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Timestamp: 2018-07-21 11:30:51+00:00

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Laboral-Chile: Tutela de la libertad sindical: comentario a sentencia del año 2000
Tutela de la libertad sindical: comentario a sentencia del año 2000
LA TUTELA DE LA LIBERTAD SINDICAL EN CHILE: comentario crítico a una sentencia de la Excma. Corte Suprema.
(Publicado en la Semana Jurídica, año 1, Nº 5, del 11 al 17 de diciembre de 2000, pp. 5 y 6)
A continuación transcribimos una sentencia del más alto tribunal de Chile, relativo a la defensa de la libertad sindical. Este fallo aplica las normas constitucionales y legales existentes, considerando, además, la reciente ratificación de los Convenios 87 y 98 de la OIT. Luego, realizamos un breve comentario acerca de los fundamentos y alcances del mismo.
“Santiago, diecinueve de octubre de dos mil.
En estos autos rol Nº 10.695 del Segundo Juzgado de Chillán, don Víctor Améstica Stuardo y otro, deducen una demanda en contra de Santa Isabel S.A., representada por don Daniel Cáceres Castillo, a fin que se declare que sus despidos fueron injustificados y se condene a la demandada al pago de las prestaciones que indican, incluyendo las remuneraciones a percibir hasta el término del fuero sindical ante la negativa del empleador a reincorporarlos, más costas.
La demandada, evacuando el traslado conferido, solicitó, con costas, el rechazo de la acción deducida en su contra, sosteniendo que el despido de los actores se ajustó a la causal del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo y que no les asiste fuero alguno por cuanto los despidos se produjeron antes de la celebración de la asamblea constituyente del sindicato, época desde la que les asistiría tal protección conforme a lo prevenido en el artículo 224 del Código del Trabajo.
El tribunal de primera instancia, en sentencia de seis de junio del año en curso, escrita a fojas 85, estimando que los actores se encontraban asistidos por fuero sindical, consideró injustificados sus despidos y condenó a la demandada al pago de indemnización sustitutiva del aviso previo, por años de servicios, compensatoria hasta el término del fuero, feriados y días de remuneración del mes de marzo de 2000, más intereses, reajustes y costas.
Se alzó la demandada y recurrió de nulidad formal y la Corte de Apelaciones de Chillán, en fallo de tres de agosto del presente año, que se lee a fojas 102 vuelta, rechazó el recurso de casación en la forma, revocó la sentencia de primer grado en cuanto daba lugar a la indemnización compensatoria del fuero, rechazando tal pretensión y la confirmó en lo demás apelado.
En contra de esta última sentencia, los demandantes deducen recurso de casación en el fondo, por haber sido dictada, a su juicio, con errores de derecho que han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pidiendo que esta Corte la anule y dicte una de reemplazo, por medio de la cual se confirme la de primer grado, con costas.
Primero: Que los demandantes denuncian como primera infracción de ley la aplicación errónea del artículo 224 del Código del Trabajo, sosteniendo que dicha norma dispone que desde el momento en que se realice la asamblea, los miembros de la directiva gozarán del fuero a que se refiere el artículo 243 del mismo Código y en la sentencia impugnada se concluyó que tal fuero sólo empieza a regir siempre, única y exclusivamente, desde la fecha de la realización de la asamblea. Tal conclusión, afirman los demandantes, constituye un error por cuanto debió considerarse el artículo 237 inciso segundo del texto legal aludido que prescribe que cuando se trata de la primera elección serán considerados candidatos todos los trabajadores que concurran a la asamblea, cuyo es el caso. Agregan que el artículo 224 se aplica cuando ya se ha efectuado la elección sindical y los elegidos gozarán de fuero. Sin embargo, el fallo no aplicaría, incluso rechaza, el artículo 238 que es la norma pertinente.
Cierran el capítulo indicando la influencia que, en lo dispositivo del fallo, habría tenido el error denunciado, según su opinión.
