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Timestamp: 2017-04-25 06:41:20+00:00

Document:
derecho penal al dia: 1/11/07
Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Hector Lostri
Tribunal: Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal, sala 1ªFecha Resolucion: 18/08/2005Partes: Álvarez, José A., Lostri, Hector y otrosBuenos Aires, agosto 18 de 2005.-Considerando: I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de José A. Álvarez, contra los ptos. I y II del auto que, en fotocopias, luce a fs. 1/21, que dispuso su procesamiento por considerarlo autor penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y ordenó trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $ 500.000; por la asistencia letrada de Rodrigo Cruz y Héctor Lostri contra los ptos. III/IV y V/VI, respectivamente, en donde se dispuso sus procesamientos en orden al delito previsto y reprimido por el art. 265 Código Penal, en calidad de partícipes necesarios y trabó embargo sobre sus bienes por $ 500.000.II. En ocasión de informar en los términos del art. 454 CPPN., ambas defensas refirieron presuntas debilidades formales en la decisión recurrida que podrían acarrear su nulidad, en razón de una supuesta falta de fundamentación a la hora de decidir.Al respecto, debe señalarse que la sanción impetrada no tendrá una acogida favorable. Ello, toda vez que la resolución cuestionada satisface todos los recaudos formales aplicables, sin que existan vicios u omisiones esenciales y cumple con la descripción de los hechos y su calificación de manera clara y razonada, advirtiendo que los argumentos vertidos por las defensas se refieren al mérito o contenido de dicha decisión, atacable por la vía que se ha intentado en el presente incidente. En consecuencia, nos encontramos frente al caso de absorción de la nulidad por la apelación.Asimismo, debe recordarse el carácter restrictivo con el que deben considerarse las nulidades, lo que se encuentra establecido en los arts. 2 y 166 CPPN. (conf. causa 33698 "Suárez, R. D. s/procesamiento", reg. 1060, rta. del 8/10/2002).Es por ello que la nulidad perseguida será rechazada.III. Resulta adecuado, previo al análisis fáctico de la cuestión traída a estudio del tribunal, efectuar algunas reflexiones con relación al tipo penal por el que vienen sometidos a proceso los nombrados.La conducta punible prevista en el art. 265 Código Penal consiste en que el funcionario público actúe como parte interesada en una negociación y, simultáneamente, represente al Estado en su manifestación negociadora. Es decir, que exista un desdoblamiento en la personalidad del funcionario público, con miras a obtener un beneficio.El funcionario público debe haberse interesado en un contrato o relación, introduciéndose en la voluntad negociadora de la Administración Pública, orientando la misma para producir un beneficio particular y que no se habría producido si las negociaciones contractuales entre las partes no se hubieran visto afectadas por la mentada injerencia.Repárese que el bien jurídico protegido por tal figura es "el fiel y debido desempeño de las funciones de la administración en sentido amplio de manera que la actuación de los órganos no sólo sea imparcial, sino que se encuentre a cubierto de toda sospecha de parcialidad" (conf. Soler, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", t. V, 1992, Ed. Tea, p. 246). De allí que no se requiera un perjuicio económico para la Administración Pública, ni tampoco el lucro personal del autor.Ricardo Núñez señala que lo punible no es un acto de fraude patrimonial o su intento, sino en sí mismo, por los peligros que implica, el simple acto del agente de tomar interés ajeno al de la Administración Pública. Así, ha definido al interesarse "... como un interés ajeno al que representa en razón de su cargo..." (conf. Núñez, Ricardo, "Tratado de Derecho Penal", t. VII, 1992, Ed. Lerner, p. 128).A su vez, Marcelo Sancinetti sostiene que el "`interés' que la figura requiere del funcionario público no se refiere a la concreción de éste en un beneficio para sí y un perjuicio al Estado, sino más bien a un actuar interesado en el que el funcionario persigue un interés con independencia del resultado final. Ello es así en la medida en que... la actuación parcial del funcionario se verifica... en una injerencia orientada a obtener un beneficio condicionando la voluntad de la administración por la inserción del interés particular" (conf. Sancinetti, Marcelo, "Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas", 1986, Doctrina Penal, Ed. Depalma, ps. 74/75).Es necesario que este interés se manifieste en un hecho cualquiera de injerencia aprovechadora que demuestre que la ejecución de ese contrato u operación le importa al funcionario (ver Hegglin, María F., "La figura de negociaciones incompatibles en la jurisprudencia de la Capital Federal", Nueva Doctrina Penal, 2000/A).Cabe aclarar que, en numerosos precedentes