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Timestamp: 2017-12-17 21:09:47+00:00

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Sentencia Juz. 1.ª Inst. Amposta (núm. 1) 32/2012, de 23 de febrero. Derecho al honor. Demanda contra Google Spain. Aparición de imágenes sensibles a través del buscador. Legitimación pasiva - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia Juz. 1.ª Inst. Amposta (núm. 1) 32/2012, de 23 de febrero
Derecho al honor: Intromisión ilegítima. Demanda presentada por el Camping "Alfaques" contra Google Spain, S.L. Accidente acaecido décadas antes. El listado de resultados ofrecidos por el buscador comienza con cuatro imágenes relativas a la tragedia. Ausencia en los resultados de información alguna sobre las instalaciones y servicios actuales del camping. Menoscabo en la reputación de la empresa hacia los consumidores. Falta de legitimación pasiva: La única titular del dominio de internet www.google.es es la sociedad norteamericana Google Inc., siendo la actividad de Google Spain, S.L. exclusivamente la de comercialización de servicios publicitarios. Desestimación de la demanda.
Procedimiento Proc.Ordinario (Derecho al honor - 249.1.2) 486/2011
NIG: 43014 - 42 - 1 - 2011 - 8152562
Parte demandante ALFACS VACANCES S.L.
Procurador MARIA JOSEP MARGALEF VALLDEPÉREZ
Parte demandada GOOGLE SPAIN,S.L.
Procurador MARIA LLUÏSA MOYA ARAYO
SENTENCIA 32
En Amposta, a 23 de Febrero de 2.012.
Sònia Zapater Torres, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Amposta, habiendo visto los presentes autos de juicio declarativo ordinario con n.º 486/2.011, promovidos a instancia de la entidad Alfacs Vacances, S.L., representada por la Procuradora Dña. M.ª Josep Margalef Valldepérez y asistida por el Letrado D. Carlos Navarro González; contra la entidad Google Spain, S.L., representada por la Procuradora Dña. Lluïsa Moya Arayo y asistida por el Letrado D. Francisco Martínez Baviere.
Primero.—Que la representación de la parte actora presentó demanda ante este Juzgado en fecha de 8 de Junio de 2.011 solicitando, previa alegación de los hechos y los fundamentos de Derecho, que se dicte sentencia por la que: a) se declare que la demandada la entidad Google Spain, S.L. ha realizado una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la entidad Alfacs Vacances, S.L.; b) se condene a la entidad Google Spain, S.L. a cesar en la conducta causante de la lesión al derecho al honor de la entidad Alfacs Vacances, S.L. y a llevar a cabo las actuaciones necesarias para que no siga produciéndose; c) se condene a la entidad Google Spain, S.L. a compensar a la entidad Alfacs Vacances, S.L. con la cantidad de 300.000 euros por los daños morales causados por la intromisión ilegítima en su derecho al honor, además de los intereses legales correspondientes; d) se condene a la entidad Google Spain, S.L. a publicar, a su costa, la sentencia condenatoria en su totalidad, o al menos su encabezamiento y parte dispositiva, en los diarios de difusión nacional El País y La Vanguardia; y todo ello con imposición de las costas del proceso.
Segundo.—Que admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma a la parte demandada, la cual contestó oponiéndose a las pretensiones de la parte actora y solicitando la imposición de costas para la misma. Por su parte, el Ministerio Fiscal contestó a la demanda remitiéndose a las pruebas que en su día se practiquen.
Tercero.—Celebrada la Audiencia Previa y recibido el pleito a prueba se ha propuesto y practicado prueba de interrogatorio de parte y testifical con el resultado que consta en los autos, quedando los autos vistos para sentencia.
Primero.—La demanda se fundamenta en el ejercicio de la acción de protección civil del honor e intimidad personal y la propia imagen contra la entidad Google Spain, S.L., argumentando que la actora es titular del Camping Alfaques sito en el pk. 159,6 de la carretera de Sant Carles de la Ràpita a Alcanar (Tarragona), donde el 11 de Julio de 1.978 se produjo un accidente debido a la explosión de una camión cisterna de propileno, en el que fallecieron de forma instantánea 160 personas, hubo más de 300 heridos graves, y resultaron destruidas las instalaciones del camping, sin que del procedimiento judicial se derivara responsabilidad alguna para el camping. La parte actora alega que cuando un usuario del sitio web www.google.es utiliza en el buscador "google" los términos "camping los alfaques", el listado de resultados ofrecidos por el buscador comienza con cuatro imágenes relativas a la tragedia, y sigue con diversos enlaces a información gráfica y escrita relacionadas con aquélla, no hallándose entre los primeros resultados información alguna sobre las instalaciones y servicios actuales del camping. Si bien la parte actora entiende que la libertad de expresión e información ampara a los titulares de las páginas web cuyos enlaces muestra el buscador, entiende que la forma y orden en la que el buscador decide mostrar o editar estos enlaces constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la entidad Alfacs Vacances, S.L., pues remite a los potenciales clientes a enlaces directamente relacionados con el accidente acaecido décadas antes o a enlaces que vinculan dicho accidente con sucesos paranormales que supuestamente ocurren en la zona. Por ello, alegando que la actitud de la entidad Google Spain, S.L. de configurar y mostrar los resultados de búsqueda en la forma elegida ha resultado gravemente lesiva para el honor de la actora, y que le ha causado unos daños morales derivados del menoscabo en la reputación de la empresa hacia los consumidores cuya reparación la actora valora en 300.000 euros, la actora, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de pertinente aplicación, terminó suplicando en los términos referidos en los antecedentes de hecho de la presente resolución.
Frente a ello, la parte demandada alega en primer lugar falta de legitimación pasiva, por entender que la entidad Google Spain, S.L. no es titular del buscador google ni tiene responsabilidad alguna sobre su funcionamiento ni dispone de capacidad para alterar los resultados del buscador, siendo que la actividad de la demandada es exclusivamente la comercialización se servicios publicitarios, y que la única titular del dominio de internet www.google.es es la sociedad norteamericana Google Inc.. Apunta también que la forma en que www.google.es presenta sus resultados se basa en un sistema automatizado y neutral, dependiente de un algoritmo determinado; que el uso de imágenes (thumbnails) es una característica común a todos los buscadores destinada a facilitar a los usuarios el acceso a la información, y que suelen derivar de enlaces que a su vez utilizan esos documentos gráficos, alegando a su vez que el tratamiento es el mismo para todas las empresas, sin discriminación como sostiene la actora. Alega asimismo la parte demandada que la entidad Alfacs Vacances, S.L. se constituyó en el año 2.005, de modo que la información publicada por el buscador no puede lesionar el honor de una entidad que se constituyó con posterioridad a los hechos de los que trae causa tal información. Por otro lado, sostiene la demandada que la tragedia de 1.978 es una noticia pública y notoria, incluso en la actualidad, viniendo referida en numerosos medios de comunicación y siendo objeto de actualizaciones permanentes, sin que en ningún caso se atribuya responsabilidad alguna a la entidad Alfacs Vacances, S.L. en la causación del accidente, de modo que difícilmente dicha información lesiona su derecho al honor; tampoco la utilización del propio nombre de la actora (Alfacs Vacances) remite directamente a información relacionada con el accidente. Se opone finalmente la demandada a la reclamación de indemnización por daño moral argumentando que la actora no ha acreditado que se haya causado un perjuicio económico o moral a la entidad Alfacs Vacances, S.L. a consecuencia de la información que suministra el sitio www.google.es. Por todo ello, termina suplicando la actora en los términos ya referidos en los Antecedentes de Hecho de esta resolución.
Segundo.—Centradas así las pretensiones materiales de las partes, procede, en primer lugar, y siguiendo a la STS de 23-3-99, recordar que " el artículo 20-1-a) y d) de la Constitución Española establece como derechos fundamentales los que se tienen para expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; así como para comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. También el artículo 10-2 de la referida Constitución concreta que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. En este sentido, hay que destacar el artículo 19 de la Declaración Universal que dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Por tanto, a la luz del texto constitucional, libertad de expresión y de información -activa y pasiva- son indisolublemente complementarias, pero ello no significa que no tenga sentido la distinción entre libertad de expresión -emisión de juicios y opiniones- y la libertad de información-manifestación de hechos y así lo mantiene el Tribunal Constitucional en su emblemática sentencia de 6 de junio de 1.990 (105/90), aunque poco más tarde, con carácter matizador, dicho Tribunal, en sentencia de 12 de noviembre de dicho año, reconoce el carácter indisoluble de ambos derechos, cuando en ella se manifiesta que la comunicación periodística supone ejercicio no sólo del derecho de información, sino también del derecho mas genérico de expresión, por lo que la libertad de prensa exige el reconocimiento de una especie de inmunidad constitucionalmente protegida, no sólo para la libre circulación de noticias, sino también para la libre circulación de ideas y de opiniones.
En resumen, se puede decir que el derecho fundamental de libertad de expresión en relación con el más genérico de libertad de información, es esencial para asegurar los cauces precisos que puedan formar una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político, que precisa el Estado social y democrático de Derecho.
Ahora bien, todo derecho, por muy importante que sea, no puede devenir en un derecho absoluto e ilimitado, pues ello llevaría a difuminar totalmente la idea de libertad y la de democracia. Por ello, la propia Constitución en su artículo 20-4, establece que la libertad de expresión y la de información tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen. Limitación de nuestro Texto constitucional, totalmente de acuerdo con las establecidas en el artículo 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, aprobado por el Consejo de Europa en Roma el 4 de noviembre de 1.950, que establece que el derecho a la libertad de expresión e información, podrá ser sometido a ciertas restricciones, como es de la protección de la reputación o la de impedir la divulgación de informaciones confidenciales.
Pero como datos complementarios de lo anterior, y para resolver la posible colisión, es preciso que el honor se estime en un doble aspecto, tanto en un aspecto interno de íntima convicción -inmanencia- como en un aspecto externo de valoración social -trascendencia-, y sin caer en la tendencia doctrinal que proclama la "minusvaloración" actual de tal derecho de la personalidad. Es también preciso, en el otro lado de la cuestión, que la información transmitida sea veraz y, además, que esté referida a asuntos de relevancia pública que sea de interés general por las materias a que se refieren y por las personas que en ellas intervienen."
Realizada la necesaria introducción, será preciso centrarse en la presente contienda judicial.
Tercero.—Debe examinarse con carácter inicial la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la parte demandada y en cuya apreciación manifestó su acuerdo el Ministerio Fiscal en fase de conclusiones. Así la entidad Google Spain, S.L. alega que no es titular del buscador google pues la única titular del dominio de internet www.google.es es la sociedad norteamericana Google Inc., y que no tiene responsabilidad alguna sobre el funcionamiento del buscador ni dispone de capacidad para alterar los resultados del mismo, siendo su actividad exclusivamente la de comercialización se servicios publicitarios.
La falta de legitimación "ad causam", es sinónimo de falta de acción, en el sentido de que el actor no es el titular del derecho reclamado en juicio, excepción de carácter puramente material, que afecta al fondo de la causa o procedimiento, y que de ser acreditada determinaría, no una absolución en la instancia, sino una absolución de las pretensiones deducidas con la demanda, siendo su apreciación directamente por el juzgador, en cuanto tiene que resolver sobre el fondo del asunto, pudiendo realizarla de oficio. Por consiguiente, la legitimación, en puridad, no constituye excepción o presupuesto procesal alguno que pudiera condicionar la admisibilidad de la demanda o la validez del proceso. Antes bien, es un requisito de la fundamentación de la pretensión y, en cuanto tal, pertenece al fondo del asunto siendo la sentencia el momento adecuado para afrontar su estudio.
Dicho lo anterior, y tras un examen profuso de los escritos de las partes y de la prueba practicada, no puede menos que alcanzarse la conclusión de que, efectivamente, la demandada la entidad Google Spain, S.L. carece de legitimación pasiva en el procedimiento deducido contra ella, fundamentalmente porque, partiendo de que la legitimación implica una titularidad de los derechos e intereses que se hallan en conflicto y la existencia de un poder de disposición sobre los mismos, en este caso no consta que la entidad Google Spain, S.L. controle o tenga poder de disposición alguno sobre la relación jurídica en la que se basa la exigencia de responsabilidad deducida por la actora en su demanda. Así en primer lugar no consta que la entidad Google Spain, S.L. sea titular del buscador www.google.es en el que se ha publicado la información y gráficos lesivos del honor de la actora, según anunciaba ésta en su demanda, puesto que la titular del buscador es la entidad Google Inc., de modo que la demanda debería haberse dirigido a esta última. En segundo lugar, no consta que la entidad Google Spain, S.L. tenga una intervención concreta en la forma que tiene el buscador de mostrar los resultados, ni en el diseño o configuración de la página, ni en su redacción, siendo que su función principal es la venta de publicidad según aquello manifestado en el juicio por la representante legal de la empresa Dña. Gabriela y el ingeniero de telecomunicaciones D. Carmelo; así éstos manifestaron que la entidad Google Spain, S.L. se dedica a la actividad comercial actuando como agente comercial de otras empresas del grupo vendiendo publicidad, que no hay trabajadores de la entidad Google Inc. que trabajen en las oficinas de la entidad Google Spain, S.L., que ningún trabajador de la entidad Google Spain, S.L. está relacionado con el funcionamiento del buscador o adopta decisión alguna al respecto, que la entidad Google Spain, S.L. no es la representante de la entidad Google Inc. en España aunque pertenezcan al mismo grupo pero teniendo ambas su propia autonomía, y que la entidad Google Inc. no se sirve de ninguna manera de la entidad Google Spain, S.L.
Por otro lado, la legitimación pasiva ad causam se define a su vez por la relación que tiene el demandado con el objeto del proceso, de modo que ha de guardar coherencia con las consecuencias jurídicas pretendidas mediante la acción ejercitada, y que supone el deber de soportar el litigio en su condición de demandada. Pues bien, en este caso cabe rechazar la legitimación pasiva de la demandada en atención a su falta de capacidad para atender a las consecuencias jurídicas pretendidas en el presente procedimiento, pues al carecer de habilidades técnicas para alterar los resultados del buscador, le resulta imposible cumplir con las pretensiones contenidas en el suplico de la demanda, especialmente con la principal de las pretensiones, cual es la referida a "cesar en la conducta causante de la lesión al derecho al honor de la entidad Alfacs Vacances, S.L. y a llevar a cabo las actuaciones necesarias para que no siga produciéndose", pues en atención a las actividades a que se dedica la entidad Google Spain, S.L., y según lo manifestado por la parte y el testigo en el juicio, ésta no tiene capacidad de gestión del buscador ni puede alterar el contenido del mismo. De este modo, la demandada no podría cumplir con la eventual sentencia condenatoria que se dictase, lo cual redunda en su ausencia de legitimación pasiva en el presente procedimiento.
Debe tenerse en cuenta asimismo que ni existe ni consta que haya existido inconveniente alguno para que la actora dirigiera su demanda contra la entidad Google Inc., pues de la información suministrada por las propias entidades no se advierte confusión de ningún tipo en relación con la titularidad del buscador o las funciones de cada una de las entidades. Así de la nota simple del registro Mercantil correspondiente a la entidad Google Spain, S.L. -documento n.º 1 de la contestación a la demanda- consta claramente cuál es su objeto social, siendo éste el de "promocionar, facilitar y/o procurar la venta de productos y/o procurar la venta de productos y/o servicios de publicidad on-line a través de internet para terceros, actuando como agente comercial, así como el marketing de publicidad on-line y/o el marketing directo de productos y/o servicios", de donde se desprende que tiene una actividad puramente comercial o publicitaria; también de la información proporcionada por red.es (entidad encargada de la gestión de dominios de internet) consta que la titular del dominio www.google.es es la entidad Google Inc. -documento n.º 2 de la contestación a la demanda-. Asimismo, en las "Condiciones del Servicio Google" que aparecen en la propia página del buscador consta que "Por Google se entenderá Google Inc., una sociedad con domicilio social en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados Unidos" -documento n.º 5 de la contestación-. De hecho, consta que en otras ocasiones la demanda, aún presentándose ante los tribunales españoles, se ha dirigido a la entidad Google Inc. sin que ello ocasionara mayores obstáculos -documentos n.º 6, 7 y 8 de la contestación-, no pudiéndose afirmar que la entidad demandada o la entidad Google Inc. tratan de crear confusión acerca de la verdadera legitimación aprovechando su pertenencia a un grupo empresarial. Y no puede desprenderse conclusión distinta atendiendo a la única prueba presentada por la actora, consistente a una transcripción de una entrevista realizada al Director de Google de España y Portugal, pues el hecho de que el mismo haga referencia al futuro de Google en general no supone atribuir de forma automática a la entidad Google Spain, S.L. funciones representativas de la entidad Google Inc., no yendo más allá de un mero comentario efectuado por el Director de la empresa en España acerca de sus consideraciones sobre el devenir de otra empresa del mismo grupo al que pertenece aquella en la que él desarrolla su trabajo.
Pero es que además consta que la propia actora era conocedora de quién era la entidad competente para responder a sus pretensiones, pues todas las gestiones extrajudiciales se realizaron con la entidad Google Inc., y no con la entidad Google Spain, S.L. Así, en el primer requerimiento extrajudicial efectuado por la actora a la demandada, y aportado como documento n.º 2 de la demanda, aparece el siguiente encabezamiento: "REFERENCIA: POSIBLE RECLAMACIÓN JUDICIAL por Alfacs Vacances, S.L. (Camping Alfaques) contra Google Inc.", refiriéndose hasta en dos ocasiones más a la entidad Google Inc. en el texto del requerimiento. Consta asimismo que todas las respuestas de Google a tales requerimientos -documento n.º 3 de la demanda- iban firmadas por "Google Inc. Legal Support", apareciendo además la dirección de ésta en Estados Unidos. De hecho, en estas respuestas la entidad Google Inc. ya le informaba de los pasos a seguir para obtener éxito en sus pretensiones, sin que conste que la actora hubiera intentado previamente esta vía antes de recurrir a la vía judicial. De este modo, no puede afirmarse de ningún modo que la verdadera legitimada la entidad Google Inc. se haya ocultado o haya creado confusión para no atender a las peticiones efectuadas. Asimismo, teniendo en cuenta lo anterior resulta aplicable al caso a sensu contrario el principio de que "no puede impugnar la personalidad o legitimación de un litigante, quién dentro o fuera del pleito se la tenga reconocida", pues si todas las gestiones previas extrajudiciales realizadas por la entidad Alfacs Vacances, S.L. fueron con la entidad Google Inc., ello significa que reconocía legitimación a esta entidad para las pretensiones interesadas, desconociéndose por qué motivo finalmente la reclamación judicial se dirigió a una entidad distinta.
Entendiendo por todos estos motivos que concurre una falta de legitimación pasiva en la parte demandada en el presente procedimiento, procede desestimar la demanda, sin necesidad de entrar a valorar el resto de argumentaciones sostenidas por la parte actora como fundamento de su pretensión.
Cuarto.—La desestimación de la demanda conlleva la imposición de las costas procesales a la parte demandada, conforme al artículo 394 de la L.E.C.
Que DESESTIMO la demanda formulada por la entidad Alfacs Vacances, S.L. contra la entidad Google Spain, S.L., con imposición de las costas causadas a la parte actora.
Notifíquese esta resolución a las partes. Esta resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Tarragona que, en su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado, previa constitución del depósito previsto legalmente, dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquél en que se practique su notificación.
PUBLICACIÓN: Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Juez que la autoriza, al estar celebrando audiencia publica en el día de la fecha. Doy fe.

References: artículo 20
 artículo 10
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 10
 artículo 394
 resolución 
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