Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2010-00128-21641-de-noviembre-15-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_1fec954d3bb64f068b76b6e15ca571a0&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-20 07:21:54+00:00

Document:
SENTENCIA 2010-00128 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:DEFINICIÓN DE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES A CARGO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, NO DEBE INCLUIR GASTOS EXTRAORDINARIOS. SE REITERA QUE PARA DEFINIR LOS COSTOS RECUPERABLES VÍA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, EL LEGISLADOR ORDENA TOMAR COMO BASE DE LIQUIDACIÓN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LA DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN U OBSOLESCENCIA DE LOS ACTIVOS DE LA ENTIDAD VIGILADA, EN EL PERÍODO ANUAL RESPECTIVOPARA EFECTOS DEL CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN QUE CORRESPONDE PAGAR A LOS CONTRIBUYENTES, I) NO PUEDE SER SUPERIOR AL 1% DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS AL SERVICIO SOMETIDO A REGULACIÓN, II) DEL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR OBJETO DE COBRO Y III) LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SE TOMAN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. DE AHÍ QUE LAS CUENTAS DE GASTOS, QUE COMPRENDEN GASTOS EXTRAORDINARIOS U OTROS GASTOS, NO PUEDAN INCLUIRSE ENTRE LOS CONCEPTOS DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO, PUES CORRESPONDEN A OPERACIONES AJENAS AL OBJETO SOCIAL Y DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO, POR ENDE NO INCIDEN EN LA DEFINICIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES, GASTOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, BASE GRAVABLE DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, CONTRIBUCIÓNES ESPECIALES A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Sentencia 2010-00128 de noviembre 15 de 2017
Radicación: 25000-23-27-000-2010-00128-01 (21641)
Demandante: Termobarranquilla S.A. ESP - TEBSA
Temas: Contribución especial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-año 2009.
En los términos del recurso de apelación, corresponde establecer, en primer lugar, si el a quo excedió su competencia y violó los principios de jurisdicción rogada e igualdad de las partes, al inhibirse de fallar sobre la solicitud de nulidad de la Resolución 20091300021905 del 27 de julio de 2009, en cuanto se trata de una decisión no pedida ni prevista por la demandada, respecto de un acto expedido por autoridad nacional.
En el mismo sentido, habrá de analizarse si la inhibición debió recaer sobre las demás pretensiones de la demanda, porque, según se aduce, unas y otras integran un todo indebidamente acumulado.
El planteamiento así expuesto corresponde a una excepción de ineptitud de demanda, por indebida acumulación de pretensiones, pues estas integran peticiones de nulidad del acto general que estableció la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2009 (la Resolución 20091300021905 del 27 de julio de 2009) y de los actos particulares proferidos que determinaron dicha contribución a cargo de la demandante (Resoluciones 20095340012496, 20095300050605 y 20095000060745 de 2009).
Pues bien, sobre un argumento idéntico y entre las mismas partes, la Sala se pronunció en la sentencia del 10 de abril de 2014, Expediente 19054, M.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, en el que se demandaron la resolución general, impersonal y abstracta que fijó la contribución especial para el año 2008, y los actos subjetivos que se expidieron al amparo de la misma, tanto para liquidar dicho tributo a cargo de TEBSA, como para resolver los recursos interpuestos contra la liquidación. En dicha oportunidad la Sala precisó lo siguiente:
“4.4. La aseveración precedente explica que se considere válida la inhibición fundada en la indebida escogencia de la acción, ya que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no puede ser usada para atacar la legalidad de los actos generales.
Esta corporación ha sostenido en reiteradas oportunidades, que tratándose de actos administrativos de carácter general, impersonal y/o abstracto, la acción procedente para cuestionarlos es, en principio, la de simple nulidad. Pero, si lo que se pretende es desvirtuar la legalidad de un acto de contenido particular, el mecanismo procesal idóneo es, por excelencia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, sin perjuicio, claro está, de la aplicación de la teoría de los móviles y las finalidades.
4.5. Atendiendo las anteriores premisas, la Sala confirmará la inhibición del tribunal respecto de las censuras de nulidad realizadas por TEBSA contra el acto general demandado, ya que no crea una situación concreta que pueda afectar directamente a la sociedad actora, susceptible de impugnación por vía de la nulidad y restablecimiento del derecho.
