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Timestamp: 2017-09-24 12:19:39+00:00

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En este mismo sentido el Auto del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid, de 11 de enero de 2007 o la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 8 de mayo de 2009. El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 8 de mayo de 2008, señala que "los derechos de crédito se caracterizan porque tienen por objeto la obtención de una prestación por parte del deudor que el acreedor puede exigirle. Dicha prestación es denominada deuda y puede ser de muy diversa índole (de dar, hacer o no hacer, según el artículo 1088 del Código Civil) con tal de que sea posible, lícita y determinada. Las consecuencias de su incumplimiento determinan la sujeción a responsabilidad patrimonial del obligado".
Como manifiesta la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña número 5/2011, de 13 de enero, "salvo el efecto de su conversión en dinero en caso de una eventual apertura de la liquidación (artículo 146 LC), el artículo 88 preceptúa, a los solos efectos de la cuantificación del pasivo y sin que ello suponga su conversión ni modificación, la computación de todos los créditos en dinero, especificando, entre otros supuestos, que aquellos que tuvieran por objeto prestaciones no dinerarias su cómputo se haga por el valor de las prestaciones en la fecha de declaración del concurso".
La respuesta al problema suscitado aconseja comenzar con una breve referencia a qué debe entenderse por crédito ilíquido. Para ello cabe acudir a principios básicos del Derecho de obligaciones. Las obligaciones de cantidad pueden ser líquidas o ilíquidas. Son líquidas las obligaciones cuando está determinada la prestación y fijada numéricamente su cuantía, o cuando ésta puede determinarse mediante la realización de simples operaciones matemáticas. Como dice Albaladejo, M., Derecho Civil II, Derecho de obligaciones, Madrid, 2008, p. 88, "en otro caso, son ilíquidas". Son varios los ejemplos que pueden ponerse de obligaciones ilíquidas. Si de nuevo se acude a la doctrina tradicional en la materia, pueden citarse, a modo de simple ejemplo, las palabras de Díez-Picazo, L. y Gullón, A., Sistema de Derecho Civil. El contrato en general. La relación obligatoria. Contratos en especial. Cuasi contratos. Enriquecimiento sin causa. Responsabilidad extracontractual, Vol. II, Madrid, 1999, pp. 188 y 189: "la iliquidez se puede motivar por varias causas, v. gr., por la necesidad de practicar una rendición de cuentas entre deudor y acreedor a fin de precisar lo que debe aquél. Piénsese en el mandatario que ha de rendir cuentas de la ejecución del encargo para el que ha recibido cantidades. También es fuente de iliquidez la necesidad de concretar en términos monetarios el daño que una persona ha ocasionado a otra por el incumplimiento de un contrato, o por haber lesionado su persona o bienes en un accidente, v. gr. En todos los casos en que falte una cantidad concreta por reclamar por no existir acuerdo entre las partes sobre su monto, se requiere la intervención judicial, que en sentencia la determinará". Es, en este punto, de interés recordar la doctrina jurisprudencial sobre la regla que responde al viejo brocardo latino in illiquidis non fit mora y las matizaciones que en su aplicación se han ido introduciendo en el tiempo (aunque una cita completa podría ser interminable, vid., entre muchas otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de julio y 11 de septiembre de 2008, 17 de febrero de 2009 y 13 de octubre de 2010). En el ámbito concursal, se han observado algunos supuestos que se plantean con cierta recurrencia. Es el caso del crédito en costas frente al concursado ya establecido por sentencia firme pero pendiente de su tasación; o, sobre todo, el de las cantidades respecto de las que se despachó ejecución en concepto de estimación de intereses y costas de la propia ejecución. Naturalmente, no se trata de ocuparse con toda extensión y hasta el último detalle del concepto de deuda ilíquida. Las consideraciones formuladas servirán para situarnos, como se decía, ante el problema planteado. El punto de partida es que se está ante una deuda ilíquida del concursado (o un crédito ilíquido si se mira desde el lado activo de la relación).
