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Timestamp: 2020-08-07 03:05:58+00:00

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Medidas económicas para hacer frente al coronavirus aprobadas el 17 de marzo de 2020. -
Página de inicio Covid 19 Medidas económicas para hacer frente al coronavirus aprobadas el 17 de marzo de 2020.
Actualizado el junio 12, 2020 marzo 18, 2020 por Romi Blanco1 comentario en Medidas económicas para hacer frente al coronavirus aprobadas el 17 de marzo de 2020.
En el RD Ley 8/2020, de 17 de Marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del CORONAVIRUS, se aprueban medidas que nos afectan como PYMES y autónomos, empresarios y profesionales, de la cuales hago un resumen a continuación:
Artículo 17. Prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores por cuenta propia afectados por el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Los trabajadores por cuenta propia o autónomos cuya actividad esté incluida entre los obligados a cerrar en base al RD 463/2020 de 14 de marzo (restauración y hostelería, establecimientos minoristas excepto los de servicios básicos, ocio, deportivos, formación, etc.), tendrán derecho a cobrar una prestación del 70% de la base reguladora, con los requisitos de estar de alta en el régimen de autónomos en el momento que se declaró el estado de alarma y hallarse al corriente de las cuotas de seguridad social. En caso de que no estuvieran al corriente de los pagos en la fecha de suspensión de la actividad, se les dará un plazo improrrogable de 30 días naturales para ingresarlas y poder acceder a la prestación.
Los trabajadores por cuenta propia o autónomos que no han sido obligados a cerrar por el decreto, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a cobrar una prestación del 70% de la base reguladora¸ con los requisitos de estar de alta en el Régimen de Autónomos en el momento en que se declaro el estado de alarma, acreditar la reducción de su facturación en al menos el 75% y hallarse al corriente del pago de las cuotas de seguridad social. En caso de que no estuvieran al corriente de los pagos en la fecha de suspensión de la actividad, se les dará un plazo improrrogable de 30 días naturales para ingresarlas y poder acceder a la prestación. Esta opción significa que los trabajadores por cuenta propia que no estén obligados al cierre por el RD463/2020, no podrán pedir la prestación por desempleo hasta pasado un mes de su cierre.
La prestación tendrá una vigencia limitada a un mes, a partir de la entra en vigor del RD 463/2020, de 14 de marzo, o hasta el último día del mes que finalice el estado de alarma (si el mismo dura más de un mes).
Artículo 22. Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos (ERTE) y reducción de jornada por causas de fuerza mayor durante el periodo que se mantenga la situación extraordinaria del COVID-19. Se podrán acoger a un ERTE o a una reducción de jornada por causas de fuerza mayor, aquellas empresas en las que la declaración de alarma, implique suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados.
Para la suspensión de contratos o reducción temporal de jornada el procedimiento es el siguiente:
Solicitud de la empresa, acompañado de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19. La empresa debe comunicar a los trabajadores su solicitud y trasladar el informe y la documentación acreditativa a sus representantes (si los hubiera).
La existencia de fuerza mayor debe ser constatada por la autoridad laboral, que tiene que resolver en un plazo de cinco días desde la solicitud.
El informe de la Inspección de Trabajo, se evacuará en un plazo improrrogable de cinco días.
Las empresas cuyo cierre esté impuesto en el RD 463/2020, o cuya restricción de la movilidad, cierre de proveedores, cierre de clientes o contagio de plantilla les afecte directamente, pueden acogerse a este mecanismo simplificado de tramitación del expediente de suspensión o reducción de jornada, que aún así conlleva justificación por parte de la empresa y aprobación por parte de las autoridades.
Artículo 23. Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción durante el periodo que se mantenga la situación extraordinaria del COVID-19.
Las empresas que no pueden acogerse al artículo anterior al no estar de manera directamente afectados por el RD463/2020, tienen el mecanismo de realizar ERTE o reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción. Siendo este un proceso demasiado largo y complejo para la situación actual:
Negociación con trabajadores o representantes de los mismos. En caso de tener que constituir comisión representativa deberá estar constituida en un máximo de 5 días.
Se abre un periodo de consultas entre los representantes de los trabajadores y la empresa que no debe exceder de 7 días.
Y el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que es potestativo para la autoridad laboral, se evacuará en un plazo improrrogable de 7 días.
Artículo 24. Cotizaciones a la Seguridad Social por ERTE o reducción de jornada por causas de fuerza mayor durante el periodo que se mantenga la situación extraordinaria del COVID-19. Las empresas quedan exentas de pagar el 100% la cuota patronal de la Seguridad Social cuando tienen menos de 50 trabajadores, y del 75% cuando tienen más de esa cantidad, durante el tiempo que dure la suspensión de contratos.
