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Timestamp: 2020-07-12 15:40:09+00:00

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﻿ Sentencia SU-230 de abril 29 de 2015
SENTENCIA SU-230 DE 29 DE ABRIL DE 2015
CONTENIDO:APLICACIÓN DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN MATERIA PENSIONAL. EL MODO DE PROMEDIAR LA BASE DE LIQUIDACIÓN NO PUEDE SER LA ESTIPULADA EN LA LEGISLACIÓN ANTERIOR, EN RAZÓN A QUE EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN SOLO COMPRENDE LOS CONCEPTOS DE EDAD, MONTO Y SEMANAS DE COTIZACIÓN Y EXCLUYE EL PROMEDIO DE LIQUIDACIÓN. POR TANTO, EL IBL DEBE SER CONTEMPLADO EN EL RÉGIMEN GENERAL PARA TODOS LOS EFECTOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN, RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN, RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
EN IGUAL SENTIDO:AUTO 326 DE 2014 Y T-078 DE 2014
Sentencia SU-230 de abril 29 de 2015
Ref.: Expediente T-3.558.256
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 54A del Acuerdo 5 de 1992, “por el cual se adopta el reglamento de la Corte Constitucional”, la Sala Plena de esta corporación, decidió asumir el conocimiento del proceso de la referencia.
1.2. Hechos relatados por el accionante.
1.2.4. Sostuvo que el mencionado juzgado, mediante sentencia del 30 de octubre de 2009, condenó al Banco Popular al pago de la pensión a partir del 28 de agosto de 2008, en cuantía de $ 1.539.364, conforme a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 (régimen aplicable al caso) y lo absolvió de las demás pretensiones formuladas por el demandante.
1.2.7. Inconforme con los fallos de instancia, la entidad financiera al momento de interponer el recurso de casación propuso como excepciones “la inexistencia de la obligación, inaplicabilidad del régimen de transición, petición antes de tiempo, prescripción, falta de causa para pedir, cobro de lo no debido, buena fe, compensación, cosa juzgada, y la genérica que se demuestre en el proceso”.
1.2.11. En lo pertinente a la manera como el tribunal ordenó liquidar el monto de la pensión y a la orden dada por el tribunal de indexar la primera mesada pensional, la Corte Suprema se detuvo a analizar su jurisprudencia en lo relativo a la aplicación del artículo 36, inciso tercero, reiterando que el régimen de transición contenido en el citado artículo conservó para sus beneficiarios, la aplicación de normativa anterior, en lo relativo a edad, tiempo de servicios y monto de la prestación, pero no en lo relacionado con el ingreso base de liquidación, está sometido a lo dispuesto en el inciso 3º ibídem; es decir, que al momento de fijar el valor de la mesada pensional, se debe tener en cuenta el promedio de los salarios devengados por el trabajador durante los últimos 10 años de servicio.
1.2.13. Por último, el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, consideró que el Tribunal se había equivocado al no ordenar que del retroactivo pensional se descontaran las cotizaciones para el sistema de seguridad social en salud, toda vez que dicha obligación proviene del inciso 2º del artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y 3º del artículo 42 del Decreto 692 de 1994, así como de los artículos 3º del Decreto 510 de 2003 y 2º, 4º, 5º, 7º y 8º de la Ley 797 de este mismo año.
El 7 de mayo de 2012, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura avocó conocimiento de la acción de tutela, ofició a las entidades accionadas para que ejercieran su derecho de defensa y vinculó a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de la misma ciudad(1), por cuanto fueron las entidades judiciales que conocieron de la demanda ordinaria laboral.
Señaló que resulta evidente que el juez de instancia carece de competencia para conocer de una acción de tutela instaurada contra esa corporación, sobre todo si se tienen en cuenta las previsiones consagradas en el Decreto 1382 de 2000 (art. 1º, num. 2º, inc. 1º) según el cual “lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Sub Sección, que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4º del presente decreto”.
1.3.2. Respuesta del Banco Popular.
Indicó que con lo resuelto por la justicia ordinaria, con base en las pretensiones planteadas por el actor, no puede hablarse de anomalía o presuntas vías de hecho, toda vez que los magistrados actuaron dentro de la autonomía e independencia propia de los jueces (conforme lo predica el art. 228 de la Constitución), sin transgredir derecho fundamental alguno al accionante, puesto que se fundaron en apreciaciones razonables y coherentes, ceñidas al ordenamiento jurídico que corresponde al ámbito de su competencia funcional.
1.4.1. Copia de la sentencia dictada por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, de fecha 30 de octubre de 2009 (cdno. original, fl. 16).
1.4.2. Copia de la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, de fecha 17 de septiembre de 2010 (cdno. original, fl. 36).
1.4.3. Copia de la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 19 de octubre de 2011 (cdno. original, fl. 43).
1.4.4. Copia de la acción de tutela presentada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la sentencia proferida por dicha Sala el 22 de marzo de 2012 (cdno. original, fls. 59 a 76).
1.4.5. Copia del proveído que data del 18 de abril de 2012, proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (cdno. original, fl. 93).
1.4.6. Copia de la sentencia del 19 de noviembre de 2009, dictada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso ordinario de Blanca Ortegón Pachón contra el Banco Popular (cdno. original, fl. 96).
1.4.7. Fotocopia de la comunicación 921-001350-2012 del 3 de abril de 2012, mediante la cual el banco le notifica al actor sobre el reconocimiento de la prestación (cdno. original, fl. 144).
1.4.8. Copia de la liquidación del retroactivo pensional, a partir de febrero de 2012 (cdno. original, fl. 156).
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, el 18 de mayo de 2012, negó el amparo solicitado. Manifestó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia no transgredía los derechos fundamentales del accionante ya que la carga argumentativa fue clara, precisa, coherente, coordinada y razonada. Sostuvo que la Corte Suprema de Justicia, en el fallo cuestionado, logró precisar “con suficiencia los argumentos sustanciales por los que revocó parcialmente la decisión del honorable Tribunal Superior de Bogotá, en cuanto a que éste incurrió en error al ordenar el pago de la pensión de jubilación a cargo del actor sin autorizar a la entidad pagadora a descontar las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud, desde la fecha de causación de aquella”.
Consideró que la decisión cuestionada por el actor no era arbitraria ni configuraba una causal específica de procedibilidad de la tutela. Por el contrario, señaló, en ella se observa “un estudio cuidadoso del asunto, a partir del análisis de las pruebas en su conjunto, del razonamiento que sobre el tema había realizado el Tribunal Superior de Bogotá - Sala Laboral, en contraste con la valoración hecha por el ad quem y con los planteamientos del recurrente en casación, todo ello con criterios de razonabilidad y de manera ponderada”.
En la intervención de la Corte Suprema de Justicia en el trámite de la presente acción de tutela, manifestó que la jurisdicción disciplinaria carece de competencia para asumir el conocimiento de la misma, por cuanto al actuar “como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, (…) sus decisiones no pueden ser modificadas, anuladas o desconocidas por ninguna autoridad, ya que ‘la propia Constitución les da el sello de intangibilidad, de modo que son últimas y definitivas dentro de la respectiva especialidad, dado que, adicionalmente, no existe órgano judicial superior’”.
Lo anterior conlleva a reiterar que según la jurisprudencia constitucional plasmada en la SU-198 de 2013(2), cuando el derecho fundamental a la tutela efectiva de una persona es violado por una corporación judicial, al negarse a conocer de fondo una acción de tutela, la solicitud puede presentarse ante otra autoridad judicial.
Posteriormente, la imposibilidad de garantizar el acceso a la justicia mediante la aplicación de esta regla en algunos casos, llevó a la Corte Constitucional a establecer una segunda alternativa para garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva y en el Auto 100 de 2008, se estableció que la persona afectada también puede “solicitar ante la secretaría general de la Corte Constitucional, que radique para selección la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela era absolutamente improcedente, con el fin de que surta el trámite fijado en las normas correspondientes al proceso de selección. Para este efecto, el interesado adjuntará a la acción de tutela, la providencia donde se plasmó la decisión que la tutela era absolutamente improcedente, así como la providencia objeto de la acción de tutela”(3).
Estas reglas jurisprudenciales también han sido aplicadas en casos similares, en los cuales el Consejo de Estado ha desconocido el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de alguna persona(4).
En el presente asunto, la acción de tutela fue tramitada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. Expresamente, en el fallo de tutela de primera instancia, la magistrada ponente invoca como fuente de su competencia el Auto 004 del 3 de febrero de 2005, cuyo contenido fue reiterado en la Sentencia de Tutela T-594 de 2009(5). Ello, al constatar que mediante providencia del 18 de abril de 2012, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, no le dio trámite a la acción constitucional.
