Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2006/A028-06.htm
Timestamp: 2017-11-24 20:26:53+00:00

Document:
A028-06
Auto 028/06
NULIDAD DE PROCESOS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL-No prosperidad por la falta de nombramiento de conjuez
El actor insiste en que se deberán divulgar las sentencias en su integridad y no por partes. Finaliza indicando que lo único que permite el artículo 56 de la Ley Estatutaria es publicar los salvamentos y aclaraciones si los reglamentos lo disponen expresamente. La Corte estima que el artículo 56 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia sí hace referencia a la facultad de la Corte Constitucional para disponer lo relativo a la publicidad de la parte resolutiva y los considerandos de las sentencia y, en esa medida, sí deroga lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 2067. En efecto, el artículo 56 inicia diciendo: “El reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado, respectivamente, determinará, entre otras, la forma como serán expedidas y firmadas las providencias, conceptos o dictámenes adoptados”(subrayas y resaltados ajenos al texto). Al disponer que se determinará la forma como serán expedidas y firmadas las providencias, dentro del concepto forma caben circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por tanto, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia sí previó un cambio de las condiciones de publicidad de las sentencias y no sólo de salvamentos y aclaraciones. Además, así no se haya expedido una nueva regulación, el Decreto Ley 2067 ya no está en capacidad de regular lo que la Ley Estatutaria delegó expresamente al reglamento interno de la Corte Constitucional, pues se estaría atendiendo una disposición de jerarquía diferente a la indicada y despojando de competencias al órgano que el mismo legislador dispuso despojándose él de la facultad de regular la materia. En atención a los argumentos antes expuestos, el hecho alegado no genera nulidad del proceso.
Referencia: solicitud de nulidad de la sentencia C-1299 de 2005, expediente D-5764
Bogotá, D. C., primero (1) de febrero de dos mil seis (2006)
El día siete (7) de diciembre de 2005, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió sobre la exequibilidad del artículo 122 de la Ley 599 de 2000, por medio de la sentencia C-1299 de 2005.
Mediante escrito del 12 de enero de 2006, el ciudadano Guillermo Otálora Lozano solicitó la nulidad del proceso D-5764 y concretamente que, “las demandas originales sean enviadas al despacho del Presidente de la Corporación para que efectúe el reparto para reiniciar el proceso”.
A continuación se expondrán los hechos alegados y los argumentos expuestos por el ciudadano Guillermo Otálora Lozano.
Para el peticionario al encontrarse impedido el doctor Jaime Córdoba Triviño, era obligación de la Sala plena nombrar conjuez para tomar la decisión con nueve magistrados. Afirma que los artículos 27 y 29 del Decreto 2067 establecen el deber de nombrar un conjuez en caso de aceptación de una recusación o manifestación de un impedimento. Agrega que la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia establece, en su artículo 40, que la Corte Constitucional está integrada por nueve magistrados. El actor alega que sólo así se garantiza la pluralidad, transparencia y equilibrio de las discusiones de la Corte.
El peticionario señala que, según lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto 2067, la decisión no podía ser publicada sin la correspondiente sentencia. Recuerda que el artículo 16 establece que “la parte resolutiva de la sentencia no podrá ser divulgada sino con los considerandos y las aclaraciones y los salvamentos de voto correspondientes, debidamente suscritos por los magistrados de la Corte.”
Indica que el artículo 56 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, sólo autoriza a las Corporaciones Judiciales incluir en su reglamento un término para consignar salvamentos y aclaraciones que sean hechos después de notificar la Sentencia. En esa medida, considera que sólo se ha afectado la validez del artículo 16 en los siguientes apartes: “la parte resolutiva de la sentencia no podrá ser divulgada sino con los considerandos y las aclaraciones y los salvamentos de voto correspondientes, debidamente suscritos por los magistrados y el Secretario de la Corte. (…)”
Con base en lo anterior, insiste en que se deberán divulgar las sentencias en su integridad y no por partes. Finaliza indicando que lo único que permite el artículo 56 de la Ley Estatutaria es publicar los salvamentos y aclaraciones si los reglamentos lo disponen.
