Source: https://actualicese.com/sentencia-c-383-de-23-04-2008/
Timestamp: 2020-08-10 21:20:34+00:00

Document:
Publicado: 23 abril, 2008
Sentencia C-383
El 8 de agosto de 2006, el secretario jurídico de la Presidencia de la República remitió a esta corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución, fotocopia auténtica de la Ley 1082 de julio 31 de 2006, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio’ y su ‘Protocolo’, firmados en Bogotá D.C. el 31 de marzo de 2005”.
Adelantado y concluido el correspondiente estudio, mediante Auto 145 de junio 13 de 2007, la Corte Constitucional declaró que en el proceso de aprobación de la Ley 1082 la Cámara de Representantes había incurrido en un yerro procedimental en el trámite del anuncio a que hace referencia el artículo 160 constitucional, por lo que ordenó la devolución del proyecto a la respectiva cámara con el fin de que se subsanara tal irregularidad.
El texto del “Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio” y de su “Protocolo”, firmados en Bogotá el 31 de marzo de 2005 y de la ley aprobatoria objeto de revisión, es el siguiente, según la publicación efectuada en el Diario Oficial 46.346, del 31 de julio de 2006:
“LEY 1082 DE 2006
por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y su “Protocolo”, firmados en Bogotá, D.C., el 31 de marzo de 2005.
Visto el texto del “Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y su “Protocolo”, firmados en Bogotá, D.C., el 31 de marzo de 2005, que a la letra dice:
PROYECTO DE LEY NÚMERO 70 DE 2005 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y su “Protocolo”, firmados en Bogotá D.C., el 31 de marzo de 2005.
ii) El Impuesto sobre Sociedades:
v) Los impuestos locales sobre la renta y sobre el patrimonio; (denominados en lo sucesivo “Impuesto español”);
a) El término “España” significa el Reino de España y, utilizado en sentido geográfico, comprende el territorio de Reino de España, incluyendo sus aguas interiores y su mar territorial, así corno las áreas marítimas exteriores al mar territorial sobre las que, en virtud de su legislación interna y de conformidad con el Derecho Internacional, España ejerza o pueda ejercer en el futuro derechos de soberanía o jurisdicción respecto del fondo marino, su subsuelo y aguas suprayacentes, y sus recursos naturales, así como el espacio aéreo y el espectro electromagnético;
c) Si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente del Estado del que sea nacional, y
3. Una obra o un proyecto de construcción o instalación, solo constituyen establecimiento permanente si su duración excede de seis meses.
1. Los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional solo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.
2. Cuando un Estado contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado —y someta, en consecuencia, a imposición— los beneficios sobre los cuales una empresa del otro Estado ha sido sometida a imposición en ese otro Estado contratante, y ese otro Estado reconozca que los beneficios así incluidos son beneficios que habrían sido realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que se hubiesen convenido entre empresas independientes, ese otro Estado practicará el ajuste que proceda a la cuantía del impuesto que ha gravado esos beneficios. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio y las autoridades competentes de los Estados contratantes se consultarán en caso necesario.
a) 5 por 100 del importe bruto de los dividendos, y
5. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los intereses, una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, y el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso se aplicarán las disposiciones del artículo 7°.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15, 17 y 18, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado contratante por razón de un empleo solo pueden someterse a imposición en ese Estado a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado contratante. Si el empleo se ejerce de esa forma, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado contratante por razón de un empleo ejercido en el otro Estado contratante solo pueden someterse a imposición en el Estado mencionado en primer lugar si;
a) Las pensiones pagadas por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, bien directamente o con cargo a fondos constituidos, a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o entidad, solo pueden someterse a imposición en ese Estado;
2. La autoridad competente, sí la reclamación le parece fundada y si no puede por sí misma llegar a una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión mediante un acuerdo amistoso con la autoridad competente del otro Estado contratante, a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio. El acuerdo será aplicable independientemente de los plazos previstos por el Derecho Interno de los Estados contratantes.
