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Timestamp: 2019-04-20 17:14:07+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-1957-7998
Documento BOE-A-1957-7998
«BOE» núm. 160, de 20 de junio de 1957, páginas 443 a 454 (12 págs.)
https://www.boe.es/eli/es/d/1957/04/26/(1)
Cuando no concurran en el mismo sujeto las cualidades de expropiante y beneficiario, el titular de la potestad expropiatoria corresponderá ejercerla en favor del beneficiario, a instancia del mismo; decidir ejecutoriamente en cuanto a la procedencia y extensión de las obligaciones del beneficiario respecto al expropiado y adoptar todas las demás resoluciones que impliquen ejercicio de dicha potestad sin perjuicio de la intervención, facultades y obligaciones que al beneficiario atribuye el artículo siguiente.
2. No será necesaria la promulgación de una Ley formal en los siguientes casos:
5. La notificación individual, en cualquiera de las formas enumeradas, deber contener el texto íntegro de la resolución a que se refiere y especificar los recursos que, en su caso, procedan contra la misma, autoridad u Organismo ante que hayan de formularse y plazo concedido para su interposición.
2. Será objeto de consignación la cantidad a que ascienda el justo precio o la parte de la misma objeto de discordia, según los casos.
3. La consignación se realizará en la Caja General de Depósitos y devengarán interés a favor de la persona que tenga derecho a la percepción del precio.
2. En estos casos bastará presentar en el Registro el «BoletIn Oficial del Estado» en que se publique la Ley prevista en el artículo citado en el párrafo anterior y el acta de pago o consignación de la cantidad en aquélla fijada.
4. Si la Administración no notificare la decisión de la petición o del recurso de alzada a que se refieren los párrafos anteriores, en el plazo de tres meses podrán entenderse denegados en la forma y con los requisitos previstos en el artículo 38 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Declarada la reversión a favor de determinada persona se procederá de oficio a la valoración de los bienes o derechos, objeto de la misma, con arreglo a las normas contenidas en el capítulo III, título II, de la Ley y a las disposiciones concordantes de este Reglamento. En el caso previsto en el párrafo 2) del artículo 54 de la Ley, tan sólo intervendrá el Jurado de Expropiación si no hubiera acuerdo entre el beneficiario de la expropiación y los que hubieren promovido la reversión acerca de las mejoras realizadas o de los daños producidos.
2. En el «Boletín Oficial del Estado» se publicará un extracto de los edictos a que se refiere el apartado anterior.
1. La expropiación de bienes, muebles e inmuebles de valor artístico, histórico y arqueológico se regirá por el procedimiento especial de este capítulo y el correspondiente de la Ley.
3. El académico que designe la Mesa del Instituto de España, que será Presidente de la Comisión tendrá voto de calidad en las decisiones y las facultades de convocatoria y dirección de las actuaciones que haya de practicar la Comisión, la cual habrá de constituirse formalmente en el plazo de un mes.
Siempre que fuere preciso expropiar las tierras o instalaciones industriales que sirvan de base principal de sustento a todas o a la mayor parte de las familias de un Municipio o de una Entidad local menor, el expropiante lo pondrá en conocimiento del Consejo de Ministros, y, a la vez, remitirá al Instituto Nacional de Colonización una relación nominal de todos los vecinos que deban ser trasladados con expresión de los que sean cultivadores personales de tierras en propiedad o en arrendamiento, número de familiares y bienes afectados por la expropiación.
La determinación de los tipos aplicables en las indemnizaciones por los perjuicios que detalla el artículo 89 de la Ley se hará por el Consejo de Ministros, a propuesta de una Comisión formada por un representante del Gobernador civil de la provincia, un Ingeniero de la Jefatura Agronómica, el Alcalde de la Entidad afectada, y un representante de la Organización sindical nombrado por el Delegado provincial y otro del beneficiario de la expropiación.
1. Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 99 de la Ley, el Ministerio de Industria, consultados los Organismos técnicos competentes, instruirá el oportuno expediente con audiencia del titular de la patente o modelo de utilidad de que se trate para la adquisición de dichas modalidades de la propiedad industrial.
2. De no existir avenencia para su adquisición, el Ministerio de Industria preparará el correspondiente proyecto de Ley para la expropiacion forzosa de las mismas.
1. La Administración efectuará el oportuno estudio por medio de sus Organismos técnicos y, a la vista de los datos obrantes en el expediente, fijará la valoración de la patente o modelo de utilidad, formulando el oportuno proyecto de Ley en el que se determinará la indemnización a percibir por el titular de la modalidad de que se trata.
2. Una vez dictada la Ley y hecho el pago se practicarán en el Registro de la Propiedad Industrial las oportunas inscripciones y se procederá a la explotación de la patente o modelo de utilidad, en la forma autorizada por la Ley y con arreglo al fin de la expropiación.
1. Dará lugar a indemnización toda lesión que los particulares sufran en sus bienes o derechos siempre que sean susceptibles de ser evaluados económicamente, en los supuestos a que se refieren los artículos 120 y 121 de la Ley, con arreglo al procedimiento regulado en los artículos siguientes.
2. Las Corporaciones locales y Entidades institucionales quedan sujetas también a la responsabilidad que regula este capítulo.
1. El lesionado habrá de presentar su reclamación dentro del plazo de un año a contar del hecho que la motive, dirigida precisamente al Ministro o Presidente de la Corporación local o Entidad institucional bajo cuya dependencia se encuentre el servicio o funcionario que causare el daño.
2. El reclamante habrá de especificar en su escrito las circunstancias en que el daño se produjo aportando las pruebas que considere oportunas para justificar su existencia y valoración.
3. La Sección que tramite el asunto pedirá los informes y acordará la práctica de cuantas pruebas estime necesarias para la debida ponderación de lo que se reclame, y emitirá propuesta en un plazo máximo de dos meses, admitiendo, modificando o rechazando la reclamación del particular o su valoración, remitiéndose a continuación el expediente al Consejo de Estado, que dictaminará en el plazo de un mes, teniendo en cuenta, en lo posible, los criterios de valoración previstos en la Ley de Expropiación Forzosa y este Reglamento. Emitido el dictamen resolverá el Ministro ante el que la reclamación se haya formulado. Si no se notificara la resolución en el plazo de tres meses, el interesado podrá considerar desestimada su petición, en los términos y a los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa.
4. Cuando la responsabilidad se exigiera a una Corporación local o Entidad institucional, serán sus propios Organos quienes tramiten, informen y resuelvan la reclamación, pudiendo interponerse los recursos que determine la legislación vigente.
1. Cuando los daños sean producidos por dolo o culpa grave del funcionario o funcionarios encargados del servicio, la Administración podrá repetir contra los mismos, cuando hubiere indemnizado directamente a los lesionados, sin perjuicio y con independencia de la responsabilidad penal en que hubieren podido incurrir los culpables.
2. Dicha responsabilidad se exigirá unilateralmente por la Administración a través del Ministro o de los Organismos competentes en las Corporaciones locales o Entidades institucionales, que harán la declaración de su derecho y su valoración económica, previo expediente, en el que deberá darse audiencia a los interesados y aportarse cuantas pruebas conduzcan a la ponderación de la responsabilidad del funcionario.
3. En estos supuestos, los particulares lesionados podrán exigir la responsabilidad solidariamente de la Administración y de los funcionarios, regulándose esta última por la Ley de 5 de abril de 1904 y demás disposiciones aplicables.
1. La pretensión de indemnización, cuando proceda, podrá deducirse simultáneamente con la de anulación del acto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
2. Si no se dedujera simultáneamente, podrá deducirse en el plazo de un año, a partir de la fecha en que la sentencia de anulación hubiere devenido firme.
En el caso de servicios públicos concedidos se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 134, con las especialidades siguientes:
a) El lesionado deberá presentar una copia simple de su reclamación y de cuantos documentos acompañe.
b) Presentado su escrito dará traslado de la copia al concesionario para que en el plazo de quince días exponga lo que a su derecho convenga y aporte cuantos medios de prueba estime necesarios.
A las indemnizaciones que se perciban en aplicación de este capítulo se les aplicará lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley.
Fecha de disposición: 26/04/1957
Entrada en vigor: 10 de julio de 1957.
los arts. 64 a 70 del reglamento, por Ley 38/1999, de 5 de noviembre (Ref. BOE-A-1999-21567).
el capítulo II del título IV, por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-1993-11253).
los arts. 121 y 122 , por Ley 11/1986, de 20 de marzo (Ref. BOE-A-1986-7900).
SE MODIFICA, por Decreto 1780/1967, de 13 de julio (Ref. BOE-A-1967-11259).
SE DICTA EN RELACION aprobándose el Reglamento en materia de instalaciones eléctricas: Decreto 2619/1966, de 20 de octubre (Ref. BOE-A-1966-17389).

References: resolución 
 artículo 38
 artículo 54
 artículo 89
 artículo 99
 resolución 
 artículo 38
 artículo 42
 artículo 134
 artículo 49
 Real Decreto