jurisprudenciales, esta Cámara ha adoptado un criterio amplio de la figura de negociaciones incompatibles, entendiendo que también pueda ser cometido por un funcionario que no contrata consigo mismo, siempre que vuelque sobre el negocio un interés ajeno al de la Administración Pública.Así, lo relevante es el desvío de poder que ejerce el funcionario en desmedro del necesario interés unilateral que debe arrimar toda actuación de un órgano estatal, procediendo con tendencia beneficiante, condicionando la voluntad negocial de la administración por la inserción de un interés particular (conf. esta sala 1ª, causa 22371, "Martínez de Hoz" , rta. el 15/11/1990, reg. 742; causa 28847, "Lira" , rta. el 4/11/1997, reg. 943 y causa 34844, "Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor" , rta. el 19/5/2003, reg. 384; sala 2ª, causa 12480, "Nicolini" , rta. el 29/5/1996, reg. 13177 y causa 12307, "Tedesco Balut" , rta. el 16/9/1996, reg. 13497, entre otras).Entonces, ese actuar interesado del funcionario debe poner en peligro o lesionar la imparcialidad de la Administración Pública y, en consecuencia, el buen y debido desempeño de las funciones de la Administración, circunstancia que, con los elementos con que se cuenta y con el grado de certeza exigido para la etapa que se transita se encuentra acreditado.IV. Atento a la dispar situación procesal en la que se encuentran los imputados, corresponde que su análisis se efectúe individualmente.a) José A. ÁlvarezSe cuestiona la actuación como presidente del Consejo Nacional del Menor y la Familia, con motivo de las contrataciones de los arquitectos Héctor Lostri y Rodrigo Cruz en el período comprendido entre los meses de octubre de 1995 y octubre de 1997.Lo relevante para el sostenimiento del reproche ha sido la relación que unía a estos actores desde años anteriores, presentándose como una circunstancia condicionante de la voluntad negociadora.Tales consideraciones han sido desarrolladas extensamente en el decisorio recurrido a las que se hace expresa remisión, debiéndose destacar que la vinculación de Lostri y Cruz con el Consejo Nacional del Menor y la Familia data de julio de 1993, cuando aun Lostri no había finalizado su carrera de arquitecto (ver certificado de fs. 406), efectuando refacciones menores en algunos institutos que se encontraban bajo la órbita del CNMyF. y profundizándose la relación con el transcurso del tiempo.Fue así que, incluso por propios dichos de los imputados, Álvarez les propuso profundizar sus conocimientos en modernización y remodelación de institutos de menores con problemas penales con anterioridad a la suscripción del convenio SIM. -Sistema Integral Metropolitano- con el Ministerio de la Familia y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires por el que se delegaba en el consejo la atención de los menores cuya tutela dispusieran los jueces de la provincia a cambio de una suma de dinero por menor y por día ($ 65).Ello demuestra, siempre con el grado de probabilidad exigido para el estadio procesal que corre, el interés de Álvarez en que quienes llevaran adelante el proceso de modernización de los institutos que se transferían al consejo fueran sus consortes de causa, más allá de las aptitudes objetivas que se reuniesen.Asimismo, debe recordarse que el CNMyF. contaba entre su personal con un arquitecto -Marcelo R. Alvariñas- que realizaba controles edilicios en distintos institutos y quien al año siguiente de la finalización del contrato con Lostri y Cruz fue designado como jefe del Departamento de Infraestructura Edilicia.Si bien lo manifestado por Marcelo Alvariñas en ocasión de prestar declaración testimonial resulta relevante, también lo es aquello cuanto surge del expte. 52373/96 en donde sostuvo que "a comienzo de 1996 fui enviado en comisión al Instituto Manuel Belgrano... por falta de recursos dichas tareas de reparaciones menores fueron suspendidas... Aproximadamente en el mes de agosto se presentaron los arquitectos Lostri y Cruz en el Instituto Belgrano con el fin de realizar una reforma completa de todo el edificio..." (ver fs. 40/41).Lo expuesto demuestra la función relegada que cumplía el nombrado en este tipo de trabajos, la falta de recursos que se aducían cuando las refacciones eran menores, su desvinculación y falta de participación con la llegada de Lostri y Cruz al momento de efectuar una restauración integral del instituto.Todo ello lleva a profundizar la sospechas que se ciernen sobre el obrar de Álvarez que consistió en haberse interesado en la contratación de los arquitectos Héctor Lostri y Rodrigo Cruz, otorgándoles la responsabilidad de la dirección de las obras de refacción y adecuación de establecimientos, incluyendo la compra de los materiales que éstas insumían y la supervisión a través de becas para capacitación en servicio e investigación de los menores, por más de $ 2.300.000 lo que evidentemente resultó en un beneficio para los nombrados.Lo expuesto amerita que