Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0477_ES.html
Timestamp: 2019-08-18 05:48:54+00:00

Document:
Procedimiento : 2018/0203(COD)
Ciclo relativo al documento : A8-0477/2018
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sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil
Ponente: Emil Radev
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0378),
– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0243/2018),
– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0477/2018),
(1) En aras del buen funcionamiento del mercado interior, es necesario seguir mejorando y facilitando la cooperación entre los órganos jurisdiccionales en el ámbito de la obtención de pruebas.
(1) En aras del buen funcionamiento del mercado interior y del desarrollo de un espacio europeo de justicia en materia civil basado en los principios de confianza mutua y reconocimiento mutuo de las sentencias, es necesario seguir mejorando y facilitando la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en relación con la obtención de pruebas.
(2 bis) A los efectos del presente Reglamento, el término «órgano jurisdiccional» debe tener una interpretación amplia que abarque tanto a aquellos órganos jurisdiccionales en el estricto sentido del término, que ejerzan funciones judiciales, como a otros organismos o autoridades que, con arreglo a la legislación nacional, estén facultados para obtener pruebas de conformidad con el presente Reglamento, como es el caso de los cuerpos de seguridad o los notarios en determinados Estados miembros y en situaciones específicas.
(2 ter) Es esencial disponer de medios eficaces para obtener, conservar y presentar pruebas y tener debidamente en cuenta los derechos de defensa y la necesidad de proteger la información confidencial. En este contexto, es importante fomentar el uso de las tecnologías modernas.
(3) Deben utilizarse todos los medios adecuados que ofrecen las tecnologías modernas de la comunicación para asegurar la rapidez en la transmisión de las solicitudes y las comunicaciones. Por lo tanto, todas las comunicaciones y todos los intercambios de documentos deben llevarse a cabo, por regla general, a través de un sistema informático descentralizado compuesto de sistemas informáticos nacionales.
(3) Deben utilizarse todos los medios adecuados que ofrecen las tecnologías modernas de la comunicación para asegurar con eficacia una transmisión rápida y directa de las solicitudes y las comunicaciones, teniendo presente a este respecto la constante evolución de esas tecnologías. Por lo tanto, todas las comunicaciones y todos los intercambios de documentos deben llevarse a cabo, por regla general, a través de un sistema informático descentralizado compuesto de sistemas informáticos nacionales.
(3 bis) El sistema informático descentralizado debe basarse en el sistema e-CODEX y gestionarse desde la eu-LISA. Se debe dotar a la eu-LISA de recursos suficientes para que se pueda introducir y mantener operativo dicho sistema, así como para facilitar asistencia técnica si surgen problemas en el funcionamiento del sistema. La Comisión debe presentar cuanto antes, y en todo caso antes de finales de 2019, una propuesta de Reglamento sobre la comunicación transfronteriza en los procedimientos judiciales (e-CODEX).
(4) A fin de garantizar el reconocimiento mutuo de las pruebas digitales, no debe poder negarse la fuerza probatoria de tales pruebas, siempre que se hayan obtenido en un Estado miembro de conformidad con su ordenamiento jurídico, debido exclusivamente a su naturaleza digital.
(4) A fin de garantizar el reconocimiento mutuo de las pruebas digitales, no debe poder negarse la fuerza probatoria de tales pruebas, siempre que se hayan obtenido en un Estado miembro de conformidad con su ordenamiento jurídico, debido a su naturaleza digital. Este principio debe entenderse sin perjuicio de la determinación, de acuerdo con la legislación nacional, del nivel de calidad y el valor de las pruebas, con independencia de que sean digitales o no.
(5 bis) Los procedimientos de obtención, conservación y presentación de pruebas deben garantizar el respeto de los derechos procesales de las partes, así como la protección, la integridad y la confidencialidad de los datos personales y la privacidad, de conformidad con el Derecho de la Unión.
