apoyo en asistencia tecnológica en los procesos productivos, y asistencia especializada en la comercialización de sus productos. Sin estos elementos, la simple adquisición y entrega de tierras es una mera acción que no sirve para derrotar la miseria.
Nuestra propuesta entrega soluciones concretas y viables que miran al chileno de origen mapuche como una persona con dignidad. Se requiere urgentemente diseñar y poner en marcha políticas públicas que apunten efectivamente a la superación de la pobreza y de la marginalidad en que viven estos queridos compatriotas, pero no necesariamente por su origen étnico, sino porque son los más pobres.
A la hora de hacer un balance, la gente debe tener claro que el Gobierno ha fallado, porque no ha conseguido que los chilenos de origen mapuche superen su condición de pobres; por el contrario, al fomentar mitos y hacer vista gorda ante la violencia de encapuchados, ha contribuido a que se empobrezcan aún más.
Es obvio que de esa manera pueden seguir motivando la existencia de organismos burocráticos que sirven -tal como ocurrió con el Indap, como lo vimos hace algunas semanas- para financiar intereses partidistas y electorales. Esos partidos siempre se han nutrido de la pobreza; sin embargo, no fueron capaces de derrotarla en ninguna parte del mundo donde han gobernado.
En conclusión, nuestra propuesta de cambio persigue los siguientes objetivos:
1º	Que todo hombre y mujer de origen mapuche deje de ser considerado en estado de interdicción y sea considerado como persona, como chileno de primera, igual que el resto de los habitantes de nuestro país;
2º	Que se derogue la existencia de la Conadi y se apliquen mecanismos eficientes para que los recursos se focalicen directamente hacia el bolsillo de los más pobres, de manera que el cullín les llegue directamente, y
3º	Que se impulse una profunda reingeniería en materia educacional y de asistencia técnica. Mientras se continúe perdiendo tiempo y dinero, fomentando mitos históricos y repitiendo lugares comunes, como bonitas frases y nuevos tratos, se estará evadiendo el fondo de los problemas.
Estamos convencidos de que la solución de fondo tampoco pasa por la creación de más mesas de diálogo, que sólo dilatan la solución de los problemas, ni por la creación de más comités de cesantes, sino por que quienes, desde distintas tendencias políticas -en esto formulo una autocrítica-, en su oportunidad, respaldaron la pésima legislación indígena vigente, reconozcan hidalgamente el fracaso de esa legislación, enmienden sus posturas y se sumen a un cambio.
Las manifestaciones de desencanto y de frustración en el sur seguirán expresándose -como ha ocurrido hasta ahora- por vías violentas, que son rechazadas por la gran mayoría de los chilenos de origen mapuche.
Señor Presidente, moción de orden.
Señor Presidente , solicito que recabe la unanimidad de la Sala para que pueda ingresar a ella el subsecretario de Mideplan , quien domina este tema y tiene a su cargo la cuestión indígena, a fin de que participe en el debate. Además, fue invitado especialmente para ello.
Señor Presidente, no fue invitado, y por eso no damos el acuerdo.
Así queda de manifiesto que el ánimo de la Derecha es no discutir con las personas entendidas para no llegar al fondo del tema.
Tiene la palabra el ministro del Interior subrogante, don Jorge Correa Sutil.
Señor Presidente , quiero pedir a la Mesa que revise la convocatoria a esta sesión, porque, hasta donde llega mi conocimiento, el subsecretario de Mideplan , señor Andrade, fue especialmente invitado a ella.
Señor ministro , la convocatoria a la presente sesión, en su parte pertinente, dice: “A petición de los honorables diputados y diputadas que suscriben la solicitud para esta sesión, se ha invitado a ella al señor ministro del Interior , don José Miguel Insulza Salinas”.
Eso es lo que dice la citación, y su Señoría fue invitado en reemplazo del ministro Insulza, quien se encuentra subrogando al Presidente de la República .
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra, por siete minutos, el diputado señor Eduardo Saffirio.
Señor Presidente , en nombre propio y de mi bancada, quiero empezar diciendo que el tema mapuche tiene más aristas y elementos que los señalados hasta ahora en la presente sesión. Por lo mismo, resulta lamentable que no se haya dado la unanimidad para que el subsecretario de Mideplan ingresara a la Sala.
En nuestra opinión, abordar de modo central el tema mapuche a partir de la aplicación de la ley de Seguridad Interior del Estado o de la ley sobre conductas terroristas -incluso, en los últimos meses, lo han pedido algunos parlamentarios de Gobierno-, o para enfrentar la existencia de presuntos grupos paramilitares de Derecha en la Novena Región, es simplemente errar el camino.
Por cierto, la legislación está para que se aplique, y en esto no puede haber dos opiniones. Estoy contra la mano dura, pero también contra la mano blanda. Como parlamentario democrático y abogado, me basta con la mano justa.
Por eso, ayer le solicité al Vicepresidente de la República , don José Miguel Insulza , que el Ejecutivo le fije urgencia al proyecto de ley de los senadores democratacristianos señores Sabag y Zaldívar , que excluye de los beneficios patrimoniales que el Estado otorga a los indígenas a aquellos que se encuentren condenados por delitos cometidos como una forma de presionar y obtener dichos beneficios.
Sin embargo, debo señalar con la misma claridad que las peticiones de aplicación genérica de la legislación de excepción citada al inicio de mi intervención son erradas. Lo que se debe hacer es enfrentar cada situación en que haya ilícitos penales, aplicando la legislación pertinente, caso a caso. Las peticiones genéricas de aplicación de la legislación excepcional pueden desatar una caza de brujas contra las comunidades mapuches y contra los propietarios agrícolas no mapuches.
Su efecto práctico sólo daña aún más la imagen de la Región de La Araucanía. En los últimos años, los canales de televisión han presentado muchas veces a La Araucanía como una pequeña Colombia, presa del terrorismo étnico y de la violencia de los propietarios agrícolas afectados.
El impacto de lo anterior sobre el acceso a créditos y seguros en los proyectos de inversión privada y en los flujos turísticos es, obviamente, negativo para esa región. Debo señalar que algunos países vecinos se han hundido en la crisis y en el caos económico y social por el llamado riesgo país, hoy tan importante para bancos e instituciones financieras. Como parlamentario de la Novena Región, no quiero que el riesgo región complique aún más las actividades productivas y la generación de empleo en La Araucanía.
Por eso, en este debate debemos ser particularmente responsables, pesar las palabras que pronunciamos y meditar con prudencia sobre lo que hacemos y pedimos.
Doy por zanjado el tema diciendo que constituye una exageración agraviante hablar de genocidio y de terrorismo en La Araucanía. En ciencia política, cualquier definición básica de terrorismo nos demostraría que no podemos confundir alteraciones del orden público o perpetración de delitos comunes, por muy reprobables que ellos sean, con terrorismo, vía armada o alzamiento contra el gobierno constituido o contra el orden constitucional de la República.
Lo voy a decir con claridad, aunque les pese a los medios de comunicación social sensacionalistas: hoy, en La Araucanía, no existe ni guerrilla étnica ni paramilitares de Derecha. Si les interesa informar sobre tales fenómenos sociales, váyanse a Chiapas, al país vasco o a Colombia. Hoy en La Araucanía hay comunidades mapuches pacíficas, empobrecidas e históricamente discriminadas, y pequeños y medianos propietarios agrícolas no mapuches atemorizados por los fantasmas de la violencia urbana y rural de hace tres décadas, que algunos irresponsables de distinto signo político quieren revivir.
Hablemos en serio, entonces, sobre la temática mapuche. Propongo a la Cámara tres cuestiones, de corto, mediano y largo plazos.
En primer lugar, es necesario profundizar las políticas compensatorias impulsadas por los tres gobiernos de la Concertación en favor del pueblo mapuche. No cabe duda de que hay una deuda histórica con el pueblo mapuche, lo que justifica la compensación en tierras así como el apoyo a su desarrollo productivo, al riego, al arreglo de caminos, a la electrificación rural, al agua potable, a las becas indígenas, a la instalación de buenos colegios e internados en las zonas rurales, a la atención oportuna y eficaz de las enfermedades y de los problemas de salud.
Por ello, es urgente y necesario coordinar los distintos servicios públicos que actúan en políticas sociales en La Araucanía, ya que al trabajar por separado despilfarran recursos y no se territorializa el esfuerzo contra la pobreza. Hay que hacer verdaderas operaciones focalizadas en contra de la indigencia, por ejemplo, en Padre Las Casas, en Lumaco, en Puerto Saavedra y en Tirúa. Necesitamos un gran esfuerzo solidario del Estado chileno para que las políticas compensatorias tengan flujos financieros crecientes, que permitan afrontar la situación de marginación social y de exclusión que nos involucra a todos.
Esta tarde no puedo callar mis dudas fundadas en cuanto a que las políticas públicas y las leyes de presupuestos no están satisfaciendo las prioridades fijadas por las comunidades indígenas de La Araucanía en los diálogos comunales mapuches realizados en 1999, lo que es muy grave, porque sólo en ese espacio se ha podido escuchar la voz de todo el pueblo mapuche, y no de unos pocos que se arrogan, nacional e internacionalmente, su vocería. En dichos diálogos hablaron directamente y pidieron solución a sus problemas los campesinos mapuches de carne y hueso, que están masivamente en contra de la violencia y a favor de soluciones pacíficas y respetuosas del Estado de derecho. Ahí no se encontraban los falsos profetas de la causa mapuche que, con histrionismo, usan dicha causa en Chile y en el extranjero para beneficio personal.
Por eso es tan importante cumplir, oportuna y cabalmente, con los compromisos que el Gobierno adquirió con las comunidades mapuches hace ya tres años.
En segundo lugar, es fundamental pensar y trabajar en el desarrollo productivo de La Araucanía. Si hacemos una aplicación dogmática de las visiones económicas predominantes, es obvio que las ventajas comparativas de La Araucanía están dadas por el sector forestal.
Sin embargo, en torno de ello, surgen preguntas que también son obvias. ¿Cuál es el costo social de tal especialización primaria? Lo pregunto, porque la especialización forestal supone, a lo menos, niveles de educación y capacitación que hoy no tiene la inmensa mayoría de los pobres del sur. Esto significa que en La Araucanía no se cumple un presupuesto básico de la teoría de las ventajas comparativas, porque no hay movilidad de los factores productivos. El campesino, de precaria educación básica, no se transformará por arte de magia en un calificado obrero de una industria de punta, como es la de la madera.
¿Es sostenible este costo social en democracia? ¿Cuál será el impacto en la vida urbana de las ciudades del sur, que reciben a los campesinos desarraigados de la tierra y sin oportunidades de empleo en el sector agrícola? ¿Es posible, en el siglo XXI, repetir procesos de desarrollo económico que generaron revueltas y revoluciones, incluso en la Europa del siglo XIX? ¿Tiene respuesta la teoría económica neoclásica para esta pregunta? ¿No tendrá un impacto negativo en la cultura, en los modos de vida y en el medio ambiente, que consideramos en sí valiosos, la especialización forestal en La Araucanía? En su afán de ser competitivas internacionalmente, las inevitables economías de escala, ¿no terminarán favoreciendo aún más la concentración económica en manos de grandes empresas? Los campesinos desplazados de la tierra, tal como ocurre hoy con el urbano pobre, ¿no serán objeto de más clientelismo gubernamental, municipal y político, que degrada a quien lo practica y a quien lo recibe? El asistencialismo estatal, ¿no configura, a la larga, una carga fiscal intolerable en una sociedad como la chilena, que de Arica a Magallanes, pese a lo hecho en estos últimos doce años, aún está tan llena de injusticias, pobreza y desigualdades?
Por ende, la verdadera respuesta económica al problema mapuche no está en los libros básicos de la ciencia económica que leen los principiantes, sino que supone un esfuerzo de conocimiento histórico y de creatividad pública y privada, que haga posible, bajo condiciones democráticas e inspiraciones humanistas, la reconversión y el desarrollo productivo de La Araucanía.
El campesino mapuche -¡que lo escuchen los agricultores de la Novena Región que están en las tribunas!- es sólo el eslabón más débil de la cadena productiva regional, porque es el conjunto de la ruralidad sureña la que hoy se encuentra amenazada por los cambios económicos y tecnológicos que el país y el mundo han estado viviendo durante las últimas tres décadas. En todo el planeta, las producciones tradicionales han ido perdiendo terreno, y en La Araucanía deberemos realizar un proceso de transformación, que tomará años y que, para ser viable, supone el apoyo de los sectores público y privado.
Es fundamental, entonces, seguir potenciando la industria, el comercio, los servicios y, por supuesto, el sector rural, que es más amplio que el agrícola, pues incluye el etnoturismo, el agroturismo, la artesanía, la agroindustria, la certificación y comercialización de productos y servicios con sello étnico. No dará respuesta a los actuales desafíos el liderazgo nostálgico, anclado en un mundo que ya se fue, y tampoco el liderazgo tecnocrático, que sabe de libros, de cifras y de ecuaciones, pero ignora la historia de La Araucanía, no posee compromisos con su tierra ni con sus habitantes, y jamás ha visto el rostro de un campesino del sur ni estrechado su mano.
No se puede cerrar La Araucanía, como se hizo con las minas de Lota; no se pueden convertir dos o tres regiones del país en una gigantesca reducción de pobres e indigentes; no es éticamente correcto ni políticamente viable, más allá de lo que señalen las teorías económicas en boga y los nuevos teólogos del libre mercado, convertir a las regiones que componen La Araucanía en el patio trasero del desarrollo nacional.
Por eso, es fundamental sostener la economía agrícola del mediano y del pequeño agricultor, mapuche y no mapuche; por eso, es fundamental sostener las actividades industriales, comerciales y de servicio que desarrollan las pequeñas y medianas empresas; por eso, es fundamental sancionar la usura y la voracidad del capital financiero, que hoy ahoga al conjunto de las actividades productivas de las regiones del sur.
Si queremos integración social y no violencia, si deseamos unidad nacional y no revueltas separatistas, hay que trabajar fuerte y de una vez por todas en tal sentido. La integración de Chile al mundo no puede hacerse pagando el precio de la desintegración nacional.
La tercera cuestión de largo plazo se refiere a los cambios culturales que Chile requiere llevar a cabo para convertir su pluralidad en una riqueza para su vida comunitaria y republicana.
Nuestra sociedad es autoritaria, racista, clasista y machista. El racismo se da en todos los sectores: pudientes y populares. Una mala conducción mapuche, con identidades defensivas y con retóricas radicales en los fines o en los medios, activa el peor racismo contra el indígena que hoy existe entre ricos y pobres.
Un liderazgo mapuche lúcido debería tener claro lo anterior. En Chile se discrimina negativamente, no sólo al mapuche, sino también al anciano, al débil...
