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Timestamp: 2019-11-12 08:17:49+00:00

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STC 155/1993, 6 de Mayo de 1993 - Jurisprudencia - VLEX 15356169
STC 155/1993, 6 de Mayo de 1993
Número de Recurso: Recurso de Inconstitucionalidad nº 1.593/1989
1. En lo que atañe a las Cooperativas de Crédito, la competencia exclusiva autonómica en materia de Cooperativas -siempre, no obstante, dentro del respeto a la legislación mercantil- debe conjugarse con la competencia, también exclusiva, del Estado para fijar las bases de la ordenación del crédito (art. 149.1.11 C.E.), bases que, como dijimos tempranamente (STC 1/1982), «deben contener tanto las normas reguladoras de la estructura, organización interna y funciones de los diferentes intermediarios financieros, como aquellas otras que regulan aspectos fundamentales de la actividad de tales intermediarios...» [F.J. 1]. 2. El fomento por los poderes públicos de una actividad determinada -en este caso, la de cooperativismo crediticio- ofrece un amplísimo campo de actuación y de adopción de medidas que pueden presentar además muy diferentes niveles de intensidad, lo que (a salvo de aquellos supuestos en los que se evidencie manifiestamente infundado o arbitrario el trato normativo desigual que, a su vez, determine un efecto desincentivador de la actividad, dados los condicionamientos a los que ésta quede sujeta) excluye que este Tribunal pueda adentrarse en valoraciones y apreciaciones que, por ser de mera oportunidad, acampan ineludiblemente fuera del estricto juicio de constitucionalidad [F.J. 2]. 3. Según el mecanismo de articulación constitucional de las normas estatales y autonómicas, con arreglo al cual la supletoriedad sólo se reconoce en el Derecho estatal por relación al de las Comunidades Autónomas (art. 149.3 C.E.), la norma estatal que dispusiere la aplicación supletoria de la norma autonómica incurriría en inconstitucionalidad, bien porque supondría la degradación de la eficacia directa de la norma autonómica dictada al amparo del correspondiente título competencial o, en otro caso, porque vendría a atribuírsele una eficacia que, aun siendo supletoria, nunca podría tener al no disponer dicha norma de cobertura competencial y ser, por tanto, inválida. La supletoriedad en suma, en la relación Derecho estatal-Derecho autonómico, opera en favor de aquél y no de este último, de manera que no cabe la pretendida norma autonómica supletoria de la estatal, siendo inconstitucional la que así lo disponga [F.J. 3]. 4. Correspondiendo al Estado, en el ejercicio de la competencia que le atribuye el art. 149.1.11 de la C.E., excepcionar o modular el principio mutualista que tradicionalmente ha caracterizado a las Cooperativas de Crédito y las ha diferenciado de otras entidades y sociedades, dando entrada a que en sus funciones típicas pueda incluirse la realización de operaciones activas con terceros no socios, ninguna objeción en estrictos términos constitucionales puede oponerse a los términos concretos y precisos en que esa excepción, o cuando menos modulación, haya quedado establecida. Tal limitación tampoco puede considerarse contraria al art. 129.2 de la C.E., máxime cuando la relatividad y amplio margen de decisión que conlleva el mandato constitucional, puesto en estrecha relación con la peculiaridad de las Cooperativas de Crédito respecto de las demás entidades de crédito, permitiría incluso estimar la decisión adoptada por el legislador estatal como una efectiva medida legislativa adecuada para el fomento de las sociedades cooperativas, pues la apertura de su ámbito de actuación a determinadas operaciones hasta ese momento totalmente prohibidas no viene sino a favorecer un mayor desarrollo de su actividad [F.J. 5]. 5. Reiterada doctrina de este Tribunal ha establecido que la competencia del Estado sobre las bases de ordenación de crédito alcanza y engloba también aspectos puramente ejecutivos cuando se encuentren afectados directamente intereses supraautonómicos, se trate de decisiones y actuaciones que trascienden del caso particular y de las concretas situaciones afectadas, dada la interdependencia de éstas en todo el territorio nacional o, en fin, cuando el acto de ejecución comporte, por necesidad intrínseca de la materia, márgenes de discrecionalidad tan amplios que sólo pueda ser adoptado por instancias que no tengan a su cuidado intereses peculiares distintos a los puramente generales [F.J. 6]. 6. Correspondiendo al Estado -sin perjuicio de otras posibles- la autorización de las Cooperativas de Crédito, la inscripción de las mismas en un Registro a cargo del Banco de España es complemento lógico e indispensable para asegurar una necesaria uniformidad en la aplicación de la Ley y por razón misma del carácter de establecimientos de crédito que a dichas cooperativas la normativa estatal les reconoce [F.J. 7].
Sentencia citada en: 38 sentencias, 10 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 5 resoluciones administrativas
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Presidente, don Luis López Guerra, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Díaz Eimil, don Alvaro Rodríguez Bereijo, don Vicente Gimeno Sendra, don José Gabaldón López, don Julio González Campos, don Pedro Cruz Villalón y don Carles Viver Pi-Sunyer, Magistrados, ha pronunciado
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1.593/89, interpuesto por la Generalidad de Cataluña, representada por el Abogado don Ramón Riu i Fortuny, contra los arts. 2, último inciso; 3.3, párrafo segundo; 4.2, párrafo primero; 5.1, primer inciso, y 2; 8.3; 9.1, 2, párrafo primero, 4 y 9; 10, párrafo segundo; 12, y Disposición final segunda de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito. Ha sido parte el Abogado del Estado y Ponente don Eugenio D. E. quien expresa el parecer del Tribunal.
El Estatuto de Autonomía de Cataluña (en adelante, E.A.C.), en su art. 9.21, atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de «Cooperativas, pósitos y Mutualismo no integrado en el sistema de la Seguridad Social, respetando la legislación mercantil». Baste por el momento recordar que por cooperativismo se ha venido entendiendo la agrupación voluntaria de esfuerzos humanos para la realización directa y sin intermediarios de actividades fundamentalmente económicas, y que el movimiento cooperativo y su instrumento, las cooperativas, se han caracterizado por un cierto carácter mutualista, donde se ha perseguido siempre una finalidad que excede del beneficio, en todo caso colectivo, de sus componentes, incidiendo en la mejora del entorno social donde desarrolla su actividad.
Esa trascendencia social de las cooperativas ha sido no sólo reconocida, sino además amparada, por nuestro legislador constitucional (art. 129.2 C.E.), de manera que para dar cumplimiento a ese mandato de fomento, el legislador está obligado, no sólo a imponer a las cooperativas, y entre ellas a las de crédito, condiciones legales que las sitúen en posición de desventaja o inferioridad respecto de otras formas empresariales, sino además, a ofrecer ventajas legales a las cooperativas respecto de esas otras organizaciones. Cuestión ésta muy importante, pues la Ley objeto de esta causa, a pesar de encabezar su preámbulo con la cita del art. 129.2 C.E., incluye diversos preceptos (arts. 4.2 y 8.3) que más bien resultan absolutamente desincentivadores y que hacen muy difícil la propia supervivencia de las Cooperativas de Crédito.