(6) Actualmente no se aprovecha todo el potencial de las tecnologías de comunicación modernas, en especial la videoconferencia, que constituye un medio importante para simplificar y acelerar la obtención de pruebas. Cuando la práctica de la prueba consista en la toma de declaración a un testigo o un perito, o en el interrogatorio de una parte y estas personas estén domiciliadas en otro Estado miembro, el órgano jurisdiccional debe obtener dichas pruebas directamente por videoconferencia si, habida cuenta de las circunstancias específicas del caso, estima adecuada la utilización de dicha tecnología y siempre que los órganos jurisdiccionales respectivos dispongan de los medios necesarios.
(6) Actualmente no se aprovecha todo el potencial de las tecnologías de comunicación modernas, en especial la videoconferencia, que constituye un medio importante y directo para simplificar y acelerar la obtención de pruebas. Cuando la práctica de la prueba consista en la toma de declaración a un testigo o un perito, o en el interrogatorio de una parte y estas personas estén domiciliadas en otro Estado miembro, el órgano jurisdiccional debe obtener dichas pruebas directamente por videoconferencia o por cualquier otra tecnología de comunicación a distancia adecuada de que dispongan los órganos jurisdiccionales respectivos, a menos que, habida cuenta de las circunstancias específicas del caso, la utilización de dicha tecnología se considere inadecuada para el correcto desarrollo del proceso. Las normas relativas al uso de tales medios de comunicación deben ser neutras desde el punto de vista tecnológico y dejar margen para futuras soluciones de comunicación. Cuando así lo exija la legislación nacional del Estado miembro de que se trate, el uso de dicha tecnología debe estar supeditado al consentimiento de la persona a la que se vaya a tomar declaración o interrogar.
(7) Para facilitar la obtención de pruebas por los representantes diplomáticos o consulares, dichas personas pueden practicar diligencias de obtención de pruebas en el territorio de otro Estado miembro y en la zona en que ejerzan sus funciones sin que sea necesaria una solicitud previa, en concreto la toma de declaración o el interrogatorio voluntarios a nacionales del Estado miembro al que representan, en el contexto de procesos judiciales sustanciados ante órganos jurisdiccionales de este Estado miembro.
(7) Para facilitar la obtención de pruebas por el personal diplomático o consular, este puede practicar diligencias de obtención de pruebas en el territorio de otro Estado miembro en el que esté acreditado, en los locales de su misión diplomática o consulado, sin que sea necesaria una solicitud previa, en concreto la toma de declaración o el interrogatorio a nacionales del Estado miembro al que representa en procesos judiciales sustanciados ante órganos jurisdiccionales de este Estado miembro, siempre que la persona a la que se vaya a tomar declaración o interrogar coopere de forma voluntaria en la obtención de pruebas.
(7 bis) Es importante velar por que el presente Reglamento se aplique de acuerdo con la legislación de la Unión relativa a la protección de datos y respete la protección de la vida privada, consagrada en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. También es importante garantizar que todo tratamiento de los datos personales de personas físicas en el marco del presente Reglamento se lleve a cabo de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 y de la Directiva 2002/58/CE. Los datos personales contemplados en el presente Reglamento deben ser objeto de tratamiento únicamente para los objetivos específicos establecidos en él.
(8) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y pueden en cambio lograrse mejor a nivel de la Unión, gracias a un marco jurídico que garantizaría la transmisión rápida de las solicitudes y comunicaciones relativas a la práctica de diligencias de obtención de pruebas, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
(8) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y pueden en cambio lograrse mejor a nivel de la Unión, gracias a un marco jurídico simplificado que garantizaría la transmisión directa, eficaz y rápida de las solicitudes y comunicaciones relativas a la práctica de diligencias de obtención de pruebas, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
