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Timestamp: 2020-04-10 00:24:55+00:00

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Cuarentena (VIII): Neoliberalismo y clases populares: la mutación en marcha – saber y poder
Cuarentena (VIII): Neoliberalismo y clases populares: la mutación en marcha
Foto: Giuliano Salvatore
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Reorientar la mirada
Está en marcha un proceso de mutación de la sociedad venezolana, de su régimen de gubernamentalidad, que afecta nuestra materialidad, pero también nuestras maneras de sentir y de pensar. La “razón humanitaria”, con su estela de desciudadanización y despolitización, gana terreno. Una parte de la clase política pretende erigirse en defensora de las “víctimas humanitarias”, mientras que la otra asume la “protección” del pueblo víctima de la “guerra económica”, que además sufre las consecuencias de las medidas coercitivas que impone arbitrariamente el soberano imperial estadounidense (1).
Muy recientemente, pocos años después de producirse el giro pragmático del Gobierno, alrededor de 2016, suerte de vuelta de tuerca, y que apunta a la relegitimación del neoliberalismo por la vía estatal (2), algunos empresarios se muestran “optimistas”: “Tenemos 15 años de una economía controlada y resulta que liberaron un poco las amarras y todavía no nos hemos acostumbrado a eso, no nos creemos lo que pasa” (3).
Aunque menos optimistas, las mayorías populares tampoco se acostumbran: la neoliberalización de facto de la sociedad venezolana (4) ha significado un aumento de la desigualdad. El progresivo deterioro de las condiciones materiales de existencia no da mucha oportunidad para la incredulidad: lo que predomina, en cambio, es el desconcierto. Lo que impera es la dificultad para comprender cómo después de la “década ganada”, que estuvo precedida por la “década virtuosa” de la política, hemos llegado a este punto.
Como suele suceder en contextos de aumento de la desigualdad, y de avance de la desciudadanización y la despolitización, las mayorías populares comienzan a ser invisibilizadas, su soberanía expropiada, su voz silenciada, sus opiniones “privatizadas”, en el sentido de que la “opinión pública” se limita a dar cuenta, fundamentalmente, de los relatos que las conciben como “víctimas” susceptibles de recibir “ayuda” o “protección”, y no mucho más que eso.
Lejos de lo que pudiera pensarse, ni el desconcierto ni la incomprensión suponen pasividad o resignación, de la misma forma que desciudadanización no supone que desaparezca el anhelo de justicia, y despolitización no significa el abandono del amplio repertorio de luchas protagonizadas durante la revolución bolivariana.
El relato del burgués “optimista” trata de la “libertad” recuperada, de todas las oportunidades de beneficio, en el sentido liberal del término, que se abren frente a sus ojos una vez que la economía ha sido “liberada” de sus “amarras”. El burgués calcula, saca cuentas: las perspectivas son tan alentadoras que no puede creerlo. Pero, ¿qué relatan las clases populares? ¿Dónde queda su libertad? ¿Les resultará posible obtener algún beneficio de todo esto y, si así fuera, de qué tipo de beneficio hablamos? ¿Cómo calculan las clases populares y qué resultados obtienen?
Para decirlo con Verónica Gago, es posible pensar “el cálculo como base de una pragmática vitalista”, lo que quiere decir “que se puede pensar estratégicamente como forma de afirmación de los sectores que justamente quedan fuera del cálculo tanto económico como político: o como asistidos o población excedente o como desclasados… eso que Rancière llama «la parte de los sin parte»”, y que “suele quedar expuesta sólo a cálculos de supervivencia que, estadísticamente, organizan su gestión como víctimas de los cálculos de otros” (5).
Esta “pragmática vitalista” es “utilitaria”, pero entendido lo “útil” no como “cálculo mezquino”, sino en sentido spinoziano: “«Todos los hombres poseen apetito de buscar lo que es útil» y las cosas útiles son «sobre todo, aquellas cosas que pueden alimentar y nutrir al cuerpo»” (6). Para Gago, y siguiendo con Spinoza, “cálculo es conatus”, es decir, “el vitalismo de una vida”, “es infancia, resistencia, hábito, tristeza, memoria, deseo, despliegue, noción común, potencia organizadora de encuentro, medida para las mezclas de los cuerpos, descubrimiento del propio ser singular en el mundo”, una singularidad que es al mismo tiempo personal y colectiva (7).
Para Gago, quien desarrolla esta idea a partir del análisis de Foucault, lo que distingue a la racionalidad neoliberal es que reconoce a la libertad como base de su cálculo. Puntualiza: “la libertad no es neoliberal, lo neoliberal es poner esta libertad como base de lo calculable”, es decir, “incluir lo incalculable [la libertad] como estímulo de una racionalidad calculadora”. Partiendo de este punto, la racionalidad neoliberal no solo conquista el mercado, sino que suscita “nuevos modos de gobierno (gubernamentalidad) que preservan y custodian la productividad propiamente capitalista de esta libertad, al punto que… las personas inmanentizan el cálculo como razón que organiza la vida y, ahora sí, anima el conatus”. Por tanto, “se trata entonces de un conatus histórico, de un conatus promovido por cierto orden social inéditamente hábil y permeable” (8).
