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Timestamp: 2020-07-10 20:01:09+00:00

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Sentencia de Tutela nº 099/93 de Corte Constitucional, 24 de Febrero de 1993 - Jurisprudencia - VLEX 43557111
Sentencia de Tutela nº 099/93 de Corte Constitucional, 24 de Febrero de 1993
Derecho a la intimidad. Derecho al buen nombre. Club guaymaral. Negada.
Sentencia No. T-099/93
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Indefensión/ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Subordinación/ACCION DE TUTELA-Improcedencia
El requisito de la "indefensión" no se da, pues la peticionaria puede acudir a la Jurisdicción Civil para defenderse mediante un trámite en proceso abreviado. El requisito de la "subordinación" tampoco se presenta por cuanto la decisión de pertenecer a una determinada corporación social o su desafiliación es voluntaria. El hecho de que un socio acate los estatutos y las decisiones de la Junta Directiva de una corporación a la que voluntariamente se asoció, no implica dependencia o sujeción alguna, porque el socio no se encuentra bajo las ordenes de la entidad, salvo el caso del legítimo desarrollo de los estatutos que aquél voluntariamente conoció y consintió al afiliarse.
REF: EXPEDIENTE T-6481
Peticionaria: M.L.L..
Procedencia: Tribunal Superior de S. de Bogotá -Sala Penal-.
S. de Bogotá D.C., febrero veinticuatro (24) de mil novecientos noventa y tres (1993).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados A.M.C., F.M.D. y S.R.R..
En proceso de tutela identificado con el número de radicación T-6481, adelantado por la señora M.L.L. de M.O..
Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el día 11 de Septiembre del presente año.
La señora M.L.L. otorgó poder al Dr. F.M.O. para instaurar acción de tutela contra el Club Campestre Guaymaral de la ciudad de S. de Bogotá, con fundamento en los artículos 15 de la Constitución Política y el numeral 6º del artículo 42 del Decreto 2541 de 1.991, reglamentario de la acción de tutela.
Los hechos relacionados por la peticionaria son lo siguientes:
Con fecha 20 de marzo de 1.992, y bajo la firma de A.H.A., la Sra. L.L. recibió un oficio en el que se le daba a conocer una amonestación adoptada por la Junta Directiva del Club Campestre Guaymaral por un incidente presentado en la piscina, debido a la inobservancia del reglamento.
M.L. como titular de la Acción del Club Guaymaral N.. 671, respondió a la anterior notificación de amonestación y solicitó ser escuchada en descargos ante la Junta Directiva.
La Junta Directiva del Club Campestre Guaymaral acusó recibo del escrito y manifestó que con base en los descargos que por ella fueran presentados por escrito, examinaría y definiría las medidas pertinentes.
Con posterioridad la peticionaria recibió nuevamente un oficio de la Junta Directiva en el que se le expresó que por haber ocurrido un nuevo incidente referente a la utilización de la piscina del Club sin la observación de las exigencias reglamentarias para ello y por el incorrecto uso de la salacuna, se le solicitó rendir los descargos en el plazo de una semana.
La señora L.L. reiteró su solicitud de conocer en detalle la acusación que se le hizo para su adecuada defensa. Finalmente luego de analizadas las comunicaciones, la Junta Directiva manifestó que :"... entendido que los comentarios y manifestaciones hechos por Usted, no despejan en forma alguna los cargos formulados ni la exoneran respecto a los reproches que sobre su conducta han expresado formalmente tanto socios como funcionarios del club. Por lo que en consonancia con lo anterior, ha dispuesto suspenderla por el término de 60 días a partir de la fecha".
La peticionaria centra su descontento en que las acusaciones "formales" de socios y funcionarios jamás fueron conocidas y menos controvertidas y por lo mismo no han podido ser rectificadas. Este último derecho está consagrado en el artículo 15 de la Constitución como fundamental.
En el escrito de tutela la petente solicita:
Se ordene a la Junta Directiva del Club Campestre Guaymaral le otorgue el derecho de conocer y rectificar las informaciones recibidas de socios y funcionarios del Club.
Se ordene la revocatoria de las sanciones y su publicación en cartelera, de la misma forma que fueron notificadas las sanciones, en aras de la protección del buen nombre.
Que la copia del fallo sea aportada a la hoja de vida y que de la misma se retiren los actos sancionatorios y las pruebas adversas no controvertidas.
Se condene en abstracto al pago del daño emergente.
2.1. Fallo del Juzgado 42 Penal del Circuito de S. de Bogotá, providencia de septiembre 14 de 1.992.
El Juzgado 42 Penal del Circuito resolvió tutelar en favor de la señora M.L.L. su derecho constitucional fundamental a la intimidad, circunscrito a la amenaza del buen nombre y a conocer y rectificar las informaciones que puedan afectarla, que se encuentran en su hoja de vida -socia N.. 671-, de la Corporación Club Campestre Guaymaral.
Dentro del trámite propio de la acción de tutela el Juzgado 42 Penal del Circuito solicitó a la Presidencia del Club Campestre Guaymaral un informe detallado sobre los hechos materia de la acción de tutela y el envío de la documentación que había servido de soporte a las sanciones.
De conformidad con la respuesta se estableció que la Junta Directiva en sesión del 16 de marzo de 1.992 recibió comunicaciones de las socias M.C.P., M.M. y S.S. donde solicitaron se le llamase la atención a la señora L.L.. En sesión de 30 de marzo de 1.992 se puso en consideración la carta de la sancionada de fecha 25 del mismo mes y se determinó recibir sus descargos y con base en ellos definir lo pertinente.
La sanción impuesta no fue publicada en ninguna de las carteleras del club tal como consta en el acta de inspección judicial practicada por el Juzgado 42 Penal del Circuito a las dependencias del Club Campestre Guaymaral.
Fueron aportados los estatutos del Club Campestre Guaymaral, su reglamento disciplinario, el de la piscina y el de las porterías, además se dejó constancia que éstos últimos carecen de las firmas de quienes los hayan expedido y sus fechas.
La Corporación Club Campestre Guaymaral, sujetándose a los parámetros que el Código Civil señala que, como persona jurídica de carácter privado, posee disposiciones que la gobiernan a ella, a sus miembros y socios y como tales deben ser acatadas por unos y otros como lo dispone el artículo 641 del Código Civil.
Posteriormente se ocupa el Juzgado 42 del análisis del artículo 29 de la Constitución relativo al debido proceso, pues considera que éste es extensivo a toda actividad sancionatoria, así pues el mecanismo empleado por la Junta Directiva del Club Campestre Guaymaral, aunque legítimo por estar dentro de sus atribuciones, fue contrario a su misma reglamentación y violatorio de los derechos constitucionales fundamentales de la señora M.L., en cuanto que no se ajustó al debido proceso.
Considera el Juzgado que donde más resulta protuberante la violación del derecho fundamental de conocer las informaciones recibidas fue en la no atención por parte de la Junta Directiva de las comunicaciones dirigidas por la peticionaria a fin de lograr conocer los cargos y oportunamente ejercer su derecho de defensa. También en el hecho que las decisiones de la Junta Directiva se incorporan a la hoja de vida de los socios y en el caso particular esto atenta contra su buen nombre, protegido por el artículo 29 de la Carta Fundamental.
En el mismo fallo se previene a la Junta Directiva del Club Campestre Guaymaral para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en comportamientos similares a los que originaron la acción de tutela.
Dentro del término legal, la Corporación Club Campestre Guaymaral, presentó escrito de impugnación contra el fallo proferido por el Juzgado 42 Penal del Circuito de S. de Bogotá.
Precisa el impugnante que el A-quo no procedió conforme a derecho, pues se trata de una organización privada, el Club Campestre Guaymaral, corporación que no presta ningún servicio público de utilidad común ni de servicios domiciliarios. Indica que no existe relación de subordinación o indefensión entre la accionante y el Club.
De otro lado, explica que la corporación no violó el procedimiento indicado en los estatutos y reglamentos y que además no es posible la aplicación del debido proceso a los estatutos y reglamentos del Club Guaymaral.
A., también, que la señora L.L. tenía otras vías previas como era acudir ante la jurisdicción civil a través de un proceso ordinario.
2.3. Fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá -Sala Penal-, de fecha octubre 14 de 1.992.
El Tribunal Superior parte del hecho de que el conflicto de intereses que dió origen a la acción de tutela surge entre una entidad de orden eminentemente privado -como es el Club Campestre Guaymaral- y uno de los socios -la señora M.L.L.-.
Considera el Ad-quem que con fundamento en el artículo 86 de la Constitución y en el Decreto 2591 de 1.991, sólo encuentra la acción de tutela viabilidad contra particulares, en aquellos eventos que expresa y taxativamente lo autorice la ley, no siendo extensible a otros particulares, ni en otras organizaciones de la misma naturaleza, bajo ningún pretexto.
Expresa así el Tribunal: "a manera de conclusión, en cuanto a este tema corresponde, de acuerdo a las acotaciones precedentes, la acción de tutela incoada no encuentra viabilidad en esta ocasión, no obstante lo anterior, la Sala se ocupará de analizar más adelante lo atinente al derecho constitucional fundamental relativo a la intimidad, sobre el cual recayó la decisión que ahora se revisa".
Sobre el punto del derecho a la intimidad, la Sala Penal del Tribunal considera que no existe estrecha relación entre lo pedido por la señora L.L. y lo resuelto por el Juzgado Penal del Circuito, pues de las pruebas aportadas se deduce que no hubo publicación de la amonestación y de la suspensión en las carteleras del Club, y sólo subsiste la posibilidad de que alguien se entere de ellas al observar las hojas de vida.
Y finalmente el fallador se refiere a la existencia de otro medio judicial de defensa cual es el trámite abreviado consagrado en el artículo 408 del Código de Procedimiento Civil.
Por lo tanto para el Tribunal "es claro entonces que existe otra vía o medio judicial en este evento, de manera que la acción invocada resulta, no obstante las anteriores precisiones, absolutamente improcedente por este sólo aspecto".
Finalmente en el fallo se hace referencia al error de utilizar la acción de tutela para solucionar problemas domésticos que llevan al deterioro de la acción de tutela creada sólo para casos excepcionales.
Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto No. 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dichas acciones practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación.
De la acción de tutela ejercida por particulares.
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política que establece:
"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública...
...La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante sea halle en estado de subordinación o indefensión" (negrillas no originales).
La acción de tutela frente a particulares recoge lo que la doctrina alemana denomina "Drittwirkung der Grundrechte" (literalmente, efecto frente a terceros de los derechos fundamentales), que suele denotar la incidencia de los derechos fundamentales en el derecho privado y en las relaciones jurídicas privadas, cuya fuente es de carácter jurisprudencial desde 1.958, a raíz del pronunciamiento del Tribunal Constitucional alemán en la sentencia dictada en el caso "Lüth".GARCIA TORRES, J. y J.B., A.. Derechos Fundamentales y relaciones entre particulares. C.C.. Editorial Civitas S.A. Madrid 1.986, Pág.11 Esta teoría fue posteriormente acogida en España.
"4- Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización" (negrillas no originales).
En el numeral 4º se protegen todos los derechos fundamentales que puedan ser vulnerados o amenazados por una organización privada, con la sola condición de la relación de subordinación o indefensión con tal organización.Cfr, Sentencias N.s T-548 y T-875 de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional sobre la acción de tutela frente a particulares. .
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional analizará si se dan los requisitos establecidos para la procedencia de la acción de tutela frente a particulares.
En primer lugar el requisito de la "indefensión" no se da en el caso concreto, pues la peticionaria puede acudir a la Jurisdicción Civil para defenderse mediante un trámite en proceso abreviado.
En efecto, la ciudadana M.L.L. puede acudir al trámite del proceso abreviado consagrado en el artículo 408 del Código de Procedimiento Civil, que establece:
"ART. 408.- Se tramitarán y decidirán en proceso abreviado los siguientes asuntos, cualquiera que sea su cuantía:
...6. Impugnación de actos o decisiones de asambleas de accionistas, y de juntas directivas o de socios, de sociedades civiles o comerciales, cuando con ellos se contravenga la ley o los estatutos sociales, y la correspondiente indemnización...".
En segundo lugar, el requisito de la "subordinación" tampoco se presenta por cuanto la decisión de pertenecer a una determinada corporación social o su desafiliación es voluntaria. El hecho de que un socio acate los estatutos y las decisiones de la Junta Directiva de una corporación a la que voluntariamente se asoció, no implica dependencia o sujeción alguna, porque el socio no se encuentra bajo las ordenes de la entidad, salvo el caso del legítimo desarrollo de los estatutos que aquél voluntariamente conoció y consintió al afiliarse. Por ello para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional tampoco se presenta esta especial circunstancia.
Así pues, lo relativo al la vulneración del derecho al buen nombre, a la honra y al debido proceso no son motivo de pronunciamiento por esta Sala, por cuanto el sólo estudio de la pertinencia de la solicitud hace innecesario todo análisis posterior.
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá -Sala Penal-, por las razones expuestas en esta sentencia.
SEGUNDO: A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, enviar copia de esta Sentencia al Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá -Sala de Decisión Penal-, al Juzgado 42 Penal del Circuito de S. de Bogotá, al Defensor del Pueblo, a la Sra. M.L.L. y a la Junta Directiva del Club Campestre Guaymaral de S. de Bogotá.
Acuerdo nº PSAA12-9221 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa de 2 de Febrero de 2012

References: artículo 42
 artículo 15
 artículo 641
 artículo 29
e contrario
 artículo 29
 artículo 86
 artículo 408
 artículo 86
 artículo 408