Source: http://www.slideshare.net/elmergeovani/constitucion-politica-delarepublicadeguatemala
Timestamp: 2016-10-24 13:35:14+00:00

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Oscar Cänël
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA(Aplicada en fallos de la Corte de Constitucionalidad) Guatemala, agosto de 2002. 2.
INTEGRACIÓN DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Saúl Dighero Herrera Presidente Magistrados titulares: Mario Guillermo Ruiz Wong Cipriano Francisco Soto Tobar Juan Francisco Flores JuárezRodolfo Rohrmoser Valdeavellano Magistrados suplentes: Francisco José Palomo TejedaGilberto Romeo Alvarado Polanco Gloria Melgar de Aguilar Carlos Enrique Luna Villacorta Carlos Enrique Reynoso Gil Guatemala, agosto de 2002. 2 3.
PRESENTACIÓN Veo con optimismo cómo en los últimos años los ciudadanos han desarrollado unamayor atención y un uso creciente de los recursos legales correspondientes al DerechoConstitucional, fortaleciéndose así, paulatinamente nuestra naciente democracia. Poreste motivo la Constitución Política, aplicada en fallos de la Corte de Constitucionalidadserá editada nuevamente, continuando con la laudable tradición de mis predecesores,siempre con el objetivo de ofrecer a los estudiosos y operadores del Derecho, no sólo laley sino además, una adecuada interpretación de ella, basada en la doctrina legal que losfallos reiterados de las Cortes han ido gestando. En esta oportunidad, no se han escatimado recursos, para que el texto llegue atodos los abogados del país, a las Facultades de Derecho de las distintasUniversidades, Tribunales y estudiosos de la ciencia del Derecho, con el objeto decontribuir a una mayor difusión a nivel nacional y que a la vez se constituya enincentivo para el diálogo científico y el debate, siempre en la búsqueda de una mejor ymás adecuada interpretación. Se utiliza la misma metodología anterior, sólo con la actualización pertinente,según los nuevos juicios del Tribunal Constitucional, a partir de la última publicación. Espero que este esfuerzo contribuya a crear un vínculo real entre el ciudadano ylas normas constitucionales que rigen nuestra convivencia. Licenciado Saúl Dighero Herrera Presidente de la Corte de Constitucionalidad 3 4.
Nota aclaratoria: La Constitución se editó incluyendo los criterios que se reflejan en las sentencias dela corte, pertenecientes a los últimos fallos relacionados con las normas de la misma, sinembargo, se mantuvieron las citas anteriores, para que la misma constituya unaactualización.Se transcribe el texto de la sentencia que se estima desarrolla en forma más amplia eltema a que se refiere la norma constitucional.Al final de la transcripción se indica “En igual sentido”, si dicha cita se repite textualmenteen otros fallos.Se indica “Véase”, si el contenido del artículo se ha desarrollado en otros fallos ampliandoo complementando la cita textual, pero no repite literalmente la cita transcrita.Cuando un fallo de la Corte no desarrolla ampliamente un tema contenido dentro de unanorma constitucional se indica “Se menciona”, haciendo referencia a la sentencia. 4 5.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PáginaPREÁMBULOTÍTULO I LA PERSONA HUMANA, FINES Y DEBERES DEL ESTADO Capítulo Único............................................................................................TÍTULO II DERECHOS HUMANOS Capítulo I Derechos Individuales.......................................................... Capítulo II Derechos Sociales Sección 1º Familia...................................................................... Sección 2º Cultura...................................................................... Sección 3º Comunidades indígenas............................................ Sección 4º Educación................................................................. Sección 5º Universidades........................................................... Sección 6º Deporte..................................................................... Sección 7º Salud, Seguridad y Asistencia.................................. Sección 8º Trabajo...................................................................... Sección 9º Trabajadores del Estado........................................... Sección 10º Régimen económico y social.................................... Capítulo III Deberes y Derechos Cívicos y Políticos.............................. Capítulo IV Limitación a los Derechos Constitucionales........................TÍTULO III EL ESTADO Capítulo I El Estado y su Forma de Gobierno....................................... Capítulo II Nacionalidad y ciudadanía................................................... Capítulo III Relaciones Internacional del Estado....................................TÍTULO IV PODER PÚBLICO Capítulo I Ejercicio del Poder Público................................................. Capítulo II Organismo Legislativo Sección 1º Congreso.................................................................. Sección 2º Atribuciones del Congreso...................................... 5 6.
Sección 3º Formación y Sanción de la Ley............................... Capítulo III Organismo Ejecutivo Sección 1º Presidente de la República....................................... Sección 2º Vicepresidente de la República................................ Sección 3º Ministerio de Estado................................................. Capítulo IV Organismo Judicial Sección 1º Disposiciones Generales........................................... Sección 2º Corte Suprema de Justicia........................................ Sección 3º Corte de Apelaciones y otros tribunales...................TÍTULO V ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Capítulo I Régimen Político Electoral.................................................. Capítulo II Régimen Administrativo...................................................... Capítulo III Régimen de Control y Fiscalización.................................... Capítulo IV Régimen Financiero............................................................. Capítulo V Ejército................................................................................. Capítulo VI Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación.... Capítulo VII Régimen Municipal..............................................................TÍTULO VI GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL Capítulo I Exhibición Personal............................................................. Capítulo II Amparo................................................................................ Capítulo III Inconstitucionalidad de las leyes......................................... Capítulo IV Corte de Constitucionalidad................................................. Capítulo V Comisión y Procurador de Derechos Humanos................... Capítulo VI Ley Amparo, Exhibición Personal y de ConstitucionalidadTÍTULO VII REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN Capítulo Único Reformas a la Constitución................................................TÍTULO VIII DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES Capítulo Único Disposiciones Transitorias y Finales.................................. 6 7.
INVOCANDO EL NOMBRE DE DIOS Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre ydemocráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizarjurídica y políticamente al Estado; afirmando la primacía de la persona humana comosujeto y fin del orden social; reconociendo a la familia como génesis primario yfundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad y, al Estado, comoresponsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen delegalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz; inspirados en los ideales denuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural; decididos aimpulsar la plena vigencia de los Derechos Humanos dentro de un orden institucionalestable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absolutoapego al Derecho. SOLEMNEMENTE DECRETAMOS, SANCIONAMOS Y PROMULGAMOS LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA "...El preámbulo de la Constitución Política contiene una declaración de principios por la que se expresan los valores que los constituyentes plasmaron en el texto, siendo además una invocación que solemniza el mandato recibido y el acto de promulgación de la carta fundamental. Tiene gran significación en orden a las motivaciones constituyentes, pero en sí no contiene una norma positiva ni menos sustituye la obvia interpretación de disposiciones claras. Podría, eso si, tomando en cuenta su importancia, constituir fuente de interpretación ante dudas serias sobre alcance de un precepto constitucional... Si bien... pone énfasis en la primacía de la persona humana, esto no significa que esté inspirada en los principios del individualismo y que, por consiguiente, tienda a vedar la intervención estatal, en lo que considere que protege a la comunidad social y desarrolle los principios de seguridad y justicia a que se refiere el mismo preámbulo..." Gaceta No. 1, expediente No. 12-86, página No. 3, sentencia: 17-09-86. Véase: - Gaceta No. 49, expediente No. 386-98, página No. 552, sentencia: 11- 09-98. - Gaceta No. 46, expedientes acumulados Nos. 8-97 y 20-97, página No. 7, sentencia: 07-10-97. - Gaceta No. 21, expedientes acumulados Nos. 303-90 y 330-90, página No. 33, sentencia: 26-09-91. 7 8.
- Gaceta No. 16, expediente No. 81-90, página No. 6, sentencia: 03-05- 90. Se menciona en: - Gaceta No. 7, expediente No. 164-87, página No. 29, sentencia 25-02- 88. TITULO I La persona humana, fines y deberes del Estado CAPITULO UNICOArtículo 1º.- Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza paraproteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. "...la Constitución Política dice en su artículo 1 que el Estado de Guatemala protege a la persona... pero añade inmediatamente que su fin supremo es la realización del bien común, por lo que las leyes... pueden evaluarse tomando en cuenta que los legisladores están legitimados para dictar las medidas que, dentro de su concepción ideológica y sin infringir preceptos constitucionales, tiendan a la consecución del bien común. Al respecto conviene tener presente que la fuerza debe perseguir objetivos generales y permanentes, nunca fines particulares..." Gaceta No. 1, expediente No. 12- 86, página No. 3, sentencia: 17-09-86. Véase: - Gaceta No. 63, expediente No. 1233-01, sentencia 05-02-02. - Gaceta No. 45, expedientes acumulados Nos. 342-97, 374-97, 441-97, 490-97 y 559-97, página No. 34, sentencia: 05-09-97. Se menciona en: - Gaceta No. 46, expedientes acumulados Nos. 8-97 y 20-97, página No. 8, sentencia: 07-10-97. - Gaceta No. 21, expedientes acumulados 303-90 y 330-90, página 32, sentencia: 26-09-91.Artículo 2º.- Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de laRepública la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de lapersona. 8 9.