2. La información recibida por un Estado contratante en virtud del apartado 1 será mantenida secreta de la misma forma que la información obtenida en virtud del Derecho Interno de este Estado, y solo se comunicará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) encargados de la gestión o recaudación de los impuestos a los que hace referencia el apartado 1, de los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a estos impuestos o de la resolución de los recursos en relación con los mismos. Estas personas o autoridades solo utilizarán esta información para dichos fines. Podrán revelar la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.
a) Adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación, o práctica administrativa o a las del otro Estado contratante;
4. Cuando un crédito tributario de un Estado contratante sea de naturaleza tal que ese Estado pueda, en virtud de su Derecho Interno, adoptar medidas cautelares que aseguren su cobro, a petición de las autoridades competentes de dicho Estado, las autoridades competentes del otro Estado contratante aceptarán dicha deuda a los efectos de adoptar tales medidas cautelares. Ese otro Estado adoptará las medidas cautelares de acuerdo con lo dispuesto en su legislación como si se tratara de un crédito tributario propio, aun cuando en el momento de aplicación de dichas medidas el crédito tributario no fuera exigible en el Estado mencionado en primer lugar o su deudor mera una persona con derecho a impedir su recaudación.
c) Suministrar asistencia cuando el otro Estado contratante no haya aplicado todas las medidas cautelares o para la recaudación, según sea el caso, de que disponga conforme a su legislación o práctica administrativa, y
a) En el caso de impuestos de devengo periódico, respecto de los impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio correspondientes al año fiscal que comience o termine a partir del 30 de diciembre del año de entrada en vigor del Convenio, y
a) En el caso de impuesto de devengo periódico, respecto de los impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio correspondientes al año fiscal que comience transcurridos tres meses desde la fecha en que se comunique la denuncia del Convenio, y
En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Convenio,
III. Ad. artículo 3°
V. Ad. artículo 7°
2. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, cuando a los dividendos obtenidos por una empresa residente en España procedentes de Colombia se les aplique el parágrafo 1° del artículo 245 del Estatuto Tributario, o sus modificaciones posteriores, el articulo 10 se aplicará de la siguiente forma:
Cuando las utilidades máximas susceptibles de ser distribuidas a título de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional sean superiores al 65 por 100 de las utilidades comerciales antes de impuestos, se aplicará la misma regla prevista en el párrafo anterior de esta letra a) sobre la diferencia entre dicha cantidad y las utilidades después de impuestos, y
b) Los intereses derivados de créditos destinados a la financiación o prefinanciación de exportaciones, y
ART. 1°—Apruébase el “Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y su “Protocolo”, firmados en Bogotá, D.C., el 31 de marzo de 2005.
ART. 2°—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y su “Protocolo”, firmados en Bogotá, D.C., el 31 de marzo de 2005, que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos.
ART. 3°—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
La Viceministra General de Hacienda del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, encargada de las funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
María Cristina Gloria Inés Cortés Arango”.
En su escrito, la interviniente señala la importancia de este tipo de acuerdos dentro del marco de la economía globalizada actualmente imperante, así como la conveniencia de establecer medidas específicas que eviten la doble tributación y faciliten la inversión de recursos originarios de un país en las actividades productivas de otro(s). Así mismo, resalta que convenios como el que aquí se revisa hacen parte de las acciones que el Estado colombiano desarrolla para dar cumplimiento a los principios contenidos en los artículos 9°, 226 y 227 de la Constitución Política, y para alcanzar las metas de expansión comercial propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo entonces vigente (L. 812/2003), de cuyo texto hizo una extensa trascripción.
En concepto 4251, recibido en esta corporación el 23 de enero de 2007, el Procurador General de la Nación solicitó “declarar inexequibles el Convenio …y su ley aprobatoria, la Ley 1082 de 2006”.
Según la doctrina pacíficamente sostenida por esta Corte(1), dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución, como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.
En cuanto al control por eventuales vicios de procedimiento que la Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo 241 numeral 10 superior, este se dirige a examinar la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, así como el cumplimiento de las reglas relativas al trámite legislativo durante el estudio y aprobación del correspondiente proyecto de ley en el Congreso de la República.
Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de estos introduciendo nuevas cláusulas, ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado(2). Si este es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado(3).
En cuanto al examen de fondo, este consiste en juzgar las disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones del ordenamiento superior, para determinar si se ajustan o no a la Constitución Política.
El Gobierno Nacional por conducto de la secretaría jurídica de la Presidencia de la República, remitió a esta corporación el 8 de agosto de 2006, copia de la Ley 1082 de 31 de julio del mismo año, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio’ y su ‘Protocolo’ firmados en Bogotá D.C. el 31 de marzo de 2005” para su control constitucional, de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Carta, dentro del término de los seis (6) días siguientes a su sanción, previsto en la citada disposición superior.
En el presente caso, este instrumento fue suscrito por la entonces Ministra de Relaciones Exteriores, que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de manera expresa considera como representante del Estado contratante para estos efectos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2° de su artículo 7°. En consecuencia, no era necesario que se le otorgaran plenos poderes para la suscripción del convenio cuya constitucionalidad se revisa.
El 4 de mayo de 2005 el Presidente de la República le impartió su aprobación ejecutiva al “Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio’ y su ‘Protocolo’”, firmados en Bogotá el 31 de marzo del mismo año y ordenó someterlos a consideración del Congreso de la República, para su aprobación, de conformidad con lo previsto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política.
2.4. Trámite realizado en el Congreso de la República para la formación de la Ley 1082 de 2006
2.4.1. El trámite en el Senado del proyecto de Ley 070 de 2005.
El Proyecto de Ley 070 de 2005 me presentado al Senado de la República por intermedio de los entonces ministros de Relaciones Exteriores, Carolina Barco Isakson, y de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera, el día 18 de agosto de 2005.
El texto original, junto con la respectiva exposición de motivos, aparece publicado en la Gaceta del Congreso 559 del 25 de agosto de 2005, páginas 1 a 11. De esta manera, se cumplió con los requisitos de iniciación del trámite en el Senado de la República previsto en el artículo 154 constitucional, y de publicación previa a la iniciación del trámite legislativo en la comisión respectiva, conforme al artículo 157, numeral 1° ibídem.
La ponencia para primer debate, fue presentada por los senadores Luis Guillermo Vélez Trujillo y Luis Alfredo Ramos Botero el 2 de noviembre de 2005 y fue publicada en la Gaceta del Congreso 796 del 8 de noviembre del mismo año, páginas 6 a 9.
En relación con el anuncio previo del proyecto, la certificación de fecha 6 de septiembre de 2006, suscrita por el secretario general de la Comisión Segunda del Senado, informa a este respecto: “FECHA DE ANUNCIO: Noviembre 9 de 2005 según consta en el Acta 11 de esa fecha, publicada en la Gaceta N° 123 de 2006”.
La misma certificación da cuenta de que este proyecto fue discutido y aprobado en primer debate el 16 de noviembre de 2005 y que el quórum deliberatorio y decisorio estuvo integrado por 10 de los 13 senadores que conforman dicha célula legislativa, según consta en el Acta 12, publicada en la Gaceta del Congreso 123 de 2006.
En la misma certificación, indica el secretario general que el día 15 de noviembre de 2005, previo a la fecha de la votación, se entregó copia de la ponencia para primer debate a los senadores que integran la Comisión Segunda(5). Se tiene entonces que el proyecto fue válidamente tramitado por la correspondiente comisión legislativa.
La ponencia para segundo debate, fue presentada por los mismos senadores Luis Guillermo Vélez Trujillo y Luis Alfredo Ramos Botero el día 18 de noviembre de 2005 y fue publicada en la Gaceta del Congreso 848 del 2 de diciembre del mismo año, en las páginas 15 a 19.
En relación con él anuncio previo del proyecto, la certificación de fecha 2 de octubre de 2006, suscrita por el subsecretario general del Senado de la República, informa que se produjo el 6 de diciembre de 2005, según consta en el acta 32 de esa fecha, publicada en la Gaceta 29 de 2006.
De otra parte, según consta en el acta 33, publicada en la Gaceta 17 de 2006, este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate por la Plenaria del Senado el martes 13 de diciembre de 2005 y el quórum deliberatorio y decisorio estuvo integrado por 99 de los 102 senadores que conforman dicha corporación.
2.4.2. El trámite del Proyecto de Ley 070 de 2005 ante la Cámara de Representantes.
Tal como quedó arriba anotado, mediante Auto 145 de junio 13 de 2007, la Sala Plena de esta corporación encontró que la Cámara de Representantes había incurrido en un vicio de procedimiento subsanable en el trámite de aprobación del proyecto de la ley de la referencia.
El vicio me consecuencia del incumplimiento parcial de las prescripciones del artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003 —artículo 160 de la Constitución Política—, relativo al anuncio previo a la votación del proyecto de ley.
Las razones que justificaron esta determinación fueron varias, entre ellas que el aviso se realizó sin señalar fecha para el debate y votación de los proyectos anunciados, e incluso, que por el momento y circunstancias en que se hizo el anuncio no se aclaró de manera suficiente que el objetivo de este era dar cumplimiento al requisito constitucional comentado, sometiendo a debate y votación los proyectos anunciados. Se señaló también que el punto de anuncios no estuvo incluido en el orden del día correspondiente a la sesión en que aquel se efectuó, sino que tuvo lugar dentro del punto de proposiciones y varios, todo lo cual disminuye la probabilidad de que tal anuncio hubiera sido correctamente entendido, y sobre todo, de que cumpliera su finalidad, según lo reiteradamente señalado por la jurisprudencia de esta corporación.