se homologue el dictado del auto previsto por el art. 306 CPPN. sobre la base de las pruebas reseñadas precedentemente, como así también por el a quo en la decisión recurrida, contrastándolas con los requisitos exigidos por la norma penal para alcanzar su encuadre típico.En cuanto a los agravios de la defensa, éstos no logran conmover el decisorio apelado.La falta de evacuación de citas que se aduce, como así también las medidas probatorias que se persiguen en esta instancia, apuntan a la posibilidad de descartar la comisión de otro ilícito ajeno al que se ventila en la decisión recurrida, ello por cuanto las declaraciones testimoniales que se procuran no revisten vinculación con los alcances previstos por las disposiciones del art. 265 Código Penal, pues como se vio esta figura no exige un perjuicio patrimonial.Tampoco pueden tener una acogida favorable las afirmaciones de la defensa que señalan la efectivización de un contrato de locación de servicios, por cuanto la delegación de la "gestión de compra de materiales" y "la supervisión a través de becas... de los jóvenes" (ver contratos de fs. 2/20, en fotocopias, en el expte. 64373/98), exceden los valores previstos por la ley de contabilidad en el sentido señalado por la Oficina Anticorrupción al momento de formular la denuncia (ver fs. 95), atento a la ausencia de licitación pública o privada.b) Héctor Lostri y Rodrigo CruzA modo de introito cabe mencionar que más allá de que no puede imputarse a los nombrados como autores del delito, no existe obstáculo para considerarlos partícipes en el hecho.Respecto de delitos donde se exige en el autor un carácter especial -delitos especiales-, no existe en la actualidad mayor discusión en la doctrina acerca de la posibilidad de imputar en calidad de partícipe a aquella persona que dolosamente coopera con el hecho de otro, en la medida en que exista accesoriedad, aun cuando no reúna las características típicas para ser autor, ya que el partícipe no es autor en forma directa, sino que actúa típicamente cuando lo hace por la vía del hecho del autor (conf. Zaffaroni, E. R., "Derecho Penal, parte general", 2002, Ediar, p. 794).Resulta adecuada la evaluación que ha efectuado el magistrado de las pruebas que acreditan, prima facie, los hechos objeto de su relato y que permiten, con el mismo grado de convicción en virtud de la etapa procesal que se transita, el juicio de adecuación penal de la conducta que se le reprocha a los nombrados, debiéndose remitir a tales consideraciones por razones de brevedad. Como se reseñó, Lostri y Cruz fueron los terceros beneficiados por la conducta interesada del funcionario, de allí la necesariedad de sus aportes.Con relación a los agravios introducidos por las asistencias letradas de Lostri y Cruz al momento de informar en los términos del art. 454 CPPN. que cuestionan el temperamento adoptado por el a quo respecto de sus asistidos, se advierte que éstos giran en torno a la ausencia de elementos que incriminen a los nombrados en orden al delito por el que se encuentran procesados.Al respecto, debe señalarse que tales apreciaciones no logran conmover la decisión apelada.Lo expuesto, sobre la base de que de igual modo que lo hiciera la defensa de José A. Álvarez gran parte de las medidas probatorias que se solicitan tienden a evacuar las dudas que pudiesen existir en relación con la efectiva, o no, realización de los trabajos efectuados por los mencionados arquitectos, circunstancias que tal como se señalara en el pto. III de estos considerandos, exceden la discusión que se ventila.Por lo demás, recobran virtualidad gran parte de los elementos señalados al analizar la situación procesal de Álvarez, en cuanto al momento en que comienza su relación con el Consejo Nacional del Menor y la Familia, la especial mención de que Lostri no era arquitecto a aquella fecha, la ausencia de remuneración durante el año 1994 y 1995 por los trabajos llevados cabo por los nombrados, a pedido de Álvarez, que consistieron en la compulsa de planos y propuestas de las mejoras que pudiesen practicarse en distintos institutos, de conformidad con lo manifestado en sus declaraciones indagatorias como así también en los escritos que la complementan (Rodrigo Cruz fs. 366 vta. y 386 vta.; Héctor Lostri fs. 390 y 411), la suma doblemente millonaria que representó no sólo la contratación de servicios a los que hace referencia la defensa, sino la licencia en la compra de los materiales que éstas obras insumían y la supervisión a través de becas para capacitación en servicio e investigación de los menores, circunstancias que redundaron en provecho de los nombrados y que hacen presumir, siempre con el grado de provisionalidad exigido para el temperamento del que se trata, el conocimiento exigido por el tipo subjetivo para resultar alcanzados por las previsiones de la norma penal que se atribuye a sus conductas.V. EmbargosCon relación al monto del embargo fijado por el juez de grado, las