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Timestamp: 2018-06-24 09:43:38+00:00

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20 de junio de 1992 - La primera Constitución democrática de la historia del Paraguay, por su origen, procedimientos y resultados
LA PRIMERA CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA HISTORIA DEL PARAGUAY,
POR SU ORIGEN, PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS
El 20 de junio de 1992 la Convención Nacional Constituyente sancionó la Constitución vigente. Es un hito del Bicentenario por ser la primera de la historia del Paraguay que fue producto de un cuerpo colegiado electo libre y competitivamente. El 1º de diciembre de 1991 participaron 5 partidos y movimientos políticos y a pesar de la mayoría absoluta del 55% de la Asociación Nacional Republicana (ANR-Partido Colorado). Los cargos directivos fueron ocupados por integrantes de las tres bancadas. El procedimiento de la Constituyente fue democrático y los resultados aceptados por la ciudadanía y el estamento militar, que desde 1936 había sido árbitro o decisor del Estado paraguayo.
1991 fue el año en el que la ciudadanía paraguaya pudo, por primera vez en su historia, elegir intendentes municipales y convencionales constituyentes. El marco jurídico de ambas elecciones, realizadas en los meses de mayo y diciembre, fue la ley 1/90, que disponía la elección directa de los/as titulares de los ejecutivos municipales, la elección directa de candidatos y candidatas en los partidos políticos, otorgaba la posibilidad de presentar candidaturas independientes y una distribución proporcional de escaños conforme al Sistema D'Hont. Este sistema consiste en la división del total de votos entre 1, 2, 3 y así sucesivamente; y se escoge a quien tiene la cifra más alta para ocupar el primer escaño y así hasta otorgar todos los cargos en disputa.
Las municipales del 26 de mayo fueron una gran sorpresa porque mostró que el Paraguay no sólo era liberal y colorado, por la victoria del Movimiento Ciudadano Asunción Para Todos (APT) en Asunción, lo que permitió que Carlos Filizzola, hasta entonces dirigente gremial de médicos, fuera el primer intendente de Asunción. El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), por su parte, ganó en numerosas ciudades importantes, lo que hizo que por primera vez el Paraguay estuviese pintado de varios colores.
Pero las elecciones para convencionales constituyentes demostraron que la ANR tenía poder de reconstituirse, ganando la mayoría absoluta de los escaños, con un 55%, de los votos. Le siguió el PLRA con un 27% de los votos y Constitución Para Todos (CPT) con el 11%. El Partido Revolucionario Febrerista y el Partido Demócrata Cristiano lograron el 1,2 y el 0,8% respectivamente. Las mujeres de la ANR, PLRA y CPT fueron el 11 % de la Constituyente. La participación ciudadana alrededor de la Constituyente fue intensa. Se presentaron 119 propuestas ciudadanas, todas ellas referidas a la parte dogmática de la Constitución, que es la que consagra derechos y garantías. Tres casos son especialmente interesantes de rescatar. Los pueblos indígenas no consiguieron una representación propia mediante una reserva de escaños y convencionales electos/ as por los pueblos indígenas. Sin embargo, el contar con una propuesta formulada como artículos constitucionales y la capacidad de estar presente en cada sesión, llevó no sólo a la designación de asesores indígenas sino a la aprobación casi sin modificaciones de sus propuestas. Por su parte, las mujeres se reunieron en Foros para la Constituyente y entregaron su propuesta también formulada como artículos. Ésta fue retomada por la Interbancada de Mujeres que reunió a todas las mujeres de la CNC y, con algunas modificaciones, la presentó como propia. Con esta estrategia, las mujeres también consiguieron la consagración de una gran parte de su propuesta. No fue así para el movimiento campesino, que no llegó a presentar una propuesta única y mucho menos en forma de artículos y se sintió defraudado por los resultados de la Constituyente. Pero más defraudadas aún se sintieron las organizaciones de emigrantes paraguayos a quienes expresamente se les saca el derecho al voto, con el voto exclusivo de los y las convencionales del Partido Colorado.
En la Constitución de 1992 se recogen los derechos y garantías según los estándares más altos de ese momento, a pesar de lo criticable del cercenamiento de los derechos políticos de connacionales radicados en el extranjero y la grave situación de apatridia de los hijos e hijas de paraguayos y/o paraguayas nacidos/as en países en los que rige el ius sanguinis, como son el Japón y los países europeos. Como se sabe, esos países no reconocen nacionalidad por el hecho de nacer en su territorio y la Constitución vigente les exige que sus progenitores se radiquen en el Paraguay para obtener la nacionalidad paraguaya.
