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Timestamp: 2019-03-22 06:49:06+00:00

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﻿ Sentencia 2005-02760 de junio 11 de 2014
SENTENCIA 2005-02760 DE 11 DE JUNIO DE 2014
CONTENIDO:PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD- PROCEDENCIA DE LUCRO CESANTE. LA MIRADA SOCIAL QUE PUEDE CERNIRSE SOBRE EL GRUPO FAMILIAR DE UNA PERSONA QUE HA SIDO SINDICADA DE COMETER UN DELITO, NO GENERA LA ETERNA IMPOSIBILIDAD DE REACONDICIONARSE EN SOCIEDAD EN EL CAMPO LABORAL. EN EL CASO BAJO ESTUDIO, SE DETERMINÓ QUE LA VOLUNTARIA CULMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE LA DEMANDANTE, EN RAZÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE SU ESPOSO, NO PUEDE CONSTITUIR SUSTENTO DE LA ASPIRACIÓN INDEMNIZATORIA DE LUCRO CESANTE, PUES RESULTA CLARO QUE TAL DETERMINACIÓN NO FUE CONSECUENCIA DIRECTA DE LA ACTUACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL, SINO QUE OBEDECIÓ A LA LIBRE DETERMINACIÓN QUE TOMO LA MUJER.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, LUCRO CESANTE, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, RENUNCIA LABORAL
Sentencia 2005-02760 de junio 11 de 2014
Exp.: 25000 23 26 000 2005 02760 01 (38.662)
Actor: Carlos Julio Carreño Cristancho y otros
Acción reparación directa
La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón de los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 10 de diciembre de 2009, en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación17.
2. Ejercicio oportuno de la acción
Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984(18), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.
Para la Sala no hay lugar a plantear ningún cuestionamiento en relación con el momento a partir del cual se debe empezar a contar el término de caducidad de la acción de reparación directa, cuando lo que se persigue es la reparación del perjuicio causado con la privación injusta de la libertad. En este evento, tal como lo señala el apelante, el conteo de ese término sólo puede empezar cuando está en firme la providencia de la justicia penal...”(19) (Destacado fuera del texto)
Con fundamento en lo anterior, es dable insistir en que la caducidad de la acción de reparación directa en los casos en los cuales se invoca la privación injusta de la libertad, se cuenta a partir de la ejecutoria de la providencia en la cual se determina la absolución o preclusión de la investigación en favor del procesado(20).
En el sub examine la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en los daños sufridos por los demandantes con la privación de la libertad de que fue objeto el señor Carlos Julio Carreño Cristancho, presuntamente, desde el 2 de octubre de 2003 y hasta el 11 de diciembre del mismo. año, fecha en la que, se dijo, recuperó la libertad tras haber sido revocada la medida de aseguramiento a través de la Resolución UNAIM 70100 del 11 de diciembre de 2003 expedida por la Unidad Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía. Finalmente, el 12 de agosto de 2004 fue precluida la investigación seguida en su contra por el presunto delito de “tráfico de estupefacientes”, decisión que cobró ejecutoria el 14 de agosto de 2004(21), lo que significa que los actores tenían hasta el día 15 de agosto de 2006 para presentar oportunamente su demanda y, como ello se hizo el 9 de diciembre de 2005(22), resulta evidente que la acción se ejercitó dentro del término previsto para ello.
3. El régimen de responsabilidad
Previamente al análisis de los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, en relación con la imputación jurídica del daño, debe decirse que la Sala Plena de la Sección, en sentencia de 19 de abril de 2012(23), unificó su posición para señalar que, al no existir consagración constitucional de ningún régimen de responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia. En este sentido se expuso:
En consonancia con lo anterior, se debe precisar que la detención injusta de la libertad a la que se dice fue sometido el señor Carlos Julio Carreño Cristancho, ocurrió presuntamente entre el 2 de octubre y el 11 de diciembre de 2003, de manera tal que se evidencia que a los hechos que se someten a conocimiento de la Sala les resulta aplicable la Ley 270 de 1996(24) y el Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 de 2000(25).
Es pertinente recordar lo manifestado por la Sala Plena de esta sección(26), cuando señaló que el Decreto 2700 de 1991 perdió vigencia al entrar a regir la Ley 600 de 2000, esto es, a partir del 24 de julio de 2001, y que ni este Código, ni el posterior —Ley 906 de 2004— contienen ninguna previsión relacionada con el derecho a la indemnización por la privación injusta de la libertad, por lo que, en consecuencia, en relación con los hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000 no podrá invocarse el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 como fuente normativa de la responsabilidad estatal.
No obstante lo anterior, puntualizó igualmente la Sala, que la derogatoria del citado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y la carencia en los subsiguientes códigos de procedimiento penal de una norma con el mismo contenido de ese artículo, no impiden deducir la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad en los mismos eventos previstos en aquél, esto es, cuando mediante sentencia que ponga fin al proceso o providencia con efectos similares, se absuelva al sindicado con fundamento en que la conducta no existió, el sindicado no la cometió o el hecho no era punible(27).
