Source: http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/monua/monuaB.htm
Timestamp: 2016-07-27 06:32:08+00:00

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El Consejo de Seguridad prorrogó de nuevo el mandato el 29 de abril. Al aprobar la operación continua de la MONUA en Angola hasta el 30 de junio de 1998, el Consejo alabó el reciente progreso, pero señaló la imperiosa necesidad para ambas partes, especialmente para la UNITA, de completar sus obligaciones de conformidad con las fechas aprobadas. El Consejo también aprobó la recomendación del Secretario General para completar la retirada de todo el personal militar de las Naciones Unidas, a excepción una compañía de infantería, unidades de apoyo y 90 observadores militares, no más tarde del 1º de julio de 1998. A pesar de los esfuerzos realizados, la situación en el país siguió siendo tensa. El 12 de junio de 1998, el Consejo de Seguridad actuó en su resolución 1173 (1998) condenando a la UNITA y haciendo a su dirección responsable por no haber cumplido íntegramente las obligaciones contenidas en el Protocolo de Lusaka y las pertinentes resoluciones del Consejo de Seguridad. El Consejo exigió a la UNITA que cooperara plenamente, y sin condiciones, en la extensión inmediata de la administración del Estado en todo el territorio nacional, especialmente en Andulo, Bailundo, Mungo y N'harea, y exigió que la UNITA cooperara plenamente con la MONUA en la verificación de su desmilitarización, y que pusiera fin a todo ataque por parte de sus miembros al personal de la MONUA, al personal internacional y a las autoridades del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, incluida la policía y la población civil. Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo decidió que todos los Estados congelaran los fondos y los bienes de la UNITA e igualmente decidió impedir todo contacto oficial con la dirección de la UNITA en las zonas de Angola en las que no se hubiera extendido la administración del Estado.
4. Deterioro de la situación de seguridad El 17 de junio de 1998, el Secretario General informó al Consejo de Seguridad de que a pesar de los denodados esfuerzos de su Representante Especial, el Sr. Alioune Blondin Beye, no se había logrado ningún progreso en la aplicación de una de las últimas tareas principales pendientes con arreglo al Protocolo de Lusaka, a saber, la normalización de la administración del Estado en todo el país. El período del que se informa también estuvo marcado por un peligroso deterioro de la situación de seguridad en varias regiones del país, incluyendo ataques armados por parte de las fuerzas de la UNITA contra pequeñas poblaciones, autoridades estatales locales y las Naciones Unidas y demás personal internacional. Igualmente, aumentaron los actos de bandolerismo, se iniciaron nuevas actividades de sembrado de minas, y se produjeron movimientos de tropas. Los incidentes causaron la pérdida de muchas vidas y la destrucción de bienes, así como el desplazamiento de miles de civiles. Esta evolución preocupante afectaba a 8 de las 18 provincias angoleñas, y minaban los avances alcanzados en el proceso de paz.
Las acciones militares lanzadas por los elementos de la UNITA también se tradujeron en un drástico empeoramiento de la situación humanitaria y de los derechos humanos en el país. El número total de angoleños desplazados en el interior del país ascendió a cerca de 1,3 millones, cifra que representa al 10 por ciento de la población total del país. Además, miles de angoleños huyeron del país para dirigirse a la República Democrática del Congo. También se informó de una afluencia de refugiados angoleños en Zambia y Namibia. El Secretario General se unió al Consejo de Seguridad en su enérgico llamamiento a la UNITA para que cooperase con las Naciones Unidas en la inmediata extensión de la administración del Estado en todo el territorio nacional y recomendó que el mandato de la MONUA se prorrogase por dos meses, hasta el 31 de agosto de 1998, y que la dotación de la misión se mantuviera al nivel existente.
