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Timestamp: 2019-07-20 10:15:09+00:00

Document:
Protección de los derechos humanos en la Corte Interamericana
Mostrar únicamente Sección / Capítulo 1
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2.1. La omisión del estado de investigar una desaparición viola la obligación general de respetar y garantizar los derechos
2.2. Violación de la obligación del estado de respetar y garantizar los derechos cuando no se reparan los daños causados por la detención y posterior desaparición de unas personas
2.3. Violación de la obligación del estado de respetar y garantizar los derechos cuando no se investiga y sanciona a los responsables de las violaciones de derechos
2.4. La existencia de una práctica sistemática de desaparición forzada en un país no es prueba suficiente para presumir el incumplimiento de la obligación general del estado de respetar y garantizar los derechos en un caso determinado.
2.5. Incumplimiento de la obligación de respetar los derechos en casos de conflicto armado interno (artículo 3 común de los convenios de ginebra)
2.6. Violación de la obligación de respetar y garantizar los derechos cuando se violan las garantías judiciales a unos magistrados y se desarticula el tribunal constitucional de un estado
2.7. Incumplimiento de la obligación de respetar los derechos
2.8. La investigación y sanción de los hechos en el derecho interno no es suficiente para declarar que el estado no ha violado el artículo 1.1. de la convención
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3. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno: artículo 2 de la convención
3.1. Deber de eliminar normas de derecho interno que violan derechos como la libertad personal
3.2. Deber de eliminar ley que establece la pena de muerte sin respetar las restricciones establecidas por la convención
3.3. Deber de eliminar del derecho interno las leyes que establezcan amnistía
3.4. Deber de eliminar normas que permitan la imposición de tasas de justicia desmedidas y honorarios excesivos, que impidan el acceso a la justicia
3.5. Violación por parte del estado de su obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno compatibles con la convención americana y la convención interamericana sobre desaparición forzada.
3.6. Violación por parte del estado de su obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno compatibles con la convención y de derogar o anular aquellas incompatibles como una ley de penas corporales
3.7. Violación de los deberes generales de respeto y garantía de los derechos y de adoptar medidas de derecho interno por aplicación de legislación de emergencia que suprime garantías previstas en la convención
3.8. Incumplimiento de la obligación de respetar los derechos y de adoptar medidas de derecho interno
3.9. Incumplimiento de la obligación de respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones de derecho interno por limitar el habeas corpus
3.10. Incumplimiento de la obligación de respetar los derechos y del deber de adoptar disposiciones de derecho interno por aplicar retroactivamente la ley
3.11. Obligación de respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones de derecho interno por normas que establecen la censura cinematográfica
3.12. Obligación de respetar los derechos y deber de adoptar las medidas internas necesarias para dar pleno cumplimiento a las sentencias de los órganos judiciales
3.13. Violación del deber de adopción de medidas de derecho interno para evitar la violación de los derechos de los niños (artículo 19)
Mostrar únicamente Sección / Capítulo 4
4. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3 de la convención)
4.1. El derecho a la personalidad jurídica es un derecho autónomo, con contenido propio, que no se viola como consecuencia del desconocimiento de otros derechos
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5. Derecho a la vida: (artículo 4 de la convención)
5.1. La desaparición prolongada de una persona constituye una violación del derecho a la vida
5.2. Vulneración del derecho a la vida de una persona desaparecida luego de ser privada de la libertad por agentes estatales
5.3. Violación del derecho a la vida de una persona luego de ser privada de la libertad por agentes estatales
5.4. Violación del derecho a la vida por ejecuciones extrajudiciales en operativos de las fuerzas armadas: criterios del uso legal de la fuerza letal y deber de investigar las muertes producidas
5.5. Vulneración del derecho a la vida por ejecuciones extrajudiciales de los internos por agentes estatales, que implicó el uso ilegítimo de la fuerza, con gran intensidad
5.6. Vulneración del derecho a la vida por uso desproporcionado de la fuerza producto de la reacción estatal frente al quebrantamiento del orden dentro del penal
5.7. Violación del derecho a la vida de menores por acción y omisión del estado
5.8. En ausencia de prueba sobre la causa de muerte de un detenido no es posible deducir la responsabilidad del estado
5.9. Imposibilidad de deducir responsabilidad internacional del estado cuando existe reconocimiento interno, se adelanta una investigación adecuada y no existen pruebas suficientes respecto de una de las supuestas víctimas
5.10. Violación del derecho a la vida por el incumplimiento del estado de su obligación de investigar efectivamente los hechos, derivada de la obligación de garantía
5.11. Violación del derecho a la vida por imposición de la pena de muerte sin respetar las restricciones establecidas en la convención
5.12. Violación del derecho a solicitar amnistía, indulto o conmutación de la pena de muerte, si no se tramita de conformidad con un procedimiento que lo torne efectivo
5.13. Violación del derecho a solicitar amnistía, indulto o conmutación de la pena de muerte
5.14. Incumplimiento de las medidas provisionales ordenadas por la corte respecto de un condenado a muerte
5.15. Violación del derecho a la vida por práctica de ejecuciones sumarias selectivas propiciadas por el estado
5.16. Violación del derecho a la vida por ejecución de personas en manos de grupos ?paramilitares?, que actúan con la colaboración, aquiescencia y tolerancia, de miembros de las fuerzas armadas del estado
5.17. Violación del derecho a la vida, por el desconocimiento de los deberes de regular y fiscalizar la atención médica de salud, los cuales constituyen deberes especiales derivados de la obligación de garantizar los derechos consagrados en la convención.
