Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2017/se201700568.html
Timestamp: 2019-03-20 07:19:01+00:00

Document:
se201700568
SENTENCIA: 568/2017.
FECHA: Sucre, 12 de julio de 2017.
EXPEDIENTE: 534/2014.
MAGISTRADA RELATORA: Maritza Suntura Juaniquina.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa cursante de fs. 13 a 16 vta., interpuesta por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente representada por Grover Castelo Miranda, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0311/2014 de 27 de febrero, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), representada por Daney David Valdivia Coria; la contestación de fs. 37 a 42 vta., la réplica a fs. 47 y vta.; dúplica que cursa de fs. 50 a 51, y demás antecedentes del proceso por el cual se emitió la Resolución impugnada.
I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.
La Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, en adelante la Administración Tributaria, señala que en uso de las facultades conferidas por el art. 66 de la Ley 2492 y cumpliendo lo establecido en la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, generó el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 001289304595 para el contribuyente Mancomunidad de Municipios Chuquisaca Norte, por el incumplimiento al deber formal de información, establecido en los arts. 71 y 162 de la Ley 2492, sujeta a la sanción establecida en el punto 4.2. del numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND Nº 10-0037-07, la misma que asciende a 500.- UFV’s (quinientas 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), por cada periodo fiscal incumplido, haciendo un monto total de 4.500.- UFV’s (cuatro mil quinientas 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), la entidad contribuyente una vez notificada con el referido Auto Inicial de Sumario Contravencional, mediante su presentante legal y dentro del plazo establecido al efecto presentó sus descargos, una vez analizados y valorados los mismos, se concluyó que el sujeto pasivo está sujeto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y tiene la característica de empresa pública, por ello posteriormente se emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-0140-13 de 15 de julio de 2013, que confirmó la multa de 500.- UFV’s por cada incumplimiento a deber formal.
Agrega que, la citada Resolución Sancionatoria fue objeto de recurso de alzada resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) de Chuquisaca, mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 220/2013 de 09 de diciembre, anuló la Resolución impugnada, ya que existiría incongruencia en el acto impugnado y no se habría citado la normativa base de la sanción de manera clara y específica.
Contra esta determinación la entidad demandante formuló recurso jerárquico, que mereció la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0311/2014 de 27 de febrero, la cual dispuso anular obrados hasta la emisión de una nueva resolución sancionatoria.
I.2. Fundamentos de la demanda.
Señaló que, la Resolución Jerárquica impugnada anuló la Resolución de Alzada, al considerar que en la Resolución Sancionatoria Nº 18-00140-2013 de 15 de julio, no se habría dado respuesta a todos los puntos reclamados por el contribuyente a tiempo de presentar sus descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 001289304595, emitiendo un pronunciamiento sobre cuestiones no planteadas en el recurso jerárquico, ya que en el mismo jamás se tocó ni someramente el tema de la “Tarjeta Galileo”, en tal circunstancia, la AGIT emitió un pronunciamiento basado en un aspecto que no era parte del recurso, peor aun tomando en cuenta que el contribuyente no presentó recurso jerárquico reclamando que el tema de la Tarjeta Galileo no habría sido abordado en la Resolución de Alzada Nº ARIT 0220/2013, no existiendo justificativo conforme a las reglas del principio de congruencia, para que la autoridad demandada haya emitido un pronunciamiento sobre una cuestión que no se reclamó en el recurso jerárquico.
Arguye que la autoridad demandada debió pronunciarse sólo sobre las cuestiones efectivamente planteadas en el recurso jerárquico tomando en cuenta el objeto de la litis, absteniéndose de resolver cuestiones de su propia autoría, que nunca fueron parte de la litis, no correspondiendo se emita un pronunciamiento sobre un aspecto ajeno al recurso; es decir, más allá de lo que el recurrente reclamó en su recurso jerárquico, lo cual vulnera el principio de congruencia, en atención al cual toda autoridad a tiempo de resolver una controversia debe circunscribirse y pronunciarse respecto a los puntos abordados por el accionante a fin de establecerse si existe fundada razón en su petitorio, lo que no ocurrió en el presente caso, ya que en la ratio decidendi de la Resolución se tocan puntos no reclamados en el recurso jerárquico.