¿Me permite, señor diputado ? Su Señoría ha ocupado once minutos del tiempo de su Comité.
...al discapacitado, al joven, a la mujer y al pobre, urbano o rural. Esta tarea tomará décadas, pero las tareas de largo plazo no deben ser obstáculo para que el Congreso Nacional se abra, de una vez por todas, al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y no siga dilatando la tramitación legislativa de las iniciativas legales que apuntan a establecerlo.
Termino reiterando que queremos mano y trato justos para los mapuches y para La Araucanía. La historia de Chile demuestra que cuando no ha imperado la ley, los mapuches han sido despojados de sus tierras, discriminados y oprimidos. La ley es el escudo del pobre, en general, y del mapuche, en particular. El único dique de contención contra el abuso del poderoso en nuestra historia patria, ha sido y es, nada más y nada menos, la vigencia plena del estado democrático de derecho.
Los pequeños y medianos empresarios de La Araucanía, aún traumatizados por la violencia urbana y rural de hace tres décadas, no deben caer en el error de dejarse llevar por la retórica de la intransigencia; por el contrario, deben participar activamente en un proceso de diálogo y de construcción, en una plataforma de cambios sociales, culturales y productivos que, afortunadamente, ya se está desarrollando con buena voluntad en la mesa de diálogo regional, que debemos promover y apoyar.
Llamo al Gobierno de Chile a no olvidar que el tema mapuche es una promesa incumplida de nuestra Independencia nacional. Bernardo O’Higgins, Padre de la Patria , en 1839 se lamentaba por no haber podido hacer más por el pueblo que él llamaba araucano, que lo inspiró en Inglaterra durante su juventud.
“A la verdad -dijo O’Higgins- es lo más humillante que nosotros hayamos permitido por encima de nuestras cabezas, veintidós años que han transcurrido después de la declaración de nuestra Independencia, sin hacer alguna cosa por amor a la humanidad”. Ésta es una tarea pendiente, sustancial para el segundo centenario de la República de Chile .
Su Señoría ocupó doce minutos de los dieciocho que le corresponden a la Democracia Cristiana.
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, que dispone de 13 minutos y 30 segundos, tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona.
Señor Presidente , según la convocatoria a esta sesión fuimos citados con el objeto de “analizar los serios incidentes y hechos violentos, en el marco del denominado ‘conflicto mapuche’, y las necesarias medidas que debe adoptar el Gobierno respecto a las acciones concertadas de grupos violentistas en las regiones afectadas”.
Al leer este párrafo, de inmediato uno se pregunta hacia dónde se quiere llevar el debate: hacia un diálogo serio, que permita concordar efectivamente bases compartidas respecto de este verdadero desafío que tiene el país, o si sólo se quiere trasladar al campo de lo contingente, de la controversia artificiosa, o, peor aún, si se pretende convertir esta sesión en una escaramuza para atacar al Gobierno. Es más, al ver la redacción de la convocatoria, nos embarga una preocupación, porque una vez más se comete el error de asociar el desafío de nuestros pueblos originarios con el terrorismo. De hecho, la redacción comete ese error.
Sin embargo, tenía la esperanza de que no ocurriera lo mismo con el debate; pero, lamentablemente, las intervenciones de los parlamentarios de la Derecha confirman la preocupación que tenía antes de concurrir a la sesión.
En primer lugar, las informaciones entregadas sobre los programas de tierras son absolutamente inexactas y reflejan una ignorancia gravísima.
Desde 1994 a la fecha, en virtud de la aplicación de la letra b) del artículo 20 de la ley Indígena -sobre compra de tierras-, se han adquirido 35.147 hectáreas, que han beneficiado a más de tres mil familias. A su vez, por aplicación de la letra a) del artículo 20 -sobre subsidios para la compra de tierras-, se han beneficiado 698 familias, con más de 9.000 hectáreas. Con el traspaso de predios fiscales, se han beneficiado 1.949 familias, con una superficie de 171.000 hectáreas. Es decir, desde 1994 hasta la fecha, el traspaso de tierras al patrimonio indígena llega a 215.457 hectáreas, con lo que se han beneficiado 5.745 familias. Es decir, no es posible sostener tan livianamente que se debe disolver la Conadi, a partir de hechos terroristas que deben sancionar los tribunales de justicia e investigar los organismos policiales, ya que el volumen de traspaso de tierras supera las 215 mil hectáreas, y más de 5.700 familias han sido beneficiadas. A lo menos, resultaría una afirmación aventurada.
En esta materia no hay que perder la calma. No debemos dejarnos aprisionar por los extremos: ni por la extrema Derecha, que quiere crear una imagen de inestabilidad, de caos, de desgobierno, ni tampoco por la extrema Izquierda o por grupos terroristas, que fomentan el violentismo. Existe un anchísimo espacio para una política democrática que efectivamente aborde, como un asunto de Estado, el desafío de los pueblos indígenas.
Ahora bien, cuando se afirma que simplemente se trata de la incapacidad de los gobiernos de la Concertación, se falta groseramente a la verdad, y eso hay que decirlo derechamente. Además, se exculpan las propias responsabilidades, porque, durante el período de la transición democrática, el Congreso tuvo la posibilidad de votar el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, pero la Concertación no contó con los votos suficientes para hacerlo realidad.
En consecuencia, no se trata de decir: “Miren, señores, hay un Gobierno incapaz y una Concertación ineficiente”. Lo menos que se puede exigir es un mínimo de rigor, en primer lugar con los hechos, pero también un mínimo de consecuencia con los propios actos, pues lo que ha habido es un esfuerzo del Estado -desde 1990 a la fecha, cuando el ex Presidente Patricio Aylwin firmara, en su condición de candidato presidencial, en un verdadero congreso mapuche reunido en Nueva Imperial, la más importante instancia representativa de los pueblos originarios- para resolver una deuda de cerca de quinientos años, y éstas no son sólo palabras.
Repito, por primera vez desde 1990 en adelante, los mapuches no han tenido desalojos, no les han quitado sus tierras ni han sido expulsados violentamente de sus predios, como sí ocurrió en el gobierno de la Derecha, porque ésa es la verdad; pero ahora, sueltos de cuerpo, atribuyen el problema a la incapacidad de la Concertación.
En mi distrito, que corresponde a la provincia de Arauco, en la Octava Región, son centenares las familias mapuches que fueron violentamente expulsadas de sus terrenos en los años 74, 75, 76, 77, etcétera. Sus enseres fueron sacados de sus hogares, fueron abandonados en los caminos, y sus hijos se quedaron sin tierra, sin educación y sin salud.
¡Qué lindo que los parlamentarios de la Derecha se rían! Eso refleja su sensibilidad. ¡Qué bueno que se burlen de lo que estoy diciendo, porque detrás de esas risas cínicas existe un intento de ocultar su propia responsabilidad! Porque fueron algunos de estos colegas, entre otros alcaldes, quienes estaban cuando la gente fue expulsada de sus terrenos. ¡Sí, pues, señores, ustedes tenían la responsabilidad del Estado!
El señor representante de la UDI se molesta, pero en aquella época era el alcalde de Pinochet en Curanilahue, cuando en la provincia las familias mapuches fueron expulsadas violentamente de su territorio, sin ningún respeto por la propiedad privada. ¡Ahí sí que no había respeto por la propiedad privada! Para la Derecha, la propiedad privada es la de sus beneficiarios, la de sus mandantes, la de los grupos económicos que defienden políticamente en el Congreso. ¡Ésa es la propiedad privada que les interesa, pero no la de los demás! Yo defiendo la propiedad privada del pueblo mapuche; defiendo su derecho a la tierra, defiendo su derecho a que si tienen cincuenta, sesenta, ochenta o cien hectáreas no sean expulsados de esa tierra que les pertenece. Ésa es la diferencia. No sólo defiendo la propiedad privada de “mis patrones”, sino la de todos.
Por eso, se pretende ocultar y disipar la responsabilidad política detrás de unas cuantas risas nerviosas. Sin embargo, los datos son elocuentes e indesmentibles, y no sólo del problema de las tierras, pues nunca se había desarrollado una reforma educacional como la que hoy tiene lugar en esas tierras; nunca se inauguraron tantos colegios como los que se inauguran hoy; nunca se habían aprobado tantas leyes para que los profesores pudieran enseñar; nunca se habían hecho tantas postas rurales como las que se han hecho hoy; nunca se habían construido tantos caminos como los que se han construido hoy, y nunca se había luchado tanto contra la ignorancia, contra la postración y la humillación como se está haciendo hoy.
Por otra parte, se habla mucho de que no sirven las llamadas mesas de diálogo. Debo decir que en las del caso han participado las más representativas organizaciones del pueblo mapuche, de los aimaras o de los rapa nui. De ellas han surgido iniciativas como las siguientes: establecer en la Región Metropolitana, en la ciudad de Santiago, capital del país, un parque de los pueblos originarios, para lo cual se ha concordado con el municipio de la comuna de El Bosque para llevarlo a cabo.
Efectivamente, como reflejo de los sentimientos condicionados que existen en la oligarquía nacional respecto de los mapuches, tenemos en la Región Metropolitana -y lo podemos decir con orgullo, porque la nuestra es una tierra acogedora- el Estadio Italiano, el Estadio Español, el Estadio Israelita, pero ningún tipo de entidad similar que haga homenaje a los pueblos originarios, en particular al pueblo mapuche.
Ha sido el Gobierno del Presidente Lagos el que promovió la iniciativa del parque de los pueblos originarios de la Región Metropolitana, primera de este tipo en su naturaleza, porque no somos racistas ni consideramos que existen chilenos de primera o de segunda clase, sino que todos somos iguales.
Nuestro ánimo es proseguir trabajando para enfrentar las causas de fondo del problema y establecer una relación de confianza entre el Estado y los pueblos originarios; una relación constructiva entre el Estado y el pueblo mapuche, que vaya avanzando en saldar la deuda de décadas por la negación de derechos y la usurpación de las tierras. Nuestro ánimo es echar las bases de una política de Estado que signifique el reencuentro de la Nación y su real y efectiva integración, y que los pueblos originarios tengan el lugar que corresponde a su dignidad y a su condición de hombres y y de mujeres libres.
El Comité Socialista y Radical utilizó la totalidad de su tiempo.
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor René Manuel García.
Señor Presidente , en primer lugar, deseo hacer un reclamo formal, sin ánimo de entrar en contradicciones respecto del debate.
Tuvimos la voluntad de postergar esta sesión, que originalmente estaba fijada para el miércoles pasado, a petición expresa del ministro del Interior , señor José Miguel Insulza , quien dijo que hoy estaría presente. Postergamos la sesión en el entendido de que hoy estaría aquí, porque debatiríamos con altura de miras un problema que a todos nos preocupa.
Si bien es muy positivo que se encuentre presente en la Sala el ministro del Interior subrogante , señor Jorge Correa Sutil , quiero señalar que nuestra intención era hablar con el actual Vicepresidente de la República , señor José Miguel Insulza , porque hace pocos días estuvo en Temuco, y estamos a un mes de que concurra nuevamente con el objeto de evaluar cómo se ha comportado la zona en el tiempo que ha transcurrido desde entonces.
Represento a un distrito de la Novena Región, por lo que quiero señalar que una cosa es el problema mapuche y otra muy diferente, el de los grupos terroristas incendiarios.
La problemática mapuche puede tener diferentes orígenes: pobreza, postergación, falta de tierras. Así lo entendemos todos los diputados, que hemos abordado el problema con absoluta altura de miras.
Sin duda, se debe dar una solución al problema mapuche. Tenemos una deuda. De hecho, el propio Presidente de la República ha señalado que a los mapuches se les darán ciento cincuenta mil hectáreas. ¡Conforme, que se las den! Pero tampoco se debe olvidar que el problema mapuche también tiene que ver con aspectos tales como el acceso a los créditos, la comercialización, las asesorías técnicas, la salud, la educación, las becas. Reitero, ése es el problema mapuche.
No obstante, muy diferente es el caso de los grupos terroristas incendiarios, aspecto en el que quiero centrar mi intervención.
No corresponde afirmar que los mapuches o los agricultores son terroristas. Quiero decir al diputado señor Escalona que es responsabilidad del Gobierno descubrir quiénes son los que han quemado los campos y han sembrado el terror; quiénes son los que no dejan invertir y dar trabajo en la Novena Región. Ése es el desafío pendiente. No le echemos la culpa a una etnia; nadie está hablando de que los terroristas pertenezcan a alguna etnia. ¡Por favor! Tengo miles de amigos que son mapuches; mi campo está al lado de comunidades mapuches. Hemos trabajado siempre juntos. La gente me pregunta: “ Diputado , ¿quiénes serán los revoltosos? ¿Para obtener algún beneficio debemos provocar incendios, quemar camiones o algunas de esas cosas?”. Debemos analizar por qué esos problemas están afectando a la Novena Región y no venir aquí a hacer retórica respecto de discriminación.
Quiero expresar al ministro del Interior subrogante que en esas cosas nos interesa que el Gobierno actúe con firmeza y que aplique las leyes que sean necesarias a los terroristas -de donde sea que provengan- que están provocando desmanes en la Novena Región. Por eso, nos parece bien que el ministro señor Insulza haya manifestado -aunque eso le trajo muchos problemas- que no iba a transar con sinvergüenzas o terroristas, cuando estuvo en la Novena Región hace algunos días. Sin embargo, el ministro nunca se refirió al pueblo mapuche, sino a los terroristas a que me he referido en estos momentos.
En consecuencia, ésa es la tarea que debemos cumplir para llevar tranquilidad a nuestra zona, no otra. Si uno le habla a un inversionista -cualquiera sea el color político de la persona que se lo plantee- para que vaya a invertir a la Novena Región, se ríe. No invertirá en esa región. Su patrimonio se ha desmejorado; todo se ha ido desmejorando. Hoy la gente no quiere irse a la Novena Región por los problemas que existen debido a la acción de terroristas incendiarios.
Por lo tanto, quiero consultar al ministro del Interior subrogante si será justo seguir atacando a las comunidades mapuches o si será mejor continuar favoreciéndolas. ¡Obviamente, es mejor seguir favoreciéndolas! Conocemos sus problemas. Sin embargo, nadie tiene clavada la rueda de la fortuna para decir cuáles son los terroristas que están actuando, enmascarados, en la quema de camiones. ¡Eso lo estamos viendo! ¡Para qué nos tapamos los ojos! Habría que ser muy ciego para no darse cuenta de aquello, porque son noticias que constantemente aparecen en los diarios. De hecho, en las tribunas está presente una persona que conoce de estos hechos, pues, en uno de estos ataques, un hijo perdió un ojo y le quemaron el camión que manejaba. ¿Acaso no vemos esas cosas?
