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Timestamp: 2020-05-29 12:55:57+00:00

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Sentencia nº 1181 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 22 de Septiembre de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 593080870
Número de Expediente: 15-0994
El 16 de septiembre de 2015, fue remitido a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano N.M.M., el DECRETO N° 2.014 MEDIANTE EL CUAL EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DECLARA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LOS MUNICIPIOS CATATUMBO, J.M.S. Y COLÓN DEL ESTADO ZULIA, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015, con el objeto de que se pronuncie acerca de la constitucionalidad del mismo, en atención a lo dispuesto en los artículos 336.6 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 25.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
Decreto N° 2.014 Mediante el cual se declara Estado de Excepción en los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia.
En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador S.B. y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el m.d.E.S.D.d.D. y de Justicia y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 ejusdem, concatenados con los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 17° y 23° de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en C.d.M.,
Que en los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia, se ha venido presentando de modo sistemático, inédito, sobrevenido y progresivo, una amenaza compleja al pleno goce y ejercicio de los derechos de los habitantes de la República, mediante la presencia de circunstancias delictivas y violentas vinculadas a fenómenos como el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, organizado a diversas escalas, entre otras conductas delictivas análogas, lo que evidencia una intención deliberada de generar alteraciones del orden público, que rompen el equilibrio del derecho internacional, la convivencia pública cotidiana y la paz, afectando el acceso a bienes y servicios destinados al pueblo venezolano,
Artículo 1°. El estado de excepción en los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia, dadas las circunstancias extraordinarias que afectan el orden socioeconómico y la paz social, a fin de que el Estado disponga de las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación coyuntural, sistemática y sobrevenida, del contrabando de extracción de gran magnitud, organizado a diversas escalas, así como la violencia delictiva que le acompaña y delitos conexos, con el objeto de impedir la extensión o prolongación de sus efectos y garantizar a toda la población el pleno goce y ejercicio de los derechos afectados por estas acciones.
Artículo 2°. Como consecuencia de la declaratoria de estado de excepción a que refiere este Decreto, quedan restringidas en el territorio de los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia, las garantías de los derechos establecidos en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido:
1. La inspección y revisión por parte de los organismos públicos competentes del lugar de habitación, estadía o reunión de personas naturales, domicilio de personas jurídicas, establecimientos comerciales, o recintos privados abiertos o no al público, siempre que se llevan a cabo actividades económicas, financieras o comerciales de cualquier índole, formales o informales, con el fin de ejecutar registros para determinar o investigar la perpetración de delitos o de graves lícitos administrativos, contra las personas, su vida, integridad, libertad o patrimonio, así como delitos o ilicitudes relacionadas con la afección de la paz, el orden público y Seguridad de la Nación, la fe pública, el orden socioeconómico, la identidad y orden migratorio y delitos conexos, podrá realizarse sin necesidad de orden judicial previa. En toda actuación o procedimiento se respetará de forma absoluta la dignidad e integridad física, psíquica y moral de las personas, así como el debido proceso. A tal efecto, será aplicable el último aparte del artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo el funcionario detallar en el acta correspondiente las diligencias realizadas y los hallazgos a fin de cumplir con la cadena de custodia.
2. Con ocasión de la restricción del tránsito de mercancías y bienes en los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia, y a los fines de determinar la comisión de los delitos a los que alude el numeral anterior, las autoridades competentes podrán practicar requisas personales, de equipajes y vehículos, dentro del más estricto respeto a la integridad física, psíquica y moral de las personas, mediante el cumplimiento de los protocolos que garantizan de forma efectiva y eficaz dicho respeto.
3. Los Ministerios con competencia en las materia de relaciones interiores, justicia y paz, y defensa, mediante Resolución Conjunta, podrán establecer restricciones al tránsito de bienes y personas en los municipios afectados por la declaratoria a que se refiere el artículo 1° de este Decreto, así como el cumplimiento de cambio de domicilio o residencia, la salida de la República o el ingreso de ésta, el traslado de bienes y pertenencias en el país, su salida o entrada, sin más limitaciones que las establecidas en la ley.
