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Timestamp: 2019-11-18 22:28:43+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 540, de 19/06/2018
cve: DSCD-12-CO-540
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 540
- Elección de la Secretaría Segunda de la Comisión. (Número de expediente 041/000028) ... (Página2)
- Relativa a evitar la difusión de estereotipos vejatorios hacia el colectivo de las personas con disfemia. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000243) ... (Página2)
- Sobre los apoyos públicos a las personas con discapacidad auditiva. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002499) ... (Página6)
- Relativa al tratamiento ortoprotésico en personas amputadas. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002782) ... (Página10)
- Relativa a la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003125)... (Página10)
- Relativa a limitar las causas de despido objetivo por ausencias laborales justificadas en base a causas directas derivadas de su discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/002827) ... (Página15)
- Relativa a la promoción de la lengua de signos en el sistema educativo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002956) ... (Página19)
- ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN.
- ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA SEGUNDA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000028).
Iniciamos la sesión de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a un nuevo miembro de esta Comisión, la diputada Carolina Telechea i Lozano, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. En segundo lugar, y después de una ronda de consultas informal realizada hace un momento con los portavoces de los distintos grupos, quiero invocar el artículo 68.2 del Reglamento para proponer una modificación del orden del día de la sesión de hoy incorporando un primer punto del mismo que sería la elección de la vacante de la Secretaría segunda de la Mesa. ¿Está de acuerdo la Comisión con la propuesta de esta Presidencia? (Asentimiento). Muchas gracias.
Quiero informarles, asimismo, de que la señora Esther Capella, compañera de Comisión, causó baja como diputada hace unas pocas semanas debido a sus nuevas responsabilidades en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya y que en su lugar el grupo que ocupaba esta plaza hasta ahora propone a la señora Carolina Telechea i Lozano como secretaria segunda de esta Comisión. ¿Puede ser nombrada por asentimiento de la Comisión? (Asentimiento). Pues muchas gracias y felicidades a la nueva secretaria segunda. Esto se llama llegar y besar el santo. (Risas). Si quiere, puede incorporarse a su puesto.
- RELATIVA A EVITAR LA DIFUSIÓN DE ESTEREOTIPOS VEJATORIOS HACIA EL COLECTIVO DE LAS PERSONAS CON DISFEMIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000243).
El señor PRESIDENTE: Les quiero informar de que hay un escrito del Grupo Parlamentario Socialista de retirada de su enmienda al último punto del orden del día, el punto 6.º; es la más antigua, con número de registro 11596. Lo digo a efecto de los portavoces de los grupos a la hora de preparar el debate de dicho punto.
Sin más preliminares, pasamos al siguiente punto del orden del día: proposición no de ley relativa a evitar la difusión de estereotipos vejatorios hacia el colectivo de las personas con disfemia. El grupo proponente es el Grupo Parlamentario Socialista y para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Joan Ruiz. Les quiero recordar que Mesa y portavoces fijamos un tiempo de cinco minutos para la defensa de las proposiciones no de ley y tres para el turno de portavoces.
Señor Ruiz, tiene la palabra.
El señor RUIZ I CARBONELL: Gràcies, senyor president. Lo de los cinco minutos lo intentaremos.
Todo el mundo cree saber qué es la tartamudez o disfemia, entre otras cosas porque todos o prácticamente todos hemos conocido personas que tienen ese problema y que cuando hablan sufren interrupciones que son involuntarias, repiten palabras o sílabas, sobre todo en el inicio de las frases, alternándose con momentos en los que la persona afectada no puede emitir ni un sonido. Pero no todo el mundo sabe que la tartamudez puede acabar comportando graves afectaciones en el carácter de las
personas aquejadas por ella, llegando incluso a producir depresiones severas y a convertirse en discapacitante, y ello no solo por las características que comporta, y que todas juntas crean una barrera para comunicarse, también por la actitud de una parte considerable de nuestra sociedad que históricamente ha asociado la tartamudez con problemas mentales y ha sido tomada como objeto de risas y de burlas, de manera que han llegado a ser un clásico los llamados chistes de tartajas, difundiendo falta de respeto hacia ellos y ellas y contribuyendo a que su nivel de autoestima sea bajo en muchas ocasiones.
Repasando las comparecencias en esta Comisión que tienen relación con la disfemia, con la tartamudez, las iniciativas debatidas en el Congreso de los Diputados y la acción de los sucesivos gobiernos, no podemos decir que hayamos avanzado mucho en ayudarles, desde que en tiempos del presidente Zapatero se inició el camino para acabar con la exclusión legal -mejor dicho, ilegal- de las personas con tartamudez. Y no son pocos. Buscando datos, los más exactos posibles, de cuántas son las personas en nuestro país que tienen que convivir con su tartamudez, he encontrado datos muy dispares: desde la cifra de 800 000 en una página del ministerio, hasta otra de 467 000 en la página web de la Fundación Española de la Tartamudez. En todo caso, sea la cifra que sea, no dejan de ser muchos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que, como consecuencia de este trastorno, no pueden desarrollar, como tendrían derecho, una vida digna como cualquier otro y a ser personas respetadas. Registramos esta proposición no de ley como consecuencia de las comparecencias del presidente de la federación a la que he aludido antes, Adolfo Sánchez, cuyas palabras, siempre un tanto duras, se podrían resumir en tres peticiones: la primera, que aparece de forma muy reiterativa en comparecencias de 2010, 2013 y 2017, es que dejáramos de reírnos de ellos. La segunda, que el Gobierno se preocupase por las personas con tartamudez con lo que eso podría comportar y, la tercera, que escucháramos a todas las personas aquejadas de disfemia de la misma manera que teníamos que escucharle a él, tranquilamente y con paciencia, porque las personas que tartamudean son personas, como él decía, normales.
La última vez que compareció nos volvió a explicar que en algunas cadenas de televisión todavía las personas con tartamudez son objeto de risa, cosa que consideraba muy grave, cuando existía el precedente, ya de 2006, es decir, de hace doce años, de un acuerdo suscrito por Radiotelevisión Española y la Forta, la Federación de radios y televisiones públicas, con el objetivo de evitar en sus programaciones y emisiones la difusión de estereotipos vejatorios o despreciativos hacia el colectivo de personas que tartamudean, y no utilizar a una persona con tartamudez para reírnos de ella por el mero hecho de serlo.
Es verdad que algún detalle ha habido a lo largo de estos años por parte de algún medio de comunicación, pero eso, algún detalle, no un compromiso firme, con lo que todavía es posible encontrarse en medios de comunicación que se utilice como objeto de burla o que se expliquen chistes cuya única gracia, si se puede decir gracia, es que el protagonista es una persona aquejada de tartamudez. Contrasta con lo que sucede en otros ámbitos de la discapacidad, ya que nuestra sociedad por fin, y de forma muy mayoritaria, no encuentra aceptable que nos riamos de las personas con discapacidades como puede ser las que van en sillas de ruedas. No considera tolerable que en una serie de televisión se utilice a una persona ciega como objeto de burla o a una persona con síndrome de down como objeto de chiste. Doce años son muchos años, más en una época en la que en diez días todo puede cambiar y se pueden dar vuelcos en la opinión pública que antes requerían de mucho más tiempo y ello en buena parte es debido a las redes sociales y a los medios de comunicación, muy especialmente a la televisión, por lo que no hacen falta muchos argumentos para instar al Gobierno a que promueva lo que propone esta iniciativa que, repito, es que los medios de comunicación, todos, suscriban un acuerdo con los mismos objetivos que el que se suscribió en mayo de 2006 -repito, hace doce años- por parte de los medios públicos para evitar en sus programaciones y emisiones la difusión de estereotipos vejatorios o despreciativos hacia el colectivo de personas que tartamudean y contribuir a que las personas que sufren disfemia, tartamudez, sean vistas por el resto de la sociedad como una persona más y, por tanto, alguien a quien respetar. Podría convertirse aprobar esta proposición por parte de todos en el primer paso o en un paso previo para empezar de la manera más consensuada posible la primera estrategia nacional sobre la tartamudez en España cuya elaboración acordó iniciar el pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia el pasado mes de marzo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Ruiz.
No habiéndose presentado enmiendas por ningún grupo, vamos a pasar al turno de portavoces de menor a mayor.
En primer lugar, y en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el diputado Alli.
Enhorabuena a la recién nombrada secretaria de la Mesa y bienvenida a esta Cámara y a esta Comisión.
En relación con esta proposición no de ley del Grupo Socialista, Unión del Pueblo Navarro la votará favorablemente por los motivos siguientes. Es habitual, y por suerte cada vez con menos intensidad, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, especialmente en una serie de televisión, el insulto fácil, la gracia fácil, como ha dicho muy bien el señor Ruiz, hacer el chiste a costa de personas con discapacidad, autismo, etcétera. Incluso yo diría que no solamente en los medios de comunicación sino también aquí en esta Cámara hemos escuchado a algunos diputados, que por suerte después han tenido el honor y la humildad de reconocer su error y retirar esas palabras en contra de algún trastorno mental, autismo, etcétera. Creo que eso hace un flaco favor a la sociedad. Estamos de acuerdo en que debe haber tres principios en una sociedad moderna y en el tiempo que nos corresponde vivir que son: en primer lugar, la no estigmatización de grupos de personas por su condición, poner primero la persona y después su condición sería uno de los buenos grandes retos de nuestra sociedad; en segundo lugar, el respeto, sencillamente el respeto, la ciudadanía y el civismo y, en tercer lugar, atender a la diversidad. No debemos a costa de esa diversidad enfrentarnos unos a otros o hacer fuerza respecto a unos grupos que supuestamente pueden ser más débiles en cuanto a su defensa. Por tanto, nos parece sensata esta propuesta y nosotros votaremos a favor.
El representante del Grupo Vasco no está presente. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana declina el turno. En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el diputado Gómez Balsera.
Nos sumamos a la bienvenida de la señora secretaria de la Mesa y deseamos mucha suerte y aciertos a la señora Capella en sus nuevos cometidos.
Ciudadanos va a votar a favor de esta iniciativa para promover la extensión del acuerdo ya vigente en nuestras radios y televisiones públicas estatales y autonómicas destinado a salvaguardar la imagen de las personas afectadas por tartamudez y evitar la difusión de estereotipos vejatorios o despreciativos. Y no solo porque la igualdad de oportunidades y la no discriminación son sus derechos sino porque es nuestra obligación como poder público promover que se dé a la tartamudez el tratamiento respetuoso y normalizado que se merece en las emisiones de radio y televisión. Por su parte, las radios y televisiones privadas, aunque no tengan la consideración de servicio público que tienen las públicas, sí que están sujetas al respeto a los derechos de las personas y también están sujetas a la ética en su desempeño, a que la información que se proporcione en los medios de comunicación audiovisuales sea veraz y adecuada, mientras que los estereotipos falsos, vejatorios o despreciativos no son ni lo uno ni lo otro, ni son veraces ni son adecuados.
Votaremos a favor de esta iniciativa del Grupo Socialista y animamos a que el Grupo Socialista la difunda entre sus portavoces, que precisamente no han estado muy acertados últimamente. En el debate sobre la moción de censura el portavoz del Grupo Socialista nos llamó autistas a todos los diputados y la semana pasada otro de sus portavoces calificó a mi grupo como enfermos psíquicos según la Escuela de Palo Alto, si no recuerdo mal, entre jolgorios y aplausos de su bancada. (El señor Torres Mora y la señora Pérez Domínguez piden la palabra). Ahí tienen, señorías, dos ejemplos de estereotipos falsos y vejatorios que entre todos debemos contribuir a erradicar. Estoy convencido de que estas afirmaciones no se hicieron de manera intencionada y, por supuesto, agradecemos las disculpas que se dieron en su día.
