Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2009-13498.htm
Timestamp: 2017-09-22 06:05:03+00:00

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B.O.E. Nº 197 de 15/08/2009
Real Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daÃ±os producidos por los incendios forestales y otras catÃ¡strofes naturales ocurridos en varias Comunidades AutÃ³nomas.
La evoluciÃ³n favorable que para nuestro paÃ­s ha supuesto la reducciÃ³n de incendios forestales en los Ãºltimos dos aÃ±os se ha visto detenida desde finales del mes de junio. Desde ese momento y hasta la fecha se han venido produciendo un nÃºmero importante de siniestros de este tipo, alguno de ellos de especial virulencia. Los incendios han costado once vidas humanas, nueve de las cuales corresponden a personal dedicado a las labores de extinciÃ³n de incendios forestales, y han afectado a mÃ¡s de 76.000 hectÃ¡reas de diferentes Comunidades AutÃ³nomas. Los fuegos, en algunos casos, han afectado a la seguridad de las personas y sus bienes, ya que se han producido en zonas muy prÃ³ximas a nÃºcleos urbanos y viviendas en el Ã¡mbito rural, que, en ocasiones, han obligado a su desalojo. En otros casos, han llegado a afectar a importantes vÃ­as de comunicaciÃ³n.
TambiÃ©n, en los Ãºltimos dÃ­as, tormentas acompaÃ±adas de fuertes vientos y granizo han azotado con fuerza inusitada diversos territorios de nuestra geografÃ­a, destruyendo cosechas y cultivos, produciendo daÃ±os de todo tipo en infraestructuras de titularidad pÃºblica y en bienes de titularidad privada, tanto en viviendas como en explotaciones agrarias y ganaderas.
Los incendios se han declarado a lo largo de todo el territorio, pero han tenido especial repercusiÃ³n en algunas Comunidades AutÃ³nomas: en CataluÃ±a, principalmente en Tarragona; en AndalucÃ­a, especialmente en AlmerÃ­a y Granada; en AragÃ³n, sobre todo en Zaragoza y Teruel; en la Comunidad de Madrid; en Castilla-La Mancha, de especial relevancia los de Cuenca y Guadalajara; en Castilla y LeÃ³n, en Ãvila; en Extremadura, en CÃ¡ceres; en la Comunitat Valenciana, en CastellÃ³n; y en las Islas Canarias, en La Palma y Tenerife.
Por su parte, las tormentas han tenido especial repercusiÃ³n en Lleida y Huesca, aunque tambiÃ©n en algunas zonas de la RegiÃ³n de Murcia y de la Comunidad AutÃ³noma de Castilla-La Mancha.
Hay que destacar en la gestiÃ³n de estas emergencias el esfuerzo de todas las Administraciones implicadas y su ejemplar colaboraciÃ³n, asÃ­ como la participaciÃ³n de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, medios aÃ©reos y terrestres del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y de la Unidad Militar de Emergencias. Todos ellos, junto a las autoridades, bomberos, policÃ­as autonÃ³micas y locales, voluntarios, y con los recursos de las Administraciones autonÃ³micas y locales, han contribuido a que las consecuencias de estas catÃ¡strofes no hayan sido mayores. En este sentido, hay que reconocer la entrega, sacrificio y profesionalidad de quienes han dejado su vida en los trabajos de extinciÃ³n de los incendios.
La magnitud de estos hechos, y de sus consecuencias, obliga a los poderes pÃºblicos a adoptar medidas extraordinarias, en el marco del principio constitucional de solidaridad y por aplicaciÃ³n de los de equidad e igualdad de trato en relaciÃ³n con situaciones precedentes.
Se prevÃ©, asÃ­, en esta norma, un rÃ©gimen de ayudas especÃ­ficas, asÃ­ como la adopciÃ³n de un conjunto de medidas paliativas y compensatorias dirigidas a la reparaciÃ³n de los daÃ±os producidos en personas y bienes y a la recuperaciÃ³n de las zonas afectadas.
Por otra parte, las pÃ©rdidas de producciÃ³n ocasionadas por los incendios y las tormentas en los cultivos configuran, por la magnitud de los daÃ±os ocasionados, una situaciÃ³n de desastre natural, en los tÃ©rminos establecidos por las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario.
El objetivo de esta norma es, en consecuencia, aprobar un catÃ¡logo de medidas que afectan a diversos departamentos ministeriales y abarcan aspectos muy diferentes, desde las que se dirigen a disminuir las cargas tributarias hasta las que prevÃ©n la concesiÃ³n de crÃ©ditos privilegiados para intentar paliar el impacto en los ciudadanos y las empresas afectados.
Por ello, y con el fin de no demorar la aplicaciÃ³n inmediata de las medidas mÃ¡s perentorias, se ha procedido a dictar con carÃ¡cter de urgencia este Real Decreto-ley, dejando para un desarrollo posterior la habilitaciÃ³n de los crÃ©ditos adecuados, y en la cuantÃ­a necesaria, para la financiaciÃ³n de las medidas cuya naturaleza asÃ­ lo justifique.
En su virtud, en uso de la autorizaciÃ³n contenida en el artÃ­culo 86 de la ConstituciÃ³n, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de EconomÃ­a y Hacienda, del Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de PolÃ­tica Territorial, y de los Ministros y Ministras de Defensa, del Interior, de Fomento, de Trabajo e InmigraciÃ³n, de Industria, Turismo y Comercio, de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y de Vivienda, y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 13 de agosto de 2009,
1. Las medidas establecidas en este Real Decreto-ley se aplicarÃ¡n a las personas y bienes afectados por los incendios acaecidos durante los Ãºltimos dÃ­as del mes de junio, durante el mes de julio y primeros dÃ­as del mes de agosto de 2009 en aquellas Comunidades que hayan sufrido incendios forestales.
