Source: https://es.scribd.com/doc/110421358/Politica-Criminologica
Timestamp: 2016-05-25 10:28:05+00:00

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ADA ROMERO. Licda. en Derecho y Ciencias Políticas AIDA SELLES de PALACIOS. Licda. en Trabajo Social – Criminóloga ALEJANDRO PÉREZ. Lic. En Derecho y Ciencias Políticas ALVIS SANTANA. Lic. En Derecho y Ciencias Políticas ANA ISABEL SANJUR. Licda. en Derecho y Ciencias Políticas ARACELLY de CASANOVA. Licda. en Administración de Empresas CARLOS SMITH. Médico Psiquiatra CÉSAR DÍAZ. Lic. en Trabajo Social CIRO JAÉN. Lic. en Economía CONCEPCIÓN CORRO. Licda. en Derecho y Ciencias Políticas FRANCISCO TROYA. Lic. en Tecnología y Ciencias Policiales, Administración y Finanzas GABRIEL MEDINA. Oficial de Carrera GABRIELA CASTILLO. Licda. en Derecho y Ciencias Políticas GLORIANA LÓPEZ FUSCALDO. Especialista Legal HÉCTOR ANAYA. Lic. en Economía JOHANA J. SOZA R. Licda. en Derecho y Ciencias Políticas JOSÉ ACEVEDO. Lic. en Derecho y Ciencias Políticas JOSÉ IVAN GUERRERO. Lic. en Psicología MARÍA LUISA DE LANIADO. Licda. en Derecho y Ciencias Políticas MARCELA MÁRQUEZ REYES. Licda. en Sociología – Criminóloga MARIETA DE LOS A. KORSI. Licda. en Derecho y Ciencias Políticas MARITZA GRIFO. Licda. en Psicología - Criminóloga MIGUEL CEDEÑO. Médico Psiquiatra MILKA MENDIVIL de LAY. Licda. en Trabajo Social - Mediadora NILKA SAENZ. Licda. en Derecho y Ciencias Políticas RODRIGO GARCÌA. Lic. en Derecho y Ciencias Políticas
Coordinadora: Magistra Aida Selles de Palacios PARTICIPANTES Dr. JOSÉ CALDERÓN Licda. GABRIELA CASTILLO Lic. RODRIGO GARCÍA Lic. CARLOS F. GONZÁLEZ Ministerio de Gobierno y Justicia Ministerio Público Defensoría del Pueblo Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá Ministerio Público Ministerio Público Órgano Judicial Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá Ministerio de Gobierno y Justicia Ministerio de Gobierno y Justicia
Licda. GEOMARA de JONES Lic. DIOMEDES KAA Licda. MARÍA LUISA de LANIADO Licda. MILKA MENDIVIL de LAY
Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá Comité Nacional de Análisis de Estadística Criminal. CONADEC Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá
PRESENTACIÓN INTRODUCCIÓN A. ACCIONES PREVIAS B. SÍNTESIS DIAGNÓSTICA C. OBJETIVOS 1. Objetivos Generales 2. Objetivos Específicos D. PRINCIPIOS RECTORES 1. Principio Rector de Prevención 2. Principio Rector de Seguridad Ciudadana 3. Principio Rector de Respeto a los Derechos Humanos 4. Principio Rector de Justicia Social 5. Principio Rector de Desarrollo Humano Sostenible 6. Principio Rector de Participación Ciudadana 7. Principio Rector de Educación para una Cultura de Paz. E. ESTRATEGIAS RECTORAS POR PRINCIPIOS. F. PLAN DE ACCIÓN 1. Acciones de prevención general a corto, mediano y largo plazo a. Acciones de prevención general a corto plazo b. Acciones de prevención general a mediano plazo c. Acciones de prevención general a largo plazo 2. Acciones de prevención específicas a corto, mediano y largo a. Acciones de Prevención Específica a Corto Plazo b. Acciones de Prevención Específica a Mediano Plazo c. Acciones de Prevención Específica a Largo Plazo G. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES H. TALLERES DE DISCUSIÓN BIBLIOGRAFÍA ANEXO
Se presenta a consideración de la sociedad panameña la Primera Propuesta de Política Criminológica preparada por un equipo de profesionales designados por la Comisión Intersectorial de Alto Nivel, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 66 de 5 de abril de 2002 y modificado por el Decreto Ejecutivo No. 128 de 29 de mayo de 2002. La conformación de esta Comisión surgió del interés y preocupación ante el fenómeno de la criminalidad y seguridad ciudadana durante el desarrollo de la Primera Jornada Científica Nacional y Seguridad Ciudadana, realizada en Octubre de 2001, por la Universidad de Panamá, a través del Instituto de Criminología, con la participación de diferentes instituciones, grupos organizados y organizaciones no gubernamentales involucradas en el tema. La presente Propuesta de Política Criminológica es concebida en su concepto más amplio considerando sus componentes sociales lo cual es cónsono con las recomendaciones de las Naciones Unidas que al respecto ha señalado, que el sistema de justicia penal además de ser un instrumento de control y disuasión debe contribuir también al objetivo de mantener la paz y el orden y de reparar las desigualdades y proteger los derechos humanos con miras al logro de un desarrollo económico y social equitativo.
El esfuerzo plasmado en este documento tiene como propósito servir de base en las toma de decisiones con respecto al abordaje técnico del fenómeno relativo a la criminalidad y seguridad de las personas en nuestro país, con una óptica de modelo participativo basado en los procesos comunitarios, con la intervención activa de la sociedad civil e instituciones formales de control social; de manera que se facilite el espacio y los medios para hacerle frente a la criminalidad desde un contexto más amplio y democrático. Para el diseño y contenido de la Propuesta de Política Criminológica se revisó la bibliografía más actualizada sobre el tema; así mismo se consultó con expertos internacionales como el Dr. José María Rico y María de la Luz de Lima, entre otros, y se sometió la Propuesta a la consideración de profesionales de diferentes especialidades de nuestro medio vinculados al tema, destacándose la participación de las expertas nacionales Marcela Márquez y Carmen Antony. A efectos del diagnóstico necesario para la caracterización de la situación del fenómeno delictivo en nuestro país, el equipo de trabajo que participó en la elaboración de la presente Propuesta realizó un análisis situacional a través de las
siguientes subcomisiones: Criminalidad (adultos y menores), Prevención, Comisión Judicial, Seguridad Ciudadana y Subcomisión Socioeconómica Al equipo que elaboró esta propuesta le anima el propósito de aportar a la solución de un problema que nos corresponde a todos(as) los ciudadanos(as) de este país; esfuerzo que debe ser reforzado y complementado con la participación de toda la sociedad civil al momento en que las diferentes acciones programadas se ejecuten y a través de los diferentes momentos de su evaluación. Como producto de la solicitud formal hecha por la Comisión de Estado por la Justicia en junio de 2005 para revisar y elaborar finalmente este documento, fue creada la subcomisión para este propósito, coordinada por la Mgtra. Aida Selles de Palacios, directora del Instituto de Criminología y participantes del Ministerio de Gobierno y Justicia, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Órgano Judicial, Alianza Ciudadana e Instituto de Criminología.
La Criminalidad en Panamá con el consecuente sentimiento de inseguridad ciudadana ante el temor al delito, se ha convertido en uno de los problemas sociales de mayor preocupación, aún cuando no ha alcanzado despertar una alarma social y que desde el punto de vista cuantitativo en atención a la población total, no es significativo, si lo es desde el punto de vista cualitativo; es decir, dadas las características de violencia, agresividad e innovación tecnológica con que son ejecutados los hechos delictivos, denotan la transformación del delito al cual se han incorporado técnicas y métodos de otras latitudes, resultando insuficientes los esfuerzos para su control y prevención. El incremento de hechos delictivos con participación de personas con minoría de edad, la reincidencia y habitualidad de personas adultas en la comisión de delitos, la disfunción familiar, la participación progresiva de la mujer implicada en hechos criminosos especialmente en delitos contra la salud pública, la mora judicial producto de una ineficiente administración de justicia y la falta de aplicación de medidas cautelares distintas a la detención preventiva; son algunas de las variables que contribuyen a que la inseguridad y el temor ante el delito aumente, lo que constituye un obstáculo para el logro de niveles óptimos en la calidad de vida de la ciudadanía, y por ende en el desarrollo de nuestro país. Unido al tema de la variación cualitativa del hecho delictivo, está la situación del Sistema Penitenciario que ante la falta de políticas en esta materia, no ha cumplido con un efectivo rol de rehabilitación del detenido, lo que se traduce en un aumento de la reincidencia, y lo hace cada vez más refractario a todo intento de tratamiento lo cual anula toda posibilidad de reinserción social. Por otro lado, debemos considerar que la criminalidad es multicausal, en la cual convergen y se conjugan una variedad de factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, etc., que en un momento determinado influyen en diferentes grados en el paso al acto delictivo. Ante este complejo problema, muchas veces se han seguido canales o vías poco adecuadas, como las que descansan prioritariamente en la represión y en algunas acciones de prevención que carecen de soporte científico y de la correcta planificación que el mismo exige. La reacción social ante un hecho delictivo tradicionalmente descansa en instituciones tales como la Policía Nacional, Ministerio Público, Órgano Judicial, Sistema Penitenciario, entre otras, a pesar de la importancia y responsabilidad que las mismas tienen en relación al control y prevención de la criminalidad, no cuentan con parámetros definidos que permitan su actuación de manera integral, de modo que funcionen como una unidad orgánica, con miras a lograr la efectividad de sus acciones y programas. En tal sentido, Elías Carranza (1992) ha dicho que “salvo intentos esporádicos que no descansan en la estructuración de una política integrada sostenida en el tiempo, la realidad general de los países, indica que los subsistemas policial, judicial, penitenciario, post-penitenciario, de menores y legislación penal, accionan
cada uno de ellos en forma muy autónoma e impulsados con frecuencia por criterios encontrados entre sí. Igualmente inexistentes han sido como era de suponer, las que hemos denominado políticas criminológicas en sentido amplio que deberían armonizar la actividad del Sistema de Justicia Penal con respecto a los restantes sectores del Estado y de la Sociedad”. Con respecto a la prevención predelictiva o anterior a la comisión del delito o conducta antisocial, las acciones y programas han descansado de manera más acentuada en la Policía lo cual ha sido poco efectivo por lo que el incremento del delito, con el consiguiente sentimiento de inseguridad, ha llevado a aumentar el número de unidades policiales. En una Política Criminológica, en el sentido amplio como la hemos concebido, en esta propuesta debe incluirse el sistema de control social general, no sólo el Sistema de Justicia Penal, por ello, se considera como elemento fundamental su encuentro con otras áreas de la política de Estado con énfasis en el sector social (empleo, vivienda, salud, educación, recreación, etc.) Por eso se enfatiza en la prevención primaria (antes de que se emita la conducta), que es realmente donde radica la posibilidad de disminución del delito; pues, desde la óptica solamente de la represión secundaria (después del hecho delictivo) los recursos y esfuerzos resultan insuficientes, y no constituye una verdadera respuesta a la seguridad y bienestar de la sociedad; por ello, el Sistema de Justicia Penal, además de ser un instrumento de control y disuasión debe contribuir también al objetivo de mantener la paz y el orden y reparar las desigualdades y proteger los derechos humanos con miras al logro de un desarrollo económico y social equitativo. La presente Propuesta de Política Criminológica plantea la necesidad de participación coordinada de todos y cada uno de estos sectores de la sociedad, pues su ejecución implica así mismo un conjunto armónico de acciones y programas del aparato estatal que conduzca al logro de la justicia social; por ello una Política Criminológica, no se concibe sin un enfoque social que debe contemplar todas las reformas necesarias es decir, desde la óptica penal reacción-control (administración de justicia penal) y por otro lado, todos los mecanismos de prevención primaria. La eficacia de una Propuesta de Política Criminológica exige ser abordada desde un enfoque integral dado que aspira disminuir y controlar la conducta antisocial, y esto sólo es posible, si se atienden los factores que generan este comportamiento y que de no atenderse oportunamente profundizarán más el problema. Por todo lo anterior, al elaborar esta Propuesta la concebimos como una política que a la luz de los planteamientos de ILANUD (1976) debe ser considerada en la planificación nacional del desarrollo, por constituir un tema importante de la política de Estado. De allí que ésta se sustente en los siguientes principios rectores: Prevención, Seguridad Ciudadana, Respeto a los Derechos Humanos, Justicia Social, Desarrollo Humano Sostenible, Participación Ciudadana, y Educación para una Cultura de Paz. Esto implica redoblar esfuerzos en materia de prevención, lo cual exige la participación de todos los órganos del Estado,
Instituciones, Ministerios, Organizaciones no Gubernamentales y la ciudadanía en general. Las nuevas modalidades de la delincuencia urbana, la organización de la delincuencia económica, la variación cualitativa y cuantitativa del delito rural, exigen la investigación sobre sus causas, análisis de la justicia penal, perfeccionamiento y modernización de la investigación, lo cual se traduce en la necesidad de una política criminológica como parte de una política social integral. Esta propuesta contiene las acciones previas necesarias para la ejecución de la misma haciendo especial énfasis en el Ente Rector responsable de liderar su implementación, se incluye la síntesis, producto del estudio diagnóstico que se realizó para conocer la realidad sobre la temática, se establecen los objetivos generales y específicos que se pretenden lograr, seguidamente se incluyen de manera explicativa los principios y estrategias que rigen la Política Criminológica propuesta, se presenta un plan de acción que incluye actividades de prevención general y específica. Por último el documento incluye una matriz de responsabilidades en donde se enumeran las acciones por principios, los plazos y corresponsabilidad institucional, gubernamental y no gubernamental, en que deben ser ejecutadas; así mismo el documento contiene todas las fuentes que sirvieron de apoyo para presentar este esfuerzo. Por último debemos señalar que el propósito fundamental de la Política Criminológica en nuestro país es promover que impere la justicia social de manera que se garantice la seguridad ciudadana a través de la atención oportuna y científica del fenómeno delictivo en todas sus manifestaciones.
