Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DS_C_10_512.CODI.%29
Timestamp: 2020-07-15 02:26:35+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 512, de 25/08/2015
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ
Aprobar con competencia legislativa delegada
Proyecto de Ley por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. 621/000153 formación profesional; política de empleo GOBIERNO
Proyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas. 621/000154 capital social; empresa común; participación; sociedad anónima; sociedad de responsabilidad limitada; sociedad laboral GOBIERNO
Proyecto de Ley por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. 621/000155 creación de empleo; economía social; profesión independiente GOBIERNO
Buenos días, señorías. Bon dia. Encantada de volver a verles a todos; además, con tan buena cara. Volvemos a encontrarnos.
Algunas de sus señorías me han preguntado la previsión de duración de la jornada de esta mañana. Ya saben que estamos convocados a esta sesión extraordinaria con competencia legislativa delegada. No obstante, la duración de la sesión está en función de la de sus intervenciones. Por mi parte, tengo previsto, si a ustedes les parece bien, debatir las dos primeras leyes durante la mañana, pero podríamos llegar incluso a la tercera. Si les parece, en función de cómo vayamos viendo el ritmo de la mañana, decidiremos si la tercera ley la dejamos para la tarde o si la debatimos también por la mañana.
En primer lugar, vamos a proceder a la aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 16 de julio del 2015. Tienen ustedes el acta para su consulta.
PROYECTO DE LEY DE SOCIEDADES LABORALES Y PARTICIPADAS. 621/000154 GOBIERNO
La señora PRESIDENTA: Ha habido un cambio en el orden del día en el sentido de sustanciar en último lugar el Proyecto de Ley 621/000153, relativo a la formación profesional. ¿Les parece bien a sus señorías? (Asentimiento).
Por tanto, comenzamos a debatir, con competencia legislativa delegada, el Proyecto de Ley de sociedades laborales y participadas, que se tramita por el procedimiento de urgencia. A este proyecto de ley se han presentado 28 enmiendas. Pasamos a debatirlas.
Empezamos por la defensa de las enmiendas 1 a 4, del senador Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto. Si su señoría quiere utilizar el turno, tiene la palabra por espacio de diez minutos, o puede dar las enmiendas por defendidas, si lo prefiere.
El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Como en otras ocasiones, las doy por defendidas, al ser el proponente de otro grupo político.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias; se lo agradezco.
Para la defensa de la enmienda 24, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la señora Martínez Muñoz.
La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
La voy a dar también por defendida porque, luego, en el turno de portavoces, entraré con más profundidad en algunas cuestiones del proyecto de ley.
Para la defensa de las enmiendas 12 a 22, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.
El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.
Yo sí que intervendré para quejarme, en primer lugar, del proceso legislativo: esto es un disparate. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Tiene usted todo el derecho a hacerlo. Nadie puede hacer uso de su palabra. Tiene usted diez minutos.
El señor GUILLOT MIRAVET: Se lo agradezco. No creo que los consuma.
Como les decía antes, intervengo para quejarme, en primer lugar, de este proceso legislativo. Es un disparate que aprobemos en dos meses 36 proyectos de ley; solo en tres días, entre hoy, mañana y pasado mañana, vamos a aprobar y dictaminar 15 proyectos de ley. Es una manera de trabajar muy poco rigurosa; digamos que es un atropello legislativo. Una vez más, se abusa de los procedimientos de urgencia. De las tres leyes que vamos a discutir y ustedes van a aprobar hoy, dos son minileyes: excepto la del sistema de formación profesional, la de sociedades laborales y la del trabajo autónomo y autoempleo, son dos minileyes. Una vez más, el Gobierno —y el Partido Popular lo avala— abusa de los procedimientos de urgencia. Por otra parte, seguimos sin discutir la reforma del Senado. Con lo cual, estamos en una situación, insisto, de una grave degradación legislativa, que voy a reiterar en cada uno de los proyectos de ley que vamos a discutir.
Respecto a este proyecto de ley hay dos bloques de enmiendas que mi grupo presenta: en primer lugar, a pesar de que compartimos el criterio de flexibilidad que tienen que tener las sociedades laborales y participadas, no compartimos el porcentaje del 49 % para la posibilidad de suscribir con los trabajadores un contrato indefinido para este tipo de empresas, creemos que es un exceso. Nuestro grupo propone un máximo de un 15 %, pensamos que si hubiera voluntad por parte del Grupo Parlamentario Popular, entre el 15 y el 49 % podríamos encontrar un porcentaje que nos permitiera no desvirtuar, en aras de esta pretendida flexibilidad, las características, el sentido y la lógica de esas sociedades laborales y participadas.
Una segunda cuestión que también creemos relevante es que este proyecto de ley regula mal y de forma parcial las sociedades laborales. Nosotros pensamos que esto tendría que tener un desarrollo posterior y que ese desarrollo posterior evidentemente tendría que contar con el diálogo y el consenso con los interlocutores sociales; no creemos que sea en este proyecto de ley donde haya que regular las sociedades participadas. Esa sería la justificación de los dos bloques de enmiendas más importantes y más sustantivos que presentamos a este proyecto de ley, insistiendo en que para nosotros el papel de las sociedades laborales y participadas, antes sociedades anónimas laborales, es muy importante, expresa la capacidad que tienen los trabajadores de poder autoorganizarse, dirigir y desarrollar una actividad empresarial. Conocí este tipo de sociedades cuando la grave reconversión industrial que sufrió España al inicio de los años ochenta y muchos de estos proyectos han sido proyectos que luego han tenido una viabilidad y una continuidad. Ahora estas sociedades ya no solo se crean de una manera defensiva, sino de una manera más proactiva y, aunque su participación es pequeña respecto al PIB, creo que son proyectos muy interesantes que expresan también la capacidad de los trabajadores de dirigir y desarrollar una actividad económica. Esa sería la justificación de estas cuatro enmiendas que presento en representación del senador Saura y de mí mismo, en nombre de Iniciativa per Catalunya Verds, y que las doy por defendidas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor senador.
Tiene la palabra, para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió, el senador Cleries.
El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, senyora presidenta.
En primer lugar, doy por defendido el conjunto de enmiendas. En segundo lugar, como hacía ahora el senador de la Entesa, Jordi Guillot, quisiera quejarme de esta forma de tramitar leyes del Gobierno del Partido Popular que va en un claro deterioro democrático, porque unas enmiendas que fueron publicadas este viernes pasado las veremos hoy deprisa y corriendo, no hay ninguna voluntad de diálogo ni de acuerdo en nada, solamente de tramitar la ley. Después queremos modificar el Senado y solamente se utiliza el Senado de puro trámite, porque hay la obligación de pasar las leyes por el Senado, porque, si no, ni lo harían. En tercer lugar, valoramos positivamente que este proyecto de ley de sociedades laborales y participadas llegue a las Cortes Generales con el aval de quienes representan a estas empresas, llegue desde el acuerdo con los representantes de las sociedades anónimas laborales. Había la necesidad desde hace años de dar respuesta, de actualizar el marco legal de las sociedades laborales y participadas. Nos hubiera gustado que el proyecto tuviera mayores concreciones en algunos de los aspectos que no se acaban de abordar. Era necesario introducir flexibilidad en el funcionamiento de estas formas empresariales caracterizadas por el control de las mismas por parte de los trabajadores. Precisamente nuestra economía tiene diversas expresiones en la economía social, singularmente el mundo cooperativo y el mundo de las sociedades anónimas laborales. Estas dos figuras jurídicas en los últimos años se han sometido a reformas para adaptarlas a un marco económico distinto al que había cuando en su día se produjeron las legislaciones. Así pues, la modernización era imprescindible y ha sido el propio sector el que ha planteado esta necesidad. Por esta razón desde nuestro grupo hacemos una valoración positiva de la ley; lo que nos duele es la forma en que se ha tramitado y se tramita, como todo el conjunto de leyes, y de la forma en que se está haciendo aquí en el Senado.
Para la intervención del Grupo Parlamentario Socialista ¿tiene la palabra el senador Martínez-Aldama?
El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: El senador Oñate.
La señora PRESIDENTA: Perdón. Señor Oñate, tiene la palabra.
El señor OÑATE MARÍN: Gracias. Pido disculpas porque quizá mi intervención sea la más larga, visto cómo va transcurriendo la sesión. Tal y como viene el proyecto de ley del Congreso, merece la pena que el Senado la reforme por razones objetivas y también por cómo lo ven las empresas del sector.
Por entrar en materia, quizá me dirán algunos —con motivos— que bueno está el mundo para hacer anuncios de cómo va a ser el futuro, pero es verdad que durante mucho tiempo hemos venido discutiendo sobre cuál sería el diseño de ese modelo de civilización que básicamente representaba Europa y, por decirlo de forma simplificada, siempre incluía una filosofía, que en la economía de empresa se iría acortando la distancia entre empresario y trabajador. Eso ha sufrido, por lo menos en este país, alguna marcha atrás importante, pero sea como sea el futuro, tendremos que reconocerle a las empresas de economía social dos papeles: primero, son las precursoras de ese modelo social deseable de relación empresarial; segundo, como mínimo, serían una especie de reserva ideológica de lo que en un momento creímos que iba a ser el mundo, y parece que no va a ser. En cualquier caso, motivos suficientes como para que se les dé un trato preferente por parte de los poderes públicos. No solo por esto, también por el peso en la economía. Les voy a ahorrar darles datos de todos conocidos, de esos datos podemos llegar a tres conclusiones: que su peso es importante, no son una asignatura maría, son parte estratégica del sector productivo español, en unas comunidades quizá más que en otras, pero lo son, que ese peso es creciente. También que en la crisis tan dura que estamos padeciendo, y está demostrado en cifras, están teniendo un mejor comportamiento relativo, quizá la flexibilidad, su falta de tentaciones de deslocalización les ha hecho empresas más resistentes en un tiempo tan complicado y sobre todo también en este tiempo hay que reconocerles que donde otros han visto una oportunidad para echar el candado a las empresas, esta fórmula ha permitido actuar a la economía social como una especie de centro de rehabilitación, una especie de centro de segunda oportunidad que curiosamente con empleos de más calidad han conseguido poner a flote empresas que otros estaban cerrando. Digo esto porque si lo tenemos en cuenta, y en el preámbulo de la ley se reconoce, se les debe tratar con afecto o, como mínimo, con respeto. Yo no diría que el Gobierno les haya faltado al respecto, pero sí les digo que no ha estado a la altura de la ambición con la que había que regular esta ley, que ni en plazos ni en forma —esta ley viene mandatada desde el año 2011, se ha tardado demasiado tiempo— y terminamos tramitándola como una especie de negociación a la baja con las organizaciones del sector, con el único objetivo de alcanzar —nos da la impresión a nosotros— unos mínimos preelectorales con los que presentarse, quedando relativamente bien con estas organizaciones, pero sin haber abordado todas las reclamaciones que tenían.
En cuanto al articulado y nuestras enmiendas, se lo resumiré en cuatro reflexiones: la primera en el capítulo I. Para el Grupo Socialista aquí viene lo mejor de la ley, como ya se ha dicho, efectivamente se atienden reivindicaciones históricas del sector para flexibilizar las fórmulas de constitución de las sociedades laborales. Esto es lo que evita que nosotros hayamos presentado enmiendas de totalidad, incluso que vayamos a votar en contra de la ley. No obstante —y también se ha dicho en parte— todos, incluidas las propias organizaciones, tendremos que tener muy en cuenta la observación efectuada por el CES de que no se utilice la flexibilización de condiciones para adulterar el espíritu de las empresas de economía social; una empresa de economía social requiere que los dueños sean trabajadores pero también que los trabajadores sean dueños. Hemos aproximado tanto los porcentajes de presencia de unos y de otros que, insisto, está bien, lo vamos a aprobar, pero tendremos que estar todos vigilantes para que en ningún caso nadie aproveche esta circunstancia para establecer fórmulas para empresas que no se merecen tal condición ni los beneficios que obtienen.
La segunda reflexión es para el capítulo de beneficios fiscales. Si uno lee la exposición de motivos tan elogiosa sobre este tipo de empresas, la consecuencia lógica que debería haber tenido el Gobierno es decir: Vamos a ver cómo les echamos una mano; sin embargo, en lugar de ser generosos se ha sido muy cicatero. No está mal la bonificación fijada para el impuesto sobre transmisiones —es verdad que va a tener una repercusión muy limitada, depende de cómo se trate este impuesto en cada una de las comunidades autónomas—, aunque se circunscribe exclusivamente a empresas que se transformen de un modelo de sociedad a una sociedad laboral, pero queda muy pobre.
Mi grupo ha presentado dos enmiendas, una, formal pero con consecuencias de fondo, que pretende dar acceso a los beneficios de esta legislación para las empresas que en el momento de su constitución aún no hayan completado todos los trámites pero sí reúnan las condiciones necesarias y, sobre todo, hace falta una reflexión más profunda de la que vamos a establecer esta mañana con los agentes sociales de la relación de este tipo de empresas con el impuesto sobre sociedades. Otras empresas gemelas del sector tienen un tratamiento preferente, yo creo que estas empresas están absolutamente desasistidas. El Grupo Socialista plantea una enmienda con unos objetivos mínimos, como bonificar la dotación que establezcan esas empresas para incorporar a su capital social a trabajadores que no sean socios. Insisto, es una aspiración mínima; a corto plazo tendría unos costes muy limitados para las arcas del Estado, y las empresas del sector dicen que como de lo que se trata es de crear empresas más grandes esto lo favorecería y tendría un retorno muy superior al coste que ahora producen.
Tercera y penúltima reflexión. Me voy a la disposición final primera y la relación de este tipo de empresas con la Seguridad Social. Si se reforma la Ley de Seguridad Social seguramente este va a ser uno de los capítulos donde más haya que meter la tijera porque tienen una relación compleja y, sobre todo, no homogénea, no ya con las empresas del sector de economía social, como las cooperativas, sino incluso con las sociedades limitadas. Actualmente, después de esta ley, estamos dejando a las sociedades laborales con perjuicios competitivos a la hora de que grupos de personas decidan optar por una fórmula o por otra sencillamente porque el régimen de Seguridad Social al que le obligamos es perjudicial, discriminatorio, y no sé por qué no se ha querido resolver en el trámite de esta ley.
Mi grupo ha presentado dos enmiendas, una relacionada con la aclaración del texto legislativo; es razonable que se proteja el acceso al derecho de desempleo y al Fogasa, que nadie que no tenga ese derecho pueda incurrir en fraude pero también es razonable que evitemos lo contrario, que a gente que sí tenga ese derecho se lo neguemos por una mala redacción de la ley. En este sentido va nuestra enmienda 9, donde planteamos una redacción distinta, sobre todo para ofrecer garantías a aquellos trabajadores que quieran formar parte de órganos directivos de las sociedades laborales y que sepan que su relación con el desempleo o con el Fogasa no corre ningún tipo de riesgo.
Y hemos presentado también la enmienda 10, que pretende la homologación para que las pequeñas sociedades laborales de menos de 25 trabajadores puedan adscribirse de manera opcional, como sucede hasta ahora, al Régimen General de la Seguridad Social, o como ocurre con las cooperativas, que opcionalmente lo puedan hacer al régimen de autónomos, si así les conviene. Con ello evitaríamos una circunstancia curiosa, porque actualmente en las sociedades laborales cuando la mayor parte de la propiedad es de los mismos miembros de la unidad familiar se tienen que ir obligatoriamente al régimen de autónomos, y se han dado situaciones curiosas y paradójicas, como que cuando en pequeñas empresas se produce una unión matrimonial entre dos socios, y eso les hace pasar del 50 %, obligatoriamente tienen que cambiarse del régimen de autónomos al régimen general; si se produce un divorcio pasa lo contrario, es decir, las cuestiones sentimentales tienen un traslado obligatorio al régimen societario. Esto no tiene ningún sentido —lo hemos estado hablando con el Grupo Popular—, pensamos que esta enmienda debería ser sin más retraso aprobada porque, insisto, se presentan situaciones poco favorables y discriminatorias con los gemelos de las cooperativas, o incluso con las sociedades limitadas que obtienen este beneficio, y no sabemos por qué a las sociedades laborales se les niega.
Por último, me voy a referir al capítulo III, sobre sociedades participadas. Regular las sociedades participadas es un debate muy interesante y el Grupo Socialista piensa que hay que hacerlo, pero tal y como viene redactado en esta ley, el Grupo Popular sabe que es una auténtica chapuza. Es una chapuza, primero, por cuestiones formales, porque no se puede hacer un texto legislativo donde se incluya una mera declaración de intenciones para que inmediatamente el Consejo de Ministros elabore un reglamento; después, porque no se han tenido en cuenta las recomendaciones de consultar con los agentes sociales; después, porque según como se reglamente y con el margen que se deja de discrecionalidad al redactor del reglamento, la propia economía social tiene sus peligros, y vuelvo al argumento anterior: es fundamental en la economía social que los dueños sean trabajadores; por este mecanismo —perdónenme la expresión— el tamaño importa, porque tal como viene en la ley sociedad participada va a ser aquella donde una sola acción de una gran empresa multinacional esté en manos de un trabajador; evidentemente, si no se regula bien lo que haremos será desnaturalizar el concepto de economía social; si aquí cabe todo, al final terminará perdiendo la economía social en su conjunto. Lo vemos nosotros, lo ha visto el CES, y lo advierte, y el propio CES ha pedido que este capítulo quede para una segunda ocasión. Es justamente lo que pedimos nosotros, que se suprima el capítulo III, y se mandate al Gobierno para que en un plazo razonable —hemos fijado tres meses— se redacte un proyecto de ley con las garantías de lo que se supone que es una ley, que considere los beneficios, etcétera, que incluya todos los elementos para que, insisto, esto no suponga un peligro para la economía social como concepto.
Termino como empecé. Pensamos que hay margen, que el Senado se tiene que hacer útil utilizando ese margen, y esto no tiene más camino que el grupo mayoritario sea capaz de flexibilizar esa intención de juicios sumarísimos a todas las enmiendas de la oposición, y que admita algunas de ellas, que consideramos razonables.