"...al referirse a los deberes del Estado respecto a los habitantes de laRepública, le impone la obligación de garantizar no solo la libertad, sinotambién otros valores, como son los de la justicia y el desarrollo integral dela persona, para lo cual debe adoptar las medidas que a su juicio seanconvenientes según lo demanden las necesidades y condiciones delmomento, que pueden ser no solo individuales sino también sociales..."Gaceta No. 1, expediente No. 12-86, página No. 3, sentencia: 17-09-86.“... El principio de seguridad jurídica que consagra el artículo 2º. De laConstitución, consiste en la confianza que tiene el ciudadano, dentro de unEstado de Derecho, hacia el ordenamiento jurídico; es decir, hacia elconjunto de leyes que garantizan su seguridad, y demanda que dichalegislación sea coherente e inteligible; en tal virtud, las autoridades en elejercicio de sus facultades legales, deben actuar observando dicho principio,respetando las leyes vigentes, principalmente la ley fundamental...” GacetaNo. 61, expediente No. 1258-00, sentencia: 10-07-01.En igual sentido:- Gaceta No. 61, expediente No. 1311-00, sentencia: 17-07-01.Véase:- Gaceta No. 45, expedientes acumulados Nos. 342-97, 374-97, 441-97, 490-97 y 559-97, página No. 38, sentencia: 05-09-97.Se menciona en:- Gaceta No. 61, expediente No. 347-01, sentencia 23-08-01.- Gaceta No. 61, expediente No. 366-01, sentencia 07-08-01.- Gaceta No. 59, expediente No. 734-00, página No. 142, sentencia: 21- 02-01.- Gaceta No. 57, expediente No. 73-00, página No. 285, sentencia: 25-07- 00.- Gaceta No. 57, expediente No. 1048-99, página No. 57, sentencia: 02- 08-00.- Gaceta No. 46, expedientes acumulados Nos. 8-97 y 20-97, página No. 6, sentencia: 07-10-97. TITULO II Derechos Humanos CAPITULO I 9 10.
Derechos individuales “...Nuestra Constitución agrupa los derechos humanos dentro del Título II de la misma, pero claramente se distingue que en el capítulo I, bajo acápite de Derechos Individuales, figuran los que la doctrina divide en civiles y políticos, mientras que en el Capítulo II, denominado Derechos Sociales, agrupa los derechos humanos que se conocen como económico -sociales- culturales. Los derechos individuales muestran claramente su característica: unos, los civiles, con un contenido negativo que implica obligaciones de no hacer y los otros, los políticos, el reconocimiento de la facultad que los ciudadanos tienen para participar en la organización, actuación y desarrollo de la potestad gubernativa...” Gaceta No. 8, expediente No. 87-88, página No. 184, sentencia: 26-05-88. "...Esta Corte advierte que los derechos individuales contenidos en la parte dogmática de la Constitución, no se conciben en forma absoluta, sino que las libertades están sujetas a la ley, la que establece los límites naturales que dimanan del derecho real e incontrovertible de que el individuo vive en un régimen de interrelación..." Gaceta No. 25, expediente No. 68-92, página No. 22, sentencia: 12-08-92.Artículo 3º.- Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde suconcepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. “... el derecho a la vida está contemplado en el texto supremo (artículo 3) como una obligación fundamental del Estado, pues el propio preámbulo de la Constitución afirma la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, y de allí que en la ley matriz también se regule que el Estado de Guatemala debe organizarse para proteger a la persona humana (artículo 1) y que por ello, debe garantizar a los habitantes de la República (entre otros aspectos) la vida y su desarrollo integral (artículo 2) por lo que este derecho constituye un fin supremo y como tal merece su protección.” Gaceta No. 64, expediente No. 949-02, sentencia: 06-06-02. Se menciona en: - Gaceta No. 44, expediente No. 233-97, página No. 111, sentencia: 18- 06-97. - Gaceta No. 43, expediente No. 221-94, página No. 17, sentencia: 12-02- 97. - Gaceta No. 25, expediente No. 68-92, página No. 23, sentencia: 12-08- 92. 10 11.
- Gaceta No. 13, expediente No. 143-89, página No. 28, sentencia: 27-07- 89.Artículo 4º.- Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres eiguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil,tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida aservidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos debenguardar conducta fraternal entre sí. "...el principio de igualdad, plasmado en el artículo 4o. de la Constitución Política de la República impone que situaciones iguales sean tratadas normativamente de la misma forma; pero para que el mismo rebase un significado puramente formal y sea realmente efectivo, se impone también que situaciones distintas sean tratadas desigualmente, conforme sus diferencias. Esta Corte ha expresado en anteriores casos que este principio de igualdad hace una referencia a la universalidad de la ley, pero no prohíbe, ni se opone a dicho principio, el hecho que el legislador contemple la necesidad o conveniencia de clasificar y diferenciar situaciones distintas y darles un tratamiento diverso, siempre que tal diferencia tenga una justificación razonable de acuerdo al sistema de valores que la Constitución acoge...” Gaceta No. 24, expediente No. 141- 92, página No. 14, sentencia: 16-06-92. En igual sentido: - Gaceta No. 64, expediente No. 583-01, sentencia: 02-05-02. “... La cláusula precitada reconoce la igualdad humana como principio fundamental, que ha sido estimado en varias resoluciones de esta Corte. Al respecto debe tenerse en cuenta que la igualdad no puede fundarse en hechos empíricos, sino se explica en el plano de la ética, porque el ser humano no posee igualdad por condiciones físicas, ya que de hecho son evidentes sus desigualdades materiales, sino que su paridad deriva de la estimación jurídica. Desde esta perspectiva, la igualdad se expresa por dos aspectos: Uno, porque tiene expresión constitucional; y otro, porque es un principio general del Derecho. Frecuentemente ha expresado esta Corte que el reconocimiento de condiciones diferentes a situaciones también diferentes no puede implicar vulneración del principio de igualdad, siempre que tales diferencias tengan una base de razonabilidad...” Opinión Consultiva emitida por solicitud del Presidente de la República, Gaceta No. 59, expediente No. 482-98, página No. 698, resolución: 04- 11-98. 11 12.
“...en el respeto al principio jurídico del debido proceso, que es un derecho que asiste, en igual proporción, a todas las partes que concurren a juicio y es lo que les permite ejercer su actividad con oportunidades equivalentes cada una en su ámbito de actuación...” Gaceta No. 59, expedientes acumulados Nos. 491-00 y 525-00, página No. 106, sentencia: 16-06-00. En igual sentido: - Gaceta No. 59, expediente No. 746-00, página No. 71, sentencia: 14- 02-01. Véase: - Gaceta No. 48, expediente No. 183-97, página No. 24, sentencia: 20-05-98. - Gaceta No. 46, expediente No. 155-97, página No. 50, sentencia: 12-11-97. “...Esta Corte estima que la libertad personal es un derecho humano, que la Constitución de la República garantiza, de tal suerte, que únicamente por los motivos y en la forma que la misma Constitución y la ley específica de la materia señalan, puede ser restringido...” Gaceta No. 17, expediente No. 209-90, página No. 209, sentencia: 24-09-90. Se menciona en: - Gaceta No. 61, expediente 223-01, sentencia: 03-07-01. Sobre estado civil véase: - Gaceta No. 59, expediente No. 50-01, página No. 137, sentencia: 16-02-01.Artículo 5º.- Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley noprohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidasconforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o poractos que no impliquen infracción a la misma. “...los derechos individuales contenidos en la parte dogmática de la Constitución no son concebidos en forma absoluta; así, el exceso de libertad no es libertad pues importa su ejercicio para unos y la negación del igual derecho que a tal ejercicio tienen los demás. La doctrina del Derecho Constitucional afirma que no pueden existir libertades absolutas y que los derechos individuales son limitados en cuanto a su extensión; ninguna Constitución puede conceder libertades sin sujeción a la ley que establezca los límites naturales que devienen del hecho real e incontrovertible de que el individuo vive en sociedad, en un régimen de interrelación..”. Gaceta No. 22, expediente No. 165-91, página No. 10, sentencia: 10-12-91. 12 13.
"...El artículo 5 de la Constitución Política de la República se refiere a órdenes que no estén basadas en ley y no a resoluciones judiciales que, no solo tienen que estar legalmente fundamentadas, sino razonadas conforme al criterio de quien resuelve, pudiendo todo aquél que se estime afectado y que no se encuentre de acuerdo con lo resuelto, hacer uso de los medios de impugnación que la ley establece para el efecto..." Gaceta No. 4, expediente No. 24-87, página No. 37, sentencia: 15-06-87. Se menciona en: - Gaceta No. 59, expedientes acumulados Nos. 729-00 y 744-00, página No. 501, sentencia: 27-02-01. - Gaceta No. 57, expediente No. 982-99, página No. 13, sentencia: 05-07- 00. - Gaceta No. 36, expediente No. 681-94, página No. 31, sentencia: 26-05- 95. - Gaceta No. 22, expediente No. 165-91, página No. 10, sentencia: 10-12- 91. - Gaceta No. 13, expediente 151-89, página No. 158, sentencia: 28-08-89.Artículo 6º.- Detención Legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino porcausa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicialcompetente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberánser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no excedade seis horas, y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario, o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículoserá sancionado conforme a la ley, y los tribunales, de oficio, iniciarán el procesocorrespondiente. Véase: - Gaceta No. 57, expediente No. 73-00, página No. 285, sentencia: 25-07- 00. - Gaceta No. 43, expediente No. 929-96, página No. 27, sentencia: 24-02- 97. - Gaceta No. 26, expediente No. 356-92, página No. 144, sentencia: 14- 12-92. Se menciona en: - Gaceta No. 30, expediente No. 293-93, página No. 269, sentencia: 13- 12-93. 13 14.