Los mayores problemas en la aplicación de la Constitución provienen de la II Parte, Del Ordenamiento Político de la República confrontada con la cultura política paraguaya. Un régimen presidencialista bajo control parlamentario no es posiblemente el más adecuado para un país en el que cuesta negociar y mantener legitimidad. Además, las instituciones concebidas como técnicas, no politizadas y de control como por ejemplo la Contraloría General de la República, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, terminaron degradadas y altamente politizadas. Tampoco se consiguió que quienes ejercen la presidencia de la República y la vicepresidencia pudiesen trabajar conjuntamente por largo tiempo, habiendo llegado a las más graves tensiones y al asesinato de un vicepresidente. Finalmente, a pesar de. que la Constitución apuesta a la independencia del Poder Judicial, no se ha logrado abandonar la tradición, que viene desde las dictaduras y autoritarismos del inicio republicano y fue recogida por la Constitución de 1870 y las que le sucedieron, de que cada Ejecutivo arma su propio Poder Judicial.
A medida que pasa el tiempo emergen con mayor claridad los huecos y errores de la Constitución de 1992, que mucho tienen que ver con la casi inexistente experiencia paraguaya previa, sobre cómo dirigir y convivir en un autodefinido como Estado social y democrático de derecho. El riesgo que se corre es que a la hora de hacer las necesarias enmiendas e incluso reforma de una Constitución formulada en un momento de eclosión democrática, se pierdan derechos y garantías tan difícilmente conquistados.
TÍTULO II. DE LOS DERECHOS, DE LOS DEBERES Y DE LAS GARANTÍAS
CAPÍTULO I. DE LA VIDA Y DEL AMBIENTE
SECCIÓN I. DE LA VIDA
SECCIÓN II. DEL AMBIENTE
CAPÍTULO II DE LA LIBERTAD
el acceso, por sí o por intermedio de su defensor, a las actuaciones procesales, las cuales en ningún caso podrán ser secretas para ellos. El sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la ley, y a la indemnización por el Estado en caso de condena por error judicial.
Todos los hijos son iguales ante la ley. Esta posibilitará la investigación de la paternidad. Se prohíbe cualquier calificación sobre la filiación en los documentos personales.
Toda persona que por un acto u omisión, manifiestamente ilegítimo, de una autoridad o de un particular, se considere lesionada gravemente, o en peligro inminente de serlo en derechos o garantías consagradas en esta Constitución o en la ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, puede promover amparo ante el magistrado competente. el procedimiento será breve, sumario, gratuito, y de acción popular para los casos previstos en la ley.
PARTE II DEL ORDENAMIENTO POLÍTICO DE LA REPÚBLICA
Artículo 137 - DE LA SUPREMACIA DE LA CONSTITUCIÓN
Artículo 138 - DE LA VALÍDEZ DEL ORDEN JURÍDICO
CAPÍTULO IV DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REPÚBLICA
disponer la integración de los Consejos de Desarrollo Departamental, y las demás competencias que fijen esta Constitución y la ley.
por desintegración de la junta departamental o de la municipal, que imposibilite su funcionamiento, y por grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República.
CAPÍTULO V DE LA FUERZA PÚBLICA
Artículo 172 - DE LA COMPOSICIÓN
CAPÍTULO VI DE LA POLITICA ECONÓMICA DEL ESTADO
SECCIÓN I DEL DESARROLLO ECONÓMICO NACIONAL
Artículo 176 - DE LA POLITICA ECONÓMICA Y DE LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
Artículo 180 - DE LA DOBLE IMPOSICIÓN
los candidatos a Presidente de la República o a Vicepresidente, y los propietarios o copropietarios de los medios de comunicación.
la violación del régimen de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en esta Constitución, y el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado.
si todas las modificaciones se rechazasen por mayoría absoluta, pasarán de nuevo a la Cámara revisora y, si ésta se ratificase en su sanción anterior por mayoría absoluta, el proyecto quedará sancionado; si no se ratificase, quedará sancionado el proyecto aprobado por la Cámara de origen, y si por parte de las modificaciones fuesen aceptadas y otras rechazadas, el proyecto pasará nuevamente a la Cámara revisora, donde solo se discutirán en forma global las modificaciones rechazadas, y si se aceptasen por mayoría absoluta, o se las rechacen, el proyecto quedará sancionado en la forma resuelta por ella.
prestar acuerdo para la intervención de los gobiernos departamentales y municipales, y las demás atribuciones exclusivas que fije esta Constitución.
SECCIÓN III DE LA PROCURADURIA DE GENERAL DE LA REPÚBLICA
Artículo 247 - DE LA FUNCIÓN Y DE LA COMPOSICIÓN
conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto, y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a este caso, y
proponer en ternas a la Corte Suprema de Justicia, con igual criterio de selección y examen, los nombres de candidatos para los cargos de miembros de los tribunales inferiores, los de los jueces y los de los agentes fiscales; elaborar su propio reglamente, y los demás deberes y atribuciones que fijen esta Constitución y las leyes.
Artículo 277 - DE LA AUTONOMIA, DEL NOMBRAMIENTO Y DE LA REMOCIÓN
la denuncia a la justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo de todo delito siendo solidariamente responsable, por omisión o desviación, con los órganos sometidos a su control, cuando éstos actuasen con deficiencia o negligencia, y los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución y las leyes.
Artículo 288 - DE LA DECLARACIÓN, DE LAS CAUSALES, DE LA
VIGENCIA Y DE LOS PLAZOS