En tal sentido, “el cálculo puede ser tomado al mismo tiempo en su cara esencialmente neoliberal (es decir: reconocimiento de la libertad tentativa ampliada de cálculo, exposición de la operación subjetiva-colectiva en vistas a la explotación y al gobierno como gubernamentalidad) y, al mismo tiempo, como momento de un conatus («vitalismo de la vida», «salud», «querer vivir») que produce realidad no previamente calculada, que da lugar a nuevos modos de organización, de sociabilidad, a nuevas tácticas de intercambios, a la creación de lenguaje, de puntos de vista, en fin, de valor en un sentido amplio”. Es decir, “este vitalismo de la vida no es meramente coextensivo con el campo del cálculo neoliberal, sino que se lo reconoce en sus signos a partir del rechazo”. Puede ser “adaptación”, pero también “desmesura” (9).
En términos políticos, “cálculo es conatus quiere decir que se roba, se trabaja, se hacen vínculos vecinales y se migra para vivir. No se acepta morir, o ver reducida la vida al mínimo de sus posibilidades. La aceptación de las reglas del cálculo viene íntimamente aparejada a un movimiento de producción de subjetividad, de «querer». Son verbos: «emprender», «arreglárselas», «salvarse»” (10).
Traducido al contexto venezolano, “cálculo es conatus” sugiere la necesidad de despachar los relatos tributarios de la “razón humanitaria”, para “analizar los sentidos, lecturas y prácticas que circulan en torno a la reproducción material de la vida desde la mirada de quienes habitan en comunidades populares urbanas” (11). En otras palabras, reorientar la mirada a las estrategias desplegadas por las clases populares para “resolver la vida” (12). Esto es lo que han hecho tres jóvenes y brillantes investigadores: Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez.
Resolver la vida
En un trabajo intitulado Entre la resolución del día a día y la administración de lo común, publicado en 2018, Pineda, García-Sojo y Vargas parten del principio de que no es posible comprender lo que sucede en Venezuela si no se toma en cuenta la contradicción entre reproducción del capital y reproducción social de la vida, entendida esta última “como el conjunto de prácticas y relaciones que suponen la reproducción biológica, psicológica, económica, ecológica y cultural de la vida” (13).
En un contexto de crisis, que tiene su origen inmediato en la severa contracción de la renta petrolera a partir de 2014, se ha hecho evidente la “creciente dificultad que tenemos las mayorías para garantizar la concreción de la materialidad mínima que requiere la cotidianidad” (14). A partir de entonces, “Venezuela ha estado inmersa en una vorágine permanente signada por una inflación disparada; desabastecimiento de bienes de consumo básico (notablemente alimentos, medicamentos, insumos médicos, entre otros); caotización de transacciones financieras cotidianas (insuficiencia permanente de dinero en efectivo, dificultad en las transacciones digitales, entre otras) y crisis institucional, particularmente en torno a la ejecución de las políticas redistributivas que han caracterizado la apuesta política del Estado venezolano a partir de 1999” (15).
Respecto de los relatos predominantes sobre la crisis (“guerra económica operada según intereses internacionales y la burguesía nacional” o “agotamiento interno del modelo rentista que ha reeditado el chavismo desde el Estado”), los investigadores apuntan “que no son tesis necesariamente divergentes: estamos experimentando el agotamiento de una matriz que reproduce un modelo civilizatorio en crisis y que es blanco de una ofensiva imperial con apoyo de la burguesía local, quienes han enfilado fuerzas en exacerbar los puntos débiles estructurales de la economía venezolana: sectores económicos esenciales improductivos, fuerte dependencia de la importación de bienes y servicios a través de divisas que son posibles gracias al ingreso petrolero, el modo especulativo de circulación de rentas, formas políticas históricamente clientelares y un modo de vida anclado en el consumismo exacerbado” (16).
El lugar de enunciación es definido claramente: “Partimos de la idea de que cualquier horizonte de salida a la crisis debe responder a los intereses del pueblo”, entendido como el conjunto “de las y los comunes, quienes hacen parte de una comunidad de oprimidas y oprimidos cuya única opción civilizatoria es la unidad en torno a la necesidad de garantizar la reproducción de lo que les es común: la vida, en todas sus dimensiones”. En tal sentido, si bien “las formas dominantes de administración de lo común suelen ser lo denominado público… o privado”, la apuesta “es delinear una forma de administración de lo común, desde los comunes, que instrumentan sus propias capacidades de hacer para reproducir materialmente la vida”. Luego, los comunes hacen política, entendida como “aquello que tiene como objetivo la producción, reproducción y ampliación de la vida de la comunidad”. El ejercicio de la política se realizaría de acuerdo a tres principios: “el principio de lo material, que responde fundamentalmente a garantizar la reproducción de la vida; el principio democrático, que responde a los procedimientos que garanticen el ejercicio del poder obediencial; y el principio de factibilidad, que determina actuar solo en el terreno de lo posible” (17).
