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Timestamp: 2020-08-15 18:20:18+00:00

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El Derecho a la Educación: E C , J I I | Derechos humanos | Sociedad
El Derecho a la Educación: E C , J I I
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Defensor Delegado para la Dirección y el Seguimiento de las Políticas Públicas para el Desarrollo de los Derechos Humanos
Directora Nacional de promoción y divulgación de derechos humanos
Diseño Delegada para la Comunicación, la Información y Apoyo a los Asuntos del Despacho
La elaboración de este texto fue posible gracias al apoyo de Management Sciences for Development - The United States Agency for International Development (MSD/USAID).
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Bogotá, D. C., 2003
La delimitación del contenido de un derecho a partir de subreglas jurisprudenciales
La delimitación del contenido de un derecho a partir del bloque de constitucionalidad
Aclaraciones sobre la estructura interna del libro
EL NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
Prohibición de afectación del núcleo esencial del derecho a la Educación en los instrumentos internacionales
Prohibición de afectación del núcleo esencial del derecho a la Educación en la jurisprudencia de la Corte Constitucional
LOS OBLIGADOS A GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO EN MATERIA EDUCATIVA
Obligaciones de Asequibilidad
Obligaciones de Accesibilidad
Obligaciones de Adaptabilidad
Obligaciones de Aceptabilidad
de cumplimiento progresivo
LA CREACIÓN DE INDICADORES BASADOS EN EL CONTENIDO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO EN MATERIA EDUCATIVA
LA DISPONIBILIDAD DE LA EDUCACIÓN
1. EL DERECHO A LA DISPONIBILIDAD DE LA EDUCACIÓN
PROTECCIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA: EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A LA DISPONIBILIDAD DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA BÁSICA
La educación de los niños y niñas es un derecho de aplicación inmediata, lo que impone al Estado la obligación ineludible de prestar el servicio de educación y dar respuesta inmediata a las necesidades insatisfechas de educación.
derecho a la educación de los niños y niñas se vulnera por la falta transitoria
La ausencia de docentes que no pertenecen a la planta regular de personal de una institución educativa no es tutelable porque implica modificar y adicionar la planta de personal.
La interrupción en la prestación del servicio de educación por falta de pago a los maestros vulnera el derecho fundamental a la educación de los estudiantes. 64
El derecho a la disponibilidad de la educación de los niños y niñas no se vulnera si, a pesar de no estar satisfechas las necesidades educativas de una comunidad, la autoridad responsable demuestra su actividad diligente y la fuerza mayor.
PROTECCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA PRIVADA: EL DERECHO DE LOS PARTICULARES PARA FUNDAR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
1.2.1. El derecho de los particulares para fundar establecimientos educativos como ejercicio de la libertad de empresa
1.2.2. Interés lucrativo de los centros docentes privados y función social del servicio público educativo
2. SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y DERECHO A LA DISPONIBILIDAD DE LA EDUCACIÓN
2.1. LA DISPONIBILIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS RURALES
2.1.1. Las dificultades propias de la prestación del servicio público de educación en zonas rurales no debilitan la obligación estatal de garantizar la continuidad en la prestación del servicio. La afectación del derecho a la disponibilidad en las zonas rurales vulnera además el derecho a la igualdad de oportunidades. 70
2.1.2. Estado debe asegurar que la distribución regional de los docentes responda
la demanda educativa. Ante un conflicto entre el derecho al trabajo de los
docentes y el derecho a la educación de los niños y niñas, debe prevalecer éste
2.1.3. Las autoridades estatales tienen amplias facultades para variar el sitio de trabajo de los docentes, pero éstas no pueden ejercerse arbitrariamente. 72
3. OBLIGACIONES DE ASEQUIBILIDAD PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA DISPONIBILIDAD DE LA EDUCACIÓN
OBLIGACIONES DE ASEQUIBILIDAD DE EFECTO INMEDIATO
3.1.1. La obligación de garantizar el adecuado cubrimiento del servicio educativo
3.1.2. La obligación de velar por la prestación eficiente y continua del servicio educativo
3.1.3. La obligación de proveer diligentemente los cargos docentes en los niveles de enseñanza básica
3.1.4. La obligación del Estado de respetar la libertad de los particulares para fundar establecimientos educativos
3.1.5. La obligación de velar por que la libertad de establecer instituciones de enseñanza no provoque disparidades extremas de posibilidades en materia de instrucción para algunos grupos de la sociedad
OBLIGACIONES DE ASEQUIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO
3.2.1. La obligación de ofrecer instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito colombiano
3.2.2. La obligación de proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza
3.2.3. La obligación de ofrecer servicios e instalaciones de guarda de niños cuyos padres trabajan, cuando reúnen las condiciones requeridas 80
EL DERECHO FUNDAMENTAL DE NIÑOS Y NIÑAS A LA EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA, OBLIGATORIA Y GRATUITA
La gratuidad de la educación básica pública es un derecho para todo aquel que ingrese a centros docentes estatales.
1.1.2. El derecho a la educación básica de todo menor de 18 años es fundamental y la obligación del Estado de proporcionarla es de efecto inmediato. 89
EL DERECHO DE LOS MAYORES DE EDAD DE ACCEDER A LA EDUCACIÓN
1.2.1. El derecho a la educación de los mayores de edad no es fundamental.
1.2.2. Jurisprudencia opuesta a esta regla
EL DERECHO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO
1.3.1. El derecho a la igualdad de oportunidades de acceder al sistema educativo es fundamental sin importar la edad o el grado educativo al que se pretende ingresar.
1.3.2. Los criterios de selección para acceder a una institución educativa deben ser académicos. No pueden propiciar conductas discriminatorias por razón de raza, nacionalidad, familia, lengua, religión, opinión política o condición económica.
1.3.3. Las prerrogativas de ingreso a la educación en favor de grupos sociales marginados o en condiciones de debilidad, o por otras razones que justifiquen el tratamiento preferente, no vulneran el derecho a la igualdad de acceso. 94
1.3.4. Las instituciones educativas no pueden imponer requisitos desproporcionados para el acceso a la educación.
1.3.5. Regla de Extra edad: el requisito de edad para la selección de alumnos a determinado grado viola el derecho a la igualdad.
EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA CULMINACIÓN DE UNA ETAPA EDUCATIVA
1.4.1. El núcleo esencial del derecho a la educación incluye el reconocimiento al
a la culminación de una etapa durante la cual se preparó el
1.4.2. Siempre que un título sea requisito legal para continuar estudios en otro establecimiento, para ingresar al ciclo subsiguiente o para acreditar la idoneidad exigida para ejercer determinada profesión, la negativa injustificada a otorgarlo vulnera el derecho fundamental a la educación.
1.4.3. El
derecho a la educación se vulnera ante la falla de una autoridad
administrativa encargada del registro o expedición de documentos necesarios para la expedición de un diploma.
1.4.4. La promoción de un estudiante al grado siguiente, sin el lleno de los requisitos, comporta una irregularidad que no genera un derecho adquirido en su favor.
2. SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y DERECHO DE ACCESO
DERECHO DE LA MUJER AL ACCESO A LA EDUCACIÓN
2.1.1. No puede negarse el acceso a una institución educativa por el estado de embarazo de la aspirante.
2.1.2. Las normas y disposiciones que los planteles educativos adopten para someter
las estudiantes embarazadas a tratamientos educativos especiales deben
considerarse discriminatorias, a menos que la institución demuestre perseguir un fin constitucional imperioso e inaplazable de mayor peso que los derechos a
igualdad, intimidad, libre desarrollo de la personalidad y educación de la
alumna a quien se imponen.
EL DERECHO DE ACCESO Y LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
2.2.1. La educación de las personas desplazadas, en especial de los niños y las niñas, es responsabilidad del Estado. La omisión de los deberes propios de una dependencia estatal es fuente de violación del derecho a la educación y de otros derechos, y para contrarrestarla cabe la acción de tutela. 109
2.2.2. Las autoridades de los lugares donde se radiquen niños y niñas en situación de desplazamiento forzado deben crear los cupos necesarios para garantizar su acceso gratuito al sistema educativo.
ACCESIBILIDAD AL SISTEMA EDUCATIVO
OBLIGACIONES DE ACCESIBILIDAD CON EFECTO INMEDIATO
3.1.1. La obligación de proporcionar a todos educación pública, primaria, obligatoria y gratuita
3.1.2. La Obligación de garantizar el ejercicio del Derecho a la Educación sin discriminación alguna
3.1.2.1. La obligación de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la educación
3.1.2.2. La obligación de adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación
3.1.3. La obligación de elaborar y adoptar un plan detallado de acción para la
aplicación progresiva, dentro de un número razonable de años, del principio de
enseñanza obligatoria y gratuita para todos
3.1.4. La obligación de adoptar y aplicar una estrategia nacional de educación que abarque la enseñanza secundaria, superior y fundamental 125
3.1.5. La obligación de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios superiores
3.1.6. Obligaciones relativas al derecho a la educación de las personas en situación de desplazamiento forzado
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO
3.2.1. La obligación de garantizar la accesibilidad material
progresivamente la enseñanza secundaria gratuita
enseñanza superior gratuita
3.2.4. La obligación de Implantar un sistema adecuado de becas que ayude a los grupos desfavorecidos
3.2.5. La obligación de proporcionar acceso a programas educativos a los adultos mayores
4. CREACIÓN DE INDICADORES BASADOS EN EL DERECHO DE ACCESO Y LAS OBLIGACIONES DE ACCESIBILIDAD
4.1. INDICADORES ACTUALES DE ACCESO
4.2. INDICADORES BASADOS EN EL DERECHO DE ACCESO Y LAS OBLIGACIONES DE ACCESIBILIDAD
4.2.1. Indicadores
EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS A PERMANECER EN EL SISTEMA EDUCATIVO Y CONSERVAR EL AMBIENTE Y LUGAR DE ESTUDIOS
1.1.1. Todo menor de edad que tenga acceso a una institución educativa, curse satisfactoriamente las materias exigidas, y cumpla con el régimen disciplinario, tiene el derecho fundamental a que se le garantice su permanencia en la institución.
1.1.2. El derecho a la permanencia está condicionado al cumplimiento por parte de los estudiantes de los deberes que son correlativos al derecho a la educación. 144
1.1.3. La reprobación por primera vez de un determinado grado por parte de un alumno no es causal de expulsión del centro docente, si no está asociada a otra causal expresamente contemplada en el reglamento. Pero si se reprueba por segunda vez consecutiva, el establecimiento educativo puede considerar la expulsión como una opción válida.
1.1.4. Al aceptar o negar el reingreso de un estudiante a un establecimiento educativo se deben tener en cuenta las circunstancias ajenas a su voluntad que justificaron la interrupción de sus estudios.
1.1.5. El incumplimiento de los deberes del estudiante con el colegio, cuando son consecuencia de una enfermedad, para la cual acepta recibir tratamiento, no puede constituirse en causal para la suspensión indefinida del cupo. 147
1.2. LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS MANUALES DE CONVIVENCIA: LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 148
1.2.1. Todos los estudiantes deben ser tratados por igual. Está prohibida la discriminación a estudiantes por convivir en unión libre, por estar en embarazo, por su opción sexual, por presentar limitaciones de aprendizaje, etc. 149
1.2.2. La represión legítima de una opción personal debe tener lugar sólo frente a circunstancias que generen violaciones reales a los derechos de los demás o al ordenamiento, y no simplemente frente a vulneraciones hipotéticas o ficticias.
las normas de centros educativos que impongan
1.2.3. El derecho a la imagen:
restricciones a la apariencia personal de los estudiantes son inconstitucionales, salvo que se demuestre que estas medidas buscan la protección o efectividad de un bien constitucional imperioso e inaplazable de mayor peso que el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 151
1.2.4. La sola vigencia de normas discriminatorias consagradas en el manual de convivencia representa una amenaza real para el derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad de todos los estudiantes. 153
1.2.5. Las instituciones educativas pueden imponer requisitos de ingreso a sus instalaciones si los comunica previamente al alumnado y no desconoce derechos constitucionales fundamentales. La imposición del uso obligatorio del uniforme no viola por sí solo el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 155
EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES
1.3.1. Antes de aplicar una sanción a un estudiante, las instituciones educativas deben brindarle la oportunidad para presentar pruebas y ejercer su derecho de defensa.
1.3.2. Los estudiantes deben ser sancionados con medidas que sean proporcionales a la gravedad de las faltas cometidas.
1.3.3. Prescindir del procedimiento regular para imponer una sanción a un estudiante es contrario a la Constitución.
revisión de notas por parte de un profesor debe hacer parte de un proceso
que termine con una decisión motivada de su parte.
