Source: http://fte-energia.org/E37/e37-10.html
Timestamp: 2017-03-27 18:24:58+00:00

Document:
FSM en Bruselas Frente Antifascista Internacional Segunda asamblea de la ANT MARCHA OBRERA: 4.3% + 2.2% al SUTIN Mitin de petroleros 5.1% + 3.3% a telefonistas 3.7% a la FSTSE Marcha en México ¡Cuba Sí, yankis No! Desnaturalizado el concepto de servicio público de energía eléctrica
Legislación Eléctrica en México
La reforma eléctrica que proponen los partidos políticos legalizaría la cesión al capital privado de funciones que corresponden exclusivamente a la industria eléctrica nacionalizada. Fox y los partidos políticos coinciden en: mantener las concesiones privadas, sostener y fortalecer a la CRE, y desintegrar a CFE y LyFC mediante la “autonomía de gestión y financiera”. Deben derogarse las reformas de 1992 a la LSPEE y promulgarse una Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Energía Eléctrica, coherente con la Constitución y la nacionalización eléctrica.
Reformas desnacionalizadoras
El marco jurídico del sector eléctrico ha sido
desnaturalizado, señaló Francisco Javier Sáinz ingeniero, trabajador
electricista de LFC y miembro activo del SME, en el II Foro Eléctrico
Nacional del FTE realizado el 13 de diciembre anterior en la Ciudad de
México.Desde la llamada “legislación secundaria” se
han desvirtuado definiciones fundamentales, como el concepto del Servicio
Público de Energía Eléctrica (SPEE), dijo. Con ello se
creó un escenario normativo falsamente ambiguo, en beneficio del
gran capital transnacional.Javier Sáinz se refirió a las
normas constitucionales en materia eléctrica que incluye a los
artículos 25, 26, 27 y 28 así como 73, 74, 90, 93, 108, 110, 123 y
134. Luego indicó que la legislación secundaria en la materia
está integrada por la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica (LSPEE), el Reglamento de la LSPEE y la Ley de la
Comisión Reguladora de Energía. Se tiene la normatividad
administrativa como la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, la Ley de Planeación y muchas otras. Está,
también, la normatividad “para el usuario” como el Manual del
Servicio al Público en Materia Eléctrica y el Manual de
Disposiciones Rgelativas al Suministro y anualenta de Energía Eléctrica
destinada al Servicio Público.Por si fuera poco, está la
normatividad “soterrada”, es decir, los tratados y convenios
internacionales que someten la normatividad nacional a la jurisdicción de
“entes regulatorios” internacionales. Específicamente,
está el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica.Pero, la
esencia está en el párrafo sexto del artículo 27
constitucional. Esta es la norma básica, primaria, fundamental, de la
cual se derivan las demás.Señaló Javier que, la LSPEE
de 1975 excluyó del servicio público al autoabastecimiento de
energía eléctrica “para satisfacer intereses particulares,
individualmente considerados”. Sin embargo, en 1992, se llevaron a
cabo reformas a la LSPEE que cambian completamente el concepto de servicio
público, mismo que, originalmente, se refiere al conjunto de actividades
que integran el proceso de trabajo eléctrico.Pero, desnaturalizando
el concepto, se introdujo un artículo (3) referido a supuestas
actividades que No se consideran servicio público. Al efecto, se
inventaron figuras jurídicas para justificar la intervención
privada. “Las reformas a la LSPEE del 22 diciembre de 1992 (DOF, 23.12.92)
mutilaron el alcance del SPEE, para dar paso a la desnacionalización de
la industria eléctrica”, expresó Javier
Sáinz.Después indicó que, la Comisión Reguladora
de Energía, creada para “resolver las cuestiones derivadas de la
aplicación de las disposiciones reglamentarias del Artículo 27
Constitucional en materia de energía eléctrica”, es
responsable del otorgamiento de más de 200 permisos privados de
generación eléctrica Estas concesiones se refieren a 109
plantas de autoabasto (17 más en construcción) y 8 plantas
de productor independiente (7 más en construcción). Los
permisos restantes son para cogeneración, exportación e
importación.Por su parte, la CFE cuenta con 163 centrales de
Javier Sáinz hizo referencia a varios aspectos del contexto de
las reformas eléctricas del 92. Entre otras se refirió a un
proceso de reducción y reestructuración de la
