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Timestamp: 2020-07-03 17:43:59+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 67, de 27/04/2016
cve: DSCD-11-CO-67
Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 67
- Sobre temporalidad en el mercado laboral (contratación fraudulenta) el fraude en la contratación. Presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000224) ... (Página2)
- Relativa a llevar a cabo determinadas reformas legislativas en consonancia con la estrategia española de seguridad e higiene en el trabajo 2015-2020 a los efectos de integrar la actividad preventiva en la empresa, mediante la asunción de la prevención de forma prioritaria con recursos propios. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000441) ... (Página8)
- Relativa a combatir el fraude laboral a la Seguridad Social, incidiendo en las irregularidades derivadas de las prácticas académicas externas en empresas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000469) ... (Página13)
- Sobre la rebaja de la edad de jubilación de los trabajadores y trabajadoras cuidadores de personas dependientes en el sector sociosanitario. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000542) ... (Página17)
- Sobre medidas para mejorar la protección social y facilitar el emprendimiento de los trabajadores autónomos. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000551) ... (Página21)
- SOBRE TEMPORALIDAD EN EL MERCADO LABORAL (CONTRATACIÓN FRAUDULENTA) Y EL FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000224).
Señorías, señalo que la votación de las distintas proposiciones no de ley que se debatirán en el día de hoy no tendrá lugar antes de las doce horas de la mañana.
Comenzamos con el debate de la proposición no de ley sobre temporalidad en el mercado laboral (contratación fraudulenta) y el fraude en la contratación, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. Antes de iniciar el debate hago saber a sus señorías que en el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, por el que se remitió a esta Comisión esta proposición no de ley, se hacía constar que en el caso de su eventual aprobación se entendería que está dirigida al Gobierno que se constituya, aunque ya sabemos que no se va a constituir. Pero, vamos, qué le vamos a hacer.
Por el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra don Miguel Vila.
El señor VILA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, me gustaría empezar leyendo unos datos que justifican la presentación de esta iniciativa por parte de mi grupo y que enmarcan bien el debate que se va a tener en torno a la misma. Los datos que nos da el INE sobre temporalidad en España nos dicen que desde enero de 2015 a julio del mismo año el 91,7 % de los contratos firmados fueron temporales. Desde 2008 al tercer trimestre de 2015 los contratos de siete o menos días de duración llegaron a alcanzar el 15 % del total, lo que supone un 10 % más desde el inicio de la crisis. Según Eurostat, España tiene un 30,7 % de contratación temporal frente a la media comunitaria que tiene un 13,6 %, o frente a países como Noruega que tiene un 8 % y Dinamarca que tiene un 9 %. Por otro lado, la contratación temporal y la precariedad afectan especialmente a la juventud, ya que de los 2,6 millones de contratos firmados durante los tres primeros trimestres de 2015 con una duración de una semana o menos, el 37 % fueron firmados por jóvenes de entre 16 y 29 años.
Pese a esta realidad nos encontramos con que dos de los objetivos fundamentales de las políticas sociales comunitarias son la estabilidad en el empleo y la limitación de la contratación temporal. Para ello, en 1999 se aprobó la Directiva 1999/70/UE que genera un marco normativo que pretende impedir el uso excesivo y abusivo de la contratación temporal. El Estatuto de los Trabajadores tiene la obligación de trasposición de esta directiva y para ello establece el contrato indefinido como el contrato natural de trabajo para la prestación de un servicio en la actividad habitual de una empresa. Por tanto, la contratación temporal es y debe ser siempre excepcional y, como tal, debe tener siempre una causa objetiva y estar debidamente fundamentada.
Sin embargo, en España nos encontramos en todas las reformas laborales acometidas desde 1997 con esta omnipresente apelación a la estabilidad en el empleo, que se ha convertido en la principal herramienta de depredación de derechos laborales. Especialmente significativos son los casos de la reforma laboral de 2010 del Partido Socialista y de 2012 del Partido Popular, de las cuales se derivan reformulaciones de la legislación laboral que consisten esencialmente en hacer de la inestabilidad la norma general en nuestro ordenamiento jurídico laboral. Especialmente significativa es la reforma laboral del Partido Popular de 2012, donde establece el contrato de apoyo a emprendedores. Este contrato de apoyo a emprendedores que presume de ser indefinido, sin embargo, introduce una quiebra fundamental en la razón social básica del contrato, es decir, en la objetivación. Este contrato establece un periodo de prueba de un año, en el cual no hay causa en la contratación ni tampoco hay causa en el despido. Por tanto, nos volvemos a encontrar, bajo los grandilocuentes discursos de estabilidad en el empleo y garantía de derechos laborales, con la precariedad más absoluta.
Este contrato introducido por la reforma laboral del Partido Popular en 2012 parece ser el preludio de lo que el Partido Socialista y Ciudadanos han pretendido introducir en nuestro mercado laboral con ese pacto de no investidura, que felizmente salió rechazado del Congreso con 219 votos en contra. En este pacto que firmaron el Partido Socialista y Ciudadanos se introducía la figura del contrato estable y
progresivo que, sin embargo, lo que hacía era eliminar las causas en la contratación durante los dos primeros años y, por tanto, las causas en los despidos. Es decir, que pretendía convertirnos a todos los trabajadores y trabajadoras de este país en temporales, profundizando aún más en la precariedad en la que nos encontramos en el mercado laboral en España. Una precariedad que tiene otras consecuencias -quienes hemos trabajado en las empresas y hemos conocido los contratos temporales y precarios en este país las conocemos bien- como el miedo a no ser renovado, el miedo a no volver a ser contratado. Todo ello deriva en la sumisión de los trabajadores; sumisión porque a causa de ese miedo se ven incapacitados para defender sus derechos. También la contratación temporal impide la implicación de los trabajadores y de las trabajadoras en las problemáticas de las plantillas. Por tanto, no conocen las problemáticas reales de las plantillas en sus empresas y no concurren a las elecciones sindicales, limitando gravemente la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas.
Por otro lado, como ya he dicho, aboca a la precariedad más absoluta a los trabajadores en este país. De esa precariedad se derivan varios temas. Por un lado, a la juventud le impide tener un proyecto vital, tener un proyecto de futuro. Según un informe de Fedea, los trabajadores temporales ganan hasta un 15 % menos por la realización del mismo trabajo; tienen menos hijos y posponen sus decisiones de maternidad y paternidad; ahorran más, lo que hace que la economía se deprima todavía más, y se forman menos. Por otro lado, hay otra consecuencia derivada de la precariedad y la temporalidad en nuestro país que afecta gravemente a la provincia por la cual yo he sido elegido y a la comunidad autónoma en la cual se inscribe la misma. En Castilla y León nos encontramos con la situación de que ha perdido casi 93.000 habitantes desde enero de 2009 a enero de 2015 y la provincia de Burgos pierde 4.000 habitantes cada año. La despoblación es un drama al que hay que hacer frente y desde luego no se le hace frente precarizando aún más el mercado de trabajo; se le hace frente garantizando la estabilidad en el empleo, garantizando un empleo digno a los jóvenes que no les obligue a migrar ni al extranjero ni a las ciudades del interior del país. Ya sabemos que los jóvenes que tienen que migrar para buscarse la vida son carne de explotación en el futuro.
Ante esta situación que nos encontramos en el mercado laboral español consideramos que se pueden hacer tres cosas, dos de las cuales ya hemos visto. Una de ellas es lo que hace el Partido Popular que bajo los datos de lo que ellos dicen que es creación de empleo, aunque como hemos visto más del 90 % de los contratos que se han firmado en 2015 han sido temporales, lo que están haciendo es repartir miseria. Por tanto, tenemos la posibilidad de vender eso, de presumir que nuestro reparto de miseria es lo que nos está sacando de la crisis aunque sea mentira. Por otro lado, tenemos la posibilidad de claudicar, que desde nuestro punto de vista es lo que ha hecho el Partido Socialista al firmar el pacto con Ciudadanos. Este pacto pretende generalizar la contratación temporal durante al menos los dos primeros años reduciendo la indemnización por despido, porque es lo que se deriva también de no objetivar las contrataciones -con suerte y como mucho porque eso no lo explican bien-, en el primer año a ocho días de indemnización por despido y en el segundo año a doce días de indemnización por despido. En este país hay que tener claro una cosa: el despido ya es libre, pero no es gratuito. Por tanto, como sigamos abaratando el despido lo que vamos a conseguir en este país es que el despido sea libre y además gratuito. Esto se ha mostrado totalmente ineficaz para la generación de empleo, pese a los discursos del Partido Popular, del Partido Popular naranja y del Partido Socialista, al que también le hemos escuchado decir que el abaratamiento del despido genera empleo. (Una señora diputada: ¡Jamás!). Además, creemos que la mejor manera de afrontar esta situación y revertir la situación de precariedad en la que se encuentran la mayoría de los trabajadores de nuestro país es afrontarlo políticamente y para ello un buen primer paso sería votar hoy favorablemente a la iniciativa que presentamos desde mi Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Por otro lado, habría que potenciar la Inspección de Trabajo, dotándola de recursos y de inspectores de Trabajo que persigan principalmente el fraude en la contratación temporal y no persigan, por ejemplo, el fraude en las bajas de los trabajadores, cuestión muy curiosa con la que nos hemos encontrado. Y por último, habría que derogar las dos últimas reformas laborales porque -como ya he dicho- son el máximo exponente de la precariedad en nuestro mercado de trabajo: por un lado, la del Partido Socialista de 2010, y por otro, la del Partido Popular de 2012 que, además de introducir el contrato de apoyo a emprendedores que precariza el mercado de trabajo, ataca a la negociación colectiva que es la vía fundamental para que los trabajadores se defiendan del fraude en la contratación.
A continuación tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, con un tiempo de intervención no superior a cinco minutos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado una enmienda de sustitución a esta PNL sobre temporalidad del mercado laboral y el fraude en la contratación, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. Nuestra prioridad es la lucha contra el fraude en materia laboral y tenemos una apuesta decidida por el cumplimiento de la legalidad, reforzando las medidas de inspección contra las actividades fraudulentas, teniendo como objetivo fundamental la defensa de los derechos de los trabajadores. No compartimos la vinculación que hace esta PNL de la lucha contra el fraude con la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012. La derogación no haría revivir la regulación anterior, ni supondría un crecimiento de los niveles de empleo en España, ya que seguiría rigiendo el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores vigente. Por otra parte, tampoco es necesario volver al sistema anterior, sino que consideramos que hay que definir un nuevo marco de relaciones laborales para luchar contra la dualidad laboral, adoptar medidas que disminuyan el desempleo de larga duración e impulsar medidas efectivas en políticas activas de empleo. Por tanto, consideramos que es necesario impulsar un proceso de negociación entre los principales interlocutores que culminen en un plazo de un año con la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, para que recupere la naturaleza originaria de carta de garantía de los derechos laborales.
A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Peña Camarero.
El proponente como hijo de sindicalista debería saber que en una negociación colectiva, en una mesa de negociación, jamás se dejan los valores sino los puntos de la tabla reivindicativa. Una negociación laboral como la negociación política se conjuga con el verbo ceder y se conjuga con el verbo acordar; debería saber que el verbo imponer no ayuda ni soluciona, como tampoco lo ha hecho la reforma laboral del Partido Popular que ha demostrado su fracaso en la misión de crear empleo de calidad y, sin embargo, sí que ha sido decisiva en la devaluación salarial, en la reducción del coste del despido, en la consolidación de la temporalidad y en la contratación a tiempo parcial. La marca España de empleo con el Gobierno del Partido Popular es la precariedad y el subempleo, trabajo a tiempo parcial no deseado, ultratemporalidad, salarios de pobreza, degradación de las condiciones de trabajo y muerte de la negociación colectiva. Nueve de cada diez contratos de trabajo que se celebran en nuestro país son temporales con una media de duración de 54 días, de los cuales un tercio además son a tiempo parcial. Esto es precariedad y esto es devaluación salarial porque los trabajadores con un contrato temporal acumulan una caída de un 20 % de sus salarios en los últimos años. Somos más pobres porque tenemos contratos ultratemporales y bajos salarios y seremos más pobres mañana porque las pensiones resultantes de estos trabajos no darán más que para malvivir.
El alto peso de los contratos temporales en el mercado laboral español es su principal problema, con permiso del paro. Uno de cada cuatro contratos que se firman dura menos de una semana y uno de los grandes agujeros en el mercado laboral es el fraude en los falsos contratos temporales y a tiempo parcial, por cierto involuntario hasta en un 62 % de las contrataciones. Hay abusos, hay fraude y hay engaño todos los días en la contratación. Esta legislatura, además, hemos visto como por primera vez en nuestra historia el empleo temporal y a tiempo parcial supera el indefinido y a tiempo completo, lo que confirma los destrozos que la reforma laboral y las medidas del Gobierno están causando en nuestro mercado de trabajo. La temporalidad en España es del 24 % y solo es superada por Polonia en la Unión Europea. Los datos comparados con el promedio de la OCDE son superiores a la media, especialmente en el segmento de edad de la población más joven. Y es que en nuestro marco laboral tenemos más de veinte modalidades de contratos temporales y el gran problema es la ausencia de control sobre ellos. Podemos afirmar que el 70 % de los mismos se realizan en fraude de ley, lo que de facto les convertiría en indefinidos. En mi tierra, en la calle San Pablo, en el Edificio de los Sindicatos lo llaman el contrato 468: personal contratado por 4 horas, al que le pagan 6 y trabaja 8 horas, si no 10 o 12 los fines de semana en el sector de la hostelería.
Estamos hablando de lo que ya se conoce como el timo de las estadísticas de desempleo: repartir entre más gente el trabajo existente. Esto es, sustituir contratos indefinidos a tiempo completo por contratos temporales a tiempo parcial desregulados e individualizados, dentro de los cuales el 56 % de las horas extra que se realizan no se cobran.
