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Timestamp: 2019-12-10 14:01:54+00:00

Document:
Registro Oficial. 24 de NOVIEMBRE del 2003
Lunes, 24 de Noviembre del 2003 - R. O. No. 217
2003-23\n Ley de creación\n de la Comisión Nacional de Erradicación de la Fiebre\n Aftosa ­ CONEFA
2003-24 Ley\n Reformatoria a la Ley que Regula la Emisión de Cédulas\n Hipotecarias.
2003-25\n Ley Interpretativa\n del literal c) del artículo 58 A de la Ley para la Reforma\n de las Finanzas Públicas.
0012-2002-RS Deséchase el recurso\n de apelación interpuesto por el señor Silvino Mit.\n Orrala.
0649-2002-RA Revócase la resolución\n venida en grado y deséchase la acción de amparo\n formulada por el señor Galo Wilson Estupiñán\n Muñoz
001-2003-RS\n Acéptase\n en los términos expuestos la solicitud de aclaración\n y ampliación formulada por DaIila Bowen Lomas
008-2003-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y deséchase la acción de amparo\n propuesta por Ciro Vicente Gómez Vargas..
0018-2003-RA\n Inadmitir la\n demanda de incons-titucionalidad formulada por la Suboficial\n Mayor de Policía Delia María Medina Aldana
0035-2003-RA Revócase la resolución\n venida en grado y deséchase la acción de amparo\n constitucional formulada por José Ricardo Guamán.
045-2003-RA Revócase la resolución\n venida en grado y deséchase la acción de amparo\n constitucional formulada por Manuel Eduardo Álvarez Alvarado.
058-2003-HD Confirmase la resolución\n adoptada por el Juez de instancia y deséchase el recurso\n de hábeas data presentado por María Piedad Sulca\n Tutay.
062-2003-RA Confirmase la resolución\n adoptada por el Juez de instancia y declárase sin lugar\n el amparo solicitado por la señora Glenda Liz Cárdenas\n López
0207-2003-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el doctor Luis Armando Beltrán Carrera..
0218-2003-RA Revócase el auto venido\n en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el doctor Averroes Bucaram Zaccida.
0234-2003-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el señor Wilson Ramón Hinojosa Mena.
236-2003-RA Confirmase la resolución\n adoptada por el Juez de instancia y deséchase el amparo\n solicitado.
0241-2003-RA Confirmase la resolución\n venida en grado e inadmítese la acción de amparo\n propuesta por el ingeniero Carlos Rodrigo Haz García.
296-2003-RA Revócase la resolución\n venida en grado y concédese el amparo constitucional formulado\n por Olmedo Zambrano Espinel.
300-2003-RA Confirmase la decisión\n del Juez de instancia y dispónese el archivo de la causa\n propuesta por el licenciado Francisco Elías Goya Cercado.
0421-03-RA Revócase la resolución\n llegada en grado y deniégase la acción de amparo\n constitucional propuesta por el licenciado Wilson Eduardo Teanga\n García
0430-03-RA Revócase la resolución\n del Juez Séptimo de lo Civil de Pichincha y concédese\n el amparo constitucional solicitado por Maria Soledad Guanoluisa\n Gómez.
0438-03-RA\n Confirmase la\n resolución llegada en grado y concédese el amparo\n constitucional solicitado por Celso Cóndor Massapanta.
0441-03-RA Confirmase la resolución\n llegada en grado y deniégase la acción de amparo\n constitucional solicitada por José Roberto Elías\n Mendoza Intriago.
0797-2003-RA Revócase la resolución\n venida en grado y acéptase la acción de amparo\n constitucional formulada por José Eduardo Barcia Miranda
813-2003-RA Confirmase la resolución\n adoptada por el Juez de instancia y desestimase la acción\n interpuesta por Luis Fernando Lara Paredes.
- Concejo\n Cantonal del Gobierno Municipal de San Cristóbal:\n De creación y funcionamiento del Consejo Cantonal de la\n Niñez y Adolescencia.
-\n Cantón Zapotillo:\n Que reglamenta la determinación, recaudación, administra-ción\n y control del impuesto a los espectáculos públicos\n a favor del Patronato de Amparo Social Municipal.
-\n Cantón Balzar: Que\n reglamenta el manejo, custodia, registro y control de los fondos\n de caja chica correspondientes a la Ilustre Municipalidad\n \n
PRESIDENCIA\n DEL H. CONGRESO NACIONAL
\n Oficio No. 0807-PCN
Para la publicación en el Registro Oficial, de conformidad\n con lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución\n Política de la República, remito a usted copia\n certificada del texto de la LEY DE CREACION DE LA COMISION NACIONAL\n DE ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA -CONEFA- que el Congreso\n Nacional del Ecuador discutió, aprobó y rectificó\n el texto original, allanándose a la objeción parcial\n del señor Presidente Constitucional de la República.
Quien suscribe, Secretario General del Congreso Nacional del\n Ecuador, certifica que el proyecto de LEY DE CREACION DE LA COMISION\n NACIONAL DE ERRADICACION DE LA. FIEBRE AFTOSA ­CONEFA -fue\n discutido, aprobado y rectificado su texto original al haberse\n allanado a la objeción parcial del señor Presidente\n Constitucional de la República, de la siguiente manera:
PRIMER DEBATE:	17-09-2003
SEGUNDO DEBATE:	1 y 2-10-2003
\n OBJECION PARCIAL:	12-11-2003
Quito, 12 de noviembre de 2003.