administración pública que, para la industria eléctrica ha
significado la desintegración de un sector que ha funcionado
eficientemente integrado.	Otro aspecto ha sido la inserción de
México al modelo globalizador concretado con la firma del Tratado de
Libre Comercio con Norteamérica. Esto significó un giro neoliberal
en la política económica nacional.	La Ley Federal de
Competencia Económica estableció explícitamente que, los
servicios públicos “no están excluidos completamente de la
aplicación de las normas de competencia económica”.	De
esta manera, en México se ha vivido ya una década en creciente
neoliberalismo marcado por la privatización de la banca y los sectores
fundamentales de la industria nacionalizada.	Luego de una década
privatizadora, el gobierno en turno (PRI) se planteó avanzar en las
reformas tendientes a completar de privatizar la economía nacional ahora
para incluir el sector de la energía. La iniciativa de Zedillo y
Téllez no prosperó por la resistencia de los trabajadores
electricistas del SME. Sin embargo, la privatización ha continuado
más rápidamente con el gobierno de Fox (PAN).	El mecanismo
fundamental ha sido el otorgamiento de permisos a través de la
Comisión Reguladora de Energía. Pero, en 2001, el gobierno foxista
emitió un decreto mediante el cual “se pretendía ampliar la
venta de “excedentes” de los generadores particulares, hasta por el
50% de su capacidad instalada”.	En abril de 2002, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que
declaró INCONSTITUCIONAL a tal decreto, refirió Javier y
explicó que, esa inconstitucionalidad ocurre porque “Se trata de
permisos que eluden tramposamente la licitación y que no corresponder a
las necesidades reales del sistema eléctrico nacional (SEN)”.
Agregó que, “Estas concesiones son producto del interés y
necesidad de los particulares, pero "venden" sus excedentes para el
servicio público, complicando la planeación eficiente del
Con gran acierto expresó el ingeniero Sáinz que, la
resolución de la SCJN clarificó el escenario de una probable
reforma eléctrica.Sin embargo, advirtió, “el discurso de
algunos especialistas y legisladores permite suponer que, aún sin reforma
constitucional, es probable que se apruebe una legislación que
legalice la cesión de importantes funciones del servicio
público de energía eléctrica al sector
privado”.Desafortunadamente, esta es la realidad política. Los
partidos políticos de oposición (PRI y PRD) sostienen una
posición muy peligrosa. En ambos partidos existe un
“consenso” con el Ejecutivo para preservar el estado
inconstitucional de la legislación eléctrica actual. Estas
peligrosas coincidencias se refieren a: Mantener las concesiones privadas,
sostener y fortalecer a la CRE, y plantean la desintegración de CFE y
LyFC mediante la “autonomía de gestión y
financiera”.Con referencia a la “Autonomía”, Javier
Sáinz señaló que, “A partir de las reformas del 92,
el Estado restó autonomía a la CFE, distribuyendo sus funciones
entre la Secretarías de Estado y diversos organismos desconcentrados y
descentralizados. Sucesivas reformas a la “legislación
secundaria” impusieron a las empresas públicas el pago del
aprovechamiento, la compra obligada de energía a particulares y
relegaron a CFE a “recomendadora” de proyectos de expansión o
renovación del parque”.Ahora, la propuesta de Autonomía
para CFE y LFC implica diversos riesgos y problemas que la hacen impropia y
contraria a la nacionalización eléctrica y al concepto de empresas
públicas.	Finalizó expresando que, “La reforma
constitucional no procede, las reformas de 1992 y sucesivas deben revocarse, y
se debe promulgar una Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional
en Materia de Energía Eléctrica, que amplíe la
visión social del servicio público.
, 1978-84: ejecutivo mayor, Arbusto Energy/Bush Exploration, compañía petrolera; 1986-90:
ejecutivo mayor de la compañía petrolera Harken.
, 1995-2000: ejecutivo mayor de la compañía petrolera Halliburn.
, 1991-2000: ejecutiva mayor de la compañía petrolera Chevron, y le pusieron su nombre a un
tanquero petrolero. Y así por el estilo.
(Le Carre J, en The Times 060203).

References: Artículo 27
 artículo 27
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 resolución 

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