Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-428-17.htm
Timestamp: 2019-07-19 10:41:30+00:00

Document:
T-428-17
Sentencia T-428/17
LEGITIMACION POR ACTIVA DE PERSONERO MUNICIPAL PARA INTERPONER ACCION DE TUTELA-Caso en que se solicita a Personera interponer tutela contra EPS por la vulneración del derecho a la dignidad humana a causa de las dificultades en el sistema de adjudicación de turnos
Es importante resaltar que la jurisprudencia constitucional no ha admitido que frente a derechos fundamentales, como serían la salud y la dignidad, resulte procedente la acción popular cuando estén siendo afectados masivamente. La interpretación de esta Corporación ha sido en sentido contrario, es decir, que es posible acudir a la acción de tutela en el evento que una situación, en el marco de un interés colectivo, lesione un derecho fundamental. Para la Corte es “lógico que la acción de tutela fuera procedente en los eventos en que la vulneración de un derecho colectivo afectara o pusiera en peligro un derecho fundamental del actor, pues realmente la persona no contaba con otro mecanismo judicial de defensa eficaz”.
FUNCION JURISDICCIONAL POR SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD-Procedimiento
REGLAS JURISPRUDENCIALES EN MATERIA DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA FRENTE AL PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
La Corte ha señalado que la existencia de un mecanismo ordinario, como sería en este caso el trámite ante la Superintendencia Nacional de Salud, no significa que la acción de tutela no esté llamada a prosperar. Sin embargo, tiene que configurarse alguna de las dos situaciones excepcionales fijadas en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991: “(i) para evitar el acontecimiento de un perjuicio irremediable, caso en el cual procede la tutela como mecanismo transitorio, y (ii) el medio de defensa judicial ordinario no resulta idóneo ni eficaz para la protección de los derechos fundamentales invocados tutelarmente y, en consecuencia, la acción de amparo procede como mecanismo definitivo”.
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD EN MATERIA DE SALUD-Improcedencia de tutela por cuanto mecanismo jurisdiccional ante la Superintendencia de Salud es idóneo
Referencia: Expediente T-6.020.407
Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Carlos Bernal Pulido y la Magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
1.3. El 1 de julio de 2016, la EPS ASMET SALUD respondió que contaba con 14.652 usuarios activos, los cuales eran atendidos por 3 funcionarias. Dos gestoras que se encargaban, fundamentalmente, de las afiliaciones y la puesta en marcha del aplicativo de autorizaciones. Además de la funcionaria de gestión de riesgo que atendía a las personas pertenecientes a grupos prioritarios. Con tal personal, afirmó la EPS, el servicio se presta normalmente, sin embargo, los usuarios madrugan para ser rápidamente atendidos.
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer esta acción de tutela, con fundamento en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, 31 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del Auto del dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017), proferido por la Sala de Selección Número Tres, que escogió el expediente para revisión.
Planteada así la situación, esta Corporación abordará (i) el estudio de la procedencia de la acción de tutela respecto del requisito de legitimación por activa y, con posterioridad, (ii) expondrá las principales pautas frente al principio de subsidiariedad, relacionando los medios ordinarios indicados por los jueces de instancia. Sólo si la demanda cumple con los requisitos señalados se procederá a un pronunciamiento de fondo.
1.1. En primer lugar, el artículo 86 de la Constitución Política faculta a toda persona para que reclame, no solo por sí misma sino a través de otro, que en todo caso actúa a su nombre, la tutela inmediata de sus derechos fundamentales. Es más, el Decreto 2591 de 1991, en su artículo 10, que desarrolla este precepto constitucional, expresamente estableció que el Defensor del Pueblo y los personeros municipales podrían formular la acción de amparo en todos los casos autorizados por la ley.[2]
El artículo 49 del Decreto 2591 de 1991, también faculta a los personeros municipales para presentar la acción de tutela “en su calidad de defensores en la respectiva entidad territorial y por delegación expresa del Defensor del Pueblo”. Sobre el particular, nótese que desde las Resoluciones No. 396 de 2003 y 638 de 2008, la Defensoría del Pueblo delegó el litigio de las acciones de amparo a los personeros, siempre que se acredite “que el afectado se encuentra en estado de indefensión o desamparo o que no puede promover su propia defensa”.
1.2. Igualmente, la Corte Constitucional ha sostenido que los personeros municipales gozan de la potestad para incoar la acción de amparo no solo por el referido mandato legal, sino por su obligación constitucional de salvaguarda y promoción de los derechos humanos (Art. 188).[3] Su función, entonces, es representar los intereses de toda la sociedad frente a la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales, a través del ejercicio inmediato y responsable de los mecanismos constitucionales, entre ellos, la acción de tutela.
