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Timestamp: 2019-05-24 09:57:37+00:00

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Acceso a la información - Original: Español Informe Anual de la Comisión
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Otras situaciones relevantes
20. Jamaica Libertad de expresión y discursos del odio
Leyes en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión
D. Agresiones, amenazas, amedrentamientos, hostigamientos y detenciones contra periodistas y medios de comunicación
E. Libertad de expresión y manifestaciones sociales
F. Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
G. Responsabilidades ulteriores
H. Acceso a información pública
I. Internet y libertad de expresión
El 7 de marzo, habría sido publicada en la Gaceta del Diario Oficial de Honduras la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional. Según la información recibida durante la visita in loco a Honduras, dicha ley no habría sido objeto de consulta con la sociedad civil y entes especializados. Los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y distintas organizaciones de la sociedad civil manifestaron a la Relatoría que el texto contiene disposiciones regresivas respecto al estándar de publicidad establecido por la ley de acceso a la información vigente, contradice la normativa vigente en materia de acceso a la información y no cumple con los estándares internacionales en materia de acceso a la información pública y protección de los intereses de seguridad nacional1125. La Relatoría observa que en el texto legal aprobado se establece la posibilidad de que las agencias de seguridad declaren información relativa a la seguridad y la defensa como "secretas" y "ultra secretas" en nombre del "interés de la nación"1126.
En efecto, la ley faculta al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a clasificar y proteger aquella información cuya “revelación podría poner en riesgo la seguridad y defensa nacional y el logro de los objetivos nacionales”. A tales efectos, la ley establece cuatro categorías de clasificación de información pública “en atención al grado de protección que se requieran [sic]”. Se clasificará como reservada aquella “información, documentación o material referido al ámbito estratégico interno de los entes del Estado” cuya divulgación podría “producir efectos institucionales no deseados […] en contra del efectivo desarrollo de las políticas del Estado o del normal funcionamiento de las instituciones del sector público”. Este tipo de información podrá ser desclasificada después de cinco años. Será considerada confidencial aquella información cuya publicación pueda “originar riesgo inminente o amenaza directa contra la seguridad, la defensa nacional y el orden público” y “dañar o perjudicar internamente a la seguridad nacional”, razón por la que podría ser desclasificada después de 10 años. Como secreto podrá clasificarse hasta por 15 años aquella información que podría “originar riesgo inminente o amenaza directa contra el orden constitucional, la seguridad, la defensa nacional, las relaciones internacionales y el logro de los objetivos nacionales” y eventualmente causar “serios daños internos y externos a la seguridad nacional”. La información clasificada como ultra secreto podría llegar a estar restringida hasta por 25 años. Esta categoría incluye la información que “podría provocar un daño interno y externo excepcionalmente grave a la seguridad nacional si estuviera públicamente disponible” (Artículos 4 y 7)1127.
Según el artículo 7 de la ley, “si persisten las circunstancias por las cuales se declaró la materia como clasificada, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad podrá ampliar el periodo original de clasificación, mediante auto debidamente sustentado y motivado”. Asimismo, dispone que una solicitud de desclasificación fuera de estos plazos sólo tendrá lugar “en caso de interés nacional, o para la investigación de posibles delitos”1128.
El artículo 10 de la ley establece que “[l]a persona a cuyo conocimiento o poder llegue cualquier materia clasificada, conforme a esta Ley, siempre que le conste esa condición, está obligada a mantener el secreto y entregarla a la autoridad civil, policial o militar más cercana”. Al respecto, dispone que “cuando una materia clasificada permita prever que pueda llegar a conocimiento de los medios de comunicación, se notificará a éstos el carácter de la misma, con el objeto de que se respete su clasificación”1129.
Finalmente, se observa que el artículo 14 de la ley prevé que “ningún funcionario o empleado de la Administración Pública está obligado a revelar materias clasificadas en audiencias públicas o privadas, sean éstas administrativas o judiciales”, salvo que se trate de “información relacionada con la presunta comisión de genocidio, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desaparición forzada, violencia sexual masiva o crímenes de lesa humanidad”. En caso de que una autoridad requiera información o materia clasificada, dicha autoridad requirente deberá gestionar la autorización correspondiente ante el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad1130.
En la Declaración Conjunta sobre Acceso a la Información y sobre la Legislación que Regula el Secreto, los Relatores Especiales recordaron que “[c]ierta información puede ser legítimamente secreta por motivos de seguridad nacional o protección de otros intereses preponderantes. Sin embargo, las leyes que regulan el secreto deberán definir con exactitud el concepto de seguridad nacional y especificar claramente los criterios que deberán utilizarse para determinar si cierta información puede o no declararse secreta, a fin de prevenir que se abuse de la clasificación ‘secreta’ para evitar la divulgación de información que es de interés público. Las leyes que regulan el secreto deberán especificar con claridad qué funcionarios están autorizados para clasificar documentos como secretos y también deberán establecer límites generales con respecto al período de tiempo durante el cual los documentos pueden mantenerse secretos. Dichas leyes deberán estar sujetas al debate público”1131. A este respecto, esta Relatoría ha enfatizado que una restricción al acceso a la información pública que pretenda justificarse en la defensa de la seguridad nacional no debe fundarse en una idea de seguridad nacional incompatible con una sociedad democrática1132.
En igual sentido, la Relatoría recuerda, como lo expresó en la Declaración Conjunta sobre Wikileaks del año 2010 y en la Declaración Conjunta sobre Programas de Vigilancia y su Impacto en la Libertad de Expresión del año 2013, que “[e]s responsabilidad exclusiva de las autoridades públicas, y sus funcionarios mantener la confidencialidad de la información legítimamente reservada que se encuentre bajo su control. Las otras personas, como los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada por considerarla de interés público, no deben ser sometidas a sanciones por violación del deber de reserva, a menos que hubiesen cometido fraude u otro delito para obtenerla. Los denunciantes (“whistleblowers”) que, siendo empleados gubernamentales, divulguen información sobre violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente o violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario deberán estar protegidos frente sanciones legales, administrativas o laborales siempre que hayan actuado de buena fe. Cualquier intento de imponer sanciones ulteriores contra quienes difunden información reservada debe fundamentarse en leyes previamente establecidas aplicadas por órganos imparciales e independientes con garantías plenas de debido proceso, incluyendo el derecho de recurrir el fallo. La imposición de sanciones penales debe ser excepcional, sujeta a límites estrictos de necesidad y proporcionalidad1133.
De igual forma, los Principios Globales sobre Seguridad Nacional y el Derecho a la Información (los Principios Tshwane)1134 establecen que la ley debería proteger a funcionarios públicos de posibles represalias por la divulgación de información sobre irregularidades, siempre que entre otros, “la persona que difunde la información haya tenido motivos razonables para suponer que la información divulgada tiende a demostrar irregularidades” enmarcadas dentro de las siguientes categorías: “a) delitos penales; b) violaciones de los derechos humanos; c) violaciones del derecho internacional humanitario; d) corrupción; e) riesgos para la salud y la seguridad pública; f) riesgos para el medioambiente; g) abuso de la función pública; h) errores judiciales; i) gestión indebida o desperdicio de recursos; j) represalias por la difusión de irregularidades de las anteriores categorías y k) ocultamiento deliberado de asuntos comprendidos en alguna de las categorías anteriores”1135.
En el mes de junio, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) habría emplazado a la Cancillería para que justificara las razones por las que no habría suministrado información sobre los acuerdos de cancelación y contratación locales que se habrían efectuado durante el año en consulados y embajadas. La petición habría sido realizada por el diario El Heraldo, pero la Cancillería habría negado la información señalando que los documentos contienen nombres de personas. La Cancillería tendría tres días para entregar sus argumentos ante el IAIP1136.
El 11 de agosto, el diario El Heraldo habría denunciado que el gobierno habría negado información sobre los gastos incurridos por el presidente del país, Juan Orlando Hernández, y su comitiva durante la participación de la Selección Nacional de Honduras en el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Según el diario, el gobierno habría negado la información con el argumento de que se trataba de información secreta por razones de seguridad nacional1137.
Las autoridades del Comité Técnico de Fideicomiso (CTF), el órgano encargado de administrar los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional, habrían negado acceso a información a dos periodistas de la unidad de investigación del Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre). Según lo informado, los periodistas Wendy Funes y Signy Fiallos estarían realizando una investigación desde marzo sobre la forma en que el CTF y cuatro corporaciones municipales del país habrían ejecutado fondos de la tasa de seguridad en cuatro ciudades. Aunque la entidad les habría suministrado algo de información, esta no estaría completa. Los periodistas habrían interpuesto tres recursos de revisión en el Instituto de Acceso a la Información Pública, que aún no habría dado resolución. Asimismo, el portal de transparencia del CTF, que estaría obligado a tener por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, habría sido desarticulado1138.
El periodista Gonzalo Rodríguez habría sido despedido por altos ejecutivos del Canal 6 presuntamente por hacer parte del Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Según lo informado, antes de su despido, el propietario del medio le habría preguntado directamente si hacía parte de dicha organización. Después habría sido llamado por recursos humanos para informarle de su despedido. En una ocasión anterior, se le habría llamado la atención por afectar los intereses de uno de los clientes del canal al momento de hacer sus notas1139.
Jorge Burgos, director y conductor del programa ‘Suelte la lengua’, que se transmitía por el Canal 6, denunció que el 15 de mayo su programa habría sido cancelado por parte de la gerencia presuntamente por la línea crítica del programa en contra del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Burgos y Emy Padilla, periodista que también presentaba el programa, habrían señalado que en emisiones anteriores se habrían presentado actos de censura1140.
El 18 de junio, el acusado de haber asesinado al periodista Jorge Alberto ‘Georgino’ Orellana se habría fugado de la prisión ubicada en la comunidad de Támara, en el Distrito Central. El acusado, quien habría sido recluido en febrero de 2013, purgaba una pena de 24 años y ocho meses de prisión1141. Orellana era periodista del canal Televisión de Honduras y fue asesinado el 20 de abril de 20101142.
El periodista José Ramón Maldonado, corresponsal del canal HCH y periodista del programa radial ‘Matutino Ceibeño’, habría señalado que el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, le habría solicitado revelar su fuente informativa. El hecho se habría presentado el 10 de julio después de que el periodista le hubiera preguntado al mandatario sobre presuntos hechos de corrupción en los que estaría involucrado el poder ejecutivo1143.
La Relatoría Especial continuó recibiendo información sobre la publicación sistemática por parte de algunos medios de comunicación de artículos con mensajes que podrían fomentar el odio y la violencia contra personas pertenecientes a la comunidad LGBTI.
Así, por ejemplo, el 23 de marzo el diario Jamaica Observer habría publicado una caricatura indicando que “homosexuales invaden Jamaica” [homos over run Jamaica] un hecho que era equiparado con el aumento de la criminalidad y la corrupción gubernamental1144. El 1 de julio, se publicó el artículo titulado “Iglesias locales se comprometen a prevenir que la homosexualidad domine la sociedad” [Local churches vow to prevent homosexuality from dominating society] el cual contenía frases como “la comunidad de las iglesias locales está comprometida a nunca quedarse de brazos cruzados y permitir que los estilos de vida homosexual se infiltren en la sociedad jamaiquina”1145. El 13 de julio, se publicó el artículo “Policía persigue a gay sospechoso de asesinato” [Police hunt gay murder suspect] que sostiene afirmaciones como “los hombres que a menudo se visten como drag y que se hacen pasar por prostitutas, viven vidas subnormales y de acuerdo con la policía representan una seria amenaza para el ambiente de New Kingston” y “la policía dice que ellos tienen evidencia fuerte que más del 90 por ciento de los robos fueron realizados por personas que presuntamente son miembros de la comunidad gay”1146. El 16 de julio, el mismo diario publicó una editorial titulada “Homosexualidad: la larga y dolorosa búsqueda de normas viables para la convivencia” [Homosexuality: the long, painful search for workable rules of engagement] en el que justificaría “[q]ue todos los jamaiquinos, incluyendo artistas, tienen el derecho de mantener puntos de vista en contra de la homosexualidad sin discriminación”, pero en el que también hace un llamado a la tolerancia y a la no violencia1147.
En el marco de la audiencia “Seguimiento del Informe de la CIDH sobre la situación de derechos humanos en Jamaica” celebrada el 28 de octubre en el marco del 153 Periodo de Sesiones, la CIDH y su Relatoría Especial recibieron información sobre el constante discurso estigmatizante o inflamatorio reproducido por medios de comunicación respecto a las personas LGBTI. Según las organizaciones solicitantes, las autoridades estatales habrían sido omisas en promover discursos positivos para reducir la discriminación y el estigma en contra de las personas LGBTI. Por su parte, el Estado informó que el gobierno tiene conocimiento del debate en Jamaica sobre los derechos de las personas LGBTI y que ha hecho esfuerzos para garantizar el derecho a la igualdad para dichas personas. Respecto a las discusiones públicas sobre el tema, el Estado informó que adopta la posición que éstas son cuestiones amparadas por el derecho a la libertad de expresión en el contexto de medios privados y libres y que actúa en el debate solamente en el ámbito de instituciones bajo el control del Estado1148.
En ocasiones anteriores, la Relatoría Especial ha manifestado su preocupación por estas expresiones discriminatorias que podrían generar violencia por el contexto en que son difundidas1149. En este sentido, recuerda que los discursos de odio contra las personas por su orientación sexual o identidad de género, que constituyan incitación a la violencia, no se encuentran protegidos por la libertad de expresión1150. El artículo 13.5 de la Convención Americana establece que “[e]stará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.
