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Timestamp: 2020-07-12 03:06:04+00:00

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Sobre el Gobierno Independiente y los medios de comunicación
(Originalmente publicado el 10 de noviembre en: Monitor Político)
Si bien es algo que ya muchos sabemos a raíz de los antecedentes que datan desde los comicios electorales de este año, quisiera una vez más destacar el hecho de que los medios tradicionales de comunicación, en su mayoría, han demostrado un importante grado de hostilidad hacia el Gobierno del Estado a raíz de su nueva política de comunicación social de “ni un peso a las televisoras”.
Esto no solo ha implicado la magnificación de cualquier situación adversa de relevancia marginal del Gobierno frente a la opinión pública, así como la emisión de críticas implacables por parte de comentaristas, locutores y hasta editorialistas, sino también un preocupante silencio omisivo y ausencia de cobertura tanto de sucesos como de resultados obtenidos por las distintas dependencias al mando de Jaime Rodríguez.
¿Ustedes sabían que de los más de 300 autos reportados como robados en octubre, 229 fueron recuperados? ¿Sabían que a mediados del mes se capturó a un jefe de plaza de los Zetas en Nuevo León? ¿Qué existe un programa de audiencias públicas al que asiste cada una de las dependencias centrales, en donde todos los ciudadanos pueden ir a exponer sus problemáticas en el Salón Rojo del Palacio de Gobierno? No nos vayamos tan lejos ¿Sabían que desde el 4 de octubre se retiró el cerco que impedía el acceso al Palacio y que ahora cualquier persona puede entrar?
Si lo saben, estoy seguro que no es por la cobertura que le dieron las televisoras y ciertos medios de comunicación, pues fue nula. Todo parece indicar que los ciudadanos, tanto de Nuevo León como el resto que estén pendientes de nuestro Gobierno, tendrán que hacer uso de las herramientas nuevas, como las redes sociales, sitios de internet, de los canales oficiales como Radio y TV Nuevo León y de algunos pocos medios de comunicación tradicionales para poder estar al tanto de los logros estatales.
​Esto podría resultar alarmante a primera vista, pero bien sabe El Bronco que los verdaderos resultados no se observan en el periódico o la televisión sino que se perciben en las calles.
Nuevamente entendieron mal
(Originalmente publicado el 10 de septiembre de 2015 en el periódico: El Norte)
Parece que a pocos de los partidos políticos les cayó en gracia el triunfo de los independientes el 7 de junio. Especialmente les alarmó el caso de Nuevo León, en donde Jaime Rodríguez obtuvo más votos que la suma de los recibidos por los candidatos a Gobernador de todos los partidos juntos.
Fue tan grande la alarma que esta primera ola independiente de México causó a nivel nacional, que en menos de tres meses después de los comicios, los partidos políticos (en su gran mayoría) ya aprobaron (des)reformas electorales que dificultan (y en algunos casos imposibilitan) la facultad de que los ciudadanos participen en la contienda como candidatos independientes.
Lo anterior es el caso en seis estados de la República: Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California, Puebla y probablemente sea el caso en otros estados durante los próximos meses.
Destacan en sobremanera las limitantes impuestas por el Congreso poblano, pues redujeron a 20 días el plazo para que los candidatos independientes obtengan las firmas necesarias, que en el caso del Gobernador, ascienden a más de 130,000.
Lamentablemente esto no es lo más grave, sino que cada ciudadano que desee apoyar la candidatura deberá acudir personalmente a las oficinas del Instituto Estatal Electoral de Puebla a plasmar su firma, absorber el costo de traslado respectivo y ausentarse del trabajo por una cantidad importante de horas.
¿Tendrá el órgano electoral la capacidad material para recibir las firmas de al menos 6,500 personas diarias (sin contabilizar quienes acudan a manifestar su apoyo a diputados y Ayuntamientos)? Yo lo dudo.
Antes estas reformas, Movimiento Ciudadano interpuso acciones de inconstitucionalidad en Veracruz y Chihuahua, mientras que en el caso de Baja California y Tamaulipas lo hicieron el PRD y PAN (partido que en el Congreso de Puebla, inconsistentemente votó a favor de la reforma), y en el caso poblano, la sociedad civil organizada ya presentó una solicitud ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que interponga dicho recurso jurídico.
