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Timestamp: 2019-07-17 12:03:52+00:00

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Expansión de la responsabilidad del empleador - Arizmendi.com
Dr. Enrique Caviglia, Dpto. Técnico Legal Laboral Arizmendi.
Responsabilidad en el caso de utilización de contratistas para la realización de trabajos agrarios.
La Ley 26727 establece el nuevo régimen de trabajo agrario que sustituye al anterior, aprobado por la Ley 22248. La modificación legal, sancionada por el Congreso el 21/12/2011 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 27/12/2011, fue publicada en el Boletín Oficial del 28/12/2011, por lo que entró en vigencia el 6/01/2012, al haber transcurrido el plazo de ocho días siguientes a su publicación (Código civil, artículo 2°)
En la regulación anterior, las responsabilidades derivadas de la contratación con otras empresas a las que se encomendaba la realización de trabajos relativos a la actividad agraria, estaban acotadas por una norma específica. El artículo 9 del anterior régimen de trabajo agrario disponía que quienes contrataren o subcontrataren trabajos o servicios que integraren el proceso productivo normal y propio del establecimiento eran solidariamente responsables con sus contratistas y subcontratistas respecto del cumplimiento de las normas relativas al trabajo y a la seguridad social, por el plazo de duración de los contratos respectivos. Sin embargo, la norma excluía la responsabilidad solidaria del titular del establecimiento en los casos de tareas que habitualmente se realizaban con personal no permanente, cuando el contratista constituyere una empresa de servicios y su principal aporte no se limitare a la organización del equipo de trabajo. Además, para que la solidaridad tuviera efecto, la norma requería que se debía demandar previa o conjuntamente con el titular del establecimiento a los contratistas o subcontratistas.
A su vez, la ley de contrato de trabajo al regular el tema establece que quienes contraten o subcontraten (...) trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social (artículo 30) La norma dispone que la empresa debe cumplir ciertos requisitos dirigidos al ejercicio de un control del cumplimiento de esas obligaciones del contratista. En concreto, la norma requiere que el contratante debe exigir además al contratista el número del CUIL de cada uno de los trabajadores que presten servicios, la constancia del pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular el contratista y una cobertura de riesgos del trabajo. Agrega que “el incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable solidariamente al principal (la empresa contratante) por las obligaciones de los contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social” (artículo 30, cuarto párrafo) Esta norma no era aplicable a los trabajadores agrarios que se regulaban por su específico régimen jurídico, ya que la ley de contrato de trabajo disponía expresamente que sus disposiciones no eran aplicables a los trabajadores agrarios (LCT, artículo 2°, inciso c) Por lo tanto, a las relaciones de trabajo agrario se aplicaba el artículo 9° del Régimen Nacional de Trabajo Agrario, anteriormente transcripto, que establecía una responsabilidad solidaria acotada a los casos de contratación de trabajos o servicios que integraren el proceso productivo normal y propio del establecimiento.
La reforma dispuesta por la Ley 26727 es muy significativa en este tema y su impacto será profundo. La ley de contrato de trabajo es aplicable en todo lo que resulte compatible y no se oponga al régimen jurídico específico establecido en la nueva ley (Ley 26727, artículo 2° inciso b) El nuevo Régimen de Trabajo Agrario establece una regulación específica del tema de los contratistas y la responsabilidad de la empresa contratante. En consecuencia, esa regulación específica desplaza a las normas de la Ley de contrato de trabajo. La reforma establece dos clases de responsabilidad de la empresa contratante (dos reglas con diversos efectos) y la aplicación de una u otra dependerá del tipo de trabajo o servicio que haya sido el objeto contractual. La primera regla establece una responsabilidad solidaria, la reforma dispone que “quienes contraten o subcontraten con terceros la realización de trabajos o servicios propios de actividades agrarias (...) que hagan a su actividad principal o accesoria, deberán exigir de aquellos el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y de las obligaciones derivadas de los sistemas de la seguridad social, siendo en todos los casos solidariamente responsables de las obligaciones emergentes de la relación laboral y de su extinción, cualquiera sea el acto o estipulación que al efecto hayan concertado” (artículo 12, párrafo primero) En consecuencia, la responsabilidad solidaria del empresario agrario se amplía pues la redacción utilizada por la nueva ley comprende a casos que antes resultaban excluidos. El nuevo texto legal se refiere a la “realización de trabajos o servicios propios de actividades agrarias (...) que hagan a su actividad principal o accesoria” lo que implica que aún los trabajos o servicios relacionados con la actividad accesoria del establecimiento resultan comprendidos. En cambio, la redacción del texto anterior acotaba la responsabilidad solidaria a los casos de contratación o subcontratación de “trabajos o servicios que integraren el proceso productivo normal y propio del establecimiento” y, como se expresó, excluía la responsabilidad solidaria respecto de las tareas que habitualmente se realizaren con personal no permanente, cuando el contratista constituyere una empresa de servicios y su principal aporte no se limitare a la organización del equipo de trabajo (RNTA, artículo 9°)
La reforma dispone que el trabajador puede demandar directamente al responsable solidario, titular de la empresa agraria contratante, sin accionar contra el contratista, subcontratista o cesionario (RTA, artículo 12, párrafo 3°)
La segunda regla es aún más gravosa para el empresario agrario, pues en el caso de la contratación o subcontratación de “obras, trabajo o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento y dentro de su ámbito, se considerará en todos los casos que la relación de trabajo del personal afectado a tal contratación o subcontratación está constituida con el principal” (RTA, artículo 12, párrafo segundo) Por lo tanto, en esos supuestos la relación será directa con el personal que realizare tales trabajos. Esa relación directa es una consecuencia normativa que se produce aunque no haya ninguna maniobra fraudulenta. Una redacción similar para esos casos había sido dispuesta por el texto originario de la Ley de contrato de trabajo (Ley 20744, artículo 32, aunque la norma aclaraba que la constitución de la relación con el principal, era “especialmente a los fines de la aplicación de las convenciones colectivas de trabajo y de la representación sindical de la actividad respectiva”)
La solución adoptada por la reforma, que establece una relación laboral directa entre el trabajador del contratista y el titular de la empresa agraria contratante es excesiva, pues no requiere que se trate de un supuesto de fraude para su aplicación, sino que rige aún en los casos en que la idea del fraude por interposición de persona está excluida al ser brindada la prestación por un contratista que no es un mero intermediario que se limita a la provisión de mano de obra, sino que tiene equipos, maquinarias y una organización empresaria propia con solvencia que puede ser acreditada.
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References: artículo 2
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 artículo 32