La Política Criminológica concebida como parte de las Políticas Públicas demanda para su implementación de la voluntad estatal, porque en ella se determinan las directrices que orientan la atención, prevención y tratamiento del fenómeno de la criminalidad en nuestro país, en su contexto social. Precisamente es la Política Criminológica el medio del cual se valdrá el Estado panameño para atender integralmente la demanda que en estos menesteres exige la sociedad. Es por esta razón que la Propuesta de Política Criminológica considera necesaria para su implementación las siguientes acciones previas: • • Institucionalizar la Propuesta de Política Criminológica. Crear y reglamentar un organismo con independencia y autonomía presupuestaria, supeditado al Órgano Ejecutivo que liderice, planifique, coordine, supervise y evalúe la ejecución de la Política Criminológica. Motivar e integrar a todas las instituciones y entes involucrados en la ejecución de la Política Criminológica a través de alianzas estratégicas.
Tal como lo indica la segunda acción previa, la creación de este organismo permite contar con la autoridad que planifica, organiza, coordina y evalúa la puesta en marcha de la Política Criminológica en nuestro país; con los insumos que proveerán las instituciones gubernamentales o no gubernamentales que tengan corresponsabilidad con la operatividad de los proyectos y acciones de control, prevención y tratamiento de la problemática; lo que permite la participación de diversos actores, sin que cada uno de ellos deje de cumplir sus funciones específicas que le corresponde realizar para este propósito, para este propósito el ente Rector debe ser independiente de los entes que deben materializar la propuesta. Al respecto, especialistas en el área señalan que “la multiplicidad de instituciones estatales que intervienen, así como la diversidad de finalidades declaradas o no de las mismas, hace que sea muy difícil la formulación y ejecución de prácticas coherentes del Estado sin la concurrencia de instancias que las coordinen y corrijan, en especial en el tema de la justicia penal juvenil, que se convierte en un fenómeno que engrana una aglomeración de expectativas de diversos sectores sociales, con la pretendida finalidad de construir una mejor convivencia social.” (Propuesta de Política Criminal y Seguridad Ciudadana para el Salvador. 2005). Las funciones de competencia para este organismo serían: • Liderizar la puesta en marcha de objetivos, principios, estrategias y acciones de la Política Criminológica. • Formalizar los compromisos con las diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales para que cumplan con sus tareas en pro de la disminución de la criminalidad. • Coordinar y orientar las pautas y directrices en las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en materia de prevención y atención del delito en sus diversas modalidades. • Participar en sesiones y comisiones de alto nivel con el fin de proponer programas y proyectos de prevención innovadores que atiendan la problemática de la criminalidad y seguridad ciudadana. • Planificar y promover actividades y tareas vinculadas a la unidad organizacional • Presentar el presupuesto para el funcionamiento de la organización. • Gestionar recursos y alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional. • Identificar y proponer acciones de capacitación necesarias en materia de desarrollo de la Política Criminológica. • Presentar informes anuales del trabajo que realiza, que destaque el impacto cuantitativo y cualitativo de acciones que caracterizan la ejecución de la política (evaluación). José María Rico, experto criminólogo sugiere que este organismo se denomine “Comisión coordinadora de Política Criminológica”. Esta Comisión de acuerdo a nuestra Propuesta debe contar con un Director(a) Ejecutivo(a) que cumpla con el siguiente perfil:
• De las normas legales relacionadas con derechos humanos, niñez y • • • •
adolescencia, familia, derecho penitenciario y penal. De las políticas públicas De asuntos generales y específicos en materia de criminología y Política Criminológica. En Administración pública, planificación estratégica y organización de actividades. De la dirección, supervisión de personal, trabajo en equipo y liderazgo.
HABILIDADES: • Para lograr consenso en la implementación de programas y proyectos con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. • Gestionar y captar recursos. • Analizar situaciones, plantear sugerencias y resolver problemas para realizar análisis desde la perspectiva integral y global. • Establecer alianzas estratégicas. DESTREZAS: • Para operar programas de informática • Hablar, escribir o leer otro idioma. • Conducir reuniones, grupos y población RASGOS PERSONALES DE: • Estabilidad emocional • Sensibilidad social • Con características de liderazgo democrático. • Evidente práctica de valores y principios éticos • Creatividad • Flexibilidad EXPERIENCIA • En elaboración de proyectos • Trabajo en tema relacionado con la problemática del delito y seguridad ciudadana.
La Síntesis Diagnóstica constituye la base de exigencia del por qué debemos contar con una Política Criminológica en el país, ya que parte del estudio de la realidad del fenómeno de la criminalidad y de las instancias de administración de justicia penal, de la percepción de la seguridad ciudadana y de la realidad socioeconómica del país. Este análisis se presenta con información precisa de los síntomas que se refieren a los hechos o situaciones que se observan al analizar el fenómeno; las consecuencias que son los hechos que se producen negativamente de acuerdo a los síntomas identificados, el pronóstico, que son las circunstancias que se mantendrán si los síntomas continúan produciéndose; y lo más pertinente para el control del pronóstico que son las medidas que se deben adoptar en términos de prevención y atención de la problemática a efectos de poder modificar el pronóstico encontrado. El diagnóstico presenta los aspectos o indicadores más relevantes que sirven de soporte a este trabajo, producto de las significativas investigaciones realizadas por el Instituto de Criminología y otras instancias académicas, administrativas y de profesionales nacionales considerados a través del trabajo de las subcomisiones ya anotadas.
Análisis del Informe de la Subcomisión de Criminalidad (Adulta) (1) Síntomas
1. Tendencia al aumento en la Criminalidad. 2. Internacionalización del delito. 3. Diversificación de las conductas delictivas. 4. Disminución de la edad de las personas delincuentes. 5. Mayor índice de Criminalidad en la población masculina y tendencia al aumento en la población femenina. 6. Aumento de la violencia en los hechos delictivos. 7. Incremento de las organizaciones criminales (Bandas). 8. Aumento de la posesión ilícita de armas de fuego.
1. Aumento de los niveles de inseguridad ciudadana. 2. Incorporación de nuevos modelos delictivos. 3. Desconfianza en las Instituciones de seguridad. 4. Afectación del turismo y de la inversión nacional y extranjera. 5. Aumento de las erogaciones familiares para reforzar la seguridad personal y del hogar. 6. Aumento de la cantidad y calidad de la legislación represiva. 7. Incremento de la población masculina detenida. 8. Sofisticación de los métodos delictivos.
1. Incertidumbre por los inversionistas. 2. Deterioro de la calidad de vida. 3. Disfunción familiar. 4. Modelos de paternidad negativos. 5. Bajo rendimiento académico y deserción escolar de los hijos. 6. Pocas posibilidades de reinserción social. 7. Afectación emocional de los miembros de la familia. 8. Insensibilización de la sociedad ante los nuevos hechos delictivos. 9. Irrespeto a las normas establecidas 10. Estancamiento de la economía. 11. Fuga de capitales y divisas.
1. Profesionalización de los estamentos de seguridad pública. 2. Planificación de estrategias de Prevención de la criminalidad a corto, mediano y largo plazo que incluya los siguientes aspectos: - Reorientar el papel de los medios de comunicación hacia la formación de valores. - Implementación de programas para el fortalecimiento de los valores familiares. - Revisión y modificación de las normas legales establecidas. - Control rígido de la migración extranjera. - Implementación de programas de rehabilitación que impliquen el uso de mano de obra de internos. - Incrementar, diversificar y promover facilidades para la educación de adultos.
Acciones por las cuales el investigador puede anticiparse y controlar las situaciones identificadas en síntomas (1), causas (2) pronóstico (3) 3. Fortalecer la cooperación entre Estados. 4. Correcta identificación de los factores causales. 5. Aplicar el reglamento de tránsito. 6. Impulsar actividades de capacitación de educación vial 7. Restringir los permisos indiscriminados para usar armas.
9. Bajo nivel académico del delincuente 10. Influencia negativa de los medios de comunicación social. 11. Falta de liderazgo en la familia como Institución formadora de valores. 12. Altos niveles de mortalidad por accidentes de tránsito y utilización de de armas de fuego.
