Source: http://www.ladefensa.com.ar/La%20Defensa%2017/la-srt-y-la-ignorancia-del-derecho-positivo-y-vigente-en-sus-resoluciones.-por-eduardo-l.-mezio.-fuente--microjuris.com..html
Timestamp: 2020-07-08 07:47:12+00:00

Document:
La SRT y la ignorancia del derecho positivo y vigente en sus resoluciones. Por Eduardo L. Mezio. Fuente: Microjuris.com. - Revista La Defensa Nº XVII Marzo 2018
La SRT y la ignorancia del derecho positivo y vigente en sus resoluciones
Voces: RIESGOS DEL TRABAJO - COMISIONES MÉDICAS - ACCIDENTE DE TRABAJO - ENFERMEDAD LABORAL - CONSTITUCIONALIDAD - LABORAL - ART - SRT - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DEL RIESGOS DEL TRABAJO - CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES - TRATADOS INTERNACIONALES
Fecha: 7-dic-2017 | Cita: MJ-DOC-12309-AR | MJD12309 | Producto: LJ
I. Las resoluciones cuestionadas. II. Violación suficiente para declarar la no validación de las tres resoluciones. III. Leyes nacionales vigentes a las cuales contrarían las tres resoluciones y que las tornan inaplicables. IV. Incertidumbre por el derecho aplicable ante la ignorancia de la ley por parte de la SRT.
Por Eduardo L. Mezio (*)
«Propter necessitatem illicitum efficitur licitum».
I. LAS RESOLUCIONES CUESTIONADAS
Analizaré tres resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (en adelante, SRT) de fecha reciente y su no validación para integrar el derecho positivo y vigente.
La Res. 886/17, de fecha 22 de septiembre de 2017, que aprueba el «Protocolo de estudios obligatorios mínimos para la Valoración del Daño Corporal y para la Determinación de la Incapacidad»; la Res. 899/2017, de fecha 8 de noviembre de 2017, que aprueba «Disposiciones Aclaratorias a la Resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) 298/17», y finalmente la Res. 298/17, de fecha 23 de febrero de 2017, que aprueba el «Procedimiento ante las comisiones médicas regulado en el art. 1 de la Ley complementaria de la ley sobre riesgos del trabajo».
Las tres resoluciones violan Normas Supralegales y leyes nacionales, y legislan contradictoriamente creando dudas de interpretación y de maneras de solucionarlas.
II. VIOLACIÓN SUFICIENTE PARA DECLARAR LA NO VALIDACIÓN DE LAS TRES RESOLUCIONES
A más de contrariar leyes específicas que detallaré en cada caso, las tres resoluciones ignoran la letra de la Norma Supralegal (en adelante NSL) N.° 26.693 que ratifica el Convenio N.° 155 de la OIT y su Protocolo Facultativo del año 2002, provocando de esta manera la falta absoluta de legitimación para su aplicación.
De acuerdo con lo normado en la Constitución Nacional, art. 75, inc. 22, ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y por Tribunales inferiores, «los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes». Los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo que sean ratificados por el Congreso Nacional, se encuentran equiparados, en la letra de la Constitución, a «Tratados con organizaciones internacionales» y, por ello, tienen jerarquía superior a las leyes.Y también, a las resoluciones de una repartición estatal, como la SRT.
Sin embargo, en ningún decreto o resolución posterior a la fecha de entrada en vigencia de la NSL, se legisla teniendo en cuenta las definiciones que se efectúan tanto en el Convenio como en el Protocolo. Para tener una idea cabal de lo equivocado que es el derecho que reglamenta en sus decretos el PEN y la SRT en sus resoluciones, con la realidad de lo que es el «derecho positivo y vigente», basta con señalar lo que hay que considerar como «enfermedad profesional».. En el art. 1 del Protocolo «el término "enfermedad profesional" designa toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral». Para complementar esta definición legal (que sustituye «ipso iure» a las anteriores) y de acuerdo con el art. 3, inc. c, del Convenio, «la expresión "lugar de trabajo" abarca todos los sitios donde los trabajadores deben permanecer o adonde tienen que acudir por razón de su trabajo, y que se hallan bajo el control directo o indirecto del empleador», mientras que, en el inc. e, «el término "salud", en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también los elementos físicos y mentales que afectan a la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo».
