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Nº 162 / En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los diecisiete
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MARÍA LUISA LUCAS y RICARDO FERNANDO FRANCO
"En fecha 31 de enero del 2002, María Elena Vidaña Vda. de Grossi, en su carácter de Presidente de la Empresa Forestar, junto a su hijo Daniel Román Grossi, como Vice-Presidente de la misma empresa
ASÍ VOTO.- A LA PRIMERA CUESTIÓN, RICARDO FERNANDO FRANCO dijo
ASÍ VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, RICARDO FERNANDO FRANCO dijo
MARIA LUISA LUCAS J U E Z RICARDO FERNANDO FRANCO P R E S I D E N T E
Nº 162 / En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil ocho, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, MARÍA LUISA LUCAS y RICARDO FERNANDO FRANCO, quienes emitirán su voto en ese orden, asistidos por el Secretario Autorizante MIGUEL ANGEL LUBARY, tomaron conocimiento del expediente nº 64.673/08, caratulado: "VIDAÑA MARÍA ELENA S/DEFRAUDACIÓN POR DESBARATAMIENTO DE DERECHOS ACORDADOS EN CONCURSO CON FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO", con el objeto de dictar sentencia conforme los artículos 446, 451 y ccs. del Código Procesal Penal.-
1°) ¿Es procedente el recurso de Inconstitucionalidad, interpuesto a fs. 683/694?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, MARÍA LUISA LUCAS dijo:
I- La Cámara Segunda en lo Criminal de esta ciudad, por Resolución Nº 83 del 9 de abril de 2008, dispuso revocar el ítem 4) del punto II) de la Resolución Nº 104/06, de fecha 30 de mayo de 2006, obrante a fs. 462/494, manteniendo en todo lo demás la referida disposición.-
Ello motivó el alzamiento del querellante particular y actor civil, quien por el cauce del art. 451 inc. 2º del C.P.P. (Ley 1062) dedujo recurso extraordinario local, el que concedido por el Tribunal a-quo y elevados los autos a esta Alzada se encuentran los mismos en el estado previsto por el art. 446 del ritual.-
La labor impugnaticia convocante, inicialmente refiere el objeto de la presentación, el cumplimiento de los requisitos formales de admisibilidad y antecedentes de la causa.-
A continuación, centra su agravio en la eliminación de la regla de conducta impuesta en la Resolución Nº 104/06 donde, en su punto 4), se intimara a que en el plazo que allí se establecía, se regularice y se escrituren las unidades funcionales en cuestión.-
Recuerda las consideraciones efectuadas al respecto por los Sres. Jueces de primero y segundo voto para sustentar la fijación de dicha regla, afirmando seguidamente que al ser ella revocada produjo la afectación al derecho de propiedad, la defensa en juicio, el debido proceso y el principio de congruencia.-
Luego de desarrollar las argumentaciones referidas a cada una de estas garantías y principios cuyo quebrantamiento invoca, agrega que han resultado afectados el primer y tercer párrafos del art. 76 ter del C.P. y los arts. 17 y 18 C.N. y 20 y 40 C.Pcial.-
Señala que la pretensión de escriturar siempre fue ajena a su parte, siendo su objetivo un desenlace de naturaleza penal acorde a la acción deducida, pero que otorgada la suspensión del juicio al no ser cumplimentada debidamente alguna de las exigencias impuestas por el tribunal, necesariamente debía ser revocada. Critica que la Cámara, ante la manifestación de la imputada que no podía dar cumplimiento a aquella obligación, sólo dispuso dejar sin efecto dicha regla de conducta.-
Expresa que al considerar el pedido de la encartada el Tribunal hizo una interpretación del art. 76 ter y el art. 27 bis del C.P., entendiendo que más allá de las pautas impuestas intimaba a escriturar las unidades funcionales para que con ello se repare y cesen los efectos del delito, convirtiendo la escrituración en una razonable pauta reparatoria, tendiente a alcanzar la resocialización pretendida con el instituto.-