Lo anterior no conlleva la aplicación de manera ultra[a]ctiva de la norma derogada, sino que se adoptan como criterios de imputación los supuestos en ella contemplados, toda vez que en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma(28).
Esto porque la responsabilidad patrimonial del Estado tiene su fuente en el artículo 90 de la Constitución, norma que consagra el derecho a la reparación de los perjuicios causados por las actuaciones de las autoridades públicas, cuando tales daños sean antijurídicos(29), es decir, cuando los afectados no estén en el deber jurídico de soportar esos daños y quien sufre una medida de aseguramiento de detención preventiva por una conducta que no era merecedora de ningún reproche penal sufre un daño antijurídico.
Respecto de la norma legal transcrita, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota con la declaración de la responsabilidad del Estado por detención injusta cuando ésta sea ilegal o arbitraria(30), sino que se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad. Es decir que después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, se configura un evento de detención injusta(31). Lo anterior en virtud de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, prevista en el artículo 90 de la Constitución Política; en ese sentido, la Sala, mediante sentencia del 2 de mayo de 2007, precisó(32):
“Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1997, mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado -a la que se hizo referencia en apartado precedente- ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996”.
En este sentido, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las. personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, la jurisprudencia ha evolucionado a partir de la interpretación y aplicación del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal contenido en el Decreto Ley 2700 de 1991(33). En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(34).
En una primera etapa la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad judicial de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resultare relevante el estudio de la conducta del juez o magistrado a efecto de establecer si la misma estuvo caracterizada por la culpa o el dolo(35). Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se tenía como una carga que todas las personas tenían el deber de soportar(36).
Posteriormente, una segunda postura indicó que la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios —carga consistente en la necesidad de probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad— fue reducida solamente a aquellos casos diferentes de los contemplados en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(37), pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma legal se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta(38), lo cual se equiparaba a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no era necesario acreditar la existencia de una falla del servicio(39).
En un tercer momento, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, se agregó la precisión de acuerdo con la cual el fundamento del compromiso para la responsabilidad del Estado en estos tres supuestos no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo(40), reiterando que ello es así independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa(41).
Finalmente, en una cuarta etapa, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente, a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima hubiera dado lugar a que se profiriera, en su contra, la medida de aseguramiento(42).
De acuerdo con la actual posición mayoritariamente asumida por la Sección, aun cuando la absolución o exoneración de responsabilidad del imputado que ha estado privado de la libertad no se produzca en aplicación de alguno de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del antes referido Decreto-Ley 2700 de 1991, sino como consecuencia de la operatividad del citado principio “in dubio pro reo”, éste no puede proveer de justo título a la privación de la libertad a la cual fue sometida por el Estado la persona penalmente procesada, comoquiera que aquel nunca pudo desvirtuar que se trataba de una persona inocente -presunción constitucional de inocencia cuya intangibilidad determina la antijuridicidad del daño desde la perspectiva de la víctima, quien no está en el deber jurídico de soportarlo dado que se trata de una víctima inocente-, más allá de que resultaría manifiestamente desproporcionado exigir de un particular que soportase inerme y sin derecho a ningún tipo de compensación -como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad-, el verse privado de la libertad en aras de salvaguardar la eficacia de una eventual sentencia condenatoria si, una vez instruido el proceso penal y excluida de manera definitiva la responsabilidad del sindicado cautelarmente privado de la libertad, el propio Estado no logra desvirtuar la presunción constitucional de inocencia que siempre lo amparó, en cuanto la condena cuyo cumplimiento buscaba garantizarse a través de la medida de aseguramiento no se produjo, todo lo cual determina que ante tal tipo de casos los afectados no deban “acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la declaración de responsabilidad: actuación del Estado, daños irrogados y nexo de causalidad entre aquella y éstos”(43).
En este orden de ideas, el ordenamiento jurídico colombiano está orientado por la necesidad de garantizar, de manera real y efectiva los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que no se puede entender que los administrados estén obligados a soportar como una carga pública la privación de la libertad y, en consecuencia, se hallen sujetos a aceptar como un beneficio gracioso o una especie de suerte el que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren causales como las previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, o incluso cuando se absuelva al detenido por “in dubio pro reo” -sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima- el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el sólo hecho de vivir en sociedad.
La Sala ha considerado necesario reiterar en estas reflexiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto y las normas que rigen la materia, las cuales serán tenidas en cuenta para valorar la prueba obrante en el proceso, con el fin de establecer si está demostrada en este caso la responsabilidad de la entidad demandada(44).