Artículo 25. Desempleo durante el periodo que se mantenga la situación extraordinaria del COVID-19. Tendrán derecho a desempleo las personas afectadas por los ERTE o reducción de jornada por causas de fuerza mayor o por causas económica, técnica, organizativa y de producción anteriormente citados, aunque no tengan cotizado el mínimo necesario para ello. El tiempo que estén en esta situación no computa a los efectos de consumir el periodo máximo que tengan derecho a “paro”.
Artículo 26. Efectos de la presentación fuera del plazo de la solicitud por desempleo. Durante este periodo la presentación fuera de plazo del alta o reanudación del derecho a “paro” no reducirá el derecho a obtener la prestación correspondiente.
Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas anteriormente estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.
En cuanto a la garantizar la liquidez para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia de la situación se aprobaron, entre otras, las siguientes medidas:
1.- El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación concedida por entidades de crédito y otras entidades financieras, a empresa y autónomos para atender sus necesidades derivadas de su gestión habitual de la empresa: gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias y otras necesidades de liquidez.
2.- Se amplía el límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de aumentar las Líneas ICO de financiación a empresa y autónomos.
3.- Suspensión de plazos en el ámbito tributario.
1) Los plazos de pago de las deudas tributarias y los plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo, para formular alegaciones y demás procesos administrativos que no hubieran concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.
2) Los plazos de pago de las deudas tributarias, y los plazos para atender requerimientos y otros procesos administrativos que se comuniquen a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, se ampliarán hasta el 20 de mayo.
Esta ampliación de plazos no incluye la modificación de los plazos de presentación de los impuestos y declaraciones tributarias, que, de momento, se mantienen como estaban previstas. Es decir, que el plazo para presentar las declaraciones del 1T del 2020 sigue siendo hasta el día 20 de abril, el día 15 para las presentaciones con domiciliación, ni modifica la presentación de la declaración de la renta que sigue siendo desde el 01 de abril al 30 de junio de 2020
Artículo 40. Medidas que afectan a personas jurídicas:
1) Durante el periodo de alarma, las sesiones de gobierno y de administración de las asociaciones, sociedades civiles y mercantiles, han de hacerse por videoconferencia. Los acuerdos deberán adoptarse cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano.
2) El plazo de 3 meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de gobierno o la administración de una persona jurídica obligada formule las cuentas anuales, queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros 3 meses a contar desde esa fecha. Si la empresa ya hubiese formulado las cuentas anuales y estuvieran auditándose por obligación legal, el plazo para la auditoría se ampliaría dos meses desde que finalice la alarma.
3) El plazo para aprobar las cuentas formuladas, una vez finalizados los 3 meses de finalizado el estado de alarma, será de 3 meses.
4) Si se hubiera convocado la junta general antes del estado de alarma, pero la fecha de celebración fuera una vez declarado dicho estado de alarma, puede aplazarse o revocarse. Si se revoca, debe convocarse de nuevo en el mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.
5) Un notario que fuera requerido para asistir a una junta general para levantar acta, pude hacerlo mediante medios de telecomunicación a distancia.
6) Durante el estado de alarma no se podrán ejercer el derecho de separación de socios
7) La devolución de las aportaciones de socios cooperativos que causen baja durante el estado de alarma, queda prorrogado seis meses a contar desde que finalice el estado de alarma.
8) Las disoluciones de sociedades también se posponen hasta la finalización del estado de alarma.
9) Si durante el estado de alarma, la sociedad entra en causa legal o estatutaria de disolución, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.
Artículo 42. Suspensión del plazo de caducidad de los asientos del registro durante la vigencia del real decreto del estado de alarma. Los registros suspenden la anotación de asientos y anotaciones de cualquier tipo, así como la caducidad de los asientos. El cómputo de plazos se reanudará al día siguiente de la finalización del estado de alarma o de su prórroga en su caso.
Artículo 43. Mientras se mantenga el estado de alarma, el deudor que se encuentre en insolvencia no está obligado a solicitar el concurso.
El DNI que caduque durante la vigencia del estado de alarma, queda renovado hasta el 13 de marzo de 2021.
Plan ACELERA. El Gobierno dispondrá la puesta en marcha del Programa Acelera PYME para articular iniciativas de apoyo a la PYME.
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Modificaciones sobre las notificaciones electrónicas.
эзотерика вконтакте dice:
junio 12, 2020 en 5:17 pm

References: Artículo 17

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 40

Artículo 42
 real decreto 

Artículo 43