Asimismo, el artículo 9 de la Carta Democrática Interamericana señala que la “eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana”. En igual sentido, la Relatoría Especial recuerda que el Principio 6 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, adoptada en el año 2000, establece, inter alia, que la actividad periodística debe regirse por conductas éticas.
La Relatoría Especial también tuvo conocimiento del despido de Brendan Bain, Director de la Unidad Regional de Capacitación de la Red Caribeña de VIH/SIDA [Caribbean HIV/AIDS Regional Training (CHART) Network] de la Universidad West Indies, luego de que él declarara en un juicio ante la Corte Suprema de Belice en un caso que buscaba eliminar la ley que criminaliza el sexo entre hombres. Su testimonio de experto habría sido a favor de la constitucionalidad de dicha ley. Partidarios del profesor habrían catalogado el hecho como un ataque a la libertad de expresión. La universidad por su parte, manifestó que “aunque reconoce el derecho del Profesor Bain de dar el testimonio experto de la manera en que lo dio” se hace “evidente” que él “[p]erdió la confianza y apoyo de un sector importante de la comunida[d]”, “reduciendo la capacidad del programa [CHART] de cumplir con su mandato de manera efectiva”1151. Sobre este tema, el Estado informó que el asunto se encontraría ante el Poder Judicial1152.
En abril, Karyl Walker, editor de la fuente de Corte y Crímenes del diario Jamaica Observer, y Abka Fitz-Henley, reportero y productor de Nationwide News Network, habrían recibido amenazas de muerte presuntamente por la cobertura realizada al juicio contra el artista Vybz Kartel quien habría sido acusado de asesinato y condenado a cadena perpetua. Según lo informado, los periodistas habrían recibido de manera directa y/o a través de otras personas llamadas amenazantes en las que les sugerían “dejar en paz” al artista1153. Diferentes organizaciones como la Asociación de Medios de Jamaica [Media Association Jamaica Limited] (MAJ) y la Asociación de la Prensa de Jamaica [Press Association of Jamaica] (PAJ) habrían expresado su condena a estas amenazas1154.
La Relatoría Especial valora positivamente las declaraciones hechas por la Ministra Responsable de Información de la Oficina de la Primera Ministra de Jamaica, Sandrea Falconer, respecto a que el Gobierno está tomando nuevas medidas para desarrollar la Política de Medios Electrónicos [Electronic Media Policy] para lo cual ya se habrían hecho las consultas respectivas a las partes interesadas. La Ministra señaló que esta política “proporcionará un marco propicio para el nuevo panorama de los medios y un importante impulso de nuestro objetivo de convertirnos en líderes regionales en innovación, creación de contenidos, intercambio cultural y promoción y regulación”, y que “seguimos decididos en garantizar que el bienestar y las necesidades diversas del consumidor de contenido sean satisfechas”1155.
La CIDH recibió con preocupación información sobre la persistencia de graves ataques a la vida e integridad personal de periodistas y comunicadores en México, en detrimento del ejercicio de la libertad de expresión. En el 2014 se incrementó la violencia contra periodistas y comunicadores, particularmente en aquellas zonas del país con presencia del crimen organizado. En efecto, durante este año, fueron asesinados cinco periodistas y una comunicadora por causas que podrían estar asociadas al ejercicio de la libertad de expresión. La CIDH también registró el asesinato de un niño como consecuencia de un ataque dirigido a su padre quien se desempeñaba como comunicador en una radio comunitaria. Estas muertes ocurrieron en un contexto de amenazas y hostigamientos generalizados a la prensa en distintas regiones del país. Se registran, en cambio, pocos avances en las investigaciones de estos crímenes y falta de efectividad de los mecanismos de protección establecidos. Durante este año, la CIDH también recibió información sobre graves hechos de violencia y detenciones arbitrarias registradas en el desarrollo de protestas que habrían afectado a decenas de manifestantes y periodistas. De hecho, el caso de mayor gravedad reportado este año por la CIDH, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, se inició con la represión de una caravana de autobuses donde viajaban los estudiantes de ese municipio.
México también registró avances parciales en la regulación de los servicios de comunicación audiovisual tras aprobar este año la Ley Secundaria sobre Telecomunicaciones, que estableció un órgano autónomo e independiente para aplicar esta normativa con implicancias para la libertad de expresión. No obstante, algunas de las potestades regulatorias -en especial el establecimiento de sanciones a los medios de comunicación – permanecieron en la órbita del Poder Ejecutivo, lo que se aparta de los estándares internacionales en la materia.
El 7 de febrero, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia la cual había sido aprobada por el Senado de la República el 26 de noviembre de 2013. Con la promulgación de este decreto, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) adquirió el rango de organismo constitucional autónomo que le otorgaría nuevas atribuciones y facultades. Dicha autonomía también implica que sus resoluciones son “definitivas, vinculatorias e inatacables para los sujetos obligados”. El organismo también podría atraer y resolver cualquier solicitud de información no solo del gobierno federal, sino de cualquier entidad que reciba recursos públicos. Asimismo podrá conocer de asuntos resueltos por órganos homólogos en las entidades federativas, así como de las impugnaciones contra negativas de información resueltas por otros órganos constitucionales autónomos y el resto de poderes de la Unión, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También le permitirá al órgano federal garante tener participación en controversias sobre constitucionalidad de actos y normativa. La reforma también amplía las fuentes de información consideradas como públicas, estableciendo como sujetos obligados a los partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y personas físicas o morales que sean beneficiados con dinero público, además de los gobiernos, congresos, poderes judiciales y órganos autónomos , mismos que se encontraban antes previstos1156.
El 7 de febrero, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundado el amparo directo en revisión que exigía la protección al honor y la reputación de una funcionaria pública frente a la distribución masiva y vía correos electrónicos de información y opiniones críticas sobre su desempeño como coordinadora académica de una universidad estatal1157. Para adoptar su decisión, el alto tribunal estudió cuál debía ser el estándar para evaluar la licitud de las expresiones realizadas a partir de la condición de los sujetos involucrados en el caso concreto y de la relevancia pública de la información difundida. En este análisis, la Corte incorporó de manera expresa el artículo 13 de la Convención Americana y la doctrina relevante de los órganos supervisores del cumplimiento de dicho tratado. La Relatoría valora como muy positiva esta decisión y destaca el razonamiento usado por la Suprema Corte para arribar a esta conclusión.
En su fallo, la Sala explicó que “adoptó lo que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión denominó como sistema dual de protección. De conformidad con éste, los límites de crítica son más amplios si ésta se refiere a personas que por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna”. En el fallo la Suprema Corte indicó: “el acento de este umbral diferente de protección se deduce del carácter de interés público que tiene su actividad o desempeño en la función”. Al respecto, explicó que “no se requiere que determinado porcentaje de la población concentre su atención en determinada controversia o que los líderes de opinión se refieran a ella para estimar que una discusión tiene relevancia pública, pues el mero hecho de estar relacionada con el control ciudadano sobre la actividad de personas que ocupan cargos públicos la hace relevante”.
La Corte enfatizó que lo anterior no implica que el honor y la reputación de los funcionarios públicos no puedan ser protegidos, pero que “han de serlo de forma acorde con los principios del pluralismo democrático y a través de mecanismos que no tengan la potencialidad de generar inhibición ni autocensura”. La Corte afirmó que “[e]sto cobra especial relevancia en un ámbito académico, [ya que] la libertad de pensamiento y expresión constituyen la esencia de la actividad y de la vida universitaria, cuya función no se reduce a transmitir el conocimiento ya existente, sino que incluye la exploración de sus límites y posibilidades”.
En virtud de los argumentos anteriores, la Corte determinó que, tomando en consideración “la condición/actividad de la destinataria de la crítica —quien al momento de los hechos fungía como servidora pública, y la relevancia pública de la información difundida por tener como objetivo su desempeño en un cargo público, el estándar aplicable en el caso en concreto es el de ‘malicia efectiva’”, conforme al cual “la imposición de sanciones civiles derivada de la emisión de opiniones, ideas o juicios dirigidos a un funcionario público corresponde únicamente a aquellos casos en que existe información falsa y con intención de dañar”. Al analizar el caso, la Corte encontró que la información difundida tenía pleno respaldo constitucional.
El 10 de junio de 2013 fue promulgada en México la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica1158. La Relatoría Especial en su Informe Anual 2013, recibió con satisfacción que la iniciativa de la reforma presentada al Congreso aludiera a estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Esta reforma introdujo importantes cambios al marco jurídico constitucional sobre radiodifusión y telecomunicaciones1159. El 24 de marzo de 2014, el Gobierno Federal remitió a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión una iniciativa de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión1160. El 16 de junio la Relatoría Especial y el Relator para México enviaron al Estado una comunicación solicitando información respecto de dicha iniciativa de legislación. La Relatoría incluyó temas que consideró de especial importancia debido a su posible apartamiento de los estándares internacionales: a) Respecto de las competencias y Autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones; b) Regulación de Internet; c) Protección de Datos Personales, Derecho a la Intimidad y Libertad de Expresión; d) Radios Comunitarias y Medios Públicos; e) Regulación y Control de Contenidos. A dicha solicitud de información, el Estado mexicano respondió1161 que como resultado del proceso legislativo al que dicha iniciativa fue sometida, el 14 de julio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto1162 por el cual se expidieron la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión1163 y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano1164, y se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
La Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, mediante su artículo 1º creó el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el cual es un organismo público descentralizado que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión. Dicho organismo tiene como principal función la promoción del servicio de radiodifusión sin fines de lucro, con el fin de asegurar el acceso a la mayor cantidad de personas en cada una de las entidades federativas a programas cuyo contenido promueva, entre otros, el conocimiento, la integración nacional, la educación, la cultura y valores cívicos, los derechos humanos, la igualdad de género, la difusión de información objetiva, oportuna y veraz de acontecimientos nacionales e internacionales, la independencia editorial y que otorgue el espacio a obras independientes, y fomente la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones con el propósito de fortalecer la democracia en el país.
El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano contará con un Consejo Ciudadano “con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva” (Art. 22). El Consejo Ciudadano estará integrado por nueve consejeros “elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores” (Art. 23). La dirección y administración del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano corresponde a la Junta de Gobierno y el Presidente del Sistema (Art. 13). La Junta de Gobierno estará integrada por “a) El Presidente del Sistema; b) Un representante de la Secretaría de Gobernación; c) Un representante de la Secretaría de Educación Pública; d) Un representante de la Secretaría de Salud, y e) Tres representantes del Consejo Ciudadano” (Art. 14). El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano tendrá un patrimonio conformado por: “I. Los recursos que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente; II. Los derechos y bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por el sector público; III. Los ingresos propios provenientes de los servicios que preste sin que se encuentre comprendida la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad, y IV. Los demás ingresos que perciba en los términos de las disposiciones aplicables, que podrán consistir en patrocinios, donaciones, legados, derechos y otras que reciba de personas físicas y morales” (Art. 4) 1165.
La CIDH y su Relatoría Especial toman nota con satisfacción de este importante avance en materia de radiodifusión pública. Asimismo, según los estándares internacionales, los medios públicos de comunicación pueden (y deberían) desempeñar una función esencial para asegurar la pluralidad y diversidad de voces necesarias en una sociedad democrática. Su papel es fundamental a la hora de proveer contenidos no necesariamente comerciales, de alta calidad, articulados con las necesidades informativas, educativas y culturales de la población. Sin embargo, para que los medios públicos puedan realmente cumplir su función, debe tratarse de medios públicos independientes del Poder Ejecutivo; verdaderamente pluralistas; universalmente accesibles; con financiamiento adecuado al mandato previsto por la ley; y que contemplen mecanismos de rendición de cuentas y de participación de la comunidad en las distintas instancias de producción, circulación y recepción de contenidos1166.
La CIDH considera un avance importante de la reforma constitucional de 2013 en materia de telecomunicaciones que la misma haya incluido la creación de una autoridad reguladora y fiscalizadora, autónoma e independiente. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (en adelante también “la LFTR” o “la Ley”) establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones “es un órgano público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión […]. El Instituto tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del acceso a la infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales”. Asimismo, el Instituto es “la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones” (Art. 7). El Pleno del Instituto es su órgano máximo de gobierno y decisión, que está integrado por siete comisionados con voz y voto, incluido su presidente (Art. 16)1167.
Sin perjuicio del avance en materia de libertad de expresión que representa la creación del Instituto, la Relatoría nota que importantes atribuciones respecto a la potestad regulatoria de los medios de comunicación se mantuvieron en la órbita del Poder Ejecutivo. En efecto, la Secretaría de Gobernación, que depende del poder ejecutivo, “sancionará el incumplimiento de lo establecido en [la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión] en materia de contenidos, tiempos de Estado, así como, en su caso, aquellos previstos en otras disposiciones aplicables; cadenas nacionales, boletines, el Himno Nacional, concursos, así como la reserva de canales de televisión y audio restringidos” (Art. 297). Asimismo, la Secretaría de Gobernación, deberá, entre otras disposiciones relacionadas con contenidos audiovisuales, “[v]erificar que las transmisiones de radio y televisión cumplan con los criterios de clasificación, que se emitan en términos de la presente Ley, incluidos aquellos relativos a la programación dirigida a la población infantil, de conformidad con los lineamientos que emita en términos de la presente Ley” (Art. 217).
El Instituto por su parte, según las disposiciones generales del régimen de sanciones, tendrá las facultades para sancionar las infracciones a la Ley, “a las disposiciones administrativas y a los títulos de concesión o autorizaciones”, así como el incumplimiento “de los tiempos máximos establecidos para la transmisión de mensajes comerciales y a las obligaciones en materia de defensa de las audiencias” (Art. 297).