1.4.1. El incumplimiento de los padres en el pago de las pensiones, servicios especiales u otras erogaciones no autoriza a los centros docentes privados a retirar a un menor de edad en pleno año lectivo, pero sí a abstenerse de matricularlo para el año siguiente.
1.4.2. Las instituciones educativas no pueden retener certificados de estudios por el no pago de matrículas o pensiones de un menor de edad si los padres demuestran la imposibilidad de sufragar los gastos, ni pueden efectuar anotaciones en los certificados que hagan alusión a la deuda pendiente. 162
1.4.3. derecho a la permanencia en instituciones de educación superior está sujeto
exigencias económicas razonables para permitir su continuidad en la
1.4.4. Las instituciones educativas no están autorizadas a imponer una sanción académica por una causa de carácter económico, para cuya solución existen vías adecuadas señaladas por la ley.
2. SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y DERECHO A LA PERMANENCIA
DISCAPACIDAD O CON HABILIDADES EXCEPCIONALES
derecho a la educación especial de los menores de edad con habilidades
excepcionales es fundamental y la acción de tutela es un mecanismo judicial idóneo para su protección.
derecho a la educación especial es un recurso extremo. Se ordenará a
través de acción de tutela sólo cuando hayan razones científicas que la hagan imperiosa.
Aunque esté probada la necesidad de educación especial, ésta no puede ser excusa para negar el acceso a la educación ordinaria. Si no existe establecimiento educativo especializado, el menor de edad debe recibir educación ordinaria. Si el centro existe, y el menor de edad lo requiere, es deber del juez de tutela ordenar que se imparta educación especial. 173
Las instituciones educativas, así no sean especializadas, deben asumir la responsabilidad de educar a los niños hiperactivos o con déficit de atención. 174
La expulsión de un niño del servicio educativo especial que se le viene prestando, o la imposición de sanciones, no son decisiones que pueda adoptar inconsulta o unilateralmente la institución a cuyo cargo ha sido confiado. 174
EL DERECHO A LA PERMANENCIA DE LOS NIÑOS TRABAJADORES
2.2.1. Los padres no pueden privilegiar el trabajo del niño sobre su educación. Pero
si un mayor de catorce años tiene necesariamente que trabajar para sostener la
familia, para evitar que el menor deje de estudiar, se le debe permitir el acceso
la educación nocturna, e incluso, a la educación para adultos.
2.2.2. Los niños y niñas tienen derecho a ser protegidos contra trabajos riesgosos que
obstaculicen su educación. Los trabajos que se opongan educativo están proscritos.
2.3.1. El derecho a la permanencia en una institución educativa no puede condicionarse a que las estudiantes no se encuentren en estado de embarazo. Las instituciones educativas no pueden exigir exámenes médicos para comprobarlo.
2.3.2. Las instituciones educativas, así tengan un proyecto educativo fundado en una
mundo, no pueden retirar
arbitrariamente a una niña por el solo hecho de su embarazo, porque se configura un acto discriminatorio y se vulnera el derecho ser madre y a la dignidad humana.
2.3.3. Si una mujer tiene que suspender sus estudios ante un embarazo riesgoso, las instituciones educativas deben reservar su cupo.
OBLIGACIONES DE ADAPTABILIDAD DE EFECTO INMEDIATO
3.1.1. La obligación de garantizar la permanencia de los menores de edad en la educación pública básica obligatoria
3.1.2. La obligación de adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar
3.1.3. Obligaciones del Estado frente a personas en situación de discapacidad
3.1.4. La obligación de adaptar la educación para el menor de edad trabajador
3.1.5. La obligación de velar por que la madre gestante no sea castigada por el hecho de su embarazo
OBLIGACIONES DE ADAPTABILIDAD DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO
3.2.1. La obligación de formular planes de estudio adaptados a las necesidades de hoy
3.2.2. La obligación de formular planes de estudio idóneos en educación básica para alumnos de todas las edades
La obligación de fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la
enseñanza básica para quienes completo de instrucción primaria
no hayan recibido o terminado el ciclo
La obligación de generalizar la instrucción técnica y profesional para garantizar la plena efectividad del derecho al trabajo
4. CREACIÓN DE INDICADORES BASADOS EN EL DERECHO A LA PERMANENCIA Y LAS OBLIGACIONES DE ADAPTABILIDAD
4.1. INDICADORES ACTUALES DE PERMANENCIA
4.2. INDICADORES BASADOS EN EL DERECHO A LA PERMANENCIA Y LAS OBLIGACIONES DE ADAPTABILIDAD
EL DERECHO A QUE LA ENSEÑANZA SE IMPARTA POR PERSONAS DE RECONOCIDA IDONEIDAD ÉTICA Y PEDAGÓGICA
Los estudiantes tienen derecho a que la enseñanza esté a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica.
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PRESTADA EN CONDICIONES DIGNAS
1.2.1. Los castigos degradantes, humillantes o crueles vulneran el derecho a la dignidad humana.
1.2.2. Las inadecuadas condiciones ambientales y de salubridad en que se preste el servicio educativo vulneran el derecho a la educación. 212
1.2.3. El deterioro de la planta física de los centros educativos pone en riesgo la vida de los estudiantes y vulnera su derecho a educarse. Las autoridades municipales tienen la obligación de dar solución a estos problemas. 212
1.2.4. Ante la inminencia de un perjuicio irremediable, la tutela es procedente para ordenar a las autoridades correspondientes garantizar la seguridad en las instituciones educativas.
1.2.5. El derecho de los mayores de edad a la calidad de la educación no se vulnera cuando la deficiencia en la prestación del servicio no llega a anular la
prestación misma, ni cuando las faltas pueden ser explicadas razonablemente como manifestación de la situación económica del país. 213
1.3. EL DERECHO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A RECIBIR UNA ADECUADA Y OPORTUNA EDUCACIÓN SEXUAL EN LOS CENTROS DOCENTES
1.3.1. Constitucionalmente, la educación sexual de los menores de edad es un asunto que incumbe de manera primaria a los padres. Sin embargo, los colegios están en la obligación de participar en ello. El Estado, en virtud de la facultad estatal de regular y ejercer la inspección y vigilancia de la educación, tiene la obligación de garantizar la educación sexual adecuada y oportuna. 215
1.3.2. Una explicación inapropiada de educación sexual puede causar una vulneración continua de los derechos a la educación, intimidad, identidad y dignidad humana de los menores de edad. El Estado tiene la obligación, a través de una labor pedagógica, de aminorar los efectos producidos por un tema educativo incorrectamente suministrado. 217
2. SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ACEPTABILIDAD DE LA EDUCACIÓN
2.1.1. La calificación de una lengua como oficial en un territorio determinado genera el derecho de las minorías étnicas a que la enseñanza se imparta en esa lengua.
2.1.2. Cualquier acción de las autoridades públicas o de los particulares que implique violación o amenaza de la diversidad étnica y cultural de una comunidad étnica, puede configurar la amenaza o vulneración del derecho a la educación.
3. OBLIGACIONES DEL ESTADO EN MATERIA DE ACEPTABILIDAD DE LA EDUCACIÓN
OBLIGACIONES DE ACEPTABILIDAD DE EFECTO INMEDIATO
3.1.1. La Obligación de brindar una específica calidad en el servicio educativo
3.1.2. La obligación de establecer las normas mínimas en materia de enseñanza que deben cumplir las instituciones educativas
3.1.3. La obligación de ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación
3.1.4. La obligación de adoptar las medidas necesarias para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana 229
3.1.5. Obligaciones de aceptabilidad en materia del derecho a la educación de los integrantes de minorías étnicas y raciales
OBLIGACIONES DE ACEPTABILIDAD DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO
3.2.1. La obligación de mejorar continuamente el nivel remunerativo e intelectual de los profesores
3.2.2. Hacer que todos los niños y las niñas dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales
CREACIÓN DE INDICADORES BASADOS EN EL DERECHO A LA CALIDAD Y LAS OBLIGACIONES DE ACEPTABILIDAD
4.1. INDICADORES ACTUALES DE CALIDAD
4.2. INDICADORES BASADOS EN EL DERECHO A LA CALIDAD Y LAS OBLIGACIONES DE ACEPTABILIDAD
LOS DERECHOS DE LIBERTAD EN LA EDUCACIÓN
CONTENIDO NORMATIVO DE LOS DERECHOS DE LIBERTAD EN LA EDUCACIÓN
1.1. LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE, INVESTIGACIÓN Y CÁTEDRA
1.2. LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
1.3. EL DERECHO DE LOS PADRES A ESCOGER LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MENORES DE EDAD
1.3.1. La escogencia de los padres de la educación que recibirán sus hijos, aún en el caso de divorcio, es conjunta.
1.3.2. El derecho de escogencia no representa discreción para aceptar o rechazar la convocatoria a cumplir con la obligación que los mayores de quince años tienen de prestar el servicio militar.
1.3.3. El derecho de los padres a escoger la formación de sus hijos no los faculta a imponerles creencias religiosas que pongan en riesgo su salud e integridad física.
EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LAS DECISIONES QUE LOS AFECTAN Y EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA
1.4.1. El derecho de participación de los estudiantes en las decisiones que los afectan y en la comunidad educativa es fundamental.
1.4.2. Los estudiantes tienen derecho a disentir y manifestar opiniones diferentes a través de los mecanismos institucionales. Es deber de las instituciones educativas establecer un procedimiento claro y expreso en los manuales de convivencia que les permita ejercer ese derecho. 253
1.4.3. Los establecimientos educativos pueden limitar en los manuales de convivencia el acceso a un cargo escolar de responsabilidad a través de criterios de disciplina y buen nivel académico.
2. SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y DERECHOS DE LIBERTAD
LA LIBERTAD RELIGIOSA. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LAS MINORÍAS RELIGIOSAS
2.1.1. En ningún caso se puede condicionar la matrícula del estudiante por factores religiosos.
2.1.2. Libertad religiosa de niños y niñas en el sistema educativo: los padres tienen derecho a rehusar que sus hijos reciban una específica educación religiosa. 258
2.1.3. Libertad religiosa de los adultos en el sistema educativo: las instituciones educativas no pueden a) conducir a que un estudiante, contra su voluntad, cambie sus convicciones religiosas; b) calificar las creencias religiosas de los estudiantes; ni c) presionar a los estudiantes a revelar sus convicciones o creencias.
LA LIBERTAD SEXUAL. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LAS MINORÍAS SEXUALES
2.2.1. Las instituciones educativas no pueden discriminar a un estudiante por su orientación sexual.
2.2.2. La exteriorización de la opción sexual que vulnere el derecho ajeno o interfiera con los objetivos, funciones y disciplina legítimamente instituidos de un establecimiento educativo puede ser objeto de sanción, no por la opción sexual en sí misma, sino por afectar la disciplina de la institución. 261
3. CREACIÓN DE INDICADORES BASADOS EN LOS DERECHOS DE LIBERTAD EN LA EDUCACIÓN
l Defensor del Pueblo tiene dentro de sus funciones constitucionales la de orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos (C.P., art. 282-1). De igual forma, entre sus
responsabilidades legales está contemplada la obligación de difundir el conocimiento de la Constitución Política de Colombia, especialmente en lo concerniente con los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos y del ambiente (Ley 24 de 1992, artículo 9-6).
En cumplimiento de estos deberes, el proyecto ProSeDHer de la Defensoría del Pueblo ha realizado, a partir de una metodología de investigación novedosa, el análisis y sistematización de las fuentes jurídicas de los derechos económicos y sociales, es decir, de las normas constitucionales, la jurisprudencia constitucional, las normas consagradas en los instrumentos internacionales ratificados por Colombia y la doctrina internacional de los mecanismos convencionales y no convencionales de los sistemas regional y universal de protección de los derechos humanos. Los textos que se han elaborado con base en tales investigaciones representan un notable aporte a la doctrina constitucional de Colombia, ya que definen los estándares mínimos no negociables de los derechos económicos y sociales en nuestro país, y compendian el mapa de obligaciones a cargo del Estado para su realización efectiva. Este tipo de esfuerzo tiene como proyección directa el fortalecimiento y la organización de la gestión defensorial.