Artículo 5°. Se suspende de manera temporal el porte de armas en los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia, como parte de las medidas para garantizar la seguridad ciudadana y el resguardo de la integridad física de los ciudadanos y ciudadanas preservando la paz y el orden público. Tal medida no será aplicable al porte de armas orgánicas dentro del ejercicio de sus funciones a los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Artículo 6°. A fin de fortalecer el programa desplegado por la Operación Liberación del Pueblo (OLP), para el mantenimiento y preservación de la paz social y el orden público, las autoridades competentes deberán coordinar y ejecutar su mejor y más eficaz cumplimiento, en especial en los municipios regulados por este Decreto, sin perjuicio de las demás medidas legales que se adopten para garantizar la soberanía y defensa nacional, y con estricta sujeción a la garantía de los derechos humanos no limitados ni restringidos constitucionalmente.
Artículo 7°. Se extiende a los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia, la aplicación del Decreto N° 1.959 de fecha 28 de agosto de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.734 de la misma fecha, relativo a la creación del Registro Único para la Restitución de los Derechos Sociales y Económicos en la Frontera. A tales efectos, serán aplicables todas las disposiciones de dicho Decreto en el ámbito de los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia.
Artículo 8°. La Defensoría del Pueblo comisionará a los defensores delegados de los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia, así como defensores especiales y nacionales, para atender la situación excepcional objeto de regulación en este decreto, con el fin de que velen por el respeto de los derechos humanos de la población y ejerzan las acciones necesarias para su efectiva protección. A tal efecto, podrá reforzar su actuación comisionando defensores delegados de otros estados.
Artículo 9°. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), garantizará los controles migratorios en los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia, en coordinación con los organismos competentes a nivel nacional. A tal efecto, podrá dictar regulaciones especiales que permitan la eficiencia de los controles a implementar en el marco de los acuerdos bilaterales suscritos y ratificados con la República de Colombia.
Artículo 14°. El Gobernador del Estado Zulia, F.J.A.C., quien será además el coordinador responsable y garante de la ejecución de las medidas que se adoptan en este Decreto, con el apoyo de los Ministros del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Defensa y de Economía y Finanzas, y de la Autoridad Única que se designare con competencia en la zona determinada por los límites de los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia.
Artículo 18°. El Gobernador del Estado Zulia, F.J.A.C., queda encargado de la ejecución de este Decreto.
Conoce esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según oficio n.° ANS.230/2015 del 17 de septiembre de 2015, suscrito por el Secretario de la Asamblea Nacional, sobre la consideración y aprobación del Decreto dada por la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por medio del Acuerdo del 17 de septiembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015, cuyo texto es el que a continuación se señala:
Primero. Aprobar en todas y cada una de sus partes el Decreto N° 2.014 de fecha 15 de septiembre de 2015, mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.746, de fecha 15 de septiembre de 2015.
Dado, firmado y sellado en Guasdalito, estado Apure, lugar donde se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil quince.
Años 205° de la Independencia, 156° de la Federación y 16° de la Revolución Bolivariana.
F.E. VÁSQUEZ I. ELVIS JUNIOR HIDROBO
Que “… [e]l DECRETO RESTRINGE EL DEBIDO PROCESO Y LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, AL PERMITIR DESALOJOS ADMINISTRATIVOS”. (Mayúsculas del escrito).
Que “… [e]l DECRETO RESTRINGE EL DERECHO A UN PROCESO JUDICIAL PREVIO, QUE DETERMINE LA LEGALIDAD Y REGULARIDAD DE LAS OCUPACIONES, y se permite que sea una autoridad administrativa, la que determine el derecho de propiedad, la posesión o cualquier otro derecho que se tenga sobre un bien inmueble, que la Administración califica de bien público (que pudiera no serlo), o bien afecto al servicio público (que pudiera no serlo). Con ello deroga acción (sic) de reivindicación y las acciones posesorias que se definen en el Código Civil y Código de Procedimiento Civil”. (Mayúsculas del escrito).
Corresponde a esta Sala Constitucional determinar su competencia para pronunciarse acerca de la constitucionalidad del Decreto n.° 2.014, mediante el cual el Presidente de la República declara el Estado de Excepción en los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015.
Artículo 339. El decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional, o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El Decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron…
Ahora bien, esta Sala Constitucional, en sentencia n.° 2.139 del 7 de agosto de 2003, se pronunció favorablemente sobre su competencia en este supuesto, afirmando que “…de conformidad con el artículo 336.6 del Texto Fundamental, esta Sala es competente para revisar ‘en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta de la República’, por ser actos dictados en ejecución directa de la Constitución…”.
