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Timestamp: 2018-05-21 18:59:22+00:00

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El Juez ante la oralidad | Revista DIRECTUM TSJCDMX
En la antigua ciudad de Afkar vivían dos eruditos, cada uno
odiaba y despreciaba los conocimientos del otro; uno negaba la
existencia de los dioses y el otro era creyente.
Un día encontráronse en la plaza pública, y en medio de sus
secuaces comenzaron a disputar y argumentar acerca de la existencia o
inexistencia de los dioses. Y tras horas de contienda, se retiraron.
Aquella tarde, el incrédulo se fue al templo y se postró ante
el altar y rogó a los dioses que perdonasen su desvío en el pasado.
Y a la misma hora, el otro erudito, el que defendía a los
dioses, quemó sus libros sagrados porque se había vuelto incrédulo.”
Teófilo Abdo Kuri / Juez Séptimo Oral Familiar del TSJCDMX
El Derecho no es un dique, y menos aún una muralla que contiene las fuerzas del cambio social, es la luz que muestra el camino, que les da forma y sentido; por eso, como Juez, se tienen las llaves que permiten transitar con seguridad y calma por las rutas del progreso histórico. En una compleja sociedad democrática como la nuestra, el Juez debe ser sensible con las necesidades de la sociedad a la que pertenece. Si bien, es cierto, que la función judicial es la que aparentemente está más lejos de ser democrática en la comunidad, esto es simplemente una ilusión; el Juez debe permanecer ajeno a los vaivenes de la política, que no siempre saben representar los intereses comunes, pero debe estar comprometido con la democracia en la misma medida en la que debe resguardar los derechos de la sociedad, pues, sólo se espera de él la imparcialidad, la generosidad y el respeto, que fundan una sociedad basada en la buena fe y en el deseo natural de las convivencias.
Es por ello que, en la búsqueda de nuevas rutas en la Impartición de Justicia, se hace necesario, para atender las exigencias indispensables de la sociedad, se retome en la legislación procesal actual de la Ciudad de México un procedimiento Judicial, cuya naturaleza concibe a la oralidad, la publicidad, la sencillez y la eficacia en su tramitación.
La Justicia debe ser sustanciada por medio de la palabra. Por Ley Natural, al hombre le fue dada la palabra, para que, mediante ella, se entendiera con sus semejantes. Mas, pese a la invención de la escritura y sus enormes adelantos psicológicos, literarios y mecánicos, todos preferimos la comunicación verbal como un sistema sencillo con el cual ponemos en circulación nuestros pensamientos y nuestros estados de consciencia.
La palabra hablada consiente el diálogo, la réplica instantánea, la interrupción, la pregunta y la respuesta; lo que permite que en un juicio oral al Juez se le puedan ocurrir numerosas dudas o aclaraciones que cabe plantear y esclarecer en el acto, dirigiéndose a los litigantes, abogados, testigos, peritos, etc. En el procedimiento escrito, la linde es precisamente que la formación de un expediente propicia, en ocasiones, situaciones de ánimo que en el procedimiento oral no se disimulan u ocultan fácilmente. Un pliego de papel en múltiples ocasiones no permite adivinar o advertir la verdadera posición íntima del interesado, en cambio con la palabra hablada, con prontitud, se conoce al embustero, al maniático, al obcecado, al incomprensivo, al intransigente. En el despacho del letrado la máquina puede estampar impunemente errores, falsedades y fantasías. Para el que habla no existe la misma libertad, pues se echan sobre él la protesta del adversario, la autoridad de los jueces y, aún, la censura pública, que no necesita ser explícita para dejarse adivinar.
Por algo la sabiduría popular estableció este aforismo: "hablando se entiende la gente".
Además, por economía de tiempo, una de las necesidades más apremiantes para la justicia, es que los asuntos no duren sino lo estrictamente indispensable. En el procedimiento escrito hay etapas procesales y términos obligatorios, en el procedimiento oral todo va sobre la marcha.
Aunado a que es el supuesto imprescindible para la publicidad, siendo lo sustancial que hablen los jueces a las partes o a sus abogados, y con ello tener la seguridad de que, quienes imparten Justicia, se enteren de todas las cuestiones inmersas en la controversia.