En sus Declaraciones Conjuntas de 2001 y 2007, los relatores especiales para la libertad de expresión remarcaron que, las entidades y órganos gubernamentales encargados de regular las políticas de telecomunicaciones y fiscalizar el cumplimiento de dicha regulación sean independientes, tanto de la influencia del poder político como de los intereses de los grupos económicos1168. En este sentido, la CIDH y su Relatoría Especial han indicado que es necesario que las reglas que gobiernen la creación y funcionamiento de este órgano aseguren que el mismo tendrá suficientes garantías funcionales, orgánicas y administrativas para cumplir sus funciones de manera autónoma e imparcial respecto de los intereses de las mayorías políticas eventuales o de los grupos económicos1169.
En relación con la regulación y control de contenidos, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su artículo 222 establece que “[e]l derecho de información, de expresión y de recepción de contenidos a través del servicio público de radiodifusión y de televisión y audio restringidos, es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna persecución o investigación judicial o administrativa ni de limitación alguna ni censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes aplicables”. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 223 establece que “[l]a programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar: I. La integración de las familias; II. El desarrollo armónico de la niñez; III. El mejoramiento de los sistemas educativos; IV. La difusión de los valores artísticos, históricos y culturales; V. El desarrollo sustentable; VI. La difusión de las ideas que afirmen nuestra unidad nacional; VII. La igualdad entre mujeres y hombres; VIII. La divulgación del conocimiento científico y técnico, y IX. El uso correcto del lenguaje”.
Según los estándares interamericanos, es fundamental que el marco legal provea seguridad jurídica a los ciudadanos y ciudadanas, y determine, en los términos más claros y precisos posibles, las condiciones de ejercicio y las limitaciones a las que está sometido el ejercicio del derecho a la libertad de expresión1170. Asimismo, es importante recordar que el Estado debe ser neutral respecto a los contenidos emitidos por los medios de comunicación, salvo las restricciones expresamente autorizadas en el artículo 13 de la Convención Americana, en consonancia con las normas que integran el derecho internacional de los derechos humanos y en los términos establecidos por dicha disposición1171.
En materia de radiodifusión comunitaria, en 2013 México aprobó una reforma constitucional que en conjunto con la sentencia de la Suprema Corte relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006 abrieron un camino para una regulación equitativa en esta materia. Sobre este tema, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, reconoció la posibilidad de otorgar concesiones a los pueblos y comunidades indígenas del país, así como otorgar concesiones para uso social comunitario1172.
La Ley establece que el Instituto en el caso de concesiones comunitarias e indígenas “estará obligado a prestar asistencia técnica para facilitarles el cumplimiento de dichos requisitos [para la asignación de las concesiones], los cuales serán acordes a las formas de organización social y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas” (Art. 85). En este sentido, el Instituto también deberá establecer “mecanismos de colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas u otras organizaciones para: I. Promover el otorgamiento de concesiones indígenas; II. Facilitar el otorgamiento de concesiones a pueblos indígenas en donde tengan presencia y para que trasmitan en sus lenguas originarias, en especial, en aquellos lugares donde no existan concesiones, y III. Promover que las concesiones de uso social indígenas, coadyuven a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad” (Art. 87).
La Relatoría toma nota del esfuerzo del Estado mexicano al reconocer legalmente los medios comunitarios e indígenas y la voluntad de garantizar el acceso de distintos grupos a las concesiones. No obstante, la LFTR contiene algunas limitaciones que podrían afectar innecesariamente la operación de las radios comunitarias e indígenas y las condiciones de acceso a la radiodifusión.
Así por ejemplo, el artículo 89 de la Ley establece límites a los concesionarios de uso social comunitarios e indígenas para obtener ingresos. Entre otros, se autoriza a dichos concesionarios obtener ingresos mediante donativos (deberán ser donatarias autorizadas) y a través de la venta de publicidad a los entes públicos federales, entidades federativas y a municipios1173. Asimismo, el artículo 90 de la LFTR señala que “[c]umplidos los requisitos establecidos en la Ley y aquellos establecidos por el Instituto, se otorgará al solicitante la concesión de espectro radioeléctrico de uso social destinado para comunidades y pueblos indígenas, conforme a la disponibilidad del programa anual correspondiente”. Asimismo, consagra que el Instituto deberá reservar para “estaciones de radio FM comunitarias e indígenas el diez por ciento de la banda de radiodifusión sonora de FM” y que dicho porcentaje se concesionará en la parte alta de la referida banda. El Instituto también podrá “otorgar concesiones para estaciones de radio AM, comunitarias e indígenas, en el segmento de la banda del espectro radioeléctrico ampliada”.
En materia de financiamiento, la LFTR establece que los concesionarios de uso social comunitarios e indígenas pueden obtener ingresos a través de la venta de publicidad a los entes públicos federales, quienes deberán destinar el 1 por ciento “del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuestos al conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país, el cual se distribuirá de forma equitativa entre las concesiones existentes. Las Entidades Federativas y Municipios podrán autorizar hasta el uno por ciento para dicho fin de conformidad con sus respectivos presupuestos” (art. 89. VII). En este sentido, la Ley también establece que los concesionarios de uso social indígenas y comunitarios, en estaciones de televisión, pueden destinar dicha venta de publicidad sin excederse del 6 por ciento del tiempo total de transmisión por cada canal de programación; en relación con las estaciones de radio, el límite a la venta de dicha publicidad que impone la Ley es del 14 por ciento (Art. 237.III). Para los concesionarios de uso comercial el porcentaje de publicidad comercial en estaciones de televisión, la Ley establece que no podrá excederse del 18 por ciento del total de transmisión por cada canal de programación; en relación con las estaciones de radio, el límite que se les impone a los concesionarios de uso comercial es del 40 por ciento (Art. 237.I).
Al respecto, el 3 de septiembre, las comisionadas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Adriana Labardini y María Elena Estavillo presentaron al Pleno del Instituto una propuesta para interponer una controversia constitucional en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre otros temas por las limitaciones que establecería la ley al desarrollo del sector social-comunitario; sin embargo, el Pleno decidió no promover dicha propuesta1174. En su dictamen, las referidas comisionadas afirmaron que la norma: (a) “[…] limita a los concesionarios sociales la venta de publicidad únicamente a los entes públicos”; (b) “[…] hace prácticamente inviable que los concesionarios de uso social reciban donaciones”; (c) relega a estas emisoras “a las frecuencias que son más difíciles de sintonizar y más costosas de operar, con lo que se establece nuevamente, una política discriminatoria en su perjuicio”. En este sentido, manifestaron que con estas limitaciones “[…] se están restringiendo los derechos colectivos, en materia de radiodifusión […] y por otra parte, se vulneran los derechos humanos de libertad de expresión, de difusión y a la información”1175.
Por otra parte, el artículo 230 de la Ley establece que “las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda”. Al respecto, el 13 de octubre, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México (AMARC) emitió un comunicado dando a conocer algunos detalles del contenido de las 10 demandas de amparo interpuestas contra la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En relación con el artículo 230, indicaron que restringe el “uso de lenguas indígenas exclusivamente a aquéllos concesionarios de uso social indígena” y consideraron que dicha disposición “resulta discriminatoria y contraria al derecho a la libertad de expresión, en tanto, por un lado, se impide a un sector de la población indígena que no habita en sus comunidades a acceder a información y contenidos en su lengua y por el otro, se impide a quienes hablan lenguas indígenas, a difundir su lengua en los medios de comunicación no indígenas”1176.
Adicionalmente, la CIDH ha recibido información respecto a que a más de un año de la reforma constitucional y a varios meses de aprobada la LFTR, el IFT aún no ha dado a conocer los procedimientos públicos, ni la oportunidad, a través de los cuales asignará las frecuencias al sector comunitario de la radiodifusión1177.
Según la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) México, a propósito de la reforma constitucional de 2013 y ante la expectativa de la aprobación de la LFTR indicó que “el acceso a las frecuencias de radio se torna en un camino difícil, ya que no hay información accesible a las comunidades que señale el mecanismo para la obtención de las frecuencias ni a qué instancia se debe acudir […]. El no acceso a información sobre el procedimiento y los requisitos para solicitar, primero los permisos y ahora las concesiones de radio, ha sido una constante”1178. En este sentido, la CIDH recuerda que a partir de la entrada en vigencia del nuevo marco legal ya no subsiste ningún obstáculo legal para proceder con celeridad a reparar una situación histórica de discriminación respecto a las emisoras de los pueblos indígenas y del sector social comunitario.
En varias oportunidades la CIDH y la Relatoría Especial han reconocido que los medios comunitarios cumplen en nuestra región una función fundamental para el ejercicio de distintos sectores de la sociedad a la libertad de expresión y al acceso a la información1179. En este sentido, resulta necesario que los Estados reconozcan legalmente a los medios comunitarios y que se contemplen reservas de espectro equitativas para este tipo de medios, así como condiciones adecuadas de acceso a las licencias que tomen en cuenta sus circunstancias. Asimismo, los medios comunitarios deben beneficiarse de procedimientos equitativos y sencillos para la obtención de licencias, no deben tener que cumplir con requisitos tecnológicos o de otra índole que supongan barreras desproporcionadas de acceso a las licencias, y en su funcionamiento no deben ser objeto de tratamientos diferenciados que no se encuentren adecuadamente justificados1180.
La CIDH toma nota de la inclusión en la LFTR de varios capítulos destinados a regular el fenómeno de la concentración, tanto en el sector de la radiodifusión como en el mercado de las telecomunicaciones. La norma otorga la facultad al Instituto Federal de Telecomunicaciones la capacidad para declarar “agente económico con poder sustancial” (aquel operador/prestador que domina más de la mitad del mercado contando todos sus servicios), en los casos de a aquellos operadores cuyo acaparamiento de frecuencias o poder de mercado afecten la libre concurrencia en todo su sector (Artículos 262 y 264), y adoptar medidas para detener y revertir progresivamente el proceso de concentración (Artículos 266 y 267). La declaración de agente sustantivo preponderante deberá adoptarse bajo un proceso reglado que respetaría el principio del debido proceso (Art. 265).1181
No obstante, la LFTR contempla los mercados de la radiodifusión y las telecomunicaciones por separado, pero no los desagrega en sus distintos servicios (televisión abierta, por abonados, radio, etc.), lo que determina que un agente predominante en uno de esos mercados, para el caso que sea preponderante pero no monopólico, podría igualmente expandirse hacia el otro mercado (de la radiodifusión a la telefonía, por ejemplo). Distintas organizaciones de la sociedad civil y expertos han advertido de que esta fórmula no es suficiente para regular el fenómeno de la concentración en mercados cada vez más convergentes1182.
La necesidad de promover medidas antimonopólicas ya ha sido reconocida por la CIDH, al aprobar el principio 12 de la Declaración de Principios, según el cual “[l]os monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación.” Al respecto la CIDH y su Relatoría Especial han indicado que, “[s]i [los] medios son controlados por un reducido número de individuos, o bien por sólo uno, se está, de hecho, creando una sociedad en donde un reducido número de personas, o sólo una, ejercen el control sobre la información, y directa o indirectamente, la opinión que recibe el resto de las personas. Esta carencia de pluralidad en la información es un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia”1183.
En relación con el capítulo sobre las obligaciones en materia de seguridad y justicia del título sobre la colaboración con la justicia de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, esta Relatoría ya ha manifestado que contiene disposiciones que podrían comprometer el derecho a la intimidad y la protección de datos personales. Así por ejemplo, el artículo 189 establece que “[l]os concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes”. En este orden de ideas, establece en su artículo 190 fracción I que los concesionarios de telecomunicaciones deberán “[c]olaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, en los términos que establezcan las leyes”.
El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) resolvió no interponer acción de inconstitucionalidad en contra de tres artículos de la LFTR en los que, entre otras cosas, se permitiría la reserva general de información de las entrevistas celebradas entre los comisionados del IFAI y las personas que representen los intereses de los agentes que se encuentran regulados por el propio Instituto, salvo para las partes en los procedimientos seguidos en forma de juicio, los demás comisionados, el Contralor Interno y el Senado de la República en caso de un procedimiento para la remoción de un comisionado; asimismo, se habría establecido el concepto de autoridad competente con ambigüedad lo cual denotaría la falta de seguridad jurídica en la disposición legal y podría incluso transgredir el derecho a la protección de datos personales y la inviolabilidad de comunicaciones. La comisionada presidenta Ximena Puente de la Mora, la comisionada Patricia Kurczyn y los comisionados Eugenio Monterrey y Francisco Javier Acuña consideraron que los artículos 30, 189 y 190 no vulneran los derechos de acceso a la información y el de la protección de datos personales. Por su parte, la comisionada Areli Cano y los comisionados Oscar Guerra y Joel Salas, expusieron que “sí existen elementos técnicos para presentar la acción de inconstitucionalidad, pues en su opinión los citados artículos no son acordes con los principios y derechos consagrados en la Constitución ni en los Tratados Internacionales”. Los y las comisionadas que abogaron por la inconstitucionalidad fundaron su pretensión en que la facultad otorgada a las agencias de seguridad para obtener la localización geográfica de dispositivos no está sujeta a los criterios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad establecidos en la Constitución mexicana y diversos instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos. Indicaron también que se vulneraría el debido proceso en orden a que no sería preceptiva la necesidad de orden judicial para ordenar este tipo de vigilancia y se habilitaría la afectación de datos personales sensibles de las personas1184.