Se ha reclamado durante su intervención una petición de palabra por alusiones por parte del diputado el señor Torres Mora. Vamos a terminar el turno de portavoces y voy a dar después la palabra al señor Torres Mora.
En turno de fijación de posiciones, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Alba.
La señora ALBA GOVELI: Muchas gracias, presidente.
Comienzo adelantando que nuestro grupo también votará a favor de esta iniciativa.
Como todos y todas sabemos, la televisión sigue teniendo un papel fundamental a la hora de modelar nuestra percepción de la realidad y de conformar nuestros valores y nuestras convicciones y no hay más que mirar los datos. El consumo promedio de televisión en España ronda entre las tres horas y media y cuatro por persona al día y además son las televisiones privadas precisamente las que acumulan los mayores índices de audiencia en todos los rangos de edad comprendidos entre los dieciocho y los sesenta y cuatro años, sin que estas formen parte del acuerdo de 2006 citado por el grupo proponente. Ya lo decía el grupo proponente, estamos hablando de un colectivo en torno a las 467 000 personas en España según los datos de la Fundación Española de Tartamudez y, por tanto, aunque fuera incluso más minoritario, como todos los demás, es un colectivo que merece el mismo respeto que cualquier otro, ciudadanos y ciudadanas que merecen el mismo trato y el mismo respeto que todos los demás.
Como decía, votaremos a favor y quería aprovechar, ya que hablamos de la cuestión de los estereotipos en televisión, para animar al Gobierno a que también aborde otros colectivos afectados por estas cuestiones. Hace poco tuvimos un claro ejemplo en un anuncio publicitario en televisión que se burlaba de las personas con trastornos mentales y cotidianamente, por ejemplo, escuchamos comentarios sexistas y que fomentan los estereotipos de género tanto en la televisión privada como en la pública. Les animaría a que continuasen abordando estas cuestiones.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña María Dolores Alba.
En primer lugar, también querría aprovechar la ocasión para dar la bienvenida a la nueva secretaria de esta Comisión, una Comisión en la que realmente creo que se va a sentir a gusto.
Señorías, para el Partido Popular es una prioridad la lucha contra cualquier tipo de discriminación y, como no podría ser de otro modo, resulta prioritario salvaguardar la imagen de las personas afectadas por disfemia, así como evitar la difusión de estereotipos vejatorios o despectivos hacia las mismas. En esta Comisión hemos tenido la oportunidad de escuchar en varias ocasiones a la Fundación Española de la Tartamudez que, desde posiciones combativas en lo que afecta a sus intereses, ha expuesto tanto sus logros como sus reivindicaciones en cumplimiento de los fines de esta fundación, entre los que se encuentra concienciar a la sociedad sobre la naturaleza y la problemática de la tartamudez y las necesidades de las personas que tartamudean y evitar situaciones discriminatorias hacia las personas con disfemia en cualquier ámbito social. En desarrollo y cumplimiento de estos fines, la federación suscribió el protocolo al que se refiere esta proposición no de ley -en el que también participó, por cierto, el Real Patronato sobre Discapacidad-, en virtud del cual las empresas audiovisuales que operan en el ámbito territorial del Estado español debían adoptar un marco estable de colaboración para evitar en todas sus programaciones y emisiones la difusión de estereotipos vejatorios o despectivos hacia el colectivo de las personas afectadas por la disartria o tartamudez. Es cierto que el texto del acuerdo suscrito se refiere a las empresas audiovisuales del Estado español, pero también lo es que únicamente fue firmado por Radiotelevisión Española y por la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, ambas de carácter público, lo que haría necesario promover también que las empresas de naturaleza privada o bien se sumen a este protocolo, o bien suscriban uno específico, como propone el Grupo Parlamentario Socialista.
Por otra parte, no podemos olvidar que la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual, dispone que la información nunca podrá incitar al odio o a la discriminación por razón de género o cualquier circunstancia personal o social y debe ser respetuosa con la dignidad humana y los valores constitucionales. Asimismo, impone a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual la obligación de procurar ofrecer en sus emisiones una imagen ajustada, normalizada, respetuosa e inclusiva de las personas con discapacidad, evitando así difundir percepciones estereotipadas, sesgadas o producto de los prejuicios sociales que pudiesen subsistir, calificando como infracción muy grave la emisión de contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social y la emisión de comunicaciones comerciales que vulneren la dignidad humana.
En este sentido, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información ha venido realizando, tanto por iniciativa propia como a instancias de terceros por denuncia, las labores de inspección y control necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia audiovisual por parte de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual bajo su competencia, en especial, las emisiones de contenidos que pudiesen afectar a la dignidad humana o que fomenten la discriminación. Esperamos que, tras el paréntesis que pueda suponer el cambio en esta secretaría de Estado, se trabaje en el mismo sentido en que se ha venido haciendo hasta el momento. Por lo tanto, como acabo de decir, esperando que el repentino cambio en el Gobierno no afecte a la labor desempeñada durante los últimos años, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar esta iniciativa y cuantas otras se deriven de la necesaria lucha contra la discriminación hacia las personas con discapacidad desde el fomento de una verdadera sociedad inclusiva.
Con su intervención termina el turno de portavoces, que ha expresado unanimidad y buen tono en esta iniciativa.
Como les he anunciado, ahora le voy a dar la palabra al señor Torres Mora por alusiones que han sido explícitas. Espero que también con buen tono concluyamos este punto. Tiene la palabra por un tiempo de dos minutos.
El señor TORRES MORA: Se lo agradezco, señor presidente.
Sabe perfectamente que el buen tono preside todas mis intervenciones, incluida la del martes pasado que, por supuesto, no decía lo que ha afirmado el portavoz de Ciudadanos. Afortunadamente mis palabras están recogidas en el Diario de Sesiones en su literalidad y le aseguro que resisten cualquier análisis sintáctico sobre su significado. Por lo tanto, el portavoz de Ciudadanos hace una afirmación que se puede constatar fácilmente, leyendo el Diario de Sesiones del Pleno, que es falsa. Le rogaría que se moleste en leerlas, que las analice, que vea exactamente lo que digo y, cuando lo haga, pida a la Presidencia que retire las palabras que ha dicho sobre mí en esta sesión de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Señor Gómez Balsera, nos han invitado a leer el Diario de Sesiones, pero quizás usted quiera hacer uso de la palabra. (Asentimiento).
El señor GÓMEZ BALSERA: Por supuesto, me remito al contenido del Diario de Sesiones. He dicho en mi intervención que estoy convencido de que sus palabras no fueron intencionadas y he agradecido las disculpas que se dieron en su día por los dos hechos a los que me he referido. Simplemente creía que era importante recordar aquí al grupo proponente que de lo que se trata con esta iniciativa es de evitar la difusión de estereotipos falsos, vejatorios o despreciativos. Si el señor Torres Mora se ha sentido ofendido, por supuesto, retiro mis afirmaciones del Diario de Sesiones, porque se trata precisamente de que no ofendamos a nadie con nuestras intervenciones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Balsera, por aceptar la petición que le había formulado el diputado Torres Mora. Se la había formulado incluso en diferido para la siguiente sesión, pero usted inmediatamente ha reaccionado. Se lo agradezco muchísimo.
- SOBRE LOS APOYOS PÚBLICOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002499).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al 2.º punto del orden del día, sobre los apoyos públicos a las personas con discapacidad auditiva. El grupo autor de la iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y para su defensa y por un tiempo de cinco minutos tiene la palabra el señor Paniagua.
Buenos días, señorías. Esta mañana intervengo en nombre de mi grupo parlamentario para defender una iniciativa por y para las personas con discapacidad auditiva y sus familias. Es un compromiso que venimos ejerciendo desde hace muchos años, porque les recuerdo, señorías, que el Grupo Parlamentario
Popular lleva trabajando desde siempre a favor de este colectivo. Antes de llegar al poder en 1996 defendimos el desarrollo de programas especiales y la subtitulación en televisión y, al gobernar, incorporamos la prestación por audífonos en la financiación pública. Este compromiso que ejercemos con todos los ciudadanos y que es la razón fundamental de nuestra acción política se cuida y se mantiene día a día por el contacto permanente y fluido con todos los colectivos sociales, escuchando, debatiendo e impulsando acciones desde los diversos Gobiernos que dirigimos e instando a otros cuando nos colocan en la oposición. Es un compromiso que se extiende especialmente a todas las personas con discapacidad, ya que todavía son muchos los impedimentos que frenan su plena inclusión social, a pesar de que en los últimos años se han puesto en marcha una serie de instrumentos normativos que persiguen eliminar las barreras existentes. Además de razones de justicia, es fiel reflejo de nuestra voluntad de trabajar por el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución española, que establece que los poderes públicos deberán impulsar políticas que garanticen derechos reconocidos a todos los ciudadanos, removiendo todos los obstáculos que sean necesarios cuando las personas tengan algún tipo de discapacidad. Por todo ello, en su momento, hace más de veinte años, impulsamos la financiación pública de audífonos en determinadas condiciones de edad y renta familiar, al considerar que para el desarrollo y la inclusión en la sociedad de los menores de edad era capital poder comunicarse con fluidez.
Hoy, después de muchos años y por el desarrollo tecnológico de los elementos de apoyo a la comunicación, se hace necesario revisar el sistema de ayudas, continuando con el compromiso de trabajar por la plena inclusión de las personas con discapacidad auditiva en la sociedad. Así, hoy traemos también otra PNL, la 6.º, de promoción de la lengua de signos en el sistema educativo, y el anterior Gobierno había elaborado ya el borrador del desarrollo reglamentario de la ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. En virtud de esta disposición y en el seno de los trabajos de la comisión de seguimiento de la ley, se constituyó un grupo de trabajo para la elaboración del citado reglamento en el que participaron todas las entidades del sector y con las que se ha venido trabajando para culminar la redacción del texto que, como les he dicho, actualmente está en fase de audiencia pública en la web del ministerio. La intención que tenía el ministerio era que pudiera estar aprobado durante este primer semestre de 2018.
Por eso, presentamos la siguiente proposición no de ley por la instamos al Gobierno a revisar en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la financiación de audífonos y componentes externos de los implantes auditivos, con el objetivo de eliminar las barreras de comunicación existentes y continuar trabajando por la plena inclusión de las personas con discapacidad auditiva en la sociedad. Lo hacemos en este momento por varias razones. Nuestra PNL persigue, ahora que la recuperación económica es firme, seguir trasladando sus beneficios a todos los colectivos, como hemos hecho con las rentas medias y bajas, con los pensionistas, con las madres trabajadoras, con las familias numerosas, con los jóvenes y con todas las personas con discapacidad. En segundo lugar, porque el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad celebró hace poco el tercer pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de la legislatura, un instrumento que definió la anterior ministra como esencial para mantener la cohesión, la equidad y la calidad de nuestro sistema y con el que seguir trabajando por y para los trabajadores sanitarios y los pacientes, mejorando su salud y calidad de vida. En este pleno del consejo se informó a los consejeros de los acuerdos adoptados en la comisión de prestaciones sanitarias, donde se ha aprobado la financiación de audífonos hasta los veintiséis años, incluyendo inicialmente hasta los veinte años e incorporando tramos de edad anuales, de dos en dos, hasta alcanzar los veintiséis.
