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Timestamp: 2018-10-18 07:43:52+00:00

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﻿ SENTENCIA 2011-06816/3178 DE MAYO 4 DE 2016
SENTENCIA 2011-06816 DE 04 DE MAYO DE 2016
CONTENIDO:SANCIÓN A ABOGADO POR COBRO DESPROPORCIONADO DE HONORARIOS. SE REITERA QUE EL PROFESIONAL DEL DERECHO PUEDE ACORDAR EL VALOR QUE ESTIME CONVENIENTE POR ASESORAR O REPRESENTAR UNA CAUSA, PERO ESTE DEBE SER CLARO, QUE NO HAYA DUDA ALGUNA EN CUANTO AL TRABAJO A REALIZAR Y EL MONTO DE LO QUE ESTA REPRESENTACIÓN O CONCEPTO ESTABLEZCA. ES SUSPENDIDA POR DOS MESES UNA ABOGADA POR INCURRIR EN LA FALTA DESCRITA EN EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 1123 DEL 2007. SE PRECISÓ QUE LOS HONORARIOS CON LOS QUE SE QUEDÓ LA PROFESIONAL RESULTAN A TODAS LUCES DESPROPORCIONADOS PARA LA LABOR REALIZADA, EN LA MEDIDA QUE EL ACUERDO ALCANZADO CON SU CLIENTE ERA OTRO Y NO DAR UNA SIMPLE OPINIÓN SOBRE EL ASUNTO. SE ADVIERTE QUE EL JURISTA DEBE ACUDIR A SU CLIENTE EN ARAS DE ACORDAR LA SUMA Y DE ESTA FORMA SANEAR Y DEJAR A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO LA LABOR ADELANTADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIONES AL ABOGADO, ABOGADO, HONORARIOS DEL ABOGADO, ACTUACIÓN DEL ABOGADO, COBRO DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO, SUSPENSIÓN DEL ABOGADO, FALTAS DEL ABOGADO, FALTAS DISCIPLINARIAS DEL ABOGADO
Sentencia 2011-06816/3178 de mayo 4 de 2016
Rad.: 110011102000201106816 01/3178 A
Esta Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer la apelación de la sentencia proferida por la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, el 5 de diciembre de 2013, mediante la cual sancionó con dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, a la abogada María Elisa del Pilar Zárate Ortega, como autora responsable de la falta a la debida diligencia profesional contenida en el artículo 35 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3, de la Carta Política y 112, numeral 4, de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y en el numeral 1 del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.
Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció:“(...) Los actuales magistrados de las Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la comisión nacional de disciplina judicial”.
2. En cuanto a la apelación.
Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que el togado fue declarada responsable disciplinariamente por el a quo por faltar al deber de diligencia profesional consagrado en el artículo 35, numeral 1º, de la Ley 1123 de 2007, precepto cuyo tenor literal es el siguiente:
“(…). Artículo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado: 1. Acordar, exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos (…)”.
Del escrito de queja, como de su ampliación, así como de lo expuesto en la versión libre por parte del disciplinable, se tiene que en efecto entre el señor Luis Carlos Romero Sanabria y la abogada María Elisa del Pilar Zárate Ortega, existió un vínculo contractual, que emanó del acuerdo de voluntades verbal surgido entre las partes, el cual se consolidó mediante la entrega, por parte del quejoso de la suma acordada de $ 1.500.000.00, y $ 100.000.00 más que le fueron consignados, de lo cual existe prueba a folios 34 y 35 del c.o., y de otra parte, la aceptación del recibo por parte de la disciplinada, el 24 de junio y 18 de julio de 2011, hechos ciertos que correspondían según lo manifestado por el quejoso, a la presentación de una tutela y recurso de revisión y según la disciplinada, al estudio y presentación de acción de tutela en caso de que se observara viabilidad para instaurarla; de conformidad con su criterio, no se reunían los requisitos para instaurar ninguno de los recursos por lo que devolvió los documentos a su cliente, quien le solicitó que le reintegrara el dinero entregado, a lo que ella expresó es que le devolvería el 50% de lo recibido, pero que no ha recibido respuesta de parte de su cliente, que estaba dispuesta a devolver el dinero pero que no encuentra a quien y que si se le autoriza hará depósito judicial para que el quejoso los reclame.
