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Timestamp: 2018-08-14 08:39:03+00:00

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﻿ SENTENCIA 2011-00558/20131 DE NOVIEMBRE 16 DE 2016
SENTENCIA 2011-00558 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:CAPACIDAD PARA COMPARECER AL PROCESO DE DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO. UNA SOCIEDAD QUE EJERCE ACTIVIDADES COMERCIALES ESTÁ SOMETIDA AL RÉGIMEN PROBATORIO DEL DERECHO MERCANTIL Y DEBE ACREDITAR SU EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL MEDIANTE EL CORRESPONDIENTE REGISTRO EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO, EN LA QUE CONSTE, ENTRE OTROS ASPECTOS, LA CONSTANCIA DE QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. SI PARA LA FECHA EN QUE SE INICIÓ LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE FORMULÓ EL REQUERIMIENTO ESPECIAL, LA SOCIEDAD FUE DECLARADA DISUELTA, EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN Y SU MATRÍCULA MERCANTIL FUE CANCELADA SE DEBE CONCLUIR QUE PERDIÓ SU CAPACIDAD JURÍDICA PARA COMPARECER AL PROCESO DE DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:REGISTRO COMERCIAL, CAPACIDAD, CAPACIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA, SOCIEDAD COMERCIAL, CAPACIDAD PARA DEMANDAR
Sentencia 2011-00558/20131 de noviembre 16 de 2016
Rad.: 76001 23 31 000 2011 00558-01
Nº interno: 20131
Asunto:Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Demandante: Jesús Evelio Tobón Pérez y otros
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia del 16 de noviembre de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que denegó las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada contra la UAE DIAN.
— Mediante emplazamiento para corregir 210632007000012 del 20 de noviembre de 2007, la División de Gestión de Fiscalización de la UAE DIAN de Tuluá – Valle del Cauca invitó a la contribuyente Procurtidos & Cía. Ltda. en liquidación, para que modificara la declaración de renta del año gravable 2006, presentada el 22 de mayo de 2007.
— El 16 de abril de 2009, la misma división expidió el requerimiento especial 21382009000007(1).
— El 26 de enero de 2010, la DIAN expidió la liquidación oficial de revisión 212412010000001, en la que confirmó las glosas propuestas en el requerimiento especial y determinó un saldo a pagar a cargo de la contribuyente por valor de $ 346.917.000 y una sanción por inexactitud de $ 421.962.000, para un total de $ 768.879.000.
— Inconformes, los señores Jesús Evelio Tobón Pérez, Diana Patricia de los Dolores Tobón Villa y Cecilia de las Misericordias Villa de Tobón, en calidad de socios de Procurtidos & Cía. Ltda. presentaron recurso de reconsideración, resuelto negativamente el 17 de noviembre de 2010, mediante la Resolución 900180.
Los señores Jesús Evelio Tobón Pérez, Diana Patricia de los Dolores Tobón Villa y Cecilia de las Misericordias Villa de Tobón, en calidad de socios de Procurtidos & Cía. Ltda. en Liquidación, mediante apoderado judicial, formularon las siguientes pretensiones:
“Primera. Mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada se declare la nulidad del acto administrativo complejo formado por liquidación oficial de revisión 212412010000001 del 26 de enero de 2010 proferida por la UAE – DIAN Tulúa (sic) y la Resolución 900180 del 17 de noviembre de 2010 proferida por la Dirección de Gestión Jurídica – Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de UAE – DIAN – con sede en Bogotá D.C.
Segunda. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del anterior acto administrativo se restablezca el derecho de la parte demandada en las sumas a que se refiere el acto acusado, como mayores valores determinados a título de impuestos y sanciones de:
2.1. Seiscientos ochenta y cinco millones seiscientos ochenta y ocho mil pesos ($ 685.688.000).
Tercera. Que se condene en costas al demandado”.
La parte demandante invocó como violadas las siguientes disposiciones:
• Artículos 2º, 29 y 209 de la Constitución Política.
• Artículos 1º y 3º del Decreto 1 de 1984.
• Artículos 565, 685, 703, 705, 707, 710, 714, 779, 750-753, 755-3, 765, 779 y 828-1 del estatuto tributario.
La parte demandante presentó un cargo único contra los actos administrativos demandados por violación a normas superiores. Sin embargo, la Sala advierte que el cargo propuesto, además, tiene implícita la pretensión de nulidad por expedición irregular, como pasa a verse a continuación.
A juicio de la demandante, en este caso, se vulneró el debido proceso porque no se les garantizó el derecho de defensa. Al respecto, sostuvo que el procedimiento administrativo se adelantó a espaldas de los socios de la sociedad en liquidación.
Adujo que a los actores se les juzga por actos supuestamente irregulares ejecutados por una persona jurídica de la que fueron socios y que perdió capacidad jurídica desde el año 2008 en que fue liquidada. Que a esto se suma que los actos administrativos que determinaron el impuesto se notificaron únicamente a la persona jurídica liquidada, como si esta pudiera defenderse.
Alegaron que la DIAN, al conocer la inexistencia jurídica de la sociedad, debió notificar las decisiones relacionadas con la empresa a los socios individualmente considerados y no como efectivamente lo hizo, en calidad de litisconsortes facultativos.
Que, si en gracia de discusión se admitiera que los miembros de la sociedad liquidada pudieran participar en el proceso de determinación del impuesto en calidad de litisconsortes facultativos, la relación trabada entre la DIAN y los demandantes debía ser directa, como la que se da con el litisconsorte necesario, por cuanto los socios de la liquidada Procurtidos manifestaron de manera inequívoca que querían participar en el proceso de manera directa para ejercer los derechos de defensa y contradicción frente a la actuación administrativa.
Que también se vulneraron los artículos 1º y 3º del Decreto 1 de 1984, en tanto la actuación de la DIAN desconoció los principios rectores de la función administrativa, como la imparcialidad, la eficacia, la publicidad y la contradicción, pues no se puede ser eficaz e imparcial si no se da la garantía de publicidad de las decisiones y mucho menos si no se permite al administrado ejercer el derecho de contradicción.
Que se violó el artículo 14 ibídem, en tanto los demandantes no fueron citados al proceso de determinación del impuesto en discusión, en calidad de deudores solidarios y desde el inicio del mismo. Que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han sostenido(2) que cuando las sociedades son disueltas, las actuaciones administrativas se surten con los herederos de estas para que en relación con ellos se trabe la litis y se garantice el debido proceso y la defensa, lo que no ocurrió en este caso.
Sostuvo que el proceso que culminó con la expedición de los actos administrativos demandados fue tan mezquino que se llegó a decir que la actuación de los socios solo se permitiría a partir de la etapa de determinación, cuando la Corte Constitucional, en la Sentencia C-1201 de 2003, fue clara en decir que la actuación a otra persona) y (ii) porque el local en el que funcionaba ya pertenec (sic) (i) porque ya no existía administracilas (sic) actuaciones a del deudor solidario debe darse en todas las etapas del proceso.
Que en este caso era tal el interés de los deudores solidarios en participar del proceso, que en dos ocasiones se dirigieron a la administración, con el objeto de que se les notificara el requerimiento especial, sin que fueran atendidas las solicitudes.
Indicó que dicho requerimiento no fue recibido por la sociedad por dos razones: (i) porque ya no existía (había sido liquidada) y (ii) porque el local en el que funcionaba ya pertenecía a otra persona.
Adujo que conforme con el artículo 565 del estatuto tributario, las actuaciones de la administración deben notificarse a los contribuyentes en la dirección registrada en el RUT. Que, en este caso, la notificación del emplazamiento para corregir y de la inspección tributaria no se efectuó a los socios de Procurtidos & Cía. en liquidación como lo indica el artículo 565 del estatuto tributario, sino por conducta concluyente. Que, por lo anterior, la notificación efectuada a la sociedad disuelta y liquidada es ineficaz.
Indicó que se vulneró el artículo 685 del estatuto tributario, por falta de aplicación, en relación con los socios, pues si bien la sociedad estaba activa y gozaba de personalidad jurídica al momento de la expedición del emplazamiento para corregir, lo cierto es que para que este produjera el efecto indicado en el artículo 828-1 ibíd., en armonía con la Sentencia C-1201 de 2003, el acto administrativo debió notificarse a cada uno de los socios.
Indicó que el requerimiento especial se profirió contra “un muerto”, pues, para el 15 de abril de 2009, la sociedad no existía: había sido liquidada, razón por la que, insistió, debió notificarse a cada uno de los socios.
Sostuvo que dicha notificación a los deudores se surtió el 30 de octubre de 2009, dos años después de presentada la declaración, razón por la que esta ya se encontraba en firme.
Que, por lo anterior, debe declararse la nulidad de los actos administrativos demandados, dada la indebida notificación de la actuación administrativa.
Dijo que la investigación adelantada en relación con el impuesto de renta y complementarios declarado por la contribuyente Procurtidos & Cía. Ltda. en el año 2006, se inició con el Auto de Apertura 210632007000995 del 9 de noviembre de 2007, por el programa “denuncias de terceros”. Que, en la misma fecha, se expidió el auto de inspección tributaria 210632007000120, notificado a la sociedad el 10 de noviembre de ese mismo año y practicada hasta el 14 de noviembre, tiempo durante el que se expidió el emplazamiento para corregir Nº 210632007000012 del 20 de noviembre de 2007, notificado el 21 de noviembre de 2007, cuando la sociedad aún no se había disuelto ni liquidado.
Sostuvo que conforme con el certificado de existencia y representación legal de la sociedad, el Acta 0000007 de junta de socios del 21 de septiembre de 2007 fue inscrita el 22 de octubre de 2007 relacionada con la palabra “disolución”, oportunidad en la que se nombró como liquidador al señor Jesús Evelio Tobón Pérez, sin que la disolución equivaliera a la liquidación de la sociedad, de acuerdo con los artículos 220 y 222 del Código de Comercio. Citó la Sentencia 3760 del 19 de febrero de 1993, proferida por el Consejo de Estado en el expediente 3760, para sustentar su dicho.
Adujo que, según el RUT, la sociedad efectuó una actualización el 31 de octubre de 2007, en la que a la razón social correspondiente a Procurtidos & Cía. Ltda. se agregó la expresión “en liquidación”, que únicamente fue registrada en relación con el nombre comercial, sin modificar la representación legal. Que en la actualización del 27 de septiembre de 2008, la sociedad informó que el señor Jesús Evelio Tobón Pérez actuaba como liquidador, sin que en esta última oportunidad constara que la sociedad había sido liquidada o había cancelado el registro. Que, en consecuencia, ante la administración no había perdido personería jurídica o capacidad para comparecer o de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Indicó que, con ocasión del emplazamiento para corregir, el señor Jesús Evelio Tobón Pérez pidió, el 3 de diciembre de 2007, la copia del expediente, aspecto que demuestra que, desde el principio, conocía la investigación que se efectuaba a la compañía que representaba. Que, por ende, no estaba limitado para ejercer el derecho de defensa por el hecho de que la sociedad estuviera en liquidación.
Que, en todo caso, el año gravable a que se refiere la declaración del impuesto sobre la renta materia de discusión, es anterior a la fecha de liquidación que aparece registrada en la escritura pública 1903 del 14 de agosto de 2008, inscrita en la Cámara de Comercio el 12 de septiembre de 2008, por lo que bien podían expedirse los actos administrativos de determinación del impuesto alusivos a la misma.
Indicó que el requerimiento especial 212382009000007 del 16 de abril de 2009, enviado a la sociedad en la dirección registrada en el RUT para el 17 de abril de 2009, fue devuelto por la causal “Establecimiento pertenece a otro contribuyente”, según acuse de recibo de Servientrega 10111366455, hecho que originó la publicación por aviso del 8 de mayo de 2009, dirigido a los socios Jesús Evelio Tobón Pérez, Diana Patricia de los Dolores Tobón Villa y Cecilia de las Misericordias Villa de Tobón, mediante oficios 1-21-238-02-0565 a 1-21-238-02-0567, el 28 de abril de 2009, en el que se indicó la calidad de deudores solidarios. Que dicha notificación se surtió en los términos de los artículos 555-2, 565 y 568 del estatuto tributario.
Que, en todo caso, para la fecha en que se expidió el requerimiento especial, la contribuyente no había actualizado la dirección de notificaciones ante la DIAN ni el RUT para informar que la sociedad estaba liquidada. Que tampoco acudió a la cancelación de la inscripción.
Dijo que la notificación del requerimiento especial fue oportuna, pues el término de firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2006 vencía el 12 de julio de 2009, dos años contados desde el vencimiento del término para declarar, según el artículo 714 del estatuto tributario, esto es, desde el 12 de abril de 2007 (Res. 4583/2006 para NIT terminado en 7), suspendida por tres meses en virtud de la inspección tributaria decretada el 9 de noviembre de 2007. Que el requerimiento se notificó a la contribuyente el 8 de mayo de 2009, en el aviso atrás mencionado.
Dijo que el argumento de la contribuyente que pretende demostrar que una vez liquidada la sociedad lo hizo saber a la administración —el 26 de septiembre de 2008 no está demostrado— al encontrarse vigente la razón social, sin cancelación o liquidada, motivo por el que no puede derivar su propia culpa en su favor.
Que si en gracia de discusión se aceptara que la sociedad estaba liquidada al momento de expedirse los actos administrativos acusados, la comunicación a los socios se efectuó antes de la firmeza de la declaración, quienes actuaron en el proceso pues, el 26 de junio de 2009 presentaron poder para actuar, razón por la que no es viable aceptar que dicha notificación se adelantó el 30 de octubre de 2009, con motivo de las consultas que realizara el apoderado en el expediente.
Consideró que con la comunicación a los socios se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, conforme lo establecen la Sentencia C-1201 de 2003 y la Circular 140 de 2004, de las que citó apartes.
De la nulidad planteada por la pretermisión del término para dar respuesta al requerimiento especial, sostuvo que los tres meses de que trata el artículo 707 del estatuto tributario vencieron el 8 de agosto de 2009, fecha a partir de la que empezaban a correr los seis meses que establece el artículo 710 de la misma normativa, para expedir la liquidación oficial de revisión (que vencían el 8 de febrero de 2010).
Que, en el mismo sentido, la comunicación a los socios fue efectuada el 28 de abril de 2009, el término del vencimiento para dar respuesta al requerimiento especial vencía el 28 de julio de 2009, y si se tiene en cuenta el momento a partir del que actuaron ante la administraci es oportuna Revisiuidaciadicada (sic) el 29 de enero de 2010, mediante oficio 000531, no es oportuna. Que, independientemente de ón (sic) el 15 de mayo y el 26 de junio de 2009, el mismo término de respuesta vencía el 26 de septiembre de 2009, por lo que la respuesta radicada el 29 de enero de 2010, mediante oficio 000531, no era oportuna. Adujo que, independientemente de lo anterior, la liquidación oficial de revisión sí es oportuna y no se dio la pretermisión del término para dar respuesta al requerimiento especial, como pretenden hacerlo ver los demandantes.
De la violación de los derechos de defensa y contradicción, alegada presuntamente por no darse traslado de las actuaciones y pruebas a los socios, relató que en las comunicaciones 1-21-238-02-0565 a 1-21-238-02-0567 del 28 de abril de 2009 y en la liquidación oficial de revisión, se dio traslado también de las actuaciones y pruebas que aparecen en el expediente, al punto que conferido el poder al apoderado judicial de la demandante, compareció a consultar el expediente en varias oportunidades (15 de mayo de 2009, 21 de octubre de 2009 y 29 de enero de 2010), en las que se garantizó el derecho de defensa y contradicción, además de la oportunidad que tuvo para responder el requerimiento especial. Que, por ende, no se vulneró el artículo 29 de la CP.
Indicó que los comprobantes y proformas de compras, remisiones de la empresa, facturas sin los requisitos legales, comprobantes de egreso y consignaciones obtenidas del registro al señor Jhon Fredy Arias Ramírez; los comprobantes de egreso de la empresa, facturas y reportes de bancos sobre las consignaciones realizadas a nombre de Cristian David Ospina y Javier David Naranjo, así como las consignaciones a nombre de terceros como Oscar Corzo, Cecilia Villa, Octavio Marín, Noira González sin los respectivos soportes, fueron obtenidas en debida forma, previo requerimiento de información, en desarrollo de la inspección tributaria o mediante autos de traslados de pruebas, por lo que con la notificación del requerimiento especial se garantizó el derecho de defensa y contradicción a la demandante.
Que las declaraciones juramentadas de los señores Cecilia Villa, Javier Naranjo y Noira González fueron recaudadas directamente durante la inspección tributaria decretada mediante el Auto 210632007000120, notificado el 10 de noviembre de 2007, conforme las facultades otorgadas por el artículo 684 del estatuto tributario, tal como consta en las actas de visita suscritas con las que se aportaron otros documentos, razón por la que el recaudo de las mismas se ajusta a lo previsto en el artículo 779 del estatuto tributario. Que del acta final de visita se dio traslado con el requerimiento especial, con plena garantía del derecho de contradicción y defensa, y que, en consecuencia, con ocasión de la respuesta al requerimiento o al recurso de reconsideración bien pudieron los demandantes contradecir la valoración de las pruebas.
Dijo que la administración identificó diferencias respecto a los recursos que se generaron con los movimientos bancarios, por lo que adicionó ingresos por venta de pieles con los clientes para los que la contribuyente utilizó cuentas corrientes y efectuó consignaciones según el artículo 755-3 del estatuto tributario; desconoció pasivos por falta de los soportes exigidos por el artículo 283 y 770 del estatuto tributario y rechazó salarios por falta de pago de parafiscales conforme con el artículo 108 ibídem. Que estas actuaciones fueron consecuencia de las pruebas documentales y testimoniales recaudadas, que no fueron controvertidas por la demandante.
Adujo que la administración contó con pruebas debidamente recaudadas e idóneas para aplicar la presunción de adición de ingresos, razón por la que desechó los testimonios de los señores Rodolfo Pico, Octavio Marín y Oscar Corzo, cuyas cuentas bancarias fueron analizadas en documentos recaudados, de los que se estableció que las consignaciones cancelaban el comprobante girado a Procurtidos & Cía. Ltda.
Sostuvo que no es cierto que la administración aplicara la presunción de ingresos con base en indicios que no estaban plenamente probados, pues era suficiente el recaudo de pruebas documentales y testimoniales, de donde estos se comprueban. Que, en consecuencia, se cumplía la condición prevista en el artículo 176 del Código de Procedimiento Civil, que admitía prueba en contrario, pero que no fueron aportadas por la demandante.
Manifestó que el material probatorio recaudado fue el fundamento de la actuación de la administración, se desvirtuó la presunción de legalidad de la declaración privada que establece el artículo 746 del estatuto tributario y se invirtió la carga de la prueba a la contribuyente. Que, en consecuencia, al no estar probada la violación del debido proceso en el recaudo del material probatorio, ni en el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción, no debe prosperar la pretensión de nulidad de la parte demandante.
Las razones que adujo el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para negar la pretensión de nulidad de los actos demandados, fueron las siguientes:
Luego de un recuento de las normas aplicables al caso, de la jurisprudencia de esta corporación relacionada con la materia objeto de debate, y de las pruebas recaudadas en el plenario, sostuvo que los actos de un proceso de revisión de impuestos iniciado durante la vigencia de una sociedad disuelta y liquidada deben ser notificados al representante legal de la misma. Que, además, el acto administrativo de liquidación oficial de un gravamen debe efectuarse a nombre del sujeto pasivo de la obligación tributaria, es decir, de quien realizó el hecho.
Dijo que la notificación de la liquidación oficial del impuesto a quien fungía como apoderado de Procurtidos & Cía. Ltda. se hizo conforme a la ley; que tal apoderado interpuso el recurso de reconsideración contra dicha liquidación, recurso que fue resuelto mediante la Resolución 900180 del 17 de noviembre de 2010. Que, por lo tanto, la publicidad de la liquidación oficial se produjo frente a la parte actora, por cuanto si ello no hubiere ocurrido, no habría podido interponer el recurso de reconsideración.
De la indebida notificación del auto de inspección tributaria, sostuvo que vistos los antecedentes administrativos se observa que la Administración Tributaria de Tuluá comisionó a funcionarios para que practicaran dicha inspección, decisión notificada por correo certificado cuando la sociedad aún no había sido liquidada. Al respecto, sostuvo que los mismos actores reconocieron que la sociedad fue notificada del auto de inspección tributaria del 9 de noviembre de 2007, el 10 de noviembre del mismo año.
Del argumento encaminado a demostrar que no era posible que se notificara a Procurtidos & Cía. Ltda. de los actos acusados por haber perdido capacidad jurídica desde 2008, sostuvo que si bien se acreditó que la contribuyente fue liquidada y la escritura pública inscrita en el registro mercantil, debe tenerse en cuenta que el acto de notificación del requerimiento especial debe dirigirse a la última dirección registrada en el RUT y si el correo es devuelto, es procedente la notificación mediante aviso en un periódico de amplia circulación nacional. Que, en este caso, se encuentra acreditado que en la última actualización del RUT de la sociedad Procurtidos & Cía. Ltda., al 26 de septiembre de 2008, se registró como dirección la TV 20 3 A N 119 de Cartago – Valle del Cauca, y la DIAN envió a la referida dirección el requerimiento especial por impuesto sobre las ventas del periodo 01 de 2006, el que fue devuelto, por lo que se efectuó la notificación por aviso en el periódico El Tiempo. Que, por lo anterior, es claro que el requerimiento especial fue notificado en debida forma.
Que, así mismo, la administración solicitó al liquidador de la sociedad que actualizara el RUT y que antes de adelantarse la notificación por aviso, ofició al liquidador y a los socios de Procurtidos & Cía. Ltda. informándoles de la notificación del requerimiento especial, lo que permite inferir que la DIAN realizó las diligencias necesarias para lograr que la contribuyente se notificara de la actuación.
Que, en todo caso, la actuación de la DIAN se ajustó a la ley y a lo dispuesto en la Sentencia C-1201 de 2003, razón por la que no procedía la pretensión de nulidad de la parte demandante, pues la liquidación de la sociedad no constituye una forma de extinción de las obligaciones fiscales y la alegada irregularidad en la notificación de los actos previos a la liquidación oficial de revisión era inexistente.
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación. Adujo que el ataque contra los actos administrativos acusados se da de dos maneras: (i) en lo atinente a la acción administrativa contra la sociedad en sí misma considerada y (ii) en lo que tiene que ver con los deudores solidarios Jesús Evelio Tobón Pérez, Diana Patricia de los Dolores Tobón Villa y Cecilia de las Misericordias Villa Tobón, vinculados al proceso en calidad de litisconsortes facultativos.
Manifestó que expirada la personalidad jurídica de una sociedad, por existir escritura pública de liquidación, la representación de la sociedad liquidada recae en los socios. Que así lo sostuvo la sentencia del 12 de junio de 1992, proferida por el Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Jaime Abella Zárate.
Dijo que de acuerdo con la sentencia en cita, pueden ser los socios o quienes actuaron como liquidadores, los que tienen la capacidad para representar a la extinta sociedad en los procesos que surjan en curso del proceso de liquidación, con lo que la sentencia de primera instancia pudiera tener razón en sus asertos.
Que, no obstante, debe tenerse en cuenta que si alguna actuación se inicia contra la sociedad liquidada, como en este caso, en el que sí está comprobado con el RUT del 26 de septiembre de 2008, que la sociedad estaba debidamente liquidada, entonces las notificaciones debieron dirigirse a los socios o al liquidador, pero no a la sociedad misma. Que en el expediente se advierte que la notificación fue dirigida a la dirección de la sociedad liquidada y no a la del socio liquidador, por lo que ningúde (sic) la sociedad, cuando notificaci (sic) adelantado por la administraciue ningdor (sic), pero no a la sociedad misma. Que en el expediente sn (sic) socio tuvo conocimiento del requerimiento especial ni de la liquidación oficial, lo que les hace inoponibles las actuaciones.
Citó la sentencia del 11 de junio de 2009(3), proferida por esta Sección, para advertir que el procedimiento adelantado por la administración demandada, de enviar la notificación a la dirección de la sociedad, cuando la misma estaba disuelta, liquidación de la que sabía la DIAN, fue ilegal y además absurdo, razón por la que deben anularse.
Transcribió apartes de la Sentencia C-1201 de 2003 para argumentar que los socios de Procurtidos & Cía. Ltda. actuaron como litisconsortes facultativos en el proceso y no como representantes de la liquidada sociedad, pues de ese modo fueron vinculados por la DIAN.
Dijo que, mediante los oficios 1-21-238-02-0565, 1-21-238-02-0566 y 1-21-238-02-0567, la DIAN quiso vincular al proceso de determinación del tributo a los socios de la sociedad, y, al hacerlo, advirtió que comparecerían en calidad de litisconsortes facultativos.
Que fue bajo esa consideración que la señora Cecilia de las Misericordias Villa de Tobón autorizó al apoderado para consultar el proceso administrativo y luego expresó la voluntad de actuar en el mismo, sin que se hubiera autorizado la notificación del requerimiento especial, como aparece en el acta de comparecencia del apoderado, que solo consultó el expediente. Que luego lo hicieron los demás socios.
Que a partir de esa exteriorización de la voluntad, de participar en el proceso, fue que se exigió a la DIAN Tuluá que notificara los actos administrativos a los socios. Que se llegó al extremo de que los socios se dieron por notificados del requerimiento especial el 30 de octubre de 2010, sin que sea de recibo el argumento del tribunal de que el requerimiento sí se envió a los interesados según certificación de Servientrega, cuya devolución no probaron los autores, pues dicho requerimiento solo fue conocido el 29 de octubre de 2010, cuando se recibió el oficio 1-21-238-2-0001985-3844 del 27 de octubre de 2009.
Adujo que conocido el requerimiento por los deudores solidarios, la DIAN debió notificarlos a cada uno, actuación que no probó, y que, además, debió garantizar que los actores pudieran responderlo, reviviendo el término de los tres meses para presentar la respuesta.
Insistió en que la notificación del requerimiento especial, efectuada el 29 de octubre de 2009, se dio por fuera del término de los dos años previstos en la ley para el efecto, razón por la que debía concluirse que respecto de los litisconsortes facultativos la liquidación privada de la sociedad Procurtidos & Cía. Ltda. quedó en firme y que, por tanto, debía declararse nula la liquidación oficial de revisión.
Dijo que la respuesta al requerimiento especial, presentada por los litisconsortes, fue desatendida, y que en esta se manifestó la extemporaneidad de dicho requerimiento.
Insistió en que el debido proceso fue vulnerado, en tanto se cercenó a los litisconsortes la posibilidad de controvertir las actuaciones previas a la liquidación oficial de revisión y porque, además, la jurisprudencia de esta corporación es coincidente en que Procurtidos & Cía. Ltda. no podía ser sujeto procesal, por tratarse de una sociedad liquidada.
Por lo anterior, pidió que se revocara la decisión de primera instancia y que, en su lugar, se anularan los actos administrativos acusados.
La parte demandante no alegó de conclusión.
La apoderada judicial de la UAE DIAN pidió que se confirmara la decisión de primera instancia.
Reiteró que las actuaciones adelantadas en el proceso de determinación del impuesto a cargo de Procurtidos & Cía. Ltda. se surtieron conforme con la ley. Que las notificaciones se enviaron a la última dirección registrada en el RUT y que cuando inició la investigación la sociedad aún no había sido disuelta.
Que, además, la demandante no probó la violación de los derechos al debido proceso y defensa, por lo que se imponía confirmar la denegatoria de las pretensiones.
(sic) 2.6. Concepto del Ministerio Público.
El representante del Ministerio Público rindió concepto. Advirtió que una es la notificación que se hace a la sociedad por impuestos, cuando estaba sin liquidar y se inició la investigación tributaria, y otra es la comunicación que debe adelantarse a los socios sobre la existencia del proceso de impuestos adeudados, para que se vinculen, si deciden, aún respecto de la actuación de determinación (requerimiento especial y liquidación oficial) después de liquidada, dado que la calidad es de solidarios que responden con la sociedad.
Que, en ese orden, la administración de impuestos de Tuluá comunicó mediante oficios 0565, 0566 y 0567 del 28 de abril de 2009 a cada socio que se había proferido el 16 de los mismos, el requerimiento especial 00007 contra la sociedad de la que eran socios y la notificación por aviso del mismo, y les informó que podían actuar como litisconsortes facultativos en el proceso de determinación del impuesto.
Dijo que, en este caso, si bien la administración no debió notificar el requerimiento especial del 16 de abril de 2009 a la sociedad, debido a su liquidación registrada el 26 de septiembre de 2008 y a la actualización del RUT, porque con ello había sido extinguida, el procedimiento no afectó la comunicación que se envió a los socios el 28 de abril de 2009, sobre la existencia de dicho acto para que se vincularan al proceso.
Adujo que no se imponía la obligación de notificar esa actuación, como lo solicita el apelante, porque la comunicación enviada cumplía la misma finalidad, máxime si la investigación tributaria había iniciado bajo la existencia de la sociedad, sin que por su liquidación tuviera que adelantarse contra los socios, en razón a que su carácter es de solidarios por virtud de la ley, no de responsables directos, y, por ende, no procedía cambiar la actuación para dirigirla contra ellos.
Que, así surtida, la comunicación del 28 de abril de 2009 cumplió con la finalidad de avisarles sobre la existencia del proceso de impuestos frente al cual respondían como solidarios, la que fue oportuna, pues los dos años para la firmeza de la declaración privada, conforme con el artículo 730 del estatuto tributario, corrían en este caso desde el vencimiento del término para declarar (12 de abril de 2007), suspendido por tres meses por la inspección tributaria, esto es, hasta el 12 de julio de 2009, fechas no objetadas por los demandantes.
Que, además, los demandantes otorgaron poder el 26 de junio de 2009, que no solo tenía por finalidad examinar el expediente, como lo señalan en la apelación, sino específicamente para que el apoderado actuara en el proceso al que se refería el requerimiento especial citado y proferido contra la sociedad liquidada, conforme aparece probado en el expediente.
Que ese poder demuestra que los demandantes estaban suficientemente enterados del requerimiento especial y del respectivo proceso adelantado contra la sociedad desde esa fecha (26/06/2009) y no el 30 de octubre de 2009, como señalan en el recurso y aún así no intervinieron en el proceso como correspondía, razón por la que la notificación reclamada no tiene asidero.
Que, en concordancia con lo anterior, se debe tener en cuenta que la comunicación remitida por la DIAN el 28 de abril de 2009 les permitía intervenir oportunamente desde esa fecha frente al requerimiento especial, para contestarlo y pedir pruebas si a bien lo tenían, teniendo en cuenta que contaban con tres meses, de acuerdo con el artículo 707 del estatuto tributario.
De otro lado, adujo que el hecho de comunicarles para que se vincularan no significaba que sustituyeran a la sociedad en el proceso y por ello pudieran exigir la notificación y descartar la comunicación que recibieron, pues a pesar de la liquidación de la sociedad, se trataba de impuestos del año gravable 2006, cuando no se había liquidado, frente a los que los socios comparecen como solidarios, en virtud de la ley (arts. 793 y 794 del E.T.).
Acerca de los litisconsortes facultativos, sostuvo que son considerados en sus relaciones con la contraparte como litigantes separados, y que los actos de cada uno no redundan en provecho ni en perjuicio de los otros sin que por ello se afecte la unidad del proceso. Que, de acuerdo con el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil, esa advertencia no limitaba el derecho de defensa ni el debido proceso de los deudores solidarios, pues independientemente de eso, les asistía el deber de intervenir frente a la determinación del impuesto de la sociedad de la que formaban parte, finalidad perseguida por la comunicación del 28 de abril de 2009.
Que a diferencia de afectar los derechos fundamentales, la comunicación clarificaba la intervención procesal, en su condición de socios responsables solidarios de los impuestos de la sociedad disuelta, pero individualmente considerados, y con el hecho de que su responsabilidad se daba hasta el valor que recibieran en la liquidación social y a prorrata de sus aportes, razón por la que carece de sustento legal la inconformidad de los apelantes.
Por todo lo anterior, solicitó confirmar la decisión de primera instancia.
En los términos del recurso de apelación presentado por la parte demandante, la Sala decidirá si se ajustan a derecho la liquidación oficial de revisión 212412010000001 del 26 de enero de 2010, dictada por el jefe de la división de gestión de liquidación de la DIAN de Tuluá, mediante la que se modificó la declaración privada del impuesto sobre la renta y complementarios de Procurtidos & Cía. Ltda. en liquidación y se impuso una sanción por inexactitud, y la Resolución 900180 del 17 de noviembre de 2010, dictada por la subdirectora de recursos jurídicos de la DIAN de Armenia, que decidió en forma negativa el recurso de reconsideración interpuesto contra la anterior.
En concreto, la Sala determinará si los actos administrativos demandados son nulos por expedición irregular, en tanto, a juicio de la parte demandante, los actos previos a la liquidación oficial de revisión fueron expedidos sin observar el debido proceso. Para el efecto, resolverá los siguientes:
¿Adolecía de capacidad jurídica la sociedad Procurtidos & Cía. Ltda. para comparecer al proceso de determinación del impuesto de renta y complementarios del año gravable 2006?
De no ser así, ¿Los actos previos o preparatorios de la liquidación oficial de revisión 212412010000001 del 26 de enero de 2010 fueron expedidos con sujeción al procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico?
Previo a resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala hará un recuento de los hechos probados y no discutidos:
— La sociedad Procurtidos & Cía. Ltda. presentó la declaración del impuesto de renta y complementarios por el año gravable 2006, el 22 de mayo de 2007, en la que registró un saldo a pagar por valor de $ 83.191.000.
— Por Acta 00007 del 21 de septiembre de 2007, inscrita el 22 de octubre de 2007 en la Cámara de Comercio de Cartago, se registró la disolución de la sociedad Procurtidos & Cía. Ltda.(4) y se nombró como agente liquidador de la sociedad al señor Jesús Evelio Tobón Pérez.
— Con base en el acta de comité de denuncias 009 del 27 de septiembre de 2007 se determinó la apertura de una investigación a las consignaciones bancarias registradas por la sociedad. Dicha investigación fue ordenada mediante Auto de Apertura 210632007000995 del 9 de noviembre de 2007. En la misma fecha se ordenó, además, la práctica de una inspección tributaria, mediante el Auto de Inspección Tributaria 210632007000120, notificado el 10 de noviembre de 2007(5).
— De la diligencia de inspección tributaria se suscribió acta de Inicio de fecha 14 de noviembre de 2007, se recibieron declaraciones y se enviaron requerimientos.
— El 20 de noviembre de 2007, se expidió el emplazamiento para corregir Nº 210632007000012, enviado a la dirección TV 20 3 A N 119 de Cartago – Valle del Cauca(6), dirección registrada en el RUT de la sociedad(7).
— El 14 de agosto de 2008, mediante escritura pública 1903 de la Notaría Primera de Cartago, se liquidó definitivamente la sociedad Procurtidos & Cía. Ltda.
— El 12 de septiembre de 2008 se inscribió la liquidación de la persona jurídica de Procurtidos & Cía. Ltda. en la Cámara de Comercio de Cartago y se canceló la respectiva matrícula mercantil(8).
— El 26 de septiembre de 2008, el agente liquidador de Procurtidos & Cía. Ltda., Jesús Evelio Tobón Pérez, actualizó el RUT de la sociedad e informó el estado de liquidación de la misma. También registró como dirección de notificación la TV 20 N 3 A N 119 de Cartago(9).
— El 15 de abril de 2009, la DIAN suscribió el acta de visita de inspección tributaria.
— El 16 de abril de 2009, la DIAN expidió el requerimiento especial 212382009000007, notificado por aviso el 8 de mayo de 2009, con la que se dio traslado del acta de visita. Dicha actuación se comunicó a los socios como deudores solidarios el 28 de abril de 2009.
— En peticiones presentadas el 26 de junio y el 13 de octubre de 2009, el apoderado judicial de los señores Jesús Evelio Tobón Pérez, Diana Patricia de los Dolores Tobón Villa y Cecilia de las Misericordias Villa de Tobón pidió a la DIAN la notificación en legal forma de los actos que, con posterioridad al 14 de agosto de 2008, se hubieren proferido en contra de Procutidos & Cía. Ltda., sociedad que ya había sido liquidada(10). Dicha petición fue respondida el 27 de octubre de 2009, en los siguientes términos:
“Frente a los actos notificados directamente al contribuyente responsable:
Se debe aclarar que el requerimiento especial Nº 212382009000007 de fecha 16 de abril de 2009, fue debidamente notificado, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 565 del estatuto tributario, teniendo en cuenta los elementos estipulados dentro del artículo:
Tomando en cuenta que el Liquidador, el señor Jesús Evelio Tobón Pérez, actualizó la información del registro único tributario, informando el estado de la sociedad y dirección de notificación el día 26 de septiembre de 2008, esta información se registró como actualización con los siguientes datos:
En la casilla 89 del formulario se incluyó el estado 07 el cual comprende el proceso de “en liquidación”, con lo cual no se está extinguiendo la Sociedad Procurtidos & Cía Ltda, sino que por el contrario, este es un proceso en donde se inicia la liquidación del patrimonio social, según los trámites establecidos en el artículo 225 y subsiguientes del Código de Comercio, estableciendo primero la persona designada como liquidador. Teniendo en cuenta que en efecto se surtió este proceso ante la DIAN, debido a que el señor Jesús Evelio Tobón Pérez, actualizó su información en la casilla 98 del formulario RUT – en la parte referida a la Representación como liquidador de la Sociedad Procurtidos & Compañía Limitada, la cual pasó a llamarse Procurtidos & Compañía Limitada en liquidación y que dentro de la información actualizada, registró como dirección de notificación: TV 20 Nº 3 AN – 119 de la ciudad de Cartago Valle del Cauca, en tal sentido es claro que la dirección informada por el señor Tobón Pérez, surte efecto legal de acuerdo al parágrafo 1º del artículo 565 del estatuto tributario.
Es de mencionar la nota aclaratoria que aparece al pie de la firma del formulario del registro único tributario hoja principal
‘La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de agosto de 2004.’
Tomando en cuenta lo mencionado, la Dirección Seccional de Impuestos y aduanas de Tuluá, al momento de la notificación contaba con los elementos necesarios para realizar la debida notificación en la última dirección informada por el responsable de la información el señor Jesús Evelio Tobón Pérez liquidador de la Sociedad, sin embargo, al ser devuelto por el correo se acudió al artículo 588 del Ordenamiento Tributario, es decir, se publicó en el diario El Tiempo el 8 de mayo de 2009.
Frente a la comunicación de los socios:
Por parte de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá, se han empleado todas las herramientas de tipo legal para dar a conocer y garantizar los derechos de los socios con respecto al acto administrativo, prueba de ello son los oficios enviados a los socios el día 28 de abril de 2009, con los siguientes consecutivos 565, 566, 567, a la dirección informada en el RUT de cada uno de ellos, en donde se les informa que se ha proferido un acto administrativo correspondiente al Requerimiento Especial 212382009000007 de fecha 16 de abril de 2009, los comunicados fueron recibidos como consta en las pruebas de entrega 2721711 y 2721712.
Adicionalmente, mediante oficio 1.21.201.238-000585 de fecha 30 de abril de 2009, se le solicita al señor liquidador Jesús Evelio Tobón Pérez, la actualización de su RUT, donde se le hace énfasis sobre la obligación que como liquidador tiene de actualizar la dirección y estado de la sociedad, so pena de las posibles sanciones establecidas en el artículo 658-3 del estatuto tributario.
Para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá, ha sido un interés darle respuestas a las peticiones realizadas, es así como la respuesta al oficio fechado con el 26 de junio de 2009, fue enviada a la dirección informada en el membrete del oficio de la solicitud adjuntando copia del requerimiento especial al igual que acta de visita, del oficio enviado no hubo devolución de parte de la empresa de correos 472 la cual está encargada de la correspondencia referente a los oficios, entendiéndose por tanto como entregado y complemento a esto existe la prueba de entrega 4987055 de la empresa de correos 472. Adicionalmente, en ese oficio se registra una nota aclaratoria, con respecto a la dirección del apoderado, pues las partes vinculadas al proceso tienen la responsabilidad de informar en debida forma su dirección procesal, pues de otra forma se puede inducir al error al ente fiscalizador. Sin embargo, se envía nuevamente una copia a la direccic.p.os (sic) 67 - 69 de 2009: 10: 00 A.M.”d octubre de 2009 y otra a la direccimbargo, se envrmar (sic) en debida forma su direccidicionalmón (sic) que plasma en su oficio de fecha 14 de octubre de 2009 y otra a la dirección informada en el Registro Único Tributario – calle 3 Nº 21 – 34 de Armenia Quindío, actualizado el día 3 de marzo de 2008 y verificado el día 28 de octubre de 2009: 10: 00 A.M.”(11).
— El 26 de enero de 2010, la DIAN expidió la liquidación oficial de revisión 212412010000001, en la que confirmó las glosas propuestas en el requerimiento especial(12).
— El 28 de enero de 2010, el apoderado judicial de la parte demandante respondió el requerimiento especial(13).
— El 29 de enero de 2010, el apoderado de la parte demandante compareció ante la DIAN Seccional Tuluá “Con el ánimo de revisar el expediente DT2006200700995, renta del año gravable 2006 que se adelanta en este despacho a la sociedad Procurtidos y Cia Ltda en liquidación Nit: 836.000.557-3 (…)”(14).
— El 3 de febrero de 2010, la parte demandante presentó recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión 2124120100000001 del 26 de enero de 2010, recurso que fue resuelto negativamente mediante la Resolución 900180 del 17 de noviembre de 2010(15).
Conforme con los hechos narrados en precedencia, la Sala analizará la capacidad para comparecer al proceso de la sociedad Procurtidos & Cía. Ltda., toda vez que, según la parte demandante, la sociedad fue disuelta y liquidada y, en consecuencia, no podía ser parte en el proceso administrativo de determinación del impuesto.
3.3. De la capacidad para comparecer al proceso de determinación del impuesto. Reiteración de jurisprudencia(16).
De acuerdo con lo dispuesto en nuestro sistema jurídico, las personas se dividen en naturales y jurídicas. Una persona jurídica es aquella “(…) capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente(17)“. En el mismo sentido, el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil dispone que “Las personas jurídicas comparecerán al proceso por medio de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la ley o los estatutos”.
De lo anterior se desprende que las personas jurídicas de derecho privado deben acreditar no solo su existencia y su normal funcionamiento, lo mismo que el poder y mandato de sus gestores, esto es, deben demostrar su propia personalidad y la personería de quienes la administran.
De otro lado, las personas jurídicas de derecho privado se dividen en civiles y comerciales, estas últimas adquieren personería jurídica a través del otorgamiento del instrumento público de constitución, acto por el cual se individualiza y separa de quienes la crearon en razón a que surge como un ente jurídico independiente(18). Para el caso de las sociedades mercantiles, el ordenamiento legal somete a inscripción ante las cámaras de comercio respectivas, entre otros actos, la constitución, reformas estatutarias y las escrituras de disolución y liquidación de las sociedades.
En este punto es necesario distinguir la extinción de la personalidad en sí, es decir, la capacidad jurídica, de la extinción del substrato material (patrimonio social). El término disolución se refiere en forma especial a la extinción de la personalidad, y el vocablo liquidación, a la extinción del patrimonio social.
En ese orden, la sociedad es una persona jurídica con capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, y, por consiguiente, para ser parte en un proceso, atributo que conserva hasta tanto se liquide el ente y se apruebe la cuenta final de su liquidación, que es el momento en el que desaparece, muere o se extingue la personalidad jurídica.
Conforme con las anteriores precisiones y toda vez que la parte actora, por haber ejercido actividad comercial estaba sometida al régimen probatorio del derecho mercantil, debía acreditar su existencia y representación legal mediante el correspondiente registro expedido por la cámara de comercio, en la que conste, entre otros aspectos, la constancia de que “la sociedad no se halla disuelta” (art. 117 ib.).
Según informa el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Cartago(19), la sociedad Procutidos & Compañía. En esas circunstancias ada el 12 os (sic) del 21 de septiembre de 2007, inscrita el 22 de octubre del mismo año.acho direccidicionalmía (sic) limitada fue declarada disuelta y en estado de liquidación por acta 0000007 de junta de socios del 21 de septiembre de 2007, inscrita el 22 de octubre del mismo año.
También se advierte que por escritura pública 1903 del 14 de agosto de 2008, inscrita en dicha entidad el 12 de septiembre de 2008, consta la distribución de remanentes de los activos sociales. Igualmente certifica que la matrícula mercantil fue cancelada el 12 de septiembre de 2008.
En esas circunstancias, para la fecha en que se inició la actuación administrativa, esto es, el 16 de abril de 2009, fecha en que se formuló el requerimiento especial a la sociedad Procurtidos & Cía. Ltda., esta sociedad ya había perdido capacidad jurídica para comparecer al proceso de determinación del impuesto de renta por el año gravable 2006.
El artículo 847 estatuto tributario dispone que cuando una sociedad comercial o civil entre en cualquiera de las causales de disolución, que fue lo que ocurrió en este caso, el representante legal debe avisarle a la oficina de cobranzas de la DIAN competente, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que haya ocurrido el hecho que produjo la causal de disolución, para que esta división le comunique a la sociedad sobre las deudas fiscales de plazo vencido a cargo de la sociedad para que el liquidador de la sociedad o quien haga sus veces procure pagar las deudas de la sociedad, respetando la prelación de los créditos fiscales. Si el representante legal de la empresa omite dar aviso oportuno a la DIAN, o los liquidadores desconocen la prelación de los créditos fiscales, serán solidariamente responsables por las deudas insolutas que sean determinadas por la DIAN, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria, en los términos del artículo 794 estatuto tributario, de los socios(20).
Fíjese que la intervención de la DIAN en procesos de liquidación de sociedades está previsto para que se haga parte como acreedor de deudas de plazo vencido.
Esto no quiere decir que la DIAN no pueda iniciar o continuar actuaciones administrativas en contra de sociedades en proceso de liquidación, que tengan como propósito, precisamente, establecer una obligación tributaria a su cargo. En estas circunstancias, bien podría la sociedad en proceso de liquidación provisionar el monto que podría resultar en su contra una vez termine la actuación administrativa. Pero el asunto es que, en el caso concreto, cuando se formuló el requerimiento especial, que es la actuación con la que se inicia formalmente la actuación administrativa de determinación de impuestos, la sociedad ya había sido liquidada. Y, en esas circunstancias, perdió capacidad jurídica para actuar.
Las anteriores razones son suficientes para anular los actos administrativos demandados.
Sea por demás decir que los socios no podían actuar en calidad de litis consortes facultativos si la legitimación en la causa de la sociedad había desaparecido a consecuencia de su liquidación.
Finalmente, ante la falta de definición de la litis, los actos sancionatorios no constituyen títulos ejecutivos susceptibles de ser objeto de cobro por vía administrativa, dada la inexistencia de la actora(21).
Las razones anteriores son suficientes para revocar la sentencia apelada.
REVÓCASE la sentencia del 16 de noviembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho de Jesn ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ UAE DIANe (sic) las Misericordias Villa de Tobón ni en los alegatos ni con ocasio, adem3232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232ús (sic) Evelio Tobón Pérez, Diana Patricia de los Dolores Tobón Villa y Cecilia de las Misericordias Villa de Tobón contra la UAE DIAN.
En su lugar, la sala SE INHIBE de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones de la demanda.
1 La DIAN propuso: (i) el desconocimiento de pasivos, por valor de $200.049.949; (ii) el desconocimiento de gastos por pagos laborales por valor de $9.950.650; (iii) La adición de ingresos por valor de $675.047.309,19 y una sanci7 (sic) el requerimiento especial Nº 2138200900000.uhna sancioportados (sic), por valor de $200.049.949; (ii) El desconocimi22222222222222222ón (sic) por inexactitud por valor de $421.962.000.
2 La parte demandante no citó ninguna sentencia en particular.
3 Expediente 16319. Actor: Unión Industrial Ferretera Ltda. En liquidación. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
4 Folios 56 - 57 c.p.
5 Folio 40 c.p.
6 Folio 39 c.p.
7 Folio 41 c.p.
8 Folio 47 c.p.
9 Folios 41 – 46 y 66 – 69 c.p.
10 Folios 63 – 65 c.p.
11 Folios 67 – 69 c.p.
12 Folios 2 – 20 c.p.
13 Folios 70 – 73 c.p.
14 Folio 74 c.p.
15 Folios 25 – 37 c.p.
16 Entre otras, ver sentencias de 22 de febrero de 2007, expediente 14592, C.P, Ligia López Díaz; de 17 de septiembre de 2003, expediente 13301 C.P. María Inés Ortiz Barbosa.
17 Art. 633 del Código Civil.
18 Art. 98 del Código de Comercio.
19 Folio 47.
20 Articulo 847.—En liquidación de sociedades. Cuando una sociedad comercial o civil entre en cualquiera de las causales de disolución contempladas en la ley, distintas a la declaratoria de o concurso de acreedores, deberá darle aviso, por medio de su representante legal, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que haya ocurrido el hecho que produjo la causal de disolución, a la oficina de cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales ante la cual sea contribuyente, responsable o agente retenedor, con el fin de que esta le comunique sobre las deudas fiscales de plazo vencido a cargo de la sociedad.
— Los liquidadores o quienes hagan sus veces deberán procurar el pago de las deudas de la sociedad, respetando la prelación de los créditos fiscales.
Parágrafo.—Los representantes legales que omitan dar el aviso oportuno a la Administración y los liquidadores que desconozcan la prelación de los créditos fiscales, serán solidariamente responsables por las deudas insolutas que sean determinadas por la administración, sin perjuicio de la señalada en el artículo 794, entre los socios y accionistas y la sociedad.
21 En igual sentido, ver sentencias del 21 de mayo de 2015, radicación 050012331000200703177-01 (20368), actor: Fábrica de Pizzas Dominos, consejero ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y del 23 de junio de 2015, Radicación: 25000232700020120037801 (20688), Actor: Abrenuncio S.A. (Liquidada), consejera ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 14
 artículo 565
 artículo 565
 artículo 685
 artículo 828
 artículo 714
 artículo 707
 artículo 710
 artículo 29
 artículo 684
 artículo 779
 artículo 755
 artículo 283
 artículo 108
 artículo 176
 artículo 746
 Resolución 
 artículo 730
 artículo 707
 artículo 50
 Resolución 
 artículo 565
 artículo 225
 artículo 565

Artículo 15
 artículo 588
 artículo 658
 Resolución 
 artículo 44
 artículo 847
 artículo 794
 artículo 794