Para la defensa de la enmienda 23, pregunto a la senadora del Grupo Popular si va a acumular el turno en contra. (Asentimiento).
Le doy pues la palabra para la defensa de la enmienda 23 y para el turno en contra de las enmiendas.
Tiene la palabra, senadora Torme.
La señora TORME PARDO: Muchas gracias, señora presidenta.
Hoy, 25 de agosto, podemos tener la satisfacción de reunirnos los senadores en una Cámara que, sin duda, es importante, una Cámara que contribuye a sacar adelante una legislación que se está aprobando en esta legislatura, y nos reunimos en la Comisión de Empleo y Seguridad Social para debatir y aprobar con competencia legislativa plena tres proyectos de ley con un objetivo común, que es favorecer la creación de empleo en España y combatir la lacra del paro, que ha sido la cara más amarga de la crisis económica con la que hemos tenido que lidiar a lo largo de esta legislatura.
Hay algunos grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra que se quejaban —están en su derecho, por supuesto— de que se legisle de forma urgente, pero el Grupo Parlamentario Popular está a favor de que el Gobierno gobierne hasta el último día de la legislatura y de que los grupos parlamentarios y ambas Cámaras tengamos la oportunidad de actuar hasta el último día de la legislatura, en este caso, con tres proyectos de ley, el que estamos debatiendo ahora, de sociedades laborales y participadas, el de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, o el de autoempleo y medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social.
Para el Partido Popular, tanto en el Gobierno como en el Parlamento, ha sido y sigue siendo el objetivo prioritario de esta legislatura la creación de empleo, y en ello estamos. Por eso mi satisfacción porque, aunque sea de forma urgente, hoy, con competencia legislativa plena, nos reunamos en una comisión que se dedica precisamente a debatir fórmulas para ayudar a crear empleo y combatir el desempleo, que estemos tratando estos tres proyectos de ley.
El proyecto que estamos viendo ahora, el de sociedades laborales y participadas, parte del reconocimiento y el compromiso con un sector importante de nuestra economía, como es el de las sociedades laborales, y en esto creo que estamos de acuerdo todos los grupos parlamentarios. Pero es que, además, este proyecto cuenta también con el aval de los representantes de estas empresas, por eso en el Congreso se aprobó sin ningún voto en contra, y por eso también hoy, en el Senado, en esta comisión, este proyecto se podrá aprobar con el apoyo de varios grupos parlamentarios sin ningún voto en contra, espero, pues todos somos conscientes de que el cambio normativo era una demanda que solicitaba el sector. De hecho, esta ley la impulsó el Partido Popular; precisamente, se aprobó en el año 1997. Y el Grupo Socialista, que se quejaba de que no hubiéramos hecho nada o de que lo trajéramos ahora a debatir de forma urgente, tuvo ocho años para actualizar esta normativa. Son reproches que no merece la pena que le dediquemos tiempo.
Se han presentado 28 enmiendas. El Grupo Popular ha presentado la enmienda 23 —que, por supuesto, apoyaremos—, que lo que hace es introducir una mejora técnica en la disposición transitoria segunda, relativa a la adaptación de los estatutos por las sociedades laborales. Junto a la enmienda 23 del Grupo Parlamentario Popular, hay otras 27 que, en este caso, vamos a rechazar, y ahora diré por qué. Pero, desde luego, no se nos puede decir que no haya voluntad de acuerdo y diálogo, como ha dicho el señor Cleries; de hecho, aprobamos 3 enmiendas de su grupo en el Congreso. Y lo que es más importante, es una ley que ha estado muy dialogada, debatida, y consensuada con el propio sector.
Las enmiendas se pueden agrupar en varios bloques: un primer bloque, en el que coincide la enmienda 1, del Grupo Mixto, y la 19, del Grupo de la Entesa, plantean modificar el artículo 1, en aras de disminuir el número máximo de horas al año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean socios. Pretenden que este número disminuya del 49 al 15 %, a los efectos de que la sociedad pueda ser calificada como laboral. Pues bien, señorías, entendemos que ese porcentaje del 49 % que figura en este proyecto de ley está acordado con el sector representativo de las sociedades laborales, y por ello vamos a rechazar ambas enmiendas.
Otro grupo de enmiendas, el más numeroso, se dirige a suprimir el capítulo III, que regula las sociedades participadas por los trabajadores. En relación con esta supresión, se han presentado varias enmiendas que lo que hacen es, o bien eliminar la disposición final quinta, que habilita al Gobierno el desarrollo reglamentario posterior de este capítulo III, o bien introducir —en este caso, sería la 15, de Entesa— una nueva disposición adicional que, en vez de contemplar una habilitación reglamentaria de ese capítulo III, lo que hace es suprimirlo y mandata al Gobierno para que remita un proyecto de ley, no un desarrollo reglamentario.
Pues bien, nosotros entendemos que el capítulo III es una buena base, una buena regulación de las sociedades laborales participadas por los trabajadores. Permitirá avanzar, y con el desarrollo reglamentario que se haga posteriormente, aún más, y se detallarán aspectos que puedan estar sin acabar de perfilar. Además, consideramos que esta configuración, estos tres artículos de que consta el capítulo III, junto con el desarrollo reglamentario, no ha impedido ni va a impedir en un futuro el proceso de diálogo y consenso con todos los interlocutores sociales; de ahí, que rechacemos este grupo de enmiendas, que son: la 2, del Grupo Mixto; la 7, del Socialista; 14 y 20, de Entesa; 4, del Mixto; 11, del Socialista; 15, 18, y 20, de la Entesa, a estos tres aspectos: capítulo III, eliminación de la disposición final quinta, y nueva disposición adicional.
Hay otro bloque de enmiendas, a las que ha hecho referencia el portavoz socialista: las números 9 y 10, del Grupo Socialista, que coinciden con la 16 y 17, del Grupo de la Entesa; en este caso, se refieren al encuadramiento en la Seguridad Social. A este respecto, he de decir que la regulación que se propone no mejora el precepto. Se propone una redacción al artículo 97.Dos m), de la Ley general de la Seguridad Social, que resulta reiterativa y confusa, y extiende a otros regímenes de la Seguridad Social la inclusión que en el citado artículo se contempla exclusivamente para el régimen general, en lugar de recoger esa posibilidad de integración en otros regímenes al final de la letra m), que se modifica tal como figura en el proyecto. Como ha dicho el portavoz socialista, no pongo en duda que en el futuro haya que reformar la Ley general de la Seguridad Social y se contemplen muchas de estas cuestiones, pero me temo que será un asunto a tratar en otra legislatura.
Los grupos parlamentarios Socialista y Entesa han presentado enmiendas en las que proponen dos adiciones al artículo 17: un nuevo artículo 17 bis y un nuevo artículo 17 ter. Se refieren a requisitos para el acceso a los beneficios fiscales, flexibilizando la calificación de la sociedad como laboral, siempre que en el momento del hecho causante cumpla los requisitos para ser calificada como tal. Asimismo, en el 17 ter también se incorporan beneficios en relación con el impuesto sobre sociedades. Pues bien, nosotros vamos a rechazar estas 4 enmiendas. En el caso de la propuesta del artículo 17 bis, porque los beneficios fiscales son disfrutados por las sociedades calificadas como laborales, de tal forma que añadir un artículo que indica precisamente lo mismo lo consideramos redundante y, además, no aporta nada nuevo. Respecto a la flexibilización, entendemos que las sociedades laborales ya se han flexibilizado lo suficiente como para que sea necesario una especie de régimen fiscal transitorio hasta que sean calificadas como tales. Y respecto a la propuesta del nuevo artículo 17 ter, vamos a rechazar estas dos enmiendas porque la reforma que proponen en ambas implica una disminución en la protección social del trabajador, y es algo que verdaderamente nos preocupa. El hecho de no incluir las entregas de acciones o participaciones en el cálculo de la base de cotización supone que las prestaciones de Seguridad Social, a las que en un futuro el trabajador tendría derecho, podrían ser inferiores. Por eso, decimos que hay una desprotección del trabajador, y ese es el motivo por el que rechazamos esas enmiendas.
En cuanto a las tres enmiendas del Grupo Mixto, coincidentes con la 21, de la Entesa, hacen referencia a la supresión de la indicación de ausencia de gasto público de las medidas incluidas en la ley, y no tienen mayor contenido político.
Finalmente, hay un grupo de enmiendas, la 24, del PNV, y las números 25, 26, 27 y 28, de CiU, que tienen relación con el ámbito competencial. En este caso, quiero señalar a ambos grupos parlamentarios que ya introdujeron en el trámite del Congreso enmiendas relativas a delimitar el ámbito competencial y dejar claro que en todo caso el ejercicio de las competencias en esta materia nunca se haría con menoscabo de las competencias asumidas por las comunidades autónomas; de ahí que en ese aspecto no tengamos ninguna contradicción con ambos grupos. No obstante, en las enmiendas que introducen alguna cuestión similar, he de decirles que, aunque todas ellas son tendentes a sustituir, a suprimir los conceptos de armonización, colaboración o cooperación, el Grupo Parlamentario Popular considera que la armonización es necesaria como un método para homogeneizar la información. No se trata solo de cooperar sino de que la información de la que se disponga sea armonizada, y no cree distinciones entre distintos registros.
Y solo haré una mención específica a la última enmienda, la 28 de CiU, que pretende añadir en la disposición final cuarta una coletilla, que es «sin menoscabo de las competencias de estas últimas —se refiere a las comunidades autónomas— en la materia». En este caso, lo que quiero es recordarles que ya en el trámite del Congreso se aprobó una transaccional a dos enmiendas, en virtud de las cuales se introducía esa coletilla «sin menoscabo de las competencias de las comunidades autónomas», precisamente en el inciso final del párrafo dos del artículo 2.1, que se refiere específicamente a las competencias administrativas. Además, en la disposición final cuarta, a la que se refiere esta enmienda, también se introdujo otra coletilla, que era «previa consulta a las Comunidades Autónomas».
Por tanto, considero que ha habido diálogo, consenso, se ha escuchado a los grupos, y se han introducido modificaciones en este proyecto de ley.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Torme.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones del señor Yanguas Fernández).
Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Martínez, por un tiempo de cinco minutos.
La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, presidenta.
Voy a intervenir para hacer referencia a los últimos comentarios que ha hecho la portavoz del Grupo Popular, relativos a las enmiendas y, concretamente, a la que ha presentado el Grupo Parlamentario Vasco. En primer lugar, y como posicionamiento general, quiero manifestar que nosotros entendemos que esta era una ley necesaria porque también era necesario actualizar el sistema por el que se rigen las sociedades laborales que tanto bien han hecho a tantas empresas en momentos totalmente críticos. También es cierto que esa necesidad de revisar y de actualizar el marco jurídico que las regula no puede significar un menoscabo del ámbito competencial de las comunidades autónomas. Hemos presentado una única enmienda que, sin embargo, se va a ver replicada posteriormente en el proyecto de ley del trabajo autónomo, porque una y otra vez el ministerio se empeña en utilizar mecanismos que, al fin y al cabo, llevan a la recentralización y a una especie de jerarquización respecto de los poderes de las diferentes administraciones públicas allí donde sí hay competencias claramente delimitadas por el marco jurídico.
En el caso concreto de la enmienda, cuando hablamos de los registros y de la importancia de que estos para ser prácticos, efectivos y eficaces cuenten con criterios y principios similares, entendemos que sería más adecuado que en el proyecto de ley se hablase de cooperación, no de coordinación y armonización, porque esos propios términos implican una jerarquización respecto de ambos registros, cuando luego la disposición final cuarta viene a recoger que tiene que haber un mecanismo de colaboración. Lo que pedimos es una mejora técnica que recoja la filosofía que se negoció vía transaccional en el Congreso para la disposición final cuarta, de forma que se recoja también aquí en esta disposición adicional primera, así como que se incorpore el término de cooperación, porque es de la cooperación entre las diferentes administraciones públicas, cada una desde su ámbito competencial, desde donde vamos a poder llevar a cabo una mayor efectividad de los registros respectivos, tanto del Registro Mercantil como de los de las comunidades autónomas.
Por lo tanto, un concepto competencial que recoge una mejora técnica para este proyecto de ley y que nos hubiese gustado mucho que hubiese sido aprobado por el Grupo Parlamentario Popular. Sin recoger ese principio no podemos admitir lo que comentaba antes: esa jerarquización que se establece entre los registros, dando siempre preeminencia a los registros centrales respecto de los de las comunidades autónomas. Como no es la primera vez que lo hacen, como no es el primer proyecto de ley en el que pasa, sintiéndolo mucho nosotros no vamos a poder a votar a favor de este proyecto de ley.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Jordi Guillot.
El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyora presidenta.
¿Usted cree que esta es manera de trabajar, de darle importancia al Senado? Este Senado ni es la Cámara territorial ni está sirviendo de Cámara de segunda lectura. Aquí no enfriamos nada. Aquí tramitamos en plan turboexprés, en caliente, y la verdad es que con una pésima calidad legislativa. Y no me diga que es que el PP tiene tantas ganas de trabajar que van a hacer 37 proyectos en dos meses y que en tres días vamos a sustanciar 15 proyectos de ley. Que tienen tantas ganas de trabajar que el proyecto de seguridad nacional se va a tramitar también de esta manera. Que tienen tantas ganas de trabajar que vamos a aprobar proyectos de ley importantísimos con una pésima calidad, con rapidez, lo que evita un buen trabajo, como mínimo, por parte de los grupos de la oposición, en especial, por los grupos pequeños, que impide el seguimiento y participación de la ciudadanía respecto a proyectos de ley que les puedan afectar y que expresa lo que vuelvo a calificar de dislate legislativo.
Y es tal el dislate legislativo que últimamente se han acostumbrado a poner esta especie de muletilla de que ningún proyecto de ley puede representar gasto público ninguno. Así quieren proteger a la infancia y a la adolescencia. Así quieren dinamizar el tercer sector, la ley del voluntariado, etcétera. Ustedes pueden verlo como quieran. Pueden aplaudir lo que quieran. Pero un mínimo sentido común indica que esta no es manera de hacer un trabajo parlamentario que, insisto, exige rigor, transparencia y calidad. Yo estoy convencido, señora portavoz del Partido Popular, de que su relación con el Ibex 35 y con la CEOE es magnífica. Pero con el sector de las hasta ahora sociedades denominadas laborales y con la economía social, creo que tenemos mejor y más relación nosotros que ustedes. Y presentamos dos grandes enmiendas. Una, porque no puede ser que el 49 % de las horas trabajadas sea por contratos indefinidos, lo que es de sentido común, porque esto desvirtúa una sociedad laboral participada, ya que quiere decir que de cada nueve, cinco y cuatro. ¿Usted ve esto razonable? Tampoco es razonable por indicación del sector hacer esta regulación parcial, limitada y escasa de lo que tiene que ser la regulación de este tipo de sociedades, por lo que proponemos que sea posterior.
Con esto termino, señora presidenta. La gran preocupación del Partido Popular y del Gobierno de Mariano Rajoy respecto al empleo es la reforma laboral, la regulación interna que representa menos salarios, la precarización del mercado de trabajo, la pobreza laboral y, como consecuencia última, pobreza y exclusión en amplísimos sectores de la sociedad. No han cambiado el modelo productivo, con lo cual, seguimos generando un trabajo de pésima calidad en una economía muy dependiente de los factores externos. Estos días, con la crisis bursátil china, estamos viendo lo vulnerable que es nuestra economía, que depende del precio del petróleo, de la cotización del euro, de tantos factores externos que nuestro Gobierno y el país, desgraciadamente, no tienen ningún tipo de control.
Con lo cual, señorías, esta es una ley que avanza, que tiene aspectos positivos, que en muchos aspectos nosotros vamos a apoyar, pero que como tantas otras leyes del Partido Popular, incluso las que hacen con la mejor intención y mayor diálogo, tienen sus déficits. Hemos intentado señalar los que para nosotros serían los dos principales.
Para turno de portavoces tiene la palabra el senador Cleries por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.
La intervención de la portavoz del Grupo Popular ha confirmado lo que yo he dicho. Sí que hubo acuerdos en el Congreso, pero aquí en el Senado, respecto al conjunto de enmiendas que se han presentado no ha habido ningún diálogo ni acuerdo. Incluso en el Congreso hablamos de que la regulación de los incentivos fiscales que recoge el artículo 17 quedaba muy corta y que se intentaría arreglar aquí en el Senado con algún acuerdo en alguna de las enmiendas que planteamos en este sentido. Por tanto, nosotros reivindicamos el papel del Senado, no como una Cámara de trámite, sino también como una Cámara parlamentaria de diálogo, de buscar acuerdos y de mejorar las leyes. Porque me imagino que en el conjunto de enmiendas que presentamos los distintos grupos alguna cosa debemos de decir que esté bien y que le parezca al Grupo Popular que se pueda aprobar o transaccionar. Pero no es así. De lo que se trata aquí es de aprobar muchas leyes y que salgan como salgan.
Nosotros, a pesar de esto, y como hicimos en el Congreso —esto lo he dicho antes al empezar mi intervención cuando he reconocido que valoramos positivamente que este proyecto de ley llegue con el aval de quienes representan a estas empresas—, vamos a votarlo favorablemente porque es cierto que se hicieron algunas mejoras en el Congreso. Pero también hemos mantenido algunas enmiendas porque una vez más algunas cuestiones competenciales, conociendo la recentralización que ha ido realizando a lo largo de toda la legislatura el Grupo Popular y su Gobierno, nos preocupan. Precisamente por eso queremos blindar las competencias de las comunidades autónomas. Ustedes querrían que las comunidades fueran diputaciones, nosotros creemos que el Gobierno de una nación como es Cataluña necesita tener instrumentos para poder regular en su territorio el funcionamiento de los distintos ámbitos, en este caso, de las sociedades laborales y participadas.
También hemos indicado la necesidad de introducir más flexibilidad. Se ha conseguido en parte pero no del todo. Asimismo, creemos que aquí se abre una ventana que debe permitirnos instrumentar más fórmulas para que este modelo, muy vinculado al modelo social europeo, de control de las empresas por parte de los trabajadores, pueda tener otras formas de expresión. Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió damos por bienvenida esta oportunidad, lo que conforma nuestra posición favorable al proyecto, aunque también tenga estas consideraciones críticas que seguimos manteniendo, pero votaremos que sí por lo que aporta de positivo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Cleries.