Agrega que esta pauta por sí sola reparadora, fue dejada sin efecto por la Cámara sin fundamento válido, esgrimiendo que no tenía conocimiento de la suerte que seguiría la causa civil, pretextándose en que ésta ha sufrido avatares distintos a los ya conocidos. Sostiene que tampoco es posible argumentar que no se podía prever el alcance de las medidas judiciales entabladas en el ámbito civil y comercial.-
Resalta que su pedido de fs. 622 a que se haga efectivo el apercibimiento dispuesto en la Resolución Nº 215 y la presentación de la defensa de fs. 623/625 informando que se le impuso una obligación de imposible cumplimiento, motivó la vista a la Fiscalía de Cámara Nº 1 quien se expidió en el sentido que se deje sin efecto el beneficio de la suspensión del juicio a prueba. Recuerda que subsistiendo la inactividad de la Cámara su parte reitera lo solicitado a fs. 622 e inexplicáblemente se corre nueva vista al Ministerio Público, ya en la persona del Fiscal Nº 2 y sin notificar de la misma a su parte, por lo que interpuso la revocatoria desestimada en la resolución recurrida.-
Se agravia que para rechazar sus pedidos se invoque que la Sra. Juez de Ejecución Penal no había remitido la causa donde ejerce el control de la suspensión aquí dispuesta; como también, que se afirme que no se han vencido los plazos estipulados para el cumplimiento de la suspensión y que la imputada se encuentra cumpliendo las pautas de conducta fijadas.-
Transcribe el hecho fijado en el requerimiento de elevación de la causa a juicio, a fin de demostrar que la Cámara tenía conocimiento que lo que le impuso escriturar a la imputada Vidaña no se encontraba a nombre de ésta.-
Por último, denota que la reiteración de imposibilidad de dar cumplimiento implicaba la no aceptación de la pauta impuesta, por lo que el Tribunal debía asumir la misma postura que en la causa "Bogarín Blanca Nélida y Gutiérrez Ignacio Roberto s/ Estafa" revocando el beneficio otorgado y señalando audiencia de debate. Hace reserva del caso federal.-
A fs. 722/727, presenta memorial potestativo ampliando los fundamentos de su presentación recursiva y agrega que en el caso podría haber mediado una conducta atentatoria contra la administración de justicia enmarcable en la figura del art. 269 del C.P. en tanto no habría existido un correcto ejercicio de la potestad jurisdiccional, por lo que expresamente solicita que este S.T.J. analice, en función de las facultades de superintendencia, la conducta de los miembros del Tribunal recurrido.-
También entiende que "la función jurisdiccional habría afectado el bien jurídico protegido en la norma penal de fondo, por lo que deberá correrse vista de estos actuados al Consejo de la Magistratura".-
II- Reseñada de tal manera la presentación realizada en autos, cabe inicialmente dejar determinado que no obstante que el decisorio atacado no se trata de una sentencia definitiva ni de uno de aquellos autos contemplados en el art. 435 de la rituaria, igualmente resulta equiparable a ellas y por lo tanto impugnable objetivamente, no obstante haberse concedido la petición de suspensión del juicio a prueba, lo que igualmente implica la existencia de un agravio de imposible reparación ulterior para las partes que pretendan oponerse a ese decisorio, al carecer de una oportunidad posterior para hacer valer sus derechos.-
Tal es el lineamiento doctrinario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expuesta en la causa "Menna", donde estableció que la resolución que hace lugar a la suspensión del proceso a prueba es "...una resolución equiparable a definitiva, puesto que la tutela de los derechos que se invocan no podría hacerse efectiva en una oportunidad procesal posterior..." (Fallos 320:1919), situación que también se presenta cuando la petición no es acogida, posición concordante con los sustentado por reconocida doctrina sobre esta materia, que afirma que "El recurso procede tanto contra el auto que concede la suspensión del juicio a prueba (recurso del ministerio fiscal) como del que la deniega (recurso del imputado), porque priva a éste del derecho a evitar la pena, por lo que su gravamen es irreparable y la decisión tiene a ese respecto carácter definitivo" (De la Rúa, La Casación Penal, pág. 186) (Cfr. esta Sala in re "Vassia", sent. 53/07, y otros), a lo que debemos agregar la legitimación recursiva que también posee el querellante particular, al adherir esta Sala Segunda a los sólidos fundamentos expuestos al respecto por la Cámara de Casación Penal en el plenario "Kosuta..." al arribar a idéntica conclusión (Conf. L.L.; 1999; E. pág. 165/184; in re esta Sala "García Alejandro Adrián..." sent. 109/07).-