No 2003-23
Que es deber del H. Congreso Nacional velar por los intereses\n del sector productivo ecuatoriano, dictando para el efecto normas\n que aseguren su permanencia y su rol insustituible para generar\n la seguridad alimentaria en la República;
Que el Ecuador forma parte de convenios internacionales tendientes\n a la erradicación de la fiebre aftosa a nivel nacional,\n regional y continental, en los cuales ha adquirido obligaciones\n ineludibles y cuya aplicación ha venido ejecutándose\n a través de los organismos oficiales y privados facultados\n para el efecto, entre ellos la Comisión Nacional de Erradicación\n de la Fiebre Aftosa, CONEFA, que es una entidad privada, sin\n fines de lucro y financiada por el sector ganadero del país;
Que el Ecuador tiene como política de Estado, a través\n de sus programas de modernización, propender a la participación\n del sector productivo en la ejecución de proyectos y programas\n de desarrollo, control y prevención sanitaria, en estrecha\n coordinación con el sector oficial;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 3609 del 14 de enero de\n 2003, se expidió el Texto Unificado de Legislación\n Secundaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería,\n en el que se dispuso la derogatoria expresa de 142 disposiciones\n normativas y, en su lugar entró en vigencia el Texto Unificado\n de Legislación Secundaria del Ministerio de Agricultura\n y Ganadería, preparado por la Comisión Jurídica\n de Depuración Normativa, publicado en el Registro Oficial.\n Edición Especial No. 1 de 20 de marzo del 2003;
Que entre las disposiciones normativas que se derogaron expresamente\n mediante el Decreto Ejecutivo mencionado en el considerando anterior,\n se encuentra el Acuerdo Ministerial No. 39, publicado en el Registro\n Oficial No. 882 de 12 de febrero de 1996, que creó la\n Comisión Nacional de Erradicación de la Fiebre\n Aftosa, CONEFA, así como el Acuerdo Ministerial No. 279,\n publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 1007 de 9\n de agosto de 1996 que contiene el Reglamento de la Comisión\n Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, CONEFA;
Que es necesario crear mediante Ley a la Comisión Nacional\n de Erradicación de la Fiebre Aftosa, CONEFA, a fin de\n que tenga permanencia y seguridad jurídica; y,
LEY DE CREACION DE LA COMISION
\n NACIONAL DE ERRADICACION DE LA
\n FIEBRE AFTOSA - CONEFA
Art. 1.- Créase la Comisión Nacional de Erradicación\n de la Fiebre Aftosa -CONEFA-, como entidad de derecho privado,\n con financiamiento propio y sin fines de lucro, que se regirá\n por sus propios estatutos.
Art. 2.- La Comisión Nacional de Erradicación\n de la Fiebre Aftosa -CONEFA-, estará conformada por:
a)	Directorio;
b)	Dirección Ejecutiva;
c)	Coordinaciones Regionales; y,
d)	Comités locales.
Art. 3.- El Directorio estará integrado por:
a)	El Presidente de la Federación Nacional de Ganaderos\n del Ecuador, o su delegado;
b)	El Presidente de la Asociación de Ganaderos del\n Litoral y Galápagos, o su delegado;
c)	El Presidente de la Asociación de Ganaderos de la\n Sierra y Oriente, o su delegado; y,
d)	El Director del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria\n del Ministerio de Agricultura y Ganadería o su delegado,\n quien deberá ser un médico veterinario del SESA.
Los delegados de la Federación Nacional y de las asociaciones\n de ganaderos deberán ser miembros de las mismas.
La Presidencia del Directorio será ejercida anualmente,\n en forma rotativa por los representantes del sector ganadero,\n en el siguiente orden:
1.	Federación Nacional de Ganaderos del Ecuador;
2.	Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos;\n y,
3.	Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente.
Las decisiones del Directorio se tomarán por mayoría\n de votos de los concurrentes y, en caso de empate, el Presidente\n tendrá voto dirimente.
Art. 4.- La Dirección Ejecutiva la ejercerá\n un médico veterinario, con titulo universitario mínimo\n de tercer nivel, otorgado por una universidad o escuela politécnica,\n legalmente reconocida, con experiencia profesional mínima\n de cinco años y será nombrado por el Directorio,\n durará 2 años en sus funciones.
Las Coordinaciones Regionales estarán a cargo de un\n médico veterinario, con título universitario mínimo\n de tercer nivel, otorgado por una universidad a escuela politécnica,\n legalmente reconocida, representante del sector ganadero y nombrado\n por el Directorio.
Los Comités locales estarán integrados preferentemente\n por pequeños y medianos ganaderos y por los representantes\n de las instituciones y organizaciones públicas y privadas\n de la localidad, vinculadas al sector pecuario.
La asesoría técnica estará a cargo del\n Centro Panamericano de la Fiebre Aftosa y del SESA.
Art. 5.- Para su financiamiento la CONEFA contará con\n los siguientes recursos:
a)	Los provenientes de la venta de productos veterinarios,\n biológicos y farmacéuticos, de marca o genéricos,\n destinados exclusivamente para el tratamiento de la Fiebre Aftosa;
b)	Los valores que reciban por el servicio de emisión\n de guías sanitarias de movilización de animales;
c)	Los aportes que realicen los gremios de ganaderos e instituciones\n afines;
d)	Los provenientes de legados o donaciones; y,
e)	Los provenientes de fondos de cooperación nacional\n e internacional.
