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Timestamp: 2019-05-26 12:12:43+00:00

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diariolaley - Documento relacionado Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 562/2018 de 10 Oct. 2018, Rec. 2833/2015
S TS 10/10/2018
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Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 562/2018 de 10 Oct. 2018, Rec. 2833/2015
Nº de Sentencia: 562/2018
Nº de Recurso: 2833/2015
Diario La Ley, Nº 9297, Sección La Sentencia del día, 13 de Noviembre de 2018, Editorial Wolters Kluwer
LA LEY 140932/2018
ECLI: ES:TS:2018:3473
El asegurado no incumple el deber de veracidad por no declarar que era consumidor habitual de drogas si no fue preguntado sobre esta circunstancia
SEGURO DE VIDA. Reclamación de indemnización por invalidez permanente absoluta. Estimación de la demanda. Deber de declaración del riesgo: el asegurador asume las consecuencias de la presentación de una declaración o cuestionario de salud excesivamente ambiguos o genéricos. El tomador/asegurado era consumidor habitual de drogas pero no fue preguntado sobre esta circunstancia ni se ha acreditado que tuviera patología o sintomatología alguna relacionada con ese consumo que pudiera vincularse causalmente con las que finalmente determinaron su invalidez.
Las sentencias de instancia desestimaron la demanda de reclamación de indemnización derivada de seguro de vida. El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por el demandante, casa la sentencia recurrida y estima la demanda.
Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por el demandante D. Pedro Miguel, representado por el procurador D. Ignacio Melchor de Oruña bajo la dirección letrada de D. Roberto Toro Pujol, contra la sentencia dictada el 9 de julio de 2015 por la sección 11.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el recurso de apelación n.º 791/2013 (LA LEY 134642/2015), dimanante de las actuaciones de juicio ordinario n.º 416/2012 del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Rubí sobre indemnización por seguro de vida con cobertura de incapacidad. Ha sido parte recurrida la aseguradora demandada Bansabadell Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, representada por la procuradora D.ª Blanca M.ª Grande Pesquero bajo la dirección letrada de D. Antonio Duelo Riu.
PRIMERO.- El 30 de abril de 2012 se presentó demanda interpuesta por D. Pedro Miguel contra la aseguradora Bansabadell Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, solicitando se dictara sentencia por la que:
«[...] se declare la obligación de la demandada de abonar al actor la suma de 18.030,36 euros junto al interés previsto en el artículo 20 de la LCS y al pago de las costas».
SEGUNDO.- Repartida la demanda al Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Rubí, dando lugar a las actuaciones n.º 416/2012 de juicio ordinario, y emplazada la demandada, esta compareció y contestó a la demanda solicitando su íntegra desestimación con imposición de costas al demandante.
TERCERO.- Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, el juez titular del mencionado juzgado dictó sentencia el 12 de abril de 2013 desestimando la demanda con condena en costas al demandante.
CUARTO.- Interpuesto por el demandante contra dicha sentencia recurso de apelación, al que se opuso la demandada y que se tramitó con el n.º 791/2013 de la sección 11.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, esta dictó sentencia el 9 de julio de 2015 desestimando el recurso y confirmando la sentencia apelada con imposición de las costas de la segunda instancia al apelante.
QUINTO.- Contra la sentencia de segunda instancia el demandante-apelante interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.
El recurso extraordinario por infracción procesal se articuló en dos motivos, formulados al amparo de los ordinales 2.º y 4.º del artículo 469.1 LEC (LA LEY 58/2000), con los siguientes enunciados:
«PRIMERO.- Por infracción procesal al amparo artículo 469.1.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), por infracción de los artículos 217 (LA LEY 58/2000), 218.2 (LA LEY 58/2000) y 386.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000).
»Indebida aplicación de la técnica de la prueba de presunciones y/o falta de lógica en el razonamiento a partir del cual la audiencia considera que las preguntas que figuran en el cuestionario de salud fueron realizadas al Sr. Pedro Miguel por el empleado de la entidad bancaria.
»SEGUNDO.- Por infracción procesal al amparo artículo 469.1.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), por infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la CE. (LA LEY 2500/1978) Valoración de la prueba manifiestamente arbitraria, ilógica y absurda».
