Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321651.html
Timestamp: 2019-03-20 19:28:54+00:00

Document:
as201321651
Auto Supremo: 651/2013
Expediente: SC-99-13-S
Partes: María Aidé Ribera Ureña representada por Ana María Domínguez Flores
c/Roque García Mercado y herederos de Hugo García Mercado.
Proceso: Ordinario de mejor derecho propietario y cancelación de registro en
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Carmelo Domínguez Ribera, Martha Domínguez Ribera y Carmen Domínguez Vda. de Flores herederos de María Aidé Ribera Ureña contra el Auto de Vista No. 223 de 17 de junio de 2013, cursante de fs. 498a 499, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de mejor derecho propietario y cancelación de registro en Derechos Reales seguido a instancias de Ana María Domínguez Flores en representación de MaríaAidé Ribera Ureña contra Roque García Mercado y herederos de Hugo García Mercado, los antecedentes del proceso, y;
Que, María Aidé Ribera Ureña por medio de su Abogada apoderada interpone demanda ordinaria de mejor derecho propietario en contra de Roque García Mercado y herederos de Hugo García Mercado, demanda que admitida y citados legalmente los demandados, Roque García Mercado y Mercedes Suárez de García (esposa del de cujus Hugo García Mercado)responden negativamente a la acción, oponen excepciones de falta de personería de la apoderada de la demandante, imprecisión, obscuridad, y contradicción en la demanda e interponen demanda reconvencional de mejor derecho propietario, acción negatoria, reivindicación de propiedad, desocupación y entrega del inmueble, más el pago de daños y perjuicios, en los términos expuestos en el memorial de respuesta de fs. 162 a 165 y vlta.
Tramitado el proceso, el Juez de Partido Sexto en lo Civil y Comercial de la Capital pronuncia la SentenciaNº 78 de 20 de agosto de 2012 (fs. 454 a 458 vlta) por la que declara improbada la demanda principal, probada en parte la demanda reconvencional en cuanto a la pretensión de acción negatoria, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble e improbada en cuanto al mejor derecho propietario y resarcimiento de daños e improbadas las excepciones opuestas por los demandados en el memorial de fs. 162 a 165, subsanada de fs. 226 a 227, sin costas por ser doble juicio, ocasionando que ante el fallecimiento de la actora principal, sus herederos Carmelo Domínguez Ribera, Martha Domínguez Ribera y Margarita Carmen Domínguez Vda. de Flores interpongan recurso ordinario de apelación de fs. 469 a 477 vlta., resuelto por Auto de Vista Nº223 de fecha 17 de junio de 2013 de fs. 498 a 499 vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por el que confirmó en todas sus partes el fallo impugnado, ocasionando que los señalados recurrentes interpongan recurso de casación en la forma y en el fondo contra la Resolución de Alzada, motivo de Autos.
1.- Los recurrentes aluden que el Tribunal Ad quem violó el art. 232 del Código de Procedimiento Civil, debido a que –dicen- habiendo sido notificados con el decreto de radicatoria el día 11 de junio del 2013, al día del mismo mes, sin esperar los cinco días previstos en el artículo cuya vulneración acusan, proceden a dictar decreto de Autos y al consiguiente sorteo del expediente, impidiendo de esta forma que puedan ofrecer y producir en segunda instancia.
2.-Acusan,del mismo modo, que ante este abrupto e ilegal cierre de plazo no pudieron interponer demanda incidental de recusación en contra de los Vocales integrantes del Tribunal de apelación, por no haber tenido el tiempo suficiente para hacerlo, lo que a su entender vulnera también lo previsto por el art. 8 de la Ley 1760.
3.-Refieren, que los de Alzada también infringieron el art. 113 de la Ley del Tribunal Constitucional, debido a que habiendo sus personas planteado plantearon acción de inconstitucionalidad concreta respecto del art. 396 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, tanto el Juez de primera instancia cuanto el Ad quem, pronunciaron Resolución sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto de la consulta del rechazo a promover la señalada acción concreta de inconstitucionalidad.
4.-Aducen, que el Tribunal de segunda instancia aplicó indebidamente el art. 24 inc. 1) de la Ley 1760, pues esta norma refiere a la apelación en efecto diferida y lo que ellos reclamaron es porque una excepción previa fue resuelta en Sentencia, cuando ella merecía pronunciamiento expreso antes de Sentencia.