He conversado al respecto con los diputados señores Tuma , Quintana , Meza , José Antonio Galilea , Bayo, Villouta y Díaz, quienes representan distritos de la zona, porque conocemos los problemas y sabemos que tenemos que arreglarlos para sacar adelante a nuestra región.
En consecuencia, no vengamos aquí a inculparnos unos a otros. La única responsabilidad del Gobierno en esta materia es buscar a los verdaderos culpables de estos hechos, a quienes siembran el terror en los campos de la Novena Región y que no dejan invertir. Ése es el tema. La Novena es la región con más problemas de pobreza en el país, porque hasta el momento no se ha tenido la suficiente fuerza para capturar a las personas que la tienen hundida.
Por eso, quiero preguntar al ministro del Interior subrogante si acaso la restauración del orden no es la tarea principal que se debe cumplir. Le digo más: aplique la mano dura y las leyes que sean necesarias a los terroristas que están cometiendo desmanes, sean quienes fueren. Ésa es la misión que debe tener el Gobierno para restaurar la confianza y el orden en la Novena Región.
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra, por siete minutos y cuarenta y cinco segundos, el diputado señor Quintana.
Señor Presidente , extraño resulta, por decirlo de algún modo, un debate exclusivo acerca de la situación de los pueblos originarios y, al mismo tiempo, intentar reducirlo a la “conflictividad mapuche”.
Habría esperado que la convocatoria hubiese estado motivada por la cosmovisión indígena, por los aspectos sociales, por la realidad de pobreza e indigencia, por la formulación de planes de desarrollo o por la reforma de los existentes, e, incluso, por la eventual modificación de la propia ley Indígena.
No obstante, lo primero que habría que decir, en forma muy categórica, es que rechazamos cualquier acto de violencia, o la asociación ilícita para perpetrar atentados, intimidación, etcétera. Del mismo modo, debemos señalar que la ocurrencia de hechos de violencia, ocupaciones de predios e incidentes en relación con lo que se ha llamado “el conflicto mapuche”, ha experimentado una drástica disminución en lo que va del año, si lo comparamos con igual período del año anterior, lo que incluso se puede concluir de la lamentable y desproporcionada publicación de prensa hecha el 10 de marzo pasado por parte de un grupo de agricultores.
En lo referido al orden público, es necesario destacar la notable acción preventiva de Carabineros durante el presente año, lo que se ha traducido en detenciones de personas en delitos flagrantes, como el ocurrido en el secuestro de un bus en la provincia de Malleco, o en la interceptación de un camión con personas que portaban armas cortantes en el puente Cajón , quienes se dirigían a perpetrar la ocupación de un fundo. Destaco lo anterior porque, francamente, esta eficacia policial no la habíamos observado antes.
En cuanto a los principales recursos judiciales que, ante la ocurrencia de estos hechos, algunos sectores demandan, habría que decir lo siguiente: reconozcamos, de una vez por todas, que la ley de Seguridad Interior del Estado, en el marco de la reforma procesal, no rinde los efectos esperados; no ayuda en la agilización del proceso ni en la determinación de la pena. La Corte de Apelaciones de Temuco ha dejado con penas remitidas a personas procesadas por estos delitos. Aquí la víctima queda completamente ausente del proceso; ya no es parte.
Además, digámoslo con todas sus letras, los fiscales tienen plenas atribuciones para investigar, y cuando actúa el Ministerio Público, es el Estado el que está actuando.
En cuanto a la ley antiterrorista, recordemos que cualquier persona puede pedir su aplicación; no sólo es atribución del Estado. De hecho, agricultores de la región la han invocado en varias ocasiones.
Los temas de fondo no son los recursos procesales ni las estadísticas acerca de los conflictos ocurridos, sin desconocer -reitero- la gravedad de muchos de ellos. En este aspecto, a mi juicio, el punto central en relación con lo que ocurre en el sur del país ni siquiera es la pobreza. Es evidente que las comunidades mapuches de nuestra zona están inmersas en una realidad de pobreza e indigencia; pero tampoco podemos desconocer que el Ministerio de Planificación y Cooperación impulsa, desde hace bastante tiempo en la región de La Araucanía, programas con un fuerte impacto en el desarrollo socioproductivo del mundo indígena. Sin ir más lejos, los fondos por concepto del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- para el programa “Orígenes”, están proyectados para alcanzar, en el mediano plazo, una profunda transformación en las condiciones de vida de muchas comunidades.
No obstante, la superación de los niveles de pobreza, desempleo y marginalidad está aún muy lejos de todos los objetivos que gobierno alguno pueda plantearse. Por eso me atrevo a decir que el salto que hoy estamos obligados a dar, que como sociedad no hemos querido ver, está referido al aspecto cultural: entender que estamos hablando de un pueblo.
Hace no más de diez días, junto con el diputado señor Meza , tuvimos la ocasión de participar en el parlamento mapuche, realizado en Villarrica, que fue convocado por la mayoría de las organizaciones indígenas existentes en la zona. En la oportunidad, los propios dirigentes, haciendo alusión al parlamento de 1883, señalaron a éste como un hito en lo que constituye el despojo de sus tierras. Por lo tanto, a juicio de los mismos, la pobreza mapuche también tiene un origen histórico.
Como decía recientemente, entre las conclusiones del mencionado parlamento realizado en la región de La Araucanía, surgen con fuerza ideas como las siguientes:
La corona española, hace doscientos años, había reconocido al pueblo mapuche como tal.
Hay un Estado que se interpuso sobre un pueblo-nación.
Los derechos políticos son anteriores al concepto de desarrollo.
Las políticas de desarrollo debieran fundarse sobre la base de las diversas identidades territoriales existentes.
Por último, existe un mandato espiritual, que es el que están llamados a cumplir hoy los mapuches.
Me parece que hace falta, precisamente, ver el aspecto cultural de los pueblos originarios. No sigamos ofendiendo a tantas personas con el estigma de la violencia y del vandalismo, porque no es efectivo. Tengamos la generosidad para abrirnos a conocer y a reconocer los elementos de identidad de una cultura ancestral con una cosmovisión distinta. No tengamos miedo de avanzar en aspectos tan sentidos por la cultura mapuche como son el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, la ratificación del Convenio 169 de la OIT y, por qué no, plantearnos avanzar en otros derechos políticos, como la expresión de este pueblo en distintas instancias de representación. Por ejemplo, en el Congreso Nacional. En la medida en que nos atrevamos a dar ese paso y a reconocernos como una sociedad pluriétnica, no sólo haremos un acto de justicia frente a la historia, sino que, además, podremos adentrarnos en la perspectiva del desarrollo integral, eficaz y pertinente para todo ese pueblo.
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , sin duda, el problema no sólo afecta a la Novena Región, sino también, en parte importante, a la Octava. Concuerdo en que los elementos fundamentales para resolverlo son la confianza y la credibilidad. Pero el presidente del Partido Socialista , con su intervención, no entrega, justamente, ni confianza ni credibilidad; por el contrario, entrega odiosidad y división. Los hechos, que son conocidos, preocupan en verdad a todos y a cada uno de los chilenos, ya que generan incertidumbre en vastos sectores de la población.
En un momento dado, la Izquierda trata de presentar el problema como el de una etnia contra grandes empresas forestales, pero, como la realidad deriva de la pobreza de pequeños y medianos agricultores, ese argumento cae por su propio peso.
Espero no equivocarme y compartir los juicios que una vez escuché de mi compañero de distrito, diputado señor José Pérez , con quien participamos en una reunión, pero en el sector de Queuco, en el Alto del Biobío -que no tiene relación directa con las centrales Ralco y Pangue, para evitar conclusiones erradas-, donde más de cien familias de chilenos, mal llamados colonos no indígenas, tan modestos y pobres como los indígenas del sector, han sido obligadas a abandonar sus hogares donde han vivido por más de cincuenta o sesenta años debido a la violencia que reina en ese lugar. ¿Cuál ha sido la alternativa de la autoridad de la zona? Entregarles mediaguas en Santa Bárbara y una especie de subsidio para arrendar terrenos en esa comuna o en otro lugar.
Me pregunto, ¿el señor Escalona aguantaría o aceptaría tener que irse de su vivienda a una mediagua a otra comuna porque alguien lo apedrea matiné, vermut y noche? Ésos son los hechos que verdaderamente generan incertidumbre, además de la falta de una política real y concreta para resolver los problemas de los pueblos indígenas y de los chilenos que conviven con ellos en situación de pobreza. El Alto Biobío es un ejemplo claro y objetivo.
En la Sala se encuentra el ministro subrogante del Interior , cuya cartera es la responsable del orden público. ¿Qué es el orden público? El derecho que tenemos todos y cada uno de los chilenos de vivir en paz, de manera de llegar hasta nuestros hogares sin que nadie afecte la tranquilidad.
Más de cien familias han debido abandonar sus hogares e irse a mediaguas porque fueron apedreadas, violentadas y atacadas. ¿Cuál es el origen de esos hechos? No son los pehuenches que viven en esas áreas desde hace mucho tiempo. Es más, sus familias viven con los otros chilenos; son compadres, padrinos de hijos que han ido a las mismas escuelas. Claramente, quienes han incitado estos actos son violentistas que han llegado desde otros lados por una mala decisión gubernamental: declarar el Alto del Biobío como área de desarrollo indígena. Ello ha significado discriminar, excluir a quienes no son indígenas pero que viven en esos lugares, los cuales constituyen un número significativo de familias.
Sin duda, el señor Escalona desconoce esos hechos y trata de ocultarlos o de minimizarlos, pero son los que generan incertidumbre, miedo y temor. ¿Quién va a responder a una política de inversión y desarrollo social en el Alto del Biobío, que se requiere con urgencia, si la gente es obligada a abandonar su tierra?
Quiero recordar que, en diciembre, con mi compañero de distrito tuvimos que enfrentarnos a las autoridades de Gobierno, porque su propósito era trasladar a trescientas familias de chilenos no indígenas a una escuela, aprovechando las vacaciones de verano, para superar el problema de la violencia y de los apedreamientos. Así no se resuelve eso, sino mediante políticas adecuadas y eficientes, sobre todo en materia de orden público, con el objeto de que todo chileno se sienta tranquilo donde vive.
Felicito a quienes nos han convocado a esta sesión. Me hubiera gustado una mayor presencia de diputados, porque todos debemos contribuir a solucionar el problema.
Quiero recordar que, en forma unánime, años atrás, aprobamos la ley Indígena. A través de ese instrumento, a pesar de algunas discrepancias, se iba a avanzar en el desarrollo y pago de la deuda histórica a los diferentes pueblos, todos constituidos por chilenos como nosotros. Pero, indudablemente, la aplicación de las políticas, la indiferencia o la falta de autoridad han hecho que ello no sea posible, que se haya retrocedido, porque hoy existe desconfianza, miedo e incertidumbre.
Le restan seis minutos al Comité de la Democracia Cristiana.
Señor Presidente , la violencia tiene sus causas, y para terminar con ella no se debe emplear más violencia. Cuando en una democracia como ésta se producen estos hechos, es porque hay otros motivos que la generan. La forma para prevenirla o de reprimirla debe basarse necesariamente en corregir los motivos que le dieron origen, así como también en aplicar la normativa correspondiente. Nada más.
En el caso presente, además de adoptar medidas punitivas respecto de las acciones concertadas de grupos violentistas en las regiones afectadas, deben adoptarse medidas que solucionen los problemas que generan los incidentes y descontentos. De los conflictos se aprovechan siempre los violentistas, y no son los indígenas precisamente los que ejercen la violencia. Por ningún motivo justificamos la violencia, pero ella se genera paralelamente a los problemas que existen o que surgen.
Los indígenas constituyen las raíces primarias de nuestra nacionalidad. Ellos han aportado y se han integrado, pero no siempre son tratados como corresponde ni tampoco siempre se les respetan sus derechos. No obstante, se puede decir que los mapuches no se integraron al Estado chileno voluntariamente, ya que inicialmente fueron incorporados por la fuerza por una acción del reduccionismo que se remonta a 120 años. Cada vez que ha habido un intento de relacionarse con el Estado chileno, el pueblo mapuche no siempre ha salido airoso. Y cuando hablo de Estado chileno no me refiero sólo a los gobiernos que se han sucedido, sino también a la sociedad entera, a los cuerpos intermedios.
La tierra es el fundamento principal de su existencia y de su cultura, según lo señala la ley Nº 19.253. Cuando ellos nacen es como si lo hicieran trayendo un pedazo de tierra entre sus manos. La llaman la “madre tierra” o Ñuque Mapu , y es vital y fundamental. Entonces, ¿cómo no entender que sus reclamos por las tierras que les fueron quitadas no sean legítimos y no formen parte de su vida; que los 10 millones de hectáreas que constituían el territorio mapuche se hayan reducido a 500 mil hectáreas; que la acción de los tribunales de justicia, a través del tiempo, haya significado para los mapuches la pérdida de miles de juicios y, con ello, la pérdida de miles de hectáreas de terreno por la influencia y el peso que significa el alegato de empresas y de grandes consorcios ante esos organismos; que, entre los años 1967 y 1973, el Estado chileno llevó a cabo a un proceso de reforma en virtud del cual unas 30 mil hectáreas fueron traspasadas a campesinos indígenas, pero que, posteriormente, el mismo Estado, durante el régimen autoritario, inició la contrarreforma agraria a través de la cual les quitó a esos campesinos unos cuantos miles de hectáreas que años atrás les habían sido entregados; que, en virtud de la figura jurídica del derecho de ausentes -decreto ley Nº 2.568, de 1979-, quien no estaba en las tierras cuando se iniciaba la división de la comunidad, automáticamente perdía todo derecho a la tierra, se le declaraba ausente y sólo se le pagaba un dinero conforme al avalúo fiscal que tuvieran dichas tierras?
Durante gobiernos pasados, que no fueron democráticos, muchas tierras de indígenas fueron declaradas fiscales y vendidas a particulares a través del SAG. Hoy, esos mismos particulares hacen verdaderos negocios vendiendo a la Conadi tierras que les pertenecían a los indígenas.
¿Cómo entender todo esto? ¿Cómo entender que las tierras del Alto Biobío, que pertenecían a los pehuenches y que, en razón de un mal entendido progreso o supuesto desarrollo energético del país, deban ser inundadas por una planta generadora de electricidad y así arrasar con historias, tradiciones, con todo un patrimonio cultural, social y económico? Aquí la ley eléctrica se superpuso a la ley Indígena, contrariándose el espíritu del acuerdo de Nueva Imperial de los años 1989 y siguientes.
Si bien hemos sido capaces de crear una ley Indígena, pese a que su cuerpo legal original es muy distinto del actual, no ha sido suficiente para completar un marco jurídico que entregue a los indígenas instrumentos que garanticen sus derechos como tales y su patrimonio cultural. Esa ley fue titulada como “norma de protección, fomento y desarrollo de los indígenas”, pero muy poco hemos logrado en cuanto al fomento, el desarrollo y la protección, no obstante los grandes esfuerzos del Gobierno y a su espíritu de identidad con las aspiraciones e inquietudes de los indígenas.