- Gaceta No. 26, expediente No. 356-92, página No. 144, sentencia:14 12 92. - Gaceta No. 5, expediente No. 44-87, página No. 14, sentencia: 05-08- 87.Artículo 7º.- Notificación de la causa de detención. Toda persona detenida deberá sernotificada inmediatamente, en forma verbal y por escrito, de la causa que motivó sudetención, autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá. La misma notificacióndeberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido designe y laautoridad será responsable de la efectividad de la notificación. Se menciona en: - Gaceta No. 56, expediente No. 1233-99, página No. 303, sentencia: 05- 04-00.Artículo 8º.- Derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informadoinmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente quepueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligenciaspoliciales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridadjudicial competente. Véase: - Gaceta No. 56, expediente No. 1233-99, página No. 303, sentencia: 05- 04-00. - Gaceta No. 22, expediente No. 124-91, página No. 50, sentencia: 03-10- 91.Artículo 9º.- Interrogatorio a detenidos o presos. Las autoridades judiciales son lasúnicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Esta diligencia deberápracticarse dentro de un plazo que no exceda de veinticuatro horas. El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio. “...Respecto del plazo referido, el artículo 9° de la Constitución no precisa a partir de qué momento debe computarse, bien fuera del momento de la consignación al tribunal o de la detención de la persona. Esta duda quedó legalmente despejada a tenor del artículo 87 del Código Procesal Penal, que lo determina a partir del momento de la aprehensión. Esto significa, que descontando las seis horas que la autoridad ejecutiva tiene como máximo para consignar a un detenido, quedarían dieciocho horas para hacer 14 15.
comparecer al aprehendido a efecto de que preste su declaración. Estos tiempos, por precarios que parezcan dentro de una realidad de sobrecarga de asuntos a resolver (algunos que exigen la inmediación personal del juez) no exime para que se cumpla con ellos, por tratarse de derechos públicos subjetivos de razonable exigibilidad. La normativa constitucional y la legal persiguen que la detención preventiva o cautelar se prolongue lo menos posible, articulando para ello medidas que, de no ser por conductas específicas, permiten en general un régimen de libertad controlada mediante las denominadas medidas sustitutivas, a fin de hacer prevalecer los valores de la libertad y de presunción de inocencia...” Gaceta No. 57, expediente No. 73-00, página No. 285, sentencia: 25-07-00. Véase: - Gaceta No. 43, expediente No. 929-96, página No. 27, sentencia: 24-02- 97.Artículo 10.- Centro de detención legal. Las personas aprehendidas por la autoridad nopodrán ser conducidas a lugares de detención, arresto o prisión diferentes a los que estánlegal y públicamente destinados al efecto. Los centros de detención, arresto o prisiónprovisional, serán distintos a aquellos en que han de cumplirse las condenas. La autoridad y sus agentes, que violen lo dispuesto en el presente artículo, seránpersonalmente responsables. Esta disposición no ha sido objeto de examen particularizado.Artículo 11.- Detención por faltas o infracciones. Por faltas o por infracciones a losreglamentos no deben permanecer detenidas las personas cuya identidad puedaestablecerse mediante documentación, por el testimonio de persona de arraigo, o por lapropia autoridad. En dichos casos, bajo pena de la sanción correspondiente, la autoridad limitará sucometido a dar parte del hecho a juez competente y a prevenir al infractor, para quecomparezca ante el mismo dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles siguientes. Paraeste efecto, son hábiles todos los días del año, y las horas comprendidas entre las ocho ylas dieciocho horas. Quienes desobedezcan el emplazamiento serán sancionados conforme a la ley. Lapersona que no pueda identificarse conforme a lo dispuesto en este artículo, será puesta adisposición de la autoridad judicial más cercana, dentro de la primera hora siguiente a sudetención. 15 16.
Véase: - Gaceta No. 50, expediente No. 139-98, página No. 149, sentencia: 01- 10-98. Se menciona en: - Gaceta No. 43, expediente No. 929-96, página No. 29, sentencia: 24-02- 97.Artículo 12.- Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos soninviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sidocitado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni porprocedimientos que no estén preestablecidos legalmente. “...Tal garantía consiste en la observancia por parte del tribunal, de todas las normas relativas a la tramitación del juicio y el derecho de las partes de obtener un pronunciamiento que ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre que entraña el procedimiento judicial. Implica la posibilidad efectiva de ocurrir ante el órgano jurisdiccional competente para procurar la obtención de la justicia, y de realizar ante el mismo todos los actos legales encaminados a la defensa de sus derechos en juicio, debiendo ser oído y dársele oportunidad de hacer valer sus medios de defensa, en la forma y con las solemnidades prescritas en las leyes respectivas. Se refiere concretamente, a la posibilidad efectiva de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la persona de su derecho de accionar ante jueces competentes y preestablecidos, de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos, de usar medios de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una violación de la garantía constitucional del debido proceso...” Gaceta No. 54, expediente 105-99, página No. 49, sentencia: 16-12-99. En igual sentido: - Gaceta No. 60, expediente No. 70-01, página No. 948, sentencia: 07-06- 01. - Gaceta No. 60, expediente No. 141-01, página No. 1140, sentencia: 27- 06-01. “ B) Existe violación constitucional y al principio del debido proceso, cuando una instancia superior reforma la sentencia apelada en perjuicio del apelante, lo cual es revisable por vía del amparo...” Gaceta No. 59, 16 17.
expedientes acumulados 1062-99 y 1069-99, página No. 185, sentencia:28-02-01.“...Los derechos de audiencia y al debido proceso reconocidos en el artículo12 de la ley fundamental, al provenir de una norma general prevista en laparte dogmática, deben tener plena observancia en todo procedimiento enque se sancione, condene o afecten derechos de una persona. Tienenmayor relevancia y características en los procesos judiciales es cierto, perosu aplicación es imperativa en todo tipo de procedimientos, aún ante laadministración pública y Organismo Legislativo y cualquier otra esfera deactuación, media vez, por actos de poder público, se afecten derechos deuna persona. Tales derechos abarcan la potestad de ser oído, de ofrecer yproducir medios de prueba y de rebatir las argumentaciones deducidas, y elpronunciamiento definitivo de conformidad con la ley. Su observancia esvital por cuanto determina protección de los derechos de la persona yfortalece la seguridad jurídica... En caso semejante, refiriéndose a lagarantía constitucional de audiencia, esta Corte ha expresado que ‘Se trata,en cada uno de los procedimientos que leyes de diversa índole han previsto,de satisfacer la exigencia de oír adecuadamente a quien la denuncia afecte,a fin de llevar a cabo el iter procesal, porque es la audiencia la que legítimala labor de ponderación del asunto que la autoridad deba decidir, salvo,desde luego, frente al silencio del obligado a responder, que puede obrarcomo tácito asentimiento del hecho por el cual se le cuestiona (...) Estederecho de la persona ha sido virtualmente la principal preocupación de estaCorte en el ejercicio de su competencia en amparo, habiéndose establecidosu doble condición de derecho propio y garantía de otros derechos. Eldesarrollo jurisprudencial ha ido perfilando los alcances de este derecho y,en particular, en lo que al caso examinado concierne, la garantía deaudiencia. Pasados doce años de análisis constante por esta Corte de loselementos que integran el debido proceso, debe considerarse consolidado elprincipio de que la audiencia prevista en las leyes procesales es no sólofundamental sino elemental (...) Siendo el amparo una protección de losderechos de la persona cuando a ésta se le ha inferido agravio, no puedetenerse como causa fenecida aquella en la que una de las partes no hatenido oportunidad de defensa, o que se le haya privado de sus derechos sinlas garantías del debido proceso, siendo entre éstas de valor capital el de laaudiencia o citación, que implican la base de un verdadero juicio (...) Envirtud de la supremacía constitucional, todo el ordenamiento jurídico debeguardar armonía con los valores, principios y normas, por lo que en materiaadministrativa, como en cualquier otra, el derecho de defensa y el deaudiencia deben sostenerse plenamente (...) respecto del proceso legal (...)no pueden tenerse como iguales los judiciales con los administrativos, porexistir en la legislación diferentes regulaciones, las que responden a la 17 18.
naturaleza de cada uno de ellos, siendo, eso sí, aplicables a ambos aquellosprincipios que son fundamentales en todo sistema de Derecho.’...el derechoprimario en todo procedimiento por medio del cual se pretenda afectar a unapersona, es el derecho de la defensa jurídica, el cual se origina desde laoportunidad de audiencia debida al afectado, con el objeto de que éstealegue lo que considere pertinente respecto de la imputación que se leformula...” Gaceta No. 57, expediente No. 272-00, página No. 121,sentencia: 06-07-00.“...dicha norma “se refiere a una garantía para la protección de los derechosindividuales, en este caso una garantía judicial que se refiere al propioórgano jurisdiccional, el Juez natural o Juez legal. Consiste en la atribuciónde potestades para juzgar a aquel Juez o Tribunal predeterminados por laley y que evita el funcionamiento del Juez ad hoc o ex post ipso y muchomenos, los tribunales secretos, proscritos terminantemente por laConstitución Política.” Gaceta No. 60, expediente No. 107-01, página No.752, sentencia: 02-05-01.“...Sin embargo, cabe hacer énfasis en el hecho de que dicho principio no seagota con el sólo cumplimiento de las fases que conforman los procesos -cualquiera que sea su índole-, pues es necesario que en cada una de ellasse respeten los derechos que la ley confiere a las partes de acuerdo alderecho que ejercitan. De ahí que en la sustanciación de un proceso bienpodrían consumarse todas las etapas necesarias para su tramitación pero,si en una o varias de ellas se impide o veda a las partes el uso de underecho, ello se traduce en violación del derecho al debido proceso...”Gaceta No. 59, expedientes acumulados Nos. 491-00 y 525-00, página No.106, sentencia: 16-06-00.“...Esta disposición constitucional garantiza el derecho de defensa yestablece el derecho de audiencia, da oportunidad que surja el contradictorionecesario y permite el acceso a la jurisdicción que habrá de dirimir o resolverel conflicto de intereses que se hubiere suscitado entre personasdeterminadas....” Gaceta No. 61, expediente No. 551-01, sentencia: 19-09-01.En igual sentido:- Gaceta No. 46, expedientes acumulados Nos. 526-97 y 583-97, página No. 110, sentencia: 20-11-97.- Gaceta No. 44, expedientes acumulados Nos. 986-96 y 987-96, página No. 45, sentencia: 01-04-97.- Gaceta No. 26, expediente No. 366-92, página No. 151, sentencia: 15- 12-92. 18 19.
