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Timestamp: 2020-07-07 08:12:55+00:00

Document:
Sentencia nº 1173 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 23 de Noviembre de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 283253755
Número de Expediente: 10-0712
El 13 de julio de 2010, los abogados N.M.N. y J.C.L.P., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 950 y 46.167, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de SALÓN DE BELLEZA MARGARITA C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha 13 de abril de 2004, anotada bajo el Nº 49, tomo 10-A- segundo, interpusieron ante la Secretaría de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, solicitud de revisión conjuntamente con medida cautelar, del fallo Nº 288 dictado por la Sala de Casación Social de este Alto Tribunal de la República, el 24 de marzo de 2010, que declaró: i) con lugar el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de Salón de Belleza Caritas C.A., contra la sentencia de fecha 9 de marzo de 2009, emanada del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta; ii) anuló el fallo recurrido; iii) parcialmente con lugar la demanda interpuesta contra Salón de Belleza Margarita, C.A.; iv) sin lugar la demanda interpuesta contra Salón de Belleza Caritas, C.A. y Team Estilist C.A. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se condenó en costas del proceso al ciudadano Filippo Manzo, en lo que respecta a las codemandadas Salón de B.C.C.A. y Team Estilst C.A.
El 20 de julio de 2010, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente a la Magistrada Doctora C.Z. deM., quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Que “[e]l derecho a la defensa, a su vez, garantiza el derecho a ser oído en cualquier clase de proceso con las debidas garantías, por un tribunal competente (art. 49.3 CRBV (sic)), establecido con anterioridad, y a quien corresponde resolver conforme a derecho los alegatos de los litigantes, y en su fallo determinan el derecho aplicable y sus alcances. Esa es la característica del Estado Social de Derecho establecido en el artículo 2 constitucional”.
Que “[e]se poder indelegable conforme a los artículos 136 y 137 constitucionales, de dirimir las controversias entre las partes, que corresponde a los órganos jurisdiccionales y que se concreta con la sentencia, obliga al sentenciador a cumplir con dos exigencias generales a todo fallo (así ellas aparezcan en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil…), cuales son: ‘Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensa opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse la instancia’ (art. 243.5 CPC (sic)); y, la determinación de la cosa u objeto sobre la cual recaiga la decisión (art. 243.6 CPC (sic)).”
Que “…para la determinación del salario hay que tomar en cuenta diversas circunstancias de la relación laboral, las cuales solo (sic) pueden ser declaradas por el juez en su decisión”.
Que “[e]l fallo cuya revisión [solicitan] (…) en la página 20 textualmente señaló: ‘ En cuanto a la base salarial, establece esta Sala que atendiendo a la forma como se prestó el servicio y en base a las actas procesales cursantes en autos , la remuneración percibida por el ciudadano Filipo Manzo, con ocasión a la relación de trabajo que lo vinculó con la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita C.A. es de carácter variable’”.
Que “…era una relación laboral donde el trabajador devengaba el salario de acuerdo al servicio prestado a los clientes, y por ello era necesario determinar en la sentencia como se calcularía el salario mensual o diario del trabajador, el cual indefectiblemente variaba de acuerdo al número de clientes atendidos, lo que correspondía a la actora probar, y donde además la sentencia tenía que señalar los parámetros para el cálculo del salario integral del trabajador, no pudiendo delegarse tal precisión a un tercero que no es juez, y que no puede declarar derechos, ni valorar elementos jurídicos”.
1) Experticia complementaria para el pago de la prestación de antigüedad, debiendo el experto aplicar el salario mensual integral que percibió la trabajadora en cada mes, sin que la Sala Social le indique a éste cual es el salario integral mensual y en base a cuáles parámetros los determinaría el experto.
A este fin la sentencia impugnada expresa, que el SALON DE BELLEZA MARGARITA C.A. deberá exhibir los libros de contabilidad a los fines de determinar los salarios percibidos por el trabajador.
2) Experticia complementaria para que el experto establezca el quantum del último salario normal mensual percibido por la trabajadora, y así se señale el monto de las vacaciones y bono vacacional de 63,33 días establecidos en la sentencia.
De nuevo se delega en el experto una situación netamente jurídica, cual es definir el salario normal mensual percibido por el trabajador; y hay que preguntarse ¿qué es salario normal?, ¿Cómo se determina tal normalidad? Estas no son funciones del experto, sino del juez, que es quien debe señalar que es lo normal y cuáles son las condiciones que permitan tal determinación.
3) Se ordena experticia complementaria del fallo a fin de que un experto calcule los días a pagar por concepto de utilidades vencidas y fraccionadas en base al salario promedio del año percibido por la trabajadora (sic) en el respectivo ejercicio fiscal que se ordenó su pago.
Como medida cautelar solicitaron “…se ordene la suspensión inmediata de los efectos de la DECISION dictada el día 24 de marzo de 2010, dictada (sic) por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia”.
Que “…debe considerarse que los efectos de la DECISION de fecha 24 de marzo de 2010, comportarían la ejecución de la sentencia dictada en fecha 09 de marzo del 2009, por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, con sede en la Asunción, que declaró con lugar la demanda y solidariamente responsables a las codemandadas y, condena en costas en contra [su] representado…”.
Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, solicitaron: “… a esta Sala revise el fallo impugnado proferido por la Sala Social de este Tribunal Supremo de Justicia de fecha 24 de marzo de 2010 y lo anule por infringir los artículos 49 y 253 de la CRBV (sic), así como trasgredir los artículos 136 y 137 al delegar en un extraño la determinación jurídica del salario”.