De existir recursos públicos, éstos serán\n sometidos al control y fiscalización de la Contraloría\n General del Estado.
Art. 6.- La Comisión Nacional de Erradicación\n de la Fiebre Aftosa, tendrá los siguientes objetivos:
a)	Ejecutar las actividades necesarias para controlar y erradicar\n la Fiebre Aftosa en el país y otras enfermedades que en\n el futuro se presentaren en el sector pecuario nacional;
b)	Planificar y coordinar las acciones de prevención\n y control de la Fiebre Aftosa con el SESA (Servicio Ecuatoriano\n de Sanidad Agropecuaria);
c)	Evitar la reintroducción de la fiebre aftosa en\n el país;
d)	Instrumentar las acciones necesarias que permitan el fortalecimiento\n sanitario y productivo de la ganadería nacional;
e)	Incrementar los índices de vacunación de\n los hatos ganaderos hasta obtener la cobertura total;
f)	Controlar que la vacuna a ser aplicada en la ganadería\n nacional cumpla estrictamente con las normas nacionales e internacionales;\n y,
g)	Coordinar con la Policía Nacional y con el Servicio\n Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, SESA, para controlar que\n todo el ganado que se moviliza en el país, cuente con\n la respectiva guía sanitaria de movilización otorgada\n por la CONEFA.
Art. 7.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería a\n través del SESA y la CONEFA deberán importar y\n comercializar el biológico de uso exclusivo para el programa\n de erradicación de la Fiebre Aftosa.
Art. 8.- La presente Ley entrará en vigencia a partir\n de su publicación en el Registro Oficial.
Dada en el Distrito Metropolitano de San Francisco de
\n Quito, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional del Ecuador,\n a los doce días del mes de noviembre del año dos\n mil tres.
CONGRESO NACIONAL.- Certifico que la copia que antecede es\n igual a su original que reposa en los archivos de la Secretaria\n General.- Día: 14 de noviembre de 2003.-Hora: 15h00.-\n f.) Ilegible.- Secretaría General.
\n Oficio No. 0809-PCN
Para la publicación en el Registro Oficial, de conformidad\n con lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución\n Política de la República, remito a usted copia\n certificada del texto de la LEY REFORMATORIA A LA LEY QUE REGULA\n LA EMISION DE CEDULAS HIPOTECARIAS que el Congreso Nacional del\n Ecuador discutió, aprobó, se allanó en parte\n a la objeción parcial del señor Presidente Constitucional\n de la República y se ratificó en otra parte del\n texto original.
Quien suscribe, Secretario General del Congreso Nacional del\n Ecuador, certifica que el proyecto de LEY REFORMA-TORIA A LA\n LEY QUE REGULA LA EMISION DE CEDULAS HIPOTECARIAS, fue discutido,\n aprobado, allanado en parte a la objeción parcial del\n señor Presidente Constitucional de la República\n y ratificado en otra parte del texto original, de la siguiente\n manera:
PRIMER DEBATE:	25-06-2003
SEGUNDO DEBATE:	O3y 30-09-2003
\n TEXTO ORIGINAL:	12-11-2003
Quito, 13 de noviembre de 2003.
No 2003-24
Que en el Registro Oficial Suplemento No. 503 de 28 de enero\n de 2002, se promulgó la Ley que Regula la Emisión\n de Cédulas Hipotecarias (Ley No. 59);
Que la mencionada Ley fue expedida con el objeto de reactivar\n la industria de la construcción, coadyuvar a la solución\n del problema habitacional en el país, incentivar el ahorro\n nacional y contribuir a la captación de recursos externos;
Que es necesario reformar algunas disposiciones de la citada\n Ley, con el fin de facilitar la negociación de las cédulas\n hipotecarias y de esta manera se cumplan las finalidades para\n las cuales fue expedida; y,
LEY REFORMATORIA A LA LEY QUE REGULA
\n LA EMISION DE 'CEDULAS HIPOTECARIAS
Art. 1.- Sustitúyese el inciso primero del artículo\n 1, por el siguiente:
"Las Cédulas Hipotecarias son títulos ejecutivos\n que contienen un derecho económico que consiste en la\n percepción de una renta periódica fija o reajustable,\n y el derecho al reembolso del capital determinado en la misma,\n en el plazo estipulado para el pago de los préstamos a\n que correspondan. Las cédulas hipotecarias deberán\n estar garantizadas por los bienes inmuebles hipotecados a favor\n de la institución financiera emisora, para caucionar tales\n préstamos de amortización gradual y por el conjunto\n de sus préstamos hipotecarios de amortización gradual\n con emisión de Cédulas Hipotecarias vigentes. Accesoriamente\n las Cédulas Hipotecarias también estarán\n garantizadas por el capital y las reservas de la institución\n financiera sujeta al control de la Superintendencia de Bancos\n y Seguros".
Art. 2.- Sustitúyese los incisos segundo, tercero y\n cuarto del artículo 1, por los siguientes:
"Las Cédulas Hipotecarias que pueden ser nominativas,\n a la orden o al portador, a elección del deudor, deberán\n emitirse en denominaciones de cincuenta dólares de los\n Estados Unidos de América o de sus múltiplos.
