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Timestamp: 2019-11-13 23:12:43+00:00

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Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y León (Ley 11/1998, de 5 de diciembre) - Normativa de Castilla y León - Legislación - VLEX 72756108
SECCIÓN 1ª. Derecho a la protección de la salud y la seguridad - arts. 4 a 6
SECCIÓN 2ª. Derecho a la protección de los intereses económicos y sociales, y de la calidad de los bienes y servicios - arts. 7 a 9
SECCIÓN 3ª. Derecho a la información en materia de consumo - arts. 10 a 12
SECCIÓN 4ª. Derecho a la educación y formación en materia de consumo - art. 13
SECCIÓN 5ª. Derecho a la representación, consulta y participación - arts. 14 a 18
SECCIÓN 6ª. Derecho a la protección jurídica y administrativa, así como a la reparación o indemnización de daños y perjuicios - arts. 19 a 22
CAPÍTULO III. Infracciones y sanciones - arts. 23 a 28
CAPÍTULO IV. El procedimiento sancionador - arts. 29 a 32
CAPÍTULO V. Inspección - arts. 33 a 37
CAPÍTULO VI. Obligaciones de los administrados - art. 38
CAPÍTULO VII. Coordinación y colaboración entre Administraciones públicas - arts. 39 a 41
Norma citada en: 44 sentencias, 19 artículos doctrinales, 22 disposiciones normativas, 9 resoluciones administrativas
Ley 11/1998, de 5 de diciembre desarrollado por Decreto 39/2002, de 7 marzo, publicado en BO. Castilla y León el 13 de marzo de 2002.
Ley 11/1998, de 5 de diciembre desarrollado por Decreto 63/2004, de 10 junio, publicado en BO. Castilla y León el 16 de junio de 2004.
Ley 11/1998, de 5 de diciembre desarrollado por Decreto 109/2004, de 14 octubre, publicado en BO. Castilla y León el 20 de octubre de 2004.
La presente Ley, siguiendo el citado mandato constitucional, pretende establecer un marco jurídico adecuado para la defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que, siendo respetuoso con el modelo económico diseñado en los artículos 38, 128 y 139 de la Constitución y con las competencias que corresponden al Estado en materia civil, mercantil y procesal y sobre las bases de la sanidad y de la actividad económica general, amplíe, concrete y actualice aquellos aspectos de la defensa del consumidor que están necesitados de regulación, una vez transcurridos más de trece años desde la entrada en vigor de la Ley estatal 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios;
Ley que, no obstante, seguirá siendo de aplicación en aquellas materias que sean competencia exclusiva del Estado o constituyan normativa básica, como ha precisado el Tribunal Constitucional, entre otras, en la sentencia 15/1989, de 26 de enero.
La Ley, acorde con la autonomía otorgada constitucionalmente a las Entidades locales, respeta las competencias que éstas tienen en materia de defensa del consumidor, atribuidas por el artículo 25, apartados 2 y 3, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en el que se establece que los Municipios ejercerán las competencias en materia de defensa de los consumidores y usuarios en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. En este sentido, la presente Ley contiene los términos en los que las Corporaciones Locales deben promover y ejercer la protección de los consumidores en sus respectivos ámbitos territoriales, respetándose la plena capacidad de actuación que las mismas tienen ya atribuidas, y las responsabilidades propias derivadas del ejercicio de dichas competencias.
Igualmente, la Ley configura los instrumentos y medios para propiciar y posibilitar la coordinación y colaboración entre la Administración del Estado, las Corporaciones Locales y otras Comunidades Autónomas en el campo de la protección de los consumidores y usuarios.
CAPÍTULO II Derechos de los consumidores y usuarios Artículos 3 a 22
Los derechos que esta Ley reconoce a los consumidores y usuarios tienen carácter de irrenunciables.
Artículo 3 desarrollado por Decreto 36/2003, de 27 marzo, publicado en BO. Castilla y León el 2 de abril de 2003.
SECCIÓN 1ª Derecho a la protección de la salud y la seguridad Artículos 4 a 6
En orden a la protección de la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, las Administraciones públicas de Castilla y León en el ámbito de sus respectivas competencias vigilarán el cumplimiento de la normativa reguladora de los distintos bienes y servicios, y de modo especial:
Las condiciones y requisitos para la apertura de establecimientos e industrias y para el ejercicio de actividades.
