Source: http://bazica.org/consejo-de-estado-v11.html?page=9
Timestamp: 2019-08-25 11:07:07+00:00

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4.3 La Sala tendrá en cuenta el dictamen pericial emitido por Médico y Antropólogo Forense Máximo Alberto Duque Piedrahita, porque: (i) es una autoridad a nivel nacional en los temas puestos a análisis18; (ii) condensó e hiló las pruebas, hechos, interrogantes, omisiones e inconsistencias que quedaron sueltos en los procesos penal y disciplinarios adelantados; (ii) fue concluyente en sus respuestas, las cuales estuvieron soportados en técnicas aplicables y en lo probado en el plenario; (iv) realizó la experticia de forma personal o directa; (v) no hay motivo alguno para dudar de su imparcialidad y (vi) no hay elementos en el expediente que desvirtúen sus conclusiones.
El concepto técnico transcrito, permite inferir que, en este caso, se incurrió en feminicidio, conducta exaltada de discriminación de género que constituye un flagelo de nuestra sociedad en cuanto va en detrimento del derecho a la vida e integridad física y emocional de la mujer, por el hecho de ser mujer. Grave violación de los derechos humanos, debidamente fundada en el sub lite, por cuanto:
(i) El Comandante de la Estación de Policía de (El Espino) no direccionó ni sancionó la conducta del dragoneante (Nicolás) –infidelidad pública que involucraba menores de edad-, ni verificó su situación familiar, pese a la infracción de deberes éticos y su compromiso con factores de riesgo de violencia conyugal grave o mortal –suicidio/homicidio-. De donde el arma de dotación oficial debió ser restringida por los antecedentes agresivos del uniformado y su consumo habitual de bebidas alcohólicas. Falencia que deja al descubierto inadvertencia sobre la presencia de estereotipos de género en la comandancia de la institución policial.
Postura de dominación que posibilitó la permanente agresión psicológica y física a la que estaba siendo sometida la señora (Gloria). Esto es así, porque las infidelidades de su esposo fueron públicas, al igual que las intimidaciones, el encierro y el maltrato físico. Violencia que para al Comandante de la Estación de Policía de (El Espino) le pareció plausible, en cuanto situación tolerable en sociedades de dominación patriarcal.
Es de anotar en este punto que la violencia de género padecida por la señora (Gloria) requiere de tiempo para asediar, humillar, maltratar o manipular, hasta el punto producir en la víctima lesiones psicológicas, debidas al desgaste, la complicidad implícita o el consentimiento del resto del grupo y a la tolerancia del entorno. Todo lo cual demora la reacción de la víctima, la que, de llegar a producirse, deviene en intolerable para el victimario.
La violencia psicológica, por lo general, es un anuncio de la agresión física o va acompañada de esta.
Estado en el que se echa de menos la intervención efectiva de la autoridad. Es que la oficiosidad del Comandante de la Estación de Policía de (El Espino) habría empoderado a la víctima para que apresurara la decisión de ruptura y protegido a la misma de la agresión. Esto último dado su aislamiento, fragilidad afectiva y la falta de red de apoyo, por cuanto residía lejos de su familia y entorno social inmediato.
Para la Sala, una actuación efectiva y oportuna, por fuera de conceptos estereotipados de los roles de hombre y mujer, hubiera destapado el drama que estaba viviendo la señora (Gloria) e impedido, de alguna manera, el desenlace fatal que se suscitó.
Pero la inactividad, en este caso, lejos de honrar el compromiso institucional de prevenir las violaciones de derechos humanos y, en especial, la violencia contra la mujer, propició que el riesgo de violencia conyugal grave o mortal que afrontaba la señora (Gloria) se concretara, con el apoyo del arma de dotación oficial que no tendría que haber tenido protagonismo en el escenario de confrontación conyugal.
En este punto, es importante manifestar que la violencia doméstica no es un asunto familiar privado en el que se le han impuesto límites infranqueables al Estado, todo lo contrario, a este le asiste la obligación de tomar medidas preventivas conducentes a preservar y garantizar el adecuado ejercicio de los derechos en las relaciones entre los individuos. Así las cosas, es obligación del Estado intervenir en las relaciones familiares con el ánimo de impedir la violación de los derechos fundamentales en el interior del hogar y así mismo evitar sus repercusiones en la vida y la salud mental y física de sus integrantes.
La patrulla de vigilancia de la localidad de (El Espino) que llegó a verificar la muerte de la señora (Gloria) modificó la escena de los hechos. Esto es así, si se considera que los uniformados indujeron a error al confesar haber retirado el revolver que tenía la occisa en la mano izquierda, versión que contraría la realidad, aunado a que dispusieron del arma, ordenando su consignación en el armerillo de la Estación de Policía de (El Espino), con anterioridad a la diligencia de levantamiento del cadáver. Nótese que la argucia dista mucha del error inofensivo visto por el ministerio público.
El Comando de Policía de (El Espino) en nada contribuyó a la investigación. Esto es así, porque no verificó la munición que le asignó al dragoneante (Nicolás) ni la que fue devuelta después de los hechos. Y sus efectivos, además de falsear la evidencia sobre la postura del arma, contribuyeron a la confusión en cuanto afirmaron haber encontrado, en inverosímiles circunstancias, el proyectil que provocó la muerte de la señora (Gloria). Esto es así, porque la almohada que estaba debajo de la herida que presentaba el cadáver no tenía perforación y había sido objeto de revisión. Prueba además incorporada irregularmente, con el aval del Fiscal, en el acta de levantamiento del cadáver.