No podrán otorgarse créditos con Cédulas\n Hipotecarias con vencimientos inferiores a un año ni superiores\n a treinta años y sin ninguna limitación económica.\n El plazo de emisión de las Cédulas Hipotecarias\n deberá ser el mismo que el plazo de crédito.
Las cédulas hipotecarias deberán negociarse\n a través del mercado bursátil ecuatoriano. Se excluyen\n de esta obligación a las transferencias de Cédulas\n Hipotecarias originadas en:
a)	Daciones en pago;
b)	El pago del principal con Cédulas Hipotecarias que\n realiza el propio deudor a la institución emisora;
c)	Fusiones;
d)	Escisiones;
e)	Herencias;
f)	Legados;
g)	Donaciones;
h)	Liquidación de la sociedad conyugal;
i)	Liquidación de la sociedad de bienes originada por\n la unión de hecho;
j)	Cambios de valores entre portafolios administrados por\n una Casa de Valores de propiedad de un mismo comitente; y,
k)	Otras que la ley lo permita.
La aplicación del literal j) no procederá cuando\n existan vinculaciones, conforme lo define la Ley General de Instituciones\n del Sistema Financiero, en cuyo caso deberá observarse\n lo dispuesto por la Ley de Mercado de Valores".
Art. 3.- Sustitúyese el primer inciso del artículo\n 2, por los siguientes:
"La garantía hipotecaria que se constituya para\n caucionar préstamos hipotecarios de amortización\n gradual con emisión de Cédulas recaerá sobre\n bienes inmuebles según la definición del Código\n Civil, inmuebles que en ningún caso podrán tener\n un valor inferior al 140% de la o las obligaciones garantizadas;\n por lo tanto, esta garantía hipotecaria podrá amparar\n uno o varios préstamos con la emisión de Cédulas\n Hipotecarias, que el deudor tenga o pueda tener a favor del acreedor\n hipotecario, siempre y cuando el avalúo del o de los inmuebles\n hipotecados no sea inferior al 140% del valor total de los préstamos\n hipotecarios de amortización gradual con emisión\n de Cédulas otorgadas al deudor.
Los avalúos formarán parte del expediente individual\n del crédito y los peritos nombrados por el Directorio\n de la institución emisora, serán responsables civil\n y penalmente hasta por culpa leve por el contenido de sus informes\n periciales".
Art. 4.- Deróguese el artículo 3.
Art. 5.- En el artículo 4, sustitúyese la frase:\n "seguro contra todo riesgo", por: "seguro de incendios\n y líneas aliadas, que cubran cuando menos terremotos e\n inundaciones"; y, la frase: "del deudor persona natural",\n por: "del deudor o deudores personas naturales".
Art. 6.- Sustitúyese el inciso primero del artículo\n 5, por el siguiente:
"En todo caso en que el pago de los dividendos se encontraren\n vencidos, la institución financiera emisora podrá\n cobrar sobre la cuantía del dividendo del capital en mora,\n la máxima tasa de mora permitida por la ley, vigente al\n momento del pago".
Art. 7.- En el primer inciso del artículo 6, después\n de la palabra: "préstamo", agréguese\n la siguiente frase: "Si el pago se produce por anticipado,\n la institución financiera emisora obligatoriamente deberá\n realizar un sorteo extraordinario de Cédulas Hipotecarias\n con las mismas normas y procedimientos contemplados en el Reglamento".
Art. 8.- En el inciso segundo del artículo 6, cámbiese\n la frase: "cien dólares", por, "cincuenta\n dólares".
Art. 9.- Sustitúyese el tercer inciso del artículo\n 6, por el siguiente:
"Todo pago por concepto de amortización de capital\n podrá efectuarse con Cédulas Hipotecarias y/o con\n cupones de capital emitidos por la misma institución financiera\n emisora, siempre que su vencimiento corresponda al mismo semestre\n o a semestres anteriores, del capital que se está cancelando".
Art. 10.- En el artículo 7, suprímase en el\n primer inciso la frase que dice: "la referencia del bien\n inmueble que respalda el crédito y la hipoteca, con los\n datos respectivos a su inscripción en el Registro de la\n Propiedad correspondiente, así como las demás indicaciones,\n según su naturaleza".
Art. 11.- Reemplácese los incisos segundo y tercero\n del artículo 7, por los siguientes:
"Cada Cédula llevará cupones adheridos,\n los que podrán ser de intereses y opcionalmente, a criterio\n de la institución financiera emisora, de amortización\n del capital. En los cupones se hará constar el nombre\n de la institución financiera emisora; la serie y el número\n de la cédula a que corresponda: la tasa de interés\n o valor de amortización del capital, según corresponda;\n el período a que corresponda; y, la fecha de pago. En\n aquellos casos que el emisor decidiera pagar el capital a través\n de amortizaciones periódicas no serán necesarios\n los sorteos ordinarios.
Los cupones serán suficiente y único comprobante\n para el pago de los intereses y del capital, si fuere del caso,\n a excepción del último pago de capital para el\n cual se deberá presentar la Cédula Hipotecaria\n correspondiente.".
Art. 12.- En el artículo 10, a continuación\n de las palabras: "Titulo IV", añádase\n la frase: "Del Libro 1".
Las instituciones financieras emisoras de cédulas hipotecarias\n deberán tener una calificación mínima de\n B o su equivalente, otorgada por una calificadora de riesgo legalmente\n establecida en el país.
\n Quito, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional del
\n Ecuador, a los doce días del mes de noviembre del año\n dos
\n mil tres.