Demandado: Fiscalía General de la Nación. En esta última providencia se efectúa una vasta referencia al Derecho Comparado, la cual ilustra que la prohijada por la Sala, en estos casos, es la postura ampliamente acogida tanto por la legislación como por la doctrina y la jurisprudencia en países cuya tradición jurídica ha tenido notable influencia en la cultura jurídica. Recientemente, la Sala reiteró los argumentos en mención en sentencia proferida el 25 de febrero de 2009, expediente: 25.508.
4. La determinación de la responsabilidad estatal en el caso concreto
Obran en el expediente, entre otros, los siguientes elementos probatorios, que fueron allegados en copia auténtica a petición de la parte actora, los que hacen parte del proceso penal adelantado en contra de Carlos Julio Carreño Cristancho(45):
• Acta de captura del señor Carlos Julio Carreño Cristancho, realizada el 2 de octubre de 2003 por el Grupo de Policía Aeroportuaria E-21 División de Servicios Especializados de la Policía Metropolitana de Bogotá(46).
• Resolución del 6 de octubre de 2003, proferida por la Fiscalía 62 Seccional de la Unidad de Reacción Inmediata, a través de la cual se dispuso que el señor Carlos Julio Carreño Cristancho continuara privado de su libertad, hasta tanto se le resolviera su situación jurídica(47). En vista de lo anterior, se libró la correspondiente boleta de encarcelamiento con destino al Director de la Cárcel Modelo(48).
• Resolución del 8 de octubre de 2003, mediante la cual la Unidad Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de .la Fiscalía resolvió imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, en contra del señor Carlos Julio Carreño Cristancho, por el supuesto delito de “narcotráfico agravado”(49).
• Resolución UNAIM 70100 del 11 de diciembre de 2003(50), mediante la cual el Despacho 15 de la Unidad de Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación resolvió revocar y dejar sin efecto la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva impuesta al señor Carreño, por lo que se ordenó su libertad inmediata bajo la imposición de suscribir diligencia de compromiso.
• Resolución UNAIM 70100 del 12 de agosto de 2004(51), mediante la cual el Despacho 15 de la Unidad de Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación decretó la preclusión de la investigación adelantada en contra del señor Carlos Julio Carreño Cristancho por el delito de “tráfico de estupefacientes”.
“(...) De las pruebas practicadas por el DAS siguiendo órdenes y lineamientos de la Fiscalía, puede afirmarse que no existe prueba indicativa de queelseñor Carlos Julio Carreño Cristancho, actuara de manera dolosa,por las razones que se exponen a continuación.
La labor del sindicado dentro de la Empresa AMAZON FARMS, era la de conductor y responsable de que los pedidos fueran despachados a tiempo, siguiendo las órdenes de su patrona, Ivonne Lorena Salcedo Acuña, y sin interferir en la labor administrativa, ni toma de decisiones de la empresa a pesar de su profesión.
El día de los hechos, el señor Carreño Cristancho realizó la específica labor de colocar los rótulos a las cajas de cartón contentivas de rosas, después de estar armadas y zunchadas, subirlas a la camioneta y trasladarlas en el vehículo de la empresa hasta el Aeropuerto El Dorado.
El sindicado no participó en el procedimiento de adquisición de las cajas de cartón, ni ayudó a armar las cajas, ni a empacar las flores en ellas, como tampoco a zuncharlas.
No estuvo presente en el momento en que fueron empacadas las flores, ya que de conformidad con lo manifestado por la señora Ivonne Lorena Salcedo Acuña en diligencia de declaración, cuando el sindicado regresó a la empresa en las horas de la tarde ya las cajas se encontraban en el cuarto frío, debidamente cerradas y zunchadas. Este hecho fue corroborado por la señora Diana Patricia Medina González en diligencia de declaración.
De lo anterior se colige, que el sindicado simplemente obraba en calidad de conductor de la empresa, y responsable de que el pedido se despachara a tiempo, cumpliendo órdenes de su patrona, la señora Ivonne Lorena Salcedo Acuña, lo cual es un hecho que sirve como base, para que la Fiscalía analice si es posible deducir, ausencia de dolo.
El artículo 22 del Código Penal, advierte que los (sic) el aspecto cognoscitivo del dolo se basa en dos circunstancias, bien sea, e/ conocimiento de la conducta antijurídica o al menos la previsión de la misma.
Así las cosas, el papel del señor Carlos Julio Carreño Cristancho dentro de la empresa AMAZON FARMS, es un hecho conocido de la ausencia de conocimiento y hasta la voluntad, respecto de los 10.125 gramos de cocaína que se encontraba dentro del corrugado de las cajas de cartón (...)”. (Se destaca)
• Certificación suscrita por el Director del Establecimiento Carcelario de Bogotá “La Modelo”, en la cual se consignó que el señor Carlos Julio Carreño Cristancho ingresó a dicho Establecimiento el 16 de octubre de 2003 y salió en libertad por revocatoria de la medida de aseguramiento el 11 de diciembre de 2003 según Boleta 20198 de la misma fecha, expedida por la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación(52).