Señala que según el artículo 16 del Decreto 2067, la Sentencia se notificará “dentro de los seis días siguientes a la decisión”. Indica que la decisión se tomó el 7 de diciembre de 2005 y de esta fecha al día en el cual inició la vacancia judicial habían transcurrido más de siete días sin que se hubiera notificado el fallo. Por tanto, se desconoció el debido proceso.
Si bien el peticionario reconoce que la Ley Estatutaria permitió a la Sala Plena derogar la norma vigente sobre la divulgación de la sentencia sin salvamentos y aclaraciones, -lo cual permitiría pensar que la publicidad de éstos podría darse en otro momento-, tal autorización no ha sido ejercida. En consecuencia, señala que sigue vigente el deber de incluir las aclaraciones y salvamentos, debidamente suscritos, al momento de comunicar la parte resolutiva (artículo 16, Decreto 2067).
Para el peticionario dado que el artículo 34, numeral 1º, del Reglamento Interno, señala que “el autor del proyecto por discutirse lo leerá”; el Magistrado ponente ya debe llevar redactado el proyecto a Sala para su deliberación y éste se somete a discusión y votación. En caso de que no se apruebe se reparte a otro magistrado. En ese orden de ideas indica el ciudadano que si los magistrados hubieran efectivamente llevado el proyecto redactado, sólo habría faltado la firma y no se habría tomado tanto tiempo la notificación efectiva del fallo. En esa medida, argumenta el peticionario, se deduce que el proyecto no fue discutido sino lo que se discutió fue un “comunicado de prensa”.
No habiendo sido aún notificada la Sentencia, el peticionario se encuentra en término para solicitar la nulidad del proceso de la referencia.
En la presente ocasión, la Corte debe establecer si (i) no haberse nombrado un conjuez en reemplazo del Magistrado Jaime Córdoba Triviño, (ii) haberse dado a conocer la decisión de la Corte antes de notificada la Sentencia, (iii) no haberse notificado la Sentencia dentro de los seis días hábiles siguientes a la aprobación de la Sentencia C-1299 de 2005, (iv) no haberse incluido en la Sentencia los salvamentos y aclaraciones de voto y, (v) -según señala el peticionario-, no haberse consignado el proyecto antes de tomar la decisión, constituyen irregularidades que deriven en la nulidad de todo el proceso surtido en el expediente D-5764.
Frente a los argumentos expuestos por el peticionario, cabe señalar que éstos son idénticos a los que él mismo formulara en contra de la Sentencia C-1300 de 2005 proferida dentro del expediente D-5807 y en relación con los cuales la Corte se pronuncio mediante auto de Sala Plena del 26 de enero del presente año con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra.
En ese orden de ideas, a continuación se reiteran los criterios y argumentos expuestos en el auto referido del 26 de enero de 2006 pero esta vez en relación con la petición de nulidad de la sentencia C-1299 de 2005 dentro del expediente D-5764.
3. Excepcionalidad de la declaratoria de nulidad en los procesos de la Corte Constitucional
4. Análisis de los argumentos expuestos para solicitar la nulidad del procedimiento adelantado en el proceso D-5764
4.1. Presunta nulidad por falta de nombramiento de conjuez
4.1.1. El ciudadano Otálora Lozano señala que se vulneró el debido proceso al no nombrar un conjuez en reemplazo del Magistrado Jaime Córdoba Triviño, a quien se le aceptó el impedimento manifestado para conocer el proceso de la referencia. Con esto, señala, se desconocieron los artículos 27 y 29 del Decreto 2067 de 1991 que fijan el deber de nombrar conjuez al aceptarse una recusación o una manifestación de impedimento. Además, indica, sólo con los nueve magistrados que integran la Corporación se garantiza la pluralidad y la discusión efectiva.
4.1.2. Al respecto cabe recordar las normas procesales no tienen un valor en sí mismas y deben interpretarse teleológicamente al servicio de los valores materiales que esas reglas pretenden realizar (art. 1°, 2° y 228 de la Constitución)[4]. Considerando lo anterior, se observa que la “pluralidad, discusión y equilibrio” en el desarrollo de las sesiones que el ciudadano estima desconocidos en el presente caso por no haberse nombrado conjuez, no desaparecieron por el simple hecho de que la decisión haya sido adoptada por ocho de los Magistrados que conforman la Sala Plena de la Corporación.