El 24 de marzo de 2010, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia declaró: i) con lugar el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de Salón de Belleza Caritas C.A., contra la sentencia de fecha 9 de marzo de 2009, emanada del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta; ii) anuló el fallo recurrido; iii) parcialmente con lugar la demanda interpuesta contra Salón de Belleza Margarita, C.A.; y iv) sin lugar la demanda interpuesta contra Salón de Belleza Caritas, C.A. y Team Estilist C.A. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se condenó en costas del proceso al ciudadano Filippo Manzo, en lo que respecta a las codemandadas Salón de Belleza Caritas C.A. y Team Estilst C.A.
Delata la recurrente el segundo caso de suposición falsa, de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, lo que conllevó a la infracción por falsa aplicación del artículo 22 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, el error de interpretación del artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la falta de aplicación del artículo 69 eiusdem.
Sostiene que la recurrida declaró la existencia de un grupo de empresas entre las sociedades mercantiles codemandadas, sin existir en autos prueba alguna que demostrara la supuesta integración entre éstas.
Al respecto, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala, la suposición falsa tiene que referirse forzosamente a un hecho positivo y concreto que el Juez establece falsa e inexactamente en su sentencia a causa de un error de percepción, porque no existen las menciones que equivocadamente atribuyó a un acta del expediente, no existen las pruebas sobre las cuales se fundamenta el sentenciador, o éstas resulten desvirtuadas por otras actas o instrumentos del expediente.
En este sentido, la sentencia recurrida, en su motiva dispuso:
En armonía con lo anterior en cuanto al punto de la unidad económica o grupo de empresas conformado por las empresas SALON DE BELLEZA MARGARITA, C.A, con las empresas TEAM ESTILIST, C.A., y SALON DE BELLEZA CARITAS, C.A., se hace ineludible traer a colación lo preceptuado en el parágrafo segundo del artículo 22 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual señala: “Se presumirá, salvo prueba en contrario, la existencia de un grupo de empresas cuando: …..d.- Desarrollen en conjunto actividades que evidenciaren su integración…” . Ahora bien, de la normativa transcrita de forma parcial, resulta visible apreciar que uno de los supuestos que debe darse para determinar la existencia de un grupo de empresas es el referido a que desarrollen en conjunto actividades que evidenciaren su integración, en el caso que nos ocupa se evidencia que las empresas SALON DE BELLEZA MARGARITA, C.A., TEAM ESTILIST, C.A., y SALON DE BELLEZA CARITAS, C.A., han desarrollado conjuntamente la explotación de la marca SANDRO, en el mismo local comercial, con el mismo mobiliario, la misma gerencia, el mismo servicio de caja y con un mismo objeto o actividad común como lo es la explotación del negocio de peluquería, hechos estos que demuestran su integración, motivos estos suficientes que conllevan a esta Sentenciadora a declarar la existencia de la unidad económica entre las sociedades mercantiles SALON DE BELLEZA MARGARITA, C.A., TEAM ESTILIST, C.A., y SALON DE BELLEZA CARITAS, C.A. ASI SE DECIDE.
Del texto transcrito se observa que la recurrida asume, para establecer la existencia de un grupo económico, que las codemandadas han desarrollado conjuntamente el aprovechamiento de la marca “Sandro”, en el mismo local comercial, con el mismo mobiliario, la misma gerencia, el mismo servicio de caja y con un mismo objeto, la explotación del negocio de peluquería; hechos que según la recurrida demuestran la integración y la llevan a declarar la existencia de la unidad económica.
Ahora bien, del cúmulo probatorio que cursa en las actas procesales se evidencia que existen contratos de franquicia promovidos por las codemandadas (folios 108 al 126 y 178 al 197 de la pieza Nº 1 del expediente), suscritos con la empresa Central de Franquicias 3747, C.A., licenciataria de la marca “Sandro”, uno por la codemandada Salón de Belleza Caritas, C.A. y otro por la codemandada Salón de Belleza Margarita, C.A., para explotar la marca “Sandro”, esto es, para instalar y operar de conformidad con el concepto de negocio de dicha marca, la peluquería denominada “Sandro” -concepto descrito pormenorizadamente en los contratos y que implica que el franquiciante le suministra los parámetros técnicos y el sistema de funcionamiento de la referida marca a las franquiciadas, a efectos de garantizar el estándar de calidad del servicio ofrecido-. Advierte la Sala, que dichas documentales no fueron impugnadas por la parte actora, por lo que de conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, adquieren valor de plena prueba.
De la revisión de dichos contratos, se observa que los mismos tienen un contenido idéntico y que en la cláusula décima novena se establece lo que a continuación se transcribe:
En este orden de ideas, la Resolución de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia (Procompetencia), Nº SPPLC-038-99 del 9 de julio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.431 Extraordinario, del 7 de enero de 2000, que contiene los Lineamientos de Evaluación de los Contratos de Franquicia, establece que la franquicia es un conjunto de derechos de propiedad industrial o intelectual, relativos a marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor, know how o patentes, que serán explotados para la reventa de productos o la prestación de servicios a los usuarios finales.
De la revisión de los elementos probatorios del caso sub iudice, en particular de los documentos constitutivos y estatutarios de las sociedades mercantiles codemandadas, documentales que no fueron impugnadas por la parte actora, por lo que de conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo adquieren valor de plena prueba; se observa que la empresa Team Estilist, C.A. está conformada por el ciudadano F.S., como único accionista (acta de asamblea general inserta a los folios 71 al 78 de la pieza Nº 1); por su parte, la empresa Salón de Belleza Caritas, C.A. está constituida por los socios D.G. deC. y J.C.N.M. (folios 96 al 106 de la pieza Nº 1); y la empresa Salón de Belleza Margarita, C.A. la integran los socios J.M.C.A. y L. delC.B.D.S. (folios 164 al 176 de la pieza Nº 1); de esto se evidencia que no existe relación de dominio accionario, no existe coincidencia en cuanto a los accionistas de las distintas empresas, cada sociedad está integrada por personas naturales distintas, no hay ningún accionista común. Tampoco las juntas administradoras u órganos de administración están conformados por las mismas personas, según se desprende de los documentos constitutivos y estatutarios de las codemandadas.