Como se recordará, la ponencia para primer debate, fue presentada el 28 de marzo de 2006 por el Representante Óscar Suárez Mira, a quien fue repartido el proyecto. Dicha ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso 55 del 31 de marzo de 2006, páginas 9 a 19.
La certificación de noviembre 16 de 2007, suscrita por la secretaria de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes informa que el anuncio de votación de este proyecto se produjo el 1° de agosto de 2007, según consta en la página 5 del acta 03 de esa fecha, que fue adjuntada al expediente en copia certificada por la misma secretaria.
La misma certificación da cuenta de que este proyecto fue discutido y aprobado en primer debate el día 14 de agosto de 2007 por unanimidad de los asistentes, y que el quórum deliberatorio y decisorio estuvo integrado por 16 de los 19 representantes que conforman dicha célula legislativa, según consta en las páginas 5 a 8 del acta 04 de la misma fecha, que fue también arrimada al expediente en copia certificada por la misma secretaria.
La ponencia para segundo debate, fue presentada por el representante Jairo Alfredo Fernández Quessep y fue publicada en la Gaceta del Congreso 453 de septiembre 17 de 2007, en las páginas 4 a 6.
En relación con el anuncio del proyecto previo a su votación, la certificación de noviembre 21 de 2007, suscrita por el secretario general de la Cámara de Representantes informa que este se produjo el día 18 de septiembre de 2007, según consta en el acta 71 de la fecha, publicada en la Gaceta 529 de 2007.
De otra parte, de acuerdo con la misma certificación y con el contenido del acta 73 de la Cámara de Representantes, publicada en la Gaceta 550 de 2007 (págs. 27 y 28), este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate por la mayoría de los asistentes durante la sesión del martes 25 de septiembre de 2007, en la que el quórum deliberatorio y decisorio estuvo integrado por 146 de los representantes que integran esa corporación.
2.4.3. Análisis particular sobre el cumplimiento del requisito establecido en el último inciso del artículo 160 constitucional
Como es sabido, el Acto Legislativo 1 de 2003 introdujo un requisito adicional para el trámite de proyectos de ley y de acto legislativo en el Congreso de la República consistente en que, previo a la aprobación del proyecto en cada una de las comisiones constitucionales y en la plenaria de las cámaras legislativas, debería realizarse en una sesión diferente un anuncio sobre la intención de someter a votación el referido proyecto en una fecha cierta. Este requerimiento fue incorporado al texto constitucional bajo el siguiente texto: “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”.
Desde la introducción de este requisito la Corte ha explicado, de manera reiterada, cuál es el objetivo con que él fue establecido. Para esta corporación, la finalidad del anuncio es la de “permitir a los Congresistas saber con anterioridad cuáles proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas”(6).
También se ha explicado que el anuncio citado “facilita a los ciudadanos y organizaciones sociales que tengan interés en influir en la formación de la ley y en la suerte de esta, ejercer sus derechos de participación política (C.P., art. 40) con el fin de incidir en el resultado de la votación, lo cual es importante para hacer efectivo el principio de democracia participativa (C.P., arts. 1° y 3°)”(7).
Durante este tiempo la Corte ha construido una clara línea jurisprudencial sobre la materia, que se ha sintetizado en pronunciamientos como la Sentencia C-576 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y el auto A-311 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). Con base en dicha doctrina, la Corte examina a continuación la observancia de este requisito durante el tránsito de este proyecto de ley por cada una de las comisiones segundas constitucionales permanentes y por las plenarias de las cámaras legislativas.
En la Comisión Segunda del Senado de la República
Tal como se señaló en el Auto A-145 de 2007, en este caso el anuncio se produjo en la sesión del 9 de noviembre de 2005, de lo cual existe constancia en el acta 11, publicada en la Gaceta 123 de fecha mayo 17 de 2006. Posteriormente el proyecto fue votado y aprobado, en la sesión realizada el miércoles 16 de noviembre del mismo año 2005.