Tras frustrantes dilaciones, el Gobierno de Angola y la UNITA mantuvieron consultas de alto nivel en Andulo los días 18 y 19 de junio de 1998, lo que dio lugar a cierto entendimiento. Sin embargo, la UNITA nuevamente se abstuvo de fijar fechas concretas para la extensión de la administración del Estado a sus cuatro bastiones de Andulo, Bailundo, Mungo y N'harea. Poco antes de su trágica muerte, el Representante Especial del Secretario General, el Sr. Alioune Blondin Beye, mantuvo intensas consultas con el Presidente José Eduardo dos Santos y el dirigente de la UNITA, el Sr. Jonas Savimbi, para garantizar la pronta aplicación del Protocolo de Lusaka. El 22 de junio de 1998, el Sr. Beye se reunió en Andulo con el Sr. Savimbi, quien reiteró su reciente promesa de proceder con la normalización no más tarde del 30 de junio. En consecuencia, y con la aprobación del Gobierno de Angola, el 24 de junio, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1176 (1998), por la que pospuso hasta el 1º de julio de 1998 la entrada en vigor de sanciones adicionales para la UNITA a las que se hace referencia en la resolución 1173 (1998) (véase más arriba).
El 26 de junio de 1998, el Sr. Beye abandonó Luanda para consultar a varios dirigentes de la región en un nuevo esfuerzo para estimular el proceso de paz en Angola. Tras realizar consultas con los Presidentes del Gabón y del Togo, el avión en el que viajaba se estrelló durante la maniobra de aterrizaje en el aeropuerto de Abidján. Los ocho pasajeros a bordo, incluyendo al Sr. Beye, a cinco miembros de la MONUA y a los dos pilotos, perdieron trágicamente sus vidas en el accidente.
La muerte del Sr. Beye se produjo en una fase crítica del proceso de paz. El Secretario General pidió inmediatamente al Secretario General Adjunto para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el Sr. Bernard Miyet, que se desplazara a Angola para reafirmar el compromiso de las Naciones Unidas con el proceso de paz. El Sr. Miyet, que estuvo en Angola del 29 de junio al 3 de Julio, mantuvo intensas consultas con todas las partes implicadas, incluido el Primer Ministro de Angola, el Sr. Van Dunem, y el Sr. Savimbi. El Secretario General nombró al Comandante de las Fuerzas de la MONUA, al General de División Seth Kofi Obeng, Oficial Encargado de la Misión y nombró temporalmente a su Representante y Consejero Humanitario de los Grandes Lagos, el Sr. Barhanu Dinka, Asesor Superior en Asuntos Políticos para la MONUA. [El nuevo Representante Especial del Secretario General para Angola, el Sr. Issa B. Y. Diallo, llegó a Luanda el 28 de agosto de 1998.]
Mientras tanto, con la aprobación, el 29 de junio de 1998, de la resolución 1180 (1998), el Consejo de Seguridad decidió reanudar la retirada del componente militar de la MONUA de conformidad con la resolución 1164 (1998) de 29 de abril de 1998 tan pronto como lo permitieran las condiciones; y pidió al Secretario General que reconsiderara el despliegue de los observadores adicionales de la policía civil autorizados en dicha resolución. El mandato de la MONUA se volvió a prorrogar hasta el 31 de agosto de 1998.
5. Aviso sobre el riesgo de hostilidades a gran escala En las semanas siguientes, la situación militar y de seguridad en el país se deterioró aún más y el riesgo de una reanudación de las hostilidades a gran escala aumentó significativamente. En su informe de fecha 6 de agosto de 1998 al Consejo de Seguridad, el Secretario General declaró que las fuerzas de la UNITA seguían amenazando a las Fuerzas Armadas Angoleñas y a la Policía Nacional de Angola en las provincias de Lunda Sul, Lunda Norte, Moxico, Uige y Cuanza Norte. Aparentemente, la UNITA conservó una significativa capacidad militar a pesar de las declaraciones hechas en el pasado sobre la desmilitarización de sus fuerzas. En muchas ocasiones, se ha identificado a las tropas "residuales" de la UNITA como las responsables de los ataques perpetrados en pueblos y ciudades, así como de las emboscadas en las carreteras principales. También originaron episodios de matanzas y secuestros selectivos para intimidar a la población y disuadirla de cooperar con las autoridades del Gobierno.
Debido a la inseguridad reinante, la reducción del componente militar de la MONUA se suspendió temporalmente. Sin embargo, la compañía logística portuguesa, integrada por 93 efectivos, fue repatriada en julio a petición de las autoridades portuguesas. Así, la dotación estaba integrada, a comienzos de agosto de 1998, por 728 efectivos militares, de entre los cuales había 414 soldados repartidos entre tres compañías de infantería, 185 militares de apoyo, 37 oficiales de estado mayor y 92 observadores militares. El Secretario General instó al Gobierno y, en especial, a la UNITA a que renovaran sus esfuerzos hacia la reconciliación nacional, cesaran el intercambio de amenazas y la retórica bélica, y comenzaran inmediatamente a crear medidas para fomentar la confianza, tanto en el ámbito nacional como local. Dichas medidas deberían incluir la pronta reactivación de los mecanismos conjuntos en las provincias. Deberían adoptarse medidas prácticas para retirar al contingente militar del territorio, bajo una efectiva verificación de la MONUA. De lo contrario, las Naciones Unidas se verían obligadas a reconsiderar su despliegue en el terreno.