Con frecuencia se afirma que los derechos sociales generan una responsabilidad compartida por diferentes actores, entre ellos el Estado. Empero, en un contexto de exigibilidad difusa (donde el titular del derecho desconoce a qué está obligado exactamente el Estado), la falta de concreción de los deberes hace que las demandas de la sociedad civil no tengan mayor resonancia ante las autoridades estatales competentes. Por esta razón, los textos que forman parte de la presente colección tienen la función de definir las exigencias que pueden hacerse al Estado en relación con derechos sociales. Para lograr este objetivo, los documentos extraen las obligaciones estatales de los instrumentos internacionales y la Constitución, las clasifican, y las correlacionan con el contenido básico de los respectivos derechos. Dicho contenido permite que, tanto la jurisdicción como los actores políticos, puedan identificar violaciones a los derechos y las correspondientes formas de reparación acordes con su estructura.
El propósito que tienen estos documentos sobre el contenido de los derechos sociales es servir como instrumentos para la exigibilidad política y judicial de los derechos económicos, sociales y culturales. En particular, los documentos sirven como fundamento para la evaluación y seguimiento de las políticas públicas. Además, constituyen un ineludible referente para la construcción de indicadores e instrumentos de medición que permitan hacer seguimiento a la actividad estatal, a partir de las obligaciones internacionales del Estado colombiano y del contenido constitucional mínimo de los derechos que involucra cada tema bajo análisis.
Los textos también buscan fortalecer el grado de conocimiento institucional de los derechos de los grupos de especial protección constitucional frente a quienes la Defensoría del Pueblo tiene que reforzar su acción. De alcanzar este propósito, tanto las posibilidades de intervención, seguimiento y control sobre las entidades públicas responsables de la materialización de sus derechos sociales, como las atribuciones que posee la Defensoría del Pueblo para efectuar recomendaciones pertinentes, se incrementarán sustancialmente.
Los documentos constituyen además una herramienta fundamental para el trabajo que desarrollan organizaciones sociales, cuya labor en relación con la exigibilidad judicial y política de los derechos humanos requiere de un soporte teórico riguroso y sistemático.
Tomar en serio la materialización del Estado social de derecho exige que las políticas públicas sean instrumentos necesariamente dirigidos hacia la construcción de una sociedad más igualitaria, donde la satisfacción de necesidades básicas contribuya a la lucha contra la discriminación y la exclusión social. Solo así es posible fortalecer los valores democráticos en el conjunto de la población y promover bienestar social y desarrollo económico en clave de derechos humanos.
Eduardo Cifuentes Muñoz Defensor del Pueblo
MM e es particularmente grato escribir estas palabras. En el presente contexto, el derecho internacional y el derecho interno se encuentran en constante interacción. En efecto, el desarrollo de tales medidas nacionales de implementación constituye una de las grandes prioridades de nuestros días, de la cual dependerá en gran
parte el progreso en la propia protección internacional de los derechos humanos.
He identificado como una de las prioridades de mi gestión como Relatora Especial sobre Derecho a la Educación el examen de los medios tendientes a asegurar la justiciabilidad del dicho derecho. Nunca, como en nuestra época, se ha verificado tanto progreso en la tecnología acompañado de tanta destrucción y crueldad. Nunca, como en nuestra época, se ha constatado tanto aumento de prosperidad acompañado de un paradójico aumento de la pobreza. Es imperativo superar estas contradicciones. El derecho tiene que acompañar la evolución de los tiempos, los nuevos temas y los grandes cambios de la sociedad. Los mecanismos de protección de los derechos humanos se han desarrollado como respuesta a corto plazo a las violaciones de los derechos humanos. La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales es hoy un tema de alta prioridad, precisamente por haber sido la justiciabilidad de tales derechos tan descuidada por las políticas públicas en el pasado. Distintamente, la mejor forma de trabajar en pro de la observancia de los derechos humanos a largo plazo es a través de “políticas públicas educativas a partir del enfoque de los derechos humanos”, como dice el autor, y - además - con los derechos humanos como base de la misión educativa.
No está de más recordar, en esta ocasión, la considerable contribución de América Latina al desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos. Las profundas transformaciones por las cuales ha pasado la región han generado esfuerzos de adaptación para adoptar nuevos enfoques. La protección judicial representa la etapa más avanzada de protección de los derechos humanos; la visión integral de los derechos humanos abarca medidas de prevención y de seguimiento. En el marco de esta rica tradición, las experiencias de exigibilidad del derecho a la educación en Colombia presentadas en este libro representan un aporte valioso.
El libro confirma que lo esencial está en la existencia de mecanismos judiciales de garantía del derecho a la educación. En el fondo, el documento trata de dotar de nuevo contenido a lo jurídico como marco y condición de garantía para el ejercicio efectivo del derecho a la educación. Puedo afirmar, con una mezcla de prudencia y satisfacción, que se trata de un trabajo a un tiempo académico y práctico. Esta labor pionera tendrá un efecto multiplicador importante.
Profesora Katarina Tomaševski Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación
l propósito fundamental de este escrito es definir el alcance y contenido normativo del núcleo esencial del derecho a la educación, es decir, el referente mínimo o contenido no negociable del derecho, exigible inmediatamente al Estado y directamente tutelable.
Aunque no todo el derecho a la educación se agota en ese núcleo, es indispensable conocerlo
para determinar las obligaciones que tiene el Estado para su realización efectiva.
Este documento tiene como destinatarios tres grupos distintos de sujetos: los funcionarios estatales que se ocupan de la justiciabilidad del derecho a la educación (v. gr., jueces de tutela), las instituciones estatales responsables de la realización del derecho a la educación (creadoras, ejecutoras y evaluadoras de políticas públicas), y los titulares del derecho (los estudiantes). Se ha querido otorgar particular atención a estos últimos, para brindar el acceso a la más completa información posible en relación a sus derechos y a las circunstancias en que pueden hacerlos exigibles. En este sentido, el libro pretende servir como material de exigibilidad para el titular del derecho y la comunidad en general. Delimitado el contenido esencial de la educación es posible para el individuo saber exactamente a qué tiene derecho, a quiénes puede exigir su realización, y qué mecanismos puede emplear para su realización efectiva 1 .
Según la Corte Constitucional, el núcleo esencial de los derechos fundamentales es aplicable directamente, aún si no existe ley que lo desarrolle. Siendo la educación un derecho fundamental de los menores de edad, es por tanto directamente tutelable, y el juez constitucional está facultado para ordenar a los sujetos obligados al cumplimiento de sus respectivas responsabilidades, a fin de asegurar la satisfacción de las necesidades básicas del niño. Sin embargo, es necesario comentar que existen otras esferas del derecho a la educación que se derivan de las normas legales y reglamentarias, pero al no hacer parte del núcleo esencial, su estudio escapa a los objetivos de este texto. Para dar mayor claridad, es conducente citar a la propia Corte:
1 En este documento se parte de la base de que, a través de la interpretación constitucional efectuada por la Corte Constitucional sobre el alcance del derecho a la educación, es posible determinar su contenido, y por ende, las obligaciones correlativas que son exigibles a la familia, la sociedad y el Estado. El efecto práctico de adoptar esta
postura es que borra las pretendidas diferencias estructurales entre derechos civiles y derechos sociales, y les concede justiciabilidad. Sobre el tema puede consultarse: ARANGO, Rodolfo. La justiciabilidad de los derechos sociales fundamentales. Revista de Derecho Público No. 12. Junio de 2001. Universidad de los Andes. Facultad de derecho. p. 185-220. Texto presentado en el Foro sobre Derecho Constitucional y Economía: balance y perspectivas, marzo 6 de
[L]os derechos fundamentales de carácter prestacional tienen un doble contenido. En primer lugar, se componen de un núcleo esencial mínimo, no negociable en el debate democrático, que otorga derechos subjetivos directamente exigibles mediante la acción de tutela. En segundo término, se integran de una zona complementaria, que es definida por los órganos políticos atendiendo a la disponibilidad de recursos y a las prioridades políticas coyunturales 2 .
Esta estructura interna de los derechos fundamentales podría graficarse así:
Núcleo esencial: parte del derecho que tiende a
la satisfacción de las necesidades básicas de su
titular. Esta parte otorga diversos derechos subjetivos fundamentales, de aplicación directa
e inmediata y protegidos por acción de tutela
contra la acción u omisión de autoridades públicas y de particulares. Limita la discrecionalidad de los órganos políticos porque
no es negociable en el debate democrático.
Zona complementaria: prestacional, protección constitucional y legal, negociable en el debate democrático, y por tanto, sometida a las mayorías políticas eventuales y a las políticas tributarias y presupuestales.
Zona complementaria extendible: elementos del derecho que por reglamentación constituyen una ampliación del ámbito de protección del derecho.
En el caso concreto del derecho a la educación, su núcleo esencial lo constituyen cuatro derechos: la disponibilidad de la educación, el acceso a la educación, la permanencia en el sistema educativo y la calidad de la educación. Adicionalmente, el derecho a la educación está relacionado con derechos de libertad que se desarrollan fundamentalmente en el ámbito educativo. Esto permite dividir el texto en cinco capítulos. En cada uno se analiza la protección
2 Sentencia SU-225 de 1998.
constitucional del derecho en cuestión, a partir de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, siguiendo el método de análisis de subreglas y líneas jurisprudenciales (que se explicará en líneas posteriores).
Una vez definido el núcleo esencial, es preciso conocer las obligaciones correlativas que impone
la familia, la sociedad, y el Estado, sujetos que según la Constitución, son los responsables de
educación. En este punto, el texto se concentra en las obligaciones a cargo del Estado, mas
no por ello desestima la importancia de las obligaciones en cabeza de la familia y la sociedad. Este énfasis se otorga ya que el libro abriga entre sus objetivos el poder servir como instrumento para el seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en educación, teniendo como presupuesto que, una vez definido el núcleo esencial, es posible establecer si las políticas públicas del gobierno cumplen con ese mínimo. Esa es la razón por la cual este estudio prioriza aquellos asuntos que sólo pueden ser atendidos por el Estado - bien por su naturaleza, ora por que los restantes sujetos no se encuentran en capacidad de asumir la obligación-. Y es también la razón por la cual se distingue entre aquellas obligaciones que tienen efecto inmediato de aquellas que sólo son de cumplimiento progresivo (pero que una vez configuradas legalmente aparejan obligaciones como la prohibición de regresividad, la incorporación al núcleo esencial del derecho y la procedencia de la acción de tutela, en las condiciones fijadas por el legislador).
Para delimitar el contenido y alcance normativo del derecho a la educación se han articulado dos herramientas jurídicas. De un lado, la interpretación de las normas constitucionales y de los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad; del otro, la extracción de las subreglas constitucionales que la Corte Constitucional ha empleado para dar solución a controversias suscitadas en torno al tema educativo, y que se han convertido en precedentes jurisprudenciales aplicables a casos análogos. Es preciso hacer una breve exposición que esclarezca en qué consisten y por qué se acude a ellos para demarcar el núcleo esencial del derecho a la educación.
El documento delimita el contenido esencial del derecho a la educación a partir del análisis jurisprudencial de las sentencias de la Corte Constitucional sobre el derecho a la educación y la extracción de la subregla jurisprudencial de cada sentencia. Para lograrlo, se analizaron todas las sentencias que sobre el tema ha fallado la Corte Constitucional hasta noviembre de 2002 y en la mayoría de los casos se han escogido para la presentación de las subreglas las sentencias hito 3 .
3 Algunas sentencias confirmatorias también se han empleado para efectuar la presentación de las subreglas en este documento.
Para explicar el concepto de subregla es preciso acudir primero a la definición de norma adscripta. Siguiendo a ROBERT ALEXY 4 , son normas de derecho constitucional tanto las dictadas directamente en el texto de la Carta Política como las normas adscriptas, entendidas estas como las normas que son resultado de una ponderación iusfundamentalmente correcta efectuada por el órgano que ejerce el control constitucional. Mediante una norma adscripta el estado de cosas sometido a una decisión puede ser subsumido, al igual que si fuera una norma legislada. Las subreglas jurisprudenciales son normas adscriptas que constituyen el principio explicativo de una sentencia y que, por lo tanto, se pueden aplicar a fallos posteriores con hechos materiales sustancialmente análogos (pues los jueces deben estarse a lo decidido en el precedente previo 5 ). En consecuencia, las subreglas jurisprudenciales son normas de derecho constitucional que se obtienen a través de la extracción de la justificación jurídica de la decisión 6 , y son referentes necesarios para definir el contenido y alcance de un derecho fundamental.
