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Timestamp: 2018-09-22 03:14:49+00:00

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Acuerdo y Sentencia 0069/2017 Tribunales de Apelación
ACUERDO Y SENTENCIA T.A. CIVIL Y COMERCIAL 4ª SALA Nº 69/17
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 31 días del mes de julio del año dos mil diecisiete, estando reunidos en la Sala de Acuerdos del Excelentísimo Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala, los señores Miembros Dres. GIUSEPPE FOSSATI LÓPEZ., RAÚL GÓMEZ FRUTOS y ARNALDO MARTÍNEZ PRIETO, bajo la presidencia del primero de los nombrados y por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado como más arriba se menciona, a fin de resolver los recursos de nulidad y apelación interpuesto por el Abg. Jaime Peña, en representación de TOKYO MOTORS S.A., contra la S.D. N° 239 del 25 de abril de 2016 y su aclaratoria S.D. N° 392 del 02 de junio de 2016, dictada por la Jueza de Primera Instancia del Noveno Turno.
EN SU CASO, SE DICTO CONFORME A DERECHO?.
Practicado el sorteo de ley resultó el siguiente orden de votación: GÓMEZ FRUTOS, MARTÍNEZ PRIETO y FOSSATI LÓPEZ.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL DR. RAÚL GÓMEZ FRUTOS DIJO: Planteada la nulidad y efectuados los controles formales de manera minuciosa en el fallo en revisión, no se encuentran vicios que ameriten la declaración de nulidad, por lo que corresponde declarar desierto el recurso de nulidad. Los demás argumentos deberán estudiarse en el recurso de apelación, ya que esta sentencia, no padece de ningún vicio formal a tenor del art. 404 del C.P.C.. que pudiera ameritar la declaración de nulidad, en consecuencia el recurso de nulidad debe desestimarse. ASÍ VOTO.
A SU TURNO, EL DR. MARTÍNEZ PRIETO DUO: El recurrente ha invocado dos potenciales vicios nulificantes consistentes en una supuesta indefensión de su parte y en un vicio de congruencia de la sentencia. En cuanto al primer argumento, dice que todas las notificaciones, desde la del traslado de la demanda hasta la de la sentencia definitiva, se encuentran afectadas de nulidad y que, por tanto se habría violado el derecho a la defensa de su parte, dejándola en un estado de indefensión absoluto. Respecto de lo otro, arguye que el inferior incurrió en incongruencia por extra petición al declarar la resolución del contrato de Compraventa entre Tokyo Motors S.A. y Julio Rolando Alcaraz, pues la misma no forma parte de las pretensiones incoadas por el accionante.
Sabido es que el recurso de nulidad, conforme con el art. 404 del Cód. Proc. Civ., se da contra las resoluciones dictadas en violación de la forma y solemnidades previstas por las leyes. Luego, en materia de nulidades nuestro derecho procesal sostiene el principio según el cual todas las nulidades procesales son relativas, es decir, no es procedente la declaración de nulidad sin un perjuicio que sea resultado de la misma.
En nuestro sistema jurídico, los únicos errores de procedimiento a los cuales alcanza el planteo de nulidad -implícito dentro del recurso de apelación- son los relativos a la construcción de la sentencia; no así los referidos al procedimiento anterior, para los cuales está previsto el incidente de nulidad. En efecto, el recurso de nulidad no constituye la vía idónea para impugnar aquellas irregularidades que afecten a los actos procesales que precedieron al dictado de la resolución. La parte que se considerare afectada debe interponer el remedio procesal adecuado, en el momento procesal oportuno, para subsanar el vicio que alegare, y no invocar, de forma tardía, aquellos vicios en una instancia diversa en la cual se ha producido. La Alzada sólo puede entender al respecto de tales vicios si es apelada la resolución que acoge o deniega la incidencia de nulidad. Es, pues, ello cuanto ha acaecido en el caso de marras, donde se encuentra firme el rechazo del incidente de nulidad planteado por Tokyo Motors S.A. -A.I. N°011 de fecha 20 de febrero de 2014, que confirma el A.I. N° 887 de fecha 27 de junio de 2013, dictado por este Tribunal (fs. 189). Entonces, no se puede volver a realizar un examen respecto de la configuración o no de los distintos presupuestos de nulidad de varios actos procesales llevados a cabo en la instancia inferior puesto que: a) existe ya cosa juzgada respecto de la incidencia; y, b) por no ser el recurso de nulidad la vía idónea para tal menester. En esta tesitura, el primer agravio de nulidad invocado debe ser desestimado.
En cuanto al supuesto vicio de incongruencia, el art. 15 del Cód. Proc. Civil expresa: “Son deberes de los Jueces, sin perjuicio de lo establecido en el Código de Organización Judicial:... ...b) fundar las resoluciones definitivas e interlocutorias, en la Constitución y en las leyes, conforme a la jerarquía de las normas vigentes y al principio de congruencia, bajo pena de nulidad...”. A su vez, el art. 159 del Cód. Proc. Civ. expresa: “La sentencia definitiva de primera instancia, destinada a poner fin al litigio, deberá contener además:... ...e) la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por la ley, declarando el derecho de los litigantes, y, en consecuencia, condenado o absolviendo de la demanda o reconvención, en su caso, en todo o en parte".
El principio de congruencia referido a la nulidad de las resoluciones impone la exigencia de que exista identidad entre la materia, partes y hechos de una litis, y lo resuelto por la decisión jurisdiccional que la dirime. En este sentido, será nula, por violación de este principio, la sentencia que exceda cualitativa o cuantitativamente el objeto de la pretensión, o se pronuncie sobre cuestiones no incluidas en la pretensión de una de las partes, o que no trate un hecho invocado por una de ellas. Debemos recordar que la congruencia hace relación con la estructura de la resolución y también con la estructura formal del proceso y, consecuentemente, el vicio de incongruencia descalifica como acto jurisdiccional válido a la resolución judicial que la padece.
En el caso que nos ocupa, el nulidicente arguye que la a quo incurrió en el vicio de incongruencia al recalificar la pretensión del accionante -planteada como “repetición de pago”- y hacer lugar a la demanda de resolución de contrato e indemnización de daños.