Los productos alimenticios, en cuanto a los requisitos exigidos reglamentariamente sobre producción, elaboración, composición, manipulación, envasado, conser vación, transporte, comercialización, etiquetado e información al consumidor.
Los bienes destinados al cuidado personal y estético, los productos dietéticos y los cosméticos, respecto a las condiciones exigibles, adoptando las medidas necesarias para que los consumidores y usuarios estén informados sobre la composición, propiedades, condiciones y precauciones de uso.
Los productos tóxicos o peligrosos, para que se ajusten a los requisitos de composición, envasado y etiquetado, asegurando al consumidor o usuario una adecuada información sobre la composición, propiedades, condiciones de utilización y advertencias de peligrosidad.
Los productos manufacturados para que se ajusten a las disposiciones de seguridad previstas en sus normas de calidad y reglamentos aplicables, en relación con su composición, propiedades, envasado, etiquetado, instrucciones de uso, con particular previsión en productos dirigidos a los niños y en bienes de uso doméstico.
Los servicios relacionados con el suministro de gas, electricidad y combustible, agua potable, saneamiento y ascensores para que observen los requisitos de seguridad de las instalaciones y de los materiales, las condiciones de equipamiento y la capacidad técnica y autorizaciones exigibles a las personas o empresas que los presten.
La Administración de la Comunidad de Castilla y León colaborará con las demás Administraciones públicas competentes en el sistema de intercambio rápido de información para la detección de riesgos graves e inminentes de los productos de consumo, conforme a lo dispuesto en la legislación básica del Estado.
SECCIÓN 2ª Derecho a la protección de los intereses económicos y sociales, y de la calidad de los bienes y servicios Artículos 7 a 9
Sin perjuicio de lo establecido en las normas civiles y mercantiles, los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales en los términos previstos en esta Ley y las disposiciones que la desarrollen.
El fabricante, el importador o, en su caso, el responsable de la primera puesta en el mercado de los bienes de naturaleza duradera garantizará de acuerdo a la legislación vigente la existencia de un adecuado servicio técnico y el suministro de piezas de repuesto, incluidas las consumibles.
El contenido de la oferta, promoción y publicidad sobre bienes o servicios, conforme prevé la legislación vigente, podrá ser exigido por los consumidores y usuarios aunque no se corresponda con el reflejado en el contrato celebrado, o en el documento o comprobante recibido.
En la prestación de servicios, en la forma y con los requisitos que reglamentariamente se establezcan, el consumidor tendrá derecho a un presupuesto previo escrito.
Cuando los consumidores entreguen un bien o producto con el fin de realizar en ellos una reparación, verificación, comprobación, sustitución o cualquier otro tipo de intervención, el prestador del servicio deberá entregar un resguardo de depósito en el que figure, como mínimo, el depositante, la identificación del establecimiento o depositario, identificación del bien o producto depositado, operación a realizar, fecha de depósito y de entrega del bien o servicio.
En los bienes de naturaleza duradera los consumidores y usuarios tendrán derecho a la garantía, que incluirá la reparación y, en su caso, la sustitución del bien adquirido por otro o la devolución del precio pagado en los términos establecidos en la normativa vigente.
En los supuestos de reparaciones de bienes de naturaleza duradera, el prestador del servicio deberá facilitar al consumidor un resguardo de depósito de los bienes que se le entreguen para su reparación, se hallen o no en período de garantía, así como un justificante o factura de la reparación efectuada. Igualmente entregará al consumidor el documento de garantía de las reparaciones que efectúe, en el que constará el objeto de la reparación, el garante, el titular de la garantía y sus derechos y el plazo de garantía, que no podrá ser inferior a tres meses desde la recepción por el consumidor del bien reparado.
El plazo de garantía mínimo, previsto para las garantías de venta y de reparación de bienes de naturaleza duradera, podrá ser ampliado o reducido, mediante la oportuna disposición reglamentaria, para bienes o productos concretos cuya naturaleza aconseje la modificación del mismo.
El transcurso del plazo de garantía se entenderá suspendido durante el período de tiempo que duren las reparaciones efectuadas al amparo de la garantía. En el caso de reposición o sustitución del bien adquirido por otro, se renovará el plazo de garantía.