Para la comprensión cabal de una subregla jurisprudencial es necesario conocer: los hechos en que se basó la decisión, la razón de la decisión (que no es otra que el conjunto de conceptos de la parte motiva de las sentencias que guardan relación estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva), y la decisión misma. Por lo tanto, en este documento la presentación de las subreglas tiene en general tres partes: la primera, una exposición breve de los hechos relevantes del caso; la segunda, la razón de la decisión invocada por la Corte Constitucional para fallar en uno u otro sentido; y la tercera, la orden concreta adoptada por la Corte. Para dilucidar el por qué de esta presentación, es importante citar a la Corte Constitucional:
“sólo será de obligatorio cumplimiento, esto es, únicamente hace tránsito a cosa juzgada constitucional, la parte resolutiva de las sentencias de la Corte Constitucional. En cuanto a la parte motiva, como lo establece la norma, ésta constituye criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general; sólo tendrían fuerza vinculante los conceptos consignados en esta parte que guarden una relación estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva; en otras palabras, aquella parte de la argumentación que se considere absolutamente básica, necesaria e indispensable para servir de soporte directo a la parte resolutiva de las sentencias y que incida directamente en ella” 7 .
Cuando se desea aplicar una subregla de la Corte a un caso posterior concreto es necesario
determinar si los hechos materiales son sustancialmente análogos al caso fallado por la Corte.
De ahí la importancia de relatar los hechos 8 .
Y la exposición de la parte motiva que guarda
4 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. 1 ed. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993.
5 Es lo que se conoce en la doctrina constitucional como stare decisis.
6 Para una ampliación de este concepto y el estudio de una propuesta metodológica para la extracción de subreglas, se recomienda consultar: LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. El derecho de los jueces. Bogotá: Legis, 2000.
8 Véase infra, capítulo III, 1.1.3. Es un ejemplo de aplicación errónea de un juez de tutela de una subregla jurisprudencial por tratarse de una situación relevantemente distinta de aquella que dio origen a la subregla.
directa relación con la parte resolutiva se debe a que ella, en sí misma es la subregla jurisprudencial. Esta parte de la sentencia que constituye la razón necesaria para decidir el caso es lo que se conoce como ratio decidendi, y puede servir como herramienta para la demarcación del contenido de un derecho en razón a su fuerza vinculante y a su valor como precedente, que garantiza el derecho a la igualdad de las personas que se hallen en circunstancias análogas al caso fallado por la Corte.
En este documento se citan las normas internacionales que hacen parte de tratados ratificados por Colombia que imponen obligaciones al Estado para asegurar o proteger los derechos que hacen parte del núcleo esencial del derecho a la educación 9 , y se expone el alcance de estas normas a través de las interpretaciones que los organismos competentes han realizado sobre ellas. Estas normas sirven como herramienta para la delimitación del contenido de un derecho por ser parte del llamado “Bloque de Constitucionalidad”, definido por la Corte como el conjunto de
normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional stricto sensu 10 .
La jerarquía constitucional de un instrumento internacional sólo puede otorgarla la Constitución. Al respecto, la Corte ha sostenido que “siempre que se habla de bloque de constitucionalidad, se hace porque en la Constitución una norma suya así lo ordena y exige su integración, de suerte que la violación de cualquier norma que lo conforma se resuelve en últimas en una violación del Estatuto Superior” 11 . En materia de derechos humanos, la Carta ordena que sean integrados normativamente a ella los “tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción” (artículo 93 C. P.).
9 En este documento se ha seguido la teoría según la cual los derechos fundamentan los deberes, y se prueba que un derecho puede fundamentar varios deberes, aunque éstos sean insuficientes para garantizar a plenitud el derecho. Sobre el debate acerca de cómo se correlacionan derechos con deberes, se sugiere la lectura de HOHFELD, W. N. Some fundamental legal conceptions as applied to judicial reasoning. 23 Yale Law Journal, 16, 1913; MACCORMICK, N. Rights in Legislation. Law, Morality and Society. Oxford, 1977; RAZ, J. On the Nature of Rights. Mind 93, 1984; MARTIN, R. A System of Rights. Oxford, 1993.
10 Sentencia C-225 de 1995.
11 Sentencia C-578 de 1999.
Por virtud del artículo 93 de la Constitución Política, los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, una vez aprobados por el Congreso y ratificados por el gobierno, tienen plena eficacia en el marco del orden jurídico interno del país y prevalecen en él, constituyendo un instrumento de interpretación de esos mismos derechos consagrados en la Constitución, ya que integran, con el resto de la Carta, un Bloque de Constitucionalidad, lo que permite emplearlos como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes. De este modo, el bloque del derecho a la educación lo conforman, además de varios artículos de la Constitución, múltiples normas consagradas en estos instrumentos internacionales:
 Convención Americana sobre Derechos Humanos
 Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
También se han incorporado obligaciones al Estado relativas a sujetos de especial protección en materia educativa en:
 la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial
 el Convenio (No. 169 OIT) Relativo a los Pueblos Indígenas y Tribales en los Países Independientes
 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
 la Convención sobre los Derechos del Niño
Adicionalmente, se han incluido normas que hacen parte de lo que se conoce como “derecho internacional consuetudinario” o “costumbre internacional”. Aunque no tienen carácter vinculante (carecen de efecto jurídico obligatorio), al obtener un amplio consenso de la comunidad internacional y ser aplicadas sistemáticamente por los Estados, consolidan una práctica general y sistemática que se deriva en la aceptación de obligaciones jurídicas. Pueden tenerse como costumbre internacional las Declaraciones, resoluciones, observaciones de los órganos creados en virtud de los tratados y los informes de los mecanismos no convencionales.
Por lo anterior, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre fueron tenidas en cuenta para la elaboración del contenido normativo del derecho a la educación. Pese a que no son tratados, sus disposiciones tienen el carácter de derecho internacional consuetudinario dado que son aplicadas sistemáticamente por los Estados y establecen principios ampliamente aceptados en la comunidad internacional.
Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos y las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad también se incluyeron. Frente a
los Principios, la Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que hacen parte del bloque de constitucionalidad 12 . En cuanto a las Normas uniformes, la Organización de las Naciones Unidas ha considerado que están en camino de alcanzar el carácter de derecho consuetudinario 13 .
Dado que la Constitución ordena que los derechos fundamentales que reconoce se interpreten de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado colombiano (artículo 93), en este libro se incorporan los tratados internacionales que imponen obligaciones en materia educativa al Estado con su respectiva interpretación a través de la jurisprudencia internacional. Por ejemplo, las Observaciones Generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales equivalen a la jurisprudencia del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dado que el Comité es el órgano autorizado de interpretación. La siguiente es la lista de algunos de los órganos de vigilancia de los tratados sobre derechos humanos que han interpretado los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque, y cuyos pronunciamientos se han citado en este texto:
 Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
 Comité de los Derechos del Niño
Adicionalmente, organizaciones sociales y expertos en derechos humanos han estudiado el
contenido y alcance de estos instrumentos internacionales.
documentos más importantes: los Principios de Limburgo y la Declaración de Quito. Estas fuentes, si bien no son vinculantes, han sido empleadas por organismos de Naciones Unidas
En este libro se citan dos de los
12 Ver al respecto: sentencia SU-1150 de 2000, T-327 de 2001 y T-098 de 2002. En la sentencia T-327 de 2001 la Corte afirmó: “La interpretación más favorable a la protección de los derechos humanos de los desplazados hace necesaria la aplicación de los Principios Rectores del Desplazamiento Interno consagrados en el Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el Tema de los Desplazamientos Internos de Personas, los cuales son parte del cuerpo normativo supranacional que integra el bloque de constitucionalidad de este caso”. 13 “Aunque no son de cumplimiento obligatorio, estas Normas pueden convertirse en normas internacionales consuetudinarias cuando las aplique un gran número de Estados con la intención de respetar una norma de derecho internacional. Llevan implícito el firme compromiso moral y político de los Estados de adoptar medidas para lograr la igualdad de oportunidades. Se señalan importantes principios de responsabilidad, acción y cooperación. Se destacan esferas de importancia decisiva para la calidad de vida y para el logro de la plena participación y la igualdad. Estas Normas constituyen un instrumento normativo y de acción para personas con discapacidad y para sus organizaciones. También sientan las bases para la cooperación técnica y económica entre los Estados, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. La finalidad de estas Normas es garantizar que niñas y niños, mujeres y hombres con discapacidad, en su calidad de miembros de sus respectivas sociedades, puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás. En todas las sociedades del mundo hay todavía obstáculos que impiden que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos y libertades y dificultan su plena participación en las actividades de sus respectivas sociedades. Es responsabilidad de los Estados adoptar medidas adecuadas para eliminar esos obstáculos”. NACIONES UNIDAS. Desarrollo económico y social. Personas con discapacidades. Página de Internet dirección URL: http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissres1.htm
como sustento de interpretación de algunas normas internacionales, por lo que vale la pena tenerlas como referente de análisis.
La tarea de agrupar el disímil cúmulo de insumos normativos, clasificarlo, analizarlo y presentarlo como una estructura ordenada sustentable en dogmática de derechos humanos no fue fácil. Como toda clasificación, la seguida por este texto puede generar controversias. Sin embargo, se ha tratado de sustentar cada categorización de derechos y obligaciones haciendo uso de los estándares internacionales. Por esta razón, se ha acudido al esquema propuesto por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación. Los informes de los Relatores, que junto a los estudios de los Grupos de Trabajo y de los Expertos Independientes hacen parte de los “mecanismos extraconvencionales de Naciones Unidas”, son fuentes doctrinarias de incalculable valor para un ejercicio de sistematización como el que la Defensoría del Pueblo presenta con este documento, pues constituyen su soporte legítimo.
El siguiente cuadro ilustra la estructura interna del libro:
Sujetos de especial protección constitucional priorizados en torno al contenido del derecho
Obligaciones del Estado correlativas al derecho
Indicadores para medir la realización del derecho
 Niños y niñas rurales
Indicadores de gasto en educación
 Personas en situación de desplazamiento forzado
 Niños y niñas en situación de discapacidad o con habilidades excepcionales
 Niños y niñas trabajadores
 Mujer en estado de embarazo
 Minorías religiosas
 Minorías sexuales
La división temática no sólo apunta a la deóntica del derecho, sino a la perspectiva de autores como AMARTYA SEN 14 , que proponen que los derechos no son sólo un límite al poder político, sino además un criterio orientador de la acción estatal en la decisión de sus políticas públicas.
14 SEN, Amartya. Desarrollo y libertad. 3 ed. Bogotá: Planeta colombiana, 2000.
Con el esquema propuesto en este texto, se pretende resaltar el papel del Estado Social de Derecho en la realización del derecho a la educación en Colombia, los objetivos y fines que se deben perseguir para lograrlo, y los factores que deben tenerse en consideración para evaluar la progresividad o regresividad de las políticas públicas que implante para tal efecto.
Los apartes relativos a sujetos de especial protección constitucional, analizados en cada derecho, pueden resultar fundamentales a la hora de proponer políticas públicas frente a ellos, buscando dar respuesta a sus necesidades educativas más apremiantes. Sin embargo, debe entenderse que la especial protección que la Constitución les concede es aplicable frente a todo el derecho a la educación, y no sólo frente a su acceso, permanencia o calidad. Por ejemplo, al estudiar el derecho a la educación de los niños y niñas trabajadores en el capítulo sobre permanencia, se pretende poner en relieve que el problema en esencia es la deserción escolar. La mayoría de los niños trabajadores se encontraban en los primeros grados de enseñanza primaria antes de comenzar a trabajar, hasta que su labor los obligó a abandonar sus estudios. Pero el que se enfatice su derecho a la permanencia no significa ignorar su derecho de acceso o la calidad de su educación. También vale la pena advertir que todos los sujetos de especial protección (y no sólo los incluidos aquí) son beneficiarios de este amparo, pero en este documento se han querido resaltar los sujetos más vulnerables en lo que atañe al derecho a la educación.
Una aclaración final es necesaria para la comprensión cabal de la estructura del texto. Los derechos que hacen parte del núcleo esencial se relacionan entre sí. No puede entenderse el derecho a la permanencia sin la protección del acceso, ni puede realizarse plenamente la permanencia sin que se proteja la calidad de la educación. De igual forma, las obligaciones se entrelazan con todos los derechos, porque garantizan el derecho a la educación en su conjunto, sólo que propenden directamente por la realización de algún derecho en concreto. Por ejemplo, si bien es claro que las obligaciones de accesibilidad aseguran primariamente el derecho de acceso, también protegen otros derechos como la igualdad. De igual forma, las obligaciones de asequibilidad se relacionan transversalmente con los derechos de acceso, permanencia y calidad, aunque pueda sostenerse una estrecha unión con el derecho de disponibilidad e incluso con derechos de libertad. En conclusión, la relación entre derechos del núcleo esencial y obligaciones a cargo del Estado no genera compartimentos estancos, sino múltiples redes que se entrelazan y se supeditan entre sí.
