Source: https://es.ceo.com.pl/Una-lista-de-los-cambios-comerciales-m%C3%A1s-importantes-en-la-ley-asociados-con-la-pandemia-del-coronavirus-80805
Timestamp: 2020-07-04 04:39:34+00:00

Document:
CORRECTO Lista de los cambios más importantes en la ley relacionados con la pandemia de coronavirus para empresarios
28 abr.2020
ACT del 2 de marzo de 2020 sobre soluciones específicas relacionadas con la prevención, prevención y erradicación de COVID-19, otras enfermedades infecciosas y crisis derivadas de ellas (Journal of Laws 2020 item 374) (en adelante, la "Ley").
Adoptada con carácter de urgencia y publicada inmediatamente después de su adopción, el 7 de marzo de 2020, la Ley establece las reglas para prevenir y combatir la infección por SARS-CoV-2 especificada en la Ley, conocida mundialmente como COVID-19.
A continuación discutimos las regulaciones más importantes desde el punto de vista del emprendedor, que pueden ser influenciadas directamente por la actividad de cada entidad que realiza actividades comerciales en Polonia.
Órdenes que reemplazan decisiones administrativas sujetas a ejecución inmediata, sin apelación.
De conformidad con el art. 11 de la Ley, en caso de que sea necesario tomar medidas para combatir COVID-19, el Primer Ministro puede, en las aldeas del voivode, dar a los empresarios, personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, órdenes por decisión administrativa, que estarán sujetas a una implementación inmediata tan pronto como sea posible. Entrega o anuncio.
Debe enfatizarse que cada instrucción / decisión no requerirá justificación.
Las tareas especificadas en dicha decisión (orden) se financiarán con cargo al presupuesto estatal y se implementarán sobre la base de un acuerdo celebrado con el empresario. Se debe establecer una negociación rápida del contrato con el empresario, en el que el contrato especificará todos o elementos esenciales que permitan la implementación de la orden. En caso de negarse a firmar el contrato, la tarea se realizará sobre la base de una decisión inmediata. Todos los trabajos de planificación relacionados con la implementación de tareas encomendadas se financiarán con fondos propios del empresario y parecen estar incluidos en los términos contractuales.
En situaciones urgentes y justificadas, cuando no habrá tiempo o condiciones para anunciar o enviar el pedido, el pedido puede emitirse en formas especiales, es decir, por vía oral, por teléfono mediante medios electrónicos de comunicación, así como por otros medios de comunicación. En tal emergencia, las órdenes (decisiones) deben registrarse tan pronto como sea posible por escrito en forma de informe o firmadas por la anotación / nota sobre el contenido y las condiciones de la orden.
Exclusión de la normativa legal en materia de construcción, desarrollo espacial, protección y cuidado de monumentos.
Para contrarrestar COVID-19, la Ley del art. 12 de la Ley prevé la exclusión de las disposiciones de la Ley de 7 de julio de 1994. Ley de Construcción (Journal of Laws of 2019, artículo 1186, enmendado) y la Ley de 27 de marzo de 2003 sobre planificación y desarrollo espacial (Journal of Laws of 2020, artículo 293, enmendado), así como la Ley de 23 de julio de 2003 sobre la protección de los monumentos y el cuidado de los monumentos (Journal of Laws of 2020, artículo 282, enmendado) en la situación de necesidad de diseñar y construir, así como la renovación y demolición de estructuras de edificios, incluida la necesidad de cambiar la forma en que se usan los edificios
También debe tenerse en cuenta que, en caso de necesidad de ampliar la base para proporcionar servicios de salud, es decir, en el caso de la necesidad de construir o adaptar edificios existentes para las necesidades de atención médica, la Ley prevé la posibilidad de omitir, además de los procedimientos resultantes de las regulaciones legales mencionadas anteriormente, también todas las disposiciones emitidas de conformidad con el Artículo 22 apartados 3, 4 y 4 bis de la Ley de 15 de abril de 2011 sobre actividades médicas. Por lo tanto, los requisitos relativos en particular a las condiciones espaciales, sanitarias y de instalación generales, los requisitos que deben cumplir los locales y dispositivos de la entidad que realiza la actividad médica, incluidos los sistemas de TIC o los sistemas de comunicación de la entidad que realiza la actividad médica. La renuncia en situaciones de emergencia a los requisitos legales para salas en las que se realiza actividad médica también se aplica a los servicios médicos prestados a personas privadas de libertad, así como a unidades presupuestarias y unidades militares.
Exclusión de responsabilidad de los transportistas aéreos y ferroviarios, así como de los gerentes de aeropuertos y estaciones de tren por los daños causados ​​en relación con las acciones de las autoridades públicas destinadas a contrarrestar COVID-19
También vale la pena destacar la situación especial de los transportistas que resulta de las disposiciones de la Ley. Bueno, de conformidad con el artículo 14 de la Ley, la responsabilidad de los transportistas aéreos y ferroviarios, así como de los gerentes de aeropuertos y estaciones de tren por cualquier daño causado en relación con las acciones de las autoridades públicas destinadas a contrarrestar COVID-19 como resultado de lo cual el transporte se vuelve imposible se levantará. El legislador se refiere en el apartado 2 del art. 14 de la Ley a la definición de "circunstancias extraordinarias" especificada en las disposiciones del Reglamento (CE) 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de febrero de 2004. y también considera como tal cualquier acción razonable para contrarrestar COVID-19.
Suspensión de la aplicación de las normas de contratación pública.
La Ley del Artículo 6 excluye la aplicación de las disposiciones de contratación pública a la adquisición de bienes o servicios necesarios para contrarrestar COVID -19 y existe una alta probabilidad de propagación rápida y descontrolada de la enfermedad o cuando la protección de la salud pública lo requiere. También en el caso de servicios, suministros u obras proporcionados en relación con la prevención o erradicación de una epidemia en un área en la que se declara una emergencia epidémica o un estado epidémico, se excluirá la aplicación de las normas de contratación pública.
Cambios en el derecho de sociedades bajo la influencia de la pandemia COVID-19
Las llamadas disposiciones El escudo anti-crisis introduce cambios significativos para las empresas en relación con la pandemia de coronavirus (SARS-Cov-2)
El plazo para la notificación del beneficiario real se extenderá hasta el 13 de julio de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de 1 de marzo de 2018 sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (Journal of Laws of 2018, artículo 723, en su forma enmendada), las empresas comerciales, excepto las empresas públicas y asociadas, ingresaron en el National El Registro de la Corte antes del 13 de octubre de 2019 debía presentar información sobre los beneficiarios reales al Registro Central de Beneficiarios Reales ("CBRB") antes del 13 de abril de 2020. Cabe señalar que la disposición del art. 52 de la Ley de 31 de marzo de 2020 que modifica la Ley sobre soluciones especiales relacionadas con la prevención, prevención y erradicación de COVID-19, otras enfermedades infecciosas y situaciones de crisis causadas por ellas, así como algunas otras leyes (Journal of Laws of 2020, ítem 568) ("Specustawa"), amplió este período en tres meses, hasta el 13 de julio de 2020.
La presentación a la CBRB requiere sobre todo la determinación interna del beneficiario efectivo de la empresa. Puede encontrar más información sobre este tema en nuestro artículo "Hora de conocer al verdadero beneficiario de su empresa" (https://poland.taylorwessing.com/en/press-releases/do-you-know-your-beneficial-owner-you-better -abajo).
El plazo para la preparación y aprobación de los estados financieros y el informe de operaciones para el año fiscal 2019 se extendió por 3 meses.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de Contabilidad de 29 de septiembre de 1994 (Journal of Laws of 1994 No. 121, item 591, enmendada) ("Ley de Contabilidad") en el caso de las empresas comerciales cuyo año financiero coincide con el año En el calendario, la fecha límite para la preparación de los estados financieros y el informe de gestión sobre las actividades de la compañía para el año fiscal 2019 expiraría el 31 de marzo de 2020, y la fecha límite para su aprobación el 30 de junio de 2020. El acto especial otorgó al Ministro de Finanzas el derecho de extender, entre otras, estas fechas. Mediante la Ordenanza del Ministro de Finanzas de 31 de marzo de 2020 sobre la determinación de otros plazos para cumplir con las obligaciones en el campo de los registros y en el ámbito de la preparación, aprobación, divulgación y envío de informes o información al registro, unidad u organismo pertinente (Journal of Laws of 2020, ítem 570), ambos períodos mencionados anteriormente se han extendido por tres meses. Sin embargo, los plazos modificados no se aplican a aquellas empresas cuyos plazos para la preparación de informes expiraron antes del 31 de marzo de 2020. Cabe señalar que la extensión de los plazos para la aprobación de los informes significa la extensión automática del plazo para su presentación, que, según el art. 61 secciones 1 de la Ley de Contabilidad se ejecuta desde la fecha de aprobación de estos documentos.
Las reuniones de los organismos corporativos pueden realizarse en línea.
Con el fin de permitir a las empresas operar a diario y cumplir con sus obligaciones, incluidas las relacionadas con la aprobación de los estados financieros y el informe del consejo de administración sobre las actividades de la empresa, la disposición del art. 27 de la Ley, introducida para las compañías de capital completamente nuevas, amplias posibilidades de celebrar reuniones de asambleas de empresas, pero también sus juntas directivas y juntas de supervisión, a distancia, también en forma de línea.
Junta general de accionistas y juntas generales
De conformidad con el art. 27 Las regulaciones especiales, la participación en la junta de accionistas o en la junta general también pueden tomarse por medio de comunicación electrónica, a menos que los estatutos o los estatutos estipulen lo contrario. Esta redacción de la disposición significa que la mayoría de las empresas podrán usar este modo, sin la necesidad de cambiar los estatutos o los estatutos. Este es un cambio significativo en comparación con el estado legal actual, que requería que esta forma de celebrar la reunión se permitiera primero explícitamente en la constitución de la compañía.