En el caso de Tamaulipas, la Suprema Corte de Justicia recientemente resolvió el recurso interpuesto, en donde validó la exigencia de reunir al menos tres por ciento del padrón para que el candidato obtenga su registro como aspirante, así como la exigencia de que los candidatos independientes anexen las copias de la credencial de elector de todos los ciudadanos que apoyen su candidatura. Sin embargo, el requisito de que únicamente quienes firman por el candidato estén facultados para apoyarlos económicamente en su campaña, fue considerado inconstitucional y se invalidó.
Antes de que la ciudadanía arremeta contra el Poder Judicial, debe entenderse que su función recae únicamente en aplicar lo que las leyes disponen. Si los legisladores reforman nuestras normas y la Suprema Corte no advierte inconstitucionalidades, aunque el contenido de las mismas sea indeseable y represente un retroceso en términos democráticos, los culpables no son los ministros, sino los diputados, pues no les corresponde a ellos crear las leyes.
Estas reformas demuestran que otra vez nos tocó ser víctimas de la lógica equivocada. Si el de alado obtiene mejores resultados que uno, la respuesta no es eliminarlo de la competencia impidiendo que participe, sino trabajar en tener mejores aptitudes y desempeño que el otro, y entonces obtener los resultados con base en el mérito obtenido.
Parece que ante el mensaje enviado el 7 de junio, “preferimos al candidato independiente que a los que nos ofrecen los partidos políticos”, obtuvo una respuesta desafortunada. En vez de ser propositivos, superarse y recuperar la confianza que el pueblo ha perdido en ellos, para obtener mejores resultados electorales, su lógica fue: “Eliminemos a los candidatos independientes para que no les quede de otra a los ciudadanos.”
No queda más que decirles, sobre el espíritu popular plasmado en las urnas, partidos políticos, de nuevo entendieron mal.
Renovación penitenciaria
(Originalmente publicado el 28 de julio de 2015 en el periódico: El Norte)
- Versión audio: Podcast
¿De qué sirve una escuela en la que los alumnos que ingresan a ésta, al finalizar, egresan sin nuevos conocimientos, o hasta con menos de los que tenían cuando ingresaron?
De absolutamente nada, o hasta resulta ser perjudicial. Lo mismo sucede con el actual sistema penitenciario de Nuevo León.
Y es que a partir de la reforma constitucional del 2008, en la que se ordena la implementación paulatina del (nuevo) sistema de justicia penal acusatorio, el artículo 18 renueva la óptica a través de la cual ha de verse la ejecución de las penas privativas de la libertad.
La "readaptación social", que en la práctica se caracterizó por convertir a nuestras prisiones en "escuelas del delito" para quienes allí ingresaban, con el nuevo sistema se reemplaza por el concepto de "reinserción social", que de acuerdo a este artículo ha de organizarse "sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir".
Aunque alguna parte de la sociedad piense que los privados de la libertad no merecen el buen trato que sugiere la Constitución, lo cierto es que la más beneficiada de ello es la misma sociedad.
Tradicionalmente, la finalidad de las sanciones penales ha recaído en el efecto disuasivo que genera hacia las personas. Es decir, se parte de la base de que por miedo a ser privado de la libertad, la persona no incurra en conductas delictivas.
La inefectividad de esta estrategia no sólo resulta en que el número de nuevos delincuentes crezca, sino que el costo en que incurre el Estado, y que deriva de nuestros impuestos, sigue creciendo de una manera que no es sustentable en términos económicos ni en condiciones de seguridad y paz para los ciudadanos.
La realidad es que en Nuevo León, lejos de solucionar esta problemática, tenemos una crisis.
No sólo queda de manifiesto esta situación tras el reconocimiento de un 40 por ciento de sobrepoblación penitenciaria y déficit de casi 4 mil custodios en total (de 5 mil 500 que debería haber de acuerdo a la proporción del artículo 174 de la Ley de Seguridad Pública), que se presenta en todos los centros de detención de Nuevo León y que admitieron autoridades estatales en marco de las reuniones de transición.
