Source: http://unfpa.org/swp/2000/espanol/ch06.html
Timestamp: 2014-10-31 04:55:23+00:00

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Capítulo 6: Los derechos de la mujer son derechos humanos
Un conjunto de tratados de derechos humanos y acuerdos celebrados en conferencias internacionales y forjados por los gobiernos durante varios decenios  con la creciente influencia de un movimiento mundial cada vez más fuerte en pro de los derechos de la mujer  proporciona las bases jurídicas para eliminar la discriminación por motivos de género y la conculcación de los derechos de género. Esos acuerdos afirman que las mujeres y los hombres tienen iguales derechos y obligan a los Estados a adoptar medidas contra las prácticas de discriminación.
Jueza en Ghana. Los tratados de derechos humanos proporcionan la base jurídica para eliminar la conculcación de los derechos humanos por motivos de género.
El punto de partida se encuentra en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, a los cuales se adhieren todos a los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Después de que esos dos instrumentos fueron redactados, en el decenio de 1940, se elaboraron descripciones concretas de los derechos y las libertades, pero cada uno de los tratados ulteriores sobre derechos humanos se ha basado en el reconocimiento explícito por parte de los precursores acerca de la igualdad de derechos y libertades fundamentales de cada hombre y cada mujer, y el hincapié que hicieron en proteger la dignidad básica de la persona humana.
Como expresiones de la conciencia del mundo, las decisiones adoptadas por consenso en conferencias internacionales son también poderosos instrumentos de promoción del cambio, tanto dentro de los países como en el plano internacional. La Declaración y Programa de Acción de Viena, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la Plataforma de Acción aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer son acuerdos internacionales aprobados por consenso que apoyan firmemente la igualdad de género y la potenciación del papel de la mujer.
En particular, los documentos de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, basados en acuerdos de derechos humanos, expresan claramente los conceptos de derechos sexuales y reproductivos  inclusive el derecho a la salud sexual y reproductiva; elección voluntaria del cónyuge, de las relaciones sexuales y de la procreación; la protección contra la violencia y la coacción sexuales; y el derecho a la vida privada1  que son imprescindibles para la igualdad de género.
En el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada en 1945, se reafirma "la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas". En la Carta se reconoce que un propósito de las Naciones Unidas es "realizar la cooperación internacional en... el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión".
La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948, amplió más el alcance de los derechos humanos. En el artículo 1 se resumen todos los demás artículos y posteriores tratados y convenciones cuando se expresa "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". En algunas cuestiones, como los derechos inherentes al matrimonio, la Declaración detalla las maneras en que es preciso tratar a hombres y mujeres. Indica que "los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio".
Más de 20 años después de aprobar la Declaración Universal de Derechos Humanos, la comunidad internacional convino en dos pactos en que se indican más detalladamente los derechos consagrados en la Declaración: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (a menudo llamado el pacto político) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (a menudo llamado el pacto de derechos económicos). Ambos entraron en vigor en 1976. Son jurídicamente obligatorios para los Estados que los han ratificado. No obstante, son muchos los Estados Miembros que no los han ratificado y muchos otros lo han hecho, pero interponiendo reservas sustanciales (los Estados pueden formular reservas respecto de artículos de los tratados cuando desean eximirse de su cumplimiento, en la medida en que las reservas no se opongan al significado del tratado).
Ambos pactos incorporaron entendimientos basados en la Declaración, muchos de los cuales tienen importantes repercusiones con respecto a los derechos de género y reproductivos; son estos el derecho de la mujer de estar libre de todas las formas de discriminación, el derecho a la libertad de reunión y asociación, y los derechos pertinentes a la familia. El pacto político, entre otras cosas, reconoce los derechos a "la libertad y la seguridad de la persona" (Artículo 9) y a "la libertad de expresión", inclusive "la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole" (Artículo 19); y afirma que "el matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes" (Artículo 23).