Aun cuando el personero presenta la acción de tutela en el marco de sus funciones legales y constitucionales, este Tribunal ha sostenido que no hay una procedencia automática de la misma. Al contrario, estas personas estarán facultadas para representar judicialmente a terceros, siempre que se configure alguna de las siguientes condiciones[4]:
Primera, el titular solicita a la Defensoría del Pueblo o la Personería Municipal la defensa de sus derechos fundamentales. Este primer supuesto habilitante para la interposición de la acción de tutela exige que en el proceso se encuentre acreditado, así sea sumariamente, que la persona víctima de la amenaza o vulneración de los derechos constitucionales presentó alguna petición, verbal o escrita, por correo certificado o electrónico, con el objetivo de promover la intervención del Personero o el Defensor del Pueblo, ante la actuación u omisión de las entidades públicas o particulares.[5]
Segunda, “La persona no pueda promover directamente su propia defensa, por hallarse en una situación de desamparo e indefensión”.[6] Significa, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que la persona no cuenta con los medios físicos ni jurídicos para promover la defensa de sus derechos fundamentales, a lo que se suma la sensación de impotencia frente a una conducta, pública o privada, que tiene la potencialidad de hacer sentir a la persona que no puede hacer nada por ella misma.[7] Así, “la persona depende literalmente de la otra en el orden fáctico, de tal modo que le resulta imposible evitar que lleve a cabo los actos violatorios o que cese en la omisión que repercute en la lesión de la cual se queja.”[8]
En el presente caso está demostrado que las actuaciones previas, tuvieron origen en la solicitud de un usuario, señor Edwin González, quien a través de correo electrónico, requirió la “intervención” de la Personería Municipal de Quimbaya. Adicionalmente, en la solicitud a la personería adjuntó prueba fotográfica de su inconformidad, relacionando distintas filas delante de la sede administrativa de la EPS.[9] Por su parte, la Personera realizó visita a la EPS ASMET SALUD el 09 de agosto de 2016 donde evidenció la situación denunciada (supra hechos 1.6.).
1.4. De otro lado, la Personera cumple con un requisito adicional fijado por esta Corporación: que el Defensor del Pueblo o sus delegados hayan instaurado la acción de tutela a nombre de personas determinadas o determinables.[10] Dicho de otro modo, cuando una persona busca la defensa de derechos constitucionales ajenos, la Corte ha manifestado que resulta fundamental individualizar e identificar plenamente a los sujetos a cuyo favor se actúa, o que los mismos resulten determinables a la hora de analizar la situación fáctica expuesta al juez de tutela. Lo anterior, dado que la acción de amparo, como mecanismo que asegura el goce efectivo de los derechos, impone órdenes de índole constitucional que se caracterizan por ser directas, inmediatas y concretas y, en ese sentido, requieren la plena identificación de los sujetos procesales.
Esta individualización no implica que la acción de tutela sea incompatible con la protección de derechos fundamentales de un número plural de personas, sino que procede este mecanismo “cuando cada una de ellas es identificable e individualizable y, por ende, podría reclamar, en forma autónoma, el amparo de sus derechos amenazados o vulnerados.”[11]
Aunque podría afirmarse que la presente acción de tutela está dirigida a proteger derechos fundamentales de sujetos indeterminados, pues en la demanda la actora no relacionó a cada uno de los usuarios de la EPS ASMET SALUD del municipio de Quimbaya, para la Corporación está claro que el mecanismo se instauró a nombre de personas determinables y, por lo tanto, resulta válida la legitimación expuesta por la Personera. Hasta donde se infiere, la acción de amparo se dirige a defender a un número plural de sujetos que se pueden individualizar e identificar fácilmente, pues se trata de la población afiliada a la EPS, y la cual está registrada en los sistemas de datos de la entidad. Adicionalmente, la Personera adjuntó unos listados preliminares de sujetos afectados, como resultado de la visita de verificación a la EPS, con los que también se puede identificar a parte de la población objeto de amparo.[12]
Así lo ha sostenido la Corte cuando afirma que “el derecho individual a recibir un determinado tratamiento no se convierte en colectivo por el hecho de ser reclamado al mismo tiempo por varias personas. De igual forma, un derecho colectivo no deja de ser tal, en razón a que sólo sea reclamado por una sola persona”.[13] En otras palabras, un derecho no cambia su naturaleza por el número de personas que exijan su satisfacción.
