Source: https://luisabeledo.es/author/abeledoabogados/page/4/
Timestamp: 2019-12-14 12:31:13+00:00

Document:
LUIS ABELEDO – Página 4 – EL BLOG DE CORTA Y PEGA DE LUIS ABELEDO
El 1 de julio entrará en vigor la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.
Bajo el brocardo jurídico romano del Jurisconsulto Papiniano: “socialista sí, pero bobo no”(traducción del latín nuestra), Pedro Sánchez firma esta norma contra los OKUPAS
Al final del post incorporo mi tabla de contenidos nuevos.
Mi resumen de cosas molonas:
Tenemos una acción “nueva”.Cada maestrillo tenía su librillo. Aquí se incorpora a jugar una acción de recuperación de la posesión de la vivienda. No dice nada la norma nueva pero como lleven poseyendo más de un año la tienes clara. Hasta la fecha estaba el precario. Ahora esta norma nueva, para mi, con un planteamiento más eficiente.
Legitimación pasiva.-Podremos dirigir la acción contra los desconocidos. Lógico y razonable. ¡Si son okupas no los conozco!
Documentos que acompañan a la demanda.Art 437, 3 bis. El actor deberá acompañar el título. Lógico y razonable.
Notificación.-A quien encuentren en la casa. Fantástica noticia. Se acabó el me demandó a mi que estaba de visita pero no a mi colega el porrillos que es el ocupante y ahora no está en casa.
El actor podrá pedir la inmediata posesión de la vivienda. Esto tiene su gracia porque nadie creo que demande para pedir una vivienda okupada para un año vista, si eso.
En el Decreto de admisiónse requerirá el títuloal “indeterminado okupa” para que lo aporten en 5 días. Si no hay aportación de título se acaba la fiesta y el juez dictará auto ordenando la posesión si el título del actor fuera suficiente.
Contra el auto no cabe recurso y es ejecutable contra cualquier ocupante.
Tratándose de un caso de recuperación de la posesión de una vivienda a que se refiere el párrafo segundo del numeral 4.o del apartado 1 del artículo 250, si el demandado o demandados no contestaran a la demanda en el plazo legalmente previsto, se procederá de inmediato a dictar sentencia. La oposición del demandado podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor.
La sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548.
Estos son, esencialmente, las mayores novedades. Luego está la introducción de los servicios públicos competentes en política social (cualesquiera que sean). La obligación de notificación a estos servicios públicos hará inútil o igual de lenta la práctica real de estas cuestiones con lo cual poco o nada servirá. La manía intervencionista de las administraciones públicas en la vida privada es exasperante. ¿Acaso no está el MF para esto? ¿Se personará un abogado del “servicio público competente en política social” con el conste económico que esto supone?¿Más traslados, emplazamientos y vencimientos de plazos en el declarativo?
Anterior Versión Actual Versión
150 añade apartado 4
4. Cuando la notificación de la resolución contenga fijación de fecha para el lanzamiento de quienes ocupan una vivienda, se dará traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social por si procediera su actuación, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados.»
250.1,4 4.º Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute.
«4.o Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute. Podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o
poseedoras legítimas de vivienda social.»
437.3 BIS AÑADE
«3 bis. Cuando se solicitase en la demanda la recuperación de la posesión de una vivienda o parte de ella a la que se refiere el párrafo segundo del numeral 4.o del apartado 1 del artículo 250, aquélla podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma, sin perjuicio de la notificación que de ella se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble al tiempo de llevar a cabo dicha notificación. A la demanda se deberá acompañar el título en que el actor funde su derecho a poseer.»
441.1 BIS AÑADE
«1 bis. Cuando se trate de una demanda de recuperación de la posesión de una vivienda o parte de ella a que se refiere el párrafo segundo del numeral 4.o del apartado 1 del artículo 250, la notificación se hará a quien se encuentre habitando aquélla. Se podrá hacer además a los ignorados ocupantes de la vivienda. A efectos de proceder a la identificación del receptor y demás ocupantes, quien realice el acto de comunicación podrá ir acompañado de los agentes de la autoridad. Si ha sido posible la identificación del receptor o demás ocupantes, se dará traslado a los servicios públicoscompetentes en materia de política social por si procediera su actuación, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados Si el demandante hubiera solicitado la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, en el decreto de admisión de la demanda se requerirá a sus ocupantes para que aporten, en el plazo de cinco días desde la notificación de aquella, título que justifique su situación posesoria. Si no se aportara justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante, siempre que el título que se hubiere acompañado a la demanda fuere bastante para la acreditación de su derecho a poseer. Contra el auto que decida sobre el incidente no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda.
444.1 BIS AÑADE
«1 bis. Tratándose de un caso de recuperación de la posesión de una vivienda a que se refiere el párrafo segundo del numeral 4.o del apartado 1 del artículo 250, si el demandado o demandados no contestaran a la demanda en el plazo legalmente previsto, se procederá de inmediato a dictar sentencia. La oposición del demandado podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor. La sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548.»
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 16 junio, 2018 Formato MinientradaCategorías DERECHO PROCESAL CIVIL,Sin categoríaEtiquetas MODIFICACIÓN LEC para OKUPAS en vigor.Deja un comentario en MODIFICACIÓN LEC para OKUPAS en vigor.
Tu ves el nivel de los blogs cuando vas a hacer tu corta y pega y la sentencia no sale en el CENDOJ y otros blogs la tienen enlazada. En este caso, la sentencias enlazada está en el mejor, blog de contencioso (a pesar de que no cite a este humilde blog de corta y pega en los rankings, guiño/codazo)
Por otro lado, esta sentencia la gana Isaac Ibáñez García que hasta tiene una sección propia en el Blog/Web/Grupo de interés (porque son interesantes) de Hay Derecho.
El abnegado lector dirá !¿qué me cuentas, loco!? ¿Si escribe contencioso un post jurídico? ¿el abogado tiene el suyo propio? ¿Tendrá el autor de este blog la poca vergüenza de reinterpretar con su corta y pega el tema? Pues ya veis que sí.
1.- Fulanito acudió directamente a la vía jurisdiccional sin presentar recurso de reposición por un tema de plusvalías.
2.-El juzgado de lo contencioso inadmite por no agotar la vía administrativa previa.
3.- El TSJ entiende lo mismo que el juzgado.
4.- Cuestión jurídica de casación. SENTENCIA AQUÍ:
«Si, cuando se discute exclusivamente la inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas que dan cobertura a los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de Derecho Público de las entidades locales, cuestiones respecto de las que éstas no pueden pronunciarse por carecer de competencia para ello, resulta obligatorio agotar con carácter previo la vía administrativa, formulando recurso de reposición, o si, en tales casos, el interesado puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo».
El referido auto identificó los artículos 108 LBRL y 14.2 LRHL como normas que, en principio, deberían ser objeto de interpretación.