Por último, aunque somos conscientes de que el actual Gobierno se acaba de formar, no queremos que esta iniciativa ni este compromiso con las personas sordas caigan en saco roto. Queremos que se mantengan y, por eso, dado que tampoco hay enmiendas, esperamos su apoyo a la misma.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Paniagua.
Como muy bien ha apuntado al final de su intervención, no se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley. Por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el diputado Gómez Balsera.
El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, señor presidente. (El señor Alli Martínez pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Gómez Balsera, me he saltado el turno del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Alli.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, presidente. Somos pocos, pero se lo agradezco.
Nosotros hacemos público que vamos a votar a favor de esta proposición no de ley propuesta por el Grupo Popular, porque estamos absolutamente de acuerdo con la inclusión social de las personas con discapacidad auditiva. Ahora bien, el breve tiempo que tengo voy a dedicarlo a algo que tiene que ver con la discapacidad auditiva, pero, en términos generales, con todas las personas con discapacidad en este país.
El texto de la exposición de motivos hace referencia al artículo 49 de la Constitución española, y quiero recordar a las señorías de esta Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad que este artículo, a día de hoy, cita disminuidos físicos y disminuidos mentales. Creo que ya han pasado cuarenta años y que esa expresión no tiene ningún sentido. En este Congreso de los Diputados, y espero que nadie se sienta ofendido, está la Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico, en la que en estos momentos solo están tres grupos políticos: el antiguo bipartidismo, del que hablan algunas fuerzas políticas, y luego la humildad de Unión del Pueblo Navarro. Ha habido grupos del ámbito nacionalista que se han negado a estar, por los motivos que sean, que intuyo. Hay otros que, sin ser nacionalistas, tampoco están en esa Comisión, y también puedo intuir por qué. Otro grupo político comenzó estando en esa Comisión y la ha abandonado. Así que, insisto, solo estamos tres fuerzas políticas: el Grupo Popular, el Grupo Socialista y nosotros. Solo el hecho de cambiar el artículo 49 sería motivo suficiente para hacer una modificación ad hoc antes de que acabe esta legislatura. Entiendo que hay una total unanimidad en este tema, y no ya de los grupos políticos sino de la propia sociedad civil, y, por supuesto, del ámbito asociativo.
Nada más. Reitero nuestro apoyo al Grupo Popular. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alli. Permítanme que, a título personal, me sume a su consideración de lo inapropiado que es que la expresión "disminuidos" figure en el dictado de la Constitución. Además, este artículo de la Constitución no requiere una revisión reforzada de la Constitución. Usted ha apuntado el camino.
Perdone, señor Gómez Balsera. Ahora sí tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El tenor de esta iniciativa supone una contradicción con la actitud que el Grupo Popular ha mantenido durante los últimos años, ya que parece haber olvidado que ha gobernado, incluso con mayoría absoluta, y durante esos años no ha atendido todas las demandas de los familiares de afectados por la discapacidad auditiva, como la financiación de todos los componentes que precisan los implantes cocleares, la única alternativa a los audífonos. Los audífonos sí están incluidos en la cartera básica, pero no son siempre efectivos en todos los casos; en caso de sordera profunda solo son efectivos los implantes cocleares, pero no todos sus elementos son financiados por las administraciones competentes. Las baterías o la renovación de algunos componentes del aparato deben ser sufragadas por los afectados, lo que supone un gasto elevado que muchas familias no pueden afrontar y limita la autonomía de las personas con discapacidad auditiva. No vamos a entrar hoy en la falta de apoyos para los menores con discapacidad auditiva en los centros escolares, lo que impide una educación inclusiva real, toda vez que la iniciativa se centra en la cobertura sanitaria.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, consciente de las necesidades de las personas sordas en nuestro país, presentó una enmienda a estos Presupuestos Generales del Estado que se están tramitando y que incluía un incremento de 250 000 euros destinado a la Confederación Estatal de Personas Sordas para la atención de personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos. Esta enmienda se incorporó en el trámite de los presupuestos en el Congreso. Gracias a esta partida, muchas personas con sordera van a ver mejorada la atención de sus necesidades, lógicamente no tanto como quisiéramos pero sí de manera significativa. Votaremos favorablemente esta iniciativa y, mientras tanto, quedaremos a la espera de la comparecencia de la ministra en Comisión, toda vez que su propuesta estrella de sanidad universal, al no haber mencionado nada en cuanto a los copagos sanitarios, sigue estando muy lejos de ser universal e igualitaria.
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos tiene la palabra la diputada señora Arévalo.
La señora ARÉVALO CARABALLO: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
El Grupo Popular nos trae una PNL por la que insta al Gobierno a revisar la financiación de los audífonos y componentes externos de los implantes auditivos con el objetivo de trabajar por la plena inclusión de las personas sordas. Es cierto que la comunidad sorda se encuentra con muchas dificultades derivadas de la prestación ortoprotésica. Así nos lo trasladó en febrero de 2017 el propio movimiento asociativo de personas sordas cuando compareció ante esta Comisión. Este movimiento fue, como digo, el que nos solicitó la actualización de la cartera ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud para que la financiación de las prótesis auditivas, esto es, audífonos e implantes auditivos, fuera universal. ¿Por qué planteaban esta cuestión? Porque aunque en el año 2000 ya se incluyeron los audífonos en la cartera ortoprotésica, se hizo estableciendo un límite de edad en la prestación hasta los dieciséis años y, además, la prestación actual apenas cubre la tercera parte del coste. Desde Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea queremos dejar clara cuál es nuestra posición, que no es otra -además, la compartimos con el movimiento asociativo- que la demanda para que los audífonos sean una prestación sanitaria de carácter universal. Mientras el nuevo Gobierno socialista se pone manos a la obra con esta cuestión, nosotras le instamos a que empiece planificando una progresiva ampliación de la cobertura de la prestación por tramos de edad, comenzando, por ejemplo, hasta los veintiséis años porque, además, así lo pide el propio movimiento asociativo de las personas sordas. Eso sí, urge incrementar -y esto tiene que ser desde ya- la cuantía financiada en los mismos términos que cualquier otra de las prótesis incluidas en la cartera común suplementaria de prestaciones ortoprotésicas del Sistema Nacional de Salud, eliminando el actual copago que, dependiendo del precio del audífono, puede llegar hasta el 60 %.
El movimiento asociativo de las personas sordas también nos trasladó la situación de los componentes externos de los implantes auditivos y, en concreto, del implante coclear, ya que los componentes externos del implante coclear se tienen que renovar periódicamente y, actualmente, la cartera solo contempla la renovación de tres de los componentes. Pero el implante no solo tiene esos tres componentes externos sino que tiene más, como, por ejemplo, los cables, el imán, el portapilas, la batería, que no están incluidos. Pro eso, además este nuevo Gobierno debe tomar medidas para que las personas sordas usuarias de implantes dejen de ser un colectivo cautivo de las marcas comerciales.
Por tanto, y concluyo, ojalá el nuevo Gobierno se ponga a trabajar por la gente y por las cosas que importan a la mayoría social y pongan desde ya al alcance de las personas sordas que comunican en lengua oral todos los recursos de apoyo a la audición que necesitan. Que no dude nadie que desde Unidas-Podemos estaremos alerta.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Mari Sol Pérez.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, y bienvenida la nueva miembro a esta Comisión y secretaria de la Mesa.
La iniciativa que hoy nos trae el Grupo Parlamentario Popular, como decía su proponente, tiene relación con otras que van a debatirse con posterioridad, esta misma mañana, relativa al catálogo ortoprotésico, así como a la atención educativa o inclusiva. Todos somos conscientes de las necesidades de este sector con este tipo de discapacidad. La señora Arévalo ha hecho un buen relato de cuál es la situación actual y de las peticiones del sector, entre otras que de una vez por todas, y está bien que el Grupo Popular lo reclame ahora al nuevo Gobierno, a la mayor brevedad posible dispongamos de una orden ministerial relativa a las prótesis externas de la cartera de servicios comunes. Es bueno reconocer a todos los Gobiernos de este país el trabajo que han hecho por las personas con discapacidad, y si bien es cierto que hace varias décadas se comenzó con la financiación de los dispositivos de apoyo para las personas sordas orales, también es cierto y debe reconocerse que en 2010, con un Gobierno socialista, por primera vez al implante coclear se añade la financiación de los dispositivos externos. Las justificaciones podrían ser varias, pero también sería bueno reconocer que en un determinado momento en este país el Real decreto de 2010 de sostenibilidad destrozó la cartera de servicios comunes y creó servicios comunes, catálogo complementario, etcétera, y de aquellos polvos, estos lodos. Yo solo deseo que el reglamento
que llevamos bastante tiempo reclamando y que tiene su origen en la Ley de 2007 se haga por fin efectivo -sé que se encuentra en fase de consulta pública y que, por tanto, ya hay un gran trabajo avanzado- y que de una vez sea posible contar con una orden ministerial relativa a las prótesis externas.
Como decía el diputado Allí, creo que los miembros de esta Comisión, y también todos los miembros de este Parlamento, estamos absolutamente de acuerdo en la necesidad de modificación del artículo 49 de la Constitución. Es más, el señor Alli sabe que para mi grupo no solamente es fundamental la modificación de este artículo, que figura en nuestro programa, sino también la modificación de nuestra Constitución para incorporar a los derechos fundamentales los derechos sociales, que son tan importantes, porque, como bien saben sus señorías, si no son derechos fundamentales, no disponen de la garantía que estos tienen de cumplimiento y suelen quedar al albur de los distintos Gobiernos. Yo espero que este Gobierno siga trabajando, como hicieron en anteriores ocasiones los Gobiernos socialistas, para prestar todo su apoyo y hacer cumplir la convención y los derechos de las personas con discapacidad. Por supuesto, votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez. Con su intervención termina el turno de portavoces del punto número 2, que parece ser que también va a suscitar unanimidad, pero esto lo veremos en el momento de la votación.
- RELATIVA AL TRATAMIENTO ORTOPROTÉSICO EN PERSONAS AMPUTADAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002782).
- RELATIVA A LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003125).
El señor PRESIDENTE: Señorías, de acuerdo con la resolución de la Mesa del día 12 de junio de 2018, los puntos 3 y 4 se debatirán acumuladamente por tener una unidad de objeto sustancial. Así se acordó por la Mesa, con lo cual se producirá un único turno de intervención de portavoces para defender las iniciativas y, en su caso, las enmiendas. Quiero recordar que el punto número 3 es el relativo al tratamiento ortoprotésico en personas amputadas, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el punto número 4 es el relativo a la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Por orden de presentación, en primer lugar, tiene la palabra la señora Botejara, del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para la defensa de su iniciativa.
Esta PNL es similar a otra registrada en mayo de 2017, lo cual significa que el tema es de interés. ¿Cuál es la situación actual en el tratamiento ortoprotésico? La realidad es que tenemos un problema de gran magnitud en cuanto a la cantidad, dado que son más de 90 000 las personas amputadas que tenemos en España, donde las prestaciones entre unas comunidades y otras difieren de forma importante respecto a su calidad y fundamentalmente en cuanto al acceso. Incluso se producen situaciones de personas que se plantean irse a vivir a otra comunidad autónoma para poder tener acceso a esta prestación, lo cual da lugar a un escenario de gran inequidad. Ante esta situación, no se puede decir que nuestro sistema sanitario sea un referente mundial, como se contempla en la PNL del Grupo Popular, sobre todo si a esto hay que añadir que gracias al Real Decreto 16/2012 se sacó la prestación relativa a las prótesis de la cartera común básica para conformarla como cartera suplementaria, significando esto, según se contempla en la PNL del Grupo Popular, una correcta regulación del catálogo. No, no es una correcta regulación del catálogo, sino la introducción de los copagos, como se ha visto luego claramente. No podemos obviar el mercado que hay alrededor de estos productos, la gran variabilidad de precios y de calidad, produciéndose incluso diferencias de unas ortopedias a otras. Se trata de un mercado poco regulado, sin transparencia, en torno a la trazabilidad y los costes.