(8 bis) El presente Reglamento pretende mejorar la eficacia y la rapidez de los procedimientos judiciales mediante la simplificación y aceleración de los mecanismos de cooperación en lo que se refiere a la obtención de pruebas en casos transfronterizos y contribuir, al mismo tiempo, a reducir los retrasos y costes soportados por los ciudadanos y las empresas. Asimismo, un mayor grado de seguridad jurídica, la simplificación, la aceleración y la digitalización de los procedimientos pueden alentar a los ciudadanos y a las empresas a realizar operaciones transfronterizas, lo que puede estimular el comercio transfronterizo en la Unión y, por consiguiente, mejorar el funcionamiento del mercado interior.
(11) A fin de actualizar los formularios normalizados de los anexos o introducir cambios técnicos en estos, debe delegarse en la Comisión la competencia para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a la modificación de los anexos. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.
(11) A fin de definir los mecanismos específicos para el funcionamiento del sistema informático descentralizado y de establecer las normas y requisitos técnicos mínimos para el uso de videoconferencias, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Dichos actos delegados deben garantizar una transmisión eficaz, fiable y fluida de la información pertinente a través del sistema informático descentralizado, y velar por que la sesión de videoconferencia garantice una comunicación de gran calidad y una interacción en tiempo real. Asimismo, a fin de actualizar los formularios normalizados de los anexos o introducir cambios técnicos en estos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a la modificación de los anexos. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.
Reglamento (CE) n.º 1206/2001
«4. En el presente Reglamento, se entenderá por “órgano jurisdiccional” cualquier autoridad judicial en un Estado miembro que sea competente para realizar diligencias de obtención de pruebas de conformidad con el presente Reglamento.»;
«4. En el presente Reglamento, se entenderá por “órgano jurisdiccional” cualquier autoridad en un Estado miembro que sea competente en virtud de la legislación de dicho Estado miembro para obtener pruebas de conformidad con el presente Reglamento.»;
1. Las solicitudes y las comunicaciones previstas en el presente Reglamento se transmitirán a través de un sistema informático descentralizado compuesto de sistemas informáticos nacionales interconectados por una infraestructura de comunicación que posibilite el intercambio transfronterizo de información de forma segura y fiable entre los sistemas informáticos nacionales.
1. Las solicitudes y las comunicaciones previstas en el presente Reglamento se transmitirán a través de un sistema informático descentralizado compuesto de sistemas informáticos nacionales interconectados por una infraestructura de comunicación y que posibilite el intercambio transfronterizo de información de forma segura y fiable en tiempo real entre los sistemas informáticos nacionales, respetando plena y debidamente los derechos y libertades fundamentales. Ese sistema informático descentralizado se basará en e-CODEX.
2. El marco jurídico general que rige la utilización de los servicios de confianza establecidos en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo20 será de aplicación a las solicitudes y las comunicaciones transmitidas a través del sistema informático descentralizado a que se refiere el apartado 1.
2. El marco jurídico general que rige la utilización de los servicios de confianza cualificados establecidos en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo20 será de aplicación a las solicitudes y las comunicaciones transmitidas a través del sistema informático descentralizado a que se refiere el apartado 1.
20 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).
3. Cuando las solicitudes y las comunicaciones a que se refiere el apartado 1 requieran o incorporen un sello o una firma manuscrita, estos se podrán remplazar por un «sello electrónico cualificado» o una «firma electrónica cualificada» respectivamente, tal como se definen en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo.
3. Cuando las solicitudes y las comunicaciones a que se refiere el apartado 1 requieran o incorporen un sello o una firma manuscrita, estos se podrán remplazar por un «sello electrónico cualificado» o una «firma electrónica cualificada» respectivamente, tal como se definen en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, siempre y cuando se garantice plenamente que las personas interesadas hayan tenido conocimiento de estos documentos con tiempo suficiente y de un modo acorde con la legalidad.