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer fue aprobada por la Asamblea General en 1979; en enero del año 2000 tenía 165 Estados Partes. En la Convención se trata de abordar la discriminación generalizada de índole social, cultural y económica contra la mujer y se declara que los Estados deben esforzarse por modificar las pautas sociales y culturales de conducta que crean estereotipos para uno y otro sexo o colocan a las mujeres en posición de inferioridad. También se declara que los Estados deben velar por que las mujeres tengan igualdad de derechos en materia de educación e igual acceso a la información; eliminar la discriminación contra la mujer en cuanto al acceso a los servicios de salud; y eliminar la discriminación contra la mujer en todas las cuestiones relativas al matrimonio y las relaciones de familia. La Convención declara que los Estados deben actuar para eliminar toda conculcación de los derechos de la mujer, sea ésta cometida por personas privadas, grupos u organizaciones.
La Convención plantea definiciones y normas más claras que las que figuran en pactos anteriores en lo concerniente a la igualdad de género y amplía las protecciones contra la discriminación. En particular, reconoce que debido a que hay diferencias en los papeles de género definidos socialmente, las disposiciones contra la discriminación y el abuso no pueden estipular simplemente la igualdad de trato para hombres y mujeres; debe haber una definición más positiva de las responsabilidades que aplique a todos por igual normas apropiadas relativas a los derechos. En la Convención se reconoce la necesidad de examinar las normas y prácticas sociales relativas al género para asegurar que no debiliten las garantías de vigencia de los derechos, que aseguran la igualdad de ambos sexos en todos los aspectos de sus vidas.
Casi todos los Estados han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que la convierte en un fuerte instrumento para responsabilizar a los gobiernos de cuestiones relativas a derechos humanos. Además de defender los derechos concretos de los niños, esta Convención, aprobada en 1989, trata más ampliamente de las relaciones de género. Reafirma, por ejemplo, el derecho a los servicios de planificación de la familia, reconocidos por anteriores convenciones y conferencias.
En el Artículo 24 se obliga a los Estados a "asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres". También los exhorta a adoptar "todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños"; éste es un reconocimiento explícito de los abominables efectos de prácticas como la mutilación genital femenina. En el artículo 34 se establece que los Estados deben comprometerse "a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales". En el artículo 17 se establece que los niños deberán tener acceso a la información "que tenga por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental".
Al aplicar la Convención, el Comité de los Derechos del Niño, por ejemplo, ha recomendado que se aprueben, promulguen y apliquen leyes para prohibir la mutilación genital femenina (1997); ha exhortado a Kuwait a adoptar medidas para prevenir y combatir los matrimonios precoces (1998); y ha instado a México a elevar y uniformar la edad legal mínima de varones y niñas para poder contraer matrimonio (1999).
Órganos encargados de vigilar el cumplimiento de los tratados de derechos humanos: informes y recomendaciones
Los países que han ratificado tratados de derechos humanos deben informar regularmente acerca de las acciones emprendidas para asegurar el ejercicio y el disfrute de los derechos especificados. Los órganos establecidos vigilan la vigencia de los instrumentos de derechos humanos. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y recibe denuncias de personas cuyos derechos han sidos conculcados, mientras que el Comité de Derechos Económico, Sociales y Culturales vigila la aplicación del pacto de derechos económicos.
Los órganos encargados de vigilar el cumplimiento de tratados ofrecen recomendaciones e interpretaciones para contribuir a la vigilancia, el examen y la evaluación de la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos. Sus recomendaciones pueden adoptar varias formas. Algunas recomendaciones clarifican las disposiciones de los tratados, por ejemplo, al especificar las acciones que deben realizar los Estados, grupos o individuos. Esos órganos de vigilancia también pueden definir las normas y recomendar las medidas necesarias para proteger o ampliar un derecho. Además, cuando un Estado presenta informes a un órgano encargado de vigilar el cumplimiento de un tratado, las organizaciones no gubernamentales pueden presentar "informes paralelos".