El gravamen del recurrente se focaliza en que el Tribunal a quo, al conceder la suspensión del juicio a prueba, estableció como regla de conducta la escrituración de las unidades funcionales que se describen en la sentencia dictada el 18/11/03, en la causa Nº 1425/00 "Noirat Santiago José c/ Suc. de Román Anselmo Grossi s/Escrituración" registro del Juzgado Civil y Comercial Nº 9 de esta ciudad; sin embargo, dicha regla, fue dejada sin efecto por la Cámara interviniente mediante Resolución Nº 83, con el argumento que no tenía conocimiento de la suerte que seguiría la causa civil, siendo que lo que hubiera correspondido era revocar el beneficio otorgado y señalar audiencia de debate.-
A fin de dar una respuesta acabada al tópico traído a examen, inicialmente, resulta pertinente recordar el criterio sustentado por esta Sala en cuanto al carácter enunciativo de las reglas contempladas en el art. 27 bis del C.P. in re "Rojas..." sent. 165/05.-
Se ha pronunciado en igual sentido el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, a través de su Sala Penal que se adscribió en la tesis que sostiene que la enumeración de las reglas de conductas contenidas en el artículo 27 bis del Código Penal resultan meramente enunciativas (T.S.J. Sala Penal, S. n° 82, 12/9/2003 “Pérez”). Es que, si la suspensión del juicio a prueba procura la resocialización del penalmente perseguido con evitación de la condena, es razonable aseverar como conveniente una interpretación de la norma del artículo 27 bis C.P. que, como la "tesis del carácter no taxativo" de la enumeración de reglas de conducta allí contenida, propicie al juez la posibilidad de justipreciar la elección del instrumento idóneo para lograr que el imputado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley (art. 1, Ley 24.660). De tal suerte, podrá el juzgador valorar si es una de las reglas expresamente previstas en la norma de marras, la que mejor consulta los requerimientos preventivo especiales de un imputado determinado, o si, por el contrario, reúne tales características una medida diferente.-
Evidentemente este fue el criterio asumido por el Tribunal a-quo cuando en la evocada Res. Nº 104/06 que se integra con la Nº 124/06, aditó como 4ª condición para suspender el proceso a prueba la escrituración de los inmuebles en cuestión con fundamento en que los efectos ocasionados por el delito dejen de continuar y permanecer al tiempo de su concesión.-
El impugnante eleva su queja respecto que del tenor del cuadro fáctico fijado en la pieza acusatoria fiscal -de fs. 217/220- ya la Cámara tenía conocimiento de la falta de titularidad de la encartada sobre esos bienes inmuebles, pero lo hace tardíamente, desde el momento que soslaya considerar que su parte también se encontraba en las mismas condiciones que los Sres. Camaristas de efectuar esa lectura y no obstante estar facultada para interponer el remedio recursivo intentando revertir esa decisión, solo se limitó a solicitar aclaratoria respecto al error material detectado en relación al monto dinerario de reparación lo que diera lugar a la Resolución Nº 124/06; es así, que ambas decisiones se encuentran consentidas, tal como se reconoce en la propia tarea impugnaticia convocante; por lo que cabe rechazar la invocada afectación de la defensa en juicio.-
