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Timestamp: 2017-07-22 00:27:15+00:00

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LEY 2/1992, DE 15 DE JUNIO, FORESTAL DE ANDALUCÍA. (BOJA 57/1992, de 23 de junio. BOE 163/1992, de 8 de julio).
Artículo 1. A los efectos de la presente Ley, los montes o terrenos forestales son elementos integrantes para la ordenación del territorio, que comprenden toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas, arbustivas, de matorral, o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o plantación, que cumplen funciones ecológicas, protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas.
Se entenderán, igualmente, incluidos dentro del concepto legal de montes, los enclaves forestales en terrenos agrícolas y aquellos otros que, aún no reuniendo los requisitos señalados anteriormente, queden adscritos a la finalidad de su transformación futura en forestal, en aplicación de las previsiones contenidas en la presente Ley y en los Planes de Ordenación de Recursos Naturales que se aprueben al amparo de la misma.
b) Los suelos clasificados legalmente como urbanos y urbanizables programados o aptos para urbanizar[2].
Artículo 2. Los terrenos forestales, por los recursos naturales que sustentan y por los valores sociales y ecológicos que contienen, están sujetos a una especial protección, vigilancia y actuación de los poderes públicos.
Artículo 3. El contenido de la propiedad forestal se define con arreglo a la legislación básica del Estado[3], el estatuto contenido en esta Ley y el resto del ordenamiento jurídico, quedando delimitado por la función social de la propiedad.
Artículo 4. Las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación a todos los terrenos forestales del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con independencia de quien sea su titular.
Artículo 5. Son objetivos de la presente Ley en su ámbito de aplicación:
5. Posibilitar una efectiva participación social, en las decisiones sobre las materias contenidas en la presente Ley, con especial atención a los intereses municipales y de las demás Entidades Locales.
1º. Ordenar y planificar los recursos forestales, clasificando los terrenos forestales en función de los recursos naturales que sustentan y limitando los usos y aprovechamientos en razón de las determinaciones contenidas en los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales[4].
2º. Fomentar las actividades privadas.
3º. Investigar, deslindar y recuperar de oficio los montes públicos.
4º. Autorizar y sancionar.
5º. Ejecutar subsidiariamente las obligaciones que puedan imponerse al amparo de la presente Ley.
6º. Ejercitar los derechos de tanteo y retracto.
7º. Establecer medidas coercitivas para la protección, restauración, conservación y defensa de los montes.
8º. Expropiar el dominio o cualquier otro derecho de contenido económico o patrimonial, en aquellas actuaciones previstas en las leyes y en los planes de ordenación dictados al amparo de las mismas.
9º. Inspeccionar y vigilar.
Las mencionadas potestades tendrán carácter enunciativo pudiendo comprender cuantas otras sean congruentes para ser ejercidas en cumplimiento de la presente Ley.
2. La Administración Forestal será oída en la elaboración de cualquier instrumento de planificación que afecte, de alguna manera, a los recursos o terrenos forestales[5].
Artículo 7. Para la consecución de los objetivos previstos en el artículo 5, el Consejo de Gobierno acordará la elaboración de Planes de Ordenación de Recursos Naturales en los terrenos forestales a los que se refiere esta Ley. En el acuerdo se determinarán los órganos administrativos que deban intervenir en su redacción.
1. La clasificación de los terrenos forestales, la asignación de usos compatibles a los mismos, las limitaciones sobre su disponibilidad y cuantas determinaciones que, en los términos de la presente Ley, estén contenidas en los Planes de Ordenación de Recursos Naturales a los que se refiere el artículo anterior, obligan a su cumplimiento tanto a la Administración como a los particulares.
2. Cuando en la elaboración del planeamiento urbanístico se prevea alterar la clasificación de terrenos forestales para su conversión en suelo urbanizable o categoría análoga, el Ayuntamiento solicitará preceptivamente informe a la Administración Forestal[6].