Razona que, si hubiera interpuesto recurso de reposición con el único fundamento en la inconstitucionalidad de la ley que da cobertura a la liquidación tributaria discutida, al Ayuntamiento de Cáceres no le habría quedado otra opción que la de declararse incompetente o desestimar el recurso sin entrar en el fondo del asunto –“lo que constituiría una aberración jurídica”-, como vienen realizando otros órganos administrativos [cita una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 20 de julio de 2017 –resolución número 2010/2014-, en la que se declara incompetente para decidir acerca de una alegación de inconstitucionalidad de la ley reguladora del impuesto objeto de la liquidación allí impugnada]
EL FD 3 Dice:
El diseño de un sistema de recursos administrativos preceptivos, previos al ejercicio de la acción jurisdiccional, se justifica en dar a la Administración autora de un acto o de una disposición la posibilidad de satisfacer la pretensión del administrado afectado por los mismos y que los discute n necesidad de acudir a la jurisdicción [vid., en relación con las reclamaciones administrativas previas, SSTC 120/1993 (ES:TC:1993:120; FJ 3o) y 275/2005 (ES:TC:2005:275; FJ 4o)].
Por consiguiente, si para el ejercicio de la acción jurisdiccional frente a una Administración pública se exigiera a los ciudadanos la interposición de un recurso administrativo que se revelara manifiestamente ineficaz para el éxito de su pretensión, cabría concluir, en la medida en que la formulación del recurso se erigiría en una carga procesal para el demandante como presupuesto de viabilidad de su acción jurisdiccional [vid. SSTC 108/2000 (ES:TC:2000:108; FJ 4o), 275/2005 (ES:TC:2005:275; FJ 4o) y 75/2008 (ES:TC:2008:75; FJ 4o)], que esa carga, en cuanto inútil, negaría la razón que justifica su imposición, deviniendo desproporcionada y vulneradora del derecho a obtener la tutela judicial efectiva, al tiempo que desconocería el mandato del artículo 106.1 CE, que impone un efectivo control jurisdiccional de la actuación administrativa. Este último precepto constitucional exige que los instrumentos procesales se articulen de manera que hagan posible una fiscalización plena del ejercicio de las atribuciones administrativas [vid.STC 238/1992 (ES:TC:1992:238; FJ 6o)], plenitud incompatible con demoras impuestas por la interposición de recursos en vía administrativa manifiestamente ineficaces e inútiles para dar cumplimiento al fin que los justifica.
Un 10 para el abogado en el fondo. Un tío que ve así el derecho, cobra poco, paguen lo que le paguen.
Mi pero es, el recurso de reposición es un mes, luego podemos seguir. El cliente no tiene que llegar al TS para obtener este resultado. Entiendo que será un asunto familiar, propio o de un buen amigo y en esos en donde hay que lucirse. El TS dice que debe conocer admitir a trámite.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 28 mayo, 2018 28 mayo, 2018 Formato MinientradaCategorías Sin categoría1 comentario en Acudir al contencioso administrativo sin agotar vía administrativa.
Hoy traemos al blog un corta y pega diferente por lo poco habitual de ver una sentencia que aborde esta temática, al menos las que lee este sencillo, redactor.
La STS 1226/2018, de 5-4-2018, REC 2463/2015, resolución 188/2018 de Sancho Gargallo, nos dice (salvo el resumen es todo copia y pega):
El código de comercio cuando regula el contrato de préstamo mercantilcontiene una previsión especial respecto de los préstamos concedidos sin plazo de devolución, en el art. 313 :
«En los préstamos por tiempo indeterminado o sin plazo marcado de vencimiento, no podrá exigirse al deudor el pago sino pasados treinta días, a contar desde la fecha del requerimiento notarial que se le hubiere hecho».
Esta norma especial, en un caso en que tampoco consta acreditado que, por la naturaleza y circunstancias, se hubiera querido fijar un plazo de vencimiento, excluye la aplicación del art. 1128 CC, razón por la cual se desestima el motivo segundo, y permite centrar la cuestión en si se cumplieron las exigencias contenidas en ese art. 313 Ccom .
La ratio de la norma es garantizar al prestatario de préstamos mercantiles en que no se ha acordado un plazo de devolución, que no serán exigibles sino un mes desde que hubiere sido requerido de forma fehaciente. Con ello se le concede al prestatario un plazo de un mes desde que el prestamista le requiera de pago. Como ya hizo la sala en su sentencia de 5 de octubre de 1957 , debe interpretarse la exigencia del «requerimiento notarial» en un sentido amplio y admitirse cualquier otra forma de requerimiento que permita acreditar su existencia y el momento en que se realizó, para que a partir de entonces comience a computarse el plazo de gracia de 30 días para cumplir con la obligación de devolución del préstamo.
Propiamente en nuestro caso no ha existido un requerimiento de pago. Tan sólo consta que el prestatario recibió el burofax por el que, en su calidad de socio, se le convocaba a la junta de la sociedad prestamista, en cuyo orden del día aparecía en el ordinal 2o lo siguiente: «información y reclamación de las deudas de los socios». El acuerdo por el que se decidió reclamar la deuda del prestatario con la sociedad, al margen de que no consta que hubiera sido notificado junto con el resto de los acuerdos al socio prestatario, por si sólo no suple la exigencia del requerimiento de pago. Una vez la junta acuerda exigir la devolución del préstamo, debería haber existido un requerimiento formal, una comunicación fehaciente por la que se le requiriera de pago. Mientras ese requerimiento no fuera realizado, la deuda no podía considerarse exigible.
Pero lo anterior no excluye que la notificación de la demanda judicial que dio comienzo al presente procedimiento constituya por sí un requerimiento fehaciente de pago, a partir del cual surgió el plazo de un mes para cumplir con la obligación de pago. De forma que si el deudor hubiera cumplido con ella, la demanda se hubiera podido desestimar. En la medida en que no se cumplió con este requerimiento, la deuda devino exigible durante el procedimiento judicial y antes de que se dictara sentencia en primera instancia, razón por la cual no resultaba procedente su desestimación.
Con ello reconocemos a la reclamación judicial del crédito, que no va precedida del previo requerimiento fehaciente de pago, el efecto previsto en el art. 313 CC , de modo análogo a como en la sentencia 315/2011, de 4 de julio, la sala reconoció la eficacia resolutoria del art. 1504 CC a la demanda de resolución por incumplimiento de la obligación de pago del precio de la compraventa cuando no constaba el previo requerimiento, mientras no se hubiera producido el pago.
Lo anterior afecta al devengo de intereses, que no puede producirse desde la notificación de la demanda, sino desde los 30 días siguientes a dicha notificación, en que devino exigible el crédito de la sociedad frente a su prestatario. El art. 313 Ccom comporta una regla especial respecto del art. 63 Ccom , en cuanto que los efectos de la morosidad surgen desde su exigibilidad que en este caso, en que no había señalado día para el cumplimiento de la obligación de devolución del préstamo, no será desde el requerimiento de pago sino trascurrido el plazo de gracia de 30 días.
Esto supone que estimemos en parte el motivo primero y revoquemos en parte la sentencia recurrida, para ampliar la estimación parcial de la apelación, en el sentido de reducir la condena al pago de los intereses legales a los devengados con posterioridad a los 30 días siguientes a la notificación de la demanda.”
Es posible un contrato de préstamo mercantil sin plazo de devolución pactado.
Norma especial que excluye la aplicación del art 1128 CCiv
No es preceptivo un requerimiento notarial pero debe ser un requerimiento que deje constancia de su existencia y el momento en que se realizó.
Hay 30 días para devolver el préstamo desde el requerimiento.