“..la garantía del debido proceso no sólo se cumple cuando en un proceso se desarrollan los requisitos procedimentales que prevé la ley y se le da oportunidad de defensa a ambas partes de esa relación procesal, sino que también implica que toda cuestión litigiosa debe dirimirse conforme disposiciones normativas aplicables al caso concreto con estricto apego a lo que dispone el artículo 204 de la Constitución y que se viola el debido proceso si a pesar de haberse observado meticulosamente el procedimiento en la sentencia se infringen principios que le son propios a esta garantía constitucional...” Gaceta No. 61, expediente No. 712-01, sentencia: 19-09- 01. Véase: - Gaceta No. 59, expediente No. 704-00, página No. 481, sentencia: 21- 02-01. - Gaceta No. 58, expediente No. 646-00, página No. 198, sentencia: 06- 12-00. - Gaceta No. 57, expediente No. 421-00, página No. 490, sentencia: 29- 08-00. - Gaceta No. 56, expediente No. 832-99, página No. 352, sentencia: 12- 04-00. - Gaceta No. 50, expediente No. 327-98, página No. 332, sentencia: 17- 11-98. - Gaceta No. 44, expediente No. 894-96, página No. 133, sentencia: 01- 04-97. - Gaceta No. 39, expediente No. 780-95, página No. 663, sentencia: 28- 03-96. Se menciona en: - Gaceta No. 63, expediente No. 638-01, sentencia: 10-01-02. - Gaceta No. 62, expediente No. 1108-01, sentencia: 7-11-01.Artículo 13.- Motivos para auto de prisión. No podrá dictarse auto de prisión, sin quepreceda información de haberse cometido un delito y sin que concurran motivosracionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado enél. "...Esta norma se refiere concretamente a la institución procesal conocida como prisión provisional, porque aunque omite el calificativo, es indudable que no se refiere a la prisión como pena, en cuyo caso diría sentencia y no auto, y tampoco se trata de la detención... porque la autoridad administrativa no dicta autos, sino actúa de hecho en materia de privación 19 20.
de la libertad de las personas cuando concurren las circunstancias legales necesarias para detenerlas..... La regla general es la libertad personal, por lo que la excepción es la prisión provisional. Los procesalistas coinciden en señalar que ésta es un mal necesario, que solamente se justifica por su finalidad asegurativa o cautelar (en donde entrarían los valores seguridad y bien común)... Según este marco legal superior, la prisión provisional tiene la naturaleza jurídica de una medida cautelar o asegurativa, y se configuran en ella los siguientes elementos: 1. Debe ser la excepción. 2. No debe ser pena anticipada, esto es que en ningún caso pueda ser aplicada con fines punitivos... 3.No debe ser obligatoria, esto es, como lo afirma el Consejo de Europa en su resolución 11/86 que la Autoridad judicial ha de ser libre para tomar su decisión teniendo en cuenta las circunstancias del caso; y 4.Debe durar lo menos posible.. El conocido procesalista Fenech al referirse al sujeto pasivo de la prisión provisional dice que es aquella persona sobre la que recaigan indicios vehementes de haber llevado a cabo un hecho que reviste los caracteres de delito, y, al referirse a los presupuestos subjetivos de la decisión, menciona que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión. (Derecho Procesal Penal, Ed. Labor, 3a. Ed. Tomo II, págs. 824-825)..." Gaceta No. 4, expedientes acumulados Nos. 69- 87 y 70-87, página No. 9, sentencia: 21-05-87. Véase: - Gaceta No. 57, expediente No. 17-00, página No. 175, sentencia: 07-09- 00. - Gaceta No. 54, expediente No. 105-99, página No. 43, sentencia: 16-12- 99. - Gaceta No. 45, expediente No. 572-97, página No. 59, sentencia: 11-09- 97. - Gaceta No. 27, expediente No. 87-92, página No. 107, sentencia: 21-01- 93. - Gaceta No. 17, expediente No. 209-90, página No. 209, sentencia: 24-09- 90. Las autoridades policiales no podrán presentar de oficio, ante los medios decomunicación social, a ninguna persona que previamente no haya sido indagada portribunal competente. “...Este precepto, que entra en armonía con el principio de presunción de inocencia contemplado en el artículo 14 de ese cuerpo de normas fundamentales, conlleva diversos objetivos, pero para el caso puede inferirse uno básico y de carácter garantista que tiende a proteger entre otros aspectos no sólo el derecho a la honra y la dignidad del que se ha hecho 20 21.
mérito, sino también la seguridad y, ante todo, el derecho a la intimidad de aquel individuo que se ve sometido a persecución penal por parte del Estado. Esta protección no debe entenderse limitada sólo a favor de quien se presume vinculado en la comisión de un ilícito penal, sino que con mayor razón a favor de quien por error -atribuido a autoridad administrativa o judicial- ha visto aparecer su nombre y su imagen -como elementos que lo identifican- en un medio de comunicación social, sindicado de participar en aquella comisión...” Gaceta No. 44, expediente No. 1281-96, página No. 378, sentencia: 27-05-97. Véase: - Gaceta No. 62, expediente No. 1034-01, sentencia: 17-10-01. - Gaceta No. 1, expediente No. 12-86, página No. 6, sentencia: 17-09-86.Artículo 14.- Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona esinocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentenciadebidamente ejecutoriada. “...el artículo 14 constitucional reconoce, en su primer párrafo, el derecho fundamental de toda persona a la que se impute la comisión de hechos, actos u omisiones ilícitos o indebidos a que se presuma su inocencia durante la dilación del proceso o expediente en el que se conozca la denuncia, y hasta en tanto no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. Se trata, entonces, de una presunción iuris tantum...” Gaceta No. 47, expediente No. 1011-97, página No. 109, sentencia: 31-03-98. "...una presunción iuris tantum”, dirigida a garantizar al sindicado que no podrá sufrir pena o sanción que no tenga fundamento en prueba pertinente, valorada por un tribunal con eficacia suficiente para destruir la presunción y basar un fallo razonable de responsabilidad, porque, en caso contrario, el principio constitucional enunciado prevalecerá en su favor...” Gaceta No. 60, expediente No. 288-00, página No. 115, sentencia 02-05- 01. En igual sentido: - Gaceta No. 60, expediente No. 288-01, página No. 115, sentencia: 02- 05-01. - Gaceta No. 54, expediente No. 105-99, página No. 43, sentencia: 16-12- 99. Véase: 21 22.
- Gaceta No. 58, expediente No. 1167-00, página No. 119, sentencia: 28- 11-00. - Gaceta No. 1, expediente No. 12-86, página No. 6, sentencia: 17-09-86. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sidodesignados por los interesados, en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer,personalmente, todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reservaalguna y en forma inmediata. "...En concordancia con la citada disposición, el artículo 314 del Código Procesal Penal establece que las actuaciones sólo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios. No obstante, quienes tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación, estarán obligados a guardar reserva...” Gaceta No. 35, expediente No. 538-94, página No. 250, sentencia: 10-03-95. Se menciona: - Gaceta No. 64, expediente No. 1892-01, sentencia: 12-06-02.Artículo 15.- Irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo enmateria penal cuando favorezca al reo. "...La regla general es que la ley es de aplicación inmediata y que rige para el futuro a partir de su promulgación; que se aplica en el presente, que no puede ser aplicada al pasado y que rige los efectos posteriores a su vigencia, aunque deriven de hechos anteriores a ella. La retroactividad consiste en la traslación de la aplicación de una norma jurídica creada en un determinado momento, a uno anterior al de su creación, por lo que se contemplan ciertas situaciones fácticas pretéritas que estaban reguladas por normas vigentes al tiempo de su realización. Existe cuando la nueva disposición legal vuelve al pasado para apreciar condiciones de legalidad de un acto, o para modificar los efectos de un derecho plenamente realizado. Son leyes retroactivas aquéllas que vuelven sobre los efectos ya consumados bajo el imperio de una ley anterior, y el sólo hecho de hacer referencia al pasado no es suficiente para calificarlas como tales, porque son las consecuencias nuevas las que se rigen por la ley nueva. El artículo 15 de la Constitución Política dice que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. En armonía con esa disposición, el artículo 7 de la Ley del Organismo Judicial dice: La ley no tiene efecto retroactivo ni modifica derechos adquiridos. No existe en el ordenamiento jurídico guatemalteco ningún precepto que defina o determine cuándo una 22 23.