La primera pregunta que surge es, así, si el titular de ese crédito ilíquido debe comunicarlo en los términos del artículo 85 de la Ley Concursal ("LC"). En línea de principio, la respuesta es positiva. El artículo 85.1 LC dispone que los acreedores del concursado comunicarán a la administración concursal la existencia de sus créditos. Eso incluye los créditos ilíquidos, que han de considerarse concursales y, por tanto, integrantes de la masa pasiva. Además, el artículo 49.1 LC establece que, declarado el concurso, todos los acreedores del deudor quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del concurso, sin más excepciones que las establecidas en las leyes. En este punto, es de interés recordar que la doctrina coincide en señalar que la comunicación o insinuación de los créditos es cuestión que atañe a todos los créditos concursales, cualquiera que sea su naturaleza. Por su énfasis, puede citarse a Veiga, A., La masa pasiva del concurso de acreedores, Madrid, 2010, pp. 152 y 159: "todos los acreedores que tengan como deudor al concursado fallido deberán insinuar sus créditos en el concurso, otrora en la quiebra, si realmente desean obtener satisfacción. No cabe otra opción, no hay otro camino"; "el artículo 49 paladín de la universalidad del concurso pone su acento en la condición de acreedor del deudor, con independencia de la calificación del crédito, cualquiera que sea la naturaleza del crédito".
Existe, sin embargo, una dificultad práctica en la comunicación del crédito ilíquido. Según el artículo 85.3 LC, en el escrito de comunicación el acreedor expresará los datos relativos a la cuantía de su crédito. Pero, por definición, el crédito ilíquido no tiene una cuantía determinada. Ello nos lleva directamente a la cuestión del tratamiento que se ha de dar a ese crédito. Adelantamos la solución que se propone. En principio, a falta de una regla específica sobre este tipo de créditos, se considera que ese tratamiento ha de ser el mismo que en el artículo 87.3 LC se establece para créditos condicionales y litigiosos: su reconocimiento como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda, con las mismas limitaciones que las señaladas en esa norma. La naturaleza de los créditos ilíquidos es muy similar a la de los créditos litigiosos, que ya fueron objeto de otro foro en el que se discutía si el titular de un crédito litigioso tiene legitimación para instar el concurso necesario de su deudor. De hecho, entonces se dijo que un crédito puede ser litigioso por dos grupos de razones: porque se discuta sobre su cuantía o porque se discuta sobre su existencia. El primero de los casos es muy cercano al del crédito ilíquido, cuya existencia es pacífica y está pendiente de determinación su importe. Y no conviene olvidar que se ha propugnado que, aunque el artículo 1535 del Código Civil considera que un crédito es litigioso "desde que se conteste a la demanda relativa al mismo", desde la perspectiva concursal un crédito se viene reputando litigioso desde el momento en que se ha presentado la demanda que lo pone en entredicho. Así lo entiende la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid de 22 de diciembre de 2009. Luego, si se admite esa flexibilidad en la atribución a un crédito de la condición de litigioso, no hay razones para negar la extensión de la regla a un supuesto en el que es posible apreciar una fundamentada identidad de razón. La contingencia significa incertidumbre, y en el caso del crédito ilíquido esa incertidumbre se centra en la falta de concreción de su importe en un estado o momento anterior a que surja la (potencial) disputa judicial que lo convierta en litigioso.