Esta posición ha sido reiterada en la Sentencia T-896A de 2006[14], momento en el cual la Corte analizó la situación de los internos recluidos en el establecimiento carcelario y penitenciario de Acacias (Meta). Particularmente, afirmó que la tutela es compatible con la pretensión de defensa de los derechos fundamentales de un número plural de personas, siempre que los mismos sean individualizables y materializables. De manera similar, en el Auto 197 de 2009[15], la Corporación aclaró la distinción entre la acción de tutela y acción popular, cuando se debate la protección de varios sujetos de derechos. Así, consideró que “cuando la prestación obligacional que va ínsita en la sentencia que protege el derecho no se puede dividir y por tanto, beneficia de manera unitaria a toda la colectividad, se está en presencia de una acción popular; por el contrario, cuando las resultas de la sentencia son divisibles y apropiables individualmente, se está en presencia de una acción de grupo o de una individual.”
2.1.2. Así mismo, se concluye que este caso no se trata de una acción popular acerca de un derecho o interés colectivo propiamente dicho, sino más bien una acumulación de pretensiones individuales de los usuarios de la EPS. Lo anterior, en concordancia con las Sentencias T-028 de 1994[16] y T-1189 de 2003[17], que han sostenido que cuando una determinada situación afecta a un número plural de personas, todas ellas identificables, no estamos ante un interés colectivo objeto de la acción popular, sino frente a situaciones particulares que pueden ser acumulables.
2.1.3. Adicionalmente, de conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política, el daño o amenaza al interés común se ha asociado con supuestos fácticos disímiles al objeto del presente amparo constitucional. Por lo general, a través del mecanismo popular se analizan casos vinculados “al patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica” y que, en consecuencia, difieren de la solicitud actual, la cual se relacionado con la atención en salud en términos de oportunidad y accesibilidad, principalmente.[18]
2.1.4. Por último, es importante resaltar que la jurisprudencia constitucional no ha admitido que frente a derechos fundamentales, como serían la salud y la dignidad, resulte procedente la acción popular cuando estén siendo afectados masivamente. La interpretación de esta Corporación ha sido en sentido contrario, es decir, que es posible acudir a la acción de tutela en el evento que una situación, en el marco de un interés colectivo, lesione un derecho fundamental. Para la Corte es “lógico que la acción de tutela fuera procedente en los eventos en que la vulneración de un derecho colectivo afectara o pusiera en peligro un derecho fundamental del actor, pues realmente la persona no contaba con otro mecanismo judicial de defensa eficaz”.[19] En el presente caso estamos en el segundo supuesto, pues se trata de derechos fundamentales y, por lo tanto, el mecanismo no podría ser la acción popular.
2.2.1. Ante todo, cabe resaltar el rol que cumple la Superintendencia respecto del funcionamiento del sistema general de seguridad social en salud. Desde la Sentencia C-921 de 2001[20], la Corte Constitucional hizo énfasis en el deber que tiene el Estado colombiano de dirigir y coordinar la prestación del servicio público de salud, labor que se ha venido cumpliendo por intermedio de la Superintendencia. Su papel, entonces, es ser la entidad que asegura “la prestación oportuna, permanente y eficiente del servicio de seguridad social en salud y lograr que los recursos destinados a su financiación se utilicen exclusivamente para tales fines.”
La vigilancia, consiste en la atribución de la Superintendencia Nacional de Salud para advertir, prevenir, orientar, asistir y propender porque las entidades encargadas del financiamiento, aseguramiento, prestación del servicio de Salud, atención al usuario, participación social y demás sujetos de vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, cumplan con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud para el desarrollo de éste.
2.2.3. A partir de estos elementos, además, se ha definido un ámbito amplio de aplicación de la función de vigilancia, control e inspección de la Superintendencia Nacional de Salud, cubriendo asuntos como los planteados en esta oportunidad. Así, si se examina el Decreto 2462 de 2013, última reestructuración de la entidad, en la Superintendencia se fijó como un objetivo “el inspeccionar, vigilar y controlar que la prestación de los servicios de salud individual y colectiva, se haga en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, en las fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación en los diferentes planes de beneficios, (…)” (Negrilla por fuera del texto).[21]
Al respecto, es importante resaltar que la Superintendencia Nacional de Salud tiene amplias facultades que van desde la investigación, evaluación, adopción de medidas correctivas, coercitivas o sancionatorias, hasta el seguimiento a las fallas administrativas detectadas. Así lo entendió la Corte en la Sentencia C-936 de 2011[22], oportunidad en la que señaló que “las funciones de inspección, vigilancia y control consisten en (i) el seguimiento, monitoreo y evaluación del SGSSS, (ii) la formulación de recomendaciones para advertir, prevenir, orientar, asistir y propender porque las entidades del sistema cumplan con sus deberes y funciones y, finalmente, (iii) la toma de decisiones correctivas y la imposición de sanciones por incumplimiento por acción u omisión, entre otros.”
