Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2015/as201532112.html
Timestamp: 2019-03-21 07:48:46+00:00

Document:
as201532112
Auto Supremo Nº 112/2015.
Expediente: SSA.II-LP.497/2014.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 68 a 70, interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros en representación legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENASIR, contra el Auto de Vista Nº 109/2014 S.S.A.II de 17 de junio, cursante a fs. 64, emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del trámite de compensación de cotizaciones seguido por Rosa Elena Calamani vda. de Limachi, derechohabiente de Cristóbal Limachi Quispe contra el SANASIR, la respuesta de fs. 74 a 75, el auto de fs. 76 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso y;
CONSIDERANDO I: Que dentro del trámite de solicitud de compensación de cotizaciones interpuesto por Rosa Elena Calamani vda. de Limachi, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 8202 de 4 de septiembre de 2013 (fs. 27), resolvió otorgar el formulario de cálculo de compensación de cotizaciones número 26917, en el cual se considera un monto de compensación de cotizaciones de Bs.207.31.-, el presente previa aceptación es válido para la emisión del certificado de compensación de cotizaciones por procedimiento manual.
Ante esta situación, la solicitante interpuso recurso de reclamación (fs. 34), que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 00980/13 de 11 de diciembre de 2013, (fs. 46 a 48), confirmando la Resolución Nº 8202 de 4 de septiembre de 2013 a fs. 27, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas, por encontrarse de acuerdo a los datos del expediente y normativa en vigencia.
En grado de apelación interpuesta por la asegurada (fs. 56), mediante Auto de Vista Nº 109/2014 S.S.A.II de 17 de junio (fs. 64), la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó la Resolución Administrativa Nº 00980/13 de 11 de septiembre de 2013, pronunciada por la Comisión de Reclamación del SENASIR, cursante de fs. 46 a 48, debiendo el SENASIR calificar los aportes realizados por el interesado en base a la documentación adjunta al expediente, conforme se tiene señalado.
Esta resolución originó que los representantes del SENASIR interpongan el recurso de casación en el fondo (fs. 68 a 70), en el que acusaron:
Que el auto de vista, al fundamentar su fallo en lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, en su art. 14 señala la modalidad extraordinaria a través de documentos supletorios bajo presunción juris tantum, al que hizo referencia el fallo de vista; acotando que aquí lo que se trata es de precisar la diferencia entre el Sistema de Reparto y la Compensación de Cotizaciones, remitiéndose para tal efecto a lo previsto por el art. 24 de la Ley Nº 065 de 10/12/2010.
Continuó manifestando que si bien el mencionado decreto supremo, se refiere de forma superficial a la certificación de compensación de cotizaciones, citando lo previsto en su art. 18 referido a las modalidades de certificación para fines de compensación de cotizaciones, corroborado por el art. 14 del citado Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, no es aplicable para los trámites de compensación de cotizaciones.
Por otra parte señaló, con relación a los aportes solicitados por la interesada, pero que el asegurado no figura en planillas los periodos que de forma imprecisa son observados, puesto que no se puede certificar lo que no consta en planillas, lo que hace imposible certificar dichos periodos, tal como lo establece la cláusula primera de la Resolución Ministerial Nº 550 de fecha 28 de septiembre de 2005, por lo tanto no existe información de aportes al régimen básico y complementario a favor de Cristobal Limachi Quispe, en ese sentido, a fin de reconocer los aportes efectuados por los trabajadores hasta abril de 1997, se tiene que tomar en cuenta lo dispuesto en los arts. 24 de la Ley Nº 065 y 1 de su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0822 de 16 de marzo de 2011.
Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista Nº 109/2014 S.S.A.II de 17 de junio, pronunciado por la Sala Social, Administrativa y Tributaria del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y se confirme la Resolución Nº 00980/13 de 11 de diciembre de 2013 de fs. 46 a 48, sea previa las formalidades de rigor.
El caso objeto de análisis, los representantes de la institución recurrente, cuestionan el fallo del Tribunal de Segunda Instancia, por haber revocado la Resolución Nº 00980/13 de 11 de diciembre de 2013, y disponer que el ente gestor proceda a realizar un nuevo cálculo de la densidad de compensación de cotizaciones para luego otorgar el formulario para la emisión posterior del certificado de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, fallo que es rechazado por el SENASIR, con el argumento de que los periodos reclamados por el solicitante, no figura en planillas, por lo tanto no existe información de aportes al régimen básico y complementario, denunciando a consecuencia de aquello, como normas incorrectamente aplicadas, violadas e ignoradas, los arts. 14 y 18 del Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, lo previsto en el art. 2 de la Resolución Ministerial Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, el art. 24 de la Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010 y art. 1 del Decreto Supremo Nº 822 de 15 de marzo de 2011.
Al respecto cabe señalar, que el art. 14 del Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, en sus capítulos II y III prevé el tratamiento extraordinario para la certificación de aportes al sistema de reparto y los trámites relacionados con el seguro social obligatorio de largo plazo, abarcando a la determinación de montos de Compensación de Cotizaciones por procedimiento manual, aspectos que la institución recurrente no tuvo en cuenta al momento de efectuar la presente acusación, no siendo en consecuencia evidente que la aplicación de documentación supletoria prevista en el art. 14 del Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, este establecida sólo para trámites de rentas en curso de pago y adquisición, sino también corresponde su consideración en los tramites de Compensación de Cotizaciones.
