Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/034/002.html
Timestamp: 2019-05-21 04:24:30+00:00

Document:
La aparición del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI), aprobado por Real Decreto 1.942/1993, de 5 de noviembre, su normativa de procedimiento y desarrollo, aprobados por Orden de 16 de abril de 1998, así como del Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI), aprobado por Real Decreto 2.267/2004, de 3 de diciembre, y otras normas de mayor antigüedad, como la Norma Básica de la Edificación, NBE CPI 96, aprobada por Real Decreto 2.177/1996, de 4 de octubre, el propio Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 1.244/1979, de 4 de abril, y su I.T.C. MIE-AP5, aprobada por Orden de 31 de mayo de 1982 y sucesivas modificaciones, mediante Órdenes de 26 de octubre de 1983, 31 de mayo de 1985, 15 de noviembre de 1989 y finalmente la Orden de 10 de marzo de 1998 e, incluso, normas emanadas de la propia Administración autonómica, como son la Orden de 4 de mayo de 1987, de la extinta Consejería de Industria y Energía, sobre instalaciones, instaladores, recargadores, instalación y mantenimiento de los extintores de incendios, y el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, modificado por Decreto 39/1997, de 20 de marzo, y por Decreto 20/2003, de 10 de febrero; y, por último, el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que deroga, entre otras normas, la NBE CPI 96, conforman una amplia regulación de la actividad y, al mismo tiempo, ha generado con tal dispersión una serie de lagunas, sobre todo en cuanto a procedimiento, que es conveniente definir para una mejor orientación de los agentes del sector, procurando una herramienta mediante la que se garantice un mejor control y cumplimiento de la normativa vigente.
Los Reglamentos primeramente indicados (RIPCI y RSCIEI) determinan, el primero, los aparatos e instalaciones objeto de regulación, la obligatoriedad de cumplimiento de determinadas reglas de seguridad; define y regula la actividad de los instaladores y mantenedores; determina, asimismo, la instalación, puesta en servicio y su mantenimiento, declarando de obligado cumplimiento determinadas normas UNE o EN, donde se desarrollan las actuaciones a realizar por los fabricantes y las empresas instaladoras y mantenedoras; mientras que el RSCIEI centra su regulación en un régimen de implantación, construcción y puesta en servicio, regula determinadas inspecciones periódicas, actuaciones en caso de incendios y condiciones y requisitos que deben satisfacer los establecimientos industriales en este campo, finalizando con responsabilidades y sanciones.
Por otro lado, esta disposición pretende unificar los procedimientos administrativos para el registro y autorización de la puesta en funcionamiento de las instalaciones de protección contra incendios en la que tiene competencia la Consejería competente en materia de industria, estableciendo los impresos normalizados correspondientes y determinando la información que, en forma de manuales de uso y mantenimiento, las empresas instaladoras han de facilitar a los usuarios de las mismas.
En el ámbito de la edificación existen, asimismo, otras instalaciones y/o sistemas que, aunque no forman parte directa de las instalaciones de protección contra incendios, sí que tienen cierta vinculación porque su actuación, entrada en funcionamiento o cese del mismo, deben estar controladas y gestionadas desde la central de protección contra incendios. Este es el caso de la ventilación y la extracción de humos y, en otro orden, la detección de monóxido de carbono; todo ello sin perjuicio de las competencias que recaen en las empresas instaladoras eléctricas, encargadas de la instalación eléctrica de tales sistemas. Por ello, se ha entendido conveniente incluir bajo las funciones de las empresas de protección contra incendios aquellos aspectos de las mismas en los que habitualmente intervienen por su propia especialización.
Con el derogado Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, y el vigente Real Decreto 2.267/2004, de 3 de diciembre, se vino a llenar el vacío existente en esta materia en el ámbito de los establecimientos industriales, excluidos expresamente de la regulación existente hasta aquel momento, y mantiene ahora su vigencia en el CTE. Sin embargo, dicho Real Decreto 2.267/2004, de 3 de diciembre, no tiene carácter retroactivo, pero sí establece en su artículo 2.2, párrafo segundo, que se aplicará a las industrias existentes antes de la entrada en vigor del mismo, cuando su nivel de riesgo intrínseco, su situación o sus características impliquen un grave riesgo para las personas, los bienes o el entorno, y así se determine por la Administración autonómica competente.