Para abordar los agravios del recurrente, debemos principiar por recordar la distinta operatividad que tienen los recursos de nulidad y apelación. Por un lado, el recurso de nulidad tiene por fin subsanar los vicios incurridos por parte del juzgador en el proceso de formulación de una determinada resolución judicial. Como es bien sabido, las resoluciones judiciales son una especie de instrumentos públicos que, como tales, deben cumplir con las reglas propias de su género y su especie, es decir, con las reglas comunes a todos los instrumentos públicos y con las propias de las resoluciones judiciales. El recurso en cuestión tiene por fin la revisión del cumplimiento de estas solemnidades que hacen a la estructura de la resolución, y, a su vez, la subsanación de las mismas, en aquellos supuestos en que se las omitiera totalmente o se las realizara de forma deficiente. Por otro lado, el recurso de apelación tiene por fin corregir los errores de juicio en que pudiese incurrir el juzgador, vale decir, los errores en la apreciación de hecho o en la aplicación de derecho. De esta manera quedan configurados estos dos recursos procesales en nuestro ordenamiento procesal; el de nulidad para las cuestiones formales de las resoluciones y el de apelación para las cuestiones de fondo.
En el caso de mitos, como se vio, la parte demandad alego que la concepción del juzgador respecto de la acción intentada era incorrecta. Dicho argumento no se refiere a vicios que podrían afectar las formalidades extrínsecas de la resolución causando su patología, sino a defectos que hacen a la apreciación de hecho y aplicación del derecho por parte del inferior, esto es, al recto juzgamiento del asunto, por lo que los mismos no son susceptibles de revisión en esta sede, y deben ser tratados en sede de apelación.
Por lo demás, se advierte que la inferior, bien o mal, ha fundado el porqué de la recalificación de la pretensión de la actora, de conformidad con las facultades que le confiere el art. 159, inc. e), y se ha expedido específicamente respecto de los distintos rubros reclamados por la accionante. De esta manera, no se colige que exista violación al principio de congruencia que amerite la declaración nulidad.
No advirtiéndose otros vicios o defectos que den pie a la declaración oficiosa de nulidad de la sentencia recurrida, corresponde que el recurso de nulidad interpuesto sea desestimado.
A SU TURNO, el Dr. FOSSATI LÓPEZ manifestó adherirse al voto del Dr. Martínez Prieto, por compartir los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL DR. GÓMEZ FRUTOS DIJO: Por la sentencia apelada, S.D. N° 239 del 25 de abril de 2016 y su aclaratoria S.D. N° 392 del 02 de junio de 2016, la a quo resolvió: “...HACER EFECTIVO el apercibimiento decretado en autos y en consecuencia TENER por confesa a la demandada de conformidad al pliego de posiciones obrante a fs.108 (bis) de autos. HACER LUGAR a esta demanda recalificada como de indemnización de daños y perjuicios por resolución de contrato que promoviera el señor JULIO ROLANDO ALCAHAZ YANHO contra la firma TOKIO MOTORS S.A., declarar la resolución del contrato de compra venta firmado entre las partes en fecha 07 de diciembre del año 1997, y en consecuencia condenar a la firma TOKYO MOTORS S.A. a abonar en concepto de indemnización por daños y perjuicios la suma de GUARANÍES CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE (Gs. 181.098.920). Más sus intereses calculados al 2,5 % mensual desde la fecha de promoción de esta acción hasta la fecha del efectivo pago, dentro del plazo de diez (10) días de quedar ejecutoriada la presente resolución. IMPONER las costas a la parte demandada. ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia. Ante mí... ”. “ACLARAR la S.D. N° 239 del 25 de abril de 2016, conforme a los términos del exordio de la presente resolución. ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia...".
A fs. 214/219 el abogado JAIME R. PEÑA ESPINOLA con Mat. 2388, expresa sus agravios contra el fallo en recurso. Analizado el escrito referido, las críticas expuestas giran en tomo a la argumentación y lógica del criterio que utilizó el A-quo respecto a las leyes subsumidas en el caso de autos para sentencia, no considera que sean ellas las aplicables, solo extrapetita. Con estos y más argumentos peticiona la revisión y corrección de aplicación de derecho, se rechace la pretensión de la actora y se revoque el auto apelado, con costas al A-quo.
Que, a fs. 220/224 contesta el traslado la parte actora.
El 17 de noviembre de 2016 este Colegiado clausuró el debate en Instancia de Revisión dictando la con la que se llamó autos para resolver. Resolución firme y ejecutoriada a la fecha.
Del expediente se desprende, que las pruebas rendidas oportunamente en autos fueron analizadas de forma puntual dentro del exordio de la sentencia apelada, tanto los pagarés como las notificaciones practicadas, los pagos, el expediente por cuerda y todo el proceso ha sido revisado de manera detallada por el A-quo.
Se ha notificado a TOKIO MOTORS en tiempo y forma el traslado de la demanda, a lo que se ha manifestado presentando una excepción previa de litispendencia, la cual ha sido rechazada por A. I. N° 1906 de fecha 22 de octubre de 2008 a fs. 52, auto apelado y confirmado en cámara de apelaciones a fs.75/76. No hay entonces, litispendencia de juicios.
En fecha 01 de setiembre 2011, por A.I.N° 1237 a fs.80, se dio por decaído el derecho de la demandada para contestar la demanda, previo informe del actuario de la notificación practicada en tiempo y forma.
C.P.C.“...Art. 235. Contenido y requisitos. En la contestación opondrá el demandado todas las excepciones o defensas que, según este Código, no tuvieren carácter previo, sin perjuicio de la facultad consagrada en el artículo 233. Deberá, además: a) reconocer o negar categóricamente cada uno delos hechos expuestos en la demanda, la autenticidad delos documentos acompañados que se le atribuyeren y la recepción de las cartas, telegramas e instrumentos a él dirigidos, cuyas copias se hubiesen acompañado. Su silencio, sus respuestas evasivas, o la negativa meramente general, podrán estimarse como reconocimiento la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieren. En cuanto a los documentos, se los tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso. No estarán sujetos al cumplimiento de la carga mencionada en el párrafo precedente, el defensor en ejercicio de una función pública y el demandado que interviniera en el proceso como sucesor a título universal de quien participó en los hechos o suscribió los documentos o recibió las cartas o telegramas, quienes podrán reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba;...”.
Que la negativa presentada por la parte demandada respecto a los documentos que le atribuye la actora, fueron en forma general al presentar su excepción previa de litispendencia, sin embargo, no se presentó a contestar la demanda TOKIO MOTORS, momento oportuno, para despachar categóricamente la documentación que le ha sido atribuida.
C.P.C."...Art. 307. Autenticidad de documentos. Los documentos presentados en juicio por una de las partes, y atribuidos a la otra, se tienen por auténticos salvo impugnación y prueba en contrario. Cuando los documentos privados fuesen atribuidos al causante a título universal o singular, los sucesores podrán limitarse a manifestar que ignoran si la firma, la letra o el contenido, son o no auténticos....”. El silencio general.