Obsérvese que la Resolución 20081300016515 del 9 de junio de 2008 no afecta un derecho ni ocasiona un perjuicio a TEBSA, en tanto establece criterios generales para liquidar la contribución especial contenida en la Ley 142 de 1994, por el período gravable 2008.
En esas circunstancias, la inhibición adoptada por el tribunal es la decisión correcta, habida cuenta, además, de que la regulación aplicable al caso, Decreto 01 de 1984, no permite estudiar simultáneamente pretensiones de simple nulidad frente a un acto general, impersonal y abstracto y pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho frente actos particulares y concretos.
Esa acumulación, posible hoy en día, en virtud del artículo 165 de la Ley 1437, no lo era bajo la normativa aplicable en ese momento”.
De acuerdo con lo anterior, para el caso concreto, lo propio para el tribunal era abstenerse de fallar la pretensión de nulidad de la Resolución 20091300021905 del 27 de julio de 2009, por ser el acto general ajeno a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que se impetró contra los actos liquidatorios particulares igualmente demandados.
En esas condiciones, como dichos actos particulares sí son enjuiciables mediante la acción referida, contrario a lo sostenido por la demandada, el a quo no podía inhibirse de fallar la solicitud de anulación de los mismos, so pena de sacrificar el derecho de acción y, de paso, el derecho de acceso a la administración de justicia y el principio de eficacia procesal.
Por lo anterior, no procede realizar análisis alguno sobre los cargos de falsa y falta de motivación aducidos en la demanda frente a la Resolución 20091300021905 del 27 de julio de 2009.
En consecuencia, no prospera este cargo de la apelación.
No obstante lo anterior, resulta pertinente en este punto precisar que mediante sentencia de 5 de febrero de 2015, la Sala declaró la legalidad condicionada del artículo 1º de la Resolución SSPD - 20091300021905 del 27 de julio de 2009(9), aspecto que será analizado más adelante.
Sobre el tema, esta corporación se ha pronunciado, entre otras, en las sentencias de 29 de septiembre (Exp. 20874) y 12 de noviembre de 2015 (Exp. 21714), 25 de abril de 2016 (Exp. 21246), 11 de mayo (Exp. 20179), 29 de junio (Exp. 21724) y 20 de octubre de 2017 (Exp. 22067), por lo cual se reitera, en lo pertinente, el criterio jurisprudencial expuesto en las citadas providencias(10):
En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer si los actos demandados adolecen de falta de motivación, respecto de la integración de la base gravable que tomaron para liquidar la contribución especial del año 2009, en cuanto no precisaron los conceptos respecto de los cuales se estableció la base gravable. Según la impugnante, esa motivación le permitió a la demandante ejercer su derecho de defensa en vía administrativa y jurisdiccional.
A contrario sensu, la sentencia apelada concluyó que dicha motivación no existe, porque los actos demandados simplemente enunciaron las cuentas base de liquidación, sin señalar datos exactos ni discriminar las subcuentas involucradas, para ofrecer certeza sobre el origen de los valores pagados.
Pues bien, revisada la actuación administrativa demandada, se advierte lo siguiente:
• Que en la Resolución 20091300021905 del 27 de julio de 2009, la superintendencia demandada estableció la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2009 en 0.7166% de los gastos de funcionamiento de la entidad contribuyente causados en el 2008. En los artículos 2º y 3º señaló lo siguiente:
“ART. 2º—Gastos de funcionamiento. Se entiende por gastos de funcionamiento los descritos en el anexo 1 página 495 del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios de la Resolución SSPD 20051300033635del 28 de diciembre de 2005(11).
ART. 3º—Conceptos no incluidos en la base de liquidación de la contribución. Para efectos de determinar el valor de la base de liquidación de la contribución especial para el año 2009, se excluirán, de los gastos de funcionamiento a diciembre 31 de 2008, los siguientes conceptos: Cuenta 5801 “Intereses”, Cuenta 5802 “Comisiones” y Cuenta 5803 “Ajuste por diferencia en cambio”, así como el Grupo 75 “Costos de producción””.
