Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-stc132-2016-2015-03012-de-enero-19-de?documento=jurcol&contexto=jurcol_4f321e4d189d4740a9b1bfab677e19f9&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-03-27 01:20:04+00:00

Document:
SENTENCIA STC132-2016 DE 19 DE ENERO DE 2016
CONTENIDO:TERCERO INTERVINIENTE AD-EXCLUDENDUM. EL TERCERO INTERVINIENTE AD-EXCLUDENDUM, FIGURA PROCESAL, CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 53 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL (CPC), BUSCA, POR RAZONES DE ECONOMÍA PROCESAL, QUE EN UN SOLO PROCESO SE DEBATAN PRETENSIONES DE DOS O MÁS PERSONAS QUE SE CONSIDERAN COMO TITULARES DE UN MISMO DERECHO QUE SE DISCUTE. COMO PRESUPUESTO PARA LA PROCEDENCIA DE LA INTERVENCIÓN SE TIENE QUE EL TERCERO PRETENDA TOTAL O PARCIALMENTE LA COSA O EL DERECHO CONTROVERTIDO, LO QUE LA DOCTRINA HA DENOMINADO “LA INCOMPATIBILIDAD”, POR CUANTO LA PRETENSIÓN QUE EL INTERVINIENTE INVOLUCRA EN EL PROCESO DEBE SER ‘INCOMPATIBLE CON LAS DE LAS PARTES ORIGINALES. DE ESE MODO, AL TRATARSE DE UN TERCERO CON PETICIÓN INDEPENDIENTE CONTRA EL DEMANDANTE Y DEMANDADO DEL JUICIO PRINCIPAL, DEBE EL JUZGADOR ESTUDIARLA EN PRIMER TÉRMINO Y SOLO SI NO SALE AVANTE SE AUTORIZA PROSEGUIR A DECIDIR LA PRETENSIÓN CORRESPONDIENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, PROCESO EJECUTIVO, INTERVINIENTES EN LA ACCIÓN DE TUTELA, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
Sentencia STC132-2016/2015-03012 de enero 19 de 2016
STC132-2016
Rad.: 11001-02-03-000-2015-03012-00
(Aprobado en sesión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis)
Bogotá, D. C., diecinueve de enero de dos mil dieciséis.
Decídese la acción de tutela instaurada por la Sociedad Inversiones Dangond Castro Cía. Ltda., frente a la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar, concretamente contra el ex - magistrado Leovedis Martínez y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa misma ciudad.
1. La gestora en su condición de tercera interviniente ad excludedum demandó la protección constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades acusadas dentro del juicio ordinario que Fabio Méndez le inició a Rodrigo Dangond Lacouture.
2.1. Que el a-quo cuestionado dictó sentencia «favorable al demandado RODRIGO DANGOND L. y en contra de la sociedad que representó dentro del proceso ORDINARIO entablado por FABIO MENDEZ contra INVERSIONES DANGOND CASTRO Cía. Ltda., (como tercero interviniente ad excludendum) y de otra parte, RODRIGO DANGONG LACOUTURE».
2.2. Que el ad quem encartado revocó el fallo de primer grado y, en su lugar, acogió las pretensiones del libelo, decisión contra la cual el extremo pasivo Rodrigo Dangond interpuso recurso extraordinario de casación «y, el tribunal suspendió los efectos de la sentencia al conceder el recurso».
2.3. Que «a pesar de haberse suspendido el proceso al conceder el recurso de casación el magistrado LEOVEDIS MARTÍNEZ aprobó la liquidación de costas en contra de la sociedad Inversiones Dangond Castro Cía. Ltda.», en consecuencia el «juzgado de conocimiento inició proceso ejecutivo por costas en segunda instancia en contra de la sociedad INVERSIONES DANGOND CASTRO Cía. Ltda., y en favor RODRIGO DANGOND L, a pesar de estar suspendido el proceso».
2.4. Que «4 años con posterioridad, la HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CASA la sentencia y ordena costas para los apelantes (en segunda instancia) entre estos INVERSIONES DANGOND CASTRO Cía. Ltda.» por lo que el «tribunal fija nuevas costas y se inicia un nuevo proceso ejecutivo por costas en el presente proceso ORDINARIO. Es así como hoy existen dos procesos ejecutivos en el mismo juzgado de conocimiento por costas».