En esta línea y en orden a planificar la actuación del Departamento competente en materia de industria, con la presente disposición se establecen una serie de obligaciones a cumplimentar por los titulares de los establecimientos ya inscritos en el Registro de Establecimientos Industriales, de forma que podamos disponer del conocimiento de la realidad de la protección contra incendios en nuestro sector industrial.
2. Los titulares de los establecimientos industriales citados dispondrán del plazo de un año, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, para realizar un "Informe de Adecuación al RSCIEI", con los contenidos que se recogen en el anexo III, en el que se recoja el grado de adecuación del establecimiento al Real Decreto 2.267/2004, de 3 de diciembre, y las propuestas de actuación para su máxima adaptación al mismo.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de las presentes Normas las actividades en establecimientos o instalaciones nucleares, radiactivas, las de extracción de minerales, las actividades agropecuarias y las instalaciones para usos militares, que se regirán por su reglamentación sectorial.
Esta exigencia se circunscribe al ámbito de aplicación del Real Decreto 2.267/2004, de 3 de diciembre, si bien el ejercicio de la actividad de estas empresas no está limitado a dicho ámbito, salvo limitaciones que puedan imponer otras regulaciones normativas emanadas de otras Administraciones con competencia en la materia.
1. Se establecen dos grupos de instalaciones, en base a la normativa básica vigente:
PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES,
APARATOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN
a) Proyecto técnico, firmado por técnico competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial; o, en su caso, Memoria Técnica según modelo PCI-MT, firmada por el técnico titulado competente responsable de la empresa instaladora y visada por el Colegio Oficial correspondiente.
b) Certificación de ejecución y finalización de obra, sólo en caso de proyecto técnico, indicando las instalaciones realizadas, con expresión de sus equipos y componentes principales así como las características técnicas de los mismos, según modelo PCI-CDO. En el caso de establecimientos turísticos alojativos, será válido, a efectos del presente trámite, el certificado emitido de conformidad con la normativa sectorial que lo regula.
1. En aplicación de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 2.267/2004, de 3 de diciembre, y del artículo 8.2.2.b) del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y con independencia de lo señalado en el artículo anterior, los titulares de los establecimientos que dispongan de instalaciones que son objeto de las presentes Normas, deberán solicitar a un Organismo de Control Autorizado, facultado para ello, la inspección de sus instalaciones.
Se considerarán facultados para la realización de las citadas inspecciones aquellos Organismos de Control que lo estén para la aplicación del reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.
e) Certificado de empresa aseguradora que acredite la cobertura del riesgo correspondiente a la actividad solicitada, mediante póliza de responsabilidad civil, cuyo importe por siniestro no sea inferior a ochocientos ocho mil trescientos sesenta y un euros con veintiocho céntimos (808.361,28) que dé cobertura a la responsabilidad derivada de sus actuaciones empresariales profesionales. Esta cifra debe actualizarse anualmente de acuerdo con el índice general de precios de consumo (I.P.C.).
1. Comunicación de incendio.
1.1. El titular del establecimiento industrial deberá comunicar a la Dirección General competente en materia de industria, en el plazo máximo de quince (15) días, cualquier incendio que se produzca en el establecimiento industrial en el que concurra, al menos, una de las siguientes circunstancias:
2. Investigación del incendio.
2.1. En todos aquellos incendios en los que concurra alguna de las circunstancias previstas en el punto anterior, o en el caso de que el suceso sea de especial interés y así lo determine la Dirección General competente en materia de industria, este Centro Directivo iniciará la investigación correspondiente sobre el incendio ocurrido en el establecimiento.
UNE 23585, Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humos (SCTEH). Requisitos y métodos de cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuación de humos en caso de incendio.
UNE-EN 12101, Sistemas para el control de humos y de calor.
MEDIOS HUMANOS DE LAS EMPRESAS
INSTALADORAS Y MANTENEDORAS

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 8
 Real Decreto