La participación en una reunión celebrada utilizando medios de comunicación electrónicos incluye, en particular, la comunicación bidireccional en tiempo real de todos los socios o accionistas que participan en la reunión y el ejercicio de los derechos de voto, en persona o por poder.
Cabe señalar que las normas detalladas para la participación en reuniones organizadas mediante medios electrónicos de comunicación deben establecerse en los reglamentos adoptados por el consejo de supervisión y, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, también por los socios. Los socios de una sociedad de responsabilidad limitada pueden adoptar una resolución sobre este asunto mediante votación escrita. La adopción de estas regulaciones condiciona la posibilidad de celebrar un ensamblaje utilizando medios electrónicos de comunicación. El último requisito debe considerarse como una manifestación de formalismo completamente innecesario; en particular, es legal y praxeológicamente inconsistente tanto con el hecho de que no existe un estándar que indique que una violación de las disposiciones de estas regulaciones, incluso si está calificado, es una premisa para la anulación o anulación de una resolución, y además, la junta de administración del sistema como el cuerpo de la Compañía fue responsable y responsable de la organización de la reunión general .
Como margen de lo anterior, vale la pena señalar que la celebración misma de las reuniones está sujeta a restricciones resultantes del Reglamento del Ministro de Salud de 20 de marzo de 2020 sobre el anuncio del estado de la epidemia en el territorio de la República de Polonia (Journal of Laws of 2020, artículo 491, enmendado ) (El "Reglamento"), que se refiere a la libertad de movimiento y reunión, introducido en relación con la amenaza de la pandemia de la enfermedad COVID-19. En nuestra opinión, al convocar una asamblea, tanto el consejo de administración de la empresa como la entidad que lo hace deben ser plenamente conscientes de las restricciones, lo que significa que el contenido del aviso de convocatoria debe tener en cuenta las circunstancias actuales y futuras.
En vista de lo anterior, le recomendamos que lleve a cabo una junta general de accionistas o una junta general, ya sea permitiendo que todos los socios o accionistas participen "remotamente" en la reunión de la reunión relevante o mediante el uso de "voto por poder" y nombrando un poder que realice las instrucciones de todos los que tienen derecho a asistir a la reunión relevante. . Esto le permite limitar el número de participantes a dos o tres personas, incluido un notario público si su presencia es necesaria. Es posible permitir que todas las personas autorizadas por medios electrónicos de comunicación como Cisco Webex, Zoom, Google Hangouts y similares participen en la reunión.
Consejo de Administración y Consejo de Supervisión
Los consejos de administración y los consejos de supervisión de las compañías de capital también han tenido oportunidades más amplias para tomar decisiones de forma remota. La capacidad de celebrar 'reuniones' de forma remota se ha convertido en un defecto. El contrato o estatuto debe contener una norma que prohíba explícitamente tales reuniones y votar que los procedimientos que utilizan medios de comunicación remotos se vuelven imposibles.
De conformidad con el art. 27 Las regulaciones especiales en la reunión de la junta directiva y la junta supervisora ​​pueden ser atendidas y votadas usando medios de comunicación remota directa, a menos que los estatutos o los estatutos estipulen otra cosa. También es posible adoptar resoluciones por la junta de supervisión y la junta de resolución por escrito, es decir, por circulación, sin celebrar una reunión, a menos que los estatutos o los estatutos estipulen lo contrario. En el caso de las juntas de supervisión, la validez de una resolución adoptada de esta manera depende de si todos los miembros de la junta han sido notificados del contenido del proyecto de resolución y del quórum de ½ miembros de la junta. Los artículos de asociación o los artículos de asociación pueden establecer requisitos más estrictos para adoptar resoluciones a distancia; es decir, por ejemplo, elevar un quórum o introducir un plazo apropiado para presentar proyectos de resolución. También puede ser necesario que los miembros de la junta acuerden aprobar una resolución sobre un tema específico mediante la comunicación a distancia. Dichas restricciones específicas deben incluirse en el contrato o estatuto. Incluirlos en el "reglamento del consejo" (aunque en este caso la Ley, a diferencia del reglamento de la junta general o de la junta de accionistas, estipula explícitamente la existencia de dicho documento durante mucho tiempo) no es suficiente para reconocer una resolución dada, en violación de la disposición no contenida en el estatuto sino en otro documento considerado inválido Esta es una diferencia con respecto al estado legal anterior, en el que una violación de las regulaciones con respecto a la limitación de la votación remota en la junta de supervisión era una condición suficiente para que el tribunal determinara la invalidez o inexistencia de tal resolución. Cualquier restricción existente en las regulaciones de las juntas de supervisión debe transferirse al nivel de los estatutos de la compañía para mantener su efectividad. Este formalismo de la nueva regulación también debe evaluarse negativamente.
También se introdujeron facilidades para adoptar resoluciones en una forma tradicional, es decir, por escrito. Los miembros de los consejos de administración y supervisión pueden participar actualmente en la adopción de resoluciones emitiendo su voto por escrito a través de otro miembro del consejo de administración o el consejo de supervisión, a menos que los estatutos o los estatutos estipulen otra cosa. Para juntas de supervisión art. 27 de la Ley introducen una condición adicional para adoptar una resolución de esta manera. La emisión de un voto por escrito a través de otro miembro de la junta de supervisión solo puede referirse a asuntos incluidos en la agenda antes del día de la reunión. Se excluye la votación de esta manera sobre los puntos incluidos en la agenda el día de la reunión. Esta es la transferencia de la regulación actual de la disposición del art. 388 § del Código de Compañías Comerciales con respecto a una sociedad anónima al consejo de supervisión.
¿Cómo llevar a cabo una reunión de un organismo de una compañía de capital durante el coronavirus (COVID-19) y la cuarentena?
En relación con la aparición de una situación inusual en las actividades cotidianas relacionadas con el anuncio del estado de la epidemia en Polonia y en la mayoría de los países de la UE, las empresas y sus organismos deben chocar con la nueva realidad y asumir el desafío de actuar lo más cerca posible de la normalidad. Lo más que incluso una situación extraordinaria no libera de todas las obligaciones previstas en las disposiciones de la Ley.
Una de las tareas que generalmente se realizan en el segundo trimestre de un año calendario es la aprobación del cierre del ejercicio. La gran mayoría de las entidades comerciales polacas consideran el año calendario como un año financiero. El comienzo de la "temporada" de las juntas ordinarias de accionistas o juntas generales ordinarias se superpuso este año con el anuncio del estado de la epidemia. Cabe señalar que, de conformidad con las disposiciones de la Ley de 31 de marzo de 2020, que modifica la Ley de soluciones especiales relacionadas con la prevención, prevención y erradicación de COVID-19, otras enfermedades infecciosas y situaciones de crisis causadas por ellos, así como algunas otras leyes (Journal of Laws de 2020, ítem 568) ("Specustawa"), los plazos para la preparación y aprobación de los estados financieros y el informe de operaciones para el año fiscal 2019 se han extendido por 3 meses.
La aprobación de los estados financieros no es la única actividad para la que se necesita una junta general o una junta de accionistas. Considerando el riesgo de recesión, es muy probable que muchos accionistas o socios de compañías para las cuales surgió la situación puedan generar necesidades de liquidez, deseen apoyar financieramente a sus compañías, lo que puede requerir la adopción de resoluciones por las juntas de accionistas o juntas generales; a menudo en presencia de un notario público.
La reconciliación de la presencia de un mayor número de socios y accionistas en una junta general o junta de accionistas mientras se mantienen los requisitos de seguridad epidémica puede no ser posible en la realidad actual. Con el fin de permitir a las empresas operar a diario y cumplir con sus obligaciones, incluidas las relacionadas con la aprobación de los estados financieros y el informe del consejo de administración sobre las actividades de la empresa, Specustawa ha introducido posibilidades completamente nuevas y amplias para reuniones de empresas, así como sus consejos de administración y consejos para empresas de capital. supervisores, incluso en línea
Reunión de accionistas en una sociedad de responsabilidad limitada.
De conformidad con las disposiciones actualmente vigentes del Código de Compañías Comerciales ("CCC") introducido en Specusta, en ausencia de una objeción en los estatutos, la participación en la junta de accionistas mediante medios electrónicos de comunicación está permitida, lo que incluye en particular: (i) comunicación bidireccional en tiempo real, bajo el cual los accionistas pueden hablar durante la junta de accionistas, estando en un lugar que no sea el lugar de la junta de accionistas; (ii) ejercer los derechos de voto en persona o por poder antes o durante la junta de accionistas. La participación de los accionistas en la junta de accionistas puede estar sujeta solo a los requisitos y restricciones que son necesarios para identificar a los socios y garantizar la seguridad de las comunicaciones electrónicas. Por lo tanto, es posible utilizar videoconferencias y teleconferencias, así como actuar a través de un representante. La condición para usar las soluciones anteriores no es, como antes, su admisión en los artículos de asociación, sino una prohibición explícita en los artículos de asociación. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que Specustawa introdujo el requisito de que el consejo de supervisión adopte, y en el caso de una empresa sin un consejo de supervisión, por parte de los accionistas, regulaciones que especificarán las reglas detalladas para la participación en la junta de accionistas utilizando medios de comunicación electrónicos. Sin embargo, la adopción de los reglamentos puede ser por resolución de los accionistas sin celebrar una reunión, si los socios que representan la mayoría absoluta de los votos acuerdan por escrito el contenido de estos reglamentos.
