Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2009/A152-09.htm
Timestamp: 2017-11-22 23:53:05+00:00

Document:
A152-09
Auto 152/09
CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO-Reiteración Auto 124/09
ACCION DE TUTELA-Facultad para reclamar ante los jueces la protección de derechos fundamentales
COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA-Conocimiento de los jueces o tribunales del lugar donde ocurrió la violación o amenaza que motivo la solicitud/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Excepción en caso de acciones tuitivas dirigidas contra la prensa y los medios de comunicación/ACCION DE TUTELA-Competencia por factor territorial, salvo contra los medios de comunicación
DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE TUTELA
ACCION DE TUTELA-No puede transcurrir más de diez días entre la solicitud y su resolución
ACCION TUITIVA-Tiene como característica la informalidad
COMPETENCIA TERRITORIAL/ACCION DE TUTELA-Factor territorial
DOMICILIO-Atributo de la personalidad
ACCION DE TUTELA-Domicilio de institución demandada no afecta el factor territorial
ACCION DE TUTELA CONTRA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-Competencia de juzgado civil del circuito
Referencia: expediente I.C.C. 1388
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 3º Civil del Circuito de Tunja y el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá.
Bogotá, D. C., veintiún (21) días del mes de abril de dos mil nueve (2009).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, decide sobre el conflicto de la referencia.
I- ANTECEDENTES.
El trece (13) de enero de dos mil nueve (2009), Javier Leonardo López Higuera interpuso acción de tutela contra la Universidad Nacional de Colombia, por considerar que esta institución conculcaba sus derechos fundamentales.
Al momento de interponer la demanda, el accionante indicó que adelantó estudios de posgrados en la Universidad Nacional, “(…) en convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con sede en la ciudad de Tunja (…)”. De igual forma, señaló que terminó sus estudios el veintiséis (26) de julio de dos mil ocho (2008). Sin embargo, la institución demandada se negó a otorgarle el título a que tiene derecho, “(…) aduciendo que ha tenido problemas en la sistematización de las notas (…)”.
La acción de tutela fue repartida al Juzgado 3º Civil del Circuito de Tunja, que mediante providencia del quince (15) de enero de dos mil nueve (2009) resolvió declararse incompetente para conocer de la causa y dispuso remitirla “(…) para que [fuera] sometida a reparto entre los jueces Civiles del Circuito de [Bogotá](…)”. Sustentó su decisión considerando que la posible vulneración de los derechos fundamentales del demandante “(…) tiene lugar en la ciudad de Bogotá, donde se encuentra ubicada la cede (sic) de la institución cuestionada (…)”. Así, citando el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, señaló que son competentes los jueces y tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza, debiendo conocer de la causa las autoridades judiciales de Bogotá.
La acción fue repartida entonces al Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá, que mediante providencia del treinta (30) de enero de dos mil nueve (2009) resolvió iniciar el conflicto negativo de competencias y remitir el expediente a esta Corporación para su resolución. Consideró la autoridad judicial que todos los hechos que se invocan como sustento de la acción de tutela ocurrieron en la ciudad de Tunja, siendo irrelevante para la competencia del juez constitucional el domicilio de la demandada. Así, enfatizó que “(…) la competencia enunciada se tiene a prevención por los jueces o tribunales con jurisdicción, no en el sitio en el cual tenga su sede principal el ente administrativo (…) sino “en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud”.
II- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE.
Para solucionar el presente asunto, la Sala Plena de esta Corporación analizará (i) la potestad de la Corte Constitucional para dirimir conflictos de competencia, así como (ii) los factores de competencia en materia de tutela y las reglas de reparto establecidas en el Decreto 1382 de 2000. Posteriormente, se resolverá el conflicto suscitado entre las autoridades judiciales de la referencia.
1. De la potestad de la Corte Constitucional para dirimir conflictos de competencia.
En su jurisprudencia, esta Corporación ha sostenido que la solución de los aparentes conflictos de competencia en materia de tutela, corresponde al superior jerárquico común de las autoridades judiciales entre las cuales se presenta dicha discusión. Por esta razón, la competencia de la Sala Plena para conocer y dirimir esta clase de conflictos, debe ser interpretada de manera residual, puesto que sólo en los casos en que las autoridades judiciales involucradas en el conflicto carezcan de superior jerárquico común, el expediente deberá ser remitido a la Corte Constitucional para que, como máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional, decida cuál autoridad debe conocer de la solicitud de amparo[1].
Con todo, y en atención a los principios de celeridad, eficacia, acceso oportuno a la administración de justicia y el respeto por los derechos fundamentales – teleología del Estado Social de Derecho -, la Sala Plena puede conocer y resolver directamente los conflictos que se presenten entre autoridades judiciales que posean un superior jerárquico común[2].
