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Timestamp: 2020-07-10 11:37:29+00:00

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﻿ Sentencia 1999-00565 de noviembre 26 de 2014
SENTENCIA 1999-00565 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL- FALLA DEL SERVICIO. SE CONFIGURA LA RESPONSABILIDAD ESTATAL A TÍTULO DE FALLA EN EL SERVICIO POR OMISIÓN, CUANDO LAS AUTORIDADES MILITARES NO ADOPTARON LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN CIVIL FRENTE A PELIGROS, DE LOS CUALES TIENEN CONOCIMIENTO DE LA POSIBLE OCURRENCIA DE UN RESULTADO LAMENTABLE, ESTO ES POR EJEMPLO, LA POSIBLE DETONACIÓN DE UN ARTEFACTO EXPLOSIVO DEJADO POR UN GRUPO INSURGENTE EN UNA VÍA.
Sentencia 1999-00565 de noviembre 26 de 2014
Radicación: 200012331000199900565-01 (31356) Acumulados
2.1.1. La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 10 de febrero de 2005, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, pues la mayor pretensión que se estimó en las demandas fue de 4.000 gramos de oro, equivalentes para el 20 de junio de 2000 a un valor de $ 74.742.000, mientras que el monto exigido en ese año para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa accediera a segunda instancia era de $ 26.390.000 (D. 597/88).
2.1.2. Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados —decía la norma en la época de presentación de la demanda(46)— a partir del acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.
En el presente caso las pretensiones resarcitorias se originan en hechos sucedidos el día 4 de julio de 1998, razón por lo cual por haberse formulado las demandas entre el 18 de junio de 1999 y el 4 de julio de 2000, se concluye que su ejercicio ocurrió dentro del término previsto por la ley para tal efecto (CCA, art. 136).
A partir del estudio de las pruebas traídas al proceso, y que son susceptibles de ser valoradas, la Sala encuentra demostrado que el día 4 de julio de 1998, en la vía que conduce del municipio de El Copey al municipio de Bosconia, en el departamento del Cesar, un grupo guerrillero instaló un retén, en el curso del cual retuvo a las personas y los vehículos que transitaban por el mencionado lugar; que, además de lo anterior procedieron a advertir a la población civil sobre la colocación de un artefacto explosivo en la carretera, con la indicación de no acercarse al mismo, pues éste debía ser desactivado por el Ejército Nacional.
Además se encuentra acreditado que al lugar de los hechos acudió el Ejército Nacional con el ánimo de restablecer el orden público, que sus efectivos iniciaron inmediatamente la persecución contra los subversivos, quienes momentos antes habían emprendido la huida y, finalmente que, en medio de estos últimos acontecimientos uno de los civiles manipuló el artefacto explosivo, el cual detonó al ser pateado por éste, dejando varios muertos y heridos en el lugar.
Así resulta, en efecto, de lo dicho por el señor Nelson Rafael Novilla Mosquera(47), testigo presencial de los hechos, quien manifestó para el a quo que se movilizaba por la carretera que del municipio de El Copey conduce al municipio de Bosconia y que a la altura de la finca denomina Betania se encontró con un retén guerrillero, que le impuso bajarse de su vehículo, que lo metieron a un corral para ganado durante aproximadamente dos horas, al igual que a todas las personas que iban llegando al lugar; que cuando el grupo guerrillero emprendió la retirada, uno de los subversivos les advirtió que no movieran ninguno de los vehículos, ya que había una bomba instalada de ambos lados de la vía, que esperaran a que llegara el Ejército a desactivarla; agregó que cuando el Ejército Nacional hizo presencia en el lugar de los acontecimientos, procedieron a mover los carros y en ese momento se escuchó una explosión.
De igual manera el señor Gustavo Rafael Castillo(48), también testigo presencial de los hechos, narró en forma semejante lo ocurrido e informó ante el a quo que se movilizaba por la mencionada carretera y que como a las cinco de la mañana se encontró un retén del ELN, que lo obligaron a atravesar su carro en la vía y que lo hicieron bajar llevándolo a un corral para ganado, donde hicieron una serie de manifestaciones revolucionarias. Después les dijeron a quienes ahí estaban que había una bomba; que posteriormente al lugar del retén llegó el Ejército Nacional, pero no hizo caso a la advertencia que le hiciera la población sobre la presencia de la bomba, sino que sus efectivos se pusieron a despejar la vía; que en ese momento observó a un muchacho que decía que no había ninguna bomba, que empezó a moverla y que después se sintió la explosión.
En la misma dirección se encuentra la declaración del señor José de los Santos Castillo Calvo(49), testigo presencial de lo acontecido, quien sobre la forma como ocurrieron los hechos, manifestó haber llegado al retén de la guerrilla en el camión que conducía, del cual lo bajaron y lo llevaron a un corral para ganado. Después les dijeron a todas las personas que estaban ahí reunidas que había una bomba y que estaba en la orilla de la carretera, que el grupo insurgente les advirtió que esa bomba era para que la desactivara el enemigo, que se fueron del lugar y seguidamente llegó el Ejército Nacional, que a los militares se les advirtió que la guerrilla habían dejado una bomba, que la observaron, y que procedieron a abrir la vía, sin retirar a la gente que estaba cerca del artefacto explosivo, que en ese instante llegó un muchacho y “rodó” la bomba, ya que era un tubo y que seguidamente escuchó una explosión.
Obra igualmente en el proceso, la versión de la señora Martha Castillo Vides(50), testigo presencial de los hechos, quien afirmó para el a quo que se dirigía rumbo a la ciudad de Santa Marta en un bus de la Empresa Coopetran(sic), que a las siete de la mañana se encontraron con un retén de la guerrilla entre la finca Betania y el peaje, que obligaron a bajar a todos los pasajeros, que un comandante de ese grupo les informó que había una bomba en el lugar y que tuvieran cuidado, que esa bomba era para el Ejército, que aproximadamente a la siete y media de la mañana los subversivos se retiraron en unos vehículos de los que estaban ahí retenidos, que a las ocho de la mañana llegó al lugar de los hechos el Ejército Nacional, que fueron informados acerca de la bomba, que los uniformados se acercaron y observaron el artefacto explosivo, pero salieron detrás del rastro de la guerrilla, sin tener en cuenta que el artefacto estaba ubicado en el centro de la carretera y, que en medio de tales sucesos se sintió una explosión de gran magnitud.
“El pasado 4 de julio de 1998 me dirigía a la ciudad de Santa Marta en compañía del señor Ramiro Sánchez en un bus afiliado a la Empresa Copetrán; siendo exactamente la siete de la mañana había un retén entre la finca Betania y el peaje, estando allí se subieron unos señores de un frente de la guerrilla del ELN en el bus donde yo iba, informándonos que nos bajáramos y nos ubicáramos al lado de un potrero, ahí nos reunieron a todos los que estábamos ahí en medio del retén, un comandante nos informó que había una bomba explosiva que tuviéramos cuidado que esa bomba era para el Ejército, para las fuerzas armadas, que no nos fuéramos a acercar por ahí mientras llegaban a desactivarla; una vez nos dieron la información se retiraron y yo trate de alejarme. Más o menos a las siete y media ellos se retiraron, abordaron un carro de los que estaba ahí retenidos y luego se presentó el Ejército como a las ocho de la mañana, se acercaron y les comentamos que nos habían informado que había una bomba y que nadie pasara, ellos se acercaron y miraron que había un artefacto explosivo, pero ellos en el momento salieron detrás de los rastros de la guerrilla, sin tener en cuenta el artefacto explosivo que se encontraba en el centro de la carretera y a nosotros que estábamos expuestos en el momento del retén, de pronto sentimos la explosión que fue impresionante (se resalta).
Al ser preguntada acerca de si el referido artefacto explosivo fue manipulado por alguno de los miembros del Ejército Nacional, ofreció la siguiente respuesta: “Este artefacto no fue manipulado por ninguno de los soldados del Ejército, puesto que ellos se acercaron, verificaron que era un artefacto explosivo y decidieron salir detrás de la guerrilla. Solo se quedó un soldado en el lugar, y yo como estaba bastante retirada, solo sentí la onda explosiva, el soldado que se quedó ahí también resulto herido (se resalta).
En similar sentido depusieron ante el a quo los señores Pablo Anaya Sierra(51) y Ramiro Contreras Sierra(52), vendedores de casetes en el Peaje de Copey, cerca al lugar de ocurrencia de los hechos, y Petrona Isabel Pallares Villalba(53) quien se movilizaba en una camioneta en la que repartía periódicos, testigos que unánimemente manifestaron que en el sitio donde había instalado el retén, el grupo insurgente advirtió a los presentes sobre la instalación de una bomba en la carretera e indicó que no se acercaran a ella, puesto que la misma era para que la desactivara el enemigo; que enseguida llegó el Ejército Nacional, pero no le prestaron atención a la bomba, sino que se fueron en busca de la guerrilla y, finalmente, que observaron a un ayudante de un bus de la empresa Cootracosta manipulando la bomba y que, acto seguido, escucharon una explosión y vislumbraron en el lugar a varias personas muertas y heridas.
Es del caso resaltar que los referidos testigos son unánimes en manifestar que el Ejército Nacional llegó al lugar del retén antes de que estallara la bomba, que no prestaron atención a la bomba, sino que se fueron en busca de la guerrilla y que en el lugar de los acontecimientos se quedaron tres efectivos, uno de los cuales se encontraba despejando la vía.
Ahora bien, vista cual es la versión ofrecida por los testigos civiles que depusieron en este proceso, se tiene, además, que la demandada allegó al expediente el oficio 005601 COBRA2-DH-725 de 14 de julio de 1999(54), por medio del cual el segundo comandante y JEM segunda brigada informó al mayor general comandante de la primera división del Ejército Nacional, sobre los hechos acaecidos el 4 de julio de 1998, documento que en lo fundamental corrobora el dicho de los testigos (se cita el texto tal cual aparece en el expediente, inclusive los errores):
“El día 4 de julio de 1998, en el peaje ubicado entre los municipios de El Copey y Bosconia, un grupo de aproximadamente 20 bandoleros de la Narco cuadrilla Seis de Diciembre del ELN, instalaron un falso retén, procediendo a inmovilizar los vehículos que transitaban por el lugar e hicieron descender a sus ocupantes, luego lanzaron arengas en relación con el aniversario 34 de su organización delincuencial, los bandoleros al ser alertados de la proximidad de las tropas que se desplazaban hasta el sitio de los hechos hurtaron cuatro vehículos y obligaron a sus conductores a manejarlos, huyendo con dirección hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, dejando a lo largo de la vía dos cargas explosivas de alto poder para activarlas en momentos que hiciera presencia el Ejército. Los narco-subversivos en su huida, siendo las 5:30 aproximadamente, accionaron una carga explosiva de alto poder con gran cantidad de metralla, lo que ocasionó la muerte de 5 personas y heridas a otras 17, algunas de las cuales habían sido retenidas en el falso retén y otras que casualmente a esa hora pasaban por el lugar” (se resalta).
