Source: https://cienciaencanoa.blogspot.com/2012/04/reserva-campesina-agroalimentaria-para.html
Timestamp: 2020-07-05 23:53:42+00:00

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Ciencia en Canoa, by Vanessa Restrepo Schild. : RESERVA CAMPESINA AGROALIMENTARIA PARA EL QUIMBO
ORIGINAL: Bloguia
De acuerdo con Alfredo Molano, la Ley 160 de 1994, una de cuyas figuras fue la de Zona de Reserva Campesina, en esencia, ”se trata de que en un área delimitada no haya posibilidades legales de que un propietario tenga más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) —de extensión variable, según la calidad del suelo y la cercanía de mercados—Podría venderla a otro campesino que, sin embargo, no podría comprar una adicional. La idea es paralizar, en algunas regiones campesinas y de colonización, el avance latifundista y defender así la mediana y la pequeña propiedad. Los campesinos comprendieron el beneficio de la medida. En regiones golpeadas por las distintas violencias históricas y por el paramilitarismo —entonces desenfrenado—, numerosas organizaciones campesinas solicitaron ser reconocidas como Reservas Campesinas”.
http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso-222582-zonas-de-reserva-campesina
El problema relevante: ubicación y estado actual.
El proyecto hidroeléctrico El Quimbo, concesionado por el Gobierno Colombiano a la empresa colombo-española Emgesa (subsidiaria de Endesa y actual propiedad de la italiana ENEL). Está ubicado en la región central del Huila, en el sitio denominado El Quimbo: 9000 hectáreas de 6 Municipios del Huila, Reserva Forestal Protectora de la Amazonía, y del Macizo Colombiano; con 300.000 habitantes de los cuales 1.537 serían desplazados, la mayoría vinculados a 8 empresas comunitarias en plena producción agropecuaria, (cacao, sorgo, maíz, arroz) por un valor de .000.000.000 anuales. Cuenta con 842 hectáreas de bosque ripario y tropical seco, poblaciones de peces que son básicos para la seguridad alimentaria, 103 especies de aves, 13 especies de reptiles y tres especies de mamíferos en severo peligro: la pacaraná, el mono nocturno de manos grises y la nutria neotropical.
La problemática económica, social, ambiental y cultural generada por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo se origina en el desconocimiento por parte del Gobierno Uribe del Auto No. 517 de 31 de julio de 1997 mediante el cual El Ministerio de Ambiente declaró no viable el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, - en donde se presentaron tres alternativas- teniendo en cuenta el impacto que este generaría sobre el componente social como resultado de la afectación de las mejores tierras con aptitud agrícola de la región y por la dificultad de restituir la actividad productiva de la zona. En el 2007 subastó el Proyecto a Emgesa, declaró mediante Auto No 515 del 22 de febrero de 2008, con base en el concepto técnico No. 277 del 220208 que el PH El Quimbo “No requería de la presentación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), expidió la Resolución 321 del 1 de septiembre de 2008 declarando los terrenos de utilidad pública, sin la previa sustracción del 95% del área de El Quimbo que hace parte de la Reserva Forestal Protectora de la Amazonía, saltándose el requisito de la consulta previa a los directamente afectados y desconociendo la solicitud formulada por la Procuraduría General de la Nación al MAVDT, el 9 de mayo de 2009, de “abstenerse de otorgar licencia ambiental para la construcción del proyecto El Quimbo”, debido a que “no es conveniente que se inunden unas de las mejores tierras con aptitud agrícola de la región, cuando se considera que el Huila es pobre en tierras productivas y porque es difícil restituir la actividad productiva por la dificultad de encontrar tierras semejantes”.