2. Igualmente, serÃ¡n de aplicaciÃ³n las referidas medidas a las consecuencias de la situaciÃ³n meteorolÃ³gica de fuertes tormentas acaecida en los primeros dÃ­as de agosto en las provincias de Lleida y Huesca, asÃ­ como en algunos puntos de la RegiÃ³n de Murcia y de Castilla-La Mancha.
3. Los tÃ©rminos municipales y nÃºcleos de poblaciÃ³n afectados a los que concretamente sean de aplicaciÃ³n las medidas aludidas se determinarÃ¡n por Orden del Ministro del Interior. A tal efecto, se podrÃ¡ entender tambiÃ©n incluidos aquellos otros tÃ©rminos municipales o nÃºcleos de poblaciÃ³n en los que, para la correcta ejecuciÃ³n de las obras necesarias, sean imprescindibles las actuaciones de los departamentos ministeriales competentes.
4. El Gobierno, mediante real decreto, podrÃ¡ declarar, con delimitaciÃ³n de los municipios y nÃºcleos de poblaciÃ³n afectados, la aplicaciÃ³n de las medidas previstas en este Real Decreto-ley a otros incendios y tormentas de caracterÃ­sticas similares que hayan acaecido o puedan acaecer, en cualquier Comunidad AutÃ³noma, desde el 1 de marzo hasta el 1 de noviembre de 2009.
ArtÃ­culo 2. Ayudas por daÃ±os personales, por daÃ±os materiales en enseres y las destinadas a establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, turÃ­sticos y de otros servicios.
1. Las ayudas previstas en este artÃ­culo se extienden a los casos de fallecimiento y a los supuestos de incapacidad causados directamente por los siniestros a que se refiere este Real Decreto-ley, y se rigen por lo dispuesto en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, modificado por el Real Decreto 477/2007, de 13 de abril, por el que se determinan las subvenciones en atenciÃ³n a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrÃ³fica, y se establece el procedimiento para su concesiÃ³n.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior, en cuanto a la aplicabilidad del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, al objeto de acreditar la titularidad sobre los inmuebles afectados por los siniestros se admitirÃ¡ como medio de prueba cualquier documento que demuestre dicho tÃ­tulo, tales como los recibos de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles u otros de anÃ¡loga naturaleza.
3. Las pÃ©rdidas de enseres serÃ¡n, igualmente, objeto de ayudas segÃºn lo establecido en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se determinan las subvenciones en atenciÃ³n a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrÃ³fica, y se establece el procedimiento para su concesiÃ³n.
4. Las solicitudes para la concesiÃ³n de estas ayudas se tramitarÃ¡n por las Delegaciones del Gobierno o las Subdelegaciones del Gobierno de la Comunidades AutÃ³nomas afectadas, se presentarÃ¡n en el tÃ©rmino de dos meses, contado a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, y serÃ¡n resueltas por el Ministro del Interior en el plazo de tres meses, contados desde la presentaciÃ³n de la solicitud.
ArtÃ­culo 3. RÃ©gimen aplicable a las ayudas a personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes; y rÃ©gimen de ayudas a Corporaciones Locales.
1. Las ayudas a las personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes se regirÃ¡n por lo dispuesto en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se determinan las subvenciones en atenciÃ³n a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrÃ³fica, y se establece el procedimiento para su concesiÃ³n.
2. Las ayudas a Corporaciones Locales por los gastos causados para hacer frente a estas situaciones de emergencia se regirÃ¡n por lo dispuesto en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se determinan las subvenciones en atenciÃ³n a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrÃ³fica, y se establece el procedimiento para su concesiÃ³n, sin que sea aplicable la limitaciÃ³n de la cuantÃ­a prevista en sus artÃ­culos 22 y 23.
3. Las solicitudes para la concesiÃ³n de las ayudas establecidas en este artÃ­culo se presentarÃ¡n en el tÃ©rmino de dos meses, contado a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
4. Las ayudas que se concedan en aplicaciÃ³n de lo previsto en este artÃ­culo y las concedidas en aplicaciÃ³n de lo previsto en el artÃ­culo 8, se financiarÃ¡n con cargo a los crÃ©ditos de los conceptos 461, 471, 472, 482, 761, 771 y 782 de la aplicaciÃ³n presupuestaria 16.01.134M Â«Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catÃ¡strofes u otros de reconocida urgenciaÂ», dotados con carÃ¡cter de ampliables, en el vigente presupuesto del Ministerio del Interior.
ArtÃ­culo 4. Ayudas excepcionales en materia de vivienda: para alquiler de viviendas si se hubiera producido la destrucciÃ³n total, asÃ­ como para la reparaciÃ³n, rehabilitaciÃ³n y reconstrucciÃ³n de las mismas.
1. SerÃ¡n beneficiarios de las ayudas excepcionales en materia de vivienda reguladas en el nÃºmero segundo de este artÃ­culo:
a) Los propietarios, los usufructuarios, arrendatarios o titulares de cualquier otro derecho de uso o disfrute con contrato en vigor, siempre que la vivienda destruida o daÃ±ada tenga la condiciÃ³n de residencia permanente y habitual con anterioridad a la producciÃ³n del siniestro.
b) Las Comunidades de Propietarios por daÃ±os en elementos comunes.