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a educación ha sido consagrada constitucionalmente con un doble carácter: como un derecho de la persona, y como un servicio público que tiene una función social. En tanto derecho, su titularidad surge de la calidad de persona, y no de la ciudadanía ni de la
nacionalidad 15 : todas las personas naturales son titulares del derecho 16 , y son responsables del
mismo tanto el Estado, como la comunidad y la familia. Por tratarse además de un derecho- deber, se reconoce a todo ser humano el interés jurídicamente protegido de recibir una formación acorde con sus habilidades, cultura, tradiciones, etc., pero así mismo, se le impone el deber de cumplir con las obligaciones académicas y disciplinarias correspondientes. Como servicio público, se destacan las obligaciones estatales de garantizar la continuidad, aumentar la cobertura, y mejorar la calidad del servicio educativo.
La educación constituye un factor de desarrollo humano crucial para adquirir las herramientas necesarias para el desenvolvimiento en el medio cultural en que se habita 17 ; se concreta en un proceso de formación personal, social, y cultural de carácter permanente, que busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura 18 ; y su realización efectiva dignifica a la persona.
La Constitución no se limita simplemente a afirmar la existencia de un derecho a la educación y de un servicio público educativo. La Carta dota a la educación de un contenido específico, y le otorga un papel preponderante en nuestro proyecto nacional, fundamental para el desarrollo integral de los seres humanos, la solidez democrática de la República, el desarrollo económico y la riqueza cultural de la nación.
Para facilitar la lectura y comprensión del presente documento, especialmente por parte de quienes no son expertos en derecho constitucional o derecho internacional de los derechos humanos, se ha considerado relevante hacer una breve descripción de los conceptos generales que ordenan y dan estructura a la investigación. Se explicará el concepto de educación como derecho fundamental y como servicio público, las clasificaciones de las obligaciones del Estado en materia educativa que se emplearán en este texto y la razón por la cual es necesario crear indicadores en perspectiva del contenido del derecho.
En la teoría constitucional colombiana, un derecho se define como fundamental si cuenta con mecanismos reforzados de protección, es decir, si ante su vulneración por la acción u omisión
15 Sentencia T-416 de 1996.
16 Sentencia T-373 de 1993.
17 Sobre el tema de la educación como factor de desarrollo humano pueden consultarse entre otras, las sentencias T-543 de 1997, T-019 de 1999, T-780 de 1999, y T-1290 de 2000.
18 Ley 115 de 1994 Artículo 1° y Sentencia T-124 de 1998.
del Estado o de los particulares es procedente la acción de tutela. Esta definición admite no sólo
la posibilidad de reconocer como derechos fundamentales aquellos positivamente sancionados
como tales por la Constitución, sino también los derechos que la jurisprudencia de la Corte Constitucional pueda considerar como fundamentales, a partir de una interpretación armónica de
la Carta. De esta forma, la jurisprudencia ha reconocido el carácter de fundamental del derecho
a la educación, pese a que no se encuentra consagrado en el capítulo de los derechos
fundamentales de la Constitución. Al respecto, la Corte desde sus primeras sentencias, sostuvo:
El hecho de limitar los derechos fundamentales a aquellos que se encuentran en la Constitución Política bajo el título de los derechos fundamentales y excluir cualquier otro que ocupe un lugar distinto, no debe ser considerado como criterio determinante sino auxiliar, pues él desvirtúa el sentido garantizador que a los mecanismos de protección y aplicación de los derechos humanos otorgó el constituyente de 1991. El juez de tutela debe acudir a la interpretación sistemática, finalística o axiológica para desentrañar, del caso particular, si se trata o no de un derecho fundamental, lo que podría denominarse una “especial labor de búsqueda” científica y razonada por parte del juez 19 .
La Corte Constitucional ha calificado el derecho a la educación como un derecho de carácter fundamental, y por tanto, de aplicación inmediata, en dos eventos:
Cuando quien exige la prestación del servicio es un menor de edad (lo que le otorga prevalencia sobre los derechos de los demás ciudadanos), conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Constitución.
Cuando la amenaza o vulneración del derecho a la educación apareja la amenaza o vulneración de otro derecho de carácter fundamental, como la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad o el debido proceso.
derecho a la educación adquiere carácter fundamental cuando su titular es un menor de edad
debido a que los niños y niñas fueron elevados constitucionalmente a sujetos merecedores de
un tratamiento prioritario y especial por parte de la familia, la sociedad y el Estado. La condición
física y mental del niño convoca la protección especial del Estado y le concede validez de acciones y medidas para mitigar su situación de debilidad, propulsando el principio de igualdad.
Respecto del carácter fundamental del derecho a la educación por su conexidad con otros derechos fundamentales, pueden citarse los casos más frecuentes en que la afectación del derecho a la educación se deriva de la amenaza o vulneración de otros derechos:
 Cuando se vulnera el derecho a la igualdad de acceso o de permanencia en el sistema educativo, o cuando el estudiante es discriminado por una institución educativa.
19 Sentencia T-002 de 1992.
 Cuando se reprime el derecho al libre desarrollo de la personalidad al fijar, sin justificación razonable, restricciones a la apariencia personal o a decisiones de tipo personal (como vivir en unión libre o contraer matrimonio).
 Cuando se impide ejercer el derecho de participación de los estudiantes en las decisiones que los afectan y en la comunidad educativa.
 Cuando se imponen sanciones a un estudiante sin brindarle la oportunidad para presentar pruebas y ejercer su derecho de defensa.
 Cuando a un estudiante se aplican castigos degradantes, humillantes o crueles, vulnerando su derecho a la integridad personal.
El derecho a la educación no es absoluto y puede estar sujeto a regulación 20 . Pero toda regulación tiene que respetar unos contenidos mínimos que establece la Constitución y que no son negociables. Los instrumentos internacionales imponen al Estado colombiano la obligación de limitar el derecho a la educación únicamente a través de leyes, y sólo en la medida “compatible con la naturaleza del derecho” y con el objeto exclusivo de promover el bienestar general. En dirección semejante, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que el derecho a la educación puede ser limitado a través de leyes o reglamentos de las instituciones educativas, siempre que no se desconozca su “núcleo esencial” 21 .
Sobre el tema, los instrumentos internacionales de mayor relevancia son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador:
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los derechos
20 Sentencia T-092 de 1994. Sobre la naturaleza del derecho a la educación pueden consultarse también las sentencias T-573 de 1995 y T-881 de 2000.
21 “Si bien los derechos, y particularmente los considerados como fundamentales, no se pueden desconocer en su esencia bajo ninguna situación, no se vulneran cuando se regulan para su adecuado ejercicio, ni tampoco cuando se limitan por la ley o la misma Carta para viabilizar el cumplimiento de los deberes que la Constitución le impone a las personas en beneficio de la colectividad o al servicio del Estado”. Sentencia SU-277 de 1993. Sobre los límites al derecho a la educación también pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-530 de 1993 y T-441 de 1995.
garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática.
Esta disposición debe interpretarse en concordancia con el numeral 1 del artículo 5 del Pacto,
que, aplicado al derecho a la educación, prohíbe la interpretación del instrumento internacional en el sentido de reconocer al Estado, grupo o individuo la facultad para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción del derecho, o a su limitación en medida mayor que
prevista en el Pacto.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales considera que el artículo 4 del Pacto,
relativo a las limitaciones legalmente permisibles, tiene por objeto fundamental proteger los
derechos individuales, no la indulgencia ante la imposición de limitaciones por parte del Estado 22 .
Y cita como ejemplo de violación del artículo 4 en materia educativa el cierre de instituciones de
enseñanza en épocas de tensión política sin ajustarse a lo dispuesto por el artículo 4 23 .
El Protocolo de San Salvador incorpora una normatividad semejante:
Artículo 5. Alcance de las Restricciones y Limitaciones. Los Estados partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos.
En materia del derecho a la educación, la Corte ha considerado que el legislador es la única autoridad con capacidad para limitar el derecho, siempre que respete el contenido no negociable del mismo, es decir su “núcleo esencial”. La Corte, siguiendo a PETER HÄBERLE 24 , ha propuesto una definición del núcleo esencial del derecho a la educación en estos términos:
Se denomina contenido esencial o núcleo esencial al ámbito necesario e irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma el derecho o las formas en que se manifieste. El núcleo esencial de un derecho fundamental, entonces, no está sometido a la dinámica de coyunturas políticas. En el caso del derecho a la educación, no es posible negar injustificadamente el acceso y la permanencia en el sistema educativo a una persona 25 .
22 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General 13. Párrafo 42.
23 Ibíd. Párrafo 59.
24 Ver sentencia T-002 de 1992.
25 Sentencia T-944 de 2000. Sobre el tema, también pueden consultarse las sentencias T-09 de 1992, T-290 de 1996, T- 329 de 1997, T-202 de 2000 y T-675 de 2002.
Esto se aplica también frente a las normas consagradas en los manuales de convivencia de las instituciones educativas. Estas regulaciones deben propender por la realización de los principios constitucionales dentro de la comunidad educativa. Por lo tanto, si un estudiante incurre en actos de indisciplina o no responde por sus obligaciones académicas, las sanciones que establezca el reglamento, siempre que sean proporcionales a la falta, son procedentes. Pero si los manuales de convivencia consagran requisitos no razonables que afectan el núcleo o contenido esencial del derecho a la educación, imponen cargas desproporcionadas o afectan derechos conexos, tales normas resultan contrarias a la Constitución y, en consecuencia, el juez de tutela deberá ordenar su inaplicación.
La identificación del núcleo esencial del derecho a la educación exige, a su turno, identificar el contenido de los derechos que lo conforman. Estos derechos son la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad. De igual forma, es preciso señalar la estrecha relación del derecho a la educación con algunos derechos de libertad (entre otros, la libertad de enseñanza, la autonomía universitaria, el derecho de escogencia de los padres de la educación que ha de brindarse a sus hijos, el derecho de participación de los estudiantes en las decisiones que los afectan y en la comunidad educativa, la libertad religiosa y la libertad sexual). A este respecto, vale la pena identificar los elementos centrales de los anteriores derechos, como componentes del derecho fundamental a la educación de los niños y las niñas:
Derecho de Disponibilidad: Todo menor de edad tiene el derecho fundamental a la existencia de un sistema educativo público que garantice la planta de docentes mínima para atender las necesidades del servicio y las escuelas suficientes en el ámbito nacional para los niveles de enseñanza básica (hasta el noveno grado). El derecho de disponibilidad implica también el derecho de los particulares para fundar establecimientos educativos, siempre que tales instituciones estén provistas de personal docente suficiente y que sus programas coincidan con los fines constitucionales y legales de la educación. La realización de la disponibilidad es necesaria para asegurar los demás derechos, particularmente el acceso y permanencia en el sistema educativo.
Derecho de Acceso: Todo menor de edad tiene el derecho fundamental de acceder a la educación pública básica obligatoria gratuita. A pesar de que la educación es obligatoria sólo hasta los 15 años, se ha hecho extensivo el derecho hasta la finalización de la minoría de edad. Por lo tanto, si un menor de 18 y mayor de 15 años demandara el acceso a la educación pública básica gratuita, pervive el amparo constitucional por tratarse de un derecho fundamental, y el Estado estaría en la obligación de concederle un cupo en una institución pública por tratarse de un derecho de aplicación inmediata.
Derecho a la Permanencia: Todo menor de edad tiene el derecho fundamental a permanecer en la educación básica pública gratuita, y en ningún caso puede ser excluido. Si el niño se encuentra en un establecimiento educativo privado, el derecho a la permanencia lo protege de la exclusión durante el año escolar, a pesar de la morosidad de los padres en el pago de matrículas
y pensiones. El derecho a la permanencia de los mayores de edad está sujeto a la aprobación académica y disciplinaria del año; por ello, puede ser privado del beneficio de permanecer en una institución educativa determinada cuando existan elementos razonables - incumplimiento académico o graves faltas disciplinarias-.
Derecho de Calidad: El contenido mínimo no negociable del derecho fundamental a la educación no se agota en los derechos de disponibilidad, acceso y permanencia en el sistema educativo. La Corte Constitucional también ha incluido el derecho a la calidad de la educación, que consiste en el derecho del estudiante a alcanzar los objetivos y fines consagrados constitucional y legalmente, independientemente de sus condiciones socioeconómicas o culturales, y a desarrollar las capacidades necesarias para producir conocimiento.