Además, en el 2013, tras un informe sobre la situación de los penales realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se reveló que había condiciones de hacinamiento graves (superando hasta por el triple el número de internos que el de camas disponibles), que convivían procesados con sentenciados y que, de acuerdo a internos encuestados en el Cereso de Apodaca, se encontraban algunas 60 personas en calidad de secuestrados, además de unos 300 internos armados en dicho lugar.
Todos estos factores, aunado al más que evidente autogobierno de los internos en los penales, vuelve imposible la reinserción del sentenciado a la sociedad con el propósito de que éste no vuelva a delinquir.
Mientras no se retome el control de los penales ni se generen condiciones en la que los internos puedan vivir con dignidad y respeto a sus derechos humanos, el pueblo de Nuevo León seguirá derrochando su dinero en centros que, antes de reinsertar satisfactoriamente a sus integrantes a la sociedad dejando de ser un gasto y peligro para nosotros y convirtiéndose en activos productivos para el Estado, seguirán siendo módulos de reclutamiento para la delincuencia organizada.
Lo cierto es que el Gobierno del Estado debe atender esta alarmante crisis. A pesar de que en días pasados la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sistema de Justicia Penal sostuvo que ya finalizaron la implementación del nuevo Sistema de Justicia, sólo con una verdadera renovación penitenciaria se podría hablar de una conclusión satisfactoria; antes, no.
Pugna por la sobre-representación legislativa en Nuevo León
(Originalmente publicado el 20 de junio de 2015 en: (re)escribiendo derecho(s))
Estas elecciones conllevaron resultados históricos para el estado de Nuevo León. Destacó en sobremanera la figura de las candidaturas independientes, que conocieron una victoria importante en el municipio de García y un aplastante éxito en la arena de la gubernatura, sin embargo, encontramos que nuestro orden jurídico electoral recién estrenado también comprende otros beneficiarios: Los partidos políticos minoritarios.
En aras de favorecer la pluralidad democrática en el país, desde hace años se contempla la asignación de curules por vía de la representación proporcional en órganos de gobierno, tanto legislativos, a nivel local y federal, como ejecutivos a nivel municipal. Esto surgió a raíz del control hegemónico partidista de los gobiernos que sucedieron por más de media centuria a partir de la Revolución Mexicana. Así, los muy criticados “plurinominales” tienen el noble origen de existir para que la voz de las minorías que no tenían la fuerza para llegar al gobierno, pudieran expresar su voluntad y participar mediante voz y voto en la vida democrática del país.
Mediando distintas fórmulas para consolidar nuestro siempre cambiante sistema de contrapesos, sobre esta temática destaca la reforma que modifica el texto del artículo 116, fracción II, párrafo tercero de la Constitución Federal, para efectos de evitar una sobre-representación en las legislaturas de los estados al momento de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, estableciendo que: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida.”
Este numeral llamó la atención de todos los partidos políticos y de la misma Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEE) el sábado pasado, pues la opinión fue dividida en dos grandes segmentos a raíz de la interpretación que se hacía de esta norma constitucional.
Por un lado, el bloque de partidos políticos liderado por Movimiento Ciudadano argumentó que la votación emitida a tomar en cuenta para efectos del cómputo de los ocho puntos a que hace referencia el artículo, es la votación total, misma que comprende los más de dos millones de sufragios depositados en las urnas. Bajo este esquema, el PAN no tendría derecho a posicionar ningún diputado por la vía de representación proporcional, pues excedería el tope constitucional establecido, resultando en 16 diputados totales, el tope del PRI sería 14 diputados en total (cuatro por representación proporcional), y el tope de Movimiento Ciudadano sería de 7 diputados (todos plurinominales), habiendo lugar a que los cinco restantes se repartieran entre los tres partidos restantes.