5.-Por último, también señalan que en el recurso de apelación efectuaron reclamación respecto de la falta de notificación con el Auto de fs. 318 a 319, por el que se dispone el rechazo de su prueba, solicitando se anule el proceso hasta que se proceda a una nueva notificación, sin embargo, dicho reclamo fue rechazado por el Tribunal de apelación, aplicando lo establecido en el art. 17 -III de la Ley 025, sin percatarse que este actuado ilegal fue efectuado el año 2008, cuando la Ley 025,aún no se encontraba en vigencia.
Solicitan en definitiva se anule el proceso hasta fs. 318 a 319 de obrados.
1.-Los recurrentes acusan la vulneración del art. 1567 del Código Civil debido a que los de instancia aplicaron el Código en Actual vigencia para valorar títulos de propiedad del año de 1927, cuando lo que correspondía era la aplicación delCódigo Santa Cruz.
2.-Asimismo, también aducen que los de Alzada incurrieron en error de derecho en la valoración de la prueba (fs. 1-84), expresamente del proceso de usucapión por el que su progenitora adquirió el derecho de propiedad del inmueble en litigo por usucapión, documentación que al haber emanado de un proceso judicial, es pública y cuenta con plena fe probatoria al respecto, proceso, que cuenta con autoridad de cosa juzgada, vulnerándose el art. 1287 del Código Civil.
3.-De igual forma, acusan de haberse incurrido en error de derecho en la valoración de la certificación expedida por la Auxiliar de Derechos Reales cursante a fs. 76,a través de la cual se certificó que el trámite emergente de la usucapión Nº 493977, fue observado debido a que en la zona central, donde se encuentra situado el inmueble objeto del proceso, no tiene asignado U.V. vecinal, siendo esta una situación ajena a su voluntad y que la inscripción realizada por los demandados pese a la existencia de esta observación seguramente es clandestina.
4.- Asimismo, acusan la aplicación indebida de los artículos 1545 y 1538 del Código Civil, porque el derecho propietario de su progenitora se perfeccionó con la Sentencia dentro del proceso de usucapión, naciendo de ahí el derecho propietario que les asiste independientemente de su inscripción.
Concluye solicitando, se pronuncie Auto Supremo casando el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se declare probada la demanda principal e improbada la reconvencional.
CONSIDENDO III
Con relación al primer y segundo agravio, los mismos que al estar íntimamente vinculados, se los resolverá de manera conjunta y a dicho efecto, se tiene que los impugnantes aducen que los de Alzada vulneraron el art. 232 del Código de Procedimiento Civil y 8 de la Ley 1760, porque pasado un día de haber radicado el proceso, proceden a decretar autos para Resolución y a sortear el mismo, sin permitirles ofrecer y producir prueba en segunda instancia y sin darles opción a plantear recurso de recusación en contra de los Vocales integrantes de la Sala donde radicó el presente proceso; al respecto, al margen de que los impugnantes no demuestran normativamente la vulneración a derechos o garantías de naturaleza fundamental, con el accionar que cuestionan, tampoco precisan qué medios probatorios decisivos para la causa se les privó de su presentación y qué pretendían demostrar con éstos, así como tampoco concretizan sobre qué causales y en base a qué medios probatorios pretendían recusar a los de Alzada, facultad que, aun encontrándose sorteado el recurso de apelación, bien pudo haber sido ejercitada por los ahora impugnantes, consiguientemente este Máximo Tribunal considera que no han demostrado la trascendencia y conveniencia de disponer la nulidad de obrados, debido a que dicha nulidad no se impone por la simple nulidad, sino, por la vulneración de las formas procedimentales, que a su vez, suponga la también vulneración de algún derecho o garantía fundamental de las partes del proceso, por ello, los referidos motivos carecen de mérito.
Respecto al tercer motivo del recurso de casación en la forma, relativo a que los de Alzada se hallaban obligados a anular la resolución de primera instancia por no haberse resuelto la consulta del rechazo de la promoción del recurso indirecto e incidental de inconstitucionalidad interpuesto por sus personas respecto del art. 396 del Código de Procedimiento Civil, al respecto, dicha alegación carece de sustento fáctico y legal, debido a que los recurrentes olvidan que planteado el recurso indirecto de inconstitucionalidad, el mismo fue resuelto por el Juez de primera instancia por Auto de 28 de octubre de 2010 (fs. 422), por el que en aplicación a lo dispuesto por el art. 62 – I de la Ley 1836 rechazó el incidente referido, dispuso la remisión de antecedentes en consulta ante el Tribunal Constitucional; norma legal que de ninguna manera impide que el proceso judicial prosiga en su tramitación hasta la dictación de resolución o Sentencia, esto, debido a que al haberse dispuesto dicho rechazo, se presumió prima facie por el nombrado juzgador sobre la constitucionalidad de la norma procesal cuya constitucionalidad fue cuestionada por los ahora recurrentes, eventualidad ante la cual, el Juez o Tribunal no se halla obligado a esperar la resolución previa de la consulta efectuada del rechazo, para dictar resolución final, como ocurre en el caso de la admisión del recurso indirecto e incidental de inconstitucionalidad, que sí se encuentra obligado a hacerlo, que no es el caso, por lo que este motivo también es infundado. Al margen de lo manifestado se debe tomar en cuenta que la resolución a ser emitida (Sentencia) no dependía de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la aludida norma prevista en el art. 396 del Código de Procedimiento Civil contra la que se dedujo el incidente de inconstitucionalidad.
Ahora bien, con relación al cuarto motivo del recurso de casación en la forma, referido a que el Tribunal de instancia aplico indebidamente el art. 24 inc. 1) de la Ley 1760, debido a que dicha norma regula la apelación en efecto diferido y lo que ellos reclamaron es porque una excepción previa que fue resuelta en Sentencia, cuando ella merecía pronunciamiento expreso antes de pronunciarse la misma; al respecto, de obrados se tiene que las excepciones a que hacen referencia los ahora impugnantes, fueron interpuestas por la parte demandada al momento de responder a la presente acción, de ahí que los ahora recurrentes carecen de legitimación para efectuar reclamo respecto a la resolución de las mismas, máxime si se tiene en cuenta, que los impugnantes tampoco demuestran normativamente la vulneración a derecho o garantía alguna de índole constitucional, que les cause perjuicio, por lo que este motivo también es infundado.
Por último, con relación al quinto motivo del recurso de casación en la forma, relativo al rechazo de nulidad de actuados hasta fs. 318 a 319, aplicando indebidamente lo dispuesto por el art. 17 -III de la Ley 025, sin percatarse que este actuado ilegal fue efectuado el año 2008, cuando la ley 025 aún no se encontraba en vigencia; al respecto, es de destacar que de actuados se advierte que los ahora impugnantes, una vez se produjo el actuado procedimental ahora reclamado, no efectuaron reclamo alguno y continuaron con el desarrollo normal del proceso hasta la dictación de la Sentencia, convalidando con su accionar, dicha supuesta irregularidad procesal, por ello, este Tribunal concuerda plenamente con los de Alzada respecto a que el derecho de éstos a reclamar dicho rechazo de producción de prueba, se encuentra precluido, conforme lo establece el art. 17-III de la Ley Nº 025, del Órgano Judicial, misma que si bien fue sancionada y puesta en vigencia luego de haberse iniciado el presente proceso, sin embargo, en tratándose de una norma orgánica-procesal y no sustantiva, su aplicación es inmediata y alcanza incluso a procesos como el presente, ello, en base al principio de ultractividad de que se halla investida toda norma procesal, consecuentemente, este motivo también es infundado.
Con relación al primer motivo del recurso de casación en el fondo, relativo a la vulneración del art. 1567 del Código Civil, porque los de Alzada hubieran aplicado el Código Civil en Actual vigencia para valorar prueba consistente en títulos de propiedad del año de 1927, cuando legalmente correspondía la aplicación del Código Santa Cruz; al respecto, corresponde dejar establecido que, habiéndose interpuesto la presente acción en base a las normas Adjetivas y Sustantivas vigentes desde 1972, son estas normas las aplicables a la resolución del caso, incluso en la valoración de los medios probatorios producidos en proceso, emergiendo de ello, el hecho de que los de Alzada no han incurrido en la infracción de la norma sustantiva referida, máxime si se tiene en cuenta, que la compulsa de la prueba a que hacen alusión los impugnantes, sólo fue valorada a fin de consignar la fecha de tradición que sufrió el inmueble motivo del litigio y que de ninguna manera supone la violación del Código Santa Cruz, porque el derecho propietario con el que cuentan los herederos de los demandados, deviene de un acto jurídico generado en la gestión 2006, conforme da cuenta la documental de fs. 192.
Respecto al segundo motivo, relativo a la falta de valoración de la prueba concerniente al proceso ejecutoriado de usucapión que siguió Aidé Ribera Ureña progenitora de los recurrentes, a través del cual adquirió derecho de propiedad sobre el inmueble del proceso, prueba que no fue valorada conforme dispone el art. 1287 del Código Civil; dicho supuesto agravio no resulta ser tal, debido a que de obrados este Tribunal advierte que el Tribunal de Alzada si procedió a valorar el referido medio probatorio, otorgándole el valor asignado por ley, concluyendo tambiénque la misma resultaba insuficiente para demostrar el perfeccionamiento del derecho propietario alegado por la actora, debido a que no se hallaba debidamente inscrito y publicitado en el registro público pertinente, al contrario del derecho propietario de los demandados y herederos, que si lo estaba y había cumplido con la señalada publicidad, necesaria e imprescindible para adquisición y perfeccionamiento respecto de todo bien inmueble; por lo que este otro motivo, también deviene en infundado.Máxime si se toma en cuenta que el proceso de usucapión, a través del cual la actora alude tener derechos sobre el inmueble motivo de Litis, se lo inició el año 2001 y la Sentencia pronunciada en sus efectos no alcanza al ciudadano Ascencio García o sus herederos,porque dicha acción fue dirigida contra Hugo García y presuntos propietarios, quien solo tenían un derecho expectaticio sobre el inmueble y carecían de legitimación pasiva para ser demandados, porque el inmueble se encontraban registrado, conforme el folio real de fs. 192, a nombre de Asencio García (padre de los demandados), por consiguiente los efectos extintivos del proceso de usucapión no surtieron sus efectos contra Ascencio García y menos contra sus herederos, quienes inscribieron su titularidad de dominio sobre el inmueble recién en fecha 3 de abril del año 2006.
Ahora bien y con relación al tercer motivo, referido al error de derecho en que supuestamente hubiera incurrido el Tribunal de Apelación en la valoración de la certificación extendida por la Auxiliar de Derechos Reales cursante a fs. 76, por el que se certifica que el trámite de usucapión de la actora fue observado debido a que en la zona central donde se encuentra el inmueble no tiene U.V. vecinal; se tiene que considerar dos aspectos, dentro de aquel proceso de usucapión María Aidé Ribera Ureña a tiempo de delimitar el objeto del proceso aludido manifestó: “pido a su autoridad se sirva admitir la demanda.………y en Sentencia se declare probada en todas sus partes, declarando mi derecho propietario sobre el bien sito en la calle Ayacucho Nª 492, Zona Central, UV 04, Manzana Nº 76, lote Nº 15” de donde se colige que fue la actora quien incurrió en error a tiempo de individualizar el inmueble y que hizo imposible hasta la fecha pueda perfeccionar el derecho propietario otorgado en el referido proceso de usucapión respecto del inmueble objeto del proceso, sin embargo, el hecho de que no se haya podido proceder al registro del Fallo judicial en la Oficina de Derechos Reales resulta intrascendente debido que el proceso de referencia se dirigió contra quien no tenía legitimación pasiva, pasa a soportar válidamente el efecto extintivo de la usucapión como se tiene ya referido precedentemente; por ello, no es evidente la errónea valoración probatoria acusada en el presente motivo.
Por último y con relación al cuarto agravio, referido a la aplicación indebida de los artículos 1545 y 1538 del Código Civil, porque según los impugnantes, el derecho propietario de su progenitora se perfeccionó con la dictación de Sentencia dentro del proceso de usucapión, resolución de la que según éstos, hubiera nacido su derecho propietario que resultaría independientemente de la inscripción en Derechos Reales; dicha alegación no es evidente, debido a que, precisamente por disposición de los mismos artículos cuya violación acusan, todo adquiriente de un bien inmueble, incluidos los que lo adquieren por transferencia judicial, para perfeccionar su derecho propietario, necesaria e imprescindiblemente deben registrar en Derechos Reales los documentos o títulos de transferencia respectivos, en este caso, la Sentencia judicial que puso fin al proceso de usucapión incoado por la progenitora de los ahora recurrentes, conforme lo prevé el art. 1538 del Código Civil, que dispone: “Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público según la forma prevista por esté Código. II.- La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho en el Registro de Derechos Reales” y a su vez el art.1545 del mismo Código, que también prevé “si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito primero su título”; hecho por el que este Tribunal concluye que tanto el Juez de mérito, cuanto los de Alzada no han interpretado y menos aplicado erróneamente las señaladas disposiciones sustantivas.
Por lo referido, corresponde fallar de conformidad a lo dispuesto por los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de fecha 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts.271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOel recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Carmelo Domínguez Ribera, Martha Domínguez Ribera y Carmen Domínguez Vda. de Flores herederos de Marie Aidé Ribera Ureña contra el Auto de Vista Nº223/2013 de 17 de junio de 2013. Con costas.
Habiéndose dado respuesta al recurso, se regula el honorario profesional del Abogado patrocinante de los demandados en la suma de Bs. 1.000.-

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