No hemos sido capaces de establecer un verdadero reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas -aquí mismo fracasó, por falta de quórum, la aprobación de la reforma constitucional-, ni menos de sancionar el convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce a los pueblos indígenas como tales, ya aprobado por muchas naciones de Latinoamérica. En ese sentido, estamos rezagados en el tiempo y tenemos una deuda con ellos. Nuestra preocupación es darles lo que aún les falta.
En 1990 no había luz en algunos rincones de las comunidades. Tampoco había buenos caminos ni viviendas. Hoy la luz ha llegado a las comunidades, y los caminos y sus viviendas han mejorado. Pero la dignidad no se repara sólo con estos simples adelantos materiales. Hay mucho más que hacer para brindarles el verdadero respeto y dignidad que se merecen. El desprecio, la indiferencia y la discriminación aún subsisten, y la calificación como pueblo atrasado se mantiene.
Los problemas internos también existen entre las comunidades, y se agudizan. El 29 de enero pasado murieron cinco indígenas, integrantes de la comunidad de Rucamañío, en San Juan de la Costa, por rivalidades internas que no fue posible prevenir. Ni los tribunales de justicia ni el Estado han sido capaces de resolver plenamente esos problemas por el desconocimiento de las materias; porque sus dificultades son propias, de una naturaleza especial, donde nuestra legislación resulta a veces inaplicable. Entonces, ¿cómo impedir el conflicto? ¿Cómo impedir la violencia si el Estado chileno, a través del tiempo, no ha sido capaz de entender que los métodos de solución deben estar de acuerdo con la idiosincrasia de esas etnias? Chile no es el único país que concentra grupos originarios; por el contrario, son muchos. Esas etnias contribuyen a reforzar nuestra cultura. Sabemos que los países se enriquecen con la diversidad cultural.
Señor Presidente , exijo que se apruebe pronto la reforma constitucional, con la participación de las comunidades indígenas; que se apruebe el convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que se apliquen políticas más estructurales respecto de la solución de los problemas de las comunidades, con el objeto de evitar la violencia y de cautelar que no se dé lugar a que algunos grupos puedan aprovecharse de esta circunstancia para emplearla.
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Alberto Cardemil.
Señor Presidente , me referiré a cuatro puntos.
El primero dice relación con nuestra visión sobre el tema que se debate en esta sesión especial, de modo de no andarnos por las ramas.
El segundo punto es una afirmación. Las autoridades del Estado han renunciado al ejercicio del poder legítimo en el territorio de Arauco al sur. No estoy asignando exclusiva responsabilidad al Ejecutivo . Las autoridades ejecutivas, judiciales y, en general, todos quienes tienen, en resguardo de la soberanía del Estado, el ejercicio de la facultad de imperio que el Estado de derecho les otorga, están renunciando a ejercer ese poder legítimo.
El tercer punto es, con todas sus letras y sin evasivas, la evidencia de que desde Arauco al sur, en las regiones Octava y Novena, está operando una asociación ilícita de carácter terrorista-incendiario, que se está tornando impune e intocable.
El cuarto punto que quiero abordar -porque no hay problema para el cual no se encuentre solución- es lo que consideramos como solución jurídica -la daremos a conocer ahora al subsecretario del Interior- dentro del Estado de derecho.
En cuanto al primer punto, este no es un debate ni histórico, ni sociológico ni antropológico. Es un debate legítimo y del cual uno debe entender. Hay historia oficial y revisionismo histórico. Soy aficionado a la historia y he escrito sobre ella, pero es tan interminable como inmovilizante. Si hay algo que a uno le queda claro cuando se decantan los conceptos de la historia de Chile, es que ha habido un esfuerzo constante de la nación-estado por integrar a todos a la nacionalidad. Y también queda claro que muchas veces ese proceso no ha estado exento de errores, porque la incorporación y la integración no es hacer tabla rasa, como muchas veces se ha entendido. Ése es un punto legítimo que el revisionismo histórico ha puesto sobre la mesa y que -repito- hay que entender.
Insisto, este no es un debate sobre historia, sino sobre una escalada, que está creciendo, que es cada vez más violenta, de hechos delictuales que afectan a la propiedad y seguridad de las personas en una inmensa porción del territorio nacional.
En relación con el segundo punto, afirmamos que las instituciones del Estado y sus autoridades están renunciando a su poder legal. Recién decía un diputado que la violencia no se combate con violencia. Eso es cierto. La violencia se combate con la ley; con el Estado de derecho cuando es contraria a éste. Aquí se está evitando enfrentar la cuestión principal, la verdad: la existencia en esas regiones de una asociación ilícita de carácter terrorista-incendiario. Hay un círculo vicioso que se torna cada vez más cerrado, y un área gris propia de tierra de fronteras. En esto, el país ha tenido una regresión de 150 años. El Gobierno dice que este problema es jurídico y que debe resolverse caso a caso; la justicia, requerida, sostiene que es un problema político que debe resolver el Gobierno. Las policías, a su vez, no pueden hacer nada, porque no tienen recursos y su voluntad está mediatizada por el Poder Judicial y por el Poder Ejecutivo . Y en el medio queda la población indefensa e insegura. Eso es lo que está pasando.
Respecto del tercer punto, no neguemos lo innegable. Apelo al criterio prudente e ilustrado de mis colegas para que me digan si en los hechos que estamos analizando y en su conformación, no están todas las características de una conducta terrorista, de acuerdo con lo que define nuestra legislación.
La ley Nº 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, señala en su artículo 1º: “Constituirán delitos terroristas los enumerados en el artículo 2º, cuando en ellos concurriere alguna de las circunstancias siguientes:
1ª	Que el delito se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor injustificado de ser víctima de delitos de la misma especie,...”.
Su inciso segundo agrega: “Se presumirá la finalidad de producir dicho temor en la población en general, salvo que conste lo contrario, por el hecho de cometerse el delito mediante artificios explosivos o incendiarios,...”.
En esta escalada creciente de violencia, de hechos delictuales, repito, recurro a la ilustración y a la ponderación de mis colegas. ¿No está aquí claramente tipificada la conducta terrorista descrita en nuestra legislación? Nadie puede argüir en contra de este argumento.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, le pido un minuto porque voy a dar dos antecedentes.
Bien, pero con cargo a su bancada, señor diputado.
Señor Presidente , quiero agregar otro hecho, y aquí está el subsecretario del Interior.
El Ministerio del Interior sabe, o debiera saber, que en las regiones Octava y Novena está operando la Coordinadora de comunidades en conflicto Arauco-Malleco, o coordinadora mapuche, que usa la sigla CAM, la cual -lo declaran ellos mismos- ha tenido asistencia, en aspectos organizacionales y operativos, de miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del MIR. Dicha Coordinadora elaboró una campaña de acción urgente en la comuna de Tirúa, de la Octava Región, con sus objetivos, con víctimas con nombres y apellidos, que quedaron registrados en el acta constitutiva.
Por si esto fuera poco, si el Ministerio del Interior no tiene la información, bastaría con recurrir a internet, porque, como en Chiapas, esta organización se anuncia allí. Doy su dirección: http://www.weftun.cjb.net/. Al igual que en Chiapas, hay aquí un planteamiento claro de subversión organizada, con pelos y señales.
Por último, deseo dar a conocer un hecho grave: la única investigación seria que se llevó adelante fue la incoada por el entonces juez de Cañete, señor Jaime Álvarez , quien abrió un cuaderno secreto por asociación ilícita y conductas terroristas, y organizó una unidad especializada para investigar la organización.
Pues bien, cuando eso pasó, inmediatamente hubo una acción destinada a desarmar lo que el juez Álvarez había investigado. Ese magistrado fue sacado del caso, nombrado juez de garantía en Ovalle, y el cuaderno secreto, que contiene todos los antecedentes por asociación ilícita, permanece en una caja de fondos en el tribunal de Cañete. Después, el juzgado de Cañete estuvo sin magistrado por más de dos años, y ahí quedó la información.
No escondamos el bulto. Aquí corresponde que el Gobierno pida un ministro en visita para que conduzca la investigación, reúna los antecedentes, defina si estamos o no ante una conducta terrorista y aplique las penalidades necesarias. Por mucho menos, tanto el Ministerio del Interior como los parlamentarios y la comunidad, piden y obtienen ministros en visita. No es posible que en la línea de la frontera tradicional de Chile, después de 150 años, la población viva de nuevo en la inseguridad y en el terror.
Es absolutamente necesario que el Gobierno reaccione, y en ese sentido vamos a hacer nuestro planteamiento.
Insisto en que esto se arregla con el derecho en la mano, con un ministro en visita que conduzca, de una vez por todas, las investigaciones conducentes a la sanción de los graves hechos que estamos denunciando.
Señor diputado , ocupó siete minutos de la bancada de Renovación Nacional.
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, por cinco minutos y medio, el diputado señor Iván Norambuena.
Señor Presidente , en días recientes, el distrito que represento, la provincia de Arauco y Lota, y el país, nuevamente han sido testigos de un recrudecimiento de hechos de violencia que se realizan bajo las banderas de la causa mapuche, en un conflicto que se viene arrastrando desde hace varios años y que obedece a diversas causas.
Sobre el particular, nadie es dueño de la verdad. El problema no se soluciona con una varita mágica y nadie puede decir que posee la solución sin actuar con arrogancia e hipocresía.
Hace falta un diálogo, pero un diálogo sensato que incluya a todas las etnias que conviven en nuestra nación.
En verdad, espero que esta sesión especial sea el punto de partida de un debate nacional al respecto, en el que, por primera vez, se incorpore a todos los sectores involucrados y no sólo al Gobierno y a dirigentes de determinadas agrupaciones mapuches.
También quiero poner de relieve la enorme vocación pacifista del pueblo araucano, lo que no se condice, aparentemente, con las imágenes vistas en televisión y las informaciones transmitidas por el resto de la prensa. Ello es artificial, pues el porcentaje de la población mapuche que participa en tales actos de violencia es mínimo y se encuentra alentado por activistas -a los cuales azuzan sus líderes- que, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad social de esa etnia, agitan las aguas provocando un clima de hostilidad nunca antes visto.
Quiero decir, con fuerza, que el Gobierno se ha equivocado nuevamente, pues, cuando recibió el país, la problemática en cuestión era incipiente y tuvo todas las herramientas para administrarla adecuadamente. Sin embargo, no lo hizo; por el contrario, se manoseó inescrupulosamente el tema.
En efecto, cuando el ex Presidente Aylwin estaba en campaña política, en la comuna de Nueva Imperial firmó un pacto con los pueblos originarios y les hizo un conjunto de promesas, las cuales en su mayoría no se han cumplido. A partir de entonces, hemos debido soportar un diálogo de sordos, pues las sucesivas administraciones de la Concertación dicen que escuchan a nuestros pueblos de origen, crean inútiles y sesgadas mesas de diálogo; pero las promesas les son indiferentes, pues se han empecinado en dar a entender que la solución, inequívocamente, va por el camino que ellos indican. Lamentablemente, los hechos han demostrado que no tenían razón. Se siguen equivocando.
Asimismo, en relación con las reclamaciones de tierras, también desempeña un rol preponderante la ley Indígena, toda vez que no se saca nada con seguir entregando territorios si la legislación vigente, en forma automática, los saca del comercio humano. Con esto no se ayuda a los mapuches a salir de la extrema pobreza en que se encuentran sumidos, por cuanto ellos se hayan impedidos de acceder a créditos al no poder dejar sus tierras en garantía, sobre todo considerando que generalmente no tienen otros bienes.
Entonces, podremos entregar terrenos hasta la eternidad, pero los mapuches seguirán siendo pobres, puesto que su herramienta de trabajo, históricamente, es su tierra. Sin embargo, nada sacan con tenerla si no pueden contar con las herramientas legales que les permitan explotarlas.
Por lo demás, esta política de entrega de tierras ha perdido toda credibilidad, incluso la de los mismos pueblos mapuches, ya que ha dado lugar al desenvolvimiento de grandes hechos de corrupción, vinculándose las entregas de la Conadi a coimas, sobreprecios y pagos de favores políticos.
En consecuencia, en Chile no existe ley más desprestigiada que la Indígena ni institución más desacreditada que la Conadi, dirigida por la Concertación. Tal vez, el logro más importante de ese organismo es ser muy activo en las campañas políticas.
Nos preguntamos: ¿por qué el Gobierno actúa de esta manera? ¿Será porque en las zonas de comunidades mapuches es donde más mal le ha ido en las últimas elecciones, tanto presidencial como parlamentarias? Ante ese escenario, no sería extraño que la Izquierda concertacionista y la Izquierda extraparlamentaria hicieran creer al pueblo mapuche que sus problemas derivan de que los empresarios no invierten en la zona, como generalmente ocurre. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Las cosas se miden por sus resultados y no por sus intenciones. Las políticas públicas llevadas a cabo por los gobiernos concertacionistas podrán haber tenido las mejores intenciones, lo que no pondré en duda, pero sus resultados han sido muy pobres, por no decir nefastos, puesto que el Estado de derecho se encuentra totalmente pasado a llevar, y las instituciones no funcionan, a pesar de lo que dicen algunos. ¿O alguien puede decir responsablemente que se respeta el Estado de derecho y que las instituciones funcionan correctamente, cuando existen personas que han sido víctimas de dieciocho atentados en su propiedad -hoy tenemos en las tribunas a una de ellas, a don Osvaldo Carvajal - y se encuentran amenazadas de muerte? El Gobierno tiene los mecanismos legales para hacer frente a estos actos, que, digámoslo de una vez, son de terrorismo, pero se contenta con realizar declaraciones públicas y con presentar querellas por el delito de incendio. Incluso, algunos personeros proponen que los particulares practiquen la autodefensa.
Extraño aquellos tiempos en que las personas de todas las etnias y de todos los colores convivían pacíficamente en cualquier parte de Chile; en que la industria forestal se desarrollaba libremente en la provincia de Arauco, generando progreso y creando fuentes de trabajo; en que existía inversión inmobiliaria y turística; en que todos éramos iguales, sin sesgos paternalistas ni discriminaciones.
No perdamos más tiempo. Desde esta tribuna, hago un llamado al Gobierno para que, después de tantos fracasos, convoque a un debate real, de amplias dimensiones, con inclusión de todos los posibles actores involucrados. Que esta sesión especial sea el punto de partida para que, con una visión de país, sin prejuicios, sin egoísmos, sin arrogancia, avancemos por los caminos que conduzcan al apaciguamiento del pueblo araucano, parte fundamental de la historia y del presente del Estado chileno.
