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Timestamp: 2020-07-06 09:15:22+00:00

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Al respecto, y contrariamente a lo expresado, este Instituto actuó en tiempo y forma para realizar la evaluación de medidas que nos ocupa, como se demostrará en los siguientes párrafos.
La Resolución de AEP en el sector de telecomunicaciones y sus medidas fueron notificadas a los integrantes del AEP el 6 y 7 de marzo de 2014. En las citadas medidas se advierte que las mismas entrarían en vigor a los treinta días naturales siguientes de su notificación86.
La LFPA, la cual fue utilizada para sustanciar el procedimiento que determinó al AEP y que por ende, resultaba aplicable de manera supletoria para el cómputo de los plazos, señala en su artículo 29 lo siguiente:
“Artículo 29.- En los plazos establecidos por periodos se computarán todos los días; cuando se fijen por mes o por año se entenderá que el plazo concluye el mismo número de día del mes o año de calendario que corresponda, respectivamente; cuando no exista el mismo número de día en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario.
Ahora bien, como ya se explicó, el 7 de marzo de 2014 se realizó la notificación de la Resolución de AEP y sus medidas a los integrantes del AEP, por lo que el cómputo del día uno de los treinta días naturales que se estableció para que entraran en vigor las medidas, fue en fecha 8 de marzo del mismo mes y año87. Asimismo, el día treinta fue en fecha 6 de abril de 2014, sin embargo, dicha fecha fue en día domingo, día inhábil para este Instituto, por lo que respetando lo ordenado por el artículo 29 transcrito, se prorrogó el plazo al siguiente día hábil, es decir, el 7 de abril de 2014.
Entonces, por lo mencionado en el párrafo que antecede, las medidas entraron en vigor el día 7 de abril de 2014. Por lo tanto, la citada fecha es la que debe de ser considerada para realizar el cómputo del plazo de dos años establecido en las medidas Septuagésima del Anexo 1, Quincuagésima Séptima del Anexo 2 y Vigésima Cuarta del Anexo 3 de la Resolución de AEP.
Es así que, atendiendo a lo citado por el artículo 29 de la LFPA en el sentido de que los plazos que “se fijen por mes o por año se entenderá que el plazo concluye el mismo número de día del mes o año de calendario que corresponda”, el plazo de dos años citado feneció el 7 de abril de 2016.
En ese orden de ideas, con fecha 6 de abril de 2016 el Pleno del Instituto emitió el “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES DETERMINA EL INICIO DE LA CONSULTA PÚBLICA, EN RELACIÓN CON LA EFECTIVIDAD EN TERMINOS DE COMPETENCIA DE LAS MEDIDAS IMPUESTAS AL AGENTE ECONÓMICO PREPONDERANTE EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES” mediante en el cual se somete a consulta pública la efectividad en términos de competencia de las medidas impuestas al AEP. Asimismo, se precisa lo señalado en el considerando SEGUNDO del citado Acuerdo:
“SEGUNDO.- Evaluación de las medidas impuestas al Agente Económico Preponderante. En las Medidas Septuagésima de las Medidas Móviles, Quincuagésima Séptima de las Medidas Fijas y Vigésima Cuarta de las Medidas de Desagregación de la Resolución de AEP se señaló que el Instituto realizará una evaluación del impacto de las mismas en términos de competencia cada dos años, a efecto de, en su caso suprimirlas o modificarlas, o bien establecer nuevas medidas (“Evaluación Bienal”), incluyendo una o más de las siguientes medidas: la separación estructural, funcional, o la desincorporación de activos del AEP, para lo cual, deberá motivar que su determinación resulta proporcional y conducente con los fines que originalmente buscaba cada medida.
En ese sentido, con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos en la Resolución de AEP, este Instituto considera de la mayor relevancia iniciar un proceso de consulta pública con la finalidad de recabar comentarios, opiniones, entre otros, de los integrantes de la industria, académicos, especialistas, usuarios, público en general y demás interesados que permitan obtener mayor información, que contribuyan al diagnóstico sobre el impacto de las medidas y las determinaciones sobre las posibles modificaciones, supresiones o adiciones de medidas asimétricas al AEP, derivado de la Evaluación Bienal.