ley deba calificarse de retroactiva; sin embargo, la última norma transcritahace referencia a los derechos adquiridos, que es uno de los conceptos quesirve de fundamento a ciertas corrientes doctrinarias para explicar losalcances del principio de la no retroactividad de la ley. La legislaciónguatemalteca, puede afirmarse, ha optado -entre las diversas teorías- por lade los derechos adquiridos, la que tiene, como todas las demás sobre estamateria, una conceptualización todavía imprecisa. Para que una ley searetroactiva, es indispensable que obre sobre el pasado y que lesionederechos plenamente adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, paramodificarlos. El derecho adquirido existe cuando se consolida una facultad,un beneficio o una relación en el ámbito de la esfera jurídica de una persona;por el contrario, la expectativa de derecho es la esperanza o pretensión deque se consoliden tales facultades, beneficios o relaciones; en tal caso, elderecho existe potencialmente, pero no ha creado una situación jurídicaconcreta, no se ha incorporado en el ámbito de los derechos del sujeto. Poresto, el principio de irretroactividad sólo es aplicable a los derechosconsolidados, asumidos plenamente, a las situaciones agotadas o a lasrelaciones jurídicas consagradas; y no a las simples expectativas dederechos ni a los pendientes o futuros. Como ha asentado el TribunalConstitucional de España: La potestad legislativa no puede permanecerinerme ni inactiva ante la realidad social y las transformaciones que la mismaimpone, so pena de consagrar la congelación del ordenamiento jurídico o laprohibición de modificarlo. Obvio es que al hacerlo ha de incidir, por fuerza,en las relaciones o situaciones jurídicas preexistentes, mas sólo se incidiríaen inconstitucionalidad si aquellas modificaciones del ordenamiento jurídicoincurrieran en arbitrariedad o en cualquier otra vulneración de la normasuprema... la invocación del principio de irretroactividad no puedepresentarse como una defensa de una inadmisible petrificación delordenamiento jurídico... Lo que prohíbe el artículo 9.3 es la retroactividadentendida como incidencia de la nueva ley en los efectos jurídicos yaproducidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en losderechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro, no pertenece al campoestricto de la irretroactividad (Sentencias 99/1987 de once de junio; 42/1986de diez de abril y 129/1987 de dieciséis de julio). El principio debe aplicarsecon suma prudencia, y relacionarse con el esquema general de valores yprincipios que la Constitución reconoce y adopta, así como con el régimende atribuciones expresas que corresponden a los diversos órganosconstitucionales. Planiol afirma al respecto: La ley es retroactiva cuando ellaactúa sobre el pasado; sea para apreciar las condiciones de legalidad de unacto, sea para modificar y suprimir los efectos de un derecho ya realizado.Fuera de esto no hay retroactividad, y la ley puede modificar los efectosfuturos de hechos o de actos anteriores sin ser retroactiva. Como haasentado esta Corte, no hay retroactividad en la disposición que regula 23 24.
situaciones pro futuro pero que tienen su antecedente en hechos ocurridos con anterioridad..." Gaceta No. 20, expediente No. 364-90, página No. 19, sentencia: 26-06-91. “...Esta Corte ha aceptado la inconstitucionalidad sobrevenida de normas, pero por incongruencia material, no así la referente a aspectos formales o de creación. Todo ello determina la improcedencia de la inconstitucionalidad planteada en cuanto al acuerdo estudiado se refiere...” Gaceta No. 59, expediente No. 1103-00, página No. 41, sentencia: 27-03-01. Véase: - Gaceta No. 43, expediente No. 963-96, página No. 182, sentencia: 29-01- 97. - Gaceta No. 41, expedientes acumulados Nos. 886-96, 887-96, 889-96, 944-96 y 945-96; página No. 23, sentencia: 11-09-96. - Gaceta No. 39, expediente No. 617-95, página No. 86, sentencia: 25-01- 96 - Gaceta No. 39, expediente No. 472-94, página No. 43, sentencia: 12-03- 96. - Gaceta No. 25, expedientes acumulados Nos. 217-91 y 221-91, página No. 13, sentencia: 06-08-92. - Gaceta No. 18, expediente No. 280-90, página No. 95, sentencia: 19-10- 90. Se menciona: - Gaceta No. 57, expediente No. 174-00, página No. 25, sentencia: 11-07- 00.Artículo 16.- Declaración contra sí y parientes. En proceso penal, ninguna personapuede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida dehecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley. Véase: - Gaceta No. 7, expediente No. 300-87, página No. 13, sentencia: 05-02- 88.Artículo 17.- No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones uomisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a superpetración. 24 25.
No hay prisión por deuda. "...En el orden penal este principio tiene una trayectoria histórica que condujo a la proclamación de la máxima nullum crimen, nulla poena sine lege como una lucha por el Derecho. Opera como opuesto al ius incertum, por lo que, además de su significación en el orden jurídico penal, la máxima alcanzó jerarquía constitucional. De ahí que el constitucionalismo moderno lo incluya en el cuadro de los derechos humanos... En parecidos términos se expresa en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento no fueran delictivos según el derecho aplicable. El principio postula que solamente la ley es fuente formal del Derecho Penal, por lo que impone al legislador la prohibición de dictar leyes penales de contenido indeterminado...” Gaceta No. 1, expediente No. 12-86, página No. 9, sentencia: 17-09-86. Se menciona en: - Gaceta No. 61, expediente No. 918-00, sentencia: 02-08-01. - Gaceta No. 50, expediente No. 194-98, página No. 42, sentencia: 21-10- 98. - Gaceta No. 37, expediente No. 313-95, página No. 113, sentencia: 29- 08-95.Artículo 18.- Pena de muerte. La pena de muerte no podrá imponerse en los siguientescasos: a) Con fundamento en presunciones; b) A las mujeres; c) A los mayores de sesenta años; d) A los reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos; y e) A reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición. Contra la sentencia que imponga la pena de muerte, serán admisibles todos losrecursos legales pertinentes, inclusive el de casación; éste siempre será admitido para sutrámite. La pena se ejecutará después de agotarse todos los recursos. El Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte. "...las Constituciones hacen referencia a la pena de muerte, pero no para establecerla, sino para fijar los casos en que no podrá imponerse y reforzar las garantías procesales de que dispone aquella persona que resultare condenada a dicha pena. Establecen excepciones, pero la referencia común 25 26.
es que la ley determina los delitos en que procede imponerla. NuestraConstitución sigue una orientación restrictiva y abolicionista de la pena demuerte, toda vez que el artículo 18 citado contempla la posibilidad de abolirladel ordenamiento jurídico y faculta para ello al Congreso de la República, sinque tal decisión implique reforma constitucional, por lo que no requiere delrigorismo que debe cumplirse para reformar parcialmente las demás normasde la Constitución... la pena de muerte tiene carácter extraordinario, demanera que está prevista únicamente para los responsables de la comisiónde determinados delitos... dejando a criterio razonado del juzgador suaplicación cuando estime que las circunstancias en las que se cometió elhecho, la manera de como se realizó y los móviles, revelen una mayor oparticular peligrosidad del autor del hecho... E) CONCLUSIONES: De loanalizado, se desprende: Primero: Conforme a la Constitución Política de laRepública y los Tratados aprobados y ratificados por Guatemala, la pena demuerte se encuentra vigente. Segundo: En consecuencia, la pena de muerteexiste legalmente y su aplicación está regulada en la Constitución Política dela República y en el Código Penal...." Solicitud de Opinión Consultivapresentada por el Presidente de la República, Gaceta No. 29, expedienteNo. 323-93, página No. 9, resolución: 22-05-93 .“...Repercutiendo seriamente la decisión en una sociedad crispada por laodiosidad del delito de plagio o secuestro y por su crecimientoexponencial, de lo que es reflejo la frecuencia y la intensidad con que ellegislador últimamente ha tratado de contenerlo por medio de la gravedadde la pena (durante casi sesenta años lo castigó con pena que no rebasólos quince años de prisión y en los últimos cinco la elevó a cincuenta añosde prisión y la de muerte), esta Corte no puede ser insensible a eseclamor que puede ser de la mayoría de la población. Sin embargo, talesconsideraciones de carácter político no pueden ser oponibles a las deética jurídica que le ha encomendado la Constitución, de la que constituyesu intérprete y garante... ‘la norma, tal como quedó definitivamente, enconcreto, en cuanto a la frase que reza ‘y cuando ésta no pueda serimpuesta’ no fijó necesariamente la pena de muerte para todos los casosde autores de plagio o secuestro, pues distingue situaciones en las cualesaquella pena máxima no puede aplicarse, en cuyo caso procede la deprisión de veinticinco a cincuenta años...”. Gaceta No. 58, expediente No.30-00, página No. 140, sentencia: 31-10-00.Véase:- Gaceta No. 60, expediente No. 872-00, página No. 366, sentencia: 28- 06-01.- Gaceta No. 44, expediente No. 233-97, página No. 111, sentencia: 18-06- 97. 26 27.
