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Timestamp: 2020-08-07 12:14:50+00:00

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Sentencia nº RC.000240 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 7 de Junio de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 282948475
Número de Expediente: 10-536
Exp. Nro. 2010-000536
En el juicio de oferta real de pago y depósito, propuesto por la sociedad mercantil POLICLÍNICA TÁCHIRA HOSPITALIZACIÓN, C.A., representada judicialmente por los abogados A.B.M. y F.R.N. y ante este Alto Tribunal por los abogados R.E.L. y R.E.A., contra la sociedad mercantil LABORATORIO CLÍNICO BACTERIOLÓGICO TÁCHIRA C.A., representada judicialmente por los abogados W.J.M.G. e H.A.M. y ante este Supremo Tribunal por la abogada P.B.O.; el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño, Niña y Adolescente, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, dictó sentencia el día 19 de febrero de 2010, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la parte oferida. De esta manera, confirmó el auto dictado el 19 de noviembre de 2009 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, que dio por “…consumado el retiro de la oferta, impartiéndole el carácter de sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada” y estableció que una vez que quedara firme este auto, “acordará la entrega de la suma de dinero consignada mediante cheque girado a nombre de la oferente…”; así como también confirmó el auto del 23 de noviembre de 2009, por el mismo tribunal con ocasión de la aclaratoria solicitada del auto recurrido, que decidió “…que la condenatoria en costas en el procedimiento de oferta real de pago solo opera en caso de ser dictada sentencia sobre la validez o no de la oferta, pero no se encuentra tutelada por el legislador, en caso de retiro de la misma…”.
Contra la referida decisión de la alzada, la sociedad mercantil oferida anunció recurso de casación, el cual fue declarado inadmisible por el juzgado superior mencionado por auto de fecha 16 de marzo de 2010. Interpuesto el recurso de hecho en la segunda instancia, el mismo fue sustanciado y declarado con lugar por esta Sala de Casación Civil mediante sentencia del 10 de agosto de 2010, correspondiendo seguidamente la sustanciación del recurso de casación, el cual fue formalizado en tiempo oportuno y consignado escrito de impugnación.
RECURSO INFRACCIÓN DE LEY
De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia la recurrente la infracción de los artículos 22, 263 y 282 del mismo Código, sustentado en los siguientes fundamentos:
...Estableció la decisión recurrida, lo siguiente:
‘“En relación con la solicitud de condenatoria en costas hecha mediante escrito de fecha 20 de noviembre de 2009 corriente con sus anexos a los folios 777 al 792 por parte de la representación judicial de LABORATORIO CLÍNICO BACTERIOLÓGICO TÁCHIRA C.A., observa esta alzada que por cuanto no se emitió pronunciamiento alguno respecto de la procedencia de este procedimiento de oferta real de pago y subsiguiente depósito, esto es, sentencia de fondo que señale a una u otra parte como vencida, es improcedente la solicitud de condenatoria en costas hecha por la parte oferida y apelante, aunado al hecho de que como se analizó en lo ut supra transcrito, la ley faculta al oferente POLICLÍNICA TÁCHIRA HOSPITALIZACIÓN C.A., en la persona de sus apoderados judiciales para retirar la oferta en la oportunidad que aquí se evidenció”.’
Esta decisión estuvo precitada de la narración de las incidencias procesales, en la cual la recurrida asentó lo siguiente:
‘“Mediante diligencia de fecha 29 de octubre de 2009 el abogado W.J.M.G. en su carácter de co-apoderado judicial de la Sociedad Mercantil LABORATORIO CLÍNICO BACTERIOLÓGICO TÁCHIRA C.A., se dio por citado (folios 230 al 232).
En fecha 30 de octubre de 2009 el abogado W.J.M.G. consignó escrito de alegatos junto con anexos (folios 235 al 498).