Que, a fs.176/178 obra el A.I. N° 887 del 27 de junio de 2013, en el cual se resuelve un incidente de nulidad planteado por la demandada en cuanto a la forma de la práctica de las notificaciones, y se resolvió rechazarlo con costas a TOKIO MOTORS.
El juicio ejecutivo por cuerda separada, se encuentra con caducidad, a consecuencia de TOKIO MOTORS; se solicitó la devolución del vehículo objeto de litis contractual a JULIO ROLANDO ALCARAZ, y no se ha logrado llevar a cabo por
los medios fehacientes legales. Vehículo desaparecido según búsqueda oficial.
A fs. 13 obra el secuestro del vehículo de la Marca SUBARU LEGACY, que ha adquirido la parte actora de TOKIO MOTORS en base a un contrato de compra venta. TOKIO MOTORS, es hoy quien se encuentra legalmente con propiedad y en posesión del vehículo como depositaría judicial.
En el contrato de compra venta (Compulsas Fs.4), figura que se han emitido 36 documentos de 321 Dólares americanos en formato de pagaré, de los cuales se han presentado para el reclamo impago dentro de las compulsas tomadas como prueba en el juicio ejecutivo, la suma de 17 pagarés en total y 2 pagarés de 1.500 Dólares Americanos.
Así las cosas, podemos decir que desde el punto de vista del principio de prueba por escrito, se ha corroborado que ya se ha entregado el vehículo objeto de la litis en el juicio ejecutivo como depositaría a la empresa TOKIO MOTORS, y no se han reclamado 19 pagarés de 321 Dólares Americanos y un pagaré de 1.500 Dólares Americanos.
Se ha constatado que existe una transferencia de inmueble en Ypacaraí por parte de la actora a la demandada MANUELA PEÑA.
En estas condiciones, las bases para sostener lo determinado por el A-quo son claras, se pueden cotejar con las constancias del expediente.
CÓDIGO CIVIL ARTÍCULOS RELACIONADOS “Art. 722- Si la prestación a cargo de una de las partes se hace imposible por su culpa, la otra podrá cumplir su obligación, exigiendo daños e intereses, o resolver el contrato resarciéndose de aquéllos....”.
“...Art. 725.- En los contratos bilaterales, el incumplimiento por una de las partes autoriza a la que no sea responsable de él, a pedir la ejecución del contrato, o su resolución con los daños e intereses, o ambas cosas. Demandada la resolución, ya no podrá pedirse el cumplimiento, pero después de reclamado éste, podrá exigirse de aquélla...”.
“...Art. 729.- La resolución por incumplimiento tendrá efecto retroactivo sólo entre las partes, pero en los contratos de tracto sucesivo las prestaciones ya cumplidas y las cuotas vencidas quedarán firmes...”.
Es obvio que para poder realizar el estudio de la indemnización de daños y perjuicios en base a un contrato bilateral, previamente el Juez debe resolverlo. Existe primeramente un incumplimiento de contrato que se constata por parte de la empresa TOKIO MOTORS, y en consecuencia una repetición de pago en vista que se encuentra la propiedad del vehículo objeto de la litis en poder de la demandada; e indemnización de daños por responsabilidad contractual generada en base a estos actos jurídicos de posesión.
Se han verificado ambos expedientes que obran por cuerda separada y se constata como prueba la caducidad de instancia fs. 87 y fs. 48 por A.I.N° 1097 de fecha 25 de agosto de 2006.
Se ha tomado como base la suma de Gs.50.000 por día en relación al pedido de 50 dólares americanos. Dada la condición de que no han presentado las facturas correspondientes y se ha tomado fuerza de daño con el incumplimiento de contrato para probar la necesidad que cae en la persona de JULIO ALCARAZ, a partir del momento en que lo despearon del rodado.
Siguiendo esta línea, se asume lógicamente que al dictar sentencia el Juzgador hizo una subsunción procesal minuciosa con las constancias de autos y con las pruebas ofrecidas, en ese estado para determinar su criterio afirmativo de hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios por responsabilidad contractual y la repetición de pago en cuestión.
Visto el párrafo anterior, esta Magistratura determina que el A-quo ha utilizado correctamente la sana crítica - Código Procesal Civil - Art.269.- “...Apreciación de las pruebas. Salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción de conformidad con las reglas de la sana crítica. Deberán examinar y valorar en la sentencia todas las pruebas producidas, que sean esenciales y decisivas para el fallo de la causa. No están obligados a hacerlo respecto de aquellas que no lo fueren... al encontrarse en la situación de que las pruebas no han sido suficientes para dar absoluta certeza de lo sostenido por la parte que así lo arguye, así como se planteó el procedimiento, no se logró probar los extremos base de la argumentación del apelante, lo cual desencadenó en que no haya sustento fáctico ni legal y de esta manera, se haga lugar a esta demanda por indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual/ repetición de lo pagado.
Por tanto, por las razones expuestas; y efectuados los controles de veracidad, logicidad, y normatividad; el fallo en revisión resulta justo y lógico, por lo que el mismo debe ser confirmado en todas sus partes, Art. 159 - Art. 160. En cuanto a las costas generada en esta Instancia, de conformidad a lo que establece el artículo 203 inc a) del Código Procesal Civil, las mismas deberán ser soportadas por la parte vencida, en este caso, el apelante. ASI VOTO.
A SU TURNO, EL DR. MARTÍNEZ P. DIJO: Disiento del voto del Magistrado preopinante por los fundamentos que seguidamente paso a exponer.
En virtud de la S.D. N° 239 de fecha 25 de abril de 2016, la a quo resolvió: “1.- HACER EFECTIVO el apercibimiento decretado en autos y en consecuencia TENER por confesa a la parte demandada de conformidad al pliego de posiciones obrante a fs. 108 (bis) de autos. 2.- HACER LUGAR a esta demanda recalificada como de indemnización de daños y perjuicios por resolución de contrato que promoviera el señor JULIO ROLANDO ALCARAZ YANHO contra la firma TOKYO MOTORS S.A., declarar la resolución del contrato de compraventa firmado entre las partes en fecha 07 de diciembre del año 1997, y en consecuencia condenar a la firma TOKYO MOTORS S.A. a abonar en concepto de indemnización por daños y perjuicios la suma de GUARANÍES CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE (G. 181.098.920), más sus intereses calculados al 2.5% mensual desde la fecha de promoción de esta acción hasta la fecha de efectivo pago, dentro del plazo de diez (10) días de quedar ejecutoriada la presente resolución. 3.- IMPONER las costas a la parte demandada. 4.- ANOTAR...”