Así, en Auto 240 de 2006, en el cual se planteó un conflicto de competencias por factor territorial, en donde el Juzgado 1º Civil del Circuito de Bogotá rechazó la solicitud de tutela presentada por un ciudadano, bajo el argumento de que la misma se dirigía contra un medio de comunicación que circulaba en la ciudad de Leticia (Amazonas) y el Juzgado Penal del Circuito de Leticia se declaró incompetente por cuanto los efectos de las actuaciones del medio de comunicación se materializaron en Bogotá, la Corte, no obstante hubiere superior jerárquico común, resolvió remitir el expediente al Juzgado Penal del Circuito de Leticia con base en las siguientes consideraciones:
“(…)En atención a lo dispuesto en el mencionado artículo 18 de la Ley 270 de 1996 y al criterio funcional de la jurisdicción constitucional, en el presente conflicto de competencia el superior jerárquico común del Juzgado Penal del Circuito de Leticia (Amazonas) y el Juzgado Primero (1°) Civil del Circuito de Bogotá, es la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, y es ésta quien, en principio, debería conocer del presente conflicto.
(…) No obstante lo anterior, la Corte considera necesario dar aplicación a la tesis según la cual, a pesar de que la competencia para resolver estos conflictos en materia de tutela esté radicada en cabeza de otra autoridad judicial, esta Corporación los resuelve de manera directa en atención a los principios de celeridad, carácter sumario y eficacia de los derechos fundamentales”.
2. Los factores de competencia en materia de tutela y las reglas de reparto establecidas en el Decreto 1382 de 2000.
2.1 La Constitución, en el artículo 86, estableció la facultad de toda persona para “(…) reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar (…) la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales (…)”. Sumado a esto, el artículo 37 del Decreto 2951 de 1991, Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, establece que “Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud(…)”(Subraya fuera del original), consagrando como única excepción el caso de las acciones tuitivas de derechos fundamentales “(…) dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación (…)”, que deben ser conocidas – en primera instancia – por los jueces del circuito del lugar donde se produjo la vulneración o la amenaza.
2.2 De esta forma, la única regla de competencia existente en lo referente a la acción de tutela es el factor territorial, salvo el caso de los medios de comunicación. Por ende, el único conflicto de competencia posible en esta materia es aquel que se suscita a causa de este factor, [3] siendo toda autoridad judicial competente, a prevención, para conocer de las acción de tutela interpuestas por las personas dentro de su jurisdicción si el daño o la amenaza a los derechos fundamentales se produjo ahí.
2.3 En este orden de ideas, el Decreto 1382 de 2000, Por el cual [se] establecen reglas para el reparto de la acción de tutela, no consagró nuevos factores de competencia a los estipulados en la Constitución y la Ley, pues, además de ser una norma de inferior jerarquía y, por ende, circunscrita a desarrollar los postulados existentes en la Carta y el Decreto 2591 de 1991, su única finalidad fue “(…) racionalizar y desconcentrar el conocimiento de [la acción de tutela]”, como fue señalado en las consideraciones del mismo;[4] objetivo que se desprende de la Ley 270 de 1996, donde se estableció – en el artículo 4º - que “(…) La administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento (…)”.
De esta forma, aún bajo la existencia de estas reglas de reparto, que deben ser respetadas, cuando quiera que se produzca un yerro en el mismo, esto no significa que el juez que recibe el proceso para su conocimiento sea o pueda declararse incompetente, pues debe conocer de la causa, a prevención, si ejerce jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza de los derechos fundamentales. Y es que el Constituyente enfatizó, en el artículo 86 del Estatuto Superior, que por la trascendencia de la acción de tutela como mecanismo de salvaguarda de los derechos fundamentales – cuya garantía es la teleología del Estado Social de Derecho – “(…)[e]n ningún caso podrá transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución (…)”. Por ende, por ningún motivo, un problema de reparto puede llegar – en la práctica – a la consecuencia de demorar un procedimiento preferente y sumario, como es la acción de tutela, más de diez días.
2.4 No sobra enfatizar que la acción tuitiva de derechos fundamentales tiene como una de sus características la informalidad, particularidad reconocida en el artículo 3º del Decreto 2591 de 1991, donde se consagró que el trámite de la misma “(…) se desarrollará con arreglo a los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia”. Así las cosas, una formalidad, como lo es una regla de reparto, que en nada incide en la competencia territorial de las autoridades judiciales, sino que busca racionalizar y desconcentrar el conocimiento de la acción de tutela, no puede - bajo ninguna circunstancia - constituirse en una barrera infranqueable que termine por desnaturalizar la acción de tutela, impidiendo que sea resuelta en el término perentorio de diez días. Siendo entonces la garantía de los derechos fundamentales un principio rector del Estado Social de Derecho, no cabe duda de que toda traba en la protección de los mismos debe ser inaplicada, siendo un deber del juez constitucional resolver el conflicto jurídico y ordenar las medidas pertinentes para la protección de los derechos, en el término estipulado por la Carta Política Colombiana.