Cabe señalar que la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Título Primero, denominado de la Función Jurisdiccional, Capítulo Único, en sus disposiciones generales establece en su Artículo 1, párrafo tercero: Artículo 1. (…) “Se establecen como principios que regulan la función judicial, tanto en su aspecto de impartición de Justicia, como en su aspecto administrativo los siguientes: la expeditez, la imparcialidad, la legalidad, la honradez, la independencia, la caducidad, la sanción administrativa, la oralidad, la calidad total en sus procesos operativos, administrativos y contables, la excelencia en recursos humanos, la vanguardia en sistemas tecnológicos, la carrera judicial, la eficiencia y eficacia”.
En este orden de ideas tenemos, como primer ejemplo, las Controversias de Orden Familiar, como se advierte de los Artículos 940, 941, 942, 943 y 944 del Código de Procedimientos Civiles, juicio en el que, en mi opinión, prevalece sustancialmente la oralidad, ya que se advierten en su regulación, principios fundamentales de protección al determinar que todos los problemas inherentes a la familia son de Orden Público, por constituir, la familia, la base de la integración de la sociedad, lo que trae como consecuencia que el Juez de lo Familiar está facultado para intervenir de oficio en los asuntos que le afecten, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, con la obligación de tomar las medidas necesarias que tiendan a preservarla y a proteger a sus miembros; en ese contexto la propia ley determina que no se requieren formalidades especiales para acudir ante el Juez de lo Familiar cuando se solicite la declaración, preservación, restitución o constitución de un derecho, o se alegue la violación del mismo, o el desconocimiento de una obligación, por lo que se podrá acudir ante el Órgano Jurisdiccional por escrito o por comparecencia en los casos urgentes, en donde las pruebas que se aporten o mencionen se relacionen en forma pormenorizada con todos y cada uno de los hechos narrados, estableciendo tiempos y términos para que, quién es demandado, comparezca de la misma forma que su demandante para contestar y, en su caso, excepcionarse. Es ahí que la propia Ley prevé la obligaciones de que el Juez de lo Familiar, en el conflicto en el que se plantea, resuelva con inmediatez la problemática que aqueja a las partes, ya que el trato directo y el desahogo de pruebas permiten que cualquier aclaración, duda o cuestión que se presente en ese acto, con conocimiento, madurez, sabiduría, criterio, imparcialidad, independencia, sensibilidad y humanismo se resuelva, no existiendo, salvo casos de extrema necesidad, elementos que impidan que el juzgador pueda tomar una decisión por la oralidad del procedimiento en el que, como director del escenario, debe dirigir, moderar, escuchar, atender, cuestionar, analizar, reflexionar y decidir, conforme a la Ley en congruencia con la Justicia.
Ahora bien, en el Código Procesal Civil de esta entidad se incorporó, en el Título Décimo Octavo, el Juicio Oral en Materia Familiar, en el que se contempla una forma diferente de Impartir Justicia, más ágil y con la misma calidad que en el procedimiento tradicional; la participación, tanto de los operadores jurídicos, como de los justiciables, está inmersa en la ambición de cualquier gobernado de obtener justicia llegando a la verdad de los puntos controvertidos, de tal forma que se creó un proceso innovador con el que se permite el acceso directo de quien reclama ser oído, y se le escuche, para obtener la resolución que en justicia se tenga que dictar atendiendo por supuesto el derecho que se debe de aplicar.
En este tipo de procedimiento el artículo 1019 determina la competencia para el Juez de lo Familiar Oral sobre los Juicios que debe de conocer, el contenido de los mismos, y lo que a continuación se menciona: 1019.- Se tramitarán en este juicio conforme a las disposiciones de este Título, las controversias relacionadas con alimentos, guarda y custodia, régimen de convivencias, violencia familiar, nulidad de matrimonio, rectificación o nulidad de los atestados del registro civil, filiación, suspensión o pérdida de la patria potestad, constitución forzosa de patrimonio familiar, cambio de régimen patrimonial controvertido, y la interdicción contenciosa.
