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Timestamp: 2018-03-17 16:40:21+00:00

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BOLETÍN INFORMATIVO: MARZO 2013 – Grupo ONCE
Lunes, 08 abril 2013 / Publicado en Boletin
BOLETÍN INFORMATIVO MARZO 2013
La preparación académica así como la experiencia profesional, son los elementos principales que nos han permitido proporcionarle a nuestros clientes la solución de problemas específicos.
Como parte de nuestro compromiso hemos preparado el presente Boletín donde encontrará una breve opinión y síntesis respecto de las principales noticias en Materia Fiscal y sobre los criterios más relevantes emitidos por los Tribunales Federales, esto con la única finalidad de mantenerlo informado sobre estas actualizaciones y que las mismas sean de su utilidad.
PRIMERO.- NUEVAS DISPOSICIONES FISCALES INFONAVIT 2013. A tan solo dos del mes de Marzo, el 27 de Febrero fué publicado en el Diario Oficial de la Federación la resolució RCA-3774-05/12, tomada por el H. Consejo de Administración en su sesión ordinaria número 733, mediante la cual aprobó las “REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS A LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES” a través de las cuales se determinan los términos y requisitos para la obtención del financiamiento, los montos máximos de los apoyos proporcionados, así como las características de la vivienda, cuyo valor máximo no deberá exceder de 350 veces el Salario Mínimo Mensual en el Distrito Federal.
Hay que destacar que en las citadas reglas se advierte la incorporación de nuevos requisitos para el otorgamiento de créditos, tales como la precalificación para convertirse en sujeto de crédito; y se establece, entre otros aspectos, la puntuación sustentada en la edad y salario del trabajador, el crédito conyugal, los montos para acceder a un crédito hipotecario, así como los montos máximos para la adquisición de una vivienda vertical.
Aunado a lo anterior, se establece que los trabajadores que liquiden el crédito otorgado, podrán ser sujetos de un segundo crédito en coparticipación con entidades financieras.
En lo que respecta a la subcuenta de vivienda, ésta se aplicará parcialmente, junto con el monto del crédito otorgado, sin que la suma total por concepto de crédito, más el saldo de la subcuenta, pueda exceder la cantidad de 200 veces el Salario Mínimo Mensual en el Distrito Federal.
SEGUNDO.- Los Cabos, Baja California Sur, México, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó ad referéndum el “Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta”. Las notificaciones a que se refiere el Artículo 28, numeral 1 del Acuerdo, se recibieron en la ciudad de Hong Kong, el veinte de diciembre de dos mil doce y el cinco de febrero de dos mil trece.
Por lo tanto, para su debida observancia, fue publicado el Decreto promulgatorio en el Diario Oficial de la Federación el 04 de Marzo de 2013, dicho acuerdo, vigente a partir del día 7 de Marzo de 2013, será aplicable al Impuestos Sobre la Renta exigible por cada una de las Partes Contratantes, cualquiera que sea el sistema de su exacción, así como a los impuestos de naturaleza idéntica o substancialmente similares que se establezcan con posterioridad a la firma del acuerdo y que se añadan a los actuales o los sustituyan.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó meidane un comunicado que: “El acuerdo armoniza los sistemas fiscales de los dos países y otorga certeza jurídica respecto del sistema fiscal aplicable a la inversión mexicana y hongkonesa”.
A través de este acuerdo se establece, en términos generales, el tratamiento aplicable a rentas inmobiliarias, beneficios empresariales, beneficios procedentes de transportación marítima y aérea, rentas derivadas de la asociación de empresas, dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, prestación de servicios, actividades de artistas y deportistas, pensiones, así como remuneraciones de la función pública, entre otras medidas para evitar la doble tributación; a la vez que se fortalece el intercambio de información entre ambos gobiernos con el fin de evitar la evasión fiscal.
TERCERO.- El pasado 12 de Marzo de 2013, el diputado David Pérez Tejeda Padilla, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó “Iniciativa de Reforma al Artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta” cuyo objeto principal es que las personas físicas puedan deducir los gastos médicos u hospitalarios por concepto de enfermedades crónicas degenerativas.