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha emitido recientemente varios dictámenes sobre derechos reproductivos. Por ejemplo, ha exhortado al Camerún a que elimine las prácticas de poligamia, matrimonios forzados, mutilación genital femenina y prejuicio a favor de la educación de los niños varones (1999); ha señalado con preocupación la alta incidencia de embarazos de niñas en edad escolar en San Vicente y las Granadinas (1997); y ha señalado que el Parlamento de Suiza aún no ha reconocido el derecho de las embarazadas a prestaciones de maternidad, de conformidad con el artículo 10 (1998).
Preocupado por la gran cantidad de suicidios de niñas adolescentes "que parecerían deberse en parte a la prohibición del aborto", el Comité de Derechos Humanos exhortó al Ecuador a ayudar a las adolescentes en que han quedado embarazadas involuntariamente a obtener atención de la salud y educación adecuadas (1998). Con respecto a Polonia, el Comité expresó preocupación acerca de la existencia de leyes estrictas de aborto conducentes a mayores cantidades de abortos clandestinos realizados en malas condiciones; al limitado acceso de la mujer a anticonceptivos costeables; a la eliminación en las escuelas de la educación sobre la sexualidad; y a la insuficiencia de los programas públicos de planificación de la familia (1999).
En marzo de 2000, el Comité aprobó un comentario general integral sobre igualdad de género, en que se indica en detalle qué entraña el artículo 3 del pacto político y qué información se espera que aporten los Estados en sus informes. El Comité declara que la igualdad de género se aplica al disfrute de todos los derechos  civiles, culturales, económicos, políticos y sociales  y no se limita al derecho a la no discriminación; se necesitan medidas de discriminación positiva. Los Estados Partes están obligados a prohibir la discriminación por motivos de sexo y a eliminar las acciones discriminatorias en los sectores tanto público como privado.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) vigila la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En su período de sesiones de enero de 1992, el Comité aprobó la Recomendación General 19, relativa a la violencia contra la mujer, en la que se establece que la violencia por motivos de género que obstaculiza o anula el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la mujer constituye discriminación en el sentido establecido por el tratado.
En 1994, el Comité dictaminó que la violencia contra la mujer en la familia constituye una conculcación del derecho a la no discriminación contra la mujer en todas las cuestiones relativas al matrimonio y las relaciones en la familia. Exhortó a que se aplicaran medidas punitivas y se impusiera el pago de indemnizaciones civiles en casos de violencia doméstica; se proscribiera "la defensa del honor de la familia" como justificación para el ataque físico o el asesinato; se proporcionaran servicios para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia en la familia; se ofrecieran programas de rehabilitación para quienes perpetran actos de violencia doméstica; y se ofrecieran servicios de apoyo a las familias donde haya incidencia de incesto o abuso sexual.
Posteriormente, el Comité censuró las altas tasas de incidencia del embarazo de adolescentes en Belice, que relacionó con la falta de adecuados servicios de planificación de la familia, de información y de uso de anticonceptivos; también expresó preocupación porque las escuelas pueden expulsar a las niñas embarazadas y sólo hay unas pocas escuelas que permiten que las niñas continúen su educación después del embarazo (1999). Dictaminó que en Chile "prejuicios sociales y culturales profundamente arraigados" menoscaban el logro de la igualdad de la mujer; expresó preocupación por las altas tasas de embarazo en la adolescencia, que relacionó con la violencia sexual; exhortó al Gobierno a revocar leyes que imponen medidas punitivas cuando las mujeres se someten a abortos y que estipulan que los profesionales de la salud tienen obligación de denunciarlas (1999).
