Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S201714432779392.HTML
Timestamp: 2019-06-24 15:39:52+00:00

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CAMARA DE SENADORES - Distribuido N° 1443/2017
–Muy buenos días.
Damos la bienvenida a la delegación de Fundappas –Fundación de Apoyo y Promoción Perros de Asistencia–, primera escuela integral de perros de asistencia y terapia en Uruguay, integrada por el señor Alberto Calcagno –presidente de la fundación–, la señora Alexa Mackern –coordinadora general– y Bambú –perro de asistencia– que en este momento está trabajando.
SEÑOR CALCAGNO.- Buenos días y, ante todo, muchas gracias por recibirnos.
Queremos manifestar que ya hemos venido a esta casa en dos o tres oportunidades para presentar nuestros proyectos y solicitar la ayuda que el Poder Legislativo pudiera adjudicarnos. En este caso, además, venimos a mostrarles –si la señora presidenta nos autoriza– el fruto de nuestro trabajo y los resultados obtenidos con las ayudas solicitadas oportunamente, que hemos recogido en un video.
SEÑOR CALCAGNO.- En el video que acaba de ser proyectado se muestran apenas algunos testimonios de los once usuarios de perros guía y de los cinco usuarios de perros de asistencia, ejemplares nacidos, criados y educados en Uruguay por Fundappas, que es la única escuela autorizada por la exConahoba para realizar esta tarea.
No se imaginan la enorme satisfacción y emoción que nos produce todo esto.
Además de la tarea que Fundappas está realizando con los perros guía, gracias a una colaboración con Inefop hemos traído una instructora del exterior ––de Holanda, más específicamente– que fue contratada por dos años a fin de preparar cuatro instructoras uruguayas, tres para perros guía y una para perros de asistencia para chicos con autismo. Una de las tres aprendices acaba de obtener su título de instructora GDMI –instructora en movilidad con perro guía–, primera uruguaya que obtiene esta capacitación.
En este momento Fundappas tiene en su poder más de treinta solicitudes de perros guía y cuarenta de perros de asistencia para niños con autismo. Por supuesto que los números se van a incrementar a medida que comiencen a conocerse los frutos de todo esto y las enormes posibilidades que estos maravillosos «peludos» nos proporcionan.
Nuestra escuela tiene un presupuesto anual estimado de $ 4:000.000. Para el próximo año todavía no sabemos si podremos contar con otras ayudas del Estado como, por ejemplo, las que hemos recibido del Ministerio de Desarrollo Social y del Banco de Previsión Social. Realmente nuestra presencia en esta comisión es para solicitar que se nos renueve la prestación que nos fue votada oportunamente y que pudiera ampliarse –hacemos énfasis en esto– dado el costo que nos implica llevar adelante toda esta tarea.
También queremos dejar constancia –figura en el informe que tienen en su poder– de que en el presupuesto de 2015 se nos adjudicaron, sobre el monto que ya se nos venía dando anualmente por el presupuesto de 2010, $ 55.000 para el año 2016 y $ 55.000 para el año 2017. Ahora bien; por una interpretación del Ministerio de Economía y Finanzas en el primer año se nos dieron $ 55.000, pero en el segundo nos dieron $ 50.000. Es decir que en el segundo año nos dieron $ 5.000 menos que en el primero. Simplemente queremos dejar constancia de que no hemos recibido lo que por ley de presupuesto oportunamente nos había sido concedido.
No quiero ocupar más su tiempo. Estamos a las órdenes para contestar cualquier duda o consulta que los señores senadores quieran realizar. De lo contrario, si nos queda algún minuto, mi compañera quisiera hacer uso de la palabra.
SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Mackern.
SEÑORA MACKERN.- Muchas gracias. Muy buenos días.
Para nosotros es muy importante mostrar lo que estamos haciendo a través de este video, gracias al apoyo de todos ustedes y también de particulares.
Desde que empezamos con esta realidad, hace dos años –durante diez años fue un sueño que perseguimos–, diferentes particulares se han ido acercando y apoyándonos. Nuestra idea es que en algún momento no tengamos necesidad de venir acá a solicitar su apoyo. Sabemos que los uruguayos son solidarios y que les encanta esta idea de tender puentes de inclusión. Por eso nosotros decimos «Perros extraordinarios, puentes de inclusión», pues realmente son puentes de inclusión, sobre todo con los niños con trastornos del espectro autista a quienes les cuesta tanto la interacción social.
Quiero comentar –quizás de una forma un poco naif– que la gente, a medida que va conociendo este proyecto y esta escuela, se va acercando y quiere apoyar. Solo necesitamos más tiempo para poder difundir lo que hacemos que, dicho sea de paso, es algo de primer mundo. En los países de Latinoamérica es muy difícil encontrar este tipo de escuela. Destacamos que en ella se trabaja de forma muy comprometida y responsable, ya que la vida de las personas depende de que estos perros estén bien entrenados; sobre todo, la de las personas ciegas, quienes dependen de la confianza en estos perros.
SEÑOR CALCAGNO.- Quiero agregar que nos regimos por las especificaciones formuladas por la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal –Cotryba–. Los perros con los que trabajamos son reconocidos por esta comisión. Es decir que, técnicamente, contamos con ese apoyo como garantía. Sobre todo, lo que más nos preocupa es estar tranquilos de que le ofrecemos a una persona con discapacidad o a un niño con autismo un ejemplar que efectivamente los va a ayudar.
Muchas gracias. Hasta otra oportunidad o quizá hasta que los señores senadores nos hagan el honor de visitarnos. Para nosotros, sería un gusto muy grande.
SEÑOR CAMY.- Ante todo, damos la bienvenida a la delegación que nos visita en representación de Fundappas. Agradecemos la invitación y procuraremos visitarlos, seguramente sea una experiencia valiosa e interesante.
En primer término, los felicitamos por su trabajo y respaldamos el objetivo de la fundación. Del video y del análisis aportado, se desprende una tarea importante. Prueba de ello es que actualmente tienen una partida asignada, por tanto, tienen también el reconocimiento pertinente.
En segundo lugar, a efectos de que nos quede clara cuál es la solicitud, me gustaría que nos aclararan lo siguiente. En el material que nos entregaron se expresa que se estableció para el período 2016 – 2017 con carácter incremental una partida de $ 55.000 en el primer año y $ 50.000 en el segundo. Según lo que ustedes señalan, una interpretación equivocada del Ministerio de Economía y Finanzas dio lugar a que se volcaran los $ 50.000, pero basados en la quita de los $ 55.000 de 2016, es decir que quedaron solamente $ 5.000. La pregunta es si efectivamente la suma otorgada era incremental, si hubo un error del Ministerio y, si así fuera, si solicitaron a las autoridades que revean esa posición, o si en realidad el planteo a la comisión obedece a un cambio conceptual. Interpreto que no habría problemas con lo que se estableció oportunamente en el ámbito legislativo, sino que hubo una mala interpretación y un error involuntario. En ese caso, se me ocurre que podría ser solucionado en el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso pregunto si hicieron las consultas pertinentes a efectos de saber el rol que le va a competer a la comisión.
SEÑOR CALCAGNO.- Hicimos las consultas lógicas en el ministerio y nos respondieron que esto se debe revisar a nivel del Poder Legislativo, ya que allí no se puede modificar absolutamente nada.
Quiero aclarar que quizás el artículo sea un poco ambiguo, pero creo que si los señores senadores lo leen van a coincidir en que se establece perfectamente bien que son $ 55.000 para 2016 y $ 50.000 más para 2017.
SEÑORA PRESIDENTA.- Me gustaría hacer algunas precisiones sobre lo que se nos está informando.
La primera vez que se incluye Fundappas en el inciso Subsidios y subvenciones es en el Presupuesto nacional del año 2011, con un aporte de $ 200.000. A partir de entonces, se incrementa por año. Subsidios y subvenciones es una gran bolsa de dinero que se reparte. Es cierto que en el año 2016 se aprobaron los $ 200.000 de base, con un incremento de $ 55.000 y, en el año siguiente, se destinaron los $ 200.000 con un incremento de $ 50.000. Ustedes saben que el incremento es por año, no se suma. La base son $ 200.000 con un incremento de $ 55.000 un año y de $ 50.000 el otro. No sé explicar por qué fue así, porque no estuve en la discusión presupuestal, pero seguramente se achicó para darle a otros de esa bolsa de subvenciones. Insisto, esto lo estoy inventando porque no estuve en el proceso. Lo que sí sé es que en este presupuesto se les asigna nuevamente $ 200.000 más $ 50.000.
SEÑOR CALCAGNO.- En base a lo que la señora presidenta comentó del presupuesto 2010-2014, quiero decir que el último año, por los incrementos que se vinieron dando año a año, recibimos $ 295.000. Por esa razón, se incrementó en $ 55.000 para llegar a los $ 350.000. No quiero dudar de lo que aquí se expresó, pero supuestamente –por lo que se nos informó en aquel momento– el espíritu del legislador era que en 2017 pudiéramos llegar a los $ 400.000, pero reitero que esto se puede prestar a una doble interpretación.
SEÑOR OTHEGUY.- Más allá de los aspectos formales de cómo se debe estructurar la subvención, quiero felicitarlos por el trabajo de la fundación que me parece es realmente relevante. Se nombraron aquí un conjunto de instituciones –Mides, Banco de Previsión Social, Inefop– que se vinculan con la organización y contribuyen de distintas maneras. En este sentido, estamos a las órdenes para ayudar a que este tipo de apoyos de distintas instituciones del Estado pueda tener continuidad. Simplemente quería decirles que cuenten con nosotros para intervenir en el caso de que sea necesario. Insisto, estamos a las órdenes para colaborar porque nos parece que realmente es muy relevante la tarea que realizan.
SEÑORA PRESIDENTA.- Aclarados los puntos, quiero agregar que también nos emociona –como dijo el señor Calcagno– ver la película «Resultados» que tiene la tarea de Fundappas. Realmente, es una institución para felicitar y para apoyar desde todos los lugares posibles. Hoy estamos acá y lo cierto es que van a seguir contando con $ 295.000 y ojalá podamos promover mayores ayudas desde otras partes. Quiero manifestar el agradecimiento eterno de todos los legisladores aquí presentes a Fudappas, su maravillosa labor y a estos perros maravillosos que son –como dijo el señor Calcagno– puente de inclusión.
SEÑOR CALCAGNO.- Muchas gracias. Quiero agregar algo, en forma muy breve. El único testimonio en el que estuve presente fue en el de los papás de un niño con autismo. En la conversación me hicieron llorar tres veces y me terminaron de liquidar cuando nos íbamos y el papá del chico me abrazó muy, muy fuerte y me dijo: «Gracias porque nos cambiaron la vida».
SEÑORA PRESIDENTA.- Es verdad. Muchas gracias por su presencia y también por cambiar vidas.
(Se retira de sala la delegación de Fundappas).
(Ingresa a Sala la delegación de COFE).
–Damos la bienvenida a la delegación del sindicato de COFE integrada por cuatro representantes de su directorio, el señor Martín Pereira, presidente y los señores Leonel Revelese, Aidemar González y Antonio Elías.
SEÑOR PEREIRA.- Buenos días a todos y todas. Soy Martín Pereira, presidente de COFE.
En esta instancia de rendición de cuentas estamos llevando adelante la recorrida y la reunión con esta comisión, y el primer planteo que tenemos para hacer se relaciona con el no respeto de la ley de negociación colectiva. Habíamos sido convocados por el ministro de Trabajo y Seguridad Social para empezar a trabajar en grupos integrados por todos los actores tanto del Ministerio de Economía y Finanzas como de los distintos organismos en la negociación, lo que se suspende abruptamente y se entrega el proyecto de ley de rendición de cuentas 10 días antes. Este problema de la falta de negociación lo hemos venido teniendo sistemáticamente en las instancias de presentación de la rendición de cuentas y del presupuesto. Sabemos que si bien puede llegarse a un acuerdo o no, nunca hemos tenido la posibilidad de negociar el articulado antes de que sea presentado al Parlamento, y sabemos que una vez que está en manos de las cámaras es muy difícil lograr los cambios.
A fines del año pasado llegamos a un acuerdo por el cual se logró una partida por presentismo para los trabajadores de la Administración central, y una vez que conocimos el texto de la rendición de cuentas observamos que el artículo 232 plantea que el acuerdo con COFE será financiado a través de la eliminación de vacantes. Entendemos que eso no debe ser así, que no podemos financiarnos nuestro acuerdo con la eliminación de vacantes, lo que afectaría los servicios que brindan los distintos organismos. De modo que si bien sabemos que el planteo es que no haya modificaciones, nuestro deseo es que se cambie ese artículo.
Asimismo, tal como planteamos en la Cámara de Diputados, entendemos que debe eliminarse el artículo 15 y salir de esta rendición de cuentas. Hay artículos –que nuestros compañeros ahora van a detallar– que son materia de negociación colectiva, por lo que pedimos que sean estudiados dentro de ella. Los trabajadores dimos nuestra pelea por la ley de negociación colectiva y la defendemos, por lo que queremos que se respete, para que no sea un papel escrito. Debemos avanzar en la negociación colectiva de la misma manera que nos mostramos fuera de fronteras, como país, en materia laboral. Hemos avanzado mucho, pero creemos que hay que sentarse a pensar cómo vamos a seguir avanzando en la negociación colectiva de los funcionarios públicos.
SEÑOR GONZÁLEZ.- El 20 de junio ingresó la rendición de cuentas a la Cámara de Diputados y nosotros, como COFE, en el mes de marzo comenzamos a pedir al Poder Ejecutivo que se negociaran todos los aspectos vinculados a este proyecto.
Como prevé la ley de negociación colectiva del sector público, todo tema vinculado a condiciones de trabajo, estructura de puestos de trabajo, capacitación, etcétera, así como las leyes de presupuesto –por tanto las de rendición de cuentas– es materia preceptiva de negociación colectiva.
Una semana antes del 20 de junio tuvimos una reunión en la que participaron el ministro de trabajo, una delegación de OPP, el ministerio de economía y la Oficina Nacional del Servicio Civil. En esa oportunidad pasamos a cuarto intermedio y se nos dijo que ninguna de las propuestas que realizó COFE iba a ser incorporada. Además, no se nos dio ninguna información vinculada a la rendición de cuentas, más allá de la que se hizo pública con aquel resumen financiero que dio el Ministerio de Economía y Finanzas.
Claramente, no se cumplió la ley de negociación colectiva, una ley que fue aprobada por el Poder Legislativo y que indica al Poder Ejecutivo cómo proceder en temas relacionados con la rendición de cuentas en lo que se refiere al vínculo con los trabajadores.
En cuanto al proyecto que se votó en la Cámara de Diputados y que está a consideración del Senado, hay algunos temas que me parece importante tener presentes. Originalmente, en la sección II, «Funcionarios», había un artículo 4.º, que volvía al régimen de ascenso por unidad ejecutora. Desde COFE solicitamos en la Cámara de Diputados que se retirara –no había sido negociado en forma colectiva– y finalmente así se hizo, lo que para nosotros es positivo.
El artículo 5.º que está a consideración de esta comisión pasa a la órbita de la Oficina Nacional del Servicio Civil a la comisión sobre afrodescendientes y a la vinculada a género. En la comisión sobre afrodescendientes hay temas vinculados a política de ingreso, que es materia preceptiva de negociación colectiva –de acuerdo a la Ley n.º 18.508–, por lo que pedimos que COFE la integre, pero esto no se logró en la Cámara de Diputados.
En los artículos 7.º y 8.º, que refieren a nacimientos prematuros –el 7.º tiene que ver con la licencia maternal y el 8.º con la licencia por lactancia–, se toma el criterio de 32 semanas, pero entendemos que debió de haberse recogido el aceptado a nivel internacional de nacimiento prematuro, que habla de menos de 37 semanas. Dado que el artículo 7.º hace referencia a la internación, si el bebé tiene 35 semanas pero no tiene internación, no va a aplicar el beneficio a la familia, a la madre. Entonces, solicitamos que se amplíe a 37 semanas.
En el caso del medio horario, también entendemos que la posibilidad de renovar por nueve meses que establece el artículo 8.º sería más conveniente y se ajustaría más a criterios internacionales si el corte fuera en 37 semanas.
El artículo 9.º hace referencia a una situación que se da en la DGI. El Parlamento en 2010 estableció con la Ley de Presupuesto que las funciones de encargados de departamento y de sección, que son más de 200 en la DGI, fueran provistas mediante concurso de oposición y méritos, pero hasta ahora menos del 20 % de esas encargaturas se han provisto por concurso y siguen designándose de forma discrecional, sin cumplir con la normativa legal vigente. Después de siete años de la aprobación de un artículo por parte del Poder Legislativo donde se establece claramente cómo asignar los recursos públicos, entendemos que no hay ningún argumento válido para que no se realicen los concursos. En función de este planteo, de la transparencia en el uso de los recursos públicos y la buena gestión, la Cámara de Diputados tomó este planteo, lo incorporó y reedita el artículo en una nueva redacción que para nosotros es importante que se mantenga porque vuelve a instalar el tema y genera presión en la DGI para que se lleven a cabo los concursos.
En el artículo 10 se establece un aspecto planteado desde COFE y vinculado con la licencia por antigüedad reglamentaria, la que en definitiva se va a tomar desde el primer vínculo, no importando si este es de presupuesto o no. Respecto de ese punto también estamos planteando que se incorpore para el pago de la compensación por antigüedad, porque no se incorporó, aunque sí se incorporó para la licencia reglamentaria y lo valoramos como algo positivo.
El artículo 232 del proyecto de ley de rendición de cuentas no fue negociado de forma colectiva. Entre COFE y el Poder Ejecutivo en el año 2015 –y fue reeditado en 2016– se estableció un convenio colectivo que daba una partida por presentismo para el conjunto de funcionarios públicos. En 2015 negociamos que esa partida saliera directamente de Rentas Generales y así se definió en la ley de presupuesto. Dicha partida se incrementará el año próximo y se preveía que el aumento estuviera financiado de la misma forma, pero en el artículo 232 se establece que eso saldrá de las vacantes, afectando la carrera administrativa. Eso no fue negociado y, ni siquiera, informado en la negociación colectiva, por tanto, rechazamos esta situación que claramente afecta dicha negociación.
También estamos haciendo algunos planteos que es importante que los tengan, al menos, como resumen. Con relación a la Ley n.º 19.121 y los concursos de funciones de encargado y demás, la ley establece la posibilidad de concursar, pero eso no se está cumpliendo, por lo tanto, todas las encargaturas de departamento y de división en la Administración central se están proveyendo de forma discrecional. Ahora nosotros estamos pidiendo que se reinstalen los cargos y se concurse. También hicimos una solicitud vinculada con la regularización de los contratos de trabajo previstos en el artículo 2 de la Ley n.º 19.121, planteos vinculados con el descanso compensatorio y guardias de trabajo. Estamos pidiendo que se establezca un régimen de guardias que no existe, atendiendo especialmente la situación de las tareas informáticas que establecen servicios en línea las 24 horas, los 365 días al año. Hoy no existe régimen para retribuir eso en el Estado y entendemos que es importante. También tenemos un planteo vinculado con los topes salariales porque en el año 2012 se cambió el criterio; estos se vinculan al salario de senador, pero en el caso de los funcionarios de la Administración central el tope se sigue manteniendo vinculado al salario del director general de secretaría del ministerio a valores de 2010, el que se actualiza, pero no se hizo al valor actual del director general de secretaría. También hacemos otros planteos vinculados con que la licencia por paternidad que hoy es de 10 días, pase a ser de 13 días como en el sector privado, así como ampliar la licencia por lactancia que hoy es de 9 meses, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS. Básicamente estos serían los planteos.
Ahora le pediríamos al compañero Revelese que realice un breve resumen sobre otro tema.
SEÑOR REVELESE.- Queremos subrayar que en esta instancia el Poder Ejecutivo ni siquiera hizo caso a las recomendaciones de la OIT, que establecían a texto expreso que en ocasión de considerarse el presupuesto y las rendiciones de cuentas, necesariamente debe negociarse con las organizaciones representativas de los trabajadores.
Asimismo, queremos remarcar que no fue tomado en cuenta el capítulo referido al tema de los recursos, con la propuesta del PIT – CNT que afectaba fundamentalmente al gran capital y a la riqueza. En ese tema tampoco hemos estado a la altura de las circunstancias. Con la necesidad de recursos que hacen falta en nuestro país, no pudimos discutir y en definitiva el Gobierno hizo caso omiso a lo respaldado por nuestro movimiento sindical.