CONGRESO NACIONAL.- Certifico que la copia que antecede es\n igual a su original que reposa en los archivos de la Secretaría\n General.- Día: 14 de noviembre de 2003.-Hora: 15h00.-\n f.) Ilegible.- Secretaría General.
\n Oficio No. 0810-PCN
El Congreso Nacional del Ecuador, de conformidad con las atribuciones\n que le confiere la Constitución Política de la\n República, discutió y aprobó el proyecto\n de LEY INTERPRETATIVA DEL LITERAL C) DEL ARTICULO 58 A DE LA\n LEY PARA LA REFORMA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.
Quien suscribe, Secretario General del Congreso Nacional del\n Ecuador, certifica que el proyecto de LEY INTERPRETATIVA DEL\n LITERAL C) DEL artículo 58 A DE LA LEY PARA LA REFORMA\n DE LAS FINANZAS PUBLICAS, fue discutido y aprobado de la siguiente\n manera:
PRIMER DEBATE:	27 y 28-05-2003
SEGUNDO DEBATE:	12 y 13-11-2003
Quito, 13 de noviembre 2003.
No 2003-25
Que mediante Ley No. 2000-4, publicada en el Suplemento del\n Registro Oficial No. 34 de 13 de marzo de 2000, se agregó\n el artículo 58 A a la Ley para la Reforma de las Finanzas\n Públicas, en cuyo literal c) se destina el 10% de los\n ingresos petroleros no previstos o superiores a los inicialmente\n contemplados en el Presupuesto aprobado por el Congreso Nacional\n al financiamiento de proyectos de desarrollo integral en las\n provincias de Carchi, Esmeraldas, Loja, El Oro y Galápagos;
Que mediante Ley No. 2000-1, publicada en el Suplemento del\n Registro Oficial No. 144 de 18 de agosto de 2000, fue reformado\n el literal c) del artículo 58 A de la Ley para la Reforma\n de las Finanzas Públicas;
Que en razón de que la norma legal antes mencionada\n no determina con claridad cuáles son las instituciones\n encargadas de elaborar y ejecutar los proyectos de desarrollo\n integral en beneficio de las provincias beneficiarias de los\n recursos que se asignan para su financiamiento, se ha producido\n una distorsión en su manejo, que ha impedido que la Ley\n sea aplicada en forma eficaz de conformidad con su finalidad;
Que es necesario que el H. Congreso Nacional, en ejercicio\n de la facultad que le confiere el numeral 5 del artículo\n 130. de la Constitución Política de la República,\n proceda a interpretar el literal c) del artículo 58 A\n de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas actualmente\n vigente, con el propósito de que se cumpla efectivamente\n la voluntad del legislador; es decir, que los recursos creados\n por esta norma legal contribuyan en forma eficaz, real y concreta\n al desarrollo integral de las provincias de Carchi, Esmeraldas,\n Loja, El Oro y Galápagos; y,
LEY INTERPRETATIVA DEL LITERAL c) DEL ARTICULO 58 A DE LA\n LEY PARA LA REFORMA DE LAS FINANZAS PUBLICAS
Art. 1.- Interprétese el literal c) del artículo\n 58 A de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas\n vigente, en el siguiente sentido:
a)	Los proyectos de desarrollo integral para las provincias\n de Esmeraldas, Loja, Carchi, El Oro y Galápagos, a los\n que se refiere el inciso primero del literal c) del artículo\n 58 A de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas,\n serán elaborados y ejecutados en forma directa por los\n consejos provinciales y concejos municipales de las mencionadas\n provincias, dentro de las jurisdicciones y atribuciones que les\n competen; debiendo destinar estos recursos única y exclusivamente\n a inversión de conformidad con los programas de inversión\n que deberán ser aprobados por el pleno de dichos organismos\n seccionales y que comprenderán obras atinentes a los servicios\n básicos fundamentales como saneamiento, alcantarillado,\n agua potable, riego, vialidad, protección al medio ambiente,\n manejo de cuencas y micro cuencas hidrográficas e infraestructura\n escolar; y,
b)	El 10% de los ingresos petroleros no previstos o superiores\n a los inicialmente contemplados en el Presupuesto aprobado por\n el Congreso Nacional, destinados al financiamiento de los proyectos\n de desarrollo integral señalados en el literal precedente,\n una vez deducido el 30% que legalmente corresponde al Fondo de\n Inversión Social de Emergencia (FISE), será distribuido\n de acuerdo a las alícuotas que corresponden a cada uno\n de los organismos seccionales, que serán determinadas\n por el Ministerio de Economía y Finanzas, aplicando similares\n procedimientos y parámetros a los contemplados en los\n artículos 5 y 6 de la Ley Especial de Distribución\n del 15% del Presupuesto del Gobierno Central para los Gobiernos\n Seccionales. Las alícuotas así establecidas serán\n transferidas por el banco depositario de los fondos públicos\n directamente a las respectivas cuentas de los beneficiarios,\n sin necesidad de autorización u orden previa alguna.
Art. 2.- La presente Ley Interpretativa, entrará en\n vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dada en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito,\n en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los\n trece días del mes de noviembre del año dos mil\n tres.
No. 0012-2002-RS
EXPEDIENTE No. 0012-2002-RS
Quito, 6 de noviembre de 2003.