El Comité exhortó a Nepal a que enmendara las leyes discriminatorias de propiedad y herencia, matrimonio, nacionalidad, registro de los nacimientos y aborto; y que castigara a los proxenetas que consiguen mujeres para la prostitución o la trata; y expresó preocupación acerca de las costumbres y prácticas tradicionales nocivas, entre ellas el matrimonio en la infancia, la dote, la poligamia y prácticas étnicas y religiosas que obligan a las niñas a prostituirse (1999). El Comité expresó preocupación acerca de la alta tasa de violencia doméstica en el Perú, incluidos casos de incesto y violencia sexual contra mujeres y adolescentes campesinas e indígenas; y recomendó que el Gobierno enmendara su legislación sobre el aborto y velara por que las mujeres tuvieran acceso a servicios completos de salud, inclusive el aborto realizado en condiciones de seguridad y la atención médica de emergencia cuando hay complicaciones del aborto (1988).
Cada año, sólo unos pocos países presentan informes al Comité. Los efectos de las recomendaciones y dictámenes cobran importancia debido a su pertinencia general y su aplicación acumulativa.
El 10 de diciembre de 1999, Día de los Derechos Humanos, se abrió a la firma, la ratificación y la adhesión el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Al 28 de marzo de 2000, 33 países habían firmado el Protocolo y algunos habían iniciado los procedimientos parlamentarios necesarios antes de la ratificación; se necesitan diez ratificaciones para que el Protocolo entre en vigor. El Protocolo Facultativo es un instrumento jurídico que posibilitará que las víctimas de discriminación por motivos de género presenten denuncias al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Al aceptar el Protocolo, un Estado reconocería la competencia del Comité para recibir y considerar denuncias de personas y grupos de personas dentro de su jurisdicción en casos en que se han agotado los recursos dentro del país.
El Protocolo Facultativo también posibilita que el Comité inicie indagaciones en situaciones de conculcación grave o sistemática de los derechos de la mujer. Aun cuando el Protocolo posibilita que los Estados, al ratificarlo o al adherirse a él, declaren que no aceptan el procedimiento de indagación, establece explícitamente que no se admiten reservas. Cuando el Protocolo entre en vigor, colocará a la Convención en condiciones de igualdad con otros instrumentos de derechos humanos que cuentan con procedimientos para presentar denuncias individuales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En abril de 2000, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial aprobó una recomendación general en que se reconoció que algunas formas de discriminación racial tienen repercusiones singulares y concretas sobre las mujeres. El Comité resolvió que al examinar casos de discriminación racial, tendría en cuenta los factores de género.
Además de la labor de los órganos encargados de la vigilancia del cumplimiento de los tratados, la Comisión de Derechos Humanos vigila el cumplimiento por los estados de la legislación internacional de derechos humanos e investiga presuntas conculcaciones de esos derechos. La Comisión, por conducto de relatores especiales y grupos de trabajo, envía misiones de comprobación de los hechos a países en desarrollo y desarrollados de todas las partes del mundo. Por ejemplo, hay un relator especial sobre la violencia contra la mujer.
En abril de 1999, la Comisión aprobó por consenso resoluciones en que se exhortaba a los gobiernos a adoptar medidas eficaces para combatir la trata de mujeres y niñas y la violencia contra la mujer. También exhortó a que todos los órganos encargados de vigilar la aplicación de tratados, procedimientos especiales y otros mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas incorporen sistemáticamente la perspectiva de género al dar cumplimiento a sus mandatos.
Acuerdos por consenso en conferencias internacionales
Si bien los acuerdos concertados en conferencias internacionales no son jurídicamente vinculantes, los órganos encargados de vigilar el cumplimiento de los tratados de derechos humanos pueden tomar en cuenta las recomendaciones de dichas conferencias, por ejemplo, al fijar normas y al efectuar interpretaciones y formular recomendaciones. Los acuerdos concertados en conferencias, dado que son expresiones de consensos internacionales, también son poderosos instrumentos de promoción que pueden influir, e influyen, en la formación de leyes y políticas nacionales. Varias de las principales conferencias celebradas en el decenio de 1990 abordaron las cuestiones de igualdad de género y derechos de la mujer.
