Source: https://www.issuu.com/raluna/docs/rev_economiacampesina-ed04-jul-2016
Timestamp: 2018-10-17 15:04:22+00:00

Document:
ยกExpediciรณn ANUC por la paz!
LUIS ALEJANDRO JIMÉNEZ CASTELLANOS	JOSÉ ALIRIO GARCÍA SERNA
JOSÉ MARTÍNEZ GUCHUVO	NILSON ANTONIO LIZ MARÍN
ALBA YOLIMA BENITO CLAVIJO	ROSMI ROJAS LUNA
EDGAR ALBERTO ANGARITA	ANDERSON MUÑOZ
JAVIER JOSUÉ VIDAL JUAN ESTEBAN PUJIMUY JOSÉ ORLANDO VIZCAINO	HERLINDA CORTÉS EDER SÁNCHEZ
Fiscal Nacional ANUC JOSÉ FERNEL AMAYA
Tribunal de Garantías Conciliación y Disciplina - ANUC GASPAR NARVÁEZ HERNÁNDEZ	MARTHA ALEXANDRA VILLAMIL
Economía Campesina |ed-04 | Julio - 2016
Diseño y Diagramación Búhos Editores Ltda., Luis A. Jiménez Roa
Edición Búhos Editores Ltda.
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JUNTA DIRECTIVA EXPEDICIÓN ANUC POR LA PAZ PARA UNA ECONOMÍA CAMPESINA VIABLE EL CAMPESINADO: EN EL CORAZÓN DE LOS ACUERDOS DE LA HABANA MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y JUSTICIA RURAL EN EL POSTCONFLICTO ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN CAMPESINA “ENFOCA” LA POLÍTICA PÚBLICA, EL PODER FINANCIERO Y SU IMPACTO SOBRE LA ECONOMÍA CAMPESINA. EL CAMPESINO ES EL FOCO DE LA PAZ EL ENFOQUE CAMPESINO EN LA DEFENSA, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. EL CONTRABANDO VS. LA ECONOMÍA CAMPESINA NADIE NOS HA PARADO BOLAS ENTREVISTA AL DOCTOR ALAN JARA URZOLA, DIRECTOR DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LAS VÍCTIMAS MUJER CAMPESINA. EXCLUIR A LOS CAMPESINOS DEL SERVICIO MILITAR. PASO NECESARIO DEL EJÉRCITO PARA LA PAZ Y LA PRODUCTIVIDAD DEL CAMPO ¡! AMAR NUESTRO PASADO, ES SABER QUIENES SOMOS!! REFORMA TRIBUTARIA, DEMOCRACIA LOCAL Y EL CAMPESINADO PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y COMUNITARIA CON IDENTIDAD REAL DE LOS CAMPESINOS RECONOCIMIENTO Y GRATITUD A UNA GESTIÓN EL DESTINO SIGUE ARREBATANDO VIDAS DE DESTACADOS DIRIGENTES DE LA ANUC
ANUC EDITORIAL
Luis Alejandro Jiménez Castellanos Presidente Nacional ANUC
Expedición ANUC por la Paz para una Economía Campesina Viable
Durante la última centuria vimos y dejamos pasar todo tipo de comportamientos sociales y actuaciones del estado apartadas del interés general y signadas por la inadecuada planeación de lo público que facilitó la malversación de recursos, la corrupción, los abusos de poder, las inequidades y otros flagelos que todos permitimos o mejor con los que contribuimos a que el país se nos fuera de las manos. Y cuando todo eso ocurrió comenzamos a buscar culpables en los demás, todos creímos ser los buenos y tener la razón en todo, pero nunca asumimos
nuestra propia responsabilidad con la vida de la nación y tampoco aceptamos que nuestra indiferencia y pasividad era el mejor combustible para la descomposición social, económica y política de Colombia; es decir para la guerra que vivimos. Una nueva época se registró cuando entendimos la magnitud del problema en el que nos hallamos. Entonces todos empezamos a hablar de la paz, unos para decir que la necesitamos pero con pocas o nulas acciones concretas por ella, porque seguimos actuando igual y lo que es peor, otros de manera sistemática la controvierten y prefieren alimentar la guerra con elocuentes como improcedentes argumentos desde escenarios públicos comenzando por el propio congreso de la república. La guerra entonces se convirtió en martirio de muchos, entre ellos sobresalen los campesinos víctimas; pero a la vez resultó ser el lucrativo negocio de muy pocos, los mismos que hoy se oponen a llevarla a su fin, porque les representaría cerrar la fuente de voluminosos ingresos, todos de origen ilícito como el narcotráfico, la usurpación de tierras baldías y las despojadas a los campesinos o los desfalcos al sector de la salud.
Extinguir la guerra es urgente, no puede seguirse posponiendo bajo insulsas disculpas y esa es tarea que nos compromete a todos. El fin de la guerra implica reformas de fondo a la estructura y políticas del estado que habiliten verdaderos escenarios
de convivencia pacífica, los cuales solo son posibles con el concurso de las ideas pero más de las acciones de
ecordando a don Pacífico Cabrera y su dicho “Todo el mundo habla de paz pero nadie se compromete” nos induce a asegurar que razón le sobraba a su apreciación cuando empezó a difundirla y quizá muchos apenas nos reímos porque lo consideramos un chiste más del programa sabatino, por eso poco nos detuvimos a analizar la realidad que nos mostraba y la reacción que nos proponía. Entonces nos dedicamos a repetirlo en diferentes escenarios sin ir más allá, es decir, sin hacer absolutamente nada por cambiar la realidad nacional, detener la guerra y construir la paz. Simplemente porque nos ha faltado compromiso.
ANUC todos, sin exclusión de nadie, sin la arrogancia de quienes fungen como dueños absolutos del conocimiento, la verdad o el poder y claro sin la pasividad o la indiferencia de las mayorías que esperan las soluciones sin hacer nada por conseguirlas. La guerra se erradica con las herramientas del desarrollo y la justicia social que son el cimiento de la paz que debemos diseñar, construir y cultivar entre todos comenzando por el desarme de los espíritus y el renacimiento de los más nobles sentimientos de tolerancia y solidaridad. Solo así volveremos a confiar y a sentir que este es el país que nos merecemos y del que nos ufanamos por sus potencialidades, pero que poco sabemos aprovechar. La construcción de la paz obliga a la sociedad como al gobierno y a los partidos políticos por igual a establecer
agendas comunes y construir sobre ellas un nuevo modelo de desarrollo con la inclusión y responsabilidad de todos. A eso nos comprometemos desde ANUC y a eso los estamos convocando por encima de cualquier argumento por contundente que sea. Ha llegado el momento de que todos hablemos de paz y que todos nos comprometamos con ella. Esta, nuestra Colombia, es un país que tiene derecho a ser moderno y civilizado, un país que no puede perder la oportunidad de entenderse y superar las diferencias a través de consensos y acuerdos para construir un país diversificado económicamente en el que quepan los campesinos no solo por lo que son sino por la importancia que tienen para la sostenibilidad nacional cuya economía juega primordial papel que debe reconocerse y fomentarse.
Necesitamos no un país donde haya que reparar a las víctimas, sino un país donde no haya víctimas, porque si eso no se hace el país no es viable. Por eso insistimos en la necesidad de incorporar al campesino a las estrategias de desarrollo económico y a la garantía plena de respeto a sus derechos. Los acuerdos a los que se llegue entre el gobierno y las guerrillas reviste toda la importancia y desde luego no son concesiones de un sector a otro, sino una necesidad para la paz. Pero lo más importante es la implementación de esos acuerdos y es allí donde se debe garantizar la participación de todos los sectores sociales, económicos y políticos, entre ellos los campesinos y sus organizaciones que son en fin de cuentas quienes juegan el más significativo aporte cuando producen la comida con la que el país contrarresta el hambre y nutre a sus habitantes. Pues en este escenario parece duro decirlo, pero es cierto que las grandes extensiones de tierra en manos de unos pocos no son propiamente las que producen los alimentos porque están dedicadas a otras actividades y sin embargo sí se nutren con los recursos de los fondos parafiscales cuya reinversión debería ser prioritaria en el sector de los pequeños y medianos productores de alimentos. Es por eso que el país civilizado y moderno no puede negarle el fomento a la economía campesina con los sistemas de riego la tecnología, la cobertura de los
fondos parafiscales, el fortalecimiento de su organización que debe reconocerse como parte de la institucionalidad del sector y ofrecerle las condiciones para que junto a la meritoria labor de sus dirigentes, las asociaciones de usuarios campesinos y otras de su género puedan contar con equipos asesores de alto nivel con los que dinamicen y consoliden su gestión social gremial. Para honrar la coherencia con los enunciados anteriores, la ANUC ratifica su compromiso con el proceso de paz y a partir del XVI congreso nacional reunido en Bogotá del 5 al 7 de Julio de 2016, iniciamos la expedición de la ANUC por la paz que bajo el liderazgo de 600 dirigentes convertidos en embajadores y multiplicadores de los acuerdos, las bondades de la paz, las condiciones del mecanismo refrendatario y construyendo la estrategia para participar e incidir en su implementación. Recorreremos entonces los más apartados rincones de la patria, dialogando con todos los ciudadanos, reencontrándonos con nuestros compañeros y siendo animadores de todo este proceso al que ningún colombiano consciente se debe sustraer.
El campesinado: en el corazón de los acuerdos de La Habana
El campesinado está en el corazón de los acuerdos de La Habana. Son los campesinos quienes han sufrido con mayor intensidad los rigores de la guerra y también son ellos los llamados a protagonizar la construcción de la paz en los territorios. Aspirar a una paz sostenible y duradera solo es posible si reversamos los efectos que el conflicto ha tenido en el campo y si garantizamos un futuro digno para las familias que habitan en él. Por eso en los acuerdos de La Habana se reconoce la importancia de quienes día a día, con su trabajo, garantizan la producción de alimentos en el país, y se establecen medidas para saldar la enorme deuda histórica que tiene con ellos el Estado colombiano. En La Habana acordamos una Reforma Rural Integral de gran envergadura orientada a transformar los territorios, asegurar que las familias campesinas puedan ejercer sus derechos como ciudadanos y brindar las condiciones materiales necesarias para el adecuado desarrollo de sus proyectos productivos. El principio orientador de esta
reforma es que un verdadero bienestar en el campo es una condición indispensable para que haya paz en Colombia. Este bienestar supone que los campesinos y campesinas tengan acceso a la tierra. Para ello, la Reforma crea un Fondo de Tierras con el fin de distribuir tierra a las y los trabajadores del campo que nunca la han tenido. Así mismo, establece un programa para formalizar los derechos de propiedad de todos los campesinos y campesinas que no han podido legalizar su posesión, y reitera el compromiso con la restitución de las tierras a quienes fueron despojados por la violencia. Esta tríada—distribución, formalización y restitución de tierras—supone la puesta en marcha de una gran política de acceso a tierras en los próximos años. Para complementarla, el acuerdo prevé una serie de medidas para mejorar el uso del suelo y resolver conflictos sobre la tierra. El levantamiento del catastro, la aplicación efectiva del impuesto predial rural que desestimule la concentración improductiva, la creación de una jurisdicción agraria que acerque la justicia al campesino, la adopción de un plan para proteger las zonas de especial interés ambiental y el robustecimiento de los espacios de ordenamiento territorial, son solo algunas de estas medidas. El escenario
oy más que nunca estamos ante la posibilidad de poner fin a un conflicto de más de 50 años. Es un momento trascendental en la historia del país en el que los campesinos son protagonistas.
