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Timestamp: 2020-06-03 19:44:31+00:00

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Sentencia nº RC.000250 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 13 de Abril de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 635090381
Sentencia nº RC.000250 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 13 de Abril de 2016
Número de Expediente: 15-744
Exp. Nro.AA20-C-2015-000744
En el juicio por nulidad de dación en pago y simulación, seguido por la ciudadana AGNET J.C.O., representada judicialmente por el abogado G.R.D.R., contra la sociedad mercantil BANCO BICENTENARIO, C.A. BANCO UNIVERSAL, (sucesor a título universal de la entidad financiera C.A., Central Banco Universal, ente resultante de la fusión entre el Banco Hipotecario Venezolano, C.A. y Central Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A.) y el ciudadano S.P.P.T., la primera representada judicialmente por los abogados J.A.J.P. y J.H.M.H. y el último sin representación judicial acreditada en autos; el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, dictó sentencia en fecha 27 de mayo de 2015, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha 9 de enero de 2014, por la ciudadana Agnet J.C.O., contra la sentencia definitiva dictada en fecha 20 de diciembre de 2013 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara y sin lugar las pretensiones de nulidad de dación en pago y simulación. De esta manera, confirmó la decisión dictada en fecha 20 de diciembre de 2013, por el mencionado juzgado de primera instancia.
Contra la referida sentencia de la alzada, la demandante anunció recurso de casación el cual fue admitido mediante auto de fecha 28 de septiembre de 2015. No hubo formalización.
En esta oportunidad, la Sala estima oportuno realizar unas breves consideraciones en relación con el tema de la competencia, a los fines de ratificar que corresponde a esta jurisdicción ordinaria el conocimiento del caso sub iudice.
Al respecto, cabe señalar de la revisión de las actas procesales que conforman el expediente, que la sociedad mercantil Banco Bicentenario, C.A Banco Universal, figura como codemandada en el juicio que por nulidad de dación en pago y simulación fue incoada por la ciudadana Agnet J.C.O..
Por tal motivo, esta Sala de Casación Civil estima necesario realizar cierta precisión en torno al tema de la competencia, particularmente de las reglas que rigen la aplicación de la ley en el tiempo, a los fines de determinar quiénes tienen la competencia en el juicio presentado entre otros contra el hoy Banco Bicentenario, C.A., Banco Universal, institución esta que constituye una empresa de la República Bolivariana de Venezuela; es decir, corresponde puntualizar si debe continuar conociendo la jurisdicción ordinaria, o si por el contrario, ante la participación de la referida entidad bancaria, la jurisdicción competente es la contenciosa administrativa.
Para responder a la anterior interrogante, el Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 3° y 9°, contiene las reglas que gobiernan la vigencia de la ley procesal en el tiempo, los cuales establecen lo siguiente:
Artículo 3°. La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tiene efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa.
Artículo 9°. La ley procesal se aplicará desde que entre en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso; pero en este caso, los actos y hechos ya cumplidos y sus efectos procesales no verificados todavía, se regularán por la ley anterior…
De la normativa supra transcrita se desprende entre otros principios, el de la perpetuatio fori, el cual estipula que la competencia del juez después de iniciada la causa, queda inalterada respecto de cualquier cambio sobrevenido a las circunstancias que la habían determinado.
Sobre el particular, es importante señalar que esta Sala de Casación Civil en sentencia N° 379 del 1° de julio de 2015, en relación con la vigencia de la ley en el tiempo, la aplicación de las reglas procedimentales y las normas que determinan la competencia, reiteró los criterios contenidos en decisiones de esta Sala Nros. 179 y 882, de fechas 9 de abril de 2008 y 16 de diciembre del mismo año, casos: E.I.I.R. contra Yolimar A.H.D.) y M.C.R. contra Latinoamericana de Seguros, S.A., respectivamente, según los cuales la competencia siempre se regirá por la situación de hecho existente para el momento de interposición de la demanda, sin que pueda modificarse la misma, al no tener efectos los cambios posteriores de la ley procesal sobre aquélla, salvo que la ley disponga otra cosa, mientras que la reglas procedimentales generales rigen desde el mismo momento en que entran en vigencia, siempre respetando los derechos adquiridos previamente; es decir, tales reglas tienen efecto inmediato, pero deben respetar la validez de los hechos anteriores y los efectos ya producidos por tales hechos, lo cual se traduce en que dichas disposiciones modifican los trámites futuros de un proceso en curso pero no podrán afectar, bajo ningún respecto, los trámites procesales definitivamente consumados, en razón del adagio jurídico denominado tempus regit actum. Así, la Sala en la referida sentencia N° 379 estableció lo siguiente:
…En relación con el citado principio procesal de la perpetuatio fori, esta Sala de Casación Civil, mediante sentencia Nro. 179 de fecha 9 de abril de 2008, (caso: E.I.I.R. contra Yolimar A.H.D.) en el expediente Nro. 07-273, estableció lo siguiente:
‘…De conformidad con lo antes expuesto, esta Sala establece que, a los fines de determinar la competencia, la materia, la cuantía, el territorio, o el grado del tribunal, es forzoso considerar la aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis establecido en el artículo 3° del Código de Procedimiento Civil, y por lo tanto, la competencia se regirá por la situación de hecho existente para el momento de interposición de la demanda, sin que pueda modificarse la misma, al no tener efectos los cambios posteriores de la ley procesal, salvo que la ley disponga otra cosa…’.