En un segundo aspecto el recurrente señala que constituye error de derecho considerar que no es aplicable el artículo 238 del Código del Trabajo, pues como se explicó, el artículo 237 establece que cuando se trata de la primera elección serán considerados candidatos todos los trabajadores que concurran a la asamblea y el artículo 238 señala que gozan de fuero los trabajadores que sean candidatos al directorio desde que se comunique al empleador la fecha de la elección y hasta esta última; en el caso gozaban de fuero desde que se informó a la demandada, esto es, 8 de marzo de 2000, por lo tanto, a su juicio, no podían ser despedidos. Sostiene por último que las citadas normas protegen a los trabajadores y desarrolla la influencia que este error habría tenido, a su entender en lo dispositivo del fallo.
a) entre las partes existió relación laboral, la que se extendió entre el 1 de septiembre y 1 de agosto, ambos de 1996, hasta el 9 y 10 de marzo de 2000, respectivamente, habiéndose terminado por voluntad del empleador quien invocó las necesidades de la empresa, cuyos hechos no fueron detallados en las pertinentes comunicaciones.
b) la asamblea de constitución del sindicato de trabajadores de la empresa demandada se llevó a efecto los días 10 y 11 de marzo de 2000, entre las 22:00 y 2:00 horas y entre las 9:00 y 15:00 horas, respectivamente.
c) al ser despedidos los actores aún no estaba constituido el sindicato, del que, posteriormente, fueron elegidos presidente y secretario.
Tercero: Que sobre la base de los hechos reseñados en el motivo anterior, los jueces del fondo, concluyendo que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 224 del Código del Trabajo, sólo desde el momento en que se realiza la asamblea constituyente de un sindicato, los miembros de la directiva gozan del fuero a que se refiere el artículo 243 del mismo texto legal, estimaron inaplicable el artículo 238 del Código aludido, consideraron que los actores carecían del fuero alegado y, por ende, rechazaron el cobro de la indemnización compensatoria solicitada, accediendo sólo a las derivadas de un despido injustificado.
Cuarto: Que para dilucidar la controversia es necesario interpretar la normativa contenida en los artículos 224, 237 y 238 del Código del Trabajo, en orden a determinar la época desde la cual el fuero establecido por el legislador protege a los trabajadores, tratándose de la primera elección sindical y si se exige o no la comunicación al empleador, con la anticipación allí prescrita, de la fecha en que ha de celebrarse la asamblea constituyente del sindicato.
Quinto: Que los incisos primero y segundo del artículo 237 del Código del Trabajo expresan: “Para las elecciones de directorio sindical, deberán presentarse candidaturas en la forma, oportunidad y con la publicidad que señalen los estatutos. Si éstos nada dijesen, las candidaturas deberán presentarse por escrito ante el secretario del Directorio no antes de 15 días ni después de dos días anteriores a la fecha de la elección. En todo caso, el secretario deberá comunicar por escrito al o los empleadores la circunstancia de haberse presentado una candidatura dentro de los dos días hábiles siguientes a su formalización. Además, dentro del mismo plazo, deberá remitir copia de dicha comunicación, por carta certificada, a la Inspección del Trabajo respectiva”.
“Las normas precedentes no se aplicarán a la primera elección de directorio. En este caso, serán considerados candidatos todos los trabajadores que concurran a la asamblea constitutiva y que reúnan los requisitos que este Libro establece para ser director y serán válidos los votos emitidos a favor de cualquiera de ellos”.
Sexto: Que el texto legal citado, en su inciso primero, discurre sobre la base de un sindicato ya existente, por lo que se remite a la regulación del procedimiento que hagan sus estatutos, y a falta de dicha regulación entrega al secretario de la organización sindical las funciones de recibir las candidaturas y cumplir las labores de publicidad, informar al empleador la fecha de la elección y hacer la comunicación a la Inspección del Trabajo. El artículo 238 condiciona el fuero a la comunicación que se haga al empleador de la fecha de la elección, lo que no puede hacerse con una anticipación superior a quince días.
Séptimo: Que con anterioridad a la constitución del sindicato y en relación con quienes concurran a su constitución, no existe una organización de trabajadores ni menos aún un Secretario del Sindicato que pueda ser el sujeto pasivo de la obligación de comunicar e informar a que se refiere el inciso primero del artículo 237 y el artículo 238 el Código del Trabajo.
En esta forma el fuero de los candidatos para la primera elección sindical, en definitiva, no tendría lugar, atendido que no ha existido el sujeto pasivo de la obligación de comunicar.
Octavo: Que la conclusión anterior, de inexistencia del fuero sindical respecto de los candidatos a la primera elección, no es dable que sea sustentada ante nuestro ordenamiento y en relación con un momento bastante crucial para el derecho de sindicación, como lo es el de la constitución de una organización sindical.
