Source: http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/Medicamentos/111/PUB
Timestamp: 2019-05-23 03:17:27+00:00

Document:
ROJ: STS 3694/2010 - ECLI:ES:TS:2010:3694
Nº Recurso: 974/2009
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación interpuesto contra sentencia de TSJ estimatoria del recurso contencioso-administrativo promovido, siguiendo el cauce del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, contra la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convocaba concurso oposición para cubrir plazas básicas vacantes de Técnicos de Función Administrativa y Técnicos de Salud, al estimar que se debía valorar como mérito profesional los servicios prestados en establecimientos sanitarios privados u oficinas de farmacia. La Sala desestima el recurso interpuesto al considerar, en primer lugar, que no era inadecuado que el recurso en la instancia se siguiera según el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, advirtiendo que dicha inadecuación no se planteó ante dicha Sala de instancia. Desestima igualmente el segundo motivo estimando que es razonable la argumentación seguida en la sentencia recurrida ya que no puede considerarse contrario al principio de igualdad que ha de jugar en el acceso a la función pública considerar discriminatorio limitar el mérito de la experiencia profesional a la habida en centros públicos, sin que la circunstancia de que sean más amplios los cometidos asignados a los Técnicos de Salud de Atención Primaria que los que pueden desempeñarse en una oficina de farmacia privada no es razón bastante para invalidar el juicio expresado por la sentencia.
ROJ: STS 2059/2012 - ECLI:ES:TS:2012:2059
Nº Recurso: 151/2011
Resumen: Declara la Sala, siguiendo pronunciamientos anteriores y en aplicación del principio de igualdad en la aplicación de la Ley, que de acuerdo con los requisitos que establecen la jurisprudencia comunitaria y la nacional para la viabilidad de la acción por responsabilidad de los Estados miembros por infracción de las normas comunitarias, no se conculcó el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/105, ya que, por parte de la Administración se comprobaron las condiciones macroeconómicas para reducir en el período a que se refiere el Real Decreto 2402/2004, las condiciones que justificaron la reducción en los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigor de aquella Disposición, el precio de venta de laboratorios de las especialidades farmacéuticas que en ella se determinan.
ROJ: STS 8727/2011 - ECLI:ES:TS:2011:8727
Nº Recurso: 2306/2009
Resumen: Orden SCO/3997/2006, de 28 de diciembre, por la que se determinan los conjuntos de medicamentos y sus precios de referencia y por la que se regulan determinados aspectos para la aplicación de lo dispuesto por la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Desestimación. El primer motivo, pues la recurrente reitera la misma argumentación formulada en la instancia que ya fue rechazada por entender la Sala sentenciadora que la disposición recurrida no incurría en infracción. Además, porque prescinde la recurrente en este caso de explicar o razonar debidamente la forma en que la sentencia recurrida incurre en la infracción de las normas del Ordenamiento jurídico a que se refiere el motivo de casación. Y los motivos segundo y tercero, porque la recurrente, lejos de atacar la sentencia recurrida, precisando la conexión causal entre la infracción normativa denunciada y la sentencia misma, vuelve a reiterar las afirmaciones formuladas en la instancia. Por lo demás, de la nulidad de pleno derecho del Real Decreto 1338/2006 no deriva la de la Orden aquí recurrida, ya que no constituye desarrollo de aquél.
ROJ: STS 1255/2012 - ECLI:ES:TS:2012:1255
Nº Recurso: 4808/2009
Resumen: Orden SCO/3867/2007 del Ministerio de Sanidad y Consumo, por la que se determinan los nuevos conjuntos de medicamentos y sus precios de referencia. Desestimación. El primer motivo, porque al alegarse que la sentencia recurrida no da respuesta a los hechos aducidos y probados por la recurrente, debió traerse a casación por medio del cauce procesal previsto en la letra c) del artículo 88.1 de la Ley jurisdiccional, y no del apartado d). Además, prescinde la recurrente de explicar o razonar debidamente la forma en que la sentencia recurrida incurre en la infracción de las normas del Ordenamiento jurídico. El segundo motivo, porque lejos de atacarse la sentencia recurrida, la recurrente reitera las afirmaciones formuladas en la instancia. Y el tercer motivo, porque se repite íntegramente el argumento sostenido en la instancia sobre arbitrariedad en la determinación de la fecha de corte. Por último, la sentencia no contradice el artículo 92.2 de al Ley 29/1996.
