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Timestamp: 2020-07-11 14:39:25+00:00

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Medidas especiales coronavirus - Consultoría Marín
Consultoría Marín
Se han activado medidas laborales extraordinarias frente al coronavirus, publicadas ayer en el BOE. Estas medidas son necesarias para trabajadores y empresas.
Las medidas, recogidas en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, tienen el fin de proporcionar soluciones ágiles en el área laboral, que se adapten a las circunstancias.
El artículo 22 del Real Decreto Ley agiliza los plazos para celebrar la suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor. Los plazos, que normalmente podían llevar semanas, se reducen a 5 días.
La norma establece que las empresas, cuya actividad se haya visto gravemente afectada por el COVID-19, podrán suspender los contratos o reducir la jornada y estas circunstancias serán consideradas causa de fuerza mayor. La reducción de jornada podrá ser de entre el 10 y 70% de acuerdo al artículo 47 del ET. Mientras se aplique la reducción, no se podrán realizar horas extraordinarias, salvo fuerza mayor.
Durante la suspensión o reducción, la empresa promoverá formativas vinculadas a la actividad para potenciar la empleabilidad de los trabajadores (artículo 47 ET). Las pymes que opten por esta modalidad de ERTE, estarán exentas de abonar la aportación empresarial a la Seguridad Social y demás contingencias durante dicho periodo, previa solicitud identificando a los trabajadores. (Si la empresa tenía más de 50 trabajadores, se aplicaría un 75% de exoneración en esas cuantías). Los periodos exentos de cotización para la empresa contarán a efectos de cotización para los trabajadores.
La empresa remitirá a la Autoridad Laboral competente un informe relativo a la vinculación de su situación con las medidas adoptadas por el Gobierno, acompañado de documentación que lo acredite. Y comunicará su solicitud a los trabajadores o sus representantes.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social emitirá un informe para constatar la fuerza mayor antes de 5 días.
La Resolución de la Autoridad Laboral será expedida en el plazo de 5 días desde la solicitud y tendrá efectos desde la fecha del hecho causante de fuerza mayor.
Este tipo de medidas sólo serán validas para relaciones laborales anteriores a la publicación de la norma.
Si no existe representante legal de los trabajadores, la comisión representativa para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos del sector y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. De no existir comisión representativa, estará compuesta por 3 trabajadores de la empresa, elegidos según el artículo 41, 4 del ET. La comisión se constituirá en el plazo de 5 días.
El periodo de consultas con la comisión durará como máximo 7 días.
El informe de la Inspección de Trabajo, se emitirá como máximo en 7 días.
Este nuevo procedimiento reduce los plazos a 7 días (normalmente eran varias semanas). El procedimiento será valido para trabajadores en Régimen General, contratados antes del 18 de marzo, independientemente de la forma societaria de la empresa.
Importante: Las empresas que se acojan a ambas medidas deberán comprometerse a mantener el empleo durante 6 meses, tras la fecha de reanudación de la actividad (Disposición Adicional Sexta).
La prestación será del 70% de la base mínima de cotización del RETA. Durará 1 mes y podrá ampliarse si se prolonga esta situación. Será incompatible con otras prestaciones de la Seguridad Social.
El tiempo que dura esta prestación se entenderá como cotizado y no reducirá los periodos de prestación por cese de actividad futuros. Requisitos para acceder:
Alta en el RETA (o en R.E. de Trabajadores del Mar) como mínimo desde la fecha de declaración de estado de alarma.
Si su actividad no se incluye entre las suspendidas, acreditar la reducción del 75% en la facturación.
Liquidar, si existieses, su deuda con Seguridad Social.
Todos los trabajadores afectados por las suspensiones de contrato o reducciones de jornada anteriores, se beneficiarán de las siguientes medidas:
Acceso a una prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan con el periodo de cotización mínimo necesario.
El tiempo que dura esta prestación no computará a efectos de consumir los periodos máximos de percepción de prestaciones.
Serán aplicables a todos los trabajadores afectados y socios de sociedades laborales y cooperativas, aunque tuvieran suspendido el derecho a prestación o no hubiesen cotizado el mínimo. La base reguladora de la prestación será el resultado de computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados en la empresa.
Adaptación de las condiciones de trabajo y reducción de trabajo y reducción de jornada por el COVID-19.
Es un derecho individual de cada progenitor o cuidador, debiendo hacerse un reparto corresponsable de sus obligaciones. Esta adaptación, que podrá consistir en cambios de turno, horario, funciones, centro de trabajo, se regirá por lo establecido en los artículos 37.6 y 37.7 del ET y requerirá un pre-aviso con 24 horas de antelación.
Se tratará de propiciar el trabajo a distancia frente al cese temporal o reducción de actividad. Para ello, la empresa adoptará las medidas oportunas siempre que sea posible. Con el fin de simplificar la adaptación, en aquellas empresas o puestos para los que no estuviera prevista la modalidad de trabajo, se entenderá cumplida la obligación de evaluación de riesgos (artículo 16 de la Ley 31/1995). Además, existen otras medidas, destinadas a aliviar a las familias.
Moratoria de deuda hipotecaria de la vivienda habitual. Se establece una moratoria de la hipoteca para quienes tengan dificultades para pagar a causa de esta crisis. Estas medidas se aplicarán también a los fiadores y avalistas del deudor principal. Requisitos para ser beneficiarios de esta ayuda:
Empresarios o profesionales con pérdidas sustanciales de sus ingresos.
Que el conjunto de ingresos de la familia no supere el mes anterior al asolicitud de la moratoria (se aplicará con carácter general el límite de 3 veces el indicador IPREM. Esta cantidad se aumentará 0,1 por cada hijo a cargo o persona mayor o 0,15 por familia monoparental, cuando la suma de hipoteca y gastos supere el 35% de los ingresos netos de la familia).
Recordamos que el IPREM 2020 mensual es de 537,84 euros. El banco deberá atender las solicitudes en un máximo de 15 días. Estas podrán presentarse a partir del día 19 de marzo de 2020.
Con el cierre de los colegios, los niños beneficiarios de becas de comedor escolar afectados tendrán derecho a ayudas económicas o la prestación directa de distribución de alimentos. Serán beneficiarias de las familias con hijos matriculados desde educación infantil hasta la ESO. La gestión de las ayudas se llevará a cabo mediante la coordinación de los centros escolares,servicios sociales y Comunidades Autónomas. Esta medida se extenderá mientras sigan cerrados los centros educativos.
El Gobierno ha abierto una línea de financiación para paliar los efectos de esta crisis en el sector turístico. Además, las empresas del sector turístico, comercio y hostelería, siempre que estén vinculadas al turismo y tengan actividad entre febrero y junio, puedan iniciar o mantener en alta durante esos meses a los trabajadores con contratos fijos discontinuos aplicando una bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la seguridad social. Esta medida será aplicable desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Medidas de apoyo financiero a las empresas
Hace días se aprobó el aplazamiento de las deudas tributarias desde el 13 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020. Como máximo, podrá hacerse por 6 meses, durante los cuáles no se generarán intereses de demora durante los tres primeros del aplazamiento.
Aplazamiento del reembolso de préstamos de industria
Se permitirá que los beneficiarios de apoyo financiero a proyectos industriales puedan solicitar el aplazamiento del pago principal o intereses de la anulidad en curso, siempre que el plazo de su vencimiento sea inferior a 6 meses a contar desde el 13 de marzo y esta crisis cause periodos de inactividad, reducción de venta o interrupciones de suministro.
Las medidas que entraron en vigor hace dos días, mantendrán su vigencia durante un mes, y se prorrogarán si el Gobierno lo considera necesario.
CategoríasAutónomos Etiquetasautónomos, COVID-19, crisis, empresas, medidas, pymes
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References: Real Decreto 
 artículo 22
 Real Decreto 
 artículo 47
 Resolución 
 artículo 41