No viene todo esto del aire. La legislación con la promulgación del Real Decreto 16/2013 propicia esta situación, pues en lugar de exigir que en el contrato figure el horario de trabajo -como parecería lógico- se establece que con llevar un registro de control horario sería suficiente. Además, se ha inventado una nueva modalidad de horas extras, las horas complementarias a las realizadas como adición a las horas ordinarias pactadas al contrato en tiempo parcial. Con esta situación perdemos todos: perdemos los trabajadores, pues nuestros derechos sociales futuros -baja laboral, desempleo, invalidez y la jubilación- se verán mermados y también pierden las arcas de la Seguridad Social. Por tanto, el Partido Popular debería quitarse la careta y actuar contra el fraude masivo que existe en la contratación temporal porque, como decía, hay miles de puestos de trabajo estables que están siendo hoy cubiertos por millones de contratos temporales que probablemente, en su gran mayoría, no responden a lo que exige la ley porque no tiene causa.
Por eso, la herramienta de la inspección es básica y debería tener más recurso porque todos los días en este país se firman contratos de modalidad temporal que no son ni porque la empresa necesite reforzar la plantilla ante un aumento en la carga de trabajo ni son para sustituciones. ¿O es que alguien en su sano juicio puede creer que el 90 % de las contrataciones que se realizan esta misma semana en este país corresponden a estas situaciones? Y es que en vez de utilizar la Inspección de Trabajo para combatir este fraude masivo, este Gobierno la está utilizando para controlar a los beneficiarios de las prestaciones por desempleo. Solamente un 2 % de las actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo en 2014 se destinó a comprobar la existencia de fraude en la contratación temporal. El Partido Popular en el Gobierno ha convertido la Inspección de Trabajo en una policía de parados, en lugar de controlar la degradación de los contratos temporales. No nos vale que el Partido Popular en el Gobierno quiera convertir este tipo de contratos en el contrato tipo, porque la falta de estabilidad no permite tener un proyecto de vida y el tiempo gira alrededor de esa angustia y de la eventual siguiente contratación. Ya hemos debatido aquí, además, con éxito una propuesta socialista esta legislatura para concretar un plan de lucha contra la explotación laboral, que ha de dotarse de un plan concreto para controlar la contratación temporal y otro para controlar la contratación a tiempo parcial. A la espera de los datos de la Encuesta de Población Activa, que saldrán mañana publicados, lo que resulta fundamental es que todos los grupos de esta Cámara asumamos en términos políticos y de una vez por todas que la creación de empleo resulta prioritaria en nuestro país en comparación con otros asuntos sin duda relevantes, pero que no deben distraernos de nuestro principal objetivo. Lástima que algunos no hayan entendido esto y el próximo 1 de mayo este país siga con la legislación del Partido Popular y no contemos con un nuevo Estatuto de los Trabajadores que nos dé derecho a todos. Porque los socialistas queremos hablar de futuro, queremos mirar hacia delante y queremos solucionar los problemas de nuestros vecinos, apostar por la formación, la cualificación, la inversión, el I+D, las actividades productivas de mayor valor añadido y, por supuesto, por un empleo estable con derechos y salarios dignos, todo dentro de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, abriendo la negociación con los agentes sociales para construir una nueva regulación, también en la contratación temporal a tiempo parcial y en la Inspección de Trabajo. Por eso presentamos esta enmienda al tercer párrafo, no vamos a discutirles la necesidad, como ha quedado claro en el discurso, de luchar eficientemente contra la contratación fraudulenta o de redoblar los recursos disponibles para luchar contra la precariedad. Que es lo que recogen los dos párrafos anteriores. Muchas gracias. (Aplausos).
A continuación tienen la palabra los portavoces de los demás grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas, con un turno de intervención no superior a tres minutos. Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gràcies, senyor president.
Una sesión un poco extraña la de esta Comisión, la última sesión de la Comisión de Empleo de esta casi nonata legislatura y con una sensación un tanto extraña de estar debatiendo proposiciones no de ley que van a instar a un Gobierno que no se va a constituir nunca. En cualquier caso, es una oportunidad para que podamos expresar nuestros criterios políticos, podamos escuchar las posiciones del resto de grupos y ojalá, en este debate, todos aprendamos alguna cosa. En relación con la cuestión de fondo que
nos plantea el Grupo de Podemos y sus aliados en esta Comisión no abordamos una cuestión ni mucho menos nueva. La cuestión de la excesiva temporalidad del mercado de trabajo en España es casi estructural, desde mitad de los años ochenta abordamos esta problemática. Se ha afrontado fundamentalmente con dos tipos de estrategias: las que han tendido a reforzar el principio de causalidad en algunas ocasiones y las que han tendido a disminuir el coste del despido de la contratación indefinida para acercarla a los costes de despido de la contratación temporal. Esas dos estrategias que han tenido más o menos intensidad en momentos distintos no terminan de hacer frente a lo que es una excesiva temporalidad de nuestro mercado de trabajo en relación con el resto de mercados de trabajo de la Unión Europea. Reconociendo además, cuando uno tiene una aproximación territorial a este problema, que los sectores productivos, la composición del tejido empresarial, los sectores que existen en unos territorios o en otros marcan también los niveles de temporalidad. Por ejemplo, en aquellos territorios con mayor nivel de presencia de la industria, la temporalidad es mucho menor y se acerca más a los parámetros europeos: Cataluña y País Vasco, por ejemplo. En los territorios donde pesan mucho más sectores como la agricultura o el turismo la temporalidad es mucho más elevada. Con eso apunto que más allá de los problemas vinculados a la regulación de trabajo, existen también dinámicas vinculadas al propio tejido productivo. En este sentido en algunos estudios que el CD ha hecho en los últimos años se pone en evidencia que, a pesar de las cuestiones del tejido productivo, se produce abuso en la contratación temporal. En un contexto en el que la temporalidad está creciendo en todos los países avanzados, lo que se denominan formas atípicas de contratación crecen, entre otras cuestiones porque la manera en la que se organizan las empresas también propicia ese tipo de actividades. Aquello que el catedrático Salvador del Rey define como la empresa en red, facilita que las empresas opten por la contratación temporal. Si decíamos que hasta ahora reforzar el principio de causalidad, que es la lógica que nos plantea esta iniciativa del portavoz de Podemos, su lógica es: reforcemos el principio de causalidad y con ello intentemos impedir el abuso de la temporalidad. Mi grupo tiene dudas de que esa sea la respuesta. Cuando hemos intentado reforzar ese principio de causalidad, las empresas han continuado superando ese marco. Profundizar en la reducción de costes de despidos tampoco tiene demasiado sentido. Por tanto, nos va a tocar abordar otro tipo de respuestas. Mi grupo no comparte la propuesta que han defendido de manera muy convencida el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y que en parte el Grupo Socialista ha asumido de contrato único. No creemos que esa sea la respuesta. En cambio sí que estamos convencidos de que ser capaces de introducir en nuestro modelo de financiación del despido lo que conocemos como Fondo austríaco podría ayudar a generar la confianza que las pequeñas y medianas empresas hoy no tienen en la contratación indefinida. Parte de la huida hacia la contratación temporal, especialmente en el sector de las pequeñas y medianas empresas tiene que ver aún y a pesar de las reformas introducidas en los cuatro o cinco últimos años en el temor que tiene la pequeña y mediana empresa respecto a los costes de despido y a sus procedimientos. El modelo del Fondo austríaco a mi grupo le parece sugerente, interesante y que debería poder vincularse también al tratamiento de las cotizaciones por desempleo. En parte, cargando los costes de aquellos que abusan de la temporalidad. No es un debate este ni mucho menos fácil. En cualquier caso es un debate que va más allá de plantear reforzar la Inspección de Trabajo. Bienvenida sea la lucha contra el fraude. La respuesta no es volver a la regulación existente antes de 2010, que es lo que en el fondo nos plantea Podemos. Antes de 2010 los problemas de temporalidad eran incluso más graves de los que tenemos ahora. No creo que allí esté la respuesta y no podremos votar a favor de esta iniciativa. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Camps.
Señorías, la proposición no de ley que hoy debatimos pretende instar a un futuro Gobierno, que como bien se ha dicho mucho me temo que nunca llegará, a luchar efectivamente contra la contratación fraudulenta ilegal, referido a los contratos temporales. Petición vacía de contenido por su generalidad y absolutamente redundante, ya que como se indica en el propio texto de la proposición la normativa laboral en vigor mantiene la necesidad de justificar la temporalidad de los contratos, esto es, se exige la concurrencia de alguna de las causas tasadas que justifican el recurso a la contratación temporal. Solo ese argumento bastaría ya para rechazar esta proposición. Pero si lo que el grupo proponente pretende es hacer especial hincapié en la mayor o menor eficacia en la lucha contra la contratación ilegal, sin lugar
a dudas estará conmigo en que son las políticas que ha llevado a cabo el Gobierno del Partido Popular el mejor ejemplo de cómo se hacen las cosas bien en esta materia.
Señorías, sin demagogia ni inexactitudes, que muchas he oído aquí esta mañana y no solo del grupo proponente. Además de reconocerse por parte de mi grupo la buena, continuada y sistemática labor de vigilancia de la causalidad de los contratos de duración determinada y temporales que viene desarrollando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, creemos que los datos no engañan. En el año 2012 se transformaron por la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 35.570 contratos. En el año 2015, 54.949, casi 20.000 más. Cifra récord. Si otros entendían que hacían las cosas bien, ahora se están haciendo mucho mejor. Cifra por cierto que iba camino de superarse en este ejercicio, ya veremos si se consigue. Eso, señorías, no sucede por casualidad, porque ha sido el Gobierno del Partido Popular quien ha aprobado la nueva ley ordenadora del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por cierto, la anterior también en el año 1997. Espero que esta no la quieran derogar también los grupos tan aficionados a ello. Porque esta ley ha aumentado significativamente los recursos de la inspección destinados al control del cumplimiento de la normativa sobre contratación temporal.
Señoría, desde el inicio de la legislatura se han incorporado más de 201 nuevos inspectores y subinspectores a los que hay que añadir los nuevos efectivos cuyos procesos selectivos están hoy en curso, superando en conjunto la cifra total de 380 nuevos efectivos, a los que podemos sumar los contemplados en la oferta pública de empleo en el presente año. Alcanzando una cifra superior a los 500 nuevos efectivos en el periodo 2012-2016, también cifra récord. Convendrán conmigo en que eso es redoblar esfuerzos, que es lo que están pidiendo en su proposición no de ley.
Dejen ya, señorías, de repetir falsedades como si por mucho decirlas se fueran a convertir en realidad. La temporalidad no ha crecido en los últimos cuatro años. Al contrario, más bien... (Una señora diputada: ¿No?). Datos, señorías, datos. Los contratos indefinidos sobre el total eran el 7,69 %, en diciembre de 2015, por comparar homogéneamente. Los totales es el 8,12 %. (La señora Rodríguez Fernández: ¿Y la tasa de temporalidad?). Se compara en términos relativos cogiendo periodos iguales. El 8,12 %. Como muy bien ha dicho el señor Campuzano, y tengo que hacer sus palabras mías, el problema de la temporalidad en nuestro mercado de trabajo es casi una cuestión estructural. Si se dan cuenta ustedes, la temporalidad en la contratación mensual siempre ha girado en torno al 10 % con reformas o sin ellas, con crisis o sin ella. Por tanto, no es un problema que podamos atender con esa simplicidad. Si algo supuso en materia de contratación temporal la reforma laboral de 2012 que tanto empeño tienen algunos en derogar, fue adelantar el fin de la suspensión temporal de la limitación en el encadenamiento de contrato, lo que obviamente a juicio de mi grupo no supone una merma en los derechos laborales, sino todo lo contrario. Reforma laboral que, por cierto, junto al resto de políticas económico-laborales puestas en marcha por el Partido Popular y se ha nombrado la política europea y su directiva por parte del grupo proponente, lo que ha traído consigo -y cito datos de Eurostat- es que hoy tengamos la mayor creación de empleo de la zona euro y de la Unión Europea. Que seamos el segundo Estado miembro de la zona euro que más empleo indefinido creó tras Alemania, no tras Grecia, ni Francia, ni Italia, tras Alemania y que el peso de los contratos temporales sobre el empleo total creado, que es el 35,4 %, está por debajo de la media de la Unión Europea, 37,1 % -datos de Eurostat- y de la zona euro, 43,4 %, y que hoy seamos el tercer país con mayor creación de empleo juvenil de la zona euro tras Holanda y Alemania, no Grecia, ni Italia ni Francia. Por todo ello, no podemos apoyar esta proposición no de ley. Muchas gracias. (Aplausos).
Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Podemos-En Comú Podem-En Marea para manifestarse sobre las distintas enmiendas.
El señor VILA GÓMEZ: No vamos a aceptar ninguna.
El señor PRESIDENTE: No van a aceptar ninguna. Muy bien.
- RELATIVA A LLEVAR A CABO DETERMINADAS REFORMAS LEGISLATIVAS EN CONSONANCIA CON LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 2015-2020 A LOS EFECTOS DE INTEGRAR LA ACTIVIDAD PREVENTIVA EN LA EMPRESA, MEDIANTE LA ASUNCIÓN DE LA PREVENCIÓN DE FORMA PRIORITARIA CON RECURSOS PROPIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000441).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la proposición no de ley relativa a llevar a cabo determinadas reformas legislativas en consonancia con la estrategia española de seguridad e higiene en el trabajo 2015-2020, a los efectos de integrar la actividad preventiva en la empresa mediante la asunción de la prevención de forma prioritaria con recursos propios. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con número de expediente 161/000441. Hago constar la fórmula ya consabida que se dirige a un Gobierno que no va a constituirse. Defiende la proposición no de ley, por un tiempo no superior a siete minutos, la señora Cancela.