El E.A.C. ha recogido y asumido el mandato constitucional, que entronca, por lo demás, con una muy larga tradición del movimiento cooperativo en Cataluña, que ya tuvo en el año 1934 una regulación más que notable mediante la promulgación de una Ley de bases de cooperación, una de cooperativas, y una de sindicatos agrícolas. En la actualidad, el art. 55.1 del E.A.C. ha previsto que la Generalidad podrá, en los términos de lo previsto en el art. 9.21 del propio Estatuto, fomentar las sociedades cooperativas mediante una legislación adecuada. Como más adelante veremos, la Generalidad ha dado cumplimiento a dicho mandato mediante la promulgación de las Leyes 4/1983, de 4 de marzo, de Cooperativas de Cataluña, y 1/1985, de 14 de enero, de regulación del funcionamiento de las Secciones de Crédito de las Cooperativas, así como dictando el Decreto 270/1983, de 23 de junio, de desarrollo de la Ley 4/1983, en cuanto a las Cooperativas de Crédito y las Cajas Rurales.
Asimismo y porque en este recurso se van a cuestionar determinadas funciones ejecutivas que la Ley 13/1989, de 26 de mayo, ha reservado a instancias de la Administración Central, merece también ser destacado que en la Disposición adicional primera de la Ley 3/1987, General de Cooperativas, se establece que las competencias atribuidas a instancias centrales deben entenderse atribuidas a los correspondientes órganos de las Comunidades Autónomas «que entre las competencias que han asumido tengan las de ejecución de la legislación cooperativa».
Señalemos, pues, que de conformidad con lo dispuesto en el art. 25 del E.A.C., corresponde a la Generalidad, en ejercicio de su competencia exclusiva en materia de cooperativas, según proceda, la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, incluida la inspección.
Pues bien, las Cooperativas de Crédito son una modalidad de cooperativa y su especificidad se deriva de la actividad crediticia desarrollada y de la trascendencia que dicha actividad pueda tener en el sistema económico general.
Sin embargo, esa especificidad no las excluye del ámbito de actuación de los poderes públicos competentes en materia de cooperación, sino que únicamente puede determinar unos límites a tales competencias y, en definitiva, acotarlas en lo que se refiere a aquellos de sus aspectos funcionales y estructurales que tengan una relevancia directa en la ordenación del crédito. Por consiguiente, es evidente que las cooperativas han de quedar sujetas a la legislación específica aplicable en función de la actividad empresarial que desarrollen y así lo ha establecido el art. 116 de la Ley 3/1987, de 2 de abril. Precisamente ese mismo precepto resulta ejemplar de cuanto venimos diciendo, ya que siguiendo el modelo de la anterior legislación, ha incluido a las Cooperativas de Crédito en la regulación general de las cooperativas, al incluirlas como una de las trece clases en que se clasificaban a las cooperativas de primer grado.
Igualmente, el Real Decreto 2.860/1978, de 3 de noviembre, por el que se regulaban las Cooperativas de Crédito hasta su expresa derogación por la Ley ahora impugnada, venía a considerarlas (art. 1) como especificidad del género cooperativas. Y asimismo, el art. 73 de la Ley 4/1983, de 9 de marzo, de Cooperativas de Cataluña, incluye igualmente a las Cooperativas de Crédito como una de las clases de cooperativas de primer grado.
A la vez, debe admitirse la existencia de otro título competencial autonómico que es el que con mayor especificidad da cobertura al ámbito en el que se inscriben las cooperativas de crédito. Se trata del art. 12.1.6 del E.A.C., que atribuye a la Generalidad de conformidad con las bases y la ordenación de la actividad económica general y de la política monetaria del Estado, y en los términos de lo dispuesto en los arts. 38, 131 y en los núms. 11 y 13 del apartado 1 del art. 149 de la C.E., la competencia exclusiva en materia de instituciones de crédito corporativo, público y territorial.
Es cierto, no obstante, que sea cual sea el título competencial estatutario en que se inscriban las Cooperativas de Crédito, estas cooperativas son al mismo tiempo entidades de crédito, de conformidad con la calificación que en este sentido se contiene en el Real Decreto Legislativo 1.298/1986, de 28 de junio, de adaptación de la regulación de las entidades de crédito a la normativa de las Comunidades Europeas, razón por la cual la regulación de las Cooperativas de Crédito por la Generalidad de Cataluña se encontrará acotada en aquellos aspectos que correspondan al Estado respecto a las bases de la ordenación del crédito. Entra así en juego un nuevo título competencial, el art. 149.1.11 C.E., sin perjuicio de que en esa materia definida como la «Ordenación del Crédito», el art. 10.1.4 del E.A.C. también ha atribuido a la Generalidad un efectivo nivel de competencia.
En definitiva, de todo ese conjunto de títulos competenciales resulta claro que es obligado el respeto a las bases de ordenación del crédito y a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Sobre este particular, la única diferencia apreciable entre los arts. 10 y 12 del E.A.C. es la de un menor ámbito de discrecionalidad en el primer caso.
Queda, por tanto, por definir, para concluir esta exposición general del marco competencial en el que se produce el presente recurso, cuál pueda ser el alcance de las bases estatales de ordenación del crédito en relación a las Cooperativas de Crédito. Y en este sentido, únicamente pueden tener la consideración de bases de la ordenación del crédito, además de sus aspectos funcionales más directa y esencialmente relacionados con su actividad crediticia, algunos muy limitados aspectos orgánicos que puedan condicionar también muy directa y esencialmente la actividad crediticia de la entidad, pero que además puedan tener una trascendencia verdaderamente relevante en el conjunto del sector crediticio.
La circunstancia de que hayan quedado reservados al Estado títulos competenciales que, como el de las bases de la ordenación del crédito, acotan y determinan diversos ámbitos materiales en los que las Comunidades Autónomas podrán ejercer sus propias competencias, no supone, en efecto, que en todos esos ámbitos materiales la legislación autonómica haya de calificarse de supletoria de la estatal. La legislación básica estatal de ordenación del crédito puede regular aquellos aspectos de las Cooperativas de Crédito que sean relevantes en ese grado para la ordenación del crédito, y la legislación autonómica sobre Cooperativas puede regular los aspectos estrictamente cooperativos de dichas cooperativas de crédito, dentro de los límites marcados por aquella legislación básica, pero esta legislación sobre cooperativas, en ningún caso puede ser relegada a la categoría de supletoria de aquélla, ya que en todo momento han de existir aspectos de esas cooperativas que pertenezcan pura y simplemente al ámbito material del cooperativismo.