A este respecto, en Auto 124 del veinticinco (25) de marzo de dos mil nueve (2009) esta Corporación indicó:
“De lo anterior se desprenden entonces las siguientes reglas, las cuales son, simplemente, las consecuencias naturales de la jurisprudencia constitucional tantas veces reiterada por esta Corte:
(iv) Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente. Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto. (…)”
3.1 Cuando se habla de la competencia por razón del territorio, se trata de la circunscripción territorial de un juez dentro de la cual ejerce su jurisdicción, excluyéndose a los demás jueces que la ejercen dentro de otros territorios. En materia de tutela, sólo se emplea el factor territorial y la prevención para determinar la competencia, sin usar otros factores como lo son la cuantía, la naturaleza del asunto o el subjetivo, salvo en el caso de los medios de comunicación. Así, como fue indicado anteriormente, el Decreto 1382 de 2000 sólo estableció reglas de reparto, por lo que todo juez es competente para conocer de las acciones de tutela, a prevención, cuando en su jurisdicción se haya producido el daño o la amenaza a los derechos fundamentales de la persona.
3.2 Por otra parte, el domicilio – atributo de la personalidad - tiene como objeto relacionar a la persona con un lugar donde habitualmente desarrolla sus actuaciones jurídicas. De esta forma, busca vincularla jurídicamente con un lugar determinado, lo que no significa que solamente actúe o pueda hacerlo ahí. Por el contrario, en el caso de la vulneración de los derechos fundamentales o su amenaza, es factible que éstas ocurran en lugares diferentes a aquél señalado como el domicilio. Por esta razón, suponer que no se es competente por cuanto la entidad demandada tiene esta relación jurídica en otra jurisdicción, no es de recibo en materia de tutela.
3.3 Como fue mencionado, el único conflicto de competencias posible en materia de tutela se limita al factor territorial, salvo en el caso de los medios de comunicación.
En el presente caso, el conflicto gira en torno a la determinación del mencionado factor de competencia en la decisión, toda vez que el Juzgado 3º Civil del Circuito de Tunja indica que al ser el domicilio de la universidad demandada la ciudad de Bogotá, la presunta vulneración del derecho fundamental se produjo ahí; mientras que el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá considera que todos los hechos relatados en la acción de tutela acaecieron en Tunja, por lo que la misma debe ser resuelta en esta última ciudad, ya que el lugar de ocurrencia de la amenaza o vulneración determina la competencia del juez constitucional.
En el presente caso existen tanto hechos ocurridos en la ciudad de Tunja – clases, calificaciones, etc.- como en la ciudad de Bogotá – problemas administrativos de sistematización de notas, negación del otorgamiento del título -, lo que obliga a la Sala a pronunciarse sobre el lugar en el cual habrá de tramitarse la acción de tutela. Para ello se remite a las consideraciones ya expresadas en el sentido de que, a pesar de tener ambos jueces un superior jerárquico común que puede resolver el presente conflicto, puede ser resuelto por esta Corporación en consideración a los principios de celeridad, eficacia, acceso oportuno a la administración de justicia y el respeto por los derechos fundamentales. Para ello se estima que en este caso concreto es competente la jurisdicción en Tunja, por los siguientes motivos:
En primera medida, existe una preponderancia de hechos narrados ocurridos en esta ciudad; urbe en el cual el accionante instauró la acción de tutela, asistió a clases y donde vive. En efecto, según lo relata el demandante, adelantó estudios de posgrados ante la Universidad Nacional, “(…) en convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con sede en la ciudad de Tunja (…)”. En segunda medida, el accionante acudió a las autoridades judiciales que ejercen jurisdicción en la mencionada ciudad, por lo que les corresponde a estos tramitar y decidir la acción de tutela, a prevención.
Así, habiendo sido repartida la causa al Juzgado 3º Civil del circuito de esta ciudad, debió éste resolverla, sin iniciar un conflicto de competencias, ya que el domicilio de la institución demandada para el caso no afecta el factor territorial en materia de tutela.
3.4 De esta forma, la Sala Plena de esta Corporación dejará sin efectos el Auto proferido por el Juzgado 3º Civil del Circuito de Tunja, mediante el cual resolvió declararse incompetente y le remitirá el expediente para que tramite y resuelva la acción de tutela.
Primero.-DECIDIR el presente conflicto de competencias REMITIENDO el expediente contentivo de la acción de tutela instaurada por Javier Leonardo López Higuera al Juzgado 3º Civil del Circuito de Tunja, para que, sin más demoras, la tramite y resuelva.
[1] Al respecto, ver entre otros, los Autos 014 de 1994, 087 de 2001, 031 de 2002, 122 de 2004, 280 de 2006 y 031 de 2008.
[2] Ver autos 167 de 2005, 240 de 2006 y 280 de 2007.
[3] Auto 099 de 2003, reiterado, entre otros, por el Auto 015 de 2008.
[4] Las consideraciones generales del decreto fueron las siguientes: Que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 prescribe la regla de competencia para conocer de la acción de tutela en primera instancia, en el sentido de atribuirla al juez con jurisdicción en el lugar donde ocurre la violación o amenaza del derecho fundamental; Que por razón de la distribución geográfica de los despachos judiciales, pueden existir varios con posibilidad de conocer de la acción de tutela en un solo lugar; Que se hace necesario regular la forma de reparto de las acciones de tutela, con el fin de racionalizar y desconcentrar el conocimiento de las mismas.”

References: resolución

 artículo 37
 artículo 18
 artículo 86
 artículo 37
 artículo 86
 artículo 4
 artículo 86
 resolución 
 artículo 3
 artículo 37