• Que mediante la resolución 20095340012496 del 31 de julio de 2009, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios liquidó, a cargo de la demandante, la contribución especial de la Ley 142 de 1994, por el año 2009, en los siguientes términos:
4 Energía eléctrica Liquidación SSPD
Gastos 117.703.634.581.00
Intereses 17.638.342.329.00
Ajuste por diferencia en cambio 6.868.230.701.00
Total base 93,197,061,551,00
Total Contribución 667.850.000.00
Total a pagar 667.850.000.00
Son seiscientos sesentay siete millones ochocientos cincuenta mil pesos M/C”
Que en la Resolución 20095300050605 del 27 de octubre de 2009, por el cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la demandante, la superintendencia precisó que «En aplicación de estos criterios, para el año 2009, la resolución 20091300021905 de 2009 definió lo que se debe entender por gastos de funcionamiento, entendiendo que aquellos son los que se encuentran en el marco de la cuenta Cinco (5) gastos, y teniendo en cuenta además, que todos los gastos incluidos en dicha cuenta, son necesarios para la prestación del respectivo servicio público domiciliario, es decir, están asociados a la prestación del servicio público de que se trate».
Que en la Resolución 200950000060745 del 22 de diciembre de 2009, con ocasión del estudio del recurso de apelación, la demandada reitera los argumentos expuestos en el punto anterior, así: «la liquidación de la contribución especial 2009 se aplica sobre el valor reportado por las prestadoras al SUI en la clase 5 gastos, de acuerdo al plan único de cuentas que rige para los prestadores de servicios públicos, es decir, sobre la sumatoria de los valores de los grupos 51- Administración, 53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones, 58 otros gastos que son los que conforman la clase 5, menos las exclusiones expresamente determinadas en la Resolución SSPD – 20091300021905 del 27 de julio de 2009». Dichas exclusiones son las referentes a las cuentas: 5801 Intereses, 5802 comisiones y 5803 ajuste por diferencia en cambio; así como el grupo 75 “Costos de producción”.
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la demandante, con fundamento en lo dispuesto en la Resolución SSPD – 20091300021905 del 27 de julio de 2009, tenía conocimiento de los factores sobre los cuales la Superintendencia liquidó la contribución especial de la vigencia 2009 y, si bien los actos no determinaron ni desagregaron cada una de las cuentas que conformaron la base gravable, la Sala ha sostenido en casos similares que tal situación no es suficiente para anular los actos por falta de motivación, toda vez que:
“No puede perderse de vista que el valor de las cuentas que hacen parte de la base gravable de la contribución especial, es tomado de los estados financieros de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, puestos a disposición de la Superintendencia en el sistema único de información, SUI, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994.
Por tal razón, el contribuyente, con la información de las cuentas que fueron incluidas para determinar la base gravable de la contribución, puede controvertir aritmética y jurídicamente la liquidación hecha por la superintendencia, como en efecto se hizo en el caso concreto”(12).
En esas condiciones, contrario a lo sostenido por el a quo, los actos no adolecen de falta de motivación, razón por la cual, procede la Sala a analizar los demás cargos planteados en la demanda.
La contribución especial establecida en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, tiene como finalidad recuperar los costos del servicio de control y vigilancia que le presta la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Dicha norma dispone lo siguiente:
ART. 85.—Con el fin de recuperar los costos del servicio de regulación que preste cada comisión, y los de control y vigilancia que preste el Superintendente, las entidades sometidas a su regulación, control y vigilancia, estarán sujetas a dos contribuciones, que se liquidarán y pagarán cada año conforme a las siguientes reglas:
Para efectos del cálculo de la contribución que corresponde pagar a los contribuyentes, la norma transcrita prevé que: i) no podrá ser superior al 1% de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación, ii) del año inmediatamente anterior objeto de cobro y iii) los gastos de funcionamiento se tomarán de los estados financieros puestos a disposición de la superintendencia.