En relación con la afirmación que hace la recurrida sobre la utilización del mismo local comercial por las codemandadas, no existe elemento probatorio en el expediente que permita sustentar tal aseveración, por el contrario, se constata del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la codemandada Team Estilist, C.A., que corre inserta al folio 91 de la pieza Nº 1, que su domicilio es “Avenida Jovito (sic) Villalba, Sector San Lorenzo, Pampatar, Centro Comercial Sambil Margarita, Local T-77”, luego ésta empresa entró en estado de liquidación según acta de asamblea general extraodinaria de accionistas, que corre inserta a los folios 83 al 87 de la pieza Nº 1. Del documento constitutivo y estatutario de la sociedad mercantil Salón de Belleza Caritas, C.A., que corre inserta a los folios 96 al 106 de la pieza Nº 1, se evidencia que su domicilio es “Pampatar, Estado Nueva Esparta, Avenida Jovito (sic) Villalba, Centro Sambil, Local L-T-39”; y del documento constitutivo y estatutario de la empresa Salón de Belleza Margarita, C.A. –folios 164 al 176 de la pieza Nº 1-, se observa que su domicilio es “Pampatar, Estado Nueva Esparta, Avenida Jovito (sic) Villalba, Centro Sambil, Local T-77”. Así pues, las empresas aún existentes no desarrollan su actividad comercial en el mismo local, por lo que difícil resulta presumir, ante la ausencia de pruebas idóneas, que éstas desarrollen su actividad con el mismo mobiliario, la misma gerencia y el mismo servicio de caja, tal como lo estableció la recurrida.
De acuerdo con las consideraciones anteriores, se constata la ilegalidad de la sentencia impugnada, por cuanto establece erróneamente la existencia de una unidad económica entre las sociedades mercantiles codemandadas y la solidaridad en el cumplimiento de las obligaciones laborales, lo cual afecta la integridad de los derechos de éstas, incurriendo por tal motivo, en el vicio que le imputa la formalización.
En tención (sic) a lo antes expuesto, se declara con lugar la presente denuncia. Así se decide.
El precedente pronunciamiento de la Sala, respecto a la procedencia de la denuncia analizada, hace inoficiosa la revisión del resto de las violaciones alegadas por las partes, por cuanto su efecto inmediato es la anulación del fallo recurrido.
Alega la representación judicial de la parte demandante, que en fecha 1º de noviembre de 1998, comenzó a prestar servicios personales, como peluquero profesional para la peluquería “SANDRO C.A.”; en el Centro Comercial Sambil de la ciudad de Caracas, siendo posteriormente trasladado a la Peluquería “SANDRO”, ubicada en el Centro Comercial Sambil Margarita.
Que en principio fungía como patrono la sociedad mercantil denominada “SANDRO C.A.”, pero posteriormente, al igual que todo el personal que laboraba en dicha peluquería, fue constreñido a firmar un contrato de cuentas en participación, con diferentes empresas del mismo grupo, dentro de las cuales se encuentran: Team Estilist, C.A., Salón de Belleza Caritas C.A. y Salón de Belleza Margarita C.A.
Que en su caso concreto, en fecha 3 de agosto de 2005, fue obligado a firmar un “contrato de cuentas en participación” con la empresa Salón de Belleza Margarita C.A.; que la relación laboral se mantuvo de manera normal y satisfactoria hasta el día 30 de noviembre de 2007, cuanto fue sometido a acoso laboral caracterizado por la negativa de su patrono de asignarle clientes o funciones, produciéndose una desmejora en su situación laboral, lo cual constituye, a su decir, en un despido indirecto.
Que durante nueve (9) años y un (01) mes, cumplió a cabalidad las funciones inherentes a su cargo, devengando como último salario diario la cantidad de ochenta y cuatro bolívares con cuarenta y cuatro céntimos (Bs. 84, 44); que prestó servicios durante todos los domingos de todas las semanas y meses y éstos nunca le fueron pagados, para un total de cuatrocientos setenta y tres (473) días domingos trabajados.
Que durante toda la relación laboral, la empresa se negó a pagarle todos y cada uno de los beneficios laborales que le correspondían, con fundamento en que la relación que los unía era de carácter meramente mercantil.
El actor, en escrito de subsanación del libelo de la demanda, señaló que la peluquería “Sandro” no existe como persona jurídica, sino que constituye una marca registrada que identifica fondos de comercio dedicados a la explotación de peluquerías unisex.
Reclama el pago de los siguientes conceptos laborales: prestación de antigüedad; vacaciones vencidas y fraccionadas; bono vacacional vencidos y fraccionado; días de descaso (sic) semanal; indemnización por despido injustificado e indemnización sustitutiva de preaviso; utilidades vencidas y fraccionadas e intereses de prestaciones sociales, estimando el monto de su pretensión en la cantidad de ciento treinta y nueve mil novecientos catorce bolívares con cincuenta y siete céntimos (Bs. 139.914, 57).
Hechos controvertidos: negó, rechazó y contradijo la prestación del servicio, las fechas de ingreso, egreso, el salario y el despido indirecto alegado por la parte actora.
Negó, rechazó y contradijo que haya suscrito “contratos de cuentas en participación” con el demandante.
Por ultimo, negó, rechazo y contradijo todos y cada uno de los conceptos demandados y la estimación de la demanda.