En el caso de que los estatutos sociales permitan la participación en la junta de accionistas utilizando medios de comunicación electrónicos o dicho procedimiento no sea posible o deseable por otras razones, en compañías de responsabilidad limitada en las que es posible un consenso sobre la adopción de resoluciones sin celebrar un "tradicional" junta general de accionistas, está permitido utilizar los procedimientos previstos en el art. 227 § 2 del Código de Compañías Comerciales, es decir, adoptar resoluciones unánimes por escrito (es decir, si los accionistas acuerdan por escrito la decisión que se adoptará) o una votación por escrito. Vale la pena señalar que desde el 1 de marzo de 2019, la opción de votar por escrito también se aplica a las resoluciones anuales, es decir, resoluciones que se adoptaron previamente en las juntas ordinarias de accionistas, cuya celebración era tradicionalmente necesaria antes. Por lo tanto, en caso de una epidemia, la solución práctica es que los consejos de administración de las empresas, por adelantado, den su consentimiento por escrito a todos los socios para votar por escrito, aprobando así el año fiscal 2019, otorgando la aprobación de la gestión y, si es necesario, nombrando miembros de los órganos rectores de la compañía para siguiente / nuevos términos.
Junta general en una sociedad anónima
El uso de medios electrónicos de comunicación en una sociedad anónima pública puede ya referirse a la etapa de organización de la junta general. Las enmiendas al Código de Sociedades Comerciales y Asociaciones introducidas en la Ley Especial deberían ampliar la posibilidad de celebrar una reunión general con la participación remota de accionistas y miembros de las autoridades, a todas las empresas en las que el estatuto no prohíbe tal forma de celebrarlo, hasta ahora esta posibilidad solo se aplicaba a las empresas en las que el estatuto lo estipulaba.
Nos gustaría recordarle que el anuncio sobre la convocatoria de una reunión general debe contener información sobre: ​​(i) la forma de ejercer los derechos de voto de un apoderado, incluidos, en particular, los formularios utilizados al votar por un apoderado, y cómo se notifica a la empresa por medios electrónicos para nombrar un apoderado, (ii) ) la posibilidad y la forma de participar en la junta general mediante comunicación electrónica, (iii) la forma de hablar durante la junta general mediante comunicación electrónica, (iv) la forma de ejercer el derecho de voto por correspondencia o mediante comunicación electrónica.
Como en el caso de una sociedad anónima, también en una sociedad anónima, las normas detalladas para la participación en la junta general utilizando medios de comunicación electrónicos deben regirse por las normas adoptadas por el consejo de supervisión. Si se cumple esta condición, entonces es posible utilizar videoconferencia y teleconferencia. La participación de los accionistas en una junta general solo puede estar sujeta a los requisitos y restricciones necesarios para identificar a los accionistas y garantizar la seguridad de las comunicaciones electrónicas. Es importante que Specustawa haya introducido la obligación de garantizar la transmisión de la junta general en tiempo real por parte de las empresas públicas.
Los accionistas también pueden contactar a la empresa de forma remota en relación con la junta general convocada. Un accionista o accionistas de una compañía pública que represente al menos una vigésima parte del capital social puede, antes de la fecha de la junta general, presentar a la compañía por escrito o por medio de comunicaciones electrónicas, proyectos de resolución con respecto a los puntos del orden del día de la junta general o los puntos que se incluirán en la agenda. La compañía anuncia de inmediato proyectos de resolución en su sitio web.
Además, el estatuto puede autorizar la solicitud de incluir asuntos específicos en la agenda de la próxima junta general y presentar a la compañía por escrito o por medio de comunicaciones electrónicas los proyectos de resolución sobre los puntos de la agenda de la junta general o los temas que se incluirán en la agenda de los accionistas. representa menos de una vigésima parte del capital social.
En la situación actual, también es posible utilizar las disposiciones existentes de los accionistas del Código de Compañías Comerciales para participar en la junta general y ejercer los derechos de voto por poder. Los accionistas y la empresa pueden ser encargados de la representación de un asesor profesional designado por la empresa, ejerciendo la profesión de abogado. En tal caso, la relación de la orden conectaría al abogado (asesor legal) con la empresa (y en relación con él tendría un "deber de cuidado") y se referiría a la posibilidad de celebrar una junta general al ejercer los poderes de los accionistas de acuerdo con sus instrucciones. Un apoderado estaría presente en la oficina del notario o en la oficina de la compañía o incluso en la oficina de este representante, en presencia de un notario (si es posible; dicho representante también puede actuar como presidente) y ejercer el derecho de voto de todos los accionistas que le otorgarían el poder de abogado. El curso de la junta general puede transmitirse y permitir la presencia remota de los miembros del consejo de administración (consejo y consejo de supervisión) y la formulación de preguntas por parte de los accionistas que hayan otorgado el poder. Los posibles cambios en el contenido de los proyectos de resolución de la junta general, en comparación con el contenido de los proyectos publicados, para los cuales los accionistas prepararon instrucciones de votación, requerirían el anuncio de una interrupción en la junta general para permitir cualquier cambio en el contenido de las instrucciones emitidas por los accionistas.
Las regulaciones actuales con respecto a la votación por escrito de los accionistas no parecen corresponder totalmente con los desafíos que plantea la situación actual para las empresas. Especialmente que la posibilidad de votar por correspondencia se introdujo al referirse al acto de las "regulaciones de la junta general", un documento corporativo previamente desconocido para el Código de Compañías Comerciales, cuyo estado es al menos dudoso (la violación de las regulaciones no resulta en el derecho de apelar la resolución).
Tenga en cuenta que, independientemente de la forma de la reunión, las compañías de responsabilidad limitada requieren la presencia del presidente de la junta de accionistas y el secretario de actas (y, si es necesario, el notario público), y en el caso de las sociedades anónimas, el presidente de la junta general y el notario público.
Modificación urgente de las disposiciones del Código de Sociedades Comerciales en relación con la forma de las reuniones de los consejos de supervisión y de administración.
En una situación en la que los miembros de las autoridades pueden estar sujetos a cuarentena formal o incluso real y con restricciones de movimiento, se ha vuelto necesario permitir que las juntas directivas actúen en una emergencia. Las disposiciones actualmente vinculantes introducidas en el Código de Compañías Comerciales por la Ley Especial permiten a los consejos de administración colectiva de las compañías de capital adoptar resoluciones en modo remoto (utilizando medios de comunicación remota directa), por escrito o por escrito a través de otro miembro del consejo de administración, a menos que los estatutos o los estatutos establezcan lo contrario. . Sin embargo, en el caso de una sociedad anónima, el consejo de supervisión de la empresa debe especificar en forma de reglamento las reglas detalladas para participar en una reunión del consejo cuando se utilizan medios de comunicación remota directa.
Las juntas de supervisión pueden operar de forma remota, es decir, utilizando medios de comunicación remota directa, por escrito o por escrito a través de otro miembro de la junta de supervisión, a menos que los estatutos o los estatutos estipulen lo contrario. Una resolución adoptada en este modo solo es válida si todos los miembros de la junta de supervisión han sido notificados del contenido del proyecto de resolución y al menos la mitad de los miembros de la junta han participado en la adopción de la resolución. Los artículos de asociación o los artículos de asociación pueden establecer requisitos más estrictos para la adopción de resoluciones por parte de la junta de supervisión en los modos establecidos anteriormente. De manera similar a la regulación sobre las reuniones de la junta, en el caso de una sociedad anónima, la junta supervisora ​​de la compañía debe especificar en forma de regulaciones reglas detalladas para participar en la reunión de la junta supervisora ​​cuando se utilizan medios de comunicación remota directa. Es importante destacar que el consejo de supervisión puede adoptar resoluciones por escrito o mediante el uso de la comunicación remota directa también en asuntos para los cuales los estatutos de la empresa o los estatutos de la empresa prevén la votación secreta, siempre que ningún miembro del consejo de supervisión se oponga.
En situaciones donde las regulaciones internas actualmente aplicables de las juntas directivas o supervisoras regulan específicamente las condiciones para adoptar resoluciones, deben analizarse para determinar la necesidad de modificarlas, si las hubiera.
En cualquier caso, el contenido de los estatutos o de los estatutos debe examinarse cuidadosamente en primer lugar en términos de la posibilidad de adopción remota de resolución, comunicación con la empresa y participación en la junta de accionistas o junta general. Si los artículos de asociación o los artículos de asociación prevén la imposibilidad de usar otras formas de reuniones corporales que no sean una reunión directa, vale la pena considerar el tema de implementar tales soluciones en los documentos corporativos de la compañía, pero debe recordarse que debido a la necesidad de llevar a cabo el procedimiento requerido para enmendar los artículos de asociación (artículos) y registrando cambios en el Registro de la Corte Nacional, esto puede resultar lento y, por lo tanto, difícil. Una solución práctica es otorgar poderes y coordinar este proceso por parte de las compañías, la transmisión adicional de procedimientos o, en el caso de una compañía de responsabilidad limitada, el consentimiento para una votación por escrito.
Estamos listos para brindarle apoyo en la organización de asambleas generales o juntas de accionistas mediante medios electrónicos de comunicación y con el uso de poder notarial y emisión simultánea de sonido e imagen bidireccional a personas con derecho a participar en una junta general o junta de accionistas, así como en la preparación de reglamentos para la celebración remota de juntas generales. socios, así como reuniones del consejo de administración y el consejo de supervisión de la empresa.
Terminación del contrato: ¿nada más simple?
Los emprendedores se enfrentan actualmente a enormes desafíos. Uno de estos desafíos es tomar decisiones difíciles para terminar la cooperación y los contratos. En tiempos de restricciones actuales y comunicación remota, aconsejamos sobre cómo hacerlo de manera segura y correcta desde el lado legal.
Las reglas que rigen la llamada Las acciones legales de seguimiento que destruyen (es decir, terminan la relación legal) son las siguientes:
El contenido actual del art. 77 § 2 del Código Civil es el resultado de la modificación del Código Civil, que entró en vigor el 8 de septiembre de 2016.
Esto significa que la rescisión, rescisión o rescisión del contrato concluido en forma escrita ordinaria (Artículo 78 del Código Civil), en forma documental (Artículo 772 CC) o electrónico (artículo 781 kc) debe hacerse en forma documental, sujeto a restricciones de evidencia (ad probationem).