Derechos de libertad: Es necesario reconocer el ámbito de derecho civil y político que posee el derecho a la educación 26 y sus relaciones con derechos de libertad. Pueden destacarse, entre otras, la autonomía universitaria, la libertad de enseñanza, la libertad de investigación, la libertad de cátedra, la libertad de expresión y opinión, la libertad de elección de los padres acerca de la educación que ha de impartirse a sus hijos, el derecho de participación de los estudiantes en las decisiones que los afectan y en la comunidad educativa, la libertad religiosa en los establecimientos educativos y la libertad sexual.
Los anteriores derechos son de tal magnitud para el orden constitucional que su vigencia no puede depender de decisiones políticas de los representantes de las mayorías. Ahora bien, como se trata de la obligación constitucional de satisfacer bienes no negociables, el Estado sólo podría liberarse de su cumplimiento si demuestra que, en cualquier caso, la satisfacción de las necesidades básicas de que se trata, implicaría necesariamente la desprotección de otros bienes de idéntica entidad. En otras palabras, la aplicación directa del núcleo esencial de los derechos fundamentales de carácter prestacional sólo puede limitarse si el Estado demuestra que, pese a todos los esfuerzos razonables, le resulta imposible atenderlos sin descuidar la protección básica de otros derechos de igual categoría. No obstante, esta situación extrema debe quedar debidamente comprobada en el respectivo proceso.
26 RELATORA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. Los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales: Informe anual de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Katarina Tomaševski, presentado de conformidad con la resolución 2000/9 de la Comisión de Derechos Humanos. 11 de enero de 2001. E/CN.4/2001/52, párrafo 6. Más adelante, la Relatora explica que una de las razones por las cuales se considera que el derecho a la educación no es justiciable es el olvido de su ámbito de derecho civil y político: “existe la arraigada opinión según la cual el derecho a la educación no se puede reclamar ante los tribunales. Esta opinión se basa en una clasificación del derecho a la educación entre los derechos económicos, sociales y culturales, pasando por alto el hecho de que el derecho a la educación tiene componentes civiles y políticos y que éstos son objeto de intensos litigios en todo el mundo en el plano interior y en el internacional. Además, los componentes económicos, sociales y culturales son también objeto de litigios”. Ibíd. Párrafo 65.
Reconocido constitucionalmente el derecho de toda persona a educarse, el Estado adquiere el compromiso de desarrollar actividades regulares y continuas para satisfacer la necesidad pública de educación. Por ello, el constituyente definió la educación como servicio público, esto es, como actividad organizada que tiende a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien sea que se realice por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas 27 . Del texto constitucional se extraen los principios esenciales que rigen la prestación del servicio público de educación: eficiencia, continuidad y calidad 28 . De su naturaleza de servicio público también se deducen sus fines generales: el servicio a la comunidad, la búsqueda del bienestar general, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, y la elevación de la calidad de vida de la población 29 . La educación busca realizar el principio material de la igualdad mediante la prestación universal del servicio educativo básico para menores de edad, ya que en la medida en que los niños y las niñas tengan igualdad de posibilidades educativas, tendrán igualdad de oportunidades en la vida para efectos de su realización como personas 30 . De este mismo razonamiento se desprende la necesidad de propender por la permanencia de las personas en el sistema educativo.
Como servicio público, la educación requiere la inspección y vigilancia estatal, para asegurar su calidad, el logro de sus fines, y la más óptima formación moral, intelectual y física de los individuos hacia su perfección y desarrollo humanos 31 .
La prestación del servicio público educativo está condicionada por las limitaciones que surgen de las propias posibilidades operativas y de cobertura de las instituciones que la ofrecen. Sin embargo, al cumplir una función social que la coloca dentro de las actividades primordiales del Estado, la prestación del servicio educativo es prioritaria, y debe efectuarse en forma permanente, eficiente, con la máxima cobertura posible, y con niveles aceptables de calidad.
Al tener la educación la doble naturaleza de derecho y servicio público, el educando se encuentra en dos planos distintos: en el primero, es el titular de un derecho; en el segundo, es el acreedor del servicio público educativo. Dependiendo del sujeto titular del derecho, es posible distinguir tres hipótesis distintas:
a. La relación entre estudiantes menores de edad e instituciones de educación pública básica y gratuita genera una obligación asistencial de inmediato cumplimiento a cargo del Estado, y un derecho fundamental para los niños.
27 Sentencia T-380 de 1994 y artículo 1 del decreto 753 de 1956.
28 Sentencia T-406 de 1993.
29 Artículo 334 y 366 de la C. P.
30 Sentencia T-002 de 1992.
31 Sentencia T-100 de 1995.
b. La relación entre estudiantes menores de edad e instituciones de educación privada no genera un derecho fundamental de acceso. Pero una vez ha sido aceptado en el centro docente, en la relación surgen derechos susceptibles de tutela constitucional: permanencia, debido proceso, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, entre otros.
c. La relación entre otros sujetos y las entidades educativas públicas o privadas no genera un derecho fundamental de acceso. Sólo es tutelable la vulneración del derecho a la igualdad en el acceso, y una vez vinculado como estudiante, los derechos que puedan ser violados por conexidad con el derecho a la educación.
Es de resaltar para finalizar, que la procedencia de la acción de tutela contra instituciones educativas, aún de carácter privado 32 , se debe precisamente a que estas entidades prestan un servicio público y el educando se encuentra respecto de la institución educativa en situación de indefensión o subordinación 33 .
El debate sobre la justiciabilidad de los derechos sociales sugiere un problema metodológico que puede resumirse en la siguiente pregunta: ¿puede determinarse, a través de instrumentos racionales, quién es el obligado y cuál es el ámbito del derecho (la obligación debida)? En este
aparte se dará respuesta a la primera parte de este interrogante en relación con el derecho a la educación. Posteriormente se establecerá en detalle el conjunto de obligaciones a cargo del
Con base en la tesis de subsidiariedad es posible sostener que la realización de los derechos sociales genera una cadena de obligados con un grado específico de precedencia 34 . De ello se han derivado al menos 3 niveles en que deben verse los obligados en relación con el grado de responsabilidad que asumen frente al titular del derecho. En materia del derecho a la educación, este planteamiento conduce a las siguientes afirmaciones:
 En un primer nivel, los titulares del derecho son al mismo tiempo responsables por cuidar de su formación educativa, a través de sus propios esfuerzos y recursos. En este nivel, el
32 Artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
33 Sobre la procedencia de la acción de tutela contra particulares prestadores de servicio público de educación pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-607 de 1995, T-393 de 1997, T-293 de 1998, T-037 de 1999, T-038 de 1999, T-972 de 1999, y T-1575 de 2000.
34 Se aplican aquí los planteamientos de ASBJØRN EIDE sobre los distintos niveles de obligaciones del derecho a la alimentación. Sobre el punto, consultar: GÓNGORA MERA, Manuel Eduardo. El Derecho a la Alimentación Adecuada. Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2003 (en prensa).
obligado principal a la realización del derecho a la educación es la persona misma, o en el
caso de los niños y las niñas –así como de otros sujetos de especial protección-, sus padres
o guardadores. Son ellos los primeros responsables de la educación de sus hijos 35 . En
consecuencia, el Estado tiene en este nivel la obligación de respetar este derecho, evitando adoptar medidas que obstaculicen o impidan su disfrute, o que restrinjan arbitrariamente la libertad para escoger la formación más apropiada según el fuero interno de cada persona (o en el caso de los menores de edad, según sus padres o tutores) 36 .
 El segundo nivel incluye a los titulares del derecho que no pueden satisfacer sus necesidades educativas por sus propios medios, debido a la intervención de terceros que impiden el acceso físico o económico a las instituciones educativas, o restringen su disponibilidad. En este nivel, el Estado asume obligaciones de protección que se
concretan en la protección de la disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad de la educación, velando por que terceros, incluidos los padres y empleadores, no vulneren
el derecho a la educación de los niños y niñas, v. gr., negándoles el acceso a las escuelas 37 .
 En un nivel terciario, los titulares del derecho carecen de los recursos para brindarse educación, en razón a un entorno económico o de orden público desfavorable. En este punto, el Estado asume la obligación de facilitar oportunidades a través de medidas positivas que permitan a individuos y comunidades disfrutar el derecho a la educación, o la obligación de proveer directamente servicios educativos para satisfacer las necesidades de esas personas. Estas obligaciones de facilitar y proveer se clasifican como obligaciones de cumplimiento 38 .
Este esquema, que aplicado frente a derechos como la alimentación o la vivienda permiten sostener que el Estado sólo está obligado a proveer directamente los derechos sociales en casos de extrema necesidad o de catástrofes naturales (es decir, en el tercer nivel), y que por tanto es un obligado subsidiario (sólo está obligado a dar cumplimiento a un derecho cuando un individuo o grupo no puede, por razones ajenas a su voluntad, poner en práctica el derecho por sí mismo con los recursos a su disposición), no es del todo aplicable frente al derecho a la
35 La primera responsable de la educación de los niños y niñas es la familia. Así lo ha sostenido reiteradamente la Corte Constitucional: “[L]a Corte ha señalado que la familia como núcleo fundamental de la sociedad es el primer responsable de la educación de los hijos, por lo que no es dable exigir al colegio que, en aplicación del principio de solidaridad, se constituya en el único encargado de la educación y formación en valores de los menores que se encuentran a su cargo.
Así pues, las obligaciones que adquiere el colegio con el educando, en virtud de la celebración del contrato
educativo, no pueden entenderse como una ‘exoneración de la responsabilidad’ de los padres respecto de sus deberes
educativos para con sus hijos menores”. Sentencia T-435 de 2002.
36 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General 13. Párrafo 47.
37 Ibíd. Párrafo 50.
38 Ibíd. Párrafo 46.
educación de los niños y las niñas. Según la interpretación internacional del alcance de las obligaciones estatales en materia educativa,
se considera que los Estados tienen la principal responsabilidad de la prestación directa de la educación en la mayor parte de las circunstancias; los Estados Partes reconocen, por ejemplo, que “se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza” (apartado e) del párrafo 2 del artículo 13). En segundo lugar, habida cuenta de las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 en lo que respecta a la enseñanza primaria, secundaria, superior y fundamental, los parámetros por los que se mide la obligación del Estado Parte de cumplir (facilitar) no son los mismos para todos los niveles de la enseñanza. En consecuencia, a la luz del texto del Pacto, la obligación de los Estados Partes de cumplir (facilitar) se acrecienta en relación con el derecho a la educación, pero el alcance de esta obligación no es el mismo respecto de todos los niveles de educación. El Comité observa que esta interpretación de la obligación de cumplir (facilitar) respecto del artículo 13 coincide con el derecho y la práctica de numerosos Estados Partes 39 .
Lo anterior significa que el Estado es el obligado principal en la realización del derecho a la educación de los niños y las niñas, sólo que esta obligación se modula de acuerdo al nivel educativo en que el menor de edad se encuentre: así, la obligación se incrementa en el nivel de enseñanza primaria, y se reduce progresivamente en los niveles siguientes.
Esta interpretación es acorde con nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Según el artículo 67 de la Constitución, la obligación de garantizar el derecho a la educación compete a la familia, la sociedad y el Estado. Y en el caso específico de los menores de edad, según el artículo 44, la obligación no puede corresponder a un esfuerzo aislado, sino que recae concurrentemente en diferentes actores, cada uno de los cuales es sujeto de derechos y deberes:
Acceder a un cupo en la educación básica pública gratuita, en condiciones de igualdad.
Recibir permanentemente sus clases.
Estudiar en un medio apto para su formación integral, donde sean respetados sus derechos y libertades (libre desarrollo de la personalidad, libertad de opción sexual, derecho a ser madre, libertad de enseñanza, derechos de participación en las decisiones que lo afectan y en la comunidad educativa, etc.)
Recibir oportunamente los certificados que acrediten sus calificaciones y la terminación de sus estudios.
Deberes del educando (consigo mismo y con la familia, la sociedad y el Estado):
39 Ibíd. Párrafo 48.
Cumplir con los reglamentos académicos y disciplinarios.
Cumplir todos requisitos exigidos para cada uno de los años de escolaridad.
Respetar los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad educativa y el ordenamiento jurídico.
Derechos de los padres o tutores del educando:
Escoger el tipo de educación para sus hijos menores de edad.
Exigir de las instituciones educativas la calidad en la educación de sus hijos.
Participar en el gobierno escolar, en los términos de la Constitución y la ley.
Deberes de los padres o tutores del educando:
Educar a sus hijos mientras sean menores de edad o impedidos.
Cumplir con las obligaciones económicas a su cargo respecto de la educación de sus hijos.
Inscribir a sus hijos menores de edad en el ciclo básico obligatorio.
Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos.
Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus hijos.
Derechos de los planteles educativos:
Fundar establecimientos educativos.