Por otra parte, en la Cámara de Representantes pudimos corregir algunos temas, como el que tiene que ver con el juego. Cabe señalar que se generaron falsas expectativas al decirse que se recaudarían USD 15:000.000 o USD 17:000.000, cuando no es así. Celebramos que la Cámara de Representantes haya dejado este tema para ser analizado en otra instancia, más allá de que, lamentablemente, en esta Rendición de Cuentas hay un juego, el cinco de oro, que tiene doble tributación, que va a recaudar menos, que va a afectar salarios y que va a ocasionar que surjan los juegos clandestinos porque el 17 % de afectación de impositiva, supone un porcentaje altísimo. Por lo tanto, creemos que debería buscarse otro equilibrio para el juego y no perjudicar directamente al apostador. Esto en lo que respecta a recursos
Como decíamos, a COFE le duele mucho que la propuesta del PIT – CNT referido al tema de nuevas formas impositivas que afectan al capital no haya sido tomada en cuenta en esta ocasión, a lo que se suma una ausencia total de discusión.
SEÑOR CAMY.- Le damos la bienvenida a la delegación representativa de COFE.
Como la delegación sabrá, esta instancia se realiza para recibir inquietudes y aclarar dudas que sirvan como guía de trabajo para cuando se tome la decisión en el Senado. En nuestro caso, hemos escuchado con atención los juicios de valor dirigidos al Gobierno, por lo que el Partido Nacional no tiene nada que agregar.
Por otra parte, han sido muy claros con lo que han expresado en lo que tiene que ver con los artículos que han mencionado y en lo que se denuncia en cuanto al método de tratamiento con el Poder Ejecutivo. De manera que la exposición ha sido clara y no tenemos ninguna pregunta al respecto.
SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más preguntas, tomamos debida cuenta de los planteos.
Les agradecemos mucho la presencia.
(Se retira de sala la delegación de COFE).
(Ingresan a sala los representantes de SUPU).
–Damos la bienvenida a una delegación de la Sociedad de Funcionarios Policiales en Actividad y Retiro de la Administración Central, SUPU. En el día de hoy nos acompañan los señores Luis Clavijo, presidente; Roberto Cardozo, vicepresidente; Jorge Clavijo; doctor Martín Etcheverry, asesor letrado y Gustavo Magariños, economista.
SEÑOR CLAVIJO (Luis).- Estamos hoy aquí para ratificar lo planteado en la Cámara de Representantes en cuanto al rubro por nocturnidad y rever el tema de los viáticos de la policía porque, desde 2010, no se ajustan ni siquiera por IPC. Luego los compañeros podrán profundizar más en ello.
En el material que hicimos entrega encontrarán un trabajo sobre la evolución salarial en la policía y las condiciones de trabajo que se tienen. La idea a futuro del sindicato policial es empezar a pelear los aumentos salariales tal como corresponde y para ello nos prepararemos. Aclaramos que este material ha sido analizado desde el punto de vista de los policías de a pie.
SEÑOR MAGARIÑOS.- Soy asesor del SUPU en temas económicos y estratégicos. Hace un mes se cumplió dos años de la promulgación de la Ley n.º 19313, referida al trabajo por nocturnidad y entendemos que, tanto en su espíritu como en su redacción, los policías deben estar incluidos. Sin embargo, hace dos años que no reciben ninguna de las compensaciones que allí se establecen. Cuando un policía cumple más de cinco horas de trabajo, entre las 22:00 y las 06:00, debería recibir un 20 % de aumento en su salario básico –como dije, hace dos años que no lo recibe– o, en todo caso, tener una reducción de su horario normal de trabajo, lo cual tampoco se cumple porque el ministerio no cuenta con los recursos humanos necesarios para reducir las horas de trabajo de sus policías. O sea que hay dos aspectos clarísimos que hace dos años no se cumplen. Tampoco se cumple en el caso de las mujeres policías embarazadas, situación que está prevista en la ley.
En el material encontrarán estudios que se han hecho en materia de salud a nivel nacional, por parte de la cátedra de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina y del Instituto de Seguridad y Salud de Estados Unidos. En algunos de los estudios que presentamos claramente se pueden comprobar los efectos nocivos que tiene el trabajo nocturno, especialmente en la policía por las situaciones de estrés que vive. A modo de ejemplo, se establece que son más propensos a contraer cáncer y que, entre el personal, hay más de un 30 % de obesidad y ni que hablar de la tasa de suicidios. Además, son propensos a padecer linfoma de Hodgkin. Todos estos son elementos que los señores senadores y el Estado en general deben tomar en cuenta para que, de una vez por todas, se cumpla la ley. Según tengo entendido, tampoco se están pidiendo los recursos necesarios para este año, por lo que estaríamos ante un tercer año consecutivo de incumplimiento de la norma.
Para finalizar quiero hablar del tema de los viáticos que, desde 2010, están congelados. Por ejemplo, un policía que debe trasladarse de un punto a otro cobra $ 290 por concepto de alimentación y, a la vez, debe presentar el comprobante correspondiente. Muchas veces hay policías que son enviados a una gestión especial y no tienen dinero para pagarse la comida ni el hospedaje. De manera que llamamos a los señores senadores a que se sensibilicen para que se pueda avanzar en la solución de este problema.
SEÑOR ETCHEVERRY.- Mi nombre es Martín Etcheverry y soy uno de los asesores legales del SUPU.
Quería resaltar dos de los puntos que mencionó el economista.
En primer lugar, no se está aplicando la ley, a pesar de que es muy clara. Ya algunos organismos del Estado han dicho que sin duda les corresponde a los policías en actividad la nocturnidad. El ministerio no está pidiendo los viáticos. Eso va a desencadenar acciones legales, individuales o colectivas, y en definitiva la plata de algún lado va a tener que salir. Además, se va a generar una situación de desigualdad entre los que hicieron el juicio y los que no, o entre aquellos a quienes les tocó determinado juez y aquellos a quienes les tocó otro juez con una opinión distinta. Creemos que esto no es bueno y no era la intención al elaborar la ley. Las leyes se hacen para que se apliquen para todos y para que no se planteen este tipo de problemas.
El segundo punto que quiero resaltar es que estamos hablando de un viático que hace ya siete años que no se actualiza, de manera que es totalmente insuficiente. Esto provoca serios problemas. Nosotros, que estamos en permanente contacto con los agentes policiales, los conocemos muy bien. Si, por ejemplo, un agente tiene que venir de Maldonado a Montevideo y no tiene suerte de que haya capacidad en el ómnibus para viajar gratis –porque las unidades pueden trasladar sin costo a determinada cantidad de funcionarios policiales, pero si hay alguno más, tiene que pagar–, el viático de $ 290 no le da ni para venir. Para el pasaje de ida y vuelta estamos hablando de más del doble del viático, y por supuesto que en Montevideo tendrá que moverse y comer algo. Entonces, es un problema que en algún momento tendrán que solucionar los señores legisladores, que son los que tienen la posibilidad de hacerlo.
SEÑOR CAMY.- Saludamos la presencia de la delegación del SUPU.
Se plantea un tema conocido y de alta preocupación, supongo que para todos. Pero nosotros queremos hacer algunas preguntas puntuales. Seguimos este asunto a través del tratamiento que tuvo en la Cámara de Representantes, donde el señor diputado Gandini, puntualmente, realizó un par de preguntas sobre el tema. Me interesa consultar a nuestros invitados si tienen alguna novedad con respecto a eso.
Concretamente, en la oportunidad en que estuvo presente el doctor Charles Carrera en la comisión de la Cámara de Representantes que trató la Rendición de Cuentas, el señor diputado Gandini consultaba por la preocupación que nuestros invitados trasladan y de la que nos hemos ocupado distintos legisladores en ambas cámaras. En ese momento –tengo aquí la versión taquigráfica–, el doctor Carrera señalaba, con respecto a la nocturnidad: «realizamos consultas sobre ese punto a la Oficina Nacional del Servicio Civil y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social». La pregunta que quiero hacer es si desde ese momento al día de hoy han tenido respuesta del ministerio en referencia a esas consultas que se estaban realizando, fundamentalmente porque había un reconocimiento expreso del Ministerio del Interior en cuanto a que en determinadas oportunidades correspondía, sin duda, la nocturnidad, pero también se señalaba que existían algunos regímenes especiales, como el 12 por 36, el 24 por 48 o el semana por semana. En esos casos se planteaban dudas. Incluso, se sugería la posibilidad de tratar con el SUPU ideas alternativas que implicaran, por ejemplo, más días de descanso. En esa oportunidad se señaló –tengo aquí la versión taquigráfica– que se estaba tratando de llegar a esa negociación, para lo cual se fijó como fecha límite el mes de agosto. Entonces, también quería consultar si ha habido alguna novedad en referencia a este aspecto.
Quiero dejar claro que tengo una preocupación: advierto que no hay dinero. No quiero discutir en cuanto a si hay o no voluntad porque quiero creer que la voluntad de solucionar este problema está en todos; por lo menos, tenemos presente la situación. No hay una partida presupuestal prevista y habría que esperar a la próxima rendición de cuentas, lo que implicaría que recién el 1.º de enero de 2019 podrían estar los recursos. Es decir que es un tema preocupante, pero lo que más me inquieta es que a partir de esta interpretación que tengo, las alternativas que se busquen o se puedan consensuar, referidas, por ejemplo, a canje de más días de descanso, implicarían necesariamente contar con más policías, porque si vamos a darles la merecida compensación a estos funcionarios –y estos, en consecuencia, pactaran algún régimen alternativo con el Ministerio del Interior–, ello va a suponer que esos días va a haber menos efectivos en servicio. Por lo tanto, se resiente el servicio. Me parece que estamos ante un tema realmente complejo.
Entonces, en cuanto a la instancia que hoy puntualmente nos ocupa, quería consultar si tuvieron novedades del Ministerio del Interior en referencia a esa reunión que, según señalaba el doctor Carrera, se tuvo con la Oficina Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el mismo momento en que la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes estaba tratando este tema. También quiero saber si se respetó el límite fijado de agosto para encontrar una solución alternativa o siguen en negociaciones.
SEÑOR AMORÍN.- Con respecto al mismo tema, parece claro que hay una cuestión en cuanto al pago de la nocturnidad y que inclusive en algún momento estuvo en duda si correspondía pagarlo o no. Hay una ley general y es necesario determinar si ella ampara o se aplica también a la Policía. También parece claro que hubo consultas en ese sentido a organismos del Gobierno, como la Oficina Nacional del Servicio Civil, y que la respuesta iba a estar antes de agosto. Entonces, es bien importante conocer sus términos. ¿Por qué? Es importante de acá para adelante, porque si la respuesta es afirmativa, hay que pagar nocturnidad, pero también es importante por los derechos adquiridos, es decir, para atrás.
La idea que tenemos al respecto es que se está trabajando en régimen de nocturnidad, pero no se está pagando de manera acorde. Entonces, si la Oficina Nacional del Servicio Civil le dice al Ministerio del Interior que tiene que pagar, tendrá que hacerlo; tendrá que ver, también, cómo abona lo anterior, pero al menos tendrá que hacer frente a la nocturnidad de ahora en más. Y si no hay rubros presupuestales, estamos en un problema.
Entonces, quiero saber si la Oficina Nacional del Servicio Civil se expresó o no en ese sentido, si tenemos que esperar y ver en qué situación nos encontramos, porque creo que este tema puede llegar a convertirse en un problema.
SEÑOR MICHELINI.- La bancada de Gobierno va a estudiar la carpeta que nos han entregado en lo que respecta tanto al tema de nocturnidad como al de viáticos. Es muy posible que la rendición de cuentas no se abra, pero hay que estudiar el tema. Lo cierto es que año a año hemos destinado recursos, en forma muy importante, al rubro 0 de la Policía. Queremos que los policías estén bien remunerados. Además, se ha hecho un esfuerzo muy grande en materia de instrucción, equipamiento y salarios. Independientemente de si corresponde o no, vamos a seguir por esa línea y desde el Parlamento, en la medida en que seamos Gobierno, vamos a seguir autorizando recursos para el rubro 0 a los efectos de tener una Policía no solamente bien equipada y entrenada, sino además bien remunerada.
SEÑOR CARDOZO.- Con respecto a la pregunta que hizo el señor senador Camy, el doctor Charles Carrera dijo que iba a consultar a la Oficina Nacional del Servicio Civil. Creo que le faltó leer las alocuciones que se hicieron cuando se aprobó la ley porque, justamente, en esa oportunidad el señor Puig manifestó claramente que estábamos incluidos los trabajadores policiales y los bomberos. Nosotros también consultamos a la Oficina Nacional del Servicio Civil porque leímos la ley, que es bien clara –creo que un doctor podría haber leído la ley y lo que dijeron los señores senadores–, y allí lo dice expresamente.
La carpeta que les entregamos contiene precisamente la opinión de la Oficina Nacional del Servicio Civil en cuanto a lo que nos corresponde, y allí también se mencionan las violaciones que se hacen con las trabajadoras que están embarazadas.
El mes de agosto ya terminó y esto todavía no llegó. En cuanto a la negociación por los regímenes especiales –que los hay– hace dos años que habría que haber negociado con los sindicatos. Estamos dispuestos a dialogar, pero cuando una de las partes no dialoga, es imposible llegar a un acuerdo.
De todas formas, la ley es clara, y el señor Puig ha dicho en Comisión más de una vez que cuando ella se aprobó la voluntad era incluir a todos los trabajadores, incluso a los policiales, que somos considerados trabajadores a partir del 2006, gracias al Gobierno del Frente Amplio; antes no lo éramos, pero de a poco vamos conquistando nuestros derechos.
Entonces, tenemos que decir que hasta ahora no ha habido una negociación; posiblemente se vaya a tratar el miércoles 13 en la comisión tripartita que va a realizarse en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La situación es que agosto ya finalizó y todavía no ha habido negociación.
SEÑOR CAMY.- Solamente quiero que se me aclaren las cifras porque, obviamente, no tenemos tiempo de leer en la jornada el documento que nos presentan.
En lo que respecta al viático, la Administración central –exceptuando policías y militares– otorga un viático de $ 1.800 y $ 2.000, teniendo en cuenta los porcentajes que se establecen: 60 % para alojamiento, 30 % para alimentación y 10 % para traslados. Según dijeron, desde el año 2010 no se aplica un ajuste, ni siquiera por el IPC. ¿Puede decirse que hoy día el viático es de $ 290 sin hospedaje y de $ 460 con hospedaje, y que además es con rendición?
SEÑOR CLAVIJO (Luis).- Sí, así es, señor senador.
SEÑORA PRESIDENTA.- Voy a ser muy sincera. Probablemente en esta rendición de cuentas no se vayan a atender estos temas, lo que no quiere decir que las respectivas bancadas no lo haremos y no discutiremos en su momento.
Agradecemos mucho su presencia y la información que nos han brindado.
(Se retiran de sala los representantes de SUPU).
(Ingresan a sala los representantes de la Asociación de Diabéticos del Uruguay).
–Tenemos el gusto de recibir a la delegación de la ADU, integrada por su presidente, el señor Walter Grignetti; el secretario, doctor Mario Jubín; el gerente general, señor Javier González; la contadora Carmen Fernández; y la coordinadora administrativa, señora Marial Sandar.
SEÑOR GRIGNETTI.- Soy el presidente de ADU y en nombre de la institución quiero agradecer a los señores senadores por recibirnos. Adelanto que voy a ser muy breve para que los demás compañeros también puedan exponer.
Simplemente, la salud es un tema de todos y precisamos que tomen conciencia de que ayudándonos nos ayudan a poder seguir ayudando. Esto es muy importante, sobre todo en el tema de la diabetes.
Si me lo permite la señora presidenta, cedería el uso de la palabra al doctor Jubin para especificar un poco cuáles son las actividades de ADU.
SEÑOR JUBIN.- La asociación es una organización sin fines de lucro, fundada en 1951 y que tiene el honor de ser la primera en América, la segunda en el mundo e, inclusive, fue la primera en afiliarse a la Asociación Internacional de Diabetes.
Nuestro objeto social –soy abogado no médico– es muy claro: educar en diabetes, para que los ciudadanos puedan tener conocimiento de todos los planes de educación y demás servicios. Pedimos autorización a la señora presidenta para ceder el uso de la palabra al gerente de la asociación.
SEÑOR GONZÁLEZ.- Hace dos meses, cuando comenzamos la preparación de esta solicitud, ordenando ideas y materiales, la situación no era la misma que la actual. Hace dos o tres semanas tuvimos el agrado de observar el video del presidente Tabaré Vázquez donde se definía una clara postura y el enfoque de repetir el liderazgo de Uruguay en la lucha de las enfermedades crónicas no trasmisibles, de la misma forma que se ha hecho con el tabaco. Eso nos impulsó y nos dimos cuenta de que estábamos en la dirección correcta.
Durante estos 65 años que tiene la asociación, siempre hemos visto el vaso medio lleno, pero todavía hay espacio para seguir construyendo el perfil de un país que lucha contra las enfermedades crónicas no trasmisibles, que ya están siendo definidas por la Organización Mundial de la Salud como el principal riesgo que puede llevar a los países a su desaparición debido a los altos costos humanos y económicos que conllevan.
Hace un año y medio, aprovechando las redes sociales y la tecnología, ADU lanzó una herramienta para intentar masificar su principal objetivo –que acaba de mencionar nuestro presidente– que es la información y educación en diabetes para su prevención y cuidado. ADU life es un programa que emitimos a nivel de Internet y podemos decir, obviamente, que no es el primero, pero sí estamos seguros de que lo es a nivel de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la salud. Ha tenido un gran impacto dentro de la capacidad de impulso que podemos darle y está conducido por una persona muy conocida, el periodista Fernando Vilar. Podríamos decir que es un magazine en el que se habla de todos los temas que les interesan a los individuos y que intenta ayudar a las personas que no tienen hábitos saludables a que comiencen un camino de transferencia hacia una vida más saludable.
Por lo expuesto, en el petitorio que le hicimos llegar a esta Comisión, solicitamos ayuda económica para poder masificar y dar un impulso mayor a la asociación, porque estamos limitados desde el punto de vista de la capacidad de comunicación y otras herramientas que se necesitan para efectivamente llegar a todo el mundo. Habrán observado en el material que les entregamos, y en especial en el petitorio, que hablamos de varias actividades como ADU life, que acabo de mencionar y del Club de cocina y nutrición que es de cocina práctica. Esto no es el descubrimiento de la pólvora por parte de la Asociación de Diabéticos del Uruguay, pero si hay algo que realmente capta la atención de los individuos en relación con la vida saludable es, por cierto, la alimentación o los productos; esa es la principal puerta de entrada por la que las personas muestran predisposición a cambiar. Luego vendrán las otras etapas relativas a los costos y demás, pero lo cierto es que como la sociedad uruguaya en general ha desaprendido a cocinar, difícilmente podamos hablar de alimentación saludable que, además, debería ser mucho más barata si la elaboramos en nuestro domicilio. Insisto en que si hemos desaprendido a cocinar difícilmente podamos entender que eso es posible; cuando nos hablan de cocinar se nos aparece un gran muro porque hemos olvidado cómo hacerlo.
Luego están las Educharlas, en las que hay participación de técnicos y profesionales de la salud que hablan sobre prevención y cuidado.
Por su parte, Adueduca es un plan sobre talleres de alimentación saludable para niños en educación primaria pública y privada. Tenemos el orgullo de que fuera seleccionado por la ANEP como un plan, un proyecto que gracias a la colaboración de Cutcsa hoy nos permite recibir en nuestra sede a alumnos de escuelas públicas –sobre todo las de contexto crítico– y privadas. Precisamente, a las escuelas públicas de contexto crítico les brindamos un taller de alimentación saludable. Lo más importante es cuando en esas clases hay compañeros con diabetes, lo que también ayuda a la interrelación e inclusión de un niño con diabetes en ese contexto.
También existe Aducamp y cabe destacar que Uruguay no solo es el primer país en contar con una asociación de diabéticos en la región y el segundo en el mundo, sino que también es el primero que en 1954 desarrolló un proyecto de campamentos educativos para niños insulinodependientes. Aquí volvemos al tema de la educación y estoy seguro de que todos estaremos de acuerdo en que para los grandes cambios es trascendental. Por eso reiteramos la importancia del tema y la obsesión que tenemos por cumplir con nuestro objetivo.
Como habrán notado, la cifra que pedimos no es para nada importante si pensamos en el enfoque y el alcance que tiene el tema que nos ocupa. Sabemos también que no hay recursos, pero no queríamos perder la oportunidad de que tuvieran conocimiento de lo que hacemos. De todas formas, con el apoyo que nos puedan dar o con el compromiso que podamos desarrollar, ya sea en este año o en los próximos, vamos a continuar intentando hacer cada vez más en cuanto a lo que es educación para la prevención y el cuidado de la diabetes.
