Source: https://hayderecho.com/2018/05/07/una-historia-de-filibusterismo-parlamentario/
Timestamp: 2020-07-10 20:27:36+00:00

Document:
Una historia de filibusterismo parlamentario – Hay Derecho
7 mayo, 2018 /9 Comentarios/en Blog /por Miguel Fernández Benavides
Allá por el siglo XVII, tal como recoge la RAE, eran filibusteros los piratas que formaban parte de los grupos que infestaron el mar de las Antillas. Más tarde, comenzó a usarse el término filibusterismo para referirse a determinadas prácticas parlamentarias de dudosa rectitud, particularmente orientadas a dilatar procedimientos o impedir acuerdos aprovechando cualquier resquicio existente en la ley o el reglamento. Los filibusteros de nuestro tiempo, por tanto, son los parlamentarios que disfrutan jugando sobre la línea de cal y aprovechan la más mínima oportunidad para dejar a su rival fuera de juego.
Veamos el último caso. A las 20.00 horas del pasado 3 de abril, vencía el plazo para la presentación de enmiendas al articulado de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista de reforma de la LEC y de la LJCA, en materia de costas del proceso. Como indica el propio título de la iniciativa parlamentaria y su exposición de motivos (ver aquí), el objeto de la misma se encontraba perfectamente delimitado, y no era otro que la modificación de un aspecto procesal muy concreto: el régimen de imposición de costas. A las 19:45 el Grupo Parlamentario Socialista, y a las 19:58 el Grupo Parlamentario Popular, presentaban un conjunto de enmiendas –80 en total– a fin de introducir, sorpresivamente, una reforma en profundidad del recurso de casación civil.
La similitud de las enmiendas presentadas por ambos grupos solo puede responder a la existencia de un pacto previo, entre bastidores, para su posterior aprobación en la Comisión de Justicia. Y sin perjuicio de que pueda producirse debate sobre las enmiendas en el trámite de Ponencia, lo cierto es que el resto de grupos parlamentarios se han visto indebidamente privados de su derecho de enmienda respecto de una cuestión de enorme importancia. En términos de procedimiento legislativo, los grupos parlamentarios, no solo no podrán presentar una enmienda la totalidad, planteado un texto completo alternativo con su propio modelo de casación civil (art. 110.3 RCD), sino que además han visto vedada su derecho a presentar enmiendas al articulado, a fin de plantear modificaciones de aspectos concretos de la propuesta (art. 110.3 RCD). Si se me permite el símil, esto es algo así como cambiar las reglas de juego en el minuto 89 del partido, sustituyendo las porterías por canastas.
No quiero detenerme demasiado en la cuestión de fondo. Muy resumidamente, PP y PSOE pretenden: (i) suprimir el carácter autónomo del recurso extraordinario por infracción procesal, sin perjuicio de que pueda seguir invocándose infracción de normas procesales en sede en sede de recurso de casación; (ii) eliminar el catálogo de motivos casacionales para que únicamente se pueda recurrir en casación cuando concurra interés casacional; (iii) y reformular los criterios que definen el interés casacional, aproximando la casación civil a la contencioso-administrativa (para quien quiera profundizar, dejo aquí el enlace del Boletín Oficial de las Cortes). En estos términos, es muy probable que en los próximos meses haya que publicar en este blog un “réquiem por el recurso de casación”. Y es que ambos grupos parlamentarios suman los votos suficientes para sacar adelante las enmiendas presentadas sin necesidad de negociar su contenido con el reto de grupos.
Cualquier profesional del derecho sabe –o al menos puede intuir– que la materia casacional ostenta la suficiente importancia como para ser merecedora de una iniciativa parlamentaria propia. Plantear una reforma del recurso de casación civil de esta enjundia, por la puerta de atrás, es una auténtica burla a los mecanismos parlamentarios. Creo que no se trata de una cuestión menor que pueda ser ventilada obviando el procedimiento propio una proposición de ley (o proyecto de ley, si es presentado el Gobierno), con la más que recomendable comparecencia de expertos y la posibilidad de presentación de enmiendas por todos los grupos parlamentarios. La desfachatez llega a tal punto que incluso se presenta una enmienda dirigida a modificar el título de la Proposición de Ley, que pasaría a denominarse “Proposición de Ley para la agilización y mejora de los procedimientos en materia civil, contencioso-administrativo y social” (Enmienda núm. 98).
