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Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil seis (2006)
Amparado en estas premisas, fue entonces que el juzgador concluyó que no se trataba "... propiamente de una oferta simplemente aceptada... sino de una relación negocial, si se quiere atípica...", a lo que añadió cómo "... esa tratativa ... dejó de ser una mera formulación negocial unilateral para constituirse, con su aceptación y luego con el inicio de su ejecución, en una relación contractual ...", y que. aunque pudiera aceptarse que ésta abarcaba "... el pacto de cesión de dineros en sucesivos o secuenciales préstamos o contratos de mutuo comercial ...", que, como pregona la jurisprudencia, se perfeccionan con la entrega de lo mutuado, lo que aparece es que, en el punto, "...dicho pacto toma la característica de promesa de realización de los mencionados contratos ...", que tratándose de asuntos mercantiles surge con el simple consentimiento de las partes, conclusiones estas que corroboró enseguida con el hecho de que, a su juicio, "... el mismo actor en su demanda se ve abocado a pedir la declaratoria de 'incumplimiento' de la oferta, siendo que, por tratarse aquella de un acto unilateral, lo que puede dar lugar a la indemnización de perjuicios reclamada, es su revocatoria, pues no puede afirmarse incumplimiento frente a un acto unilateral, aunque haya sido aceptado".
5. Dicho esto, advierte la Corte que los argumentos examinados en el fallo no alcanzan a quedar cobijados exacta ni completamente por el ámbito de la arremetida formulada, como quiera que la misma se enfocó única y exclusivamente en la oferta de 22 de abril de 1998, presuntamente mal apreciada, así como en los documentos relativos a la prórroga del término dispuesto para la constitución de la garantía y en el interrogatorio absuelto por el representante del demandado, con lo que se dejaron de lado otras piezas procesales fundamentales, en particular, la demanda y su contestación, las cuales, al igual que el raciocinio que de ellas extrajo el juzgador, al estar por fuera de cualquier ataque o controversia, permanecen inmutables y siguen obrando como pilares del fallo impugnado.
En efecto, ha de notarse que las apreciaciones del Tribunal alrededor de estas piezas no tuvieron la connotación de una simple reseña de lo actuado o de anotaciones accesorias, sino que le permitieron formular verdaderos juicios de valor que pasaron a integrarse al discurso argumentativo que sirvió de soporte a la providencia, como se desprende del hecho de que, primeramente haya señalado que la "...realidad negocial..." afloraba "... no sólo de las pruebas traídas o recepcionadas durante el curso del proceso, sino y quizá con mayor lumbre, de las mismas posiciones asumidas por los contendientes desde el inicio mismo de la demanda y los hechos que se presentaban como fundamento y de su respuesta ...", para indicar después que, a su modo de ver, tales posturas, resultaban "... coincidentes en lo relativo a lo que precedió a la forma de ejecución misma del pacto ...", y destacar, líneas adelante, que apuntaba en la misma dirección "... que se está frente a un negocio jurídico consolidado ...", el hecho de que "... el mismo actor en su demanda se ve abocado a pedir la declaratoria de 'incumplimiento’ de la oferta, siendo que, por tratarse aquella de un acto unilateral, lo que puede dar lugar a la indemnización de perjuicios reclamada, es su revocatoria, pues no puede afirmarse incumplimiento frente a un acto unilateral, aunque haya sido aceptado". (se subraya)
Ref. Exp. 52001-31-03-003-2000-20371-01
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 30 de octubre de 2003, pronunciada por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, dentro del proceso ordinario instaurado por CONSTRUCTORA F.V. LIMITADA, antes CONSTRUCTORA F.G. LIMITADA, frente al BANCO CAFETERO S.A. - BANCAFE -, antes CORPORACIÓN CAFETERA DE AHORRO Y VIVIENDA CONCASA.
1. Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto, la mentada constructora demandó a la señalada entidad financiera, para que se declarara que el oficio de 22 de abril de 1998, suscrito por Jaime Vergara Vengoechea, entonces vicepresidente de Concasa, era una oferta comercial aceptada por su destinatario; que esta última incumplió sus términos, por no efectuar los desembolsos ofrecidos, al haber realizado en 26 meses solamente 9 que ascendieron a $765'000.000.00, con lo que varió las condiciones de la propuesta, consistentes en entregar $815'000.000.00 durante la primera etapa del proyecto y una suma igual en la segunda; y que el demandado era responsable por los perjuicios que tal incumplimiento generó a la actora, derivados de la falta de desembolso oportuno de los créditos, omisión que repercutió en los sobrecostos por intereses, corrección monetaria, gastos administrativos, pago de servicios, presupuesto de obra, lucro cesante por pérdida de utilidad en ambas etapas, y lucro cesante sobre rendimientos de la ganancia en la primera etapa y respecto de la inversión improductiva en la segunda.
Asimismo, pidió declarar que el demandado estaba obligado a indemnizar los daños causados por un total de $1.208'578.000.00, reajustados al momento del fallo, conforme al incremento de costos del crédito y el proyecto, discriminados como aparece en el libelo.
2. Para sustentar las súplicas invocó los hechos que se compendian a continuación.
a. La actora presentó a Concasa solicitud de crédito con el propósito de obtener financiación para la construcción del proyecto de vivienda "Urbanización Villa Ángela", que levantaría en el sector cujacal de la ciudad de Pasto.
b. La solicitud fue aprobada por carta de 22 de abril de 1998, contentiva de las respectivas condiciones, referidas particularmente a la cuantía de $1.630’000.000.00, expresados en unidades de poder adquisitivo constante - UPAC-; rango de colocación para vivienda de interés social y crédito otorgado en UPAC; tasa de interés, plazo e inversión de la constructora en las dos etapas del proyecto; garantía hipotecaria y personal tanto de la sociedad como de sus socios, con un término de sesenta días para otorgarlas; requisitos adicionales, que fueron cumplidos por la constructora; cálculo de nueve meses para edificar la primera etapa y tres para su venta; y, respecto de los desembolsos, que serían efectuados "... con sujeción a la disponibilidad de recursos por parte de LA CORPORACIÓN y a juicio de ella y, en todo caso, ... por instalamentos con un mínimo de un (1) desembolso mensual y su oportunidad y monto estará determinada por el ritmo y avance de la obra y la vinculación de recursos propios de LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA, los cuales no podrán girarse total ni anticipadamente".