ANUC de construcción de paz será la oportunidad para fortalecer la presencia del Estado en las regiones. Ahora bien, aunque necesaria, la tierra por sí misma no es suficiente para acabar con la pobreza y mejorar la calidad de vida en el campo. Más importante aún que la tierra es la provisión de bienes públicos (vías, riego), de una educación y salud más ajustada a las condiciones del campo y de un acompañamiento productivo (asistencia técnica, crédito, promoción de la asociatividad) para que los pequeños productores puedan ser más productivos y puedan también darle más bienestar a sus familias. Esto es lo que en el acuerdo se denomina como “acceso integral”. Los planes acordados en la Reforma Rural Integral en materia de infraestructura permitirán mejorar las vías terciarias, los distritos de riego y drenaje, la electrificación rural y la conectividad digital en el campo. Así mismo, lo acordado en desarrollo social apunta a mejorar las oportunidades de desarrollo humano de los habitantes rurales con la puesta en marcha de programas en salud, educación, vivienda y agua potable. Hay, además, en el acuerdo una apuesta por fomentar la producción de la economía campesina. La agricultura en Colombia es fundamentalmente una actividad de campesinos, quienes aportan de manera significativa a la economía del país, la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. Por eso, promover el desarrollo sostenible de la agricultura familiar es la base de la Reforma Rural Integral. Los planes acordados en materia de asistencia técnica e innovación tecnológica, financiamiento, comercialización, apoyo a la economía solidaria y a la seguridad alimentaria permiten pensar en consolidar la economía campesina en Colombia como motor del desarrollo rural y de las economías regionales. Aparte de la Reforma Rural Integral, hemos acordado en los otros puntos del acuerdo importantes medidas que tienen que ver con la vida de los campesinos y campesinas: Fortalecer la participación política de los ciudadanos en la toma de las decisiones sobre los proyectos implementados por entidades públicas. Darle solución a la producción de los cultivos ilícitos desde una perspectiva de desarrollo rural. Garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la reparación, la justicia y la no repetición es el propósito del punto de víctimas.
Poner fin definitivo a la guerra y a las hostilidades con las FARC, a través de un cese bilateral al fuego y definitivo y la dejación de armas de esa guerrilla Todavía nos resta acordar los puntos de fin del conflicto e implementación de los acuerdos. Sin embargo, estamos seguros de que estamos cerca del final y nos tenemos que preparar. Porque la paz la vamos a construir entre todos y en primera línea van a estar los campesinos de Colombia. En lo inmediato, es importante tener presente que, para que los acuerdos cuenten con legitimidad política, se surtirá un proceso democrático para refrendarlos—aprobarlos o desaprobarlos. De ahí la importancia de la pedagogía para que toda la ciudadanía tenga la mayor información sobre los acuerdos alcanzados. Si los acuerdos son refrendados, se dará inicio a la puesta en marcha de los compromisos adquiridos en La Habana, lo que requerirá el concurso amplio de todas las comunidades campesinas del país. En cada vereda, corregimiento, municipio y región habrá instancias de participación en donde los campesinos tendrán voz y voto para decidir y en donde se tendrá en cuenta sus expectativas, visiones y particularidades. Los campesinos y campesinas podrán participar de muchas maneras. Por ejemplo, en las veedurías ciudadanas que aseguren un buen uso de los recursos públicos; en las decisiones de las inversiones en infraestructura y servicios públicos a priorizar en el municipio; en la planeación y ejecución de los planes de asistencia técnica, compras públicas o economía solidaria. La expresión concreta de cada una de estas medidas en cada comunidad y región es lo que supone la construcción de la paz territorial. Por eso es fundamental el apoyo decidido del campesinado para traducir los puntos que hemos acordado en La Habana en transformaciones reales en las regiones. Aprovechar esta oportunidad que nos ofrece la firma de un Acuerdo Final con las FARC requiere una gran movilización ciudadana para que podamos construir un nuevo pacto político entre el Estado y los ciudadanos rurales. El campesinado y sus principales expresiones organizativas como la ANUC son los llamados a hacer los protagonistas de la construcción de la paz en Colombia.
Jorge Eduardo Londoño Ulloa Ministro de Justicia y del Derecho
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y JUSTICIA RURAL EN EL POSTCONFLICTO
En el borrador conjunto del quinto de la agenda de las negociaciones de paz, sobre Víctimas, se encuentra previsto un componente de Reparación dentro del cual se contemplan medidas de convivencia y reconciliación con enfoque territorial rural que exigen un alto grado de coordinación interinstitucional, no solo en materias de asistencia social y de seguridad, que demandarán propuestas en materia de justicia como elemento
transversal y cohesionador en procura de una paz estable y duradera. El reconocimiento de los atributos de autonomía y libertad en el ser humano constituye un punto de partida insoslayable en los Estados democráticos, del cual se desprenden consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales que inciden en el sentido y alcance de las formas jurídicas, que finalmente tienen como propósito la construcción y el mantenimiento de la convivencia pacífica. Precisamente la autonomía es el fundamento que sostiene la posibilidad de que los ciudadanos, por sí mismos y mediante autocomposición, puedan resolver sus conflictos sin tener que llegar a la decisión de un tercero que en el marco de la justicia formal estatal ponga término a sus diferencias. Como sujetos dotados de libertad, razón, voluntad y conciencia, resulta posible encontrar puntos de acuerdo en los que se ponga fin a las diferencias; acuerdos que, en ocasiones, superan las meras consideraciones de tipo jurídico para dar paso a valoraciones adicionales propias de nuestra condición humana como la amistad, el respeto, el afecto; o incluso
xisten inocultables limitaciones de acceso a la justicia para los ciudadanos que habitan en las zonas rurales del país, determinadas por condiciones que van desde los aspectos físicos de ubicación de los despachos judiciales y la dificultad de desplazamiento hacia los centros urbanos; hasta el desconocimiento tanto de los derechos como de los medios e instituciones para hacer valer su condición de sujetos de derecho, sin dejar de mencionar los factores sicológicos asociados al miedo y la percepción de desprotección y vulnerabilidad, acentuados por la vivencia directa del conflicto armado, cuya inminente terminación en virtud del proceso de negociación en La Habana genera expectativas e interrogantes acerca de la oferta de justicia en las zonas rurales.
ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN CAMPESINA “ENFOCA”
Técnico en planeación, gestión y desarrollo económico local
Por: José Martínez Guchuvo Directivo Nacional de ANUC
a Escuela Nacional de Formación Campesina ENFOCA, es la institución de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia ANUC como modelo propio, organizada como corporación que integra a 22 Asociaciones Departamentales y la Regional del Pacífico. ENFOCA busca transformar mediante la formación campesina, la participación en una acción responsable ciudadana y comunitaria para la democracia, el desarrollo y la construcción de paz en el territorio. Hoy ante la posibilidad de poner fin al conflicto armado mediante la negociación política, como escuela, se está pensando en función de su pertinencia en la siguiente etapa del movimiento campesino en el postconflicto, en consecuencia la puesta
en marcha de las capacidades para la resolución pacífica de los conflictos, requiriéndose para ello la intervención de liderazgos colectivos de comunidades fortalecidas, como condición movilizadora para hacer y sostener el tipo de desarrollo agrario que se acuerde, generar una participación más amplia y con garantías en los territorios para la ampliación de las democracias locales, que le garantice a los pueblos gobiernos más confiables y administraciones más incluyentes y transparentes.
CONTEXTO ACTUAL TERRITORIAL Ad portas de un posible acuerdo para poner punto final a un conflicto armado de más de 60 años, que ha dejado según estadísticas oficiales a más de ocho (8) millones de víctimas individuales registradas y los daños colectivos a los territorios, comunidades y organizaciones
(Un modelo exitoso de formación campesina para la democracia, el desarrollo y la construcción de Paz, que exige ser reconocido y aprobado por el Estado como medida de reparación colectiva)
ANUC en proceso de reparación colectiva; conexo mediante el uso de la violencia armada, el despojo igual supera las seis (6) millones de hectáreas de tierra despojada a los campesinos, como medida de reparación, el gobierno se mueve con dos instrumentos principales: la acción de reparación a víctimas que no ha alcanzado la satisfacción por lenta e ineficiente según las víctimas y la restitución de tierras, que tratándose de instrumentos jurídicos y una experiencia nueva, se adecúa en el camino, que asociado a los limitados recursos económicos a resultado compleja en su aplicación, además abordar situaciones como los segundos ocupantes de buena fe a quienes se debe garantizar sus derechos y al lado la oposición política de algunos despojadores que se organizan para no entregar lo apropiado ilegalmente, cuya resistencia incluye todo tipo de uso de violencia contra los reclamantes de derechos. Segundo instrumento, que representa la movida más audaz del gobierno, reconocer la existencia del conflicto armado interno y adoptar como camino para llegar a la paz la negociación con las FARC y sentarse a la mesa con el ELN. En los avanzados acuerdos con las FARC, se ha incluido el de la Reforma Rural Integral (RRI), que sin conocer sus alcances, se entendería como un compromiso ético y político del gobierno para responder al campesinado y sus organizaciones, con la deuda histórica de una reforma agraria integral y democrática que implique factores redistributivos de la tierra y el acceso a los medios de producción en condiciones de oportunidades y condiciones necesarias, que esperamos esté vigente en los compromisos que se deben cumplir. Igualmente están allí, los puntos de apertura democrática y la participación constituyen asuntos fundamentales para los campesinos. Nos veríamos actuando en un nuevo campo, sin actores armados ilegales cruzados en los caminos, que infiltran las organizaciones y sin ese grado de estigmatización usada hoy contra la organización y la movilización campesina, escenario donde la movilización será política y ciudadana convertida en el medio más eficaz para hacer efectivas la
reivindicación de sus pobladores. En este contexto regional y local de la posibilidad de la participación campesina para la democracia, el desarrollo y la construcción de paz desde el territorio, debe centrarse la atención de la organización, pues sin duda estos factores constituyen los referentes principales de formación y se convierten en los retos de la nueva escuela de formación para la participación campesina.
En este contexto las acciones de formación que se realice por instituciones idóneas, reconocidas y legitimadas por las comunidades son instrumentos necesarios, en este caso se requiere que se dé un reconocimiento legal e institucional a este trabajo (por auto especial en el marco de la reparación colectiva), para que sea reconocido en lo que hacemos hasta un nivel técnico y de formación de competencias para el trabajo, para no duplicar acciones con la institucionalidad. Durante más de 10 años desarrollamos en convenios trabajo para el SENA, que el SENA califica y certifica como propio, pero ENFOCA no puede certificar directamente porque no ha obtenido una certificación como entidad de formación y no se ha obtenido porque la exigencia institucional para certificar no reconoce la diferencia y características especiales de programas como este.
UN MODELO EXITOSO DE FORMACIÓN CAMPESINA Este modelo de escuela está correlacionado con el origen de la ANUC, al asumir la formación y la capacitación como condición para contribuir en formación de una nueva mentalidad del campesinado a partir de estar más informado, en consecuencia, participativo, consciente de sus responsabilidades y de los factores de entorno que inciden en su situación. Es un modelo que evoluciona de acuerdo con las condiciones: Un primer momento su estructura fueron comités de educación en los departamentos y municipios, integrados con los líderes
más adelantados, acompañados de formadores populares y estudiantes de universidades, estas instancias fueron desestimadas porque al manejar una mayor información que los directivos de las Anuc locales eran suplantadas por ellos y afectaba la estructura de la organización. Luego la escuela nacional de formación de líderes que funcionó en Tuluá Valle, allí acudían líderes de todo el país a procesos de formación política y social con duración entre tres y seis meses, escuela que se debió cerrar por falta de financiación y violencia contra los dirigentes.
ANUC Hasta 1.995 cuando se creó oficialmente ENFOCA, la formación tenía un contenido principalmente políticogremial: los comités de educación buscaban el acompañamiento a los directivos departamentales, municipales y comités veredales en sus luchas por la tierra; con la escuela en Tuluá la formación social y política de los dirigentes, mientras con ENFOCA se pretendió agregar la formación técnica para la participación, el desarrollo productivo, el componente socio-empresarial y de negocios, con la expectativa de certificar académicamente las capacidades, razón por la cual ENFOCA se registró en la Secretaría de Educación de Bogotá, proceso que no se consolidó porque el sistema actual no reconoce a entidades educativas diferenciales propias como esta.
de otras disciplinas, quienes además de su formación académica incorporan la experiencia que por décadas se ha acumulado como organización y en su trabajo constante como formadores en desarrollo de diversos convenios de ANUC con la institucionalidad nacional, local y de cooperación internacional. Un modelo exitoso. Esta es la única escuela campesina nacional de este tipo, con posibilidades de impacto nacional, por estar ligada a la organización campesina con la mayor cobertura territorial departamental y municipal. Con este modelo educativo se ha sostenido la organización y formado a los dirigentes durante todo el tiempo, mientras desde que se constituyó como ENFOCA, ha participado en todos los convenios celebrados por ANUC con la institucionalidad nacional e internacional, incluidos más de 10 convenios con el SENA (entidad responsable de certificar en capacidades laborales) en los cuales como SENA se han certificado más de 20 mil productores y constituido más de 300 Unidades Productivas Asociativas.