‘…la aplicación de la norma procesal en el tiempo está gobernada por ciertos principios contenidos implícitamente en el artículo 9° del Código de Procedimiento Civil, como es la aplicación inmediata, es decir que rige desde el momento mismo que entra en vigencia, pero sólo en cuanto a las reglas de procedimiento, ya que los derechos adquiridos deben ser respetados por la nueva ley; es decir, que los actos y hechos ya cumplidos, efectuados bajo el imperio de la vieja ley, se rigen por ella en cuanto a los efectos o consecuencias procesales que de ellos dimana.
Por tanto, la ley procesal nueva, si bien es de inmediata aplicación, no puede tener efecto retroactivo, lo que significa que tiene que respetar los actos y hechos cumplidos bajo la vigencia de la ley antigua y también sus efectos procesales...’.
‘...Precisado el anterior criterio jurisprudencial en materia de competencia, es necesario destacar, que nuestro Código de Procedimiento Civil, en relación a la determinación de la competencia y a la vigencia de ley procesal en el tiempo, establece, en sus artículos 3° y 9° respectivamente, lo siguiente:
De la interpretación de las normas anteriormente transcritas, se desprenden los principios de la perpetuatio fori, también denominado perpetuatio jurisdictionis y el de temporalidad de la ley, representado por el adagio jurídico tempus regit actum.
‘…El artículo 3° del Código de Procedimiento Civil establece que la jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tiene efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa.
‘Artículo 12.- Las normas procesales son de aplicación inmediata y alcanzan a los procesos en trámites.
De manera pues, que la potestad de juzgamiento y, en este caso, la competencia del órgano jurisdiccional, cuando la ley no disponga expresamente lo contrario, debe determinarse por la situación fáctica y normativa existente para el momento de presentación de la demanda, sin que pueda modificarse la misma, al no tener efectos los cambios posteriores de la ley procesal, salvo que la ley disponga otra cosa…’.
…De conformidad con lo antes expuesto, esta Sala establece que, a los fines de determinar la competencia, la materia, la cuantía, el territorio, o el grado del tribunal, es forzoso considerar la aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis establecido en el artículo 3° del Código de Procedimiento Civil, y por lo tanto, la competencia se regirá por la situación de hecho existente para el momento de interposición de la demanda, sin que pueda modificarse la misma, al no tener efectos los cambios posteriores de la ley procesal, salvo que la ley disponga otra cosa…’.
Por tanto, la ley procesal nueva, si bien es de inmediata aplicación, no puede tener efecto retroactivo, es decir, tiene que respetar los actos y hechos cumplidos bajo la vigencia de la ley antigua y sus efectos procesales...’
. (Subrayado y cursivas de la sentencia).
De los criterios jurisprudenciales parcialmente transcritos y que en esta oportunidad se reiteran, la determinación de la competencia se regirá por la situación de hecho existente para el momento de interposición de la demanda, sin que pueda modificarse la misma, al no tener efectos los cambios posteriores de la ley procesal, salvo que la ley disponga otra cosa; de tal manera que visto que en la presente causa la demanda por nulidad de dación en pago y simulación, fue propuesta el 21 de noviembre de 2003 contra la sociedad mercantil C.A., Central Banco Universal, ente resultante de la fusión entre el Banco Hipotecario Venezolano, C.A. y Central Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A., hoy Banco Bicentenario, C.A., Banco Universal, sociedad mercantil del Estado venezolano, oportunidad en la cual no había entrado en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Publicada en Gaceta Oficial N° 39.447 del 16 de junio de 2010, y reimpresa en Gaceta Oficial N° 39451, de fecha 22 de junio de 2010.
Por esa razón, dicha relación jurídica debe mantenerse regida por las mismas reglas de competencia que le han sido aplicadas en el curso de ambas instancias por la jurisdicción ordinaria, la cual resulta ser la competente de acuerdo con la situación de hecho existente para el momento de interposición de la demanda, cual es, para el 21 de noviembre de 2003.