Artículo 9. En la elaboración de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales, se garantizará la suficiente participación social mediante los trámites de consulta de los representantes de los intereses afectados, así como la audiencia a los interesados y la información pública.
Artículo 10. Los Planes de Ordenación de Recursos Naturales determinarán su propia vigencia, con independencia de los procedimientos de modificación y revisión de los mismos, que serán iguales que los establecidos para su aprobación. Reglamentariamente, se podrá determinar un procedimiento abreviado para las modificaciones que supongan su actualización.
Capítulo II. Clases de Planes[7]
Artículo 11. Los Planes de Ordenación de Recursos Naturales a los que se refiere la presente Ley pueden ser territoriales y especiales.
Son Planes de carácter territorial aquéllos que extienden su ámbito de aplicación a un territorio definido por sus características físicas, ecológicas y económicas.
Artículo 12. Los Planes de Ordenación de Recursos Naturales tendrán, como mínimo, el siguiente contenido[8]:
j) Análisis económicos, financieros y de generación de empleo. Artículo 13. Reglamentariamente se determinará la documentación que de forma preceptiva concretará el contenido del Plan[9].
Capítulo IV. Elaboración, aprobación y publicación[10]
Artículo 14. Los Planes de Ordenación de Recursos Naturales se redactarán adecuándose a las determinaciones contenidas en el Plan Forestal Andaluz[11] y teniendo en cuenta las condiciones físicas, ecológicas, sociales y económicas del territorio sobre el que se aplica.
Artículo 15. Acordada por el Consejo de Gobierno la elaboración de un Plan de Ordenación de Recursos Naturales, la Administración Forestal, previas las consultas oportunas, someterá a información pública el Anteproyecto del Plan.
Artículo 16. El Decreto por el que se apruebe el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Dicha publicación habrá de incluir la normativa de dicho Plan.
TITULO II. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA[12]
Artículo 17. Corresponde al Consejo de Gobierno:
Artículo 18. Corresponde a la Administración Forestal las competencias para la ejecución de las actuaciones previstas en la presente Ley.
Reglamentariamente se fijará la composición del Consejo en el que formarán parte entre otros y en el número y forma que se determine, representantes de las Consejerías y Organismos de la Junta de Andalucía, Universidades, Corporaciones Locales, otras Corporaciones y Entidades públicas, centrales sindicales, organizaciones agrarias, recreativas y asociaciones relacionadas con la conservación de la naturaleza[13].
4. Con ámbito provincial, se crean los Consejos Provinciales Forestales, como órganos de carácter consultivo, de asesoramiento y seguimiento, con la composición y competencias que reglamentariamente se les asignen[14]. En todo caso, asumirán las funciones de las Comisiones Provinciales de Montes, previstas en la legislación del Estado en la materia, así como la de informar los Planes de Ordenación de Recursos Naturales que afecten al ámbito provincial respectivo y conocer las autorizaciones y subvenciones que hayan sido concedidas por la Administración Forestal.
Artículo 20. Los terrenos forestales, por razón de su pertenencia, pueden ser montes públicos o privados.
Son montes públicos, sin perjuicio de lo establecido en la legislación del Estado[15], los pertenecientes a cualesquiera de las Administraciones y Entidades Públicas.
Capítulo I. De los montes públicos[16]
Sección 1ª. Régimen general de los Montes Públicos
Artículo 21. Por su naturaleza jurídica los montes públicos pueden ser patrimoniales y de dominio público.
Artículo 22. La desafectación del dominio público se producirá cuando desaparezcan las causas que motivaron su afectación, siendo necesario, en todo caso, acuerdo expreso del Consejo de Gobierno.
Artículo 23. Los montes de dominio público serán inalienables, imprescriptibles e inembargables, pudiendo la Administración recuperar de oficio en cualquier momento la posesión indebidamente perdida, sin que se admitan interdictos ni procedimientos especiales en esta materia.
Artículo 24. En el Catálogo de Montes de Andalucía, como registro público de carácter administrativo, se incluirán todos los montes pertenecientes a cualquiera de las Administraciones y Entidades Públicas[17].