En la exposición de motivos explica detalle que nuestro sistema de salud pública en México tiene deficiencias que imposibilitan satisfacer la demanda de atención hospitalaria y farmacéutica en las instituciones públicas de salud, situación que provoca que las familias pongan en riesgo su patrimonio para salvaguardar la salud de alguno de sus integrantes, cubriendo los gastos por enfermedades crónico-degenerativas, lo cual significa un severo golpe a la economía de los mexicanos, quienes se ven forzados a asumir el costo de hospitalización y medicamentos en instituciones privadas, sin que se les tome en cuenta el desembolso por dichos conceptos; siendo que es al Estado Mexicano a quien, por mandato constitucional le corresponde garantizar el derecho a la salud de sus habitantes, así como fijar un marco impositivo justo y congruente con la verdadera capacidad contributiva de los contribuyentes.
Sobre esa base, conisderamos adecuada la propuesta de Reformar a la fracción I del Artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el fin de incluir expresamente, bajo ciertas condiciones, la deducción de gastos por tratamientos y adquisición de medicamentos en farmacias o boticas, que sean originados por enfermedades crónicas y/o degenerativas, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta.
Esta iniciativa contínua en su proceso legislativo y la misma fue turnada a la H. Comisión de Hacienda y Crédito Público para la elaboración de su dictamen, esperemos que la misa sea aprobada dado que resulta muy oportuna esta conisderación para nosotros los contribuyentes.
CUARTO.- El 19 de Marzo de 2012 se aprobó con 436 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, en lo general y en lo particular el Dictamen que “Reforma el Artículo 95 de la Ley del Seguro Social”. Su finalidad es que las hijas de los asegurados y pensionados tengan derecho a recibir atención obstétrica durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio, así como ayuda por seis meses para lactancia, hasta la edad de 18 años.
Conforme al dictamen presentado por la H. Comisión de Seguridad Social, la reforma atiende a la necesidad de que las niñas hijas de asegurados o pensionados tengan derecho a recibir la atención obstétrica, ya que no hay razón alguna para ser discriminadas de la misma en relación con las demás leyes de seguridad social, y atiende igualmente a la protección y cuidado de la salud materno infantil como política pública, al homologar esa prestación con las demás leyes de seguridad social que si la otorgan.
Con 436 votos a favor, esta reforma tiene como objeto primordial una homologación de la Ley del Seguro Social con las leyes del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) y del ISSFAM (Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México), mismas que sí prevén el derecho a recibir atención obstétrica y ayuda para lactancia, para las hijas de los asegurados y pensionados hasta los 18 años.
El proyecto fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, por lo que estaremos al pendiente para informar sobre su aprobación y posterior entrada en vigor.
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA O DE REVISIÓN DÉ GABI­NETE. DELIMITACIÓN DE SU OBJETO TRATÁNDOSE DE LA COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIO­NES RELATIVAS A LA VENTA FINAL AL PÚBLICO EN GENE­RAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y DIESEL, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN II, DÉ LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SER­VICIOS.-Tratándose de las órdenes para verificar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la venta final al público en general en terri­torio nacional de gasolinas y diesel a que se refiere el artículo 2ó,-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la delimitación válida del objeto correspondiente exige que, junto; a la precisión de esa porción normativa u otro sustento legal vinculado espe­cíficamente con ésta, se identifique su denominación bajo el concepto de “impuesto especial sobre producción y servicios”. Lo anterior es así, en tanto que del propio rubro del ordenamiento en cuestión se extrae que fue ese nombre y no otro el que de manera general el legislador decidió imprimir para los supuestos de causación ahí previstos, aunado a que la delimitación del objeto en las condiciones anotadas logra dar certidumbre al contribuyente de lo que será materia de comprobación, siendo éste el límite de actuación de la autoridad administrativa, con lo que se satisface el propósito del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2a./J. 26/2013 (10a.)
Contradicción de tesis 448/2012.-Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Segundo del Décimo Quinto Circuito.-23 de enero de 2013.-Cinco votos.-Ponente: Luis María Aguilar Morales.-Secretario: Alejandro Manuel González García.