Dicha sentencia ha sido recurrida por la representación convencional de la parte demandada, en los términos del escrito obrante a fs. 214/219. En primer término, se agravia el recurrente de la calificación jurídica de la pretensión que ha efectuado la inferior; pues, según sostiene, la misma se encuadra en la acción de repetición de pago, y no en la acción de resolución de contrato e indemnización de daños. Por otra parte, aduce que la juzgadora incurrió en un grave error in indicando al interpretar que la caducidad del juicio ejecutivo, donde fue decretada la medida de secuestro sobre el vehículo, genera, ipso facto, su responsabilidad civil. Además, menciona que luego de operada dicha caducidad, promovió otro juicio ejecutivo –cuyas compulsas obran por cuerda separada a estos autos- por el importe de USD. 8.457, donde obtuvo una nueva orden de secuestro del automotor que a la fecha se encuentra vigente. Entonces, concluye el apelante, su parte no tiene la obligación de devolver el vehículo y, por tanto, la demanda incoada deviene improcedente. En otro orden de ideas, se agravia de las consecuencias en sede probatoria que la inferior ha asignado a la declaración de rebeldía de su parte y a la prueba de absolución de posiciones, ya que, como afirma, tales circunstancias no son idóneas para acreditar los elementos fácticos en que se sostiene la demanda. Por estos motivos, solicita la revocatoria, con costas, de la S.D. N° 239 de fecha 15 de abril de 2016, y su aclaratoria, la S.D. N° 392 de fecha 02 de junio de 2016.
La contraria contesta el memorial de agravios en los términos del escrito glosado a fs. 220/224, y afirma que las resoluciones recurridas se encuentran ajustadas a derecho y que merecen ser confirmadas. Sostiene que, al haber caducado el juicio ejecutivo donde la medida cautelar de secuestro fue decretada, la demandada tenía la obligación de devolver la cosa, y que la existencia de otro secuestro dictado en otro juicio, sobre el mismo vehículo, en nada modifica dicha circunstancia. Finalmente, solicita que las resoluciones recurridas sean confirmadas, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.
El primero de los agravios vertidos por la recurrente versa sobre la calificación jurídica que cabe dar a la pretensión deducida por la actora. La misma sostuvo que nos encontramos ante una demanda de repetición de pago no de resolución de contrato, y que, al no hallarse reunidos los requisitos de procedencia de aquella, impone su rechazo, sin que quepa al juez recalificar la pretensión.
Al respecto, debemos principiar por recordar que de conformidad con el principio iura novit curiae, el juzgador tiene el deber de calificar jurídicamente los hechos de la causa y no se halla vinculado por la calificación jurídica o las normas invocadas por las partes. Deberá, pues, necesariamente aplicar la norma jurídica que más se ajuste al caso, de conformidad con los hechos oportunamente expuestos y probados por las partes. De esta manera, deviene claro que el recurrente no se puede agraviar del hecho en sí de la recalificación realizada por la inferior, puesto que no hizo sino aplicar el principio mencionado, consagrado por el art. el art. 159, inc. e). La doctrina es conteste sobre este punto: “En la determinación del derecho aplicable, como en la calificación de la acción el juez actúa con entera independencia de las partes, lo que es consecuencia del principio que se enuncia con el aforismo iura novit curia y cuyo ejercicio por el magistrado no comporta agravio constitucional. En virtud de ello, frente al error en la calificación de la pretensión, puede la sentencia extraer las consecuencias jurídicas del caso, con prescindencia de la calificación que le haya atribuido la parte. Naturalmente la potestad judicial aludida tiene un límite infranqueable: la prohibición al juez de la causa de alterar los hechos afirmados y probados por los justiciables (principio dispositivo) (Fenochietto, Carlos E. Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Comentado, Anotado y Concordado. 7ma Edición. Editorial ASTREA. Buenos Aires, 2003. Página 50).
Cosa distinta es la crítica a los fundamentos de la recalificación, es decir, la objeción al razonamiento del juez; lo cual sí resulta atendible por la vía del recurso de apelación. Es, pues, esto a lo que se reducen los agravios vertidos por la representación convencional de la parte demandada, cuando dice que la acción intentada por la actora fue de repetición de pago, y no la de resolución de contrato. Corresponde, entonces, pasar a examinar si la recurrida se encuentra -o no- ajustada a derecho.
Para lograr un correcto encuadre jurídico de las pretensiones del actor, es menester fijar la atención en los hechos invocados por éste como fundamento de la demanda. De dichos hechos surge, como veremos con mayor detalle a continuación, que el actor dedujo inicialmente dos acciones distintas y destinadas, cada una, a la satisfacción de pretensiones diferentes. En efecto, una de las pretensiones esbozadas por el accionante en su escrito de promoción de demanda es la de ser indemnizado por los perjuicios que experimentó como consecuencia de la medida cautelar de secuestro obtenida por el demandado en el marco de un juicio ejecutivo que finalizó por la caducidad de la instancia. Además, pretende también obtener la restitución de lo pagado en concepto de precio de compra del automóvil marca Subaru, tipo Legacy, del año N° 1996, con Chasis N° JF1BD4LG9TG0221445, más el resarcimiento de los daños que ha sufrido por la falta de entrega de la cosa. Así las cosas, es patente que nos encontramos ante un caso de acumulación objetiva de acciones; es decir, “ante la reunión, en una misma demanda, de las distintas pretensiones que el actor tenga frente al demandado, realizada con el fin de que sean sustanciadas y decididas en un proceso único” (Palacio, Lino E. Manual de Derecho Procesal Civil. 17ma Edición. Editorial Lexis-Nexis. Buenos Aires, 2003. Página 114).
Como dijéramos, el demandante ha planteado dos acciones; una de naturaleza extracontractual, que no ofrece mayores inconvenientes en cuanto a su identificación, y otra de naturaleza contractual, cuya determinación, atendiendo a lo ambiguo del planteo, no se encuentra exenta de inconvenientes.
Del escrito de promoción de demanda se desprende que el Sr. Julio R. Alcaraz pretende ser indemnizado por los daños patrimoniales que habría sufrido como consecuencia de la privación ilegítima del uso y goce de un vehículo de su propiedad, producto de la medida cautelar de secuestro obtenida por la firma demandada, en el juicio caratulado: “Tokyo Motors c/ Julio Rolando Alcaraz s/ Preparación de la Acción Ejecutiva” (Expte N°46, Año 2000, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Tumo) que finalizó con la declaración de la caducidad de la instancia (A.I. N° 1097 de fecha 25 agosto de 2005, fs. 48 de las compulsas). Aquí, por más que la parte sea silente al respecto, nos encontramos, claramente, ante una pretensión indemnizatoria de naturaleza extracontractual; pues los daños se habrían configurado al margen de toda relación negocial entre las partes, y serían consecuencia directa de una medida cautelar de secuestro solicitada - aparentemente- sin derecho o abusivamente.