El señor Salomón Cicerón Quintero Rodríguez, beneficiario del régimen de transición en materia pensional, contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital del adulto mayor y al acceso real y efectivo a la administración de justicia, con la decisión adoptada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la cual dispuso: (i) aplicar a la liquidación de la pensión del accionante el promedio de los salarios que sirvieron de base de cotización durante los últimos 10 años, según lo establecido en el parágrafo 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y no con el promedio de los salarios devengados en último año de servicio, tal como lo establece el artículo 1º de la Ley 33 de 1985; (ii) absolver al Banco Popular del pago de los intereses moratorios; y (iii) condenar al accionante al pago de los aportes en salud.
Con base en los antecedentes reseñados, y atendiendo al criterio de relevancia constitucional que el asunto bajo estudio plantea, le corresponde a esta corporación determinar si la decisión adoptada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al casar parcialmente la sentencia de 2ª instancia dentro del proceso laboral incoado por el accionante en contra del Banco Popular y al reconocerle su pensión de jubilación, presuntamente, por un monto inferior al que legalmente le correspondería, esto es, con base en el 75% del promedio salarial que sirvió de base para realizar los aportes en los últimos 10 años de relación laboral, como lo precisa el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y no con el 75% del promedio de los salarios percibidos en último año de servicios, como lo ordena el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, vulneró los derechos fundamentales del accionante.
Sobre este punto, la Sala Plena se detendrá a estudiar el problema jurídico que deviene de la aplicación del ingreso base de liquidación en materia pensional, concretamente, la jurisprudencia en vigor de las Salas de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en relación con el precedente establecido por la Sala Plena en la Sentencia C-258 de 2013(6).
No obstante, reconoció que las autoridades judiciales a través de sus sentencias pueden desconocer derechos fundamentales, por lo cual admitió como única excepción para que procediera el amparo tutelar, que la autoridad hubiese incurrido en lo que denominó una vía de hecho. A partir de este precedente, la Corte comenzó a construir una línea jurisprudencial sobre el tema, y delimitó los defectos que configuraban una vía de hecho. Por ejemplo, en la Sentencia T-231 de 1994, la Corte dijo: “Si este comportamiento —abultadamente deformado respecto del postulado en la norma— se traduce en la utilización de un poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la disposición (defecto sustantivo), o en el ejercicio de la atribución por un órgano que no es su titular (defecto orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental), esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial”(7) En casos posteriores, esta corporación agregó otros tipos de defectos constitutivos de vías de hecho.
En el marco de esta línea jurisprudencial, se subrayó que todo el ordenamiento jurídico debe sujetarse a lo dispuesto por la Constitución en razón de lo dispuesto en el artículo 4º de la Carta Fundamental. Además, se resaltó que uno de los efectos de la categoría Estado social de derecho en el orden normativo es que los jueces en sus providencias, definitivamente están obligados a respetar los derechos fundamentales.
Lo anterior encuentra un claro fundamento en la implementación por parte del Constituyente de 1991, de un nuevo sistema de justicia constitucional basado, concretamente, “`(i) en el carácter normativo y supremo de la Carta Política que vincula a todos los poderes públicos; (ii) en el reconocimiento de la efectividad y primacía de los derechos fundamentales; (iii) en la existencia de la Corte Constitucional a quien se le atribuye la interpretación de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales; (iv) y en la posibilidad reconocida a toda persona para promover acción de tutela contra cualquier autoridad pública en defensa de sus derechos fundamentales`(8)”(9).
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones(10). En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
f. Que no se trate de sentencias de tutela(15). Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”.(16)
2.3.3. En la Sentencia C-590 de 2005(17), además de los requisitos generales, se señalaron las causales de procedencia especiales o materiales del amparo tutelar contra las sentencias judiciales. Estas son:
Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”(20).
En definitiva, como ha sido señalado en reciente jurisprudencia, la acción de tutela contra providencias judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del juez es incompatible con la Constitución. En este sentido, la acción de tutela contra decisiones judiciales es un juicio de validez y no un juicio de corrección(21)del fallo cuestionado, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación normativa, que dieron origen a la controversia.
Una de las causales especiales o materiales de procedibilidad en que puede incurrir una autoridad dentro de su providencia judicial está referida al defecto sustantivo. Al respecto, la Sentencia SU-159 de 2002(22), presentó las diversas actuaciones judiciales a través de las cuales se configuraría este tipo de defecto:
“La Corte Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto(23), bien sea, por ejemplo (i.) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad(24), (iii.) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional(25), (iv.) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional(26) o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador”(27) (resaltado fuera de texto).
En este mismo sentido, en la Sentencia T-1222 de 2005(28), la Corte consideró:
Frente a la configuración de este defecto puede concluirse que, si bien es cierto que los jueces, dentro de la esfera de sus competencias, cuentan con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican el Estado social de derecho (Sent. T-125/2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
2.5.1. La Corte ha analizado lo que significa el concepto de precedente y su relación con el concepto de la jurisprudencia en vigor, tanto en sentencias de revisión —en los casos de las acciones de tutela contra providencias judiciales—, como en los autos de Sala Plena que resuelven las solicitudes de nulidad de las sentencias de revisión de la Corte Constitucional. Para ilustrarlo, pueden mencionarse las siguientes providencias.
En la Sentencia T-830 de 2012(29), la Sala Séptima de Revisión de la Corte estudió el “desconocimiento del precedente” como una de las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales. En ese orden, consideró relevante establecer la diferencia entre los conceptos de “antecedente” y “precedente”, sobre los que señaló que “[e]l primero —antecedente— se refiere a una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad (…) [e]l segundo concepto —precedente—(30), por regla general, es aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso”.
Específicamente, la Sala hizo referencia a la Sentencia T-794 de 2011(31) en la cual se indicaron criterios a tener en cuenta para identificar el precedente: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente”(32).
De igual forma, esta corporación ha diferenciado entre dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical(33), teniendo en cuenta la jerarquía de la autoridad judicial que profiere la providencia previa. El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción(34). En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores(35).
Con base en las reglas anteriores, el precedente, a diferencia de un antecedente, no es orientador sino de obligatorio cumplimiento, más tratándose de las sentencias emanadas por la Corte Constitucional, máximo órgano vigilante de la Constitución Política(36). Al respecto la Corte ha señalado las siguientes razones para establecer la vinculatoriedad de los precedentes:
“La primera razón de la obligatoriedad del precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente, el concepto de `ley` ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción(37).
La segunda razón se desprende de los principios de igualdad, debido proceso y buena fe(38). El precedente es una figura que tiene como objetivo principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de seguridad jurídica(39), igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad(40) en la aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales(41). En palabras de la Corte Constitucional:
´La fuerza vinculante del precedente en el ordenamiento jurídico colombiano, se explica entonces, al menos, por cuatro razones principales: (i) en virtud del principio de igualdad en la aplicación de la ley (C.P., art. 13), que exige tratar de manera igual situaciones sustancialmente iguales; (ii) por razones de seguridad jurídica, ya que las decisiones judiciales debe ser ´razonablemente previsibles`; (iii) en atención a los principios de buena fe y de confianza legítima (C.P., art. 84), que demandan respetar las expectativas generadas por las reglas judiciales en la comunidad; y finalmente, (iv) por razones de rigor judicial, en la medida en que es necesario un mínimo de coherencia en el sistema jurídico´(42).
La tercera razón es que la respuesta del precedente es la solución más razonable que existe hasta ese momento al problema jurídico que se presenta, y en esa medida, si un juez, ante circunstancias similares, decide apartarse debe tener unas mejores y más razonables razones que las que hasta ahora han formado la solución para el mismo problema jurídico o similares. En ese orden la doctrina ha establecido como precedente: `tratar las decisiones previas como enunciados autoritativos del derecho que funcionan como buenas razones para decisiones subsecuentes` y `exigir de tribunales específicos que consideren ciertas decisiones previas, sobre todo las de las altas cortes, como una razón vinculante`(43) (énfasis de la Sala)”.
2.5.2. Concretamente, sobre la relevancia de los precedentes constitucionales, la Corte en Sentencia T-656 de 2011(44) afirmó que “(…) el deber de acatamiento del precedente judicial se hace más estricto cuando se trata de jurisprudencia constitucional, en la medida en que la normas de la Carta Política tienen el máximo nivel de jerarquía dentro del sistema de fuentes del derecho, de modo que las decisiones que determinan su alcance y contenido se tornan ineludibles para la administración. No entenderlo así, resulta contrario a la vigencia del principio de supremacía constitucional”.
La Sentencia T-351 de 2011(45) explica que el sentido, alcance y fundamento normativo de obligatoriedad de los pronunciamientos de la Corte Constitucional varía según se trate de fallos de constitucionalidad o de revisión de tutelas. No obstante, ambos tienen en común, que se deben acatar (i) para garantizar el carácter normativo de la Constitución como norma de normas, en tanto la Corte Constitucional es el intérprete autorizado de la Carta(46), y (ii) para unificar la interpretación de los preceptos constitucionales por razones de igualdad.