Debe decirse que obran en cada uno de los expedientes sendas certificaciones provenientes del Batallón de Artillería 2 “La Popa”(55), la Personería Municipal de Valledupar(56), la Secretaría de Gobierno del Copey - Cesar(57), la Estación de Policía de la misma población(58), el coordinador de urgencias, emergencias y desastres - Departamento Administrativo de Salud del Cesar(59), que dan cuenta de la condición de víctimas de cada uno de los demandantes que resultó herido como consecuencia de la explosión de un artefacto explosivo instalado por un grupo guerrillero el día 4 de julio de 1998, en la vía que del municipio de El Copey conduce al municipio de Bosconia, en el departamento del Cesar.
Corre igualmente en el expediente el proceso penal(60) adelantado por la coordinación de fiscalías delegadas ante los jueces penales del circuito, con sede en Valledupar, iniciado por los hechos presentados el 4 de julio de 1998 a raíz de la denuncia formulada por el comandante de la primera división del Ejército Nacional acantonada en la ciudad de Santa Marta, siendo sindicado el Ejército de Liberación Nacional “ELN” - Cuadrilla “6 de Diciembre”, el cual terminó con la suspensión de la investigación previa adelantada por el homicidio y las lesiones personales padecidas por los hoy demandantes, con fundamento en la imposibilidad de identificar o individualizar a los autores o partícipes de los hechos investigados.
En conclusión, con fundamento en el material probatorio obrante en el expediente, para la Sala se tiene debidamente acreditado que el día 4 de julio de 1998, un grupo subversivo al parecer del Ejército de Liberación Nacional “ELN” instaló un retén en la vía que conduce del municipio de El Copey al municipio de Bosconia, en el departamento del Cesar y retuvo por varias horas los vehículos y personas que transitaban por ella; que, posteriormente, emprendieron su retirada, no sin antes advertir a los ahí presentes que no movieran los vehículos, dada la instalación de un artefacto explosivo para que fuera desactivado por el Ejército Nacional.
Se encuentra igualmente acreditado que en el lugar donde el grupo insurgente había instalado el aludido retén, hizo presencia el Ejército Nacional, siendo inmediatamente advertidos por los ahí presentes de la instalación de un artefacto explosivo en el referido sector. En el proceso se acreditó con suficiencia que los efectivos del Ejército Nacional adscritos al Batallón de Artillería 2 “La Popa”, observaron el mencionado elemento explosivo, sin embargo, emprendieron inmediatamente la persecución contra los miembros del grupo insurgente, quedando en el lugar de los acontecimientos tres soldados; igualmente que un civil que se encontraba en la zona manipuló el artefacto explosivo, arrojándolo hacia la orilla de la carretera y que instantes después detonó, dejando varias personas muertas y heridas.
3. Responsabilidad patrimonial del ente demandado.
Probado, como está el daño, esto es la muerte de los señores Humberto Alfonso Vélez Vásquez y Rosa Minerva Brochero Ramírez, conforme indican la copia auténtica de sus registros civiles de defunción(61), así como las lesiones padecidas por los señores Argenedith Elena Carrillo Rodríguez(62), Osiris Brochero Ramírez(63), Antonio María Rojano Roca(64), Ambrosio Antonio Torres Villero(65), Alexis Rafael Bolaño Cervantes(66), Ramiro Rafael Sánchez Rodríguez(67), Guillermo Augusto Estrada Beltrán(68) y la menor Rosa Elvira Brochero Ramírez(69), conforme indican las copias de sus respectivas historias clínicas y sus correspondientes dictámenes de incapacidad médico legal provenientes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, corresponde en este punto establecer si el daño causado a cada uno de ellos le resulta imputable a la demandada.
Debe la Sala resaltar que, en el caso en estudio, los actores estimaron que los perjuicios por los cuales se demanda son producto de la falla del servicio en que habría incurrido la entidad demandada, “al no evitar que la gente hiciera contacto con un aparato explosivo que un grupo al margen de la ley colocó en la carretera que del municipio de Bosconia conduce al municipio de El Copey y, como consecuencia del descuido de los militares, explotó causándole la muerte”.
La jurisprudencia de esta corporación(70), en casos como el que es objeto de estudio, en el cual se discute la responsabilidad del Estado por los daños causados a particulares como consecuencia de la presunta omisión de las autoridades públicas en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, ha considerado que el título de imputación aplicable es el de la falla del servicio.
Es así como frente a supuestos en los cuales se analiza si es procedente declarar la responsabilidad del Estado, como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia se alega que ha sido determinante la omisión por parte de una autoridad pública en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido, la corporación(71) ha señalado que es necesario efectuar el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado, de un lado, y el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto, de otro.
3.1. La omisión del Ejército Nacional en el caso concreto.
En este caso, el material probatorio allegado al expediente resulta suficiente para estructurar la responsabilidad deprecada a título de falla en el servicio por omisión, como quiera que, las autoridades militares no adoptaron las medidas necesarias para proteger a la población civil frente a esta clase de peligros, a pesar de tener conocimiento de la posible ocurrencia de un resultado como el acaecido, esto es, de la posible detonación del artefacto explosivo dejado por el grupo insurgente, obligación a su cargo, que, de haberse cumplido, hubiera producido la ruptura del nexo causal, que se predica en este caso.
Como quedó visto en el acápite de los hechos probados en el proceso, obra en el expediente prueba en estado de valoración que acredita que los efectivos del Ejército Nacional adscritos al Batallón de Artillería 2 “La Popa” fueron puestos en conocimiento de la existencia de un artefacto explosivo en el sector en que momentos antes un grupo insurgente había instalado un retén, circunstancia que hacía presumible una situación de riesgo o peligro inminentes para las personas que se encontraban en ese lugar, no obstante, sus efectivos optaron por iniciar la persecución contra el grupo ilegal, quien en ese momento iba huyendo de sector, quedando con el control de la zona tres efectivos del Ejército Nacional, quienes antes de salvaguardar la vida de la población civil intentaron restablecer el tráfico vehicular, circunstancia que permitió que la población civil hiciera contacto con el elemento explosivo.
Se tiene igualmente acreditado que el Ejército Nacional contó con el tiempo suficiente para acordonar la zona y aislar a las personas que se encontraban en el lugar.
En efecto, sobre el tiempo que transcurrió entre la llegada del Ejército Nacional al lugar del retén y la explosión del artefacto explosivo, obra la declaración del señor José de los Santos Castillo Calvo(72), testigo presencial de los hechos, quien sobre lo acontecido ofreció la siguiente versión: “El Ejército después que la guerrilla se fue, llegó como a los 15 minutos y la explosión como a los 25 o 30 minutos de estar el Ejército ahí”, lapso que para la Sala resulta suficiente para que los efectivos el Ejército Nacional hubieran procedido a tomar el control de la zona, retirando principalmente a las personas presentes en el lugar el que se encontraba el explosivo y, de esta manera, evitar que resultaran afectados con la explosión, como en efecto ocurrió.
En conclusión, como está demostrada la existencia de una obligación concreta a cargo del Estado que, de haberse cumplido, hubiera evitado el daño que sufrieron los demandantes, hay lugar a declarar patrimonialmente responsable a la entidad demandada por falla en el servicio por omisión, por lo que, procederá la Sala a revocar la sentencia apelada y a estudiar la indemnización de perjuicios de conformidad con el petitum de la demanda y de lo probado en el proceso.
4. Reparación del daño antijurídico.
Se debe aclarar que no será objeto de estudio la indemnización de perjuicios solicitada por el grupo demandante correspondiente al proceso radicado bajo el número 2000-0942-00, interpuesto por la lesiones padecidas por el señor Guillermo Augusto Estrada Beltrán, siendo igualmente demandantes la señora Azucena Cordero Hernández y sus hijos menores de edad Joan Pierre Estrada Cordero y Jhon Emerson Cordero Hernández, toda vez que no interpusieron oportunamente recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.
4.1. Proceso 1999-0565-00(73). Muerte del Señor Humberto Alfonso Vélez Vásquez.
• Liquidación de perjuicios morales.
Los señores Luz Dary Restrepo Loaiza, María Alejandra y Juan Camilo Vélez Restrepo, Andrés Humberto Vélez Arias, Catalina Vélez Palacio, Martha Lucía Palacio Álvarez, Josefina Marcela Vélez Palacio; Alejandro Antonio, Luis Fabián, Mario Hernán, María Gloria Vélez Vásquez, Amalia y Sor Amanda Vélez de Restrepo, solicitaron el pago de indemnización de los perjuicios morales causados, en cuantía que estimaron en el equivalente a mil gramos de oro, teniendo en cuenta el sufrimiento que les significó la muerte del señor Humberto Alfonso Vélez Vásquez.
Frente a esta pretensión la Sala se remitirá a los criterios establecidos en la sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646, en la cual se determinó la necesidad de adecuar los montos indemnizatorios en salarios mínimos legales mensuales.
Precisado lo anterior y teniendo en cuenta los parámetros jurisprudenciales sostenidos por la Sección, la Sala accederá al reconocimiento de indemnización de los perjuicios morales causados a María Alejandra(74) y Juan Camilo Vélez Restrepo(75), Catalina(76) y Josefina Marcela Vélez Palacio(77) y Andrés Humberto Vélez Arias(78), en su calidad de hijos de la víctima, por un monto de cien (100) salarios mínimos mensuales legales para cada uno de ellos en tanto que, hallándose probado como ya se dijo el grado de parentesco aducido, resulta procedente entender que frente a ellos se presume que se trata de un evento en que la muerte de su ser querido acarrea un sufrimiento en su máxima intensidad.
Frente a la aspiración resarcitoria planteada por Alejandro Antonio(79), Luis Fabián(80), Mario Hernán(81), María Gloria(82), Amalia(83) y Sor Amanda Vélez de Restrepo(84), la Sala encuentra que —dada su calidad de hermanos de la víctima, que se encuentra acreditada— es procedente el reconocimiento solicitado, pero limitándolo al equivalente a cincuenta (50) Salarios mínimos mensuales legales, para cada uno de ellos.
En lo que respecta a la señora Luz Dary Restrepo, quien dijo acudir en condición de esposa del señor Humberto Alfonso Vélez Velásquez, y en esa calidad aspira a ser indemnizada, pretendió demostrar ese hecho con la aportación de la partida eclesiástica de matrimonio(85) y además de ello, con la declaración que rindieron ante el Tribunal Administrativo del Cesar, los señores Jaime Alberto Puerta Zapata(86), Hugo León López López(87) y Jaime Ignacio Salazar Jurado(88), quienes aseguraron que reconocían a la señora Luz Dary Restrepo como la esposa del señor Humberto Alfonso Vélez Velásquez y que conviven bajo el mismo techo durante ya varios años y al momento de su muerte. La Sala da crédito a estos testimonios y, por lo menos, tendrá a esta demandante como compañera permanente, toda vez que no obra el correspondiente registro civil de matrimonio(89), pero de quien aseguraron los deponentes padeció dolor, tristeza y sufrimiento por la muerte de su esposo. En efecto, habrá que condenar por el perjuicio solicitado, por un monto de cien (100) salarios mínimos mensuales legales.