Lo señalado en el parágrafo anterior surge de lo proferido por la actora en su escrito promocional de demanda, donde dice: “secuestran el vehículo y desde entonces me privaron de mi elemento de trabajo y medio de locomoción personal" (fs. 21), para luego solicitar que se le resarzan los daños en proporción al valor utilitario del vehículo objeto del secuestro, haciendo referencia expresa a normas de responsabilidad extracontractual. Por su parte, la inferior ha incurrido en un error de juzgamiento respecto de este punto, pues, a pesar de haber reconocido la circunstancia apuntada -ya que en el “Considerando” de la recurrida, menciona el art. 372 del Cód. Civ., relativa al ejercicio abusivo de los derechos, al calificar la medida cautelar de secuestro obtenida por la demandada-, reputa, de manera inexplicable, que los daños derivados de la indisponibilidad del bien, causada por la medida cautelar de secuestro, solo constituyen un rubro de la indemnización debida por la inejecución del contrato.(f. 203/205).
De este modo, sería adecuado encuadrar jurídicamente la pretensión resarcitoria relativa a la privación del uso y goce del vehículo objeto del contrato de compraventa -como consecuencia del secuestro trabado en fecha 18 de abril de 2000-, en los términos del art. 702 del Cód. Proc. Civ. y 372 del Cód. Civ. Sin embargo, es necesario destacar que el actor, al momento de contestar el traslado que le fuera corrido en esta instancia, ha manifestado plena conformidad con el encuadre jurídico efectuado por la inferior. En efecto, dice cuanto sigue: “Me declaro conforme con las resoluciones vertidas por el juzgado de Ira instancia -IX Turno- Secretaría N° 18, por hallarlas incursas en los procedimientos y sentimientos del Demandante; me declaro conforme y coincidente con los argumentos esgrimidos en cada resolución del juzgado” (sic.)(fs. 224). Esto significa, pues, que de acuerdo con el actor, la a quo interpretó correctamente cual ha sido la única acción que el mismo intentó promover, dentro de la mecánica contractual. Entonces, siendo que el actor -que es el sujeto que promovió ambiguamente sus pretensiones- manifestó con posterioridad que su intención ha sido la de promover exclusivamente la acción contractual de resolución e indemnización de daños por incumplimiento de la otra parte, la acción debe ser así calificada, y los agravios de la parte demandada han de ser estudiados a la luz de estas consideraciones.
Ahora bien, conforme lo apunta la parte recurrente, vemos que el actor pretendió obtener la repetición (sic.) de todo lo que pagó a Tokyo Motors S.A. en concepto de precio para hacerse con la propiedad del rodado -individualizado como Subaru, tipo Legacy, año 1996, con Chasis N° JF1BD4LG9TG0221445- en virtud de la compraventa concertada. Atendiendo a esta formulación, el recurrente aduce que la resolución del contrato no fue, en realidad, pretendida y, por ende, critica la resolución del inferior en cuanto a ello. En efecto, es verdad que determinar tanto del fundamento del reclamo, como el quantum del mismo, resulta harto difícil producto de la imprecisión terminológica con que el mismo fue formulado. Sin embargo, la dificultad señalada no es infranqueable, puesto que un detenido análisis del escrito de promoción de demanda permitirá vislumbrar cuál es la real pretensión efectivamente deducida por el actor.
En el caso de marras, la demanda fue inicialmente calificada, por el propio actor, como de repetición de pago. Como bien sabemos, dicha figura está regulada por los artículos 1819 y siguientes del código civil, que, a su vez, encuentran su directa en los art. 2033 y siguientes del Código Civil Italiano de 1942. La doctrina de dicho país destaca que es presupuesto indispensable de la repetición que el pago fuese no debido. “La situación de que parte la ley, es que falte el deber de cumplimiento, porque ni por causa onerosa, ni por causa gratuita, quien haya cumplido estuviese obligado a ello; si ha cumplido porque una causa de cumplir existía, estamos fuera de la figura del pago de lo indebido y de la respectiva acción de restitución'’ (Messineo, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. T.VI. Traducción de Sentís Melendo, Santiago. Ed. EJEA. Buenos Aires, 1955. Página 456). En efecto, la figura comprende tres casos: pago por error, pago sin causa y pago por medios ilícitos. En cuanto a lo primero, no vemos que aquí se alegue el pago de una deuda ajena por quien se cree deudor; tampoco que se haya hecho el pago con una cosa que se cree deber, por error. Mucho menos se aduce que el pago haya sido obtenido por medios ilícitos, como el dolo o violencia. Restaría, entonces, tratar de encuadrar la pretensión del actor en el último supuesto: el de pago sin causa legítima, lo que implica la ejecución de una prestación cuando el accipiens carece de título para recibirla. Sin embargo, en seguida se advierte que ello tampoco resulta posible, puesto que es el propio accionante quien individualiza al contrato de compraventa celebrado con Tokyo Motors S.A. como causa de los pagos efectuados. Es decir, de sus propios dichos surge que su parte sí tenía la obligación de pagar al demandado las sumas de dinero cuya restitución, más daños, reclama en este proceso.
Ahora bien, del ambiguo escrito de promoción de demanda se advierte que la restitución de las sumas dadas en concepto de precio del vehículo responde a la supuesta falta de entrega del objeto de la compraventa. Eso es lo que surge cuando el actor dice: “que a pesar de la orden judicial de entregar el rodado al adquirente, ni siquiera ha sido posible ubicarlo para tentar su devolución por los medios legales, sólo le queda a la hoy demandada, empresa vendedora, el atajo de pagar su equivalente al comprador (...). Este hecho seria el resarcimiento de lo pagado con sus correspondientes intereses -que sería repetir lo pagado- y como signatoria, por otro lado, el pago de la correspondiente indemnización” (las negritas son propias)(f. 23). En otros términos, lo que el actor endilga a la sociedad demandada es el incumplimiento de la obligación de entregar el vehículo objeto del contrato de compraventa, y es por dicho motivo que pretende la devolución de las cuotas delprecio pagadas, así como el resarcimiento de los daños que dicho incumplimiento lo ha La cuestión así delineada nos deja frente a otra figura, distinta de la repetición de pago, y propia del derecho de los contratos; esto es: la resolución del contrato. La facultad de solicitar la resolución del contrato y la indemnización de los daños, como consecuencia del incumplimiento del cocontratante, se encuentra consagrada -de modo general- por el art. 725 del Cód. Civ., que dispone: “En los contratos bilaterales, el incumplimiento por una de las partes autoriza a la que no sea responsable de él, a pedir la ejecución del contrato, o su resolución con los daños e intereses, o ambas cosas”. Es así como lo ha entendido el órgano inferior, y tal entendimiento ha sido aceptado íntegramente por la parte actora en esta Alzada. En consecuencia, el análisis de procedencia de la acción debe ser efectuado sólo en atención a la resolución del contrato e indemnización de daños como consecuencia del incumplimiento. Luego, los agravios de la recurrente a este respecto han de ser desestimados.