Restan 8 minutos al Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma, pero ha cedido algunos minutos al Partido Radical.
Efectivamente, señor Presidente, voy a ceder al Partido Radical Social Demócrata parte de los minutos de mi bancada.
En el poco tiempo de que dispongo, quiero expresar, en primer lugar, que, junto con el diputado Eduardo Díaz Del Río , representamos al distrito del país que tiene la mayor población indígena.
En la última elección obtuve el más amplio respaldo electoral, la más alta votación proporcional de todos los candidatos a diputados en la Novena Región, y de mi distrito, donde hay la mayor participación de indígenas.
Me hubiese gustado que los 40 señores diputados que firmaron la convocatoria a esta sesión especial, la mayoría de ellos de la Derecha, estuviesen presentes. Sin embargo, sólo veo a una docena de ellos. Además, me habría gustado que hubiesen pedido esta sesión para tratar la cuestión indígena, y no para abordar un conflicto que se quiere generalizar, masificar en la zona sur del país, como si las regiones Octava , Novena y Décima estuvieran incendiadas por estos elementos violentistas, que no desconozco que existen y a quienes rechazo rotundamente. Asimismo, respaldo toda decisión de persecución y de condena a esos aislados elementos; pero la inmensa mayoría de las comunidades indígenas del distrito que representamos junto con el diputado señor Eduardo Díaz , y, me atrevería a decir, de la región, no están en ésa.
Me habría alegrado mucho de que ésa hubiese sido la actitud de los diputados que se preocuparon de reunir las firmas para debatir, como se lee en la convocatoria, acerca de la “violencia indígena”, del “conflicto indígena”, satanizando a los mapuches. Así, precisamente, estamos atentando en contra de las inversiones en la Novena Región. No se debe magnificar una situación, que no tiene el carácter que se le ha querido dar, pues asustará a los inversionistas nacionales y extranjeros.
No me cabe duda de que el Gobierno está cumpliendo el rol que le compete, igual que las policías y los tribunales. Pero, del mismo modo, no veo que exista intención de citar a una sesión especial por parte de los diputados que firmaron esta convocatoria -la mayoría de ellos de Santiago- para debatir el índice de delincuencia en la comuna de Santiago o en otras comunas de la Región Metropolitana.
De manera que no veo que una sesión especial para tratar supuestamente el tema indígena, bajo la aparente figura de analizar la violencia en las regiones del sur, tenga alguna justificación.
Invito a los diputados que hicieron la convocatoria a que asistan a esta sesión. Algunos han expresado interés, como mi compañero de distrito, quien ha presentado un proyecto de acuerdo, que comparto absolutamente, en el cual se avanza en materias ajenas al tema de la violencia, que hoy se discute. Dice relación con los mecanismos para atender las legítimas demandas del pueblo indígena, que no sólo deberíamos reducirlas a la pobreza. Aquí también están de por medio su dignidad e identidad.
¿Por qué nos tenemos que arrogar el derecho de pensar sobre el concepto de desarrollo que deben tener los indígenas? ¡Son ellos quienes tienen que definir eso! A nosotros nos compete sólo abrir canales de participación para que ellos definan cuál es su concepto de desarrollo. Si el concepto de desarrollo que tenemos los occidentales no es el mismo que tienen los indígenas. Sin embargo, en este proyecto de acuerdo no hay una palabra respecto de cómo vamos a abordar el respeto de sus derechos, de su idiosincrasia y forma de vida.
Es muy difícil aprobar un proyecto de acuerdo que contiene muchas demandas legítimas de los indígenas en materias de obras que han caracterizado a los gobiernos de la Concertación, los cuales, como ninguno en la historia del país, han invertido más en caminos, en postas, en escuelas, en electrificación rural, en un conjunto de demandas legítimas para el desarrollo del pueblo indígena. Pero eso no basta. No sólo es un problema de pobreza, sino también de comprensión de lo que significa ese pueblo, de lo que es su identidad. Debemos tener respeto por esa identidad. Claro, somos todos chilenos; pero, perdónenme, no estoy dispuesto a aplicar -como lo hicieron los gobiernos de la Derecha, especialmente el gobierno militar- una política integrista para hacer desaparecer sus tierras, sus bienes, sus propiedades; para avasallarlos. Soy partidario de una integración, con respeto, con participación. Ese tema no está presente aquí, porque no hay voluntad, y no la hay porque, cuando se invita a analizar el tema indígena, aun cuando se presente un proyecto de acuerdo -loable a ojos de cualquiera-, sin embargo, se impide el ingreso a esta Sala del subsecretario de la cartera que tiene que ver con el tema. Me habría gustado formularle varias preguntas al encargado de esa materia, pero no estoy en condiciones de hacerlo si no está presente. De manera que no encuentro voluntad para abordar el problema con seriedad.
Invito a los colegas de la Oposición y a la Sala a aprobar cuanto antes la creación de una comisión permanente de asuntos indígenas, a fin de estudiar con seriedad esta deuda histórica del país para con un millón y medio de indígenas que esperan una solución y una respuesta a sus demandas.
Como su Señoría habló siete minutos, le resta uno al PPD.
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado señor José Antonio Galilea .
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Señor Presidente , en verdad no puedo dejar de referirme a las palabras recién pronunciadas por mi colega Tuma .
Intentaré colaborar en el debate, dándole la altura y seriedad que tanto se demanda. Pero lo que acabamos de escuchar me parece una falta de respeto, incluso para con colegas del propio diputado señor Tuma que firmaron este proyecto de acuerdo para traer a la Corporación la discusión de un problema que él sabe que le preocupa a la región.
Lamento mucho sus palabras, porque no son las mismas que le escuché en la reunión a que hacía referencia el diputado señor García , en presencia del ministro del Interior , cuando visitó la Novena Región.
Entrando directo en el debate de fondo, quiero formular algunos alcances a lo que se ha planteado.
Es indiscutible que un número importante de vecinos de dos o tres regiones viven una grave situación de inseguridad y de emergencia. Basta conversar con esas personas para darse cuenta de que eso es una realidad. No hay una semana en la que no estemos en presencia de un hecho de violencia en la región. Hace un par de meses, gigantescos incendios provocados; hace un mes, a un agricultor le quemaron la casa y, con ello, años de trabajo; hace una semana, dos modestos transportistas fueron atacados con armas de fuego, uno de los cuales resultó gravemente herido; hace pocos días, los extremistas balearon a dos trabajadores de un predio forestal. Simultáneamente, numerosos propietarios viven amenazados de muerte, no pueden ingresar a sus predios ni realizar sus trabajos de siembra y de cosecha. Viven en la inseguridad y en el terror.
Pero tienen razón los diputados que han señalado que no se pueden mezclar estos hechos con el denominado “conflicto o problema mapuche”.
No es “conflicto mapuche”, cuando apenas un puñado de violentistas asuelan la zona. Tampoco es “conflicto mapuche” cuando existen comunidades atemorizadas, presionadas y obligadas a seguir a seudodirigentes que no los representan, y a participar en tomas y en otros actos.
No es “conflicto mapuche” cuando extranjeros participan, encapuchados, en actos de violencia. Tampoco es “conflicto mapuche” cuando la enorme mayoría de las comunidades condenan la violencia y sólo piden un poco de respeto, reconocimiento a sus derechos y a su cultura, y oportunidades para progresar y superar la pobreza.
No es “conflicto mapuche” cuando muchas veces son detenidas personas inocentes, mientras que quienes alientan y propician la violencia dan conferencias de prensa.
Quiero aclarar -lamento que no esté presente el diputado señor Escalona - que justamente nosotros somos quienes rechazamos la asociación de acciones terroristas con los problemas del pueblo mapuche. Ése fue el sentido de pedir esta sesión. Deseábamos analizar los actos de violencia en una región en que existe el denominado “conflicto mapuche”. Por eso la expresión está entre comillas.
Además, el diputado señor Escalona ha demostrado que es como el padre Gatica: inicia su intervención pidiendo seriedad y altura de miras en el debate, pero termina politizándolo y descalificando de la peor manera -para no entrar en calificaciones-.
Aquí hay compromisos que no se están cumpliendo y que son un aliciente para los actos de violencia que ocurren y que aparecen todos los días en los medios de comunicación. Uno de esos compromisos a los que se ha faltado -es muy bueno que esté presente el señor Correa , subsecretario del Interior- es que se continúan comprando predios que han sido tomados, quemados o en los que se ha atentado contra la vida de sus propietarios o de sus trabajadores. Los fundos Alaska, ayer, y Ginebra , hace poco tiempo. En pocos días más nos enteraremos de otros. El precedente es funesto y constituye un verdadero estímulo a la violencia.
Hoy la de La Araucanía es no sólo la región más pobre del país, sino la más insegura, la más violenta, aquella en la que los delincuentes quedan más impunes y en la que la ley y el orden no existen.
A quienes crean que estoy exagerando, les pido que se vayan a vivir unos pocos días con Daniel Lichtenber , un pequeño y modesto agricultor de la comuna de Victoria; o con don Jorge Luchsinger , propietario de Vilcún .
Respecto de la pregunta sobre qué está haciendo el Gobierno para detener esta escalada de violencia, restituir la seguridad y hacer cumplir el Estado de derecho, quiero decirle al Ejecutivo que si le faltan elementos, instrumentos, que diga lo que falta. Y si necesita un proyecto de ley para facultar a la autoridad encargada de hacer cumplir el Estado de derecho, no creo que en la Sala haya un solo parlamentario que esté en condiciones de negar un instrumento para restituir la paz en la Región de La Araucanía.
Por último, quiero aclarar que no queremos ni pedimos la aplicación de leyes de excepción para quienes alteran el orden público o cometen delitos, sino para quienes atentan contra la vida de las personas, para los encapuchados que actúan de noche, para los sujetos que mantienen amenazados de muerte a familias campesinas y a agricultores, para los violentistas e incendiarios que se desplazan por diferentes lugares, que un día son detenidos en Cañete, a la semana siguiente en Temuco y al mes siguiente en Galvarino, y luego andan libres, planificando nuevas fechorías. Queremos leyes de excepción para los que, con violencia, pretenden arrancar determinaciones y decisiones a la autoridad.
No nos importa si estos violentistas son descendientes de alemanes, italianos, chilenos, mapuches, mestizos o españoles. Los queremos identificados y detenidos, justamente para que los alemanes, italianos, chilenos mapuches, mestizos y españoles puedan vivir en paz y progresar, porque eso es lo que quieren.
En el minuto que resta al Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
Señor Presidente , en verdad, pido coherencia a las bancadas de la Oposición. Cuando debatimos el convenio Nº 169 de la OIT, aquí lo votaron a favor. Pero luego recurrieron al Tribunal Constitucional, borrando con el codo lo que escribieron con la mano, en un intento por anular las normas internacionales que favorecen a los pueblos indígenas. Por fortuna, el Tribunal Constitucional consideró constitucional el convenio 169, y ojalá que se convierta en una realidad.
Respecto de la reforma constitucional para reconocer a los pueblos indígenas -elemento clave para iniciar la pacificación; hay que aceptar que existen; reconocerlos como parte integrante de la nación chilena-, estuve ayer en la Comisión del Senado que estudia las posibles reformas constitucionales.
¿Cuál es la opinión del senador Alberto Espina ? Que el concepto “pueblos” no viene al caso y que, en definitiva, hay que hablar de “poblaciones indígenas”, lo que es un concepto demográfico.
Por otra parte, aquí se citó al señor Jorge Luchsinger y a otras personas más que han sufrido ataques. Al respecto, debo decir que condeno esas acciones, condeno la violencia. Lo he señalado en forma reiterada. Pero no hay que dejar pasar que esos mismos señores mencionados por el diputado señor José Antonio Galilea han anunciado la conformación del “comando Trizano”, se pasean en camionetas con escopetas y amenazan con armas de fuego a la comunidad indígena.
Tiene la palabra el señor Correa Sutil, ministro del Interior subrogante.
Señor Presidente , comparto con los miembros de la Cámara presentes en la Sala que el tema mapuche y de los pueblos originarios en general, probablemente sea el desafío más crucial que debe enfrentar el Chile de hoy, y que la forma en que sea abordado por las policías, los tribunales, el Gobierno y esta Cámara de Diputados, determinará las características del Chile futuro.
En tal sentido, la necesidad de efectuar un debate sobre antecedentes históricos y críticos respecto de las políticas del Gobierno, en particular del orden público, siempre es necesario. Sin embargo, para que ese debate sea fructífero, debe ser hecho, necesariamente, sobre la base de la realidad y de los hechos constatados. De lo contrario, las acusaciones al voleo y la falta de precisión en los análisis hechos nos van a llevar a hacer diagnósticos equivocados, a transformar este tema simplemente en un debate político; se va a ideologizar y a dogmatizar. En ese ambiente, difícilmente es posible pensar en las correcciones de las políticas que el Gobierno está siguiendo, el cual siempre está abierto a recibir críticas.
Quiero limitar mi intervención sólo a formular algunas rectificaciones de hecho, de forma tal que el debate pueda continuar a través de la comisión propuesta por el diputado Tuma o del modo como esta Cámara determine, pero teniendo presentes algunos hechos que se han señalado aquí, a mi juicio, enteramente falsos.
En relación con el número de traspasos de tierra, la intervención del diputado Escalona me evita cualquier alcance al respecto.
En cuanto a la observación del diputado señor Eduardo Díaz, de que el dinero -o cullín, como dijo- destinado al pueblo mapuche se quedaba en los canastos de la burocracia estatal, no olvidemos que 14 mil de los 17 mil millones de pesos que maneja la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, van directamene al Fondo de Tierras; por lo tanto, estamos discutiendo de si los 3 mil millones restantes, que sí tienen por objeto realizar actividades de estudio, diagnóstico, en algo de ello pudieran encauzarse de manera más eficiente, de forma tal que el dinero llegara directamente al pueblo mapuche.
Respecto de la afirmación del mismo señor diputado , de que no tenemos programas de educación, debo recordarle que el Gobierno ha gastado 73.245 millones de pesos en becas indígenas. Podremos criticar el hecho de si esa administración está bien o mal hecha; pero sostener que este Gobierno no tiene una política educacional indígena nos lleva, simplemente, a hacer de esto una caricatura. En 1997, se dieron 6 mil becas, y estamos en 24 mil en 2001. Ésa es una verdad que no admite discusión. Si queremos hacer simplemente demagogia negando la realidad de los hechos, difícilmente vamos a llegar a una crítica constructiva.
Voy a entrar derechamente al tema del orden público, que me compete directamente.
Muchas de las afirmaciones que se escuchan son igualmente genéricas, en especial las críticas de la Derecha: el terrorismo se expande en las regiones Octava y Novena.