5.18. Violación del derecho a la vida por desaparición de personas en manos de grupos ?paramilitares? e imposibilidad de ubicación e identificación de restos
5.19. Violación del derecho a la vida, cuando el estado no adopta medidas positivas frente a las condiciones que afectan las posibilidades de una comunidad indígena que reclama su territorio de tener una vida digna
5.20. Violación del derecho a la vida probada por las conclusiones de instituciones oficiales y nacionales: las comisiones de la verdad
Mostrar únicamente Sección / Capítulo 6
6. Derecho a la integridad personal (artículo 5 de la convención)
6.1. Violación del derecho a la integridad personal por la desaparición de una persona
6.2. Violación del derecho consagrado a la integridad personal de víctima y/o familiares por la gravedad del sufrimiento causado por las masacres y demás actos realizados con ocasión de las incursiones de grupos paramilitares que actúan con la aquiescencia de miembros de las fuerzas armadas del estado
6.3. Violación de la integridad personal por torturas y otros actos que constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes
6.4. Violación del derecho a la integridad personal por torturas a las que fue sometido persona privada ilegalmente de su libertad y maltratos físicos y severos sufrimientos morales: amenazas de causar daños al padre de la víctima
6.5. Violación del derecho a la integridad personal de persona privada de la libertad, trato digno y trato inhumano: condiciones inadecuadas de privación de la libertad; inseguridad y amenazas contra la víctima, ausencia de política estatal en centros penitenciarios
6.6. Vulneración de la integridad por tratos crueles e inhumanos a los jóvenes durante la retención
6.7. Violación de la integridad personal de un menor al no ser separado de los adultos al momento de su detención y su permanencia en las celdas
6.8. Violación de la integridad personal por la aplicación de penas corporales como la flagelación, las cuales constituyen una forma de tortura y una pena cruel, inhumana y degradante
6.9. Violación de la integridad personal por condiciones de la detención de personas sindicadas y condenadas a pena de muerte
6.10. Vulnera el derecho a la integridad personal el acto de introducir a una persona en la maletera de un vehículo oficial
6.11. Violación de la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura por incumplimiento del deber del estado de investigar este delito
6.12. Violación del derecho a la integridad personal y de las obligaciones internacionales del estado relacionadas con la prevención y sanción de la tortura ?convención interamericana- y falta de investigación de oficio minuciosa y diligentes: obstaculización en la obtención de la prueba, ausencia de rápida obtención de la prueba y de medidas para su conservación.
6.13. La ausencia de pruebas sobre la práctica de la tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes impide concluir violación a la integridad personal
6.14. Violación del derecho a la integridad personal y presunción razonable de sufrimiento de las víctimas: temor producido antes de su fallecimiento por el peligro real e inminente de su muerte
6.15. Violación del derecho a la integridad personal de los familiares por la desaparición forzada de la víctima
6.16. Vulneración de la integridad moral de los familiares por la desaparición forzada acompañada del ocultamiento de los restos de la víctima
6.17. Vulneración de la integridad física y psicológica de los familiares por falta de investigación de las autoridades respecto de la desaparición de las víctimas
6.18. Vulneración de la integridad moral por trato inhumano a los familiares en relación con la desaparición de sus hijos
6.19. Violación de la integridad personal de los familiares de las víctimas por el temor fundado de que fueran expulsadas del estado del cual eran nacionales, en razón de la falta de las actas de nacimiento de sus hijos
6.20. Vulneración de la integridad personal de los familiares por tratos crueles, inhumanos o degradantes y muerte sufridos por la víctima, con discapacidad mental, en centro de atención psiquiátrico
6.21. Violación del derecho a la integridad personal por la aflicción de los familiares de las víctimas relacionadas con sus muertes: situaciones
6.22. Violación de la integridad personal de los familiares de la víctima por haber padecido temor constante, angustia y separación familiar como consecuencia de las denuncias interpuestas por la tortura sufrida por la víctima
6.23. Vulneración de la integridad física y psicológica de los familiares por la tortura y muerte de la víctima y la falta de investigación de los hechos
6.24. Vulneración de la integridad personal por el sufrimiento emocional, psicológico, espiritual y económico producido como consecuencia del incumplimiento por el estado de la obligación de investigar
6.25. Violación del derecho a la integridad personal: sentimiento de angustia e impotencia de los padres del occiso por incompleta investigación de los hechos
6.26. Violación de la integridad personal de los familiares por tortura de la víctima y denegación de justicia
6.27. Violación de la integridad moral de los familiares de la víctima por amenazas sufridas desde el inicio de la investigación de la muerte de la víctima
6.28. Violación de la integridad personal como consecuencia del trato dado a los cuerpos de las víctimas
6.29. Violación de la integridad personal por las condiciones en que son mantenidos los internos
6.30. Violación del derecho a la integridad personal, por el desconocimiento de los deberes de regular y fiscalizar la atención médica de salud, los cuales constituyen deberes especiales derivados de la obligación de garantizar los derechos consagrados en la convención
6.31. Violación de la integridad personal de los familiares por detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial de las víctimas
6.32. Vulneración del derecho a la integridad de los internos como consecuencia del uso ilegítimo de la fuerza, con gran intensidad, por agentes estatales, que implicó la tortura y la afectación de las condiciones de detención en que son mantenidos
6.33. Violación de la integridad personal de los familiares de las víctimas por detención ilegal y arbitraria de la víctima
6.34. Violación de la integridad personal de los familiares por malos tratos y omisiones de información por parte de las autoridades frente a la tortura, ejecución extrajudicial y por las condiciones sufridas por las víctimas durante la detención
6.35. Violación del derecho a la integridad personal de una persona luego de ser privada de la libertad por agentes estatales
6.36. Violación de la integridad personal de la víctima y familiares por las condiciones sufridas durante la detención
6.37. Violación de la integridad personal por suministro de atención médica inadecuada durante la detención
6.38. Violación del derecho a la integridad personal y trato cruel: lectura y notificación de las órdenes de ejecución al condenado a muerte, estando pendientes de resolver recursos internos o peticiones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos
Mostrar únicamente Sección / Capítulo 7
7. Prohibición de la esclavitud y servidumbre (artículo 6 de la convención)
7.1. Violación del derecho a no ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio cuando i. el trabajo o el servicio se exige bajo amenaza de una pena; ii. éstos se llevan a cabo de forma involuntaria; y iii. la presunta violación es atribuible a agentes del estado, ya sea por medio de la participación directa de éstos o por su aquiescencia en los hechos.