El tratamiento ortopédico en numerosas ocasiones es un tratamiento complejo y delicado que requiere el seguimiento del rehabilitador o traumatólogo que lo haya prescrito. El Partido Popular solicita actualización; nosotros, que se trate este problema en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Asumimos la primera parte de la propuesta del PP, como no puede ser de otra manera; es imposible
hacer un referente de una prótesis sin contemplar que se trata de una adaptación individualizada, lo cual es obvio. Nuestra opción es que el Sistema Nacional de Salud proporcione directamente las prótesis a las personas amputadas, especialmente de miembro superior o inferior, como si se tratara de un implante quirúrgico, y los profesionales del Sistema Nacional de Salud abordarían de forma integral el proceso para evitar los problemas de disfunción que tenemos actualmente. Por otra parte, solicitamos la actualización del catálogo de prestaciones de la oferta de prótesis de mayor calidad, porque al suministrarlo el sistema sanitario directamente el coste disminuiría de forma importante. Para finalizar, consideramos que hay que aumentar en este campo la tan necesaria inversión en I+D, que es fácil de rentabilizar con la calidad de la atención de nuestros pacientes.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, como autor de la otra iniciativa, tiene la palabra la señora Cabezas.
Señorías, me sumo a la felicitación a la nueva secretaria de la Mesa.
Para el Grupo Popular, las personas con discapacidad han sido siempre una prioridad, no lo digo yo, sino que así lo pone de manifiesto la ambiciosa agenda social que el Gobierno del Partido Popular ha desarrollado durante los últimos años, un Gobierno con el mejor presidente que ha tenido España, Rajoy; sin embargo, algunos no han querido esperar a terminar la legislatura para dirimir en las urnas las diferencias políticas existentes. Las prisas por llegar a La Moncloa les han impulsado a acometer un ejercicio de oportunismo y ambición personal, pero permítanme decirles que las prisas no son buenas. Ahora tenemos un presidente de España que, por no ser, no es ni diputado, que por primera vez no ha sido votado por los españoles y las españolas (la señora De Frutos Madrazo: ¿Y eso qué tiene que ver con la PNL?) y que promovió el voto en contra de los presupuestos para 2018, que ahora resulta que defiende y ejecutará con unos compañeros de viaje que han querido romper España, sin olvidarnos, por supuesto, de Ciudadanos, que han sido los grandes impulsores. (Risas.-Rumores). Estaremos atentos a las políticas de discapacidad que llevarán a cabo con tantos compañeros y compañeras.
Señorías, como contrapunto a su esperada política social, cabe recordar cuál ha sido la política a favor del colectivo de la discapacidad del Gobierno del Partido Popular, una política que está ahí y cuyos resultados nos avalan, sin olvidar la situación con la que se encontró el Gobierno del Partido Popular en España en el año 2011. En 2013, el Gobierno del Partido Popular puso en marcha la nueva Ley general de derechos e inclusión social de las personas con discapacidad; reforzó el apoyo a las entidades del tercer sector; destinó 3000 millones de euros al pago de facturas pendientes en las comunidades autónomas; recuperó las medidas estatales de fomento del empleo para las personas con discapacidad; impulsó reformas fiscales para las familias numerosas y/o con personas con discapacidad a su cargo y mejoró la atención a las víctimas de violencia de género con discapacidad auditiva. Esas fueron, entre otras, las medidas que se impulsaron. Sin embargo, a pesar de todas estas acciones, somos conscientes de que es necesario seguir desarrollando políticas a favor de las personas con discapacidad, y lo hacemos sobre la base de que es fundamental saber de primera mano cuáles son sus necesidades, lo que se hace hablando con ellas, y la iniciativa que hoy presentamos es un ejemplo de ello. Es una iniciativa que persigue que el Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las comunidades autónomas, actualice la cartera común de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud, garantizando en todo momento una atención más adecuada a las necesidades del usuario, preservando el carácter público, universal y solidario con los menos favorecidos, así como la amplitud de las prestaciones que hacen de nuestro Sistema Nacional de Salud uno de los grandes triunfos del Estado del bienestar, posicionándolo como un referente mundial.
Voy terminando, señorías. No quiero cerrar mi intervención sin hacer referencia a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, una PNL que debatimos conjuntamente con la nuestra, porque, a pesar de que son muchas las diferencias que nos separan, coincidimos con ellos en el diagnóstico de la situación de muchas personas usuarias de prótesis en nuestro país. Sin más, quiero señalar que hemos formulado una enmienda a la iniciativa a fin de poder llegar a un acuerdo -algo que hemos conseguido, lo cual agradecemos- para mejorar la calidad de vida de las personas que necesitan las prestaciones ortoprotésicas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cabezas. Como muy bien ha dicho al final de su intervención, el Grupo Popular es autor de una enmienda, así como el Grupo Socialista y el Grupo Ciudadanos. Doy por hecho que al final de su intervención ha dado por defendida su enmienda.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Igea.
Quisiera aclarar, en primer lugar, que no es que nosotros seamos impulsores de la moción de censura -tampoco nos disgusta mucho el resultado-, pero sí podemos considerarnos orgullosamente impulsores de un clima de intolerancia con la corrupción en la política española, de lo cual no solo no nos avergonzamos sino que estamos orgullosos.
Dicho esto, de lo que trata la proposición es de cómo vamos a dar las prestaciones del servicio ortoprotésico a nuestros ciudadanos. En la actualidad hay unos 90 000 españoles que sufren amputaciones y necesitan servicios ortoprotésicos. Efectivamente, como dice la representante de Unidos Podemos, existe una gran diferencia e inequidad en el sistema, pero la propuesta que se hace no parece que vaya encaminada a solucionar esta inequidad porque no la resuelve proporcionar directamente los servicios en el hospital, como hemos visto en otras prestaciones, pues habrá comunidades con una financiación y comunidades con otra financiación, comunidades que comprarán unas prótesis y comunidades que comprarán otras prótesis, y comunidades que podrán pagar mejores servicios y comunidades que no. Hasta que no arreglemos la igualdad en la financiación autonómica y sanitaria, difícilmente tendremos servicios iguales. Además, como es costumbre en la exposición de motivos, demonizan la actividad privada y la gestión indirecta o concertada, y dicen que esto nos cuesta más. No hay ninguna evidencia en políticas públicas que demuestre ese aserto, es decir, que la gestión directa sea más barata que la gestión concertada o que la prestación de servicios públicos por unos entes u otros sea más o menos económica, con lo cual habría que hacer un pequeño cálculo de lo que esto supone, de cuánto gastamos en los servicios ortoprotésicos, porque ni siquiera eso está en la exposición de motivos. Parece una cosa bastante importante, cuando uno propone un cambio de tal magnitud, hacer al menos una estimación de lo que se gasta y de lo que nos puede suponer. Estamos hablando de 130 millones de euros al año, a los que habría que sumar otros 70 millones al eliminar los copagos, porque supongo que ustedes son partidarios de eliminar los copagos ya que, si no, igual dejan de ser Podemos. Si eliminamos los copagos, nos vamos a 200 millones, y si además incluimos -como hemos hecho en la anterior- las prestaciones de implantes cocleares ya nos vamos a 300 o 400 millones, naturalmente con el mismo presupuesto que está aprobado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ayer nos dieron una buena pista: probablemente subiendo los impuestos a los ciudadanos. No se trata de esto, sino de dar un sistema de calidad y de dar algo que piden todas las personas en España que tienen este problema, que son, como he dicho, 90 000.
Ustedes piden una cosa que es exactamente lo mismo que pedimos nosotros: igualdad y libertad. ¿Y cómo aseguramos la igualdad y la libertad? Dejando que cualquier español vaya al servicio protésico que él quiera en cualquier provincia de España, así no habrá diferencias porque podrá elegir qué servicio quiere y eso redundará en una mejora continua de la calidad, porque, señores de Podemos... (la señora Botejara Sanz: Señora), bueno, señoras y señores (risas), creo recordar que es el sistema de libre mercado el que ha traído el avance económico y las mejoras en las prestaciones y en la calidad de los servicios que se prestan; no exactamente el anticuado modelo que ustedes proponen. Por otra parte, tampoco acabaremos con la inequidad si damos un servicio único porque ninguna de las comunidades autónomas tiene ahora mismo transparentes sus gastos hospitalarios. En eso estoy de acuerdo con ustedes; si tuviéramos los gastos hospitalarios transparentes, así como los resultados, igual veríamos que, a veces, se han tomado decisiones de acabar con algunas concesiones o gestiones que han perjudicado no solo la economía del sistema sino la calidad de los servicios que se prestan. Esto no se puede proponer si no se plantea a la vez un control de calidad. Por tanto, insisto, nosotros lo que proponemos es que se acabe ya de una vez el catálogo ortoprotésico, que lleva cuatro años elaborándose; que se homogeneicen las prestaciones y que se permita a la gente elegir dónde las recibe, y que se aclare -porque no está aclarado- si en la propuesta se incluye la eliminación de los copagos o no se incluye, porque es un elemento esencial. Se está pagando desde el 30 % que paga Muface hasta el 60 % que pagan los que tienen más ingresos. Supongo que dentro de su proposición está eliminar estos copagos haciéndolo universal, pero lo que preguntamos es cómo vamos a pagar esto.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de la enmienda y también para fijar posición, tiene la palabra la diputada señora Begoña Tundidor.
Antes de comenzar, me gustaría decirle a la señora diputada del Partido Popular que puedo entender el enfado que les ha producido perder el Gobierno de España, pero para nada compartimos sus palabras.
Como ustedes saben, el Real Decreto de 2012 supuso un antes y un después en la regulación de la cartera común suplementaria de protección ortoprotésica. La Federación Española de Ortesistas y Protesistas denuncia deficiencias en la prestación ortoprotésica en España y por ese motivo viene reclamando la modificación del Real Decreto 1506/2012 aprobado por el Gobierno del Partido Popular, que supuso la base para el recorte de la prestación que atiende a las personas con discapacidad o que han sufrido un accidente o postoperatorio; de igual forma, ha alertado del riesgo de la exclusión que supondría para miles de personas amputadas el catálogo común de prótesis propuesto por el Ministerio de Sanidad anterior y que deja fuera de la financiación el 90 % de las prótesis de los principales fabricantes. Desde el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establecía la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, se dieron pasos importantes para un servicio que garantizaba la atención integral y la continuidad de la asistencia presentada a las personas usuarias, independientemente del nivel asistencial en el que se les atiende en cada momento. Conocíamos las reivindicaciones de las asociaciones de pacientes y de sus familias sobre la actuación del catálogo de prestaciones y productos sanitarios para personas con discapacidad.