La Resolución 321 de septiembre 1 de 2008, ha causado daños a las actividades productivas de las comunidades y personas por la imposibilidad de acceder a las fuentes crediticias, la negación de subsidios estatales e inversiones en infraestructura y redes prestadoras de servicios sociales y, especialmente, por la incertidumbre generada con relación al futuro de los proyectos de vida, por parte de Emgesa. Además, otorgó la Licencia Ambiental, mediante Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009 “arrollando las objeciones de campesinos, pequeños propietarios, ONG, profesionales del medio ambiente, y Procuraduría”, como lo testifica entre muchos otros, el ex ministro de Minas Jorge Eduardo Cock Londoño en su artículo publicado el 10 de junio de 2009 “Medio ambiente: ni leyes ni razones y mucho atropello”.
Es inconcebible que no se hayan realizado estudios técnicos y científicos rigurosos por parte de instituciones como el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional, el Ideam, entre otras, con anterioridad a la expedición de la Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009, como el de “valoración económica de los impactos Ambientales”ordenado con posterioridad al otorgamiento de la Licencia Ambiental “en el plazo de un año contado a partir de la ejecutoria del mencionado acto administrativo que debería haberse adelantado “de manera integral, teniendo en cuenta el conjunto de recursos afectados y sus implicaciones para la sociedad en su conjunto, tanto local como regional”.(artículos 15 y 16 de la Resolución 0899)
Ante la inexistencia de los estudios previos de “valoración económica de los impactos ambientales”, la Defensoría del Pueblo realizó trabajo de campo donde recolectó y analizó la información suministrada por las comunidades afectadas y, como consecuencia de su diagnóstico, solicitó mediante Oficio dirigido al MAVDT -radicado 4120-E1-43213 del 7 de abril de 2011- la suspensión de la licencia ambiental por los hechos expuestos a continuación:
se iniciaron las obras sin haberse dado el proceso de reubicación o reasentamiento de la comunidad Domingo Arias
presión a las comunidades para que vendan en lugar de que opten por la reubicación o el reasentamiento como primera opción (casos referidos en Ríoloro y otras zonas de la región)
restricción del derecho a la información a los grupos en situación de vulnerabilidad, lo que implica que desconozcan las medidas de compensación que deben beneficiarlos
con la adquisición de predios por parte de Emgesa, se pierden los empleos relacionados con los proyectos productivos de esos predios y la empresa no ha implementado las medidas de compensación para las personas que se afectan por ello”.
Destrucción de las cadenas productivas y desplazamiento. De igual manera, el MAVDT con base en la información obtenida en las visitas de seguimiento y control ambiental efectuadas al proyecto hidroeléctrico El Quimbo en noviembre de 2009 y del 5 al 12 de noviembre de 2010, así como la recolectada en la visita de socialización de las obligaciones de la Licencia Ambiental, efectuada del 16 al 21 de marzo de 2011, identificó y analizó la gran mayoría de los impactos sociales y emitió el Concepto Técnico No. 879 del 13 de Junio de 2011 que fundamentó la Resolución 1096 del 14 de Junio de 2011 mediante la cual se impuso a Emgesa, medida preventiva al reconocer que “la compra de predios está ocasionando una cadena de impactos no previstos que demuestran la urgencia de tener una herramienta para la identificación y valoración de la vulnerabilidad de los distintos grupos poblacionales, para evitar el detrimento del bienestar de las personas desplazadas por este efecto.”, muchas de las cuales no han sido censadas y públicamente son desconocidas por la Empresa Emgesa a través de su Gerente General al afirmar que “no cederá a nuevas compensaciones que puedan surgir durante las jornadas (25 a 30 de Enero - mesas de control y seguimiento) y por el contrario, se ceñirá exclusivamente a lo que indica la licencia ambiental”.[1] Los impactos socioeconómicos, ambientales y culturales constituyen vulneraciones de derechos fundamentales y un alto riesgo de exclusión causada por el proyectoque Emgesa desconoce y que el MADS ha pretendido minimizar.