Los beneficiarios deberÃ¡n acreditar un nivel de ingresos inferior al lÃ­mite que se establezca reglamentariamente.
2. Las ayudas excepcionales se concederÃ¡n con cargo a la reserva no territorializada regulada en el artÃ­culo 20.3 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y RehabilitaciÃ³n 2009-2012.
3. Las ayudas para alquiler de viviendas se otorgarÃ¡n en los siguientes supuestos y cuantÃ­as:
a) Si como consecuencia del siniestro se hubiera producido la destrucciÃ³n total de la vivienda, o debido a su mal estado residual, hubiera sido precisa su demoliciÃ³n, las personas que ocuparan la vivienda como residencia habitual podrÃ¡n acceder a ayudas para facilitar el pago de la renta de una vivienda en rÃ©gimen de alquiler, de caracterÃ­sticas similares a la vivienda siniestrada, durante un perÃ­odo mÃ¡ximo de 24 meses, prorrogable, en su caso, hasta que sea posible la reconstrucciÃ³n de la vivienda o la disposiciÃ³n de una nueva, pudiendo admitirse otras fÃ³rmulas de realojamiento alternativas cuando asÃ­ resulte necesario.
b) En el supuesto de que la rehabilitaciÃ³n o reparaciÃ³n de la vivienda exija su desalojo, las personas que ocuparan la vivienda como residencia habitual podrÃ¡n acceder igualmente a las ayudas para facilitar el pago de la renta de una vivienda en rÃ©gimen de alquiler, de caracterÃ­sticas similares a la vivienda siniestrada, durante un perÃ­odo mÃ¡ximo de 12 meses, prorrogable, en su caso, hasta que sea posible la disposiciÃ³n de la vivienda.
c) Las tipologÃ­as de las ayudas y los colectivos que podrÃ¡n acceder a ellas son:
i. Los propietarios que ocuparan la vivienda destruida como residencia habitual podrÃ¡n acceder a ayudas para el pago de la renta de la vivienda de alquiler durante el periodo estipulado.
ii. Los usufructuarios, arrendatarios o titulares de cualquier otro derecho de uso o disfrute con contrato en vigor que ocuparan la vivienda destruida como residencia habitual, podrÃ¡n acceder a ayudas consistentes en el abono de la diferencia entre las rentas de la anterior y de la nueva vivienda, de caracterÃ­sticas anÃ¡logas a la vivienda siniestrada.
d) La cuantÃ­a mÃ¡xima que pueden alcanzar estas ayudas no podrÃ¡ superar el importe de 74,13 euros/m2/alquiler aÃ±o, por vivienda, y hasta un mÃ¡ximo de 6.671,7 euros/aÃ±o.
4. Las ayudas para la reparaciÃ³n, rehabilitaciÃ³n y reconstrucciÃ³n de viviendas se otorgarÃ¡n en los siguientes supuestos y cuantÃ­as:
a) En los supuestos en que, como consecuencia del siniestro, se hubiera producido la destrucciÃ³n total de la vivienda, sus propietarios, podrÃ¡n ser beneficiarios de una ayuda econÃ³mica para su reparaciÃ³n, rehabilitaciÃ³n y reconstrucciÃ³n, cuya cuantÃ­a quedarÃ¡ determinada, en su lÃ­mite mÃ¡ximo, por el 50% del valor de los daÃ±os producidos segÃºn la tasaciÃ³n pericial efectuada o ratificada por el Ã³rgano competente de la Comunidad AutÃ³noma, sin que en ningÃºn caso el importe de dicha ayuda pueda ser superior al 40% del precio de venta de una vivienda calificada de protecciÃ³n oficial de rÃ©gimen especial, ubicada en la misma localidad que la vivienda destruida. A los efectos del cÃ³mputo de dicho precio de venta, se supondrÃ¡ una superficie Ãºtil de la vivienda protegida de 90 metros cuadrados, sin trastero ni garaje.
b) Si la vivienda no hubiera resultado destruida, sino daÃ±ada, la cuantÃ­a mÃ¡xima de la ayuda econÃ³mica para su rehabilitaciÃ³n o reparaciÃ³n, bajo los mismos supuestos y los mismos lÃ­mites que los del pÃ¡rrafo anterior, serÃ¡ de 12.000 euros.
c) SerÃ¡n beneficiarios de estas ayudas previstas para la reconstrucciÃ³n, rehabilitaciÃ³n o reparaciÃ³n de una vivienda siniestrada:
i. Los propietarios, en proporciÃ³n a su porcentaje de participaciÃ³n sobre la propiedad de la vivienda siniestrada.
ii. Las comunidades de propietarios, por daÃ±os en elementos comunes, en cuyo caso el perceptor de la ayuda serÃ¡ el representante legal de la comunidad de propietarios.
5. Los particulares que soliciten las ayudas previstas en el nÃºmero anterior deberÃ¡n acreditar, por cualquier medio admisible en derecho, que reÃºnen los siguientes requisitos:
a) La vivienda siniestrada debÃ­a estar ocupada como residencia habitual al tiempo de producirse el incendio y ubicarse en alguno de los tÃ©rminos municipales incluidos en el Ã¡mbito del artÃ­culo 1 de este Real Decreto-ley.
b) Justificar, en su caso, el importe de los gastos generados por el arrendamiento que haya resultado necesario como consecuencia de la inhabitabilidad de la vivienda destruida o daÃ±ada.
c) Reunir la condiciÃ³n de propietario, usufructuario, arrendatario o titular de cualquier otro derecho de uso y disfrute en los tÃ©rminos que se determinan en este artÃ­culo.
d) Acreditar escasez de recursos econÃ³micos para hacer frente a los gastos objeto de las ayudas previstas en este artÃ­culo, de acuerdo con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
6. Las ayudas contempladas en este artÃ­culo tendrÃ¡n carÃ¡cter extraordinario y se regirÃ¡n en lo que al procedimiento de concesiÃ³n se refiere, por lo dispuesto en este Real Decreto-ley y en la orden ministerial que lo desarrolle.
ArtÃ­culo 5. Subvenciones por daÃ±os en infraestructuras municipales y red viaria de las Diputaciones provinciales y Cabildos insulares.
A los proyectos que ejecuten las Entidades Locales en los tÃ©rminos municipales y nÃºcleos de poblaciÃ³n a los que se hace referencia en el artÃ­culo anterior, relativos a las obras de reparaciÃ³n o restituciÃ³n de infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades, asÃ­ como de las redes de distribuciÃ³n y depÃ³sitos de agua de los Consejos Insulares de Agua, y a la red viaria de las Diputaciones Provinciales y Cabildos insulares, se les aplicarÃ¡ el trÃ¡mite de urgencia, pudiendo concedÃ©rseles por el Estado una subvenciÃ³n de hasta el 50 por ciento de su coste.
ArtÃ­culo 6. IndemnizaciÃ³n de daÃ±os en producciones agrÃ­colas y ganaderas.
1. Las indemnizaciones previstas en este artÃ­culo irÃ¡n destinadas a los titulares de las explotaciones agrÃ­colas o ganaderas que, teniendo pÃ³lizas en vigor amparadas por el correspondiente Plan de seguros agrarios combinados y estando ubicadas en el Ã¡mbito geogrÃ¡fico seÃ±alado en el artÃ­culo 1, hayan sufrido pÃ©rdidas superiores al 30 por ciento de su producciÃ³n, con arreglo a los criterios establecidos por la UniÃ³n Europea a este respecto.
2. SerÃ¡n objeto de indemnizaciÃ³n:
a) En las explotaciones ganaderas, las pÃ©rdidas producidas como consecuencia de los daÃ±os registrados sobre Ã¡reas de aprovechamiento ganadero, siempre y cuando los animales de dichas explotaciones estÃ©n asegurados en cualquiera de las lÃ­neas de seguros contenidas en dicho plan.
b) SerÃ¡n, igualmente, objeto de indemnizaciÃ³n los daÃ±os registrados en aquellas producciones agrÃ­colas y ganaderas para las que en las fechas del siniestro no se hubiese iniciado el perÃ­odo de contrataciÃ³n del correspondiente seguro, siempre y cuando se hubiese contratado dicho seguro en la campaÃ±a anterior.
c) Para las restantes producciones agrÃ­colas y ganaderas, que en el momento de producirse los daÃ±os dispusieran de pÃ³liza en vigor amparada por el sistema de seguros agrarios combinados, serÃ¡n indemnizados los daÃ±os que no fuesen garantizables mediante dicho sistema.
d) Por Ãºltimo, serÃ¡n objeto de indemnizaciÃ³n los daÃ±os originados por los siniestros en las producciones agrÃ­colas y ganaderas no incluidas en el vigente plan de seguros agrarios combinados, excepto en el caso de que dichas producciones estuviesen garantizadas por alguna otra modalidad de aseguramiento.
3. Las pÃ©rdidas registradas en las explotaciones ganaderas, como consecuencia de los daÃ±os producidos sobre Ã¡reas de aprovechamiento ganadero, serÃ¡n compensadas con unas indemnizaciones en concepto de gastos extraordinarios para la alimentaciÃ³n de los animales.
Para la determinaciÃ³n de la indemnizaciÃ³n en las producciones agrÃ­colas se valorarÃ¡n las pÃ©rdidas registradas sobre la producciÃ³n esperada en la campaÃ±a. Para el caso de producciones agrÃ­colas leÃ±osas se tendrÃ¡ en cuenta, ademÃ¡s, una compensaciÃ³n equivalente al coste de reposiciÃ³n de las plantaciones afectadas y la posible repercusiÃ³n que pudiera originarse en la cosecha de las prÃ³ximas campaÃ±as.
Para las restantes producciones, la indemnizaciÃ³n a percibir se determinarÃ¡ teniendo en cuenta, en la medida en que resulten aplicables, las condiciones y procedimientos establecidos en el sistema de seguros agrarios.
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en coordinaciÃ³n con las Comunidades AutÃ³nomas, establecerÃ¡ el procedimiento para la determinaciÃ³n de todas las indemnizaciones previstas en este punto y la cuantÃ­a mÃ¡xima de las mismas.
ArtÃ­culo 7. Beneficios fiscales.
1. Se concede la exenciÃ³n de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al ejercicio de 2009 que afecten a viviendas, establecimientos industriales, turÃ­sticos y mercantiles, explotaciones agrarias y forestales, locales de trabajo y similares, daÃ±ados como consecuencia directa de los siniestros, cuando se acredite que tanto las personas como los bienes en ellos ubicados hayan tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparaciÃ³n de los daÃ±os sufridos, o los destrozos en cosechas constituyan siniestros no cubiertos por ninguna fÃ³rmula de aseguramiento pÃºblico o privado.
2. Se concede una reducciÃ³n en el Impuesto sobre Actividades EconÃ³micas correspondiente al ejercicio de 2009 a las industrias de cualquier naturaleza, establecimientos mercantiles, turÃ­sticos y profesionales cuyos locales de negocio o bienes afectos a esa actividad hayan sido daÃ±ados como consecuencia directa de los siniestros, siempre que hubieran tenido que ser objeto de realojamiento o se hayan producido daÃ±os que obliguen al cierre temporal de la actividad. La indicada reducciÃ³n serÃ¡ proporcional al tiempo transcurrido desde el dÃ­a en que se haya producido el cese de la actividad hasta su reinicio en condiciones de normalidad, ya sea en los mismos locales, ya sea en otros habilitados al efecto, sin perjuicio de considerar, cuando la gravedad de los daÃ±os producidos dÃ© origen a ello, el supuesto de cese en el ejercicio de aquÃ©lla, que surtirÃ¡ efectos desde el dÃ­a 31 de diciembre de 2008.
3. Las exenciones y reducciones de cuotas en los tributos seÃ±alados en los apartados anteriores comprenderÃ¡n las de los recargos legalmente autorizados sobre los mismos.
4. Los contribuyentes que, teniendo derecho a los beneficios establecidos en los apartados anteriores, hubieren satisfecho los recibos correspondientes a dicho ejercicio fiscal, podrÃ¡n pedir la devoluciÃ³n de las cantidades ingresadas.
5. EstarÃ¡n exentas de las tasas del organismo autÃ³nomo Jefatura Central de TrÃ¡fico establecidas por la Ley 16/1979, de 2 de octubre, la tramitaciÃ³n de las bajas de vehÃ­culos solicitadas como consecuencia de los daÃ±os producidos por los siniestros, y la expediciÃ³n de duplicados de permisos de circulaciÃ³n o de conducciÃ³n destruidos o extraviados por dichas causas.
6. La disminuciÃ³n de ingresos en tributos locales que los anteriores apartados de este artÃ­culo produzcan en los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Cabildos insulares serÃ¡ compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo establecido en el artÃ­culo 9 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ArtÃ­culo 8. Reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias.
Para las explotaciones y actividades agrarias, realizadas en las zonas que determine la Orden que se dicte en desarrollo del artÃ­culo 1 de este Real Decreto-ley, y conforme a las previsiones contenidas en el apartado 4.1.Âº del artÃ­culo 37 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el apartado 3 del artÃ­culo 38 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda, a la vista de los informes del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, podrÃ¡ autorizar, con carÃ¡cter excepcional, la reducciÃ³n de los Ã­ndices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden EHA/3413/2008, de 26 noviembre, por la que se desarrollan, para el aÃ±o 2009, el mÃ©todo de estimaciÃ³n objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y el rÃ©gimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido.
ArtÃ­culo 9. Medidas laborales y de Seguridad Social.
1. Los expedientes de regulaciÃ³n de empleo que tengan su causa directa en los daÃ±os producidos por los acontecimientos catastrÃ³ficos seÃ±alados en los apartados 1 y 2 del artÃ­culo 1 del presente Real Decreto-ley, asÃ­ como en las pÃ©rdidas de actividad directamente derivadas de los mismos en el sector de la hostelerÃ­a y hospedaje que queden debidamente acreditados, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de provenientes de una situaciÃ³n de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artÃ­culos 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. En el primer supuesto, la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social podrÃ¡ exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudaciÃ³n conjunta mientras dure el perÃ­odo de suspensiÃ³n, manteniÃ©ndose la condiciÃ³n de dicho perÃ­odo como efectivamente cotizado por el trabajador. En los casos en que se produzca extinciÃ³n del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrÃ¡n a cargo del Fondo de GarantÃ­a Salarial, con los lÃ­mites legalmente establecidos.
En los expedientes en que se resuelva favorablemente la suspensiÃ³n de contratos o la reducciÃ³n temporal de la jornada de trabajo con base en circunstancias excepcionales, la autoridad laboral podrÃ¡ autorizar que el tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo, reguladas en el tÃ­tulo III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que traigan su causa inmediata de las catÃ¡strofes, no se compute a los efectos de consumir los perÃ­odos mÃ¡ximos de percepciÃ³n establecidos. Igualmente, podrÃ¡ autorizar que reciban prestaciones por desempleo aquellos trabajadores incluidos en dichos expedientes que carezcan de los perÃ­odos de cotizaciÃ³n necesarios para tener derecho a ellas.
2. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia, incluidos en cualquier rÃ©gimen de la Seguridad Social, podrÃ¡n solicitar y obtener, previa justificaciÃ³n de los daÃ±os sufridos, una moratoria de hasta un aÃ±o sin interÃ©s en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudaciÃ³n conjunta correspondientes a tres meses naturales consecutivos, a contar desde el anterior a la producciÃ³n del siniestro o, en el caso de trabajadores incluidos en el RÃ©gimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos, desde el mes en que aquÃ©l se produjo.
3. Los cotizantes a la Seguridad Social que tengan derecho a los beneficios establecidos en los apartados anteriores y hayan satisfecho las cuotas correspondientes a las exenciones o a la moratoria de que se trate podrÃ¡n pedir la devoluciÃ³n de las cantidades ingresadas, incluidos, en su caso, los intereses de demora, los recargos y costas correspondientes. Si el que tuviera derecho a la devoluciÃ³n fuera deudor a la Seguridad Social por cuotas correspondientes a otros perÃ­odos, el crÃ©dito por la devoluciÃ³n serÃ¡ aplicado al pago de deudas pendientes con aquÃ©lla en la forma que legalmente proceda.
