Source: https://ccoointerior.wordpress.com/2017/07/31/nueva-sentencia-de-tsj-madrid-relativa-a-la-tributacion-fiscal-de-la-prestacion-de-maternidad/
Timestamp: 2019-02-22 19:29:45+00:00

Document:
Nueva sentencia de TSJ-Madrid, relativa a la tributación fiscal de la prestación de maternidad | CCOO Interior
Aprovechamos recordar que tenemos las Sentencias del TSJ de Andalucía, de fecha 27 de octubre de 2016, y del TSJ de Castilla-León, de 15 de octubre de 2012, de las que hemos tenido noticia recientemente, y que sostienen un criterio opuesto al de la Sala de Madrid. Igualmente la resolución de 2 de marzo de 2017 del Tribunal Económico-Administrativo Central unificando el criterio administrativo.
Como recordaréis, la primera sentencia del TSJ-Madrid establecía la no tributación de la prestación de maternidad por entenderla incluida entre las exenciones del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del IRPF. Una interpretación que ahora se ha visto nuevamente reafirmada en otra nueva sentencia del mismo Tribunal.
Sin embargo, las sentencias que se han dictado por los TSJ-Andalucía y, con anterioridad, el TSJ-Castilla y León, son contrarias a ese criterio y defienden la tributación de la prestación como rendimientos del trabajo.
Aprovechamos la ocasión para recuperar algunas de las ideas centrales de esta cuestión:
Las exenciones fiscales de algunas prestaciones de Seguridad Social como cuestión de fondo.
La legislación tributaria recoge una serie de exenciones fiscales en la tributación de algunas prestaciones de Seguridad Social. En su origen, la exención de tributación en el Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) estaba referida a las prestaciones por hijo a cargo en sus modalidades contributiva y no contributiva. Posteriormente, esta exención alcanzó también a otras prestaciones familiares que se fueron incorporando en el catálogo de prestaciones de Seguridad Social (recogidas hoy en los artículos 351 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social -TRLGGS).
La ley 52/2003, de 10 de diciembre, modificó el régimen de prestaciones familiares de Seguridad Social y estableció, con la naturaleza de prestación no contributiva, la asignación económica por hijo o menor a cargo, la prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas monoparentales y en los casos de madres discapacitadas y la prestación por parto o adopción múltiples.
Paralelamente, la reforma del artículo 7 h) por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, Ley del IRPF, incorporó entre las prestaciones exentas a las nuevas prestaciones familiares de la Seguridad Social e incluyó a otras, también de naturaleza pública, que tienen una misma o concurrente finalidad.
La polémica en este caso deviene al hilo de la reclamación de una trabajadora que pleiteó el reconocimiento de tales exenciones también a los casos de prestación de maternidad, que tiene una naturaleza contributiva, regulada en los artículos 177 y siguientes de la Ley General de Seguridad Social y cuya exención fiscal no se encuentra explícitamente recogida en la legislación tributaria.
En concreto, se refiere a la prestación que sustituye las rentas salariales que se dejan de percibir durante el período de suspensión del contrato de trabajo por causa de la maternidad, adopción o guarda con fines de adopción o acogimiento regulado en los artículos 47.1.d) y 48 del Estatuto de los Trabajadores (ET) o durante los períodos de descanso que por tales situaciones se disfruten de acuerdo con el artículo 49. a) y b) del Estatuto Básico del Empleado Público.
Hace unos meses el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid dio la razón a la demandante y, reproduciendo la fundamentación de una sentencia previa del mismo tribunal, ha venido a reconocer la exención fiscal en el IRPF de la prestación de maternidad de dicha trabajadora. Un fallo que ha vuelto a confirmarse ahora por el mismo tribunal en una nueva sentencia.
Consecuencias de la Sentencia del TSJ de Madrid.
Es un hecho que la defectuosa redacción de la regulación tributaria parece exigir una reforma legal que clarifique la figura y la fije en un sentido u otro para dar seguridad jurídica a estas situaciones. En este sentido, CCOO siempre hemos defendido la necesidad de que el sistema fiscal se diseñe sobre la lógica de la progresividad y el reparto justo y equitativo de los esfuerzos en función del nivel de renta de las personas, y reconociendo en todo caso los distintos objetivos que persiguen las prestaciones contributivas y las asistenciales de modo que se alcance el equilibrio que entre los principios de contributividad, suficiencia y solidaridad deben caracterizar a los sistemas públicos de protección social.
De otro lado, en relación a los fundamentos jurídicos y los posibles efectos de la sentencia en cuestión, junto a la nota informativa del pasado 28 de noviembre de 2016 os remitimos un Informe del Gabinete Jurídico Confederal de CCOO. A este respecto cabe señalar que el fundamento jurídico utilizado en la sentencia parece, cuanto menos, cuestionable, como refuerza el hecho de que otros pronunciamientos de TSJ como el de Andalucía haya sido contrario a esta reclamación; una cuestión que previsiblemente se resolverá en última instancia mediante una previsible Sentencia de casación del Tribunal Supremo, cuando ésta se produzca. Se trata en todo caso de una cuestión jurídica polémica.
En cualquier caso, y puesto que existe este precedente judicial también parece razonable que las personas beneficiarias de la prestación puedan reclamar la devolución del impuesto si no han transcurrido los cuatro años de prescripción establecidos en la ley. En este sentido hemos de entender que en los procedimientos que se sigan en la Comunidad de Madrid la Sala de lo contencioso-Administrativo no puede, en principio, separarse del criterio establecido en ambas sentencias si no es motivadamente.
No obstante, respecto de los casos en los que las personas afectadas opten por abrir este tipo de reclamación, debemos advertir que la Agencia Tributaria no parece haber hecho suyo el criterio manifestado en la Sentencia, de modo que las personas afectadas seguirán teniendo la obligación de tributar y, en su caso, después solicitar la devolución por las vías reglamentarias. En estos casos, la Agencia Tributaria y las correspondientes instancias administrativas probablemente desestimarán las reclamaciones administrativas que se hagan en este sentido, y quienes así lo consideren deberán recurrir a la correspondiente demanda judicial por la vía contencioso-administrativa.
El procedimiento a seguir se encuentra regulado por el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. Inicialmente se trata de solicitar a la Administración de Hacienda competente la devolución de las cuantías indebidamente retenidas o satisfechas mediante el procedimiento de devolución de ingresos indebidos o instando la rectificación de la autoliquidación mediante la que se hubiera realizado el ingreso indebido. Con carácter previo a la resolución, la Administración notificará a la persona interesada la propuesta de resolución para que en un plazo de diez días presente las alegaciones o documentos que considere necesarios; aunque en determinados supuestos puede prescindirse de dicho trámite. Si la resolución es favorable deberán abonarse además los intereses de demora correspondientes.
La resolución desfavorable debe recurrirse en la vía económico-administrativa agotando, en su caso, los recursos conforme a las disposiciones de dicho reglamento. Agotada la vía económico-administrativa sin resultado satisfactorio deberá interponerse en plazo el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción contenciosa-administrativa. En este momento deberá valorarse la oportunidad de continuar el procedimiento. Las resoluciones administrativas desestimatorias que no se recurran no podrán revisarse en el futuro si finalmente prosperase la doctrina de la Sentencia del TSJ de Madrid. Sin embargo, el procedimiento contencioso-administrativo ante las Salas de lo contencioso-administrativo, órganos competentes en este caso, exige que la persona interesada se persone con Procurador y Abogado y la desestimación final de la pretensión puede conllevar condena en costas. Esta condena en costas, obviamente, no parece previsible en el ámbito del TSJ de Madrid.
Respecto de las trabajadoras y trabajadores que están disfrutando actualmente de los permisos y de la prestación o que aún no han declarado por ésta, nuestra recomendación debe ser que sigan el criterio actual de Hacienda y declaren y tributen por el IRPF sin perjuicio de solicitar posteriormente la devolución o rectificación de los ingresos indebidos. Lo contrario, en caso de que finalmente los Tribunales no les reconozcan la exención, puede suponer el abono de recargos e intereses de importante cuantía.
En espera de que esta información os pueda ser de utilidad, y recordando que las sentencias podeis pedirlas en ccoo@interior.es
← En el Ministerior del Interior no sueltan prenda sobre la oferta de empleo público y la incorporación de personal
Refuerzos sí, pero no por el verano →

References: resolución 
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 49
 resolución 
 resolución 
 resolución