3. Pidió, en consecuencia, se «declare la ilegalidad del primer proceso ejecutivo contenido en el mandamiento de pago de fecha 19 de noviembre de 2007, por haberse iniciado estando suspendido el proceso» (fls. 73-75 Cdno. 1).
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad, informó que el expediente No. 1998-00238 «no lo siguió conociendo este despacho según el ACUERDO PSAA 12-9814 del 30 de enero de 2012 con ocasión del Sistema Oral pasó a conocimiento de los Juzgados que continuarán conociendo de los procesos con Sistema Escritural, en este asunto concreto el proceso lo continua conociendo el juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar» (fl. 125).
El Despacho Segundo Civil del Circuito, remitió copias del asunto de marras.
El señor Rodrigo Dangond Lacouture, manifestó que «la acción constitucional debe denegarse por no cumplirse con el requisito de inmediatez, en razón a que cualquier providencia que haya emitido el Dr. Leovedis Martínez, en condición de magistrado del Tribunal no debe tener más de cinco (5) años de proferida y si del Juzgado Tercero Civil del Circuito se trata, la providencia más reciente se emitió en el año 2012, es decir, casi cuatro años antes de la proposición del amparo constitucional…».
Y, luego señaló que «resulta indispensable y pertinente manifestar, que la sociedad hoy accionante, frente a decisiones emitidas por el juzgado tercero civil del circuito de Valledupar, presentó acción de tutela ante la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Valledupar, buscando amparar el debido proceso, por considerar que se le estaba ejecutando doblemente unas costas procesales en el proceso en que se hizo parte como tercero interviniente» (fls. 137-143).
El concepto de «vía de hecho» fue fruto de una evolución pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en razón de la necesidad de que todo el ordenamiento jurídico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noción de «Estado Social de Derecho» y lo contemplado en el artículo 4 de la Carta Política. Así hoy, bajo la aceptación de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admiten por excepción la posibilidad de proteger esa afectación siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: «a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela» y, 2. Especiales: «a) Defecto orgánico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto fáctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente y h) Violación directa de la constitución» (C-590 / 2005, reiterada, entre otras, SU-913/2009 y T-125 / 2012).
2. La gestora pretende que se «declare la ilegalidad del primer proceso ejecutivo contenido en el mandamiento de pago de fecha 19 de noviembre de 2007, por haberse iniciado estando suspendido el proceso», pues en su opinión se incurrió en yerro «procedimental».
a) Fabio Méndez Vanegas promovió demanda ordinaria por lesión enorme en contra de Rodrigo Dangond Lacouture, toda vez que «mediante escritura pública No. 210 de 12 de febrero de 1996 otorgada ante la Notaría Segunda de Valledupar, en la que las partes dijeron dividir los bienes que mantenían en común y proindiviso, al demandante sólo se le transfirió el dominio de 5.066 m2 del total de 18.912.43 m2, materia de partición, además de que el valor del metro cuadrado adjudicado al demandado es significativamente superior al precio del asignado al demandante, por su ubicación, siendo perjudicado en más de la mitad de su cuota, por lo que debe declararse rescindido el acto de partición por lesión enorme…», a su vez el extremo pasivo formuló «demanda de reconvención» en la que solicitó «declarar nula la escritura pública No. 68 de 12 de enero de 1995, de la Notaria Primera de Valledupar, otorgada por FONVISOCIAL y en consecuencia se ordene la cancelación del folio de matrícula inmobiliaria No. 190.0069354…», trámite respecto del cual se «decretó la perención de la demanda de reconvención dada la inasistencia de esa parte a tal audiencia (conciliación)» (fls. 32-33 y 36-37 Cdno. 1 copias).
b) Jorge Dangond Daza, en representación de la sociedad Inversiones Dangond Castro Ltda. (aquí accionante) intervino como tercero ad excludendum, señalando «que el contrato de compraventa celebrado entre la sociedad INVERSIONES DANGOND CASTRO y FABIO MENDEZ VANEGAS y RODRIGO DANGONDG LACOUTURE mediante escritura pública No. 213 de 14 de junio de 1979, otorgada ante el Notario único de la Paz, mediante la cual el primero transfirió a los segundos el predio objeto de esta demanda, está viciado de nulidad absoluta, por lo que el bien pertenece al vendedor y debe serle restituido con los frutos naturales y civiles que hayan percibido o podido percibir. Que es nulo el contrato de compraventa celebrado por escritura pública No. 68 de 12 de enero de 1995, de la Notaría Primera de Valledupar, en cuanto favorece a FABIO MENDEZ VANEGAS», requerimiento frente al cual los señores Méndez y Dangond propusieron la excepción de prescripción. (fl. 37 ibídem).