Veamos las cifras. En 2001, tenemos menos tomas, menos incendios, menos robos que pudieran ser atribuibles a actos de violencia originados por recuperación de tierras, en relación con años anteriores. Por lo tanto, es importante precisar que nuestro problema radica en que los actos de desórdenes públicos se hacen cada vez más violentos, pero a la vez más focalizados. Sólo un 2 por ciento de las comunidades indígenas han realizado, alguna vez, un acto de violencia para reclamar por sus tierras. Tenemos un problema de agravamiento de la violencia, pero no de extensión de la misma. Tenemos una violencia cada vez más focalizada.
Cuando se dice que el terrorismo se está expandiendo, quisiera que no olvidáramos que en esa zona, caracterizada como un área donde rige la impunidad y el terror, no ha existido nunca en la historia una toma de carreteras que dure más de tres horas. Quisiera saber si se puede señalar lo mismo respecto de algún país, región o provincia de América Latina.
Se sostiene que el terrorismo se está expandiendo. Quisiera que me señalaran una sola toma ocurrida en 2002 en la cual no haya habido detenidos. No estoy hablando de ocupaciones de 10 minutos, sino de alguna toma en la cual hayan participado personas con gorros pasamontaña, violenta, destinada a permanecer. Todas ellas han sido neutralizadas y en todas ha habido detenidos. Es cierto que el problema de la violencia en las regiones Octava y Novena es muy serio y que han ocurrido hechos muy graves. Hay una actividad de violencia que siembra el temor y lo expande; pero, ¡por favor!, hay también ciertos discursos que ayudan, claramente, a aumentar el temor en la zona. Entonces, si todos estamos de acuerdo en la necesidad de disminuir el temor para que crezcan las inversiones y el progreso del pueblo mapuche, no se pueden hacer afirmaciones irresponsables, como la que formularon empresarios de la zona por medio de la prensa, dando como fuente a Carabineros, en que se refieren a situaciones de violencia terrorista que jamás habían sido denunciadas a esta institución. Hicimos un estudio respecto de cada uno de los casos que allí se indicaban, y la mitad de esos hechos nunca existieron o nunca fueron denunciados a Carabineros. Denunciemos los hechos de violencia, veamos si el Gobierno está siendo responsable frente a ellos, pero, por favor, no los dupliquemos, porque estoy seguro de que nadie quiere en esta Sala sembrar el terror. Así lo espero.
Se ha dicho que el Gobierno no está cumpliendo con su deber -el diputado Cardemil lo amplía al Estado-, pero no oí decir, desgraciadamente, a ninguno de los diputados que criticaron, cuáles son exactamente los deberes que ha incumplido el Estado en esta materia y que podrían ser objeto de una acusación constitucional.
¿Cuáles son los hechos de violencia por los cuales el Gobierno no ha ejercido acciones judiciales? 14 han sido interpuestas este año, 13 personas se encuentran condenadas en esa zona, donde se dice que hay completa impunidad, y 30 se encuentran procesados en la misma.
El diputado José Antonio Galilea ha dicho que quienes cometen delitos en Cañete y son detenidos en ese lugar, a la semana siguiente son capturados en Temuco y, luego, en otros lugares. Quiero pedirle al señor diputado que me entregue esos antecedentes o los ponga él a disposición de la Corte de Apelaciones del lugar respectivo, porque esos jueces deben ser sancionados. La única actividad responsable que corresponde realizar en esos casos es pedir al ministro en visita que tome parte en esa cuestión. No tengo esos antecedentes, pero, si me los entregan, gustoso los haré llegar a la justicia y pedir que esos jueces sean sancionados.
Se pide que el Gobierno nombre ministros en visita o que aplique la ley antiterrorista, en circunstancias de que no ha dudado en ejercer las acciones que le parecen correspondientes. No dudó en aquel caso en que creyó que había una acción terrorista, por la recurrencia de los hechos y el temor que estaba provocando en la población, en invocar la legislación antiterrorista, y no dudará en hacerlo cada vez que esté convencido de que se trata de actos terroristas; pero cuando cree que se trata de un incendio, va a ejercer una acción por incendio.
Si el diputado Cardemil está convencido -como dice estarlo- de que estamos frente a un hecho terrorista, opinión de la cual discrepa el Gobierno, me pregunto por qué no interpone él o los restantes diputados una acción invocando la ley antiterrorista, ya que esto puede hacerlo cualquier particular.
El ministro en visita que se solicita en el proyecto de acuerdo puede ser pedido por cualquier persona y, desde luego, por cualquier diputado .
El Gobierno no estima conveniente invocar la ley antiterrorista cuando no ve acciones de esa naturaleza, pero no les quepa duda de que cumplirá con su deber y la va a invocar cada vez que efectivamente visualice una acción terrorista.
Al Gobierno le corresponde otorgar los recursos necesarios para que la policía pueda actuar en el lugar. Al respecto, hemos aumentado significativamente los recursos de la policía y, en particular, han resultado efectivos dos mecanismos: primero, el de proveer a la policía de un helicóptero permanente, lo que ha significado -como señalaba recién- que ninguna “toma” ocurrida en el año 2002 ha dejado de ser desalojada con rapidez y con detenidos, y segundo, visores nocturnos, que también han resultado ser un implemento indispensable, como lo demuestra el hecho de que este año ha habido muchas más detenciones y procesos por estas acciones.
Se señalaba el caso del conductor señor Boisier, cuyo atentado fue francamente condenable y uno de los hechos delictivos más violentos que se han vivido en la zona. Pero la persona que perpetró ese hecho fue detenida a las pocas horas, fue reconocida y en este momento está siendo procesada.
En el caso del fundo Lleu-Lleu, el propio Gobierno ha interpuesto las acciones necesarias, pero desgraciadamente, a juicio del Gobierno, el tribunal ha concedido la libertad incondicional a las personas que allí han operado. De todas maneras, el Gobierno continuará responsablemente ejerciendo las acciones que le competen ante los tribunales, pues está convencido -por la información que le da la policía- de que, entre las personas detenidas, hay antecedentes para presumir la responsabilidad de algunas de ellas.
No niego que puede haber casos en que el Gobierno haya incumplido con sus deberes de proveer a la policía de los recursos necesarios y de interponer las acciones ante los tribunales, porque en el Estado de derecho no nos corresponde, como Gobierno, hacer otra cosa que las dos mencionadas.
Si del discurso de algunos diputados se infiriera una crítica al Poder Judicial , considero que es allí donde ella debe hacerse y no necesariamente al Gobierno.
Es cierto, diputado señor Galilea, que no he vivido con el agricultor señor Lichtenber. Pero quiero señalarle -para indicarle que el Gobierno cumple con su deber- que esa persona tiene no sólo custodia policial, sino también el número de mi teléfono celular, y en las noches me llama frecuentemente a mi casa cada vez que tiene un problema.
El Gobierno no está desentendiéndose de la violencia que se está ejerciendo en la zona mapuche.
Por último, el hecho de que se estén creando fantasmas -y aquí se han mencionado tres- no ayuda a que crezcan las inversiones en la zona.
Primero, quiero decir responsablemente que ningún servicio de inteligencia del Estado ha detectado vínculo alguno entre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y la Coordinadora Arauco-Malleco. Los diputados señores Bayo y Cardemil han señalado que esa vinculación se encontraría en una página web de internet. Sin embargo, ustedes saben que construir una página web y escribir lo que a cualquier persona se le ocurra, es completamente gratis y desgraciadamente impune en nuestro país por la falta de capacidad técnica para detectarlo. Quisiera que no se siguiera repitiendo aquella aseveración, mientras, para formularla, no se tengan antecedentes más serios que una página web, y señalo responsablemente que las policías chilenas y los servicios de inteligencia no los tienen.
Segunda afirmación, que, me parece, tiende a sembrar más bien el temor y es completamente infundada: presumir una operación para desarmar lo que habría hecho el juez Álvarez. Me parece necesario, si creen que allí hubo una operación, señalar en qué consistió ella.
Tercero, sería poco feliz que concluyera esta sesión con la proposición de que el Presidente pida un ministro en visita. El conocimiento de los hechos de violencia que han existido en las regiones Octava y Novena se vería seriamente enervado -dadas su variedad y diversidad- por el hecho de que un solo ministro en visita intentara investigarlos todos ellos. Efectivamente, hay indicios para señalar que los actos de violencia más agudos provienen de la Coordinadora Arauco-Malleco. Sin embargo, han existido y existen otros procesos que, si se sumaran a aquéllos, no harían sino más lenta e ineficaz la acción de la justicia.
Por lo tanto, me parece que la proposición del proyecto de acuerdo no hace sino entorpecer la acción de la justicia que se está realizando en la zona.
Se va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
Proyecto de Acuerdo Nº 39, suscrito en calidad de autores por los diputados señores Díaz, Forni, Prieto, Ulloa, Longueira, Escobar y Norambuena y, en calidad de adherente, por la diputada señora Rosa González:
Que las zonas de población indígena se encuentran todas afectadas por el drama del subdesarrollo y la pobreza, por lo cual es un deber ineludible efectuar propuestas que contribuyan a aliviar la situación de numerosas personas y sus familias, afectadas por años por esta situación.
Que con estas propuestas no se pretende resolver los conflictos puntuales suscitados entre algunas comunidades indígenas con las empresas forestales, ni desalojar terrenos ocupados o evitar nuevas talas, sino que atacar lo que constituye el problema de fondo: la pobreza y subdesarrollo en que se encuentra parte importante de los chilenos que habitan las zonas rurales, muchos de los cuales forman parte de las etnias que representan nuestras más ricas tradiciones y son la base de la nacionalidad.
Que la situación de las comunidades indígenas asentadas en Chile no está dada por su condición de mapuches, o por pertenecer a otra etnia cualquiera, sino por su condición de chilenos en estado de extrema pobreza e indigencia, con falta de oportunidades y retraso en el proceso de integración al desarrollo, sin distinción de sexo, de religión ni origen étnico, tal como lo demuestran todos los estudios efectuados a la fecha por el Gobierno y diferentes centros de estudios nacionales y extranjeros.
Que este documento es una propuesta que tiene por objeto servir de aporte a la discusión; pero, por sobre todo plantear soluciones concretas, con la convicción de que estos problemas no se resuelven con palabras, sino con hechos que trasciendan las coyunturas electorales.
Que con él no se pretende restarle importancia a un problema que es real, pero sí recalcar que no es sano legislar en estas materias bajo presión en situaciones de crisis. En ambos casos, lo único que se conseguirá será mantener latente el problema y postergar una vez más una situación que el país debe asumir como tal y resolver.
Que la integración al proceso de desarrollo y la preservación de la identidad de las culturas indígenas son perfectamente compatibles, por lo que se proponen medidas tendientes a lograr ambos objetivos. No es admisible que, bajo el pretexto de no afectar la identidad cultural de las etnias, se siga manteniendo a estas comunidades aisladas y en la pobreza. Una vida desadaptada y sin integración social posible no es a lo que nuestros pueblos originarios aspiran, sino que, por el contrario, requieren de más recursos y oportunidades. Las culturas indígenas chilenas constituyen la parte más importante de la historia e identidad cultural nacionales y, por ello son demasiado ricas como para que se les mantenga como “museo étnico”, para ser exhibidas como curiosidades ante grupos de turistas y estudiosos. Se requiere integración y oportunidades; no aislamiento.
Que el Gobierno no puede restarle importancia al problema ni sustraerse a su responsabilidad ni endosarla ni presentar este problema como algo menor que afecta exclusivamente a particulares. Por el contrario, el Gobierno debe ser claro y categórico en la defensa del derecho de propiedad, ya sea de campesinos, indígenas, empresas o de cualquier otro legítimo propietario de tierras o bosques en las zonas que presentan este fenómeno. Cualquier solución al conflicto pasa por reconocer y garantizar los derechos esenciales, lo cual permitirá generar un marco de estabilidad que fomente un adecuado desarrollo.
Que, a la fecha, el Gobierno no ha dado muestras de gobernabilidad con relación a tan delicada cuestión.
Que los empresarios privados no pueden aparecer ante la opinión pública sólo como las víctimas del problema, sino que deben asumir su cuota de responsabilidad en el mismo. Es preciso reconocer que una parte de los conflictos generados entre las comunidades indígenas y las empresas privadas tiene su origen en la poco acertada estrategia de desarrollo emprendida por algunas de ellas. Sin pretender responsabilizar a estas empresas de las escasas posibilidades y oportunidades de desarrollo de los sectores rurales, es conveniente reconocer la existencia de conductas negativas, en especial en el funcionamiento de las empresas forestales aledañas a las comunidades indígenas chilenas. Las empresas deben asumir la función social que les corresponde en el desarrollo de las zonas en que se han asentado.
Que las propuestas contenidas en este documento permiten ofrecer un abanico amplio de alternativas al campesino, algunas excluyentes entre sí, de tal modo que cada cual pueda optar libremente por alguna de ellas de acuerdo con sus propias necesidades.
Oficiar a su Excelencia el Presidente de la República con el objeto de plantearle las siguientes observaciones y proposiciones en relación con el denominado “conflicto mapuche”.
I.- Servicios básicos
a)	Agua potable.
Reducir o fusionar la duración de las cuatro etapas exigidas hoy para implementar un sistema de agua potable rural. Para cumplir con este objetivo, se propone flexibilizar los requisitos de postulación de dichos sistemas de agua potable, para hacerlos accesibles a comunidades con menor cantidad de viviendas o más distantes unas de otras (menor densidad).
b)	Saneamiento básico.
Se trata aquí de proporcionar a los indígenas chilenos la información relativa a las medidas sanitarias que deben adoptarse para la realización de pozos de agua potable y fosas sépticas. El objetivo de esta medida es reducir los riesgos que las malas instalaciones en estos casos pueden acarrear.
c)	Vivienda.
Es necesario intentar difundir e impulsar los programas de vivienda rural acordes a las necesidades de las comunidades.
Las compras de tierras deben hacerse considerando la factibilidad de traslado que tienen las viviendas de las familias beneficiadas por estos programas, ya que, si las tierras entregadas no van acompañadas de la infraestructura necesaria, no son utilizadas de manera productiva.
d)	Electrificación.
Es indispensable reducir los plazos de estudio y desarrollo de los proyectos de electrificación. Para esto se propone otorgar incentivos para la participación de privados en este campo.
Por otro lado, se requiere flexibilizar los requisitos de postulación de los sistemas de electrificación, para hacerlos accesibles a comunidades con menor cantidad de viviendas o más distantes unas de otras (menor densidad).
e)	Telefonía rural.
Propone intensificar la aplicación del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, especialmente destinado a estas zonas, de forma de generar incentivos a las empresas telefónicas para llegar a lugares que, de acuerdo con sus estudios, pueden considerarse de baja rentabilidad.
f)	Saneamiento de basura.
En las áreas rurales es común que no existan vertederos oficiales o autorizados y por tanto, los desechos son depositados en forma absolutamente desordenada, sin respetar ni las mínimas condiciones sanitarias.