El recurso de casación, formulado al amparo del ordinal 3.º del artículo 477.2 LEC (LA LEY 58/2000) por existencia de interés casacional en su modalidad de oposición a la doctrina jurisprudencial de esta sala, se articuló en tres motivos (denominados «infracciones») con los siguientes enunciados:
«PRIMERA.- Infracción del artículo 10 de la LCS así como de la jurisprudencia que lo aplica e interpreta en cuanto a la necesidad de que el cuestionario sea cumplimentado por el asegurado. Sentencias del Tribunal Supremo núm. 374/2007 (LA LEY 10710/2007) (Sala de lo Civil, sección 1), de 4 de abril [RJ 200711608], núm. 276/2009 de 20 de abril [RJ 2009 \4726], núm. 1373/2008 de 4 de enero (LA LEY 39024/2008) [RJ 2008\2923], núm. 339/2001 de 6 abril [RJ 2001\4784], núm. 1234/2003 de 31 diciembre (LA LEY 485/2004). [RJ 2004\366].
»SEGUNDA.- Infracción de los artículos 3 y 10.3 de la LCS así como de la jurisprudencia que los interpreta en cuanto a la valoración del riesgo y al canon de precisión y claridad con el que deben estar redactadas las preguntas del cuestionario de salud y su incidencia en la calificación de dolo del asegurado y sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, sección 1ª), de 31 de diciembre de 2003, de 31 de mayo de 2006, de 4 de enero de 2008, y de 20 de abril de 2009.
SEXTO.- Recibidas las actuaciones en esta sala y personadas ante la misma ambas partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, los recursos fueron admitidos por auto de 4 de abril de 2018, a continuación de lo cual la demandada-recurrida presentó escrito de oposición solicitando su desestimación tanto por ser inadmisibles como por razones de fondo, con imposición de costas a la parte recurrente.
SÉPTIMO.- Por providencia de 16 de septiembre del corriente año se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 3 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.
b) Del informe médico de alta emitido el 4 de agosto de 2009 por la Unidad de Hemodinámica del Hospital del Vall d?Hebron de Barcelona, con ocasión de la práctica de un cateterismo cardiaco, en el que constaba:
7.- En su oposición a los recursos, además de razones de fondo la parte recurrida ha alegado causas de inadmisibilidad que deben examinarse con carácter preliminar, comenzando, como indica la recurrida, por las que afectan al recurso de casación por interés casacional, pues de conformidad con la regla 5.ª del apdo. 1. DF. 16.ª LEC (LA LEY 58/2000), la inadmisión del recurso de casación determinaría la del recurso extraordinario por infracción procesal (en este sentido se pronunció en un caso semejante la sentencia 222/2017, de 5 de abril, a la que luego se hará referencia).
Con cita del auto de esta sala de 8 de marzo de 2017, rec. 635/2015 (LA LEY 8585/2017), argumenta, en síntesis, que la aplicación de la jurisprudencia de esta sala invocada en el recurso solo puede llevar a una modificación del fallo mediante una omisión total o parcial de los hechos probados y de la razón decisoria de la sentencia recurrida, al pretenderse únicamente que esta sala revise la valoración probatoria a fin de alcanzar otras conclusiones en cuanto a la cumplimentación del cuestionario de salud (esencialmente, que no se le formularon ninguna de las preguntas del mismo), contrarias a las alcanzadas en las instancias.
Según criterio del auto del pleno de esta sala de 6 de noviembre de 2013, reiterado en sentencias posteriores (entre las más recientes, sentencias 727/2016, de 19 de diciembre (LA LEY 190622/2016), 667/2016, de 14 de noviembre, (LA LEY 166233/2016) y 222/2017, de 5 de abril (LA LEY 21436/2017)), puede ser suficiente para superar el test de admisibilidad y permitir el examen de fondo de la cuestión la correcta identificación del problema jurídico planteado y una exposición adecuada que ponga de manifiesto la consistencia de las razones de fondo del recurso.