Noveno: Que la aparente contradicción entre lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 237 del Código del Trabajo –que exceptúa de la obligación de comunicación de las candidaturas para la primera elección de directorio-, y el inciso primero del artículo 238, en cuanto otorga fuero a los candidatos desde que se comunique por escrito al empleador o empleadores la fecha de la elección y hasta esta última, debe ser resuelta, acorde la doctrina que inspira la garantía constitucional del derecho de sindicalización, en el sentido de que los candidatos a la primera elección que cumplan con los requisitos que señala el ya citado inciso segundo del artículo 237 del Código del Trabajo, gozan del fuero sindical, aun cuando no se hubiere efectuado comunicación alguna, la que, como se ha expresado, no ha podido jurídicamente efectuarse, pues no ha existido el sujeto pasivo de la obligación de comunicar e informar.
Esta conclusión se corresponde con la garantía constitucional de “el derecho de sindicarse” a que alude el Nº 19 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y con la norma del inciso tercero del citado Nº 19 en cuanto señala que “la ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones”.
Entre la tesis de la inexistencia del fuero de los candidatos a la primera elección sindical o su existencia sin conocimiento por el empleador de tal circunstancia, debe optarse decididamente por esta última, la que estará acorde con la normativa y, sobre todo, como se ha expresado, recepciona la garantía constitucional del derecho de sindicalizarse y la autonomía de las organizaciones sindicales.
Décimo: Que nuestro ordenamiento consulta varias situaciones, además de la analizada en este fallo, de oponibilidad del fuero al empleador aun sin su conocimiento de tal circunstancia.
Así el artículo 201 del Código, en relación con el fuero maternal, señala que si por ignorancia del estado de embarazo se hubiere dispuesto el término del contrato en contravención a lo dispuesto en el artículo 174, la medida quedará sin efecto.
En materia de negociación colectiva, el artículo 309 del Código del Trabajo dispone que los trabajadores involucrados en una negociación colectiva “gozarán del fuero establecido en la legislación vigente, desde los diez días anteriores a la presentación del proyecto de contrato colectivo”. Este fuero rige con efecto retroactivo. A partir de la segunda negociación colectiva el empleador sabrá aproximadamente la fecha en que le será presentado el proyecto, atendido lo dispuesto en el artículo 322 del Código del Trabajo. Pero, tratándose de la primera negociación no tendrá ni siquiera el conocimiento previo aproximado, pues el artículo 317 del Código dispone que “en las empresas en que no existiere contrato colectivo anterior, los trabajadores podrán presentar al empleador un proyecto de contrato colectivo en el momento que lo estimen conveniente”.
Undécimo: Que en esta forma, pues, el argumento de la inoponibilidad del fuero por falta de conocimiento del empleador, carece de mayor sustento en nuestra legislación, ya que en estos casos frente al derecho del empleador de organizar y dirigir su empresa, el legislador opta por bienes jurídicos superiores, tal como ocurre con el fuero maternal, con el previo a la negociación colectiva, a los que debe agregarse el analizado en este fallo, relativo al que protege a los candidatos a directores sindicales en relación con la primera elección.
Duodécimo: Que, además, importa destacar que la sentencia recurrida, revocatoria de la de primer grado, es de fecha tres de agosto del año en curso, es decir, posterior a la ratificación por Chile y vigencia en nuestro país de los Convenios Internacionales del Trabajo Nºs. 87, 98 y 135, por lo que es de toda evidencia que frente a eventuales dudas que pudiere ofrecer nuestro derecho interno, se deben considerar los preceptos de la normativa internacional, especialmente teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política de la República.
Decimotercero: Que el Convenio Nº 87, de 1948, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación otorga a todos los trabajadores “sin ninguna distinción y sin autorización previa el derecho de constituir las organizaciones que estime convenientes”. Su artículo 3º se refiere a la autonomía de estas organizaciones, uno de cuyos aspectos es el “de elegir libremente a sus representantes”.
Obvio aparece que si con motivo de la constitución de un sindicato y elección de directiva, se despide a los dirigentes por necesidades de la empresa, las que no se acreditan, nuestra legislación no se amoldaría a la preceptiva internacional, de aceptarse la tesis de la sentencia recurrida.
Decimocuarto: Que el Convenio Nº 98, de 1949, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, en su artículo 1º dispone que “los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo”.
“Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales”.
La norma internacional, antes transcrita, está contenida, con ligeras variaciones de redacción, en el artículo 215 del Código del Trabajo, en conformidad a cuyos términos el despido antisindical es, en todo caso, nulo de nulidad absoluta, por ilicitud del objeto, pues se trata de un acto prohibido por la ley, por el referido artículo 215 del Código del Trabajo.
Es de advertir al respecto que el despido de trabajadores, candidatos a dirigentes, invocándoseles la causal de necesidades de la empresa, las que no son acreditadas, permite concluir que se han vulnerado los preceptos a que se ha hecho referencia.
