Source: http://cij-uaz.net/lez/htm/348.htm
Timestamp: 2019-03-23 12:18:28+00:00

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REGLAMENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
1. Este Reglamento es de orden público, de observancia general en el Estado de Zacatecas, su objeto es regular los procedimientos administrativos sancionadores aplicables por las infracciones, cometidas a las disposiciones electorales contenidas en el libro sexto, título único de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas.
1. Para la interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en este Reglamento, se atenderá a los criterios gramatical, sistemático, funcional y a la jurisprudencia o a los principios generales del derecho.
1. De forma supletoria, a falta de disposición expresa en este Reglamento, en lo conducente, se aplicarán los ordenamientos siguientes:
I. Ley Electoral del Estado de Zacatecas;
II. Ley del Sistema de Medios de Impugnación Electoral del Estado de Zacatecas;
III. Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas; y
IV. El Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
a) Constitución federal: la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos;
b) Constitución: la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas;
d) Ley Orgánica; la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas;
e) Ley de Medios: la Ley del Sistema de Medios de Impugnación Electoral del Estado de Zacatecas; y
f) Reglamento: el Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores Electorales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas;
a) Comisión de Administración: la Comisión de Administración y Prerrogativa del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas;
b) Comisión de Asuntos Jurídicos: la Comisión de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas;
c) Consejera o consejero presidente: el consejero presidente de los consejos: general, distritales y municipales electorales, según corresponda;
d) Consejo General: el Consejo General del Instituto Electoral, del Estado de Zacatecas;
e) Dirección Ejecutiva de Administración: la Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas;
g) Órganos desconcentrados: los consejos municipales electorales y consejos distritales electorales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas;
h) Órganos Ejecutivos: la presidencia, junta ejecutiva y secretaría ejecutiva;
i) Representantes: los representantes de los partidos políticos, debidamente acreditados ante el Consejo General y los órganos desconcentrados;
j) secretaría ejecutiva: la secretaría ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas;
k) Secretario ejecutivo de los Órganos desconcentrados: la secretaria o secretario ejecutivo de los consejos distritales y municipales electorales; y
l) Unidad de Fiscalización: la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos;
III. En cuanto a las partes en los procedimientos administrativos:
a) Las partes: los partidos políticos, coaliciones, personas físicas o morales que tengan el carácter de denunciante, denunciada o tercera interesada en los procedimientos administrativos;
b) Denunciado: el partido político, coalición, persona física o moral contra quien se endereza una denuncia;
c) Denunciante: el partido político, coalición, persona física o moral que formula una denuncia;
IV. En cuanto a los conceptos aplicables:
a) Actos de campaña: son aquellas reuniones públicas o privadas, debates, asambleas, visitas domiciliarias, marchas y en general, aquellos actos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos, se dirigen al electorado para la promoción de sus candidaturas;
b) Actos anticipados de precampaña: actividades realizadas por los partidos políticos, aspirantes y militantes, a través de reuniones públicas y privadas, asambleas, marchas, difusión de escritos, publicaciones, expresiones, mensajes, imágenes, proyecciones, grabaciones de audio o video u otros elementos y, en general, todos los realizados para dirigirse a los afiliados o militantes, simpatizantes y/o ciudadanía, con el fin de obtener la postulación a un cargo de elección popular, siempre que estas actividades acontezcan previo al inicio del procedimiento interno de selección de candidaturas del partido político o coalición respectivo o bien previo al registro que como precandidata se le otorgue a la persona;
c) Actos anticipados de campaña: aquellos realizados por partidos políticos, coaliciones, afiliados o militantes, aspirantes o precandidatos, a través de reuniones públicas y privadas, asambleas, marchas, difusión de escritos, publicaciones, expresiones, mensajes, imágenes, proyecciones, grabaciones de audio o video u otros elementos. En general, los actos realizados para dirigirse a la ciudadanía, con el fin de presentar y promover una candidatura y/o sus propuestas para obtener el voto a favor de ésta en una jornada electoral, siempre que tales actos acontezcan antes del inicio de las campañas electorales correspondientes;
d) Denuncia o queja: acto por medio del cual se hace del conocimiento de la autoridad administrativa electoral, presuntos hechos, actos u omisiones que vulneran la normatividad electoral;
e) Libro de registro: el libro en el que se registran los acuerdos y resoluciones recaídas a las denuncias que se presenten, así como de los procedimientos administrativos sancionadores iniciados de oficio;
f) Procedimientos administrativos sancionadores: los procedimientos que se tramitan, sustancian y resuelven ya sea por la vía ordinaria, especial o sobre financiamiento y gasto de los partidos políticos, por presuntas infracciones a la normatividad electoral.
1. Los procedimientos previstos en este Reglamento, tiene como finalidad determinar la existencia de infracciones a la normatividad electoral y la responsabilidad administrativa, mediante la valoración de los medios de prueba e indicios que aporten las partes y, en su caso, de aquellos que se obtengan de la investigación que realice la autoridad electoral.
1. El presente Reglamento regula los procedimientos siguientes:
I. El procedimiento administrativo sancionador ordinario, es el aplicable durante el proceso electoral o en la etapa de interproceso, para conocer, sustanciar y en su caso, sancionar, cuando se denuncie la comisión de infracciones a la normatividad electoral que no sean materia de procedimiento sancionador especial, ni del procedimiento sancionador en materia de quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos políticos;
II. El procedimiento administrativo sancionador especial, es el aplicable durante los procesos electorales para conocer, sustanciar y en su caso, sancionar, cuando se denuncie la comisión de conductas relacionadas con las siguientes infracciones:
a) Por la colocación de propaganda en lugar prohibido o por el contenida de la misma;
b) Por actos anticipados de precampaña y campaña; y
c) Por contravención a las normas sobre propaganda gubernamental, política o electoral establecidas en la Constitución y en la Ley Electoral;
III. El procedimiento sancionador en materia de quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos políticos, aplicables durante el proceso electoral o en la etapa de interproceso, cuando se denuncien presuntas irregularidades en que haya incurrido un partido político en materia de origen y aplicación de los recursos derivados de su financiamiento.
2. La secretaría ejecutiva determinará en cada caso, el tipo de procedimiento por el que deban sustanciarse la quejas que se interpongan, en atención a los hechos denunciados y a la presunta infracción.
1. Los órganos electorales, al recibir una queja, deberán realizar las acciones necesarias para impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, así como para allegarse de elementos probatorios adicionales que estimen necesarios para la investigación, sin que dichas medidas impliquen su inicio.
Análisis de la queja
1. Recibida una queja, la secretaría ejecutiva procederá a su análisis a efecto de:
I. Registrarla e informar de su presentación al Consejo General;
II. Determinar si debe prevenir al denunciante;
III. Determinar sobre la admisión o desechamiento; y
2. La secretaría ejecutiva contará con un plazo de tres días para formular el acuerdo de admisión o desechamiento, contado a partir del día en que reciba la queja. En caso de que se haya prevenido al denunciante, a partir de la fecha en la que termine el plazo para su cumplimiento.
3. En los casos en los que el denunciante no aporte indicios suficientes para que la autoridad dicte el acuerdo de admisión o desechamiento, según corresponda, si la secretaría ejecutiva ejerce su facultad de llevar a cabo u ordenar la realización de diligencias preliminares, el plazo a que se refiere el numeral anterior comenzará a partir de que cuente con los elementos necesarios que sustenten su determinación.
De los sujetos, personería, competencia,
1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales, los siguientes:
I. Los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones;
II. Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;
III. Los ciudadanos o cualquier persona física o moral;
IV. Los observadores electorales o las organizaciones de observadores electorales;
V. Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los poderes de la unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos y cualquier otro ente público;
VI. Los notarios públicos;
VII. Los extranjeros;
VIII. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político estatal;
IX. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos políticos estatales;
X. Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión; y
XI. Los demás sujetos obligados en los términos de la Ley Electoral.
1. Cualquier persona con interés legítimo podrá presentar quejas por presuntas infracciones a la normatividad electoral.
2. Se le reconocerá el carácter de denunciante a quien acredite tener interés legítimo en el análisis de los hechos denunciados.
3. En caso de que la queja sea promovida por un partido político o coalición, ésta deberá presentarse a través de sus representantes debidamente acreditados, se entiende por éstos:
I. Los registrados formalmente ante los órganos desconcentrados. En este caso, sólo podrán actuar ante el órgano en que estén acreditados;
II. Los integrantes de los comités estatales, distritales o municipales, según corresponda, quienes deberán acreditar su personería con el nombramiento respectivo;
III. Los que tengan facultades de representación conforme a sus estatutos o mediante poder otorgado en la escritura pública por los funcionarios del partido facultados para ello; y
IV. En el caso de las coaliciones, cada partido político coaligado acreditará su propia representación ante los órganos electorales del Instituto.