Para ello debe tenerse presente el contenido del Requerimiento Fiscal glosado a fs. 217/220 en cuanto a la descripción del hecho allí efectuada: "En fecha 31 de enero del 2002, María Elena Vidaña Vda. de Grossi, en su carácter de Presidente de la Empresa Forestar, junto a su hijo Daniel Román Grossi, como Vice-Presidente de la misma empresa, suscribió la escritura pública traslativa de dominio Nº 8, vendiendo a la Empresa Chaco Construcciones S.A., las 4 Unidades Funcionales, que su marido y padre, respectivamente, Escribano Román Anselmo Grossi, se había comprometido a transferir a Santiago Noirat -quien actualmente está en posesión de las mismas- según boleto de compra venta de fecha 15/10/98, como parte de pago de una transacción que había efectuado en fecha 07/09/98, con Juan José Sobrado. Posteriormente y al intentar Noirat que se le efectúe la escritura traslativa de dominio sobre las Unidades Funcionales, la cual estaba protocolizada en la Escribanía Grossi, constata que la requerida introdujo falsamente un agregado en el mismo Protocolo indicando allí: "No pasó por desestimiento de los comparecientes. Conste.", dado que el supuesto autor -Grossi- a ese momento, ya había fallecido en un accidente conjuntamente con Sobrado, impidiendo de esa manera acceder a la titularidad de los inmuebles preindicados...".-
Siendo esto así, la entonces inactividad impugnaticia del hoy recurrente, tornan abstractos sus actuales reproches en tal sentido e impide a esta Sala pronunciarse sobre el fondo del asunto; independientemente que se pudiera llegar a coincidir con el quejoso en cuanto que el caso en examen ameritaba ser ventilado en un juicio oral y público.-
Por lo demás y en función a lo anticipado supra, debe tenerse presente que forma parte de las facultades legales del Tribunal la de imponer las reglas de conducta que considere adecuadas y también la de modificar o dejar sin efecto las fijadas si las considera inoperantes para producir los efectos preventivos especiales sobre los futuros comportamientos del autor del hecho, que había tenido en mira al momento de dictar la resolución que las impuso.-
Apoyan doctrinariamente esta postura Vitale, Bovino y D'Alessio en la interpretación de lo normado por el tercer párrafo del art. 27 bis del C.P. concordante con el 76 ter, párrafo II del C.P. en cuanto prevén la posibilidad de que el Tribunal modifique las reglas de conducta si resulta conveniente al caso, siempre que éstas pierdan su utilidad, conveniencia o legitimidad. ("Suspensión del juicio a prueba", 2ª ed. 2004 Del Puerto - pág. 233/4; "La susp. del Proced. penal a prueba en el C.P.Arg." -2001 Ed. Del Puerto - pág. 195 y "Código Penal - Com. y anot. Pte. Gral. La ley - 2007- pág. 174, respectivamente).-
El Inferior revocó la recordada regla impuesta con fundamento en que: "...Como se sostiene, de las dos primeras condiciones una se ha cumplido, según información de lo actuado por la Sra. Juez de Ejecución; ya que la imputada efectuó la reparación dineraria dispuesta y viene cumpliendo la segunda regularmente con las horas de servicio comunitario en el Hospital Perrando. Pero además contamos con la presentación efectuada por la imputada y su abogado defensor con respecto a la intimación, en la cual dejan clara la imposibilidad fáctica de escriturar los bienes inmuebles pues se encuentran a nombre de una tercera persona. Ello torna imposible a tal acción mandada al impedírsele legalmente la inscripción o transferencia sobre un bien de quien no es más su titular. Creemos necesario volver a una interpretación literal del texto previsto en el tercer párrafo del art. 76 bis del Código Penal, donde se dispone que "el imputado deberá...hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible...". Lo que hemos subrayado nos indica algo que por otra parte de una razonabilidad básica, en cuanto solo podrá ser exigible aquello cuyo cumplimiento sea posible. Pretender someterlo a una pauta que sea de imposible cumplimiento se transforma en una condición diabólica. Ciertamente lo cuestionado por la querella no es la reparación sino la pauta de conducta especial que ha impuesto el tribunal, pero ambas por igual deben ser alcanzadas por el mismo requisito de ser ciertamente posible o realizable. Debemos señalar que la estructura del art. 76 ter. párrafo 1º es muy