Source: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/200/1
Timestamp: 2019-06-24 15:28:43+00:00

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BOJA Histórico > 2010 > Boletín 200 > 1. Disposiciones generales >
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica, reconoció y amplió derechos y estableció medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, promoviendo su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar.
El Consejo de Gobierno, mediante el Decreto 333/2003, de 2 de diciembre, por el que se establecen indemnizaciones a ex presos y represaliados políticos que sufrieron privación de libertad por un período superior a tres meses e inferior a tres años, como consecuencia de los supuestos previstos en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, y el Decreto 35/2006, de 21 de febrero, modificado por el Decreto 397/2009, de 22 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de concesión de indemnizaciones de cuantía única a las personas ex presas y represaliadas políticamente que sufrieron privación de libertad como consecuencia de los supuestos previstos en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía y que no se acogieron a las indemnizaciones reguladas en los Decretos 1/2001, de 9 de enero, y 333/2003, de 2 de diciembre, continuó el desarrollo de actuaciones tendentes al reconocimiento público y la rehabilitación moral de aquellas personas que sufrieron penas de privación de libertad durante la Dictadura por defender la libertad, la justicia y los valores democráticos.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Gobernación y Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 21 de septiembre de 2010.
2. Las solicitudes se presentarán con arreglo al modelo que se incorpora como Anexo al presente Decreto, acompañadas de la documentación o cualquier otro medio de prueba, incluyendo la declaración jurada y el testimonio de terceros, en el Registro General de la Consejería de Gobernación y Justicia y en el de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, o en los lugares y por los medios indicados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Igualmente, podrán presentarse las solicitudes en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través del portal www.juntadeandalucia.es. Para utilizar este medio de presentación, las interesadas deberán disponer de la firma electrónica avanzada en los términos del artículo 13 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet), pudiendo igualmente utilizar los sistemas de firma electrónica incorporados al documento nacional de identidad.
4. Igualmente las interesadas podrán obtener información personalizada por vía telemática del estado de tramitación del procedimiento y, en general, de los derechos reconocidos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en los artículos, 80, 84 y 86 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
1. El Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica recibirá las solicitudes y requerirá, en su caso, a la solicitante para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley, por la persona titular del órgano competente para resolver.
1. Se constituye una Comisión de Estudio y Valoración con la finalidad de estudiar las solicitudes presentadas, integrada por la persona titular del Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica, quien ocupe la Asesoría para la Memoria Histórica y hasta tres personas funcionarias que designe la persona titular de dicho órgano administrativo, entre las cuales deberá haber al menos una que sea licenciada en Derecho, que ejercerá las funciones de secretaría del órgano colegiado, respetándose lo dispuesto sobre la representación equilibrada de mujeres y hombres en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
2. El régimen jurídico de la Comisión se ajustará a las normas contenidas en el Capítulo II del Título II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Sección I del Capítulo II del Título IV, de la referida Ley 9/2007, de 22 de octubre.
2. El plazo máximo para resolver y notificar dichas resoluciones será de tres meses contados desde la fecha en que las solicitudes hubieran tenido entrada en el Registro General de la Consejería de Gobernación y Justicia. Dicho plazo podrá suspenderse en los casos previstos en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 120.4 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las indemnizaciones podrán entenderse denegadas por silencio administrativo si transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, no se hubiera dictado y notificado resolución expresa.
4. Contra la Resolución de la persona titular de la Viceconsejería de Gobernación y Justicia, las interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería, en la forma y plazos establecidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Las beneficiarias de las indemnizaciones previstas en el presente Decreto deberán cumplir con las obligaciones impuestas a las personas beneficiarias de subvenciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Título VII del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en sus normas de desarrollo, cuando por su naturaleza sea aplicable a estas indemnizaciones.
Sevilla, 21 de septiembre de 2010

References: artículo 27
 artículo 38
 artículo 82
 artículo 13
 artículo 35
 artículo 71
 resolución 
 artículo 42
 artículo 19
 artículo 42
 artículo 120
 resolución 
 Resolución