Agrega que, de acuerdo a lo establecido por el art. 63.I de la Ley 2341, determina que cuando se presenta un recurso, la resolución del mismo de ninguna manera debe reflejar una situación más gravosa, en el presente caso, la AGIT, agrava la situación inicial de la Administración Tributaria ya que suma otro elemento de nulidad al procedimiento sancionatorio de la Resolución Sancionatoria Nº 18-00140-2013, lo cual no está permitido por la disposición legal citada.
Expresa que, en el supuesto no consentido de no estimarse su pretensión anteriormente expuesta, solicita se considere que de un análisis de la Resolución Sancionatoria, se identifica que no existe imprecisión absoluta del fundamento legal de la respuesta efectuada al contribuyente, pues se indica claramente que su conducta configura contravención tributaria, conforme la Disposición Final Única del parágrafo I de la RND 10-0022-08 de 29 de junio de 2008, dispone que: “A partir del período fiscal julio/2008, los sujetos pasivos o terceros responsables categorizados como sujeto pasivo o tercero responsables Newton, tendrán la obligación de presentar al SIN la información de los Libros de Compras y Ventas IVA, a través del Software Da Vinci ­ LCV, conforme disponen las Resoluciones Normativas de Directorio Nº 10- 0047-05 de 14 de diciembre de 2005 y Nº 10-0016-07”, es a partir de esta disposición que el contribuyente disponía de los medios de acceso a dichas normas jurídicas, no siendo impedimento para el envío de la información de los libros de compras IVA, el no tener la tarjeta Newton, sino que la misma puede ser enviada técnicamente de tres maneras: mediante el programa Da-Vinci; a través de la Oficina Virtual; y, a través del Portal Tributario del SIN, sin que sea necesaria tal tarjeta.
Finalmente indica que, la Administración Tributaria no ha incumplido con las normas del debido proceso al identificar con claridad la conducta del contribuyente así como la contravención a la cuál ésta se encuadra, habiéndose identificado con claridad las pruebas presentadas el mismo y el razonamiento mediante el cual las mismas se declararon no válidas. Respecto a la supuesta violación al debido proceso al no pronunciarse la Administración Tributaria sobre la no entrega de la Tarjeta Galileo, al tenor del art. 76 de la Ley 2492, es el contribuyente quien tiene el deber de constituir prueba sobre este hecho; sin embargo, no produjo prueba al respecto ni señaló que las mismas se encontrarían en poder del SIN, por lo que el hecho de que el contribuyente haya presentado un reclamo no es más que una simple afirmación por no constituirse prueba sobre el mismo, lo que impide que la Administración Tributaria pueda manifestarse sobre prueba que no existe, ya que de hacerlo se violaría el debido proceso.
I.3. Petitorio.
Concluyó solicitando se declare probada la demanda y se revoque totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0311/2014 de 27 de febrero, y en consecuencia, se mantenga firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 18-00140-2013; o en su caso, se anule la Resolución Jerárquica impugnada, hasta emitirse una nueva resolución conforme a derecho.
II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.
La AGIT, se apersonó al proceso y respondió negativamente con memorial presentado el 22 de octubre de 2014, que cursa de fs. 37 a 42 vta., señalando lo siguiente:
Los fundamentos de la demanda contencioso administrativa son sólo exposiciones generales, nada claras; sin embargo, puntualiza que la misma Resolución Jerárquica, señaló que: “…corresponde señalar que la Administración Tributaria interpuso Recurso Jerárquico en el que expone agravios, sobre la falta congruencia en la Resolución de Alzada ARIT/CHQ/RA 0220/2013, de 9 diciembre de 2013, con relación a los argumentos abordados por la Mancomunidad de Municipios Chuquisaca Norte en su Recurso de Alzada y la respuesta al mismo por parte de la Administración Tributaria; en este sentido, se analizará la falta de congruencia reclamada y sólo en caso de no ser evidente la misma, se ingresará al análisis de los agravios de fondo planteados”, bajo ese contexto, con relación al pronunciamiento extra petita por parte de la ARIT Chuquisaca, de la revisión del recurso de alzada, se evidencia que el contribuyente reclamó que la Resolución Sancionatoria omite exponer el fundamento de la decisión que considera no válidos sus descargos presentados dentro del término de 20 días otorgados al efecto; cuestiona si los fundamentos de la nota de descargo fueron impertinentes o si fueron presentados fuera de plazo; reclamó también la falta de pronunciamiento expreso sobre la entrega de la Tarjeta Galileo recién en diciembre de 2010, motivos por los cuales solicitó la anulabilidad de la Resolución Sancionatoria hasta que se emita una nueva que contenga la explicación de los descargos con el uso adecuado y preciso de las normas tributarias que se señalan de forma general o alternativamente, bajo los mismos argumentos demanda la revocatoria de dicho acto, señalando que recién fueron comunicados de dicha obligación con la emisión de la RND Nº 10-0023-10.
