Source: http://acastro.es/docum_interes/const_1812.html
Timestamp: 2017-07-20 22:40:51+00:00

Document:
Constitución Española de 1812 (La Pepa)
POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA. PROMULGADA
EN CÁDIZ A 19 DE MARZO DE 1812
Don Fernando VII,
la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía
española, Rey de las Españas, y
en su ausencia y cautividad la Regencia del Reino, nombrada
por las Cortes generales y extraordinarias, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las mismas Cortes
han decretado y sancionado la siguiente:
y extraordinarias de la Nación
española, bien convencidas, después del más detenido examen y madura deliberación, de que las
antiguas leyes fundamentales de esta Monarquía, acompañadas de las
oportunas providencias y
precauciones, que aseguren de un modo estable y permanente su entero cumplimiento, podrán llenar debidamente el grande objeto
de promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Nación,
decretan la siguiente Constitución política para el buen gobierno y recta administración del Estado.
DE LA NACIÓN ESPAÑOLA Y DE LOS
Art. 1º. La Nación española es la reunión de
todos los españoles de ambos hemisferios.
Art. 2º. La Nación española
es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna
Art. 4º. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil,
la propiedad y los demás derechos legítimos
de todos los individuos que la componen.
Art. 5º. Son españoles:
Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas,
y los hijos de éstos.
Los extranjeros que hayan obtenido
de las Cortes cartas de naturaleza.
Art. 6º. El
amor de la Patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y asimismo el ser justos y benéficos.
Art. 7º. Todo
español está obligado a ser fiel a la Constitución, obedecer
las leyes y respetar
Art. 8º. También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en proporción
Art. 9º. Está
asimismo obligado todo español a defender
la Patria con las armas cuando sea
Y GOBIERNO, Y DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES
Art. 10. El territorio español comprende en la Península con sus posesiones e islas adyacentes, Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba,
Extremadura, Galicia, Granada,
Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra,
Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia, las islas Baleares y las
Canarias con las demás posesiones de
América septentrional, Nueva España, con
la Nueva Galicia y Península de
Yucatán, Guatemala, provincias internas
de Oriente, provincias internas de Occidente, isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la isla de Santo Domingo, y la isla de Puerto Rico con las demás adyacentes
a éstas y al continente en uno y otro mar.
En la América meridional, la Nueva Granada,
Venezuela, el Perú, Chile,
provincias del Río de la
Plata, y todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico. En el Asia, las islas Filipinas, y las que dependen de su gobierno.
Art. 11. Se
hará una división más conveniente del territorio español
por una ley constitucional, luego que las
circunstancias políticas de la Nación lo permitan.
Art. 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica,
apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de
Art. 13. El
objeto del Gobierno
es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad
política no es otro que el bienestar de
los individuos que la componen.
Art. 14. El Gobierno de la Nación
española es una Monarquía moderada hereditaria.
Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside
en las Cortes con el Rey.
Art. 16. La potestad de hacer ejecutar las
leyes reside en el Rey.
Art. 17. La
potestad de aplicar
Art. 18. Son ciudadanos aquellos españoles que
por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios, y están, avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios.
Art. 19. Es también ciudadano el extranjero que gozando ya de los derechos del español,
que el extranjero pueda obtener de las Cortes esta carta, deberá estar casado con
española, y haber traído o fijado en las Españas alguna invención o industria apreciable, o adquirido bienes raíces
por los que pague una contribución
directa, o estableciéndose en el comercio
con un capital propio o considerable a juicio de las mismas Cortes,
Art. 21. Son asimismo ciudadanos los hijos
legítimos de los extranjeros domiciliados en las Españas, que habiendo
nacido en los dominios españoles, no
hayan salido nunca fuera sin licencia del Gobierno, y teniendo veintiún años cumplidos, se hayan avecindado en
un pueblo de los mismos dominios, ejerciendo
en él alguna profesión, oficio o industria útil.
Art. 22. A los españoles que por cualquiera línea son habidos y reputados por originarios del África, les queda abierta
la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos: en su consecuencia, las Cortes concederán carta
de ciudadano a los que hicieren servicios
calificados a la Patria, o a los que se distingan
por su talento, aplicación y conducta,
con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos; de que estén casados con mujer ingenua, y avecindados en los dominios de las Españas, y de que
ejerzan alguna profesión, oficio o industria
útil con un capital propio.
Art. 23. Sólo
los que sean ciudadanos podrán obtener empleos municipales, y elegir para ellos en los casos señalados por la ley.
Art. 24. La calidad del ciudadano español se
Por adquirir naturaleza en país extranjero.
Tercero. Por sentencia en que se impongan
penas aflictivas o infamantes, si no se
Por haber residido cinco años consecutivos
fuera del territorio español sin comisión o licencia del Gobierno.
Art. 25. El ejercicio de los mismos derechos
En virtud de interdicción judicial
por incapacidad física o moral.
Por el estado de deudor quebrado, o de deudor a los caudales públicos. Tercero.
Por no tener empleo, oficio, o modo de vivir conocido.
Art. 26. Sólo
por las causas señaladas en los dos artículos
precedentes se pueden perder o suspender los derechos de ciudadano, y
Art. 27. Las Cortes son la reunión de todos
los Diputados que representan la
Art. 28. La base para la representación
nacional es la misma en ambos
Art. 29. Esta base es la población
compuesta de los naturales que por ambas líneas sean originarios de los dominios españoles, y de aquellos que hayan obtenido
de las Cortes carta de ciudadano, como también de los comprendidos en
el art. 21.
Art. 30. Para
el cómputo de la población de los dominios
europeos servirá el último censo del año
1797, hasta que pueda hacerse otro nuevo; y se formará
el correspondiente para el
cómputo de la población de los de Ultramar,
sirviendo entre tanto los censos más auténticos entre los últimamente
Art. 31. Por
cada 70.000 almas de la población, compuesta
como queda dicho en el art.
29, habrá un Diputado de Cortes.
Art. 32. Distribuida la población por
las diferentes provincias, si resultase en alguna el exceso de más
de 35.000 almas, se elegirá un Diputado más,
como si el número llegase a 70 000, y
Art. 33. Si
hubiese alguna provincia cuya población no llegue a 70.000 almas, pero que no baje de 35.000, elegirá por sí un Diputado; y si bajare de este número, se unirá a la inmediata
para completar el de 7000 requerido. Exceptúase
de esta regla la isla de Santo
Domingo, que nombrará Diputado, cualquiera
que sea su población.
Art. 34. Para la elección de los Diputados de Cortes se celebrarán juntas electorales
de parroquia, de partido y de provincia.
De las juntas electorales de
Art. 35. Las
se compondrán de todos los
ciudadanos avecindados y
residentes en el territorio de la parroquia respectiva,
entre los que se comprenden los
Art. 36. Estas juntas se celebrarán siempre en la Península e islas y posesiones
adyacentes, el primer domingo
del mes de Octubre del año anterior al de la celebración de las Cortes.
Art. 37. En las provincias de Ultramar se
celebrarán el primer domingo del mes de Diciembre, quince meses antes de la
celebración de las Cortes, con aviso que
para unas y otras hayan de dar
anticipadamente las justicias.
Art. 38. En las juntas de parroquia se
nombrará por cada 200 vecinos un elector parroquial.
Art. 39. Si el número de vecinos de la
parroquia excediese de 300, aunque no llegue a 400, se
nombrarán dos electores; si excediese
de 500, aunque no llegue a 600, se nombrarán tres, y así progresivamente.
Art. 40. En
las parroquias cuyo número de vecinos no llegue a 200, con tal que tengan 150, se nombrará ya un elector,
aquellas en que no haya este número,
se reunirán los vecinos a los de otra inmediata para nombrar el elector o electores que les correspondan.
Art. 41. La junta parroquial elegirá a
pluralidad de votos once
compromisarios, para que éstos nombren el elector parroquial.
Art. 42. Si en la junta parroquial hubieren de nombrarse dos electores parroquiales,
se elegirán 21 compromisarios, y si tres, 31; sin que en ningún caso se pueda exceder de este número de compromisarios, a fin de evitar
Art. 43. Para
consultar la mayor comodidad de las poblaciones pequeñas, se observará que aquella parroquia que llegar e a tener 20 vecinos elegirá un compromisario, la que llegue a
tener de 30 a 40, elegirá dos; la que tuviere de 50 a 60, tres, y así progresivamente. Las parroquias que tuvieren menos de 20 vecinos se unirán, con las más inmediatas para elegir compromisario.
Art. 44. Los
compromisarios de las parroquias de las poblaciones pequeñas,
así elegidos, se juntarán en
el pueblo más a propósito, y en
componiendo el número de 11, o a lo
menos de nueve, nombrarán
un elector parroquial, si compusieren el
número de 21, o a lo menos de 17, nombrarán dos electores parroquiales, y si fueren 31, y se reuniere a lo menos 25,
nombrarán tres electores o los que
Art. 45. Para
ser nombrado elector parroquial se requiere ser ciudadano, mayor de veinticinco
Art. 46. Las juntas de parroquia serán presididas por el jefe político, o el alcalde
de la ciudad, villa o aldea en que se congregaren, con asistencia del cura párroco para mayor solemnidad del acto; y
si en un mismo pueblo,
por razón del número de sus parroquias, se tuvieren
más juntas, presidirá
una el jefe político, o el alcalde, otra el otro alcalde, y los
Art. 47. Llegada la hora de la reunión,
que se hará en las Casas consistoriales o en el lugar
juntos los ciudadanos que hayan
concurrido, pasarán a la parroquia con su presidente, y en ella se
celebrará una misa solemne
de Espíritu Santo por el cura párroco, quien hará un discurso correspondiente a las circunstancias.
Art. 48. Concluida la misa, volverán al lugar
de donde salieron, y en él se dará
principio a la junta, nombrando dos escrutadores
secretario de entre los ciudadanos presentes, todo a puerta abierta.
Art. 49. En
seguida preguntará el presidente si algún ciudadano tiene que exponer alguna queja
relativa a cohecho o soborno para que la elección recaiga en determinada persona; y si la hubiere deberá hacerse justificación pública y verbal en el mismo acto. Siendo cierta la
acusación, serán privados de voz activa y pasiva los que
hubieren cometido el delito. Los
calumniadores sufrirán la misma pena; y de este juicio no se admitirá recurso
Art. 50. Si
se suscitasen dudas sobre si en alguno
y lo que decidiere se ejecutará sin recurso alguno por esta vez y
Art. 51. Se procederá inmediatamente al nombramiento de los
compromisarios; lo que se hará designando cada ciudadano un número de personas igual al de los compromisarios, para lo que se acercará a
la mesa donde se hallen el presidente, los
escrutadores y el secretario; y éste las escribirá en una lista a su presencia; y en éste y en los demás actos de elección nadie podrá votarse a sí mismo, bajo la pena de perder el derecho de votar.
Art. 52. Concluido este acto, el presidente, escrutadores y secretario reconocerán las listas, y
aquél publicará en alta voz los nombres de los ciudadanos que hayan
sido elegidos compromisarios por haber reunido
Art. 53. Los compromisarios nombrados se retirarán a un lugar separado antes de disolverse la junta, y conferenciando entre sí,
procederán a nombrar el elector o electores de aquella
parroquia, y quedarán elegidas la
persona o personas que reúnan más de la mitad de votos. En seguida se publicará en
Art. 54. El
secretario extenderá el acta,
que con él firmarán el presidente y los compromisarios, y se entregará copia de ella firmada a la persona o personas elegidas,
para hacer constar su nombramiento.