c) El Juzgado 3º Civil del Circuito de Valledupar, dictó sentencia el 14 de mayo de 2004 en la que negó las pretensiones tanto de Fabio Méndez como de la sociedad Inversiones Dangond Castro, razón por la que estas partes interpusieron recurso de apelación (fls. 40).
d) El ad-quem cuestionado profirió fallo el 7 de abril de 2005 resolviendo, de una parte, confirmar el fallo de primer grado respecto de lo pretendido por el «tercero ad excludendum», toda vez que, «los hechos expuestos no constituyen causal de nulidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1502, 1740 y 1741 del Código Civil, pues en el contrato aludido se encuentran reunidos a cabalidad los supuestos esenciales del contrato de compraventa…» amén que encontró probada la «excepción de prescripción».
De otra parte, frente a lo solicitado por Fabio Méndez, dispuso revocar y, en su lugar, «declarar rescindida por lesión enorme la división de la comunidad efectuada por los comuneros FABIO MENDEZ VANEGAS y RODRIGO DANGOND LACOUTURE, mediante escritura pública No. 210 de 1996, otorgada en la Notaría Segunda de Valledupar… declarar sin efectos la escritura pública No. 210 1996…»; además condenó en costas a la citada sociedad y a favor de los señores Méndez Vanegas y Dangond Lacouture, fijando agencias en derecho por $30.000.000 para cada uno (fls. 32-66 Cdno. 1 copias y 91-93 Cdno. 1).
e) El demandado principal Rodrigo Dangond, inconforme con la reseñada providencia interpuso recurso extraordinario de casación (fl. 68 Cdno. 1 copias).
f) En proveídos de 5 de agosto, 2 y 27 de septiembre de 2005, la autoridad acusada, respectivamente, concedió el «recurso extraordinario de casación», ordenó prestar caución por $60.000.000 y admitió la misma señalando «en consecuencia, suspéndase el cumplimiento de la sentencia recurrida y remítase el expediente a la H. Corte Suprema de Justicia, para que se surta el recurso extraordinario de casación» (fls. 75-76, 78 y 82).
g) En auto de 22 de agosto de 2007 dispuso como agencias en derecho la suma de $60.000.000 «en consecuencia, la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) corresponde al demandante FABIO MENDEZ VANEGAS TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) al demandado RODRIGO DANGOND LACOUTURE», valor que fue aprobado el 19 de septiembre siguiente por no haber sido objetada (fls. 91-93 Cdno. 1).
h) El despacho Tercero Civil del Circuito el 19 de noviembre de 2007 libró mandamiento de pago a favor de Fabio Méndez Vanegas y en contra de Inversiones Dangond Castro y Cía. Ltda., «por la suma de $60.000.000 derivado de costas procesales señaladas en primera y segunda instancia dentro del proceso ORDINARIO promovido por FABIO MENDEZ VANEGAS contra RODRIGO DANGOND LACOUTURE», trámite que culminó el 16 de abril de 2012 por pago total de la obligación por parte de la citada sociedad (fls. 2 y 127 Cdno 1).
i) El referido juzgado en igual fecha «libró mandamiento de pago» en favor de Rodrigo Dangond Lacouture y en contra de Inversiones Dangond Castro y Cía. Ltda., «por la suma de $60.000.000 derivado de costas procesales señaladas en primera y segunda instancia dentro del proceso ORDINARIO promovido por FABIO MENDEZ VANEGAS contra RODRIGO DANGOND LACOUTURE» (fl. 3 Cdno copias).
j) El 10 de marzo de 2008, ante el silencio de la deudora, resolvió, «1º. Seguir adelante la ejecución contra la demandada INVERSIONES DANGOND Y CIA LTDA. 2º Decretar el remate de los bienes embargados, previo avalúo de los mismos», el trabajo pericial fue allegado por el auxiliar de justicia designado, pero fue objetado por error grave (fls. 4-5, 13-20 y 121 ibídem).
k) El 30 de junio de 2011 la Sala de Casación Civil de esta corporación casó el fallo emitido dentro del asunto de marras el 7 de abril de 2005, en consecuencia emitió sentencia sustitutiva, disponiendo: «en sede de segunda instancia, CONFIRMA la de primer grado, dictada el 14 de mayo de 2004 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad. Se condena en costas de segunda instancia a los apelantes. Tásense por el ad-quem. Sin costas en casación, por la prosperidad del recurso» (fls. 13-76 Cdno 1).