En lo referente a los términos del anuncio, la citada acta permite observar que el punto IV del orden del día se refiere a “Proyectos de ley para anunciar y ser votados en la sesión del día martes 15 de noviembre de 2005” (pág. 1); sin embargo, al concluir dicha sesión y previo a su levantamiento se anotó textualmente: “Se levanta la sesión y se convoca para el próximo miércoles a las 10:00 a.m. sobre el debate anunciado en la sesión, y por supuesto los proyectos que se han anunciado en el día de hoy, para ser debatidos por la Comisión” (pág. 12; ninguna de las subrayas es del texto original).
Como se indicó anteriormente, entiende esta corporación que en esta etapa el anuncio de que se trata fue válidamente hecho, ya que si bien inicialmente se refirió al ‘martes 15 de noviembre’, al concluir la sesión quedó claro que la siguiente reunión de esta célula legislativa tendría lugar el ‘próximo día miércoles’ (que según se verifica en el calendario del año 2005 corresponde al ‘miércoles nov. 16’), reiterándose además que en esa sesión se debatirían los proyectos que fueron previamente anunciados en la sesión que concluye (la de nov. 9/2005), como efectivamente ocurrió.
En la Plenaria del Senado de la República
En este caso el anuncio se produjo en la sesión del 6 de diciembre de 2005, de lo cual existe constancia en el acta 32, publicada en la Gaceta 29 de 2006. Posteriormente el proyecto fue votado y aprobado en la sesión realizada el martes 13 de diciembre de 2005.
Consultada el acta 32 correspondiente a la sesión dentro de la cual se hizo dicho anuncio(8), se observa que se hizo alusión a “Proyectos que se discutirán y debatirán en la próxima sesión” (pág. 54), después de lo cual, al concluir dicha sesión se informó: “Siendo las 12:20 p.m. la Presidencia levanta la sesión y convoca para el miércoles 7 de diciembre de 2005 a las 3:00 p.m.” (pág. 123), con lo cual quedó aclarada la fecha en que se produciría el debate y votación de los proyectos anunciados en la misma sesión.
Sin embargo, según lo certificó el secretario general del Senado(9), la sesión convocada para el miércoles 7 de diciembre de 2005 no se llevó a cabo, y la plenaria del Senado solo volvió a reunirse válidamente el martes 13 del mismo mes, sesión en la cual se produjo el debate y aprobación del proyecto de ley objeto de revisión, tal como consta en el acta 33 de esa fecha (Gaceta 17/2006). (Ninguna de las subrayas es del texto original).
Como se recordará, en su momento el Procurador General de la Nación consideró que en esas circunstancias hubo rompimiento en la cadena de anuncios, lo que causaría la inexequibilidad de la ley aprobatoria. Sin embargo, en el auto A-145 de 2007 la Corte aceptó que este anuncio resultaba válido en cuanto la fecha en que el debate y votación se realizarían fue claramente ‘determinable’(10), siendo posible entender de manera inequívoca en cuál sesión se daría cumplimiento a lo anunciado. De otra parte, también resaltó la Corte, que por las condiciones en que se produjo el aviso, este cumplió adecuadamente el propósito de alertar a los senadores y a la opinión pública sobre el debate y votación que en la siguiente sesión se realizaría.
Dentro de este contexto, la Corte explicó que en este caso el anuncio fue válidamente hecho, por cuanto en la sesión del martes 6 de diciembre se habló de “la próxima sesión”, y no habiéndose realizado la que mera convocada para el siguiente día (miércoles dic. 7), la ‘próxima sesión’ vino a ser entonces aquella en la que en efecto se realizó el debate y votación de este proyecto, esto es, la del martes 13 de diciembre del mismo año. También por cuanto la expresión utilizada para hacer el anuncio (“‘Proyectos que se discutirán y debatirán”, resulta clara, inequívoca y suficiente para entender el propósito del mismo, ya que, según lo ha resaltado la misma Corte, no se requiere a este respecto la utilización de fórmulas sacramentales.
En la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes
Durante el trámite legislativo adicional surtido ante la Cámara de Representantes a efectos de subsanar los defectos encontrados por esta Corte en el Auto A-145 de 2007, el anuncio previo al primer debate en la comisión correspondiente se efectuó en la sesión del miércoles 1° de agosto de 2007, de lo cual existe constancia en el acta 03, cuya copia auténtica fue allegada al expediente por el secretario de esa célula legislativa. Posteriormente el proyecto fue votado y aprobado en la sesión realizada el martes 14 de agosto del mismo año 2007.