Valorado en conjunto el material probatorio que antecede, ha de decirse que se encuentra suficientemente acreditado en el presente caso que el señor Carlos Julio Carreño Cristancho fue procesado penalmente y, como consecuencia de ello privado de su libertad, la que recobró como consecuencia de haberse revocado la medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva de la libertad y, posteriormente, precluida la investigación adelantada en su contra por el delito de “tráfico de estupefacientes”, debido a la decisión proferida por la Unidad Nacional de Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía, que, al calificar el mérito del sumario, consideró que no existía “prueba indicativa de que el señor Carlos Julio Carreño Cristancho, actuara de manera dolosa”, es decir, ante la ausencia de prueba sobre la responsabilidad del sindicado.
La Sala estima necesario reiterar que, aún en los casos de privación injusta de la libertad proveniente de causas ajenas a las enunciadas en el derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 o por aplicación del principio in dubio pro reo, el régimen de responsabilidad aplicable es de carácter objetivo, en el cual se prescinde en absoluto de la conducta del sujeto y su culpabilidad; en ella se atiende única y exclusivamente al daño producido, por tanto, basta demostrar éste último para endilgar la responsabilidad de la Administración en razón a que quien lo padeció no estaba en la obligación de soportarlo -en este caso el daño producto de la privación de la libertad-(53).
Esta subsección, en sentencia de mayo 12 de 2011(54), acogió el anterior entendimiento en los siguientes términos:
“La Sala ha considerado necesario presentar estas reflexiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable en aquellos casos en los cuales se configuren las causales previstas en el citado artículo 414 del CPC, esto es, que el hecho no existió, no era constitutivo de delito, o el acusado no lo había cometido-, o incluso cuando se absuelva al detenido por in dubio pro reo, las cuales fueron reiteradas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 15 de abril de 2010, expediente 18.284, dado que si bien, como se dijo, al caso concreto no le resulta aplicable alguno de esos supuestos, lo cierto es que el mismo será resuelto bajo esa misma línea de pensamiento —estructurada en un régimen objetivo de responsabilidad—, acogida por la jurisprudencia de la Sala y reiterada por esta subsección”.
Como se desprende de lo anterior, la razón que llevó a la Fiscalía a precluir la investigación penal a favor del aquí demandante no obedeció a alguno de los supuestos previstos en el entonces vigente artículo 414 del CPC. —porque el hecho no hubiere existido, porque el hecho no hubiere sido constitutivo de delito, o porque el acusado no lo hubiere cometido— y tampoco devino de la aplicación del principio in dubio pro reo, comoquiera que la decisión adoptada no fue producto de un cotejo probatorio en uno u otro sentido —a favor o en contra del sindicado— que generare duda acerca de la responsabilidad penal del actor y que la misma fuese resuelta a favor de este último, sino que se apoyó, simplemente, en el vencimiento del plazo legal para proferir resolución de acusación o de preclusión, última alternativa que se acogió debido a la escasez de pruebas que le permitieren a la Fiscalía inclinarse por la primera opción decisoria” (Destaca la Sala).
Como ya se dijo, es evidente que la privación de la libertad del señor Carlos Julio Carreño Cristancho configuró para él y sus familiares un verdadero daño antijurídico, toda vez que no se hallaba en la obligación legal de soportar la limitación a su libertad impuesta en razón de las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación(55), circunstancia que, necesariamente, comprometió la responsabilidad del Estado, en aplicación de lo previsto en el artículo 90 de la Carta Política.
Con fundamento en los argumentos expuestos, se tiene que el recurso de apelación incoado por la Fiscalía General de la Nación no tiene vocación de prosperidad, por lo que se continúa con el estudio de la censura planteada en el recurso de alzada formulado por la parte actora.
5. Los motivos de inconformidad planteados por la parte actora
5.1. La tasación de la indemnización por (concepto de lucro cesante para el señor Carlos Julio Carreño
Solicitó la parte recurrente, que se reconozca el lucro cesante a favor del señor Carlos Julio Carreño, con base en la suma de $ 800.000, ingreso que, afirmó, estaba acreditado en el expediente con prueba documental y testimonial. Así mismo, dijo que, hasta la fecha, el actor no había podido conseguir empleo, en vista del despliegue televisivo y radial que le dieron a su detención.
Sobre este particular, encuentra la Sala que el señor César Henry Buitrago(56) señaló tener conocimiento de que el señor Carlos Julio Carreño Cristancho tenía un ingreso que ascendía a la suma de $ 800.000, información que conocía por cuanto el mismo señor Carreño Cristancho le había comentado sobre sus ingresos.