Definir su reglamento en virtud de las orientaciones ideológicas y religiosas de sus fundadores.
Deberes de los planteles educativos:
Respetar los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad educativa.
Cumplir las obligaciones académicas y civiles que les corresponden.
En cuanto a las obligaciones del Estado, dedicaremos los siguientes apartes para establecer detalladamente cuáles son y cómo se clasifican, con base en la Constitución y los instrumentos internacionales. Por el momento, debe concluirse que el Estado no es un obligado subsidiario en relación con el derecho a la educación de los niños y las niñas; por el contrario, desde el primer nivel del derecho, el Estado debe satisfacer el derecho de manera concurrente con los demás obligados (los padres, tutores e instituciones educativas).
A la luz de los instrumentos internacionales ratificados por Colombia, la Constitución Política de 1991, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es posible presentar una dogmática de las obligaciones del Estado colombiano en relación con los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en particular, con el derecho a la educación. Como se ha visto, existe una primera clasificación basada en la tesis de subsidiariedad, que distingue entre 40 :
a. Obligaciones de no hacer o de respeto, consistentes en la no interferencia del Estado en la libertad de acción y el uso de los recursos propios de cada individuo o de grupos o colectividades, en aras de autosatisfacer sus necesidades económicas y sociales. Estas obligaciones prohíben al Estado adoptar medidas que obstaculicen o impidan el disfrute del derecho a la educación.
b. Obligaciones de protección, consistentes en el resguardo del goce de estos derechos ante afectaciones provenientes de terceros. Imponen al Estado adoptar medidas para evitar que el derecho a la educación sea obstaculizado por terceros.
c. Obligaciones de dar cumplimiento (facilitar y proveer), que exigen de los Estados la adopción de medidas positivas que permitan a individuos y comunidades disfrutar del derecho a la educación y les presten asistencia, y en general, dar cumplimiento al derecho a la educación.
Sin embargo, considerando las dificultades de aplicación de la tesis de subsidiariedad en el caso del derecho a la educación de los niños y niñas por las razones señaladas en el aparte precedente, este texto ha preferido emplear una clasificación que atienda el especial carácter de las obligaciones estatales en materia educativa, como la propuesta por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación 41 . Para la Relatora, el conjunto de obligaciones estatales puede dividirse según las características fundamentales de la educación:
accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad y asequibilidad. A este sistema le ha denominado “las cuatro A”.
Son aquellas que tienden a satisfacer la demanda educativa por dos vías: la oferta pública y la
protección de la oferta privada.
De un lado, imponen al Estado la obligación de establecer o
40 Ver: Observación General 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párrafos 46 y ss; Declaración de Quito, párrafo 28. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, siguiendo la orientación de la Comisión de Derecho Internacional, ha considerado que también puede hablarse de obligaciones de comportamiento y obligaciones de resultado. Ver: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General 3. Párrafo 1.
41 RELATORA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. Los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales: Informe preliminar de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Katarina Tomaševski, presentado de conformidad con la resolución 1998/33 de la Comisión de Derechos Humanos. 13 de enero de 1999. E/CN.4/1999/49. Párrafo 42.
financiar instituciones educativas (o usar una combinación de estos y otros medios para asegurar que la educación sea asequible 42 ). Del otro, ordenan al Estado abstenerse de prohibir a los particulares la fundación de instituciones educativas.
Según la Relatora Especial, “[l]a primera obligación del Estado es asegurar que existan escuelas primarias a disposición de todos los niños y las niñas, lo cual requiere una inversión considerable. Si bien el Estado no es el único inversor, las normas internacionales de derechos humanos lo obligan a ser el inversor de última instancia a fin de asegurarse de que todos los niños y las niñas de edad escolar dispongan de escuelas primarias” 43 . Y en el informe provisional agrega: “la obligación del Estado de asegurar la disponibilidad de instrucción académica constituye un pilar del derecho individual a la educación, y el hecho de que un Estado no sostenga la instrucción disponible constituye una manifiesta violación del derecho a la educación. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos consideró, a propósito de un cierre por dos años de las universidades y escuelas secundarias en el ex Zaire, que se había violado el artículo 17 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en el que se garantiza el derecho a la educación” 44 .
En suma, la asequibilidad implica la libertad de los particulares para fundar establecimientos educativos, la prohibición de cierre de centros de educación por parte del Estado, la necesidad de que las escuelas primarias estén al alcance de las comunidades rurales dispersas 45 , la obligación de ofrecer en las escuelas primarias un número de cupos equivalente al número de niños en edad de enseñanza primaria 46 , y la inversión en la infraestructura de la educación, entre otras.
Son obligaciones que tienden a proteger el derecho individual de acceso en condiciones de igualdad (en igualdad de oportunidades sin discriminación alguna). En palabras de la Relatora Especial, “[l]a segunda obligación del Estado se refiere a garantizar el acceso a las escuelas públicas disponibles, sobre todo de acuerdo con las normas existentes por las que se prohíbe la
42 TOMAŠEVSKI, KATARINA. Human rights obligations: making education available, accessible, acceptable and adaptable. Swedish International Development Cooperation Agency.
43 RELATORA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, Informe preliminar, op. cit. Párrafo 51.
44 Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Free Legal Assistance Group, Comité de Juristas para los
Derechos Humanos, Union Interafricaine des Droits de l'Homme, Les Témoins de Jehovah v. Zaire, comunicaciones 25/89, 47/90, 56/91 y 100/93 (adjuntas), decisión de la Comisión aprobada en su 18º período ordinario de sesiones en Prais (Cabo Verde), Ninth Annual Activity Report of the African Commission on Human and Peoples' Rights, 1995/96, Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno, 32º período ordinario de sesiones, 7 a 10 de julio de 1996, Yaundé,
Tomado de RELATORA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN.
económicos, sociales y culturales: Informe provisional de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Katarina Tomaševski, presentado de conformidad con la resolución 1999/25 de la Comisión de Derechos Humanos. 1 de febrero de 2000. E/CN.4/2000/6, párrafo 32.
45 RELATORA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, Informe preliminar, op. cit. Párrafo 51.
46 Ibíd., párrafo 52.
discriminación. La no discriminación es el principio primordial de las normas internacionales de derechos humanos y se aplica a los derechos civiles y políticos así como a los derechos económicos, sociales y culturales, al igual que a los derechos del niño comprendidos en esas dos categorías. La no discriminación no debe ser objeto de una aplicación progresiva sino que debe conseguirse inmediata y plenamente” 47 .
La accesibilidad depende del nivel de educación al que se aspire acceder y del titular del derecho 48 . Mientras que la educación post-obligatoria (enseñanza secundaria y superior) puede implicar el pago de matrícula y otros costos, los tratados internacionales obligan al Estado a asegurar el acceso gratuito a la educación primaria para todos los niños y las niñas en la edad de educación obligatoria. A nivel interno, la Corte Constitucional ha entendido que esta protección se extiende a todo menor de 18 años hasta noveno grado.
Son obligaciones que tienden a garantizar la permanencia y continuidad del educando en el proceso educativo. Para ello, el proceso educativo se funda en el respeto a la diferencia, el multiculturalismo, la democracia y los derechos fundamentales. Por esta razón, el Estado tiene la obligación de brindar en sus centros educativos la educación que mejor se adapte a los niños y las niñas, y de velar por que ello ocurra en las instituciones de enseñanza privadas. Esta nueva perspectiva ha reemplazado la costumbre anterior, de obligar a los niños y niñas a adaptarse a cualquier establecimiento educativo.
La adaptabilidad hace referencia al contenido del proceso de aprendizaje, asignando importancia primordial a los mejores intereses del menor (como ordena la Convención sobre los Derechos del Niño) 49 , y a los conocimientos, técnicas y valores que ha de requerir durante su vida 50 . Para la Relatora Especial, la adaptabilidad implica también una revisión de los programas y libros de texto existentes o crear otros nuevos para eliminar los estereotipos que afectan a las minorías étnicas y raciales, a los inmigrantes, y a las mujeres. Sobre el caso de las niñas, la Relatora sostiene: "[d]urante los últimos decenios se han producido cambios profundos en el contenido de la educación: se ha pasado de educar a las niñas para que sean buenas amas de casa a liberarlas de los estereotipos de género y a permitirles que se desarrollen libremente 51 .
47 Ibíd., párrafo 57.
48 TOMAŠEVSKI, KATARINA. Human rights obligations, op. cit.
49 RELATORA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. Informe preliminar, op. cit. Párrafo 70.
50 Ibíd. Párrafo 72.
51 Ibíd. Párrafo 73.
Como explica la Relatora Especial, la adaptabilidad ha sido la mejor conceptuada por los numerosos casos de los tribunales nacionales sobre el derecho a la educación de niños y niñas en situación de discapacidad. En virtud de las obligaciones de adaptabilidad, las entidades educativas, que antes podían rechazar a un niño que no logró adaptarse, deben garantizar la permanencia del menor de edad en la institución adaptándose a sus necesidades.
La adaptabilidad también se ha enfocado en menores de edad que por determinadas razones no pueden permanecer en el sistema educativo, como los niños infractores y los menores trabajadores. Como en muy contadas ocasiones estos niños pueden asistir a instituciones educativas, el Estado debe garantizar que les sea ofrecida la educación en el lugar donde ellos se encuentren 52 .
La faceta más importante de la aceptabilidad de la educación, en opinión de la Relatora Especial 53 , ha sido la “calidad” de la educación. Esto ha impulsado a los Estados a asegurar, no solo disponibilidad y accesibilidad de la educación, sino además su adecuada calidad. De ello se deduce que el Estado tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las normas mínimas para los establecimientos educativos y de mejorar las exigencias profesionales para el ejercicio de la docencia. La Relatora Especial concluye: “[e]l Estado está obligado a asegurarse de que todas las escuelas se ajusten a los criterios mínimos que ha elaborado y a cerciorarse de que la educación sea aceptable tanto para los padres como para los niños” 54 .
Con todo, el alcance de la aceptabilidad se ha ido ampliando gracias al desarrollo de las normas internacionales de derechos humanos. En el conjunto de obligaciones de aceptabilidad se han incorporado temas como la etnoeducación, con particular énfasis en la lengua de instrucción para los miembros de pueblos indígenas y minorías étnicas. Esto debido a que el idioma a menudo hace que la educación sea inaceptable si no es la lengua nativa de los niños y las niñas. La prohibición de castigos corporales y la prestación del servicio público educativo en condiciones dignas también han sido tenidas en cuenta como criterios de aceptabilidad.
El siguiente cuadro, tomado de un documento de la Relatora Especial 55 y adaptado a las condiciones colombianas, sintetiza los temas clave que se abordan en cada una de estas obligaciones:
52 TOMAŠEVSKI, KATARINA. Human rights obligations, op. cit.
54 RELATORA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. Informe preliminar, op. cit. Párrafo 62.
55 TOMAŠEVSKI, KATARINA. Op. Cit. Traducción libre del autor.
 Apertura o cierre de colegios
 Libertad para fundar establecimientos educativos
 Fondos para establecimientos educativos públicos
 Fondos públicos para establecimientos educativos privados
 Criterios para su incorporación
 Salud para enseñanza
 Libertad sindical
 Responsabilidades profesionales
 Libertad de Enseñanza
Educación pública básica para niños
 Cubrimiento total
 Seguridad asistencial
 Reconocimiento de la culminación de una etapa educativa
 Prohibición de actos discriminatorios
 Acceso preferencial a sujetos de especial protección
 Criterios para admisión
 Reconocimiento de diplomas extranjeros
 Niños en situación de discapacidad
 Niños trabajadores
 Niños en situación de desplazamiento forzado
 Niños privados de su libertad
 Normas mínimas
 Respeto de la diversidad
 Idioma de instrucción
 Orientación y contenido
 Disciplina en la escuela
 Derechos de los estudiantes
Para efectos del seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas implantadas por el Estado para la realización del derecho a la educación, puede resultar útil dentro del sistema de las 4-A una última clasificación, que distingue entre obligaciones de efecto inmediato y obligaciones de cumplimiento progresivo:
Son las obligaciones que el Estado debe cumplir de manera plena e inmediata en un plazo razonablemente breve desde el momento mismo en que entra en vigor el instrumento internacional en el ordenamiento jurídico interno.
Las obligaciones inmediatas más importantes respecto del derecho a la educación son 56 :
 Adoptar medidas deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación, hasta el máximo de los recursos de que el Estado disponga.
 Garantizar el ejercicio del derecho a la educación sin discriminación alguna.
 Asegurar la satisfacción de, por lo menos, niveles esenciales del derecho a la educación.