Circunstancia que si bien no fue objeto de reproche en la demanda, como no lo fue lo sucedido después del homicidio, es pertinente evidenciarla para adoptar medidas de no repetición. Se trata de omisiones y errores que impidieron el esclarecimiento de los hechos, sumados a la falta de impulso investigativo y al desconocimiento de la realidad probatoria surgida en los procesos penal y disciplinarios. Esto último, dado lo alarmante que resulta el crédito dado a la versión del dragoneante (Nicolás), así esta no tuviera soporte o mostrara varias inconsistencias. Sorprende igualmente el concepto del Ministerio Público acorde con el cual la señora (Gloria) acudió al suicidio por celos, con el ánimo de afectar a su compañero. Postura adoptada por la Policía, la Fiscalía y el Tribunal a quo.
Forma de investigar y de decidir que lejos de ser una actividad neutral, como debe esperarse, desde el punto de vista de las relaciones de género, consolida y reproduce prejuicios y estereotipos19 de naturaleza patriarcal, en los que se señala a la mujer por la violencia sufrida por ella misma. Al punto que deviene en aceptable que sin pruebas se sospeche de su conducta.
Lo cierto, en este caso, es que el dragoneante (Nicolás) prevalido de su fuerza y autoridad, condicionamientos propios de su formación policial que no pudo desligar en su hogar, impuso a su compañera y madre de su hija su propia manera de entender la relación que los unía, signada por su voluntad y dominación. Lo que terminó por imponerse, pues se permitió que el uniformado llevara a su domicilio el arma, misma que terminó con la vida de la madre, hija y hermana de las demandantes.
Se echa de menos el control sobre el porte del revolver oficial en una escena familiar en la que reinaba la agresividad, el irrespeto y el sometimiento del uniformado sobre la relación afectiva y así mismo en menoscabo de la salud mental y física de su pareja.
5. Estructuración del feminicidio
Todo lo analizado y la impunidad evidenciada, se enmarca en estricto sentido dentro de la definición y descripción de feminicidio20:
Feminicidio: Legado de la práctica y la narrativa feminista. Isabel Agatón Santander.
El conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado (…). (…).
(..) El feminicidio sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales agresivas y hostiles que atentan contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres.
(…) todos [los feminicidios] tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y, desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres.
Sostiene que el Feminicidio es sistémico; es el asesinato cometido por un hombre donde se encuentran todos los elementos de la relación inequitativa entre los sexos: la superioridad genérica del hombre frente a la subordinación genérica de la mujer, la misoginia, el control y el sexismo.
Indica que no sólo se asesina el cuerpo biológico de la mujer, se asesina también lo que ha significado la construcción cultural de su cuerpo, con la pasividad y la tolerancia de un estado masculinizado (…) en tanto que el femicidio es la voz análoga al homicidio y sólo hace referencia al asesinato de mujeres21.
Esta definición también comprende, según la autora Julia Monárrez:
(…) fenómeno social […] ligado al sistema patriarcal, que predispone en mayor o menor medida a las mujeres para que sean asesinadas, sea por el sólo hecho de ser mujeres, o por no serlo de manera “adecuada”. La falta de adecuación presupone que la mujer “se ha salido de la raya” y ha traspasado los límites de lo establecido.
“(….) toda una progresión de actos violentos que van desde el maltrato emocional, psicológico, los golpe s, los insultos, la tortura, la violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia doméstica, y toda política que derive en la muerte de las mujeres, tolerada por el Estado”22
El concepto de feminicidio ha sido utilizado “para aludir inicialmente y hacer públicamente visibles los homicidios de mujeres por el hecho de ser tales en un contexto social y cultural que las ubica en posiciones, roles o funciones subordinadas, contexto que, por tanto, favorece y las expone a múltiples formas de violencia”23
Para la Organización de Naciones Unidas (ONU) el feminicidio es “el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género que ocurre tanto en el ámbito privado como público. Comprende muertes de mujeres a manos de sus parejas, ex parejas o familiares, mujeres asesinadas por acosadores, agresores sexuales y/o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer”24 (negrita con subrayas fuera del texto).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fallo de Campo Algodonero por su parte señaló que “el feminicidio es el homicidio de mujeres por razones de género”25.
Para la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias, los feminicidios son el reflejo de una cultura de odio y discriminación hacía las mujeres y un índice del fracaso del sistema de justicia penal en cuanto a conducir a los perpetradores de estos crímenes ante la justicia62.
Doctrinalmente se han identificado las siguientes modalidades de feminicidio63:
Feminicidio íntimo o en las relaciones de pareja: en el que el agresor es el amante, compañero permanente, esposo, exesposo, examante, exnovio.
Feminicidio íntimo familiar: en el que agresor es el abuelo, cuñado, hermano, hijo, madrastra, madre, padrastro, padre, primo, tío, suegro, otros familiares civiles o consanguíneos.
Feminicidio sexual, íntimo perpetrado por otros actores, no íntimo perpetrado por otros actores, conexo o en la línea de fuego, por ocupaciones estigmatizadas, por trata, tráfico, transfóbico, lesbofóbico, racista y por mutilación genital.
Varios países de américa latina ya incorporaron en sus legislaciones el feminicidio como delito autónomo64:
2007 - México y Costa Rica
Rashida Manjoo, Relatora Especial sobre Violencia contra las Mujer, La acción interna e internacional frente a las distintas formas de violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. En: Isabel Agatón Santander, Si Adelita se fuera con otro. Del feminicidio y otros asuntos, en proceso de publicación (2014-2015). Feminicidio: Legado de la práctica y la narrativa feminista. Isabel Agatón Santander.
Ver definiciones de Feminicidio en Agatón Santander Isabel, Justicia de Género: Un asunto necesario, TEMIS, 2013 y ww.feminicidio.net Feminicidio: Legado de la práctica y la narrativa feminista. Isabel Agatón Santander.