No es importante si el contrato se celebró por escrito debido al requisito legal, la reserva contractual (pactum de forma) o con qué rigor se reservó este formulario.
Por lo tanto, si el contrato no estipula ningún requisito con respecto a la forma de acción de seguimiento (y en la práctica, las disposiciones de los contratos a menudo rigen solo el requisito del formulario al cambiarlo) y no existe tal disposición de la Ley, el contrato puede rescindirse o rescindirse en forma documental (por ejemplo, correo electrónico , sms, grabación, foto, escaneo, fax), es decir, de manera más informal que antes de la modificación del Código Civil en 2016 (anteriormente se preveía un formulario por escrito).
Además, a partir del 8 de septiembre de 2016, la disposición del art. 77 § 2 del Código Civil es disposicional, lo que significa que las partes pueden decidir qué forma eligen para el seguimiento para destruir su contrato, y esto no tiene que ser una forma más solemne (es decir, más aguda) que la forma documental. Por lo tanto, "cualquier forma", incluso oral, puede considerarse la "otra forma" mencionada en esta disposición.
Las reglas del Código con respecto a la terminación del contrato celebrado en una forma especial calificada no han cambiado y, a menos que se estipule lo contrario, tienen el siguiente aspecto:
Por lo tanto, si el contrato se ha celebrado en una forma especial calificada, el retiro y la terminación requieren el uso de la forma escrita habitual, sujeto a pruebas (ad probationem). Este rigor se aplica independientemente de si la celebración del contrato en cualquiera de los formularios especiales calificados tuvo lugar de conformidad con la Ley o la voluntad de las partes.
De conformidad con el art. 74 § 4 del Código Civil, en las relaciones entre empresarios, incumplimiento de los requisitos del formulario, si el rigor de la invalidez no ha sido reservado (por ley o por partes), es decir, reservado solo con fines probatorios (período de prueba de anuncios), no da lugar a sanciones de pruebas y, al mismo tiempo, no tiene ningún impacto en la validez de la acción legal realizada.
En relación con lo anterior, el retiro o terminación del contrato entre empresarios puede tener lugar de cualquier forma, si el acto o el contrato no estipula dicha declaración, el requisito de mantener una forma específica bajo pena de nulidad.
Las soluciones simples y legalmente seguras funcionan en los negocios. La comunicación oral, a pesar del hecho de que de acuerdo con las reglas presentadas anteriormente, en principio está permitida, no goza de confianza. El más utilizado es la forma escrita "clásica", que resulta de las regulaciones actuales y la práctica común, especialmente de la llamada "precaución procesal". Sin embargo, lo que solía ser la regla o el hábito, debe verificarse hoy, cuanto más podamos usar soluciones disponibles, más baratas y más rápidas que la correspondencia tradicional.
Es por eso que vale la pena señalar que el Código Civil permite el uso de un formulario de documento (correo electrónico, sms, grabación, fotografía, escaneo, fax) como un formulario destinado a mejorar el rendimiento de las transacciones legales.
Por lo tanto, si tiene la intención de rescindir su contrato (o retirarse de él), siga los siguientes criterios:
No abandonemos la transacción: métodos alternativos para concluir el contrato
En relación con la pandemia de coronavirus, las restricciones de movimiento y la prohibición de asambleas y reuniones, así como la capacidad de realizar trabajos remotos y comunicación común utilizando herramientas en línea, muchas personas se preguntan cómo deben organizar sus negocios, y al final, , deberás firmar algo ". Las negociaciones y los arreglos se pueden realizar a través de correspondencia por correo electrónico, teleconferencias y videoconferencias, pero ¿qué sigue? Ya hemos aceptado la renuncia al tradicional apretón de manos, pero no podemos renunciar a firmar documentos.
¿Qué opciones tenemos para celebrar un contrato cuando no podemos firmar el documento nosotros mismos en una reunión?
(art. 78 § 1
Código Civil) Para concluir un contrato intercambiar documentos es suficiente cubriendo el contenido de las declaraciones de voluntad, cada una de las cuales está firmada por una de las partes, o documentos, cada uno de los cuales incluye el contenido de la declaración de intenciones de una de las partes y está firmada por ella.
En la práctica, esto significa que podemos organizar la fase de negociación utilizando medios electrónicos de comunicación, y firmar el contrato acordado usted mismo y enviárselo a la otra parte por correo o correo, pidiéndole que haga lo mismo.
(art. 781 § 1 y 2 del Código Civil) Para mantener la forma electrónica de acción legal, es suficiente presentar una declaración de intenciones en forma electrónica y proporcionarle una firma electrónica calificada.
La declaración de intenciones se presenta en forma electrónica. equivalente con una declaración de intenciones hecha por escrito.
Esto significa que siempre que las regulaciones nos obliguen a firmar a mano, podemos usar una firma electrónica calificada.
Documento que confirma el contrato.
(art. 771 § 1 y 2
Código Civil)
En el caso de que el contrato se celebrara entre empresarios sin un formulario por escrito (por ejemplo, por correo electrónico, teléfono) una de las partes lo confirmará de inmediato por escrito dirigida a la otra parte, y esta carta contiene cambios o adiciones al contrato, sin cambiar significativamente su contenido, las partes están obligadas por el contrato con el contenido especificado en la carta de confirmación, a menos que la otra parte lo objete de inmediato por escrito.
Si el contrato concluyó entre empresarios sin conservar el formulario del documento (por ejemplo, verbalmente) una página confirmará puntualmente en el documento dirigido a la otra parte, y este documento contiene cambios o adiciones al contrato, que no cambian significativamente su contenido, las partes están obligadas por el contrato con el contenido especificado en el documento de confirmación, a menos que la otra parte se opusiera de inmediato en el documento.
Debe recordarse que la confirmación no reemplaza la forma requerida del contrato o no la valida. No se aplicará si para un contrato celebrado informalmente se requiere cualquier forma especial bajo pena de nulidad (ad solemnite) En este caso, no podemos confirmar el contrato porque es inválido desde el principio.
Por otro lado, en una situación en la que se reservaba un formulario especial para ciertos efectos legales (ad eventum), entonces la confirmación no causará los efectos previstos por las partes o previstos por la ley.
FIRMA PROPIA = FIRMA ELECTRÓNICA CALIFICADA
Si las regulaciones o las partes no han estipulado, bajo pena de nulidad, una forma escrita o electrónica para un acto dado (y, por supuesto, la participación de un notario público), la forma documental puede ser suficiente. Para preservar la forma documental de acción legal, es suficiente presentar una declaración de intenciones en forma de documento de manera que permita identificar a la persona que hace la declaración.
Permítanos recordarle que desde el 8 de septiembre de 2016, el documento dejó de estar asociado solo con papel. De conformidad con el art. 773 del Código Civil, el DOCUMENTO es un medio de información que permite familiarizarse con su contenido. Por lo tanto, es correo electrónico, sms, mensaje enviado a través de messenger, grabaciones (imagen, sonido), así como un archivo en cualquier formato que se pueda leer.
Por lo tanto, no renunciamos a la celebración de contratos. Pero antes de alcanzar un bolígrafo tradicional, analizaremos si podemos firmar o firmar de manera efectiva y concluir un contrato, un anexo o hacer otra declaración sin salir de su hogar u oficina.
Tipos de firmas eléctricas y otros servicios de confianza, de conformidad con el Reglamento eIDAS
Desde el 1 de julio de 2016, el acto jurídico más importante aplicable en todos los Estados miembros de la Unión Europea, que garantiza normas legales y técnicas coherentes para la prestación de servicios de confianza en el mercado único digital de la Unión Europea es el Reglamento eIDAS[1].
La regulación introdujo, entre otros mecanismos de identificación electrónica (eID) universalmente reconocibles, que permiten la verificación inequívoca de la identidad de los usuarios de servicios en línea y firmas electrónicas.
A continuación se presentan los servicios más "prácticos", especialmente útiles en la era actual de pandemias en el mundo.
PERSONAS FÍSICAS: firma electrónica
FIRMA ELECTRÓNICA: significa datos en forma electrónica que se adjunta o está lógicamente asociado con otros datos en forma electrónica y que el firmante utiliza como firma (por ejemplo, pie de página en un correo electrónico).
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA - significa una firma electrónica que cumple con los siguientes requisitos:
a) se asigna únicamente al firmante;
b) permite identificar al firmante;
c) se presenta utilizando datos de creación de firma electrónica que el firmante puede, con un alto grado de certeza, utilizar bajo su exclusivo control; y
d) se asocia con los datos firmados de tal manera que cualquier cambio posterior de los datos sea reconocible (por ejemplo, firmas digitales).
FIRMA ELECTRÓNICA CALIFICADA - significa una firma electrónica avanzada, que se coloca utilizando un dispositivo de creación de firma electrónica calificado y que se basa en certificado calificado firma electronica.
A una firma electrónica no se le puede negar el efecto legal o la admisibilidad como evidencia en los procedimientos legales únicamente porque la firma es electrónica o no cumple con los requisitos para firmas electrónicas calificadas.
Una firma electrónica calificada tiene un efecto legal equivalente a una firma manuscrita.
Una firma electrónica calificada basada en un certificado calificado emitido en un Estado miembro se reconoce como una firma electrónica calificada en todos los demás Estados miembros.
PERSONAS LEGALES: sello electrónico
SELLO ELECTRÓNICO: significa datos en forma electrónica agregados a otros datos en forma electrónica o asociados lógicamente con ellos para garantizar la autenticidad del origen y la integridad de los datos relacionados.