En suma, los problemas jurídicos se encuentran suficientemente identificados, el interés casacional resulta evidente y todo ello ha permitido que la parte recurrida se haya podido oponer al recurso sabiendo cuáles eran las cuestiones relevantes y que esta sala pueda abordar las cuestiones jurídicas planteadas (sentencias 222/2018, de 17 de abril, (LA LEY 21436/2017) de pleno, y 333/2018, de 1 de junio (LA LEY 57318/2018), entre las más recientes).
El motivo primero se formula al amparo del ordinal 2.º del art. 469.1 LEC (LA LEY 58/2000) y se funda en infracción de los artículos 217 (LA LEY 58/2000), 218.2 (LA LEY 58/2000) y 386.1 LEC (LA LEY 58/2000), por indebida aplicación de la prueba de presunciones y por falta de lógica del razonamiento de la sentencia recurrida que descarta que al asegurado no se le formularan las preguntas del cuestionario.
En su desarrollo se argumenta, en síntesis: (i) que el tribunal sentenciador infiere que el cuestionario fue cumplimentado por un empleado con las respuestas del asegurado partiendo solo del hecho no controvertido de que este facilitó su peso y altura y reconoció que fumaba, cuando debió ser la aseguradora la que probara que sí se le hicieron las preguntas; (ii) que esa inferencia constituye una presunción prohibida por el art. 386.1 LEC (LA LEY 58/2000), pues siendo cierto que se le preguntó si fumaba, de este dato no podía extraerse la conclusión de que también se le preguntó sobre el resto, y además implica una vulneración de las reglas sobre la carga de la prueba contenidas en el art. 217, apdos. 3 y 7, LEC, al hacer recaer en el demandante la prueba de un hecho negativo, como es el de que no se le hicieron dichas preguntas (al respecto se cita la sentencia de esta sala 774/2012, de 27 de diciembre).
El motivo segundo, formulado al amparo del ordinal 4.º del art. 469.1 LEC (LA LEY 58/2000), se funda en infracción del artículo 24 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) por «arbitraria, ilógica y absurda» valoración de la prueba.
Termina exponiendo tres conclusiones: 1.ª) que la sentencia recurrida vulnera las reglas de la carga de la prueba al atribuir al demandante la prueba de un hecho negativo (que no se le hicieron las preguntas del cuestionario); 2.ª) que la sentencia recurrida da por buenas unas conclusiones probatorias (las de la sentencia de primera instancia) que no se ajustan a la lógica ni respetan el «enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano» que exige el art. 386.1 LEC (LA LEY 58/2000); y 3.ª) que la sentencia recurrida vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva al valorar la única prueba practicada (un informe médico elaborado 10 años después de firmarse la póliza) de forma arbitraria y deducir del mero hecho de que había consumido drogas que el asegurado era una persona enferma cuando contrató.
La parte recurrida se ha opuesto al recurso tanto por razones de inadmisibilidad como de fondo. En cuanto a las primeras alega falta de claridad y precisión en la exposición de las infracciones, por indebida acumulación de infracciones procesales «de distinta índole y alcance», lo que impide una respuesta homogénea a cada motivo, así como por mezclar cuestiones adjetivas o procesales con otras sustantivas. En cuanto al fondo alega que no concurren los requisitos necesarios para que esta sala pueda revisar la prueba mediante un recurso extraordinario por infracción procesal, porque los errores de valoración solo pueden plantearse por la vía del ordinal 4.º del art. 469.1 LEC (LA LEY 58/2000), no por la del 2.º (en el que se apoya el motivo primero), porque además debe tratarse de un error fáctico, material o de hecho, patente, manifiesto, evidente o notorio, inmediatamente verificable de forma incontrovertida a partir de las actuaciones judiciales, y, en fin, porque no se pueden confundir los problemas de carga de la prueba con los errores en la valoración de las pruebas efectivamente practicadas.