De acuerdo con los estándares internacionales, es fundamental establecer las condiciones en las cuales resulta legítima la implementación de este tipo de programas o normas de vigilancia1185. La interceptación y retención de datos sobre las comunicaciones privadas comporta tanto una limitación directa al derecho a la intimidad como una afectación del derecho a la libertad de pensamiento y expresión1186. Particularmente, los Estados deben garantizar que la intervención, recolección y uso de información personal, incluidas todas las limitaciones al derecho de la persona afectada a acceder a información sobre las mismas, estén claramente autorizadas por la ley a fin de proteger a la persona contra interferencias arbitrarias o abusivas en sus intereses privados. La ley deberá atender a un objetivo legítimo y establecer límites respecto a la naturaleza, alcance y duración de este tipo de medidas, las razones para ordenarlas, las autoridades competentes para autorizar, ejecutar y supervisarlas y los mecanismos legales para su impugnación1187.
Asimismo, las decisiones de realizar tareas de vigilancia que invadan la privacidad de las personas deben ser autorizadas por autoridades judiciales independientes, que deben dar cuenta de las razones por las cuales la medida es idónea para alcanzar los fines que persigue en el caso concreto; si es lo suficientemente restringida para no afectar el derecho involucrado más de lo necesario y si resulta proporcional respecto del interés que se quiere promover. Los procesos de investigación que se lleven adelante y que impliquen una invasión de la privacidad autorizada por ley y ordenada por un juez competente deben respetar, además, otras garantías vinculadas al debido proceso1188.
El 11 de febrero, el cuerpo de Gregorio Jiménez de la Cruz, periodista de la sección policíaca de los periódicos Notisur y Liberal del Sur, fue hallado en el municipio de Las Choapas, estado de Veracruz. Según la información recibida, el 5 de febrero Jiménez de la Cruz habría sido secuestrado por un grupo armado que habría llegado hasta su casa en el municipio Coatzacoalcos, estado de Veracruz, después de que el reportero dejara a sus hijos en el colegio. El 11 de febrero las autoridades confirmaron el hallazgo de tres cuerpos en fosas clandestinas, uno de los cuales era el del periodista Jiménez de la Cruz. El periodista habría estado reportando sobre una serie de secuestros y desapariciones en este municipio. Asimismo, según la familia del periodista, abría recibido amenazas por la publicación de una nota sobre crímenes cometidos cerca de un bar de la ciudad. Según la información recibida, las autoridades veracruzanas habrían capturado a al menos cinco personas entre las que se encontraría la presunta autora intelectual del asesinato. Aunque las autoridades locales habrían señalado en un primer momento una venganza personal como el motivo del crimen, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) se habría desplazado al lugar y estaría investigando el caso en terreno e indagando distintas líneas de investigación relacionadas con el ejercicio de la profesión. Las organizaciones de libertad de expresión habrían indicado que existen indicios suficientes que apuntarían al ejercicio del periodismo como posible causa del asesinato1189. En comunicación del 14 de marzo, el Estado informó que desde el secuestro del periodista, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz inició la Investigación Ministerial, producto de la cual se detuvo a seis personas como probables responsables de los hechos. El Juez Tercero de Primera Instancia dictó auto de formal prisión a los implicados en el secuestro y homicidio del periodista. El Estado informó que la FEADLE, involucrada en el caso desde el primer momento, continúa en la ciudad de Coatzacoalcos realizando su investigación paralela a la que realiza el ministerio público del estado de Veracruz. El Estado agregó desde el primer momento en que se conocieron los hechos, se acordaron medidas cautelares de protección y vigilancia en la vivienda del comunicador y a sus familiares. Su familia tiene la asistencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas. Igualmente se han otorgado medidas de atención y asistencia mediante el Centro de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado1190.
Tras el asesinato de Jiménez, un grupo de 16 periodistas; algunos miembros de cuatro organizaciones de defensa de libertad de expresión como Periodistas de a Pie, Reporteros Sin Fronteras (RSF), Casa de los derechos de Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); conformaron una Misión de Observación con el objetivo de investigar dicho asesinato. Durante los días 15, 16 y 17 de febrero, la Misión se habría desplazado hasta Coatzacoalcos y Xalapa, se habría entrevistado con 60 comunicadores, con familiares de Jiménez y habría revisado las notas publicadas por el periodista seis meses antes de su asesinato. La Misión entregó el informe el 19 de marzo en el que se analizaron las posibles causas que motivaron el crimen en el contexto de violencia que vive el estado de Veracruz. Para la Misión existirían “pruebas contundentes” que Jiménez fue secuestrado y asesinado por el ejercicio periodístico y llama la atención de como las autoridades no habrían analizado esta hipótesis. El informe entregó 17 recomendaciones entre las cuales les pedía la Estado reconocer que el crimen estuvo vinculado con el ejercicio de la profesión1191. El informe también habría sido entregado a las autoridades de Veracruz1192.
La CIDH tuvo conocimiento del asesinato de Jorge Torres Palacios, columnista del semanario El Dictamen y vocero de la Dirección Municipal de Salud de Acapulco, en el estado de Guerrero. Según la información recibida, Torres Palacios habría sido secuestrado el 29 de mayo por un grupo de sujetos armados cuando estaba llegando a su hogar. En horas de la tarde del 2 de junio y tras llamadas de alerta, autoridades del estado habrían encontrado su cuerpo en una bolsa en el poblado Plan de los Amates, periferia de la ciudad de Acapulco. Periodistas locales habrían rechazado comunicación oficial en la que las autoridades solo habrían hecho referencia al trabajo gubernamental del comunicador y no a su trabajo como periodista. Según se informó, Torres Palacios escribía semanalmente sobre política y seguridad en su columna ‘Nada Personal’ y en los artículos antes de su muerte habría criticado a las autoridades locales1193. Periodistas en diferentes ciudades del estado habrían protestado por el asesinato del periodista y habrían exigido a las autoridades como la Procuraduría General de la República (PGR) designar un fiscal especial para investigar el caso1194.
La CIDH tuvo conocimiento del ataque en contra del director y fundador de la radio comunitaria Calentana Mexiquense 98.1 FM, Indalecio Benítez, que ocasionó la muerte de su hijo de 12 años el 1 de agosto en el municipio de Luvianos, en el estado de México. Según la información disponible, Benítez regresaba junto a su familia a su casa, que funciona como la sede de la radio, cuando habría visto a un grupo de hombres armados esperando afuera de esta. El periodista habría intentado huir del lugar, pero los hombres habrían comenzado a disparar en contra del vehículo, lo que habría causado heridas a su hijo de 12 años. El comunicador habría buscado refugio y ayuda en la base de la Marina que opera en la zona, pero su hijo habría muerto minutos después. Según informó el comunicador, luego de que él habría huido de su casa, los hombres habrían disparado a la fachada, habrían entrado al lugar y amenazado a otros miembros de la familia que estaban allí adentro, y después huyendo. Según la información disponible, el periodista habría presentado la denuncia ante el Ministerio Público donde habría pedido seguridad1195. El Estado informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México habría abierto una investigación sobre los hechos ocurridos y ordenado medidas de protección al domicilio del periodista1196.
El 11 de agosto, el periodista Octavio Rojas Hernández, corresponsal del diario con sede en el estado de Veracruz El Buen Tono, fue asesinado en el municipio de San José Cosolapa, estado de Oaxaca. Según fue informada la Relatoría, Rojas Hernández, quien también era el Director del área de Comunicación Social del municipio, se encontraría en su vivienda cuando en horas de la tarde un hombre se habría acercado a la casa señalando estar interesado en comprar su vehículo. Al salir al frente de su casa, el sujeto sin mediar palabra le habría disparado al menos cuatro veces. Según la información disponible, el 9 de agosto el periodista habría publicado un artículo en donde se habría relacionado al ex Director de la Policía Municipal de Cosolapa, quien en la actualidad se encontraría prófugo, con una banda dedicada a robar combustible. Este habría sido el último de una serie de artículos que se referían a los asaltantes de combustible. Aunque los artículos no habrían sido firmados, Rojas Hernández sería el único corresponsal del diario en el municipio y solía cubrir la fuente policial1197. La Procuraduría General de la Justicia del Estado de Oaxaca informó a través de un comunicado que una vez conocido el hecho habría abierto las investigaciones pertinentes1198.
El 11 de octubre el periodista y activista Atilano Román Tirado, locutor de la radio Fiesta Mexicana 98.7 FM y líder comunitario, fue asesinado en el municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa. Según la información recibida, Román Tirado se encontraba en la mañana de ese día conduciendo su programa ‘Así es mi tierra’, transmitido los sábados en la radio Fiesta Mexicana de ABC Radio, cuando desconocidos ingresaron en la cabina de radio, ubicada en el interior de la sede del diario El Sol de Mazatlán, y le dispararon. El activista falleció tras ser llevado a un hospital. Román Tirado también actuaba como líder del movimiento de comuneros afectados por la construcción de la presa Picachos. El reportero habitualmente hacía críticas a las autoridades locales en su programa de radio y denunciaba el incumplimiento de compromisos adquiridos por el gobierno con su comunidad1199. Según lo informado, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) habría iniciado una indagatoria sobre los hechos y la policía federal ministerial habría actuado en el caso. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa también estaría avanzando en la investigación de los hechos1200.
La CIDH fue informada del asesinato de la twittera @Miut3 presuntamente por parte del crimen organizado. La comunicadora divulgaba en su cuenta de twitter información relacionada con temas de seguridad pública en el municipio de Reynosa, estado de Tamaulipas y colaboraba con la página Valor por Tamaulipas. Según lo informado, el 16 de octubre en su cuenta de Twitter se habría publicado la foto de una mujer asesinada junto a mensajes en los que invitaban a sus seguidores a cerrar sus cuentas y a no arriesgar su vida. La cuenta de Twitter fue suspendida. Dichos mensajes también habrían señalado que María del Rosario Fuentes Rubio sería la presunta identidad de la twittera. Fuentes Rubio, médica de profesión, había sido reportada como desaparecida por un familiar quien habría señalado que el 15 de octubre personas armadas no identificadas la habrían interceptado afuera de una empresa en el municipio de Reynosa1201.
El 22 de octubre, el cuerpo del periodista Jesús Antonio Gamboa Urías fue encontrado por las autoridades locales en Ahome, estado de Sinaloa. Según la información recibida, el hallazgo se habría dado luego de que las autoridades detuvieran a los presuntos asesinos quienes habrían utilizado la tarjeta bancaria del comunicador. Los sospechosos habrían informado a las autoridades de la ubicación del cuerpo1202. Gamboa Urías era el director de la revista política Nueva Prensa y se encontraba desparecido desde el 10 de octubre cuando cerca de la medianoche fue visto por última vez. Los familiares del reportero denunciaron su desaparición a las autoridades locales1203.
La CIDH recibió información sobre crímenes contra periodistas y/o trabajadores de medios de comunicación en los que, en principio, no existe aún una clara conexión con el ejercicio de la profesión. En este sentido, la CIDH considera fundamental que las autoridades investiguen estos hechos sin descartar la hipótesis del vínculo con la actividad periodística y la libertad de expresión. El 23 de enero, el cuerpo de Miguel Ángel Guzmán Garduño, columnista del diario Vertice y ex Secretario de Comunicación Social del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, fue encontrado en su casa1204. El 29 de julio, el cuerpo de Nolberto Herrera Rodríguez, camarógrafo, reportero y editor del Canal 9, fue encontrado en su hogar en el municipio de Guadalupe, estado de Zacatecas con al menos 20 heridas provocadas por un objeto punzocortante1205.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que: “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
En la Declaración Conjunta del año 2012 los relatores especiales para la libertad de expresión remarcaron que los Estados deberían asegurar que se adopten medidas de protección, efectivas y concretas, en forma urgente destinadas a aquellas personas que puedan ser atacadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Se deberían crear programas de protección especializados, que tengan en cuenta las necesidades y los obstáculos locales, en entornos donde exista un riesgo continuo y grave de que se produzcan delitos contra la libertad de expresión. Estos programas especializados deberían incluir una variedad de medidas de protección, que deberían adecuarse a las circunstancias individuales de la persona en riesgo, incluido el género, la necesidad o el deseo de continuar llevando a cabo las mismas actividades profesionales y sus circunstancias sociales y económicas1206.
Hernán Villarreal Cruz, reportero del diario Presencia, habría sido golpeado y amenazado por desconocidos el 14 de diciembre de 2013 en el municipio de Las Choapas, estado de Veracruz. Los desconocidos habrían subido al comunicador a un vehículo y lo habrían llevado a un lugar despoblado. En el camino además de golpearlo, también le habrían dicho que “ya le bajara” y que “no te matamos por lo que representas […]”1207.
La vivienda de Anabel Hernández, periodista de la revista Proceso, habría sido allanada por al menos 10 hombres armados quienes se habrían identificado primero como policías judiciales y luego como supuestos integrantes de los Zetas el 21 de diciembre de 2013. El grupo habría secuestrado por unas horas al escolta de la periodista. El hecho fue denunciado ante el Ministerio Público de la federación adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)1208.
Los periodistas Antonio Mundaca, Eduardo Jiménez Sandoval, Víctor López y José de Jesús Alcántara, del periódico El Tuxtepecano, habrían sido agredidos físicamente por personas vinculadas al Partido Unidad Popular (PUP) del estado de Oaxaca. Las agresiones se habrían presentado el 1 de enero cuando los comunicadores llegaron al municipio para cubrir la toma de posesión del alcalde del municipio de San Miguel Soyaltepec. Los comunicadores habrían sido agredidos con piedras, palos y machetes por personas que bloqueaban una de las carreteras del municipio1209.
La editora Mival, casa de los diarios Pulso y San Luis Hoy, denunció que uno de sus reporteros habría sido agredido en la madrugada del 12 de enero. De acuerdo con lo informado, el comunicador habría sido interceptado a las afueras de su domicilio por desconocidos quienes presuntamente se habrían identificado como policía judicial y lo obligaron a entrar a un vehículo. Allí lo acusaron de un delito, y cuando el reportero se identificó como tal le habrían dicho “¿tú eres el que saca las notitas?” mientras era agredido física y verbalmente1210.
El 23 de enero, el empresario y socio del periódico Notivisión, Ulises Mejía del Ángel, habría sido víctima de un intento de privación ilegal de libertad en el municipio de Álamo Temapache, estado Veracruz. Los responsables habrían sido capturados en flagrancia, pero habrían sido liberados por órdenes de un juez municipal. El diario habría sufrido amenazas previamente por lo que el Mecanismo de Protección para Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a nivel Federal, así como otras instituciones gubernamentales en el Estado, habrían ordenado un conjunto de medidas de protección para garantizar la seguridad del medio y sus colaboradores1211.
La periodista Sandra de los Santos y el equipo del portal del noticias en el que trabaja, Chiapas Paralelo, denunciaron un presunto amedrentamiento y hostigamiento por parte del poder judicial luego de que una familiar de la periodista fuera citada a declarar como presunta responsable del delito de extorsión. Para el portal de noticias, la investigación judicial “tiene una serie de irregularidades que apuntan a que esta acción es para amedrentar el ejercicio de la libertad de expresión del equipo del portal de noticias Chiapas Paralelo”. El medio señaló que esta no es la primera vez que serían objeto de amedrentamiento por parte del gobierno1212.
La CIDH tuvo conocimiento de las diferentes agresiones, amenazas y detenciones en contra de las y los periodistas y directivos del diario Noroeste en el estado de Sinaloa. Aunque el diario habría sido objeto de agresiones en años anteriores, en 2014 se habrían incrementado especialmente durante la cobertura de la captura y el desarrollo de ésta del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’. Así por ejemplo, en la noche del 23 de febrero los periodistas del diario en la ciudad de Mazatlán habrían sido amenazados a través de dos llamadas telefónicas en las que les exigían no publicar información relacionada con el narcotraficante. Las amenazas habrían llegado luego de que los reporteros contactaran a funcionarios municipales durante una investigación de posibles vínculos de policías del municipio con el referido narcotraficante, una información que ya había sido reportada por diarios nacionales. El Grupo Editorial Noroeste habría interpuesto una denuncia ante la Procuraduría General de la República en la que habría señalado su derecho de solicitar la protección para las instalaciones del periódico y para sus reporteros1213. El 24 de febrero, a través de la red social Facebook el diario habría recibido amenazas y habría sido acusado de que su línea editorial estaba comprometida con un grupo de delincuencia organizada1214. El 25 de febrero, dos mujeres presuntamente custodiadas por oficiales de la Secretaría de Marina habrían obligado a un fotoperiodista del diario a borrar las imágenes que había tomado al edificio donde había sido recapturado dicho narcotraficante. Le habrían advertido que de no hacerlo, le quitarían el equipo fotográfico. También se habría obligado a otros ciudadanos a borrar sus fotografías1215. El 2 de marzo, durante la cobertura de las marchas en favor del narcotraficante Guzmán Loera, tres periodistas habrían sido golpeados presuntamente por policías estatales y municipales. Los hechos se habrían presentado en las ciudades de Culiacán y Guamúchil. A dos de ellos les fueron decomisados sus equipos de grabación1216. El 4 de marzo, en Mazatlán, durante la cobertura de un hecho policiaco un reportero del diario habría sido detenido y acusado por los policías municipales como supuesto responsable de actos delictivos. El periodista habría ido en un vehículo identificado con el nombre del diario cuando habría sido detenido por los policías quienes lo habrían llevado a un hospital. Tiempo después fue liberado1217. Durante los primeros minutos del 3 de abril, el director general del Grupo Noroeste, Adrián López Ortiz, fue asaltado, golpeado y atacado con un balazo en la ciudad de Culiacán. López se movilizaba en su vehículo cuando habría sido obstaculizado por otro automóvil mientras una camioneta le cerraba el paso. De allí se habrían bajado unos jóvenes quienes tras golpearlo y robarle sus pertenencias, uno de ellos le disparó en una pierna. La Procuraduría de Justicia de Sinaloa habría señalado que este ataque podría ser un robo, pero López Ortiz y organizaciones de derechos humanos recordaron la serie de ataques que ha recibido personal del diario1218. El 28 de septiembre, policías municipales de Mazatlán habrían detenido a Iván Lizárraga, reportero gráfico del diario, y tras amenazas lo habrían obligado a borrar las fotografías que el fotoperiodista había tomado de un operativo de los policías en el que habrían entrado a una vivienda presuntamente sin una orden de cateo. Los policías habrían esposado al reportero y habrían tomado sus datos personales1219. El hecho se habría presentado luego de que el artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, conocida como “Ley Mordaza”, que prohibía la cobertura de eventos delictivos, hubiera sido abrogada por unanimidad por el Congreso del Estado de Sinaloa. Lizárraga habría interpuesto la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado1220. El diario ha recibido amenazas y ataques anteriormente, en 2010 por ejemplo, sujetos armados dispararon armas de alto poder en contra de sus instalaciones1221.
El columnista del diario ADN Guerrero y trabajador de la dirección de Comunicación Social de la ciudad de Chilpancingo, estado de Guerrero, José Alberto Morales Santos, habría denunciado amenazas por parte de autodefensas quienes también habrían allanado el domicilio de sus padres el 13 de febrero. Los hechos se habrían presentado luego de que publicara una columna en la que denunciaba presuntas arbitrariedades y actos de tortura cometidos por las autodefensas en dicho municipio. Morales habría interpuesto la denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero por los delitos de amenazas de muerte, intimidación y violación a la libertad de expresión1222.
Policías del Distrito Federal habrían detenido a Luis Méndez, periodista del portal Somos el Medio, durante la cobertura de un operativo de desalojo de vendedores ambulantes invidentes el 18 de febrero. Los funcionarios le habrían pedido la identificación al periodista, la cual no habría sido devuelta, le habrían pedido borrar los videos grabados, y lo habrían detenido por casi tres horas hasta ser puesto a disposición del Ministerio Público el cual ordenó su liberación por no existir delitos en su contra1223. En la mañana del 20 de marzo, Fabiola Gutiérrez Quiroz, periodista del mismo portal, habría sido detenida por policías del Distrito Federal durante la cobertura de un operativo de desalojo a vendedores ambulantes. Junto a ella, las autoridades también habrían detenido a unos estudiantes que intentaron defenderla. Todos habrían sido liberados luego de más de 30 horas de arresto1224.
El 28 de febrero, la casa del periodista Pedro Arzate García en Chilpancingo, estado de Guerrero, habría sido allanada de manera ilegal por personas desconocidas. El ingreso se habría producido mientras el comunicador, quien es el conductor del noticiario de la cadena Siga TV, se dirigía a la Procuraduría local a solicitar protección y denunciar actos en su contra. Ese día en la mañana, el periodista había notado que un auto se encontraba frente a su oficina y lo seguía por lo que habría decidido no entrar a su trabajo. Ante los hechos, las autoridades locales le habrían otorgado de manera provisional y extraordinaria dos escoltas para que lo acompañaran1225.
Gustavo Sánchez, director general del portal de noticias La Policiaca del Istmo, habría recibido tres amenazas en dos meses al parecer por la publicación de notas en su medio en Salina Cruz, estado de Oaxaca. La primera de estas se habría presentado el 10 de marzo cuando en medio de la transmisión de su noticiero radial habría recibido una llamada al aire en la que un hombre le habría advertido que ya lo tenía “ubicado para asesinarlo”. Esta primera amenaza habría sido denunciada ante la Procuraduría General de la República instancia que habría abierto una investigación en la mesa 13 de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), pero que hasta final de mayo no habría producido avances. En mayo, tras la publicación de una nota en su portal el 2 de mayo, el periodista habría recibido mensajes de texto en su celular donde le advertían que por haber publicado información relacionada con una conductora local de televisión, iba a sufrir consecuencias. La tercera amenaza habría ocurrido el 5 de mayo cuando desconocidos encapuchados lo habrían interceptado y le habrían exigido que retirara una nota periodística publicada en su portal o de lo contrario lo asesinarían1226.
El 12 de marzo, Balbina Flores Martínez, corresponsal de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), habría recibido una llamada amenazante de un hombre que se identificó como un “comandante”. La periodista habría presentado la denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y ante la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal1227.
Autoridades del municipio de Chinameca, estado de Veracruz, entre ellas el alcalde, habrían amenazado al periodista Abel Martínez Reyes, de los diarios Notisur y El Mañanero. Las amenazas se habrían presentado en diferentes oportunidades durante marzo y en ellas se habría hecho referencia a notas publicadas que involucraban a dichas autoridades presuntamente en actos ilícitos. Una de estas amenazas también habría sido en contra de Isidro Domínguez Sánchez, propietario del semanario político La Libertad, la cual fue denunciada por ambos ante la Fiscalía Especializada en Atención a Denuncias contra Periodistas en Veracruz1228.
El 16 de marzo, desconocidos habrían entrado a la casa del director general de la organización Artículo 19 oficina para México y Centroamérica, Darío Ramírez, y habrían robado documentos de trabajo, computadores y otras pertenencias. El hecho se habría presentado días antes de la presentación del informe anual de la organización sobre la violencia que enfrentan los periodistas en el país. Este sería el quinto incidente de seguridad contra personal de la organización desde que en abril de 2013 recibieran amenazas de muerte en contra de Ramírez y los trabajadores de la organización1229.
La columnista y politóloga Denise Dresser habría sido intimidada por el Coordinador de Comunicación Social del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados quien habría emprendido contra ella una campaña de desinformación y de desprestigio tras publicar una columna el 31 de marzo. En su artículo, la columnista habría citado una investigación del diario The New York Times que revelaba información de inteligencia que vinculaba a un funcionario por presuntamente proteger narcotraficantes en Sonora. Además de desprestigiar su trabajo periodístico, en redes sociales se habría publicado información privada de la periodista. Por esta razón Dresser habría solicitado protección1230.
Miembros del Ejército Mexicano habrían agredido a tres periodistas en la ciudad de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, el 4 de abril. El director de la Agencia Rubios News, Abisaí Rubio; y los reporteros Mario Mosqueda y Neftali Antonio Gómez, habrían llegado al lugar a documentar un accidente vial entre un vehículo de transporte de pasajeros y una patrulla del Ejército razón por la que se habrían enojado los militares y los habrían amenazado con “desaparecerlos”. Según varias fuentes los habrían agredido físicamente y habrían dañado sus equipos. Los periodistas habrían interpuesto la denuncia ante la Procuraduría General de la República en Tamaulipas1231.
En la madrugada del 6 de abril, la redacción del diario El Buen Tono que se edita en el estado de Veracruz, habría recibido una llamada amenazante en los siguientes términos: “ahora si vamos a acabar con ustedes, vamos a quemar el periódico”. La amenaza habría sido denunciada ante el Ministerio Público1232. El noviembre de 2011, hombres armados habrían entrado a la redacción del diario, destruido computadores, rociado las oficinas con gasolina e incendiado el edificio. Los empleados que se encontraban en el lugar, lograron escapar1233.
El 18 de abril, desconocidos habrían entrado a la vivienda del director de la revista Contralínea, Miguel Badillo, mientras que el 23 de junio, las instalaciones de la revista habrían sido asaltadas por desconocidos. Estos habrían sustraído el equipo informático, de audio y grabación de las oficinas de este medio. Desde el 2007 la revista habría reportado diversas agresiones posiblemente producto de su línea editorial1234. El 18 de julio la CIDH otorgó medidas cautelares a la revista Contralínea y a su equipo editorial luego de considerar que “los derechos a la vida e integridad personal de los miembros” de la revista “se encontrarían en una situación de riesgo”1235.
El 13 de mayo, Marta Durán de Huerta, colaboradora de la revista Proceso y corresponsal de Radio Nederland, habría recibido una llamada telefónica en la que la amenazaban de muerte. Para la reportera, la amenaza podría estar relacionada con su trabajo periodístico en el que ha dado cobertura a casos de feminicidio, de corrupción, abuso de poder, narcotráfico. En días previos a la amenaza, Durán habría dado seguimiento a los asesinatos de mujeres en el estado de México y al caso de una joven holandesa asesinada en Ciudad Juárez en 1998. La periodista habría acudido a la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para denunciar el hecho. El 27 de mayo la periodista también habría presentado la denuncia ante la Procuraduría de Justicia del DF1236.
El director del portal informativo Poblanerías, Luis Enrique Sánchez, habría sido objeto de robo en su vivienda luego de que desconocidos entraran a ella el 28 de julio y se llevaran su computador de trabajo. Para el comunicador se trató de un mensaje teniendo en cuenta que no se llevaron otros elementos de la casa. Días antes, el periodista habría criticado a funcionarios del estado por su actuación en una manifestación que se tornó violenta1237.
El 29 de julio la directora del periódico El Veraz, que se edita en Xalapa, estado de Veracruz, Claudia Guerrero, habría sufrido amedrentamientos y agresiones por parte de presuntos miembros del Movimiento los 400 Pueblos quienes habrían rodeado y bloqueado los accesos a su vivienda que también es la sede del medio. Las personas también habrían lanzado una serie de proyectiles en contra de su vehículo. La periodista habría interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público. En el 2012, la periodista también habría sido víctima de ataques por parte de este movimiento1238.
El 17 de agosto, la casa de Elmer Sosa, caricaturista del Diario Cambio del estado de Puebla habría sido objeto de un robo domiciliario. Los ladrones habrían tomado tres computadores y dos memorias portátiles en donde el caricaturista tenía su trabajo de 10 años. El hecho se presenta semanas después del ataque cibernético en contra del portal del diario que lo habría dejado fuera de línea por algunos días. El periódico, uno de los más críticos del desempeño del actual gobernador Moreno Valle, habría sufrido durante 2014 amenazas e intimidaciones verbales por parte de personajes cercanos a la administración pública estatal1239.
En la madrugada del 2 de septiembre, la vivienda del director del semanario Tinta Verde, Ignacio Domínguez, en Xalapa, estado de Veracruz, habría sido baleada por desconocidos. El periodista y su familia salieron ilesos del atentado. Los agresores habrían dejado una cabeza de cerdo con un mensaje intimidatorio para el periodista, lo que sería una práctica de grupos narcotraficantes. La revista está especializada en temas de agricultura y ganadería, y seria crítica de políticas gubernamentales1240.
El 4 de septiembre, la periodista Karla Janeth Silva Guerrero habría sido violentamente golpeada por varios individuos mientras le decían “bájale de huevos a tus notas”. Según la información recibida, los individuos habrían llegado hasta la oficina de la periodista, quien es corresponsal del periódico El Heraldo de León en el municipio de Silao, estado de Guanajuato, y la habrían atacado. Ese día por la mañana, varios sujetos habrían ido a buscar a la periodista. La periodista, quien habría sido hospitalizada, declaró sobre los hechos ante el Ministerio Público. Los sujetos también habrían atacado a la asistente de la oficina y habrían causado daños al mobiliario y al equipo. Según la información disponible, las notas de Silva Guerrero suelen ser críticas con la administración local, situación por la que habría recibido reclamos1241. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República habría iniciado una investigación sobre los hechos1242. En conferencia de prensa el 11 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato habría señalado al director general de Seguridad Pública del municipio de Silao, Nicasio Aguirre Guerrero, como el autor intelectual de la agresión, quien estaría prófugo. Se habría anunciado también la detención de dos de los presuntos agresores1243. El juez de oralidad penal en Silao habría encontrado elementos de prueba suficientes para llevar a juicio a Luis Gerardo Hernández y Joaquín Valero, presuntos agresores de la periodista y de la asistente de la oficina. También habría ordenado prisión preventiva de los hombres. Los delitos en contra de los acusados serían el de lesiones, robo calificado y amenazas. Durante la audiencia del 16 de septiembre, los presuntos agresores habrían vinculado en la agresión de Silva al Jefe Operativo de la Policía de Silao, Jorge Alejandro Fonseca Durán, pero este no habría sido vinculado oficialmente a la investigación1244. El 20 de septiembre se habría anunciado la detención de Fonseca Durán1245. El 24 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato habría informado de la detención de José Samuel “N” presunto autor material de las agresiones de la periodista1246.
Sobre este caso, el 21 de noviembre, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) concluyó las investigaciones relacionadas con la agresión a la periodista Silva Guerrero y determinó que la Administración Pública Municipal de Silao “no cumplió con la obligación de proteger a periodistas y trabajadores de medios de comunicación en riesgo” teniendo en cuenta que la periodista había puesto en conocimiento del entonces Coordinador Operativo de la Policía Municipal de Silao su situación de riesgo. Asimismo, determinó “que las lesiones, robo y amenazas en cuestión son parte de una acción con participación de agentes municipales y que no tenía como fin un ataque simple al derecho humano a la integridad de Karla Janeth Silva Guerrero, sino como represalia y amedrentamiento por la labor periodística que desempeñaba”. Con base en esto, la PDHGE realizó siete recomendaciones al Presidente Municipal de Silao como la de ofrecer una disculpa institucional pública por la violación a su derecho a la libertad de expresión y donde se reconozca la responsabilidad institucional, así como otorgar las garantías de no repetición; así como la de iniciar procedimientos en contra de los funcionarios relacionados con el hecho para esclarecer lo sucedido; indemnizarla pecuniariamente; incorporar en sus programas de educación y formación a cuerpos de seguridad pública municipal un módulo sobre protección al derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y de la labor que cumplen los periodistas; así como adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra comunicadores, entre otros1247. El Presidente Municipal habría aceptado todas las recomendaciones y habría ofrecido la disculpa pública sin la presencia de la periodista1248.
Esta agresión habría ocasionado que un grupo de periodistas acudiera al Congreso del Estado de Guanajuato para entregar un documento en donde pedían se tipificara el delito de Atentado contra la Libertad de Expresión en el Código Penal del Estado. Los comunicadores también habrían pedido que se agilizara la aprobación de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como la desvinculación de sus cargos a los funcionarios públicos presuntamente implicados en la agresión1249.
Tras la publicación de una nota por parte de la revista digital Era en la que se cuestionaba el estado en el que se había presentado el gobernador de Veracruz a un acto público el 16 de septiembre, se habrían presentado una serie de hostigamientos en contra de los colaboradores de dicho medio para conocer quién habría filtrado el audio para la realización de dicho artículo1250. Ante los hechos, la revista publicó el 18 de septiembre una nota responsabilizando “de cualquier ataque a los colaboradores de esta publicación” al Gobierno de Veracruz1251.
La CIDH fue informada de agresiones en contra de la revista Luces del Siglo que se edita en el municipio de Cancún, estado de Quintana Roo, que incluyen la clonación sistemática de sus ediciones digitales e impresas. Agustín Ambriz, director de la revista, señaló que la publicación – que ha sido crítica de la gestión del gobernador del estado – ha sido clonada 48 veces por otras ediciones con notas favorables al gobierno local1252. El gobierno de Quintana Roo habría negado su participación en la clonación de la revista1253. A raíz de la denuncia, en octubre un juez federal habría ordenado al gobernador Borge y a tres de sus principales colaboradores cesar los “actos de infamia” contra Madero1254. El 1 de octubre, el vocero del Gobierno del Estado en declaraciones dadas a medios de comunicación habría acusado al semanario de auto-clonarse con el presunto objetivo de extorsionar al Estado, victimizarse y recuperar los convenios de publicidad1255.
En la madrugada del 30 de septiembre, desconocidos habrían baleado la casa del periodista Margarito Juárez, reportero de la sección policial para el periódico Página 24 y para el Canal B15, en la ciudad de Fresnillo, estado de Zacatecas. Según lo informado, varios impactos de bala quedaron en la vivienda del comunicador, sin que él o su familia resultaran heridos1256. El periodista ya habría sido intimidado en ocasiones anteriores, por ejemplo en la madrugada del 14 de diciembre de 2013, el auto del comunicador habría sido robado y encontrado completamente calcinado a las afueras de la ciudad. Encima del automóvil se habrían encontrado ejemplares del diario Página 24 lo que habría sido interpretado como una amenaza1257.
En octubre, la CIDH recibió información que darían cuenta de hostigamientos en contra de reporteros nacionales y locales en Iguala, estado de Guerrero, a quienes les tomarían fotografías, serían víctimas de seguimientos a moto y a pie presuntamente por parte de los llamados ‘halcones’ (personas utilizadas por el crimen organizado para avisar lo que está pasando en la ciudad)1258. Esto sucedería en un contexto posterior a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
En la madrugada del 19 de octubre, la camioneta de la periodista Brenda Nava Mancilla, directora del diario La Noticia en la Montaña que se edita en el municipio de Tlapa de Comonfort, estado de Guerrero, habría sido incendiada. La periodista denunció que días antes a este hecho, el director del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense presuntamente la había amenazado luego de la publicación de denuncias sobre supuestos malos manejos en el hospital. Según la información recibida, la comunicadora habría intentado interponer la denuncia ante el Ministerio Público de Tlapa, pero sus instalaciones se encontrarían cerradas por el clima de polarización que vive la región tras la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. La periodista habría contactado a la Procuraduría General de Justicia en Guerrero para pedir se iniciaran las investigaciones y se garantizar su seguridad y la de su familia1259.
La Comisión tuvo conocimiento de un video en el que se veían a presuntos miembros de la policía federal en el estado de Guerrero amenazado con armas de fuego a comunicadores de televisión quienes se movilizaban en una camioneta en el municipio de Cocula rumbo a un punto donde habría sido encontrada una fosa clandestina1260. La Secretaría de Gobernación habría emitido un comunicado que el ataque habría sido perpetrado por elementos de las Divisiones de Inteligencia e Investigación de la Policía Federal mientras realizaban su trabajo de manera encubierta en la presunta captura de uno de los responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa1261.
El portal de noticias SinEmbargo denunció que el Delegado de Cuajimalpa en el Distrito Federal los estaría amenazando por distintos medios exigiendo se retiren de la página fotografías de dicho Delegado. Según lo informado, en 2012 el portal publicó una nota periodística donde tomó fotografías publicadas en el perfil de la red social Facebook del Delegado. Estas fotografías habrían sido retomadas por otros medios de comunicación. El 24 de octubre de 2014, un hombre se habría presentado en las oficinas del medio, habría preguntado por los directivos y habrían amenazado con no irse hasta que las fotografías fueran retiradas. El hombre se fue luego de que el medio llamó a una unidad de policía. Antes de este evento, SinEmbargo habría recibido llamadas a la redacción y a celulares privados, así como correos electrónicos por parte de un hombre que se identifica como el abogado del Delegado en donde exige el retiro de las fotografías o “se atendrán a las consecuencias”1262.
La CIDH recibió información sobre un audio difundido el 28 de octubre en el que presuntamente se escuchaba al Secretario de Gobierno del estado de Querétaro ordenar censurar y agredir al periodista Juan Manuel Auzua, conductor del programa ‘El Guardián de la noche’ de Radio 92.7 FM, presuntamente por hablar de la inseguridad en el estado en su programa. La persona del audio ordenaba “romperle la madre” al comunicador. A través de un comunicado, unos 75 periodistas del estado habrían denunciado las amenazas, discriminación y represión por parte de los funcionarios estatales1263. Días después, el funcionario habría aceptado que sí es su voz la del audio y lamentó “haber hecho esta expresión incorrecta” y se declaró “absolutamente respetuoso de los medios de comunicación”. Agregó que habrían interpuesto denuncias por el delito de espionaje ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y Procuraduría General de la República (PGR)1264.
La CIDH tuvo conocimiento del intento de secuestro del periodista español Melchor Miralles, ex director de El Mundo TV y columnista del diario español ABC, en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas, el 1 de noviembre. Según la información recibida, Miralles se encontraba en la ciudad rodando un documental sobre la inmigración que cruza por México hacia Estados Unidos. En la madrugada de aquel día Miralles habría recibido una llamada en su habitación de hotel de parte de un hombre que se habría identificado como el líder de un cartel de drogas y habría amenazado al periodista, a su equipo de trabajo y a su familia en Madrid si no obedecía sus órdenes que incluían abandonar el hotel en un taxi y dirigirse a un lugar específico. Encerrado en su habitación, el periodista habría logrado comunicarse con su equipo quienes habrían logrado dar aviso a la Policía. Después de algunas horas, el equipo logró salir del hotel y abandonaron ese mismo día el país1265.
Los periodistas Isaín Mandujano, corresponsal de Noticias MVS, y Gabriela Coutiño, de la revista Proceso, habrían sido agredidos por personal de seguridad de un diputado de Chiapas el 19 de noviembre. Los comunicadores habrían llegado al lugar donde el funcionario habría dado una conferencia y al momento de pedir las declaraciones del diputado, habrían sido golpeados. Además habrían sido expulsados del lugar1266.
Durante el 2014, la CIDH recibió información sobre una serie de hechos y leyes que podrían limitar los derechos a la libertad de expresión, protesta, reunión y asociación.
En este sentido, el 14 de julio se publicó la Ley de Movilidad del Distrito Federal, la cual obliga a los ciudadanos a informar a las autoridades 48 horas antes de realizar una manifestación, condiciona a que éstas tengan una “finalidad sea perfectamente lícita”, prohíbe la utilización de vías primarias y establece que la Secretaría de Seguridad Pública “tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias de circulación continua”1267. La ley tiene dos acciones de inconstitucionalidad en contra de los artículos relacionados con manifestaciones públicas interpuestas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos1268.