Desde mi grupo consideramos que no solo se trata de una cuestión de justicia social, por supuesto, sino que es obligación del Gobierno hacer un esfuerzo permanente para poder adaptarnos a las necesidades de las personas con discapacidad, de manera que todos aquellos avances e innovaciones que se van produciendo en este ámbito puedan ser incorporados y estar presentes en la cartera de prestaciones comunes del Sistema Nacional de Salud, un trabajo que creo que es importante recordar y que hay que hacer de manera muy coordinada con las comunidades autónomas; además, hay que realizar los estudios económicos pertinentes. En estos momentos se está finalizando la tramitación de una orden que, entre otros aspectos, regula el procedimiento de oferta de productos ortoprotésicos y establece el catálogo común de órtesis, sillas de ruedas y ortoprótesis especiales con sus respectivos importes máximos de financiación. Este proyecto da un plazo de seis meses para elaborar el catálogo de prótesis externas, entre las cuales se incluyen los audífonos y los componentes externos de los implantes auditivos. Una de las novedades más importantes es la ampliación de la edad de financiación de los audífonos hasta los veintiséis años -actualmente se contempla hasta los dieciséis años- de una forma gradual. Entendemos que la iniciativa presentada por el Partido Popular recoge las novedades que se incorporarán en breve, por lo que nuestro voto será favorable.
Señorías, la crisis ha hecho que la parte más débil de la población haya sufrido más las consecuencias de los recortes. No ha habido una protección especial para un colectivo tan vulnerable; al contrario, ha sufrido mayormente las consecuencias. A causa de accidentes de tráfico, accidentes laborales, enfermedades o problemas cardiovasculares, entre otros, solo en España unas 90 000 personas han sufrido alguna amputación de miembro inferior o superior, según los datos de octubre de la Asociación Nacional de Amputados de España; sin embargo, no todas tienen acceso a los materiales protésicos más avanzados por su elevado coste.
Para los socialistas, es necesario clarificar y abordar las propuestas encaminadas a conseguir afianzar los logros de nuestra sociedad para que nuestros ciudadanos puedan disfrutar de unas prestaciones justas que les permitan alcanzar una calidad de vida adecuada y para conseguir con la mayor normalidad posible el curso de sus proyectos, trabajos y actividades. Es de justicia reivindicar la gratuidad de prótesis adaptadas para aprovechar la tecnología actual y posibilitar que los amputados ganen calidad de vida y puedan, incluso, reincorporarse a sus vidas laborales con independencia de su capacidad económica. Por eso apoyaremos la iniciativa, salvo en el primer punto, que hemos enmendado. Los implantes son elaborados por empresas que los suministran a hospitales para los pacientes que van a ser intervenidos. A estos se les implantan en el momento de la intervención quirúrgica, a diferencia de las exoprótesis, que son las prótesis que requieren las personas amputadas y que necesitan de una elaboración a medida para cada usuario en establecimientos sanitarios especializados -ortopedias-, que cuentan con un técnico con la adecuada formación y los recursos materiales necesarios. A este acto se le denomina adaptación;
es una prestación ambulatoria, es decir, los pacientes no están hospitalizados. Actualmente, el Sistema Nacional de Salud no cuenta con profesionales ortopedas ni con las instalaciones y recursos que se requieren, por lo que entendemos que el primer punto de la iniciativa sería en este momento imposible de cumplir. Además, es necesario trabajar con las comunidades autónomas en la actualización del catálogo común de prótesis externas e incluir nuevas prótesis; retirar las obsoletas y fijar importes máximos de financiación acordes con la realidad que permitan a los usuarios disponer de prótesis de mayor calidad, independientemente de su poder adquisitivo. Según la memoria de la Agencia Española de Tecnologías Sanitarias se han realizado informes a petición del comité asesor para la prestación ortoprotésica dependiendo de la comisión de prestación, aseguramiento y financiación. Se han pedido informes para sillas de ruedas, equipos articulados, dispositivos antiescaras de úlceras de presión, etcétera, pero en los últimos cinco años no se ha demandado ningún informe en el área de ortoprótesis de miembro superior o inferior. En los temas priorizados desde la comisión de prestaciones para este año tampoco figuran cuestiones relacionadas con la prestación ortoprotésica en miembros superiores o inferiores.
Señorías, la inversión en I+D en el campo de la ortopedia y de la ortoprótesis es fundamental, entendiendo que cualquier actuación ha de ceñirse, especialmente, a los requisitos de concurrencia competitiva recogidos en las sucesivas convocatorias. Esperamos que el Grupo Confederal recoja nuestra enmienda, que se acerca más a la realidad posible de la prestación ortoprotésica. Si no aceptaran la enmienda, rogaríamos que lo hicieran por puntos.
Estamos ante dos textos que hemos discutido conjuntamente porque había una unidad en lo sustancial, pero hay distintas enmiendas para cada uno de los puntos. Por lo tanto, ahora es el momento de preguntarle a la diputada señora Botejara cuál es su posición ante las enmiendas presentadas por los Grupos Ciudadanos, Socialista y Popular.
La señora BOTEJARA SANZ: Hemos asumido la propuesta del Grupo Popular ya que es nuestro segundo y tercer punto. No podemos decir que no, ya que han asumido los nuestros.
El señor PRESIDENTE: Entiendo, pues, que hay una enmienda transaccional.
El señor PRESIDENTE: ¿También con Ciudadanos y el Grupo Socialista?
La señora BOTEJARA SANZ: No, con el Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Nos harán llegar a la Mesa este texto, que vamos a distribuir entre todos los grupos, que fijarán libremente su criterio a la luz del texto transaccional.
Voy a preguntar al Grupo Parlamentario Popular sobre el punto número cuatro, que tenía una enmienda del Grupo Ciudadanos, cuál es su posición respecto a la enmienda y cuál es el texto final.
La señora CABEZAS REGAÑO: Admitimos la de Podemos. Es el acuerdo al que hemos llegado.
El señor PRESIDENTE: Pero, señora Cabezas, no había enmienda de Podemos.
La señora CABEZAS REGAÑO: No, me refiero a que hemos llegado a un acuerdo con Podemos, que aceptan nuestra enmienda.
Para que conste a efectos del Diario de Sesiones, Podemos no ha presentado ninguna enmienda a su texto, pero ustedes han trazado una transaccional que se basa en el punto número tres.
La señora CABEZAS REGAÑO: Sí.
La señora TUNDIDOR MORENO: Perdón, señor presidente, no me he enterado bien. ¿La iniciativa de los audífonos tiene enmienda o no?
El señor PRESIDENTE: Para ser muy prácticos, técnicamente queda un solo texto transaccionado, que se apoya en el punto número tres que se ha distribuido entre los grupos y que se va...
La señora TUNDIDOR MORENO: Pero en la dos, entiendo que es en la dos. Estoy hablando de la de ortoprótesis.
El señor PRESIDENTE: Pido al Grupo Popular que, técnicamente, dé por retirado su punto número cuatro porque si no la vamos a votar en sus propios términos si no aceptan la enmienda del Grupo Ciudadanos.
Ustedes han transaccionado con el Grupo de Unidos Podemos un texto, pero este texto -con tres puntos que esta Mesa tiene aquí- se tiene que basar técnicamente en un punto del orden del día con enmiendas del grupo. Este es el punto número tres. Si en el punto número cuatro no aceptan las enmiendas de Ciudadanos, o lo votamos en sus términos iniciales o la retiran y entienden que el punto de consenso es el texto transaccionado a partir de la iniciativa del número tres. Yo les recomiendo que hagan esto porque es lo más coherente. ¿De acuerdo?
Después votaremos el punto número tres con la enmienda transaccional que vamos a distribuir entre los portavoces, y técnicamente no vamos a someter a votación el punto número cuatro porque ustedes lo retiran, ya que el grupo tiene derecho a retirarlo. (El señor Igea Arisqueta pide la palabra).
Tiene la palabra, señor Igea.
El señor IGEA ARISQUETA: Una aclaración sobre la transacción, por orientar nuestro sentido del voto.
El señor PRESIDENTE: Señor Igea, esta transaccional va a ser distribuida y después ustedes, en el momento de votar, expresarán su opinión. No hay más turno de portavoces para fijar el sentido del voto. Quizá este es un déficit del Reglamento porque creo que a veces, una vez conocido el texto transaccional, se tendría que tener otra vez la oportunidad, pero el Reglamento no permite un nuevo turno. Usted va a fijar su posición expresando el sentido de su voto.
- RELATIVA A LIMITAR LAS CAUSAS DE DESPIDO OBJETIVO POR AUSENCIAS LABORALES JUSTIFICADAS EN BASE A CAUSAS DIRECTAS DERIVADAS DE SU DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/002827).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número cinco del orden del día relativo a limitar las causas de despido objetivo por ausencias laborales justificadas en base a causas directas derivadas de su discapacidad. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para la defensa de la misma tiene la palabra su portavoz, el diputado señor Clemente.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Muchísimas gracias, señor presidente, miembros de la Mesa. Puesto que es la primera vez que intervengo como portavoz, quiero dar la bienvenida al nuevo miembro de la Mesa, la señora diputada que acaba de adquirir esa condición.
En segundo lugar, quiero agradecer el carácter constructivo y el trabajo arduo que han hecho los distintos grupos parlamentarios en las distintas enmiendas que han presentado a nuestra iniciativa. Quiero adelantar que hemos llegado a un texto transaccional que está en la Mesa e incluso creo que otro grupo parlamentario se ha sumado al mismo.
Entrando ya en la materia de la proposición no de ley, la Unión Europea ha trabajado por la protección y la inclusión de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos de la vida. En concreto, las instituciones europeas aprobaron la Directiva 2000/78/CE, del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Esta directiva prohíbe en todo el territorio de la Unión Europea cualquier tipo de discriminación directa o indirecta por motivos de religión, convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Nuestra Constitución también establece la igualdad de trato para todos los ciudadanos en su artículo 14, al señalar que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Este principio constitucional se ha traducido en normativas específicas en el ámbito laboral, en concreto, en el Estatuto de los Trabajadores, en el que se señala que tienen derecho a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo una vez empleados por sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por la ley, origen racial, étnico, condición social, religión, convicciones, ideas políticas, etcétera, como tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad, literalmente dice eso.
Pese a ello, todavía existen resquicios legales mejorables a fin de aumentar la protección de los trabajadores con discapacidad. Hay numerosos ejemplos a los que hago referencia en la exposición de motivos. Por citar uno, aludiré al caso de un trabajador que tuvo seis ausencias laborales causadas directamente por su discapacidad que fueron justificadas por los servicios médicos correspondientes. Pese a ello, la empresa le comunicó su despido en julio de 2015 sobre la base de esas ausencias laborales ya que había superado los límites tasados en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que ausencias, incluso justificadas, que alcancen el 20 % de la jornada hábil en dos meses consecutivos o el 25 % en cuatro meses discontinuos en el plazo de un año. El citado trabajador interpuso una demanda contra el despido alegando que existe una vinculación directa entre la ausencia, motivo de su despido, y su condición de discapacitado, solicitando la nulidad al mismo juzgado. Este juzgado competente le aplica el citado artículo 52 en relación con el grado de protección de los trabajadores con discapacidad en comparación con los trabajadores sin discapacidad emitiendo la siguiente cuestión prejudicial a las instancias europeas: ¿Se opone a la Directiva 2000/78/CE la aplicación de una norma legal nacional conforme a la que el empresario está facultado para despedir a un trabajador por causas objetivas, por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de las faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5 % de las jornadas hábiles o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro del periodo de doce meses, en el caso de un trabajador al que se deba considerar discapacitado en el sentido de la directiva cuando la baja laboral fue causada por la discapacidad?
El Tribunal de Justicia Europeo ha contestado que todo trabajador amparado por la directiva citada anteriormente, 2000/78/CE, del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento del marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe ser protegido contra cualquier discriminación respecto de un trabajador que no lo es. Indica también que el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores se aplica de igual manera a las personas con discapacidad y a las personas sin discapacidad, no estableciendo, por tanto, la diferencia entre estos.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y para finalizar, consideramos que la integración laboral de las personas con discapacidad y su trato en igualdad de condiciones dentro de sus respectivos puestos es esencial para conseguir una mejor calidad de vida para estas personas y la forma de garantizar su plena inclusión y su desarrollo personal. Toda norma que suponga una discriminación directa o indirecta hacia este objetivo debe ser modificada y adaptada a las necesidades específicas y reales del convenio.