En todo caso, cabe agregar, que la jurisprudencia de este M.T. ha sostenido que las operaciones de bancos y otras instituciones financieras [independientemente del carácter o la naturaleza pública o privada que éstos detenten], y sus relaciones con particulares en la realización de actos de comercio, de conformidad con el artículo 2 del Código de Comercio, al ejercer una actividad netamente mercantil y no administrativa, las controversias que pudieran surgir entre las partes deben ser resueltas por su juez natural, cual es, la jurisdicción ordinaria. Expresado en otras palabras, el conocimiento de las causas en las que figuren como partes las instituciones bancarias y financieras debe atribuirse al juez que resulte competente para componer la relación controvertida, en virtud de las características sustantivas de la materia debatida, por lo tanto, si se trata de demandas cuya causa es un pagaré u otro título valor, su conocimiento corresponderá a la jurisdicción ordinaria. (Vid. sentencias, de la Sala Especial Primera, N° 71 de fecha 7 de agosto de 2012, caso: Fondo de Crédito Industrial (FONCREI), contra Fábrica de Velas La Soledad; y de la Sala de Casación Civil Nros. 556 y 238 de fechas, 12 de agosto de 2014 y 4 de noviembre de 2014, respectivamente, casos: Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) contra Multinacional de Seguros y Representaciones Á.B. C.A., contra Banco de Venezuela S.A., Banco Universal, respectivamente).
En consecuencia, esta Sala ratifica la competencia de esta jurisdicción ordinaria para continuar conociendo y decidir en esta oportunidad la presente causa. Así se establece.
El artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, prevé en su parte pertinente, lo siguiente:
Admitido el recurso de casación, o declarado con lugar el de hecho, comenzarán a correr, desde el día siguiente al vencimiento de los diez (10) días que se dan para efectuar el anuncio en el primer caso, y del día siguiente al de la declaratoria con lugar del recurso de hecho en el segundo caso, un lapso de cuarenta (40) días, más el término de la distancia que se haya fijado entre la sede del tribunal que dictó la sentencia recurrida y la capital de la república, computado en la misma forma, dentro del cual la parte o partes recurrentes deberán consignar un escrito razonado, bien en el tribunal que admitió el recurso, si la consignación se efectúa antes del envío del expediente, o bien directamente en la Corte Suprema de Justicia, o por órgano de cualquier juez que lo autentique, que contenga en el mismo orden que se expresan los siguientes requisitos...
En concordancia con la norma anterior, el artículo 325 eiusdem, establece lo siguiente:
En el caso sub-iudice, esta Sala, por auto fechado el 5 de febrero de 2016, acordó practicar cómputo en los siguientes términos:
…Practíquese y certifíquese por Secretaría el cómputo de los cuarenta (40) días para formalizar en este juicio más el término de la distancia, si tal fuere el caso, contados a partir del día siguiente al último de los diez (10) días de despacho que señala el auto de admisión del recurso de casación que corre inserto en el folio 1038 del presente expediente, tomando en cuenta para ello lo previsto en los artículos 315 del Código de Procedimiento Civil…
El cómputo en referencia, el cual se encuentra inserto al folio 1044 del expediente, arrojó el siguiente resultado:
…El secretario de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo expresado en el auto precedente, certifica que el lapso para formalizar en este juicio más el término de la distancia de cuatro (4) días, comenzó a correr el día 26 de septiembre de 2015, día siguiente al último de los diez (10) días de despacho que se dan para el anuncio del recurso de casación, y venció el día 8 de noviembre del mismo año, sin que hasta esta última fecha se haya recibido en secretaría el correspondiente escrito de formalización…
Como consecuencia de la precedente consideración, le es aplicable al caso in comento, el efecto previsto en el artículo 325 eiusdem, al verificarse que no fue consignado el escrito de formalización. Por consiguiente, el presente recurso de casación admitido por el juzgado superior ut supra referido, debe ser declarado perecido, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de esta sentencia. Así se establece.
Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: PERECIDO el recurso de casación anunciado contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en fecha 27 de mayo de 2015.
Se condena a la recurrente al pago de las costas procesales del recurso de casación interpuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara. Particípese de dicha remisión al Juzgado Superior ya mencionado, como lo prevé el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, en Caracas, a los trece (13) días del mes de abril de dos mil dieciséis. Años: 205° de la Independencia y 157° de la Federación.
Exp. AA20-C-2015-000744
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Barinas, de 24 de Enero de 2011

References: Artículo 3

Artículo 9
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 317
 artículo 325
 artículo 325
 artículo 320
 artículo 326