Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-13315-de-abril-29-de-1999?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920419487f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-16 22:50:27+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 13315 DE ABRIL 29 DE 1999
SENTENCIA 13315 DE 29 DE ABRIL DE 1999
CONTENIDO:LA APARENTE INACTIVIDAD DEL ABOGADO EN MATERIA PENAL NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL DERECHO DE LA DEFENSA TÉCNICA, PARA ELLO, ES NECESARIO PROBAR QUE EN REALIDAD EXISTIÓ UNA OMISIÓN LESIVA DE LOS INTERESES DEL PROCESADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:INTERÉS EN EL PROCESO, DEFENSA TÉCNICA DEL ACUSADO, DEFENSA TÉCNICA, ACCIÓN DE LESIVIDAD, ACTUACIÓN DEL ABOGADO, FUNCIONES DEL ABOGADO, SISTEMA DE DEFENSA TÉCNICA
Sentencia 13315 de abril 29 de 1999
Santa Fe de Bogotá, D.C., abril veintinueve de mil novecientos noventa y nueve.
Un Juzgado Regional de Medellín dictó sentencia, en virtud de la cual condenó a Jhon Jairo Rave Corrales a la pena principal de veintiún (21) años de prisión y multa de un mil doscientos (1.200) salarios mínimos legales mensuales; a Luis Weimar Yepes Giraldo y Jimmy Benhur Hernández García a veintidós (22) años de prisión y multa de un mil cuatrocientos (1.400) salarios mínimos legales, así como a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por iguales términos, y el resarcimiento de los perjuicios en la forma allí especificada, al tiempo que les negó el subrogado de la condena de ejecución condicional, por encontrarlos responsables en calidad de coautores del delito de secuestro extorsivo.
En el mismo fallo condenó a Édgar Ricardo Muñoz Rúa, a la pena principal de veinticuatro (24) años de prisión y multa de un mil cuatrocientos (1400) salarios mínimos legales mensuales, así como la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, por hallarlo responsable como coautor del delito de secuestro extorsivo, en concurso con los punibles de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de defensa personal, toda vez que se acumuló un proceso seguido en su contra en relación con los dos últimos delitos.
El Tribunal Nacional confirmó la sentencia de primera instancia, con la modificación atinente a la pena accesoria que quedó fijada en diez (10) años. La Sala procede a resolver la demanda de casación presentada por el defensor de los procesados Rave Corrales y Yepes Giraldo, contra la sentencia de segundo grado.
El tribunal los resumió así:
“Los referentes con el delito de secuestro, hacen relación a que el día 19 de febrero de 1992, aproximadamente a las nueve de la mañana, Luis Weimar Yepes Giraldo, Ricardo Edgar Muñoz Rúa y Jhon Jairo Rave Corrales, irrumpieron en la escuela ‘Carlos Villa Martínez’, ubicada en el barrio Aranjuez de la ciudad de Medellín, para a continuación sacar por la fuerza al menor de nueve años de edad Jaime Iván Garcés, a quien de inmediato trasladaron en su taxi hasta una casa ubicada en la carrera 51 B Nº 96-12 de esa metrópoli, donde fue recibido por Sandra María Arango Múnera. Como el taxista debido al llanto del niño y a la actitud de los pasajeros, sospechó algo anómalo, avisó a las autoridades sobre lo sucedido, señalando el lugar donde había sido encontrado el menor, por cuya liberación ya los plagiarios habían exigido a través de llamadas telefónicas la suma de cuatro millones de pesos. Fue así como la fuerza pública pudo rescatar a la víctima, en momentos en que era cuidada con un revólver de juguete por Jhon Jairo Rave Corrales, quien accedió a guiar a las autoridades hasta la residencia de otros dos de sus compañeros de andanzas, concretamente de Jimmy Benhur Hernández García y Luis Weimar Yepes Giraldo. Por su parte, Sandra María Arango Múnera logró evadir la acción de la policía, pero al día siguiente se encontró su cadáver con varios impactos de arma de fuego. Posteriormente, se logró aprehender a Édgar Ricardo Muñoz Rúa, quien fue dejado en libertad al prosperar un recurso de habeas corpus”.
1. En lo relativo al delito contra la libertad individual, con base en el informe policivo y demás diligencias preliminares, el Juzgado de Instrucción de Orden Público de Medellín ordenó la apertura de la investigación (fls. 41 a 43, c.o. 2), y al proceso fueron vinculados mediante indagatoria, entre otros, Jhon Jairo Rave Corrales y Luis Weimar Yepes Giraldo, a quienes se les resolvió la situación jurídica con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, como presuntos autores del delito de secuestro extorsivo, sin beneficio de excarcelación (fls. 46 a 50, c. id).
Un Fiscal Regional de Medellín avocó el conocimiento de la investigación y luego de declararla cerrada (fl. 179 y 180, c.o. 2), procedió a calificar el mérito probatorio del sumario, en providencia de fecha noviembre 18 de 1992, con resolución de acusación contra las procesados Jhon Jairo Rave Corrales, Luis Weimar Yepes Giraldo, Jimmy Benhur Hernández García y Edgar Ricardo Muñoz Rúa, como autores responsables del delito de secuestro extorsivo agravado, reiterándoles la negativa a concederles la libertad provisional (fls. 203 a 219, c. id.).
La etapa de la causa fue adelantada por un juez regional de la misma ciudad, en el curso de la cual el procesado Rave Corrales, coadyuvado por su defensor, solicitó la terminación anticipada del proceso en los términos del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal (fl. 241, c.o. 2), y una vez efectuada la diligencia de formulación de cargos (fls. 256 a 259, c. id.), el juez al momento de emitir el fallo optó por anular lo actuado a partir de la resolución de cierre de investigación, inclusive, en los términos del artículo 305 del Código de Procedimiento Penal (fls. 260 a 265, c. id.).
La fiscalía regional cerró nuevamente la etapa instructiva (fl. 289, c.o. 2), y ante otra petición de terminación anticipada del proceso por parte de Rave Corrales, el fiscal fijó fecha y hora para la celebración de la diligencia, que finalmente no se llevó a cabo por el desistimiento que de dicho trámite hizo el procesado (fl. 321, c. id.). El imputado Yepes Giraldo solicitó convocar a una audiencia en la cual se procuren las bases para proferir sentencia anticipada (fl. 317, c. od.) y, una vez que el instructor consideró que la petición había sido instaurada cuando ya estaba ejecutoriado el proveído que clausuró la investigación (fl. 319, c. id.), optó igualmente por su desistimiento (fl. 392, c. id).
El Fiscal Regional de Medellín nuevamente calificó el mérito del sumario, en providencia de enero siete (7) de mil novecientos noventa y cuatro (1994), con resolución de acusación contra los procesados Rave Corrales, Yepes Giraldo, Hernandez García y Muñoz Rúa como coautores responsables del delito de secuestro extorsivo agravado, reiterando la negativa a concederles la libertad provisional (fls. 334 a 242, c.o. 2).
2. La investigación en razón del punible contra el patrimonio económico fue adelantada por el Fiscal Seccional de Medellín, funcionario que calificó el mérito probatorio del sumario en providencia de fecha marzo ocho (8) de mil novecientos noventa y cuatro (1994), con resolución de acusación contra el procesado Édgar Ricardo Muñoz Roa(sic), por los delitos de hurto calificado y agravado en la modalidad de tentativa y porte ilegal de armas de defensa personal (fls. 116 a 122, c.o. 1). Apelada por el Ministerio Público, un fiscal delegado ante el Tribunal Superior, en providencia de mayo 5 de 1994, la modificó en el sentido de que el punible de hurto era consumado.
3. El juzgado regional ordenó la acumulación de la causa seguida en contra Muñoz Rúa por el delito de secuestro extorsivo agravado, y la del Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito de Medellín contra el mismo procesado, por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas (fls. 434 a 436, cdno. 2).
4. En su oportunidad, el juez regional, en consonancia con las respectivas resoluciones de acusación, condenó a los procesados inculpados a las penas y por los delitos ya referidos (fls. 614 a 640, cdno. 3).
Apelada la sentencia de primera instancia por los procesados, con excepción de Muñoz Rúa, el Tribunal Nacional la modificó en cuanto al término de la pena accesoria impuesta, y la confirmó tanto en lo que fue motivo de alzada, como en lo que fue materia de consulta.
Al amparo de la causal tercera de casación consagrada en el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, el libelista presenta un cargo único contra la sentencia del tribunal, por considerar que se dictó en un proceso viciado de nulidad, por violación al derecho de defensa previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, cuyo texto transcribe.
La censura radica en que “…los procesados no fueron asistidos de una defensa técnico-formal adecuada, pues pese a que en verdad, hubo la actuación de abogados durante el trámite del proceso, la actuación de éstos fue prácticamente nula, pues no actuaron en la producción o práctica de la prueba, no interpusieron los recursos frente a las decisiones contrarias a los intereses de sus patrocinados, no se compadecieron de presentar alegaciones de conclusión, ni siquiera se hizo un juicio valorativo, serio capaz de lograr la rebaja de la pena a través del fenómeno de la sentencia anticipada, porque se quedaron siempre con el concepto de la fiscalía sin rostro, cuando a gritos los sindicados que represento solicitaron tal audiencia antes de la calificación para tener derecho a una rebaja de una tercera parte, amén de los beneficios por confesión del delito y la ayuda al esclarecimiento de los hechos, que dicho sea de paso fue una colaboración eficaz, y es tan cierto que hasta la misma fiscalía así lo reconoce en varias oportunidades”.
Transcribe una decisión del Tribunal Superior de Medellín, y luego anota que el caso en estudio es similar en todos los aspectos, lo que indica que el proceso es nulo desde el auto que resolvió la situación jurídica de los implicados.
Se refiere al “alcance de la impugnación”, que centra básicamente en que este diligenciamiento no se ajustó a las normas del debido proceso, porque a los acusados no se les prestó defensa técnica formal, pues la participación de los letrados se reduce a la mera presencia, “la defensa fue simbólica”. No basta la designación de un abogado defensor, es necesaria la participación activa en el proceso, para buscar las conveniencias de sus representados“ (una sentencia anticipada, una negociación de la pena, controvertir la prueba, participar en la producción de la misma interrogando los testigos, asistiendo a la diligencia de reconocimiento presentar alegatos, apelar si es necesario)”, de no ser así no tendría sentido que un defensor actuara en el proceso exclusivamente para legitimar la decisión del funcionario de turno. Sobre este tópico se ha pronunciado la Corte en muchas ocasiones, lo que indica que se hace necesaria la declaratoria de nulidad del proceso desde momento en que se resolvió la situación jurídica.
Transcribe lo que dispone la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en relación con las “Garantías judiciales”, un aparte de la sentencia de agosto 30 de 1983 donde esta corporación señaló la finalidad de las nulidades supralegales, y cita la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional el 7 de febrero de 1996, que “hizo valer la asistencia de un ‘Abogado titulado”, para decir que las consideraciones anteriores le permiten reiterar que la sentencia se dictó en un juicio viciado de nulidad constitucional y legal, y en consecuencia solicita a la Corte invalidar la sentencia de segunda instancia, y declarar la nulidad del proceso a partir del auto que resolvió la situación jurídica.
El Procurador Segundo Delegado en lo Penal sugiere a la Corte el rechazo del único cargo formulado, y por ende, NO CASAR la sentencia recurrida.
Inicia el concepto recordando al actor que tratándose de alegaciones relacionadas con el menoscabo del derecho de defensa, por inactividad atribuible al defensor, le es imperioso no solo denunciar las supuestas carencias de ejercicios defensivos, sino que además es necesaria la demostración en torno a la trascendencia que reportan dichas falencias de cara a la situación del procesado, en el entendido de que si los actos de impugnación o de contradicción probatoria se hubiesen desarrollado, la afectación procesal del imputado habría variado a su favor.
El recurrente desconoce los anteriores postulados casacionales de indudable sujeción, por cuanto amen de algunas acusaciones in genere en torno a la actividad desplegada en las instancias por los representantes de sus defendidos, ningún esfuerzo realiza en aras de comprobar la incidencia de dicha acusación, en lo atinente a la situación de Yepes Giraldo Y Rave Corrales.
El libelista tan solo alude a la ausencia de impugnación de las decisiones adoptadas, sin que especifique el o los proveídos respecto de los que requiere la realización de esos ejercicios defensivos, y sin que demuestre la razón de ser de los mismos, toda vez que no señala la incidencia procesal que hubiese reportado su interposición.
En forma por demás genérica, denuncia la no solicitud de pruebas por parte de los defensores, sin que se detenga, como le era imperioso, en la individualización de los elementos de convicción, cuya práctica por ser trascende(sic), hubiese incidido en favor de los procesados.
Sin mayor argumentación el censor muestra su inconformidad con la supuesta inactividad reflejada en la rebaja de la pena por el mecanismo de terminación anticipada del proceso, de colaboración eficaz con la administración de justicia y de la confesión, cuando es claro que en aquellas oportunidades en que los imputados deprecaron el trámite del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, los defensores manifestaron su aquiescencia en torno a este trámite especial, el que no se consolidó por cuanto los mismos procesados fueron quienes desistieron del mismo, o quienes no aceptaron las formulaciones de cargos. En lo atinente a los beneficios por colaboración con la Justicia, el actor omite cualquier demostración de los requisitos inherentes a este instituto, tal como acontece con la supuesta rebaja de pena por confesión.
Trae a colación apartes de la sentencia de mayo 20 de 1998, en donde la Sala con ponencia del magistrado doctor Nilson Pinilla Pinilla reiteró sobre dicho tópico lo siguiente:
“Para la recurrente la intervención de su antecesora tanto en la fase de investigación como de juzgamiento fue pasiva, en cuanto no solicitó pruebas, ni pidió ampliación de los testimonios de cargo, ni recurrió el auto que declaró cerrada la investigación, ni presentó alegatos precalificatorio; se conformó con la resolución de acusación y con el proveído que negó la práctica de una inspección judicial por ella pedida en el traslado previo a la audiencia de juzgamiento.
“Frente a este reproche ha dicho la Corte que no basta con alegar, en abstracto, ausencia de defensa o perjuicio contra los derechos fundamentales del imputado, puesto que se hace imprescindible acreditar cuáles pruebas dejaron de practicarse y en qué grado y de qué manera dicha omisión repercutió en la solución última del proceso, Y con relación a las tesis de fondo, también ha señalado la Sala que no basta tildar de inadecuada la defensa, sino que se debe señalar cuál sería el criterio jurídico a exponer a efectos de que la administración de justicia, al tenerlo en cuenta, hubiera favorecido la situación del acusado.
“Nada aportó la censora en orden a demostrar las falencias que in genere acusa…”.
El actor antes que ocuparse en criticar la actividad desarrollada por la defensa, ha debido encaminar su discurso argumentativo a la demostración de la trascendencia que reportan las supuestas inactividades de las defensa, de cara a los resultados de las sentencia, es decir que el disenso debió abarcar la constatación de las posibilidades redundantes en exclusiones de responsabilidad, o de atenuación de la misma.
Desconoce el casacionista que la gestión de los defensores de estos procesados, antes que ubicarse en el plano de la simple formalidad, trascendió a la categoría de lo real, pues amen de la participación en el requerimiento y práctica de las diligencias de terminación anticipada del proceso (fls. 291, 317, y ss. cdno. ppal.), deprecaron la recepción de pruebas (fls. 231 y ss. cdno. ppal.), solicitaron la libertad de los imputados cuando consideraron que los mismos eran acreedores a ella (fls. 309 y ss., cdno. ppal.) , exigieron declaratorias de nulidad en favor del procesado (fls. 368 y ss., cdno. ppal.) y, en últimas presentaron los correspondientes alegatos previos a la sentencia, la que a su turno recurrieron; luego mal podría tacharse lo mencionado de inactivo, y por lo mismo, de deficiente.
Para abundar en razones de desestimación del cargo, estima pertinente recordar al censor que aquellas disparidades en punto de lo que hubiere podido ser la defensa, per se no trasciende en afectaciones de esa garantía fundamental, pues como lo ha advertido la Corte “una cosa es que a juicio de un defensor se hubiera podido hacer una intervención más activa en algunas diligencias y presentado más peticiones de las que realizó su antecesor, o que no se comparta la estrategia asumida por éste, y otra que no haya existido defensa técnica” (Cas. abr. 29/93, M.P. Dr. Ricardo Calvete Rangel); toda vez que, frente a ausencias de defensa técnica no totalizadas, como las que se reseñan en el libelo, es necesario, insístase, la comprobación de la incidencia de esa falta de gestión, de cara a la situación del procesado, aspecto éste que aquí brilla por su ausencia.
Así las cosas, es indudable que el cargo no está llamado a prosperar.
Claras y suficientes son las observaciones que hace el procurador delegado para impetrar que se desestime la demanda, pues en realidad el único cargo formulado está sustentado en la abstracta afirmación de que la defensa técnica fue insuficiente, no obstante que se reconoce que los procesados estuvieron asistidos durante todo el proceso por abogados titulados.
La eficiencia del defensor no puede medirse por la cantidad de pruebas solicitadas, ni por los recursos interpuestos, o por las peticiones formuladas, dejando de lado la realidad procesal, pues ello obligaría a los abogados a realizar actividades absurdas, o inconvenientes para sus defendidos, y muy seguramente violatorias de la ética profesional.
Este es precisamente el error en que cae el libelista, pues al reclamar más actividad por parte de la defensa, olvida que John Jairo Rave Corrales fue capturado en flagrancia, en poder del niño secuestrado, y desde su primera versión aceptó y relató su participación en el delito; así mismo, su otro defendido, Luis Weimar Yepes Giraldo, además de ser señalado como coautor por el anterior, en su primera versión aceptó la responsabilidad y dio todos los detalles de su intervención, la cual fue corroborada por otras pruebas, y aunque posteriormente la varió en cuanto a la inverosímil excusa de que no sabía de qué se trataba, siguió admitiendo la actividad desplegada.
También deja de lado el libelista, que justamente los dos acusados que representa pidieron sentencia anticipada, pero luego ellos directamente desistieron de esa posibilidad, de manera que en esa materia tampoco hay nada reprochable a la defensa, que como es obvio no podía forzarlos a aceptar los cargos.
El demandante no solo no dice en concreto qué fue lo que dejó de hacer el defensor, (qué prueba debió pedir; que recurso omitió interponer, y con qué fundamento; etc.), sino que tampoco señala el efecto que hubiera podido producir, es decir, su trascendencia. Sin embargo, hay que reconocer que dada la prueba de cargo existente le era muy difícil hacerlo, pero al mismo tiempo tras ese reconocimiento aparece de manera ostensible que sus afirmaciones son completamente injustificadas.
En síntesis, sobre la situación planteada el criterio de la Corte ha sido uniforme y reiterado, pues es claro que quien demanda violación del derecho a la defensa por supuesta inactividad del abogado, debe demostrar que en realidad fue una omisión lesiva de los intereses del procesado, atendiendo a lo recaudado por la investigación, y no limitarse en abstracto a criticar al defensor, ni a decir según su criterio qué hubiera hecho, pues es lógico que cada profesional, frente a un caso concreto, diagnostique y establezca su propia estrategia defensiva, de manera que no coincidir en ello no significa que se haya infringido la garantía constitucional.
Lo dicho es suficiente para concluir que el cargo no puede prosperar.
Cópiese, comuníquese, y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
Magistrados: Jorge Aníbal Gómez Gallego—Fernando E. Arboleda Ripoll—Ricardo Calvete Rangel—Jorge E. Córdoba Poveda—Carlos A. Gálvez Argote—Édgar Lombana Trujillo—Carlos E. Mejía Escobar—Dídimo Páez Velandia—Nilson Pinilla Pinilla.
Patricia Salazar Cuellas, Secretaria.

References: resolución 
 artículo 37
 resolución 
 artículo 305
 resolución 
 resolución 
 artículo 220
 artículo 29
 artículo 37
 resolución