Por otro lado, el Consejo General de la CEE, apoyado por el PAN, determinó que la votación emitida a tomar en cuenta para efectos del cómputo de los ocho puntos a que refiere el artículo 116 constitucional, era el de la votación válida emitida, mismo que no toma en consideración los votos nulos, los emitidos a favor de candidatos independientes y de los partidos que no alcanzaron al menos el 3 por ciento de la votación total. A diferencia del anterior, este esquema resultó en 19 diputados para el PAN (tres por representación proporcional), 16 diputados para el PRI (seis por representación proporcional), 3 para Movimiento Ciudadano, y los cuatro restantes para el resto.
Como puntualicé en la Mesa de Trabajo de la CEE ese día, este problema no parte más que de una dicotomía interpretativa: Nos encontramos con una norma que puede interpretarse de formas que arrojan resultados muy diferentes para la composición del Congreso. Lo que considero que habría de tildar el debate hacia un lado es atender a la razón de ser de la norma que se interpreta.
Parece claro que si la reforma se efectuó para garantizar tanto una proximidad entre votos y espacios legislativos, así como una representación efectiva de los partidos minoritarios, y una alternativa les da más curules que la otra, lo lógico es que ésta habría de prevalecer sobre la opción que favorece a los partidos mayoritarios, pues de lo contrario se desnaturalizaría el propósito por el que la norma fue concebida.
Así, si el acuerdo tomado por la CEE contempla que el 83% del Congreso esté conformado por los dos partidos más grandes (PRI y PAN), y la interpretación que existe como alternativa a la misma prevé que ese porcentaje disminuya a un 71%, en favor de los partidos minoritarios cuya presencia aumentaría del 17 al 29 por ciento, necesariamente habría de optarse por la segunda, pues garantiza no solo la existencia de un Congreso más plural y con mayores contrapesos, sino una interpretación profunda y de avanzada de la reforma constitucional al artículo 116, fracción II.
En un caso análogo sucedido en Nayarit, bajo el expediente SUP-REC-892/2014, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al interpretar el artículo 116 constitucional, determinó que para el cómputo debería de tomarse en cuenta la votación total emitida. Aunque su aplicabilidad a este caso en particular pudiera sujetarse a debate, debido a que este asunto ya fue trasladado a la arena contenciosa por la impugnación de los partidos minoritarios, será ahora trabajo de los tribunales determinar el incierto futuro de la representación proporcional en la siguiente legislatura de Nuevo León.
El precio de encabezar
(Originalmente publicado el 15 de mayo de 2015 en: El Norte)
¿Se habrán imaginado los Diputados y Senadores el fenómeno electoral que está desarrollándose en este preciso momento en Nuevo León al momento de regular las candidaturas independientes con la reforma política del año pasado?
Yo lo dudo. Especialmente en el caso de la Senadora con licencia, Ivonne Álvarez, que durante estas últimas semanas se ha de dar topes en la cabeza por haber votado a favor de la reforma.
Y es que el panorama electoral de estas últimas semanas es diametralmente distinto al que se vivía al principio de los comicios.
Cuando antes la candidata tricolor encabezaba las encuestas y la intención del voto, ahora es inesperadamente desbancada por nada menos que un candidato independiente.
Esta figura que tiene más limitantes jurídicas y estructurales que incluso un partido político de nueva creación, debiendo recolectar miles de firmas sin financiamiento público, prácticamente impidiendo la publicidad en radio y televisión, y que además conlleva siempre la formación de una nueva estructura de campaña, en oposición a las de los partidos, que han tenido años de construcción, ha sido suficiente para que un equipo, a base de inteligencia, esperanza y mucho trabajo, haya superado a todos los contendientes; incluido el partido oficial, con todo y sus sindicatos, su control del Gobierno estatal, sus millones para la compra del voto, y sus más grandes aliadas: las televisoras.
Y no únicamente son las encuestas de EL NORTE y Saba las que reflejan el entusiasmo de la gente sobre "El Bronco", sino más que nada las medidas extremas que los partidos han tomado desde entonces para impedir que mantenga esta tendencia.
Comenzando por los ataques en forma de desprestigio y notas tendenciosas orquestadas por las televisoras, que, sin respetar el derecho constitucional a réplica, curiosamente no sólo surgen a nivel local, como habría de esperarse en una candidatura estatal, sino a nivel nacional, en horario premium y en el noticiero más visto de todo México.