La notificación de la demanda computa como requerimiento.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 19 abril, 2018 19 abril, 2018 Formato MinientradaCategorías DERECHO MERCANTIL,Sin categoríaEtiquetas reclamación judicial como requerimiento,STS requisitos contrato mercantil sin plazo de devolucióDeja un comentario en STS requisitos contrato mercantil sin plazo de devolución. (sí, amigos, existen)
Hoy traemos al corta y pega una sentencia que descubro gracias a @leogance (visitad sus aportaciones a los blogs en www.fiscalblog.es y https://lgandarias.wordpress.com) y Tuitah. No soy mucho de cosas de contencioso-administrativo, de momento la vida me ha llevado por otros derroteros, aunque, lo confieso, he pecado en esta ingrata jurisdicción.
Bueno, copiando y pegado a Leo, no puede presumir este blog de otra cosa más que de aprovecharse de los generosos esfuerzos de los demás,
“La STS de 19/3/18, STS 950/2018, Secc 2º, rec 2070/2017, trata sobre si los rendimientos netos de actividades económicas con un período de generación superior a dos años quedan exceptuados de la reducción del 30% en el IRPF cuando proceden de una actividad que de forma habitual genera ese tipo de rendimientos (abogacía).”
TERCERO .- La interpretación procedente acerca de los conceptos jurídicos indeterminados que introduce el artículo 32.1 LIRPF .
Una vez abordada tal cuestión, debe despejarse una segunda incógnita, fundamental para verificar si hay o no razones para aplicar la salvedad o excepción establecida en el apartado tercero: si ha de estarse, para concretar los conceptos jurídicos indeterminados de la habitualidad y de la regularidad , a la profesión de abogado globalmente considerada o a lo que sea habitual o regular para el contribuyente cuya declaración haya sido objeto de comprobación fiscal.
La primera conclusión que debemos establecer es que los rendimientos percibidos por un abogado, en el ejercicio de su profesión, como retribución por sus servicios de defensa jurídica en procesos judiciales que se han prolongado más de dos años y se han percibido a su finalización, en un solo periodo fiscal, deben entenderse, a los efectos de su incardinación en el artículo 32.1, párrafo primero, de la ley del IRPF , como generados en un periodo superior a los dos años. Con ello no hacemos sino seguir la doctrina establecida en nuestra sentencia de 1 de febrero de 2008 (recurso de casación para la unificación de doctrina no 183/2003 ), que se remite a su vez a otra anterior de 15 de julio de 2004, pronunciada en el recurso de casación para la unificación de doctrina no 1364/1999, referida ésta a un arquitecto.
Para determinar la exclusión de los rendimientos que, aun referidos a periodos de generación superiores a los dos años, procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos, ha de considerarse la profesión, actividad o sector a que pertenezca el sujeto pasivo o, por el contrario, debe estarse a la índole de los ingresos propios de cada contribuyente.
Hemos de atenernos a los rendimientos del propio contribuyente regularizado, no a los reales o supuestos referidos de forma abstracta a toda una profesión liberal: en primer lugar, porque el beneficiario de la reducción o quien por aplicación del precepto puede ser excluido de ella no es la colectividad de los abogados, sino cada uno de ellos individualmente tenido en cuenta, pues ha de estarse a las características de su concreto ejercicio profesional, a la específica actividad en que se concreta y las notas distintivas de los rendimientos que obtiene y que pueden revestir muy diversas formas y modalidades; en segundo lugar y en íntima conexión con lo anterior, porque no existe una unívoca, homogénea y genuina profesión de abogado que se materialice en determinadas actividades y rendimientos consecuentes con exclusión de otras.
Tal interpretación refleja una concepción restrictiva de la profesión de abogado, centrada en la actividad procesal o de asistencia jurídica en litigios y da por supuesta, sin ningún razonamiento ni prueba, una verdad axiomática que no cabe compartir, pues sugiere la configuración de tales actividades o prestaciones como las únicas o, al menos, las más características o genuinas de la profesión, excluyendo otras posibles. Por ello es imprescindible que, para aplicar la excepción del párrafo tercero del tan reiterado artículo 32.1 LIRPF , deba atenderse a la singular situación personal del contribuyente sometido a regularización, a la índole concreta de su actividad (defensa en juicio, asesoramiento, consulta, arbitraje, asistencia a órganos de administración mercantil, etc.) y a la naturaleza de los rendimientos obtenidos en su ejercicio, con respecto a los cuales se pueda precisar cuáles son los regular o habitualmente obtenidos.
La interpretación de tal excepción, por tanto, ha de hacerse por referencia a los ingresos obtenidos por el sujeto pasivo, único en quien se manifiestan las notas de regularidad o habitualidad, no atendiendo a lo que, real o supuestamente, sean las características del sector o profesión de que se trate
3) La siguiente de las cuestiones consiste en establecer, para la configuración de la causa legal de la reducción y la operatividad de su excepción o exclusión, sobre cuál de las partes en la relación jurídico-tributaria pesa la carga de acreditar ésta última, una vez verificado que concurre, como aquí sucede, el presupuesto de hecho determinante de la reducción -que los rendimientos han sido generados a lo largo de un periodo superior a dos años- que se pretende enervar por la Administración tributaria.
Obviamente, tal carga incumbe a la Administración, quien por ende habrá de afrontar las consecuencias desfavorables derivadas de su falta de prueba. En el seno del procedimiento administrativo, por aplicación del artículo 105.1 de la LGT , conforme al cual “…En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo “. Tal precepto es también confuso e impreciso en su formulación -pues la Administración no hace valer su derecho cuando ejercita sus potestades, sino que tiene que acreditar que concurre el presupuesto de hecho que justifica legalmente su concreto ejercicio-, pero no disciplina una regla exclusivamente destinada a los obligados tributarios, sino que distribuye la carga de la prueba entre ambas partes de la relación tributaria, lo que trasladado al caso presente significa que el contribuyente debe probar -como ha hecho- que los rendimientos derivados de la factura aludida acreditan su generación generados durante el tiempo que se ha prolongado el litigio a que vienen referidos, mientras que es carga de la Administración la de demostrar, una vez establecido lo anterior, que pese a ello concurren razones para excluir el derecho a la reducción, fundadas en la habitualidad o regularidad de los ingresos de esa clase.
En el seno del proceso judicial sucede lo mismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , de aplicación supletoria en nuestra jurisdicción, cuyo apartado 3 prescribe que “…incumbe al demandado…la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior…”, esto es, los hechos en que se funde la pretensión de la demanda.
Con las anteriores premisas, hemos de concluir que, en el presente asunto, la Administración no ha probado, ni en el seno del procedimiento de gestión emprendido, ni en la vía económico-administrativa, ni en su calidad de demandada en el litigio de instancia, que los rendimientos procedentes en 2009 del cobro de honorarios por la quiebra a que se ha hecho referencia fueran regulares o habituales en el Sr. Jacobo , siendo así que la sentencia de instancia considera que está justificada en el caso debatido la procedencia de la exclusión de la reducción.
Los ingresos obtenidos por un abogado, en el ejercicio de su profesión, por su actuación de defensa procesal en un litigio cuya duración se haya extendido más de dos años, cuando se perciban de una sola vez o en varias en el mismo ejercicio, se consideran generados en un periodo superior a dos años a los efectos de acogerse a la reducción de los rendimientos netos prevista al efecto en el artículo 32.1, párrafo primero, de la LIRPF .