Por su parte, el grupo 75 – costos de producción, incluía las cuentas 7505: servicios personales, 7510: generales, 7515: depreciaciones, 7516: arrendamientos, 7520: amortizaciones, 7525: agotamiento, 7530: costo de bienes y servicios públicos para la venta, 7535: licencias, contribuciones y regalías, 7536: consumo de insumos indirectos, 7540: órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones, 7542: honorarios, 7545: servicios públicos, 7550: materiales y otros costos de operación, 7555: costo de pérdidas en prestación del servicio de acueducto, 7560: Seguros, 7565: Impuestos y Tasas, 7570: Ordenes y Contratos por Otros Servicios, 7595: Transferencia mensual de costos por clase de servicio (CR).
En tales condiciones, para la Sala, le asiste razón al actor al considerar que lo previsto en el inciso 6º de la descripción de la clase 5 – gastos y en las cuentas del grupo 75 de la Resolución 20051300033635 de 2005 vulnera lo dispuesto en el artículo 85 numeral 85.2 inciso 2º de la Ley 142 de 1994, pues los gastos de funcionamiento sólo deben referirse a aquellos que tengan una relación directa o indirecta, pero eso sí, necesaria e inescindible(14) con la prestación de los servicios sometidos a la vigilancia, control, inspección y regulación de los entes encargados de tal función constitucional y legal.
Por todo lo anterior, el aparte demandado de la Resolución 20051300033635 de 2005 vulnera lo señalado en el artículo 85.1 inciso 2º de la Ley 142 de 1994, al incluir dentro de la base gravable de las contribuciones a favor de la Superintendencia de Servicios Públicos y de las Comisiones de Regulación, todas las cuentas de la clase 5 – Gastos, así como las cuentas del grupo 75 – Costos de producción, pues, como se explicó, no todas las cuentas de gastos allí previstas encuadran dentro del concepto “gastos de funcionamiento” que expresamente señaló el legislador».
Como se precisó, en el asunto sub examine, los actos administrativos que determinaron la contribución especial a cargo de la demandante por el año 2009, tienen sustento jurídico en las resoluciones 20051300033635 de 2005 (Plan de Contabilidad para Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios) y SSPD-2009130021905 de 27 de julio de 2009, que fijó la tarifa para el año 2009.
En esas condiciones y de acuerdo con el precedente jurisprudencial expuesto, existe una situación jurídica no consolidada, toda vez que la sentencia que declaró la nulidad del inciso 6º de la descripción de la Clase 5 – Gastos del Plan De Contabilidad, Adoptado mediante la Resolución 20051300033635 de 2005, fue proferida el 23 de septiembre de 2010 y, para esa fecha, los actos acusados que determinaron la contribución especial a cargo de la actora, estaban siendo debatidos en sede administrativa.
Además, en sentencia de 5 de febrero de 2015, la Sala declaró la legalidad condicionada de la expresión “de los gastos de funcionamiento de la entidad contribuyente causados en el año 2008”, del artículo 1º de la Resolución SSPD - 20091300021905 del 27 de julio de 2009(15), por las siguientes razones(16):
“De acuerdo con el anterior precedente jurisprudencial [se refiere a la sentencia de 23 de septiembre de 2010, exp 16874], los gastos de funcionamiento que hacen parte de la base gravable de la contribución del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, son aquellos asociados a la prestación del servicio regulado, por lo que debe entenderse que el artículo 1º de la Resolución 20091300021905 de 2009, al fijar como base gravable de la contribución especial para el año 2009, los gastos de funcionamiento de la entidad causados en el año 2008, hace referencia a aquellas erogaciones causadas o pagadas, relacionadas con la prestación de los servicios públicos de cada ente prestador, en los términos del artículo 85.2 de la Ley 142.
En consecuencia, para efectos de la aplicación del aparte demandado del artículo 1º de la Resolución SSPD – 20091300021905 del 27 de julio de 2009, se declarará la legalidad condicionada en el entendido de que los “gastos de funcionamiento de la entidad contribuyente” son aquellos asociados al servicio sometido a regulación conforme lo dispone el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994(17)” (resaltala Sala).
Ahora bien, de acuerdo con las resoluciones que resolvieron los recursos interpuestos contra el acto liquidatorio, la contribución demandada se liquidó con base en los valores reportados “por las prestadoras al SUI en la clase 5 gastos, de acuerdo al plan único de cuentas que rige para los prestadores de servicios públicos, es decir, la sumatoria de los valores de los grupos 51 administración, 53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones y 58 otros gastos, que son los que conforman la clase 5, menos as exclusiones expresamente determinadas en la Resoluciçon SSPD – 20091300021905 del 27 de julio de 2009”(18). Las exclusiones corresponden a las cuentas 5801 (intereses), 5802 (comisiones) y 5803 (diferencia en cambio)(19).