De otra manera, no estaría previsto en el Reglamento Interno, Acuerdo 05 de 1992, en su artículo 5º, literal m, que la Sala plena pueda “Conceder licencia no remunerada a los Magistrados Titulares y Auxiliares y a los empleados que hayan sido nombrados por la Corte, en los términos de la ley”. Obsérvese cómo si en realidad la voluntad del legislador hubiera sido conservar en todo momento el número de 9 magistrados éste habría previsto en el Decreto 2067 que también en caso de licencia habría de nombrar conjuez, competencia que no existe.
De manera minuciosa y contundente, el Auto A-062/00, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, donde se analizaba la validez de la sentencia C-642 de 2000 decidida por cuatro votos contra tres, señaló que para que sea válido un fallo debe contar con la mitad más uno de los votos de los miembros de la Corporación, es decir, con cinco votos. Se señaló en esa ocasión lo siguiente:
La norma aclara lo que se entiende por mayoría absoluta: "cualquier número entero de votos superiores a la mitad del número de magistrados que integran la Corte". Según la Ley 5 de 1992 y el artículo 44 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), la Corte Constitucional está integrada por nueve miembros, luego en el entendido de las disposiciones citadas, toda mayoría para la adopción de decisiones debe estar compuesta por un número de votos mayor que el número entero que supere a la mitad de nueve, es decir, se necesitan mínimo cinco votos para que una decisión de esta Corte sea válidamente adoptada. Surge de lo anterior que las providencias proferidas con una mayoría inferior son nulas, y así debe declararlo el Pleno de la Corporación.”
Ahora bien, el parágrafo del artículo 14 del Decreto 2067 señala que “las decisiones sobre la parte resolutiva de la sentencia deberán ser adoptadas por la mayoría de los miembros de la Corte Constitucional”; mayoría para cuya conformación, según el parágrafo del mismo artículo, no se requiere la presencia de los nueve magistrados. En efecto, señala el parágrafo “Se entiende por mayoría cualquier número entero de votos superior a la mitad del número de magistrados que integran la Corte o de los asistentes a la correspondiente sesión, según el caso.”
Por los argumentos antes expuestos debe concluirse que el hecho de la ausencia de designación de un conjuez no comporta la nulidad del proceso.
4.2. Presunta vulneración del debido proceso por publicar la decisión antes de haber notificado la sentencia
4.2.1. El actor señala que, según lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto 2067, la decisión no podía ser publicada sin la correspondiente sentencia. Recuerda el solicitante que el artículo 16 establece que “la parte resolutiva de la sentencia no podrá ser divulgada sino con los considerandos y las aclaraciones y los salvamentos de voto correspondientes, debidamente suscritos por los magistrados de la Corte.”
4.2.2. En Auto 152B de 2003, la Corte estableció que lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 2067 había sido derogado en lo relativo a la imposibilidad de hacer pública la decisión de la sentencia antes de que se conocieran los aclaraciones y los salvamentos de voto debidamente suscritos. En dicho auto, -donde se resolvía sobre una nulidad presentada contra un proceso en el cual se había dado a conocer la decisión antes que el fallo fuera firmado y notificado- se señaló:
8.- La conclusión anterior encuentra un sustento adicional en la declaratoria de inexequibilidad de un aparte del artículo 64 de la LEAJ que establecía que el contenido y alcance de las decisiones podía ser informado una vez concluyera el proceso mediante decisión ejecutoriada. Consideró entonces este Tribunal que la expresión “una vez haya concluido el respectivo proceso mediante decisión ejecutoriada”[5] vulneraba la autonomía del juez y el derecho de los asociados de recibir información veraz y oportuna (Art. 20 C.P.). Además de ser una excepción el principio general contenido en la Carta de que las actuaciones de la administración de justicia serán públicas (Art. 228 C.P.). Anotó la Corte que es
“constitucionalmente posible el que, por ejemplo, el presidente de una Corporación informe a la opinión pública sobre una decisión que haya sido adoptada, así el texto definitivo de la Sentencia correspondiente no se encuentre aún finiquitado, habida cuenta de las modificaciones, adiciones o supresiones que en el curso de los debates se le haya introducido a la ponencia original. Con ello, en nada se vulnera la reserva de las actuaciones judiciales -siempre y cuando no se trate de asuntos propios de la reserva del sumario o de reserva legal- y, por el contrario, se contribuye a que las decisiones que adoptan los administradores de justicia puedan conocerse en forma oportuna por la sociedad.”[6]
Por tanto, los jueces están autorizados a divulgar la decisión a la opinión pública. No se presentó entonces irregularidad alguna en la forma en que la Corte publicitó el fallo, pues ello está permitido por las normas existentes en la materia. Cabe reiterar en este punto que la sentencia es adoptada al momento de realizar la votación, cosa distinta es que surta efectos a partir del día siguiente a su expedición, como esta Corte ya lo ha anotado en otras ocasiones[7].”