Desafortunadamente, creo que no nos encontramos ante una práctica aislada. El último ejemplo tuvo lugar el pasado 27 de febrero de 2018, a las 20.00 horas (sobre la bocina), cuando el Grupo Parlamentario Popular aprovechaba el trámite de presentación de enmiendas a su propia Proposición de Ley sobre régimen de permisos y licencias de los jueces y magistrados (ver aquí) para presentar 50 enmiendas sobre un sinfín de aspectos de la LOPJ que, por supuesto, no guardaban relación de ningún tipo con el objeto de la iniciativa parlamentaria.
Ante situaciones como esta, me pregunto si sería necesario abordar una reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados a fin de evitar situaciones de este tipo, en línea con la doctrina constitucional sobre los límites del derecho de enmienda de los parlamentarios (por todas: STC 59/2015, RTC 2015, 59). En esencia, la doctrina del Tribunal Constitucional puede resumirse en dos ideas: (i) en primer lugar, que “en el ejercicio del derecho de enmienda al articulado, como forma de incidir en la iniciativa legislativa, debe respetarse una conexión mínima de homogeneidad con el texto enmendado, so pena de afectar, de modo contrario a la Constitución”; (ii) y en segundo lugar, que “los órganos de gobierno de las Cámaras deben contar con un amplio margen de apreciación para determinar la existencia de conexión material entre enmienda y proyecto o proposición de ley objeto de debate, debiendo éstos pronunciarse de forma motivada acerca de la conexión”.
De conformidad con los argumentos expuestos por el Tribunal Constitucional sobre conexidad y homogeneidad de las enmiendas, los órganos de gobierno de las Cámaras –en el caso de las Cortes Generales, la Mesa o el órgano rector de cada Comisión– deben contar con un amplio margen de apreciación para determinar la existencia de conexión material entre enmienda y proyecto o proposición de ley objeto de debate, debiendo rechazar (inadmitir) únicamente aquellas enmiendas que de manera manifiesta y evidente no presenten conexión con el objeto de la iniciativa legislativa. Admitir lo contrario, en palabras del Tribunal Constitucional, “pervertiría la auténtica naturaleza del derecho de enmienda, ya que habría pasado a convertirse en una nueva iniciativa legislativa”.
Los vigentes artículos 109 a 111 del Reglamento de la cámara –sobre la Presentación de enmiendas- no atribuyen a la Mesa (u órgano rector de la Comisión que corresponda) una función de control de contenido de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, previa a su calificación y admisión. Y aquí podríamos discutir sobre si la ausencia de regulación concreta eximiría a la Mesa de realizar ese control o no, teniendo en cuenta que ya contamos con doctrina constitucional aplicable al caso, más aún cuando se producen casos evidentes de desviación entre el objeto de la iniciativa y de la enmienda presentada. Con todo, creo que no estaría de más reformar el Reglamento, a fin de recoger el control preceptivo por parte de la Mesa y prever la inadmisión a limine de todas aquellas enmiendas que de manera manifiesta se aparten de la materia objeto de tramitación parlamentaria.
Más allá de consideraciones jurídicas, creo que es pertinente hacer una reflexión política sobre este tipo de prácticas parlamentarias. Algunos partidos todavía no han entendido la función deliberativa del parlamento. Venimos de una época en que prácticamente todas las cuestiones relevantes se despachaban por la vía del Decreto-Ley, asumiendo el Gobierno un papel preponderante en la función legislativa (en contra del carácter excepcional que el art. 86 CE atribuye a esta figura). Y también era habitual que el partido de gobierno contase con una mayoría parlamentaria clara, bien por ostentar mayoría absoluta, bien por haber transado con los partidos nacionalistas, muchas veces en perjuicio del interés general. En este contexto, puede ser comprensible que a algunos les cueste tanto entender para qué sirve un parlamento y la importancia de respetar los procedimientos legislativos en un sistema de democracia representativa. Resistencia al cambio, nada nuevo bajo el sol.