Estas tres definiciones cambian radicalmente todo el sistema de la cobertura de prestaciones de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. No es lo mismo nada acerca de las enfermedades profesionales que reglamenta la SRT, que lo que debería legislar de aplicar el derecho positivo y vigente. Para tener una muestra de lo que cambia un sistema del otro, menciono que el «Listado de Enfermedades Profesionales» que determina el Decr.658/96 dejaría de aplicarse, o debería cambiarse a una nueva modalidad jurídica, como podría ser un listado de enfermedades con presunción a favor del trabajador de la ocurrencia en el trabajo.
Aplicando correctamente la definición de «enfermedad profesional», pasa a tener una importancia decisiva el análisis de los factores de riesgos existentes en el lugar de trabajo para poder determinar la salud del trabajador (ambos definidos en el art. 3, incs. c y e, del Convenio).
Esta triple realidad que existe entre el «derecho positivo y vigente», y otro derogado sobre el que legisla la SRT es continua, y se aprecia desde que la NSL entró en vigencia en la República Argentina el 5 de septiembre de 2011. Y es triple por cuanto la propia SRT en su «Boletín sobre Normas Legales Vigentes sobre Salud y Seguridad en el Trabajo» se preocupa por afirmar lo siguiente: «El presente listado contiene, básicamente, un enunciado de instrumentos normativos vinculados con la prevención primaria y secundaria de la salud de los trabajadores». Y párrafos más adelante, se lee esto: «Convenios relevantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de salud y seguridad en el trabajo (que tienen jerarquía superior a las leyes, Art. 75 inc. 22 de la CNA) Ley 26.693: Apruébase el Convenio 155 de la OIT, relativo a la seguridad y salud de los trabajadores, adoptado el 22 de junio de 1981 y el Protocolo de 2002 relativo al convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, adoptado el 20 de junio de 2002. (BO: 26/8/2011)». Se puede corroborar lo afirmado en http://www.srt.gob.ar/index.php/normativa/.
Pregona que es un «instrumento normativo», pero en sus resoluciones nunca, desde su vigencia, fue mencionado en ninguno de los «VISTO» de los decretos nacionales ni de las Resoluciones de la SRT.O sea que toda la normativa posterior a la fecha de entrada en vigencia, no ha reglamentado sobre derecho positivo y vigente, sino sobre un derecho derogado.
Esta sola consideración basta para la no aplicación de las resoluciones, mas allá de los planteamientos doctrinales y jurisprudenciales efectuados desde distintos puntos de vista, a la normativa de fondo, esto es, a la Ley 27.348.
III. LEYES NACIONALES VIGENTES A LAS CUALES CONTRARÍAN LAS TRES
RESOLUCIONES Y QUE LAS TORNAN INAPLICABLES
Analizaré separadamente las tres Resoluciones ya mencionadas.
1. Resolución SRT 886/17
En los «Visto», no se menciona la NSL N.° 26.693.
La totalidad del articulado de la Res. SRT 886/17 contraría la Ley 26.529 en su art. 2, inc. E, Autonomía de la voluntad. Allí se determina que «el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad, como asimismo el inciso g, Interconsulta Médica. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria por escrito, a fin de obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salud».
Al mismo tiempo, su articulado es contrario a lo prescripto en la Ley 25.326 de Protección de los datos personales. Ella define en su art. 2 los llamados «Datos sensibles» y al «Titular de los datos», disponiendo en su art. 4 que «no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención»; en el art. 5 que «el tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, mientras que, en el 7, determina que «ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles».
Contrariamente a la letra de la ley (que tiene rango superior a una resolución) en el art. 4, la Res.SRT 886/17 faculta a los médicos de las comisiones médicas a solicitar la realización de estudios complementarios, peritaje de expertos y cualquier otra diligencia necesaria, en caso de resultar insuficientes los antecedentes obrantes, o fuera discutida su veracidad.