Hechas estas precisiones conceptuales, y luego de ofrecer detalles sobre los aspectos metodológicos del estudio (treinta y siete personas entrevistadas entre abril y noviembre de 2017), los investigadores proponen la siguiente tipología de formas de resolución de las condiciones materiales para la reproducción social de la vida:
Por ingresos provenientes de actividades formales
Por ingresos provenientes de actividades informales
Venta y reventa de alimentos y otros bienes
Malandreo
Matar tigres
Porque se goza de programas sociales del Estado, subsidios o de redes estatales
Porque se forma parte de redes de solidaridad familiares, inter-familiares, entre otros tipos
Porque se es parte o existe relación con organización y articulación política de diverso orden
Por poseer medios o bienes inmuebles como patrimonio
Por modificación de hábitos de consumo y modos de vida
La forma de resolución por ingresos provenientes de actividades formales “refiere a todo el campo de las actividades que generan salarios con una periodicidad estable y relaciones contractuales, con beneficios a los trabajadores apegados a la legislación laboral vigente y que contribuyen con los ingresos fiscales de un país” (18). Notablemente, apenas fue nombrada por las personas entrevistadas. Se ha producido un significativo “desplazamiento de la fuerza de trabajo desde lo formal a lo informal”. Apuntan los investigadores: “La gente señala que obtiene mayores ingresos desempeñando actividades laborales en el sector informal, generalmente identificadas en códigos abiertos como ‘bachaqueo’, ‘tigres’ o ‘rebusques’, señalando que cada vez se hace más razonable abandonar relaciones laborales formales para acceder a mayores niveles de renta (expresadas en ingresos formales o no) mediante dinámicas o prácticas lícitas o ilícitas” (19).
La forma de resolución por ingresos provenientes de actividades informales tiene que ver con “el diverso e incierto campo de actividades que no suponen salarios ni relaciones contractuales. Actividades económicas, prestadoras de bienes o servicios que no contribuyen a los ingresos fiscales de un país, no brindan beneficios laborales apegados a la legislación vigente y en las que sus trabajadores no gozan de seguridad social ni de condiciones mínimas de seguridad en el trabajo”. También incluye “las actividades consideradas ilegales, así como dinámicas laborales informales dentro de espacios laborales formales” (20). Fue la más referida por las personas entrevistadas, junto con la forma de resolución por modificación de hábitos de consumo y modo de vida, dato que ilustra una de las más importantes mutaciones producidas durante la crisis (21). De hecho, los investigadores sugieren que podríamos estar en presencia de “una ruptura generacional entre lo que actualmente representan prácticas válidas y legítimas para obtener ingresos y lo que la misma expresión representaba décadas atrás” (22). Identifican al menos dos expresiones de este fenómeno: “En primer lugar, la mano de obra, surgida a partir del modo de producción originario del barrio: la autoconstrucción, parece estar desplazándose de este sector laboral hacia otras formas emergentes de resolución de las condiciones materiales de la vida, en el marco de procesos migratorios en busca de trabajo hacia afuera o dentro del país (como la minería en el sur venezolano). Por otro lado, algunas dinámicas colectivas – familiares o comunitarias – vinculadas a la autoconstrucción del barrio desaparecen o merman de manera notable, como la ‘cayapa’ para terminar de construir una vivienda; las mejoras infraestructurales posibles con el… pago salarial de fin de mes, entre otras. Incluso surgen nuevos tigres asociados a tareas cada vez más desagregadas del mismo proceso de autoconstrucción, en una suerte de ‘taylorismo comunitario’: pegar bloques, cargar arena, cargar escombros, entre otras tareas que anteriormente solo eran rentables si se asumían juntas, en su totalidad” (23). La misma “ruptura”, continúan los investigadores, “se vive como tránsito entre la preeminencia de hombres que se formaron en el servicio militar obligatorio y un oficio – o varios – como albañilería, carpintería, electricidad, entre otros, que ahora están en la búsqueda cotidiana de cualquier actividad que permita acceder a rentas: cargar bolsas de mercado, llevar tobos de agua, cargar bombonas de gas, entre otros” (24).
Retomando uno de los principios que orientan el estudio, el de la contradicción entre reproducción del capital y reproducción social de la vida, los investigadores plantean que esta “ruptura generacional” se produce en un contexto caracterizado por “el declive del sector comercial-inmobiliario, el auge del sector financiero-especulativo y el reacomodo del sector importador-comercial”, lo que se traduce como importantes “cambios en las comunidades populares urbanas, casi como reflejos de esta reconfiguración de los principales circuitos concentrados” de capital (25).
Entre las actividades informales destaca la venta y reventa de alimentos y otros bienes, que “implica diversas modalidades: se venden alimentos elaborados, procesados artesanalmente y, por lo general, vendidos a bajos costos (repostería, café colado, empanadas, hielo, etcétera), pero también se revenden, a muy altos costos, productos que se adquieren a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) o a precios regulados en los supermercados o en locales abastecidos (Punto Polar)”. Estas actividades de reventa con conocidas popularmente como “bachaqueo” (26). Uno de los aportes más significativos del estudio es que da cuenta de la ambivalencia del bachaqueo, en tanto que fenómeno que suscita sentimientos contradictorios:
“Todos odiamos a los bachaqueros, cuando se hace referencia a grupos ‘mafiosos’ que monopolizan el acceso a alimentos regulados, moviendo altos volúmenes de productos que luego revenden a precios… especulativos”;
“Todos somos bachaqueros, cuando se hace referencia a la acción diaria de tantas mujeres – y en menor medida de hombres –, de amanecer recorriendo la ciudad en búsqueda de productos con precios accesibles”;
“Hay bachaqueros que no nos hacen daño, cuando se trata de gente cercana con carencias materiales muy sentidas (o similares a las propias) que compran todo lo que puedan y dedican una parte para el autoconsumo y otro para la venta al resto de la comunidad en pequeñas cantidades, generalmente en la forma de ‘tetas’, a fin de ganar más dinero para cubrir otros gastos o comprar más para ‘bachaquear’ (léase: repetir el proceso descrito). Constituye una especie de pequeño bachaquero, a escala de subsistencia” (27).
