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Timestamp: 2019-09-19 04:39:04+00:00

Document:
Resolución de TEAF Navarra, 970869, 18-05-2001 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 970869 de 18 de Mayo de 2001
Núm. Resolución: 970869
Solicita el recurrente que se le admita deducción por inversión, alegando que ha de tenérsele como ejerciente de actividad empresarial por el concepto de arrendador de locales de oficina. Señala el Órgano que para considerar el arrendamiento de inmuebles como actividad empresarial, se requiere la concurrencia de una serie de factores, desestimándose el recurso al no haber venido el interesado a demostrar la concurrencia de ninguno de los requisitos, con independencia de que a efectos del IVA, sí se considere la operación como tal actividad empresarial.
1º) Deducción por inversión en actividad empresarial. 2º) Requisitos del arrendamiento de inmuebles para ser actividad empresarial.
El ahora recurrente efectuó autoliquidación de su deuda tributaria por el Impuesto y año de referencia mediante declaración que formuló en (?) de 1997, dándose lugar a una deuda tributaria de 420.628 pesetas. Y al respecto dio luego en solicitar de la Sección gestora la revisión de la autoliquidación dicha, y ello en el sentido de que se le aplicase una deducción por inversión efectuada en la actividad económica por él ejercida. Dicha pretensión fue rechazada por la Sección gestora con fundamento en que del examen de los correspondientes registros fiscales no resultaba que el interesado figurase durante el año 1996 como titular de actividad empresarial o profesional alguna. Y frente a ello da el contribuyente en interponer el presente recurso aduciendo que sí ha de tenérsele como ejerciente de actividad empresarial en el año de referencia, concretamente por el concepto de arrendador de locales de oficinas con, incluso, equipamiento informático; y que, por tanto, procede la deducción pretendida por inversión en actividad empresarial.
2.- Por lo que se refiere, pues, a las alegaciones del interesado, ha de verse que, para que unos arrendamientos de inmuebles (urbanos en el caso) tengan, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el carácter propio de una actividad o explotación empresarial se requiere la concurrencia de factores tales como una organización, una nota de habitualidad, una específica intervención mercantil, etc. La organización implicaría la existencia de oficinas, una oferta exterior de servicios, etc. La habitualidad en el ejercicio de la actividad se opone a la aislada realización de concretos contratos de arrendamiento; esa habitualidad desemboca en una ?profesionalidad? que se da cuando la persona hace de ello su característico ?modus vivendi?, su profesión, adquiriendo así el carácter de comerciante, propio del Derecho mercantil. En fin, la específica intervención mercantil no es otra cosa que un relevante propósito de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios. En oposición a todo ello, ha de convenirse en que si no hay organización ni empleados y todo se reduce a conservar los bienes y percibir una renta, no hay actividad empresarial aunque, por ejemplo, se utilicen los clásicos servicios de un administrador de fincas. Y en el presente caso resulta que no queda en absoluto desvanecida la duda de si los arrendamientos que el interesado efectúa son de una u otra índole (reúnen o no las características o notas más arriba señaladas) mereciendo o no el calificativo de actividad empresarial. Cierto es que podría parecer que el concepto se enturbia si examinamos la normativa (ajena, ciertamente, al problema aquí planteado pero aducida por el interesado) reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido. En esa normativa el concepto de empresario o profesional no queda limitado al que resulta del examen de los preceptos del Código de comercio, sino que (pero exclusivamente a los efectos de sujeción a gravamen por el dicho Impuesto sobre el Valor Añadido) se amplía a otras personas que ?a los efectos de lo dispuesto en esta Ley Foral se consideran empresarios o profesionales?. En este grupo se hallan quienes realicen ?una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo? (artículo 5.1.c) de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido), cuyas entregas de bienes o prestaciones de servicios del género indicado quedan sometidos a gravamen por el dicho Impuesto. La Ley califica, pues, como empresarios o profesionales a quienes realicen operaciones de arrendamiento por el mero hecho de efectuarlas. Pero, con todo, podría decirse que no se produce una paralela calificación de las operaciones en sí mismas como actividades empresariales o profesionales (ver artículo 4.2.). Es decir, parecería que el mero hecho de ser empresario o profesional quien realice las tales operaciones no las convierte a éstas automáticamente en integrantes de una actividad empresarial o profesional. Y podría comprobarse la exactitud de la anterior afirmación observando el tratamiento que se ofrece en la propia Ley para con las sociedades mercantiles: el artículo 5º.1.b) atribuye el carácter de empresarios o profesionales a las sociedades mercantiles y el artículo 4.2.a) entiende realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las sociedades mercantiles; si la atribución de la condición de empresario o profesional al sujeto conllevase automáticamente la calificación de la operación como integrada en el desarrollo de actividad empresarial o profesional, no sería precisa esa doble mención legal. Esa falta de toma en consideración, por nuestro legislador, de la actividad de arrendamiento como actividad empresarial o profesional, que se producía en la anterior Ley del Impuesto y que pudo deberse simplemente a una incorrecta transcripción de lo que ya se decía en la Sexta Directriz acerca de este particular, se mantiene en la nueva Ley Foral de 1992, la cual se limita a precisar en aquel artículo 5.1.c) ?in fine? que ?en particular, tendrán dicha consideración (de empresarios o profesionales) los arrendadores de bienes?. Con ello, pues, permanece subsistente la ya dicha dicotomía entre empresario o profesional y actividad empresarial o profesional; es decir, que, siendo sin duda alguna empresarios o profesionales los dichos arrendadores, no puede decirse tajantemente que, a la luz de la normativa citada, resulten de suyo actividades empresariales o profesionales los dichos arrendamientos. Y la dicha falta de toma en consideración específica, por parte del legislador español de la actividad de arrendamiento, actividad empresarial o profesional, sigue debiéndose, simplemente, a una incorrecta transcripción de lo que ya se decía en la Sexta Directriz acerca de este particular. En efecto, el artículo 4.2 de dicha norma comunitaria (a cuyo régimen deben adaptarse los Estados miembros de la Unión Europea) establece que ?las actividades económicas a que se alude en el apartado uno son todas las de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las actividades extractivas, las agrícolas y el ejercicio de profesiones liberales o asimiladas. En especial será considerada como actividad económica la operación que implique la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo?. Y, en fin, habiendo de interpretarse la materia de que se trata a la luz de los preceptos de la dicha Directiva, por resultar la formulación de éstos clara, precisa e incondicional, habría que coincidir con el recurrente en que su actividad de arrendamiento de locales de negocios constituye una actividad empresarial, pero ello exclusivamente referido a los efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido. Aquí se ve (es consabido) la diferencia existente en la regulación que de esta materia ofrece la normativa de uno y otro Impuestos. Y por muy indeseable que resulte una tal disparidad de tratamiento o regulación normativos, no cabe sino estar en el presente caso a la regulación propia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a que el expediente se contrae. Y en ese aspecto ya se ha dicho que el interesado no ha venido a demostrar la concurrencia de ninguno de los requisitos que al comienzo de este Fundamento de Derecho se han desmenuzado como condiciones para pensar en la posible existencia de una actividad empresarial de arrendamiento de bienes inmuebles (a los efectos, ha de repetirse, del dicho Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Y, por tanto, no se dan términos hábiles para acceder a la pretensión del interesado de que se le aplique deducción por inversión llevada a cabo en el ejercicio de pretendida actividad empresarial.
Y, en virtud de ello, este Organo, en sesión celebrada el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar recurso interpuesto por Don (?) a propósito de tributación por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 1996, con lo que la correspondiente liquidación, así como posterior resolución de la Sección gestora del Impuesto, quedan confirmadas en sus propios términos.
Sentencia Administrativo Nº 259/2008, TSJ Castilla y Leon, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 115/2007, 20-06-2008
Orden: Administrativo Fecha: 20/06/2008 Tribunal: Tsj Castilla Y Leon Ponente: Garcia Vicario, Maria Concepcion Num. Sentencia: 259/2008 Num. Recurso: 115/2007
Orden: Administrativo Fecha: 12/07/2011 Tribunal: Tsj La Rioja Ponente: Escanilla Pallas, Jesus Miguel Num. Sentencia: 306/2011 Num. Recurso: 154/2010
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 788/2017, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 37/2016, 14-09-2017
Orden: Administrativo Fecha: 14/09/2017 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Ornosa Fernandez, Maria Rosario Num. Sentencia: 788/2017 Num. Recurso: 37/2016

References: Resolución 
 artículo 4
 artículo 5
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in fine
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 resolución