Reglamentariamente se establecerán las normas precisas para la coordinación de dicho Catálogo con el Inventario de Bienes Naturales del Estado y con los Inventarios de Bienes de las Entidades Locales a través de los oportunos medios de colaboración[18].
Artículo 25. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23, los montes del Catálogo de Andalucía gozarán del régimen jurídico establecido por la legislación forestal del Estado para los montes del Catálogo de Utilidad Pública[19].
Artículo 27. Los montes de dominio público tendrán la consideración a efectos urbanísticos de suelo no urbanizable de especial protección.
Artículo 28. Podrán autorizarse ocupaciones o servidumbres sobre los montes públicos por razón de obras o usos o servicios públicos y como consecuencia de concesiones administrativas, siempre que resulte compatible con las funciones del monte.
Artículo 29. La Administración Forestal, para el cumplimiento de los fines previstos en la presente Ley, podrá adquirir la propiedad o cualesquiera otros derechos de carácter personal o real de los terrenos forestales, mediante expropiación, compraventa, permuta, donación, herencia o legado y mediante el ejercicio de los derechos de tanteo o retracto o cualquier otro medio admitido en derecho.
Artículo 30. Los derechos de tanteo y retracto[20] se ejercitarán conforme a la legislación forestal del Estado[21].
Sección 2ª. De la investigación, de la recuperación de oficio y del deslinde de los montes públicos.[22]
Artículo 31. La Administración Forestal está facultada para ejercer las potestades de investigación, recuperación de oficio y deslinde de todos los montes públicos. Las resoluciones que se adopten en estas materias serán recurribles ante el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo, una vez agotada la vía administrativa.
Artículo 32. Mediante el ejercicio de la potestad investigadora, la Administración Forestal tomará constancia documental sobre la titularidad, cuando ésta no le conste anteriormente o sea deficiente, fijando provisionalmente los límites, aforo de su extensión, cabida y linderos del monte.
Artículo 33. La recuperación de la posesión de los montes públicos que se hallen indebidamente poseídos, se producirá una vez adoptado el correspondiente acuerdo, previa audiencia, en su caso, de la Administración titular.
Artículo 34. El deslinde de montes públicos se iniciará de oficio o a petición de cualquier persona interesada.
Si el procedimiento se iniciase a petición de interesados, será preciso que el solicitante deposite el 50 % del presupuesto que se fije y se comprometa a hacerse cargo del total.
Artículo 35. El deslinde se podrá realizar mediante un procedimiento abreviado y por el procedimiento ordinario.
Artículo 36. El procedimiento ordinario se iniciará mediante el correspondiente acuerdo de la Administración Forestal, en el que se encargará la redacción de una memoria.
Artículo 37. La incoación del expediente de deslinde facultará a la Administración Forestal para realizar, incluso en terrenos privados, los trabajos de toma de datos y apeos necesarios, instalar hitos y señales y recabar de los afectados los documentos que acrediten la titularidad de derechos sobre los predios afectados previa notificación o publicación en su caso. Asimismo, la iniciación del expediente de deslinde podrá implicar la suspensión del otorgamiento de concesiones, ocupaciones, cesiones o autorizaciones de uso. La aprobación del deslinde implicará el levantamiento de la suspensión.
Artículo 38. La aprobación de la memoria llevará consigo la iniciación del trámite de apeo, a cuyo efecto se publicará anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, poniéndose asimismo de manifiesto en el tablón de anuncios de las entidades locales correspondientes, que contendrá:
1. Emplazamiento a los colindantes y a quienes acrediten un interés legítimo para comparecer en las sesiones de apeo y para que presenten, en la oficina de la Administración competente en el deslinde, los documentos que justifiquen su legitimación para personarse en el expediente en el plazo de 30 días.