La señora CANCELA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: No hay de qué.
La señora CANCELA RODRÍGUEZ: Soy así de generosa.
En la antesala del Día internacional de la seguridad y salud en el trabajo resulta obligado hablar de prevención de riesgos laborales, como lo es también hablar y actuar el resto de los días del año. Después de todo estamos hablando de la vida, de la integridad física y psicológica de los trabajadores y trabajadoras y de un conjunto de derechos y obligaciones que en la materia derivan para el empresariado y para la clase trabajadora. Como también lo es para los poderes públicos, porque el propio marco legislativo aplicable le atribuye una serie de obligaciones como es velar por el cumplimiento de la normativa vigente en cada caso y de promover la prevención en sí, velar por el cumplimiento de la normativa y sancionar el incumplimiento de la misma. Estamos hablando de los tres pilares fundamentales en la lucha conjunta contra la prevención de riesgos laborales como son: los trabajadores y trabajadoras, sus organizaciones representativas, el empresariado y sus organizaciones representativas y los poderes públicos. Cada administración en su ámbito de actuación. Ayer mismo en esta Comisión evidenciábamos las cifras alarmantes de siniestralidad. En el año 2015, 449.223 accidentes de trabajo, con un índice de incidencia que se incrementa en todos los sectores de actividad y en todos los accidentes laborales independientemente de la gravedad con que se puedan calificar. Eso sin computar los accidentes sin baja debidamente tramitados. También compartíamos por algunos y algunas las causas de esa cruda realidad, porque es inseparable el modelo de mercado laboral que nos damos, las condiciones de trabajo que en él imperan con las cifras de los accidentes o las enfermedades laborales. La precarización, la temporalidad exacerbada, la justificación de la crisis para no cumplir la normativa preventiva, el mero cumplimiento formal o documental de las obligaciones preventivas sin más integración real, la falta de formación específica en prevención y/o la ausencia de los recursos preventivos en el ámbito de la empresa. En este contexto es necesario, precisamente por lo que comentaba con anterioridad de cuáles eran los agentes responsables en reivindicar la prevención de riesgos laborales y hacer cumplir la normativa aplicable, la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2015-2020 fundamentada en el consenso de esos tres pilares fundamentales a los que antes hacía referencia y que debemos considerar como hoja de ruta cualificada para actuar desde los poderes públicos con eficacia. Resulta evidente que la prevención es el medio más eficaz para reducir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, como también lo es que son en las pymes donde los índices de siniestralidad laboral son mayores y la inmensa mayoría del tejido empresarial de nuestro país son pymes.
Por su menor concienciación respecto de la prevención, por un mayor desconocimiento de las disposiciones exigibles, por la menor disposición de recursos preventivos propios y por la escasa integración de la actividad preventiva en la empresa, uno de los apartados destacables de la estrategia de seguridad y salud en el trabajo se refiere a la capacidad que deben tener las microempresas y pymes para poner en marcha medidas eficaces para prevenir el riesgo en el trabajo. ¿Por qué la implicación es insuficiente? Porque no disponen de recursos preventivos propios, al carecer de formación preventiva suficiente y paralelamente por la externalización mayoritaria de la gestión de la actividad preventiva hacia los servicios de prevención ajenos, no como una actividad propia, sino como ajena, lo que ocurre en
el 70 % de los casos. Esta externalización ha supuesto dos cosas: el deterioro y la mercantilización de la prevención de riesgos laborales. El propio marco legal vigente constituido por la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales y el Real Decreto 39/1997 que aprueba el reglamento en los servicios de prevención, modificado varias veces con posterioridad, ha tenido como objetivo mejorar la integración de la actividad preventiva en la gestión del día a día en la empresa, pero la regla general ha sido la externalización. Hay un déficit de partida que es importante resaltar y está en la propia trasposición de la Directiva-marco 89/391 al ordenamiento español. La directiva impone al empresario una obligación principal que es designar a uno o varios trabajadores o trabajadoras para ocuparse de la protección y prevención de los riesgos laborales. De tal forma que establece como subsidiario acudir al ámbito externo de la empresa, siempre y cuando la capacidad y establecimiento de la misma sean insuficientes para organizar las actividades preventivas. Permitirle al empresario optar entre las dos posibilidades supone incumplir la propia directiva, como así lo ha ratificado el propio Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Es lo que ocurre además según el tenor literal del artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el artículo 10.1 del Reglamento de los servicios de prevención. La norma no establece preferencia para la designación de trabajadores ni cuando excepcionalmente opera el servicio de prevención ajeno. Es necesaria una reforma legal para que la norma general sea la designación de trabajadores o trabajadoras en labores preventivas, porque ambas opciones no son ni deben ser equiparables. El servicio de prevención ajeno es eficaz como complementario de la labor preventiva integradora. La eficacia máxima de un sistema preventivo que redunde en la salud de los trabajadores y trabajadoras y en evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales pasa necesariamente por los recursos preventivos propios de la empresa. Por eso planteamos, a través del diálogo social, acordar medidas legislativas para potenciar la integración de la actividad preventiva de la empresa, priorizando los medios propios frente a los ajenos, y, en segundo lugar, modificando los artículos 30 y siguientes de la Ley 31/1995 y los artículos 10 y siguientes del real decreto que regula los servicios de prevención. Lo reivindicamos cada día, pero hoy quizás un poco más. Muchas gracias. (Aplausos).
No hay enmiendas presentadas a esta proposición no de ley. Damos la palabra a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios para que fijen posición por un tiempo no superior a tres minutos. Por el Grupo Vasco, señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Señor presidente, buenos días.
Nuestra postura en este asunto no va a ser coincidente con la de la proposición no de ley, por cuanto entendemos que la doctrina no es unánime ni lo es la posición existente entre los autores que han opinado sobre la posibilidad de externalizar los servicios de prevención laboral. Por el contrario, sí se ha señalado que para que exista una verdadera política de prevención de riesgos laborales se ha requerido siempre la existencia de dos elementos: una, modalidad preventiva que fuera de calidad, por una parte, y, por otra parte, que estuviera bien integrada en el seno de la empresa. A ese efecto no es la directiva del año 1989 la que ha señalado la existencia de alguna prioridad en uno o en otro sentido, sino que entendemos que ha permitido la posibilidad de existencia de ambas modalidades sin que tome claro partido por uno, sino planteando por el contrario la existencia de garantías, de calidad, en la prestación de dicho servicio de prevención. Existiendo diferentes alternativas es requisito que la modalidad preventiva de asesoramiento externo sea de igual calidad y efectiva para la integración junto con otras modalidades que sean propias. La eficacia para la integración no reside en una modalidad concreta, sino en el compromiso del empresario de integrar una auténtica política de prevención de riesgos laborales y no creemos que exista una doctrina ni mucho menos una política europea tendente a evitar la externalización. Señoría, nos vamos a pronunciar en sentido contrario a la proposición no de ley presentada por el proponente.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), señor Campuzano, cíñase al tiempo esta vez, por favor, aunque es un gusto escucharle.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias. Haré ese esfuerzo, señor presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Seguro que lo consigue.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Compartimos la preocupación de fondo de la iniciativa del Grupo Socialista, en el sentido de que tenemos un problema en materia de prevención de riesgos laborales. No estamos convencidos de que la solución tenga que ver en hacer asumir por parte de las empresas directamente este tipo de actuaciones frente a los servicios ajenos. Nos abstendremos en la votación. Quizá lo razonable sería, más allá del buen sentido y la buena voluntad del grupo proponente en plantear esta iniciativa, que esta discusión la tuviésemos sobre la base de unos datos objetivos, que nos permitiesen evaluar cuáles son los problemas de los servicios ajenos de prevención y, como apuntaba muy bien el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, qué responsabilidades tienen los Gobiernos, y los Gobiernos autonómicos singularmente, para garantizar la calidad de esos servicios ajenos de prevención. En cualquier caso, nuestra intuición es que pretender descargar la responsabilidad de gestionar las políticas de prevención sobre las pymes y las microempresas sería un punto irreal. Visto como hoy el mundo de la pequeña y mediana empresa y el mundo de la microempresa observan esta regulación en materia de prevención de riesgos. En cualquier caso -y termino-, la discusión para la próxima legislatura de la revisión y la evaluación de la Ley de prevención del año 1995 sería una buena oportunidad para intentar profundizar en estas cuestiones. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Ve como ha podido. Muchas gracias, señor Campuzano.
El señor CANO FUSTER: Buenos días, señor presidente.
Señorías, hoy el Grupo Parlamentario Socialista nos trae una proposición no de ley sobre prevención de seguridad e higiene en el trabajo para que se priorice que lo asuman las empresas, sobre todo las pymes y micropymes de nuestro país con sus recursos propios. Debo manifestar, en primer lugar, que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos apoyará todas las iniciativas que vayan encaminadas a una verdadera seguridad e higiene en el trabajo en el seno de las empresas españolas. En segundo lugar, debo trasladarles que tras leer la proposición no de ley que nos trae el Grupo Parlamentario Socialista a esta Comisión, tengo la sensación de que a todas las pymes y micropymes les da igual la seguridad e higiene en el trabajo. Esto debe ser fruto -y voy a ponerlo entrecomillado- de su escaso conocimiento de las circunstancias de las empresas de nuestro país, sobre todo de las pequeñas empresas. Les aseguro, señorías, que nuestras empresas tienen como prioridad la vigilancia y prevención de la salud de sus trabajadores, ya que son el activo más importante de cualquier empresa. Circunscribir su proposición no de ley en su exposición de motivos solo al ámbito de las pymes y micropymes para que asuman la prevención con recursos propios de manera exclusiva nos parece un auténtico error. Nuestras microempresas son un total de más de 1.600.000 y estas tienen una media de tres trabajadores asalariados. Señorías, les recuerdo que las empresas sin asalariados en este país corresponden al 53,6 %, las micropymes suponen el 42,2 % y las pequeñas empresas, el 3,5 %. Es decir, el 99,3 % son pequeñas, microempresas o incluso empresas sin trabajadores.
¿Creen ustedes que no les preocupa la seguridad de sus trabajadores? ¿Creen ustedes que estas empresas pueden asumir con recursos propios la prevención de seguridad e higiene en el trabajo? ¿Creen ustedes que pueden asumir con recursos propios el servicio médico de prevención de la salud? Estas empresas bastante tienen con intentar levantar la persiana todos los días e intentar sobrevivir y pagar sus impuestos: la Seguridad Social y la nómina de sus trabajadores. Les resulta imposible poder destinar una persona a formarla en estos asuntos. Empresas que solo tienen tres trabajadores destinar una de esas personas a estos asuntos les resulta verdaderamente imposible. Si queremos ayudar a cerrar más empresas y destruir más puestos de trabajo continuemos por esta senda. Ahora bien, si lo que hemos detectado es que las empresas prestatarias de los servicios de seguridad e higiene en el trabajo los realizan de manera deficiente o poco efectiva debemos incidir en el control y obligación de que presten el servicio acorde a la normativa vigente. No descargar todo el peso sobre estas materias en las pequeñas y medianas empresas que no tienen recursos para poderlo llevar a cabo. Muchísimas gracias, señor presidente.
Por el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la diputada Aina Vidal.
La señora VIDAL SÁEZ: Es bueno cuando estamos en este tipo de debates que estamos hablando de accidentalidad, de siniestralidad, al fin y al cabo de personas que en algunos casos han muerto en sus puestos de trabajo. Es bueno que recordemos que estas cifras son personas con familias, que en algunos casos han dejado de existir. Lo digo porque hay ciertas visiones economicistas que se me llevan el alma y me cuestan de entender muchísimo en este tipo de debates. Lo cierto es bueno que cuando estemos hablando de accidentalidad, de salud, al fin y al cabo de estar bien en nuestros puestos de trabajo, es bueno que lo enfoquemos desde esta perspectiva, desde la salud de las personas. Lo digo porque ayer conocíamos la terrible noticia de un nuevo accidente en Lorca, donde 5 personas dejaron la vida y 3 más se accidentaron, por cierto trabajadores contratados por una ETT, cuando iban en una furgoneta hacia su puesto de trabajo. Es bueno también que nosotros como diputados no nos quedemos solo en el lamento o en la tristeza, sino que actuemos, analicemos y veamos qué es lo que podemos mejorar. ¿Qué es lo que nos dicen los números? Los números nos dicen que hay un brutal aumento de la siniestralidad laboral, tanto en los desplazamientos in itinere como en las jornadas de trabajo. En 2015, se registraron un total de 1.233.901 accidentes de trabajo. Unos 44.778 más que en el año anterior. Son motivos de peso, señorías. Fundamentalmente, además, esto se produce en las pequeñas y medianas empresas, esas a las que parece ser que ustedes consideran que no nos podemos acercar.
Lo cierto es que desde el año 2012 asistimos a una continua escalada de accidentes de trabajo. No es aventurado, por tanto, decir que es como consecuencia de la regresión en las políticas preventivas de salud en el trabajo derivadas de la reforma del Partido Popular. Gracias a ello, tenemos un incremento brutal de la siniestralidad laboral. Supongo que lo importante debe ser trabajar, el cómo no debe serlo para sus señorías. Las precarias condiciones de trabajo nos han llevado a un cierto estado de emergencia de salud laboral y el recorte en materias de salud y seguridad nos está matando, por decirlo así, está matando a personas. Ya sé que suena grave, pero es que es así. El pasado 24 abril se aprobaba la estrategia española de seguridad e higiene en el trabajo -para ser honesta diré que es una estrategia poco ambiciosa-, que establecía unas líneas de actuación importantes, pero por desgracia está prácticamente paralizada desde su lanzamiento por diversos motivos.