Mostrar únicamente Sección / Capítulo 8
8. Derecho a la libertad personal (artículo 7 de la convención)
8.1. La falta de respeto de las garantías de la persona en torno al derecho de libertad personal conlleva la violación de ese derecho: irregularidades en la orden y boleta de detención
8.2. Violación del derecho a la libertad personal: falta de prueba de que las autoridades informaron sobre las razones de la detención y desconocimiento del derecho interno
8.3. No es necesario el pronunciamiento de la corte sobre la violación del derecho que tiene toda persona detenida a ser informada de las razones de su detención cuando ese tribunal, en el mismo caso, ha calificado la detención como ilegal
8.4. Violación del derecho a la libertad personal de forma continuada y de las obligaciones de la convención interamericana sobre desaparición forzada de personas por la desaparición forzada de la víctima
8.5. Violación del derecho a la libertad personal por detención ilegal y arbitraria, omisión de informar a la persona sobre los motivos y las razones de su detención y no disposición del detenido ante autoridad judicial competente
8.6. Violación del derecho a la libertad personal y de sus garantías por privación ilegal y arbitraria de la libertad; demora en la notificación de cargos y falta de juzgamiento dentro de plazo razonable: falta de competencia de juez y libertad por motivos que no definen situación de la víctima
8.7. Violación del derecho a la libertad personal y al deber de protección judicial por detención arbitraria, omisión de informar a la persona sobre los motivos y las razones de su detención, e ineficacia del recurso de habeas corpus
8.8. Violación del derecho a la libertad personal cuando el estado sobrepasa el tiempo máximo que su ordenamiento interno establece como duración de la detención
8.9. Vulneración del derecho a la libertad personal por detención ilegal y arbitraria en el marco de una desaparición forzada, producida por agentes estatales
8.10. Violación del derecho a la libertad personal: privación de la libertad por fuera de la legislación interna; falta de presentación personal al juez y presentación tardía; y pérdida de efectividad de control judicial
8.11. Violación del derecho a la libertad personal y al deber de protección judicial por detención ilegal, no disposición del detenido ante autoridad judicial competente privación arbitraria de la libertad e ineficacia del recurso de habeas corpus.
8.12. Violación del derecho a la libertad personal por no haber sido juzgado el privado de la libertad en un plazo razonable ni haber sido puesto en libertad: duración excesiva de la prisión preventiva
8.13. Vulneración del derecho a la libertad personal por detención arbitraria
8.14. Violación del derecho a la libertad personal. prisión preventiva arbitraria e indebida motivación de la providencia que ordena la privación de la libertad
8.15. Violación del derecho a la libertad personal por la detención de personas producida de manera ilegal y arbitraria por grupos paramilitares que actúan con la aquiescencia de miembros de las fuerzas armadas del estado.
8.16. Diferencia entre detención ilegal y arbitraria. presunción sobre detención ilegal por renuencia del estado a suministrar información de derecho interno
8.17. Violación del derecho a la libertad personal por detención ilegal
8.18. Vulneración del derecho a la libertad personal por detención practicada con ausencia de información sobre las causas que la originan y/o los delitos que se imputan
8.19. Vulneración del derecho a la libertad personal por retención ilegal y ausencia de control judicial
8.20. Detención ilegal cuando se detiene a una persona sin orden judicial previa y por detención arbitraria cuando se le mantiene incomunicada por un tiempo mayor al previsto en la ley
8.21. Detención ilegal y arbitraria por autoridad militar, al desobedecer orden de autoridad judicial competente
8.22. Violación del derecho a la libertad personal por detención ilegal y arbitraria, probada por las conclusiones de instituciones oficiales y nacionales: las comisiones de la verdad
8.23. Detención arbitraria por practicarse sin orden judicial previa y con desconocimiento de los requisitos de detención
8.24. Vulneración del derecho a la libertad personal cuando no se pone al detenido a disposición de autoridad judicial competente
8.25. Violación de la libertad personal cuando no se pone al detenido a disposición de autoridad judicial competente, incluso en estados de excepción
8.26. Violación del derecho a la libertad personal, garantía de recurrir ante autoridad judicial para que decida sobre la legalidad de la privación de la libertad: demora en resolver los recursos, desconocimiento de argumentos de las víctimas y omisión sobre mantenimiento de medida privativa de la libertad
8.27. Violación del derecho a la libertad personal: la declaración de la víctima ante un fiscal y la presencia de un juez al momento de la detención no cumplen con la garantía de intervención de autoridad judicial en situaciones de privación de la libertad
8.28. Violación del derecho a la libertad personal y al deber de protección judicial por ineficacia del recurso de habeas corpus
8.29. Violación de la libertad personal y del deber de protección judicial por ineficacia del habeas corpus frente a detención efectuada por autoridad militar
8.30. La detención de un insurgente debe observar los requisitos formales y materiales en respeto de la libertad incluso en situación de conflicto interno
8.31. La ineficacia del recurso de habeas corpus en estados de excepción vulnera el derecho a la libertad personal y el deber de protección judicial
8.32. Vulneración del derecho a la libertad personal y al deber de protección judicial del estado, cuando se impide a una persona ejercer el recurso de habeas corpus durante los estados de excepción
8.33. Violación de la libertad personal por la imposibilidad de interponer recursos
8.34. El estado de excepción no justifica la vulneración de los límites establecidos por el artículo 7
8.35. Violación de la libertad personal por falta de efectividad de los recursos interpuestos
Mostrar únicamente Sección / Capítulo 9
9. Derecho a las garantías judiciales (artículo 8 de la convención)
9.1. Vulneración de las garantías judiciales cuando se excede la razonabilidad del plazo en proceso administrativo de reivindicación de tierras ancestrales, interpuesto por comunidad indígena
9.2. Vulneración de las garantías judiciales cuando se excede la razonabilidad del plazo en trámite administrativo de solicitud de personería jurídica interpuesto por comunidad indígena
9.3. Violación de los derechos al debido proceso y a la protección judicial: plazo razonable, afectación producida por la duración del procedimiento en relación con la situación jurídica de la persona involucrada, derecho de los familiares de la víctima fallecida en caso de ejecución extrajudicial