A efectos de la excepción contenida en el párrafo tercero del mencionado precepto, la regularidad o habitualidad de los ingresos cuya concurrencia descarta aquella reducción ha de referirse al profesional de cuya situación fiscal se trate y a los ingresos obtenidos individualmente en su impuesto personal, no a la actividad de la abogacía o a características propias de ésta, global o abstractamente considerada.
La carga de la prueba de que concurre el presupuesto de hecho que habilita la citada excepción incumbe a la Administración, que deberá afrontar los efectos desfavorables de su falta de prueba. Tal carga comporta obviamente la de justificar y motivar las razones por las que considera que la reducción debe excluirse.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 3 abril, 2018 3 abril, 2018 Formato MinientradaCategorías DERECHO FISCAL. Condena en costas como pérdida patrimonial,Sin categoríaEtiquetas carga de la prueba hacienda,montero nos roba y además debemos dar gracias.,reducción de ingresos irregulares abogados,rendimientos irregularesDeja un comentario en Rendimientos irregulares de abogados. ¡Qué Montoro no abuse del cuerpo!(de inspectores, claro) Inversión de la carga de la prueba contra AEAT.
Hoy traemos al blog del corta y pega….. redobles de tamblooorrrr, tachánnn, tachánnnnn…. ¡!!!Una sentencia de la jurisdicción penal!!!
¿Me habré vuelto loco?, ¿habré coqueteado esta semana con algún tipo de droga sintética?… Pues si, no ni todo lo contrario.
La sentencia objeto de pecado es la STS 615/2018, de 27-2-2018, Ponente: Luciano Varela Castro (daba clase en la USC en la época en que yo era un increíble jugador de mus), rec 778/2018, resolución 98/2018:
¿Qué me ha hecho perder la cabeza? ¿Pues un entretenido párrafo en donde se condena como responsable civil subsidiario al BBVA por una fechoría realizado por un empleado (ojo personitas de los partidos políticos)? Pues no. Es responsable civil subsidiario la gestoría que “se mamó las perras”
NOTA MIA: ¡ojito complianceros que aquí tenemos material guapo, guapo para vuestros mapas de riesgos! Esta expresión es bastante curiosa: “de manera que quien se beneficia de actividades que de alguna forma puedan generar un riesgo para terceros debe soportar las eventuales consecuencias negativas de orden civil respecto de esos terceros cuando resulten perjudicada”
El FD 2, dice:
En nuestra STS no 252/2017 de 6 de abril , recordábamos la evolución de la doctrina jurisprudencial acerca de los presupuestos que justifican la imposición de responsabilidad civil subsidiaria, conforme al artículo 120.4 del Código Penal , siguiendo lo dicho por la STS no 213/2013 de 14 de marzo .
La interpretación de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la existencia de la responsabilidad se efectuaba, en la Jurisprudencia basada en el Código Penal anterior ( SSTS 1 de abril de 1979 , 29 de noviembre de 1982 , 19 de junio de 1991 , 28 de septiembre de 1994 , 17 de julio de 1995 y 23 de abril, entre otras), con un criterio amplio, apoyándose la fundamentación de la responsabilidad civil subsidiaria no sólo en los pilares y tradicionales de la «culpa in eligendo e in vigilando», sino también y sobre todo en la teoría del riesgo, conforme al principio «qui sentire commodum, debet sentire incommodum». Así por ejemplo, la STS de 30-3-1989 señala que esta responsabilidad se fundamenta «en la idea de riesgo para imputar a quien lo crea, mediante un servicio que le reporta utilidad beneficio o simple comodidad, los eventos perjudiciales derivados, y en esta línea interpretativa se ha entendido que la relación de dependencia o servicio que vertebra la aplicación de la norma legal puede ser laboral o no, y es indiferente que sea gratuita o remunerada, permanente o transitoria; exige empero un acuerdo de voluntades mínimo, en virtud del cual la actividad o actuación del responsable penal queda sometida a la posible intervención del principal mediante órdenes e instrucciones, lo que mediatamente conecta con la existencia de «culpa in eligendo o in vigilando», debiendo subrayarse este punto para matizar ciertas afirmaciones de responsabilidad objetiva o in re ipsa frecuentes en las resoluciones judiciales».
Más modernamente , la jurisprudencia de esta Sala a propósito de esta responsabilidad (STS. 1096/2003 , SSTS 239/2010 de 24.3 , y 1036/2007 de 12-12 ; STS 27-6-2012, no 569/2012 ), precisa que su razón de ser se encuentra en el principio de derecho según el cual, quien obtiene beneficios de un servicio que se le presta por otro, debe soportar también los daños ocasionados por el mismo (principio «cuius commoda, eius est incommoda»), subrayando la evolución de dicho fundamento desde la culpa «in vigilando» o «in eligendo» hasta una suerte de responsabilidad objetiva, siempre que concurran los siguientes elementos:
En definitiva, para que proceda declarar la responsabilidad civil subsidiaria en el caso del artículo 120.4 del Código Penal , es preciso, de un lado, que entre el infractor y el presunto responsable civil subsidiario se hallan ligados por una relación jurídica o de hecho o por cualquier otro vinculo, en virtud del cual el primero se halle bajo la dependencia onerosa o gratuita, duradera y permanente, o puramente circunstancial y esporádica, de su principal, o, al menos, que la tarea, actividad, misión, servicio o función que realice, cuenten con el beneplácito, anuencia o aquiescencia del supuesto responsable civil subsidiario ; y de otro lado que el delito que genera la responsabilidad se halle inscrito dentro del ejercicio normal o anormal de las funciones desarrolladas en el seno de la actividad, cometido a tener, confiados al infractor, perteneciendo a su esfera o ámbito de aplicación una interpretación extensiva que no aparece limitada por los principios «in dubio pro reo» ni por la presunción de inocencia, propios de las normas sancionadoras, admitiéndose que en la configuración del primer requisito, la dependencia, se integran situaciones de amistad, liberalidad, aquiescencia o beneplácito, y en el de la funcionalidad, la potencial utilización del acto para la empresa, organismo a cuyo servicio se encontrara el dependiente. Se incluyen las extralimitaciones en el servicio, pues difícilmente se generaría la responsabilidad civil cuando el dependiente cumple escrupulosamente todas sus tareas, siempre que éste no extraviase el ámbito o esfera de actuación que constituye entre el responsable penal y el civil subsidiario.
Como señalaba esta Sala en sentencia 1557/2002 : «extralimitaciones siempre hay cuando se cometen infracciones penales», idea que viene pretendiéndose en las SS. 1491/2000 , 1561/2002 y 1372/2003 entre otras muchas. En efecto, son muy frecuentes las resoluciones de esta Sala que contemplan casos en los que la actuación del condenado penal se ha producido excediéndose de los mandatos expresos o tácitos del titular de la empresa acusada como responsable civil subsidiaria, o vulnerando normas legales o reglamentarias.
Pero es más, el requisito exigido para la aplicación de este artículo 120.4 del Código Penal . nada tiene que ver con el apartamiento o no del obrar del acusado respecto de lo ordenado por su principal. La condición exigida se contrae a que el responsable penal ha de haber actuado con cierta dependencia en relación a la empresa, dependencia que no se rompe con tales extralimitaciones .