Art. 55. Ningún ciudadano podrá excusarse de
estos encargos por motivo ni pretexto
Art. 57. Verificado el nombramiento de electores,
se disolverá inmediatamente la junta, y cualquier otro acto en que intente mezclarse será nulo.
Art. 58. Los ciudadanos que han compuesto la junta se trasladarán a la parroquia,
donde se cantará un solemne Te Deum,
llevando al elector
o electores entre el presidente, los escrutadores y el secretario.
Art. 59. Las juntas electorales de partido se
compondrán de los electores parroquiales, que se congregarán en la cabeza de cada partido, a fin de nombrar
el elector o electores que han de concurrir a la capital de la provincia para elegir los Diputados de Cortes.
Art. 60. Estas juntas se celebrarán siempre, en la Península
e islas y posesiones adyacentes, el primer domingo del mes de Noviembre del año anterior al en que han de celebrarse las Cortes.
Art. 62. Para
venir en conocimiento del número de electores
que haya de nombrar
cada partido, se tendrán
presentes las siguientes reglas.
Art. 63. El número de electores de partido
será triple al de los Diputados que se han de elegir.
Art. 64. Si el número de partidos de la provincia fuere mayor que el de los electores que
se requieren por el artículo
precedente para el nombramiento de
los Diputados que le correspondan, se
nombrará, sin embargo, un elector por
Art. 65. Si
fuere menor que el de los electores que deban nombrarse,
cada partido elegirá uno, dos o más, hasta completar el número que se requiera;
pero si faltase aún un elector,
le nombrará el partido de mayor población; si todavía faltase
otro, le nombrará el que le siga en mayor población, y así sucesivamente.
Art. 66. Por
lo que queda establecido en los artículos
31, 32 y 33, y en los tres
artículos precedentes, el censo
determina cuántos Diputados corresponden a cada provincia
y cuántos electores a cada uno de sus partidos.
Art. 67. Las juntas electorales de partido serán presididas
por el jefe político, o el alcalde primero
del pueblo cabeza de partido,
a quien se presentarán los electores parroquiales con el documento que acredite su elección,
para que sean anotados sus nombres en el libro en que han de extenderse las actas de la junta.
Art. 68. En el día señalado se juntarán los
electores de parroquia con el presidente de las Salas
Art. 69. En seguida presentarán los electores
las certificaciones de su nombramiento
para ser examinadas por el secretario y escrutadores, quienes
deberán al día siguiente
informar si están o no
arregladas. Las certificaciones del secretario y escrutadores
serán examinadas por una comisión de tres individuos de la junta, que se nombrará al efecto,
para que informe también en el siguiente
día sobre ellas.
Art. 70. En este día,
congregados los electores parroquiales,
se leerán los informes sobre las
certificaciones; y si se hubiere
hallado reparo que oponer a alguna de ellas, o a los
electores, por defecto de algunas de las calidades
requeridas, la junta resolverá definitivamente y acto
continuo lo que le parezca, y lo que resolviere se ejecutará
Art. 72. Después de este acto religioso, se restituirán a las Casas consistoriales, y ocupando los electores sus asientos sin preferencia
alguna, leerá el secretario este capítulo de la Constitución, y en seguida
hará el presidente la misma pregunta que se contiene
en el art. 49, y se observará todo cuanto en él se
Art. 73. Inmediatamente después se procederá al nombramiento del elector
o electores de partido, eligiéndolos de uno en uno, y por escrutinio secreto, mediante cédulas
en que esté escrito el nombre
de la persona que cada uno elige.
Art. 74. Concluida la votación, el presidente, secretario y escrutadores harán la regulación de los votos, y quedará elegido
el que haya reunido, a lo menos, la mitad de los votos y uno
más, publicando el presidente cada elección. Si ninguno hubiere
tenido la pluralidad absoluta de votos,
los dos que hayan tenido el mayor número entrarán
en segundo escrutinio, y quedará elegido el que reúna mayor número de votos, En
caso de empate decidirá la
Art. 75. Para ser elector de partido se requiere ser
ciudadano que se halle en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco
años, y vecino y residente en el
partido, ya sea del estado seglar, o del eclesiástico secular, pudiendo recaer la elección en los ciudadanos que
Art. 76. El
secretario extenderá el acta, que con él firmarán el presidente y escrutadores, y se
entregará copia de ella, firmada por
los mismos, a la persona o personas
elegidas para hacer constar su nombramiento. El presidente de esta junta remitirá otra copia, firmada por él y por el secretario, al presidente de la junta de provincia, donde se hará notoria la elección en los papeles
Art. 77. En las juntas electorales de partido se observará todo lo que se previene para
las juntas electorales de parroquia en los artículos
Art. 78. Las juntas electorales de provincia se compondrán
de los electores de todos los partidos de ella, que se congregarán en la
capital, a fin de nombrar los
Diputados que le correspondan para asistir a las Cortes como representantes de
Art. 79. Estas juntas se celebrarán siempre en la Península e islas adyacentes el primer domingo
del mes de Diciembre del año anterior
Art. 80. En las provincias de Ultramar se celebrarán en el domingo
segundo del mes de Marzo del
Art. 81. Serán presididas estas juntas por el jefe político
de la Capital de provincia, a quien se presentarán los electores de partido con el documento de su elección, para que sus nombres
se anoten en el libro en que han de extenderse las actas de la junta.
Art. 82. En el día señalado se juntarán los electores de partido con el
presidente en las Casas consistoriales, o en el edificio que se tenga por más a propósito para un acto tan solemne, a puerta abierta, y comenzarán
por nombrar a pluralidad de votos un secretario
Art. 83. Si a una provincia no le cupiere más que un Diputado, concurrirán, a lo menos, cinco electores para
su nombramiento, distribuyendo este
número entre los partidos en que
Art. 84. Se
leerán los cuatro capítulos de esta Constitución que tratan de las elecciones. Después se leerán las certificaciones de las actas de las elecciones
hechas en las cabezas de partido, remitidas por los respectivos presidentes, y asimismo presentarán los electores las certificaciones de su nombramiento,
deberán al día siguiente informar si están o no arregladas. Las certificaciones
examinadas por una comisión de tres
individuos de la junta, que se nombrarán
al efecto, para que informen
también sobre ellas en el siguiente día.
Art. 85. Juntos en él los electores de
partido, se leerán los informes
sobre las certificaciones, y si se hubiere hallado reparo que oponer a alguna de ellas, o a los electores por defecto de alguna de las
calidades requeridas, la junta resolverá
definitivamente y acto continuo lo que
le parezca, y lo que resolviere se
ejecutará sin recurso.
Art. 86. En
seguida se dirigirán los electores
de partido, con su
presidente, a la catedral o iglesia mayor, en donde se cantará una misa solemne de Espíritu Santo, y el Obispo, o en su
defecto el eclesiástico de mayor
dignidad, hará un discurso propio de
Art. 87. Concluido este acto religioso,
volverán al lugar de donde salieron,
y a puerta a abierta,
ocupando los electores sus asientos sin preferencia alguna, hará el presidente la misma pregunta que se contiene en el artículo
49, y se observará cuanto en él se
Art. 88. Se procederá en seguida por los
electores que se hallen presentes a
la elección del Diputado o Diputados, y se elegirán
de uno en uno, acercándose a la mesa donde se halle el presidente, los escrutadores
y el secretario, y éste escribirá en
una lista, a su presencia, el nombre de la persona que cada uno elige. El
secretario y los escrutadores serán los primeros que
Art. 89. Concluida la votación, el presidente, secretario
y escrutadores harán la regulación de los
votos, y quedará elegido
aquel que haya reunido,
a lo menos, la mitad de los votos y uno
más. Si ninguno hubiere reunido
la pluralidad absoluta
de votos, los dos que hayan tenido el mayor número entrarán en segundo escrutinio, y quedará elegido el que reúna la pluralidad. En caso de empate decidirá la suerte, y hecha la elección
de cada uno, la publicará el presidente.
Art. 90. Después de la elección de Diputados se procederá
a la de suplentes, por el mismo método y forma, y su número
será en cada provincia la tercera
parte de los Diputados que le correspondan.
Si a alguna provincia no le
tocare elegir más que uno o dos Diputados, elegirá sin embargo, un Diputado suplente.
Estos concurrirán a las Cortes
siempre que se verifique la muerte del propietario, o su imposibilidad,
a juicio de las mismas, en cualquier
tiempo que uno u otro accidente se verifique después
Art. 91. Para
ser Diputado a Cortes se requiere ser ciudadano que está en el ejercicio
de sus derechos, mayor de veinticinco
años, y que haya nacido en la provincia
o esté avecindado en ella con residencia, a lo menos, de siete años, bien sea del estado seglar o
del eclesiástico secular; pudiendo
recaer la elección
en los ciudadanos que componen la junta, o en los de fuera de
Art. 92. Se requiere, además
para ser elegido Diputado de Cortes, tener una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios.
Art. 93. Suspéndese la disposición del artículo precedente hasta
que las Cortes que en adelante han de celebrarse declaren haber llegado ya el tiempo de que pueda tener efecto,
señalando la cuota de la renta y la calidad de los bienes de que haya de
provenir; y lo que entonces resolvieren se tendrá por constitucional, como si aquí se hallara expresado.
Art. 94. Si sucediere que una misma persona sea elegida por la provincia de su naturaleza
y por la que está avecindada, subsistirá la elección por razón de la vecindad, y por la provincia de su naturaleza vendrá a las Cortes el
suplente a quien corresponda.
Art. 95. Los
Secretarios del Despacho,
los Consejeros de Estado y los que sirven empleos
de la Casa Real no podrán ser
elegidos Diputados de Cortes.
Art. 96. Tampoco podrá ser elegido
Diputado de Cortes ningún
extranjero, aunque haya obtenido de las Cortes carta de ciudadano.
Art. 97. Ningún empleado público nombrado por el Gobierno podrá ser elegido Diputado
de Cortes por la provincia en que ejerce su cargo.
Art. 98. El
secretario extenderá el acta de las elecciones, que con él firmarán el presidente y todos los electores.
Art. 99. En
seguida otorgarán todos los electores
sin excusa alguna, a todos y cada uno de los Diputados, poderes amplios,
según la fórmula siguiente, entregándose a cada Diputado
su correspondiente poder para presentarse en las Cortes.