VALOR DE LA FAMILIA CAMPESINA
Este es un modelo de educación y de formación construido como alternativa a la deficiencia de medios tecnológicos y de exigencias incorporados a la educación formal, que utiliza los recursos naturales y biológicos como material didáctico y el campo como los espacios donde se imparte la formación. Es un modelo cuyo énfasis no está en el ambiente físico de instalaciones locativas, sino esencialmente en la capacidad de inventiva del recurso humano, integrado por líderes, técnicos y profesionales del sector acompañados por profesionales e intelectuales
NUEVA ETAPA PARA ENFOCA En esta perspectiva, la ANUC le da una nueva dimensión a ENFOCA como instrumento de formación para el campo y priorizará sus acciones a partir de las estrategias: Formación para la participación democrática; formación para el desarrollo económico sustentado en el desarrollo humano y formación para la intervención en la construcción de la reconciliación y la paz.
PROGRAMA VEREDA EMPRESA Vereda Empresa, un método de formación participativa para promover por medio de la capacitación, el desarrollo económico, la sostenibilidad, la asociatividad y la participación de los campesinos en el ámbito económico, social y político de su territorio. Está orientado a transformar el territorio desde la vereda, en un territorio
próspero e incluyente, ligado al entorno económico y político local. Es un proceso dirigido a los pequeños y medianos productores campesinos y a sus familias y tiene como indicador mejorar las condiciones de vida para sus integrantes.
José Daniel González Carrillo QPD, presidente Anuc Meta cumpliendo función de capacitador campesino en su pueblo natal
El proyecto educativo como escuela se sustenta en los valores de la familia campesina. La familia campesina es extensiva a los vecinos y al entorno de su comunidad, relación sustentada en una cultura de valores que son incorporados en la ética y valores construida desde sus formas propias de la vida, que soportan el proyecto institucional como escuela, la espiritualidad; el uso adecuado de la tierra; la responsabilidad; la confianza; la solidaridad y el respeto.
Objetivos del programa: •	Promover formas asociativas campesinas de gestión y desarrollo empresarial sostenibles. •	Buscar la articulación de procesos, servicios y mercados, con la producción y productores. •	Implementar un modelo de gestión, integración de recursos, productos y actividades. •	Promueve la participación en los asuntos de interés locales, decisiones colectivas, administración democrática.
Resultados esperados del programa: •	Fortalecimiento organizativo de los pequeños productores •	Base social identificada y capacitada •	Organización con capacidad legal •	Capacidad administrativa •	Capacidad técnica •	Capacidad de gestión
La Política Pública, El Poder Financiero y su impacto sobre la Economía Campesina.
Luis Alejandro Jiménez C.
Aún en presencia de todos los componentes de las cadenas, es frecuente que los productores tengan que encarar contingentes climáticos, fitosanitarios y distorsiones del mercado que los colocan en situaciones fuera de su control, causan desproporcionadas pérdidas y los expulsan definitiva o temporalmente de la actividad dando origen a la recesión del sector. Cuando los campesinos quiebran, pierden la capacidad de pago de sus obligaciones crediticias con el sistema financiero y sobrevienen los cobros judiciales que ponen en riesgo su frente de trabajo y la vivienda incorporados en sus parcelas y es entonces cuando surge la presión social y la reacción del estado que acude a mecanismos o instrumentos llamados de apoyo o solidaridad como los programas de reactivación agropecuaria PRAN o el fondo de solidaridad agropecuaria FONSA cuya finalidad se centra en la compra de la cartera vencida y refinanciación
de pagos, la terminación de procesos judiciales y la habilitación de los productores como sujetos de nuevos créditos para la reactivación productiva con miras a que puedan pagar los saldos de la deuda, los montos del nuevo crédito y generar ingreso para el sustento familiar. En desarrollo del FONSA, el PRAN, los planes de alivio y otros programas afines, generalmente se cumple la primera fase, la de saneamiento de la deuda de los campesinos y la suspensión de los procesos judiciales, que desde luego alivian el problema campesino pero no lo resuelven de fondo como sí lo hacen con la situación del sector financiero que recupera su capital con los rendimientos respectivos, con recursos del erario público que presupuestalmente se hacen figurar como inversiones para el fomento del sector agropecuario y esa sería una verdad de apuño si se cumpliera con la otra fase de los mismos programas, es decir el otorgamiento de nuevos créditos a los campesinos para su reactivación productiva, pero contrario al espíritu de los programas, los intermediarios financieros no solo se niegan a facilitar nuevos préstamos a los campesinos, sino que pese a haber recuperado la deuda con recursos públicos a nombre de esos mismos usuarios, se toman la libertad de asignarles la más baja calificación del sistema y excluirlos definitivamente del acceso al capital por esa vía.
l crecimiento del sector agropecuario y el desarrollo rural están condicionados en gran medida a la disponibilidad en oportunidad, suficiencia y calidad de los factores producción que junto a la política pública sectorial pertinente facilitan y estimulan su productividad, rentabilidad y sostenibilidad. Por eso se requiere de total articulación y coherencia entre la política y los elementos productivos.
ANUC La actitud del sistema financiero no solo burla el espíritu de la ley en cuanto no otorga nuevos créditos y con ello impide la reactivación sino que termina siendo el único beneficiario de los dineros del estado que sacan a nombre de los campesinos pero que no los beneficia porque como no hay ese segundo crédito tampoco hay reactivación y finalmente el propio estado a través de esos fondos o programas especiales termina promoviendo los procesos ejecutivos, el embargo y remate de los bienes de los productores.
Ante el panorama anterior, la ANUC hace público su requerimiento al gobierno nacional y al congreso de la república para que se definan escenarios de diálogo con organizaciones como la nuestra, para el rediseño de la política pública en materia crediticia y de reactivación de la economía campesina en aras de poner freno al desangre de recursos públicos para el sector financiero sin prestar beneficio alguno a los campesinos, actitud que es expresamente promovida por otro ente del estado, la superintendencia financiera que en contubernio con los bancos niegan el financiamiento de los nuevos proyectos productivos a los beneficiarios de los programas ya citados, pese a que las leyes que los crean y regulan así lo ordenan, pero que como muchas otras del sector son burladas por el propio estado.
Además de lo ya narrado, surge lo inesperado. El propio Ministro de Agricultura, los presidentes de Finagro y del Banco Agrario en instancias como la junta directiva del Fonsa no dudan en reconocer que los poderes de la superintendencia financiera los limita en su propia gestión para aseguran que se irrigue nuevo capital y se reactive la economía campesina. Esta compleja e inaceptable situación exige que campesinos, gobierno y congreso de la república encontremos acuerdos para reglamentar objetivamente y son talanqueras la aplicación del artículo 66 de la constitución política para que como allí se dispone, las disposiciones en materia crediticia respondan a las condiciones especiales que exige el crédito agropecuario teniendo en cuenta ciclos de cosechas, los precios, los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales, postulado que concuerda con el del artículo 64 que le impone al estado el deber de promover el acceso progresivo de los campesinos al crédito. Nótese que la carta habla de progresividad, la cual debe entenderse como el aumento de usuarios y de los montos de colocación, pero lo que en la actualidad hace el sistema financiero y la superintendencia es exactamente lo contrario y con su equivocado comportamiento están debilitando eso si en forma progresiva a la economía campesina.
ANUC “La democracia se nutre de la práctica; no sucede por decreto; un sistema descentralizado implica una transferencia real de PODER” (F. Niño)
**Félix Antonio Niño Neira
EL CAMPESINO ES EL FOCO DE LA PAZ
Es un ofrecimiento a las mesas de diálogo de parte de la sociedad civil representada en el Sistema Nacional de Planeación Participativa SNPP: 1150 Consejos Territoriales de Planeación que están conformados por más de 17.000 Consejeros Territoriales de Planeación. El SNPP está proponiendo al Estado colombiano, en nombre de la sociedad civil que representa, la posibilidad de una nueva alianza Estado - Sociedad Civil, consistente en un modo de operar, el cual, dada la coyuntura de la eliminación del conflicto armado, debe ser un protocolo fácil de comprender, aplicar e incorporar a la vivencia diaria para obtener resultados rápidos y efectivos con recursos de inversión limitados, como tal parece que será la caja de la paz. Pero este ofrecimiento de la sociedad civil propone un esfuerzo particular, exige un modo de actuar del Estado distinto al hoy acostumbrado: requiere que el Estado facilite, no que ejecute; la población en los territorios asume responsabilidades, pero recibe competencias, facultades y recursos.
La Asamblea de Estructuración del Sistema Nacional de Planeación Participativa SNPP, reunida en el reciente abril, incorporó en su plan de acciones inmediatas, a instancias de los Consejeros nacionales y territoriales de Planeación que la integraron, una propuesta de Paz Productiva, productiva no solo de ventajas económicas para los pobladores rurales, sino especialmente de inclusión social, de talento humano, de oportunidades para todos, de eliminación de la ofensiva brecha urbano – rural, de eliminación de pobreza. La asamblea puso inmediatamente a la orden del alto gobierno esta propuesta, que significa un verdadero modelo de autogestión social para el desarrollo territorial.
El planteamiento genera la expectativa de una respuesta positiva del Estado y, de ser así, se darían pasos seguros hacia la articulación de los procesos de planificación territorial como punto de partida y, de llegada, la descentralización como estrategia de desarrollo de los territorios, a la puerta de una oportunidad histórica, que no puede desperdiciar el país como lo ha hecho en todas las ocasiones anteriores, la última, el denominado frente nacional, ejercicio democrático que permitió demostrar capacidad para llegar a acuerdos entre los partidos pero faltó el interés o la visión de incluir a toda la sociedad colombiana; el marginamiento y la exclusión social contribuyen a la explicación de todo conflicto en Colombia. La propuesta, que puede leerse en el portal web del Consejo Nacional de Planeación www.cnp.gov.co, busca acertar en el CÓMO implementar los acuerdos logrados en las mesas de negociación, desarrolla la Constitución Política en su premisa de fortalecer la planeación participativa, máxima expresión de la participación ciudadana: la ciudadanía construyendo Estado. El C.N.P., presentó la propuesta a la Asamblea de Estructuración del Sistema Nacional de Planeación Participativa el 26 y 27 de abril pasado, siendo aprobada, adoptada y remitida de inmediato a Presidencia de la República y a los despachos del Alto Comisionado de Paz, Jefes de Equipos Negociadores de La Habana y Ecuador, DNP y Ministerios del Interior y del Postconflicto. Las reacciones de estos despachos empezarán a conocerse en la próxima reunión Plenaria del Consejo Nacional de Planeación. Por su parte, el Equipo Facilitador del Sistema Nacional de Planeación Participativa ha realizado dos Foros de Macroregión (Caribe en Barranquilla y centro oriente en Barrancabermeja) para la socialización y enriquecimiento
de PAZ PRODUCTIVA, con extraordinaria respuesta de los planificadores territoriales y están programados Foros en Regiones Pacífico, Llanos; Centro-Sur, Archipiélago de San Andrés y Eje Cafetero, durante el mes de junio y julio. Córdoba solicitó un 8° Foro para Urabá Antioqueño, Sucre y Córdoba. Se ha avanzado, hoy se acepta que hay un alto nivel de pobreza extrema en el campo, falta de oportunidades para la población rural y notoria debilidad institucional, concentración de la propiedad y una inmensa brecha campo - ciudad. El cierre de brechas exige, entonces, tender puentes entre la Colombia urbana y la nación rural, apoyados en un modelo incluyente de construcción y fortalecimiento de la institucionalidad en las regiones; institucionalidad que asume, por tanto, la clara misión de producir bienes y derechos públicos así como tramitar las demandas políticas de la sociedad. Una institucionalidad que refleje una nueva conexión, una nueva alianza entre el Estado y las comunidades. Una ciudadanía consciente y educada en la práctica democrática será la mejor garantía de la “no repetición”. Pero, ¿cómo realizar la transición del atraso rural al desarrollo rural del conflicto a la armonía?. El Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, ha asegurado que “nada será posible si no hay una participación masiva de la ciudadanía”. Pero, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo “movilizar a la población en esos territorios alrededor de la paz”? El SNPP propone adoptar una manera simple, lógica, compartida, fácil de comprender, apropiar y aplicar. Un cómo que permita medir y mostrar al mundo el éxito de los resultados requiere establecer las coordenadas sociales, ambientales, económicas y políticas del
El enfoque territorial de la paz conseguirá entregar a las regiones las facultades, responsabilidades y recursos que sean necesarios para el autodesarrollo, en concordancia,
desde luego, con la unidad política del Estado. La voluntad política, siendo existente y propulsora de la solución, dará oportunidad a transformaciones democráticas de la sociedad rural colombiana, replicando positivamente a la sociedad en su conjunto, cerrando la gran brecha campo-ciudad, es decir, las asimetrías urbano-rurales que deben ser superadas con la construcción de paz. Varios foros universitarios han contribuido a identificar y listar áreas específicas para el cierre de brechas entre los dos mundos que mal conviven al interior de la sociedad colombiana: las ciudades y el campo. Se identifican fácilmente: 1.- Provisión de bienes públicos; 2.- Provisión de Infraestructura Pública; 3.- Redes de protección social; 4.- Acceso a la Justicia; 5.- Seguridad; 6.- Sistemas de apoyo productivo; 7.- Garantías de participación democrática y, 8.- Protección a los intereses ambientales. Las anteriores son áreas temáticas que deben convertirse en focos de los planes y programas que habrán de dar un vuelco a las condiciones de vida de la población rural y, por tanto, serán inspiradoras de las acciones de quienes protagonicen el cambio y que van de frente contra las condiciones que han mantenido vivo el conflicto. Orientación de las estrategias que dan vida y simplicidad al modelo. a.- A la reconstrucción y activación del tejido social y su capacidad de ejecutar obras de interés común y de generar procesos democráticos innovadores. b.- A la activación del aparato productivo local, para la construcción de redes de productores, transformadores de materia prima y comercializadores y el aprovechamiento de ventajas comparativas que ofrezcan los territorios.
