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Timestamp: 2017-10-21 01:07:57+00:00

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Sentencia T.S.J. Canarias 146/2010, de 21 de octubre. Contratos administrativos. Concesión. Legitimación activa - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Canarias 146/2010, de 21 de octubre
Contratos administrativos: Vigencia de la concesión. Prórroga. Legitimación activa a los socios de la sociedad dado que no tienen la condición de terceros perjudicados. Interés legítimo. No pueden interponerse dos recursos contencioso-administrativos idénticos combatiendo el mismo acto administrativo, por iguales razones, con la salvedad que, en un caso, se entabla por la sociedad agraria de transformación con la que se ha seguido el procedimiento administrativo y, en otro, por dos de los socios de la misma.
Visto por esta TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS. SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO. Sección Primera. con sede en Santa Cruz de Tenerife, integrada por los Sres. Magistrados, anotados al margen, el presente recurso de apelación número 0000129/2010, interpuesto por Millán y Amelia, representado el Procurador de los Tribunales D./Dña. Montserrat Padrón y dirigido por la Abogada D./Dña. David Ruiz, contra Cabildo Insular De La Gomera, habiendo comparecido, en su representación y defensa D./Dña. Jesús Bernardos y Carmen Balnca Orive, versando sobre contratos administrativos.
Primero.—El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, dictó auto el día 18 de marzo de 2010, con la siguiente parte dispositiva: "Inadmitir el recurso".
Segundo.—Por la representación de la parte recurrente, antes mencionada, se interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia.
Tercero.—Seguido el recurso por todos sus trámites, se elevaron las actuaciones a esta Sala, formándose el correspondiente rollo, con señalamiento de votación y fallo para el día 19 de octubre, posponiéndose al día de hoy..
Primero.—Interpuesto recurso contencioso administrativo contra la resolución del Cabildo Insular de La Gomera de 7 de octubre del 2009 por la que se desestima el recurso de reposición presentado por los administradores concursales de la entidad Servicio Regular Gomera S.L. y por los hoy recurrentes como accionistas de la sociedad citada, presentando contra el acuerdo de la misma administración de 24/7/2009 por el que se declaraba que el periodo de vigencia de la concesión V-5203 CC-30 finalización por haberse cumplido el plazo de vigencia el día 27/7/2008 acordonado su prórroga hasta tanto se adopten los acuerdos que posibiliten que dicho servicio se pueda asumir por un nuevo gestor, se dictó el auto objeto de impugnación en el presente recurso.
Interesan los recurrentes su revocación toda vez que las sentencias aludidas en el auto impugnado no guardan relación con el presente recurso; infracción del art. 19.1 a) de la LJCA, por cuanto los recurrentes tienen un interés legítimo en la impugnación presentada no actuando en representación de la sociedad sino en su propio interés por cuanto son socios y propietarios de la totalidad de las participaciones que componen el capital social de la mercantil Servicio Regular Gomera S.L.; siendo el concepto de interés legitimo más amplio que el de interés directo conforme a reiterad jurisprudencia del tribunal Supremo; la ventaja o beneficio que se busca es concreto ya que la firmeza del acto administrativo daría lugar a la confiscación de la concesión con el consiguiente perjuicio a los recurrentes como dueños de la empresas titular de la misma.; el recurso de reposición fue presentado al amparo del art. 107 de la Ley 30/1992 entendido por el TS como ventaja o utilidad jurídica; vulneración del art. 24 de la CE no cabiendo interpretación rigorista conforme TC sentencia 71/2001.
Por la administración apelada se interesa la confirmación del auto impugnado dada la falta de legitimación activa de los recurrentes ya que la representación de la mercantil corresponde a los órganos de administraron de la misma; de modo reiterado el Tribunal Supremo niega legitimación activa a los socios de la sociedad dado que no tiene la condición de terceros perjudicados; las competencia del órgano de administración está asumida por la administración Concursal al haberse declados en concurso voluntario, quienes han interpuesto recurso en defensa de los intereses de la sociedad que se sigue ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 de Santa Cruz de Tenerife, por lo que no parece que puedan ejercer acciones tanto la sociedad a través de sus órganos sociales como los socios.
Segundo.—La presente impugnación ha sido presentada por los socios de la entidad Servio Regular Gomera S.L., que conforme Auto recaído en el procedimiento 6/2005 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de esta capital, tienen suspendidos, ambos, el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre los bienes, derecho y obligaciones, quedando sustituidos por los Administradores concursales, quienes tienen plenas facultades de administración, disposición y de ejercicio sobre dicho patrimonio, dado que eran los administradores solidarios de la empresa.
Dictada la primera resolución por el Cabildo Insular de la Gomera, los administradores nombrados judicialmente interpusieron recurso de reposición, así como los aquí apelantes, y frente a la desestimación de dicho recurso, los administradores han interpuesto recurso contencioso administrativo que se sigue ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 de esta Capital en defensa d de los intereses de la sociedad, interponiendo los aquí apelante el presente recurso en defensa, alegan de sus propios intereses dado que son los titulares de la totalidad de las participaciones de la sociedad.
Centrándose el debate en el presente recurso de apelación en si los hoy apelantes tienen o no interés legítimo para su impugnación.
En tal sentido, debe ponerse de manifiesto que el Tribunal Supremo 16 de octubre del 2009 declara que "... la legitimación activa es la relación legalmente exigida entre una persona, física o jurídica, y el contenido de la pretensión, para su ejercicio ante los tribunales de justicia, que en nuestro orden jurisdiccional se concreta por referencia a la titularidad de un derecho o interés legítimo que conecte una relación material entre el sujeto y el objeto de la pretensión.
Y en sentencia de 5 de julio de 2006 el Alto Tribunal citando sentencia del Pleno de 31 de mayo del 2006 declara: "La legitimación es un presupuesto inexcusable del proceso e implica en el proceso contencioso- administrativo, como hemos señalado en la doctrina de esta Sala (por todas, sentencias de 11 de febrero de 2003, recurso núm. 53/2000, 6 de abril de 2004 y 23 de abril de 2005, recurso 6154/2002), una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto, que debe repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al proceso y este criterio lo reitera la jurisprudencia constitucional (por todas, en SSTC núms. 197/88, 99/89, 91/95, 129/95, 123/96 y 129/2001, entre otras), pudiéndose concretar algunos criterios interpretativos de la doctrina jurisprudencial en los siguientes puntos:
a) La importancia del interés, que desde el punto de vista procedimental administrativo y procesal jurisdiccional es una situación reaccional, en evitación de un potencial perjuicio ilegítimo temido, de modo que el interés se reputa que existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida coloque al accionante en condiciones legales y naturales de conseguir un determinado beneficio material o jurídico o la persistencia de la situación fáctica creada o que pudiera crear el acto administrativo al ocasionar un perjuicio, como resultado inmediato de la resolución dictada.
b) Ese interés legítimo, que abarca todo interés que pueda resultar beneficiado con la estimación de la pretensión ejercitada, puede prescindir de las notas de personal y directo y al diferenciar el interés directo y el interés legítimo, éste no sólo es más amplio que aquél y también es autosuficiente, en cuanto presupone que la resolución administrativa o jurisdiccional ha repercutido o puede repercutir, directa o indirectamente, pero de un modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien se persona, esto es, verse afectado por el acto o resolución impugnada.
c) La genérica legitimación en la Ley Jurisdiccional que se establece a favor de corporaciones, asociaciones, sindicatos, grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos y la legitimación que no ampara el puro interés por la legalidad, salvo en los limitados casos de la acción popular.
d) Esta Sala, en Auto de 21 de noviembre de 1997, ya declaró la imposibilidad de reconocer el interés legitimador cuando resultaba únicamente de una autoatribución estatutaria, por cuanto aceptar tal posibilidad equivaldría a admitir como legitimada a cualquier asociación que se constituyera con el objeto de impugnar disposiciones de carácter general o determinadas clases de actos administrativos.
e) Es cierto que debe mantenerse un criterio interpretativo de los requisitos de admisibilidad del recurso contencioso- administrativo acorde al principio "pro actione", de manera no formalista y de forma favorable a la producción del efecto perseguido por el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de derechos e intereses legítimos a que responde el art. 24.1 de la Constitución, pero también hay que considerar la reiterada jurisprudencia constitucional que señala como el derecho prestacional de la tutela ha de sujetarse al plano de la estricta legalidad, pues sólo inciden en la vulneración del contenido constitucional del artículo 24.1 de la CE aquellas resoluciones que generan interpretaciones arbitrarias e irracionales, lo que no sucede en este caso."
Y en relación a la presunta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva contenida en el art. 24 de la CE:"que "el Tribunal "a quo" no habría entrado a resolver el fondo de la cuestión debatida, lo que les habría generado indefensión vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de la Constitución. Dicha alegación debe ser rechazada, pues es conocida la posición mantenida al respecto por el Tribunal Constitucional en reiteradísimas resoluciones; entre las más recientes señalaremos su Auto de 13 de diciembre de 2004 (Rec. Amparo 4613/2003) y Sentencia de 12 de septiembre de 2005 (Rec. Amparo 4664/2001). En esta última se dice:
"2. Entrando ya al fondo de las vulneraciones aducidas, y comenzando el análisis por la invocación del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), debe recordarse que este Tribunal ha reiterado que es un elemento esencial de este derecho obtener del órgano judicial una resolución sobre el fondo de las pretensiones, que también se satisface con una decisión de inadmisión que impida entrar en el fondo de la cuestión planteada, cuando se fundamente en la existencia de una causa legal que resulte aplicada razonablemente; y que el primer contenido, en un orden lógico y cronológico, del derecho a la tutela judicial efectiva es el derecho de acceso a la jurisdicción, con respecto al cual el principio pro actione actúa con toda su intensidad, por lo que las decisiones de inadmisión sólo serán conformes con el art. 24.1 CE cuando no eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva la pretensión formulada, lo que, en cualquier caso, no debe entenderse como la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles de las normas que la regulan (por todas, STC 132/2005, de 23 de mayo, F. 4)."
En definitiva, pues y más allá de cuestiones de fondo no examinables en el marco de este motivo de recurso, resulta clara la posición del Tribunal Constitucional, que excluye pueda aceptarse la incongruencia pretendida por los recurrentes, puesto que como dice aquel, el elemento esencial del derecho a la tutela judicial efectiva de obtener del órgano judicial un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones, se satisface también con una decisión fundada y motivada de inadmisión del recurso, lo que ha ocurrido en el caso de autos en que el Tribunal "a quo", motiva suficientemente tal y como hemos transcrito, las razones por las que considera inadmisible el recurso contencioso administrativo interpuesto.
Pero además de ello, ha de señalarse por lo que se refiere a la alegada vulneración del art. 24 de la Constitución por no haber entrado el Tribunal "a quo" en el fondo de la cuestión debatida, que no nos resta sino remitirnos a lo antes dicho sobre el posicionamiento del Tribunal Constitucional en el sentido de que una resolución de inadmisión motivada en forma, no es en modo alguno vulneradora del art. 24 de la Constitución."
Tercero.—La legitimación constituye, pues, una condición de la admisibilidad del proceso, como el derecho a ser demandante en un determinado pleito, lo que obligará a estudiar el acto administrativo impugnado en relación a la acción ejercitada por la Administración demandante, su naturaleza jurídica y fines, pudiéndose determinar que la interposición de un procedimiento contencioso-administrativo requiere que su promotor esté investido de una especial relación con el objeto del proceso, a tenor de lo dispuesto en la citada norma procedimental, en la titularidad de un interés directo, personal y legítimo que pueda resultar afectado por la resolución que se dicte, interés que puede suponerse cuando la declaración jurídica preconizada colocaría al recurrente en condiciones naturales y legales de conseguir un determinado beneficio material o jurídico o, por el contrario, que el mantenimiento de la situación creada o que pudiera crear el acto administrativo combatido le originara un perjuicio directo o indirecto.
Encontrándonos en el presente recurso con que los accionantes son socios de una sociedad de cuya administración se encuentran apartados en virtud del Auto judicial dictado en el procedimiento concursal, y que el acto administrativo por ellos impugnado, fundando su interés, en que el ejercicio de la acción les afecta en cuanto a socios de la entidad mercantil, ha sido igualmente impugnado por los administradores judiciales, quienes tienen la representación de la entidad, afectada directamente por el acto objeto de impugnación en ambos recursos.
De lo que se deduce que el interés por ellos alegados, está siendo defendido y ejercitado directamente por quien aparece como interesado, y el Tribunal Supremo en sentencia de 16-10-2009, ha declarado en relación a los socios de un sociedad de transformación agrícola que "Su naturaleza jurídica es la propia de las sociedades civiles, siendo por ello subsidiaria a dicho Estatuto la aplicación de las normas propias de tales sociedades civiles" y que "Su patrimonio, como sucede en las sociedades civiles y expresamente establece el indicado artículo 2, es independiente del de sus socios" por lo que concluye que "los socios de las mismas pueden interponer recurso contencioso administrativo contra los actos administrativos que resulten adversos a la Sociedad de transformación de la que forman parte, pues concurre un interés legítimo en la medida en que responden con su patrimonio, con carácter subsidiario, de las deudas sociales. Ahora bien, esta interposición únicamente tendría viabilidad, desde la legitimación activa que analizamos, cuando la sociedad de transformación agraria de la que forman parte no hubiera interpuesto recurso contencioso administrativo alguno contra la resolución administrativa cuestionada. Pero no cuando la misma ha entablado el correspondiente recurso, como sucede en este caso --recurso contencioso administrativo núm. 272/2005 presentado el mismo día que el recurso que ahora examinamos núm. 271/2005--, pues el enjuiciamiento en tal recurso interpuesto por el destinatario --sociedad agraria de transformación "Carche Raspay"-- del acto administrativo, impide el enjuiciamiento posterior de la misma impugnación promovida por dos socios. No pueden, en definitiva, interponerse dos recursos contencioso-administrativos idénticos, combatiendo el mismo acto administrativo, por iguales razones, con la salvedad que, en un caso, se entabla por la sociedad agraria de transformación Carche Raspey con la que se ha seguido el procedimiento administrativo y, en otro, por dos de los socios de la misma. Téngase en cuenta, además, que la legitimación activa es la relación legalmente exigida entre una persona, física o jurídica, y el contenido de la pretensión, para su ejercicio ante los tribunales de justicia, que en nuestro orden jurisdiccional se concreta por referencia a la titularidad de un derecho o interés legítimo que conecte una relación material entre el sujeto y el objeto de la pretensión. Y esa relación con el contenido de la pretensión se
entabla a través del recurso núm. 272/2005 interpuesto por la SAT "Carche Raspay", de la que forman parte las recurrentes. De modo que la estimación de la pretensión tendrá como efecto un beneficio o la eliminación de un perjuicio, o produciendo una ventaja, sobre la citada sociedad en la que están integradas."
Cuarto.—En cuanto a las costas, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional.
Que con DESESTIMACIÓN DEL RECURSO se confirma el auto impugnado, con expresa imposición de costas a los apelantes.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 139