4. Para llevar a cabo las obras de reparaciÃ³n de los daÃ±os causados, las Administraciones pÃºblicas y las entidades sin Ã¡nimo de lucro podrÃ¡n solicitar del servicio pÃºblico de empleo competente la adscripciÃ³n de trabajadores perceptores de las prestaciones por desempleo para trabajos de colaboraciÃ³n social, de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 213.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
ArtÃ­culo 10. RÃ©gimen de contrataciÃ³n.
1. A los efectos prevenidos en el artÃ­culo 97 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector PÃºblico, podrÃ¡n tener la consideraciÃ³n de obras, servicios o suministros de emergencia, previo el correspondiente acuerdo del Ã³rgano de contrataciÃ³n previsto en el apartado 1.a) del citado artÃ­culo, los contratos de reparaciÃ³n o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios, asÃ­ como las obras de reposiciÃ³n de bienes perjudicados por la catÃ¡strofe, cualquiera que sea su cuantÃ­a.
2. Se declara urgente la ocupaciÃ³n de los bienes afectados por las expropiaciones derivadas de la realizaciÃ³n de las obras a que se refiere este artÃ­culo, a los efectos establecidos en el artÃ­culo 52 de la Ley de ExpropiaciÃ³n Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
3. Para la tramitaciÃ³n de expedientes de contrataciÃ³n de obras no incluidas en el artÃ­culo 110.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector PÃºblico, se dispensarÃ¡ del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, sin perjuicio de que su ocupaciÃ³n efectiva deberÃ¡ ir precedida de la formalizaciÃ³n del acta de ocupaciÃ³n.
Se instruye al Instituto de CrÃ©dito Oficial (ICO), en su condiciÃ³n de agencia financiera del Estado, para instrumentar una lÃ­nea de prÃ©stamos por importe de 25 millones de euros, que podrÃ¡ ser ampliada por el Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda en funciÃ³n de la evaluaciÃ³n de los daÃ±os y de la demanda consiguiente, utilizando la mediaciÃ³n de las entidades financieras con implantaciÃ³n en las comunidades autÃ³nomas afectadas, con las que se suscribirÃ¡n los oportunos convenios de colaboraciÃ³n.
Estas lÃ­neas de prÃ©stamo, que tendrÃ¡n como finalidad financiar la reparaciÃ³n o reposiciÃ³n de instalaciones y equipos industriales y mercantiles, agrÃ­colas, forestales, ganaderos y de regadÃ­o, automÃ³viles, motocicletas y ciclomotores de uso particular, vehÃ­culos comerciales, maquinaria agrÃ­cola y locales de trabajo de profesionales que se hayan visto daÃ±ados como consecuencia de los siniestros, se materializarÃ¡n en operaciones de prÃ©stamo concedidas por dichas entidades financieras, cuyas caracterÃ­sticas serÃ¡n:
a) Importe mÃ¡ximo: El del daÃ±o evaluado por la DelegaciÃ³n del Gobierno respectiva o, en su caso, por el Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, descontado, en su caso, el importe del crÃ©dito que hayan podido suscribir con cargo a lÃ­neas de crÃ©dito preferenciales establecidas por iniciativa de la respectiva Comunidad AutÃ³noma.
b) Plazo: Cinco aÃ±os, con uno de carencia, en su caso.
c) InterÃ©s: El tipo de cesiÃ³n por el ICO a las entidades financieras serÃ¡ del 1,50 %TAE, con un margen mÃ¡ximo de intermediaciÃ³n para Ã©stas del 0,50 %. En consecuencia, el tipo final mÃ¡ximo para el prestatario serÃ¡ del dos por ciento TAE.
d) TramitaciÃ³n: Las solicitudes serÃ¡n presentadas en la entidad financiera mediadora, la cual decidirÃ¡ sobre la concesiÃ³n del prÃ©stamo, y serÃ¡ a su cargo el riesgo de la operaciÃ³n.
e) Vigencia de la lÃ­nea: El plazo para la disposiciÃ³n de fondos terminarÃ¡ el 31 de diciembre de 2009.
La instrumentaciÃ³n de la lÃ­nea de prÃ©stamos a que se refiere este artÃ­culo se llevarÃ¡ a cabo por el ICO, en el ejercicio de las funciones a que se refiere la disposiciÃ³n adicional sexta.dos.2.a) del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, y, en su virtud, el quebranto que para el ICO suponga el diferencial entre el coste de mercado de la obtenciÃ³n de los recursos y el tipo antes citado del 1,50 % serÃ¡ cubierto con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Se faculta al Ministro de PolÃ­tica Territorial para proponer el pago de las subvenciones derivadas de daÃ±os en infraestructuras y equipamientos municipales y red viaria de las diputaciones provinciales, en la parte que financie la AdministraciÃ³n General del Estado, hasta el importe mÃ¡ximo que se determine en los reales decretos de desarrollo, una vez efectuadas las valoraciones de daÃ±os.
Tales subvenciones se atenderÃ¡n con cargo al crÃ©dito que a estos efectos se habilite, con el carÃ¡cter de incorporable, en los presupuestos de dicho departamento. De conformidad con lo establecido en el artÃ­culo 50.1.b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el crÃ©dito que se habilite se financiarÃ¡ con Fondo de contingencia, cuya autorizaciÃ³n corresponderÃ¡ al Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de EconomÃ­a y Hacienda.
De igual modo, se faculta al titular del Ministerio de PolÃ­tica Territorial para establecer el procedimiento para la concesiÃ³n de las mencionadas subvenciones, asÃ­ como su seguimiento y control, en el marco de la cooperaciÃ³n econÃ³mica del Estado a las inversiones de las Entidades Locales.