Recién ahora, que hemos logrado individualizar correctamente la acción intentada por la actora, deviene posible pasar a examinar si se hallan reunidos sus presupuestos de procedencia.
Como es bien sabido, el contrato constituye una de las varias fuentes de obligaciones, del cual surge un acuerdo de voluntades de las partes encaminada a producir efectos jurídicos. La regla fundamental de las relaciones contractuales, en lo referente a sus efectos, está normada en el art. 715 del Cód. Civil que reza: “Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma, y deben ser cumplidas de buena fe. Ellas obligan a lo que esté expresado, y a todas las consecuencias virtualmente comprendidas”. El convenio contractual origina obligaciones conforme con lo expresado y plasmado por las partes, las cuales deben ser cumplidas. Ante una hipótesis opuesta, vale decir, el incumplimiento de lo pactado, la norma prevé - siempre que se trate de contratos en los que haya prestaciones recíprocas- la posibilidad de exigir al incumplidor su ejecución, su resolución con los daños e intereses, o bien ambas cosas, tal y como lo establece el art. 725 del Cód. Civ. Vemos, pues, que nuestro ordenamiento legal ha introducido el pacto comisorio tácito, lo cual implica la facultad de resolver el contrato sobre la base del incumplimiento, aún cuando la resolución no haya sido expresamente pactada.
El contrato cuya resolución se pretende se trata de un contrato privado de compraventa de un vehículo automotor, celebrado entre las partes en fecha 06 de diciembre de 1997 (fs. 05). La existencia del acto jurídico, así como la fecha de su concertación, son datos pacíficos en el presente juicio que, como tales y a tenor del art. 243 del Cód. Proc. Civ., no requieren ser objeto de prueba. Además, tenemos que al demandado se le ha dado por decaído el derecho a contestar la demanda -A.I. N°1237 de fecha 01 de setiembre de 2011, f. 80-, lo cual hace que sea aplicable el primer apartado del inciso a) del art. 235 del Cód. Proc. Civ., en el sentido de declarar operado el reconocimiento de los documentos que se le atribuyen, que incluye, obviamente, el presente contrato. Así pues, no hay dudas respecto de la existencia de la relación negocial que vincula a las partes.
Nuestro ordenamiento legal ha introducido el pacto comisorio tácito, es decir la facultad de resolver el contrato sobre la base del incumplimiento, aun cuando la resolución no haya sido expresamente pactada. Ahora bien, estas disposiciones generales aplicables a todos los contratos bilaterales deben ser complementadas con las disposiciones específicas del tipo contractual en cuestión, cual es el contrato de compraventa, y entre las distintas variedades de compraventa, la compraventa cuyo precio se estipulo en cuotas. Al respecto el art. 782 del Cód. Civ. establece que: “Cuando el pago del precio debe efectuarse por cuotas, no procederá la resolución del contrato, en ningún caso, toda vez que el comprador haya abonado el veinte y cinco por ciento del precio...”.
Son, pues, aplicables las disposiciones del Art. 782 del Código Civil que establecen la prohibición de resolver un contrato cuando el cumplimiento de la parte compradora sea equivalente al 25% del precio pactado en este tipo de contratos -a cuotas-. En virtud de esta norma, el ejercicio de la facultad a exigir la resolución del contrato, de cualquiera de las partes, por el incumplimiento de las prestaciones a cargo de la otra, se extingue una vez que se haya abonado el 25% del precio, o efectuado mejoras por un valor que alcance dicho porcentaje y que estas no puedan retirarse sin disminuir apreciablemente el valor del bien, o cuando la suma de lo pagado y las mejoras alcance el referido porcentaje. Si existe un pacto comisario expreso, este quedará modificado de derecho por esta disposición, que se impone a la autonomía de las partes. En consecuencia, las partes sólo podrían reclamar -ante el evento previsto en la norma- el cumplimiento del contrato más la indemnización de los daños producidos por el retardo, es decir su mora, pero nada resolución del contrato. El carácter de orden público de la norma en cuestión surge, principalmente, de la expresión “en ningún caso”. Sin embargo, si se atiende a los antecedentes legislativos del art. 782 del Cód. Civ., así como a las normas que sirvieron de fuete al mismo, el carácter de orden público de la disposición normativa se hará aún más evidente. Amén de la aplicación más restringida de los art. 1226 del Anteproyecto de De Gásperi, trasegado literalmente del art. 1525 del Código Civil Italiano, éstos también vedan la resolución del contrato “No obstante pacto en contrario”, una vez que se hubo pagado cierto porcentaje del precio. En un similar sentido, el art. 6 de la Ley 1.909/0 establece: “El loteador incluirá en los contratos o boletos de compraventa las siguientes cláusulas: a) la obligación del vendedor de otorgar la posesión del lote con el pago de la primera cuota y escritura de transferencia de dominio a favor del comprador al efectuarse el pago del veinticinco por ciento de su precio total, sin perjuicio de quedar el lote gravado en hipoteca a favor del vendedor, hasta la cancelación de la deuda y el inc. b) del Art. 255 de la ley Orgánica Municipal -Ley N° 3966/10- dispone: “La obligación del vendedor de transferir el dominio del lote en cuestión, una vez que el comprador haya efectuado el pago del 25% (veinticinco por ciento) cuando menos del precio total convenido. En este caso, el lote de referencia deberá quedar gravado con hipoteca a favor del vendedor hasta la cancelación total del saldo de la deuda”. En estas condiciones, la disposición contenida en el Art. 782 del Cód. Civ. es, a todas luces, de orden público y debe ser necesariamente aplicada.
Por otra parte, a modo de mayor abundamiento, el hecho de que el contrato no haya sido escriturado, no afecta la aplicabilidad de la presente disposición normativa. Esta garantía a favor del comprador ha sido prevista con el objeto de proteger justamente a quienes hayan celebrado un contrato de compraventa sin obtener la escrituración del mismo. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, en voto mayoritario, tiene expresado: “Esta disposición normativa fue ideada y creada para ser aplicada a los boletos de compra o contratos privados de compraventa -o preliminares de compraventa- y, en consecuencia, a los preliminares de permuta en forma supletoria por expresa disposición normativa -Art. 802 del Código Civil-. Es por ello que, a pesar de que aún el contrato no se hallaba concertado como un contrato de permuta, es procedente analizar si cabe o no la aplicación del Art. 782 del Código Civil, norma que constituye una limitación a la libertad contractual de las partes en este punto y que no puede ser renunciada por pacto en contrario” (Sala Civil, Ac. y Sent. 81, del 4 de abril de 2008).
