Source: http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/actos%20y%20procedimiento%20administrativo/91/PUB
Timestamp: 2020-08-04 05:17:44+00:00

Document:
actos y procedimiento administrativo - 10 | CENDOJ : Buscador del Sistema de Jurisprudencia
ROJ: STS 1704/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1704
Nº Recurso: 541/2019
Resumen: Suscitándose en el recurso la cuestión que presenta interés casacional referida a determinar: i) si la cuantía del recurso a afectos de interponer recurso de apelación no se modifica a lo largo del proceso según el reconocimiento y éxito de las pretensiones ejercitadas en el mismo; y ii) si la eventual modificación de la cuantía afecta por igual a las partes en el proceso, con independencia de su posición procesal, para no hacer de peor condición a unas respecto de otras, el TS parte de la reiterada jurisprudencia sobre determinación de la cuantía en relación con el anterior recurso de casación, reglas aplicables al recurso de apelación, considerando que el principio de las normas procesales de la perpetuatio jurisdictione en relación con la cuantía, quiebra cuando se trata de la exigencia de la cuantía a los efectos de ulteriores recursos --no solo apelación-- que procedan contra la sentencia que ponga fin al proceso contencioso. La conclusión es que, a los efectos del recurso de apelación, cuando la pretensión inicial hubiera sido estimada en parte en la sentencia de instancia, la cuantía a los efectos del umbral exigido para poder interponer recurso de apelación debe referirse a la cuantía de la pretensión con la reducción que comporte la estimación parcial; y ello tanto para la parte recurrente como recurrida; sin perjuicio de que en un mismo proceso el recurso pueda pueda ser admitido para la parte en quien no concurra la limitación de la pretensión.
ROJ: STS 1747/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1747
Nº Recurso: 7663/2018
Resumen: Se examina la cuestión que presenta interés casacional objetivo consistente en determinar si el RD 1492/11, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo (RVLS), en sus arts. 12 y 13, en relación con la DA 7ª del TRLS 2/2008, establece con carácter imperativo y sin alternativa posible la aplicación del factor r2 cuando se trate de explotaciones agropecuarias. Se recuerda que el RVLS no desarrolló el párrafo 2º de la DA7ª que, a su vez, venía a completar el artículo 23 TRLS 2008, por lo que la norma reglamentaria no tenía potestad para hacer esa alteración del régimen establecido legalmente, existiendo un exceso reglamentario que determina que, tanto el párrafo 12.1º.b) del Reglamento como su Anexo, comportan una clara contradicción con lo dispuesto en la citada DA 7ª, que implica un vicio de nulidad de pleno derecho (art. 47.2. Ley 39/2015), por lo que procede declarar que el mencionado precepto, en lo que se refiere a la aplicación del denominado "coeficiente corrector... r2...[para] cuando en el suelo rural se desarrollen actividades agropecuarias o forestales ", así como el Anexo I a que se remite, son nulos de pleno derecho, por vulneración de los establecido en la DA 7ª TRLS de 2015 ( también del TRLS de 2008). Pronunciamiento compatible con la STS (Pleno) 15 de julio de 2013 -recurso de 312/2012- que desestimó el recurso directo contra el art. 21 del RVLS.
ROJ: STS 1785/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1785
Resumen: No puede afirmarse que exista en la sentencia del Juzgado núm. 33 el error que el demandante le imputa: en primer lugar, el proceso lógico que lleva a la juez de instancia a rechazar el recurso es perfectamente razonable y explicable: la cognitio debe reducirse a la eventual nulidad por algún motivo legalmente tasado de la providencia de apremio. En segundo lugar, no puede sostenerse con éxito la existencia del error por haber aplicado la sentencia "un precepto absolutamente inadecuado" de la Ley reguladora de las Haciendas Locales no vigente en el supuesto de autos. En tercer lugar, la afirmación de que hay un "acto imposible" (pues en la ley 39/1988 de Haciendas Locales no había procedimiento de revisión colectiva, lo cual incide en la ausencia total de procedimiento para determinar el valor catastral) resulta irrelevante a los efectos pretendidos. Por último, la invocación de la "cosa juzgada derivada de la sentencia de 6 de febrero de 2004" (que habría sido ignorada en la resolución a la que se imputa el error) no es más que una discrepancia con la apreciación que hace la juez de instancia del contenido de esa sentencia.
ROJ: STS 1531/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1531
Nº Recurso: 6537/2017
Resumen: Ha lugar, siguiendo precedentes en la Sala, al recurso de casación interpuesto contra sentencia que anulo el acuerdo de reintegro de una subvención concedida a la Diputación Provincial, en el marco del Programa de Fomento y Empleo Agrario ante los incumplimientos que recoge la indicada resolución. El control llevado a cabo por la Administración tuvo por objeto, sin más, la verificación de la rendición de la cuenta justificativa que como acto obligatorio del beneficiario, dentro de la actividad de comprobación de la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. La verificación y comprobación desplegada por la Administración Pública de una subvención concedida que culmina con la liquidación del importe y abono de la ayuda, no enerva, anula o elimina la posibilidad de incoar un procedimiento de reintegro, ni aboca al procedimiento de revisión de oficio, pues la naturaleza jurídica de tal liquidación y abono no es la de una resolución que, de manera definitiva y firme, reconozca al beneficiario el derecho a percibir la subvención en la cuantía que se liquida y abona, sino la de una liquidación y pago provisionales sujetos, en su caso, a lo que resulte de comprobaciones ulteriores culminadas dentro del plazo de prescripción de cuatro años
ROJ: STS 1448/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1448
Resumen: No ha lugar al recurso de casación interpuesto contra sentencia que confirmó auto que en primera instancia declaró la falta de jurisdicción del juzgado, dictado en procedimiento para la protección de derechos fundamentales, por entender que la jurisdicción competente es la civil para la impugnación del Decreto de la Fiscalía de Menores, que declaró que el extranjero interesado debe ser considerado mayor de edad. No resulta competente la jurisdicción contencioso-administrativa para examinar la legalidad de los decretos del Ministerio Fiscal sobre la determinación de edad, de un extranjero localizado sin documentación cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, siempre que dicho decreto se haya dictado en el seno de un procedimiento administrativo, o como presupuesto para el inicio del mismo, relativo al estatuto del extranjero. La impugnación ha de dirigirse contra la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo de extranjería, y con motivo de tal impugnación puede cuestionarse, si fue relevante para la actuación administrativa, la legalidad del Decreto de determinación de la edad.
ROJ: STS 1560/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1560
Nº Recurso: 5571/2017
Resumen: Anulación de determinados preceptos del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 28 de noviembre de 2012, por el que se aprueba la Ordenanza Reguladora del Taxi publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid de 13 de diciembre de 2012 y del Decreto Comunidad de Madrid 74/2005, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo. Anulación del precepto sobre el día obligatorio de descanso semanal. Se estima el recurso en lo que se refiere a las modificaciones operadas por el Decreto autonómico 35/2019, de 9 de abril, que deja sin efecto las Ordenanzas en cuanto se opongan al mismo, desestimando los recursos en lo no afectado por el Decreto.
ROJ: ATS 3674/2020 - ECLI:ES:TS:2020:3674A
Nº Recurso: 470/2020
Resumen: Determinar cuál es el plazo para ejecutar las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos cuando se estiman parcialmente las reclamaciones económico-administrativas, anulando unas sanciones y ordenando sustituirlas por otras, así como las consecuencias derivadas del incumplimiento de dicho plazo.
ROJ: STS 1372/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1372
Nº Recurso: 1228/2019
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que declara la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto contra resolución de la Agencia Catalana del Consumo, que inadmitía el recurso interpuesto contra un requerimiento de información de la inspección. Desestimación del recurso. El requerimiento de información fue acordado en un procedimiento de diligencias previas regulado por el artículo 341.2 de la Ley catalana 22/2010, con la finalidad de averiguar las circunstancias de los hechos y los sujetos responsables, por lo que en modo alguno decide el fondo del asunto ni pone término el procedimiento, sino que se trata de un acto de trámite, en cuanto prepara o hace posible la decisión final. Para determinar si estamos ante un acto de trámite cualificado, es necesario el examen particularizado del requerimiento de que se trate, y, en el presente caso, no se aprecia que el requerimiento efectuado produzca los efectos del artículo 112.1 LPAC, pues no decide ni directa ni indirectamente el fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento.
ROJ: ATS 3449/2020 - ECLI:ES:TS:2020:3449A
Nº Recurso: 8115/2019
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en: Determinar si es posible derivar al declarado responsable solidario una sanción que no ha adquirido firmeza en vía administrativa.
ROJ: STS 1699/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1699
Nº Recurso: 308/2019
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Ministros denegatorio del indulto solicitado recordando la abundante y uniforme jurisprudencia que afirma que no debe ser motivado, para el que nunca se exigió en la Ley de Indulto la necesaria motivación. La Jurisprudencia ha venido negando que el acto denegatorio del indulto sea controlable en cuanto al fondo por los Tribunales, precisamente porque el acto de denegación del indulto no se contrapone al principio de ejecutividad de las sentencias firmes, que, de conformidad con los artículos 117 y 118 de la Constitución, corresponde llevar a cabo por los Jueces y Tribunales. En otras palabras, no existe un derecho subjetivo al indulto, sino tan solo a solicitarlo, a que se tramite en su caso por el procedimiento legalmente establecido, y se resuelva sin arbitrariedad". Doctrina que concluye afirmando, como se precisa en la última de las sentencias citadas, "que los acuerdos de denegación de indulto no suponen una excepción a la regla general de ejecución de las penas impuestas por sentencia firme, por lo que no se advierte la necesidad de justificar las razones de la decisión, que no afecta a esa regla general ni a un derecho inexistente al indulto". Razones de seguridad jurídica, unidad de doctrina e igualdad en la aplicación de la ley, impiden que el recurso que ahora nos ocupa pueda prosperar.

References: artículo 23
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 341
 artículo 112