SELLO ELECTRÓNICO AVANZADO - significa un sello electrónico que cumple con los siguientes requisitos:
(a) está asociado únicamente con el remitente;
b) permite establecer la identidad del remitente;
(c) se envía utilizando datos de creación de sellos electrónicos que el creador del sello puede, teniendo un alto grado de certeza bajo su control, utilizar para enviar el sello electrónico; y
(d) está vinculado a los datos con los que se relaciona de tal manera que cualquier cambio posterior en los datos sea identificable.
SELLO ELECTRÓNICO CALIFICADO: significa un sello electrónico avanzado que se ha enviado con un dispositivo de creación de sello electrónico calificado y que se basa en un certificado de sello electrónico calificado.
Un sello electrónico calificado se beneficia de la presunción de integridad de los datos y la autenticidad del origen de los datos con los que está asociado el sello electrónico calificado.
Un sello electrónico calificado basado en un certificado calificado emitido en un Estado miembro se reconoce como un sello electrónico calificado en todos los demás Estados miembros.
DOCUMENTOS electrónicos: sello de tiempo electrónico
MARCADOR DE TIEMPO ELECTRÓNICO: significa datos en forma electrónica que vincula otros datos en forma electrónica a un tiempo específico, lo que constituye evidencia de que estos otros datos existieron en un momento dado.
Un MARCADOR DE TIEMPO ELECTRÓNICO CALIFICADO debe cumplir los siguientes requisitos:
a) asocia la fecha y la hora con los datos para excluir suficientemente la posibilidad de un cambio indetectable en los datos;
b) se basa en una fuente de tiempo precisa vinculada al tiempo universal coordinado; y
(c) se firma con una firma electrónica avanzada o lleva el sello electrónico avanzado de un proveedor de servicios de confianza calificado o de otra manera equivalente.
Una marca de tiempo electrónica calificada utiliza la presunción de la precisión de la fecha y la hora que indica, y la integridad de los datos con los que se vinculan la fecha y la hora indicadas.
Una marca de tiempo electrónica calificada emitida en un Estado miembro se reconoce como una marca de tiempo electrónica calificada en todos los Estados miembros.
Tribunales de registro durante la epidemia en Polonia (a partir del 21 de abril de 2020)
En el caso de las empresas comerciales, una serie de actividades pueden requerir la modificación previa de un contrato o los estatutos de la empresa y, por lo tanto, también un procedimiento de registro, cuya finalización exitosa es una condición para la efectividad de dicho cambio. Además, el cambio en la composición de los órganos por razones puramente prácticas debe ingresarse lo antes posible en el Registro de Empresarios del Registro de la Corte Nacional. Nos gustaría proporcionarle información actualizada sobre el funcionamiento de los departamentos de registro en los tribunales comerciales en relación con el anuncio del estado de la epidemia en Polonia.
Según la información obtenida en las oficinas de servicio al cliente y las secretarías de los departamentos económicos del Registro de la Corte Nacional de los tribunales de distrito de las ciudades más grandes de Polonia (por ejemplo, en Varsovia, Cracovia, Breslavia, Łódź, Katowice y Gdansk), a partir del 21 de abril de 2020, resolviendo casos en Los tribunales de registro se llevan a cabo según los siguientes principios.
La mayoría de las oficinas de registro de los tribunales están actualmente cerradas. La excepción es el Tribunal de Distrito de la ciudad capital. Varsovia (XII y XIII Departamento de Economía del Registro de la Corte Nacional), donde con una oficina de correos en funcionamiento en este momento, las cartas pueden presentarse en persona. Sin embargo, en todos los tribunales, todas las cartas y solicitudes se pueden enviar por correo.
Consideración de casos
Al 21 de abril de 2020, se consideran todos los casos ante los tribunales de registro, se celebran sesiones cerradas y los jueces y los referentes legales emiten órdenes y órdenes. Sin embargo, en algunos tribunales, los departamentos trabajan en una composición más pequeña, también debido a la introducción del trabajo en el sistema de rotación de empleados, y por lo tanto, es probable que el tiempo de espera para escuchar el caso se extienda significativamente. En asuntos urgentes, de acuerdo con la práctica actual, los solicitantes pueden presentar al presidente del departamento mociones motivadas para acelerar el examen del caso y la consideración urgente de la solicitud. Sin embargo, no hay garantía de que el caso sea escuchado de inmediato.
En esta situación, al planificar las operaciones de la empresa, se debe tener en cuenta que la entrada deseada en el registro solo se puede hacer a largo plazo. Si nos preocupa el tiempo y la naturaleza del caso lo permite, vale la pena considerar soluciones alternativas.
Cabe señalar que de conformidad con el art. 15 zzs de la Ley del 2 de marzo de 2020 sobre soluciones especiales relacionadas con la prevención, prevención y erradicación de COVID-19, otras enfermedades infecciosas y situaciones de crisis causadas por ellas (Journal of Laws of 2020, artículo 374, enmendado), en durante el estado epidémico, los plazos del juicio y de la corte no comienzan y el alivio iniciado comienza durante la duración de este estado. Esto también se aplica a los procedimientos ante los tribunales de registro.
Resolución de disputas durante una pandemia
¿Cómo resolver disputas cuando los tribunales no funcionan? ¿Dónde buscar ayuda en relación con una disputa en los negocios en este momento especial? ¿Qué pasa con las disputas ya pendientes en la corte?
Los empresarios, sin duda, se hacen estas y otras preguntas en este momento difícil para la economía y los negocios.
Los empresarios también revisan sus contratos en busca de cláusulas relacionadas con fuerza mayor o situaciones extraordinarias. Y debido a que los contratos están escritos para tiempos difíciles, encontrarán y usarán este tipo de cláusulas en muchos contratos. Sin embargo, la pregunta sigue siendo cómo resolver disputas cuando los tribunales no funcionan y las partes han acordado resolver cualquier conflicto por un tribunal común competente. ¿Qué deben hacer los empresarios, cuyos casos ya pendientes en los tribunales están siendo cancelados y (seguramente) terminarán al final de la cola en los tribunales ya sobrecargados?
Por supuesto, los acuerdos también pueden contener una cláusula de arbitraje, es decir, la llamada cláusula de arbitraje, que le permite evitar el tribunal ordinario. Sin embargo, surge la pregunta de si los tribunales de arbitraje, incluso suponiendo que estén en funcionamiento, ¿podrán manejar el caso? Dado el formalismo bastante alto del procedimiento de arbitraje, puede resultar que en este momento particular en el que los empresarios estaban operando actualmente, los tribunales de arbitraje no podrán proceder normalmente. Cada arreglo de disputas por un tribunal (común o arbitraje) está asociado con reuniones de las partes, expertos, testigos durante el juicio o la reunión del tribunal, lo que requiere la participación de al menos unas pocas personas.
Por supuesto, la práctica mostrará hasta qué punto los tribunales de arbitraje podrán adaptarse a la situación. Sin embargo, los empresarios que tienen una disputa en los negocios o cuya disputa ha sido "empantanada" en un tribunal común pueden usar otros métodos alternativos para resolver conflictos. Cualquier disputa puede resolverse en una mediación económica, que a su vez puede ser una herramienta bastante efectiva, que también puede usarse durante una pandemia.
Mediación la cura para tiempos difíciles
En los últimos años, la mediación económica ha experimentado un renacimiento en Polonia. Estoy pensando principalmente en el entorno legislativo de la mediación, incluidas varias enmiendas posteriores a la ley destinadas a alentar a los empresarios a mediar.
La mediación es un método muy informal para resolver disputas comerciales, que es al menos varias veces más barato que una demanda o arbitraje. La mediación también puede llevarse a cabo por diversos medios de comunicación a distancia (a través de video o teleconferencia, e incluso por escrito en línea). La mediación con la participación de un mediador puede ocurrir sin su contacto directo y, por lo tanto, en la actualidad, sin poner en peligro su salud.
Para utilizar la mediación, no se necesita una regulación contractual especial entre las partes. La mediación también puede llevarse a cabo sin una referencia especial, cuando las partes mismas deciden llevar a cabo la mediación por un mediador independiente de su elección o un centro de mediación independiente y especializado (la llamada mediación privada).
De hecho, por mediación no solo puede resolver la disputa existente, sino también "mediar" los términos específicos del contrato en circunstancias especiales como una pandemia. Esto puede ser importante en una situación en la que las partes que concluyen el contrato no previeron ciertas circunstancias de su desempeño, como la introducción de una epidemia o amenaza de epidemia en todo el país. Tales situaciones y estados excepcionales a menudo pueden conducir a una interrupción de la relación comercial entre las partes o prevenirla temporalmente. Si las partes no anticiparon tal situación en el contrato, pueden estar en el negocio pata. La mediación económica puede venir al rescate en esta situación, lo que permitirá a las partes no solo explicar las discrepancias en la interpretación del contrato o su ejecución, sino también dar forma a esta relación para el futuro.
La mediación comercial clásica implica la participación de un mediador comercial independiente en la comunicación entre las partes en disputa. Las partes, moderadas de alguna manera por un mediador en los procedimientos de mediación, se esfuerzan por desarrollar una solución que sea aceptable para ambas partes. El proceso de mediación, por lo tanto, debe conducir a una situación de ganar-ganar.
Asentamiento reemplaza juicio
La práctica muestra que la solución desarrollada por ambas partes con la ayuda de un mediador a través de la mediación económica generalmente la implementan voluntariamente y no se necesitan medidas coercitivas para que las partes implementen el acuerdo. Sin embargo, vale la pena recordar que el acuerdo alcanzado a través de la mediación económica puede confirmarse en los tribunales. En tal situación, el mediador o representantes de las partes solicitan al tribunal que fije una fecha durante la cual el acuerdo sea formalmente aprobado por el tribunal, lo que se convierte en un título exigible y, por lo tanto, gana el valor y la fuerza legal de una sentencia judicial. Esta aprobación del acuerdo también puede tener lugar varias semanas o meses después de su conclusión ante el mediador. Por lo tanto, el hecho de que el tribunal no opere en la actualidad no impide que las partes resuelvan las disputas mediante la mediación y la posible aprobación posterior del acuerdo por parte del tribunal.