Subrayando este carácter ambivalente del bachaqueo, los investigadores concluyen que se trata de “una noción que agrupa distintas prácticas, casi antagónicas en algunos casos, pero todas nombradas de la misma manera, lo cual nos parece que supone un agrupamiento que tiende a igualar prácticas y sujetos: iguala a quienes más padecen la crisis con quienes controlan el circuito y generan altos niveles de renta a partir de la crisis” (28).
Entre las actividades identificadas como malandreo, se cuentan: “el microtráfico de drogas; la vigilancia personal del ‘pran’; el control armado de circuitos de capital susceptibles a la usura (el cobro por ‘vigilancia’ de locales, práctica conocida como ‘cobrar vacuna’; la venta de puestos en las colas de supermercados, entre otros); el robo y el arrebato (señalado como una práctica que se ejerce fuera del barrio); y la ‘vinculación con sindicatos fuera del barrio’, prácticas casi siempre asociadas con jóvenes (29). El malandreo trasciende la violencia delincuencial. De hecho, debe ser entendida como “una forma económica”, más que como un “conjunto de decisiones éticas”. El estudio revela “relaciones que dan cuenta de: a) estructuras organizativas locales con articulación regional e incluso nacional; b) diversificación de tareas como custodia de locales, territorios y hasta dinámicas concretas (como la ‘cola’ para acceder a productos regulados, por ejemplo); distribución y comercialización de diversos bienes y servicios; comunicaciones, entre otros; c) funciona en base a niveles jerárquicos; y d) opera en torno al control de circuitos de actividades económicas como préstamos de dinero, juegos de azar, prostitución, reventa de alimentos, etcétera”. En suma, el malandreo se vincula “a circuitos de circulación del capital que progresivamente desarrolla mecanismos para controlar otros circuitos y alinear los pequeños emprendimientos en el territorio” (30).
Por último, entre las actividades informales se cuenta matar tigres, que “tienen que ver con cobrar por hacer tareas concretas de la cotidianidad o trabajos breves o provisionales”. Así, por ejemplo, los hombres mencionan “tareas asociadas a la dinámica laboral de la construcción: cargar arena, pegar bloques, cargar escombros, entre otras”, mientras que las mujeres mencionan “trabajos como cuidar niños, secar cabello, hacer manicure, limpiar casas, hacer manualidades, vender bisutería, vender maquillaje, costura, arreglos de ropa, entre otros” (31).
Tres formas de resolución de las condiciones materiales ocupan un lugar intermedio: ayudan a resolver, pero están lejos de resultar suficientes. Éstas son: gozar de programas sociales del Estado, subsidios o de redes estatales; formar parte de redes de solidaridad familiares, inter-familiares, entre otros tipos; y ser parte o tener relación con organización y articulación política de diverso orden. La primera tiene que ver con “todo aquello que se resuelve gracias a pensiones, becas o ayudas económicas (con periodicidad estable o no), así como redes de equipamiento o servicios públicos subsidiados y la participación en una o varias Misiones Sociales” (32). Aquí se incluyen las bolsas o cajas de alimentos distribuidas por los CLAP, el aporte mensual a través de la Gran Misión Hogares de la Patria, las bolsas de comida adquiridas a precios subsidiados en los lugares de trabajo (instituciones públicas), la alimentación de niños, niñas, jóvenes y adultos en instituciones educativas públicas, así como “ayudas” diversas que se gestionan ante diversos organismos públicos. La segunda refiere a “todo aquello que se resuelve gracias a la solidaridad a lo interno de las familias, entre distintos núcleos familiares, redes de amistades o incluso que se fundan sobre la base de una mínima organización para el intercambio de productos y servicios en una determinada comunidad” (33). Algunos ejemplos serían las compras planificadas y al mayor para abaratar costos, el trueque, el ahorro colectivo para comprar medicinas de alto costo, entre otros. Por último, la tercera se relaciona con “todos aquellos aspectos de la materialidad que se resuelven a partir del trabajo de la comunidad en diversas áreas o articulando el trabajo entre comunidades. Contempla tanto las expresiones más visibles como consejos comunales, Comunas, CLAP, entre muchas otras, pero también todas aquellas posibles formas de organización existentes sin importar el signo político” (34). Un ejemplo a destacar dentro de esta modalidad “son las compras de alimentos (generalmente verduras y legumbres) programadas por los consejos comunales u otras expresiones organizativas en el territorio”, y que “suelen hacerse a través de acuerdos con productores locales, evitando intermediarios y costos de transporte, para abaratar el precio final a la comunidad” (35).
La forma de resolución por poseer medios o bienes inmateriales como patrimonio, que refiere a “propiedades individuales o colectivas (familiares o inter-familiares) que permiten resolver condiciones materiales” (36), prácticamente no fue mencionada por las personas entrevistadas.