Tiene la palabra para turno de portavoces el senador Martínez-Aldama por el Grupo Socialista.
El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señora presidenta.
Se jactaba la portavoz del Partido Popular de que hoy, 25 de agosto, estemos trabajando aquí en el Senado. Entre otras cosas, lo hacemos por la dejadez del Gobierno del Partido Popular con este sector, sobre el que estamos debatiendo hoy. Porque en marzo del año 2011 se aprobaba la Ley 5/2011, de economía social. En la disposición adicional séptima se establecía el programa de impulso de las entidades de economía social. En el apartado 2.º de esa adicional se mandataba al Gobierno —lo ha reconocido la portavoz del Grupo Popular— para que, previa consulta a las entidades más representativas de la economía social, al Consejo para el Fomento de la Economía Social y de las Comunidades Autónomas, se remitiera a las Cortes un proyecto de ley para revisar la actual Ley 4/1997, de sociedades laborales. Por tanto, han pasado cuatro años. Hemos tenido toda la legislatura y hoy in extremis y por la vía de urgencia están tramitando este proyecto de ley. En mi opinión —quiero dejar constancia de ello—, esta forma de proceder la entendemos como un desprecio y un abandono a un importante sector de nuestra economía.
Se jactaba de consenso pero ¿consenso con quién? Con el Grupo Socialista no, ni en el Congreso ni aquí. Allí todas las enmiendas fueron rechazadas; aquí hay una enmienda más que tampoco va a contar con su aprobación. Por tanto, no ha habido consenso. Tampoco ha habido consenso con el sector; con el sector ha habido un trágala y ustedes lo saben. Es decir, por resumir, les han dicho: o aceptan esto o no hay nueva regulación legal. Eso no es consensuar, eso es imponer el criterio del Gobierno y del Partido Popular.
Quiero dejar constancia, señora presidenta, de que para el Grupo Parlamentario Socialista hablamos de un sector extraordinariamente valioso por diferentes motivos: por la primacía de los trabajadores y de los consumidores, por el compromiso con el desarrollo local que en el fondo es cohesión y sostenibilidad, por su importante capital ético y porque también la crisis lo ha puesto de relieve, lo ha puesto a prueba y ha mostrado su capacidad de aguante y su futuro.
En el Grupo Socialista siempre hemos apostado, apostamos y apostaremos por cualquier iniciativa que impulse y fomente este sector. Siempre hemos buscado, de verdad, el consenso con las entidades representativas de la economía social, con los agentes sociales y, por supuesto, con los grupos parlamentarios de las Cortes Generales. De hecho, durante los últimos ocho años del Gobierno socialista, con el presidente Zapatero, se aprobaron leyes específicas como el Estatuto del trabajo autónomo, la Ley de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos o la Ley de empresas de inserción; todas ellas fueron aprobadas por unanimidad. Eso sí que es buscar el consenso con el sector y con las fuerzas políticas.
Voy acabando, señora presidenta. El sector es importante.
En marzo de 2015 había en España casi 11 000 sociedades laborales y más de 65 000 personas empleadas en el sector. Lo decía antes, es verdad que ha sufrido la crisis pero también es verdad que ha registrado seis puntos menos de destrucción de empleo que las empresas tradicionales. Y también es verdad que el índice de mortalidad de estas sociedades laborales es menor que en el resto de las formas societarias. Partíamos de un consenso básico sobre el contenido del proyecto de ley y por eso mi grupo no presentó ningún tipo de enmienda a la totalidad, pero sí hemos presentado enmiendas parciales para mejorar el texto del Gobierno y ustedes, lamentablemente, las van a rechazar, de ahí que anuncie que el sentido del voto del Grupo Socialista será la abstención.
Para turno de portavoces, tiene la palabra el senador Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con la venia, señora presidenta. Buenas tardes.
La señora PRESIDENTA: Querrá decir buenos días, señoría.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Entendía que después de las doce eran buenas tardes. (Risas). En fin, muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para seguir cabalgando y ver que la finalidad es conseguir nuevos métodos de creación de empleo, fomentando a la vez la participación de los trabajadores en la empresa. Esto ya se decía de la Ley 15/1986, de 25 de abril, donde la propia Ley de sociedades anónimas laborales dio un paso importante en el campo de la empresa y llevó a cabo una profunda reforma, que también se hizo en la Ley 19/1989. Después, la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad limitada, también apostilló sobre ello. Y con la reforma de 1989 se hizo una mejor capacitación de los trabajadores dentro de la empresa. Sin embargo, con la derogación que vamos a tener ahora de la Ley 4/1997, que realmente es donde se va a aplicar este texto, entendemos que estas sociedades laborales, nacidas en los años 70, son un método de autoempleo colectivo por parte de los trabajadores. Es sumamente importante y, por eso, la propia Ley 4/1997 ha facilitado, dentro de estas formas societarias, la creación de numerosas empresas y puestos de trabajo que han generado un amparo importante a lo largo de nuestra legislatura y en anteriores legislaturas también. Esta situación exige una adecuación a la Ley de sociedades laborales y al nuevo marco normativo que se ha hecho, como hoy traemos aquí nosotros, para que se pueda llevar a cabo por parte de las Cortes Generales.
Escuchaba a muchos portavoces decir que, de alguna manera, se traía por un trámite de urgencia porque era rápido y parecía que el Senado estaba últimamente —utilizaban esta palabra poco útil pero es la más llamativa— desbocado en el sentido de trabajar a destajo. Yo diría a esos portavoces que si no legislásemos directamente como estamos legislando, posiblemente se nos acusaría de que no hacíamos nada. Sin embargo, cuando hacemos algo y estamos trabajando a tope entonces se nos tilda de hacer un fraude, de que esta es una situación anómala. Este no es el comentario más oportuno de esta Cámara Alta. Sin embargo, nosotros no entendemos esto, sino que creemos que para participar financieramente a los trabajadores en Europa, como se ha dicho anteriormente, tiene que hacerse de esta manera con este proyecto de ley que hoy traemos aquí a colación.
La nueva regulación no solo actualiza, moderniza y mejora el contenido de la Ley 4/1997, sino que también lo reforma. Hay un cumplimiento previsto en la Ley 5/2011, sobre economía social, donde los trabajadores, de alguna manera, van a controlar la propia empresa. Entendemos que esto va a traer una gran dote de trabajo para los propios trabajadores dentro de las empresas. Es verdad que aquí algunos portavoces han dicho que era un proyecto de ley que no estaba muy consensuado, otros sí han reconocido el consenso. Tendré que decir que sí, que este proyecto de ley se trae hoy a la Cámara porque ha habido un gran consenso con los representantes de los trabajadores o, mejor dicho, con las asociaciones patronales que conllevan este tipo de sociedades laborales y participativas.
Este proyecto de ley tiene una fuerte valoración en el sector de las asociaciones, por esa causa es por la que se ha entendido que se haga mejor. También tiene un tratamiento fiscal mejor no solamente en el impuesto de transmisiones, sino en muchos otros impuestos que también se dicen en la propia disposición transitoria que recoge el proyecto de ley.
El Grupo Socialista ha hecho una mención especial sobre la enmienda 10, que habla de la Seguridad Social en cuanto a que el régimen de autónomos y el régimen general se presta a confusión. Pero también es verdad que tenemos que atenernos en cuanto a lo que establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La Sala Cuarta es muy clara en cuanto a que un trabajador por cuenta ajena debe estar de alta en una empresa, cuándo está o no emancipado conlleva la situación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y la propia ley contempla en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos cuándo no se cotiza al Fondo de Garantía Salarial ni para el desempleo. ¿Por qué? Porque entendemos que son gente participativa de la propia empresa y, de alguna manera, es lo que conlleva esta situación que para algunos puede ser anómala y para otros, lógicamente, es un tema de jurisprudencia, como así se han pronunciado los tribunales superiores y el Tribunal Supremo.
Después hay un concepto claro de la sociedad laboral. Las sociedades laborales son aquellas sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que se someten a los preceptos establecidos en la presente ley y podrán obtener la calificación de sociedad laboral las sociedades anónimas o de responsabilidad ilimitada que cumplan unos requisitos importantes. Creo que este es el fruto de esta reforma. No olvidemos que esta reforma, como he dicho al principio, viene basada en una serie de proyectos de ley y ya leyes que se han quedado obsoletas que ha habido que actualizar precisamente por la petición que han hecho las asociaciones patronales de estas propias empresas para que esto realmente se lleve a cabo bien en un régimen de Seguridad Social, o en el de autónomos, el RETA, pero que, en definitiva, esté basado en esas condiciones.
Nosotros, como grupo parlamentario, ya hemos aportado nuestras enmiendas, que se unen a otras muchas que fueron aprobadas en el Congreso y entendemos que esa es la misión que tiene el Senado, no solamente hacer la segunda lectura de los proyectos de ley, sino que todo aquello que ha sido ya consensuado no con los agentes sociales, sino con los agentes patronales de este sector, se lleve a cabo en esta Cámara. Ha habido que hacerlo de la forma en la que lo estamos haciendo. Entendemos que por eso no se vulnera nada. Estamos en un Estado de derecho. Decía antes el portavoz socialista que por lo visto no queríamos nada con ellos, que había un desprecio y abandono hacia ellos. No sé si para ellos, posiblemente, el desprecio y abandono es porque ellos tampoco quieren consensuar con nosotros nada. A lo mejor el PSOE consensua más con Podemos que con el Partido Popular y, posiblemente, esa es la causa por la que a lo mejor no quieren nada con nosotros, que haya un divorcio legislativo y, lógicamente, normativo tan importante.
Señora presidenta, me queda por decir que es un proyecto de ley ambicioso, bueno, que este régimen societario va a mantener condiciones muy buenas para los trabajadores que van a manipular, entre comillas, la utilización de la empresa y esas empresas de responsabilidad limitada van a hacerse con el consenso de todos. No entiendo por qué algunos grupos parlamentarios no van a darle apoyo a este proyecto de ley. Tengo que agradecer a algunos grupos parlamentarios el apoyo que van a dar al proyecto de ley; creo que este apoyo es serio, ecuánime porque estamos viendo la trayectoria. Hemos visto cómo, de entonces a acá, aunque ha habido algunas asociaciones que no están conformes con el cien por cien, se ha consensuado con las asociaciones mayoritarias del sector y todas ellas han visto con buenos ojos que este proyecto de ley salga así adelante. Que sea tarde o más temprano, más temprano o más tarde, da igual; lo importante es que sea rápido y veloz, y se publique en el boletín oficial para que los trabajadores que tienen que crear empleo se sientan amparados por las Cámaras, y en este caso por el Senado que es el que, a través esta comisión con competencia legislativa delegada, va a dar un espaldarazo importante para que este sea el mejor proyecto de ley que las sociedades laborales puedan tener hoy y el día de mañana.
(Núm. exp. 542/000030)
La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de las votaciones y tras la noticia que acabamos de recibir, quiero, como presidenta de la Comisión de Empleo y Seguridad Social y en nombre de todos sus miembros, dar el pésame al Partido Socialista y a su grupo parlamentario en el Senado por el fallecimiento de su compañero, y compañero de todos como como miembro de las Cortes Generales que fue, el histórico dirigente socialista Txiki Benegas.
Les pido que guardemos un minuto de silencio en memoria de quien ha sido compañero de muchos de nosotros en el Congreso —en concreto, fue compañero mío durante años—; una persona que ha defendido la libertad y que ha estado comprometida con la democracia. Por todo ello, si ustedes me lo permiten, creo que debemos rendir a este histórico dirigente y compañero de las Cortes Generales nuestro homenaje con un minuto de silencio.
Los miembros de la comisión, puestos en pie, guardan un minuto de silencio.
Señorías, continuamos con la comisión y pasamos a la votación de las enmiendas.
Según consta en la propuesta de votación, comenzamos por las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, para las que se ha pedido votación separada.
Votamos la enmienda número 1, del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 24; abstenciones, 1.
Enmienda número 2, del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 2.
Enmiendas del Grupo Vasco.
Votamos la número 24.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.
Enmiendas de Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
¿Pueden votarse conjuntamente las enmiendas 12 y 13? (Asentimiento).
Votamos, pues, las enmiendas 12 y 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 18; abstenciones, 1.
¿Pueden votarse conjuntamente las enmiendas 15, 16 y 17? (Asentimiento).
Votamos, pues, las enmiendas 15, 16 y 17.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha pedido votación separada de varias enmiendas. Empezamos votando la enmienda número 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 1.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.
¿Pueden votarse conjuntamente las enmiendas números 25, 26 y 28? (Asentimiento).
Votamos, pues, las enmiendas números 25, 26 y 28.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 17.
Votamos la enmienda número 27.
Enmiendas del Grupo Socialista.
Votamos las enmiendas números 5 y 6.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas
Votamos las enmiendas 8, 9 y 10 del Grupo Socialista.
Votamos la enmienda número 11.
Votamos la enmienda del Grupo Popular.
Pasamos a la votación del texto total.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 8.
Votado y aprobado ya el texto que será remitido al Congreso, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución y al haberse aprobado la enmienda número 23 se dará traslado del texto y de la enmienda aprobada con competencia legislativa delegada por esta comisión para que el Congreso se pronuncie sobre dicha enmienda de manera previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.
PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA Y ACTUALIZA LA NORMATIVA EN MATERIA DE AUTOEMPLEO Y SE ADOPTAN MEDIDAS DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y DE LA ECONOMÍA SOCIAL. 621/000155 GOBIERNO
La señora PRESIDENTA: Proyecto de Ley por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social. Como ustedes saben, a este proyecto se han presentado 73 enmiendas y pasamos a su debate.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra para la defensa de las enmiendas el senador Iglesias, por tiempo de diez minutos.
El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Perdón, señora presidenta: senador Yanguas, por favor.
La señora PRESIDENTA: Perdón, senador Yanguas, siempre le cambio a usted el nombre.
El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Las doy por defendidas.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Yanguas.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, la senadora Rut Martínez tiene la palabra para la defensa de las enmiendas.
Mi grupo parlamentario ha presentado a este proyecto de ley ocho enmiendas y siete tienen la mismísima justificación: volvemos otra vez al tema de las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. Es la enésima vez en lo que va de legislatura que mi grupo parlamentario viene a denunciar la invasión competencial sistemática que supone que proyecto de ley tras proyecto de ley el Ministerio de Empleo intente arrogarse las funciones en materia de control y revisión de las bonificaciones. Tenemos que recordar que hay un real decreto, concretamente el 895/2011, que ya asigna a la Comunidad Autónoma de Euskadi el ejercicio de las funciones atribuidas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social respecto de esta cuestión del control y revisión de las bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social. Es un instrumento con el que en principio nosotros compartimos las bonificaciones, pero lo que venimos a pedir es que se reconozca el ámbito competencial que les corresponde, que es el de las comunidades autónomas y en este caso de la comunidad autónoma vasca, que es la que las financia y la que las debe controlar en función de lo que dice la propia ley.
Por lo tanto, siete enmiendas única y exclusivamente para denunciar esto una y otra vez, y lo seguiremos haciendo cuantas veces sean necesarias. Solamente esto ya supone que mi grupo parlamentario no va a poder votar a favor de este proyecto de ley, aun compartiendo otra vez buena parte de la filosofía que inspira este proyecto de ley. Pero es que ustedes lo hacen de forma sistemática, ya no se puede deber a un despiste, sino que volvemos a reiterar que hay una voluntad por parte del Ministerio de Empleo, en este caso, de ignorar las atribuciones competenciales que le corresponden y que corresponden, por tanto, a otras comunidades autónomas.
Además, pedimos en nuestra octava enmienda la supresión del título competencial y también lo ha recomendado así el Consejo de Estado porque cuando se modifica parcialmente una ley que ya tiene un título competencial es redundante volver a incluirlo en la ley que lo está modificando de forma parcial. No sabemos si lo hacen a sabiendas o si, efectivamente, se trata solamente de despiste, pero la verdad es que no hay proyecto de ley en el que ustedes no aprovechen la ocasión de ir limando poco a poco todas y cada una de las competencias que tiene en materia laboral en este caso la comunidad autónoma vasca. Por este motivo, reitero, mi grupo parlamentario no puede votar a favor de este proyecto de ley.
Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador Jordi Guillot.
En primer lugar, quiero insistir en que el debate, el dilema no es entre hacer algo, mucho o poco, el debate es trabajar bien, con calidad y con rigor y, evidentemente, este abuso y abuso de los procedimientos de urgencia en materias que no lo justifican —como esos proyectos de ley— o de concentrar en tan poco tiempo tantos proyectos de ley cuando ha habido toda una legislatura, más cuando no estamos discutiendo aspectos novedosos o que la coyuntura justifique su urgencia, creo que explican y dan razón a la crítica a esta tramitación legislativa a la que estamos sometidos; es más, yo insisto en que esto degrada aún más a esta Cámara, que aún está por redefinir.
Doy por defendidas las enmiendas de la 22 a la 43, que son las que presentamos en nombre del Grupo de Entesa pel Progrés de Catalunya, y quiero justificar una serie de aspectos en cuatro bloques. El primer bloque son todas aquellas enmiendas en relación con el acceso a los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar. El proyecto de ley plantea que el poder abordar esos derechos de conciliación es a costa de perder la condición de trabajador autónomo —con todo lo que esto representa— y pasar a ser empresario. Nosotros creemos que esa no es la solución, que así difícilmente se va a poder conciliar la vida laboral y familiar, que esto es un elemento disuasivo para muchos autónomos para poder realizar esta necesaria y exigible conciliación y proponemos otras medidas para hacerlo posible.
De la misma manera, cuando se habla de esos nuevos derechos del artículo 1.4, que modifica el artículo 16.a), de los trabajadores autónomos dependientes, proponemos la supresión ya que creemos que los dos últimos párrafos son totalmente ininteligibles.
