Source: http://iachr.org/annualrep/2005sp/EEUU12439sp.htm
Timestamp: 2016-12-06 02:49:56+00:00

Document:
Estados Unidos Caso 12.439 Toronto Markkey Patterson
1. El 3 de junio de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión”) recibió una petición fechada el 29 de mayo de 2002 presentada por Gary Hart, abogado de Austin, Texas (en adelante, “el peticionario”) contra Estados Unidos de América (en adelante, “Estados Unidos” o “el Estado”). La petición fue presentada en nombre de Toronto Markkey Patterson, un joven afroamericano que se encontraba recluido en espera de ser ejecutado en el Estado de Texas. En la petición se alega que Estados Unidos es responsable de la violación de los artículos I, II, VII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante, “la Declaración”) en base a que el Sr. Patterson tenía 17 años de edad en el momento de cometer el delito por el que se le había sentenciado a muerte y dado que una norma de jus cogens del derecho internacional prohibe ejecutar a una persona que sea menor de 18 años en el momento de cometer el delito. Pese a las medidas cautelares ordenadas por la Comisión el 10 de junio de 2002, en las que solicitaba que el Estado suspendiera la ejecución hasta que concluyeran las actuaciones iniciadas ante la Comisión, la ejecución del Sr. Patterson se llevó a cabo el 28 de agosto de 2002. 2. El Estado se ha opuesto a la petición en base a que la misma no afirma hechos que tiendan a establecer una violación de la Declaración Americana y a que en esencia reproduce una petición pendiente ya examinada y resuelta por la Comisión.
5. Por nota del 10 de junio de 2002, la Comisión remitió al Estado las partes pertinentes de la petición, solicitándole enviase información en el plazo de dos meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 30(3) de su Reglamento. En la misma comunicación, en virtud del artículo 25(1) del Reglamento, la Comisión pedía que Estados Unidos adoptara las medidas necesarias para preservar la vida del Sr. Patterson en tanto estuviese pendiente la investigación de las alegaciones de la petición por parte de la Comisión. 6. Por carta del 12 de junio de 2002, el Estado acusó recibo del pedido de medidas cautelares formulado por la Comisión el 10 de junio de 2002, e indicó que dicho pedido había sido remitido al Procurador General de Texas. Por comunicación del 17 de junio de 2002, la Comisión remitió a los peticionarios la comunicación del Estado del 12 de junio de 2002.
c. Aunque la ejecución del Sr. Patterson había sido fijada para el 29 de febrero de 2000, el 16 de diciembre de 1999, la Corte de Distrito Federal del Distrito Norte de Texas otorgó una suspensión de la ejecución para permitir que el Sr. Patterson interpusiera una acción de habeas corpus federal. d. El Sr. Patterson presentó un segundo recurso de habeas corpus, el cual fue desestimado por la Corte de Apelaciones Penales de Texas por considerarla una reiteración abusiva de la acción del 3 de mayo de 2000.
18. En base a los argumentos que anteceden, los peticionarios sostienen que es incuestionable que la prohibición de la ejecución de menores de 18 años en el momento de cometer el delito ha adquirido el carácter de norma universal de jus cogens y por tanto constituye una violación grave del derecho a la vida protegido por el artículo I de la Declaración Americana, la disposición sobre igualdad del artículo II de la Declaración, el derecho a la protección especial de los niños contenida en el artículo VII de la Declaración, y la prohibición de
penas crueles, infamantes o inusitadas, del artículo XXVI de la Declaración.
23. El Estado argumenta que no existe ninguna práctica estatal general y coherente basada en una opinio juris suficiente para establecer una prohibición jurídica internacional consuetudinaria de la ejecución de delincuentes juveniles. El Estado sostiene a este respecto que no existe una práctica uniforme de los Estados en relación con la ejecución de delincuentes juveniles. Asimismo, el Estado ha subrayado que la opinio juris es un elemento necesario del derecho internacional consuetudinario y que la práctica interna de los Estados de por sí no basta, puesto que debe demostrarse que los Estados han discontinuado el proceso de ejecución de delincuentes juveniles en base a una obligación jurídica y no, por ejemplo, por cortesía, justicia o razones éticas.[22] 24. Además, el Estado ha impugnado la sugerencia de que la práctica de Estados Unidos demuestra una tendencia a la no aceptación de la aplicación de la pena de muerte a los menores de 18 años. El Estado argumenta, en particular, que las autoridades judiciales y legislativas citadas, como la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de 1988 en Thompson c. Oklahoma y las enmiendas legislativas de Florida y Montana no fundamentan la existencia de una norma internacional consuetudinaria que prohiba la ejecución de menores de 18 años y señala que ciertas leyes federales, como el Código Uniforme de la Justicia Militar de Estados Unidos, “permite la aplicación de la pena capital por delitos cometidos por integrantes del ejército menores de 18 años por los crímenes en ella especificados.”
38. En el presente caso, el Estado no ha formulado observación alguna ni ha presentado información alguna respecto al agotamiento de los recursos internos en relación con las denuncias del Sr. Patterson, con lo cual ha renunciado implícita o tácitamente a su derecho a objetar la admisibilidad de las denuncias formuladas en la petición en base al requisito en cuestión. 39. Más aún, resulta evidente, de las observaciones del peticionario, que el Sr. Patterson se valió de todos los recursos disponibles en la justicia de Estados Unidos, incluida una apelación directa y acciones de habeas corpus ante los tribunales estaduales y federales, y que el Sr. Patterson fue ejecutado el 28 de agosto de 2002.
D. Plazo de presentación 41. Conforme al artículo 32(1) de la Comisión, esta debe abstenerse de considerar peticiones que sean presentadas después de los seis meses a partir de la fecha en que la parte denunciante haya sido notificada del dictamen final en casos en que se hayan agotado los recursos de la jurisdicción interna. En el presente caso, la petición fue presentada el 3 de junio de 2002 y antes de la desestimación de la Suprema Corte de Estados Unidos, el 28 de agosto de 2002, por la que denegó la petición de certiorari del Sr. Patterson. Además, el Estado no ha impugnado específicamente la presentación en plazo de la denuncia. En consecuencia, la Comisión concluye que no existen impedimentos para que la petición sea considerada, de acuerdo con el artículo 32 del Reglamento.
E. Caracterización de los hechos alegados 42. La Comisión ha señalado en la Parte III del presente Informe las alegaciones sustantivas de los peticionarios y las respuestas del Estado a las mismas. Tras un examen detenido de la información y de los argumentos suministrados por las partes a la luz del escrutinio riguroso que la Comisión aplica a los casos de pena capital[30] y de la jurisprudencia de la Comisión en relación con los asuntos planteados,[31] y sin prejuzgar sobre los méritos de la materia, la Comisión considera que en la petición se afirman hechos que tienden a establecer una violación de los derechos protegidos por el artículo I de la Declaración Americana. Por tanto, la Comisión concluye que la petición de los peticionarios es admisible en virtud de los términos del artículo 34 del Reglamento respecto de la violación del artículo I de la Declaración Americana alegada en la petición.
46. En el presente caso, el Sr. Patterson fue ejecutado por el Estado de Texas el 28 de agosto de 2002, más de nueve meses después del informe preliminar de la Comisión del 15 de octubre de 2001, en el caso Domíngues. Por tanto, a los efectos de este informe, la Comisión adopta sus conclusiones en el caso Domíngues, y determina que, al momento de la ejecución del Sr. Patterson, Estados Unidos estaba igualmente obligado por una norma de jus cogens que prohíbe la ejecución de una pena de muerte contra personas que al cometer el delito no hayan cumplido aún los 18 años de edad. 47. En consecuencia, la Comisión concluye que, al ejecutar al Sr. Patterson por un delito que se comprobó había cometido cuando tenía 17 años, Estados Unidos es responsable de la violación del derecho del Sr. Patterson a la vida consagrado en el artículo I de la Declaración Americana.
53. La Comisión no recibió respuesta del Estado a su pedido de información dentro del plazo especificado en la nota del 5 de noviembre de 2004. Al mismo tiempo, la Comisión observa que el 1º de marzo de 2005, durante su 122º período ordinario de sesiones, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió el caso de Roper v. Simmons.[37] En este caso, una mayoría de la misma determinó que las octavo y decimocuarto enmiendas a la Constitución de los EE.UU. prohíben la ejecución de una pena de muerte contra personas que al cometer el delito no hayan cumplido aún los 18 años de edad. En su decisión, la Corte observó que [e]s apropiado que nosotros reconocemos el peso irresistible de la opinión internacional contra la ejecución de menores de 18 años, se basa principalmente en el acuerdo que, con frecuencia, la inestabilidad y el desequilibrio emocional de los jóvenes son factores en el delito. Véase Observaciones escritas del Human Rights Committee of the Bar of England and Wales et al. como Amici Curiae 10-11. La opinión de la comunidad del mundo, aunque no controla su resultado, provee confirmación respetada y significa para sus conclusiones.[38]
54. La Comisión entiende que, a través de esta decisión, la Corte Suprema efectivamente ha abolido
la ejecución de una pena de muerte contra personas que al cometer el delito no hayan cumplido aún los 18 años de edad. La Comisión celebra este desarrollo que, en su opinión, ha implementado las decisiones numerosas de la Comisión, incluyendo el presente informe, en que ha sostenido que el derecho internacional prohíbe la ejecución de menores de 18 años por los Estados Unidos.
Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Ciudad de Washington, D.C., a los 7 días del mes de marzo de 2005. (Firmado): Clare K. Roberts, Presidente; Susana Villarán, Primera Vicepresidenta; Paulo Sérgio Pinheiro, Segundo Vicepresidente; Comisionados Evelio Fernández Arévalos, José Zalaquett, Freddy Gutiérrez y Florentín Meléndez. [1] Petición de los peticionarios del 29 de mayo de 2002, 2.
Patterson c. el Estado, Nº 72, 282 (Corte de Apelaciones Penales de Texas, 13 de enero de 1999, no publicado)
Petición de los peticionarios del 29 de mayo de 2002, págs. 5-8, donde se cita, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 19 de diciembre de 1966, 999 U.N.T.S. 171; Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. AG Res. 44/25, ONU GAOR, 44° Ses., Sup. Nº 49, 167, ONU Doc. A/44/49 (1989); la Convenio de Ginebra relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, 12 de agosto de 1949, 75 U.N.T.S. 286, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Actas Oficiales de la OEA, OEA/Ser.K/XVI/1.1, doc. 65 rev. 1 corr. 2 (1969), Normas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, G.A. Res. 40/33, anexo, 40 ONU GAOR Sup. (Nº 53), 207, ONU, Doc. E/1984/84 (1984), La cuestión de la pena de muerte, Comisión de Derechos Humanos, 57° período de sesiones. Res. 2001/68 aprobada el 25 de abril de 2001, La pena de muerte en relación con los menores delincuentes, Subcomisión de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos, 53° período de sesiones, Res. 2000/17, aprobada el 17 de agosto de 2000, ONU Doc. E/CN.4/Sub.2/RES/2000/17 (2000). [7] Petición de los peticionarios del 29 de mayo de 2002, pág. 5, donde se indica que el artículo 4(5) de la Convención Americana prohibe la pena de muerte contra menores de 18 años en momentos de cometer el delito, que los Estados Unidos es el único Estado Miembro de la OEA que ha firmado pero no ha ratificado la Convención Americana, y que de los 25 Estados Miembros que han ratificado la Convención Americana, sólo Barbados presentó una reserva al artículo 4(5) pero posteriormente ha establecido los 18 años como edad mínima para la aplicación de la pena capital. Véase Prevención del Delito y Justicia Penal: La pena capital y la aplicación de las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte, Informe del Secretario General de la ONU ESCOR, Consejo Económico y Social, Período sustantivo de sesiones. ONU Doc. E/2000/3, párr. 90 (2000).
[11] Petición de los peticionarios del 29 de mayo de 2002, págs. 10-11, donde se cita a Amnistía Internacional, The United States of America. Too Young to Vote, Old Enough to be Executed, AI Index: AMR 51/105/2001, julio de 2001; Comunicado de Prensa de Amnistía Internacional, (7 de junio de 2001) (Yemen); Amnistía Internacional (División de Irlanda) Comunicado de Prensa (13 de diciembre de 2001) (Paquistán); Actas Resumidas de la 6° Reunión de la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, 52° período de sesiones, 4 de agosto de 2000, E/CN.4/Sub.2/2000/SR.6 párr. 39 (2000) (Nigeria); Actas Resumidas de la 53° período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, 56° período de sesiones, 17 de abril de 2000, E/CN.4/2000/SR.53, párrs. 88 y 92 (2000) (Arabia Saudita); Amnistía Internacional, Children and the Death Penalty: Executions Worldwide Since 1990, ACT 50/10/2000; Comunicado de Prensa de la ONU, La Comisión de Derechos Humanos inicia debate de grupos y personas específicas, 11 de abril de 2001 (Irán); Amnistía Internacional, República Democrática del Congo,
Killing Human Decency, AI Index: AFR 62/11/00, 31 de mayo de 2000, 12.
Véase, por ejemplo, caso 11.827, Informe N° 96/98, Peter Blaine (Jamaica), Informe Anual de la CIDH 1998, párr. 43.
Ibid, párr. 45
[28] Véase, análogamente, caso N° 11.285, Informe N° 62/02, Michael Domíngues (Estados Unidos), Informe Anual de la CIDH 2002, párr.
Véase, por ejemplo, caso James Terry Roach y Jay Pinkerton, supra; caso 12.285, Informe 62/02, Michael Domíngues c. Estados Unidos, Informe Anual de la CIDH 2002.
Ibid, párrs. 84, 85.
Véase análogamente, caso Domínguez, supra, párr. 114; caso 11.753, Informe 52/02, Ramón Martínez Villareal c. Estados Unidos, Informe Anual de la CIDH 2002, párr. 102; Case 12.412, Report 101/03, Napoleon Beazley v. U.S., Annual Report of the IACHR 2003, párr. 61.

References: artículo 30
 artículo 25
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 34
 artículo 4
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