La necesidad de situar la mejora de la seguridad en el trabajo en el centro de las condiciones de trabajo es imprescindible, y por ello las medidas contempladas en la PNL del PSOE son importantes, pero sin duda deberían ir acompañadas de la reversión de las últimas reformas en materia de mutuas, porque son reformas que ha supuesto la privatización de los servicios públicos sanitarios en favor de empresas y de intereses privados; acompañadas del incremento de las dotaciones económicas y de recursos humanos; acompañadas de medidas para la prevención de riesgos de carácter psicosocial o de aquellos que emergen de los factores sociolaborales -yo sé que esto les cuesta, pero es muy importante-; también deben ir acompañadas de la recuperación de la negociación colectiva como instrumento básico de intervención en materia de seguridad y salud; acompañadas, por supuesto, de la regulación legal de la figura de los delegados de prevención territoriales y sectoriales -es importantísimo que nos dotemos de elementos de participación en la pequeña y mediana empresa, que es donde a día de hoy se está produciendo la mayoría de accidentes de trabajo-; por supuesto, también deben ir acompañadas de la derogación de las dos reformas laborales, de la del Partido Socialista y de la del Partido Popular. La precariedad nos mata. Lo cierto es que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino que es un estado de bienestar, físico, psíquico y social; social, sí, porque la posición que ocupamos en la sociedad también afecta, ya que la salud es un elemento colectivo. Frente a la accidentalidad y a la siniestralidad la mejor política siempre es la prevención. Por ello entendemos que hay motivos de sobra para la aprobación de esta proposición no de ley y, por supuesto, para la reacción política.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vidal.
La señora REYNÉS CALVACHE: Antes de entrar en la cuestión concreta que se plantea en esta PNL, es conveniente recordar que las medidas previstas en la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2015-2020 respecto a la gestión de la prevención en las pymes van referidas especialmente a potenciar la integración de la prevención en la empresa, continuándose de esta manera con la línea que marcaba la anterior estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2007-2012. Este documento de consenso entre las administraciones públicas, central y autonómicas, y los interlocutores sociales -creo que la palabra consenso es importante en este momento- compromete actuaciones y medidas hasta el
año 2020, configurándose así un instrumento que orientará las políticas públicas en prevención de riesgos laborales en los próximos años, en sintonía con el marco estratégico de la Unión Europea en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020. Estamos de acuerdo en que una parte de las empresas, sobre todo las pymes, tienen dificultades para cumplir, integrar y aplicar las disposiciones legales sobre prevención de riesgos laborales, coordinación de las actividades empresariales y salud laboral debido a su falta de conocimientos y recursos, que es lo que justifica que las pequeñas y medianas empresas se encuentren precisamente en el centro de las acciones diseñadas en esta estrategia.
Por lo que se refiere específicamente a la clarificación de la prioridad por la organización de las actividades de protección y prevención de riesgos profesionales en el seno de la empresa, debe señalarse que ya se han introducido modificaciones en la normativa precisamente para favorecer la integración de la prevención en la empresa y que los empresarios asuman de forma prioritaria la prevención con medios propios. Detallo brevemente algunas de ellas. La simplificación documental para empresas de hasta 50 trabajadores que no realicen actividades del anexo I de la estrategia; dispensa de la obligación de auditoría a las empresas de hasta 50 trabajadores, salvo que la autoridad laboral requiera su realización a la vista de la siniestralidad; el empresario podrá asumir personalmente la gestión de la prevención de riesgos laborales en empresas de hasta 10 trabajadores o que tratándose de empresas que tengan hasta 25 trabajadores se disponga de un único centro de trabajo, cuando antes solo podía ser en empresas de menos de 6 trabajadores; se facilitará a las empresas de hasta 50 trabajadores apoyo y asesoramiento público y se elaborará una guía del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la aplicación de la normativa de prevención por parte de las pequeñas y medianas empresas, así como también de las microempresas. Por otra parte, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en cumplimiento de las funciones encomendadas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ha elaborado y publicado guías y otros documentos técnicos, así como metodologías y herramientas precisamente para facilitar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y fomentar la realización de las actividades preventivas con recursos propios, así como la puesta en marcha de un servicio público gratuito de asesoramiento de prevención de riesgos laborales.
En el I Plan de acción 2015-2016 de la nueva estrategia española de seguridad e higiene en el trabajo 2015-2020, continuando con la línea del anterior, y dentro de ese objetivo específico, se recogen una serie de medidas encaminadas a mejorar la accesibilidad y aplicación de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, entre las que se encuentra el diseño de un espacio específico en la web del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo dirigido a las pymes que facilite el acceso, el conocimiento y la aplicación de la normativa, así como el establecimiento de un sistema de incentivo a las empresas que contribuya eficazmente y de manera contrastable a la reducción y a la prevención de la siniestralidad.
Respecto a la supuesta trasposición inadecuada de la directiva que se señala en la exposición de motivos de esta proposición no de ley, hay que indicar que tal afirmación debe ser rechazada, ya que en modo alguno puede ponerse en duda la aplicación del derecho comunitario en nuestro país. La Directiva 89/391 de la Comunidad Europea, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, fue oportunamente traspuesta al ordenamiento interno mediante la Ley 31/95, de prevención de riesgos laborales; trasposición que la Comisión Europea ha dado por válida sin que en ningún momento se haya sancionado a España por inadecuada trasposición de esta directiva. Esta afirmación ha sido validada reiteradamente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que el Tribunal de Luxemburgo ha señalado que la adaptación del derecho interno a una directiva no exige necesariamente una reproducción...
La señora REYNÉS CALVACHE: Voy acabando, señor presidente.
... formal y textual de sus disposiciones en una disposición legal expresa y especifica, y que en función de su contenido puede ser suficiente un contexto jurídico general, siempre que este último garantice efectivamente la plena aplicación de la directiva de manera suficientemente clara y precisa.
Para acabar, señorías, tengo que decirles que la premisa que en todo momento ha marcado el enfoque de la estrategia 2015-2020 ha sido la de crear un marco de referencia de las políticas públicas preventivas que sea dinámico y que permita adaptarse con naturalidad a los cambios que se produzcan en un entorno de permanente evolución, como es el de la prevención de riesgos laborales. Para ello se ha evitado prefijar de antemano medidas concretas en cada uno de los objetivos específicos, por lo que aquellas se
irán acordando y planificando en función de las necesidades, prioridades y recursos disponibles en tres planes de acción que comprendan los periodos 2015-2016, ...
El señor PRESIDENTE: Señora Reynés, por favor, concluya.
La señora REYNÉS CLAVACHE: Acabo ya.
... 2017-2018, 2019-2020, de modo que podrán tener cabida medidas que hoy no se contemplan pero que en los próximos años pueden resultar imprescindibles por su relevancia o urgencia.
Rechazaremos la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista.
- RELATIVA A COMBATIR EL FRAUDE LABORAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, INCIDIENDO EN LAS IRREGULARIDADES DERIVADAS DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS EN EMPRESAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000469).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la siguiente proposición no de ley, relativa a combatir el fraude laboral a la Seguridad Social, incidiendo en la irregularidades derivadas de las prácticas académicas externas en empresas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, con número de expediente 161/469.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Candón.
Intervengo en esta última Comisión de esta corta legislatura para defender la proposición no de ley que hemos presentado. El fraude es una de las mayores amenazas al Estado del bienestar y afecta a los derechos de los trabajadores y a la competitividad de las empresas. Por eso, la lucha contra el fraude ha sido y es una prioridad para el Gobierno del Partido Popular, junto con la creación de empleo estable y de calidad, así como la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.
Con la entrada en vigor de la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, hemos conseguido hacer un sistema más solidario, más justo y más fuerte. El éxito en la lucha contra el fraude en el empleo y a la Seguridad Social beneficia a todos, evidentemente. El impacto económico de la lucha contra el fraude laboral desde 2012 supera los 15.300 millones de euros; ha permitido aflorar más de 350.300 empleos; se han detectado más de 5.000 empresas ficticias y anulado 125.000 contratos también ficticios. Entre enero de 2012 y 2016 se han transformado 186.833 contratos temporales en indefinidos. Aquí hay que destacar la buena labor y el papel que ha jugado la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como una institución esencial para continuar mejorando la estabilidad y la calidad en el empleo. En este sentido se aprobó la Ley 23/2005, de 21 de julio, ordenadora del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y también se creó la oficina de lucha contra el fraude. Hay otras actuaciones del Gobierno, como iniciativas legislativas que se aprobaron en la legislatura anterior, como es la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. También se aprobó el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Pues bien los estudiantes universitarios o jóvenes recién graduados se encuentran entre los colectivos más vulnerables y propensos a padecer algún tipo de fraude laboral a causa de una mala aplicación por parte de ciertas empresas de las denominadas prácticas académicas externas. Fue en julio de 2014 cuando se aprobó el Real Decreto 592/2014, por el que se regulan estas prácticas. A pesar de que la regulación es clara y tajante al respecto, y de que la gran mayoría de las entidades se atienen a la legalidad, es una realidad que existen empresas incumplidoras que utilizan a los estudiantes en prácticas, a los estudiantes aprendices, para sacar rédito económico y empresarial a su costa. Los resultados obtenidos por la inspección han sido notables. Durante los años 2012 a 2015 hubo 3.297 actuaciones, 435 infracciones, 3.975.506,81 por expedientes liquidatorios, y 1.936 empleos aflorados. En 2016 se ha iniciado la correspondiente campaña a nivel nacional, intensificando de esta forma las actuaciones de control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Creemos que debemos luchar entre todos para que las prácticas académicas externas en empresas que cumplan estrictamente con la finalidad
formativa para la que han sido creadas. Todos debemos involucrarnos en el objetivo común de erradicar el fraude y hacer frente a las conductas insolidarias y verdaderamente injustas que se llevan a cabo.
Señorías, pedimos el voto favorable a esta proposición no de ley que presenta nuestro grupo y que plantea dos cuestiones. Primero, continuar combatiendo el fraude laboral y a la Seguridad Social en toda su extensión y a todos los efectos. Segundo, intensificar las actuaciones de los organismos públicos con competencias para controlar las irregularidades derivadas de las prácticas académicas externas en empresas, ya que afectan a un colectivo especialmente vulnerable como son los estudiantes universitarios o recién graduados.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, por un tiempo no superior a cinco minutos, tiene la palabra la señora Franco.
Señorías, los jóvenes de este país han hecho todo, absolutamente todo, pero lo único que les ha quedado, lo único que les habéis dejado, lo único que nos habéis dejado es precariedad y desempleo. ¿Saben ustedes lo que es para una madre dejar que su hijo en edad de instituto, de bachillerato o de carrera, esté trabajando por un salario de miseria? ¿Lo saben ustedes? ¿Saben ustedes lo que es el orgullo de una madre que ha visto cómo su hijo ha superado todas esas barreras y ha terminado la carrera? ¿Lo saben ustedes? Ustedes no han fallado solo a los hijos, a los estudiantes, a los jóvenes, sino que han fallado también a las madres a las que únicamente han dejado la impotencia de ver que sus hijos economistas, abogados, psicólogos, médicos, biólogos, maestros están en el paro o facturando sus maletas en el aeropuerto.
Hace pocos días podíamos leer en un artículo del Financial Times una cita de don Josep Blanch, profesor de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, que decía -cito textualmente-: Sin un trabajo seguro tu vida carece de certeza y seguridad; no puedes hacerte una idea de cuándo vas a poder tener hijos y formar una familia. Se pierde la capacidad de planificar y dirigir tu propia vida. Es como conducir un coche sin volante. A eso es a lo que se ven abocados los jóvenes que dejaron la casa de su familia, la casa de sus padres después de estudiar en la universidad y que han tenido que ver cómo en vez de conseguir un trabajo han tenido que volver a casa de los padres porque el colchón de su antigua habitación era la única opción que les quedaba para no caer en la pobreza, para no quedarse en la calle.
La suma de la crisis y del austericidio de las políticas laborales de los Gobiernos, tanto de Zapatero como del Partido Popular, han condenado al exilio a más de 800.000 jóvenes en este país, que se han visto obligados a emigrar para encontrar un futuro. Estamos dejando que la generación más preparada de nuestra historia, jóvenes que han estudiado, no lo olvidemos, en la escuela pública y en la universidad pública, generen riqueza y bienestar en otros países y no en este. ¿Es que no entienden que esa es la más nefasta de las políticas económicas y sociales? Sus políticas han sido desastrosas, sin ningún tipo de paliativo. Ustedes solamente conciben a los jóvenes de este país como la mano de obra barata perfecta. No quieren construir un futuro, sino que, al contrario, están usando los jóvenes como principal motor para el único plan que tienen para España, que es que sigamos siendo los pies de Europa.
Es bochornoso ver cómo el Partido Popular trae a esta Cámara una PNL que afirma textualmente que la lucha contra el fraude laboral y la creación de empleo estable y de calidad son una prioridad en su política. ¿Cómo se pueden reír así de los jóvenes españoles, de los jóvenes trabajadores? ¿Cómo se pueden reír así de la ciudadanía? ¿Cómo pueden ustedes hablar de fraude fiscal? ¿Cómo puede hablar el Partido Popular de fraude laboral o fiscal?
Estamos en un momento histórico, y ahora las condiciones laborales dignas han dejado de ser un derecho de todos los españoles para convertirse en un privilegio al que aspirar y por el que encima hay que dar las gracias. Esto no es casualidad, sino que es fruto de sus políticas de empleo, de las dos reformas laborales. Señorías, las reformas laborales del Partido Popular y del Partido Socialista que se han aplicado sin piedad contra los trabajadores de este país han sido solamente para seguir produciendo beneficios a las grandes empresas. Sean sinceros, señorías, los contratos en prácticas en España han dejado de ser herramientas para la formación de nuestros jóvenes y se han convertido en una herramienta para seguir creando mano de obra barata, condenando a los jóvenes de nuestro país a seguir siendo trabajadores precarios.