Lo mismo se aplica a las disputas ya pendientes entre las partes en la corte. En una situación en la que no está claro cuándo el tribunal podrá proceder nuevamente, las partes pueden celebrar un acuerdo extrajudicial a través de una mediación privada, regulando el destino de la disputa en consecuencia (por ejemplo, decidir retirar la demanda y la abolición mutua de los costos judiciales). Al mismo tiempo, estoy convencido de que, en la situación actual, esta es la solución más razonable, especialmente si las partes quieren que la disputa termine rápidamente.
Se estima que la mediación es al menos diez veces más barata que una demanda. Quizás esta situación actual y excepcional contribuirá a un mayor uso de la mediación económica en los negocios y los empresarios utilizarán con mayor frecuencia esta herramienta para resolver disputas.
Comparación de costos: Pacceso judicial vs. mediación privada como parte del Centro Internacional de Mediación ("mcm.org.pl")
Valor del tema en disputa: 3.000.000 PLN
costes Procedimientos judiciales Mediación
Tasas iniciales / registro de caso ** 200.000 PLN de tasa judicial Tarifa de registro neta de 1.500 PLN
Servicio legal durante el juicio * / Costo de mediación ** alrededor de 120.000 PLN 15.000 PLN netos
(15 horas de mediación divididas en sesiones de mediación)
Opiniones de expertos alrededor de 3.000 PLN no aplica
Agente judicial alrededor de 2.500 PLN no aplica
Costos principales totales alrededor de 325.500 PLN 16.500 PLN
* costos calculados sobre la base de datos del Banco Mundial publicados en el Informe Doing Business (Polonia)
** costo de mediación privado como parte del Centro Internacional de Mediación
¿Cómo salvar una relación comercial durante una pandemia de coronavirus (COVID-19)?
La situación que surgió en relación con la pandemia de COVID-19 ya ha hecho un cambio fundamental en torno a nuestra realidad. En esta etapa, es imposible evaluar la naturaleza y el alcance de todos los efectos de la pandemia en curso, pero no hay duda de que se traducirá en la esfera de las relaciones jurídicas, incluidas las relaciones contractuales. Probablemente, muchos empresarios ya están experimentando o pronto experimentarán una situación en la que el cumplimiento de las obligaciones contractuales será muy difícil o incluso imposible. A continuación, debe considerar el uso de soluciones ya disponibles según la ley aplicable; a continuación se detallan algunos pasos prácticos que, en nuestra opinión, pueden ser tomados por un empresario que lucha por cumplir con las obligaciones contractuales:
¿Se ha regulado la fuerza mayor en el contrato?
Leer y comprender los contratos es difícil de sobreestimar. Es posible que el contrato del que somos parte incluya cláusula de fuerza mayor (vis maior, fuerza mayor), que en la práctica comercial se ha convertido en una disposición estándar comúnmente incluida en varios tipos de contratos. Por lo general, contiene una definición de un caso de fuerza mayor (p. Ej., Como un evento extraordinario, externo, difícil de predecir, cuyos efectos no pueden evitarse con el máximo cuidado), seguido de un catálogo abierto o cerrado de estados y situaciones específicos que, en opinión de las partes del contrato, cumplen las condiciones definición. La esencia de la cláusula de fuerza mayor es que la parte no es responsable por el incumplimiento o la ejecución inadecuada del contrato, que fue causado por fuerza mayor o que de otra manera limita su responsabilidad contractual a este respecto..
Una epidemia como caso de fuerza mayor.
Incluir fuerza mayor en el contrato es definitivamente una buena noticia. En el siguiente paso, debe considerar si la confusión derivada de COVID-19 cumplirá las condiciones para la definición de fuerza mayor contenidas en el contrato. Con un alto grado de certeza se puede suponer que este será el caso, aunque la redacción de la disposición analizada es decisiva. Si la epidemia se indica claramente en ella como uno de los ejemplos de fuerza mayor, entonces la situación parece bastante simple. De conformidad con el art. El punto 2 de la Ley de 9 de diciembre de 5 sobre la prevención y la lucha contra las infecciones y enfermedades infecciosas mediante una epidemia debe entenderse como la aparición en un área determinada de infecciones o la incidencia de una enfermedad infecciosa en un número significativamente mayor que en el período anterior o la aparición de infecciones o enfermedades infecciosas aún no presentes. Mientras que en el período del 2008 al 14 de marzo de 19, es decir, durante el anuncio oficial del estado de amenaza de epidemia, uno podría preguntarse si estamos lidiando con una epidemia o "solo" con el riesgo de que ocurra, El anuncio oficial del estado de la epidemia del 2020 de marzo de 20 disipa todas las dudas a este respecto. La epidemia tiene una serie de consecuencias legales directas de largo alcance, pero al mismo tiempo fortalece significativamente la legitimidad para invocar la cláusula de fuerza mayor contenida en el contrato.
Otros casos de fuerza mayor.
Sin embargo, la situación es más compleja, la propagación de COVID-19 ha desencadenado una serie de reacciones y procesos cuya dirección de desarrollo y, sobre todo, los efectos son difíciles de predecir en esta etapa. Muchos de ellos pueden verse en términos de fuerza mayor, que también pueden referirse a las actividades de los organismos de la administración pública y las acciones ya tomadas para combatir la amenaza de epidemia. El Reglamento del Consejo de Ministros, de 19 de abril de 2020, sobre el establecimiento de ciertas restricciones a las órdenes y prohibiciones en relación con el brote de la epidemia, introduce, al igual que las regulaciones anteriores a este respecto, una serie de restricciones que se traducen directamente en operaciones comerciales. Actualmente, estas restricciones incluyen, entre otras limitación o prohibición total de realizar ciertos tipos de actividades (incluidas las actividades relacionadas con los servicios del hotel, actividades relacionadas con la organización de eventos, actividades relacionadas con el consumo y servicio de bebidas, venta minorista de productos específicos en grandes instalaciones comerciales, actividades relacionadas con el deporte, el entretenimiento y la recreación, o una prohibición sobre el uso de bicicletas públicas disponibles para el público), restricciones sobre un método específico de movimiento o restricciones o una prohibición sobre la circulación y el uso de artículos específicos (por ejemplo, una prohibición sobre la exportación o eliminación de respiradores y cardiomonitores fuera de la República de Polonia). La percepción de la actividad imperiosa del estado (el llamado imperio) en las categorías de fuerza mayor genera cierta controversia en la literatura legal, sin embargo, debe reconocerse que la libertad de las partes en la configuración de la relación contractual va tan lejos que tales restricciones oficiales podrían ser cubiertas por las partes. definición de fuerza mayor. Por lo tanto, el contenido del contrato será decisivo a este respecto.
¿Qué sucede si el contrato no prevé una cláusula de fuerza mayor?
También puede surgir un problema similar si las partes estipulan tal disposición en el contrato, aunque debido a su alcance limitado no se puede aplicar, por ejemplo, cuando su contenido se redujo únicamente a una enumeración exhaustiva de situaciones específicas que actualmente no cubren ni epidemias ni actividades de dominación del estado. Fuerza mayor es un término utilizado en la ley polaca, pero no existe una disposición general en el Código Civil que estipule la limitación de la responsabilidad contractual debido a fuerza mayor. En tal situación, uno debería pensar en instrumentos alternativos, incluyendo en primer lugar los llamados cláusula rebus sic stantibus del art. 3571 Del Código Civil, que hace algún tiempo experimentó un verdadero renacimiento de la popularidad en relación con la discusión pública sobre la posibilidad de su aplicación a préstamos denominados e indexados con francos suizos (CHF). Esta disposición permite un cambio en la forma de ejecución del beneficio, su monto o incluso la rescisión del contrato, si la ejecución del beneficio estaría relacionada con dificultades excesivas o amenazara a una de las partes con una pérdida grave debido a un cambio extraordinario en las relaciones, que las partes no anticiparon al final del contrato. El legislador previó mecanismos similares para algunos tipos específicos de contratos (por ejemplo, aumento de la remuneración a tanto alzado o terminación de contratos de trabajo de conformidad con el artículo 632 del Código Civil, o reducción de la renta de conformidad con el artículo 700 del Código Civil). También vale la pena recordar en este contexto que la responsabilidad por el desempeño adecuado se basa en el principio de culpa, y que el deudor está en principio obligado a ejercer la diligencia debida. El atractivo de las soluciones mencionadas se reduce significativamente por el hecho de que el tribunal decide cambiar la relación contractual (o incluso su terminación), lo que significa que una solución efectiva al problema de la incapacidad para ejecutar el contrato se retrasará a tiempo, en particular teniendo en cuenta la situación actual. Ya ahora, a menos que el legislador regule el problema de antemano, deben esperarse demoras extraordinarias en el trabajo de los tribunales.
¿Qué acción debes tomar en este momento?
Por lo general, las disposiciones contractuales que rigen la fuerza mayor también prevén un procedimiento apropiado, que comienza notificando a la otra parte que su contraparte comercial se ha visto afectada por un caso de fuerza mayor y que esto puede afectar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Esto debe hacerse de acuerdo con el modo de comunicación previsto en el contrato, pero en cualquier caso de manera que documente adecuadamente el cumplimiento de esta obligación de información. La siguiente etapa puede ser negociaciones entre las partes de buena fe para cambiar la relación contractual en consecuencia. En última instancia, en caso de fuerza mayor prolongada (por ejemplo, más de 90 días), cualquiera de las partes puede tener el derecho de rescindir unilateralmente el contrato. Mucho depende de las circunstancias del caso particular (incluida principalmente la redacción del contrato), sin embargo, parece que es demasiado pronto para sacar conclusiones de gran alcance en este momento y, sobre todo, sería necesario esperar a nuevos desarrollos. Sin lugar a dudas, se recomienda iniciar la comunicación con un contratista comercial y prepararlo para cualquier perturbación en la ejecución del contrato. Es importante destacar que esto se aplica tanto a los contratos en los que la fuerza mayor ha sido expresamente regulada como a aquellos en los que no existe tal regulación. El comienzo de las conversaciones en una etapa temprana de fuerza mayor puede limitar el alcance de los posibles daños y también puede aumentar la posibilidad de mantener una relación contractual.