Por otra parte, también creemos que todo lo que afecta a bonificaciones e incentivos, capitalización, etcétera, no puede constar en el articulado de la ley, consideramos que son aspectos coyunturales que se van modificando dependiendo —valga la redundancia— de las coyunturas económicas, de empleo, etcétera, y por eso presentamos otra enmienda que propone ubicarlo en una disposición adicional. Además, a lo que está incluido en el articulado y que nosotros proponemos que se traslade a una disposición adicional también planteamos una serie de modificaciones, exactamente en los artículos 31, 32 y 33; en el resto de artículos, el 30 y hasta el 38, creemos que es correcto el planteamiento que hace el proyecto de ley.
Respecto a los artículos 31, 32 y 33, las modificaciones de los dos primeros están basadas en que cualquier tipo de bonificación o de reducción de la cuantía de la cuota por bonificaciones no produzca la merma de ingresos a la Tesorería General de la Seguridad Social. Creemos que uno de los graves problemas que está conllevando la política de bonificaciones de este Gobierno es que se está adelgazando la Tesorería de la Seguridad Social y a partir de esta situación se está poniendo en riesgo la viabilidad de las pensiones. En cuanto al artículo 33, planteamos que la cuantía sea solo el 25 % de la prestación a la que se tenga derecho y el tiempo de contabilización pueda ser todo el que esté pendiente de cobrar la prestación contributiva por desempleo; de esta forma equipararemos la compatibilización de desempleo con el contrato de trabajo de los emprendedores.
Estas son las tres modificaciones que se plantean al texto, junto al paso del articulado a la disposición adicional.
También planteamos tres nuevas disposiciones adicionales: la primera, de medidas para mejorar la calidad del trabajo autónomo; la segunda, de medidas para la mejora de la protección social de los trabajadores autónomos y la tercera —también a la disposición adicional quinta— en la que proponemos una modificación en lo que afecta a los trabajadores con discapacidad o con riesgo de exclusión de los porcentajes que están planteados en la ley —la ley establece el 30 % y nosotros proponemos pasar al 70 %—.
La última enmienda hace referencia a la eterna muletilla de que cualquier proyecto de ley no puede significar incremento del gasto público. Creemos que esto es la reiteración de un disparate, que no tiene nada que ver con la realidad, ya que cualquier proyecto de ley que verdaderamente quiera ser real, efectivo y tenga una mínima ambición, evidentemente, va a representar un gasto público.
Esta es la justificación de las enmiendas y en el turno de portavoces, si fuera conveniente, daré una explicación política.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Guillot.
Por el Grupo de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador Cleries.
Para nuestro grupo parlamentario este proyecto de ley no aborda, ni de lejos, lo que dice el título del mismo: no aborda, ni de lejos, las cuestiones de fondo que afectan tanto al trabajo autónomo como a la economía social; eso sí, resuelve algunas cuestiones, pero no las cuestiones de fondo que se plantean en estos sectores de la actividad económica.
Por tanto, las enmiendas números 52 a 73, que hemos presentado y que doy por defendidas, pretenden mejorar este texto e ir más allá de lo que precisamente expone. En el turno de portavoces diré los motivos de estas enmiendas, la justificación política del posicionamiento de nuestro grupo, que en este caso será de abstención porque, como digo, no aborda los problemas y las necesidades de fondo del trabajo autónomo y de la economía social en esta ley, que podría ir más allá.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Varela.
El señor VARELA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Vamos a proceder a la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista a este proyecto de ley, siendo como somos perfectamente conscientes de que este es un ejercicio absolutamente estéril; un ejercicio absolutamente estéril porque conocemos de antemano, está predeterminado el destino de todas las enmiendas presentas a estos proyectos de ley, que el Gobierno presenta en una tramitación exprés y malintencionada, porque el Gobierno ha pasado de un procedimiento de rodillo legislativo a un procedimiento de trituradora legislativa; sabemos que nuestras enmiendas tendrían muchas más posibilidades metiéndolas en la máquina de trituradora de papel que trayéndolas a esta comisión. No hay ninguna intención de escuchar y menos ninguna intención de acordar por parte del Gobierno; es un puro trámite de presencia y, por lo tanto, es un puro fraude a los ciudadanos este paripé de tramitación de proyectos legislativos, que no tiene ni la más mínima posibilidad de que el fin de esta Cámara —que es proceder, o al menos tener la intención de poder proceder a modificaciones de carácter legislativo en los proyectos legislativos— se pueda producir. Señorías, estamos ante un auténtico botellón legislativo —mucha cantidad, nada en absoluto de calidad— que tiene solo dos intenciones en todos los proyectos que nos han trasladado a esta Cámara: una, de puro carácter electoral —buena parte de sus proyectos solo pretenden enviar una señal a algunos sectores de nuestra sociedad de que el Gobierno está haciendo algo para beneficiar a los colectivos que integran esos sectores— y otra, la otra parte de los proyectos solo tienen la intención de amarrar, dejar atado y bien atado, aquellas cuestiones que el Partido Popular y la derecha consideran necesario dejar tramitadas y que tienen la seguridad de que no podrán hacerlo en la próxima legislatura. Por lo tanto, como digo, estamos en un acto estéril; no obstante, nuestra obligación hace que defendamos nuestras enmiendas como si tuvieran alguna posibilidad de ser aceptadas o, por lo menos, de ser escuchadas.
Presentamos enmiendas destinadas a modificar distintos ámbitos del proyecto de ley, en las que recogemos la posibilidad de que un trabajador autónomo, económicamente dependiente, pueda contratar a un trabajador en los supuestos de una baja por enfermedad superior a 30 días. Presentamos enmiendas cuya motivación es adoptar un criterio más objetivo en la determinación de la representatividad de las asociaciones de trabajadores autónomos en el ámbito estatal, habida cuenta de la insatisfacción del sistema que se propone sustituir, que incluso ha impedido que se constituya el Consejo del Trabajo Autónomo. Presentamos enmiendas sobre el procedimiento de consulta que mide la representatividad de las asociaciones profesionales de los trabajadores autónomos. Presentamos también enmiendas que tienen como función reforzar la no discriminación por razones de discapacidad en el desarrollo autónomo y en la creación de la propia empresa. Enmiendas en la misma línea para permitir que los trabajadores autónomos puedan contratar como trabajadores por cuenta ajena a hijos con discapacidad en grado igual o superior al 33 % con independencia de la edad que estos tengan. Presentamos una enmienda destinada a mejorar la posición de los trabajadores autónomos en relación con sus aportaciones al IRPF y las retenciones que se les hacen en relación con sus ingresos, que es absolutamente desigual y discriminatoria respecto a los trabajadores del régimen general. Presentamos también enmiendas cuyas medidas suponen elevar los porcentajes de trabajadores contratados que pueden tener las cooperativas de trabajo asociado sin que pierdan beneficios fiscales, como establece la Ley de régimen fiscal de las cooperativas, y su identidad de empresas, donde la mayoría de los trabajadores son propietarios. Y presentamos una enmienda según la cual los incentivos deben orientarse a la creación de un empleo de calidad y al cambio del modelo productivo; por ello procede su revisión, para comprobar su adecuación a los objetivos para los que son creados y su impacto en las arcas de la Seguridad Social.
Es decir, señorías, son enmiendas bien intencionadas, enmiendas que pretenden mejorar un texto. Creemos que sería una buena oportunidad para que este colectivo tan castigado, como es el de los trabajadores autónomos, pudiera mejorar sus posiciones, pero, lamentablemente, sabemos el destino de estas enmiendas, exactamente igual que pasó en el Congreso: sabemos que no se puede alterar el calendario del señor Rajoy y, por lo tanto, sabemos que, más allá de esas enmiendas técnicas que se puedan aprobar, no va a haber ninguna posibilidad de que en el Senado cumplamos con nuestra función.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Varela.
Finalizado el turno de defensa de las enmiendas, pasamos al turno en contra.
Tiene la palabra la senadora Beatriz Jurado, por un tiempo de diez minutos.
La señora JURADO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a todos los compañeros de esta comisión.
Al margen de la valoración de cada uno de los portavoces de los grupos sobre la idoneidad o no de estar hoy o cualquier otro día aprobando este proyecto de ley, yo creo que, en definitiva, lo importante es que se apruebe para que estas medidas puedan llegar cuanto antes a hacerse realidad y puedan aportar una mejora en las condiciones de los trabajadores autónomos y una mejora para la economía social.
Durante esta legislatura este Gobierno ha demostrado desde el primer día que está apostado de manera definitiva, de manera tajante por el autoempleo; de hecho, hoy en España son más de 3 millones de trabajadores los que tienen un trabajo por cuenta propia y además en estos casi cuatro años ha supuesto un aumento prácticamente del 20 %.
El Gobierno del Partido Popular ha elaborado, escuchando y trabajando con el resto de los grupos que hoy están presentes aquí, tanto en el Congreso como en el Senado, distintas medidas que han hecho posible ese apoyo, ese impulso: la propia reforma laboral, con el contrato de apoyo a los emprendedores; la estrategia de empleo juvenil; la Ley de apoyo a emprendedores y su internacionalización; la Ley de segunda oportunidad o la formación profesional en el campo del empleo. Y también queremos que se siga con la misma fuerza en el impulso a la economía social, que es otro de los ejes de las políticas del Gobierno del Partido Popular en esta legislatura.
Las empresas de economía social han demostrado una capacidad sorprendente en estos años económicamente tan difíciles y, además, han demostrado mantener una estabilidad en los trabajadores digna de imitarse en el resto de sectores. Por eso hoy con esta norma lo que queremos es venir a unificar y a actualizar todas estas ayudas, medidas, bonificaciones e incentivos a los trabajadores autónomos y dentro del espacio de la economía social. Cada uno puede catalogar como considere oportuno la amplitud de medidas aprobadas en estos cuatro años; en el Partido Popular consideramos que es un ejercicio de responsabilidad el haber elaborado esta cantidad de normativa, porque suponen medidas específicas que han generado empleo, que han permitido que la economía mejore y que, en definitiva, han permitido que las familias españolas y todos los españoles podamos vivir en una sociedad con una economía cada vez más mejorada, y ha sido fruto de leyes y de normas como las que estamos aprobando.
Y quiero decir que, desde luego, estas setenta y dos enmiendas que presentan los grupos que forman parte de la oposición en el Senado no son estériles, ningún debate es estéril, siempre es voluntad de todos llegar al mayor de los entendimientos, pero también es voluntad de este grupo apoyar al Gobierno en lo que entendemos una estrategia acertada, como es apoyar a los trabajadores autónomos. Estas setenta y dos enmiendas tienen una respuesta por parte del grupo mayoritario razonada, justificada, que explica por qué no se pueden incorporar.
Y voy a hacer referencia a las ocho medidas del Grupo Vasco. No se trata de generar un debate de competencias, este no es un articulado con el que se quiera levantar una polémica, es un proyecto de ley que no busca otra cosa que facilitar la comprensión de las medidas puestas a disposición de los trabajadores y, desde luego, busca la aplicación de la ley, en este caso de la propia Constitución española, sobre donde están las competencias de cada una de las Administraciones públicas. Es una profunda pena que no podamos contar con su apoyo cuando hay una sintonía en el contenido, en lo que todos queremos, puesto que todos los trabajadores españoles, los de todas y cada una de las comunidades españolas, se van a sentir satisfechos y seguro que les gustaría que sus representantes en esta Cámara facilitaran también la puesta en marcha de esta normativa.
En cuanto al Grupo de Convergència i d’Unió y las veinte enmiendas que presenta, daré respuesta a algunas de ellas y otras encontrarán su respuesta en la que dé a los otros dos grupos para no eternizarme en la explicación. Ustedes hablan de la posibilidad de que los trabajadores autónomos dependientes puedan contratar en los supuestos de incapacidad temporal y acumulación de pedidos no solamente como un trabajador por cuenta ajena, sino también como un autónomo. Nosotros entendemos que eso supondría perder el carácter de independencia propio que tiene la actividad a la que hace referencia esta normativa.
Hacen referencia también a un nuevo artículo 35 en la Ley del trabajador autónomo para equiparar las bonificaciones de los familiares colaboradores a los trabajadores por cuenta ajena. En este caso la especial relación que tienen los trabajadores autónomos colaboradores familiares requiere un tratamiento diferenciado y está regulado ya en esta norma.
Hablan de la supresión de la regla cuarta del nuevo artículo 34.1 para permitir recibir el pago único de la prestación por desempleo a aquellos que hayan compatibilizado la prestación durante nueve meses con el trabajo por cuenta propia. Nosotros consideramos que no es adecuado este mecanismo de protección y el objetivo es evitar supuestos de fraude.
Plantean la modificación del Estatuto de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y nosotros consideramos que, en cualquier caso, esa modificación no debe imponerse por esta ley.
Proponen medidas para reforzar la no discriminación por razón de discapacidad o medidas de fomento del trabajo autónomo por las políticas activas de empleo, y en ambas enmiendas hay que decir que dichas políticas activas de empleo y dicha defensa se encuentran ya reguladas a través de la Ley 56/2003, de empleo, en las sucesivas estrategias españolas de activación para el empleo y en los planes anuales de política de empleo, con lo cual las enmiendas no se aceptan simplemente porque ya están recogidas en otra normativa y lo que ustedes piden ya está recogido, por tanto, en la legislación española.
Se propone equiparar a los hijos de los autónomos con discapacidad a aquellos menores de treinta años a efectos de su contratación por cuenta ajena por parte del trabajador autónomo. En este caso la contratación como trabajadores por cuenta ajena de los hijos con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, con independencia de la edad, ya se encuentra regulada —y esto es importante que se sepa porque es una cuestión que nos preocupa a todos— en la disposición adicional décima de la Ley 20/2007, de 11 de julio.
Se propone la inclusión de un nuevo número 4 al artículo 10 de la Ley 5/2011, con el objeto de permitir la justificación del ingreso a la sociedad de la cuantía capitalizada que se realice a posteriori. En este caso hay que considerar que se trata de una normativa de gestión que tendrá que ser regulada en su posterior regulación normativa.
Se propone también modificar las bonificaciones previstas en la contratación por empresas de tráfico ordinario de trabajadores provenientes de empresas de inserción social, y nosotros consideramos que esta medida ya está prevista en el propio texto.
Y por último, hablan de una disposición adicional para revisar la normativa de prestación por cese de actividad, pero esa normativa ha sido recientemente revisada en la Ley 35/2004, así como también en el presente proyecto.
Señor Cleries, con esto queremos dar al Grupo de Convergència i d’Unió respuesta concreta y correcta a sus enmiendas, que han sido escuchadas y tenidas en cuenta.
En cuanto al Grupo Entesa y al Grupo Socialista, si me lo permiten sus portavoces les responderé conjuntamente, puesto que sus enmiendas son idénticas; daré respuesta a las enmiendas del Grupo Entesa, que son un total de veintidós, y a las trece del Grupo Socialista, pero ya digo que son idénticas.
Se propone una nueva redacción del artículo 4.3 para incluir la modificación del trabajador autónomo con discapacidad, pero la inclusión de este inciso sería reiterativa puesto que ya están regulados los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
Proponen ampliar los supuestos de contratación de los trabajadores por cuenta ajena por parte de un trabajador autónomo dependiente para incluir también los supuestos de incapacidad temporal. Nosotros consideramos que los supuestos previstos en este proyecto de ley incluyen las contingencias necesarias que justifican la necesidad de la contratación de un trabajador por cuenta ajena.
Proponen mantener la actual composición del Consejo del Trabajo Autónomo, al igual que lo hacen el resto de grupos en sus enmiendas. La regulación actual prevé una doble representación de los representantes de aquellas comunidades autónomas que hayan constituido su propio consejo autonómico, con lo cual dicha duplicidad supondría un agravio frente al resto de comunidades. Hablan de una revisión de la composición del Consejo del Trabajador Autónomo, pero ya existe ese reglamento, es el 1613/2010.
Se refieren a una modificación de los estatutos de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, y vuelvo a decir que no debe imponerse por ley ningún tipo de modificación de estatutos.
Proponen la modificación del artículo 21 de la Ley 20/2007, de representatividad de las asociaciones representativas de trabajadores autónomos. Consideramos que el sistema de determinación de la representatividad que se pone en este proyecto es el adecuado, porque tiene en cuenta la totalidad de los trabajadores afiliados a las distintas organizaciones y se evita el perjuicio de desplazarse para una votación interrumpiendo por tanto su actividad profesional.
Se proponen medidas para reforzar la no discriminación por razón de discapacidad, y volvemos a repetir que ya están previstas en la Ley 56/2003. Asimismo, el encuadramiento en la Seguridad Social de los familiares del trabajador autónomo, y en este caso la contratación como trabajadores por cuenta ajena de los hijos con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, con independencia de la edad, ya está regulado en la disposición adicional de la Ley 30/2007.
Se propone la modificación de la Ley 35/2006, pero consideramos que la normativa que contiene esa modificación no procede incluirse a través de este proyecto de ley.
Proponen el pago por los intereses en los supuestos de plazos superiores a quince días en el pago de la prestación por desempleo, pero, en cualquier caso, es una normativa de la gestión del Servicio Público de Empleo Estatal que no corresponde al presente texto.
Proponen la ampliación de los colectivos para la reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos, incluyendo entidades que no tienen consideración de centros especiales de empleo. Consideramos que incluir esas entidades se alejaría de la finalidad que nosotros perseguimos aquí de impulsar la economía social y los trabajadores autónomos.
Se propone la adaptación al sistema fiscal de cooperativas —esto supondría una modificación no solo de la Ley 27/2007, sino que además tiene carácter fiscal y no procede su inclusión en esta ley— y la cotización de los trabajadores encuadrados en el RETA por los rendimientos realmente obtenidos, pero la consideración de esta medida requeriría una serie de estudios que no es posible hacer ahora mismo en este texto.
Estas son respuestas concretas a cada una de las enmiendas que, repito, son escuchadas, no caen en el vacío, y lo que queremos es contar con el apoyo de todos para la aprobación de esta ley que beneficiará a los trabajadores y a la economía social.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Jurado.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Yanguas, por cinco minutos.