No me voy a extender mucho más, solo les voy a decir que hemos presentado dos enmiendas a esta proposición no de ley, porque no dice absolutamente nada y porque por no hacer ni siquiera insta al Gobierno a hacer algo, sino que simplemente dice que el Congreso de los Diputados está dispuesto a seguir haciendo lo que ya venía haciendo. Por supuesto que estamos dispuestos a seguir haciendo lo que ya veníamos haciendo, pero no es suficiente con eso, sino que hay que hacer mucho más. Si ustedes quieren luchar contra el fraude de los contratos en prácticas, de las prácticas externas, lo primero que tienen que hacer es crear una campaña en la Inspección de Trabajo que dure al menos dos años para perseguir ese fraude en los contratos, imponer sanciones más duras a las empresas que usen mal esos contratos, porque no podemos olvidarnos de que no solo estamos hablando del futuro de este país, sino de un colectivo precario, al que nuestra propia normativa considera vulnerable. Si estamos jugando con la vulnerabilidad y con el futuro de este país, impongamos sanciones más duras, creemos una nueva normativa alrededor de los contratos en prácticas, impliquemos a la comunidad educativa y creemos un plan específico en la Inspección de Trabajo para estudiar cuáles son las causas e imponer unas sanciones que son las que realmente se necesitan para hacer de los contratos en prácticas unos contratos formativos y no de precariedad laboral y de mano de obra barata, que es lo que ustedes están haciendo con la juventud de este país.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), tiene la palabra el señor Campuzano, por un tiempo no superior a tres minutos.
Quiero anunciar el voto favorable del Grupo Parlamentario Democràcia i Llibertat a esta iniciativa del Grupo Popular, entendiendo que algunas de las enmiendas que ha formulado el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea perfectamente se podrían incorporar a este texto.
Simplemente haré dos consideraciones. En su momento, esto se diseña como un mecanismo de primera oportunidad o de primera experiencia laboral para jóvenes, que es imprescindible, porque cuando abordamos el problema del desempleo juvenil todos sabemos que uno de los retos que tenemos -parte de la filosofía de la garantía juvenil responde a esa lógica- es que tan pronto como un joven termina su experiencia académica, su carrera, sus estudios, es bueno que pueda incorporarse rápidamente al mercado de trabajo, ya que recordemos que la garantía juvenil nos marca que debe hacerse en los cuatro meses siguientes.
Desde este punto de vista, las prácticas no laborales constituyen una primera oportunidad de experiencia y, por tanto, pueden ser un buen instrumento en la lucha contra el desempleo juvenil. Ahora bien, si las prácticas no laborales se convierten en un instrumento de precarización del mercado de trabajo y de abuso por parte de las empresas para tener mano de obra barata con personas formadas, estamos pervirtiendo lo que podría haber sido un buen instrumento.
Para evitar que ese instrumento degenere, es necesario que la Inspección de Trabajo realice una actuación decidida y que también lo haga el conjunto de los operadores administrativos que trabajan en materia de empleo. De esta forma se podrá hacer frente a esta dinámica. Desde ese punto de vista, el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) apoyará esta iniciativa del Grupo Popular.
El señor CANO FUSTER: Señor presidente, señorías, quisiera hacer una precisión sobre una falsedad que ha dicho el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea en la primera intervención, relativa al contrato estable indefinido y al acuerdo que habíamos cerrado...
El señor PRESIDENTE: Estamos en el debate de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Lo pueden ustedes aclarar luego.
El señor CANO FUSTER: Señor presidente, no lo hice anteriormente por no abusar de su bondad. (Risas).
El señor PRESIDENTE: Mi bondad es infinita, pero este no es el momento.
El señor CANO FUSTER: Simplemente quiero dejar patente que había dicho unos plazos que no se corresponden con la realidad y que si lo desean les puedo hacer llegar el acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Seguro que estarán encantados de leerlo, pero, si le parece bien, pasemos a la exposición de su posición respecto de la proposición no de ley que nos ocupa. Y no abuse de mi bondad el último día.
El señor CANO FUSTER: En el Grupo Parlamentario Ciudadanos pensamos que todo el trabajo encaminado a redoblar los esfuerzos para combatir las irregularidades en las prácticas académicas de nuestros estudiantes en empresas siempre será bienvenido y que es el camino a seguir. Pero según se ve en la exposición de motivos, hasta en los últimos tres párrafos, el Grupo Parlamentario Popular -permítanme decirlo- está encantado de haberse conocido, y en los últimos foros en los que he coincidido con ellos parece que continúan en esta línea, porque no reconocen las deficiencias ni las áreas de mejora; todo lo contrario, dicen que el plan estratégico para combatir estas irregularidades ha dado resultados muy positivos. Entonces, ¿para que nos traen hoy esta proposición no de ley? No sé qué les ocurre últimamente que esto de los diagnósticos ya no lo usan, ustedes que hablaban tanto de estos mismos diagnósticos hace cuatro años., Nos parece una incorrección en su propuesta la falta de datos, ya que tanto los esgrimen. Además, no concretan el número de efectivos necesarios ni el coste para implementarlos.
No obstante, apoyaremos esta proposición no de ley, porque creemos que es el camino a seguir.
Muchas gracias, señor presidente, por su bondad.
El señor PRESIDENTE: Voy a pasar a la historia como Alberto el breve y el bondadoso. (Risas).
La señora PEÑA CAMARERO: Esta proposición es difícil. Mientras el Partido Popular se dedica a poner en valor el crecimiento económico no dicen nada sobre lo que está pasando en el mercado laboral en nuestro país -lo hablábamos en la proposición anterior-: caída de la población activa, contratación temporal, contratos a tiempo parcial involuntarios, contratación a cero horas, a disposición del empresario a cualquier hora, horas extras no pagadas, falsos autónomos, y acabamos con los falsos becarios, la juventud en prácticas sin derechos.
El Gobierno ha perdido el norte. Todavía recuerdo al director del Injuve diciendo que el empleo juvenil en España no es precario, cuando la temporalidad alcanza el 53 % y un 90 % de los contratos firmados son temporales. Le recuerdo también cuando relativizaba la emigración juvenil y negaba la existencia de los fenómenos vinculados a la explotación laboral, como son los falsos autónomos. El director del Injuve, debería revisar los datos de la Agencia Tributaria para analizar el salario medio anual de los jóvenes que hasta los veinticinco años supera por poco los 6.000 euros. Una generación entera de jóvenes puede estar perdida para nuestro mercado de trabajo, condenados al paro, a encontrar trabajos precarios y mal pagados o a irse de nuestro país porque aquí no tienen ni presente ni futuro, porque les estamos echando. El último informe de la OCDE nos deja datos alucinantes: Siete de cada diez jóvenes que trabajan tienen contratos precarios, tardan seis años de media en encontrar un trabajo estable y uno de cada cuatro tiene un contrato a tiempo parcial que no desea tener. Y esto cuando no son parados, falsos autónomos o, como decíamos, falsos becarios. Es difícil encontrar datos globales del número de personas en prácticas o del número de becarios en nuestro país. Lo que sí sabemos tras realizarse una encuesta es que el 66 % de las personas que han realizado prácticas no recibió ninguna oferta de empleo posterior, es decir, una vez terminado el período de prácticas; de hecho, lo que es habitual en nuestro país es que el becario forme al siguiente becario.
Hablábamos antes de lo que para los socialistas debe ser la piedra angular del nuevo mercado laboral, que no es otra cosa que la creación de un nuevo estatuto de los trabajadores, que para acabar con la figura de los falsos becarios incorporará una definición estricta de la condición de becario, de modo que se exija que la finalidad de su actividad en la empresa sea únicamente formativa y no productiva, requiriéndose, en todo caso, al becario o becaria que se encuentre incorporado a un programa formativo curricular. Las becas siempre han de ser utilizadas como lo que son, programas de formación, y nunca para encubrir una relación laboral que debería estar articulada mediante un contrato de trabajo ordinario. Además, en nuestro país, existen once modalidades distintas para realizar prácticas en empresas
vinculadas a programas formativos o de inserción laboral que son la puerta de entrada a situaciones de abuso o de explotación laboral.
Una vez hecho un análisis general, les diré por qué no hemos presentado ninguna enmienda a esta proposición del Grupo Popular. Es una proposición poco seria, por denominarla de alguna manera, con la que se están riendo de los becarios, de todos los que hemos sufrido este fraude, porque yo también fui becaria precaria. Proponen que el Congreso manifieste una voluntad y ni siquiera mandatan al Gobierno ni le instan. Si quieren que esto funcione y que algo se solucione, presenten un proyecto de ley para combatir el fraude. El Parlamento legisla y el Gobierno, a través de proyectos de ley, puede ejecutar. No desvitalicen el parlamentarismo. Aprovechemos la oportunidad que tenemos para hacer realidad los deseos de la gente de la calle. Si tuvieran voluntad de terminar con el fraude hubiesen aceptado las múltiples enmiendas e iniciativas que el Grupo Socialista registró la pasada legislatura, en las que pedíamos planes específicos contra el fraude en las prácticas, en los contratos formativos, en el encadenamiento de contratos, en la ejecución de horas extraordinarias ilegales. No lo hicieron teniendo mayoría absoluta. Pero qué pena que lleguemos a una situación como la que vivimos hoy, qué pena que por el ansia de sillones de algunos sigamos sin poder terminar con el fraude y sin poner en marcha la proposición socialista, aprobada el pasado mes de marzo, para acabar con el fraude en las prácticas académicas y en las becas.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular para manifestarse sobre las enmiendas.
El señor CANDÓN ADÁN: Manifiesto que no vamos a aceptar ninguna.
El señor PRESIDENTE: Le agradezco la rapidez.
- SOBRE LA REBAJA DE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES EN EL SECTOR SOCIOSANITARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000542).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a debatir la proposición no de ley sobre la rebaja de la edad de jubilación de los trabajadores y trabajadoras cuidadores de personas dependientes en el sector sociosanitario, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, con número de expediente 161/000542, y dirigida a un Gobierno que no se va a constituir. Defiende la proposición no de ley, por un tiempo no superior a siete minutos, el señor Candela.
El señor CANDELA SERNA: Muchas gracias, señor presidente, serán menos de siete minutos.
En primer lugar, quiero hacer una consideración porque cuando se habla de ansia de sillones; ansia de sillones es plantear un Gobierno de 90 diputados solo para el Partido Socialista, es decir, querer todos los sillones para vosotros, eso sí que son sillones. (Risas).
Respecto a esta proposición, con ella pretendemos hacer visible un sector que tiene varias características fundamentales: la precariedad, unas tasas de enfermedades, dorsolumbares en este caso, muy elevadas y una mayoritaria presencia de mujeres. Pretendemos equiparar este sector con otros colectivos como, por ejemplo, los ferroviarios, los policías autonómicos o los bomberos. Es decir, que tengan acceso a una reducción de coeficientes a la hora de la jubilación, dado que es un sector con un gran sufrimiento físico. Por eso pedimos su apoyo y ya avanzo que no vamos a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Gracias, ha hecho usted un dos en uno.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que ha presentado una enmienda, la señora Rodríguez Fernández.
La señora RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de sustitución a esta PNL, en el sentido de instar al Gobierno a incrementar las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el sector sociosanitario de cuidados a la dependencia, con el fin de efectuar un mayor control del fraude en las condiciones de la prestación laboral, así como extremar la vigilancia sobre
el control del riesgo y penosidad en el desarrollo de la actividad. Con nuestra enmienda en estos términos, la PNL estaría más de acuerdo con las competencias propias de esta Comisión, ya que tal y como ha sido presentada por Compromís, debería ser estudiada y analizada profundamente en la Comisión del Pacto de Toledo. Y digo esto tanto por la importancia del colectivo de que se trata como por la repercusión directa que tendría en la caja de la Seguridad Social. Mi grupo parlamentario considera que dicho estudio debe hacerse con la participación de los representantes del sector, así como de los agentes económicos y sociales porque, antes de tomar una decisión tan importante, debemos asegurarnos de que responde a la necesidad objetiva de una amplia mayoría de los trabajadores y trabajadoras, cuidadores y cuidadoras sociosanitarios profesionales, y no solo a la manifestación del deseo de una pequeña parte de ellos. Señorías, este colectivo merece toda nuestra admiración, respeto y apoyo, ya que desarrolla una actividad tan necesaria como compleja, cada día más, dada la evolución demográfica de envejecimiento de la población. Por eso queremos ir de su mano, por eso queremos contar con la participación de sus representantes en las iniciativas que tramitemos en esta Cámara.
Sí, señorías, la sociedad debe todo su reconocimiento a estos profesionales y también a los cuidadores y cuidadoras no profesionales. Tanto unos como otros están sometidos a situaciones de estrés y duras jornadas que inciden en su propia calidad de vida, incluso en su salud. Pero yo me atrevería a decir que aún es más lacerante la situación de los cuidadores y cuidadoras no profesionales. Ellas, digo ellas porque el 93 % del colectivo son mujeres, fueron visibles por primera vez en la historia de nuestro país gracias a la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, aprobada en 2006 por un Gobierno socialista. El sistema que se configuraba en dicha ley establecía un derecho subjetivo de las personas que no pueden valerse por sí mismas para ser atendidas por los poderes públicos, construyendo de este modo el cuarto pilar del Estado del bienestar. Pero, además, se diseñó como motor del cambio hacia una economía sostenible, creadora de empleo y bienestar social. Como dato podemos señalar que hasta diciembre de 2011 había generado 248.000 empleos y, además, se habían incorporado al sistema de la Seguridad Social 177.348 personas como cuidadoras en el ámbito familiar, dentro del convenio especial que recogía esta figura.