Alegó como punto previo, la existencia de un contrato de franquicia de la marca “Sandro”, suscrito con la Central de Franquicia 3747, C.A, mediante el cual adquirió los derechos de licencia para explotar dicha marca, reconocida en el negocio de peluquerías.
Como defensa perentoria, negó la existencia de una relación de carácter laboral con el accionante, por tanto, opuso la falta de cualidad e interés para sostener el presente juicio, ya que la única vinculación con el demandante radica en un “contrato de cuentas en participación”, celebrado en fecha 3 de agosto de 2005, donde ambas partes convinieron en asociarse mercantilmente para explotar el negocio de peluquería, con implementos de la exclusiva propiedad del accionante, asociándose tanto en las ganancias como en las pérdidas. Sostiene que dicho contrato de cuentas en participación “venía ejecutándose de manera informal desde el mes de mayo de 2005”.
A tal efecto, alega que el actor ejercía su oficio o profesión directamente con sus clientes, a quienes les cobraba un monto determinado del cual obtenía el sesenta por ciento (60%), y el cuarenta por ciento (40%) restante quedaba a favor de la empresa demandada. Señala que de acuerdo al mismo “contrato de cuentas en participación”, el actor asumía el deber de contribuir con los gatos administrativos del negocio en un ocho por ciento (8%), y en un dos por ciento (2%) para pagos de Patente de Industria y Comercio, mientras que la empresa aportaba el buen nombre y reputación de la marca “Sandro”, así como el local comercial y los servicios de los que está dotado.
Que la obligación del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que correspondía enterar al Fisco Nacional por la venta de bienes y/o prestación de servicios, quedaba en proporción al monto que cada parte percibía; que el actor presentaba facturas originales mensuales para procesar el cobro de su participación en el negocio, reflejado en el sesenta por ciento (60%) de las ganancias.
Alega que el contrato de franquicia tiene como finalidad, que un mismo negocio sea operado por distintas personas naturales o jurídicas, utilizando la misma marca; por tanto, Salón de Belleza Margarita, C.A., es una empresa autónoma e independiente de cualquier otra empresa “franquiciada” de la marca “Sandro”. En razón de ello, niega la supuesta relación laboral alegada por el actor con la empresa “franquiciada” de la marca “Sandro”, ubicada en el Centro Comercial Sambil de la ciudad de Caracas, y rechaza que el actor haya sido transferido a la empresa ubicada en el Centro Comercial Sambil Margarita.
Hechos controvertidos: Negó, rechazó y contradijo el carácter laboral del vínculo, por cuanto, a su decir, no están satisfechos los extremos del artículo 67 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Afirma que la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A., se constituyó el 13 de abril de 2004, sin haber tenido existencia jurídica antes de esta fecha, razón por la cual negó la fecha de ingreso alegada por el trabajador demandante.
Sostiene que el actor, “en el mes de diciembre de 2007”, decidió de manera unilateral dar por terminado el “contrato de cuentas en participación” que venía ejecutando, por lo que negó el supuesto despido injustificado alegado por el trabajador.
Hechos controvertidos: alega que es autónoma e independiente de las demás empresas codemandadas.
En razón de ello, opuso la falta de cualidad de las partes para sostener el presente juicio
Por último, negó y rechazó pormenorizadamente todos y cada uno los conceptos laborales demandados y los montos estimados.
Respecto a las sociedades mercantiles Salón de Belleza Caritas, C.A. y Team Estilist, C.A., establece esta Sala que en virtud de que éstas negaron la prestación de servicios, de conformidad con los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, corresponde la carga de la prueba a la parte actora.
Así las cosas, del escrito de promoción de pruebas presentado por el ciudadano Filippo Manzo -folio 54 de la pieza Nº 1-, observa la Sala que promovió marcado con la letra “A” original del “contrato de cuentas en participación” y recibos de pago marcados con las letras “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H” e “I”.
Cursa a los folios 55 al 59 de la pieza Nº 1 del expediente, original del “contrato de cuentas en participación”, de cuyo contenido se desprende que las partes que lo suscriben son la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A. y el ciudadano Filippo Manzo, por lo que dicha documental no puede ser oponible a las sociedades mercantiles Salón de Belleza Caritas, C.A. y Team Estilist, C.A., en razón de que no emana de ellas. Así se decide.
De igual manera, cursa a los folios 60 al 65 de la pieza Nº 1 del expediente, original de recibos de pago, de cuya lectura detenida observa la Sala el logotipo de “Salón de Belleza Margarita, C.A.” y el nombre de “Filippo Manzo C. peluquero”, en consecuencia, dichas documentales no pueden ser oponibles a las codemandadas Salón de Belleza Caritas, C.A. y Team Estilist, C.A., en razón de que no emanan de ellas. Así se decide.
En sujeción a lo expuesto y en aplicación de los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, debe esta Sala declarar sin lugar la acción respecto a las codemandadas Salón de Belleza Caritas, C.A. y Team Estilist, C.A., en virtud de que la parte actora incumplió con su deber de demostrar la existencia de una prestación de servicios para dichas empresas. Así se resuelve.
Con relación a la codemandada, sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A., advierte la Sala que la precitada empresa alegó la falta de cualidad para sostener el juicio, en virtud de la naturaleza mercantil del servicio prestado por el ciudadano Filippo Manzo, admitiendo la prestación del servicio personal, por tanto, surge a favor de la parte actora la presunción de laboralidad prevista en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, en consecuencia, corresponde a la demandada desvirtuar el carácter laboral del servicio prestado.
En virtud que el eje central del contradictorio radica en determinar la existencia o no del carácter laboral del servicio prestado por el demandante a la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A., considera oportuno la Sala reiterar que nuestra legislación sustantiva concibe a la relación de trabajo, como “una prestación personal de servicio remunerada, que se realiza por cuenta ajena y bajo la dependencia de otro”.