Se debe incentivar a las municipalidades para que erradiquen los microbasurales e instalen contenedores que permitan acumular los desechos en determinados sectores de fácil acceso para la comunidad, para que la municipalidad los pueda retirar periódicamente.
g)	Mejoramiento de vías de acceso.
Para incorporar a las comunidades indígenas al proceso de desarrollo, se requiere mejorar y mantener caminos, construir y mejorar puentes y crear sistemas eficientes de transporte público rural.
En este orden de materias se debe establecer un índice de calidad de los caminos y puentes rurales, con parámetros claros y objetivos, para determinar su estado y calidad.
h)	Programas permanentes de saneamiento de la propiedad rural.
Se propone que Conadi gestione programas permanentes de saneamiento de títulos de dominio a través de contratistas idóneos de modo de mantener actualizados, en el tiempo, los títulos de dominio de las comunidades indígenas. Además, se debe implementar un programa especial destinado a la contratación de abogados de primer nivel que se dediquen al estudio y terminación de las causas “históricas”, aún pendientes en los tribunales de justicia y de todas aquellas materias que digan relación con reclamaciones de tierras y aguas todavía pendientes.
Es indispensable que se flexibilicen los trámites para obtener y sanear los títulos. La burocracia existente en este ámbito atenta contra la dignidad de las personas.
II.	Educación y Cultura:
a)	Flexibilización de los calendarios escolares.
Se sugiere que las escuelas y liceos de comunas rurales diseñen su propio calendario escolar, de tal forma de afectar lo menos posible las actividades laborales que constituyen la principal fuente de ingreso de las familias de los estudiantes, en especial en períodos de siembra, cosecha, tala, recolección de frutos silvestres, etc.
b)	Transporte escolar rural.
Establecer sistemas de transporte rural para el traslado de los estudiantes a las escuelas en las zonas de difícil acceso, donde se carezca de él o donde haya internados. Esto supone, además, mejoramientos en infraestructura, en especial de puentes y caminos, y de adecuados incentivos al transportista rural. Se debe facilitar el acceso a la educación a los jóvenes campesinos.
c)	Fomento de escuelas técnicas y reconversión ocupacional.
Se propone privilegiar en estas zonas el establecimiento de escuelas técnicas que formen a los jóvenes en aquellas labores técnico- profesionales por las que exista mayor demanda laboral en la zona o en otras ciudades del país y que permitan la reconversión tan necesaria respecto de las comunidades indígenas y sus habitantes.
En este mismo sentido, debe incentivarse la dictación de una mayor cantidad y variedad de cursos del SENCE, con estímulos adicionales a los existentes en la actualidad, que permitan a los egresados obtener la calificación y la práctica profesional debidamente calificadas.
d)	Incentivo y creación de estímulos contra resultados.
Es necesario dar incentivos a los profesores según resultados. Esto es, un profesor que logre destacarse en su trabajo con los alumnos tendrá compensaciones monetarias o de otro tipo por su labor.
Como establecimientos educacionales y municipalidades a cargo de la educación, se deben crear planes de acción con metas concretas por alcanzar cada año y responsables de cumplirlas, ya que hoy en día el Padem no responde a las necesidades reales de los estudiantes.
e)	Disminución de la deserción escolar.
La tasa de analfabetismo en las zonas rurales se encuentra en el15%, lo que se contrapone al 3% existente en las zonas urbanas. Para paliar esta diferencia, es indispensable disminuir la deserción escolar, especialmente aguda en los niveles 7° básico y superiores. Para esto se propone la creación de un subsidio directo al transporte escolar rural, que permita que dichos niños accedan a terminar la educación básica y participar en la media en los establecimientos ya existentes en las comunas.
f)	Respeto y promoción de las culturas propias.
Se propone que el sistema educacional garantice el respeto, fomento y preservación de las más genuinas tradiciones de las respectivas culturas indígenas, lo que supone, entre otras cosas, la enseñanza de su historia y tradiciones, el respeto por sus costumbres y la preparación de profesores bilingües que dominen, además, las lenguas nativas, asegurándoles a los docentes una asignación especial de perfeccionamiento por este concepto, mientras ejerzan la docencia en las zonas con mayor población indígena.
Dada la magnitud de la emigración campo-ciudad, debe ser obligatorio que los municipios estimulen la construcción de centros, parques o complejos ceremoniales y deportivos que permitan a los indígenas reunirse, recrearse y desarrollar su cultura.
a)	Más y mejor atención en salud, sobre todo de especialidades médicas.
Se propone que, igual que en el caso de los servicios públicos, los municipios implementen sistemas móviles de salud y de atención dental en zonas rurales con alta presencia de indígenas. Es prioritario tener adecuados servicios de urgencia en sectores de difícil acceso y dar especial énfasis a los programas de prevención, lo que en materia de salud se denomina “promoción de la vida saludable”.
Es indispensable contar con mayor número de especialistas dispuestos a trabajar en estas localidades. Para esto se propone que los móviles en salud cuenten con un número de especialistas que se vayan rotando de acuerdo con los recorridos que hagan dichos móviles.
b)	Integración de la medicina tradicional con la moderna.
Se propone integrar la medicina tradicional de dichas comunidades con la moderna, esto debido a la necesidad de respetar la cultura de dichas comunidades.
IV. Fomento productivo:
a)	Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.
Es necesario desarrollar planes de fomento para la participación de las organizaciones como una forma de que se transformen en gestores de la solución de sus problemas.
b)	Programa de empleo para jefes de hogar.
Se propone la creación de un programa de empleo para jefes de hogar pertenecientes a comunidades indígenas.
En este sentido, se sugiere crear un programa transitorio que alivie la situación de cesantía que afecta a vastos sectores rurales, en muchos de los cuales existe una alta presencia de población indígena. Para estos efectos, resulta necesario asignar recursos adicionales a los municipios, a fin de que estos desarrollen proyectos intensivos en la utilización de mano de obra, que vayan en directo beneficio de la población rural e indígena de las zonas más afectadas (infraestructura, cunetas, drenajes, puentes, canales, obras viales menores, etc.).
c)	Incentivo a contratación de mano de obra local.
Se propone generar incentivos económicos a las empresas de la zona o que en lo futuro se instalen en ella, a fin de que contraten mano de obra local y, en especial, indígena.
Resulta fundamental que la creación de los programas de empleo vayan acompañados de incentivos para contratar mano de obra local, lo que les permitirá a las empresas, entre otras, a las forestales ubicadas en las zonas y a los contratistas de obras públicas, cooperar en la solución del problema de cesantía y, de paso, mejorar su imagen ante la opinión pública local y nacional.
Asimismo, estos programas deben ir acompañados de incentivos para la capacitación de dicha mano de obra, esto debido a las grandes deficiencias que presenta la educación en las comunidades rurales. Esto es indispensable para romper el circulo de la pobreza.
d)	Incentivos tributarios para apoyo de empresas.
Se propone la libre aplicación de hasta el 5% de los impuestos generados en la zona al financiamiento de alguna de las siguientes áreas: salud, educación y cultura. Asimismo, parece posible generar incentivos para que las empresas que contraten mano de obra local sujeta a contratos de duración indefinida y que tengan sus centros de operación en las comunas rurales, reinviertan sus utilidades sin pagar impuestos o cargar a gasto partidas que, por regla general, no están autorizadas.
e)	Intensificar programas de asistencia técnica productiva. gestión y comercialización de los productos.
La política impulsada por el Gobierno, en materia de proporcionar tierras a los campesinos, no es suficiente si no está acompañada de la. posibilidad de acceder a créditos para financiar proyectos productivos.
Es fundamental capacitarlos en el uso de sus recursos, más aun cuando estos son escasos.
En este sentido, y aunque ya existe, debe fomentarse aun más, la forestación con especies nativas o exóticas, maderables, frutales o medicinales, tales como quillay, boldo, avellano, castaño, áloe, tilo, olivo, raulí y otras con propiedades especiales, por sus alternativas comerciales, que puedan ser explotadas y que, además, cumplan con el objetivo de contribuir a la preservación del medio ambiente.
Asimismo, es importante que los productos obtenidos a partir de las plantaciones tengan acceso a redes comerciales de distribución que les garanticen un precio óptimo y adecuada comercialización de las maderas, frutos y subproductos.
f)	Fomento para la creación de pequeñas y medianas empresas y fortalecimiento de la asociatividad.
Las nuevas Pymes que surjan en las zonas deprimidas deben gozar de preferencias que les permitan postular con éxito a propuestas públicas de suministro de bienes y servicios. (Ej.: leche, verduras, legumbres a programas Junaeb dirigidos a escuelas locales o a servicios de salud, etc.)
V. Instituciones de apoyo:
Es necesario contar con métodos eficientes que proporcionen información oportuna para las personas y sus respectivas organizaciones.
a)	La acción de los gobiernos locales en este ámbito.
Los gobiernos locales deben aprovechar las circunstancias actuales donde el gobierno central esté priorizando la asignación de recursos a las etnias indígenas, para así apoyar los proyectos educacionales y de cultura indígena, haciendo a ésta parte de la vida comunal.
Los gobiernos locales deben realizar todos los esfuerzos necesarios para que los buenos proyectos e iniciativas tengan posibilidades de ser financiados y, consecuencialmente, se logre crear nuevos recursos para la población de dichas comunidades.
b)	Servicios públicos móviles.
Para lograr el objetivo indicado en la letra anterior, se deben además, acercar los servicios públicos y municipales a las comunidades rurales. Es fundamental que los principales servicios públicos se encuentren disponibles en las comunas con altas tasas de ruralidad y que los municipios respectivos implementen un sistema de móviles de atención de sus principales servicios para que concurran a las zonas rurales, dando de esta forma la posibilidad a los habitantes de estos sectores, en especial a los indígenas chilenos, de realizar sus trámites más frecuentes ( Registro Civil , Indap, oficinas de Conadi, servicios sociales, etc.). Un elemento importante de considerar es que los miembros de las comunidades indígenas rurales pierden casi la cuarta parte de su tiempo útil en la realización de estos trámites en centros urbanos próximos, con un importante costo alternativo y en la mayoría de los casos sin resultados positivos.
c)	Reorientación de la acción de Indap.
Hasta la fecha, Indap ha cumplido un rol social con respecto a la agricultura, lo que ha significado enormes pérdidas económicas para el país. Por esto, es indispensable que dicha institución se concentre en los temas de desarrollo productivo y que deje los problemas sociales a otros organismos del sector público.
Indap cuenta con dos tipos de programas: por un lado, están los que apuntan a mejorar el patrimonio natural, a través de planes de mejoramiento y recuperación de suelos, reforestación, protección de cuencas, entre otros; y, por otro lado, están los programas de apoyo técnico y crediticio para desarrollar una producción sustentable en el tiempo.
En el primer caso, los programas deben realizarse independientemente de la persona o de las comunidades. Es una inversión a largo plazo en recurso natural y que será rentable en el tiempo, si es aplicado en conjunto con programas de capacitación en técnicas más adecuadas al medio.
En el segundo caso, que pretende fomentar el desarrollo productivo, se deben desarrollar programas que incorporen los elementos de cada cultura, pero que tiendan a implementar una agricultura sustentable y rentable en el tiempo. Este fomento debe basarse en tres elementos fundamentales:
La capacitación y el apoyo técnico deben ir orientados a una producción más eficiente, a través de la incorporación de nuevas técnicas de cultivo y de conceptos de desarrollo de negocio, para complementar la actividad productiva con la comercialización de los productos.
El financiamiento debe ser trasparente y sólo ser concedido a proyectos que estén supervisados por Indap y cuenten con una proyección sustentable en el tiempo.
d)	Reformulación de la Conadi y una nueva legislación.
Se propone reformular la Conadi para que efectivamente gestione y alcance las soluciones para las zonas rurales con alta presencia indígena. Debe ser un organismo despolitizado y desideologizado, pero con una alta sensibilidad y compromiso con los reales problemas que afectan al mundo indígena chileno. Más que un organismo ejecutor y asignador de recursos (donde se ha demostrado incompetente hasta la fecha), se sugiere que sea un coordinador y gestionador de esfuerzos para dar solución a la problemática indígena. Así, velaría por la integralidad de las soluciones, utilizando los esfuerzos de los actores más idóneos, sean ministerios, municipios, privados, fundaciones sin fines de lucro, etc.
Dada la importancia que ha tenido la adquisición y asignación selectiva de tierras, se propone modificar el actual sistema en esta materia. Si lo que se pretende es favorecer a los habitantes de zonas rurales con alta presencia indígena, debe establecerse un programa claro y ordenado de adquisición de tierras en los casos imprescindibles, en lugares lo más cercanos posible a sus comunidades de origen, donde primen criterios técnicos y no presiones o consideraciones de otro orden.
Hay que enfatizar que la pobreza indígena y el estado de su cultura no se solucionan ni perpetúan con la compra de tierras, sino con un actuar integral como el que se intenta con estas propuestas.
En este sentido, el mecanismo de adquisición de tierras debe exigir ofertas públicas transparentes, precios de mercado y los resguardos que sean necesarios para evitar los abusos y sobreprecios que se pagan en la actualidad. Además, es indispensable que las tierras adquiridas permitan el desarrollo de actividades rentables, ya sea de agricultura moderna o de desarrollo turístico.
Es conveniente que las asignaciones se efectúen sobre la base de postulaciones individuales, sin perjuicio de que se puedan adquirir terrenos en común, donde los miembros de las comunidades indígenas chilenas puedan compartir sus costumbres y tradiciones. De esta forma, se defiende la propiedad privada y se incentiva el esfuerzo de cada persona, junto a su capacidad de trabajo e innovación.
Por otra parte, es fundamental establecer un sistema objetivo y claro respecto de la asignación de estas tierras, y no responder a las presiones de fuerza.
En relación con la legislación vigente, se propone modificar drásticamente la ley indígena, pues se trata de un cuerpo normativo que no ha representado mejora alguna en las condiciones de vida de la población indígena y porque, además, tiene como premisa fundamental que sus destinatarios y principales favorecidos se encuentran en una suerte de estado de “interdicción”, incapaces de tomar decisiones por sí solos y reacios a integrarse al desarrollo.
No parece que la solución del problema indígena chileno pase por una legislación que, además de ineficiente, es discriminatoria respecto del resto de los habitantes de nuestro territorio, muchos de los cuales tienen los mismos o mayores problemas que aquellos que afectan a las comunidades rurales indígenas y presentan un elevado porcentaje de mestizaje.
La ley tiende a transformar a las comunidades indígenas en verdaderos “guettos étnicos”, junto con atomizar fuertemente sus organizaciones, con los consiguientes conflictos y divisiones que ello genera.