Señorías, con la llegada del PP al Gobierno cambió totalmente el panorama. Una de las primeras cosas que hizo fue señalar esta figura como responsable de las disfunciones del sistema de Seguridad Social, procediendo a su reforma para que las cotizaciones de las cuidadoras y cuidadores no profesionales dejaran de ser pagadas por el Estado, para ser soportadas por los propios cuidadores. En mi grupo parlamentario entendemos que se ha cometido una gran injusticia, sobre todo con las mujeres. De los 177.348 cuidadores con convenios sucritos en agosto de 2012, 163.970 eran mujeres, que normalmente han renunciado al ejercicio profesional para cuidar a un familiar. Señorías, creo que la única promesa que ha cumplido el señor Rajoy es el desmantelamiento de la Ley de dependencia. Ya antes de llegar al Gobierno dijo que era una ley inviable, y para que fuera una realidad esta afirmación, su Gobierno se ha empeñado a fondo desde los primeros días de su mandato. Así, con el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, paralizaron el calendario de implantación de la ley, a la vez que modificaban el catálogo de perceptores subjetivos, excluyendo del sistema de golpe a 400.000 personas con dependencia moderada. Los presupuestos de 2012 fueron el siguiente instrumento para hacer recortes y adelgazar prestaciones. Con el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, se hace una nueva regulación del convenio específico con la Seguridad Social para cuidadores familiares, como consecuencia, señorías, 146.363 cuidadoras han dejado de cotizar a la Seguridad Social. Señorías, han vuelto a ser invisibles, y su falta de cotización tendrá un efecto perverso sobre sus derechos a percibir una pensión digna. Lo más irónico del desmantelamiento de la Ley de dependencia es que todas las decisiones que ha tomado el Gobierno del Partido Popular en esta materia, las ha acompañado de la muletilla "en aras de la sostenibilidad del sistema". Señorías, aprobar y poner en marcha el sistema de protección establecido en la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia fue un hito histórico, en el que se volcó un Gobierno socialista, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, los agentes económicos y sociales y la mayoría de las fuerzas políticas de nuestro país. El desmantelamiento de este sistema por el Gobierno del Partido Popular es otro hito que la historia se encargará de juzgar.
Ahora corresponde el turno de los distintos portavoces de los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Bariandaran.
En principio esta es una proposición que nos parece llena de buena voluntad y buenas intenciones, sin embargo, como ha comentado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, considero que debe ser debatida en el seno de otra Comisión diferente, como es la del Pacto de Toledo, porque hace referencia a las previsiones del sistema de Seguridad Social, las contingencias que puedan ser recogidas y la forma de hacerlo. Además, el fundamento de la proposición parte de una premisa que es el respeto a un colectivo de personas que se encuentra en una situación determinada. Sin embargo, en la justificación de esta proposición hacen otra digresión que no nos parece demasiado acertada, que le queremos comentar simplemente a nivel indicativo. Es verdad que, como acaba de comentar otra compañera diputada, este colectivo está compuesto fundamentalmente por mujeres, pero no es el único colectivo compuesto fundamentalmente por mujeres, y la razón de género no creo que sea un argumento que deba sostener la viabilidad del sistema de Seguridad Social, ni la posibilidad de acogerse a determinados sistemas de adelanto de la jubilación por reconocimiento de incapacidades o por una trayectoria laboral determinada. Con todo esto quiero decir que no es que me vaya a oponer a esta proposición -no lo voy a hacer, posiblemente me voy a abstener-, pero creemos que no se ha planteado de una forma adecuada, que el debate debe estar referido a otros contenidos y posibilidades y, además, en el seno de otra Comisión porque hace referencia a otro bien jurídico diferenciado. Evidentemente, puede darse esta consecuencia, pero creo que aquí y ahora no responde ni a las necesidades ni a la realidad de este colectivo.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Campuzano.
Compromís hoy nos plantea iniciar el procedimiento para establecer un coeficiente reductor de jubilación para las personas trabajadoras del sector sociosanitario. No es un tema ni mucho menos menor, es una cuestión que exigiría los estudios correspondientes para analizar si, efectivamente, las trabajadoras y trabajadores de este sector de la atención a las personas dependientes necesitan un coeficiente reductor específico. El señor Barandiaran apuntaba, y tiene razón, que el debate debería haberse planteado en la Comisión del Pacto de Toledo. Además, estamos convencidos de que una apuesta para que la atención a la dependencia se produzca a través de profesionales exige también un tratamiento específico en materia de seguridad de estos profesionales. Y todo ello seguramente exigiría más reflexión de la que podemos tener en un debate en el seno de esta Comisión de Empleo y en el contexto en el que estamos. Ahora bien, en la medida en que Compromís nos sitúa ante un problema concreto y nos exige iniciar unos procedimientos preceptivos, los que la ley establece en materia de coeficientes de reducción que ya incorpora la necesidad de evaluar si efectivamente esa posibilidad podría implementarse, vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley, desde la prudencia de que este voto favorable de Democràcia i Llibertat no da por supuesto que tengamos la convicción de que necesitan coeficientes reductores de jubilación en este apartado en concreto. Estoy seguro que si el sistema de atención a la dependencia se desarrolla, tendremos ocasión de profundizar en esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Pausa). No desea intervenir. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez Freire.
Como decía el señor Campuzano, la iniciativa que alumbra hoy el señor Candela propone iniciar procedimientos preceptivos para establecer coeficientes reductores de la jubilación en un colectivo, el de cuidadores del sector sociosanitario de las personas dependientes. Coeficientes reductores que, por otro lado, ya tienen otros colectivos, por ejemplo, en el régimen de los trabajadores del mar o en el régimen especial de la minería, y que están justificados por el mayor esfuerzo físico que requieren estas actividades profesionales, que en el caso de los cuidadores de personas dependientes todavía no hemos podido valorar. La cuestión estriba en determinar si esas exigencias físicas se dan en estas circunstancias, en el caso de estos trabajadores. En la exposición de motivos, el señor Candela establece distintas causas, habla de prevención de riesgos laborales, de índices de morbilidad, pero no da datos concretos. También introduce algún elemento que nosotros no entendemos, como el prestigio social, la invisibilidad social, y
luego lo enfoca siempre desde un punto de vista de carencia o de discriminación de género, algo que consideramos que, a lo mejor, no tendría cabida en esta Comisión, sino que debería ser tratado en la Comisión de Igualdad o la del Pacto de Toledo.
Por otra parte, es cierto que me dan ganas de apoyar la moción per se, porque oyendo al portavoz del Grupo Parlamentario Popular y vicepresidente de la Mesa hablar de las bondades y de las maravillas de la creación de empleo, entendemos que ese déficit de 17.400 millones de la Seguridad Social no debe existir. El otro día escuché al ministro de Economía que estaba muy preocupado por la Seguridad Social, pero después de oírle a usted yo me quedo tranquilo. Ya tenemos claro que no hace falta hacer un Pacto de Toledo y, por tanto, esto se podría aprobar sin ningún problema. Pero como Ciudadanos es un partido que quiere hacer las cosas con rigor, el pasado 14 de abril registramos unas preguntas sobre este tema en concreto, que consideramos necesarias para valorarlo en profundidad. Por lo tanto, preguntamos directamente al Gobierno si sabe qué cantidad de trabajadores están contabilizados en este ámbito del cuidado de personas en situación de dependencia por trabajadores sociosanitarios, si el Gobierno posee datos específicos sobre las bajas laborales y el número y tipo de lesiones que se dan en este tipo de trabajadores y qué resultados arrojan y, por último, también preguntamos al Gobierno si posee datos concretos sobre la morbilidad de los profesionales de este sector y el coste derivado. Por eso y a la espera de tener datos en profundidad para avalar la causa que justifique estos coeficientes reductores, porque no queremos ser un partido que caiga en la demagogia, en el día de hoy nos abstendremos. Eso sí, entendemos el espíritu de la PNL, pero queremos tener un estudio en profundidad con datos serios.
Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Marcello.
En primer lugar queremos agradecer al grupo Compromís haber traído esta proposición no de ley. Creemos necesario abordar ya el tema de las trabajadoras que cuidan del resto de las personas. Creo que es una asignatura pendiente en esta sociedad poner en valor la labor de las trabajadoras que cuidan del resto de las personas. Soy diputada pero ante todo soy trabajadora social. He trabajado durante más de ocho años en el servicio de ayuda a domicilio, y me chirrían ciertas cosas que he oído hoy aquí. He oído decir al portavoz de Ciudadanos que hay que plantear la necesidad de valorar las cuestiones físicas de los cuidadores. Señorías, realmente tenemos que valorar cuestiones físicas y también psíquicas de los cuidadores y cuidadoras que hacen esta importante labor. Por eso agradecemos al grupo Compromís que se adelante con esta proposición no de ley a la que vamos a dar nuestro apoyo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Bravo Ibáñez.
La señora BRAVO IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Al igual que mis compañeros, agradecemos esta propuesta porque es importante poner en valor el papel de las cuidadoras y cuidadores -también hay algunos, aunque no sean muchos- y hacer visible su trabajo. Este es un colectivo que merece todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo. Una vez dicho esto, hay que mencionar -ya lo han hecho nuestros compañeros- que nuestro sistema de Seguridad Social es uno de los mejores de toda Europa -no sé si de más allá, pero sí de toda Europa-, y además, es muy justo, muy solidario y muy comprometido. Me gusta mucho la palabra solidario porque es un sistema muy equilibrado, en el que todo el mundo recibe. Lo sabemos bien todos los que hemos trabajado a lo largo de mucho tiempo en el marco del Pacto de Toledo. La iniciativa me parece muy interesante y me parece bien como primer avance. Creo que en esta materia hay que trabajar muchísimo más, porque este colectivo reclama este derecho, unos coeficientes reductores, pero yo podría traer aquí a muchos otros colectivos. Estoy pensando en la cantidad de autónomos cuya actividad conlleva factores de riesgo, y a los que se podrían aplicar coeficientes reductores, ahí están y alguien tendrá que defenderles en algún momento.
Con esto quiero decir que esta reflexión que hoy traemos aquí sobre los cuidadores y cuidadoras es el inicio de un debate que hay que plantear en el gran marco del Pacto de Toledo. Creo que todo lo que se ha trabajado en el Pacto de Toledo ha funcionado muy bien. No se puede hablar solo de un colectivo para aplicarles coeficientes reductores. Para mí sería estupendo, pero, claro, y por qué a otros colectivos no. Acordémonos del caso de los policías locales, unos sí los tenían y otros no. Aquel fue un debate
importante, luego vinieron los bomberos. ¿Quién no quiere jubilarse en este momento? Llega una edad en la que todo el mundo quiere jubilarse y, según los casos, uno dice, por ejemplo, pues a mí me dan guerra mis alumnos, pues a mí me da guerra otra cosa, etcétera. Recibimos constantemente a personas que quieren jubilarse.
Dicho esto, mi propuesta es que en la próxima legislatura desarrollemos este debate y todos los que tengan que ver con las personas que trabajan en este tipo de profesiones. Y vuelvo a reivindicar el papel de los autónomos, habrá que traerlo también aquí y ver en qué condiciones y cómo se jubilan. ¿Por qué los cuidadores sí y los autónomos no? Es cierto que estoy muy sensibilizada porque todas las mañanas me levanto con un autónomo que me pregunta ¿a los autónomos cuándo nos vais a hacer caso? Todo esto hay que hacerlo en el marco del Pacto de Toledo, analizando con mucho rigor y seriedad todos los coeficientes reductores. No olviden el factor demografía en este país, en este momento hay 9 millones de personas jubiladas, pero en treinta años en este país seremos -en ese momento yo seré jubilada también- 15 millones de personas jubiladas. Este es un momento para reflexionar.
Muchas gracias, por su amabilidad. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Bravo.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto para manifestarse sobre las enmiendas.
El señor CANDELA SERNA: No las aceptamos.
- SOBRE MEDIDAS PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN SOCIAL Y FACILITAR EL EMPRENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000551).
El señor PRESIDENTE: Debatimos la última proposición no de ley sobre medidas para mejorar la protección social y facilitar el emprendimiento de los trabajadores autónomos, presentada por el grupo parlamentario ciudadanos, a la que añadiremos la consabida coletilla de que se dirige a un Gobierno que no se va a constituir. Defiende la proposición no de ley, por un tiempo no superior a siete minutos, el señor Del Campo.
El trabajador autónomo, como saben sus señorías, es aquel que por cuenta propia asume los riesgos del ejercicio de su actividad. No podemos olvidar que los trabajadores autónomos son un claro exponente de la generación de empleo. Así, a lo largo de 2015 los autónomos han generado una media de 207 empleos netos cada día. No obstante, han visto disminuidas sus rentas, reducida su capacidad de competencia en el mercado y, además, han visto cómo su protección social no se equipara a la de los trabajadores asalariados o por cuenta ajena. Los datos de supervivencia de los trabajadores autónomos en España en los últimos años han sido bajísimos. Se ha constatado una pequeña recuperación del trabajo autónomo, sobre todo durante el ejercicio 2014, pero de nuevo está siendo negativo durante el primer trimestre de 2016. En enero de este año han cerrado sus puertas 18.000 autónomos. Imponerles cargas fiscales y sociales excesivas es impedir la generación de empleo. Para garantizar la supervivencia de los autónomos y fomentar su crecimiento solo hace falta voluntad para adoptar las medidas necesarias para favorecer el emprendimiento.