Así mismo, en cuanto a las declaraciones rendidas por los señores Rosa Elvira Fiquitiva de Fonseca, Darío Fonseca Balsero y Jorge Alberto Carreño Cristancho, debe destacar la Sala que los nombrados reconocieron ser, en su orden, madre y padre de la demandante Gloria Patricia Fonseca Fiquitiva y hermano de Carlos Julio Carreño Cristancho(57), circunstancia que impone que sus testimonios deban ser analizados con una especial severidad, en los términos del artículo 211 del Código General del Proceso(58), como quiera que lo dicho por ellos, por estar ligados con la parte actora por vínculos familiares, puede estar encaminado a favorecer sus intereses en relación con la posible condena que le pueda ser impuesta a la entidad demandada(59).
Ahora bien, en relación con lo expuesto en sus declaraciones, la Sala encuentra coherencia en sus dichos, como quiera que, al ser confrontados sus testimonios entre sí y con la versión del señor César Henry Buitrago, se observa que sus afirmaciones se encuentran corroboradas en el plenario, pues, como se aprecia, dijeron tener conocimiento sobre el ingreso que percibía el señor Carlos Julio Carreño Cristancho para la época de su detención.
Los anteriores elementos de juicio llevan a que se acceda a lo solicitado en este punto del recurso de apelación, para, en consecuencia, proceder a liquidar la indemnización con base en el ingreso demostrado en el proceso.
No obstante lo expuesto, en cuanto al período de liquidación del lucro cesante, considera la Sala que, en todo caso, este debe corresponder al tiempo en que el afectado directo estuvo privado de la libertad, al cual se le adiciona el período adicional de 35 semanas (8.75 meses), que corresponden al tiempo que, en promedio, puede tardar una persona en edad económicamente activa para encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia o reacondicionarse en sus actividades independientes, como lo ha considerado la Sala en oportunidades anteriores(60), con fundamento en la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena(61), toda vez que, si bien es cierto que la sindicación de haber participado en un delito conlleva una modificación de la percepción que frente a la persona se tiene en el entorno social próximo, ello no genera la eterna imposibilidad de reacondicionarse en sociedad, teniendo en cuenta que una de las facetas de la interacción social se desarrolla en el campo laboral.
Así las cosas, el total del período a indemnizar equivale a 10 meses(62).
Para actualizar la renta se aplicará la fórmula que se presenta a continuación, tomando como índice inicial el correspondiente al mes de octubre de 2003, y como índice final, el vigente a la fecha de esta providencia:
Ra = Rh ——————
116.24 final
Ra = $ 800.000 ——————
Ra = $ 1.234.789
En aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y de los principios de reparación integral y equidad allí contenidos, la suma resultante se incrementará en un 25%, ($308.697) por concepto de prestaciones sociales, para un total de $1.543.486.
Para la liquidación del lucro cesante vencido se aplicará la fórmula actuarial adoptada por la Corporación, así:
S = Ra ——————
Ra = Es la renta o base de liquidación que equivale a $ 1.543.486
n = Número de meses que comprende el período indemnizable, esto es 10 meses.
1+ 0.004867)10 - 1
S = $ 1.543.486 —————————
S = $ 15.777.331
En consecuencia, al señor Carlos Julio Carreño Cristancho le corresponde, a título de indemnización por concepto de lucro cesante, la suma de quince millones setecientos setenta y siete mil trescientos treinta y un pesos m/cte. ($ 15.777.331).
5.2. La negación de la indemnización por concepto de lucro cesante para la señora Gloria Patricia Fonseca Fiquitiva
Igualmente, se reclamó el reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora Gloria Patricia Fonseca Fiquitiva, por considerar que estaba demostrado que tuvo que retirarse de su trabajo con ocasión de la privación injusta de la libertad de su compañero y tampoco había conseguido trabajo hasta la fecha.
Considera la Sala que la circunstancia alegada en la demanda y en el recurso de apelación, relativa a la voluntaria culminación de la relación laboral de la demandante, en razón de la privación de la libertad de su esposo, no puede constituir sustento de la aspiración indemnizatoria, pues resulta claro que tal determinación no fue consecuencia directa de la actuación de la entidad demandada, sino que obedeció a la libre determinación que en tal sentido acogió la señora Fonseca Fiquitiva, libre albedrio que, para otras personas, puede llevar, por el contrario, a conservar su trabajo en aras de solventar económicamente la situación antes que generar un desequilibrio en las finanzas del hogar.
En igual sentido a lo expuesto anteriormente, la mirada social que puede cernirse sobre el grupo familiar de una persona que ha sido sindicada de cometer un delito, no genera la eterna imposibilidad de reacondicionarse en sociedad en el campo laboral y, con mayor razón, cuando el vínculo laboral no termina por iniciativa del empleador, con fundamento en alguna clase de prejuicio frente a la situación familiar relacionada con el señalamiento de uno de los miembros del hogar, sino, se repite, por la decisión libre y voluntaria del empleado que decide afrontar de esa particular manera dicha situación.