ArtÃ­culo 13. Actuaciones de restauraciÃ³n forestal y medioambiental en las Comunidades AutÃ³nomas afectadas.
1. Se faculta a la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino para declarar zona de actuaciÃ³n especial para la restauraciÃ³n forestal y medioambiental de las zonas afectadas y para declarar la emergencia de las obras a ejecutar por dicho Departamento, en las siguientes materias:
a) RestauraciÃ³n hidrolÃ³gico forestal, control de la erosiÃ³n y desertificaciÃ³n, asÃ­ como trabajos complementarios, en los espacios forestales incendiados para mitigar los posibles efectos de posteriores lluvias.
b) ColaboraciÃ³n para la recuperaciÃ³n y regeneraciÃ³n ambiental de los efectos producidos por los incendios forestales en los espacios de la Red Natura 2000, en particular en los tipos de hÃ¡bitats de interÃ©s comunitario y en los hÃ¡bitats donde existan especies de interÃ©s comunitario, endemismos o especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en RÃ©gimen de ProtecciÃ³n Especial.
d) ColaboraciÃ³n en el tratamiento para control de plagas en las masas forestales.
e) RestauraciÃ³n de infraestructuras rurales de uso general, asÃ­ como de caminos naturales y vÃ­as verdes.
2. A los efectos de las declaraciones citadas en el apartado anterior, serÃ¡ necesario que la superficie forestal afectada por el siniestro reÃºna alguna de las siguientes caracterÃ­sticas:
a) Que sea superior a 5.000 hectÃ¡reas.
b) Que sea superior a 1.000 hectÃ¡reas, de las cuales mÃ¡s del 70 por ciento sea de superficie forestal arbolada.
c) Que sea superior a 500 hectÃ¡reas que estÃ©n incluidas en lugares de la Red Natura 2000 y que afecten a municipios que aporten al menos el 50 por ciento de su tÃ©rmino municipal a dicha Red.
d) En el territorio insular, las superficies exigidas anteriormente serÃ¡n las siguientes: En el pÃ¡rrafo a) 2.500 hectÃ¡reas; en el pÃ¡rrafo b), 500 hectÃ¡reas; y en el pÃ¡rrafo c), 250 hectÃ¡reas.
3. Todas o parte de estas actuaciones podrÃ¡n ser objeto de Convenio con las Comunidades AutÃ³nomas afectadas.
1. El respectivo Delegado del Gobierno en la Comunidad AutÃ³noma afectada podrÃ¡ solicitar del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, para una mÃ¡s correcta evaluaciÃ³n de los daÃ±os no personales, las correspondientes valoraciones necesarias conforme a los artÃ­culos 8 y 9 de este Real Decreto-ley, siempre que no afecten a bienes de titularidad pÃºblica.
2. El Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros tendrÃ¡ derecho al abono por parte de la AdministraciÃ³n General del Estado de los trabajos de peritaciÃ³n conforme al baremo de honorarios profesionales que dicho Consorcio tuviese aprobado para sus peritos tasadores de seguros.
3. Para facilitar la tramitaciÃ³n de las ayudas y la valoraciÃ³n de los daÃ±os, la AdministraciÃ³n competente y el Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros podrÃ¡n transmitirse los datos sobre beneficiarios de las ayudas e indemnizaciones que concedan, sus cuantÃ­as respectivas y los bienes afectados.
4. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y el Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros estudiarÃ¡n, conjuntamente, la posibilidad de establecer un sistema de compensaciÃ³n de las pÃ©rdidas causadas por los incendios forestales en las instalaciones y medios de producciÃ³n de las explotaciones agrarias. Dicho sistema serÃ­a complementario de la cobertura ofrecida por las entidades aseguradoras.
El valor de las ayudas concedidas en aplicaciÃ³n de este Real Decreto-ley, en lo que a daÃ±os materiales se refiere, no podrÃ¡ superar en ningÃºn caso la diferencia entre el valor del daÃ±o producido y el importe de otras ayudas o indemnizaciones declaradas compatibles o complementarias que, por los mismos conceptos, pudieran concederse por otras Administraciones pÃºblicas, o correspondieran en virtud de la existencia de pÃ³lizas de aseguramiento.
La reparaciÃ³n de los daÃ±os en los bienes de titularidad estatal, asÃ­ como las indemnizaciones que se concedan por daÃ±os en producciones agrÃ­colas y ganaderas, se financiarÃ¡n con cargo a los presupuestos de los respectivos departamentos ministeriales; a estos efectos, se realizarÃ¡n las transferencias de crÃ©dito que sean necesarias, sin que resulten de aplicaciÃ³n las limitaciones contenidas en el artÃ­culo 52.1.a de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto de la realizaciÃ³n de transferencias de crÃ©dito desde operaciones de capital a operaciones corrientes.
DisposiciÃ³n adicional tercera. Actuaciones con cargo a crÃ©ditos financiados con el Fondo de Contingencia de ejecuciÃ³n presupuestaria.
SerÃ¡n financiadas con cargo al Fondo de Contingencia de ejecuciÃ³n presupuestaria las ayudas contempladas en los artÃ­culos 2 y 9.4, las subvenciones contenidas en el artÃ­culo 12 y los Convenios con las Comunidades AutÃ³nomas afectadas que se prevÃ©n en el apartado segundo del artÃ­culo 13 del presente Real Decreto-ley.
DisposiciÃ³n adicional cuarta. Actuaciones en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio del Interior.