Las Administraciones Públicas en el ámbito de sus respectivas competencias adoptarán las medidas necesarias destinadas a conseguir los siguientes objetivos:
El cumplimiento de las normas de calidad en los productos y bienes ofertados a los consumidores.
La adecuada prestación de los servicios ofertados.
La exactitud en el peso, número y medida de los bienes y productos que se suministren o expendan.
La transparente información y la correcta aplicación de los precios de los bienes y servicios ofertados, al contado o a plazos.
Que se entregue al consumidor y usuario, cuando sea preceptivo, el correspondiente contrato, factura, billete, presupuesto, resguardo de depósito, justificante de la operación o transacción realizada, así como las hojas de reclamaciones.
Que se facilite al consumidor y usuario, conforme a la legislación aplicable, garantía de los bienes de naturaleza duradera, servicios técnicos de reparación y repuestos o recambios.
Que la oferta, promoción y publicidad de los bienes y servicios se lleve a cabo de forma que no pueda engañar o inducir a engaño sobre sus características o condiciones, cualquiera que sea el soporte utilizado y el lugar en que se realice.
Que el consumidor o usuario no sea discriminado injustificadamente en la adquisición de productos y en la prestación de servicios.
Que se cumplan las prescripciones legalmente establecidas para la protección del consumidor en la regulación sobre ofertas comerciales, actividades de promoción de ventas, ventas especiales y otras modalidades de oferta y venta.
En general, el cumplimiento de las normas reguladoras de los distintos bienes y servicios.
Los poderes públicos velarán para que las cláusulas generales y las que no hayan sido negociadas individualmente se hallen redactadas con concreción, claridad y sencillez y cumplan los principios de buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que excluye la utilización de cláusulas abusivas.
Las Administraciones públicas que prestan servicios a los consumidores o usuarios a través de empresas públicas o privadas aprobarán previamente las cláusulas y condiciones generales que regirán la contratación con los consumidores, velando por la buena fe y el justo equilibrio de las contraprestaciones.
Las autoridades competentes vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que establecen la obligación de incluir en los contratos de adhesión menciones dirigidas a la protección de los consumidores y usuarios.
SECCIÓN 3ª Derecho a la información en materia de consumo Artículos 10 a 12
Los consumidores y usuarios tienen derecho a recibir de los sujetos y agentes responsables de los bienes y servicios una información veraz, objetiva y suficiente sobre el precio, las condiciones de contratación y las características esenciales o relevantes de los bienes y servicios puestos a su disposición, que les permita realizar una elección racional y una utilización segura y satisfactoria de los mismos.
Toda la información legalmente exigible figurará al menos en lengua castellana.
La obligación de informar será exigible a los sujetos responsables de la producción, comercialización, distribución y venta de productos, bienes y servicios.
Que la publicidad e información dirigida a los consumidores y usuarios, no contenga elementos falsos o engañosos, ni silencie datos fundamentales, induciendo a error a sus destinatarios y no permitiéndoles una elección consciente y racional de los bienes y servicios ofertados, especialmente, en las ventas a distancia, mediante catálogo, por correo y fuera de establecimiento mercantil. A estos efectos, el órgano administrativo competente podrá requerir de oficio al anunciante para que aporte las pruebas relativas a la exactitud de los datos materiales contenidos en la publicidad, pudiendo ser considerados los datos de hecho como inexactos, cuando no se aporten los elementos de prueba o éstos se estimen insuficientes.
Que el etiquetado y marcado de los productos incluya toda la información legalmente establecida.
Que se informe a los consumidores y usuarios, por los medios que resulten apropiados o estén previstos reglamentariamente, de los requisitos y condiciones de la prestación de todo tipo de servicios y de los mecanismos de protección del consumidor.
Que los precios y tarifas de los bienes y servicios, así como la información sobre medios y forma de pago, se expongan y faciliten de forma adecuada, cualquiera que sea el sistema de venta de los bienes o de prestación de los servicios.
Que la documentación que, según las distintas normas aplicables, deba ser entregada a los consumidores y usuarios como justificantes de la transacción realizada incluya toda la información legalmente exigible para la protección de sus legítimos intereses.