explícita al disponer que las reglas de conducta lo serán conforme lo previsto por el art. 27 bis, ambos del Código Penal. Y compartiendo la interpretación de Julio de Olazábal ("Suspensión del proceso a prueba", ed Astrea, Buenos Aires, 1994, ps. 90/91), el cual sostiene que con esta remisión la norma hace extensivo todo el régimen de la probation al precepto que fija las pautas de la condicionalidad. Por lo que no basta que exista un simple incumplimiento, ya que la ley exige una particular resistencia, tal como lo estipula la letra de la norma: "persistiere o reiterare el incumplimiento" (último párrafo del art. 27 bis). Por lo cual solo se debe llegar a la revocación como última ratio por existir otras alternativas para sostener el instituto; o también podrán ser modificadas cuando aquella pauta de conducta impuesta originariamente sea el producto de una imposibilidad justificada que impidió a la imputada su observancia. No podemos negar ni aseverar la existencia del delito aquí investigado; por ende tampoco podemos apreciar si los bienes que se ordenan escriturar han sido una maniobra defraudatoria, que la tuviera como responsable a la imputada. Ello en referencia a lo sostenido por el actor civil, quien a fs. 637 dijo: "como va a solicitar la encartada un certificado para vender las unidades funcionales, si fue ella misma la que "las vendió", incurriendo, justamente, en el delito que acá se le imputa". Al respecto debe quedar en claro a los presentantes, que este Tribunal no peca de ingenuo, pero tampoco se le puede exigir que en este estado del proceso nos entrometamos en una disquisición que podrá concluirse luego del juicio. Aquí solo podemos apreciar si la condición impuesta a la imputada es legalmente posible y en su caso si la misma tiene alguna posibilidad futura de prosperar. De acuerdo a las distintas presentaciones de la imputada ha quedado claro que la misma ha dado una razón jurídica en la cual justifica su incumplimiento a lo aquí intimado. Ante ello, este tribunal no tiene forma legal de insistir en la intimación a que la imputada satisfaga una obligación que le resulta de imposible observancia. Sostener que la escrituración impuesta le sea aún posible de realizar, aparejaría la necesidad de contar con la colaboración o adquiscencia de las terceras personas a nombre de quien figuran registradas tales unidades funcionales. Pretender alcanzar con nuestra decisión a tales acciones sobre personas, que hasta aquí, son ajenas a este proceso, se torna legalmente imposible. Nuestra capacidad de imponer medidas, cargas o pautas de conducta, solo está limitada a la persona imputada. Seguramente sería mucho más sencillo a este tribunal, realizar un examen superfluo de las presentaciones y decidir por la revocación del beneficio de la suspensión del proceso a prueba solo basado en el incumplimiento de la intimación a cumplir la escrituración. Pero ello sería no ahondar en la cuestión aquí debatida, brindando una fundamentación aparente, sin sopesar realmente las razones planteadas. Podrán apreciar todas las partes vinculadas a este proceso, que hemos brindado especial atención a las dificultades que el presente caso presentaba; sin esquivar la responsabilidad de resolver según la interpretación actual del texto legal y nuestra propia posición al respecto. Pero es bueno recordar que las pautas de conducta se encuentran libradas al criterio del juzgador, ya que estas no deben ser una pena anticipada, y pueden ser modificadas a petición de las partes, respetando las limitaciones que impone la ley de fondo y la Constitución Nacional. Ya que no reconocerle esta posibilidad de ejercer la propia revisión al tribunal que la dictó, elevaría la pauta de conducta a la categoría de una pena y solo sería revisable por un tribunal superior. Más aún es procesalmente bueno que quien dictó una regla de conducta pueda revisarla, cuando estas imposibilidades están normalmente fundadas en motivaciones objetivas fuera de la negativa subjetiva del imputado. No se trata de una modificación