El 13 de agosto de 1998, el Consejo de Seguridad, en su resolución 1190 (1998) , prorrogó la MONUA hasta el 15 de septiembre de 1998 y exigió a la UNITA que cesara su reocupación de localidades donde la administración del Estado ya se había establecido y que cesara los ataques de sus miembros contra civiles, contra las autoridades del GURN, incluida la policía, y contra las Naciones Unidas y el personal internacional.
En las semanas siguientes, sin embargo, el proceso de paz en Angola permaneció estancado. La UNITA seguía negándose a aplicar sus compromisos más elementales en virtud del Protocolo de Lusaka. La desconfianza mutua entre el Gobierno y la UNITA seguía siendo patente. El diálogo entre las partes se había paralizado. La situación de seguridad en el país seguía siendo precaria, especialmente en las regiones septentrionales y nororientales donde las fuerzas del Gobierno y de la UNITA seguían llevando a cabo operaciones militares extensivas. El informe sobre la reanudación de las hostilidades en varias provincias, condujo a un mayor deterioro de las condiciones de seguridad en dichos lugares. Como resultado de la inseguridad reinante, se impidió la libre circulación de personas y bienes en muchas zonas de Angola.
En los meses de septiembre y octubre, el Consejo de Seguridad prorrogó el mandato de la MONUA en dos ocasiones en sus resoluciones 1195 (1998) de 15 de septiembre y 1202 (1998) de 15 de octubre - desde esa fecha hasta el 3 de diciembre. El Consejo hizo hincapié en que la causa principal de la crisis en Angola y de la encrucijada en que se encontraba el proceso de paz, era la falta de cumplimiento por los dirigentes de la UNITA de las obligaciones que contrajeron y exigió que la UNITA se retirara inmediatamente de los territorios que había ocupado bajo acción militar. Igualmente subrayó que no podía darse una solución militar al conflicto de Angola e instó al Gobierno de Angola y, en particular, a la UNITA a que encontraran una solución política.
El 23 de noviembre de 1998, el Secretario General en su siguiente informe al Consejo de Seguridad, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que mantuviera su compromiso con Angola. A pesar de la peligrosa situación de seguridad en el país y de la ausencia de cualquier progreso en la aplicación del Protocolo de Lusaka, el Secretario General consideró que la comunidad internacional debía permanecer comprometida con el país para disuadir a las partes, en la medida de lo posible, de una vuelta a la guerra. Propuso que el mandato de la MONUA se prorrogara durante otro corto período de hasta tres meses, entendiendo que si la situación de seguridad se iba a hacer insostenible, volvería al Consejo de Seguridad y presentaría otras recomendaciones, incluyendo, en caso necesario, la retirada de la MONUA.
6. Última prórroga del mandato El 3 de diciembre de 1998, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1213 (1998), por la que prorrogó la MONUA hasta el 26 de febrero de 1999 y exigió que la UNITA comenzara inmediatamente la desmilitarización de sus fuerzas y cooperara plenamente en la extensión inmediata y sin condiciones de la administración del Estado a todo el territorio nacional. La resolución exigía a la UNITA que se retirara de inmediato de los territorios que había vuelto a ocupar mediante acción militar o de otra índole. Exhortó a la UNITA a cooperar de forma cabal e inmediata con la MONUA en el retiro del personal de la MONUA de Andulo y Bailundo, responsabilizando a los dirigentes de la UNITA de su segurida. [El 7 de diciembre, 14 miembros del personal de paz de las Naciones Unidas que se habían desplegado a las zonas ocupadas por la UNITA en Andulo y Bailundo fueron retirados con éxito después de que el líder de la UNITA en Bailundo autorizara el aterrizaje de un avión de las Naciones Unidas para su evacuación.]