Por su parte, en recientes sentencias dictadas por esta Sala, bajo los números 1173 del 28 de agosto de 2015, 1174 y 1176 del 8 y 15 de septiembre de 2015, respectivamente, este órgano asumió la competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad del Decreto n.° 1.950, dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los Municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.e.T., publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.194 Extraordinario del 21 de agosto de 2015, conforme al artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; del Decreto n.° 1.969, dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los municipios Lobatera, Panamericano, G.d.H. y Ayacucho del estado Táchira, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.735, el 31 de agosto de 2015; y del Decreto n.° 1.989, dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los municipios Indígena Bolivariano Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.740, el 7 de septiembre de 2015, en ese orden.
Siendo así, esta Sala resulta competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del Decreto n.° 2.014, mediante el cual el Presidente de la República declara el Estado de Excepción en los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015. Así se declara.
Una vez establecida la competencia, esta Sala pasa a considerar el escrito de alegatos presentado por el ciudadano A.V., ya identificado, contra la constitucionalidad del Decreto n.° 2.014 del 15 de septiembre de 2015, para lo cual se observa lo siguiente:
Ahora bien, visto que la remisión del Decreto n.° 2.014, mediante el cual el Presidente de la República declaró el Estado de Excepción en los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015, se efectuó tempestivamente por parte del Ejecutivo Nacional, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción, y cumplidos los trámites formales correspondientes, esta Sala pasa a realizar el análisis respectivo sobre su constitucionalidad, en los términos siguientes:
El cuerpo del Decreto, cuyo artículo 1, manifiesta el objeto esencial del mismo, continúa con el artículo 2, que contiene la restricción de las garantías de los derechos establecidos en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señalándose directrices en cuanto a las formas de inspección y revisión por parte de los organismos públicos competentes, a la restricción del tránsito de mercancías y bienes en los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia, por parte de los Ministerios del Poder Popular con competencia en las materias de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y para la Defensa, en cuanto a la prohibición de reuniones públicas, y al derecho a la manifestación sin previa autorización, así como a la restricción temporal por parte del Ministerio del Poder Popular para el Comercio conjuntamente con los Ministerios con competencias en Alimentación, Agricultura y Tierras, y Salud, del ejercicio de determinadas actividades comerciales; y el artículo 3, que establece la potestad del Presidente de la República de dictar otras medidas de orden social, económico o político que estime conveniente.
El artículo 7, extiende a los municipios en los cuales se aplicará el estado de excepción, la aplicación del Decreto n.° 1.959 del 28 de agosto de 2015, en el cual se crea el Registro Único para la Restitución de los Derechos Sociales y Económicos en la Frontera.
Los artículos 8 y 9, señalan que la Defensoría del Pueblo comisionará a los defensores delegados de los municipios objeto de aplicación del Decreto, para que éstos puedan velar por el respeto de los derechos humanos, y la garantía de los controles migratorios por parte del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), en los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia.
El artículo 14 del Decreto delega en el Gobernador del estado Zulia, “F.J.A.C.” para la ejecución de éste, “quien será además el coordinador responsable y garante de la ejecución de las medidas que se adoptan en el mismo”.
Ahora bien, una vez a.e.c.d. Decreto sometido al control constitucional correspondiente, se observa que aborda el mismo objetivo que los Decretos n.° 1.950, del 21 de agosto de 2015, n.° 1.969, del 31 de agosto de 2015, y n.° 1.989, del 7 de septiembre de 2015, también sometidos a control de este órgano, cuyos propósitos son impedir la extensión o prolongación de la situación coyuntural, sistemática y sobrevenida, del contrabando de extracción organizado a diversas escalas, así como la violencia delictiva que le acompaña y los delitos conexos, que trasgreden el orden público, la seguridad y defensa, así como la soberanía alimentaria y económica de la zona fronteriza, y del resto de la Nación, con la salvedad de que en esta ocasión el Ejecutivo Nacional consideró necesario extenderlo al estado Zulia, específicamente a los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia.