El señor Silvino Mite Orrala, en su calidad de Concejal\n titular del cantón Playas, propone recurso de apelación\n de la resolución del Consejo Provincial del Guayas, emitida\n en sesión celebrada el 11 de julio de 2002. Menciona en\n su escrito de apelación que había interpuesto anteriormente\n un recurso de queja que, a la época de interposición\n de esta apelación, estaba siendo conocido por esta Sala.\n A folios 138 a 139 del expediente, consta la resolución\n de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional de 27 de junio\n de 2002, mediante la cual se determina que, había sido\n interpuesto un recurso de apelación ante el Consejo Provincial\n del Guayas, de la resolución del Concejo Cantonal de Playas\n que le descalificó al señor Mite Orrala, sin que\n este último organismo hubiera emitido resolución\n alguna al respecto y que había transcurrido más\n de un año en dicho trámite, por lo que en la parte\n resolutiva se dispone que el H. Consejo Provincial del Guayas\n resuelva sobre la descalificación, cesación y multa\n como Concejal del señor Mite Orrala, en el plazo de 10\n días, conforme a lo establecido en la Ley de Régimen\n Municipal. El 11 de julio de 2002, según consta a folio\n 148 del expediente, el H. Consejo Provincial del Guayas resolvió\n que, eh virtud de que el Concejal que presenta este recurso,\n no había interpuesto en debida forma la apelación\n a la resolución del Concejo de fecha 24 de mayo de 2001,\n dicha resolución se ejecutorió por lo que no se\n pronunció respecto de la descalificación, cesación\n y multa del mencionado Concejal. De esta última resolución\n interpone el afectado recurso de apelación para ante el\n Tribunal Constitucional, el mismo que, habiendo sido remitido\n a esta Sala y encontrándose en estado de resolver el recurso,\n se considera lo siguiente:
PRIMERA.- La Sala es competente para conocer y resolver el\n presente caso, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 276\n numeral 7 de la Constitución Política y el Art.\n 52 del Reglamento de Trámite de Expedientes del Tribunal\n Constitucional.
TERCERA.- El señor Silvino Mite Orrala presenta recurso\n de apelación de la resolución del Consejo Provincial\n del Guayas según la cual, el recurrente no cumplió\n en presentar su recurso de apelación de la resolución\n principal de fecha 24 de mayo de 2001, que lo descalificó\n y declaró vacante el cargo de Concejal que desempeñaba,\n de acuerdo a lo establecido en el Art. 60 inciso segundo de la\n Ley de Régimen Municipal y en tal virtud dicha resolución\n se ejecutorió por el ministerio de la ley.
CUARTA.- A folio 6 del expediente tramitado en esta Sala consta\n un escrito presentado por el recurrente ante el Alcalde del cantón\n Playas el 14 de agosto de 2002, en el cual señala lo siguiente:\n "... solicito se me conceda la correspondiente EXC USA del\n cargo de Concejal al amparo del Art. 100 de la CONSTITUCION POLÍTICA\n DE LA REPUBLICA, YA QUE HE TOMADO LA DECISION DE PARTICIPAR EN\n EL PRESENTE PROCESO en la DIGNIDAD DE CONCEJAL, y como mi periodo\n del documento que acompaño se desprende que tengo la calidad\n de CONCEJAL para el período 2000-2004". A folio 7\n del mismo expediente, consta la resolución del Concejo\n Municipal de Playas que acepta la excusa presentada por el señor\n Silvino Mite Orrala, conforme a lo establecido en los Arts. 57\n y 64, número 43 de la Ley de Régimen Municipal.\n A folio 9 se encuentra una copia del Boletín de Concejales\n Municipales, del Tribunal Supremo Electoral de fecha 21 de noviembre\n de 2002, según el cual el señor Silvino Mite Orrala\n participé en las elecciones de octubre de 2002.
El Art. 100 de la Constitución, norma en la que fundamenta\n la excusa el recurrente, establece en su primer inciso que los\n dignatarios de elección popular en ejercicio del cargo,\n que quieran presentarse para la reelección, gozarán\n de licencia sin sueldo desde la inscripción de su candidatura;\n sin embargo, el recurrente no solicita tal licencia para presentarse\n a las elecciones de octubre de 2002, sino que se excusa del cargo\n de Concejal, lo cual se encuentra regulado por el Art. 38 de\n la Ley de Régimen Municipal, e implica la no aceptación\n del cargo. De lo expuesto, esta Sala observa que el recurrente\n manifestó su voluntad de no continuar ejerciendo el cargo\n de Concejal que ostentaba para candidatizarse a las elecciones\n de octubre de 2002, tal como consta del proceso; por lo tanto,\n no cabe pronunciamiento alguno sobre lo apelado, por cuanto la\n apelación tiene como causa la resolución que afectaba\n al recurrente por haberlo descalificado de su cargo de Concejal,\n cargo del que él mismo se excusó con posterioridad,\n sin que exista ya en la actualidad materia para realizar pronunciamiento\n alguno.
Por todo lo expuesto y en uso de sus atribuciones constitucionales\n y legales, esta Sala,
1.-	Desechar el recurso de apelación interpuesto por\n el señor Silvino Mite Orrala.
2.-	Devolver el expediente al inferior para los fines legales\n pertinentes.- Notifíquese.
f.) Dr. Luis Rojas Bajaña, Presidente, Segunda Sala.\n f.) Dr. Mauro Terán Cevallos, Vocal, Segunda Sala.