La forma de resolución por modificación de hábitos de consumo y modos de vida fue la más mencionada, junto con los ingresos provenientes de actividades informales. Es la modalidad más estrechamente asociada con la capacidad de “creatividad” e “inventiva” populares. El cambio de hábito más frecuentemente citado se relaciona con el consumo de alimentos: “En efecto, actualmente se comen más vegetales, hortalizas – especialmente tubérculos – y más granos, y se comen menos harinas, azúcares, proteína animal (pollo y carne de res en especial, pero también cerdo y pescado en general) con la marcada excepción de sardina, que por el contrario se come ahora con sorprendente frecuencia por ser muy barata”. Puede decirse que se come “mejor”, pero indudablemente se come menos: la mayoría coincide en que se hacen menos comidas al día, ya no se hacen meriendas, e incluso hay alguna gente que no tiene qué comer (37). Los investigadores apuntan: “Las posiciones están divididas en torno a si esta modificación se traduce en que se coma más sanamente o si estamos acercándonos a niveles de desnutrición y pobreza extrema conocidos en Venezuela antes del proceso bolivariano. A partir de la muestra es evidente que el cambio en la dieta cotidiana se padece mucho más de lo que se celebra; se sufre el no poder acceder a los alimentos en las mismas cantidades y con la misma celeridad que antes, y se emprenden enormes esfuerzos por intentarlo” (38).
Este extraordinario ejercicio de cartografía de la diversidad de formas de resolución de las condiciones materiales para la reproducción social de la vida empleadas por las clases populares, y que aporta información muy valiosa para comprender el tipo de mutaciones que está experimentando la sociedad venezolana en tiempos de crisis, es complementado con un “análisis sobre las formas en que el pueblo – que habita en las comunidades participantes – está administrando lo común, la vida en todas sus dimensiones en relación con la procura material y cómo se vincula con el Estado y el mercado” (39).
Público, privado, común
En cuanto a la administración de lo común por parte del Estado, la percepción generalizada es que “hay una situación de crisis generalizada en donde ‘todo está desbordado’, el Estado no tiene control de lo que sucede, ‘están las leyes, pero no se cumplen, no se toman cartas en el asunto’, entre otras” opiniones del mismo signo. Se cuestiona la falta de “seguimiento adecuado” a los “programas sociales”, lo que termina “favoreciendo la corrupción y el clientelismo”. Además, “hay ideas recurrentes que asocian a la fuerza pública y a otras instituciones de control (especialmente policías y militares) como parte de las redes de corrupción, no estando al servicio de lo común, ni de lo público, sino de sus propios intereses o de los privados”. Entre las personas entrevistadas, las más politizadas (“típicamente voceros y voceras de consejos comunales”) opinaron que el funcionamiento de los CLAP implica “un desdibujamiento de su rol en la gestión de lo común, tal y como se venía planteando en el proceso bolivariano”. Para los habitantes promedio, en cambio, “estas críticas tenían más que ver con una aparente tendencia a la discrecionalidad”. Con todo, “se sigue perfilando al Estado como la opción para el apalancamiento de la gestión de lo común” (40).
En el caso del mercado o, más precisamente, de los agentes económicos capitalistas que lo controlan, específicamente “las grandes cadenas de supermercados” son calificadas como “cómplices con respecto a las situaciones de colas, el remarcaje constante de precios y el establecimiento de redes para el bachaqueo que se conectan desde adentro, vinculadas también con los cuerpos de seguridad y con distintos niveles de organización criminal”, situación que se repite en “los pequeños abastos y bodegas en el corazón de las comunidades, impidiendo que la organización comunitaria ejerza algún tipo de contraloría” (41).
Por último, la valoración que se hace de la propia comunidad, en particular las personas más politizadas, “es que hay intentos de organizaciones comunitarias para la producción alimentaria, por un lado, y para la organización de los consumos de alimentos planificados, por otro, pero que no han terminado de configurarse como expresiones del todo orgánicas”. Se insiste en señalar la tensión existente entre los CLAP y los consejos comunales, “aunque no deja de reconocerse que los CLAP contribuyen grandemente a garantizar la alimentación de las familias”. Uno de los entrevistados afirmó: “Sí me molestó esa vaina de que ‘todo el poder para los CLAP’, eso desmovilizó a la comunidad, ya no hay comité de salud, comité de deporte, comité de cultura, comité de vivienda. No hay nada. Lo único que hay es el CLAP”. De igual forma, está muy presente la idea “de la necesidad de cambiar el modelo económico productivo en Venezuela como única posibilidad para salir de la crisis actual. El debate sobre cómo está configurada la economía del país y su dependencia del petróleo, circula permanentemente en las comunidades populares urbanas” (42).
Dicho esto, los investigadores plantean la existencia de “dos andamiajes concretos que engranan esfuerzos entre varias formas de administración de lo común”, que se organizan como “trinidades”. La primera de ellas “es la componenda entre los circuitos concentrados de la importación y el comercio (distribuidores, intermediarios y comercios), prácticas corruptas de sectores del Estado (especialmente dentro de la fuerza pública y otras instituciones de control) y las mafias organizadas (redes de bachaqueo en manos de malandros). Estas tres formas actuando como una sola representan la forma histórica de acceso a mercancías en nuestro país”. La segunda sería la resultante de “una débil componenda entre el Estado (distintos sectores del poder ejecutivo, incluso la fuerza militar), la organización comunitaria (sobre todo el CLAP en los últimos años, aparte de consejos comunales y Comunas) y las comunidades populares”. Esta segunda trinidad “es muy joven y poco estable, ha sido consecuencia de la crisis en la distribución de alimentos, aun cuando podríamos decir que desde 1999 ha habido otros ejercicios parciales de trabajo de esta trinidad” (43). La pregunta es: ¿cuál de ellas prevalecerá?