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, declaró que los derechos humanos son una norma universal, independiente de los estándares vigentes en cada uno de los Estados. En la Declaración de Viena se destaca que los derechos de las mujeres y las niñas son parte "inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos", y que requieren atención especial como parte de todas las actividades de derechos humanos.
La Conferencia exhortó a otorgar mayor prioridad a la erradicación de todas las formas de discriminación por motivos de sexo; a asegurar la participación cabal y en condiciones de igualdad de las mujeres en la vida política, civil, económica, social y cultural; y a eliminar todas las formas de violencia por motivos de género. Los países convinieron en que el disfrute por las mujeres de los derechos  inclusive el acceso en condiciones de igualdad a los recursos  es a la vez un fin en sí mismo y un factor esencial para la potenciación del papel de la mujer, la justicia social y el desarrollo social y económico en general.
La Declaración de Viena también afirma que las mujeres deberían disfrutar de los más altos niveles de salud física y mental a lo largo de toda su vida. En la Declaración se reafirma el principio de igualdad entre hombres y mujeres y el derechos al acceso en condiciones de igualdad a la educación en todos los niveles; y se reconoce el derecho de la mujer a disponer de servicios accesibles y adecuados de atención de la salud y a la más amplia gama de servicios y métodos de planificación de la familia.
Como resultado de las recomendaciones formuladas en Viena, en diciembre de 1993 la Asamblea General aprobó por consenso la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer  en la que se estipula que todos los Estados Partes, de conformidad con la legislación nacional, deberían prevenir, investigar y castigar los actos de violencia contra la mujer, hayan sido estos perpetrados por el Estado o por personas privadas  y designó un relator especial encargado de vigilar la aplicación de las medidas encaminadas a eliminar la violencia contra la mujer.
En 1994, la CIPD reconoció que la potenciación del papel de la mujer y la mejora de su condición jurídica y social son fines importantes en sí mismos e imprescindibles para el logro del desarrollo sostenible. En el Programa de Acción de la CIPD2 se afirmó que los estándares de derechos humanos universalmente reconocidos se aplican a todos los aspectos de los programas de población.
Recuadro 28: El derecho a servicios de salud reproductiva
El Programa de Acción plantea el contexto y el contenido de los derechos reproductivos. En el párrafo 7.3 se indican los preceptos intrínsecos: "[L]os derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos".
Otro acontecimiento notable en las acciones para lograr la plena igualdad de las mujeres fue la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995. La Plataforma de Acción3 aprobada en la Conferencia afirma que los derechos humanos de la mujer son inalienables, universales, indivisibles e interdependientes; se plantea el principio de que es preciso defender los derechos de todos en general a fin de preservar los derechos de cualquier persona; y se exhorta a todos los gobiernos, organizaciones e individuos a que promuevan y protejan los derechos humanos de la mujer mediante la plena aplicación de todos los instrumentos pertinentes de derechos humanos, en especial la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y a que velen por establecer la igualdad entre los sexos y la no discriminación por motivos de género, tanto en la legislación como en la práctica.
En la Plataforma de Acción de Beijing se indican "12 esferas de especial preocupación" necesarias para potenciar el papel de la mujer y garantizar sus derechos humanos: la mujer y la pobreza; la educación y capacitación de la mujer; la mujer y la salud; la violencia contra la mujer; la mujer y los conflictos armados; la mujer y la economía; la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones; los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer; los derechos humanos de la mujer; la mujer y los medios de difusión; la mujer y el medio ambiente; y la niña4.
En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se reafirmó y fortaleció el consenso logrado el año anterior en El Cairo, durante la CIPD. Gran parte de los conceptos de la CIPD relativos a los derechos reproductivos fueron incorporados directamente en la Plataforma de Acción. En el párrafo 92 se establece: "La buena salud es indispensable para vivir en forma productiva y satisfactoria y el derecho de todas las mujeres a controlar todos los aspectos de su salud y en particular su propia fecundidad es fundamental para su emancipación". En el párrafo 96 se estipula "Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia".