proceso, dando respuesta anticipada a las preguntas frecuentes que surgen de los foros, debates televisivos, jornadas académicas, entre otros: ¿De qué tipo de paz estamos hablando? Si es territorial, ¿estamos listos para radicar responsabilidades, competencias y recursos, es decir, poder, en los territorios? ¿Cuál es el concepto de Desarrollo Rural que vamos a desarrollar?: ¿Se piensa en permanencia de la economía campesina o en articularla a la economía de mercado? ¿El objetivo es dignificar a la población rural campesina o crear condiciones para que emerja el agricultor empresario? ¿En quiénes se apoyará el Gobierno para ejecutar los planes y programas de paz: en las comunidades organizadas?. ¿En las alcaldías, gobernaciones y partidos políticos con su realidad actual? ¿El Gobierno y los partidos políticos comparten la necesidad de promover y estimular la democracia participativa desde sus preceptos constitucionales? ¿Cuál es, con mayor precisión, la población rural a que se refiere el esfuerzo de transformación? ¿Cuáles son, exactamente, los territorios a los cuales estará enfocado el esfuerzo?¿Cuál es el Estado que va a entronizar esa paz en Colombia? ¿Un Estado ejecutor o un Estado facilitador? ¿En ese contexto, los servidores públicos estudian, comprenden y se solidarizan con la exigencia del compromiso? ¿Para cuánto tiempo está planificado el esfuerzo de transformación del campo? ¿De qué recursos disponemos realmente en los próximos 12 a 16 años? ¿Es la violencia organizada en modalidad Bacrim el único enemigo del proceso? Las respuestas permitirán medir el avance parcial y global del proceso.
EL ENFOQUE CAMPESINO EN LA DEFENSA, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
urante muchos años los campesinos y campesinas de Colombia han luchado por el reconocimiento de su identidad y con ella por el respeto y la protección de sus derechos. El 94% del territorio de nuestro país es rural y el 32% de la población colombiana vive en el campoI, por ello la protección y defensa de los derechos del campesinado no son asuntos menores para nuestro país en un escenario de construcción de paz. En diferentes países del mundo el debate sobre los derechos de los campesinos se ha dado en el marco de las discusiones más profundas sobre desarrollo, medio ambiente y economía nacional. También en el marco de diferentes escenarios multilaterales algunos países han
venido discutiendo la proyección de una declaración internacional que contemple el reconocimiento de los derechos de los campesinos. Actualmente no existe un consenso sobre su aprobación y se tienen dudas sobre el alcance y las implicaciones que pueda tener para los Estados reconocer un enfoque diferencial campesino. En Colombia, el debate pasa por su incorporación en la constitución política, su especial y especifica protección y reconocimiento a su territorialidad como el que existe para los grupos étnicos, por lo cual se proponen reformas al articulo 64 de la Constitución, que actualmente habla de trabajadores agrarios. Sin embargo, este enfoque diferencial pese a no tener una enunciación específica como campesinos en la norma de normas, ha tenido cierto desarrollo legal y jurisprudencial que puede evidenciar
I	http://www.semana.com/especiales/pilares-tierra/asi-es-lacolombia-rural.html
UN DESARROLLO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ DE COLOMBIA.
ANUC la importancia de su concepción y la necesidad de su abordaje político y jurídico. Nuestra historia, y la de la humanidad, está permeada de discriminación y marginalización a los campesinos y campesinas, ya sea por violaciones de sus derechos humanos o por falta de respuesta oportuna del Estado frente a sus necesidades. En Colombia particularmente, encontramos que de las 8 millones de víctimas del conflicto registradas, 6 millones han sido desplazadas o despojadas de sus territorios. La afectación a nuestra identidad campesina es incalculable y por ello la garantía y protección de los derechos de los campesinos es imperiosa. Nuestro ordenamiento jurídico no es ajeno a los derechos del campesinado; existe un amplio catálogo de derechos que se derivan precisamente de los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, de importantes tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidadII y de leyes y decretos que direccionan su alcance (Ley 160 de 1994 –Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino– la Ley 101 de 1993, el Decreto 1071 de 2015 –Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural). En este contexto, nuestro Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario tiene un reto inmenso en la incorporación, desarrollo y promoción del enfoque diferencial campesino en las diferentes políticas públicas. Debemos promover acciones de reconocimiento y garantía de los derechos de los campesinos, campesinas y de sus organizaciones para la preservación de su rol e identidad social y política. El derecho a la tierra y el territorio, a contar con medios de producción agropecuaria, a acceder a fuentes de financiamiento, a disponer de productos agroalimentarios; a su libertad de asociación, opinión y expresión y, por su puesto, a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los campesinos, como derechos indispensables en la construcción y consolidación de la paz.
II	La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre la eliminación de discriminación racial, la Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, así como la Declaración y Programa de Acción de Viena, afirman la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.
Hoy más que nunca la garantía de los derechos de las campesinas y los campesinos está priorizada en la agenda nacional e internacional. Para la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos la incorporación de los derechos de los campesinos en todas las políticas públicas de manera descentralizada y transformadora de las dinámicas excluyentes y discriminatorias, es un compromiso y una prioridad que cobra aun mayor importancia cuando uno de los objetivos es lograr una reforma rural integral que nos permita construir paz a lo largo y ancho del país. Es fundamental que en el marco de las instituciones del Estado y desde los diferentes sectores de la sociedad, se generen espacios de reflexión sobre la dimensión del rol que tienen los campesinos y campesinas en el desarrollo de nuestra nación, el cual históricamente ha sido desdibujado por el conflicto armado y que estamos llamados a recuperar. El reconocimiento de los derechos de los campesinos es un primer paso que nos permitirá dignificar a uno de los grupos sociales más vulnerables y así mismo avanzar en la disminución de las brechas rurales-urbanas. Estamos convencidos de que velar por la protección y garantía de los derechos de los campesinos, es también velar por la reconstrucción de nuestra identidad como colombianos. El reconocimiento de la contribución pasada, presente y futura de los campesinos y campesinas en nuestro país, hace parte de saldar una deuda histórica que supone la garantía, protección y defensa de sus derechos humanos, la conservación de la biodiversidad y el restablecimiento de la seguridad alimentaria para el desarrollo. Hoy el reto más grande que tenemos como Nación y como Estado es la construcción de un país en paz. En esta misión los campesinos y campesinas de Colombia son fundamentales y encontrarán en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos un aliado en la reivindicación y garantía de sus derechos.
ANUC EL CONTRABANDO VS. LA ECONOMÍA CAMPESINA
NADIE NOS HA PARADO BOLAS Por: Nilson Liz
Esta práctica nefasta se remonta desde el siglo XVI bajo la colonia española y propiciada por países de mayor desarrollo industrial que en su afán de expandir sus mercados se abren paso hacia las américas de indias burlando el monopolio comercial instaurado en sus dominios americanos. Incursión que se hace desde el Caribe y desde las Antillas – colonias inglesas, francesas y holandesas – rampas efectivas para meter el matute al continente a plataforma americana. Entre los productos que en su momento se introducían eran: materia prima –maderas tintóreas– , azúcar, tabaco, algodón, cacao e igualmente, tejidos, bebidas alcohólicas, aceite, artículos de uso doméstico y bienes de producción, como herramientas, hierro y acero. Incluyendo el comercio ilegal de esclavos negros sobre la segunda mitad del siglo XVIII.
Estas operaciones de señores contrabandistas se hizo bajo medidas punitivas, jurídicas, diplomáticas, económicas, administrativas y militares, que no pudieron contrarrestarse muy a pesar de la construcción y perfeccionamiento de las fortificaciones costeras con creación de armadas de guardacostas que abrieron paso a un comercio ilegal y corrupto de la burocracia en la época de la colonia. En Colombia, el contrabando toma fuerza desde el periodo 1821 a 1886, cuando el tabaco, que se importaba “legalmente” a cambio de sacar oro, exportado por fuera de ley para ser devueltos por textiles introducidos ilegalmente al territorio aduanero nacional donde la Costa
uestros aborígenes no conocían la figura y práctica del contrabando en sus territorios. Solo practicaban el trueque en el intercambio de bienes no producidos en sus áreas por otros productos no producidos en sus chagras pero existentes en otras comunidades indígenas. Sin embargo se abastecían, se alimentaban, se vestían y producían sus bebidas ancestrales para sus rituales y festividades. Todo lo tenían y no se transgredía normas internas ni externas. Se vivía con un respeto profundo hacia el otro.