9. Proliferación de las organizaciones 12. Corrupción criminales. 13. Incremento de la actividad delictiva como 10. Más efectividad en el hecho modus vivendi. delictivo por desconocimiento de la población. 14. Excesiva carga laboral en los sistemas policial, judicial y penitenciario. 11. Aumento de niveles de violencia en la comisión de hechos delictivos. 15. Incremento de muertes por accidente de tránsito y por el uso indiscriminado del 12. Aumento en la probabilidad de arma de fuego. reincidencia. 13. Aumento de muertes por accidentes de tránsito y uso de armas de fuego
Análisis del Informe de la Subcomisión de Criminalidad (Menores) (2) Consecuencias (3) Pronóstico
Hechos o situaciones que se producen por la existencia de los síntomas identificados (1) Situaciones que pueden darse si se siguen presentando los síntomas identificados en (1) y sus causas en (2)
1. Aumento progresivo de la reincidencia, 1. Deserción escolar. más que la conducta infractora primaria en la población menor de edad. 2. Pobre manejo de la afectividad del menor en el proceso de crecimiento y 2. Falta de controles para el cumplimiento desarrollo. de las medidas aplicadas al adolescente. 3. Inseguridad Ciudadana 3. Aumento de la severidad de las faltas cometidas por el y la adolescente. 4. Desconfianza en las Instituciones de seguridad. 4. Aumento en el porcentaje de faltas Contra la Salud, Posesión ilegal de 5. Incremento en la actitud de rebeldía del Armas de fuego. menor 5. Falta de Controles efectivos en el proceso de filiación. 6. Facilidad de la consecución y tenencia de armas de fuego. 7. El arma de fuego es el medio más utilizado en la comisión de las faltas. 6. Mayor efectividad en la comisión del hecho delictivo. 7. Ineficacia del sistema aplicado al menor. 8. Implicación en múltiples problemas psicosociales debido al consumo y
1. Adultos con poca probabilidad de reinserción social. 2. Afectación del desarrollo económico. 3. Desmejoramiento de la calidad de vida de la población. 4. Enfrentamiento entre bandas juveniles. 5. Adultos con trastornos psicológicos.
1. Mejoramiento e implementación de nuevos programas de rehabilitación de menores y de prevención (salud mental y otros). 2. Rescate y fortalecimiento de la familia como base de la sociedad. 3. Desarrollo de programas de prevención de la violencia.
4. Ejercer mayor control y censura en los 6. Disminución de la competitividad en el medios de comunicación. mercado laboral. 5. Efectivizar los principios de “Los niños 7. Ingreso a la vida delictiva a edades más primero” y “El interés superior del tempranas. niño”. 8. Aumento de la desintegración familiar. 6. Escuela para padres y futuros padres. 7. Promoción de organizaciones juveniles orientadas al ejercicio de su espacio
tráfico de drogas. 8. Poca tolerancia de la sociedad ante el comportamiento de los adolescentes. 9. Aumento de la criminalidad organizada.
bio-psicosocial. 8. Incentivos fiscales a los medios para la promoción de valores.
9. Falta de liderazgo de la familia en la 10. Sofisticación de los métodos y técnicas formación de la personalidad de la delictivas. niñez. 10. La satisfacción de las necesidades personales como móvil de las faltas 11. Incremento de la participación del menor en la vida delictiva. 12. Ocurrencia de actos infractores mayormente de viernes a domingo de 7:00 p.m. a 12:00 p.m. 13. Falta de medios sanos para la recreación y esparcimiento de la juventud. 14. Diversificación del acto infractor. 15. Ineficacia de los programas educativos. 16. Niños y adolescentes con problemas psicológicos. 17. Aumento de consumo de drogas en la niñez y adolescencia. 18. Incremento en la participación de venta y distribución de drogas. 19. Creciente participación a edades cada vez más tempranas en pandillas. 20. Poca efectividad de Programas de Rehabilitación.
9. Sanciones o trabajo comunitario como método de padres que incumplen su responsabilidad. 10. Revisión del régimen jurídico de menores. 11. Revisión del currículo para ajustarlo a las expectativas reales de la sociedad y de la comunidad educativa.
Análisis de la Subcomisión Judicial (1) Síntomas
1. Creciente y preocupante aumento en el número y modalidades delictivas. (corrupción, tráfico de drogas, secuestro, tráfico de armas. 2. Asignación de recursos no es cónsono con necesidades del sistema judicial. 3. Deficiencia en la labor investigativa. 4. Falta de independencia en la administración de justicia. 5. La no actualización del ordenamiento jurídico. 6. La politización del poder judicial.
1. Reincidencia en los delitos. 2. Hacinamiento en las cárceles.
1. Aumento continuo de la población penal. 2. Incremento de la legislación punitiva.
1. Selección científica de los operadores de la administración de justicia.
3. Inseguridad jurídica. 3. 4. Manipulación de la ley. 5. Inseguridad ciudadana. 8. 6. Negación del principio de oportunidad. 4. 7. Acumulación de casos sin resolver. 5. 8. Parcialidad en la administración de justicia. 9. Sistematización de la ley penal. 7. Extralimitación de funciones. 8. Falta de unificación en los criterios de aplicación de las penas y decisiones de los conflictos. 9. Mora judicial. 10. Burocratización en la administración de justicia. 11. Incorrecta selección de los miembros que conforman la administración de justicia.
2. Aplicación de otras modalidades de reacción social (despenalización, Aumento de la criminalidad oculta y de desjudicialización, desprisionalización la tendencia a tomarse la justicia por y discriminilización). sus propias manos. 3. Respeto a la separación de los poderes Frustración de la sociedad. para una efectiva independencia judicial. Dilatación del proceso penal. 4. Aplicación de las normas existentes Sostenimiento de la mora judicial. favorables al procesado. 5. Aplicar las sanciones correspondientes a los operadores de justicia que incumplan las normas existentes. Aumento presupuestario. Hacer efectivo el principio de presunción de inocencia. Revisión integral de la legislación
6. Apatía y desgaste de recursos en la administración de justicia.
7. Inestabilidad laboral del funcionamiento de la administración de 6. justicia. 7. 8. Violación a los derechos humanos de los detenidos. 8.
procesal penal. 12. Desconfianza en la administración de justicia.
10. Falta de credibilidad en la administración de justicia. 11. Deficiencia en la formación del personal judicial. 12. Falta de aplicación de la carrera judicial a todos los niveles. 13. Falta de aplicación de medidas cautelares personales, distintas a la detención preventiva. 14. Estructura judicial obsoleta.
9. Desarrollo de programas de rehabilitación efectivos. 10. Modernización del Instituto de Medicina Legal. 11. Crear equipos técnicos interdisciplinarios, como auxiliares de la administración de justicia. 12. Capacitación de los operadores de justicia. 13. Modernizar la estructura del sistema judicial. 14. Crear mecanismos de agilización de procesos judiciales. 15. Buscar mecanismos para garantizar la accesibilidad a la Justicia.
Análisis del Informe de la Subcomisión de Prevención (2) Consecuencias (3) Pronóstico
1. Ausencia de una Institución que canalice las acciones en materia de política criminal. 2. Carencia de una política de Prevención integral en materia de criminalidad. 3. Inexistencia de mecanismos de medición de la efectividad de los programas de Prevención.
1. Multiplicidad de esfuerzos en una misma actividad de Prevención. 2. Ineficiencia en la utilización de los recursos no pudiendo identificar las relaciones costo – impacto de los programas de Prevención que se implementan. 3. Poca efectividad de los programas de Prevención actuales.
1. Aumento de la criminalidad. 2. Inseguridad Ciudadana. 3. Pérdida de confianza en las Instituciones del Estado. 4. Reducción de la inversión. 5. Pérdida de posibilidad de financiamiento y patrocinio por Instituciones Internacionales. 6. La percepción de la importancia de la Prevención disminuye.
1. Creación de un organismo nacional autónomo, permanente, a-político y técnico, con participación ciudadana cuyo propósito es programar, ejecutar, coordinar, controlar, evaluar las acciones y políticas en materia de Prevención. 2. Definir las estrategias en materia Preventiva. 3. Crear subcomisiones a nivel distrital de Prevención Social, delimitando sus actuaciones y alcance. 4. Integrar los medios de comunicación social en las acciones de Prevención de la Criminalidad.
4. Insuficiencia de recursos para el desarrollo de programas de Prevención. 4. Poca participación de la población por desconfianza en los entes encargados. 5. Crisis de valores. 5. Aumento de la delincuencia. 6. Falta de cooperación de los medios de comunicación. 6. Neutralización de los efectos de la Prevención debido al incremento de
antivalores. 7. Se trabaja en base a la improvisación. 8. Minimización de los efectos de la Prevención frente a la influencia de modelos que distorsionan la orientación y formación de valores.
5. Implementación de acciones de Prevención basadas en diagnósticos previos. 6. Reforzamiento de los programas de Prevención secundaria y terciaria en áreas poblacionales críticas.
Análisis de la Subcomisión Penitenciaria (1) Síntomas
1. Falta de autonomía administrativa y financiera. 2. Sistema de seguridad compartido, generador de conflicto. 3. Insuficiencia de infraestructura para alojar la población penitenciaria. 4. Falta de recursos humanos. 5. Baja remuneración económica de los funcionarios penitenciarios.
1. Retraso en la gestión administrativa del 1. Sistema Penitenciario. 2. 2. Dificultad en el desarrollo de programas de autogestión. 3. 3. Conflicto en la gestión penitenciaria. 4. 4. Hacinamiento y violación de los derechos humanos. 5. Imposibilidad para la clasificación de los internos.
Desfasamiento de los aspectos técnicos. 1. Aprobación e implementación de la ley penitenciaria. Postergación de la adecuada atención de la ejecución penal. 2. Dotar de autonomía administrativa y financiera al Sistema Penitenciario. Incumplimiento de la normativa penal. 3. Incrementar el presupuesto del Sistema Crisis en el sistema penitenciario Penitenciario. (administración y prestación de servicios). 4. Creación de la Escuela de Capacitación Penitenciaria. 5. Reincidencia e inadaptación del interno al salir de prisión. 5. Incorporar programas científicos al
tratamiento de la población. 6. Insuficiente presupuesto. 7. Falta de capacitación y actualización del recurso humano. 8. Numerosos centros penitenciarios en cuarteles policiales. 6. Clasificación de los centros penales 7. Deficiencia en el desempeño de sus funciones. 8. Imposibilidad de desarrollar los programas. 9. Desmotivación, apatía y corrupción. 6. Tensión entre la población penal. 6. Sustitución progresiva de la policía por 7. Aumento en el índice de violencia en la custodios civiles en la seguridad interna. comisión de hechos delictivos. 7. Mejorar la difusión de actividades y 8. Ineficiencia en el desempeño de las funciones del funcionario penitenciario. programas del Sistema Penitenciario. 8. Clasificación, acondicionamiento o construcción de centros penales.
Estigmatización del privado de libertad por parte de la sociedad.
Clasificación de los centros penitenciarios
9. Riesgos sobre la integridad del privado de libertad y los funcionarios. 10. Ineficiencia en el uso de los recursos destinados a la solución de los problemas del Sistema Penitenciario.
9. Salida de las cárceles de los cuarteles policiales. 10. Aumento del uso de la aplicación de medidas cautelares distintas a la detención preventiva. 11. Implementar el uso de métodos científicos en la selección de personal. 12. Promover iniciativas con miras a la consecución de fondos internacionales.
10 Apatía de la sociedad ante la problemática penitenciaria. 11 Ausencia de un marco jurídico que promueva la modernización del Sistema Penitenciario. 12 Falta de educación ciudadana acerca
Clasificación científica de la población. Evaluación, diagnóstico, establecimiento del pronóstico y tratamiento de la población en sus diversas modalidades.
del tema penitenciario 13 Desconocimiento de la labor penitenciaria por la ciudadanía.
11 Prestación de servicios insuficientes. 12 Percepción negativa del Sistema Penitenciario.
14 Incompatibilidad de la labor policial en 13 Incumplimiento de los objetivos del los centros penitenciarios frente a los Sistema Penitenciario. objetivos del Sistema Penitenciario. 14 Reincidencia delictiva. 15 Sistema policial represivo 15 Inseguridad ciudadana. 16 Ausencia de un sistema de clasificación científico.