9.4. Violación de las garantías judiciales y al deber de protección por violación del plazo razonable y faltas al deber de investigar los hechos, así como por la falta de mecanismos judiciales efectivos para investigar y sancionar a los responsables, en casos de detención ilegal y arbitraria y muerte de la víctima, en perjuicio de las víctimas y/o familiares
9.5. Violación de las garantías judiciales y al deber de protección por faltas al deber de investigar los hechos, así como por la falta de mecanismos judiciales efectivos para dichos efectos y para sancionar a los responsables
9.6. Violación de las garantías judiciales y al deber de protección por violación del plazo razonable y faltas al deber de investigar los hechos, así como por la falta de mecanismos judiciales efectivos para investigar y sancionar a los responsables, en casos de desaparición forzada, en perjuicio de las víctimas y/o familiares
9.7. Vulneración de las garantías judiciales cuando se excede la razonabilidad del plazo en la investigación por la muerte de la víctima
9.8. Violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en relación con los derechos a la vida y a la integridad personal: iniciación oportuna de investigación por muerte de un menor y falta de diligencia para obtener la extradición de un implicado
9.9. Violación de los derechos al debido proceso legal y a la protección judicial por denegación de acceso a la justicia: ejecuciones extrajudiciales y suspensión de garantías judiciales en situaciones de emergencia
9.10. Violación de la obligación de investigar y sancionar la tortura en perjuicio de la víctima y/o familiares
9.11. Violación de las garantías judiciales y del deber de protección judicial a los familiares de las víctimas, por irregularidades en la investigación y exceso en la razonabilidad del plazo
9.12. Violación a las garantías judiciales y a la protección judicial por obstrucción, omisión y demora para la actuación judicial
9.13. Violación de las garantías judiciales por la inobservancia del plazo razonable, desconocimiento de la presunción de inocencia, del derecho a que se le comunique la acusación formulada, a ser asistido por un abogado, a no autoincriminarse y a la falta de recursos efectivos
9.14. Violación de las garantías judiciales y del deber de protección judicial por ineficacia de recursos de garantía en perjuicio de la víctima y de sus familiares
9.15. Violación del derecho a ser oído dentro de un plazo razonable
9.16. Violación del derecho que tiene toda persona de ser oída y a que se resuelva su causa dentro de un plazo razonable: retardo notorio inexplicable no requiere valoración sobre razonabilidad del plazo
9.17. Violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial: falta de garantía del derecho a la integridad personal por sentimientos de angustia e impotencia ante el incumplimiento del deber de investigar amenazas y hostigamientos hacia familiares de la víctima
9.18. Violación de las garantías judiciales y a la protección judicial cuando el estado no ha proporcionado a los familiares un recurso efectivo para garantizar el acceso a la justicia, la determinación de la verdad de los hechos y la reparación de las consecuencias de las violaciones por tratos crueles, inhumanos o degradantes y muerte sufridos por la víctima, con discapacidad mental, en centro de atención psiquiátrico
9.19. Vulneración de las garantías judiciales cuando se detiene y no se juzga a una persona en un plazo razonable
9.20. Violación de las garantías judiciales y el deber de protección judicial por la falta de una reparación adecuada de las víctimas, en el marco de la convención, que exige medidas de rehabilitación, satisfacción, y garantías de no repetición.
9.21. Violación de los derechos al plazo razonable, garantías judiciales y al deber de protección judicial en procesos de condena a pena de muerte
9.22. Violación de las garantías judiciales cuando delitos comunes son juzgados por la justicia militar
9.23. Violación del derecho al juez natural y al debido proceso cuando civiles son juzgados por tribunales militares
9.24. Violación del derecho a las garantías judiciales y a la presunción de inocencia: ordenes de prisión preventiva arbitrarias, recursos ineficaces, duración desproporcionada de la privación de la libertad y allanamiento del estado
9.25. Violación de las garantías judiciales por no observar el principio de presunción de inocencia, en especial cuando se prolonga la detención preventiva
9.26. Violación de las garantías judiciales por no observar el principio de presunción de inocencia en detención ilegal y arbitraria
9.27. Violación de la presunción de inocencia al obstaculizar al procesado el ejercicio de su derecho de defensa en la justicia penal militar
9.28. Violación de las garantías judiciales cuando el juez no acepta que los procesados sean asistidos por un defensor de su elección, que les permita ejercer el derecho de defensa
9.29. Violación de las garantías judiciales cuando se impide ejercer adecuadamente el derecho de defensa
9.30. Violación de la garantía judicial del derecho de defensa por impedir el acceso a las actuaciones realizadas durante la etapa del sumario
9.31. Violación del derecho de defensa cuando se impide interrogar a los testigos
9.32. Violación del derecho de defensa por desconocer el principio de congruencia entre la acusación y la sentencia al modificar la base fáctica de la imputación en el momento de imponer la condena
9.33. Violación del derecho a no autoincriminarse
9.34. Violación el derecho del inculpado a ser asistido por un defensor de su elección: falta de abogado defensor; prohibición de intervenir en la declaración preprocesal e imposibilidad de sustentar recurso por parte de abogado defensor
9.35. Violación del derecho a ser asistido por un defensor proporcionado por el estado: inasistencia de la defensora pública al interrogatorio
9.36. Violación del derecho a recurrir el fallo cuando la segunda instancia corresponde a la justicia penal militar
9.37. Vulneración de la prohibición de juzgar dos veces la misma conducta en un proceso penal militar y en un proceso penal ordinario
9.38. Inexistencia de violación de la confesión sin coacción por falta de prueba
9.39. Violación de la garantía procesal a un proceso público cuando se sanciona con aislamiento a los condenados
9.40. Violación de las garantías judiciales a ser oído por un juez o tribunal independiente e imparcial
9.41. Violación de las garantías judiciales a ser oído por un tribunal independiente e imparcial, a la presunción de inocencia, a ejercer adecuadamente el derecho de defensa, a la cosa juzgada y a la publicidad del proceso, a no ser obligado a declarar contra sí mismo y a declarar sin coacción de naturaleza alguna
9.42. Es compatible con el derecho a las garantías judiciales sobre tribunal competente, la existencia de un órgano con funciones disciplinarias, cuya competencia deviene de norma de rango superior a la legal, fue creado anterior a la causa que conoce, es general para todos los proceso disciplinarios, no es un tribunal ad-hoc, no ha sido asignada a órgano distinto y es reconocido judicialmente.