En lo que refiere a la situación de la señora Martha Lucía Palacio Álvarez, quien dijo acudir al proceso en calidad de compañera permanente del señor Humberto Alfonso Vélez Velásquez, la prueba documental informa que la unión marital de hecho entre estas dos personas se había presentado muchos años atrás y que, la persona que convivía con el señor Vélez Velásquez para el momento de su muerte, era su esposa, la señora Luz Dary Restrepo, razón por la cual debe negarse dicha pretensión.
• Liquidación de perjuicios materiales.
Solicitaron, asimismo, se reconociera a favor de la señora Luz Dary Restrepo Loaiza y sus hijos menores de edad María Alejandra y Juan Camilo Vélez Restrepo, por concepto de indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, los valores que resultaran demostrados en el proceso, derivados de la pérdida de la ayuda económica que brindaba el señor Humberto Alfonso Vélez Velásquez a su familia.
Se encuentra acreditado con fundamento en las pruebas testimoniales que el señor Humberto Alfonso Vélez Velásquez se desempeñaba como agricultor y que por dicho concepto percibía una utilidad económica de la cual derivaba tanto su sustento, como el de su esposa e hijos.
Debe precisarse que cuando los testigos aluden al valor promedio de los ingresos que percibía el señor Vélez Velásquez, lo cierto es que esas pruebas no arrojan certeza de cuál era el monto concreto que obtenía la víctima, razón por la cual se liquidará la indemnización con fundamento en el salario mínimo legal para la época de los hechos, sin perjuicio de adoptar el del presente año, siempre que el primero resulte inferior al salario mínimo vigente para ese año 2014, lo cual se hizo por razones de equidad, tal como la jurisprudencia de esta sección lo tiene establecido.
Ra = Es el ingreso percibido por el señor Humberto Alfonso Vélez Velásquez, actualizado a valor presente de acuerdo con la fórmula aceptada por la jurisprudencia ($ 616.000)(90), incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 154.000), arroja un monto de $ 770.000; a esta cifra se le descontará un 25%, el cual se presume que la víctima destinaba para su propia subsistencia ($ 192.500). De esta manera se tiene que el salario base de liquidación es de $ 577.500.
Esta suma final se dividirá en dos partes iguales, esto es, en $ 288.750 cada una. La primera parte se tendrá como base para calcular la indemnización a favor de la compañera permanente y la otra parte será dividida entre los 2 hijos de la víctima ($ 96.250).
4.1.1. Para Luz Dary Restrepo Loaiza (esposa):
Ra = Es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $ 288.750
S= $ 93.581.403
Para la liquidación de la indemnización futura o anticipada que corresponde al período comprendido entre el día siguiente de la fecha de esta sentencia y el término probable de vida del señor Humberto Alfonso Vélez Velásquez, quien era mayor que su esposa.
Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 288.750
n= Número de meses que comprende el período indemnizable: 39,9
S= $ 10.448.472,43
Total perjuicio material: $ 104.029.875, 43
4.1.2. Para María Alejandra Vélez Restrepo (hija de la víctima)
Ra = Es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $ 96.250
S= $ 31.193.801
Para la liquidación de la indemnización futura o anticipada que corresponde al período comprendido entre el día siguiente de la fecha de esta sentencia y la fecha en que María Alejandra Vélez Restrepo cumpla los 25 años —24 de septiembre de 2021— teniendo en cuenta que para la fecha de esta providencia tiene 18 años, 1 mes y 18 días, de manera que el período a indemnizar corresponde a 82,7 meses.
Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 96.250
S= $ 6.539.959
Total perjuicio material: $ 37.733.760
4.1.3. Para Juan Camilo Vélez Restrepo (hijo de la víctima)
No se procederá en este caso a la liquidación de la indemnización futura o anticipada deprecada, toda vez que para la fecha de la presente providencia, el señor Juan Camilo Vélez Restrepo había cumplidos 25 años de edad, dando por presumido que la condición de dependencia económica de los hijos respecto de sus padres se mantiene hasta los 25 años, de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación(91).
Total perjuicio material: $ 31.193.801.
4.2. Proceso 1999-0732-00. Muerte de la señora Rosa Minerva Brochero Ramírez.
• Liquidación de perjuicios morales
Para reclamar indemnización por la muerte de la señora Rosa Minerva Brochero Ramírez, comparecieron al proceso contencioso Elkin de Jesús(92) y Jeiner David Rivera Brochero(93), en su condición de hijos, condición debidamente acreditada con copias auténticas de los registros civiles de nacimiento aportadas al expediente.
En cuanto al señor Leonel Rivera Negrete, quien dijo acudir al proceso en condición de compañero permanente de la señora Rosa Minerva Brochero Ramírez, no obra en el expediente prueba alguna que permita tener por acreditada dicha condición y menos tener por probada la existencia del dolor moral alegado en el libelo, razón por la cual debe negarse dicha pretensión.
También los señores Josefa María Ramírez Flores, Rosa Elvira Brochero Ramírez, Lacio Latere, Juan Bautista, Roberto, Lisandro Antonio, Osiris, Manuel Antonio, Petrona, Milagro de Jesús y Olga Patricia Brochero Ramírez, quienes acudieron en calidad de hermanos, solicitaron el reconocimiento de los perjuicios morales irrogados con ocasión de la muerte de la señora Rosa Minerva Brochero Ramírez, no empero, respecto de ellos no obran en el proceso sus respectivos registros civiles de nacimiento que permita tener por acreditado el grado de parentesco aducido, ni prueba testimonial alguna de la que se pueda inferir su condición de damnificados.
Precisado lo anterior y teniendo en cuenta los parámetros jurisprudenciales sostenidos por la Sección, la Sala accederá al reconocimiento de los perjuicios morales solicitados en cabeza de Elkin de Jesús y Jeiner David Rivera Brochero, en su calidad de hijos de la víctima, por un monto de cien (100) salarios mínimos mensuales legales para cada uno de ellas en tanto que, hallándose probado como ya se dijo el grado de parentesco aducido, resulta procedente entender que frente a ellos se presume que se trata de un evento en el que la muerte de su ser querido acarrea un sufrimiento en máxima intensidad.
En cuanto a los perjuicios materiales ocasionados por este rubro, se solicitó en la demanda que se condenara al pago los valores que resultaran demostrados en el proceso, derivados de la pérdida de la ayuda económica que brindaba la señora Rosa Minerva Brochero Ramírez a su familia, respecto de lo cual no obra en el proceso prueba alguna, no empero, a folio 4 del cuaderno 11 obra el registro civil de la señora Rosa Minerva Brochero Ramírez, según el cual, nació el día 5 de diciembre de 1960, lo que permite inferir que para la fecha de los hechos contaba con 37 años, esto es, se encontraba en edad productiva, razón por la cual, y ante la ausencia de prueba alguna que indique sus ingresos, razón por la cual, de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación(94), hay lugar a aplicar la presunción según la cual toda persona que se encuentre en edad productiva devenga, por lo menos, el salario mínimo legal vigente, monto que será tenido en cuenta por la subsección para liquidar el lucro cesante.
Cabe aclarar, que se liquidará la indemnización con fundamento en el salario mínimo legal para la época de los hechos, sin perjuicio de adoptar el del presente año, siempre que el primero resulte inferior al salario mínimo vigente para ese año 2014, por razones de equidad.
Ra = Es el ingreso percibido por la señora Rosa Minerva Brochero Ramírez, actualizado a valor presente de acuerdo con la fórmula aceptada por la jurisprudencia ($ 616.000)(95), incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 154.000), arroja un monto de $ 770.000; a esta cifra se le descontará un 25%, el cual se presume que la víctima destinaba para su propia subsistencia ($ 192.500). De esta manera se tiene que el salario base de liquidación es de $ 577.500.
Esta suma final se dividirá en dos partes iguales, esto es, en $ 288.750 cada una, la cual se tendrá como base para calcular la indemnización a favor de los 2 hijos de la víctima.
4.2.1. Para Elkin de Jesús Rivera Brochero (hijo):
No se procederá en este caso a la liquidación de la indemnización futura o anticipada deprecada, toda vez que para la fecha de la presente providencia, el señor Elkin de Jesús Rivera Brochero había cumplidos 25 años de edad, dando por presumido que la condición de dependencia económica de los hijos respecto de sus padres se mantiene hasta los 25 años, de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación(96).
Total perjuicio material: 93.581.403
4.2.2. Para Jeiner David Rivera Brochero (hijo):
No se procederá en este caso a la liquidación de la indemnización futura o anticipada deprecada, toda vez que para la fecha de la presente providencia, el señor Jeiner David Rivera Brochero había cumplidos 25 años de edad, dando por presumido que la condición de dependencia económica de los hijos respecto de sus padres se mantiene hasta los 25 años, de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación(97).
4.3. Proceso 1999-0576-00. Lesiones de la señora Argenedith Elena Carrillo Rodríguez
Los señores Argenedith Elena Carrillo Rodríguez, en su condición de afectada directa, Keiner Andrés(98) y Keyla Patricia Brochero Carrillo(99), en su condición de hijos, Ciro Enrique Carrillo, Bertha Tulia Rodríguez Rodríguez, en su condición de padres(100) y Jadinis Esther Carrillo Rodríguez(101), en su condición de hermana, condición debidamente acreditada con copias auténticas de los registros civiles de nacimiento aportadas al expediente, solicitaron el reconocimiento de los perjuicios morales irrogados con las lesiones sufridas por la señora Argenedith Elena Carrillo Rodríguez.
El señor Lisandro Antonio Brochero Ramírez, quien dijo acudir al proceso en su condición de compañero permanente de la señora Argenedith Elena Carrillo Rodríguez, pretendió demostrar ese hecho, con la declaración que rindieron ante el Tribunal Administrativo del Cesar, las señoras María Oliva Guerrero Jiménez(102) y Teresa Martínez Rivera, sin embargo, estas testigos no son contestes en cuanto a la existencia de dicha condición y sobre aspectos tan relevantes como la convivencia como compañero de la señora Carrillo Rodríguez, declaraciones de las que resulta imposible tener por acreditada la existencia del dolor moral alegado en el libelo, razón por la cual debe negarse dicha pretensión.
Así pues, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas, y más cuando la lesión sufrida sea de tal entidad que pueda poner en riesgo la integridad personal de alguien, tal y como ocurrió en el sub lite, pues, de conformidad con lo probado en el proceso, se tiene que con ocasión de la explosión, la señora Argenedith Elena Carrillo Rodríguez sufrió —como secuela— una deformidad física, toda vez que presenta una cicatriz deprimida, hiperpigmentada, localizada en la cara anterior, tercio superior del muslo izquierdo, que le determinó una incapacidad médico legal de veinte días, según el reconocimiento médico legal practicado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses(103).