Análisis de la Subcomisión de Seguridad Ciudadana (1) Síntomas
1. Desconfianza generalizada en las Instituciones de seguridad y bienestar social. 2. Pérdida de valores éticos y morales. 3. Injerencia negativa de los medios de
1. Aumento de la inseguridad ciudadana. 2. Ausencia de una cultura de seguridad ciudadana. 3. Falta de cooperación de la ciudadanía en los problemas de seguridad.
2. Aumento de la percepción de ineficacia en los mecanismos de control social, 2. Definir estrategias preventivas. especialmente los formales (policía, ley penal y otros). 3. Modernizar y humanizar el sistema educativo.
comunicación en la sociedad. 4. Sentimientos de inseguridad en la sociedad. 5. Aumento de la criminalidad. 6. Ausencia de una política de seguridad ciudadana y de prevención. 7. Inadecuados mecanismos de control social. 8. Política económica no ajustada a la realidad. 9. Inseguridad jurídica. 10. Inequidad social. 11. Alto índice de desempleo. 12. Desconfianza en los organismos de administración de justicia. 13. Falta de Planificación de la labor preventiva. 14. Ausencia de un sistema estadístico confiable. 15. Falta de lugares de esparcimiento sano 6. Confusión de roles de los miembros de la sociedad. 7. Desmejoramiento de la calidad de vida. 8. Pérdida del liderazgo del adulto. 9. Mala distribución de las riquezas. 10. Cambio en los patrones de comportamiento social. 11. Falta de atención integral de la criminalidad en el país. 4. Pérdida del rol social de los medios de comunicación. 5. Incremento de la delincuencia.
3. Aumento de la inseguridad ciudadana. 4. 4. Aumento de los niveles de pobreza, frustración ciudadana, estancamiento de 5. los programas de desarrollo. 6. 5. Pérdida de confianza en Instituciones. 6. Falta de aplicación de la ley (Anarquía). 7. Deserción escolar y evasión del hogar. Garantizar la seguridad jurídica. Fortalecer el núcleo familiar. Atención y respuesta a la ciudadanía en relación a la seguridad social.
8. Optimizar los servicios de los organismos de seguridad y la 8. Desinformación general y deformación legislación. de valores. 9. Reforzamiento de los programas de prevención.
10. Incorporar el tema de la seguridad ciudadana, a un organismo rector e incluirlo como materia en los planes de educación. 11. Crear comités de seguridad ciudadana como parte de los gobiernos locales. 12. Profesionalizar a los funcionarios de la administración de justicia. 13. Diseñar una propuesta de Política
y convivencia familiar. 16. Falta de mecanismos de coordinación y planificación de la política criminológica. 17. Presión de la sociedad para que se establezcan medidas represivas.
Análisis del Informe de la Subcomisión Socioeconómica (2) Consecuencias (3) Pronóstico
1. Debilitamiento gradual de la economía. 1. Aumento de la tasa de desempleo - Desaceleración de la economía Mundial. 2. Aumento de problemas sociales.
Presión de IFIS Baja en la Inversión
2. Porcentaje significativo del Presupuesto General del Estado destinado al servicio de la deuda externa. 3. Mala distribución de la riqueza. 4. Ineficiencia en el uso de los recursos del Estado 5. Insuficiencia de recursos económicos en las políticas de prevención. 6. Deterioro de la Seguridad Pública. 7. Desventaja Competitiva 8. Economía Subterránea 9. Incumplimiento del rol social que le corresponde a la educación. 10. Desempleo
Divorcios Suicidios Deserción escolar Resentimiento social Precarismo Migración vertical y horizontal Etc.
2. Definir políticas para una mejor distribución de las riquezas. 3. Aumento de la presión social y política. 4. Aumento de la delincuencia. 5. Incremento de la mendicidad directa e indirecta. 6. Inseguridad Ciudadana. 7. Corrupción en todos los niveles. 8. Incremento de la carga judicial y laboral. 9. Estancamiento de los programas de desarrollo del país. 10. Incremento del resentimiento social. 3. Incrementar modelos de desarrollo sostenible con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población. 4. Revisar y actualizar el sistema educativo a todos los niveles. 5. Racionamiento del gasto público y optimización de los recursos. 6. Promoción de políticas de transparencia en la gestión pública. 7. Garantizar la seguridad jurídica con las reformas del derecho positivo correspondiente. 8. Retomar el rol social que le corresponde a la educación.
3. Aumento de los cordones de pobreza. 4. Aumento de la economía informal. 5. Contracción de la Inversión. 6. Aumento del Índice de la delincuencia. 7. Deterioro de la seguridad social. 8. Polarización de grupos de poder. 9. Disminución de los fondos de inversión del Estado.
1. Objetivos Generales • Adoptar una Política Criminológica procurando el abordaje institucional desde un enfoque técnico, científico e integral del fenómeno de la criminalidad y seguridad ciudadana en nuestro país. Organizar un sistema oficial de gestión de políticas públicas orientadas a la prevención, criminológica y la violencia en todas sus dimensiones. Garantizar la calidad de vida de la población panameña sobre la base de valores y procesos democráticos. Procurar una sociedad basada en una cultura de paz y justicia social.
2. Objetivos Específicos. • • • • Ampliar las capacidades y oportunidades de los individuos, incluyéndolos como actores y diseñadores en este proceso para mejorar su calidad de vida. Asegurar la atención integral de mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores víctimas de violencia y discriminación. Disminuir y controlar la criminalidad en el país desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Fortalecer las instituciones y mecanismos de investigación y persecución del delito con la mayor eficiencia y celeridad que responda a la demanda ciudadana. Dar respuesta a la demanda de investigación y persecución de delitos convencionales y no convencionales para disminuir el alto costo social que implica su impunidad. Garantizar la seguridad ciudadana de la población panameña. Garantizar la administración de justicia sobre la base de la igualdad, equidad, independencia, accesibilidad y democracia. Lograr la participación y organización ciudadana en el desarrollo integral de la sociedad panameña con énfasis en la prevención del delito. Establecer un sistema de atención a través de mecanismos alternativos de resolución de conflictos con miras a la generación de paz individual y social. Fortalecer los estamentos de seguridad a efectos de disminuir los niveles de inseguridad mediante la efectivización de acciones comunitarias y participación ciudadana. Proveer los recursos técnicos financieros y humanos que permitan la rehabilitación y reinserción social de las personas que incurran en delitos. Crear programas de atención integral a las víctimas de delitos. Velar por el respeto de los derechos humanos de todos los individuos sin ningún tipo de discriminación. Promover la educación en valores. Fortalecer la unidad familiar.
Los principios rectores que se consideran en esta propuesta parten de la base explicativa de que el fenómeno de la criminalidad se da en el contexto social evolutivo en tiempo y espacio, por tanto los principios que en ella se definen y sustentan deben ir más allá de lo jurídico y lo penal, lo que obliga necesariamente a tomar decisiones que incluyan medidas preventivas de carácter económico, social, político; tendientes a la prevención primaria del delito primordialmente. 1. Principio Rector de Prevención Prevenir en materia criminológica, según Luís Rodríguez Manzanera (1979) es conocer con anticipación la probabilidad de una conducta criminal, disponiendo de los medios necesarios para evitarlo1. Las acciones de carácter preventivo aplicadas a los factores criminógenos contribuyen a evitar en el presente, más que a castigar en el futuro; lo que de manera eficaz y eficiente aplicado a la planeación, ejecución y evaluación de medias preventivas en estos factores tendrá repercusiones en los costos económicos y sociales. Parafraseando a Philippe Robert, quien propone tres niveles de prevención a saber: Nivel primario, cuando se actúa sobre los contextos sociales y situacionales para evitar que se favorezca la delincuencia y para procurar condiciones favorables a comportamientos legales atiende a las causas generales de este fenómeno. Nivel Secundario, dirigido a evitar a que se cometan busca infracciones. Busca detectar individuos con alta predisposición al delito o conducta antisocial para evitar el surgimiento o agravación de una patología; es decir, trabaja con sujetos predelincuentes y con sujetos primarios en el delito. Nivel Terciario, este nivel de prevención destinado a los sujetos condenados para rehabilitarlos y lograr su reinserción social incluye la atención postinstitucional, cuando la prevención se centra a evitar la reincidencia.2 Destaca Philippe que cuando la prevención se dirige a los destinatarios se distinguen las acciones o programas preventivos de carácter general dirigidas hacia el contexto cultural, social y económico que favorecen la no comisión de delitos y la prevención de aquella población potencialmente con situaciones que lo favorecen para que se abstengan de cometer las infracciones lo que conlleva a hacer menos vulnerables a las probables víctimas. Las operaciones o prevención específica, según el mismo autor se dirigen a disminuir la frecuencia de los delitos a través de la rehabilitación de los individuos implicados con
RODRÍGUEZ MANZANERA, Luís. Criminología. Editorial Porrúa, México, 1999, pág. 106. BARATA, Alessandro. Documento de Política Criminal. Entre la Policía de Seguridad y la Política Social, 1992. 32
programas y actividades ya definidos. Desde un criterio más didáctico se habla de prevención general y de prevención especial o específica. En esta propuesta se contempla un Plan de Acción con actividades a corto, mediano y largo plazo, correspondiente a la prevención general y específica, estas últimas atienden directamente los factores y situaciones relacionadas con la conducta antisocial y áreas conflictivas. 2. Principio Rector de Seguridad Ciudadana. El concepto de seguridad ciudadana, también conocido como seguridad humana, es un concepto integral, que en el ámbito internacional ha cambiado a fin de incluir dentro del mismo a toda la población indistintamente de su edad o cualquier condición.”3. En las palabras de bienvenida que ofreció la Prof. Aida Selles de Palacios en la Primera Jornada Científica Nacional sobre Criminalidad y Seguridad Ciudadana: evaluación y propuesta, acerca del tema de seguridad afirma: “La seguridad entendida como una necesidad vital del ser humano, se concibe como un valor que implica la libertad del individuo de autorrealización plena y por ende la satisfacción integral de todas sus necesidades. No obstante, históricamente las diferentes sociedades registran variadas y periódicas expresiones de temores individuales y colectivos que obedecen a diversas situaciones: desastres naturales, enfermedades, conflictos armados, revoluciones políticas, profundas crisis económicas y el aumento de la delincuencia. Ante este último hecho social es que tiene cabida este sentimiento o percepción de inseguridad ciudadana que generalmente se fundamenta con una real o aparente percepción del incremento de la criminalidad y de la falta de represión y prevención del delito o ineficiencia en los mecanismos. El ser humano a través de la historia ha demostrado también la importancia y prioridad concedida a la necesidad de seguridad, la cual ha sido planteada, al decir del Dr. José Ma. Rico y Luis Salas “como uno de los principales resortes de la vida organizada”, de allí la urgencia que exige la dinámica social moderna de que la seguridad ciudadana se realice con mayor participación comunitaria. En atención a la complejidad de las estructuras sociales, la prevención y represión de la conducta antisocial deben adaptarse a las nuevas circunstancias sobre las cuales continuamente ejercen influencias las tendencias mundiales y regionales tales, como: las modernas tecnologías, la acelerada urbanización, la variación de patrones sociales, la significativa influencia de los medios de comunicación masiva, la globalización y el cambio de los modelos o paradigmas sociales científicos y filosóficos, etc. Es decir el mayor esfuerzo de tránsito hacia un nuevo modelo y enfoque de seguridad ciudadana ante el delito, debe pasar irremediablemente a las acciones de prevención en donde se involucren todas las fuerzas vivas de la sociedad. Que al decir de Quirós Cuarón “las
VILLANUEVA, Miriam. La seguridad Humana: ¿una ampliación del concepto de seguridad global?. En Argentina. Global No.3 (octubre-noviembre) 2000, citado por Delgado Diamante, Daniel. Curso intensivo sobre nuevas formas de seguridad en Centro América, Panamá, 22 de octubre de 2002. 33
manecillas del reloj de la ciencia, marcan ya la hora de la prevención; donde aparece la prevención la represión se eclipsa”.4 3. Principio Rector de Respeto a los Derechos Humanos. Como producto de los incipientes procesos democráticos que se dan en el país y definiendo el principio rector de respeto a los derechos humanos como: “un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional5. Es deber del Estado respetar promover y garantizar la vigencia de los derechos humanos, ya sea, no interviniendo injustificada o ilegalmente en las libertades ciudadana o creando las condiciones económicas, sociales y culturales básicas para la satisfacción de las necesidades de la población. Los derechos humanos se fundamentan en la libertad, la igualdad, la seguridad y la solidaridad como valores propios de la dignidad de todo ser humano; indispensables para la vida en sociedad, irrenunciables e inalienables. 4. Principio Rector de Justicia Social. El Principio Rector de Justicia Social comprende las oportunidades y potencialidades que con equidad se ofrecen y promueven en cada individuo permitiéndole desarrollarse y proveerse de bienestar y seguridad; sobre fundamentos de derechos y deberes dentro del sistema social. Al igual que la justicia social se reconocen como bienes de la ciudadanía, la libertad, democracia, solidaridad y participación. La sociedad asegura la justicia social cuando se dan las condiciones que permiten a todos los asociados, principalmente, a aquellos sectores poblacionales cuya condición de desventaja los hace vulnerable (niñez y adolescencia) a cometer delitos o faltas; lo que demanda de parte del Estado acciones de protección y atención especial diferente a los adultos. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad; y solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre.
SELLES de PALACIOS, Aida. “Palabras de bienvenida”. MEMORIA. 1ª Jornada Científica Nacional sobre Criminalidad y Seguridad Ciudadana: Evaluación y Propuesta. Imprenta Universitaria, Panamá, 2003, p.21. 5 PEREZ LUÑO, A.E.: Delimitación conceptual de los derechos humanos en la obra colectiva: Los Derechos Humanos. Significación, estatuto jurídico y sistema. Ediciones de la Universidad de Sevilla. 1979, p.p. 43. 34
5. Principio Rector de Desarrollo Humano Sostenible. La Política Criminológica enmarcada en procesos democráticos busca en este principio aumentar las capacidades y oportunidades para elevar el potencial de la población en nuestro país, sin discriminación de ninguna naturaleza. Para este propósito, la concepción del desarrollo humano sostenible no solamente genera crecimiento económico sino que distribuye sus beneficios equitativamente; que regenera el ambiente en lugar de destruirlo que potencia a las personas, en lugar de marginarlas. El desarrollo humano sostenible otorga prioridad a los pobres ampliando sus opciones y oportunidades y crea condiciones para su participación en las decisiones que los afectan. Es un desarrollo en pro del pobre, en pro de la naturaleza, en pro del trabajo, de las mujeres y los niños. (Informe Nacional de Desarrollo Humano. PNUD Panamá. 2002) El desarrollo solo es posible y sostenible en la medida en que la sociedad o los grupos sociales sean los diseñadores o actores de ese proceso que garanticen una mejor calidad de vida a las presentes y futuras generaciones. Atender el fenómeno social delictivo tiene que ver con el paso de un modelo represivo exclusivamente hacia otro u otros que impliquen las modernas tecnologías, entendida éstas como el ejercicio de las posibilidades que ofrecen las nuevas agrupaciones sociales, con miras a potenciar el desarrollo del ser humano en sus facetas físicas, emocionales, psíquicas, morales, sociales, y familiares, etc. 6. Principio Rector de Participación Ciudadana. La participación ciudadana es la intervención de los ciudadanos en actividades públicas tendentes a operar en la toma de decisiones, especialmente en lo relativo a situaciones que les afecta, que deben definirse en la agenda de Estado para su atención corresponsable. Los aspectos en que se debe desarrollar la participación ciudadana implican la defensa de intereses individuales y colectivos, como la planeación, ejecución, control, evaluación y seguimiento de proyectos y actividades comunales y nacionales, en lo que respecta a la calidad de los servicios públicos, la defensa de los ciudadanos ante eventuales arbitrariedades y en el proceso de toma de decisiones, bien sea a escala local, municipal, provincial o nacional. La participación ciudadana se constituye en un medio o recurso que permite ampliar las capacidades de acción del Estado, a través de su inserción en cinco áreas a saber: a. En relación a la democracia, buscando el reestablecimiento del estado de derecho, la modernización de la institucionalidad política y la consolidación de las libertades públicas, particularmente la libertad de expresión. b. Como elemento de la descentralización, entendida como la transferencia a los ciudadanos de funciones, atribuciones, o capacidades de decisión en
diferentes materias, así como los recursos para hacer realidad dichas decisiones y responsabilidades. Hace posible alcanzar una sociedad autorregulada y fortalecida en su capacidad de asumir su propia intervención. c. A través del mejoramiento de las políticas sociales y la superación de la pobreza, focalizando los recursos destinados a la inversión social y a objetivos de carácter asistencial, induciendo al auto-desarrollo de las personas como procesos de aprendizaje. d. Como factor de modernización de la gestión pública, permitiendo el acceso al Estado, patrimonio común de todos los ciudadanos y al control de su administración. e. La Seguridad Ciudadana como elemento básico que disminuye e impide el desarrollo de sentimientos de angustias y temores. La sociedad civil juega un papel proactivo y determinante en las medidas y acciones tendentes a disminuir y prevenir la delincuencia. 7. Principio Rector de Educación para una Cultura de Paz. La Cultura de Paz es un estilo de vida caracterizado por manifestaciones pacíficas de convivencia que se sustentan en la práctica de valores que nos hacen más humanos y que humanizan nuestra existencia y en consecuencia, a nuestra sociedad. Para alcanzar una sociedad de paz, los seres humanos contamos con inteligencia y capacidad de discernir que nos permita reflexionar, entender, comunicarnos y asociarnos, utilizando nuestra libertad para construir un mundo mejor. La paz es una forma de interpretar las relaciones sociales y una forma de resolver los diversos e inevitables conflictos que se presentan en la sociedad. Debemos entender por conflicto, no solamente los hechos de violencia manifiesta, sino también la contraposición de intereses entre personas o grupos. “La paz es un espacio de encuentro y un tiempo de relaciones humanas gozosas. No es solo ausencia de guerra, ni significa ausencia de conflictos. Convivir en tolerancia y armonía puede suponer un conflicto continuo, pero es positivo en el sentido que es una derrota continuada de la violencia. Las relaciones humanas son siempre conflictivas y la superación pacífica y positiva de estas situaciones es precisamente la forma de convivencia armónica de las distintas culturas, pueblos, religiones, sexos, razas y demás diferencias que puedan servir de excusa para la división, el antagonismo, el odio y la incomprensión.” (Manuel Méndez, Educar en Valores. 2002.) La educación para una cultura de paz es un proceso continuo y permanente dentro de las tareas de la Política Criminológica que debe estar presente en el desarrollo de la personalidad de cada individuo de nuestra sociedad que aprende o reaprende a vivir en la no violencia. La educación para una cultura de paz confía en la creación de ámbitos de justicia de respeto, de tolerancia y felicidad gradualmente más amplios. Educativamente lo que se pretende es un proceso de enseñanza-aprendizaje de la cultura de la paz que implique una ética personal y social fundamentada en la convivencia en libertad y en igualdad, es decir, plenamente democrática.
1. Prevención • Fortalecer los valores de la vida y la unidad familiar como base de la sociedad. • Rol social de la escuela. La educación como pilar para la realización del potencial humano. • Empleo de los medios de comunicación como instrumentos de servicio y elevación de la cultura. • Atención y promoción de los servicios gratuitos de la salud mental.
2. Seguridad Ciudadana • Disminución de la espiral de violencia en las demandas de medidas de represión del delito. • Desarrollo de acciones convincentes y duraderas en materia de seguridad humana. • Fortalecer los mecanismos de control social en la seguridad humana. • Definición de la política del Estado en materia de seguridad humana. • Mejoramiento del acceso a los servicios básicos de la ciudadanía. 3. Respeto a los Derechos Humanos • Respetar el derecho a la vida como valor fundamental. • Hacer efectivo el respeto a los Derechos Humanos. • Fortalecer el compromiso y la voluntad de toda la sociedad, en la defensa de la dignidad humana. • Sensibilizar a la comunidad respecto al impacto negativo de la promoción de la violencia generalizada.
4. Justicia Social • Equidad en la distribución de la riqueza. • Promoción del hombre y la mujer sin discriminación. • Accesibilidad, independencia, imparcialidad y equidad en el sistema de administración de justicia. • Promoción de la solidaridad humana. 5. Desarrollo Humano Sostenible. • Promover la inversión nacional o extranjera cónsona con los principios del desarrollo humano sostenible. • Optimización y racionalización en el uso de los recursos del Estado. • Disminución de la pobreza. • Igualdad y equiparación de oportunidades para todo ciudadano. • Participación ciudadana en los problemas que nos afectan.
Concretizar el principio del Interés Superior de la Niñez.
6. Participación Ciudadana • Participación comunitaria en las estructuras políticas y sociales. • Inclusión de la ciudadanía en las actividades de prevención del delito. • Adopción de mecanismos alternativos de resolución de conflicto (desjudicialización, despenalización, desprisionalización, mediación, arbitraje, entre otras). 7. Educación para una Cultura de Paz. • Rescate y fortalecimiento de la práctica de los valores humanos. • Fortalecimiento de la convivencia pacífica de los asociados a través de mecanismos alternativos. • Respeto a las normas de convivencia social. • Promoción y fortalecimiento de la misión de las organizaciones responsables de la salud mental de la población. • Optimizar los mecanismos de control social con la finalidad de fortalecer una cultura de paz.
En el Plan de Acción se presentan descritas las actividades en dos niveles a saber, las actividades dirigidas a la prevención general; estas como bien se explica en el Principio Rector de Prevención, se dirigen a la atención sobre los contextos sociales y situacionales, evitando que se favorezcan comportamientos delincuenciales; Además actúan sobre áreas o grupos poblacionales vulnerables por algunas condiciones que se identifican como factores criminógenos. Las acciones de Prevención Específicas, son todas aquellas tareas que se encaminan al control, represión y actividades de readaptación y reinserción social. Estas buscan evitar la frecuencia de la reincidencia de los individuos que han cometido delitos y lograr su reincorporación a la sociedad de la cual son parte. Así como aquellas dirigidas a la prevención de delitos específicos. Todas estas acciones aparecen especificadas a corto, mediano y largo plazo. Áreas prioritarias Al establecer algunas líneas prioritarias de atención se quiere resaltar la indudable importancia que tienen estos indicadores de ser abordados a corto plazo, los que constituyen acciones que deben ponerse en práctica de manera urgente. Fortalecimiento y modernización de los entes encargados de la investigación criminal. Atención especial de la Población de Niñez y Adolescencia y juventud en general procurando la efectiva readaptación, reinserción y resocialización. Eficacia y modernización del Sistema de Justicia Incorporación y Fortalecimiento de la Policía Nacional en la prevención primaria del delito a través del trabajo comunitario y otros programas. Rescatar y fortalecer el rol de la familia, como grupo principal e indispensable en la formación de la personalidad del individuo. Atender los problemas relacionados a la corrupción. Reconocer la dimensión y equidad en materia de género. Atender los sectores más vulnerables como lo son: indígenas, jóvenes, discapacitados y en general los grupos más desfavorecidos para garantizar su desarrollo e integración social. Hacer una reingeniería en el sistema penitenciario. Ejecución de las acciones en materia de familia contenidas en el Libro III del Código de la Familia. Dirigir esfuerzos para que la escuela retome el rol social que está llamada a jugar en la formación del individuo
1. Acciones de prevención general a corto, mediano y largo plazo a. Acciones de prevención general a corto plazo • Crear, fortalecer y ejecutar incentivos para el desarrollo de la inversión. • Garantizar la seguridad jurídica a los inversionistas. • Fortalecer las políticas de control y transparencia en la gestión pública.
Promover la eficiencia en el manejo de los recursos del Estado. Garantizar la aplicación de los mecanismos de control y fiscalización del gasto público. Elaborar y ejecutar una reforma educativa integral más humanista tendente a fortalecer los valores cívicos y morales, diversificando sus programas, a fin de adecuarlos a las necesidades de los miembros de la sociedad. Eliminar las prebendas y privilegios en los cargos públicos. Eliminar toda forma de discriminación que afecte los derechos fundamentales de las personas contemplados en nuestra legislación nacional. Identificar los instrumentos jurídicos que requieran reformas legales y promover su aplicación ante las instancias correspondientes. Fortalecer los procesos y crear los instrumentos que permitan la accesibilidad a la administración pública, a fin de lograr mayor transparencia en la gestión. Promover en los ciudadanos una conciencia representativa, participativa y protagónica frente a los temas de agenda nacional. Crear la Contraloría Ciudadana. Rescatar la solidaridad como un valor y eje fundamental de la participación ciudadana en las medidas de previsión y seguridad compartida. Crear escuelas para padres y futuros padres. Fomentar la creación de módulos comunitarios de atención a la salud mental individual, familiar y laboral. Hacer alianzas estratégicas con los países para poder enfrentar al crimen organizado Promover los valores morales, cívicos y culturales a través de campañas sociales y comunitarias, donde se involucren a los medios de comunicación, clubes cívicos, las iglesias, escuelas, instituciones públicas y grupos organizados de las comunidades. Exigir un rol más pro-activo a las instituciones encargadas de regular la difusión de anuncios en vallas, cuñas y programas radiales y televisivos que atenten contra la moral y buenas costumbres. Actualizar y ejecutar el Plan Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud con énfasis en educación comunitaria y escolar. Establecer alternativas de atención al fracaso y a la deserción escolar. Establecer procesos de consulta permanente entre las autoridades gubernamentales y los ciudadanos. Emprender campañas de sensibilización y concienciación hacia una perspectiva de género en los sistemas familiares, educativos y comunales. Mejorar los canales de comunicación y coordinación entre las instituciones y organismos promotores de los derechos humanos. Impulsar las acciones de las instituciones encargadas de protección de los derechos humanos Exigir la aplicación del principio “El interés superior del niño y la niña”. Involucrar a la comunidad en la búsqueda de soluciones de necesidades y conflictos. Adoptar medidas para que las autoridades encargadas de la ejecución de los programas y proyectos cumplan con este cometido.
Diseñar, ejecutar y fortalecer campañas de promoción de valores a través de todos los medios de comunicación. Diseñar y ejecutar programas de capacitación para una cultura de paz (valores, actitudes y comportamiento), dirigido principalmente a docentes, estudiantes y padres de familia. Hacer de la cultura de paz un componente obligatorio de la educación en todos los niveles. Promover el liderazgo en las comunidades hacia una cultura de paz.
b. Acciones de prevención general a mediano plazo • Crear y generar fuentes de empleo digno, sustentable y de calidad, con ingresos acorde a la realidad económica. • Crear mecanismos que sirvan de incentivo económico, como un estímulo para la creatividad y la invención. • Incrementar modelos de desarrollo sostenible con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población. • Crear conciencia de la importancia de la conservación del ecosistema. • Fortalecer y capacitar a las Juntas Locales a fin que identifiquen, atiendan y refieran a las entidades u organismos correspondientes, la problemática general de sus comunidades, especialmente la relacionada con la niñez y adolescencia. • Crear alternativas económicas para la atención de situaciones que afectan a grupos familiares de pobreza crítica, a fin de consolidar la unidad familiar (subsidios familiares, microempresas familiares, becas laborales y educativas, exoneración de servicios básicos, entre otros). • Descentralizar la gestión pública, a fin de aumentar su eficiencia y fundar modalidades o estilos de gestión de carácter participativo. • Facilitar programas de previsión y seguridad en todos los niveles educativos para desarrollar una cultura de participación ciudadana. • Promover el desarrollo integral del individuo con la finalidad de fortalecer su rol como miembro activo de una comunidad. • Ejecutar programas socio-educativos dirigidos a las familias, con el fin de fortalecer patrones de crianza adecuados en la niñez y adolescencia. • Apoyar e incentivar las organizaciones no gubernamentales que desarrollen programas efectivos que fomenten los valores hacia la vida y la familia. • Impulsar actividades de recaudación de fondos económicos destinados a desastres naturales. • Facilitar el acceso y participación de la población general a los servicios de salud y nutrición, educación y capacitación para el trabajo. • Reorientar el papel de los medios de comunicación con respecto al valor de la vida, rol educativo que están llamados a cumplir. • Promover convenios interinstitucionales de asistencia mutua entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales en materia de derechos humanos. • Promover y ejecutar campañas de concienciación en Derechos Humanos dirigidos a la comunidad en general.
• Crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos • Crear y fortalecer oficinas o centros de recepción de quejas de los servidores públicos. • Aplicar las regulaciones legales existentes con el propósito de minimizar las conductas contrarias a los valores morales. • Retomar el rol social que le corresponde a la educación general como formadora integral del individuo.
c. Acciones de prevención general a largo plazo • Establecer mecanismos estrictos para el control de subsidios estatales y fondos asignados a las organizaciones no gubernamentales. • Reformular el régimen impositivo en relación al poder adquisitivo de las personas y el ingreso familiar. • Satisfacer las necesidades básicas del individuo procurando su desarrollo integral. • Promover iniciativas con miras al aprovechamiento de los fondos internacionales y programas de cooperación que beneficien a la población desfavorecida. • Desarrollar campañas a través del sistema educativo en general y de los medios de comunicación acerca de una real y verdadera participación ciudadana en beneficio de la colectividad. • Incluir ejes temáticos en el sistema educativo orientado a la formación de líderes en todos los ámbitos del desempeño humano que organicen y den seguimiento a los procesos participativos de la comunidad. • Promover una reforma curricular que haga obligatoria la enseñanza en todos los niveles de la educación, la asignatura de Derechos Humanos fundamentales (nivel privado / nivel público). • Modernizar y fortalecer los contenidos programáticos de la asignatura de Educación Cívica y extenderla a todos los niveles de educación básica. • Rescatar y fortalecer los gabinetes psicopedagógicos en los niveles primarios, básico y medio (a nivel privado y público). • Promover la creación a través del Ministerio de Desarrollo Social de programas con sede en las comunidades que brinde atención gratuita a las familias, a través de educación y orientación familiar. • Incentivar la generación de empleos y estabilidad laboral con la participación de la empresa privada. • Promover la distribución de riquezas del país con criterios equitativos. • Ajustar la remuneración de los empleados públicos y privados de acuerdo a los estándares de vida actual. • Revisar periódicamente las políticas económicas para ajustarlas al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población. • Concienciar a través de acciones educativas en la familia y la escuela el valor de la solidaridad como principio fundamental de la convivencia armoniosa. • Establecer mecanismos de evaluación de las acciones de las instituciones y organismos no gubernamentales promotores de los derechos humanos.
Incorporar la asignatura Derechos Humanos en los planes de estudio de nivel básico, medio y universitario. Proponer la obligatoriedad de crear un espacio publicitario diario en las concesiones y renovaciones de frecuencias de radio y televisión, así como en las inscripciones de medios escritos, tendientes a promover los valores y el respeto a los derechos humanos. Crear y fortalecer los programas de bienestar social del empleado en organizaciones públicas y privadas. Exigir el cumplimiento estricto de las leyes de carácter social vigente. Procurar una legislación laboral que garantice la estabilidad de los y las trabajadores(as). Fortalecer la Carrera Judicial Promover y divulgar el estudio de la cátedra de cultura de paz. Promover programas de autogestión y microempresas a nivel de familias de escasos recursos.
2. Acciones de prevención específica a corto, mediano y largo plazo a. Acciones de prevención específica a corto plazo • Propiciar espacios y programas que permitan una mayor participación de los ciudadanos en la prevención de la criminalidad y toda forma de violencia. • Integrar los programas de prevención de la criminalidad ya existentes en el sector público y privado, a fin de garantizar sus resultados. • Promover e implementar los programas de enseñanza para la educación vial como parte de la educación básica dentro de las comunidades. • Promover el estricto cumplimiento de las normas en materia de tránsito vehicular y aplicar las medidas de suspensión de la licencia de conducir que establecen las normas vigentes. • Impulsar programas de autogestión en los centros penitenciarios. • Desarrollar programas efectivos de rehabilitación de los privados de libertad. • Implementar la ley penitenciaria. (Ley Nº 55 del 30 de julio de 2003, en todos los aspectos). • Desarrollar programas de prevención e intervención en desajustes primarios en la personalidad de niños y adolescentes, en el ámbito de la escuela, del hogar y la comunidad. • Desarrollar programas de prevención de la violencia en todos los niveles. • Rescatar y fortalecer los mecanismos de censura de programas en los medios de comunicación para evitar la promoción de la violencia. • Implementar y fortalecer las medidas tendentes al consumo, venta, distribución y tráfico de drogas. • Establecer Programas Integrales para la conducción y manejo de la violencia intrafamiliar. • Comprometer a los propietarios de agencias publicitarias y medios de comunicación a colaborar y participar solidariamente en las campañas de publicidad de anuncios comerciales y programas destinados a incentivar los valores humanos y la prevención de conductas antisociales. • Aplicar y fortalecer las medidas de protección a las víctimas. • Acondicionar espacios de atención en los centros penitenciarios y en las instancias que asisten a los privados de libertad para que respondan a las exigencias de la población femenina. • Divulgar a través de todos los medios existentes, información acerca de los servicios que prestan las entidades que administran justicia, con la finalidad de orientar a los ciudadanos. • Evaluar y fortalecer los sistemas de apoyo y coordinación de trabajo interinstitucional a fin de mejorar la administración de justicia. • Educar y orientar a la población en acciones de prevención del delito. • Aplicar medidas cautelares distintas a la detención preventiva.