c. En la parte final de la carta de aprobación se indicó que el representante legal de la constructora debía firmar la copia en señal de aceptación de la oferta.
d. La oferta comercial está definida en los artículos 845 a 863 del Código de Comercio y el documento cumple tales requisitos, esto es, contiene en forma precisa los elementos esenciales del negocio jurídico, en especial, lo relativo a los desembolsos; es irrevocable después de comunicada al destinatario, lo que se cumplió con su entrega; tiene fuerza obligatoria y de su texto no se deduce intención contraria; y fue aceptada, de ello que se haya dado curso a los contratos de mutuo cuando se produjeron los desembolsos esporádicos, al punto que, si se sostuviera que no lo fue, habría una aceptación tácita, reflejada en la inequívoca ejecución parcial del contrato propuesto.
e. La constructora observó las condiciones del numeral 8.2 de la oferta, tocantes con el otorgamiento y registro de la hipoteca, suscripción de pagarés, visita técnica favorable, constitución de seguros, mantener al día sus obligaciones, entre otras, al igual que cumplió con las etapas del proyecto y realizó la inversión de recursos propios requerida, sin que pueda afirmarse que la falta de desembolsos obedeció al retraso de la obra.
f. Pese a que los trabajos comenzaron el 2 de mayo de 1998 y la primera visita se hizo el 31 de julio siguiente, el banco sólo efectuó nueve desembolsos en 26 meses, hasta alcanzar $765'000.000.00, en lugar de $815'000.000.00, con lo que modificó las pautas originales de la oferta.
g. La solicitud de crédito se basó en análisis de costos financieros, ganancias, costos directos e indirectos de obra y comercialización, acogidos en la oferta, que, de haberse acatado, habrían determinado en nueve meses un crecimiento de la deuda de $815'000.000.00 a $876'088.000.00, con intereses por $46'917.000.00; empero, el incumplimiento de la oferta comercial, al no hacer los desembolsos, llevó a que el crédito sufriera una notable variación que afectó la estabilidad del proyecto y la empresa, así como originó costos financieros extraordinarios e incremento de los gastos administrativos, servicios públicos y arrendamientos; adicionalmente, el fracaso de la primera etapa aparejó el de la segunda, sin que el proyecto pudiera ser concluido, alterándose la utilidad prevista para cada fase y para los inversionistas.
h. El demandado reconoció el incumplimiento de la oferta, alegando que los desembolsos dependían de los recursos disponibles, con lo que ignoró el compromiso de efectuar uno por mes según e! avance de la obra, la cual siempre superó las expectativas, pues la constructora hizo más de lo que era exigible, siendo los sobrecostos atribuibles a la entidad financiera.
3. La entidad financiera se opuso a las pretensiones; en cuanto a los hechos, en compendio, admitió la aprobación del crédito e indicó que la constructora no cumplió a tiempo los requisitos tocantes con la constitución de la hipoteca para que se hiciera el primer desembolso, lo que determinó la cancelación de tal aprobación, cuya prórroga fue concedida posteriormente; señaló enseguida que la composición de la sociedad deudora fue modificada de manera inconsulta, hecho conocido después por el banco, que lo aceptó el 19 de abril de 1999, al igual que el cambio de razón social efectuado el 8 de noviembre siguiente, por lo que "... tácitamente este comportamiento de la ... demandante interrumpió el orden de los desembolsos ..."; asimismo, destacó que los desembolsos estaban sujetos a la observancia de todas las condiciones y a la disponibilidad de recursos, que el contrato de mutuo sólo se perfeccionaba con la entrega del bien, y que en varias ocasiones se abstuvo de realizar los primeros, en atención a diversos motivos, como, verbigracia, incumplimiento en las inversiones con recursos propios de la constructora o en la destinación obligatoria de las sumas entregadas, falta de liquidez y diferencias entre los socios de la deudora, actuando, en todo caso, de conformidad con los términos previstos en la carta de aprobación, que, más bien, fue incumplida por la demandante; finalmente, propuso las excepciones que denominó "petición de modo indebido", "falta de causa” e "incumplimiento de las obligaciones por parte del actor", frente a los cuales se pronunció la demandante.
4. El mentado despacho judicial le puso término a la primera instancia, con sentencia de 26 de agosto de 2002, en la que rechazó las excepciones, declaró que la carta de 22 de abril de 1998 era una oferta comercial, aceptada por su destinatario, que el demandado incumplió sus términos, al no haber realizado los desembolsos ofrecidos por $815'000.000.00 en la primera etapa de la "Urbanización Villa Ángela", y que era responsable por los perjuicios de allí derivados, condenándolo al pago de $239'898.311.00 dentro de los seis días siguientes a su ejecutoria.
5. Apelado el fallo por ambas partes, resultó íntegramente revocado por el Tribunal, que, en su lugar, denegó las pretensiones.
1. Tras descartar la existencia de vicios que invalidaran la actuación y establecer tanto los presupuestos procesales como la legitimación en la causa de las partes, el ad quem precisó que la actora pretendía que se declarara que el documento de 22 de abril de 1998 era "... una oferta comercial ...", que el demandado "... incumplió los términos de dicha oferta ...", y que, al no efectuar los desembolsos propuestos, debía indemnizar los perjuicios causados a su destinataria, afirmaciones que, de resultar demostradas, habrían de ser reconocidas, por razón de la irrevocabilidad que prevé el artículo 846 del Código de Comercio y de las consecuencias de una revocación.
Enseguida, con apoyo en una cita jurisprudencial y en la opinión de un autor, recordó el concepto, requisitos y carácter irrevocable de la oferta de contrato, advirtiendo la naturaleza precontractual de la responsabilidad que puede surgir de los actos contrarios a esta última regla; también examinó los efectos de su aceptación, para anotar específicamente que en los contratos consensuales ella entraña su perfeccionamiento, lo que no ocurre en los que están sujetos a ciertos requisitos o solemnidades, cuya inobservancia los torna ineficaces.