Que en la oferta, promoción y publicidad sobre viviendas, se facilite a los consumidores información sobre sus características constructivas, su precio o coste y forma de pago, la garantía de la vivienda, la garantía de las cantidades entregadas a cuenta y los demás datos establecidos reglamentariamente para la protección de los consumidores y usuarios.
Que en la compraventa de vehículos se ponga a disposición de los consumidores información documental sobre sus características, precio de venta y forma de pago, plazo de entrega, garantía y demás requisitos previstos reglamentariamente.
Que en las operaciones de crédito los anuncios y ofertas dirigidas a los consumidores se adecuen a las normas sobre publicidad, se facilite a éstos la reglamentaria información documental y se les entregue el contrato o proyecto de documento contractual, según lo dispuesto en la legislación vigente.
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán y promoverán campañas informativas y de divulgación sobre las normas que regulan las características y la comercialización de bienes y servicios, encaminadas a un mejor conocimiento de las mismas por parte de los consumidores y empresarios. Igualmente promoverán programas de información sobre los derechos de los consumidores, prestando especial interés a aquellos colectivos que se encuentren en situaciones de inferioridad o indefensión, como niños, ancianos o discapacitados.
La Junta de Castilla y León, en colaboración, en su caso, con las Corporaciones Locales y las organizaciones de consumidores y de empresarios, a fin de proporcionar una mayor y más adecuada información al consumidor, desarrollará las siguientes actividades:
El fomento de la utilización de etiquetado informativo complementario que, conforme a la normativa vigente, tenga carácter voluntario, como la información nutricional o ecológica y las especificaciones sobre ruido en los aparatos de uso doméstico.
La difusión de los derechos de los consumidores y de estudios sobre la calidad de productos y servicios, las formas de producción y comercialización y los hábitos de consumo.
La promoción de campañas informativas sobre los derechos del consumidor en los medios de comunicación.
SECCIÓN 4ª Derecho a la educación y formación en materia de consumo Artículo 13
Los consumidores y usuarios tienen derecho a recibir educación y formación adecuada en materia de consumo, que les permita conocer sus derechos y la forma de ejercerlos.
Las Administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias organizarán, promoverán e incentivarán programas de educación y formación.
A tal fin desarrollarán las siguientes actividades:
Divulgar el conocimiento de los derechos de los consumidores y usuarios y los instrumentos de protección de estos derechos, con especial atención a la infancia, la tercera edad y la población de los núcleos rurales, procurando una adecuada formación en materia de prevención de riesgos en el consumo de productos y de fraudes en la prestación de servicios.
Potenciar la formación del personal integrante de las Organizaciones de consumidores y de las Administraciones públicas con competencias en materia de consumo.
Fomentar en los empresarios los conocimientos en consumo en el ámbito de su actividad.
Capacitar al personal docente en materia de consumo.
Favorecer en las organizaciones y movimientos juveniles, de protección a la infancia, de personas mayores y de apoyo a personas discapacitadas las acciones dirigidas a la información, formación y defensa de los consumidores y usuarios.
Elaborar y publicar material didáctico de apoyo a la labor educativa y formativa en materia de consumo.
La Junta de Castilla y León, en el marco de sus competencias, incluirá la formación para el consumo en todos los niveles de la enseñanza, promoviendo la educación para el consumo en los centros escolares.
SECCIÓN 5ª Derecho a la representación, consulta y participación Artículos 14 a 18
Los consumidores y usuarios tienen derecho a constituirse, de conformidad con la legislación vigente, en asociaciones y organizaciones para la representación y defensa de sus intereses.
A los efectos de la presente Ley tienen la consideración de asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios de Castilla y León las entidades sin finalidad de lucro constituidas legalmente para la información, educación y defensa de los consumidores.
Asimismo, se considerarán organizaciones de consumidores y usuarios las entidades constituidas con arreglo a la legislación cooperativa que cumplan las siguientes condiciones:
Incluir en sus Estatutos, como objeto social, la información, educación y defensa de los consumidores.
Constituir, conforme a su legislación específica, un fondo integrado como mínimo por el 15 por 100 del excedente neto de cada ejercicio económico, destinado exclusivamente al objeto social señalado en el apartado a).