El 14 de noviembre, el Juzgado Primero y el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal acogieron tres acciones de amparo iniciadas en contra de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. En sus decisiones, los Juzgados citan a los estándares interamericanos en materia de la protesta social y del derecho a la libertad de expresión y aplican el test tripartito a las disposiciones mencionadas supra de la ley. En este sentido, reconocen la manifestación social como una forma de ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y asociación. Respecto a las disposiciones legales cuestionadas, los juzgados observaron, entre otros, que “la exigencia de precisar el fin ‘perfectamente’ lícito de la manifestación pública que pretenda realizarse establece un efecto inhibidor” en el ejercicio de estos derechos, ya que no pueden ser calificados de manera previa, “porque en sí mismo el ejercicio del derecho fundamental de libre expresión y libre manifestación de ideas, es lícito”. Asimismo, encontraron que la exigencia de presentar el aviso correspondiente con cuarenta y ocho horas de anticipación, “restringe el derecho a manifestarse públicamente a una temporalidad cierta” lo cual es desproporcional, ya que “cuando hay un suceso que cimbra a la opinión pública o cuando existe descontento social por alguna situación” hay una necesidad inmediata de manifestarse que no admite plazo1269. Para los órganos jurisdiccionales “[l]a exigencia al Estado o a un grupo determinado integrante de la sociedad, de respecto [sic] a los derechos humanos a través de la manifestación pública, por su propia naturaleza, debe ser desinhibida, robusta y abierta, pudiendo inclusive incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente sarcásticos sobre personajes públicos, políticas gubernamentales, sobre algún descontento social o incluso al grado máximo al que no es ni conveniente ni deseable llegar que es el rechazo social” hacia las instituciones del Estado. En suma, “debe existir respeto a la expresión de ideas y sentimientos que pudieran ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios, incluida la opinión pública.”1270
Asimismo, los juzgados encontraron que el mantenimiento “a priori del orden público y la paz social” no resultan en una limitación idónea ni necesaria, ya que la norma no cumple con los estándares de establecer una restricción “orientada a alcanzar la prevención de una afectación real y verificable, que pudiera constituir una amenaza cierta de perturbación a la dinámica democrática de la sociedad, o bien, una afectación cierta a los derechos fundamentales de terceros”. En este orden de ideas, observaron que “el corte en el tránsito de vehículos a través de la utilización de vías primarias de circulación para la realización de una manifestación pública, aunque muy importante, no puede ser una justificación” suficiente para su limitación o restricción. Los juzgados también reconocieron el efecto inhibidor que genera la falta de precisión en la norma sobre cuáles serían las medidas necesarias empleadas por la Secretaría de Seguridad Pública, “ya que el gobernado está imposibilitado para saber previamente las consecuencias jurídicas que podrían derivarse de la utilización de vías primarias de circulación continua durante la realización de una manifestación pública, dejándolo en incertidumbre, disminuyendo así sus posibilidades de ejercer plenamente sus derechos fundamentales”. Con base en todo lo anterior, suspendieron la aplicación de los artículos 212 a 214 de la ley a los peticionarios1271.
Según lo informado, el Congreso de Quintana Roo aprobó la Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo”. Su última versión, publicada el 4 de julio, aunque permite el uso de las vías públicas para manifestaciones, determina que particulares “no podrán limitar o restringir el tránsito de peatones y vehículos” y prohíbe el bloqueo de vías públicas (Artículos 15 y 29. XXXV). Algunas de las infracciones que considera son la de “realizar actos que de manera ilícita, afecten el normal funcionamiento de las acciones del Estado, los municipios, la actividad económica, turística y social política del estado de Quintana Roo” o hacer ruido excesivo (Art. 29. VI y XXXVII). La Ley señala que la administración pública “tomará las medidas necesarias” si durante las manifestaciones, marchas o plantones “se altera el orden o paz públicos, o se impide, entorpece u obstaculice la prestación de un servicio público o se produjera [sic] actos de violencia” (Art. 18)1272.
Por otra parte, el 10 de diciembre de 2013, las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Derechos Humanos habrían aprobado un dictamen sobre la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal1273. Según la información recibida, la propuesta original fijaría horarios específicos para las manifestaciones públicas (entre las 11 y las 18 horas) y la obligatoriedad de avisar con 72 horas de anticipación a las autoridades sobre su realización. El proyecto establecería que las autoridades podrán “impedir o modificar la realización de manifestaciones, atendiendo a factores de riesgo de protección civil y a contingencias ambientales”. Asimismo, prohibiría a los manifestantes “proferir insultos o amenazas” o “intimidar u obligar a la autoridad a resolver algún asunto en el sentido que deseen”. En caso contrario, las autoridades podrían disolver la manifestación. Por otra parte, la iniciativa indicaría que “no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lítico, es decir, cuando se persiga un fin que no sea contrario a las buenas costumbres o las normas de orden público”1274. En comunicación de 12 de febrero de 2014, el Estado informó que el proyecto de ley aún se encontraría en análisis y que parte del proceso legislativo del Estado mexicano “es realizar un análisis de los proyectos de ley que las Comisiones Legislativas impulsan con el fin de ponderar y elegir los proyectos que promueven y protegen los derechos humanos de la sociedad en general”1275.
Esta información fue expuesta también durante la audiencia ‘Derechos humanos y protesta social en México’ realizada en el marco del 153 Periodo de Sesiones de la CIDH el 30 de octubre. En ella los peticionarios alegaron lo que sería una tendencia por parte de las autoridades por restringir este derecho desde el 2012. Dicha tendencia se estaría presentando a través de iniciativas de leyes, algunas de ellas ya aprobadas, y normas federales y locales que presentarían restricciones mediante la regulación del espacio público para manifestaciones sociales, la obligación de dar aviso a las autoridades con anticipación, el uso de un lenguaje ambiguo en dichas leyes, así como el uso del derecho penal para sancionarlas. Los peticionarios también señalaron como parte de esta tendencia, el excesivo uso de la fuerza por parte de las autoridades durante las manifestaciones no solo contra los que hacen parte de ella, sino contra las personas que documentan su desarrollo. El Estado por su parte manifestó su respeto por la protesta social como una herramienta del derecho a la libertad de expresión, y agregó que sus regulaciones están encaminadas a garantizar la seguridad de los manifestantes así como de la población en general. Un ejemplo de lo anterior, sería la regulación del uso de la fuerza por parte de las autoridades. Asimismo, el Estado señaló que cuenta con un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que ha brindado protección a personas en riesgo1276.
La CIDH también recibió información sobre diferentes agresiones, detenciones y/o amenazas en contra de periodistas, trabajadores de prensa así como de manifestantes en ocasiones por parte de fuerzas de seguridad o por desconocidos.
Así por ejemplo, la CIDH tuvo conocimiento de la agresión que sufrieron cinco comunicadores en el marco de la marcha conmemorativa del aniversario de ‘Masacre del jueves de corpus’ o ‘Halconazo’ en la ciudad de México. Según lo informado, las agresiones se habrían presentado cuando los comunicadores grababan la actuación de personas vestidas de civil y encapuchadas quienes pintaban paredes y rompían vidrios de los negocios ubicados por donde iba la marcha. Los agresores habrían golpeado y en ocasiones dañado los equipos de trabajo de los comunicadores. Algunos de los periodistas agredidos fueron Luis Castillo, del diario Reforma; Leonardo Casas, de la agencia Quadratín; Marco Ugarte, de la agencia Associated Press, quien habría sido hospitalizado; Paris Martínez, de Animal Político y Néstor Negrete, periodista freelance1277.
El 9 de julio se presentaron enfrentamientos entre pobladores de distintas comunidades del municipio de Chalchihuapan, estado de Puebla, y las autoridades en un intento por disolver una manifestación que mantenía bloqueada una vía. Según lo informado, cuatro personas habrían sido detenidas, y otras más heridas. Uno de ellas fue un niño de 13 años, quien habría sido herido presuntamente por una bala de goma disparada por policías. El 19 de julio el niño murió1278. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que en esta manifestación hubo un uso indebido de la fuerza por parte de las autoridades y que el proyectil lanzado por policías fue la causa de la muerte del niño1279.
La Comisión Interamericana y su Relatoría Especial recibieron con preocupación la información sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa localidad de Iguala, estado de Guerrero, el 26 de septiembre en momentos en que se movilizaban en autobuses rumbo a Chilpancingo. Según lo informado, el paso de los vehículos habría sido cerrado por patrullas desde donde habrían comenzado a disparar de manera indiscriminada. En los hechos habrían resultado detenidos alrededor de 20 estudiantes, seis personas murieron, tres de ellos estudiantes, y se reportó la desaparición de 43 estudiantes. Ante la información, la CIDH otorgó medidas cautelares el 3 de octubre y solicitó al Estado activar los mecanismos necesarios para determinar el paradero de los estudiantes con el propósito de proteger sus derechos a la vida e integridad personal1280. Durante la investigación del caso, se detuvo a 22 policías acusados de la muerte de seis personas, razón por la que el alcalde del municipio pidió una licencia con el objeto de facilitar las investigaciones el 30 de septiembre. El 5 de octubre, tras la declaración de presuntos integrantes de Guerreros Unidos se informó que presuntamente los policías entregaron los estudiantes a este grupo delictivo y que fueron asesinados. Eventualmente, la Procuraduría General de la República reconoce que el alcalde de Iguala y su esposa están vinculados al grupo delictivo., en donde la mujer sería la principal operadora. El funcionario habría ordenado el ataque en contra de los estudiantes presuntamente para impedir una manifestación en su municipio. La pareja estuvo prófuga, pero fue detenida el 4 de noviembre1281.
Desde el primer ataque el 26 de septiembre y con el desarrollo de la investigación de la desaparición, las movilizaciones dentro del país crecieron. Su objetivo ha sido exigir justicia para los jóvenes y castigo para los responsables1282. La CIDH ha recibido información sobre los hechos violentos que se han originado en dichas manifestaciones que habrían provocado la detención y agresión de periodistas, manifestantes, personas de defensoras de derechos humanos y/o personas que estaban documentando los hechos.
En este sentido, en la noche del 8 de noviembre tras el encuentro de manifestantes en el Zócalo de la ciudad de México un grupo de personas habría pintado y lanzado objetos contra edificios de la ciudad y habría intentado incendiar el Palacio Nacional. Miembros del cuerpo de seguridad del Distrito Federal habrían arremetido en contra de las personas que se encontraban en el lugar y habrían detenido al menos a 18 personas las cuales presuntamente no habrían estado involucradas en los hechos del Palacio Nacional1283.
Los periodistas Carlos Navarrete Rubio, del diario El Sur, y Jesús Eduardo Guerrero Ramírez, del diario La Jornada de Guerrero, habrían sido atacados por policías del estado de Guerrero el 11 de noviembre a pesar de que se habrían identificado como miembros de la prensa. Los hechos se habrían presentado durante la cobertura del violento desalojo de maestros que protestaban por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la ciudad de Chilpancigo, Guerrero. Según lo informado, los fotoperiodista Sebastián Luna y Anwar Delgado también habrían sido golpeados y amenazados al intentar ayudar a Navarrete. Los policías también habrían amenazado a otros periodistas que también documentaban el hecho1284.
Durante la cobertura de la ‘Caravana por Ayotzinapa’ en Oaxaca los fotoperiodistas Hugo Velasco y Luis Plata habrían sido alcanzados con una bomba molotov que habría dejado a Velasco con quemaduras de primer y segundo grado, mientras que a Plata no presentó lesiones graves. Según lo informado, el hecho se presentó cuando documentaban a un grupo de personas encapuchadas apedreaba y lanzaba bombas molotov a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Oaxaca1285.
Según fue informada la CIDH, durante las manifestaciones del 20 de noviembre habría tenido lugar una de las manifestaciones más violentas que habría dejado como saldo varias personas agredidas y detenidas. La información recabada señala que en la ciudad de México hubo un primer enfrentamiento entre manifestantes y autoridades en las inmediaciones al Aeropuerto Internacional de dicha ciudad en donde al menos 18 periodistas y otras personas habrían sido agredidas. Algunos de los hechos reportados fueron la agresión y toma de fotografías durante varios kilómetros de Marlen Mondragón, de la Agencia de Subversiones; la detención ilegal en modo encapsulamiento por parte de la fuerza pública (método utilizado por la policía cuando cercan a un grupo de personas) de seis comunicadores de Somos El Medio, Regeneración Radio, Política Media y revista Contralínea1286.
En la noche del 20 de noviembre, las diferentes manifestaciones que habían ocurrido en la ciudad de México se habrían dado cita en el Zócalo en donde se produjeron hechos violentos luego de que un grupo pequeño de personas frente al Palacio Nacional hubieran arrojado objetos, petardos e incluso cocteles molotov al edificio y a los miembros de la Policía Federal que allí se encontraban. La Policía Federal en colaboración con la Policía del Distrito Federal y con la Policía Auxiliar del Distrito Federal habrían respondido al ataque presuntamente disolviendo de manera violenta la manifestación con agresiones e insultos en contra de todos los que allí se encontraban. En este contexto, al menos 14 periodistas y comunicadores habrían sido agredidos, algunos por miembros de la fuerza pública otros de parte de civiles, a pesar de que se habrían identificado como representantes de la prensa. Algunos de los agredidos fueron Eduardo Verdugo, fotoperiodista de la agencia Associated Press, a quien además habrían robado su cámara; David Rodríguez, de Quadratín; Juan Omar Fierro, de MVS Radio; Ángel Huerta García, de Radio Zapote; Diego Simón Sánchez, fotoperiodista de Cuartoscuro; María Idalia Gómez, de Eje Central y 24 Horas; Eduardo Miranda, fotoperiodista de Proceso; Yohali Reséndiz, de Excélsior; Raúl Flores y Carlos Valente, reportero y camarógrafo de Grupo Imagen respectivamente1287. Según lo informado, 15 personas, la mayoría señaladas como estudiantes, habrían sido detenidas. De ellas, 11, entre ellas un ciudadano chileno, habrían sido presentadas ante la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República. Estas personas habrían sido incomunicadas y trasladas a penales federales afuera de la ciudad de México bajo los delitos de asociación delictuosa, motín y tentativa de homicidio. Organizaciones civiles habrían pedido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinar si los detenidos habrían sido sujetos de tortura1288. Las personas habrían sido liberadas el 29 de noviembre por falta de elementos probatorios1289.