RAZON: Siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional,\n a los seis días del mes de noviembre del año dos\n mil tres.- Lo certifico.
f.) Dr. Roberto Lovato Gutiérrez, Secretario, Segunda\n Sala.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 7 de noviembre de 2003.-f.) Secretario de\n la Sala.
No. 0649-2002-RA
CASO No. 649-2002-RA
Quito, 23 de julio de 2003; las 09h05.
Galo Wilson Estupiñán Muñoz comparece\n ante el Juez Quinto de lo Civil de Muisne y Atacames y formula\n acción de amparo constitucional en contra del Director\n Distrital Central y Director Ejecutivo del Instituto Nacional\n de Desarrollo Agrario (INDA). El accionante, en lo principal,\n manifiesta:
Que desde enero de 1982 viene manteniendo la posesión\n tranquila, pacífica e ininterrumpida, haciendo actos de\n señor y dueño, del bien inmueble ubicado en el\n sector de Culiva, parroquia Vuelta Larga del cantón y\n provincia de Esmeraldas, propiedad que la cultiva y trabaja por\n más de veinte años;
Que el 6 de agosto de 2002, el Director Distrital Central\n del INDA ha admitido a trámite administrativo una denuncia\n de invasión propuesta por el señor Hernán\n Lara Perdomo, Presidente Ejecutivo de OCP Ecuador SA.;
Que el 7 de julio de 2002, solicitó la adjudicación\n de las tierras de las cuales se encuentra en posesión,\n y el 10 de julio de 2002 pagó el valor correspondiente.\n Actualmente, está pendiente la firma de adjudicación\n por parte del Director Ejecutivo del INDA;
Que es posesionario legalmente reconocido por el Instituto\n Nacional de Desarrollo Agrario, mas no invasor, y si se continúa\n con el trámite de invasión propuesto se le causaría\n un daño inminente, a más de grave e irreparable;
Que se han violado los artículos 20; 23 numerales 6,\n 12 y 23; 30; 91 y 267 de la Constitución de la República,\n en concordancia con el artículo 19 de la Ley de Desarrollo\n Agrario, por lo que fundamentado en los artículos 46 al\n 52 de la Ley del Control Constitucional, presenta acción\n de amparo constitucional y solícita que se disponga la\n suspensión inmediata del trámite de invasión\n y presunto desalojo que pudiera dar el Director Distrital Central\n del
\n INDA.
El 10 de septiembre de 2002 se realizó la audiencia\n pública, en la cual el Director Distrital Central y el\n Director Ejecutivo del INDA manifestaron lo siguiente:
Que la acción planteada es improcedente, toda vez que\n no existe acto administrativo emanado por autoridad competente\n que lesione ningún derecho constitucional del actor.
Que el recurso de amparo constitucional es un recurso residual,\n es decir que debe aplicarse una vez que se haya agotado las instancias\n administrativas, más aun si el artículo 47 de la\n Ley de Desarrollo Agrario contempla la posibilidad de impugnación\n ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de\n los actos administrativos emanados del
Que el trámite de invasión es un trámite\n sumarísimo que se encuentra contemplado en los artículos\n 89 y 90 de la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, en concordancia\n con los artículos 23 y 24 del Reglamento a la Ley de Desarrollo\n Agrario, sin que exista todavía un acto administrativo\n que haya violado los derechos constitucionales del accionante.
Que en el INDA reposa una demanda de oposición presentada\n por la OCP a la adjudicación presentada por el denunciante.
Que mediante providencia de 26 de agosto de 2002, el Director\n del INDA procedió a extinguir de oficio la providencia\n de adjudicación No. 0207E1253, otorgada a favor de los\n señores Galo Wilson Estupiñán Muñoz\n y Amanda Rodríguez Guevara el 2 de agosto de 2002.
Que no existe pronunciamiento en la denuncia de invasión\n No. DDCQ07877 de 5 de agosto de 2002.
Por lo expuesto solícita que se le condene al actor\n en costas y demás recargos legales.
El accionante se ratificó en los fundamentos de hecho\n y de derecho de la demanda.
El Juez Quinto de lo Civil de Muisne y Atacames, concedió\n el recurso de amparo constitucional solicitado por el señor\n Galo Wilson Estupiñán Muñoz, considerando\n que el INDA reconoció como poseedor al accionante y que\n al aceptar una denuncia de una supuesta invasión, con\n su resolución puede causar un daño inminente e\n irreparable en los bienes protegidos de quien formula la acción\n de amparo.
PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver\n sobre la presente causa, de conformidad con el artículos\n 276 numeral 3 de la Constitución de la República\n y 62 de la Ley del Control Constitucional.
SEGUNDO.- No se observa omisión de solemnidad sustancial\n que pueda influir en la decisión de la causa, por lo que\n el proceso es válido y así se lo declara.
\n TERCERO.- De conformidad con el artículo 95 de la Constitución\n de la República, el amparo procede cuando se reúnen,\n de forma simultánea y unívoca, tres requisitos:\n a) Existencia de un acto u omisión ilegítimos,\n en principio de autoridad pública; b) Que siendo violatorios\n de un derecho fundamental; y, c) Amenacen con causar un daño\n grave e inminente.
CUARTO.- Habiéndose impugnado la admisión a\n trámite de la denuncia de invasión que ha sido\n presentada en contra del accionante, es menester analizar su\n legitimidad.