9.43. Violación del derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial y del deber de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos y libertades de la convención, cuando la legislación interna y la jurisprudencia del estado no prohíben la recusación para los miembros del órgano disciplinario y no existe recurso efectivo para que la imparcialidad del órgano disciplinario juzgador sea revisada, frente quien estando obligado no se inhiba de conocer la causa
9.44. El derecho a ser oído por un tribunal u órgano independiente e imparcial requiere que sea frente a situaciones en las que la presunta víctima sea parte de la decisión y frente a recursos no se requiere, para garantizar el derecho, ser escuchadas de forma oral en audiencia pública o privada
9.45. Violación del derecho a no ser juzgado por un tribunal independiente: código de ética, estabilidad del órganos disciplinario y procedimientos de nombramiento y remisión que garanticen a los juzgados que lo serán sin que juzgadores puedan ser influenciados por presiones
9.46. Violación del derecho a ser oído dentro de un plazo razonable por demora en la resolución de recurso jerárquico interpuesto contra la decisión que ordena unas destituciones: incumplimiento de plazo legal y falta de demostración estatal de adecuación al principio de plazo razonable
9.47. Cláusula general de no discriminación, derecho a ser oído dentro de un plazo razonable: diferencia de tiempos en resolución de recursos, proceso y aspectos a decidir distintos
9.48. Inexistencia de violación de las garantías judiciales cuando transcurre un corto tiempo entre la captura y la presunta muerte de una persona
9.49. Violación de las garantías judiciales al debido proceso, a la defensa, a ser oído, a no ser juzgado por jueces sin rostro, a interrogar a los testigos, a la publicidad del proceso penal, y a ser a ser oído y juzgado dentro de un plazo razonable.
9.50. Inexistencia de violación de las garantías judiciales ante la ausencia de prueba sobre vulneración del derecho a la defensa técnica
9.51. Violación de las garantías judiciales y del deber de protección judicial en proceso administrativo de despido de trabajadores estatales
9.52. Violación de las garantías judiciales en proceso administrativo sobre un título de nacionalidad y en procesos judiciales por falta de imparcialidad e independencia judicial
9.53. Violación de las garantías judiciales por ausencia o indebida fundamentación de las decisiones adoptadas
9.54. Violación de las garantías judiciales por carencia de fundamentación de la decisión que negó el derecho de acceso a la información bajo el control del estado
9.55. Violación de las garantías judiciales en un juicio político a magistrados de tribunal constitucional
9.56. Violación de las garantías judiciales y el deber de protección judicial por impedir el derecho de acceso a la justicia al cobrar una tasa judicial y fijar honorarios desproporcionados
9.57. Incompatibilidad de leyes de amnistía a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos con las garantías judiciales y el deber de protección judicial
9.58. Violación de las debidas garantías del derecho a garantías judiciales por falta de motivación en fallo disciplinario sancionatorio
9.59. Violación de las garantías judiciales en especial para el caso de menores
9.60. Violación a las garantías judiciales en la investigación de un delito
9.61. Violación a los derechos de acceder y ser oído sin demora por tribunal competente y a un recurso judicial efectivo por existencia de situación de inseguridad jurídica: persecución penal, privación de libertad por tribunal sin competencia, adopción de medidas de libertad que no definen situación de proceso penal y retardo en la administración de justicia
9.62. Violación de las garantías judiciales en los procesos extrajudiciales
9.63. Violación de las garantías judiciales y al deber de protección por faltas al deber de investigar los hechos, así como por falta de mecanismos judiciales efectivos para dichos efectos y para sancionar a los responsables
9.64. Violación de las garantías judiciales por el hecho de impedir el derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior
9.65. Derecho a la concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa: violación del derecho a las garantías judiciales y tardía notificación de la realización de prueba y ausencia de abogados defensores en su práctica
Mostrar únicamente Sección / Capítulo 10
10. Principio de legalidad (artículo 9 de la convención)
10.1. Principio de legalidad y de retroactividad. delito no tipificado: ausencia de condena y juzgamiento y tribunal sin competencia
10.2. Violación del principio de legalidad por ambigüedad o indeterminación en la formulación de los tipos penales
10.3. Violación del principio de legalidad al condenar con base en dos tipos penales que por sus características son excluyentes e incompatibles entre sí y de retroactividad por ley que no se encontraba vigente al momento de los hechos
10.4. Violación del principio de legalidad y de retroactividad por ley que no se encontraba vigente al momento de los hechos
10.5. Violación del principio de legalidad por incluir la peligrosidad del agente como criterio para la calificación típica de los hechos y la aplicación de ciertas sanciones
10.6. Violación del principio de legalidad por incumplir el principio de retroactividad de la norma penal más favorable
Mostrar únicamente Sección / Capítulo 11
11. Derecho al honor y a la dignidad (artículo 11 de la convención)
11.1. El desarrollo de un proceso no viola por sí mismo los derechos al honor y a la propiedad
11.2. Violación del derecho a la honra y dignidad por injerencia arbitraria y abusiva en el domicilio de una persona por parte de agentes estatales
11.3. Violación del derecho a la honra y dignidad de las personas en relación con el derecho a la propiedad por la destrucción de domicilios y de las propiedades que existen en su interior, por parte de grupos paramilitares que actúan con la aquiescencia de miembros de las fuerzas armadas del estado, por cuanto ello constituye una interferencia especialmente grave e injustificada en la vida privada y familiar y en el uso y disfrute pacífico de sus bienes