Por ello la interpretación de aquellos dos requisitos debe efectuarse con amplitud ( STS 27-6-2012, no 569/2012 ), apoyándose la fundamentación de tal responsabilidad civil subsidiaria no solo «en los pilares tradicionales de la culpa » «in eligendo y la culpa in vigilando», sino también sobre todo en la teoría del riesgo, conforme al principio «qui sentire commodum, debet sentire incommodum» ( SSTS. 525/2005 de 27.4 , 948/2005 de 19.7 ), de manera que quien se beneficia de actividades que de alguna forma puedan generar un riesgo para terceros debe soportar las eventuales consecuencias negativas de orden civil respecto de esos terceros cuando resulten perjudicados ( ATS 1987/2000 de 14.7 ), admite incluso la aplicación de esta clase de responsabilidad civil en los casos en que la actividad desarrollada por el delincuente no produce ningún beneficio en su principal «bastando para ello una cierta dependencia, de forma que se encuentre sujeta tal actividad, de algún modo, a la voluntad del principal, por tener esta la posibilidad de incidir sobre la misma», lo que constituye una versión inequívoca de la teoría de creación del riesgo mencionada más arriba.
Finalizan los FD3:
Si, como hemos dejado justificado en el precedente fundamento jurídico, el penado resultó estar bajo dependencia de la entidad BBVA, porque era el único interlocutor acerca de sus funciones, aunque esa dependencia fuera de mero hecho, y si, además, el propio banco no se contentó con sus lucros derivados de su función específica, sino que con avaro uso, los amplió con los no excesivos pero reales constituidos por la mitad de los honorarios que se impusieron al perjudicado, es claro que se satisfacen hasta la saciedad todos los presupuestos del citado artículo 120.4 del Código Penal que determinan la correcta exacción de responsabilidad civil de la entidad recurrente
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 20 marzo, 2018 20 marzo, 2018 Formato MinientradaCategorías DERECHO PENAL,Sin categoríaEtiquetas compliance y gestorías,responsabilidad civil subsidiaria gestoría,responsabilidad penal de gestoríasDeja un comentario en Compliance, gestorías y responsabilidad civil y penal.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 15 marzo, 2018 8 marzo, 2018 Formato MinientradaCategorías DERECHO FISCAL,Sin categoríaEtiquetas Nulidad mpuestos incremento de valor de terrenos urbanos en Navarra.Deja un comentario en Nulidad liquidaciones de impuestos incremento de valor de terrenos urbanos en Navarra.
Y seguimos en el blog con los temas de más “rabiosa” actualidad sobre los recargos a los morosos en las comunidades de propietarios. Está claro que me han hecho un par de consultivas sobre el tema y me quedo con las sentencias para el recuerdo.
Los intereses están permitidos siempre y cuando reúna una serie de requisitos.
Por ser reciente y muy completa, transcribo SAP de las Palmas de 16-1-2017, rec 371/2015, ECLI: APGC:2017:536:
Sobre el establecimiento de recargos por encima del interés del art. 1108 del C.C ., por parte de la Comunidad, como parte del acervo de medidas posibles contra la contumaz morosidad de los comuneros, la jurisprudencia se ha pronunciado sobre su legalidad, pero con matices y exigencias legales, como es que si no están previstos en los Estatutos se aprueben por unanimidad, y que no supongan aplicación de porcentajes abusivos, ya que en tal caso el acuerdo es impugnable por su ilegalidad.
Se trata en suma del establecimiento de una cláusula penal, siendo la obligación del pago de intereses una obligación accesoria respecto a la principal de pagar los gastos que participa de su naturaleza de gastos comunes , y siendo los “gastos” de comunidad materia de naturaleza estatutaria conforme el artículo 5, párrafo tercero, de la LPH , cuyo establecimiento o modificación precisa de unanimidad a tenor del artículo 17.1 de la repetida LPH , la consecuencia no puede ser otra que la de precisarse la unanimidad para establecer el pago de unos intereses superiores a los legales a modo de cláusula penal. Ello permitiría, además, la posterior elevación a escritura pública del acuerdo y su inscripción en el Registro de la Propiedad como norma estatutaria que afectaría a los futuros terceros adquirentes ( art.5, párrafo tercero, in fine LPH ).
Ahora bien, no nos encontramos, en todo caso, en un supuesto de nulidad radical sino relativa, por adoptarse acuerdos contrarios a la L.P.H., y no de nulidad radical, por lo que sería preciso igualmente que el comunero hubiera impugnado los acuerdos que establecieron los recargos dentro de plazo legal.
En este sentido, por ejemplo, S.A.P. de Granada de 14/10/2011 : ” Como expresaba esta Sala en sentencia de 30-4-2001 (JUR 2001, 211607) , la jurisprudencia ha venido manteniendo posturas contradictorias, defendiendo una que los acuerdos que contravengan las normas de la LPH ( RCL 1960, 1042 ) se pueden impugnar sin la limitación del plazo de caducidad previsto en la Ley, reservando la caducidad para los acuerdos contrarios a los estatutos de la comunidad de propietarios, y otra más acorde con específica imperatividad de esta Ley especial que distingue entre los acuerdos que son contrarios a la normativa o a los estatutos que regulan la propiedad horizontal y los que infringen cualquier otra ley imperativa o prohibitiva o son contrarios a la moral o el orden público o implican un fraude a la ley, rigiendo sólo para los primeros el plazo de caducidad previsto específicamente, mientras que los segundos estarán sujetos a las reglas generales de la nulidad, entre las cuales se encuentra la regla de la no subsanación de los actos por el transcurso del tiempo. En la actualidad, como precisa explícitamente la STS 26 junio (RJ 1993, 4789) , “la segunda postura se considera la más correcta y ajustada a cuanto preceptúan los artículos 6.3 del CC ( LEG 1889, 27 ) y 16.4ª de la LPH , pues lo contrario supondría dejar vacía de contenido la acción impugnatoria que preconiza el párrafo 2º de la indicada regla 4ª, acción que se acomoda, por otro lado, a la salvedad que ofrece el número 3 del referido artículo 6 para los supuestos en que en las normas imperativas y prohibitivas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención, siendo de puntualizar, por último, que la doctrina jurisprudencial tenida en cuenta en la presente, resulta válida para los supuestos en que el acuerdo en cuestión hubiera sido notificado en forma al comunero ausente de la Junta” (apoyan esta línea jurisprudencial las SSTS 4 abril 1984 (RJ 1984 , 654) , 18 diciembre 1984 (RJ 1984 , 6135) , 14 febrero 1986 (RJ 1986 , 676) , 18 junio 1986 (RJ 1986 , 3571) , 6 febrero 1989 (RJ 1989 , 667) , 7 julio 1989 (RJ 1989 , 5413) , 5 de febrero 1991 (RJ 1991 , 993) , 2 marzo 1992 (RJ 1992 , 1831) , 19 julio 1994 (RJ 1994, 6697) ). El Alto Tribunal declara en posterior sentencia de 7 d Junio de 1.997 (RJ 1997, 6147) que la jurisprudencia tiene declarado, por un lado, que los acuerdos que entrañen infracción de algún precepto de la L.P.H. o de los estatutos de la respectiva Comunidad, al no ser radicalmente nulos, sino meramente anulables, son susceptibles de sanación por el transcurso del plazo de caducidad -30 días- que establecía el artículo 16.4 de la citada Ley sin haber sido impugnados dentro de dicho plazo, quedando reservada la más grave calificación de nulidad radical o absoluta solamente para aquellos acuerdos, que por infringir cualquier otra ley imperativa o prohibitiva que no tenga establecido un efecto distinto para el caso de su contravención o por ser contrarios a la moral o el orden público o por implicar un fraude de ley, hayan de ser conceptuados nulos de pleno derecho conforme al artículo 6.3 C.C . y, por tanto, insubsanables por el transcurso del tiempo ( T.S. 1ª SS. 19 de Julio de 1.994 y 19 de Noviembre de 1.996 (RJ 1996, 7923) ); y, por otro lado, y en plena concordancia con la doctrina expuesta, la jurisprudencia tiene, asimismo, declarado que la regla de la unanimidad, si no es observada, dará lugar a la anulabilidad del acuerdo, pero no produce su nulidad de pleno derecho ( T.S. 1ª S. 24 de Septiembre de 1.991 (RJ 1991, 6278) ), o sea, incluso en dichos supuestos.