Etiquetas: Casación, Congreso de los Diputados, Enmiendas, Filibusterismo, Parlamento, Proposición de Ley
7 mayo, 2018 en 09:46
Terrible noticia, muy bien expuesta. No tratada por los medios, pese a su evidente importancia.
A nivel jurídico, si van a dejar la casación civil como la c/a, nos quedamos sin la casación. Es fatal que esto no se someta a deliberación, y las consecuencias no van a tardar en salir a flote.
7 mayo, 2018 en 13:29
Muchas gracias por tu comentario, Ignacio. En efecto, creo que das en el clavo cuando dices que “nos quedamos sin casación”. Aunque el modelo actual pueda ser discutible, creo que al menos se debe someter a debate y deliberación de expertos, antes de introducir una reforma en profundidad.
7 mayo, 2018 en 10:35
Estoy totalmente de acuerdo con la denuncia de la inaceptable práctica parlamentaria que glosa el post. Por la trascendencia y complejidad del asunto, dichas modificaciones (el recurso de casación) deberían haber sido objeto de un anteproyecto de ley que, previamente a su traslado al Consejo de Ministros como proyecto, se sometiera a consulta pública y contara con el dictamen de, al menos, la Comisión General de Codificación y del Consejo de Estado.
Sobre el fondo (la modificación del recurso de casación civil para acercarlo a la regulación contencioso-administrativa) estoy de acuerdo (sin entrar a valorar en estos momentos el contenido de las enmiendas), pues es algo que he defendido en, entre otros, mi estudio: EL INTERÉS CASACIONAL OBJETIVO, ¿REVOLUCIÓN TRANQUILA? El Tribunal Supremo limpia, fija y da esplendor al ordenamiento jurídico (Editorial Jurídica SEPÍN. Artículo Monográfico. Diciembre 2017), que remití al Ministro de Justicia y en el que vertí las siguientes CONCLUSIONES:
PRIMERA.- La posición institucional de nuestro Tribunal Supremo viene reconocida en la Constitución, cuyo artículo 123 lo define como “el órgano superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales”. Definición, como señalara el Defensor del Pueblo “algo escueta, y que no tiene efectos puramente honoríficos sino que responde a una tarea fundamental, mediante la que se satisfacen los principios constitucionales de seguridad jurídica, de igualdad en la aplicación de la ley y de unidad del Poder Judicial”.
Como ha señalado la doctrina, por tanto, el Tribunal Supremo está llamado a prestar tutela judicial, pero también –y preferentemente- a promover la seguridad jurídica. Dicho de otro modo, tienen derecho al recurso de casación y pueden acceder al Tribunal Supremo, que ha de suministrarles una respuesta razonada y fundada en Derecho (ius litigatoris), quienes, al ejercitar sus pretensiones, facilitan la labor nomofiláctica y unificadora de la jurisprudencia (ius constitutionis).
SEGUNDA.- Dada la regulación fragmentaria e inconexa del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que se ha venido haciendo en los distintos órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social), considero que la regulación de la casación contenida en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, operada a través de la reforma contenida en la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, es la más depurada y acorde con la función propia de la institución casacional.