5.3. La tasación de los perjuicios morales reconocidos por el a quo
En cuanto a la tasación de los perjuicios morales por parte del Tribunal a quo solicitó la parte actora, que se incrementara la condena, para lo cual señaló que todos los demandantes habían sufrido notablemente por la privación injusta de la que fue objeto el señor Carlos Julio Carreño.
Sobre este particular baste señalar que la valoración de los perjuicios morales debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se han sugerido criterios puntuales para la valoración de dichos perjuicios en los casos relativos a la privación injusta de la libertad(63).
Debe recordarse igualmente que, en el presente caso, no existe la limitante impuesta por el principio constitucional de la no reformatio in pejus, toda vez que tanto la parte actora como la demandada formularon recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia, razón por la cual es viable entrar a reajustar el monto de las indemnizaciones ordenadas, de conformidad con las pautas fijadas por la Sala Plena de la Sección Tercera para el efecto y, en consecuencia, reconocer por concepto de indemnización por el daño moral padecido con los hechos a que se refiere la demanda, las siguientes sumas de dinero:
• Para Carlos Julio Carreño Cristancho, Gloria Patricia Fonseca Fiquitiva y Karen Sofía Carreño Fonseca la suma equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia, para cada uno de ellos.
Corolario de todo lo anterior, se tiene que el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación no tiene vocación de prosperidad y el incoado por la parte actora la tiene en forma parcial, en los términos que anteceden, por lo que se impone la modificación de la sentencia apelada, en lo atinente al monto de la indemnización por concepto de lucro cesante y perjuicios morales.
6. No hay lugar a condena en costas
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso' Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. MODIFICAR los ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 10 de diciembre de 2009, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, la parte resolutiva quedará así:
PRIMERO: DECLÁRASE administrativamente responsable a LA NACIÓN FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por los perjuicios ocasionados al señor Carlos Julio Carreño Cristancho, por la razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLÁRASE la falta de legitimación en la causa por activa del señor Antonio Carreño Botia y María Delfina Cristancho de Carreño de conformidad con la parte motiva.
TERCERO: CONDÉNASE a LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, al pago a favor del señor Carlos Julio Carreño Cristancho:
Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de quince millones setecientos setenta y siete mil trescientos treinta y un pesos m/cte. ($ 15.777.331).
CUARTO: CONDÉNASE a LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, al pago de las siguientes sumas de dinero a favor de los demandantes por concepto de perjuicios morales de la siguiente forma:
— Para Carlos Julio Carreño Cristancho, Gloria Patricia Fonseca Fiquitiva y Karen Sofía Carreño Fonseca la suma equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia, para cada uno de ellos.
SEXTO: CÚMPLASE lo normado en los artículos 176 y 177 del CCA, para efectos de ejecución de la presente sentencia”.
3. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 114 del Código General del Proceso y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.
17 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.
18 Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”'
19 Sentencia del 14 de febrero de 2002. Expediente 13.622. Consejera ponente: Dra. María Elena Giralda Gómez.
20 Criterio reiterado por la subsección en sentencia de 11 de agosto de 2011, expediente 21801, así como por la Sección en auto de 19 de julio de 2010, Radicación 25000-23-26-000-2009-00236-01 (37410), consejero ponente (E): Dr. Mauricio Fajardo Gómez.
21 Folio 217 del cuaderno de pruebas 4.
22 Tal como consta a folio 93 del cuaderno principal 1.
23 Expediente 21.515.
24 Publicada en el Diario Oficial 42.745 de 15 de marzo de 1996.
25 Debe anotarse que el Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 de 2000, se publicó en el Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del mismo año, por lo que entró en vigencia a partir del 24 de julio de 2001, según lo dispuesto expresamente en su artículo 536, que señaló: “Este Código entrará en vigencia un año después de su promulgación.” Así mismo, en su artículo 535 se dispuso la derogatoria, sin condicionamiento alguno, del Decreto Ley 2700 de 1991. Para los delitos cometidos con posterioridad al 1° de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.658, de 1 de septiembre de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, con sujeción al proceso de implementación establecido en su Artículo 528.
26 Sentencia de 6 de abril de 2011, expediente 21653, consejera ponente: Dra. Ruth Stella Correa Palacio.
28 En este sentido, en sentencia de 22 de junio de 2011, la Subsección C expuso: “Es importante precisar que las hipótesis establecidas en el artículo 414 del C.P.P. de 1991 (decreto ley 2700), al margen de la derogatoria de la disposición, han continuado rigiéndose por una perspectiva objetiva de responsabilidad. En consecuencia, el régimen aplicable para definir si la privación de la libertad fue injusta en estos tres supuestos, es el objetivo, inclusive con posterioridad a la ley 270 de 1996, en los términos precisados por la jurisprudencia de la Corporación.
En consecuencia, la Sala no avala una aplicación ultra[a]ctiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere significar, entonces, que la Corporación esté modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. No obstante, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma.