Fuente: Isabel Agatón Santander en: Justicia de Género: un asunto necesario. Editorial TEMIS, 2013, Actualizado noviembre 2014. Feminicidio: Legado de la práctica y la narrativa feminista. Isabel Agatón Santander.
2010 - El Salvador y Chile
2011 - Perú y Nicaragua
2013 – Bolivia
2014 - Ecuador y Venezuela
En Colombia son asesinadas, en promedio, cuatro mujeres diariamente lo que equivale a 1460 asesinatos por año.
El Tercer Informe Internacional Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, Estadísticas y legislación del Centro Reina Sofía26-investigación en el análisis de la evolución de la tasa de asesinatos de mujeres cometidos en el ámbito doméstico (2000-2006)- indica que la prevalencia27 de feminicidios ha aumentado en seis países28. Los mayores incrementos se han producido en Chipre (303,15%), México (103,33%) y Colombia (71,27%)29.
El mismo estudio señala que, al “establecer la evolución de la tasa de feminicidios de pareja (por millón de mujeres), los mayores incrementos se han registrado en Chipre (277,13%), y Colombia (51,28%)”30.
Igualmente, el informe señala cómo, de acuerdo con la información de cinco países, un 40.46% de las mujeres asesinadas por la pareja estaban adelantado procesos de divorcio, así: Puerto Rico: 47.85%; Austria 38.23; Chipre 75%; Francia 25% y República Checa 16.21%.
Discriminación de género en nuestro país y medidas que se han adoptado para contrarrestarla. Papel actual de la Policía Nacional
6.1 La Constitución Política consagró que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República […] fundada en el respeto de la dignidad humana”31, que “reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona”32 y en donde todos “recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo”33, para lo cual “protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”34.
Así mismo, dispuso en forma inequívoca que “[l]a mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades”35 y que ésta “no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”36.
El país también ha ratificado numerosos tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos, los que garantizan los derechos de las mujeres.
En particular, hay que mencionar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW–, que hace parte de la normativa nacional a través de la Ley 051 de 1981 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ratificada mediante la Ley 248 de 1995.
La CEDAW -Ley 051 de 1981- define la discriminación como “toda distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. Más tarde, el Comité de la CEDAW a través de la Recomendación General No. 19 señaló que la definición de discriminación contra la mujer contemplada en Artículo 1 de la Convención, incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. El Comité señaló que “la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”.
El artículo 17 de la CEDAW estableció el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el cual tiene como finalidad verificar y propender por los progresos de los Estados que hubieren ratificado dicho instrumento o hubieren adherido a él, a través del análisis de sus informes y la formulación de propuestas y recomendaciones:
Dicho Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en relación con la violencia doméstica o intrafamiliar, puntualizó en varias de sus recomendaciones que:
las víctimas son, en la mayoría de los casos, mujeres;
la concepción tradicional de que las mujeres están supeditadas a los hombres favorece la violencia contra ellas;
es necesario evitar nociones preconcebidas de que este tipo de violencia es una cuestión privada e incumbe a una esfera en que, en principio, el Estado no debe ejercer control;
supeditar este tipo de violencia a la sola agresión física o amenaza inminente a la vida o la salud de la víctima, constituye un concepto estereotipado;
este tipo de violencia es una forma de discriminación que incluye, usualmente, agresión física, mental o psicológica, sexual y económica, entre otras;
en este tipo de violencia, los derechos de defensa y locomoción del agresor no pueden estar por encima de los derechos humanos de las mujeres a la vida e integridad física y psicológica;
no se debe subestimar o desconocer las manifestaciones previas de violencia de los agresores;
la violencia doméstica es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos y una de las formas más persistentes de discriminación que afecta a mujeres de todas las edades, etnias, razas y clases sociales;
varios órganos internacionales de derechos humanos han considerado la inacción de los Estados en la esfera de violencia doméstica no sólo como una forma extrema de discriminación sino como un menoscabo del derecho a la vida de las mujeres;
los Estados parte tienen la obligación no sólo de adoptar medidas apropiadas a fin de modificar o abolir sus leyes y reglamentos discriminatorios, sino también las costumbres y las prácticas que constituyan un tratamiento diferenciado contra la mujer;
de conformidad con el párrafo 1º del artículo 16, los Estados parte deben adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares;
la discriminación no sólo se limita a los actos cometidos por el gobierno o en su nombre sino también a los actos privados, cuando el Estado no adopta medidas con la debida diligencia para impedir la violación de derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización;
el conocimiento por parte del Estado del riesgo de daño y de la necesidad de medidas de protección, torna más crítica y urgente la implementación de estas;
la falla del Estado de actuar con la debida diligencia para proteger a las mujeres de la violencia, constituye una forma de discriminación y una negación de su derecho a la igual protección de la ley, y
la inacción del Estado ante casos de violencia contra las mujeres fomenta un ambiente de impunidad y promueve la repetición de la violencia, “dado que la sociedad no ve pruebas de la voluntad del Estado, como representante de la sociedad, de adoptar medidas efectivas para sancionar tales actos”.