Ha entendido la Sección que en casos de lesiones corporales, sin importar que estas sean graves o leves, es procedente el reconocimiento del perjuicio moral para las personas directamente afectadas, razón por la cual la Sala tasará la indemnización del perjuicio moral teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones y las especiales circunstancias en las cuales se produjo dicha lesión, de conformidad con los parámetros que la propia Sala decidió fijar teniendo como fundamento el dolor o padecimiento que las lesiones causan tanto a la víctima directa, como a familiares y demás personas allegadas(104).
Para tal efecto, los parámetros en comento que se tienen como referente en la liquidación del perjuicio moral, la ha dividido en seis (6) rangos para esta clase de lesiones:
Descendiendo los anteriores referentes al presente caso concreto y comoquiera que de conformidad con lo probado en el proceso se tiene que con ocasión de la explosión del artefacto explosivo, la señora Argenedith Elena Carrillo Rodríguez sufrió una lesión en uno de sus miembros inferiores, todo lo cual, como resulta apenas natural, causó una aflicción que debe ser indemnizada y, en consecuencia, se ordenará el pago de 30 SMLMV para Argenedith Elena Carrillo Rodríguez.
Lo anterior en virtud de que a pesar de que no se tiene certeza en este caso del porcentaje de invalidez y si la incapacidad médico legal definitiva —20 días—, lo cierto es que para la Sala si se probó el daño que fundamentó la presente acción y, en consecuencia —según se indicó—, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas.
De la misma manera, habrá que condenarse a la demandada por el perjuicio por el cual reclaman resarcimiento los demás actores y, al hacerlo, se tendrá en cuenta la naturaleza, intensidad, extensión y gravedad de la afectación o lesión al derecho o interés legítimo respectivo, por lo que se asignarán a ese título, para cada uno de los demandantes, los valores que se indican a continuación:
Keiner Andrés Brochero Carrillo (hijo) 30 SMMLV
Keyla Patricia Brochero Carrillo (hija) 30 SMMLV
Ciro Enrique Carrillo (padre) 15 SMMLV
Bertha Tulia Rodríguez Rodríguez (madre) 15 SMMLV
Jadinis Esther Carrillo Rodríguez (hermana) 15 SMMLV
• Indemnización por daño a la salud.
Por concepto de perjuicios “fisiológicos”, la señora Argenedith Elena Carrillo Rodríguez solicitó la suma equivalente en dinero a 1.000 gramos de oro.
Para la reparación del daño a la salud se reiteran los criterios contenidos en las sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011, expedientes 19031 y 38222, proferidas por esta misma Sala, en el sentido de que la regla en materia indemnizatoria, es de 10 a 100 SMMLV, sin embargo en casos de extrema gravedad y excepcionales se podrá aumentar hasta 400 SMMLV, siempre que esté debidamente motivado(105).
Ahora bien, para el caso sub examine, si bien no se cuenta con el porcentaje exacto de la pérdida de capacidad laboral de la señora Argenedith Elena Carrillo Rodríguez, lo cierto es que teniendo en cuenta las lesiones sufridas y su repercusión en sus actividades diarias, dado que sufrió una lesión en una de sus extremidades inferiores, la Sala, como ya en otras oportunidades lo ha hecho(106), acudirá al criterio de la equidad como principio que el ordenamiento jurídico —artículo 16 de la Ley 446 de 1998(107)— impone tener en cuenta para efectos de reparar de forma integral el daño causado por la acción o la omisión de las autoridades públicas, a cuyo auxilio debe acudirse, además, por virtud del denominado principio pro damnato, propio del derecho de daños y que sin duda ha de hacer sentir su vigor en escenarios como el del presente caso, en el cual se encuentran acreditados todos los elementos necesarios para imponer al Estado la obligación de reparar el daño antijurídico que causó, pero resulta altamente improbable —por no decir que materialmente imposible— recaudar elementos demostrativos que permitan cuantificar de forma técnica, con apoyo en elementos matemáticos y/o estadísticos, el monto del perjuicio a indemnizar.
Establecido lo anterior, procede la Sala, como ya se señaló, con base en la equidad a reconocer la suma de 30 SMLMV para la señora Argenedith Elena Carrillo Rodríguez.
Por su parte la señora Argenedith Elena Carrillo Rodríguez solicitó el reconocimiento de lucro cesante, pretensión que fundamentó en la imposibilidad de percibir las sumas de dinero en razón de las lesiones por ella sufridas y solicitó que por dicho perjuicio se reconocieran los valores que resultaran demostrados en el proceso.
Al respecto encuentra la Sala que existe suficiente prueba documental que acredita las lesiones sufridas por la señora Argenedith Elena Carrillo Rodríguez con ocasión de la explosión del artefacto explosivo en cuestión. Lesiones que aparecen descritas en la historia clínica(108) y en el dictamen de su incapacidad laboral aportados al expediente, dictamen que arrojó una incapacidad médico legal de 20 días(109).
Sobre el particular debe destacar la Sala que no obran en el expediente prueba que indique el desempeño de profesión o labor alguna por parte de la señora Argenedith Elena Carrillo Rodríguez de la cual puedan derivarse el valor de sus ingresos, no empero, en lo relacionado con el desarrollo de actividades productivas, la Sala no puede pasar por alto que las reglas de la experiencia enseñan que una persona laboralmente activa(110) no podría devengar menos del salario mínimo legal mensual vigente, incrementado en un 25%, por concepto de prestaciones sociales, todo ello de conformidad con las pautas trazadas en este tipo de casos por la jurisprudencia de la Sección.
Así las cosas, para actualizar la renta se aplicará la fórmula que se presenta a continuación, tomando como índice inicial el correspondiente al 4 de julio de 1998, y como índice final, el vigente a la fecha de esta providencia:
Salario mínimo legal mensual - año 1998 = $ 203. 826
En este punto del cálculo advierte la Sala que el salario mínimo mensual legal vigente en el año 1998 ($ 203. 826) actualizado a la fecha de la presente sentencia ($ 467.046), es inferior al salario mínimo legal mensual actualmente vigente ($ 616.000), por lo que en aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y de los principios de reparación integral y equidad allí contenidos, se tomará este último como base para el cálculo(111), incrementado en un 25% ($ 154.000) por concepto de prestaciones sociales ($ 770.000).
Ra = Es la renta o base de liquidación que equivale a $ 770.000.
n= Número de días que comprende el período indemnizable —20 días—, representados en meses, esto es 0,6 meses.
S = $ 461.551
Total lucro cesante para Argenedith Elena Carrillo Rodríguez $ 461.551.
Por último, frente a los perjuicios por daño emergente reclamados por la señora Argenedith Elena Carrillo Rodríguez, la Sala encuentra que se allegó al proceso, una factura de venta, calendada 15 de agosto de 1998, por concepto de “atención médica”, proveniente de la Unidad Médica Social La Piragua Ltda. y, en consecuencia, se accederá al pago de los valores ahí contenidos, debidamente actualizados.
Factura por valor de $ 1.779.772
Actualizando dicho valor.
— VP: Valor presente
— Índice final: Índice de precios al consumidor a la fecha de la sentencia.
— Índice inicial: Índice de precios al consumidor a la fecha de causación del perjuicio.
Total daño emergente Argenedith Elena Carrillo Rodríguez 4.538.922
4.4. Proceso 1999-0585-00. Lesiones de la menor Rosa Elvira Brochero Ramírez.
Respecto de los señores Josefa María Ramírez Flores, en su condición de madre, Lacio Latere, Juan Bautista, Roberto, Lisandro Antonio, Osiris, Manuel Antonio, Petrona, Milagro de Jesús, Olga Patricia Brochero Ramírez, en su condición de hermanos y la menor Rosa Elvira Brochero Ramírez, en su condición de afectada directa, solicitaron el reconocimiento de los perjuicios morales para cada demandante, materiales, en las modalidades de daño emergente y lucro cesante que resultaran demostrados en el proceso, así como por concepto de “perjuicio fisiológico” a favor de la menor Rosa Elvira Brochero Ramírez, no obstante, ninguno de los actores probó su legitimación en la causa para actuar, toda vez que no allegaron sus correspondientes registros civiles de nacimiento, necesarios para acreditar su parentesco, ni en el proceso obra prueba documental o testimonial que permita inferir su condición de afectados por la lesiones padecidas por la menor Rosa Elvira Brochero Ramírez en los hecho ocurridos el 4 de julio de 1998.
4.5. Proceso 1999-0623-00. Lesiones de Osiris Brochero Ramírez.
En este proceso se acreditó únicamente el parentesco de la menor Yesenia Johana Brochero Orozco, quien es hija del señor Osiris Brochero Ramírez, afectado directo por los hechos ocurridos el 4 de julio de 1998.
Respecto de los señores Claudia Orozco Guerra, Josefa María Ramírez Flores, Lacio Latere, Juan Bautista, Roberto, Lisandro Antonio, Manuel Antonio, Petrona, Milagro de Jesús, Olga Patricia Brochero Ramírez y Rosa Elvira Brochero Ramírez, quienes dijeron acudir en su condición de compañera permanente, hermanos y sobrina del señor Osiris Brochero Ramírez, respectivamente, solicitaron el reconocimiento de los perjuicios morales para cada uno de los demandantes, sin embargo, en este proceso ninguno de los actores probó su legitimación en la causa para actuar, toda vez que no allegaron sus correspondientes registros civiles de nacimiento, necesarios para acreditar su parentesco, ni en el proceso obra prueba documental o testimonial que permita inferir su condición de afectados por la lesiones padecidas por el señor Osiris Brochero Ramírez en los hechos ocurridos el 4 de julio de 1998.
Ahora bien, de conformidad con lo probado en el proceso se tiene que con ocasión de la explosión del artefacto explosivo, el señor Osiris Brochero Ramírez sufrió una lesión que le generó como secuela estética una deformidad física que afectó su rostro y cuerpo de carácter permanente y como secuela de carácter funcional una perturbación funcional del órgano de la masticación de carácter permanente, todo lo cual, como resulta apenas natural, causó una aflicción que debe ser indemnizada y, en consecuencia, se ordenará el pago de 60 SMLMV para el señor Osiris Brochero Ramírez.
Lo anterior en virtud de que a pesar de que no se tiene certeza en este caso del porcentaje de invalidez y si de la incapacidad médico legal definitiva —45 días—, lo cierto es que para la Sala si se probó el daño que fundamentó la presente acción y, en consecuencia, —según se indicó—, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas.
De la misma manera, habrá que condenarse a la demandada por el perjuicio por el cual reclama resarcimiento la menor Yesenia Johana Brochero Orozco y, al hacerlo, se tendrá en cuenta la naturaleza, intensidad, extensión y gravedad de la afectación o lesión al derecho o interés legítimo respectivo, por lo que se asignarán a ese título igualmente 60 SMLMV a favor de la menor Yesenia Johana Brochero Orozco.
Por concepto de perjuicios “fisiológicos”, el señor Osiris Brochero Ramírez solicitó la suma equivalente en dinero a 1.000 gramos de oro.