Tesis de jurisprudencia 26/2013 (10a.).-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tri­bunal, en sesión privada del seis de febrero de dos mil trece.
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMI­SIÓN DE RESPONDER LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA SUB­CUENTA DE VIVIENDA, Y NO SE APLIQUE ALGÚN PRECEP­TO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.- El referido Instituto, como organismo descentralizado, tiene la atribución de administrar el Fondo Nacional de la Vivienda, integrado con las aportaciones realizadas por los patrones en favor de sus trabajadores y que forman parte del patri­monio de éstos, quienes para disponer de esos recursos deben sujetarse a las modalidades establecidas en las leyes. Por ello, cuando un traba­jador le solicita un crédito o la información prevista en la ley, dicho Instituto se encuentra en la relación jurídica de ente administrador, en cuanto no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores, de forma distinta al papel que asume como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obli­gados. Por tanto, la circunstancia de que tal institución niegue la entrega de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda respecto dé los que figura como su administrador, por considerar que aún no se cum­plen los supuestos en que esté obligado a su entrega, involucra; una relación de coordinación propia de su calidad de administrador de; fon­dos, porque la respuesta emitida no vincula por sí y ante sí la situación jurídica del quejoso, modificando o extinguiendo el derecho a disponer de tales fondos, es decir, no está de por medio el despliegue de; una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable y pública, ya qué no es quien decide con imperio sobre el destino de los recursos de vivienda, sino que ello compete a los órganos de justicia laboral, como Os la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo previsto por el artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Así, las relaciones jurídicas entre el trabajador o sus beneficiarios frente al mencionado Instituto, tratándose del derecho a disponer de los recursos de la subcuenta de vivienda acumulados, se dan bajo un plano de coordinación, a diferencia de cuando aplica el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la referida ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, caso en el que actúa como auto­ridad para efectos del juicio de amparo, debido a que unilateralmente, con fundamento en el mencionado artículo transitorio, transfiere los fondos citados al Gobierno Federal, lo que presupone el ejercicio dé una facultad inexcusable prevista en ley, situándolo en una relación de supra a subordinación con el particular, sin que para ello requiera acudir á los órganos jurisdiccionales.
2a./J. 9/2013 (10a.)
Contradicción de tesis 348/2012.-Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guada­lajara, Jalisco y Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.-14 de noviembre de 2012.-Cinco votos; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.-Secretaria: María Marcela Ramírez Carrillo.
Tesis de jurisprudencia 9/2013 (10a.),-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribu­nal, en sesión privada del veintitrés de enero de dos mil trece.
DEMANDA DE NULIDAD, NO ES EXTEMPORÁNEA SI SE PRE­SENTA DENTRO DEL PLAZO QUE PREVÉ LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON­FORME AL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PRECISADO ERRÓNEA­MENTE POR LA AUTORIDAD.-Conforme a la jurisprudencia 1a,/J. 42/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 124, de rubro: “GARAN­TÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.”, se ha definido que la tutela jurisdiccional es un de­recho humano que todo gobernado tiene, para que dentro de los pla­zos y términos que fijen las leyes, acceda de manera expedita á los tribunales independientes e imparciales. Por otra parte, los artículos 3, fracción XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, aseguran ese dere­cho al imponer a la autoridad la obligación de precisar en las resolucio­nes impugnables, el recurso que contra ellas proceda y la consecuencia de duplicar los plazos cuando omita expresarlo; empero, no establecen el supuesto en que la autoridad informe al particular erróneamente sobre el recurso, juicio o plazo para impugnar la resolución que le no­tifica. No obstante, si la ley fija consecuencias favorables al particular cuando la autoridad omite precisar el recurso, juicio o plazos pertinen­tes, tal prerrogativa igual debe prosperar cuando el gobernado; intenta el medio de impugnación dentro del plazo mal precisado por aquélla, pues la tutela jurisdiccional debe garantizarse también frente al error que pueda provocar la autoridad y, en este caso, debe quedara salvo su derecho a hacer uso de un recurso que conforme a la ley, pueda resolver la instancia.