- El Comité llega a la conclusión que el Tribunal de Distrito de Plovdiv, cuando adoptó el 18 de diciembre de 2007 la decisión de denegar la orden de protección permanente con arreglo al artículo 5, párrafo 1, incisos 1, 3 y 4 de la Ley de Protección contra la Violencia en el Hogar, así como el Tribunal Regional de Plovdiv en su fallo con respecto al recurso de apelación, el 7 de abril de 2008, aplicaron una definición de violencia doméstica exageradamente restrictiva que no se justificaba frente a la Ley y no guardaba coherencia con las obligaciones del Estado parte en virtud del artículo 2, párrafos c) y d) de la Convención, que forma parte del orden jurídico del Estado parte y que es directamente aplicable en dicho Estado parte. Ambos tribunales se focalizaron exclusivamente en la cuestión de la amenaza directa e inmediata a la vida o la salud de la autora y a su integridad física, y dejaron de lado al mismo tiempo su sufrimiento emocional y psicológico. Además, ambos tribunales se privaron innecesariamente de una oportunidad de tomar conocimiento de la pasada historia de violencia descrita por la autora, al interpretar un requisito puramente de procedimiento estipulado en el artículo 10 de la Ley de Protección contra la Violencia en el Hogar, es decir, que la solicitud de orden de protección debe presentarse dentro de un mes a contar de la fecha en que ha ocurrido el acto de violencia doméstica, de modo de considerar que excluye la consideración de incidentes anteriores ocurridos antes del período de un mes pertinente. Los tribunales también aplicaron un estándar de prueba muy elevado al requerir que el acto de violencia doméstica sea probado más allá de toda duda razonable, y asignando así por consiguiente la carga de la prueba enteramente a la autora, y llegaron a la conclusión que no había ocurrido ningún acto concreto de violencia doméstica, sobre la base de las pruebas recogidas. El Comité observa que tal estándar de prueba es excesivamente elevado y no se ajusta a la Convención ni a los estándares actuales de lucha contra la discriminación que alivian la carga de la prueba que recae sobre la víctima en los procedimientos civiles relativos a denuncias de violencia doméstica.
(…….) El Comité ha declarado en muchas ocasiones que la concepción tradicional de que las mujeres están supeditadas a los hombres favorece la violencia contra ellas. Con respecto al caso que el Comité tiene ante sí, en cuanto a la cuestión de si las decisiones de los tribunales de Plovdiv se basaron en estereotipos de género, con lo cual se infringiría el artículo 5 y el artículo 16, párrafo 1, de la Convención, el Comité reafirma que la Convención establece obligaciones para todos los órganos estatales y que los Estados partes pueden ser responsables de decisiones judiciales que infrinjan las disposiciones de la Convención. El
Comité señala también que en virtud de los artículos 2 f) y 5 a), el Estado parte tiene la obligación de adoptar medidas apropiadas a fin de modificar o abolir no solamente las leyes y reglamentaciones existentes, sino también las costumbres y las prácticas que constituyan discriminación contra la mujer, mientras que, de conformidad con el artículo 16, párrafo 1, los Estados partes deben adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares. Al respecto, el Comité destaca que los estereotipos afectan el derecho de la mujer a un proceso judicial imparcial que la judicatura debe tener cuidado de no crear estándares inflexibles sobre la base de nociones preconcebidas de qué es lo que constituye violencia doméstica o violencia por razón de género. En el presente caso, el cumplimiento por el Estado parte de su obligación con arreglo a los artículos 2 d) y f) y 5 a) de eliminar los estereotipos de género debe evaluarse teniendo presente el grado de sensibilidad a las cuestiones de género aplicado en el trámite judicial del caso de la autora.
9.12 El Comité considera que la interpretación del Tribunal de Distrito y del Tribunal Regional de Plovdiv, es decir, y la justificación del período de un mes dentro del cual la víctima debe solicitar una orden de protección (artículo 10, párrafo 1 de la Ley de Protección contra la Violencia en el Hogar) es que se procura proporcionar intervenciones urgentes del tribunal, y no vigilar la cohabitación de la pareja, carece de sensibilidad de género puesto que refleja la noción preconcebida de que la violencia doméstica es en gran medida una cuestión privada e incumbe a una esfera en que, en principio, el Estado no debe ejercer control. De manera similar, como ya se indicó, la exclusiva concentración de los tribunales de Plovdiv en la violencia física y en la amenaza inmediata a la vida o la salud de la víctima, refleja un concepto estereotipado y excesivamente estrecho de qué es lo que constituye violencia doméstica. Esa interpretación estereotipada de la violencia doméstica se refleja, por ejemplo, en el razonamiento del Tribunal Regional de Plovdiv de que “cuando alguien golpea a otra persona, es posible ejercer violencia pero solamente tras sobrepasar algunos límites de maltrato y en este caso las declaraciones de V. K. no aclaran de qué manera exactamente ella fue golpeada en la fecha indicada en el procedimiento, ni tampoco de qué manera quedó afectada su inviolabilidad”. Los estereotipos tradicionales del papel de la mujer en el matrimonio también pueden encontrarse en la sentencia de divorcio de fecha 8 de mayo de 2009 dictada por el Tribunal de Distrito de Plovdiv que menciona la utilización por la autora de “lenguaje insolente” al dirigirse a su esposo y le ordena usar su nombre de soltera tras la disolución del matrimonio. El rechazo de por los tribunales de Plovdiv del pedido de obtener una orden de protección permanente contra el esposo de la autora se basó en nociones estereotipadas, preconcebidas y, por lo tanto, discriminatorias, de lo que constituye la violencia doméstica
(Dictamen-Comunicación 20/2008, presentado por: Sra. Violet a Komova Vs Bugaria-negrita con subrayas fuera del texto).
La jurisprudencia relevante, representada por la sentencia Danesh v Kensington and Chelsea Royal London Borough Council, establecía la necesidad de que la violencia implicara un cierto contacto físico y afirmaba que la palabra “violencia” no incluía por sí misma las amenazas de violencia, o los gestos o conductas intimidatorias. La Corte, si bien acepta parcialmente el razonamiento contenido en Danesh (“violencia física” es el significado natural de la palabra violencia), señala que este no puede ser el único significado de la palabra a la luz de la normativa internacional y nacional.