En este caso, encuentra la Corte que el anuncio realizado el día 1° de agosto de 2007 tuvo las características necesarias para amparar válidamente la votación realizada el martes 14 de agosto del mismo año. Ello por cuanto, de una parte, aquel se hizo en términos suficientemente claros y explícitos al hablar de “anuncio de los proyectos de ley para primer debate en la próxima sesión de comisión”, lo que debió permitir a los representantes asistentes entender claramente que se trataba de dar cumplimiento al requisito establecido en el último inciso del artículo 160 constitucional. De otra, porque al haberse hecho referencia a la próxima sesión, y haberse citado al concluir la reunión para “el próximo martes 14 de agosto a las 10:00 a.m.” se permitió a los escuchas enterarse claramente cuando tendría lugar el debate y votación anunciados. Finalmente, y en adición a ello, cabe señalar que al hacer el anuncio la secretaria de la comisión aludió expresamente al hecho de que se pretendía subsanar un vicio de procedimiento detectado por la Corte Constitucional mediante Auto A-145 de junio 13 de 2007, lo que también contribuye a enterar claramente a los miembros de la comisión sobre el objetivo del anuncio.
En la Plenaria de la Cámara de Representantes
Como también se indicó, en este caso el anuncio se produjo en la sesión del 18 de septiembre de 2007, de lo cual existe constancia, en el acta 71, publicada en la Gaceta 529 de 2007. A continuación el proyecto fue votado y aprobado en la sesión del martes 25 de septiembre del mismo año 2007.
En lo referente a los términos del anuncio, en la citada acta se observa (Gaceta 529/2007, pág. 21) que el secretario general de la Cámara expresó: “Los proyectos son los siguientes Presidente, para el próximo martes a las 3:00 de la tarde: “. A continuación se dio el uso de la palabra al subsecretario general, quien previamente a la lectura de la correspondiente lista de proyectos reiteró “Se anuncian para el próximo martes de conformidad con el artículo 160 de la Constitución”. Consta además que dentro de la lista de proyectos anunciados se encontraba el “Proyecto de ley número 243 de 2005 Cámara, 070 de 2005 Senado”.
De otra parte, al concluir la sesión en la cual se efectuó el anuncio, el vicepresidente de la Cámara de Representantes convocó “para mañana a las 3:00 de la tarde para el debate de Control Político y el martes proyectos que fueron anunciados” (no está subrayado en el texto original), con lo que, en concordancia con el anuncio antes efectuado, se reiteró cuándo se realizaría la sesión en que se debatirían y votarían los proyectos anunciados. Tal como de hecho ocurrió, al realizarse la sesión del martes 25 de septiembre de 2007.
2.4.4. Sobre el trámite de subsanación del defecto advertido.
En el Auto A-145 de junio 13 de 2007, al decidir la devolución a la Cámara de Representantes de la Ley 1082 de 2006 cuya constitucionalidad se examina, la Corte Constitucional señaló la forma como debería precederse a subsanar la irregularidad encontrada y el plazo dentro del cual debía surtirse este trámite.
Así mismo, se señaló que a continuación la Cámara de Representantes debería concluir el trámite legislativo correspondiente sometiendo el proyecto a segundo debate ante la plenaria de esta cámara antes del 16 de diciembre de 2007, después de lo cual el proyecto debería enviarse al Presidente de la República para su correspondiente sanción dentro del término previsto en la Constitución, para lo cual debería conservarse el mismo número de ley originalmente asignado (L. 1082/2006).
Cumplido el trámite de subsanación, la Corte destaca que aquel se llevó a cabo en la forma ordenada por esta corporación, ya que el Auto A-145 de 2007 fue notificado al presidente de la Cámara de Representantes el día 28 de junio de 2007, fecha en la cual el Congreso de la República no se encontraba en sesiones. Una vez iniciado el nuevo período legislativo el 20 de julio siguiente, el trámite ante la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara se adelantó y concluyó el 14 de agosto de 2007, esto es, dentro del plazo señalado por la providencia de esta corporación arriba mencionada.
2.5. Conclusión sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales aplicables al trámite legislativo surtido por este proyecto.
