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Timestamp: 2018-06-19 16:19:24+00:00

Document:
Gaceta: LXIII/3SPO-90/79149
SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO,
La suscrita Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracciones II, 276, numeral 1, fracción I y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esa H. Asamblea, como de urgente resolución, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se llama a comparecer al Presidente de la Junta Directiva del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, (CONACEM), Doctor Onofre Muñoz Hernández, para que detalle las acciones que dicho comité realiza como órgano auxiliar de la Secretaría de Salud, así como cuantas opiniones y en qué términos las ha emitido, de acuerdo a lo previsto en el artículo 81 de la Ley General de Salud, así como todo lo relacionado al ejercicio de las aportaciones o recursos económicos que el organismo auxiliar de dicha dependencia pública recibe de manera directa o indirecta por el ejercicio de sus atribuciones desde el año del 2011 hasta la fecha en que tenga lugar dicha comparecencia, con base en las siguientes:
Nuestra Ley General de Salud vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona de acuerdo a lo previsto en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de igual manera establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.
Esta legislación federal como otras, ha sido sujeta a aproximadamente 111 reformas, es decir que sus 312 artículos han sido reformados, adicionados e incluso derogados para incluir disposiciones que muchas de ellas no son técnica ni jurídicamente viables.
Ejemplo palpable de esta falta de técnica y lógica jurídica de preceptos normativos lo es el Decreto por el que se reforman los artículos 81, 83, 271 y se adiciona el artículo 272 Bis, 272 Bis 1, 272 Bis 2, 272 Bis 3 de la Ley General de Salud que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de septiembre de 2011, hay que hacer notar que las tres iniciativas que dieron pie al citado decreto fueron presentadas en el Senado de la República en el año de 2009, durante la LXI Legislatura por los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, influenciados por la Academia Nacional de Medicina de México, la Academia Mexicana de Cirugía y la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, todas estas son asociaciones civiles, constituidas supuestamente sin fines de lucro, pero que han hecho todo lo posible para monopolizar el ejercicio profesional de los especialistas médicos y beneficiarse económicamente por ello.
Las Asociaciones Civiles que han quedado mencionadas, influenciaron a los Senadores de la LXI Legislatura para que reformando los artículos 81, 83, 271 y adicionando los artículos 272 Bis, 272 Bis 1, 272 Bis 2, 272 Bis 3 a la Ley General de Salud, pudieran monopolizar las especialidades médicas en nuestro país, así como para conformar un negocio muy remunerador, ya que dichas asociaciones civiles en contubernio con otras asociaciones civiles que estás previamente autorizarían, son las únicas que pueden dar opinión para la obtención de cédulas profesionales de especialidad médica y para que los especialistas se tuvieran que certificar y recertificar cada determinado tiempo y cobrarles por ello.
Derivado de la reforma del artículo 81 de la Ley General de Salud que ha quedado mencionada, se crea el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, mejor conocido como CONACEM, que aunque es una Asociación Civil, los Legisladores de la LXI Legislatura contrariamente a derecho, le dieron la naturaleza de organismo auxiliar de la Administración Pública Federal para que supervisará el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que se requiere para la certificación y recertificación de la misma en las diferentes especialidades de la medicina, que han sido reconocidas por el mismo Comité y en las instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.
Esa atribución que se considera irregular y a todas luces fue concedida para monopolizar las especialidades en México, situación que atenta y viola el libre ejercicio de profesión a que tienen derecho todas y todos los mexicanos, así como a la libre competencia profesional, ya que bajo un falso estandarte de protección a la salud de los mexicanos, se crearon entes que son Particulares y a la vez son autoridades, nada más contradictorio para la función pública y que han dado oportunidad a que el CONACEM y los 47 Consejos de especialidades médicas que tienen su declaratoria de idoneidad (aval de CONACEM para cobrar por certificar y recertificar, más otros imposiciones que tienen un costo económico) permitan o no que un Especialista Médico que ya curso estudios, realizó práctica médica y fue evaluado por Instituciones Educativas y de Salud durante cuatro o cinco años que duró su Residencia Médica, pueda o no obtener su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública y para que puedan ser certificados o recertificados ya que de no estarlo, no pueden ejercer su especialidad.