A nivel internacional, la Corte cita la Recomendación General No. 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y pone de manifiesto que en 1996, cuando el Estado legisló sobre violencia doméstica, existía consenso internacional en que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que incluye violencia física, mental, sexual o económica, entre otras (Dictamen-Reino Unido 2011-01-26, presentado por: Yemshaw Vs. London Borough of Hounslow-negrita con subrayas fuera del texto).
Respecto al caso que el Comité tiene ante sí, observa que al emitir una orden de protección de emergencia y adoptar otras decisiones, las autoridades del Estado parte se basaron en la declaración y acciones del marido, pese a ser conscientes de la posición vulnerable de la autora y su dependencia de él. El Comité observa también que las autoridades basaron sus actividades en la idea estereotipada de que el marido era superior y el único cuyas opiniones debían tenerse en cuenta, y no consideró que la violencia doméstica afecta proporcionalmente a muchas más mujeres que hombres. El Comité observa también que la autora fue separada de su hija durante un período de casi ocho meses, durante el cual no recibió ninguna información sobre los cuidados que estaba recibiendo su hija ni se le otorgaron derechos de visita. En tales circunstancias, el Comité considera que tanto la autora como su hija fueron víctimas de discriminación por motivo de género, ya que el Estado parte no protegió la igualdad de derechos de la autora en el matrimonio y como madre ni consideró que los intereses de su hija eran lo más importante. Teniendo en cuenta el hecho de que la orden de protección de emergencia que separó a la autora de su hija se emitió sin considerar los anteriores incidentes de violencia doméstica ni la afirmación de la autora de que en realidad su hija y ella eran las que necesitaban protección contra la violencia doméstica, así como el hecho de que el Tribunal Regional de Sofía no anuló la orden de protección de emergencia después de que se rechazó la petición de que se dictara una orden de protección permanente, el Comité llega a la conclusión de que el Estado parte no adoptó todas las medidas apropiadas que le imponen el artículo 5, apartado a) y el artículo 16, apartados 1 c), d) y f) de la Convención
(Dictamen-Comunicación 32/2011, presentado por Isatou Jallow vs. Bulgarianegrita con subrayas fuera del texto)
Los sistemas internacional y regional de derechos humanos asimismo se han pronunciado sobre la estrecha relación entre la discriminación, la violencia y la debida diligencia, enfatizando que la falla del Estado de actuar con debida diligencia para proteger a las mujeres de la violencia constituye una forma de discriminación, y una negación de su derecho a la igual protección de la ley. Estos principios también han sido aplicados para responsabilizar a los Estados por fallas en la protección de las mujeres respecto de actos de violencia doméstica cometidos por particulares. En esta línea, se ha reconocido internacionalmente que la violencia doméstica es una violación de los derechos humanos y una las formas más persistentes de discriminación, que afecta a mujeres de todas las edades, etnias, razas y clases sociales.
112. Por otra parte, varios órganos internacionales de derechos humanos han considerado la inacción de los Estados en la esfera de la violencia doméstica no sólo una forma de discriminación, sino que también la han declarado un menoscabo del derecho a la vida de las mujeres. La Comisión ha descrito el derecho a la vida “como el derecho supremo del ser humano del que depende el goce de todos los demás derechos”. La importancia del derecho a la vida está reflejada en su incorporación en todos los instrumentos internacionales fundamentales en materia de derechos humanos. El derecho a la vida es uno de los derechos pilares protegidos por la Declaración Americana y, sin duda, ha adquirido el estatus de derecho internacional público consuetudinario.
(….) 162. La Comisión destaca que todos los Estados tienen una obligación legal de proteger a las mujeres de la violencia doméstica; un problema ampliamente reconocido por la comunidad internacional como una grave violación de los derechos humanos y una forma extrema de discriminación. Esto es parte de su obligación legal de respetar y garantizar el derecho a la no discriminación y a la igual protección de la ley. En principio, esta obligación de ejercer la debida diligencia se aplica a todos los Estados miembros de la OEA.
Los deberes de los Estados de proteger y garantizar los derechos de las víctimas de violencia doméstica deben también implementarse en la práctica. Como lo ha establecido la Comisión en el pasado, en el cumplimiento de sus deberes, los Estados deben tener en cuenta que la violencia doméstica es un problema que afecta desproporcionadamente a las mujeres, al constituir la mayoría de las víctimas. Las niñas y los niños también son con frecuencia testigos, víctimas y ampliamente perjudicados por el fenómeno. Las órdenes de protección son vitales para garantizar la obligación de la debida diligencia en los casos de violencia doméstica. A menudo son el único recurso del cual disponen las mujeres víctimas y sus hijos e hijas para protegerse de un daño inminente. Sin embargo, sólo son efectivas si son implementadas con diligencia.
En el caso de Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales, la Comisión también establece que la inacción de los Estados Unidos, al no organizar adecuadamente su estructura estatal para protegerlas de la violencia doméstica, no sólo fue discriminatoria, sino que también constituyó una violación de su derecho a la vida, consagrado en el artículo I, y de su derecho a una protección especial como niñas, establecido en el artículo VII de la Declaración Americana. Como ocurre con otras obligaciones contenidas en la Declaración Americana, los Estados no sólo deben garantizar que una persona no sea privada arbitrariamente de su vida. Los Estados también tienen la obligación positiva de proteger y prevenir violaciones de este derecho mediante la creación de las condiciones que son necesarias para su garantía. En el caso de Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales, el Estado tenía un deber reforzado de actuar con la debida diligencia para protegerlas de daño y de privaciones de su vida por su edad y su sexo, con medidas especiales de cuidado, prevención y garantía. El reconocimiento por el Estado del riesgo de daño y de la necesidad de protección – mediante el otorgamiento de una orden de protección que las incluía como beneficiarias – tornaba aún más crítica la implementación adecuada de esta medida de protección.
