Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/T-730-99.htm
Timestamp: 2019-05-22 18:36:00+00:00

Document:
T-730-99
Sentencia T-730/99
Dentro del sistema actual de la seguridad social en salud el objetivo es ampliar la cobertura y no restringirla, de ahí que es obligatorio para los empleadores incluir a sus trabajadores en el sistema, y el Estado no puede permitir la expulsión del sistema de persona alguna. Como corolario, hay que prestar a los afiliados la atención integral en sus fases de educación, información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, incluido el suministro de medicamentos esenciales en su denominación genérica.
DERECHO A LA SALUD DEL TRABAJADOR-Protección por conexidad con la vida y el trabajo
DERECHO A LA SALUD DE MUJER TRABAJADORA EMBARAZADA-Protección de actividad doméstica
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO-Protección
PREVALENCIA DE LA CONSTITUCION POLITICA-Derecho irrenunciable a la seguridad social en salud
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DE PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO-Parentesco con empleador no constituye causal de retiro
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Inconstitucionalidad de anulación de cotizaciones
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DE PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO-Cuota que se debe pagar siendo el empleador pariente
Referencia: Expediente T-212999
Acción de tutela instaurada por María Eugenia Arévalo Montenegro contra el I.S.S. Seccional de Neiva
Santa Fe de Bogotá, D.C., primero (1) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados doctores Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
En el proceso de revisión del fallo adoptado por el Juez 2º Laboral de Neiva dentro de la acción de tutela instaurada por María Eugenia Arévalo Montenegro contra el Instituto de los Seguros Sociales, Seccional de Neiva.
1.1. María Eugenia Arévalo Montenegro principió a trabajar el 20 de junio de 1994, como empleada del servicio doméstico, en la casa de Arnulfo Donoso Rodríguez, quien es su cuñado.
1.2. Presta el servicio los lunes y los jueves y recibe un salario semanal de $20.000,oo.
1.3. El 12 de mayo de 1998 fue afiliada al Instituto de los Seguros Sociales. Cotizaba mensualmente $30.800,oo.
1.4. Fue atendida por motivo de un embarazo en dos oportunidades y sus dos hijas menores también fueron atendidas como beneficiarias. Pero les fueron suspendidos los servicios médicos y por eso se instauró la tutela el 5 de marzo de 1999.
1.5. La razón para la suspensión de los servicios por parte del I.S.S. fue que el Instituto consideró que María Eugenia Arévalo no podría estar afiliada por cuanto, según normatividad preconstitucional, los familiares del empleador dentro del quinto grado de consanguinidad, primero civil y tercero de afinidad no pueden afiliarse a dicho Instituto como trabajadores del servicio doméstico.
1.6. La afectada consideró que con tal suspensión se le violaron los derechos a la vida, a la salud y a la igualdad. Pide que se la afilie nuevamente al sistema y que se le presten los servicios médicos.
1.7. El I.S.S. luego de una prolija investigación, comprobó el parentesco del empleador y su trabajadora, los gastos que se habían hecho por la salud de la mencionada señora, los aportes tanto para salud como para pensión durante diez meses; y mediante Resolución Nº 000145 de 11 de marzo de 1999 el I.S.S. (estando aún en curso al tutela), ordenó retirarla del sistema. Como se había atendido a las dos hijas de la trabajadora, se estimó que el valor de la atención había costado $64.195,oo se declaró que el empleador debería pagar ese valor con sus intereses y lo gastado en María Eugenia Arévalo Montenegro; y al mismo tiempo se ordenó que las semanas cotizadas no serían tenidas en cuenta.
2.1. Información remitida al Juez de tutela por el Gerente de la Seccional-Administrativo Pensiones Riesgos Laborales, que textualmente expresa:
“Dando respuesta a su oficio número 0334 del 8 de marzo de 1999, comedidamente me permito informarle, que el señor ARNULFO DONOSO RODRIGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía Nº 93.115.130, afilió a la señora MARIA EUGENIA AREVALO MONTENEGRO como empleada del servicio doméstico siendo ésta cuñada del presunto patrono contraviniendo de esta manera lo establecido en el literal d) del artículo 5 Decreto 0824 de 1988 que dice "Los pacientes del patrono o de sus familiares hasta el quinto grado de consanguinidad, tercero de afinidad y primero civil, no pueden afiliarse como trabajadores del servicio doméstico".