Art. 100. Los poderes estarán concebidos en
“En la ciudad o villa de …..a
….. días del mes de ….. del año de ….., en las salas de ….., hallándose congregados los señores
(aquí se pondrán los nombres del presidente y de
los electores de partido que forman la junta electoral de la provincia), dijeron
ante mí, el infrascrito escribano
y testigos al efecto convocados, que habiéndose procedido, con arreglo a la Constitución política de la Monarquía española, al nombramiento de los electores
parroquiales y de partido con todas las solemnidades prescritas
por la misma Constitución, como constaba de las certificaciones
que originales obraban en el expediente, reunidos los expresados electores
de los partidos de la provincia de …..
en el día de ….. del mes de ….. del
presente año, habían hecho el nombramiento
de los Diputados que en nombre y 10 representación de esta provincia han de concurrir
a las Cortes, y que fueron electos por Diputados para ellas por esta provincia
los Sres. N.N.N., como resulta
del acta extendida
y firmada por N.N.;
que en su consecuencia les otorgan poderes amplios a todos juntos, y a cada uno de por sí, para
cumplir y desempeñar las augustas funciones de su encargo, y para que con los
demás Diputados de Cortes, como representantes de la Nación española, puedan acordar y resolver cuanto entendieren
conducente al bien general de ella, en
uso de las facultades que la Constitución
que la misma prescribe, sin poder
derogar, alterar o variar en manera alguna ninguno de sus artículos bajo ningún
pretexto, y que los
otorgantes se obligan por sí mismos y a nombre de todos los vecinos de esta provincia, en virtud de las facultades que les son concedidas como electores nombrados para este acto, a tener por válido,
y obedecer y cumplir cuanto como tales Diputados de Cortes
hicieren, y se resolviere por éstas
con arreglo a la Constitución política de la Monarquía española. Así lo expresaron y otorgaron, hallándose presentes como testigos
N.N., que con los señores otorgantes
lo firmaron: de que doy fe”.
Art. 101. El
presidente, escrutadores y secretario
remitirán inmediatamente copia firmada por los mismos del acta de
las elecciones a la Diputación permanente de las Cortes, y harán que se
publiquen las elecciones por medio de la imprenta,
remitiendo un ejemplar a cada pueblo de la provincia.
Art. 102. Para la indemnización de los
Diputados se les asistirá por sus respectivas provincias con las dietas que las
Cortes, en el segundo año de cada Diputación
general, señalaren para la Diputación que le ha de suceder, y a los Diputados
de Ultramar se les abonará, además, lo que parezca
necesario, a juicio de sus respectivas provincias, para los gastos
de viaje de ida y vuelta.
Art. 103. Se observará en las juntas
electorales de provincia todo lo que se prescribe en los
artículos 55, 56, 57 y 58, a excepción
de lo que previene el art. 328.
Art. 104. Se juntarán las Cortes todos los años en la capital del reino, en edificio
destinado a este solo objeto.
Art. 105. Cuando tuvieren por conveniente trasladarse a otro lugar, podrán hacerlo,
con tal que sea a pueblo que no diste de la capital más que doce leguas,
y que convengan en la traslación las dos terceras partes de los Diputados presentes.
Art. 106. Las sesiones de las Cortes en cada año
durarán tres meses consecutivos, dando
Art. 107. Las
Cortes podrán prorrogar sus sesiones cuando más por otro mes,
en sólo dos casos: primero, a
petición del Rey; segundo, si las
Cortes lo creyeren necesario por una resolución de las dos terceras partes de
Art. 108. Los Diputados se renovarán en su
totalidad cada dos años.
Art. 109. Si la guerra o la ocupación de alguna parte del territorio de la Monarquía
por el enemigo impidieren que se presenten
a tiempo todos o algunos
de los Diputados de una o más provincias, serán suplidos los que falten por los anteriores Diputados de las respectivas provincias, sorteando entre sí hasta completar el número
Art. 110. Los Diputados no podrán volver a ser
elegidos, sino mediando otra
Art. 111. Al
llegar los Diputados
a la capital se presentarán
a la Diputación permanente de Cortes,
la que hará sentar sus nombres, y el de la provincia
que los ha elegido, en un registro de la Secretaría de las mismas Cortes.
Art. 112. En el año de la renovación de
los Diputados se celebrará, el día 15 de Febrero, a puerta abierta, la primera junta preparatoria, haciendo de Presidente
el que lo sea de la
Diputación permanente, y de
Secretarios y escrutadores los que nombre
la misma Diputación de entre los restantes
Art. 113. En
esta primera junta
presentarán todos
los Diputados sus poderes, y se nombrarán a pluralidad de votos dos Comisiones, una de cinco individuos, para que examine los poderes de todos los Diputados,
y otra de tres, para que examine los de estos cinco individuos de
Art. 114. El día 20 del mismo Febrero se celebrará
también, a puerta
abierta, la segunda junta preparatoria, en la que las dos Comisiones
sobre la legitimidad de los poderes, habiendo tenido presentes las copias de las actas de las elecciones
Art. 115. En esta junta, y en las demás que
sean necesarias hasta el día 25, se
resolverán definitivamente, y a pluralidad
de votos, las dudas que se susciten
sobre la legitimidad de los poderes y calidades de los Diputados.
Art. 116. En
el año siguiente al de la renovación de los Diputados,
se tendrá la primera junta preparatoria el día 20 de Febrero, y hasta el 25 las que se
crean necesarias para resolver, en el modo y forma
que se ha expresado
en los tres artículos precedentes,
sobre la legitimidad de los poderes
de los Diputados que de nuevo se presenten.
Art. 117. En
todos los años, el día 25 de Febrero, se celebrará
la última junta preparatoria, en la
que se hará por todos los Diputados, poniendo
la mano sobre los Santos Evangelios,
el juramento siguiente: ¿Juráis defender y conservar la religión Católica, Apostólica, Romana, sin admitir otra alguna en el Reino? --R. Sí
juro. -- ¿Juráis guardar y hacer
guardar religiosamente la Constitución política
de la Monarquía española, sancionada por las Cortes generales
de la Nación en el año de 1812? –R. Sí juro. --
¿Juráis haberos
bien y fielmente en el cargo que
la Nación os ha encomendado,
mirando en todo por el bien y prosperidad de la misma
Nación? –R. Sí juro.
–Si así lo hiciereis,
Dios os lo premie, y si no, os lo
Art. 118. En seguida se procederá a elegir de entre los mismos Diputados, por escrutinio secreto y
a pluralidad absoluta de votos, un Presidente, un Vicepresidente y cuatro Secretarios, con lo que se tendrán por constituidas y formadas las Corte s, y la Diputación permanente
Art. 119. Se nombrará en el mismo día una
diputación de 22 individuos, y dos de los
Secretarios, para que pase a dar parte el Rey de hallarse constituidas
las Cortes, y del Presidente que han elegido, a fin de que manifieste si
asistirá a la apertura de las Cortes que se celebrará el día 1º. De Marzo.
Art. 120. Si
el Rey se hallare fuera de la capital,
se le hará esta participación por escrito, y
Art. 121. El Rey asistirá por sí
mismo a la apertura de las Cortes, y si tuviere impedimento, la hará el Presidente el día señalado,
sin que por ningún motivo pueda diferirse
para otro. Las mismas
formalidades se observarán para el acto de cerrarse las Cortes.
Art. 122. En la sala de las Cortes entrará el
Rey sin guardia, y sólo le
acompañarán las personas que determine el ceremonial para el recibimiento y despedida del Rey que se prescriba en el reglamento del gobierno
interior de las Cortes.
Art. 123. El
Rey hará un discurso, en el que propondrá a las Cortes lo que crea conveniente, y al que el Presidente contestará en términos generales. Si no asistiere el Rey, remitirá su discurso al Presidente para que por
éste se lea en las Cortes.
Art. 124. Las Cortes no podrán deliberar en la
En los casos en que los Secretarios del Despacho
hagan a las Cortes algunas propuestas a nombre del Rey, asistirán a las discusiones
cuándo y del modo que las Cortes
Art. 126. Las sesiones de las Cortes serán
públicas, y sólo en los casos que exijan reserva podrá celebrarse sesión
Art. 127. En las discusiones de las Cortes, y en todo lo demás que pertenezca a su
gobierno y orden interior, se observará el
reglamento que se forme por estas Cortes generales
que las sucesivas tuvieren por conveniente hacer en él.
Art. 128. Los Diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por ninguna autoridad, podrán
ser reconvenidos por ellas. En las causas
criminales que contra ellos
se intentaren, no podrán ser juzgados sino por el Tribunal de Cortes en el modo y
forma que se prescriba en el reglamento
del gobierno interior de las mismas.
Durante las sesiones de las Cortes, y un mes después,
los Diputados no podrán ser demandados civilmente, ni ejecutados
Art. 129. Durante el tiempo de su Diputación,
contado para este efecto desde que el nombramiento conste en la permanente
de Cortes, no podrán los Diputados
admitir para sí, ni solicitar para otro, empleo alguno de provisión del Rey, ni aun ascenso, como
Art. 130. Del mismo modo no podrán, durante el
tiempo de su diputación, y un año
después del último acto de sus funciones, obtener para sí, ni solicitar para otro, pensión ni condecoración alguna que sea también de provisión del Rey.
Proponer y decretar las leyes, e interpretarlas
y derogarlas en caso necesario.
Segunda. Recibir
el juramento al Rey, al Príncipe de Asturias y a la Regencia, como se
Tercera. Resolver
cualquiera duda, de hecho o de derecho,
que ocurra en orden a la
Elegir Regencia o Regente del Reino cuando
lo previene la Constitución, y señalar las limitaciones
con que la Regencia o el Regente han de ejercer
Aprobar antes de su ratificación los tratados de alianza ofensiva, los de subsidios y los especiales de comercio.
Novena. Decretar
la creación y supresión de plazas en los Tribunales que establece la Constitución, e igualmente la creación
y supresión de los oficios públicos.
Décima. Fijar todos los años, a propuesta del Rey, las fuerzas de tierra
y de mar, determinando las que se hayan
de tener en pie en tiempo de paz, y su aumento
Undécima. Dar ordenanzas al ejército, armada y milicia
nacional en todos los ramos que
Establecer anualmente las contribuciones e impuestos.
Aprobar el repartimiento de las contribuciones
entre las provincias.
Examinar y aprobar las cuentas de la inversión
Décimoséptima.
Décimoctava.
Disponer lo conveniente para la administración,
conservación y enajenación de los bienes nacionales.
Décimanona.
Determinar el valor, pero, ley, tipo y denominación de las monedas.
Vigésima. Adoptar el sistema que se juzgue más cómodo y justo de pesos y
Vigésimaprimera. Promover y fomentar toda especie de industria, y remover los obstáculos
Vigésimasegunda.
Establecer el plan general de enseñanza
pública en toda la Monarquía, y aprobar el que se forme para la educación del Príncipe de Asturias.
Vigésimatercera. Aprobar los reglamentos
generales para la policía y sanidad del Reino.
Vigésimacuarta.
Proteger la libertad política de la
Vigésimaquinta. Hacer efectiva
la responsabilidad de los Secretarios del Despacho y
Vigésimasexta. Por último, pertenece a las Cortes
dar o negar su consentimiento en todos aquellos casos y actos para los que se previene en la
sanción Real.
Art. 132. Todos Diputado tiene la facultad de proponer a las Cortes los proyectos de ley, haciéndolo por escrito, y exponiendo las razones en que se funde.
Art. 133. Dos
días, a lo menos, después
de presentado y leído el proyecto de ley, se leerá
por segunda vez, y las Cortes deliberarán si se admite o no
Art. 134. Admitido a discusión, si la gravedad del asunto requiriese,
a juicio de las Cortes,
que pase previamente a una Comisión, se ejecutará así.
Art. 135. Cuatro días, a lo menos, después
de admitido a discusión el proyecto, se leerá tercera vez, y se podrá señalar día para
Art. 136. Llegado el día señalado
para la discusión, abrazará ésta el proyecto
en su totalidad, y en cada uno de sus artículos.