Alguien muy poderoso está haciendo hasta lo imposible por que Jaime Rodríguez no sea el primer Gobernador independiente de Latinoamérica.
El PAN hasta importó de Harvard al ex Presidente Felipe Calderón para contribuir a la guerra sucia.
Desconozco si lo hayan traído por su don único de detección de "peligros para México", pero lo que sí no logro entender es con qué calidad moral le atribuye a Jaime un rompimiento institucional (a pesar de que la esencia misma de su campaña es tan simple como el irrestricto apego a le Ley), cuando él fue quien, con lujo de violencia, prescindió de las instituciones cuando utilizó la fuerza para tomar las instalaciones de una empresa pública y desalojar a sus trabajadores.
Cuando en total violación a la Ley fue responsable de haber hecho un montaje televisivo que resultó en la liberación de Florence Cassez sin siquiera haberse descartado su posible responsabilidad en los secuestros. Cuando en total violación a la Constitución, la institución suprema, impuso al Ejército en las calles, resultando en la muerte y desaparición de cientos de miles de personas (como en Venezuela).
De todos estos ataques, lo más sorprendente no es que Ivonne supiera que horas después de la pregunta que le hizo a "El Bronco" en el debate de EL NORTE, la ex esposa de éste estaría en la televisión local llamándolo mentiroso; sino que después de haber sido sorprendida apoyando a la candidata priista en sus eventos, de que fuera trasladada por el mismo Gobierno estatal a las instalaciones de la televisora y de que su declaración fuera a puertas cerradas, rodeada de gente intimidante, la gente todavía le dé valor a su testimonio.
Por primera vez en la historia mexicana, en Nuevo León tenemos la oportunidad de un gobierno sin partido. Pagar el precio de encabezar es natural, pues bien decía Gandhi: "Primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan, entonces ganas".
Unión apartidista
(Originalmente publicado el 9 de abril de 2015 en: El Norte)
En Nuevo León tenemos a dos candidatos a la Gubernatura que, aunque pertenecieron a un partido político anteriormente, en esta ocasión contienden sin ser militantes, utilizando este mismo hecho como estandarte de sus campañas: Jaime Rodríguez "El Bronco", como independiente, y Fernando Elizondo, por medio de Movimiento Ciudadano.
Aunque la anterior militancia de Jaime en el Revolucionario Institucional hace dudar a algunos de su independencia, su distancia con la cúpula priista quedó demostrada al no haber sido él mismo el abanderado tricolor, sino Ivonne Álvarez.
Esto, pues de haber sido él el candidato, hubiera arrasado fácilmente con la elección, ya que además de tener dos años trabajando su imagen en el Estado, tiene un perfil, experiencia y trayectoria mucho más destacados que la actual candidata.
Si ambos, Jaime y Fernando, se oponen de manera categórica al bipartidismo que hemos padecido durante varias administraciones públicas en nuestro Estado, sin excepción, en todos los niveles de gobierno, ¿sería descabellado unir esfuerzos para construir un mejor Nuevo León?
Ambos se oponen al proyecto del acueducto Monterrey VI, plantean formas para mejorar la situación financiera del Estado, para invertir y mejorar el transporte y vialidad.
Están decididos a combatir la delincuencia organizada para librarnos de la inseguridad que por tantos años nos ha azotado. Ambos hacen parte de su discurso político el combatir la impunidad y corrupción que son características de los políticos que actualmente tenemos.
Siendo más las similitudes que discordancias en sus proyectos, a los ciudadanos que queremos ponerles fin a los gobiernos de partido no nos conviene que los dos candidatos más distanciados de ellos que contienden por la Gubernatura permanezcan separados, pues esto únicamente dividirá al electorado el 7 de junio, cuando lo que necesitamos es toda la fuerza posible si queremos un Gobierno libre de injerencias partidistas.
Pero la situación no es óptima, pues esto ya ha sido planteado antes y no ha dado buenos resultados, ninguno de los dos quiere declinar en favor del otro. A la fecha, Jaime aún sostiene la invitación de unidad que hace a Elizondo.