Reformar la legislación procesal penal encaminada a establecer un sistema que contemple la reducción de los términos procedimentales, duración de la detención preventiva y los procedimientos judiciales en casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y otros tipos de delitos de cuello blanco. Orientar la función del Juez, fundamentando su labor de dictar resoluciones judiciales de manera efectiva. Crear servicios que permitan el aprovechamiento y mejor rendimiento de los recursos al brindar el servicio de administración de justicia. Respetar el principio de presunción de inocencia. Aplicar las normas existentes favorables al procesado. Desarrollar programas de prevención, en especial promoviendo la participación de la familia y grupos organizados. Conformar equipos técnicos interdisciplinarios, como auxiliares de la administración de justicia (Fiscalías y Juzgados) Fortalecer la profesionalización y modernización de los estamentos de seguridad pública. Aplicar las sanciones correspondientes a los operadores de justicia que incumplan las normas existentes. Implementar los mecanismos necesarios para vigilar y prevenir las acciones ilícitas de las empresas transnacionales. Reformar la reglamentación de tenencia y venta de armas ligeras en el país, con el fin de reducir al máximo la violencia generada por su uso indiscriminado. Promover el empleo de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, mediante la creación de centros en la comunidad. Aumentar el número de defensores de oficio a nivel nacional
b. Acciones de prevención específica a mediano plazo • Fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para la disminución de nuevos procesos judiciales. • Implementar medidas que permitan la conmutación de las penas por labores comunitarias que contribuyan a la reinserción social. (Subrogados penales) • Crear comités de seguridad ciudadana como parte de los gobiernos locales con la participación activa de la Policía Nacional. • Idear modalidades de trabajo comunitario, dirigido a Padres negligentes que incumplan su responsabilidad. • Sustituir progresivamente a la Policía por Custodios Civiles en la seguridad interna de los centros penitenciarios. • Implementar el uso de métodos científicos en la selección de personal dentro del sistema penitenciario. • Supervisar de manera estricta la migración extranjera a efecto de minimizar su participación en el delito en nuestro país. • Realizar estudios diagnósticos periódicos de criminalidad. • Establecer polos y retenes para atender el problema de la migración a nivel interno.
Desarrollar programas de prevención secundaria y atención en áreas de alta incidencia delictiva. • Promover la creación de centros de mediación y arbitraje para facilitar la rápida solución de conflictos, con la finalidad de desjudicializar conflictos y minimizar la mora judicial. • Apoyar y crear programas de ayuda post-institucional de atención, seguimiento y monitoreo de la población de jóvenes y adultos que han cumplido su período de privación de libertad, y en libertad condicional con participación activa de la sociedad civil. (Patronatos) • Modernizar los servicios de los organismos de seguridad. • Crear centros médicos especializados para la atención de detenidos con problemas de salud mental, centros médicos para el sistema penitenciario de adultos de ambos sexos y centros de cumplimiento de niñez y adolescencia. • Efectivizar el acceso de la Justicia a los Grupos Indígenas. • Hacer efectivo el cumplimiento de los derechos humanos en la población privada de libertad. • Establecer centros penitenciarios acorde a las necesidades que sustenta la Ley Nº 55. • Desarrollar y fortalecer programas de protección a las víctimas de delitos. • Involucrar a los medios de comunicación en programas de apoyo comunitario en temas relativos a la prevención del delito. • Profesionalizar y especializar periódicamente a los funcionarios que administran justicia como garantía a la seguridad ciudadana. • Modernizar el Instituto de Medicina Legal. • Revisar y evaluar el régimen jurídico aplicable al adolescente en conflicto con la ley penal. • Revisar integralmente la legislación penal y procesal. • Hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones relativas al Código de Ética profesional de los funcionarios responsables de administrar justicia con el fin de despenalizar conductas. • Crear y fortalecer oficinas de centros o recepción de quejas de los servidores públicos. • Promover la aplicación de otras modalidades como forma de resolver conflictos penales. (despenalización, desjudicialización, y desprisionalización, descriminalización). • Capacitar a los docentes del nivel primario y medio y a la ciudadanía en contenidos de cultura de paz y manejo de reacciones violentas. • Fortalecer los programas de rehabilitación en los centros destinados a adolescentes en conflicto con la ley. • Capacitar a los docentes sobre la mediación para el anejo de conflictos entre estudiantes. c. Acciones de prevención específica a largo plazo • • Establecer y constituir mecanismos y programas comunitarios orientados a la atención de la niñez y la adolescencia con el fin de resistir a la presión ante la comisión de hechos delictivos y uso de drogas.
Impulsar a través del Ministerio de Salud, campañas de prevención de uso y abuso de drogas. Crear en cada dependencia una oficina de responsabilidad profesional que asegure la administración objetiva de la queja del usuario y prevenga actos contrarios a la Ley y de manera especial, la corrupción. Reorientar los esfuerzos de los recursos del Ministerio Público hacia los delitos más graves que causan mayor daño social. (Criminalidad Violenta, Droga, Delitos relacionados al Narcotráfico y Delitos Económicos).
ACCIONES EN MATERIA DE POLITICA CRIMINOLÓGICA
UNIVERSIDADES ESTATALES MEDIOS DE COMUNICACIÓN Ministerio de Desarrollo Social DIRECCIÓN DE MIGRACION DEFENSORIA DEL PUEBLO OTRAS ORGANIZACIONES SISTEMA PENITENCIARIO ASAMBLEA LEGISLATIVA CUERPO DE BOMBEROS EMPRESAS PRIVADAS MINISTERIO PUBLICO POLICÍA NACIONAL ENTE REGULADOR ORGANO JUDICIAL CLUBES CÍVICOS
Crear, fortalecer y ejecutar incentivos para el desarrollo de la inversión. Garantizar la seguridad jurídica a los inversionistas. Fortalecer las políticas de control y transparencia en la gestión pública. Promover la eficiencia en el manejo de los recursos del Estado. Garantizar la aplicación de los mecanismos de control y fiscalización del gasto público. Elaborar y ejecutar una reforma educativa integral más humanista tendiente a fortalecer los valores cívicos y morales, diversificando sus programas, a fin de adecuarlos a las necesidades de los miembros de la sociedad. Eliminar las prebendas y privilegios en los cargos públicos. Eliminar toda forma de discriminación que afecte los derechos fundamentales de las personas contemplados en nuestra legislación nacional. Identificar los instrumentos jurídicos que requieran reformas legales y promover su aplicación ante las instancias correspondientes. Fortalecer los procesos y crear los instrumentos que permitan la accesibilidad a la administración pública, a fin de lograr mayor transparencia en la gestión. Crear la contraloría ciudadana. Promover en los ciudadanos una conciencia representativa, participativa y protagónica frente a los temas de agenda nacional. Propiciar espacios y programas que permitan una mayor participación de los ciudadanos en la prevención de la criminalidad y toda forma de violencia. Integrar los programas de prevención de la criminalidad ya existentes en el sector público y privado, con el fin de garantizar sus resultados. Rescatar la solidaridad como un valor y eje fundamental de la participación ciudadana en las medidas de previsión y seguridad compartida.
Promover los valores morales, cívicos y culturales a través de campañas sociales y comunitarias, donde se involucren a los medios de comunicación, clubes cívicos, las iglesias, escuelas, instituciones públicas y grupos organizados de las comunidades. Comprometer a los propietarios de agencias publicitarias y medios de comunicación a colaborar y participar solidariamente en las campañas de publicidad de anuncios comerciales y programas destinados a incentivar los valores humanos y la prevención de conductas antisociales. Exigir un rol más pro-activo a las instituciones encargadas de regular la difusión de anuncios en vallas, cuñas y programas radiales y televisivos que atenten contra la moral y buenas costumbres. Actualizar y ejecutar el Plan Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud con énfasis en educación comunitaria y escolar. Establecer programas integrales para la conducción y manejo de la violencia intrafamiliar. Desarrollar programas de prevención de la violencia. Rescatar y fortalecer los mecanismos de censura de programas de los medios de comunicación para evitar la promoción de la violencia. Implementar y fortalecer las medidas tendentes al consumo, venta, distribución y tráfico de drogas. Crear escuelas para padres y futuros padres Desarrollar programas de prevención e intervención en desajustes primarios de la personalidad de niños y adolescentes, en el ámbito de la escuela, hogar y la comunidad. Promover el estricto cumplimiento de las normas en materia de tránsito vehicular y aplicar las medidas de suspens Ministeer4io de Desarrollo Social ión de la licencia de conducir que establecen las normas vigentes.
Promover e implementar los programas de enseñanza para la educación vial como parte de la educación básica y dentro de las comunidades. Establecer alternativas de atención al fracaso y deserción escolar. Desarrollar programas efectivos de rehabilitación de los privados de libertad. Fomentar la creación de módulos comunitarios de atención a la salud mental, individual, familiar y laboral. Implementar la Ley Penitenciaria (Ley 55 del 30 de julio de 2003) en todos sus aspectos Aplicar y fortalecer las medidas de protección a la victima.
POLICÍA NACIONAL DEFENSORÍA DEL PUEGLO SISTEMA PENITENCIARIO
Impulsar programas de autogestión en los centros penitenciarios Acondicionar espacios de atención en los centros penitenciarios y en las instancias que asisten a los privados de libertad para que respondan a las exigencias de la población femenina.
Establecer procesos de consulta permanente entre las autoridades gubernamentales y los ciudadanos. Emprender campañas de sensibilización y concienciación hacia una perspectiva de género en los sistemas familiares, educativos y comunales. Divulgar a través de todos los medios existentes, información acerca de los servicios que prestan las entidades relacionadas con la administración de justicia, con la finalidad de orientar a los ciudadanos. Evaluar y fortalecer los sistemas de apoyo y coordinación de trabajo interinstitucional a fin de mejorar la administración de justicia. Educar y orientar a la población en acciones de prevención del delito. Fomentar y aplicar las medidas cautelares distintas a la detención preventiva. Reformar la legislación procesal penal encaminada a establecer un sistema que contemple la reducción de los términos procedimentales, duración de la detención preventiva y los procedimientos judiciales en casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y otros tipos de delitos de cuello blanco. Orientar la función de juez fundamentalmente en la labor de dictar resoluciones judiciales de manera efectiva. Crear servicios que permitan el aprovechamiento y mejor rendimiento de los recursos al brindar el servicio de administración de justicia. Mejorar los canales de comunicación y coordinación entre las instituciones y organismos promotores de los derechos humanos Impulzar las acciones de las instituciones encargadas de protección de los derechos humanos Exigir la aplicación del principio “El interés superior del niño y la niña”. Aplicar las normas existentes favorables al procesado. Respetar el principio de presunción de inocencia.
Desarrollar programas de prevención, en especial promoviendo la participación de la familia y grupos organizados. Involucrar a la comunidad en la búsqueda de soluciones de necesidades y conflictos. Adoptar para que las autoridades encargadas de la ejecución de los programas y proyectos cumplan con este cometido. Aplicar las sanciones correspondientes a los operadores de justicia que incumplan las normas existentes. Fortalecer la profesionalización y modernización de los estamentos de seguridad pública. Conformar equipos técnicos interdisciplinarios, como auxiliares de la administración de justicia. (Fiscalías y juzgados) Implementar los mecanismos necesarios para vigilar y prevenir las acciones ilícitas de las empresas transnacionales Reformar la reglamentación de tenencia y venta de armas ligeras en el país con el fin de reducir al máximo la violencia generada por su uso indiscriminado. Diseñar, ejecutar y fortalecer campañas de promoción de valores a través de todos los medios de comunicación. Promover el empleo de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, mediante la creación de centros en la comunidad. Diseñar y ejecutar programas de capacitación en cultura de paz (valores, actitudes y comportamiento), dirigido principalmente a docentes, estudiantes y padres de familia. Promover el liderazgo en las comunidades hacia una cultura de paz. Hacer de la cultura de paz un componente obligatorio de la educación en todos los niveles.
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Crear y generar fuentes de empleos dignos, sostenibles y de calidad, con ingresos acorde a la realidad económica. Crear mecanismos que sirvan de incentivos como un estímulo para la creatividad y la invención. Incrementar modelos de desarrollo sostenible con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población. Crear conciencia de la importancia de la conservación del ecosistema. Crear alternativas económicas para la atención de situaciones que afectan a grupos familiares de pobreza crítica, a fin de consolidar la unidad familiar (subsidios familiares, microempresas familiares, becas laborales y educativas, exoneración de servicios básicos, entre otros). Fortalecer y capacitar las Juntas Locales a fin que identifiquen, atiendan y refieran a las entidades u organismos correspondientes, la problemática general de sus comunidades, especialmente las relacionadas con la Niñez y Adolescencia. Descentralizar la gestión pública, a fin de aumentar su eficiencia y fundar modalidades o estilos de gestión de carácter participativo. Fomentar programas de previsión y seguridad en todos los niveles educativos para desarrollar una cultura de participación ciudadana. Promover el desarrollo integral del individuo con la finalidad de fortalecer su rol como miembro activo de una comunidad. Fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para la disminución de nuevos procesos judiciales. Implementar medidas que permitan la conmutación de las penas por labores comunitarias que contribuyan a la reinserción social. (Subrogados penales)
Crear comités de seguridad ciudadana como parte de los gobiernos locales con la participación activa de la policía nacional. Idear modalidades de trabajo comunitario, dirigido a padres negligentes que incumplan su responsabilidad.
Desarrollar programas de prevención en áreas de alta incidencia delictiva. Ejecutar programas socio-educativos dirigidos a las familias, con el fin de fortalecer patrones de crianza adecuados en la niñez y adolescencia. Sustituir progresivamente a la policía por custodios civiles en la seguridad interna de los centros penitenciarios. Implementar el uso de métodos científicos en la selección de personal dentro del sistema penitenciario. Supervisar de manera estricta la migración extranjera a efecto de minimizar la participación en el delito en nuestro país. Realizar estudios diagnósticos periódicos de criminalidad. Apoyar e incentivar las organizaciones no gubernamentales que desarrollan programas efectivos que fomenten los valores hacia la vida y la familia. Impulsar actividades de recaudación de fondos económicos destinados a desastres naturales. Establecer polos retenes para atender el problema de la migración a nivel interno. Facilitar el acceso y participación de la población general a los servicios de salud y nutrición, educación y capacitación para el trabajo. Promover la creación de centros de mediación y arbitraje para facilitar la rápida solución de conflictos, con la finalidad de desjudicializar conflictos y minimizar la mora judicial. Modernizar los servicios de los organismos de seguridad. Apoyar y crear programas de ayuda post-institucional de atención, seguimiento y monitoreo de la población de jóvenes y adultos que han cumplido su período de privación de libertad y en libertad condicional con participación activa de la sociedad civil (Patronatos). Crear centros médicos especializados para la atención de detenidos psiquiátricos (Centros médicos para el sistema penitenciario para menores y adultos de ambos sexos. Efectivizar el acceso a la justicia a los grupos indígenas.
Reorientar el papel de los medios de comunicación con respecto al valor de la vida, rol educativo que están llamados a cumplir. Desarrollar y fortalecer programas de protección a la victima de delitos. Promover convenios interinstitucionales de asistencia mutua entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales en materia de derechos humanos. Promover y ejecutar campañas de concienciación en Derechos Humanos dirigidos a la comunidad en general. Establecer centros penitenciarios acordes a las necesidades que sustentan la Ley 55. Crear la comisión nacional de derechos humanos. Hacer efectivo el cumplimiento de los derechos humanos en la población privada de libertad. Involucrar a los medios de comunicación en programas de apoyo comunitario en temas relativos a la prevención del delito.. Profesionalizar y especializar periódicamente a los funcionarios que administran de Justicia como garantía a la seguridad ciudadana. Revisar integralmente la legislación penal y procesal. Modernizar el Instituto de Medicina Legal. Hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones relativas al Código de Ética profesional de los funcionarios responsables de administrar justicia con el fin de despenalizar conductas. Crear y fortalecer oficinas de centros o recepción de quejas de los servidores públicos. Revisar y evaluar el régimen jurídico aplicable al adolescente en conflicto con la ley penal. Aplicar las regulaciones legales existentes con el propósito de minimizar conductas contrarias a los valores morales. Capacitar a los docentes sobre la mediación para el manejo de conflictos entre estudiantes. Capacitar a los docentes del nivel primario y medio y a la ciudadanía en contenidos de cultura de paz y manejo de reacciones violentas. Retomar el rol social que le corresponde a la educación general como formador integral del individuo. Promover la aplicación de otras modalidades como forma de resolver conflictos penales (despenalización, desjudicialización, desprisionalización y discriminalización).
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Establecer mecanismos más estrictos para el control de subsidios estatales y fondos asignados a las organizaciones no gubernamentales. Reformular el régimen impositivo en relación al poder adquisitivo de las personas y el ingreso familiar. Satisfacer las necesidades básicas del individuo procurando su desarrollo integral Promover iniciativas con miras al aprovechamiento de los fondos internacionales y programas de cooperación que beneficien a la población desfavorecida. Desarrollar campañas a través del sistema educativo en general y de los medios de comunicación acerca de una real y verdadera participación ciudadana en beneficio de la colectividad. Incluir ejes temáticos en el sistema educativo orientado a la formación de líderes en todos los ámbitos del desempeño humano que organicen y den seguimiento a los procesos participativos de la comunidad. Establecer y constituir mecanismos y programas comunitarios orientados a la atención de la niñez y la adolescencia con el fin de resistir a la presión ante la comisión de hechos delictivos y uso de drogas. Promover la creación a través del Ministerio de Desarrollo Social de programas con sede en las comunidades que brinden atención gratuita a las familias, a través de educación y orientación familiar. Impulsar a través del Ministerio de Salud, campañas de prevención del uso y abuso de drogas y enfermedades infectocontagiosas a nivel comunitario. Crear en cada dependencia una oficina de responsabilidad profesional que asegure la administración objetiva de la queja del usuario y prevenga actos contrarios a la Ley y de manera especial a la corrupción. Rescatar y fortalecer los gabinetes psicopedagógicos en los niveles primarios, básicos y medios. (A nivel particular y público)
Promover una reforma curricular que haga obligatoria la enseñanza en todos los niveles de la educación de la asignatura de Derechos Humanos fundamentales (nivel privado / nivel público) Modernizar y fortalecer los contenidos programáticos de la asignatura de Educación Cívica y extenderla a todos los niveles de educación básica.
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Incentivar la generación de empleos y estabilidad laboral con la participación de la empresa privada Promover la distribución de riquezas del país con criterios equitativos. Ajustar la remuneración de los empleados públicos y privados de acuerdo a los estándares de vida actual. Revisar periódicamente la política económica para ajustarlas al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población. Concienciar a través de acciones educativas en la familia y la escuela el valor de la solidaridad como principio fundamental de la convivencia armoniosa Establecer mecanismos de evaluación en las acciones de las instituciones y organismos no gubernamentales promotores de los derechos humanos. Incorporar la asignatura “Derechos Humanos” en los planes de estudio de nivel básico, medio y universitario. Proponer la obligatoriedad de crear un espacio publicitario diario en las conceciones y renovaciones de frecuencias de radio y televisión, así como en las inscripciones de medios escritos, tendentes a promover los valores y el respeto a los derechos humanos. Reorientar los esfuerzos de los recursos del Ministerio Público hacia los delitos más graves que causan mayor daño social. (Criminalidad violenta, droga y económica). Procurar una legislación laboral que garantice la estabilidad de los y las trabajadores (as). Exigir el cumplimiento estricto de las leyes de carácter social vigentes.
Promover y divulgar el estudio de la cátedra de cultura de paz
1. Jornada taller de consulta sobre la Primera Propuesta de Política Criminológica. Fecha: Lugar: 3 de febrero de 2004. Auditorio Ricardo J. Alfaro. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.
Instituciones Participantes. Ministerio de Educación Ministerio de Gobierno y Justicia Comisión de Justicia y Paz Ministerio de Salud Ministerio Público - Fiscalías Sistema Penitenciario Procuraduría General de la Nación Ministerio Público Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia- Instituto de Estudios Interdisciplinarios Escuela de Trabajo Social. Universidad de Panamá Policía Nacional. Grupo de apoyo y Secretaría General Policía Técnica Judicial Defensoría del Pueblo Alianza Ciudadana Pro Justicia. Organización patrocinadora de la Jornada Taller. Instituto de Criminología 2. Foro sobre la Primera Propuesta de Política Criminológica presentada a la Nación, en el marco del Aniversario XXXVII del ICRUP. Fecha: 2 de febrero de 2005. Lugar: Salón de Docencia. ICRUP Instituciones Participantes. Universidad de Panamá Vicerrectoría de Investigación y Postgrado Instituto de la Mujer Relaciones Públicas Asuntos Estudiantiles Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Ministerio de Educación Ministerio de Gobierno y Justicia
Colegio Nacional de Abogados Asociación Cívica de San Miguelito Fundación Howard Universidad Tecnológica de Panamá Caja de Seguro Social SENADIS Policía Nacional de Panamá Instituto de Salud Mental Ministerio de la Juventud la Mujer, la Niñez y la Familia Comisión para la Justicia y Paz
BIBLIOGRAFÍA Textos BARATTA, Alessandro. Criminología crítica y crítica del derecho penal. Editores Siglo XXI. Buenos Aires, 2002. 258 p. BERISTAIN, Antonio. Criminología, victimología y cárceles. Tomo I y II. Fundación Cultural Javeriana. Santa Fe de Bogotá, 1996, 393 y 327 p. BERISTAIN, Antonio. Criminología y dignidad humana. Ediciones Desalma. Buenos Aires, 1997, 178 p. LARRAURI, Elena. La herencia de la criminología crítica. 3ª. edición XXI, 2000, 266 p. MAGUIRE, Mike. Manual de Criminología. México, 2004, 844 p. MÉNDEZ, Manuel. Educar en Valores. 2002. PEREZ LUÑO, A.E. Delimitación conceptual de los derechos humanos en la obra colectiva: Los Derechos Humanos. Significación, estatuto jurídico y sistema. Ediciones de la Universidad de Sevilla. 1979, RICO, José María y Laura Chinchilla. Seguridad ciudadana en América Latina. Siglo XXI, Editores, S.A., México, 2002, 187 p. RODRÍGUEZ MANZANERA, Luís. Criminología. Editorial Porrúa, México, 1999, 106 p. SAMPEDRO, Julio Andrés. La humanización del proceso penal. Legis Editores. Santa Fe de Bogotá, 1998, 336 p. TELLEZ, Abel. Los sistemas penitenciarios y sus prisiones. Edisofer. Madrid, 1998. 161 p. Derecho y realidad. Oxford University. Editores Siglo
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Código de la Familia. República de Panamá. Editorial Mizrachi y Puyol, S.A. Libro II de los Menores. Libro III de la participación del Estado en la Política familiar. Constitución Política de la República de Panamá Ley Nº 55 del 30 de julio de 2003 Ley 40. Ley Penal Especial del Adolescente Resolución de Gabinete No. 34 (de 21 de junio de 2000) “Por la cual se adoptan los fundamentos de la Política panameña de seguridad.
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References: resolución 
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