Así, en el caso sub iudice se observa que la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A., a efectos de desvirtuar el carácter laboral del vínculo, promovió marcado con la letra “A”, original de “contrato de cuentas en participación” (folios 137 al 141 de la pieza Nº 1 del expediente), suscrito con el ciudadano Filippo Manzo, en fecha 1º de julio de 2005, y autenticado ante la Oficina Notarial de Pampatar de la Jurisdicción del Estado Nueva Esparta, en fecha 3 de agosto de 2005, quedando inserto bajo el Nº 45, tomo 60 de los Libros de Autenticaciones respectivos. Dicha instrumental no fue impugnada por la parte actora, por lo que de conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, adquiere valor de plena prueba.
De la citada documental se desprende que la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A., y el ciudadano Filippo Manzo, denominados para los efectos del contrato “La sociedad” y “El participante” respectivamente, suscribieron un “contrato de cuentas en participación” mediante el cual “La sociedad” a través de la explotación de la franquicia de la marca comercial “Sandro” en el ramo de peluquería, convino asociarse con “El participante” en su condición de peluquero profesional, para la explotación del negocio de peluquería.
Así las cosas, de la lectura íntegra del “contrato de cuentas en participación” suscrito entre las partes, observa la Sala que “La sociedad” aportaba el local comercial, los bienes muebles donde “El participante” realizaba sus servicios a los clientes, el pago de los servicios públicos y el pago compartido de los impuestos municipales; mientras que “El participante” se obligaba a: resguardar el prestigio, nombre y reputación de la marca “Sandro”, prestar el oficio a plena satisfacción del cliente, cumplir el horario de atención al público, usar el uniforme, no divulgar los secretos comerciales de la marca “Sandro”, no competir deslealmente, adquirir únicamente de “La sociedad” los productos requeridos para prestar el servicio a los clientes, otorgar un depósito mensual de cien mil bolívares (Bs. 100.000,00) a efectos de garantizar el uso adecuado de los bienes muebles y equipos asignados por “La sociedad” para la prestación del servicio, los cuales eran reintegrados una vez finalizado el contrato -cláusula novena-.
De igual manera, se evidencia que respecto a la participación de los beneficios -cláusula quinta-, las partes establecieron que “El participante” percibirá el sesenta por ciento (60%) sobre el monto producido por el servicio prestado a los clientes, y “La sociedad” percibirá el cuarenta por ciento (40%) de la producción de “El participante”, en compensación por el aporte a la explotación del negocio, porcentajes de liquidación que de conformidad con el parágrafo segundo de la cláusula quinta se deben realizar mensualmente.
Cursa a los folios 144 al 166 de la pieza Nº 1 del expediente, originales de dos (2) documentos, el primero de fecha 1º de octubre de 2006 y el segundo de fecha 30 de junio de 2007, suscritos por “La sociedad” y “El participante”, los cuales no fueron impugnados por la parte actora, por lo que de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se les otorga valor de plena prueba. De su contenido se desprende que ambas partes decidieron prorrogar el “contrato de cuentas en participación”, la primera prórroga por el período comprendido desde el 1º de julio de 2006 al 2 de julio de 2007, y la segunda prórroga por el período comprendido entre el 1º de julio de 2007 al 30 de junio de 2008, expresando ambos documentos que “La sociedad”, en cumplimiento de la cláusula novena pactada en el “contrato de cuentas en participación”, reintegraba a “El participante” el depósito anual otorgado por éste para la conservación del mobiliario asignado para la prestación del servicio de peluquería, equivalente a la cantidad de un millón doscientos mil bolívares (Bs. 1.200.000,00), para un total de dos millones cuatrocientos mil bolívares (Bs. 2.400.000,00), monto que según ambas instrumentales fue recibido por el ciudadano Filippo Manzo.
Adicionalmente, promovió la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A., original de recibos de pagos -folios 148 al 162 de la pieza Nº 1 del expediente-, los cuales no fueron objeto de impugnación, por lo que de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se les confiere valor de plena prueba. De los mismos se desprende que el ciudadano Filippo Manzo, en el período comprendido del 1º de mayo de 2005 al 30 de noviembre de 2007, enteró a la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A., por concepto del “contrato de cuentas en participación” el sesenta por ciento (60%) sobre el servicio prestado a los clientes atendidos mensualmente.
De igual forma, cursa a los folios 199 al 207 de la pieza Nº 1 del expediente, instrumentales privadas consistentes en copias de recibos promovidas por la accionada Salón de Belleza Margarita, C.A., las cuales no fueron impugnadas, por lo que de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, adquieren valor de plena prueba. De los mismos se evidencia que en el período comprendido del 1º de mayo de 2005 al 31 de diciembre de 2007, el ciudadano Filippo Manzo, enteraba a favor de la sociedad mercantil demandada, el equivalente al diez por ciento (10%) de su producción mensual, desglosado en: a) ocho por ciento (8%) por concepto de gastos administrativos; y b) dos por ciento (2%) por concepto de aporte para el pago de patente de industria y comercio.