Hay que considerar por tanto superada, aquella otra doctrina que entiende que el plazo de los treinta días no rige para cuando se infringe una norma imperativa de la LPH, cuya nulidad absoluta no es subsanable.
A partir de la entrada de la modificación operada por la Ley de 6 de abril de 1999 (RCL 1999, 879) habrá que estar a lo establecido en el apartado 3 del artículo 18 de la LPH , en virtud del cual el plazo de caducidad para impugnar actos que sean contrarios a la Ley o a los estatutos es de un año.”
En conclusión, tratándose de un acuerdo anulable, pero no radicalmente nulo, no es posible desconocer su contenido en el juicio de reclamación de deudas si el comunero no ha impugnado el acuerdo dentro del plazo del art. 18 L.P.H . Y tampoco es posible aplicar de oficio la ineficacia de la ilegalidad, al no tratarse de nulidad de pleno derecho -no se infringe ley distinta a la L.P.H. sino precisamente la regla de la unanimidad que prevé la propia Ley de Propiedad Horinzontal-. Por tanto, al no haber procedido los demandados a impugnar el recargo -de hecho, ni siquiera objetan su legalidad en este procedimiento- el juzgador ” a quo ” no debió excluir el importe del recargo de la estimación de la demanda.
Por ello, procede la estimación del recurso y la estimación total de la acción de reclamación.
Es decir, si el acuerdo fue en una junta correctamente convocada y el moroso no impugnó el acuerdo de establecimiento de recargo ni, posteriormente, la junta, es válido.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 12 marzo, 2018 8 marzo, 2018 Formato MinientradaCategorías DERECHO CIVIL,Sin categoríaEtiquetas Recargos a morosos en las Comunidades de Propietarios.2 comentarios en Recargos a morosos en las Comunidades de Propietarios.
Prescripción de la acción de reclamación de deuda comunidad de propietarios
Hoy traemos este curioso tema que me suscita mucho interés y así apartamos al blog de la especialización el derecho mercantil más árido. Es como si cambiamos la liga española, dura y rocosa, con unos octavos de champions, más ligeritos.
Hay/hubo una discusión sobre la prescripción de la acción de pago de las cuotas mensuales que variaba según quien resolviera entre el plazo de 15 años y el de 5.
Decía la STAP de Sevilla de 22-5-2003, que:
A tal respecto, tres son los criterios o posiciones que las Audiencias Provinciales han adoptado: a) la aplicación del plazo prescriptivo general de quince años que para las acciones personales previene el Art. 1.964 del Código Civil , postura mayoritaria basada en que la contribución del comunero al mantenimiento de los gastos comunitarios es el resultado de una liquidación según la contabilidad de la Comunidad acreedora, en que no se trata de una obligación fija por su cuantía y periódica en su vencimiento, y en que es un deber inherente al derecho de propiedad que deriva de la administración de los elementos comunes; b) la aplicación del plazo prescriptivo de cinco años que para las prestaciones de carácter periódico establece el Art. 1.966.3 del Código Civil ; c) la que distingue la procedencia del débito, y aplica el 1.966.3 para las cuotas ordinarias y el 1.964 para las derramas por gastos extraordinarios.
La AP de Castellón, Secc3ª, en sentencia de 24-4-2017, rec 970/2016, resuelve en el siguiente sentido (resumen copia y pega de Tirant Lo Blanc):
Estimada en parte la reclamación de cuotas anuales y gastos de requerimiento de pago, de la Comunidad de Propietarios demandante instada mediante proceso monitorio y derivada a juicio verbal por la oposición del propietario demandado como moroso al requerimiento de pago por apreciar la Juzgadora de instancia prescripción de la acción respecto de parte de lo demandado, por transcurso del plazo de cinco años del art. 1966.3 CC , se discute en la apelación que plantea la actora el oportuno para este tipo de solicitudes, sosteniendo que sería el general del art. 1964 CC .
Para la Sala la acción de reclamación del pago de cantidades debidas por el comunero integrante de una comunidad de propietarios regida por la LPH en concepto de contribución a los gastos comunes no se rige por la llamada prescripción corta de cinco años del art. 1966.3 CC , por corresponder la genérica del art. 1964 del mismo código.
Sustento legal de la pretensión de la comunidad actora es el art. 9.1. e) LPH , que dispone que cada propietario está obligado a “contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización”. Mientras que el art. 1966.3 CC establece que “Por el transcurso de cinco años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes (…) 3. La de cualesquiera otros pagos que deben hacerse por años o en plazos más breves”. Y el tenor literal del art. 1964 CC , con arreglo a la redacción del mismo vigente al generarse el derecho de crédito que la parte actora ejercita y por lo tanto anterior a la modificación introducida por la Ley 42/2015, era: “La acción hipotecaria prescribe a los veinte años, y las personales que no tengan señalado término especial de prescripción, a los quince”.
Y para fundar la estimación del recurso señala el Tribunal que el deber de contribución a los gastos de la comunidad a que se refiere el citado art. 9.1.e) LPH en que se funda la reclamación no constituye obligación que, con arreglo a la ley o, en su caso, a los estatutos de la comunidad, o en virtud de cualquier contrato o convención con fuerza de obligar, deba “hacerse por años o en plazos más breves”. Cuestión distinta es que, por motivos operativos o para hacer más cómodo o flexible el pago, se procede a su liquidación y se exija su pago con periodicidad anual, lo que no cambia la naturaleza o las características de la obligación.
Se razona también, a partir de considerar como plazo prescriptivo aplicable el de quince años vigente al generarse la obligación ( art. 1964 CC ), que integrado con la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 42/2015 que modificó el precepto vigente desde el 7 de octubre de 2015, que actualmente el plazo que contempla el art. 1964.2 CC resultante de la modificación es de cinco años, y conforme a la Disposición Transitoria aludida: “El tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil”. Precepto, este último, que dispone que: “La prescripción comenzada antes de la publicación de este Código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo”.