Art. 137. Las
Cortes decidirán cuándo la materia está suficientemente discutida, y decidido que lo
está, se resolverá si ha lugar o no
Art. 138. Decidido que ha lugar a la votación, se procederá a ella inmediatamente,
admitiendo o desechando en todo o en parte el proyecto, o variándole y
modificándole, según las
Art. 139. La votación se hará a pluralidad absoluta de votos,
y para proceder a ella, será necesario que se hallen presentes, a lo
menos, la mitad y uno más de la totalidad de los Diputados que deben componer las Cortes.
Art. 140. Si
las Cortes desecharen un proyecto de ley en cualquier estado de su examen, o resolvieren que no debe procederse a la
votación, no podrá volver a proponerse
Art. 141. Si
hubiere sido adoptado, se extenderá por duplicado en forma de ley, y se leerá en las Cortes; hecho lo cual, y firmados ambos originales por el Presidente y dos Secretarios, serán presentados inmediatamente al Rey por una Diputación.
Art. 143. Da el Rey la sanción por esta fórmula, firmada de su mano: “Publíquese como ley”.
Art. 144. Niega el Rey la sanción por esta fórmula igualmente firmada de su mano: “Vuelva a las Cortes”; acompañado al
mismo tiempo una exposición de las razones que ha tenido para
Art. 145. Tendrá el Rey treinta días para usar de esta prerrogativa: si dentro de ellos no hubiere
dado o negado la sanción, por el mismo hecho
se entenderá que la ha dado, y la
dará en efecto.
Art. 146. Dada o negada la sanción por el Rey, devolverá a las Cortes uno de los originales con la fórmula respectiva, para darse cuenta en ellas. Este
original se conservará en el archivo de las Cortes, y el duplicado
Art. 147. Si
el Rey negare la sanción,
no se volverá a tratar del
mismo asunto en las Cortes de aquel año; pero podrá hacerse en las del
Art. 148. Si en las Cortes del siguiente año
fuere de nuevo propuesto, admitido y
aprobado el mismo proyecto, presentado que sea al Rey, podrá dar la sanción, o
negarla segunda vez en los términos
de los artículos 143 y 144, y en el
último caso, no se tratará del mismo asunto en aquel año.
Art. 149. Si de nuevo fuere por tercera vez
propuesto, admitido y aprobado
el mismo proyecto en las Cortes
del siguiente año, por el mismo hecho se entiende que el Rey da la
sanción, y presentándosele, la dará en efecto por medio de la fórmula expresada en el art. 143.
Art. 150. Si antes de que expire el término de
treinta días en que el Rey ha de dar
o negar la sanción, llegare
el día en que las Cortes han de terminar
sesiones, el Rey la dará o
negará en los ocho primeros de las
sesiones de las siguientes Cortes, y
si este término pasare sin haberla dado, por esto mismo se entenderá dada, y la dará en efecto en la forma
prescrita; pero si el Rey negare la sanción,
podrán estas Cortes tratar
del mismo proyecto.
Art. 151. Aunque después de haber
negado el Rey la sanción
a un proyecto de ley se pasen alguno o algunos años sin que
se proponga el mismo proyecto,
como vuelva a suscitarse
tiempo de la misma diputación, que le adoptó por la primera vez,
el de las dos diputaciones que inmediatamente la subsigan,
se entenderá siempre el mismo proyecto
para los efectos de la sanción del Rey, de que tratan los tres artículos precedentes; pero si en la duración de las tres diputaciones expresadas no volviere
a proponerse, aunque después se reproduzca en los propios términos,
se tendrá por proyecto nuevo
para los efectos indicados.
Art. 152. Si la segunda o tercera vez que se propone el proyecto dentro del término que prefija el artículo precedente, fuere desechado por las Cortes, en cualquier
tiempo que se reproduzca después, se tendrá por nuevo proyecto.
Art. 153. Las leyes se derogan con las mismas formalidades y por los mismos
trámites que se establecen.
Art. 154. Publicada la ley en las Cortes, se
dará de ello aviso al Rey, para que se
proceda inmediatamente a su promulgación
Art. 155. El
Rey, para promulgar
las leyes, usará de la fórmula siguiente: N. (el nombre
del Rey) por la gracia de Dios
y por la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas, a todos los que las presentes vieren y entendieren;
sabed: Que las Cortes han decretado, y Nos sancionamos lo siguiente: (Aquí el texto literal de la ley.) por tanto,
mandamos a todos los tribunales,
justicias, jefes, gobernadores y
demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y
hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule. (Va dirigida al Secretario del Despacho respectivo.)
Art. 156. Todas las leyes se circularán de mandato
del Rey por los respectivos Secretarios del Despacho directamente a todos y cada uno de los Tribunales Supremos y de las provincias, y demás jefes y autoridades superiores, que las circularán
Art. 157. Antes de separarse las Cortes nombrarán
una diputación que se llamará Diputación permanente de Cortes, compuesta
de siete individuos de su seno, tres de las provincias de Europa y tres de las de Ultramar, y el séptimo saldrá por suerte entre un Diputado de Europa y otro de Ultramar.
Art. 158. Al mismo tiempo nombrarán las Cortes dos
suplentes para esta diputación, uno de
Art. 159. La Diputación permanente durará de unas Cortes
ordinarias a otras.
Art. 160. Las facultades de esta diputación
Convocar a Cortes extraordinarias en
los casos prescritos por la Constitución.
Desempeñar las funciones que se
señalan en los artículos 111 y 112.
Pasar aviso a los Diputados suplentes para que concurran en lugar de los
propietarios; y si ocurriere el fallecimiento o imposibilidad absoluta de propietarios y suplentes de una provincia, comunicar las correspondientes órdenes a la misma, para que proceda a nueva elección.
Art. 161. Las Cortes extraordinarias se compondrán
de los mismos Diputados
que forman las ordinarias
durante los dos años de su diputación.
Cuando vacare la Corona.
Cuando el Rey se imposibilitare de
cualquiera modo para el gobierno, o quiera abdicar la Corona en el sucesor; estando autorizada en el primer
caso la diputación para tomar todas las medidas que estime convenientes, a fin de asegurarse de la inhabilidad
Cuando en circunstancias críticas y
por negocios arduos tuviere el Rey por conveniente que se congreguen, y lo participare así a la Diputación permanente
Art. 163. Las Cortes extraordinarias no entenderán sino en el objeto para que han sido
Art. 164. Las
sesiones de las Cortes extraordinarias comenzarán y se terminarán con las mismas formalidades que las ordinarias.
Art. 165. La celebración de las Cortes extraordinarias no estorbará la elección de nuevos
en el tiempo prescrito.
Art. 166. Si
las Cortes extraordinarias no hubieren concluido sus sesiones en el día señalado para la reunión de las ordinarias,
cesarán las primeras en sus
funciones, y las ordinarias continuarán el negocio para que aquéllas fueron
Art. 167. La
Diputación permanente de Cortes continuará en las funciones que le están señaladas en los artículos 111 y 112, en el caso comprendido en el artículo precedente.
De la inviolabilidad del Rey y
Art. 168. La persona del Rey es sagrada e
inviolable, y no está sujeta a responsabilidad.
Art. 169. El Rey tendrá el tratamiento de
Art. 170. La potestad de hacer ejecutar las leyes
reside exclusivamente en el Rey, y su autoridad de extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden
Art. 171. Además de la prerrogativa que compete
al Rey de sancionar las leyes
y promulgarlas, le corresponden como principales las facultades siguientes:
Primera. Expedir
los decretos, reglamentos e
instrucciones que crea conducentes
Declarar la guerra, y hacer y ratificar la paz, dando después cuenta documentada
Nombrar los magistrados de todos los tribunales civiles y criminales, a propuesta del Consejo
Proveer todos los empleos civiles y
Presentar para todos los obispados y para todas las dignidades y beneficios
eclesiásticos de real patronato, a
Conceder honores y distinciones de toda clase,
Octava. Mandar los ejércitos y armadas y nombrar
Disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como más convenga.
Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias, y
Undécima. Cuidar de la fabricación de la moneda, en la que se
pondrá su busto y su nombre.
Décimatercia.
Indultar a los delincuentes, con arreglo a las leyes.
Décimacuarta. Hacer a las Cortes
las propuestas de leyes o de reformas
que crea conducentes al bien de la Nación, para que deliberen en la forma prescrita.
Décimaquinta.
Conceder el pase, o retener los decretos conciliares y bulas pontificias con el consentimiento de las Cortes,
si contienen disposiciones generales, oyendo al Consejo
de Estado, si versan sobre
negocios particulares o gubernativos, y si contienen puntos contenciosos,
pasando su conocimiento y decisión al Supremo Tribunal de justicia para
Décimasexta.
Nombrar y separar libremente los
Secretarios de Estado y del Despacho.
Art. 172. Las restricciones de la autoridad del
Rey son las siguientes:
No puede el Rey impedir, bajo
ningún pretexto, la celebración de las Cortes en
las épocas y casos señalados por la
Constitución, ni suspenderlas ni
disolverlas, ni en manera alguna embarazar sus sesiones y deliberaciones. Los que le aconsejasen o
auxiliasen en cualquier tentativa para estos actos, son declarados traidores
No puede el Rey ausentarse del Reino
sin consentimiento de las Cortes, y si lo
Tercera. No puede el Rey enajenar,
ceder, renunciar, o en cualquiera manera traspasar a otro la autoridad real, ni alguna de sus
prerrogativas. Si por cualquiera causa quisiere
abdicar el trono en el inmediato
sucesor, no lo podrá hacer sin el consentimiento de las
Cuarta. No puede el Rey enajenar, ceder o permutar provincia, ciudad, villa o lugar, ni parte alguna, por pequeña que sea, del
Quinta. No puede el Rey hacer alianza ofensiva,
ni tratado especial de comercio con
ninguna potencia extranjera, sin el
consentimiento de las Cortes.
No puede tampoco obligarse por ningún
tratado a dar subsidios a ninguna
potencia extranjera sin el consentimiento
No puede el Rey ceder ni enajenar los bienes
nacionales sin consentimiento
Octava. No puede el Rey imponer
por sí, directa ni indirectamente, contribuciones, ni hacer pedidos bajo cualquier
nombre o para cualquier objeto que sea, sino que siempre los han de decretar las Cortes.
No puede el Rey conceder privilegio exclusivo a persona ni corporación alguna.
Décima. No puede el Rey tomar la propiedad
de ningún particular ni corporación, ni turbarle en la posesión, uso
y aprovechamiento de ella, y si en algún caso fuere necesario para un objeto de conocida
utilidad común tomar la propiedad de un particular, no lo
podrá hacer sin que al mismo tiempo
sea indemnizado y se le dé el buen cambio a bien vista de hombres buenos.
Undécima. No puede el Rey privar a ningún
individuo de su libertad, ni
imponerle por sí pena alguna. El Secretario
del Despacho que firme la orden, y el
Juez que la ejecute, serán responsables a la Nación, y castigados como reos de atentado
contra la libertad individual. Sólo en caso de que el bien y seguridad
del Estado exijan el arresto
de alguna persona, podrá el Rey expedir órdenes al efecto;
pero con la condición de que dentro de cuarenta y ocho horas deberá hacerla entregar
a disposición del tribunal o juez competente.