La Convención Nacional Constituyente es independiente de los poderes constituidos. Se limitará, durante el tiempo que duren sus deliberaciones, a sus labores de reforma, con exclusión de cualquier otra tarea. No se arrogará las atribuciones de los poderes del Estado, no podrá sustituir a quienes se hallen en ejercicio de ellos, ni acortar o ampliar su mandato.
Artículo 3.- El Presidente de la República, los Senadores y los Diputados continuarán en sus funciones respectivas hasta que asuman las nuevas autoridades nacionales que serán elegidas en las elecciones generales a realizarse en 1993. Sus deberes y atribuciones serán los establecidos por esta Constitución, tanto para el Presidente de la República como para el Congreso, el cual no podrá ser disuelto. Hasta tanto asuman los senadores y diputados que sean electos en las elecciones generales de 1993, el proceso de formación y sanción de las leyes se regirá por lo que disponen los artículos 154/167 de la Constitución de 1967.
Artículo 4.- La próxima elección para designar Presidente de la República, Vicepresidente, Senadores y Diputados, Gobernadores y miembros de las Juntas Departamentales se realizará simultáneamente en la fecha que determine el Tribunal Electoral de la Capital, la que deberá ser fijada para el lapso comprendido entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 1993. Estas autoridades asumirán sus funciones el 15 de agosto de 1993, a excepción de los miembros del Congreso que lo harán el 1 de julio del mismo año.
Artículo 5.- Los demás magistrados y funcionarios seguirán en sus cargos hasta completar el periodo que hubiese determinado para cada uno de ellos la Constitución de 1967 y si, llegado ese momento, todavía no fueran nombrados sus sucesores, continuará en funciones interinamente hasta que se produzca su sustitución.
También continuarán en funciones el Contralor General y el Subcontralor, hasta tanto se designen los funcionarios que determina el artículo281 de esta Constitución.
Artículo 7.- La designación de funcionarios y magistrados que requieran la intervención del Congreso o de cualquiera de sus Cámaras o para cargos de instituciones creadas por esta Constitución o con integración diferente a la que establecía la de 1967, no podrá efectuarse sino después que asuman las autoridades nacionales que serán elegidas en el año 1993, con excepción de lo preceptuado en el Artículo 9, de este título.
Artículo 9.- Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados serán designados a propuesta de los respectivos poderes dentro de los sesenta días de promulgada esta Constitución. Hasta tanto se integre el Consejo de la Magistratura, los representantes que responden a ese cuerpo será cubiertos por un profesor de cada facultad de Derecho, a propuesta de sus respectivos Consejos Directivos. A este jurado se le deferirá el conocimiento y el juzgamiento de todas las denuncias actualmente existentes ante la Corte Suprema de Justicia. Hasta que se dicte la Ley respectiva, regirá en lo pertinente la Ley 879/81, Código de Organización Judicial.
Artículo 11.- Hasta tanto se dicte una Ley Orgánica Departamental, los Gobernadores y las Juntas Departamentales estarán integradas por un mínimo de siete miembros y un máximo de veintiún miembros. El Tribunal Electoral de Asunción establecerá el número de miembros de las Juntas Departamentales, atendiendo a la densidad electoral de los departamentos.
Artículo 13.- Si al 1 de octubre de 1992 siguen sin estar organizados electoralmente los Departamentos de Chaco y Nueva Asunción los dos Diputados que corresponden a estos Departamentos, serán elegidos en los colegios electorales de los Departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, de acuerdo con el caudal electoral de estos.
Artículo 15.- Hasta tanto se reúna una nueva Convención Nacional Constituyente, los que participaron en esta gozarán del trato de "Ciudadano Convencional".
Artículo 17.- El depósito y conservación de toda la documentación producida por la Convención Nacional Constituyente tales como los diarios y las actas y de sesiones plenarias y las de comisión redactora serán confiados a la Banca Central del Estado, a nombre y disposición del Poder Legislativo, hasta que, por Ley, se disponga su remisión y guarda en el Archivo Nacional.
Artículo 18.- El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato la edición oficial de 10.000 ejemplares de esta Constitución en los idiomas castellano y guaraní.
Artículo 19.- A los efectos de las limitaciones que establece esta Constitución para la reelección de los cargos electivos de los diversos poderes del Estado, se computara el actual período inclusive.
El Acta final de la Convención, por la cual se aprueba y asienta el texto completo de esta Constitución, será firmada por el Presidente y los Secretarios de la Convención Nacional Constituyente. La firmarán también los Convencionales que deseen hacerlo de modo que se forme un solo documento cuya custodia será confiada al Poder Legislativo.

References: Artículo 137

Artículo 138

Artículo 172

Artículo 176

Artículo 180

Artículo 247

Artículo 277

Artículo 288

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5
 artículo281

Artículo 7
 Artículo 9

Artículo 9

Artículo 11

Artículo 13

Artículo 15

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19