De las constancias de autos se desprende que el precio total de la compraventa se ha pactado en la suma de USD. 16.056 (f. 5). Asimismo, es pacífico que el actor pagó un total de USD. 7.599 (f. 216, in fine), lo cual constituye el equivalente al 47,3% del precio total pactado. Dicho porcentaje excede, en demasía, el tope establecido por el art. 782 del Cód. Civ. y, por ende, la demanda de resolución contractual por incumplimiento debe ser rechazada.
Si bien lo explicitado precedentemente es suficiente para desestimar la acción de fuente contractual incoada por el actor, consideramos necesario referir a ciertas cuestiones que han motivado la resolución de la inferior, y que ha sido objeto de debate ante esta Alzada.
La inferior, soslayando la existencia del art. 782 del Cód. Civ., que limita las facultades tanto del vendedor como del comprador, declaró operada la resolución del contrato porque, según dice, halló configurados todos los requisitos de procedencia de la acción, en los términos del art. 725 del Cód. Civ. Sin embargo, aún dejando de lado el art. 782 del Cód. Civ., al cual ya hemos referido, hemos de ver que tampoco habría procedido la demanda de resolución de contrato e indemnización de daños planteada por el Sr. Julio Rolando Alcaraz; puesto que no ha cumplido con la carga de demostrar el cumplimiento de la obligación a su cargo.
En efecto, es sabido que, de conformidad con el art. 719 del Cód. Civ., cuando se acciona por cumplimiento de un contrato bilateral el actor debe probar haber cumplido su prestación u ofrecer dicho cumplimiento; por lo que aquí el demandante debe probar la existencia del contrato y el propio cumplimiento como condición indispensable para la procedencia de la demanda. En el caso de la simple indemnización por incumplimiento ex art. 420 inc. c) del Cód. Civ., al actor le basta demostrar la existencia del título contractual, aunque opuesta la exceptio non adimpleti contractos en los términos del art. 719 del Cód. Civ., vuelve a ser carga de cada parte demostrar el propio cumplimiento, precisamente por el juego de dicho artículo. Viene a resumir la situación la disposición del art. 725 del Cód. Civ., que compendia los remedios por el incumplimiento y condiciona su procedencia a que la parte que lo solicita no sea responsable de él; que es tanto como decir, entre otros elementos que pueden determinar la inimputabilidad -en sentido puramente técnico civilista- del incumplimiento, que el que acciona por remedios contractuales no debe haber incumplido culposa o dolosamente. De verificarse esta última circunstancian claro está, el cocontratante no es responsable de su incumplimiento pues la ley le autoriza expresamente a autotutelarse no ejecutando la prestación deluda. En último análisis, la exceptio non adimpleti contractos no es sino esto, u medio de autotutela que permite al contratante no ejecutar la prestación exigible a su cargo, aguardando hasta que otro ejecute la suya, siempre que esta resulte exigible en dicho instante temporal, como es obvio. (Voto del Dr. Torres Kirmser en: A. y S. N° 2345, de fecha 26 de diciembre de 2012, dictado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia).
Vemos así que en materia contractual aparece como establecida la idea central según la cual el actor debe demostrar, en principio, la existencia del contrato como elemento indefectible; y el propio cumplimiento.
El principio enunciado ha sido claramente consagrado en un importante fallo de las Secciones Unidas de la Casación italiana: “el principio de presunción de persistencia del derecho, deducible del art. 2697, en cuya virtud, una vez probada por el acreedor la existencia de un derecho destinado a ser cumplido en un cierto tiempo, grava sobre el deudor la carga de demostrar la existencia del hecho extintivo constituido por el cumplimiento; debe considerarse operante no solo en el caso en el cual sea el acreedor quien accione por cumplimiento, en cuyo caso debe solamente probar el título contractual o legal de su derecho; sino también en el caso en el cual, en el caso del incumplimiento de la contraparte, accione por la resolución o por la indemnización del daño (...) La acción de cumplimiento, la de resolución y la demanda autónoma de indemnización de daños por incumplimiento se vinculan todas al mismo presupuesto, constituido por el incumplimiento: todas sirven para establecer que el deudor no ha cumplido”.
El principio “se revela además conforme con la exigencia de no tornar excesivamente difícil el ejercicio del derecho del acreedor a reaccionar al incumplimiento, sin penalizar -por otro lado- el derecho de defensa del deudor que cumple, aplicar el principio de cercanía de la prueba, poniendo en todo caso la carga de la prueba a cargo del sujeto en cuya esfera se haya producido el incumplimiento, y que, por ende, se halla en posesión de los elementos útiles para paralizar la pretensión del acreedor, sea la misma dirigida al cumplimiento, a la resolución o a la indemnización del daño; probando el hecho extintivo de la acción intentada, constituido por el cumplimiento'' (Secciones Unidas de la Casación italiana número 13.533, dictado en fecha 30 de octubre de 2001 y publicado en Foro italiano, 2002, c. 770 y siguientes).
Además, lo expresado es plenamente congruente con el régimen general de la carga de la prueba del pago. En efecto, así como el deudor que pretende liberarse debe demostrar el pago (conf. Llambías, Jorge J. Tratado de Derecho Civil. Obligaciones. T.II-B. Ed. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2011. Página 237; Salvat- Galli. Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones en General. T.II. Ed. TEA. Buenos Aires, 1963. Página 321.), también el contratante que persigue el cumplimiento forzado de la obligación, o la resolución con los daños anejos, debe demostrar su propio cumplimiento; que, en definitiva, no es otra cosa que el pago –cumplimiento de su obligación.
Realizadas estas precisiones, es menester proceder a examinar si el actor ha acreditado su cumplimiento. El principal argumento de la inferior para hacer lugar a la demanda estriba en los efectos que ésta asigna a la falta de contestación de la demanda. Aquí debemos señalar que el juzgado, al determinar -en el “Considerando” de la resolución recurrida- el alcance del decaimiento del derecho a contestar la demanda, sostuvo: “...y ante la rebeldía de la demandada...”. Vemos, pues, que utilizó la antigua fórmula de “rebeldía”, prevista en el código de procedimientos civil y comercial anterior para designar, indistintamente, las figuras que en el Cód. Proc. Civ. actual se conocen como declaración de rebeldía y decaimiento de derecho.