Los procedimientos de jurisdicción voluntaria, divorcio, pérdida de patria potestad de menores acogidos por una institución pública o privada de asistencia social, de levantamiento de acta de reasignación para la concordancia sexo-genérica, y adopción nacional, se tramitarán conforme a sus reglas generales, ajustándose en lo conducente al procedimiento oral y sus principios. Sólo en caso de pago de alimentos se podrá presentar la demanda y contestación por escrito o comparecencia personal.
Así mismo, el numeral 1020 del Código ya antes citado, establece los principios que rigen la Oralidad Familiar, que no son excluyentes de otros, pero sí considerados necesarios e importantes para que el procedimiento cumpla con los principios Constitucionales de Pronta, Completa e Imparcial Impartición de Justicia, según se advierte en el artículo 17 de la Carta Magna, mismos que se materializan en el numeral citado y que a continuación se mencionan: 1020.- En el Juicio Oral Familiar se observarán especialmente los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad, concentración, dirección, impulso y preclusión procesal. Estos principios se materializan de la siguiente forma:
1. Oralidad: el procedimiento se desarrollará preponderantemente en audiencias orales, en las que las partes promoverán y el Juez resolverá oralmente. A ninguna promoción escrita presentada en las audiencias se le dará trámite.
2. Publicidad: las audiencias serán públicas, atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como a los casos de excepción establecidos en este Código, y los casos que el Juez consideré de tramitación privada.
3. Igualdad: las partes tendrán las mismas oportunidades, derechos y cargas procesales. El Juez deberá atender los casos de equidad establecidos en las leyes para grupos vulnerables.
4. Inmediación: el Juez tendrá contacto directo y personal con las partes, recibirá las pruebas en la audiencia de juicio, salvo las foráneas, y será él quien dicte la sentencia definitiva, salvo lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en caso de suplencia de su ausencia.
5. Contradicción: cada parte tiene derecho a oponerse y ser escuchada ante las promociones de su contraparte, antes de que el Juez decida lo conducente.
6. Dirección procesal: el Juez tiene la potestad para conducir el proceso, observando los principios del juicio oral y sus formalidades esenciales.
7. Impulso procesal: las partes tienen la facultad para solicitar las diligencias necesarias que impidan la paralización del procedimiento, en aquellos casos en que expresamente la ley exija su petición.
8. Preclusión: los derechos procesales se extinguen o pierden por el sólo transcurso del tiempo, al no ejercerlos en el término o etapa procesal respectiva.
9. Continuidad y concentración: el Juez debe buscar en el menor tiempo posible y a través del menor número de actos procesales, resolver la controversia planteada.
Es conveniente destacar lo innovador del Proceso Oral Familiar que se regula en el Código Procesal de la Materia de la Ciudad de México, del cual se desprende una etapa que se denomina Audiencia Preliminar, misma que consta de dos momentos trascendentales: lo que se denomina Junta anticipada, con la presencia de las partes ante el Secretario Judicial Titular y el Secretario Judicial Auxiliar, etapa en la que se depura el procedimiento en lo que respecta a hechos no controvertidos y pruebas innecesarias para acreditar la acción que se ejercita, es decir, se acota el procedimiento a lo relevante o importante de lo que se reclama, y, de la defensa respectiva, en palabras sencillas, se limpia de tal manera que se impide un procedimiento largo y tedioso que, más que resolver, puede provocar mayor confusión y confrontación entre quienes litigan, o agotamiento por lo tardado en la emisión de la resolución, etapa procesal que generó un cambio radical en la óptica de todos los operadores Jurídicos, no sólo en los que conforman el Tribunal, sino también en los profesionistas en Derecho con una nueva visión, que tiene como misión propiciar en las Familias paz y, estabilidad y el sentimiento de que realmente son oídos con Justicia obteniendo respuestas cuando se procede de forma inmediata a sus pretensiones de acuerdo a la acción que ejercitan.