Agrega que, la Resolución de Alzada ingresó al análisis de los agravios expuestos por el contribuyente en el recurso de alzada, la contestación al recurso y los antecedentes administrativos, llegando a la convicción de que la Administración Tributaria no hace mención alguna referente al reclamo del recurrente de la entrega de la Tarjeta Galileo del mes de diciembre de 2010, sin explicar de qué forma debió haber cumplido con la obligación de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA Da-Vinci en el Portal Tributario sin poseer la Tarjeta Newton, dejándolo en la incertidumbre; asimismo, realizó una confrontación de la normativa utilizada en el Auto Inicial del Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria, concluyendo que ambos actos refieren normas genéricas sin especificar los artículos que establecen la obligación cuyo incumplimiento amerita ser sancionado, conforme lo expresado, se estableció que la Resolución de Alzada fue congruente con los argumentos expresados en el recurso de alzada, sobre todo en lo referente a la entrega al sujeto pasivo de la Tarjeta Galileo; empero, aclara que la instancia jerárquica verificó que la misma Resolución de Alzada otorgó más allá de lo pedido, pero no como lo pretende hacer creer el demandante, siendo que se otorgó más allá de lo pedido sólo con relación a la anulación hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional, siendo que no fue solicitado en forma expresa, por lo que no existe ningún pronunciamiento extra petita como erradamente interpreta el demandante, siendo correcto el análisis efectuado en la Resolución Jerárquica conforme a los antecedentes, los alegatos de las partes y la normativa aplicable.
Con relación a que el contribuyente posee pleno conocimiento de la normativa por la cual fue sancionado y que lo reclamado en alzada se basa en la falta de explicación en la valoración de los descargos y la normativa utilizada para sancionar el caso en particular, ante lo cual, la instancia jerárquica señaló que efectivamente el contribuyente en conocimiento de la normativa se apersonó a oficinas de la Administración Tributaria para recabar la Tarjeta Galileo, conforme dispone el parágrafo I del art. 15 de la RND Nº 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, la misma que recién le entregaron en diciembre de 2010; sin embargo, la Administración Tributaria no desvirtuó este argumento y menos lo valoró en la Resolución Sancionatoria, siendo evidente la falta de pronunciamiento sobre los descargos presentados, lo que afecta la motivación y fundamentación de la Resolución Sancionatoria, resultando cierto que la Administración Tributaria no mencionó y menos valoró en la Resolución Sancionatoria, el principal argumento de la defensa del contribuyente, el cuál es el hecho de que la Tarjeta Galileo con el pin para su habilitación en el Sistema Newton Da Vinci, recién se les entregó en el mes de diciembre de 2010, lo que imposibilitó el envío, observación efectuada por la Mancomunidad de Municipios Chuquisaca Norte en su recurso de alzada y que dicha falta de motivación le genera indefensión; de lo que se concluye que la Resolución sancionatoria Nº 18-000140-13, ha incumplido con lo dispuesto en el art. 68.7 de la Ley 2492, concordante con el inciso f) numeral 3 de la RND Nº 10-0037-07, por lo que saneó el proceso con la finalidad de evitar vicios de nulidad posteriores por vulneración de los derechos al debido proceso y a la defensa, anulando obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la Resolución Sancionatoria Nº 18-000140-13, a objeto de que la Administración Tributaria emita un acto congruente y fundamentado.