En lo referente a las sentencias de control abstracto de constitucionalidad, la obligatoriedad de la jurisprudencia se desprende de los efectos erga omnes y de la cosa juzgada constitucional. De un lado, cualquier norma que sea declarada inconstitucional por parte de la Corte por ser contraria a la Carta, debe salir del ordenamiento jurídico y no puede ser aplicada por ninguna autoridad. De otro lado, la ratio decidendi de todas las sentencias de control abstracto de constitucional —bien declaren o no inexequible una disposición— debe ser también atendida por todas las autoridades para que la aplicación de la ley sea conforme a la Constitución.
En cuanto a los fallos de revisión de tutela, el respeto de su ratio decidendi es necesario para lograr la concreción de los principios de igualdad en la aplicación de la ley y de confianza legítima —que prohíbe al Estado sorprender a los ciudadanos con decisiones o actuaciones imprevistas— y para garantizar los mandatos constitucionales y la realización de los contenidos desarrollados por su intérprete autorizado. Es por esto que la interpretación y alcance que se le dé a los derechos fundamentales en los pronunciamientos realizados en los fallos de revisión de tutela deben prevalecer sobre la interpretación llevada a cabo por otras autoridades judiciales, aún sean altos tribunales de cierre de las demás jurisdicciones(47).
En este punto es importante aclarar que en el caso de las sentencias de unificación de tutela (SU) y de control abstracto de constitucionalidad proferidas por la Corte Constitucional, basta una sentencia para que exista un precedente, debido a que las primeras unifican el alcance e interpretación de un derecho fundamental para casos que tengan un marco fáctico similar y compartan problemas jurídicos, y las segundas, determinan la coherencia de una norma con la Constitución Política(48).
En este orden de ideas, se desconoce el precedente constitucional, entre otras hipótesis, cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se omite la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela(49).
2.5.3. Ahora bien, en lo relacionado con el concepto de “jurisprudencia en vigor”, la Corte ha desarrollado un catálogo de causales en cuya evidencia es posible declarar la nulidad de los fallos de la corporación. Una de ellas se presenta cuando una Sala de Revisión se aparta de la jurisprudencia sentada por la Sala Plena de la Corte o la jurisprudencia en vigor de las Salas de Revisión de Tutela frente a una situación jurídica similar(50). La jurisprudencia constitucional ha sostenido que si se incurre en esta causal en sede de revisión, una sentencia de la Corte puede ser declarada nula por presentarse una grave y ostensible afectación del debido proceso.
La Corte ha establecido que el “desconocimiento de la jurisprudencia en vigor” como causal de nulidad está supeditado, en cualquier caso, a la existencia de un precedente jurisprudencial “consolidado”, por ende, se ha entendido que el concepto de “jurisprudencia en vigor” guarda íntima relación con el concepto de precedente al cual ya se ha hecho alusión(51). Entonces, incurrirá en la causal de nulidad objeto de estudio el fallo de revisión que se aparte de la “jurisprudencia en vigor” sentada por la corporación.
Mediante Auto 013 de 1997(52), la Sala Plena de la Corte estableció que:
Del mismo modo se ha referido la Sala Plena, al señalar que “[e]l término jurisprudencia en vigor, de acuerdo con este entendimiento, corresponde al precedente constitucional fijado reiteradamente por la Corte, que en diversas decisiones trata problemas jurídicos análogos con presupuestos fácticos idénticos, frente a los cuales adopta de manera uniforme la misma regla de decisión. Sin embargo, tal necesidad de reiteración opera sin perjuicio del ejercicio de la autonomía interpretativa de la que es titular la Sala Plena de la Corte, la cual está facultada para modificar la jurisprudencia constitucional bajo la existencia de condiciones específicas, entre ellas “(i) los cambios que el Constituyente introduzca en la normatividad; (ii) la evolución que vayan mostrando los hechos de la vida en sociedad y (iii) los nuevos enfoques que promueva el desarrollo del pensamiento jurídico”(53) (Auto 131/2004).
Así, la existencia de una posición jurisprudencial definida por la Corte Constitucional vincula a las Salas de Revisión quienes deben respetarla o someter la decisión a la Sala Plena de la Corte si consideran que tal posición debe ser modificada. Un proceder distinto no sólo resultaría contrario a la regla citada, sino que también afectaría el principio de seguridad jurídica y el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades judiciales(54).
“De gran interés resulta la verificación de la competencia para los cambios jurisprudenciales, ya que, habiéndose creado las salas de revisión de tutela, no toda la jurisprudencia está contenida en fallos pronunciados por la Sala Plena de la corporación. Es ésta, por supuesto, la señalada para modificar las tendencias doctrinarias que ella misma ha venido estableciendo y, por expreso mandato del Decreto 2591 de 1991, también para adoptar las decisiones que modifiquen la jurisprudencia sentada en las sentencias sobre amparo constitucional. En efecto, si una de las salas de revisión de la Corte modifica la jurisprudencia, asumiendo una función propia de la Sala Plena, quebranta el debido proceso y, por tanto, debe ser anulada. Pero la transgresión implícita en ese motivo de nulidad no puede contraerse a diferencias accidentales entre casos aparentemente iguales, ni consiste en la utilización de expresiones en apariencia contrarias a la doctrina establecida pero sólo aplicable al asunto en estudio, ni tampoco en la exploración de criterios jurídicos novedosos para dar eficaz solución a circunstancias excepcionales. No necesariamente se cambia la jurisprudencia cuando los hechos del proceso, aunque semejantes, tienen características sui generis, que exigen del juez la apelación a criterios de justicia y equidad apropiados al mismo”(55).
Aunado a ello, la Sala Plena de la Corte ha considerado que cuando se invoca la causal de desconocimiento de la jurisprudencia, esta no tiene ninguna incidencia en la fuerza vinculante de la obligatoriedad de los fallos de tutela emitidos por las diferentes Salas de Revisión, toda vez que esta causal de nulidad se restringe a los precedentes sentados por la Sala Plena principalmente. No obstante, ello no implica que las decisiones de las distintas Salas no sean vinculantes para las partes que están involucradas y que, como se advirtió antes, se puedan sustraer reglas de interpretación comunes en casos concretos que compartan el mismo problema jurídico a resolver y que conforman la posición marcada de la Corte, en sede de tutela, en cuanto una temática en particular(56).
Por consiguiente, el Auto 234 de 2009(57) analizó si a las Salas de Revisión de la Corte les obliga el precedente horizontal en sede de tutela o únicamente el precedente de la Sala Plena. Sobre este interrogante, la Sala Plena afirmó que resulta evidente que si en sede de revisión se cambia la doctrina sentada por el plenario de este Tribunal Constitucional o modifica, desconoce o no aplica la ratio decidendi reiterada en forma uniforme, constante y actual por las distintas salas de revisión, que pueda calificarse como jurisprudencia en vigor, vulnera el debido proceso.
2.5.4. En suma, el concepto de precedente y el de “jurisprudencia en vigor” están fuertemente relacionados en la medida en que, éste último se conforma con una regla de interpretación judicial sucesiva y homogénea sobre un tema particular —precedente—, que debe ser observado por las Salas de Revisión cuando estudian casos con hechos similares en los que debe aplicarse la regla jurisprudencial vigente. Esta posición puede ser modificada únicamente por la Sala Plena de la Corte Constitucional como autoridad competente para establecer una línea jurisprudencial nueva o sentar una modificación de la jurisprudencia en vigor en determinada situación. Es así como, para el caso concreto, a pesar de la existencia de una jurisprudencia en vigor de las Salas de Revisión de Tutelas de la Corte sobre el artículo 36 de la Ley 100 a la luz de la inescindibilidad e integralidad de los regímenes especiales, la Sala Plena de esta corporación, como órgano competente, le es posible modificar la posición jurisprudencial vigente.
2.6.1. El régimen de transición, regulado en el artículo 36 de la Ley 100, entre otros(58), tiene como fundamento la protección de las expectativas y la confianza legítima, y los derechos adquiridos en el tránsito de una legislación de seguridad social a otra. Por ello, el mencionado artículo 36 estableció una excepción a la aplicación universal del sistema de seguridad social en pensiones para quienes el 1º de abril de 1994, tuvieran 35 años en el caso de las mujeres o 40 años en el caso de los hombres, y 15 años o más de servicios o de tiempo cotizado. A estas personas, en virtud del régimen de transición, se les debe aplicar lo establecido en el régimen anterior a la Ley 100 al que se encontraran afiliados, en cuanto a (i) los requisitos para el reconocimiento del derecho y (ii) la fórmula para calcular el monto de la pensión.
De esta suerte, la remisión al “régimen anterior” pone en evidencia que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 existían en el ordenamiento jurídico diferentes regímenes especiales sobre pensiones. Para el caso de los trabajadores particulares no afiliados al ISS, el aplicable era el consagrado en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, que resultó derogado por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993(59); a los trabajadores particulares afiliados al Instituto de los Seguros Sociales les resultaba aplicable, por lo general, el Acuerdo 49 de 1990, aprobado mediante el Decreto 758 del mismo año.