Lo anterior, lejos de suponer una aplicación ultra[a]ctiva del derogado artículo 414 del decreto ley 2700 de 1991, implica el reconocimiento de que en esos supuestos resulta injustificado imponer al administrado la carga de acreditar que la administración pública incurrió en una falla del servicio. Por el contrario, la fuerza y contundencia de los motivos que generan la absolución en este tipo de circunstancias (el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o el hecho no constituía conducta punible), refuerza la idea de que bajo esas premisas impera un esquema objetivo de responsabilidad en el que la autoridad judicial que impuso la medida de aseguramiento no puede exonerarse del deber de reparar con la acreditación de que su comportamiento fue diligente o cuidadoso.”
29 Sobre el concepto de daño antijurídico, ha dicho la Sala: “A pesar de que el artículo 90 de la Constitución es claro en señalar que el Estado “responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables”, lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico no existe definición normativa del concepto de daño antijurídico. Por ello, la jurisprudencia nacional, siguiendo algunos parámetros de la doctrina extranjera, dada la similitud de los artículos 106 de la Constitución Española y 90 de la Constitución Colombiana, ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”; o también se ha entendido como el daño que se produce a una persona a pesar de que “el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de 'causales de justificación”. Sentencia de 5 de diciembre de 2005, exp. 12.158.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias proferidas el dos de mayo de 2007, expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros y el 26 de marzo de 2008, expediente 16.902, actor: Jorge Gabriel Morales y otros, entre otras.
31 Sobre el particular, consultar la sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, M.P.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2001, expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros.
33 El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: “Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente No. 15.463.
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 1994, expediente número 9734.
36 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 1994, expediente 8.666.
37 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de noviembre de 1995, expediente 10.056.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 1996, expediente 10.229.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de abril de 2.002, expediente número 13.606.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, expediente 11.601; sentencia del 27 de septiembre de 2000, expediente 11.601; sentencia del 25 de enero de 2001, expediente 11.413.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del dos (2) de mayo de dos mil siete (2.007); Radicación No. 20001-23-31-000-3423-01; Expediente No. 15.463; Actor: Adiela Molina Torres y otros; Demandado: Nación- Rama Judicial.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2.006, expediente número 13.168. Consejero ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, véase Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de octubre ocho (08) de dos mil siete (2007); Expediente: 520012331000199607870 01; Radicado: 16.057; Actor: Segundo Nelson Chaves Martínez;
44 En similares términos pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 17.517, sentencia de 25 de febrero del 2009, Exp. 25.508, sentencia del 15 de abril del 2010, Exp. 18.284; sentencia de 25 de marzo de 2.010, Exp. 17.741; sentencia de 12 de mayo de 2.011, Exp. 18.902; sentencia de 26 de mayo de 2.010, Exp. 17.294. Así mismo, las sentencias de 9 de mayo de 2012, Exp. 25.065, y 17 de octubre de 2012, Exp. 27.130, de la Subsección A.
45 Expediente obrante de folios 1 a 299 del cuaderno de pruebas No. 4 y 1 a 295 del cuaderno de pruebas 3, en respuesta al Oficio J38-177-07. A folio 46 del cuaderno de la demanda, obra informe secretaria] del Juzgado treinta y ocho Administrativo del Circuito de Bogotá donde consta que aunque se requirió a la Fiscalía para allegara copia auténtica del proceso penal, dicha copia fue aportada en copia simple, no obstante lo anterior, a Folio 1 del cuaderno de pruebas No. 3 obra Oficio No. 403 del 18 de febrero de 2008 en el cual se remiten los dos cuadernos de la investigación penal en copia auténtica.
46 Folio 3 de la investigación penal radicada con el No. 70100 UNAIM, obrante en el cuaderno de pruebas 3.
47 Folio 25 de la investigación penal radicada con el No. 70100 UNAIM, obrante en el cuaderno de pruebas 3.
48 Folio 26 de la investigación penal radicada con el No. 70100 UNAIM, obrante en el cuaderno de pruebas 3.
49 Folios 50 a 55 de la investigación penal radicada con el No. 70100 UNAIM, obrante en el cuaderno de pruebas 3.
50 Folios 45 a 52 de la investigación penal radicada con el No. 70100 UNAIM, obrante en el cuaderno de pruebas 4.
51 Folios 197 a 206 de la investigación penal radicada con el No. 70100 UNAIM, obrante en el cuaderno de pruebas 4.
52 Obra a folio 9 del cuaderno de pruebas nro. 2. Y fue remitido mediante Oficio nro. 007753 del 10 de mayo de 2007 obrante a folio 8 del mismo cuaderno.
53 Sobre el derecho fundamental de todas las personas a la libertad, la Corte Constitucional, en sentencias C - 397 de 1997, de 10 de julio de 1997 y C-774 de 25 de julio de 2.001, hizo los siguientes pronunciamientos:
“Sobre el derecho de libertad, el artículo 28 de la Constitución Política de 1.991 señala que: 'Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley,
'En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.