Por lo anterior, se encuentra en curso un proceso de cobro de servicios médicos y desafiliación retroactiva por tratarse de una afiliación indebida de acuerdo con las normas vigentes, hechos que son ampliamente conocidos por la tutelante a quien se le suspendió el servicio médico mediante oficio Nº 011089 del 01089 del 29 de Diciembre de 1998, del cual estamos anexando fotocopia”.
2.2. Copia íntegra (30 folios) de la investigación administrativa que el ISS adelantó y que finalizó con la Resolución 000145 de 11 de marzo de 1999 que en su parte resolutiva establece:
“ARTICULO PRIMERO: Declarar que el señor ARNULFO DONOSO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 93.115.130 expedida en Espinal, adeuda al ISS la suma de SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE. ($64.195.00), mas los intereses por concepto de servicios médicos incluidos exámenes de laboratorio y optometría recibidos por la señora MARIA EDUGENIA AREVALO MONTENEGRO, identificado con la cédula de ciudadanía 36.180.905 expedida en Neiva y sus beneficiarios Kerly Yarley Monje Arévalo y Katherin Monje Arévalo.
ARTICULO SEGUNDO: El presente valor se cancelará por el señor ARNULFO DONOSO RODRIGUEZ , dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente resolución.
ARTICULO TERCERO: Por la Coordinación de Recaudo y Cartera de la Seccional, se debe efectuar el cobro y el reembolso respectivo, en la eventualidad que no se realice el pago, iníciase proceso en contra del sancionado por la jurisdicción coactiva.
ARTICULO CUARTO: Ordenar la desafiliación al Sistema General de Seguridad Social de Salud y Riesgos Profesionales a la señora María Eugenia Arévalo Montenegro.
ARTICULO QUINTO: Anular las semanas cotizadas por la señora MARIA EUGENIA AREVALO MONTENEGRO, identificada con la cédula de ciudadanía 36.180.905 expedida en Neiva, a partir del 12 de mayo de 1998 con el empleador ARNULFO DONOSO RODRIGUEZ, en las contingencias de invalidez, vejez y muerte por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución....
2.3. Las constancias médicas que prueban atención médica prestada a la trabajadora.
Fue proferida por el Juzgado 2º Laboral de Neiva, el 18 de marzo de 1999. Se declaró improcedente la tutela, entre otras razones por la siguiente:
“Del estudio de las presentes diligencias, se establece que no se está atentando contra la vida de la accionante, por cuanto si bien se ha demostrado su estado de embarazo, el no prestarle los servicios médicos asistenciales, no implica necesariamente atentar contra su vida, máxime cuando se trata de un embarazo normal, esto es, sin alto riesgo. El estado de embarazo no es una enfermedad que conlleve a poner en riesgo la vida de la gestante. Igualmente no existe prueba, que la accionante se encuentre en peligro de muerte por habersele desafiliado”.
Es competente la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86, inciso segundo y 241 numeral noveno de la Constitución en armonía con los artículos 33, 35, y 42 del Decreto No. 2591 de 1991. Además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala correspondiente y del reparto que se verificó en la forma señalada por el reglamento de esta Corporación.
1. Principios que rigen el sistema de seguridad social en salud
El artículo 48 de la Constitución Política establece que “Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”. La misma norma señala como principios de la seguridad social: la eficiencia, la universalidad y la solidaridad. Además, “la seguridad social se ubica dentro de los principios constitucionales de la igualdad material y en la cláusula del Estado Social de Derecho”[1]. Por otro aspecto, la seguridad social es un servicio público, por lo tanto sobre él se proyecta el artículo 365 de la C. P.: “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del estado. Es deber del estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”.