Ahora bien, para el caso sub examine, si bien no se cuenta con el porcentaje exacto de la pérdida de capacidad laboral del señor Osiris Brochero Ramírez, lo cierto es que teniendo en cuenta las lesiones sufridas y su repercusión en sus actividades diarias, dado que sufrió una lesión que le afectó el cuerpo y el rostro de manera permanente, así como una perturbación funcional del órgano de la masticación igualmente de carácter permanente, la Sala, como ya en otras oportunidades lo ha hecho(112), acudirá al criterio de la equidad como principio que el ordenamiento jurídico —artículo 16 de la Ley 446 de 1998(113)— impone tener
en cuenta para efectos de reparar de forma integral el daño causado por la acción o la omisión de las autoridades públicas, a cuyo auxilio debe acudirse, además, por virtud del denominado principio pro damnato, propio del derecho de daños y que sin duda ha de hacer sentir su vigor en escenarios como el del presente caso, en el cual se encuentran acreditados todos los elementos necesarios para imponer al Estado la obligación de reparar el daño antijurídico que causó, pero resulta altamente improbable —por no decir que materialmente imposible— recaudar elementos demostrativos que permitan cuantificar de forma técnica, con apoyo en elementos matemáticos y/o estadísticos, el monto del perjuicio a indemnizar.
Establecido lo anterior, procede la Sala, como ya se señaló, con base en la equidad a reconocer la suma de 60 SMLMV para el señor Osiris Brochero Ramírez.
El señor Osiris Brochero Ramírez solicitó por su parte el reconocimiento de lucro cesante, pretensión que igualmente fundamentó en la imposibilidad de percibir las sumas de dinero en razón de las lesiones por él sufridas y solicitó que por dicho perjuicio se reconocieran los valores que resultaran demostrados en el proceso.
No empero, debe destacar la Sala que no obran en el expediente prueba que indique el desempeño de profesión o labor alguna por parte del señor Brochero Ramírez de la cual puedan derivarse el valor de sus ingresos, sin embargo, en lo relacionado con el desarrollo de actividades productivas, la Sala no puede pasar por alto que las reglas de la sana crítica y la experiencia enseñan que una persona laboralmente activa(114) no podría devengar menos del salario mínimo legal mensual vigente, incrementado en un 25%, por concepto de prestaciones sociales, todo ello de conformidad con las pautas trazadas en este tipo de casos por la jurisprudencia de la Sección.
En este punto del cálculo advierte la Sala que el salario mínimo mensual legal vigente en el año 1998 ($ 203. 826) actualizado a la fecha de la presente sentencia ($ 467.046), es inferior al salario mínimo legal mensual actualmente vigente ($ 616.000), por lo que en aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y de los principios de reparación integral y equidad allí contenidos, se tomará este último como base para el cálculo(115), incrementado en un 25%, ($ 154.000) por concepto de prestaciones sociales ($ 770.000).
n= Número de días que comprende el período indemnizable —45 días—, representados en meses, esto es 1,5
S = $ 1.156.404
Total lucro cesante para Osiris Brochero Ramírez $ 1.156.404.
Por último, frente a los perjuicios por daño emergente reclamados por el señor Osiris Brochero Ramírez, representados en los gastos que ocasionaron la recuperación de la víctima por atención medico quirúrgica durante 20 días en la Clínica Rosario Pumarejo de López, debe decir la Sala que no obra prueba alguna en el plenario sobre su causación, razón por la cual debe negarse dicha pretensión
4.6. Proceso 1999-0720-00. Lesiones del señor Antonio María Rojano Roca.
Los señores Antonio María Rojano Roca, en su condición de afectado directo, Luis Carlos(116) y José Antonio Rojano Vargas(117), en su condición de hijos, Pedro Rojano Pimienta, en su condición de padre(118), Pedro Luis y Lilia Raquel Rojano Roca(119), en su condición de hermanos, condición debidamente acreditada con copias auténticas de los registros civiles de nacimiento aportadas al expediente, solicitaron el reconocimiento de los perjuicios morales irrogados con las lesiones sufridas por el señor Antonio María Rojano Roca.
La señora María Margarita Vargas Prado, quien dijo acudir al proceso en su condición de esposa, pretendió demostrar ese hecho, además de la partida eclesiástica de matrimonio(120), con la declaración que rindió ante el Tribunal Administrativo del Cesar, el señor Luciano Rodríguez Suárez(121), quien aseguró que reconocían a la señora María Margarita Vargas Prado como la esposa del señor Antonio María Rojano Roca y que conviven bajo el mismo techo durante ya varios años. La Sala da crédito a este testimonio y, por lo menos, tendrá a esta demandante como compañera permanente, toda vez que no obra el correspondiente registro civil de matrimonio, pero de quien aseguraron los deponentes padeció dolor, tristeza y sufrimiento por la muerte de su esposo. En efecto, habrá que condenar por el perjuicio solicitado, por lo que se asignarán a ese título 80 SMLMV a favor de la señora María Margarita Vargas Prado.
Ahora bien, de conformidad con lo probado en el proceso se tiene que con ocasión de la explosión del artefacto explosivo, el señor Antonio María Rojano Roca sufrió una lesión que le generó como secuela estética una deformidad física que afectó su rostro y cuerpo de carácter permanente y como secuelas de carácter funcional una perturbación funcional del órgano de la masticación de carácter permanente, perturbación funcional del órgano de la eliminación urinaria de carácter permanente, perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter permanente y una pérdida funcional del miembro inferior derecho de carácter permanente, todo lo cual, como resulta apenas natural, causó una aflicción que debe ser indemnizada y, en consecuencia, se ordenará el pago de 80 SMLMV para el señor Antonio María Rojano Roca.
Lo anterior en virtud de que a pesar de que no se tiene certeza en este caso del porcentaje de invalidez y si de la incapacidad médico legal definitiva —120 días—, lo cierto es que para la Sala si se probó el daño que fundamentó la presente acción y, en consecuencia, —según se indicó—, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas.
De la misma manera, habrá que condenarse a la demandada por el perjuicio por el cual reclama resarcimiento los demás demandantes y, al hacerlo, se tendrá en cuenta la naturaleza, intensidad, extensión y gravedad de la afectación o lesión al derecho o interés legítimo respectivo, por lo que se asignarán a ese título, para cada uno de los demandantes, los valores que se indican a continuación:
María Margarita Vargas Prado 80 SMMLV
Lilia Raquel Rojano Roca (hermana) 40 SMMLV
Por su parte el señor Antonio María Rojano Roca solicitó el reconocimiento de lucro cesante, pretensión que fundamentó en la imposibilidad de percibir las sumas de dinero en razón de las lesiones por él sufridas y solicitó que por dicho perjuicio se reconocieran los valores que resultaran demostrados en el proceso.
Al respecto encuentra la Sala que existe suficiente prueba documental que acredita las lesiones sufridas por el señor Antonio María Rojano Roca con ocasión de la explosión del artefacto explosivo en cuestión. Lesiones que aparecen descritas en la historia clínica(122) y en el dictamen de su incapacidad laboral aportados al expediente, dictamen que arrojó una incapacidad médico legal de 120 días(123).
Sobre el particular debe destacar la Sala que no obran en el expediente prueba que indique el desempeño de profesión o labor alguna por parte del señor Antonio María Rojano Roca de la cual puedan derivarse el valor de sus ingresos, no empero, en lo relacionado con el desarrollo de actividades productivas, la Sala no puede pasar por alto que las reglas de la sana crítica y la experiencia enseñan que una persona laboralmente activa(124) no podría devengar menos del salario mínimo legal mensual vigente, incrementado en un 25%, por concepto de prestaciones sociales, todo ello de conformidad con las pautas trazadas en este tipo de casos por la jurisprudencia de la Sección.
En este punto del cálculo advierte la Sala que el salario mínimo mensual legal vigente en el año 1998 ($ 203.826) actualizado a la fecha de la presente sentencia ($ 467.046), es inferior al salario mínimo legal mensual actualmente vigente ($ 616.000), por lo que en aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y de los principios de reparación integral y equidad allí contenidos, se tomará este último como base para el cálculo(125), incrementado en un 25%, ($ 154.000) por concepto de prestaciones sociales ($ 770.000).
n= Número de días que comprende el período indemnizable —120 días—, representados en meses, esto es 4 meses.
S = $ 3.102.558
Total lucro cesante para Antonio María Rojano Roca $ 3.102.558.
Por último, frente a los perjuicios por daño emergente reclamados por el señor Antonio María Rojano Roca, debe decir la Sala que no obra prueba alguna en el plenario sobre su causación, razón por la cual debe negarse dicha pretensión.
4.7. Proceso 1999-0734-00. Lesiones de Ambrosio Antonio Torres Villero.
Los señores Ambrosio Antonio Torres Villero, en su condición de afectado directo, Francisca Dolores Villero Picasa(126), en su condición de madre,
Ana Francisca(127), Arcelia María(128), Martha Delfina(129), Dimas María(130) y Arcelio Alfonso Torres Villero(131), Luis Alberto(132) y Gregorio Manuel Torres Picassa(133) y Rafael Antonio Díaz Villero(134), en su condición de hermanos, condición debidamente acreditada con copias auténticas de los registros civiles de nacimiento aportadas al expediente, solicitaron el reconocimiento de los perjuicios morales irrogados con las lesiones sufridas por el señor Ambrosio Antonio Torres Villero.
La señora Elvia Mercedes Urieles Navarro, quien dijo acudir al proceso en su condición de esposa, pretendió demostrar ese hecho, además de la partida eclesiástica de matrimonio(135), con la declaración que rindieron ante el Tribunal Administrativo del Cesar, los señores María Concepción Fuentes(136) y Herminia María Arrieta de Tonzón(137), quienes aseguraron que reconocían a la señora Elvia Mercedes Urieles Navarro como la esposa del señor Ambrosio Antonio Torres Villero y que conviven bajo el mismo techo durante ya varios años. La Sala da crédito a estos testimonios y, por lo menos, tendrá a esta demandante como compañera permanente, toda vez que no obra el correspondiente registro civil de matrimonio, pero de quien aseguraron los deponentes padeció dolor, tristeza y sufrimiento por la muerte de su esposo. En efecto, habrá que condenar por el perjuicio solicitado, por lo que se asignarán a ese título 80 SMLMV a favor de la señora Elvia Mercedes Urieles Navarro.
No será estudiado lo referente a los perjuicios morales ocasionado a los menores Kelys Yaneth y Darwin José Torres Villero, en su condición de hijos del señor Ambrosio Torres Villero, toda vez que no fue solicitada indemnización alguna por dicho concepto.
Ahora bien, de conformidad con lo probado en el proceso se tiene que con ocasión de la explosión del artefacto explosivo, el señor Ambrosio Antonio Torres Villero sufrió una lesión que le generó como secuela estética una deformidad física que afectó su cuerpo de carácter permanente y como secuelas de carácter funcional una perturbación funcional de los miembros inferiores de carácter permanente, perturbación funcional del sistema nervioso periférico de carácter permanente y una perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter permanente, todo lo cual, como resulta apenas natural, causó una aflicción que debe ser indemnizada y, en consecuencia, se ordenará el pago de 80 SMLMV para el señor Ambrosio Antonio Torres Villero.