VI.3o.(II Región) J/2 (10a.)
Amparo directo 516/2012, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administra­tiva del Segundo Circuito (expediente auxiliar 800/2012).-Autotransportes Montealto y Anexas, S.A. de C.V.-27 de septiembre de 2012.-Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Mendoza Montes-Secretario: Hipólito Alatriste Pérez.
Amparo directo 528/2012, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administra­tiva del Segundo Circuito (expediente auxiliar 808/2012).-Colomer, S.Alde C.V.­27 de septiembre de 2012.-Unanimidad de votos.-Ponente: Myriam dellPerpetuo Socorro Rodríguez Jara.-Secretario: Adolfo Rodríguez Castillo.
Amparo directo 502/2012, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia;Adminis­trativa del Segundo Circuito (expediente auxiliar 824/2012).-Sistemas contra Incen­dio e Instalaciones Industriales, S.A. de C.V.-11 de octubre de 2012.-Unanimidad de votos.-Ponente: Miguel Mendoza Montes.-Secretario: Cuauhtémoe Escobar González.
Amparo directo 564/2012, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Matéria Admi­nistrativa del Segundo Circuito (expediente auxiliar 967/2012).-Colegio Montessori Coacalco, A.C.-15 de noviembre de 2012.-Unanimidad de votos. ‘Ponente: Miguel Mendoza Montes.-Secretario: Jesús Desiderio Cavazos Elizondo.
Amparo directo 719/2012, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Admi­nistrativa del Segundo Circuito (expediente auxiliar 1102/2012).-7 de enero de 2013.-Unanimidad de votos.-Ponente: José Luis Moya Flores.-Secretario: Carlos Galindo Andrade.
INTERÉS JURÍDICO. EL IMPORTADOR LO TIENE PARA IMPUG­NAR EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES IMPORTADOS, CUANDO SE DECLARA LA INVA­LIDEZ DEL CERTIFICADO DE ORIGEN Y SE LE DETERMINA UN CRÉDITO FISCAL.-Si bien el procedimiento que regula el artículo 506 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se dirige especí­fica y directamente al exportador o al productor, afecta el interés jurídico del importador cuando en aquél se declara la invalidez del certificado de origen de los bienes importados y se le determina un crédito fiscal por las diferencias del impuesto de importación, ya que en tal supuesto, se afecta su derecho a importar bienes aplicando el trato preferencial aran­celario establecido por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por tal motivo, en el citado supuesto el importador tiene interés jurídico para impugnar la resolución que declara la invalidez del certifi­cado de origen, así como los actos del procedimiento respectivo, sin que ello implique que tenga derecho para intervenir en éste, porque le es ajeno, sino sólo a impugnarlo cuando se declara inválido el certificado de origen y se le determina un crédito fiscal.
2a./J. 23/2013 (10ª.)
Contradicción de tesis 431/2012.-Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Séptimo, Décimo Segundo y Décimo Quinto, todos en Materia Administra­tiva del Primer Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal y el Sexto Tribunal Cole­giado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán,-16 de enero de 2013-Cinco votos-Ponente: José Fernando Franco González Salas.-Secretario: Juan Pablo Gómez Fierro.
Tesis de jurisprudencia 23/2013 (10a.),-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de febrero de dos mil trece.
PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES. CARGA DE LA PRUEBA CUANDO EL TRABAJADOR LO RECLAMA CON EL ARGU­MENTO DE QUE RECIBIÓ UN SALARIO INFERIOR AL PROME­TIDO POR EL PATRON.-Cuando en el juicio laboral el trabajador reclama el pago de diferencias salariales, con el argumento de que reci­bió un salario inferior al que el patrón le prometió, y éste se excepciona en el sentido de que no ofreció uno superior al que aquél recibió, la controversia se genera, no respecto del monto del salario pagado, sino en relación con la oferta o promesa salarial que el trabajador afirma le fue hecha. En tal virtud, no se actualiza el supuesto previsto eh la frac­ción XII del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, que impone al patrón la obligación de acreditar en juicio el monto y pago del salario, pues éste se entiende referido al caso en que se discute el pagado al trabajador; de manera que si la controversia versa sobre la ‘oferta o promesa que el trabajador afirma le formuló el patrón, hecho sobre el cual descansa su pretensión de diferencias salariales, la carga de la prueba recae en el actor, porque conforme al mencionado numeral, relacionado con los diversos 804 y 805 del indicado ordenamiento, la obli­gación procesal del patrón se limitaría a acreditar, con los documentos que tiene obligación de conservar y exhibir en juicio, el monto del sala­rio pagado al trabajador, no así la promesa u oferta salarial, pues de esa norma no puede derivarse la obligación de acreditar un hecho negativo, como sería que no prometió u ofreció un salario superior al que cubrió.
2a./J. 14/2013 (10a.)
Contradicción de tesis 393/2012.-Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.-28 de noviembre de 2012.-Cinco votos.-Poniente: Sergio A. Valls Hernández.-Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.
Tesis de jurisprudencia 14/2013 (10a.).-Aprobada por la Segunda Sala de esté Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de enero de dos mil trece.
VIOLACIONES PROCESALES AL PLANTEARLAS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EL QUEJOSO NO ESTÁ OBLIGADO A SEÑALAR EN SUS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN LA FORMA EN QUE TRASCENDIERON AL RESULTADO DEL FALLO.-Los ar­tículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158 de la Ley de Amparo, establecen; que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judi­ciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revoca­dos, ya sea que la violación se corneta en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resul­tado del fallo; de donde se sigue que es posible que aquél haga valer las violaciones cometidas durante el procedimiento, Sin embargó, no todas pueden ser materia de estudio, sino sólo las que afecten sus defen­sas y trasciendan al resultado del fallo reclamado. Ahora bien, de las disposiciones que rigen la tramitación del juicio de amparo directo y, en específico, la impugnación de violaciones procesales, no se advierte que exista obligación del quejoso de señalar en sus conceptos de vio­lación la forma en que trascendieron al resultado del fallo, por lo que la falta de esa precisión no puede tener como consecuencia que se declare inoperante el concepto de violación respectivo. Sostener lo contrario, impondría al promovente una carga procesal sin sustento constitucional ni legal que conllevaría materialmente a la denegación de justicia, en contravención del artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Polí­tica de los Estados Unidos Mexicanos.
2a./J. 27/2013 (10a.)
Contradicción de tesis 449/2012.-Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Mate­ria Civil del Séptimo Circuito.-23 de enero de 2013.-Cinco votos.-Ponente; José Fernando Franco González Salas.-Secretario: Juan Pablo Gómez Fierro.
Tesis de jurisprudencia 27/2013 (10a.).-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tri­bunal, en sesión privada del seis de febrero de dos mil trece.
VII-J-SS-58
RELACIÓN LABORAL EN MATERIA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN DEL SEGURO SOCIAL, CÓMO SE ACREDITA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.- Se considera que un contrato de prestación de servicios profesionales por sí solo es insuficiente para acreditar el vínculo existente entre el trabajador y una sociedad en la que presta sus servicios, si en el juicio contencioso administrativo federal, obran otras pruebas de las que se desprendan elementos de subordinación y dependencia económica para resolver sobre la existencia de una relación laboral o de una de naturaleza civil, pues aun y cuando la actora, en su demanda niegue la existencia de la relación laboral y para tal efecto exhiba como prueba un contrato de prestación de servicios, en el que se especifica ese hecho, en donde se señala que el vínculo se rige por las disposiciones del Código Civil Federal o de una entidad federativa, este instrumento por sí solo no demuestra que la relación haya sido de tal naturaleza, pues el referido documento debe estudiarse conjuntamente con el resto del material probatorio para resolver lo conducente; Lo anterior tiene como fundamento la tesis Jurisprudencial I.9o.T J/51, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito cuyo rubro es ?RELACIÓN DE TRABAJO. UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SÍ SOLO ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR EL VERDADERO VÍNCULO EXISTENTE, SI OBRAN EN EL JUICIO OTRAS PRUEBAS DE LAS QUE SE DESPRENDAN LOS ELEMENTOS DE SUBORDINACIÓN Y DEPENDENCIA ECONÓMICA PARA RESOLVER LO CONDUCENTE?; de ahí que si en el juicio se acreditan los elementos de subordinación, como es el caso en que el prestador del servicio se le ordena dónde y cómo debe realizar su trabajo, se le proporcionan los medios para el desempeño de su actividad y éstos son propiedad del patrón, quien les otorga préstamos, y se les asigna una compensación económica, que aun cuando se le denomine honorarios, por así haberse consignado en el contrato respectivo, en realidad se trata de la retribución que se le paga por su trabajo; por consiguiente, si se justifican estos extremos se debe concluir que la relación existente entre las partes es una relación laboral, acorde a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social en relación con los diversos 8, 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo y por ende son sujetos de aseguramiento obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de ninguna manera se puede establecer que exista una relación de naturaleza civil.