Mediante escrito de fecha 6 de noviembre de 2009 la representación de la parte oferente consignó promoción de pruebas (folios 501 al 505), y por auto de esa misma fecha fueron admitidas (folio 506).
El 9 de noviembre de 2009 el abogado W.J.M.G., sustituyó poder reservándose su ejercicio a la abogada H.H.M. (folio 516).
Mediante escrito de fecha 10 de noviembre de 2009 la abogada H.H.M. consignó promoción de pruebas (folios 532 al 595), y por auto de esa misma fecha fueron admitidas (folio 596).
A los folios 597 al 608 consta que la representación de la parte oferida consignó escrito de alegatos, y a los folios 609 al 612, consignó escrito de promoción de pruebas. Por auto de fecha 10 de noviembre de 2009 se admitió dicho escrito de promoción de pruebas (folio 613).
Mediante escrito de fecha 12 de noviembre de 2009 la parte oferida consignó promoción de pruebas (folios 621 al 634), y por auto de esa misma fecha fueron admitidas (folio 635).
A los folios 639 y 640, 661 al 750 la parte oferente consignó escritos de promoción de pruebas. Por autos de fechas 13 y 16 de noviembre de 2009 se admitieron (folio 657 y 753).
Mediante escrito de fecha 19 de noviembre de 2009 la parte oferente con fundamento en el artículo 826 del Código de Procedimiento Civil ejerció su derecho de retirar la cosa ofrecida y pidió al a quo que homologara el retiro de la suma de dinero objeto de la oferta de pago, que diera por concluido el procedimiento y ordenara el archivo del expediente (folios 771 al 774)…
Se puede apreciar que el oferente ejerció su derecho de retirar la oferta después de que se había producido la presentación de alegaciones contra la oferta, que en este procedimiento equivale a la oposición, y se había pasado a la fase probatoria, con la promoción de pruebas de ambas partes y había comenzado la evacuación. Por consiguiente, ya se había iniciado la fase contenciosa del procedimiento, conforme a criterio pacífico y reiterado de la Sala de Casación Civil.
Al respecto cabe citar la reiteración de ese criterio en sentencia de 16 de diciembre de 2009, Exp. N° 09-517, dec. N° 786:
La alzada, en lo transcrito, estableció que “por cuanto no se emitió pronunciamiento alguno respecto de la procedencia de este procedimiento de oferta real de pago y subsiguiente depósito, esto es, sentencia de fondo que señale a una u otra parte como vencida, es improcedente la solicitud de condenatoria en costas”.
Sin expresamente citarlo, el sentenciador entiende que el artículo 825 del Código de Procedimiento Civil establece la única posibilidad de condena en costas para el caso en que se dicte sentencia declarando la procedencia o improcedencia de la oferta.
El artículo 825 del Código de Procedimiento Civil establece:
‘“…Expirado el término de pruebas, el juez decidirá sobre la procedencia o improcedencia de la oferta y del depósito, dentro del plazo de diez días.
Sí el juez declarare válidos la oferta y el depósito quedará libertado el deudor desde el día del depósito. En la condena en costas se incluirán los gastos ocasionados por el procedimiento de oferta y depósito. En la sentencia el tribunal hará determinación expresa asignando los intereses devengados por las cantidades de dinero que hayan sido depositadas, a quien corresponda…
La condena en costas no emana de la disposición transcrita, sino de las disposiciones generales al respecto establecidas en el Código de Procedimiento Civil, lo cual se hace evidente de la regla legal misma que se limita a incluir en las costas ocasionadas por la procedencia de la oferta “los gastos ocasionados por el procedimiento de oferta y depósito”, sin referirse al supuesto de que se declare sin lugar.
Establece el artículo 22 del Código de Procedimiento Civil:
‘“…Las disposiciones y los procedimientos especiales del presente Código se observarán con preferencia a los generales del mismo, en todo cuando constituya la especialidad; sin que por eso dejen de observarse en lo demás las disposiciones generales aplicables al caso…”.’