“(...) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no sólo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2° que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona 'se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable' y que quien sea sindicado tiene derecho 'a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”.
“La presunción de inocencia también es de categoría constitucional, pues según el inciso 4° del artículo 29 de la Carta Política: 'Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”, y por tanto, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado.
54 M.P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 1998-1400 (20665).
55 En este sentido debe recordarse que la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento en contra del sindicado, consistente en detención preventiva.
56 Folio 21 del cuaderno de pruebas 2.
57 Declaraciones obrantes de fofos 10 a 15 y 23 a 25 del cuaderno de pruebas 2.
58 La mencionada disposición establece lo siguiente: “ART. 211.- imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.
La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El Juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso” (Se destaca).
59 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por esta Subsección el 11 de abril de 2012, Expediente 22.667 y de 9 de mayo de 2012, Expediente 24.137.
60 En este sentido se pronunció la Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia de 6 de abril de 2011, expediente 21.653, Consejera Ponente: Dra. Ruth Stella Correa, criterio reiterado en sentencia de 22 de junio de 2011, expediente 20.713, Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero.
61 URIBE G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, «Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003», en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, N° 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22. Fuente citada por la Sala en sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168.
62 Teniendo en consideración el período de privación de la libertad, que el Tribunal a quo fijó en 1.25 meses, así como el tiempo adicional de 8.75 meses que la jurisprudencia reconoce en estos casos.
63 En la sentencia de 28 de agosto de 2013, expediente 25022 la Sala Plena de la Sección Tercera manifestó lo siguiente: “Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 smmlv; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smmlv; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smmlv, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smmlv, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smmlv, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smmlv, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smmlv, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados”.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito manifestar que, si bien acompañé la decisión mediante la cual se declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor Carlos Julio Carreño Cristancho, por el delito de narcotráfico, a quien se le precluyó la investigación, toda vez que no cometió el hecho punible imputado, no comparto el criterio según el cual hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado no solo cuando la persona privada de la libertad es exonerada en el proceso penal porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, sino también cuando lo es en virtud del principio del indubio pro reo.
En mi sentir, los únicos supuestos que permiten inferir objetivamente que una persona fue privada injustamente de la libertad, aún con la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, son los señalados por el derogado artículo 414 del CPP, pues, en los eventos no contemplados en la citada norma, quien haya sido privado de la libertad está en la obligación de demostrar la injusticia de la medida, esto es, debe acreditar la existencia de una falla en la prestación del servicio.
De hecho, pueden darse múltiples ejemplos de casos en los que la exoneración de responsabilidad penal se dé por razones distintas a las tres que la norma en cita consagra como generadoras de responsabilidad de la administración, como cuando opera una causal eximente de antijuridicidad o de culpabilidad, o cuando la detención se produce por delitos cuya acción se encuentra prescrita, o por una conducta que la legislación haya dejado de considerar delictiva, o cuando la detención se produce en un proceso promovido de oficio frente a un delito que exija querella de parte, o cuando la medida restrictiva de la libertad se produce sin fundamento legal o razonable o ésta resulta desproporcionada en consideración al delito de que se trate, casos en que la responsabilidad que obliga a indemnizar se resuelve bajo el título de falla en la prestación del servicio y ante los cuales no se ve razón válida alguna para dar un tratamiento diferente al del indubio pro reo.
Así las cosas, la enumeración de unos casos determinados en que el legislador (artículo 414 del Decreto 2700 de 1991) califica a priori la detención preventiva como injusta significa que, en los demás supuestos, es decir, en los que se subsumen en la primera parte de la norma en cita, como cuando la absolución deviene como consecuencia de la aplicación del principio del indubio pro reo, para que surja la responsabilidad del Estado el demandante debe acreditar la injusticia, la falta de proporcionalidad, la arbitrariedad, la ilegalidad o lo errado de la medida de aseguramiento de detención preventiva, para lo cual no basta acreditar que no hubo condena en el proceso penal.
En este sentido dejo expuesta mi aclaración de voto en torno a un criterio que en la sentencia no es relevante, toda vez que, en el sub júdice, la parte actora no tenía que demostrar la ilicitud de la detención preventiva que afectó al señor Carlos Julio Carreño Cristancho, teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación precluyó la investigación a su favor, por cuanto no cometió el delito imputado.

References: artículo 136
 Resolución 
 artículo 414
 artículo 414
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 414
 artículo 414
 artículo 414
in dubio
 artículo 414
in dubio
 artículo 414
in dubio
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 22
 artículo 414
in dubio
 artículo 414
in dubio
 artículo 414
in dubio
 resolución 
 artículo 90
 artículo 211
 artículo 16
 artículo 114
 artículo 37
 artículo 308
 artículo 536
 artículo 535
 Artículo 528
 artículo 414
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 artículo 28
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 artículo 2
 artículo 29
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 artículo 414