Por lo tanto, es fundamental permitir que las personas puedan disponer de sus tierras, lo que, además, les permitirá acceder a créditos mediante hipotecas u otras formas de disposición, a elección de los interesados.
La actual situación de “interdicción” en que se encuentran los habitantes de zonas rurales indígenas les impide acceder a créditos y, con ello, desarrollar eventuales proyectos productivos, como asimismo la posibilidad de realizar negocios alternativos con sus tierras.
e)	Creación de comités de resolución de conflictos menores.
Consiste en la creación de instancias de resolución de conflictos locales que actúen como una especie de “jueces de paz”, dependientes de los juzgados de policía local, con procedimientos fáciles y expeditos que permitan solucionar en forma oportuna conflictos puntuales, propios del mundo rural, que puedan surgir entre vecinos, tales como problemas de deslindes, accesos, servidumbres, daños por acción de los animales, liquidación de medierías, etc.
En el mismo orden de cosas, se propone la creación de instancias de coordinación comunal presididas por el alcalde o los jefes de servicios municipales, que tengan por objeto prevenir y resolver conflictos de tipo medioambiental o vial que se susciten entre las comunidades campesinas rurales y las empresas. Esta instancia comunal podría, dentro de su ámbito de acción, acordar la mejor forma de realizar obras, faenas o labores rutinarias en que puedan verse afectadas las aguas, siembras, fauna, flora, caminos y puentes de una comuna.
f)	Fomento a las institucionesprofesionales.
Establecer un premio nacional a las universidades, centros de investigación o particulares que desarrollen proyectos productlvos factibles simultáneamente con el desarrollo del bosque, tendientes a aprovechar el suelo de éste en otros cultivos que generen actividad económica adicional”.
Señor Presidente , el señor Secretario ha dado lectura al proyecto de acuerdo Nº 39.
Hay otros dos proyectos de acuerdo, Nºs 40 y 41, que aún no se han leído.
Junto con otros señores diputados, soy autor del proyecto de acuerdo Nº 41, en el cual solicitamos al Gobierno la designación de un ministro en visita para tratar el problema que nos convoca.
Al respecto, el Gobierno ha dicho que no va a acceder a esa petición.
Hemos tomado nota de esa decisión y hemos decidido retirar el proyecto de acuerdo; luego vamos a estudiar el momento oportuno para hacer el requerimiento correspondiente, si procede, como simples ciudadanos.
Señor Presidente , en la línea criteriosa señalada por el diputado señor Cardemil , quiero precisar que el Reglamento especifica con toda claridad los tipos de sesiones y su clasificación.
Concretamente, la presente sesión corresponde a las que el artículo 68 califica de sesiones pedidas; está llamada como sesión especial, pero estrictamente es sesión pedida, es decir, aquellas que pide un tercio de los diputados y cuyo objetivo se especifica en la convocatoria correspondiente.
Reglamentariamente se rigen por el artículo 74 y se efectúan para tratar un objeto específico, el cual está en el texto de la convocatoria.
Con la misma flexibilidad y buen criterio del diputado señor Cardemil , le pido al diputado señor Díaz que retire el proyecto de acuerdo Nº 39, para que sea tratado en la sesión ordinaria que él estime conveniente, o bien que la Mesa lo retire por no corresponder a la idea matriz para la cual ha sido convocada esta sesión.
Por lo tanto, no corresponde votar el proyecto de acuerdo.
El señor DÍAZ .-
Señor Presidente , cuestión de Reglamento.
Señor Presidente , voy a dar lectura a algunos artículos del Reglamento y a defender mi posición.
En el inciso segundo del artículo 113 del Reglamento, en relación con los proyectos de acuerdo, se señala que también tendrán cabida en las sesiones especiales y en las pedidas cuando se refieran a las materias motivo de su convocatoria.
Por su parte, en el Nº 16 del artículo 1º del Reglamento se establece que los proyectos de acuerdo se presentan con el objeto de adoptar acuerdos o sugerir observaciones sobre los actos del gobierno, o bien, obtener un pronunciamiento de la Corporación sobre temas de interés general.
En el proyecto de acuerdo en cuestión se señala que la Cámara de Diputados acuerda plantear al Gobierno las siguientes observaciones y proposiciones en relación con el denominado “conflicto mapuche”, que es parte de lo señalado en la convocatoria para la presente sesión.
Para referirse a un asunto reglamentario, tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
Señor Presidente , parte de la tradición, de lo que hemos hecho siempre en el marco reglamentario para sesiones como ésta, es que cabe cualquier materia relacionada con el objeto central de la misma.
Me parece que el proyecto de acuerdo está dentro del marco de las materias que se pueden tratar en la sesión, porque tiene que ver con el conjunto de situaciones que afectan a los pueblos indígenas.
El problema es que no dejaron entrar al subsecretario de Mideplan , quien debió aclarar qué se está haciendo sobre cada uno de estos temas. Lo serio -si quieren que votemos como corresponde- sería dar al subsecretario la posibilidad de explicar estas materias. De lo contrario, parece una declaración de intenciones que no guarda ninguna relación con lo que el subsecretario de Mideplan , encargado de esta materia, está haciendo.
De no ser así, no queda otra cosa que votar en contra del proyecto, porque parece más bien una maniobra publicitaria que un intento real de avanzar en el desarrollo de las políticas hacia los sectores indígenas.
Señores diputados, la Mesa no tiene dudas en cuanto a que el proyecto de acuerdo es reglamentario.
En votación el proyecto de acuerdo Nº 39.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 27 votos. Hubo 2 abstenciones.
-Por fallas en el sistema electrónico, el resultado de esta votación no fue impreso.
Para referirse al proyecto de acuerdo Nº 40, tiene la palabra el diputado señor Bayo.
Señor Presidente , en relación con el proyecto de acuerdo Nº 40, debo hacer una aclaración, en cuanto a que es concordante con los objetivos precisos de esta sesión especial. A la vez, debemos velar por lograr un consenso que justifique plenamente ese objetivo, y que sea el inicio de un camino que dé mayor seguridad a la parte sur de la Octava Región y a la Novena Región, para lo cual se ha conversado con los diputados firmantes, con los Comités de la Concertación, incluso con el señor subsecretario, a fin de introducir una pequeña modificación al proyecto, que quedaría redactado en los siguientes términos:
1.	Expresar su completo rechazo y condena a la utilización de la violencia en cualquiera de sus formas, como método de reivindicación de tierras o con la finalidad de arrancar decisiones de la autoridad o de inducir a la autodefensa”. (Ésa sería la modificación concordada).
“2. Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República que, como una forma de dar amparo a los ciudadanos que han sido víctimas de estos hechos de violencia y de reafirmar ante la ciudadanía en general la confianza en la vigencia del Estado de derecho, disponga que el Gobierno se haga parte en la totalidad de los procesos judiciales iniciados a raíz de estos delitos violentos en contra de las personas”.
Esto ha sido conversado con el señor subsecretario, y aparentemente habría consenso para dar la unanimidad, como una señal positiva, como resultado de esta sesión especial.
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Saffirio.
Señor Presidente , la Democracia Cristiana concuerda plenamente con el proyecto al que acaba de dar lectura el diputado señor Bayo, en el entendido de que ha sido rectificado como una prueba de la buena fe con que los diputados de Renovación Nacional, particularmente de las regiones Octava y Novena, han buscado la forma de enfrentar el problema.
Por lo tanto, dará su aprobación al proyecto de acuerdo en cuestión.
El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo.
El proyecto de acuerdo dice así:
Que es una realidad que vastos sectores de las Regiones IX y VIII, en los que se encuentran situadas mayoritariamente las comunidades mapuches, presentan índices de pobreza y marginalidad que superan los de la generalidad de los sectores rurales, especialmente minifundistas, que se caracterizan por sus bajos niveles de productividad, dificultades de acceso a créditos y asistencia técnica, y la endémica limitación de la extensión de sus propiedades, afectadas, además, por una galopante subdivisión.
Que a lo anterior se suma el hecho de que muchas veces grandes sectores de las comunidades mapuches han visto limitado su acceso a los programas sociales del Estado, así como a los beneficios en materia de salud y educación, situación que representa para ellos una desventaja adicional, al acentuar su marginalidad y dificultarles las posibilidades de mejorar su situación.
Que no puede desconocerse que, en un proceso histórico sobre el cual existen diversas interpretaciones, las comunidades mapuches se han visto sometidas a sucesivos regímenes legales protectores excepcionales, sistema que muchas veces conspiró en contra de su desarrollo y prosperidad y no fue capaz de impedir que, en épocas pasadas, vieran disminuida la superficie de las tierras que les habían pertenecido ancestralmente, no obstante los esfuerzos de diversas Administraciones por reponer parte de estas tierras mediante variados mecanismos.
Que, además, estos compatriotas han sido objeto, durante décadas, de una sucesión de promesas incumplidas, por lo que explicablemente pueden sentir que han sido víctimas de un trato poco serio o incorrecto de parte de los sectores dirigentes y de los Poderes Públicos.
Que situaciones como la descrita, acompañadas por una pobreza y marginalidad respecto de la cual quienes la sufren no vislumbran una salida en el corto plazo, y la falta de efectividad de las medidas adoptadas por la autoridad para mejorar la situación de estos compatriotas presentan un campo fértil para la aparición de tensiones y conflictos, originados por la falta de respuestas efectivas para la solución de su precaria condición.
Que, no obstante lo anterior, la inmensa mayoría de las comunidades mapuches, constituidas por chilenos honrados y trabajadores, han optado tradicionalmente por el esfuerzo personal y familiar para mejorar su propia situación y por representar sus legítimas aspiraciones y reclamos a la autoridad por las vías democráticas y legales, sin recurrir a medios ilícitos o violentos.
Que, en contraste con el sentido de respeto a la ley y al orden que caracteriza a esta inmensa mayoría de las comunidades mapuches, desde hace unos años se ha visto surgir grupos minoritarios organizados, que han optado por recurrir a la violencia como método de obtención de tierras, recurriendo para ello a la toma ilegal de predios particulares; al incendio; al robo; a los atentados contra la vida de las personas y a la amenaza, a fin de arrancar decisiones a la autoridad.
Que la reiteración de estos actos de violencia, acompañados de la sensación de su impunidad, ha provocado en la población de estas regiones en general, y en los sectores productivos en especial, el justificado temor de ser víctimas de actos de la misma naturaleza, lo que ha traído como consecuencia una virtual paralización de una parte de las actividades económicas locales y la deserción de numerosas inversiones y proyectos productivos que habrían contribuido al desarrollo y progreso de dichas regiones.
Que el estado de alteración del orden público que estos hechos provocan en parte importante de estas regiones, dificulta y, en ciertos casos hace imposible el normal desarrollo de las actividades y el libre ejercicio de los derechos constitucionales por parte de una importante porción de ciudadanos, que se siente desamparada.
Que este estado de cosas, lejos de contribuir a mejorar la situación de las comunidades mapuches, las perjudica, ya que está provocando una baja generalizada de la actividad económica, que restringirá aun más sus perspectivas, disminuyendo la oferta de fuentes de trabajo y de mejoramiento laboral, y hace surgir el riesgo de que se caiga en injustas generalizaciones que hagan aparecer indeseables sentimientos de hostilidad contra las comunidades mapuches, que son completamente inocentes y ajenas a la acción y propósitos de pequeños grupos violentistas.
Que la Cámara de Diputados, como órgano de representación popular, no puede permanecer indiferente ante los hechos señalados, por lo que debe precisar con claridad, ante la comunidad nacional y ante el Supremo Gobierno, su posición frente a este estado de cosas.
Expresar su completo rechazo y condena a la utilización de la violencia en cualquiera de sus formas, como método de reivindicación de tierras o con la finalidad de arrancar decisiones de la autoridad o inducir a la autodefensa.
Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República que, como una forma de dar amparo a los ciudadanos que han sido víctimas de estos hechos de violencia y de reafirmar ante la ciudadanía en general la confianza en la vigencia del estado de derecho, disponga que el Gobierno se haga parte en la totalidad de los procesos judiciales iniciados a raíz de estos delitos violentos en contra de las personas”.
Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Burgos, Cardemil, Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Escobar, Espinoza, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Letelier (don Felipe), Longueira, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Monckeberg, Montes, Muñoz (don Pedro), Navarro, Norambuena, Ojeda, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Paredes, Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Venegas, Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
Ha llegado a la Mesa otro proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Álvarez para un asunto de Reglamento.
Señor Presidente , es la segunda vez que se presenta un proyecto de acuerdo al final de la sesión, y no hemos tenido ocasión de analizar los considerandos.
Señor diputado, el problema es que el proyecto de acuerdo fue presentado a última hora.
El señor Secretario le va a dar lectura.
El proyecto de acuerdo dice:
“1. Solicitar a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, que ponga en Tabla y despache el proyecto de acuerdo que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados y crea la Comisión permanente de Pueblos Originarios, Etnias y Patrimonio;
2.	Solicitar al Presidente de la República que instruya a Mideplan, a fin de que informe sobre el proceso de adjudicación de tierras por parte de la Conadi, señalando qué comunidades han sido beneficiadas en cada región;
3.	Solicitar al Presidente de la República que informe sobre el avance de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, que busca generar una nueva relación entre el Estado, la sociedad chilena y las comunidades indígenas del país;
4.	Reiterar la necesidad de que el Senado de la República despache a la brevedad la reforma constitucional que establece el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios de la nación chilena, de acuerdo a la indicación enviada por el Ejecutivo, y
5.	Reafirmar nuestro rechazo a la violencia producida con motivo del conflicto mapuche, particularmente en las regiones Octava y Novena, y reiterar la necesidad de que estos hechos sean investigados y sancionados por los tribunales de justicia?.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Por no haberse alcanzado el quórum requerido, se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 5 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Señor Presidente , no entendimos lo que pasó. Pensamos que su Señoría llamaría a votar a los señores diputados por cinco minutos.
Si en la segunda votación tampoco se reúne el quórum, se llama a los señores diputados por cinco minutos, que es lo que vamos a hacer a continuación.
Por no haberse alcanzado nuevamente el quórum requerido, se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
De conformidad con las disposiciones reglamentarias, declaro fracasada la sesión.
Por lo tanto, ordeno cerrar las puertas de la Sala y pido a las señoras diputadas y a los señores diputados pasar a firmar la lista de asistencia.
-Se levantó la sesión a las 18.57 horas.
“Valparaíso, 14 de mayo de 2002.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de ley que otorga un bono a los funcionarios públicos que indica, correspondiente al boletín Nº 2920-05.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 3744, de 8 de mayo de 2002.
(Fdo.): CARLOS CANTERO OJEDA , Presidente (S) del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario del Senado ?.

References: artículo 1
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 1
 artículo 2
in fine
 resolución 
 resolución 
 artículo 68
 artículo 74
 artículo 113
 artículo 1