Ahora bien, de manera reiterada la doctrina jurisprudencial de esta Sala ha sostenido que resulta erróneo juzgar la naturaleza de una relación de prestación de servicios, con fundamento sólo en lo que las partes hubiesen pactado en el contrato, pues el contrato de trabajo ha de ser entendido como un contrato realidad, esto significa que lo realmente importante no es lo que las partes abstractamente hayan establecido en el acuerdo, sino la realidad en la que se desarrolla la prestación del servicio, en otras palabras, en las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias principio consagrado en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En aplicación de la doctrina precedentemente expuesta y del cúmulo probatorio valorado ut supra, advierte esta Sala que la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A., incumplió con su carga procesal de desvirtuar la presunción de laboralidad que obra a favor del ciudadano Filippo Manzo, toda vez que fundamentó el carácter mercantil del vínculo en el contrato de cuentas de participación, medio de prueba que a la luz de la teoría del contrato realidad resulta insuficiente para desvirtuar la presunción de laboralidad del servicio personal prestado por cuenta ajena, prevista en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, por tanto, debe declarar esta Sala que el vínculo que unió a las partes es de carácter laboral, por lo que deviene la declaratoria con lugar de la acción interpuesta por la parte actora en lo que respecta a la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A. Así se resuelve.
En consecuencia, debe proceder a esta Sala a determinar la procedencia de todos y cada uno de los conceptos laborales demandados por el trabajador Filippo Manzo.
En primer lugar, se debe establecer la fecha de inicio de la prestación del servicio del actor para la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A., la cual según se desprende de las pruebas cursantes en autos y de lo afirmado por la misma parte demandada en su escrito de contestación de la demanda, la relación de trabajo se inició en fecha 1º de mayo de 2005, aun cuando la fecha de suscripción del “contrato de cuentas en participación” es de fecha 1º de julio de 2005. Respecto a la fecha de terminación de la relación de trabajo, la parte actora alegó que prestó servicios hasta el 30 de noviembre de 2007, no obstante, de las pruebas promovidas por la misma parte demandada –folio 199 de la pieza Nº 1-, y de lo señalado por ésta en su escrito de contestación de la demanda –folio 19 de la pieza Nº 2-, se evidencia que la fecha de terminación de la relación de trabajo fue el día 31 de diciembre de 2007; razón por la cual, esta Sala, establece que la fecha de terminación de la relación de trabajo que existió entre el ciudadano Filippo Manzo y la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A., fue el día 31 de diciembre de 2007. Así se establece.
En sujeción a lo expuesto, establece la Sala que el vínculo laboral que unió a las partes fue de dos (2) años y ocho (8) meses, que se contrae al período comprendido del 1º de mayo de 2005 al 31 de diciembre de 2007.
En cuanto a la base salarial, establece esta Sala que atendiendo a la forma como se prestó el servicio y en base a las actas procesales cursantes en autos, la remuneración percibida por el ciudadano Felippo Manzo, con ocasión a la relación de trabajo que lo vinculó con la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A., es de carácter variable. Así se establece.
De conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponden al trabajador cinco (5) días por cada mes a partir del tercer mes ininterrumpido de la prestación de servicio, más dos (2) días adicionales por cada año, cumplido que fuere el segundo año de servicio o fracción superior a seis (6) meses. En razón de que el actor tiene una antigüedad de dos (2) años y ocho (8) meses, le corresponde un total de ciento setenta y un (171) días por este concepto.
1º de mayo de 2005 al 1º de mayo de 2006 45 días
1º de mayo de 2006 al 1º de mayo de 2007 62 días
1º de mayo de 2007 al 31 de diciembre de 2007 64 días (fracción superior a seis meses)
El cálculo de dicho concepto se efectuará mediante experticia complementaria del fallo, a través de la designación de un único experto nombrado por el Tribunal de Ejecución que resultare competente, tomando como base de cálculo el salario integral mensual que percibió el trabajador en cada mes, compuesto éste por el salario normal mensual incluyendo la alícuota de bono vacacional y de utilidades.
Para el cálculo de los días ordenados a pagar por concepto de prestación de antigüedad, la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A., deberá exhibir los libros de contabilidad a los fines de determinar los salarios percibidos por el trabajador a partir del mes de agosto de 2005 a diciembre de 2007, y establecer su quantum conforme a los días ordenados en el presente fallo. Así se establece.
De conformidad con los artículos 219, 223 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponden a la parte actora, quince (15) días de salario en el primer año por concepto de vacaciones y siete (7) días de salario por bono vacacional, más un día (1) adicional por cada año de servicio. En consecuencia, le corresponden veintiún (21) días de salario por concepto de vacaciones, por los períodos 2005-2006, 2006-2007 y la fracción del 2007-2008; y cuarenta y dos con treinta y tres (42,33) días de salario por bono vacacional, correspondientes a los señalados períodos, para un total de sesenta y tres con treinta tres (63,33) días.
1-05-05 al 1-05-06 7 días 15 días 22 días
1-05-06 al 1-05-07 8 días 16 días 24 días
1-05-07 al 31-12-07 6 días (fracción de 8 meses completos de servicio). 11,33 días (fracción de 8 meses completos de servicio). 17,33 días
Total de días a pagar por concepto de vacaciones y bono vacacional vencidos y fraccionados: 63,33 días
El cálculo de dichos conceptos laborales se efectuará mediante experticia complementaria del fallo, a través de la designación de un único experto nombrado por el Tribunal de Ejecución que resultare competente, el cual deberá establecer el quantum tomando como base de cálculo el promedio del salario normal devengado por el actor durante el año inmediatamente anterior al término de la relación de trabajo; por tanto debe la demandada exhibir los libros de contabilidad que demuestren el referido salario y ordenar su pago conforme al número de días indicado. Así se establece.
Demanda la parte actora el pago de treinta y nueve mil novecientos cuarenta bolívares con doce céntimos (Bs. 39.940,12) por concepto de días de descanso semanal trabajados.