Por último, me gustaría adelantar que todos los años, el 14 de noviembre, se conmemora el día mundial de la diabetes y este año en particular tiene como foco a la mujer con diabetes a fin de intentar empoderarla de distintos perfiles. Desde el punto de vista de la gravedad del crecimiento de la diabetes gestacional, de la importancia de la mujer con diabetes cuando quiere programar su embarazo y sabiendo que no podemos escapar a lo que es el crecimiento de la prevalencia de la diabetes a nivel mundial, podemos afirmar que en nuestro país también está creciendo a nivel de la mujer. Estamos en un país en el cual los nacimientos son más que necesarios, por lo tanto si a un bajo porcentaje de natalidad, le sumamos el inconveniente que tienen las mujeres con diabetes de no contar con los tratamientos o la tecnología necesarios para poder programar su embarazo, creemos que es importante detallarlo.
Por estos motivos, los días 17 y 18 de noviembre se llevarán a cabo unas jornadas científicas en el auditorio de Antel y tenemos el orgullo de estar representados por 24 profesionales y técnicos de reconocida trayectoria en esta especialidad. Este trabajo está dirigido a los profesionales técnicos y estudiantes de la salud y se ofrecerán los más amplios contenidos sobre mujer y diabetes.
Paralelamente, durante esos días, estaremos realizando la segunda exposición de la industria farmacéutica y alimentaria. Para que sea un atractivo para la población, transmitiremos en vivo por Internet, gracias a la colaboración de Antel, de modo tal que el contenido esté al alcance de todos y no solo de quienes puedan concurrir.
SEÑOR CAMY.- Saludamos la presencia de la delegación representante de la Asociación de Diabéticos del Uruguay, entidad de enorme prestigio, que tiene una trayectoria de más de 60 años, que fue la primera asociación de diabéticos en Latinoamérica y que nos honra con su visita.
Días pasados, recibimos en esta comisión a otra organización, mucho más nueva que la de ustedes, con un propósito diferente, pero inspirada también en loables objetivos: la Fundación Diabetes Uruguay. En esa instancia, nos acercaron datos que nos hacen poner la atención de manera principal en este flagelo, que alcanza a más de 300.000 personas en nuestro país, afectadas principalmente por la diabetes tipo 2.
Nos señalaron que, incluso, hay un porcentaje altísimo no diagnosticado, por lo que debe considerarse el costo material que supone para el país, dado que se habla de aproximadamente 100.000 que no están diagnosticadas, pero que tienen diabetes.
Por tanto, es un honor recibirlos.
Destacamos que, desde el Partido Nacional, vamos a respaldar lo aprobado por la Cámara de Representantes, en el entendido de que es algo muy importante, más allá del monto, porque se incorpora a ADU por primera vez al beneficio de las subvenciones. Quienes trabajamos en esta comisión sabemos que no es fácil tomar decisiones en este sentido, porque son muy justificadas todas las demandas que recibimos, pero lamentablemente los recursos son escasos. Eso hace que, a veces, debamos recortar o que no podamos asistir a todos para el cumplimiento de sus objetivos.
Pues bien, en este caso, desde la Cámara de Representantes llega aprobado el artículo 230, en el que se establece un monto de $ 200.000 anuales, lo que supongo será aprobado por todos. Naturalmente, hablo en nombre de mi partido, por eso expresamos que en la Cámara de Senadores vamos a acompañar lo aprobado en la otra cámara.
SEÑORA PRESIDENTA.- Tal como expresa el señor senador, el artículo 230 dispone una partida anual de $ 200.000. Como reafirmación de lo que en la Cámara de Representantes se aprobó, adelanto que obviamente también será votado en esta cámara.
Agradecemos muchísimo la función que cumple para la salud de todas y todos los compatriotas la Asociación de Diabéticos del Uruguay.
(Se retira de sala la delegación de la Asociación de Diabéticos del Uruguay).
(Ingresa a sala la delegación de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay).
–Recibimos con mucho gusto a las señoras Pilar Igoa y Elba Rama, representantes de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, integrantes del consejo ejecutivo, a quienes dejamos en el uso de la palabra.
SEÑORA IGOA.- Buenos días. Venimos en representación de la Asociación de Funcionarios Judiciales y vamos a hacer una exposición de la que ya dejamos una copia a la señora presidenta y a los señores senadores.
Queremos plantearles, mediante varios puntos, la situación de conflicto en las que nos encontramos los funcionarios judiciales.
La ley de presupuesto nacional n.º 17.930, de 19 de diciembre de 2005, establecía en el Capítulo del inciso 16, artículo 389: «Autorízase al Poder Judicial a disponer de las modificaciones necesarias para racionalizar la escala salarial y la estructura de cargos y contratos de función pública de los escalafones II a VI, R y VII, que se crea por la presente ley. Dicha racionalización tendrá como objetivo la aplicación de una nueva escala de sueldos porcentual entre los distintos grados, la que partirá del sueldo base del cargo del Subdirector General de los Servicios Administrativos en forma decreciente hasta el último grado de los escalafones. El objetivo será la mejora del servicio por la vía de recomponer y estimular la carrera funcional». Esta reestructura se materializó en el año 2006 y fue una conquista muy importante para el gremio de los funcionarios judiciales.
Paso ahora al origen de la diferencia que generó nuestro reclamo, la ley de presupuesto n.º 18.719, de 2010, y las inconstitucionalidades que debimos promover a ese respecto. Los artículos 1.º y 2.º de la Ley n.º 18.738 –mal llamada ley interpretativa– fueron declarados inconstitucionales a fines de 2013 por una corte integrada; los artículos 14, 15 y 16 de la Ley n.º 18.996 fueron declarados inconstitucionales; y los artículos 2.º y 9.º de la Ley n.º 19.310 también fueron declarados inconstitucionales a fines de 2015. Todas estas normas se crearon para desconocer la importante conquista que habíamos logrado con la ley de presupuesto de 2005, por la que nuestras remuneraciones guardan una relación porcentual con los cargos jerárquicos del Poder Judicial logrando, de alguna manera, disminuir las inequidades a las que por muchos años nos vimos sometidos como trabajadores de la justicia.
Desde el año 2011 esperamos que se cumpla con la legislación vigente y que se nos adecuen los salarios. Quiere decir que desde ese año no tenemos ninguna adecuación salarial, salvo los ajustes por IPC que se dan a todos los trabajadores.
Al comienzo, el Poder Ejecutivo realizó un sinnúmero de promesas de que se iba a cumplir con la adecuación salarial, respetando las leyes, pero como quedaron solo en promesas, resolvimos iniciar un juicio para defender nuestros derechos, como acuden a la justicia diariamente muchos trabajadores para que se respeten los suyos. Iniciamos varias acciones de inconstitucionalidad contra leyes, leyes interpretativas, etcétera, y un juicio por cobro de pesos, y todos culminaron –como ya mencionamos– con sentencia favorable a nuestros reclamos, excepto la acción de inconstitucionalidad del artículo 733 de la Ley n.º 19355 –el último presupuesto–, que se encuentra todavía en trámite. Desde el 30 de marzo de 2016 tenemos una sentencia en segunda instancia –una sentencia firme– que reconoce nuestros derechos y establece que desde el 23 de diciembre de 2012 se deben adecuar nuestros salarios; quiere decir que tenemos un derecho adquirido con esa sentencia firme.
En todo este largo proceso no hemos tenido incrementos salariales, aduciéndose siempre que iba a haber una sentencia y que luego cobraríamos. En diciembre de 2015, varios artículos de la Ley n.º 19.310 fueron declarados como inconstitucionales, en un año en que el Mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo no incluyó ningún artículo, ni siquiera sin costo, para el Inciso 16 «Poder Judicial», ignorando a un poder del Estado que es el único que no se vota su propio presupuesto. Estamos hablando de un Poder Judicial que cada vez está más exigido por la realidad económica, social y política, pues casi todo termina dirimiéndose en la justicia, y contradictoriamente cada vez es menos considerado por el Poder Ejecutivo.
El 23 de diciembre de 2015, con los créditos reservados para el cumplimiento de la Ley n.º 19.310 –de la que fueron declarados inconstitucionales varios artículos–, acordamos un convenio de todos los gremios judiciales –magistrados, funcionarios, actuarios, defensores e informáticos– con el Poder Ejecutivo, por el que se distribuyó por ese año un monto y se estableció que a partir del 1.º de enero de 2016 los funcionarios de todos los escalafones percibiríamos un porcentaje a cuenta de futuras sentencias por adeudos salariales. Ese porcentaje, que fue de 7,76, sería liquidado todos los meses en renglón separado, lo que representó un claro avance en nuestro reclamo ya que por primera vez el Poder Ejecutivo reconocía nuestro derecho y planteaba un pago a cuenta de las futuras sentencias. Después eso quedó firme por sentencia.
Al quedar firme esa sentencia, el 30 de marzo de 2016, se establece que el porcentaje de adecuación salarial es del 21,6%, por lo que a este porcentaje hay que restarle el 7,76% que estamos percibiendo como adelanto. Esto implica una diferencia de 13%, aproximadamente, y la liquidación de una deuda generada desde el 23 de diciembre de 2012 hasta la fecha en que efectivamente logremos cobrar la sentencia.
Siempre ha existido instancias de diálogo con el Poder Ejecutivo a través de su representante, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, el señor Ernesto Murro, y a veces conjuntamente con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas.
Después de largas negociaciones, hubo solo una propuesta del Poder Ejecutivo –realizada por el ministro Murro–, que no reconocía los términos de la sentencia y ofrecía un porcentaje sensiblemente menor al establecido y abatía el monto de la deuda. Esta propuesta –por estas características que acabo de señalar– no fue aceptada por la amplia mayoría del gremio y se resolvió realizar una contrapropuesta que planteaba que se diera la adecuación salarial de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia –lo que permitiría dejar de incrementar esa deuda, o sea, frenar su crecimiento– y, cumplida esta adecuación salarial, acordar en una mesa de negociación una forma de pago de esa deuda generada en los plazos que se establecieran en esa mesa de negociación.
Quedó planteada la posibilidad de continuar el diálogo, pero el Poder Ejecutivo reiteró aquella propuesta que fue rechazada por la amplia mayoría de los trabajadores y no varió los montos. Esto no ha permitido avanzar. Además, el Poder Ejecutivo no aceptó otorgar esa adecuación salarial en los términos de la sentencia tal cual lo habíamos solicitado.
Por otro lado, se encuentra vigente el artículo 733 de la Ley n.º 19.355, de Presupuesto, el que consideramos claramente inconstitucional, por lo cual hemos iniciado una acción de inconstitucionalidad y también pedimos que fuera derogado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes.
En 2016, al pasar el expediente mencionado en vista fiscal, el fiscal general, doctor Díaz, se excusó –también lo hicieron cuatro fiscales más– aduciendo diferentes razones fundadas. Ante esta situación, el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la normativa vigente en ese momento, reclamó ser el que designara el fiscal. Desde noviembre de 2016 está pendiente esa designación, a pesar de que a partir del 1.º de enero de 2017 comenzó a regir el nuevo estatuto de la Fiscalía General y se han nombrado fiscales en otros juicios. Ese juicio, sin embargo, sigue trancado. Hemos realizado varias gestiones para destrabar esta situación, como entrevistas con el secretario de la Presidencia, doctor Miguel Toma, y con el fiscal, doctor Jorge Díaz. Asimismo, ha sido elevada una nota al Presidente de la república, doctor Tabaré Vázquez, y estamos a la espera de una positiva resolución que permita continuar el trámite de la acción de inconstitucionalidad iniciada. Se han aducido obstáculos legales y situaciones no previstas, pero nosotros consideramos que el tiempo transcurrido –diez meses– es más que suficiente para haber encontrado una solución, si hubiera existido voluntad jurídica y política de hacerlo.
De todas las indagatorias que ha realizado el Poder Ejecutivo en estos diez meses, ha concluido que habría dos fiscales que podrían ser designados, pero eso no se ha efectivizado y se sigue sosteniendo que la designación de fiscal requiere varios trámites, que son los que se vienen realizando sin pausa y de forma totalmente responsable institucionalmente, en aras de determinar con plena certeza el señor fiscal habilitado para entender en el caso.
Con fecha 8 de mayo, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus cinco integrantes, dictó sentencia declarando inconstitucional el artículo 733, en una acción iniciada por una trabajadora de salud pública, marcando con esto jurisprudencia.
Con fecha 15 de mayo, en otro expediente de acción de inconstitucionalidad de varias normas y del artículo 733, iniciado por aproximadamente 400 compañeros nuestros –que por diversas razones no están incluidos en el juicio, que ya tiene sentencia firme y que abarca a 3.500 funcionarios–, se dictó una vista fiscal en la que se solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 733 de la Ley n.º 19.355, encontrándose este expediente a estudio de una corte integrada.
Hoy, frente a una nueva rendición de cuentas, el Poder Ejecutivo vuelve a ignorar al Poder Judicial, en su Mensaje –inciso 16–, pero sí aparece un artículo que claramente afecta a los trabajadores y a todos aquellos que ganen sentencias contra el Estado.
Se aprobó en la Cámara de Representantes la derogación del artículo 733, pero también se aprobó el artículo 15, que lo reemplaza con algunas variantes en su redacción. Ya no se centra exclusivamente en los trabajadores públicos o en aquellos que tengan una relación de dependencia con el Estado y hayan obtenido sentencia favorable, sino que pasa a ser de aplicación general, abarcando el universo de todos los acreedores del Estado.
Hoy, con el artículo 15 del proyecto parece cumplirse la repetida advertencia que se nos hizo en oportunidad de las negociaciones con el ministro Murro, en cuanto a que, si caía el artículo 733, iba a existir un 734. El artículo 15 es más amplio en su aplicación y, al igual que el 733, vulnera varios principios constitucionales, como el de igualdad ante la ley y el de seguridad jurídica, que conllevan la confianza que los ciudadanos puedan tener en la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes. A su vez, le otorga privilegios al Estado como deudor, diferenciándolo del resto de los deudores y eximiéndolo de los plazos de cumplimiento de las obligaciones. Además, con este artículo no se tiene ninguna certeza jurídica.
Nosotros consideramos que ningún legislador debería aprobarlo –lo planteamos en la Cámara de Diputados– ya que es tan clara la vulneración de derechos constitucionales, que no se necesita ser jurista para comprenderlo. Sabemos que cuenta con media sanción por haber sido aprobado en la otra cámara, pero apelamos a que los señores senadores no aprueben este artículo 15.
Este largo conflicto no fue algo que hayamos buscado los trabajadores judiciales. No se puede pretender que, luego de tantos años de postergación salarial, habiendo logrado una reestructura y una mejora considerable en nuestras remuneraciones en el presupuesto de 2015, renunciemos a lo que la ley nos otorga.
El que esta situación continúe sin resolverse constituye un daño para los trabajadores, pero también para la sociedad toda porque es una deuda que se sigue incrementando y que impide a los trabajadores solucionar otras problemáticas en cuanto a las condiciones de trabajo y a su organización, en la cada vez más compleja tarea que llevamos adelante en materias como familia especializada, adolescentes, penal, etcétera. Además, no está habiendo ingreso de funcionarios al servicio de justicia ya que, por recortes, no hay asignaciones presupuestales y se prioriza la asignación de los pocos recursos para la adecuación edilicia y material de las sedes, así como para la entrada en vigencia del nuevo CPP.
Otro dato importante a tener en cuenta es que en los escalafones IV, V y VI, que son a los que representa la asociación de funcionarios, en promedio, se retiran unos cien funcionarios por año, por causal jubilatoria o por renuncia, que no son reemplazados por razones presupuestales. Esto hace que haya sedes y oficinas que se encuentren realmente recargadas por su volumen de trabajo, ya que son sostenidas por un número insuficiente de funcionarios, que terminan solicitando traslado por el deterioro en su salud debido a las condiciones laborales. Esto conlleva dificultades para la atención al público que acude a la justicia, aspecto que nos preocupa porque nos consideramos servidores públicos.
Desde hace muchos años, en el Poder Judicial los ascensos a los cargos de jefe de sección, jefe de oficina y oficiales aguaciles en el escalafón administrativo; subintendente e intendente en el escalafón auxiliar y subdirector de departamento y director de departamento en el escalafón IV y V se realizan por concurso de oposición y méritos, mecanismo impulsado por nuestro sindicato. Sin embargo, como la pirámide es muy acotada, muchísimos compañeros se jubilan con más de 30 años de actividad –siendo administrativos II, I o auxiliares I– y, sumada a esta situación, la postergación de la adecuación salarial nos ha conducido a un estado de desmoralización y descreimiento en todos quienes deben cumplir con las normas vigentes.
Además, los funcionarios judiciales no contamos con ningún otro beneficio como tienen otros colectivos públicos: prestaciones a través del BPS, como partidas para lentes, ortopedia, etcétera.
Consideramos que el reclamo que motiva nuestro conflicto, además de ser recogido por una sentencia en segunda instancia, derecho adquirido que debe cumplirse, es claramente justo. Si se comparan nuestras remuneraciones con las de los mismos cargos en otros organismos o poderes, nos encontramos en niveles sensiblemente inferiores. El Poder Judicial está siendo claramente postergado por los otros dos poderes del estado: Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, impidiéndosele con la asfixia económica el adecuado cumplimiento de su misión de impartir justicia y dar garantías al conjunto de los habitantes de nuestro país. En este proceso los trabajadores judiciales somos rehenes de esta política discriminatoria.
Apelamos a que los señores senadores analicen esta situación y concluyan votando la derogación del artículo 733, de la Ley n.º 19.355, no votando el artículo 15 de este mensaje de rendición de cuentas que lo sustituye, habilitando de esa forma que las sentencias se cumplan sin dilatorias ni discriminaciones.
SEÑOR AMORÍN.- Simplemente, quisiera dejar una constancia. Hoy están claras cuáles son las posiciones: nosotros no vamos a votar el artículo 15.
Voy a hacer una referencia a las palabras del exministro de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Pérez Manrique. Creí que él había dicho que el artículo es inconstitucional de aquí a Pando, pero fue bastante más amplio porque dijo que es inconstitucional de aquí a la China. Eso es lo que creo y, por eso, no lo voy a votar. Considero que la exposición fue clara y relató hechos que compartimos.
SEÑOR CAMY.- Quisiera saludar a la delegación que nos visita, que ha sido muy clara en su planteamiento. Tal como lo señaló el señor senador Amorín Batlle, desde el Partido Nacional seremos claros, contundentes y monolíticos como lo fuimos en la Cámara de Representantes, en cuanto a derogar el artículo 733 de la Ley n.º 19.355. Por tanto, no acompañaremos el artículo 15 que se propone en este mensaje de la rendición de cuentas.
SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más senadores anotados, agradecemos muchísimo a la delegación por su presencia.
(Se retiran de sala los representantes de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay).
(Ingresan a sala los representantes del Centro de Navegación).
Tenemos el agrado de recibir al Centro de Navegación. Hoy nos acompañan: el señor Alejandro González, presidente; la doctora Mónica Ageitos, gerenta ejecutiva; el doctor Nicolás Constantinidi, presidente de la Mesa de Depósitos; el señor Diego Paolillo, presidente de la Mesa de Operadores; el doctor Roberto Falchetti, asesor laboral y el señor Gerardo García Pintos, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Empresariales.
SEÑOR GONZÁLEZ.- En primer lugar, quiero agradecer que nos hayan recibido. Sabemos que tenemos pocos minutos, por lo que hemos dejado un dosier, integrado por un memorándum y un resumen ejecutivo del análisis del artículo 116 que se propone y que cuenta con media sanción. La dinámica del día de hoy es repasar algunos puntos, luego darle la palabra al doctor Falchetti y a García Pintos, y si restan algunos minutos, quedamos a las órdenes para responder alguna pregunta puntual.
En segundo término, queremos decir que el artículo 116 de la Rendición de Cuentas establece la obligación a empresas prestadoras de servicios de depósitos portuarios y extraportuarios, y en muelles o explanadas, de garantizar a su personal estable un mínimo de trece jornales. Asimismo, establece que en caso de que las empresas requieran mano de obra eventual, esta deberá ser aportada por un operador portuario, que también deberá asegurar trece jornales a su personal eventual.
La norma proyectada es inconstitucional por vía doble ya que no solo excede el período de Gobierno, sino que refiere a la interpretación y ejecución del presupuesto, inciso segundo del artículo 216 de la Constitución. Del mismo modo, es inconveniente porque afectará la competitividad del país, la eficiencia portuaria y los puestos de trabajo.
Mediante este artículo el Estado vulnera la Ley n.º 18.566, que lo obliga a promover y garantizar la negociación colectiva, otorgándole la responsabilidad de adoptar las medidas adecuadas a fin de facilitar y fomentar la negociación colectiva entre empleadores y trabajadores. La aprobación del texto proyectado, a nuestro juicio, debilitará la negociación de los consejos de salarios y desconocerá legítimos acuerdos firmados por empleadores y sindicatos en el marco de dichas discusiones. Debemos agregar que tenemos laudos vigentes.
El denominado tema de los trece jornales ha sido frecuentemente planteado y negociado en los consejos de salarios de operadores y terminales portuarias, y en el de depósitos portuarios. En este último, se aprobó el laudo de sector, en el que se prevén, entre otras cosas, convocatorias mínimas garantidas, lo que se estimó más razonable para asegurar jornales. Cuando digo esto, me estoy refiriendo a que es válido para el Supra –sindicato portuario– y para el Centro de Navegación.