Para atender los gastos ocasionados a la Unidad Militar de Emergencia por la extinciÃ³n de los incendios acaecidos en las Comunidades AutÃ³nomas a las que se refiere el artÃ­culoÂ 1 de este Real Decreto-Ley, el Gobierno, a propuesta de la Ministra de EconomÃ­a y Hacienda, habilitarÃ¡ los crÃ©ditos necesarios en el presupuesto del Ministerio de Defensa, de conformidad con lo previsto en los artÃ­culos 50 y 55 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Asimismo, para atender a los gastos incurridos por el Ministerio del Interior en las labores de extinciÃ³n de los incendios, el Gobierno, a propuesta de la Ministra de EconomÃ­a y Hacienda, habilitarÃ¡ los crÃ©ditos necesarios en el presupuesto del Ministerio del Interior, de conformidad con lo previsto en los artÃ­culos 50 y 55 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
DisposiciÃ³n adicional quinta. Actuaciones en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Para facilitar el despacho de medios del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, desde la PenÃ­nsula a las Islas Canarias se impulsarÃ¡ la ampliaciÃ³n del Protocolo de ColaboraciÃ³n existente entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino trabajarÃ¡ para la mejora del despacho de medios extraordinarios de este Departamento desde la PenÃ­nsula a las Islas Canarias, poniendo en marcha los mecanismos de colaboraciÃ³n necesarios con los Ministerios afectados.
DisposiciÃ³n adicional sexta. Anticipos de ayudas vinculadas a determinados prÃ©stamos para la mejora y modernizaciÃ³n de estructuras agrarias.
En los tÃ©rminos municipales afectados de acuerdo con el artÃ­culo 1, con carÃ¡cter preferente, podrÃ¡ efectuarse el pago anticipado del importe total de las ayudas de minoraciÃ³n de anualidades de amortizaciÃ³n del principal de los prÃ©stamos acogidos al Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernizaciÃ³n de las estructuras de producciÃ³n de las explotaciones agrarias, de aquellos expedientes de los que se disponga de la correspondiente certificaciÃ³n final de cumplimiento de compromisos y realizaciÃ³n de inversiones.
DisposiciÃ³n adicional sÃ©ptima. Convenios con otras Administraciones pÃºblicas.
La AdministraciÃ³n General del Estado podrÃ¡ celebrar los convenios de colaboraciÃ³n que requiera la aplicaciÃ³n del presente Real Decreto-ley con los Ã³rganos competentes de las Comunidades AutÃ³nomas y las Corporaciones Locales afectadas.
DisposiciÃ³n adicional octava. RÃ©gimen de las cooperativas agrarias situadas en las zonas afectadas.
Las cooperativas agrarias que tengan su domicilio fiscal en los Ã¡mbitos territoriales, a los que sea de aplicaciÃ³n este Real Decreto-ley, y cuya actividad haya resultado directamente afectada por los daÃ±os producidos por las catÃ¡strofes, tendrÃ¡n el siguiente rÃ©gimen respecto de las operaciones realizadas por terceros no socios, dentro del aÃ±o 2009, cualquiera que sea el inicio de los periodos impositivos que completen dicho plazo:
a) No serÃ¡ de aplicaciÃ³n el lÃ­mite mÃ¡ximo a que se refiere el apartado 4 del artÃ­culo 93 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
b) No serÃ¡ de aplicaciÃ³n el lÃ­mite mÃ¡ximo a que se refiere el apartado 10 del artÃ­culo 13 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre rÃ©gimen fiscal de las cooperativas, sin que ello determine la pÃ©rdida de la condiciÃ³n de cooperativa especialmente protegida, sin perjuicio de que Ã©stas operaciones determinen rendimientos extra cooperativos.
c) Dichos lÃ­mites serÃ¡n aplicables para las operaciones cooperativizadas con terceros no socios realizadas durante el resto del periodo impositivo que, en su caso, no estÃ© comprendido dentro del aÃ±o 2009.
DisposiciÃ³n adicional novena. ComisiÃ³n Interministerial de seguimiento de las medidas de apoyo a damnificados.
1. Se crea una ComisiÃ³n interministerial para la aplicaciÃ³n de las medidas de apoyo establecidas en este Real Decreto-ley coordinada por la DirecciÃ³n General de ProtecciÃ³n Civil y Emergencias, e integrada por los representantes de los Ministerios de Presidencia, de EconomÃ­a y Hacienda, de Defensa, del Interior, de Fomento, de Trabajo e InmigraciÃ³n, de Industria, Turismo y Comercio, de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, de PolÃ­tica Territorial y de Vivienda, asÃ­ como por el Delegado del Gobierno en las Comunidades AutÃ³nomas afectadas, por un representante del Instituto de CrÃ©dito Oficial y por un representante del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros.
2. El seguimiento de las medidas de apoyo previstas en este Real Decreto-ley se llevarÃ¡ a cabo por la ComisiÃ³n a que se refiere el apartado anterior, en coordinaciÃ³n con las autoridades de las Comunidades AutÃ³nomas, a travÃ©s de las respectivas Delegaciones del Gobierno.
3. Antes del 31 de julio del aÃ±o 2010, la ComisiÃ³n interministerial elaborarÃ¡ un informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en ejecuciÃ³n del presente Real Decreto-ley.
Este Real Decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los artÃ­culos 149,1.7Âª, 149,1.17.Âª, 149,1.23.Âª y 149,1.29.Âª de la ConstituciÃ³n, sin perjuicio de las medidas adicionales y de mayor protecciÃ³n que hayan adoptado o puedan adoptar las Comunidades AutÃ³nomas afectadas.
El presente Real Decreto-ley entrarÃ¡ en vigor el mismo dÃ­a de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ».

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