Las Administraciones públicas de Castilla y León fomentarán el asociacionismo de consumidores y usuarios como cauce adecuado de representación, consulta, participación y ejercicio efectivo de sus derechos.
Las asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios de Castilla y León podrán recibir ayudas de la Junta de Castilla y León en los términos que reglamentariamente se establezcan, siempre que figuren inscritas en el Registro de Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Castilla y León y destinen los medios de ayuda y colaboración que reciban a la exclusiva protección de los consumidores y usuarios. Las organizaciones inscritas en el Registro de Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Castilla y León podrán explicitarlo así en sus documentos.
Las asociaciones y organizaciones de consumidores podrán acceder a los beneficios establecidos en la legislación específica sobre el voluntariado, pudiendo constituir la protección del consumidor una de sus tareas de intervención.
Las asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios de Castilla y León tendrán representación, en los términos que reglamentariamente se establezca, en los organismos públicos de la Comunidad Autónoma cuyas actividades puedan afectar a sus derechos e intereses.
Las Asociaciones de Consumidores y Usuarios podrán participar en el Sistema Arbitral de Consumo como representantes de los consumidores, en la forma prevista en las disposiciones vigentes.
Las asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios de Castilla y León serán oídas en consulta en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general de esta Comunidad Autónoma que afecten directamente a los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.
Será preceptiva la audiencia de las asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios, a través del Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y León, en los siguientes casos:
En la elaboración de reglamentaciones sobre bienes y servicios de uso y consumo.
En el procedimiento de elaboración de ordenanzas municipales sobre bienes o servicios destinados a los consumidores y usuarios.
En el procedimiento de aprobación de precios y tarifas de bienes y servicios sometidos al control de las Administraciones Públicas.
En la aprobación de los modelos de contrato de prestación de servicios a los consumidores y usuarios cuando estos servicios sean realizados por las Administraciones Públicas a través de empresas públicas o privadas concesionarias.
En los casos en que una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.
SECCIÓN 6ª Derecho a la protección jurídica y administrativa, así como a la reparación o indemnización de daños y perjuicios Artículos 19 a 22
Las Administraciones Públicas de Castilla y León con competencias en materia de consumo podrán crear servicios u oficinas públicas de información y protección al consumidor, en las que se informe a los consumidores sobre el ejercicio de sus derechos y se reciban y resuelvan sus denuncias o reclamaciones.
Recibir y resolver las reclamaciones y denuncias que presenten, salvo en los supuestos que su resolución, por razones de competencia material o territorial, corresponda a otro organismo, en cuyo caso se remitirá al organismo competente.
CAPÍTULO III Infracciones y sanciones Artículos 23 a 28
Las infracciones en materia de consumo serán objeto de sanción administrativa previa instrucción del oportuno expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.
Cuando a juicio de la Administración competente las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, dará traslado al Ministerio Fiscal y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador. Las medidas administrativas precautorias o cautelares que se hubieran adoptado se mantendrán hasta tanto la autoridad judicial se pronuncie sobre las mismas. La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa. Si no se hubiera estimado la existencia de delito o falta, la Administración podrá continuar el expediente sancionador con base, en su caso, en los hechos que el órgano judicial haya considerado probados.
El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones de carácter sanitarios.
Las acciones y omisiones que produzcan o puedan producir algún riesgo o daño para la salud de los consumidores y usuarios.
El incumplimiento o transgresión de los requerimientos que formulen las autoridades sanitarias para situaciones específicas a fin de evitar contaminaciones u otro tipo de circunstancias que puedan ser gravemente perjudiciales para la salud pública.
La alteración, adulteración o fraude en la calidad o cantidad de toda clase de bienes o servicios susceptibles de consumo.
La oferta, promoción, publicidad o información falsa o engañosa de bienes o servicios.
El incumplimiento de las normas que prohiben la utilización de cláusulas abusivas.
La negativa a satisfacer las demandas del consumidor o usuario, cualquiera que sea su nacionalidad o lugar de residencia, cuando su satisfacción esté dentro de las disponibilidades del empresario, o su contenido se corresponda con la oferta o publicidad realizada, así como cualquier forma de discriminación con respecto a las referidas demandas, salvo cuando las diferencias en las condiciones de acceso a los bienes o servicios esté justificada por criterios objetivos.