Este proyecto afecta la competitividad de los depósitos portuarios en régimen de puerto libre, dando ventaja a su competencia directa: depósitos fiscales, zonas francas y depósitos particulares, los cuales no estarán afectados por la obligatoriedad de los trece jornales. Esto provocará un perjuicio irreparable al sector portuario y, entre otras consecuencias, alterará aquellas reglas convenidas con la Administración pública, ya sea por concesión, concesión y permiso o permiso.
Por lo tanto, creemos que es un artículo que atenta contra la ley de puertos, el desarrollo portuario, la inversión privada y genera desventajas a la hora de competir con otras empresas de similar actividad, pues la norma no las contempla en términos de obligatoriedad.
Como consecuencia de ello y en caso de ser aprobado, el Centro de Navegación recurrirá a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en defensa de sus socios.
Entendemos que se debilita la seguridad jurídica, activo principal de un país serio que quiere crecer y que, como tal, se promociona en el exterior como un buen lugar para la inversión directa y extranjera, entre otras.
De aprobarse esta disposición, se comenzará a aplicar en un momento en el que, producto de una crisis marítima internacional profunda, existe pérdida de volumen, lo que ya provoca que parte del personal se encuentre amparado al seguro de paro. Esta situación se verá severamente agravada por la norma que se pretende sancionar.
Por su parte, se daría la absurda situación de que los depósitos extraportuarios deban contratar mano de obra en operadores portuarios. Además, de acuerdo con la redacción actual, los servicios, de cualquier naturaleza, que se presten dentro de servicios portuarios o extraportuarios estarían incluidos en esta obligación.
Con relación a los operadores portuarios, la aprobación de la norma generaría un sinnúmero de dudas respecto a su aplicación, lo que provocaría inseguridad jurídica tanto para los empleadores como para los trabajadores.
La solución que plantea el inciso tercero del artículo, que refiere exclusivamente a los puertos del interior, discrimina al puerto de Montevideo, sin desmedro de nuestro total apoyo y compromiso al desarrollo de los puertos del interior de la república, cuya área de acción y responsabilidad también atañe a este Centro de Navegación.
La aprobación de este artículo afectará gravemente los contratos vigentes entre exportadores del Uruguay y sus compradores en destino final donde, entre otros asuntos, se han convenido valores por tonelada, valores de flete y productividad. También se verán afectados de manera importante los negocios zafrales, entre ellos, la exportación de arroz y la descarga de fertilizantes pues esta norma obliga a las empresas operadoras a mantener un personal estable, cuando ni siquiera el negocio lo es.
La aplicación de la norma encarece definitivamente la cadena de servicios portuarios, justo en un escenario en el que, entre otras cosas, estamos sujetos a una gran competencia regional y a la revisión de políticas por parte de países vecinos, en pos de fomentar la actividad portuaria, los depósitos fiscales y las zonas francas.
El Banco de Previsión Social, en términos de su propio software, ha reconocido la imposibilidad de computar la cantidad de jornales realizados en un mes por los trabajadores portuarios eventuales. Entendemos que, del universo de casos eventuales, la solución que le cabe al Banco de Previsión Social podría minimizar el impacto económico de las empresas y, a la vez, permitiría ser justos con la cobertura mutual que el trabajador merece y por la cual aporta, tal como lo hacemos nosotros como empresa, cuando lo contratamos.
Según información recibida en las últimas horas, el tema podría ser resuelto si se habilita al directorio del Banco de Previsión Social una partida –o direccionar alguna ya otorgada desde el punto de vista presupuestal– para realizar una pequeña modificación al sistema. Obviamente que estamos hablando de una partida económica irrisoria.
SEÑOR FALCHETTI.- Soy asesor laboral del Centro de Navegación.
Por parte del señor presidente se delinearon los principales aspectos que encuadran el tema, incluso desde el punto de vista jurídico.
Efectivamente, la negociación colectiva tiene un fundamento constitucional porque es un componente indispensable de la libertad sindical. La negociación colectiva también deriva su importancia de diversos convenios internacionales ratificados por el Uruguay y fundamentalmente, a nivel interno, de la Ley n.º 18.556, aprobada en el año 2009, de cuyo texto quiero resaltar dos aspectos gravemente afectados por el artículo que se proyecta. Uno de ellos es la obligación del Estado de fomentar la negociación colectiva y, el otro, la obligación de negociar de buena fe.
En cuanto a la obligación del Estado de fomentar la negociación colectiva, el artículo 3.º de la referida ley, establece que el Estado promoverá y promocionará el libre ejercicio de la negociación colectiva en todos los niveles. Esta obligación del Estado de fomentar la negociación colectiva no solo refleja el mandato constitucional y de los instrumentos internacionales, sino también una apreciación de hecho que es totalmente fundada. En efecto, ¿por qué se le da importancia fundamental a la negociación colectiva? Porque son los empleadores y trabajadores del sector quienes conocen mejor sus necesidades y las particularidades de la actividad. Es por eso que el convenio colectivo ha sido calificado como una prenda hecha a medida de los interesados, a diferencia de la ley que, necesariamente, debe limitarse a regular aspectos más generales porque es imposible que contemple las diferentes variedades de una realidad diversa.
En este sentido, y como se ha dicho, en una breve alusión, por parte del señor presidente –que quiero desarrollar en un minuto–, en el sector que nos ocupa ya hay un acuerdo en los depósitos portuarios celebrado el 16 de diciembre de 2016, que se plasmó en un laudo por el cual se reconoció asegurar 13 convocatorias por mes a los trabajadores de ese sector. Debe notarse que ese conocimiento particular de las partes se traduce en una versión mucho más técnica de la realidad, porque no se habla de asegurar jornales, sino de asegurar convocatorias. ¿Cuál es la diferencia? Que si se aseguran convocatorias, el trabajador está obligado a asistir, y si no concurre, no genera salario. En cambio, con la redacción propuesta, si se aseguran 13 jornales por mes, bastará que un trabajador, por ejemplo, trabaje para dos o tres empresas en un mes por un breve lapso para que genere, independientemente de su trabajo, 39 jornales. Ejemplos como este hay muchos y argumentan de manera decisiva lo correcto de la fórmula técnica que las propias partes, los empresarios y el sindicato (Supra) encontraron en ese laudo, que, reiteramos, hoy está vigente. De manera que en el puerto de Montevideo hoy hay un régimen de convocatoria garantizada para los depósitos portuarios.
En cuanto al sector de operadores portuarios, el tema de la negociación salarial anterior también estuvo en la mesa y estuvimos muy cerca de llegar a un acuerdo similar en cuanto a convocatorias garantizadas. No pudo ser, pero el sindicato igualmente firmó el laudo y obtuvo, en contrapartida, sustanciales mejoras económicas.
Este tema de tener un convenio vigente o que el punto haya sido tratado reiteradamente en los laudos nos lleva al segundo y último aspecto de nuestra exposición, que es el tema de la buena fe en la negociación colectiva.
El laudo es una forma especial de convenio colectivo, o sea, tiene un componente contractual. Es un acuerdo de partes. En ese sentido, el principio de la buena fe tiene plena vigencia, tanto durante las negociaciones como cuando se ejecuta ese acuerdo. Comprobamos, con pesar, que el mismo sindicato que firmó el laudo vigente en los depósitos portuarios promovió ante este Parlamento una cláusula que desconoce el laudo que está vigente y que firmó. No analizaremos ahora las posibles consecuencias jurídicas de este desconocimiento. Tampoco analizaremos si una ley puede, válidamente, modificar un acuerdo privado de partes, vigente. Lo que afirmamos en estos momentos es que la buena fe indicaba cumplir el acuerdo celebrado y no desconocerlo mediante medios oblicuos.
Una comprobación vinculada con lo anterior es que este artículo, de ser aprobado, dañará irremediablemente la confianza entre las partes y las futuras negociaciones colectivas en el sector. Desde 2005, en este sector, siempre –recalco: siempre– se han logrado acuerdos en los consejos de salarios. De aprobarse este artículo, la situación nunca volverá a ser la misma, por lo que exhortaríamos al cumplimiento de la Constitución, de los convenios, del principio de buena fe y del principio de respeto a los contratos, y a no dañar la confianza de las partes en la negociación colectiva. Esto es lo que sucederá, irremediablemente, si este artículo resulta aprobado. El Estado, como se dijo, debe fomentar la negociación colectiva y no desconocerla.
SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Vengo en representación de la Confederación de Cámaras Empresariales y traigo el saludo de nuestro presidente, el señor Diego Balestra, quien está saliendo de viaje.
Quiero decir a la comisión que este tema fue planteado por el Centro de Navegación en la asamblea de empresas de la confederación, integrada por 26 cámaras empresariales, y estamos de manera unánime en la dirección de lo planteado por ese centro. Consideramos que es realmente grave que Uruguay, que ha tenido avances históricos en el tema portuario, entre en un retroceso que afecta la competitividad de las importaciones y de las exportaciones, competitividad que se ve amenazada por todos lados y a la que ahora se agregan nuevos elementos, justamente en momentos en que Argentina –que ha tenido una posición distinta en los anteriores gobiernos– está siendo muy agresiva en el manejo de sus puertos. Y nuestro país no tiene mejor idea que complicar las cosas en la gestión, lo que para nosotros, el sector empresarial, significa, reitero, un franco retroceso.
Simplemente deseamos dejar constancia de esta situación. La semana próxima va a salir un comunicado de la confederación en esta dirección y queremos hacer un llamado a la reflexión respecto a esta clase de elementos que afectan la competitividad de todos los sectores: unos más y otros menos. Realmente se va a afectar el trabajo de los uruguayos; por nombrar algunos de los sectores productivos que van a verse afectados, los productores y los trabajadores del arroz y de los cítricos seguramente todavía no tienen idea de las consecuencias que traerá la aplicación de un artículo de esta naturaleza.
Por lo tanto, señora presidenta, queremos hacer un llamado de atención para que se profundice en las consecuencias de esta clase de artículos que se incluyen en una ley muy especial. Sabemos que hay temas políticos, pero nos parece que no pueden pasar inadvertidos los efectos negativos que van a provocarse en cadena sobre todo el sistema productivo del país y sobre las reglas de juego y jurídicas de contratos que ya existen y de acuerdos comerciales internacionales. ¡Flaco favor le hacen al Uruguay estos toqueteos que cambian la esencia de la norma y de los negocios!
En consecuencia, nuestro total apoyo al Centro de Navegación y el pedido de reflexión al Parlamento respecto a estos temas.
SEÑOR MICHELINI.- Estamos muy preocupados con relación a la situación que nos vienen a trasmitir; ya nos había llegado una versión en ese sentido. Todo comienza con un tema de cobertura mutual –que es justo que los trabajadores tengan– por una cuestión del Banco de Previsión Social, que no junta unos jornales con otros. Así, se termina incluyendo un artículo que impacta en mil otros aspectos. Por lo tanto, habrá que analizarlo con detenimiento.
SEÑOR CAMY.- Quiero saludar especialmente la presencia del Centro de Navegación, una entidad gremial de más de cien años, representativa de intereses muy caros para el país, y desde siempre fuente de consulta y de referencia para el sistema político en los temas de su competencia. Nos consta también su participación, en diversos gobiernos, para respaldar los intereses del país en las gestiones que se hacen en reserva y de las que, inclusive, muchas veces en el ámbito legislativo no solo no participamos, sino que ni siquiera nos enteramos. Por lo tanto, quiero expresar mi reconocimiento a la trascendencia y a lo que representa esta entidad centenaria. Por supuesto que lo mismo vale para la Confederación de Cámaras Empresariales; basta con hablar de 26 cámaras empresariales representadas en la opinión que se nos trasladó, para darnos cuenta de la trascendencia del tema que estamos tratando.
Primero, debemos reconocer que hay un tema de oportunidad; no es la instancia de rendición de cuentas el momento apropiado para plantear este tema. De eso no hay ninguna duda. Nos sorprende cómo se trató en la Cámara de Representantes; tengo entendido que incluso en oportunidad de considerarse en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de esa cámara, se retiró, y finalmente se elevó al plenario lo que era el aditivo 28, que para nosotros es el artículo 116. Esto también habla de una forma no tradicional del tratamiento del tema.
Quiero que quede claro que aquí no está en juego –sé que es así para todos los que estamos acá– el tema de que los trabajadores en este país deben tener aseguradas todas las formalidades del goce de la plenitud de derechos que derivan de la cobertura de la seguridad social en todas las materias: prestaciones por invalidez, por enfermedad, prestaciones contributivas y demás. Eso –reitero– no se discute. Por tanto, mi preocupación no se basa solo en lo que ha dicho esta delegación sino en un comunicado de prensa que ha lanzado en las últimas horas el Centro de Navegación en el cual se denuncian cosas muy graves que realmente tienen que ponernos en alerta y en alarma.
Acaba de señalarse –luego, más tranquilos, vamos a leerlo en la versión taquigráfica– que este es un tema de real gravedad, que va a afectar el comercio exterior del país, la actividad portuaria, las reglas de juego, que hay una posible inconstitucionalidad que habrá que analizar, que afecta notoriamente la negociación colectiva y los futuros negocios del país.
Como es sabido, en estas instancias hacemos preguntas, el tema no se debate acá. Hemos traído algunas que ya fueron contestadas y tengo otras que me había anotado. Por ejemplo, si efectivamente esto había sido tratado en la órbita del consejo de salarios, siendo un tema de naturaleza salarial, qué prejuicios trae aparejados este artículo. En ese sentido, fueron muy claros. También quería preguntar si con este tipo de disposiciones se alienta realmente la inversión portuaria privada, como por ejemplo, Puntas de Sayago. Y si hubo alguna consulta al sector privado, porque uno también se plantea qué tenemos que hacer en esta instancia regulando días de trabajo, de empleados, de trabajadores de empresas privadas, si es que vamos a hacerlo con todos los sectores de la economía.
Nos quedamos más preocupados de lo que estábamos, puesto que el único antecedente que teníamos era que se había tratado muy rápidamente en la Cámara de Representantes sin tener claro cómo y ni siquiera por iniciativa de quién. Cuando vino el señor ministro Rossi quedó claro que no había sido iniciativa del Poder Ejecutivo; aparentemente no lo fue. Reitero: aparentemente. Entonces, agrego esa pregunta porque, francamente, no tenemos claro cómo surgió este tema; es bastante raro.
De todos modos, desde ya adelantamos que el Partido Nacional va a pedir el desglose de este artículo no por las discrepancias que podamos tener –ya que las posiciones de unos y de otros son muy legítimas–, sino porque los profesionales y también gente representativa del sector que conoce más que nosotros esta materia nos han alertado acerca de la gravedad de la situación e incluso de la redacción del artículo. Cuando se habla, a modo de ejemplo, de la posibilidad de que con un par de jornadas laborales se puede llegar a tener hasta 39 jornales. Comentamos si esto no puede significar hasta la posibilidad de falta de transparencia en las relaciones laborales que se generen, aunque no somos especialistas en la materia como sí lo son nuestros visitantes.
También sabemos que el propio sindicato portuario, desde hace más de dos legislaturas, viene trabajando sobre este tema en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes. Por lo tanto, algo que en tanto tiempo no ha sido laudado en la comisión especializada, ingresarlo de esta manera en un momento que no corresponde, con todas estas dudas y con aseveraciones muy graves, no me parece oportuno. Hago este planteo no para generar un debate –que no corresponde en este ámbito– sino respetando todas las posiciones sobre el tema.
Reitero, el Partido Nacional va a pedir el desglose del artículo porque no queremos ser cómplices en votar algo que viene a la ligera, desoyendo la alerta que se está expresando.
SEÑOR AMORÍN.- Sé que tenemos quince minutos por delegación, de modo que intentaremos ser lo más breves posible ya que hay varias delegaciones esperando.
El tema es importante, dicho esto en el sentido más amplio posible. La actividad portuaria está en competencia. A veces no nos damos cuenta de eso, pero está en competencia con países de la región que están trabajando bien e, incluso, han mejorado su forma de trabajar; por lo tanto, la competencia es cada vez más compleja. Es bastante evidente que el artículo en cuestión no es pertinente. El doctor Falchetti puso un ejemplo claro. Puede darse el caso de que una persona gane 39 jornales por mes si trabaja en 3 empresas distintas por 13 jornales; parece bastante claro. Cuando vemos un artículo como este, que estamos seguros de que fue hecho para beneficiar a los trabajadores, pasa como con tantas leyes laborales que se hacen para beneficiarlos y finalmente termina perjudicándolos. Digo esto porque si sacamos al puerto de la competencia no va a haber 13 jornales, sino ninguno. Entonces me parece que en estos asuntos tenemos que pensar en grande y no en chico.
Es claro que este artículo fue incluido sin estudio previo; es claro que acá vino alguien y dijo: «pongámoslo ahora». Y es claro que eso va en contra –sí, obviamente– de la buena fe de las negociaciones, porque si se negocia, se conversa y se llega a acuerdos hay que tratar de cumplirlos y no intentar violarlos por otro camino. No sé quién lo hizo, pero en estos temas tenemos que pensar mucho. Con este tipo de artículos no le hacemos bien a nadie, le hacemos daño al país.
Es el único comentario que quería hacer.
SEÑORA PRESIDENTA.- No hay más senadores anotados para hacer uso de la palabra.
Por mi parte, me gustaría señalar que lo expresado por el señor senador Michelini es el sentir de la bancada oficialista en la Cámara de Senadores. Y como no me gusta decir una cosa por otra, agrego que también hay problemas que exceden con mucho el artículo en cuestión, que no sé si se nos permitirá arreglarlo en la rendición de cuentas, lo que no quita que no podamos transitar otros caminos y previsiones, tal como nos pasa con otros artículos. Quería dejar clara esta posición una vez más.
SEÑOR GONZÁLEZ.- Si se me permite, quisiera resumir todo lo expresado diciendo que este artículo es gravísimo, es un tiro al pie del propio trabajador portuario. Quien creyó que era una solución, se equivocó. Obviamente, de aspectos políticos –me refiero a equilibrios, a acuerdos, etcétera– nosotros no conocemos; el mundo que sí conocemos es ese en el que trabajamos todos los días, y allí hay un plantel de gente leal a la que definitivamente se la contrata por mucho más que trece jornales, pero ahora será contratada solamente por esa cantidad, porque a quien se contrate por una vez habrá que pagarle trece jornales. Por ejemplo, si un buque opera desde el 31 de agosto hasta el 1.º de setiembre, ¿cuántos jornales hay que pagar? ¿Serán 26?
Se trata de un artículo preocupante, que va a generar despidos y juicios laborales contra las empresas; seguramente esos juicios se ganarán y serán repetidos contra el Estado porque esta obligatoriedad nos la puso una ley. Asimismo, cuando se pretenda que el sector privado invierta, por ejemplo, en Puntas de Sayago como un pulmón para el puerto de Montevideo, no existirá interés en invertir. Si las propias inversiones que hoy están bajo el régimen de concesión y permiso dentro del recinto portuario –lo que nos permitió la ley de puertos con un crecimiento exponencial del negocio– ya tienen gente en el seguro de desempleo porque la actividad mermó, ¿quién va a ir poner plata en Puntas de Sayago, si por cada uno se va a contratar a trece? Esa es la realidad.
Por último, me gustaría insistir con otro tema. Hay estabilidad laboral en el puerto, hay trabajos eventuales porque hay negocios eventuales. El puerto paga muy bien y, tal vez, con uno o dos jornales todos los trabajadores eventuales ya superan el monto de 1,25 veces de las Bases de Prestaciones y Contribuciones. Por lo tanto, no se trata de los trece jornales.
Un último pedido. Por favor, señores senadores, a ustedes les cabe la responsabilidad de que no se vuelva –como puede querer algún nostálgico– a la estatización de los puertos del Uruguay.
SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias y buenos días.
(Se retira de sala la delegación del Centro de Navegación).
(Ingresan a sala representantes de la Asociación de
Magistrados Fiscales del Uruguay).
–Damos la bienvenida a la delegación de la Asociación de Magistrados del Uruguay, integrada por su secretario, el señor Raúl Iglesias; la vocal, señora Silvana Irureta, y el fiscal de Montevideo, señor Gustavo Zubía.
SEÑOR ZUBÍA.- Ante todo, estoy muy agradecido por esta audiencia. Vengo en calidad de vicepresidente de la asociación y pido excusas en nombre de la presidenta, doctora Dora Domenech, quien no ha podido estar presente.
La finalidad de nuestra presentación en el día de hoy, es la defensa de algunos de los artículos presentados como proyecto de rendición de cuentas por la Fiscalía General de la Nación, en el entendido de que tienen incidencia directa sobre la masa de nuestros asociados, los fiscales. Sobre otros artículos no vamos a opinar debido a que la asociación no ha tomado una posición, más allá de entender que procuran lo mejor para nuestra actividad de cara al nuevo sistema al que nos enfrentaremos en los próximos días.
