Source: https://beta.e-justice.europa.eu/93/ES/freezing_of_assets_and_evidence?init=true
Timestamp: 2019-05-20 11:24:11+00:00

Document:
¿Qué es una resolución de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas?
Resoluciones que han de ejecutarse sin control de la doble tipificación
Procedimiento de ejecución de una resolución de embargo preventivo
A efectos de un procedimiento transfronterizo, se entiende por "resolución de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas" cualquier medida tomada por una autoridad judicial de un Estado miembro para impedir la destrucción, transformación, desplazamiento, transferencia, etc., de bienes. Se entiende por "pruebas" los objetos, documentos o datos que pueden tener carácter probatorio en un proceso penal. Los Estados miembros que intervienen en el procedimiento se denominan "Estado de emisión" (aquel en el que se ha dictado, validado o confirmado de alguna forma una resolución de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas) y "Estado de ejecución" (aquel en cuyo territorio se halla el bien o elemento de prueba).
Como excepción a la norma general, la Decisión marco permite, para determinados delitos, no supeditar la ejecución al control de la doble tipificación (también denominada doble tipicidad), que consiste en determinar si los hechos de que se trata están tipificados como delitos en los dos Estados miembros afectados. Este procedimiento sólo se aplica a los delitos de mayor gravedad, que se enumeran en el artículo 3 de la Decisión marco, siempre y cuando estén castigados, en el Estado de emisión, con penas privativas de libertad cuya duración sea de al menos tres años en su grado máximo (como la pertenencia a una organización delictiva, el terrorismo, la corrupción, el fraude, la trata de personas o la violación).
Para que se ejecute una resolución de embargo preventivo, la autoridad judicial que la ha dictado debe remitir directamente a la autoridad judicial competente para ejecutarla en el otro Estado miembro el correspondiente certificado. Las autoridades judiciales competentes del Estado de ejecución están obligadas a reconocer la resolución de embargo preventivo sin más trámites, y a tomar las medidas necesarias para su ejecución inmediata. El Estado de ejecución debe atenerse además, a la hora de ejecutar la resolución de embargo preventivo, a las formalidades y procedimientos expresamente indicados por la autoridad judicial competente del Estado de emisión.
Las autoridades judiciales competentes del Estado de ejecución sólo pueden denegar el reconocimiento o la ejecución de la resolución de embargo preventivo en determinadas circunstancias, entre las cuales cabe mencionar la falta de certificado, la existencia de una inmunidad o privilegio en favor del interesado, o el hecho de que se haya dictado ya sentencia firme por los mismos hechos.
La autoridad judicial competente del Estado de ejecución puede suspender la ejecución de una orden de embargo preventivo en determinadas circunstancias, por ejemplo cuando la ejecución pueda impedir el buen desarrollo de una investigación penal en curso o cuando sobre los bienes o pruebas de que se trate haya dictada una resolución anterior de embargo o aseguramiento en una causa penal.
Los Estados miembros deben garantizar que todo aquel que tenga un interés legítimo, incluidos terceros de buena fe, disponga de recursos legales sin efecto suspensivo contra las medidas de embargo preventivo.

References: resolución 
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 artículo 3
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