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Timestamp: 2017-08-22 03:26:31+00:00

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INSTITUTO DE DERECHO PROCESAL PENAL: 08/01/2012 - 09/01/2012
Etiquetas: Apoderado , calumnias e injurias , Delitos contra el Honor , Legitimacion
La Cámara del Crimen revocó una resolución de primera instancia, en el marco de una causa por calumnias e injurias, en la que no se hizo lugar a la presentación en una audiencia de conciliación del apoderado de la querella. Los fundamentos.
La sala I de la Cámara del Crimen, con las firmas de José Luis Rimondi y Alfredo Barbarosh, revocó una resolución de primera instancia, en el marco de una causa por calumnias e injurias, que no hizo lugar a que se presentara el apoderado de la querella en la audiencia de conciliación.
Los jueces explican -en la causa “B. N. B., C. s/facultad de representación en la audiencia de conciliación del art. 424 del CPPN”- que “más allá de que el honor de una persona como bien jurídico es difícilmente conmensurable para un apoderado, tampoco puede afirmarse que entre las cuestiones confiadas por el poderdante no se encuentre la defensa de su honor, lo cual no se halla expresamente vedado en el procedimiento”.
Agregan que, “por el contrario, una de las causas del desistimiento tácito (art. 422 del CPPN), resulta ser la inasistencia del querellante o su mandatario a la audiencia de conciliación”.
En la causa, los magistrados sostienen que si bien la norma del artículo 424 CPPN “no lo prevé expresamente… tampoco puede afirmarse que entre las cuestiones confiadas por el poderdante no se encuentre la defensa de su honor, lo cual no solo no se halla expresamente vedado en el procedimiento”, sino que además, “la inasistencia del querellante o su mandatario a la audiencia de conciliación” constituye una de las causas de desistimiento tácito.
Añaden los camaristas que “mediante un análisis armónico de la norma se entiende que se encuentra contemplado que el particular ofendido pueda hacerse presente por representación, pues de lo contrario carecería de sentido que pueda extinguirse la acción mediante la inasistencia de quien no puede presentarse”.
En este sentido indican, citando doctrina, que “si bien es un acto personalísimo del querellante y del querellado, el propio Código autoriza que el primero comparezca a través de mandatario (art. 422, inciso 2 CPPN) el que deberá hallarse munido de poder especial (art. 418 CPPN) e inclusive la omisión de la explícita facultad de conciliar en dicho instrumento, no es óbice para considerarlo habilitado para ello”.
Pues, “salvo límite expreso, la especialidad del mandato comprende todos los actos necesarios para llevar adelante el negocio en cuya virtud fue otorgado”, consignan en el texto de la resolución.
“Toda vez que de la copia del poder” surge que al letrado “le ha sido otorgada la facultad para presentarse en la audiencia prevista por el artículo 424 del CPPN e incluso en ella a ‘aceptar, reconvenir la retractación del querellado’, corresponde revocar el auto en cuanto le impide presentarse en la audiencia de conciliación, debiéndose fijar una nueva fecha a tales fines”, concluyen.
La cuestión en torno a la tenencia de teléfono celular sustraído
Etiquetas: Tipicidad
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Tener un celular robado no configura un delito
La Cámara Federal revocó una sentencia de primera instancia y dictó la falta de mérito con respecto a una mujer que fue detenida teniendo en su poder un celular que registraba aviso de hurto, robo o extravío. Los jueces consideraron que “el hecho de que una persona posea un teléfono celular bajo condiciones irregulares (...) No configura per se el tipo penal en cuestión”.
La sala I de la Cámara Federal, con las firmas de Eduardo Farah y Jorge Ballestero, revocó el procesamiento y dispuso la falta de mérito, tanto para procesar como para sobreseer, de una mujer imputada por poseer un teléfono celular de procedencia ilegítima.
Según consta en la causa “Barreto, Estefanía Natali s/ procesamiento” la mujer, junto con otras dos personas, fue interceptada en enero del 2010 por personal de la comisaría 8ª de la PFA a la altura de la Av. Hipólito Irigoyen al 2700 de esta Capital, “en virtud de la prevención” efectuada por los policías donde se les incautó un celular que se hallaba en el hall de entrada del edificio donde se encontraban.
En primera instancia la imputada fue procesada por haber sido considerada “prima facie” autora penalmente responsable del hecho calificado a la luz del artículo 12 de la Ley de Servicios de Comunicaciones Móviles N° 25.891 y le trabó un embargo de 500 pesos. Esto es, un delito reprimido con una pena de 6 meses a tres años de prisión al que “a sabiendas de su procedencia ilegítima, adquiriere por cualquier medio o utilizare terminales celulares, Módulo de Identificación Removible del usuario (tarjetas de telefonía) o la tecnología que en el futuro la reemplace”.
El magistrado consideró configurado el tipo penal en base a los mensajes de texto del celular en cuestión y a los informes de la empresa de telefonía móvil que indicaban que el celular registraba aviso de robo, hurto o extravío.
La defensa de la imputada apeló la resolución de primera instancia argumentando que “no se acreditó la concurrencia del elemento subjetivo del tipo penal en cuestión”. Ello ya que “los elementos probatorios aunados en el expediente no lograban acreditar que Barreto hubiera conocido la procedencia ilegítima del teléfono celular”.
