Source: http://www.un.org/es/documents/sc/scaction/2005/thematic_sec.shtml
Timestamp: 2017-07-21 08:54:13+00:00

Document:
Reconociendo la compleja naturaleza de las amenazas a la paz y seguridad internacionales, el Consejo, en una declaración hecha pública el 20 de septiembre, puso de relieve la necesidad de una estrategia amplia de prevención para prevenir conflictos y para fomentar el arreglo pacífico de controversias así como las contribuciones potenciales de una sociedad civil vibrante y caracterizada por la diversidad a este proceso. Reconociendo el importante papel de apoyo de la sociedad civil, el Consejo destacó que la responsabilidad principal de prevenir conflictos recaía en los gobiernos nacionales y que las Naciones Unidas y la comunidad internacional podían desempeñar un papel importante brindando apoyo a los esfuerzos nacionales para la prevención de conflictos. Las Naciones Unidas y la comunidad internacional podían igualmente prestar asistencia en la consolidación de la capacidad nacional en este ámbito.
En una reunión informativa al Consejo sobre los progresos logrados en los seis años posteriores a la adopción del primer texto sobre la protección de los civiles, resolución 1296 (2000) , el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios Jan Egeland observó que el compromiso más sistemático y sostenido del Consejo con las cuestiones de la protección de los civiles había tenido repercusión, generando cambios reales en la materia. El fundamento del debate temático del Consejo, celebrado el 9 de diciembre, fue el último informe del Secretario General sobre la cuestión, que hacía notar que en la nueva guerra que había surgido, las repercusiones del conflicto armado en los civiles traspasaban la noción de daños colaterales. Los ataques selectivos, el desplazamiento forzado, la violencia sexual, el reclutamiento forzado, los asesinatos indiscriminados, las mutilaciones, el hambre, la enfermedad y la pérdida de los medios de subsistencia colectivos constituían un «panorama extremadamente lúgubre de los costos humanos derivados del conflicto armado». En una reunión informativa al Consejo anterior, el Sr. Egeland afirmó que en un entorno que hoy en día cambiaba a pasos agigantados, no se habían alcanzado todos los progresos necesarios para avanzar al ritmo en que lo hacían los retos a los que se enfrentaban los civiles en situaciones de conflicto. Adoptando una declaración de la Presidencia ese mismo día, el Consejo condenó el ataque deliberado contra civiles en situaciones de conflicto armado e instó a todas las partes a poner fin a esas prácticas. Poniendo de relieve la necesidad inmediata de proporcionar una mayor protección física a las poblaciones desplazadas y a otros grupos vulnerables, el Consejo consideró que la contribución al establecimiento de un entorno seguro para todas las poblaciones vulnerables debía ser un objetivo clave de las operaciones de mantenimiento de la paz.
Retomando la cuestión de los niños y los conflictos armados el 23 de febrero, el Consejo centró un debate de un día de duración en el último informe del Secretario General (documento S/2005/72 ), que recoge su plan de acción propuesto para la vigilancia sistemática y la presentación de informes de los abusos cometidos contra los niños en situaciones de conflicto armado o en «situaciones inquietantes», con miras a desencadenar la adopción internacional de enérgicas medidas contra los autores de los abusos y a elaborar otras para la protección de los niños. En la apertura de la reunión, Olara Ottunu, el Representante Especial del Secretario General para los Niños y los Conflictos Armados, explicó que el informe del Secretario General pretendía instituir un régimen concertado que garantizase el cumplimiento y la aplicación de las medidas, marcando un momento decisivo en la campaña colectiva para la «era de aplicación». En una declaración de la Presidencia adoptada al final de la reunión, el Consejo, indicando que había comenzado a examinar la propuesta de vigilancia, reiteró la crucial necesidad de un mecanismo de vigilancia y presentación de informes así como su determinación por garantizar su cumplimiento y poner fin a la impunidad. Posteriormente reiteró de nuevo su intención de completar con la mayor prontitud el proceso de establecimiento del mecanismo. Mediante la adopción de la resolución 1612 el 26 de julio, el Consejo pidió al Secretario General que implementase sin demora un mecanismo de supervisión y presentación de informes sobre la cuestión. El Consejo igualmente estableció un grupo de trabajo del Consejo para examinar los informes del mecanismo.
Reunido el 30 de junio para tratar la cuestión de la crisis alimentaria en África como una amenaza para la paz y la seguridad, el Consejo escuchó la información presentada por el Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Enviado Especial del Secretario General para la cuestión de las necesidades humanitarias en la subregión, James T. Morrow. Afirmó que había pocos fenómenos en la vida moderna tan políticos como la ayuda humanitaria. Tristemente, el empleo de alimentos como arma seguía existiendo en África. En la última década, la inanición se había empleado como arma en Darfur, en el sur de Sudán, en Somalia, en Angola, en el norte de Uganda, en la República Democrática del Congo y en África occidental. El ejemplo más notorio de esa táctica hoy en día podía verse en Darfur, donde la situación seguía empeorando. No obstante, manifestó que la mayor crisis humanitaria hoy en día no se ubicaba en Darfur, en el Afganistán o en la República Popular Democrática de Corea, sino en el sur de África, donde una combinación letal de SIDA, sequías periódicas y una mala gobernanza estaba reduciendo la estabilidad social y política.