2. Pasó a estudiar "... la congruencia de lo pretendido ...", señalando inicialmente que la realidad negocia! derivada de la oferta afloraba "... no sólo de las pruebas traídas o recepcionadas durante el curso del proceso, sino y quizá con mayor lumbre, de las mismas posiciones asumidas por los contendientes desde el inicio mismo de la demanda y los hechos que se presentan como fundamento y de su respuesta, las cuales, desbrozadas de algunas cuestiones adjetivas, puede decirse que son coincidentes en lo relativo a lo que precedió a la forma de ejecución misma del pacto que suscita la presente litis ..."; sobre este particular, indicó que, a su juicio, ella mostraba que la sociedad demandada ofreció financiar la construcción de las dos etapas del proyecto "Villa Ángela", condicionando la segunda a la terminación y colocación con subrogaciones de las unidades integrantes de la primera, siendo irrelevante que se trastocaran las etapas, pues la entidad financiera lo aceptó, así como que la propuesta consistió en suministrar créditos consecutivos o periódicos hasta por $815'000.000.00, a criterio de ella, según la disponibilidad de recursos, como mínimo con un desembolso mensual según el avance de la obra, y adicionalmente que la oferta, a pesar de los inconvenientes iniciales, que aparejaron su retiro por el proponente, para luego volver a formularla, fue aceptada por la destinataria, al punto que se inició su ejecución y recibió varios desembolsos, con la suscripción de los respectivos pagarés; en este orden de ideas, destacó cómo se había pedido la declaración del "incumplimiento" de lo convenido.
Por ende, puntualizó el juzgador, no se trataba "... propiamente de una oferta simplemente aceptada, como lo estima la a quo, sino de una relación negocial, si se quiere atípica, de acuerdo con la cual ... la entidad bancaria ofertó y luego se comprometió a financiar la construcción de la urbanización Villa Ángela ..., aportando para ello la suma de hasta ochocientos quince millones de pesos para la primera etapa y para la construcción de las 66 casas, suma que se desembolsaría en los términos o parámetros que se estipulan en la Cláusula 8 y 8.1 de la tantas veces mencionada carta de 22 de abril de 1998, contentiva de la oferta luego aceptada por la constructora y en gran parte ejecutada."
Entonces agregó cómo "... esa tratativa ... dejó de ser una mera formulación negocial unilateral para constituirse, con su aceptación y luego con el inicio de su ejecución, en una relación contractual ...", y que, aunque pudiera aceptarse que ésta cobija "... el pacto de cesión de dineros en sucesivos o secuenciales préstamos o contratos de mutuo comercial ...", que, como lo pregona la jurisprudencia, son reales y se perfeccionan con la entrega de lo mutuado, que no con la mera aceptación de la oferta, lo que aparece es que, en el punto, dicho pacto asumió las características de una promesa de celebrar los mentados negocios jurídicos, sujetos en su ejecución a las condiciones establecidas, pero perfeccionándose en materia mercantil con el simple consentimiento de las partes, habida cuenta que, prosiguió, "... dicha contratación ... no se limitaba ... a aquellos contratos de mutuo sino que abarcaba una voluntad y unos designios contractuales más amplios, que inclusive condicionaban la posibilidad de realización de aquellos ...", es decir, "... dicha convención o contrato abarcaba un objeto mayor que aquellos, esto es, el de financiación hasta por el mencionado monto, de una obra o construcción; financiación que resultaba atada a que se den ciertos requisitos y condiciones que en la misma oferta se plantearon y que con la aceptación de ésta (cuestión no discutida) vinieron a formar parte de la relación contractual".
De igual manera, resaltó el sentenciador, "... apunta en la misma dirección de que se está frente a un negocio jurídico consolidado, el hecho de que el mismo actor en su demanda se ve abocado a pedir la declaratoria de 'incumplimiento’ de la oferta, siendo que, por tratarse aquella de un acto unilateral, lo que puede dar lugar a la indemnización de perjuicios reclamada, es su revocatoria, pues no puede afirmarse incumplimiento frente a un acto unilateral, aunque haya sido aceptado".
Por tanto, "... siendo que el dicho acto negocial ofertado y luego aceptado, e inclusive, repítese, ejecutado en gran parte, no es de aquellos que requieran para su validez o existencia de solemnidad alguna, tampoco se trata de un contrato real, la conclusión que se consolida es que la realidad probatoria arrimada a este proceso nos demuestra no estar frente a una etapa precontractual de oferta sino ante una relación contractual consolidada por el acuerdo mutuo de voluntades...", de donde surge que "... la jurisdicción no podría declarar la vigencia de una oferta comercial que ya cumplió su objeto, que era su razón de ser, tampoco el incumplimiento de la misma ...", por cuanto, por un lado, al igual que en la promesa de contrato, satisfecho su objeto esencial es posible enervar el acto o contrato a que condujo, mas no la actuación previa, por carencia de objeto e interés jurídico, y, por el otro, porque no cabría reclamar el incumplimiento de algo que desapareció o que dejó de tener vigencia legal, el cual, por lo demás, no podría aceptarse, en tanto que su objeto era llevar a la celebración de un contrato, que no propiamente a la ejecución de las obligaciones que de allí pudieran desprenderse, de suerte que al conseguirse dicho fin se descartaba su incumplimiento, al margen de que pudiera predicarse de las obligaciones surgidas del contrato convenido, materia en la que, para terminar, recordó apartes de un precedente jurisprudencial sobre la temporalidad de la promesa de contrato, que, a su juicio, resultaba "... enteramente aplicable a la oferta ...".
Así las cosas, concluyó, no se podría "... prescindir del marco jurídico trazado por el mismo actor en cuanto lo que se pretende, en demanda nítida, que por ello mismo no permite interpretación ...", máxime si un entendimiento que llegare a ubicar el problema, por razón de los hechos expuestos, en un ámbito contractual, en vez del precontractual en que fue planteado, conllevaría otro tipo de responsabilidades y consecuencias, pues una es la naturaleza y alcance de la que proviene de un incumplimiento negocial, regulado por los artículos 1546 del Código Civil y 870 del Código de Comercio, y otra la que emerge de la revocación de una oferta, según el artículo 846 ibídem, aserto que reforzó con la cita de dos precedentes de esta Sala, tocantes con el interés negativo o de confianza.