La consulta pública tiene por objeto cumplir con los principios de transparencia y participación ciudadana, con la finalidad de recabar información y propuestas de la industria, de especialistas en la materia y del público en general, para ser analizada por este Instituto”.
Como se observa, el objeto de la Consulta Pública fue el de recabar comentarios, opiniones, entre otros, de los integrantes de la industria, académicos, especialistas, usuarios, público en general y demás interesados que permitan obtener mayor información, que contribuyan al diagnóstico sobre el impacto de las medidas y las determinaciones sobre las posibles modificaciones, supresiones o adiciones de medidas asimétricas al AEP, derivado de la evaluación bienal.
Es por eso, que la Consulta Pública fue el comienzo de la evaluación del impacto de medidas, y toda vez que fue una determinación de la autoridad tomada con fecha 6 de abril de 2016, esto es, antes de que se cumplan los dos años que citan las medidas Septuagésima del Anexo 1, Quincuagésima Séptima del Anexo 2 y Vigésima Cuarta del Anexo 3 de la Resolución de AEP, por lo tanto, no les asiste la razón respecto al punto de la extemporaneidad en la revisión de medidas.
Por otra parte, respecto a las manifestaciones en el sentido de que:
El plazo para llevar a cabo una evaluación del impacto en materia de competencia económica, resulta inadecuando e insuficiente para múltiples medidas y su ejecución;
Las medidas Septuagésima, párrafo primero del Anexo 1, así como la Vigésima Cuarta, párrafo primero, del Anexo 3, son violatorias de los derechos fundamentales a la legalidad y la seguridad jurídica, toda vez que: i) como los ha construido la autoridad, esas medidas pretenden perpetuar el ejercicio de una competencia limitada temporalmente por el texto transitorio; y, ii) regulan una materia que el órgano reformador de la Constitución reservó al legislador ordinario, consistente en el cese de la obligatoriedad de las medidas de regulación asimétrica impuestas al AEP en el sector telecomunicaciones, y
El Instituto carece de competencia para evaluar el impacto de las medidas cada dos años, con el fin de suprimirlas, modificarlas o establecer nuevas medidas.
Tales argumentos resultan inoperantes e improcedentes por los siguientes argumentos.
Este Instituto, en estricto apego al Decreto, emitió la Resolución de AEP y las medidas con la finalidad de evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. Dicha resolución fue impugnada mediante diversos juicios de amparo. A la fecha, no existe resolución judicial que impida que la Resolución de AEP y sus medidas sigan surtiendo todos sus efectos legales, esto incluye las medidas Septuagésima del Anexo 1, Quincuagésima Séptima del Anexo 2 y Vigésima Cuarta del Anexo 3 de la Resolución de AEP, en las cuales se ordena que este Instituto realice la evaluación del impacto de las medidas en términos de competencia cada dos años. Además el artículo Trigésimo Quinto contenido en el Decreto de Ley, mediante el cual fue emitida la LFTR, señala:
Esto es, las resoluciones emitidas en materia de preponderancia, previamente a la entrada en vigor del Decreto de Ley continuarían surtiendo todos sus efectos.
Se precisa lo anterior, toda vez que este Instituto actúa en el presente procedimiento, con competencia y de acuerdo a los plazos que señalan las medidas, que como ya se explicó se encuentran surtiendo todos sus efectos legales. Es así que si la medidas que facultan el presente procedimiento, señalan que el Instituto es el encargado de realizar la evaluación de impacto que nos ocupa cada dos años, entonces este Instituto tiene que actuar obedeciendo lo ordenado por las medidas, sin que tenga que realizar un análisis adicional sobre si es la autoridad con competencia para realizar la multicitada evaluación en el periodo indicado. Es decir, solamente un juez en instancias de amparo o revisión del mismo, podría pronunciarse sobre la competencia del Instituto, no así el propio órgano regulador, que solamente actúa dentro de las atribuciones que le confieren las distintas normas y respetando los plazos y términos establecidos en las mismas, como lo son, los incluidos en las medidas. Por las razones expuestas, devienen de improcedentes las manifestaciones realizadas.

References: Resolución 
 artículo 29
 Resolución 
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