Pues bien, si el criterio de evaluación es el “principio material”, la primera trinidad “garantiza materialidad solo en la medida en que la población accede a mercancías especulativas en el mercado, es decir, que la concentración de capital en manos de los circuitos de distribución y comercialización es el objetivo primario”. En el caso de la segunda trinidad, “tiene como objetivo central el consumo de la población eliminando el mercado intermediario, pero hay que advertir que no está exento de contribuir a la concentración de capital en manos de los circuitos de importación, distribución y comercialización” (44).
Si se trata del “principio democrático”, es cierto que la primera trinidad “ha operado siempre con no poca legitimidad en la población”. Por ejemplo, “el mayor oligopolio nacional ha logrado posicionar sus productos como referencias culturales nacionales, sin embargo, este último período ha abierto fisuras importantes en el rol de cada uno de los actores que la componen”. Se podría afirmar que ha quedado expuesta la manera como opera, poco o nada democrática. La segunda trinidad, por su parte, “no cuenta con la misma historia y se presenta como una medida coyuntural frente a la crisis”, siendo el caso que “la expectativa general es poder restablecer el consumo vía mercado”. Si bien ha ganado alguna legitimidad, prevalece “la pobre articulación con la organización comunitaria de mayor consolidación estos años que son los consejos comunales y las Comunas, el paralelismo y desconocimiento genera confrontaciones, y luego está la poca claridad sobre los mecanismos de asignación de la política, así como los precarios mecanismos de rendición de cuentas a la comunidad” (45).
Por último, si el criterio es el “principio de factibilidad”, la primera trinidad tiene a su favor “que se trata de reproducir el mismo esquema de importación, distribución y comercialización especulativa”, es decir, “la forma rentística histórica de Venezuela”, mientras que la segunda trinidad se enfrenta al desafío de “seguir subsidiando desde el Estado el mismo esquema de importación, distribución y especulación – en época de declive de la renta petrolera y de cerco comercial internacional – o apalancar la producción, procesamiento y distribución nacionales” (46).
La mutación en marcha: un nuevo orden, una nueva racionalidad
El análisis que realizan Pineda, García-Sojo y Vargas me parece sumamente valioso por varias razones:
parten del reconocimiento de la contradicción entre reproducción del capital y reproducción social de la vida, una contradicción que, dicho sea de paso, no solo atraviesa, tensiona y determina a la sociedad venezolana, sino que es de carácter universal. Más importante aún, no naturalizan esta contradicción, no la consideran un fenómeno ahistórico, sino todo lo contrario: a diferencia de muchos otros análisis, asumen de entrada que la reproducción del capital conspira de manera permanente contra la reproducción social de la vida, y toman partido en favor de esta última;
sortean de manera hábil e inteligente las trampas de la retórica política, evitando plantearse falsos dilemas y reconociendo que, de la misma forma que está en marcha una “guerra económica”, también está en crisis no solo el modelo capitalista rentístico, sino todo un modelo civilizatorio fundado en la reproducción del capital;
definen expresamente su lugar de enunciación: el pueblo. Se asumen como parte del sujeto popular y manifiestan que cualquier salida a la crisis debe responder a sus intereses;
plantean que, más allá de las formas dominantes de administración de lo común, la pública y la privada, hay que tomar en cuenta la administración de lo común por parte de los comunes, lo que implica un reconocimiento de la potencia de lo popular;
van al terreno, estableciendo interlocución directa con el sujeto popular. Esto, que puede parecer obvio, y desprovisto de cualquier mérito, reviste mucha importancia en el momento actual, en tanto que predominan los análisis desanclados de la realidad. Más significativo aún, y éste es quizá el principal aporte que hacen los investigadores, se trata de una interlocución desprejuiciada, desmoralizada, que no incurre en la victimización de las clases populares;
construyen una cartografía de las formas de resolución de las condiciones materiales para la reproducción social de vida, que es un buen punto de partida para futuras investigaciones. Al observar este ejercicio de construcción, es cuando más evidente se hace el esfuerzo por realizar un análisis exento de moralina, que evita victimizar a un sujeto popular que, ciertamente, padece los rigores de la crisis, pero también “resuelve” de múltiples maneras;
sugieren la existencia de al menos dos grandes formas de agrupación de las fuerzas intervinientes en la administración de lo común, lo que permite comprender, al menos parcialmente, y de manera muy esquemática, la manera como se imbrican fuerzas que, en otros análisis, suelen aparecer actuando de manera aislada.