Y está prohibido por ley obligar a adjuntar los estudios obligatorios mínimos para valorar el daño corporal y determinar la incapacidad.
2. Resolución SRT 899-E/2017
En los «Visto» no incluye la NSL 26.693; la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor (LDC), la Ley 26.529 Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud. Esto implica que no son aplicables para la decisión (cfr. Diccionario RAE, «visto»).
En el art. 3 apdo. 1, la resolución, refiriéndose al Secretario Técnico Legal menciona que deberá emitir Dictamen Jurídico Previo en el trámite de rechazo de la denuncia de la contingencia. Al no estar basado en lo que se define en la NSL 26.693 como enfermedad profesional, su dictamen carece de validez.
En el apdo. 2, inc. h, refiriéndose al profesional médico, cita como fundamento el Decr. 1475/15, que tampoco se sustenta en la NSL 26.693.
El art. 1, el decreto mencionado modifica el art. 6 del Decr. 717/96 especificando las causales de rechazo a una denuncia de EP: «El rechazo de la contingencia solo podrá fundarse en las siguientes causales: «... c. En los casos en que se considere que el accidente no sea de naturaleza laboral o la enfermedad no revista carácter profesional». Al no estar basado en lo que se define en la NSL N.° 26.693 como enfermedad profesional, el rechazo de la denuncia carece de validez.
El último párrafo del art. 1 del Decr. 1475/15 expresa lo siguiente: «El trabajador estará obligado a someterse al control que efectúe el facultativo designado por la Aseguradora tantas veces como razonablemente le sea requerido». Esta obligación que impone al trabajador es contraria a la LDC (art.8 bis); y Ley de Derechos del Paciente art. 2, inc. e, citada «ut supra».
Según el apdo. 3, el titular del servicio de homologación debe (inc. a) cumplir lo siguiente: «Emitir el acto administrativo definitivo de la Comisión Médica Jurisdiccional en los trámites de Rechazo de la Denuncia de la Contingencia». Al no estar basado en lo que se define en la NSL N.° 26.693 como enfermedad profesional, el acto administrativo definitivo carece de validez.
El art. 4 de la resolución en análisis trata acerca de los «trámites ante la comisión médica jurisdiccional. 4.1. «Rechazo de la denuncia de la contingencia - determinación del carácter laboral de la contingencia», definiéndolo como «el trámite iniciado por el trabajador o sus derechohabientes destinado a analizar la pertinencia del rechazo efectuado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) o el Empleador Autoasegurado (EA) de una contingencia denunciada por el trabajador, el empleador, sus derechohabientes o cualquier persona que haya tenido conocimiento de aquella y tiene como objeto establecer el carácter laboral del accidente o profesional de la enfermedad. Procede cuando mediare rechazo de la contingencia por parte de la ART o el EA, suscitado en los plazos y conforme las causales previstas en el art. 6 del Decr. 717 de fecha 28 de junio de 1996, y demás normas aplicables.
El art. 6 de la resolución que estoy analizando dice lo siguiente: «En los trámites incoados con motivo del rechazo de la denuncia del accidente laboral, establecidos en los artículos 1 y 2 de la Resolución SRT 298/17, además del cumplimiento de los requisitos allí previstos, el peticionante deberá formular la descripción de los hechos y las circunstancias en que aconteció el siniestro rechazado y, en el mismo acto, ofrecer la prueba de la que intente valerse acompañando la documental».
La Res. SRT 298/17 tampoco se encuentra fundamentada en la NSL N.° 26.693 y, en su art.1, enumera los «requisitos para el inicio del trámite de rechazo de la denuncia de la contingencia por el damnificado». Comienza con los trámites que debe efectuar el trabajador por rechazo de enfermedades no listadas debiendo presentar una petición fundada, debiendo detallar la exposición a los agentes de riesgo presentes en el trabajo respectivo (entre otras).