Art. 173. El Rey, en su advenimiento al trono, y si fuere menor, cuando entre a gobernar el Reino, prestará juramento ante las
Cortes bajo la fórmula siguiente:
(aquí su nombre), por la gracia de
Dios y la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas; juro por Dios y por los Santos Evangelios
que defenderé y conservaré la religión Católica, Apostólica, Romana, sin
permitir otra alguna en el Reino;
que guardaré y haré guardar la Constitución política y leyes de la Monarquía española,
no mirando en cuanto hiciere sino al bien y provecho de ella; que no enajenaré, cederé ni desmembraré parte
alguna del Reino; que no exigiré jamás cantidad alguna de frutos, dinero
ni otra cosa, sino las que hubieren
decretado las Cortes; que no tomaré
jamás a nadie su propiedad, y que respetaré sobre todo la libertad política
de la Nación y la personal de cada individuo;
y si en lo que he jurado, o parte de ello, lo contrario
hiciere, no debo ser obedecido, antes aquello en que contraviniere, sea nulo y de ningún valor.
Así, Dios me ayude y sea en mi
defensa, y si no, me lo demande.”
Art. 174. El Reino de las Españas es
indivisible, y sólo se sucederá en el trono perpetuamente desde la promulgación de la Constitución por el orden regular de primogenitura y representación entre los descendientes legítimos, varones y hembras, de las líneas que
Art. 175. No pueden ser Reyes de las Españas sino
que sean hijos legítimos
habidos en constante y legítimo matrimonio.
Art. 176. En
el mismo grado y línea los varones prefieren a las hembras, y siempre el mayor al menor; pero las hembras de mejor línea, o de mejor
grado en la misma línea, prefieren a los varones de línea o grado posterior.
Art. 177. El
hijo o hija del primogénito del Rey, en el caso de morir su padre
sin haber entrado en la sucesión
del Reino, prefiere a los tíos, y sucede inmediatamente al abuelo por derecho de representación.
Art. 178. Mientras no se extingue la línea en
que está radicada la sucesión, no
entra la inmediata.
Art. 179. El Rey de las Españas es el Señor Don
Art. 180. A falta del Señor Don Fernando VII de Borbón,
sucederán sus descendientes legítimos, así varones como hembras; a falta de éstos, sucederán sus hermanos, y tíos hermanos de su padre, así varones como hembras, y los descendientes legítimos
de éstos por el
orden que queda prevenido, guardando en todos el derecho de
representación y la preferencia
de las líneas anteriores a las posteriores.
Art. 181. Las Cortes deberán excluir de la sucesión
aquella persona o personas que sean incapaces
para gobernar, o hayan hecho cosa por que merezcan perder la Corona.
Art. 182. Si llegaren a extinguirse todas las
líneas que aquí se señalan, las Cortes harán nuevos llamamientos, como
vean que más importa a la Nación,
siguiendo siempre el orden y
Art. 183. Cuando la Corona haya de recaer inmediatamente o haya recaído en hembra, no podrá ésta elegir marido sin consentimiento de las Cortes, y si lo contrario hiciere, se entiende que abdica la
Art. 184. En
el caso en que llegue
a reinar una hembra, su marido no tendrá autoridad ninguna respecto del Reino, ni parte alguna en el Gobierno.
De la menor edad del Rey, y de la
Art. 185. El Rey es menor de edad hasta los
diez y ocho años cumplidos.
Art. 187. Lo
será igualmente cuando
el Rey se halle imposibilitado de ejercer su autoridad por cualquier causa física o moral.
Art. 188. Si
el impedimento del Rey pasare de dos años,
y el sucesor inmediato fuere
mayor de diez y ocho, las
Cortes podrán nombrarle Regente del
Reino en lugar de la Regencia.
Art. 189. En los casos en que vacare la Corona, siendo
el Príncipe de Asturias menor de edad, hasta
que se junten las Cortes extraordinarias,
si no se hallaren reunidas las ordinarias, la Regencia provisional se compondrá de la Reina madre, si la hubiere, de dos Diputados de la Diputación permanente de
las Cortes, los más antiguos por orden de su elección en
la diputación, y de dos Consejeros
los más antiguos, a saber: el decano y el que le siga, si no hubiere Reina madre, entrará en la Regencia el Consejero de Estado tercero en
Art. 190. La Regencia provisional será presidida por la Reina madre, si la hubiere, y, en su defecto, por el individuo de la Diputación permanente de Cortes que sea primer
Art. 191. La Regencia provisional no despachará otros negocios que los que no admitan dilación, y no removerá ni nombrará empleados sino interinamente.
Art. 192. Reunidas las Cortes extraordinarias,
nombrarán una Regencia, compuesta de tres o cinco personas.
Art. 193. Para poder ser individuo de la Regencia se
requiere ser ciudadano en el
ejercicio de sus derechos, quedando excluidos los extranjeros, aunque tengan carta de ciudadanos.
Art. 194. La Regencia será presidida por
aquel de sus individuos que las Cortes designaren, tocando a éstas establecer, en caso
necesario, si ha de haber o no turno en la presidencia, y en qué términos.
Art. 195. La Regencia ejercerá la
autoridad del Rey en los términos
que estimen las Cortes.
Art. 196. Una
y otra Regencia prestarán
juramento según la fórmula prescrita en el artículo 173, añadiendo la
cláusula de que serán fieles al Rey,
y la Regencia permanente añadirá,
además, que observará las condiciones que le
hubieren impuesto las Cortes para el ejercicio de su autoridad, y que cuando
llegue el Rey a ser mayor, o cese la imposibilidad, le entregará el Gobierno
del Reino, bajo la pena, si un momento
lo dilata, de ser sus individuos habidos y castigados como traidor es.
Art. 197. Todos los actos de la Regencia se
publicarán en nombre del Rey.
Art. 198. Será
tutor del Rey menor la persona
que el Rey difunto hubiere
nombrado en su
testamento. Si no lo hubiere nombrado,
será tutora la Reina madre, mientras permanezca viuda. En su defecto, será nombrado el tutor por las Cortes. En el primero y tercer caso, el tutor deberá ser natural del Reino.
Art. 199. La
Regencia cuidará
de que la educación del Rey menor sea la más conveniente al grande objeto de su alta dignidad, y
que se desempeñe conforme al plan que aprobaren
Art. 202. Los demás hijos e hijas del Rey serán
Art. 203. Asimismo serán y se llamarán Infantes
de las Españas los hijos e hijas del Príncipe de
Art. 204. A estas personas
precisamente estará limitada la calidad de Infante de las Españas,
sin que pueda extenderse a otras.
Art. 205. Los
Infantes de las Españas gozarán de las distinciones y honores
que han tenido hasta aquí, y podrán ser nombrados para toda clase de destinos, exceptuados los de judicatura
Art. 206. El
del Reino sin consentimiento de las Cortes,
y si saliere sin él, quedará
por el mismo hecho excluido
del llamamiento a la Corona.
Art. 207. Lo mismo se entenderá, permaneciendo
fuera del Reino por más tiempo que el
reflejado en el permiso, si requerido para que vuelva, no lo verificare dentro del término
que las Cortes señalen.
Art. 208. El Príncipe de Asturias, los Infantes e Infantas y
sus hijos y descendientes que sean súbditos del Rey, no podrán contraer
matrimonio sin su consentimiento y el de las Cortes, bajo la pena de ser
excluido del llamamiento a la Corona.
Art. 209. De
las partidas de nacimiento,
matrimonio y muerte de todas las personas de
la familia Real, se remitirá una copia
auténtica a las Cortes, y en su defecto a la Diputación permanente, para que se
custodie en su archivo.
Art. 210. El Príncipe de Asturias será reconocido
por las Cortes con las formalidades
que prevendrá el reglamento del Gobierno interior de ellas.
Art. 211. Este
reconocimiento se hará en las primeras Cortes que se celebren después
Art. 212. El Príncipe de Asturias, llegando a
la edad de catorce años, prestará juramento ante las Cortes bajo la fórmula siguiente: “N. (aquí el nombre), Príncipe de Asturias, juro por Dios y por los Santos Evangelios, que defenderé y conservaré la religión Católica, Apostólica, Romana, sin permitir otra alguna en el Reino; que guardaré la Constitución política
de la Monarquía española, y
que seré fiel y obediente al Rey.
Así, Dios me ayude.”
Art. 213. Las
Cortes señalarán al Rey la dotación anual de su casa, que
sea correspondiente a la
Art. 214. Pertenecen al Rey todos los
Palacios Reales que han disfrutado sus predecesores,
y las Cortes señalarán los terrenos que tengan por conveniente reservar para el recreo de su persona.
Art. 215. Al Príncipe de Asturias, desde el día
de su nacimiento, y a los Infantes e Infantas, desde que cumplan siete años de edad, se asignará
por las Cortes, para sus alimentos, la cantidad anual correspondiente a
su respectiva dignidad.
Art. 216. A las Infantas,
para cuando casaren, señalarán
las Cortes la cantidad que estimen en calidad de dote, y entregada ésta, cesarán los alimentos anuales.
Art. 217. A los Infantes, si casaren mientras residan
en las Españas, se les continuarán los alimentos que les estén asignados, y si casaren y residieren fuera, cesarán los alimentos, y se les entregará por una vez la
cantidad que las Cortes señalen.
Art. 218. Las Cortes señalarán los alimentos
219. Los sueldos de los individuos de la Regencia se tomarán de la dotación
220. La dotación de la casa del Rey y los alimentos de su familia, de que hablan los
artículos precedentes, se señalarán por las Cortes
al principio de cada reinado, y no se
Art. 221. Todas estas asignaciones son de cuenta
de la tesorería nacional, por la que serán satisfechas al administrador que el Rey nombrare,
con el cual se entenderán las
Secretario del Despacho del Estado.
del Despacho de la Gobernación del Reino para la Península e islas adyacentes.
Secretario del Despacho de la Gobernación del Reino para Ultramar.
Secretario del Despacho de Gracia y
Las Cortes sucesivas harán en este sistema de Secretarías
del Despacho la variación que la experiencia o las
circunstancias exijan.
Art. 223. Para ser Secretario de Despacho se requiere ser ciudadano en el ejercicio
de sus derechos, quedando excluidos
los extranjeros, aunque tengan carta
Art. 224. Por
un reglamento particular
aprobado por las Cortes se señalarán a cada Secretaría
Art. 225. Todas las órdenes del Rey deberán ir firmadas por el Secretario del Despacho
del ramo a que el asunto corresponda.
Ningún Tribunal
ni persona pública
dará cumplimiento a la orden que carezca de este requisito.
Art. 226. Los
Secretarios del Despacho
serán responsables a las Cortes de las órdenes
que autoricen contra la Constitución
o las leyes, sin que les sirva de excusa haberlo mandado el Rey.
Art. 227. Los
formarán los presupuestos anuales de los gastos de la
Art. 228. Para hacer efectiva la
responsabilidad de los Secretarios del Despacho, decretarán ante todas cosas
las Cortes que ha lugar a la formación de causa.
Art. 229. Dado
este decreto, quedará
suspenso el Secretario del Despacho, y las Cortes remitirán al Tribunal Supremo de Justicia
todos los documentos concernientes a la causa que haya de formarse por el mismo
Tribunal, quien la sustanciará y
decidirá con arreglo a las leyes.