De lo que se deduce la aplicación al caso de un plazo prescriptivo de cinco años, contados desde el 7 de octubre de 2015 en que entró en vigor la modificación del art. 1964 CC operada por la Ley 42/2015. No estando tampoco prescrita la acción ejercitada conforme a este precepto al estar interpuesta la demanda menos de un año antes a aquella fecha. Por lo que se estima totalmente la demanda.
La AP de Tenerife establece la acción de prescripción en 15 años en su criterio:
SAPT de 22-2-2016, Secc 4ª, rec 681/2015; ECLI: ES:APTF:2016:523 que dice:
El único motivo del recurso hace referencia a la prescripción de la acción ejercitada por la Comunidad de Propietarios al amparo de los artículos 9, apartado e), en relación con el 21.1, ambos de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH ).
Ya en el propio escrito de interposición del recurso la parte apelante señala que la obligación establecida en el primero de los preceptos citados viene impuesta por la PLH como una obligación permanente vinculada a un fin específico (atender las necesidades más perentorias e inaplazables de la Comunidad), y cuyo pago viene fraccionado en cuotas mensuales, trimestrales o semestrales, al estar vinculadas al presupuesto en que se fijan y aprueban cada año.
En ese razonamiento se halla el “quid” de la cuestión, que ha llevado a esta Audiencia Provincial a adoptar el criterio de que el plazo de prescripción de dicha acción es de quince años previsto en el artículo 1964 del Código Civil , y no el de cinco años previsto en el artículo 1966.3 del mismo.
En efecto, las cuotas se devengan, usualmente, con carácter mensual por distribución en ese periodo de tiempo para una mayor comodidad de los comuneros a la hora de afrontar el pago de la suma presupuestada anualmente, de manera que no puede conceptuarse como una obligación fija en su cuantía y periódica por su vencimiento, sino dependiente del presupuesto de ingresos y gastos de la Comunidad, que variará en cada ejercicio, y que, por lo demás, se deriva de la obligación genérica e indivisible impuesta por la LPH (art. 9 ) a todo propietario de contribuir con arreglo a la cuota de participación fijada en el título a los gastos generales para el sostenimiento del inmueble.
SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil las costas del recurso de apelación se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones impugnatorias.
Deudas de antes de 7-10-2015 prescriben a los 15 años (según los criterios de estas AP), en relación a la integración de la DT de la modificación del Código Civil
Deudas posteriores a 7-10-2015 prescriben a los 5.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 8 marzo, 2018 Formato MinientradaCategorías DERECHO CIVIL,Sin categoríaEtiquetas cobro de morosos en comunidad de propietarios,morosos,Plazo de prescripción,Plazo de prescripción reclamación deuda comunidad de propietarios.Deja un comentario en Plazo de prescripción reclamación deuda comunidad de propietarios.
Hoy traemos al blog la STS 418/2018, de 15-2-2018, rec 2600/2015, resolución 78/2018, Ponente: Saraza.
Esta sentencia tiene varias cosillas de interés, e igual ,la usaremos en dos o más post para crear más visitas al blog. No debe escapar al lector que este autor pretende ser un influencer del corta y pega para, después, pasar a instagram y abordar los horizontes soñados de todo influencia con fotos de comidas ricas, ricas y con fundamento -a las que sea invitado previamente- y viajes varios por la car.. fotos de promoción y, llegado el momento, hasta recibir unos pingües ingresos por ello.
Al turrón del corta y pega. La STS nos deja estos detalles:
1.- Plazo de impugnación del acuerdo social
Remite a la Sentencia 73/2018, de 14 de febrero . En esta sentencia recordába que esta cuestión ha sido ya abordada por este tribunal en sus sentencias 873/2011, de 7 de diciembre , y 991/2011, de 7 de enero de 2012 , en las que declaró que «aunque el artículo 115.1 de la Ley de Sociedades Anónimas , aplicable para la decisión del recurso por razones temporales – hoy 204.1 de la Ley de Sociedades de Capital [anterior a la reforma de la Ley 31/2014]- silencia el “abuso de derecho” y el “abuso de poder”, Ello no constituye un obstáculo insuperable para la anulación de los acuerdos sociales en tales supuestos, ya que, a tenor del artículo 7 del Código Civil , son contrarios a la ley -en este sentido apuntan las sentencias de 10 de febrero de 1.992 , 1136/2008, de 10 de diciembre , y 770/2011 , de 10 de noviembre-
2.- Supuestos especiales y específicos de abuso de derecho.
Como los conflictos intrasocietarios, en los que la conducta está expresamente tipificada como causa de impugnación del acuerdo social. En tal caso, al supuesto no le es aplicable el régimen general del art. 7.2 del Código Civil sino que ha de estarse a lo previsto específicamente en la norma societaria.
Así ocurre, por ejemplo, con los acuerdos sociales que, en el régimen del art. 204 TRLSC anterior a la reforma operada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre , incurrían en un abuso de derecho que determinaba la lesión del interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros. Las sentencias 641/1997, de 10 de julio , y 1136/2008, de 10 de diciembre , con cita de la anterior sentencia de 10 de febrero de 1992 , afirmaron que «la lesión de los intereses de la sociedad en beneficio de uno o varios accionistas (que es una de las causas de impugnación contempladas en el precepto invocado) puede producirse mediante acuerdos sociales adoptados con la intervención de las circunstancias tipificadoras del abuso del derecho».
Estos supuestos estaban expresamente tipificados en el art. 204 TRLSC, anterior a la reforma de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre , como acuerdos impugnables (apartado 1) y de carácter anulable (apartado 2), lo que determinaba un régimen específico de caducidad de la acción (art. 205.1 TRLSC) y legitimación (art. 206.2 TRLSC), en el que los terceros ajenos a la sociedad carecían de legitimación, diferente por tanto al de los acuerdos nulos, en los que el plazo de caducidad era mayor y la legitimación más amplia.
También supuestos en los que el abuso de derecho en que se ha incurrido al adoptar el acuerdo social no es reconducible a ese supuesto de acuerdo «lesivo» del interés social específicamente previsto en el art. 204.1 TRLSC, tanto antes como después de la reforma. Así ocurre cuando el abuso de derecho que supone la aprobación del acuerdo social no lesiona propiamente el interés social.
3.- Abuso de derecho
la causa de impugnación alegada ha de encuadrarse en el régimen general del art. 7.2 del Código Civil . Este precepto prevé, en primer lugar, que la ley no ampara el abuso de derecho, y, en segundo lugar, que tal abuso dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.
El acuerdo social constitutivo de un abuso de derecho que perjudica el interés legítimo de personas formalmente ajenas a la sociedad es un acuerdo «contrario a la ley» y, por tanto, nulo. Por tal razón, el plazo de ejercicio de la acción de impugnación es de un año.
Por lo tanto, el TS nos explica que acuerdos son contrarios a la ley:
1.- Acuerdo social adoptado en fraude de ley.
2.- Acuerdo social adoptado con mala fe.
3.- Acuerdo social adoptado con abuso del derecho.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 26 febrero, 2018 Formato MinientradaCategorías DERECHO MERCANTIL,Sin categoríaEtiquetas Abuso de derecho,Abuso de derecho e impugnación de acuerdos sociales,acuerdos contrarios a la ley,art 204 LSC,impugnación de acuerdos socialesDeja un comentario en Abuso de derecho e impugnación de acuerdos sociales
El asunto trata de una disposición estatutaria en virtud de la cual ante el interés en la venta de las participaciones el auditor de la compañía sería el encargado de realizar la valoración para la misma.