l) Recibido el expediente del trámite extraordinario referido, el Tribunal Superior censurado, en proveído de 21 de septiembre de 2011 fijó «agencias en derecho en la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS (32.217.500) a cargo de la parte demandante y del interviniente ad excludendum…», cifra que no fue «objetada» y, por lo tanto se «aprobó» el 29 del mismo mes y año (fls. 94-96 ibídem).
m) El 16 de abril de 2012 el Juez Cuarto Civil del Circuito, dispuso «LIBRESE MANDAMIENTO DE PAGO por la vía ejecutiva por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($32.217.500) a cargo de FABIO MENDEZ VANEGAS E INVERSIONES DANGOND CASTRO, y a favor de RODRIGO DANGOND LACOUTURE por concepto de las agencias en derecho fijadas por el tribunal Superior de Valledupar mediante proveído de fecha 21 de septiembre de 2011» (fl. 72).
n) El 9 de abril de 2013 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito resolvió «1. Decretar la Terminación del proceso ejecutivo seguido RODRIGO DANGOND contra FABIO MENDEZ por PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN» y, el 9 de septiembre siguiente ordenó «1. DESESTIMAR las excepciones propuestas por la parte demandada INVERSIONES DANGOND CASTRO Y CIA LTDA por no encontrase probadas. 2. Seguir adelante con la ejecución a cargo de INVERSIONES DANGOND CASTRO Y CIA LTDA, por la suma de $16.108.750», determinación contra la que interpuso apelación y pese haberle sido concedida le fue declarada desierta por no pagar las expensas requeridas (fl. 281, 292, 294-297, 308, 317 cdno. copias).
o) La sociedad aquí accionante, mediante escrito radicado el 23 de julio de 2014, dentro del ejecutivo promovido por Rodrigo Dangond Lacouture, solicitó la ilegalidad de los mandamientos de pago librados con ocasión de las costas liquidadas por el ad quem enjuiciado y a su vez pidió se decretara el desistimiento tácito de la actuación, sin embargo, tal requerimiento le fue denegado en providencia de 20 de enero de 2015, al considerar que «se aprecia entonces, que los procesos ejecutivos acusados se encuentran con sentencias de seguir adelante la ejecución, decisiones debidamente ejecutoriadas, o por lo que, si bien las tendencias del nuevo procedimiento civil exigen del juez un control de legalidad, es lo cierto que en este asunto resulta improcedente, en cuanto la etapa correspondiente se encuentra clausurada mediante sentencia debidamente ejecutoriada, como quedó expuesto precedentemente. Por lo que, cualquier decisión de legalidad en esta instancia, resultaría atentatorio contra la seguridad jurídica de las sentencias debidamente proferidas y ejecutoriadas, sin reproche de quien ahora pretende su ilegalidad».
Y, agregó que «téngase en cuenta que los procesos ejecutivos tienen su génesis en proveídos del Tribunal Superior de Valledupar, mediante los cuales se liquidó las costas procesales, por lo que, cualquier decisión respecto a sus ejecuciones, constituiría una irregularidad sancionada con nulidad, por proceder contra decisión debidamente ejecutoriada del superior funcional. De tal suerte que, carece el juez ordinario de competencia e instrumentos procesales idóneos para estudiar y remediar la presunta irregularidad acusada por la sociedad demandada» (fls. 97-102).
p) La quejosa interpuso recurso de apelación contra la citada decisión, sin embargo le fue denegado el 18 de febrero de 2015, respecto a la inconformidad de «ilegalidad» por no ser susceptible de alzada, empero le fue concedido frente al «desistimiento tácito», actuación respecto de la cual no hay aun pronunciamiento alguno (fls. 112-115).
q) La gestora promovió acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, alegando la existencia de «dos procesos ejecutivos» en los que se cobra «doblemente un mismo valor» pretendiendo la «suspensión inmediata de la acción ejecutiva de Rodrigo Dangond L., en contra de Inversiones Dangond Castro y Cía. Ltda., contentiva del mandamiento de pago de fecha noviembre de 2007 y a la cesación de medidas previas», sin embargo el amparo le fue negado en primera (17 de mayo de 2012) y segunda instancia (3 de julio de 2012) (fls. 128-131).