(….) 168. La Comisión reitera que la inacción del Estado ante casos de violencia contra las mujeres fomenta un ambiente de impunidad y promueve la repetición de la violencia, “dado que la sociedad no ve pruebas de la voluntad del Estado, como representante de la sociedad, de adoptar medidas efectivas para sancionar tales actos” (DictamenInforme 80/11, presentado por Jessica Lenahan Gonzalez vs. Estados Unidosnegrita y subrayas fuera del texto)
- 12.1.1 En cuanto a la supuesta violación de las obligaciones del Estado Parte de eliminar la violencia contra la mujer en todas sus formas en relación con Şahide Goekce contenidas en el párrafo a) y los párrafos c) a f) del artículo 2 y el artículo 3 de la Convención, el Comité recuerda su recomendación general 19 sobre la violencia contra la mujer. Esta recomendación general se ocupa de la cuestión de si puede considerarse que los Estados partes son responsables de la conducta de agentes no estatales al afirmar que “… de conformidad con la Convención, la discriminación no se limita a los actos cometidos por los gobiernos o en su nombre …” y que “en virtud del derecho internacional y de pactos específicos de derechos humanos, los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización”.
12.1.2 El Comité observa que el Estado Parte ha establecido un modelo amplio para hacer frente a la violencia en el hogar que incluye legislación, recursos penales y civiles, concienciación, educación y capacitación, centros de acogida, asesoramiento para las víctimas de violencia e interacción con los agresores. Sin embargo, para que la mujer víctima de violencia en el hogar disfrute de la realización práctica del principio de la igualdad de hombres y mujeres y de sus derechos humanos y libertades fundamentales, la voluntad política expresada en el sistema amplio de Austria que acaba de describirse debe contar con el apoyo de agentes estatales que respeten las obligaciones de diligencia debida del Estado Parte.
(…..)12.1.4 El Comité considera que, dada esta combinación de factores, la policía sabía o debía haber sabido que Şahide Goekce corría peligro grave; debía haber tratado su última llamada como una emergencia, en particular en razón de que Mustafa Goekce había demostrado que tenía posibilidades de ser un delincuente muy peligroso y violento. El Comité considera que, teniendo en cuenta los numerosos antecedentes de disturbios y golpes anteriores, por no responder inmediatamente a la llamada, la policía es responsable de no haber actuado con la diligencia debida para proteger a Şahide Goekce.
12.1.5 Aunque el Estado Parte sostiene con razón que es necesario en cada caso determinar si la detención constituiría una injerencia desproporcionada en los derechos básicos y las libertades fundamentales de un autor de actos de violencia en el hogar, como el derecho a la libertad de circulación y a un juicio imparcial, el Comité opina, según expresó en sus opiniones sobre otra comunicación relativa a la violencia en el hogar, que los derechos del agresor no pueden estar por encima de los derechos humanos de las mujeres a la vida y a la integridad física y mental. En el presente caso, el Comité considera que el comportamiento (amenazas, intimidación y golpes) de Mustafa Goekce transponía un alto umbral de violencia del cual tenía conciencia el fiscal y que, en consecuencia, el fiscal no debía haber denegado las solicitudes de la policía de detener a Mustafa Goekce en conexión con los incidentes de agosto de 2000 y octubre de 2002
(Dictamen-Comunicación 5/2005, presentado por el Centro de intervención de Viena contra la violencia en el hogar y la Asociación para el acceso de las mujeres a la justicia en nombre de Hakan Goekce, Handan Goekce y Guelue Goekce vs.Austria-negrita con subrayas fuera del texto).
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida también como Convención de Belém do Pará, define los tipos de violencia y sus ámbitos y la responsabilidad del Estado en materia de atención, prevención y sanción. Este instrumento se ha constituido en la base de las leyes de violencia contra la mujer en la región.
En la Convención se puntualiza que “la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres”37.
Así mismo, se precisa que “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como en el privado”38 (negrita con subrayas fuera del texto).
Adicionalmente, se advierte que la “violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica”39
Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual.
Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar40.
En análogo sentido, se resalta que “[e]l derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros,”41
El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación42.
También introdujo como obligación de los Estados que suscribieron la
Convención la de “adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y llevar a cabo lo siguiente”43:
Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación.
Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer44 (negrita con subrayas fuera del texto).
Igualmente, previó el deber de “adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas, para”45
b) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres […] para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer46.
Por último, aclaró que, para la adopción de todas esas medidas, los Estados miembros:
(…) tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido, se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad47.
La Corte Constitucional en el fallo que declaró exequible la Ley 248 de 1995, aprobatoria de la Convención de Belém do Pará, señaló que la violencia doméstica puede ser más grave que la que se ejerce abiertamente, ya que puede convertirse en una verdadera tortura y, en esa medida, no puede invocarse la intimidad y la inamovilidad de los hogares para justificar la agresión contra la mujer:
(…) las mujeres están también sometidas a una violencia, si se quiere, más silenciosa y oculta, pero no por ello menos grave: las agresiones en el ámbito doméstico y en las relaciones de pareja, las cuales son no sólo formas prohibidas de discriminación por razón del sexo (…), sino que pueden llegar a ser de tal intensidad y generar tal dolor y sufrimiento, que configuran verdaderas torturas o, al menos, tratos crueles prohibidos por la Constitución (…) No se puede entonces invocar la intimidad y la inviolabilidad de los hogares para justificar agresiones contra las mujeres en las relaciones privadas y domésticas. Es más, esta violencia puede ser incluso más grave que la que se ejerce abiertamente, pues su ocurrencia en estos ámbitos íntimos la convierte en un fenómeno silencioso, tolerado e incluso, a veces, tácitamente legitimado48 (negrita con subrayas fuera del texto).