En concreto, venimos a reivindicar tres categorías de artículos. Algunos hacen referencia a creaciones de cargos para poder cumplir con el nuevo código, otros tienen relación con compensaciones por concepto de subrogación de fiscales –lo que entendemos absolutamente debido, ya que, en muchos casos, frente a la acefalía, otros fiscales deben hacerse cargo duplicando así sus funciones– y el tercer grupo, quizá de poca entidad económica, pero de mucha entidad simbólica, está vinculado con derechos que se perdieron cuando la fiscalía abandona el Ministerio de Educación y Cultura y pasa a ser un servicio descentralizado.
De modo que son tres categorías de artículos que ameritan una consideración especial. Sobre el resto, como ya dijimos anteriormente, no emitiremos opinión.
A continuación, el compañero Raúl Iglesias hará referencia a las diversas disposiciones que nos ocupan.
SEÑOR IGLESIAS.- Buenos días a todos. Ingresando en la serie de artículos en los que estuvimos trabajando con la asociación, comenzaré por el artículo 212 votado por la Cámara de Representantes. Por medio de esta norma, se crean dos nuevas fiscalías departamentales. Consideramos que sería pertinente que se crearan siete, como se había propuesto en su momento en el artículo 4.º presentado por la fiscalía. ¿Por qué? No es antojadizo, sino que varios de nuestros asociados que actúan en las fiscalías de turno único, tales como en Río Branco, Libertad y Chuy, nos han manifestado su preocupación en torno al importante volumen de trabajo, a lo que se agrega la carencia de técnicos, de fiscales letrados adscriptos, como en mi caso.
Hablando puntualmente sobre este punto, nos enteramos de que se va a crear una nueva fiscalía en Libertad –soy libertense por adopción, el señor senador Camy me conoce, y trabajé allí también– y entendemos que es correcto porque en esa ciudad el volumen de trabajo es muy importante; allí está el penal y además abarca a la población de Ciudad del Plata, zona lamentablemente muy conflictiva. Ahora bien, estas mismas consideraciones son trasladables para el resto de las ciudades donde existe una fiscalía de turno único, como Río Branco y Chuy. Si bien la problemática es distinta, a nuestro entender, deberían crearse más y no solo dos. Suponemos que debe haber habido una razón, pero no nos queda claro porque, además, la creación de siete fiscalías no implica un costo presupuestal. Sin embargo, aun así se aprobaron solamente dos. En honor a la brevedad no lo voy a referir ahora, pero el señor fiscal de corte y procurador general de la nación, junto a su equipo, justificó por qué no se requería presupuesto; sin embargo, como dije, solamente se aprobaron dos.
Luego, los artículos 6.º y 7.º hablan del tema del pago de la subrogación en el caso de que fiscales adscriptos o adjuntos deban subrogar a fiscales departamentales o de Montevideo. Actualmente, si uno está en esa condición, recibe la compensación económica por los días que hace las veces de fiscal –ya sea departamental o de Montevideo–, pero la fiscalía plantea que no tiene los dineros suficientes para seguir con ese régimen y puede tener problemas para su cumplimiento en un futuro. Nos parece que esto debería solucionarse de alguna manera, puesto que para nosotros es muy importante que cuando una persona cumple la función de otra se le pague adecuadamente. Entendemos que es lo justo y lo que corresponde por derecho, además de ser lo lógico. Por otra parte, también lo vemos como una oportunidad de aprendizaje. Por ejemplo, en mi caso, que soy fiscal adscripto, si me toca subrogar a un fiscal departamental iría adquiriendo conocimientos que presumo serían beneficiosos cuando vaya ascendiendo en las categorías.
El artículo 9.º del proyecto refiere a la creación de cargos. Se crean muchísimos cargos, algunos de carácter técnico, profesional y administrativo, y también –que es lo que más nos convoca– se crean 5 cargos de fiscal departamental y 10 de fiscal adscripto. Obviamente, si pedimos que se creen más fiscalías, se necesitan personas para ellas y por eso se solicitan estos 5 cargos de fiscales departamentales y 10 cargos de fiscales adscriptos. Para prestar el servicio de la mejor manera a los ciudadanos – más aun teniendo en cuenta el nuevo código– se va a necesitar más personal administrativo, técnicos y profesionales en áreas que actualmente no tiene la fiscalía. Y según lo que surge en el numeral 8 del artículo 235 del proyecto de rendición de cuentas aprobado por la Cámara de Representantes, esto se va a cumplir para la Unidad de Víctimas y Testigos; en ese aspecto puntual sí se le van a dar los cargos necesarios, pero no los 5 cargos de fiscal departamental ni los 10 cargos de fiscal adscripto. Pedimos que esto se reconsidere para que todos podamos trabajar como una unidad, que es de lo que siempre se habla en las capacitaciones. Allí siempre se nos dice: «El trabajo en equipo es lo que se viene. Tienen que saber trabajar con áreas con las que actualmente no estamos acostumbrados a trabajar». Ahora bien, para eso tienen que existir esas personas; de lo contrario, vamos a seguir trabajando solos, que en definitiva no es lo que se busca.
El artículo 11 tiene relación con lo que venía expresando, porque obviamente no basta con la creación del cargo, no basta con que una persona lo ocupe, si no se brindan los medios materiales para que pueda desempeñar la tarea adecuadamente. Cuando la fiscalía pide que se incrementen los créditos de gasto de funcionamiento, entendemos que lo hace de una forma razonable porque no basta –insistimos– con que se cree el cargo; se necesita que luego exista el dinero para pagar el arrendamiento de una sede nueva, se compre el mobiliario, las computadores, etcétera.
Por último, vamos a los artículos 12 y 13 del proyecto que consideramos fundamentales. Soy una de las personas que siempre trató de que en la asociación se creara una comisión bipartita con la fiscalía para negociar temas laborales, y con un poco de esfuerzo logramos que se instalara. En ese sentido, se introdujeron los artículos 12 y 13. El artículo 12 refiere al compromiso de gestión. Para nosotros, el compromiso de gestión es importante puesto que si con el nuevo código tendremos más tareas, deberemos amoldarnos a una nueva estructura y hacer cosas que no hacemos actualmente, creo que es de orden que tengamos un compromiso de gestión porque se nos van a exigir más cosas. Colegas de Latinoamérica, de España, etcétera, nos han expresado que ellos tienen compromiso de gestión. Acuerdan con la fiscalía las metas y cómo las van a realizar lo que, en definitiva, implica un mejor servicio. De lo que se trata no es simplemente de darle un beneficio a un fiscal o grupos de fiscales, sino que se busca dar un mejor servicio.
El artículo 13, relativo a la partida de guardería, puede parecer poca cosa pero no lo es. ¿Por qué? Porque estamos frente a un tema bastante más profundo, que este artículo trata de corregir.
Al pasar a ser un servicio descentralizado, perdimos ciertos derechos que teníamos cuando éramos parte del MEC, entre ellos, por ejemplo, la guardería, que era un servicio que se prestaba en forma correcta, era utilizado y valorado y, obviamente, tenía un valor económico porque si alguien usaba este servicio no tenía que pagarlo por fuera. Eso lo perdimos; y creo que no está bien que perdamos un derecho que ya había sido conquistado. Además, el artículo 13 de la Ley n.º 19.334, de creación de la fiscalía, dice que no pueden afectarse los derechos ya conseguidos. Sin embargo, en este caso se están afectando. Por esta razón pedimos que sea reconsiderado. Si bien sabemos que tiene un costo presupuestal que no se puede negar, estaríamos solucionando el problema de un derecho que teníamos y que perdimos.
Para finalizar, entendemos que todo proyecto que no considere adecuadamente a los funcionarios, a los fiscales, a las personas de carne y hueso que van a poner su piel en la reforma, no está bien, porque si no se consideran los recursos humanos las cosas no funcionan. Todas las empresas y todos los organismos nacionales e internacionales exitosos consideran a sus recursos humanos como el valor más importante.
(Se retira de sala la delegación de Magistrados Fiscales del Uruguay).
(Ingresa a sala la delegación de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios).
SEÑOR PRESIDENTE.- Tenemos el agrado de recibir a la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios.
SEÑOR NOLASCO.- Buenos días. Gracias por recibirnos. Mi nombre es Juan Nolasco y soy el presidente de la organización.
Tenemos interés en considerar algunos artículos de la rendición de cuentas que tienen que ver con el INR. Sabemos que la Cámara de Diputados hizo algunas modificaciones muy puntuales y nos gustaría que nos informaran acerca de si hubo un cambio en la cantidad de artículos correspondientes al INR, porque en la versión taquigráfica recibida vimos que hubo una modificación en la numeración del articulado. El artículo 62, por ejemplo, pasó a ser 64 y se agregó el artículo 69 relativo a la nocturnidad.
En definitiva, querríamos saber si hubo alguna modificación y si se agregaron algunos artículos, porque no tenemos lo que se aprobó en la Cámara de Diputados.
SEÑOR PRESIDENTE.- Les haremos llegar la información actualizada.
SEÑOR NOLASCO.- Muchas gracias.
En primer lugar, quiero recalcar lo que ya dijimos en la Cámara de Diputados: en esta rendición de cuentas no se respetó la Ley n.º 18.508, de negociación en el sector público, porque no hubo negociación con el sindicato ni con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE.
En lo que tiene que ver con los artículos que corresponden al INR, en los artículos 60 y 61 se suprimen cargos de coordinador de zonas. Eso no lo entendemos, porque esos cargos siguen estando. No entendemos por qué el Ministerio del Interior los suprime en el presupuesto cuando, en realidad, siguen estando. Concretamente, suprimen dos, pero hoy siguen estando cinco cargos. Se suprimen los cargos de coordinador de zona metropolitana y de coordinador de zona interior, pero el Instituto Nacional de Rehabilitación se divide en cinco zonas y hoy tenemos cinco coordinadores en todo el país. Esos cargos hoy están ocupados por funcionarios policiales pero, si el Instituto Nacional de Rehabilitación sigue su política de creación y pasan a ser todos civiles, en algún momento nosotros también podremos acceder al cargo de coordinador. Entonces, no sabemos por qué se suprimen esos cargos y no hay un pago a esos funcionarios que hoy están cumpliendo esa función.
En el artículo 61 se piden rubros para que ingresen cien operadores penitenciarios grado 1 y para el ascenso de diez operadores grado 4, de veinte supervisores grado 5 y de dos alcaldes mayor grado 8. Este año, en el Decreto n.º 3 del 2017, el Ministerio del Interior reglamentó los ascensos y se pide que haya una antigüedad de tres años en todos los cargos para los grados 4, 5 y 8. Este grado 8 es creado en esta rendición de cuentas y en el Decreto n.º 3 de 2017 se creó el grado 7. Entonces, no entendemos por qué se pide un rubro para grado 8 cuando hoy no existe nadie que cumpla con los requisitos para acceder a ese grado. Queremos que se nos explique eso; nosotros tenemos un déficit muy grande de funcionarios y queremos saber por qué no se pide más ingresos de personal y sí se crea un grado 8, cuando no hay nadie que cumpla los requisitos para ese ascenso.
Ya pedimos esa explicación en la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados, pero lo que dijeron el ministro del interior y el doctor Charles Carrera cuando estuvieron no convenció a nadie –por lo menos no a nuestra organización– y por eso lo volvemos a plantear acá.
Siendo funcionarios civiles y estando regidos por la Ley n.º 19121, en esta rendición de cuentas se incluyen artículos que tienen que ver con la función policial para el ingreso de funcionarios, como va a explicar mejor nuestro asesor jurídico,
En el artículo 126 de la Ley n.º 17.296 se empiezan a incluir reglamentaciones policiales a los operadores penitenciarios. Esto es algo que no entendemos cuando se está diciendo que el Instituto Nacional de Rehabilitación pasaría a ser descentralizado; incluso en algún momento se dijo que pasaría a tener al MEC como ministerio de referencia.
Queremos que esos artículos policiales no sean los que rijan a los operadores penitenciarios y por eso venimos, para que ese artículo sea quitado de esta rendición de cuentas.
SEÑOR TRABAGLIA.- Buenos días. Soy asesor letrado de Ofucipe. Voy a hacer un par de referencias a algunos artículos incluidos en el proyecto de ley que, por lo que me comenta la gente de Ofucipe, fueron votados en la Cámara de Diputados.
El primer artículo es el 62 al que recién se refirió el presidente de Ofucipe. A este artículo le veo un aspecto técnico que fue advertido en la comisión de la Cámara de Diputados y en la comisión bipartita con el Ministerio del Interior. Esta disposición dice que los alumnos del centro de formación penitenciaria van a percibir el equivalente a un salario mínimo nacional durante el proceso de formación y hasta su ingreso al respectivo cargo. El error técnico que vemos es que un operador penitenciario desempeñando las tareas propias de esa función, va a percibir un salario mínimo hasta que pase el período de provisoriato, es decir 15 meses desde el ingreso, y hasta el ingreso al respectivo cargo. Cuando nos referimos a cargos en la función pública hablamos de presupuestación. Como dije, esto fue advertido debidamente en la Comisión de la Cámara de Diputados para que se quitara, por lo menos, la referencia del ingreso al cargo, quedando solo el ingreso a la función que son dos conceptos diferentes. El ingreso a la función pública se da en la Administración Central, a través de la Ley n.º 19.121 por el régimen de provisoriato. Reitero que de mantenerse esta referencia a cargo, se habilitaría al Ministerio del Interior a mantener con un salario mínimo nacional –poco más de $ 12.000 mensuales– a un operador penitenciario que trabaja en una unidad penitenciaria durante 8 horas. Claramente esto vulnera los artículos 53 y 54 de la Constitución de la República que dicen que el trabajo está bajo la protección especial de la ley y se refieren a la justa remuneración que debe recibir todo trabajador.
El artículo 63 del proyecto de ley de rendición de cuentas establece que el régimen disciplinario para los trabajadores penitenciarios será el mismo que establece el artículo 126 de la Ley n.º 17296. El artículo 126 establece un régimen disciplinario para los funcionarios policiales. Como los señores senadores saben el literal A) del artículo 59 de la Constitución establece que el estatuto del funcionario público, se aplicará a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, con excepción de los funcionarios policiales. La propia Constitución establece que no pueda aplicarse a los funcionarios policiales el estatuto del funcionario civil, dadas las tareas especiales que estos desarrollan.
(Ocupa la presidencia la señora senadora Tourné).
–Ahora bien, mediante el artículo 63 se quiere establecer una especie de híbrido donde a los funcionarios penitenciarios civiles se les aplicará, por un lado, el estatuto del funcionario público –Ley n.º 19.121– y, por otro, parte del estatuto del funcionario policial, lo que para nosotros es claramente inconstitucional y lo advertimos en la comisión de la Cámara de Diputados. Por algo, en el literal A) del artículo 59 de la Constitución se prevé una diferenciación atinente a los estatutos, dadas las diferentes tareas. Los funcionarios policiales, militares y los magistrados cuentan con su propio estatuto y, entonces, resultaría violatorio de la Constitución querer aplicar a los funcionarios civiles parte del estatuto del funcionario policial.
SEÑORA PRESIDENTA.- Me gustaría hacer una aclaración. Quien presidía, el señor senador Otheguy les advirtió que se les va a entregar el nuevo articulado porque se hizo alusión al antiguo artículo 62, actual artículo 64. En dicho artículo la Cámara de Diputados incorporó la demanda que ustedes hacían, por lo que el artículo cambió en favor de lo que estaban pidiendo.
SEÑOR NOLASCO.- Otro de los puntos que queríamos mencionar –porque no lo entendemos–, tiene que ver con que el Ministerio del Interior actualmente no solicita un incremento de rubro en ninguno de los artículos; ni para ingreso de personal ni para compra de materiales.
Nosotros vemos que políticamente se habla de todo lo que tiene que ver con la educación, pero no de la rehabilitación. En el año 2010 se creó el Instituto Nacional de Rehabilitación, en un acuerdo con la ONU, pero hoy por hoy sentimos que fue dejado de lado porque no se asignan rubros al instituto.
Como dije, se habla mucho de la educación, del Inisa y del INAU, pero el Instituto Nacional de Rehabilitación no es mencionado y no tenemos la cantidad de funcionarios suficiente. En todo momento se nos compara con los funcionarios policiales. Es cierto que se nos ha dado un incremento salarial en la anterior Rendición de Cuentas, pero en la que nos convoca sentimos que se nos ha dejado de lado.
Reitero que se habla mucho de la educación, pero no se tiene en cuenta la rehabilitación, que es fundamental para tener seguridad. Nosotros apuntamos a la rehabilitación para que haya seguridad pública. Hoy en día la opinión pública está enfocada en la seguridad, pero no se tiene en cuenta la rehabilitación y las cárceles, y se sigue dejando de lado a las personas que viven allí y a los funcionarios.
SEÑORA PRESIDENTA.- Les agradecemos muchísimo la participación en el día de hoy.
A continuación, se les va a hacer entrega de una fotocopia del articulado, tal cual llegó a la Cámara de Senadores.
(Se retira de sala la delegación de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios).
(Ingresa a sala la delegación de Intersocial Feminista).
SEÑORA PRESIDENTA.- Muy buenos días a todas.
Estamos en presencia de la Intersocial Feminista, que se ha presentado con una nutrida delegación.
SEÑORA INVERNIZZI.- Muchas gracias por recibirnos. Represento a Amnistía Internacional.
En el día de hoy, hemos comparecido organizaciones feministas, pero también organizaciones de base, organizaciones de derechos humanos que trabajan con niños, niñas y adolescentes, que están sumamente preocupadas por la violación de derechos humanos que están viviendo las mujeres en nuestro país. El tema que nos convoca en esta oportunidad es la violencia de género y, en tal sentido, queremos solicitar partidas presupuestarias para hacer frente a esta situación.
El Uruguay –el año pasado por CEDAW y este año por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales– cuenta con recomendaciones específicas sobre la manera de cómo abordar el tema y, en este sentido, estamos convencidas de que ello no es posible sin un presupuesto adecuado.
Este es el planteamiento puntual que queríamos hacer en el día de hoy.
SEÑORA GONZÁLEZ.- Soy representante de Cotidiano Mujer.
Nosotras hicimos un trabajo con el equipo del Instituto Cuesta Duarte, del PIT–CNT, revisando la rendición de cuentas. Quizá los señores senadores observaron la falta de presupuesto destinado y los indicadores que existen en el proyecto de ley. Por ejemplo, la Casa Breve Estadía alberga anualmente a 52 personas, de las cuales no todas son mujeres, porque están sus hijos. O sea que calculamos que son 20 mujeres –en riesgo de ser asesinados y perder su vida– las atendidas anualmente por el Estado en un refugio.
En materia de violencia doméstica o violencia de género, durante el primer semestre hubo 17 mujeres asesinadas y un 28 % más de denuncias por violencia sexual, según datos brindados por el Ministerio del Interior. En la realidad nos encontramos con que no existe un servicio telefónico de veinticuatro horas que atienda emergencias y tampoco hay adónde ir en este país después de las 17 horas. Si una se encuentra en situación de amenaza o acaba de vivir una golpiza y huye de su casa, después de radicar la denuncia ante la comisaría, no tiene adónde ir, ni siquiera si está en Montevideo. Hay un mínimo servicio de abogados que atiende en los servicios de Inmujeres, para los cuales se debe pedir audiencia con tiempo, ya que funcionan de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. ¡Ni hablar si una trabaja! Realmente no sé en qué horario va la gente que trabaja.
A nivel del Estado no existe una campaña de comunicación masiva real y de impacto, ni televisiva ni radial, ni siquiera en los medios públicos del Estado –cuyo costo sería mínimo– para poner este tema en el tapete.
La situación en el interior del país es tremendamente peor –aquí hay senadores que son del interior y conocen la realidad de sus departamentos– y ni que hablar las mujeres que viven en el medio del campo que, si atraviesan casos de violencia sexual o de explotación sexual de niños, no tienen adónde recurrir. Si un padre abusa de una niña durante cinco años, no hay adónde ir. No sé si los señores senadores logran dimensionar la gravedad del problema.
Otro de los problemas es el Poder Judicial, tema al que se referirá nuestra compañera que es abogada.
Antes de terminar quiero reafirmar lo siguiente. Consideramos que un mínimo imprescindible que debería salir de este presupuesto nacional sería un incremento de USD 6:700.000. Esto es lo que costaría tener un servicio telefónico las veinticuatro horas; servicios de atención en todas las capitales del país durante veinticuatro horas – para que una mujer que atraviese una situación de emergencia pueda ir a un lugar–; una campaña de comunicación que presupuestamos en USD 100.000 y algunos cursos de sensibilización con personal del Poder Judicial, organismo que tiene un rol sumamente importante en el combate de este problema.