Despedirse de los empleados durante la epidemia
Las soluciones de apoyo para empleadores introducidas por el gobierno tienen como objetivo apoyar a los empleadores y proteger los empleos. El alcance de la asistencia propuesta está aumentando, lo que nos permite expresar la esperanza de que serán suficientes para mantener empleos a tiempo completo en las empresas más afectadas por la disminución de la rotación. Sin embargo, los empleadores también deben estar preparados para un escenario menos optimista y ser conscientes de sus responsabilidades y soluciones técnicas disponibles en caso de que la redundancia parezca inevitable.
En la actualidad, la epidemia de Covid-19 ha forzado una serie de cambios en el área de operación de muchas empresas y la organización del trabajo que han adoptado. La difícil situación económica relacionada con la suspensión del transporte aéreo internacional, el cierre de fronteras para extranjeros y las restricciones a la actividad principalmente del sector de servicios y comercio, pero también de otros empresarios, pueden, lamentablemente, afectar su condición financiera y, en consecuencia, la permanencia del empleo de los empleados. Los empleadores que planearon hacer despidos individuales antes y aquellos cuyas circunstancias obligarán a dichos despidos en el futuro cercano tendrán que lidiar con dificultades logísticas adicionales para entregar un aviso de terminación por escrito. Estas dificultades estarán relacionadas, entre otras cosas, con los empleados que realizan trabajos remotos desde su hogar y la falta de contacto personal entre ellos y sus superiores. ¿Hay dudas entre los empleadores sobre si en el caso de dirigir a todos o la mayoría de los empleados a trabajar en un sistema remoto y la falta de reuniones comerciales directas, es posible, sin perjuicio de los requisitos legales, proporcionar al empleado la terminación del contrato de trabajo sin contacto personal con él?
La terminación de los contratos de trabajo es una de las decisiones más incómodas y difíciles que los empleadores deben tomar contra las personas que emplean. Este proceso está formalizado y requiere requisitos estrictamente especificados contenidos en las disposiciones del Código del Trabajo relativas, entre otros. servicio, forma escrita, la necesidad de indicar el motivo de la terminación del contrato de trabajo concluido por un período indefinido e informar al empleado de su derecho a apelar ante el tribunal laboral dentro de los 21 días posteriores a la entrega de la notificación.
Entrega remota de la declaración de intenciones del empleador
La terminación del contrato de trabajo, que fue firmado personalmente por el empleador u otra persona debidamente autorizada, y cumple con los requisitos especificados en el art. 30 del Código del Trabajo, puede enviarse a un trabajador postal por correo certificado con acuse de recibo o por correo a su domicilio. Sin embargo, esta solución tiene varias desventajas. Además de las dificultades objetivas de comunicar personalmente el hecho del despido mientras se entrega una notificación por escrito, uno de los principales riesgos para el empleador es la incapacidad de determinar con precisión la fecha y hora de entrega. Puede resultar que el día de la entrega del aviso, el empleado estuvo ausente del trabajo debido a una baja por enfermedad o baja por demanda. Debe recordarse que tampoco es posible entregar un aviso a un empleado que está ausente del trabajo debido al cuidado personal del niño debido al cierre de la guardería, jardín de infantes o escuela a la que asiste el niño. La notificación entregada al empleado en ese día será efectiva, pero aún tiene la desventaja de violar el art. 41 del Código del Trabajo, que prohíbe al empleador rescindir el contrato de trabajo durante el permiso del empleado u otra ausencia justificada del trabajo. Como resultado, el empleado podrá apelar con relativa facilidad al tribunal laboral, que puede ordenar la reincorporación o otorgar daños y perjuicios.
Teniendo en cuenta lo anterior riesgos relacionados con la entrega remota de la terminación, vale la pena considerar una alternativa en forma de entrega electrónica. El requisito de rescindir el contrato de trabajo por escrito también cumplirá con la notificación enviada al empleado por correo electrónico, que, como adjunto, incluye la terminación del contrato de trabajo firmado con una firma electrónica certificada. De conformidad con el art. 78 (1) del Código Civil, una declaración de testamento presentada en forma electrónica es equivalente a una declaración escrita de testamento. Tenga en cuenta que el documento debe tener una firma electrónica calificada. Esta firma electrónica se puede obtener de uno de los proveedores certificados. Debido a los requisitos para presentar estados financieros firmados electrónicamente en el Registro de la Corte Nacional, tales firmas a menudo están disponibles para los miembros de los consejos de administración de las compañías de responsabilidad limitada, es decir, las compañías de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas.
Al entregar el aviso de terminación por correo electrónico, vale la pena enviarlo a la dirección de correo electrónico oficial del empleado, en este caso el empleador que tenga acceso a los recursos de su propio servidor de correo, será bastante fácil demostrar que la entrega realmente tuvo lugar e indicar su momento exacto. . Además, la solución práctica y recomendada es realizar simultáneamente una teleconferencia o videoconferencia con un empleado con la participación de un testigo adicional por parte del empleador, quien, si el empleado se refiere a problemas con el correo electrónico, confirmará el curso de la conversación comercial, el hecho de enviar un correo electrónico con aviso (el testigo puede incluirse en una copia del correo electrónico) y la respuesta del empleado a esta situación. Es importante asegurarse de que la persona esté autorizada para procesar los datos personales del empleado despedido y que tenga conocimiento de la obligación de mantener la confidencialidad de dichos datos. Muy a menudo será el supervisor directo de un empleado o un representante del departamento de recursos humanos. En el caso de la entrega electrónica, es mejor hacer la notificación en un día hábil, asegurándose de que el empleado estuvo profesionalmente activo ese día, es decir, presente en el trabajo remoto y no tomó ninguna licencia o ausencia justificada del trabajo.
¿Puede firmar un acuerdo de terminación utilizando un perfil de confianza en la plataforma ePUAP?
No puedo. Dicha terminación será defectuosa porque la firma que utiliza un perfil de confianza no cumple con el requisito de una firma electrónica calificada, es decir, el requisito de escritura. A pesar de la introducción de la opción de firmar cualquier documento en la plataforma ePUAP, no se aplica a los asuntos de los empleados. Gracias al perfil de confianza, puede ponerse en contacto con oficinas y tribunales, y tratar asuntos oficiales como presentación de estados financieros. Sin embargo, no se puede utilizar al firmar documentos de legislación laboral u otras declaraciones destinadas a particulares.
COVID-19 y la ley de competencia y protección del consumidor - Perspectiva polaca
El brote de coronavirus tiene un impacto significativo en los negocios. Tanto los empresarios como los consumidores se enfrentan a situaciones de mercado inusuales. A continuación se muestra un análisis general del impacto de la epidemia de COVID-19 en aspectos individuales de la ley de competencia polaca y el alcance de la competencia del Presidente de la Oficina de Competencia y Protección del Consumidor ("UOKiK") en relación con la situación.
Control de la concentración
Hasta el momento, no se han introducido medidas específicas con respecto al sistema de control de concentración. Por lo tanto, todavía es posible presentar intenciones de concentración, que deben considerarse dentro del plazo legal de 1 mes (casos en fase) o 5 meses (casos calificados para la fase II). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la duración de los procedimientos antimonopolio en casos de control de concentración puede ser más larga de lo habitual, incluso en el caso de casos no complicados (sin embargo, UOKiK debe emitir una decisión dentro del plazo legal). Además, realizar estudios de mercado (en casos más complejos) puede ser difícil. A diferencia de la Comisión Europea o la Autoridad de Competencia francesa (Autorité de la concurrence), UOKiK aún no ha pedido a los empresarios que se abstengan de las notificaciones que puedan presentarse en una fecha posterior. Sin embargo, dada la gravedad de la situación, tal recomendación parece justificada. Es posible que la Oficina de Competencia y Protección del Consumidor esté más dispuesta a establecer contactos previos a la notificación con empresarios (lo cual es raro en Polonia) para examinar la concentración antes de la notificación formal.[1]
Una crisis en curso puede conducir a un cambio en la calificación legal de los acuerdos o acciones unilaterales de los empresarios dominantes. En particular, algunos tipos de acuerdos horizontales (es decir, celebrados entre competidores) que violarían el art. 101 sección 1 TFUE[2] o art. 6 cláusula 1 de la Ley de competencia y protección del consumidor[3]puede considerarse legal en la situación actual. Los acuerdos de este tipo pueden beneficiarse de la exención individual prevista en el artículo 101 sección 3 TFUE o art. 8 cláusula 1 de la Ley de competencia y protección del consumidor. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las disposiciones de tales acuerdos anticompetitivos pueden "volverse" legales una vez que se hayan cumplido cuatro condiciones, es decir, contribuir a mejorar la producción, distribución de bienes o al progreso técnico o económico; proporcionar al comprador o usuario una parte adecuada de los beneficios de los acuerdos; necesidad; No hay posibilidad de eliminar la competencia en el mercado. Además, es responsabilidad del empresario demostrar el cumplimiento de las condiciones de exención individuales. Por lo tanto, independientemente de la situación dinámica, y también teniendo en cuenta el período de limitación de 5 años, es deseable recopilar todo tipo de evidencia (como datos de mercado y correspondencia) para poder demostrar en el futuro que era necesaria una forma particular de cooperación. La situación es similar en la situación de las prácticas unilaterales de los empresarios dominantes, que pueden, por ejemplo, durante la crisis suspender las entregas a sus clientes habituales.