3. Por último, acotó el Tribunal, proceder de la manera anotada equivaldría a incurrir en la incongruencia, proscrita por el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, pues sería como imponer una condena con base en una declaración no pedida o por una causa distinta de la invocada, que, en este caso, sería el incumplimiento del mencionado contrato, por lo que, remató, se configura una excepción, consistente en que los hechos probados no amparan el petitum o que no se observa la secuencia jurídica entre lo reclamado y lo demostrado, toda vez que mientras se pide declarar la existencia y vigencia de una oferta, junto con el incumplimiento de sus términos, para deducir de allí una condena al pago de perjuicios, lo que aparece acreditado es una relación negocia!, cuya declaratoria no ha sido solicitada, y sin que de su presunto incumplimiento pueda deducirse, por lógica y porque la ley no lo prevé, una indemnización de perjuicios de la estirpe o condición perseguida.
Tres cargos fueron formulados contra la sentencia del Tribunal, todos amparados en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, los cuales serán despachados con base en las mismas consideraciones.
Se denuncia la "... violación indirecta, por falta de aplicación, de los artículos 822, 846 y 863 del Código de Comercio, 2341, 2343 y 2356 del Código Civil...", por errores de hecho en la apreciación probatoria.
1. Señala la impugnadora que estos yerros llevaron al Tribunal a concluir que se había demostrado la celebración de un contrato atípico o, al menos, de una promesa de contrato, cuando realmente se probó la existencia de una "...oferta aceptada respecto de la celebración de contratos de naturaleza real, lo cual impide que pueda considerarse celebrado un contrato."
Afirma que lo acreditado, en desarrollo de operaciones ampliamente conocidas en el mercado financiero, fue la formalización de una oferta de celebración futura de contratos de mutuo, que fue aceptada, sin que, prosigue, exista duda sobre la naturaleza real de tal contrato, sea reputado civil o comercial, premisa que sustentó con la cita de varios precedentes de esta Corporación y la opinión de algunos autores, para reiterar que se cayó en un error manifiesto al encontrar una "... relación negocial, si se quiere atípica ...", como, a su juicio, lo indica la fragilidad de esta expresión y que en un caso similar la Corte hubiera concluido, frente a negocios de esta índole, que no se estaba en presencia de contratos atípicos.
2. Enseguida, anota la recurrente que fue apreciado erróneamente el documento de oferta, el cual, pese a la prórroga concedida por treinta días, rigió los términos de la negociación, por cuanto en él consta claramente que la demandada ofreció financiar parcialmente el proyecto de construcción con el otorgamiento futuro y sucesivo de préstamos de dinero, es decir, contratos de mutuo, que tendrían lugar siempre y cuando se llenaran ciertas condiciones, verificables cada vez que se fueran a hacer un desembolso; asimismo, destaca
que en el numeral 14 y en el párrafo final de la carta se menciona que se trata de una "oferta" y que, a lo largo de su texto, se insiste en las varias condiciones requeridas para realizar los préstamos, en cada caso, a medida que el proyecto se desarrollara, como, verbigracia, avances de obra, aumentos de capital social, conservación de la participación accionaria, inversión de recursos propios, suscripción de pagarés y constitución de garantías.
3. También critica la preterición de los documentos en que se solicitó y concedió prórroga para constituir la hipoteca, condición básica del primer préstamo, y del interrogatorio absuelto por el representante de la demandada; por un lado, manifiesta que aquellos permiten establecer, por el desarrollo de los hechos, que los términos iniciales de la citada comunicación gobernaron toda la negociación y que dentro de dicho marco es que la naturaleza de ésta debe ser analizada, y, por el otro, destaca cómo al responder la segunda pregunta confesó que "... el beneficiario del crédito debe cumplir con las normas oportunas emanadas del banco para cada uno de los créditos, puesto que cada desembolso constituye para el banco nuevos créditos ...", lo que confirma y establece las condiciones de la oferta que sirvió de base a la negociación y, además, la puntualiza en cuanto que para el banco su objeto era conceder créditos futuros, bajo la forma de contratos de mutuo, siendo cada uno independiente.
Añade que no hay contrato atípico alguno, sino una operación de características conocidas en el mercado financiero, enderezada a la celebración de contratos de mutuo, uno o varios, si en el futuro se llenan ciertas condiciones, de suerte que lo que esta de por medio es un préstamo de dinero y
ese es el único contrato, típico por cierto, que existe, sólo que con la calidad de futuro, pues su naturaleza real impide que se perfeccione con el mero acuerdo de voluntades.
Resalta que el Tribunal mencionó otros elementos probatorios, mas reprocha que la referencia efectuada a la mayoría de ellos es inexistente por cuanto en el expediente no aparecen los folios citados y, por lo demás, sólo apuntan a confirmar que para el juzgador se demostró una oferta aceptada, hecho único y escueto a partir del que erróneamente infirió la presencia de un contrato atípico, agregando que esta conclusión salió de la nada, pues las partes coincidieron en la existencia del documento, su calificación de oferta y su aceptación, pero se le asignó un contenido opuesto al real, partiendo de la insólita consideración de que es distinto ofrecer la celebración de contratos de mutuo en el futuro para desarrollar un proyecto de construcción que comprometerse a financiar la construcción, como si hubiera alguna diferencia entre financiar y prestar dinero.
4. Por otra parte, denuncia la comisión de un yerro fáctico al estimar que, eventualmente y de no tratarse de un contrato atípico, se había probado la celebración de una promesa de mutuo.
Tras notar el carácter solemne de la promesa de contrato, reconocer que en materia mercantil esta Corporación la considera consensual y aclarar que para efectos del recurso no era menester discutir esa tesis, la censura asevera que en el caso no podía hallarse un contrato semejante, porque, si bien no existía duda de las condiciones de la oferta y su aceptación, faltaban otros requisitos para que pudiera afirmarse, como procede frente a
una promesa que la misma había determinado "...de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo sólo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales ...", resaltando luego la estrictez con que, a su juicio, la Corte ha pregonado cómo la promesa, aun consensual, debe cumplir con los requisitos del artículo 89 de la ley 153 de 1887.