El incumplimiento de las normas sobre precios autorizados, publicidad de precios y facturación, la ocultación al consumidor de parte del precio mediante las formas de pago, o cualquier tipo de intervención o actuación ilícita que suponga un incremento de los precios de bienes y servicios.
La negativa a entregar al consumidor o usuario factura o comprobante de la operación, ejemplar del contrato suscrito por el consumidor o usuario, documento de garantía de los bienes de naturaleza duradera, resguardo de depósito, o cualquier otro tipo de documento exigido reglamentariamente para la protección de los consumidores, así como la negativa a facilitar al consumidor o usuario las hojas de reclamaciones en los casos en que sea preceptivo.
El incumplimiento de las normas sobre autorizaciones, registros y documentación, establecidos como requisitos para el ejercicio de la actividad o como garantía para la protección de los consumidores y usuarios.
El incumplimiento de las disposiciones sobre normalización, envasado, etiquetado, publicidad e información de toda clase de bienes y servicios.
El incumplimiento de las disposiciones reguladoras del almacenamiento, conservación, transporte y condiciones de venta o suministro de bienes.
El incumplimiento del contenido de la garantía o de sus normas reguladoras.
El incumplimiento de las disposiciones que regulan la prestación de servicios.
El incumplimiento de las normas sobre seguridad en cuanto afecten o puedan suponer un riesgo para el consumidor o usuario.
El incumplimiento de la obligación de informar a los consumidores, a requerimiento de las autoridades competentes, de los bienes o productos objeto de medidas de retirada del mercado.
La obstrucción, resistencia o negativa a suministrar datos a los funcionarios inspectores y, en general, a facilitar las funciones de información, vigilancia e inspección y la adopción de medidas cautelares.
La falta de remisión al órgano administrativo competente de cuantos datos o documentos deban presentarse. A estos efectos, se entenderá que hay falta de remisión cuando la misma no se produzca dentro del plazo concedido por el órgano competente al reiterar el requerimiento.
El suministro de información o documentación inexacta o falsa.
La manipulación, traslado o disposición de la mercancía cautelarmente intervenida o retirada del mercado por las autoridades competentes.
Artículo 24, apartado 7, modificado por el Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 26 de Diciembre de 2009.
Artículo citado en: 10 sentencias, un artículo doctrinal, 3 disposiciones normativas, 4 resoluciones administrativas
Las infracciones a la presente Ley podrán calificarse como leves, graves y muy graves.
Son infracciones leves las previstas en el artículo anterior, cuando no puedan calificarse como graves o muy graves de acuerdo con lo previsto en los apartados siguientes.
Son infracciones graves las contempladas en el artículo 24, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
Grave riesgo creado para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios.
Grave perjuicio económico causado a los consumidores y usuarios.
Gran número de consumidores y usuarios afectados.
Importancia económica del beneficio obtenido como consecuencia de la comisión de la infracción.
Reincidencia en la comisión de infracciones leves de la misma naturaleza en el término de un año.
Son infracciones muy graves las previstas en el artículo 24, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
Negligencia grave o intencionalidad de la que derive un grave riesgo para la salud o un grave perjuicio económico, siempre que el riesgo para la salud o el perjuicio económico afecten a un número considerable de consumidores o usuarios.
Reincidencia en la comisión de infracción grave de la misma naturaleza en el término de un año.
Serán sujetos responsables de las infracciones, aún a título de simple inobservancia, las personas físicas o jurídicas que participen o incurran en las mismas, tanto por acción como por omisión.
En particular, se considerarán responsables, salvo prueba que acredite la responsabilidad de un tercero:
De las infracciones cometidas en productos envasados o etiquetados, el fabricante, envasador o vendedor que figure en el envase o etiqueta.
De las infracciones cometidas en productos que carezcan de etiquetado, en la etiqueta no conste la identificación de la empresa, o se vendan a granel, el tenedor de los mismos.
De las infracciones cometidas en la prestación de servicios, la persona física o jurídica con la que contrató el consumidor la prestación del servicio o la que resulte legalmente obligada.
Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2, se considerará que comete infracción el que intencionadamente o por negligencia distribuya, suministre o venda bienes de consumo que incumplan las normas sobre etiquetado.
