Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/2533
Timestamp: 2020-03-28 11:14:27+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 16/1994
SENTENCIA 16/1994, de 20 de enero
ECLI:ES:TC:1994:16
El Pleno del Tribunal Constitucional compuesto por don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Presidente, don Luis López Guerra, Vicepresidente, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Eugenio Díaz Eimil, don Vicente Gimeno Sendra, don José Gabaldón López, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Pedro Cruz Villalón y don Carles Viver Pi-Sunyer, Magistrados, ha pronunciado
Comienza el Juez su exposición de la duda de constitucionalidad refiriéndose al informe del Ministerio Fiscal -cuya coincidencia con el Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad es ciertamente notable- en el que se afirma que el art. 119 C.E. señala al legislador un mínimo por debajo del cual la justicia deberá ser, en todo caso, gratuita. Ese mínimo es el de "la acreditación de insuficiencia de recursos para litigar". El Juez, siempre de acuerdo con el Fiscal, añade que a partir de ese mínimo el legislador tiene plena libertad para ampliar la cobertura de la justicia gratuita, pero siempre que no se vulneren otros preceptos constitucionales. Por consiguiente, cuando el legislador amplíe la cobertura mínima ya referida deberá tener en cuenta la situación económica individualizada de cada solicitante, según su capacidad económica, para lo que habrá de establecer módulos cuantitativos referidos no sólo a los ingresos sino también a las personas que dependen económicamente del solicitante. Otra cosa vulneraría no sólo el art. 14 C.E. sino también el 39, que impone a los poderes públicos la obligación de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia.
Piensa el Juez promotor que con ello se vulnera el mínimo de gratuidad establecido en el art. 119 C.E., que impone al legislador la gratuidad "en todo caso" respecto de quienes acrediten insuficiencia de "recursos para litigar". Es, pues, la insuficiencia el parámetro atendible, por lo que el legislador debería haber establecido otros módulos, aparte de los ingresos, que tuvieran en cuenta la capacidad económica del solicitante una vez deducidos los gastos ordinarios de vivienda y atención a la familia.
En fin, se vulnera también el art. 14 C.E., ya que -y el Auto se remite de nuevo al criterio del Ministerio Fiscal- se otorga la justicia gratuita hasta un máximo de ingresos de 93.360 pesetas, independientemente de la situación familiar. Sucede, así, que quien sea soltero y conviva con sus padres, o disponga de vivienda adquirida por herencia, tendrá, con esos ingresos, lo suficiente para costearse el litigio, aun cuando en realidad sus ingresos resultarían mayores; sin embargo, quienes, aun superando en escasa cuantía el límite máximo establecido tuviesen gastos mayores y, por consiguiente, una menor capacidad de disposición, no podrían acceder al beneficio de justicia gratuita. Por tanto, se vulnera el principio de igualdad al tratar igual situaciones desiguales.
La Constitución no condiciona ni limita, en su art. 119, la libertad del legislador para reconocer el beneficio. El precepto constitucional es un mandato de obligado cumplimiento, pero precisa, para su efectividad, la concreción del concepto indeterminado encerrado en la expresión "insuficiencia". De entre los varios criterios existentes, el legislador eligió el objetivo, y hacerlo así es una atribución que le corresponde. El sistema vigente es cuestionable desde diferentes perspectivas, pero no desde la constitucional.
Señala el Fiscal General que un criterio similar es el seguido para limitar la responsabilidad patrimonial del deudor, y alude a la STC 113/1989, en la que se señala que corresponde al legislador determinar el nivel económico de subsistencia de las personas. Esto es, en su opinión, lo que ahora ocurre. El legislador no estaba obligado, como afirma el Juez promotor de la cuestión, a atenerse a otros móviles, y los supuestos individualizados deben resolverse por la vía interpretativa, que puede ofrecer soluciones para tales casos. Concretamente advierte que, por medio de una interpretación sistemática, histórica y finalista, no es descartable que pueda reconocerse el derecho a la justicia gratuita en aquellas situaciones singulares o excepcionales en las que aún rebasándose los límites establecidos en los arts. 14 y 15 L.E.C. el órgano judicial llegue al convencimiento de que el peticionario carece de recursos económicos para litigar y ejercer por tanto su derecho de defensa. Trae a colación la STC 111/1988, y añade que la supuesta inconstitucionalidad de los arts. 14 y 15 L.E.C. ya fue invocada ante este Tribunal en el recurso resuelto por la misma, que fue desestimado. En conclusión, el Fiscal General del Estado solicita que se desestime la cuestión y se declare que los conceptos controvertidos son conformes a la Constitución.
El salario mínimo interprofesional debe presumirse, de acuerdo con el art. 35.1 C.E., como suficiente para atender las necesidades de la persona. Tal salario posee, además, una protección especial, particularmente en los planos fiscal y procesal. Por consiguiente, todo lo que le supere constituyen, en principio, recursos disponibles. La previsión que establece el límite en el doble del salario mínimo interprofesional es prudente, razonable y nada arbitraria. A ello hay que añadir que el único beneficio excluido en el art. 15 L.E.C. es el de honorarios de Abogado y Procurador, susceptibles de revisión judicial, lo que añade una garantía más. Finalmente, apunta la posibilidad de que los Jueces y Tribunales, incluído el Tribunal Constitucional, realicen, a la "luz del efecto proyectivo o iluminativo de los derechos fundamentales", una interpretación de los preceptos cuestionados que vaya más allá de su tenor literal.