4. Los precandidatos y candidatos podrán comparecer por su propio derecho, y deberán acompañar el documento original o copia certificada en el que conste su registro; de igual forma podrán hacerlo por medio de representante legal.
5. Los ciudadanos, por su propio derecho o a través de su representante legal.
6. En caso de que la queja sea promovida por una persona moral, el denunciante deberá acreditar la personalidad con la que se ostenta, y adjuntará al escrito de queja, copia certificada del documento en el que conste dicho acto jurídico, de no hacerlo se entenderá presentada a título personal.
1. Los órganos competentes para el trámite, de sustanciación y resolución, son los siguientes:
I. El Consejo General para resolver los procedimientos administrativos sancionadores regulados por este Reglamento;
II. La Comisión de Asuntos Jurídicos y la secretaría ejecutiva, para tramitar y sustanciar los procedimientos administrativos sancionadores ordinarios y especiales;
III. La secretaría ejecutiva, en coadyuvancia con la comisión de administración, la dirección ejecutiva de administración y la Unidad de Fiscalización, para tramitar y sustanciar los procedimientos en materia de quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos políticos; y
IV. La secretaría ejecutiva, para emitir acuerdo de desechamiento, cuando del análisis preliminar de una queja se advierta que se actualiza alguna causal de improcedencia.
2. Las presidencias y secretarías de los órganos desconcentrados, podrán recibir quejas por infracciones a la normatividad electoral, en el ámbito de su competencia, las que remitirán de manera inmediata a la secretaría ejecutiva. Para la tramitación de los procedimientos administrativos correspondientes, fungirán como autoridades auxiliares.
1. La facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades por infracciones administrativas prescribe en el término de tres años.
2. El término de la prescripción comenzará a contar a partir de la fecha en que hayan incurrido las presuntas infracciones a la normatividad electoral.
3. La presentación de una queja o el inicio de oficio de un procedimiento administrativo interrumpe el cómputo de prescripción.
1.La facultad del Consejo General para sancionar las infracciones a la normatividad electoral, caduca en el término de un año, a partir del inicio del procedimiento sancionador, en el supuesto de que la autoridad o las partes dejen de realizar alguna gestión escrita que impulse el procedimiento.
1. La secretaría ejecutiva rendirá un informe al Consejo General, sobre las quejas recibidas e informará el estado en que guarden.
1. La notificación es el acto procesal por el que se hace del conocimiento a las partes el contenido de una diligencia, un acuerdo o resolución de los órganos electorales.
2. Las notificaciones se podrán hacer personalmente a través de cédulas, por estrados, mediante oficio, publicación oficial o vía correo electrónico.
3. En todos los casos, al realizar una notificación, se dejará en el expediente un tanto del citatorio, cédula de notificación, acta circunstanciada y del acuerdo o resolución que se notifique, según corresponda.
4. Las notificaciones se harán a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes al en que se dicte el acto o resolución que las motive, y surtirán sus efectos el mismo día de su realización.
1. Las notificaciones serán personales cuando así se determine en el acuerdo o resolución, en todo caso lo serán; la primera notificación que se realice a alguna de las partes; las relativas a vistas para alegatos; las que concluyan con la investigación y las resoluciones que pongan fin al procedimiento. Para tal efecto se entregará copia certificada del acuerdo o resolución que se notifique.
2. Cuando el acuerdo o resolución entrañe una citación o un plazo para la práctica de una diligencia, se notificará personalmente al menos con tres días hábiles de anticipación al día y hora en que se haya de celebrar la actuación o audiencia. Las demás se harán por cédula que se fijará en los estrados del Instituto. En todo caso, las que se dirijan a una autoridad u órgano partidario se notificarán mediante oficio.
3. Las notificaciones personales se realizarán en días y horas hábiles, al interesado o a la persona autorizada para tal efecto.
Prácticas de las notificaciones personales
1. Las notificaciones personales, se practicarán de conformidad con lo siguiente:
I. El notificador deberá cerciorarse, por cualquier medio, que la persona que deba ser notificada tiene su domicilio en el inmueble designado y, después de ello, practicará la diligencia y entregará al interesado o las personas autorizadas, copia certificada del acuerdo o resolución correspondiente;
II. Si no se encuentra al interesado en su domicilio, o en su caso, las personas autorizadas, se dejará un citatorio con cualquiera de las personas que allí se encuentren, el que contendrá:
d) Fecha y hora en que se deja el citatorio y nombre de la persona a la que se le entrega;
e) El señalamiento de la hora a la que al día siguiente, deberá esperar al notificador; y
f) Dato de identificación y firma del notificador;
III. Al día siguiente a la hora fijada en el citatorio, el notificador se constituirá nuevamente en el domicilio y si el interesado o la persona autorizada para recibir notificaciones no se encuentra, se hará la notificación por estrados, de lo cual se asentará la razón correspondiente; y
IV. Si el destinatario se niega a recibir la notificación, o las personas que se encuentran en el domicilio se rehúsan a recibir el citatorio, la cédula de citación se fijará en la puerta de la entrada, y se realizará la notificación por estrados; de lo cual se asentará la razón en autos.
2. En caso de cambio de domicilio, las partes deberán señalarlo a la autoridad electoral para encontrarse en posibilidad de oír y recibir notificaciones en el procedimiento correspondiente.
3. Cuando las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones y éste no resulte cierto, el oficial notificador levantará acta circunstanciada sobre la imposibilidad de llevar a cabo la diligencia en dicho domicilio, y ésta se practicará por estrados.
Contenido de las cédulas
1. Las cédulas de notificación personal deberán contener:
I. Nombre de la persona que se notifica;
II. Datos de identificación del expediente en que se actúa;
III. Lugar, hora y fecha en que se realiza; y
IV. Datos de identificación y firma del notificador.
1. Las notificaciones personales podrán realizarse por comparecencia del interesado de su representante, o de persona autorizada ante el órgano respectivo. En tales casos se deberá asentar en autos la razón correspondiente y se deberá agregar copia simple del documento oficial con la que se haya identificado el compareciente.
1. La omisión de alguna de las partes de señalar domicilio, será causa suficiente para que las notificaciones se lleven a cabo por estrados.
2. Las notificaciones por estrados se fijarán en un plazo de setenta y dos horas, en un sitio abierto al público en las oficinas de la autoridad que la efectúe, se exhibirán copias de las diligencias, acuerdos o resoluciones que se notifiquen. La autoridad dejará constancia de lo actuado en el expediente respectivo.
3. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación el momento en que se cumpla el plazo para el retiro de la cédula.
1. Cuando un partido político sea parte en un procedimiento, y su representante ante el Consejo General se encuentre presente al momento de aprobar la resolución correspondiente, se tendrá por notificado.
1. En el caso de la notificación de acuerdos que entrañen la adopción de medidas cautelares, ésta se realizará por el medio más expedito. Para tal efecto y al tomar en consideración las circunstancias específicas de cada caso, la secretaría ejecutiva podrá ordenar la remisión del acuerdo respectivo al denunciado por medio de notificaciones electrónicas.
2. Las partes mediante escrito dirigido a la secretaría ejecutiva, podrán manifestar su voluntad para que los actos o resoluciones le sean notificados de forma electrónica, para lo cual se sujetarán a los lineamientos correspondientes.
Art. 23. Para efecto del Reglamento, los plazos se computarán en términos siguientes:
II. Si los plazos están señalados por horas, se computarán de momento a momento, y surtirán sus efectos al momento en que se realice la notificación del acto o resolución;
III. Si están señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas y el cómputo de los plazos iniciarán al día siguiente de su realización;
IV. En el caso de que las quejas se inicien antes del proceso electoral, los plazos se computarán en días hábiles, debiendo entenderse por tales, todos los del año, a excepción de los sábados y domingos, así como aquellos que por acuerdo expreso del órgano competente, en términos de ley sean considerados inhábiles; y
V. Los plazos señalados por años, se computarán a partir del mismo día en que se tenga conocimiento del acto, hecho u omisión motivo del procedimiento.
2. Las diligencias se celebrarán en días y horas hábiles, salvo en los casos en los que sea necesario que se practiquen fuera de ellos. Para el efecto de preservar las evidencias del acto, hecho u omisión denunciado.