Así que antes de que entrara a operar el sistema general de pensiones existía una gran variedad de regímenes. Algunos fueron modificados o derogados por la Ley 100 de 1993 y luego por el Acto Legislativo 1 de 2005, pero a pesar de ello siguen produciendo efectos jurídicos en virtud del régimen de transición que extendió sus prerrogativas a quienes estaban próximos a cumplir los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez en la fecha en que entró en vigencia.
Por su parte, la Corte Constitucional ha indicado que cuando se trata de pensiones de regímenes especiales aplicables por transición, como por ejemplo el de los empleados de la Rama Judicial o el de los servidores públicos regidos por la Ley 33 de 1985, entre otros, el concepto de monto debe comprender tanto el porcentaje aplicable como la base reguladora señalada en dicho régimen, ya que resultaría quebrantado el principio de inescindiblilidad de la norma si se liquidara el monto de las mesadas pensionales de conformidad con lo consagrado en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Precepto este que solo resultaría aplicable en el evento en que el régimen especial hubiese omitido fijar el método de encontrar la base reguladora(60).
Es posible afirmar que existe una línea jurisprudencial consolidada de las Salas de Revisión de Tutela (T-472 de 2000, T-1122 de 2000, T-235 de 2002, T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-625 de 2004, T-651 de 2004, C-754 de 2004, T-830 de 2004, C-177 de 2005, T-386 de 2005, T-1160 de 2005, T-147 de 2006, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-910 de 2006, T-1087 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007, T-711 de 2007, T-1001 de 2008, T-143 de 2008, T-180 de 2008, T-248 de 2008, T-019 de 2009, T-610 de 2009) cuya ratio decidendi precisa que se vulneran los derechos pensionales cuando no se aplica en su integridad el régimen especial en el que se encuentra amparado el beneficiario del régimen de transición, y en los eventos en que se desconoce que el monto y la base de liquidación de la pensión forman una unidad inescindible, y por tanto, debe aplicarse la totalidad de lo establecido en el régimen especial y no lo consagrado en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
2.6.2. Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013(61) fijó el precedente que debe ser aplicado al caso que se estudia, en cuanto a la interpretación otorgada sobre el monto y el ingreso base de liquidación en el marco del régimen de transición, y por ende, a todos los beneficiarios de regímenes especiales.
“(i) son beneficiarios del régimen especial de Congresistas y Magistrados, en virtud del régimen de transición, no sólo aquellos que al 1º de abril de 1994, momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993, ostentaban tal calidad, sino también aquellos que adquirieron con posterioridad tal dignidad (claro está con la condición que también se encontraran en el régimen general de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993), (ii) el ingreso base de liquidación aplicable es lo devengado durante el último año por todo concepto, y no los diez últimos años como lo consagraba el régimen general dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, (iii) a pesar que la Sentencia C-608 delimitó el alcance de los factores de liquidación, algunas autoridades judiciales continuaron tomando como referencia todos los rubros recibidos por los congresistas, sin tener en consideración ni su carácter remunerativo del servicio, ni lo referido a lo recibido específicamente por cada beneficiario del régimen, (iv) en la actualidad las mesadas pensionales no se encuentran sometidas a un tope y (v) su incremento anual se hace de conformidad con el aumento del salario mínimo, y no como lo señala el sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993”.
“La interpretación de estas expresiones conlleva la concesión de una ventaja a los beneficiarios del régimen especial cobijados por la transición, que no fue prevista originalmente por el legislador al expedir la Ley 100 y que, por tanto, carece de justificación. En efecto, la Sala recuerda que el propósito original del legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 1993(62), tal como se desprende del texto de la disposición y de los antecedentes legislativos, fue crear un régimen de transición que beneficiara a quienes tenían una expectativa legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales que serían derogadas. Para estas personas, el beneficio derivado del régimen de transición consistiría en una autorización de aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados, relacionadas con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. El ingreso base de liquidación no fue un aspecto sometido a transición, como se aprecia claramente en el texto del artículo 36. Hecha esta aclaración, la Sala considera que no hay una razón para extender un tratamiento diferenciado ventajoso en materia de ingreso base de liquidación a los beneficiarios del régimen especial del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992; en vista de la ausencia de justificación, este tratamiento diferenciado favorable desconoce el principio de igualdad.
Así pues, la Sentencia C-258 de 2013(63), fijó unos parámetros determinados para el régimen especial dispuesto en la Ley 4ª de 1992, pero además, estableció una interpretación sobre la aplicación del IBL a los regímenes especiales sujetos a la transición del artículo 36 la Ley 100. En esa medida, Sala Plena encontró que el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, en su sentido natural y en concordancia con su configuración viviente, resultaba contrario al ordenamiento constitucional por cuanto (i) desconocía el derecho a la igualdad, en armonía con los principios constitucionales de universalidad, solidaridad y eficiencia que rigen un sistema pensional equitativo, (ii) generaba una desproporción manifiesta entre algunas pensiones reconocidas al amparo del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 cuando, además, (iii) existía falta absoluta de correspondencia entre el valor de la pensión y las cotizaciones, lo cual conduce a que dicha desproporción excesiva sea (iv) financiada con recursos públicos mediante un subsidio muy elevado. Esto, además, (v) es incompatible con el principio de Estado social de derecho, puesto que si bien los subsidios en regímenes especiales no son per se contrarios a dicho principio fundamental, sí lo son los subsidios carentes de relación con el nivel de ingresos y la dedicación al servicio público del beneficiario del elevado subsidio.
2.6.3.1. La solicitud de nulidad resuelta por la Sala Plena sobre la Sentencia T-078 de 2014(64), interpretó el alcance de lo establecido en la Sentencia C-258 de 2013(65).
“4.3.3. En la Sentencia C-258 de 2013, respecto de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la Corte determinó que el cálculo del ingreso base de liquidación bajo las reglas previstas en las normas especiales que anteceden al régimen de transición, constituye la concesión de una ventaja que no previó el legislador al expedir la Ley 100, en la medida que el beneficio otorgado, como se señaló en un principio, consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. Situación distinta se presenta respecto del ingreso base de liquidación, puesto que este no fue un aspecto sometido a transición, como se deriva del tenor literal del artículo 36 de la ley mencionada(66).
4.3.5. De lo anterior, se puede colegir que esta corporación al estudiar la constitucionalidad de la norma demandada en esa oportunidad (L. 4ª/92, art. 17), fijó unos parámetros de interpretación para la aplicación del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100/93, especialmente en lo relacionado en su inciso 3º, que establece el modo de calcular el ingreso base de liquidación para aquellos beneficiarios del tránsito normativo; interpretación constitucional que no resulta ajena al presente caso, más aun, cuando el conflicto versa sobre la aplicación integral del régimen especial del que era beneficiario el accionante, y del régimen de transición mencionado”.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala comprobó que el actor era beneficiario del régimen de transición, y por ende, debía aplicarse los requisitos del régimen especial al cual pertenecía antes de la Ley 100. No obstante, afirmó que el ingreso base de liquidación debía ser el dispuesto en el régimen general. De ese modo, la Sala de Revisión resaltó el hecho de que la Sala Plena de esta corporación fijó un parámetro de interpretación del artículo 36 de la Ley 100, a través de la Sentencia C-258 que era relevante para el caso concreto, especialmente, en lo relacionado con la aplicación de la norma pertinente para establecer el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez. Por consiguiente, resolvió que “no se estructuró el defecto sustantivo alegado, por cuanto, la decisión de la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral— adoptada dentro del proceso laboral promovido por el actor en contra de Caprecom, no es contraria a la interpretación fijada por la jurisprudencia constitucional en lo relacionado con la norma que se debe tener en cuenta para establecer el ingreso base de liquidación, pues el alto tribunal de la jurisdicción ordinaria laboral reconoció que los requisitos de edad, cotizaciones y monto de la pensión se deben regir por la norma especial que estaba vigente a la entrada en vigencia del régimen de transición, en tanto, el ingreso base de liquidación será el determinado en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993”.
La Sala Plena al conocer dicha solicitud, mediante Auto 326 de 2014(67) decidió denegar la petición de nulidad, por cuanto consideró que no se configuraba el desconocimiento del precedente toda vez que no existía, antes de la Sentencia C-258 de 2013, un pronunciamiento de constitucionalidad expreso de Sala Plena sobre la interpretación del monto y el ingreso base de liquidación en el marco del régimen de transición. En efecto advirtió que al no existir esta interpretación, se entendía que estaba permitida aquella que a la luz de la Constitución y la ley, acogiera cualquiera de las Salas de Revisión en forma razonada y suficientemente justificada. Aclaró que de las sentencias emitidas por la Sala Plena sobre el tema (C-168/95, C-1056/2003, C-754/2004) ninguna se había referido a las disposiciones de monto y base de liquidación dentro del régimen de transición, y en ese orden, el precedente fijado por la Sala Plena en este aspecto, debía ser el formulado en la Sentencia C-258 de 2013.