Específicamente, dice que el juzgador apreció equivocadamente la oferta de 22 de abril de 1998, porque no se percató que en ella estaba lejos de determinarse no sólo la cuantía de los préstamos, al señalar sólo que ascenderían "... hasta $1.630'000.000.00 ...", sino, de manera clara, la oportunidad de celebración de los contratos de mutuo, pues se sujetaron a una serie de requisitos que debían cumplirse en el futuro, dentro de términos completamente indefinidos en el tiempo, como se desprendía de la lectura del documento, relativos a constitución de garantías reales y personales, conservación de la composición social de la compañía, aumento de capital, inversión mínima de recursos propios, cancelación total del proyecto "Torre de Sevilla", subrogaciones correspondientes a la primera etapa, disponibilidad de recursos, visitas técnicas, otorgamiento de seguros, firma de pagarés, licencia de construcción y certificado de no afectación.
Sostiene además que ignoró los documentos citados en el numeral precedente, que confirmaban cuáles fueron los términos rectores de la negociación, que son los mismos de la oferta, no obstante la prórroga concedida y el hecho de que para el banco cada desembolso implicara la concesión de un crédito distinto dentro del marco de contratos de mutuo individualmente considerados, cuyas condiciones, en cada caso, variaban según la fecha de su efectiva realización.
En suma, remata la censura, faltaba determinar la oportunidad de celebración de los contratos futuros de mutuo y una serie de circunstancias adicionales que pudieran permitir, conforme a la señalada norma, que el contrato estuviese definido en sus elementos, al punto que para su perfeccionamiento sólo restara la tradición de la cosa o la solemnidad prevista por la ley.
5. Por último, comenta que, de no haberse incurrido en dichos yerros, se habrían acogido las súplicas, condenando a la demandada a pagar los perjuicios ocasionados por no celebrar los contratos de mutuo ofrecidos, lo que produjo, dadas las condiciones de tal omisión, los daños reclamados y probados en el litigio, habida cuenta que tal proceder vulneró varios preceptos, en particular, los artículos 846 y 863 del Código de Comercio, puesto que "... el incumplimiento de la demandada implicó la revocación de una oferta que incluso fue aceptada ..., pero que al referirse a un contrato real no alcanzó a generar una relación contractual ...", a más de que las partes están obligadas a "... comportarse de buena fe exenta de culpa dentro de la etapa precontractual ...", así como los artículos 822 ibídem, 2341 y 2343 del Código Civil, que hacen aplicables a las relaciones comerciales las normas de esta última codificación y "... consagran el régimen general de culpa civil, común o aquiliana de naturaleza extracontractual, fuente de donde emana la obligación de resarcimiento frente a deberes abstractos de no causar daño a los demás, siempre que no se hayan configurado deberes concretos por la realización de ligámenes o vínculos de naturaleza contractual...".
En éste se reprocha la infracción indirecta, "... por falta de aplicación, de los artículos 822 y 861 del Código de Comercio, 1602, 1603, 1604, 1608, 1610, 1613, 1614 y 1615 del Código Civil ...", por error de hecho en la interpretación de la demanda.
1. Alega la recurrente que este yerro condujo al Tribunal a considerar que se trataba de una demanda de indemnización por los daños derivados del incumplimiento o revocación de una oferta unilateral, cuando es evidente que se reclamaba la reparación de los perjuicios ocasionados por el "... incumplimiento de una oferta ya aceptada, que comportaba en consecuencia la celebración de un contrato, en caso de que esa hubiera sido la calificación jurídica definida ...".
Pretende demostrar, admitiendo que no se cayó en los errores probatorios descritos en el cargo anterior respecto de la existencia de un contrato atípico o de una promesa de contrato, que sí se incurrió en un error grave y manifiesto en la interpretación del libelo, al recortar su alcance y exigir una calificación jurídica específica de la causa petendi, que no era dable imponer a la actora, mucho menos frente al complejo análisis jurídico que ella suponía frente a los hechos planteados, cuestión que, a su modo de ver, aparejó el quebranto del derecho material, por inaplicar las citadas normas, pues, con independencia de tal calificación, la causa petendi invocada era suficiente para que éstas se hicieran actuar dentro de la controversia.
2. Cuestiona que el ad quem haya situado la problemática en la etapa precontractual, como quiera que la demanda no calificó la acción como de responsabilidad civil extracontractual o precontractual, ni ubicó expresamente la causa petendi dentro de la mentada fase, aserto que sustenta reproduciendo las dos primeras súplicas y el hecho 6.4., a la par que recuerda cómo las pretensiones tercera y cuarta aluden a perjuicios que "... bien pueden corresponder al incumplimiento de una relación contractual ...", en particular, la tercera, que refiere los daños sufridos por la falta de desembolso de los créditos, que repercutía en los sobrecostos por intereses, corrección monetaria, gastos administrativos, pago de servicios, presupuesto de obra, lucro cesante por pérdida de utilidad en ambas etapas, lucro cesante sobre rendimientos de la ganancia en la primera etapa y sobre la inversión improductiva en la segunda.
Enseguida, tras resaltar que el mismo Tribunal sugirió que los perjuicios pedidos en la demanda no correspondían al evento de revocación de una oferta, reitera, por un lado, que la demanda no calificó jurídicamente la acción, mas describió adecuada e indudablemente la causa petendi, señalando que pretendía establecer una oferta aceptada y los perjuicios derivados de su incumplimiento, y precisa, por el otro, que los fundamentos legales esgrimidos, aunque no limitan las facultades del juez para aplicar el derecho, incluyeron la mención de las normas propias del mutuo, lo que implica claramente que la actora era consciente de que su reclamo, según la calificación jurídica que pudiera atribuirse a los supuestos tácticos de la demanda, podía trascender al campo precontractual, entendido como tratativas o actos jurídicos unilaterales.