En sentido estricto, rebeldía o contumacia es la situación que se configura respecto de la parte que no comparece al proceso dentro del plazo de la citación, o que lo abandona después de haber comparecido, según lo precisa el Código de Formas en su art. 68. Implica la ausencia total de cualquiera de las partes en un proceso en el cual les corresponde intervenir, y altera sustancialmente ciertos aspectos del mismo: régimen de notificaciones, posibilidad de adoptar medidas cautelares contra el rebelde, posibilidades probatorias, curso de las costas, entre otras.
Dicha circunstancia no debe ser confundida con la omisión del cumplimiento de actos procesales particulares, como lo es la contestación de la demanda. Por importante que sea este acto para la resolución del proceso, la omisión de contestación de la demanda o la contestación de ella fuera del plazo previsto por la ley, sólo determina el decaimiento de la facultad procesal que se dejó de ejercitar y no genera, como la rebeldía, los efectos y consecuencias previstos en los artículos 69 al 75 del Cód. Proc. Civ., que afectan la estructura total del proceso.
Así pues, vemos que la demandador presentó a comparecer a juicio mediante su representante convencional, Abg. Jaime Peña, conforme aprecia de las presentaciones obrantes a fs. 44/45, 58, 60/64, 145/147, 152, 181, 184/186, 208, 213, 214/219, 226, 227 y 231. No podemos, pues, equiparar a la recurrente a los declarados rebeldes en juicio, con las consecuencias procesales que dicha declaración conlleva.
Es así que, en relación con la falta de contestación de la demanda, el art. 235 del Cód. Proc. Civ. establece que el silencio podrá estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos, no obstante, debemos señalar lo siguiente. Coincidimos en que esta norma no prescribe o implica que en cualquier caso el juez deberá tomar el silencio de la adversa como una aceptación de los derechos invocados; ello sucederá tan solo en los casos en que se reúnan también los presupuestos de procedencia de la acción, ya que invariablemente el juez debe dictar resolución conforme a derecho. Entonces, si del análisis del caso resulta que el derecho le asiste al actor, condenará al demandado y declarará procedente la acción. Pero si no se reúnen los presupuestos de procedencia de la acción deberá rechazarla. Incluso para los rebeldes -que no es nuestro caso, según vimos supra-, en este mismo sentido, el ya citado art. 69 del código ritual establece los efectos de la declaración de rebeldía y al respecto, enuncia que la sentencia será dictada según el mérito de la causa, pero que en caso de duda, la rebeldía constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración. Como hemos visto, esta norma tampoco significa que en cualquier caso el juez deberá acoger favorablemente la demanda, sino solo en los casos de incertidumbre acerca de los hechos expuestos, incertidumbre que se resolverá a favor del actor en cuanto a la procedencia in iure de la pretensión. Así también lo entiende la doctrina: “...asignar al silencio del demandado el alcance de una admisión tácita de los hechos alegados por el demandante... ...pero dicha admisión, aunque vinculatoria para el juez no significa que la sentencia debe necesariamente acoger la pretensión del actor, pues para ello es menester que concurran, en el caso concreto, los requisitos legales a los cuales se halla supeditada la procedencia de la obligación... ” (Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, Tomo VII, Num. 965, 3o Ed., Abeledo-Perrot, Bs.As.).
Del análisis del material probatorio obrante en autos se puede afirmar que, no solo no existe prueba alguna que sea idónea para tener por cumplidora a la parte actora, sino que, muy por el contrario, el incumplimiento de la prestación a cargo de la actora surge patente de sus propios dichos, así como de las constancias de las ejecuciones iniciadas por la demandada -Tokyo Motors S.A.- en su contra.
En efecto, el actor, en el escrito promocional de demanda, consigna expresamente cuanto sigue: “MI SALDO DEUDOR A LA DEMANDADA A LA FECHA: (...) 8.672 (son dólares americanos OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS)” (sic.)(fs. 24). Así también, se advierte que, con motivo del contrato (f. 4), el actor ha librado un total de treinta y nueve pagarés, diecinueve de los cuales están siendo reclamados por el demandado, al actor, en el juicio caratulado: “TOKYO MOTORS S.A. d JULIO ROLANDO ALCARÁZ YANHO S/ ACCIÓN PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO” (Expte. N°327, del año 2003). El importe de los pagarés cuyo cobro se reclama asciende a la suma de USD. 8.547, y es de parte del precio de la compraventa que se halla impago. Esto se deduce tanto de los dichos de la parte actora, quien reconoce haber librado sendos pagarés por las cuotas del precio, así como por lo proferido por la expresa vinculación, de los pagarés al precio de la compraventa, que hace el demandado al promover el juicio ejecutivo (fs. 18/19 de las compulsas). Además de ello, a fs. 17 se halla glosada una nota remitida por el actor a la demandada donde aquella deja constancia de su propio incumplimiento. En ella manifiesta expresamente cuanto sigue: “marginando las faltas cometidas en esta operación y con el firme deseo de limpiar cuenta, aun careciendo del dinero necesario, causa de los atrasos en pago, ofrecemos las siguientes opciones poniéndolas a la disposición...” Así pues, no existen dudas respecto del incumplimiento, por parte del actor, de la obligación de pagar el precio, que asumió al celebrar el contrato de compraventa con Tokyo Motors S.A. Consecuentemente, el mismo no se encuentra en condiciones de demandar la resolución del contrato.
En esta tesitura, la demanda de resolución de contrato e indemnización de daños no puede tener andamiaje favorable, dada la imposibilidad de requerir la resolución coactiva del contrato, a norma del art. 782 del Cód. Civ.; a lo cual se suma el flagrante incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratante en virtud del contrato cuya resolución pretende. La sentencia recurrida debe, en consecuencia, ser totalmente revocada.
En cuanto a las costas, las mismas deben ser íntegramente impuestas a la parte actora, de conformidad con el art. 203 inc. b).
A SU TURNO, el Dr. FOSSATI LÓPEZ manifestó que se adhiere al voto del Dr. Martínez Prieto por compartir los mismos fundamentos.
Asunción, 31 de julio de 2.017.
VISTO: El mérito que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala;
DESESTIMAR el recurso de nulidad interpuesto, por los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución.
REVOCAR la resolución recurrida.
IMPONER las costas, en ambas instancias, a la parte actora y perdidosa.
ANÓTESE, regístrese, y remítase copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.
Raúl Gomez Frutos. Miembro
Arnaldo Martinez Prieto. Miembro
Mónica Reguera R. Actuaria

References: resolución 
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 Resolución 
 artículo 233
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 artículo 203
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in fine
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