A esta iniciativa se han presentado enmiendas por parte del Grupo Unidos Podernos-En Comú Podem-En Marea, del Grupo Socialista y del Grupo Parlamentario Popular. Para el turno de fijación de posiciones y también de defensa de las enmiendas, en primer lugar, tiene la palabra el señor Alli.
Intervendré con brevedad porque entiendo que compartiremos tiempo. En cualquier caso, nosotros ya hacemos público que votaremos favorablemente a esta transaccional de los diferentes grupos con el texto que nos han trasladado. Nosotros no solemos estar de acuerdo con aquellos proyectos de ley cuyo texto expositivo haga referencia a un caso concreto, pero lo que ocurre es que este caso efectivamente alude a una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en relación con las directivas del Consejo Europeo, en este caso, a la Directiva 2000/78/CE. Por tanto, nosotros sí estamos de acuerdo con el contenido de la modificación del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores para que no se entienda como un posible despido objetivo a una persona con discapacidad por el número de ausencias que tenga y más, como viene reflejado en el texto, por causa médica justificada.
Hoy por la tarde tendremos una oportunidad fantástica. Hoy por la tarde, el Grupo Ciudadanos, por lo que he visto, presenta una proposición de ley que, si se toma en consideración, podría modificar el trámite de ley. Es una ley que, por lo que he podido analizar, modifica tres leyes diferentes: la Ley del Estatuto del
Trabajador, la Ley 14/1994 y la Ley 5/2000, de infracciones y sanciones del orden social. Muy típico del Grupo Ciudadanos; solo les ha faltado poner el color, porque ya han puesto el nombre de ley contra la lucha de la precariedad laboral. En cualquier caso, creo que es una oportunidad fantástica si hubiese, como parece haber con la transaccional, unanimidad. Si se toma en consideración, modifíquese el artículo 52 para que no haya despido procedente por causa de ausencias objetivas de una persona con discapacidad y siempre, insisto, que vengan con una justificación médica. Por tanto, insisto, nosotros votaremos favorablemente a esta transaccional.
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Rosa Ana Alonso.
El artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores regula, entre las diversas causas de despido objetivo, esto es, aquellos supuestos que permitan despedir a cambio de una indemnización reducida -veinte días de salario por año de servicio con el máximo de veinte mensualidades-, una modalidad de despido basada en el hecho de que la persona trabajadora haya superado un determinado porcentaje de faltas de asistencia al trabajo, aun en caso de que estas sean justificadas. Esta posibilidad está en vigor desde el 8 de julio de 2012.
Hasta la reforma laboral de 2012, dicho despido exigía no solo un determinado número de faltas de asistencia, sino que, al mismo tiempo, se exigía también que las ausencias de la empresa hubieran alcanzado un determinado porcentaje en un concreto espacio de tiempo. La reforma laboral de 2012 trajo consigo una reforma relevante de la regulación contenida en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores ya que el nuevo texto reguló un despido basado simplemente en el hecho de que la persona trabajadora alcanzase un determinado porcentaje de faltas de asistencia, pero desligándolo totalmente del porcentaje de faltas de asistencia general en la empresa.
Lo más relevante de la norma, y al mismo tiempo lo que ha sido más polémico, es que se abre la posibilidad de despido objetivo en caso de faltas de asistencia al trabajo aun cuando se trate de faltas de asistencia justificadas. Se toman en consideración faltas de asistencia al trabajo totalmente involuntarias o que pueden producirse sin que la persona trabajadora tenga la posibilidad de evitarlas; pensemos, por ejemplo, en bajas médicas totalmente impeditivas. La norma está pensando no en una ausencia prolongada que supere los porcentajes señalados, sino en faltas que, como señala la norma, han de ser intermitentes. Por tanto, se trataría de al menos dos faltas diferentes. En el caso de que la causa sea una baja médica, la propia norma señala que quedarán fuera del cómputo aquellas bajas médicas que superen los veinte días de duración, si bien las derivadas de accidentes de trabajo quedan fuera del cómputo en todo caso. Con ello parece claro que la norma está pensando en supuestos de ausencias reiteradas y repetidas, aunque sea por diferentes causas.
Esta causa de despido ha sido considerada muy discutible por diversos sectores del ámbito jurídico al afectar a un derecho constitucional, como es el derecho a la salud. Así, ya es posible encontrar sentencias que declaran nulo un despido por estas causas. Tratándose de una norma que toma en consideración a efectos de despido las faltas de asistencia, incluso cuando sean justificadas, adquiere especial relevancia la concreción de aquellos supuestos que, siendo faltas de asistencia, sin embargo no van a poder ser computables para despedir: huelga legal por el tiempo de duración de la misma, ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidentes de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave, etcétera. Se trata, en general, de supuestos en los que el Legislativo considera que se debe otorgar una especial protección al trabajador o trabajadora.
Resulta evidente, en definitiva, que este precepto penaliza no solo a los trabajadores o trabajadoras con discapacidad -personas que, por tanto, faltan más al trabajo-, sino también a todas las personas que por problemas justificados de salud se ven obligadas a faltar al trabajo. Y lo hace, precisamente, porque parte del prejuicio de que si las ausencias son cortas en el fondo no están realmente enfermas,
sino que abusan de que el médico les dé una baja, criminalizando así tanto a las personas trabajadoras como en cierto sentido a los servicios médicos. Por ello, entendemos que la causa de despido objetivo contenida en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores es profundamente injusta y discriminatoria para todas las personas trabajadoras que por motivos justificados de salud se ven obligadas a ausentarse de forma intermitente del trabajo y por ello ha de ser derogada.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista y también para defender su enmienda y fijar posición, tiene la palabra la señora De Frutos.
Nuestro grupo va a votar a favor de esta iniciativa. Hemos presentado una enmienda y luego voy a explicar por qué. Vamos a votar a favor no solo porque hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que va en este sentido, sino porque el Estatuto de los Trabajadores, a pesar de que reconoce la no discriminación de las personas con discapacidad, luego es incapaz de garantizar la estabilidad en la empresa de las personas con discapacidad y su permanencia. Y sobre todo un artículo que no ayuda en nada a favorecer el empleo de las personas con discapacidad es el artículo 52. El artículo 52 que, como ya se ha dicho aquí, regula el despido por causas objetivas tiene dos puntos en los que deja en una situación de total indefensión a los trabajadores con discapacidad, que son el artículo 52.a), referido a la ineptitud sobrevenida; es decir, para un trabajador que de forma sobrevenida tiene una situación de discapacidad la única opción que le da nuestro Estatuto de los Trabajadores es extinguir el contrato de trabajo sin ninguna opción a que se adapte su puesto o a cambiarle de puesto. Y por otro lado, el artículo 52.d), que es al que se refiere la proposición de Ciudadanos. El punto d) recoge una serie de supuestos en los cuales esa inasistencia no tiene como consecuencia el despido, pero en ningún momento se refiere a los trabajadores con discapacidad.
Nuestra enmienda va en la siguiente línea. En primer lugar, a clarificar que el objetivo de la reforma, sea cual sea, ha de garantizar que se produzca esta discriminación indirecta. En segundo lugar, hemos querido fijar con nuestra enmienda el ámbito de estas faltas de asistencia. Es decir, tiene que cubrir tanto faltas de asistencia por seguimiento o vigilancia de la salud del trabajador con discapacidad, así como enfermedades que vayan derivadas de su situación de incapacidad. Por otro lado, hemos querido hacer una ampliación en relación con la justificación, no solo que sean justificadas por los servicios públicos de salud, sino por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, pues va a depender la vigilancia de la salud de unos u otros médicos en función de la situación en la que se encuentra el trabajador en un momento determinado. Nos han comentado que vamos a presentar un texto transaccional y por ese motivo votaremos a favor -igualmente íbamos a hacerlo-. Simplemente, quiero recordar que nosotros en su día también habíamos presentado una proposición de ley para incidir en la reforma del artículo 52 en su punto d) y este es un aspecto más de ese artículo 52 que no hace ningún favor, sino todo lo contrario, a las personas con discapacidad que acceden al mercado de trabajo.
Finalmente, en nombre del Grupo Parlamentario Popular también autor de una enmienda, tiene la palabra el señor Candón.
El señor CANDÓN ADÁN: Buenos días. Gracias, señor presidente. También quiero darle la bienvenida a la señora diputada que es nuevo miembro de la Mesa a esta Comisión, en la cual se sentirá muy a gusto.
Debatimos en esta Comisión sobre un tema trascendental no solo para el colectivo de personas con discapacidad y sus familias, sino para el conjunto de la sociedad española, como es el empleo. Si algo ha quedado claro durante estos últimos años es el compromiso del Partido Popular con el empleo. Sabemos por experiencia que no hay mejor política social que la generación de empleo. Por ese motivo, todos nuestros esfuerzos han estado orientados a fortalecer el mercado de trabajo y los datos hoy por hoy nos avalan: una tasa de desempleo del 16,55 %, 19 millones de ocupados de los cuales 9 millones son mujeres. Y teniendo en cuenta el asunto concreto que estamos discutiendo esta mañana no podemos obviar que el empleo entre las personas con discapacidad está aumentando al triple y la afiliación está
creciendo a un ritmo del 9 %. Por lo tanto, señorías, la generación de empleo es una seña de identidad de nuestro partido y, como no puede ser de otra manera, también de nuestro grupo parlamentario. Cabe reiterar nuestro compromiso con la plena inclusión y no discriminación de las personas con discapacidad y esto comienza en el mercado laboral. Por ese motivo, durante las últimas legislaturas se han puesto en marcha instrumentos específicos para fomentar la incorporación de las personas con discapacidad, herramientas como el Plan de acción de la estrategia española de discapacidad, la recuperación de las medidas estatales de fomento de empleo a través del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral o el aumento de la oferta pública de empleo.
Tras leer la iniciativa, no podemos tomar otra postura que no sea la de apoyarla, eso sí, a través de la enmienda incorporamos un pequeño matiz de forma porque nos llama un poco la atención que usen la figura de la proposición no de ley para solicitar el cambio normativo de un artículo concreto, el artículo 52, del Estatuto de los Trabajadores cuando debería haber otras fórmulas y creo que en esta Cámara se están utilizando. Parece curioso que dentro de la Comisión de Empleo se puede tratar puesto que tenemos una ponencia legislativa abierta del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que ha propuesto el Partido Socialista por el tema de la subcontratación, a igual trabajo igual salario. También podía hacer esto el grupo proponente, una ponencia legislativa donde se trate que es discriminatorio para las personas con discapacidad y para otras que tienen enfermedades crónicas. También es curioso que ahora se apele al diálogo social cuando otros grupos, como el Grupo Socialista, simplemente plantean esa iniciativa y esa ponencia dentro de la Comisión y ahora se está debatiendo. Nos resulta bastante extraño.
Para terminar, señorías, en temas como este en el que se trata de eliminar cualquier posible discriminación por razón de discapacidad en el ámbito del empleo siempre van a encontrar, como ha sido norma siempre en esta Comisión y en otras, al Grupo Parlamentario Popular porque sabemos que una sociedad inclusiva es una sociedad mejor.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Candón.