El citado artículo 215 del Código del Trabajo expresa: “Del mismo modo se prohibe impedir o dificultar la afiliación, despedirlo o perjudicarlo, en cualquier forma por causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales”.
En tanto el despido de los recurrentes sea nulo, por aplicación del precepto antes transcrito, es dable concluir que pudieron ser elegidos válidamente como directores sindicales, en la asamblea respectiva, desde la cual gozaron del fuero previsto en el artículo 243 del Código del Trabajo.
Decimoquinto: Que el Convenio Nº 135 dispone en su artículo 1º: “Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido, por razón de su condición de representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato, o de su participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor.”.
Una de estas protecciones que acuerda la legislación chilena a los representantes de los trabajadores es la analizada en el presente fallo, esto es, el fuero sindical, el cual para generar su pleno efecto, en si mismo considerado y en relación con la autonomía de la organización sindical, debe comprender con carácter necesario el período inmediatamente anterior a la constitución del sindicato, pues en caso contrario no estaría debidamente resguardado el derecho mismo de sindicación que es un derecho fundamental, elevado a garantía constitucional por nuestra Carta Fundamental.
Decimosexto: Que importa, finalmente, aludir a los preceptos constitucionales inmersos en la situación en análisis.
La doctrina laboral ha tendido a estimar que el sindicato obedece, desde el punto de vista sociológico, a la noción de un cuerpo intermedio. A esto alude el inciso 3º del artículo 1º de la Constitución Política de la República que expresa: “El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.”.
Esta autonomía genérica para todos los cuerpos intermedios es reiterada, en forma específica en relación con las organizaciones sindicales en el inciso 3º del Nº 19 del artículo 19 de la Carta Fundamental la que otorga un mandato claro al legislador cuando expresa: “La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones” (sindicales).
En esta forma aparece indubitable que la posibilidad de despedir unilateralmente a trabajadores en la víspera de ser elegidos directores sindicales no concuerda ni armoniza con la normativa constitucional, antes citada, así como con los preceptos de derecho interno e internacional a los que se ha hecho referencia.
Decimoséptimo: Que por lo razonado precedentemente se concluye en que el fuero que protege a los candidatos a la primera elección sindical existe aun cuando no se haya comunicado al empleador la fecha de la elección y desde quince días antes de la misma, atendido lo dispuesto en los artículos 224, 237 inciso segundo y 238 del Código del Trabajo, por lo que la sentencia contra la cual se recurre infringió tales preceptos, lo que constituye la causal de casación esgrimida por la recurrente.
Las infracciones citadas tienen influencia substancial en lo dispositivo del fallo e involucran un error de derecho que alcanza a su decisión, pues si no se hubieren configurado no pudo ser rechazada la pretensión de indemnización compensatoria de los actores, en la forma como se hizo, por lo que procede hacer lugar al recurso en examen.
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 463 del Código del Trabajo y 764, 765, 767, 771, 772, 783 y 785 del Código de Procedimiento Civil, se acoge, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido por los demandantes a fojas 110, contra la sentencia de tres de agosto del año en curso, que se lee a fojas 102 vuelta, la que, en consecuencia, se invalida y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, separadamente.
Redacción del abogado integrante señor Patricio Novoa Fuenzalida.
Nº 3.394-00.
Santiago, a diecinueve de octubre de dos mil.
a) en el considerando décimo se cambia la palabra “indefención” por “indefensión”.
b) en el mismo motivo se sustituye la frase “... por lo que no cabe sino...” por “... lo que unido a la falta de prueba suficiente lleva a ...”.
c) se suprime el fundamento undécimo.
Primero: Los fundamentos tercero a decimosexto del fallo de casación que precede, los que para estos efectos se entienden expresamente reproducidos.
Segundo: Que en lo relativo a la indemnización sustitutiva del aviso previo, la pretensión en tal sentido ha de rechazarse por cuanto, al otorgarse la compensatoria solicitada por los actores, es decir, las remuneraciones que corresponde percibir desde la época del despido hasta la terminación del fuero, se estaría resarciendo doblemente uno de los meses reclamados, circunstancia que no se condice con el sentido de las normas pertinentes.
Y en conformidad a lo dispuesto en los artículos 463 y siguientes del Código del Trabajo, se revoca, sin costas del recurso, la sentencia apelada de seis de junio del presente año, escrita a fojas 85 y siguientes, sólo en cuanto por ella se condena a la demandada a pagar a los actores indemnización sustitutiva del aviso previo y, en su lugar, se declara que dicha pretensión queda rechazada.