Al mismo tiempo, las autoridades antimonopolio vigilan de cerca las actividades de los empresarios durante una situación de crisis. Por ejemplo, UOKiK inició procedimientos relacionados con la rescisión de contratos por parte de mayoristas que suministran a los hospitales equipos de protección (incluidas máscaras quirúrgicas). Según el comunicado de prensa, este tipo de terminación repentina de contratos podría haber tenido como objetivo obtener precios significativamente más altos de los clientes actuales (hospitales)[4]. Actualmente, UOKiK está analizando las actividades de dos mayoristas farmacéuticos. La autoridad investiga si ha habido una violación de la prohibición de prácticas que restringen la competencia (acuerdo anticompetitivo o abuso de una posición dominante). Además, UOKiK lanzó una línea directa especial para hospitales.
En segundo lugar, las autoridades públicas pueden obligar a algunos empresarios a actuar de forma anticompetitiva. Un buen ejemplo son las disposiciones del art. 11 párrafo 2-5 del acto especial polaco sobre COVID-19[5], que establecen las bases legales para emitir instrucciones vinculantes por parte del Primer Ministro o celebrar contratos por entidades no públicas, incluidos los empresarios. Algunos de estos tipos de medidas pueden ser de naturaleza restrictiva. Sin embargo, pueden aprovechar el llamado defensa de acción estatal, según el cual las acciones de empresarios forzados por las autoridades públicas no constituyen una infracción del art. 101 sección 1 o art. 102 TFUE y art. 6 cláusula 1 o 9 párrafos 1 de la Ley de competencia y protección del consumidor. Un buen ejemplo es la decisión del Primer Ministro de imponer a los sitios web de Allegro y OLX la obligación de dejar de vender algunos productos farmacéuticos y paramédicos. Sin embargo, recuerda esa doctrina la acción del estado - siendo una excepción a las prohibiciones generales establecidas en las disposiciones citadas - es interpretado estrictamente por los tribunales de la UE. Por lo tanto, en tales situaciones, se recomienda consultar a un asesor de derecho de la competencia.
La crisis asociada con COVID-19 puede conducir a un comportamiento que causa daño a los consumidores. Esto se aplica, entre otros, a:
negativa a reembolsar la remuneración prepaga por la prestación de servicios;
engañar a los consumidores en cuanto a las propiedades de algunos productos, por ejemplo, en términos de actividad antibacteriana;
elevando los precios de algunos productos.
En un anuncio oficial, UOKiK anunció que, de conformidad con las disposiciones pertinentes, los viajeros (clientes de agencias de viajes) tienen derecho a reembolso si se han visto obligados a renunciar al evento debido a circunstancias extraordinarias. La situación de los pasajeros (clientes de líneas aéreas) es ambigua debido a la falta de regulaciones específicas al respecto. Sin embargo, el presidente Tomasz Chróstny (UOKiK) expresó la expectativa de que "las aerolíneas también deben comportarse de manera responsable y monitorear la situación actual para evitar poner en peligro la salud de los pasajeros"[6]. No se puede descartar que UOKiK esté dispuesto a iniciar procedimientos contra empresarios que se negaron a reembolsar a los consumidores los costos de los servicios que en realidad no se prestaron durante la emergencia epidemiológica.
Con respecto a la información engañosa, dichas comunicaciones pueden constituir prácticas de mercado injustas que, de conformidad con el artículo 24 párrafo 2 punto 3 de la Ley de competencia y protección del consumidor, prácticas que infringen los intereses colectivos de los consumidores. La aplicación de este tipo de prácticas está sujeta a una sanción financiera de hasta el 10% del volumen de negocios anual de la empresa, que puede ser impuesta por UOKiK.
La situación más problemática está relacionada con los aumentos de precios. Aunque las autoridades antimonopolio generalmente se abstienen de interferir en las políticas de precios de los empresarios, UOKiK anunció que los aumentos injustos en los precios minoristas serán tratados como márgenes de carga contrarios a los principios de la convivencia social.[7]. Dicha clasificación legal puede dar lugar a la iniciación de procedimientos por parte de UOKiK con respecto a la violación de los intereses colectivos del consumidor. Por lo tanto, los minoristas deberían poder proporcionar evidencia de que era necesario un aumento de precios en la situación actual (por ejemplo, debido a un aumento en los precios de los productos básicos).
La situación actual es monitoreada de cerca por la Oficina de Competencia y Protección al Consumidor, que creó un equipo dedicado a combatir las prácticas comerciales desleales durante la crisis asociada con COVID-19. Por lo tanto, se debe esperar que UOKiK lleve a cabo procedimientos relacionados con tales prácticas en los próximos años.
El enfoque de UOKiK no es significativamente diferente de las actividades de las autoridades de protección de la competencia en Italia[8], Gran Bretaña[9] y Australia[10].
Ventaja del contrato
Dada la importancia de la cadena de suministro de alimentos durante la epidemia de COVID-19, las prácticas de los grandes empresarios (proveedores o compradores) contra los contratistas más débiles se pueden evaluar sobre la base de la llamada Ley de ventaja contractual[11]. De conformidad con el art. 6 de esta Ley, está prohibido utilizar injustamente la ventaja contractual, cuya prohibición se dirige tanto a proveedores como a compradores. La ventaja del contrato se ha definido como una desproporción significativa en el potencial económico de las partes. Hasta ahora, esta Ley ha sido utilizada por la Oficina de Competencia y Protección del Consumidor como una herramienta para combatir a los grandes empresarios acusados ​​de usar contratistas más pequeños, lo que ocurrió, por ejemplo, en las relaciones entre grandes procesadores de alimentos suministrados por agricultores individuales.[12] o relaciones entre cadenas de supermercados y proveedores más pequeños[13]. Teniendo en cuenta la situación causada por la epidemia de COVID-19 y la ambigüedad de los conceptos básicos de la Ley, UOKiK puede utilizar esta regulación, en particular para combatir aumentos significativos en los precios al por mayor o los precios de los productos básicos. Este tipo de enfoque también fue anunciado por el presidente de UOKiK en una declaración oficial[14].
Retenciones de pagos
A partir del 1 de enero de 2020, UOKiK obtuvo otra competencia, es decir, la posibilidad de llevar a cabo procedimientos contra empresarios que no liquiden pasivos en efectivo pagaderos en una situación en la que la suma del valor de los beneficios en efectivo no cubiertos y no pagados es de al menos 2 millones PLN en el período de 3 meses consecutivos[15]. UOKiK tiene el poder de imponer multas (proporcionales al valor del beneficio y la cantidad de interés) en caso de que el empresario se demore en el pago de los beneficios en efectivo. Sin embargo, en lo que respecta a la congestión derivada de COVID-19, el deudor puede alegar que el retraso fue causado por fuerza mayor. De conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo[16], no se puede imponer una multa administrativa en tales circunstancias. Sin embargo, el comerciante debería poder demostrar que el retraso fue causado por la epidemia de COVID-19.
[1]Por ejemplo, la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (Comisión Federal de Comercio) solo acepta solicitudes electrónicas (no se aceptan documentos en papel a partir del 17 de marzo de 2020). Ver: https://www.ftc.gov/news-events/blogs/competition-matters/2020/03/changes-bureau-procedure-during-covid-19-coronavirus
[2] Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO C 326 de 26.10.2012, pp. 47-390).
[3] Ley de 16 de febrero de 2007 sobre competencia y protección del consumidor (texto consolidado - Journal of Laws of 2019, artículo 369, enmendado).
[4] https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16260
[5] La Ley del 2 de marzo de 2020 sobre soluciones especiales relacionadas con la prevención, prevención y erradicación de COVID-19, otras enfermedades infecciosas y situaciones de crisis causadas por ellas (Journal of Laws of 2020, artículo 374).
[6] https://www.gov.uk/government/topical-events/coronavirus-covid-19-uk-government-response
[7] https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16322
[8] https://en.agcm.it/en/media/press-releases/2020/3/ICA-Coronavirus-the-Authority-intervenes-in-the-sale-of-sanitizing-products-and-masks
[9] https://www.gov.uk/government/topical-events/coronavirus-covid-19-uk-government-response
[10] https://www.accc.gov.au/consumers/consumer-rights-guarantees/covid-19-coronavirus-information-for-consumers
[11] Ley de 15 de diciembre de 2016 para contrarrestar el uso injusto de la ventaja contractual en el comercio de productos agrícolas y alimenticios (texto consolidado - Journal of Laws of 2019, artículo 517, enmendado).
[12] Por ejemplo, decisión UOKiK del 1 de octubre de 2019. RGB-15/2019; Decisión del Presidente de UOKiK del 5 de marzo de 2018 RGB-3/2018.
[13] https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15796
[14] Ver. nota al pie 7.
[15] Artículo 13 ter, párr. 2 de la Ley de 8 de marzo de 2013 sobre la prevención de demoras excesivas en las transacciones comerciales (texto consolidado - Journal of Laws of 2019, artículo 118, enmendado).
[16] Artículo 189e de la Ley de 14 de junio de 1960 - Código de Procedimiento Administrativo (texto consolidado - Journal of Laws of 2020, item 256, enmendado).
[1] REGLAMENTO (UE) No 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de julio de 2014 sobre identificación electrónica y servicios de confianza para transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93 / CE;
Además, en Polonia a partir del 7 de octubre de 2016, se aplica la Ley del 5 de septiembre de 2016 sobre servicios de confianza e identificación electrónica.
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COMPAÑÍAS5190
NEGOCIO4295
MONEDA4229
INTERCAMBIO E INVERSIONES3162
TRABAJO Y CARRERA2779
ECONOMÍA2697
Bloqueo, en cierto modo
Bebemos más y más vinos blancos.

References: artículo 1186
 artículo 293
 artículo 282
 Artículo 22
 artículo 14
 Artículo 6
 artículo 723
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 artículo 491
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