• Perjuicios materiales.
Por su parte el señor Ambrosio Antonio Torres Villero solicitó el reconocimiento de lucro cesante, pretensión que fundamentó en la imposibilidad de percibir las sumas de dinero en razón de las lesiones por él sufridas y solicitó que por dicho perjuicio se reconocieran los valores que resultaran demostrados en el proceso.
Al respecto encuentra la Sala que existe suficiente prueba documental que acredita las lesiones sufridas por el señor Ambrosio Antonio Torres Villero con ocasión de la explosión del artefacto explosivo en cuestión.
Lesiones que aparecen descritas en la historia clínica(138) y en el dictamen de su incapacidad laboral aportados al expediente, dictamen que arrojó una incapacidad médico legal de 120 días(139).
Sobre el particular debe destacar la Sala que no obran en el expediente prueba que indique el desempeño de profesión o labor alguna por parte del señor Ambrosio Antonio Torres Villero de la cual puedan derivarse el valor de sus ingresos, no empero, en lo relacionado con el desarrollo de actividades productivas, la Sala no puede pasar por alto que las reglas de la sana crítica y la experiencia enseñan que una persona laboralmente activa(140) no podría devengar menos del salario mínimo legal mensual vigente, incrementado en un 25%, por concepto de prestaciones sociales, todo ello de conformidad con las pautas trazadas en este tipo de casos por la jurisprudencia de la Sección.
En este punto del cálculo advierte la Sala que el salario mínimo mensual legal vigente en el año 1998 ($ 203.826) actualizado a la fecha de la presente sentencia ($ 467.046), es inferior al salario mínimo legal mensual actualmente vigente ($ 616.000), por lo que en aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y de los principios de reparación integral y equidad allí contenidos, se tomará este último como base para el cálculo(141), incrementado en un 25% ($ 154.000) por concepto de prestaciones sociales ($ 770.000).
Total lucro cesante para Ambrosio Antonio Torres Villero $ 3.102.558.
Por último, frente a los perjuicios por daño emergente reclamados por el señor Ambrosio Antonio Torres Villero, debe decir la Sala que no obra prueba alguna en el plenario sobre su causación, razón por la cual debe negarse dicha pretensión.
4.8. Proceso 2000-0559-00. Lesiones del señor Alexis Rafael Bolaño Cervantes.
Los señores Alexis Rafael Bolaño Cervantes, en su condición de afectado directo, Rosa María Bolaño Brochero(142), en su condición de hija y Rosa María Cervantes Vizcaíno(143), en su condición de madre, condición debidamente acreditada con copias auténticas de los registros civiles de nacimiento aportadas al expediente, solicitaron el reconocimiento de los perjuicios morales irrogados con las lesiones sufridas por el señor Alexis Manuel Bolaño Pacheco.
La señora Milagro de Jesús Brochero Ramírez, quien dijo acudir al proceso en su condición de compañera permanente del señor Bolaño Cervantes, pretendió demostrar ese hecho, con la declaración que rindieron ante el Tribunal Administrativo del Cesar, los señores Carmen Oviedo Palacios(144) y Luis Antonio Novoa Chamorro(145), quienes aseguraron que reconocían a la señora Elvia Mercedes Urieles Navarro como la compañera del señor Alexis Rafael Bolaño Cervantes y que conviven bajo el mismo techo durante ya varios años. La Sala da crédito a estos testimonios y, por lo tanto, tendrá a esta demandante como compañera permanente, de quien aseguraron los deponentes padeció dolor, tristeza y sufrimiento por las lesiones padecidas por su compañero permanente.
No ocurre lo mismo con el señor Alexis Manuel Bolaño Pacheco, quien dijo acudir al proceso en su condición de hijo del señor Alexis Rafael Bolaño Cervantes, todas vez que, aunado a la ausencia del su correspondiente registro civil de nacimiento, los referidos testigos no son contestes en cuanto a dicha condición, declaraciones de las que resulta imposible tener por acreditada la existencia del dolor moral alegado en el libelo, razón por la cual debe negarse dicha pretensión.
Ahora bien, de conformidad con lo probado en el proceso se tiene que con ocasión de la explosión del artefacto explosivo, el señor Alexis Rafael Bolaño Cervantes sufrió una lesión que le generó como secuela estética una deformidad física que afectó su cuerpo de carácter permanente y como secuelas de carácter funcional una perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter permanente, todo lo cual, como resulta apenas natural, causó una aflicción que debe ser indemnizada y, en consecuencia, se ordenará el pago de 70 SMLMV para el señor Alexis Rafael Bolaño Cervantes.
Lo anterior en virtud de que a pesar de que no se tiene certeza en este caso del porcentaje de invalidez y si de la incapacidad médico legal definitiva —56 días—, lo cierto es que para la Sala si se probó el daño que fundamentó la presente acción y, en consecuencia, —según se indicó—, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas.
Por concepto de perjuicios “fisiológicos”, el señor Alexis Rafael Bolaño Cervantes solicitó la suma equivalente en dinero a 1.000 gramos de oro.
Ahora bien, para el caso sub examine, si bien no se cuenta con el porcentaje exacto de la pérdida de capacidad laboral del señor Alexis Rafael Bolaño Cervantes, lo cierto es que teniendo en cuenta las lesiones sufridas y su repercusión en sus actividades diarias, dado que sufrió una lesión que afectó funcionalmente su órgano de locomoción, la Sala, como ya en otras oportunidades lo ha hecho(146), acudirá al criterio de la equidad como principio que el ordenamiento jurídico —artículo 16 de la Ley 446 de 1998(147)— impone tener en cuenta para efectos de reparar de forma integral el daño causado por la acción o la omisión de las autoridades públicas, a cuyo auxilio debe acudirse, además, por virtud del denominado principio pro damnato, propio del derecho de daños y que sin duda ha de hacer sentir su vigor en escenarios como el del presente caso, en el cual se encuentran acreditados todos los elementos necesarios para imponer al Estado la obligación de reparar el daño antijurídico que causó, pero resulta altamente improbable —por no decir que materialmente imposible— recaudar elementos demostrativos que permitan cuantificar de forma técnica, con apoyo en elementos matemáticos y/o estadísticos, el monto del perjuicio a indemnizar.
Establecido lo anterior, procede la Sala, como ya se señaló, con base en la equidad y en los lineamientos jurisprudenciales antes expuestos sobre el daño a la salud y su forma de liquidación, a reconocer la suma de 60 SMLMV para el señor Alexis Rafael Bolaño Cervantes.
Por su parte el señor Alexis Rafael Bolaño Cervantes solicitó el reconocimiento de lucro cesante, pretensión que fundamentó en la imposibilidad de percibir las sumas de dinero en razón de las lesiones por él sufridas y solicitó que por dicho perjuicio se reconocieran los valores que resultaran demostrados en el proceso.
Al respecto encuentra la Sala que existe suficiente prueba documental que acredita las lesiones sufridas por el señor Alexis Rafael Bolaño Cervantes con ocasión de la explosión del artefacto explosivo en cuestión. Lesiones que aparecen descritas en la historia clínica(148) y en el dictamen de su incapacidad laboral aportados al expediente, dictamen que arrojó una incapacidad médico legal de 56 días(149).
Sobre el particular debe destacar la Sala que no obran en el expediente prueba que indique el desempeño de profesión o labor alguna por parte del señor Alexis Rafael Bolaño Cervantes de la cual puedan derivarse el valor de sus ingresos, no empero, en lo relacionado con el desarrollo de actividades productivas, la Sala no puede pasar por alto que las reglas de la sana crítica y la experiencia enseñan que una persona laboralmente activa(150) no podría devengar menos del salario mínimo legal mensual vigente, incrementado en un 25%, por concepto de prestaciones sociales, todo ello de conformidad con las pautas trazadas en este tipo de casos por la jurisprudencia de la Sección.
En este punto del cálculo advierte la Sala que el salario mínimo mensual legal vigente en el año 1998 ($ 203.826) actualizado a la fecha de la presente sentencia ($ 467.046), es inferior al salario mínimo legal mensual actualmente vigente ($ 616.000), por lo que en aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y de los principios de reparación integral y equidad allí contenidos, se tomará este último como base para el cálculo(151), incrementado en un 25% ($ 154.000) por concepto de prestaciones sociales ($ 770.000).
n= Número de días que comprende el período indemnizable —56 días—, representados en meses, esto es 1.8 meses.
S = $ 1.388.697
Total lucro cesante para Alexis Rafael Bolaño Cervantes $ 1.388.697
Por último, frente a los perjuicios por daño emergente reclamados por el señor Alexis Rafael Bolaño Cervantes, debe decir la Sala que no obra prueba alguna en el plenario sobre su causación, razón por la cual debe negarse dicha pretensión.
4.9. Proceso 2000-0932-00. Lesiones del señor Ramiro Rafael Sánchez Rodríguez.
Los señores Ramiro Rafael Sánchez Rodríguez, en su condición de afectado directo, Luis Rodolfo Sánchez Padilla(152), Rodolfo Luis Sánchez Padilla(153), en su condición de hijos, Luis Felipe Sánchez Ostia y Francisca Rodríguez Sehoanes, en su condición de padres, Elice de Jesús Sánchez Rodríguez, en su condición de hermana, condición debidamente acreditada con copias auténticas de los registros civiles de nacimiento aportadas al expediente, solicitaron el reconocimiento de los perjuicios morales irrogados con las lesiones sufridas por el señor Ramiro Rafael Sánchez Rodríguez.
La señora Bibian Padilla Zequeira y María Alejandra Arzuaga Padilla quienes dijeron acudir al proceso en su condición de compañera permanente e hija de crianza del señor Sánchez Rodríguez, pretendieron demostrar ese hecho, con la declaración que rindieron ante el Tribunal Administrativo del Cesar, los señores Mónica Patricia Quintero Zuleta(154), Xilenis Mendoza(155) y Nerys Josefina Araújo(156), quienes aseguraron que reconocían a la señora Bibian Padilla Zequeira y a la menor María Alejandra Arzuaga Padilla como la compañera permanente y la hija del señor Ramiro Rafael Sánchez Rodríguez y que conviven bajo el mismo techo durante ya varios años. La Sala da crédito a estos testimonios y, por lo tanto, tendrá a esta demandante como compañera para efectos del reconocimiento de los perjuicios morales y como hija a la menor María Alejandra Arzuaga Padilla de quien aseguraron los deponentes padeció dolor, tristeza y sufrimiento por las lesiones padecidas por su compañero y padre, el señor Ramiro Rafael Sánchez Rodríguez.
Ahora bien, de conformidad con lo probado en el proceso se tiene que con ocasión de la explosión del artefacto explosivo, el señor Ramiro Rafael Sánchez Rodríguez sufrió una lesión que le generó una pérdida de una pieza dentaria, mala oclusión por secuela por fractura del maxilar inferior y una cicatriz en la región escapular derecha, todo lo cual, como resulta apenas natural, causó una aflicción que debe ser indemnizada y, en consecuencia, se ordenará el pago de 20 SMLMV para el señor Ramiro Rafael Sánchez Rodríguez. Lo anterior en virtud de que para la Sala si se probó el daño que fundamentó la presente acción y, en consecuencia, —según se indicó—, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas.