Nº 3.394-00”.
1. Esta sentencia constituye un precedente muy importante en la defensa de la libertad sindical en Chile. Para su análisis dividiremos este comentario en cuatro partes: el contexto jurídico de la libertad sindical en el ordenamiento chileno; la interpretación tradicional de este principio; los criterios adoptados por la Corte Suprema en el caso en cuestión, y las proyecciones del mismo.
2. La libertad sindical es uno de los principios fundamentales del derecho colectivo del trabajo en Chile.
La Constitución Política de 1980, consagra como garantía constitucional la libertad sindical en su artículo 19 Nºs. 19º y 16º, abarcando la faceta individual y colectiva de la misma, y estableciendo expresamente el derecho de los trabajadores de negociar colectivamente en la empresa en que laboren.
Por otra parte, el artículo 19 N 26º dispone que el régimen legal que regule o limite las garantías constitucionales no puede afectar estos derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.
Otra norma constitucional de importancia, el artículo 5°, establece que los órganos del Estado deben respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que se encuentran consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile.
En cuanto a las declaraciones y tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, podemos mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto San José de Costa Rica" y los Convenios 87, 98, 135 y 151 de la OIT, estos últimos de reciente aprobación y ratificación.
En cuanto a la legislación, los textos más trascendentes son el Código del Trabajo de 1994, la ley Nº 19.296 sobre asociaciones de funcionarios públicos y el decreto ley Nº 2.757 sobre asociaciones gremiales. Existe acuerdo en la gran mayoría de los laboralistas chilenos de que estos textos contienen preceptos que atentan directamente contra la libertad sindical[1].
No obstante la situación anterior, debemos distinguir dos períodos en el juslaboralismo chileno, en relación al alcance de la libertad sindical en nuestro país. Antes de la ratificación de los Convenios 87 y 98, en febrero de 1999, generalmente la discusión se centraba en torno a las normas legales, considerando a la Constitución cono una suerte de norma programática[2].
Posteriormente se ha producido un gran debate respecto de tres materias: el concepto y amplitud del principio de libertad sindical, los efectos de la ratificación de los Convenios de la OIT en el ordenamiento chileno y el alcance de las normas constitucionales relativas a la libertad sindical[3].
Cabe precisar, que la Constitución de 1980 es plenamente aplicable en el derecho chileno en virtud del principio de vinculación directa, expresamente estatuido en sus artículos 6º y 7º. Idéntica postura ha sostenido la jurisprudencia y la doctrina constitucional. Sin embargo, como hemos señalado, en materia laboral la Carta Fundamental parecía ser sólo una norma programática, sin aplicación inmediata, donde la ley podía apartarse y contravenir al Código Político sin que los afectados por sus derechos pudieran impetrar directamente el texto constitucional en sede judicial.
La única excepción a la situación anterior está dada por diversos fallos de la acción de protección constitucional, que no es del caso explicar en esta nota, sin perjuicio de señalar que el criterio de los tribunales en la resolución de esos recursos se ha orientado más hacia una libertad de trabajo “decimonónica” y un concepto restrictivo de libertad sindical, carente de contenido.
3. La interpretación del principio de libertad sindical consagrado en la Carta Fundamental, tanto para la doctrina constitucional como para una parte minoritaria de la laboral, se ha orientado en base a un criterio restrictivo en comparación con el alcance dado a la misma por la mayoría del juslaboralismo, el derecho constitucional comparado y los organismos internacionales.
En esencia, se ha interpretado la libertad sindical sólo en su faceta individual, como facultad de los trabajadores de constituir sindicatos, de afiliarse y desafiliarse de los mismos, lo que en buenas cuentas implica que se le ha dado un alcance de garantía orgánica pero no funcional, quedando vacía de contenido.
Asimismo, la faceta individual de la libertad sindical es interpretada como una garantía constitucional subordinada a la ley, sin considerar si el contenido esencial de la misma es respetado por el legislador. Para esta tesis restrictiva, el margen de acción de la libertad sindical está más bien subordinado al derecho de propiedad y a la libre iniciativa económica, ambas también garantías constitucionales en nuestro sistema.
Esta interpretación pasa por alto la finalidad buscada en el texto constitucional al destinar dos numerales específicos, de las garantías de las personas, a la libertad sindical, ya que considera su alcance en forma tan restrictiva que basta para dicha finalidad la consagración efectuada por el constituyente respecto de los derechos de reunión y de asociación. Además, aunque la Constitución consagra la autonomía de los sindicatos y el derecho de negociación colectiva, esta interpretación estima que estas garantías quedan sujetas en plenitud al legislador, y que no forman parte de la libertad sindical.