1.ª) El motivo primero, porque su formulación es formalmente deficiente ( art. 473.2. 1.º LEC (LA LEY 58/2000) en relación con art. 469.1 LEC (LA LEY 58/2000)), fundamentalmente por adolecer de una patente falta de claridad expositiva al acumular como fundamento del mismo infracciones procesales heterogéneas entre sí, ya que se citan los arts. 217 (LA LEY 58/2000) y 218.2 LEC (LA LEY 58/2000), que son normas reguladoras de la sentencia, la primera sobre la carga de la prueba y la segunda sobre el deber de motivación, junto con el art. 386.1 LEC (LA LEY 58/2000), sobre la prueba de presunciones, que deberían haberse denunciado en motivos independientes (en este sentido, entre las más recientes, sentencias 205/2018, de 11 de abril, 273/2018, de 10 de mayo, (LA LEY 40188/2018) y 426/2018, de 4 de julio (LA LEY 80387/2018))
2.ª) Además, el mismo motivo primero carece manifiestamente de fundamento ( art. 473.2. 2.º LEC (LA LEY 58/2000)), pues a la citada falta de claridad expositiva se suma, por un lado, la confusión entre valoración probatoria y motivación de esa valoración, ya que el ordinal 2.º del art. 469.1 LEC (LA LEY 58/2000) -invocado por la parte recurrente- es el cauce adecuado para denunciar la falta de motivación de la valoración probatoria o una mera apariencia de motivación que la vicie de arbitrariedad, con fundamento en la infracción del art. 218.2 LEC (LA LEY 58/2000) ( sentencias 589/2014, de 3 de noviembre (LA LEY 155257/2014), y 313/2014, de 18 de junio, (LA LEY 89591/2014) con cita de otras anteriores), pero no para la revisión probatoria -que es lo que verdaderamente subyace en el motivo-, que solo cabe al amparo del ordinal 4.º del art. 469.1 LEC (LA LEY 58/2000); y por otro lado, que la pretensión de revisar la prueba ni tan siquiera respeta los requisitos exigibles, pues aparte de que no todos los errores en la valoración probatoria tienen relevancia constitucional, dado que es necesario, entre otros requisitos, que se trate de un error fáctico, -material o de hecho- (es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión) y que sea patente, manifiesto, evidente o notorio e inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, el motivo también desconoce que no cabe invocar infracciones relativas a la prueba de presunciones cuando ni se ha propuesto su aplicación ni el tribunal ha fundado sus conclusiones de hecho en dicha prueba sino en las pruebas practicadas (en este sentido, sentencias 647/2014, de 26 de noviembre (LA LEY 176208/2014), 141/2016, de 9 de marzo, (LA LEY 16529/2016) y 542/2017, de 4 de octubre, (LA LEY 137580/2017) esta última dictada en un caso semejante), que es lo que ha acontecido en el presente caso porque las conclusiones fácticas de la sentencia recurrida se fundan en una prueba directa como es la documental, con especial relevancia de la documentación médica.
3.ª) En cuanto al motivo segundo, también carece manifiestamente de fundamento. Partiendo de lo anteriormente expuesto acerca de que no todos los errores en la valoración probatoria tienen relevancia constitucional y de que la excepcional revisión de la valoración probatoria del tribunal sentenciador se encuentra limitada a la existencia de error patente, arbitrariedad o infracción de norma tasada de prueba y exige que ese error, inmediatamente verificable de forma incontrovertible a través de las actuaciones judiciales, necesariamente deba «referirse a la valoración de un medio de prueba en concreto, lo que obliga a la parte recurrente a exponer cómo, dónde o cuándo se ha producido el error» ( sentencia 161/2018, de 21 de marzo (LA LEY 14852/2018)), es doctrina reiterada que no cabe plantear la revisión de la valoración probatoria con la mera cita como infringido del art. 24 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) sin mayor concreción, -es decir, sin identificar con precisión en qué consiste la supuesta indefensión material-, ni cabe acoger pretensiones dirigidas a revisar la valoración de la prueba en su conjunto para sustituir el criterio del tribunal sentenciador por el propio de la parte recurrente ( sentencia 550/2017, de 11 de octubre, (LA LEY 142272/2017) con cita de la de pleno 503/2017, de 15 de septiembre (LA LEY 124622/2017)), y menos aún cuando lo que se presenta como una valoración arbitraria, ilógica o no racional de la prueba encierra tan solo la mera disconformidad de la parte recurrente con los razonamientos determinantes del fallo y cuando, por su desarrollo argumental, el motivo carece de autonomía o sustantividad propia respecto de las cuestiones de fondo que son objeto del recurso de casación, dado que su finalidad última no es otra que cuestionar el juicio de valor sobre la existencia o no de dolo o culpa grave, que es un juicio de naturaleza jurídica por más que deba sustentarse en los hechos probados ( sentencia 542/2017, de 4 de octubr (LA LEY 137580/2017)e).
4.ª) En definitiva, el recurso extraordinario por infracción procesal debe ser desestimado por incurrir sus motivos en las causas de inadmisión de incumplimiento de los requisitos del escrito de interposición ( art. 473.2. 1.º en relación con art. 469.1, ambos de la LEC (LA LEY 58/2000)) y carencia manifiesta de fundamento ( art. 473.2. 2.º LEC (LA LEY 58/2000)), que en sentencia deben apreciarse como causas de desestimación (entre las más recientes, sentencias 653/2017, de 29 de noviembre (LA LEY 231401/2017), y la citada 273/2018, de 10 de mayo (LA LEY 40188/2018), en un caso que también se refería a un seguro de vida y en el que también se suscitaba controversia en casación acerca de la interpretación del art. 10 LCS).
El motivo primero se funda en infracción del art. 10 LCS y de la jurisprudencia contenida en las sentencias de esta sala 374/2007, de 4 de abril (LA LEY 10710/2007), 276/2009, de 20 de abril, 1373/2008, de 4 de enero (LA LEY 39024/2008), 339/2001, de 6 de abril, y 1234/2003, de 31 de diciembre (LA LEY 485/2004), en cuanto a que el cuestionario ha de ser cumplimentado por el asegurado.
El motivo segundo se funda en infracción de los arts. 3 y 10.3 LCS y de la jurisprudencia contenida en las sentencias de esta sala de 2 de diciembre de 1997 (LA LEY 1777/1998), 7 de febrero de 2001 (LA LEY 3504/2001), 30 de enero de 2003 (LA LEY 1700/2003) y 31 de mayo de 2004 (LA LEY 1641/2004) acerca del deber de declaración del riesgo como un deber de respuesta a las preguntas del cuestionario, y de la contenida en las sentencias de 31 de diciembre de 2003, (LA LEY 485/2004) 31 de mayo de 2006 (LA LEY 60498/2006), 4 de enero de 2008 (LA LEY 39024/2008) y 20 de abril de 2009 (LA LEY 49533/2009) sobre la obligación de que dichas preguntas estén redactadas con claridad y precisión para que permitan valorar el riesgo.
La parte recurrida se ha opuesto al recurso alegando como razones de fondo, en síntesis, las siguientes: (i) que en el planteamiento de la controversia se prescinde de los hechos probados, pues estos no se compadecen con las alegaciones del recurrente acerca de que no se le presentó un verdadero cuestionario de salud, que tampoco se le formularon todas las preguntas contenidas en el mismo o que fue un empleado del banco el que lo rellenó sin que el asegurado hoy recurrente tuviera intervención alguna; y (ii) que partiendo de los hechos probados la sentencia recurrida se ajusta a la jurisprudencia de esta sala, de la que resulta a) que corresponde al asegurador presentar el cuestionario y al tomador contestarlo, b) que dicho cuestionario en ningún caso constituye una cláusula limitativa de derechos, c) que no se exige una forma especial de la que dependa su validez, d) que incumbe al tomador declarar todas las circunstancias por él conocidas que puedan delimitar el riesgo, como su estado de salud, d) que la ley sanciona la omisión voluntaria de una enfermedad que se padece o se ha padecido, en cuanto que el conocimiento de la misma puede transcender a las condiciones del contrato o a su propia celebración, e) que la violación del deber de declaración del riesgo debe valorarse, en lo posible, con criterios objetivos, existiendo infracción de dicho deber cuando el riesgo declarado y tenido en cuenta al contratar sea distinto del realmente existente, y f) que el concepto de dolo que deriva del art. 1269 CC (LA LEY 1/1889) «no solo comprende la insidia directa e inductora, sino también la reticencia dolosa del que calla o no advierte debidamente, adoptando una conducta negativa que causa maliciosamente el engaño del otro contratante haciéndole creer lo que no existe o bien ocultándole la verdadera realidad», que es a la que se refiere el inciso final del art. 10 LCS.
No ignora el recurrente que la jurisprudencia (por ejemplo, sentencias 726/2016, de 12 de diciembre (LA LEY 182508/2016), con cita de la 72/2016, de 17 de febrero (LA LEY 6424/2016)) ha matizado que «el tomador no puede justificar el incumplimiento de su deber por la mera circunstancia de que el cuestionario fuera rellenado por el personal de la aseguradora o de la entidad que actuara por cuenta de aquella, pues lo verdaderamente relevante es que, por la forma en que se rellenó, pueda concluirse que el tomador del seguro no fue preguntado por esa información relevante». En relación con esta cuestión son hechos probados que a la firma de la póliza precedió la cumplimentación de un cuestionario o declaración de salud que fue rellenado según las respuestas del asegurado (se recogieron datos personales que necesariamente tuvieron que ser facilitados por el asegurado como el peso, la altura o el consumo de tabaco), por lo que la alegación de que el cuestionario se cumplimentó por un empleado del banco limitándose la intervención del asegurado a estampar su firma hace supuesto de la cuestión e impide considerar infringida la doctrina que se invoca, la cual solo resultaría vulnerada si se dieran por ciertos unos hechos que no se han declarado probados. En este mismo sentido se pronunció la sentencia 674/2014, de 4 de diciembre, (LA LEY 188586/2014) al descartar que se infringiera la doctrina entonces invocada en el motivo, contenida en la sentencia de 31 de mayo de 1997 (LA LEY 6330/1997), porque esta venía referida a casos en los que «no conste que el tomador del seguro hubiera sido realmente preguntado y hubiera podido ser consciente de las preguntas del cuestionario».
La sentencia 726/2016, de 12 de diciembre (LA LEY 182508/2016), antes citada y mencionada también por las más recientes 222/2017, de 5 de abril, (LA LEY 21436/2017) 542/2017, de 4 de octubre (LA LEY 137580/2017), 273/2018, de 10 de mayo (LA LEY 40188/2018), y 323/2018 de 30 de mayo, (LA LEY 57321/2018) sintetiza la jurisprudencia sobre el deber de declaración del riesgo regulado en el art. 10 LCS como un deber de contestación o respuesta a lo que pregunte el asegurador, de modo que este habrá de asumir las consecuencias que deriven de la presentación de un cuestionario incompleto.
Al ser constante la jurisprudencia que niega que el cuestionario a que se refiere el art. 10 LCS deba revestir una forma especial de la que dependa su eficacia (por ejemplo, sentencias 726/2016, de 12 de diciembre, (LA LEY 182508/2016) 222/2017, de 5 de abril, (LA LEY 21436/2017) y 323/2018 de 30 de mayo (LA LEY 57321/2018)), lo verdaderamente relevante es el contenido material del cuestionario. De aquí que esa misma jurisprudencia, sintetizada en la última de las sentencias citadas (323/2018), imponga examinar si el tipo de preguntas que se formularon eran conducentes a que el asegurado «pudiera representarse a qué antecedentes de salud que él conociera o no pudiera desconocer se referían, es decir, si las preguntas que se le hicieron le permitieron ser consciente de que, al no mencionar sus patologías, estaba ocultando intencionadamente datos relevantes para la exacta valoración del riesgo». En suma, y como también ha recordado la sentencia 323/2018 (LA LEY 57321/2018), «la aplicación concreta de la jurisprudencia aplicable a la controversia ha llevado a esta sala a distintas soluciones, justificadas por las diferencias de contenido de la declaración-cuestionario».
4.ª) Así, se ha negado la existencia de ocultación en casos de cuestionarios (o declaraciones de salud) demasiado genéricos o ambiguos, con preguntas sobre la salud general del asegurado claramente estereotipadas que no permitieron al asegurado vincular dichos antecedentes con la enfermedad causante del siniestro (entre las más recientes, sentencias 157/2016, de 16 de marzo (LA LEY 16532/2016), 222/2017, de 5 de abril (LA LEY 21436/2017), y la citada 323/2018 (LA LEY 57321/2018)).
La sentencia 157/2016 (LA LEY 16532/2016) apreció una cláusula «estereotipada acerca de la salud general que presenta el asegurado» en el momento de suscribir el seguro, en la que no se incluían preguntas significativas para la determinación del riesgo objeto de cobertura. En concreto, no se le pidió ninguna respuesta acerca de enfermedades relevantes como el cáncer que padecía.
En la misma línea, la sentencia 222/2017 (LA LEY 21436/2017) consideró que el hecho de que la tomadora no manifestara los antecedentes de psicosis que padecía desde mucho antes no permitía concluir que estuviera ocultando datos de salud relevantes para la valoración del riesgo, «pues no se le preguntó específicamente sobre si padecía o había padecido enfermedad o patología afectante a su salud mental (solo se aludió a patologías de tipo cardiaco, respiratorio, oncológico, circulatorio, infeccioso, del aparato digestivo o endocrino - diabetes-) ni si padecía enfermedad de carácter crónico, con tratamiento continuado, que ella pudiera vincular de forma razonable con esos antecedentes de enfermedad mental que condujeron finalmente a la incapacidad».
Más recientemente, la referida sentencia 323/2018 (LA LEY 57321/2018), respecto de un asegurado psiquiatra, descartó la ocultación valorando que a la falta de preguntas sobre una patología concreta, de tipo mental, que pudiera asociar a sus padecimientos, se sumaba el empleo de un adjetivo («relevante») dotado de un matiz de subjetividad que no podía operar en perjuicio del asegurado, ni siquiera tratándose de un médico especialista en psiquiatría, pues sus conocimientos en la materia, aunque permitieran descartar que no fuera consciente de su enfermedad, no implicaban necesariamente que tuviera que valorar sus antecedentes psíquicos como significativos o relevantes, ya que no le habían impedido ejercer su profesión hasta la fecha del siniestro. Y concluyó:
5.ª) En sentido contrario, las sentencias 72/2016, de 17 de febrero, (LA LEY 6424/2016) 726/2016, de 12 de diciembre (LA LEY 182508/2016), y 542/2017, de 4 de octubre, (LA LEY 137580/2017) apreciaron la existencia de ocultación dolosa (las dos primeras) o, al menos, gravemente negligente (la última).
En el caso de la sentencia 726/2016 (LA LEY 182508/2016), porque al asegurado «se le preguntó específicamente acerca de patologías concretas (cardiacas, circulatorias, oncológicas, infecciosas del aparato digestivo o endocrinas -diabetes-) que además hubieran precisado tratamiento médico», estando probado que el asegurado sabía desde antes de que hiciera esa declaración que sufría una patología cardiaca y respiratoria grave.
En el caso de la sentencia 72/2016 (LA LEY 6424/2016) se apreció ocultación por parte del asegurado porque, aun cuando las preguntas fueron más genéricas, sin referencia a enfermedades concretas, sí se le preguntó si había tenido o seguía teniendo alguna limitación física o psíquica o enfermedad crónica, si había padecido en los últimos cinco años alguna enfermedad o accidente que hubiera necesitado de tratamiento médico o de intervención quirúrgica y si se consideraba en ese momento en buen estado de salud, todo ello teniendo el asegurado «antecedentes de enfermedad psíquica (depresión) que venían mereciendo atención y tratamiento continuado desde al menos doce años antes de su adhesión», lo que permitió concluir que en esas circunstancias no estaba justificado que respondiera negativamente a la pregunta de si había tenido o tenía alguna limitación psíquica o enfermedad crónica ni, menos aún, que también negara haber padecido en los cinco años anteriores alguna enfermedad que precisara tratamiento médico.
Y en el caso de la sentencia 542/2017 (LA LEY 137580/2017) se apreció culpa grave del asegurado porque, si bien no se le formularon preguntas concretas sobre una patología o enfermedad en particular, se consideró que sus reticencias no estaban justificadas según las circunstancias concurrentes, al haber quedado acreditado que «aunque no fuera plenamente consciente de la concreta enfermedad que padecía o de su gravedad, indudablemente sí que era conocedor de que padecía importantes problemas de salud de presumible evolución negativa por los que había precisado consulta médica y la realización de diversas pruebas, y, por tanto, de que esos problemas eran los que le habían llevado a estar bajo tratamiento médico con "Lioresal"». Este silencio acerca del tratamiento que seguía por una patología manifestada años antes y que empeoraba progresivamente se consideró subsumible en el concepto de culpa grave como negligencia inexcusable.
SÉPTIMO.- La estimación del recurso de casación determina que proceda casar la sentencia recurrida y en su lugar, en funciones de instancia, estimar el recurso de apelación interpuesto en su día por el demandante, revocar la sentencia de primera instancia y estimar íntegramente la demanda, condenando a la entidad demandada a pagar al demandante la suma de 18.030,36 euros, incrementada con los intereses de demora del art. 20 LCS desde la fecha del siniestro (resolución de 6 de agosto de 2010) y hasta su completo pago ( sentencia 70/2018, de 7 de febrero), calculados durante los dos primeros años siguientes al siniestro al tipo legal más un 50% y a partir de ese momento al tipo del 20% si aquel no resulta superior ( sentencia de pleno 251/2007, de 1 de marzo (LA LEY 4626/2007) , seguida, entre otras, por las sentencias 632/2011, de 20 de septiembre, 165/2012, de 12 de marzo, 736/2016, de 21 de diciembre, y 222/2017, de 5 de abril).
OCTAVO.- Conforme al art. 398.2 LEC (LA LEY 58/2000) no procede imponer a ninguna de las partes las costas del recurso de casación, y conforme a los arts. 398.1 (LA LEY 58/2000) y 394.1 LEC procede imponer a la parte recurrente las del recurso extraordinario por infracción procesal.
En cuanto a las costas de las instancias, de conformidad también con el art. 398.2 LEC (LA LEY 58/2000) no procede imponer a ninguna de las partes las del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, dado que tenía que haber sido estimado, y conforme al art. 394.1 LEC (LA LEY 58/2000) procede imponer a la parte demandada las costas de la primera instancia, dado que la demanda ha sido estimada en su integridad.
NOVENO.- Conforme a la d. adicional 15.ª 8 LOPJ (LA LEY 1694/1985) procede devolver a la parte recurrente el depósito constituido para recurrir en casación, y conforme a la d. adicional 15.ª 9 LOPJ (LA LEY 1694/1985) procede la pérdida del depósito constituido para recurrir por infracción procesal.
1.º- Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por el demandante D. Pedro Miguel contra la sentencia dictada el 9 de julio de 2015 por la sección 11.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el recurso de apelación n.º 791/2013 (LA LEY 134642/2015).
2.º- Estimar el recurso de casación interpuesto contra la misma sentencia por dicho demandante.
3.º- Casar la sentencia recurrida para, en su lugar y con estimación del recurso de apelación interpuesto en su día por el demandante, revocar la sentencia de primera instancia y estimar íntegramente la demanda, condenando a la demandada a pagar al demandante la suma de 18.030,36 euros incrementada con los intereses del art. 20 LCS desde la fecha del siniestro y hasta su completo pago, calculados durante los dos primeros años siguientes al siniestro al tipo legal más un 50% y a partir de ese momento al tipo del 20% si aquel no resultase superior.
4.º- Imponer a la parte recurrente las costas del recurso extraordinario por infracción procesal, no imponer a ninguna de las partes las costas del recurso de casación ni las de la segunda instancia e imponer a la parte demandada las costas de la primera instancia.
5.º- Y devolver a la parte recurrente el depósito constituido para recurrir en casación, con pérdida del constituido para recurrir por infracción procesal.

References: artículo 556
 artículo 20
 artículo 469
 artículo 469
 artículo 469
 artículo 24
 artículo 477
 artículo 10
 artículo 24