Por último refiere que, los argumentos de la demanda contencioso administrativa no desvirtúan los fundamentos expuestos por la AGIT, siendo fundamentos ya expuestos en instancia administrativa recursiva, no pudiendo la demanda limitarse a efectuar copia de los argumentos interpuestos en sede administrativa, no pudiendo este Tribunal suplir la carencia de carga argumentativa del demandante en el presente proceso, observaciones que tienen como precedente las Sentencias Nº 238/2013 de 05 de julio y 510/2013 de 27 de noviembre, emitidas por Sala Plena de este Tribunal Supremo.
II.1. Petitorio.
La autoridad demandada, al considerar que el argumento de la demanda no tiene asidero legal, solicitó se declare improbada la misma y se mantenga firme y subsistente la Resolución impugnada en el presente proceso.
III.- DEL TERCERO INTERESADO.
Mediante notificación que cursa a fs. 21, se advierte la legal citación de la Mancomunidad de Municipios Chuquisaca Norte, representada por Gonzalo Salazar Ponce, en su calidad de tercero interesado, quien no se apersonó al presente proceso.
Asimismo, corrida en traslado la respuesta, la entidad demandante formuló réplica, reiterando los argumentos de la demanda (fs. 47 y vta.) Por su parte, la AGIT, en su memorial de dúplica únicamente indicó este extremo (fs. 50 a 51), disponiéndose a fs. 127, “Autos” para sentencia.
IV. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.
La Mancomunidad de Municipios Chuquisaca Norte, el 13 de julio de 2013 fue notificada con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 001289304595 de 13 de febrero de ese año, por incumplimiento al deber formal de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA, mediante el Software Da-Vinci LCV, con relación a los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010 (fs. 4 y 23 del Anexo 2).
Luego de presentados los descargos por el sujeto pasivo, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-00140-13 de 15 de julio de 2013, sancionando a la Mancomunidad de Municipios Chuquisaca Norte, con la multa de 500.- UFV’s por cada periodo fiscal incumplido, haciendo un monto total de 4.500.- UFV’s, por incumplimiento al deber formal de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA, mediante el Software Da-Vinci LCV, con relación a los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010(fs. 82 a 84 del Anexo 2).
La referida Resolución Sancionatoria, fue impugnada por el sujeto pasivo mediante recurso de alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, con el argumento de que dicha Resolución Sancionatoria no cuenta con la debida fundamentación y motivación de enlace lógico de explicación entre la norma tributaria y el caso particular que se observa, conforme exigen los arts. 28 inc. e) y 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo; y, que no existe pronunciamiento expreso sobre la entrega de la Tarjeta Galileo recién en diciembre de 2010 (fs. 13 y 14 vta. del Anexo 1). Recurso que fue resuelto mereciendo la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0220/2013 de 9 de diciembre, que dispuso Anular la Resolución Sancionatoria Nº 18-000140-13 con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, debiendo emitir la Administración Tributaria un nuevo Auto de Sumario Contravencional, que establezca con claridad y especificidad la normativa aplicable al caso concreto (fs. 48 a 57 del Anexo 1).
Dicha Resolución de Alzada fue impugnada mediante recurso jerárquico formulado por la Administración Tributaria, con el argumento de que la ARIT Chuquisaca se apartó del principio de congruencia (fs. 74 a 78 del Anexo 1), mereciendo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0311/2014 de 27 de febrero, que resolvió Anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0220/2013 con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionatoria Nº 18-000140-13, a objeto de que la Administración Tributaria emita un acto congruente y fundamentado respecto a los argumentos presentados por el contribuyente en su nota de descargo al Auto Inicial del Sumario Contravencional Nº 1289304595 (fs. 97 a 160 vta.).
V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.
La problemática legal sujeta a resolución en el presente proceso contencioso administrativo se circunscribe a los siguientes puntos de controversia: 1) Si la AGIT emitió un pronunciamiento sobre cuestiones no planteadas en el recurso jerárquico, vulnerando el principio de congruencia; y, 2) Si existe vulneración al debido proceso al identificarse claramente la contravención que se adecúa a la conducta del contribuyente y la normativa legal en la cual se fundamenta.
V.1. Sobre el Proceso Contencioso Administrativo
El Proceso Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado, librándolo del abuso de poder de los detentadores del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la Administración que considera le sean gravosos, para así lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados con la interposición precisamente del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, el art. 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que: “El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente el acto administrativo y agotando ante este Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado”.