Este proyecto de ley que tramitamos hoy en comisión con competencia legislativa delegada es una norma que, para Unión del Pueblo Navarro, mejora sin duda el trabajo autónomo de nuestro país, de España. De eso no hay duda. Pero también es cierto que algunas asociaciones han criticado la norma en los medios de comunicación, porque no abordaba problemas fundamentales, a los que luego haré referencia.
Ya se ha dicho aquí por parte de la portavoz del Grupo Popular que en España hay más de 3 millones de trabajadores autónomos y en la Comunidad Foral de Navarra, de donde yo provengo, están del orden de 46 000 de ellos.
Como decía, este proyecto de ley se queda corto porque no incide tampoco en la financiación de los autónomos, cuando algunos de ellos se tienen que hipotecar de por vida para salir adelante; tampoco abre el debate, que sí que ha estado presente en el Pacto de Toledo, sobre las cotizaciones sociales de los autónomos; sí son de valorar —y nosotros también lo valoramos, como pusimos de manifiesto hace tiempo en una pregunta parlamentaria que tuve ocasión de hacer a la ministra— la tarifa plana y las bonificaciones, que sin duda ayudan a este colectivo. Pero hay que solucionar varios temas, que a lo mejor son transversales y no son de esta ley, pero yo quiero aprovechar para exponerlos aquí. Por ejemplo, el IVA de caja, una medida estrella que actualmente no está funcionando como debería. Muchos empresarios, autónomos sobre todo, están financiando ahora a la hacienda tributaria ingresando un IVA de unas facturas que no han cobrado y que igual al final no van a cobrar, y eso, desde luego, no ayuda para nada a estos autónomos. O la Ley de morosidad —ya tuve ocasión de decírselo a la ministra—, ídem de lo anterior, no está cumpliendo y los autónomos soportan plazos muy largos de pago, a veces inasumibles, y es difícil pensar que un autónomo va a denunciar a la empresa que le está dando de comer porque le está pagando tarde; yo creo que eso no va a ocurrir nunca. Y a veces es la propia administración la que paga tarde, pero para eso no hay intereses de demora; hay intereses, pero no los de demora, mientras que cuando es el administrado el que tarda se le castiga con más rigor. Es cierto, lo vuelvo a decir, que son medidas transversales y que a lo mejor esta ley no tiene que ocuparse de ellas, pero igual deberían haber sido abordadas mucho antes.
Dicho esto, a Unión del Pueblo Navarro nos parece un proyecto de ley positivo para este colectivo. Hay que seguir trabajando para mejorar mucho más este estatuto del trabajo autónomo, pero vuelvo a decir que es positivo para los trabajadores de la Comunidad Foral de Navarra y de España. Por eso desde UPN apoyaremos este proyecto de ley.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, en turno de portavoces, tiene la palabra la senadora Martínez.
La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Intervengo, simplemente, para contestar a la justificación que ha dado la señora Jurado de la no aceptación de las enmiendas del Grupo Vasco, diciendo poco menos que la bondad del proyecto de ley y de los objetivos que este persigue justifica que no se haga caso a naderías, como pueden ser las bonificaciones y las cuestiones competenciales. La bondad de un proyecto de ley o lo bien planteado que pueda estar para facilitar en este caso el trabajo de los autónomos no es óbice para que se haga una invasión competencial de forma sistemática como la que se está haciendo con la materia de las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social.
Es evidente que se puede ser igualmente efectivo en la protección de la economía social respetando todas y cada una de las competencias, asumiendo los competencias propias, que son instrumentos que la Constitución y el ordenamiento jurídico ponen en manos de los Gobiernos para que puedan perseguir sus fines, en este caso fines loables, pero no es excusa para la invasión sistemática que se está produciendo de las competencias en este caso de la comunidad autónoma vasca.
Por lo tanto, me reitero en la defensa de nuestras enmiendas y me reitero también en el sentido del voto de mi grupo parlamentario. Evidentemente, no podemos admitir como válido un proyecto de ley que no tiene en cuenta que al fin y al cabo es la comunidad autónoma vasca, concretamente los servicios autonómicos de empleo, la que está obligada por la propia ley además a hacer frente al pago de esas bonificaciones y también llevar al frente la inspección de las mismas, pero el proyecto de ley insiste en estas cuestiones de una forma esencial, casi diría que la esencia del propio proyecto de ley es la modificación de ese sistema de bonificaciones. Evidentemente, si no se cuenta con la participación y el consenso de las comunidades autónomas que son competentes en esta materia, ni este ni otros proyectos de ley podrán contar con nuestro voto favorable.
Por el Grupo Entesa, en turno de portavoces, tiene la palabra el senador Guillot.
En todo proceso de crisis y con generación de mucho paro crece el número de autónomos. La señora ministra Báñez nunca acabó de entenderlo: hay un efecto de reacción, que es la capitalización del paro, y muchos trabajadores, antes de quedarse desempleados, intentan buscar una salida como trabajadores autónomos, a partir, insisto, de la capitalización del paro.
Este Gobierno no ha respondido hasta el momento a las necesidades de todo orden que tiene este colectivo. Este proyecto de ley, que llega tarde aunque solo sea por las fechas en las que se va a aprobar, sustituye a las políticas, una tónica bastante reiterada de la acción del Gobierno Rajoy: es decir, muchas leyes, pocas políticas; en este caso, muchas leyes, pero pocas soluciones concretas a los graves problemas de empleo que hay y que también tienen los trabajadores autónomos. Y les voy a poner un ejemplo: las políticas activas de empleo se han ido recortando año tras año en los Presupuestos Generales del Estado; el único instrumento que utiliza este Gobierno son las bonificaciones —y un ejemplo clarísimo es la tarifa plana—. Hay un consenso, a excepción del Gobierno del Partido Popular, en el conjunto de la Unión Europea, de académicos, especialistas en esta materia, etcétera, en el sentido de que las políticas de bonificaciones no sirve para generar empleo; por ejemplo, la tarifa plana ha representado que se hayan dejado de ingresar 1000 millones de euros, que también irían a la Tesorería de la Seguridad Social. Esta es la lógica con la que este Gobierno ha enfocado las políticas de empleo y también las políticas destinadas a los trabajadores autónomos.
¿Adónde nos lleva todo esto? Según la última EPA, seguimos con 5 149 000 parados y paradas y también según la última EPA hay 286 500 personas ocupadas menos que en la última EPA del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Por tanto, el balance laboral y ocupacional de este Gobierno es del todo negativo, porque aunque es cierto que se ha ido generando empleo en estos últimos meses, es un empleo en el que la temporalidad vuelve a estar por encima del 25 % y en el que el 93 % de los contratos son precarios; es decir, estamos en una situación, insisto, de precarización del mercado laboral muy muy grave y muy preocupante. Y como ya he dicho en el anterior proyecto de ley, esta situación se agrava aún más porque no hay un cambio de modelo productivo; se empieza a crear empleo, pero precario y siempre en el sector servicios, donde desarrollan principalmente su actividad los trabajadores autónomos dependientes.
Por tanto —y con esto termino—, este es un proyecto de ley que, como todo proyecto de ley, tiene aspectos positivos, tiene las insuficiencias que antes he señalado en las enmiendas —una de las principales es todo lo que afecta a las bonificaciones, ayudas, capitalización, etcétera—, pero es una ley que no va a sustituir la ausencia de políticas activas que permitan a todos los colectivos, sean autónomos, trabajadores o trabajadores de sociedades laborales participadas, poder desarrollar e impulsar el crecimiento real de un empleo de calidad y estable. Por eso, señora presidenta, anuncio que me abstendré en la votación de este proyecto de ley.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Guillot.
Por el Grupo de Convergència i d’Unió, en turno de portavoces, tiene la palabra el senador Cleries.
El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes grácies, senyora presidenta.
Como decía en mi anterior intervención, este proyecto de ley no aborda, ni de lejos, lo que dice el título del mismo. Una vez más podemos constatar que los cambios introducidos en los últimos quince años no terminan de satisfacer a los trabajadores autónomos. Uno de los grandes colectivos más afectados por la recesión económica de estos últimos años ha sido y es el de los trabajadores autónomos. Han sido muy pocos los autónomos que habiendo perdido su empresa y habiendo cotizado por esta contingencia se han podido beneficiar de la malla de seguridad social que creamos para proteger a estas personas ante el riesgo de perder su empleo, el denominado cese de actividad. En este sentido, esta legislatura ha fracasado. En esta legislatura se han puesto en marcha programas de protección social, o se les ha dado continuidad —el Prepara, la renta activa de inserción, el Prodi—, pero los autónomos nunca han podido acceder a ellos.
Las medidas que el Gobierno nos propone en este proyecto no abordan esta cuestión. El proyecto de ley aborda una reforma que nuestro grupo no termina de entender, y por eso lo hemos enmendado. Un elemento clave que justifica que no lo apoyemos, que nos abstengamos en este proyecto de ley, es la modificación del régimen de organización y representación del Consejo de Trabajo Autónomo. Cuando ya se había articulado cierto consenso sobre cómo se resolvía la representatividad de los autónomos, el Gobierno vuelve a cambiar las reglas del juego en esta materia. No entendemos esa cuestión, que además va a poner en riesgo la representación de organizaciones autónomas que no son de ámbito estatal pero que son las más representativas en determinados territorios, como es el caso de Cataluña.
También hemos presentado enmiendas vinculadas a la economía social, enmiendas para resolver problemas que tienen las cooperativas en su funcionamiento práctico. Asimismo, hemos planteado enmiendas en la línea de garantizar que de todos los incentivos que creamos para la contratación de trabajadores, para la puesta en marcha de negocios por parte de los autónomos, puedan beneficiarse quienes emprenden por vía colectiva. Es una cuestión en la que el mundo de la economía social insiste y que nunca se resuelve. Estas enmiendas precisamente garantizan esa plena igualdad.
Finalmente, un aspecto sobre el que quiero incidir es el del régimen de reserva de contratación a empresas de inserción y a centros especiales de empleo. Nuestro grupo formula una propuesta alternativa a la que figura en el proyecto de ley con la finalidad de que un porcentaje mínimo de la contratación pública responda a centros especiales de trabajo y a empresas de inserción, especialmente cuando estas iniciativas de la economía social van orientadas a la inserción en mercados de trabajos de personas especialmente frágiles que exigen este tipo de políticas. Nuestras propuestas van mucho más allá del texto propuesto en el proyecto de ley presentado.
En este sentido, también queremos valorar positivamente la plena equiparación de las empresas de inserción, como los centros especiales de empleo, para que puedan participar en determinados contratos públicos. Esta es una de las cuestiones significativas que ponemos en valor en este proyecto de ley, por contra, otras cuestiones que he señalado anteriormente harán que nuestro grupo se abstenga en este proyecto de ley.
En turno de portavoces, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Martínez-Aldama.
Este es un proyecto de ley que por el título, que ocupa casi tres o cuatro líneas, generó muchas expectativas entre los trabajadores autónomos y la economía social; sin embargo, el texto que estamos debatiendo hoy básicamente produce insatisfacción porque se ve como una oportunidad perdida por el sector.
Esto que les voy a contar está pasando en tiempo real. Una señora que tengo en Facebook dice: «La cuota fija de los trabajadores autónomos no es un impuesto, es una multa por trabajar.» Esto acaba de ponerlo una compañera, con lo cual hay gente en España que sigue al Senado; afortunadamente, para alguien somos importantes.
Decía que este proyecto es una oportunidad perdida. En el fondo de lo que estamos hablando es de un refrito electoralista que aprueba el Gobierno a tres meses de las elecciones y que, simple y llanamente, es una reiteración de medidas de carácter menor o algunas de ellas ya adoptadas y otras, incluso, en vigor. Nada nuevo bajo el sol hay con este proyecto de ley del Partido Popular.
Se han ignorado por completo las demandas y las propuestas largamente reclamadas desde el ámbito del trabajo autónomo y de la economía social con el fin de hacer más fácil su actividad económica, crecer o generar empleo de calidad. Nada se habla del acceso a la financiación, que es un problema real; el problema 1.1.1. que te pone encima de la mesa cualquier autónomo o empresa de la economía social es el acceso a la financiación, y nada se dice por parte del Gobierno en esta ley. Y nada se habla tampoco de una fiscalidad que sea más justa, que sea más progresiva y que sea menos discriminatoria.
Como decía, una oportunidad perdida, porque impulsar el autoempleo, mejorar la protección social de los autónomos, apoyar la economía social —que es verdad, se ha demostrado, resiste mejor la crisis—, son objetivos ligados a un modelo de desarrollo económico más sano y más sólido, pero ni las tarifas planas ni las medidas de carácter menor que se recogen en este texto legal van a permitir alcanzar estos objetivos.
Una prueba fehaciente de las limitaciones de esta ley es su memoria económica: tan solo 300 millones de euros al año, es decir, tan solo el 5 % de lo que el Gobierno de España se va a ahorrar en prestaciones por desempleo este año, se va a poner para dinamizar la economía social o de los trabajadores autónomos; como digo, tan solo 300 millones de euros al año.
En definitiva y por concluir, una oportunidad perdida, una esperanza frustrada para el sector, para los autónomos y los agentes de la economía social, y una ley limitada, muy limitada como lo pone de manifiesto el informe del CES —el Consejo Económico y Social—, que ha criticado lo atropellado de su elaboración y la falta de consenso social y político en esta ley.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Martínez-Aldama.
Para turno de portavoces, por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Peris.
La señora PERIS JARQUE: Buenos días —o buenas tardes—. Muchas gracias, presidenta.
Señorías, respecto a sus intervenciones quiero destacar que no voy a responder a todo a lo que han hecho referencia en las enmiendas puesto que entiendo que mi compañera, la senadora Jurado, ya ha dado cumplida respuesta.
En cuanto al proyecto de ley, este año los autónomos han creado 403 empleos netos cada día. La mayoría del tejido productivo de España son trabajadores por cuenta propia y pymes. Desde el inicio de esta legislatura hay 118 000 autónomos más y, entre otras cosas gracias al impulso legislativo que ha tenido toda esta legislatura este Gobierno también en relación a los autónomos y gracias también a este proyecto de ley, este sector ha previsto ya que el autoempleo pueda crecer en 550 000 personas hasta 2019. Estos datos han sido expuestos por el sector, que no estará tan en contra de esta ley como de las otras leyes que ha aprobado este Gobierno.
En cuanto al acceso a la financiación —que se nos ha criticado sobre todo por el Grupo Socialista, aunque también lo ha nombrado el Grupo de Convergència i d’Unió—, entendemos que este Gobierno con el plan de pago a proveedores puso mucho dinero en manos de los autónomos y de las pymes de este país, mientras que otros partidos políticos, también con obligaciones en el Gobierno durante ocho años anteriores, hicieron al contrario, sustrajeron ese dinero de la disposición de donde tenía que estar, en manos de los autónomos. Entendemos que esta legislatura sí ha ayudado a los autónomos, y además el sector así lo ha manifestado.
Entro ya en la ley, y tengo que decir que lo que realmente se legisla en ella es muy distinto a como la han descrito. En definitiva, todos menos el Grupo Socialista han calificado esta ley de positiva y han dicho que mayoritariamente tiene aspectos positivos. Pues bien, ¿cuáles son esos aspectos?
Por una parte, por fin los diferentes incentivos que están en vigor estarán en un único texto, lo que garantizará un mínimo de seguridad jurídica. En segundo lugar, se amplían los incentivos, como la tarifa plana —se determina que la cuota de 50 euros serán exactos durante seis meses—; se amplía el incentivo a los autónomos que inician una actividad por cuenta propia y posteriormente contraten a trabajadores por cuenta ajena; se extiende la tarifa plana, especialmente protegida, a las víctimas del terrorismo y a las víctimas por violencia de género. En cuanto a situaciones de discapacidad, la reducción de cotización se amplía a doce meses. En otro orden de cosas, se extiende la capitalización del cien por cien de la prestación por desempleo a todas las personas con independencia de la edad. En cuanto a los menores de 30 años que podían compatibilizar la prestación por desempleo con el alta en RETA, ya no solo serán los menores de 30 años, sino que podrán ser también los mayores de 30 años. Los Trade, los autónomos económicamente dependientes, podrán por fin también contratar a un trabajador para conciliar su vida laboral y familiar. Se amplían los incentivos para los familiares colaboradores. Se amplían las bonificaciones a todos los tramos de edad para la incorporación en entidades de economía social. Existe una nueva bonificación de las cuotas de las empresas ordinarias que procedan de empresas de inserción. Los centros especiales de empleo y empresas de inserción se califican como entidades de interés económico general y, por tanto, podrán acceder a subvenciones de 500 000 euros durante tres años.
Por tanto, y a diferencia de lo que han manifestado parte de los grupos, nosotros solicitamos el voto a favor. Quiero agradecer a Unión del Pueblo Navarro que ha manifestado que va a votar a favor de este proyecto de ley y el resto se va a abstener, pero al final nosotros solicitaríamos el voto a favor porque todos los grupos, excepto el Grupo Socialista, han determinado que este proyecto de ley es positivo tanto para los autónomos como para la economía social de este país, insisto, en línea con toda la legislación que ha realizado este Gobierno durante toda esta legislatura y en relación también con los resultados. Entiendo que era un proyecto de ley que hubiera merecido mayoritariamente consenso por lo que aporta, insisto, de positivo, y es una pena que en este tipo de proyectos no contemos con más votos a favor, aunque por lo menos agradecemos que con su abstención reconozcan lo que va a aportar de positivo a la sociedad española.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Peris.
Pasamos a la votación de las enmiendas y del texto de este proyecto de ley. Comenzamos con la propuesta de votación que han pasado los grupos y con las diferentes peticiones de votaciones separadas. Empezamos por las enmiendas del Grupo Mixto. Todas las votaciones van a ser separadas. Votación, por tanto, separada de la 1 a la 8.
Enmienda número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 22; abstenciones, 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 17; abstenciones, 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 22; abstenciones, 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 17;
abstenciones, 2.
Enmiendas del Grupo Vasco. Enmienda número 44.