dispuesta por una voluntad en contrario de la persona imputada, sino por un condicionamiento objetivo fuera de su decisión que la vuelve inviable. El instituto de la suspensión del proceso a prueba, no es una concesión graciosa sujeta a la voluntad de los magistrados; sino que es un derecho que debe ser otorgado a los imputados cuando se adecúen a los requisitos legales para su procedencia. Así su revocación solo puede entenderse cuando se frustre el fin perseguido, este es: la reinserción social, la cual aún no aparece como insatisfecho en la presente. Ello se adecúa a las naturales consecuencias de lo normado por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, que al receptar el bloque de tratados y convenciones internacionales sobre Derechos Humanos se infiere que cualquier intervención estatal debe obedecer a los postulados constitucionales de razonabilidad y resocialización. De revocar la suspensión tal como lo pretenden los actores civiles, se pecaría en un excesivo rigorismo formal solo basado en el incumplimiento en sí, sin sopesar las razones alegadas para no hacerlo, sin acreditarse la frustración del fin de reinserción social que conlleva este instituto....-" (Conf. fs. 662 vta./664 vta.).-
Por lo demás, es dable comprobar, que la dificultad de escriturar los inmuebles en cuestión estuvo latente desde el inicio de este proceso (concretamente en el punto XXVI de la denuncia de fs. 1/10) arribando el Inferior al cabal convencimiento de su concreta imposibilidad legal recién en el decisorio atacado, desandando el camino que tenazmente transitó sosteniendo la ejecutoriedad de la medida que ahora revoca y lo hizo ante las documentales que en fotocopias certificadas le fueran remitidas por el Juzgado de Ejecución Penal en contestación al requerimiento de informes (fs. 603), en cuanto si la imputada había dado cumplimiento con las reglas de conducta que le habían sido impuestas, con el que ratifica -lo ya sabido- que las unidades funcionales de marras fueron transferidas el 31 del mes de enero del año 2002 por Forestar S.A. a Chaco Construcciones S.A. quien desde entonces es el titular dominial; lo que también impidiera dar cumplimiento con lo ordenado en el mismo sentido por el Juzgado Civil.-
Al tener por acreditada el Tribunal la imposibilidad de dar cumplimiento a la referida regla, debe coincidirse con lo adoctrinado por Bovino en su citada obra, que "...se debe considerar que el imputado ha cumplido si su apartamiento de una regla de conducta se halla justificado". Ello así, por cuanto "...se justifica el apartamiento de las reglas impuestas cuando al imputado se le torna imposible, o sumamente dificultoso, cumplir con ellas"; como así, que "Cuando el imputado incumpla justificadamente con una o más reglas de conducta, y este incumplimiento se deba a razones de cierta permanencia, el tribunal podrá revocar esas reglas y, si fuera necesario, imponer otras. Para solucionar este problema, precisamente, se ha previsto la cláusula contenida en el art. 27 bis, párrafo II, C.P.: "Las reglas podrán ser modificadas por el tribunal según resulte conveniente al caso". Si la modificación obedece a un incumplimiento justificado, se debe recordar, tal incumplimiento no puede perjudicar al imputado" (pág. 218).-
En el sub examen, también concurre a propiciar la solución desestimatoria del agravio la circunstancia que la probada dió estricto cumplimiento con las restantes reglas de conducta impuestas, efectivizando el pago de la suma fijada en concepto de reparación para el denunciante ($ 5.000.-); como así, al realizar regularmente las tareas comunitarias en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Julio C. Perrando de acuerdo a las constancias de fs. 627 y 650, lo cual es demostrativo que el fin perseguido por el instituto de la Probation, aún no se presenta como insatisfecho.-