El 1 de diciembre, continuaron las manifestaciones en la ciudad de México en las que presuntos miembros de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) habrían agredido a al menos 28 periodistas y personas defensoras de derechos humanos. También se habrían presentado detenciones ilegales en contra de manifestantes, transeúntes, defensores, periodistas y personas que documentan el hecho1290. Algunos de los agredidos habrían sido los integrantes de la emisora comunitaria La Voladora Radio, Verónica Galicia, Erick García y Eduardo Celestino, quienes además de ser agredidos, sus equipos habrían sido robados cuando reportaban presuntas ordenes de los miembros de la policía vestidos de civil de golpear a los manifestantes1291. Según lo informado, los hechos de violencia habrían dejado por lo menos tres detenidos quienes habrían sido acusados por provocar daños1292.
La CIDH recuerda que en la Declaración Conjunta sobre violencia contra los y las periodistas en el marco de manifestaciones sociales, adoptada en 2013, se indica que en el contexto de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores/as y el libre flujo de información “es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado […] previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad”. Por esta razón, las autoridades deben otorgar a los y las periodistas el máximo grado de garantías para que cumplan su función. En ese sentido, debe garantizar que los y las periodistas no sean detenidos/as, amenazados/as ni agredidos/as y que sus derechos no sean restringidos en ninguna forma por estar ejerciendo su profesión en el marco de una manifestación pública. El Estado no debe prohibir ni criminalizar las trasmisiones en directo de los hechos y debe abstenerse de imponer medidas que regulen o limiten la libre circulación de información. Los y las periodistas no deben ser citados/as como testigos por los órganos de Justicia y las autoridades deben respetar el derecho a la reserva de sus fuentes de información. Asimismo, sus materiales y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados1293.
La CIDH y su Relatoría Especial han valorado positivamente la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el país como una manifestación de compromiso del Estado por proteger a defensores, defensoras y periodistas que se encuentran en riesgo.
Durante la audiencia Estado ‘Política pública en derechos humanos y buenas prácticas en México’ solicitada por el Estado y realizada el 27 de marzo durante el 150 periodo de sesiones de la CIDH, el Estado informó que el mecanismo contaría con importantes asignaciones presupuestales y con el acompañamiento técnico de entidades internacionales especializadas en libertad de expresión como Freedom House. Adicionalmente informó que se han recibido 165 solicitudes de incorporación al mecanismo, se han celebrado convenios con 31 Estados de la República a efectos de proveer colaboración y coordinación con las medidas de protección y se han dictado 211 medidas con las cuales se han protegido 238 personas1294.
No obstante, la CIDH y su Relatoría Especial han recibido información que da cuenta de las falencias que estaría presentando el mecanismo en su funcionamiento. Dichas falencias estarían relacionadas con deficiencias estructurales, ausencia de transparencia y rendición de cuentas y una presunta ausencia de una política pública dirigida a cumplir con las obligaciones del Estado. Así por ejemplo, se recibió información que indica que el 70 por ciento de los casos que habrían llegado al mecanismo presentaría retrasos en su procesamiento1295. También se recibió información sobre que la evaluación de riesgo e identificación de las medidas a adoptar sería muy lenta y que el personal encargado de la evaluación de riesgo sería escaso. Tampoco existirían protocolos que aseguraran una reacción inmediata en casos de nuevas agresiones, ni una metodología adecuada de seguimiento de casos. En esta línea, se recibió información que indicaba que durante los primeros meses del año se habrían documentado por lo menos 10 casos de periodistas y medios de comunicación que vuelven a ser blanco de ataques o amenazas a pesar de contar con medidas de protección del país o denuncias penales abiertas por las agresiones sufridas en años anteriores1296.
En este sentido, el 21 de abril la Comisión Interamericana envió una solicitud de información al Estado la cual fue respondida el 26 de mayo. En su respuesta el Estado señaló que entre el 10 y el 26 de marzo, la organización no gubernamental Freedom House en México acompañó al equipo de la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN) del Mecanismo para hacer una evaluación del proyecto de apoyo. El 29 de marzo habrían presentado su diagnóstico a la junta de gobierno con base en el cual se habría aprobado el plan de trabajo para el año 2014. El plan incluía, entre otros temas, el fortalecimiento técnico en tres áreas en las que se deberían realizar ajustes metodológicos: valoración de riesgo, en los procesos y procedimientos desarrollados en la Coordinación Ejecutiva Nacional (aquí se mejoraría la sistematización de información de los casos, se implementaría una base de datos y se mejoraría la capacidad del personal para realizar análisis de riesgo), y finalmente medidas relativas al Protocolo de Evaluación de Riesgo y el Instrumento de Valoración de Nivel de Riesgo1297.
Luego de dos sesiones realizadas en julio y agosto, la Junta de Gobierno del Mecanismo habría resuelto otorgar medidas de protección a 85 defensores de derechos humanos y periodistas que “se encuentran en situación de riesgo ante el ejercicio propio de sus actividades”. La implementación de dichas medidas se realizaría “a la brevedad” en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales1298.
La CIDH y su Relatoría Especial señalan particularmente la importancia de tomar todas las medidas necesarias para asignar y capacitar a todo el personal necesario para su operación adecuada; garantizar que los estudios de riesgo y la implementación de las medidas urgentes, de prevención y de protección sean realizados de manera adecuada, en los plazos previstos en la ley; que las medidas de urgencia y de protección otorgadas no sean sustituidas o retiradas antes de la resolución de eventuales inconformidades y garantizar la coordinación entre los distintos órganos del Estado federal, así como con las entidades federativas para su adecuado funcionamiento.
La Directora General de Mensaje y Nuevas Tecnologías del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Irene Muñoz, habría denunciado penalmente al bloguero ‘Renegado Legítimo’ ante la Fiscalía Central de Investigación para Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) el 27 de enero. El bloguero habría publicado ese 27 de enero una investigación en la señalaba a la funcionaria de presuntamente favorecer con publicidad oficial a “medios de información amigos” del GDF. En la denuncia, la funcionaria habría pedido investigar al bloguero por supuesto hechos “constitutivos de delitos” contra su persona1299.
La CIDH fue informada del caso del periodista y activista maya Pedro Celestino Canché Herrera en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, estado de Quintana Roo, quien se encuentra detenido desde el 30 de agosto acusado del delito de sabotaje. Según lo informado, el hecho habría tenido como causa la cobertura dada por el periodista a un plantón organizado por un movimiento que protestaba en contra de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del municipio desde el 11 de agosto, el cual habría sido violentamente desalojado el 19 de agosto por la autoridad. También se habría atacado a las personas que documentaban el evento. Por el hecho se habrían detenido a 40 personas, nueve de las cuales siguen vinculadas a procesos por cargos de motín, agresiones y ultrajes a la autoridad. Canché habría documentado la represión la cual fue difundida por diferentes medios1300. El 21 de agosto, el gobierno de Quintana Roo habría publicado un comunicado de prensa en el que se señalaba que el Departamento Jurídico de la CAPA habría interpuesto una denuncia penal contra las personas manifestantes detenidas, quienes presuntamente al rendir su declaración ministerial, “reconocieron que fueron manipulados, auspiciados por intereses políticos. Incluso, la mayoría admitió que no vive en Felipe Carrillo Puerto y que los contrató una persona de nombre Pedro Celestino Canché Herrera para obstruir el acceso a las oficinas de la CAPA”1301. El periodista habría negado pertenecer a cualquier grupo político y le habría pedido al gobernador llevar a cabo un debate público sobre el desalojo de los manifestantes. Posteriormente otros funcionarios habrían atacado al periodista por su trabajo y días después Canché tuvo información que existía una orden de aprehensión como parte de la denuncia interpuesta por la CAPA acusado del delito de sabotaje. El 27 de agosto, el periodista habría presentado un amparo en contra de la orden de aprehensión, el cual fue concedido a favor del periodista, sin embargo su detención se produjo el 30 de agosto. El 5 de septiembre, un juez le dictó auto de formal prisión. El 23 de septiembre Canché habría sido trasladado a un hospital del municipio debido a dolencias presentadas a raíz de agresiones producidas por otros internos los días que llegó a la reclusión. El periodista fue dado de alta dos días después. Sobre el caso, se habría dicho que la investigación y las pruebas en contra del Canché presentarían algunas irregularidades como por ejemplo que el perito se presentó en el lugar de los hechos un día antes de comenzar que iniciar la apertura de la averiguación previa, así como que los testimonios en su contra hablan como “conducta delictiva” el hecho de que Canché habló con los manifestantes y estuvo grabando lo sucedido1302.
El 13 de enero, la Asamblea Comunitaria de Javaltón [o Jabaltón], en el municipio de Chenalhó, estado de Chiapas, habría expulsado a Mariano Gutiérrez y su familia luego de que se negara a pagar una multa por haber solicitado información sobre el gasto de una obra pública del municipio. Gutiérrez es miembro del Consejo de Contralorías Comunitarias (CCC), organización que promueve conjuntamente con la organización Voces Mesoamericanas el ejercicio del derecho a la información, y que ha cuestionado las inconsistencias en el gasto de recursos públicos en obras del municipio. En octubre de 2013, mediante Acta de Acuerdo del Ayuntamiento Constitucional de Chenalhó se habría impuesto la multa de cuatro mil pesos (aproximadamente US$ 290) a Gutiérrez y se habría prohibido a los integrantes de Voces Mesoamericanas transitar por el territorio del municipio. La Asamblea también habría amenazado con expulsar a otros miembros de su comunidad1303.
El 20 de febrero, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito habría resuelto que el expediente clínico del presidente de la República y de cualquier otro funcionario federal es de carácter reservado y privado. La resolución se da en respuesta al juicio de amparo interpuesto por la organización Artículo 19 ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal para tener acceso a la información referente a la salud del Presidente por considerarla un asunto de interés público y que fue negado por dicho Juzgado. En la decisión del 20 de febrero, el Tribunal habría determinado que sin importar la persona o puesto que se desempeñe “se debe privilegiar la protección de los datos personales”1304.
El 30 de julio, el portal digital del periódico Cambio en el estado de Puebla habría sufrido un ataque cibernético que lo dejó por fuera de línea durante más de 36 horas. En las semanas anteriores al ataque, el diario habría criticado la actuación de la policía estatal durante una manifestación en la que habría utilizado balas de goma lo que habría producido la muerte de un niño1305.
La página del proyecto Designaciones Públicas (www.designaciones.org) habría sido hackeada para alterar los resultados de una encuesta sobre la designación del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Durante el proceso de designación del nuevo titular de la CNDH, el proyecto se habría dedicado a informar sobre éste y habría desarrollado una encuesta para que las personas votaran por los y las candidatas que consideraran más capacitados para ocupar el cargo. El 1 de noviembre, los técnicos que dan soporte a la página habrían reportado una intrusión al sistema y una alteración en la votación en donde le darían votos favorables a algunos candidatos incluyendo al ex presidente de la institución, Raúl Plascencia1306. El proyecto es un “observatorio ciudadano de análisis de los procesos de designación de servidores públicos con los objetivos principales de promover la transparencia y contribuir al ejercicio del derecho a la información generando un espacio de deliberación pública sobre estos procesos y la idoneidad de los candidatos”1307.
El portal de noticias SinEmbargo habría recibido un ataque de denegación de servicio (DoS) que lo habría dejado por fuera de línea por un espacio de 24 horas. El ataque se habría presentado luego de las amenazas de muerte y una campaña de desprestigio y acoso en contra del portal y su director de contenidos, Alejandro Páez Varela. Dicha campaña de amenazas e intentos de sacar al portal de línea, habría comenzado a inicios de octubre y habría tenido uno de sus puntos más álgidos cuando una reconocida cantante señaló que su cuenta habría sido hackeada para amenazar a Páez Varela. Dichos ataques habrían sido denunciados1308.
El 13 de noviembre, los portales de noticias Plumas Libres y AGN del estado de Veracruz habrían recibido un ataque cibernético de denegación de servicio (DoS por sus siglas en inglés) lo que habría impedido que sus usuarios accedieron a los portales por lo menos por 12 horas. El ataque habría ocurrido en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) cuya organización habría estado marcada por las protestas1309.
La CIDH tuvo conocimiento de ataques a las páginas digitales de diferentes medios informativos durante noviembre. Los medios habrían estado reportando sobre actos de presunta corrupción o irregularidades en la función pública. Según lo informado, el portal e-consulta en el estado de Puebla habría sufrido ataques el 18 de noviembre los cuales habrían borrado archivos y bases de datos de la página, y no habría permitido el subir contenidos. Durante varios días habrían sufrido estos ataques1310. El 21 de noviembre el portal Chiapas Paralelo habría sido víctima de un ataque que habría sobrecargado el servidor lo que habría dejado a la página fuera de servicio hasta el 24 de noviembre1311. Por su parte el portal Mientras Tanto en México, en el estado de Jalisco, habría sido víctima de dos ataques en menos de una semana que habrían saturado el servidor impidiendo el acceso a la información. El segundo ataque se habría producido luego de publicar un video crítico sobre la actuación de la policía en manifestaciones pasadas. Este sería el cuarto ataque de este tipo contra este medio1312.
Página tabla de acrónimos y referencias
B. manifestaciones sociales
C. otras situaciones relevantes
Correio do povo. 18 de julio de 2014.
anuales -> Comisión interamericana de derechos humanos

References: artículo 7
 artículo 10
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 9
 artículo 13
 artículo 1
in fine
 artículo 222
 artículo 223
 artículo 13
 artículo 89
 artículo 90
 artículo 230
 artículo 230
 artículo 189
 artículo 190
 artículo 51
 Artículo 19
 artículo1250
 resolución 
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 Artículo 19