ROJ: STS 6716/2011 - ECLI:ES:TS:2011:6716
Nº Recurso: 403/2010
Resumen: Desestimación de reclamación de responsabilidad patrimonial por los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4.1 de la Directiva 89/105/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre, relativa a la transparencia de las medidas que regulan la fijación de precios de los medicamentos para uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas nacionales de seguro de enfermedad, y 5 del Real Decreto 271/1990, de 23 de febrero, de Reorganización de la intervención de precios de las especialidades farmacéuticas de uso humano. Desestimación, pues la Directiva 89/105 no lleva a cabo una regulación o configuración material de la fijación de precios en el mercado de los medicamentos, correspondiendo a los Estados miembros determinar los criterios sobre cuya base procede comprobar las condiciones macroeconómicas a que se refiere la norma comunitaria.
ROJ: STS 4158/2011 - ECLI:ES:TS:2011:4158
Nº Recurso: 3794/2009
Resumen: La Sala desestima el recurso. De forma reiterada hemos dicho que el mero desacuerdo del recurrente hacia los razonamientos empleados y las conclusiones alcanzadas en la sentencia no pueden fundar válidamente un recurso de casación al amparo del artículo 87.1.c) de la Ley de la Jurisdicción, por cuanto la legítima discrepancia con la conclusión alcanzada por la Sentencia no permite convertir este incidente en lo que no es, una nueva instancia, ni una nueva reproducción del debate que ya fue objeto del recurso. En ejecución de sentencia no se trata de enjuiciar la actuación del Tribunal de instancia, bien al juzgar, bien al proceder, objetivo al que responden los motivos del artículo 88, sino de garantizar la exacta correlación entre lo resuelto en el fallo y lo ejecutado en cumplimiento del mismo; cuestiones éstas en las que difícilmente pueden encajar las resueltas por el Auto impugnado cuando, como aquí ocurre, la Sala de instancia resuelve, analizando "lo obrante en las actuaciones" concluye que "la actuación administrativa de ejecución de la Sentencia recaída en los ause ajustó a los términos exigidos en el fallo: derecho a la apertura de una nueva oficina de farmacia en Zaragoza y determinación del farmacéutico con derecho de entre los solicitantes, si bien, aplicando la normativa en vigor", sin que se aprecie contradicción entre ésta y los Autos impugnados.
ROJ: STS 1216/2010 - ECLI:ES:TS:2010:1216
Resumen: La Sala estima el recurso declarando la nulidad del Real Decreto impugnado. En la elaboración del Real Decreto recurrido se debió requerir al Comité Consultivo del Consejo Interterritorial de Salud para que emitiese el correspondiente informe sobre el contenido de esa disposición general de acuerdo con el objeto del mismo, y lo elevase al Consejo Interterritorial de Salud como era preceptivo y resultaba de su texto. Es claro que el objeto del Real Decreto lo constituye un aspecto trascendente de la prestación farmacéutica, y que afecta también a la financiación de la misma y, por ende, al gasto farmacéutico, que son los criterios que menciona el número 2.1 del Art. 67 de la Ley 16/2.003 y que coincide también con la función que se atribuye al Consejo Interterritorial de emitir recomendaciones sobre funciones esenciales en la configuración del Sistema Nacional de Salud y, entre ellas, las relativas a "los criterios generales sobre financiación pública de medicamentos y productos sanitarios y sus variables" a que se refiere también el art. 67 de la Ley citada. Se trataba, por tanto, de un informe preceptivo previsto en la Ley 16/2003, y de aquellos a los que se refiere el Art. 24. b) de la Ley 50/1997, del Gobierno, de modo que su ausencia genera la nulidad de pleno derecho de la disposición afectada, de conformidad con lo previsto en el Art. 62.2 de la Ley 30/1992.