11.4. Violación de la honra en los casos de desaparición
Mostrar únicamente Sección / Capítulo 12
12. Libertad de religión y cultos (artículo 12 de la convención)
12.1. Inexistencia de violación de la libertad de conciencia y de religión por prohibir la exhibición de una película
Mostrar únicamente Sección / Capítulo 13
13. Libertad de pensamiento y expresión (artículo 13 de la convención)
13.1. Violación de la libertad de pensamiento y de expresión por la prohibición de exhibir una película
13.2. Violación de la libertad de pensamiento y expresión por actos de censura previa expresados en la prohibición de publicación de un libro
13.3. Violación de la libertad de pensamiento y de expresión por decisión judicial de suspender el ejercicio de derechos accionarios a presidente de canal de televisión
13.4. Violación de la libertad de pensamiento y de expresión por la prohibición de expresarse en el idioma de su elección a un interno en centro carcelario, porque dicha medida lesiona la individualidad del detenido y no obedece a condiciones de seguridad o a necesidades de tratamiento
13.5. La dimensión individual y social del derecho a la libertad de expresión deben ser protegidas conjuntamente
13.6. La libertad de pensamiento y de expresión es indispensable en la formación de una sociedad democrática por lo que el margen de restricciones a este derecho debe ser reducido cuando se trata sobre actividades de interés público
13.7. Violación de derecho a la libertad de expresión, uso arbitrario del poder punitivo del estado, protección de las opiniones en asuntos públicos y debate público de las actuaciones oficiales de los funcionarios públicos en una sociedad democrática
13.8. Las restricciones permitidas a la libertad de pensamiento y de expresión en una sociedad democrática
13.9. Violación del principio de legalidad penal por imprecisa tipificación de los delitos de injuria y calumnia
13.10. Violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión cuando se desconoce el derecho de acceso a la información bajo el control del estado.
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14. Derecho de reunión (artículo 15 de la convención)
14.1. La destitución laboral no constituye por sí misma violación al derecho de reunión
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16. Derecho al nombre (artículo 18 de la convención)
16.1. Violación a los derechos al nombre y al reconocimiento de la personalidad jurídica de los niños por privación de la nacionalidad.
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17. Derechos del niño (artículo 19 de la convención)
17.1. El artículo 19 de la convención americana debe entenderse como un derecho complementario que el tratado establece para seres humanos que por su desarrollo físico y emocional necesitan medidas de protección especial, cuya vulnerabilidad se hace aún más evidente en una situación de conflicto armado interno.
17.2. Violación del artículo 19 por cuanto el estado no creó las condiciones ni tomó las medidas necesarias para que los niños y las niñas tuvieran y desarrollaran una vida digna, sino más bien se les ha expuesto a un clima de violencia e inseguridad, dentro del marco de conflicto armado interno
17.3. Vulneración de los derechos de los niños de la calle por ausencia de mecanismos especiales de protección
17.4. Violación del artículo 19 por detención ilegal y arbitraria, torturas y ejecución extrajudicial
17.5. Violación del artículo 19 por incumplimiento de labor de garante del estado en centro de reclusión
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18. Derecho a la nacionalidad (artículo 20 de la convención)
18.1. Inexistencia de vulneración del derecho a la nacionalidad cuando se juzga personas extranjeras por el delito de traición a la patria
18.2. Violación del derecho a la nacionalidad por privación arbitraria
18.3. Violación de los derechos a la nacionalidad y a la igualdad de los niños por la negación de la inscripción del nacimiento de un niño, sin criterios razonables u objetivos, y de forma contraria al interés superior del niño.
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19. Derecho a la propiedad privada (artículo 21 de la convención)
19.1. Violación del derecho a la propiedad privada por privación ilegal del uso y goce de los bienes a una persona
19.2. Violación del derecho a la propiedad privada ?uso y goce de los bienes-, cobro de derechos de depósito de bienes incautados por el estado y sobreseimiento en proceso penal
19.3. Violación del derecho a la propiedad privada ?uso y goce de bienes-, deberes de respetar y garantizar los derechos y medidas cautelares arbitrarias en proceso penal.
19.4. Violación del derecho a la propiedad privada -uso y goce de los bienes-, deberes de respetar y garantizar los derechos y demora en el cumplimiento de la orden de restitución de los bienes.
19.5. Violación del derecho a la propiedad privada -uso y goce de los bienes- deberes de respetar y garantizar los derechos y devolución parcial de bienes incautados
19.6. Violación del derecho a la propiedad privada ?uso y goce de bienes-, deberes de respetar y garantizar los derechos: el estado es garante del buen uso y conservación de los bienes incautados en proceso penal
19.7. Violación del derecho a la propiedad privada ?uso y goce de bienes y prohibición de privación arbitraria de los bienes: ilegalidad de incautación y de depósito, omisiones judiciales y bien no devuelto.
19.8. Violación del derecho a la propiedad privada por destrucción y sustracción de bienes de la población civil, básicos para su supervivencia, en el marco de un conflicto armado, producidos por grupos paramilitares que actúan con la aquiescencia de miembros de las fuerzas armadas del estado.
19.9. Violación del derecho a la propiedad cuando el estado no ha adoptado las medidas adecuadas de derecho interno que establezcan un procedimiento efectivo de reivindicación de territorios ancestrales de comunidad indígena, que garantice su uso y goce efectivo.