Contradicción de Sentencias Núm. 725/09-21-01-5/AC3/Y OTRO/1181/11-PL-10-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de octubre de 2012, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. José Raymundo Rentería Hernández. (Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/35/2012)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 19. Febrero 2013. p. 125
VII-J-SS-55
CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.- OPERA PARA LA COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN PATRONAL DE EFECTUAR DESCUENTOS POR AMORTIZACIONES DE CRÉDITOS DE VIVIENDA.- El artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 29 y 30, fracción I, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, establecen que es obligación de los patrones proporcionar habitación a sus trabajadores, obligación que cumplen mediante sus aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, organismo que los sustituye en el cumplimiento de esta obligación a través del establecimiento de un sistema de financiamiento que permite otorgar a los trabajadores crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad sus habitaciones. Asimismo se tiene que los patrones tienen, entre otras obligaciones, pagar las aportaciones así como enterar los descuentos realizados a los trabajadores en sus salarios, que se destinen al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el Instituto, siendo facultad del Instituto mencionado determinar las aportaciones respecto de las cuales el patrón no efectuó el pago dentro del plazo señalado, así como determinar los descuentos omitidos. De igual manera, el párrafo segundo de la fracción I del artículo 30 de la Ley en cita, establece que las facultades del Instituto para comprobar tanto el cumplimiento de las disposiciones de la ley, como para determinar las aportaciones omitidas y sus accesorios, se extinguen en el término de cinco años. Por tanto, al estar sujetas a caducidad las facultades del Instituto para comprobar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley en comento, tal como lo son las relativas a la obligación de los patrones de efectuar los descuentos por concepto de amortizaciones ya retenidos, resulta inconcuso que el plazo de caducidad establecido en el artículo en cuestión sí es aplicable tratándose de la obligación patronal de efectuar descuentos por amortizaciones de créditos de vivienda, toda vez que se trata de facultades del Instituto para determinar aportaciones omitidas, mismas que tienen la naturaleza de créditos fiscales una vez determinadas.
Contradicción de Sentencias Núm. 3079/11-01-02-2/Y OTROS 2/1113/12-PL-03-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de octubre de 2012, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Elizabeth Ortiz Guzmán. (Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/40/2012)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 19. Febrero 2013. p. 89
VII-J-SS-52
ACREDITAMIENTO DE LA RESIDENCIA EN TERRITORIO NACIONAL RESPECTO A LOS SUJETOS DE LA TASA 0% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- El artículo 29, fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, prevé que las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten, entendiéndose por tal actividad el aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por residentes en el país, por concepto de comisiones y mediaciones. Por tanto, para acreditar la residencia en territorio nacional, se debe considerar lo previsto en los artículos 9°, fracción II, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, y 6° de su Reglamento, los cuales establecen, el primero, que se consideran residentes en territorio nacional, a las personas morales que hayan establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva; y el segundo, que se considera que una persona moral ha establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva, cuando en territorio nacional esté el lugar en que se encuentra la o las personas que tomen o ejecuten las decisiones de control, dirección, operación o administración de la persona moral y de las actividades que ella realiza. Por lo que si conforme a lo establecido en el numeral 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción, resulta que tiene la carga de la prueba para demostrar plenamente que el lugar donde la o las personas que toman o ejecutan las decisiones de control, dirección, operación o administración de la empresa y sus actividades, se encuentra en México, con prueba documental idónea, como pudieran ser, a título enunciativo, los avisos presentados al Registro Federal de Contribuyentes, los reportes obtenidos directamente de la base de datos de dicho Registro, como el Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente, el oficio por el que un Administrador Local de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria hace constar de manera expresa cuál es el domicilio fiscal del contribuyente, o las impresiones de pantalla de la base de datos del registro general de contribuyentes, generada y almacenada en medios electrónicos o digitales, que cuenten con la certificación de la autoridad hacendaria competente.