Debido a la reiterada preocupación del Consejo de Seguridad por el continuo empeoramiento de la situación humanitaria, especialmente, por el gran aumento del número de personas desplazadas en el ámbito internacional y el incremento de las actividades de colocación de minas, éste exhorta al Gobierno de Angola y en particular a la UNITA a garantizar de forma incondicional la seguridad y libertad de circulación de todo el personal humanitario internacional, a cooperar plenamente con las organizaciones humanitarias internacionales en la prestación de socorro y asistencia de emergencia a las poblaciones afectadas, a poner fin al sembrado de minas y a respectar el derecho internacional humanitario, el derecho de los refugiados y el relativo a los derechos humanos. Subrayando que no hubo solución militar al conflicto de Angola, instó al Gobierno y a la UNITA a buscar una solución pacífica a la crisis. El Consejo hizo suya la recomendación del Secretario General para continuar ajustando el despliegue y la estructura del contingente de la Misión en caso necesario.
7. Derribo de dos aviones de la ONU Tras el accidente y desaparición del vuelo 806 de la ONU sobre el territorio controlado por la UNITA en el centro de Angola y la desaparición de un segundo avión, el Consejo de Seguridad exigió en su resolución 1219 (1998) de 31 de diciembre de 1998, que el líder de la UNITA, el Sr. Jonas Savimbi, respondiera inmediatamente a los llamamientos de las Naciones Unidas y garantizara las condiciones de seguridad y de acceso necesarias para la búsqueda y el rescate de los posibles sobrevivientes de los aviones siniestrados en el territorio controlado por la UNITA, y prestara asistencia en esas actividades. El Consejo instó asimismo al Gobierno de Angola a cooperar según procediese en el cumplimiento de su compromiso expreso a ese respecto. Pidió que se llevara a cabo de inmediato una investigación internacional objetiva de dichos incidentes.
Tras el derribo de un segundo avión fletado por las Naciones Unidas, el 2 de enero de 1999, sobre territorio controlado por la UNITA, elevándose a seis el número de aviones desaparecidos en esa zona en los últimos meses, el Consejo -actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas- exigió en su resolución 1221 (1999) de 12 de enero de 1999, que todos esos ataques cesaran de inmediato, reafirmó su determinación por establecer la verdad en torno a las circunstancias y determinar la responsabilidad del derribo de los dos aviones fletados por la ONU y la pérdida, en circunstancias sospechosas, de otro avión comercial sobre territorio controlado por la UNITA mediante la realización de una investigación internacional inmediata y objetiva. El Consejo llegó a la conclusión de que el líder de la UNITA, el Sr. Jonas Savimbi, no había cumplido las exigencias que figuraban en la resolución 1219 (1998), de 31 de diciembre de 1998, y reiteró su exigencia de que cooperara inmediatamente y de buena fe en la búsqueda y salvamento de posibles sobrevivientes de los mencionados incidentes.
El Consejo también pidió a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)* que prestara todo el apoyo posible a la investigación de dichos accidentes tan pronto como lo permitieran las condiciones sobre el terreno.
8. Finalización del mandato de la MONUA Tras observar que el proceso de paz en Angola se había derrumbado y que el país se encontraba en estado de guerra, el Secretario General declaró en su informe de 17 de enero de 1999 al Consejo de Seguridad, que la MONUA no tenía más elección que seguir reduciendo su presencia y proceder con la repatriación del personal y material de las Naciones Unidas. Al vencimiento del mandato de la MONUA el 26 de febrero, las Naciones Unidas procederían con la liquidación técnica de la misión. El Secretario General estimó que las condiciones para que las Naciones Unidas pudieran desempeñar su función de mantenimiento de la paz habían dejado de producirse, tras mencionar la determinación de las partes angoleñas de probar suerte en el campo de batalla, el empeoramiento constante de la situación de seguridad y la incapacidad de la MONUA de llevar a cabo su mandato. Advirtió que el Gobierno de Angola no apoyaba la prórroga de la MONOUA más allá de su presente mandato, el cual debía vencer el 26 de febrero de 1999. Todas las bases y cuarteles regionales de la MONUA tendrían que ser retirados de la capital Luanda para mediados de febrero y la mayoría del personal de mantenimiento de la paz debía ser repatriado no más tarde del 20 de marzo. El Secretario General propuso conservar una compañía de infantería de hasta 200 efectivos para proteger los bienes de las Naciones Unidas durante los primeros meses de la liquidación.