En este contexto, el citado decreto supremo en su art. 14, al respecto señala: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas…”. Concordante con su art. 18 que dice: “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”. A su vez, el art. 16, va más allá, al señalar: “…Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo”. Normativa que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR; empero esta determinación no es la única que prevé dicho procedimiento supletorio, el art. 83 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición, dispone claramente que, cuando por algunos periodos de tiempo no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales.
Ahora bien, el ente gestor a fin de justificar la no certificación por los años reclamados por el solicitante, se basó en la Certificación de Salarios y Densidad de Años de Aporte cursante a fs. 26, donde se informa que el asegurado Cristóbal Limachi Quispe, CET. 05-2013-3721 de 11 de julio de 2013, emitida por el área de certificaciones y archivos central, otorgando al asegurado la siguiente densidad de aportes de cero en los periodos 09//59 a 01/65, por no figurar en planillas en la empresa Minera Viloco (COMIBOL), extremo ratificado mediante Informe Técnico de 25 de abril de 2013 a fs. 22 de obrados.
Sin embargo, el titular de la renta, ha momento de iniciar su trámite de Compensación de Cotizaciones, entre otros documentos adjuntó a fs. 7 Certificado de trabajo, a fs. 20 contrato de trabajo, a fs. 54 certificación de cómputos de servicios, y de fs. 55 el formulario de liquidación de beneficios sociales, donde se señala que el asegurado desempeño sus funciones en la empresa Minera Viloco desde el 4 de septiembre de 1959 hasta el 1 de mayo de 1972, hecho corroborado con el salario cotizado en los últimos 12 meses de fs. 5 a 6, realizando aportes durante los periodos extrañados por el SENASIR, desvirtuando con ello lo afirmado por el ente gestor que argumenta que el asegurado no figuraba en planillas, llegándose a evidenciar que tanto la Comisión de Calificación de Rentas como la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, no efectuaron una conveniente valoración de la documentación presentada por el solicitante, pues lo correcto sería que dichas comisiones a tiempo de pronunciar sus resoluciones, hayan aplicado lo dispuesto en el art. 14 del citado Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, así como lo previsto en el art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aspecto que no sucedió en el caso de análisis, pues solo se evocaron a considerar la documentación que tenían en su poder, vulnerando el mandato del art. 48 de la Constitución Política del Estado, referente a la irrenunciabilidad de los derechos.
Este análisis pormenorizado de los antecedentes descritos, nos lleva al razonamiento y a la certeza de que estos aspectos no fueron tomados en cuanta por los representantes del SENASIR a momento de emitir sus resoluciones, correspondiendo en el caso presente, calificar a favor del solicitante los periodos efectivamente trabajados los cuales no fueron tomados en cuenta por el SENASIR, es decir desde julio de 1987 hasta abril de 1997, tiempo en los cuales, según el SENASIR, el asegurado no figura en planillas, conforme se extrae del Informe Técnico de fs. 22 y la Resolución Nº 8202 de fs. 27; periodos que no fueron calificados a favor de la solicitante, los cuales han sido reparados por el Tribunal de Segunda Instancia, en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba, conforme determina el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso de autos por la permisión del art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social; no siendo evidente que se haya transgredido y aplicado indebidamente las normas denunciadas por los representantes de la entidad recurrente.
En tal sentido, la interesada, a fin de que se proceda a una correcta calificación de su renta, facilitó de manera oportuna la documentación necesaria prevista en los arts. 4 de la Resolución Ministerial Nº 1361 de 4 de diciembre de 1997 y 493 del Reglamento del Código de Seguridad Social, concluyéndose que corresponde tomar en cuenta los periodos extrañados por el SENASIR en los cuales cotizó efectivamente por esos periodos trabajados; no pudiendo ir en contra de la normativa legal vigente, que a título de resguardar los intereses económicos del Estado Plurinacional de Bolivia (que en realidad se trata de dineros de los asegurados), procedan injustamente a no calificar de manera correcta las renta del asegurado que por ley le corresponde.
A lo señalado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180.I de la Constitución Política del Estado y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial, establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.
Bajo tales antecedentes, se evidencia en obrados que el tribunal ad quem, fundamentó y basó su fallo en función al análisis de la documentación presentada por el asegurado, sustentando además su Resolución en lo prescrito por el Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004.
De tal manera, debe recordarse que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia; principios plasmados en los arts. 35.I, 45.II y IV, de la actual Constitución Política del Estado, garantizando el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo.
En ese entendido es preciso determinar que los aportes que realizan los beneficiarios durante su etapa laboral, es esencialmente para que durante el periodo jubilatorio puedan acceder al beneficio de la renta de vejez, pues cuando ejercieron la actividad laboral, aportaron al Sistema de Seguridad Social, no siendo correcto que ahora se les niegue el derecho a los aportes, que le corresponde como derechohabiente de Cristóbal Limachi Quispe.
Por todo lo expuesto, se concluye que el auto de vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo, por lo que corresponde resolver conforme prescribe los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 68 a 70, interpuesto por el SENASIR.
Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

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