2.2.5. Queda igualmente claro que la entidad para adoptar su decisión debe regirse por la normatividad vigente, y en esa medida buscar garantizar los derechos de la población usuaria, así como el derecho al debido proceso y la defensa. En este sentido, la Corte Constitucional ha indicado que la Superintendencia está obligada a respetar el derecho a la defensa, contradicción y doble instancia, emitiendo así una decisión imparcial, objetiva y oportuna.[23]
2.2.6. La Superintendencia Nacional de Salud también cuenta con el conocimiento especializado sobre las obligaciones en cabeza de las entidades que hacen parte del sistema de seguridad social en salud.[24] A la vez que ha designado órganos específicos con los cuales puede cumplir a cabalidad con la función de inspección, vigilancia y control. Para ilustrar, a través del Decreto 2462 de 2013, se crearon las delegadas para la protección al usuario, para la supervisión institucional y de procesos administrativos, que vigilan tanto a las EPS, como la prestación de servicios médicos en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad.
La Corte ha señalado que la existencia de un mecanismo ordinario, como sería en este caso el trámite ante la Superintendencia Nacional de Salud, no significa que la acción de tutela no esté llamada a prosperar. Sin embargo, tiene que configurarse alguna de las dos situaciones excepcionales fijadas en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991:[25] “(i) para evitar el acontecimiento de un perjuicio irremediable, caso en el cual procede la tutela como mecanismo transitorio, y (ii) el medio de defensa judicial ordinario no resulta idóneo ni eficaz para la protección de los derechos fundamentales invocados tutelarmente y, en consecuencia, la acción de amparo procede como mecanismo definitivo”.[26] En este caso la parte actora no demostró ninguno de los supuestos fácticos referidos.
De no concurrir las circunstancias de necesidad o urgencia, es decir, que no se evidencie la configuración de elementos que ponen en riesgo la vida, salud e integridad de las personas, esta Corte ha sostenido que no pueden desestimarse los mecanismos ordinarios, como aquellos contemplados en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud.[27]
Bajo esta línea, la Corte ha considerado que la acción de tutela será el medio idóneo y eficaz para la protección del derecho a la salud cuando “esté comprometido gravemente el acceso a los servicios en términos de continuidad, eficiencia y oportunidad.”[28] En estos casos los mecanismos ordinarios, como sucede con la función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud, no desplaza a la acción de tutela,[29] ya que el nivel de intensidad o trasgresión del derecho es tan profundo que conlleva la necesidad de proteger directa e inmediatamente al actor.[30] La gravedad de la vulneración del derecho a la salud está asociado, por lo tanto, a la demostración de “circunstancias en las cuales está en riesgo la vida, la salud o la integridad de las personas.”[31]
2.3.2. Tampoco se demostró que el mecanismo ordinario no fuera idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales invocados tutelarmente.[32] La Corte Constitucional ha afirmado que la vulneración del derecho fundamental a la salud no se da en abstracto, ni de forma hipotética, sino que requiere la demostración de una limitación cierta y efectiva del derecho. De esta manera, el ejercicio de la acción de tutela estará condicionado a la presentación de “una situación concreta de violación o amenaza de violación de los derechos fundamentales, cuya autoría debe ser atribuida a cualquier autoridad pública o, en ciertos eventos definidos por la ley, a sujetos particulares.”[33]
Un caso en concreto, ha manifestado esta Corporación, permite analizar si la vía ordinaría brinda la protección integral que la persona requiere, o la necesidad de amparo constitucional por la ocurrencia de un perjuicio irremediable.[34] No puede ser de otra manera, teniendo en cuenta que la vía de resolución del caso debe ofrecer una solución integral frente al derecho comprometido.[35] Es por lo anterior que la Corte ha insistido en que la transgresión del derecho a la salud “no puede determinarse en abstracto sino que, por el contrario, la aptitud para la efectiva protección del derecho debe evaluarse en el contexto concreto.”[36]
Aunque frente al derecho fundamental a la salud, mayoritariamente, las sentencias de tutela emitidas por la Corte Constitucional se refieren a casos individuales, tal como ocurre con la denegación de servicios médicos, en la omisión de la EPS frente a tratamientos no POS, o en la falta de atención adecuada a personas que sufren una enfermedad terminal o catastrófica, el criterio de concreción no está asociado exclusivamente con el número de sujetos que reclaman la protección constitucional.[37] Está más relacionado con la demostración de un quebranto real del derecho, que cercena o que inminentemente afectará al sujeto, e incluso lo justifica de no haber promovido los medios ordinarios que tenía a su alcance.[38]
Primero.- CONFIRMAR integralmente los fallos de tutela dictados el ocho (8) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Quimbaya (Quindío), en primera instancia, y el trece (13) de octubre de dos mil dieciséis (2016) por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Armenia (Quindío), en segunda instancia, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo.- ORDENAR que través de la Secretaría General de esta Corporación, se remita copia del presente expediente a la Superintendencia Nacional de Salud, para que asuma el conocimiento del asunto y proceda a tramitar la queja presentada por la Personera Municipal de Quimbaya (Armenia) contra la EPS ASMET SALUD.