En líneas más generales, eso que los investigadores identifican como “transformaciones a partir de la crisis” (47), así como las diversas formas que asumen las tensiones y contradicciones entre el Estado, los agentes económicos capitalistas y las clases populares, son índice elocuente del proceso de mutación del régimen de gubernamentalidad. La creciente pérdida de capacidad estatal para administrar lo común, las limitaciones inherentes a la manera de intentar gestionar la crisis (que deja al descubierto la tensión inclusión/participación, expresada en el estudio como CLAP vs. consejos comunales, por ejemplo), los problemas que se derivan de la incomprensión de la naturaleza de la crisis (lo que se evidencia en la tendencia a dejar intacta la lógica metabólica de reproducción del capital), sumado al progresivo “repliegue” estatal del mercado, son circunstancias que deben ser analizadas desde esta perspectiva.
Lo que varias de las personas entrevistadas, y de hecho parte importante de las clases populares perciben como “crisis generalizada”, “desbordamiento”, ausencia de “control”, incumplimiento de las leyes, inacción, falta de “seguimiento”, y los propios investigadores describen en alguna parte como “caotización”, es igualmente signo de la mutación hacia un régimen de gubernamentalidad neoliberal. Como bien apunta Santiago Castro-Gómez, “el neoliberalismo no es el caos y la irracionalidad que quedan después de la desaparición del estado, sino que conlleva toda una reorganización de la racionalidad política que abarca no sólo el gobierno de la vida económica, sino también… el gobierno de la vida social e individual. Una racionalidad que, valga decirlo, no elimina al Estado, sino que lo convierte en instrumento para crear la autonomía del mercado. Si se puede hablar de algo así como la ‘retirada del estado’, ésta deberá verse como el efecto de una tecnología racional de gobierno y no como un fenómeno irracional” (48).
Lo que está en marcha y, podría agregarse, en disputa, es toda una reorganización de la racionalidad política. De allí la importancia, insisto, que tiene identificar y combatir todo vestigio de “razón humanitaria” (49). Eso que percibimos comúnmente como caos e irracionalidad es realmente la manera como se manifiesta la configuración de un orden fundado en una determinada racionalidad: la neoliberal. El Estado, por supuesto, no “desaparece”, por más que parezca inerme, impotente, casi inexistente, y su “repliegue” debe entenderse como un efecto de las tácticas empleadas por fuerzas que actúan racionalmente, ya se trate de agentes económicos capitalistas (transnacionales, nacionales y locales, con énfasis en los poderes monopólicos y oligopólicos), facciones de poder actuando dentro del mismo Estado, o de poderes fácticos que asumen la forma de “mafias organizadas”, para seguir con la fórmula “trinitaria” planteada por los investigadores. Lo que está en juego es el control del Estado y, por esa vía, el control del mercado; la capacidad de prevalecer en la disputa por la administración de lo común y, por tanto, la subordinación de las mayorías populares a la lógica de la reproducción del capital.
En tal contexto debe analizarse, igualmente, el bachaqueo, fenómeno anómico por excelencia, que resumiría todo el caos y la irracionalidad de la crisis actual. De nuevo, es preciso hacer un esfuerzo por desmoralizar el análisis. En tanto que expresión inmediata, próxima y cotidiana de la crisis, ponemos todo el énfasis en la anomia bachaquera, lo que nos impide comprender que ya no hay más anomia, en el sentido de que lo previamente anómico pasa a estar en el centro de la dinámica social: en medio de un proceso de mutación del régimen de gubernamentalidad, de reorganización de la racionalidad política, lo anómico deviene nueva norma de sociabilidad.
Pero, además, y por supuesto muy lejos de pretender idealizarlo, los investigadores han subrayado el carácter ambivalente del fenómeno bachaquero: los bachaqueros pueden inspirar tanto el odio de toda la comunidad, como comprensión y hasta solidaridad. Todo depende de quiénes se trate: de mafias o de personas comunes y corrientes que se enfrentan a las mismas dificultades que el resto de la comunidad, o incluso peores. De igual forma, bachaquear es una práctica que puede ser señalada como censurable, rayando en lo criminal, o puede ser concebida como una práctica a la que todos y todas, eventualmente, deben recurrir para la procura de alimentos o medicinas, por ejemplo.
Abordar el fenómeno bachaquero desde la condena moral puede suponer la total invisibilización del significativo aumento de la desigualdad social como consecuencia de la crisis, y de las múltiples estrategias que emplean las clases populares para “resolver la vida”. Para decirlo con Verónica Gago, puede implicar el desconocimiento del “vitalismo de la vida” que caracteriza a las mayorías populares, lo que claramente tiene serias implicaciones políticas: es sencillamente imposible hacer política revolucionaria despachando el ingente esfuerzo popular por “resolver” la cotidianidad.
Por otra parte, esta condena moral del bachaqueo, y en general de las formas que asume este “neoliberalismo desde abajo” (50), puede encubrir prejuicios de clase: se juzgan como inaceptables o intolerables, exactamente las mismas prácticas a las que recurren los llamados “emprendedores”, comúnmente personas pertenecientes a la clase media venida a menos: la simple reventa de alimentos y bebidas, por poner un solo ejemplo. Aún más, puede significar que los grandes “ganadores” de la crisis, los agentes económicos capitalistas, queden fuera de la ecuación, más allá del escrutinio popular, llegándose en algunos casos al extremo de considerarlos al mismo tiempo como “víctimas” y “salvadores”: víctimas de los controles estatales sobre el mercado, y oportunos y puntuales proveedores de los bienes que pasan a estar disponibles (aun cuando no accesibles) una vez que el Estado ha levantado los controles. Peor aún, puede representar el menosprecio de la dura lucha que las comunidades organizadas han librado contra estos mismos agentes económicos capitalistas, que de hecho promueven activamente el bachaqueo, en alianza con mafias criminales, como lo tienen muy claro los sujetos más politizados de los barrios populares.