Frente a lo anterior, se ha de reconocer la existencia de determinadas resoluciones judiciales que niegan la inclusión en la masa pasiva de créditos ilíquidos. Como se expuso al principio, las resoluciones se refieren fundamentalmente a cantidades presupuestadas para intereses y costas respecto de las que se despachó ejecución contra el deudor después concursado. Es el caso de las Sentencias del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla de 24 de octubre de 2005, del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Santander de 11 de abril de 2007, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo de 7 de noviembre de 2007. En la primera de ellas se dice, para rechazar su reconocimiento, que "no se trata de un crédito vencido, líquido y exigible, sino de una partida calculada prudencialmente y que precisa de tasación en cuanto a las costas y liquidación respecto de los intereses para reunir los requisitos mencionados". No parecen, sin embargo, argumentos convincentes para negar la inclusión del crédito en la masa pasiva. Por más que esté pendiente de concreción su importe tras el seguimiento de los trámites correspondientes, se trata de créditos concursales y, por tanto, integrantes de la masa pasiva. Su iliquidez no es razón para excluirlos de esa masa.
Cuanto se ha dejado expuesto permite responder a la siguiente pregunta. Si los créditos ilíquidos se califican como contingentes sin cuantía propia, no hay obligación de la administración concursal de proceder a su liquidación en su informe. Esa liquidación se habrá de producir en la sede correspondiente, pero al margen del informe de la administración concursal y, en concreto, dentro de éste, de la formación de la lista de acreedores. Parece, en efecto, que la liquidación de un crédito ilíquido es cuestión que excede del ámbito de este trámite, que está fundamentalmente centrado, por decirlo en términos gráficos, en la realización de una "fotografía" de la masa activa y de la masa pasiva, sobre la base de la documentación del deudor y la aportada por los acreedores. Como dice Recalde, A., "Plazo de presentación" (Art. 74), en Rojo-Beltrán, Comentario de la Ley Concursal, Madrid, 2004, p. 1340, "la función primordial del informe de los administradores concursales es ofrecer al juez y a los acreedores la información más completa e inteligible sobre el estado patrimonial del deudor en el momento del concurso". La liquidación de un crédito ilíquido iría más allá y supondría la realización de actuaciones para las que se considera que el legislador no concibió el informe de la administración concursal. De hecho, la liquidación de una deuda ilíquida podría interpretarse como un acto dispositivo del patrimonio del deudor y su realización por la administración concursal encontraría difícil encaje en preceptos como el artículo 48 LC. Volviendo a expresiones gráficas, con la liquidación de la deuda, la administración concursal no se estaría limitando a "fotografiar" la realidad, sino que la estaría modificando.
Y también llegamos, así, a la última pregunta. Si no es función de la administración concursal realizar una liquidación del crédito ilíquido en su informe, no parece que esa liquidación pueda, en principio, discutirse por el cauce del incidente de impugnación de la lista de acreedores. Ciertamente, el artículo 96.3 LC establece que la impugnación de la lista de acreedores podrá referirse a la "inclusión o a la exclusión de créditos, así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos". Pero la posibilidad de discutir la "cuantía" no puede entenderse en términos expansivos, que permitan abrir el cauce de la impugnación de la lista a cualquier situación en que se discutan cuestiones complejas que vayan más allá de la pura determinación de la cuantía del crédito a la vista de la documentación existente (por ejemplo, si no se reflejó el importe de una factura, o si se consignó de forma incorrecta). Otras controversias, como las que puedan tener que ver con la relación subyacente, habrán de ventilarse en otra sede, normalmente en el procedimiento declarativo correspondiente o a través del trámite específico de que se trate. Por más que se trate de cuestiones que pudieran afectar al importe del crédito frente al concursado, no parece que el incidente de impugnación de la lista de acreedores sea el cauce adecuado para su resolución. Aunque el caso resuelto no es exactamente el ahora planteado, pueden ser ilustrativos, en este sentido, los razonamientos de la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid de 1 de junio de 2010, dictada en un supuesto en el que por el cauce de impugnación de la lista de acreedores se pretendía el reconocimiento de un crédito de indemnización de daños y perjuicios: "tenemos que tener en cuenta, además, que el sistema de reconocimiento de créditos previsto por el legislador se caracteriza por atribuir ese papel en primer lugar a la administración concursal y en última instancia al juez por vía de resolución de incidente, y que no es posible interesar a la administración concursal el reconocimiento de un crédito derivado de daños y perjuicios, sin estar previamente fijado en sentencia o reconocido por el propio concursado. En consecuencia, en el ámbito concursal no es posible que se solicite, ex novo, el reconocimiento de daños y perjuicios, ya que ello se deberá ventilar en un procedimiento declarativo".