Que en los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia, se ha venido presentando de modo sistemático, inédito, sobrevenido y progresivo, una amenaza compleja al pleno goce y ejercicio de los derechos de los habitantes de la República, mediante la presencia de circunstancias delictivas y violentas vinculadas a fenómenos como el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, organizado a diversas escalas, entre otras conductas delictivas análogas, lo que evidencia una intención deliberada de generar alteraciones del orden público, que rompen el equilibrio del derecho internacional, la convivencia pública cotidiana y la paz, afectando el acceso a bienes y servicios destinados al pueblo venezolano
Igualmente, el Decreto sostiene, en efecto, las mismas circunstancias que en los municipios fronterizos del estado Táchira, que originaron la declaratoria de estado de excepción, y se hacen presentes en los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia (las cuales constituyen hechos notorios y comunicacionales que serán referidos en esta sentencia), lo que conllevó a que se tomaran medidas de igual magnitud para restituir el orden público en esas poblaciones.
Dentro de este contexto resulta pertinente resaltar que esta Sala Constitucional, el 28 de agosto de 2015, dictó la sentencia n.° 1173, en la que afirmó la constitucionalidad del Decreto n.° 1.950, mediante el cual el Presidente de la República declaró el estado de excepción en los municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.e.T.; la sentencia n.° 1174, del 8 de septiembre de 2015, declaró la constitucionalidad del Decreto n.° 1.969, mediante el cual el Presidente de la República declaró el estado de excepción en los municipios Lobatera, Panamericano, G.d.H. y Ayacucho del estado Táchira, al igual que en la sentencia n.° 1176, del 15 de septiembre de 2015, declaró la constitucionalidad del Decreto n.° 1.989, mediante el cual el Presidente de la República declaró el estado de excepción en los municipios Indígena Bolivariano Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia; sobre la base de las consideraciones de derecho, respecto del análisis de los estados de excepción, las cuales se reiteran en el presente fallo, pues versan sobre circunstancias similares a las inherentes al Decreto n.° 2.014, sub examine.
Adicionalmente, para mayor precisión es pertinente acotar que la medida declarativa del estado de excepción, obedece a la meritoria necesidad de continuar con la protección de las instituciones, expresión directa del Poder Público y del Poder Popular, que fueron rebasadas en sus funciones y derechos de control y paz social en los Municipios sobre los cuales versa el Decreto sometido a examen, al aludir al hecho público comunicacional sobre las acciones que ha venido desplegando el Poder Público, junto a otras tantas que han sucedido a los Decretos nros. 1.950, 1969 y 1.989, ya identificados, cuyos resultados a favor de la garantía del orden público y de los derechos de todas las personas, sin distinción alguna, son notorios, siendo ineludibles para el restablecimiento del orden interno y el normal desenvolvimiento de las zonas afectadas, el resguardo y ponderación de las garantías esenciales protegidas, tanto nacional como internacionalmente, según la ley.
Así pues, el ciudadano Presidente de la República atendió una situación alarmante y grave, por los distintos hechos ocurridos en los municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.E.T., luego en los municipios Lobatera, Panamericano, G.d.H. y Ayacucho de ese mismo Estado fronterizo, así como en los municipios Indígena Bolivariano Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia, y ahora en los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón de ese mismo estado, con el propósito de controlar eficazmente el flagelo del contrabando de extracción organizado en diversas escalas, entre otras conductas delictivas, tanto análogas como conexas que rompen el equilibrio del Derecho Internacional, la convivencia pública cotidiana y la paz, impidiendo el acceso a bienes y servicios destinados al pueblo venezolano, así como la situación respecto de la moneda venezolana en la frontera, todo lo cual constituye un hecho público comunicacional, habida cuenta los acontecimientos que han venido reportando los medios de comunicación sobre las acciones pertinentes con las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional, entre ellas las ya citadas en la sentencia de esta Sala n.° 1176, del 15 de septiembre de 2015, además de las siguientes:
EJÉRCITO INCAUTÓ 22 MIL LITROS DE GASOIL: HAY 10 DETENIDOS.
(Zulia, 29 de mayo de 2015. Nota de prensa). La 12 Brigada de Caribes del Ejército Bolivariano, en el marco de la Operación Militar Centinela, incautó 22 mil litros de combustible tipo gasoil y dos camiones 350. El procedimiento se realizó en el Sector El Tibi, específicamente en el camellón de la Hacienda Catatumbo, en el cruce del Municipio J.M.S. del estado Zulia.