TERCERA.- En buena técnica legislativa, la regulación más depurada de la casación desde el punto de vista procesal –que debería extenderse al resto de órdenes jurisdiccionales- es, en mi opinión, la seguida por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que requiere, en primer lugar, un escrito de preparación del recurso en el que, aparte de justificar los requisitos formales requeridos, se fundamente, con singular referencia al caso, que concurre alguno o algunos de los supuestos de los apartados 2 y 3 del artículo 88 LJCA (interés casacional objetivo), así como la conveniencia de un pronunciamiento por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (art. 89.2); lo que provocará una resolución de admisión o inadmisión. Admitido el recurso es cuando la parte recurrente deberá presentar el escrito de interposición, con los requisitos del artículo 92 LJCA, precisando el sentido de las pretensiones que la parte deduce y de los pronunciamientos que solicita.
CUARTA.- También, respecto de la estructura de la Sentencia de casación, considero que la técnica más correcta es la que se deduce de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, que separa claramente el contenido interpretativo del aplicativo: una vez fijada la interpretación de las normas sobre las que el auto de admisión a trámite consideró necesario el pronunciamiento de la Sala (prius lógico), procede, de conformidad con el artículo 93.1 de la Ley de la Jurisdicción, resolver las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso con arreglo a la interpretación fijada y a las restantes normas que fueran aplicables.
QUINTA.- De las reformas de las leyes procesales en materia de casación, espaciadas en el tiempo y operadas en los distintos órdenes jurisdiccionales, se observan graves e injustificadas diferencias en el régimen casacional (parecería que se han realizado por legisladores que se dan la espalda), que afectan a lo que podría denominarse su contenido o régimen esencial.
Así, entiendo que no existe justificación alguna para que, existiendo previamente doble instancia, perviva –como ocurre en el orden civil- casación por razón de la cuantía.
Debe subrayarse, no obstante, que un fallo importante del actual orden contencioso-administrativo es que (aunque constitucionalmente no sea exigible la doble instancia. No obstante tenemos serias dudas sobre ello cuando se trata de importantes sanciones administrativas) la nueva regulación somete a una única instancia importantes materias, cuyos asuntos pueden tener una importante cuantía económica. Tal es el caso, por ejemplo, de los tributos estatales (incluida, claro está, la actividad sancionadora de la Agencia Tributaria) y autonómicos. Mientras que, paradójicamente, otros asuntos de inferior cuantía e importancia, como los tributos locales (por ejemplo, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), pueden gozar de dos instancias.
SEXTA.- El interés casacional en los órdenes jurisdiccionales distintos al contencioso-administrativo está muy deficitariamente definido. La más depurada técnica legislativa respecto a los criterios delimitadores del interés casacional es la que ofrece el artículo 88 LJCA.
Como señaló el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, señor LESMES, en el acto de apertura del año judicial (8 de septiembre de 2015), “Sin embargo, siempre que la admisión del recurso de casación no se integre por apreciaciones puramente intuitivas no controlables racionalmente, la generalización del criterio del “interés casacional” reforzará, sin duda, esa labor vital para el cumplimiento de la misión de unificación del ordenamiento jurídico que corresponde al Tribunal Supremo sin merma del derecho de acceso a los recursos”.
SÉPTIMA.- El elenco de resoluciones recurribles es más restringido, por ejemplo, en la casación civil (artículo 477 LEC) frente al más amplio de la casación contencioso-administrativa (artículos 86 y 87 LJCA).
OCTAVA.- En un sistema regido por el interés casacional debe superarse, dogmáticamente, el requisito de la reiteración de sentencias para la formación de jurisprudencia, reformando lo que a tal efecto dispone el artículo 1.6 del Código civil.
NOVENA.- Considero que ha de acometerse, de forma sosegada, una armonización en materia casacional en los diferentes órdenes jurisdiccionales, que acabe con estas diferencias (o deficiencias) graves e injustificadas, desapareciendo, asimismo, el recurso de casación para la unificación de doctrina que sigue existiendo, por ejemplo, en el orden social y que no tiene sentido en un sistema regido por el interés casacional.
7 mayo, 2018 en 13:34
Muchas gracias por tu interesante comentario, Isaac. Creo que es una pena que una cuestión tan importante como el recurso de casación civil se vaya a abordar sin escuchar a los expertos en la materia y sin debate abierto a los diferentes grupos parlamentarios. En cuanto a la cuestión de fondo (la reforma de la casación) ha sido una simple excusa para denunciar las formas, pero prometo tratar este tema en el futuro y abrir aquí una línea de debate.