Votamos en bloque las enmiendas 45 a 51, ambas incluidas, del Grupo Vasco el Senado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 16; abstenciones, 8.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Votamos conjuntamente las enmiendas 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 y 35.
El segundo bloque de votación serían las enmiendas 25, 27 y 32.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya 36 y 38 que votamos en un bloque.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 18; abstenciones, 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 24.
Segundo bloque, enmiendas 40 y 42.
Enmienda 41.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 2.
Última enmienda del Grupo de la Entesa, enmienda 43.
Del Grupo de Convergència i d’Unió votamos conjuntamente las enmiendas números 52, 59, 60, 62, 63, 65 a 67 y 70 a 73.
Votación de la enmienda número 54.
Segundo bloque, enmiendas 53, 61 y 68.
Bloque de las enmiendas 55 a 58, 64 y 69.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 17; abstenciones, 8.
Votación de las enmiendas del Grupo Socialista. Votamos en el primer bloque las enmiendas 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 y 21.
Enmiendas 11, 12 y 18.
Votación del texto remitido por el Congreso.
Como esta comisión no ha aprobado ninguna enmienda al texto que acabamos de aprobar, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social.
PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL. 621/000153 GOBIERNO
La señora PRESIDENTA: Pasamos, por tanto, al último punto del orden del día. Proyecto de Ley por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, con 211 enmiendas.
Para el debate de las enmiendas, tiene la palabra el senador Yanguas.
Como en anteriores ocasiones, al no ser nuestras, sino de Izquierda Unida, las doy por defendidas.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Guillot.
Hemos presentado dos bloques de enmiendas. Por tanto, compartiré este turno de defensa de enmiendas con la senadora Sequera.
La señora PRESIDENTA: Tiene entonces usted primero la palabra y después la senadora.
El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias.
Las enmiendas que presentamos el senador Saura y yo se refieren a una serie de aspectos fundamentales. En primer lugar, a cuestiones de carácter competencial para respetar la distribución constitucional de competencias de las comunidades autónomas. En segundo lugar, a la eliminación de la facultad de los servicios públicos de empleo de proporcionar un cheque formativo a los trabajadores desocupados hasta tanto no se realice un análisis de acuerdo con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, tal como mandata la disposición final tercera de la Ley 3/2012. En tercer lugar, a la necesidad de dar racionalidad y eficacia a las acciones formativas que deberían ser, como mínimo, de 10 horas. En cuarto lugar, a la necesidad de vincular las acciones programadas por las empresas a planes formativos que respondan a sus necesidades reales y específicas y a las de sus trabajadores. En quinto lugar, a la necesidad de regular los derechos de información y consulta de los representantes de los trabajadores. En sexto lugar, a la necesidad de incentivar la formación profesional en el empleo en las empresas de menos de 10 trabajadores. Luego haré referencia a todas las dificultades en que se encuentran las micros y las pequeñas empresas. En séptimo y último lugar, el paquete de enmiendas que presentamos los senadores de Iniciativa per Catalunya Verds, incide en la necesidad de que los remanentes no utilizados en los recursos económicos recuperados con las actuaciones de seguimiento y control se incorporen al ejercicio económico siguiente, dado su carácter finalista.
Podemos afirmar, en un aspecto más político —luego haré referencia a elementos concretos que se desprenden de esta explicación generalizada de las enmiendas—, que este es un proyecto de ley que ha suscitado un diálogo social y político, un trabajo continuado, no sencillo ni fácil, con los representantes sociales, con los sindicatos; y también en el Congreso fuimos capaces —lo fue en primer lugar el grupo mayoritario del Partido Popular— de ir construyendo un cierto nivel de acuerdo con el resto de grupos políticos; y en concreto, con nuestro grupo en el Congreso, con la Izquierda Plural.
Con todo, creemos que había que presentar estas 75 enmiendas, en las que nos hemos centrado en garantizar que el sistema de formación para el empleo quede totalmente insertado en el sistema nacional de cualificaciones y formación profesional.
En otra de nuestras enmiendas pretendemos también que la formación se considere un derecho de los trabajadores y no solo un factor productivo, riesgo que aún permanece en el redactado actual, por lo que consideramos básico garantizar la equidad de los trabajadores en el acceso a la información. Este es un aspecto fundamental pero, desgraciadamente, el Partido Popular aún no entiende que ello pasa por establecer un mecanismo muy nítido de representación legal de los trabajadores que les permita conocer anticipadamente, emitir un informe preceptivo, alegar las posibles discriminaciones o vulneraciones graves en los derechos de formación y disponer de mecanismos de mediación y arbitraje para la superación de los conflictos. Creemos que un aspecto sustancial, que recoge las enmiendas, es que hay que entender que la formación es un derecho de los trabajadores y que estos no pueden ser tratados como meros receptores pasivos de la formación, sino como sujetos activos y decisivos de la misma. Seguramente este es para nosotros uno de los aspectos más conflictivos de este proyecto de ley.
En este sentido, hemos reforzado el papel de las organizaciones sindicales y empresariales en el gobierno del sistema de formación para poder cumplir con las necesidades formativas, diseñar planes y programas formativos, y con su seguimiento, control y evaluación, y así dar cumplimiento al Título VII de la Constitución Española, que no excluye, sino que, al contrario, incorpora la participación y colaboración de estas organizaciones sindicales y empresariales en estos ámbitos y también de aquellas otras organizaciones sindicales y empresariales que, sin contar con una representación generalizada, ostenten una representación dentro de los ámbitos que les son propios.
Otro aspecto fundamental de las enmiendas que presentamos, al que antes he hecho referencia, es nuestro deseo de poner un énfasis especial en las pymes y microempresas, conscientes de que es allí donde existen las mayores deficiencias en nuestro sistema formativo; hay dificultades inherentes al tamaño microscópico de una buena parte de nuestro tejido productivo y habrá que ver cómo abordarlas para darles una solución. Y en este sentido hemos incorporado enmiendas que establecen niveles importantes de flexibilidad en la información para pymes y microempresas; la posibilidad de la plurianualidad en el uso de los fondos de formación; la exención de aportación empresarial a las empresas de hasta 9 trabajadores, que creemos que es un aspecto que había que recoger, ya que ello favorecería la posibilidad de impartir formación real, y no solo en este microcosmos empresarial por otra parte tan grande e importante que hay en España; hemos presentado, en definitiva, enmiendas que pretenden evitar los obstáculos económicos que se puedan producir.
Un factor de riesgo de este nuevo sistema de formación sería...
La señora PRESIDENTA: Señor Guillot, han finalizado sus cinco minutos.
El señor GUILLOT MIRAVET: Pero son 10.
La señora PRESIDENTA: Lo sé. Se lo digo por aquello del reparto de sus intervenciones. Solo le informo para su conocimiento.
El señor GUILLOT MIRAVET: Sí, sí. Gracias, señora presidenta.
Estos que he mencionado serían los aspectos fundamentales de las enmiendas. También es fundamental que las personas con discapacidad no puedan encontrar obstáculos insalvables para poder acceder a la formación para el empleo. Asimismo, no impulsar el cheque de formación, que creemos que es un aspecto importante, puede lesionar a los trabajadores menos cualificados y puede ser una fuente de fraude.
Por último, a modo de resumen, hay tres grandes desacuerdos: la no concreción de la participación real de la representación legal de los trabajadores, el diseño y confección de los programas y planes formativos; el mantenimiento del cheque de formación, que consideramos un grave error; y, por último, las vulneraciones de competencias de las comunidades autónomas que van ligadas a intentos de recentralización que este Gobierno siempre está dispuesto a llevar a cabo.
En definitiva, este sería el resumen de las más de 70 enmiendas que hemos presentado el senador Saura y yo.
La señora PRESIDENTA: A usted, señor Guillot.
Tiene la palabra la senadora Sequera.
La señora SEQUERA GARCÍA: Gracias, señora presidenta. Intervengo muy rápidamente.
Voy a defender las enmiendas 82 a 96, que persiguen, en líneas generales, el objetivo de garantizar que el nuevo modelo de formación profesional integre a todos los trabajadores, sea cual sea su régimen de afiliación, basándose en la cuota como elemento básico que lo garantiza. El sistema de financiación de la formación profesional para el empleo debe establecerse en el texto con claridad y trasparencia, por lo que los conceptos financiados, así como el origen de los fondos, no deben generar incertidumbre.
También se pretende clarificar la diferencia entre la formación vinculada a la actividad de la empresa y aquella otra formación personal por la que se obtienen titulaciones personales, con lo que los permisos retribuidos de 20 horas no deben aplicarse por igual en los dos casos.
Por otro lado, entendemos que se tiene que facilitar y extender al máximo la formación a todo tipo de empresas, sobre todo a aquellas que tienen pocos trabajadores, flexibilizando las condiciones para hacer frente a sus necesidades formativas concretas y evitar que la oferta sea generaliza y transversal. Entendemos que el sistema de formación profesional para el empleo es fundamental para la economía y por ello se debe garantizar la participación tanto de las organizaciones empresariales como de las organizaciones sindicales más representativas, así como también de los servicios públicos autonómicos en la planificación, desarrollo y evolución del sistema. Se propone crear la fundación estatal de formación para el empleo y que los estamentos paritarios sectoriales sean elementos básicos para garantizar la participación de forma activa y así establecemos las funciones de forma explícita en la enmienda. Por último, garantizamos el derecho individual a la formación para personas con discapacidad.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador Cleries.
Pero antes de comenzar su intervención, senador, quiero comunicar a la comisión que las enmiendas 210 y 211, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, de las que usted ya tiene conocimiento, han sido rechazadas por la presidencia del Senado por considerar que dichas enmiendas se referían a cuestiones como la jubilación forzosa, y que carecían de manera evidente y manifiesta de conexión con el objeto de la ley que se está tramitando. A estos efectos, la sustraeremos de la votación.
Senador Cleries, tiene ya usted la palabra para el debate de las enmiendas.
El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Evidentemente, discrepamos de esta resolución de la Presidencia del Senado, porque otros grupos incluso han propuesto, en otras leyes, resoluciones de subvenciones con propuestas adicionales, como vimos hace pocas semanas en el debate de una ley, donde se decía lo que se cobraría por cada subvención, a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que le decía al Gobierno del Estado español que no podía resolver dichas subvenciones; y esas sí se admiten a trámite lamentablemente.
Este proyecto se ha mejorado en su tramitación en el Congreso gracias a algunas transaccionales de distintos grupos parlamentarios. Y si aquí en el Senado, con las enmiendas presentadas por los distintos grupos —también por el nuestro—, se hubiera hecho un esfuerzo de negociación, podríamos haber llegado a un acuerdo para votar favorablemente esta ley, pero, finalmente, no será así por la falta de voluntad de acuerdo del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Aunque doy por defendidas las enmiendas en su conjunto, voy a citar solo algunas, y después, en el turno de portavoces, comentaré el motivo de nuestra abstención. Una de las posiciones críticas con este proyecto de ley incidiría en los títulos competenciales. El título competencial de ejecución de la política laboral y de empleo corresponde a las comunidades autónomas; en cambio, la tendencia que sigue este proyecto es la recentralización general, atribuyendo al Ministerio de Empleo y a los órganos de la Administración General del Estado funciones que son más propias de la ejecución de las políticas de empleo que no de la competencia en materia de legislación laboral atribuida al Estado.
También nos preocupa —y por eso algunas de las enmiendas van en ese sentido— que en el tejido empresarial, tan trabado por pequeñas empresas o microempresas, muy a menudo toda la legislación esté más pensada para las grandes compañías que siempre encuentran, para hacer frente a la complejidad de las regulaciones, la manera de poder cumplirlas; en cambio, estas microempresas no tienen esa oportunidad.
También pedimos más flexibilidad en los gastos de las empresas, en lo que las empresas puedan gastar para la organización de actividades que no sean estrictamente formativas. Pero también planteamos otras cuestiones, por ejemplo en la enmienda 201, que propone una revisión del trabajo para los menores de edad. Hoy existen empresas que cuando pretenden contratar, con contratos de formación y aprendizaje, a jóvenes de menos de 18 años, se encuentran con que la Inspección de Trabajo y los servicios públicos de empleo están aplicando una normativa de 1957. Nuestro grupo plantea la revisión de esta situación porque entre 1957 y 2015 el mundo ha cambiado muchísimo. Asimismo, lo que planteamos en otras enmiendas permitiría a muchos jóvenes graduados o licenciados realizar actividades formativas con un contrato de prácticas, cuando ahora son contratados con otras fórmulas que no son tan garantistas.
Estos son algunos de los contenidos de nuestras enmiendas que en su conjunto doy por defendidas.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, senador Cleries.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Jesús Martín.
El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes.
Reitero lo que he dicho al principio. De acuerdo al orden del día establecido, aunque lo hemos alterado, nos trae aquí el proyecto de ley para la reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, procedente del Real Decreto Ley 4/2015, de 22 de marzo.
Curiosamente, el 20 de marzo de 2015, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social hacía pública una nota por la que informaba que en el Consejo de Ministros de ese día se había aprobado el decreto ley del que emana este proyecto de ley; y entre otras valoraciones, la nota del ministerio decía: La reforma es fruto de un amplio proceso de diálogo y participación con los agentes sociales y responde al compromiso con ellos alcanzado en el Palacio de la Moncloa el 29 de julio de 2014. Es obvio que entre el 29 de julio de 2014 y el 20 de marzo de 2015, al ministerio, a la ministra, y al Consejo de Ministros, les debió pasar algo porque nos vendieron como consensuado un real decreto al que los agentes sociales, unos meses después, han definido como caótico y confuso, creando un estado de inseguridad jurídica. Y hoy estamos aquí, supuestamente, para eliminar la inseguridad jurídica y el caos creado por el diálogo fraudulento que el ministro o la ministra, en este caso, han tenido con los agentes sociales. Es cierto, y por aquello de que arrepentidos nos quiere Dios, que en la tramitación de esta ley el grupo mayoritario en el Congreso se ha avenido —por primera vez, creo— a buscar el consenso, y que no pocas enmiendas han sido aceptadas y transadas; diálogo y acuerdo que me temo que no se va a dar aquí, en el Senado.
Y no es menos cierto, como ya se ha dicho por otros portavoces que me han precedido en la sesión de hoy, que tramitar cerca de 40 de proyectos de ley en las postrimerías de una legislatura dice muy poco a favor del Gobierno. Los portavoces del grupo mayoritario han dicho que parece que la oposición les recrimina que no queramos trabajar; una barbaridad, aunque en la licencia de la exposición de un discurso todo cabe, y se dicen cosas como que no queremos que esta Cámara haga leyes. Oiga, nos han votado para eso, ¿no? Aunque tal vez nos tendrían que botar del Senado viendo lo que pintamos, pero nos votan para eso. La oposición, señores del Grupo Popular, les pide que trabajen, todo lo que trabajan y, si es posible, un poco más; que nos hagan trabajar, que hagan leyes, pero que las hagan buenas, no arrebatadas y deprisa. Prueba de ello es que a esta ley que estamos tramitando, se presentaron, en el Congreso, enmiendas hasta en el preámbulo. Por tanto, lo que queremos es que las cosas se hagan y, a ser posible, bien, porque, de lo contrario, dice muy poco de la calidad de los textos de las leyes que se redactan y de nuestra capacidad para legislar correctamente.
Es obvio, señorías, que por el devenir del tiempo, esta es una ley necesaria y por eso la vamos a apoyar. Porque es la masa gris y no el músculo lo que crea la competitividad, y más en el mundo de la discapacidad. Y, aunque arrastramos rémoras que entre todos hemos de superar en un inmediato futuro, como es la formación, la educación, cuando ésta no ha llegado a tiempo, se hacen necesarias políticas de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, sobre todo porque en un país como el nuestro, la crisis del ladrillo, como se ha dado en llamar, ha dejado en la cuneta a casi una generación de jóvenes que abandonaron sus estudios por el dinero fácil, y que hoy, con 30 o más años, se encuentran sin un futuro y sin un empleo, sin acceso al mercado de trabajo. Y si esto fuera una clase de lengua, podríamos decir que entre catáforas y anáforas, un puro oxímoron. Si esto no fuera así, no podría entenderse que con 5 millones de parados que hoy tiene España, según las estadísticas del INEM, haya demandas de puestos de trabajo que no se pueden cubrir con la oferta de los trabajadores porque carecen de formación.
Por eso nos gustaría que el grupo mayoritario tuviera, con la mayoría de las 211 enmiendas que a esta Cámara llegan, 15 de ellas de mi grupo parlamentario, quitando las acepciones que ha hecho la señora presidenta, la generosidad que tuvo en el Congreso y las atendiera, porque las hacemos con el ánimo de ayudar y no de confrontar, en aras de corregir los déficit apuntados. Porque entenderán sus señorías que, aun reconociendo el esfuerzo negociador en el Congreso, estamos a tiempo de mejorar el texto.
Algunas de nuestras enmiendas se incardinan a que esta ley recupere, gracias a la negociación colectiva sectorial, el consenso en la formación continua que ha presidido los últimos 23 años porque esta ley ningunea en gran medida a los sindicatos. Al contrario que el grupo mayoritario en esta Cámara, señorías, nosotros, los socialistas, sí creemos en los centros de formación pública. Somos conscientes de que no todos los centros de formación pública pueden formar a 4 millones de trabajadores al año, pero querríamos un mayor protagonismo de estos sobre los privados. Por eso hemos traído a esta Cámara una nueva enmienda al artículo 7, apartado 1, que no se vio en el Congreso, a la que se suman otras para ampliar la opción de la formación en la pequeña empresa mediante estructuras paritarias sectoriales; máxime cuando todos los aquí presentes sabemos que el 97 % de las empresas de nuestro país tienen menos de 10 trabajadores, aunque eso solo suponga —y no son pocos— un 20 % del tejido.
A esta ley también le falta una capitalización económica mayor de la aquí exigida por la propia ley, entre otras, la recanalización de los remanentes de crédito, habida cuenta de las sentencias recaídas sobre este tema y muy puntualmente de los informes del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas, en los que ya han establecido que los remanentes de crédito de la cuota de formación profesional no pueden diluirse en el Tesoro para cubrir déficit.