19.10. Violación del derecho a la propiedad privada por la privación del uso y goce de la obra de creación intelectual
19.11. Violación del derecho al uso y goce de la propiedad por falta de investigación efectiva de los hechos que ocasionaron el desplazamiento de una comunidad indígena, omisión que les impide regresar a sus tierras tradicionales
19.12. Violación del derecho a la propiedad privada por privación a una comunidad indígena de su tierra
19.13. Violación al derecho de propiedad sobre los derechos adquiridos
19.14. La protección del artículo 21 incluye la posesión de bienes.
19.15. Violación del derecho a la propiedad y expropiación arbitraria, en relación con el debido proceso legal y la protección judicial efectiva cuando la respuesta a los recursos interpuestos por la víctima exceden el plazo razonable y han carecido de efectividad
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20. Derecho a la libertad de circulación (articulo 22 de la convencion)
20.1. Contenido y posibles restricciones al derecho a la libre circulación
20.2. Violación del artículo 22.1 de la convención que protege el derecho a no ser desplazado forzadamente dentro de un estado parte, por la desprotección sufrida por las víctimas y/o sus familiares por el desplazamiento interno producido como consecuencia de la incursión de grupos paramilitares, que actúan con la aquiescencia del estado
20.3. Restricción de facto del derecho a la libertad de circulación y de residencia, cuando el estado no ha provisto las condiciones de seguridad y dignidad, incluyendo una investigación penal efectiva, para que una comunidad desplazada retorne a su territorio ancestral.
20.4. Requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad en las medidas cautelares que restringen el derecho a la libre circulación del imputado.
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21. Derechos políticos (artículo 23 de la convención)
21.1. El sistema de registro de candidatos a cargos de elección popular por intermedio de partidos políticos no constituye limitación ilegítima al derecho político a ser elegido, cuando está establecido en la ley y responde a una finalidad legítima y a criterios de necesidad y proporcionalidad
21.2. Violación del derecho a la participación política por ausencia de normas legales que permitan la participación en los asuntos públicos de organizaciones diversas a los partidos políticos. restricción desproporcionada.
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22. Derecho a la igualdad ante la ley (artículo 24 de la convención)
22.1. No violación del derecho a la igualdad ante la ley: el derecho no faculta a los peticionarios a exigir que se sancione a otras personas, por los mismos hechos, de forma idéntica a la que ellos fueron sancionados
22.2. Violación del derecho a la participación política por no garantizar que agrupaciones con diferente organización a la de partidos políticos puedan participar en condiciones de igualdad.
22.3. Violación del derecho de igualdad ante la ley por la prohibición de expresarse en el idioma de su elección a un interno en centro carcelario, porque dicha medida es discriminatoria.
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23. Deber de protección judicial (artículo 25 de la convención)
23.1. Violación del deber de protección judicial por ineficacia de un proceso administrativo de reivindicación de tierras ancestrales, interpuesto por comunidad indígena
23.2. Violación del deber de protección judicial por ineficacia del recurso de habeas corpus
23.3. No se viola el derecho a la protección judicial efectiva cuando se trata sobre recursos dirigidos a proteger el derecho a la libertad personal
23.4. Violación del deber de protección judicial por ineficacia del recurso de protección ante actuaciones estatales que niegan el acceso a la información bajo el control del estado
23.5. Violación del derecho a un recurso rápido y sencillo, como protección judicial, por no haberse resuelto rápidamente los recursos de amparo constitucional y cautelar
23.6. Violación del deber de protección judicial por ineficacia del recurso de amparo al no respetar el principio de razonabilidad del plazo
23.7. Violación del derecho a la protección judicial por la ineficacia de recurso de amparo por no respetar el plazo razonable y por ausencia de imparcialidad de jueces
23.8. Violación del deber de protección judicial cuando no se tramita un proceso de manera eficiente y apropiada, por omisiones en la recabación de la prueba
23.9. Violación del derecho a un recurso judicial efectivo por falta de independencia e imparcialidad de los jueces
23.10. Violación del derecho a la protección judicial por falta de independencia e imparcialidad de los jueces y por denegación de justicia
23.11. Un caso individual de violación de derechos humanos por parte de un estado no permite colegir prácticas masivas para deducir violación al deber de protección judicial del estado
23.12. Inexistencia de violación del derecho de acceso a un recurso efectivo cuando no se resuelven las impugnaciones de manera favorable a los intereses del recurrente
23.13. Inexistencia de violación del deber de protección judicial cuando se tramita el recurso de habeas corpus
23.14. No se vulnera el derecho a la protección judicial cuando los familiares de la víctima no ejercen el recurso efectivo ante los jueces competentes
23.15. No constituye un recurso efectivo para impugnar una condena que impone una pena corporal, aquel que debe ser tramitado por un tribunal, cuya jurisprudencia tiene sentado un precedente contrario a los intereses del recurrente
23.16. No constituye violación del derecho a la protección judicial efectiva el desestimar un escrito de descargo, porque no ese documento no es un recurso judicial
23.17. Violación del deber de protección judicial por permitir excluyentes de responsabilidad en el transcurso de un proceso en el cual se investigue la comisión de un delito
23.18. Violación del deber de protección judicial por la omisión de los estados de combatir la impunidad
23.19. Vulneración del deber de protección judicial por inexistencia de un recurso judicial que permita revisar las decisiones proferidas por los órganos competentes que afectan las garantías del proceso electoral
23.20. Violación a la protección judicial, por ineficacia de las providencias judiciales
23.21. Violación de la protección judicial por suspender el habeas corpus y el amparo judicial
23.22. Violación del derecho a la protección judicial efectiva y a los deberes de adoptar normativa interna para la efectividad de los derechos de la convención y de respetar los derechos humanos por inexistencia de recurso judicial rápido, sencillo y efectivo para amparar el derecho político-electoral de ser elegido
23.23. Violación de la protección judicial cuando se consagra expresamente la prohibición de interponer un recurso de amparo que impida acceder a la justicia para reclamar los derechos que se consideran vulnerados
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24. Suspensión de garantías (artículo 27 de la convención)
24.1. Excesivas y difusas funciones atribuidas a las fuerzas armadas, en estados de excepción y violación de los derechos a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial
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25. Normas de interpretación (artículo 29 de la convención)
25.1. Improcedencia de violación de normas de interpretación de la convención: la violación del derecho e indebida interpretación en relación con principios de interpretación
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26. El deber de reparar en algunos casos particulares (artículo 63.1 de la convención)
26.1. Fundamento de la responsabilidad internacional de los estados
26.2. La reparación del daño debe ser integral
26.3. Deber de proveer una adecuada asistencia médica y sicológica, incluida la provisión de medicamentos, como reparación a las víctimas por las condiciones de reclusión a que fueron sometidos
26.4. Obligación del estado de brindar en forma gratuita tratamiento adecuado y medicamentos a los familiares de las víctimas
26.5. Deber de buscar, identificar y entregar los restos mortales de las víctimas a sus familiares
26.6. Suministro de bienes y servicios básicos
26.7. Deber del estado de entregar la información solicitada que esté bajo su control o de adoptar una decisión fundamentada para negarlo
26.8. Imposibilidad de invocar el derecho interno como excusa para no reparar
26.9. Obligación del estado de investigar los hechos que generaron las violaciones e identificar, juzgar y sancionar a los responsables
26.10. Obligación del estado de investigar los hechos del caso, identificar, juzgar y sancionar a los responsables, así como recuperar los restos de las víctimas
26.11. Obligación de definir la situación procesal penal de la víctima garantizándole aplicación de debido proceso
26.12. Constituir un órgano independiente e imparcial que adopte una decisión vinculante
26.13. Funcionamiento de una comisión nacional de búsqueda de jóvenes que desaparecieron cuando eran niños durante un conflicto armado y participación de la sociedad civil
26.14. Obligación del estado de fortalecer con equipo humano y recursos materiales una institución estatal creada para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas
26.15. Campaña nacional de sensibilización con relación a los niños y jóvenes en situación de riesgo
26.16. Creación de una página web de búsqueda y conformación de una red internacional de búsqueda
26.17. Publicación de libro censurado
26.18. Creación de un sistema de información genética
26.19. Creación de una base de datos sobre muerte por violencia de jóvenes
26.20. Creación de un fondo estatal de desarrollo
26.21. Nombramiento de calle o plaza y fijación de una placa en memoria de la víctima
26.22. Instalación de placas conmemorativas
26.23. Acto público de reconocimiento de responsabilidad y de desagravio a las víctimas y sus familiares como forma de reparación
26.24. Construcción de un monumento como forma de recordar los hechos y prevenir su ocurrencia en el futuro
26.25. Designación de una calle, plaza o escuela en memoria de la víctima
26.26. Deber de implementar un mecanismo oficial de seguimiento del cumplimiento de las reparaciones ordenadas
26.27. Publicidad de apartes de la sentencia como forma de satisfacción
26.28. Designación de un día dedicado a los niños desaparecidos durante el conflicto armado interno
26.29. Implementación de los parámetros del manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
26.30. Deber del estado de difusión y formación sobre prevención de la tortura y los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes a miembros de las fuerzas de seguridad, de los órganos de investigación y de la administración de justicia
26.31. Implementación de un programa de formación y capacitación en derechos humanos
26.32. Obligación del estado de otorgar un programa de educación
26.33. Creación de una cátedra universitaria
26.34. Campaña sobre los derechos del paciente y formación y capacitación de los operadores de justicia
26.35. Deber de adelantar un nuevo juicio que respete el debido proceso
26.36. Revocación de la sentencia a pena de muerte
26.37. Medidas de no repetición, pena de muerte y compatibilidad con la convención americana, respecto de: adecuación constitucional; la sentencia condenatoria y de las condiciones de detención
26.38. Deber de adoptar las medidas judiciales, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para dejar sin efecto alguno, los procesos penales y sus sentencias condenatorias, incluyendo la supresión de los antecedentes penales del registro correspondiente
26.39. Deber de reglamentar el juicio de protección, de manera que se garantice un recurso rápido, sencillo y efectivo para el cuestionamiento ciudadano de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido
26.40. Deber del estado de restituir a personas en sus cargos y pagar los salarios y prestaciones dejadas de percibir por violación de derechos en un juicio político o en proceso administrativo
26.41. Aprobación de código de ética garantizando independencia e imparcialidad del órgano disciplinario
26.42. Deber del estado de adoptar las medidas legislativas y de otra indole para modificar su derecho interno
26.43. Obligación de implementar las normas constitucionales referentes a procedimientos e alta corte de justicia
26.44. Deber del estado de otorgar garantías de seguridad para aquellos desplazados que decidan regresar
26.45. Deber del estado de otorgar garantías de seguridad para los miembros de comunidad indígena que decidan regresar a su aldea
26.46. Implementación de un programa de vivienda
26.47. Deber de restituir el uso y goce de los derechos de propiedad
26.48. Deber del estado de abstenerse de cobrar tasa judicial desproporcionada y fijar honorarios razonables que deberá asumir
26.49. Titulación colectiva y restitución del uso y goce del derecho de propiedad sobre territorios tradicionales indígenas
26.50. Fortalecimiento de los controles en centros de detención
26.51. Deber del estado de adoptar, como garantía de no repetición, y dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles se adecuen a las normas internacionales de derechos humanos
26.52. Reconocimiento de responsabilidad en la sentencia como forma de reparación
Mostrar únicamente Sección / Capítulo 27
27. Casos de reconocimiento de responsabilidad de los estados
27.1. Cesación de la controversia y orden de efectuar las reparaciones correspondientes
27.2. Frente al reconocimiento parcial de responsabilidad de un estado, subsiste la controversia sobre una parte importante de la materia que conforma el caso
27.3. Cuando un estado acepta la responsabilidad de unos hechos, no puede luego, en virtud del principio del estoppel, asumir otra conducta que desconoce tal reconocimiento
27.4. No es procedente el allanamiento de un estado frente a hechos ocurridos con anterioridad a la fecha en que el estado reconoció la competencia de la corte interamericana.
27.5. Cuando el estado realiza un reconocimiento de responsabilidad en cuanto a los hechos, pero éste no se allana a ninguna de las pretensiones sobre reparaciones, la corte, teniendo en cuenta la naturaleza del caso, puede optar por dictar una sentencia en la cual se determine el fondo del asunto, así como las correspondientes consecuencias

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 7
 resolución 
 resolución 
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 22
e contrario