Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/ley-941-de-2005?documento=legcol&contexto=legcol_75992042000bf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-14 11:31:04+00:00

Document:
﻿ LEY 941 DE 2005
LEY 941 DE 14 DE ENERO DE 2005
CONTENIDO:CONGRESO DE COLOMBIA. ORGANIZA EL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1256 DE FEBRERO 15 DE 2005, PG.133
“Por la cual se organiza el sistema nacional de defensoría pública”.
Principios del sistema nacional de defensoría pública
ART. 1º—Finalidad. El sistema nacional de defensoría pública tiene como finalidad proveer el acceso de las personas a la administración de justicia en materia penal, en condiciones de igualdad y en los términos del debido proceso con respeto de los derechos y garantías sustanciales y procesales.
ART. 2º—Cobertura. El sistema nacional de defensoría pública prestará sus servicios en favor de las personas que por sus condiciones económicas o sociales se encuentran en circunstancias de desigualdad manifiesta para proveerse, por sí mismas, la defensa de sus derechos. También se prestará por las necesidades del proceso previstas en el inciso 2º del artículo 43 de la presente ley, en cuyo caso el imputado o acusado pagará al sistema la totalidad de los honorarios y gastos causados.
ART. 3º—Igualdad. El sistema nacional de defensoría pública contará con los instrumentos necesarios para intervenir en los procesos judiciales en condiciones de igualdad frente a los demás sujetos procesales.
ART. 4º—Derecho de defensa. El sistema nacional de defensoría pública garantizará el derecho a una defensa integral, ininterrumpida, técnica y competente.
ART. 5º—Oportunidad. El sistema nacional de defensoría pública prestará un servicio oportuno, para lo cual se reglamentarán los procedimientos que habrán de seguirse.
ART. 6º—Gratuidad. El sistema nacional de defensoría pública prestará su servicio de manera gratuita con las excepciones previstas en la presente ley.
ART. 7º—Calidad. El sistema nacional de defensoría pública contará con estándares que garanticen la calidad y eficiencia en la prestación del servicio.
ART. 8º—Responsabilidad. Los abogados que presten el servicio de asistencia y representación judicial en el sistema nacional de defensoría pública estarán sujetos, según el caso, para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, a las responsabilidades y sanciones que les impone su condición de servidores públicos o de particulares que cumplen funciones públicas y de sus faltas en el ejercicio de la profesión de abogado conocerán las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales y Superior de la Judicatura en sus respectivas instancias.
ART. 9º—Selección objetiva. Las personas jurídicas y naturales que contraten con el sistema nacional de defensoría pública serán escogidas de acuerdo con los principios de transparencia y selección objetiva.
ART. 10.—Prelación de tratados internacionales. El sistema nacional de defensoría pública velará por la prevalencia en el orden interno de los tratados y convenios internacionales con arreglo a los artículos 93 y 94 de la Constitución Política.
ART. 11.—Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar los principios, normas y procedimientos, así como regular la organización y el funcionamiento del sistema nacional de defensoría pública.
ART. 12.—Aplicación. El sistema nacional de defensoría pública prestará su servicio en materia penal.
ART. 13.—Organización. El sistema nacional de defensoría pública es un servicio público que organiza, dirige y controla el Defensor del Pueblo, en favor de las personas que lo requieren para asumir su asistencia y representación judicial y garantizar el pleno e igual acceso a la administración de justicia en materia penal.
ART. 14.—Componentes del sistema. El sistema nacional de defensoría pública está compuesto por la dirección del sistema nacional de defensoría pública, los defensores del pueblo regionales y seccionales, los coordinadores administrativos y de gestión, los coordinadores académicos, los personeros municipales, los defensores públicos, los abogados particulares vinculados como defensores públicos para las excepciones previstas en esta ley, los investigadores, técnicos y auxiliares, los judicantes, los estudiantes de los consultorios jurídicos de las facultades de derecho, las personas y asociaciones científicas dedicadas a la investigación criminal y las organizaciones que brinden capacitación a los componentes del sistema.