Los camaristas sostuvieron, recordando anteriores pronunciamientos, que “el hecho de que una persona posea un teléfono celular bajo condiciones irregulares (ya sea con denuncia de robo o hurto, extravío o que originariamente haya sido obtenido mediante fraude) no configura per se el tipo penal en cuestión”.
Sino que, “por el contrario, su estructura contiene otros elementos, sin cuya acreditación, la norma permanece estática y su intervención está vedada en la relación sujeto-bien jurídico tutelado”.
“La posesión y utilización del aparato atribuidas a Barreto nada dicen acerca de su procedencia ni del conocimiento por parte de la imputada de que aquélla fuese ilegítima”, consigna el fallo.
Asimismo, los magistrados explican que si bien “el celular en cuestión registra denuncia de robo, hurto o extravío, también lo es que no se ha solicitado la presencia de su titular a fin de que preste declaración testimonial con el objeto de esclarecer los extremos del hecho traído a estudio”. A lo que sumó que “tampoco se ha rastreado al titular de la tarjeta SIM colocada en el celular”.
“La averiguación de estos datos es importante” explican los jueces ya que “si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido entre la denuncia sobre la cual el Juez construyó la ilicitud de la tenencia por parte de Barreto, con la del hecho investigado en las actuaciones”.
Por todo ello revocaron la sentencia de primera instancia y dictaron la falta de mérito, tanto para procesar como para sobreseer, a la mujer imputada. Ello “hasta tanto se establezcan los extremos” que marcan los jueces en la sentencia.
La postura de la Sala I CNCP acerca de la reincidencia
La Sala II opina distinto
La Cámara de Casación Penal rechazó, en forma unánime, el planteo de inconstitucionalidad formulado por la defensa de un acusado respecto del instituto de la reincidencia. El hombre fue condenado por el delito de homicidio simple y sus quejas respecto de la determinación de su autoría y el monto de la pena también fueron desestimadas.
La decisión fue tomada por la Sala I del Tribunal, integrada por los magistrados Raúl Madueño, Luis María Cabral y Mariano Borinsky. Los camaristas afirmaron que "el legislador puede tomar en consideración la condena anterior, como un dato objetivo y formal, a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario adecuado para aquellos supuestos en que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal".
Además, los vocales citaron jurisprudencia de la Corte Suprema y destacaron que según dichos precedentes "el instituto de la reincidencia se sustenta en el desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito".
La causa tuvo origen en la imputación que recayó sobre un hombre por la supuesta comisión de los delitos de amenazas y homicidio simple. El Tribunal Oral que intervino condenó al acusado a doce años de prisión, por el homicidio simple, lo absolvió respecto del delito de amenazas y rechazó el pedido de que se dejara sin efecto la declaración de reincidencia, la cual fue mantenida.
Entonces, ese pronunciamiento judicial fue impugnado por la defensa del imputado, que cuestionó la valoración de las pruebas reunidas y sostuvo que no se había acreditado que el encartado fuera el autor de los golpes que le causaron la muerte a la víctima. Entre tanto, con relación a la declaración de reincidencia, el recurrente planteó la inconstitucionalidad de dicho instituto.
En torno al planteo de inconstitucionalidad, la Cámara de Casación expresó que "la apreciación que realiza el legislador involucra una esfera de decisión política sobre la que no cabe modificación por parte de los jueces ya que representa facultades específicas de aquel sobre la política criminal".
Luego, en cuanto a la supuesta violación del principio que veda el reproche por la comisión de hechos anteriores ya sancionados, los vocales explicaron que "esa garantía prohíbe que una misma persona pueda ser sometida nuevamente a proceso por el mismo hecho o que se le aplique pena nuevamente por el mismo delito" y "si esas identidades no están presentes no habrá violación al principio constitucional".
Acto seguido, los magistrados manifestaron que el instituto de la reincidencia "no reposa en una presunción de que el sujeto mantiene una inclinación continua negadora del derecho, porque no se identifica con la reiteración delictiva ni con la habitualidad" e incluso "quedan excluidas del supuesto de la reincidencia aquellas conductas antijurídicas que merecieron penas distintas de las privativas de la libertad".
"Para el Código Penal resulta irrelevante la historia criminal del individuo, incluso un delincuente ocasional puede llegar a caer bajo la calificación de reincidente, en la medida en que le sea reprochable su insensibilidad a la amenaza penal", precisó el Tribunal Penal.
Entre tanto, los restantes cuestionamientos introducidos en el recurso –relativos a la autoría del condenado, la valoración de la prueba y el monto de la pena- fueron desestimados por los camaristas, quienes confirmaron la decisión de grado.
Por ende, la Cámara de Casación Penal rechazó el recurso de casación deducido por la defensa del acusado respecto de la condena por homicidio simple y, también, el planteo de inconstitucionalidad formulado con relación al instituto de la reincidencia.
La cuestión en torno a la tenencia de teléfono cel...
La postura de la Sala I CNCP acerca de la reincide...

References: resolución 
 resolución 
 artículo 424
 artículo 424
 artículo 12
 resolución