Luis Rodolfo Sánchez Padilla (hijo) 20 SMMLV
Rodolfo Luis Sánchez Padilla (hijo) 20 SMMLV
María Alejandra Arzuaga Padilla (hija) 20 SMMLV
Luis Felipe Sánchez Ostia (padre) 20 SMMLV
Francisca Rodríguez Sehoanes (madre) 20 SMMLV
Bibian Padilla Zequeira (compañera permanente) 20 SMMLV
Elice de Jesús Sánchez Rodríguez (hermana) 10 SMMLV
Se solicitó en la demanda por concepto de “perjuicios fisiológico”(157) una suma equivalente a cuatro mil (4.000) gramos de oro fino para el señor Ramiro Rafael Sánchez Rodríguez.
Frente a la liquidación del daño a la salud, la Sala reitera los lineamientos planteados en sentencia del 28 de agosto del año en curso, en la que se unificó la jurisprudencia en relación a la tasación, en los siguientes términos(158):
Para la reparación del daño a la salud se reiteran los criterios contenidos en las sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011, expedientes 19031 y 38222 proferidas por esta misma Sala, en el sentido de que la regla en materia indemnizatoria, es de 10 a 100 SMMLV, sin embargo en casos de extrema gravedad y excepcionales se podrá aumentar hasta 400 SMMLV, siempre que esté debidamente motivado, todo ello con aplicación del prudente juicio del juez, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad y naturaleza de la lesión padecida, ejercicio en el marco del cual se emplearán —a modo de referente— los siguientes parámetros:
No obstante lo anterior, en casos excepcionales, cuando, conforme al acervo probatorio se encuentre probado que el daño a la salud se presenta en una mayor intensidad y gravedad, podrá otorgarse una indemnización mayor, la cual debe estar debidamente motivada y no podrá superar la cuantía equivalente a 400 SMLMV.
En este orden de ideas, habida consideración del contenido del dictamen 256 de fecha 7 de mayo de 2003, rendido por la junta de calificación de invalidez del Cesar y la Guajira(159), en el que se determinó que el señor Ramiro Rafael Sánchez Rodríguez presentó una disminución de su capacidad laboral del 10.95%, se reconocerá a su el equivalente a 30 SMLMV, con lo cual, el monto de la indemnización resultaría proporcional a la lesión sufrida.
Por su parte el señor Ramiro Rafael Sánchez Rodríguez solicitó el reconocimiento de lucro cesante, pretensión que fundamentó en la imposibilidad de percibir las sumas de dinero en razón de las lesiones por él sufridas y solicitó que por dicho perjuicio se reconocieran la suma de $ 300.000.000.
En el proceso se encuentra demostrado, con fundamento en la certificación de fecha 28 de febrero de 2000, expedida por el jefe de recursos humanos de Carboandes(160), que el señor Ramiro Rafael Sánchez Rodríguez devengaba para la fecha de los hechos la suma de $ 805.612 en el cargo de controlador de báscula, suma que se adoptará como base de liquidación, toda vez que al actualizarla resulta superior al salario mínimo del presente año, esto es $ 1.845.978; la incapacidad que se le dictaminó al actor fue de 10.95%, razón por la cual el salario base de liquidación es de $ 202.134 (Ra).
Ra = En este caso corresponde $ 202.134.
Ra = $ 202.134.
N = Número de meses que comprende el período indemnizable(161).
S = $ 63’962.077.
Total indemnización debida = $ 63’962.077
Para la fecha de ocurrencia de los hechos, el demandante tenía 37 años de edad y, por ende, una probabilidad de vida adicional de 43.7 años(162), equivalentes a 524.4 meses, de los cuales se descontará el período consolidado (195 meses), lo cual arroja un total de 329.4 meses.
Ra = $ 202.134
S = $ 33’140.603
Total indemnización futura = $ 33’140.603
Total perjuicios materiales: $ 97’102.680
Por último, frente a los perjuicios por daño emergente reclamados por el señor Ramiro Rafael Sánchez Rodríguez y que estimó en la suma de $ 30.000.000, representados en los gastos médicos que sobrevinieron con las graves lesiones sufridas por el señor Sánchez Rodríguez, debe decir la Sala que no obra prueba alguna en el plenario sobre su causación, razón por la cual debe negarse dicha pretensión.
1. REVOCAR la sentencia de 10 de febrero de 2005 dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar.
2. DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, frente a los señores Rosa Elvira Brochero Ramírez, Josefa María Ramírez Flores, Lacio Latere, Juan Bautista, Roberto, Lisandro Antonio, Osiris, Manuel Antonio, Petrona, Milagro de Jesús y Olga Patricia Brochero Ramírez (proceso 1999-0585-00), de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.
3. DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, frente a los señores Claudia Orozco Guerra, Josefa María Ramírez Flores, Lacio Latere, Juan Bautista, Roberto, Lisandro Antonio, Manuel Antonio, Petrona, Milagro de Jesús, Olga Patricia Brochero Ramírez y Rosa Elvira Brochero Ramírez (proceso 1999-0623-00), de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.
4. DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, frente al señor Alexis Manuel Bolaño Pacheco (proceso 2000-0559-00), de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.
5. DECLARAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a la parte demandante con ocasión de los hechos ocurridos el 4 de julio de 1998, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
6. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar las siguientes sumas:
Proceso 1999-0565-00(163). Muerte del Señor Humberto Alfonso Vélez Vásquez.
Luz Dary Restrepo (compañera permanente) 100 SMMLV
Alejandro Antonio Vélez de Restrepo (hermano) 50 SMMLV
Luis Fabián Vélez de Restrepo (hermano) 50 SMMLV
Mario Hernán Vélez de Restrepo (hermano) 50 SMMLV
María Gloria Vélez de Restrepo (hermana) 50 SMMLV
— NEGAR la indemnización de perjuicios morales solicitada por la señora Martha Lucía Palacio Álvarez, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.
— Por concepto de indemnización de perjuicios materiales
Para Luz Dary Restrepo Loaiza (esposa), la suma de ciento cuatro millones veintinueve mil ochocientos setenta y cinco pesos con cuarenta y tres centavos ($ 104.029.875,43)
Para María Alejandra Vélez Restrepo (hija de la víctima), la suma de treinta y siete millones setecientos treinta y tres mil setecientos sesenta pesos ($ 37.733.760)
Para Juan Camilo Vélez Restrepo (hijo de la víctima), la suma de treinta y un millones ciento noventa y tres mil ochocientos un pesos ($ 31.193.801)
Proceso 1999-0732-00. Muerte de la señora Rosa Minerva Brochero Ramírez.
— NEGAR la indemnización de perjuicios morales solicitada por el señor Leonel Rivera Negrete, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.
Para Elkin de Jesús Rivera Brochero (hijo), la suma de noventa y tres millones quinientos ochenta y un mil cuatrocientos tres pesos ($ 93.581.403).
Para Jeiner David Rivera Brochero (hijo), la suma de noventa y tres millones quinientos ochenta y un mil cuatrocientos tres pesos ($ 93.581.403).
Proceso 1999-0576-00. Lesiones de la señora Argenedith Elena Carrillo Rodríguez
Argenedith Elena Carrillo Rodríguez (afectada) 30 SMMLV
— NEGAR la indemnización de perjuicios morales solicitada por el señor Lisandro Brochero, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.
— Por concepto de indemnización de perjuicios materiales, la suma de cuatro millones quinientos treinta y ocho mil novecientos veintidós pesos ($ 4.538.922), a favor de Argenedith Elena Carrillo Rodríguez.
— Por concepto de Indemnización por daño a la salud, una suma equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de la señora Argenedith Elena Carrillo Rodríguez.
Proceso 1999-0623-00. Lesiones de Osiris Brochero Ramírez.
Osiris Brochero Ramírez (afectado) 60 SMMLV
Yesenia Johana Brochero Orozco (hija) 60 SMMLV
— Por concepto de indemnización por daño a la Salud, una suma equivalente a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del señor Osiris Brochero Ramírez.
— Por concepto de indemnización de perjuicios materiales, la suma de un millón ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos cuatro pesos (1.156.404), a favor de Osiris Brochero Ramírez.
— Por concepto de indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de tres millones ciento dos mil quinientos cincuenta y ocho pesos ($ 3.102.558), a favor del señor Antonio María Rojano Roca.
— NEGAR la indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente solicitada por el señor Antonio María Rojano Roca, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.
Elvia Mercedes Urieles Navarro (compañera permanente) 80 SMMLV
Ambrosio Antonio Torres Villero (afectado) 80 SMMLV
— Por concepto de indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de tres millones ciento dos mil quinientos cincuenta y ocho pesos ($ 3.102.558), a favor del señor Ambrosio Antonio Torres Villero.
NEGAR la indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente solicitada por el señor Antonio María Rojano Roca, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.
Alexis Rafael Bolaño Cervantes (afectado) 70 SMMLV
— NEGAR la indemnización de perjuicios morales solicitada por el señor Alexis Manuel Bolaño Pacheco, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.
— Por concepto de indemnización por daño a la Salud, una suma equivalente a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del señor Alexis Rafael Bolaño Cervantes.
— Por concepto de indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de un millón trescientos ochenta y ocho mil seiscientos noventa y siete pesos ($ 1.388.697), a favor del señor Alexis Rafael Bolaño Cervantes.
NEGAR la indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente solicitada por el señor Alexis Rafael Bolaño Cervantes, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.
Proceso 2000-0932-00. Lesiones del señor Ramiro Rafael Sánchez Rodríguez.
Ramiro Rafael Sánchez Rodríguez (afectado) 20 SMLMV
— Por concepto de indemnización por daño a la salud, una suma equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del señor Ramiro Rafael Sánchez Rodríguez.
— Por concepto de indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de noventa y siete millones ciento dos mil seiscientos ochenta pesos ($ 97’102.680), a favor del señor Ramiro Rafael Sánchez Rodríguez.
NEGAR la indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente solicitada por el señor Ramiro Rafael Sánchez Rodríguez, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.
(46) Decreto 2304 de 7 de octubre de 1989, artículo 23.
(47) Folios 130 a 131, cuaderno 3.
(48) Folios 132 a 133, cuaderno 3.
(49) Folios 134 a 135, cuaderno 3.
(50) Folios 67 a 69, cuaderno 4.
(51) Folios 40 a 41, cuaderno 2.
(52) Folios 42 a 44, cuaderno 2.
(53) Folios 64 a 67, cuaderno 6.
(54) Folios 217 a 221, cuaderno 5.
(55) Folio 12, cuaderno 6, folio 9, cuaderno 8, folio 22, cuaderno 8.
(56) Folio 13, cuaderno 6, folio 23, cuaderno 8.
