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Timestamp: 2014-08-22 19:37:56+00:00

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LEY DE AUTONOMIA PERSONAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TITULO I. Disposiciones Generales. Artículo 1. La Ciudad garantiza a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad la igualdad de oportunidades, trato y el pleno goce de sus derechos. Vela por su protección y promueve sus potencialidades y experiencias. Las ampara frente a situaciones de desprotección y brinda apoyo adecuado para su cuidado, protección, seguridad y subsistencia.
Artículo 2. Definición. Se entiende por autonomía personal la capacidad de gobernar la persona y administrar los bienes. Tomar decisiones que hacen al desenvolvimiento de la vida cotidiana. Realizar actividades tanto dentro como fuera del hogar para alcanzar una vida plena y gozar de los derechos ciudadanos. Disfrutar, administrar y disponer de los bienes personales.
TITULO II. Objetivos y fines. Artículo 3. La Ciudad promueve la autonomía personal de las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Alienta sus potencialidades para alcanzar una vida activa, el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y la integración a la comunidad.
TITULO III. Prestaciones para Promover la Autonomía Personal CAPITULO I. Objetivo de las Prestaciones
Artículo 4. Las prestaciones tienen como principal objetivo la promoción de la autonomía personal de las personas adultas mayores y las personas con discapacidad y deben ser orientadas a la obtención de una mejor calidad de vida, principalmente:
I. Facilitar la existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y que sea posible
II. Proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social.
III. Incentivar la participación en la vida de la comunidad.
Capítulo II. Prestaciones Artículo 5. Las prestaciones para promover la autonomía personal de las personas adultas mayores y las personas con discapacidad consisten en servicios sociosanitarios prestados por personas, instituciones públicas y/o privadas capacitadas al efecto. El tipo de servicio que se presta es en función de las necesidades que requiera la/el asistido o su grupo familiar.
Artículo 6. Para la prestación de los servicios sociosanitarios se prioriza a las personas que por razón del tipo de enfermedad o discapacidad, tengan insuficiente autonomía personal para la satisfacción de las necesidades básicas esenciales.
CAPITULO III. Clases de prestaciones
Artículo 7. Los servicios sociosanitarios para la promoción de la Autonomía personal comprenden:
Ayuda a domicilio: atención de las necesidades del hogar, cuidados personales diurnos y nocturnos, asistencia a la vivienda, adecuación de hábitat, y/o comida en domicilio.
Centros de atención de día.
Servicio de tele asistencia las 24 horas del día.
Servicio de transporte durante día y noche para atención médica y emergencias.
Residencias de larga estadía para personas con dependencia
Atención a las personas con deterioro cognitivo, en centro de día o en residencias de larga estadía.
Artículo 8. La ayuda a domicilio comprende todas las acciones que necesite una persona en su domicilio para mantener una vida autónoma. Entre ellas se encuentran los cuidados domiciliarios que consisten en las actividades que requiere la vida diaria de la persona: limpieza del hogar, compras de bienes de uso diario, lavado y planchado de ropa, control de medicación, actividades que ayuden a la rehabilitación, acompañamiento dentro y fuera del hogar, incentivo a sostener una vida social activa.
Artículo 9. Los Centros de Atención de Día tienen como objetivo brindar atención socioterapeutica, promover habilidades remanentes, rehabilitar e incentivar a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad a sostener una vida activa integrada a la comunidad y, dentro de las posibilidades de cada caso, colaborar con la familia y el servicio social.
Artículo 10. El Servicio de Teleasistencia las 24 horas del día tiene por objeto brindar asistencia, información, orientación y acompañamiento por medio del uso de tecnologías de la comunicación y de la información. Por este medio, se acude de manera inmediata en auxilio de las personas que lo requieran.
Artículo 11. El Servicio de Transporte consiste en:
Transporte para concurrir a los centros de día
Transporte para asistir los casos necesarios que se manifiesten por la teleasistencia
TITULO IV. Grados de autonomía CAPITULO I. Clasificación de la autonomía Artículo 12. La autonomía personal se clasifica de la siguiente forma: autonomía baja, autonomía media, autonomía alta. Esta se define en función de la intensidad de los cuidados que la persona requiera.
Artículo 13. La persona con autonomía baja es aquella que por enfermedad o discapacidad no posee autonomía física o mental y requiere en forma permanente de la asistencia en su domicilio de otra u otras personas, sean familiares o de los Servicios Sociales, para los quehaceres domésticos, alimentación, higiene, suministro de medicación, trámites personales y todo cuidado que haga una vida digna.
Artículo 14. La persona con autonomía media es aquella que en razón de la enfermedad o discapacidad requiera de la asistencia de otra u otras personas, sean familiares o de los Servicios Sociales, para las tareas domésticas, acompañamiento nocturno, consultas médicas, asistencia para realizar trámites personales y toda actividad que promueva una vida activa e integrada a la comunidad.
Artículo 15. La persona con autonomía alta es aquella que siendo una persona adulta mayor o con discapacidad o enferma, conserva la aptitud física y psíquica pero requiere, en determinadas ocasiones, del apoyo y supervisión de la familia o de los Servicios Sociales para realizar actividades dentro o fuera del hogar y mantenerse activa e integrada a la comunidad.
CAPITULO II. Evaluación de los grados de autonomía Artículo 16. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinará la Autoridad encargada de realizar la evaluación del grado de autonomía y la especificación de los cuidados que la persona requiera.
Artículo 17. La evaluación de los diferentes grados de autonomía se determina por medio de un Baremo o Tabla de Discapacidades que establece el grado de capacidad de la persona para realizar las distintas actividades de la vida diaria, necesidades, orientación, supervisión. Artículo 18. La evaluación de los diferentes grados de autonomía se realiza teniendo en cuenta la historia clínica, la situación familiar, social y económica de la persona.
Artículo 19. Para cada grado de autonomía la autoridad responsable debe confeccionar un protocolo de actuación.
CAPITULO III. Procedimiento para obtener la prestación
Artículo 20. La prestación se obtendrá a petición de la persona que se encuentre afectada o por su representante legal en caso de estar declarado incapaz. Se debe acreditar el domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 21. La petición se hará ante la Autoridad Administrativa que determine el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que debe determinar los servicios, prestaciones y modalidad de intervención que corresponde según el caso.
TITULO V. FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES
Artículo 22. El financiamiento de las políticas de promoción de la autonomía personal de las/los adultas/os mayores y personas con discapacidad se solventará con los recursos asignados en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, los que deberán quedar excluidos a eventuales políticas de restricción del gasto público.
Artículo 23. Comuníquese FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene como objetivo promover la Autonomía personal de las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Halla su fundamento en la Ley de la Ciudad Nº 81/98: “Principios Rectores de las Políticas Públicas de la ciudad de Buenos Aires para Personas Mayores”; en los Principios aprobados por las Naciones Unidas mediante Resolución 46/91 para las personas adultas mayores; en lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su Articulo 41, en cuanto a las políticas que deben llevarse adelante para efectivizar los Derechos de las personas adultas/os mayores y en el Artículo 42 en lo atinente a las personas con discapacidad; en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional en 1994; en la Convención Interamericana para Personas con Discapacidad, Ley 25280/10 y en la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, Ley 26.378/08.
La Ciudad de Buenos Aires, dice la Carta Magna, garantiza y promueve la igualdad de trato y oportunidades, el pleno goce de los derechos, la integración económica y sociocultural, potencia sus habilidades y experiencias y elimina las barreras naturales, culturales, lingüísticas, comunicacionales, sociales, educacionales para las personas mayores y personas con discapacidad.
La Ley 81/91 establece los Principios Rectores que deben observar la implementación de las políticas públicas de la ciudad en materia de adultos mayores:
El Principio de independencia: Las personas adultas mayores deberán tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestuario y atención de salud adecuados mediante la provisión de ingresos, el apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia. Las personas adultas mayores deberán tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias personales y a la evolución de sus capacidades.
Por su parte el Principio de participación establece que las personas adultas mayores deberán permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y pericias con las generaciones más jóvenes. Las personas adultas mayores deberán poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades. Las personas adultas mayores deberán poder formar movimientos o asociaciones de personas de edad avanzada.
El Derecho a ser cuidados: las personas adultas mayores deberán poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de cada sociedad. Las personas adultas mayores deberán tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de enfermedades. Las personas adultas mayores deberán tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado. Deberán tener acceso a medios apropiados de internación institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humano y seguro. Deberán poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida.
Y por último el Derecho de autorrealización: las personas adultas mayores deberán poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial.
El proyecto de ley define a la autonomía como la capacidad de gobernar la persona y administrar sus los bienes, elegir la manera de vivir, donde y con quién; administrar, disponer y disfrutar de bienes, de la familia, las amistades, hacer vida social, deporte y esparcimiento.
Los Tratados Internacionales incorporados con la reforma de 1994 a nuestra Carta Magna hacen referencia a estos dos grupos. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en el artículo XI el derecho que toda persona tiene a la preservación de la salud y al bienestar y la obligación de los Estados de garantizarla por medio de políticas sanitarias y sociales.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos prescribe en el artículo 25 el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado y especialmente se refiere a la enfermedad o la vejez.
Párrafo aparte merece la mujer adulta mayor. La vulnerabilizacion cultural de las mujeres se reproduce en todo el ciclo vital. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer ha contemplado esta situación. En su artículo 11 inciso e) y f) compromete a los Estados parte a adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar el derecho a la seguridad social en particular en caso de enfermedad, invalidez o vejez.
La Declaración Política y el Documento Final de “Beijing + 5” dice textualmente: “Con el aumento de la esperanza de vida y el número cada vez mayor de ancianas, la salud de las mujeres adultas mayores exige una atención particular”. “También merece una atención particular otras enfermedades asociadas al envejecimiento y las relaciones entre el envejecimiento y la discapacidad de la mujer (Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Pág. 70).
La Ciudad tiene el deber de efectivizar los derechos humanos, deuda aun no saldada con las personas mayores y las personas con discapacidad que habitan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con este proyecto de ley se pretende fomentar en la sociedad una obligación de solidaridad intergeneracional hacia grupos con diversas necesidades.
En 2002 las Naciones Unidas celebraron en Madrid la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento. En dicha oportunidad se redactó la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional sobre envejecimiento, estableciendo que: “Una sociedad para todas las edades incluye el objetivo de que las personas adultas mayores tengan la posibilidad de seguir contribuyendo a la sociedad. Para trabajar en pro de la consecución de ese objetivo, es necesario eliminar todos los factores excluyentes o discriminatorios en contra de esas personas”. Cambiar el paradigma de las/los adultos mayores y las personas con discapacidad e incorporarlos a la comunidad, más que un desafío, es una obligación.
Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2001 la población total de Argentina es de 36.260.130 personas. El 13.44 % de dicha población, 4.871.957 personas, son Adultos Mayores. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la población de adultos mayores es aun mayor: alcanza el 17.20 %. La esperanza de vida al nacer es de 75,24 años. Para los varones es de 71,56 y para las mujeres de 79,06. La esperanza de vida adicional a los sesenta años es de 19,97 años en total, para los varones 17,38 años y para las mujeres 22,33 años.
La Argentina es uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, mostrando signos de su envejecimiento desde 1970. La proporción que suponen las personas mayores de 65 años sobre el conjunto de la población asciende al 9,8 por ciento y las de los mayores de 85 el 0,8 por ciento. Las personas mayores constituyen el 11,8 % de la población total rural y el 13,6% de la población total urbana del país.
La población adulta mayor de Argentina presenta una feminización progresiva que se refleja en una mayor proporción de mujeres que va aumentando conforme avanza la edad, según puede observarse en la siguiente tabla:
Argentina - Población de Adultos Mayores según el censo de 2001 (miles de personas y porcentajes)
% sobre la población total
4.871.957
2.054151
2.817.806
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.
Según datos del ANSES la Ciudad de Buenos Aires tiene el índice más alto de personas adulta/os mayores de todo el país. Según sexo y edad las cifras son:
Cantidad de adultos/as mayores por sexo y edad
Total de edades
En cuanto a las personas con discapacidad en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de Naciones Unidas, elaboradas sobre la base de la experiencia adquirida durante el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992), se hace una presentación de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Incapacidades y Minusvalías, aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 2001 la Asamblea Mundial de la Salud hizo suya la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la Salud. Según ésta se entiende que el funcionamiento de la discapacidad se clasifica en relación con el cuerpo, la persona y la sociedad. "La importancia de la clasificación es que puede utilizarse para definir el nivel de rendimiento real de una persona en su ambiente actual. Ello permite detectar los factores ambientales que facilitan o merman dicho rendimiento, a fin de determinar las modificaciones ambientales o las intervenciones sanitarias que podrían mejorarlo" (Anexo: Llegar a los más vulnerables; Proyecto de suplemento de las Normas Uniformes sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. O221114sdoc. E/CN.2002/4).
“Aunque no son de cumplimiento obligatorio, estas Normas pueden convertirse en normas internacionales consuetudinarias cuando las aplique un gran número de estados con la intención de respetar una norma de derecho internacional. Llevan implícito el firme compromiso moral y político de los Estados de adoptar medidas para lograr la igualdad de oportunidades. Se señalan importantes principios de responsabilidad, acción y cooperación. Se destacan esferas de importancia decisiva para la calidad de vida y para el logro de la plena participación y la igualdad. Estas Normas constituyen un instrumento normativo y de acción para personas con discapacidad y para sus organizaciones. También sientan las bases para la cooperación técnica y económica entre los Estados, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.” Las Reglas Uniformes establecen que los Estados deben tomar medidas para que la sociedad tome mayor conciencia de las personas con discapacidad, sus derechos, sus necesidades y sus posibilidades; los Estados deben brindar atención médica adecuada; deben prestar servicios de rehabilitación adecuados; los Estados deben velar por el establecimiento y prestación de servicios de apoyo a las personas discapacitadas, incluido los servicios auxiliares a fin de ayudarlas a aumentar su nivel de autonomía en la vida cotidiana y a ejercer sus derechos.
La Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, año 2002 –2003, INDEC – ENDI, realizada en todo el país, da los siguientes índices: Total del país población con discapacidad: 2.176.123 (100%); Hogar unipersonal: 275.878 (12,7%); Hogar multipersonal familiar: 1.885.217, (86%) ; Nuclear 1.124.544, (59,7%).
Por otro lado, el Programa de Relevamiento Asistencial en Discapacidad para la Seguridad Social realizado por la OISS1 señala que el 11,90 % de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene algún tipo de discapacidad.
Dentro de las personas con discapacidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 37,90 % tiene discapacidad motriz, el 16,40 % discapacidad auditiva, el 8,20 % discapacidad visual, el 8,60 de discapacidad auditiva, el 0,80 % de discapacidad del habla y el 23,80 % sufre de mas un tipo de discapacidad.
El 15 % de las personas con discapacidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Ciudad no recibe ningún tipo de atención sanitaria. El 58 % es atendido por el sistema de seguridad social o por medio de medicina prepaga, el 27 % por el sistema público de salud y el 5 % recibe una atención mixta.
Un 80,1 % de las personas con discapacidad no trabaja actualmente. El 32 % de las personas con discapacidad no accede a un tratamiento específico o a servicios de rehabilitación.
En el año 2009 el Hospital Manuel Rocca, dedicado a la rehabilitación de pacientes con patologías discapacitantes, específicamente neuromotoras y sensoriales, recibió 65.000 consultas. En los dos últimos años el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires otorgó 30.000 certificados a personas con discapacidad mental, visual, auditiva y visceral (estos últimos poseen una patología orgánica, como insuficiencia cardiaca o renal)2.
Los antecedentes consultados para la elaboración de el presente proyecto son la Ley Española denominada Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia y a las familias del 30 de noviembre de 2006; el Proyecto del Diputado (MC) Christian Asinelli denominado Ley de Atención a la Dependencia de la ciudad de Buenos Aires.
Para finalizar queremos agradecer especialmente a la señora Mónica Roque, Directora Nacional de Programas para Adultos Mayores de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; a la Licenciada Gabriela Groba, Gerente General de Promoción y Desarrollo del ANSES; al señor Sebastián Gramajo, Gerente Consultivo del ANSES; al señor Carlos Garavelli, Director Regional Cono Sur de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OIIS); al señor Daniel Magliocco ex Director de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quienes de manera generosa dieron su tiempo para hacer valiosos aportes a este proyecto.
Por lo expuesto, y cumpliendo lo que manda la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la obligación de satisfacer las necesidades y efectivizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, respetando la igualdad en la diversidad, solicito a esta Legislatura sancione el presente proyecto de ley.
1 Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS). Proyecto sobre personas mayores, dependencia y servicios sociales en los países del Cono Sur. Situación, necesidades y demandas de las personas mayores en los países del cono sur. Apuntes para un diagnóstico - junio de 2008
2 Datos de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires. Revista Mundo Hospitalario, nº 162, Julio 2010
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