- Gaceta No. 43, expediente No. 221-94, página No. 17, sentencia: 12-02- 97. Se menciona en: - Gaceta No. 59, expediente No. 366-00, página No. 113, sentencia: 25-01- 01. - Gaceta No. 58, expediente No. 555-00, página No. 165, sentencia: 21-11- 00. - Gaceta No. 56, expediente No. 1174-99, página No. 607, sentencia: 20- 06-00.Artículo 19.- Sistema penitenciario. El sistema penitenciario debe tender a lareadaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir en el tratamiento de losmismos, con las siguientes normas mínimas: a) Deben ser tratados como seres humanos; no deben ser discriminados por motivo alguno, ni podrán infligírseles tratos crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles con su estado físico, acciones denigrantes a su dignidad, o hacerles víctimas de exacciones, ni ser sometidos a experimentos científicos; b) Deben cumplir las penas en los lugares destinados para el efecto. Los centros penales son de carácter civil y con personal especializado; y c) Tienen derecho a comunicarse, cuando lo soliciten, con sus familiares, abogado defensor, asistente religioso o médico, y en su caso, con el representante diplomático o consular de su nacionalidad. La infracción de cualquiera de las normas establecidas en este artículo, da derechoal detenido a reclamar del Estado la indemnización por los daños ocasionados y la CorteSuprema de Justicia ordenará su protección inmediata. El Estado deberá crear y fomentar las condiciones para el exacto cumplimiento delo preceptuado en este artículo. "...El espíritu del artículo 19 Constitucional se refiere expresamente a "readaptación social", esto es, a un eficaz tratamiento del recluso orientado a su readaptación social y reeducación. Para la readaptación han existido distintos sistemas, entre ellos, el progresivo, a través de un seguimiento de la conducta y el de individualización científica; pero ambos casos se refieren a sistemas a practicar en los establecimientos penitenciarios. Lo que aquí decimos coincide exactamente con el texto del mismo artículo 19 comentado 27 28.
que finaliza diciendo: ‘...y a la reeducación de los reclusos y cumplir con EL TRATAMIENTO de los mismos...’ Las normas mínimas para ese tratamiento, las desarrolla la Constitución en los incisos a), b) y c) del comentado artículo 19, y ninguno de ellos se refiere a reducciones en las penas sino a tratamiento institucionalizado. No es a través de una rebaja general de penas, como pueden alcanzarse las condiciones mínimas que permitan la reeducación y re inserción social del condenado a la pena privativa de libertad, y aunque no sea esta pena la panacea que va a resolver el problema de la antisocialidad, por el momento nuestra política criminal no tiene más remedio que seguir recurriendo en gran número de casos a este tipo de sanción...” Opinión Consultiva emitida a solicitud del Organismo Legislativo. Gaceta No. 3, expediente No. 170-86, página No. 2, resolución: 28-01-87. Se menciona en: - Gaceta No. 12, expediente No. 56-89, página No. 38, sentencia: 02-05- 89.Artículo 20.- Menores de edad. Los menores de edad que transgredan la ley soninimputables. Su tratamiento debe estar orientado hacia una educación integral propiapara la niñez y la juventud. Los menores, cuya conducta viole la ley penal, serán atendidos por instituciones ypersonal especializado. Por ningún motivo pueden ser recluidos en centros penales o dedetención destinados para adultos. Una ley específica regulará esta materia. Se menciona en: - Gaceta No. 54, expediente No. 406-99, página No. 15, sentencia: 04-11- 99. - Gaceta No. 29, expediente No. 323-93, página No. 9, sentencia: 22-09- 93.Artículo 21.- Sanciones a funcionarios o empleados públicos. Los funcionarios,empleados públicos u otras personas que den o ejecuten órdenes contra lo dispuesto enlos dos artículos anteriores, además de las sanciones que les imponga la ley, serándestituidos inmediatamente de su cargo, en su caso, e inhabilitados para el desempeño decualquier cargo o empleo público. El custodio que hiciere uso indebido de medios o armas contra un detenido o preso,será responsable conforme a la Ley Penal. El delito cometido en esas circunstancias esimprescriptible. 28 29.
Esta disposición no ha sido objeto de examen particularizado.Artículo 22.- Antecedentes penales y policiales. Los antecedentes penales y policialesno son causa para que a las personas se les restrinja en el ejercicio de sus derechos queesta Constitución y las leyes de la República les garantizan, salvo cuando se limiten porley, o en sentencia firme, y por el plazo fijado en la misma. Véase: - Gaceta No. 4, expedientes acumulados Nos. 69-87 y 70-87, página No. 7, sentencia: 21-05-87.Artículo 23.- Inviolabilidad de la vivienda. La vivienda es inviolable. Nadie podrápenetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juezcompetente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las seis nidespués de las dieciocho horas. Tal diligencia se realizará siempre en presencia delinteresado, o de su mandatario. “...es un derecho fundamental que viene figurando en nuestro sistema constitucional desde la Constitución Federal de Centro América, en su artículo 168. Se le considera derivado del derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona y guarda relación con el valor seguridad, reconocidos por la Constitución vigente. Aparte de ser un derecho directamente aplicable, está desarrollado por la legislación ordinaria, particularmente por la tutela jurídico-penal... Según la disposición constitucional (artículo 23), para entrar a la morada ajena es necesario el permiso de quien la habita o la autorización judicial. Es precisamente esta nota de consentimiento, expreso o tácito, o la autorización judicial que suple el acto de voluntad del habitante de la vivienda, las que no podrían ser alteradas por un precepto reglamentario...” Gaceta No. 8, expediente No. 25-88, página No. 41, sentencia: 26-05-88. “...Al respecto, esta Corte estima que aunque esta norma se circunscribe a la “vivienda” la previsión debe extenderse a la esfera privada de acción de las personas, tales como el de sus actividades profesionales, negocios o empresas. La protección constitucional del domicilio de las personas implica claramente que el ingreso por parte de la autoridad no puede hacerse sino con autorización del dueño, y, a falta de dicha licencia, por orden de juez competente que especificará el motivo de la diligencia, que nunca podrá practicarse antes de las seis ni después de las dieciocho horas. De manera que la facultad concedida para “realizar investigaciones y 29 30.
practicar reconocimientos en cualquier local, edificio o establecimiento” debe entenderse limitada a cumplirlas como la Constitución dispone. Debe, entonces, tenerse presente que para ingresar a la vivienda ajena, salvo orden judicial correctamente emitida, será siempre necesaria la autorización del morador, y que no es indispensable que la oposición se manifieste de manera expresa, sino que basta que conste o se revele de algún modo. Al respecto, en lo aplicable, téngase presente la doctrina contenida en la Sentencia de esta Corte de veintiséis de mayo de mil novecientos ochenta y ocho en cuanto al análisis del artículo 16 del Acuerdo Gubernativo de veintiséis de junio de mil novecientos treinta (expediente 25-88)...”. Opinión Consultiva emitida por solicitud del Presidente de la República, Gaceta No. 59, expediente No. 482-98, página No. 697, resolución: 04-11-98.Artículo 24.- Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros. Lacorrespondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables. Sólo podránrevisarse o incautarse, en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con lasformalidades legales. Se garantiza el secreto de la correspondencia y de lascomunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnologíamoderna. Los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos,tasas, arbitrios y contribuciones, podrán ser revisados por la autoridad competente deconformidad con la ley. Es punible revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades,pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas a personasindividuales o jurídicas, con excepción de los balances generales, cuya publicación ordenela ley. Los documentos o informaciones obtenidas con violación de este artículo noproducen fe ni hacen prueba en juicio. “...debe ponerse atención en la primera parte del artículo 24 de la Constitución que se refiere a la correspondencia de toda persona, sus documentos y libros. El hecho de referirse directamente a persona, indica que se trata de correspondencia, documentos y libros de carácter privado; las contabilidades y documentos mercantiles no tienen este carácter, se rigen por el artículo 43 de la Carta Magna, que reconoce la libertad de industria y de comercio, pero con las limitaciones que impongan las leyes, pues si las autoridades competentes no pudieran revisar tales contabilidades, nunca podrían garantizar que las empresas de esa índole cumplen con la Ley, ni informar a los Tribunales competentes, cuando las infracciones caigan bajo aquella jurisdicción, y desnaturalizaría el carácter público de esta clase de documentación, cuya operación está sujeta a las 30 31.
autoridades correspondientes y permiten a los comerciantes formar títulos y probanzas, con eficacia frente a otras personas. (Título III Libro II Código de Comercio y Artículos 189 y 327, inciso 5o., del Código Procesal Civil y Mercantil). La disposición relativa a que ‘los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones podrán ser revisadas por la autoridad competente de conformidad con la ley,’ no es una disposición exceptiva, sino normativa de una situación distinta de la anteriormente comentada, por lo que no excluye a otras actividades que no enumera. Por otra parte, la Constitución impone al Estado, como fin supremo el bien común (Artículo 2o.) y específicamente, la defensa de los consumidores en cuanto a la preservación de sus legítimos intereses económicos, estableciendo que su régimen económico y social se funda en principios de orden social (Artículo 118), por lo que, aún cuando el artículo 24 constitucional fuera aplicable a las contabilidades y libros de las empresas, esta garantía no podría llegar al extremo de hacer nugatoria la obligación que impone al Estado el inciso i) del artículo 119 de la propia Constitución y lo dispuesto por los otros artículos de ella citados, por lo que, para este caso específico, tendrían que prevalecer las disposiciones de los artículos 118 y 199 por cumplir con un deber de interés social...” Gaceta No. 1, expediente No. 12-86, página No. 8, sentencia: 17-09-86. En igual sentido: - Gaceta No. 60, expediente No. 610-01, página No. 1062, sentencia: 19- 06-01. Véase: - Gaceta No. 35, expediente No. 296-94, página No. 15, sentencia: 26-01- 95. - Gaceta No. 10, expediente No. 123-88, página No. 8, sentencia: 19-10- 88.Artículo 25.- Registro de personas y vehículos. El Registro de las personas y de losvehículos, sólo podrá efectuarse por elementos de las fuerzas de seguridad cuando seestablezca causa justificada para ello. Para ese efecto, los elementos de las fuerzas deseguridad deberán presentarse debidamente uniformados y pertenecer al mismo sexo delos requisados, debiendo guardarse el respeto a la dignidad, intimidad y decoro de laspersonas. Se menciona en: - Gaceta No. 25, expediente No. 68-92, página No. 23, sentencia: 12-08- 92. 31 32.