Es importante evidenciar que el tribunal constitucional retiró del ordenamiento jurídico el artículo 25 de la Ley 294 de 1996, que contemplaba un tipo penal de violencia sexual entre cónyuges de naturaleza querellable y con penas inferiores a las de los delitos de acceso carnal y acto sexual violento49, presentando, entre otros argumentos, que (i) “la existencia de un vínculo legal o voluntario no comporta la enajenación de la persona”50; (ii) “[l]a libertad sexual no admite gradaciones, pues ello implicaría considerar a algunas personas menos libres que otras”51 y (iii) “[l]a lesividad del hecho es mayor cuando la víctima está unida al agresor por vínculo matrimonial o marital”52:
Es de considerar que la violencia sexual es una de los hechos más graves contra la persona, en cuanto afecta su dignidad, su libertad y, además, puede generar secuelas negativas permanentes; pero lo más grave es que ese daño puede afectar no sólo a la persona misma que sufre la afrenta, sino también incidir en la ruptura de la unidad familiar o al menos producir graves disfunciones en la misma, lo que afectará a los demás miembros que la integran, y particularmente a los menores.
En conclusión, la consagración de un tipo penal privilegiado para los delitos de acceso y acto carnal violento, cuando se ejecutan contra el cónyuge, o la persona con quien se cohabite o haya cohabitado o con quien se haya procreado un hijo es desproporcionada, y en consecuencia, vulnera el derecho a la igualdad53 (negrita con subrayas fuera del texto).
Finalmente, es de especial importancia, en materia del derecho internacional, el Estatuto de Roma, particularmente en lo relativo a las violencias contra las mujeres, incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 742 del 5 junio del 2002. Esto es así porque incorpora los delitos de violencia de género como constitutivos de crimen de guerra, de genocidio y de lesa humanidad.
Nuestro país ha avanzado en las últimas décadas en materia de normativas que legislan sobre la violencia contra las mujeres93 y en la construcción de un andamiaje institucional que responda a esas nuevas disposiciones; sin embargo, tal como lo advirtió la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de
93 Ley 51 de 1981, que ratifica la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Ley 248 de 1995, que ratifica la Convención Interamericana de Belém Do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Ley 294 de 1996, que sancionó como delitos autónomos las conductas violentas producidas en el seno de la familia y creó mecanismos de protección especial para el sujeto agredido en el marco del conflicto familiar.
Ley 360 de 1997, referente a delitos sexuales.
Ley 575 de 2000 (modificó la ley 294 de 1996), que busca dotar de herramientas legales a las Comisarías de Familia para que puedan proceder de manera inmediata ante un hecho de violencia intrafamiliar y dictar medidas de protección definitivas.
Ley 599 de 2000. Código Penal
Ley 679 de 2001. Ley sobre turismo sexual.
Ley 742 del 2002. Estatuto de Roma
Ley 906 de 2004. Código de Procedimiento Penal.
Ley 800 de 2003, por la cual se aprueba la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños.
Ley 985 de 2005, por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma.
Ley 1146 de 2007, por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente.
Ley 1336 de 2007, por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.
Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman el Código de Procedimiento Penal y la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.
Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, y por medio de la cual se establecen normas específicas para las mujeres en los artículos del 114 al 118. Así como los Decretos 4635 de 2011 para comunidades negras, afrocolombiana2s, raizales y palanqueras; 4634 de 2011 para el pueblo Gitano o Rrom; y 4633 de 2011 para pueblos y comunidades indígenas.
Ley 1542 de 2012, la cual tiene por objeto garantizar la protección y diligencia de las autoridades en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer y eliminar el carácter de querrellable y desistible de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria y establece la investigación oficiosa de éstos.
la Mujer54, la violencia basada en género sigue siendo un problema de gran relevancia. Dicho organismo, en relación con la violencia doméstica o intrafamiliar y la psicológica, que usualmente está inmersa en la primera, mostró:
- VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Dentro de la tipología de violencia intrafamiliar55(VIF), la violencia de pareja o conyugal es la que más afecta a las mujeres. Según datos del INMLCF, en el período comprendido entre 2007 y 2011, de los 261.581 casos por maltrato de pareja, 232.361, es decir el 88,8%, corresponden a mujeres. En otras palabras, la prevalencia de la violencia física de pareja en contra de las mujeres es elevada y se mantiene constante. Durante el año 2011, 89.807 reportes se registraron de violencia intrafamiliar, 371 casos más que en el año 2010, entre las víctimas el 78,1% fueron mujeres. Con respecto a la violencia de pareja, se registraron 57.761 casos, 51.092 fueron mujeres, es decir el 88,4% de las víctimas56.
En relación al grupo de edad en el que ocurren los casos de violencia de pareja contra las mujeres, las cifras muestran que en el período entre 2007 y 2011 el mayor número de denuncias se presentó en el rango de edad entre 20 y 29 años, con el 45,8% de los casos. Así mismo, muestran que la violencia de pareja afecta en menor proporción a las mujeres de mayor edad pues las denuncias presentadas por mujeres mayores de 55 años corresponden al 1,2% del total de casos.
El análisis de la violencia de pareja según sexo y rango de edad muestra además que los casos comienzan a muy temprana edad, ya que en el rango entre 10 y 14 años se presentaron 591 casos que afectan a las mujeres, correspondientes al 0,25% del total. (Ver Anexo 4).
De igual forma, las cifras en este período muestran que desde esta edad la violencia de pareja afecta mayoritariamente a las mujeres pues en ese quinquenio sólo se presentaron 15 casos que afectaran a hombres en este rango de edad. Aunque los casos en menores de 15 años representan un número muy bajo del total de casos, su existencia refuerza la necesidad de profundizar en el conocimiento de la violencia de pareja en adolescentes y en implementar estrategias de prevención y atención dirigidas a niños, niñas y adolescentes.