(57) Folio 36, cuaderno 6, folio 8, cuaderno 8.
(58) Folio 38, cuaderno 6, folio 10, cuaderno 10.
(59) Folio 8, cuaderno 2.
(60) Folios 147 a 251, cuaderno 5.
(61) A folio 14, cuaderno 3, obra el registro civil de defunción correspondientes al señor Humberto Alfonso Vélez Vásquez y a folio 5, cuaderno 11, obra el registro civil de defunción correspondientes a la señora Rosa Minerva Brochero Ramírez.
(62) Folios 60 a 73, cuaderno 10 obra la historia clínica y a folios 75 a 76 ibídem obra el dictamen de incapacidad médico legal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses correspondientes a la señora Argenedith Elena Carrillo Rodríguez.
(63) Folios 41 a 87 y 92 a 136, cuaderno 5 obra la historia clínica y a folios 137 a 138 ibídem obra el dictamen de incapacidad médico legal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses correspondientes a la señora Osiris Brochero Ramírez.
(64) Folios 11 a 12 Nº 8 obra la historia clínica y a folios 13 a 14 y 66 a 67 ibídem obran los dictámenes de incapacidad médico legal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses correspondientes al señor Antonio María Rojano Roca.
(65) Folios 15 a 18, cuaderno 6 y anexo 1, obra la historia clínica y a folios 19 a 21 ibídem obra el dictamen de incapacidad médico legal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses correspondientes al señor Ambrosio Antonio Torres Villero.
(66) Folios 79 a 128, cuaderno 7, obra la historia clínica y a folios 130 a 131 ibídem obra el dictamen de incapacidad médico legal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses correspondientes al señor Alexis Rafael Bolaño Cervantes.
(67) Folios 16 a 19, cuaderno 4, obra la historia clínica y a folios 102 a 103 ibídem obra el dictamen de incapacidad médico legal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses correspondientes al señor Ramiro Rafael Sánchez Rodríguez.
(68) Folios 48 a 81, cuaderno 2, obra la historia clínica correspondiente al señor Guillermo Augusto Estrada Beltrán.
(69) Folios 33 a 89, cuaderno 9 obra la historia clínica y a folios 92 a 93 ibídem obra el dictamen de incapacidad médico legal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses correspondientes a la menor Rosa Elvira Brochero Ramírez.
(70) Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 30 de enero de 2013, expediente 27.040.
(71) Al respecto se puede consultar, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 8 de marzo de 2007, expediente 27434, Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 22 de abril de 2009, expediente 16192, Consejera Ponente: Dra. Myriam Guerrero de Escobar; sentencia de 9 de junio de 2010, expediente 18375, Consejera Ponente: Dra. Gladys Agudelo Ordóñez.
(72) Folios 134 a 135, cuaderno 3.
(73) Folios 43 a 48, cuaderno 3.
(74) Folio 17, cuaderno 3.
(75) Folio 16, cuaderno 3.
(76) Folio 19, cuaderno 3.
(77) Folio 20, cuaderno 3.
(78) Folio 18, cuaderno 3.
(79) Folio 21, cuaderno 3.
(81) Folio 23, cuaderno 3.
(82) Folio 25, cuaderno 3.
(83) Folio 26, cuaderno 3.
(84) Folio 24, cuaderno 3.
(85) Folios 12, cuaderno 3.
(86) Folios 197 vlto. a 198 vlto., cuaderno 3.
(87) Folios 199 a 201, cuaderno 3.
(88) Folios 202 a 204, cuaderno 3.
(89) La Sala en sentencia de 22 de abril de 2009, expediente 16.694, M.P. Myriam Guerrero de Escobar, reiterada por esta Subsección en sentencia de 9 de febrero de 2011, expediente 19.352, ha venido sosteniendo que en << vigencia del artículo 347 del Código Civil, y la Ley 57 de 1887, el estado civil respecto de personas bautizadas, casadas o fallecidas en el seno de la Iglesia, se acreditaba con los documentos tomados del registro del estado civil, o con las certificaciones expedidas por los curas párrocos, pruebas que, en todo caso, tenían el carácter de principales>> (Se resalta). A lo anterior se adiciona que a partir de la expedición del Decreto-Ley 1260 de 1.970, esto es 27 de julio de 1970, se estableció como prueba única para acreditar el estado civil de las personas, el registro civil de nacimiento o matrimonio.
(90) Dado que el resultado de actualizar a valor presente el salario mínimo legal vigente para el año 1998 ($ 203.826) arroja una cifra inferior a la del salario mínimo legal vigente para 2014 ($ 616.600), se tomará este último como base para calcular la renta actualizada.
(91) Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 24 de julio de 2013, proceso 31301.
(92) Folio 7, cuaderno 11.
(93) Folio 6, cuaderno 11.
(94) Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 24 de julio de 2013, proceso 31301.
(95) Dado que el resultado de actualizar a valor presente el salario mínimo legal vigente para el año 1998 ($ 203.826) arroja una cifra inferior a la del salario mínimo legal vigente para 2014 ($ 616.600), se tomará este último como base para calcular la renta actualizada.
(96) Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 24 de julio de 2013, proceso 31301.
(97) Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 24 de julio de 2013, proceso 31301.
(98) Folio 5, cuaderno 10.
(99) Folio 6, cuaderno 10.
(100) Folio 7, cuaderno 10, obra el registro civil de nacimiento de la señora Argenedith Elena Carrillo Rodríguez, que da cuenta de su condición de hija de los señores Ciro Enrique Carrillo y Bertha Tulia Rodríguez Rodríguez.
(101) Folio 8, cuaderno 10.
(102) Folios 51 a 53, cuaderno 10.
(103) Folios 75 a 76, cuaderno 10.
(104) Referentes para la reparación de perjuicios inmateriales que fueron discutidos y aprobados por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, según consta en acta del 28 de julio de 2014.
(105) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 27 de agosto de 2014, expediente 31172, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.
(106) Al respecto, ver, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 11 de agosto de 2010, expediente 050012326000199500082-01 (18.593); sentencia de 25 de agosto de 2011, expediente 250002326000199703994-01 (19.718); sentencia de 7 de julio de 2011, expediente 520012331000199708974-01 (20.139): sentencia del 21 de marzo de 2012, expediente 54001233100019972919 01 (22.017).
(107) Precepto cuyo tenor literal es el siguiente: “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.
(108) Folios 71 a 73, cuaderno 10.
(109) Folios 75 a 76, cuaderno 10.
(110) Según su registro civil de nacimiento, la señora Argenedith Elena Carrillo Rodríguez contaba para la fecha de los hechos con 21 años de edad.
(111) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de julio de 2006, expediente 14686 y Sentencia de 31 de agosto de 2006, expediente 15.439, actor Eliseo Yuque Pequi y otros.
(112) Al respecto, ver, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 11 de agosto de 2010, expediente 050012326000199500082-01 (18.593); sentencia de 25 de agosto de 2011, expediente 250002326000199703994-01 (19.718); sentencia de 7 de julio de 2011, expediente 520012331000199708974-01 (20.139): sentencia del 21 de marzo de 2012, expediente 54001233100019972919 01 (22.017).
(113) Precepto cuyo tenor literal es el siguiente: “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.
(114) Según su registro civil de nacimiento, el señor Osiris Brochero Ramírez contaba para la fecha de los hechos con 21 años de edad.
(115) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de julio de 2006, expediente 14686 y Sentencia de 31 de agosto de 2006, expediente 15.439, actor Eliseo Yuque Pequi y otros.
(116) Folio 16, cuaderno 8.
(117) Folio 17, cuaderno 8.
(118) Folio 15, cuaderno 8.
(119) Folio 18, cuaderno 8.
(120) Folios 21, cuaderno 8.
(121) Folios 97 a 98, cuaderno 8.
(122) Folios 102 a 236, cuaderno 8.
(123) Folios 66 a 67, cuaderno 8.
(124) Según su registro civil de nacimiento, el señor Antonio María Rojano Roca contaba para la fecha de los hechos con 50 años de edad.
(125) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de julio de 2006, expediente 14686 y Sentencia de 31 de agosto de 2006, expediente 15.439, actor Eliseo Yuque Pequi y otros.
(126) Folio 22, cuaderno 6.
(127) Folio 26, cuaderno 6.
(128) Folio 27, cuaderno 6.
(129) Folio 28, cuaderno 6.
(130) Folio 29, cuaderno 6.
(131) Folio 30, cuaderno 6.
(132) Folio 31, cuaderno 6.
(133) Folio 32, cuaderno 6.
(134) Folio 33, cuaderno 6.
(135) Folios 34, cuaderno 6.
(136) Folios 69 a 71, cuaderno 6.
(137) Folios 72 a 74, cuaderno 6.
(138) Folios 15 a 18, cuaderno 6.
(139) Folios 19 a 21, cuaderno 6.
(140) Según su registro civil de nacimiento, el señor Ambrosio Antonio Torres Villero contaba para la fecha de los hechos con 35 años de edad.
(141) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de julio de 2006, expediente 14686 y Sentencia de 31 de agosto de 2006, expediente 15.439, actor Eliseo Yuque Pequi y otros.
(142) Folios 34, cuaderno 7.
(143) Folios 10, cuaderno 7.
(144) Folios 66 a 67, cuaderno 7.
(145) Folios 68 a 69, cuaderno 7.
(146) Al respecto, ver, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 11 de agosto de 2010, expediente 050012326000199500082-01 (18.593); sentencia de 25 de agosto de 2011, expediente 250002326000199703994-01 (19.718); sentencia de 7 de julio de 2011, expediente 520012331000199708974-01 (20.139): sentencia del 21 de marzo de 2012, expediente 54001233100019972919 01 (22.017).
(147) Precepto cuyo tenor literal es el siguiente: “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.
(148) Folios 79 a 128, cuaderno 7.
(149) Folios 131 a 132, cuaderno 7.
(150) Según su registro civil de nacimiento, el señor Alexis Rafael Bolaño Cervantes contaba para la fecha de los hechos con 34 años de edad.
(151) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de julio de 2006, expediente 14686 y Sentencia de 31 de agosto de 2006, expediente 15.439, actor Eliseo Yuque Pequi y otros.
(152) Folios 12, cuaderno 4.
(153) Folios 13, cuaderno 4.
(154) Folios 70 a 71, cuaderno 4.
(155) Folios 72 a 74, cuaderno 4.
(156) Folios 75 a 77, cuaderno 4.
(157) Folio 14, cuaderno principal.
(158) Radicación 31170, C.P. Enrique Gil Botero.
(159) Folios 102 a 103, cuaderno 4.
(160) Folio 15, cuaderno 4.
(161) Desde la fecha del hecho (jul. 4/98) hasta el de esta sentencia (nov. 2/2014), esto es 192 meses, aplicando la siguiente fórmula:
(162) Resolución 1555 del 30 de julio de 2010, proferida por la Superintendencia Financiera.
(163) Folios 43 a 48, cuaderno 3.

References: artículo 136
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 23
 artículo 347
 Resolución