3.2.2.6. A partir de las anteriores razones, la Sala Plena considera que la solicitud de nulidad no está llamada a prosperar, por cuanto la Sala Segunda de Revisión de Tutelas no cambió la jurisprudencia constitucional en vigor, relativa a la interpretación del inciso 2º y 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en lo atinente a la forma de liquidar el monto y el ingreso base de liquidación, sino que, por el contrario, siguió en estricto rigor la interpretación fijada por la Sala Plena en la Sentencia C-258 de 2013, que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional y que establece, preciso es reiterarlo, que el monto y el ingreso base de liquidación se calculan bajo presupuestos diferentes, el primer concepto, bajo el régimen especial del que fuese beneficiario el afiliado antes de la entrada en vigencia del tránsito normativo, y el segundo, siguiendo lo previsto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993”.
“Por otra parte, como quiera que el fondo del cargo toca el aspecto de cuál es el verdadero monto de la pensión del demandante quien se desvinculó en el mes de octubre de 1994, bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993, debe decirse que esta normatividad en su artículo 36, al regular el régimen de transición de la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida, mantuvo los requisitos de pensionamiento en materia de edad, tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas y monto, para quienes al momento de entrar en vigencia el nuevo sistema tenían más de 35 años de edad (mujeres) o más de 40 (hombres), o más quince años de servicios cotizados. Empero, respecto de las demás condiciones y requisitos para acceder a dicha pensión, aplicables a los beneficiarios del régimen de transición, prescribió que se regirían por las disposiciones contenidas en la nueva ley. Es por eso que, en principio, lo atinente al ingreso base para liquidar la pensión por vejez quedó gobernado por el nuevo régimen, salvo para quienes a la fecha en que éste entró en vigor (abr. 1º/94), les faltaren menos de 10 años para cumplir los requisitos de edad y tiempo de servicios o de cotizaciones, según el caso.
Lo anterior permite colegir que, con prescindencia de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que los unió con su empleador, el ingreso base de liquidación de la pensión por vejez de quienes al primero de abril de 1994 (fecha de vigencia del sistema general de pensiones) les faltare menos de diez años para adquirir el derecho, así este sea inferior a dos años, “será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor”, con lo que se preserva la igualdad de regímenes resultantes de la sentencia de inconstitucionalidad”(68).
“Este régimen —la transición— solamente mantuvo, de las normas anteriores al sistema general de pensiones, tres aspectos concretos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión; de tal modo que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por las disposiciones legales precedentes, sino que pasó a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho, por el inciso 3º del artículo 36 citado”(69).
Para dicho tribunal, el régimen anterior no se aplica en su totalidad, toda vez que la noción de monto solo comprende el porcentaje, más no la base salarial que, según ese tribunal, se fija con fundamento en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993(70).
3.1.1. El accionante interpuso acción de tutela en contra de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que dicha entidad vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital, al ordenar que la liquidación de su mesada pensional debe realizarse con base en el promedio de los salarios devengados durante los últimos 10 años (L. 100/93, art. 36), y no teniendo en cuenta el promedio de los salarios devengados en el último año (L. 33/85, art. 1º), como en efecto le correspondía.
3.1.2. Para iniciar, es importante referir que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia estudió la acción de tutela presentada por el actor, cuya decisión fue negar el amparo invocado por el actor(71). En sede de impugnación, la Sala de Casación Civil declaró la nulidad de todo lo actuado y, a continuación, la inadmitió sin remitirla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3.1.3. En virtud de lo anterior, el actor acudió ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, corporación que decidió admitir y avocar conocimiento de la solicitud de tutela(72). Lo mismo hizo la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al resolver la impugnación, mediante sentencia del 19 de junio de 2012(73).
3.1.5. En tales circunstancias, el señor Quintero Rodríguez tenía la posibilidad de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado) para solicitar a través de una acción de amparo, la protección de los derechos fundamentales que estimó transgredidos con la decisión proferida por la Sala de Casación Laboral de Corte Suprema de Justicia(74), en el sentido de reconocer la pensión de vejez en un monto inferior al que legal y constitucionalmente le corresponde.
3.2. Examen de la procedencia.
En relación con este parámetro se observa en el expediente que el accionante interpuso el amparo constitucional el 13 de marzo de 2012(75), contra la decisión tomada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 19 de octubre de 2011, de la cual conoció en primera instancia la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 22 de marzo de 2012.
1. “Declarar la nulidad de la actuación desde el auto que avocó el conocimiento de la acción de tutela”.
2. “No admitir a trámite la solicitud de amparo constitucional presentada por el señor Salomón Cicerón Quintero Rodríguez, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.
En cuarto lugar, el señor Salomón Cicerón Rodríguez, identificó razonablemente los hechos que originaron la presentación de la acción de tutela, como también alegó los hechos materia de vulneración en la providencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Estos son (i) que la liquidación de su pensión se realizó con base en el promedio de los diez últimos años, a pesar de que el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, dispone que dicho cálculo debe realizarse teniendo en cuenta el promedio del último año; (ii) que se revocó la orden en virtud de la cual le reconocían el pago de los intereses moratorios; y (iii) que se le condenó a pagar al Banco, los aportes en salud.
3.2.2.1. Es importante recordar que el propósito original del legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 fue crear un régimen de transición que beneficiara a las personas que tenían una expectativa legítima de pensionarse bajo la normativa que sería derogada con la entrada en vigencia de la Ley 100. En concreto, en la Sentencia C-258 de 2013(76) se señaló que, el beneficio derivado de pertenecer al régimen de transición se traduce en la aplicación posterior de las reglas derogadas en cuanto a los requisitos de (i) edad, tiempo de servicios o cotizaciones y (iii) tasa de reemplazo. Sin embargo, frente al ingreso base de liquidación (IBL) la Corte sostuvo que no era un aspecto a tener en cuenta en dicho régimen.
Dicha voluntad del legislador, afirmó la Corte, puede evidenciarse del mismo texto del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100. Agregó que entender lo contrario, en el caso particular del régimen especial derivado del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, desconocía el derecho a la igualdad.
Tal como fue advertido por la Sala Plena mediante Auto 326 de 2014, esta corporación no se había pronunciado de manera expresa acerca de la interpretación que debía otorgarse a las disposiciones que contemplaban lo atinente al monto y al ingreso base de liquidación en el régimen de transición. En este respecto, expuso:
“En efecto, en un primer momento, en la Sentencia C-168 de 1995 se declaró inexequible un aparte del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por el cargo de igualdad frente al tiempo inferior a dos años para los trabajadores del sector privado y un año para el público, pero no se hizo pronunciamiento alguno sobre si el monto estaba o no ligado al concepto de base de liquidación(77); en un segundo momento, en la Sentencia C-1056 de 2003, se declaró inexequible la modificación introducida por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003 al inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y, en la Sentencia C-754 de 2004, se declaró inexequible el artículo 4º de la Ley 860 de 2003, mediante el cual se hizo un segundo intento de modificación a la norma de la ley 100 antes referida, sin que se abordara lo referente a la interpretación de las disposiciones de monto y base de liquidación dentro del régimen de transición. Así, pues, sobre el contenido literal de la Ley 100 de 1993, que hace referencia expresa a que en lo atinente a las demás condiciones y requisitos pensionales que no estén regulados por ése artículo, se regirán por las normas contenidas en la ley del sistema general de pensiones, la Sala Plena de este tribunal no había hecho una interpretación antes de la Sentencia C-258 de 2013(78)”(79).
3.2.2.2. Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258 de 2013(80) se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este las que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca.
3.2.2.3. En este sentido, en la Sentencia T-078 de 2014(81) se denegó el amparo al debido proceso invocado por un ciudadano, quien alegaba dicha vulneración, aduciendo que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y Caprecom habían desconocido el régimen especial que lo cobijaba porque su pensión se liquidó con base en el promedio de lo devengado en los diez últimos años y no en el último año como lo establecía la normativa derogada a la cual se encontraba sujeto para efectos del reconocimiento de su prestación económica.
Al respecto, afirmó la Sala Segunda de Revisión que la Sala Plena de esta corporación mediante Sentencia C-258 de 2013(82) estableció que la aplicación ultractiva de los beneficios del régimen de transición solo se refería a la edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo, pero no al IBL.
Frente a la anterior petición, la Sala Plena de la Corte Constitucional, señaló que, en efecto, la interpretación fijada por la Corte sobre la exclusión del IBL como un aspecto del régimen de transición “constituye un precedente interpretativo de acatamiento obligatorio que no puede ser desconocido en forma alguna”(83).
Agregó que la interpretación que realizó la Sala Segunda de Revisión de Tutelas sobre el alcance de los incisos segundo y tercero del artículo 36 al que se viene haciendo referencia se enmarca en el seguimiento —en estricto rigor— de la interpretación fijada por la Corte en Sentencia C-258 de 2013(84).