Según nota de prensa, unidades del Ejército se encontraban realizado patrullaje por el sector cuando efectivos avistaron una columna de siete camiones 350 cargados con ‘pipas’ de combustible (Gas-Oíl). ‘Inmediatamente se les ordenó detenerse y los mismos omitieron la orden dada por el personal militar’, señala el boletín.
‘Esto generó que los mismos contrabandistas quemaran los vehículos en el sitio, resultando cinco vehículos destruidos y dos vehículos capturados con 100 ‘pipas’ llenas para un total de 22 mil litros de Gas-oíl retenido y la detención de 10 ciudadanos’.
‘Las personas fueron trasladadas hasta la sede del 123 Batallón de Caribes Coronel C.S., donde se practicaron los procedimientos de ley y serán puestos a la orden del Ministerio Público por el delito de contrabando de extracción’.
El general de brigada G.Q., comandante de la 12 brigada Caribes indicó: ‘Las unidades del Ejército Bolivariano desplegadas en la región perijanera del estado Zulia, continúan la lucha contra el contrabando de combustible, abigeato, secuestro, narcotráfico y los grupos generadores de violencia para neutralizar aquellas bandas organizadas que se dedican a alterar la paz y orden público en este importante territorio’
. http://m.panorama.com.ve/movil/noticia.html?nota=/contenidos/2015/05/29/noticia_0068.html
“DETIENEN A DOS CONTRABANDISTAS DURANTE DECOMISO DE 15 SACOS DE AZÚCAR EN COLÓN.
(Zulia, 22 de enero de 2015. Nota de prensa).
Un decomiso de 15 sacos de azúcar fue efectuado este miércoles por funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), en kilómetro 47, parroquia El Moralito del municipio Colón.
A través de una nota de prensa J.Y.C., director del Cpbez, detalló que durante la acción policial fueron detenidos el conductor y el ayudante de un camión, identificados como Ludenis Ramírez y J.E.S., ambos de 35 años, quienes no portaban guías de movilización ni facturas que avalaran el transporte de esta carga, presumiéndose se trate de contrabando.” http://noticiaaldia.com/2015/01/detienen-a-dos-contrabandistas-durante-decomiso-de-15-sacos-de-azucar-en-colon/
RETIENEN CAMIÓN CON 7.500 LITROS DE COMBUSTIBLE EN ZULIA.
(Zulia, 06 de mayo de 2015. Nota de prensa). Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) retuvieron este miércoles un camión que trasladaba 7.500 litros de combustibles y 40 tubos de perforación en la población de Casigua-El Cubo, municipio J.M.S. del estado Zulia.
En esta labor, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene activadas tres líneas de acción, que comprenden el bloqueo de todo paso de productos susceptibles al contrabando; la contención, que impide que los artículos se acerquen a la frontera; y la fiscalización y control, que se desarrolla junto con la Superintendencia de Precios Justos.
El contrabando de gasolina hacia Colombia representó en 2014 pérdidas a la nación por el orden de los 3.600 millones de dólares, lo que equivale a 1,3 % del Producto Interno Bruto (PIB), alertó el pasado 3 de marzo el vicepresidente de la República, J.A., durante la presentación de la Memoria y Cuenta del tren ministerial ante la Asamblea Nacional, en Caracas
. http://www.panorama.com.ve/ciudad/Retienen-camion-con-7.500-litros-de-combustible-en-Zulia--20150506-0056.html
ONCE DETENCIONES EN Z.P.C..
(Caracas, 04 de junio de 2015. Nota de prensa). Efectivos de la GNB incautó un camión cisterna, que llevaba 15 mil litros de gasolina en doble fondo; así como también incautaron arroz y mayonesa.
En medio del operativo Centinela I-2015, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana asestaron otro golpe al delito del contrabando de combustible y alimentos en la frontera colombo-venezolana, tras desplegarse en el municipio Mara del estado Zulia.
A través de labores de inteligencia lograron detectar un camión con 15 mil litros de combustible, ocultos en un depósito clandestino dentro de la cisterna, cuando circulaba por el sector ‘El Chivato’.
El jefe del Comando de Zona 11 (GNB) en Zulia, general de brigada M.J.G., informó sobre el desmantelamiento de la banda ‘Los Calineros’, en la que se practicaron seis detenciones.