Ahora bien, la orden de observancia de las disposiciones generales en los procedimientos especiales debe entenderse conforme a sentido, es decir, que en lo no previsto por el procedimiento especial, la regla general debe adaptarse a las peculiaridades del procedimiento.
Por ejemplo, la demanda en el procedimiento de oferta real y depósito es denominada “escrito de la oferta”, pero una vez iniciada la contención, se entiende que dicho escrito equivale a la demanda que contiene la pretensión de liberarse de la obligación mediante este procedimiento especial.
Si el oferente, luego de iniciada la contención desiste de la oferta, tal situación está regida por el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil que establece:
‘“…En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria.
El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del tribunal…”.’.
El otro supuesto, de retiro de la oferta antes de la fase contenciosa que se inicia con la oposición, está regido por las reglas del desistimiento del procedimiento, que puede hacer unilateralmente el demandante antes de la contestación, pero que luego de ésta requiere del consentimiento de la otra parte.
Pues bien, la alzada, al no aplicar las reglas generales del Código de Procedimiento Civil a la resolución de la apelación, infringió el artículo 22 de dicho Código, arriba transcrito, por falta de aplicación de una norma vigente, y también infringió por falta de aplicación la regla concreta, el artículo 263 del mismo Código, al no considerar que el retiro de la oferta en fase contenciosa, equivale al desistimiento de la demanda.
Asimismo, dejó de aplicar el artículo 282 eiusdem, el cual establece:
‘“…Quien desista de la demanda, o de cualquier recurso que hubiere interpuesto, pagará las costas si no hubiere pacto en contrario...”.’
En efecto, habiendo retirado el oferente su oferta después de la oposición del oferido, debió condenar en costas al oferente, conforme a la disposición transcrita.
El error denunciado determinó el dispositivo de declarar sin lugar la apelación en cuanto a la negativa de condena en costas, pues de haber aplicado las reglas legales cuya infracción se denunció, habría declarado la procedencia de ese efecto del proceso.
Por tanto, respetuosamente solicitamos que el recurso interpuesto y admitido sea declarado procedente y rogamos se condene al oferente a las costas de la instancia, en ejercicio de la casación sin reenvío.
Al respecto, establece el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil:
‘“…La Corte Suprema de Justicia podrá casar un fallo sin reenvío, cuando su decisión sobre el recurso haga innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo. Podrá también la Corte Suprema de Justicia prescindir del reenvío, y poner término al litigio, cada vez que los hechos que han sido soberanamente establecidos y apreciados por los jueces del fondo, le permitan aplicar la apropiada regla de derecho. En estos casos, la Corte Suprema de Justicia hará pronunciamiento expreso sobre las costas del juicio, de acuerdo con las disposiciones del Título VI, Libro Primero de este Código. El fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia que no requiriese decisión de reenvío, se remitirá directamente al tribunal al cual corresponda la ejecución, junto con el expediente respectivo…”.’
Limitada la controversia en casación a un problema de derecho, la condena en costas, los hechos correctamente establecidos por los jueces del fondo permiten aplicar las reglas de derecho sin más dilación, por lo cual reiteramos nuestro ruego de que la Sala ejerza la facultad discrecional de casar sin reenvío el fallo recurrido...”. (Mayúsculas de la formalizante).
Señala la formalizante que una vez el oferente retiró su oferta debió el juez superior condenarlo en costas del proceso, conforme a lo establecido en el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, pues dicho retiro equivale, en sus efectos, al desistimiento de la demanda y en éstos casos resulta aplicable la condenatoria de los gastos del proceso.
Asimismo, indica que el juez superior está errado al considerar que la condena en costas ocurre solo cuando haya habido vencimiento total en la oferta, pues dicha condenatoria no emana de lo establecido en el artículo 825 del Código de Procedimiento Civil, sino de las disposiciones generales establecidas en el mismo Código.