En el caso concreto, como ninguno de los actos demandados pormenorizó las cuentas tomadas de la cuenta 5 reportada en los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia y que sirvieron de base para liquidar la contribución de la vigencia 2009, la Sala ordenó oficiar a dicha entidad para que los remitiera(20).
En atención a lo solicitado, el jefe de la oficina jurídica de la SSPD adjuntó las documentales visibles en los folios 400 a 408, en las cuales puede observarse que la cuenta 5 gastos, con base en la cual la liquidación oficial calculó la contribución especial discutida, incluía los grupos 51, 53, 58 y 59, así:
Código Descripción Total
5 Gastos $117.703.634.581.00,
51 Sueldo de personal 7.697.740.958.00
5101 Sueldo de personal 2.053.484.891.00
5102 Contribuciones imputables 162.313.911.00
5103 Aporte cajas de compensación 193.463.028
5104 Aportes al ICBF 26.683.512.00
5111 Generales 3.971.791.769.00
5120 Predial unificado 1.290.003.845.00
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones 254.357.554.00
5330 Depreciación 254.357.554.00
58 Otros gastos 109.751.536.071.00
5801 Intereses 17.638.342.329.00
5803 Diferencia en cambio 6.868.230.701.00
5805 Administrfiducia 70.111.849.279.00
5810 Extraordinarios 15.133.113.762.00
59 Cierre ingresos gastos y costos 00
De la relación de gastos anterior, la liquidación demandada sólo excluyó el valor de las cuentas 5801, 5802(21) y 5803 – diferencia en cambio, la base gravable sobre la cual se calculó la contribución especial a cargo de la actora se determinó en la suma de $93.197.061.551, a la cual se le aplicó la tarifa del 0,7166% para un valor a cargo de $667.850.000.
No obstante, dado que el demandante cuestionó en la demanda únicamente la inclusión de la cuenta 5810(22), se advierte que frente a esta la Sala ha precisado lo siguiente:
«3.11. Respecto de la Cuenta 5810 –Otros gastos extraordinarios, se pronunció la sección en la sentencia del 14 de octubre de 2010 , en la que se anularon las expresiones “(Grupo 51 del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos)” y “5810 “Otros gastos extraordinarios”, contenidas en el numeral 1º del artículo 2º y el numeral 2º del artículo 3º, respectivamente, de la Resolución SSPD-200513000 11765 del 17 de junio de 2005, expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Los “gastos de funcionamiento”, se refieren a “la salida de recursos que de manera directa o indirecta se utilizan para ejecutar o cumplir las funciones propias de la actividad, que son equivalentes a los gastos operacionales u ordinarios, es decir los normalmente ejecutados dentro del objeto social principal del ente económico o, lo que es lo mismo, los gastos asociados al servicio sometido a regulación, de manera que deberán excluirse aquellas erogaciones que no estén relacionadas con la prestación del servicio público domiciliario” .
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la Cuenta 5810 –Otros gastos extraordinarios, conforme con la definición dada por el plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, “registra el valor de los gastos incurridos por el ente prestador de servicios públicos domiciliarios en actividades, que no corresponden a su objeto social y se originan en operaciones y transacciones de carácter extraordinario, entendiendo como tales aquellas que, frente a las actividades normales, no ocurren con relativa frecuencia»(23) .
Con base en lo anterior, se observa que la cuenta 5810 - Gastos extraordinarios, no corresponde al concepto de gastos de funcionamiento y que, por ende, debe excluirse de la base gravable de la contribución especial, como lo alegó la demandante.