3 bis. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 20 por los que se complete el presente Reglamento mediante el establecimiento de los mecanismos específicos para el funcionamiento del sistema informático descentralizado. Cuando ejerza dichos poderes, la Comisión velará por que el sistema garantice el intercambio efectivo, fiable y fluido de la información pertinente, así como un elevado nivel de seguridad en lo que respecta a la transmisión y la protección de la privacidad y los datos personales, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE.
4. Si la transmisión de conformidad con el apartado 1 no fuese posible debido a una interrupción imprevista y excepcional del sistema informático descentralizado o a otros supuestos excepcionales, esta se realizará por la vía más rápida que haya sido aceptada por el Estado miembro requerido.»;
4. Si la transmisión de conformidad con el apartado 1 no fuese posible debido a una interrupción imprevista y excepcional del sistema informático descentralizado o a otros supuestos excepcionales, esta se realizará por la vía más rápida que haya sido declarada adecuada por el Estado miembro requerido.»;
Artículo 17 bis – título
Obtención directa de pruebas por videoconferencia
Obtención directa de pruebas por tecnologías de comunicación a distancia
Artículo 1 bis – apartado 1
1. Cuando la práctica de la prueba consista en la toma de declaración a un testigo o un perito, o en el interrogatorio de una parte, estas personas estén domiciliadas en otro Estado miembro y el órgano jurisdiccional no solicite al órgano jurisdiccional competente de dicho Estado miembro que practique la diligencia de obtención de la prueba a que refiere al artículo 1, apartado 1, letra a), el órgano jurisdiccional que sustancie o prevea sustanciar la causa obtendrá dicha prueba directamente de conformidad con el artículo 17 por videoconferencia si, habida cuenta de las circunstancias específicas del caso, estima adecuada la utilización de dicha tecnología y siempre que los órganos jurisdiccionales respectivos dispongan de los medios necesarios.
1. Cuando la práctica de la prueba consista en la toma de declaración a un testigo o un perito, o en el interrogatorio de una parte, estas personas estén domiciliadas en otro Estado miembro y el órgano jurisdiccional no solicite al órgano jurisdiccional competente de dicho Estado miembro que practique la diligencia de obtención de la prueba a que refiere al artículo 1, apartado 1, letra a), el órgano jurisdiccional que sustancie o prevea sustanciar la causa obtendrá dicha prueba directamente de conformidad con el artículo 17 por videoconferencia o cualquier otra tecnología de comunicación a distancia adecuada, salvo si, habida cuenta de las circunstancias específicas del caso, se estima inadecuada la utilización de dicha tecnología para el correcto desarrollo del proceso, y siempre que los órganos jurisdiccionales respectivos dispongan de los medios necesarios.
Artículo 17 bis – apartado 1 bis (nuevo)
1 bis. Cuando así lo exija la legislación nacional del Estado miembro solicitante, el uso de la videoconferencia o de cualquier otra tecnología de comunicación a distancia adecuada estará supeditado al consentimiento de la persona a la que se vaya a tomar declaración o interrogar.
Artículo 17 bis – apartado 2
2. Cuando se solicite la obtención directa de una prueba por videoconferencia, se tomará la declaración o se procederá al interrogatorio en una sede judicial. El órgano jurisdiccional requirente y el órgano central o la autoridad competente a que se refiere el artículo 3, apartado 3, o el órgano jurisdiccional en cuya sede se tome la declaración o se lleve a cabo el interrogatorio, se pondrán de acuerdo sobre los aspectos prácticos de la videoconferencia.
2. Cuando se solicite la obtención directa de una prueba por videoconferencia o por cualquier otra tecnología de comunicación a distancia adecuada, se tomará la declaración o se procederá al interrogatorio en una sede judicial. El órgano jurisdiccional requirente y el órgano central o la autoridad competente a que se refiere el artículo 3, apartado 3, o el órgano jurisdiccional en cuya sede se tome la declaración o se lleve a cabo el interrogatorio, se pondrán de acuerdo sobre los aspectos prácticos de la videoconferencia. Esos aspectos prácticos estarán en consonancia con las normas y requisitos técnicos mínimos para el uso de la videoconferencia definidos de conformidad con el apartado 3 bis.
Artículo 17 bis – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis. Los sistemas electrónicos que se utilicen para la obtención de pruebas garantizarán la protección del secreto profesional y de la prerrogativa de secreto profesional en la relación cliente-abogado.
Artículo 17 bis – apartado 3 – parte introductoria
3. Cuando se practique la prueba por videoconferencia:
3. Cuando se practique la prueba por videoconferencia o cualquier otra tecnología de comunicación disponible:
Artículo 17 bis – apartado 3 – letra b
b) el órgano central o la autoridad competente a que se refiere el artículo 3, apartado 3, se asegurarán de que la persona a que se tome declaración, o se interrogue, o el juez cuenten con la asistencia de un intérprete, siempre que sea necesario y a petición del órgano jurisdiccional requirente, de la persona a la que se vaya a tomar declaración, o interrogar, o del juez del Estado miembro requerido que participe en la toma de declaración o el interrogatorio.»; ;
b) el órgano central o la autoridad competente a que se refiere el artículo 3, apartado 3, se asegurarán de que la persona a que se tome declaración, o se interrogue, o el juez cuenten con la asistencia de un intérprete cualificado, siempre que sea necesario y a petición del órgano jurisdiccional requirente, de la persona a la que se vaya a tomar declaración, o interrogar, o del juez del Estado miembro requerido que participe en la toma de declaración o el interrogatorio.
3 bis. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 20 por los que se complete el presente Reglamento mediante el establecimiento de las normas y requisitos mínimos para el uso de la videoconferencia.
Cuando ejerza dichos poderes, la Comisión velará por que la sesión de videoconferencia garantice una comunicación de gran calidad y una interacción en tiempo real. Por lo que respecta a la transmisión de la información, la Comisión garantizará asimismo un elevado nivel de seguridad y la protección de la privacidad y los datos personales con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Directiva 2002/58/CE.
Artículo 17 bis – apartado 3 ter (nuevo)
3 ter. El órgano jurisdiccional notificará a la persona a la que se vaya a tomar declaración o interrogar, a las partes y a sus representantes legales respectivos la fecha, hora, lugar y condiciones de la participación en la toma de declaración o el interrogatorio por videoconferencia o por cualquier otra tecnología de comunicación a distancia adecuada. El órgano jurisdiccional pertinente proporcionará a las partes y a sus representantes legales instrucciones relativas al procedimiento de presentación de documentos u otro material durante la toma de declaración por videoconferencia o por cualquier otra tecnología de comunicación a distancia adecuada.»;
Artículo 17 ter – título
Obtención de pruebas por representantes diplomáticos o consulares
Obtención de pruebas por personal diplomático o consular
Artículo 1 ter – párrafo 1
Los representantes diplomáticos o consulares de un Estado miembro podrán realizar diligencias de obtención de pruebas en el territorio de otro Estado miembro y en la zona en que ejerzan sus funciones sin que sea necesaria una solicitud previa de conformidad con el artículo 17, apartado 1, en concreto la toma de declaración o el interrogatorio voluntarios a nacionales del Estado miembro al que representan en el contexto de una causa judicial sustanciada ante un órgano jurisdiccional de este Estado miembro.»;
El personal diplomático o consular de un Estado miembro podrá realizar diligencias de obtención de pruebas en el territorio de otro Estado miembro en el que esté acreditado, en los locales de su misión diplomática o consulado, sin que sea necesaria una solicitud previa de conformidad con el artículo 17, apartado 1, en concreto la toma de declaración o el interrogatorio a nacionales del Estado miembro al que representa en una causa judicial sustanciada ante un órgano jurisdiccional de este Estado miembro. Dichas diligencias de obtención de pruebas solo podrán realizarse con la cooperación voluntaria de la persona a la que se vaya a tomar declaración o interrogar. Las pruebas se obtendrán bajo la supervisión del órgano jurisdiccional requirente, de conformidad con su legislación nacional.»;
Artículo 18 bis – párrafo 1
No se podrá inadmitir en otros Estados miembros las pruebas digitales obtenidas en un Estado miembro de conformidad con su ordenamiento jurídico debido exclusivamente a su naturaleza digital.»;
No se podrá aducir la naturaleza digital de las pruebas como motivo para inadmitir en otros Estados miembros las pruebas obtenidas en un Estado miembro de conformidad con su ordenamiento jurídico. La cuestión de la naturaleza digital o no digital de las pruebas no será un factor a la hora de determinar el nivel de calidad y el valor de dichas pruebas.»;
Sección 6 bis (nueva) – artículo 18 ter (nuevo)
6 bis) después del artículo 18, se inserta la sección 6 bis siguiente:
«Sección 6 bis
Todo tratamiento de datos personales realizado en aplicación del presente Reglamento, incluido el intercambio o transmisión de datos personales por las autoridades competentes, se realizará de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679. Todo intercambio o transmisión de información por las autoridades competentes a escala de la Unión se realizará de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 45/2001. Los datos personales que no sean pertinentes para la tramitación de un caso específico se eliminarán inmediatamente.».
2. La competencia para adoptar los actos delegados mencionados en el artículo 19, apartado 2, se otorga a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del [entrada en vigor del presente Reglamento].
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 6, apartado 3 bis, en el artículo 17 bis, apartado 3 bis, y en el artículo 19, apartado 2, se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del ... [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.
Artículo 20 – apartado 3
3. La delegación de competencia mencionada en el artículo 19, apartado 2, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de la competencia que en ella se especifique. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 6, apartado 3 bis, en el artículo 17 bis, apartado 3 bis, y en el artículo 19, apartado 2, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
Artículo 20 – apartado 6
6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 19, apartado 2, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 6, apartado 3 bis, del artículo 17 bis, apartado 3 bis, o del artículo 19, apartado 2, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
Artículo 22 bis – apartado 1
1. A más tardar [dos años después de la fecha de aplicación], la Comisión establecerá un programa detallado para el seguimiento de las realizaciones, los resultados y las repercusiones del presente Reglamento.
1. A más tardar [un año después de la fecha de entrada en vigor], la Comisión establecerá un programa detallado para el seguimiento de las realizaciones, los resultados y las repercusiones del presente Reglamento.
Artículo 23 – apartado 1
1. Transcurridos como mínimo [cinco años desde la fecha de aplicación del presente Reglamento], la Comisión llevará a cabo una evaluación del presente Reglamento y presentará un informe sobre sus principales conclusiones al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo.
1. A más tardar [cuatro años después de la fecha de aplicación del presente Reglamento], la Comisión llevará a cabo una evaluación del presente Reglamento y presentará un informe sobre sus principales conclusiones al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, acompañado, si procede, de una propuesta legislativa.
Entre los cometidos de la Unión se encuentra el de desarrollar un espacio europeo de justicia en materia civil basado en los principios de confianza mutua y reconocimiento mutuo de las sentencias. La cooperación judicial transfronteriza es vital en el ámbito de la justicia. Con este fin y para el facilitar el buen funcionamiento del mercado interior, la Unión ha adoptado actos legislativos sobre la notificación y el traslado transfronterizos de documentos judiciales y sobre la cooperación en el ámbito de la obtención de pruebas. Estos instrumentos revisten suma importancia en la regulación del auxilio judicial en materia civil y mercantil entre los Estados miembros. Comparten el objetivo de constituir un marco eficiente para la cooperación judicial transfronteriza. Han sustituido al sistema internacional anterior y más complicado de los Convenios de La Haya entre los Estados miembros.
Que la cooperación entre los órganos jurisdiccionales sea fluida es otro factor necesario para el buen funcionamiento del mercado interior. En 2018, aproximadamente 3,4 millones de causas judiciales civiles y mercantiles en la Unión tenían repercusión transfronteriza. En muchas de estas causas, se evidenció la necesidad de obtener pruebas en otro Estado miembro; el Reglamento sobre la obtención de pruebas ofrece herramientas para facilitar el acceso a esas pruebas.
El Reglamento (CE) n.º 1206/2001 establece un sistema a escala de la Unión directo y rápido para la transmisión y ejecución de las solicitudes de práctica de pruebas entre los órganos jurisdiccionales y fija normas precisas en cuanto a la forma y el contenido de esas solicitudes. En particular, ha introducido mejoras respecto del Convenio de La Haya correspondiente al poner en marcha un sistema moderno y eficiente de contacto bilateral directo entre los órganos jurisdiccionales (para la transmisión de las solicitudes y del resultado de las pruebas practicadas). Asimismo, permite que los órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros practiquen las pruebas.
El ponente considera que la propuesta de la Comisión se ha presentado en el momento oportuno y constituye además una respuesta adecuada a la evaluación REFIT. Es importante que se ofrezca a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros la oportunidad de utilizar las tecnologías modernas para mejorar y acelerar el acceso a la justicia. Esta evolución no será posible si no se adaptan las normas relativas a la obtención de pruebas, especialmente en los asuntos transfronterizos. El Reglamento vigente tan solo contiene medidas que completan las existentes en la legislación nacional de los Estados miembros. Por consiguiente, para que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros puedan aprovechar plenamente las nuevas tecnologías de comunicación a distancia, el Reglamento modificado debe completarse con una revisión de las normas aplicables asimismo al nivel nacional en los Estados miembros.
También es necesario aclarar algunos puntos de la propuesta de la Comisión. Por lo que se refiere a la definición de «órgano jurisdiccional», debe aclararse que se trata de una disposición para el reconocimiento mutuo de las normativas nacionales en lo relativo a las entidades competentes para realizar diligencias de obtención de pruebas.
Por otra parte, el Reglamento debe ser neutro desde el punto de vista tecnológico. Para ello, debe utilizarse el concepto de «tecnología de comunicación a distancia» en lugar de hacer referencia únicamente al sistema de videoconferencia. También debe aclararse que la tecnología de comunicación a distancia que se utilice ha de garantizar el respeto del secreto profesional y de la prerrogativa de secreto profesional en la relación cliente-abogado.
Por lo que se refiere a la disposición que se introduce para autorizar al personal diplomático a obtener pruebas, es prudente adaptarla a la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas. Ese personal solo debe poder obtener pruebas en los Estados miembros en los que esté acreditado y en los locales de la misión diplomática o del consulado de su país.
El ponente considera que, durante la obtención de las pruebas, la persona a la que se vaya a tomar declaración o interrogar, las partes y sus abogados deben estar debidamente informados de todas las condiciones de participación en una videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia, así como del procedimiento que ha de seguirse para presentar las pruebas.
Habida cuenta de la rápida evolución de las tecnologías de la comunicación, el ponente considera que el tratamiento y la protección de los datos personales revisten una gran importancia.

References: artículo 294
 artículo 81
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 290
 artículo 290
 artículo 290
 artículo 20

Artículo 17

Artículo 1
 artículo 1
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 17

Artículo 17

Artículo 17
 artículo 3
 artículo 3

Artículo 17

Artículo 17

Artículo 17
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 20

Artículo 17

Artículo 17

Artículo 1
 artículo 17
 artículo 17

Artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 6
 artículo 17
 artículo 19

Artículo 20
 artículo 19
 artículo 6
 artículo 17
 artículo 19

Artículo 20
 artículo 19
 artículo 6
 artículo 17
 artículo 19

Artículo 22

Artículo 23