Artículo 26.- Libertad de Locomoción. Toda persona tiene libertad de entrar,permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sinmás limitaciones que las establecidas por la ley. No podrá expatriarse a ningún guatemalteco, ni prohibírsele la entrada al territorionacional o negársele pasaporte u otros documentos de identificación. Los guatemaltecos pueden entrar y salir del país sin llenar el requisito de visa. La ley determinará las responsabilidades en que incurran quienes infrinjan estadisposición. "...dicha libertad incluye la de entrar o salir del territorio nacional, y asimismo, la prohibición de que se le niegue el pasaporte a ningún guatemalteco, documento que, por mandato de ley, es necesario para hacer efectivo el derecho de locomoción al exterior..." Gaceta No. 5, expediente No. 89-87, página No. 160, sentencia: 23-09-87.Artículo 27.- Derecho de asilo. Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga deacuerdo con las prácticas internacionales. La extradición se rige por lo dispuesto en tratados internacionales. Por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos, quienes enningún caso serán entregados a gobierno extranjero, salvo lo dispuesto en tratados yconvenciones con respecto a los delitos de lesa humanidad o contra el derechointernacional. No se acordará la expulsión del territorio nacional de un refugiado político, condestino al país que lo persigue. "...esta Corte considera oportuno expresar que el artículo 27 de la Constitución de la República, que contempla lo relativo a la extradición y sujeta su regulación a lo que para el efecto se establezca en los Tratados Internacionales, puntualiza dos aspectos de esta institución, que son: la extradición activa y la pasiva; y, así, se ve que el tercer párrafo del artículo 27 citado, que preceptúa que Por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos..., se refiere a la extradición activa e indica que el Estado de Guatemala tiene prohibido solicitar a otro Estado la entrega de un guatemalteco, con la intención de someterlo a la justicia nacional, cuando lo esté persiguiendo por delitos políticos. En la parte siguiente de 32 33.
este párrafo, la Constitución refiriéndose a los guatemaltecos, contempla otro supuesto, cuando dice: ... quienes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero...; como se ve, esta norma regula la extradición pasiva y tiene un carácter general y prohibitivo, que impide que los guatemaltecos sean entregados por el Estado de Guatemala a gobierno extranjero que los reclame. Esta prohibición tiene sus excepciones y es cuando se trate de delitos de lesa humanidad o contra el Derecho Internacional, siempre que así se haya dispuesto en tratados y convenciones..." Gaceta No. 35, expediente No. 458-94, página No. 31, sentencia: 21-02-95. Véase: - Gaceta No. 28, expediente No. 137-92, página No. 27, sentencia: 17-06- 93. - Gaceta No. 23, expediente No. 308-91, página No. 121, sentencia: 04-03- 92.Artículo 28.- Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienenderecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que estáobligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa el término para resolver las peticiones y notificar lasresoluciones no podrá exceder de treinta días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientesque se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente elpago previo del impuesto o garantía alguna. "...De conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Constitución, los habitantes de la República tienen el derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y resolverlas conforme a la ley. Este precepto, en concordancia con el artículo 10 inciso f) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, establece que en materia administrativa el término máximo para resolver y notificar las resoluciones es el que señala la ley específica aplicable al caso concreto o, en su defecto, el de treinta días. En caso de que la autoridad omita el cumplimiento de la obligación referida en dicho término el interesado puede acudir al amparo para que se fije un plazo razonable a efecto de que cese la demora en resolver y notificar...” Gaceta No. 54, expediente No. 661-99, página No. 296, sentencia: 27-10-99. En igual sentido: 33 34.
- Gaceta No. 40, expediente No. 958-95, página No. 56, sentencia: 11- 06-96. - Gaceta No. 35, expediente No. 256-94, página No. 145, sentencia: 31- 01-95. “...La potestad de los administrados de dirigir peticiones a la autoridad, individual o colectivamente, se encuentra garantizada como un derecho subjetivo público en el artículo 28 constitucional. De ello deviene la obligación del órgano ante el cual se formule la solicitud de resolver, acogiendo o denegando la pretensión, dentro del plazo que la ley rectora del acto establece...” Gaceta No.61, expediente No. 1161-00, sentencia: 18-07- 01. Véase: - Gaceta No. 59, expediente No. 782-00, página No. 284, sentencia: 04-01- 01. - Gaceta No. 56, expediente No. 235-00, página No. 510, sentencia: 24-05- 00. - Gaceta No. 50, expediente No. 1028-97, página No. 403, sentencia: 26- 11-98. - Gaceta No. 26, expediente No. 254-92, página No. 59, sentencia: 07-10- 92. Se menciona en: - Gaceta No. 63, expediente No. 1270-01, sentencia: 12-02-02. - Gaceta No. 59, expedientes Nos. 729-00 y 744-00, página No. 515, sentencia: 27-02-01. - Gaceta No. 57, expediente No. 982-99, página No. 13, sentencia: 05-07- 00. - Gaceta No. 56, expediente No. 95-00, página No. 624, sentencia: 21-06- 00. - Gaceta No. 1, expediente No. 12-86, página No. 10, sentencia: 17-09-86.Artículo 29.- Libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda personatiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado, para ejercer susacciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso dedenegación de justicia. 34 35.
No se califica como tal, el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses yen todo caso, deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyesguatemaltecas. "...libre acceso a tribunales, al que le es ínsito un derecho subjetivo público a la jurisdicción e impone la correlativa obligación al Estado, por conducto del Organismo Judicial, de emitir decisiones fundadas en ley, que garanticen el derecho de defensa, en observancia del principio de prevalencia constitucional ..dando vigencia... a la justicia, enmarcada en ley, como fin esencial de la organización del Estado..." Gaceta No. 12, expediente No. 89- 89, página No. 14, sentencia: 14-06-89. Véase: - Gaceta No. 46, expediente No. 1434-96, página No. 36, sentencia: 10- 12-97. Se menciona en: - Gaceta No. 39, expediente No. 763-95, página No. 308, sentencia: 17- 01-96. - Gaceta No. 35, expediente No. 639-94, página No. 206, sentencia: 07- 03-95.Artículo 30.- Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de laadministración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquiertiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición delos expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares odiplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajogarantía de confidencia. Véase: - Gaceta No. 57, expediente No. 438-00, página No. 647, sentencia: 27-09- 00. - Gaceta No. 33, expediente No. 553-93, página No. 175, sentencia: 29-09- 94. - Gaceta No. 13, expediente No. 178-89, página No. 190, sentencia: 13-09- 89. Se menciona en: - Gaceta No. 36, expediente No. 556-94, página No. 64, sentencia: 25-04- 95. 35 36.
Artículo 31.- Acceso a archivos y registros estatales. Toda persona tiene el derechode conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registrosestatales, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección,rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiaciónpolítica, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos. Se menciona en: - Gaceta No. 57, expediente No. 438-00, página No. 647, sentencia: 27- 09-00.Artículo 32.- Objeto de citaciones. No es obligatoria la comparecencia ante autoridad,funcionario o empleado público, si en las citaciones correspondientes no constaexpresamente el objeto de la diligencia. “...el artículo 32 citado releva a cualquier persona de comparecer ante autoridad, funcionario o empleado público cuando no se le informa expresamente sobre el objeto de la diligencia. El hecho de citar a una persona sin cumplir estos requisitos implica en sí infracción a tal precepto, y, con mayor razón, cuando se le conmina con el apremio de certificarle lo conducente por el delito de desobediencia...." Gaceta No. 50, expediente No. 615-98, página No. 431, sentencia: 01-12-98.Artículo 33.- Derecho de reunión y manifestación. Se reconoce el derecho de reuniónpacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos,disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el ordenpúblico. Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y serigen por la ley. Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de losorganizadores ante la autoridad competente. Véase: - Gaceta No. 25, expediente No. 253-92, página No. 85, sentencia: 18-09- 92. Se menciona: 36 37.
- Gaceta No. 26, expediente No. 305-92, página No. 128, sentencia: 09- 12-92.Artículo 34.- Derecho de asociación. Se reconoce el derecho de libre asociación. Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones deautodefensa o similares. Se exceptúa el caso de la colegiación profesional. “Si bien la colegiación obligatoria implica una excepción a la libertad de asociación que reconoce el artículo 34 de la Constitución, tiene su contrapartida en que se establece a nivel constitucional para la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio, lo que redunda en beneficio directo de los colegiados.” Gaceta No. 46, expediente No. 1434-96, página No. 34, sentencia: 10-12-97. Se menciona en: - Gaceta No. 64, expediente No. 1892-01, sentencia: 12-06-02. - Gaceta No. 21, expediente No. 42-91, página No. 17, sentencia: 18-07- 91. - Gaceta No. 17, expediente No. 51-90, página No. 26, sentencia: 07-08- 90.Artículo 35.- Libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamientopor cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derechoconstitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quienen uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsableconforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de susdefensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas oimputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en elejercicio de sus cargos. Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor,integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta sebasa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados. El fallo quereivindique al ofendido, deberá publicarse en el mismo medio de comunicación socialdonde apareció la imputación. 37 38.