Aunque esta problemática sea de esperarse, entre estas dos soluciones la más viable parecería ser que Fernando se una a la campaña de Jaime, pues además de que éste lo aventaja exponencialmente en la mayoría de las encuestas, incluida la de EL NORTE, gran parte de su fuerza se sostiene en el impulso adquirido a raíz de su candidatura independiente, en la que rechaza categóricamente el uso de partidos políticos.
Si Jaime usara la plataforma partidista de Movimiento Ciudadano que respalda a Elizondo, además de que todo el esfuerzo invertido en conseguir casi 400 mil firmas, tanto por parte de su equipo como de los ciudadanos que se tomaron el tiempo de firmar, se convertiría en un desperdicio, perdería mucho más apoyo del que ganaría con la alianza.
Una fórmula de gobierno en la que se pueda aprovechar la mano dura, convicción y experiencia de "El Bronco" para neutralizar la delincuencia organizada y expulsar a los corruptos del sistema, así como la inteligencia, capacidad y perfil financiero de Elizondo para resolver la grave crisis de endeudamiento que padecemos todos los nuevoleoneses, es una oportunidad inmejorable para el bienestar ciudadano, y revitalizar la decaída imagen de nuestro Estado ante los ojos del mundo.
Es por eso que invito a Fernando Elizondo, y a todos los ciudadanos de Nuevo León, a que no desperdiciemos la oportunidad de hacer historia y convertir a Nuevo León no sólo en un ejemplo de cambio para el País, sino en el primer Estado con un Gobernador independiente de toda Latinoamérica.
Esperanza electoral
(Originalmente publicado en: El Norte.)
Acarreos multitudinarios, manipulación ciudadana al por mayor, aprovechamiento de las necesidades básicas de los sectores marginados, uso de programas de desarrollo social con fines electorales, bombardeo publicitario masivo, parcialidad mediática y compra de votos...
Así es, de nuevo hay comicios en México.
Esto no sólo significa todas las artimañas a las que ya estamos acostumbrados, sino que debido a una pluralidad de factores, tanto legislativos como sociopolíticos, las elecciones intermedias de este año pintan ser aún más coloridas que las que hemos tenido que tolerar en el pasado.
Comenzando con la reforma política que tanto se usó como moneda de cambio el año pasado, nos encontramos ahora con un Instituto Nacional Electoral, que además de organizar las elecciones federales, supervisará, dará lineamientos y podrá hasta asumir directamente la realización de actividades que correspondan a los órganos electorales locales en función de sus elecciones (lo bueno es que México es una federación).
Por otro lado, y teniendo matices más demagógicos que democráticos, a nivel nacional se concretizan las candidaturas independientes.
¿Quiénes serán los valientes que luchen cuesta arriba contra los mismos partidos políticos que actualmente dominan el sistema en condiciones de radical desigualdad, teniendo que recabar una gran cantidad de firmas ciudadanas en un plazo corto, con recursos propios, sin acceso sensato a radio, televisión y recursos públicos? Una analogía con David y Goliat palidecería ante este escenario.
No sólo cambió el terreno, sino también los personajes: unos más golpeados y agonizantes que nunca, y otros que desde nuevas plataformas se suman a este moderno "Juego de Tronos".
Y es que apenas el año pasado, los principales partidos políticos sufrieron golpes tan severos que el resto de los contendientes hasta pudieran tener una verdadera oportunidad.
Comenzando con los casos de discriminación por clase, religión y raza a cargo de funcionarios y militantes del PAN, destacándose el que le dio la bienvenida al astro del futbol Ronaldinho, llamándole "simio" en redes sociales; sin olvidar la fiesta de algunos Diputados y operadores con presuntas "bailarinas de table dance" que resultó en la destitución del coordinador y vicecoordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados.
De gravedad mayor resalta la tragedia de Ayotzinapa, señalada por algunos como crimen de Estado, pero no sin notar que los Gobiernos municipal y estatal en su tiempo eran del PRD, pudiendo atribuírseles, en el menor de los casos, niveles de negligencia inéditos; mismos que hasta la fecha no han podido evitar el anarquismo delictivo desenfrenado que aterroriza a Guerrero.