La legislación en materia de Seguridad Social establece como norma que es obligatorio darse de alta y cotizar en el régimen especial de trabajadores autónomos. Y aquí surge el primer problema: la obligación de darse de alta conlleva la obligación de cotizar desde el primer día del mes del alta. Es decir, si un autónomo se da de alta el día 28, pagará desde el día uno del mes en que haya realizado actividad económica alguna al resto de los días. Por tanto, es necesario que las altas y las bajas produzcan efecto el mismo día de su solicitud y abonar la cuota prorrateada. Otro aspecto que preocupa a los autónomos, es que la obligación de cotizar es independiente del nivel de ingresos y del tiempo dedicado a su actividad. Son muchos los ejemplos de autónomos que no llegan al salario mínimo interprofesional, profesores particulares, traductores, diseñadores, programadores, etcétera. Parece lógico que deba definirse si realizan la actividad de manera habitual para determinar si deben o no contribuir a una cuota mínima. ¿Y qué sucede si el autónomo se retrasa veinticuatro horas en el pago de las cuotas de la Seguridad Social? Se le impone un recargo directo del 20 % de la deuda. Obviamente, creemos necesario flexibilizar el
régimen del recargo haciéndolo progresivo como en el modelo anterior, entre el 3 %, 5 %, 10 % y 20 %, según el número de meses de retraso en el pago en el que incurra. Los trabajadores autónomos abonan estas cuotas a la Seguridad Social para, como el resto de los trabajadores, percibir ayudas del Estado en caso de necesidad, en determinados momentos de su vida como la maternidad o la jubilación, y aquí tampoco lo tienen fácil. Especialmente difícil lo tienen las mujeres autónomas que, además, recordemos que suponen el 77 % de los nuevos trabajos por cuenta propia creados desde el año 2012. En relación con la maternidad las diferencias son más cualitativas que cuantitativas. Es necesario mantener las bonificaciones de la cuota de la trabajadora autónoma durante su baja por maternidad. Es imprescindible establecer medidas que faciliten su reincorporación a la actividad profesional.
Por lo tanto, tal y como acordamos con las principales asociaciones que representan a los trabajadores autónomos, desde Ciudadanos hemos venido promoviendo medidas para, primero, eliminar burocracia y reducir trabas administrativas, fomentando el alta de nuevos autónomos y que las altas y bajas tengan efectos desde el mismo día de su presentación. Segundo, proponemos un sistema de cotización que permita que por debajo del SMI mensual, en una actividad no habitual, no sea necesario pagar cuotas fijas, y por encima del SMI establecer un sistema de cotización proporcional a los ingresos del autónomo, sin perder la capacidad de elección. Tercero, facilitar a las mujeres autónomas la conciliación de su vida familiar y profesional, incrementando las bonificaciones durante su baja por maternidad, y más allá durante los dos años siguientes permitiendo su reincorporación al trabajo. Debemos acometer medidas que simplifiquen los trámites administrativos que ahogan al autónomo y que fomenten el crecimiento empresarial. El amplio colectivo de trabajadores autónomos exige que se lleven a cabo profundas reformas también de carácter fiscal para garantizar su supervivencia y asegurar su emprendimiento. Es necesario definir medidas que faciliten la actividad económica de los autónomos y que fomenten su competitividad, principalmente en dos vías de actuación: por un lado, es necesario reformar el sistema fiscal para no recaudar más, sino recaudar mejor. Para ello se debería reformar el sistema impositivo para asegurar que los impuestos sean los más sencillos, transparentes y justos, sin imponer cargas excesivas a los pequeños contribuyentes, objeto de debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas en este caso. Por otro lado, se ha de fomentar y apoyar decididamente el desarrollo empresarial, eliminando la excesiva regulación que desincentiva el crecimiento de los autónomos y pequeñas y medianas empresas. Es imprescindible adoptar medidas que logren la consolidación y crecimiento de los autónomos, eliminando excesivas trabas administrativas.
En este sentido, el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha tomado ya la iniciativa y ha presentado dos proposiciones no de ley, después de mantener varias reuniones de trabajo con las principales asociaciones de autónomos a nivel nacional y realizar diversas jornadas con expertos. Para mejorar el régimen de autónomos hemos propuesto, por lo tanto, una serie de medidas: en primer lugar, establecer la fecha real y de efectos de las altas iniciales y bajas definitivas, de forma que se igualen permitiendo que las fechas surtan efectos el mismo día que se solicitan. En segundo lugar, permitir hasta cuatro cambios en las bases de cotización anual, en vez de los dos permitidos en la actualidad, de forma que la cotización que realiza el autónomo se adecue a los ingresos variables que puede tener a lo largo del año. En tercer lugar, establecer un sistema de cotización en función de los ingresos reales del autónomo. De forma inmediata, introducir un sistema de cotización reducida de 45 euros para los autónomos habituales con ingresos reales que no superen el SMI en cómputo anual, así como normalizar la situación de los trabajadores autónomos con actividad no habitual respecto a sus obligaciones de alta y cotización. En cuarto lugar, buscar fórmulas para establecer un sistema de cotización adecuado y proporcional para los trabajadores autónomos a tiempo parcial. En quinto lugar, modificar los recargos aplicables ante la falta de ingreso de las cuotas en plazo reglamentario, volviendo al sistema anterior de 3 %, 5 %, 10 % y 20 % según el ingreso se produzca en el primer, segundo, tercer o a partir del tercer mes siguiente al vencimiento del plazo. En sexto lugar, normalizar el sistema de aplazamientos de forma que los mismos se concedan en base a criterios objetivos por parte de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social. En séptimo lugar, mejorar la cobertura de la prestación por cese de actividad, que a día de hoy ha generado reservas por valor de más de 605 millones de euros. Por último, mejorar el sistema de prestaciones y ayudas de las trabajadoras autónomas tanto antes del parto como durante su baja por maternidad.
Corresponde ahora el turno de palabra a los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, por un tiempo no superior a cinco minutos. Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), tiene la palabra el señor Campuzano.
Democràcia i Llibertat plantea una enmienda que incorpora algunas consideraciones a la proposición no de ley que nos ha defendido el Grupo de Ciudadanos. Esta no es una cuestión menor. Es una cuestión que desde nuestro grupo parlamentario en la pasada legislatura, como Convergència Democràtica, habíamos defendido con mucha intensidad. Estamos convencidos de que los autónomos han sido los grandes perjudicados de esta crisis. Cerca de 400.000 autónomos han perdido su puesto de trabajo y se han encontrado sin ningún tipo de protección social. Además somos conscientes de que en materia de Seguridad Social el actual régimen especial de trabajadores autónomos ni satisface las necesidades de los autónomos, con una pensión media que supera escasamente los 600 euros, y además genera problemas de sostenibilidad financiera en el sistema de pensiones. Hablamos de unos ingresos en cotizaciones de unos 10.000 millones de euros y unos gastos en prestaciones de unos 17.000 millones de euros. Todo ello fueron razones que llevaron a mi grupo parlamentario a plantear en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo una subcomisión para analizar a fondo estas cuestiones. Lamentablemente aquella propuesta de subcomisión fue rechazada. Pero eso no es óbice para que apoyemos el texto que nos plantea el Grupo de Ciudadanos y agradezcamos la actitud que ha tenido su portavoz de incorporar algunas de nuestras enmiendas. Singularmente quiero hacer referencia a los aspectos fiscales que se van a incorporar, a la referencia de modificar el sistema de los trades de manera específica, de dar cumplimiento a la previsión de trabajo a tiempo parcial de los trabajadores autónomos. Esta fue una medida incorporada en 2011 y que lamentablemente el Gobierno en la pasada legislatura no puso en marcha... (Rumores).
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: ... y que para muchos era una gran oportunidad de empezar su actividad laboral con un régimen de cotizaciones suficiente. Sabiendo que lo que hoy ya se constituye como un consenso de la mayoría de los grupos, ir hacia un régimen gradual y flexible para los autónomos, es una de las grandes reformas de nuestro sistema de pensiones, que debe ser prioritaria abordarla en el seno del Pacto de Toledo. Lamentablemente esta cuestión en esta legislatura abortada no va a poder resolverse. Debería de ser prioritario en la próxima legislatura. Por parte de Democràcia i Llibertat así lo va a hacer. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Marí Bosó.
Señor Del Campo le he oído hablar de muchas muchas cosas en relación con los trabajadores autónomos y le he de manifestar que nuestro grupo está muy de acuerdo en muchas de ellas. Pero en el Grupo Parlamentario Popular también creemos que el hecho de que vayamos a elecciones generales el próximo 26 de junio no habilita -se lo digo con respeto- para que... (Rumores).
El señor MARÍ BOSÓ: ... se presente una proposición no de ley que pretenda que en tres minutos debatamos la reforma del régimen especial de los trabajadores autónomos con el calado y la profundidad de la propuesta. Sorprende también que el día 24 de febrero ustedes celebren un pacto con el PSOE para que presida el Gobierno e incluyan estas medidas en el pacto, que el día 31 de marzo soliciten que se cree una subcomisión en el seno de esta Comisión necesariamente con este alcance de conocimiento de estas medidas y que el 5 de abril vuelvan con estas medidas en formato de proposición no de ley. Estamos más de acuerdo con su propuesta de 31 de marzo de crear una subcomisión en el seno de esta Comisión para abordar toda esta problemática de los trabajadores autónomos. Incluso estamos más de acuerdo con la enmienda que le presenta el Grupo Socialista de constituir un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. Respecto de esto me permitirá la broma. Tiene guasa que el Grupo Socialista enmiende lo que pactó con ustedes el día 24 de febrero. Lo
cual nos da la razón en el sentido de que todos conocíamos que de aquel pacto cada uno interpretaba una cosa diferente.
Además el propio hecho de que en esta proposición no de ley se planteen muchas enmiendas, la mayoría de adición, el Grupo Catalán, en línea con su tradición -que sé- de preocuparse y de proponer soluciones en toda la actividad de emprendimiento y autónomos; el Grupo Socialista, como le he dicho; el Grupo de Podemos-En Comú Podem-En Marea, que propone estudiar la equiparación del RETA al régimen general. Todo esto demuestra, señor diputado, que conviene que hagamos un análisis en conjunto de todas estas problemáticas que afectan a los autónomos, de hacerlo con rigor y seguro que podremos acordar una mejor reforma y más omnicomprensiva. Son muchas las medidas que se han establecido estos cuatro años a favor de los trabajadores del RETA, que han supuesto la introducción de incentivos y bonificaciones a la cotización. De hecho, en los últimos años el RETA viene gozando de significativas ventajas comparativas con otros regímenes de la Seguridad Social. Los importes destinados a ayudas de la Seguridad Social al RETA en los últimos años han pasado de 93-95 millones en 2011-2012 a 526 millones en 2015. Son numerosas las reformas realizadas que han dado buen resultado por parte del Gobierno del Partido Popular. De lo realizado, de lo planteado en esta PNL, conviene hablar, conviene estudiarlo, definirlo con rigor y hacerlo en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. Aunque en nuestra enmienda transaccional esto último en donde sea necesario hacerlo lo dejamos abierto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, establecer la fecha real y de efectos de las altas iniciales y las bajas definitivas que se igualen permitiendo que las fechas surtan efecto el mismo día en que se solicitan. Esto tiene implicaciones y no alcanzamos a entender cuáles de ellas son beneficiosas para los autónomos. Por cuanto la prestación se vería reducida en caso de reducir la cotización a los días en que efectivamente se realice la actividad. También, por ejemplo, solicitar un sistema de cotización reducida mermaría sensiblemente las prestaciones futuras de los trabajadores autónomos o buscar fórmulas para establecer un sistema de cotización adecuado y proporcional a los autónomos a tiempo parcial se tiene necesariamente que ponderar las consecuencias de la aplicación y la distinta naturaleza jurídica de los trabajadores autónomos y de los trabajadores por cuenta ajena, a tiempo completo y a tiempo parcial, o mejorar la cobertura de la prestación por cese de actividad. Ya se ha hecho. Ya se ha visto mejorada suavizando requisitos y formalidades, ampliando el ámbito de beneficiarios excluidos, eliminando la obligación de proteger contingencias profesionales para acceder a la protección por cese de actividad, manteniéndose además el carácter voluntario de acceso al sistema de protección con la Ley 34/2014. Es esa misma ley la que establecía también un plazo en el que debíamos evaluar qué beneficios producían todas esas medidas y a partir de ahí cumplir.
Señorías, hemos convertido estos cuatro meses de esta legislatura en la carrera por proponer cosas. Ahora lo pongo en una proposición no de ley, ahora propongo una subcomisión, olvidando la primera obligación que teníamos que era conformar un Gobierno que siguiera profundizando en la solución de los problemas de los españoles. En especial, que siguiera profundizando en las reformas legislativas necesarias para seguir haciendo del colectivo de los trabajadores autónomos uno de los vectores punteros del crecimiento y de la generación de empleo en nuestro país, como ha sido así en estos años y como debe de seguir siendo en el futuro. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Buenos días, señorías. La situación de crisis económica global que nos ha golpeado tan duramente en estos últimos años unido al retroceso en derechos laborales que ha impuesto el Partido Popular y la precarización del mismo ha propiciado que miles de españoles y de españolas hayan decidido emprender nuevas actividades económicas, que no solo han supuesto una salida profesional para ellos mismos, sino que han sido capaces de generar empleo, tan necesario en la situación económica actual. Suponen casi un 19 % de las personas ocupadas en nuestro país. Ejemplo de ello ha sido el crecimiento en el pasado año del número de autónomos en términos relativos de un 1,3 %, siendo las comunidades donde más han aumentado: Canarias, Baleares y Andalucía. Comunidades que se sitúan en el ranquin de los primeros puestos de personas en situación de desempleo y donde muchos ciudadanos y ciudadanas han optado por emprender para paliar las dificultades económicas a las que les ha sometido con sus políticas el Partido Popular en estos últimos cuatro años.