Dejamos en poder de la comisión los presupuestos reales que nos brindaron en Inmujeres y en la intendencia de Montevideo, a efectos de que conozcan los números de lo que cuestan los servicios y cuánto se destina.
SEÑORA BRITOS.- Vengo en representación del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Es un estudio jurídico que, como su nombre lo indica, se basa en la defensa de los derechos humanos.
Queremos poner el énfasis en la debilidad que existe en el Poder Judicial y en la ausencia de profesionales que estén a disposición de estas mujeres y que puedan realizar un seguimiento completo de cada situación.
Nosotros tuvimos el caso de una mujer que sufre violencia doméstica y, en Montevideo, no hay tobilleras. No sé si se realizó alguna estimación de cuántas tobilleras se podrían llegar a utilizar, pero lo cierto es que no hay. De manera que ella teme realmente por su vida; está desesperada y con custodia policial.
SEÑORA DURÁN.- Comparto lo que planteaban las compañeras y quiero destacar que los trabajadores y trabajadoras que se ocupan de proteger a las víctimas están muy subvaluados. Son los que ganan menos.
Por otro lado, todas aquellas trabajadoras que tienen problemas de violencia doméstica están siendo despedidas, porque tienen que ir al Poder Judicial, pedir licencia o faltar a raíz de que sufren estas situaciones o de que tienen que conseguir dónde vivir o con quién dejar sus hijos. En los hechos, esto se está utilizando como un mecanismo de despido, porque evidentemente esas compañeras tienen complicaciones y no se pueden dedicar un cien por ciento al trabajo. Desde algunos sindicatos ya hemos logrado cinco días de licencia paga por violencia doméstica, pero creemos que esto no es suficiente y necesitamos que la compañera trabajadora que está siendo víctima de violencia sea protegida desde el Estado.
SEÑORA IGLESIAS.- Mi nombre es Martha Iglesias y soy la presidenta del colectivo «Mujeres de Negro».
Tengo muy poco que agregar a lo que han dicho las compañeras, porque creo que todas vivimos el mismo tema. El colectivo «Mujeres de Negro» recibe alrededor de siete llamadas por día y en esos momentos es que nos damos cuenta de la soledad que tienen nuestras mujeres y con ellas nuestros niños, porque a ellos nadie les presta atención. Muchas veces sucede que el hombre echa a la calle a la mujer con sus tres hijos en estas noches tan frías. Cuando me llaman y me dicen eso, yo, que estoy en mi casa calentita, no lo puedo creer y, lo que es peor, no puedo hacer nada por ellas. Lo único que tiene esa mujer de techo es el cielo. Y en muchos casos no tiene plata, por lo que se ve obligada a ir a la comisaría caminando con dos, tres o cuatro niños. Es más, si se trata de una mujer sola, quizás es más peligroso todavía. Cuando esa mujer llega a la comisaría, tiene que esperar a que encuentren al violento, que no es tonto y se esconde. Luego esa mujer vuelve a su casa, y a los dos minutos de irse la policía, el hombre vuelve. Tenemos que ponernos en la piel de esa mujer para imaginar el terror que siente, porque se va de su casa para proteger su vida y las de sus hijos.
Hoy me quedé muy contenta cuando me enteré de que tres señoras que sufren violencia tienen policías en su casa cuidándolas. Eso me dio un alegrón, porque veo que estamos llegando. Queremos que haya más protección. Justamente, una de las madres me contaba –porque a veces uno sigue en contacto con la gente– la alegría que siente al saber que las vidas de su hija y de sus nietos están siendo cuidadas.
De manera que lo que pedimos es más tobilleras –ya lo dijeron las compañeras– y más cuidado para nuestras mujeres y nuestros niños. Se ha hecho algo, pero falta mucho más.
SEÑOR AMORÍN.- Por supuesto, quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas, que están planteando un tema tan sensible, tan importante y que la sociedad toda tiene que enfrentar de mil maneras distintas.
Me gustaría hacerles una pregunta bien puntual. ¿Cómo es el tema de las tobilleras? ¿No hay más tobilleras?
SEÑORA GONZÁLEZ.- En el caso que mencionó la doctora, había orden judicial de que al hombre maltratador se le colocara una tobillera pero cuando llegó el momento de colocársela –ya que estuvo preso por un par de meses– le informaron que en el Ministerio del Interior no hay tobilleras a disposición, entonces se le asignó un guardia policial. En realidad, eso se hizo solo para cubrir ese faltante; en teoría, y hasta donde tenemos información, las tobilleras están en proceso de compra pero no sabemos cuánto tiempo falta para que estén disponibles.
SEÑOR AMORÍN.- ¿O sea que en esos casos un guardia policial cubre el faltante de la tobillera?
SEÑORA GONZÁLEZ.- Sí, en el caso de la mujer, pero cuando se trata de una mujer con niños, no hay un policía por cada mujer y por cada niño.
SEÑORA IGLESIAS.- Quiero aclarar que esta señora me llamó diciéndome que una de sus hijas estaba con guardia policial porque a él no lo encontraban y por eso no podían ponerle la tobillera.
SEÑORA GONZÁLEZ.- Nos gustaría saber cuál es la agenda que manejan para tratar este tema. En este problema creemos que es tarea del Parlamento nacional generar recursos y herramientas adecuadas para salvarnos la vida, a nosotras y a los niños. Eso es lo que querríamos saber.
SEÑORA AYALA.- Debo decir que hemos estado en pleno conocimiento de algunos casos y viendo la posibilidad de buscar alguna solución. Como dijo la señora González, tenemos entendido que las tobilleras fueron compradas y están al llegar. También sabemos que pueden tener averías y que en un alto porcentaje se las rompe, ya sabemos para qué.
Sí tenemos el compromiso de aprobar el proyecto de ley sobre violencia integral, que está a estudio de una de las comisiones del Senado. Esperemos que podamos votarlo cuanto antes y pasarlo a la Cámara de Representantes para que pronto podamos contar –el país y las mujeres– con una ley de esta magnitud. Más allá de que el proyecto pretende amparar, proteger y darles derechos a las mujeres y niños, cuanto antes podamos contar con esa herramienta, mejor va a ser. Y una vez que sea aprobada la ley tendrá que haber recursos para poder implementarla porque, evidentemente, se van a precisar recursos para hacerla operativa.
Mientras tanto, no nos queda más que ponernos a las órdenes de todas –aunque esto también involucra a todos, no solo a las mujeres sino también a los hombres– para trabajar a la par también en lo que refiere a lo educativo. Este aspecto, que fue mencionado por la señora González, me parece importante y fundamental porque ahí está el germen de los cambios que queremos introducir en la sociedad.
Mis compañeras –entre ellas, la señora presidenta– están involucradas directamente con este tema en la comisión que les compete.
Entonces, solo me resta decirles que estamos a las órdenes para trabajar en forma conjunta.
SEÑOR AMORÍN.- Obviamente, la pregunta que formuló la delegación merece una respuesta.
Seguramente, todos estamos preocupados por el tema, y algunos también nos estamos ocupando del tema. Como saben las visitantes, con mucha alegría las hemos recibido en distintos lugares para hablar del tema de la violencia doméstica para que la tarea bien importante que ellas cumplen llegue a la sociedad. Me parece que eso es fundamental, nos tenemos que involucrar todos y por ello estamos para ayudar en la tarea que ustedes están llevando adelante. Es cierto que los que tiran del carro son ustedes, nosotros debemos ayudar y empujar. Por supuesto que si hay interés y recursos vamos a ayudar y seguramente vamos a trabajar con la señora senadora Ayala para que las cosas funcionen. Este es un tema cultural muy importante para la sociedad, que está costando desterrarlo, por ello todos debemos esforzarnos, tanto ustedes como nosotros, para lograrlo.
La gente podrá decir que es un tema de mujeres, ¡qué va a ser un tema de mujeres! ¡Es de la sociedad! Por eso es importante que nos escuchen a nosotros y nos vean empujando juntos, trabajando en este tema que tanto daño hace a las mujeres y, por supuesto, también a los menores que están viendo eso. Después, nos preguntamos cómo pudo salir así ese chico. Pero, ¿qué vio?
No tengan dudas de que vamos a trabajar en esto.
SEÑOR CAMY.- Queremos saludar a la Intersocial feminista por lo que implica como organización de segundo grado, integrada por diversas instituciones que conocemos y que son activistas en la materia.
Creo que es un tema en el que todos debemos estar de acuerdo. No existen diferencias que distingan o pongan matices a los partidos políticos o incluso a sectores dentro de los partidos.
En el documento que nos acercaron, las cifras que aparecen desnudan de manera muy cruda la realidad. Cuando advertimos que la violencia afecta a 7 de cada 10 mujeres en el país; que según datos del Ministerio del Interior en lo que va de este año 17 mujeres fueron asesinadas por su pareja, expareja o alguien del ámbito familiar; u observamos que las denuncias por violencia doméstica aumentan en un 12 % y las denuncias por violaciones ascienden al 29 %, nos está alertando que estamos frente a una situación que podemos catalogar como flagelo en Uruguay. Creemos que este es uno de los temas sobre el que no tenemos derecho a tener diferencias y debemos, por lo menos, comprometernos a participar de la agenda de trabajo para cumplir con estos objetivos. Queremos aclarar que dijimos que no podíamos tener discrepancias porque en algunos temas, incluso de género, al inicio de la discusión surgieron diferencias pero terminamos arribando a un acuerdo. Por ejemplo, temas que tienen que ver con los derechos políticos como el de la ley de cuotas.
Con respecto a este tema de fondo, vinculado a la violencia específicamente y a todo lo que involucra, concuerdo con el señor senador Amorín que no es un problema solo de la mujer, sino de todos, porque quienes somos padres, hijos o esposos no podemos más que sensibilizarnos plenamente con él.
Queremos felicitar a nuestros visitantes por el trabajo que llevan adelante, decirles que estamos a disposición e, incluso, señalarles que si bien es un problema de todos, estamos dispuestos a reconocer –en este ámbito de trabajo, más allá del partido que sean–, a las mujeres, como en tantas otras cosas, que son punta de lanza. De hecho, en el Parlamento tenemos a la bancada bicameral femenina que atraviesa a todos los partidos. Eso, de por sí, da la pauta de que es un tema que nos debe comprometer a todos por igual.
Entenderán que recién recibimos los datos concretos vinculados más específicamente al tema y hemos advertido que faltan algunos recursos, según lo que se plantea. Eso lo analizaremos de acuerdo a las posibilidades y la disponibilidad real que pueda existir en esta instancia pero, conceptualmente nos parecía importante aprovechar esta oportunidad para marcar el compromiso político de trabajo conjunto desde este ámbito, más allá de los partidos políticos.
SEÑORA AYALA.- Quisiera hacer una acotación muy concreta. No quiero que se genere la expectativa de que en el trabajo que estamos haciendo ahora en la rendición de cuentas se puedan generar más cosas porque, como saben quienes nos visitan, estamos en una situación bastante acotada.
De todas formas, e independientemente de lo que se pueda hacer en este ámbito, queda el compromiso de seguir trabajando sobre el tema.
SEÑORA INVERNIZZI.- Pertenezco a Amnistía Internacional. Agradezco la disposición y el interés de todos, pero me gustaría resaltar que no es un tema de solidaridad; se trata de una responsabilidad del Estado. Me refiero a trabajar sobre este tema, el de la violencia hacia las mujeres, los abusos, las muertes y las torturas, porque todo esto implica una violación grave de los derechos humanos. No es un tema de machismo en la sociedad sino de derechos humanos y el Estado es responsable de garantizar el derecho a la vida a las mujeres y los servicios adecuados. La voluntad política está si hay presupuesto; de lo contrario, es mentira, solo se queda en las palabras. Por más que estén en este proceso, debería estar el compromiso, por parte de los señores senadores y del Estado, de incluir el tema en la agenda.
El 8 de marzo hubo trescientas mil personas marchando por este tema. Son mujeres, familias, niños, niñas y adolescentes; es la sociedad en su conjunto. El año próximo el Estado tendrá que rendir cuentas por las recomendaciones del Cedaw y dentro de dieciocho meses hará lo propio con respecto a las recomendaciones de ESK, para ver qué hizo para cumplir con ellas. Por lo tanto, desde nuestro rol seguiremos monitoreando el tema para ver cómo lo abordará el Estado.
SEÑORA PRESIDENTA.- Somos muy conscientes del importante rol que desempeñan en la sociedad. De todas formas, como vieja legisladora y feminista puedo decir que somos conscientes que desde 1995 algo se ha conquistado, siempre a fuerza de la lucha de las mujeres, tanto allá como acá.
(Se retira de sala la delegación de la Intersocial Feminista).
(Ingresan a sala los representantes de la Cámara Nacional de Comercio
y Servicios del Uruguay).
–Buenos días. Damos la bienvenida a una delegación de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay integrada por su presidente, el señor Julio César Lestido; la asesora económica, economista Ana Laura Fernández; los asesores jurídicos, doctores Juan Mailhos y Diego Yarza; y el asesor en comercio internacional, licenciado Javier Peña Capobianco.
SEÑOR LESTIDO.- En nombre de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, queremos agradecer en forma muy especial a la comisión que nos reciba en el día de hoy.
El motivo de nuestra solicitud de audiencia es presentarles nuestro punto de vista sobre tres artículos incluidos en la rendición de cuentas, el artículo 15, el 116 y el 265.
Como muy bien expresó la señora presidenta, me acompañan representantes de los distintos departamentos asesores de la cámara, por lo que, a continuación, el doctor Mailhos referirá los temas que queremos plantear.
SEÑOR MAILHOS.- Concretamente, queremos hacer algunas observaciones sobre tres artículos de esta rendición de cuentas. El artículo 15, será referido por el doctor Yarza, luego, el licenciado Peña y la economista Fernández harán lo propio con el artículo 265 y quien habla explicará nuestra posición sobre el artículo 116.
SEÑOR YARZA.- Respecto al artículo 15, debo decir que este no es un tema nuevo, sino que es la segunda vez que se quiere vulnerar derechos humanos con una norma de esta naturaleza. Como los señores senadores saben, de acuerdo con el artículo 7.º de la Constitución de la República, la única manera de limitar derechos fundamentales es si existe un interés general. En el caso del artículo 15, no plantea ningún interés general y fundamenta en qué se basa. Lo único que manifiesta es la finalidad de prever los gastos del Estado en materia de condena judicial, pero esa finalidad no tiene relación con el medio empleado, que es diferir el pago. Una cosa no tiene que ver con la otra, pues es evidente que, difiriendo el pago, no se va a lograr un mayor control de la gestión y buena administración de los dineros públicos.
Además, el acreedor del Estado que tenga una condena judicial a favor por una suma mayor a USD 10:000.000 va a tener que soportar las siguientes cargas. La primera de ellas, es la de un juicio o un litigio, con todo lo que ello supone: costos, perjuicios, pérdida de tiempo y, una vez ganado el juicio, tendrá que esperar a que el Poder Ejecutivo decida incluir su crédito dentro de una norma presupuestal o de rendición de cuentas. Pero eso no es todo, sino que después que el Poder Ejecutivo tome la decisión de hacer eso, tendrá que esperar a que lo apruebe el Parlamento. Por si fuera poco, tendrá que esperar al ejercicio siguiente para que su crédito sea abonado, tal como lo disponga la sentencia del juez de turno, que es la que genera ese crédito.
La primera pregunta que nos hacemos respecto al artículo 15, es qué pasa con ese crédito cuando no se cuenta con la aprobación del Parlamento. ¿Se pierde el crédito? ¿La agonía del acreedor seguirá por tiempo indefinido? ¿Cómo se soluciona este problema?
Lo segundo que queremos decir es que el artículo 15 también es inconstitucional porque vulnera una cantidad de derechos, como el principio de tutela jurisdiccional efectiva, el de igualdad, el de seguridad jurídica y la separación de Poderes.
El principio de tutela jurisdiccional efectiva se refiere –como ustedes saben– a los mecanismos efectivos para la ejecución de las resoluciones judiciales. En este caso, la condena judicial no se va a poder ejecutar o cumplir en tiempo y forma, por lo que se estarían vulnerando estos artículos de la constitución.
Lo mismo ocurre con el principio de igualdad. Acá se está haciendo una distinción entre distintos acreedores del Estado, los que tienen una condena por más de USD 10:000.000 y los que tienen una por menos de esa cifra, a los que sí se les abona lo que les corresponde.
En lo que tiene que ver con el principio de seguridad jurídica, ustedes saben que va a quedar a discrecionalidad del Poder Ejecutivo si paga o no paga y cuándo paga, lo que evidentemente no trae ninguna seguridad para el acreedor.
Lo mismo acontece con el principio de separación de poderes. Aquí, quien va a terminar juzgando y ejecutando lo condenado no va a ser el Poder Judicial, sino el Poder Ejecutivo, por lo que evidentemente hay una violación del principio de separación de poderes.
Por último, esto también trae consecuencias respecto a las inversiones. Hay inversores que pueden estar dispuestos a invertir en Uruguay, pero no todos van a querer hacerlo si en caso de tener razón por un problema o conflicto que derive en un litigio, no resulten beneficiados.
Por su parte, tenemos el tema de las PPP, que también es importante porque hay inversiones que se pueden perder ya que ningún inversor quiere perder en un negocio. Nosotros estimamos que justamente por este tipo de artículos se van a generar nuevos costos para el Estado, porque el inversor va a exigir mayores garantías que las actuales. Esto va a ser una carga para el Estado que no se tenía pensada por lo menos con el tema de las garantías, que es importante al momento de contratar.
SEÑOR PEÑA.- Respecto al tema de la tasa consular, como es sabido, ni es una tasa ni es consular; es un impuesto directo a las importaciones. Tener un impuesto directo a las importaciones obviamente es perjudicial, más allá del punto de vista de la teoría del comercio internacional que es la de que afecta a un país pequeño como Uruguay. Esto, si bien tiene efectos directos en los niveles de recaudación –que es lo que busca el Gobierno– también tiene efectos directos e indirectos que van a afectar a nuestro país, que en particular tienen que ver la distorsión de la política comercial. De aplicarse esta tasa, México –con el que tenemos un TLC– quedaría con una tasa a nivel cero, el Mercosur quedaría con una tasa del 3 %, y los extrazona quedarían con una tasa del 5 %. Esto implica que estaríamos vulnerando la cláusula de la nación más favorecida con el Mercosur. Además, ustedes tienen a estudio el acuerdo de libre comercio con Chile, que se acaba de negociar, y ahora se estaría generando este aumento considerable.
Asimismo, en lo que tiene que ver con la OMC, la revisión de política comercial de hace un par de años hizo énfasis específico sobre esta tasa consular y el Gobierno se comprometió a desmantelar y bajar estos niveles. Por lo tanto, esto va a implicar un serio efecto desde el punto de vista de la política comercial exterior de nuestro país, ya que en 2018 va a haber una nueva revisión de política comercial y nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores va a tener que decirles que no se cumplió el cronograma previsto, sino que además se va a aumentar dicha tasa, lo que obviamente afectará la credibilidad internacional de nuestro país, pero también su capacidad negociadora.
Hoy en día, Uruguay está generando una distorsión del comercio vulnerando los acuerdos asumidos. ¿Cómo hacemos para decirle a Brasil, que quiere establecer el nivel de cuota en materia de lácteos, que está incumpliendo, si nuestro país también está incumpliendo las normas del Mercosur? Esta situación afecta la imagen de Uruguay para la consolidación en su inserción internacional por entender que el país ha generado su inserción en los últimos tiempos por medio de la inversión extranjera directa que, si bien es cierto que ha tenido sus puntos fuertes, en los últimos años ha bajado. Por lo tanto, entendemos que la clave es el acceso a mercados, pero es bastante complejo abrirlos si no se cumplen con las reglas básicas de la política comercial. Entonces, si bien la tasa consular genera el nivel de recaudación previsto, tendrá como consecuencia ciertos efectos que habrá que sobrellevar.
SEÑORA FERNÁNDEZ.- Para complementar los aspectos señalados por el señor Peña, dentro del mix de efectos negativos que entendemos tiene como resultado una medida de este tipo, también hay que incorporar que este nuevo tributo que recae sobre el sector privado será el consumidor, los hogares, quienes lo pagarán a través del aumento de precios. O, de lo contrario, las empresas que no puedan trasladar ese mayor tributo a los precios, tendrán una menor rentabilidad.
Cuando estamos hablando de que aceptamos en cierta forma una medida proteccionista para aumentar la recaudación en USD 100:000.000 anuales, hay que tener en cuenta que de lo recaudado, un 42% recaerá en bienes de consumo como los materiales eléctricos, alimentos y automóviles. Por lo tanto, reafirmando los conceptos brindados por el señor Peña sobre los efectos negativos que tiene en términos de política comercial, también digo que tiene efectos a nivel interno, del consumo de los hogares, y de las empresas.