Así mismo, en la Junta Anticipada se lleva a cabo lo que considero como juzgador, que es el momento más importante en todo conflicto Familiar, y que se denomina conciliación, que es donde el conocimiento, la prudencia, el entendimiento, la sensibilidad y el humanismo, todo ello conjugado con la sabiduría y el saber escuchar por parte del funcionario Judicial permite, en la gran mayoría de los casos, que se lleguen a acuerdos que solucionen de inmediato y efectivamente la controversia suscitada en beneficio de los contendientes, y sin lugar a duda de sus hijos que, regularmente, se encuentran en la batalla existente entre sus padres.
La Segunda Etapa, que se lleva a cabo inmediatamente después de la Junta Anticipada y, más allá, de lo que técnica y jurídicamente se resuelve en la misma, sin restarle importancia, pues es la legitimación, la depuración del procedimiento por las excepciones planteadas, la aprobación de acuerdos de hechos no controvertidos y probatorios, la admisión de pruebas y la determinación de medidas provisionales pendientes; nuevamente el juzgador deberá invitar a las partes a conciliar intereses en un acto de reflexión, de madurez, de racionalidad y de tolerancia para llegar a un buen fin, siempre y cuando sea factible, y dependiendo del caso concreto.
Todo esto obedece a un reclamo social. La ruta ya ha sido creada, su implementación se está llevando a cabo, los resultados han sido positivos, pero ello no implica que no se continúe trabajando para alcanzar la excelencia en la Actividad Jurisdiccional pues, bien es cierto, ya está todo instrumentado; de ser necesario deberán realizarse las adecuaciones pertinentes con base en la experiencia que el juzgador día a día va teniendo en la aplicación de la Ley en la Oralidad Familiar, siempre para mejorar y con ello lograr la satisfacción de quién reclama Justicia.
En ese tenor, dentro de su misión social, el Juzgador debe estar consiente que la dialéctica del derecho le obliga a preparase por motu propio, ya sea acudiendo a los cursos que imparte el Instituto de Estudios Judiciales o a conferencias que se dicten en las universidades, e inclusive con la docencia y, por supuesto, como requisito sine qua non estar al tanto de cada una de las reformas que se hagan a las Leyes, pues no sería factible que un Juzgador moderno invoque Ley o Jurisprudencia que no se encuentre vigente a la fecha de dictar su resolución, ya que el estudio -en todo momento- da la actualización a todo profesionista.
En la mentalidad del Juzgador actual deben contemplarse dos conceptos que consisten en el éxito y la excelencia, entendiendo, por ello, que todo su trabajo debe cumplir con los requisitos señalados por la ley, conteniendo, además, calidad humana y sensibilidad, y al lograr su objetivo, llegar al éxito con excelencia.
La objetividad del juzgador parece ser algo sencillo, sin embargo, al plasmarla el legislador, en los preceptos legales, la encomienda es buscar la verdad histórica de hechos ocurridos entre seres humanos que han impactado en su esfera jurídica. Para ello, se le conceden los medios de prueba clásicos y modernos, como los avances tecnológicos; y, para dictar sus sentencias le impone la lógica y la experiencia del juzgador, por lo que al dictar cualquier resolución debe encontrarse tranquilo consigo mismo, no permitir que las pasiones humanas invadan el trabajo mental, porque, tal vez, provocaría alguna violación a los Derechos de alguna de las partes. Cuando culmina un procedimiento que ha sido claro y eficaz, debe razonar tranquilamente su resolución para que, observando cada una de las partes del procedimiento y el desahogo de cada una de las pruebas, realice el estudio del asunto, y, a través de todos los métodos de lógica aplicables al caso, obtenga la resolución equitativa y justa que le exige el Estado para cada uno de los ciudadanos.
Impartir justicia es construir, a través del derecho, la imparcialidad y la equidad, un veredicto justo que, mediante un desarrollo lógico, reúna los más elevados valores de la condición humana (ética, sabiduría, verdad), y los múltiples aspectos de la realidad jurídica (doctrina, técnica, interpretación), que no sólo tenga por objeto el convencimiento de las partes involucradas –aunque no necesariamente su aceptación- sino, también, el del “auditorio universal”.
Sólo resta decir que el Juez de lo Familiar en los juicios orales debe asumir el compromiso que la función social desempeñada requiere que se dignifique.
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References: Artículo 1
 Artículo 1
 resolución 
 artículo 1019
 artículo 17
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