Señorías, los y las socialistas compartimos el contenido de la propuesta que hoy nos ha presentado Ciudadanos, tal y como se recoge en el acuerdo que firmamos con dicha formación. Andando en la dirección de allanar el camino a los que desean optar a la condición de emprendedores convendría incluir en esta propuesta la constitución de un grupo de trabajo que en el marco de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo presente una propuesta efectiva del régimen especial de trabajadores autónomos para que se pueda incorporar en los Presupuestos Generales del Estado del año 2017. Además para los socialistas es vital buscar una solución a una demanda que en reiteradas ocasiones ha manifestado el colectivo de autónomos en nuestro país y que supone tener que enfrentarse a multitud de trabas administrativas y burocráticas a la hora de iniciar una actividad económica de cualquier índole. Por tanto, es vital que hagamos un esfuerzo por reducir y simplificar tanto los trámites como los costes administrativos, para ello consideramos imprescindible la extensión de la tramitación telemática a todas las operaciones, así como la extensión del silencio administrativo positivo de manera general y, por supuesto, la posibilidad de crear una empresa en un día por vía telemática. La necesidad de avanzar en la línea que presenta esta enmienda viene refrendada por la cantidad de españoles y de españolas, más de 3 millones, conminados a iniciar el camino de la emprendeduría. De ahí que lo que hasta ahora son meras declaraciones de voluntad, tomen la consideración y se conviertan en hechos fehacientes. Puesto que la tendencia señala que la dirección de crecimiento incesante del número de autónomos en consecuencia convirtamos en una realidad incuestionable la desaparición de la denominada maraña administrativa con la que se siguen tropezando aquellos que optan a la condición de autónomos. El Partido Socialista ha manifestado siempre su preocupación por los trabajadores de este país. En estos últimos cuatro años hemos asistido, incluso con las políticas del Partido Popular, a la creación de una nueva clase de trabajadores, los trabajadores pobres. Por tanto, también velaremos porque no haya empresarios pobres y se dé la condición para que puedan llevar a cabo su actividad y sigan siendo generadores de empleo.
El Grupo Socialista en pos de garantizar el buen uso de los mecanismos articulados para la mejora de las condiciones propone no solo facilitar la aceleración del proceso a la condición de autónomo, sino que se establezcan los instrumentos necesarios para evitar las irregularidades a las que se ven abocados muchos trabajadores y trabajadoras por contratantes que les imponen a los mismos asumir la condición de falsos autónomos para obtener el bien preciado de un puesto de trabajo. Muchas gracias. (Aplausos).
Por el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Franco Carmona.
Respecto a la proposición no de ley que presenta Ciudadanos creemos que cualquier paso que se dé para mejorar la situación de los autónomos es un buen paso, pero la consideramos insuficiente puesto que creemos que los problemas que conlleva ser un trabajador por cuenta propia y, en concreto, ser un trabajador autónomo son problemas demasiado grandes, demasiado fundamentales como para no hacer una norma o intentar hacer una norma que sea más completa. Me explico. Las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos suponen casi la totalidad de las empresas que existen en España. El 98 % de las empresas de España son pequeñas empresas, son pymes, o son trabajadores autónomos. Además estas pequeñas empresas y los trabajadores autónomos contratan a más de 63 % del total de los trabajadores. Es decir, si lo que queremos es aumentar el empleo, empecemos por las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos. Empecemos protegiéndolas y ayudándoles para que puedan seguir con su actividad. Desde que comenzó la crisis los autónomos y las pequeñas empresas -y en este caso como estamos hablando de los autónomos- lo único que se ha dado ha sido que tengan pérdidas y que hayan tenido que cerrar su empresa. No olvidemos que un autónomo no es un extraterrestre, no es un ovni, no es un objeto. Un autónomo es una persona y además es trabajadora, como cualquier otra persona trabajadora, lo único que además está pagando sus propias cuotas. Cuando un trabajador autónomo pierde su empleo, es decir, cierra su empresa, no solamente se queda sin trabajo, no solamente se queda sin salario, sino que además normalmente -y más que normalmente en el 100 % de los casos- se queda con muchísimas deudas, que además tiene que pagar de su propio patrimonio. Vivimos una situación de crisis que supone que además el colectivo de los trabajadores autónomos esté mucho más precarizado o tienda mucho más a la precarización que el de los trabajadores por cuenta ajena. Eso que actualmente se está llevando una política de empleo que intenta tender al emprendimiento, no al trabajo por cuenta ajena, no a la contratación a otros trabajadores, sino al emprendimiento, es decir, al autoempleo,
a crear su propio empleo. Además las leyes españolas respecto al emprendimiento hablan todo el tiempo de los trabajadores autónomos. Creo que están mal hechas esas leyes porque lo que tendrían que hacer es reconocer que los trabajadores autónomos son emprendedores y no intentar hacer castillos en el aire diciendo que hay que apostar por el emprendimiento y por los autónomos y, sin embargo, no hacer nada con ellos. Los autónomos sin trabajadores es el único colectivo por cuenta propia que ha aumentado en nuestro país. Sin embargo, los autónomos que cuentan con trabajadores por cuenta propia, es decir, los autónomos que contratan a su vez a otras personas, que se emplean a sí mismos y emplean a otras personas, han bajado en 19.800 autónomos en total.
Voy directamente a las enmiendas. Lo que proponemos en las enmiendas es, por un lado, una cuestión de forma, cambiar la nomenclatura de ingresos reales por rendimiento neto, puesto que es el concepto técnico. Son rendimientos netos, no son ingresos reales. Por otro lado, en cuanto a la cotización Ciudadanos habla de que se pague solo una cuota de 45 euros para aquellos autónomos que no lleguen al salario mínimo interprofesional. Nosotros decimos que tienen que ser gratuitas esas cuotas, puesto que los trabajadores autónomos, aparte de pagar sus cuotas como autónomos, están pagando también otros impuestos, como por ejemplo el IVA, simplemente por su propia actividad. Otras muchas enmiendas como, por ejemplo, equiparar las prestaciones de los trabajadores autónomos con los de los trabajadores del régimen general de la Seguridad Social. La realidad nos muestra que la jubilación, la pensión media de los trabajadores autónomos, es casi de la mitad de los trabajadores por cuenta ajena, de un 41 % menos. La prestación por desempleo de los trabajadores autónomos, el de cese de actividad, el paro de los autónomos, como se le llama, solamente lo cobra un 1 % de los autónomos que pierden su trabajo. Como esto, otras muchas más cosas, como por ejemplo que se posibilite el pago trimestral en vez del mensual, que se incluya a los trabajadores autónomos en el diálogo social, que se desarrolle la responsabilidad limitada y no respondan con su patrimonio personal, sino con sus bienes profesionales, y que se persiga el fraude de los falsos autónomos. Una curiosidad y es que pensaba que aquí se venía a solucionar problemas, sin embargo, en la PNL Ciudadanos se ampara en el artículo 162 y siguientes, que son los de Estado de alarma, no sé si nos tenemos que alarmar mucho, porque se acaba la legislatura pronto o si realmente tenemos que seguir luchando por solucionar los problemas de la gente. Muchas gracias.
Grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas. Señor Barandiaran.
Voy a señalar en principio que esta es una proposición que nos ha satisfecho, que podíamos haber suscrito y que suscribiremos de hecho como se verá luego en la votación. Queremos señalar como han hecho el resto de intervinientes que este colectivo en especial, como ha señalado antes una diputada del Grupo Popular en su anterior intervención, es un colectivo que a todos nos toca, porque todos tenemos alrededor personas que por cualquier motivo nos han venido a reclamar algún tipo de solución al problema de los autónomos, al problema del RETA. El problema del RETA no es solo el del régimen de la Seguridad Social de los autónomos, sino otras muchas cosas que hubieran debido merecer, como ha señalado el portavoz del Grupo de Democràcia i Llibertat, la posibilidad de ser debatidos bien en el seno de una subcomisión, bien en el seno de un debate específico, y que realmente debieran de dar respuesta a un colectivo que posiblemente sea uno de los más dañados por la crisis y además también históricamente uno de los peor tratados por la legislación. En ese sentido, las propuestas que se hacen serán más o menos afortunadas, pero tienden a dar algún tipo de soluciones, son propuestas concretas y que vamos a compartir.
Dicho esto, y acudiendo ahora no a la bondad, porque la bondad del señor presidente es patrimonio mío. Lo siento, señor presidente, es una patente mía en este caso.
El señor PRESIDENTE: Patrimonio de la humanidad.
El señor BARANDIARAN BENITO: Voy a señalar una cosa más. Creo que soy el último en intervenir, si no me equivoco.
El señor PRESIDENTE: No, tiene que intervenir el señor Del Campo y luego yo.
El señor BARANDIARAN BENITO: Simplemente quería aprovechar, ya que me queda un poco de tiempo, para agradecer a todos los que han participado en esta Comisión de Empleo durante este breve tiempo, primero que me hayan aguantado, segundo que hayan podido compartir mis opiniones o divergir de ellas de una forma razonable y señalarles también que al menos esta es mi primera experiencia como diputado y espero repetir luego en la siguiente. Entiendo que el debate ha sido positivo, que ha habido propuestas interesantes y desearía de todos que en la próxima ocasión se diera un debate más enriquecedor, menos basado en las confrontaciones meramente ideológicas referidas al empleo y a la Seguridad Social, con propuestas más concretas que es lo que de alguna manera nos están demandando los ciudadanos. Agradeciéndoles a todos su participación y colaboración me despido también de ustedes. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos para manifestarse sobre las enmiendas.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) y aceptamos los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 propuestos por ellos y añadimos un apartado con el siguiente texto: Estudiar mecanismos de compensación de las deudas de Seguridad Social y Hacienda con aquellos créditos que los mismos tengan contra las administraciones públicas. Y aceptamos el apartado 12 de Democràcia i Llibertat.
El señor PRESIDENTE: Hágalo llegar a la Mesa, por favor.
En mi condición de diputado pluriempleado tengo que salir para la Comisión de Economía y no voy a poder estar presente en la última votación de esta Comisión que he tenido el honor de presidir. Ha sido la Comisión que más se ha reunido durante esta breve legislatura y en la misma se ha dado ejemplo de trabajo, de dedicación, de intensidad, de calidad en el trabajo y, sobre todo, de algo que me resulta fundamental para estar cómodo -señor del Campo, un momento, que está hablando su presidente- en cualquier espacio que es el talante. Es lamentable que no hayamos podido llegar a un acuerdo de Gobierno visto el buen ambiente que ha reinado aquí. Los electores decidirán ahora qué hacen con nosotros y con nosotras y a mí solo me queda agradecerles esta breve Presidencia. Ahora que había conseguido controlar el reloj, me tengo que marchar. Muchas gracias y muy amables por su parte. (Aplausos.-El señor vicepresidente, Camps Devesa, ocupa la Presidencia).
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Señorías, vamos a proceder a las votaciones sin necesidad de suspender la Comisión. Así que les ruego estén atentos en esta última tanda de votaciones de la Comisión que más se ha reunido en esta legislatura. (Pausa). Vamos a proceder a las votaciones en el orden que consta en el orden del día. Comenzamos con la primera de ellas, la proposición no de ley sobre temporalidad en el mercado laboral.
La señora RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: Señor presidente. Perdón, con respecto a esta primera votación me gustaría hacerle una propuesta a Podemos que podamos votar por párrafos. No se ha aceptado ninguna transaccional, si podemos votar por párrafos.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Me comunica el señor letrado que al haber habido enmiendas a la proposición no de ley no se puede pedir votación separada posteriormente por párrafos.
La señora RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: Muy bien. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Procederemos a la votación en la totalidad del contenido de la proposición no de ley y en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 21; abstenciones, 12.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Queda rechazada.
Pasamos a la votación de la segunda proposición no de ley relativa a llevar a cabo determinadas reformas legislativas en consonancia con la estrategia española de seguridad e higiene en el trabajo 2015-2020, a los efectos de integrar la actividad preventiva en la empresa, mediante la asunción de la prevención de forma prioritaria con recursos propios. Lo haremos en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 16; abstenciones, 6.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Queda aprobada.
Pasamos a la votación de la tercera proposición no de ley relativa a combatir el fraude laboral a la Seguridad Social incidiendo en las irregularidades derivadas de las prácticas académicas externas en empresas. También se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 20; abstenciones 1.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Queda aprobada. (Aplausos).
Pasamos a la proposición no de ley número cuatro sobre la rebaja de la edad de jubilación de los trabajadores y trabajadoras cuidadores de personas dependientes en el sector sociosanitario. Que también se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 15; abstenciones, 17.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley número cinco sobre medidas para mejorar la protección social y facilitar el emprendimiento de los trabajadores autónomos, que al haber sido aceptada una transaccional por el grupo proponente será esta la que se vote. Quiero recordarles que el señor letrado dará lectura a cómo ha quedado exactamente el texto que se va a someter a la votación de sus señorías.
El señor LETRADO: Se sustituye el texto de la proposición no de ley por el siguiente: Apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tal y como figuran en la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat). Sigue un apartado con el siguiente texto: Estudiar mecanismos de compensación de la deuda de Seguridad Social y Hacienda con aquellos créditos que los mismos tengan contra una Administración pública. Un último apartado que es el texto del apartado 12 de la enmienda antes citada del Grupo Catalán (Democràcia i Llibertat).
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 15.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Queda aprobada. (Aplausos). Señorías, haciendo mías las palabras del presidente de la Comisión como no podía ser de otra manera, agradeciendo su trabajo y añadiendo al trabajo de sus señorías también, que ha sido una omisión que ha tenido el presidente y quiero subsanar, el de los servicios de esta Cámara, señores letrados, estenotipistas y taquígrafos, se levanta la última sesión de esta legislatura de la Comisión de Empleo y Seguridad Social. Muchas gracias. (Aplausos).

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 30
 artículo 10
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 162