SEÑOR MAILHOS.- Señora presidenta: voy a hacer referencia al artículo 116, cuya inclusión en la ley de rendición de cuentas genera mucha sorpresa. Este artículo dice: «Las empresas prestadoras de servicios en depósitos portuarios o extraportuarios, y en muelles o explanadas, deberán mantener una dotación de personal estable suficiente para asegurar los requerimientos básicos de su actividad, garantizándole a dicho personal un mínimo de 13 jornales».
Reitero, nos causa mucha sorpresa la inclusión de este artículo que, además de no tener sentido que esté en una Ley de Rendición de Cuentas, su inclusión excede el período de Gobierno y fundamentalmente atenta contra la negociación colectiva. Este artículo está en contravención con lo que pretende la ley de negociación colectiva que es el fomento del diálogo entre las partes que son quienes conocen la realidad productiva y no pueden quedar sujetas a una imposición obligatoria por una ley, mucho menos de rendición de cuentas. En definitiva, no fomenta la negociación colectiva. Somos conscientes de que ante la imposibilidad de consagrar una obligación de esta naturaleza en materia de negociación colectiva, la estrategia es aprovechar las mayorías parlamentarias para imponer obligaciones al sector empresarial que lógicamente no está de acuerdo con esto. Aquí se asimila a los operadores portuarios. Nosotros, como cámara de comercio, suscribimos y compartimos in totum los argumentos que ha dado el centro de navegación portuaria en esta comisión.
Además, tenemos la preocupación de algunas gremiales que están vinculadas a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay referidas al tema pesca. La operación portuaria es dificultosa, ya que está sujeta a los avatares de las inclemencias del tiempo, la llegada del buque, las condiciones en que arriba la mercadería para poder ser cargada o descargada, etcétera, pero el negocio de la pesca es totalmente distinto. Acá se habla de jornales, pero la pesca se rige por una remuneración a la parte, por otro sistema. Entonces, mal puede aplicarse a los operadores en muelle, que están referidos a carga y descarga de pesca, una determinación como esta. La pesca, como digo, es a la parte, a destajo, funciona de otra manera.
Por todo eso, señora presidenta, nosotros nos oponemos a que se incluya este artículo 116 en una rendición de cuentas, desnaturalizando la negociación colectiva, excediendo el período de Gobierno, implicando una obligación foránea a lo que es el diálogo de las partes y desconociendo la naturaleza de la actividad que pretende regular.
Para finalizar, y tratando de cumplir con las indicaciones de tiempo que se nos han dado, quiero decir que somos conscientes de que existen opiniones políticas respecto a que esta rendición de cuentas no debe ser abierta, por todo lo que esto ha significado desde el punto de vista de las cuestiones legales. Sin embargo, queremos apelar a una reflexión del Senado y de la Cámara de Diputados sobre estos aspectos. Son graves y auguramos que van a dar lugar a dificultades. Además, no sólo hay que analizar las dificultades de eventuales inconstitucionalidades, sino que hay que tener en cuenta que la tasa consular –al igual al que aludíamos sobre inversiones– nos expone a situaciones complejas en el concierto mundial y de organismos internacionales. El año que viene la OMC analizará la política comercial de nuestro país y me gustaría saber qué es lo que vamos a hacer como uruguayos para defender el tema de la tasa consular.
En definitiva, señora presidenta, creemos que debe abrirse un espacio de diálogo sobre estos artículos y buscar una solución a la uruguaya. Esto no es digno de las tradiciones jurídicas de nuestro país y nos va a generar dificultades en lo interno y a nivel internacional que no sería bueno que prosperaran. En ese sentido, agradecemos nuevamente a la comisión por habernos recibido y queremos decir que la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, en su calidad de organización empresarial más representativa del sector comercio y servicios, está a disposición de esta comisión de ambas cámaras para analizar soluciones que sean más razonables, sensatas y que ayuden de mejor manera al país.
SEÑOR CAMY.- Saludamos y damos la bienvenida a la delegación representativa de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, entidad señera del país desde 1867, con una representación tan antigua como legítima del sector empresarial, con más de 14.000 empresas asociadas y más de 100 gremiales vinculadas directamente.
Hemos prestado atención minuciosa a lo planteado por el presidente Lestido, el doctor Mailhos, la economista Fernández, el doctor Yarza y el licenciado Peña.
En la Cámara de Diputados, el Partido Nacional votó en forma negativa los artículos 15, 116 y 265 y vamos a hacer lo mismo en la Cámara de Senadores. Además, hacemos nuestros los argumentos que se han esbozado.
Hace pocas horas recibimos a la Confederación Empresarial del Uruguay y al Centro de Navegación que, con el mismo énfasis, preocupación y base argumental, prácticamente señalaron lo dicho por el señor Mailhos sobre el artículo 116. Queremos decir que no es nuestro propósito hacer de esto una discusión, que por legítima convicción nuestra colectividad la daría porque tenemos discrepancias sobre las que hemos argumentado públicamente con relación a estos tres artículos. Sin embargo, nos alertaron las advertencias que se hicieron, como ser la vulnerabilidad a principios de igualdad jurídica, de separación de poderes –lo que muestra que estamos ante normas pasibles de ser inconstitucionales– u otros más prácticos. Recién se hacía referencia a un sector al que estoy fuertemente vinculado por ser de San José, como es el lácteo, que está viviendo una crisis muy particular. Se ponía como uno de los ejemplos con relación al artículo 265 y lo que éste vulnera.
Creo que el señor Mailhos textualmente dijo que se auguraban dificultades. Vemos que se advierte sobre una situación muy compleja y me consta que el sentimiento de preocupación atraviesa todos los partidos. Todos los partidos a veces tenemos distintas visiones, pero en honor a la verdad, debo decir que el artículo 116 contó con tres o cuatro votos de diputados de mi partido porque ellos, siguiendo una lógica muy local, entendían que los puertos del interior tenían una afectación distinta a los de Montevideo.
A mí me preocupa cuando se nos advierte desde organizaciones tan representativas –por la trayectoria y seriedad– y antiguas en la sociedad, sobre flagrantes inconstitucionalidades, sobre afectaciones muy negativas a los intereses nacionales. Quienes votamos somos responsables y todos tenemos vinculaciones partidarias que no nos permiten votar libremente o, por lo menos, en tono personal.
Me parece que el señor Mailhos convocó a un espacio de diálogo y diría de tomar eso para no reivindicar cosas que, tal vez, no podemos reivindicar, ni pedir lo que sabemos que no se va a poder cambiar porque todos tenemos equilibrios que cuidar, aunque desde afuera no se entienda. Que quede claro, porque después que las cosas se votan vienen consecuencias. No siempre son coherentes los discursos de los políticos atendiendo la responsabilidad que asumimos cuando votamos. Como a veces votamos inadvertido –me ha pasado–, después se nos generan dudas y cambiamos. Quiero decir que se han hecho repetidas advertencias sobre temas realmente serios y la primera responsabilidad la tenemos los legisladores.
Como representante del Partido Nacional –en el caso del oficialismo hay más senadores– me encuentro en esta instancia para escuchar a la sociedad, y tengan la certeza de que en la Cámara de Senadores los artículos 15, 116 y 265 no van a ser acompañados por nuestro partido. Tenemos expectativas de que más allá de los resultados de la votación en el Senado, en este ámbito o después pueda haber un espacio de diálogo que permita sortear estas dificultades que se están augurando.
SEÑOR AMORÍN.- Damos la bienvenida a la delegación de la Cámara de Comercio. No tenemos ninguna duda respecto de los tres artículos porque son muy claros. Sobre el artículo 15 voy a reiterar lo que dije hoy sobre lo mencionado por el exministro de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Pérez Manrique. Creí que él había dicho que el artículo era inconstitucional de aquí a Pando, pero dijo que era inconstitucional de aquí a la China y creo que todos lo tenemos absolutamente claro.
Voy a hacer una brevísima referencia al artículo 116. Supongo que fue pensado para beneficiar a los funcionarios jornaleros, pero estoy seguro de que el resultado es exactamente el contrario. Cuando se ponen estas cargas absurdas –como en el caso concreto en el que un funcionario trabaja para tres empresas dentro del mes y cobre treinta y nueve jornales–, no se beneficia al funcionario, sino que por el contrario lo perjudica porque obviamente las empresas van a intentar contratar a mucho menos personal. Además, el puerto se va a ver perjudicado en cuanto a la competencia con el exterior, ya que tendrá muchas más dificultades porque el tránsito va a pasar por todos lados menos por aquí. O sea que no beneficia, sino que perjudica.
Este caso es muy parecido a la desesperación fiscal por recaudar USD 100:000.000 más, porque el daño va a ser mucho más grande que el beneficio en el corto plazo, no solo en la negociación, sino en el concepto de país que necesitamos y queremos, que es un país mucho más abierto, que tenga mucho menos trabas y que en definitiva tenga menos impuestos a la importación porque va a repercutir en el consumidor.
SEÑOR OTHEGUY.- Saludamos a la delegación.
Nosotros no vamos a debatir aquí sobre los artículos. Creo que los señalamientos de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay son pertinentes, pero el Frente Amplio tiene una posición formada con respecto a la tasa consular y al artículo 15.
Por otro lado, deseo manifestar que comparto las dudas con respecto al artículo 116. En el día de hoy hemos escuchado una serie de argumentos que consideramos que son pertinentes. Y es nuestra responsabilidad analizar cuáles son las posibles vías de solución a este tema porque realmente creo que hay argumentos muy sólidos como para repensarlo.
SEÑORA PRESIDENTA.- Les agradecemos la presencia y el material que nos han aportado. Probablemente nos seguiremos viendo en otros ámbitos.
(Se retira de sala la delegación de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay).
Damos la bienvenida a la delegación del Sindicato Médico del Uruguay.
SEÑOR GRECCO.- Buenas tardes. Vengo como presidente del Sindicato Médico del Uruguay y me acompaña el doctor Alejandro Cuesta, secretario.
Les agradecemos mucho la deferencia de recibirnos.
Como los señores senadores sabrán, estamos haciendo la ronda de contactos parlamentarios a todo nivel –ya lo hemos hecho con el Poder Ejecutivo–, intentando trasmitir la visión del sindicato respecto a la situación de la rendición de cuentas.
Es por todos conocido que no hemos tenido oportunidad de discutir o llevar adelante las propuestas que habíamos elaborado para mejorar las condiciones de trabajo y la calidad asistencial en ASSE, por las circunstancias políticas en la que se definió la rendición de cuentas, que fue enviada al Parlamento sin una devolución y sin haber tenido las instancias de intercambio que hubiéramos querido.
Hemos elaborado una serie de propuestas en base a la opinión de los colegas que trabajan en todos los niveles asistenciales en ASSE –primero y segundo nivel– y hemos recopilado las carencias que identificamos que, desde nuestro punto de vista, impactan o repercuten directamente en la calidad asistencial. Esta visión ha sido refrendada por asamblea.
Nuestra unidad de negociación colectiva, en base a los estudios económicos de nuestros asesores, ha llevado adelante un trabajo técnico sobre identificación y cuantificación de las brechas salariales y de condiciones de trabajo que están en el origen, entre otras cosas, de la migración de recursos humanos calificados desde el sector público al privado y la carencia en la cobertura asistencial que hoy vemos en la institución. Si bien reconocemos que en los últimos años se ha mejorado notoriamente su desempeño, lejos está de ser el buque insignia de la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud que todos quisiéramos pues, si la comparamos con el sector privado, advertimos que hoy brinda una asistencia con un notorio deterioro.
Entendemos que de no contemplarse los reclamos que pusimos en la plataforma, corremos riesgo de que esa brecha –no ya en materia presupuestal pero sí de asistencia– se profundice aún más. Lo último que los médicos queremos es tener una salud clase A y clase B o una salud pública y privada con diferencias, pues creo que está en el espíritu de todos, Gobierno y oposición, contar con una asistencia equitativa, con los mismos estándares de calidad.
En cuanto al centro de nuestra propuesta y luego de analizar los 5.800 puestos de trabajo que existen actualmente en ASSE, identificamos algunos nichos en los cuales la brecha salarial es particularmente alarmante. Por ejemplo, se analizó el valor hora de policlínicas y, a igual carga horaria, el salario es un 149 % superior en el sector privado. A nivel de las emergencias, el salario en el sector privado se ubica entre un 30 % y un 40 % por encima del público. Cuando hablamos de especialistas nos referimos a todos y esto, inevitablemente, se refleja en dificultades en la cobertura de guardia. A este respecto corresponde señalar que estamos recorriendo el Cerro, Jardines del Hipódromo, Piedras Blancas y demás, y advertimos que la cobertura de guardias, particularmente de pediatría, es compleja. Hay llamados a cobertura de cargos que no se cubren.
Si vamos a la situación de los hospitales del interior y, particularmente a especializaciones como la anestesia, entre otras, realmente no tengo nada que decir porque los señores senadores están trabajando en el tema.
En definitiva, le pedimos al Gobierno que empiece a contemplar, con una visión selectiva, aquellos nichos en los cuales la brecha es mayor. Debemos reconocer que hay lugares o ramas de la medicina que se aproximan al privado y, por lo tanto, no hay fuga de recursos. Ahora bien, la idea es identificar esos nichos y fortalecer, desde el punto de vista presupuestal, aquellos lugares que hoy nos condicionan esta situación.
Entendemos que es imperioso continuar con el proceso de presupuestación. Es sabido que tenemos un grave problema en cuanto al vínculo laboral precario y con relación de dependencia encubierta por comisiones de apoyo, lo cual se refleja no solamente en la calidad del trabajo. De los 3000 vínculos que tenemos por comisiones de apoyo, se vienen presupuestando 300 por año, lo que es absolutamente insuficiente. Hay muchos problemas burocráticos, de funcionamiento, en una estructura como ASSE, que es un organismo descentralizado enmarcado en el artículo 220 de la Constitución, lo que complejiza muchísimo concretar todo eso. Y de los 300 vínculos que queríamos presupuestar el año pasado, se presupuestaron solo 20. Vean los señores senadores la magnitud del problema que estamos transmitiendo. Es gente que se va, directamente.
En este contexto, entendemos que es absolutamente imprescindible que el sistema político tome conciencia y empecemos a trabajar en conjunto en aquellos cambios que la estructura jurídica y organizacional de ASSE requiere para poder brindar una asistencia de calidad a 1.400.000 usuarios, como tiene en todo el país. Hoy tenemos serios problemas de organización, de manejo de los recursos presupuestales. Hay grandes dificultades para concretar los objetivos o lineamientos de cada una de las unidades ejecutoras, por un brutal encorsetamiento en una institución que debe tener la agilidad necesaria para dar respuesta a problemas asistenciales que tienen pico de demanda en invierno. La contratación de recursos humanos, con esta estructura, es absolutamente deficitaria, ni que hablar para todo el funcionamiento. De más está decir que hoy existen problemas políticos muy serios, particularmente con el tema del hospital de Rivera. No quiero entrar en ese problema específico, pero esos problemas derivan de una estructura absolutamente rígida y burocrática que entendemos necesario comenzar a discutir en vistas a cambiar. Y para eso no se necesita plata. Simplemente se requiere voluntad y decisión política para aprobar las leyes que apunten a modificar una realidad que hoy pagan todos los uruguayos.
Por tanto, nuestra plataforma también contempla una serie de cambios –que vamos a acercar a los señores senadores– en la estructura de funcionamiento de la institución que permitan mejorar la calidad de la asistencia y que no pasan –quiero remarcarlo– por la asignación de nuevos recursos presupuestales.
SEÑOR CUESTA.- Solo voy a aportar un pequeño resumen. En la tarea que en este momento compete a los señores senadores en relación a la rendición de cuentas, nos interesan particularmente aquellas medidas que puedan adoptarse para equiparar las condiciones de trabajo del sistema público en relación con el privado. No es solo un tema de reconocimiento de derechos por parte de los médicos, sino de toma de conciencia de que si no ponemos al sistema público en condiciones de competir con el privado, lo estamos condenando a cerrar o a ser una entidad que se dedique a desviar por esa vía recursos al sistema privado. Eso es, en la práctica, lo que está ocurriendo en muchas áreas. Ahora, o en un futuro no muy lejano, puede suceder que a alguien se le pueda ocurrir ir a la privatización total. De lo contrario –porque la base del sistema presupone una competencia–, hay que ponerlos en igualdad de condiciones. Ahora, en esta instancia presupuestal, el tema pasa por esto. Más a largo plazo, pasa por lo que de alguna manera desarrolló el señor presidente. La idea es tener la misma posibilidad de manejo de recursos que tiene el sistema privado, la misma obligación de pagar aportes por sus trabajadores, la misma forma de recibir ingresos a través de la capitación de todos los usuarios, es decir, que compitan en las mismas condiciones. Cuando esto se logre, en algún momento, la atención pública podrá ser el buque insignia de esta reforma, porque, si no es el buque insignia, estamos convencidos de que va a ser el ancla, va a ser lo que la hunda.
SEÑORA PRESIDENTA.- Dada la claridad de la exposición del Sindicato Médico del Uruguay, los señores senadores no tienen preguntas para formular. Así que les agradecemos su presencia en la mañana de hoy.
SEÑOR GRECCO.- Gracias a ustedes.
Vamos a hacer llegar por escrito la propuesta que formulamos en la Cámara de Representantes y el fundamento correspondiente.
(Se retira de sala la delegación del Sindicato Médico del Uruguay).
(Ingresa a sala la representante de la Unión de Exportadores del Uruguay).
–La comisión da la bienvenida a la señora Teresa Aishemberg, en representación de la Unión de Exportadores del Uruguay.
SEÑORA AISHEMBERG.- Muchas gracias por recibirnos.
Concretamente, estoy acá para referirme al artículo 116. Sé que ya tuvieron la visita de otras cámaras que hicieron sus planteos, pero yo voy a plantearles nuestra situación.
Sé que no se va a modificar nada en virtud de los planteamientos de los visitantes –estuvimos hablando con distintos señores senadores y nos explicaron eso– pero, de todas maneras, las empresas exportadores queríamos trasmitirles nuestra preocupación porque no resistimos un costo más. Y no lo resistimos porque los mercados que nos compran no están bien y porque el costo país pesa sobre nuestras espaldas. Como habrán visto –aunque es bueno explicarlo–, este año las exportaciones han sido mejores que el año pasado, por lo tanto, uno podría concluir que el sector de la exportación está bien. Entonces, lógicamente, podrían preguntarse: «¿Para qué vinieron? ¿Qué me están pidiendo?». Lo que queremos explicarles es, simplemente, que el sector exportador está exportando con costos que hacen que sea muy difícil tener márgenes de ganancia. Y ustedes se preguntarán por qué seguimos exportando. La respuesta es sencilla: porque si perdemos los mercados, es para siempre, dado que hay otros proveedores en el mundo que están esperando que nos retiremos de los mercados.
En definitiva, las empresas exportadoras están haciendo un esfuerzo importante por mantenerse en esos mercados y no importa si ganamos o perdemos; en este momento no estamos ganando porque el costo interno es cada vez mayor.
Por lo tanto, a pesar de que ya que no pueden modificar nada de esto, es bueno que sepan que al aprobar este artículo van a estar generando un costo adicional fijo para el sector exportador. Y ¿qué es lo que va a pasar? Esos costos adicionales –como el treceavo jornal, más allá de que la persona trabaje o no– van a quedar fijos y las empresas exportadoras, que están haciendo esfuerzos muy importantes para mantenerse en los mercados, no los van a soportar. Estamos hablando del caso de los cítricos, de los arándanos, de todas aquellas empresas que contratan zafrales como, por ejemplo el sector de la hotelería y el turismo. A todos ellos les aumentaría el costo por este costo adicional.
Cuando la Unión de Exportadores plantea problemas, también actúa en consecuencia para buscar soluciones, y les pedimos ayuda para poder modificar esto una vez que se termine de votar la rendición de cuentas. No sé cuáles son los mecanismos para modificar algo que ha sido aprobado en la rendición de cuentas.
SEÑOR AMORÍN.- Hay que crear otra ley.
SEÑORA AISHEMBERG.- Bien. Les pedimos que nos ayuden y, en ese sentido, vamos a conversar con cada uno de los señores senadores para explicarles y aportar la solución.
Por otro lado, como somos proactivos, estuvimos hablando con el ministro de Trabajo y Seguridad Social y con el Banco de Previsión Social, dado que hay antecedentes de un software que puede crear el BPS donde pueden hacer extensivo el Fonasa a los jornaleros, a los zafrales; eso se está haciendo en el servicio doméstico. Se trataría de armar un software y así se evitaría generar un costo adicional fijo para las empresas exportadoras. Es tan sencillo como eso. Reitero que estuvimos hablando con el Banco de Previsión Social y con el Ministro Murro, y visto y considerando que en este ámbito no se podrá modificar nada, queremos otras soluciones y creemos que ustedes pueden ser parte de ellas.