[1] En esta sección se relatan los hechos descritos por la accionante en la demanda de tutela, así como los elementos fácticos y jurídicos que obran en el expediente.
[2] Sentencias T-603 de 1992. M.P. Simón Rodríguez Rodríguez; SU-707 de 1996. M.P. Hernando Herrera Vergara; T-078 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-947 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-459 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-961-2009. M.P. María Victoria Calle Correa; T-031A de 2011. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-614 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-677 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-682 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; SU-377 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa; SU-173 de 2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; y SU-288 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[3] Sentencias T-234 de 1993. M.P. Fabio Morón Díaz; T-245 de 1997. M.P. Fabio Morón Díaz; SU-257 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; y T-331 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[4] Sentencias C-223 de 1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-331 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-662-1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-875 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño; y T-932 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
[5] Sentencias T-420 de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía; T-896A de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-682 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; y T-253 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[7] Sentencia T-161 de 1993. M.P. Antonio Barrera Carbonell, reiterada en las sentencias T-462 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-682 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; y T-253 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[8] Sentencias T-293 de 1994 y T-331 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[9] Folio 11 del expediente.
[10] Sentencias T-896A de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; y T-253 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[11] Sentencias T-896A de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; y T-875 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[12] Folios 23 al 26 del expediente.
[13] Sentencia T-087 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[15] M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[16] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[18]La Corte ha examinado la procedencia de la acción popular en aquellos casos que el agravio está relacionado con fenómenos actuales y colectivos. Así como sucede con el daño ambiental, el perjuicio a los consumidos, los peligros a los que están sometidos las comunidades étnicas, daños ocasionados por la libertad económica, ejercida de manera desleal e injusta, la circulación de productos médicos defectuosos, la imprevisión, omisión o retraso en la construcción de una obra, el cobro excesivo de bienes o servicios, la alteración en la calidad de los alimentos, la publicidad engañosa , o los fraudes del sector financiero, por citar los ejemplos más comunes. Sentencias T-437 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-366 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-325 de 1994. M.P. Jorge Arango Mejía; y C-630 de 2011. M.P. María Victoria Calle Correa.
[19] Sentencias T-366 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; SU-1116 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett; y T-661 de 2012. M.P. Adriana M. Guillén Arango.
[20] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[21] Antes del Decreto 2462 de 2013 existieron otras reestructuraciones a la entidad, que mantuvieron la función de inspección, vigilancia y control. Así, por ejemplo, en el artículo 3 del Decreto 1259 de 1994, se indicó que uno de los objetivos en dicha materia era “el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la prestación de los servicios de salud por parte de las entidades de los subsectores oficial y privado del sector salud”. Así mismo, a través del Decreto 452 de 2000, se planteó como un objetivo del sistema “afianzar la calidad de la atención en salud al cliente mediante la inspección, vigilancia y control del aseguramiento, la prestación de los servicios y la satisfacción del usuario”. De manera similar, en el Decreto 1018 de 2007, se señaló que la Superintendencia tenía la obligación de “supervisar la calidad de la atención de la salud, mediante la inspección, vigilancia y control del aseguramiento, la afiliación, la calidad de la prestación de los servicios y la Protección de los usuarios”; así como “proteger los derechos de los usuarios, en especial, su derecho al aseguramiento y al acceso al servicio de atención en salud, individual y colectiva, en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad en las fases de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud.”