En el supuesto de infracciones cometidas en productos procedentes de otros países de la Unión Europea, o de Estados que no formen parte de ésta, se considerará responsable a la persona física o jurídica que en primer lugar introduzca o ponga en circulación el producto en el mercado.
Igualmente incurrirán en responsabilidad administrativa en los supuestos de infracciones cometidas por personas jurídicas, quienes actúen como directivos u órgano rector de la persona jurídica, o en representación legal o voluntaria de la misma, siempre que hubieran participado en los hechos.
Las infracciones a la presente Ley serán sancionadas de la forma siguiente:
Las infracciones leves, con multas de 25.000 pesetas hasta 750.000 pesetas.
Las infracciones graves, con multas desde 750.001 pesetas hasta 2.500.000 pesetas.
Las infracciones muy graves, con multa desde 2.500.001 pesetas hasta 100.000.000 de pesetas. En este caso, podrá acordarse el cierre temporal de la empresa, establecimiento o industria infractora por un período máximo de cinco años.
Las cuantías señaladas anteriormente podrán ser revisadas y actualizadas periódicamente por la Junta de Castilla y León, teniendo en cuenta la variación de los índices de precios al consumo.
Las sanciones previstas en el apartado 1 se graduarán con arreglo a los siguientes criterios:
Capacidad económica del infractor o posición de dominio en algún sector del mercado.
Beneficio económico obtenido como consecuencia de la comisión de la infracción.
La reparación de los perjuicios causados como consecuencia de la infracción.
Número de consumidores o usuarios afectados
El tipo de consumidor al que va destinado el producto o servicio, en razón de la situación de inferioridad o indefensión en que pueda encontrarse el consumidor, individual o colectivamente, y en concreto a los colectivos referidos en el artículo 19.2 de la presente Ley.
La autoridad a quien corresponda resolver el expediente podrá acordar, como sanción accesoria, el decomiso de la mercancía adulterada, deteriorada, falsificada, fraudulenta, no identificada o etiquetada, o que pueda entrañar riesgo para el consumidor o usuario.
Dicha autoridad determinará el destino final que deba darse a las mercancías decomisadas, que deberán destruirse si su utilización o consumo constituyera peligro para la salud pública.
CAPÍTULO IV El procedimiento sancionador Artículos 29 a 32
CAPÍTULO V Inspección Artículos 33 a 37
Acceder libremente y sin previo aviso a los establecimientos, oficinas e instalaciones de las empresas donde se producen, elaboran, almacenan, distribuyen o venden bienes o se prestan servicios.
Acceder a la información y documentación industrial, mercantil y contable, cualquiera que sea su soporte, de las empresas que inspeccionen, cuando lo consideren necesario en orden a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones sobre protección al consumidor.
Solicitar la comparecencia en las oficinas públicas de los empresarios o profesionales en los casos en que desarrollen su actividad en el domicilio particular, o no dispongan de un local comercial.
Practicar la toma de muestras de los bienes o productos.
Adoptar las medidas previstas en los artículos 6 y 32, bien a instancia de la autoridad competente, bien por propia iniciativa, en cuyo caso se procederá a su ratificación o levantamiento por el órgano competente.
Requerir cuanta información o documentación estimen necesaria para cerciorarse del correcto cumplimiento de la legislación vigente en materia de defensa del consumidor.
Realizar cualquier otro acto de investigación o examen que juzguen necesario para verificar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor.
Solicitar la colaboración de otras autoridades y el apoyo de los Cuerpos de Seguridad en los supuestos de obstrucción, resistencia o negativa a facilitar las labores de inspección.
Informar y asesorar a los empresarios y profesionales para un mejor conocimiento y cumplimiento de la normativa vigente.
En el ejercicio de sus funciones los inspectores están obligados a identificarse y, cuando le sea solicitado, exhibir las credenciales de su condición.
Los inspectores tienen estricta obligación de cumplir el deber de secreto y sigilo profesional. El incumplimiento de este deber será sancionado conforme a los preceptos disciplinarios que les sean de aplicación.
Las actuaciones inspectoras se llevarán a cabo en el marco competencial previsto en la normativa sobre defensa de los consumidores y usuarios y las disposiciones que la desarrollen.
