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Timestamp: 2020-02-19 16:16:31+00:00

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Administración | La opción de educar en casa
En marcha el proceso de redacción de la nueva Ley de Educación Vasca
Publicado en noviembre 4, 2015 por madalen
Ya se han iniciado los contactos en el mundo educativo vasco con vista a la redacción y aprobación, en su caso, de la nueva Ley de Educación Vasca, dentro del marco de innovación del sistema educativo Heziberri 2020. La anterior Ley de la Escuela Pública Vasca, de 1993, va a pasar por el proceso de su adapción al nuevo marco normativo europeo en materia de educación, a la vez que va a intentar frenar el impacto de la LOMCE sobre el sistema educativo vasco.
Esta es parte de la entrevista a la consejera de educación Cristina Uriarte:
¿Cómo ha sido la ‘vuelta al cole’?
Tranquila. Desde el principio de legislatura nos amenaza el fantasma de la Lomce, pero siempre hemos dicho que vamos a intentar proteger nuestro sistema y mejorarlo, y en ello estamos. Dentro del Plan Heziberri 2020 hemos elaborado un nuevo marco pedagógico que nos da el modelo de la educación que queremos y también los currículum que aprobaremos a finales de año. Con ellos hemos conseguido evitar aspectos de la Lomce que creemos perjudiciales como la segregación temprana, que los chavales tengan que elegir a los 12 años si van a hacer FP o Bachillerato, retrasando esa decisión a los 16 años. También mantenemos todos los programas de diversificación curricular, con lo que ayudamos a todos los chavales a sacar el título de ESO, mantenemos las competencias de los consejos escolares… Creo que hemos adoptado una serie de medidas con las que conseguimos proteger a nuestros estudiantes y seguir avanzando.
CC.OO. ha denunciado que con la Lomce se ha elevado un 150% la matrícula de Religión en 1º de Bachillerato. ¿Y en Euskadi?
-Aquí todo sigue igual, de hecho creo que han bajado las matrículas en 46.
La paralización de la reválida de Bachillerato ha sido clave para rebajar la tensión en los centros, ¿no?
-Ha ayudado a rebajar la tensión en todas partes. En la primera reunión que tuve con el nuevo ministro en julio le dije muy claro que para poder hablar tenía que guardar en el cajón el proyecto de real decreto de las reválidas y es lo que hizo en la Conferencia Sectorial de agosto. Desde el principio veía claro que la reválida iba a condicionar el resto de la ley ya que si Madrid impone el mismo examen, en las mismas condiciones, es hacer tábula rasa e impedir que cada sistema se desarrolle, centralización.
¿Se nota la mano del nuevo ministro?
-Fue una Conferencia Sectorial distinta, empezando porque ahora la mayoría de las comunidades no están gobernadas por el PP. Este cambio de mayorías hizo que el Ministerio viera las cosas de otra manera. Hubo un debate, un diálogo y el ministro dijo que dejaba las reválidas en el cajón. Yo le pedí que no hubiera ningún otro desarrollo normativo de la Lomce, le pedimos la paralización del calendario de implantación de la Lomce, pero dijo que eso no podía ser porque el calendario está dentro de la propia ley y la ley está en vigor.
Entiendo que confían en la paralización definitiva de la Lomce tras las generales. ¿Serán ustedes capaces de alcanzar un pacto de Estado en torno a la educación?
-No sé lo que va a ocurrir en las próximas generales, el panorama es bastante excitante tras las elecciones catalanas. Por tanto, no sé qué puede deparar la cita electoral de diciembre, pero creo que sí hay una voluntad manifiesta de los partidos de alcanzar un pacto por la educación. Sería lo deseable porque no puede ser que en los últimos 30 años hayamos tenido ocho leyes educativas y que cada vez que llegue un Gobierno quiera marcar su impronta sin tener en cuenta el perjuicio que ello genera en la comunidad educativa.
¿Tiene sentido trabajar en el Curriculum Vasco o en la futura Ley Vasca de Educación, cuando hay siempre una ley de rango superior que nos vincula?