ANUC Caribe se consolidaba como el epicentro del juego sucio de las autoridades republicanas con influencia en esa parte de la geografía nacional; donde, las manufacturas europeas con participación importante en telas, sal y papel, caracterizaron a una clase social tramposa con influencia en la burocracia republicana para acomodar amigos de sus intereses en los cargos públicos que favorecieran el ingreso sin requisitos de mercancía que les favoreciera sus arcas financieras y de poder regional. De esta manera, en las regiones con acceso a plataforma marítima y regiones fronterizas comunicadas fluvialmente o terrestremente entran a posesionarse en el siglo XIX construyéndose poderes regionales que se abren paso bajo la figura del contrabando y abriéndose paso a todo costa en debilitamiento de la participación de Jamaica, enclave europeo de estas prácticas perversas y violatorias de respeto comercial, consolidando de esta forma a Panamá, como enlace entre Europa y Estados Unidos. Así, el contrabando se enclava desde los primeros años de vida republicana manejado por grandes señores de la época y criollos, que mantuvieron este modus operandi, medio siglo después, con enclaves de poder bien consolidados y estructurados, que a la luz del siglo XXI se vivencian mucho más sofisticados y con mejores organizaciones socio-empresariales y mejores músculos financieros y apadrinados en el poder estatal. Las cifras que se manejan de más de US $6.500 millones de dólares anuales, por operación de contrabando en sus diferentes tipologías descritas por las autoridades aduaneras y de comercio exterior, no son nada despreciables. Hablamos de más de 3% del PIB Nacional, que supera nuestro presupuesto en las negociaciones campesinas para alentar el paladar de una burocracia estatal que no se compromete de verdad a luchar contra un cáncer que nos está matando lentamente a todos; de una muerte anunciada. Para el sector agropecuario las estadísticas en materia de aprehensión en los últimos años no nos favorecen mucho. Gremios del sector y agremiaciones de indígenas y campesinos, desde la apertura económica año 1991 gobierno del Presidente Gaviria, denunciamos y alertamos al país de un daño inminente en la estructura productiva del
sector primario por causa de la liberación de mercados y el contrabando y, nadie nos ha parado bolas. El contrabando, nos perjudica y nos mata a todos. Podríamos decir que es un estilo como la calle del Bronx, con sayayines, que de movimiento en movimiento y con cargamentos de productos del sector agropecuario como: arroz, plátano, pescado, huevos, porcinos, bovinos, tomate, papa, cebolla junca, cebolla cabezona, banano, carne, leche, oleína, yuca amarga para almidón, café, maíz, y demás hortalizas y productos procesados derivados de materia prima provenientes del sector primario, nos acabó. Es claro decir que hoy las grandes superficies que intervienen en nuestros mercados de nuestro país. Más del 65% de sus productos que exhiben y comercializan son importados, sin permitir una real participación de colocar los productos de economía campesina en los mercados. De igual manera, los insumos agrícolas y pecuarios que entran de forma ilegal al país de ninguna manera abaratan los costos de la producción de alimentos de economía campesina; por el contrario genera un lucro a los contrabandistas, un enriquecimiento a costillas del pequeño productor. Nosotros sacamos nuestros productos al mercado (plazas de mercado, supermercados, restaurantes de cadena y otros clientes potenciales) y, nos los pagan a precio de huevo, lo que con el sudor y nuestra honradez sacamos de nuestras fincas y chagras. Sayayines, porque generan cordones de seguridad, regalan los productos por lo que representan sus precios, compran autoridades, delinquen, boletean, desaparecen campesinos del mercado por precios de oferta y cuidan a una clase agropecuaria y/o razones jurídicas o personas naturales inescrupulosas y corruptas, que no tienen sentido de patria. Hasta el momento las cifras en materia de lucha contra el contrabando en el sector agropecuario no nos satisfacen y alentamos desde estas líneas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio Exterior y Policía Nacional, a sudarla con nosotros y jugarle limpio a los más de 360.000 campesinos afiliados a Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, y demás organizaciones campesinas e indígenas del país.
ENTREVISTA AL DOCTOR ALAN JARA URZOLA, director de la Unidad Nacional para las Víctimas Desde la vocación de campesinos y con la intención de conocer un poco más sobre el futuro de nuestra organización a partir del proceso de reparación colectiva a la Anuc Nacional, hablamos con nuevo director de la Unidad para las Víctimas, Dr. Alan Jara Urzola. Pregunta Anuc: ¿De un hombre de provincia, que ha vivido de manera personal y familiar los rigores del conflicto armado en toda su crueldad, que conoce desde la administración pública territorial los daños causados por el conflicto a las comunidades y territorios, hoy designado como Director de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación a las Víctimas, qué podemos esperar como campesinos y como organización? Respuesta Dr. ALAN JARA: En primer lugar, estamos de acuerdo que el conflicto armado colombiano tiene
sus orígenes en causas políticas, cuyas soluciones van más allá de las posibilidades que nos da la ley 1448 de reparación a las víctimas y las posibilidades misionales de la Unidad. Entonces, el principal esfuerzo de todos es poner fin al conflicto y establecer una verdadera garantía de no repetición, para poder avanzar en la reparación, ya que, si sigue el conflicto, continuarán repitiéndose los hechos victimizantes y la reparación no tendrá límites. Como lo he expresado “la misión que tenemos es de reconciliación y de construcción de paz; el país está en un momento histórico muy especial que no podemos desaprovechar.
Para la ANUC, el origen del conflicto armado interno tiene unas causas políticas, originadas en una democracia restringida y un modelo económico excluyente, en consecuencia, las reparaciones de los daños pasan por determinaciones políticas.
Procuraré, en desarrollo de la voluntad y compromiso del Presidente Santos de poner fin al conflicto armado y la atención central a las víctimas, contribuir con el liderazgo al interior del gobierno, de la institucionalidad y de las bancadas políticas, para promover las iniciativas legislativas y legales que se consideren necesarias. ANUC: ¿desde la perspectiva de la reparación colectiva, qué podemos esperar los campesinos y la organización de su gestión en la unidad nacional para la atención y reparación integral a las víctimas? A.J: tengo entendido que el proceso de reparación colectiva a la ANUC ya se está dando, ya existe una identificación de los daños causados y una agenda de reparación entrando en etapa de inicio, entiendo que la reparación colectiva pasa por la reparación individual a las víctimas de la organización, avanzaremos con diligencia en esta acción y se priorizará en las acciones de la reparación colectiva la recuperación de la organización, apoyando el restablecimiento del proyecto político, su estructura organizativa social y económica, procurando las garantías de seguridad para la participación, habilitar y disponer de los instrumentos necesarios para corregir cuando menos en parte los daños recibidos por el conflicto. La mejor garantía de reparación es la creación de las condiciones para la construcción de la paz. Trabajaré en el fortalecimiento de los territorios, puesto que la descentralización y autonomía territorial no es solo en recursos, sino especialmente en la formulación y tratamiento de los temas para la reparación integral a las víctimas. He sostenido que el estado y la sociedad debe hacer en materia de reparación a los territorios, comunidades y organizaciones, inversiones y esfuerzos institucionales equivalentes a la inversión en el conflicto.
ANUC: ¿Uno de los grandes daños causados se ha presentado en la economía campesina, cómo considera que la reparación colectiva debe contribuir a mejorar la economía campesina y la agricultura familiar? A.J.: Es claro que la reparación a los daños causados históricamente por el conflicto armado, requiere de una intervención integral del estado para repararlos, esta deberá ser como está planteado, la intervención del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV –,constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacional y territoriales, siendo la economía campesina el componente económico y productivo más importante de la Agricultura Familiar cuya misión es la de garantizar el abastecimiento de los alimentos de los colombianos deberá ser atendida y desde la unidad procuraremos el liderazgo necesario para que esta respuesta sea efectiva. ANUC ¿Se considera que ha habido lentitud en los proceso de reparación a las víctimas en especial a los campesinos, cómo se va a manejar este tema? A.J. Históricamente se considera que se han registrado por lo menos 8.068.272 víctimas de las cuales 6.209.329 son sujetas de atención y reparación, por lo tanto ha sido un extenso proceso de identificación, sin embargo, ya se viene ejecutando la atención, y en esta etapa esperamos agilizar la reparación individual y colectiva de las víctimas y organizaciones como el caso de la Anuc. Colaboración periodística Richard Nixon Ramos Tacha Apoyo José Martínez Guchuvo Fotografía: Unidad de Víctimas
María Eduarda Roa
Desde el punto de vista organizativo, la mujer campesina, juega un papel muy importante en la ANUC, construye comunidad, identidad y territorio, pues entiende que un derecho fundamental de los campesinos es la participación, para proponer e implementar el proceso organizativo en sus comunidades.
ablar de la MUJER CAMPESINA, es hablar de la familia; en la historia, la razón de ser del campesino es su mujer y sus hijos. Unidos construyen su bienestar, con dedicación, esfuerzo y compromiso, pues juntos el uno al lado del otro construyen y fortalecen su economía, es lo que se llama “hombro a hombro”.
En el marco de la paz y el postconflicto, la Anuc, implementa con la participación activa de las mujeres campesinas, una política en defensa de sus derechos, de tal manera que haya inclusión, equidad y solidaridad hacia el campo colombiano.
Sonia Marina Fontalvo
Presidenta ANUC ATLÁNTICO
Presidenta ANUC BOYACÁ
Derechos y retos organizativos de la Anuc
ANUC Estamos diseñando e implementando una política que contribuya al logro de relaciones de equidad y de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que eleve la calidad de vida de ellas, el respeto mutuo de los derechos humanos e impulse el fortalecimiento de los procesos socio-económicos de la familia. Como estrategia para continuar el proceso de las mujeres en la organización, desde el nivel nacional, la ANUC requiere y avanza en una propuesta orientada a: •	Estructurar la política de la ANUC, para la inclusión de la mujer en todas sus actividades y espacios. •	Incorporar dentro de la política de mujer campesina de la ANUC la cobertura y estrategias para ofrecer vida digna de las mujeres adultas. •	Estimular los procesos democráticos de organización, participación y movilización de las mujeres en el ejercicio del poder y la toma de decisiones en los procesos políticos, económicos, culturales, deportivos y sociales.
•	Promover y garantizar escenarios que fortalezcan la implantación de la política de la equidad de la mujer campesina y la responsabilidad que tienen las entidades territoriales en esta labor. Con motivo del XVI Congreso Nacional de la Anuc, se buscará que las mujeres campesinas construyan una ruta que ayude a promover paz y desarrollo rural al que históricamente, las mujeres campesinas han contribuido con protagónico liderazgo, mostrando grandes capacidades y significativos aportes en diferentes saberes y prácticas que celosamente guardan para cuidar a su familia, como alimentos, vestido, artesanías, cultivos, agroindustria, comercio; en fin, su creatividad no tiene límites cuando de ayudar a los suyos se trata. Con respecto a los acuerdos de La Habana y frente al desarrollo rural, es preciso reflexionar sobre cómo van a participar las mujeres campesinas en los logros de estas propuestas. Pues como se ha dicho, desde la participación las mujeres han aportado el sentido de campo y el sentido de paz, pues ella misma ha vivido el precio de la guerra y el desplazamiento.
Algunas ventajas para construir paz aliviar la intensidad del trabajo de cuidado, invertir en ello y no verlo como un gasto. ¿Qué pasos seguir? •	Podemos hablar de diferentes niveles. Primero se debería asegurar que las mujeres rurales puedan acceder a programas de capacitación, educación y extensión agrícola, porque cuentan con el apoyo de los bienes que reducen el trabajo de cuidado: guarderías, sistemas de agua potable y canalización de agua, y servicios de electrificación, los cuales debe garantizar el estado. Esto es lo básico. También podríamos decir que el estado, la sociedad civil y organizaciones comunitarias tienen la obligación de hacer esfuerzos para cambiar la mentalidad de que el cuidado es únicamente responsabilidad de la mujer y que es algo natural de ella. Naciones Unidas publicó un informe en 2013 en el que asegura que el trabajo de cuidado no pagado constituye una barrera para la participación de la mujer en el mercado laboral e impide que acceda a otros derechos. La intensidad y la responsabilidad de su trabajo perpetúan la desigualdad de derechos de la mujer en la política, salud, educación, seguridad social, y también de disfrutar de los adelantos científicos y a descansar. La lista es larga. Aunque esta no es la única causa de la desigualdad de la mujer, hasta ahora ha sido bastante invisible. En este sentido, lo que estamos pidiendo es que el estado debe implementar políticas para
•	Derechos de las mujeres campesinas. En el contexto anterior, es evidente que las mujeres campesinas deben gozar de todos sus derechos y por la naturaleza de su sector, fundamentalmente las siguientes: •	Acceso a tierras. Las mujeres rurales reclamamos, que el 50% de las tierras que adjudique la Agencia Nacional de Tierras se titulen a nuestro nombre con mayor atención a las mujeres cabeza de familia, en condiciones de vulnerabilidad, pobreza o víctimas del desplazamiento.
•	Fondo de fomento para las mujeres rurales. Se requiere al Ministerio de Agricultura para que destine por lo menos el 10% del presupuesto de inversión a este fondo y que su implementación incluya a todas las organizaciones de mujeres, incluidas las de naturaleza mixta como la ANUC, en las que nuestra prioridad es la estabilidad de la familia campesina como núcleo de la sociedad.
relación entre mujer y pobreza: “la pobreza de la mujer está directamente relacionada con la ausencia de oportunidades, de autonomía económica, de acceso a educación, de servicios de apoyo y de recursos económicos (incluido el crédito, la propiedad de la tierra y el derecho a la herencia), así como con su mínima participación en el proceso de adopción de decisiones.