3. La secretaría ejecutiva podrá determinar la habilitación de días y horas para el desahogo de diligencias.
1. El emplazamiento se hará de forma personal al denunciado al día siguiente que se dice el acuerdo de admisión y se le correrá traslado con la copia de la queja, sus anexos y demás constancias que obren en el expediente, y se deberá cumplir con lo siguiente:
I. Al denunciado, en el domicilio señalado por el denunciante en el escrito inicial de la queja;
II. Si se trata de personas físicas, directamente con la señalada como denunciado; y
III. Tratándose de personas morales, por conducto de las personas que legalmente las representen.
1. La secretaría ejecutiva contará con el apoyo de la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos para el trámite y sustanciación de los procedimientos, en los términos siguientes:
I. Brindará asesoría a los órganos del Instituto respecto de los procedimientos administrativos sancionadores regulados en este Reglamento; y
II. Coadyuvará en el desarrollo de las audiencias y diligencias.
2. Los coordinadores y auxiliares jurídicos de la secretaría ejecutiva y de la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, serán fedatarios del Instituto, por lo que respecta a las actas en que consten las diligencias o actuaciones realizadas.
3. Los coordinadores y auxiliares jurídicos fungirán como oficiales notificadores en la sustanciación de los procedimientos administrativos que se tramiten.
4. Los secretarios de los órganos desconcentrados, en auxilio de la secretaría ejecutiva, son directamente responsables de realizar las notificaciones, y de levantar las actas circunstancias derivadas del desahogo de las diligencias o actuaciones que se lleven en un procedimiento administrativo.
De la incompetencia, escisión y acumulación
1. Cuando se denuncia un acto, hecho u omisión que no sea competencia del Instituto, la secretaría ejecutiva, dentro de los tres días siguientes emitirá un acuerdo de desechamiento, en el cual ordene la remisión del expediente a la autoridad competente, para los efectos legales a que haya lugar.
2. En los casos en que el denunciado sea una autoridad federal, estatal o municipal, notario público, ministro de culto, asociaciones, iglesia o agrupación de cualquier religión, la autoridad electoral procederá a realizar el trámite y sustanciación del procedimiento y remitirá el expediente a las autoridades competentes, a efecto de que en términos de la legislación aplicable ordenen las medidas cautelares para que la conducta infractora cese de inmediato o imponer, en su caso, la sanción correspondiente. Asimismo, la autoridad competente deberá informar al Instituto, dentro de un mes, las medidas que haya adoptado y las sanciones impuestas.
1. En caso de que se presente una queja que involucre la posible comisión de infracciones que sean competencia del Instituto y de autoridad distinta a éste, la secretaría ejecutiva escindirá el procedimiento; formará dos expedientes con las constancias existentes, y remitirá copia certificada a la autoridad competente, para los efectos legales a que haya lugar.
1. Por economía procesal y para evitar resoluciones contradictorias respecto de una misma cuestión, se procederá a decretar la acumulación de expedientes por:
I. Litispendencia: entendida como la relación existente entre un procedimiento que aún no resuelve la autoridad y otro que recién ha iniciado, siempre que exista identidad de sujetos, objeto y pretensión;
II. Conexidad: entendida como la relación entre dos o más procedimientos que tienen en común la misma causa o hechos; y
III. Vinculación: cuado existen varias quejas contra un mismo denunciado, respecto de una misma conducta y provengan de una misma causa.
1. Para efectos de la acumulación se observarán las siguientes reglas:
II. La secretaría ejecutiva podrá determinar la acumulación de expedientes desde el momento de acordar la admisión de la queja, durante la sustanciación y hasta antes de que se declare cerrada la instrucción;
III. Para los efectos de la acumulación de las quejas que se presenten, la interpuesta en segundo término se acumulará al primer expediente;
IV. La solicitud o acuerdo de acumulación se notificará a las partes, para que dentro del plazo de veinticuatro horas a partir del momento de la notificación, manifiesten lo que a su derecho convenga; y
V. Recibidas las manifestaciones de las partes, la secretaría ejecutiva valorará las actuaciones y medios probatorios que obren en autos, así como aquellas que se alleguen en el ejercicio de su facultad de investigación y resolverá sobre la acumulación de los expedientes.
De los medios de apremio y
1. El medio de apremio, es el conjunto de instrumentos jurídicos mediante el cual el órgano electoral que sustancie los procedimientos materia de este Reglamento, puede hacer cumplir sus determinaciones.
2. Entre los medios de apremio se encuentran:
III. Multa de hasta por doscientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado. En caso de reincidencia, se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada. La multa se hará efectiva de conformidad con lo señalado por el artículo 277, numeral 6 de la Ley Electoral; o
1. Se entiende por medidas cautelares, los actos procesales que determine la secretaría ejecutiva, a fin de lograr la cesación de los actos o hechos que pudieran constituir una infracción a la normatividad electoral con el objeto de evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen el proceso electoral o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la normatividad electoral, hasta en tanto se emita la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento.
1. En el supuesto de que sean procedentes las medidas cautelares, la secretaría ejecutiva dentro del plazo fijado para la admisión de la denuncia, emitirá acuerdo que deberá contener lo siguiente:
I. Las condiciones que sustenten su pronunciamiento:
a) La probable existencia de un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso; y
b) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama;
II. La justificación de la medida cautelar específica que se impone, a partir de los elementos siguientes:
a) La irreparabilidad de la afectación;
b) La idoneidad de la medida;
c) La razonabilidad; y
d) La proporcionalidad.
2. Para el adecuado desahogo de los procedimientos sancionadores, la secretaría ejecutiva podrá ordenar las siguientes medidas cautelares:
I. La suspensión de la ejecución de actos que contravengan la Ley Electoral, afecten el interés público o pongan en riesgo el desarrollo del proceso electoral;
II. El retiro de propaganda bajo cualquier modalidad, contraria a la Ley Electoral, con excepción de aquella que se difunda en radio y televisión; o
III. Cualquiera otra que estime pertinente, en atención a las circunstancias y naturaleza del hecho.
Plazo para dar cumplimiento a
1. En el acuerdo en el que se determine la adopción de medidas cautelares, se establecerá la suspensión inmediata de los hechos materia de la misma, y se otorgará un plazo de veinticuatro horas para que los sujetos obligados la atiendan, de conformidad con la naturaleza del acto.
2. Las medidas cautelares que se ordenen se notificarán al denunciado dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que se dicten.
3. La secretaría ejecutiva podrá dictar los medios de apremio que considere pertinentes, cuando el denunciado no cumpla con el acuerdo en el que se ordenen las medidas cautelares.
4. Para los fines indicados en este artículo, los órganos desconcentrados en el ámbito de su competencia, darán seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas y, en caso de incumplimiento inmediatamente lo informarán a la secretaría ejecutiva.
Improcedencia de las medidas cautelares
1. La secretaría ejecutiva dictará acuerdo sobre la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas, cuando se actualicen los supuestos siguientes:
I. Se soliciten medidas cautelares en contra de actos futuros de realización incierta o de actos consumados; se entiende por estos últimos, los actos cuyos efectos no pueden retrotraerse y que son materialmente imposibles de restituir al estado en que se encontraban antes de que ocurrieran los actos denunciados; y
II. Cuando se estime que la medida cautelar sea frívola.
2. En caso de que se actualice alguna de las causales de improcedencia, el acuerdo que emita la secretaría ejecutiva se notificará al denunciante.
Análisis de oficio causales de improcedencia
1. El estudio de las causas de improcedencia y sobreseimiento de la queja, se realizará de oficio. Cuando se actualice alguna de las causales previstas en este Reglamento, la secretaría ejecutiva, desechará o sobreseerá el asunto según corresponda.
1. Son objeto de prueba los hechos controvertidos, no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni de aquellos que hayan sido reconocidos. Se podrán invocar los hechos notorios aunque no hayan sido alegados por las partes.
1. Las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten las partes en el procedimiento, en el que deberán expresar con toda claridad cual es el hecho o hechos que se trata de acreditar, así como las razones por las que se estima que demostrarán las afirmaciones vertidas.
2. En el desahogo de pruebas se respetará el principio de contradicción de la prueba, siempre que ello no signifique la posibilidad de demorar el proceso, o el riesgo de que se oculte o destruya el material probatorio.
1. En los procedimientos administrativos sancionadores, serán admisibles los medios de prueba siguientes:
IV. Pericial contable;
V. Confesional y testimonial;
VI. Reconocimiento o inspección;
VII. Presuncional; e
2. La secretaría ejecutiva podrá admitir las pruebas que hayan sido ofrecidas en el escrito por el que se comparezca al procedimiento, cuando se hubiesen solicitado a las instancias correspondientes, y éstas sean aportadas hasta antes de la aprobación del proyecto de resolución.