Ahondando en lo anterior, una de las formas de desconocer el precedente constitucional se da cuando “se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior”(85).
Como lo ha expuesto esta corporación, la jurisprudencia en vigor entendida como el precedente constitucional establecido de forma permanente para resolver problemas jurídicos con identidad fáctica no obsta para que la Sala Plena de la Corte, en ejercicio de su facultad interpretativa la modifique. Además, constituye un precedente obligatorio para las Salas de Revisión, quienes no tienen la facultad de variarlo en la aplicación concreta de los asuntos sometidos a su consideración(86)(87).
3.2.2.5. Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Sala evidencia que en el caso del actor no existe vulneración de su derecho al debido proceso, específicamente, no se estructuró el defecto sustantivo alegado, en razón a que si bien existía un precedente jurisprudencial que seguían las salas de revisión para resolver problemas jurídicos como el que ahora el actor pone a consideración de la Corte, lo cierto es que dicho precedente cambió a partir de los recientes pronunciamientos de la Sala Plena, en donde fijan un precedente interpretativo sobre el alcance de los incisos 2º y 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
“Precisamente con el régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no quiso el legislador mantener para los beneficiarios la aplicación en su totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por reiterado y pacífico, el criterio de que dicho régimen comporta para sus beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del sistema general de pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión. Y que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales disposiciones legales, sino que pasa a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho por el inciso 3º del artículo 36 citado”(88).
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia apelada”.
Finalmente, la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral del 19 de octubre de 2011, tampoco casa lo referente a la indexación. Sobre el particular, reza “CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 17 de septiembre de 2010, en el proceso ordinario de Salomón Cicerón Quintero Rodríguez contra el Banco Popular S.A., en cuanto determinó que el monto de la pensión sería el 75% de salario promedio devengado durante el último año de servicio, revocó la decisión absolutoria del a quo, en punto a los intereses moratorios y con respecto a no autorizar el descuento del retroactivo pensional de las sumas que correspondan a los aportes obligatorios por salud a cargo del pensionado. NO LA CASA en lo demás”.
Sin embargo, es importante anotar que dichos intereses se deben desde que la obligación es exigible. En este orden de ideas sólo a partir del momento en el que la obligación es reconocida y no existe controversia sobre la cuantía del pago de la misma tiene el carácter de exigible. Es decir, la condena por intereses procede una vez se determina en forma definitiva la obligación de reconocer la pensión(89).
PRIMERO. CONFIRMAR por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la sentencia proferida el 19 de junio de 2012, por la Sala Dual de Decisión 1 Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que confirmó a su vez la sentencia del 18 de mayo de 2012 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, en cuanto NEGÓ la acción de tutela invocada por el señor Salomón Cicerón Quintero Rodríguez contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el Banco Popular.
Magistrados: María Victoria Calle Correa, Presidenta (E), con salvamento de voto—Mauricio González Cuervo—Luis Guillermo Guerrero Pérez —Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, con aclaración de voto—Gloria Stella Ortiz Delgado—Jorge Iván Palacio Palacio, con salvamento de voto—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Martha Victoria Sáchica Méndez, impedimento aceptado—Luis Ernesto Vargas Silva, con salvamento de voto.
(1) Cuaderno original, folio 137.
(3) Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 100 de 2008. En este caso, la Corte resolvió, en el caso concreto, que “la providencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia fechada el catorce de diciembre de 2007, mediante la cual decidió “MANTENER intacta la determinación adoptada mediante auto del 11 de octubre de 2006, sin consideración a los efectos que le suprimió la Corte Constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”, sea enviada a la secretaría general de la Corte Constitucional, con el fin de que surta el trámite fijado en las normas correspondientes al proceso de selección”. Además, resolvió que “para otros casos en que exista la misma situación de vulneración de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, por la no admisión a trámite de una acción de tutela instaurada contra providencia de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 los ciudadanos tienen el derecho a escoger alguna” de las reglas citadas.
(4) En la Sentencia T-1029 de 2008 (M.P. Mauricio González Cuervo) se estudió una acción de tutela contra la Sub sección A de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que había sido rechazada de plano por la Sección Cuarta de la misma corporación, en calidad de juez de tutela. Tal decisión se adoptó con base en lo resuelto por la Sala Plena de la Corte Constitucional en el Auto 100 de 2008 y en el hecho de que el Consejo de Estado no surtió el trámite propio de instancias de la acción de tutela. El trámite dado en ese caso fue el siguiente: “3.1. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado mediante providencia del 5 de febrero de 2008 rechazó la solicitud de amparo por considerar que ‘al haberse instaurado esta acción por el mismo actor en contra de esta corporación, por los mismos hechos e idénticas pretensiones que la anterior, debe la Sección Cuarta rechazarla de plano’. || 3.2. Inconforme con la decisión adoptada el demandante la impugnó. || 3.3. En providencia del 6 de marzo de 2008 la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó la decisión adoptada el 5 de febrero de 2008, acogiendo los lineamientos allí planteados”. En sentido similar ver, entre otras, la Sentencia T-051 de 2009 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(7) Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(8) Sentencia T-078 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas.
(9) Corte Constitucional, Sentencia T-774 del 13 de agosto de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(10) “Sentencia 173 de 1993”.
(11) “Sentencia T-504 de 2000”.
(12) “Ver entre otras la reciente Sentencia T-315 de 2005”.
(13) “Sentencias T-008 de 1998 y SU-159 de 2000”.
(14) “Sentencia T-658-98”.
(15) “Sentencias T-088-99 y SU-1219-01”.
(18) “Sentencia T-522 de 2001.
(19) “Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001”.
(20) Corte Constitucional, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(23) “Sobre el particular, además de la ya citada Sentencia C-231 de 1994, pueden consultarse, entre varias, las sentencias T-008 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-984 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra”.
(24) “Cfr. Sentencia T-522 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Para la Corte ´es evidente que se desconocería y contravendría abiertamente la Carta Política si se aplica una disposición cuyo contenido normativo es precisamente, y solamente, impedir que se otorguen medidas de aseguramiento a los sindicados porque los procesos se adelantan ante jueces especializados´, razón por la cual el juez, al constatar su existencia, tendría que haber aplicado la excepción de inconstitucionalidad”.
(25) “Cfr. Sentencia SU-1722 de 2000 M.P. Jairo Charry Rivas Tal es el caso por ejemplo de todas las decisiones judiciales en las que se viola el principio de ´no reformatio in pejus´”.
(26) “Cfr., por ejemplo, las sentencias T-804 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell y C-984 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra”.
(30) Según el doctrinante Pierluigi Chiassoni en su libro “Desencanto para abogados realistas”, el precedente judicial puede ser entendido en cuatro acepciones; (i) precedente-sentencia, (ii) precedente-ratio, (iii) precedente-ratio autoritativo y (iv) precedente-ratio decidendi consolidada o precedente orientación. Este último hace referencia a “es la ratio decidenci por hipótesis común a —y repetida en— una serie (considerada) significativa de sentencias pronunciadas en un arco de tiempo anterior (…) cuya ratio tienen que ver con la decisión sobre hechos y cuestiones del mismo, o similar tipo , con hechos y cuestiones sobre las cuales se trata decidir ahora, (…)”. Esta acepción es el precedente entendido en el sentido más restringido según el autor. Las demás acepciones hacen referencia similar al concepto propuesto por la Corte Constitucional en el sentido en que debe ser una sentencia anterior que trata de hechos cuestiones y elemento muy similares al caso que se pretende resolver.
(31) M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
(32) Cfr. Sentencia T-794 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio. Ver también las sentencias T-1317 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y T-292 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(33) Ver entre otras, sentencias T-794 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio, T-082 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-209 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(34) Ver entre otras, T-123 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-766 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-794 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio.
(35) Ver, entre otras, las sentencias T-211 de 2008, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-161 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-082 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(36) “La supremacía del precedente constitucional se cimienta en el artículo 241 de la Constitución Política, el cual asigna a la Corte Constitucional la función de salvaguardar la Carta como norma de normas —principio de supremacía constitucional—. En efecto, esta corporación ha establecido que, como intérprete de la Constitución, las decisiones de la Corte Constitucional son obligatorias tanto en su parte resolutiva, como en su ratio decidendi, es decir, la regla que sirve para resolver la controversia. Por esta razón, si se desconoce el alcance de los fallos constitucionales vinculantes, se “(…) genera en el ordenamiento jurídico colombiano una evidente falta de coherencia y de conexión concreta con la Constitución, que finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la normatividad y la Carta, que dificultan la unidad intrínseca del sistema, y afectan la seguridad jurídica. Con ello se perturba además la eficiencia y eficacia institucional en su conjunto, en la medida en que se multiplica innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún cuando en definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional preeminente que no puede ser negada en nuestra actual organización jurídica”. Cfr. Sentencias SU-168 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-292 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(37) En palabras de la Corte Constitucional: “La misma Corte Suprema de Justicia también ha señalado que la adopción de la Constitución de 1991 produjo un cambio en la percepción del derecho y particularmente del sentido de la expresión “ley”, pues la Constitución se convierte en una verdadera norma jurídica que debe servir como parámetro de control de validez de las decisiones judiciales y como guía de interpretación de las normas de inferior jerarquía”. Cfr. Sentencia C-372 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(38) En este sentido, entre muchas otras, pueden verse las sentencias SU-049 de 1999, M.P José Gregorio Hernández Galindo, SU-1720 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-468 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-292 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-820 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-162 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
(39) Sobre este principio, es posible afirmar que el respeto del precedente se funda, principalmente, en el deber de un juez de fallar casos que presenten elementos fácticos y puntos en derecho similares, de manera igual, y no sorprender a los ciudadanos que acuden a la justicia, en virtud del respeto del principio de igualdad y la coherencia y estabilidad en el ordenamiento jurídico. Por ello, un juez, en el caso en que lo encuentre necesario, si se aparta de una decisión anterior aplicable al caso que tiene bajo conocimiento, debe justificar la nueva postura y descalificar las otras consideraciones que han sido base de anteriores decisiones.