La actividad de los medios de comunicación social es de interés público y éstos enningún caso podrán ser expropiados. Por faltas o delitos en la emisión del pensamiento nopodrán ser clausurados, embargados, intervenidos, confiscados o decomisados, niinterrumpidos en su funcionamiento las empresas, los talleres, equipo, maquinaria yenseres de los medios de comunicación social. Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitarese derecho. La autorización, limitación o cancelación de las concesiones otorgadas por elEstado a las personas, no pueden utilizarse como elementos de presión o coacción paralimitar el ejercicio de la libre emisión del pensamiento. Un jurado conocerá privativamente de los delitos o faltas a que se refiere esteartículo. Todo lo relativo a este derecho constitucional se regula en la Ley Constitucional deEmisión del Pensamiento. Los propietarios de los medios de comunicación social, deberán proporcionarcobertura socioeconómica a sus reporteros, a través de la contratación de seguros devida. “...esta Corte advierte que la libertad de emisión del pensamiento que proclama la Constitución en su artículo 35 es válida, según el propio texto, ejercerla por cualquier medio de difusión y sin censura ni licencia previa. Esta disposición debe preservarse a ultranza en cuanto garantiza la difusión de las ideas y no puede ser objeto de ninguna matización que implique limitarla, por cuanto cualquier habitante tiene derecho a exteriorizar su pensamiento de la misma manera que otro tiene el de recibirlo libremente. Por ello, debe entenderse que la difusión de ideas que la Constitución garantiza plenamente es la que entra a la percepción del público de manera voluntaria, puesto que no podría permitirse la intromisión forzada de mensajes con fines crematísticos que no pueda la sociedad misma regular por razones de orden público o bien común. La difusión de ideas por distintos medios es normalmente autoregulada por el propio público, que tiene la libertad de leer, oír o ver los medios de comunicación o abstenerse de ello, por lo que, frente a la libertad de uno de sugerir sus conceptos y opiniones, se encuentra la del público de recibirlos, compartirlos o rechazarlos. Excepcionalmente, cuando se trata de ideas que no implican comercio o aprovechamiento prosaico, como sería con los mensajes políticos, religiosos, éticos, cívicos, altruistas, u otros de valor semejante, puede utilizarse medios directos de publicidad que no quedan sujetos a 38 39.
ningún control ideológico, y, como tal, sin necesidad de obtener licenciaprevia para exponerlos, porque en este caso tales mensajes siempre estaránsujetos al contralor de la alternativa que otros sectores pudieran ofrecer alpúblico para que éste pueda seleccionar con toda libertad su opción moral.No ocurre lo mismo cuando se trata de la regulación de medios quedivulguen productos o servicios de naturaleza onerosa y que significan unprocedimiento para obtener ingresos, cuando se hacen por sistemas en losque el público no tiene libertad para omitir su lectura o dejar de oírlos, comoocurre, como caso típicos, con los anuncios o rótulos en calles y carreteras opor medio de altoparlantes. En estos supuestos puede ocurrir que talesmedios, impulsados por el lucro, afecten el sentido moral y estético de lasociedad, por lo que su razonable regulación no implica, como en el casoanalizado, contravención a la libertad proclamada en el citado artículo 35constitucional...” Gaceta No. 47, expediente No. 1270-96, página No. 23,sentencia: 17-02-98.“...Dentro de los derechos que la Constitución reconoce como inherentes ala persona, se encuentra la libertad de emisión del pensamiento, por mediodel cual se consagra la facultad de expresarlo por cualesquiera medios dedifusión, sin censura ni licencia previas. Pero la misma Constitución señalatambién que no ha de abusarse de este Derecho, sino que debe ejercersecon responsabilidad, garantizando a la vez que quienes se creyeranofendidos tiene derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones yrectificaciones... La libertad de emisión del pensamiento es de importanciatrascendental, a tal punto que se le considera una de las libertades queconstituyen signo positivo de un verdadero Estado Constitucional deDerecho. Conforme al rango privilegiado de este derecho, por mandato de laConstitución se dispone que el mismo se regula en una Ley constitucionalespecífica. En este cuerpo legal se contemplan las faltas y delitos en esteámbito y se regula el procedimiento especial en que puede determinarse sucomisión, así como las sanciones a aplicarse. Desarrolla también losderechos de aclaración y rectificación, pues la libertad de emisión delpensamiento es garantía general, de observancia obligatoria paragobernantes y gobernados, y tanto protege a los medios de comunicaciónsocial, como les impone a éstos el respeto a la expresión del pensamientode quienes no tienen acceso inmediato a los mismos, de manera queestablece que `Los periódicos están obligados a publicar las aclaraciones,rectificaciones o refutaciones que les sean enviados por cualquier persona,individual o jurídica, a la que se atribuyan hechos inexactos, se haganimputaciones o en otra forma sean directa y personalmente aludidas’ ycontiene además la forma en que puede compelerse al obligado a lapublicación, cuando se hubiere negado a hacerla. Al estudiar esta ley en suconjunto, se advierte la intención del legislador constituyente de normar el 39 40.
ejercicio responsable de este derecho, pues tanto las autoridades como aquéllos que desenvuelven su actividad en los medios de difusión, son los directamente responsables de velar por la majestuosidad de la ley y de rechazar tanto los abusos en las publicaciones y el libertinaje, como la utilización de prácticas, ya sea que provengan de entidades privadas o públicas, que tiendan en cualquier forma a restringir la eficacia de la libre expresión del pensamiento, y de los derechos de aclaración y rectificación como contrapartida de aquélla...” Gaceta No. 10, expediente 271-88, página No. 55, sentencia: 06-10-88. Véase: - Gaceta No. 56, expediente No. 1207-99, página No. 382, sentencia: 26- 04-00. - Gaceta No. 22, expediente No. 165-91, página No. 11, sentencia: 10-12- 91.Artículo 36.- Libertad de religión. El ejercicio de todas las religiones es libre. Todapersona tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado,por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden públicoy el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos. Se menciona en: - Gaceta No. 28, expediente No. 471-92, página No. 140, sentencia: 19-05- 93.Artículo 37.- Personalidad jurídica de las iglesias. Se reconoce la personalidad jurídicade la Iglesia Católica. Las otras iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácterreligioso obtendrán el reconocimiento de su personalidad jurídica conforme las reglas desu institución y el Gobierno no podrá negarlo si no fuese por razones de orden público. El Estado extenderá a la Iglesia Católica, sin costo alguno, títulos de propiedad delos bienes inmuebles que actualmente y en forma pacífica posee para sus propios fines,siempre que hayan formado parte del patrimonio de la Iglesia Católica en el pasado. Nopodrán ser afectados los bienes inscritos a favor de terceras personas, ni los que elEstado tradicionalmente ha destinado a sus servicios. Los bienes inmuebles de las entidades religiosas destinados al culto, a laeducación y a la asistencia social, gozan de exención de impuestos, arbitrios ycontribuciones. Se menciona en: 40 41.
- Gaceta No. 28, expediente No. 471-92, página No. 140, sentencia: 19-05- 93.Artículo 38.- Tenencia y portación de armas. Se reconoce el derecho de tenencia dearmas de uso personal, no prohibidas por la ley, en el lugar de habitación. No habráobligación de entregarlas, salvo en los casos que fuera ordenado por juez competente. Se reconoce el derecho de portación de armas, regulado por la ley. "...El artículo 38 de la Constitución Política de la República que reconoce a los particulares la portación de armas, remite la regulación de ese derecho a normas con jerarquía de ley, es decir, la portación de cualquier tipo de arma debe estar sujeta a las condiciones que para el efecto imponga la ley respectiva. Esta garantía de legalidad obliga a que solamente el Congreso de la República puede determinar esas condiciones para el ejercicio de tal derecho, que, como todos los demás, no tiene carácter absoluto e ilimitado sino que se relativiza en orden a valores superiores del ordenamiento constitucional, que consisten en el respeto a la libertad y la seguridad ajena y cuya protección se encuentra en el artículo 44, que dispone que el interés social prevalece sobre el interés particular... el derecho de portación de armas que se concede a los individuos por la Constitución únicamente se entiende en razón directa del interés social para que el uso de tales instrumentos se concrete a la defensa personal, que es parte de la seguridad del sujeto, por lo que lógicamente se debe permitir la autorización únicamente al tipo de armas que no tengan una potencialidad ofensiva o excesiva para los fines de la propia seguridad de los individuos... el derecho a portar armas se debe considerar dentro del contexto social como un hecho que la ley reconoce por estrictas causas de necesidad de la persona individual, obligada por razones de peso a sentirse autoprotegida, y no como una universalidad, ya que el supuesto normal es que los particulares no necesitan de armas para su desenvolvimiento social." Opinión Consultiva solicitada por el Congreso de la República, Gaceta No. 40, expediente No. 682-96, página No. 4, resolución: 21-06-96. Véase: - Gaceta No. 57, expediente No. 982-99, página No. 13, sentencia: 05-07- 00. - Gaceta No. 50, expediente No. 185-98, página No. 27, sentencia: 06-10- 98. 41 Recommended
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 artículo 5
 artículo 9
 artículo 87
 artículo12
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 artículo 14
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 artículo 314
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 artículo 18
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 artículo 168
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Artículo 26
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 artículo 28
 artículo 10
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