El artículo 23 numeral 15 de la Constitución\n de la República reconoce "El derecho a dirigir quejas\n y peticiones a las autoridades, pero en ningún caso en\n nombre del pueblo; y a recibir las respuestas pertinentes, en\n el plazo adecuado". En virtud de este derecho, toda persona\n puede reclamar, denunciar, solicitar o recurrir ante la autoridad,\n mas las respuestas deben ser las pertinentes, es decir, conforme\n a la legalidad de lo que se pretende y al mérito de lo\n actuado en el procedimiento.
En la especie, el solo hecho de denunciar una invasión\n no significa, de por sí, que las autoridades competentes\n del INDA tengan que resolver en un determinado sentido. Su obligación\n es, precisamente, instruir el correspondiente procedimiento administrativo,\n para luego de él, determinar la procedencia de la denuncia\n y se formule una respuesta pertinente, tal como lo exige el derecho\n de petición. Ahora bien, de autos no consta acto alguno\n que pueda traducirse en un perjuicio actual o inminente, cierto\n y no meramente potencial. La resolución a la que deben\n llegar las autoridades del INDA está pendiente, no se\n conoce su contenido, de modo que no existe al momento acto alguno\n que impugnar mediante amparo constitucional.
Por las consideraciones expuestas, y en uso de sus facultades\n constitucionales y legales, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional,
1.-	Revocar la resolución venida en grado y, por consiguiente,\n desechar la acción de amparo formulada por el señor\n Galo Wilson Estupiñán Muñoz.
2.-	Devolver el expediente al Juez de origen para la ejecución\n de esta resolución. Notifíquese.
f.) Dr. Manuel Jaramillo Córdova, Vocal - Suplente,\n Segunda Sala.
RAZON: Siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional,\n el día (23) veinte y tres de julio de (2003) dos mil tres.-\n Lo certifico.
ACLARACION Y AMPLIACION CASO
No. 001-2003-RS
Quito, DM., 4 de noviembre de 2003;\n las 10h00.
VISTOS: En atención al pedido de nulidad y aclaración\n presentado por Dalila Bowen Lomas, de 30 de junio de 2003, se\n hacen las siguientes reflexiones: 1.- Que mediante resolución\n de 25 de junio de 2003, las 09h10, por unanimidad, la Sala resolvió\n desechar la queja planteada por Dalila Bowen Lomas; y devolver\n el expediente para los fines de ley. 2.- Que la referida resolución\n en su consideración sexta, deja puntualizado un hecho,\n que se desprendió de los informes presentados por el Procurador\n Síndico Provincial y de los miembros de la Comisión\n de Municipalidades del Consejo Provincial de El Oro, relativo\n a que: "... no aparece del expediente impugnación\n o apelación alguna a la resolución de 29 de noviembre\n del 2002 del Concejo Municipal de Pasaje, mediante la cual, se\n rechaza el pedido de revocatoria de la sesión de Concejo\n de 16 de octubre de 2002; por lo que se asevera, que dicha resolución\n se encuentra ejecutoriada por el ministerio de la ley, razón\n por la cual, el Consejo Provincial de El Oro, no tiene competencia\n para conocer sobre los reclamos formulados... "; y, de tales\n aseveraciones, la Sala en su consideración séptima,\n presumiendo la legalidad y legitimidad de tales asertos, señaló\n que "Es preciso subrayar que si bien es pretensión\n de la quejosa se haga conocer al Concejo Cantonal de Pasaje y\n Consejo Provincial de El Oro, los efectos del artículo\n 48 de la Ley de Régimen Municipal y requerir del Consejo\n Provincial de El Oro, conozca y resuelva en el término\n de ley la impugnación presentada por la compareciente;\n tal pretensión no tiene asidero jurídico en virtud\n de que no ha sido interpuesto el recurso de apelación\n de la decisión del Concejo Cantonal de Pasaje de 29 de\n noviembre del 2002, dentro del término legal, resolución\n en la que se rechaza el pedido de revocatoria de la resolución\n de 16 de octubre del 2002, y se ratifica lo resuelto en sesión\n de 16 de octubre del 2002 y 7 de noviembre del mismo año...\n ". 3.- Que de la documentación aparejada al expediente\n posterior a la resolución de la Sala, (fojas 123 a 136)\n consta el hecho incuestionable de que la resolución adoptada\n por el Concejo Cantonal de Pasaje, en sesión de 29 de\n noviembre de 2002, ratificando la excusa, fue notificada a la\n accionante mediante oficio No. 1 092-AMP-02 de 4 de diciembre\n de 2002; y que tal decisión, dentro del término\n y con escrito presentado el 9 de diciembre del mismo año,\n presentó recurso de apelación para ante el H. Consejo\n Provincial de El Oro, el mismo que, tiene la correspondiente\n fe de presentación, rúbrica y sello del archivo\n central de la Municipalidad de Pasaje. 4.- Que por tanto, las\n conclusiones a que llegó la Sala en base a asertos equívocos\n contenidos en los informes antes referidos y en la resolución\n del Consejo Provincial de El Oro, que ha guardado silencio sobre\n el particular, dan fundamento para que en atención a la\n solicitud de aclaración y ampliación formulada\n por la recurrente, la S

References: artículo 58
 resolución 
 artículo 153
in fine
 artículo 153
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 58
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 artículo 19
 artículo 47
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 artículo 95
 artículo 23
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