(40) La Sentencia C-104 de 1993 con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero, estableció el punto de partida jurisprudencial en relación con el derecho a la igualdad y las decisiones judiciales en los siguientes términos: “El artículo 229 de la Carta debe ser considerado con el artículo 13 ídem, de tal manera que el derecho a “acceder” igualitariamente ante los jueces implica no sólo la idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino también el idéntico tratamiento que tiene derecho a recibirse por parte de los jueces y tribunales en situaciones similares”.
(41) Ver Sentencia T-683 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. “La actividad judicial supone la interpretación permanente de las disposiciones jurídicas, aspecto que implica que el funcionario determine en cada proceso la norma que se aplicará al caso concreto. En ese sentido los diversos jueces pueden tener comprensiones diferentes del contenido de una misma prescripción jurídica y derivar de ella, por esta razón, efectos distintos”.
(42) Cfr. Sentencia T-049 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Entre otras, sentencias T-086 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-161 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
(43) Ver J. Bell. “Sources of Law”, en P. Birks (ed.) English Private Law, 1, Oxford University Press, págs. 1-29 (2000). Citado por Bernal Pulido, Carlos. “El precedente en Colombia”. Revista de derecho del Estado. Universidad Externado de Colombia, páginas 81-94 (2008). Ver en el mismo sentido, “American Law In a Global Context. The Basics”. Sheppard, Steve. Fletcher, George P. Págs. 80-83. (2005) “Casos que establecen una regla en la interpretación de una norma o situación concreta. Esto se identifica con los hechos, el problema jurídico, las consideraciones que sustentan y son relevantes para la decisión, y la solución que se declara para el caso. Para identificar un caso como precedente: stare decisis (casos previos que vinculan como precedente), ratio decidendi (la razón de ser de la decisión), obiter dicta (argumentos por decir que no son la razón de ser de la decisión ni son vinculantes para decisiones posteriores)” (traducción libre).“American Law In a Global Context. The Basics”. Sheppard, Steve. Fletcher, George P. Págs. 80-83. (2005)
(45) M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En este caso el Icfes interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Quinto Administrativo de Popayán y del Tribunal Administrativo del Cauca, por considerar que dichas autoridades judiciales desconocieron los derechos de la entidad, al emitir sentencias dentro de un proceso de reparación directa en las cuales declararon su responsabilidad, condenándolos al pago de perjuicios morales a favor del demandante. A juicio del actor, las providencias controvertidas adolecen de defectos de carácter fáctico y sustantivo, además de desconocer el precedente del Consejo de Estado en materia de determinación y tasación de perjuicios morales. La Sala concede el amparo al debido proceso de la demandante, por considerar que las sentencias controvertidas adolecen de una motivación en materia de tasación de perjuicios morales, lo que impide el control legal y constitucional del fallo, amenaza el principio de igualdad de trato por parte de las autoridades judiciales para todos los ciudadanos y puede llegar a un grave detrimento del erario público. La Corte concede el amparo invocado y deja sin efecto la sentencia de segunda instancia en lo referente a la tasación de perjuicios morales, ordenando a la respectiva autoridad judicial dictar sentencia de reemplazo.
(46) Ver además sentencias T-468 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-292 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
(47) En palabras de la Corte: “En síntesis, la Corte ha considerado que la obligatoriedad de la ratio decidendi de los fallos de tutela se desprende del principio de igualdad y del acceso a la administración de justicia pues (de no ser así) la aplicación de la ley y la Constitución dependería del capricho de cada juez —y se habla de capricho precisamente para referirse a los casos en los que los jueces no justifican por qué se apartan de la jurisprudencia de unificación—, de manera tal que casos idénticos o similares podrían ser fallados en forma absolutamente diferente por distintos jueces e incluso por el mismo juez” y al acceso a la administración de justicia porque “…las decisiones de la Corte y su interpretación de la Constitución serían ignoradas por los jueces, en contra del derecho de los asociados a que exista una cierta seguridad jurídica acerca de la interpretación de las normas”. Cfr. Sentencia T-566 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterado en la Sentencia T-292 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras posteriores.
(48) De la misma forma las sentencias de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado pueden constituir precedente según el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 estudiado por la Corte Constitucional en Sentencia C-634 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Cfr. Sentencia T-830 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(49) Ver sentencias T-1092 de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto, T-656 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-830 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(50) Ver autos 178 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y 344A de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(51) Así lo considera la Sala Plena en el Auto 208 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño: “Como punto de partida, resulta indispensable que los jueces constitucionales, al proferir sus fallos, los motiven conforme a las directrices jurisprudenciales previamente establecidas, de manera tal que se genere una continuidad de los criterios desarrollados por esta corporación. Esto implica que sus decisiones posteriores deben seguir los mismos postulados de los fallos precedentes y más aún si tienen supuestos fácticos similares. En esa medida, si lo que se pretende es proceder a un cambio de interpretación jurisprudencial que obligue a una nueva hermenéutica del sistema jurídico frente a hechos ya considerados, será la Sala Plena quien estará legitimada para establecer esa nueva manera de interpretación. De tal suerte que, la procedencia de la causal de cambio de jurisprudencia está limitada a aquellos casos en los cuales se demuestre que la Sala de Revisión modificó un precedente constitucional, creado a partir de la resolución de un caso concreto, y no frente a cualquier doctrina contenida en un fallo anterior proferido por la Sala Plena”.
(53) Cfr. Auto 131 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil y Auto 208 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(54) Ver entre otros, Auto 013 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, Auto 208 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Auto 178 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, Auto 234 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
(55) Cfr. Auto 013 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Ver entre otros, Auto 208 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Auto 149 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(56) Auto 022 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva: “La existencia de jurisprudencia en vigor, derivada de la sucesiva interpretación homogénea acerca del contenido y alcance de determinados derechos constitucionales en un asunto específico, no se opone al carácter igualmente vinculante, de las sentencias que se adoptan en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad. Esto debido a que esas decisiones cobran su carácter obligatorio y vinculante en los efectos de la cosa juzgada constitucional, previstos en el artículo 243 C.P. Sin duda alguna, estas decisiones son un referente obligatorio para las salas de revisión de la Corte, quienes no están facultadas para variar el precedente que fijen en la definición del contenido y alcance de los derechos”. Ver al respecto lo sostenido en el Auto 149 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(57) M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(58) El régimen de transición también se encuentra regulado en los decretos reglamentarios 813 de 1994, 1160 de 1994, 2143 de 1995, 2527 de 2000 y artículos 259 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo.
(59) “ART. 260.—Derecho a la pensión. Artículo derogado por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993. Todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior, que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.
(60) Sentencia T-386 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(61) M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(62) El artículo 36 indica: “ART. 36.—Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. || La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. || El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE” (resaltado fuera del texto).
(63) M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(65) M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(66) “La Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013, al estudiar la constitucionalidad de la expresión durante el último año contenida en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, fijó una interpretación clara de la aplicabilidad del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en lo relacionado con el cálculo del ingreso base de liquidación de las pensiones de las personas que fueran beneficiarias del régimen de transición, a saber: “En efecto, la Sala recuerda que el propósito original del legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tal como se desprende del texto de la disposición y de los antecedentes legislativos, fue crear un régimen de transición que beneficiara a quienes tenían una expectativa legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales que serían derogadas. Para estas personas, el beneficio derivado del régimen de transición consistiría en una autorización de aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados, relacionadas con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. Ingreso base de liquidación no fue un aspecto sometido a transición, como se aprecia claramente en el texto del artículo 36. Hecha esta aclaración, la Sala considera que no hay una razón para extender un tratamiento diferenciado ventajoso en materia de ingreso base de liquidación a los beneficiarios del régimen especial del artículo 17 de la Ley 4 de 1992; en vista de la ausencia de justificación, este tratamiento diferenciado favorable desconoce el principio de igualdad”.