Cuando el artículo 85 de la Ley Concursal regula la comunicación de los créditos, lo hace a modo de derecho-deber de los acreedores ya que, de un lado, consagra el denominado principio de acceso universal al concurso, es decir, el derecho del acreedor a presentar su crédito en el concurso en el que, por derecho –art 49-1 LC- queda integrado a conformar su masa pasiva y, de otro, impone una carga al acreedor, la de presentarlo en determinadas condiciones de forma y tiempo, sin perjuicio de que el incumplimiento de tal deber, ni sea imprescindible en todo caso ni determine la pérdida del derecho. En efecto, que la exigencia de comunicación no condiciona absolutamente el reconocimiento del crédito se desprende de que conforme al inciso final del artículo 86-1 de la Ley Concursal, el reconocimiento del crédito por la Administración concursal no se efectúa exclusivamente en base a la comunicación por parte del acreedor de su crédito sino también, sobre la base de lo que resulte de los libros y documentos del deudor ...o por cualquier otra razón constaren en el concurso.
La exigencia de fijar la cuantía se desprende del hecho de que con las comunicaciones e identificación que de los créditos corresponde efectuar a la administración concursal, se configura la masa pasiva y ésta se configura monetariamente –art 88 LC- pues a los efectos de la cuantificación del pasivo, los créditos, señala el precepto, han de computarse en dinero, sin que ello suponga su conversión ni su modificación.
Es cierto que parte de la doctrina viene entendiendo que el artículo 85-3 de la Ley Concursal no contiene una obligación del acreedor de reducir, en todo caso su crédito, a un valor monetario, sino sólo de ponerlo de manifiesto en modo que permita a la Administración concursal su cuantificación. Incluso se ha admitido en ocasiones, antes del transcurso legal del plazo para la comunicación, en ocasiones incluso antes de la firmeza de los textos definitivos del informe concursal, la presentación directa de un incidente concursal –en sustitución de la comunicación del crédito- para el reconocimiento y cuantificación del mismo, al menos en supuestos en los que resulta ciertamente compleja el reconocimiento y cuantificación del crédito –daños ruinosos, responsabilidades profesionales, etc-.
Sin embargo, la expresión del deber de comunicación y del requisito de la cuantía del crédito no deja lugar a dudas que la comunicación ha de efectuarse en el plazo legalmente previsto y con indicación de cuantía por el acreedor y, si no se hace, la comunicación debería entenderse inidónea a los efectos pretendidos en el precepto. Y desde luego ello no debería entenderse como exclusión del deber de "liquidación" de la administración concursal.
En efecto, ha de tenerse en cuenta que la liquidación del crédito por el acreedor a los efectos de su integración en la masa pasiva, en absoluto limita la obligación de la administración concursal –art 86 LC- de proceder al reconocimiento del crédito, es decir, de realizar las operaciones oportunas para incluir, modificar o excluir el crédito insinuado lo que sin duda, serán operaciones de su exclusiva y original obligación, sin antecedente alguna, cuando se trate de créditos que resulten de los libros y documentos del deudor ...o por cualquier otra razón constaren en el concurso –art 86-1 LC-.
El artículo 49.1 LC señala que "declarado el concurso, todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, cualquiera que sea su nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del concurso, sin más excepciones que las establecidas en las leyes". Previsión que se reitera en el artículo 84.1 LC cuando expresa que constituye la masa pasiva del concurso "los créditos contra el deudor común".