El MADS no ha impuesto medidas para el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de los afectados para garantizar “el derecho a la vida en condiciones dignas” como consecuencia de los “impactos imprevistos” y los incumplimientos de Emgesa., razón por la cual Asoquimbo considera que el MADS está incurriendo en supuesto delito de prevaricato por omisión de su responsabilidad de proteger los derechos de los afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo al registrar que “aún no se han dimensionado las consecuencias de los impactos ni determinado las medidas efectivas” para la protección de sus derechos y el pago por los daños causados de los trabajadores del campo desplazados por Emgesa con el aval del Estado, de las fincas en producción que negoció Emgesa, donde se despiden sus jornaleros sin garantizar la restitución de su actividad productiva, para el reasentamiento de otras pobladores.
Riesgo sísmico. La científica climática, Payal Parekh, directora del Programa Climático de International Rivers había solicitado ante la Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR (SASC por su nombre en inglés) que el proyecto hidroeléctrico El Quimbo no sea certificado como Mecanismo de Desarrollo Limpio, fundamentalmente porque el costo socioeconómico, ambiental y cultural no compensa los beneficios para la sociedad huilense, y en su implementación está desconociendo recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas, en particular,
la omisión de la participación de los afectados,
el desconocimiento de la normatividad ambiental y de procedimientos legales en el proceso de licitación y licenciamiento del Proyecto violando convenios y tratados firmados por Colombia en el ámbito ambiental y
los altos riesgos de fallas geotécnicas tales como los deslizamientos de tierra y terremotos.
Las anteriores consideraciones y la justificación de la Contraloría General de la Nación al señalar que la apertura de indagaciones preliminares a través de Autos No. 015 y 6-068-11 de 2011 contra el MADS, la CAM y el INVIAS “se deriva de los análisis y visitas efectuadas y dada la gravedad de las situaciones acontecidas que ponen en riesgo los recursos del Estado y la vida e integridad de los ciudadanos del sector” son razones suficientes por las cuales Asoquimbo considera pertinente, urgente e impostergable la suspensión de todas las obras y la licencia ambiental relacionadas con el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo hasta tanto se cuente con estudios y evaluaciones de fondo y con rigor científico relacionados con el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (Ley 99 de 1993), la valoración de los atributos y servicios ambientales , la valoración agrológica, la destrucción de las cadenas productivas y la seguridad alimentaria, el valor arqueológico del área afectada, riesgo sísmico y las evidencias sobre la responsabilidad de EMGESA en la destrucción de la infraestructura vial, estudios que son fundamentales para avanzar en la propuesta de la Reserva Campesina Agroalimentaria.
1.-Distribución inequitativa de la tierra. Según el EIA presentado por Emgesa,“el 67.69% de los predios son menores de 5 ha, que corresponden al 61.60% de los propietarios que poseen el 8.32% del área”. Se trata de predios de un gran porcentaje de minifundistas (300 familias) que se encuentran en condiciones de subsistencia al “no permitir a la familia que los explota, remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable”; algunos obtuvieron tierras del Estado que fueron canceladas en su totalidad pero a quienes nunca se les adjudicaron los respectivos títulos de propiedad, ocasionando dificultades para el acceso a crédito y otros beneficios para producir adecuadamente; 369 familias se consideran ocupantes; una gran población que carece de tierras se desempeñan como mayordomos, partijeros, jornaleros, pescadores, paleros para la extracción de arena, entre otros, la mayoría de los cuales se encuentran en condiciones de indigencia; algunos pocos tienen tiendas o negocios similares y desempeñan el rol de pequeños comerciantes; en unos casos excepcionales los campesinos tienen semi-industrializada la producción agraria, piscícola o ganadera.
2.- Escasa o nula presencia social del Estado para apoyar los procesos productivos, lo cual genera:
mínimos índices de productividad,
producción individualista con técnicas tradicionales y escasos recursos tecnológicos,
poca integración social,
escaso reconocimiento cultural,
exclusión o discriminación de los sectores sociales subalternos y en especial los niños, los jóvenes y las mujeres.
5.- Afectación de la seguridad alimentaria de la región al inundar la zona que actualmente produce unas 36.000 toneladas de alimentos por un valor cercano a los .000 millones.
Los afectados beneficiados con la RCA
Percepción sobre las políticas públicas que inciden en el problema.
Desde algunos círculos de poder, se trata de grandes inversiones para garantizar la autosuficiencia energética del país, proyectos que de paso abren otras posibilidades en ámbitos como el turismo y la piscicultura. Además, estos proyectos se justifican como parte del Plan Nacional de Desarrollo, de las Agendas de Productividad y Competitividad Nacional, así como las Agendas Internas de Productividad y Competitividad de cada uno de los departamentos. Todos estos documentos fueron elaborados como parte de las adecuaciones normativas para la celebración del TLC. Desde esta perspectiva la opción es hacer parte de un ‘negocio’ en el que priman los intereses particulares sobre el interés público ocultando que los denominados ‘dinosaurios modernos’ (las represas) están en desuso en el mundo y en América Latina y que existen otras alternativas energéticas viables y sostenibles que contribuyen al bienestar de las comunidades como la eólica, la geotérmica, las mareas oceánicas, entre otras.
Desde sectores de las comunidades y organizaciones sociales y ambientalistas, el proyecto El Quimbo no asegura el mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades, por cuanto no garantiza la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. Desde esta perspectiva, Asoquimbo ha defendido desde el principio como alternativa al Megaproyecto
la importancia de garantizar la Soberanía y Seguridad Hídrica y Agroalimentaria,
el acceso a los recursos como el agua y la tierra,
la defensa de las economías campesinas y de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores,
a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia;
a la preservación de los ecosistemas estratégicos y
a la participación de las comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren el mejoramiento integral de la calidad de vida de las mismas.
Para tal fin, se propone la creación de una Reserva Campesina Agroalimentaria establecida por la Ley 160 de 1994, para la Zona de El Quimbo en donde el Ministerio de Ambiente desconoció la solicitud formulada por la Procuraduría General de la Nación, el 9 de mayo de 2009, de “abstenerse de otorgar licencia ambiental para la construcción del proyecto El Quimbo”,
La propuesta se sustenta, además, en el Informe de la Comisión Mundial sobre Represas (2010) e investigaciones[2] que han demostrado que la energía generada por las hidroeléctricas no es ni renovable, ni limpia, ni alternativa. Millones de personas han sido desplazadas por la construcción de hidroeléctricas; el ciclo de importantes ríos del mundo ha sido drásticamente modificado por las represas afectando el ciclo de la vida como es el caso de la destrucción de la riqueza íctica como lo ha reconoció la Comisión Mundial de Represas. Más aún, la descomposición de la materia orgánica inundada por los embalses produce gas metano, uno de los gases de efecto invernadero más agresivos. Las represas
vulneran formas tradicionales de vida,
producen desplazamiento de ciento de miles de personas afectando a las poblaciones ya establecidas en las áreas de reasentamiento;
no contribuyen a la erradicación de la pobreza;
se restringe el acceso al agua, la tierra y los recursos bióticos;
se interrumpe la pesca artesanal y la agricultura tradicional de los terrenos aluviales, a causa de los cambios en el caudal y la reducción en el asentamiento de los linos;
aumentan la vulnerabilidad al cambio climático;
causan grandes impactos sociales y ecológicos negativos;
producen pérdida de tierras del valle, generalmente las más fértiles, que como en el caso de El Quimbo son escasas y básicas para garantizar la seguridad alimentaria, “suelos de formación aluvial de hasta 3 metros de profundidad efectiva, suelos orgánicos con una carga microbiológica natural de mucho valor” y que no serán extraídos antes de la inundación para ser utilizados en fincas cercanas al proyecto para compensar mínimamente el impacto ecosocial;
emiten cantidades significativas de gases de invernadero;
provocan sismos inducidos;
el costo socioeconómico, ambiental y cultural no compensa los beneficios para la sociedad;
resultan no ser renovables debido al problema de la sedimentación;
producen cambios dramáticos en el flujo, la calidad, cantidad y uso del agua, los organismos bióticos y la sedimentación de la cuenca del río;
y por lo general desconocen la normatividad ambiental y de procedimientos legales en el proceso de licitación, en particular, la participación de los afectados.
En síntesis, no son Mecanismos de Desarrollo Limpio.
Propuestas para el trámite o resolución de conflictos.
Se intentó un proceso de concertación a través de mesas de trabajo en las que participaron el gobierno, los empresarios, la empresa concesionaria y una mínima representación de las comunidades afectadas. Este proceso fracasó, terminó en la firma de unas actas, que hemos llamado de capitulaciones, y que hoy se ha demostrado eran solo una estrategia de la Empresa y el Gobierno para desmovilizar a la población.
Con el fracaso de este mecanismo, las comunidades se organizaron en la Asociación de afectados por la construcción del Proyecto El Quimbo, Asoquimbo. Se han realizado diferentes foros, marchas, paro regional, acciones jurídicas, presencia en los medios, denuncia permanente a través de Internet, radio, TV, periódicos impresos y algunas revistas. Gracias a la combinación de todas estas acciones, Asoquimbo ha logrado
interrupciones en las obras e imposición de sanciones por los daños sociales y ambientales causados por la ejecución de las mismas;
solicitud de suspensión de la Licencia Ambiental por la Defensoría del Pueblo;
apertura de indagaciones preliminares por parte de la Contraloría General de la República contra el Ministerio de Ambiente, la Corporación Autónoma del Alto Magdalena, CAM, y el INVIAS;
la presencia de Comisiones de investigación de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación y
amplia solidaridad Nacional e Internacional contra las agresiones gubernamentales.
La propuesta es fortalecer la resistencia de las comunidades, principalmente articulando la lucha con otras experiencias contra represas en Colombia y el mundo, a través de la asistencia y el intercambio en encuentros nacionales e internacionales e impulsando la movilización social nutrida desde sus propias redes y movimientos como el de Rios Vivos y por la liberación y defensa de la Madre Tierra.
Proyectos propuestos en torno al problema.
Se pretende impedir la construcción del embalse y preservar el desarrollo equitativo y ecosocial de la Región, al convertir la zona en una Gran Reserva Campesina Agroalimentaria con subsidios estatales, en particular, para cada uno de los pequeños y medianos productores agrícolas, como las actuales empresas comunitarias que desde hace más de 40 años cultivan estas tierras al servicio y utilidad general de todos los huilenses, tal como lo aprobaron los afiliados a la Asociación de Afectados por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo –ASOQUIMBO- en el Plan de Acción 2010 (Asamblea 16 de enero) que demandan del Gobierno y de Emgesa la inmediata “indemnización y restablecimiento de las condiciones de vida” y la atención psicosocial de todos los afectados.
Proyectos exitosos que le dan sustento a la propuesta.
Recomendaciones de política que permitan potenciar la creación de las Reservas Campesinas
Realizar estudios sobre Zonas de Reserva Campesina en el departamento del Huila, dada su tradición y su vocación agroalimentaria, con subsidios y asistencia técnica estatales. Para tal efecto considerar todos los aspectos señalados anteriormente.
[1] Diario la Nación, “No habrá compensaciones adicionales”: Emgesa. Enero 19 – 2012. http://www.lanacion.com.co/2012/01/19/%E2%80%98no-habra-compensaciones adicionales%E2%80%99-emgesa/.
[2] Patrick McCully (http://www.internationalrivers.org/en/compartir-la-riqueza-del-agua-editorial; http://www.proteger.org.ar/libro-rios-silenciados-represas/
Etiquetas: Agricultura, Alimentación, Arqueología, Biodiversidad, Colombia, Cultura, Desplazamiento, El Quimbo, Gobierno, Hidroelectricidad, Participación Ciudadana, Reserva Natural, Seguridad

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