Por ello, el carácter de legislación supletoria atribuido por el último inciso del art. 2 a la «legislación de cooperativas», resulta inconstitucional, en tanto que subordina el rango y ámbito de la legislación correspondiente a una competencia autonómica, como es la de cooperativas, a la que pueda adoptar el Estado en la ordenación del crédito; y recalifica así un título competencial autonómico con la consiguiente alteración del orden constitucional de distribución de competencias.
c) El art. 3.3, párrafo segundo, ha sido declarado básico por efecto de lo dispuesto en la Disposición final segunda de la Ley. En él se atribuye el uso de la expresión «Crédito Agrícola» al Banco de Crédito Agrícola, Sociedad Anónima, y a las Cajas Rurales u otras Cooperativas de Crédito que pertenezcan al «Grupo Asociado Banco de Crédito Agrícola-Cajas Rurales Asociadas», creado por la Disposición adicional de la propia Ley 13/1989, de 26 de mayo.
El primero de ellos, por tratarse de un aspecto que para nada puede afectar a las bases de la ordenación del crédito y exceder así el ámbito competencial reservado al Estado por el art. 149.1.11 de la C.E., vulnerando la competencia de la Generalidad de Cataluña para dictar normas no discriminatorias sobre la denominación de las cooperativas de crédito de su ámbito territorial. Aunque es evidente que para la ordenación básica del crédito puede tener un sentido la determinación de unas denominaciones genéricas, que coadyuven a la definición y reconocimiento de determinadas categorías generales de entidades crediticias, no lo es menos que la reserva de una denominación genérica a un grupo constituido por asociación voluntaria de Cooperativas de Crédito con el Banco de Crédito Agrícola, Sociedad Anónima, e indicativa de la realización de operaciones crediticias en un sector productivo determinado, como es el agrícola, resulta imposible de justificar como básico por el simple hecho de su pretendida trascendencia supracomunitaria.
El segundo motivo de inconstitucionalidad dimana de la discriminación que comporta reservar una denominación genérica como es la de «Crédito Agrícola» a un grupo concreto, en beneficio de determinadas cooperativas concretas asociadas a un banco de capital público. En efecto, puesto en relación este párrafo segundo del art. 3.3, con el apartado 2 del mismo artículo, se comprueba que la atribución del apelativo «Crédito Agrícola» a un grupo en particular, excluye su uso por las demás Cooperativas de Crédito.
Por lo demás, basta recordar que en la STC 220/1988 se ha declarado la constitucionalidad de todos los preceptos impugnados de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/1984, de 24 de febrero, de creación del Instituto Catalán de Crédito Agrario.
De otra parte, se trata de un mandato que invade claramente las competencias autonómicas en materia de cooperativas y de instituciones de crédito cooperativo. En efecto, desde la óptica de la ordenación básica del crédito, puede ser relevante la determinación de las condiciones económicas intrínsecas a la operación crediticia, o bien, como acabamos de ver, incluso podría serlo la determinación de un volumen porcentual mínimo de operaciones de activo con terceros que garantizara la diver sificación de riesgos y la solvencia de la entidad; pero al margen de esas cuestiones, la determinación de si una cooperativa de crédito puede concertar operaciones con sus propios socios o con terceros, en nada afecta a la ordenación del crédito y pasa a ser en cambio una cuestión exclusivamente relevante a los efectos de la configuración de la entidad en sus aspectos intrínsecos al cooperativismo y, por consiguiente, únicamente puede ser determinado por las Comunidades Autónomas con competencia exclusiva en materia de cooperativas o de instituciones de crédito cooperativo.
Por todas estas razones, es evidente que el art. 4.2, párrafo primero, impide a la Generalidad un desarrollo del mandato constitucional (art. 129.2 C.E.), recogido también en el art. 55.1 del E.A.C. Y además, vulnera igualmente las competencias reconocidas por los arts. 9.21 y 12.1.6 del E.A.C, al haber impuesto una limitación que, siendo irrelevante desde la perspectiva de la ordenación del crédito, es propia de la configuración cooperativa de estas entidades.
En este sentido, debe señalarse que toda entidad de crédito tiene, por propia esencia, la necesidad de basar el peso de su negocio en los recursos ajenos y no en los propios. Así, en ningún país del mundo se exige a las entidades de crédito que sus recursos propios puedan exceder de un 15 ó 16 por 100 respecto de sus recursos ajenos, y que existe un proyecto para fijar en la C.E.E. ese porcentaje, conocido como coeficiente de recursos propios, en un mínimo únicamente del 8 por 100. Con ello se pone de relieve el contrasentido y la discriminación que supone obligar de un modo taxativo y permanentemente a unas entidades de crédito como las Cooperativas de Crédito, a incrementar siempre y en todo caso sus recursos propios, cuando son sus recursos ajenos, como decimos, los que permiten la intermediación financiera y constituyen por ello la esencia de la función de las entidades de crédito. De este modo, en un mercado tan competitivo como el crediticio, ese efecto, carente de justificación y lógica, constituye una discriminación patente, y al mismo tiempo un mandato contrario a lo dispuesto en el art. 129.2 de la C.E.
Se trata en los cuatro supuestos de funciones ejecutivas que quedan reservadas a instancias centrales de la Administración del Estado y que exceden de ese modo del alcance de la reserva al Estado de las bases de la ordenación del crédito, para invadir las que estatutariamente corresponden a la Generalidad en relación a la ejecución de la legislación básica estatal de ordenación del crédito y las competencias exclusivas -que también comprenden las funciones de ejecución- en materia de cooperativas y de instituciones de crédito corporativo. Además, la reserva al Estado de tales funciones se produce doblemente, por el sentido de los términos con que se atribuyen tales funciones al Ministerio de Economía y Hacienda o al Banco de España, y por la atribución de carácter básico a dichos preceptos en mérito a lo prevenido en la Disposición final segunda de la Ley.
Por otra parte, es preciso apuntar que lo que aquí se pone en cuestión es el carácter básico y la reserva al Ministerio de Economía y Hacienda de una autorización inicial, que una vez obtenida, abre el procedimiento previsto en el art. 5.2, que concluirá con la inscripción de la Cooperativa de Crédito en el «correspondiente Registro de Cooperativas», en cuyo momento, ésta adquirirá personalidad jurídica. Es evidente que la propia Ley admite, por tanto, que el acto administrativo propiamente constitutivo de la Cooperativa de Crédito corresponde a la Comunidad Autónoma que tenga competencia sobre cooperativas. Si ese acto autorizatorio definitivo no reviste carácter básico, mucho menos puede ternerlo la autorización inicial del Ministerio en cuestión.