Desde esta perspectiva, el acreedor titular de un crédito ilíquido, dando cumplimiento a lo que dispone el artículo 85.3 LC, comunicará su crédito, expresando en el escrito los datos "relativos al crédito, su concepto, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, características y calificación que se pretenda". En aplicación de esta previsión legal, corresponde en primera instancia, al acreedor titular de un crédito ilíquido hacer una aproximación sobre la cuantía de su crédito, aunque ello no implique que la Administración concursal esté obligada a atribuir valor a la liquidación unilateralmente realizada, ya que no nos hallamos ante uno de los supuestos de reconocimiento forzoso previstos en el artículo 87 LC.
Recibida la comunicación del crédito ilíquido por la Administración concursal –o habiendo tenido conocimiento de su existencia por cualquiera de las vías previstas por la Ley Concursal- ésta, de acuerdo con lo que impone el artículo 88 LC –siempre que el reconocimiento del crédito sea procedente en aplicación de las reglas generales- deberá, aunque sea "a los solos efectos de la cuantificación del pasivo", fijar su valor "en dinero y se expresará(n) en moneda de curso legal, sin que ello suponga su conversión ni modificación" (artículo 88.1 LC). El regla que acabamos de transcribir coadyuva a la postura de que los créditos ilíquidos, como el resto de créditos, deben ser comunicados, incluidos en la lista de acreedores y cuantificados –aunque esto último lo sea a los solos efectos de determinación del pasivo del concurso-.
La hipótesis contraria también es factible. La Administración concursal no es un órgano con competencia para liquidar un crédito ilíquido. Como hemos visto, la Ley Concursal le inviste de competencia sólo para cuantificarlo a los meros efectos de determinación del pasivo del concurso. Sin embargo, la propuesta de cuantificación –realizada mediante la inclusión o exclusión del crédito en la lista de acreedores concursales- abre la puerta a la judicialización de la controversia.
Frente a la tesis expuesta pudiera decirse que el incidente concursal previsto en el artículo 96 LC es un cauce inadecuado para discutir sobre la liquidación de un crédito ilíquido ya que los términos del debate pueden dotar, en un momento procesalmente inadecuado, de complejidad al incidente, provocando la dilación inconveniente de la fase común. Esta reflexión ha sido recogida, en un encomiable análisis, por la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil num. 1 de Alicante, de fecha 4 de enero de 2011. Sin embargo, no parece que después de la reforma de la Ley Concursal llevada a cabo mediante Ley 38/2011, de 10 de octubre, pueda mantenerse dicho reparo puesto que el artículo 96.4 LC permite al Juez del concurso proseguir la tramitación del mismo "cuando las impugnaciones afecten a menos del veinte por ciento del activo o del pasivo del concurso(...)sin perjuicio del reflejo que las impugnaciones puedan tener en los textos definitivos y las medidas cautelares que pueda adoptar para su efectividad".
Por otro lado, esgrimir la inadecuación del incidente regulado en el artículo 96 LC porque se trata de un cauce procesal reservado para "la inclusión o a la exclusión de créditos, así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos" supone hacer una lectura muy estricta de dicho precepto, ya que no es descabellado mantener que la liquidación de un crédito ilíquido –con discusión de todas las cuestiones que desemboquen en su liquidación- es una cuestión relativa a la "cuantía" del crédito y, por tanto, incardinable dentro del ámbito del incidente regulado en el citado precepto.
1) DIEZ-PICAZO, L. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, pág. 110.
2) BERMEJO, N. en Comentarios a la Ley Concursal, pág.1538.3
3) VEIGA, A. La verificación de los créditos en el concurso, señala que los administradores "están condicionados y vinculados al petitum de los acreedores cuando especifican y reclaman la inclusión de sus créditos", pág.308.
4) BERMEJO, N. op.cit. pag. 1591.

References: artículo 1088
 artículo 88
 artículo 85
 artículo 85
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 85
 artículo 87
 artículo 1535
 artículo 48
 artículo 96
 resolución 
 artículo 85
 artículo 86
 artículo 85
 artículo 49
 artículo 84
 artículo 85
 artículo 87
 artículo 88
 artículo 96
 artículo 96
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