Contradicción de Sentencias Núm. 1478/11-01-01-3/Y OTRO/488/12-PL-10-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de septiembre de 2012, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar. (Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/39/2012)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 19. Febrero 2013. p. 66
VII-J-SS-51
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES, EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL DERECHO SUBJETIVO DEL ACTOR EN EL JUICIO RELATIVO DEBE SER PROBADO POR ESTE.- Conforme a lo previsto en el artículo 50, penúltimo párrafo, en relación con el diverso 52, fracción V, inciso a), ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, posterior a la declaración de nulidad de la resolución impugnada, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, según el caso, puede condenar a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, siempre y cuando constate previamente el derecho que tiene el actor, a partir de los datos y pruebas que éste allegue al juicio, que sean suficientes para acreditar que cuenta con el derecho para que se le otorgue lo pedido en la instancia de origen, tomando en cuenta el marco jurídico que rige al derecho subjetivo para determinar qué datos o pruebas deben colmarse para que se otorgue, y resolver si se acreditaron los requisitos exigidos para acceder a él, lo cual dependerá de cada asunto sometido ante este Tribunal.
Contradicción de Sentencias Núm. 1478/11-01-01-3/Y OTRO/488/12-PL-10-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de septiembre de 2012, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar. (Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/38/2012)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 19. Febrero 2013. p. 65
VII-TASA-III-31
ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PLAZO PARA CONCLUIR LA FACULTAD DE COMPROBACIÓN.- SU INICIO Y SUSPENSIÓN, CUANDO NO SE ATIENDE EL REQUERIMIENTO Y SE INTERPONE MEDIO DE DEFENSA.- De conformidad con el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, el plazo legal para la conclusión de la visita domiciliaria o de la revisión a la contabilidad en la oficina de la autoridad fiscal, deberá, concluir en un plazo máximo de 12 meses, contados a partir de la fecha en que sea notificado al contribuyente el ejercicio de las facultades de comprobación, con la salvedad allí prevista. Asimismo, el referido plazo será suspendido, entre otros casos, cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por la autoridad, para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, suspensión que será durante el período que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado y hasta el día que conteste o atienda lo requerido sin que la suspensión exceda de seis meses; y que, en caso de más de dos requerimientos, se sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún caso el período de suspensión podrá exceder de un año. Además, se encuentra como causa de suspensión, si durante el plazo para concluir la visita o revisión de escritorio, se interpone por el contribuyente algún medio de defensa contra actos derivados del ejercicio de las facultades de comprobación, y que la suspensión comprenderá desde la fecha en que se interponga el medio de defensa hasta que se dicte la resolución definitiva al mismo. Sobre lo así establecido, el momento del inicio del aludido plazo de 12 meses comienza en el momento en que se notifica al contribuyente el inicio de las facultades de comprobación, lo que tiene plena armonía legal con lo dispuesto en el artículo 42, antepenúltimo párrafo, del citado Código Tributario, que establece que las facultades de comprobación allí enumeradas inician con el primer acto que se notifique al contribuyente. De la misma forma, respecto de la suspensión por incumplir lo solicitado, el plazo debe ser computado, no desde el día del vencimiento del plazo otorgado para presentar lo solicitado, sino desde el día posterior al mismo, pues el día del vencimiento, esto es, el día 15, puede ser que el contribuyente aporte la documentación e información solicitada, y con ello desaparezca el motivo de la suspensión, que consiste en omitir dar cumplimiento a la solicitud de documentación e información en el plazo otorgado, es decir, no puede ser estimado el día del vencimiento como parte de la suspensión del plazo, pues es precisamente su cumplimiento o incumplimiento al mismo el que dará o no el motivo a la suspensión, de allí que sea el día siguiente al del vencimiento en que deba iniciar la suspensión en comento. En lo atinente a la suspensión del plazo de 12 meses, cuando el particular interponga un medio de defensa en contra de actos derivados del ejercicio de las facultades de comprobación, no puede admitirse el supuesto de que la suspensión concluya una vez que se haya dictado lo resolución definitiva, sino hasta que esta sea notificada, pues la misma no puede ser del conocimiento de las partes hasta ese momento, en que desaparece el motivo de la suspensión y la autoridad fiscal pueda reanudad la facultad de comprobación.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1437/12-TSA-9.- Expediente de origen Núm. 1656/12-05-02-4.- Resuelto por la Tercera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 15 de noviembre de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Adolfo Rosales Puga.- Secretario: Lic. Justino Manuel González González.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 20. Marzo 2013. p. 253
VII-TASA-III-24
RECTIFICACIÓN DE CLASE Y PRIMA DE SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO.- SI EXISTE UNA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD FAVORABLE AL PARTICULAR, NO PUEDE EMITIRSE UNA NUEVA SOBREPONIÉNDOLA A LA YA EXISTENTE, PUES PARA ELLO SERÍA NECESARIO, LA ANULACIÓN DE LA PRIMERA A TRAVÉS DEL JUICIO DE LESIVIDAD.- Cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante Resolución determine a la empresa demandante, prima con la que debe enterar las cuotas relativas al seguro de riesgos de trabajo, y en sus resolutivos establece la vigencia correspondiente; antes de emitir la resolución con que rectifique la clasificación de la empresa y determine una prima de seguro de riesgos de trabajo con nuevo valor, debe considerar que existe una resolución de carácter favorable al particular con vigencia emitida por la propia autoridad, respecto de la prima determinada con posterioridad; de donde deviene que resulta ilegal que en el acto controvertido, el citado organismo fiscal autónomo pretenda emitir nueva resolución que se sobreponga a la ya expedida; de ahí que deba considerarse fundado el argumento en el sentido de que existe una violación al artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, y no pueden subsistir de manera coetánea ambas resoluciones. Por lo que, si previamente existía una resolución administrativa de carácter individual emitida por autoridad fiscal favorable al particular en cuanto a la Prima de Seguro de Riesgos de Trabajo, es inconcuso que antes de emitir la nueva resolución que establezca distinta prima de seguro de riesgos de trabajo superior y la sobreponga a la ya existente, la autoridad debe demandar la nulidad de la primera de ellas a través del denominado Juicio de Lesividad, pudiendo adquirir así, la autoridad traída a juicio, el carácter de demandante conforme a lo previsto en la fracción I, en relación con la fracción II, inciso b), del artículo 3º. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ante este mismo Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, acorde a lo enunciado en el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación ya enunciado.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1032/12-TSA-1.- Expediente de origen Núm. 146/12-05-02-7.- Resuelto por la Tercera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de octubre de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Manuel Bravo Hernández.- Secretario: Lic. José Luis Lee Elías.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 20. Marzo 2013. p. 244
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BOLETÍN INFORMATIVO: SEPTIEMBRE 2013

References: Artículo 28
 Artículo 176
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 Artículo 95
 ARTÍCULO 2
 artículo 2
 artículo 16
 artículo 53
 ARTÍCULO 17
 resolución 
 artículo 506
 resolución 
 artículo 784
 artículo 17
 artículo 12
 artículo 123
 artículo 30
 artículo 29
 artículo 50
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ARTÍCULO 46
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 artículo 42
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 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
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 artículo 36
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 artículo 3
 artículo 36