CAPÍTULO VI Obligaciones de los administrados Artículo 38
Suministrar los datos e información que les sean solicitados sobre la identidad del compareciente, la titularidad de la empresa, las actividades que desarrollen, las características de las instalaciones o locales, los pro veedores y distribuidores, los productos elaborados o comercializados y los servicios prestados.
Conservar la documentación exigida por la normativa vigente en los plazos previstos en la misma.
Exhibir y facilitar copias de la documentación, cualquiera que sea su soporte, sobre autorizaciones y registros, controles de calidad, transacciones comerciales llevadas a cabo y precios aplicados, folletos publicitarios y cuanta documentación se estime relevante.
Permitir que se practiquen tomas de muestras, inmovilizaciones cautelares, decomisos de productos y retirada del mercado de las mercancías que elaboren, distribuyan, almacenen o comercialicen, así como el cierre o suspensión de funcionamiento de los establecimientos, instalaciones o servicios.
Firmar el acta formulada por los inspectores, como mera constancia de la visita efectuada, sin perjuicio de las observaciones que el compareciente pueda efectuar en la misma en defensa de sus intereses. La firma del acta no implicará la aceptación del contenido del acta.
Colaborar en la retirada del mercado de productos que supongan riesgo para la salud y seguridad.
Facilitar a la inspección los medios que tengan a su disposición para permitir las labores de comprobación, control e inspección.
Y, en general, permitir y facilitar las labores y funciones de inspección.
CAPÍTULO VII Coordinación y colaboración entre Administraciones públicas Artículos 39 a 41
La coordinación y colaboración entre la Administración Autonómica y la de las Corporaciones Locales en materias previstas en esta Ley se instrumentará a través de la Comisión de Cooperación de Consumo, en la que participarán la Junta de Castilla y León y las Corporaciones Locales en la forma que reglamentariamente se establezca.
Serán funciones de la Comisión de Cooperación de Consumo las siguientes:
Estudiar y analizar las situaciones y problemas que puedan plantearse a los consumidores y usuarios de Castilla y León.
Programar y coordinar las campañas informativas sobre bienes y servicios de consumo y las actividades de los servicios u oficinas de información y protección al consumidor existentes en la Comunidad.
Estudiar, proponer y analizar la programación y ejecución de actividades inspectoras y las derivadas de los sistemas de intercambio rápido de información sobre productos peligrosos.
Estudiar y armonizar criterios sobre las actividades de las Juntas Arbitrales de Consumo, los Consejos Municipales de Consumo y sobre la elaboración de Ordenanzas Municipales que afecten a los ciudadanos en su calidad de consumidores y usuarios.
Intercambiar información sobre autorizaciones y ceses de empresas y establecimientos, actuaciones inspectoras, expedientes sancionadores, denuncias y laudos arbitrales, elaborando estudios sobre dichas cuestiones.
Fomentar y hacer propuestas sobre la participación de las asociaciones de consumidores en las actividades municipales y regionales de consumo.
Proponer la elaboración de normas de consumo.
Planificar las acciones de formación del personal de las Administraciones públicas dedicado a la defensa de los consumidores y usuarios.
Artículo 40.1 desarrollado por Decreto 20/2004, de 22 enero, publicado en BO. Castilla y León el 28 de enero de 2004.
Con el fin de salvaguardar la seguridad y la salud públicas, así como para garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, requerirán autorización administrativa previa el establecimiento, en Castilla y León, de laboratorios y centros para la realización de análisis y pruebas de calidad sobre productos y bienes de consumo. El procedimiento para la solicitud y posterior concesión de tal autorización se establecerá reglamentariamente.
Dichas razones imperiosas de interés general exigen el régimen de autorización administrativa establecido en la Ley, que será aplicable tanto a los prestadores establecidos en el resto del territorio español como a los prestadores de servicios establecidos en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, sin discriminación alguna por razón de la nacionalidad o lugar de ubicación del domicilio social.
Disposición Adicional Quinta, modificada por el Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 26 de Diciembre de 2009.
DECRETO 2/1984 de 11 de enero, por el que se regula la coordinación de las competencias, servicios y recursos de la Junta de Andalucía en materia de Protección Civil.

References: artículo 25

Artículo 3
 Artículo 13

Artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 19
 Artículo 38

Artículo 40