...En relación con la solicitud de condenatoria en costas hecha mediante escrito de fecha 20 de noviembre de 2009 corriente con sus anexos a los folios 777 al 792 por parte de la representación judicial de LABORATORIO CLIÍNICO BACTERIOLÓGICO TÁCHIRA C.A, observa esta alzada que por cuanto no se emitió pronunciamiento alguno respecto de la procedencia de este procedimiento de oferta real de pago y subsiguiente depósito, esto es, sentencia de fondo que señale a una u otra parte como vencida, es improcedente la solicitud de condenatoria en costas hecha por la parte oferida y apelante, aunado al hecho de que como se analizó en lo ut supra transcrito, la ley faculta al oferente POLICLÍNICA TÁCHIRA HOSPITALIZACIÓN C.A., en la persona de sus apoderados judiciales para retirar la oferta en la oportunidad que aquí se evidenció.
Para reforzar aun más la idea anterior, la Sala en sentencia de 25 de septiembre de 2003, caso: Fondo Común Entidad de Ahorro y Préstamo S.A., contra M.Y.S. deG., estableció que “...el desistimiento consiste en la renuncia a los actos del juicio, es decir, en el abandono de la instancia, la acción o cualquier trámite del procedimiento, y puede ser efectuado en cualquier estado y grado del proceso...”. (Negritas de la Sala).
En consecuencia, esta Sala declara la infracción, por falta de aplicación, de los artículos 263 y 282 del Código de Procedimiento Civil, normas que no fueron aplicadas por el sentenciador para resolver la controversia, infracción ésta que fue determinante de lo dispositivo en la sentencia, por cuanto impidió que fuera condenada la oferente en costas del procedimiento por los gastos ocasionados con el juicio. Así se establece.
En el caso concreto, la Sala declaró la falta de aplicación de los artículos 263 y 282 del Código de Procedimiento Civil, con base en que el retiro de la oferta después de haber sido rechazada, y ya efectuado el depósito de lo ofrecido, sí constituye un desistimiento, que causa costas de pleno derecho, ya que en esa situación, la oferta se equipara a una demanda, y el rechazo, a su contestación, de manera que al haber retirado la oferente la oferta, debió el juez superior haberla condenado al pago de las costas procesales del procedimiento.
Por consiguiente, siendo que la sentencia recurrida es una decisión definitiva, y siendo que es procedente la única denuncia por infracción de ley delatada por la recurrente, esta Sala casa la sentencia recurrida sin reenvío, y declara procedente la condenatoria en costas del procedimiento de oferta real y depósito. Así se establece.
Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte oferida, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Protección del Niño y del Adolescente, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en fecha 19 de febrero de 2010. En consecuencia, CASA SIN REENVIO el fallo recurrido, y declara: 1) CON LUGAR la apelación interpuesta por la abogada H.H.M. actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte oferida empresa mercantil LABORATORIO CLÍNICO BACTERIOLÓGICO TÁCHIRA C.A., contra los autos dictados el 19 y 23 de noviembre de 2009 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira y 2) REVOCA los autos dictados los días 19 y 23 de noviembre de 2009 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira.
En consecuencia, de conformidad con los artículos 263 y 282 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas del procedimiento a la parte oferente POLICLÍNICA TÁCHIRA HOSPITALIZACIÓN C.A. y no ha lugar la condenatoria en costas del recurso de casación, dada la naturaleza de la decisión dictada.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, de conformidad con el último aparte del artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, en Caracas, a los siete (7) días del mes de junio de dos mil once. Años: 201 de la Independencia y 152 de la Federación.
Exp. Nro. AA20-C-2010-000536
Sentencia nº 677 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 26 de Septiembre de 2006

References: artículo 313
 artículo 826
 artículo 825
 artículo 825
 artículo 22
 artículo 263
 resolución 
 artículo 22
 artículo 263
 artículo 282
 artículo 322
 artículo 282
 artículo 825
 artículo 322