[22] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[23] Sentencia C-921 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería.
[24] Sentencia T-603 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[25] Sentencias T-001 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-723 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-575 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil; y T-678 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
[26] Sentencia T-240 de 2017. M.P. José Antonio Cepeda Amarís.
[27] Sentencias T-859 de 2014 y T-226 de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[28] Sentencias T-886 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; y T-930 de 2013. M.P. Nilson Pinilla P.
[29] Sentencias T-707 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[30] En múltiples pronunciamientos este Tribunal Constitucional ha analizado el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, asociando la procedencia de la acción de tutela a la existencia de una afectación grave que pone en riesgo la vida, salud e integridad de las personas y que, por lo tanto, requiere de una urgente protección. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-886 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), la Corte estudió el caso de una menor de edad con insuficiente respiratoria debido a un soplo sistólico y, sin embargo, la EPS negó un procedimiento quirúrgico esencial para mejorar su condición de salud. En ese momento, la Corporación recordó que cuando se demuestra la consumación de un perjuicio irremediable, el juez de tutela debe tramitar el caso, sobre todo, si resulta afectado el derecho a la salud de alguno de los sujetos catalogados como de especial protección constitucional. Con una similar orientación, en la Sentencia T-849 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, la Corte revisó una tutela formulada contra la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, en la que se cuestionaba la suspensión de servicios médicos a una mujer que padecía un cuadro agudo de epilepsia. Esta Corporación amparó los derechos fundamentales de la parte actora, argumentando la existencia de un perjuicio irremediable, tanto por su crítico estado de salud como por la precipitación de momentos de difícil control de la enfermedad. Asimismo, en relación con el acceso a servicios de salud, en la Sentencia T-248 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa, este Tribunal analizó con detalle la afectación del derecho a la salud del actor, quien falleció esperando a recibir los tratamientos frente al tumor maligno que padecía. La Corte no compartió la decisión del juez de segunda instancia, quien simplemente se abstuvo de valorar la situación real del accionante. Al contrario, afirmó que la urgencia de atención en salud desplazada todos los mecanismos de solución de controversias, y es el juez de tutela el que debe “cerciorase de las condiciones personales, familiares y económicas de quien solicita el amparo, para tener una mejor idea del contexto en que se configura la ocurrencia del perjuicio irremediable.”
[31] Sentencia T-859 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[32] Óp. Cit. T-063 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[33] Sentencia T-528 de 1992. M.P. Fabio Morón Díaz.
[34] Sentencia T-891 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[35] Sentencia T-034 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[36] Sentencia T-603 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortìz Delgado.
[37] Sentencias T-441 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-594 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-705 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-891 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y T-597 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[38] Varias veces el Tribunal ha considerado que la acción de tutela resulta procedente frente al mecanismo jurisdiccional fijado en la Ley 1122 de 2007, cuando en un caso en concreto se demuestra que el mecanismo ordinario solamente agudiza la situación del accionante. En la Sentencia T-004 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo, por ejemplo, este Tribunal consideró que debido a la situación del actor, una persona de tercera edad con distintas enfermedades crónicas, el mecanismo idóneo era la acción de tutela. Era imposible exigirle al actor acudir al mecanismo dispuesto en la Ley 1122 de 2007, pues sus enfermedades comprometían su vida e integridad física y, en consecuencia, exigía de la autoridad pública una respuesta igualmente urgente. Con posterioridad, en la Sentencia T-716 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, la Corte reiteró el criterio de necesidad de la intervención del juez constitucional, cuando se trata de la denegación de servicios médicos que ponen en peligro la vida de los actores. Fue así como la Corte concedió el derecho fundamental a la salud de varias personas que padecían enfermedades graves, y a la vez eran sujetos de especial protección constitucional, en razón de su edad y sus condiciones socio-económicas. Y en las Sentencias T-239 de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y T-200 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, sobre todo, la Corte resaltó el papel que le corresponde la juez constitucional ante la urgencia y necesidad de proteger el derecho a la salud, así deberá “revisarse las circunstancias concretas del accionante en cuanto al grado de necesidad de la prestación asistencial que solicita, las repercusiones de una eventual autorización tardía y la condición de sujeto de especial protección constitucional.”

References: artículo 6
 artículo 86
 artículo 10
 artículo 49
 artículo 88
 artículo 6
 resolución 
 artículo 3