Después de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, se encomendó a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que examinara regularmente las esferas de especial preocupación de la Plataforma de Acción y desempeñara funciones de agente catalítico en el seguimiento de la Conferencia. La Comisión, establecida en 1946, se reúne todos los años para formular recomendaciones y presentar informes en que se promueve la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres en las esferas política, económica, civil, social y educacional. Entre otras cosas, la Comisión logró que en la Declaración Universal de Derechos Humanos se incluyeran disposiciones sobre la igualdad de género.
Exámenes al cabo de cinco años
Los documentos aprobados por consenso en la CIPD y en otras conferencias tienen el propósito de conducir a la acción. En los exámenes realizados al cabo de cinco años de la aprobación de esos documentos se han determinado los progresos hacia las metas convenidas, se han detectado los obstáculos y se han establecido nuevos datos básicos de referencia.
El seguimiento de la "CIPD+5", por ejemplo, se preparó en 1998 y 1999, en una serie de actos5 que culminaron en un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, en el cual se aprobó un documento sobre medidas clave para seguir ejecutando el Programa de Acción de la CIPD. En ese documento, a la vez que se respaldaron todas las disposiciones del Programa de Acción de la CIPD, se avanzó respecto de éste en algunas esferas, inclusive los derechos reproductivos de los adolescentes y de las mujeres en situaciones de emergencia.
En el período extraordinario de sesiones se exhortó a los gobiernos a que respetaran, protegieran y promovieran los derechos humanos de las mujeres y las niñas  particularmente la protección contra la coacción, la discriminación y la violencia, inclusive las prácticas nocivas y la explotación sexual  formulando, aplicando y obligando eficazmente al cumplimiento de políticas y leyes sensibles a las cuestiones de género. En el período extraordinario de sesiones se exhortó a intensificar las medidas relativas a: salud reproductiva e higiene sexual; mortalidad derivada de la maternidad; necesidades de los adolescentes en materia de salud reproductiva; reducción de la tasa de aborto y atención de las consecuencias para la salud del aborto realizado en malas condiciones; prevención del VIH/SIDA; y consideración de cuestiones de género y educación (Recuadros 4 y 7).
Se exhortó a los gobiernos a que firmaran, ratificaran y aplicaran la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; a que desistieran de las reservas incompatibles con el objetivo y el propósito de la Convención; y a que celebraran consultas con la sociedad civil acerca del proceso de presentación de informes correspondientes a los tratados sobre derechos humanos. Se exhortó a los órganos de las Naciones Unidas encargados de formular indicadores relativos a los derechos humanos de la mujer a que incorporaran las cuestiones relativas a la salud reproductiva y la higiene sexual.
El examen de "Beijing+5", titulado "La mujer en el año 2000: igualdad de género, desarrollo y paz para el siglo XXI" se celebró del 5 al 9 de junio de 2000. En el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General se determinaron los adelantos en la aplicación de las estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer, aprobadas en 1985, y la aplicación de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, y se consideraron futuras acciones e iniciativas (Recuadro 5).
Para que los derechos incorporados en los tratados y documentos aprobados por consenso se plasmen en la realidad, es necesario incorporarlos en la legislación nacional y en las políticas y programas nacionales. Los mecanismos de vigilancia dimanados de las conferencias internacionales han logrado que sea mucho más fácil que en el pasado mantenerse al tanto del progreso de los países en cuanto a transformar los ideales en realidades.
La comprensión de lo que entrañan los derechos humanos y la manera en que se los debe proteger y vigilar, se ha ido desarrollando en diversos procesos, en el plano internacional y dentro de los países. Es preciso que la consideración de los factores de género pase a ser parte integrante y sistemática de todos esos procesos. Pese a los importantes progresos logrados, en gran medida esa tarea queda por hacer.
Recuadro 29: El Programa de Acción de la CIPD y la igualdad de género

References: artículo 1
 Artículo 24
 artículo 34
 artículo 17
 artículo 10
 artículo 3