Debido a esto, a la renuncia de su líder moral y fundador, Cuauhtémoc Cárdenas, y al cada vez más impopular Gobierno de Mancera, se pone en riesgo el bastión capitalino del PRD en lo que aparentaría ser un oportuno surgimiento de Morena como la principal fuerza política de izquierda.
Pero no olvidemos al PRI. Comenzando con Cuauhtémoc Gutiérrez, ex líder del partido en la Ciudad de México, a quien le fue descubierta una red de prostitución solventada con la nómina del partido; seguido del actuar del Gobierno federal, que además de dejar mucho que desear sobre las investigaciones de los casos Ayotzinapa y Tlatlaya, encontramos que la esposa del Presidente y el Secretario de Hacienda tienen relaciones comerciales con el grupo empresarial que ha ganado la mayoría de las licitaciones públicas en los Gobiernos de Peña Nieto.
Con candidatos independientes, nuevos partidos políticos, antiguos personajes abofeteados, y un vivo sentimiento nacional de inconformidad, no sería ilusorio tener un poco de esperanza electoral.
Movilización vs. protesta
Una forma de protestar que no le agrada mucho a nuestros gobernantes en turno, por su accesibilidad para la ciudadanía y la consecuente efectividad que tiene para generarles presión, pudiendo llegar a representarles un fuerte contrapeso, son las manifestaciones públicas en las calles.
En relación a este tema, apenas antier el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada una minuta que, de ser aprobada de igual forma por el Senado y por la mayoría de las Entidades federativas, reformaría los artículos 11 y 73 de la Constitución para adicionar la movilidad universal a nuestro catálogo de derechos humanos.
Aunque el contenido normativo propuesto no restringe ni se contrapone de manera expresa a la libre expresión, reunión y manifestación, en las consideraciones de la minuta se establece que la propuesta de reforma procura, entre otras, regular el derecho de protesta social.
De forma muy sutil en el uso de la técnica legislativa, se propone limitar los derechos relacionados a la libre manifestación mediante el reconocimiento constitucional del derecho humano a movilizarse que tienen los no manifestantes sobre el espacio público.
Aunque en estos momentos es imposible saber las formas y mecanismos de restricción que se pretenden, éstos se harían evidentes cuando se proponga la Ley General de Movilidad que como consecuencia de esta reforma habría de expedirse.
A pesar de que hasta no conocer el contenido de esa ley general, no podemos saber si la limitación a la libertad de manifestación que nuestros legisladores tienen en mente será o no legítima, es inoportuno el contexto nacional en el que deciden darle trámite a una reforma de este corte.
Nos encontramos con el caso Tlatlaya en donde, después de un enfrentamiento, elementos del Ejército llevaron a las personas heridas a una bodega para ejecutarlas con sus propias armas y así evitar dejar evidencias de su propio crimen.
Con miles de desaparecidos encontrados en fosas, que nos ha convertido en noticia a nivel internacional, en donde destacan 43 estudiantes de Guerrero, en cuya tragedia participaron directamente los elementos de Policía y hasta el Presidente Municipal, pues tenían vínculos con la delincuencia organizada.
Con que la Primera Dama compró una casa de 86 millones de pesos, en cuya relación comercial forma parte fundamental Grupo Higa, conglomerado que ha ganado múltiples licitaciones bajo Gobiernos de su esposo, Enrique Peña Nieto.
Con un video en donde policías ministeriales, sin identificarse, vestidos de civiles, en posesión de armas largas y conduciendo un vehículo sin identificación policial, en plena luz del día "levantan" a un estudiante de la UNAM que participó en una manifestación, quien afirma que además de golpearlo, tuvieron el cinismo de decirle que lo iban a desaparecer como a los normalistas.
Con casos en los que el Gobierno envía elementos de seguridad pública de encubiertos a efectuar disturbios en las manifestaciones y así deslegitimar las protestas, como es evidenciado por un video publicado en internet.
En años no había existido más necesidad de protestar y manifestarse que la que tenemos en estos momentos, aunque el Gobierno haga de todo para detenerlo.