De conformidad con la doctrina reiterada de la Sala, corresponde a la parte actora la carga de la prueba en cuanto a la procedencia de los conceptos de carácter extraordinario, vale decir, que superen el límite de lo establecido por la legislación laboral, tales como operativos especiales, actividades realizadas los días de descanso, horas extras, bono nocturno, días feriados, entre otros, por lo que el demandante debe traer a las actas los soportes de sus pedimentos. Ahora bien, dado que el ciudadano Filippo Manzo, no presentó medio de prueba alguno que soporte su reclamo, forzoso es para la Sala desestimar su procedencia Así se decide.
De conformidad con el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponden al trabajador quince (15) días de salario por cada ejercicio fiscal laborado y la fracción correspondiente a los meses completos de servicios prestados. Así se tiene lo siguiente:
1º de mayo de 2005 al 31 de diciembre de 2005 10 días (fracción de 8 meses completos de servicio)
1º de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007 15 días
Total de días a pagar por utilidades: 40 días
En consecuencia, le corresponde pagar a la sociedad mercantil demandada, a favor de la parte actora, la cantidad de cuarenta (40) días de utilidades vencidas y fraccionadas, cuyo cálculo se efectuará mediante experticia complementaria del fallo, a través de la designación de un único experto nombrado por el Tribunal de Ejecución que resultare competente, el cual tomará como base de cálculo el salario normal promedio anual devengado por el trabajador en el respectivo ejercicio fiscal en que se ordenó su pago. Así se establece.
De conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en aplicación del reciente criterio fijado por esta Sala en sentencia Nº 1841 de fecha 11 de noviembre de 2008 (caso: J.S., contra la sociedad mercantil Maldifassi & Cia C.A.), se ordena el pago del interés de mora de la cantidad condenada a pagar por concepto de prestación de antigüedad, contada desde la fecha de terminación del vínculo laboral -31 de diciembre de 2007- hasta la oportunidad del pago efectivo; cuyo cálculo se efectuará de conformidad con lo previsto en el artículo 108 literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo, aplicándose las tasas fijadas por el Banco Central de Venezuela para el cálculo de los intereses de prestaciones sociales. Dichos intereses no serán objeto de capitalización ni indexación. En el mismo sentido, se ordena el pago de los intereses de mora de los otros conceptos laborales condenados a pagar, contados a partir de la fecha de terminación de la relación de trabajo hasta la oportunidad del pago efectivo. Igualmente, estos intereses no serán objeto de capitalización ni indexación. Así se decide.
En mérito de las consideraciones anteriores, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1) CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de Salón De Belleza Caritas C.A., contra la sentencia de fecha 9 de marzo de 2009, proferida por el Juzgado Superior del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta; 2) ANULA el fallo recurrido; 3) PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta contra la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A.; y 4) SIN LUGAR la demanda interpuesta contra las sociedades mercantiles Salón de Belleza Caritas, C.A. y Team Estilist C.A.
De conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se condena en costas del proceso al ciudadano Filippo Manzo, en lo que respecta a las codemandadas Salón de Belleza Caritas, C.A. y Team Estilist C.A. (Negrillas y subrayado propios del fallo).
Ahora bien, la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.991 Extraordinario del 29 de julio de 2010, (reimpresa por error material el 1 de octubre de 2010, en la G.O Nº 39.522), recogió el anterior criterio jurisprudencial, al disponer en el artículo 25, numerales 10,11 y 12, lo siguiente:
Precisado lo anterior, esta Sala advierte que el acto decisorio sometido a revisión lo constituye el pronunciamiento Nº 288 dictado el 24 de marzo de 2010 por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró: i) con lugar el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de Salón de Belleza Caritas C.A., contra la sentencia de dictada el 9 de marzo de 2009, por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta; ii) anuló el fallo recurrido; iii) parcialmente con lugar la demanda interpuesta contra Salón de Belleza Margarita, C.A.; y, iv) sin lugar la demanda interpuesta contra Salón de Belleza Caritas, C.A., y Team Estilist C.A. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se condenó en costas del proceso al ciudadano Filippo Manzo, en lo que respecta a las codemandadas Salón de B.C.C.A. y Team Estilst C.A.
En efecto, respecto al empleo de expertos por los órganos jurisdiccionales a los fines de complementar los fallos, esta Sala Constitucional Nº 1322 del 23 de mayo de 2003, (Caso: Inversiones Hielofre C.A.), señaló lo siguiente:
En virtud de los razonamiento expuestos, la Sala declara no ha lugar a la solicitud de revisión constitucional interpuesta conjuntamente con medida cautelar, por los apoderados judiciales de SALON DE BELLEZA MARGARITA C.A., contra el fallo Nº 288 dictado el 24 de marzo de 2010 por la Sala de Casación Social.
No obstante la declaratoria anterior, y pese a que el peticionario no alegó nada respecto a la condenatoria en costas impuesta al ciudadano Filippo Manzo, esta Sala Constitucional, a los efectos de ejercer su función de garante de la supremacía del Texto Constitucional y de las interpretaciones que de dicho Texto propugne esta Sala, observa que en el dispositivo del fallo objeto de revisión, se estableció lo siguiente:
1) CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de Salón De Belleza Caritas C.A., contra la sentencia de fecha 9 de marzo de 2009, proferida por el Juzgado Superior del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta; 2) ANULA el fallo recurrido; 3) PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta contra la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A.; y 4) SIN LUGAR la demanda interpuesta contra las sociedades mercantiles Salón de Belleza Caritas, C.A. y Team Estilist C.A.
Del fallo parcialmente transcrito, se advierte que la Sala de Casación Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo condenó en costas al ciudadano Filippo Manzo, parte actora en el juicio que por prestaciones sociales y otros conceptos laborales ejerció contra Salón de Belleza Margarita, C.A; Salón de Belleza Caritas, C.A y Team Estilist, C.A.