Art. 230. Las Cortes señalarán el sueldo que
deban gozar los Secretarios del Despacho durante su encargo.
Art. 231. Habrá un Consejo de Estado compuesto de cuarenta individuos, que sean ciudadanos
en el ejercicio de sus derechos, quedando excluidos los
Art. 232. Estos serán precisamente en la forma siguiente, a saber: cuatro eclesiásticos, y no más,
de conocida y probada ilustración y merecimiento, de los cuales dos serán Obispos; cuatro Grandes de España, y no más, adornados de las virtudes, talento
y conocimientos necesarios, y
los restantes serán elegidos de entre los sujetos que más se hayan distinguido
por su ilustración y conocimientos, o
por sus señalados servicios en alguno de los
principales ramos de la administración y gobierno del Estado. Las Cortes no podrán proponer para estas plazas a ningún individuo que sea Diputado de Cortes al tiempo de hacerse la elección. De los individuos
del Consejo de Estado, doce, a lo
menos, serán nacidos en las provincias de Ultramar.
Art. 233. Todos los Consejeros de Estado serán nombrados por el Rey, a propuesta
Art. 234. Para la formación de este Consejo se
dispondrá en las Cortes una lista triple de todas las clases referidas, en la proporción indicada, de la cual el Rey elegirá los
cuarenta individuos que han de componer el Consejo de Estado, tomando los eclesiásticos de la
Art. 235. Cuando ocurriere alguna vacante
en el Consejo de Estado, las Cortes
primeras que se celebren presentarán
al Rey tres personas de la clase que se hubiere verificado, para que
Art. 236. El Consejo de Estado es el único
Consejo del Rey que oirá su dictamen
en los asuntos graves gubernativos, y
señaladamente para dar o negar la
sanción a las leyes, declarar la guerra y hacer los tratados.
Art. 238. El Rey formará un reglamento para el gobierno
del Consejo de Estado, oyendo previamente al mismo; y se presentará a las Cortes para su aprobación.
Art. 239. Los
Consejeros de Estado no podrán ser removidos
sin causa justificada ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Art. 241. Los Consejeros de Estado, al tomar
posesión de sus plazas, harán en manos del Rey juramento de guardar la Constitución,
ser fieles al Rey, y aconsejarle lo
que entendieren ser conducente al
bien de la Nación, sin mira
particular ni interés privado.
Art. 242. La potestad de aplicar las leyes en las
Art. 243. Ni
las Cortes ni el Rey podrán ejercer
en ningún caso las funciones judiciales, avocar causas
pendientes, ni mandar abrir los
juicios fenecidos.
Art. 244. Las
leyes señalarán el orden y las formalidades del proceso, que serán uniformes
en todos los Tribunales, y ni las Cortes ni el Rey podrán dispensarlas.
Art. 245. Los Tribunales no podrán ejercer
otras funciones que las de juzgar y
hacer que se ejecute lo juzgado.
Art. 246. Tampoco podrán suspender la ejecución de las leyes ni hacer reglamento
alguno para la administración de justicia.
Art. 248. En los negocios comunes, civiles y criminales
no habrá más que un solo fuero para toda
Art. 249. Los eclesiásticos continuarán gozando del fuero de su estado, en los
términos que prescriben las leyes o que en adelante
Art. 250. Los militares gozarán también de fuero
la ordenanza o en adelante previniere.
Art. 251. Para ser nombrado magistrado o juez
se requiere haber nacido en el territorio español, y ser mayor de veinticinco años. Las demás calidades que respectivamente
deban éstos tener, serán determinadas por las leyes.
Art. 252. Los
magistrados y jueces no podrán ser depuestos en sus destinos, sean temporales o perpetuos, sino por causa legalmente probada y sentenciada, ni suspendidos, sino por acusación legalmente intentada.
Art. 253. Si
al Rey llegaren quejas contra algún
magistrado, y formado expediente, parecieren fundadas, podrá, oído el Consejo de Estado, suspenderle,
haciendo pasar inmediatamente el expediente al Supremo Tribunal de Justicia,
para que juzgue con arreglo a las leyes.
Art. 254. Toda
falta de observancia de las leyes que arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal,
hace responsables personalmente a los
jueces que la cometieren.
Art. 255. El
soborno, el cohecho y la prevaricación de los magistrados y jueces producen
acción popular contra los que
los cometan.
Art. 256. Las Cortes señalarán a los
magistrados y jueces de letras una
dotación competente.
Art. 257. La
justicia se administrará en nombre del Rey, y las ejecutorias y provisiones de los
Tribunales superiores se encabezarán
Art. 258. El Código civil y criminal y el de comercio
serán unos mismos para toda la Monarquía,
sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes.
Art. 259. Habrá en la Corte un Tribunal, que se llamará
Art. 260. Las
Cortes determinarán el número de magistrados que han de componerle, y las Salas en que ha de distribuirse.
Primero. Dirimir todas las competencias de las Audiencias
entre sí en todo el territorio
la Península e islas adyacentes.
En Ultramar se dirimirán estas últimas según lo determinaren las leyes.
Juzgar a los Secretarios de Estado y del Despacho,
cuando las Cortes decretaren haber
lugar a la formación de causa.
Tercero. Conocer de todas las causas de separación y suspensión de los consejeros de Estado y de los magistrados de las
Conocer de todas las causas criminales de los Secretarios de Estado y del
Despacho, de los consejeros de Estado
y de los magistrados de las Audiencias, perteneciendo al jefe político
autorizado la instrucción del proceso para remitirlo a este Tribunal.
Quinto. Conocer de todas las causas criminales que se
promovieren contra los individuos de
este Supremo Tribunal. Si llegare el caso en que sea necesario hacer efectiva
Supremo Tribunal, las Cortes, previa la formalidad establecida en el artículo 228, procederán a nombrar para este fin un Tribunal
compuesto de nueve jueces, que serán elegidos por suerte de un número doble.
Conocer de la residencia de todo empleado público
que esté sujeto a ella por disposición
Conocer de los recursos de fuerza de todos los Tribunales eclesiásticos
Noveno. Conocer
de los recursos de nulidad que se interpongan contra las sentencias
dadas en última instancia para el preciso efecto de reponer el proceso, devolviéndolo, y hacer efectiva la responsabilidad de que trata
el art. 254. Por lo relativo a Ultramar, de estos recursos se conocerá en las
Audiencias en la forma que se dirá en
Décimo. Oír las
dudas de los demás Tribunales sobre la inteligencia de alguna ley, y
consultar sobre ellas al Rey con los fundamentos que hubiere, para que promueva la conveniente declaración en las Cortes.
Undécimo. Examinar las listas de las causas civiles y criminales,
que deben remitirle las
Audiencias para promover
la pronta administración de justicia,
pasar copia de ellas para el mismo efecto al Gobierno, y
disponer su publicación por medio
Art. 263. Pertenecerá a las Audiencias conocer
de todas las causas civiles de los Juzgados
inferiores de su demarcación en segunda
y tercera instancia, y lo mismo de las
criminales, según lo determinen las leyes; y también de las causas de suspensión y separación de los jueces
inferiores de su territorio, en el
modo que prevengan las leyes,
Art. 264. Los
magistrados que hubieren fallado en la segunda instancia, no podrán asistir a la
vista del mismo pleito en la tercera.
Art. 265. Pertenecerá también a las Audiencias conocer
de las competencias entre todos los jueces subalternos de su territorio.
Art. 266. Les
pertenecerá asimismo conocer de los recursos de fuerza que se introduzcan, de los
Tribunales y autoridades eclesiásticas
Art. 267. Les corresponderá también recibir de
todos los jueces subalternos de su
territorio avisos puntuales de las causas que se formen por delitos, y listas de las causas civiles y criminales pendientes en su Juzgado, con expresión del estado de unas y otras,
de promover la más pronta administración de justicia.
Art. 268. A las Audiencias de Ultramar les corresponderá además el conocer
de los recursos de nulidad, debiendo éstos interponerse,
en aquellas Audiencias que tengan suficiente número para la formación
de tres Salas, en la que no haya conocido de la causa en ninguna instancia. En las Audiencias que no consten de este número de
ministros, se interpondrán estos recursos
de una a otra de las comprendidas en el distrito
de una misma gobernación
superior; y en el caso de que en éste
no hubiere más que una Audiencia, irán a la más inmediata de otro distrito.
Art. 269. Declarada la nulidad, la Audiencia que ha conocido de ella dará cuenta, con
testimonio que contenga los insertos convenientes, al Supremo Tribunal de Justicia, para hacer
efectiva la responsabilidad de que
trata el art. 254.
Art. 270. Las
Audiencias remitirán cada año al Supremo Tribunal
de Justicia listas exactas de las
causas civiles, y cada seis meses de las criminales, así fenecidas como pendientes,
con expresión del estado que éstas tengan, incluyendo las
que hayan recibido de los Juzgados inferiores.
Art. 271. Se
determinará por leyes y reglamentos especiales el número de los magistrados de las
Audiencias, que no podrán ser menos de siete, la forma de estos
Tribunales y el lugar de su residencia.
Art. 272. Cuando llegue el caso de hacerse la conveniente división
del territorio español, indicada en el artículo 11, se determinará con respecto a ella el número de Audiencias que han de establecerse, y
se les señalará territorio.
Art. 273. Se
establecerán partidos proporcionalmente iguales,
y en cada cabeza
de partido habrá un juez de letras con un Juzgado
Art. 274. Las
facultades de estos jueces se limitarán precisamente a lo
contencioso, y las leyes determinarán las que han de
pertenecerles en la capital y pueblos
de su partido, como también hasta de qué cantidad podrán conocer en los negocios
Art. 275. En
todos los pueblos se
establecerán alcaldes, y las leyes determinarán la extensión de
sus facultades, así en lo
contencioso como en lo económico.
Art. 276. Todos los jueces de los Tribunales
inferiores deberán dar cuenta, a más
tardar dentro de tercero día, a su respectiva Audiencia
de las causas que se formen por delitos cometidos en su territorio, y después
continuarán dando cuenta de su estado
en las épocas que la Audiencia les prescriba.
Art. 277. Deberán asimismo remitir a la Audiencia respectiva listas
generales cada seis meses de las causas civiles,
y cada tres de las criminales, que pendieren en sus Juzgados, con expresión
Art. 279. Los magistrados y jueces al tomar posesión de sus plazas, jurarán guardar
la Constitución, ser fieles al Rey,
observar las leyes y administrar imparcialmente
Art. 280. No
se podrá privar a ningún español
del derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces
árbitros, elegidos por ambas partes.
Art. 282. El alcalde de cada pueblo ejercerá en
él el oficio de conciliador, y el que
tenga que demandar por negocios civiles o por injurias, deberá presentarse a él con
Art. 283. El alcalde, con dos hombres buenos, nombrados uno por cada parte, oirá al demandante
demandado, se enterará de las razones
en que respectivamente apoyen su intención, y tomará oído el dictamen de los dos asociados, la providencia que le parezca
propia para el fin de terminar
el litigio sin más progreso, como se terminará, en efecto, si las
Art. 284. Sin
hacer constar que se ha intentado el
medio de la conciliación, no se entablará
pleito alguno.
Art. 285. En
todo negocio, cualquiera que sea su cuantía, habrá lo más tres
instancias y tres sentencias definitivas pronunciadas en ellas. Cuando la tercera
instancia se interponga de dos sentencias conformes, el
número de jueces que haya de decidirla deberá ser mayor que el que asistió a la vista de la segunda, en la forma que lo disponga la ley. A
ésta toca también determinar, atendida la entidad de los negocios
y la naturaleza y calidad de los
diferentes juicios, qué sentencia ha de ser
la que en cada uno deba causar ejecutoria.
Art. 286. Las leyes arreglarán la administración de
justicia en lo criminal de manera que el proceso
Art. 287. Ningún español podrá
ser preso sin que preceda información sumaria
del hecho por el
que merezca, según la ley, ser castigado con
pena corporal, y asimismo un
mandamiento del juez por escrito, que se le notificará en el acto mismo de la prisión.
Art. 288. Toda persona deberá obedecer estos mandamientos: cualquiera resistencia será
Art. 290. El
arrestado, antes de ser puesto en prisión, será presentado al juez, siempre
que no haya cosa que lo estorbe, para que le reciba declaración; mas, si esto no pudiere
verificarse, se le conducirá a la cárcel en calidad
de detenido, y el juez le recibirá la
Art. 291. La declaración del arrestado será sin
juramento, que a nadie ha de tomarse
en materias criminales sobre hecho propio.
Art. 292. Infraganti, todo delincuente puede ser arrestado y todos pueden arrestarle
y conducirle a la presencia del juez: presentado o
puesto en custodia, se procederá en
todo como se previene en los dos artículos precedentes.
Art. 293. Si
se resolviere que al arrestado se le ponga en la cárcel, o que
permanezca en ella en calidad de
preso, se proveerá auto motivado, y de
él se entregará copia al alcaide para que la inserte en el libro
de presos, sin cuyo requisito no admitirá
el alcaide a ningún
preso en calidad de tal, bajo la más
estrecha responsabilidad.
Art. 294. Sólo se hará embargo de bienes cuando
se proceda por delitos que llevan
consigo responsabilidad pecuniaria, y en proporción a la cantidad a que ésta
pueda extenderse.
Art. 295. No será llevado a la cárcel el que dé
fiador en los casos en que la ley no
prohíba expresamente que se admita la
Art. 296. En cualquier estado de la causa que aparezca
que no puede imponerse al preso pena corporal, se le pondrá en libertad, dando
Art. 297. Se dispondrán las cárceles de manera que sirvan para asegurar, y no para molestar a los presos; así, el alcaide tendrá a éstos en buena custodia,
y separados los que el juez
Art. 298. La ley determinará la frecuencia con
que ha de hacerse la visita de cárceles,
y no habrá preso alguno que deje de presentarse a ella bajo ningún pretexto.
Art. 299. El juez y el alcaide que faltaren a
lo dispuesto en los artículos
precedentes, serán castigados como reos de detención arbitraria, la que será comprendida como delito en el Código criminal.
Art. 300. Dentro de las veinticuatro horas se manifestará al tratado como reo la causa de su
Art. 301. Al tomar la confesión al tratado como
con los nombres de éstos; y si por ellos
no los conociere, se le darán cuantas noticias
pida para venir en conocimiento de
Art. 302. El proceso, de allí en adelante, será
público en el modo y forma que
Art. 303. No se usará nunca del tormento ni de
Art. 304. Tampoco se impondrá la pena de
Art. 305. Ninguna pena que se imponga, por cualquier
delito que sea, ha de ser trascendental por término ninguno a la familia
del que la sufre,
sino que tendrá todo su efecto precisamente sobre el que la mereció.
Art. 306. No podrá ser allanada la casa de ningún español,
sino en los casos que determine la ley para el buen orden y
Art. 307. Si
con el tiempo creyeren las Cortes que conviene haya distinción entre los jueces del hecho y del derecho, la establecerán
Art. 308. Si
en circunstancias extraordinarias
exigiese, en toda la Monarquía o en parte de ella, la suspensión de algunas de las formalidades
prescritas en este capítulo para el
arresto de los delincuentes, podrán
las Cortes decretarla por un tiempo determinado.
Art. 309. Para
el gobierno interior
de los pueblos habrá Ayuntamientos compuestos de alcalde o
alcaldes, los regidores y el procurador síndico, y presididos por el jefe político donde lo hubiere, y en su defecto por el alcalde o el primer nombrado entre éstos, si hubiere dos.
Art. 310. Se pondrá Ayuntamiento en los pueblos que no le tengan y en que convenga
le haya, no pudiendo dejar de haberle en los que por sí
o con su comarca lleguen a mil almas, y también se les señalara término correspondiente.
Art. 311. Las leyes determinarán el número de individuos
de cada clase de que han de componerse los Ayuntamientos de los pueblos con
respecto a su vecindario.
Art. 312. Los alcaldes, regidores y procuradores
síndicos se nombrarán por elección en
los pueblos, cesando los regidores y demás que sirvan oficios perpetuos en los Ayuntamientos, cualquiera que sea su título y denominación.
Art. 313. Todos los años, en el mes de
Diciembre, se reunirán los ciudadanos de cada pueblo para elegir a pluralidad de votos,
proporción a su vecindario, determinando número de
electores que residan en el mismo
pueblo y estén en el ejercicio de los derechos de ciudadano.
Art. 314. Los
electores nombrarán en el mismo mes,
a pluralidad absoluta de votos, el alcalde
o alcaldes, regidores y procurador o procuradores síndicos, para que entren a ejercer sus cargos el
1º. de Enero del siguiente año.
Art. 315. Los alcaldes se mudarán todos
los años, los regidores por
mitad cada año, y lo mismo los procuradores síndicos donde haya dos: si hubiere sólo uno, se mudará
Art. 316. El
que hubiere ejercido cualquiera de estos cargos no podrá volver a ser
elegido para ninguno de ellos sin que pasen, por lo menos, dos
años, donde el vecindario lo permita.
Art. 317. Para
ser alcalde, regidor
o procurador síndico, además de ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, se requiere ser
mayor de veinticinco años, con cinco, a lo menos, de vecindad y residencia en el pueblo. Las leyes
determinarán las demás calidades que
han de tener estos empleados.
Art. 318. No podrá ser alcalde, regidor ni
procurador síndico ningún empleado público de nombramiento del Rey que esté en ejercicio, no entendiéndose comprendidos en esta regla los que sirvan en las milicias nacionales.
de que nadie podrá excusarse
sin causa legal.
La policía de salubridad y
Segundo. Auxiliar
al alcalde en todo lo que pertenezca a la seguridad de las personas y bienes de los vecinos, y a la
conservación del orden público.
Tercero. La administración
de los caudales de propios
y arbitrios, conforme
a las leyes y reglamentos, con el cargo de nombrar depositario bajo responsabilidad de los que le nombran.
Cuarto. Hacer
el repartimiento y recaudación de las contribuciones, y remitirlas
a la Tesorería respectiva.
Cuidar de todas las escuelas de primeras
letras y de los demás establecimientos de educación que se paguen de los fondos
Cuidar de los hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos
de beneficencia, bajo las reglas que
se prescriban.
Cuidar de la construcción y
reparación de los caminos, calzadas, puentes y cárceles, de los montes y plantíos del común, y de todas las obras públicas
de necesidad, utilidad y ornato.
Formar las Ordenanzas municipales del pueblo y presentarlas a las Cortes para su aprobación por medio de la Diputación provincial, que las acompañará con su informe.
Promover la agricultura, la industria y el comercio,
según la localidad y circunstancias
de los pueblos, y cuanto les sea útil y beneficioso.
Art. 322. Si se ofrecieren obras u otros
objetos de utilidad común, y por no ser suficientes los caudales de propios, fuere necesario recurrir a arbitrios, no podrán
imponerse éstos sino obteniendo por medio de la Diputación provincial la aprobación de las Cortes. En el caso de ser urgente la obra u objeto a que se destinen,
podrán los Ayuntamientos usar
interinamente de ellos con el consentimiento
de la misma Diputación, mientras recae la resolución de las Cortes. Estos arbitrios se administrarán en todo como los caudales
de propios.
323. Los Ayuntamientos desempeñarán
todos estos recargos bajo la inspección de la Diputación
provincial, a quien rendirán cuenta justificada cada año de los caudales
Del gobierno político de las
provincias y de las Diputaciones
Art. 324. El gobierno político de las
provincias residirá en el jefe superior, nombrado por el Rey en cada una de ellas.
Art. 325. En cada provincia habrá una Diputación
llamada provincial, para promover su prosperidad, presidida por el jefe
Art. 326. Se compondrá esta Diputación del
presidente, el intendente y de siete
individuos elegidos en la forma que se dirá, sin perjuicio de que las Cortes, en lo sucesivo, varíen este número como lo crean conveniente, o lo exijan las circunstancias,
hecha que sea la
nueva división de provincias de que trata el
Art. 327. La Diputación provincial se renovará cada dos años por mitad, saliendo la primera vez el mayor número, y la
segunda el menor, y así sucesivamente.
Art. 328. La
elección de estos individuos se hará por los electores de partido
al otro día de haber nombrado los Diputados de Cortes,
por el mismo orden con que éstos se
Art. 329. Al mismo tiempo, y en la misma forma, se elegirán
tres suplentes para cada Diputación.
Art. 330. Para
ser individuo de la Diputación provincial
se requiere ser ciudadano en el ejercicio
de sus derechos, mayor de
veinticinco años, natural o vecino de la provincia,
residencia, a lo menos,
de siete años, y que tenga lo suficiente
para mantenerse con decencia, y no podrá serlo ninguno de los empleados de
nombramiento del Rey de que trata el art.
Art. 331. Para
que una misma persona pueda ser elegida segunda
vez, deberá haber pasado,
a lo menos, el tiempo de
cuatro años después de haber cesado en sus funciones.
Art. 332. Cuando el jefe superior de la
provincia no pudiere presidir la Diputación,
la presidirá el intendente, y, en
su defecto, el Vocal que fuere primer nombrado.
Art. 333. La Diputación nombrará un secretario,
dotado de los fondos públicos de la
334. Tendrá la Diputación en cada año, a lo más,
noventa días de sesiones,
distribuidas en las épocas que más convenga.
Península deberán hallarse reunidas las Diputaciones para el 1º. de
Marzo, y en Ultramar para el 1º. de
Primero. Intervenir y aprobar el repartimento hecho a los pueblos de
las contribuciones que
hubieren cabido a la provincia.
Velar sobre la buena inversión de los fondos
públicos de los pueblos y examinar sus cuentas, para que con su Vº. Bº. recaiga la aprobación superior,
cuidando de que en todo se observen las leyes y reglamentos.
de las antiguas, proponer al Gobierno
los arbitrios que crean más convenientes para su
ejecución, a fin de obtener
el correspondiente permiso de
las Cortes. En Ultramar, si la
urgencia de las obras públicas no permitiese
esperar la resolución de las Cortes,
podrá la Diputación, con expreso
asenso del Jefe de la provincia,
usar, desde luego, de los arbitrios, dando inmediatamente cuenta al Gobierno
para la aprobación de las Cortes.
Para la recaudación de los arbitrios, la Diputación,
bajo su responsabilidad, nombrará
depositario, y las cuentas de la inversión, examinadas por la Diputación, se
remitirán al Gobierno para que las haga reconocer y glosar y, finalmente, las pase a las Cortes para
Promover la educación de la juventud
conforme a los planos aprobados, y
fomentar la agricultura la industria y el comercio,
protegiendo a los inventores de
nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos.
Formar el censo y la estadística de
Cuidar de que los establecimientos piadosos y de beneficencia llenen su respectivo objeto, proponiendo al
Gobierno las reglas que estimen conducentes
Dar parte a las Cortes de las infracciones
de la Constitución que se noten en la
Décimo. Las Diputaciones de las provincias de Ultramar velarán sobre la economía, orden y progresos de las
misiones para la conversión de los indios
infieles, cuyos encargados les darán razón de sus operaciones en este ramo, para
que se eviten abusos; todo lo que las
Diputaciones pondrán en noticia del
Art. 336. Si
alguna Diputación abusare de sus facultades, podrá el Rey suspender a los vocales
que la componen, dando parte a las
Cortes de esta disposición y de los
motivos de ella para la determinación
que corresponda; durante la suspensión entrarán en funciones los suplentes.
Art. 337. Todos los individuos de los Ayuntamientos y
de las Diputaciones de provincia, al entrar en el ejercicio de sus
funciones, prestarán juramento,
aquéllos en manos del jefe político,
donde le hubiere, o en su defecto del
alcalde que fuere primer nombrado, y
éstos en las del jefe superior de la provincia, de guardar la Constitución
política de la Monarquía española, observar las leyes, ser fieles al Rey y cumplir religiosamente las obligaciones
Art. 338. Las Cortes establecerán o confirmarán
anualmente las contribuciones, sean
directas o indirectas, generales, provinciales o municipales, subsistiendo las antiguas, hasta que se
publique su derogación o la imposición
Art. 339. Las contribuciones se repartirán
entre todos los españoles
con proporción a sus facultades, sin excepción
ni privilegio alguno.
Art. 340. Las
contribuciones serán proporcionadas a los gastos que se decreten
por las Cortes para el servicio público en todos los ramos.
Art. 341. Para que las Cortes puedan fijar los
gastos en todos los ramos del servicio público y las
contribuciones que deban cubrirlos, el Secretario del Despacho de Hacienda las presentará, luego
que estén reunidas, el presupuesto
general de los que se estimen precisos, recogiendo de cada uno de los demás Secretarios del Despacho el respectivo a su ramo.
Art. 342. El mismo Secretario
del Despacho de Hacienda presentará con el presupuesto
de gastos el plan de contribuciones que deban imponerse
para llenarlos.
Art. 343. Si
al Rey pareciere gravosa o
perjudicial alguna contribución, lo manifestará
a las Cortes por el Secretario
del Despacho de Hacienda, presentando
tiempo la que crea más conveniente
Art. 344. Fijada la cuota de la contribución directa, las Cortes aprobarán el repartimiento de ella entre las provincias, a cada una de las cuales se asignará el cupo correspondiente a su riqueza, para lo que el Secretario del
Despacho de Hacienda presentará también los presupuestos necesarios.
Art. 345. Habrá una Tesorería general para toda la Nación, a la que tocará disponer de todos los productos de cualquiera renta destinada al servicio
Art. 346. Habrá en cada provincia una tesorería,
en la que entrarán todos los caudales
que en ella se recauden para el Erario público. Estas
tesorerías estarán en correspondencia con la
general, a cuya disposición tendrán
Art. 347. Ningún pago se admitirá en cuenta al Tesorero
general, si no se hiciere en virtud de
decreto del Rey, refrendado por el Secretario del Despacho de
Hacienda, en el que se
expresen el gasto a que se destina su importe y el decreto de las Cortes con que éste se autoriza.
Art. 348. Para
que la Tesorería general lleve su cuenta con la pureza que corresponde, el cargo y la data deberán ser intervenidos respectivamente por las
Contadurías de valores y de distribución de la renta pública.
Art. 349. Una
instrucción particular arreglará
estas oficinas de manera que sirvan para los fines de
Art. 350. Para
el examen de todas las cuentas de caudales públicos habrá una Contaduría mayor de cuentas, que se organizará por una
Art. 351. La cuenta de la Tesorería
general, que comprenderá el rendimiento anual de todas las
contribuciones y rentas, y su inversión,
luego que reciba la aprobación final de las Cortes,
Art. 352. Del mismo modo se imprimirán, publicarán y circularán las cuentas que rindan los
del Despacho de los gastos hechos en sus respectivos ramos.
Art. 353. El
manejo de la Hacienda pública estará
Art. 354. No habrá aduanas sino
en los puertos de mar y en las fronteras; bien que esta disposición no tendrá efecto hasta que las
Cortes lo determinen.
Art. 355. La deuda pública reconocida será una de las primeras atenciones de las
Cortes, y éstas pondrán el mayor cuidado en que se vaya verificando su progresiva extinción,
y siempre el pago de los
réditos en la parte que los devengue,
arreglando todo lo concerniente a la dirección de este importante
ramo, tanto respecto
arbitrios que se establecieren, los
cuales se manejarán con absoluta separación de la Tesorería general, como respecto a las oficinas de cuenta y razón.
Art. 356. Habrá una fuerza militar nacional permanente, de tierra y de mar, para la defensa exterior
Art. 357. Las
Cortes fijarán anualmente el número de tropas que fueren necesarias, según las circunstancias,
y el modo de levantar la que fuere más conveniente.
Art. 358. Las
Cortes fijarán asimismo
anualmente el número de buques de la marina militar
que han de armarse o conservarse armados.
Art. 359. Establecerán las Cortes por medio de
las respectivas ordenanzas
todo lo relativo a la disciplina, orden de ascensos, sueldos, administración y cuanto corresponda a la buena constitución del ejército y armada.
Art. 360. Se establecerán escuelas militares para la enseñanza e instrucción de todas las diferentes armas del
ejército y armada.
Art. 361. Ningún español podrá excusarse del servicio
militar, cuando y en la forma que fuere llamado por la ley.
Art. 362. Habrá en cada provincia
cuerpos de milicias nacionales, compuestos de habitantes de cada una de ellas, con proporción a su
población y circunstancias.
Art. 363. Se arreglará por una ordenanza
particular el modo de su formación, su número y especial
Art. 364. El servicio de estas milicias no será continuo, y sólo tendrá lugar cuando las circunstancias lo
Art. 365. En
caso necesario podrá el Rey disponer
de esta fuerza dentro de la respectiva provincia; pero no podrá emplearla fuera de ella sin otorgamiento de las Cortes.
Art. 366. En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar,
catecismo de la religión
católica, que comprenderá también una breve exposición de las
Art. 367. Asimismo se arreglará y creará el número competente de Universidades y de otros
establecimientos de instrucción que se juzguen convenientes
para la enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes.
Art. 368. El plan general de enseñanza será
uniforme en todo el Reino, debiendo explicarse la Constitución política
de la Monarquía en todas las
Universidades y establecimientos literarios donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas.
Art. 369. Habrá una Dirección
general de estudios, compuesta de personas
de conocida instrucción, a cuyo cargo estará, bajo la autoridad del Gobierno, la inspección
Art. 370. Las
Cortes, por medio de planes y estatutos
importante objeto de la instrucción
Art. 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir,
imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación,
bajo las restricciones y
responsabilidad que establezcan las leyes.
DE LA OBSERVANCIA DE LA CONSTITUCIÓN,
Art. 372. Las
Cortes, en sus primeras sesiones, tomarán
en consideración las infracciones de la
Art. 373. Todo español tiene derecho a representar
a las Cortes o al Rey para reclamar
la observancia de la Constitución.
Art. 374. Toda
persona que ejerza cargo público, civil,
militar o eclesiástico, prestará juramento, al tomar posesión de su destino, de guardar la Constitución,
ser fiel al Rey y desempeñar
Art. 375. Hasta pasados ocho años después de
hallarse puesta en práctica la
en todas sus partes, no se podrá proponer alteración, adición ni reforma en
Art. 376. Para
hacer cualquier alteración, adición o reforma en la Constitución será necesario que la diputación que haya de decretarla definitivamente
venga autorizada con poderes especiales
Art. 377. Cualquiera proposición de reforma
en algún artículo de la Constitución deberá hacerse por escrito, y ser apoyada y firmada, a lo menos, por veinte Diputados.
Art. 378. La proposición de reforma se leerá por tres
veces, con el intervalo de seis días de una a
otra lectura, y después de la tercera se deliberará
si ha lugar a admitirla a discusión.
Art. 379. Admitida a discusión, se procederá en ella bajo las mismas formalidades y trámites que se prescriben para la formación
de las leyes, después de los cuales
a la votación si ha lugar a
tratarse de nuevo en la siguiente diputación general, y para que así quede declarado, deberán convenir las dos terceras
partes de los votos.
Art. 380. La diputación general siguiente, previas las mismas formalidades en todas
sus partes, podrá declarar en cualquiera de los dos años de sus sesiones, conviniendo en ello las dos
terceras partes de votos,
que ha lugar al otorgamiento de poderes
especiales para hacer la
Art. 381. Hecha esta declaración, se publicará
y comunicará a todas las provincias, y según el tiempo
en que se hubiere hecho, determinarán
Cortes si ha de ser la diputación
Art. 382. Estos serán otorgados por las juntas electorales de provincia, añadiendo a los poderes ordinarios la cláusula siguiente: “Asimismo les otorgan poder especial para hacer en la
Constitución la reforma
de que trata el decreto de las Cortes, cuyo tenor es el siguiente: (Aquí el decreto literal.)
Todo con arreglo a lo prevenido por la misma Constitución. Y se obligan a reconocer y tener por
constitucional lo que en su virtud
establecieren.”
Art. 383. La
reforma propuesta se discutirá de nuevo, y si fuere aprobada por las dos terceras
partes de Diputados, pasará a ser ley constitucional, y como tal se publicará en las Cortes.
Art. 384. Una diputación presentará el decreto
de reforma al Rey para que la haga
publicar y circular a todas las
autoridades y pueblos de la Monarquía.
18 de Marzo de 1812.--Vicente Pascual, Diputado
por la ciudad de Teruel, presidente.--(Siguen las firmas de los Sres.
Diputados)--José María Gutiérrez
de Terán, Diputado por Nueva España,
secretario.—José Antonio Navarrete,
Diputado por el Perú,
secretario.—José de Zorraquin, Diputado
por Madrid, secretario.—Joaquín Díaz
Caneja, Diputado por León,
mandamos a todos
los españoles nuestros
súbditos, de cualquiera clase y condición que sean, que hayan y guarden la Constitución inserta, como ley fundamental
Gobernadores y demás Autoridades, así
civiles como militares y eclesiásticos, de cualquiera clase y dignidad, que
ejecutar la misma Constitución en
Tendréislo entendido
y dispondréis lo necesario
a su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circular.—Joaquín de
Mosquera y Figueroa,
presidente.—Juan Villavicencio.—Ignacio
Rodríguez de Rivas.—El Conde del
Abisbal.
Cádiz a 19 de Marzo de 1812.—A. D. Ignacio de la Pezuela.

References: artículo
49
 resolución 
 artículo 173
 artículo 228
 artículo 11
 resolución 
 resolución