-Creo que sí, a pesar de que tenemos un marco normativo básico que nos marca, porque los resultados lo avalan. Hemos sido capaces de tener los resultados educativos que tenemos a pesar de las ocho leyes educativas. Y eso ha sido posible porque en Euskadi se trabaja desde el pacto, un pacto que nació hace 30 años y que posibilitó la aprobación de la Ley de la Escuela Pública Vasca.
Precisamente. Si hemos llegado hasta aquí “a pesar de” y en base al Pacto Educativo del 92, dígame: ¿Por qué una Ley Vasca de Educación?
-Porque la Ley de la Escuela Pública Vasca tiene más de 30 años y necesita renovarse para adaptarse a los avances que se han dado. Tiene que incorporar el nuevo marco pedagógico acordado con la comunidad educativa, el nuevo perfil de salida de nuestro alumnado, tiene que abordar la educación por competencias… El sistema educativo vasco ha avanzado lo suficiente como para plantearnos hacia dónde queremos ir. Y por otro lado, está la cuestión de la defensa de nuestras competencias. Todo sobre la base del acuerdo y el diálogo.
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Enlaces que se dirigen a este blog
Publicado en octubre 14, 2015 por madalen
Una de las aplicaciones que tiene wordpress, es la de recoger los enlaces desde los que quienes consultan alguna entrada proceden. Este ha sido el caso de una página del MEC que enlaza con este blog en lo que se refiere al acoso escolar. http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/convivencia-escolar/recursos/enlaces-interes/acoso-escolar.html
La mirada de Jokin, Bullying y problemática adolescente: Página con numerosos recursos: noticias, documentos, informes sobre bullying.
Asociación Antipatriarcal (II)
Publicado en marzo 18, 2015 por madalen
Siguiendo la huella de la extinta ASOCIACIÓN ANTIPATRIARCAL. Del lado de los niños y las niñas, he llegado a Ekintza Zuzena, revista que ha publicado artículos relacionados con ella, como lo es de una de sus fundadoras, Casilda Rodrigáñez, o en este caso un artículo de Jesús García en el que cuenta su paso por la Administración de Justicia por causa e desescolarización y consciente homeschool.
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Publicado en mayo 13, 2014 por madalen
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Publicado en mayo 3, 2013 por madalen
La educación en casa es un fenómeno creciente en todo el mundo occidental. Miles de familias, en todo el mundo, por diversas razones, están promoviendo un movimiento singular, sin precedentes, que está aportando un gran conocimiento sobre lo que son las pautas de la adquisición de conocimientos y el crecimiento personal y madurativo desde el punto de vista del individuo.
El Estado español está viviendo de espaldas a esta realidad, en una situación de incomprensión basada en una interpretación estricta y restrictiva del artículo 27 de la Constitución, que ha llevado a una traición al espíritu constitucional y a la libertad de enseñanza a través de las sucesivas leyes orgánicas de educación, a partir de la LOGSE.
El Tribunal Constitucional ha venido a sancionar la conformidad de esta normativa al dictado literal del mencionado artículo 27, en especial el aspecto que recoge el derecho a la educación, aunque advierte , que en ningún caso, propuestas desescolarizadoras, como la que representa la educación en casa quedarían fuera de la cobertura del texto constitucional, ya que aquel, en ningún momento exige la escolarización, sino la educación de los menores , sin indicar siquiera en qué edad o en qué circunstancias deba producirse esa educación.
Las familias que educan en casa reflejan unos perfiles muy variados, que en caso alguno se identifican con situaciones de marginalidad o de negación de recursos a los menores a su cargo, lo que les diferencia en todo punto del perfil, al que están acostumbrados en las Fiscalías de menores, con respecto a la figura de los absentistas escolares.
Es por ello, que tal y como se han percatado ya tanto en la Administración vasca como en la catalana, a través de respectivamente el Decreto Balora y el anterior Plan de Absentismo de Barcelona de 2009, la distinción nítida entre ambos supuestos debe llevar a las Fiscalías a percatarse de esa distinción, y, comprobada la ausencia de riesgo del menor, como es preceptivo, procedan al archivo de los expedientes que llegan a su conocimiento.