Esta obligación que se le impone al trabajador contraría expresamente la Res. SRT 37/10, art. 3, apdo. 5, que dice así: «Los empleadores afiliados deberán suministrar a la ART, la nómina de trabajadores expuestos a cada uno de los agentes de riesgo, al momento de la afiliación a una ART o de la renovación del contrato». Además se establece la obligatoriedad de la realización de los «relevamientos de agentes de riesgo» en las siguientes resoluciones de la SRT: Res. 463/09 art. 10 (apdos. a, b y c) y art. 20; Res. 37/10, art. 3, apdo. 5; y Res. 741/10, art. 1.
La obligación impuesta al trabajador también colisiona con la Res. SRT 179/15, art. 8, apdo. b, incs. 3 y 4: «El rechazo de una contingencia será debidamente fundado en los siguientes supuestos: «... b. Para el caso de una enfermedad profesional, cuando la ART / EA haya basado sus argumentos en los siguientes requisitos: 3. "Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR)" y nómina de personal expuesto declarado por el empleador al momento de la celebración o renovación del contrato de afiliación o declaración de la ART / EA del incumplimiento de la realización del mismo por parte del empleador. 4. "Cualquier otro estudio vinculado a los factores de riesgo imperantes en el lugar de trabajo, en caso de poseerlos"».
No suficiente con esta dualidad de obligado a la realización y puesta en conocimiento de los factores de riesgo que provocan enfermedades profesionales (trabajador y empleador), el art. 40 de la Res SRT 298/17 dice así: «Aplicación particular.El procedimiento especial establecido en la presente resolución, para los trámites administrativos previstos en el artículo 1 de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y en ella regulados, será de aplicación excluyente de los procedimientos previstos en las normas que regulen otros trámites ante las comisiones médicas. En razón de lo dispuesto en el párrafo precedente y con dichos alcances, resultarán inaplicables al procedimiento regulado por la presente resolución los preceptos establecidos en el Decreto 717/96, con las reformas introducidas por el Decreto 1475/15, en la medida en que se opongan a lo dispuesto en la presente».
Por lo que nos encontramos con que: - La NSL no diferencia entre «enfermedades listadas» y «enfermedades no listadasc, como diferencia (ilegalmente) la Res. SRT 298/17 en sus arts. 1 y 2. Si se contrajo una enfermedad por exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral, es una «enfermedad profesional», y la NSL no habla ni menciona «listas de enfermedades».
- La Res. SRT 179/15 dice (art. 8, apdo. b) que para que el rechazo sea fundado, la ART debe haber basado sus argumentos en el RAR (en lugar de «factores» dice «agentes») que debe declarar obligatoriamente el empleador o «cualquier otro estudio vinculado a los factores de riesgo imperantes en el lugar de trabajo, en caso de poseerlos» (ahí dice «factores» y no
«agentes»).
- La Res. SRT 298/17 dice (art. 1, párr. 3) que, para cumplimentar el trámite por rechazo de enfermedades no listadas, es el trabajador quien debe presentar [una] petición fundada. «Se entenderá por tal aquella presentación que contenga (...) y la exposición a los agentes de riesgo presentes en el trabajo respectivo».
- Y la Res. SRT 298/17, en su art. 40, párr.2, dice así: «... resultarán inaplicables al procedimiento regulado por la presente resolución los preceptos establecidos en el Decreto 717/1996, con las reformas introducidas por el Decreto 1475/2015 y la Resolución de esta Superintendencia 179/2015, en la medida en que se opongan a lo dispuesto en la presente».
«Pregunta»: ¿Quién resuelve que la no aplicación de la NSL inutiliza cualquier trámite que se relacione con accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y que no esté fundamentado en ella? Pero suponiendo que «nadie» mencione ni solicite la aplicación de la NSL 26.693; que «nadie» pida anulación de todo lo actuado y que «ningún» funcionario, administrativo de las «comisiones médicas» tampoco lo mencione y, por ende, no la considere para nada: ¿quién debe presentar en la Comisión Médica el relevamiento (o la exposición) a los factores (o agentes) de riesgo?: ¿El empleador que la debe presentar a la ART cuando renueva el
contrato de afiliación, o la ART que si no se le ha presentado por parte del empleador debe tener la constancia de su denuncia a la SRT o el trabajador, o el trabajador que, en la gran mayoría de los casos, no tiene la más mínima idea de qué es un «factor de riesgo en su lugarde trabajo»?