De igual forma, no puede merecer la condición de básica la reserva, operada en virtud de lo dispuesto en el art. 9.9 del Registro de altos cargos de las Cooperativas de Crédito, ni mucho menos el que se haya residenciado únicamente y con carácter básico en el Banco de España la facultad de denegar la inscripción de altos cargos. Por una parte, es evidente que en Cataluña, la función meramente registral, en tanto que ejecutiva, ha de reconocerse en sede autonómica, y que la facultad de denegar la inscripción, en tanto que acto estrictamente reglado, de conformidad con lo prevenido en el apartado 8 del propio art. 9 que ahora examinamos, tampoco puede tener la condición de base de la ordenación del crédito y ha de corresponder en Cataluña a la Generalidad, que podrá actuarla mediante su propio registro de cooperativas, sin perjuicio de dar traslado al Banco de España de cuanta información pudiere precisar y de que éste pueda poner en conocimiento del Registro autonómico actuante la concurrencia de determinadas circunstancias determinantes de la incompatibilidad de algunas de las personas sujetas a inscripción.
f) En el art. 9.1, 2 -párrafo primero-, y 4 se establecen, con carácter básico, de conformidad con lo prevenido en la Disposición final segunda de la Ley, unos requisitos orgánicos de las Cooperativas de Crédito. Se trata de unas determinaciones que carecen de toda conexión, directa o indirecta, con la ordenación del crédito, y que, en cambio, se inscriben en el ámbito material del cooperativismo y de los aspectos propiamente institucionales de las corporaciones de crédito cooperativo. En ese sentido, resulta claro que la existencia o no de esos órganos y su denominación y configuración en la forma que se hace en los preceptos ahora cuestionados, es del todo irrelevante para la definición de las Cooperativas de Crédito como entidades de crédito, y para el desarrollo de esa misma actividad crediticia.
h) La inconstitucionalidad de la Disposición final segunda, deriva de la atribución del carácter básico que confiere a los artículos objeto de este recurso, excediendo con ello la reserva competencial atribuida al Estado por el art. 149.1.11 de la C.E. e invadiendo las que corresponden a la Generalidad de Cataluña en mérito a lo dispuesto en los arts. 9.21, 12.1.6 y 10.4 del E.A.C.
3. Por providencia de 10 de agosto de 1989, la Sección de Vacaciones de este Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, adoptar las medidas dispuestas en el art. 34.1 de la LOTC, incorporar a estas actuaciones testimonio de la demanda del recurso de inconstitucionalidad que se tramita bajo el núm. 1.726/88, y publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento.
a) Con carácter introductorio, señala que no cabe dudar de que la Generalidad ostenta competencias exclusivas en materia de cooperativas al amparo de los arts. 9.21 y 12.1.6 del E.A.C., pero también existe la titularidad estatal de las bases de ordenación del crédito y de ordenación general de la economía (art. 149.1.11 y 13 C.E.), sin que el hecho de que la subordinación expresa a estos preceptos constitucionales sólo aparezca en el art. 12.1.6 E.A.C. quiera decir que su virtualidad no exista en el caso del art. 9.21 E.A.C.
La primera concierne a los aspectos orgánicos y se sustenta en el erróneo entendimiento de que el nivel autonómico competencial en esta materia es superior al que ostenta en materia de Cajas de Ahorro, y ello probablemente con la finalidad de que no se aplique en este caso la clara doctrina del Tribunal en materia de bases orgánicas (STC 49/1988, fundamento jurídico 16). Por el contrario, que tal doctrina, que examina los aspectos orgánicos admisibles como básicos, es plenamente aplicable en este caso, puesto que los contempla como válidas bases de la ordenación del crédito, que es el mismo título competencial aquí implicado. Todo ello sin perjuicio de que el recurso olvida que las Cajas de Ahorro aparecen nominatim en uno de los artículos competenciales que aquí se aducen, concretamente el art. 12.1.6 E.A.C.
c) El carácter básico de la previsión del art. 3.3. párrafo segundo, se justifica plenamente porque las denominaciones utilizadas en el tráfico concierne a un elemento esencial del crédito en nuestro país, que es el crédito oficial, regulado sustancialmente por Ley 13/1971, de 19 de junio.
El art. 23 de esta Ley contempla como entidad de Crédito Oficial al Banco de Crédito Agrícola y el art. 1 de la misma define al crédito oficial como el conjunto de operaciones que realizan las Entidades Oficiales de Crédito Oficial. Estas Entidades personifican en sí mismas, por tanto, sus respectivos sectores de crédito oficial y sus denominaciones identifican a estos sectores de crédito oficial. Por ello es perfectamente razonable que la expresión «crédito agrícola» se reserve al crédito oficial y por lo tanto a la Entidad que lo personifica o a su Grupo Asociado; reserva, por lo demás, que ya tenía vigencia desde la Ley de 26 de diciembre de 1958 (art. 2).
En relación con la competencia de autorización, que es la fundamental, hay que decir simplemente que es una pura aplicación de lo que para todas las entidades de crédito contempla el art. 43 de la Ley 26/1988, de 29 de julio. Como quiera que dicho precepto se encuentra impugnado en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1.726/1988, basta con remitirse a lo que en tal recurso se alega, con mención de la discrecionalidad técnica que precisa tal autorización como fundamento de esta reserva de potestades ejecutivas.
g) Por último, los arts. 9.1, 9.2, primer párrafo, 9.4, 12 y la Disposición final, conciernen a los órganos rectores y votos de los socios. Difícilmente puede concebirse un precepto más ceñido a lo esencial ( y por tanto materialmente básico) que éste, plenamente respetuoso con la doctrina del Tribunal, singularmente en la STC 49/1988 (fundamentos jurídicos 16 y 27) y en la posterior STC 86/1989 (fundamento jurídico 15. b). La quintaesenciada regulación que aquí contiene la Ley impugnada, plantea pocas dudas sobre su carácter materialmente básico, a la vista de la doctrina constitucional sobre estos extremos.
La Generalidad de Cataluña ha asumido, de una parte, la competencia exclusiva sobre «Cooperativas (...), respetando la legislación mercantil» (art. 9.21), mientras que, por su parte, al Estado corresponde la competencia exclusiva sobre las «bases de la ordenación del crédito» (art. 149.1.11 C.E.); competencia que tiene su correspondencia en la de la Generalidad de Cataluña para el desarrollo legislativo y la ejecución de dicha materia crediticia (art. 10.1.4 E.A.C.). Y desde la conjunción de una y otra perspectiva -la cooperativista y la crediticia-, no debe pasar desapercibido que el art. 12.1.6 del mismo E.A.C. añade que «de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, corresponde a la Generalidad, en los términos de lo dispuesto en los arts. 38, 131 y en los núms. 11 y 13 del apartado 1 del art. 149 de la Constitución, la competencia exclusiva de las siguientes materias: Instituciones de crédito corporativo, público y territorial y Cajas de Ahorros».
Confluyen, de este modo, una pluralidad de títulos competenciales cuya delimitación en abstracto presenta dificultades, pues el solapamiento y entrecruzamiento mutuo resulta ser especialmente intenso. Esta constatación, además, alcanza un punto álgido en el supuesto que ahora nos ocupa, referido a unas entidades -las cooperativas de Crédito- que siendo, en principio, englobables en el género común de las Cooperativas, la especialidad dimanante de su actividad crediticia las ha asimilado y terminado por incorporar al género de las entidades o establecimientos de crédito. Así se desprende con facilidad de la evolución normativa habida, que, sin necesidad de remontarnos a normas anteriores, arrancando del Decreto 2.860/1978, de 3 de noviembre, ha culminado en este aspecto con el Real Decreto Legislativo 1.298/1986, de 28 de junio, por el que se adaptan las normas legales en materia de establecimientos de crédito al ordenamiento jurídico de la C.E.E., y cuyo art. 1, tras definir por «establecimiento de crédito» «toda Empresa que tenga como actividad típica y habitual recibir fondos del público, en forma de depósitos u otras análogas, que llevan aparejada la obligación de su restitución, aplicándolos por cuenta propia en la concesión de créditos», conceptúa específicamente como «establecimientos de crédito» a las «Cooperativas de Crédito inscritas en el Registro Especial del Banco de España» [art. 1.2 d)]. Posteriormente, la Ley 3/1987, de 2 de abril de Cooperativas, ha reafirmado la especialidad de estas Cooperativas de Crédito (art. 116 y Disposición transitoria sexta), dictándose finalmente la Ley 13/1989, de 26 de mayo, ahora impugnada, que, como se indica en su exposición de motivos, lo ha sido al amparo del art. 149.1.11 de la C.E., viniéndose a fijar por el Estado las bases de la ordenación del crédito y banca por lo que se refieren a las Cooperativas de Crédito dada su condición de Entidades de Crédito.
Así pues, en lo que atañe a las Cooperativas de Crédito, la competencia exclusiva que en materia de Cooperativas -siempre, no obstante, dentro del respeto a la legislación mercantil- la Generalidad de Cataluña trae a colación como uno de los fundamentos centrales de la impugnación, debe conjugarse, como reconoce la propia Generalidad, con la competencia, también exclusiva, del Estado para fijar las bases de la ordenación del crédito (art. 149.1.11 C.E.), ya que, como dijimos tempranamente (STC 1/1982, fundamento jurídico 3.), esas bases «deben contener tanto las normas reguladoras de la estructura, organización interna y funciones de los diferentes intermediarios financieros, como aquellas otras que regulan aspectos fundamentales de la actividad de tales intermediarios...» (reiterando esta afirmación, entre otras, SSTC 49/1988, fundamento jurídico 2. y 135/1992, fundamento jurídico 1.).
De otro lado, ahora ya desde la perspectiva exclusiva de la ordenación del crédito, las bases estatales en la materia deben posibilitar el ejercicio de las correlativas competencias autonómicas de desarrollo legislativo y ejecución (art. 10.1.4 E.A.C.), sin que, por lo demás, en este supuesto concreto que analizamos, la singular y diferenciada configuración de la competencia de la Generalidad de Cataluña relativa a las «instituciones de crédito corporativo, público y territorial y Cajas de Ahorros» (art. 12.1.6 E.A.C.) presente mayor relevancia, pues si bien algunas Comunidades Autónomas disponen respecto a las Cajas de Ahorro y a las Cooperativas de Crédito de competencias de las que carecen en relación con otras Entidades de Crédito (en este sentido, STC 48/1988, fundamento jurídico 2., con relación a las Cajas de Ahorros y en cuanto a las Cooperativas de Crédito, STC 134/1992), no es éste el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que no sólo tiene atribuidas competencias sobre esas específicas Entidades crediticias, sino también sobre la «ordenación del crédito y banca» en todo lo no básico, materia ésta que engloba -insistimos una vez más- aquellos aspectos relativos tanto a las funciones y actividad externas de las Entidades de Crédito, como a la estructura y organización de las mismas, incluidas, en particular y en lo que en este momento nos interesa, las propias Cajas de Ahorros y las Cooperativas de Crédito.
2. También con carácter general y sin perjuicio de su concreción al hilo de la impugnación de algunos de los preceptos de la Ley 13/1989 impugnados, la representación de la Generalidad de Cataluña alega que el mandato del art. 129.2 de la C.E. no sólo no ha sido observado, sino que al imponerse unas condiciones y requisitos para el desarrollo de la actividad de las Cooperativas de Crédito desiguales al de las restantes Entidades de Crédito, se penaliza y limita a aquéllas en clara contradicción con el referido precepto constitucional, según el cual «los poderes públicos (...) fomentarán mediante una legislación adecuada, las Sociedades Cooperativas». De esta forma, se impide también, en la medida en que la Generalidad de Cataluña queda vinculada por esas previsiones estatales, que pueda hacerse efectivo el correlativo mandato estatutario de que «la Generalidad, como poder público (...) podrá fomentar mediante una legislación adecuada, las Sociedades Cooperativas en los términos resultantes del núm. 21 del art. 9 del presente Estatuto» (art. 55.1 E.A.C.).
A propósito de esta objeción, debe señalarse ya que el fomento por los poderes públicos de una actividad determinada -en este caso, la del cooperativismo crediticio- ofrece un amplísimo campo de actuación y de adopción de medidas que pueden presentar además muy diferentes niveles de intensidad, lo que, a salvo de aquellos supuestos en los que se evidencie manifiestamente infundado o arbitrario el trato normativo desigual que, a su vez, determine un efecto desincentivador de la actividad, dados los condicionamientos a los que ésta quede sujeta, excluye que este Tribunal pueda adentrarse en valoraciones y apreciaciones que, por ser de mera oportunidad, acampan ineludiblemente fuera del estricto juicio de constitucionalidad.
Nada cabe objetar a esta afirmación en su propio enunciado general, que se adecúa plenamente al mecanismo de articulación constitucional de las normas estatales y autonómicas, con arreglo al cual la supletoriedad sólo se reconoce en el Derecho estatal por relación al de las Comunidades Autónomas (art. 149.3 C.E.). Consecuentemente, la norma estatal que dispusiere la aplicación supletoria de la norma autonómica incurriría en inconstitucionalidad, bien porque supondría la degradación de la eficacia directa de la norma autonómica dictada al amparo del correspondiente título competencial o, en otro caso, porque vendría a atribuírsele una eficacia que, aun siendo supletoria, nunca podría tener al no disponer dicha norma de cobertura competencial y ser, por tanto, inválida. La supletoriedad, en suma, en la relación Derecho estatal-Derecho autonómico, opera a favor de aquél y no de éste último, de manera que no cabe la pretendida norma autonómica supletoria de la estatal, siendo inconstitucional la que así lo disponga.
En realidad, para un correcto entendimiento del precepto impugnado («con carácter supletorio les será de aplicación la legislación de Cooperativas»), es preciso situar el referido inciso en el contexto más global del art. 2, que establece que las Cooperativas de Crédito se rigen por la propia Ley estatal 13/1989 y por las normas que con carácter general regulan la actividad de las entidades de crédito, así como por las correspondientes normas de desarrollo de la Ley «sin perjuicio, en cuanto a estas últimas, de las disposiciones que puedan aprobar las Comunidades Autónomas en el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en la materia».
