Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/3921
Timestamp: 2020-02-25 03:50:03+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 179/1999
SENTENCIA 179/1999, de 11 de octubre
ECLI:ES:TC:1999:179
1. Mediante escrito registrado en el Tribunal el 19 de febrero de 1996, el Instituto Nacional de la Salud, representado por el Procurador de los Tribunales don Carlos de Zulueta Cebrián, interpone recurso de amparo contra el Auto del Juzgado de lo Social núm. 2 de Salamanca, de 1 de febrero de 1996, dictado en aclaración de Sentencia.
a) Don Manuel González Caballo, que presta servicios como celador para el INSALUD en el Hospital Universitario de Salamanca, fue sancionado por Resolución del Secretario General del INSALUD, de 7 de agosto de 1995, por tres faltas de carácter grave, con tres suspensiones de empleo y sueldo de 15, 10 y 10 días.
b) La Sentencia declaró como hechos probados, entre otros, los siguientes:
3) Previamente, por Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario, de 8 de junio de 1994 (obrando por delegación del Director General del INSALUD), se sancionó al Sr. González Caballo como autor de dos faltas leves por los hechos ocurridos el día 8 de febrero de 1994 (hecho probado 6º).
c) El razonamiento de la Sentencia expresaba que, habiendo considerado el Instructor en su propuesta que los hechos del día 23 de diciembre de 1993 constituían una falta leve pero que tal falta se encontraba prescrita, fue correcta la decisión del Gerente del Hospital de no sancionarla, y no así la resolución del Secretario del INSALUD, ya que al sancionar los hechos de ese día como falta grave, están ocasionando una manifiesta indefensión al trabajador, que no ha podido formular alegaciones para desvirtuar esa calificación (fundamento jurídico 3º).
d) Con fecha de 1 de febrero de 1996, el mismo Juzgado de lo Social mediante Auto, aclaró la anterior Sentencia, modificando el fallo de la misma, que quedó redactado de la siguiente manera: "Que estimando la demanda presentada por don Manuel González Caballo revoco totalmente la Resolución de 7 de agosto de 1995, del Secretario General del INSALUD, dejando sin efecto las sanciones impuestas en la misma".
Razona el Juzgado que "en el presente caso es evidente que se ha producido un error que lleva a que exista una contradicción entre los hechos probados y fundamentos jurídicos y el fallo de la sentencia, pues razonándose en el fundamento tercero que el sancionar por los hechos de día 23-12-93, que el Instructor consideró prescritos, constituye una indefensión para el trabajador, y en el hecho cuarto que el sancionarse por el Secretario General como faltas graves las conductas ya sancionadas por el Gerente como leves, nos lleva a la conclusión de que son tres las conductas indebidamente sancionadas por el Secretario General (una por indefensión y dos por aplicación del principio non bis in idem), y dado que tres eran las sanciones por él impuestas no puede decirse en el fallo que se confirma una de ellas" (fundamento jurídico 2º). "Al mismo tiempo, concluye el Juzgado, debe corregirse el error material padecido en la transcripción de la sentencia al incluir dos fundamentos jurídicos con el ordinal 'quinto'; estando además el primero de ellos incompleto, por lo que debe ser suprimido, y dejando sin efecto la última parte del fundamento jurídico quinto real" (fundamento jurídico 3º).
3. Se interpone recurso de amparo contra el Auto del Juzgado de lo Social núm. 2 de Salamanca, de 1 de febrero de 1996, dictado en aclaración de la Sentencia de 15 de enero de 1996, interesando su nulidad, por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 C.E.
4. Mediante providencia de 24 de junio de 1996, la Sección Primera acordó admitir a trámite la demanda de amparo, y a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir al Juzgado de lo Social núm. 2 de Salamanca para que, en el plazo de diez días, remitiera testimonio de los autos 578/95; y para la práctica de los emplazamientos pertinentes. Con fecha 20 de septiembre de 1996 se hace constar mediante diligencia el transcurso del término de emplazamiento sin que haya comparecido ninguna otra parte.
5. Por providencia de 7 de octubre de 1996, la Sección acuerda acusar recibo de las actuaciones interesadas en el anterior proveído, y dar vista de las mismas al Procurador Sr. Zulueta Cebrián y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que presentaran las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
6. Por escrito registrado en el Tribunal el 24 de octubre de 1996, la representación actora formula alegaciones, reiterando las ya vertidas en la demanda de amparo. Aduce, partiendo de la doctrina de la STC 23/1994 y los supuestos límites en los que cabe la sustitución por otro del fallo de una Sentencia firme, que en el presente caso la Sentencia aclarada tiene una línea de razonamiento y fundamentación jurídica, objetiva, razonada y acorde con su parte dispositiva, y sin embargo, el Auto de aclaración altera, sustituye y modifica la fundamentación jurídica y en base a estas modificaciones cambia el sentido del fallo de la resolución judicial aclarada.
7. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional, en el escrito de 7 de noviembre de 1996, solicitó la desestimación del recurso de amparo, al estimar que la resolución judicial impugnada no ha vulnerado el art. 24.1 C.E.. A su juicio, aunque el principio general en la doctrina constitucional (por todas, STC 23/1994) es que la aclaración no es cauce adecuado para variar sustancialmente el fallo de una resolución judicial existen excepciones (STC 187/1992) amparadas por el criterio de la determinación de la finalidad de la inmodificabilidad de las Sentencias, que no es un fin en sí mismo sino un instrumento para el derecho de tutela judicial efectiva. En el presente caso, la simple lectura de la Sentencia pone de relieve que se han incorporado --sin duda por error-- dos fundamentos jurídicos 5º de signo contrario e incompatible, probablemente un borrador y el texto definitivo. Así las cosas, la Sentencia resultaba incongruente e ininteligible. El Juzgado de lo Social no ha hecho sino atender a las exigencias de la tutela judicial efectiva, aclarando --en el sentido más prístino de la expresión-- cuál de ambos fundamentos jurídicos era el que expresaba la voluntad judicial, y, en consecuencia, el que debía fundamentar el fallo. No se ha hecho otra cosa que la efectuada en el supuesto de hecho de la STC 15/1995 con todas las bendiciones de este Tribunal. El Auto de aclaración lejos de lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva, ha hecho lo posible por protegerlo y darle el contenido debido.
8. Por providencia de 24 de septiembre de 1999, se señaló para deliberación de la presente Sentencia el día 27 del mismo mes y año, en que se inició el trámite que ha finalizado en el día de la fecha.
1. Manifiesta el demandante de amparo que el Auto del Juzgado de lo Social núm. 2 de Salamanca, de 1 de febrero de 1996, dictado en aclaración de Sentencia, ha vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 C.E. al haber alterado el sentido del fallo de la mencionada Sentencia tal como fue originariamente redactado, al igual que parte de sus fundamentos jurídicos.
2. Los datos de hecho con relevancia jurídica en estos autos puede sintetizarse así:
a) El Sr. González Caballo impugnó ante la jurisdicción laboral la Resolución del Secretario General del INSALUD de 7 de agosto de 1995, que le sancionaba con tres suspensiones de empleo y sueldo de 15, 10 y 10 días, por tres faltas de carácter grave, la falta de incumplimiento de normas establecidas o de órdenes recibidas (hechos del día 23 de diciembre de 1993), y la falta de incumplimiento de deberes específicos con perjuicio sensible para el servicio, así como por una falta de respeto con superiores, compañeros, subordinados y público (ambas por hechos del día 8 de febrero de 1994). Previamente, el citado empleado había sido sancionado por Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario, de 8 de junio de 1994, por dos faltas leves, falta de incumplimiento de deberes específicos sin perjuicio sensible para el servicio, y la falta de desatención con los superiores, compañeros subordinados y público (ambas por hechos ocurridos el día 8 de febrero de 1994).
b) En la Sentencia de 15 de enero de 1996, el Juzgado de lo Social núm. 2 de Salamanca, argumentó que la sanción por la falta grave, relativa a los hechos del día 23 de diciembre de 1993, y que había sido considerada prescrita por el instructor del previo expediente disciplinario, ocasionaba una manifiesta indefensión al trabajador, quien no había podido formular alegaciones para desvirtuar esa calificación (fundamento jurídico 3º).
c) Con fecha 1 de febrero de 1996, el Juzgado de lo Social, de oficio, dicta Auto en aclaración de Sentencia con arreglo a lo previsto en el art. 267 L.O.P.J., concluyendo que se ha producido un error y modificando el sentido de la parte dispositiva de aquélla, que pasa de ser parcialmente estimatoria de la demanda a estimatoria de la misma en su integridad, revocando totalmente la resolución recurrida, y dejando sin efecto las sanciones impuestas. Decisión que el Juzgado de lo Social basó en la existencia de un evidente error que lleva a que exista una contradicción entre los hechos probados y fundamentos jurídicos y el fallo de la Sentencia. Al mismo tiempo habría existido, afirmaba el Auto de aclaración, un error material en la transcripción de la Sentencia al incluir dos fundamentos jurídicos con el ordinal "quinto", siendo el primero incompleto debe ser suprimido, y dejando también el Auto de aclaración sin efecto la última parte del fundamento jurídico 5º real de la Sentencia aclarada.
3. Delimitada en los términos expuestos la cuestión suscitada, y dado que la misma ha dado lugar a una ya muy reiterada doctrina constitucional, es preciso recordar cómo este Tribunal ha venido afirmando que el principio de invariabilidad de las Sentencias forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, reconociendo al propio tiempo excepcionalmente la licitud de la figura de la aclaración de Sentencias, que desde luego ha de operar con muy limitada virtualidad reparadora (SSTC 19/1995, 57/1995, 82/1995, 106/1995, 170/1995, 23/1996, 122/1996, 208/1996, 103/1998 y 48/1999, entre las más recientes).
a) Esta doctrina constitucional, aunque subraya la conexión del principio de inmodificabilidad de las Sentencias con el de seguridad jurídica recogido en el art. 9.3 C.E., viene integrándolo en el ámbito del derecho a la tutela judicial efectiva como derecho que asegura a los que han sido partes en un proceso que las resoluciones judiciales definitivas dictadas en el mismo no sean alteradas o modificadas por los Jueces y Tribunales fuera de los cauces legales establecidos para ello.
b) En concreto, el excepcional cauce arbitrado --con carácter general en el art. 267 L.O.P.J., y respecto al proceso civil en el art. 363 L.E.C.-- permite a los órganos judiciales aclarar algún concepto oscuro, suplir cualquier omisión o corregir algún error material deslizado en sus resoluciones definitivas, mas no permite alterar la fundamentación jurídica ni el sentido del fallo de las mismas (SSTC 14/1984, 138/1985, 119/1988, 203/1989, 27/1992, 50/1992 y 101/1992).
4. A fin de determinar en el caso que nos ocupa si el órgano judicial ha actuado dentro de los límites en los que puede operar, conforme a la doctrina constitucional expuesta, en la aclaración realizada, o si por el contrario ha transgredido el principio de inmodificabilidad de las resoluciones judiciales que garantiza el art. 24.1 C.E., es necesario examinar ahora si lo que ha sido objeto de modificación por el Auto impugnado es realmente un error material consistente en un mero desajuste o contradicción entre los fundamentos jurídicos y el fallo, tal y como argumenta el Juzgado de lo Social.
2º Anular el Auto de aclaración del Juzgado de lo Social núm. 2 de Salamanca, de 1 de febrero de 1996, recaído en los autos núm. 578/95.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 639-1996
Promovido por el Instituto Nacional de la Salud frente al Auto del Juzgado de lo Social núm. 2 de Salamanca que aclaró la Sentencia que había anulado varias sanciones disciplinarias impuestas a un trabajador.
Si el Auto de aclaración se hubiera limitado a eliminar el duplicado e incompleto, a la vez que irrelevante, fundamento de Derecho quinto de la Sentencia del Juzgado de lo Social, no se habría producido exceso alguno; ahora bien, el Auto procede a una apreciación diferente de los hechos, lo que le lleva a alterar los fundamentos jurídicos y el fallo en términos que exceden palpablemente de una aclaración para convertirse en una nueva resolución judicial, con vulneración del derecho a la inmodificabilidad de las resoluciones judiciales (art. 24.1 C.E.) [FJ 4].
Doctrina constitucional sobre la inmodificabilidad de las Sentencias firmes, y los límites que impone a su aclaración (SSTC 14/1984, 23/1994, 19/1995 y 48/1999) [FJ 3].
Inmodificabilidad de sentencias firmesInmodificabilidad de sentencias firmes, f. 3

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