3. Por ende, compendia, las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos descritos en el libelo afirmaban la existencia de una oferta, que había sido aceptada y que lo incumplido no era ésta como tal, sino sus términos, no siendo posible comprender, como se hizo, absteniéndose de examinar las pruebas y el fondo del asunto, que la demanda se limitaba a pedir la declaratoria de incumplimiento o revocación de la oferta, como acto unilateral no aceptado, y ubicar el caso en la etapa precontractual, pues ello equivalía a exigir una calificación jurídica que la ley no impone o a censurar como incorrecta la que había hecho la actora, cuando, repite, los errores en la denominación de la causa petendi no obligan al juez. Y, prosigue, el hecho de no haber calificado las consecuencias de la aceptación de la oferta no impide que la anotada causa sea clara, coincida con lo probado y genere los efectos perseguidos, a saber, la indemnización de los perjuicios derivados del incumplimiento no de la oferta, sino de la falta de realización de los desembolsos.
Para respaldar lo dicho, la impugnadora invoca algunas decisiones de esta Corporación y los comentarios de varios tratadistas respecto de la intrascendencia de la calificación que se viene estudiando, para luego insistir en el yerro hermenéutico de la demanda, que al aludir a una oferta aceptada y reclamar el resarcimiento, sin referirse expresamente a una responsabilidad extracontractual, aceptaba la opción de que la acción se ubicara en el campo contractual, al que puede dar lugar una oferta aceptada, si esa era la calificación jurídica que el juez, y no las partes, debía asignar a esa situación fáctica.
Se plantea la vulneración directa, "... por falta de aplicación, de los artículos 822 y 861 del Código de Comercio, 1602, 1603, 1604, 1608, 1610, 1613, 1614 y 1615 del Código Civil ...", y del 307 del Código de Procedimiento Civil, por aplicación indebida.
1. Argumenta la recurrente que el yerro obedeció a que el Tribunal, "... a pesar de que ... vio efectivamente que se había producido la celebración de un contrato, que la demanda describió adecuadamente la causa petendi correspondiente, no aplicó esas disposiciones".
Tras reproducir apartes del fallo y anotar que en éste se encontró demostrada la celebración de un contrato "... si se quiere atípico ..." o, alternativamente, de un contrato de promesa de mutuo, resalta igualmente que para el Tribunal "... se había producido una oferta comercial y que la misma había sido aceptada, y que esa negociación había sido incumplida ...", de manera que, a su juicio, con independencia de la calificación jurídica que ello comporte y que, en todo caso, era discutible, procedía la aplicación de las normas que prevén la fuerza vinculante de los contratos y las consecuencias de su incumplimiento.
2. Seguidamente señala que la ausencia de calificación jurídica de la negociación o, incluso, la calificación incorrecta de la misma, no puede aparejar la desestimación de las pretensiones o la inaplicación de los preceptos que regulan la situación fáctica demostrada, cuyos efectos se deprecaban en la demanda, pues, de ocurrir así, se configura un error in iudicando.
Por otra parte, al igual que en la acusación anterior, la impugnadora trae a colación varias providencias de la Corte y la opinión de algunos autores, para hacer énfasis en que la denominación jurídica que en la demanda se asigne a una situación fáctica no resulta relevante, así como en la necesidad de que el sentenciador interprete el libelo para desentrañar la verdadera intención de su autor.
En este orden de ideas, concluye que al haberse establecido la existencia de una oferta comercial y su aceptación, se acreditó también la celebración de un contrato atípico o de una promesa de contrato, por lo que al negar las súplicas fueron vulneradas, por falta de aplicación, las disposiciones enlistadas en el encabezamiento de la censura.
1. Para el examen de los cargos presentados contra el fallo del Tribunal ha de recordarse inicialmente el enfoque a ellos trazado por la impugnadora, que pasa a compendiarse en lo que, para efectos del recurso, resulta pertinente.
En el primero, se cuestiona que el juzgador haya encontrado demostrada "... la celebración de un contrato atípico o al menos de una 'promesa de contrato', cuando realmente lo que se probó fue la existencia de una oferta aceptada respecto de la celebración de contratos de naturaleza real, lo cual impide que pueda considerarse celebrado un contrato”.
En el segundo, son endilgados al Tribunal yerros en la interpretación del libelo, por haberlo considerarlo como una "... demanda de indemnización de perjuicios por el incumplimiento o revocación de una oferta unilateral ...", cuando, a juicio de la censura, se trataba de "... una demanda de indemnización de perjuicios derivada del incumplimiento de una oferta ya aceptada, que comportaba la celebración de un contrato, en caso de que esa hubiera sido la calificación jurídica definida por el juez."
Y, en el último, se critica que el sentenciador, pese a hallar que "... se había producido la celebración de un contrato, que la demanda describió adecuadamente en la causa petendi correspondiente ...", no hizo actuar las disposiciones legales propias de esta disciplina.
Como puede verse, la orientación de la primera censura difiere de la que caracteriza las restantes, en la medida en que aquella combate frontalmente la conclusión del Tribunal respecto de la existencia de un negocio jurídico atípico o de promesa, para sostener que no se perfeccionó ningún vínculo de linaje semejante, mientras que las demás no discrepan de dicho aserto probatorio, sino que, contrariamente, tras hacer un reproche sobre la interpretación del libelo o de manera directa, reclaman la aplicación de las normas que gobiernan las relaciones contractuales.
Dicho con otras palabras, se aspira, por un lado, a que la controversia sea desatada conforme a los lineamientos de la responsabilidad precontractual, al punto que es denunciada la infracción, entre otros preceptos, del artículo 863 del Código de Comercio, norma medular en esta materia, señalando que "...
quien incumple una oferta formal viola flagrantemente ese deber de comportamiento - alude a la buena fe exenta de culpa - que implica ... el nacimiento de la obligación de resarcir los perjuicios que cause ...", al paso que, por el otro, se reclama que el asunto sea examinado a la luz de las disposiciones rectoras de la actividad contractual y de las consecuencias que se desprenden de la inobservancia de lo acordado, descripción de la que emerge un panorama contradictorio, pues es evidente que una situación fáctica sólo puede guardar correspondencia o enmarcarse dentro de uno u otro escenario - precontractual o contractual -, que no en los dos, habida cuenta que, por obvias razones, la existencia de una mera tratativa sitúa a las partes en un terreno que, en línea de principio, no es vinculante, así como el perfeccionamiento de un convenio determina que surjan derechos y obligaciones de orden contractual, para mostrar la negociación como una fase completamente superada.