De este modo, se reconoce expresamente la competencia de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo que dispongan sus correspondientes Estatutos de Autonomía, para regular el régimen jurídico de las Cooperativas de Crédito, debiéndose tener en cuenta que, con arreglo a las singulares características de las Cooperativas de Crédito, en las que confluyen al menos y en lo que ahora interesa, aspectos crediticios y cooperativos -en los que, a su vez, inciden aspectos laborales y mercantiles (STC 134/1992, fundamento jurídico 2.)-, la normativa autonómica será complementaria de la estatal dictada al amparo del art. 149.1.11 de la C.E. y de directa aplicación en los aspectos estrictamente cooperativos cuya regulación, por no tener carácter mercantil o laboral (art. 149.1.6 y 7 C.E.), corresponda a la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. Este reparto competencial se respeta, pues, íntegramente por el art. 2 de la Ley 13/1989, al referir el marco normativo con expresa mención «de las disposiciones que puedan aprobar las Comunidades Autónomas en el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en la materia», expresión ésta suficientemente amplia que deja a salvo no sólo las normas autonómicas dictadas en el ejercicio de la competencia de desarrollo de la legislación crediticia que con el carácter de básica dicte el Estado, sino también las que lo sean al amparo de la competencia exclusiva que en materia de Cooperativas hayan asumido.
Siendo esto así, fácilmente se comprende que el inciso impugnado, al establecer que «con carácter supletorio les será de aplicación de Legislación de Cooperativas», no está configurando a la legislación catalana en materia de Cooperativas como legislación supletoria aplicable a las Cooperativas de Crédito, pues esa legislación de cooperativas supletoria no será sino la legislación de cooperativas estatal (concretamente, Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas), siempre, claro es, en que, por razón de la materia, le corresponda al Estado la competencia normativa o, en su caso, aun correspondiendo a la Comunidad Autónoma, ésta no lo haya ejercitado.
La propia exposición de motivos de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, alude, en fin, con absoluta claridad a este criterio, al señalar que «la legislación del Estado tiene sólo carácter de Derecho supletorio respecto del de las Comunidades Autónomas con competencias legislativas plenas en materia de cooperativas», si bien añade que «esta regla general resulta matizada, en el caso particular de las Cooperativas de Crédito en tanto en cuanto, en virtud del Real Decreto Legislativo 1.298/1986, de 28 de junio, por el que se adaptan las normas legales en materia de establecimientos de crédito al Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Económica Europea, se concede a las Cooperativas de Crédito inscritas en el Registro especial del Banco de España el carácter de entidades de crédito, al igual que también lo son los bancos privados, las Cajas de Ahorro o las Entidades Oficiales de Crédito». De este modo, la Ley 13/1989 «no pretende ofrecer una regulación completa y exhaustiva de todos los aspectos de las Cooperativas de Crédito, sino tan sólo establecer las bases del régimen jurídico de dichas instituciones en cuanto entidades de crédito, que al Estado corresponde dictar al amparo del art. 149.1.11 de la Constitución».
4. El art. 3.3, párrafo segundo, puesto en relación con el mismo art. 3.2 de la Ley 13/1989, a juicio de la Generalidad de Cataluña determina que la expresión «Crédito Agrícola» sólo pueda ser utilizada en la denominación del «Banco de Crédito Agrícola, S. A.», y de «las Cajas Rurales o cualesquiera otras Cooperativas de Crédito pertenecientes al Grupo Asociado Banco de Crédito Agrícola-Cajas Rurales Asociadas, conjuntamente o por separado y mientras formen parte de dicho grupo». Parte así la recurrente de un concreto entendimiento de precepto que, dado el carácter básico que la Disposición final segunda de la misma Ley le otorga, desconoce y vulnera, en su opinión, la competencia de la Generalidad para dictar normas sobre la denominación de las Cooperativas en su ámbito territorial.
Pues bien, ese carácter básico que se atribuye al precepto no puede justificarse -tal como de contrario pretende el Abogado del Estado- en la competencia estatal sobre las bases de la ordenación de crédito, pues la utilización de la expresión «Crédito Agrícola» ni se impone obligatoriamente, siendo su uso por las entidades a las que se les reserva meramente facultativo, ni por su propio carácter genérico («Crédito Agrícola») dicha expresión puede caracterizar al sector del crédito oficial, siendo este término, justamente, y no aquel otro, el que puede individualizar y singularizar a las entidades que operan en dicho sector.
Si bien en el caso de las denominaciones de las Cooperativas de Crédito, la fijación de los criterios que deban observarse no cabe atribuirla sin más a la competencia normativa que en materia de Cooperativas -y específicamente en lo que atañe, a la denominación de las mismas- han asumido algunas Comunidades Autónomas, tal como la propia Ley estatal 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas, en su Disposición final primera, 1 y 2, ha reconocido expresamente, y ello porque la ordenación de las denominaciones de las Entidades crediticias es cuestión que encuentra más preciso encaje competencial en la materia ordenación del sector crediticio, dada su especificidad y preferencia respecto de la más genérica relativa a Cooperativas, en el supuesto de la previsión que se impugna no cabe reconocer en la misma ese carácter básico para la ordenación de las instituciones crediticias por las razones ya indicadas.
La conclusión, por tanto, es que el art. 3.3, párrafo segundo, no posee carácter básico, lo que, en realidad, al igual que ya decidimos ante un supuesto similar en la STC 86/1989, fundamento jurídico 14, ha de traducirse en la declaración de inconstitucionalidad, no ya del referido precepto, sino de la Disposición final segunda de la misma Ley, por cuanto ésta no incluye al señalado art. 3.3, párrafo segundo, entre las excepciones a la declaración a la que procede de ser «básicos, al amparo de lo establecido en el art. 149.1.11 de la Constitución, los preceptos contenidos en la presente Ley...».
Más en concreto, la limitación que el art. 4.2, párrafo primero, ha previsto -«en cualquier caso, el conjunto de las operaciones activas con terceros de una Cooperativa de Crédito no podrá alcanzar el 50 por 100 de los recursos totales de la Entidad», es su tenor literal-, no puede quedar amparada -alega la representación de la Generalidad- por el art. 149.1.11 de la C.E., una vez que esa limitación resulta cuando menos irrelevante desde la perspectiva de los aspectos básicos de la ordenación del crédito. Por ello -se añade-, dada la exclusiva relevancia del referido extremo para la configuración de las Cooperativas de Crédito en lo que afecta a sus aspectos internos, intrínsecos al cooperativismo, a las Comunidades Autónomas con competencia exclusiva en las materias de cooperativas o de instituciones de crédito cooperativo les corresponde adoptar decisiones como la que es objeto de impugnación.
Más allá del problema competencial que se trata de vincular al establecimiento de un límite porcentual a la realización de operaciones activas con terceros no socios, hemos ya declarado que la determinación de si las Cooperativas de Crédito pueden o no concertar esas operaciones es una decisión a la que, por su carácter íntimamente relacionado con la configuración y definición de dichas entidades, debe atribuírsele carácter básico de la ordenación del sector crediticio y que, por ello mismo, resulta radicalmente ajena al ámbito competencial de las Comunidades Autónomas. Siendo las Cooperativas de Crédito instituciones de crédito, la definición de las mismas -y, por tanto, la determinación de un aspecto estructural de esa definición cual es la posibilidad o no de realizar operaciones activas con terceros- en cuanto acota la materia a regular y sirve así como elemento básico delimitador de competencias, resulta sin duda un aspecto esencial de la ordenación del crédito.
De este modo, correspondiendo al Estado en el ejercicio de la competencia que le atribuye el art. 149.1.11 de la C.E. excepcionar o modular el principio mutualista que tradicionalmente ha caracterizado a las Cooperativas de Crédito y las ha diferenciado de otras entidades y sociedades, dando entrada a que en sus funciones típicas pueda incluirse la realización de operaciones activas con terceros no socios, ninguna objeción en estrictos términos constitucionales puede oponerse a los términos concretos y precisos en que esa excepción, o cuando menos modulación, haya quedado establecida. De ahí que la limitación que incorpora el art. 4.2, párrafo primero, impugnado no vulnere las alegadas competencias de la Generalidad de Cataluña.
Pero es que, además, alcanzada esta conclusión, esa limitación tampoco puede considerarse contraria al art. 129.2 de la C.E., máxime cuando, de acuerdo con lo señalado en el fundamento jurídico 2. anterior, la relatividad y amplio margen de decisión que conlleva el mandato constitucional, puesto en estrecha relación con la peculiaridad de las Cooperativas de Crédito respecto de las demás entidades de crédito, permitiría incluso estimar la decisión adoptada por el legislador estatal como una efectiva medida legislativa adecuada para el fomento de las sociedades cooperativas, pues la apertura de su ámbito de actuación a determinadas operaciones hasta ese momento totalmente prohibidas no viene sino a favorecer un mayor desarrollo de su actividad.
Por el contrario, distinto tratamiento ha de tener la previsión contenida en el apartado b) del art. 8.3. Esta aplicación del beneficio nada tiene que ver con el afianzamiento de la solvencia de la cooperativa o con la protección de los intereses de terceros, sin que la Abogacía del Estado haya alegado nada a este respecto. En efecto, tal como ha puesto de relieve el representante de la Generalidad, la finalidad de dicha aplicación del excedente al «Fondo de Educación y Promoción» tiene por objeto satisfacer las necesidades de formación y educación de los socios y empleados en los principios cooperativos, difundir las características del cooperativismo y, en general, la promoción cultural y profesional, materias que poseen todas ellas una estricta naturaleza cooperativa y con respecto a las cuales ostenta Cataluña competencia exclusiva (art. 9.21 E.A.C.). Por esta razón, la declaración de norma básica del art. 8.3 b), que efectúa la Disposición final segunda de la Ley impugnada, ha de estimarse inconstitucional.
6. Por tratarse de una función ejecutiva reservada a la Administración estatal que excede, a juicio de la Generalidad, de las bases de la ordenación del crédito, se solicita igualmente la declaración de inconstitucionalidad del art. 5.1, primer inciso. Una vez más hemos de señalar, no obstante, que si la norma excediera de lo básico, vulnerando así las competencias de la Generalidad de Cataluña, la consecuencia no podría ser la declaración de la inconstitucionalidad del art. 5.1 sino la de la Disposición final segunda , que le atribuye carácter básico al amparo del art. 149.1.11 de la C.E.
Establece el referido precepto que «la constitución de una Cooperativa de Crédito requerirá autorización previa del Ministerio de Economía y Hacienda», pero esta autorización, que no excluye otras intervenciones administrativas y entre ellas la autonómica, tal como se desprende con absoluta claridad de lo dispuesto en el art. 5.2 de la misma Ley 13/1989, aun a pesar de su carácter ejecutivo no puede considerarse ajena al ámbito competencial de las bases de la materia de ordenación de crédito. Reiterada doctrina de este Tribunal ha establecido que la competencia del Estado sobre las bases de ordenación de crédito alcanza y engloba también aspectos puramente ejecutivos cuando se encuentren afectados directamente intereses supraautonómicos, se trate de decisiones y actuaciones que trascienden del caso particular y de las concretas situaciones afectadas; dada la interdependencia de éstas en todo el territorio nacional o, en fin, cuando el acto de ejecución comporte, por necesidad intrínseca de la materia, márgenes de discrecionalidad tan amplios que sólo pueda ser adoptado por instancias que no tengan a su cuidado intereses peculiares distintos a los puramente generales (entre otras, SSTC 135/1992, fundamento jurídico 3., y 178/1992, fundamento jurídico 2.).
7. Los arts. 5.2, 9.9 y 10, párrafo segundo, imponen la necesidad de proceder a la inscripción en los correspondientes Registros del Banco de España de las Cooperativas de Crédito -sin perjuicio de su inscripción en el Registro Mercantil y en el correspondiente Registro de Cooperativas (art. 5.2)-, así como a la de los altos cargos de las personas elegidas o designadas para ocupar en dichas Cooperativas los puestos de Consejero o de Director general (art. 9.9) y a la de las Cooperativas de Crédito resultantes de una fusión, escisión o absorción (art. 10, párrafo segundo).
La cuestión planteada, una vez más, resulta muy similar a la que fue examinada en la STC 86/1989, fundamento jurídico 13d) y e), debiéndose estar a la doctrina allí mantenida para la decisión que en esta ocasión debemos adoptar. De este modo, correspondiendo al Estado -sin perjuicio de otras posibles- la autorización de las Cooperativas de Crédito, la inscripción de las mismas en un Registro a cargo del Banco de España -que, como hemos precisado en las SSTC 135/1992, fundamento jurídico 3., y 178/1992, fundamento jurídico 2., se configura como asesor del Gobierno de la Nación y ejecutor inmediato de su política monetaria y crediticia, razón por la cual interviene, en un nivel operativo y por razón de su especialización técnica, en la ordenación básica del crédito es complemento lógico e indispensable para asegurar una necesaria uniformidad en la aplicación de la Ley y por razón misma del carácter de establecimientos de crédito que a dichas Cooperativas la normativa estatal les reconoce (art. 1 del Real Decreto Legislativo 1.298/1986, de 28 de junio).
8. La impugnación del núm. 1 del art. 9, tampoco puede prosperar. Dicho precepto establece aspectos orgánicos y de funcionamiento esenciales de las Cooperativas de Crédito, como es la determinación de los órganos sociales de las Cooperativas, que supone unas exigencias mínimas que se imponen con el carácter de bases de la ordenación del crédito (Disposición final segunda) dejando un amplio margen de desarrollo normativo a la Generalidad de Cataluña, lo que se justifica constitucionalmente por ser un elemento configurador de dichas Cooperativas respecto de las demás entidades crediticias, siendo en este extremo reproducible sin más la doctrina de las SSTC 48/1988, fundamento jurídico 3. e), y 49/1988, fundamentos jurídicos 2. y 26. En consecuencia, englobando la competencia estatal sobre las bases de la ordenación del crédito la fijación de las normas reguladoras de la estructura, organización y funciones de los distintos intermediarios financieros y no apreciándose en el precepto cuestionado un detalle incompatible con la finalidad misma de la competencia estatal -la de garantizar, en este caso, una estructura común y uniforme mínima de las Cooperativas de Crédito en todo el territorio nacional- y, por tanto, no vaciando de contenido a la competencia de la Generalidad de Cataluña para desarrollar y concretar esa estructura orgánica y funcional, el recurso en este punto debe ser rechazado.
Distinto es el caso del primer párrafo del núm. 2 y del núm. 4 de este art. 9 que disponen, respectivamente, la forma de voto de los socios y se dispone que el Consejo Rector designará, contratará y destituirá al Director general. No se aprecia en estos párrafos la mera función de garantizar una estructura común y uniforme de las Cooperativas de Crédito en todo el territorio nacional, sino una especificación de detalle incompatible con la finalidad de la competencia básica estatal, que vacía de contenido la competencia autonómica de desarrollar y concretar la estructura orgánica y funcional interna de las corporaciones de crédito corporativo, que no afecta directamente a la actividad crediticia.
9. Finalmente, el art. 12 se limita a establecer que «será de aplicación a las Cooperativas de Crédito la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito», por lo que la impugnación de la Generalidad de Cataluña, al no presentar otro fundamento que el considerar diversos preceptos de la Ley 26/1988 inconstitucionales, tal como mantiene en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1.726/88 pendiente de Sentencia, resulta evidente que carece de todo contenido impugnatorio propio, sin que, con independencia de la suerte que el referido recurso pueda tener, por sí mismo este art. 12 pueda ser objeto de ningún reparo constitucional.
1. Declarar inconstitucional la Disposición final segunda de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, en cuanto declara como básicos el art. 3.3, párrafo segundo, el art. 8.3, párrafo b), y el art. 9, párrafo primero del núm. 2 y núm. 4.
Voto particular que formula el Magistrado don Carles Viver Pi-Sunyer a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1.593/89, al que se adhiere el Magistrado don Luis López Guerra
Disiento del fallo y de la fundamentación de la presente Sentencia en lo que se refiere a dos grupos de preceptos que regulan determinadas facultades de ejecución y son considerados básicos. De un lado, a mi juicio, la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda, previa a la constitución de una cooperativa de crédito, prevista en el art. 5.1 de la Ley recurrida, no puede ser incluida entre las bases de la ordenación del crédito. Esto es así, en primer lugar, y siguiendo la línea argumental de los votos particulares a la STC 86/1989, porque se trata de un acto de mera ejecución, que, además, frente a lo que se apunta en la Sentencia, tiene carácter reglado. Este Tribunal ha advertido en reiteradas Sentencias que las bases deben establecerse mediante leyes formales; sólo excepcionalmente pueden plasmarse en disposiciones reglamentarias y, más excepcionalmente todavía, en actos de ejecución. En el presente supuesto, nada permite concluir que exista una situación tan excepcional como la requerida por la jurisprudencia constitucional para poder extender la competencia básica estatal en detrimento de la competencia autonómica, que en este caso es doble:la de desarrollo y ejecución en materia de ordenación del crédito y la competencia exclusiva sobre cooperativas. El acto de autorización, ni es un complemento indispensable para poder ejercer las competencias básicas estatales de ordenación del crédito, ni las genéricas referencias de la Sentencia a los intereses supracomunitarios resulta decisiva, ni su incidencia en el sistema crediticio puede considerarse sustancial, sobre todo, y este es un argumento complementario importante, si se tiene en cuenta el limitado volumen de depósitos y de operaciones que en la práctica llevan a cabo las cooperativas de crédito en comparación con las demás entidades financieras. En suma, no se alcanza a ver cómo la referida autorización puede incidir de modo tan radical en la estabilidad y en el funcionamiento del sector crediticio que requiera su inclusión en las bases de la ordenación del crédito. A mi entender, pues, la competencia de autorización corresponde a la Comunidad Autónoma y, en consecuencia, a ella deben atribuirse también los actos de ejecución reglada directamente conectados con dicha facultad y previstos en los arts. 5.2 y 9.9, es decir, la inscripción registral directa de las cooperativas y el registro de altos cargos. Las cooperativas autorizadas por la Generalidad de Cataluña deben solicitar su inscripción en el Registro de Cooperativas de la Comunidad y no puede considerarse básica la obligación impuesta a las mismas de solicitar igualmente la inscripción en el Registro de Cooperativas del Banco de España. Una interpretación de este tipo supone admitir un solapamiento de títulos competenciales, con la consiguiente duplicidad de actuaciones. Esto no significa negar la posibilidad de que el Estado no pueda llevar sus propios Registros, ni el deber de colaboración de los Registros autonómicos con ellos. Del mismo modo, corresponde a la Comunidad Autónoma llevar el registro de altos cargos y, en aplicación de las normas sobre incompatibilidad, admitir o denegar las solicitudes cursadas, sin perjuicio, naturalmente, de comunicar al Banco de España las resoluciones adoptadas.
En segundo lugar, mi discrepancia atañe a la letra c) del art. 8.3 en la que se condiciona el destino de los beneficios que quedan a la disposición de la Asamblea General. A mi entender esta previsión, que no afecta a la solvencia de estas entidades, corresponde a la materia de cooperativas y, más concretamente, se refiere a un aspecto de su régimen orgánico y de funcionamiento. El Tribunal ha afirmado reiteradamente que desde las competencias estatales sobre ordenación del crédito sólo de forma excepcional pueden regularse extremos relativos a la organización de las entidades financieras, cuando se trate de aspectos orgánicos que repercutan directamente al ejercicio de las actividades crediticias o cuando sean determinantes para definir las características diferenciales de las distintas entidades. Ninguna de estas circunstancias se da en el presente caso. Sin necesidad de recurrir a una interpretación restrictiva, como requiere toda aplicación de una regla excepcional, nada permite entender que determinar el destino de los beneficios restantes, después de haber cubierto los legalmente obligados, y limitar los beneficios repartibles entre los socios al interés legal del dinero, sea, como afirma la Sentencia, una norma que defina un elemento caracterizador de la singularidad jurídica de las cooperativas en relación con otras entidades de crédito. Las cadenas de excepciones tienen un límite que lógicamente es más estricto en ámbitos materiales como el de cooperativas en el que la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva.
Madrid, a seis de mayo de mil novecientos noventa y tres.
SAP Valencia 218/2007, 18 de Abril de 2007
SAP Murcia 265/2007, 21 de Noviembre de 2007
SAP Alicante 212/2007, 5 de Abril de 2007
STSJ Comunidad Valenciana 1604/2009, 9 de Diciembre de 2009
SAP Toledo 26/2012, 1 de Febrero de 2012

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e contrario
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