En este contexto, observa la Sala que, tal como se señaló ut supra, el juicio primigenio fue incoado contra tres sociedades mercantiles, a saber, Salón de Belleza Margarita, C.A; Salón de Belleza Caritas, C.A. y Team Estilist, C.A, y si bien es cierto que la pretensión del ciudadano Filippo Manzo no prosperó con respecto a Salón de Belleza Caritas, C.A. y Team Estilist, C.A., fue declarada parcialmente con lugar respecto de Salón de Belleza Margarita, C.A., quien fue condenada al pago de prestaciones sociales a favor del trabajador, y no así al pago de otros conceptos laborales reclamados, entre ellos, días de descanso semanal trabajados e indemnizaciones del artículo 125 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Del mismo modo, esta Sala Constitucional en sentencia de Nº 164 del 2 de marzo de 2005, reiteró el fallo núm. 2242 del 24 de septiembre de 2002, (Caso: Jolhman J.L.R.), transcrito supra, y analizó la condenatoria en costas de un litis consorte facultativo, en lo siguientes términos:
De las jurisprudencias parcialmente trascritas, se observa que la condenatoria en costas sólo procede ante el vencimiento total en un juicio o incidencia, por lo que, visto que el ciudadano Filippo Manzo no resultó totalmente vencido en el juicio que por prestaciones sociales y otros conceptos laborales incoara contra tres sociedades mercantiles, toda vez que, la pretensión fue declarada parcialmente con lugar y condenada a la sociedad mercantil Salón de Belleza Margarita, C.A, al pago de prestaciones sociales en favor de éste, no era procedente condenarlo en costas, al no subsumirse dentro de supuesto legal establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Por ende, al determinarse que la sentencia objeto de revisión se apartó expresamente de la doctrina que dispuso esta Sala Constitucional sobre la procedencia de la condenatoria en costas, esta Sala anula de oficio, sólo la declaratoria respecto a la condenatoria en costas, impuesta por la sentencia Nº 288 dictada el 24 de marzo de 2010 por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, al ciudadano Filippo Manzo, por no haber resultado totalmente vencido en el presente juicio. Así se decide.
NO HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional interpuesta conjuntamente con medida cautelar, por los apoderados judiciales de SALON DE BELLEZA MARGARITA C.A., contra el fallo Nº 288 dictado el 24 de marzo de 2010 por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.
ANULA de oficio la declaratoria respecto a la condenatoria en costas, impuesta por la sentencia Nº 288 dictada el 24 de marzo de 2010 por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, al ciudadano Filippo Manzo.
Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada del presente fallo a la Sala de Casación Social y a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, a fin de que sea enviado al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución que se encuentra cumpliendo lo ordenado según decisión de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia Nº 288 del 24 de marzo de 2010. Archívese el expediente.
Exp.- 10-0712
Por otro lado, se observa que la Sala de Casación Social desestimó la existencia de la relación laboral, sin que hubiese aplicado su test de laboralidad al caso concreto (s. S.C.S. nº RC489/02), por cuanto, en su criterio, el contrato de cuentas de participación no era un medio probatorio suficiente para desvirtuar la presunción de laboralidad del servicio personal prestado por cuenta ajena, sin que hubiese considerado el resto de las pruebas que fueron promovidas por las partes, a pesar de reconocerle “valor de plena prueba”, y la demostración del cumplimiento de las obligaciones derivadas de tal negocio jurídico (original de recibos de pago, “…de donde se desprende que el ciudadano Filippo Manzo, en el periodo comprendido del 1º de mayo de 2005 al 30 de noviembre de 2007, enteró a la sociedad mercantil (…), por concepto del ‘contrato de cuentas en participación’ el sesenta por ciento (60%) sobre el servicio prestado a los clientes atendidos mensualmente”, así como, copias de recibos “(d)e los mismos se evidencia que en el periodo comprendido del 1º de mayo de 2005 al 31 de diciembre de 2007, el ciudadano Filippo Manzano, enteraba a favor de la sociedad mercantil demandada, el equivalente al diez por ciento (10%) de su producción mensual, desglosado en: a) ocho por ciento (8%) por concepto de gastos administrativos; y b) dos por ciento (2%) por concepto de aporte para el pago de patente de industria y comercio”).
Por último, el disidente no comparte la nulidad de la decisión objeto de revisión con respecto a la declaración de condena al pago de las costas; por cuanto, contrario a lo que afirma la mayoría, si hubo vencimiento total de la parte actora. Debe dejarse claro que, en el proceso donde se expidió al acto de juzgamiento objeto de revisión, existió un litis consorcio pasivo facultativo (no obligatorio, art. 148 del C.P.C.), lo que quiere decir que “(l)os litisconsortes se considerarán en sus relaciones con la parte contraria, y mientras no resulte otra cosa de disposiciones de la ley, como litigantes distintos, de manera que los actos de cada litisconsorte no aprovechan ni perjudican a los demás”(ex artículo 147 del C.P.C.), por tanto, existe para cada codemandado con respecto al demandante una relación jurídica procesal distinta, de allí que el pretensor laboral resulto parcialmente vencedor con respecto a una de las demandadas, pero resultó totalmente vencido en relación con dos de ellas, a favor de las cuales procedía la condenatoria al pago de las costas, lo cual declaró, en forma acertada, la Sala de Casación Social.
Exp. 10-0712

References: artículo 59
 artículo 2
 artículo 243
 artículo 59
 artículo 320
 artículo 22
 artículo 10
 artículo 69
 artículo 22
 artículo 77
 Resolución 
 artículo 77
 artículo 67
 artículo 65
 artículo 77
 artículo 78
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 artículo 89
 artículo 65
 artículo 108
 artículo 174
 artículo 92
 artículo 108
 artículo 59
 artículo 25
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 125
 artículo 59
 artículo 147