•	Economía del cuidado. Las mujeres de ANUC hacemos un llamado a los Ministerios de Ambiente y Vivienda, Salud, Educación y demás, para que garanticen en nuestro sector la cobertura de servicios básicos como electricidad, agua potable, canalización, vías, salud, educación, recreación y otros para facilitar el uso del tiempo y el trabajo productivo en el campo.
En conclusión, la ANUC a su interior también debe consolidar la organización de la mujer, como sector que lucha y vela por su desarrollo socio-económico y la integridad de su familia, base de la organización.
•	Espacios institucionales para empoderamiento de las mujeres. Desde la óptica de las mujeres de la ANUC, pedimos se nos garantice representación en las juntas directivas y espacios nacionales y territoriales de decisión en entidades como el Sena, Finagro, Comisión Nacional de Crédito, Incoder y Colciencias. •	Las mujeres y el cambio climático. Las mujeres campesinas pedimos al gobierno que se fortalezca la institucionalidad para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y que, además, exista un mejor poder sancionador en contra de los megaproyectos mineros. En Colombia, las mujeres rurales se enfrentan a la invisibilización de su actividad productiva, al despojo, al desplazamiento y a la violencia sexual, que se incrementa en las regiones de conflicto armado. Desde 1995, con la Declaración de Beijing, se resalta la
•	Demandar del estado una política nacional para las mujeres campesinas con participación directa de ellas en su formulación y ejecución. •	Proveer formación, capacitación y educación para las mujeres campesinas en las distintas etapas de la vida, la niñez, la juventud, la adultez y la tercera edad. •	Proponer proyectos de emprendimiento con las mujeres de la organización y gestionar su financiación con recursos públicos y privados con el propósito de fortalecer y desarrollar una economía campesina viable. •	Facilitar y estimular la organización de las mujeres al interior de la misma ANUC. •	Impulsar la construcción de las agendas de paz de las mujeres. •	Propugnar por un desarrollo rural con participación e inclusión de las mujeres campesinas. •	Adoptar como política permanente el rechazo a todo tipo de violencia contra las mujeres. •	Contribuir a la difusión de las normas y leyes que protegen los derechos de la mujer. •	Apropiarse y desarrollar el mandato de la CEDAW contra toda forma de discriminación contra la mujer. •	Construir elementos de identidad campesina para conservar los valores y principios de la familia y la vida campesina.
•	Institucionalidad. Las mujeres campesinas requerimos que la Dirección de la Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura, goce de las garantías y recursos necesarios, capacidad técnica y de decisión para el cumplimiento de metas que deben ser previamente concertadas con asociaciones como la nuestra, para lo cual es indispensable un programa permanente de capacitación y cualificación de las lideresas campesinas a efecto de participar con capacidad de incidencia en las políticas.
Retos de la ANUC, frente a la organización de las mujeres. La ampliación de la base social, su fortalecimiento y consolidación en la ANUC debe partir de la inclusión de todos los sectores de género y generacionales, para lo cual en el caso de las mujeres se deben implementar acciones encaminadas a:
Excluir a los Campesinos del Servicio Militar. Paso necesario del Ejército para la Paz y la Productividad del Campo
a centenaria tradición jurídica colombiana nos dice que es deber del estado garantizar la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de todos los connacionales. Es eso lo que dispone nuestra carta política en su artículo segundo que además señala en sus fines esenciales: “… defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.” La responsabilidad de soberanía y la seguridad nacional le está atribuida a las autoridades y a sus fuerzas armadas; dentro de estas al ejército nacional que tiene como misión “… las operaciones militares orientadas a defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial, proteger a la población civil, los recursos privados y estatales para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo, que garantice el orden constitucional de la nación”.
Luis Alejandro Jiménez C. jóvenes campesinos reclutados e incorporados contra su voluntad a una guerra que no es nuestra, porque no es esa nuestra vocación. El campesino por naturaleza es un ser pacífico y trabajador que lucha todos los días para asegurar el sustento de su familia y producir la comida para la seguridad alimentaria del país. Las reflexiones que se hacen a continuación se centran en el ejército oficial de Colombia como el que merece regulación, pues los demás por estar al margen de la constitución y la ley simplemente deben desaparecer.
Nótese en la anterior definición que la misión del ejército se orienta a la seguridad, la paz y el desarrollo internos y la defensa de la soberanía e independencia frente a países o actores externos y que su finalidad no es precisamente la guerra interna a la que ha estado sometido.
Del reclutamiento contra la voluntad del campesino hacia un servicio social para el desarrollo. Por las circunstancias brevemente expuestas en las líneas anteriores y quizá como una práctica obligada para el propio estado, el ejército ha tenido la necesidad de tener entre sus tropas a un alto número de jóvenes colombianos, en su gran mayoría de extracción campesina a quienes simplemente se reclutan y se incorporan, pero no se les consulta si es su voluntad vincularse a las tropas. Son personas que en ese preciso momento no saben cosa distinta que cultivar la tierra y producir alimentos, pero desconocen los fines, estrategias y prácticas de la guerra porque no es esa su profesión.
Las últimas seis décadas de la vida colombiana han estado marcadas por el conflicto armado entre las fuerzas del estado y los diferentes bandos de guerrilla, paramilitarismo y otras denominaciones afines con estas, que en todos los casos arman y entrenan ejércitos con
El reclutamiento para el servicio militar “obligatorio” no solo se hace contra la voluntad del campesino sino que trae consecuencias como que lo desarraiga de su familia y de su medio o entorno productivo en el sector agropecuario; situación que conduce a tres hechos bien definidos: Se
instruye y entrena a nuevos ciudadanos para el manejo de las armas sin ser esa la profesión por ellos elegida porque no es esa su vocación; se reduce la oferta de mano de obra para la actividad económica natural del joven rural que es la agropecuaria y acelera su migración a las áreas urbanas con la seguridad de no retorno al campo, pues lo conduce al fracaso de un proyecto de vida urbano que sueña, pero para el cual no está preparado. El otro efecto muy visible es la despoblación y envejecimiento del campo con una muy creciente reducción de áreas sembradas y de volúmenes de alimentos producidos.
El modelo ya descrito si bien tiene amparo en nuestro ordenamiento jurídico, también riñe con otros principios de rango constitucional, entre ellos el libre desarrollo de la personalidad expresado en el artículo 16 de la carta, por cuanto la obligatoriedad del servicio militar y de cualquier otra actividad de la vida humana, por ser obligatoria restringe la libertad y constriñe a las personas a tomar las armas aunque estén en contra de ellas y por ende las induce a una guerra en la que no quieren estar.
Otro enfoque que traemos a este análisis es el del artículo 22 que define a la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, el servicio militar obligatorio para la guerra tampoco se amolda a ese principio, pues en la práctica saca a los campesinos de la producción pacífica y los coloca en frente de la guerra.
inicialmente soñado y lo conduce así sea temporalmente a una actividad diferente a la profesión u oficios naturales de su entorno, del cual como ya se dijo termina desarraigándolo.
De otra parte se consagra en el artículo 25 que “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del estado” y seguidamente nuestra constitución señala (artículo 26) que “toda persona es libre de escoger profesión u oficio”. La imposición del servicio militar obligatorio entonces también se contrapone con los anteriores enunciados de la carta, porque el reclutamiento extrae por la fuerza al joven campesino de su trabajo habitual en el sector agropecuario, situación que trunca su proyecto de vida
Una cosa es un ejército para la guerra y otra distinta un ejército para la paz y la soberanía nacional. Esta es una reflexión muy pertinente en estos tiempos cuando la inmensa mayoría de los colombianos esperamos ver materializados acuerdos de fin de conflicto con las guerrillas y el control de otras expresiones armadas, también ilegales. Pero desde luego que esperamos y así tendrá que ser un fin de la guerra acompañado de la construcción de condiciones para la paz estable y duradera.
ANUC Un país en guerra interna requiere de un ejército de gran tamaño que además de proteger la soberanía nacional dedica muchos hombres al combate de la insurgencia armada, es decir se constituye en actor de la guerra; mientras que en un país en paz la acción del ejército se centra en los asuntos de la soberanía nacional con menores inversiones en hombres armados y por ende menos recursos destinados para encarar el conflicto. Esa circunstancia permite imaginarnos un nuevo ejército, más pequeño, más dotado tecnológicamente y más profesional, con óptimos resultados dando paso a una menor necesidad de reclutamiento y preservando la permanencia de campesinos en su oficio natural, la producción de alimentos para nutrir a la nación entera. Un gran número de países en el mundo, no contempla dentro de su ordenamiento jurídico ni en sus estrategias de seguridad y soberanía el servicio militar obligatorio, sino ejércitos profesionales, integrados por personas que voluntariamente escogen la vida militar como su profesión u oficio, la ejercen con exclusividad, pericia y dedicación; pero además en condiciones económicas dignas que garantizan el sustento de sus familias y mantienen en el soldado un alto nivel de motivación que se traduce en garantía de la eficacia en su trabajo con mejores resultados. Por lo anterior y muchas otras razones que habrán de profundizarse en otros escenarios y momentos, es que la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia ANUC, se atreve a proponerle una vez más al país en cabeza de su gobierno y del congreso de la república, impulsar y aprobar las reformas constitucionales y legales necesarias para: Instituir en Colombia la profesionalización de su ejército con soldados que libremente adopten como su profesión u oficio la vida militar.
Garantizar a ese ejército profesional una remuneración o sueldo digno acorde con el tipo de actividad y sus riesgos implícitos. Como consecuencia de lo anterior, abolir la obligatoriedad del servicio militar. Crear y reglamentar para los jóvenes de todos los sectores sociales de Colombia el servicio social de apoyo o fomento a las actividades inherentes a la productividad para la seguridad alimentaria y/o el desarrollo socioeconómico de las comunidades campesinas en su entorno natural. Institucionalizar en el ejército profesional colombiano el desarrollo de una función social propia, que se articule con el servicio social de los jóvenes como una forma de fortalecer la convivencia y cooperación entre el ejército y la sociedad civil. Incorporar en las actividades internas y externas del ejército prácticas pedagógicas conducentes a levantar la estigmatización que en el pasado hicieron algunos de sus integrantes contra las organizaciones campesinas a las que equivocadamente señalaron como equivalentes o escondites de grupos subversivos e implementar como medida reparadora la ayuda mutua sociedad ejército para fortalecer las dos institucionalidades en comento. Está convencida la ANUC que si un modelo como el que aquí proponemos se acoge y se adopta, Colombia podrá contar en poco tiempo con un ejército profesional muy sólido garante de la seguridad y soberanía nacional, con aceptación y respaldo pleno de la sociedad. Y al mismo tiempo se contribuye en alto grado a detener la migración campesina para mantener la productividad agropecuaria fomentar la economía campesina y consolidar la paz. Equivale esto a lo que el Consejo Nacional de Planeación denomina “Paz Productiva”
¡! AMAR NUESTRO PASADO, ES SABER QUIENES SOMOS!!
ay una frase muy célebre repetida en nuestro país “Quien no conoce su pasado, está obligado a repetirlo”. Pero ante una historia tan llena de logros y sacrificios en contra de tantos derroteros a favor de nuestros campesinos da la fuerza y el amor de enamorarse por esta lucha siguiendo el mismo camino. Es un deber de cada uno de los jóvenes que conformamos el presente de la organización: conocer, digerir y apropiar los hechos que nos antecedieron. Porque son las bases de nuestra casa y en ella están consumidas innumerables vidas de mujeres y hombres que han dejado todo y enfrentado con no más armas que sus vidas a los enemigos de nuestros derechos. Les damos gracias por construir lo que tenemos hoy. Los retos que nos trae este tiempo, comprenden desde la pérdida de nuestras costumbres hasta pasar por la misma transformación del núcleo familiar, la manera que producimos nuestros productos, llevando cada vez más a la utilización de insumos contaminantes para la naturaleza y por supuestos para nosotros mismos. Es inminente que las comunidades campesinas hagamos parte de la coyuntura del acuerdo de La Habana entre la
FARC-EP y el Gobierno Nacional (propuesta que siempre hemos respaldado y aportado desde nuestra organización) al igual que el resto de la sociedad del país. Lo que nos deja a portas de un escenario similar a la apertura económica. Donde el joven campesino afectado por la falta de educación, de atraso tecnológico e innovación y con cicatrices vivas creadas por el conflicto interno no sabe qué papel va a jugar en él, ni es clara una estrategia de gobierno para esto. No podemos sino reclamar de manera urgente la generación de verdaderos procesos de fortalecimiento al sector campesino, con políticas públicas donde el campesino y especialmente el joven rural, sea actor constructor y determinante con acceso a créditos productivos, educación rural óptima, salud, acceso a tierras y el goce pleno de sus derechos; todo esto con el fin de convertirnos en “jóvenes campesinos con iniciativa de paz”. Queremos aprovechar este espacio, llenos de nostalgia para dedicar y conmemorar con nuestro firme propósito de continuar en la lucha por los derechos del campesinado a todos los que han dejado su vida estando en ello, en especial en los últimos tiempos a Miryam Ruiz de Caicedo, Miguel Mariano Pérez Teherán y Daniel González.