Solicitud de medios de prueba
I. Si las pruebas están en poder de órganos del Instituto, la secretaría ejecutiva solicitará su remisión para integrarlas al expediente; y
II. En caso de que los elementos de prueba obren en poder de autoridades federales, estatales, municipales, partidos políticos, coaliciones, candidatos, personas físicas o morales, el órgano competente para la sustanciación del procedimiento podrá requerirles para que en un plazo máximo de quince días naturales, contados a partir del día en que se notifica el requerimiento, remitan al Instituto los elementos de prueba.
2. Lo señalado en la fracción II de este artículo, se realizará siempre y cuando el oferente demuestre que habiéndolas solicitado por escrito y oportunamente no le fueron proporcionadas.
3. El oferente de la prueba deberá identificar con toda precisión las pruebas que solicita se agreguen al expediente, así como a las autoridades o personas que las tengan en su poder.
4. La secretaría ejecutiva, en caso de que las autoridades no atiendan en tiempo y forma el requerimiento de las pruebas que les fueron solicitadas, podrá imponer alguno de los medios de apremio a que se refiere el artículo 30 de este Reglamento.
1. Serán documentales públicas:
II. Los documentos originales y certificaciones expedidos por las autoridades federales, estatales y municipales, en el ejercicio de sus facultades; y
III. Los documentos originales y certificaciones expedidos por quienes estén investidos de la fe pública de acuerdo con la Ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten.
1. Serán documentales privadas todos los demás documentos que no reúnan los requisitos señalados por las documentales públicas.
2. En aquellos casos en que se ofrezcan copias simples de documentales públicas o privadas, deberá señalarse el lugar donde se localiza el original, con el objeto de que la autoridad ordene su cotejo, solicite los originales o la certificación, siempre y cuando el oferente demuestre que habiéndolas solicitado por escrito y oportunamente no le fueron proporcionadas; y
3. Lo anterior, no será aplicable si las pruebas documentales obran en poder del oferente, en cuyo caso deberán ser aportadas en original o en copia certificada; las que previo cotejo a solicitud del oferente serán devueltas.
1. Se consideran pruebas técnicas las fotografías y videos, dispositivos de almacenamiento como discos, memorias USB, entre otros, así como todos aquellos elementos obtenidos por los avances de la ciencia y la tecnología que pueden ser desahogados por el órgano sustanciador, sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén a su alcance.
2. El oferente deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar con la prueba ofrecida, e identificar a las personas, los lugares y las circunstancias de modo, tiempo y lugar, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba, así como la relación que guarda con los demás medios de prueba ofrecidos y los actos, hechos u omisiones que se pretenden demostrar.
1. La prueba pericial podrá ser ofrecida, cuando sea necesarios conocimientos especiales y su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos para resolver.
I. Para su admisión, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Ser ofrecida junto con el escrito de queja o contestación;
b) Señalar la materia sobre la que versará la prueba, se exhibirá el cuestionario respectivo con copia para correr traslado a la contraparte;
c) Especificar los puntos sobre los que se versará y las cuestiones que se deben resolver con la misma;
d) Señalar el nombre completo del perito que se proponga y acreditar que cuenta con título profesional en la materia; y
e) Presentar el escrito por el cual el perito acepta el cargo y rinda protesta de su legal desempeño.
2. De no cumplirse con los requisitos señalados, la prueba se tendrá por no admitida.
3. La prueba se desahogará en la fecha, hora y lugar que previamente se señalen.
4. Las partes y los peritos podrán hacer las aclaraciones que estimen oportunas siempre y cuando versen sobre el punto a tratar, observaciones que deberán quedar asentadas en el acta circunstanciada que se levante, por el personal comisionado para tal efecto.
5. La falta de asistencia de las partes en el desahogo de las pruebas, no impedirá su desarrollo.
6. El costo de la prueba pericial será con cargo al oferente.
1. La confesional y la testimonial podrán ser admitidas cuando se ofrezcan en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, siempre que éstos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho.
1. La prueba de reconocimiento e inspección es el examen sensorial directo de lugares, cosas, muebles, inmuebles y hechos relacionados con una controversia, deberá ofrecerse con la indicación precisa de los objetos y hechos de inspección, así como la relación de los mismos con los actos, hechos y omisiones que se pretendan demostrar.
2. La autoridad que sustancie el procedimiento podrá ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
3. La prueba se desahogará en el día, hora y lugar previamente señalados, a la que podrán concurrir las partes o sus representantes.
4. Del reconocimiento o inspección se instrumentará acta circunstanciada en la que se identificarán y firmarán los que concurran a su desahogo, asentándose una síntesis de los hechos que generaron la queja presentada, las observaciones, y lo necesario para establecer la veracidad de los hechos.
5. Cuando sea preciso se harán planos o se sacarán fotografías del lugar u objeto inspeccionado.
6. En el acta de la diligencia elaborada por el personal del Instituto comisionado, se deberán asentar, de forma detallada, los elementos indispensables que lleven a la convicción de que se constataron o no los hechos que se instruyeron verificar, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la actuación y, además, se indicará lo siguiente:
I. Los medios por los que se cercioró que, efectivamente, se constituyó en los lugares en que debía hacerlo;
II. Las características o rasgos distintivos de los lugares en donde se actúo;
III. Los elementos que se observaron en relación con los hechos objeto de la inspección; y
IV. Los medios en los que, se registró la información.
7. La falta de asistencia de las partes en el desahogo de pruebas de inspección, no impedirá su desarrollo.
8. Las partes podrán hacer las aclaraciones que estimen oportunas, siempre y cuando versen sobre el punto a tratar y deberán quedar asentadas en el acta circunstanciada que se levante.
1. La presunción es el razonamiento y la valoración de carácter deductivo o inductivo por los cuales la autoridad llega al conocimiento de hechos desconocidos, a partir de la existencia de hechos conocidos, las que podrán ser:
I. Legal: la establecida expresamente por la ley; y
II. Humana: la que se infiera de razonamientos lógicos y probados en el procedimiento.
1. La instrumental de actuaciones es el medio de convicción que se obtiene al analizar el conjunto de las constancias que integran el expediente del procedimiento administrativo sancionador correspondiente.
1. Son pruebas supervenientes, aquellos medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse y aquellos existentes desde entonces, pero que el oferente no pudo ofrecer o aportar por desconocerlos o existir obstáculos que no estaban a su alcance superar.
2. Las partes podrán aportar pruebas supervenientes hasta antes del cierre de la instrucción.
3. Admitida una prueba superveniente, se dará vista a las partes según corresponda para que en el plazo de cinco días, manifieste lo que a su derecho convenga.
1. Para resolver no se podrán tomar en consideración las pruebas ofrecidas fuera de los plazos legales, con excepción de las pruebas supervenientes y aquéllas que fueron ofrecidas en el momento procesal oportuno, habiendo sido solicitadas previamente a las instancias correspondientes, siempre y cuando se aporten antes de la aprobación del proyecto de resolución.
2. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre la veracidad de los hechos que se pretenden demostrar.
3. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.
4. Las documentales privadas, técnicas, periciales e instrumental de actuaciones, así como aquellas en que un fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a juicio del órgano resolutor, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
5. Las copias simples que obren en el expediente, tendrán únicamente el valor de un indicio, cuando no se hayan compulsado con su original.
1. El procedimiento administrativo sancionador ordinario, es el aplicable durante el proceso electoral o en la etapa de interproceso, para conocer, sustanciar y en su caso sancionar, cuando se denuncie la comisión de infracciones a la normatividad electoral que no sean materia del procedimiento sancionador especial, ni del procedimiento sancionador en materia de quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos políticos.
1. El procedimiento sancionador ordinario podrá iniciarse:
I. De oficio: cuando de la sustanciación de una investigación la secretaría ejecutiva advierta hechos distintos al objeto de ese procedimiento que puedan constituir distintas infracciones electorales, o la responsabilidad de actores diversos a los denunciados; y
II. A petición de parte: cuando el denunciante haga del conocimiento a los órganos del Instituto la presunta infracción a la legislación electoral.
2. Cuando el procedimiento sea iniciado de oficio, la secretaría ejecutiva procederá a formular el acuerdo de admisión en el que señale las infracciones cometidas, ordene la integración del nuevo expediente con los medios probatorios derivados de la investigación de la queja primigenia, y emplazará al denunciado, corriéndole traslado con el acuerdo y demás constancias del expediente.
