Source: http://desafiosycompromisos.blogspot.com/2012/10/proyecto-de-ley-de-violencia-familiar.html
Timestamp: 2017-11-25 10:55:50+00:00

Document:
Por una vida... "Sin Violencia": PROYECTO DE LEY DE VIOLENCIA FAMILIAR
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN LOS QUE SE AVALA:
la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 3º y 19), aprobada por la Ley Nº 23.849
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 16), aprobada por la Ley Nº 23.179
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - “Convención de Belem do Pará”.
Las dos primeras tienen jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional) y la tercera fue aprobada sin reservas por la República Argentina mediante Ley Nº 24.632. Dichas convenciones brindan sustento legal para la intervención en casos de violencia conyugal y de maltrato infanto juvenil.
En los casos de personas ancianas y con discapacidad:
el fundamento protector aparece en:
la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, aprobada por Ley Nº 23.054
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, aprobados por Ley Nº 23.313.
Si bien en dichos instrumentos internacionales no hay referencia expresa al maltrato de ancianos y de personas con discapacidad, el concepto de dignidad de la persona les da fundamento suficiente para servir de guía en las decisiones que se tomen al respecto, máxime considerando que dichas convenciones integran el Derecho Constitucional argentino (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional).
Dichos instrumentos habilitan al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN a dictar una norma de protección frente a la violencia y al abuso de poder en el ámbito de los grupos familiares, complementaria de las respectivas leyes locales y de aplicación obligatoria, en razón de que la problemática constituye una violación de los derechos humanos de los integrantes de la familia, cuyos bienes jurídicos protegidos son: el derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad, a la integridad física, psíquica, sexual y económica, a la educación, a la salud y a la seguridad personal.
garantizar el efectivo goce de estos derechos y sancionar a quienes, dentro del ámbito de los grupos familiares, los restringen, avasallan o lesionan.
Propicia asegurar los derechos de las víctimas a recibir atención psicológica, médica y jurídica especializada
reparación de los daños sufridos, protección, seguridad, información y asistencia social dentro o fuera del hogar mediante programas adecuados, para su recuperación e integración familiar, social y laboral.
La finalidad de la presente ley, entendida como el resguardo de los derechos personalísimos de los integrantes de los grupos familiares, se efectiviza en lo inmediato mediante las medidas de protección, que no son cautelares porque no acceden a un juicio principal, sino que se trata de medidas autosatisfactivas en materia de protección de derechos humanos.
Se prevé que cualquier persona está legitimada para denunciar por sí los hechos que la victimizan.
El proyecto incorpora la denominada “denuncia por solidaridad”, que faculta para realizar la denuncia a cualquier integrante de grupo familiar o de la comunidad y a los integrantes de los servicios de salud, asistenciales, sociales y educativos que en razón de su función hayan tenido contacto con la persona agraviada. En estos casos, el juez o jueza o tribunal citará a la presunta víctima para ratificar la denuncia, tomando recaudos para su protección.
Las niñas, niños y adolescentes pueden denunciar por sí los hechos que los victimizan en cualquier sede judicial, policial o administrativa, a fin de pedir el inmediato restablecimiento de derechos vulnerados por situaciones de violencia en el ámbito familiar. Su derecho a ser oídos en el marco de la presente ley se efectivizará brindándoles las condiciones que les permitan expresarse. Sin perjuicio de ello, con estos grupos etarios se estatuye la obligatoriedad de la denuncia.
Se destaca como innovación la inmunidad civil y penal del obligado a denunciar, su protección ante el acoso u hostigamiento del agresor y la imposición de sanciones para los casos de omisión de denuncia o su obstrucción por terceros o superiores jerárquicos.
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: VÍCTIMAS Y PROFESIONALESLa situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia o abuso sexual debe comprender no sólo a quienes sufren la agresión, sino también a quienes trabajan judicial o extrajudicialmente con ellas en los necesarios procesos de atención y contención desde las diferentes disciplinas.
Este proceder afecta seriamente el derecho de defensa de los mismos, transgrediendo además lo normado por los artículos 3, 4, y 16 inc. e) y h) de la ley 26.485, lo que justifica una respuesta desde la normativa.
La traumatización vicaria es la transformación en el funcionar del yo y en la interpretación del mundo que se opera en el profesional que trabaja con sobrevivientes de traumas familiares. Las defensas empleadas para protegerse de conocer la capacidad de las personas para la crueldad, la agonía y el terror de los niños y las mujeres, el sadismo sistemático, tiene sus costos. Si un profesional descansa en su negación, intelectualización, aislamiento afectivo, disociación y proyección, su capacidad para conectarse consigo mismo y con otros se verá disminuida.
DENUNCIA POLICIAL Por otro lado, se prevé la denuncia policial, en razón de que dicha fuerza merece estar legitimada para intervenir en situaciones de riesgo, entendiendo por tales la contingencia o probabilidad de sufrir daños actuales. Se justifica la actuación policial en el hecho de que suele ser la primera autoridad ante la que se recurre en situaciones de violencia como las previstas en la ley, en horas en las que no funcionan los tribunales o los servicios especializados y considerando que aún no se cuenta en todas las jurisdicciones con oficinas judiciales dónde denunciar en hora inhábil.
Una de las innovaciones más importantes es el juicio por violencia familiar. Una vez adoptadas las medidas de protección, en el mismo expediente, las partes podrán promover el juicio por violencia familiar. La norma proyectada dice “podrán”, confirmando el carácter autosatisfactivo de las medidas de protección. A diferencia del proceso genérico, el juicio por violencia admite la prueba testimonial de parientes consanguíneos o afines en línea recta y colateral de las partes y el o la cónyuge. Es una innovación en esta materia, dado que son quienes pueden ilustrar acerca de las situaciones de violencia en la intimidad del grupo familiar.
El proyecto faculta al juez o tribunal a convocar a las partes a las audiencias que entienda necesarias, pero prohíbe expresamente la mediación.
Otro aspecto fundamental es la responsabilidad del agresor por sus conductas violentas. Esto se manifiesta en la obligación de reparar el daño causado a la víctima y la aplicación de sanciones, independientemente de su derivación a programas o tratamientos especializados.
RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOSLas disposiciones contenidas en materia de educación tienen por finalidad superar algunos cánones basados en la discriminación contra las mujeres y en la falta de conciencia respecto de los procesos de envejecimiento humano, ancianidad y discapacidad, por lo que se impone incluir dichas temáticas en forma obligatoria en las currículas educativas desde el nivel inicial hasta los estudios terciarios y universitarios, ya que ello no debe ser patrimonio exclusivo de aquellos que acceden a niveles de postgrado.
En este sentido, además, resulta importante la ejecución de planes de capacitación y de intervención frente a determinados programas televisivos o radiales en los que se insiste en estereotipos acerca de los hombres y las mujeres y que naturalizan la violencia en el grupo familiar. Se intenta, de esta manera, evitar la difusión de estereotipos de tolerancia a una ideología contraria a una vida sin violencias.
OBRAS SOCIALES Y PRE PAGAS
En cuanto a la disposición que obliga a las obras sociales y empresas de medicina prepaga a contar con programas especializados de prevención en materia de violencia y abuso de poder en el ámbito del grupo familiar para brindar asistencia médica y psicológica a víctimas y agresores, la misma se fundamenta en que, así como forma parte de los derechos humanos el que todos puedan gozar de una vida familiar libre de violencias, también forma parte del derecho a la salud el prevenir estas patologías vinculares y tratar las consecuencias físicas y psicológicas que la ocurrencia de mismas producen en las personas afectadas.
ARTÍCULO 1º.- APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN.
Cualquier persona que sienta vulnerados sus derechos en el ámbito del grupo familiar podrá solicitar su restablecimiento mediante las respectivas leyes locales en materia de violencia familiar y la presente ley nacional de orden público y de aplicación obligatoria en toda la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo prevalecer esta última en lo que se le opongan los ordenamientos locales, salvo que aseguren en mejor medida los derechos consagrados.
La presente debe ser aplicada con independencia de los juicios de divorcio, alimentos, tenencia y regímenes de visita o cualquier otro relativo al derecho de familia o procesos penales que afecten a las partes. No accede a ninguna de estas instancias, ni las reemplaza.
A los efectos de la aplicación de la presente ley por la autoridad indicada en las respectivas leyes locales, se entenderá por violencia y abuso de poder en el grupo familiar, toda acción, omisión o manipulación crónica, permanente o periódica, generadora de riesgo actual, que afecte la integridad física, psicológica, emocional, sexual, económica o la libertad de un integrante del grupo familiar.
ARTÍCULO 3° - PERSONAS PROTEGIDAS
La ley protege a:
a) Los cónyuges, aunque estén separados, y a los ex cónyuges.
b) Los convivientes o ex convivientes, de igual o distinto sexo y a todos los vinculados por una relación afectiva o de convivencia o de cuidado o atención.
c) Los ascendientes o descendientes.
d) Otros parientes consanguíneos o afines.
ARTÍCULO 4º.- PRINCIPIO DE PREVENCIÓN.
En los casos en los que se denuncien hechos previstos en esta ley, el juez o jueza o tribunal que previniere, aún siendo incompetente, deberá, si son procedentes, disponer medidas de protección de urgencia, sin perjuicio de la posterior remisión de las actuaciones al juez, jueza o tribunal competente.
ARTÍCULO 5º.- PERSONAS DAMNIFICADAS.
Cuando los damnificados fueren adultos, la denuncia la hará la persona afectada.
Podrá comunicar los hechos cualquier integrante del grupo familiar o de la comunidad, y también los integrantes de los servicios de salud, asistenciales, sociales, educativos que, en razón de su función, hayan tenido contacto con la persona agraviada.
En estos casos, la persona afectada será citada en VEINTICUATRO (24) horas para ser informada de la denuncia deducida en su favor. La notificación se efectuará sin identificar al denunciado ni la carátula del expediente y sólo contendrá el comparendo al juzgado o tribunal.
Para las actuaciones siguientes el patrocinio letrado será obligatorio, a cuyo efecto las jurisdicciones locales deberán asegurar el efectivo acceso a la justicia mediante servicios de patrocinio jurídico gratuito, con independencia de las Defensorías Públicas Oficiales.
ARTÍCULO 6º.- DENUNCIA E INTERVENCIÓN POLICIAL.
Las seccionales policiales deberán recibir las denuncias por violencia familiar mediante personal especializado y orientar a quienes denuncian sobre los recursos que la ley les acuerda y los servicios estatales que tienen a disposición.
La policía deberá adoptar los recaudos necesarios para evitar el conocimiento y divulgación pública de la situación e historia personal de la víctima.
Las restantes fuerzas policiales y de seguridad nacionales y provinciales adoptarán los recaudos necesarios para garantizar en sus dependencias el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo.
ARTÍCULO 7º.- OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5° cuarto párrafo y siguientes, la denuncia de los hechos de violencia en el ámbito del grupo familiar deberá ser efectuada por los representantes legales, familiares, por el Ministerio Público o por cualquier persona que tome conocimiento de los hechos, cuando los damnificados fuesen niñas, niños o adolescentes o personas imposibilitadas física o psicológicamente para procurarse por sí el auxilio legal, o que no puedan comprender el alcance de sus actos.
ARTÍCULO 8º.- PLAZO PARA DENUNCIAR.
La denuncia deberá ser deducida en un plazo máximo de SETENTA Y DOS (72) horas contadas a partir de la fecha en que se tomó conocimiento de la situación de violencia.
En caso de duda sobre la fecha en que tomó de conocimiento de la situación de violencia, el plazo se contará a partir de la fecha de la primera intervención que conste en la historia clínica, social o registro respectivo.
ARTÍCULO 9º.- INMUNIDAD DEL OBLIGADO.
Los obligados a denunciar gozarán de inmunidad e indemnidad civil y penal, salvo supuestos de mala fe.
Los organismos administrativos o judiciales que intervengan en la recepción de denuncias o en la aplicación de medidas ordenadas en el marco del proceso por violencia familiar, deberán adoptar las medidas necesarias para evitar todo tipo de amedrentamiento, coacción moral, intimidación o cualquier otra acción que afecte la tranquilidad espiritual y moral o que implique una restricción de los derechos de los profesionales intervinientes durante las tramitaciones iniciadas.
Para ello, se deberán tomar en forma inmediata las medidas necesarias de protección previstas en el artículo 12, o las sanciones previstas en el artículo 18 y solicitar el auxilio de la fuerza pública de ser necesario, pudiendo incluso disponerse el arresto del o los agresores, sin perjuicio de la remisión inmediata a la justicia penal.
El incumplimiento por parte de los funcionarios judiciales o administrativos de esta disposición será considerado falta grave.
ARTÍCULO 10.- OMISIÓN Y OBSTACULIZACIÓN DE DENUNCIA.
Para el caso de que los terceros obligados a denunciar omitieren cumplir con dicha obligación en el plazo fijado, se les impondrá una multa diaria equivalente al UNO POR CIENTO (1 %) del sueldo básico de un juez o jueza federal de primera instancia por cada día de demora o pena de arresto de hasta DIEZ (10) días.
Las sanciones referidas tramitarán en la causa de denuncia por violencia familiar y los montos de las multas se acreditarán en una cuenta en el banco de depósitos judiciales con destino a las víctimas del caso.
Recibida la denuncia, la misma deberá ser desestimada si el caso es ajeno a la vía protectiva en violencia familiar.
Al tomar conocimiento de la denuncia, o en cualquier otro estado de la causa, el juez, la jueza o tribunal deberá adoptar una o más medidas de protección, que podrán ser las peticionadas o las que a su criterio sean procedentes de acuerdo a las circunstancias del caso, sin necesidad de requerir informes y sin correr traslado previo alguno.
Se considerarán medidas de protección a las siguientes:
a) Excluir al denunciado del hogar, a quien se hará entrega de sus pertenencias personales y laborales mediante inventario.
b) Prohibir su acceso al domicilio del que fue excluido o al que hubiesen fijado las personas damnificadas.
c) Restringir el acercamiento del denunciado a las personas damnificadas, como así también a sus lugares de trabajo, estudio o recreación.
d) Suspender todo contacto del denunciado -incluido el personal, el telefónico, el de correo electrónico o por terceros- con las personas damnificadas.
e) Ordenar el allanamiento de la morada cuando estuviere en riesgo grave la integridad de cualquiera de sus habitantes.
f) Ordenar el reintegro de la persona damnificada al domicilio del cual ha debido salir por razones de seguridad, previa exclusión del denunciado.
g) Disponer alimentos provisionales a favor de la persona damnificada, cuando el excluido fuese el sostén principal del hogar. Al efecto se abrirá una cuenta en el banco de depósitos judiciales. Si el alimentante trabajara en relación de dependencia, el juez, la jueza o tribunal ordenará de oficio los respectivos descuentos, que incluirán los salarios familiares y toda asignación familiar que le corresponda, la entrega de los carnets de obra social y sus respectivas actualizaciones.
h) Dejar constancia de las razones que justificaron el retiro de la persona damnificada del hogar común y disponer la entrega inmediata de sus bienes.
i) Fijar a la persona damnificada un domicilio diferente al del habitual para protegerla de posibles agresiones.
j) Ingresar a la persona damnificada en casas refugio o en hogares alternativos u hoteles, con condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad.
k) Suspender al denunciado el permiso de portación de armas si lo tuviere y decomisar las que posea en su domicilio, aún cuando sea legítimo usuario o portador.
l) Ordenar la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes de las personas damnificadas o comunes, a fin de salvaguardar su patrimonio. Dichos actos pueden ser revisados en la causa por violencia familiar y son susceptibles de ser anulados, aún cuando haya firmado la víctima.
m) Prohibir al denunciado el cobro de los haberes de la persona damnificada y exigir rendición de cuentas documentadas relativa a los mismos.
n) Trabar embargo u otra medida precautoria sobre los bienes del denunciado.
o) Transferir a la persona damnificada el plan social o equivalente del que es titular el denunciado.
p) Comunicar a la obra social o empresa de medicina prepaga la situación de violencia para que la persona damnificada pueda recibir atención médica y/o psicológica.
q) Obligar al denunciado a restituir a la persona damnificada sus bienes muebles, especialmente los de uso cotidiano.
r) Fijar provisionalmente una suma para afrontar gastos de alojamiento de la persona damnificada en la emergencia, honorarios profesionales, de farmacia y de salud en caso de no ser posible la aplicación del inciso o) del presente artículo, y de asistencia personal para la vida diaria en caso de ser necesario.
s) Requerir la intervención domiciliaria de programa especializado dependiente de la jurisdicción local.
t) Conceder a la víctima una licencia extraordinaria por situaciones de violencia familiar, que interrumpa las licencias ordinaria o extraordinaria. Dicha medida será comunicada al empleador y no podrá originar la cesantía, despido, exoneración o rescisión del contrato de trabajo. El empleador deberá mantener la debida reserva para evitar estigmatizaciones.
u) Cualquier otra que se considere adecuada al caso, directamente relacionada con los hechos en cuestión.
ARTÍCULO 13.- TRÁMITE DEL JUICIO.
Adoptadas las medidas de protección y en el mismo expediente, las partes podrán promover el juicio por violencia familiar, que tramitará por las reglas del procedimiento más breve previsto en las respectivas legislaciones locales y las disposiciones específicas de los artículos siguientes.
ARTÍCULO 14.- PRINCIPIOS PROCESALES.
Se aplicarán los principios del debido proceso, de no victimización, de gratuidad, de inmediación, de oralidad, de contradicción, de libertad probatoria, de adquisición y de celeridad.
No se admitirá mediación bajo ningún concepto en la temática comprendida en la presente ley.
Se tomarán los recaudos técnicos suficientes (grabación de audio o video u otro medio de registro) para evitar la repetición de los testimonios de cualquiera de las partes ante el juez, jueza o tribunal, y en ocasión de la realización de los informes del artículo 16.
ARTÍCULO 15.- TRASLADO DE LA DENUNCIA Y PRUEBA.
De la presentación inicial se dará traslado al denunciado.
Contestado el mismo o vencido el plazo para hacerlo de acuerdo a los ordenamientos procesales locales, cuando hubiere hechos controvertidos, el juez, la jueza o tribunal ordenará la apertura a prueba con los elementos existentes en autos y con los demás ofrecidos por las partes y los ordenados de oficio.
Podrán ser ofrecidos como testigos los parientes consanguíneos o afines en línea recta y colaterales de las partes y el o la cónyuge.
ARTÍCULO 16.- INFORMES ESPECIALIZADOS.
El juez, la jueza o tribunal requerirá de inmediato un informe de la situación de urgencia y riesgo del grupo familiar, que permita caracterizar presuntivamente a la víctima y al denunciado.
Los informes sólo podrán ser objeto de pedido de aclaración, ampliación y fundamentación y no podrán ser impugnados.
Si su producción fuese denegada, las partes afectadas sólo podrán deducir recurso de reposición, indicando las razones por las cuales son conducentes para el caso.
Las partes podrán pedir o aportar otros informes técnicos.
Finalizada la etapa probatoria, el juez, la jueza o tribunal dictará sentencia rechazando o admitiendo la denuncia.
a) Confirmar o modificar las medidas de protección dictadas, las que podrán tener carácter de definitivas.
b) Condenar al agresor a hacerse cargo de los gastos generados con su conducta violenta.
c) Aplicar una o más sanciones de las previstas en el artículo 18.
d) Instar conforme al diagnóstico especializado a la inserción del agresor en programas específicos de tratamiento integral de la conducta violenta y a la víctima o a otros miembros del grupo familiar a concurrir a programas de recuperación de los efectos producidos por la violencia sufrida, cuyo cumplimiento será supervisado por el juez, la jueza o el tribunal.
En aquellos casos en los que el agresor repitiere actos de violencia contemplados en esta ley o transgrediese las medidas de protección dictadas o intimidase, agrediese física o verbalmente u hostigase por cualquier modo por sí o por terceros a las víctimas o a los profesionales intervinientes en el caso o testigos, previa audiencia con el denunciado, se podrán aplicar las siguientes sanciones:
a) Realización de cursos obligatorios de información y reflexión sobre la temática a partir de convenios con organismos nacionales, provinciales o locales con especialización en violencia familiar.
b) Realización de tareas comunitarias en instituciones de salud o acción social nacionales, provinciales o locales durante fines de semana, feriados, o a continuación del horario laboral, y cuya duración no podrá ser menor a los TRES (3) meses o su equivalente a DOSCIENTAS (200) horas, con un máximo de UN (1) año generando el incumplimiento, la derivación de los antecedentes a la justicia penal.
c) Multas pecuniarias en beneficio de la víctima, cuyo monto se fijará de acuerdo a la situación patrimonial del agresor.
d) Comunicación de los hechos de violencia al empleador, a la asociación profesional, sindical u organizaciones intermedias o deportivas a las que pertenezca el agresor. La comunicación de los hechos de violencia al empleador del agresor no podrá originar la cesantía, despido, exoneración o rescisión del contrato de trabajo por ese mero hecho.
Las sanciones previstas no podrán ser reemplazadas con inserción en programas o tratamientos especializados.
ARTÍCULO 19.- EJECUCIÓN DE PLANES DE CAPACITACIÓN.
A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la autoridad de aplicación que determine el PODER EJECUTIVO NACIONAL y los organismos provinciales o locales a cargo de similares funciones o competencias ejecutarán planes de formación, capacitación y especialización obligatorios de todos los integrantes de la administración de justicia, fuerzas policiales y de seguridad nacionales y provinciales y de todos aquellos que intervengan en el tratamiento de la temática de la presente ley.
ARTÍCULO 20.- PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA.
A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través de la autoridad de aplicación, supervisará la efectiva inclusión de mensajes y programas destinados a prevenir, sancionar y erradicar la temática prevista en esta ley, en las programaciones habituales de radio y televisión, pública y privada, por cable y satelital.
Se aplicarán las sanciones previstas en los artículos 103, ss. y cc. de la LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Nº 26.522 y sus modificatorias y el monto de las sanciones se depositará en una cuenta que se abrirá en los términos de la LEY DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL Nº 24.156 y sus modificaciones, a los fines de financiar programas especializados en el interior del país, que acrediten tal necesidad.
ARTÍCULO 21.- PLANES DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO EN OBRAS SOCIALES Y EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGA.
A partir de la entrada en vigencia de esta ley, la autoridad de aplicación en materia de salud que determine el PODER EJECUTIVO NACIONAL y los organismos provinciales a cargo de similares funciones, deberán incluir en el Programa Médico Obligatorio, que deben cumplir las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, planes específicos en materia de prevención y tratamiento médico y psicológico de la violencia y el abuso del poder en las organizaciones familiares para víctimas y agresores.
ARTÍCULO 22.- REGISTRO ESTADISTICO.
La autoridad de aplicación, conforme lo establezca el PODER EJECUTIVO NACIONAL, deberá llevar un registro estadístico de las denuncias por violencia familiar efectuadas tanto en sede administrativa como judicial, que se tramiten en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, en el que constará en forma anónima un perfil socio-demográfico de las partes y el resultado del trámite. Dichos datos deberán mantenerse actualizados y a disposición pública en el sitio de internet de la autoridad de aplicación.
Publicado por Desafiosycompromisos Ong en 20:39

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ARTÍCULO 9
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ARTÍCULO 14
 artículo 16

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ARTÍCULO 16
 artículo 18

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ARTÍCULO 21

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