Representante juventud en Junta directiva ANUC
democracia local y el campesinado
Alfonso Cuéllar SolanoI* Hace 200 años se habla de reformas tributarias, pero, en ninguna trata el tema de los impuestos relacionados con las localidades, esto es, el catastro base sobre la cual se aplica la tarifa del impuesto predial y columna vertebral de los recursos con que cuenta el municipio para sus planes de inversión y desarrollo. Parece ser un tabú intocable y en la situación presente demuestra la falta de compromiso real del gobierno para con la democracia y la paz territorial, habida cuenta que en las regiones es donde las reformas y los recursos deben empoderar a los ciudadanos para superar el sistema de atraso político y económico que padece el municipio, la sociedad local y en particular los campesinos mayoría poblacional en unos 800 municipios del país. ¿Por qué, en 200 años no se ha creado un sistema equitativo de impuesto predial? Esto es, que el que más tiene más pague. El secreto está en que a nivel municipal se ha creado un sistema político en que caciques, gamonales, politiqueros y terratenientes ganaderosII que reparten el presupuesto a cambio de votos con lo que manipulan los Concejos Municipales para que los avalúos catastrales sean irrisorios y el impuesto predial esté por debajo del I	Consultor y miembro del Comité Político de la Anuc. II	Rafael Gutiérrez Girardot, “Estratificación social, cultura y violencia en Colombia”, Estudios Sociales, No. 7, 2003.
mínimo que estipula la ley y nunca esté actualizado. Paradójico, pero tienen de su lado al campesinado al que le han inculcado una cultura del no pago de impuestos sobre la propiedad porque ese dinero lo roban los corruptos. Al respecto, una sociedad moderna no es porque el catastro se elabore con sofisticadas técnicas. No, es moderno, porque existe la cultura cívica de que todos debemos pagar algo de impuestos, supervigilar la inversión, porque no existirá adelanto si los recursos dependen de las transferencias que hace el gobierno nacional. Los ejemplos siguientes lo confirman: en 2005 la Guajira pago 25 millones de pesos en predial sobre 145.000 hectáreas; Atlántico $60 millones por 46.000 hectáreas; Bolívar $128 millones por 510.000 hectáreas; Cesar $232 millones sobre 206.000 hectáreas; Sucre $ 371 millones entre 264.000 hectáreas y Magdalena $ 370 millones en 470.000 hectáreas. Mientras en Caldas y Cundinamarca pagan un impuesto por hectárea de $472 y $1067, los departamentos ganaderos de la costa Caribe el impuesto apenas es entre $80 y $250. Es decir, el impuesto que se recauda no alcanza para pagar el costo de su recolección.
Gran propiedad, tributación y desarrollo El sistema moderno de impuestos tiene una compensación en la representación política. En Colombia la gran propiedad paga muy poco o casi nada. Sin embargo, no de derecho sino de hecho ejercen el poder político a su arbitrio sin permitir la entrada de ninguna fuerza política nueva. Cuando esta surge y no la pueden controlar, utilizan la violencia para exterminarla. La Ley 34 de 1920 definió una tarifa máxima del 2 por mil de impuesto predial que luego se incrementó en dos puntos veinte años después. Ana María Iregui en investigación del Banco de la RepúblicaIII encontró que en Sucre hay municipios que recaudan menos de cinco mil pesos por predial. La Misión de Finanzas Intergubernamentales de 1981 encontró una serie de problemas relacionados con el predial como “deficiencias en la administración de los cobros, la desactualización de los avalúos y el gran número de exenciones”, de manera que, “la tarifa promedio efectiva se estimó en 2,6 por mil frente III	Ana María Iregui et al. (2004) “El impuesto predial en Colombia: evolución reciente, comportamiento de las tarifas y potencial de recaudo”, Ensayos sobre Política Económica, Banco de la República.
Una muestra de inequidad rampante, es el municipio indígena de Inzá (Cauca) -donde tuvo lugar la primera acción militar del recién constituido Bloque Sur antecesor de las Farc con la masacre de los pasajeros (entre ellos dos monjas) de una línea de bus que se dirigía a Popayán- la tarifa es del 13.3 por mil, mientras que Cereté (Córdoba) lugar de lo que denominan agricultura moderna, o comercial es de apenas el 3.5 por mil; Ubaté con lecherías que llaman tecnificadas como la del Ministro Iragorri es de 4.1 por mil, mientras que Chivolo (Magdalena) epicentro de la oposición a la restitución de tierras del cabecilla de los ganaderos el señor Lafaurie, es del 1.7 por mil. Carlos Gustavo Cano directivo del Banco de República y conocedor de primera mano de la realidad rural, como que su familia es importante productor de arroz constata que: “Gran parte del suelo apto para agricultura se halla ocioso o en ganadería extensiva e ineficiente: en especial en Magdalena Medio, Cesar, valle del Sinú, litoral Caribe, piedemonte del sur de Casanare y Ariari en el Meta, o sea donde la tributación
IV	Enlace de consulta: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/ normas/Norma1.jsp?i=267
predial rural es inexistente o insignificante.”V Como solo la mitad del rural se halla actualizado, estiman que la otra mitad apenas alcanza, a lo sumo, entre el 25% y el 30% del avalúo comercial. Durante el último lustro el promedio nacional de la tarifa nominal no ha pasado del 8,5 por mil, en tanto que la efectiva apenas es del 5 por mil, por efecto de no pago, a exclusiones y exenciones de orden discrecional por parte de Concejos Municipales. La conclusión a partir de la Constitución de 1886 se centraliza el país, se bogotaniza dicen otros y la pseudo-aristocracia de la capital es investida de poderes omnímodos a través del Presidente, minimizando el poder municipal y regional, con lo que la gobernabilidad queda reducida a las relaciones del gobierno central con pequeñas camarillas de gamonales y caciques políticos que Carlos Lleras Restrepo denominó clientelismo y calificó como el principal peligro para la democracia colombiana, reforzado en los últimos 50 años por el clientelismo armado, cuyo principal efecto ha sido debilitar aún más el estado a nivel local. Por lo que, alcanzar una solución del conflicto armado con todas las fuerzas en pugna, abre un sendero de paz territorial y una oportunidad para aquellas organizaciones sociales.
V	Cano, Carlos Gustavo “Carestía e inflación: qué esperar de la política agrícola y los gravámenes a la tierra y el carbono”, Borradores de Economía, Banco de la República, 2016, p. 17. (El subrayado es mío)
al 4 por mil establecido en la ley. Por eso, la Misión encontró que “Colombia era uno de los países latinoamericanos con el rendimiento más bajo de tributación a la propiedad.” Hoy nos rige la Ley 14 de 1983 (Julio 06), modificada por la Ley 75 de 1986 y otras reformas.IV
ANUC Oficinas ilegales de cobro de impuestos Pero hay algo más, proliferan con mayor fuerza el pago informal de impuestos extorsivos informales, mediante el boleteo, la amenaza, el secuestro y las contralorías, procuradurías, curadurías, notarias, veedurías se vienen convirtiendo en oficinas captadoras de coimas en vez de voceros de los ciudadanos. Se legisla para que no se cumpla y cada vez más se multiplican los “impuestos” extorsivos por fuera de los que van al estado, a través de las llamadas “oficinas” de actores ilegales que actúan
con impunidad en contubernio con las autoridades, como oficinas paralelas de “recaudación de impuestos.”VI Especialidad esta de las bandas paramilitares que siguen operando con sus ‘oficinas’ en todo el país. Y según Kalmanovitz, “La guerrilla sigue bien el ejemplo e impone una tributación despótica cuyo incumplimiento no tiene como castigo la voladura de los activos del contribuyente sino el secuestro y la muerte del mismo.” VI	Mauricio García Villegas / Javier Revelo (2010) Estado Alterado. Clientelismo, mafias y debilidad institucional en Colombia. Bogotá. El libro se puede leer o copiar en el siguiente enlace: http://works.bepress. com/javier_revelo-rebolledo/2/
Acuerdo de La Habana: catastro e impuesto predial En el punto 1.9 el gobierno Nacional se compromete a “poner en marcha un Sistema General de Información Catastral integral multipropósito”. La ANUC debería abrir una discusión informada sobre este punto crucial e ir más allá de crear UN sistema, a proponer una LEY que el analista político Ariel Ávila llama la ‘pequeña oportunidad’ abierta con la aprobación del Acto Legislativo para la Paz. Algunos puntos a tener en cuenta de un articulado coherente es lo referente a: •	El apoyo técnico, administrativo y financiero a los municipios para dicha acción. •	Reglamentación para la amplia y efectiva participación ciudadana.
•	Sistema para la liquidación, cobro y recaudo y usos de los recursos prediales. •	Normas para la fijación del avalúo catastral y las tarifas del predial, según el principio de progresividad y equidad: el que más tiene más paga. Ejemplo: predios de menos de 10 hectáreas en producción agropecuaria tarifa mínima fija; hasta 20 has: avalúo comercial X tarifa del 3 por mil; 20-50/has el 5 por mil; 50-200/has 8 por mil; 200-500/ has, 10 por mil y 500-5.000/ has avalúo comercial por techo de 16 por mil. 5.000/has en adelante nueva tarifa del 20 por mil. •	Prohibir cualquier tipo de exención aun para beneficiarios de los planes de pos acuerdo y mucho menos amnistías.
Cuadro 1. Vocación de uso, cobertura y uso actual del suelo Vocación de uso Tipos
22.077.625
5.315.705
15.192.738
34.898.456
4.057.776
5.064.191
64.204.294
60.703.476
6.303.503
4.332.133
2.338.864
3.860.840
Agrosilvopastoril Forestal
114.174.800
114.174.801
Fuente: IGAC (2012). Cuadro 2. Número de predios y áreas en hectáreas. Colombia 2009
ANUC Tipo
Predios Participación Hectáreas en el total de predios
Área en Participación en la superficie %
7.615.148
13.896.048
13.209.105
37.925.233
3.225.485
72.643.532
Gran propiedad TOTAL Fuente: Proyecto de Protección de Tierras
No se trata de escamotear la restitución de tierras o la imperiosa necesidad de reestructurar la propiedad utilizando el Fondo Nacional de tierras para ampliar o dotar a los que no la tienen, sino de un acto de equidad. Las estadísticas son tozudas: Por esta razón personajes como Roberto Junguito del Partido Conservador afirma que “la estructura de incentivos vigentes frente a la propiedad y el acceso a la tierra, la política comercial agrícola, y la asignación del gasto público sectorial afectan adversamente la adecuada asignación de los recursos productivos en la agricultura ha dado lugar a rentas a grupos reducidos de agricultores. (Junguito et al., 2014,14) y Juan Camilo Restrepo también Conservador en su libro La cuestión agraria apoya el punto de vista de modificar los parámetros de la tributación predial. Con claridad el miembro de la Junta Directiva del Banco de La República Carlos Gustavo Cano
dice, “El camino más indicado y expedito, es la utilización de la tributación sobre la tierra, específicamente del impuesto predial.”. Hace unos días Horacio Serpa, Jefe del Partido Liberal se pronunció de manera positiva en tal sentido. Igual el Partido Verde y el Polo Democrático y sectores académicos, el más sobresaliente el escrito de Alejandro Reyes sobre el posacuerdo. La terminación del conflicto armado y la voluntad de reformas que ha manifestado el gobierno indican que el movimiento campesino pueda esta vez jalonar una propuesta en forma de artículos de Ley una nueva visión para el campo colombiano que solo será real cuando el municipio cuente con los recursos económicos propios, los campesinos y sus aliados sean fuerza mayoritaria en los Concejos Municipales y como lo indica la Ley, crear, consolidar y que sean autónomos los Consejos Municipales de Desarrollo Rural.