Quedando establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo y reconocida la competencia de este Supremo Tribunal, en su Sala Plena, para la resolución de la controversia, por la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho en única instancia, no teniendo una etapa probatoria, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, se procede a analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por el demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la AGIT y la Administración Tributaria; todo esto al tenor de lo dispuesto por el art. 6 de la Ley 620.
V.2. Sobre la congruencia en las resoluciones de la ARIT y la AGIT.
En mérito al principio de disposición, cuando un sujeto procesal, expone determinadas pretensiones o demandas, ante una autoridad judicial o administrativa, esta autoridad tiene la obligación de resolver de manera motivada y fundamentada únicamente lo que fue expresamente pretendido o demandado por el actor o recurrente, constituyéndose la demanda o recurso en el límite de la decisión de la autoridad, al momento de emitir su resolución. A esta formalidad procesal que es parte del debido proceso, se denomina congruencia.
Doctrinalmente se asume que los vicios de la congruencia, son la ultra petita y la infra petita, en el primer caso implica, haber dispuesto más de lo solicitado y en el segundo caso es lo contrario; vale decir, que la resolución final, no llegó a pronunciarse con relación a alguno de los puntos demandados por el actor o recurrente, ambos vicios pueden ser cometidos respecto a tres aspectos; con relación a los sujetos procesales, con relación al objeto de la litis y con relación al derecho; es decir, que una resolución judicial o administrativa, incurrirá en ultra petita o infra petita, si llegó a modificar la pretensión o demanda expuesta por el actor o recurrente, situación que se evidencia en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0311/2014 de 27 de febrero, la cual fue más allá de las cuestiones planteadas en el recurso jerárquico señalando que la Resolución de Alzada no habría dado respuesta a todos los puntos reclamados por el contribuyente al momento de presentar sus descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 001289304595, un aspecto que no fue objeto del recurso jerárquico, debiendo tener presente que cualquier autoridad sea administrativa o judicial que conozca de un recurso está impelido de contestar y absolver las alegaciones expuestas correspondiendo una construcción armónica en el marco del control de legalidad, de la fundamentación y valoración efectuadas por la autoridad a quo y la decisión asumida, situación que no se observa en la Resolución emitida por la autoridad hoy demandada, haciéndose necesario señalar que el debido proceso se instituye no sólo para proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originadas no únicamente en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico. De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva sino efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución, extremo no tomado en cuenta en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0311/2014 de 27 de febrero, donde se citan aspectos no planteados por el recurrente, específicamente el consignado en su acápite viii, referido al hecho de que la Tarjeta Galileo-Masi con el PIN para su habilitación en el Sistema Newton Da Vinci, recién fue entregada en diciembre de 2010, un aspecto que no fue objeto del recurso jerárquico, por lo que es imperioso recordar que la concordancia del contenido de una resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento el cual llevó a la determinación que se asume, aspectos que no fueron tomados en cuenta porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, por lo que de forma clara se observa que en el caso objeto de análisis, la autoridad demandada abordó cuestiones que en ningún momento formaron parte de las pretensiones expuestas en el recurso jerárquico, hecho que vulnera de forma directa el debido proceso en su vertiente congruencia.
Por lo expuesto corresponde atender favorablemente la pretensión de la entidad demandante, declarando probada la demanda con relación a este punto, sin que corresponda emitir pronunciamiento respecto de otras cuestiones.
V.3. Conclusión.
Del análisis precedente, este Tribunal de Justicia concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, al emitir la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0311/2014 de 27 de febrero, que dispuso Anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0220/2013 con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionatoria Nº 18-000140-13; obró de manera incorrecta, al emitir un pronunciamiento sobre cuestiones no planteadas en el recurso jerárquico, vulnerando el debido proceso en su vertiente congruencia; en consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos corresponde dejar sin efecto la Resolución Jerárquica impugnada.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el artículo 6 de la Ley 620 de 31 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 13 a 16 vta., interpuesta por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Grover Castelo Miranda; y en su mérito, ANULA la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0311/2014 de 27 de febrero, y dispone que la autoridad demandada, pronuncie una nueva resolución que guarde el principio de congruencia.
No suscriben los Magistrados Pastor S. Mamani Villca, Fidel Marcos Torodya Rivas por emitir voto disidente.
No estuvo presente

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