Queremos dejar en claro lo siguiente respecto a cómo están exportando las empresas exportadoras. No tenemos tarifas más baratas –hay otros que sí las tienen– para producir un producto en Uruguay y no tenemos acuerdos comerciales. Con respecto a esto último también les pedimos ayuda porque es imperioso que tengamos los mejores accesos a los mercados; de lo contrario, seguiremos pagando impuestos en los países; y ganan más los trabajadores de China y de todos los países donde exportamos, que nosotros. Queremos defender la fuente de trabajo, pero nos tienen que ayudar. Tampoco tenemos tipo de cambio ni un Mercosur que nos ayude. En este sentido podrán observar las trabas que nos están poniendo a los lácteos y cómo está dicho sector. Tampoco tenemos una infraestructura, aunque que sabemos que se está trabajando en este sentido. Creemos que todos juntos, y en forma responsable, nos deben ayudar para poder seguir exportando cada vez más.
SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias, señora Aishemberg.
(Se retira de sala la representante de la Unión de Exportadores).
(Ingresan a sala representantes del Plenario Audiovisual).
–Damos la bienvenida a los integrantes de la delegación del Plenario Audiovisual, los señores Francisco Magnou, Guillermo Casanova, Sebastián Pérez Pérez y Daniel Fernández.
SEÑOR FERNÁNDEZ.- Queremos señalar que presentamos un material y queremos decir algo previo sobre el plenario. Este plenario articula a la totalidad de los miembros de la cadena productiva del audiovisual y del cine. Esto es algo que nos gusta mencionar porque, en realidad, quien habla pertenece al sindicato de trabajadores del cine y los otros compañeros son empresarios, pero también hay trabajadores de la televisión, etcétera; este es el Plenario Audiovisual. Nos gusta mencionarlo porque no sabemos si hay otra cadena productiva, otra industria que pueda llevar adelante medidas en conjunto que cubran todos los aspectos, desde los trabajadores hasta los empresarios, pasando por toda la cadena. Nos parece que es un valor que pudimos articular después de muchos años; lo construimos sobre la base de las diferencias –que las tenemos y son muchas–, pero lo que queremos plantear son, precisamente, los puntos sobre los cuales hay acuerdo.
Queríamos resaltar esto al inicio de nuestra exposición porque nos parece que es un valor importante. Nosotros no planteamos impuestos –lo hace el Estado–, pero sí queremos sugerir una redistribución porque no sería plata para un sector, una empresa o un conjunto de empresas sino, fundamentalmente, para el Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay –es decir para el mismo Estado– que no reparte discrecionalmente el dinero sino que lo invierte a través de concursos, etcétera, es decir, con un sistema muy cristalino de hacer las cosas.
Si la señora presidenta lo permite, me gustaría ceder el uso de la palabra al señor Magnou
SEÑOR MAGNOU.- Buenas tardes y gracias por recibirnos.
El planteo que traemos desde este espacio del Plenario Audiovisual pretende abordar un tema tan delicado como la reglamentación de las plataformas con estos nuevos servicios en relación con la forma en que se hace en el resto del mundo y en Uruguay para ver cómo hemos abordado servicios similares.
Estamos usando como referencia la ley de medios, donde se exige a los medios nacionales un porcentaje de contenido nacional y un aporte por la utilización del espacio radioeléctrico hacia la producción, y sobre todo a la necesidad de formación en el audiovisual en nuestro país. Debemos entender el lenguaje audiovisual no solo como una herramienta de creación y de expresión artística sino como un lenguaje muy cotidiano que tiene muchas potencialidades para la educación y el intercambio como sociedad. Antiguamente esto sucedía con la radio, después sucedió con la televisión y ahora sigue Internet, pero el lenguaje que está liderando todo ese intercambio es el audiovisual.
Si tomamos como referencia otros países –sobre todo de Europa– para ver cómo se han ido reglamentando los servicios on demand de las plataformas, veremos que se exige un porcentaje del catálogo de obra nacional, producir en sus territorios un porcentaje de obras y también un aporte hacia el sector de producción y formación. Precisamente, nuestro planteo es que un porcentaje de la carga impositiva que se pondría a estas plataformas se destine al Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual, porque no solo alimenta a la producción nacional en una cuotaparte, sino que el instituto tiene una serie de potestades –que se realicen o no es otro tema– cuyos fondos salen de allí para la formación de audiencias, la difusión, el posicionamiento internacional de las obras uruguayas en el exterior y la educación audiovisual en general.
Sentimos que debemos dar un paso firme hacia una política de Estado, no a políticas de gobierno donde ley de presupuesto tras ley de presupuesto volvemos a plantear la importancia que tiene esto para el mundo de hoy y para Uruguay, damos cuenta de lo que hacemos, de cómo multiplicamos el dinero que el Estado invierte en Uruguay y se vierte en una cantidad de tareas –algunas técnicas, muy especializadas, y otros oficios más básicos– donde hay una alta gama de trabajadores y diversos tipos de personas que trabajan en un sector con mucha capacidad de exportación de la imagen del país. En 2015 vinimos a hablar de la ley del fondo de fomento y del no ajuste que se planteaba en la ley de presupuesto de entonces y en 2008 se había trabajado profundamente en la elaboración de la ley, pero sentimos que si no hay medidas concretas que alimenten dicho fondo más allá de la designación puntual del Ejecutivo de turno, seguiremos dando pequeños pasitos.
Estas son, entonces, las políticas que están adoptando otros países que realmente quieren hacer políticas de Estado y dejar una estructura base para que, venga quien venga, se pueda seguir proyectando y trabajando.
No debemos olvidar que los proyectos de obras cinematográficas, en el Uruguay, demoran en promedio cinco o siete años. Si uno se plantea hacer una película hoy, queda pronta en cinco años, con suerte. Si no se sabe si el fondo de fomento va a estar ajustado o no, si va a pagar su 60 % –porque no se reajusta, es en pesos y está fijo–, es muy difícil proyectar el trabajo hacia el futuro. Es muy difícil también abordar muchas otras cosas, tal como deberíamos hacerlo desde el instituto, en relación con este lenguaje, que es el de hoy, ni siquiera estoy hablando de mañana que ni que hablar que lo será.
Como dije antes, en Europa, hay algunos ejemplos en los que la reglamentación sobre las plataformas proviene del análisis hecho en Brasil. El instituto de Brasil, antes del cambio de gobierno, lideró esta discusión en América Latina. Hoy por hoy, luego de una negociación con HBO GO, un 20 % de la producción de ese sitio se producen y se ruedan en Brasil. Algunas de ellas, hemos logrado captarlas para que se rueden en Uruguay.
Si nuestro país entrara en esa lógica, tendríamos capacidad de ser muy seductores para que esas plataformas vinieran a rodar algo de sus producciones en nuestro país.
Mientras tanto, en el resto de la región, Perú, en las últimas semanas, tomó la decisión de triplicar su fondo de fomento para alguien que vaya a rodar allí; Colombia ha multiplicado por cinco los recursos para las producciones internacionales que se rueden en ese país por medio de un tax break. En fin, hay una serie de herramientas que Uruguay debería, por lo menos, discutir para analizar por qué el resto del mundo va por ese camino y por qué nosotros no.
Para nosotros esta es una instancia muy concreta: o es ahora o dígannos ustedes cuándo, si no. Si no se dispone en esta rendición de cuentas que parte de esta recaudación debería destinarse al fondo de fomento, que es un recurso genuino del sector, que parte del consumo de los uruguayos para el trabajo y la cultura propios de los uruguayos, cualquier otra herramienta será mucho más difícil de defender. En este caso concreto, entendemos que es necesario y es lo que se está haciendo en otras partes del mundo.
SEÑOR CASANOVA.- Quiero agregar otra consideración: si no logramos concretarlo en este momento, en el que sí podemos hacerlo, después se tornará mucho más difícil. Si pensamos lo que pasó con la televisión uruguaya en las décadas del cincuenta y del sesenta, cuando no se exigía como se debía, vemos que las televisoras terminaron desparramando cultura argentina, una mala cultura argentina que la podemos ejemplificar con Tinelli. Eso fue así porque había muchos intereses de por medio.
No voy a entrar en detalles de cuáles eran los intereses de los canales privados, pero si en este momento trabajáramos de forma tal de no atacar el interés de ningún sector, sino todo lo contrario, como se hará con la exigencia de un impuesto a los videos on demand de Netflix, Amazon o HBO, ese dinero podría ser destinado al instituto nacional audiovisual. Sabemos que los recursos de que dispone son muy pocos, por eso, lo que estamos pidiendo es que ese impuesto sea dirigido al instituto y no a rentas generales. De este modo, se duplicaría la cantidad de dinero para el ICAU y los productores, realizadores y técnicos podríamos seguir trabajando a nivel de la ficción y la cultura nacional
Nuestra propuesta es muy práctica.
SEÑOR MAGNOU.- Simplemente quiero acotar que el aporte que hace el fondo de fomento a las producciones nacionales, en general, rondan el promedio del 30 % o el 40 %. Esto quiere decir que por cada peso que destina el Estado uruguayo, los productores privados encontramos $ 2 más en el exterior, provenientes de fondos privados internacionales. Esa plata viene al Uruguay. El nuestro, es un producto de mucho valor agregado. Desde que existe la ley de cine, la producción de largometrajes de ficción –por hablar solo de uno de los géneros– se multiplicó por cinco. Todos son testigos de la cantidad de películas uruguayas que se están estrenando este año con éxito de público, que era algo que muchas veces se nos recriminaba. Este año estamos por lo menos triplicando la cantidad de público en películas nacionales y me refiero a salas de cine, sin contar las exhibiciones fuera de las salas de Montevideo. Quiere decir que es un sector que viene creciendo.
Además, el Estado ha hecho una inversión importante en formación. No debemos olvidar que hay una tecnicatura en audiovisual de la UTU, un bachillerato artístico, también hay un bachillerato audiovisual en UTU y, por primera vez, hay una escuela de cine pública de Bellas Artes. Quiere decir que hay gente que se está formando, pero si no empieza a crecer la capacidad de producción se va a tener que dedicar a otra cosa. Claramente, las producciones de obras uruguayas –que es de lo que estamos hablando y no de la venta de servicios– necesitan un pequeño impulso del fondo local para salir a cautivar fondos extranjeros. Por más que tenga un buen guion y una buena historia, si no tengo dos pesos para asegurarle a un socio que voy a poder filmar, nadie va a querer invertir solo por esta barba, que les puede resultar atractiva o al revés. Entonces, realmente necesitamos tener herramientas para salir a negociar en el exterior, conseguir nuevos socios, crecer y posicionar la cultura uruguaya en el mundo a través del audiovisual, que es desde donde se está posicionando la cultura global.
SEÑOR CAMY.- Saludo la presencia de los integrantes del Plenario Audiovisual a quienes agradezco la referencia a la organización de toda la cadena, que no solo representa de mejor manera su actividad, sino que nos facilita de manera sustancial para comprender a cabalidad lo que implica la actividad.
Si me permiten, quiero saludar de manera muy especial a Francisco Magnou, Pancho, a quien conozco desde siempre al igual que a su familia, ya que los dos somos de San José. Es una familia prestigiosa, muy querida y respetada en nuestro departamento.
Quiero ser muy franco en nombre del Partido Nacional. A veces, en estas instancias, hacemos valer con énfasis cuando acompañamos algún tema y el Gobierno no lo hace. En este caso, el Partido Nacional no acompañó el artículo que ustedes solicitan en la Comisión de la Cámara de Representantes, pero quiero aclarar algo. Lo que no acompañamos es exclusivamente lo que establece el artículo correspondiente, que es el gravamen, el impuesto a las plataformas. Ustedes solicitan que lo que se recaude por ese concepto vaya en parte a los objetivos del Fondo. Por nuestra parte, estamos de acuerdo con que se incremente el fondo y sus objetivos, pero no con que esos recursos se obtengan por la implantación de una nueva carga tributaria y lo queríamos expresar con franqueza; no estamos de acuerdo en aumentar impuestos. Entonces, no podemos decir que estamos de acuerdo con que se les otorguen recursos sin decir de dónde los sacamos.
En esta rendición de cuentas hemos realizado propuestas que fueron aprobadas, hemos acompañado iniciativas que no son nuestras y otras las votamos en contra, pero en este caso, insisto, no estamos de acuerdo con implementar un nuevo impuesto que va a afectar al consumidor. Sí queremos decir claramente que estamos a favor del fondo de fomento por la importancia que tiene la industria audiovisual y por las características económicas actuales del sector en el país que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años. La Comisión de Hacienda del Senado hizo modificaciones a la ley de zona franca que luego fueron aprobadas por el Plenario y tienen que ver con este tema. Discutimos mucho el asunto y fue ahí que tomé un conocimiento más cercano de la actividad a través de colegas de ustedes. Incluso me sorprende que haya alrededor de cinco mil estudiantes –una cifra importante–, vinculados a estas carreras, así como una cifra cercana de trabajadores directamente relacionados con la actividad.
El señor Magnou señaló que muchos países de la región y países desarrollados han acrecentado esta actividad a través del fomento, del desarrollo y de una mayor dotación de recursos. Me gustaría saber si en esos países, en ese derecho comparado al que aluden, los recursos surgen de gravámenes vinculados directamente a las plataformas o tienen otra naturaleza. Lo pregunto porque no quiero ser contradictorio en manifestar el respaldo a los objetivos, pero también me interesa dejar claro que no estamos dispuestos a acompañar puntualmente este tipo de gravámenes.
SEÑOR AMORÍN.- Le damos la bienvenida a todo el equipo; nos estamos viendo cada vez más. Creo que la actividad está creciendo porque sus promotores están moviéndose más. Y está bien: el mundo tiende a que esas actividades crezcan y si podemos lograr que también crezcan en nuestro país, mucho mejor.
Lo que se pretende es que el gravamen a las plataformas como Netflix sea destinado a la actividad audiovisual. Francamente no sé si ya hay alguna idea de cuánto puede generarse si existiera un gravamen de esta naturaleza. ¿Tienen idea de cuál puede ser el ingreso anual por ese concepto que estaría dirigido a este tipo de plataforma que además está en crecimiento?
SEÑOR MAGNOU.- Respondiendo al señor senador Camy, cabe decir que las formas que han sido desarrolladas por otros países para alimentar las producciones locales son diversas. En República Dominicana hay un impuesto al pororó –aunque parezca mentira–, una tasa del entorno del 10%, que es destinada a un fondo de producción. También hay otros ejemplos. Desde hace muchos años, la industria argentina –que debe ser históricamente junto con la de México la más importante de América Latina– está nutriéndose con un impuesto a la venta de entradas y, además, ha visto incrementado notoriamente sus recursos a partir de una ley de comunicación, que Uruguay en parte también ha tomado de ejemplo, por la que los grandes medios de comunicación aportan a la producción.
Colombia, que ha crecido mucho en su capacidad de producción, ha apostado fuertemente a la captación de producciones internacionales a rodarse allí, aplicando una política de tax break que lo que hace es devolver parte de la plata que se invierte desde el extranjero en Colombia a través de la devolución de impuestos, lo que se sitúa en el entorno del 30 o 40%.
A su vez, Chile tiene una ley similar a la colombiana por la que se estimula el rodaje de grandes producciones de más de USD 2:000.000 –producciones que hoy Uruguay no está captando– a través de una fuerte devolución de impuestos.
Brasil comenzó negociaciones con HBO GO, antes que ingresara Netflix, estableciendo que un 15% de su programación fuera de contenido brasilero, lo que llevó a que esa cadena tuviera que producir bastante en ese país.
En esto hay diversas herramientas. Acá en Uruguay tenemos la creación local de obras uruguayas y la venta de servicios, que son obras extranjeras que vienen a rodarse en nuestro país y, como dije, según los tipos de productos hay distintas herramientas. Lo que sí es cierto es que la lógica es encontrar recursos que sean internos al propio sector mayormente –ya sea que vienen de las tasas del cine, del pororó, de los medios de comunicación o de las grandes plataformas–, para encontrar ciertos círculos virtuosos y así, quien aporta o el medio al que se le cobra una tasa, el día de mañana puede tener un producto más para su oferta. Lo mismo ocurre en el caso de aquella plataforma a la que se le pida un impuesto porque Uruguay va a tener más obras para poner en su pantalla. Esa es la lógica, sobre todo en las políticas culturales donde es muy fácil recortar en cuanto a recursos. Cuando hay que ajustar el cinturón, la política cultural suele quedar relegada, porque no es prioritaria o porque se entiende que no es esencial. Entonces, empieza a tener sentido esta lógica de encontrar dentro de los propios espacios de consumo de los productos culturales parte de esos recursos.
El mercado de audiovisuales en el Uruguay mueve USD 400:000.000 entre televisión, cable, etcétera, y es lógico que un porcentaje vaya al fomento de la producción local. Esas son las lógicas sobre las que nosotros comenzamos a conversar. Si hablamos de números y nos olvidamos del valor simbólico de la cultura y demás, debemos tener en cuenta que es una industria importante en el mundo y en el Uruguay, como lo demuestran las cifras que mueve la propia industria. Por tanto, los recursos para estimular la producción local pueden salir del propio sector. Digo esto para que tengan una idea de cómo se trabaja fuera de Uruguay para alimentar los fondos de producción o cómo son, por ejemplo, las políticas impositivas.
En cuanto a la pregunta del senador Amorín sobre el impuesto a Netflix, nosotros no somos especialistas en el tema y lo que sabemos es lo que hemos escuchado desde el ministerio de economía. Ante esta pregunta, el segundo del ministerio habló de una recaudación de USD 1:000.000 al año.
Estamos hablando de Netflix, pero entiendo que esto abarca a una cantidad de otros servicios que todavía no han llegado u otros servicios locales que se van a desarrollar, porque también creemos que hay proveedores locales que quieren entrar en este servicio en demanda. Este es el futuro del audiovisual y el cable o la televisión van a quedar un poco relegados.
Hoy Netflix tiene 150.000 abonados uruguayos, lo que significa una facturación de USD 1:500.000 mensual. El impuesto a no residentes es del entorno al 12 % de la facturación y por eso se llega a los USD 1:000.000 anuales, al día de hoy.
El fondo de fomento en Uruguay es de $ 43:000.000, o sea que no llega a los USD 1:500.000. Es decir que si el 50 % de este impuesto fuera a fomento, representaría el 30 % de lo que hoy tiene, no solo para la producción y el fomento, sino para el propio funcionamiento del instituto. Sería enriquecerlo en una suma sustancial y solo contando Netflix.
SEÑOR CAMY.- Muchas gracias por la respuesta.
En línea con lo que había expresado, quiero decir algo que, quizás, no lo sepan y, en ese caso, los estaría notificando de una buena noticia.
El 30 de agosto, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados votó por unanimidad el desglose del proyecto de modificación de zonas francas –que está discutido– lo que tiene que ver con la autorización al Poder Ejecutivo de la explotación de zonas temáticas para la prestación de servicios audiovisuales, esparcimiento y entretenimiento, con excepción de los juegos de azar. Se trata de un proyecto de ley de seis artículos y el artículo 6.º dice que el Poder Ejecutivo destinará el 100 % de lo percibido anualmente en concepto de canon de las zonas temáticas de servicio audiovisuales a las líneas de producción de contenidos audiovisuales nacionales del Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual creado por la Ley n.º 18.284, de 16 de mayo de 2008. El diputado Gandini fue el Miembro Informante del proyecto de ley y lo votaron los representantes Asti, Civila, Galán, Gonzalo Mujica, Posada, Querejeta y Conrado Rodríguez. Lo quería comentar, como forma de explicar la posición de mi partido.
Quedamos muy agradecidos por la explicación, auguramos éxitos y estamos a las órdenes para dar el respaldo posible.
SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la información brindada por la delegación. Vale la información que acaba de expresar el señor senador Camy. Tengamos en cuenta también que, seguramente, no va a ser la solución en esta rendición de cuentas, no les vamos a mentir. De todos modos, sí se pueden estudiar otras posibilidades como las que ustedes han planteado, además de la que acaba de surgir.

References: artículo 232
 artículo 15
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 232
 artículo 232
 artículo 2
in fine
 artículo 230
 artículo 230
 artículo 389
 artículo 733
 artículo 733
 resolución 
 artículo 733
 artículo 733
 artículo 733
 artículo 733
 artículo 15
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 artículo 733
 artículo 15
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 artículo 733
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 733
 artículo 15
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 216
 artículo 3
 artículo 116
 artículo 212
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 235
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 62
 artículo 69
 artículo 61
 artículo 126
 artículo 63
 artículo 126
 artículo 126
 artículo 59
 artículo 63
 artículo 59
 artículo 62
 artículo 64
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 265
 artículo 116
 artículo 15
 artículo 7
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 265
 artículo 116
 artículo 15
 artículo 116
 artículo 15
 artículo 116
 artículo 220
 artículo 116
 artículo 6