6. Por providencia de 18 de enero de 1994, se acordó fijar para la deliberación y votación de la presente cuestión el día 20 de enero de 1994.
1. El Juzgado de Distrito de Rentería cuestiona la constitucionalidad de los arts. 14 y 15 L.E.C. en la redacción dada a los mismos por la Ley 34/1984 de 6 de agosto.
Según establece el primero de estos preceptos, "se reconocerá judicialmente el derecho a justicia gratuita a quienes tengan unos ingresos o recursos económicos que por todos los conceptos no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de solicitarlo".
Por su parte, el art. 15 dispone que "no obstante, los Jueces y Tribunales, atendidas las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o parientes a su cargo, estado de salud, obligaciones que sobre él pesen, costo del proceso u otras circunstancias análogas, podrán conceder excepcionalmente los beneficios comprendidos en los tres primeros números del art. 30 de esta Ley a las personas físicas cuyos ingresos o recursos económicos sean superiores al doble del salario mínimo interprofesional y no rebasen el cuádruplo". Esta remisión parcial al art. 30 L.E.C. equivale a disponer que las personas físicas cuyos ingresos o recursos se hallen comprendidos dentro de los límites contemplados en el art. 15 L.E.C. tendrán derecho a la exención del pago de toda clase de derechos y tasas judiciales, a la inserción gratuita en los periódicos oficiales de los anuncios que deban publicarse a su instancia y a la exención de los depósitos necesarios para la interposición de cualesquiera recursos. Sin embargo, no gozarán de la asistencia gratuita de Abogado y Procurador que consagra el número cuatro del art. 30 de la Ley procesal.
Esta objeción del representante procesal del Estado no puede ser acogida. Conviene recordar al efecto que, como se recoge más ampliamente en los Antecedentes, la cuestión de inconstitucionalidad que estamos enjuiciando surgió en el curso de un proceso declarativo especial de reconocimiento judicial del derecho a justicia gratuita plena suscitado por los demandados en un proceso, principal, de cognición. Los ingresos de los solicitantes superaban, en efecto, el doble del salario mínimo interprofesional por lo que el Juez entendió que, de acuerdo con los arts. 14 y 15 L.E.C., no podía concederles el derecho solicitado más que en los términos del último precepto citado, es decir, con exclusión del derecho a que se les nombrara Abogado y Procurador sin obligación de pagarles los respectivos honorarios y derechos arancelarios. En opinión del Juez, esta exclusión, vulneradora como veremos de diversos preceptos constitucionales, es consecuencia indistintamente de lo establecido tanto en el art. 14 como el art. 15 de la Ley procesal civil.
Precisado así el objeto de la presente cuestión, estamos en condiciones de analizar los motivos de inconstitucionalidad aducidos por el Juzgado que lo promueve. Se refieren, concretamente, a la supuesta vulneración de los arts. 119, 14, 24.1 y 39 de la Constitución. El art. 119, porque, a su entender, los preceptos cuestionados no garantizan la justicia gratuita a toda persona que se halle en una situación de insuficiencia económica como la prevista en este precepto constitucional; el art. 14, porque para otorgar la gratuidad plena sólo tienen en cuenta los ingresos y no la situación económica real de cada persona y, por tanto, tratan igual a quienes se hallan en situaciones desiguales; el art. 24.1, por cuanto vacía de contenido el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con quienes carecen efectivamente de recursos suficientes; y el 39, porque no aseguran la protección jurídica de la familia en los términos que este precepto exige.
El art. 119 C.E. establece que "la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar".
La primera constatación que debe hacerse respecto de este precepto es la de que en él no se proclama la gratuidad de la administración de justicia. No obstante, este precepto tampoco se limita a habilitar al legislador para que libremente establezca los regímenes de gratuidad que estime oportunos o, si lo prefiere, para que no establezca ninguno. El art. 119 C.E. consagra, en los términos que a continuación veremos, un derecho a la gratuidad de la justicia. Se trata de un derecho que posee en nuestro ordenamiento una larga tradición histórica, que ya fue elevado al rango constitucional en la Constitución de 1931 y que adquiere unas características específicas y un relieve especial en el Estado Social de Derecho proclamado en la Constitución de 1978. Al igual que los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, a la igualdad de armas procesales y a la asistencia letrada, de los que la gratuidad es instrumento y concreción, este derecho es no sólo garantía de los intereses de los particulares, sino también de los intereses generales de la justicia en tanto que tiende a asegurar los principios de contradicción e igualdad procesal entre las partes y a facilitar así al órgano judicial la búsqueda de una sentencia ajustada a Derecho, aunque sin duda su finalidad inmediata radica en permitir el acceso a la justicia, para interponer pretensiones u oponerse a ellas, a quienes no tienen medios económicos suficientes para ello y, más ampliamente, trata de asegurar que ninguna "persona quede procesalmente indefensa por carecer de recursos para litigar" (STC 138/1988).
Sin embargo, como ha reiterado este Tribunal en múltiples ocasiones, al llevar a cabo la referida configuración legal el legislador no goza de una libertad absoluta, sino que en todo caso debe respetar un contenido constitucional indisponible. A esta limitación no escapan los derechos como el que aquí nos ocupa en los que el contenido prestacional y, en consecuencia, su propia naturaleza, vienen matizados por el hecho de tratarse de derechos que, como hemos avanzado, son concreción y garantía de ejercicio de otros derechos fundamentales algunos de contenido no prestacional.
El reconocimiento de esta amplia libertad de configuración legal resulta manifiesta en el primer inciso del art. 119 al afirmar que "la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley". El legislador podrá atribuir el beneficio de justicia gratuita a quienes reúnan las características y requisitos que considere relevantes, podrá modular la gratuidad en función del orden jurisdiccional afectado -penal, laboral, civil, etc...- o incluso del tipo concreto de proceso y, por supuesto, en función de los recursos económicos de los que pueda disponer en cada momento. Sin embargo, este mismo precepto explicita el contenido constitucional indisponible que acota la facultad de libre disposición del legislador. Lo hace en el segundo inciso al proclamar que "en todo caso" la gratuidad se reconocerá "a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar".
Ciertamente este inciso recurre a un concepto normativo relativamente abierto o indeterminado, una cláusula general, "insuficiencia de recursos para litigar", cuya concreción también corresponde al legislador dentro del amplio margen de libertad de configuración que es propio de su potestad legislativa. Puede, por ejemplo, fijarlo a partir de criterios objetivos, como el de una determinada cantidad de ingresos, u optar por un sistema de arbitrio judicial dejándolo a la decisión discrecional de los Jueces o de estos y otras instancias, o puede utilizar fórmulas mixtas limitándose a establecer las pautas genéricas que debe ponderar el Juez al conceder o denegar las solicitudes de gratuidad (número de hijos o parientes a cargo del solicitante, gastos de vivienda, características del proceso principal, etc.).
Con todo, a pesar de la indeterminación de la cláusula utilizada, la fórmula constitucional, "en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar", encierra un núcleo indisponible que, sin necesidad de definirlo de forma exhaustiva, supone, sin duda, que la justicia gratuita debe reconocerse a quienes no puedan hacer frente a los gastos originados por el proceso (incluidos los honorarios de los Abogados y los derechos arancelarios de los Procuradores, cuando su intervención sea preceptiva o necesaria en atención a las características del caso) sin dejar de atender a sus necesidades vitales y a las de su familia, al objeto de que nadie quede privado del acceso a la justicia por falta de recursos económicos. Dicho en otras palabras, deben sufragarse los gastos procesales a quienes, de exigirse ese pago, se verían en la alternativa de dejar de litigar o poner en peligro el nivel mínimo de subsistencia personal o familiar.
Así, pues, al examinar la legitimidad constitucional de los criterios fijados por el legislador para determinar los criterios y la forma de acreditar la falta de medios para litigar debe comprobarse si esta regulación respeta el núcleo mínimo indisponible que acabamos de enunciar. Este es, pues, el interrogante que debemos resolver en relación con los dos preceptos cuestionados.
Como queda dicho, el art. 14 L.E.C. reconoce el derecho a la justicia gratuita plena a quienes tengan unos ingresos o recursos económicos que por todos los conceptos no sean superiores al doble del salario mínimo interprofesional (salvo que el Juez o Tribunal infiera, por cualquier signo externo, que el peticionario tiene medios superiores -art. 17 L.E.C.-). La utilización del doble del salario mínimo como criterio objetivo para determinar el límite económico por debajo del cual se tiene derecho a la justicia gratuita es un criterio respetuoso con el contenido indisponible del art. 119 C.E. El legislador español recurre con frecuencia al salario interprofesional como dato objetivo a partir del cual mide la capacidad económica para acceder a determinados beneficios o ayudas públicas (becas de estudio, beneficios fiscales, ayudas para el acceso a determinadas viviendas, etc.). También lo utiliza como criterio para fijar el nivel económico mínimo de subsistencia, cuya garantía viene exigida por el principio del respeto a la dignidad humana, que actúa, junto con otros elementos, para determinar, por ejemplo, la cuantía de recursos inembargables.
El Juez que promueve la cuestión sostiene, sin embargo, que ese criterio objetivo, al no tener en cuenta la situación económica personal de todos y cada uno de los solicitantes individualmente considerados y, en consecuencia, al hacer caso omiso de los gastos familiares y de otro tipo que estos puedan tener, lleva a negar el derecho a la justicia gratuita a personas que, aún superando sus ingresos o recursos el doble del salario mínimo, determinadas circunstancias personales o familiares les colocan ante la imposibilidad de litigar sin poner en peligro el nivel mínimo de subsistencia personal o familiar. En estos casos los preceptos cuestionados vulnerarían el art. 119 C.E. que establece que, "en todo caso" la justicia será gratuita para quienes "acrediten insuficiencia de recursos para litigar".
Al analizar esta objeción, que en rigor lleva a negar la posibilidad de utilizar criterios objetivos para determinar legalmente el alcance de la gratuidad, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que no todo gasto que genera en un momento dado una situación de falta de recursos para litigar debe dar origen, sin más, al reconocimiento del derecho a la justicia gratuita y al consiguiente deber prestacional del Estado. Desde la perspectiva del contenido indisponible del art. 119 C.E., como hemos repetido, los gastos que deben tenerse en cuenta son únicamente los necesarios para mantener el nivel de subsistencia personal y familiar y estos resultan suficientemente garantizados con el doble del salario mínimo, sobre todo si se tiene en cuenta, en segundo lugar, que el legislador ha completado esta previsión objetiva y automática, con la contenida en el art. 15 L.E.C. que permite ponderar estas circunstancias personales y familiares y eleva los ingresos o recursos por debajo de los cuales se tiene derecho a la justicia gratuita hasta el cuádruplo del salario mínimo en atención a las circunstancias familiares del solicitante, número de hijos o parientes a su cargo, estado de salud, obligaciones que sobre él pesen, costo del proceso y otras circunstancias análogas.
Es cierto que en este caso la gratuidad no alcanza a los honorarios de los Abogados ni a los derechos arancelarios de los Procuradores que son, normalmente, los gastos más elevados; sin embargo, también lo es que se cubren todos los gastos originados directamente por la Administración de Justicia: los derechos y tasas judiciales -por cierto, suprimidos con carácter general por la Ley 25/1986, de 24 de diciembre-, la publicación de anuncio en periódicos oficiales y las consignaciones o depósitos para recurrir -que respecto a los dos anteriores presentan características específicas puesto que en este caso entran en juego derechos de la contraparte-.
Ciertamente el legislador hubiera podido dar entrada a la ponderación judicial de determinados gastos personales y familiares no sólo al otorgar la justicia gratuita parcial sino también la plena. Sin embargo, la adopción de un criterio objetivo estricto para la justicia gratuita plena, completado con un mecanismo más flexible de justicia gratuita parcial en el que se ponderan circunstancias personales y familiares, resulta una opción plenamente admisible dese el punto de vista constitucional. La Constitución no exige la adopción de ningún tipo concreto de criterio. En cuanto a la forma concreta en la que el legislador ha plasmado estos criterios -ingresos o recursos inferiores al doble del salario mínimo interprofesional para la justicia gratuita plena y entre el doble y el cuádruplo de esta cifra para obtener la gratuidad parcial siempre que se acrediten determinados gastos- debe considerarse que respeta el contenido mínimo indisponible del art. 119 C.E.
5. Tampoco cabe declarar la inconstitucionalidad de los preceptos cuestionados desde la perspectiva del art. 14 C.E. El hecho de no atribuir la justicia gratuita plena a quienes posean ingresos o recursos que superen el doble del salario mínimo, sin tener en cuenta todas las circunstancias personales de los litigantes y, más concretamente, sin tener en cuenta su capacidad económica real, supone efectivamente dar igual trato legislativo a personas que pueden hallarse en situaciones económicas muy dispares, negando incluso la justicia gratuita plena a personas que en la práctica pueden tener una capacidad económica inferior a la de otras a quienes se reconoce este derecho. De este hecho, sin embargo, no cabe deducir de forma automática la vulneración del referido precepto constitucional.
Al analizar esta cuestión debe tenerse presente, de un lado, que, como hemos repetido, no es cierto que el legislador no haya tenido en cuenta las circunstancias personales de los solicitantes, ya que junto al límite objetivo y automático del art. 14 L.E.C., añade en el art. 15 un segundo límite -que alcanza el doble del salario anterior- cuya pertinencia responde, precisamente, a las circunstancias individuales y familiares del litigante.
Lo que debe enjuiciarse en cada caso es la objetividad y razonabilidad del criterio de diferenciación empleado. Y, como dijimos, entre otras en la STC 70/1991, "el juicio de razonabilidad sobre la adecuación entre el criterio de diferenciación adoptado por la norma y el fin de ésta ha de hacerse tomando en cuenta el caso normal, es decir, el que se da en la gran generalidad de los supuestos tanto reales como normativos ... y no ... tomando únicamente en consideración la excepción a la regla". Desde la perspectiva de la igualdad añadíamos que la generalidad de la norma, y por ello el distanciamiento en relación a casos particulares concretos, puede ser una garantía de la seguridad jurídica y de la igualdad, por ello el juicio de igualdad debe hacerse teniendo en cuenta los criterios legales establecidos para la distinción, y no casos particulares individualizados. La razonabilidad y proporcionalidad de la norma ha de apreciarse en relación con los casos ordinarios y más frecuentes, y no respecto de los casos particulares.
1. Voto particular que formula don Rafael de Mendizábal Allende, Magistrado de este Tribunal, a la Sentencia dictada por el Pleno en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 41/90.
La opinión que ahora estoy escribiendo intenta enfocar el tema central del litigio desde la perspectiva que, a mi parecer, es la más adecuada. Va de suyo, y valga el galicísmo, que estoy conforme en un todo con la parte dispositiva de la Sentencia y con mucho de su línea argumental, algunas de cuyas consideraciones se recogen aquí. Y dicho esto, sin más digresiones, entremos en materia.
1. Empezaré por consignar algo que me parece obvio para que nada quede en el tintero con riesgo de ambigüedad, dando por supuestos y sobreentendidos elementos a veces ni siquiera entendidos y otras apenas sabidos. La experiencia enseña la necesidad de hacer explícito lo evidente para no dejar vacíos en el discurso con sorpresas en su recepción. Y es obvio que el art. 119 de la Constitución contiene dos mandatos muy distintos. Uno, la gratuidad del proceso sin acepción de personas, sean ricas o pobres, cuando proclama que la justicia será gratuita cuando así lo establezca la Ley. No se trata aquí de un derecho subjetivo sino de una exigencia del interés público por razones, las que fueren, que no son ahora del caso. En virtud de tal mandato son gratuitos, en principio, los procesos penal común y militar, el laboral y el contencioso-administrativo en algunas de sus modalidades (actos procedentes de la Administración Local, procedimiento especial para los funcionarios...), por poner los ejemplos más asequibles. El otro mandato, ligado sintácticamente al anterior, pero no tanto jurídicamente, proclama que de esa gratuidad habrán de beneficiarse "en todo caso" y esto es importante- quienes carezcan de recursos para litigar. Esa gratuidad es así un derecho subjetivo de configuración legal cuyo contenido consiste en que a través de mecanísmos diversos -exenciones tributarias, prestaciones de hacer, subvenciones- se permita al beneficiario sufragar los gastos del proceso (impuesto de actos jurídicos documentados y tasas, cuando existieren, asistencia técnica para la representación y la defensa, viáticos, dietas y honorarios para la práctica de pruebas como la pericial y la testifical).
Este derecho subjetivo, con un ya lejano origen histórico bajo el nombre de beneficio de "pobreza", hoy "asistencia judicial gratuita", se ha configurado parcialmente siempre y hasta ahora con un tradicional talante objetivo. Por otra parte, las prestaciones de hacer que componen el núcleo más importante del contenido estuvieron a cargo mucho tiempo de dos estamentos profesionales, la procura y la abogacía, cuyo pago ha asumido hoy el Estado que lo hace mediante la subvención global y anual a los Colegios respectivos, para su administración por ellos y la correlativa individualización de los peceptores, los colegiados encargados del turno de oficio. En otros sistemas judiciales, por ejemplo el norteamericano, se ha atendido a esta situación mediante la oficina del public defender, simétrica de la Fiscalía, para asistir a quienes necesiten de sus servicios.
2. En esta pesquisa intelectual del concepto, con su contenido y ámbito, conviene indicar que no estamos en presencia de uno de los muchos derechos, configurados constitucionalmente, que son clasificados como "sociales" en los libros de Derecho a partir de 1917, muchos de los cuales han sido acogidos como principios rectores de la política social y económica, con un caracter prestacional, en el Capítulo Tercero del mismo Título Primero de la Constitución. Es, como se dijo, un derecho subjetivo pero también "social" desde otra perspectiva, utilizada por este Tribunal muy recientemente. En efecto, este derecho está ligado al concepto de lo "social" como definidor de nuestro Estado de Derecho (art. 1), que "significa una acción tuitiva del más débil o desvalido cuando surge un conflicto en el cual la prepotencia del contrario le haría siempre ser el perdedor, para conseguir así la igualdad real y afectiva de individuos y grupos, a la cual encamina el art. 9 de la Constitución y, con ella, la justicia" (STC 132/1992). Con la misma óptica ha sido contemplada "una de las características del proceso penal español, característica de signo progresivo conectada al sentido social del Estado de Derecho proclamado en el art. 1 C.E., .... la posibilidad de la concurrencia simultánea de la acción penal para la averiguación del delito con el correlativo castigo del delincuente y de la acción civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por la víctima. Esta simultaneidad y, sobre todo, su ejercicio preceptivo por el Fiscal beneficia directamente a los sectores de la población menos dotados económicamente, a quienes facilita la defensa de su derecho, para conseguir con esa actuación tuitiva la igualdad efectiva de individuos y grupos a la cual encamina el art. 9 C.E. y, con ella, la justicia" (STC 98/1993). En un tercer caso, en el cual se pretendió hacer "de peor condición artificiosamente a quienes ya lo son por la eventualidad del empleo, intensificando su situación menesterosa, con lo que en definitiva se enmascara una infravaloración de su trabajo... La desigualdad se convierte así en discriminación, su cara peyorativa, por no ofrecer más soporte visible que una minusvaloración de las funciones desempeñadas por el grupo segregado y peor tratado, notoriamente débil y desprotegido en el momento de la contratación ya que carecen de poder negociador por sí solos (STC 136/1987) y en situación desfavorable a priori respecto del personal de plantilla. [Se impone así] una interpretación de la claúsula convencional, no sólo a la luz escueta del principio de igualdad, sino también desde la perspectiva social que impone esa connotación de nestro Estado de Derecho en conexión con la igualdad efectiva de individuos y grupos, para conseguir así la justicia" (STC 177/1993).
3. Pues bien, nada más claro a tal luz, que el supuesto aquí y ahora contemplado. En efecto, la gratuidad de la justicia para quienes no tengan suficientes recursos, los pobres, sin eufemísmos, pretende compensar de alguna manera y aun cuando siempre parcialmente esa desventaja de partida, esa debilidad constitutiva de un grupo de personas. Como presupuesto del acceso a la justicia, en todos sus niveles, primero e inexcusable paso para conseguir la tutela judicial, dos de cuyas otras facetas son el principio de igualdad procesal y la asistencia letrada (art. 24 C.E.), su regulación se defiere sin embargo a las Leyes de de Enjuiciamiento, en la ocasión que nos ocupa la civil, matriz de las demás que se remiten a ella para cada orden jurisdiccional, incluso éste en el cual ahora nos encontramos (Acuerdo Plenario de 20 de diciembre de 1982 por el que se aprueban normas para la defensa por pobre en los procesos constitucionales, donde se hace un reenvío a los arts. 15 al 18 L.E.C.).
Leídos estos preceptos en conjunto, y desde la perspectiva antedicha, resulta claro que el límite cuantitativo que marca el nivel de pobreza (doble jornal de un bracero, se decía en 1881; el duplo del salario mínimo interprofesional, se dice hoy en día) tiene una función indicativa, como orientación para guiar el ejercicio del prudente arbitrio judicial. Cuando se trata de ingresos o recursos inferiores a tal listón, se establece la presunción iuris et de iure de que bajo ese nivel no cabe subsistencia digna, y la dignidad es uno de los valores constitucionales cardinales (art. 10 C.E.). Estamos en el viejo concepto de la congrua sustentación. Por encima de ese límite, la presunción opera iuris tantum y admite, por tanto, prueba en contrario cuando determinadas circunstancia, extraordinarias e inculpables, perturban de tal modo la vida económica de una persona, sola o en su entorno familiar, que hacen insuficientes sus recursos o ingresos a la hora de litigar. La metamorfosis del texto legal, inspirado por criterios objetivos cuya concepción fue propia de otras épocas, se hace posible y necesaria por la razón también histórica del cambio de circunstancias tras el advenimiento de la democracia y una vez promulgada la Constitución. Resulta compatible de tal guisa una lectura progresiva y abierta con la subsistencia de la norma, en virtud del principio de conservación tantas veces manejado por nosotros. Este es, por cierto, el criterio que desde la perspectiva de la mera legalidad, como cualquier Juez ordinario y no desde la que le es propia, en una pieza separada y no en un proceso constitucional, ha utilizado recientemente este Tribunal en el ATC 372/1993, dictado por su Sección Primera.
Madrid, a veinte de enero de mil novecientos noventa y cuatro.
2. Voto particular que formula el Magistrado don Julio Diego González Campos en la sentencia de 20 de enero de 1994, recaída en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 41/90.
1. Mi discrepancia del parecer de la mayoría se refiere fundamentalmente a la conclusión a la que se llega en los fundamentos jurídicos 3º y 4º de la Sentencia y que es llevada al fallo, resolviendo que no ha lugar a declarar la inconstitucionalidad de los arts. 14 y 15 L.E.C. Pues por los motivos que seguidamente expondré, el contraste de estos preceptos con el art. 119 en relación con el 24.1 C.E. debería haber conducido, a mi entender, a una decisión de distinto signo.
2. El planteamiento de la presente cuestión nos sitúa ante un supuesto muy concreto y no infrecuente en la práctica -como puede apreciarse incluso en el caso recientemente resuelto por el ATC 372/1993-, a saber: que quien se propone demandar o es demandado, por superar el límite económico establecido por el art. 14 L.E.C. y sin sobrepasar el del art. 15, puede verse privado del beneficio previsto en el núm. 4 del art. 30 L.E.C. Esto es, "que se les nombre Abogado y Procurador sin obligación de pagarles honorarios y derechos".
En esta sede constitucional la respuesta a este supuesto entraña, en esencia, la elección entre los dos términos de una alternativa. De un lado, que la actual regulación de la justicia gratuita contenida en los arts. 14 y 15 L.E.C. constituye una opción del legislador que es admisible desde el punto de vista constitucional, aunque conduzca a aquel resultado negativo. De otro, que el carácter taxativo y la consiguiente rigidez del límite económico establecido por el art. 14 L.E.C., entraña una vulneración del art. 119 C.E., cuyo inciso final reconoce que la justicia será gratuita: "en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar"; y en relación con el anterior, la lesión del art. 24.1 C.E., pues al privarse al interesado del beneficio del núm. 4 del art. 30 L.E.C. se obstaculiza su acceso a la jurisdicción y puede generarse su indefensión, prohibidas por este precepto constitucional.
3. Enfrentada al supuesto anterior, la Sentencia ha puesto de relieve que la finalidad inmediata del derecho a la justicia gratuita ex art. 119 C.E. radica "en permitir el acceso a la justicia, para interponer pretensiones u oponerse a ellas, a quienes no tienen medios económicos suficientes", evitando así que se produzca indefensión (STC 138/1988 y, en el mismo sentido, SSTC 46/1981 y 147/1989). Estimando, seguidamente, que en este derecho prestacional, de carácter singular -pues "es concreción y garantía de ejercicio de otros derechos fundamentales"- el legislador no posee una libertad absoluta de configuración legal, por encerrar un "núcleo indisponible" que, sin definirlo exhaustivamente, supone que "la justicia gratuita debe reconocerse a quienes no pueden hacer frente a los gastos originados por el proceso (incluidos los honorarios de los Abogados y los derechos arancelarios de los Procuradores, cuando su intervención sea preceptiva o necesaria en atención a las circunstancias del caso) sin dejar de atender a sus necesidades vitales y a las de su familia al objeto de que nadie quede privado del acceso a la justicia por falta de recursos económicos".
4. Compartiendo enteramente estas premisas del razonamiento, frente al parecer de la mayoría considero que la conclusión debía haber sido otra que la que cierra el fundamento 4º y es llevada al fallo, por las siguientes razones:
A) En primer lugar, por una consideración metodológica, soslayada en la Sentencia de la que discrepo. Este Tribunal, en efecto, ha declarado reiteradamente, de un lado, que por favorecer el art. 24 el acceso a la justicia, exige una ausencia de condicionamientos previos para litigar, de manera que en cada caso concreto debe examinarse la legitimidad constitucional de todo requisito que entrañe un obstáculo para el acceso al proceso o a la jurisdicción (SSTC 353/1984 y 158/1987, entre otras). De otro lado, y en lo que respecta a la gratuidad de la justicia, que debía efectuarse "una interpretación progresiva y casuista" de acuerdo con el art. 24 C.E. "y especialmente ponderando el art. 119 C.E. que impone la gratuidad de la justicia, no sólo cuando lo disponga la ley, sino en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar" (SSTC 3/1983, 9/1983, 46/1983 y 100/1983). Y en el mismo sentido, respecto a la suspensión del plazo para contestar la demanda mientras se tramita el nombramiento de un defensor de oficio, este Tribunal declaró que para evitar un resultado de indefensión prohibido por el art. 24.1 C.E., debía aplicarse "el principio de interpretación de las leyes de conformidad con la Constitución, en su calidad de Norma superior" (STC 28/1991, fundamento jurídico 4º).
Partiendo de este criterio interpretativo, este Tribunal ha estimado asímismo que la "insuficiencia de recursos para litigar" es una expresión que "por su generalidad y amplitud" acoge otras posibles soluciones, más allá de las exigencias legalmente establecidas (SSTC 3/1983 y concordantes antes citadas), modulando éstas. Modulación o flexibilización que entraña, en última instancia, atender al "contenido indisponible" del art. 119 para asegurar que ninguna persona "quede procesalmente indefensa por carecer de recursos para litigar" (STC 138/1988).
B) A este fin puede observarse que si bien el art. 119 C.E. se refiere a los "recursos" para litigar, los arts. 14 y 15 L.E.C., a diferencia de lo dispuesto en el art. 13, aluden, en cambio, a "ingresos o recursos", parificando dos conceptos que no poseen idéntico significado. Lo que en una adecuada interpretación de estos preceptos -atendido el "contenido indisponible" del art. 119 y las exigencias del art. 24.1 C.E., como se ha dicho- permite una solución en la que el Juez opere no con el condicionamiento absoluto del criterio indicado en el art. 14 L.E.C. sino con un margen de apreciación mayor y, de este modo, pueda reconocer el derecho a la justicia gratuita, incluido el beneficio del núm. 4 del art. 30 L.E.C. a quienes -aun superando el doble del criterio económico establecido en el art. 14 de este cuerpo legal y sin sobrepasar el cuádruplo- carezcan en realidad de "recursos" para litigar, por gastos ineludibles derivados de circunstancias personales o familiares como las que contempla el art. 15 ("circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o parientes a su cargo, estado de salud, obligaciones que sobre él pesen, costo del proceso u otras circunstancias análogas"). Lo que hubiera conducido, claro está, a una Sentencia declarando que así interpretados los arts. 14 y 15 L.E.C. no eran contrarios al art. 119 en relación con el 24.1 C.E.
C) De no admitirse la anterior solución, el contraste de los preceptos cuestionados con los que se han citado de la Constitución necesariamente debería haber conducido, a mi parecer, a declarar la inconstitucionalidad de los arts. 14 y 15 L.E.C. Y la razón de ello radica a mi entender, dicho sea en los términos más simples, en lo siguiente: si consideramos la "insuficiencia de recursos para litigar" del art. 119 C.E., es evidente que esta noción, "por su generalidad y amplitud" (STC 3/1983 y concordantes), no puede ser concretada únicamente mediante un quantum objetivo, como se ha hecho por el legislador en el art. 14 L.E.C. Al imponer el precepto constitucional la gratuidad de la justicia en términos absolutos ("en todo caso") con referencia a ciertas personas (" quienes acrediten insuficiencia..."), es claro que ello obligaba al legislador a tener en cuenta no sólo aquel criterio objetivo sino además el elemento subjetivo constituido por las circunstancias personales y familiares del solicitante, pues son éstas las que determinan la insuficiencia de recursos para litigar de esas personas. Sin embargo, no se ha hecho así y aunque el legislador ha querido que esas circunstancias personales y familiares puedan operar respecto al quantum más amplio del art. 15 L.E.C., ha excluido, injustificadamente, que al amparo de este precepto pueda concederse el beneficio del núm. 4 del art. 30. Prescindiendo así de una medida que, en el conjunto de la regulación legal de los arts. 14, 15 L.E.C. y concordantes, era de todo punto necesaria para satisfacer la finalidad del derecho a la gratuidad en la justicia. Esto es, el acceso a la jurisdicción, cuando la intervención de Abogado y Procurador sea preceptiva. Por lo que nos encontramos, en definitiva, ante una regulación legal que es insuficiente para que quede salvaguardado el núcleo indisponible del art. 119 en relación con el art. 24.1 C.E. y ello debería haber conducido, a mi parecer, a declarar la inconstitucionalidad de los preceptos cuestionados.
Type et numéro d'enregistrement Cuestión de inconstitucionalidad 41-1990
Fecha de resolución 20/01/1994
En relación con los arts. 14 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Votos particulares
El derecho a la gratuidad de la justicia (art. 119 C.E.) es un derecho prestacional y de configuración legal cuyo contenido y concretas condiciones de ejercicio corresponde delimitarlos al legislador atendiendo a los intereses públicos y privados implicados y a las concretas disponibilidades presupuestarias. Sin embargo, al llevar a cabo la referida configuración legal, el legislador no goza de una libertad absoluta, sino que en todo caso debe respetar un contenido constitucional indisponible. A esta limitación no escapan los derechos, como el que aquí nos ocupa, en los que el contenido prestacional y, en consecuencia, su propia naturaleza, vienen matizados por el hecho de tratarse de derechos que son concreción y garantía de ejercicio de otros derechos fundamentales, algunos de contenido no prestacional [F.J. 3].
A pesar de la indeterminación de la cláusula utilizada, la fórmula constitucional («en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar») encierra un núcleo indisponible que, sin necesidad de definirlo de forma exhaustiva, supone, sin duda, que la justicia gratuita debe reconocerse a quienes no puedan hacer frente a los gastos originados por el proceso (incluidos los honorarios de los Abogados y los derechos arancelarios de los Procuradores, cuando su intervención sea preceptiva o necesaria en atención a las características del caso) sin dejar de atender a sus necesidades vitales y a las de su familia, al objeto de que nadie quede privado del acceso a la justicia por falta de recursos económicos [F.J. 3].
La utilización del doble del salario mínimo como criterio objetivo para determinar el límite económico por debajo del cual se tiene derecho a la justicia gratuita es un criterio respetuoso con el contenido indisponible del art. 119 C.E. El legislador español recurre con frecuencia al salario interprofesional como dato objetivo a partir del cual mide la capacidad económica para acceder a determinados beneficios o ayudas públicas (becas de estudio, beneficios fiscales, ayudas para el acceso a determinadas viviendas, etc.). También lo utiliza como criterio para fijar el nivel económico mínimo de subsistencia, cuya garantía viene exigida por el principio del respeto a la dignidad humana, que actúa, junto con otros elementos, para determinar, por ejemplo, la cuantía de recursos inembargables [F.J. 4].
La adopción de un criterio objetivo estricto para la justicia gratuita plena, completado con un mecanismo más flexible de justicia gratuita parcial en el que se ponderan circunstancias personales y familiares, resulta una opción plenamente admisible desde el punto de vista constitucional. En cuanto a la forma concreta en la que el legislador ha plasmado estos criterios -ingresos o recursos inferiores al doble del salario mínimo interprofesional para la justicia gratuita plena y entre el doble y el cuádruplo de esta cifra para obtener la gratuidad parcial siempre que se acrediten determinados gastos- debe considerarse que respeta el contenido mínimo indisponible del art. 119 C.E. [F.J. 4].
El hecho de no atribuir la justicia gratuita plena a quienes posean ingresos o recursos que superen el doble del salario mínimo, sin tener en cuenta todas las circunstancias personales de los litigantes y, más concretamente, sin tener en cuenta su capacidad económica real, supone efectivamente dar igual trato legislativo a personas que pueden hallarse en situaciones económicas muy dispares, negando incluso la justicia gratuita plena a personas que en la práctica pueden tener una capacidad económica inferior a la de otras a quienes se reconoce este derecho. De este hecho, sin embargo, no cabe deducir de forma automática la vulneración del referido precepto constitucional [F.J. 5].
Debe tenerse presente que el derecho a la igualdad consagrado en el art. 14 C. E. impide tratar desigualmente a los iguales, pero no excluye la posibilidad de que se trate igualmente a los desiguales. Este precepto constitucional no consagra, sin más, un derecho a la desigualdad de trato. Las medidas normativas de acción directa o ventajosas para colectivos tradicionalmente discriminados pueden resultar exigidas por el art. 9.2 C.E. e incluso encontrar justificación en el art. 14 (SSTC 128/1987 y 19/1989), pero no puede derivarse de este último precepto ningún derecho subjetivo genérico al trato normativo desigual [F.J. 5].
No cabe duda que el criterio objetivo y general de fijar el límite de la gratuidad plena en el doble del salario mínimo interprofesional es plenamente razonable y proporcional al fin perseguido. En efecto, según proclama el art. 13 L.E.C. que encabeza la Sección dedicada a la justicia gratuita, la finalidad de los artículos cuestionados no es otra que la de dar satisfacción al mandato institucional del art. 119 C.E. garantizando la administración gratuita de la justicia a quienes acrediten insuficiencia de recursos. Desde esta perspectiva, no es irrazonable la utilización de los ingresos o recursos como criterio de diferenciación, ni es desproporcionado el límite del doble del salario mínimo, ya que permite atribuir la gratuidad de la justicia a la práctica totalidad de personas que se verían imposibilitadas de litigar por falta de recursos, en tanto que las excluidas también cabe suponer que en su práctica totalidad podrán hacer frente a los gastos procesales, máxime teniendo en cuenta la previsión legal de la gratuidad parcial [F.J. 5].
Artículo 14 (redactado por la Ley 34/1984, de 6 de agosto)
Artículo 15 (redactado por la Ley 34/1984, de 6 de agosto)
Artículo 14, ff. 1, 2, 4, 5, VP II
Artículo 15, ff. 1, 2, 4, 5, VP I, VP II
Artículo 17, f. 4, VP I
Artículo 30.4, VP II
Artículo 24, VP I, VP II
Artículo 24.1, ff. 2, 6, VP II
Artículo 39, ff. 2, 7
Artículo 119, ff. 2 a 6, VP I, VP II
Contenido indisponible para el legisladorContenido indisponible para el legislador, f. 3
Control de constitucionalidad de las normas jurídicasControl de constitucionalidad de las normas jurídicas, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, VP I, VP II
Legislación procesal civilLegislación procesal civil, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, VP I, VP II
Protección discriminatoriaProtección discriminatoria, f. 7
Salario mínimo interprofesionalSalario mínimo interprofesional, ff. 4, 5, VP I, VP II
Justicia gratuitaJusticia gratuita, ff. 3, 4, 5, VP I, VP II
Justicia gratuita parcialJusticia gratuita parcial, ff. 4, 5

References: resolución 

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 17

Artículo 30

Artículo 24

Artículo 24

Artículo 39

Artículo 119