Para terminar, señora presidenta, dando por conocidas todas las enmiendas de mi grupo, me gustaría llamarles la atención sobre aquellas que por razones de seguridad jurídica, de claridad, de transparencia y de rigor presupuestario, solicitamos se incorporen a la ley en aras de eliminar lecturas ambiguas que pueden llevar a interpretaciones erróneas, cuando no al fraude.
En definitiva, compañeros y compañeras, apelo a la mayoría de esta Cámara para que el talante que presidió el diálogo en el Congreso se haga extensivo hoy también en el Senado.
Para intervención en turno en contra, tiene la palabra el senador José Blas Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quisiera, en primer lugar, darles las gracias a aquellos grupos que van a dar su beneplácito a este proyecto de ley, que ya no es proyecto porque es un Real Decreto Ley y se va a ratificar como tal. Los portavoces que han hecho uso de la palabra tienen conciencia clara de la importancia que tiene la formación. Efectivamente, se puede decir todo lo que se quiera del mercado de trabajo, pero éste necesita, como se ha dicho antes, una formación adecuada. Estamos ya en una senda sostenible de crecimiento y de generación de empleo, por lo que con esta ley vamos a propiciar la formación adecuada en todo el mundo del trabajo. El sistema de formación profesional ha servido en los últimos 20 años para mucho. En la actualidad hay cerca de 480 000 empresas que han participado en la denominada formación de demanda y que han solicitado el sistema de formación adecuado.
Decía antes, con motivo del rechazo de estas enmiendas a las que voy a dar lectura, que el artículo 6 de este proyecto de ley supone una participación importante de las comunidades autónomas, pues sin ellas difícilmente se podría llevar a cabo. Dicho esto, creo que es bueno explicar por qué se rechazan o se valoran desfavorablemente las enmiendas por el grupo que sustenta al Gobierno. Las 66 enmiendas formuladas por Izquierda Unida, por el Grupo Mixto, coinciden prácticamente con las formuladas por Izquierda Plural en el Congreso. Del bloque de las enmiendas 25 a 90, 4 se informaron favorablemente, 28 con carácter transaccional y 34 desfavorablemente. Ello supone, como es lógico, que hay enmiendas que se han planteado por el citado grupo que han sido recogidas en el proyecto de ley, con lo cual entiendo que no pueden sentirse desfavorecidos los portavoces porque no se tengan en cuenta aquí las mismas enmiendas que en el Congreso.
Las 15 enmiendas formuladas por el Grupo Socialista ya fueron formuladas por el mismo grupo parlamentario en el Congreso, donde 10 de ellas fueron informadas desfavorablemente. Las 5 enmiendas restantes tuvieron un informe favorable, salvo una que se aceptó con carácter transaccional. Por tanto, estas últimas se han recogido en el Congreso, así que han llegado al Senado una vez aprobadas. Son las enmiendas 67, 73, 74 a 80 y 81. La enmienda 67 deja claro que el sistema de formación profesional para el empleo se incardina en el marco general del sistema nacional de formación y cualificación de profesionales; enmienda que fue informada favorablemente en el trámite parlamentario, cuyo contenido aparece ya reflejado en el texto publicado en el Senado.
También tenemos la enmienda número 73, que asegura que en la formación impartida por la propia empresa y organizada por ella misma no existe limitación para contratar plataformas de formación online —situación en el exterior—. Lógicamente, esta enmienda también fue informada favorablemente en la tramitación del proyecto de ley en el Congreso, por lo que su contenido aparece, asimismo, reflejado en este texto del Senado. La enmienda número 74, que pretende calificar los niveles de participación en la elaboración anual del plan de evaluación —lo que decía al principio el portavoz del Grupo Socialista—, fue informada favorablemente durante la tramitación del proyecto de ley, por lo que viene también incorporada aquí al Senado.
Después tenemos las enmiendas 80 y 81; en la primera se señala que las organizaciones sindicales y empresariales colaborarán con los servicios de empleo a la hora de facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas. Esta es una propuesta que hacía también el Grupo Socialista y que ya fue recogida en la tramitación del proyecto de ley en el Congreso, por lo que su contenido aparece ya reflejado en el trámite en el Senado; y en la segunda, por último, en la 81, que fue informada también favorablemente, propone el desarrollo de un sistema integrado y accesible a todas las personas trabajadoras, especialmente a las personas con discapacidad, de información y orientación laboral. También fue informada favorablemente por el Senado. En esto, el Grupo Socialista ha tenido el apoyo del grupo que sustenta al Gobierno, en el Congreso y en el Senado con las enmiendas que aquí se han ratificado.
Por lo que concierne a las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés, he de señalar que las enmiendas 82 a 96 coinciden totalmente con las formuladas por el Grupo Socialista en el Senado, es decir, ya fueron comentadas y aprobadas, por lo que reitero lo expuesto anteriormente. Asimismo, las enmiendas 97 a 172, coinciden prácticamente con las enmiendas formuladas en el Senado por el Grupo Mixto, por lo que reitero lo comentado en el primer párrafo, es decir, que la inclusión ya se hizo en el Congreso.
Respecto a las enmiendas 173 a 211 formuladas por el Grupo Parlamentario de CiU, he de señalar que coinciden con las que fueron informadas desfavorablemente en el Congreso, por lo que procede mantener el informe desfavorable. No olvidemos que en el Congreso se aceptaron 12 enmiendas de CiU y que 26 se informaron con carácter transaccional. Por último, he de advertir que en su momento se decidió informar las enmiendas 210 y 211, el texto que aparece en el Senado, concretamente la propuesta realizada en su día por el SEPE en relación con estas enmiendas, desfavorablemente porque les faltaba coherencia con la materia a la que se refiere la formación profesional. No obstante, entendemos que se ha dado un paso importante vistas las enmiendas que se han podido mantener en este proyecto de ley; y creemos que el grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno ha actuado con responsabilidad por todo lo que significa este proyecto que procede del Real Decreto-Ley 4/2015. Les damos las gracias a los grupos parlamentarios que lo han apoyado. Porque es un proyecto de ley que va a formar a mucha gente, a muchos jóvenes, a muchas personas que, efectivamente, se encontraban discapacitadas laboralmente hablando, en el sentido propio de la solvencia profesional; y porque, lógicamente, hoy la formación profesional debe ir por ese camino, por el de una formación adecuada, consecuente y al estilo que debe darse en Europa, como así se dice en el preámbulo y en los antecedentes de la propia ley.
Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra por espacio de cinco minutos, el senador Yanguas.
Este proyecto de ley, que tramitamos de nuevo con competencia legislativa delegada, es muy importante en nuestro avanzado sistema de relaciones laborales. (El señor vicepresidente, Sedano Pérez, ocupa la Presidencia). La poca flexibilidad que ha habido hasta la reforma laboral del Partido Popular estaba instalada, a nuestro modo de ver, en la formación para el empleo. La llegada, además, del sistema de las cualificaciones profesionales, de los escándalos gravísimos que estamos viendo de presunta malversación del dinero en cursos de formación y de esa rigidez en la formación que se ofertaba, hacen que sea importante que esta ley se tramite.
Estaremos todos de acuerdo en que es fundamental que la formación se adapte al trabajador y a las necesidades de la empresa. Esa buena calidad en la formación siempre se convierte en mayor competitividad para la compañía. En cuanto al parado, es necesario que los itinerarios de empleabilidad sirvan para algo, es decir, que no se sigan haciendo curso tras curso como churros, siguiendo esa dinámica perversa de hacer siempre lo mismo, porque esos cursos no sirven para casi nada. La formación ha de ser prácticamente a la carta, así es como avanzaremos en esa calidad para el empleo con la que todos estamos de acuerdo. Por ello, en mi partido, Unión del Pueblo Navarro, valoramos positivamente el cheque de formación que tiene que acompañar al trabajador en toda su vida laboral para que se especialice en su propia empresa. También hay que destacar la labor de la patronal y, cómo no, la de los agentes sociales, pero no es menos importante la adaptabilidad de la formación al trabajo que se desarrolla, tanto para los ocupados como para los que están en situación de búsqueda de empleo.
Finalizo incidiendo en que las competencias en este tema de formación para el empleo también están delegadas. Como no podía ser de otro modo, este proyecto de ley tiene la obligación, como todos los demás, de respetar lo dispuesto en la Constitución Española y, en este caso, lo dispuesto en el convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
Por estas razones que he dado, apoyaremos este proyecto de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedano Pérez): Muchas gracias, senador Yanguas.
Tiene la palabra, por el Grupo Vasco, la senadora Rut Martínez.
Mi grupo parlamentario no ha presentado ninguna enmienda a este proyecto de ley; y no lo ha hecho porque así lo acordamos con el grupo mayoritario en el Congreso cuando transamos las enmiendas que había presentado mi grupo parlamentario. Pero como es de bien nacido ser agradecido, hay que decir que sí, que es cierto que el Grupo Parlamentario Popular ha hecho un esfuerzo a la hora de acercar posturas. Fundamentalmente, hemos conseguido salvaguardar el modelo de formación profesional que ya existe en Euskadi. Para nosotros eso es fundamental. Tenemos un modelo de formación profesional que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas; un modelo de formación profesional que se ha estado madurando durante los últimos años, que surge con una reconversión industrial que hizo que la cooperación entre lo público y lo privado, sobre todo entre las empresas y el ámbito educativo vasco, tuviese que ser mucho más estrecha porque las circunstancias así obligaban y que en este contexto de crisis lo tiene que ser todavía mucho más.
En este momento en Euskadi nos estamos planteando un nuevo modelo de formación profesional que sea todavía mucho más integrador y que esté más en línea con la estrategia Europa 20-20. El logro de los objetivos marcados por esta estrategia se enfrentan a importantes dificultades, como ha puesto de manifiesto la Comisión Europea en los sucesivos balances sobre la estrategia 20-20 que ha hecho en los últimos años, pero también ha venido a decir que las razones que llevaron a adoptar esa estrategia en su día siguen siendo igual de imperiosas ahora que cuando se aprobó. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Entre los elementos que hoy dificultan el logro de aquellos objetivos destacan la alta tasa de desempleo, especialmente alta entre los y las jóvenes, y el envejecimiento de la población. La falta de una adecuada cualificación de quienes tendrían que estar empleados o empleadas es uno de los factores que inciden de forma destacada en la alta tasa de desempleo y en el caso de las y los jóvenes está ligada de forma muy destacada al abandono escolar.
La evolución demográfica lleva una reducción de la población activa. La alta tasa de desempleo crea un gran riesgo de que queden definitivamente desvinculados del mercado de trabajo quienes nunca han trabajado o lo han hecho solo esporádicamente. Por estas razones, las sociedades de los países europeos y, entre ellas, la sociedad vasca y la española se enfrentan a un importante reto en la medida en que las previsiones para el año 2020 anuncian un muy alto índice de demanda de alta cualificación profesional y un descenso muy acusado del empleo de baja cualificación; un reto que debe afrontarse teniendo en cuenta los exigentes objetivos establecidos por la Unión Europea como condición del nuevo modelo económico que se pretende: aumentar la tasa de empleo de la población, reducir las tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 10 % y aumentar hasta el 40 %, como mínimo, el porcentaje de la población de 30 a 34 años que finaliza la educación superior.
Además de ello, la crisis económica supone un efecto coyuntural de gran impacto que ha trastocado todas las previsiones económicas y sociales realizadas durante los años anteriores, pero es el cambio en el modelo productivo el verdadero factor que debe preocuparnos. Es ahí donde se están produciendo los cambios estructurales que afectarán a la competitividad futura de nuestras empresas. Estos cambios están generando una profunda transformación en la manera en que compiten nuestras empresas y en las necesidades de formación de los trabajadores, que deben adaptarse con rapidez a los retos del futuro derivados de un entorno complejo e incierto. En este contexto, mejorar la empleabilidad de las personas tanto en el corto como en el largo plazo va a requerir nuevas estrategias y nuevos mecanismos. Por un lado, se han de incrementar las horas dedicadas a la formación como única forma de lograr el mayor grado de especialización que demandan ámbitos cada vez más complejos; por otro lado, la demanda de trabajadores y trabajadoras con una formación que se ajuste al entorno competitivo actual exige romper con esquemas anteriores y evolucionar desde un modelo formativo orientado al puesto de trabajo hacia otro centrado en el campo profesional. Un cambio de paradigma que coloca a la persona en el centro promoviendo la adquisición o consolidación de competencias técnicas, personales y sociales que garanticen la polivalencia y la funcionalidad necesarias. Nos enfrentamos, por tanto, a un gran reto para la competitividad de las empresas y para la empleabilidad de las personas, aún más importante en un momento con elevados niveles de desempleo como el actual.
Por todo ello, la vinculación de las políticas de educación y formación profesional y las políticas de empleo, así como de las políticas de desarrollo económico, es cada vez más importantes. Para dar respuesta a estos retos, la formación profesional que se necesita requiere una flexibilidad y una conexión con las debidas características peculiares de la economía de su entorno con el objetivo de que sea un instrumento adecuado a la estructura y requerimientos específicos de su mercado de trabajo y a las transformaciones a las que van a estar sometidas en el futuro.
Actualmente, en el ámbito de la formación profesional concurren distintas competencias, especialmente las relativas a la educación y al empleo. En el ámbito del sistema educativo, de acuerdo con el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, corresponde al Estado la competencia para el establecimiento de las normas básicas para el desarrollo de su artículo 27, el derecho a la educación, así como la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales. En el ámbito laboral, en cambio, y de acuerdo con el artículo 149.1.7.ª de la Constitución, corresponde al Estado la competencia sobre la legislación laboral sin perjuicio de su ejecución de las comunidades autónomas.
Por su parte, la comunidad autónoma vasca, en este caso, tiene amplias competencias en el ámbito educativo. De acuerdo con el artículo 16 de su Estatuto de Autonomía, en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la Constitución, es competente en el ámbito de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y las leyes orgánicas que lo desarrollen. En el ámbito laboral, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.2 del Estatuto de Autonomía, corresponde a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco la competencia de ejecución de la legislación del Estado, especialmente en lo que aquí es más relevante cuando hablamos de formación profesional, promoviendo la cualificación de los trabajadores y las trabajadoras y su formación integral.
El Estado ha regulado la formación profesional, especialmente a partir de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional. A partir de ella, la formación profesional en el sistema educativo se desarrolla mediante una sucesión de leyes orgánicas, como puede ser la de educación o la de economía sostenible, que también modifican normas anteriores, y también por la Ley Orgánica de mejora de calidad educativa, la famosa LOMCE. Además, los aspectos relativos a la formación para el empleo han sido regulados por medio de la Ley 56/2003, de empleo.
La Comunidad Autónoma del País Vasco, en ejercicio de las competencias que le corresponde, ha desplegado una destacada actividad en el ámbito de la formación profesional desarrollando un sistema ciertamente significativo y en toda la cualificación profesional en sus tres vertientes: la de formación profesional inicial, la de inserción y reinserción laboral y la formación continua de las empresas. La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco ha hecho un esfuerzo especial en el desarrollo del sistema de formación profesional. La aprobación y puesta en práctica de los sucesivos planes de formación profesional han constituido un elemento significativamente destacable de estos esfuerzos desplegados en este ámbito. En este sentido, conviene señalar que el Gobierno vasco se está planteando en este momento la elaboración del anteproyecto de ley de formación profesional vasca.
Toda esta reflexión que he estado haciendo, al hilo de este proyecto de ley, en esta Comisión está recogida del preámbulo que se pretende aprobar con esta formación profesional y que resume muy bien el objetivo que tiene el sistema de formación profesional del País Vasco. El hecho de que en el Congreso se haya aprobado una enmienda transaccional que recoge la singularidad de la formación profesional vasca, admitiendo las competencias que nosotros tenemos para poder desarrollarla, es significativo porque va a salvaguardar y va a permitir que una formación profesional que ya está siendo puntera en Europa e internacionalmente, lo continúe siendo, atendiendo a las demandas de nuestras empresas y de nuestra economía productiva. Nos hubiese gustado que en esa transaccional se hubiese incluido también la imposibilidad de superposición de planes estatales sobre planes autonómicos para garantizar una mayor seguridad jurídica a esta futura ley de formación profesional vasca. No ha sido posible. Por lo tanto, nos vamos a quedar en una abstención porque entendemos que, efectivamente, se salvaguarda el modelo de formación profesional vasca que tanto nos ha costado y que se avanza en la consecución de un sistema de formación profesional español que va a garantizar una mayor y mejor empleabilidad de nuestros trabajadores.
En turno de portavoces de la Entesa pel Progrés, tiene la palabra el senador Jordi Guillot.
Es evidente que con este proyecto de ley avanzamos hacia un nuevo modelo de formación profesional para el empleo. Es un proyecto de ley que cuenta con una mínima base de acuerdo y consenso con los interlocutores sociales y en el debate político parlamentario. Creo que ese es un aspecto importante.
Antes he señalado cuáles eran los aspectos más preocupantes y a partir de aquí he defendido enmiendas para intentar modificar y mejorar el proyecto de ley. Pero, en definitiva, tenemos hoy una ley que desarrolla un nuevo modelo a partir de un consenso y que, evidentemente, mejora la apuesta por la formación profesional. Pero no podemos olvidar que este proyecto de ley de formación profesional para el empleo es una pieza y faltan otras muchas que este Gobierno ha ignorado. Es evidente que con el desarrollo de lo que contempla este proyecto de ley podremos abordar una realidad de sociedad con un nivel tecnológico cada vez más profundo, con cambios continuados en el tejido productivo que exigen una inteligente y eficaz política de formación para mejorar la empleabilidad de nuestros trabajadores y trabajadoras. Evidentemente, estamos hablando de un único instrumento que apuesta por un empleo de calidad.
El modelo, solo hay que ver y analizar la última EPA del segundo trimestre de 2015, sigue fundamentándose en sectores de muy baja calidad. Seguimos creando empleo y actividad económica en sectores de muy baja calidad; y este es uno de los aspectos que más lastra el desarrollo y crecimiento económico de nuestro país.