Si los problemas son los disturbios, la solución es tan fácil como identificar a esos grupos aislados que durante las manifestaciones cometen delitos de naturaleza violenta y proceder conforme a la ley penal sin violar sus derechos humanos.
Y en cambio dejar al resto de los manifestantes pacíficos, que son verdadero ejemplo de valor cívico y humano, que protesten sin ser afectados.
Un pueblo que no pueda expresar su descontento cuando hay razón para estarlo no puede más que convertirse en una bomba de tiempo.
Militarización del norte
(Originalmente publicado en: El Norte)
Los casos de violaciones graves a derechos humanos parecen ser generalizados y periódicamente sostenidos cuando se trata de la intervención de militares en asuntos de seguridad pública domésticos.
Así fue exhibido recientemente en Tlatlaya, donde 22 civiles fueron ejecutados tras un enfrentamiento; hace unos años con los estudiantes del Tec asesinados en las puertas de su escuela; e incluso en los sonados casos de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en un retén militar, e Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas guerrerenses torturadas y violadas por militares en 2002, ambos casos por los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano.
A pesar de los oscuros antecedentes, los Gobiernos de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como los Alcaldes del área metropolitana de Monterrey, en colaboración con la Sedena, recientemente acordaron la creación de una Policía Militar, conformada por cuatro batallones de 800 militares que radicarían en la Séptima Zona Militar.
A la luz de las declaraciones hechas por el vocero estatal, Jorge Domene, parece que los miembros de esta corporación serían soldados (con adiestramiento de esta clase) que tendrían las funciones de cualquier policía, como patrullar la ciudad y zonas rurales, intervenir en conflictos, realizar detenciones y coadyuvar con el Ministerio Público.
Parecen cuestionables las razones detrás de esta iniciativa, pues ni la falta de legitimación que habría de restaurarles la creación de una corporación de esta clase, ni lo que dispone la Constitución en su Artículo 129, han impedido que desde que inició "la guerra contra el narco" los militares como quiera ejecuten funciones policiales y por esa irregularidad violen nuestros derechos a diario con total impunidad.
Si esta iniciativa se realiza en aras de "regularizar" la actuación de los militares, no parece que se esté haciendo un buen trabajo, pues nuestros legisladores fueron omitidos completamente del proyecto, al dejar de lado las modificaciones legislativas necesarias para su implementación.
Esto abre la posibilidad a que las detenciones que realice la Policía Militar sean calificadas de ilegales, pues la irregularidad normativa mencionada anteriormente provoca un fuerte vicio de origen; ¿o será que este grupo "no tomará prisioneros"?
Antier se reunieron funcionarios de seguridad de varias entidades en el Palacio de Gobierno para analizar la implementación del modelo de Fuerza Civil en sus Estados, pues éste ha sido loado reiteradamente por el Gobierno federal, ya que desde su creación se ha disminuido la incidencia delictiva en Nuevo León. Modificar esta ecuación que se nos ha vendido a la ciudadanía como la más efectiva sería discordante.
Por otro lado, la iniciativa de Policía Militar aparenta ser una acción más destinada a centralizar el poder en México.
Aunque la Constitución dicta una federación, se han tomado acciones indirectas que de facto empequeñecen a los Gobiernos locales.
Desde hace años las entidades sostienen convenios de coordinación fiscal que las vuelven económicamente dependientes del Gobierno federal, recientemente se redistribuyeron las competencias en materia electoral para que un solo organismo coordine todos los niveles de elecciones del País, y ahora, por medio de la Sedena, el Gobierno federal intervendrá activamente en asuntos de seguridad.
El control económico, político y ahora militar de la Federación vuelve totalmente ilusoria la autonomía estatal.
Honestamente, aterra que personal castrense, poseedor de armas de calibre inaccesible para la ciudadanía, conocedor de cuestionables técnicas para
obtener información y educado militarmente, cuando los antecedentes demuestran que por años este grupo ha estado por encima de la ley, opere sin controles jurídicos y por tiempo indefinido en la Ciudad donde vivimos.

References: artículo 18
 artículo 174
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 116
 Artículo 129