El mencionado Auto resulta concordante con la Sentencia C-551 de 2003 en la cual se indicó:
Este análisis muestra que, conforme a la ley estatutaria de Administración de Justicia, la Corte Constitucional puede comunicar –que no notificar formalmente- sus fallos, y en especial su parte resolutiva, así el texto definitivo de la sentencia no se encuentre finiquitado. No existe entonces objeción a que la Corte ordene la comunicación de la parte resolutiva de la presente sentencia, al día siguiente de ser adoptada la decisión. Y en el presente caso, esa comunicación es necesaria, a fin de que el Presidente pueda fijar la fecha de realización del referendo, pues el artículo 34 de la LEMP establece que una vez expedido el fallo de la Corte Constitucional, el Gobierno, mediante decreto, determinará esa fecha “en el término de ocho días”. Por consiguiente, una vez adoptado el fallo, la Corte tenía el deber de comunicarlo al Presidente, para lo de su competencia.” (subrayas fuera de texto)
4.2.3. El actor indica que el artículo 56 de la Ley Estatutaria, sólo autoriza a las Corporaciones Judiciales para incluir en su reglamento un término para consignar salvamentos y aclaraciones elaborados después de notificar la Sentencia. En esa medida, considera que únicamente se ha afectado la validez del artículo 16 en los apartes subrayados: “la parte resolutiva de la sentencia no podrá ser divulgada sino con los considerandos y las aclaraciones y los salvamentos de voto correspondientes, debidamente suscritos por los magistrados y el Secretario de la Corte. (…)”
4.2.4. La Corte estima que el artículo 56 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia sí hace referencia a la facultad de la Corte Constitucional para disponer lo relativo a la publicidad de la parte resolutiva y los considerandos de las sentencia y, en esa medida, sí deroga lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 2067. En efecto, el artículo 56 inicia diciendo: “El reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado, respectivamente, determinará, entre otras, la forma como serán expedidas y firmadas las providencias, conceptos o dictámenes adoptados”(subrayas y resaltados ajenos al texto). Al disponer que se determinará la forma como serán expedidas y firmadas las providencias, dentro del concepto forma caben circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por tanto, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia sí previó un cambio de las condiciones de publicidad de las sentencias y no sólo de salvamentos y aclaraciones.
Además, así no se haya expedido una nueva regulación, el Decreto Ley 2067 ya no está en capacidad de regular lo que la Ley Estatutaria delegó expresamente al reglamento interno de la Corte Constitucional[8], pues se estaría atendiendo una disposición de jerarquía diferente a la indicada y despojando de competencias al órgano que el mismo legislador dispuso despojándose él de la facultad de regular la materia.
En atención a los argumentos antes expuestos, el hecho alegado no genera nulidad del proceso.
4.3. Presunta vulneración al debido proceso por falta de notificación de la Sentencia dentro de los seis días siguientes a la decisión de la Corte
4.3.1. El actor señala que, según lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto 2067, la Sentencia se notificará “dentro de los seis días siguientes a la decisión”. Indica que la decisión se tomó el 7 de diciembre de 2005 y de esta fecha al día en el cual inició la vacancia judicial habían transcurrido más de siete días sin que se hubiera notificado el fallo. Por tanto, concluye que se desconoció el debido proceso.
4.3.2. En lo relativo al deber de notificar la sentencia en el término estricto de seis días, según lo señala el artículo 16 del Decreto 2067 de 1991, la Corte, en Auto A-165/03. M.P. Eduardo Montealegre Lynett[9] manifestó:
“si bien es cierto [que pasaron más de seis días entre la fecha en que se adoptó la decisión y la fijación del edicto para dar a conocer finalmente la totalidad de la decisión], no lo es menos que (…), [el art. 16] ha sido derogada por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en el punto aludido por el ciudadano. Además, sobre el término de seis días establecido por la norma, encuentra la Corte que la finalidad de la notificación por edicto es distinta a la de la comunicación y la inobservancia del plazo para que la decisión sea notificada no constituye una causal de nulidad, pues no afecta el debido proceso, y los ciudadanos no demuestran, ni siquiera de manera mínima, que sí lo sea.
En el presente caso dichas consideraciones se reiteran para concluir que el hecho alegado no genera nulidad del proceso.
4.4. Presunto desconocimiento del debido proceso por no haberse publicado la sentencia incluyendo salvamentos y aclaraciones de voto
4.4.1. Si bien el actor reconoce que la Ley estatutaria permitió a la Sala Plena derogar la norma vigente sobre la divulgación de la sentencia sin salvamentos y aclaraciones, -lo cual permitiría pensar que la publicidad de éstos podría darse en otro momento-, afirma que tal autorización no ha sido ejercida. En consecuencia, señala el solicitante, sigue vigente el deber de incluir las aclaraciones y salvamentos debidamente suscritos al momento de comunicar la parte resolutiva (artículo 16, Decreto 2067).
4.4.2. La Corte reitera que, según jurisprudencia de la Corte (Auto A-152B/03), el artículo 16 del Decreto 2067 -en la obligación que el actor reclama como incumplida-, fue derogado por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
4.5. Presunta vulneración del debido proceso en virtud de que la discusión del proyecto no siguió las reglas establecidas para la deliberación (leer el proyecto antes de su discusión)
4.5.1. Indica el actor que según el artículo 34, numeral 1º, del Reglamento Interno, “el autor del proyecto por discutirse lo leerá”; según el actor, el Magistrado ponente ya debe llevar redactado el proyecto a Sala para su deliberación y éste se somete a discusión y votación. En caso de que no se apruebe se reparte a otro magistrado. Si los magistrados hubieran llevado el proyecto redactado, indica el ciudadano, sólo habría faltado la firma y no se habría tomado tanto tiempo la notificación efectiva del fallo. En esa medida, argumenta el peticionario, se deduce que el proyecto no fue discutido sino lo que se discutió fue un comunicado de prensa.
4.5.2. La Corte encuentra que los magistrados que llevan su proyecto efectivamente escrito a Sala pueden cambiar de parecer a través del debate con sus pares y que, si así se presentan los hechos, los ponentes conservarán su calidad de tal pero deberán elaborar el escrito con base en los fundamentos de Sala. Únicamente cuando el ponente no cambie de parecer frente a su proyecto inicial se pasará al siguiente Magistrado para que éste elabore el nuevo texto. En efecto, el artículo 9º del artículo 34 del Reglamento Interno señala: “Si el proyecto principal no obtiene en la Sala ese mínimo de votos, el negocio pasará al Magistrado que corresponda, que designe el Presidente entre el grupo de Magistrados mayoritario, para que redacte el nuevo proyecto en el que se exponga la tesis de la mayoría, si el Magistrado ponente original no acepta hacerlo.” (subrayas ajenas al texto).
En consecuencia, el hecho alegado tampoco genera nulidad del proceso.
Primero.- DENEGAR la solicitud de nulidad presentada por el ciudadano Guillermo Otálora Lozano contra el procedimiento adelantado en el proceso D-5764.
[4] Sobre el principio de instrumentalizad de las formas ver, entre muchas otras la Sentencia C- 872/02 M.P. Eduardo Montealegre Lynett A.V. de los Magistrados Alfredo Beltrán Sierrra y Jaime Araujo Rentaría y el Auto de Sala Plena del 24 de Septiembre de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[5] Ver sentencia C-037 de 1996.
[7] Ver sentencia C-327 de 2003.
[8] Ver Auto A-156/03, M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[9] Auto que analizó la solicitud de nulidad de la Sentencia C-551/03

References: artículo 56
 artículo 56
 artículo 16
 artículo 56
 artículo 122
 artículo 40
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 56
 artículo 16
 artículo 56
 artículo 16
 artículo 34
 artículo 5
 artículo 44
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 64
 artículo 34
 artículo 56
 artículo 16
 artículo 56
 artículo 16
 artículo 56
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 34
 artículo 9
 artículo 34