En todo este periodo no ha habido incrementos de productividad, aunque sí de la competitividad a partir de la devaluación salarial. Pero insisto en que no ha habido ningún tipo de incremento de la productividad, y esto se explica por el abandono del Gobierno, porque no ha habido una apuesta decidida, con vistas a las elecciones y sirviéndose de la experiencia de esta crisis, por abordar otro modelo productivo que nos afiance una economía de calidad, con valor añadido y que exija trabajadores y trabajadoras formados y capaces de adaptarse al desarrollo tecnológico que experimentan nuestras sociedades. Creo que estamos mejorando en un aspecto, pero este Gobierno ha fracasado, en su conjunto, en esta apuesta profunda, como decía antes, por un nuevo modelo productivo; y esto lastra el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestra economía.
Antes decía que para nosotros hay tres grandes aspectos negativos en el proyecto de ley tal y como va a quedar: la no concreción de la participación real de trabajadores y representantes empresariales, el mantenimiento del cheque de formación, y por ello solicito la votación separada de la enmienda número 177 del Grupo Convergència i d?Unió, y la vulneración de competencias de las comunidades autónomas en un aspecto incomprensible. Porque para que una política de formación sea real exige proximidad, flexibilidad y adaptación al entorno, con lo cual es incomprensible y contraproducente esta voluntad de recentralización del diseño de las prácticas de formación.
Estoy, en definitiva, satisfecho con lo que ha salido del Congreso, pero en el Senado no ha habido oportunidad de avanzar. Quiero recordar que es razonable que los grupos parlamentarios presentemos aquí las mismas enmiendas que en el Congreso, y en nuestro caso concreto son esas mismas y otras nuevas. Lo que no sería razonable sería no presentarlas. Pero, insisto en que en el Senado no ha habido posibilidad de profundizar, lo que sí sucedió en el Congreso.
Por tanto, señorías, mi posición respecto de este proyecto de ley es de sí, pero no.
Por el Grupo Convergència i d?Unió tiene la palabra el senador Cleries.
Como decía en mi anterior intervención, y afirmaba también el senador Guillot, este es un proyecto de ley que quedó mejorado en su tramitación en el Congreso, pero aquí, en el Senado, pasará sin pena ni gloria como un puro trámite.
Recalcamos la importancia de invertir en la formación de los trabajadores para tener una economía que queremos que sea más competitiva y que genere riqueza. En este sentido el proyecto de ley nos parece poco ambicioso dadas las necesidades que el Estado español tiene en esta materia, y más en un contexto donde uno de los principales problemas para crear empleo y reducir el paro es también la baja calificación de nuestros desempleados. Ello tiene que ver, entre otras cosas, con las elevadas tasas de fracaso escolar que tenemos, con el abandono prematuro del sistema educativo y con algunos defectos de nuestro sistema de formación profesional para el empleo.
Dada nuestra posición crítica con este proyecto de ley, insistimos en que esta es una materia, la de los títulos competenciales, como el de ejecución de la política laboral y de empleo, que corresponde a las comunidades autónomas. La tendencia de este proyecto es la recentralización general, atribuyendo al Ministerio de Empleo y a órganos de la Administración General del Estado funciones que son más propias de la ejecución de las políticas de empleo que de la competencia en materia de legislación laboral, que es la que tiene atribuida el Estado. El proyecto de ley, como decía, confirma la dinámica de recentralización que se ha producido durante toda esta legislatura. En demasiadas cuestiones es el Estado el que regula hasta un cierto nivel de detalle, y deja vacía de contenido la competencia autonómica en esta materia, por lo que esta capacidad de desarrollar una política que se adapte a la necesidad económica de los territorios concretos queda muy reducida. Algunas de nuestras enmiendas pretenden reconocer explícitamente que en determinados territorios del Estado las organizaciones más representativas no son las habituales del ámbito estatal, sino que existen otros interlocutores sociales que en ese ámbito autonómico tienen el carácter de representatividad que se necesita para dar una respuesta adecuada.
Asimismo nos preocupa que en un tejido empresarial de pequeñas empresas o microempresas la legislación esté pensada para grandes compañías. Por otra parte, como he dicho antes, hemos presentado la enmienda 201 para regular el trabajo de los menores de edad. Nos gustaría que esta enmienda fuera tenida en cuenta precisamente para cambiar la regulación de 1957 todavía vigente.
Lamentamos que no se haya hecho un esfuerzo parlamentario en el Senado porque estamos convencidos de que hubiéramos podido dar nuestro voto afirmativo a este proyecto de ley, pero al no ser tenidas en cuenta ninguna de nuestras enmiendas, ninguna de las propuestas que hemos hecho y especialmente de las referidas al terreno competencial, nos abstendremos en la votación de este proyecto de ley.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Martínez-Aldama.
Señorías, la formación profesional para el empleo es un asunto de vital importancia. Lo es porque permite mejorar la empleabilidad de los trabajadores, y lo es porque permite mejorar la productividad y la competitividad de nuestras empresas.
Para los socialistas, la formación es también un derecho de los trabajadores. Los trabajadores y trabajadoras españoles tienen el derecho a su desarrollo personal y profesional; tienen derecho a mejorar su capacidad de adaptarse a los cambios permanentes del mercado laboral mediante la formación.
Señorías del Grupo Parlamentario Popular, se lo hemos dicho a lo largo de toda esta legislatura que ya camina hacia su ocaso, la salida de la crisis y la lucha contra el paro no pasan por recortar los derechos de los trabajadores, no pasa por rebajarles el sueldo que ganan con el sudor de su frente y su esfuerzo cotidiano; la salida de la crisis y el incremento del factor empleo pasa por incrementar la educación y la formación, pasa por proporcionar a nuestros trabajadores y trabajadoras las competencias y los conocimientos adecuados.
Señora presidenta, quiero poner hoy aquí en valor nuestro actual sistema de formación profesional para el empleo, que es verdad que tiene alguna debilidad y alguna ineficiencia que debemos corregir, pero también lo es que tiene la fortaleza de sus 23 años, desde sus inicios, desde que un ministro socialista, don Luis Martínez Noval, promoviera los primeros acuerdos nacionales de formación continua. Hoy la formación para el empleo llega a más de cuatro millones de trabajadores y trabajadoras de nuestro país y a cerca de medio millón de empresas, concretamente a 478 000, y ello se debe a que los diferentes gobiernos central y autonómicos, a que las organizaciones sociales han interiorizado la importancia de la cultura de la formación. Sin embargo, hay un punto negro, señorías, y es que el proyecto de ley que hoy debatimos tiene como antecedente, como bien explicaba mi compañero, el Real Decreto-Ley 4/2015 que ustedes promulgaron sin acuerdo con sindicatos y empresarios. Por primera vez en 22 años se aprobaba una norma para la formación profesional para el empleo sin acuerdo. Afortunadamente, el trámite de esta ley en el Congreso ha permitido acuerdos importantes, y 38 enmiendas transaccionales han mejorado claramente el texto final. Aprovecho esta circunstancia realmente excepcional para recordar que este es el camino, el del encuentro, el diálogo y el consenso. Lástima que el Partido Popular lleve cuatro años haciendo todo lo contrario, aprobando leyes sin debate, sin negociación y sin la búsqueda de acuerdos. Afortunadamente, esta forma de proceder se acaba; tiene fecha de caducidad; dentro de tres meses, con las elecciones generales.
Para la intervención en el turno de portavoces, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Araceli Peris.
La señora PERIS JARQUE: Muchísimas gracias otra vez, presidenta.
Señorías, quiero destacar, como no puede ser de otra manera, el consenso que esta ley ha desplegado a lo largo de sus orígenes y su desarrollo, y hoy, si no pasa nada y el tiempo no lo impide, que parece que no, vamos a votar mayoritariamente a favor y va a culminar este proceso. Yo estoy especialmente contenta y quiero agradecer al Gobierno esta ley y a los agentes sociales su voluntad de sentarse a dialogar con la mente abierta, así como el apoyo del resto de grupos parlamentarios, sobre todo en el Congreso, donde se aprobó por 37 votos a favor y 4 abstenciones. Me parece digno de destacar y espero que aquí estemos a la altura.
Es una ley inaplazable por las debilidades e ineficiencias que ha demostrado este sistema. De todo se aprende y evidentemente el fraude que se ha producido en la formación demuestra la gran debilidad del sistema, por lo que había que corregirlo urgentemente. Algunos grupos ahora pretenden apropiarse del tema de la formación: de su origen, del decreto, etcétera, pero sorprendentemente el Grupo Socialista tuvo ocho años para cortar este asunto y no lo hizo; ahí están las actuaciones llevadas a cabo en Andalucía en relación con este tema, son sobradamente conocidas y no vale la pena referirse más a ellas.
Evidentemente, la ineficiencia del sistema se debe a que la formación no era adecuada a la demanda, puesto que los desempleados y los ocupados no estaban formándose en las áreas en las que debían hacerlo. Por ello, como se ha destacado hoy, algunos empleos no están siendo cubiertos, porque la persona no está formada, y ahí tenemos que estar nosotros. En la actualidad la formación para el empleo en nuestro país alcanza a más de 4 millones de trabajadores al año. Es un hecho demostrado que entre el 2007 y el 2013 más de la mitad de los trabajadores que no habían superado la educación primaria perdieron su empleo y que, sin embargo, durante esos años el número de ocupados con estudios superiores se incrementó un 2 %. Por tanto, la importancia y la urgencia de este tema son de sobra conocidas.
¿Qué objetivos persigue el Gobierno con esta ley? En primer lugar, garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la formación de los trabajadores empleados y no empleados, lo que ya fue reconocido por el Gobierno y apoyado por el Grupo Parlamentario Popular con la reforma laboral al reconocerse en el Estatuto de los Trabajadores el derecho a la formación como un derecho individual, algo que no existía anteriormente. Persigue además un segundo objetivo, la contribución efectiva de la formación a la competitividad de la empresa, lo que al final se traduce en más empleo. Un tercer objetivo es el fortalecimiento de la negociación colectiva en la adecuación de la oferta formativa a los requerimientos del sistema productivo. Y como cuarto objetivo se marca la eficacia y trasparencia en la gestión de los recursos públicos.
¿Cómo pretende esta ley conseguir esos objetivos? Se introduce un sistema de observación del mercado de trabajo que detecte las necesidades para así, anticipándose con una planificación formativa, poder dar a los trabajadores y a los desempleados lo que realmente necesitan para aumentar su empleabilidad. Por primera vez se establece la concurrencia competitiva de los agentes acreditaos y/o inscritos, con todo lo que eso supone. También se contempla el cheque formación para desempleados, aunque algún grupo no está de acuerdo; entendemos que se debe dejar funcionar y ver qué ocurre, porque puede que no tenga las debilidades que se le critican. En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado, se establecerán fondos que, si no se consumen, irán a los presupuestos del año siguiente. Se apuesta también por la formación en centros públicos, aunque no tanto como solicitan otros grupos. Los agentes sociales no impartirán formación pero sí participarán en el diseño y programación, pues el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular entienden que es importante. Se establecen nuevas previsiones de control y mayores y más sanciones para los infractores. Se prohíbe subcontratar. Los infractores no podrán obtener subvenciones durante los cinco años siguientes a la comisión de una infracción.
Se crea una unidad específica dentro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por otra parte, como ya se ha resaltado, la mayoría de los grupos sí consideran positivo la cuenta formación, que también va a aumentar la empleabilidad de los trabajadores y al acompañar al trabajador durante toda su vida profesional justifica la formación que va adquiriendo. Se crea el catálogo de especialidades formativas, que va a servir de referencia para determinar en qué está formado cada trabajador. El registro estatal de entidades de formación va a ser muy importante porque ahí se va a publicar el resultado de las auditorías a las empresas que dan formación, y eso va a garantizar también la transparencia del sistema. Existe un compromiso de evaluación permanente en la formación, tanto porque se van a analizar los resultados en los trabajadores que se vayan formando como porque se realizarán auditorías a las empresas que impartan formación. Este sistema apoya a las pymes en este cambio. Por último, quiero destacar que se establece que las empresas de menos de 100 trabajadores podrán agruparse para el acceso a la formación, las de menos de 50 trabajadores podrán acumular su crédito formación durante dos años para así tener acceso a acciones formativas de mayor calidad y que las empresas de menos de 5 trabajadores estarán exentas de cofinanciación en la formación profesional, y esto va a afectar potencialmente a más de 1 200 000 empresas.
Por todo lo expuesto y porque coincidimos la mayoría de los grupos, entendemos que esta ley es infinitamente positiva. Quiero destacar el consenso alcanzado con los agentes sociales, con la mayor parte de las comunidades autónomas —no lo he dicho al principio— y con los grupos parlamentarios en el Congreso; consenso que esperaba encontrar hoy en el Senado pero que lamentablemente ha sido roto por Entesa y por CiU porque, si no he entendido mal, han manifestado que se van a abstener, y van a ser los únicos que se abstengan y no voten a favor de esta ley, lo cual me parece una pena porque ellos mismos han puesto de manifiesto que es una ley importantísima para incrementar el empleo en este país, el empleo de calidad. Por tanto, apelo a los minutos que quedan hasta la votación para que se lo piensen. Entiendo que rompen el consenso en una ley importantísima, tal y como —insisto— ellos mismos han destacado, una ley que está por encima de nosotros y que sirve para más personas de las que creemos. Esta humilde senadora insiste en que se lo piensen y agradece el consenso alcanzado a lo largo de la vida de esta ley.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Peris.
Hago mías las palabras de la senadora y apelo a que en unos minutos hagan la siguiente reflexión. Vamos a pasar a la votación y, en función de las peticiones de votos separados que ustedes nos han trasladado, especialmente el Grupo de Convergència i d’Unió, resulta que tenemos que votar una por una de la enmienda número 1 a la enmienda 66, así como de la enmienda número 97 a la enmienda 172. Por eso digo que apelo a unos minutos de reflexión para que ustedes lo piensen, suspendo la sesión y buscamos otro acuerdo; si no, vamos a estar bastantes más minutos votando enmiendas porque corresponde votación separada para las enmiendas 1 a 66 y 97 a 172, todas ellas una a una.
Esto es lo que me ha trasladado el letrado. Tiene la palabra.
El señor LETRADO: Hay una petición separada del Grupo Socialista y otra de CiU. Si suspendemos cinco o diez minutos la sesión puedo ordenar las enmiendas y evitar que alguna votación se escape.
La señora PRESIDENTA: Senadores, el letrado me ha dicho que ha intentado hablar con los portavoces sobre las diferentes peticiones para intentar llegar a acuerdos, pero era tal el lío que o se votaba una a una o resultaba muy complicada la votación. Por eso les pido que suspendamos cinco minutos la sesión para ordenarla, porque si no vamos a votar una a una.
El señor LETRADO: Yo creo que con cinco o diez minutos lo puedo cuadrar. Es que me da miedo que se escape alguna.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. (El señor Guillot Miravet pide la palabra).
El señor GUILLOT MIRAVET: Recuerdo a la Presidencia que he pedido votación separada de la número 177.
La señora PRESIDENTA: Sí, esa está separada, ningún problema.
Las votaciones separadas que han ido sustanciando los diferentes grupos ya están solicitadas. El problema radica en esos dos grupos con tantas enmiendas, porque al haber tantas peticiones de votación separada —la última la solicita Convergència i d’Unió también específicamente separada— se tienen que votar las enmiendas una a una.
Por ello les propongo suspender la comisión cinco minutos para poder llegar a un acuerdo.
El señor LETRADO: Me bastan cinco o diez minutos para chequear con CiU los bloques de enmiendas, y así cohonestar la petición de CiU con la del Grupo Socialista.
La señora PRESIDENTA: ¿Acordamos suspender la sesión cinco minutos para que el letrado lo vea con el Grupo de Convergència i d’Unió? (Asentimiento).
Suspendemos la sesión cinco minutos. (Pausa).
Señorías, empezamos con el primer bloque de la votación.
Enmiendas números 1, 2, 4, 7, 11, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 56, 62 y 65.
Votación de las enmiendas 3 y 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 17; abstenciones, 6.
Enmiendas 9, 10 y 12.
Enmiendas 13, 14 y 23.
Enmiendas 17, 47, 51 y 54.
Enmiendas 15, 16, 18, 20, 34, 35, 44, 49, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64 y 66.
Enmiendas 27 y 28.
Votamos las enmiendas de la Entesa.
Enmiendas 82, 84, 86 y 92.
Votamos el segundo grupo de enmiendas de la Entesa.
Enmiendas 83, 85, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95 y 96.
Enmiendas 97, 98, 100, 103, 118, 120, 121, 122, 124 a 126, 129, 130, 131, 133, 134, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 152, 154, 157, 159, 166 y 171.
Siguiente bloque de enmiendas de la Entesa.
Enmiendas 99, 101, 105, 105, 106, 107, 109, 112 a 115, 117, 119, 160, 161, 162, 164, 167, 168 y 170.
Enmienda número 172.
Enmienda número 102.
Enmiendas 104 y 116.
Enmiendas 110, 111, 123, 128 y 127.
Enmiendas 158, 163 y 165.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 17; abstenciones, 7.
Enmienda número 132.
Enmiendas números 135, 136, 137, 146, 151 y 155.
Enmiendas 149, 153 y 156.
Enmiendas del Grupo de Convergència i d’Unió. Primer bloque: enmiendas 173 a 176, enmiendas 178 a 187 y enmiendas 189 a 209.
Enmienda 177.
Enmiendas del Grupo Socialista. Primer bloque: enmiendas 67, 72 y 77.
Segundo bloque de enmiendas del Grupo Socialista: enmiendas 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80 y 81.
Última enmienda, número 75.
Votación del texto de la ley remitido por el Congreso.
La señora PRESIDENTA: Igual que en el texto anterior, al no haberse aprobado ninguna enmienda, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley por el que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
Se levanta la sesión. Muchas gracias, señorías.
Eran las quince horas y quince minutos.﻿

References: artículo 1
 artículo 97
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 2
 artículo 17
 artículo 90
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 33
 artículo 35
 artículo 34
 artículo 10
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 21
 resolución 
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 149
 artículo 27
 artículo 149
 artículo 16
 artículo 27
 artículo 12