Frente a la situación que nos ocupa, que mereció el alzamiento de la querella, no cabe otra solución que la de prestar aquiescencia a la decisión agraviante por las razones que en ella se exponen; aunque no pueda omitirse exteriorizar una observación a la tarea realizada por la Cámara a quo, al inadvertir en su oportunidad el desgaste jurisdiccional innecesario que provocaba imponer la cuestionada regla de conducta, lo que en definitiva perturbara la pronta administración de justicia; crítica que se puede extender a las restantes partes interesadas por la pasividad procesal demostrada al no oponerse firmemente a esa medida ante el contundente hecho, ya recordado, descripto en el Requerimiento de Elevación de la causa a juicio; excepto la defensa que lo hiciera saber en una inmediata presentación, aunque sin emplear el remedio adecuado.-
Por lo demás, el recurrente ha expresado que nunca persiguió la adopción de esta medida, que fue tomada unilateralmente por el a-quo, por cuanto la pretensión de escriturar siempre fue ajena a su parte, siendo su objetivo un desenlace de naturaleza penal acorde a la acción deducida, lo que de por sí enerva los reclamos vinculados a su cumplimiento y a la afectación del derecho de propiedad invocada, cuya reparación se encuentra en manos de la justicia civil, tal como se informa por Secretaría a fs. 543/547.-
Por último, en cuanto a la solicitud de la parte querellante de dar intervención al Superior Tribunal de Justicia y al Consejo de la Magistratura para que el Alto Cuerpo en ejercicio de superintendencia y el citado Órgano constitucional examinen la conducta de los Sres. Magistrados intervinientes; se hace saber al peticionante, que de haber concluído su parte que la cuestión planteada amerita tal derivación, le corresponderá efectuar las presentaciones directas ante el o los mismos cumplimentando, ante el segundo de ellos, los requisitos formales exigidos por el art. 12 de la Ley 188.-
Por lo tanto, en virtud de tales consideraciones, me expido negativamente en lo que fuera materia de esta cuestión. ASÍ VOTO.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, RICARDO FERNANDO FRANCO dijo:
Adhiero íntegramente a los fundamentos y conclusión que antecede. ES MI VOTO.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, MARÍA LUISA LUCAS dijo:
Con arreglo al resultado de la cuestión tratada anteriormente, corresponde rechazar el recurso de Inconstitucionalidad de fs. 683/694, con costas; propiciando se regulen los honorarios profesionales de los patrocinantes Dres. Diego Rafael Manauta y Rosa Regina Rolfi en la suma de Pesos Un Mil Doscientos ($ 1.200,00.-) en forma conjunta y a cargo de su patrocinado, de conformidad a las disposiciones arancelarias vigentes. ASÍ VOTO.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, RICARDO FERNANDO FRANCO dijo:
Concuerdo con la propuesta formulada precedentemente y por ello voto en idéntico sentido. ES MI VOTO.-
Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo precedente, firmando los señores Magistrados presentes, por ante mi que doy fe.-
RICARDO FERNANDO FRANCO
MIGUEL ANGEL LUBARY
Nº 162 / Resistencia, 17 de diciembre de 2008.-
I- Rechazar el recurso de Inconstitucionalidad de fs. 683/694, con costas.-
II- Regular los honorarios profesionales de los patrocinantes Dres. Diego Rafael Manauta y Rosa Regina Rolfi en la suma de Pesos Un Mil Doscientos ($ 1.200,00.-) en forma conjunta y a cargo de su patrocinado, conforme a las disposiciones arancelarias vigentes.-
III- Regístrese. Notifíquese. Comuníquese a Caja Forense y oportunamente devuélvanse los autos.-
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sala%20penal%202 -> Nº 151 / En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los veintitres
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sala%20penal%202 -> Nº 54 / En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los veinte
sala%20penal%202 -> Nº 68 / Resistencia, 23 de abril de 2014. Autos y vistos
sala%20penal%202 -> Nº 154 / En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los veintitres

References: Resolución 
 Resolución 
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 artículo 27
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