Artículo 39. Sólo tendrán valor y eficacia en el trámite de apeo aquellos títulos de dominio inscritos en el Registro de la Propiedad y aquellos documentos que acrediten la posesión quieta, pacífica e ininterrumpida durante más de treinta años de los terrenos pretendidos, todo ello sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 23 de esta Ley.
Artículo 40. De cada sesión de apeo se levantará acta, en la que se describirá con precisión el recorrido perimetral realizado con constancia de los datos topográficos fundamentales recogidos en la libreta topográfica que llevará el operador. En el acta, igualmente, se recogerán las declaraciones, manifestaciones y observaciones formuladas por quienes hayan acreditado su interés legítimo en el expediente.
Artículo 41. Finalizado el apeo, se elaborará un informe del que se dará vista y audiencia a todos los que hayan comparecido en el expediente o tengan acreditado interés legítimo en el mismo.
Formuladas, en el caso, las alegaciones oportunas, previo informe de la Asesoría jurídica, se elevará propuesta al órgano administrativo que ha de aprobar el deslinde.
Artículo 42. La aprobación del deslinde supone la delimitación del monte público y la declaración administrativa de su posesión a favor de la Administración titular del mismo.
Artículo 43. Firme en vía administrativa el acuerdo aprobatorio de deslinde se procederá al amojonamiento del monte, entendido como actuación técnica que se adaptará al amojonamiento provisional, con las rectificaciones derivadas de las reclamaciones atendidas. Las rectificaciones que se produzcan se harán constar en anejo a la libreta topográfica resultante de los nuevos levantamientos topográficos, con asistencia, previo emplazamiento, de los reclamantes o afectados. De tales actuaciones se levantarán actas de rectificación del apeo.
Capítulo II. De los montes de particulares[23]
Artículo 44. 1. En los términos previstos en la presente Ley, son actuaciones de carácter obligatorio para los titulares de terrenos forestales:
b) DEROGADO[24]
e) Notificar las transmisiones que afecten a terrenos forestales que superen la superficie de 250 hectáreas, y el resto de supuestos contemplados en la Legislación Forestal del Estado en materia de tanteo y retracto[25].
TITULO IV. GESTIÓN DE LOS MONTES[26]
Artículo 47. 1. Para la conservación de la fauna las actuaciones selvícolas en los montes favorecerán las condiciones para la reproducción, crianza o permanencia de las distintas especies.
2. DEROGADO[27]
b) Regulación del pastoreo y la caza cuando afecte a la implantación y regeneración de la vegetación[28].
Capítulo II. Incendios Forestales[29].
Artículo 55. DEROGADO[30]
Artículo 59. DEROGADO[31]
TITULO V. DE LOS USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL MONTE[32]
Artículo 61[33].
Artículo 62. 1. A los efectos previstos en el artículo 60, los titulares de predios forestales podrán presentar Proyectos de Ordenación de Montes o Planes Técnicos que deberán ser elaborados por técnicos competentes en la materia siguiendo las instrucciones fijadas por la Administración Forestal y, en su caso, en los Planes de Ordenación de Recursos Naturales.
Artículo 64. 1. Se requerirá autorización de la Administración Forestal cuando los aprovechamientos a los que se refiere el artículo anterior no estén contenidos en los Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos aprobados.
La Administración Forestal podrá regular el aprovechamiento de la caza y la pesca, los pastos, frutos, resinas y otros de carácter secundario, cuando se realicen de modo que pudieran producir efectos ecológicos negativos sobre la conservación de la fauna, la vegetación, el agua o el suelo.[34]
Artículo 69. 1. El cambio de uso de los terrenos forestales para cultivos agrícolas u otras forestales, requerirá autorización de la Administración Forestal, con independencia de la titularidad de los terrenos, sin perjuicio de las restantes autorizaciones o licencias requeridas.
TITULO VI. FOMENTO Y MEJORA DE LAS ACTUACIONES FORESTALES[35]
d) Cualesquiera otros que se establezcan en el desarrollo de esta Ley. 2. Reglamentariamente se fijarán los porcentajes máximos de ayudas, así como las prioridades de concesión en función de los objetivos que se persigan con las actuaciones previstas y, en todo caso deberán compatibilizarse con el régimen de ayudas en la normativa comunitaria.
TITULO VII. INFRACCIONES Y SANCIONES[36]
7º. DEROGADO[37]
10º. DEROGADO[38]
3º. El pastoreo o la caza en superficies vedadas.[39]
Artículo 80. 1. Se considerarán infracciones especialmente graves aquéllas en las que las alteraciones de los terrenos forestales y sus recursos, así como las consecuencias que de la misma se deriven, produzcan daños que les imposibiliten recuperarse conforme al criterio técnico de la Administración Forestal y siempre que la superficie alterada sea superior a dos hectáreas.
Artículo 86. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley serán sancionadas de la forma siguiente:
a) Infracciones leves: Multas de diez mil pesetas a cien mil pesetas.
b) Infracciones graves: Multas de cien mil una pesetas a un millón de pesetas.
c) Infracciones muy graves: Multas de un millón una pesetas a diez millones de pesetas.
d) Infracciones especialmente graves: Multas de diez millones una pesetas a cincuenta millones de pesetas.
a) La corta, arranque o inutilización de las especies arbóreas de crecimiento lento que reglamentariamente se determinen: cien mil pesetas por pie afectado.
b) La corta, arranque, poda o inutilización de las restantes especies de crecimiento lento: cincuenta mil pesetas por pie afectado.
c) La roza, descuaje, quema, aprovechamiento selectivo o cualquier otra acción que incida negativamente sobre agrupaciones de matorral con extracto principal de gran diversidad: ciento cincuenta mil pesetas por hectárea.
3. En ningún caso, la cuantía máxima de la sanción que resulte de la aplicación del presente artículo podrá superar la cantidad de cincuenta millones de pesetas.
Artículo 88. La Administración Forestal acordará, como sanción accesoria, el decomiso de los productos forestales ilegalmente obtenidos y de los medios utilizados para su obtención en los supuestos de faltas especialmente graves, muy graves y graves. De resultar procedente la devolución de los productos o medios embargados y depositados se podrá sustituir por su importe.
Artículo 89. No tendrá la consideración de sanción el embargo y depósito de los productos forestales ilegalmente obtenidos y de los medios utilizados para su obtención, acordada por la Administración Forestal a través de sus inspectores o agentes.
Capítulo V. Atribuciones orgánicas
Artículo 91. En el ejercicio de su función, los inspectores habilitados singular o genéricamente y los agentes forestales tendrán el carácter de agentes de la autoridad, sin que precise su declaración o manifestación en acta la ratificación para obtener la presunción legal de veracidad de los hechos relatados.
a) A los órganos periféricos de la Administración Forestal, hasta un millón de pesetas.
b) A los órganos superiores de la Administración Forestal, hasta diez millones de pesetas.
c) A las respectivas Consejerías, a cuyos Departamentos estén adscritos los organismos a que se hace referencia en el apartado b) de este artículo, hasta veinticinco millones de pesetas.
d) Al Consejo de Gobierno para sanciones que excedan de veinticinco millones de pesetas.
Artículo 98. La restauración, repoblación y obras que se consideren necesarias para la reparación de daños causados en los terrenos forestales, como consecuencia de faltas graves, muy graves o especialmente graves, sin perjuicio de las facultades de expropiación cuando proceda o de ejecución subsidiaria por la Administración, podrán ser susceptibles de la utilización del medio de ejecución forzosa de actos administrativos en los términos previstos en el artículo 107 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo o norma que la sustituya[40].
Primera. Las actuaciones y Planes de Transformación Forestales, previstos en el artículo 46 de la Ley de Reforma Agraria[41], se llevarán a cabo, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, a través de los correspondientes Planes de Ordenación de Recursos Naturales, integrándose y adecuándose aquéllas con las restantes medidas previstas en los respectivos Decretos de Actuación en Comarcas de Reforma Agraria o, en su caso, en los Decretos aprobatorios de transformaciones en grandes zonas.
Segunda. Corresponde al Consejero a quien esté adscrita la Administración Forestal el ejercicio de la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.
Tercera. Reglamentariamente se determinará el título, procedimiento, vigencia, efectos y cancelación de las notas marginales previstas en los artículos 59 y 99.
Cuarta[42]. Los contratos administrativos de aprovechamientos forestales, con excepción de los apícolas[43], que realice la Administración de la Junta de Andalucía, se regirán por lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas[44] y, en especial, por las normas reguladoras del contrato de obras.
Primera. Los débitos a la Administración por repoblaciones forestales realizadas, en ningún caso podrán ser superiores al valor estimado del vuelo creado. En los supuestos de convenios y consorcios suscritos con Entidades Locales o particulares los débitos resultantes de los mismos podrán ser condonados total o parcialmente.
Segunda. Los Planes de Transformación Forestales aprobados al amparo de la Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria[45] y en fase de ejecución, se adaptarán a las previsiones de la presente Ley en tanto no perjudiquen derechos de los afectados.
Tercera. En tanto no se proceda a la aprobación del Reglamento de ejecución y desarrollo de la presente Ley, la relación de especies sometidas al régimen jurídico previsto en el artículo 228 del Reglamento de Montes, aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero[46], será la contenida en dicho artículo y disposiciones de desarrollo del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía[47].
Cuarta. Las figuras de planeamiento urbanístico que a la entrada en vigor de la presente Ley no hayan sido aprobadas provisionalmente deberán ajustarse al procedimiento previsto en el apartado dos del artículo 8.
Quinta. DEROGADA[48]
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, queda derogado expresamente el artículo 31 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección[49], así como cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley.
Primera. El Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión Interdepartamental que a su efecto se constituya, determinará el modelo organizativo más conveniente de la Administración Forestal Andaluza en aras al mejor cumplimiento de los fines de esta Ley.
Segunda. En lo no regulado específicamente en esta Ley, relativo al régimen jurídico de los bienes de dominio público o patrimoniales de la Comunidad Autónoma, se aplicará la regulación contenida en la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía[50], y, en su defecto, el resto del ordenamiento jurídico.
Tercera. De acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, las Leyes del Estado en materia de montes y de conservación de la naturaleza tienen el valor de derecho supletorio respecto a lo establecido en la presente Ley en las materias no reguladas en la misma o en aquellas disposiciones que puedan servirles de complemento.
Cuarta. La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación, salvo las disposiciones contenidas en el Título VII, relativas al régimen sancionador, que entrará en vigor a los tres meses de la publicación de la presente Ley.
[1] Véase el artículo 2 del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía (BOJA 117/1997, de 7 de octubre).
[2] Téngase en cuenta respecto a “clasificación del suelo” el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (BOE 156/1992 de 30 de junio, rectificado en BOE 177/1992 y 38/1993), del cual hay que realizar diversas consideraciones: la primera, la anulación de buena parte de sus preceptos por la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo (BOE 99/1997, de 25 de abril); la segunda, la aprobación por parte del Parlamento de Andalucía de la Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de régimen de suelo y ordenación urbana (BOJA 73/1997, de 26 de junio), para salvar conyunturalmente la situación de falta de regulación normativa motivada por la referida Sentencia Constitucional, estableciéndose la aplicación del Real Decreto Legislativo 1/1992, que se asume como normativa propia de la Comunidad en tanto no se elabora y aprueba la Ley que desarrolle la competencia autonómica exclusiva en materia de urbanismo; y la tercera, y última, la aprobación por el Estado de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones (BOE 89/1998, de 14 de abril), que deroga varios de los preceptos del Real Decreto Legislativo 1/1992 subsistentes a la Sentencia 61/1997.
[3] Respecto a la legislación básica estatal en el ámbito forestal:
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (BOE núm. 280/2003, de 22 de noviembre).
[4] Véase el artículo 5 del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía (BOJA 117/1997, de 7 de octubre).
[5] Véase el artículo 4 del Reglamento Forestal de Andalucía.
[6] Véase el artículo 4 del Reglamento Forestal de Andalucía.
[7] Véanse artículo 8 a 13 del Reglamento Forestal de Andalucía.
[8] Debe tenerse en cuenta lo establecido en la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y lucha contra los Incendios Forestales (BOJA 82/1999, de 17 de julio; BOE 190/1990, de 10 de agosto), que determina como contenido obligatorio de los PORN forestales, además, la planificación de actuaciones preventivas de incedios:
“Artículo 20. Instrumentos de planificación.
A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los Planes de Ordenación de Recursos Naturales contemplarán, junto a la evaluación del riesgo de incendios forestales y la situación actual de la prevención en el territorio, la determinación de objetivos, directrices generales, actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos de prevención establecidos y medidas de fomento y apoyo para el desarrollo de las mismas.”
[9] Véase artículo 14 del Reglamento Forestal de Andalucía.
[10] Véanse artículo 15 a 25 del Reglamento Forestal de Andalucía.
[11] El Plan Forestal Andaluz fue aprobado por Consejo de Gobierno mediante Acuerdo de 7 de febrero de 1989, y por el Parlamento de Andalucía mediante Resoluciones de 14 y 15 de noviembre de 1989. Su revisión, correspondiente al período 1997-2001, fue aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de diciembre de 1997 (BOJA 6/1998, de 17 de enero).
[12] Véase el Capítulo I del Título II del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía (BOJA 117/1997, de 7 de octubre).
[13] Véase Decreto 65/1994, de 15 de marzo sobre composición y funciones de los Consejos Forestal Andaluz y Provinciales Forestales (BOJA 97/1994, de 28 de junio).
[14] Decreto 198/1995, de 1 de Agosto, por el que se crean los Consejos Provinciales de Medio Ambiente, Forestal y de Caza (BOJA 118/1995, de 2 de septiembre).
[15] Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, artículo 11. (BOE núm. 280/2003, de 22 de noviembre).
[16] Véase Título III del Reglamento Forestal de Andalucía.
[17] Véase Capítulo II del Título III del Reglamento Forestal de Andalucía.
[18] Véase artículo 55 del Reglamento Forestal de Andalucía.
[19] Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, artículo 16, (BOE núm. 280/2003, de 22 de noviembre).
[20] Véase artículos 52 a 54 del Reglamento Forestal de Andalucía.
[21] Véase nota al artículo 25.
[22] Véase Capítulo IV del Título III del Reglamento Forestal de Andalucía.
[23] Véase Título IV del Reglamento Forestal de Andalucía.
[24] Los apartados a) y b) del art. 44.1 han sido derogados por la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y lucha contra los Incendios Forestales (BOJA 82/1999, de 17 de julio; BOE 190/1990, de 10 de agosto).
[25] Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, artículo 25, (BOE núm. 280/2003, de 22 de noviembre).
[26] Véase Título V del Reglamento Forestal de Andalucía.
[27] Se deroga el punto 2. del artículo 47, según la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres (BOJA 218/2003, de 12 de noviembre)
[28] Se deroga el apartado b) del artículo 48, en lo que se refiere a caza, pesca y fauna cinegética, según la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres (BOJA 218/2003, de 12 de noviembre)
[29] Véanse la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y lucha contra los Incendios Forestales (BOJA 82/1999, de 17 de julio; BOE 190/1990, de 10 de agosto) y los Decretos 470/1994, de 20 de diciembre, de prevención de incendios forestales (BOJA 26/1995, de 20 de diciembre) y 108/1995, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Lucha Contra Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 70/1995, de 13 de mayo).
[30] Los artículos 50 a 55 de la Ley 2/1992 han sido derogados por la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y lucha contra los Incendios Forestales
[31] Artículos 58 y 59 derogados por la Ley 5/1999.
[32] Véase el Título VI del Reglamento Forestal de Andalucía. Véanse también las Ordenes de la Consejería de Medio Ambiente de 10 de noviembre de 2000, por la que se regula la recogida de piñas de pino piñonero (Pinus pinea L.) en terrenos forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 146/2000, de 19 de diciembre) y la de 2 de junio de 1997, por la que se regula la recolección de ciertas especies vegetales en los terrenos forestales de propiedad privada de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 71/1997, de 21 de junio), así como el Decreto 250/1997, de 28 de octubre, por el que se regulan los aprovechamientos apícolas en los montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 130/1997, de 8 de noviembre) y su desarrollo.
[33] Se deroga el artículo 61, en lo que se refiere a caza, pesca y fauna cinegética, según la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres (BOJA 218/2003, de 12 de noviembre)
[34] Se deroga el punto 3 del artículo 64, en lo que se refiere a caza, pesca y fauna cinegética, según la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres (BOJA 218/2003, de 12 de noviembre)
[35] Véase el Título VII del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. Asimismo, véanse los Decretos 31/1998, de 17 de febrero, por el que se establece el régimen de ayudas para fomentar acciones de desarrollo y aprovechamiento de los montes en zonas rurales de Andalucía (BOJA 35/1998, de 25 de marzo) y 127/1998, de 16 de junio, por la que se establece un régimen de ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias (BOJA 68/1998, de 20 de junio), y en el ámbito estatal el Real Decreto 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la forestación de tierras agrícolas (BOE 12/2001, de 13 de enero).
[36] Véase el Título VIII del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento Forestal de Andalucía.
[37] Se deroga el punto 7. del artículo 76, según la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres (BOJA 218/2003, de 12 de noviembre)
[38] El apartado 10º del artículo 76 de la Ley 2/1992 ha sido derogado por la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y lucha contra los Incendios Forestales (BOJA 82/1999, de 17 de julio; BOE 190/1990, de 10 de agosto).
[39] Se deroga el punto 3 del artículo 77, en lo que se refiere a caza, pesca y fauna cinegética, según la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres (BOJA 218/2003, de 12 de noviembre)
[40] La actual regulación se encuentra en los artículos 95 y 96 de la Ley 30/1992, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero:
“Artículo 95. Ejecución forzosa.
3. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.”
[41] Ley 8/1984, de 3 de julio (BOJA 65/1984, de 6 de julio; BOE 193/1984, de 13 de agosto).
“Artículo 46. Las actuaciones en grandes zonas de interés forestal, con finalidades de protección de los recursos naturales, de regeneración y puesta en producción de las masas existentes, o de su repoblación forestal, se regirán por las normas establecidas en el presente capítulo, con las variantes que imponga la naturaleza de la transformación, según el Plan correspondiente, y por las normas propias de la legislación del Estado en materia forestal y de montes y en especial las referentes a comarcas de interés forestal, perímetros de repoblación obligatoria y restauraciones hidrológico-forestales.”
[42] La Disposición Adicional 4 de la Ley 2/1992 ha sido introducida por el artículo 72 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros (BOJA 151/1997, de 31 de diciembre).
[43] Véase el Decreto 250/1997, de 28 de octubre, por el que se regulan los aprovechamientos apícolas en los montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 130/1997, de 8 de noviembre).
[44] Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE 2/2000, de 21 de junio).
[45] BOJA 65/1984, de 6 de julio.
[46] BOE 61/1962, de 12 de marzo; Corrección BOE 234/1962, de 29 de septiembre.
[47] Véase anexo del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía (BOJA 117/1997, de 7 de octubre). [48] La Disposición Transitoria Quinta ha sido derogada por la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y lucha contra los Incendios Forestales (BOJA 82/1999, de 17 de julio; BOE 190/1990, de 10 de agosto).
[49] BOJA 60/1989, de 27 de julio.
[50] BOJA 40/1986, de 9 de mayo.

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