Además de la continuidad, otro de los principios constitucionales es el de la universalidad, o sea que el objetivo del sistema es que todos los habitantes del país disfruten de seguridad social. Por eso mismo, se estableció legalmente el carácter de obligatorio. El artículo 153 de la ley 100 de 1993 dice:
“Fundamentos del servicio público. Además de los principios generales consagrados en la Constitución Política, son reglas del servicio público de salud, rectoras del sistema general de seguridad social en salud, las siguientes:
1. Equidad. El Sistema General de Seguridad Social en Salud proveerá gradualmente servicios de salud de igual calidad, a todos los habitantes de Colombia, independientemente de su capacidad de pago. Para evitar la discriminación por capacidad de pago o riesgo, el sistema ofrecerá financiamiento especial para aquella población mas pobre y vulnerable así como mecanismos para evitar la selección adversa.
3. Protección integral. El Sistema General de Seguridad Social en Salud brindará atención en salud integral a la población en sus fases de educación, información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 162 respecto del Plan Obligatorio de Salud.
4. Libre escogencia. El Sistema General de Seguridad Social en Salud permitirá la participación de diferentes entidades que ofrezcan la administración y la prestación de los servicios de salud, bajo las regulaciones y vigilancia del Estado y asegurará a los usuarios libertad en la escogencia entre las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones prestadoras de servicios de salud, cuando ello sea posible según las condiciones de oferta de servicios. Quienes atenten contra este mandato se harán acreedores a las sanciones previstas en el artículo 230 de esta ley……”.
En conclusión, dentro del sistema actual de la seguridad social en salud el objetivo es ampliar la cobertura y no restringirla, de ahí que es obligatorio para los empleadores incluir a sus trabajadores en el sistema, y el Estado no puede permitir la expulsión del sistema de persona alguna. Como corolario, hay que prestar a los afiliados la atención integral en sus fases de educación, información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, incluido el suministro de medicamentos esenciales en su denominación genérica.
2. Especial protección a la salud de la trabajadora embarazada. Operatividad de la tutela.
"La Carta Política de 1991 estableció en su artículo 48 que la seguridad social es un derecho irrenunciable catalogado como económico y social, cuya eficacia, por lo tanto, no es directa, sino que su reconocimiento requiere ser regulado por el legislador a quien compete establecer las circunstancias en que debe ser reconocido. Por ello, en principio, no es exigible del Estado por la vía de la acción de tutela, ya que no se reviste de la connotación de derecho fundamental. Sin embargo, la reiterada jurisprudencia de esta Corporación ha definido que los derechos derivados de la seguridad social adquieren su connotación de fundamentales cuando las circunstancias fácticas hacen que su reconocimiento sea imprescindible para la vigencia de otros derechos estos si, de carácter fundamental.[6] Adicionalmente, esta misma jurisprudencia ha definido también que el alcance de la seguridad social como derecho fundamental, surge igualmente cuando quien pretende hacerlo valer es una persona que requiere de una especial protección por parte del Estado, como es el caso de los niños, las personas de la tercera edad y las mujeres cabeza de familia, entre otras."
Es decir que generalmente se ha protegido el derecho a la salud, en conexidad con el derecho a la vida. Cuando el derecho a la seguridad social implica protección a la vida, es protegible por tutela. Es un derecho a algo que tienen las personas y por lo mismo se torna irrenunciable[7].
Pero, también se protege el derecho a la seguridad social en salud en conexión con el derecho al trabajo, últimamente en la SU-562/99 se dijo:
"La doctrina ha considerado que en principio, el derecho a la salud no es un derecho fundamental[8]. La jurisprudencia colombiana, sigue esta orientación, de ahí que la protección tutelar a la salud opera en conexión con el derecho a la vida, luego si hay peligro de que ésta sea afectada entonces cabe la acción de tutela. Con este punto de apoyo garantista la jurisprudencia de la Corte Constitucional protege muchos casos en relación a la prestación del servicio de salud. (P.ej. SU-480/97, T-489/98, T-669/97, T-287/95, T-385/98, T-018/99, entre otras).
No obstante lo anterior, en el presente fallo hay que analizar uno de los principios consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política: la “garantía a la seguridad social”. Significa lo anterior que específicamente los trabajadores dependientes tienen derecho a la seguridad social en salud y por consiguiente gozan de la protección tutelar con características inconfundibles. Este tema ya había sido analizado por la Corporación al declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 209 de la ley 100 de 1993 en la Sentencia C-177/98, (M.P. Alejandro Martínez Caballero)."
En conclusión se protege mediante tutela el derecho a la salud del trabajador dependiente, en conexión con el derecho a la vida y con el derecho al trabajo.
Y no cabe la renuncia o la exclusión de estos derechos, menos aún cuando se trata de una mujer embarazada porque la protección ya no es solamente por el derecho a la salud sino por el derecho a la maternidad, y no solo es para la mujer sino también para el nasciturus. Se considera que esta protección se basa en los artículos 5, 42, 43, 44 y 53 de la C. P. y también en el artículo 13 ibídem porque “la protección a la mujer embarazada tiene otro fundamento constitucional, a saber la búsqueda de una igualdad real y efectiva entre los sexos”[9]. Luego, no es constucional que se expulse del sistema de seguridad social en salud a una mujer embarazada, que por mandato constitucional (artículo 43) goza de especial asistencia y protección del Estado.
El hecho de que la trabajadora sea del servicio doméstico no excluye en absoluto la protección antes reseñada. La Corte ha dicho en la C-372/98:
"Empero, si bien es cierto que la familia tiene características singulares que no la asimilan a un patrono corriente, la Corte estima pertinente conciliar la protección que la Constitución brinda al núcleo familiar con las condiciones dignas y justas en que, de conformidad con la misma Carta Política, debe desarrollarse la actividad doméstica."
No se puede afectar la igualdad y la dignidad del trabajo, sea cual fuere éste, porque se violarán los artículos 13, 25 y 53. Se dijo en la C-051/95:
"El artículo 13 de la Constitución al consagrar la igualdad, comienza por la declaración de que "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". Pero para que la igualdad no se reduzca a un enunciado teórico, sin efectos en la práctica, la norma continúa diciendo que "recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades..." Y concluye el inciso primero con la prohibición de toda "discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica".
El que la igualdad deba ser "real y efectiva" permite que la ley, en casos especiales, dé un trato diferente a algunas personas, siempre y cuando ello se justifique. La Corte ha sostenido que cuando las diferencias son razonables y no contradicen normas constitucionales, no puede hablarse de violación del principio establecido en el artículo 13. Al respecto, esta Corporación ha expresado:
"Ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática. (Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-221 de 1992. Magistrado Ponente, doctor Alejandro Martínez Caballero.)
Del texto transcrito deben destacarse, en esta sentencia, dos aspectos: el primero, la "especial protección" que el Estado debe otorgar al trabajador. ¿Protección para qué? Para que en relación con él se garanticen "los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución". Principios entre los cuales cabe destacar el de la igualdad, ya examinado. Derechos, como el que tiene toda persona a un trabajo en condiciones dignas y justas. Y deberes, como el de la solidaridad social, en virtud del cual todos estamos obligados a promover el bienestar general, que en alguna forma contribuye al bienestar de cada uno".
Es importante resaltar que la igualdad es para todas las modalidades del trabajo, luego no queda excluido el servicio doméstico y por consiguiente quienes desempeñen tal labor tienen derecho a la seguridad social.
3. Prevalencia de la Constitución sobre normas de rango inferior: no se puede excluir del sistema de seguridad social a un trabajador dependiente
Desde el acto legislativo Nº 3 de 1911 se estableció en Colombia que en todo caso de incompatibilidad entre la constitución y la ley se aplicará aquella. A esto se le dio la denominación de excepción de inconstitucionalidad.
En la actual Constitución, el artículo 4° establece:
Lo anterior implica que si en un caso concreto se aprecia por el juzgador que una norma legal es abiertamente contraria a la Constitución, se inaplica aquella. Es indudable que si una norma preconstitucional permite que se retire del sistema de seguridad social a una persona, esta norma se convierte en inconstitucional (inconstitucionalidad sobreviniente) porque actualmente todos los habitantes de Colombia tienen el derecho irrenunciable a la seguridad social (artículo 48 C.P.) y porque se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud (artículo 49 C.P.), con mayor razón si se trata de mujer embarazada. Luego, el literal d) del artículo 5° del decreto 824 de 1988 que dice: “Los parientes del patrono o de sus familiares hasta el quinto grado de consanguinidad, tercero de afinidad y primero civil, no pueden afiliarse como trabajadores del servicio doméstico”, en cuanto la norma signifique exclusión de la seguridad social, no se compagina con la actual Constitución que protege al derecho al trabajo "en todas sus modalidades" (artículo 25 C.P.) y dentro de esa protección figuran entre los principios mínimos fundamentales: la garantía a la seguridad social y la protección especial a la maternidad (art. 53 C.P.). No es pues constitucional afirmar que por ser un empleador y una trabajadora familiares, esta circunstancia sea causa de retiro de la seguridad social.
Hoy no tiene presentación que alguien que aparezca como trabajador del servicio doméstico sea excluido de la seguridad social. Ya esta Corte en la SU-062/99 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) había dicho:
"Estas normas, desde el año de 1988[10], imponen al empleador el deber de afiliar al servicio doméstico al régimen de pensiones, obligación que se ha mantenido en las disposiciones de la Ley 50 de 1990 y de la Ley 100 de 1993, y cuyo incumplimiento hace responsables a los empleadores, quienes pueden verse obligados a pensionar por su cuenta a los trabajadores no afiliados oportunamente, o a pagar la denominada por la ley “pensión sanción”.
O sea que, el mismo empleador tiene la obligación de afiliar a su empleada del servicio doméstico porque de lo contrario sería el empleador quien respondería por la seguridad social.
Tampoco es constitucional que habiéndose cotizado se ordene anular esas cotizaciones, porque la cotización implica la obligación correlativa de prestar el servicio y, se repite, el derecho a la seguridad social es irrenunciable. Además, sobre el carácter de las cotizaciones ya la Corte dijo que eran contribuciones parafiscales con todas sus consecuencias. En la sentencia C-577/95 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) se dijo:
Se colige de lo anterior que si alguien cotizó y ello constituyó una contribución parafiscal, no puede después de recibirse un buen número de cotizaciones venirse a anularlas y a quitarles toda proyección jurídica.
4. La cuota que debe pagar una trabajadora del servicio doméstico cuyo empleador es familiar
Se podría argüir que en realidad el literal d) del artículo 5° del decreto 0824 de 1988 lo que impide es afiliarse como trabajador del servicio doméstico a la persona que sea familiar del empleador en los grados antes indicados, pero que la norma no impide que se afilie sin señalarse esa característica.
En esta situación habrá que leer la norma (artículo 5º del decreto 824 de 1998, en su literal d-)) bajo la orientación de los principios de solidaridad, eficacia, continuidad y universalidad, propios de la seguridad social, y por consiguiente el mencionado literal d) del artículo 5º del decreto 0824 de 1988, será simplemente una regla para que el I.S.S. pueda reclamar un mayor valor de cuota de afiliación del servicio doméstico, pero el citado artículo no podría tener la connotación de ser causal de exclusión del servicio de seguridad social.
En este orden de ideas, la norma indicada sería simplemente un instrumento para proteger el sistema de seguridad social en el sentido de que no se eluda el pago correcto de la cuota.
Tratándose del servicio doméstico, se tiene que el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 dice: "En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al monto del salario mínimo legal mensual vigente, salvo lo dispuesto para los trabajadores del servicio doméstico conforme a la Ley 11 de 1988".
Es decir, señala una excepción y se remite a los artículos 1º y 2º de la ley 11 de 1988 que señalan:
"ARTICULO 1º.- A partir de la vigencia de la presente Ley, el trabajador del servicio doméstico que devengue una remuneración en dinero inferior al salario mínimo legal vigente, cotizará para el Seguro Social sobre la base de dicha remuneración.
ARTICULO 2º.- El reconocimiento de las prestaciones de salud y la liquidación y reconocimiento de las prestaciones económicas para los trabajadores del servicio doméstico que tengan que cotizar en los términos señalados en el artículo 1º de esta Ley, se efectuará de conformidad con lo establecido en los reglamentos generales del Seguro Social obligatorio.
Ninguna pensión que por razón de esta Ley se reconozca, podrá ser inferior al salario mínimo legal más alto vigente."
Son pues estas las normas en lo tocante al servicio doméstico, con el señalamiento de una presunción del mínimo. Lo anterior significa que, en principio, se tendría hoy como base para la liquidación del trabajador del servicio doméstico que no percibe el salario mínimo legal, el 50% de dicho salario mínimo, o sea $118.230 porque el salario mínimo es de $236.460,oo.
Pero si al literal d- del artículo 5º del decreto 824 de 1988, que desarrolló la ley 11 de 1988, se le da connotación de protección al sistema, para impedir un fraude (hacer figurar a un familiar como trabajador del servicio doméstico para pagar solo el 50% de la cotización), entonces se concluye que en el caso especial del trabajador del servicio doméstico que es familiar de su empleador, no es posible aplicar el artículo 1º de la ley 11 de 1988, sino que se deben aplicar las normas generales: en ningún caso la base de cotización puede ser inferior al salario mínimo legal, en razón de que se trata de trabajadores dependientes, salvo que la prueba demuestra lo contrario: que fueran trabajadores independientes, en cuyo caso la cotización será según el artículo 19 de la Ley 100 de 1993 y las disposiciones pertinentes.
Salta a la vista en el presente caso la acuciosidad del Instituto de los Seguros Sociales para retirar del sistema a una señora embarazada y su descuido por el respeto a las normas constitucionales. Se basó el I.S.S. en una regla que, de tener aplicación, su ámbito no va mas allá de cifras de cotización. Pero nunca podía trascender hasta la violación de principios constitucionales.
En el caso concreto no solamente se retiró a una señora del servicio de seguridad social sino que se borró el tiempo durante el cual estuvo afiliada. Estaba ella cotizando luego debe ser reintegrada al sistema y deben valer las semanas que cotizó. Es decir, las decisiones de la Resolución 000145 de 1999 proferida por el I.S.S., donde en primer lugar se excluyó de la seguridad social a una trabajadora del servicio doméstico, que estaba embarazada, y en segundo lugar se anularon las cotizaciones recibidas, es una actuación contraria a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política. Cabe por lo tanto la acción de tutela por violación a los derechos a la vida, al trabajo, a la salud, a la maternidad y a la igualdad, seguridad social y deben darse órdenes de protección para que la accionante pueda continuar accediendo al servicio de salud que pide mediante tutela.
Otra cosa es que para continuar en el sistema debe pagar lo debido. Y como en el presente caso hay prueba suficiente de que sí era una trabajadora dependiente, entonces, la cotización, en aras de la seguridad del sistema debe ser la general, o sea que la base sería de un salario mínimo legal, por ser familiar del empleador, que si no lo fuera, sería el 50%. Y, si se llegara a demostrara que no es trabajadora dependiente sino independiente, entonces, el porcentaje sería el que a éstos últimos corresponde.
Y, como la acción de tutela en el presente caso se instauró para la protección de derechos fundamentales, haciéndose hincapié en la seguridad social, se infiere que a partir de la solicitud de tutela hay que cotizar lo indicado anteriormente para continuar gozando de la prestación de los servicios que I.S.S. ofrece.
Primero. REVOCAR la sentencia del 18 de marzo de 1999 proferida por el Juzgado 2° Laboral de Neiva y en su lugar CONCEDER la tutela instaurada por la señora MARIA EUGENIA AREVALO MONTENEGRO, por violación a los derechos a la igualdad, la maternidad, a la vida y el trabajo en conexión estos dos últimos con los derechos a la salud y la seguridad social. En consecuencia, queda sin valor alguno la totalidad de la Resolución 000145 de 11 de marzo de 1999 citada en la parte motiva de este fallo y se ORDENA al I.S.S. prestar el servicio de salud y mantener dentro del sistema a la peticionaria María Eugenia Arévalo Montenegro; con el condicionamiento, en cuanto al monto del aporte, señalado en la parte motiva de este fallo.
[6] Cfr. sentencia SU-111 de 1997, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.
[7] Ver T-114/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[8] Salvo en el caso de los niños que según el art. 44 C.N. es derecho fundamental.
[9] Ver C-470/97
[10] Ley 11 de 1988, art. 1°

References: Resolución 
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 48
 artículo 365
 artículo 153
 artículo 162
 artículo 230
 artículo 48
 artículo 53
 artículo 209
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 18
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 19
 Resolución 
 Resolución