Señor Clemente, para perfeccionar este punto, ¿nos puede comunicar qué enmiendas acepta? Nos ha hecho llegar una enmienda transaccional.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: El texto transaccional, al que se ha sumado otro grupo, básicamente es la enmienda del Grupo Socialista, con un pequeño matiz. El resultado formal es una transaccional puesto que no es tenor literal de su enmienda.
El señor PRESIDENTE: Los portavoces tendrán la copia de los tres textos que creo que estarán transaccionados antes de producirse las votaciones en un plazo de unos quince minutos.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto y último del orden del día, relativo a la promoción de la lengua de signos en el sistema educativo. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y para su defensa tiene la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, la señora Marcos.
Buenos días, señorías. El pasado 14 de junio se celebraba el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Aprovecho esta intervención para expresar nuestro reconocimiento a las personas usuarias de la lengua de signos, a las asociaciones de personas sordas, a las familias y también a los intérpretes que luchan incesantemente para eliminar las barreras de comunicación. (El señor vicepresidente, Aguiar Rodríguez, ocupa la Presidencia). Pero su lucha y su voluntad no son suficientes para garantizar el acceso a la educación en condiciones de igualdad. Por ello, es imprescindible que haya una planificación lingüística orientada desde y para la comunidad sorda que garantice el derecho de toda persona a crecer, socializarse e identificarse con su lengua natural sea o no la lengua de su entorno familiar, sea de la modalidad que sea.
En consecuencia, es vital que la Administración tome conciencia de que el éxito académico de las personas sordas pasa por atender sus necesidades y demandas respecto al desarrollo efectivo de sus
derechos lingüísticos y a la promoción de la lengua de signos en España. En este sentido, el sistema educativo español se rige, entre otros, por los principios de calidad, cooperación, equidad, igualdad de oportunidades y no discriminación, que garantizan la inclusión educativa y la accesibilidad universal, tomando como marco orientador y de referencia la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad impulsada por Naciones Unidas en diciembre de 2016, vigente y plenamente aplicable en España desde mayo de 2008. Este marco normativo internacional establece que los Estados deben reconocer el derecho a la educación de las personas con discapacidad sobre la base de la igualdad de oportunidades y no discriminación, asegurando para ello un sistema educativo inclusivo a todos los niveles. La Lomce contempla entre sus principios la equidad, la garantía de igualdad de oportunidades, la inclusión educativa, la no discriminación y la accesibilidad universal, que serán elementos compensadores de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de la discapacidad.
El eje primordial en política educativa de un país como España debe sustentarse en una escuela inclusiva, superando el enfoque asistencial de las personas con discapacidad y primando el modelo social basado en el derecho a la igualdad de oportunidades. Por ello, las escuelas deben ser verdaderos centros al servicio de la socialización, y en los últimos años se ha ordenado de tal manera que uno de sus principales valores es la diversidad, donde caben todos los alumnos con o sin discapacidad. Incluir la lengua de signos en los centros educativos contribuye directamente a una mayor integración de los alumnos sordos, pero, aunque en la actualidad existen diversos medios que favorecen la accesibilidad de información a la comunidad sorda, lo cierto es que dicha comunidad no cuenta con las mismas oportunidades que la oyente para comunicarse con los sujetos de su entorno, ya que no todos dominan la lengua de signos. Entendemos que la lengua de signos es útil para todos, pues supone el aprendizaje de una segunda lengua para los alumnos oyentes, despertándose en ellos la curiosidad y la motivación en cuanto que la lengua de signos les permite comunicarse utilizando un nuevo sistema. Además, aquellos alumnos que tienen la lengua de signos como primera lengua se convierten ahora en protagonistas, ya que al aprenderla pierden la desventaja en que se encuentran cuando aprenden la lengua oral. En cuanto a los docentes, esto les permite utilizar nuevos enfoques metodológicos.
Señorías, la autoenmienda que ha presentado mi grupo viene motivada porque la iniciativa se basaba principalmente en el pacto de Estado social y político por la educación, pacto que el Grupo Socialista abandonó de una manera injustificada e irresponsable. Estos antecedentes nos hacen estar alertas, de ahí el motivo de instar al Gobierno que ha llegado al poder sin ganar las elecciones -sí, se tienen que acostumbrar a escucharlo (el señor Ruiz i Carbonell: Tranquila, lo estamos)-. Y no es que le haya sentado mal a mi grupo, les ha sentado mal a millones de españoles que votaron de forma mayoritaria al Partido Popular. Cuando dejen de dar espectáculo y se pongan a trabajar, estudien la incorporación de la lengua de signos española conforme al marco legal existente en el sistema educativo para que el alumnado por sí mismo o a través de sus progenitores o tutores legales, si son menores de edad, puedan elegir.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Muchas gracias, señora Marcos.
Pasamos ahora a la defensa de las enmiendas presentadas. Por el PDeCAT del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Xuclà.
Compartiendo el fondo de la iniciativa presentada por el Grupo Popular, compartiendo el fondo de la necesidad de que no solo sean las familias, sino que se requieren unas políticas públicas para la educación en las lenguas de signos en el sistema educativo español, nos hemos visto obligados a presentar una enmienda porque se deberá corregir -y conocemos la voluntad del grupo proponente de llegar a una enmienda transaccional- el redactado final para recoger la realidad de los hechos. Y esta realidad consiste en que para aplicar el artículo 24 de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad; es decir, el que establece que los Estados deben facilitar y velar por el aprendizaje de las lenguas de signos, en el caso del Estado español estas lenguas son en plural, porque son varios los sistemas de lenguas de signos que existen en España. Y de la misma forma que la Constitución habla del respeto y promoción de las distintas lenguas españolas, creo que fácilmente se puede trasladar y hacer un paralelismo diciendo que también a través de estas políticas públicas se debe hacer una política pública de respeto y promoción de las distintas lenguas de signos.
He de recordar en este sentido que en el año 2007 se aprobó la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Pues bien, señorías, esta ley, que en su momento fue impulsada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y que suscitó un amplio consenso, ya fijaba un marco de fomento de las lenguas de signos españolas. Soy conocedor de la voluntad del grupo proponente de aceptar una enmienda transaccional para incorporar esta pluralidad de lenguas, con lo cual, si esta transaccional es posible, evidentemente nuestro voto será favorable.
Por el Grupo Socialista, también en defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra la señora Flórez.
La señora FLÓREZ RODRÍGUEZ: Buenos días, presidente.
Me preguntaba, preparando esta iniciativa, si no nos quedaríamos una vez más -y ya serían tres- sin poder debatirla, porque esta es la tercera vez que esta proposición no de ley viene a esta Comisión tras ser retirada por el grupo proponente. No sé si es que no tienen ustedes claro, señorías del Partido Popular, lo que pretendían con ella o cómo verbalizar su propuesta para paliar el malestar de diversos colectivos de personas sordas hacia esta iniciativa, o por la insatisfacción generalizada hacia la acción o más bien la inacción de su partido entonces en el Gobierno, que en sus siete años de mandato no fue capaz de cumplir con las demandas comprometidas con las personas ciegas, sordociegas y con discapacidad auditiva. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Hace algo más de un año que tuvimos una sesión de comparecencias en la que todas y todos los presentes salimos muy conmovidos y comprometidos con las demandas de los distintos comparecientes que nos trajeron la realidad y las barreras de comunicación que tienen las personas con discapacidad auditiva, sordas y sordociegas, y creo que aquella sesión de comparecencias está todavía presente en nuestra memoria. Hoy estamos aquí debatiendo esta iniciativa, que creo que es un cumplimiento de las reivindicaciones del colectivo, pero no nos engañemos, no solo es esto, sino que esta iniciativa del Partido Popular es un lavado de cara a su gestión, como lo ha sido la otra iniciativa presentada esta mañana respecto a los apoyos de las personas con discapacidad auditiva, porque lo que ustedes piden aquí y ahora respecto a la lengua de signos ya se debatió y se aprobó hace un año, cuando estaban ustedes todavía en el Gobierno. Hoy vienen ustedes a maquillar su falta de compromiso con el colectivo con una iniciativa para instar al actual partido en el Gobierno a lo que ustedes no fueron capaces de cumplir en sus dos legislaturas de mandato. Sin embargo, estamos de acuerdo en que debemos trabajar por los derechos de las personas, de todas las personas y especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad, que tenemos que garantizar los derechos de la ciudadanía, y estamos de acuerdo en la autoenmienda que ustedes se han hecho y que mejora técnicamente la propuesta inicial.
Nuestra enmienda en principio hacía referencia al texto que ya ha sido modificado, hablamos de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, y que dedica concretamente los artículos 7 y 10 a la formación reglada, a la que no sabemos por qué ni siquiera mencionan ustedes en esta iniciativa, mencionando un simple marco legal existente, como si hubiese salido de la nada. Y tampoco hacen referencia al desarrollo reglamentario oportuno, que ustedes ya iniciaron y que se encuentra en fase de consulta pública, que consideramos que debe ser un avance para garantizar la plena accesibilidad a la información, a la comunicación y en este caso a la educación de todas las personas sordas y con discapacidad auditiva.
Su señoría del Partido Popular no ha comprendido que mencionar el pacto de Estado no ha lugar porque están condicionando la incorporación de la lengua a un pacto. Con independencia de con pacto o sin pacto, tenemos un sistema educativo, y parece que tampoco se han enterado de que en ese pacto solo quedan ellos y sus acólitos por la falta de compromiso precisamente del Partido Popular con el sistema.
Nos habla usted de costumbre. El Partido Socialista está acostumbrado, muy acostumbrado; está en nuestros genes trabajar por los derechos sociales y de las personas. Quienes se tienen que acostumbrar a una nueva situación son ustedes, y esperamos que, una vez que se les pase esta pataleta, podamos continuar con el espíritu de cooperación y de consenso que siempre ha presidido esta Comisión.
Es el momento de preguntar al grupo proponente, antes de terminar con el turno de fijación de posiciones, si acepta las enmiendas presentadas por los grupos.
La señora MARCOS MOYANO: La del Grupo Socialista no la aceptamos. A la portavoz ya le he explicado los motivos y tampoco creo que sea una razón para no apoyarnos. Y con el PDeCAT hemos hecho una transaccional.
Pasamos al turno de fijación de posición de los grupos que no han presentado enmiendas. Brevemente, pues el Grupo Mixto va a compartir el tiempo, tiene la palabra el señor Alli.
Efectivamente, voy a fijar posición con brevedad. Unión del Pueblo Navarro va a votar favorablemente, especialmente si al final hay -esperemos- una transaccional, aunque ahora dudo que eso ocurra. Estamos de acuerdo con la incorporación de la lengua de signos española al sistema educativo para el alumnado que lo requiera, en este caso con discapacidad auditiva.
Me gustaría hacer dos reflexiones. En primer lugar, que no convirtamos esta Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, que hasta ahora ha logrado cierta unanimidad en temas de derechos humanos, en el 'y tú más' habitual en otras comisiones o en el propio Pleno del Congreso de los Diputados. Me gustaría que aquí pusiéramos los derechos humanos por delante de cualquier interés partidista o de situaciones que hayamos vivido recientemente.