1. Podrán presentar quejas:
I. Las personas jurídicas por medio de sus representantes legales;
II. Las personas físicas por su propio derecho o a través de su representante; y
III. Los sujetos que se encuentran previstos en el artículo 10 de este Reglamento.
Requisitos de la queja
1. La queja podrá ser presentada por escrito o de forma oral, ante la secretaría ejecutiva o los órganos desconcentrados.
2. La queja que se presente por escrito, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I. Nombre del denunciante, con firma autógrafa o huella digital;
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones en la capital del Estado o zona conurbada y si es posible un correo electrónico para tales efectos;
III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;
IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja y, los preceptos presuntamente violados;
V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente; o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse cuando el denunciante acredite que oportunamente las solicitó por escrito a la autoridad competente, y no le fueron entregadas; y
VI. Las pruebas deberán estar relacionadas con cada uno de los hechos.
3. Los partidos políticos deberán presentar las quejas por escrito. En caso de que los representantes no acrediten su personería, la queja se tendrá por no presentada.
Queja de forma oral
1. Cuando la queja se presente de forma oral, la autoridad competente ante quien se formule, hará constar en acta circunstanciada su presentación y los requisitos señalados en el artículo 53, numeral 2 de este Reglamento.
Remisión del escrito inicial a la secretaría ejecutiva
1. Si la queja se presenta ante los órganos desconcentrados, los secretarios de manera inmediata, informarán sobre su recepción a la secretaría ejecutiva, y en el término de veinticuatro horas, la remitirán para el trámite correspondiente.
2. Cuando la queja se presente de forma oral, el acta circunstanciada en la que se haga constar su presentación, será remitida una vez que el denunciante comparezca a ratificar la queja formulada o, en su caso, cuando se haga constar que el denunciante no compareció para ratificarla.
3. El término para la ratificación de la denuncia será en el plazo de tres días, a partir de la notificación del acuerdo que se emita para tal efecto. La secretaría ejecutiva tendrá por no presentadas las quejas que no hayan sido ratificadas.
4. Cuando se presente queja ante el Instituto Federal Electoral, y de sus análisis desprendan presuntas infracciones a la normatividad electoral en el Estado, y por ello, se remita al Instituto; la secretaría ejecutiva requerirá al representante del partido político ante el Consejo General del Instituto, para que en el término de tres días a partir de su notificación, comparezca a ratificar la queja; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada.
Omisión de requisitos e imprecisión
1. Ante la omisión de cualquiera de los requisitos del escrito de queja, señalados en el artículo 53, numeral 2 del presente Reglamento, la secretaría ejecutiva prevendrá al denunciante para que en el plazo de tres días contados a partir de la notificación, subsane la omisión o aclare su queja cuando ésta sea imprecisa vaga o genérica; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada.
2. En caso de no subsanar la omisión o aclaración que se requiera, la secretaría ejecutiva emitirá un acuerdo mediante el cual haga efectivo el apercibimiento decretado, y tenga por no presentado el escrito de queja.
3. La prevención señalada en el numeral 1 de este artículo, no se aplicará cuando las quejas se formulen de forma oral.
Trámite ante la secretaría ejecutiva
1. La secretaría ejecutiva contará con un plazo de tres días para emitir el acuerdo de admisión o desechamiento, contado a partir del día en que reciba la queja. Si se hubiese prevenido al denunciante, el plazo contará a partir de la recepción del escrito de contestación al requerimiento o, en su caso, de la fecha en que se debió dar cumplimiento.
2. En los casos en que el denunciante aporte indicios suficientes para que la autoridad dicte el acuerdo de admisión o desechamiento, según corresponda, si la secretaría ejecutiva ejerce su facultad de llevar a cabo u ordenar la realización de diligencias preliminares, el plazo al que se refiere el numeral anterior, comenzará a partir de que se cuente con los elementos necesarios que sustenten su determinación.
3. Si en la queja se solicita la adopción de medidas cautelares la secretaría ejecutiva actuará en los términos establecidos en el título primero, capítulo VII del presente Reglamento.
1. En caso de que proceda la admisión de la queja, la secretaría ejecutiva emitirá el acuerdo en que decretará el inicio del procedimiento administrativo sancionador, se ordene registrar la queja en el libro de registro correspondiente, y emplazar al denunciado, corriéndole traslado con copia certificada de la queja y con las pruebas que, en su caso, se hayan aportado, así como las demás constancias que obren en el expediente; se le concederá un plazo de cinco días para que conteste respecto de las imputaciones que se le formulen y presente los medios probatorios que acrediten su dicho. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, en el término concedido para tal efecto, perderá el derecho de contestar y ofrecer los medios probatorios.
2. En el acuerdo de admisión, se le solicitará al denunciado proporcione domicilio para oír y recibir notificaciones en la capital del estado o zona conurbada, y se le apercibirá que de no hacerlo, las notificaciones subsecuentes se realizarán por estrados.
3. La omisión del denunciado de contestar respecto de las imputaciones realizadas, tiene como objeto la preclusión de ofrecer pruebas, sin generar presunción respecto de la veracidad de los hechos denunciados.
1. El denunciado deberá contestar por escrito, documento que deberá contar con los siguientes requisitos:
I. Nombre del denunciado o su representante, con firma autógrafa o huella digital;
II. Referirse a los hechos imputados, afirmándolos, negándolos o declarando que los desconoce;
III. Domicilio para oír y recibir notificaciones en la capital del Estado o en la zona conurbada y de ser posible un correo electrónico para tal efecto;
IV. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;
V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente; o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse cuando el denunciado acredite que oportunamente las solicitó por escrito a la autoridad competente, y no le fueron entregadas; y
Inicio del periodo de instrucción
1. La secretaría ejecutiva una vez que recibe el escrito de contestación, dictará un acuerdo en el que señale:
I. Si el denunciado contestó dentro del término legal establecido;
II. La personalidad del denunciado, y sobre la legitimación de éste;
III. Ordenará la apertura del periodo de instrucción; y
IV. En su caso, ordenará el inicio de investigación en el procedimiento.
2. La secretaría ejecutiva se pronunciará sobre los medios probatorios ofrecidos por las partes; admitirá únicamente las señaladas en el artículo 38, numeral 1 de este Reglamento, siempre que hayan sido ofrecidas conforme a derecho. En el acuerdo que emita para tal efecto, se señalará:
I. El día, hora y lugar para el desahogo de las pruebas que por su naturaleza así lo requieran; y
II. Se proveerá lo correspondiente para que los documentos que hayan sido ofrecidos como prueba por las partes y que no se tengan a disposición, se alleguen al expediente, siempre y cuando el oferente acredite haberlas solicitado con anticipación, así como aquellos que la autoridad considere necesario integrar en ejercicio de su facultad de investigación.
1. La queja será desechada de plano por notoria improcedencia cuando:
I. El escrito no cuente con el nombre, la firma autógrafa o la huella digital del denunciante;
II. El denunciante no haya agotado previamente las instancias internas del partido denunciado si la queja versa sobre presuntas violaciones a su normatividad interna;
III. Se trate de quejas que versen sobre presuntas infracciones a la normatividad interna de un partido político y el denunciante no acredite su pertenencia al partido de que se trate o su interés jurídico;
IV. Por actos o hechos imputados a la misma persona que hayan sido materia de otra queja a la que haya recaído resolución del Consejo General respecto al fondo y ésta no se hubiere impugnado ante el Tribunal de Justicia Electoral, o habiendo sido impugnada, haya sido confirmada por la misma autoridad jurisdiccional;
V. Se denuncien actos de los que el Instituto no sea competente para conocer, o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan infracciones a la legislación electoral;
VI. El denunciado no se encuentre dentro de los sujetos previstos en el artículo 9º de este Reglamento;
VII. Resulte frívola, es decir, los hechos o argumentos resulten intrascendentes, superficiales, pueriles o ligeros; y
VIII. No se hubiesen ofrecido o aportado pruebas ni indicios en términos del artículo 53, numeral 2, fracciones V y VI del presente Reglamento.
2. Procede el sobreseimiento de la queja, cuando:
I. Habiendo sido admitida la queja, sobrevenga alguna de las causales de improcedencia señaladas en el numeral anterior;
II. El denunciado sea un partido político, que, con posterioridad a la admisión, de la queja, hubiese perdido su registro estatal como partido político o su acreditación de vigencia de registro como partido político nacional ante el Instituto; y
III. El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del proyecto de resolución por parte del Consejo General y que a juicio de éste o por el avance de la investigación. No se trata de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.
Facultad indagatoria
1. Las diligencias que se practiquen en el curso de investigación deberán ser efectuadas por la secretaría ejecutiva, por los servidores públicos designados para tal efecto y/o por los secretarios ejecutivos de los órganos desconcentrados. En todo caso, los consejeros presidentes serán responsables del debido ejercicio de la facultad indagatoria.
1. La investigación para el conocimiento cierto de los hechos, se realizará por la secretaría ejecutiva en forma congruente y exhaustiva, basada en los principios de idoneidad y necesidad.
2. Admitida la queja, la secretaría ejecutiva se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente respectivo. De ser preciso, mediante oficio solicitará a los órganos desconcentrados lleven a cabo las investigaciones o recaben las pruebas necesarias.
1. El plazo para llevar a cabo la investigación, no podrá exceder de treinta días, contados a partir de la recepción del escrito de queja en la secretaría ejecutiva o de inicio de oficio del procedimiento.
2. La secretaría ejecutiva podrá ampliar el periodo de investigación, hasta por treinta días más, previo acuerdo fundado y motivado.
3. La secretaría ejecutiva podrá solicitar por oficio a las autoridades federales, estatales o municipales, los informes, certificaciones o el apoyo necesario para la realización de diligencias tendientes a indagar y verificar la certeza de los hechos denunciados. Con la misma finalidad podrá requerir a las personas físicas y morales la entrega de informes y pruebas que considere necesarias.
4. En el supuesto de que las autoridades federales, estatales o municipales, no proporcionen la información o realicen las diligencias solicitadas por el Instituto, la secretaría ejecutiva podrá imponer un medio de apremio, con independencia de que mediante oficio informe al superior jerárquico de la autoridad infractora o a la Auditoría Superior del Estado según corresponda, para que proceda en los términos de las leyes aplicables.
1. Concluido el desahogo de las pruebas y, en su caso, agotada la investigación, la secretaría ejecutiva dictará acuerdo de cierre de instrucción y pondrá el expediente a la vista de las partes, para que en un plazo de cinco días, manifiesten lo que a su derecho convenga.
1. En un término no mayor a diez días contados a partir del desahogo de la última vista la secretaría ejecutiva formulará el proyecto de resolución. Dicho órgano podrá ampliar el plazo para resolver mediante acuerdo en el que se señalen las causas que lo motiven, el cual no podrá exceder de diez días.
Remisión del proyecto de resolución a la Comisión
1. El proyecto de resolución que formule la secretaría ejecutiva será remitido a la Comisión de Asuntos Jurídicos, dentro del término de tres días, para su conocimiento y estudio.
Comisión, análisis y aprobación del proyecto
1. El presidente de la Comisión, a más tardar al día siguiente de la recepción del proyecto, convocará a los demás integrantes a sesión, la que deberá tener lugar al menos veinticuatro horas después de la fecha de la convocatoria, con la finalidad de que dicho órgano colegiado analice y valore el proyecto de resolución, para los efectos legales siguientes:
I. Aprobarlo en los términos en que se le presente;
II. Aprobarlo ordenando a la secretaría ejecutiva realizar el engrose de la resolución en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría;
III. Modificarlo, procediendo a aprobarlo dentro de la misma sesión siempre y cuando se considere que puede hacerse y que no contradice lo establecido en el cuerpo del proyecto de resolución y, en su oportunidad, someterlo a consideración del Consejo General; o
IV. Rechazarlo y ordenar a la secretaría ejecutiva elaborar un nuevo proyecto en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría.
3. Al rechazar un proyecto de resolución se entiende que se aprueba un acuerdo de devolución. En este caso, la secretaría ejecutiva procederá en los términos ordenados por la Comisión en el acuerdo de devolución, realizará las actividades ordenadas en su caso, y presentará un nuevo proyecto.
4. El Consejo General deberá resolver en la sesión próxima inmediata a la fecha, en que la comisión apruebe el proyecto
Del procedimiento sancionador especial
Trámite inicial, sustanciación y proyecto resolución
1. El presente procedimiento será aplicable durante los procesos electorales en los casos en que se denuncien las siguientes conductas:
I. Por la colocación de propaganda en lugar prohibido o por el contenido de la misma;
II. Por los actos anticipados de precampaña y campaña; y
III. Por contravención a las normas sobre propaganda gubernamental, política o electoral establecidas en la Constitución y la Ley electoral.
1. La queja deberá ser presentada por escrito y reunir los requisitos previstos en el artículo 53, numeral 2 de este Reglamento, y en su caso, señalar las medidas cautelares que se soliciten.
1. Las quejas a que se refiere este capítulo, sólo podrán iniciar a instancia de parte afectada ante la secretaría ejecutiva.
2. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que denigre o calumnie sólo podrán iniciar a instancia de parte afectada.
Acuerdo de desechamiento o admisión
1. Recibida la queja y previo el análisis de los requisitos que debe contener el escrito, la secretaría ejecutiva emitirá, en su caso, acuerdo de desechamiento o admisión.
2. El procedimiento sancionador especial se rige, fundamentalmente por el principio dispositivo; no obstante, cuando el denunciante no aporta indicios suficientes para que se dicte el acuerdo de admisión o desechamiento, la secretaría ejecutiva, de considerarlo necesario y para el debido conocimiento de los hechos, ejercerá facultad de ordenar o llevar a cabo diligencias preliminares, debiendo justificar la necesidad y oportunidad de las mismas y privilegiando la expeditez del procedimiento.
3. En el supuesto del numeral anterior, el plazo para emitir el acuerdo respectivo se computará a partir de que la autoridad cuente con los elementos necesarios que sustenten su determinación.
1. Procede el desechamiento del escrito de queja, sin prevención alguna, en los supuestos siguientes:
I. No reúna los requisitos indicados para el escrito de queja a los que se refiere el artículo 53, numeral 2 de este Reglamento;
II. Los hechos denunciados no constituyan, de manera evidente, una violación en materia de propaganda político-electoral dentro de un proceso electoral; y
III. La materia de la queja resulte irreparable.
2. Cuando se actualice alguno de los supuestos anteriores la secretaría ejecutiva emitirá el acuerdo de desechamiento, que será notificado dentro del término de doce horas siguientes a su emisión.
1. Cuando la queja sea procedente, la secretaría ejecutiva emitirá el acuerdo de admisión en el que ordene el registro en el libro de registro correspondiente, ordene la notificación al denunciante y el emplazamiento al denunciado, a efecto de que comparezcan a la audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá verificativo en el lugar, día y hora señalados. Mediante dicho acuerdo se informará al denunciado los hechos que se le imputan y se le correrá traslado con el escrito de queja, sus anexos y demás constancias que obren en el expediente.
2. En el acuerdo a que se refiere el numeral anterior, se le solicitará al denunciado proporcione domicilio para oír y recibir notificaciones en la capital del Estado o en la zona conurbada; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las notificaciones se realizarán por los estrados del Instituto.
3. Si en la queja se solicita la adopción de medidas cautelares, se actuarán en los términos establecidos en el título primero, capítulo VII de este Reglamento.
1. La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo por lo menos dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión de la queja, de manera ininterrumpida, en forma oral y será conducida por el titular de la secretaría ejecutiva y/o por el personal de la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, que se comisione para tal efecto.
2. La audiencia se desarrollará con las personas presentes, en los términos siguientes:
I. Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciante a fin de que, en forma escrita o verbal, y en una intervención no mayor de quince minutos, resuma el hecho que motivó la queja y haga una relación de las pruebas que a su juicio la corroboran;
II. Acto seguido se dará el uso de la voz al denunciado, a fin de que en forma escrita o verbal, y en un tiempo no mayor a treinta minutos, responda a la queja y ofrezca las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación que se realiza;
III. La secretaría ejecutiva resolverá sobre la admisión de pruebas y acto seguido procederá a su desahogo; y
IV. Concluido el desahogo de las pruebas, se concederá en forma sucesiva el uso de la voz a las partes, quienes podrán alegar en forma escrita o verbal, por una sola vez y en un tiempo no mayor a quince minutos cada uno.
3. La inasistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia en el día y hora señalados, y se desahogará con los elementos de prueba que obren en el expediente.
4. Las partes podrán comparecer a la audiencia por conducto de sus representantes, en términos de lo previsto en el artículo 10 de este Reglamento. En este supuesto al inicio de la audiencia deberán presentar los documentos que acrediten el carácter con el que se ostentan, lo cual se asentará en el acta respectiva.
1. El en procedimiento especial sólo se admitirán las pruebas documental y técnica, esta última será desahogada siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal efecto.
1. En los tres días siguientes a la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la secretaría ejecutiva, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, formulará el proyecto de resolución y lo presentará al Consejo General.
2. El consejo general conocerá sobre el proyecto de resolución, y resolverá en sesión que celebre a más tardar dentro de las setenta y dos horas posteriores a su recepción.
1. En caso de comprobarse la infracción denunciada, el Consejo General ordenará el retiro físico, o la inmediata suspensión de la distribución o difusión de propaganda violatoria de la legislación electoral, cualquiera que sea su forma, o medio de difusión, siempre y cuando no se trate de radio y televisión, e impondrá las sanciones correspondientes, de acuerdo al catálogo de sanciones previstas en el artículo 276 de la Ley Electoral.
Quejas en materia de radio y televisión
1. Cuando la conducta que se denuncie esté relacionada con propaganda política o electoral en radio y televisión, la queja deberá presentarse directamente ante el Instituto Federal Electoral.
Del procedimiento sancionador en materia de quejas
sobre financiamiento y gasto de los partidos políticos
Del trámite inicial, sustanciación y
1. El procedimiento sancionador en materia de quejas sobre el financiamiento y gasto de los partidos políticos, aplicable durante el proceso electoral o en la etapa de interproceso, cuando se denuncien presuntas irregularidades en que haya incurrido un partido en materia de origen y aplicación de los recursos derivados de su financiamiento.
1. Para la tramitación y sustanciación del presente procedimiento administrativo, se aplicarán en lo conducente y a falta de disposición expresa, las reglas de sustanciación y resolución del procedimiento sancionador ordinario.
y Unidad de Fiscalización
1. La dirección ejecutiva de administración y la unidad de fiscalización coadyuvarán con la secretaría ejecutiva en el trámite, sustanciación y formulación del proyecto de resolución del procedimiento administrativo regulado en este capítulo.
1. El procedimiento podrá ser iniciado:
I. De oficio: cuando de la sustanciación de una investigación, la secretaría ejecutiva advierta hechos distintos al objeto de ese procedimiento que puedan constituir distintas infracciones electorales, o la responsabilidad de actores diversos a los denunciados en materia de origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos derivados de su financiamiento; y
II. A petición de parte: cuando se presente una queja por medio de la cual se haga del conocimiento de la autoridad electoral presuntas violaciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos derivados de su financiamiento.
2. Cuando el procedimiento sea iniciado de oficio, la secretaría ejecutiva formulará el acuerdo de admisión, en el que señale las infracciones cometidas; ordenará la integración del nuevo expediente con los medios probatorios derivados de la investigación en la queja inicial, y emplazará al denunciado el inicio del procedimiento respectivo, corriéndole traslado con el acuerdo y demás constancias que obren en el expediente.
1. La queja deberá ser presentada por escrito, y cumplir con los requisitos siguientes:
I. Nombre del denunciante con firma autógrafa;
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones en la capital del Estado o zona conurbada, y si es posible un correo electrónico para tales efectos;
V. Ofrecer o aportar las pruebas con que cuente; o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, cuando el denunciante acredite que oportunamente las solicitó por escrito a la autoridad competente, y no le fueron entregadas; y
2. El denunciante deberá acreditar el carácter con el que comparece en términos de lo dispuesto en el artículo 10 de este Reglamento.
1. Las quejas presentadas ante los órganos desconcentrados, deberán remitirse a la secretaría ejecutiva dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de su recepción.
2. Cuando la queja sea presentada ante un órgano desconcentrado por el representante de un partido político, la secretaría ejecutiva le notificará a la representación del partido político ante el Consejo General del Instituto anexándole copia del escrito de queja.
3. Las quejas podrán ser presentadas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se haya resuelto por el Consejo General el dictamen consolidado, relativo a los informes del ejercicio fiscal en el que presuntamente se hayan suscitado los hechos que se denuncian.
I. Registrar e informar de su presentación al Consejo General;
II. Determinar sobre la admisión o desechamiento; y
III. En su caso, determinar y solicitar las diligencias necesarias para el desarrollo de la investigación.
2. La secretaría ejecutiva contará con un plazo de tres días para formular el acuerdo de admisión o desechamiento, contado a partir del día en que reciba la queja.
3. En los casos en que el denunciante no aporte indicios suficientes para que la autoridad dicte el acuerdo de admisión o desechamiento, según corresponda, si la secretaría ejecutiva ejerce su facultad de ordenar o llevar a cabo las diligencias preliminares, el plazo a que se refiere el numeral anterior, comenzará a partir de que cuente con los elementos necesarios que sustenten su determinación.
1. La secretaría ejecutiva podrá desechar de plano la queja, en los siguientes casos:
I. Si los hechos narrados resultan notoriamente frívolos o inverosímiles, o si siendo ciertos, carecen de sanción legal;
II. Si la queja no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 84, numeral 1 del presente Reglamento; y
III. Si por cualquier otro motivo la queja resulta notoriamente improcedente.
2. El desechamiento de una queja, con fundamento en lo establecido en el numeral anterior, no prejuzga sobre el fondo del asunto y no se constituye en obstáculo para que la Dirección Ejecutiva de Administración y la Unidad de Fiscalización pueda ejercer sus atribuciones legales respectivas.
3. En caso de que se emita acuerdo de desechamiento, éste deberá ser debidamente notificado al denunciante.
1. En caso de que el escrito de prueba sea procedente, la secretaría ejecutiva emitirá el acuerdo de admisión en el que decrete el inicio del procedimiento administrativo sancionador, ordene registrar la queja en el libro de registro correspondiente y ordene el emplazamiento al denunciado, corriéndole traslado con copia de la queja y con las pruebas que, en su caso, se hayan aportado, así como con las demás constancias que obren en el expediente, concediéndole un plazo de cinco días para que conteste respecto a las imputaciones que se le formulan y presente los medios probatorios que acrediten su dicho. Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en el término concedido para tal efecto, perderá el derecho de contestar y ofrecer los medios probatorios.
Requisitos del escrito de contestación
1. El escrito de contestación deberá ser presentado en el término concedido para tal efecto, y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 59 de este Reglamento.
1. La secretaría ejecutiva una vez que reciba la contestación de la queja, dictará un acuerdo en el que señale:
IV. En su caso, ordenará el inicio de la investigación del procedimiento.
1. La secretaría ejecutiva se pronunciará sobre los medios probatorios ofrecidos por las partes; admitirá únicamente las señaladas en el artículo 38, numeral 1, de este Reglamento, siempre que hayan sido ofrecidas conforme a derecho. En el acuerdo que emita para tal efecto, se señalará:
I. El día, hora y lugar para el desahogo de aquellas pruebas que por su naturaleza así se requiera; y
II. Se proveerá lo correspondiente para que los documentos que hayan sido ofrecidos como prueba por las partes y que no se tengan a disposición, se alleguen al expediente siempre y cuando el denunciante acredite en su escrito de queja haberlo solicitado con anticipación, así como aquello que la autoridad considere necesario integrar en ejercicio de su facultad de investigación.
1. Las notificaciones surtirán sus efectos el mismo día en que se realicen, y podrán practicarse:
I. De manera personal, directamente con el interesado, en su domicilio oficial;
II. Por cédula que se dejará con cualquier persona que se encuentre en su domicilio; y
2. Las notificaciones que se señalen en este artículo, se practicarán de conformidad con las reglas previstas en el título primero, capítulo IV de este Reglamento.
1. Serán ofrecidos los medios de prueba que las partes consideren acreditan los hechos, actos u omisiones que pretendan demostrar, con excepción de la testimonial y la confesional, debiendo relacionarlas con los hechos, y presentar las alegaciones que estimen procedentes.
1. La secretaría ejecutiva a fin de allegarse a los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar y sustanciar el procedimiento, podrá instruir a los órganos ejecutivos del Instituto para que lleven a cabo las diligencias probatorias o recaben las pruebas necesarias.
2. Con la misma finalidad solicitará por oficio a las autoridades competentes para que entreguen las pruebas que obren en su poder, la consejera presidenta, en su caso, podrá solicitar a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, la información necesaria para superar los límites del secreto bancario, fiscal o fiduciario. En éste supuesto se deberán establecer medidas para el resguardo de la información que le sea entregada.
3. Las autoridades están obligadas a responder tales requerimientos en un plazo máximo de quince días naturales, los que por causa justificada podrán ampliarse hasta por cinco días.
4. Se podrá requerir a los particulares, personas físicas y morales, le proporcionen la información y documentos necesarios para la investigación; los que deberán responder en el plazo señalado en el numeral anterior.
5. La secretaría ejecutiva, podrá ordenar, en el curso de la revisión de los informes anuales o de campaña de los partidos políticos, que se realicen las verificaciones a que haya lugar en relación con las quejas correspondientes a cada uno de dichos ejercicios; o podrá solicitar informe detallado al partido denunciado y requerirle la entrega de información y documentación que considera necesaria.
6. El plazo para llevar a cabo la investigación, no podrá exceder de treinta días, contados a partir de la recepción del escrito de contestación en la secretaría ejecutiva o del inicio de oficio del procedimiento. Dicho plazo podrá ser ampliado de manera excepcional por una sola vez, hasta por un periodo igual al antes señalado, mediante acuerdo fundado y motivado que emita la autoridad sustanciadora.
1. Una vez agotada la investigación, la secretaría ejecutiva emitirá el acuerdo de cierre de instrucción y pondrá el expediente a la vista de las partes para que en un plazo de cinco días, manifiesten lo que a su derecho convenga.
2. Transcurrido el plazo a que se refiere el numeral anterior, en el término de diez días, contados a partir del desahogo de la última vista la secretaría ejecutiva formulará el proyecto de resolución con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Administración y la Unidad de Fiscalización.
3. La secretaría ejecutiva, mediante acuerdo fundado y motivado, podrá ampliar el plazo para resolver, hasta por diez días.
1. El proyecto de resolución que se formule será enviado a la Comisión de Administración dentro del término de tres días, para su conocimiento y estudio.
2. El presidente de la citada comisión, a más tardar al día siguiente de la recepción del proyecto de resolución, convocará a los demás integrantes a sesión, la que deberá tener lugar dentro de veinticuatro horas a la fecha de la convocatoria, con la finalidad de que dicho órgano colegiado analice y valore el proyecto de resolución, en atención a lo siguiente:
II. Aprobarlo, ordenando a la secretaría ejecutiva realizar el engrose de la resolución en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría;
III. Modificarlo, procediendo a aprobarlo dentro de la misma sesión, siempre y cuando se considere que puede hacerse y que no contradiga lo establecido en el cuerpo del proyecto de resolución; o
3. Al rechazar un proyecto de resolución se entiende que se aprueba un acuerdo de devolución.
4. El Consejo General deberá resolver en la sesión próxima inmediata a la fecha en que la Comisión apruebe el proyecto.
Valoración del proyecto de resolución
1. Los proyectos de resolución deberán ser presentados ante el Consejo General en un término no mayor a sesenta días naturales, contados a partir de la recepción de la queja por parte de la secretaría ejecutiva, con excepción de aquellos asuntos en que por la naturaleza de las pruebas ofrecidas o de las investigaciones que se practiquen, se justifique la ampliación del plazo indicado.
2. El Consejo General, al conocer el proyecto de resolución, si es el caso procederá a imponer las sanciones, de acuerdo al catálogo de sanciones previstas en el artículo 276 de la Ley Electoral, según corresponda.
De las infracciones, sanciones y resolución
1. Cuando se acredite la comisión de una infracción a la normatividad electoral, la aplicación de sanciones se estará a lo establecido por lo dispuesto en el libro sexto, título único, capítulo I de la Ley Electoral.
3. El fincamiento de las responsabilidades administrativas, es independiente de las responsabilidades de tipo penal o de otra índole, en las que incurra el denunciado.
1. En cualquier tiempo la secretaría ejecutiva podrá allegarse de los elementos necesarios que acrediten la capacidad económico del denunciado; sin que ello implique, la responsabilidad de éste.
Individualización de sanciones
1. Para la individualización de las sanciones, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la infracción de la legislación electoral, entre las que considerará las siguientes:
I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la legislación electoral, en atención al bien jurídico tutelado; o las que se dicten con base en ellas;
II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar;
IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución;
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones;
VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones;
VII. El grado de intencionalidad y negligencia; y
VIII. Otras agravantes y atenuantes.
2. Se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere la legislación electoral, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.
3. Para efecto de la reincidencia deberá tomarse en cuenta que la resolución mediante la cual se sancionó al denunciado, tiene el carácter de firme.
4. Las multas a las personas físicas o morales deberán ser pagadas ante la dirección ejecutiva de administración, en un plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de que cause estado la resolución respectiva; si el infractor no cumple voluntariamente con el pago, el Instituto dará vista a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, a efecto de que proceda a su cobro conforme al procedimiento económico coactivo previsto en la legislación fiscal local, pago que será ingresado al patrimonio del Instituto Electoral.
5. En el plazo indicado en el numeral anterior, cuando se imponga una sanción pecuniaria a los partidos políticos, el monto se les restará de sus ministraciones del financiamiento público ordinario, de conformidad con lo que se determine en la resolución correspondiente.
1. En caso de que se acredite la responsabilidad del denunciado, la sanción pecuniaria a imponer, se fijará en cuotas tomando en consideración el equivalente al monto del salario mínimo vigente en el Estado, al momento en que se cometió la infracción.
Del proyecto de resolución
1. El proyecto de resolución deberá contener:
I. Datos de identificación del procedimiento:
a) Órgano que emite la resolución; y
b) Datos necesarios para identificar a las partes;
II. Encabezado, el cual deberá contener:
a) Lugar y fecha en que se emite la resolución; y
b) Párrafo en el que se señale los datos del expediente;
III. Resultados, que deberá contener:
a) Relación sucinta de las actuaciones del procedimiento, de las cuestiones o de los hechos debatidos y las pruebas que se rindieron;
IV. Considerandos que establezcan:
f) En su caso, la consideración sobre las circunstancias y la gravedad de la infracción.
V. Puntos resolutivos que contengan:
VI. Votación obtenida;
VII. Tipo de sesión;
VIII. Fecha de la aprobación;
IX. Firmas de la consejera presidenta y del titular de la secretaría ejecutiva; y
X. Los términos de su notificación.
I. Aprobar el proyecto de resolución en los términos en el que se le presente;
II. Aprobar el proyecto de resolución, ordenando a la secretaría ejecutiva realizar el engrose de la resolución en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría;
III. Modificar el sentido del proyecto de resolución, procediendo a aprobarlo dentro de la misma sesión, siempre y cuando se considere que puede hacerse; y
IV. Rechazar el proyecto de resolución y decretar su devolución a la secretaría ejecutiva, en el que se tome en cuenta los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría del pleno.
2. Al rechazar un proyecto de resolución se entiende que se aprueba un acuerdo de devolución.
1. En caso de la devolución del proyecto a la secretaría ejecutiva para la elaboración de uno nuevo, deberá ponerse a consideración del Consejo General a más tardar dentro de los diez días siguientes a aquel en que se ordenó su devolución.
1. El integrante de la Comisión de Asuntos Jurídicos o de Administración, según sea el caso, o el integrante del Consejo General que disienta de la mayoría al momento de votar el sentido de un proyecto de una resolución, podrá formular un voto particular debidamente razonado, y la entregará en documento o medio magnético a la secretaría ejecutiva, para que lo proporcione a los demás integrantes del consejo, y lo agreguen a la resolución.
2. El secretario recibirá el voto particular hasta el momento de la sesión en la que se va a someter a consideración el proyecto de resolución, y ordenará su engrose en la resolución a aprobar.
3. Los proyectos de resolución que discuta la Comisión respectiva o el Consejo General, podrán ser rechazados o aprobados por unanimidad o por mayoría.
4. En caso de empate, la consejera presidenta tendrá el voto de calidad.
1. Cuando los procedimientos administrativos sancionadores, hayan causado estado, la secretaría ejecutiva los enviará al archivo como asuntos total y definitivamente concluidos.
1. Los actos o resoluciones que se deriven del trámite del procedimiento administrativo sancionador serán impugnables mediante el recurso de revisión, de conformidad con las reglas establecidas por la Ley de Medios.
Artículo primero. Se abroga el Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el 2 de diciembre de 2009.
Art. 2° Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Reglamento, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio.
Art. 3° Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias y demás normatividad que se oponga al presente Reglamento.
Art. 4° Publíquese en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado y en la página www.ieez.org.
Art. 5° El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado.
101 19-diciembre-2012 20-diciembre-2012

References: resolución 
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 resolución 
 artículo 277
 resolución 
 artículo 30
 artículo 10
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 38
 resolución 
 artículo 9
 artículo 53
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 resolución

 artículo 53
 artículo 53
 artículo 10
 resolución 
 artículo 276
 resolución 
 resolución 
 artículo 10
 artículo 84
 artículo 59
 artículo 38
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 artículo 276
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