La mayoría de la doctrina laboral, por el contrario, adhiere al concepto amplio de libertad sindical, como derecho humano esencial en toda sociedad democrática y pluralista, basado en la organización, la normación colectiva y la autotutela, como partes integrantes e interdependientes de la denominada “visión triangular del derecho colectivo”[4].
4. En el caso en análisis, se ha producido el despido de dos trabajadores poco antes de la celebración de la asamblea constitutiva del sindicato, de cuya realización se había informado previamente al empleador. Al ser despedidos los actores, aún no estaba constituido el sindicato, no obstante lo cual, con posterioridad, fueron elegidos presidente y secretario. La causal de término de contrato invocada fue la de necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, sin que las circunstancias que la sustentaban fueran detalladas en las comunicaciones pertinentes.
Considerando las normas legales aplicables, el Código del Trabajo otorga fuero a los candidatos a directores sindicales partiendo de la base de que el sindicato ya se ha constituido. Este grave vacío en nuestra legislación ha permitido que algunos empleadores intervengan en forma flagrante y antisindical en la formación de sindicatos, impidiendo su constitución y transgrediendo un derecho fundamental.
Cabe recordar que el despido por necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, opera en la práctica chilena como libre despido, salvo por el pago de la indemnización por años de servicios.
Sin embargo, la Corte Suprema, en esta sentencia, deja atrás los criterios tradicionales de interpretación de la libertad sindical y recurre a la doctrina que inspira la garantía constitucional del derecho de sindicación, de la autonomía sindical y de la autonomía de los cuerpos intermedios en la Constitución.
La Excma. Corte indica que la sentencia recurrida, revocatoria de la de primera instancia, es de fecha tres de agosto de 2000 y, por ende, posterior a la ratificación por Chile y vigencia en nuestro país de los Convenios Internacionales del Trabajo Nºs. 87, 98 y 135, que imponen al intérprete del derecho interno ante eventuales dudas y vacíos la consideración de los preceptos de la normativa internacional, especialmente teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política de la República.
Por otra parte, la Corte aplica el artículo 215 del Código del Trabajo que prohíbe despedir a un trabajador por causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales. Este precepto siempre se había considerado, por los sostenedores de la tesis restrictiva de la libertad sindical, como una norma programática e inaplicable debido a otros preceptos legales que expresamente otorgan fuero sólo una vez constituido el sindicato.
El Máximo Tribunal expresa finalmente que la posibilidad de despedir unilateralmente a trabajadores, en la víspera de ser elegidos directores sindicales, no concuerda ni armoniza con la normativa constitucional, así como con los preceptos de derecho interno e internacional, concluyendo que el fuero que protege a los candidatos a la primera elección sindical existe desde quince días antes de la misma y aún cuando no se haya comunicado al empleador la fecha de la elección.
5. Esta sentencia es de la mayor trascendencia en cuanto a sus proyecciones futuras.
En primer lugar, aplica directamente normas constitucionales vigentes en nuestro país, como la propia Ley Fundamental ordena en sus artículos 6º y 7º.
Esta sentencia da cumplimiento cabal a los principios estatuidos en la Constitución Política, al establecer que si, ante la eventual formación de un sindicato se despide a sus organizadores sin acreditar la causal invocada, se transgrede la normativa constitucional y el derecho internacional vigente en la materia, ya que en caso contrario el empleador podría unilateralmente adoptar represalias contra los trabajadores, incluso el despido, impidiendo la constitución del sindicato.
En segundo lugar, la sentencia recurre a una interpretación finalista y sistemática, refiriéndose a la doctrina que inspiran las normas constitucionales, a fin de resolver la aparente contradicción de los preceptos legales relativos al fuero sindical.
La Corte opta por aquella interpretación que recepciona el derecho de sindicación y la autonomía colectiva constitucional, tutelando la libertad sindical en su esencia, en cuanto derecho humano básico y fundamental cuya consagración efectiva implica que los trabajadores puedan libremente constituir sindicatos, sin sujeción a presiones o represalias por parte del empleador.
En tercer lugar, la Corte Suprema aclara que frente a las dudas interpretativas de nuestro derecho interno, deben considerarse los preceptos de la normativa internacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 5º de nuestra Ley Fundamental, reconociendo el principio de supremacía constitucional, al citar los Convenios Nºs. 87, 98 y 135 de la OIT, en un área del derecho como la laboral, donde los principios cumplen un rol fundamental.
En cuarto y último lugar, opinamos que este fallo constituye un precedente de excepción en la tutela de la libertad sindical en nuestro país, dando directa aplicación a las normas constitucionales y a los Convenios de la OIT, los cuales deben ilustrar al intérprete de nuestro Código. Estimamos que a la fundamentación dada por la Corte Suprema, cabría agregar el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, todos tratados internacionales que consagran la libertad sindical y que se encuentran vigentes en nuestro ordenamiento jurídico.
[1] Consultar, Anuario de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Nº 1, 2000, Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, dedicado a la Libertad Sindical, y Gamonal Contreras, Sergio, La Libertad Sindical en el Ordenamiento Laboral Chileno y los Convenios 87 y 98 de la OIT, Viña del Mar, Cuaderno Jurídico Nº 14, Universidad Adolfo Ibáñez, junio de 2000.
[2] Una tesis distinta en Gamonal Contreras, Sergio, “Perspectiva futuras del derecho sindical chileno. Desafíos de nuestro derecho sindical”, en Revista Derecho y Humanidades, Nº 5, 1997, Universidad de Chile, pp. 95 y ss. y 102 y ss., e Introducción al derecho del trabajo, Santiago, CONOSUR, 1998, pp. 42 y ss.
[3] Consultar, Gamonal Contreras, Sergio, “El derecho chileno de negociación colectiva y los Convenios 87 y 98 de la OIT”, Revista Laboral Chilena, abril de 1999, pp. 75-90, López Oneto, Marcos, “El Convenio 87 de la OIT, relativo a la Libertad Sindical y a la protección del derecho de Sindicación. Algunas hipótesis sobre los efectos de su Aplicación en el Orden Constitucional y Jurídico Laboral Chileno”, Revista Laboral Chilena, julio y agosto de 1999, pp. 71 y ss. y 66 y ss., respectivamente, Gamonal Contreras, Sergio, “Efectos de la ratificación de los Convenios 87 y 98 de la OIT, en el derecho colectivo chileno”, Revista Laboral Chilena, noviembre de 1999, pp. 81 y ss., Ugarte Cataldo, José Luis, “Libertad Sindical y Constitución: Cómo superar una vieja lectura”, Revista Laboral Chilena, mayo de 2000, pp. 69 y ss., Corvera Vergara, Diego y Gumucio Rivas, Juan, “Las normas de los Convenios 87 y 98 de la OIT y su relación con la normativa interna chilena”, Revista Laboral Chilena, julio de 2000, pp. 65 y ss., Anuario de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Nº 1, 2000, Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, dedicado a la Libertad Sindical, y Thayer Arteaga, William y Novoa Fuenzalida, Patricio, Manual de Derecho del Trabajo, tomo IV, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2000, pp. 289 y ss.
[4] De la Cueva, Mario, El humanismo jurídico de Mario de la Cueva, recopilación de escritos de Mario de la Cueva realizada por Ana Luisa Izquierdo y de la Cueva, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, pp. 675 y ss., Ermida Uriarte, Oscar, Sindacati in Regime di Libertà Sindacale, Nápoles, Editoriale Scientifica, 1989, p. 50, y Correa Carrasco, Manuel, “La Negociación Colectiva como Fuente del Derecho del Trabajo”, Madrid, Universidad Carlos III, 1997, p. 115.
posted by sergio-gamonal at 8:41 AM
Osvaldo Ulloa said...
LOS EMPRESARIOS NO QUIEREN A LA IGLESIA COMO MEDIADORA
Por Osvaldo Ulloa S.
Como dice el poeta Mario Benedetti "el olvido está lleno de memoria" y parece que muchos no entendieran la relación entre La Iglesia y los poderosos en la sociedad chilena. Un dato que traemos a la memoria, el Cardenal Raúl Silva H. durante la dictadura recibió el apodo de "cura rojo" por parte del pinochetismo, de los empresarios y políticos con los que solía reunirse el dictador en grandes cenas donde les recordaba "Señores, estamos en guerra". Son esos mismos que después que perdió el poder se alejaron de Pinochet y ni siquiera fueron a su funeral. Son los mismos que dijeron que "los empresarios aman al ex Presidente Ricardo Lagos". Cuando por edad el Arzobispo se retiró de su responsabilidad y nos dolió que aquel que había sido voz de los sin voz
ya no fuera la cabeza de la Iglesia Chilena, el Papa designó a Juan Francisco Fresno, de pensamiento mucho más conservador. Entonces la esposa de Pinochet expresó a los medios de comunicación "Dios nos ha escuchado". Porque pensaron que el nuevo Arzobispo Francisco Fresno iba a hacer la vista gorda frente a los crímenes de Lesa Humanidad y frente al modelo político definido como capitalismo salvaje. Y se equivocaron rotundamente porque siguió la línea de defensa de la vida, denunciando las torturas, pidiendo respuesta por los desaparecidos y muertos en falsos enfrentamientos.
Y algo fundamental: mantuvo activa con su legión de abogados, médicos y asistentes sociales a la Vicaría de la Solidaridad.
Eso ya es historia, pero que en parte tiene algo parecido a lo que sucede hoy. La Iglesia ha tenido un serio retroceso en relación a lo que fue el Vaticano II y los nombramientos de Obispos han sido hechos con un criterio de la Iglesia de la Cristiandad que pone en primer plano la moral tradicional, el catecismo y deja de lado la doctrina social de la Iglesia. Esto se ha notado en Chile en el abandono de la Iglesia de muchos sectores populares que ya no la sienten madre y maestra. Además la prédica se centra en aspectos casi exclusivos de índole sexual donde coincide con los sectores más retrógrados de la sociedad: en los temas como la píldora del día después, las relaciones prematrimoniales, el uso del condón y la no aceptación de las parejas homosexuales sean de mujeres u hombres.
Pero recientemente ha ocurrido un hecho que parecía insólito en el Chile neoliberal de hoy, Monseñor Goic fue llamado por sectores del pueblo mapuche para que mediara entre las autoridades gubernamentales en el caso de Patricia Troncoso, la huelguista cuyo ayuno duró más de cien días. Pero antes el Obispo Goic escandalizó a los sectores empresariales y de derecha hablando que era necesario que se impusiera un sueldo ético que definió cercano a los doscientos cincuenta mil pesos. La Senadora de ultraderecha
Evelyn Mattei llamó al obispo de ignorante porque no era un economista y algo parecido ocurrió en todo el empresariado. Después se disculparon pero ya habían lanzado la piedra. Goic replicó que si bien era cierto que no era economista, también era cierto el que sí estaba en contacto con los pobres y sabía que el sueldo mínimo no alcanzaba para una vida digna. En el caso del pueblo Mapuche ha ido más allá criticando a la sociedad chilena como racista, excluyente y arribista. Adujo a su experiencia de trabajo directo con el pueblo mapuche y que había que respetar su diferencia cultural y hacer valer sus derechos. Consecuente con sus palabras apoyó en todo momento a la huelguista que otros han llamado terrorista, y escribió unas hermosas palabras a Patricia cuando puso fin a su huelga de hambre. Patricia Troncoso en lo que yo creo que es un optimismo no muy fundamentado todavía, dijo a la prensa "Hemos recuperado a la Iglesia para el pueblo". Una afirmación que creo refleja más un anhelo que una realidad hoy día. Goic por su parte ha insistido en que la Iglesia tiene que estar con los necesitados, con los pobres, con los excluidos del modelo económico y pone énfasis en que hay una brecha que se abre cada día más entre los que son muy ricos y los que son muy pobres.
La semana pasada los trabajadores de las salmoneras en el sur de Chile le pidieron expresamente a monseñor Cristián Caro que mediara en el conflicto que mantenían con los patrones. Estos últimos se negaron rotundamente y dijeron al igual que ayer, que ese no era el rol de la Iglesia. Esto lleva a recordar cuando el pinochetismo decía que la Iglesia se metía en política por defender los Derechos Humanos. Hoy la monstruosidad del modelo que genera tanto dolor y sufrimiento en los trabajadores, pobladores y pobres del país parece que está haciendo desempolvar a más de un sacerdote u obispo las Encíclicas Sociales de la Iglesia. Si esto ocurre los trabajadores volverán a sentir la fuerza de Cristo expresada a través del apoyo de los pastores. Si no ocurre los pobres tendrán que luchar solos por sus legítimos derechos sabiendo que la oligarquía cuenta con sectores que sí están comprometidos con el sistema capitalista como Los Legionarios de Cristo o el Opus Dei. Esperamos esperanzados que surjan otras voces como la de Goic y Monseñor Baeza que estuvo a cargo de la Vicaría de la Pastoral Obrera. Los que desde la Iglesia trabajamos por los derechos humanos y sufrimos relegación, tortura y muerte de amigos rogamos porque Dios ilumine a nuestros Pastores y que causen escándalo entre los fariseos y poderosos de hoy como lo hizo ayer el crucificado.
Profesor Universitario y Poeta
www.elpoetauloa.blogspot.com
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