2. En orden a resolver esa dicotomía, ha de notarse cómo el artículo 51, numeral 4°, del decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el 162 de la ley 446 de 1998, respecto de las demandas de casación, cuando, como ocurre en este caso, mediante ellas se invoque la vulneración de preceptos de derecho sustancial, dispone que no serán admisibles aquellos "... cargos que por su contenido sean entre sí incompatibles ...", evento en el que, añade, "... la Corte tomará en consideración los que, atendidos los fines propios del recurso de casación por violación de la ley, a su juicio guarden adecuada relación con la sentencia impugnada, con los fundamentos que le sirven de base, con la índole de la controversia específica mediante dicha providencia resuelta, con la posición procesal por el recurrente adoptada en instancia y, en general, con cualquiera
otra circunstancia comprobada que para el propósito indicado resultare relevante."
En esta materia, tiene dicho la Sala, cómo "... aunque el régimen actualmente vigente ha permitido que la Corte admita para su estudio acusaciones - 'ab initío' - defectuosas, así, por vía de ejemplo, cargos que se han formulado en forma conjunta, debiendo serlo por separado ...", también es cierto que "... la misma normatividad ha consagrado el principio de la compatibilidad de las censuras (numeral cuarto), el que concierne a la armonía y a la coherencia que debe existir entre las posiciones jurídicas consignadas en ellas ...", para imponerle al recurrente "... sindéresis argumentativa con relación a los supuestos fácticos y jurídicos del litigio ..." (sentencia de 8 de agosto de 2001, exp. 6182), y, por lo mismo, excluir aquellas actitudes que se muestran inconciliables o antagónicas entre sí. (cfr. sentencias de 10 de septiembre 1998, exp. 5023; 27 de marzo de 1998, exp. 4798; 11 de octubre y 12 de noviembre de 2004, exp. 7706 y 4336, entre otras).
Siendo así las cosas, dentro de los criterios que la citada norma enuncia para descifrar la incompatibilidad de las acusaciones, resulta menester examinar detalladamente, para el caso concreto, la posición procesal que la parte asumió durante las instancias, como quiera que ella ofrece elementos de juicio suficientemente reveladores en torno de la genuina intención o finalidad de la demandante.
3. Específicamente, al repasar el libelo se advierte que las pretensiones fueron enderezadas a que se declarara que la carta del 22 de abril de 1998, emitida por el demandado, era una "oferta comercial" que fue aceptada por su destinatario y que el oferente incumplió sus términos, al no haber realizado los desembolsos respectivos, por lo que debía reconocerse su responsabilidad por los perjuicios sufridos por la actora, imponiéndole las condenas correspondientes.
En este mismo escrito, al relatar los hechos, aseveró, por un lado, que "... bajo el concepto de oferta comercial deberá analizarse el documento de aprobación y su cumplimiento o incumplimiento ...", así como, por el otro, protestó frente al "... irregular comportamiento de la oferta, que es igual a decir el incumplimiento de la oferta ...", al que le atribuyó los sobrecostos del proyecto, para rematar solicitando que el demandado fuera declarado responsable por los perjuicios derivados de que se hubiera "... incumplido la oferta comercial ...", por lo que habría de ser condenado a repararlos "... conforme a la teoría general de la responsabilidad contractual ...", calculándolos sobre la base del no desembolso oportuno de los créditos ofrecidos, los sobrecostos por intereses y corrección monetaria, incremento en gastos administrativos, pago de servicios, entre otros factores.
Como se observa, el contexto de la demanda muestra que las súplicas apuntaron a lograr que el documento de 22 de abril de 1998 fuera calificado como una oferta de contrato, así como a que se estableciera que ella fue aceptada y que se presentó su incumplimiento por parte del emisor, enfoque que, ha de decir la Corte, se estima primordial, habida cuenta que aunque en la parte final del libelo se aludió a la "teoría general de la responsabilidad contractual", es claro que ello se hizo pero para establecer la manera como, en concepto del actor, consecuentemente debían ser resarcidos los perjuicios.
Respecto de los fundamentos de derecho invocados - artículos 845 a 860 y 1163 a 1169 del Código de Comercio - , ha de notarse que corresponden tanto a aquellos que regulan la oferta o propuesta, como a los atinentes al contrato de mutuo o a su promesa, sin que se hubiera aducido el artículo 863 de la misma codificación, que es la norma que gobierna la institución de la culpa in contrahendo, al introducir la denominada cláusula general de buena fe durante la etapa de las negociaciones y de formación del contrato. (C. 1 principal, fls. 2 -15)
Con todo, no podría perderse de vista que cualquier duda que pudiera generarse en rededor de la actitud o propósito que tuvo la demandante al promover esta acción quedaría plenamente disipada con el examen de la conducta que ella desplegó a lo largo del litigio, como pasa a verse.
En efecto, al descorrer el traslado de las excepciones de mérito anotó enfáticamente que la demanda se basaba "... en el incumplimiento de una oferta comercial y no en el incumplimiento del otorgamiento de un préstamo, ya que de sobra sabemos que el mutuo se perfecciona con la entrega ...", para precisar enseguida cómo la contraparte buscaba desviar el problema central planteado, el cual debía situarse "... en el análisis del cumplimiento o no de una oferta comercial ...", que "... cuando hablamos del crédito, hacemos referencia es a la oferta del mismo y no al mutuo como acto y negocio jurídico ...", para culminar insistiendo que el libelo se apoyaba "... única y exclusivamente en el incumplimiento de una oferta comercial...". (C. 3 principal, fls. 150 -154).
Igualmente, cuando se presentó el alegato de conclusión acotó cómo, a su modo de ver, el litigio debía ser decidido a la luz de la oferta, manifestando claramente que "... es el incumplimiento de la oferta lo que se demanda, no el incumplimiento del contrato de mutuo o la promesa de celebrar el mutuo ...". (C. 4 principal, fls. 29 - 35)
Y, en idéntica dirección, al sustentar la apelación interpuesta contra el fallo de primera instancia, en el que las súplicas fueron acogidas parcialmente con base en argumentos propios de la responsabilidad precontractual, manifestó que su impugnación se limitaba al aspecto tocante con el importe de la condena impuesta al demandado, pues, añadió, estaba "... conforme con el análisis que se hace del tema en la sentencia ...", por lo que pidió la confirmación de las demás resoluciones contenidas en ella.