Otra atribución contraria a derecho que se le concedió a CONACEM (constituido por la Academia Nacional de Medicina de México, la Academia Mexicana de Cirugía y los Consejos de Especialidad miembros, todos asociaciones civiles particulares), es la de que sólo este comité puede dar declaratoria de idoneidad y reconocimiento a los Consejos de Especialidades Médicas y sólo otorga uno por especialidad, situación que pone a México en un estatismo, permite las prácticas monopólicas que van en contra de la libertad de ejercicio, de la libre competencia y de todas las medidas y acciones tendientes a la modernidad.
Se recalca que sólo CONACEM y los Consejos de Especialidades Médicas que este comité reconoce, son los únicos en México facultados para expedir certificados de su respectiva especialidad médica.
Sin duda, la atribución contenida en el artículo 81 de la Ley General de Salud que más atenta y viola los derechos subjetivos de los especialistas médicos en nuestro país, es el hecho de que para la expedición de la cédula de médico especialista las autoridades educativas competentes tienen que solicitar la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), es decir, resulta desafortunado que una autoridad federal como lo es la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública, se someta o se supedite a un ente particular como lo es CONACEM, para que pueda expedirle a un especialista que ya recibió un título o diploma que avala sus conocimientos, pericia y habilidad, siendo que quien debería de dar dicha opinión es un ente, dependencia pública o autoridad del Estado Mexicano o de la Administración Pública Federal, un ente que tiene que ser objetivo e imparcial y no una asociación civil como CONACEM que no es transparente ni para hacer del conocimiento de los especialistas el mecanismo o proceso que implementa para valorar y justificar el resultado de su opinión.
Otro aspecto que se considera desatinado y falto de racionalidad jurídica, fue que el citado decreto de reformas de la Ley General de Salud de 2011, contiene la adición de un Capítulo IX BIS, denominado del Ejercicio especializado de la Cirugía que consta de los artículos 272 Bis a 272 Bis 3, en los que no se definen los procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad, y establece de manera arbitraria que las personas que los quieran ejercer deberán contar con Cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades educativas competentes, Certificado vigente de especialista que acredite capacidad y experiencia en la práctica de los procedimientos y técnicas correspondientes en la materia, expedido por el Consejo de la especialidad correspondiente, es decir que la propia disposición jurídica garantiza que CONACEM y sus 47 Consejos de especialidades médicas, sean los únicos que puedan dar dichas certificaciones o recertificaciones que les generan cuantiosas cantidades de dinero al año, además de los congresos médicos y cursos que organizan y que cobran sin que se sepa a qué se destinan los recursos obtenidos.
De igual manera, otra situación que se considera oscura y tendiente a beneficiar sólo a un pequeño grupo de médicos especialistas, como es el caso de los Cirujanos Plásticos y Reconstructivos, es que de acuerdo al sentido de los enunciados normativos contenidos en los artículos 272 Bis, 272 Bis 1, 272 bis 2 y 272 Bis 3 de la Ley General de Salud, es que no se definen los actos quirúrgicos, no se hace una clasificación de los mismos, toda vez que son distintos y sus efectos también son diferentes y erróneamente han interpretado para su conveniencia, que sólo los Cirujanos Plásticos pueden realizar Cirugía Estética, cuando dichas cirugías se realizan para embellecer el aspecto o partes del cuerpo de personas sanas, aspectos muy diferentes al restablecimiento de la funcionalidad de un paciente enfermo que ha sufrido algún trauma, que nació con una deformidad o que sufrió quemaduras, pero que estos últimos actos no les representan las grandes ganancias económicas como las grandes cantidades de dinero que ganan por realizar cirugías estéticas.
Ante esta serie de actos que pueden considerarse como arbitrarios, poco transparentes e irregulares por parte de CONACEM, no es dable seguir tolerándolos, por lo que ha llegado el momento de exigirle rendición de cuentas, así como que transparente su actuar, toda vez que el materializar sus facultades puede influir positiva o negativamente en el ejercicio profesional de una especialidad médica y sobre todo, por que recibe recursos económicos públicos y de los particulares, ya que las certificaciones y recertificaciones tienen un costo que va de los trece mil a los diecisiete mil pesos, dependiendo del precio fijado por los consejos de las especialidades médicas autorizadas mediante el reconocimiento de idoneidad que el mismo CONACEM otorga a las asociaciones civiles que fungen como los mencionados consejos.