En esas condiciones, la suma reportada en dicha cuenta ($15.133.113.762) también debe detraerse de la base gravable, de modo que ésta se reduciría a $78.063.947.789, por lo que, al aplicar sobre la tarifa del 0.7166%, el total de contribución a pagar a cargo de la actora corresponde a la suma de $559.406.250, que se determina así:
Gastos $117.703.634.581
Intereses 17.638.342.329
Ajuste por diferencia en cambio 6.868.230.701
5810 – Gastos extraordinarios 15.133.113.762
total base 78.063.947.789
Total contribución 559.406.250
En consecuencia, la Sala modificará los numerales segundo y tercero de la sentencia apelada, en el sentido de anular parcialmente los actos demandados. A título de restablecimiento del derecho se declarará que la liquidación de la contribución especial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por el año 2009, a cargo de Termobarranquilla – TEBSA, S.A. ESP, corresponde a la suma de $559.406.250.
Finalmente se advierte, como lo señaló el a quo(24) y no fue discutido por la demandante, que no obra en el expediente acreditación del pago de suma alguna por concepto de la contribución especial que se discute en el presente proceso, por tanto, no se ordenará la devolución pretendida.
1. MODIFÍCANSE los numerales segundo y tercero de la sentencia del 9 de octubre de 2014, proferida el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sala de Descongestión de la Sección Primera – Subsección “C”, los cuales quedarán así:
“Segundo. ANÚLANSE PARCIALMENTE la Liquidación Oficial 20095340012496 del 31 de julio de 2009 y las resoluciones SSPD-20095300050605 del 27 de octubre de 2009 y SSPD-20095000060745 del 22 de diciembre del mismo año, actos proferidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que determinaron la contribución especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, a cargo de Termobarranquilla S. A. – TEBSA S.A., para el año 2009.
Tercero. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que la contribución especial a cargo de la demandante por el año 2009, corresponde a la suma de quinientos cincuenta y nueve millones cuatrocientos seis mil doscientos cincuenta pesos ($559.406.250)”.
3. En lo demás, se confirma la sentencia apelada.
9 “ART. 1º—Tarifa y base para liquidar la contribución especial para la vigencia 2009. Fijar la tarifa de la contribución especial que deben pagar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios las entidades sometidas a su inspección, control y vigilancia por la vigencia 2009, en el 0,7166% de los gastos de funcionamiento de la entidad contribuyente causados en el año 2008, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia a través del Sistema Único de Información SUI.
11 Aunque al parecer fue equivocada la referencia a la página 495 del Plan de Contabilidad, se entiende que el artículo 2º de la Resolución SSPD 2009130021905 de 2009 se refiere a las cuentas de la clase 5-Gastos. En similar sentido, entre otras sentencias, ver las de 3 de julio de 2013, exp 19017 C.P Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y de 26 de febrero de 2014, exp 19684.
12 Sentencia del 5 de febrero de 2015, Exp. 20720, M.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 El numeral 4.2.7.2 de la Resolución 20051300033635 de 2005 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contenido dentro de las Normas Técnicas Generales establece la “contabilidad de causación o por acumulación” según el cual “los entes prestadores de servicios públicos domiciliarios deben reconocer en el período en el cual se realizan los hechos financieros y económicos, y no cuando se pague o se reciba el efectivo o su equivalencia”.
15 “ART. 1º—Tarifa y base para liquidar la contribución especial para la vigencia 2009. Fijar la tarifa de la contribución especial que deben pagar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios las entidades sometidas a su inspección, control y vigilancia por la vigencia 2009, en el 0,7166% de los gastos de funcionamiento de la entidad contribuyente causados en el año 2008, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la superintendencia a través del Sistema Único de Información SUI. […]”.
16 Expedientes 18087 y 18176 C.P Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Reiterada en sentencia del 2 de julio de 2015, Exp. 21032, M.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.
17 Sentencia 16841 de 2012. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.
18 Fl. 99.
19 Fl. 61.
20 Autos del 26 de julio de 2017 y del 22 de septiembre del mismo año, fls. 382 y 394 a 395.
21 Esta cuenta no fue reportada en los estados financieros que fueron remitidos en el SUI, en todo caso, no fue incluida en la liquidación practicada por el ente demandado.
22 Fl. 14, tercer párrafo.
23 Sentencia del 12 de agosto de 2014, Exp. 19853, M.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
24 Fl. 353.

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 165
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 85
 artículo 85
 Resolución 
 artículo 85
 Resolución 
 artículo 85
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 85
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 85
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 85
 artículo 2
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 85
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución