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Timestamp: 2017-05-27 13:27:58+00:00

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STC 126 1987 retroactividad by pepe diaz - issuu
Tribunal Constitucional (Pleno).Sentencia núm. 126/1987 de 16
julioRTC\1987\126Tribunal Constitucional (Pleno).
Sentencia núm. 126/1987 de 16 julio
RTC\1987\126Cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo
de las Audiencias Territoriales de Pamplona, Valencia, Cáceres, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla,
Burgos y Madrid contra la Disposición Adicional sexta, tres de la Ley 5/1983, de 29-6-1983, sobre
Medidas Urgentes en materia Presupuestaria, Financiera y Tributaria:
naturaleza jurídica: el hecho
de que algunas de estas normas tengan naturaleza estrictamente presupuestaria no convierte a dicha
Ley en una Ley de Presupuestos; Gravamen complementario de la tasa fiscal que grava los juegos de
suerte, envite o azar: creación: no puede entenderse que sea de aplicación a la Disposición adicional
sexta, tres de la Ley 5/1983, de 29-6-1983, la prohibición contenida en el art. 134, párr. 7º de la CE
relativa a la creación de tributos en Leyes de Presupuestos.
Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales: legislación tributaria: no existe una prohibición constitucional de retroactividad
de dichas normas: la causa de la prohibición ha de buscarse en todo caso en el carácter sancionador o
restrictivo de las leyes, no en el objeto específico de las normas: la irretroactividad absoluta de las leyes
fiscales podría hacer totalmente inviable una verdadera reforma fiscal.
Juego: máquinas o aparatos automáticos: gravamen complementario de su tasa fiscal para el año
1983: finalidad: intento de adecuar la presión tributaria del sector en cuestión al resto de las
modalidades de juego, a fin de lograr una mayor justicia tributaria y aminorar las distorsiones que venían
produciéndose entre ellas y que, a su vez, estaban afectando negativamente a la recaudación total
procedente del juego; retroactividad de grado medio: aun cuando los elementos constitutivos del hecho
imponible -incluida su dimensión temporal- comenzaron a producirse antes de la entrada en vigor de la
ley, el hecho imponible no se había realizado íntegramente en ese momento y los efectos jurídicos no
se habían agotado.Jurisdicción: Constitucional
Cuestión de Inconstitucionalidad núm. 377/1985 y 94/1986
Ponente: Doña gloria begué cantónEl Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Tomás y Valiente, Presidente, y
doña Gloria Begué Cantón, don Angel Latorre Segura, don Francisco Rubio Llorente, don Luis
Díez-Picazo y Ponce de León, don Antonio Truyol Serra, don Fernando García-Mon y
González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Díaz Eimil, don Miguel
Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, don Jesús Leguina Villa y don Luis López Guerra, Magistrados, ha
En las siguientes cuestiones de inconstitucionalidad relativas a la Disposición adicional sexta, tres, de
la Ley 5/1983, de 29 de junio ( RCL 1983\1369 y 1590), sobre Medidas Urgentes en Materia
Presupuestaria, Financiera y Tributaria: núms. 377, 378, 379, 380, 381, 389, 390, 395, 396, 397, 398,
399, 400, 430, 431, 444, 445, 446, 447, 578, 579, 580, 581, 642, 643, 644, 645, 646, 685, 704, 956,
1.019, 1.033, 1.061, 1.139, 1.159, 1.203, 1.204 y 1.205 de 1985; 93, 94, 95, 146, 311, 459, 460, 475, 550,
664, 698, 753, 754, 864, 865, 929, 1.082, 1.094, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.190 y 1.249 de
1986; 188 y 465 de 1987, todas ellas planteadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Pamplona; núms. 1.088 de 1985; 145, 424, 455 y 644 de 1986, planteadas por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia; núms. 1.177, 1.178 y 1.182
de 1985; 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 246, 248, 432, 433 y 434 de 1986, planteadas por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Cáceres; núms. 568, 572, 718 y 1.303 de 1986,
planteadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Santa Cruz de
Tenerife; núm. 993 de 1986, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
15 de octubre de 2009© Thomson Aranzadi1Tribunal Constitucional (Pleno).Sentencia núm. 126/1987 de 16
julioRTC\1987\126Territorial de Sevilla; núms. 1.110 y 1.236 de 1986; 116 de 1987, planteadas por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Burgos; núm. 310 de 1987, planteada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid. Han comparecido el Letrado
del Estado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación, y el Fiscal General del Estado, y ha
sido Ponente la Magistrada doña Gloria Begué Cantón, quien expresa el parecer del Tribunal.
Con fecha 3 de mayo de 1985 tiene entrada en el Registro General de este Tribunal un oficio del
Presidente de la Audiencia Territorial de Pamplona por el que, a los efectos del art. 36 de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional (LOTC) ( RCL 1979\2383 y ApNDL 13575), remite adjunto testimonio de la
totalidad de las actuaciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicha Audiencia Territorial en
el recurso núm. 240/84, interpuesto por doña Melania Carrasco Rodríguez contra Resolución de 8 de
marzo de 1984 de la Hacienda Foral de Guipúzcoa que había desestimado la reclamación núm. 43/84
formulada contra liquidación girada por el concepto de Tasa de Juego, año 1983, gravamen
complementario. En dicho proceso contencioso-administrativo está personada como Administración
demandada la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Del examen de las actuaciones se desprende: que la parte recurrente formuló en la demanda diversas
alegaciones acerca de la pretendida inconstitucionalidad de la Ley 5/1983, de 29 de junio, sobre Medidas
Urgentes en Materia Presupuestaria, Financiera y Tributaria, y del Real Decreto 2.570/1983, de 21 de
septiembre ( RCL 1983\2090), así como acerca de la procedencia del planteamiento de la
correspondiente cuestión de inconstitucionalidad; que la Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó
por providencia de 16 de marzo de 1985, con suspensión del plazo para dictar Sentencia, dar audiencia a
las partes y al Ministerio Fiscal sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad, trámite
que fue evacuado mediante los correspondientes escritos, en los que la parte recurrente y el Ministerio
Fiscal mostraron su conformidad a dicho planteamiento, oponiéndose a él la parte demandada; y que,
finalmente, la Sala dictó Auto el 26 de marzo de 1985, acordando plantear cuestión de
inconstitucionalidad de la Ley 5/1983, de 29 de junio, en su Disposición adicional sexta, núm. 3, en
cuanto crea para 1983 un gravamen complementario a la Tasa de Juego sobre Máquinas de Azar, por
entender que dicha Disposición pudiera infringir los arts. 134.7, 9.3 y 14, en relación con el 33.3, de la
Constitución ( RCL 1978\2836 y ApNDL 2875).
La mencionada Sala de lo Contencioso-Administrativo estima que debe accederse al planteamiento de
la cuestión de inconstitucionalidad por los siguientes motivos:
a) La Ley 5/1983 constituye el único sustento jurídico del fallo a dictar en el presente proceso, de tal
modo que, si se acomoda al Texto Constitucional, el gravamen en cuestión debe ser abonado y, en caso
contrario, no procederá su imposición.
b) Dicha Ley no tiene carácter orgánico, ni es una ley especial en materia de establecimiento de
tributos, ni existe a favor suyo una delegación para establecerlos procedente de otra ley que posea esas
c) Se trata de una Ley presupuestaria, de acuerdo con su título, que, como ocurre con la mayoría de
ellas, sin perder su carácter principal contiene normas sobre financiación de Entes públicos y
acomodación de cuotas tributarias, entre ellas la de Tasa de Juego que se creó en otra Ley anterior; pero
su finalidad fundamental es la de prorrogar los Presupuestos de 1982 por no haberse aprobado los de
1983 (art. 134.4 C.E.).
d) Una vez aprobado el Presupuesto o, en su caso, prorrogado, cabe aprobar en la misma anualidad
una ley que implique alteración, en más o en menos, de gastos e ingresos del mismo ejercicio (art. 134.5
y 6 C.E.), pero lo que no cabe, a través de una Ley de Presupuestos, es crear el tributo de que aquí se
trata (art. 134.7 C.E.).
e) Además de la posible infracción de este último precepto constitucional, «se han podido infringir en
ellas los arts. 9.3, sobre el principio de legalidad e irretroactividad de la norma y de la seguridad jurídica,
y el 14, que consagra el principio de igualdad ante la Ley, éste en relación con el 33.3 de la propia
Constitución, en cuanto tal principio haga referencia a la excesividad tributaria, que suponga privación de
bienes o derechos sin indemnización, y fuera de lo previsto en las leyes».
15 de octubre de 2009© Thomson Aranzadi2Tribunal Constitucional (Pleno).Sentencia núm. 126/1987 de 16
julioRTC\1987\1264.
Por providencia de 8 de mayo de 1985, la Sección Primera del Pleno de este Tribunal acuerda admitir
a trámite la cuestión planteada, a la que ha correspondido el núm. 377/85, dar traslado de las
actuaciones al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y al Fiscal general del Estado, y
publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado».
El Presidente del Congreso de los Diputados comunica, mediante escrito de 21 de mayo de 1985, que
dicha Cámara no hará uso de sus facultades de personación y de formulación de alegaciones, y, con la
misma fecha, el Senado, por conducto de su Presidente, se persona en el procedimiento y ofrece su
colaboración a los efectos del art. 88.1 de la LOTC.
Por su parte, el Ministerio Fiscal presenta el 31 de mayo de 1985 su escrito de alegaciones. En él
examina, en primer lugar, si la cuestión suscitada respeta los requisitos establecidos en la LOTC ya que,
a su juicio, si bien es cierto que el Auto en que se plantea dicha cuestión fundamenta, aunque muy
sucintamente, la alegada vulneración del art. 134.7 de la Constitución, no ocurre lo mismo con la
presunta infracción del art. 9.3 de la misma, pues, por lo que a este último precepto concierne, se limita a
una escueta alusión a los principios de legalidad, irretroactividad y seguridad jurídica, sin ofrecer
argumentación alguna que permita conocer en qué funda la Sala sus dudas sobre la posible
inconstitucionalidad de la Ley en cuestión. Y lo mismo sucede -señala- con la invocación del art. 14 en
relación con el 33.1 que se apoya exclusivamente en la «excesividad tributaria». Evidentemente -añadesi el Tribunal Constitucional, de conformidad con lo previsto en el art. 35.2 de su Ley Orgánica, ha de
pronunciarse sobre la cuestión planteada por el órgano judicial, éste ha de razonar en qué advierte las
posibles contradicciones de la Ley con la Constitución, del mismo modo que tal fundamentación es
indispensable para que, en su caso, el Ministerio Fiscal pueda pronunciarse sobre la admisibilidad de la
Por otra parte, y a ello atribuye una mayor trascendencia, el pronunciamiento que se interesa de este
Tribunal es, en su opinión, innecesario e indiferente para la resolución de la
entablada ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En efecto -arguye-, la demanda ante la
Audiencia Territorial de Pamplona solicitaba que se declarasen no conformes a Derecho y, en
consecuencia, nulos, el acuerdo de la Inspección de la Hacienda Foral de Guipúzcoa sobre la liquidación
de gravamen complementario de la tasa fiscal de juego y la posterior resolución del Tribunal
Económico-Administrativo confirmando dicha liquidación, y para ello se basaba en una doble
fundamentación: de una parte, la inconstitucionalidad de la Ley 5/1983 y del Real Decreto 2570/1983 (
RCL 1983\2090), que trae causa de la misma, y, de otra, la infracción del art. 26.1 a) de la Ley General
Tributaria ( RCL 1963\2490 y NDL 28562), por el mencionado Real Decreto y el carácter retroactivo de
éste. A juicio del Ministerio Fiscal, no cabe duda de que si la citada Ley 5/1983 es contraria a la
Constitución, la liquidación practicada sería nula y nada habría que resolver sobre su posible ilegalidad,
pero el hecho es que es ésta la cuestión sometida a la consideración de la Sala, aunque presentada con
carácter subsidiario, y para su solución no es presupuesto la constitucionalidad de la Ley ya que de lo
que se trata es de la disconformidad del acto impugnado con ella. La Sala, pues, tenía que haber limitado
su pronunciamiento a este punto y no haber suscitado una cuestión de inconstitucionalidad que no era
imprescindible para resolver lo que, dentro de su ámbito jurisdiccional, le había sido sometido.
En definitiva -concluye-, el Auto que suscita la presente cuestión debe ser rechazado por carecer de la
obligada motivación y, sobre todo, por no depender la decisión del proceso de la constitucionalidad de la
Ley 5/1983.
No obstante las consideraciones anteriores y para el caso de que este Tribunal estimare que debe
entrar en el fondo de la cuestión planteada, el Ministerio Fiscal analiza las infracciones constitucionales
aducidas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
a) El primer artículo invocado en el Auto de dicha Sala es el 134.7 de la Constitución, según el cual la
Ley de Presupuestos no puede crear tributos; sólo puede modificarlos cuando una ley tributaria
Para el Ministerio Fiscal, la Ley 5/1983 es una «ley puente» hasta la aprobación de los presupuestos
de 1983, lo que permite atribuirle sin mayores reparos la naturaleza de ley presupuestaria. Pero, aun
15 de octubre de 2009© Thomson Aranzadi3Tribunal Constitucional (Pleno).Sentencia núm. 126/1987 de 16
julioRTC\1987\126partiendo de tal naturaleza -señala-, la Disposición impugnada no vulnera el mencionado precepto
constitucional por cuanto, como en el mismo Auto se reconoce expresamente, el gravamen
complementario no supone más que «una acomodación» de la cuota correspondiente a la Tasa de
Juego, tributo que fue creado en otra ley anterior.
La parte actora, a la que considera necesario recurrir para completar la escasez argumental del Auto
en cuestión, sostiene que el gravamen complementario es una nueva tasa, como expresamente se
afirma en el apartado 3 de la Disposición adicional sexta, pero, en opinión del Ministerio Fiscal, si se
analiza detenidamente tal gravamen ha de concluirse que no se trata de un impuesto creado
sino, más bien, de un expediente técnico encaminado a cubrir la diferencia existente entre la cuota
devengada en 1983, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley impugnada, y las nuevas tarifas que
habrían de aplicarse a partir de esa fecha. Y, como ha declarado el Tribunal Constitucional (STC
27/1981, fundamento jurídico 2.º) ( RTC 1981\27) -añade-, el precepto constitucional aducido permite las
modificaciones tributarias siempre que exista una norma adecuada que así lo prevea y, en todo caso, no
es óbice para que la ley presupuestaria adapte el tributo a la realidad, que es lo que, en definitiva, hace el
b) Por lo que se refiere a la presunta vulneración del art. 9.3 de la Norma fundamental, el Ministerio
Fiscal pone de relieve que el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se limita a citar el
mencionado precepto, sin que tal invocación vaya acompañada de motivación alguna, por lo que también
aquí es preciso acudir a las alegaciones de la parte actora.
De acuerdo con ellas, la vulneración del principio de legalidad se habría producido al no respetarse la
reserva de ley que en materia impositiva prescriben los arts. 31.3 y 133.1 de la Constitución. Pero a ello
-señala- hay que objetar, por una parte, que la Tasa de Juego es un tributo creado por el Real
Decreto-ley de 1977 ( RCL 1977\476 y ApNDL 8211), verdadera disposición tributaria sustantiva, que al
ser preconstitucional no está sujeta a las prescripciones formales establecidas en la Constitución para la
producción de normas, y, por otra, debe recordarse, como argumento subsidiario, la doctrina del Tribunal
Constitucional sobre el alcance, extensión y límites de la reserva de ley y del instituto del Decreto-ley
(STC 6/1983) ( RTC 1983\6). Por lo que a la retroactividad respecta, el Ministerio Fiscal se remite a la
doctrina contenida en las Sentencias de este Tribunal 27/1981 ( RTC 1981\27), 8/1982 ( RTC 1982\8) y
6/1983 ( RTC 1983\6), que se refieren a disposiciones tributarias y que por consiguiente son de
aplicación, a su juicio, a la norma aquí cuestionada. Y, en cuanto a la seguridad jurídica, manifiesta que
no acierta a percibir qué inseguridad puede producir la Disposición impugnada, dado que la tasa es por
años naturales y el Real Decreto-ley 9/1980, de 26 de septiembre ( RCL 1980\2167 y ApNDL 8227), que
por vez primera modificó las cuotas, dispuso que «en la Ley de Presupuestos se podrán modificar los
tipos tributarios».
c) Finalmente, el Auto examinado sostiene que ha podido infringirse el art. 14 en relación con el 33.3
ambos de la Constitución, por cuanto la «excesividad tributaria» puede suponer privación de bienes o
derechos sin indemnización y fuera de lo previsto en las Leyes. Sin embargo, el Auto no ofrece la más
mínima explicación de cómo esa «excesividad tributaria» supone una confiscación o privación de bienes,
y tampoco se advierte cómo puede producirse.
A juicio del Ministerio Fiscal, la invocación del art. 14 de la Constitución en relación con el 33.1 de la
misma pudiera tener alguna consistencia lógica, pero recuerda que no es ésta la primera vez que tal
cuestión se plantea ante el Tribunal Constitucional y que, en todos los casos, éste inadmitió el recurso de
amparo, declarando que el hecho de que un impuesto se repute excesivo no afecta a la igualdad.
Por todo lo anterior, interesa de este Tribunal que rechace la cuestión de inconstitucionalidad
planteada por ser notoriamente infundada en su planteamiento o, en su defecto, que la desestime por no
ser la Disposición adicional sexta 3, de la Ley 5/1983 contraria a los preceptos constitucionales
Tras los correspondientes trámites y por Auto de 16 de julio de 1985, el Pleno del Tribunal acuerda,
para su tramitación en un solo proceso y su resolución por una única Sentencia, acumular a la presente
las siguientes cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por la misma Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona en relación con la misma Disposición
adicional de la Ley 5/1983: 378/85 (en recurso contencioso-administrativo 244/84), 379/85 (en recurso
contencioso-administrativo 268/84), 380/85 (en recurso contencioso-administrativo 238/84), 381/85 (en
recurso contencioso-administrativo 232/84) 389/85 (en recurso contencioso-administrativo 226/84),
390/85 (en recurso contencioso-administrativo 256/84), 395/85 (en recurso contencioso-administrativo
15 de octubre de 2009© Thomson Aranzadi4Tribunal Constitucional (Pleno).Sentencia núm. 126/1987 de 16
julioRTC\1987\126224/84), 396/85 (en recurso contencioso-administrativo 228/84), 397/85 (en recurso
contencioso-administrativo 230/84), 398/85 (en recurso contencioso-administrativo 234/84), 399/85 (en
recurso contencioso-administrativo 270/84), 400/85 (en recurso contencioso-administrativo 312/84),
430/85 (en recurso contencioso-administrativo 288/84), 431/83 (en recurso contencioso-administrativo
342/84), 444/85 (en recurso contencioso-administrativo 229/84), 445/85 (en recurso
contencioso-administrativo 235/84), 446/85 (en recurso contencioso-administrativo 274/84) y 447/85 (en
recurso contencioso-administrativo 231/84). En dicho Auto se tienen asimismo por formuladas las
alegaciones del Ministerio Fiscal en la cuestión 377/85 y se concede a éste, así como al Letrado del
Estado, nuevo plazo para alegaciones. El Ministerio Fiscal, que había estimado procedente se tuviera por
reproducido en las cuestiones acumuladas su dictamen relativo a la 377/85, se abstiene de formular
nuevas alegaciones.
Por escrito que tiene entrada en este Tribunal el 29 de octubre de 1985, el Letrado del Estado, tras
exponer la situación procesal en que se hallan los distintos procedimientos sobre la misma cuestión, se
opone a su planteamiento basándose en las alegaciones siguientes:
En primer lugar, pone de manifiesto que, por lo que se refiere a la supuesta vulneración de los arts.
9.3, 14 y 33.3 de la Constitución, la falta de motivación del Auto de la Audiencia Territorial de Pamplona
debe conducir a una resolución denegatoria de cualquier pronunciamiento sobre los mismos. No
obstante, para el caso de que no se estimare así, señala que no se advierte la relación que pueda existir
entre el principio de igualdad y la norma cuestionada, la cual se aplica a todas «las máquinas, o aparatos
automáticos aptos para la realización de juegos de azar», distinguiendo en ellas diferentes categorías y
gravándolas de acuerdo con su capacidad económica, según lo previsto en el art. 31.1 C.E. Tampoco
puede apreciarse, a su juicio, vulneración del art. 33.3 C.E., dado que el tributo y la expropiación son
categorías diferentes. Y asimismo, considera imposible saber cómo puede resultar afectado el principio
de seguridad jurídica por la Disposición impugnada, ya que se trata de una norma con rango de Ley, que
no vulnera el principio de capacidad contributiva y que regula con claridad, precisión y atendiendo a
módulos objetivos, los diferentes elementos de la relación jurídico-tributaria que crea; y mucho menos el
principio de irretroactividad de las normas, ya que nada tiene que ver con él la circunstancia de que la
Disposición en cuestión afecte a quienes antes de su vigencia eran titulares de máquinas de juego. Por
todo lo cual solicita que, llegado el caso, este Tribunal haga uso de la facultad que le confiere el art. 84
de su Ley Orgánica.
Entrando luego en lo que califica de «cuestión sustantiva», la presunta infracción del art. 134.7 de la
Constitución, estima el Letrado del Estado que el razonamiento de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo al respecto carece del necesario rigor, por cuanto, al margen de la referencia
a la falta de carácter orgánico de la Ley 5/1983, que en el auto se hace y que nada tiene que ver con el
asunto planteado, se identifica «Ley presupuestaria», sin especificarse qué se entiende por ello con «Ley
de Presupuestos». Por lo que, no pudiendo ser calificada la Ley 5/1983 de Ley de presupuestos, al no
encajar en la definición del art. 48 de la Ley General Presupuestaria ni haber prorrogado, frente a lo que
afirma la Sala, los Presupuestos Generales del Estado de 1982 durante 1983 (la prórroga la establece
directamente el art. 134.4 C. E.), las previsiones del art. 134.7 de la Constitución no son aplicables a ella
y, en consecuencia, no pueden haber sido vulneradas por ella. Pero, aun admitiendo a efectos dialécticos
que las limitaciones del art. 134.7 C. E. fueran aplicables a las «Leyes presupuestarias», sería necesario
precisar qué se entiende por tales y justificar que entre ellas se encuentra la Ley 5/1983, una Ley de
contenido complejo, referida fundamentalmente a tres aspectos básicos (financiero, tributario y de
contratación), que no es sino lo que ella misma dice, una Ley de medidas urgentes, salvo que al término
presupuestario se le de un contenido tan amplio que incluya todo tipo de normas que afecten a los
ingresos o gastos del Estado. Ley a la que -concluye el Letrado del Estado- nada impide modificar
normas tributarias preexistentes o crear nuevos tributos, lo que puede realizar cualquier norma con rango
de ley que no siendo la de presupuestos regule elementos concretos de la relación jurídico-tributaria,
según resulta de los arts. 133 y 134 de la Constitución e implícitamente, de la STC 38/1981, de 20 de
julio (fundamento jurídico 3.º) ( RTC 1981\38) por lo que tampoco se entiende la referencia, hecha en el
Auto de la Sala, a que la Ley 5/1983 no es «especial en materia de establecimiento de tributos».
Las anteriores consideraciones llevan al Letrado del Estado a solicitar de este Tribunal la
desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad 377/85, así como de las cuestiones a ella
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona plantea asimismo,
mediante Autos con idéntica fundamentación jurídica a la anteriormente expuesta, sucesivas cuestiones
15 de octubre de 2009© Thomson Aranzadi5Tribunal Constitucional (Pleno).Sentencia núm. 126/1987 de 16
julioRTC\1987\126de inconstitucionalidad en relación con la Disposición adicional sexta 3, de la Ley 5/1983, de 29 de junio.
Admitida a trámite cada una de ellas, el Presidente del Congreso comunica que dicha Cámara no hará
uso de sus facultades de personación y alegaciones; el Senado, por su parte, se persona y ofrece su
colaboración por conducto de su Presidente. El Letrado del Estado solicita en sus respectivos escritos la
acumulación de estas cuestiones a las anteriores, interesando en unos casos la suspensión del plazo
para alegaciones y reproduciendo en otros lo alegado con respecto a la 377/85 y acumuladas. El
Ministerio Fiscal solicita la suspensión de su tramitación hasta tanto sea dictada Sentencia en relación
con la 377/85 y acumuladas, remitiéndose en muchos casos a su anterior informe relativo a las
mencionadas cuestiones. Y el Pleno de este Tribunal, por sucesivos Autos, acuerda denegar la
acumulación a las anteriores de cada una de las nuevas cuestiones y suspender la tramitación de estas
últimas hasta que recaiga Sentencia en las ya acumuladas. Las cuestiones de inconstitucionalidad a que
se hace referencia en este antecedente décimo son las siguientes:
1) Cuestión de inconstitucionalidad 578/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 225/84,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 de octubre de 1985.
2) Cuestión de inconstitucionalidad 579/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 227/84,
3) Cuestión de inconstitucionalidad 580/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 233/84,
4) Cuestión de inconstitucionalidad 581/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 237/84,
5) Cuestión de inconstitucionalidad 642/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 322/84,
6) Cuestión de inconstitucionalidad 643/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 360/84,
7) Cuestión de inconstitucionalidad 644/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 242/84,
8) Cuestión de inconstitucionalidad 645/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 308/84,
9) Cuestión de inconstitucionalidad 646/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 236/84,
10) Cuestión de inconstitucionalidad 685/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 402/84,
11) Cuestión de inconstitucionalidad 704/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 453/84,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 5 de diciembre de 1985.
12) Cuestión de inconstitucionalidad 956/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 307/84,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 23 de enero de 1986.
13) Cuestión de inconstitucionalidad 1.019/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 289/84,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 13 de marzo de 1986.
14) Cuestión de inconstitucionalidad 1.033/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 238/84,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 16 de enero de 1986.
15) Cuestión de inconstitucionalidad 1.061/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 436/84,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 6 de febrero de 1986.
16) Cuestión de inconstitucionalidad 1.139/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 452/84,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 13 de febrero de 1986.
17) Cuestión de inconstitucionalidad 1.159/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 245/84,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 20 de febrero de 1986.
18) Cuestión de inconstitucionalidad 1.203/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 377/84,
19) Cuestión de inconstitucionalidad 1.204/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 299/84,
15 de octubre de 2009© Thomson Aranzadi6Tribunal Constitucional (Pleno).Sentencia núm. 126/1987 de 16
julioRTC\1987\126cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 13 de marzo de 1986.
20) Cuestión de inconstitucionalidad 1.205/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 151/84,
21) Cuestión de inconstitucionalidad 93/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 241/84,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 de abril de 1986.
22) Cuestión de inconstitucionalidad 94/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 243/84,
23) Cuestión de inconstitucionalidad 95/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 315/84,
24) Cuestión de inconstitucionalidad 146/84, planteada en recurso contencioso-administrativo 429/84,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 24 de abril de 1986.
25) Cuestión de inconstitucionalidad 311/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 454/84,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 20 de mayo de 1986.
26) Cuestión de inconstitucionalidad 459/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 24/85,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 12 de junio de 1986.
27) Cuestión de inconstitucionalidad 460/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 456/85,
28) Cuestión de inconstitucionalidad 475/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 143/85,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 19 de junio de 1986.
29) Cuestión de inconstitucionalidad 550/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 120/85,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 10 de julio de 1986.
30) Cuestión de inconstitucionalidad 664/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 269/84,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 18 de septiembre de 1986.
31) Cuestión de inconstitucionalidad 698/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 221/85,
32) Cuestión de inconstitucionalidad 753/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 624/84,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 25 de septiembre de 1986.
33) Cuestión de inconstitucionalidad 754/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 138/85,
34) Cuestión de inconstitucionalidad 864/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 222/85,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 23 de octubre de 1986.
35) Cuestión de inconstitucionalidad 865/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 818/85,
36) Cuestión de inconstitucionalidad 929/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 144/85,
37) Cuestión de inconstitucionalidad 1.082/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 649/85,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 20 de noviembre de 1986.
38) Cuestión de inconstitucionalidad 1.094/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 132/85,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 27 de noviembre de 1986.
39) Cuestión de inconstitucionalidad 1.115/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 131/85,
40) Cuestión de inconstitucionalidad 1.116/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 137/85,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 4 de diciembre de 1986.
41) Cuestión de inconstitucionalidad 1.117/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 639/85,
42) Cuestión de inconstitucionalidad 1.118/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 457/85,
15 de octubre de 2009© Thomson Aranzadi7Tribunal Constitucional (Pleno).Sentencia núm. 126/1987 de 16
julioRTC\1987\126cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 4 de diciembre de 1986.
43) Cuestión de inconstitucionalidad 1.119/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 645/85,
44) Cuestión de inconstitucionalidad 1.190/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 271/84,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 15 de enero de 1987.
45) Cuestión de inconstitucionalidad 1.249/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 267/84,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 22 de enero de 1987.
46) Cuestión de inconstitucionalidad 188/87, planteada en recurso contencioso-administrativo 644/85,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 26 de marzo de 1987.
47) Cuestión de inconstitucionalidad 465/87, planteada en recurso contencioso-administrativo 819/85,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 28 de mayo de 1987.
Mediante Auto de 25 de noviembre de 1985, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Valencia plantea en el recurso contencioso-administrativo 2.130/84 cuestión de
inconstitucionalidad registrada con el núm. 1.088/85, también relativa a la disposición adicional sexta, 3,
de la Ley 5/1983, y al Real Decreto 2570/1983, de 21 de septiembre.
En su fundamentación jurídica la Sala centra básicamente la presunta inconstitucionalidad de dicha
norma en su carácter retroactivo. A su juicio, de conformidad con el art. 2.3 del Código Civil y el art. 20 de
la Ley General Tributaria así como con el 9.3 de la Constitución, la aplicación retroactiva de las leyes
tributarias constituye un ataque a los fundamentos básicos del orden jurídico, como se reconoce en el art.
53 de la Constitución italiana y en la trascendental Sentencia de 19 de diciembre de 1961 del Tribunal
Constitucional alemán. Y en igual sentido -añade- el Tribunal Supremo español, en numerosas
Sentencias y en relación con el art. 5 de la Ley de Administración y Contabilidad de 1 de julio de 1911
(NDL 536), rechaza la interpretación analógica o extensiva de las leyes tributarias y únicamente admite la
retroactividad cuando expresamente se establezca en la ley. Finalmente señala, aunque sin aducir
argumentación alguna, que la norma cuestionada puede oponerse a «preceptos constitucionales, en
orden a la jerarquía de las normas, según se desprende de los arts. 9.3, 31 y 109 en relación con los arts.
134.7 y 133.1, todos ellos de la Constitución, y el art. 3 del Reglamento General de Recaudación» ( RCL
1968\2261 y NDL 25666).
La misma fundamentación jurídica, sin la referencia al art. 109 de la Constitución, sirve de base a dicha
Sala para plantear las siguientes cuestiones de inconstitucionalidad: la 145/86 (en recurso
contencioso-administrativo 30/85), y las 424/86 (en recurso contencioso-administrativo 838/85), 455/86
(en recurso contencioso-administrativo 284/85) y 644/1986 (en recurso contencioso-administrativo
880/85). En los Autos de planteamiento de estas tres últimas cuestiones se alude además a la «dudosa
concordancia» de la norma cuestionada con los arts. 14, 17, 33 y 38 de la Constitución.
En tales cuestiones de inconstitucionalidad, el Presidente del Congreso de los Diputados comunica que
dicha Cámara no hará uso de sus facultades de personación y alegaciones; el Senado, en cambio, se
persona y ofrece su colaboración por conducto de su Presidente.
Por su parte, el Letrado del Estado pone de relieve que lo que sólo incidentalmente se menciona en el
Auto de la Audiencia Territorial de Pamplona, esto es, la pretendida retroactividad de la disposición
cuestionada que se estima contraria a la Constitución, se convierte en el argumento fundamental en el
Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la audiencia Territorial de Valencia. Por ello,
después de dar por reproducido el contenido de sus escritos anteriores, centra sus alegaciones en este
punto. Frente a la postura de la Sala, que considera incuestionable la eficacia retroactiva de la norma, el
Letrado del Estado sostiene que el discutido gravamen complementario no tiene alcance retroactivo. La
retroactividad de una norma -alega- no implica sino su aplicación a situaciones jurídicas consolidadas en
el pasado o bien a situaciones, relaciones o efectos, aunque nacidos, no consumados o agotados, y, en
rigor, la norma cuestionada no afecta a ninguna relación o situación jurídica preexistente. La disposición
adicional sexta, 3, se limita a regular los diferentes elementos de una nueva relación jurídico-tributaria
creada por ella misma y que, por lo tanto, nace después de su entrada en vigor. El nuevo gravamen que,
a diferencia de la tasa a la que complementa, tiene naturaleza impositiva, es independiente de ella, ya
que, según la Ley General Tributaria, las deudas de esta naturaleza son autónomas (art. 62.1) y así
resulta, además, de la no coincidencia de los elementos constitutivos de ambos tributos. Lo que ocurre es
que la identificación del sujeto pasivo por referencia a un hecho anterior a la entrada en vigor de la ley
origina cierta confusión. Pero el Legislador no conecta el nacimiento del tributo a situaciones pasadas,
15 de octubre de 2009© Thomson Aranzadi8Tribunal Constitucional (Pleno).Sentencia núm. 126/1987 de 16
julioRTC\1987\126que constituyen tan sólo un elemento de referencia necesario -no suficiente- para identificar a los sujetos
Aun admitiendo, a efectos puramente dialécticos, el carácter retroactivo de la disposición en cuestión,
no cabe, a juicio del Letrado del Estado, derivar de ello su inconstitucionalidad, pues no puede admitirse
sin más, tal como se pretende, que la aplicación retroactiva de las leyes constituya un ataque «a los
fundamentos mismos del orden jurídico» y ello porque, según ha señalado el Tribunal Constitucional, el
límite de la retroactividad
in peius
de las leyes no es general, sino que aparece referido a las leyes
sancionadoras o restrictivas de derechos individuales, entre las cuales indudablemente no cabe incluir
a las fiscales, como lo demuestra el hecho de que se suprimiera, en el texto definitivo de la Constitución,
la referencia que, en tal sentido, contenía el anteproyecto.
Por otra parte, tampoco se podría, en opinión del Letrado del Estado, cuestionar la constitucionalidad
de la nueva figura desde la perspectiva del principio de la capacidad económica o contributiva del
obligado en relación con el principio de irretroactividad de las normas, ya que en tal caso habría que
demostrar que, en el lapso que media entre la contemplación normativa de la capacidad económica y la
incidencia efectiva del tributo sobre su titular, esa capacidad había desaparecido.
Finalmente -añade- la disposición adicional sexta, 3, no vulnera el principio de igualdad y el de
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, pues dicha norma no hace sino restablecer para
las máquinas de juego la adecuada proporcionalidad económica entre el tributo que las grava y la
capacidad contributiva de sus titulares, que quedó rota desde el momento en que la aprobación tardía de
la Ley de Presupuestos para el ejercicio de 1983 no pudo realizarse en los plazos previstos, por lo que no
puede decirse que sea arbitraria ni discriminatoria.
El Letrado del Estado concluye solicitando la desestimación de las mencionadas cuestiones de
inconstitucionalidad e interesando, por otrosí, bien, en unos casos, la acumulación de las nuevas
cuestiones a las inicialmente acumuladas por Auto de este Tribunal de 16 de julio de 1985 en razón de la
identidad de objeto y fundamentación de las mismas, bien la suspensión de su tramitación, en otros.
En cuanto al Ministerio Fiscal, solicita en su escrito de alegaciones la inadmisión de la cuestión
1.088/85, por no especificarse y justificarse en ella en qué medida la decisión del proceso depende de la
validez de la norma cuestionada, así como por falta de concreción de los preceptos constitucionales que
se supone infringidos; e interesa, en otro caso, la suspensión del trámite hasta tanto sea resuelta la
cuestión 377/85, petición que reitera en las cuestiones 145/86, 424/86, 455/86, y 644/86.
Las referidas cuestiones de inconstitucionalidad son suspendidas en su tramitación por Autos del Pleno
de este Tribunal de 13 de febrero, 24 de abril, 5 de junio, 12 de junio y 12 de septiembre, todos ellos de
1986, respectivamente.
También la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Cáceres plantea varias
cuestiones de inconstitucionalidad en relación con la disposición sexta, 3, de la Ley 5/1983, de 29 de
junio. En los respectivos Autos de planteamiento, idénticos en su fundamentación jurídica, razona que la
norma cuestionada «se rige, no sólo en obligado punto de referencia en el contraste de legalidad del acto
administrativo cuya anulación se insta en el proceso, sino en efectivo condicionante de la solución que
haya de darse al mismo».
Como precepto constitucional eventualmente lesionado, concreta la Sala el art. 9.3 de la Constitución,
sintetizando la línea argumental en los siguientes puntos:
a) La disposición en cuestión puede suponer la retroactividad
de una ley fiscal. El denominado gravamen parecer ser una tasa o complemento de la que grava los
juegos de suerte, envite o azar, y por ello el hecho imponible de la misma habrá de ser la actividad
administrativa autorizatoria [art. 26, a), de la L.G.T.] realizada con anterioridad a la entrada en vigor de la
ley, ya que se aplica a tasas devengadas correspondientes a 1983 y, por lo tanto, respecto a licencias
otorgadas previamente a la fecha de 30 de junio de dicho año. Así entendida, la aplicación supone un
incremento del tributo en la misma cuantía que la que se fija ex novo para las futuras autorizaciones.
b) Tal retroactividad puede vulnerar el art. 9.3 de la Constitución. A es respecto recuerda la Sala que
los constituyentes suprimieron del texto la prohibición de la retroactividad de las normas fiscales, y que la
15 de octubre de 2009© Thomson Aranzadi9Tribunal Constitucional (Pleno).Sentencia núm. 126/1987 de 16
julioRTC\1987\126irretroactividad tributaria ha estado históricamente vinculada al principio de legalidad y a la temporalidad
de las leyes presupuestarias. Por otra parte -añade- la STC 6/1983 ( RTC 1983\6) ha abordado el tema
de la retroactividad de las leyes fiscales, distinguiendo entre la de grado máximo, medio y mínimo y
pronunciándose tan sólo sobre esta última, y no puede olvidarse que en este caso puede tratarse de una
retroactividad media o máxima dado que la norma tributaria parece incidir sobre una relación
jurídico-tributaria ya consumada y extinguida por el pago, de conformidad con lo establecido en la
Sección Segunda del capítulo V del título II de la Ley General Tributaria.
c) Aunque como principio no está proscrita la retroactividad de las leyes fiscales, tal retroactividad
puede resultar inconstitucional cuando su eficacia conculque el principio de seguridad jurídica,
proclamado también en el art. 9.3 de la Constitución, o tenga carácter arbitrario o no «razonable», según
expresión utilizada por la jurisprudencia norteamericana. En este mismo sentido, la doctrina alemana
trabajosamente elaborada en torno a la ley fundamental matiza las consecuencias constitucionales de la
Ley fiscal, retroactiva sobre la base de las exigencias del Estado de Derecho y concretamente del aludido
principio de seguridad jurídica y la protección de la buena fe de los ciudadanos y la doctrina italiana lo
hace basándose en el principio de capacidad contributiva reconocido en el art. 53 de su Constitución y
que la nuestra reconoce en el art. 31.
En relación con las cuestiones mencionadas en este antecedente, el Presidente del Congreso
comunica que no hará uso de sus facultades de personación y alegaciones; el Senado se persona,
ofreciendo su colaboración, por conducto de su Presidente.
Frente a las consideraciones realizadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Cáceres, el Letrado del Estado insiste en que el gravamen complementario no es una tasa,
pues no concurre en él ninguna de las circunstancias requeridas en el art. 26.1,a) de la L.G.T. A su juicio,
el hecho de que se articule como complementario de la tasa exigida en su día a quienes obtuvieron una
autorización administrativa no conduce a sostener que ambas posean la misma naturaleza, como
entiende la Sala. En rigor, tan sólo existe una posible coincidencia entre los sujetos pasivos de uno y otro
tributo que, por otra parte, son perfectamente autónomos como todas las deudas tributarias (art. 62.1
L.G.T.) el gravamen en cuestión tiene una clara naturaleza impositiva ya que, sin contraprestación alguna
para ellos, se exige a los sujetos pasivos sobre la base de su capacidad económica, puesta de manifiesto
por la tenencia en funcionamiento de cada máquina de juego.
Por lo demás, el Letrado del Estado reproduce la argumentación contenida en escritos anteriores,
reiterando que la relación jurídico-tributaria ya consumada por el pago de la tasa autorizatoria no resulta
afectada por la nueva norma, cuyos elementos constitutivos no son coincidentes, por lo que no puede
atribuirse a la disposición adicional sexta 3, carácter retroactivo. Aun admitiendo a efectos dialécticos tal
carácter retroactivo -añade-, de ello no se derivaría sin más su inadecuación constitucional, de acuerdo
con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la retroactividad de las leyes (STC 6/1983, de 4 de
febrero, fundamento jurídico 3.º), el tenor literal del art. 9.3 de la Constitución y el criterio mantenido por la
doctrina científica. Finalmente -salvo en las alegaciones formuladas en la cuestión 1.177/85- sostiene,
frente a lo alegado en vía contenciosa por los interesados en torno a los arts. 14, 17, 33.1 y 38 de la
norma fundamental, que la ley cuestionada no atenta contra la igualdad tributaria sino que la restablece y
hace efectiva, que no resultan afectados ni la garantía institucional ni el contenido esencial del derecho
de propiedad privada o de la libertad de empresa, y que el art. 17 de la Constitución nada tiene que ver
con la problemática planteada.
Por todo lo expuesto, el Letrado del Estado interesa de este Tribunal la desestimación de las
cuestiones de inconstitucionalidad suscitadas por la Audiencia Territorial de Cáceres; y asimismo, por
otrosí, solicita, bien la acumulación de las nuevas cuestiones a las inicialmente acumuladas por Auto de
16 de julio de 1985, o bien la suspensión de su tramitación en algunos casos.
Por su parte, el Ministerio Fiscal en su informe formulado en la cuestión 1.178/85 -que da por
reproducido en otras cuestiones de las planteadas por la misma sala de la Audiencia Territorial de
Cáceres- se remite a lo expuesto, en cuanto al fondo, en la cuestión 377/85, e interesa en todo caso la
suspensión de la tramitación de las nuevas cuestiones, siguiendo así el criterio adoptado en relación con
cuestiones anteriores.
El Pleno del Tribunal acuerda denegar la acumulación y suspender la tramitación de las sucesivas
cuestiones formuladas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de
Cáceres hasta tanto recaiga Sentencia en las ya acumuladas. Las nuevas cuestiones a que se hace
referencia en este antecedente duodécimo son las siguientes:
1) Cuestión de inconstitucionalidad 1.177/85, planteada en recurso contencioso-administrativo
136/1985, cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 13 de marzo de 1986.
15 de octubre de 2009© Thomson Aranzadi10Tribunal Constitucional (Pleno).Sentencia núm. 126/1987 de 16
julioRTC\1987\1262) Cuestión de inconstitucionalidad 1.178/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 170/85,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 20 de marzo de 1986.
3) Cuestión de inconstitucionalidad 1.182/85, planteada en recurso contencioso-administrativo 137/85,
4) Cuestión de inconstitucionalidad 75/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 41/85, cuya
tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 17 de abril de 1986.
5) Cuestión de inconstitucionalidad 76/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 42/85, cuya
tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 24 de abril de 1986.
6) Cuestión de inconstitucionalidad 77/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 46/85, cuya
7) Cuestión de inconstitucionalidad 78/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 47/85, cuya
8) Cuestión de inconstitucionalidad 79/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 48/85, cuya
9) Cuestión de inconstitucionalidad 80/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 49/85, cuya
10) Cuestión de inconstitucionalidad 81/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 155/85,
cuya tramitación fue suspendida por Auto del Pleno de 10 de abril de 1986.
11) Cuestión de inconstitucionalidad 246/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 162/85,
12) Cuestión de inconstitucionalidad 148/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 50/85,
13) Cuestión de inconstitucionalidad 432/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 81/85,
14) Cuestión de inconstitucionalidad 433/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 97/85,
15) Cuestión de inconstitucionalidad 434/86, planteada en recurso contencioso-administrativo 171/85,
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife plantea,
en relación igualmente con la Disposición adicional sexta, 3, de la Ley 5/1983, de 29 de junio, las
cuestiones de inconstitucionalidad siguientes: 568/86 (en recurso contencioso-administrativo 148/85);
572/86 (en recurso contencioso-administrativo 149/85); 718/86 (en recurso contencioso-administrativo
145/85); y 1.303/86 (en recurso contencioso-administrativo 181/85). En los respectivos Autos de
planteamiento, idénticos en cuanto a su fundamentación jurídica, la Sala se limita a afirmar que «la
inconstitucionalidad podría venir determinada por infringir dicho gravamen lo dispuesto en el art. 9.3 de la
Constitución, al establecer un gravamen con carácter retroactivo, y en el art. 137.7 -probablemente quiera
hacer referencia al 134.7 C.E.- al crearse un tributo por una Ley cuyo objeto es suplir a la Ley de
Presupuesto del año 1983, hasta su entrada en vigor» y que «la aplicación del indicado precepto es
decisiva para la resolución de este recurso, pues en él se impugna la validez de tal gravamen».
El Congreso de los Diputados no hace uso en tales cuestiones de sus facultades de personación y
alegaciones; en cuanto al Senado, se persona y ofrece su colaboración por conducto de su Presidente.
El Letrado del Estado, en sus respectivos escritos de alegaciones, reproduce el contenido de escritos
anteriores en relación con los dos preceptos constitucionales invocados por la Sala. Por una parte, insiste
en que no puede atribuirse alcance retroactivo al gravamen complementario creado y que, aun en el caso
de que se admitiese tal retroactividad, de ello no se derivaría sin más la inadecuación constitucional de la
norma cuestionada, y, por otra, reitera que la prohibición del art. 134.7 C.E. no afecta a la norma
cuestionada, ya que la Ley 5/1983 no es una Ley de Presupuestos. Asimismo, por otrosí, solicita la
suspensión de la tramitación de las mencionadas cuestiones.15 de octubre de 2009© Thomson Aranzadi11Tribunal Constitucional (Pleno).Sentencia núm. 126/1987 de 16
julioRTC\1987\126El Ministerio Fiscal interesa también la suspensión de las nuevas cuestiones, a semejanza de lo
acordado precedentemente por este Tribunal, y da por reproducidas sus alegaciones en la cuestión
377/85 y acumuladas.
Las cuestiones de inconstitucionalidad 568/86, 572/86, 718/86, y 1.303/86 son suspendidas en su
tramitación por Autos del Pleno de 10 de junio, 10 de julio y 18 de septiembre de 1986, y 22 de enero de
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla plantea, en el recurso
contencioso-administrativo 493/85, la cuestión de inconstitucionalidad 993/86, en relación igualmente con
la Disposición adicional sexta, 3, de la Ley 5/1983, de 29 de junio, por estimar que dicho precepto legal
que crea el gravamen complementario y del que depende la decisión del litigio, puede «infringir los arts.
9.3, 14 y 134.7 de la Constitución Española, en relación con el art. 33.3 de la misma».
Arguye la Sala que al aplicarse la elevación de la cuantía de la tasa no sólo a las máquinas que
pudieran ser autorizadas con posterioridad a la fecha de vigencia de la Ley, sino también a las máquinas
autorizadas y en funcionamiento, ya que sujeta a gravamen aquéllas cuya tasa correspondiente al año
1983 ya se había devengado, puede resultar lesionado el principio de igualdad, dado que situaciones
diferenciadas y distintas son sometidas a idéntico trato fiscal, gravándose lo mismo a quienes para
devengar el gravamen han de realizar el hecho imponible consistente en la obtención del permiso
correspondiente que a quienes no realicen hecho imponible alguno. En definitiva, se trata -dice- de un
mecanismo que supone en realidad la aprobación de un impuesto retroactivo, con lo que también puede
resultar conculcado el principio de seguridad jurídica y el de interdicción de la retroactividad de
disposiciones restrictivas de derechos individuales. Por otra parte -señala- la Ley 5/1983, de 29 de junio,
posee naturaleza presupuestaria y así se deduce de su estructura, que responde al modelo habitual de
las Leyes de Presupuestos, al incluir modificaciones de los tributos vigentes y disposiciones transitorias
que confirman los mandatos de la Ley de Presupuestos para 1983; por lo tanto, la Disposición adicional
sexta, 3, puede resultar afectada por la prohibición establecida en el art. 134.7 de la Constitución.
Finalmente, el impago del gravamen complementario puede llevar consigo el precinto y embargo de la
máquina, en aplicación de la normativa especifica (art. 3 del Decreto-Ley 8/1982) ( RCL 1982\1139 y
ApNDL 4211 nota), lo que puede entrañar la vulneración del 33.3 de la Constitución.
En la mencionada cuestión se persona el Senado, que ofrece su colaboración por conducto de su
Presidente; por su parte, el Presidente del Congreso comunica que dicha Cámara no hará uso de sus
facultades de personación y alegaciones. En cuanto al Ministerio Fiscal, interesa la suspensión de la
tramitación hasta que recaiga sentencia en las cuestiones acumuladas.
El Letrado del Estado formula escrito de alegaciones en el que, remitiéndose de nuevo a anteriores
escritos, niega una vez más que la norma en cuestión tenga eficacia retroactiva y que, de admitirse a
efectos dialécticos la retroactividad de la misma, de ello se derive su inadecuación constitucional sobre la
base del art. 9.3 de la Constitución.
Por lo que se refiere a la lesión del art. 14 C.E., apuntada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sostiene que no es cierto que el gravamen complementario se exija a quienes no realicen hecho
imponible alguno; el hecho imponible aparece suficientemente identificado o identificable y es, por
supuesto, distinto al de la tasa general preexistente. En todo caso -señala- la incidencia en el principio de
igualdad ha de buscarse a través del art. 31.1 de la Constitución, es decir, en relación con la capacidad
económica de los sujetos pasivos, y desde esta perspectiva ha de constatarse, de una parte, que el
gravamen complementario cuestionado se aplica a todas las máquinas o aparatos automáticos aptos
para la realización de juegos de azar, al margen por lo tanto de todo factor discriminatorio, y, de otra, que
la toma en consideración de distintas categorías de máquinas, a efectos de la fijación de la cuota,
responde precisamente a la distinta capacidad económica puesta de manifiesto por la posesión del
aparato correspondiente, generador de riqueza.
Respecto al art. 134.7 C.E. sostiene que la Ley 5/1983 no es una Ley de Presupuestos y que, por
consiguiente, carece de fundamentación su pretendida inconstitucionalidad, reproduciendo los
argumentos contenidos en escritos anteriores.
Finalmente, estima insuficientemente razonada la supuesta infracción del art. 33.3 C.E. ya que, si bien
el impago del gravamen conduce al embargo, ello tiene lugar en aplicación de una norma que así lo
prevé, como la propia Sala reconoce.
En consecuencia, el Letrado del Estado solicita la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad
15 de octubre de 2009© Thomson Aranzadi12Tribunal Constitucional (Pleno).Sentencia núm. 126/1987 de 16
julioRTC\1987\126y asimismo, por otrosí, la suspensión de su tramitación hasta que recaiga Sentencia sobre las
anteriormente acumuladas.
Por Auto de 30 de octubre de 1986, el Pleno de este Tribunal acuerda la suspensión de la tramitación,
interesada por el Ministerio Fiscal y por el Letrado del Estado.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Burgos plantea las cuestiones
de inconstitucionalidad 1.110/85 (en el recurso contencioso-administrativo 243/85) y 1.236/86 (en el
recurso contencioso-administrativo 176/85), por entender, en respectivos autos con idéntica
fundamentación jurídica, que la decisión del proceso depende de la Disposición adicional sexta, 3, de la
Ley 5/1983, y que ésta «pudiera suponer infracción de los arts. 1.1, 9.3, 14, 17.1, 31.1 y 3, y 134.7 de la
Constitución, en cuanto afecta al principio del Estado de Derecho y a los subprincipios de legalidad,
seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad al crear la apariencia de un tributo, que contradice el
deber de claridad y la justicia del sistema tributario -entendido como los principios básicos normativos del
sistema tributario- y en cuanto impone una prestación patrimonial de carácter público sin tener en cuenta
el contenido material de la Ley respecto a cómo y de qué manera han de dictarse las normas tributarias,
esto es, su delimitación material. Todo ello, sobre el tema decisivo de la eficacia retroactiva que concede
la Disposición adicional citada a hechos imponibles ya realizados, implicando una retroactividad in peius.
La misma Sala de lo Contencioso-Administrativo plantea también la cuestión de inconstitucionalidad
116/87, en el recurso contencioso-administrativo 453/85, sobre la misma Disposición adicional sexta, 3,
de la Ley 5/1983, mediante Auto de planteamiento fundamentado más sucintamente. En él sólo se hace
referencia a que la norma cuestionada «pudiera suponer una infracción de los arts. 9.3, 31.3, 133.1 y
134.7 de la Constitución, en cuanto que la misma viene a dar eficacia retroactiva a hechos imponibles ya
realizados, implicando con ello una retroactividad in peius que puede afectar a la seguridad jurídica», así
como a que la decisión del proceso dependa de la norma controvertida.
En tales cuestiones se persona el Senado, ofreciendo su colaboración a través de su Presidente,
mientras que el Presidente del Congreso comunica que dicha Cámara no hará uso de sus facultades de
personación ni de formulación de alegaciones. El Ministerio Fiscal interesa la suspensión de las
respectivas tramitaciones hasta que recaiga Sentencia sobre las inicialmente acumuladas. Y el Letrado
del Estado se remite a lo alegado en escritos anteriores sobre el mismo tema, solicitando de este
Tribunal que declare la «plena constitucionalidad» de la norma cuestionada.
Por Autos de 22 de enero, 15 de enero y 12 de marzo de 1987, respectivamente, el Pleno acuerda la
suspensión de la tramitación de las referidas cuestiones.
La Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid plantea en el
recurso 1.404/86, promovido al amparo de la Ley 62/1978, de Protección Jurisdiccional de los Derechos
Fundamentales de la Persona ( RCL 1979\21 y ApNDL 3633), cuestión de inconstitucionalidad 310/87,
por estimar que la Disposición adicional sexta, 3, de la Ley 5/1983 puede infringir los arts. 14 y 17, en
conexión con los arts. 11, 9.3, 31.1 y 3, 33.1 y 3 y 38 de la Constitución.
En el Auto de planteamiento argumenta la Sala que la Disposición adicional sexta, 3, no constituye una
figura tributaria autónoma con consistencia propia, sino que encubre la atribución de retroactividad plena
o de grado máximo al aumento de las cuotas de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar en
máquinas automáticas, constituyendo una auténtica «ley por sorpresa» que ha impedido a los
ciudadanos adecuar su comportamiento al cambio legislativo. La Ley 5/1983 -señala- dota de eficacia
retroactiva a una disposición restrictiva de derechos individuales, entre los que se hallan: a) el derecho a
un sistema tributario basado en la igualdad (art. 31.1 C.E.) y que respete el principio de legalidad (art.
31.3 C.E.); b) el derecho de propiedad (art. 33.1 C.E.), y c) el derecho de libertad de empresa, afectado
por una ley por sorpresa que olvida la regulación de un régimen transitorio que evite la lesión de
derechos individuales. Asimismo estima la Sala que la norma cuestionada desconoce los principios de
seguridad jurídica, legalidad e interdicción de la arbitrariedad. Y finalmente sostiene que entraña también
la violación de los principios de igualdad (art. 14 C.E.) y de seguridad (art. 17 C.E.), entendido este último
como una derecho mínimo y absoluto a la seguridad jurídica, y no exclusivamente como garantía frente a
las interferencias arbitrarias en la libertad personal.
El Ministerio Fiscal solicita de este Tribunal que suspenda la tramitación de la cuestión hasta que sea
sentenciada la primera de las pendientes. El Presidente del Congreso comunica que, aunque dicha
cámara no se personará en el procedimiento ni formulará alegaciones, pone a disposición de este
15 de octubre de 2009© Thomson Aranzadi13Tribunal Constitucional (Pleno).Sentencia núm. 126/1987 de 16
julioRTC\1987\126Tribunal las actuaciones de la misma que pudiera precisar. En cuanto al Senado, se persona y ofrece su
colaboración por medio de su Presidente.
El Letrado del Estado comienza su escrito de alegaciones poniendo de relieve que la cuestión se
plantea dentro del procedimiento especial y sumario establecido por la Ley 62/1978, y que dentro de este
procedimiento la Sala ha de limitarse a comprobar si un determinado acto del poder público afecta o no a
los derechos fundamentales de la persona. Y, dado que la cuestión de inconstitucionalidad no es un
cauce abstracto para el control de la constitucionalidad de las leyes sino un mecanismo de control
concreto de la misma, habrá de considerarse inadmisible la cuestión en todo aquello que no se refiera o
afecte a los derechos fundamentales, ya que los demás aspectos de ella, al quedar excluidos de la
cognitio de la Sala, mal pueden condicionar la validez de la decisión que ésta haya de adoptar. En
consecuencia, sostiene que la duda judicial ha de reconducirse a los límites impuestos por el
procedimiento especial y sumario en que se plantea, es decir, a la posible vulneración de los arts. 14 y 17
de la Constitución, si bien, teniendo en cuenta el carácter tributario del precepto, habrá de examinarse
también el art. 31 de la Norma fundamental en relación con el principio de igualdad.
En cuanto al art. 17 C.E., sostiene que el gravamen complementario controvertido es ajeno a dicho
artículo, pues, frente a la que afirma la Sala, la seguridad en él garantizada nada tiene que ver con la
seguridad jurídica. Y por lo que respecta al principio de igualdad (art. 14 C.E.), cuya vulneración -señalano aparece mínimamente fundamentada, pone de manifiesto, siguiendo la línea argumental de anteriores
escritos, que, sobre la base de la capacidad económica del contribuyente, la igualdad en el ámbito
tributario puede resultar modulada por el principio de progresividad en aras de la justicia global del
sistema, y que no cabe afirmar que los contribuyentes afectados por el gravamen complementario
resulten discriminados, ya que se aplica a todas las máquinas o aparatos automáticos, aptos para la
realización de juegos de azar y la distinción entre diversas categorías a efectos de la cuota se basa
precisamente en la capacidad económica que su posesión revela.
Dicha cuestión 310/87 es suspendida en su tramitación por Auto del Pleno de este Tribunal, de 7 de
En cada una de las cuestiones indicadas en los antecedentes anteriores, cuya tramitación había sido
suspendida, se acuerda, por resolución del Pleno de 4 de junio último, levantar dicha suspensión y oír al
Ministerio Fiscal y al Letrado del Estado para que formulen alegaciones en aquellas cuestiones en las
que no lo hubieran efectuado al evacuar en su día el traslado conferido y para que manifiesten lo que
estimen conveniente sobre la pertinencia de acumularlas a las ya acumuladas por Auto de 16 de julio de
El Ministerio Fiscal y el Letrado del Estado manifiestan que no se oponen a la acumulación de cada
una de las cuestiones a la registrada con el núm. 377/85 y demás ya acumuladas, y, en cuanto a la
audiencia conferida para que formulen las alegaciones no efectuadas en su día, el Ministerio Fiscal
reproduce las formuladas en la cuestión núm. 377/85, y el Letrado del Estado se remite a las contenidas
en sus escritos de alegaciones anteriores.
Por Auto de 30 de junio último, el Pleno acuerda, de conformidad con lo establecido en el art. 83 de la
LOTC, aplicable en el presente supuesto por tratarse de una pluralidad de cuestiones suscitadas sobre la
posible inconstitucionalidad del mismo precepto legal, acumular la cuestión registrada con el núm. 377/85
y demás ya acumuladas por Auto de 16 de julio de 1985, las cuestiones de inconstitucionalidad cuyos
números de registro son los siguientes: 578, 579, 580, 581, 642, 643, 644, 645, 646, 685, 704, 956,
1.019, 1.033, 1.061, 1.088, 1.139, 1.159, 1.177, 1.178, 1.182, 1.203, 1.204 y 1.205 de 1985; 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 93, 94, 95, 145, 146, 246, 248, 311, 424, 432, 433, 434, 455, 459, 460, 475, 550, 568,
572, 644, 664, 698, 718, 718, 753, 754, 864, 865, 929, 993, 1.082, 1.094, 1.110, 1.115, 1.116, 1.117,
1.118, 1.119, 1.190, 1.236, 1.249 y 1.303 de 1986, y 116, 188, 310 y 465 de 1987.
Por providencia de 2 de julio de 1987, el Pleno señala el día 7 para la deliberación y votación de la
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS15 de octubre de 2009© Thomson Aranzadi14Tribunal Constitucional (Pleno).Sentencia núm. 126/1987 de 16
julioRTC\1987\1261.
Las presentes cuestiones de inconstitucionalidad se plantean por Autos de las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de diversas Audiencias Territoriales -Pamplona, Valencia, Cáceres, Santa
Cruz de Tenerife, Sevilla, Burgos y Madrid-, en recursos contencioso-administrativos promovidos contra
acuerdos de los Tribunales económico-administrativos que confirmaron liquidaciones practicadas por el
concepto de «Tasa de juego, año 1983, gravamen complementario». Dichas liquidaciones se realizaron
de conformidad con la Disposición adicional sexta, 3, de la Ley 5/1983, de 29 de junio, de Medidas
Urgentes en Materia Presupuestaria, Financiera y Tributaria, por la que se creó un gravamen
complementario de la tasa fiscal que grava los juegos de suerte, envite o azar, y de acuerdo con el Real
Decreto 2.570/1983, de 21 de septiembre, que lo regula.
Todas las Salas entienden que tal Disposición, de cuya validez depende, a su juicio, exclusivamente el
fallo, puede infringir determinados preceptos de la Constitución, por lo que resulta procedente el
planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad respecto de dicha norma. Pero las
fundamentaciones jurídicas en que los respectivos Autos se apoyan para cuestionar su constitucionalidad
difieren, bien porque los preceptos que se consideran infringidos son distintos, bien porque, aun
invocando los mismos preceptos constitucionales, las razones aducidas son diferentes.
En conjunto, los preceptos constitucionales que se estiman lesionados son los siguientes: 1.1; 9,3, en
relación con el principio de irretroactividad, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad, así
como con el principio de la legalidad y de jerarquía normativa; 14, 17, 31, 33, 38, 133 y 134.7.
En algunos casos la invocación se reduce a la simple cita del precepto constitucional, sin que sea
posible descubrir en qué forma ha podido resultar vulnerado por la Disposición en cuestión. Tal ocurre
con los principios de legalidad y de jerarquía normativa, y con los arts. 1.1 y 133. En otros, la invocación
se hace en conexión con otros principios o preceptos constitucionales: así los principios de seguridad
jurídica e interdicción de la arbitrariedad, en relación con el de irretroactividad de las normas, o los arts.
31, 33 y 38, en relación con el mismo principio, o el art. 33, en relación con el principio de igualdad.
En sus escritos de alegaciones, tanto el Ministerio Fiscal como el Letrado del Estado suscitan, con
carácter previo, diversas cuestiones relativas al posible incumplimiento de los requisitos procesales
establecidos en el art. 35 de la LOTC.
El Ministerio Fiscal, en la cuestión de inconstitucionalidad 377/85, aduce que el pronunciamiento que
se solicita de este Tribunal resulta innecesario para la resolución de la
entablada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, infringiéndose con ello uno de los requisitos
previstos en la mencionada Ley Orgánica.
Sin embargo, esta afirmación no puede ser compartida.
A juicio de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, su fallo depende exclusivamente de la validez de la Disposición
adicional sexta, 3, de la Ley 5/1983, pues, si ésta es conforme al Texto constitucional, será
exigible el gravamen complementario por ella creado y, en consecuencia, deberá abonarse la
liquidación practicada, mientras que, si no lo es, no procede su imposición. Dado, pues, que la
pretensión principal deducida en el recurso contencioso-administrativo formulado ante dicho
órgano judicial es, en definitiva, la declaración de nulidad del acto administrativo por
inconstitucionalidad de la referida norma, no existe base para sostener que resulta infundada la
cuestión en cuanto a la legitimidad de su planteamiento.
En realidad, el Ministerio Fiscal reconoce expresamente que si la norma controvertida fuera contraria a
la Constitución, y así se declarase, la liquidación practicada por Hacienda sería nula y la Sala no tendría
que entrar a examinar la posible ilegalidad del Real Decreto que desarrolla la Ley y que constituye la
pretensión que, con carácter subsidiario, formula la recurrente. Pero entiende que el pronunciamiento del
órgano judicial debería limitarse a esta pretensión subsidiaria, dado el ámbito de su jurisdicción, ya que
de otra forma vendría a quedar indirectamente legitimado un particular para interponer un recurso de
inconstitucionalidad. Ahora bien, éstas son consideraciones que no afectan al juicio de relevancia exigido
en el art. 35.2 de la Ley Orgánica de este Tribunal.
En la medida en que el Ministerio Fiscal se remite en cuestiones posteriores al contenido de este
escrito, debe también desestimarse respecto a ellas este motivo de inadmisión por análogas razones.
15 de octubre de 2009© Thomson Aranzadi15Tribunal Constitucional (Pleno).Sentencia núm. 126/1987 de 16
julioRTC\1987\126Tanto el Ministerio Fiscal como el Letrado del Estado consideran, por otra parte, que algunos de los
Autos de las Salas de lo Contencioso-Administrativo en que se acuerda plantear las diversas cuestiones
de inconstitucionalidad adolecen de falta de fundamentación en cuanto a la presunta vulneración de
algunos de los artículos de la Constitución invocados, por lo que, en cuanto a ellos, no cabe
pronunciamiento del Tribunal Constitucional, de acuerdo con el citado art. 35 de la LOTC.
A este respecto conviene recordar la doctrina de este Tribunal relativa a la exigencia contenida en el
mencionado precepto de su Ley Orgánica, esto es, que el órgano judicial debe concretar los preceptos
constitucionales que, a su juicio, han resultado infringidos. Como señala la STC 17/1981 (fundamento
jurídico 1.º) ( RTC 1981\17), tal requisito no supone tan sólo que el Auto en que se plantee la
cuestión contenga la cita de tales preceptos, sino que es preciso también que el órgano judicial
exteriorice en él el razonamiento que le ha llevado a cuestionar la constitucionalidad de la norma
aplicable. No puede el Juez -se afirma en dicha Sentencia- ni remitirse a las dudas que sobre la
constitucionalidad de una norma hayan expresado las partes, ni limitarse a manifestar la
existencia de su propia duda sin aducir las razones que la abonan, pues ni las partes de un
proceso ordinario están legitimadas para proponer la cuestión ante el Tribunal Constitucional, ni
la decisión de éste es posible sino como respuesta a las razones por las que los órganos del
poder judicial vienen a dudar, en un caso concreto, de la congruencia entre la Constitución y una
La aplicación de esta doctrina al caso que nos ocupa conduce a la conclusión, coincidente con la
mantenida por el Letrado del Estado y el Ministerio Fiscal, de que las cuestiones de inconstitucionalidad
sólo pueden considerarse correctamente planteadas en relación con aquellos preceptos cuya vulneración
resulte mínimamente fundada.
Una vez delimitada la cuestión de acuerdo con las consideraciones anteriores, procede examinar el
fondo de la misma, que se concreta en la presunta inconstitucionalidad de la Disposición adicional sexta,
3, de la Ley 5/1983, por violación del art. 9.3, en cuanto dicha Disposición puede tener carácter
retroactivo, y del 134.7, así como de los arts. 14, 17 y 33, todos ellos de la Constitución.
La invocación de los tres últimos preceptos mencionados no va acompañada de una adecuada
El art. 14 C. E. se considera infringido por otorgarse el mismo trato fiscal a quienes realizan el hecho
imponible, consistente en la obtención de la autorización correspondiente, que a quienes no realizan
hecho imponible alguno. La escueta argumentación aducida no permite descubrir el alcance de esta
afirmación en relación con el principio de igualdad. Aparte de que es imposible el nacimiento de una
obligación tributaria si no es con referencia a un hecho imponible, lo cierto es que
elementos discriminatorios en la configuración del gravamen complementario. En definitiva, este
gravamen viene a igualar fiscalmente a todas las máquinas o aparatos automáticos que se
autoricen o estén en funcionamiento en 1983 y aparece justificado -lo mismo que el aumento de
las cuotas fijas de la tasa fiscal que en la misma Disposición se establece- por la necesidad de
adecuar dichas cuotas al tipo normal de gravamen que soportan otras modalidades de juego.
Menor consistencia aún presenta la invocación del artículo 17 C. E., que parte de una concepción
errónea de su contenido y que más bien parece forzada por la naturaleza del proceso dentro del cual se
plantea la cuestión: el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales configurado
en la Ley 62/1978. La Sala considera que dicho precepto consagra un derecho mínimo y absoluto a la
seguridad jurídica, pero, como en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal,
precepto no puede entenderse referido a la seguridad jurídica a que alude el apartado 3 del art. 9
C. E. El derecho que consagra el art. 17 es un derecho a la seguridad personal y por consiguiente
a la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas de detención o de otras similares, que
puedan restringir la libertad personal o ponerla en peligro, supuestos todos ellos que no guardan
relación alguna con la Disposición cuestionada.
Y lo mismo cabe decir de la pretendida vulneración del art. 33 C. E., que se hace derivar de las
consecuencias que pudiera acarrear el impago del gravamen -esto es, el precinto y el embargo de la
máquina-, alegando que en virtud del mencionado precepto nadie puede ser privado de sus bienes sino
conforme a lo dispuesto por las leyes. Es obvio que tales consecuencias, previstas en el art. 3 del
Decreto-Ley 8/1982 para asegurar la efectividad de la suspensión de la autorización administrativa
y el pago de las cantidades adeudadas, respectivamente, no derivan de forma directa de la norma
que se cuestiona y que, en todo caso, dicha garantía constitucional no alcanza a las medidas
cautelares que puedan adoptarse. Análogo contenido parece tener la escueta argumentación con que
15 de octubre de 2009© Thomson Aranzadi16Tribunal Constitucional (Pleno).Sentencia núm. 126/1987 de 16
julioRTC\1987\126se pretende avalar la inconstitucionalidad de la Disposición adicional sexta, 3, basándola en que la
«excesividad tributaria» puede suponer privación de bienes o derechos, por lo que tampoco es posible
tomarlo en consideración a efectos de fundamentar la presunta inconstitucionalidad de la norma
En definitiva, el núcleo fundamental de las respectivas argumentaciones viene a reducirse a la
presunta vulneración del principio de irretroactividad reconocido en el art. 9.3 de la Constitución y
del 134.7 de la misma, por la Disposición adicional sexta, 3 de la Ley 5/1983.
El art. 134.7 C. E. se considera infringido en cuanto establece que la Ley de Presupuestos no puede
crear tributos. La línea argumental seguida puede concretarse en los siguientes términos: a) La Ley
5/1983, en la que se contiene la norma cuestionada, tiene naturaleza presupuestaria y puede calificarse
de Ley de Presupuestos; b) La Disposición adicional sexta, 3, al establecer un gravamen complementario
de la tasa fiscal que grava los juegos de suerte, envite o azar, está creando un nuevo tributo; c) En
consecuencia, no respeta la prohibición contenida en el art. 134.7 de la Constitución.
La argumentación se centra en el primer apartado, pues parte, sin cuestionarlo, de que el gravamen
complementario constituye un nuevo tributo. La Ley -se afirma- tiene naturaleza presupuestaria, pues no
es más que la convalidación del Real Decreto-ley 24/1982, de 29 de diciembre ( RCL 1982\3500 y RCL
1983\117), por el que se adoptaron determinadas medidas urgentes en materia presupuestaria, prórroga
los Presupuestos Generales del Estado, y su estructura responde al modelo habitual de las Leyes de
Presupuestos al incluir normas de financiación de los Entes públicos, modificaciones de tributos vigentes,
y disposiciones transitorias que confirman los mandatos de la Ley de Presupuestos para 1982.
No cabe desconocer que la Ley 5/1983, lo mismo que el Real Decreto-ley 24/1982 ( RCL 1982\3500),
aparecen relacionados con la actividad presupuestaria del Estado en cuanto que a través de ellos se
adopta una serie de medidas encaminadas a hacer frente a la situación creada por la imposibilidad de
aprobar los Presupuestos Generales del Estado con anterioridad al 1 de enero de 1983. En efecto, por
este motivo y con independencia de la actuación automática del mecanismo de la prórroga
presupuestaria prevista en el art. 134.4 de la Constitución, se dictó el mencionado Decreto-Ley, de
medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria, que posteriormente fue convalidado,
acordándose su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Dicho proyecto de
ley se convirtió en la Ley 5/1983, y su estructura y contenido responden a las del Decreto-ley, con
algunas modificaciones entre las que se incluye la incorporación de la Disposición adicional sexta.
Pero estas circunstancias no autorizan a concluir que la Ley 5/1983 sea una Ley de
Presupuestos. Es cierto que se trata de una ley compleja que contiene normas relativas a las
operaciones financieras del sector público, normas de contratación y normas tributarias. Pero el
hecho de que algunas de estas normas, especialmente las primeras, tengan naturaleza
estrictamente presupuestaria no convierte a dicha ley en una Ley de Presupuestos. La Ley a que
se refiere en sus distintos apartados el art. 134 de la Constitución es aquella que, como núcleo
fundamental, contiene la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, las
previsiones de ingresos y las autorizaciones de gastos para un ejercicio económico determinado.
Y, si bien dentro de la misma es posible incluir materias que no siendo estrictamente
presupuestarias inciden en la política de ingresos y gastos del sector público o la condicionan,
ello sólo puede efectuarse dentro de ciertos límites -derivados de la propia constitución en el
caso de los tributos-, y ni tal inclusión puede desvirtuar el contenido primordial que caracteriza a
dicha Ley, ni de ella se sigue que dichas materias hayan de formar necesariamente parte de su
contenido y no pueden ser reguladas por una ley ordinaria.
No cabe, pues, calificar de Ley de Presupuestos a la Ley 5/1983 -y así se explícita en el debate
parlamentario del proyecto de ley y se manifiesta en el procedimiento seguido en su tramitación-, ya que
no tiene su razón de ser en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, sino en el hecho de
que tales Presupuestos no hubieran sido aprobados antes de iniciarse el ejercicio económico
correspondiente. Y, por lo que se refiere a la inclusión en ella de las normas tributarias, es de destacar
que, según se indica en la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 24/1982, cuyo articulado
reproduce la Ley 5/1983, lo que con ello se pretendió fue, más bien, desvincular dichos preceptos de las
Leyes de Presupuestos, en las que venían figurando en los últimos ejercicios.
En definitiva, no puede entenderse que sea de aplicación a la Disposición adicional sexta, 3, de
la Ley 5/1983, la prohibición contenida en el artículo 134.7 de la Constitución, aun cuando dicha
ley contenga normas presupuestarias o normas que, en ocasiones, figuran en Leyes de
15 de octubre de 2009© Thomson Aranzadi17Tribunal Constitucional (Pleno).Sentencia núm. 126/1987 de 16
julioRTC\1987\1266.
El principio de irretroactividad es invocado en los Autos dictados por todas las audiencias, si bien en
algunos casos la invocación se reduce a la mera cita del art. 9.3 de la Norma fundamental. Por ello las
siguientes consideraciones hacen referencia únicamente a aquellos en los que aparece una mínima
fundamentación, dentro de los cuales pueden advertirse distintas líneas argumentales.
En primer lugar, es de señalar que en la mayoría de los Autos no se cuestiona la retroactividad de la
norma; simplemente se afirma como punto de partida. Tan sólo en uno de ellos se argumenta al respecto
en los siguientes términos: El denominado por la Ley, de forma inespecífica, gravamen que ha de
incluirse necesariamente en alguna de las clases de tributos comprendidas en el art. 26 de la Ley
General Tributaria, y dado que la misma norma afirma que es un complemento de la tasa fiscal sobre
juegos de suerte, envite o azar, ha de considerarse también una tasa. Por lo tanto, de acuerdo con el art.
26.1.a) de L. G. T., el hecho imponible habrá de ser la actividad administrativa autorizatoria realizada con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, ya que dicho gravamen se aplica a las licencias
correspondientes a 1983 otorgadas antes de esa fecha. Así entendida, la Disposición en cuestión entraña
de una norma fiscal, pues supone el aumento de una tasa ya devengada, de tal modo que su cuantía
resulte la misma que la fijada ex novo para las futuras autorizaciones.
Reconocido el carácter retroactivo de la Disposición adicional sexta, 3, su repercusión sobre la
constitucionalidad de la norma es razonada de diversas formas:
a) En algún caso (Sevilla), la inconstitucionalidad se hace derivar del principio de irretroactividad
contenido en el art. 9.3 de la Constitución, sin entrar a analizar el alcance constitucional de dicho
b) En otro (Madrid), la inconstitucionalidad se hace derivar del mencionado principio en cuanto se
considera que la Ley dota de eficacia retroactiva a una disposición restrictiva de derechos individuales: el
derecho a un sistema tributario basado en la igualdad (art. 31.1 C. E.) y que respete el principio de
legalidad (art. 31.3 C. E.); el derecho de propiedad (art. 33.1 y 3 C. E.) y el derecho de libertad de
empresa (art. 38 C. E.).
c) En los demás, la inconstitucionalidad se hace derivar del carácter retroactivo de la norma en
cuestión en cuanto puede suponer un ataque a los fundamentos básicos del orden jurídico (Valencia), o
puede conculcar el principio de seguridad jurídica y la protección de la buena fe de los ciudadanos, que
constituyen exigencias del estado de Derecho, o se estima contrario al principio de interdicción de la
arbitrariedad o al de capacidad económica (Cáceres). La cita de los diversos principios se relaciona con
la jurisprudencia elaborada, en relación con la inconstitucionalidad de las normas tributarias en Alemania,
Estados Unidos e Italia.
Unicamente en el Auto dictado por la Audiencia de Cáceres se analiza el alcance del principio
constitucional de irretroactividad en el ámbito tributario, haciendo referencia a la supresión, en la
tramitación del texto constitucional, de la prohibición de la retroactividad de las normas fiscales; a la
histórica vinculación de dicha prohibición a la temporalidad de las leyes tributarias, y a la doctrina
contenida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 6/1983 ( RTC 1983\6). Sobre esta base se concluye
que, si bien como principio no está proscrita la retroactividad de las leyes fiscales, sí puede incurrir en
inconstitucionalidad cuando su eficacia conculque otros principios constitucionales.
A diferencia de lo que ocurre con las Audiencias Territoriales, el Letrado del Estado centra sus
alegaciones en el análisis de si realmente la Disposición adicional sexta, 3, tiene la eficacia retroactiva
que se le atribuye, pues, de no resultar cierta esta premisa, carecerían de fundamentación las
alegaciones basadas en el art. 9.3 de la Constitución. A su juicio tal retroactividad no existe, pues la
retroactividad de una norma no supone sino su aplicación a situaciones jurídicas consolidadas en el
pasado, o bien situaciones, relaciones o efectos, aunque nacidos, no consumados o agotados, y la
Disposición en cuestión no afecta a ninguna relación jurídica preexistente. Se limita a regular los
diferentes elementos de una nueva relación jurídico-tributaria, que, por lo tanto, nace después de su
entrada en vigor; la referencia al pasado que la norma contiene no tiene otra finalidad que la de identificar
al sujeto pasivo del gravamen que crea.
A la vista de los términos en que aparecen planteados las cuestiones, son dos los aspectos
fundamentales que han de considerarse en el enjuiciamiento de la presunta inconstitucionalidad de la
15 de octubre de 2009© Thomson Aranzadi18Tribunal Constitucional (Pleno).Sentencia núm. 126/1987 de 16
julioRTC\1987\126Disposición adicional sexta, 3, basada en su carácter retroactivo: a) En qué medida la norma cuestionada
posee eficacia retroactiva, y b) si esta eficacia retroactiva entraña una vulneración constitucional, lo cual
puede suceder, bien porque la retroactividad de la norma infrinja directamente el principio de
irretroactividad expresamente reconocido en el art. 9.3 de la Constitución, bien porque a través de ella se
vulneren otros principios como pueden ser los de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad,
contenidos en el mencionado precepto, o el de capacidad económica, a que se refiere el art. 31.1 de la
Norma fundamental. Este segundo punto obliga a analizar el alcance del principio constitucional de
irretroactividad en relación con las normas tributarias y, concretamente, con la Disposición controvertida.
Por lo que a la primera cuestión se refiere, no cabe duda de que, si como pretende el Letrado del
Estado, nos halláramos ante dos tributos de naturaleza distinta y cuyos elementos constitutivos fueran
también diferentes, no sería posible hablar de eficacia retroactiva del gravamen complementario. Pero lo
que sucede es que la argumentación en que ambas afirmaciones se basan no resulta convincente.
Es de señalar, en cuanto a la naturaleza jurídica del gravamen, que consideraciones análogas a las
realizadas por el Letrado del Estado podrían hacerse en relación con la tasa fiscal y, de hecho, también
se ha cuestionado si esta última es una tasa en sentido estricto o posee más bien naturaleza impositiva.
Tal como fue configurada en el Real Decreto-ley 16/1977, el hecho imponible de la misma no está
constituido exclusivamente por la actividad autorizatoria de la Administración, sino también por la
celebración u organización de juegos de suerte, envite o azar. Por otra parte, en dicho Decreto-ley la
cuota se determinaba en función de las cantidades jugadas y, aunque posteriormente se convirtió en fija,
han estado, sin embargo, presentes como elemento determinante de su cuantía, los rendimientos
obtenidos, es decir, en definitiva, la capacidad económica generada por la explotación de las máquinas o
aparatos automáticos. La dificultad de interpretar el hecho imponible así definido, unida a la cuantificación
de la obligación tributaria en relación con la capacidad económica derivada del funcionamiento de tales
máquinas o aparatos, ha podido también servir de base a algún autor para concluir que
constituye un acto necesario para que el presupuesto de hecho pueda producirse y, en este
sentido, cabe configurarla como un elementos necesarios par al realización del hecho imponible,
pero nunca como hecho imponible en sí.
No resulta, pues, fácil distinguir entre la tasa fiscal y el gravamen complementario aduciendo que en la
primera el hecho imponible es la autorización administrativa, y en el segundo la capacidad económica del
sujeto pasivo puesta de manifiesto por la tenencia de máquinas o aparatos en funcionamiento.
A las anteriores consideraciones es preciso añadir, además, que la Disposición adicional sexta, 3, no
define, en realidad, un nuevo presupuesto, distinto del que configura la tasa fiscal. El gravamen
complementario se aplica, en definitiva, a las máquinas o aparatos automáticos por haber devengado la
tasa correspondiente a 1983 con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, es decir, por haber sido
autorizadas o por hallarse en explotación durante ese período. Lo cual pone de manifiesto que no existe
un nuevo hecho imponible que de lugar a un nuevo tributo, pues la Disposición en cuestión no contempla
un nuevo acto de la Administración, ni una capacidad económica distinta de la que pudo originar el
devengo de la tasa para ese período.
Por ello la cuota fija, determinada en el núm. 3 de la Disposición adicional sexta por la diferencia entre
las cuotas fijas establecidas por el Real Decreto-ley 8/1982 y las nuevas que se establecen en el núm. 1
de la misma disposición, no supone en último término más que el incremento de la cuantía de las cuotas
fijas ya devengadas de conformidad con la normativa entonces vigente, hasta igualarlas a las fijadas en
la nueva Ley. Apreciación que aparece corroborada por el hecho de que, según se establece en la misma
norma, este gravamen se aplica exclusivamente en el año 1983. En este sentido, ha de concluirse que la
norma contenida en el núm. 3 de la Disposición adicional sexta confiere carácter retroactivo a las
modificaciones tributarias introducidas por el núm. 1 de la misma.
El alcance del alegado principio constitucional de irretroactividad de las normas fiscales y su incidencia
en la legitimidad constitucional de la Disposición controvertida ha de abordarse teniendo en cuenta las
A) No existe una prohibición constitucional de la legislación tributaria retroactiva. La
prohibición que el art. 9.3 C. E. establece tan sólo para las «disposiciones sancionadoras no
favorables» y para las «restrictivas de derechos individuales» se extendía también a las fiscales
en el Anteproyecto de la Constitución, y la inclusión de las mismas se mantuvo en el Informe de la
Ponencia, pero desapareció en el Dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales por
15 de octubre de 2009© Thomson Aranzadi19Tribunal Constitucional (Pleno).Sentencia núm. 126/1987 de 16
julioRTC\1987\126estimarse que la causa de la prohibición ha de buscarse en todo caso en el carácter sancionador
o restrictivo de las leyes, no en el objeto específico de las normas, y que la irretroactividad
absoluta de las leyes fiscales podría hacer totalmente inviable una verdadera reforma fiscal.
Por otra parte, no cabe considerar, con carácter general, subsumidas las normas fiscales en aquellas a
las que expresamente se refiere el art. 9.3 de la Constitución, por cuanto tales normas tienen un
fundamento autónomo en la medida en que son consecuencia obligada del deber de contribuir al
sostenimiento de los gastos públicos, impuesto a todos los ciudadanos por el art. 31.1 de la Norma
No obstante, la Audiencia Territorial de Madrid estima que el controvertido gravamen complementario
constituye una disposición restrictiva de derechos individuales. Afirmación que, de acuerdo con lo
anteriormente expuesto, debería ir avalada por una motivación específica que pusiera de manifiesto el
carácter restrictivo de esta norma concreta. Mas en el Auto de planteamiento de la cuestión no existe tal
motivación o resulta infundada, ya que la Sala se limita a señalar que dicho gravamen puede vulnerar el
derecho a un sistema tributario basado en la igualdad y en el respeto al principio de legalidad, así como
el derecho de propiedad y el de libertad de empresa.
No se advierte, sin embargo, cómo puede haber sido violado el principio de legalidad en el caso que
nos ocupa. Si, dada la cita que del art. 31.3 C. E. se hace, por legalidad se entiende reserva de ley, basta
señalar que la Ley 5/1983 satisface plenamente, en cuanto ley ordinaria, las exigencias contenidas en los
arts. 31.3 y 133.1 de la Constitución, sin que para ajustarse a la reserva de ley establecida en la misma
se precise en la esfera tributaria -frente a lo que parece sugerir alguno de los autos de planteamiento de
las respectivas cuestiones- ni de ley orgánica, ni de ley «especial en materia de establecimiento de
tributos», ni de previa «delegación» efectuada por otra ley de tales características. Tampoco pueden
advertirse, en relación con los derechos de propiedad y de libertad de empresa, efectos derivados del
gravamen complementario que sean distintos de los que pueden ir unidos a la tributación que recae
sobre el ejercicio de actividades económicas. Y, finalmente, ha de apreciarse que dicho gravamen
contribuye, en todo caso, a una mayor justicia tributaria por cuanto el aumento de las cuotas fijas previsto
en la Disposición adicional sexta tiene su origen en el deseo de paliar las diferencias de trato fiscal
existentes entre las diversas modalidades de juego.
B) Afirmar la admisibilidad de la retroactividad de las normas fiscales no supone mantener, siempre y
en cualquier circunstancia, su legitimidad constitucional, que puede ser cuestionada cuando su eficacia
retroactiva entre en colisión con otros principios consagrados en la Constitución. Esta postura, mantenida
por la generalidad de la doctrina y reflejada en la jurisprudencia constitucional de otros países, está
también en la base de algunos de los Autos de planteamiento de las presentes cuestiones, en los que la
presunta inconstitucionalidad de la norma controvertida se fundamenta en la vulneración de los principios
de capacidad económica, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad por referencia a la
jurisprudencia italiana, alemana y norteamericana.
Basándose en un precepto constitucional análogo al español -su art. 53-, una parte de la doctrina
italiana y la Corte Constituzionale en diversas Sentencias han mantenido que una norma tributaria
retroactiva resulta constitucionalmente ilegítima si vulnera el principio de capacidad contributiva. Y que tal
vulneración puede producirse si la ley establece como presupuesto un hecho o una situación pasada que
no persisten en el momento de su entrada en vigor, o modifica, extendiendo sus efectos hacia el pasado,
los elementos esenciales no a la actual del contribuyente, sino a la que está ínsita en el presupuesto del
tributo y, si ésta hubiera desaparecido o se hallase disminuida en el momento de entrar en vigor la norma
en cuestión, se quebraría la relación constitucionalmente exigida entre imposición y capacidad
contributiva (Ss. 45/1964, 44/1966, 75/1969 y 54/1980).
Este planteamiento no conduciría, en ningún caso, a estimar la inconstitucionalidad del gravamen
complementario cuestionado, pues, si bien la exigencia de la citada relación puede hacerse derivar del
art. 31.1 de la Constitución Española en cuanto afirma que «todos contribuirán al sostenimiento de los
gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica», no puede olvidarse que
el gravamen recae
sobre unas máquinas o aparatos que en el momento de devengo del tributo están en
funcionamiento, y que aparece vinculado a la tasa fiscal devengada por la titularidad y
explotación de los mismos a principio o durante los primeros meses de 1983, por lo que no cabe
entender que la capacidad económica subyacente hubiera desaparecido a mediados de dicho
11.15 de octubre de 2009© Thomson Aranzadi20Tribunal Constitucional (Pleno).Sentencia núm. 126/1987 de 16
julioRTC\1987\126En cuanto al principio de seguridad jurídica también aducido, ha venido ciertamente configurándose, a
partir de la Sentencia núm. 26 del Tribunal Constitucional Federal alemán, de 19 de diciembre de 1961,
una línea argumental que, partiendo de la idea del Estado de Derecho y de los principios que lo informan,
considera que las normas tributarias retroactivas pueden estimarse constitucionalmente ilegítimas
cuando atentan a tal principio y a la confianza de los ciudadanos.
Ahora bien, el principio de seguridad jurídica no puede erigirse en valor absoluto por cuanto
daría lugar a la congelación del ordenamiento jurídico existente, siendo así que éste, al regular
relaciones de convivencia humana, debe responder a la realidad social de cada momento como
instrumento de perfeccionamiento y de progreso. La interdicción absoluta de cualquier tipo de
retroactividad entrañaría consecuencias contrarias a la concepción que fluye del art. 9.2 de la
Constitución, como ha puesto de manifiesto este Tribunal, entre otras, en sus SSTC 27/1981 ( RTC
1981\27) y 6/1983 ( RTC 1983\6). Por ello,
el principio de seguridad jurídica, consagrado en el art.
9.3 de la Norma fundamental, no puede entenderse como un derecho de los ciudadanos al
mantenimiento de un determinado régimen fiscal.
En este contexto, el grado de retroactividad de la norma cuestionada, así como las circunstancias
específicas que concurran en cada caso, se convierten en elemento clave en el enjuiciamiento de su
presunta inconstitucionalidad. Y a estos efectos
resulta relevante la distinción entre aquellas
disposiciones legales que con posterioridad pretende anudar efectos a situaciones de hecho
producidas o desarrolladas con anterioridad a la propia ley y las que pretenden incidir sobre
situaciones o relaciones jurídicas actuales aún no concluidas. En el primer supuesto
-retroactividad auténtica-, la prohibición de la retroactividad operaría plenamente y sólo
exigencias cualificadas del bien común podrían imponerse excepcionalmente a tal principio; en el
segundo -retroactividad impropia-, la licitud o ilicitud de la disposición resultaría de una
ponderación de bienes llevada a cabo caso por caso teniendo en cuenta, de una parte, la
seguridad jurídica y, de otra, los diversos imperativos que pueden conducir a una modificación
del ordenamiento jurídico-tributario, así como las circunstancias concretas que concurren en el
caso. Es de destacar que esta ponderación ha llevado al Tribunal alemán, desde su Sentencia núm. 27,
de 19 de diciembre de 1961, a considerar, en principio, constitucionalmente legítimas las normas fiscales
retroactivas cuando la ley pretende tener aplicación en el período impositivo dentro del cual entra en vigor
y que, por su parte, el Tribunal Supremo norteamericano ha declarado también la constitucionalidad de
medidas fiscales retroactivas cuando la retroactividad alcanza a períodos cercanos al de la tramitación de
la ley en cuestión, como es el caso de leyes fiscales cuyo objeto es gravar rentas o beneficios obtenidos
durante el año en que se aprobó la ley o incluso durante el año de la sesión legislativa anterior a la de su
aprobación (Decisiones de 11 de enero de 1937, 21 de noviembre de 1938 y 12 de enero de 1981 en los
casos U. S. V. Hudson, Welch V. Henry et alii, y U. S. V. Darusmont). Bien es cierto que tanto uno como
otro Tribunal tienen además en cuenta otras circunstancias específicas, como la importancia de las
modificaciones introducidas, o el conocimiento por parte del contribuyente de la posibilidad de que se
efectúen cambios en la legislación.
De acuerdo con las consideraciones anteriores es preciso analizar, en primer término, el alcance de la
retroactividad de la Disposición adicional sexta, 3, cuya constitucionalidad se cuestiona.
De los escritos presentados parece deducirse que la retroactividad de dicha norma se proyecta sobre
relaciones jurídico-tributarias ya agotadas y que, por lo tanto, debería considerársela de grado máximo,
con la consiguiente conclusión de su ilegitimidad constitucional. Tal postura encuentra su apoyo en el
hecho de que el devengo del tributo se produce con anterioridad a la entrada en vigor de la ley y parte de
que el hecho imponible se agotó temporalmente en el instante del devengo.
Cabe pensar, sin embargo, dadas las características que concurren en la configuración de este
tributo, que más bien se trata de un hecho imponible de duración prolongada y del que, por
consiguiente, constituye un elemento integrante su dimensión temporal. El hecho imponible de la
tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar no se agota en el acto de autorización, sino que
comprende también el mantenimiento de la autorización a lo largo del tiempo con la posibilidad de
explotación de las máquinas o aparatos durante el mismo.
Ello explica que en el caso de estas
máquinas o aparatos automáticos las cuotas sean exigibles por años naturales (art. 3.4 del Real
Decreto-ley 16/1977 en la redacción dada por el Real Decreto-ley 9/1980), o que en el art. 6 del Real
Decreto-ley 16/1977 se prevea como sanción, en el caso de falta de pago de la tasa o de ocultación total
o parcial de la base imponible la «suspensión de la autorización administrativa durante un plazo máximo
de seis meses». Cabe entender, pues, que
la referida tasa fiscal es un tributo periódico, cuyo hecho
imponible no es instantáneo, sino duradero.
15 de octubre de 2009© Thomson Aranzadi21Tribunal Constitucional (Pleno).Sentencia núm. 126/1987 de 16
julioRTC\1987\126Ahora bien, mientras que en los hechos imponibles instantáneos, el devengo coincide con la
existencia del elemento material del mismo, en los duraderos el legislador puede, entre otras
soluciones técnicas, situarlo al término o al comienzo de un período impositivo legalmente
predeterminado. En el supuesto que nos ocupa el legislador se decidió por esta opción, pero, así como
en el momento de su creación la fecha de devengo se fijó en el momento final del período impositivo, a
partir del Real Decreto-ley de 1982 se sitúa en el inicio del mismo.
Más, en cualquier caso, ha de entenderse que,
aun cuando los elementos constitutivos del hecho
imponible -incluida su dimensión temporal- comenzaron a producirse antes de la entrada en vigor
de la ley, el hecho imponible no se había realizado íntegramente en ese momento y los efectos
jurídicos no se habían agotado. Por ello cabe afirmar que nos encontramos ante un supuesto de
retroactividad de grado medio, o de los que la doctrina alemana califica como de retroactividad
La ponderación de los bienes constitucionales en juego, que el enjuiciamiento de la
constitucionalidad de una norma fiscal con efectos retroactivos de este grado entraña, obliga a
tomar en consideración la finalidad de la norma y las circunstancias específicas que concurren en
A este respecto es preciso destacar que al alcance retroactivo de
la Disposición adicional sexta, 3,
se limita, por una parte, al período impositivo en que la ley se aprueba, y afecta a un ejercicio
económico en el que, por diversas circunstancias, la Ley de Presupuestos, en la que según lo
establecido en el Real Decreto-ley 9/1980 podrían realizarse las modificaciones, no fue tramitada
dentro del plazo previsto en el art. 134 de la Constitución.
Por otra parte, la citada Disposición
responde al intento de adecuar la presión tributaria del sector en cuestión al resto de las
modalidades de juego, a fin de lograr una mayor justicia tributaria y aminorar las distorsiones que
venían produciéndose entre ellas y que, a su vez, estaban afectando negativamente a la
recaudación total procedente del juego.
En la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 8/1982 y
sobre la base de los datos relativos a 1981, se pone de manifiesto el favorable tratamiento fiscal de que
eran objeto las máquinas o aparatos automáticos dentro de los juegos de suerte, envite o azar, pues
mientras la generalidad de los juegos quedaban gravados al tipo proporcional del 20 por 100 sobre una
base imponible constituida por el importe total de las cantidades jugadas, las cuotas fijas que recaían
sobre la explotación de máquinas o aparatos automáticos restaban, en cambio, muy lejos de representar
el porcentaje fijado respecto de las cantidades jugadas, las cuales, además, como era público y notorio,
experimentaban un crecimiento progresivo y continuado. Este es el motivo que induce a adoptar las
medidas oportunas para equilibrar la presión fiscal del sector a través de una política de elevación de las
cuotas fijas, que se inicia en el mencionado Real Decreto-ley y que continúa en la Ley cuestionada. Se
trata, pues, de una norma que tiene carácter transitorio, cuya aplicación se limita al ejercicio en que la ley
se aprueba, que no puede calificarse de imprevisible y que responde a la finalidad, constitucionalmente
respaldada, de una mayor justicia tributaria.
Pues bien, si al enjuiciar la norma cuestionada desde el punto de vista de sus efectos sobre la
seguridad jurídica de los contribuyentes se tiene en cuenta su finalidad y las circunstancias que
en ella concurren, ha de concluirse que no resulta fundada su pretendida inconstitucionalidad.
asimismo, de las consideraciones anteriores se deduce que
dicha norma tampoco infringe el aducido
principio de interdicción de la arbitrariedad, reconocido igualmente en el art. 9.3 de la
LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,
Desestimar las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de las Audiencias Territoriales de Pamplona, Valencia, Cáceres, Santa Cruz
de Tenerife, Sevilla, Burgos y Madrid, en relación con la Disposición adicional sexta, núm. 3, de la Ley
5/1983, de 29 de junio.
Dada en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos ochenta y siete.-Francisco Tomás y
Valiente.-Gloria Begué Cantón.-Angel Latorre Segura.-Francisco Rubio Llorente.-Luis Díez Picazo y
15 de octubre de 2009© Thomson Aranzadi22Tribunal Constitucional (Pleno).Sentencia núm. 126/1987 de 16
julioRTC\1987\126Ponce de León.-Antonio Truyol Serra.-Fernando García-Mon y González-Regueral.-Carlos de la Vega
Benayas.-Eugenio Díaz Eimil.-Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.-Jesús Leguina Villa.-Luis López
Guerra.-Firmados y rubricados.15 de octubre de 2009© Thomson Aranzadi23All pages:12345678910111213141516171819202122InfoSaveLikeShareDownloadMoreSTC 126 1987 retroactividad Published on Jul 7, 2011 ElPlenodelTribunalConstitucional,compuestopordonFranciscoTomásyValiente,Presidente,y doñaGloriaBeguéCantón,donAngelLatorreSegura,donFrancisc...See Morechorreon1FollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: Resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
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 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 17
 artículo 134