Armas pequeñas Centrándose en la búsqueda de formas para mejorar el régimen internacional de control de armas pequeñas, el Consejo reconoció que la diseminación de armas pequeñas y ligeras provocaba controversias y prolongaba los conflictos y exhortó a los países exportadores de armas a que asumiesen el mayor grado de responsabilidad en la transacción de éstas. Mediante una declaración de la Presidencia leída en voz alta tras un debate de un día de duración, el Consejo también exhortó a la cooperación internacional y regional a identificar el origen y la transferencia de armas pequeñas y ligeras con el fin de prevenir su desviación, en concreto para que no cayesen en manos de Al-Qaida y de otros grupos terroristas e instó a los Estados a hacer cumplir las resoluciones del Consejo en cuanto a la imposición de sanciones, incluidas las que aplican embargos de armas. Fundamentando su debate en un informe del Secretario General, presentado por el Secretario General para asuntos de Desarme, Nobuyasu Abe, el Consejo examinó iniciativas para aplicar 12 recomendaciones base sobre formas en que el Consejo podría contribuir a tratar la cuestión de armas pequeñas y ligeras en situaciones que respondan a las condiciones enunciadas en su examen. En el debate, los oradores pusieron de relieve que la cuestión de armas pequeñas no era sólo una cuestión de desarme, sino también de desarrollo, de democracia, de derechos humanos y de seguridad. Asimismo, destacaron la necesidad de aplicar criterios claros y rigurosos para las exportaciones de armas, insistiendo varios oradores en la necesidad de hacer vinculantes los documentos existentes, incluido el Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre armas pequeñas y ligeras.
Celebrando el quinto aniversario de la histórica resolución 1325 (2000) , el 27 de octubre, el Consejo realizó un debate de un día de duración sobre las mujeres, la paz y la seguridad. En una declaración de la Presidencia, el Consejo, profundamente preocupado ante los constantes retos y dificultades derivados de situaciones de violencia, de economías destrozadas y de pobreza, entre otras, puso de relieve la urgente necesidad de acelerar la plena y eficaz aplicación de la resolución. Acogiendo con beneplácito el plan de acción del Secretario General para la aplicación de la resolución 1325 en todo el sistema de las Naciones Unidas, presentado por su Asesora Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer, Rachel Mayanja, el Consejo instó al Secretario General a que nombrase nuevamente una asesora en cuestiones de género dentro del Departamento de Asuntos Políticos y a que continuase identificando candidatas a ocupar cargos de alto nivel dentro de las Naciones Unidas, incluido el cargo de representante especial. Condenando los crímenes de violencia sexual y otras formas de violencia contra la mujer, el Consejo instó a todas las partes en un conflicto armado a que garantizasen la plena y eficaz protección de la mujer, destacando igualmente la necesidad de terminar con la impunidad de los autores de la violencia por razón de género. Condenando en los términos más enérgicos todo acto de mala conducta sexual cometido por personal de las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, el Consejo instó a los países que aportan tropas a tomar las medidas preventivas adecuadas y a apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas para aplicar plenamente códigos de conducta y procedimientos disciplinarios con el fin de impedir que se repitan actos similares. En la apertura del debate, la Vicesecretaria General Louise Fréchette instó a los Gobiernos a redoblar los esfuerzos, a la vez que recalcó la necesidad de que las Naciones Unidas fuesen más proactivas, concretamente en evitar que se repitiesen casos de delitos de explotación y abuso sexual cometidos por personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Jean-Marie Guéhenno, Secretario General Adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, y Noeleen Heyzer, Directora Ejecutiva del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), también se dirigieron al Consejo.
Tras varias reuniones informativas en las que participaron altos oficiales de las Naciones Unidas para tratar la cuestión del VIH/SIDA en relación con el personal de mantenimiento de la paz y la población de los lugares donde éste es desplegado, el Consejo, en una declaración de la Presidencia hecha pública el 18 de julio, reconoció los significativos progresos que se habían logrado, si bien declaró que aún quedaba mucho por hacer. Reafirmó su compromiso en la aplicación de la resolución 1308 de 17 de julio de 2000 sobre la cuestión y reconoció que los hombres y mujeres que integraban el personal uniformado eran elementos clave en la lucha contra el VIH/SIDA. El Consejo acogió complacido los esfuerzos realizados por los Estados Miembros, por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) para hacer frente a la propagación de la enfermedad. Cooperación con organizaciones regionales
En una reunión presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores de Rumania el 17 de octubre, el Consejo invitó a las organizaciones regionales a participar en los acuerdos de fuerzas de reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la paz, instando a los Estados y a las organizaciones internacionales a ayudarlos a fomentar sus capacidades para tal propósito y para las diversas funciones de consolidación de la paz que habían comenzado a desempeñar. La invitación fue cursada mediante la adopción unánime de la resolución 1631 (2005) , que siguió a un amplio debate sobre la consolidación del compromiso de las organizaciones regionales a mantener la paz y la seguridad. En el documento, el Consejo instó a que se incrementase la capacidad de las organizaciones regionales, en particular las de África, en la prevención de conflictos, en la gestión de la crisis y en la estabilización después de los conflictos. Acogió con beneplácito, a este respecto, el establecimiento por la Unión Europea del Fondo de Paz para África. Asimismo, acogió con beneplácito los esfuerzos realizados para luchar contra el terrorismo en colaboración con las organizaciones regionales, haciendo hincapié en el papel potencial de éstas en la lucha contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. Dirigiéndose al Consejo, el Secretario General afirmó que la Cumbre Mundial de la Asamblea había vuelto a respaldar los esfuerzos para estrechar la cooperación con las organizaciones regionales. Debía fomentarse un enfoque colectivo sobre seguridad, en el que las Naciones Unidas mantuviesen sus responsabilidades. En ese sentido, el cometido era garantizar que los mecanismos de cooperación funcionasen del mejor modo posible.

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