ROJ: STS 3252/2012 - ECLI:ES:TS:2012:3252
Nº Recurso: 1740/2010
Resumen: El primero y cuarto motivos, relacionados entre sí, centran el debate en la consideración de la población de derecho y, caso de no existir suficiente población, si puede considerarse la de hecho a efectos de otorgar la apertura de una nueva oficina de farmacia. La solicitud formulada en el expediente administrativo lo es base a la población de derecho y, tal y como aprecia la sentencia de instancia, ninguno de los documentos aportados en vía administrativa, ni en el posterior proceso judicial, acredita que se cumpla dicho requisito. Así mismo, la población de hecho no pudo tenerse en consideración, fundamentalmente por dos circunstancias: primero, por cuanto la consideración de dicha población de hecho no fue invocada en la vía administrativa y el carácter revisor de esta jurisdicción impide dicha consideración aún cuando no se pretenda ser extremadamente formalista; y, segundo, la documentación que hace referencia a dicha población de hecho, no es suficientemente acreditativa de la misma, pues, según ha afirmado la Sala en sentencias anteriores, el Tribunal Supremo, a los efectos de acreditar el número de habitantes beneficiarios del servicio farmacéutico, viene atendiendo, tanto a las certificaciones que dejan constancia de los habitantes censados, como a los demás medios de prueba que justifiquen objetivamente la población de hecho existente y a los criterios supletorios constatables tales como contadores de suministro de agua y electricidad y número de viviendas ocupadas.
Resumen: Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central por la que dicho tribunal se declara incompetente por razón de la materia para conocer de las reclamaciones económico-administrativas acumuladas interpuestas contra Acuerdos de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo. En este sentido, esta Sala y Sección, a partir de la Sentencia de 14 de julio de 2015 (recurso de casación 6365/2008), ha venido dictando una serie de sentencias aplicando las consecuencias de la Sentencia del Tribunal Constitucional 44/2015 (FJ.5), declarando que «la reciente STC 44/2015 ha desestimado un recurso de inconstitucionalidad?contra la disposición adicional 48ª de la Ley 2/2004?, por la que se añadió la disposición adicional 9ª a la Ley 25/1990. El Tribunal Constitucional considera que la obligación establecida por la referida disposición adicional 9ª es ciertamente una prestación patrimonial de carácter público, a efectos de la reserva de ley del art. 31.3 CE; pero entiende que no reúne las características propias de un tributo, de manera que no entra dentro del supuesto de hecho del art. 134.7 CE». Tras lo expuesto decaen todos los motivos de casación en cuanto que están basados en la inconstitucionalidad del descuento litigioso así como los motivos centrados en cuestionar la naturaleza del mismo, por considerar que se trata de un tributo con base en preceptos de legalidad ordinaria.
Resumen: Desestimación del recurso de casación deducido contra la liquidación efectuada a la recurrente por la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, al amparo de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 29/2006, al entender que tal liquidación no tiene naturaleza tributaria. El presente recurso no difiere en nada que sea jurídicamente relevante al ya resuelto por esta Sala en la sentencia dictada el 11 de febrero de 2016 en el recurso de casación núm. 838/2009, pues la propia parte recurrente afirma que la regulación contenida en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 29/2006 es prácticamente idéntica a la de la Disposición Adicional Novena de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre (introducida por la Disposición Adicional cuadragésima octava de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre). Por tanto, en aplicación del principio de unidad de doctrina procede llegar ahora a la misma decisión alcanzada en aquellas sentencias, sin que para satisfacer el deber de motivación sea necesario transcribir sus razonamientos jurídicos, pues estos son conocidos de la parte aquí recurrente, dado que lo era también en aquellos recursos.

References: Resolución 
e contrario
 artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 88
 artículo 92
 Real Decreto 
 artículo 87
 artículo 88
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución