Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831002.html
Timestamp: 2019-11-16 02:04:32+00:00

Document:
as201831002
Auto Supremo Nº 02
Expediente : 12/2017
Demandante : Julio Claros Muñoz
Demandado : Estación de Servicio Paraiso S&D S.R.L
VISTOS: El Recurso de Casación en el fondo de fojas 385 a 388, interpuesto por SANDY OVANDO MONTAÑO, en representación de la Estación de Servicio Paraíso S&D S.R.L., dentro del proceso social por pago de beneficios sociales seguido por JULIO CLAROS MUÑOZ, contra la Empresa que representa el recurrente, la contestación de fojas 391 a 392 vta., los antecedentes del proceso y,
I.1.- Sentencia.- Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Tercero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia de Nº 03 de 15 de enero de 2016 (fojas 339 a 344), declarando probada en parte la demanda de fojas 26 a 31, ordenando el pago por desahucio, indemnización por tiempo de trabajo, aguinaldos, primas, bono de antigüedad, vacaciones y sueldos devengados, más la multa prevista por el D.S. Nº 28699 conforme al siguiente detalle:
Promedio indemnizable: Bs. 2.616.
Desahucio: Bs. 7.948,00
Indemnización (4 años, 3 meses y 6 días) Bs. 22.322,00
Aguinaldo (Doble de 4 años, 3 meses y 6 días) Bs. 11.161,00
Bono de Antigüedad 2 años y 3 meses Bs. 4.860,00
Vacaciones de 2 gestiones Bs. 2.616,00
Sueldos devengados 3 Bs. 7.848,00
Total Bs. 67.816,00
Multa: 30% D.S. Nº 28699 Bs. 20.344.80
TOTAL A PAGAR Bs. 88.160,80
I.2.- Auto de Vista.- En grado de Apelación, promovido por el apoderado del demandante José Luis Giovanny Martínez Perales, mediante escrito de fs. 361 a 366), en mérito al Poder Especial y Bastante Nº 1142/2013 de 02 de septiembre, otorgado ante la Notaría Nº 108 de la ciudad de Santa Cruz (fs. 1), por Auto de Vista. Nº 112 de 31 de agosto de 2016, cursante a fojas 381 a 382 vta., la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contencioso Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, REVOCO en parte, la Sentencia apelada Nº 03 de 15 de enero de 2016, ordenando que la empresa demandada, cancele al actor los siguientes conceptos:
Desahucio: Bs. 10.116,00
Indemnización (13 años, 5 meses, 7 días) Bs. 46.027,80
Aguinaldo doble (13 años, 5 meses, 7 días) Bs. 92.455,60
Primas (13 años, 5 meses, 7 días) Bs. 46.027,80
Bono de Antigüedad (13 años, 5 meses, 7 días) Bs. 12.558,00
Vacaciones (12 años y 5 meses) Bs. 35.406,00
Sueldos Devengados (3 meses) Bs. 10.116,00
Sub. Total Bs. 252.307,20
Multa 30% Bs. 75.692,16
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES: Bs. 327.999,36
II.- RECURSO DE CASACIÓN, RESPUESTA Y ADMISIÓN.- Contra el referido Auto de Vista, la Empresa demandada, ESTACIÓN DE SERVICIO PARAÍSO S&D S.R.L., representada por SANDY OVANDO MONTAÑO, interpuso Recurso de Casación en el fondo, conforme los fundamentos del escrito que cursa de fojas 385 a 388, recurso que fue respondido por el representante del demandante conforme consta el escrito de fojas 391 a 393, habiéndose evidenciado que el recurso, cumple los requisitos formales exigidos por el art. 274-I del Cód. Proc. Civ., declarándose ADMISIBLE, mediante Auto Supremo Nº 12-A de 16 de enero de 2017, emitido por este Tribunal (fs. 404 y vta.), por consiguiente dicho recurso pasa a efecto de considerar y resolver.
Se hace constar que en cumplimiento del Acuerdo de Sala Plena Nº 169/2017 de 23 de octubre de 2017, se procedió a sortear la presente causa de manera anticipada, en aplicación del numeral 4 del Acuerdo de Sala Plena Nº 23/2012.
Efectuando una relación de los antecedentes del presente proceso, el recurrente, en representación de la empresa demandada, fundamentó:
II.1.1.- Recurso de Casación en el fondo:
1.- Denunció, la falta de interpretación y aplicación de los arts. 117 y 124 del Cód. Proc. Trab., porque se habría admitido la demanda laboral de pago de beneficios sociales interpuesta por JULIO CLAROS MUÑOZ, como también el pago del alquiler de un vehículo, hecho que no fue observado por el juez de primera instancia, pese a que por su naturaleza corresponde a otro campo ajeno a la jurisdicción laboral.
2.- Alega que no se consideró los documentos de descargo de fs. 41 a 43 y 44 a 46, que evidencian, con el valor probatorio de los arts. 151 y 159 del Cód. Proc. Trab., que el actor no formaba parte del personal dependiente y subordinado de la Estación de Servicio Paraíso S&D S.R.L., aspectos que vulneran el debido proceso, la defensa y seguridad jurídica conforme los arts. 178 y 180 de la CPE.
3.- Las normas citadas (arts. 151 y 159 del Cód. Proc. Trab.), facultan a las partes a asumir defensa y por ello es que mediante los documentos de fs. 65 a 135 de obrados, el actor demostró que era gestor y tramitador eventual y ocasional a favor de la empresa que representa el recurrente, en diferentes entidades, aspecto que evidencia una notoria condición de imposibilidad para que esta persona ejerza funciones múltiples; es decir, asista de forma regular al trabajo y efectúe los trámites eventuales descritos.
4.- Estos mismos documentos, evidencian que el actor era gestor y tramitador eventual, sin exclusividad en sus servicios hacia la empresa, empero el juez de primera instancia como el tribunal de segunda instancia, incurrieron en violación del debido proceso y la seguridad jurídica, al no valorar esta prueba de descargo, incumpliendo los arts. 151 y 159 del Cód. Proc. Trab.
5.- Existe más prueba de descargo no valorada por el juzgador, consistente en los documentos de fs. 6 y 7, consistente en Certificados de trabajo, que evidencian que el demandante ejercía funciones de Auditor Externo y realizaba trabajos de recuperación de créditos y saneamiento de tierras, pues este nunca tuvo un puesto interno en el Surtidor Paraíso, tarea de auditor que realiza como profesional en sus propias oficinas, como acontece con otros profesionales auditores que también realizaron esa misma tarea para la empresa, como una labor de consultoría, sin que existe exclusividad, subordinación, dependencia ni salario, es decir se encuentra fuera del alcance de los arts. 2, 5, y 6 de la L.G.T. y 5 y 6 de su D.R.
6.- Similares hechos demuestran los documentos de fs. 18, 19, 22 y 24 de obrados, pruebas que no fueron considerados en el auto de vista impugnado, vulnerando el debido proceso, seguridad jurídica y garantía procesal señalados por los arts. 151 y 159 del Cód. Proc. Trab.
7.- Este hecho fue corroborados por las planillas de pagos de salarios y aportes de los trabajadores de la Empresa que representa el recurrente, cursantes de fs. 146 a 168 y que demuestran que el actor no figura como empleado, sin embargo, no fue considerada por el tribunal de apelación.
8.- Las certificaciones de fs. 179 a 182 demostraron los trabajo de auditoria externa de la Estación de Servicio paraíso S&D S.R.L., en las gestiones 2009 al 2012, empero estos documentos tampoco fueron considerados conforme establecen los arts. 66, 150, 151 y 159 del Cód. Proc. Trab., en resguardo de la imparcialidad, seguridad jurídica, verdad material, establecidos en los arts. 178 y 180 de la CPE.
9.- La confesión provocada prestada por el actor y que cursa a fs. 285-286, demuestra que éste no estaba en las planillas y que solo asistía dos veces por semana, desconociendo el sistema contable de la empresa y tampoco conoce la manera en la que se contabilizaba las ventas de combustible a vehículos con plaza extranjera. Esa prueba, en aplicación del art. 166 del Cód. Proc. Trab., demuestra que el actor JULIO CLAROS MUÑOZ, nunca fue trabajador exclusivo, no cumplía jornada laboral ni tenía asistencia obligatoria, por consiguiente no existía relación laboral, empero no ha sido considerada, incurriéndose en infracción de los arts. 1665 y 167 del Cód. Proc. Trab.
II.1.2.- Petitorio
Concluyó el memorial indicando que interpone el Recurso de Casación en el fondo, que se conceda ante este Tribunal Supremo, para que se pronuncie Auto Supremo, casando el auto de vista recurrido, declarando improbada la demanda, sin lugar a ningún beneficio social, sea con costas.
III.- FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO.- El escrito de fojas 391 a 393, de respuesta al Recurso de Casación, fundamentó lo siguiente:
III.1.- Fundamentos de la respuesta:
1.- Respecto del primer punto del recurso, alega que en la demanda se mencionó la existencia de un monto adeudado por alquiler de una movilidad, empero este hecho solo se mencionó como un antecedente y no se encuentra incluida en la liquidación de los beneficios sociales demandados, evidenciando que la demanda cumple los requisitos del art. 117 del Cód. Proc. Trab.
2.- Respecto de los puntos dos al nueve del recurso, considera el actor que solo es una relación de antecedentes, negando la relación laboral, aspecto que fue desvirtuado por prueba aportada en el curso del proceso en el que se demostró el pago de sueldos y la relación de la relación laboral y el tiempo de servicios.
3.- También fundamentó que la empresa recurrente, no activ ó el Recurso de Apelación contra la sentencia, por consiguiente, incurrió en la causal de improcedencia, al no cumplir los requisitos del art. 274 del Cód. Proc. Civ., transcribiendo para ello el Auto Supremo 516/2012 de 18 de diciembre.
III.2. Petitorio.- Solicitó que se conceda el recurso ante este Tribunal Supremo quien declarará improcedente el recurso, conforme el art. 220.I.4 del Cód. Proc. Civ., con costas.
Que, así expuestos los fundamentos del Recurso de Casación de fojas 385-388, para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:
IV.1.- Recurso de Casación en el fondo.-
Doctrina aplicable al caso.- El recurso objeto de análisis, contiene dos aspectos, el primero referido a la infracción de normas adjetivas al momento de admitir la demanda, mientras que en el segundo, se fundamenta la violación del debido proceso el derecho a la defensa y la seguridad jurídica, respecto de la apreciación de prueba de cargo y descargo que evidenciaría –según el recurrente- la inexistencia de la relación laboral, inexistencia de subordinación, exclusividad, relación permanente y especialmente inexistencia de un salario.
En mérito a ello, se debe considerar la siguiente doctrina aplicable al caso presente:
1.- La denuncia de infracciones legales, respecto de la aplicación de normas adjetivas, supone el incumplimiento de formalidades en la tramitación del proceso, que ameritan sean subsanadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos instituidos en los arts. 105 del Cód. Proc Civ., y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, aplicables a procesos sociales, por la permisión de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Cód. Proc. Trab.
Por consiguiente, esta nulidad de obrados, debe obedecer a los casos expresamente sancionados por ley, en mérito al principio de especificidad que rige las nulidades y que hubiesen sido oportunamente alegadas por las partes y de manera excepcional se podría determinar la nulidad de obrados, cuando el acto procesal observado, carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin, en mérito al principio de finalidad del acto y por el contrario, cuando este acto procesal observado, hubiese cumplido con el objeto procesal al que estaba destinado, no puede determinarse la nulidad de obrados, en mérito al principio de convalidación, salvo que en cualquiera de estos tres casos se hubiese provocado indefensión a la parte que efectuó el reclamo, en mérito al principio de trascendencia, al evidenciarse un perjuicio cierto e irreparable.
Por último, estas irregularidades procesales, deben ser alegadas en el recurso de casación en la forma, que tiene el fin jurídico de invalidar las actuaciones procesales, no pudiendo alegarse las mismas dentro del Recurso de Casación en el fondo que tiene otra dimensión jurídica, en la revisión de los fallos de instancia, que busca invalidar el fallo impugnado, cuando existiese infracción de leyes o errónea apreciación de pruebas o inclusive se advirtiese contradicción en el fallo.
2.- La denuncia de errónea apreciación de pruebas cursante en el proceso, acompañado de infracción de normas sustantivas o adjetivas, debe estar claramente identificadas en el escrito de interposición del recurso, cumpliendo los presupuestos previstos en el art. 274 del Cód. Proc. Civ. aplicables en materia laboral, por determinación del art. 252 del Cód. Proc. Trab., además para que este tribunal evidencie esa errónea apreciación de las pruebas, se debe identificar de manera clara en que consiste esa infracción, pudiendo identificarse el error de hecho, al haber omitido algún elemento probatorio o error de derecho, al haberse omitido el valor probatorio que le asigna las leyes sustantivas y adjetivas a ciertos elementos de prueba.
Todas estas infracciones deben estar identificadas en el escrito del recurso, porque de lo contrario, implicará que el Tribunal de Casación debe desestimar el recurso, por falta adecuada de identificación de las mismas, empero siempre velando por la nueva visión de la justicia ordinaria que se sustenta en la verdad material de los hechos, o principio de vericidad, contenido en la jurisprudencia de la extinta Corte Suprema de Justicia, el de primacía de la realidad, que rige las relaciones laborales, acogido por la jurisprudencia nacional y doctrina emitida sobre el particular y que ahora ha sido reconocido constitucionalmente en el art. 180-I de la CPE, y concordante con las previsiones de los arts. 1º numeral 16 del Cód. Proc. Civ., velando por el cumplimiento del objeto del proceso laboral, cual es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley substancial, de acuerdo a lo previsto por los arts. 59, 60 y 158 del Cód. Proc. Trab., pues se debe tener presente, en mérito a la última norma citada, que el juez en materia laboral no se encuentra sujeto a la tarifa legal de las pruebas y por tanto, debe formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informa la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal de las partes, evitando que estas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la ley.
Por último, en aplicación del principio de preclusión se ha establecido que el proceso constituye un conjunto de etapas que se abren y cierran consecutivamente, no pudiendo retornar el trámite del juicio a un periodo anterior, cuando esta fase ya se concluyó.
Este principio, se encuentra previsto –respecto del Recurso de Casación en el art. 272-II del Cód. Proc. Civ., cuando establece que no procede el Recurso de Casación, debiendo declararse inadmisible, cuando la parte que interpone este recurso, no activó previamente el Recurso de Apelación contra la sentencia de primera instancia.
Fundamentación del caso concreto: En el caso presente, conforme se tiene puntualizado líneas arriba, se ha alegado dos causales de casación del auto de vista impugnado:
1.- El primer fundamento se refiere a que presuntamente en el escrito de demanda, se habría pretendido el cobro del alquiler de una movilidad, y por consiguiente, este actuado judicial se encontraría en entredicho, vulnerando las previsiones de los arts. 117 y 124 del Cód. Proc. Trab., referidos a los requisitos que debe contener la demanda laboral y si esta se encuentra legalmente formulada, debe ser admitida y corrida en traslado para su citación y respuesta en el plazo previsto por ley.
De acuerdo a lo fundamentado en la doctrina aplicable al caso, se ha establecido que estas presuntas irregularidades, constituyen infracciones procesales que deben ser sustentadas en un Recurso de Casación en la forma y no así en el fondo, empero a fin de no dejar en indefensión al recurrente, respecto de este punto de su recurso, se concluye que si bien ciertamente en la demanda de fs. 26 a 31 de obrados, se aludió que el actor hubiese alquilado además una movilidad para el uso de la empresa empleadora, no constituye este hecho una pretensión de la demanda laboral, pues en momento alguno se solicitó el pago de esos adeudos, no estando incluida en la liquidación de la pretensión, conforme exige el art., 117 inc. d) del Cód. Proc. Trab., implicando que no existe infracción de esta norma y menos del art. 124 del mismo código, pues el juez de primera instancia, admitió la demanda y corrió en traslado cumpliendo esa norma, al advertir que cumplía los requisitos de admisibilidad, conforme evidencia el decreto de fs. 33 de obrados.
En mérito a estos fundamentos, se debe desestimar por inexistente las infracciones legales acusadas.
2.- El resto de los fundamentos del recurso objeto de análisis, se refieren a la presunta omisión en la valoración de los documentos de fs. 6, 7, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 41 a 43, 44 a 46, 65, 135, 146 a 168, 179 a 182 y la confesión provocada de fs. 285 a 286 de obrados, evidenciando –según el recurrente- la “infracción” de los arts. 178, 180 de la CPE, 2, 5, 6 de la LGT, 151, 159, 166 y 167 del Cód. Proc. Trab., porque habría demostrado esta prueba documental y confesión que el actor no era un empleado de la empresa demandada, sino que ejercía las funciones de auditor externo y tramitador, sin que exista relación laboral de trabajo, al no cumplir un horario fija, no existir subordinación ni dependencia.
El conjunto de pruebas que se aportan a los expedientes, deben ser analizados por los jueces y tribunales de grado, conforme a los parámetros descritos líneas arriba, es decir, en mérito a los principio de verdad material, primacía de la realidad, de manera libre, sin estar enmarcados a la tarifa legal de las pruebas, mérito a los principios que informan dicha apreciación.
En mérito estos antecedentes, se advierte que tanto, el juez de primera instancia, como el tribunal de apelación, reconocieron que existía una relación laboral de dependencia y exclusividad, pues si bien el actor, por la naturaleza de las funciones que ejercía, ingresaba a su fuente de trabajo de manera regular dos veces por semana, empero este hecho de ninguna manera ha sido desvirtuado, en sentido de ser un consultor, o auditor externo, porque es evidente que se franqueó a favor del mismo certificados en los que consta este hecho (fs. 6-7), empero, constituyen pruebas que corroboran la relación laboral, como son los poderes otorgados, los cheques girados en su favor por concepto de salarios mensuales y otros que permitieron al juez a quo, aplicar al caso presente la Ley Nº 22 de 26 de octubre de 1949 y que no ha sido objetada por la empresa demandada, al momento de tener conocimiento de la sentencia, implicando con ello que esta circunstancia ya no pudo ser motivo del Recurso de Casación, porque no se revocó la resolución de primera instancia respecto de un nuevo hecho, sino sólo respecto del tiempo de trabajo y el promedio salarial, estando debidamente consolidada la controversia de la existencia de la relación laboral, identificada en la Sentencia en el primer punto de los Hechos Probados, que cursan de fs. 341 y vta.
IV.5. Conclusión.- Que, en el marco legal descrito, el Tribunal de Alzada no incurrió en infracciones de las formalidades legales y menos infracción de las normas alegadas en el recurso, por el contrario efectuaron una correcta apreciación de las pruebas, correspondiendo, en consecuencia, aplicar el artículo 220-II del Cód. Proc. Civ., con la facultad remisiva del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la Constitución Política del Estado y del numeral 1 del parágrafo I del artículo 42 de la Ley del Órgano Judicial, N° 25 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el Recurso de Extraordinario de Nulidad en el fondo de fojas 385 a 388, interpuesto por SANDY OVANDO MONTAÑO, en representación de la Estación de Servicio Paraiso S&D S.R.L., con costas en aplicación del art. 223-V núm. 2 del Cód. Proc. Civ.
Se regula el honorario profesional del abogado patrocinante en la suma de Bs. 1000, que encomendará su pago el juez de primera instancia.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 220
 artículo 252
 artículo 184
 artículo 42