Estos aspectos que son contrarios a derecho que se han venido mencionando, han sido expuestos por diversos médicos que externan que el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM) realiza sus funciones en total opacidad, hermetismo y hasta de manera arbitraria, toda vez que cuando han solicitado de manera directa información sobre el estado en que se encuentra la opinión que debe remitir a las autoridades educativas o para solicitar audiencia para tratar algún tema relacionado con certificaciones o recertificaciones con el Presidente de dicho comité o con personal técnico del organismo auxiliar de la Administración Pública Federal, no les han dado respuesta de manera debida, incluso se tiene conocimiento de solicitudes de audiencia formuladas al Presidente del CONACEM que jamás han recibido respuesta.
Resulta desafortunado que una asociación civil, como lo es el CONACEM, cuente con atribuciones tan trascendentales para la formación profesional de un médico, ya que dicho comité al ser una persona moral particular, puede excederse en sus atribuciones y hasta negar arbitrariamente la certificación o recertificación a un egresado de una especialidad médica, con la consecuencia violación a sus garantías y derechos constitucionales de que no podrá ejercerla, como es el caso de los cirujanos plásticos y reconstructivos, que si no cuentan con dicha certificación, no podrán realizar actos quirúrgicos de especialidad, esa tan importante labor de avalar, certificar, recertificar y emitir opinión para que un especialista pueda obtener su cédula profesional son acciones que deben ser realizadas por una institución o ente público del Estado Mexicano que obre de manera imparcial y respetando el libre ejercicio y el derecho a la transparencia en los procesos evaluativos de conocimientos de la ciencia médica.
No es la primera ocasión que Legisladores de la LXIII Legislatura hemos considerado necesario que el CONACEM debe cumplir a cabalidad con las disposiciones de la Ley General y de la Ley Federal en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que regulan el derecho humano de acceso a la información y que implica que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, como lo es el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y los respectivos Consejos, es pública y debe ser accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establecen en dichas legislaciones, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias.
Se estima que el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, asociación civil particular y a la vez organismo auxiliar de la Administración Pública Federal, no está cumpliendo con el objetivo para el que fue creado y que fue el de ser garante ante la Sociedad, del profesionalismo de los especialistas y de dar certeza de que cuentan con los conocimientos, las destrezas y aptitudes necesarias para su ejercicio y, al mismo tiempo, reconocerle al médico especialista sus capacidades profesionales.
Se considera que el CONACEM no acata a cabalidad la ley, no hace accesible, ni publicita de manera debida sus actividades sustantivas como son la asignación de la declaratoria de Idoneidad y del reconocimiento de consejos de especialidades médicas para la certificación y recertificación de especialidades médicas; la supervisión para que los consejos cumplan con la normatividad establecida para la expedición de certificados de especialidad y de la recertificación; la atención de inconformidades presentadas por los consejos y los médicos especialistas, y para emitir la opinión a que se refiere el quinto párrafo del artículo 81 de la Ley General de Salud, para que los autoridades educativas puedan expedir la cédula de médico especialista, situación que afecta la transparencia y la rendición de cuentas y que también implica la complacencia de la Secretaría de Salud, que no pone orden en las funciones que debe desarrollar CONACEM como organismo auxiliar.
En ese sentido, se considera de la mayor importancia que se lleve a cabo a la brevedad una comparecencia ante la Comisión de Salud del Senado de la República del Presidente del órgano auxiliar denominado “Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas”, CONACEM, toda vez que dicha asociación civil ha sido opaca en las acciones y ejercicio de sus atribuciones.
ÚNICO. El Senado de la República, llama a comparecer al Presidente de la Junta Directiva del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, (CONACEM), Doctor Onofre Muñoz Hernández, para que detalle las acciones que dicho comité realiza como órgano auxiliar de la Secretaría de Salud, así como cuantas opiniones y en qué términos las ha emitido, de acuerdo a lo previsto en el artículo 81 de la Ley General de Salud, así como todo lo relacionado al ejercicio de las aportaciones o recursos económicos que el organismo auxiliar de dicha dependencia pública recibe de manera directa o indirecta por el ejercicio de sus atribuciones desde el año del 2011 hasta la fecha en que tenga lugar dicha comparecencia.
Dado en el Salón de la Comisión Permanente el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho.
SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79149

References: artículo 81
 artículo 4
 artículo 272
in fine
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 81
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