En este orden de ideas, la apreciación conjunta de las manifestaciones y actuaciones que se dejan reseñadas, conduce clara e inequívocamente a concluir que la postura asumida por la demandante a lo largo del proceso perseguía que los hechos que habían originado la controversia fueran analizados bajo las directrices de la responsabilidad precontractual, por lo que aflora que el primer cargo es el único que se compadece y guarda consonancia con dicho planteamiento, resultando, por lo mismo, que las inconformidades - segunda y tercera - con las que se pretende que el asunto sea juzgado, de una u otra forma, bajo la óptica de los contratos, en tanto que fueron asuntos nuevos y sorpresivos que, de manera contrastante, sólo vinieron a ser expuestos en el recurso extraordinario, han de calificarse como inadmisibles, en aplicación del artículo 51 mencionado, razón por la cual no serán objeto de su estudio.
En repetidas ocasiones esta Corporación ha censurado la conducta de las partes cuando se evidencia un repentino cambio de postura o actitud frente al litigio, como quiera que tales giros desconocen la buena fe y lealtad que ha de presidir una contienda, a la vez que infringen el derecho de defensa, en la medida en que introducen elementos y argumentos ajenos a los extremos originales del pleito, frente a los cuales, por razones obvias, la contraparte no ha contado con una adecuada oportunidad para contradecirlos o cuestionarlos, (cfr. sentencias de 27 de marzo de 1998, exp. 4798, 4 de abril de 2001, exp. 5667, y 3 de mayo de 2005, exp. 04421-01, entre otras).
4. Circunscrita entonces la Corte a examinar el primer cargo, que, como se ha dicho, se encuentra libre de la incompatibilidad advertida en los restantes, es de verse que procedería un estudio de fondo, si no fuera porque, visto de forma individual, también adolece de un defecto técnico que, en últimas, lo somete a la misma suerte de las otras acusaciones.
Como quedó compendiado, al estudiar la "congruencia de lo pretendido", el Tribunal comenzó por manifestar que la "realidad negocia!" derivada de la oferta. declaración que, nota la Sala, constituyó el eje del pleito, afloraba "... no sólo de las pruebas traídas o recepcionadas durante el curso del proceso, sino y quizá con mayor lumbre, de las mismas posiciones asumidas por los contenientes desde el inicio mismo de la demanda y los hechos que se presentan como fundamento y de su respuesta ...", elementos que, a su juicio, desbrozados de "...algunas cuestiones adjetivas...", resultaban "coincidentes en lo relativo a lo que precedió a la forma de ejecución misma del pacto que suscita la presente litis...".
Seguidamente, indicó que la mentada realidad mostraba que el demandado ofreció financiar la construcción del proyecto "Villa Ángela", condicionando la segunda etapa a la terminación y colocación con subrogaciones de las unidades integrantes de la primera, siendo irrelevante que se trastocaran las etapas, pues la entidad financiera lo aceptó, así como que la propuesta consistió en suministrar créditos consecutivos o periódicos hasta por $815'000.000.00, a criterio de la entidad, según la disponibilidad de recursos, como mínimo con un desembolso mensual según el avance de la obra, y adicionalmente que la oferta, a pesar de los inconvenientes iniciales que aparejaron su retiro por el proponente, para luego volver a formularla, fue aceptada por el destinatario, al punto que se inició su ejecución y se hicieron varios desembolsos, con la suscripción de los respectivos pagarés.
Amparado en estas premisas, fue entonces que el juzgador concluyó que no se trataba "... propiamente de una oferta simplemente aceptada ... sino de una relación negocial, si se quiere atípica ...", a lo que añadió cómo "... esa tratativa ... dejó de ser una mera formulación negocial unilateral para constituirse, con su aceptación y luego con el inicio de su ejecución, en una relación contractual ...", y que. aunque pudiera aceptarse que ésta abarcaba "... el pacto de cesión de dineros en sucesivos o secuenciales préstamos o contratos de mutuo comercial ...", que, como pregona la jurisprudencia, se perfeccionan con la entrega de lo mutuado, lo que aparece es que, en el punto, "...dicho pacto toma la característica de promesa de realización de los mencionados contratos ...", que tratándose de asuntos mercantiles surge con el simple consentimiento de las partes, conclusiones estas que corroboró enseguida con el hecho de que, a su juicio, "... el mismo actor en su demanda se ve abocado a pedir la declaratoria de 'incumplimiento' de la oferta, siendo que, por tratarse aquella de un acto unilateral, lo que puede dar lugar a la indemnización de perjuicios reclamada, es su revocatoria, pues no puede afirmarse incumplimiento frente a un acto unilateral, aunque haya sido aceptado".
Ciertamente, tiene dicho la Sala que "... por vía de la causal primera de casación no cualquier cargo puede recibirse, ni puede tener eficacia legal, sino tan sólo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en ésta; de allí que haya predicado repetidamente que los cargos operantes en un recurso de casación únicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por sí misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado éste debe quedar en pie, haciéndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura". (sentencia de 27 de julio de 1999, exp. 5189, no publicada oficialmente).
Así las cosas, emerge que la decisión respecto de la existencia de una relación contractual, sea cual fuere, no se apuntaló exclusivamente en las pruebas y argumentos fustigados por la impugnadora, sino que tomó apoyo en otros elementos que, por lo mismo, debieron ser combatidos y derrumbados por la recurrente, sin que la Corte, aunque pudiera discrepar de ellos, esté habilitada para adentrarse oficiosamente en su estudio, habida cuenta que, como se sabe, el carácter extraordinario y marcadamente dispositivo del recurso impide semejantes iniciativas, disponiendo, más bien, que en estos casos la presunción de acierto y legalidad debe continuar abrigando la decisión fulminada por el juez de instancia.
6. Por tanto, no prosperan los cargos.
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 30 de Octubre de 2003 pronunciada por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, dentro del proceso ordinario identificado.
Cópiese, notifíquese y, en su oportunidad, devuélvase al Tribunal de origen.
C.J.V.C. Exp. 20371-01

References: artículo 846
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 artículo 305
 artículo 368
 artículo 89
 artículo 863
 artículo 51
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