ART. 15.—Prestación. El servicio de defensoría pública será prestado por profesionales del derecho vinculados al sistema en el territorio nacional, con excepción de lo previsto en los artículos 16 y 17 de la presente ley.
ART. 16.—Judicatura. Los egresados de las facultades de derecho podrán realizar su judicatura como defensores públicos, en los términos previstos en la ley y bajo la dirección del sistema nacional de defensoría pública.
ART. 17.—Estudiantes de los consultorios jurídicos. Los estudiantes de los consultorios jurídicos de las facultades de derecho de las universidades legalmente reconocidas en el país, que formen parte del sistema nacional de defensoría pública, podrán prestar servicio de asistencia y representación judicial en materia penal.
ART. 18.—Investigadores, técnicos y auxiliares. El sistema nacional de defensoría pública podrá vincular investigadores, técnicos, auxiliares y organizaciones científicas de investigación criminal para que presten servicios de recaudo de material probatorio, asesoría técnica y científica necesarios para la defensa.
ART. 19.—Capacitación. Las organizaciones que ofrezcan servicios de capacitación a los operadores deberán observar, entre otros, los módulos y contenidos definidos por la dirección del sistema nacional de defensoría pública.
ART. 20.—Dirección y coordinación. El sistema nacional de defensoría pública será dirigido y coordinado por el Defensor del Pueblo, quien designará al director del sistema nacional de defensoría pública.
La unidad de control, vigilancia de gestión y estadística supervisará la calidad del servicio, tendrá un sistema de información para realizar el seguimiento y análisis continuo de las políticas institucionales y de las actividades desarrolladas por los operadores del sistema nacional de defensoría pública. Así mismo, actuará como canal de comunicación para la difusión de las políticas y directrices relacionadas con el sistema.
PAR.—Para los efectos de este artículo se entiende por operadores del sistema nacional de defensoría pública los defensores públicos vinculados mediante contrato de prestación de servicios profesionales y los abogados particulares que intervengan como defensores públicos para las excepciones previstas en esta ley. También harán parte los judicantes y los estudiantes de consultorios jurídicos de las facultades de derecho que se encuentren vinculados al servicio de defensoría pública de la Defensoría del Pueblo, siempre que hayan suscrito contratos o convenios con la Defensoría del Pueblo.
ART. 21.—Defensoría descentralizada. En las defensorías regionales y seccionales el servicio se prestará a través de unidades operativas de gestión, conformadas por los coordinadores administrativos y de gestión, coordinadores académicos, defensores públicos, investigadores, técnicos y auxiliares administrativos que determine el Defensor del Pueblo y el director del sistema nacional de defensoría pública, de acuerdo con los criterios de eficiencia que se establezcan para garantizar el cubrimiento del servicio.
Funciones de los órganos del sistema nacional de defensoría pública
ART. 22.—Funciones. Además de las previstas en la Ley 24 de 1992, el director del sistema nacional de defensoría pública tendrá las siguientes funciones:
7. Llevar el registro actualizado de los operadores vinculados al sistema nacional de defensoría pública y de los profesionales aspirantes a ingresar al mismo.
ART. 23.—Funciones. El Defensor del Pueblo regional o seccional, además de las funciones que le son propias, en el sistema nacional de defensoría pública cumplirá las siguientes:
5. Orientar a los personeros municipales para el cumplimiento de las funciones asignadas en el artículo 25 de la presente ley, con base en los lineamientos establecidos.
ART. 24.—Funciones. Son funciones de los coordinadores administrativos y de gestión:
ART. 25.—Funciones del personero municipal. A nivel municipal, bajo la dirección del Defensor del Pueblo y los lineamientos establecidos por el director del sistema nacional de defensoría pública, el personero municipal velará por la prestación del servicio. En consecuencia deberá:
De los componentes del sistema nacional de defensoría pública
ART. 26.—Definición. Son los abogados vinculados al servicio de defensoría pública que administra la Defensoría del Pueblo, previo el cumplimiento de los requisitos, mediante la figura del contrato de prestación de servicios profesionales, para proveer la asistencia técnica y la representación judicial en favor de aquellas personas que se encuentren en las condiciones previstas en el artículo 2º de la presente ley, de acuerdo con las normas previstas en el estatuto de contratación estatal.