Participación política y comunitaria con identidad real de los campesinos Luis Alejandro Jiménez C. En el entendido de que la paz no se negocia sino que se construye y se alimenta en el día a día con la participación activa e igualitaria de todos y en todas las instancias incluidas las de decisión política y administrativa, la ANUC ratifica su convocatoria al gobierno, a los partidos políticos y a la sociedad en general a reconocer al campesino como sujeto de derechos que deben respetarse y protegerse. El momento actual de Colombia que es eminentemente político nos permite remitirnos a la historia y recordar que
la participación política de sectores como el campesino se plantea desde la guerra de los mil días y que en más del 60 % de nuestros actuales municipios los campesinos representamos la mayoría de su población y que en el global nacional aún somos casi la tercera parte de los colombianos. Esa mayoría territorial y amplia franja ciudadana campesina, también es parte del quehacer político, pero nos preguntamos hasta hoy, ¿al servicio de quién o para qué? acaso nuestra participación únicamente como votantes ha logrado alguna incidencia en temas como la política pública agropecuaria y de desarrollo rural, la reforma política, la reforma fiscal o tributaria, la reforma a la justicia, entre otras?. Obviamente la respuesta es
Condiciones políticas favorables
no. La causa también es obvia porque solo votar no es democracia plena y Colombia carece de ella. De cara a la firma de acuerdos para el fin del conflicto entre el gobierno y las guerrillas es inminente el surgimiento de o alineación de espacios y fuerzas políticas que ya se debaten entre las tendencias cada vez más marcadas entre izquierda y de derecha y se agitan trapos sucios como banderas que arengan y confunden entre capitalismo, socialismo y democracia. Lo de fondo es que hoy no hay democracia real. La pregunta hoy es ¿si los acuerdos con las Farc o a cualquier otra guerrilla como victimaria se les ofrecerán espacios o cupos específicos en el congreso de la república para que se incorporen a la vida democrática mediante el ejercicio de la actividad política, la cual acogemos y respaldamos, porque no y con mayor razón garantizar esa misma opción a los campesinos que en general somos víctimas directas o indirectas del conflicto armado y a quienes se nos ha restringido el ejercicio democrático con identidad? No se trata de que la ANUC y en general los campesinos nos alineemos en alguno de los espacios o fuerzas tradicionales o las que surjan con ocasión de los acuerdos, ni en la izquierda de las Farc, ni en la derecha de Uribe, sino de participar a plenitud en la vida democrática del país pero con identidad propia como sector social, económico, cultural y desde luego político, propuesta
que la ANUC viene haciendo durante sus nueve lustros de existencia. Proponemos y queremos que nos dejen ejercer en las instancias decisión política la protección y ejercicio de los derechos de los campesinos, dentro de los parámetros de la igualdad, la tolerancia y el entendimiento con todos los demás sectores que participan de nuestra débil democracia que esperamos ayudar a fortalecer con políticas pertinentes que interpreten a través de sus voceros directos las respuestas y procedimientos para superar las necesidades y problemas cotidianos del campesinado. No se trata tampoco de un capricho de alguna organización o dirigente campesino sino la de la necesidad y de la conveniencia nacional de poner en práctica derechos y principios universales e internos que desde tiempos remotos los enuncian, pero cuyo ejercicio tradicionalmente se ha restringido. Algunos de ellos se pueden extraer de la siguiente normatividad vigente: •	La declaración universal de los derechos humanos aprobada por la ONU, que desde luego obliga para Colombia como miembro activo de esta organización, establece en diferentes artículos el derecho a la igualdad de las personas. Así por ejemplo el artículo 1. habla de la libertad en dignidad y derechos. El artículo 2. establece que todas las personas tienen todos los derechos y libertades proclamados en esa declaración, sin distingos de ninguna índole, entre ellos el origen social o la posición económica, situación que es ratificada por el artículo 7. cuando señala que todos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos y de manera más específica el artículo 21 de esa misma norma universal nos otorga el derecho a participar en el gobierno del país directamente o por medio de nuestros representantes (en este caso campesinos) y de acceder al ejercicio de las funciones públicas. •	Nuestra constitución política de Colombia, de alguna manera ha recogido parte de los mandatos universales sobre participación política, pero aún, para el caso de los campesinos no se aplica porque se ha
•	El artículo segundo numeral 4 del proyecto de resolución de la ONU sobre derechos de los campesinos dispone: “Los campesinos tienen derecho a participar en el diseño de políticas, en la toma de decisiones, la implementación y el monitoreo
Los campesinos, además de nuestra participación poblacional y pese a ser un sector social marginado, somos un sector económico y por ende tenemos derecho a debatir desde los concejos municipales hasta el propio congreso de la república, y en las instancias de participación local, regional y nacional, las leyes que nos afectan, su reglamentación, la forma de implementación y nuestra intervención directa en la ejecución, pero carecemos de representantes legítimos en esas instancias y de ahí los desaciertos de las políticas que otros actores nos aplican, sin la interpretación real de nuestros problemas y necesidades. Participación comunitaria y representación política. Es indispensable que los gobiernos municipales, departamentales y Nacionales garanticen el funcionamiento de todas las instancias de participación,
de todo proyecto, programa o política que afecte sus tierras y territorios” Los campesinos somos la tercera parte de la población colombiana y actores de desarrollo. Los campesinos seguimos siendo en Colombia cerca del 30% de la población, pero esa proporcionalidad es totalmente ignorada o excluida de la estructura política nacional, especialmente cuando de representación en las corporaciones públicas de elección popular se trata, pues no existe definida en ninguna de nuestras normas dicha participación en igualdad de condiciones como ya se ha reconocido con todo el derecho para los hermanos indígenas y afrocolombianos. Esta circunstancia hace que las decisiones no interpreten el sentir y las necesidades de la población campesina y por eso en la mayoría de casos, la legislación o los actos administrativos son contrarios a la realidad del campesino como persona y a su desarrollo como sector social y económico.
representación y concertación existentes y que se permita a organizaciones como la ANUC su participación en cada una de ellas, sin discriminaciones por parte de los gobiernos respectivos. Entre esas instancias vale la pena señalar: Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural CMDR. Las comisiones Municipales de asistencia técnica agropecuaria, los consejos territoriales de planeación, los CONSEA departamentales, las Juntas directivas de las Corporaciones ambientales CARs, las Juntas y consejos directivos, asesores, consultivos, etc. de todas las entidades públicas municipales, departamentales y nacionales que prestan servicios o desarrollan programas orientados a los campesinos. El país gana reconociendo al campesino, actor económico y gana incorporándolo a la actividad política con pleno ejercicio de sus derechos que fortalecen la democracia y
reglamentado para otros sectores (indígenas, afros) pero no para el nuestro. Al respecto, por ejemplo el artículo 78 habla de que “el estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y de usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen”, en tanto que el artículo 79 señala: “La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.” Y por su parte el artículo 107 de nuestra carta política, desde el texto original en 1.991, al definir garantías políticas para todos los nacionales señaló: “También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos”
RECONOCIMIENTO Y GRATITUD A UNA GESTIÓN Desde su creación, la ANUC en su relación con la sociedad y con el estado ha registrado diferentes momentos, la mayoría de grandes dificultades, agresiones y estigmatización que la han tenido al borde de la desaparición, por los que preferimos no hacer recordación y en menor proporción, pero eso si de la más grata recordación, porque gracias a la sensibilidad y voluntad de servidores públicos y a la tenacidad de sus dirigentes es que la asociación sobrevive. En esta ocasión destinamos un pequeño espacio para reconocer que en medio del pánico que causó la violencia sobre la organización y de la desesperanza creciente en las acciones del estado, el gobierno nacional promovió la ley 1448 de 2011 para la reparación a las víctimas y la restitución de tierras, en cuya aplicación, la ANUC fue reconocida como víctima del conflicto armado en la modalidad de colectivo como caso nacional y que luego de recorrer un camino considerable de la mano de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, hoy cuenta con un plan de reparación aprobado y en la primera fase de su implementación.
Expresamos desde acá nuestra gratitud con todo el equipo de la Unidad, el que lideró la Doctora Paula Gaviria y que ahora asume con igual sensibilidad y empeño el también víctima, doctor Alan Jara, con quien estamos seguros continuará nuestro proceso. Esta gratitud es con todo el grupo, con Iris Marín, María Eugenia Morales, Carolina Albornoz, Valentina Erazo, Santiago Forero, Alejandra Barrera, Lina, Daniel y todos sus compañeros. Gracias a su condición humana y a su dedicación, estamos volviendo a creer que sí es posible y a ratificar que con voluntad, siempre se superan las más elevadas barreras y que con nuestro empeño vemos en el horizonte la cima que pronto alcanzaremos a través de la unidad de la organización.
El destino sigue arrebatando vidas de destacados dirigentes de la ANUC Durante la existencia de la ANUC, a sus dirigentes nos ha correspondido conocer e informar sobre el fallecimiento de muchos de sus asociados y destacados líderes, unos a consecuencia del miserable conflicto armado que nos colocó como víctimas en medio de un fuego cruzado del que no somos parte sino únicamente víctimas. Pero también hemos tenido que registrar en estas mismas páginas la dolorosa partida a causa de enfermedades de otros de nuestros queridos compañeros y esta no es la excepción. Rendimos entonces homenaje póstumo a la obra de:
JOSÉ DANIEL GONZÁLEZ CARRILLO
JORGE ENRIQUE LENIS LOZANO
Nació en San Martín de los Llanos, departamento del Meta el 29 de noviembre de 1.946. Siempre tuvo la vocación de productor agropecuario, fue beneficiario de reforma agraria, y tuvo que vivir la crisis del sector y la violencia que lo obligó a salir de su propiedad y para continuar en la actividad productiva debió dedicarse a alquilar terrenos, pagar arriendos y seguir cultivando.
Cómo recordar a este trabajador curtido, inquieto e inteligente líder muy convencido que el conocimiento es indispensable para soportar nuestra actividad y que para adquirirlo nunca es tarde, por eso siempre fue ejemplo de superación y pese a los años se mantuvo combinando la vida de los cultivos con la de las aulas donde estudió hasta sus últimos años logrando graduarse como tecnólogo del Sena.
Durante 20 años estuvo vinculado a la ANUC en el Meta, ejerció la presidencia de la asociación municipal de usuarios campesinos de San Martín y hace 4 años, como reconocimiento a su liderazgo, lealtad y compromiso en la defensa de los intereses de los campesinos, el congreso departamental lo eligió presidente de la ANUC Meta, dignidad que ejerció con dedicación y decoro hasta el 8 de junio de 2016 cuando falleció en el hospital de Granada Meta a causa de una enfermedad que no pudo superar y que nos privó de seguir contando con su trabajo ejemplar como persona y como dirigente. Desde este espacio, la asociación nacional en nombre de sus afiliados en todo el país expresa su solidaridad y condolencia a Diana, la esposa fiel de Daniel y a sus hijas Nancy y Victoria.
Jorgito, como cariñosamente le dijimos, fue cofundador de la ANUC, directivo departamental y nacional por varios años y presidente de la ANUC VALLE al momento de su fallecimiento, cargo que había asumido recientemente ante el fallecimiento de la también presidenta Miryam Ruiz de Caicedo.
PAZ EN LA TUMBA DE LOS COMPAÑEROS, SOLIDARIDAD CON SUS FAMILIAS Y COMPROMISO ETERNO DE HONRAR SU MEMORIA

References: resolución 
 artículo 66
 artículo 64
 artículo 16
 artículo 22
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 21
 resolución 
 artículo 78
 artículo 79
 artículo 107