Esta condena moral del bachaqueo es en sí misma una clara expresión de la reorganización de la racionalidad política en curso, de la despolitización inherente al neoliberalismo. En tal sentido, es un serio obstáculo para hacerle frente a este proceso de neoliberalización de la sociedad venezolana.
En todo caso, han transcurrido casi tres años desde que Pineda, García-Sojo y Vargas iniciaran su estudio. En ese lapso, aparentemente, el fenómeno del bachaqueo prácticamente ha desaparecido. Algunos pudieran sentirse tentados a sentenciar, victoriosamente, que ha sido “erradicado”. Muchas preguntas pueden hacerse: ¿realmente ha desaparecido o simplemente ha asumido otras formas? ¿Acaso los agentes económicos capitalistas no practican el bachaqueo, solo que a gran escala? Pongamos por caso que el fenómeno persiste, pero de manera muy acotada. En tal caso, ¿ha disminuido la desigualdad o se ha incrementado? ¿En la medida en que se ha producido la “retirada” del Estado se ha hecho más democrático el mercado? Algunas de estas preguntas pueden parecer capciosas, otras respuestas parecen obvias, pero no lo son tanto: el neoliberalismo ha avanzado mucho en el sentido común. Entre muchas otras que pudieran hacerse, tal vez la pregunta más importante de todas siga siendo: ¿cómo resuelven la vida hoy día las mayorías populares?
(1) Reinaldo Iturriza López. Cuarentena (VII): El intranquilo sueño neoliberal. 23 de enero de 2020.
(2) Reinaldo Iturriza López. Cuarentena (VII): El intranquilo sueño neoliberal.
(3) Mayela Armas y Corina Pons. Empresarios optimistas de Venezuela buscan capital apostando a transición económica al estilo chino. Reuters. 27 de enero de 2020.
(4) Reinaldo Iturriza López. Cuarentena (II): Venezuela como experimento biopolítico. 6 de octubre de 2019.
(5) Verónica Gago. La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular. Traficantes de sueños. Madrid, España. 2015. Pág. 230.
(6) Verónica Gago. La razón neoliberal. Pág. 230.
(7) Verónica Gago. La razón neoliberal. Pág. 231.
(8) Verónica Gago. La razón neoliberal. Págs. 233-234.
(9) Verónica Gago. La razón neoliberal. Pág. 234.
(10) Verónica Gago. La razón neoliberal. Págs. 234-235.
(11) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Tensiones y posibilidades en contextos populares urbanos frente a la crisis venezolana, en: Venezuela desde adentro. Ocho investigaciones para un debate necesario. Karin Gabbert y Alexandra Martínez (compiladoras). Fundación Rosa Luxemburg. Quito, Ecuador. 2018. Pág. 343.
(12) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Pág. 348.
(13) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Pág. 341.
(14) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Pág. 342.
(15) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Pág. 344.
(16) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Págs. 344-345.
(17) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Págs. 345-346.
(18) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Pág. 350.
(19) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Pág. 366.
(20) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Pág. 350.
(21) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Pág. 364.
(22) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Págs. 366-367.
(23) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Págs. 366-367.
(24) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Págs. 367-368.
(25) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Pág. 365.
(26) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Págs. 351-352.
(27) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Pág. 368-369.
(28) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Pág. 369.
(29) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Págs. 353-354.
(30) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Págs. 369-370.
(31) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Pág. 354.
(32) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Págs. 354-355.
(33) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Pág. 356.
(34) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Págs. 356-357.
(35) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Pág. 357.
(36) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Pág. 357.
(37) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Pág. 358.
(38) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Pág. 371.
(39) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Pág. 360.
(40) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Págs. 361-363.
(41) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Pág. 363.
(42) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Págs. 363-364.
(43) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Pág. 374-375.
(44) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Págs. 375-376.
(45) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Pág. 376.
(46) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Pág. 376.
(47) Edith Pineda Arvelo, Mariana García-Sojo y Hernán Vargas Pérez. Entre la resolución del día a día y la administración de lo común. Pág. 364.
(48) Santiago Castro-Gómez. Historia de la gubernamentalidad. Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault. Siglo del Hombre Editores, Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Universidad Santo Tomás de Aquino. Bogotá, Colombia. 2010. Págs. 177-178.
(49) Reinaldo Iturriza López. Cuarentena (VII): El intranquilo sueño neoliberal.
(50) Reinaldo Iturriza López. Cuarentena (VII): El intranquilo sueño neoliberal.
Autor reinaldoiturrizaPublicado el 4 Feb 2020 Categorías Cuarentena
3 comentarios en “Cuarentena (VIII): Neoliberalismo y clases populares: la mutación en marcha”
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Sociólogo. Articulista. Investigador del Centro Nacional de Estudios Históricos. Autor de los libros: 27 de febrero de 1989: interpretaciones y estrategias (2006); El chavismo salvaje (2016). Libros inéditos: La política de los comunes; Chávez lector de Nietzsche. Escritos para atravesar el desierto.
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