7 mayo, 2018 en 11:23
Nuestros políticos no sienten respeto por el parlamento. De ahí que se afirme que son más útiles para el debate los platós de televisión o que las cámaras o que se comporten en ellas como si de un plató se tratara. Hay cosas que no deberían estar en un reglalento, porque parafraseando a Malberg, ninguna ley puede compensar la moral y la ética.
Este espíritu de proceder no es democrático, pues no respeta al adversario.
Respecto a la casación… Me reconozco entre quienes opina que no es plausible seguir en un régimen transitorio ad infinitum en la LEC, y que la casación penal necesita alguna que otra reforma. Pero parece inevotable que los cambios sean a peor y mi impresión es que, por una vez, la culpa no es sólo de la incompetencia.
Gracias Eduard. Como bien dices, esto no debería depender del Reglamento de la cámara sino del buen hacer y la honestidad de los diputados. Esperemos que la ola de la regeneración democrática termine llegando también, entre otras instancias, al Poder Legislativo.
Darya von Berner Dice:
7 mayo, 2018 en 12:00
Gracias por este claro comentario que describe muy bien, como actúan en nuestro parlamento ciertos filibusteros disfrazados de parlamentarios.
7 mayo, 2018 en 13:22
La verdad es que no tengo una valoración clara sobre el Recurso de Casación. Yo más bien creo que el Tribunal Supremo está sobrevalorado y se extralimita en sus funciones, siendo éstas más de carácter legislativo que meramente judicial. Esto no habla muy bien de la separación de poderes.
Respecto a la reforma, se carga contra los partidos políticos, creo que erradamente. Es patente la ausencia de democracia en España pero creo que no es atribuible a los partidos. El Parlamento no existe, el parlamento no elabora leyes ni vota. Las leyes las elaboráis los altos funcionarios que sobrevivís a los sucesivos cambios parlamentarios y de gobiernos. Los parlamentarios son, por lo general, unos analfabetos jurídicos, salvo los grupitos que cortan el bacalao y que dan instrucciones de partido.
El Parlamento y los partidos políticos no son sino un instrumento por el que los altos funcionarios manejan la legislación, la justicia y el ejecutivo. A los hechos me remito. Todos los miembros del gobierno son ilustrísimos registradores de la propiedad, notarios, tecnicos comerciales, abogados del Estado….. que se las saben todas. Pero el verdadero poder reside en otras instituciones y ministerios que son los que en realidad legislan.
Si hubiese transparencia, debería publicarse el nombre y los apellidos del letrado (s) que ha elaborado las citadas enmiendas y qué vínculos tiene y qué reuniones preparatorias ha tenido para elaborar las enmiendas.
Pero claro, es más cómodo señalar a los partidos….. El granuja que ha redactado esto debe tener nombre y apellidos.
Buena observación, Victor. Poder conocer la “huella legislativa” es uno de los asuntos pendientes de la regeneración institucional en nuestro país, y afecta particularmente al Poder Legislativo (aunque no solo). Por si es de tu interés, te dejo aquí el link de la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección (http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-33-1.PDF). En la tramitación de esta iniciativa legislativa se está hablando mucho sobre lobbies, transparencia, huella legislativa, entre otros temas. Aunque aborda el problema desde la perspectiva de la AGE, creo que puede ser un paso en la buena dirección. Desde luego, estoy totalmente de acuerdo en que los ciudadanos deben poder conocer quién participa en la elaboración de las disposiciones normativas, de qué modo se hace y en base a qué intereses.
El Tribunal Supremo aclara el alcance de la reducción en el IRPF de las rentas... 2ML Madrid Machine Learning

References: artículo 123
 artículo 88
 resolución 
 artículo 92
 artículo 93
 artículo 88
 artículo 1