Frente al trámite cumplido en las cámaras legislativas por el Proyecto de Ley 070 de 2005 – Senado /243 de 2005 Cámara, que vino a convertirse en Ley 1082 de 2006, el cual incluye las diligencias realizadas en obedecimiento a lo ordenado por esta Corte en el Auto A-145 de 2007 se observa lo siguiente:
3. Análisis material sobre el contenido del convenio aprobado mediante Ley 1082 de 2006
De esta manera los Estados firmantes buscan ofrecer condiciones más favorables para el tráfico jurídico y de inversiones y negocios entre los dos países, que se espera redunden en el crecimiento de ambas economías, al tiempo que a través de la mutua cooperación, previenen que tales condiciones puedan generar perjuicios a la efectiva recaudación de las rentas tributarias legalmente debidas a cada uno de ellos. Con estos propósitos, diversos países han usado desde hace décadas esta herramienta, tanto a nivel de convenios bilaterales como de carácter multilateral, sin embargo, hasta la fecha Colombia apenas ha participado de unas pocas de estas iniciativas(11).
Desde esta perspectiva, estima la Corte que el tratado cuya constitucionalidad se revisa es un mecanismo válido para el cumplimiento de los fines del Estado colombiano y se enmarca sin dificultad dentro de los objetivos que la Constitución le asigna al manejo de las relaciones internacionales y a la suscripción de tratados con otros Estados y/o organismos de derecho internacional (cfr. C.P., arts. 9°, 150 num. 16, 189 num. 2°, 224 y 226). También, en cuanto España, que es el otro Estado firmante de este tratado, es usualmente considerado en América Latina como un miembro más de dicha comunidad, puede entenderse que la suscripción de este instrumento contribuye al logro de los objetivos de integración regional a que se refieren particularmente los artículos 9° y 227 ibídem.
También es pertinente resaltar que si bien la evitación de la doble imposición puede implicar el reconocimiento como descuento o deducción por parte de las autoridades tributarias colombianos de lo cancelado por iguales conceptos a las autoridades españolas, lo que en ciertos casos puede traducirse en menores recaudos totales para el tesoro colombiano, esta posibilidad ha sido incorporada al derecho interno mediante una norma de carácter legal (L. 1082/2006). Por ello es del caso concluir que ha sido adoptada por el órgano constitucionalmente competente (art. 338), habiendo además sido estudiada por iniciativa del Gobierno Nacional (art. 154 ibíd.), todo lo cual cumple, de manera simultánea, con las prescripciones constitucionales pertinentes, tanto en materia tributaria, como en lo relacionado con su carácter de tratado internacional.
Por su parte, el artículo 5° define y establece detalladas reglas en torno al término establecimiento permanente, que es análogo aunque más amplio, que el de establecimiento de comercio, de uso corriente y larga tradición en el derecho colombiano(12). Este término junto con el de residente, son usados de manera recurrente a lo largo del texto de este convenio para construir las distintas reglas sobre su aplicación, especialmente lo relativo a en qué lugar deben cumplirse de manera preferente las obligaciones tributarias que un determinado negocio genere y que en principio se refieran a ambos Estados.
En relación con todas estas normas (Convenio, arts. 1° a 5° y cláusulas I a IV del Protocolo), además de resaltar su necesidad y pertinencia, se observa que ninguna de ellas ni de las definiciones allí contenidas incluye elementos que contraríen de manera alguna la preceptiva constitucional colombiana. Por ello, puede decirse desde ya que la Corte considera exequibles las disposiciones de los dos primeros capítulos de este convenio, así como aquellas del protocolo que se relacionan con ellas.
El capítulo III sobre “Imposición de las Rentas”, contiene prolijas y detalladas reglas en relación con el territorio y la forma en que serán gravados los beneficios provenientes de cada uno de los siguientes temas: rentas inmobiliarias (art. 6°), beneficios empresariales (art. 7°)(13), transporte marítimo y aéreo (art. 8°), empresas asociadas (art. 9°), dividendos (art. 10)(14), intereses (art. 11)(15), cánones o regalías (art. 12)(16), ganancias de capital (art. 13)(17), servicios profesionales dependientes (art. 14), participación de consejeros (art. 15), artistas y deportistas (art. 16), pensiones (art. 17) , remuneraciones por función pública (art. 18), estudiantes (art. 19) y otras rentas (art. 20).
En lo que respecta a la exequibilidad de estas reglas (Convenio, arts. 6° a 21 y cláusulas IV a X del Protocolo), habiéndose determinado previamente que el propósito de este tratado internacional se ajusta a la Constitución, la Corte no tiene tampoco reparo alguno en relación con ellas.
El capítulo V, compuesto únicamente por el artículo 22 del convenio, trata precisamente sobre las reglas y métodos a partir de los cuales podrá evitarse la doble tributación, que es el objetivo central de este convenio(19). Estas reglas resultan claras y pertinentes, y en cuanto hacen posible el logro de un propósito que como se ha visto, es acorde con nuestro ordenamiento constitucional, deben considerarse igualmente exequibles.
Por su parte, el artículo 24 establece las facilidades necesarias para que los Estados suscriptores procuren lograr acuerdos amistosos cuando quiera que un residente de uno de ellos considere que el otro Estado no aplica correctamente las cláusulas de este convenio, caso en el cual, las autoridades del Estado del que sea residente el inconforme le colaborarán en buscar ante sus homologas del otro país la solución al caso planteado.
Finalmente, los artículos 28 y 29 integran el capítulo VII sobre Disposiciones finales. Estas dos últimas normas regulan de manera clara los temas de entrada en vigor del convenio y de su eventual terminación, de acuerdo con los principios del Derecho Internacional Público, y en particular, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados(20), por lo que encuentra la Corte que también estas estipulaciones resultan exequibles en lo que se refiere a su contenido material.
1. DECLARAR exequible el “Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio” y su “Protocolo”, firmados en Bogotá D.C. el 31 de marzo de 2005.
2. DECLARAR exequible la Ley 1082 de 2006 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio’ y su ‘Protocolo’, firmados en Bogotá D.C. el 31 de marzo de 2005”.
(1) Ver Sentencia C-468 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). Esta doctrina ha sido ampliamente reiterada por esta corporación, ver entre otras las sentencias C-682 de 1996 (M.P. Fabio Morón Díaz), C-924 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y más recientemente C-718 de 2007 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
(2) Según lo dispuesto en el artículo 204 del reglamento del Congreso, los proyectos de ley aprobatorios de tratados internacionales se tramitan por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las especificidades establecidas en la Carta (sobre la iniciación del trámite de la ley en el Senado de la República, art. 154, Const.) y en el reglamento sobre la posibilidad del presentar propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de Tratados y Convenios Internacionales (L. 5ª/92, art. 217).
(4) Adoptada como legislación interna mediante Ley 32 de 1985.
(5) Con la certificación, el secretario general de la Comisión Segunda Constitucional Permanente anexa fotocopia de la constancia de entrega de la ponencia a los senadores de la Comisión Segunda de fecha 15 de noviembre de 2005.
(6) Cfr. Auto A-038 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), Sentencia C-533 de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y Auto A-311 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
(7) Auto A-089 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(8) Gaceta 29 del 10 de febrero de 2006.
(9) Ver certificación de fecha 1° de noviembre de 2006 (fl. 61 del cdno. ppal. del exp.).
(10) La Corte ha resaltado que la fecha par la cual se hace el anuncio debe ser determinada, pero ha aceptado que esta sea determinable. Cfr. sobre este aspecto, entre otras, las sentencias C-644 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), C-780 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño); C-1040 de 2005 (Ms.Ps. Cepeda Espinosa, Escobar Gil, Monroy Cabra, Sierra Porto, Tafur Galvis y Vargas Hernández); C-576, C-649 y C-863 de 2006 (las tres últimas M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), y los autos A-089 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda E.), A-311 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y A-013 de 2007 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
(11) A este respecto puede destacarse la Decisión 578 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente desde mayo de 2004 y contentiva del “Régimen para evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal”, aplicable entre Colombia y los demás países miembros de la subregión.
(12) Artículo 515 del Código de Comercio (D. 410/71).
(13) Ver en relación con este artículo las notas IV y V del Protocolo.
(14) Ver sobre este tema las precisiones contenidas en la nota VI del Protocolo, en lo que respecta a la aplicación del Estatuto Tributario colombiano.
(15) Ver nota VII del Protocolo.
(16) Ver nota VIII del Protocolo.
(17) Ver nota IX del Protocolo.
(18) Sobre el alcance de este artículo ver nota X del Protocolo.
(19) A propósito de los conceptos de descuento y deducción sobre los cuales se basan los mecanismos previstos en el convenio para evitar la doble tributación, la nota XI del Protocolo aclara que estos dos ten-niños tienen el mismo alcance en los derechos español y colombiano.
(20) Incorporada al derecho interno colombiano mediante Ley 32 de 1985.
Encontre un error en: Sentencia C-383 de 23-04-2008
Comparte Sentencia C-383 de 23-04-2008

References: artículo 241
 artículo 160
 artículo 7
 resolución 
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 245
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 7
 artículo 150
 artículo 154
 artículo 157
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 5
 artículo 22
 artículo 24
 artículo 204
 Artículo 515