Los resultados de la ENDS 201057 aportan mayor información al fenómeno de la violencia física de pareja. Según ésta, el 37% de las mujeres alguna vez casadas o unidas fueron víctimas de agresiones físicas por parte de su esposo o compañero, en el caso de las mujeres rurales la proporción es del 33,7% y en el de las urbanas es del 38,5%. En comparación con los resultados de la ENDS 2005, se presenta una disminución de 2 puntos porcentuales en el total reportado.
En cuanto a los diferentes tipos de violencia física, se reportaron en mayor porcentaje las siguientes: la ha empujado o zarandeado (33%), la ha golpeado con la mano (27%), la ha pateado o arrastrado (12%), la ha violado (10%). Llama la atención que específicamente con respecto al tipo de agresión referido a violación sexual por parte del esposo o compañero, se presenta una disminución de dos puntos porcentuales entre el 2005 y el 2010 ya que su reporte pasó de 11,5% a 9,7%58.
Respecto a la violencia física por persona diferente al cónyuge, la ENDS de 201059 reportó que el 13,9% de todas las mujeres señalaron haber sido agredidas físicamente por otra persona diferente al esposo o compañero. Las mujeres urbanas reportaron haber sido agredidas en mayor proporción (14,6) que las mujeres rurales (11,6). Este porcentaje representa una disminución de 2 puntos porcentuales con relación a la ENDS 2005. Entre las mujeres víctimas de violencia por personas diferentes al esposo o compañero, son aquellas entre 20 y 39 años las que presentan mayores porcentajes de agresión, y pertenecen a la zona urbana. Los mayores agresores de las mujeres son exmarido o excompañero (35%), la madre o el padre (20%), otra persona pariente de ella (16%) y el exnovio (14%). Estos datos reflejan el hecho de que siguen siendo la antiguas parejas quiénes más agreden a las mujeres, a pesar de haber terminado la relación60.
Por último, la Procuraduría General de la Nación publicó recientemente un informe sobre el accionar de las Comisarias de Familia del país que confirma, una vez más, que el mayor número de víctimas de violencia intrafamiliar son las mujeres. Para el año 2010, las Comisarías atendieron un total de 108.522 casos, de los cuales el 70% (76.642) corresponde a mujeres y el 10% (10.725) corresponde a niñas. Este informe llama la atención sobre la imposibilidad de determinar cuántos casos han sido atendidos por la Comisarías desde su creación en 1989 y sobre la necesidad de establecer un monitoreo constante y eficaz a la atención que éstas brindan. Adicionalmente, muestra como sólo el 3% de las Comisarias del país cuenta con equipos interdisciplinarios completos, el 78,1% lo tiene incompleto y el 20% no tiene equipo interdisciplinario61.
- VIOLENCIA PSICOLÓGICA. Pese a que la violencia psicológica está asociada a todas las formas de violencia contra la mujer, es la tipología más difícil de identificar estadísticamente y de demostrar legalmente. Más allá del daño que causa la violencia física o sexual en la psiquis de una mujer, acciones permanentes y sutiles como insultos, humillaciones, chantajes emocionales, amenazas, aislamiento, entre otros, hacen parte de esta forma de violencia que tiene graves impactos en la salud mental de las mujeres y que debe ser objeto de especial atención e intervención62.
En relación a las situaciones de control por parte del esposo o compañero, un 65% de mujeres encuestadas por la ENDS 2010 manifestó haberla padecido. Se presentan diferencias entre las mujeres rurales y las mujeres urbanas pues mientras las primeras reportan haberla padecido en una proporción del 60,4%, las urbanas lo hicieron en un 66,8%. Con respecto a las situaciones de control que más sufren las mujeres, se pueden nombrar las siguientes: el esposo se ha puesto celoso (54,3%), insiste siempre en saber dónde está ella (39%), la acusa de infidelidad (34%), la ignora (33%), y le impide el contacto con amigos o amigas (29%)63.
Son las mujeres jóvenes (entre 15 y 24 años) las que más se ven afectadas por estas situaciones, sin embargo, vale la pena notar que en todas las edades el porcentaje de mujeres que reportan algún tipo de control supera el 60%64.
Las entrevistas realizadas en el marco de la ENDS 2010 revelan que el 32% de las mujeres alguna vez unidas, reportan haber recibido amenazas por parte de sus esposos o compañeros. Con respecto a la ENDS 2005, el porcentaje permanece estable. De mayor a menor proporción las mujeres reportaron las siguientes amenazas por parte de sus parejas: la de abandono (21%), seguida por la de quitarle los hijos (17%), y por último, la amenaza de quitarle el apoyo económico (16%).
Las mujeres de 45 años en adelante son quienes más reportan haber sido amenazadas, de hecho, entre más años tienen las mujeres, el porcentaje que reporta amenaza por parte del esposo va en ascenso65.
Por último, el 60,4% de las mujeres rurales y 52,7% de las mujeres de zonas urbanas señalaron haber sido víctimas de alguna forma de control por parte de su esposo o compañero y el 29,9% reconocieron haber sido amenazadas
(violencia sicológica).
También se debe considerar como violencia psicológica la violencia que se ejerce a través de las amenazas y actos de intimidación cometidos con ocasión del conflicto armado, así como la especial violencia que implica forzar a las mujeres y a otras víctimas a presenciar y ser testigos de hechos de victimización que se ejerce a través de diversos controles sociales que los actores armados tienen en ciertos territorios del país.

References: Artículo 1
 artículo 17
 artículo 16
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 10
 artículo 5
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 5
 artículo 16
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 25