‘Estos sujetos fueron capturados en flagrancia, trasegando un aproximado de 15 mil litros de combustible, desde un camión cisterna de la empresa Calinin C.A. a un tanque de metal, en un caleta que igualmente quedó desmantelada’, aseveró el alto oficial.
‘Estamos ante la presencia de un nuevo modus operandi de los contrabandistas, quienes emplean el Lago y ríos para evitar los controles viales’, agregó el general Graterol.
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/once-detenciones-en-zulia-por-contrabando-fronteri.aspx
Por tanto, esta Sala Constitucional constata que el decreto mediante el cual se declara el estado de excepción en los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia, atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad ciudadana, económicos y de seguridad y defensa integral de la Nación, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección por parte del Estado, especialmente, los derechos de acceso a bienes y servicios de calidad, a la salud, así como los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad, entre otros tantos necesarios para garantizar los valores fundamentales de integridad territorial, soberanía, autodeterminación nacional, soberanía alimentaria igualdad, justicia y paz social, necesarios para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, así como para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, conforme a lo previsto en el artículo 3 Constitucional.
Por igual, la Sala advierte que el decreto señala que en los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón, se han verificado hechos graves y contundentes, de modo sistemático, y progresivo que impiden el pleno goce y ejercicio de los derechos de los habitantes de la República, mediante la ejecución de actos violentos y delictivos propios del paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, organizado a diversas escalas, entre otras conductas delictivas análogas, lo que evidencia una intención deliberada de transgredir el orden público, la convivencia armónica cotidiana, la paz y la seguridad alimentaria, constriñendo el acceso a bienes y servicios subsidiados, regulados y protegidos por el gobierno venezolano, considerando estos asuntos de seguridad de Estado, que constituyen las circunstancias fácticas que justifican la constitucionalidad del decreto objeto del presente pronunciamiento, en salvaguarda de los derechos de las personas que hacen vida en dichos espacios geográficos fronterizos, así como en el resto del territorio nacional.
De allí que se estime ajustado al orden constitucional y, por ende, procedente, que el Ejecutivo Nacional, con vista a las circunstancias presentadas en la región fronteriza del estado Zulia, emplee las herramientas que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha dispuesto, en cumplimiento –tal como lo manifiesta el Decreto- del deber irrenunciable e ineludible del Estado Venezolano de defender y asegurar la v.d.d. sus ciudadanos y ciudadanas, protegerles frente a las amenazas, haciendo efectivo el orden constitucional, el restablecimiento de la paz social que garantice el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad.
Por otra parte, se observa que el decreto bajo examen hizo referencia a la aplicación del Decreto Presidencial n.° 1.959 del 28 de agosto de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.734 de la misma fecha, en el que se estableció la creación del Registro Único para la Restitución de los Derechos Sociales y Económicos en la Frontera, el cual será igualmente aplicado a los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del Estado Zulia, con lo cual se pone en evidencia que la actuación del Ejecutivo Nacional está dirigida a garantizar la seguridad ciudadana y el abastecimiento de productos para el consumo, la aplicación de políticas públicas determinadas a satisfacer otros derechos económicos y sociales de la nación.
- Que es COMPETENTE para revisar la constitucionalidad del Decreto n.° 2.014, dictado por el Presidente de la República, mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746, del 15 de septiembre de 2015.
- La CONSTITUCIONALIDAD del Decreto n.° 2.014, dictado por el Presidente de la República, mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746, el 15 de septiembre de 2015.
- Se DESECHAN los argumentos esgrimidos por el ciudadano A.V., contra el Decreto n.° 2.014, dictado por el Presidente de la República, mediante el cual declaró el Estado de Excepción en los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746, el 15 de septiembre de 2015.
Sentencia que declara la constitucionalidad del Decreto n.° 2.014, dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los municipios Catatumbo, J.M.S. y Colón del estado Zulia, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746, el 15 de septiembre de 2015
…/rio,
Expediente n.° 15-0994.

References: artículo 31
 artículo 226
 artículo 236

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 196
 Resolución 
 artículo 1

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 14

Artículo 18
 artículo 339

Artículo 339
 artículo 336
 artículo 339
 artículo 31
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 14
 artículo 3