En ese orden de ideas, la Corte resolvió declarar inexequible la expresión cuestionada, condicionado el resto del precepto normativo, de conformidad con las siguientes conclusiones: “[e]n vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100, el legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto Legislativo 1 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema —de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo 36 de la Ley 100— la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la Ley 100 referidas”.
(67) M.P. Mauricio González Cuervo.
(68) Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 27 de marzo de 1998, radicación 10440.
(69) Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación 34863.
(70) Pensiones del sector público: la transición continúa. Jurisprudencia de las Altas Cortes, Álvaro Quintero Sepúlveda. Segunda edición. Editorial Librería Jurídica, Sánchez R. Ltda., 2010.
(71) Cuaderno original, folio 76.
(72) Ídem, folio 137.
(73) Cuaderno 2, folio 4.
(74) La Sala Plena en Sentencia SU-158 de 2013, al estudiar la competencia de los Consejos Seccionales y del Consejo de Superior de la Judicatura para conocer la acciones de tutela contra providencias de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo que cuando esta última corporación no dé trámite a una tutela contra los fallos de una de sus Salas de Casación, el demandante está facultado para promoverla de otro modo. Así, puede (i) instaurar el amparo ante cualquier juez —unipersonal o colegiado—, o (ii) presentarlo ante la secretaría general de la Corte Constitucional, con el fin de que se radiquen las diligencias como un proceso de tutela adicional y surtan el trámite de revisión eventual que lleva a cabo esta Corte. En igual sentido, se pronunció este tribunal en sentencias SU-195 de 2012, T-370 de 2010 y T-1028 de 2010, entre otras.
(75) Cuaderno original, folio 59.
(76) M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(77) “`El aparte final del inciso tercero del artículo 36, objeto de impugnación, en el que sí se consagra una discriminación, que la Corte encuentra irrazonable e injustificada, para efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector privado, y los del sector público, pues mientras para los primeros se toma como base el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años de servicios, para los segundos, tal promedio se calcula solamente sobre lo devengado en el último año, desigualdad que contraría el artículo 13 del Estatuto Superior`”.
(78) “En el Auto 144 de 2012, por medio del cual se declaró la nulidad de la Sentencia T-022 de 2010, el magistrado Mauricio González Cuervo salvo su voto al considerar que no existía hasta ese momento un pronunciamiento de constitucionalidad expreso sobre la interpretación del monto pensional y, que la jurisprudencia de las Salas de Revisión no había sido uniforme en lo que respecta a la interpretación de los incisos 2º y 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 —referentes al monto—. De esta manera, señaló que la sentencia declarada nula, acogió válidamente una de las tesis trazadas por la jurisprudencia; lo cual, no la vicia de nulidad en tanto que al no existir un pronunciamiento específico por parte de la Sala Plena, le era posible escoger alguna de las posturas abordadas en sede de revisión respecto de cada caso en concreto”.
(79) M.P. Mauricio González Cuervo.
(80) M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(81) M.P. Mauricio González Cuervo.
(83) Auto 326 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
(85) T-1092 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-656 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(86) Auto 022 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(87) Artículo 34 del Decreto 2591 de 1991: “Los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte”.
(88) Ver folio 53 del cuaderno principal.
(89) Folios 54 y 55 del cuaderno principal, sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Salvamento de voto de los magistrados María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio a la Sentencia SU-230 de 2015
Lo que no es igual se trata como si lo fuera, y lo que sí lo es recibe un trato distinto
2. No perdemos de vista que, de acuerdo con la Constitución, para liquidar las pensiones de vejez o jubilación solo se deben tener en cuenta los factores sobre los cuales cada persona efectuó las cotizaciones (C.P., art 48). Sin embargo, no veo por qué esto se contradice con las pretensiones del actor, quien ha solicitado la aplicación de la Ley 33 de 1985, la cual justamente sujeta la liquidación pensional al “salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”. Por tanto, ese no era un argumento para negarle al actor su solicitud. Además, aunque el indicado en la Ley 33 de 1985 es en principio un ingreso base de liquidación distinto del previsto en el régimen ordinario de la Ley 100, no se demostró que esa diferencia fuera por sí misma contraria a la igualdad, o a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, pues no concede al actor una pensión que él mismo no hubiera financiado. Como quiera que el demandante laboró durante 22 años como trabajador oficial, para sostener que su liquidación conforme a la Ley 33 de 1985 era contraria a la igualdad o desproporcionada, resultaba necesario demostrar que objetivamente él mismo no financió con sus aportes la pensión mensual de jubilación que reclama. No obstante, eso no se demostró siquiera indiciariamente en el presente proceso. Por todo lo cual, no puede decirse entonces que esta sentencia esté motivada por el propósito de evitar ventajas o privilegios inconstitucionales. En contraste, esta decisión sí cambia la jurisprudencia constitucional, en la cual se ha señalado que, fuera de los privilegios y ventajas desproporcionadas consideradas inconstitucionales en la Sentencia C-258 de 2013, el ingreso base de liquidación aplicable a los beneficiarios del régimen de transición es el previsto en el régimen anterior al cual estuvieran afiliados los solicitantes.
3. Por tanto, esta decisión introduce una desigualdad por dos vías. En primer lugar, aplica la postura establecida en la Sentencia C-258 de 2013 a un caso que tiene diferencias ostensibles, trascendentales y significativas con el que allí se resolvió. Lo que es diferente se trata entonces como si fuera igual. Al mismo tiempo, en segundo lugar, se cambia de forma expresa y directa una postura jurisprudencial consistente, consolidada y relevante, que si bien considera inconstitucionales los regímenes que otorgan privilegios excesivos y ventajas desproporcionadas, sostiene en general que, en aras de proteger la confianza legítima (C.P., art 83), la favorabilidad en la interpretación de las normas pensionales (C.P., art 53) y de garantizar los principios de universalidad y progresividad del sistema de seguridad social (C.P., art 48), el ingreso base de liquidación aplicable a los beneficiarios del régimen de transición debe ser el previsto en el régimen anterior al cual estuvieran afiliados los cotizantes, dentro de los conceptos de sostenibilidad financiera, solidaridad, equidad y justicia del sistema de pensiones (C.P., art 48). Debido a que este caso se subsumía justamente en esa jurisprudencia, haberla cambiado sin justificación suficiente significa una violación del derecho a la igualdad del actor. Con lo cual, entonces, lo que sí es igual es tratado sin justificación de un modo distinto.
Salvamento de voto del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva a la Sentencia SU-230 de 2015
Del mismo modo, cabe resaltar que dicho apartado cuenta con un pie de página señalado luego de la expresión “...entre otros”. En esta anotación al margen, se especifica que los regímenes especiales para los que no aplicaría lo dispuesto en la sentencia en comento serían aquellos que “se encuentran, entre otras disposiciones, en la Ley 32 de 1961, el Decreto 69 de 1973, los decretos 1282 y 1302 de 1994, la Ley 33 de 1985, el Decreto 1045 de 1975, el Decreto Ley 2661 de 1960, la Ley 6 de 1945, la Ley 22 de 1942, el Decreto 902 de 1969, el Decreto 546 de 1971 y el Decreto 1660 de 1978”. (Negrilla fuera del original). Cabe resaltar que la Ley 33 de 1985 contiene el régimen pensional del accionante en la acción de tutela que dio origen a la Sentencia SU-230 de 2015.
Al respecto, cabe recordar lo establecido en el texto de ésta última providencia, donde se afirma que “el concepto de precedente y el de “jurisprudencia en vigor” están fuertemente relacionados en la medida en que éste último se conforma con una regla de interpretación judicial sucesiva y homogénea sobre un tema particular —precedente—, que debe ser observado por las Salas de Revisión cuando estudian casos con hechos similares en los que debe aplicarse la regla jurisprudencial vigente”. Si lo anterior es cierto, entonces la Sala no debió haber decidido que la mencionada Sentencia C-258 de 2013 era precedente aplicable al caso del señor Quintero Rodríguez, pues los hechos que dieron lugar a la acción de tutela no guardan relación con los supuestos estudiados en la sentencia de constitucionalidad. En otras palabras, dado que el señor Quintero nunca fue congresista y en vista de que el régimen pensional que le era aplicable había sido exceptuado de manera explícita en esa misma sentencia, no podían aplicarse para su caso las reglas contenidas en ésta.

References: artículo 54
 artículo 36
 artículo 143
 artículo 42
 artículo 4
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 1
 artículo 36
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 230
sui generis
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 260
 artículo 289
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 17
 artículo 36
 artículo 17
 artículo 17
e contrario
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 1
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 17
 artículo 36
 artículo 18
 artículo 36
 artículo 4
 artículo 17
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 37
 artículo 241
 artículo 229
 artículo 13
 artículo 10
 resolución 
 artículo 243
 artículo 289
 artículo 36
 artículo 17
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 17
 artículo 21
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 13
 artículo 36
 Artículo 34