En segundo lugar, señor presidente, la exposición de motivos del Grupo Popular hace referencia al modelo educativo inclusivo. Esto que voy a decir ahora no es una crítica a ningún grupo político, sino que me refiero a todos los miembros de esta Cámara y especialmente a nuestro Poder Legislativo. Se trata del informe que ha hecho el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas, el 4 de junio del año pasado, que, después de una investigación, da un verdadero rapapolvo, con perdón, al sistema educativo inclusivo de las personas con discapacidad en nuestro país. Esto apela a todos los grupos políticos, porque, como sabemos, las competencias del modelo educativo corresponden a las comunidades autónomas y aquí hay fuerzas políticas que están gobernando en esas comunidades. Les atañe, pues, directamente esta crítica -más que crítica, análisis-, que dice -leo textualmente- que violenta algunos derechos humanos de las personas con discapacidad que están en este momento estudiando. El comité -con esto acabo- observa que en el sistema educativo español no existe un reconocimiento generalizado del modelo de derechos humanos de la discapacidad y que hay una falta de acceso a la educación inclusiva y de calidad para las personas con discapacidad.
Voy a leer tres puntos de los catorce que son. Estas prácticas se mantienen a pesar de la inconsistencia con la convención y se perpetúa un sistema discriminatorio de segregación de las personas con discapacidad. La trayectoria educativa las encierra en un sistema principalmente médico-rehabilitador que limita e imposibilita el acceso a las herramientas que necesitan para una vida independiente en la comunidad las personas con discapacidad. Y por último, en vista de la amplitud, continuidad y diversidad de las violaciones encontradas, las cuales se interrelacionan entre sí de forma permanente y continua, también hay que tener en cuenta que dichas violaciones resultan en gran parte del sistema instaurado a través de la legislación. Esto apela a todos los miembros de esta Cámara, sea cual sea la fuerza política o grupo parlamentario.
Sé que mi intervención trasciende a lo que hemos hablado de la lengua de signos, pero es una llamada de atención tremenda por parte de la Convención Europea de los Derechos Humanos a nuestro país, que es Estado miembro, en relación con las personas con discapacidad.
En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Clemente.
La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular se refiere a la promoción de la lengua de signos en el sistema educativo. Evidentemente, estamos totalmente de acuerdo con la filosofía, pero me gustaría hacer referencia a dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. La portavoz del Grupo Socialista indirectamente ha dicho que mi grupo es acólito del Grupo Popular y no creo que nadie
de mi grupo se sienta así. También es verdad que el Grupo Popular no ha hecho el más mínimo intento de incorporar la lengua de signos al sistema educativo en sus siete años de Gobierno con la nueva ley orgánica de educación, la Lomce, y la mayoría absoluta de por medio. Esta iniciativa pide al Gobierno cosas que ellos no han sido capaces de hacer ni han tenido interés en poner en práctica durante siete años. Es importante adoptar todas las medidas posibles para conseguir una educación inclusiva, así como el conocimiento de la lengua de signos por los menores en edad escolar. Sin embargo, esta medida solo sería un pequeño paso adelante. Hoy en día las nuevas tecnologías facilitan mucho el aprendizaje de las personas y en este caso de los niños con algún tipo de déficit auditivo o hipoacusia. De la misma manera, a día de hoy tampoco existe una verdadera educación inclusiva, en la que los menores con discapacidad, incluso con discapacidades leves, puedan sentirse realmente integrados en estos centros. Es preciso mejorar la formación del profesorado en materia de inclusión, dotarlos de medios y de ayuda para su aprendizaje, mejorar la sensibilidad de los progenitores del resto de alumnos y adaptar las infraestructuras de los centros para mejorar la accesibilidad física y cognitiva.
Como he dicho antes, votaremos a favor, pero esperemos que este nuevo Gobierno, que hace una semana, según sus propias palabras, era temporal, pero que desde ayer quiere agotar la legislatura, tome nota y realice con el consenso necesario un significativo avance en esta materia junto con otras en la verdadera educación inclusiva y que retome la senda del diálogo y vuelva al Pacto de la Educación, donde no solo están los llamados acólitos, como se ha dicho antes, sino también el grupo que anteriormente apoyaba al Gobierno.
Finalmente, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la diputada señora Arévalo.
El Grupo Popular presenta una proposición no de ley para instar al Gobierno a que incorpore la lengua de signos española conforme al marco legal existente en el sistema educativo. Para nosotros es una PNL de broma, de broma de mal gusto. En primer lugar, su iniciativa ni siquiera está bien enunciada, porque en nuestro país no solo existe la lengua de signos española sino también la catalana, y ustedes no hacen una sola referencia a la misma. ¿Simplemente se les ha olvidado o es que no consideran que la lengua de signos catalana deba incorporarse al sistema educativo?
En segundo lugar, el Grupo Popular presenta esta proposición no de ley cuando la ONU acaba de ponernos la cara colorada como país en relación con los incumplimientos sobre educación inclusiva. Y nos ponen la cara colorada, señorías del Grupo Popular, porque ustedes, que han sido Gobierno hasta anteayer, no han hecho los deberes. Ustedes no han hecho nada en siete años de Gobierno para que nuestro sistema educativo sea inclusivo, porque incluir no es solo integrar. La inclusión de la diversidad, señorías, no solo tiene que ver con la presencia, que es de los datos que ustedes presumen. La inclusión educativa supone participación y progreso y en esto la ONU suspende a España.
La realidad es que en cada inicio de curso se dan casos de vulneración de derechos vinculados al uso de la lengua de signos, bien porque el alumnado sordo no cuenta con intérpretes o, en caso de hacerlo, con muy pocas horas lectivas. Cada año hay reclamaciones y ustedes, señorías del Grupo Popular, en siete años no han puesto solución. Se han dado situaciones en el ámbito universitario de personas sordas que han suspendido una asignatura y se les ha denegado el intérprete de lengua de signos. También ocurre que si utilizan algún tipo de ayuda técnica para la audición no se les proporciona el intérprete porque hay quien entiende que si utilizan audífono o tienen un implante coclear no tienen derecho a utilizar la lengua de signos. Asimismo, hay vulneración de derechos en el currículum educativo, como sucede en las escuelas de idiomas, en las que no existen adaptaciones curriculares para que las personas sordas puedan acceder al aprendizaje de las lenguas cooficiales ni adaptaciones para la accesibilidad a través de intérpretes.
La Ley 27/2007 habla de la educación y del derecho de las personas sordas a poder elegir libremente una educación bilingüe, lo que supone contar con la lengua de signos y la lengua oral en el proyecto educativo. Esto debe garantizarse, empezando por garantizar la existencia de centros públicos ordinarios que ofrezcan este sistema. Por eso instamos al nuevo Gobierno a que incluya las lenguas de signos española y catalana. Nuestro sistema educativo será inclusivo si se garantiza la convivencia de las lenguas de signos y de la lengua oral y para eso debemos legislar unos mínimos para todo el Estado,
respetando, por supuesto, las competencias autonómicas. Se debe regular el currículum, los perfiles de los profesionales que imparten la docencia en lenguas de signos y una red de centros públicos ordinarios que incluyan las lenguas de signos y su ubicación. Si no hacemos esto, la educación bilingüe en nuestro país seguirá dependiendo de la voluntad política de los territorios o de las consejerías de Educación de turno y no estaremos garantizando una educación inclusiva, como mandata la convención. Esperemos que el nuevo Gobierno ponga en marcha las medidas necesarias para que la educación inclusiva sea una realidad en nuestro país. Ojalá este nuevo Gobierno abra de una vez las puertas a las lenguas de signos, que son lenguas legales, de vida y de convivencia y garantice que se haga efectiva la educación inclusiva y los derechos de la comunidad sorda en nuestro país. Ojalá este nuevo Gobierno no mande las proposiciones de ley aprobadas al cajón del olvido, como ha hecho hasta ahora el Partido Popular.
Con su intervención termina el turno de fijación de posiciones del último punto del orden del día; con lo cual, estamos en condiciones de proceder a la votación. Les quiero recordar brevemente que en el punto 1.º no hay enmiendas, con lo cual se va a votar en sus propios términos; que en el punto 2.º del orden del día no hay enmienda, así que se va a votar también en sus propios términos; que en el punto 3.º hay una enmienda transaccional entre el grupo proponente, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el Grupo Popular, que ha sido distribuida a los portavoces; que el punto 4.º ha sido retirado porque tenía el mismo contenido que la transaccional del punto 3.º; que el punto 5.º también tiene una enmienda transaccional que ha sido distribuida a los portavoces, y que el punto 6.º también tiene una enmienda transaccional que ha sido distribuida a los portavoces. El señor Igea ha invocado el artículo 89.1 del Reglamento para un turno de explicación de voto posterior a la votación. Ahora vamos a votar y después voy a explicar mi punto de vista sobre la invocación de este punto y el debate oportuno correspondiente.
La señora TUNDIDOR MORENO: Perdone, señor presidente, entiendo entonces que la enmienda del Grupo Parlamentario Popular asume las dos iniciativas, tanto la de ellos como la de Unidos Podemos. En tal caso, si no se vota por puntos, nosotros no tendremos más remedio que abstenernos.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, usted tiene su derecho al voto, que quedará reflejado en el Diario de Sesiones. Es una transaccional, por eso no se puede votar por puntos.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de los distintos puntos. En primer lugar votamos la proposición no de ley relativa a evitar la difusión de estereotipos vejatorios hacia el colectivo de las personas con disfemia.
Punto 2.º, proposición no de ley sobre los apoyos públicos a las personas con discapacidad auditiva.
Punto 3.º, PNL relativa al tratamiento ortoprotésico en personas amputadas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 12.
Pasamos al punto 5.º, PNL relativa a limitar las causas de despido objetivo por ausencias laborales justificadas en base a causas directas derivadas de su discapacidad.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 7.
Finalmente votamos el último punto del orden del día, relativo a la promoción de la lengua de signos en el sistema educativo.
Terminado el turno de votaciones del orden del día, el señor Igea invoca el artículo 89.1, que dice: Verificada una votación, o el conjunto de votaciones sobre una misma cuestión, cada grupo parlamentario podrá explicar el voto de la misma. Señorías, les tengo que decir que en mis largos años de vida parlamentaria -no es necesario que cuenten cuántos-, en Comisión esta es una práctica no vista, pero hay un principio básico en la vida parlamentaria que es in dubio pro parlamentario, con lo cual el señor Igea me invoca el artículos 89.1 y yo le voy a dar la palabra por un tiempo máximo de dos minutos para fijar su posición. En la siguiente Mesa y portavoces trataremos con carácter más general este asunto como dinámica de esta Comisión, siempre con el buen tono y entendimiento que ha presidido esta Comisión.
En mi corta vida parlamentaria no es la primera vez que veo utilizar esto, y el artículo 89.1 efectivamente da cinco minutos para explicar el voto.
Quiero explicar el voto sobre la propuesta de prótesis porque, tal y como ha quedado la redacción de su transacción, supone la introducción de un servicio no cuantificado ni valorado dentro del Sistema Nacional de Salud, supone la eliminación de un sector económico y social muy importante, como son las federaciones de las ortoprótesis, sobre todo porque no garantiza la igualdad ni la libertad de elección de los pacientes al dejar en manos de cada hospital y de cada servicio autonómico de salud la indicación de estas prótesis, impidiéndoles elegir el mejor de los servicios ortoprotésicos. Supone además -y esto es muy importante- una discriminación real para todos aquellos pacientes que, necesitando servicios ortoprotésicos y no encontrándose entre los amputados -y entre estos hay discapacidades auditivas, esclerosis lateral amiotrófica y muchos otros pacientes-, no se verán beneficiados de la ausencia de copago que supone la redacción actual. Creo que es una discriminación intolerable para con el resto de los pacientes y, por tanto, nos hemos abstenido.

References: artículo 68
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 49
 Real decreto 
 artículo 49
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 14
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 42
 artículo 24
 artículo 89
 artículo 89
in dubio
 artículo 89