Tras unos dimes y diretes con el registrador acaba el tema en el TS (debían ser buenas de valorar).
El tema lo resuelve la STS 4591/2017 de 21-12, rec 1818/2015 en el FD 5º_:
1.- El art. 11 de los estatutos sociales de la compañía (…) preveía, en lo que ahora interesa, que en caso de discrepancia sobre el valor de las participaciones sociales transmitidas, se estaría al que se estableciera como valor real por el auditor de la sociedad. Dicha previsión era coherente con el texto del art. 29.2 d) LSRL vigente a la fecha de constitución de la sociedad (2001); si bien no lo era ni con la nueva redacción que a dicho precepto le dio la disposición adicional décima de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero , ni con el actual art. 107.3 TRLSC, que dice: «En los estatutos no podrá atribuirse al auditor de cuentas de la sociedad la fijación del valor que tuviera que determinarse a los efectos de su transmisión [de las participaciones sociales]», que ya estaba en vigor cuando se produjo la transmisión de las participaciones que dio lugar a la controversia litigiosa.
2.- Como dijimos en la sentencia 45/2001, de 30 de enero , los estatutos constituyen la reglamentación necesaria para el funcionamiento corporativo de la sociedad y sus normas han de ser observadas por todos los socios en tanto no se opongan a las disposiciones legales con valor de ius cogens . Por lo que resulta indudable la subordinación de las previsiones estatutarias a las normas legales imperativas ( sentencias 391/1994, de 3 de mayo ; y 419/2000, de 15 de abril ), según previene expresamente el art. 28 LSC.
En este caso, es claro el carácter imperativo del art. 107.3 LSC y no hay óbice para su aplicación por el hecho de que los estatutos fueran anteriores a su vigencia, puesto que, precisamente porque no se previó en la Ley un plazo para su adaptación, debieron modificarse inmediatamente, so pena de incurrir en ilegalidad sobrevenida, como ha ocurrido.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 14 febrero, 2018 4 febrero, 2018 Formato MinientradaCategorías DERECHO MERCANTIL,Sin categoríaEtiquetas La ineficacia sobrevenida de las normas estatutarias contrarias a una norma legal imperativaDeja un comentario en La ineficacia sobrevenida de las normas estatutarias contrarias a una norma legal imperativa
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 8 febrero, 2018 6 febrero, 2018 Formato MinientradaCategorías DERECHO CIVIL,Sin categoríaEtiquetas alteración de cuotas de participación.,derecho a voto del vecino moroso,ley de propiedad horizontal1 comentario en Derecho de voto de propietarios morosos. Art 18.2 LPH
La permuta celebrada por la tutora sin previa autorización judicial no es nula de pleno derecho ni inexistente y que la autorización judicial obtenida después de la celebración del contrato impide que prospere una impugnación posterior.
De nuevo María de los Ángeles Parra Lucán, en STS 56/2018, de 10-1-2018, rec 2111/2015 resuelve sobre un tema que no es especialmente habitual.
En el FD 5º aborda como debe entenderse la nulidad de un negocio jurídico del tutor sin autorización judicial. De este extenso FD nos quedamos con las siguientes ideas:
(…)la finalidad de la exigencia de autorización judicial para los actos realizados por el tutor no era, en la tradición jurídica del Código civil, ni lo es en la actualidad, la de complementar la capacidad de quien no la tiene plenamente reconocida por el ordenamiento. Se dirige, por el contrario, a garantizar que los actos realizados por el tutor y que pueden comprometer de manera importante la entidad del patrimonio del tutelado se realicen en su interés. (…)
Partiendo de la consideración del art. 271 CC como norma imperativa, cierta doctrina y cierta jurisprudencia calificaron el acto realizado por el representante sin autorización judicial como nulo, con nulidad radical o absoluta, en aplicación del art. 6.o.3 CC . Esta solución debe descartarse por dos motivos
(…) el representante legal que celebra el contrato sin contar con previa autorización no infringe una norma imperativa de las contemplada en el art. 6.o.3 CC , sino que omite uno de los requisitos para la eficacia representativa de sus actos.
(…)el régimen de la nulidad absoluta no protege adecuadamente el interés del representado, que es precisamente el que trata de tutelar la norma que impone el control judicial. De una parte porque, según las tesis mayoritarias sobre la nulidad radical o absoluta, posibilitaría en todo caso y sin límite de tiempo a ambas partes contratantes, así como a cualquier tercero interesado, hacer valer la supuesta nulidad. De otra parte porque impediría sanar, convalidar o confirmar actos beneficiosos para el menor o el incapacitado
La anulabilidad y la posibilidad de confirmación es compatible también con el control judicial posterior al otorgamiento del acto, lo que excluiría la ulterior acción de impugnación.
En particular, esta sala lo ha admitido cuando en el propio contrato se tiene en cuenta la necesidad de obtener autorización judicial. Así, la sentencia 21/2010, de 16 de febrero , declara:
«El art. 166 CC exige que para la disposición de los actos del menor concurra la autorización judicial, pero nada impide otorgar un contrato que la exija antes de obtenerla, o bien mientras se están efectuando las gestiones para conseguirla. Cuando ello ocurra, el contrato se entenderá sometido a una condición suspensiva consistente en la obtención de la autorización, aunque, como en el caso que nos ocupa, dicha condición se configurara por las partes como resolutoria, lo que nada les impedía hacer».
Con anterioridad, la sentencia 257/2007, de 2 de marzo , llegó a una solución semejante, al considerar razonable la interpretación de que el contrato celebrado era de «compromiso de compraventa», «atendido el contenido de sus cláusulas en una visión sistemática de las mismas, de las que se pone de manifiesto que la intención de los contratantes fue la de diferir la conclusión de la compraventa de los inmuebles al momento en que el padre de los aquí recurrentes hubiese obtenido la pertinente licencia judicial, requisito que los firmantes del contrato conocían ser necesario para la validez de la compraventa a realizar».
Es cierto que el compromiso previo del tutor no garantiza que el juez conceda la autorización o la aprobación pero, en cualquier caso, una vez obtenida, es evidente que se cumple la finalidad perseguida por la norma de que judicialmente se controle la conveniencia del acto de disposición para el interés del menor o persona con la capacidad modificada judicialmente. También cuando en el contrato no se haya establecido nada al respecto. (…)”
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 6 febrero, 2018 4 febrero, 2018 Formato MinientradaCategorías DERECHO CIVIL,Sin categoríaEtiquetas autorización judicial para permuta,contrato sin autorización judicial,permuta,permuta celebrada por tutor sin autorización judicialDeja un comentario en La permuta celebrada por la tutora sin previa autorización judicial

References: artículo 250
 artículo 548
 resolución 
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 548
 resolución 
 artículo 106
 resolución 
 resolución 
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 105
 artículo 217
 artículo 32
 resolución 
 artículo 120
 artículo 120
in dubio
 artículo 120
 artículo 120
 artículo 5
 artículo 17
in fine
 artículo 6
 artículo 16
 artículo 6
 artículo 18
 artículo 1939
 artículo 1964
 artículo 1966
 resolución 
 artículo 115
 artículo 7