Para evitar uno de los problemas que se están produciendo en estos momentos, cual es de la dispersión de protocolos de actuación que llevan a una actuación dispar de las Fiscalías en las distintas Comunidades Autónomas, sería imprescindible una instrucción de Fiscalía General en la que se marcaran las pautas a seguir con las familias que educan en casa.
Actualmente el procedimiento de Jurisdicción Voluntaria, denostado y obsoleto en lo que es el contexto del Enjuiciamiento Civil (no nos olvidemos de que aún está pendiente la aprobación de la malograda Ley de Jurisdicción Voluntaria), lleva a la aplicación de las medidas previstas en el artículo 158 del Código civil, sin saberse muy bien en cuál de los apartados nos encontramos en este casos. Indefinición que lleva a la indefensión en situaciones tan delicadas como son todas aquellas que afectan a los menores. El artículo 158 en su apartado cuarto, plantea una exigencia que se extiende a todo el espíritu del citado artículo, como la razón que inspira la adopción de las citadas medidas cautelares, con una cláusula abierta que lleva a la indefensión. No existe, sin embargo, ningún estudio que nos lleve a concluir que la presencia de un riesgo real para el menor, se dé en las familias que educan en casa, y si así se diera, no habría problema en una actuación de fiscalía, comprobado el riesgo real, como pudiera darse el caso para evitar la situación de riesgo de un menor escolarizado. Resulta profundamente injusto presumir la situación de riesgo del menor, por la simple razón de estar desescolarizado. La comprobación de esta situación es la que se obvia al dictar las medidas cautelares en los citados procedimientos de Jurisdicción Voluntaria.
Sería por todo ello de agradecer, una instrucción de Fiscalía General que lleve a dar por finalizada esta situación de inseguridad y de indefensión a unas familias que no merecen pasar por esta situación en ninguno de los casos.
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Publicado en diciembre 10, 2012 por madalen
Referencia: RODRIGUEZ, Virginia, ROMÁN Yolanda, ESCORIAL, Almudena, Infancia y Justicia: una cuestión de derechos. Los niños y las niñas ante la Administración de Justicia en España”, Save de Children España, con la colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, noviembre 2012.
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El procedimiento de oposición a resoluciones administrativas en protección de menores
Publicado en marzo 26, 2012 por madalen
Así se titula el articulo publicado por Rosa María Fernández Vadillo y en él se recoge este procedimiento tal y como se prevé en la Ley de Enjuiciamiento Civil. También Esther González Pillado, de la universidad de Vigo, trata sobre esta misma materia en un artículo al que puede accederse a través de InDret.
Estos artículos describen el cauce procesal adecuado para oponerse a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores. En principio estos procedimientos judiciales que incluyen el de declaración de desamparo, se regulan por el Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre jurisdicción Voluntaria, ya que según el apartado I de la Disposición derogatoria de la LEC de 2000 deja el vigor 120 años después, la antigua de LEC hasta que se apruebe la Ley de jurisdicción Voluntaria pendiente aún. Paso a recoger los aspectos más relevantes en la descipción del citado procedimiento:
La base del procedimiento de oposición a la declaración de desamparo, es precisamente dilucidar si a los menores se les puede aplicar las medidas de intervención que establece el artículo 172,1 del Código Civil.
1. El procedimiento se inicia con la presentación de un simple escrito que expresará la oposición a la resolución que se refiere.
El tribunal reclamará el expediente que la Administración deberá aportar en 20 días.
Se entrega copia al actor para que en el plazo de 20 días presente la demanda.
2. La demanda se redactará en la forma prevista para el juicio verbal (art. 437 LEC 1/2000), en la que se indicará de manera sucinta los datos y circunstancias de identificación de quien la presenta y del demandado (la Administración que haya declarado el abandono).
3. Una vez contestada la demanda, el Juez, mediante providencia convocará a las partes a la celebración de la vista según lo previsto para el juicio verbal.
En ella las partes harán valer sus pretensiones y tendrá lugar la práctica de la prueba.
4. La resolución que pone fin a este procedimiento de oposición es la sentencia que deberá ser dictada en el plazo de diez días contados desde el día siguiente a la celebración de la vista, caso de haberse practicado en ella todas las pruebas, o bien desde el de la presentación por las partes de los escritos de conclusiones.