No obstante lo anterior, el cobrar por un concepto el 50% de lo que habían acordado para presentar una tutela y una acción de revisión, resulta a todas luces desproporcionado a su labor realizada, conducta que encuadra de manera clara y contundente en la descripción del numeral 1 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, en la medida que el acuerdo alcanzado con su cliente era otro y no dar una simple opinión sobre el asunto, cobro que resulta desproporcionado al contrastarlo con la labor realizada por la togada aquí disciplinada y por tal razón se debe endilgar dicha falta a la disciplinable como lo argumentó el a quo y que esta instancia confirmará.
De otra parte, el interés de la investigada en querer hacer la devolución de dichos dineros, estos a la fecha no existe prueba que han sido devueltos, solo la manifestación escrita que los devolvió, pero no aparece prueba que así lo ratifique el quejoso o un representante de este, situación que la hace responsable bajo la óptica disciplinaria, toda vez que no basta tener la intensión de realizar una acción y otra es concretarla, sin embargo no arrimó prueba que confirmara la entrega del dinero a su cliente, la totalidad o el saldo descontando el valor reconocido por el concepto emitido, situación que milita en contra de la togada, ya que tenía conocimiento del lugar donde lo podía ubicar y sin embargo no realizó ninguna conducta tendiente a solucionar con su cliente el tema sus honorarios.
Es de otra parte relevante indicar, que la conducta desplegada por la disciplinable, se hizo a título de dolo, como acertadamente lo calificó el a quo, pues no solo no reconoció inicialmente el cobro exagerado por el concepto, sino que espero a que le presentaran queja y aun así no realizó la diligencia de acordar con su cliente el costo de sus emolumentos, por el concepto emitido, sino que esperó hasta el final del proceso para realizarlo, y sin embargo, no hay prueba que permita concluir que si lo realizó; por lo tanto dicha conducta será confirmada como dolosa y en su condición de grave.
Para esta colegiatura, las argumentaciones esgrimidas en el recurso de apelación por el apoderado de confianza de la disciplinable, en el sentido de que decisiones como estas van en contra de la profesión en la medida que hace carrera que no se puede cobrar por los conceptos emitidos, se le indica que no es ese el sentido del fallo, ya que el profesional puede acordar el valor que estime conveniente por asesorar o representar una causa, pero estos deben ser claros, que no haya duda alguna en cuanto al trabajo a realizar y el monto de lo que esta representación o concepto se establezca entere las partes, ya que como en este caso, se prestan para diversas interpretaciones de las partes, ya que si no se estableció el monto a cobrar por el concepto emitido, debe el profesional acudir a su cliente en aras de acordar la suma y de esta forma sanear y dejar a paz y salvo por todo concepto la labor adelantada con su cliente; situación que no realizó en este caso por parte de la togada, ni siquiera estando el proceso disciplinario en curso, lo que hace que la conducta de la disciplinada encuadre de manera clara en la descripción del numeral 1 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, lo que conlleva a esta sala a confirmarla.
Vistas así las cosas, al encontrarse debidamente probada la existencia de la conducta típica conforme a lo establecido en el texto de la norma imputada, y al no existir justificación de dicho proceder del abogado, y haberse probado su responsabilidad lo procedente en esta instancia es confirmar la sentencia apelada.
En lo atinente a la dosificación de la sanción, de sancionar con dos meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, la Sala mantendrá la impuesta por el a quo, pues, obedeció a un criterio razonado y razonable, teniendo en cuenta la trascendencia social de la conducta, atendiendo precisamente al impacto negativo que genera en la sociedad el comportamiento investigado; la ausencia de antecedentes disciplinarios, anteriores a la comisión de la falta; y la modalidad dolosa de la conducta, de conformidad con lo normado en los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007.
1. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala jurisdiccional disciplinaria del consejo seccional de la judicatura de Bogotá, el 5 de diciembre de 2013, mediante el cual sancionó con dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, a la abogada María Elisa del Pilar Zárate Ortega, como autora responsable de la falta a la debida diligencia profesional, contenida en el artículo 35 numeral 1 de la ley 1123 de 2007; conforme a lo expuesto en la parte motiva antes expuesta.

References: ARTÍCULO 35
 artículo 35
 artículo 59
 artículo 19
 artículo 35
 Artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35