4. Analizado el reseñado trámite, advierte la Sala que la censura expuesta por la actora frente al juicio ejecutivo iniciado por Rodrigo Dangond en su contra, por la suma de $60.000.000 a razón de costas aprobadas en segunda instancia en el año 2007, fue objeto de debate constitucional, pues en sede de segunda instancia esta corporación el 3 de julio de 2015, confirmó la negativa del amparo impetrado por el también aquí accionante, ocasión en la que se señaló que:
«Examinados los elementos de juicio allegados al expediente constitucional, se evidencia inmediatamente que la protesta en torno a la decisión de 19 de noviembre de 2007, mediante la cual se profirió el primer mandamiento de pago en contra de la sociedad petente, carece de actualidad ya que entre la fecha de esa providencia y la formulación del amparo, y aun desde la sentencia que finiquitó ese trámite que data del 10 de marzo de 2010, transcurrió más del prudente término de los seis meses fijados por la acentuada jurisprudencia de la Corte como límite máximo para activar este mecanismo excepcional; de suyo, no se estructura en su respecto el requisito de la inmediatez sobre todo cuando, coetáneamente, la quejosa se abstuvo sistemáticamente de ejercitar los mecanismos ordinarios de defensa que la legislación ofrece para conjurar la vulneración que manifiesta padecer, es decir, abandonó los medios impugnativos y exceptivos que legalmente podía formular».
Y, respecto al segundo cobro, precisó que «la segunda ejecución, esto es, aquella en la que el 16 de abril del presente año se dictó orden de recaudo por cuenta del Juzgado acusado, cumple manifestar que la petición de amparo resulta prematura, en la medida en que el debate sobre el particular asunto “a la hora de la presentación del libelo tutelar […] se encontraba en trámite, habida cuenta de la interposición del medio impugnativo de [reposición] formulado contra el proveído de [marras]…»
4.1. Cabe señalar, como lo ha reiterado la Corte, el empleo excesivo de esta herramienta especial de salvaguarda constitucional para efectos de obtener plurales decisiones a partir de los aspectos salientes de un mismo asunto, apareja un menoscabo para la colectividad e implica un deterioro en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de los asociados.
Al resolverse un asunto de temperamento similar al que ahora ocupa su estudio, indicó que:
Resulta palmario, entonces, que el actor acude otra vez a este mecanismo excepcional aduciendo las mismas ´irregularidades´ en las que presuntamente incurrieron las autoridades judiciales accionadas, las que ya fueron definidas en la citada providencia, rayando en un eventual abuso del ejercicio de la acción de tutela.
la Corte ha sostenido, en reiteradas decisiones, que ´el abuso de este mecanismo especial de protección constitucional para efectos de obtener múltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una pérdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Expt. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), además que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra idéntica pretensión, pero a partir de la agregación de un ‘nuevo’ hecho, se pretende evadir la prohibición legal de presentar dos o más peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petición anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche» (CSJ STC, 24 Feb. 2006, rad. 00171, reiterada, entre otras, el 28 Oct. 2009, rad. 02092-01, 5 Feb. 2010, rad. 00180-01, 4 May. 2012, rad.00581-01 y 21 Oct. 2015 Rad. 02431-00).
4.2. De otro lado, observa la Sala que comoquiera que el referido proceso ejecutivo se encuentra en segunda instancia a la espera de resolver la apelación interpuesta por la sociedad accionante ante la negativa del desistimiento tácito formulado, será el «juez natural» quien deberá pronunciarse al respecto, habida cuenta que:
este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideración, pretextando la supuesta violación de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos estén siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protección, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jurídico ha contemplado, sino cuando carezca de éstas” (CSJ STC, 28 Oct. 2011, Rad. 00312-01).
Luego, es prematuro reclamar un pronunciamiento del «juez constitucional», que le está vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el operador competente; amén que la acción de tutela no fue concebida como una instancia paralela a las actuaciones judiciales, dado su carácter subsidiario y residual.
en apresurado actuar, haya instaurado la presente acción sin siquiera conocer cuál era la postura jurídica del examinador natural, desatendiéndola de antemano, amén de soslayar el carácter residual y subsidiario que la presente vía alberga dado que el juzgador enjuiciado es quien está encargado de revisar lo concerniente al tema aquí planteado, conforme así lo determinan las reglas de competencia. […]” (CSJ STC, 1° Feb. 2011, Rad. 2010-00958-01, reiterado el 10 Feb. 2012 y 22 Nov. 2012, Rads. 2011-0526 y 00537 y, 6 Mar. y 10 Abr. 2013, Rads. 00011 y 00251, respectivamente).
5. Ahora bien, en lo que se refiere al ejecutivo promovido por Fabio Méndez en contra de Inversiones Dangond Castro y Cía. Ltda., por la suma de $60.000.000 en razón de las costas ordenadas en el fallo de segundo grado proferido por el ad quem acusado, observa la Sala que el mismo culminó por pago total de la obligación por parte de la citada sociedad, tal como se constató en el auto emitido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito el 16 de abril de 2012, razón por la que no hay lugar a pronunciamiento alguno, dado que no fue objeto de controversia y a la fecha dicha obligación fue cancelada por la misma interesada.
6. De otra parte, es oportuno destacar que pese haber sido el segundo proceso ejecutivo objeto de ataque constitucional por parte de la quejosa, como quedó reseñado atrás, en dicha ocasión la protección fue denegada por prematura, sin que en esa providencia se revisara el fondo del asunto, circunstancia que ahora permite que se abra paso al estudio del mismo.
7. Aclarado lo anterior y, previo a realizar el análisis del sub examine, respecto de la «segunda condena en costas» impuesta en virtud de la prosperidad del recurso extraordinario de casación, sea del caso precisar, que si bien podía alegarse para efectos de negar la protección el incumplimiento de los presupuestos generales de inmediatez y subsidiariedad de este resguardo, frente al primero, por cuanto es evidente el transcurso de más de dos años desde la sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución el 9 de septiembre de 2013 contados desde el 2 diciembre de 2015 fecha de presentación de la acción de tutela que nos ocupa; y, en lo que refiere al segundo, la sociedad accionante desaprovechó las oportunidades procesales para hacer valer su descontento, en tanto no objetó la «liquidación de costas», que data del año 2011 y, pese haber cuestionado la orden de pago de 16 de abril de 2012, formulando «excepciones de pago, cobro de lo no debido y novación», siéndole adverso el fallo e impugnado el mismo, omitió cumplir con el pago de las respectivas expensas, razón por la que le fue declarada desierta la alzada.
7.1. Sin embargo, tales requisitos serán excusados, dadas las particularidades de este trámite, siguiendo para ello la posición de esta corporación en casos análogos y ante la evidencia de un protuberante yerro por parte del Tribunal acusado, toda vez que, procedió a «fijar unas agencias en derecho y a aprobar unas costas», a cargo de la sociedad accionante en tutela, con ocasión de la orden dada en la sentencia sustitutiva de casación proferida cuando aquella no fue afectada por la decisión ni titular de derecho alguno, en razón a que su intervención ad excludendum culminó con el fallo de segunda instancia que le negó la totalidad de sus pretensiones.
7.2 Justamente, en un asunto similar al presente, anotó:
“(…) en algunos casos en los que la decisión judicial vulneró de manera protuberante los derechos fundamentales o las normas de orden público, [se] ha admitido que no resultaba conveniente anteponer tales exigencias, pues no constituyen un obstáculo insuperable que impidiera otorgar la protección.
En tal sentido, en oportunidad anterior, ante la evidente vulneración de las garantías constitucionales, la Sala concedió la tutela, a pesar de que no se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, ni se promovió en forma oportuna el amparo, con el fin de ‘proteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal’». (ST 12 Oct. 2012. rad. 1545-01).
Igualmente, en otra tramitación la Sala sostuvo:
en cuanto a la ausencia del presupuesto de inmediatez, (…) esta corporación ha aceptado que en algunos casos, en los que la vulneración de las garantías fundamentales es protuberante, la ausencia de un requisito general como el de la inmediatez, no constituye un obstáculo insuperable que impida otorgar la protección (…)”.
En ese sentido se ha considerado que en atención a la esencia de la referida herramienta, ‘ésta no puede verse limitada por formalismos jurídicos’, de ahí que la ausencia de un presupuesto de procedencia como los de subsidiariedad e inmediatez ‘no puede erigirse en parámetro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce el reclamo dirigido a obtener su protección’ (CSJ STC, 13 Ago 2013, Rad. 2013-00093-01) (…)».
8. Visto lo precedente y prosiguiendo con el análisis que nos ocupa, sea del caso precisar que la aquí gestora, intervino en el proceso ordinario por lesión enorme, en calidad de tercero ad excludendum, pretendiendo la declaratoria de nulidad de la compraventa del mismo bien inmueble objeto de disputa, celebrada con los señores Fabio Méndez y Rodrigo Dangond mediante escritura pública No. 213 de 14 de junio de 1979, otorgada ante el Notario Único del municipio de la Paz (Cesar).
Dicha «intervención» se encuentra consagrada en el artículo 53 del C.P.C., así: «quien pretenda, en todo o en parte, la cosa o el derecho controvertido, podrá intervenir formulando su pretensión frente a demandante y demandado, para que en el mismo proceso se le reconozca. La oportunidad de tal intervención precluye con la sentencia de primera instancia.
Cuando en la sentencia se rechace en su totalidad la pretensión del interviniente, éste será condenado a pagar a demandante y demandado, además de las costas que corresponda, multa de mil a diez mil pesos y a indemnizar los perjuicios que les haya ocasionado la intervención, que se liquidarán mediante incidente».
A su vez, esta corporación ha señalado que:
La intervención ad excludendum, también conocida doctrinariamente como intervención principal, consistente en hacer valer frente a dos partes contendientes en el proceso un derecho propio del interviniente e incompatible con la pretensión deducida en el proceso (ad infringendum iura – iuris que competitores), para excluir o quebrar los derechos de los contendientes, aparece consagrada positivamente en el artículo 53 del Código de Procedimiento Civil, para permitir, particularmente por razones de economía procesal, que en un solo proceso se debatan pretensiones de dos o más personas que se consideran como titulares de un mismo derecho que se discute en un mismo proceso».
Seguidamente, precisó que «de conformidad con dicho texto legal es presupuesto para la procedencia de la intervención ad excludendum, entre otros, que el tercero pretenda total o parcialmente la cosa o el derecho controvertido, es decir, que concurra lo que Chiovenda denomina la incompatibilidad, por cuanto la pretensión que el interviniente involucra en el proceso debe ser “repugnante” e incompatible con las de las partes originales. Así lo expresa el maestro italiano: “el interviniente principal pertenece, pues, a la categoría de terceros que, quedando fuera del pleito, no están obligados a reconocer la sentencia, porque esto les perjudicaría jurídicamente. La demanda del tercero es dirigida, ordinariamente, contra el demandado, pero en cuanto es incompatible con la pretensión que ya el actor hace valer contra el mismo demandado, se dirige también contra el actor, para excluir la pretensión de este”» (CSJ SCC 5 Mar. 1999rad. S-078).
9. De conformidad con el artículo 53 del CPC, al tratarse de un tercero con petición independiente contra el demandante y demandado del juicio principal, debe el juzgador estudiarla en primer término y solo si no sale avante se autoriza proseguir a decidir la pretensión correspondiente.
En consecuencia, debido a que el petitum de la sociedad Dangond Castro y Cía. Ltda., le fue negado en ambas instancias, no formuló demanda de casación contra la resolución de segundo grado, así como tampoco cuestionó el debate suscitado por «lesión enorme» dentro del proceso ordinario promovido por Fabio Méndez contra Rodrigo Dangond Lacouture; no existe razón alguna para que la interesada fuera merecedora de la carga impuesta, esto es, ser condenada en costas por segunda vez.
Ahora bien, es evidente que al revocar el Tribunal de Valledupar la providencia de primera instancia respecto de la demanda principal y declarar la existencia de la lesión enorme reclamada, era procedente conceder el recurso extraordinario que Dangond Lacouture interpuso, cuyo estudio avocó la Corte, resolviendo CASAR la sentencia, proferir la sustitutiva y condenar en costas al o los apelantes de esa relación jurídico procesal de la cual ya no hacía parte el interviniente ad excludendum.
10. Aclarado lo anterior, advierte la Sala que el presente amparo impetrado resulta procedente, dado que la segunda condena en costas (21 de septiembre de 2011 por $32.217.500), resulta contraria a derecho, por las siguientes razones:
10.1. La autoridad acusada, en virtud de la «condena en costas de segunda instancia a los apelantes» ordenada por la Sala de Casación Civil de esta corporación en la «sentencia sustitutiva» de 30 de junio de 2011, señaló agencias en derecho a cargo de Fabio Méndez e Inversiones Dangond Castro por valor de $32.217.500, suma que fue liquidada y aprobada; condena en virtud de la cual el señor Rodrigo Dangond Lacouture promovió demanda ejecutiva en contra de los citados deudores y en consecuencia se libró mandamiento de pago en auto de 16 de abril de 2012.
10.2. Se advierte entonces, que si la intervención del «tercero ad excludendum» culminó con la sentencia de segunda instancia, toda vez que, se reitera, la decisión adversa no fue objeto de cuestionamiento por la vía del recurso extraordinario, no había lugar a ser nuevamente sancionado, comoquiera que las pretensiones de aquella no prosperaron y lo que se discutió ante la Corte Suprema de Justicia fue la disputa del juicio ordinario por lesión enorme y no la pretensión de nulidad propuesta por aquella; motivos por los que la sociedad hoy accionante no resulta titular de la pluricitada «condena».
El ad quem censurado con su actuar desconoció lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 392 del C.P.C., que reza: «se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto» (subrayado fuera de texto).
10.3. En efecto, el tribunal censurado al fijar agencias en derecho y condenar en costas en virtud de la «sentencia sustitutiva» a Inversiones Dangond Castro y Cía. Ltda., incurrió en error, teniendo en cuenta que, de acuerdo a la situación fáctica del sub júdice y lo consagrado en la citada norma, la parte merecedora de tal carga, era Fabio Méndez como demandante y apelante en lo atinente al juicio por lesión enorme que fue el único tema objeto del recurso de casación, puesto que la pretensión del tercero ad excludendum no hizo parte de ese escenario extraordinario, en donde la Sala de Casación Civil quebranta el fallo del ad quem en lo atinente a la lesión enorme y colocado como Tribunal de instancia mediante sentencia sustitutiva confirma la providencia del a-quo, negando el petitum del extremo activo Méndez Vanegas.
10.4. Ahora bien, es incuestionable que el proceder del colegiado enjuiciado, al incluir en la condena en costas ordenadas por la Sala de Casación Civil al tercero interviniente, luce arbitrario y violatorio de la prerrogativa esencial al debido proceso de la gestora, en la medida que incurrió, de una parte, en defecto sustantivo, al desconocer en sus decisiones de fijación de agencias en derecho y aprobación de la liquidación de costas los artículos 53 y 392 del C.P.C.; y, de otra, en el procedimental, toda vez que de manera evidente no solo se apartó de las «normas procesales aplicables» sino que también omitió «el procedimiento determinado por la ley».
11. En ese orden de ideas, las determinaciones adoptadas por el tribunal cuestionado resultan contrarias a lo dispuesto por el legislador, comoquiera que impuso a la aquí gestora una carga adicional que no tenía por qué soportar, pues, como ya se señaló, «se condenará en costas a la parte vencida en el proceso» y en el asunto de marras quien ocupa esa posición es Fabio Méndez como demandante del juicio ordinario de lesión enorme y no la sociedad Inversiones Dangond Castro y Cía. Ltda., como tercera ad excludendum (art. 392 CPC).
12. Así las cosas, como se observa que todas las actuaciones ejecutivas se están adelantando dentro de un mismo trámite a continuación del proceso ordinario y, la autoridad acusada estudia la apelación propuesta por la aquí accionante, dentro del ejecutivo promovido por Rodrigo Dangond Lacouture, en contra del auto que negó el desistimiento tácito, deberá entonces, solicitar la totalidad del expediente No. 2002-0212 a fin de que proceda a dejar sin valor y efecto los proveídos de 21 y 29 de septiembre de 2011 en los que señaló agencias en derecho e impartió aprobación a la liquidación de costas efectuada por la secretaria de esa Corporación y adopte las demás decisiones correspondientes respecto a la demanda ejecutiva de la referencia, teniendo en cuenta, no solo las acreditaciones compiladas en el asunto sub lite y los parámetros normativos que regulan la precisa materia, sino también los argumentos expuestos en esta providencia, todo lo cual conlleva, se repite, a otorgar la protección impetrada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, dispone:
1. Negar el amparo solicitado, en lo que se refiere a la pretensión del juicio ejecutivo que data del año 2007, por resultar prematura, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
2. Conceder la salvaguarda impetrada respecto del proceso ejecutivo promovido en el año 2012, en consecuencia, se ordena a la autoridad encartada, que en el término de diez (10) días, contados a partir del momento en que previa solicitud y una vez reciba la totalidad del expediente del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, proceda a dejar sin valor y efecto los proveídos de 21 y 29 de septiembre de 2011 en los que señaló agencias en derecho e impartió aprobación a la liquidación de costas efectuada por la secretaria de esa Corporación y adopte las demás decisiones correspondiente de conformidad con lo los argumentos señalados en esta providencia.

References: ARTÍCULO 53
 artículo 4
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 resolución 
 artículo 392