Las obligaciones de garantizar el ejercicio del derecho a la educación sin discriminación alguna, y satisfacer por lo menos niveles mínimos del derecho a la educación, serán analizadas en el capítulo II, relativo al derecho de acceso. Para los propósitos de esta sección basta abordar la obligación de “adoptar medidas deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la plena efectividad del derecho a la educación”.
Si bien la plena realización del derecho a la educación puede lograrse de manera paulatina, las medidas tendentes a lograr este objetivo deben adoptarse dentro de un plazo razonablemente breve tras la entrada en vigor de los instrumentos internacionales. Tales medidas deben ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones 57 .
El Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales ordena en su artículo 2 (1):
El alcance e interpretación de esta obligación se describe en los Principios de Limburgo (párrafos 16 a 18):
a. Todos los Estados Partes tienen la obligación de comenzar de inmediato a adoptar medidas que persigan la plena realización de los derechos reconocidos en el Pacto.
b. Los Estados Partes utilizarán todos los medios apropiados a nivel nacional, incluyendo medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas, sociales y educacionales, coherentes con la naturaleza de los derechos, con el fin de cumplir sus obligaciones bajo el Pacto.
56 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General 13, párrafo 43.
57 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General 3, párrafo 9.
c. Las medidas legislativas por sí solas no son suficientes para cumplir las obligaciones del Pacto. Sin embargo, se debe notar que conforme al artículo 2 (1) a menudo será necesario adoptar medidas legislativas en casos en los que la legislación existente viola las obligaciones adquiridas bajo el Pacto.
d. Los Estados Partes proveerán de recursos efectivos incluyendo, cuando sea apropiado, los de tipo legal.
e. La adecuación de los medios a ser utilizados en un Estado particular será determinada por el Estado Parte de que se trate, y será sujeta a revisión por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas con el asesoramiento del Comité. Dicha revisión se realizará sin perjuicio de la competencia de otros órganos establecidos conforme a la Carta de las Naciones Unidas.
Los artículos 1 y 2 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante Protocolo de San Salvador) consagran también esta obligación, pero destacan que su cumplimiento debe tener en cuenta el grado de desarrollo del Estado, y resaltan la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter, cuando el ejercicio de los derechos establecidos en el Protocolo no esté garantizado aún por este tipo de normas:
Artículo 1. Obligación de Adoptar Medidas. Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo.
Artículo 2. Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos.
En suma, Colombia está obligada a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y cooperación internacionales, para el pleno ejercicio del derecho a la educación, hasta el máximo de los recursos de que disponga, teniendo en cuenta su grado de desarrollo.
En relación con la adopción de medidas “hasta el máximo de recursos disponibles”, los Principios de Limburgo, en sus párrafos 25 a 28, explican el alcance e interpretación de esta obligación:
a. Los Estados Partes tienen la obligación, independientemente de su nivel de desarrollo económico, de garantizar el respeto de los derechos de subsistencia mínima de todas las personas.
b. “Los recursos de que disponga” se refieren a los recursos con que cuenta un Estado así como también los recursos provenientes de la comunidad internacional mediante la cooperación y asistencia internacionales.
c. Al determinar la adecuación de las medidas adoptadas para hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto, se tendrá en cuenta el acceso y uso equitativo y eficaz de los recursos disponibles.
d. En la utilización de los recursos disponibles, se dará la debida prioridad a la efectividad de los derechos previstos en el Pacto, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar a todos la satisfacción de sus necesidades de subsistencia y la prestación de servicios esenciales.
Según la Declaración de Quito 58 , pueden tenerse además como obligaciones inmediatas, entre otras, las siguientes:
a. La obligación de adecuar el marco legal: los Estados tienen la obligación de adecuar su marco legal a las disposiciones de las normas internacionales sobre educación.
b. La obligación de producir y publicitar información: el derecho a la información constituye una herramienta imprescindible para hacer efectivo el control ciudadano de las políticas públicas en el área económica y social. Contribuye asimismo a la vigilancia por parte del propio Estado del grado de efectividad y obstáculos para la satisfacción del derecho a la educación, teniendo en cuenta además a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El Estado debe disponer los medios necesarios para garantizar el acceso en condiciones de igualdad a la información pública. Debe además producir información sobre el grado de efectividad del derecho a la educación, así como de los obstáculos o problemas que impidan su adecuada satisfacción y sobre los grupos más favorables.
c. La obligación de proveer recursos judiciales y otros recursos efectivos: el Estado -y la comunidad internacional- deben asegurar recursos judiciales o de otro tipo, aptos para hacer exigible el derecho a la educación en caso de violación.
Los instrumentos internacionales sobre el derecho a la educación reconocen su realización gradual 59 . Pero esto no significa que su ejercicio a lo largo del tiempo implique una pérdida del sentido de las obligaciones del Estado en materia educativa. Por el contrario, Colombia tiene la obligación concreta y permanente de proceder lo más expedita y eficazmente posible para la plena realización del derecho a la educación. Para ello, Colombia debe adoptar medidas positivas que permitan a individuos y comunidades disfrutar del derecho a la educación, dado
58 Declaración de Quito, párrafo 29.
59 Ver Sentencia T-406 de 1992.
que la población no puede, por razones ajenas a su voluntad, poner en práctica el derecho por sí misma con los recursos a su disposición.
En lo relativo a la obligación de progresividad, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ordena en su artículo 2 (1):
Artículo 2. 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. (Las negrillas no pertenecen al texto).
El artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos recoge la mayor parte de los contenidos del artículo 2 (1) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 60 , pero enfatiza en el derecho a la educación:
La progresividad no puede ser interpretada de tal forma que las obligaciones sólo tengan que cumplirse una vez alcanzado un determinado desarrollo económico. La progresividad debe entenderse como la obligación de proceder lo más explícita y eficazmente posible con miras a obtener ese objetivo, aunque se reconoce que la satisfacción plena de los derechos establecidos en el Pacto supone una cierta gradualidad.
Los Principios de Limburgo, párrafos 21 a 24, complementan esta interpretación sobre el carácter progresivo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
plena efectividad de los derechos” requiere que
a. La obligación de “lograr progresivamente
los Estados Partes actúen con toda la rapidez posible para lograr la efectividad de los derechos. Bajo ninguna circunstancia esto será interpretado de manera que implique que los Estados tienen el derecho de aplazar indefinidamente esfuerzos destinados a asegurar la plena efectividad. Al contrario, todos los Estados Partes tienen la obligación de comenzar inmediatamente a adoptar medidas dirigidas a cumplir sus obligaciones bajo el Pacto.
60 Debe aclararse sin embargo que entre los textos existen diferencias.
b. Algunas de las obligaciones exigen la plena e inmediata aplicación por parte de cada uno de los Estados Parte, como la prohibición contra la discriminación estipulada en el artículo 2 (2) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
c. La obligación del logro progresivo existe independientemente de cualquier aumento de recursos; requiere de una utilización eficaz de los recursos de que se disponga.
d. Además de un aumento en los recursos, también se puede lograr la aplicación progresiva por medio del desarrollo de los recursos dentro de la sociedad que sean necesarios para lograr la plena realización de los derechos consagrados en el Pacto para todas las personas.
La noción de “progresividad” impone la prohibición de regresividad. El Estado está obligado a mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales a través de medidas que sean deliberadas, concretas y orientadas hacia la plena efectividad de los derechos reconocidos. El Estado no puede adoptar políticas, medidas, o normas jurídicas, que de modo irrazonable empeoren la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Toda medida que sea deliberadamente regresiva debe ser justificada plenamente por parte del Estado que la ejecute, pues se presume su irrazonabilidad. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales explica que:
La admisión de medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la educación, y otros derechos enunciados en el Pacto, es objeto de grandes prevenciones. Si deliberadamente adopta alguna medida regresiva, el Estado Parte tiene la obligación de demostrar que fue implantada tras la consideración más cuidadosa de todas las alternativas y que se justifica plenamente en relación con la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga el Estado Parte 61 .
Cada una de las obligaciones de cumplimiento progresivo tiene parámetros distintos de medición del grado de cumplimiento del Estado, según la redacción de los Tratados Internacionales. Así, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13, establece diferencias en el alcance y nivel de exigencia respecto de la enseñanza primaria, secundaria, superior y fundamental. En este documento se presentarán las obligaciones de cumplimiento progresivo más importantes, y expondrán sus diferentes niveles de exigibilidad.
Para medir la realización mayor o menor del derecho a la educación es necesario contar con
indicadores claros y precisos.
Sobre el punto, la Comisión de Derechos Humanos ha estado
61 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General 13. Párrafo 45.
altamente interesada en que se adopten medidas sobre el desarrollo de indicadores y puntos de referencia en materia de derechos humanos. No obstante, como ella misma lo ha reconocido, los progresos han sido mínimos 62 . Esto ha impulsado a diversas entidades internacionales, como la UNESCO y la OCDE a crear indicadores basados en el contenido normativo del derecho a la educación. La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación ha presentado una propuesta de indicadores, en el marco del sistema de las 4 A, que en este libro se complementará y adecuará al núcleo esencial del derecho a la educación en Colombia. La fórmula sugerida por la Relatora Especial se encuentra en su informe anual de 2002:
Las medias estadísticas enmascaran las líneas de fractura provocadas por el género, la raza,
la etnia, la lengua o la religión, que tanta importancia tienen desde el punto de vista de los
derechos humanos. Se tiende cada vez más a desglosar los datos por sexo, pero no por otros motivos de discriminación que a menudo constituyen un obstáculo para el disfrute del derecho
a la educación. Es raro que se inscriba en un registro la raza, la etnia o la religión, incluso en países con servicios de estadística muy desarrollados.
Las estadísticas basadas en los derechos requieren la transposición de la normativa de los derechos humanos a un lenguaje que pueda ser comprendido y aplicado en las estadísticas
de educación. La Relatora Especial ha perfilado su sistema de las "4-A" 63 a fin de adecuarlo a
la producción de datos basados en parámetros de una enseñanza inspirada en los derechos,
que se incluye en el cuadro Traducción del sistema de las 4- A a indicadores basados en los
Las innovaciones clave introducidas por la perspectiva de derechos humanos están en
relación con las características de la admisión que revistan una importancia especial para los procesos de enseñanza y aprendizaje, la correspondencia entre la admisión y los insumos, la salvaguardia de los derechos humanos en lo tocante al proceso de educación, y el impacto de
la educación en el disfrute de todos los derechos humanos 64 .
El cuadro citado por la Relatora Especial se presenta a continuación 65 :
62 NACIONES UNIDAS. Informe del secretario general presentado de conformidad con la resolución 1999/25 de la Comisión de Derechos Humanos. Consejo Económico y Social E/CN.4/2000/47, 15 de diciembre de 1999. Comisión de Derechos Humanos, 56° período de sesiones, tema 10 del programa provisional. p. 114-115. En: DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Economía, Derechos Humanos y Acción Defensorial, p. 109-128.
63 El plan de las 4-A encauza las obligaciones estatales en materia de derechos humanos derivadas del derecho a la educación hacia una educación asequible, accesible, aceptable y adaptable (E/CN.4/1999/49, párrs. 51 a 74; E/CN.4/2000/6, párrs. 32 a 65; E/CN.4/2001/52, párrs. 64 y 65).
culturales: informe anual de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Katarina Tomaševski, presentado de conformidad con la resolución 2001/29 de la Comisión de Derechos Humanos. 7 de enero de 2002. E/CN.4/2002/60. Párrafos 27-29.
64 RELATORA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN.
Correspondencia entre el PERFIL DE LA ADMISIÓN y los INSUMOS
El PERFIL incluirá el desglose de los datos por todas las causas de discriminación prohibidas a nivel internacional;
Las ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS a nivel central y local deberán supeditarse a la garantía de una educación libre y obligatoria para todos los niños hasta la edad mínima para acceder a un empleo y a la realización progresiva del derecho a la educación;
obligaciones en materia de derechos
Supervisión gubernamental de las INSTITUCIONES EDUCATIVAS para garantizar unas normas mínimas y fomentar la INCLUSIÓN
La concesión de permisos, supervisión y financiación de las INSTITUCIONES EDUCATIVAS debe ajustarse a la normativa en materia de derechos humanos, incluyendo el objetivo de promover una EDUCACIÓN INTEGRAL;

References: artículo 9
 artículo 93
 Artículo 1
 artículo 44
 Artículo 4
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4

Artículo 5
 resolución 
 artículo 1
 Artículo 334
 Artículo 42
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 67
 artículo 44
 resolución 
 artículo 17
 resolución 
 artículo 2
 artículo 2

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 2

Artículo 2
 artículo 26
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 13
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