ART. 27.—Clasificación. Para efectos de su remuneración, los defensores públicos del sistema podrán clasificarse en tres (3) categorías:
PAR.—En caso de requerirse la sustentación de un recurso ante un funcionario superior, el defensor público deberá actuar sin que ello signifique cambiar de categoría.
ART. 28.—Requisitos mínimos. El Defensor del Pueblo establecerá mediante reglamento los requisitos mínimos que deberán cumplir los defensores públicos de acuerdo con las categorías a que se refiere este capítulo, así como para contratar abogados particulares en aquellas regiones apartadas del país en donde sea insuficiente o no exista oferta de servicios profesionales para la prestación del servicio de defensoría pública.
ART. 29.—Remuneración. El Defensor del Pueblo establecerá el sistema de remuneración de los defensores públicos, el cual deberá atender criterios de dignidad, proporcionalidad, carga procesal o complejidad de asuntos, categoría de los funcionarios ante quienes se actúe y tarifas profesionales vigentes.
ART. 30.—Derechos del defensor público. El defensor público tendrá derecho a:
ART. 31.—Obligaciones del defensor público. El defensor público cumplirá las siguientes obligaciones:
6. Cumplir sus obligaciones de acuerdo con las normas que regulan el ejercicio de la profesión de abogado y las que reglamenten su desempeño como defensor público, y abstenerse de asumir la defensa como apoderado particular dentro de los procesos en los cuales haya actuado en calidad de defensor público o haya prestado asesoría.
PAR.—La dirección del sistema nacional de defensoría pública podrá establecer obligaciones específicas para cada uno de los programas que adelante, las que serán definidas en el reglamento respectivo.
ART. 32.—Abogados particulares. Los abogados particulares que contrate la Defensoría del Pueblo con el fin de garantizar la cobertura del servicio de acuerdo con el artículo 2º de la presente ley, deberán cumplir los requisitos que el reglamento establezca; tendrán la calidad y forma de contratación de los defensores públicos para el caso que motivó la vinculación, así como los mismos derechos y obligaciones derivados de su ejercicio.
Solo hasta el 31 de diciembre de 2005 se podrá designar como defensores, sin contraprestación alguna, a los profesionales inscritos en el registro nacional de abogados, cuando no existiere o no fuere posible nombrar un defensor público. El abogado designado podrá excusarse por enfermedad grave o incompatibilidad de intereses, ser servidor público o tener a su cargo tres (3) o más casos gratuitos. Para esta designación el juez tendrá en cuenta la experiencia específica en el área penal.
ART. 33.—Judicatura. Los egresados de las facultades de derecho podrán cumplir su judicatura como defensores públicos. Así mismo, podrán desarrollar labores jurídico-administrativas relacionadas con el servicio en la dirección del sistema nacional de defensoría pública, y en las defensorías del pueblo regionales o seccionales.
ART. 34.—Consultorios jurídicos. Los estudiantes pertenecientes a los consultorios jurídicos de las facultades de derecho de las universidades oficialmente reconocidas por el Estado apoyarán, con la coordinación de la dirección nacional de defensoría pública y la supervisión directa en cada actuación del personal académico que designe la respectiva universidad, la prestación del servicio de defensoría pública en los asuntos penales de su competencia.
ART. 35.—Informe estadístico. Los directores de los consultorios jurídicos de las facultades de derecho oficialmente reconocidas deberán enviar un informe estadístico semestral a la dirección del sistema nacional de defensoría pública, en el que se relacionen los asuntos en los cuales han actuado los estudiantes de estas instituciones, según los parámetros definidos por el reglamento.
ART. 36.—Investigadores y técnicos del sistema nacional de defensoría pública. Son aquellos servidores públicos adscritos a la planta de la Defensoría del Pueblo y los contratados que colaboran con los defensores públicos en la consecución de la información y material probatorio necesario para el ejercicio real y efectivo del derecho de defensa.
PAR.—Facúltase al Defensor del Pueblo para reglamentar la remuneración de los servicios que se puedan prestar y cobrar a usuarios y abogados particulares que lo soliciten.
ART. 37.—Obligaciones. Los investigadores y técnicos desarrollarán su actividad con sujeción a la Constitución, la ley y los reglamentos que expida el Defensor del Pueblo, y respetarán en sus actuaciones los derechos fundamentales de todas las personas.
ART. 38.—Convenios. La Defensoría del Pueblo podrá celebrar convenios con entidades oficiales o privadas para la designación de expertos en determinada ciencia, arte, técnica u oficio, con el fin de contar con su asesoría cuando la naturaleza de los hechos objeto de un proceso asignado a un defensor público lo requiera.
ART. 39.—Requisitos. El Defensor del Pueblo establecerá mediante reglamento los requisitos mínimos que deberán cumplir los investigadores y peritos para prestar el servicio al sistema nacional de defensoría pública.
ART. 40.—Capacitación. Es deber de los defensores públicos mantener una capacitación permanente. El sistema nacional de defensoría pública promoverá la actualización de los operadores, por conducto de la unidad de capacitación e investigación o de las instituciones que contraten con el sistema, con el fin de optimizar la calidad y eficiencia del servicio.
ART. 41.—Coordinador académico. Es el abogado vinculado al sistema que aplicando su trayectoria en el campo del derecho implementa los programas de capacitación y se encarga de facilitar a los defensores públicos, a través de las barras de abogados, los elementos de juicio suficientes para orientarlos en la definición de una estrategia de defensa técnica e idónea y proporcionarles conocimientos que complementen los que ya poseen.
PAR.—Los coordinadores académicos serán vinculados mediante contrato de prestación de servicios profesionales y deberán reunir los requisitos que establezca el reglamento que para el efecto expida el Defensor del Pueblo.
ART. 42.—Barra de defensores públicos. Es la reunión de los operadores de la defensoría pública, cuyo objeto es la exposición del pensamiento jurídico de sus integrantes en torno a los casos que adelantan, a las temáticas jurídicas planteadas por ellos o por su coordinador académico y el desarrollo de los módulos de capacitación que envíe la unidad de capacitación de defensoría pública.
PAR.—Los operadores del sistema nacional de defensoría pública deberán cumplir con los programas de capacitación que apruebe el director del sistema nacional de defensoría pública.
ART. 43.—Gratuidad. La defensoría pública es gratuita y se prestará en favor de aquellas personas que se encuentren en imposibilidad económica de proveer la defensa de sus derechos, con el fin de asumir su representación judicial.
ART. 44.—Suspensión. No se prestará el servicio a la persona que recurra a medios fraudulentos para tratar de acceder a la defensoría pública gratuita, sin perjuicio de las acciones judiciales a que hubiere lugar. En caso de que la defensa pública haya asumido la representación judicial y durante la actuación se comprobare la capacidad económica del usuario se retirará el servicio en forma inmediata.
ART. 45.—Extensión. La defensa técnica se prestará en todas las etapas en que sea necesaria la asistencia del defensor público de acuerdo con la ley.
ART. 46.—Sanciones. El incumplimiento de los deberes y las obligaciones establecidas en la presente ley, en el Código de Procedimiento Penal, en el estatuto nacional del abogado y en el contrato de prestación de servicios dará lugar a las investigaciones disciplinarias, administrativas, fiscales y penales que fuere del caso y las que establezca el reglamento.
ART. 47.—Mecanismo investigativo. El sistema nacional de defensoría pública contará con los mecanismos necesarios para la obtención del material probatorio que permitan fundamentar las hipótesis de la defensa.
ART. 48.—Protección. El sistema nacional de defensoría pública prestará el apoyo técnico-científico necesario para que el defensor público pueda ejercer adecuadamente la defensa en los casos que le sean asignados.
ART. 49.—Reserva. La comunicación entre el defensor público y su representado será reservada. Tal condición será garantizada por las autoridades.
ART. 50.—Información al defendido. El defensor público deberá mantener personal y adecuadamente informado al representado sobre su situación jurídica y el desarrollo de su defensa, con el fin de garantizar una relación de confianza basada en la comunicación permanente. En caso de no ser posible la comunicación personal se establecerá la comunicación por otros medios.
ART. 51.—Solicitud. El servicio de defensoría pública en materia penal se prestará a solicitud del interesado, del fiscal, del Ministerio Público, del funcionario judicial o por iniciativa del Defensor del Pueblo, cuando lo estime pertinente por necesidades del proceso.
ART. 52.—Suplentes. Con el fin de garantizar la presencia permanente de la defensa pública en las actuaciones judiciales se constituirán grupos conformados al menos por dos (2) defensores públicos que deberán ejercer la suplencia del otro cuando ocurra alguna circunstancia de fuerza mayor que no permita al principal asistir a la diligencia.
ART. 53.—Conflicto de intereses en la defensa. En caso de presentarse conflicto de intereses en la defensa dentro de un mismo proceso con varios imputados que requieran el servicio del sistema deberán asignarse distintos defensores públicos.
ART. 54.—Turnos para permanencia del sistema. Se garantizará el derecho a una defensa integral e ininterrumpida. A este efecto habrá, de acuerdo con las necesidades del servicio, turnos de atención de los defensores públicos en los lugares que se requieran.
ART. 55.—Órgano técnico-científico. Los componentes del sistema nacional de defensoría pública podrán acudir al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y a los laboratorios forenses de los organismos de policía judicial para recibir apoyo técnico-científico en las investigaciones que adelanten.
Estructura orgánica de la dirección del sistema nacional de defensoría pública
Integración y clasificación de los servidores de la dirección del sistema nacional de defensoría pública
ART. 56.—(Derogado).* Nomenclatura. Adiciónese a la estructura orgánica establecida en el artículo 20 de la Ley 24 de 1992 la siguiente nomenclatura de cargos:
Coordinador administrativo y de gestión de la regional o seccional en defensoría pública 19
PAR. I.—El Gobierno Nacional establecerá la planta de personal de la Defensoría del Pueblo teniendo en cuenta la nomenclatura contenida en esta ley con sujeción a los programas, necesidades del servicio y monto global fijado por la ley de apropiaciones.
PAR. II.—El Defensor del Pueblo asignará la planta de personal que corresponda a la dirección del sistema nacional de defensoría pública o a la unidad operativa de gestión, con atribuciones para variarla cuando lo considere necesario y ajustará el manual de requisitos y funciones de cada uno de los empleos.
ART. 57.—Recursos. Para dar cumplimiento del parágrafo transitorio del artículo 5º del Acto Legislativo 3 de 2002 y al artículo 7º de la Ley 819 de 2003, a partir del año 2006 y durante el período de la implementación del sistema penal acusatorio, defínese como la fuente de financiación los ahorros obtenidos por la Fiscalía General de la Nación como resultado de la disminución gradual de su planta de personal. En consecuencia, en cada vigencia fiscal se autorizarán nuevos gastos a la Defensoría del Pueblo hasta por una suma equivalente al ahorro que certifique la fiscalía, el cual se causará en cada vigencia fiscal.
PAR.—Créase un fondo-cuenta dentro de la Defensoría del Pueblo, como un sistema separado de cuentas para el manejo de los recursos provenientes de las donaciones, aportes, honorarios y gastos correspondientes a la remuneración de los servicios profesionales e investigaciones técnico-científicas realizadas por la dirección del sistema nacional de defensoría pública, a solicitud de los usuarios o abogados particulares que dispongan de recursos para pagarlos.
ART. 58.—Vigencia. Esta ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y deberá aplicarse a partir del primero de enero de 2005, conforme a la gradualidad establecida en el Código de Procedimiento Penal.

References: artículo 43
 artículo 25
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 20
 artículo 5
 artículo 7