Dicha sentencia es susceptible de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que se interpondrá dentro de los cinco días siguientes a la notificación de dicha resolución.
En cualquier caso, la resolución que se dicte no tiene efecto de cosa juzgada material, pudiendo las partes plantear de nuevo en vía administrativa o judicial la reintegración de la patria potestad suspendida y de la guarda del menor, en el caso de cambio de las circunstancias que motivaron la declaración de desamparo.
1. Legitimación activa: Los padres, guardadores o tutores que pretendan ejercitar la acción de nulidad de la resolución administrativa que declara el desamparo del menor.
3. Legitimación pasiva: la entidad pública
4. Competencia judicial: el Juez de primera instancia
5. Es obligatoria la intervención del Ministerio fiscal (art. 749 LEC)
6. Los padres deben actuar asistidos de letrado y representados por procurador (art. 750 LEC)
7. Se sustanciará por los trámites del juicio verbal
8. No será precisa reclamación previa en vía administrativa para formular oposición ante los tribunales civiles de las resoluciones administrativas en materia de protección de menores (art. 780,1 LEC)
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Una forma de apartheid
Publicado en mayo 2, 2011 por madalen
La reflexión sobre el homeschool, la educación desescolarizada, o educación en familia nos lleva siempre a una pregunta obvia ¿Qué es mejor, educar en casa exclusivamente o educar en casa y a su vez enviar a los menores a un centro escolar en el que completen su formación académica y tengan además la oportunidad de jugar con otros niños a diario?
Ambas posibilidades de educar a los menores parecen en principio viables. Las ventajas de un sistema y otro junto con sus respectivos inconvenientes son los que han de sopesar las familias a la hora de decidirse por una u otra posibilidad, y así debiera ser, de modo que esa decisión quedara ahí, en una acción reflexiva de cada familia a la hora de valorar las ventajas en inconvenientes de una y otra opción en situación de igualdad.
Para algunas familias la escuela tiene la ventaja de liberar a todos sus miembros de manera que todos, padres e hijos e hijas puedan actuar en su propio espacio, gozando de cierta independencia durante unas horas al día, y así disponer de un espacio para desarrollarse de un modo autónomo al resto. Para otras familias, al contrario, la educación en el hogar les permite compartir más tiempo juntos y estrechar los lazos familiares. Ambas opciones parecen atractivas, al menos a primera vista.
Del mismo modo podríamos ir comparando las ventajas e inconvenientes de una y otra opción, en los ámbitos no sólo familiares, sino relacionales, académicos, económicos y morales, y todas esas valoraciones conjuntas, realizadas por todo tipo de familias al unísono, nos darían una visión completa de ambos modelos. Sin embargo, lo que viene a distorsionar la imagen es la negativa del Estado Español en el conjunto de sus instituciones, con la excepción de las acciones plateadas en distintas instancias por instituciones de gobierno catalanas, como digo, la negativa del Estado Español a reconocer a una de las opciones su posición de igualdad con respecto a la otra. El sistema escolar, también esconde situaciones de absentismo de los padres ante las obligaciones que han asumido ante la ley, y no por ello se parte a priori de la culpabilidad de quien escolariza porque potencialmente pueda dañar al menor utilizando la violencia física o psicológica, o negándole la atención que precisa y actuando negligentemente frente a sus compromisos como progenitor.
Ambas opciones deben ser tratadas como lo que son, opciones distintas, que pueden ser aceptables y deseables para algunos o por el contrario rechazables e inaceptables para otros. Pero ambas deben poder ejercitarse en igualdad de condiciones ante los poderes públicos. La Constitución Española lo permite, así lo ha declarado abiertamente el Tribunal Constitucional en su sentencia de diciembre de 2010, y por ello no es aceptable el apartheid jurídico al que se está sometiendo a las familias que educan a sus hijos e hijas sin recurrir al sistema escolar.
Publicado en Administración, Reflexiones	| 6 Respuestas

References: real decreto 
 artículo 27
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 artículo 158
 artículo 158
 artículo 172
 resolución 
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