El Secretario General puntualizó, sin embargo, que la comunidad internacional no debía volver la espalda a los angoleños. La situación humanitaria en el país, de por sí ya crítica, era susceptible de convertirse en una catástrofe a gran escala, y un fuerte enfrentamiento tendría graves consecuencias para la población civil. Por ello, pensó en designar a un Enviado Especial en Angola con base en Nueva York y, en la medida de lo posible, continuar con las actividades humanitarias y de derechos humanos en el país. El 27 de enero de 1999, el Gobierno de Angola informó a las Naciones Unidas de que, en su opinión, una presencia multidisciplinaria continuada de la Organización en Angola no era necesaria. El Gobierno opinó que las Naciones Unidas deberían continuar con sus actividades a través de agencias especializadas, bajo la coordinación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El Gobierno de Angola expresó su voluntad de mantener la relación con los representantes de las agencias y programas de las Naciones Unidas en temas relacionados con la asistencia humanitaria, los derechos humanos y otros asuntos trascendentes para los angoleños. En cuanto a la MONUA, el Gobierno consideró que las condiciones para mantener su presencia habían dejado de producirse. En su carta, el Presidente dos Santos, hizo hincapié en que su Gobierno no se oponía al nombramiento de un representante del Secretario General, quien desde Nueva York pudiera mantener un contacto con el Gobierno de Angola para vigilar la evolución de la situación del país.
El 24 de febrero de 1999, el Secretario General informó de la liquidación técnica de la MONUA. Declaró que la situación en Angola seguía siendo grave, con un fuerte enfrentamiento que seguía haciendo estragos en varias zonas del país. Una profunda animadversión y desconfianza perduraban entre el Gobierno de Angola y la UNITA. El Secretario General declaró que seguía manteniendo consultas con el Gobierno en lo que respectaba a las modalidades de la futura presencia de las Naciones Unidas e informaría al Consejo de Seguridad del resultado de dichas consultas.
Mientras tanto, la reubicación del personal y del equipo de las Naciones Unidas se desarrolló sin problemas y, por lo general, según los planes previstos. El Secretario General advirtió, sin embargo, de que la liquidación técnica de la MONUA y sus predecesores, cuya presencia combinada en Angola abarcó un período de casi 10 años, presentaba un reto significativo a la Organización y que podría llevar seis meses completarlo, exigiendo la presencia en Angola de un importante equipo de personal administrativo, logístico y de otra índole, así como una pequeña unidad de servicios médicos. La mayor parte del personal militar, policial y civil restante sería repatriada para finales de marzo de 1999.
El 26 de febrero de 1999, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1229 (1999), teniendo en cuenta que el mandato de la MONUA vencía el 26 de febrero de 1999. Hizo suyas las recomendaciones del Secretario General con respecto a la liquidación técnica de la MONUA. El Consejo afirmó que a pesar del vencimiento del mandato de la MONUA, el Acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas aplicable a la MONUA seguía siendo vigente hasta la salida de los últimos elementos de la MONUA de Angola. Decidió que el componente de los derechos humanos de la MONUA continuara sus actividades durante el período de liquidación. Se expresó una profunda preocupación por la falta de progreso en la investigación sobre derribo de los dos aviones fletados por las Naciones Unidas y la pérdida, en circunstancias sospechosas, de otro avión comercial sobre zonas controladas por la UNITA. El Consejo instó a los involucrados, especialmente a la UNITA, a cooperar y facilitar una investigación internacional objetiva de dichos incidentes.
El 15 de octubre de 1999, el Consejo de Seguridad autorizó, en su resolución 1268 , el establecimiento de la Oficina de las Naciones Unidas en Angola (UNOA)* para mantener relaciones con las autoridades políticas, militares, policiales y otras autoridades civiles en el país. La Oficina tendría que investigar medidas efectivas para restaurar la paz, ayudar al pueblo de Angola en lo que se refiere a la construcción, la asistencia humanitaria, la promoción de los derechos humanos y la coordinación de otras actividades.
en colaboraci�n con el Departamento de Operaciones de Paz. El contenido de esta p�gina es una traducci�n no oficial, elaborada con la participaci�n de la Facultad de Traducci�n de la Universidad de Salamanca. � Las Naciones Unidas 2003.

References: resolución 
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