defensas se agravian por considerarlos excesivos.Este tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que la naturaleza de esta medida precautoria tiene como fin garantizar en medida suficiente una eventual pena pecuniaria o las costas del proceso y el aseguramiento de las responsabilidades civiles emergentes, conforme lo establece el art. 518 CPPN. (causa 30629, "Giuseppucci, Carlos s/procesamiento"; rta. del 22/4/1999; reg. 267 y causa 33010 "Ribelli, Juan J. s/procesamiento", rta. del 21/9/2001, reg. 842, entre otras).En esa dirección se advierte que, dada la magnitud del contrato investigado y las sumas millonarias de dinero de las que se trata por las consideradas ilegítimas contrataciones realizadas, entiende este tribunal que los montos fijados resultan adecuados y serán homologados.Por todo lo expuesto, y sin perjuicio de la calificación que en definitiva corresponda, el tribunal resuelve: I. Confirmar los ptos. I y II del auto que -en fotocopias- luce a fs. 1/21 en cuanto disponen el procesamiento de José A. Álvarez, por encontrarlo, prima facie, autor penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y traba embargo sobre los bienes y dinero del nombrado hasta cubrir la suma de $ 500.000 (arts. 45 y 265 Código Penal y 306 y 518 CPPN.).II. Confirmar los ptos. III y IV del auto en cuestión, en cuanto decreta el procesamiento de Rodrigo Cruz, por encontrarlo, prima facie, penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en calidad de partícipe necesario y traba embargo sobre los bienes y dinero del nombrado hasta cubrir la suma de $ 500.000 (arts. 45 y 265 Código Penal y 306 y 518 CPPN.).III. Confirmar los ptos. V y VI del auto puesto en crisis, en cuanto decreta el procesamiento de Héctor Lostri, por encontrarlo, prima facie, penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en calidad de partícipe necesario y traba embargo sobre los bienes y dinero del nombrado hasta cubrir la suma de $ 500.000 (arts. 45 y 265 Código Penal y 306 y 518 CPPN.).Regístrese, notifíquese al fiscal de Cámara y devuélvase sin más trámite, debiéndose cumplimentar en la anterior instancia las notificaciones a las que hubiere lugar.Sirva la presente de atenta nota de envío.- Horacio Vigliani.- Gabriel Cavallo.
insolvencia fraudulenta. excusa absolutoria sentencia divorcio no firme
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital FederalSala VIIDib, Raúl, G. s/insolvencia fraudulenta" (causa N°32.610).///nos Aires, 12 de noviembre de 2007Y VISTOS:Viene esta causa a conocimiento de la Sala a raíz del recurso de apelación interpuesto por la parte querellante contra el auto documentado a fs. 116/118 por el cual se dispuso su archivo.En la denuncia instaurada en contra de Raúl Gustavo Dib se le imputó la comisión del delito de insolvencia fraudulenta -art. 179, 2° párrafo del Código Penal-, en el entendimiento de que el nombrado luego de que presentara la demanda de divorcio contradictorio en contra de María Gabriela Corzo, en el mes de marzo de 2005, en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Civil n° 85 de esta ciudad, a través de distintas maniobras, entre ellas la venta de equipos de comunicación para taxímetros, habría maliciosamente disminuido el patrimonio de la sociedad conyugal.El representante del ministerio público, ya en sus dictámenes obrantes a fs. 102 y 108 y 115 sostuvo que los sucesos denunciados no constituían delito.Llegados los autos a esta Alzada, la recurrente señaló que a su juicio existen dos cuestiones a tratar: a) La irresuelta responsabilidad criminal del denunciado Dib, en función del artículo 185 del Código Penal, que fuera planteada por el fiscal de la causa, b) la decisión de ordenar el archivo de estas actuaciones ante la inexistencia de delito, en razón de que no se cumplen los presupuestos típicos del art. 172 del Código Penal.A su entender, aunque se encuentra divorciada por sentencia no firme -recurrida- en atención a lo dispuesto por el art. 178 del Código Procesal Penal, se encuentra investida de legitimación activa para presentarse en proceso, en tanto, pese al vínculo matrimonial subsistente, la acción disvaliosa ha sido cometida en su contra. A tal efecto, citó el precedente de esta Sala, “Tavolardo Ortiz, Luis s/estafa” causa Nº 22.200, del 25 de noviembre del 2005.Respecto del segundo punto, manifestó que no era necesaria la existencia de una sentencia civil firme para hacer lugar a la instrucción a fin de evitar que el imputado dilapide maliciosamente el patrimonio común, citando en apoyo de su postura los precedentes de esta Sala en las causas nros. 12.996 y 22.629.Los Doctores Juan Esteban Cicciaro y Abel Bonorino Peró dijeron:El análisis de las constancias arrimadas a la encuesta autoriza a adoptar el temperamento elegido por el señor juez a quo.Respecto del primer punto al que alude la querellante, en cuanto a los diferentes actos de disposición perjudiciales al patrimonio conyugal y de los futuros herederos, resulta un dato objetivo que el imputado se encontraría -aunque en trámite de divorcio- casado legalmente con María Gabriela Corzo.De tal manera, si lo que la parte recurrente cuestiona es el manejo de la sociedad comercial nacida durante el matrimonio, las conjeturas que llevaron a la querellante a sostener que sus derechos de ganancialidad se vieron diluidos por espurios negocios que su cónyuge celebró bajo el velo societario, más allá de que pone en evidencia a que obedecen al natural giro comercial de la empresa, se avistan carentes de precisiones que autoricen a concebir la posibilidad de una conducta delictiva; ello, máxime que las divergencias suscitadas en el trance de la disolución de la sociedad conyugal, en todo caso deben encontrar, tal como se verifica en el caso del sub examen, su cauce en el ámbito del derecho privado (esta Sala, causa nro. 30.262 “Bernachea, Carlos Alberto”, del 23 de noviembre de 2006), en donde además se adoptaron diferentes medidas cautelares -embargo preventivo e interventor informante y recaudador, a fs. 15/34- enderezadas al seguimiento del patrimonio.Por lo demás, cualquier perjuicio patrimonial que le hubiere ocasionado su cónyuge, se trata de una conducta que se encuentra amparada por la excusa absolutoria contemplada en el inciso primero del artículo 185 del Código Penal, cuya operatividad no cesa por la del art. 178 del Código Procesal Penal que formuló el recurrente.En efecto, el código sustantivo excluye la responsabilidad criminal por los hurtos, defraudaciones o daños que se causaren recíprocamente los cónyuges (CCC, Sala VI, causa nro. 23.751 “Alvarez Pérez, José”, del 26 de mayo de 2004), entendidos estos como aquellos que están unidos en legítimo matrimonio, excusa que sólo desaparece con su disolución (esta Sala, causa nro. 18.174 “Mamone, Gladys N.”, del 18 de julio de 2002), de la que se informó en oportunidad de presentarse los respectivos informes en la Alzada, que fue declarada y no se encuentra firme.Por otro lado, sin perder de vista el carácter taxativo de los delitos que enuncia la norma, la excusa sigue vigente aunque medie separación de hecho y sólo desaparece con la disolución del matrimonio (Creus, Carlos, Derecho Penal Parte Especial, Astrea, 1999, Tomo I, pág 579).Además, siempre que se indicó que la acción enderezada en contra del imputado intenta proteger el patrimonio de los hijos, la previsión legal también incluye el posible perjuicio que a ellos pudiera irrogárseles, de forma tal que la conducta de Dib también encuentra amparo en la excusa absolutoria indicada (esta Sala, causa nro. 29597 “Mac Adden Elizabeth V. y otros” del 14 de septiembre de 2006).En la dirección mencionada, no es aplicable el precedente de la causa nro. 22.200 “Tavaloro Ortíz, Luis s/estafa”, del 25 de noviembre de 2003, invocado por la recurrente, toda vez que las cuestiones analizadas en esa oportunidad incluían hipótesis delictivas que no se hallaban receptadas en el art. 185 del Código Penal, como la conducta de otros imputados no abarcados en la norma de fondo citada.De la misma manera, tampoco se ajustan a las consideraciones arriba señaladas los demás casos decididos en la Sala que menciona la querella, en las causas nro. 12.996, “Arbos Diseño S.A.”, del 15 de marzo de 2000 y 22.629 “Viva Norma Beatriz y otro”, del 31 de octubre de 2003, no sólo porque se analizaron cuestiones en la que no mediara la excusa absolutoria referida, sino que además, a diferencia de lo que aquí sucede, en el primero de los precedentes indicados se había dictado sentencia en el proceso civil.En consecuencia, votamos por confirmar el auto interlocutorio apelado con costas de alzada, por no vislumbrarse motivos que permitan apartarse del principio general de la derrota (art. 530 y 531 del citado cuerpo legal).El Dr Rodolfo Pociello Argerich dijo:He dicho con anterioridad -fundamentalmente al integrar la Sala V de esta Cámara-, que no es posible el inicio de un proceso por el sólo impulso de la querella (C.C.C., Sala V, c. Carlos Alberto y otros", rta. 2 de mayo de 2006).Es que, nuestro sistema legal no prevé la figura del acusador particular autónomo sino que, antes bien, éste resulta meramente adhesivoEs claro, en ese sentido, el artículo 5 del Código Procesal Penal de la Nación cuando establece: "La acción pública se ejercerá por el ministerio fiscal, el que deberá iniciarla de oficio siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley.".Concuerdan con dicho precepto el art. 65 del mismo cuerpo, los arts. 25, incs. a) y c) de la ley 24.946 y los arts. 71 y 274 del Código Penal.Por su parte, el capítulo que, a nivel federal, regula el derecho a la querella (arts. 82 a 86 del Código Procesal Penal), es claro cuando sólo faculta al acusador particular a "...impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que en este Código se establezcan.". Sin dudas, estas facultades tienen como presupuesto un proceso válidamente iniciado; esto es, por promoción fiscal o, en ciertos casos, por virtud de una prevención de alguna de las fuerzas de seguridad nacionales.No existe norma alguna que autorice a la querella, de inicio, a promover la acción penal pública. Por contrapartida, de considerar viable esta posibilidad, habrá que concluir en que no le será posible desistir sin más de su rol (como lo faculta el artículo 85, en función del art. 420 del código procedimental), pues ello entraría en plena colisión con el principio de legalidad procesal (art. 5 del ritual), el cual, cabría preguntarse, si podría regir a su respecto. Además, si se asume que el proceso puede depender de su solo impulso inicial, se abre un interrogante en punto a qué sucedería en caso de que el triunfo de una excepción de falta de acción planteada por la defensa, permita apartarlo del rol de acusador particular.Claro está que, una vez promovida legalmente la acción, no es resorte absoluto del Ministerio Público su continuación (arts. 180, 195, 215 y 348, entre otros del Código Procesal Penal), y en esa línea deben interpretarse los casos Santillán (C.S., Fallos 321: 2021) y Quiroga (C.S., L.L., 2005-B-157). Es decir, bajo ese prisma debe entenderse el aseguramiento para que el querellante pueda ejercer su derecho a ser oído en juicio oral y público: este derecho presupone el inicio, legalmente, de un proceso penal. Esto es, del modo en que lo marca el artículo 195 del digesto ritual: "La instrucción será iniciada en virtud de un requerimiento fiscal, o de una prevención o información policial...". A ello cabe añadir, los casos en que la investigación es delegada, y se instruye sumario al Ministerio Público (vgr. art. 196 del digesto adjetivo).Como bien lo ha puesto de resalto la Sala I de la C.C.C.F. (causa "H.T.", rta. 1/9/05, en Suplemento L.L. Penal y Procesal Penal, del 28/2/06), al referirse al fallo Quiroga: "...ningún elemento de ese pronunciamiento indica que, a su vez, se le reconozca al acusador privado facultades de promoción o iniciación de la acción penal pública –como ocurre con el Ministerio Público según el artículo 1 de la ley 24.946-.".Cumple mencionar, sin embargo, la existencia de posiciones que, en una línea más restrictiva, directamente niegan la posibilidad de una investigación penal con la exclusiva intervención de la querella, sin distinción de etapas procesales (C.N.C.P., Sala I, causa "Sotomayor", del 30 de noviembre de 2004, en Suplemento L.L., Penal y Procesal Penal del 27 de abril de 2006, con favorable comentario de Miguel A. Almeyra, De nuevo sobre el querellante particular). Ciertamente, la discusión en torno a este tema -al la cual debe sumarse la doctrina que emerge del fallo de la C.C.C., Sala I, "Storchi"-, recién comienza.A mi juicio, pues, una correcta interpretación de las normas vigentes, permite sostener que la facultad acordada al querellante -o pretenso acusador-, de apelar la desestimación o archivo de las actuaciones (y de este modo impulsar la investigación), sólo se reduce a aquellos supuestos en que, o bien previamente ha sido legalmente promovida la acción -del modo antes expresado-, o bien que dicha decisión jurisdiccional haya sido tomada como consecuencia del rechazo, por parte del juez, del requerimiento de instrucción (art. 195 del C.P.P.N.). A esos casos se refiere el art. 180 in fine del código de forma cuando lo faculta a apelar y en definitiva a impulsar (conf. Art 82 Código Procesal Penal).El fallo plenario de la C.N.C.P. "Zichy Thyssen", del 23 de junio de 2006, que acuerda al pretenso querellante la facultad de interponer los recursos de competencia de dicha Cámara, no contradice en modo alguno esta postura, pues, siguiéndolo, puede sostenerse que frente a un requerimiento de instrucción u otra forma legal de inicio del proceso -en los términos ut supra mencionados-, y la consecuente desestimación decidida por el juez, quien pretende querellar no sólo podrá apelar, sino que también podrá interponer, eventualmente y frente a una resolución de una Cámara de Apelaciones que la convalide, recurso de casación.En síntesis, únicamente cuando la acción penal ha sido legalmente promovida -esto es, por quienes se hallan facultados legalmente para ello-, y se pueda sostener, en consecuencia, la existencia de un proceso penal, es factible admitir la continuación de la causa –en caso de revocación- por vía del recurso del acusador particular.Obviamente, lo expuesto no excluye, como específica e ineludible función de los jueces, controlar la razonabilidad y legalidad de los dictámenes desincriminantes de los fiscales (art. 69 del Código Procesal Penal).En el caso bajo análisis la acción no ha sido legalmente promovida -el Ministerio Público ha bregado por el archivo fundadamente-, motivo por el cual cabe concluir en la inexistencia del proceso y, por ende, de jurisdicción.Así, pues, el recurso de apelación introducido a fs. 128/129 ha sido concedido erróneamente –fs. 130- y así cabe declararlo. Ese es mi voto.Por lo expuesto, esta Sala del Tribunal RESUELVE:CONFIRMAR, con costas, el decisorio documentado a fs. 116/118, en cuanto fuera materia de recurso.Devuélvase el presente, sirviendo de respetuosa nota de envío.El doctor Rodolfo Pociello Argerich integra esta Sala por disposición del Acuerdo General del 14 de junio de 2007.Juan Esteban CicciaroAbel Bonorino PeróRodolfo Pociello Argerich (en disidencia) Etiquetas:
Delito de daños paredes pintadas con aerosol atipicidad de la conducta
Cámara Nacional Criminal y Correcional de Apelaciones.Sala VI Santoro Rosa Rosario Ana s/Apelación.Buenos Aires, 9 de noviembre de 2007.Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:I.- Llegan las presentes actuaciones a estudio del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa (ver fs.56/vta.) contra el punto I del auto a fs. 51/54., a través del cual se decreta el procesamiento de Rosa Rosario Ana Santoro en orden al delito de daño (art. 183 C.P. y art. 306 del C.P.P.N).II.- Sostiene la defensa que no surgen en autos elementos que permitan acreditar la responsabilidad de su defendida en el hecho que se le atribuye.Los jueces Luis María Bunge Campos y Gustavo A. Bruzzone dijeron:Llegado el momento de emitir pronunciamiento, corresponde adelantar que el decisorio puesto en crisis habrá de ser revocado, disponiéndose en consecuencia el sobreseimiento de Rosa Rosario Ana Santoro en orden al hecho investigado (art. 336, inciso 3ro., CPPN), por entender que la acción llevada a cabo por aquélla, debidamente acreditada en autos para este momento procesal, no ha afectado el bien jurídico propiedad, protegido por art. 183 del Código Penal, por cuanto no hay una alteración de la esencia o sustancia de la cosa (pared), requisito para tener por configurado objetivamente el tipo penal en cuestión.-Cíclicamente, la jurisprudencia nacional se ha tenido que enfrentar a esta cuestión, máxime en tiempos electorales, donde los criterios fueron pendulares, en cuanto a tener por configurado el delito de daño cuando se pinta una pared en contra de la voluntad de su propietario. Alejados de todo tipo de cuestión coyuntural, lo cierto es que para determinar si la conducta atribuida, y de la que dan cuenta las fotografías obrantes a fs. 4/6, es constitutiva del delito de daño, muchas veces "se produce una confusión entre el daño como causa y el perjuicio patrimonial como efecto", como sostiene Muñoz Conde[1], quien aclara en ese sentido: "El daño supone la destrucción o menoscabo de una cosa...independientemente del perjuicio patrimonial que...pueda llevar consigo"[2].-Se atiende de esa forma a las características propias de la cosa ajena y no tanto a su valor económico en sí; por ello incluso se puede dar la figura aunque se produzca un "enriquecimiento" para su dueño como, por ejemplo, al dar muerte a un viejo animal cuyo cuidado sólo genera gastos para aquél.-En este delito, a diferencia de los restantes tipos penales que tutelan la propiedad, en donde la acción del autor tiene generalmente la finalidad de enriquecerse, aquí se priva al dueño del goce pleno de la cosa. La conducta que se despliega sobre la cosa es, en consecuencia, "inidónea para generar una nueva relación de dominio" ya que la perjudica de modo relevante[3].-Sostiene Creus que dañar implica un ataque a la materialidad, utilidad o disponibilidad de las cosas, que elimina o disminuye su valor de uso o de cambio. La materialidad de las cosas se ataca, cuando se altera su naturaleza, forma o calidades (Creus, Carlos, Derecho Penal, parte especial, Astrea, Buenos Aires, 1999), circunstancias que, a nuestro criterio, no se encuentran configuradas en el presente caso.-En este sentido, puede traerse a relación un viejo precedente. En "Rébori, Jorge L." de 1951, se investigaba la conducta del autor de haber trazado signos y escritura, con lápiz pasta en una pared, donde se dijo que no constituía delito pues ello "...no importa destrucción, inutilización, ni otra clase de daño, en cuanto por éste ha de entenderse una alteración ilegítima de la esencia o de la sustancia de la cosa. En este sentido, es pertinente destacar la distinción entre el daño a la cosa y cualquier otro perjuicio que se haya podido ocasionar a su propietario, con relación a la cosa; el primero, o sea la mencionada alteración de la esencia o sustancia sería punible por el art. 183 del Cód. Penal; el segundo, sólo podría ser materia de un reclamo resarcitorio...". Se sostuvo que si bien las inscripciones realizadas en la pared demandaron un esfuerzo -mínimo- para su desaparición, no importaban la preindicada alteración, por lo que la acción cumplida carecía de tipicidad penal (in re: CNPenal, causa nro. 30.750, "Rébori, Jorge L.", del 7 de diciembre de 1951, LL, t. 65 pág. 281 y sgtes.).-En igual sentido, en los autos nro. 822, la CNFed. Sala Crim. y Correc. cartulados "Minsburg, V.N.", el 19 de septiembre de 1972 resolvió que "la acción de pintar leyendas alusivas en las paredes no encuadra en la hipótesis del art. 183 del Cód. Penal, cuando no se produce con la pintura una alteración ilegítima de la esencia o sustancia de la pared dañada o se afecta su integridad" (LL, t. 1975-A-pág. 864).-También se descartó la comisión del delito de daño, cuando las inscripciones, en razón de la sustancia empleada y de su extensión no han afectado la integridad del muro donde fueron colocadas (in re: CCC, causa nro. 28.770, "Sosnowicz, Moisés" del 13 de junio de 1950; LL, t. 60, pág. 287).-Por lo expuesto, y como lo sostuvo el juez Ouviña en la causa "Vilches", recurso nro. 38.428 integrando la Sala I de esta Cámara, el 26/03/91, no basta para la sanción penal la circunstancia que la pintura requiera remoción y por lo tanto, cause gastos a la víctima, pues esos datos son relevantes para la sanción del daño civil, en los términos de los arts. 1068 y 1069, Código Civil, quedando fuera de la órbita de protección del derecho penal.-En el caso de autos, los "garabatos" efectuados con pintura negra -aerosol-, atribuido a la imputada, en la pared del frente del kiosco ubicado en la Av. Independencia 3499, de esta ciudad, fueron disminuidos en su color mediante la utilización de agua ras y luego la pared fue pintada en su totalidad, por lo que los gastos demandados para esa actividad, pueden ser plausibles de reclamo en el ámbito civil, mas no configuran el delito de daño por el que se procesó a Santoro, al no haberse alterado la sustancia de la cosa en el sentido indicado.-Por ello, siendo atípica la conducta atribuida, corresponde sobreseer a la imputada de acuerdo a lo dispuesto en el inc. 3ro. del art. 336 del CPPN, declarándose que el proceso no afecta el buen nombre y honor de que hubiere gozado la imputada.-Atento al resultado al que arribamos, el agravio relacionado con el monto del embargo impuesto, deviene abstracto.-Así lo votamos.-El juez Julio Marcelo Lucini dijo:Disiento con la solución a la que llegan los colegas preopinantes, pues entiendo que el decisorio puesto en crisis debe ser homologado.En efecto, para sostener dicha tesitura tengo en cuenta los dichos de la damnificada María Aparecida Da Silva (ver fs. 1/vta. y fs. 30/31) quien refirió que en horas de la tarde al regresar a su comercio sito en la calle Independencia 3499 su empleada le manifestó que instantes antes se había hecho presente en el lugar una mujer de nombre Rosa Rosario Ana Santoro quien procedió a realizar gran cantidad de pintadas mediante el uso de un aerosol, dañando de esa manera las paredes del comercio, que se hallaban recientemente pintadas. Expresó la damnificada que para lograr que la pared quedara en perfectas condiciones tuvo que pintarla nuevamente, pues no pudo removerla con agua ras.El testimonio antes merituado se encuentra corroborado por los dichos de la empleada del comercio, Claudia Raquel Rijo (ver fs. 9/vta.), quien presenció el momento en el que se produjo la pintada. Indicó que se acercó a la imputada y le recriminó tal comportamiento refiriéndole a la nombrada que "la mandaban de un restaurante donde trabajaba María".A ello, se suman las vistas fotográficas que dan cuenta del estado de las paredes del comercio (ver fs.4/6) y el informe pericial practicado sobre las paredes (ver fs.16/vta.) .-De este modo, el cuadro probatorio antes reseñado y valorado de acuerdo a la sana crítica razonada, permite tener por acreditada, tanto la materialidad del hecho, como la intervención de la imputada en el mismo.-En virtud de todo lo expuesto, entendiendo que el auto de procesamiento dictado respecto de Rosa Rosario Ana Santoro en orden al delito de daño (art. 183, CP), debe ser homologado.-Así lo voto.-Por el mérito que ofrece el acuerdo que antecede, El Tribunal Resuelve:I.- Revocar el punto I del auto de fs. 51/54, y disponer el sobreseimiento de Rosa Rosario Ana Santoro, en orden al hecho investigado, dejándose constancia que la formación del proceso no afecta el bueno nombre y honor de que hubiere gozado aquélla (art. 336, inciso 3ro., CPPN).-II.- Declarar abstracto el tratamiento del recurso interpuesto contra el monto del embargo trabado sobre el dinero y/o bienes de Santoro.-Devuélvase y sirva lo proveído de muy atenta nota.-Se deja constancia que los Dres. Julio Marcelo Lucini y Gustavo A. Bruzzone, intervienen en la presente en condición de Jueces Subrogantes de las Vocalías n° 7 y nº 11, respectivamente.-Luis María Bunge Campos. - Gustavo A. Bruzzone. - Julio Marcelo Lucini (en disidencia)Ante mí:Cinthia OberlanderSecretaria de CámaraNotas:[1] Derecho Penal, Parte Especial, 7ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 1988, pág. 344[2] idem[3] Cfr. Robles Planas, Ricardo, en Lecciones de Derecho Penal, Parte Especial, VVAA, dirigido por Silva Sánchez, Atelier, Barcelona, 2006, pág. 245 y sgtes.

References: resolución 
 artículo 185
 artículo 185
 artículo 5
 artículo 85
 artículo 195
 artículo 1
in fine
 resolución