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Timestamp: 2019-12-07 03:51:47+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 059/05 de Corte Constitucional, 1 de Febrero de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 43622618
Ley 575 de 2000, arts 1 paragrafo y 5 (parcial). Reforma parcialmente la ley 294 de 1996 violencia intrafamiliar. Competencia de los jueces de paz y los conciliadores en equidad. Jurisdiccion de paz y la conciliación en equidad como mecanismos alternos y complementarios de solucion de conflictos. La violencia intrafamiliar no demanda del estado exclusivamente una respuesta de carácter represivo. Exequibles el parágrafo 1 dela erticulo 1 y las expresionses "debera presentarse a mas tardar dentro de los treinta (30) dias siguientes a su acaecimiento" del articulo 5º de la ley 575 de 2000
Sentencia citada en: 47 sentencias, 6 artículos doctrinales, una disposición normativa
Los mecanismos alternativos de solución de conflictos de violencia intrafamiliar, fueron implementados por el legislador como complementarios, por cuanto puede acudirse a ellos de manera voluntaria por las víctimas de violencia intrafamiliar, para solicitar que con la mediación de un tercero particular, cese la violencia, maltrato o agresión, o se evite si fuere inminente, pero sin desplazar la competencia asignada a la justicia estatal formal, pues claramente se indica en el Parágrafo acusado que puede acudirse al Juez de Paz y al Conciliador en Equidad, no obstante las denuncias penales a que hubiere lugar, y de la solicitud que pudiere hacerse al C. de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de éste al juez Civil Municipal o promiscuo municipal en relación con la toma de una medida de protección inmediata.
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1° del artículo 1° y el artículo 5° (parcial) de la Ley 575 de 2000 ''Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996''.
Actor: J.A.A.G.
En ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40-6, 241-4 y 242-1 de la Constitución Política, el ciudadano J.A.A.G. solicita a la Corte Constitucional la declaración de inexequibilidad del parágrafo 1° del artículo 1° y del artículo 5° (parcial) de la Ley 575 de 2000.
''LEY 575 DE 2000
Artículo 1°. Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o síquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al C. de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de éste al Juez Civil Municipal o promiscuo municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrató o agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente.
A manera de introducción, el actor describe en su demanda el fenómeno de la violencia intrafamiliar desde el punto de vista social y legal, partiendo de las estrategias jurídicas empleadas por el estado colombiano para sancionar este tipo de violencia (sicológica, sexual y física), que en su parecer se reducen a ''la creación y puesta en marcha de mecanismos legales internos'' y a ''la adopción de múltiples instrumentos de derechos humanos''.
Así mismo, identifica los tipos de interrelaciones que se presentan en torno a la violencia intrafamiliar: ''la primer (sic) de ellas es la afectación del uso y disfrute de los derechos de la familia en su conjunto; la segunda es la afectación de los derechos de los cónyuges; la tercera es la afectación de los derechos de la niñez; y la cuarta es la afectación de los derechos de la mujer''.
Al respecto, considera que ''dentro de una legislación democrática y respetuosa de los derechos humanos, las medidas que se establezcan para dar cuenta de su violación, deben tener como constante dicha gravedad, por lo cual es inaceptable que este tipo de violencia se equipare a la proscrita (sic) el derecho policial o problemas de pequeñas causas''.
Señala el accionante, que en el caso de violaciones a los derechos humanos como es el caso de la violencia intrafamiliar, las consideraciones sentadas por la Corte deben aplicarse con mayor rigor, pues no sólo se deberá administrar justicia con conocimientos jurídicos, sino aplicando los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Sobre el particular, expone como premisa que ''mal haría, entonces, un sistema legislativo (sic) declarar constitucional una función de administrar justicia sin conocimiento jurídico cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, pero declararla inconstitucional cuando se trata de problemas querellables''.
Por esta razón, considera que la solución al problema de la violencia intrafamiliar, ''sin perjuicio de las medidas psicológicas y de prevención, deberá estar fundamentada en derecho, tanto el concerniente al orden interno como al externo''.
Respecto a la violación del artículo 247 de la Constitución Política, por parte del parágrafo del artículo 1° de la Ley 575 de 2000, explica que teniendo en cuenta lo allí prescrito sobre la competencia de los jueces de paz para ''conocer y solucionar problemas de carácter individual o comunitario'', debe observarse que una violación a los derechos humanos no puede asimilarse o equipararse a un problema de tal carácter, ''en la medida que, según la normatividad internacional y la jurisprudencia nacional, dichos actos superan la esfera de lo particular, influyendo en el mismo referente de sentido y finalidad del Estado'', y su legitimidad en cuanto a la justiciabilidad de los derechos humanos.
Al respecto, explica que en respeto de los artículos constitucionales citados que protegen la familia, la mujer y la niñez, las medidas adoptadas para salvaguardarlos deben ser eficaces, pues el simple desarrollo formal de tal protección mediante un ''aparte normativo que, fácticamente sea incapaz de cumplir con el compromiso adquirido'', es insuficiente. De ésta manera afirma que ''uno de los indicadores que deben usarse para analizar la eficacia o ineficacia de una norma, es la posibilidad real de su uso, dentro del cual el tiempo, por ejemplo, es uno de sus factores determinantes''.
Para el actor, la violación contenida por la norma acusada, ''consiste en la restricción que impuso el legislador para que la persona afectada pudiera acceder a un mecanismo eficaz que impida que el autor de la violación siga atacando y afectando a la víctima. Mecanismo que, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, es condicionado en la Convención para Erradicar, Prevenir y Sancionar la Violencia contra la M. a un modo, tiempo o lugar, en tanto se entiende que el fenómeno de la violencia intrafamiliar tiene particularidades que lo hacen diferentes a otros, dentro de las cuales se destacan su carácter oculto y silencioso pero, a la vez, extremadamente sistemático''.
En concordancia con lo anotado, expresa que en este tipo de violación de los derechos humanos al interior de la familia, es difícilmente determinable el momento o fecha del suceso, así como el hecho mismo. El actor considera que ello se debe a dos razones: i) el carácter sistemático de la violación, por lo que ''la víctima no posee la capacidad de determinar el lugar o fecha de la misma, en tanto la convivencia de la víctima y victimario convierte la violencia en un acontecer rutinario, apartándose de la regla general en cuanto a violaciones a los derechos humanos se trata: el carácter especial, particular y sobresaliente que tiene sobre la realidad cotidiana un hecho violatorio'' y ii) la conceptualización de la violación, pues para la víctima es difícilmente determinable este tipo de agresiones, en tanto los imaginarios y representaciones sociales, tienen como característica en la mayoría de los casos, la aceptación de este tipo de conductas, por ejemplo, como obligaciones de pareja.
Con base en lo expuesto, estima que ''no se puede permitir dentro de nuestra legislación interna, normas que, tan sólo dotadas de eficacia simbólica, pretendan responder a los fenómenos negativos que se dan en nuestra sociedad y obviar el contenido de los derechos consagrados en nuestra carta''.
Sentencia nº 25000-23-37-000-2014-00366-01(AC) de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Cuarta, de 12 de Junio de 2014

References: artículo 1
 artículo 5
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Artículo 1
 artículo 247
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