La resolución, a más de ilegal, es contradictoria con otras resoluciones, igual de ilegales.
3. Resolución SRT 298/17
Al igual que en las analizadas anteriormente, en los "Visto" no se menciona la NSL. Esto implica que no son aplicables para la decisión (cfr. Diccionario RAE, «visto»).
En su art. 2, diferencia el procedimiento por rechazo de la denuncia de la contingencia, si se trata de una enfermedad profesional listada o de una enfermedad profesional no listada. Esta diferencia no existe en la NSL 26.693, por lo que todo el «procedimiento» carece de sustentación legal.
En el art. 7, cuando regula lo relacionado con la prueba, obliga al trabajador a someterse a los exámenes médicos que indique la Comisión Médica.Esta obligación al trabajador es contraria al art. 8 bis (trato digno) de la LDC, que tiene «anclaje constitucional» al decir de Ricardo Lorenzetti en «Consumidores», como asimismo del art. 2 de la Ley de derechos del paciente ya citado «ut supra».
Esta resolución se puede asemejar a un «Minicódigo de Procedimientos cuasijudiciales» y pretende reemplazar, en su letra y en su puesta en práctica, a los constitucionales actores sociales que deben participar: abogados, empleados, secretarios, jueces y magistrados.
IV. INCERTIDUMBRE POR EL DERECHO APLICABLE ANTE LA IGNORANCIA DE LA LEY POR PARTE DE LA SRT
La sociedad, y en especial los actores sociales involucrados en la seguridad y salud de los trabajadores se encuentran en un estado de incertidumbre social por el derecho aplicable.. Se discuten aspectos secundarios desconociendo legislación superior vigente, y se olvida lo principal: al hombre y a la mujer trabajador/a.
La ley de fondo que desde siempre se ha proclamado como la «única» que debe aplicarse en caso de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, ha sido declarada contraria a leyes superiores y a la propia Constitución Nacional en cuanta oportunidad han tenido los Tribunales de Justicia de todo el país. La burbuja en la que pretendió erigirse, ha explotado frente a las sentencias de la SCJN, Cortes provinciales y la casi totalidad de Cámaras de Apelaciones y Juzgados, en fallos señeros imposibles de contradecirse por haberse apoyado doctrinariamente en normas de derecho internacional y Convenios Internacionales que solamente podrían ser denunciados por el Estado Nacional para modificar la legislación nacional.
El especial caso de las NSL N.° 26.693 y 26.694, es paradigmático. Los poderes del Estado ignoran la misma, aun cuando tiene supremacía sobre las leyes establecida por la Constitución Nacional, refrendada por la CSJN.Por esa ignorancia y desconocimiento, se sanciona una ley que modifica a la Ley 24.557 sin cumplirse los requisitos de consulta a los entes patronales y obreros mas representativos; y peor aún, se reglamenta la ley burbuja sin contemplar las nuevas definiciones de enfermedad profesional, accidente de trabajo, accidente de trayecto, lugar de trabajo y salud que se establecen en ellas. Ninguna de las centrales de trabajadores ni de empleadores ha fundamentado su decisión de apoyo, o no, hacia decretos y resoluciones que no tienen nada que ver con la realidad de la legislación vigente. Extrañamente, tampoco se han conocido fallos de ninguna instancia que así lo juzguen.
Los actuales proyectos sobre modificaciones de la legislación laboral son un complemento de lo ya actuado por la SRT en sus resoluciones total y completamente inconstitucionales, pero que se aplican a tambor batiente por parte de sus funcionarios y promueven opiniones encontradas en la doctrina.
El único objetivo de estas resoluciones es imponer al trabajador todo lo contrario a la letra de la Constitución Nacional y leyes de la Nación. Ello así pese a que es considerado, y por ello preservado, como eje de toda la sociedad y razón de ser de la misma por los Convenios que la Constitución Nacional ha equiparado a ella, por la CSJN como «sujeto de preferente tutela», y ser reconocido como el sujeto más débil en la ya indiscutida relación de consumo que existe con la ART y se le pretende aplicar legislación que le coarta esos derechos plenamente operativos vigentes en legislación superior que se ignora.Se da la paradoja de que quien debe obedecer a su empleador en cuanto a horarios y puestos de trabajo, tareas a realizar, fechas de vacaciones y necesidad empresarial de cubrir horas extraordinarias o licencias anticipadas, quien sufre el accidente de trabajo o la enfermedad causada por el ambiente laboral, y padece las consecuencias de ellos, es el actor social más vilipendiado, ignorado y sojuzgado por la legislación que, contrariamente a lo normado en la Constitución Nacional no provee lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social ni a la formación profesional de los trabajadores (art. 75, inc. 19).
Se pretende hacer creer que los trabajadores son los únicos, exclusivos y excluyentes responsables de la ocurrencia de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de los juicios para cobrar las incapacidades, de la existencia de una mafia y de la hecatombe social que ello produce, cuando en la realidad, son los únicos que no pueden decidir nada acerca de la completa «mecánica de ocurrencia» del accidente o de la contaminación que le provoca la enfermedad.
Por el contrario, se arropa con leyes, decretos y resoluciones inconstitucionales y sin apoyo de legislación positiva y vigente, a quienes violan sistemáticamente la legislación que les da origen y que, en cualquier otro supuesto, implicarían el cese de la autorización para lo que fueron creadas. Es inconcebible que, en un año calendario (2013), las empresas autorizadas a administrar el sistema de riesgos del trabajo, hayan tenido 2114 (dos mil ciento catorce) sanciones por incumplir la ley. Evidentemente, ante la falta de sanciones ejemplificadoras, se superaron a sí mismas en los incumplimientos, y en el año siguiente (2014) obtuvieron 2917
(dos mil novecientas diecisiete) sentencias de Cámara por violaciones a la ley (véase al respecto la Res. SRT 270/16, Anexo II, Tabla de Índice de Reincidencia).
No se han conocido (por no haberse producido) ninguna revocación de autorización.Una ART puede violar la ley 465 veces en un año y 550 veces en el siguiente sin ningún tipo de problemas, más allá de las multas que posiblemente le imponga la SRT por ello y que una vez pagadas, puede continuar incumpliendo la ley.
Se sigue protegiendo a las administradoras del sistema cuando en las estadísticas de Procesos Judiciales que promueven los trabajadores para hacer valer sus derechos constitucionales frente a leyes, decretos y resoluciones que regulan sobre legislación derogada, no se mencionan lo más importante: cantidad de sentencias que dan la razón, o no, a los trabajadores. No tiene significación alguna publicar que se han iniciado una «x» cantidad de procesos judiciales sin mencionar quién ganó y quién perdió, ya que cuando la sentencia es favorable al trabajador, significa que es válida su posición e inválida la de la contraria.
Si el porcentaje es superior en sentencias favorables a los trabajadores, significa, claramente, que es la ART quien ha incumplido la ley. Y si es «muy superior», está absolutamente claro que el sistema hay que cambiarlo. Lo que se publica sería similar a que la AFA publicite los equipos que se enfrentaron el fin de semana, los jugadores que utilizó cada uno de ellos, el estadio donde se desarrolló el partido, los nombres de los entrenadores, jueces principales y de línea, cantidad de espectadores y de policías que cubrían la seguridad, todo individualizado por división, provincia y municipio.... pero no digan el resultado de los partidos ni la tabla de posiciones de ninguna «división».
Ningún país serio se puede fundar ni construir si el propio Estado viola sistemática y continuamente la ley.
(*) Abogado, UCA, Rosario. Licenciado en Derecho Español. Autor de publicaciones sobre
temas de su especialidad.

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución