Source: http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com.ar/2012/11/
Timestamp: 2018-01-22 14:03:43+00:00

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Según el Servicio Meteorológico, sólo en julio se registraron marcas inferiores a lo normal. El resto de los meses tuvieron temperaturas normales o superiores a lo habitual.
El año 2012 será el más caluroso para Argentina, teniendo en cuenta el primer registro de 1961, si se mantienen las temperaturas actuales, aseguró José Luis Stella, climatólogo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) (consultá el pronóstico).
"Las temperaturas de diciembre tendrán que ser muy inferiores a lo normal para que 2012 no sea el año más caluroso desde 1961, año desde el que el SMN inició el sistema de registros actual", aseguró el climatólogo en diálogo con Télam.
Para el especialista, "cabe aclarar que el lugar destacado que ocupará 2012 como año más caluroso refiere a un promedio de las temperaturas registradas a lo largo del año en todo el territorio".
Marcas superiores. El dato significativo es que este año hubo un sólo mes que registró marcas inferiores a lo normal: julio. El resto de los meses tuvieron temperaturas normales o superiores a lo normal.
Cambio climático. La tendencia al calentamiento global se afianza y el año que se termina también cerrará como uno de los años más cálidos en todo el planeta desde mediados del siglo XIX, momento a partir del cual la temperatura media ha subido 1 grado centígrado, una variación que propicia las olas de calor.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que ese grado centígrado de más influirá en una mayor frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, principalmente de los períodos de calor intenso, difundió la agencia de noticias EFE.
"Generalmente, hablamos del impacto del cambio climático en términos de temperatura, pero hay muchos otros, como la subida del nivel del mar", dijo el secretario general de la organización, Michel Jarraud, que presentó hoy el "Estado Mundial del Clima 2012", en el marco de la Cumbre de Cambio Climático que se realiza en Doha, Qatar.
Como ejemplo más reciente el experto citó al huracán Sandy, del que existe la certeza de que "su impacto fue más grave de lo que hubiese sido hace 100 años y esto debido a que el nivel del mar es 20 centímetros más elevado".
Fenómenos extremos. La OMM presentó su informe que releva todos los fenómenos extremos ocurridos de enero a octubre y en el que confirmó también el nuevo récord en el deshielo del Ártico.
No se trató el Marco Regulatorio y oposición reclamó un plebiscito
Los diputados sesionaron ayer, pero no se trató el marco regulatorio para la actividad minera. Sigue el acampe de la Uocra frente a Legislatura.
«Quiero llevar tranquilidad, somos responsables y el debate no se ha iniciado», enfatizó la presidenta del bloque de diputados del FPV durante la sesión legislativa de ayer en referencia al proyecto de Marco Regulatorio de las Actividades Hidrocarburíferas y Mineras. Con la Legislatura rodeada de afiliados de la Uocra que realizaron una ruidosa manifestación desde temprano y hasta el final de la sesión, los diputados de la oposición responsabilizaron al Gobierno por los incidentes del pasado martes y pidieron renuncias de funcionarios, mientras que desde el oficialismo minimizaron la cuestión. Radicales y dasnevistas coincidieron en reclamar un plebiscito en toda la provincia que dirima el tema minero
La diputada Martínez fue la encargada de asegurar que el proyecto del Marco Regulatorio no tendrá tratamiento «entre gallos y medianoche» señalando que «estamos a la espera de las modificaciones» que pretende realizar el Ejecutivo provincial.
«No es de estos diputados que sale la idea de que ya lo tratamos al proyecto», sostuvo la presidente del bloque oficialista, que insistió en que «el debate no se inició porque no se abrió en las comisiones, y todos somos responsables de que el debate debe existir».
Previamente, el presidente de la bancada del Modelo Chubut, Jerónimo García, hizo referencia a las manifestaciones del ministro Coordinador, Ricardo Trovant, a EL CHUBUT diciendo que el Gobierno «no tiene ansiedad» por aprobar el Marco Regulatorio, y se preguntó «cómo será cuando se pongan ansiosos entonces», señalando que la presencia de afiliados de la Uocra es un modo de presión para que se trate el proyecto.
En tanto el radical Roberto Risso coincidió con García al plantear que habría existido «un acuerdo» entre funcionarios provinciales y la máxima conducción del gremio de la construcción para «presionar sobre el tratamiento del Marco Regulatorio».
A todo esto, alrededor de medio centenar de afiliados del gremio conducido por Mateo Suárez se habían apostado en una de las barras de la Legislatura, mientras que el sector antiminero prefirió evitar enfrentamientos y sólo una decena de ellos ocuparon la obra barra.
Como aclaró la diputada Martínez, no está previsto un urgente tratamiento del Marco Regulatorio, pero la discusión minera sí estuvo presente durante la sesión legislativa de ayer. Aunque distintas voces insistieron en los pasillos de Legislatura en que podría impulsarse su aprobación antes de fin de año.
Quien introdujo un planteo que generó polémica fue la diputada dasnevista Mirtha Romero al sostener que «la megaminería es un tema tan trascendente para el futuro de la provincia, que no pueden decidirlo estos legisladores solamente o quienes presencian las sesiones, una solución democrática y republicana es llamar a plebiscito».
Incluso consideró que también deberían participar «los adolescentes de 16 años que por Ley nacional se les va a permitir votar para presidente, y de esta manera vamos a tener la oportunidad de decidir sobre nuestro futuro y con el voto como corresponde».
Inmediatamente la diputada esquelense del FPV, Elva Willhuber, recordó el plebiscito en su ciudad donde se rechazó por amplia mayoría un proyecto minero, y aseguró que «primero era un no a la mina en Esquel, pero a través de los años se ha ido revirtiendo y hay otras miradas».
Salió al cruce el radical Risso y desafió a la legisladora oficialista a realizar una nueva consulta popular, pero subió la apuesta y dijo que «el mejor camino es el que planteó la diputada Romero, y lo voy a discutir incluso en mi Partido, promover un plebiscito en toda la provincia, yo voy a hacer mío el proyecto de (el diputado nacional Carlos) Eliceche, que decía en su campaña que la solución es hacer un plebiscito, pero en toda la provincia».
Nuevamente la presidenta del bloque oficialista debió recoger el guante e insistir en que el debate minero «no está iniciado, tenemos todo el tiempo del mundo, y si no podemos debatir entre nosotros vamos a estar de plebiscito en plebiscito».
Martínez exigió «ser responsables, debatir primero y después sí la consulta popular».
Desde hora temprana la gente de la Uocra se apostó frente a la Legislatura haciendo sonar bombos y redoblantes pidiendo un pronto tratamiento de la cuestión minera.
Teniendo en cuenta los incidentes protagonizados con militantes del No a la Mina, el diputado Risso argumentó que la presencia de trabajadores de la construcción durante la sesión de ayer representaba «una amenaza para que aprobemos el Marco Regulatorio».
Respecto a lo hechos del pasado martes, insistió en que «pudieron evitarse», y agregó que «lo sucedido fue promovido por el Ejecutivo; alguien imaginó que la Uocra podría discutir el tema filosóficamente», se preguntó.
En tanto, el diputado Félix Sotomayor, del FPV, minimizó el enfrentamiento entre grupos de la Uocra y antimeneros diciendo que se trató de «escaramuzas y coscorroneos».
pero el dasnevista García también responsabilizó al Ejecutivo y exigió las renuncias del ministro de Gobierno, Javier Touriñán, del secretario de Seguridad, José Glinski, y del Jefe de Policía, Julio Blanco.
Dos centrales interminables y bajo sospechas de sobreprecios
El sector energético es el más crítico de todos. Es, quizá, el talón de Aquiles del modelo K. Sufre graves deficiencias. El gobierno argentino apuesta a proyectos que llevan mas de 30 años de anunciados y que no logran convertirse en decisiones oficiales tendientes a incrementar la producción energética. Los más paradigmáticos son Atucha II y Yacyretá. En el caso de la Central Nuclear Atucha II, la inversión por parte del Fondo de Garantía de ANSES (FGS) ascendió hasta ahora a u$s 2.100 millones. El año pasado, la presidenta Cristina Fernández encabezó un acto de puesta en marcha de la central que, en realidad consistió en la prueba y verificación individual de los 566 sistemas que posee Atucha, represa ubicada sobre la margen derecha del Río Paraná, en el partido bonaerense de Zárate, a 115 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Es una central nucleoeléctrica que generará 745 MW, enriqueciendo la diversidad de la matriz energética. Por su bajo costo y seguridad será muy beneficiosa desde la perspectiva productiva.
La piedra fundamental de Atucha II se colocó en 1982, debiendo haber entrado en funcionamiento en 1987. Sin embargo, desde 1994 su construcción estuvo paralizada por falta de fondos, errores de planificación y reprogramaciones incumplidas. En 2006, se reinició la obra civil bajo el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner, quien había prometido su finalización en cinco años. Ese plazo no se cumplió como tampoco la inversión prometida ya que en 2005, cuando se anunció la reanudación de la obra, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido había ubicado la inversión en u$s 450 millones.
Su puesta en funcionamiento definitiva se prevé será en junio de 2013. Una vez que esté conectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN),el Gobierno estima que esta central aportará unos 745 megavatios.
Actualmente, la obra civil tiene más de un 97% ejecutado, y es la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) la responsable de su finalización y puesta en marcha. Inicialmente había sido la multinacional alemana Siemens.
Pero fue criticada en un informe interno de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), en el cual se advirtieron puntos oscuros que impedirían su funcionamiento según las normas internacionales de seguridad establecidas después del accidente en Chernobyl.
En los últimos meses, y luego de haber recibido cuestionamientos por las demoras y el costo de obra, el Gobierno garantizó que entre febrero y abril de 2013 volverá a hacer una prueba de agua en caliente de origen no nuclear en la central que abastecería a 3,5 millones de hogares cuando entre en funcionamiento.
De manera paralela a este proyecto y para darle un toque cristinista a la iniciativa, el Gobierno proyecta construir una tercera central en una zona aledaña a Atucha I y II, en la provincia de Buenos Aires, para que aportare unos 1.000 megavatios, y convocaría a capitales extranjeros para llevarla cabo. Podrían participar China, Rusia, Francia, Estados Unidos y Corea del Sur.
En el caso de Yacyretá, el plan es terminarla también en 2013. Es la tercera usina atómica del país y aportará unos 700 MW para abastecer a una población equivalente a 3,5 millones de hogares. Es decir, producirá el 22 % de la energía total. Su origen se remonta al 3 de diciembre de 1973, cuando el entonces Presidente Juan Domingo Perón, y su par paraguayo, Alfredo Stroessner, suscribieron el Tratado de Yacyretá, para aprovechar el Río Paraná.
La central se encuentra también envuelta en sospechas de sobreprecios y demoras en su ejecución que la han llevado a que su costo sea notoriamente superior al inicial. Incluso, se la llama el "monumento a la corrupción".
A cargo del emprendimiento, se encuentra la Empresa Binacional Yacyretá (EBY). El organismo anunció hace unos meses inversiones por u$s 12.000 millones durante la próxima década para concluir el plan de de obras complemetarios a los u$s 3.000 millones invertidos desde el 2003 a la fecha.
El monto será financiado con recursos propios de la empresa. Según el Gobierno, 30.000 familias se verán favorecidas con la generación de puestos de trabajo y se contempla el tratamiento costero y la recomposición de la trama urbana, obras de integración entre Posadas y Encarnación.
En los últimos 10 años, ambos países han logrado completar la construcción de la represa y de la central hidroeléctrica y se conformó el embalse que permitió generar energía.
Pero no se había podido llenar el mismo hasta su cota de diseño de 83 metros sobre el nivel del mar. Y, entre 2004 y 2009, la producción bruta anual de la central pasó de 12.149 GWh a 16.738GWh, lo que significó un crecimiento del 37,7 por ciento.
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En un clima de alta tensión y con el temor de un posible nuevo enfrentamiento entre grupos anti y pro mineros, la Legislatura provincial sesionará presumiblemente cerca del mediodía de hoy, en una de las últimas ordinarias del año. Si bien no hay confirmación oficial, el Marco Regulatorio Minero será otra vez el tema del día, más allá de que el proyecto de ley no baje a la Cámara para su tratamiento.
En la sesión del martes hubo un brutal choque de los dos grupos antagónicos con un saldo de siete heridos y cuatro hospitalizados. Hubo fuerte presencia de militantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, al que le endilgaron la responsabilidad por el enfrentamiento con los antimineros. El bloque del PJ Modelo Chubut exigió la renuncia de Javier Touriñán, José Glinski, Julio Blanco y Ricardo Lázaro, titulares de Gobierno, Seguridad, Policía y Derechos Humanos del gobierno provincial. Y la Unión Cívica Radical la interpelación del jefe de Gabinete, Ricardo Trovant, en un cruce de acusaciones y violencia física.
Todo es incertidumbre: tanto los grupos promineros como sus opositores prometieron que estarán hoy en Rawson, aunque los segundos prefieren no ir a la sesión (ver página 4). El “No a la mina” se concentrará a las 18 en Rawson para repudiar la agresión de la UOCRA y la presunta “zona liberada”. Será en la esquina de Casa de Gobierno.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Javier Touriñán, aseguró que según la Policía el escenario del martes fue normal y que los grupos se repartirían en las dos bandejas de Legislatura. “La información policial es que se rompieron cinco vidrios en los colectivos de la UOCRA estacionados frente a la Legislatura, aparentemente con gomeras”.
“Un grupo del No a la mina entregó un petitorio en la Legislatura, y cuando sale se cruzan con los del Sí. Eso produjo corridas, con intervención de la Policía para evitar el tumulto. Hay lesionados, denuncias cruzadas y hasta una denuncia de robo de equipo fotográfico de un periodista de la cordillera”. El ministro, en diálogo con A Tiempo, que emite FM Tiempo 91.5 de Trelew, confirmó que no hay detenidos y que Gendarmería se limitó a tareas de disuasión. Aseguró que los heridos son de carácter leve.
-¿El operativo policial falló?
-No saben de qué están hablando. Es una irresponsabilidad absoluta o no se asomaron para ver qué ocurría porque no sólo estaba la Policía de Rawson sino la Guardia de Infantería para evitar este tipo de inconveniente. Había un despliegue importante, fuera de lo común. Y cuando semanas atrás hubo ataques sobre diputados del Frente para la Victoria por parte del No a la mina, estos mismos disputados que buscan sacar provecho para su sector no se preocupaban tanto. Son los mismos que fogonean que la gente que se opone concurra, ante la inminencia del tratamiento. Una cosa absolutamente irresponsable. Les faltó pedir la renuncia del payaso Plin Plin y estaba todo el espectro.
Según Touriñán, “si uno analiza lo que pasó ayer, no roza lo que me compete en Gobierno. Hablan con desconocimiento absoluto y repiten los mismos gestos de lo que ellos planificaban en tiempos anteriores. Hablar de fuerza de choque y zona liberada, evidentemente tienen experiencia en esto, y creen que somos todos iguales. Pero yo no soy como Jerónimo García. Yo no tengo la fuerza de choque como Los Dragones”.
El ministro advirtió que “los actores se repiten. Debería acordarse García que él tenía a Los Dragones cuando le rompieron la camioneta a Yauhar, cuando nos balearon el local, cuando vino Néstor Kirchner a Comodoro, cuando sufrió el embate de Néstor Di Pierro, que lo agarró a trompadas, y lo defendió Roddy Ingram y la Policía Aeronáutica. Tiene la memoria muy frágil y tal vez debería someterse a la rinoscopia que promueve Muñiz. Tiene un problema serio”.
-Es una acusación muy fuerte…
-No es una acusación, es un dato de la realidad. Cree que renació de nuevo. Es un traidorcito y no le tengo el más mínimo respeto. Ni siquiera se pone colorado. Pero debería caérsele la cara de vergüenza por lo que está diciendo. Hay gente fogoneando que estas cosas sucedan. El marco regulatorio no está en tratamiento. Nos hemos cansado de decir que estamos trabajando en modificaciones. No hay inminencia que sea tratado. En el medio todo forma parte de una arenga cuyas intenciones desconozco, pero el gobierno no forma parte.
En su respuesta, Jerónimo García ratificó re4specto del episodio del martes que “cuando se libera el espacio público se atenta contra la seguridad y por eso solicitamos marcar quién es el responsable de la paz pública en la provincia: el gobernador. Y segundo, que los responsables de área de seguridad, los que están ligados a la responsabilidad política, tienen que dar un paso al costado. Porque lo del martes fue ex profeso y traerá mayores consecuencias”.
“No se termina de asumir y se engaña a la sociedad, porque en cada sesión se agita desde ciertos funcionarios que se va a tratar en la Legislatura el tema de la minería. Y no hay absolutamente nada”. García ratificó que hoy tampoco se discutirá el marco minero, salvo que entre al parlamento y se trate sobre tablas. “Considero que no va a suceder. Atrás hay fuertes intereses económicos de empresas trasnacionales que presionan”.
Para el legislador dasnevista, en Chubut hay 5.000 desempleados. “Más allá de si la minería genera empleos, ¿por qué el gobierno anuncia obras públicas que nunca se concretan ni se licitan?”. García insistió con que “si uno libera el espacio y deja que dos grupos con intereses enfrentados se encuentren, no hace falta ser egresado de Harvard para saber que se van a cagar a palazos”.
En cuanto a las duras críticas del ministro Touriñán hacia su figura, el diputado del Modelo Chubut explicó que “en política esa es una forma de eludir el fondo de la cuestión. No tengo que contestar agravios de índole personal. Mi función es decir las cosas cómo las pienso”. En tal sentido, “contestarle a este señor por sus disgresiones personales, si él quiere agredir personalmente, perfecto, no hay problema. Pero yo contesto lo institucional, lo que está pasando. Lo demás son agravios personales que hay que bancarlos. No contesto con la misma moneda. No insulta el que quiere sino el que puede. A mí no me insulta; son ladridos”.
-Le recomendó una rinoscopia…
-No tengo problemas en someterme a una rinoscopia. Pero hagamos algo más fácil si la cosa es entre él y yo: corramos 10 kilómetros. Si insiste con la rinoscopia no tengo problemas pero eso sí: que la paguen ellos; se imagina una rinoscopia para mí, con mi elemento nasal. Son estupideces. Es denigrar el necesario debate. El gobierno está perdiendo el control de la calle y lo está cediendo al conflicto social, a partir de la permisividad del gobernador. Lo que diga ese señor a mí no me llega porque lo convierte en un bárbaro. No puedo bajar a la misma situación porque soy una persona instruida.
Uruguay dice que UPN no contamina
El presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Gastón Silberman, comentó que “los estudios en las inmediaciones de Botnia demostraron que no existe contaminación más allá de los límites permitidos”.
Según indicó, lo mismo ocurrió en la desembocadura del río Gualeguaychú, en la porción argentina del curso fluvial.
Además, Uruguay y Argentina siguen sin llegar a un acuerdo para divulgar los datos. Así lo aseguraron las autoridades en el marco de la comparecencia del canciller oriental, Luis Almagro, ante la Comisión de Internacionales de Diputados para informar sobre los múltiples temas que hacen a la relación con Argentina.
El Congreso de la Nación aprobó la creación de dos parques nacionales y la ampliación de un tercero en esa provincia. Se trata del Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke.
El Congreso de la Nación aprobó la creación de dos parques nacionales y la ampliación de un tercero en Santa Cruz. Se trata del Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke.
En tanto, el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo suma 65 mil hectáreas a las 15 mil del Monumento Natural Nacional Bosques Petrificados, sitio que conserva desde 1954 los bosques fósiles más imponentes de nuestro país.
“Las tres nuevas Áreas Marinas Protegidas (AMP) de jurisdicción compartida porla Administración de Parques Nacionales (APN) y dos provincias australes - atagonia Austral (Chubut), Makenke e Isla Pingüino (Santa Cruz)- cubrirán más de 400.000 hectáreas”, dijo la Presidenta del Directorio de ese organismo, Patricia Gandini.
“Gracias a esto, nuestro mar contará con más de1.180.800 hectáreas (1,18% del total) destinadas a preservar su inmensa riqueza. Hasta el momento, menos del 0,5 % estaba protegido”, agregó.
Desde los palcos de la Cámara de Diputados, el Ministro de Turismo dela Nación, Enrique Meyer, siguió las alternativas de la votación donde se aprobó la ley cuya gestión estuvo a cargo de la diputada por el Frente para la Victoria de Santa Cruz, Ana Ianni.
“Desde el año 2003 hemos impulsado desde el gobierno nacional una clara apertura de los parques nacionales a la visitación y nos hemos ocupado de fortalecer su estructura interna aumentando el presupuesto en más de mil por ciento, mejorando sus planes de uso público y desde luego las estrategias parasu conservación”, aseguró el ministro tras la sanción de la ley.
“Prueba de ello –precisó- es el aumento del 65% en la visitación a los parques nacionales que se verificó entre el año 2003 y el 2011. Esto ha reportado un incremento genuino en la mano de obra de las comunidades asociadas, traduciéndose en la suba de más del 50 % a través de nuevos permisos y concesiones en los Parques Nacionales”.
El Parque Interjurisdiccional Marino Makenke tiene una superficie de 71.271 hectáreas y se ubica en la costa del centro de esta provincia, cerca de la localidad de Puerto San Julián.
En este Parque se localiza un apostadero reproductivo de elefantes marinos y la colonia reproductiva más grande de todo el rango de distribución del cormorán gris.
En tanto, el Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino tiene una superficie de 159.526 hectáreas, ubicadas al sur de la localidad de Puerto Deseado, en el noreste santacruceño.
El área está compuesta por una superficie mixta que incluye una serie de pequeñas islas costeras que albergan una gran cantidad de aves y mamíferos, entre ellas, la emblemática Isla Pingüino; que contiene la única colonia de reproducción del pingüino de penacho amarillo, fuera de la zona sub antártica.
Estos nuevos parques marinos del litoral santacruceño permitirán conservar una de las áreas con mayor biodiversidad del mundo, como es el Mar Argentino.
Según los estudios científicos este espacio conforma un valioso hábitat de recursos pesqueros como el calamar y la merluza austral; y además, contiene importantes rutas migratorias para la fauna marina, incluyendo las ballenas francas australes, albatros, pingüinos, entre otras importantes especies.
Exultante, Gandini –quien desde el inicio de su gestión fue la impulsora de llevar las áreas protegidas hacia el mar-, aseguró que con la incorporación de los nuevos parques, se cumple “con el mandato de nuestro gobierno: desarrollo sustentable con inclusión social. En ese sentido, la superficie total de las áreas protegidas se ha incrementado en un 24% desde el 2003 al 2011”.
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La Provincia intima a Macri por la basura
Provincia/Región: Capital Federal - Buenos Aires
En medio de la crisis ambiental que afronta la Provincia por el colapso de los rellenos sanitarios, el gobierno de Daniel Scioli resolvió ayer intimar a la administración de Mauricio Macri para que cumpla con la obligación legal de reducir la cantidad de residuos que deposita en la Ceamse.
“Estamos intimando a la Ciudad de Buenos Aires para que aplique la ley de Basura Cero, que obliga a reducir en un 50% los residuos que entierran en la Provincia”, anticipó ayer el jefe de Gabinete Alberto Pérez tras un encuentro de los ministros con Scioli.
“Paralelamente vamos a trabajar desde el OPDS para, junto a los municipios del Conurbano, llevar adelante una campaña de concientización que permita reducir la cantidad de residuos que se generan y se entierran” en los rellenos sanitarios, amplió.
De esta manera, la Provincia buscará que las comunas establezcan planes de separación en origen y reciclado para que lleguen menos residuos a los predios de la Ceamse, pero además exigirá al gobierno de Macri que cumpla con la ley de Basura Cero aprobada en la Legislatura porteña.
“No vamos a exigir otra cosa que no sea el cumplimiento de la ley que la ciudad de Buenos Aires votó en su momento. Tienen que cumplirla y reducir en 2012 el 50% de los residuos. Por eso intimamos a que disminuyan la cantidad de toneladas”, sostuvo Pérez.
La decisión del gobierno bonaerense se produce en medio de una crítica situación ambiental producto de que hay rellenos que deben cerrarse y otros están a punto de colapsar.
Por ejemplo, el centro de disposición de la Ceamse de Ensenada tiene orden judicial de cierre, al igual que el que funciona en González Catán. Y el relleno de Campo de Mayo está al borde de la saturación.
En medio de este crítico panorama, algunos distritos como los del Conurbano Norte, comenzaron a analizar un proyecto de tratamiento regional de la basura.
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Hubo siete heridos tras un grave enfrentamiento en la Legislatura
Un grupo de la UOCRA que llegó a Rawson para apoyar el proyecto minero atacó a militantes del "No a la Mina". Hubo golpes, cadenazos e internados. El Modelo Chubut pidió que renuncien de inmediato Touriñán, Glinski, Blanco y Lázaro.
Cuatro personas internadas, entre ellos dos policías, más otros tres individuos lesionados fue el lamentable saldo que dejó la previa de la sesión ordinaria de la Legislatura, ayer a la tarde en Rawson. Fue el producto del enfrentamiento entre grupos anti y promineros, éstos últimos identificados con la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina.
Se sumó el pedido de renuncias del bloque de diputados del PJ-Modelo Chubut al ministro de Gobierno, Javier Touriñán, el secretario de Seguridad, José Glinski y al jefe de la Policía, comisario general Julio Blanco y el secretario de Derechos Humanos, Ricardo Lázaro por considerar que dejaron “una zona liberada” donde se produjeron los incidentes.
Los sucesos se gestaron temprano, con el acampe de la UOCRA y de vecinos de la cordillera y la meseta (ver página 4) en jardines y explanada del parlamento. A media mañana, referentes del No a la Mina se entrevistaron en la Fiscalía de Rawson con la fiscal Graciela Suárez García para denunciar que temían por su integridad física, derivándose luego a la comisaría.
Ese temor se convirtió en realidad cerca del inicio de la sesión, donde no se trataba el Marco Regulatorio Minero. Minutos antes de las 17, cerca de un centenar de antimineros se dirigió desde la plaza central “Guillermo Rawson” hacia el parlamento para ocupar las barras superiores, tal como estaba estipulado.
En ese momento, grupos de choque de la UOCRA, cuya movilización alcanzaba fácilmente las 800 personas, les salieron al cruce con consignas a favor de la explotación minera. Hubo enfrentamientos con saldo a favor del gremio de la construcción, que dispersaron a los militantes antimineros más allá de la peatonal Fontana, muy cerca de la Casa de Gobierno, pese a la intervención policial.
Siete personas resultaron lesionadas con heridas de diferente consideración; cuatro quedaron internadas en el hospital “Santa Teresita” bajo observación, entre ellas dos policías .
No obstante la denuncia de los antimineros en la comisaría, la sesión fue normal y con las barras colmadas por la UOCRA. El dato de color lo aportó la diputada del Frente para la Victoria, Mónica Gallego, que pese al clima denso, se mostró feliz por el evento “Argentina corre en Rada Tilly” del fin de semana. Mientras, patrulleros y motos acompañaban la salida de los colectivos y camionetas de la UOCRA.
El bloque del PJ Modelo Chubut exigió renuncias en el gobierno de Martín Buzzi tras los incidentes. En conferencia de prensa, el jefe del bloque dasnevista, Jerónimo García, responsabilizó al Ejecutivo provincial y denunció “zona liberada” de las fuerzas de seguridad. Lo acompañaron en la conferencia Raquel Di Perna, Mirtha Romero, Miryan Crespo, Ana María Barroso, Roddy Ingram y José Karamarko.
García advirtió que, por los incidentes, debían renunciar el ministro de Gobierno, Javier Touriñán, el secretario de Seguridad, José Glinsky, el jefe de Policía, Julio Blanco, y el secretario de Derechos Humanos, Ricardo Lázaro.
“Todos vieron lo que sucedió. Era una hipótesis de conflicto que tendría que haber barajado el Ejecutivo, que no es ajeno”, afirmó el legislador. “Acá hubo zona liberada, no había nadie y hoy no apareció nadie, cuando en realidad había una hipótesis de conflicto muy clara” y concluyó: “Esto fue absolutamente premeditado”.
García dijo que “acá nadie dice la verdad” y advirtió que “no se puede permitir que todos sean rehenes de grupos que pretenden no sabemos qué cosa. Le exigimos al gobernador que haga respetar la voluntad de cada ciudadano”.
Con el presidente de la Legislatura, Gustavo Mac Karthy, “habíamos arreglado que había una barra para cada sector y cuando un sector (el del No a la Mina) se quiso acercar fue salvajemente agredido”. En tal sentido, “se está dando un debate sobre si la provincia quería o no la minería, no sobre quién es más fuerte”, insistió García.
Por su parte, Romero recordó que “hace quince días advertimos que esto iba a pasar y el responsable es el Ejecutivo”. García agregó: “Es importante darse cuenta cuando suceden las cosas, el responsable máximo es el gobernador pero los responsables de área tienen que renunciar. Esto es una vergüenza, fue una salvajada”.
La diputada Di Perna reflexionó que “la UOCRA no apareció de la nada, la UOCRA fue convocada, hay que ver los diarios de la semana pasada sobre las reuniones que se hicieron en Buenos Aires”, dijo en relación al encuentro del gobernador Buzzi con el secretario general de la UOCRA a nivel nacional, Gerardo Martínez.
La Unión Cívica Radical promoverá la interpelación del ministro de Coordinación de Gabinete, Ricardo Trovant, y del secretario de Seguridad, José Glinski, para que “brinden explicaciones respecto de los graves sucesos” en Legislatura. Lo confirmó el presidente del bloque radical, Roberto Risso.
“Es indispensable que se esclarezcan rápidamente estos episodios lamentables que pareciera tuvieron el aliento y la protección desde el Poder Ejecutivo”, sostuvo. “Las agresiones con tan graves consecuencias sólo pueden explicarse a partir de la impunidad que permite una zona liberada para facilitar la actuación de los violentos”.
No se podrá fumigar a menos de 500 metros de pueblos y ciudades
El gobernador Daniel Scioli firmará en los próximos días un decreto que prohíbe la aplicación terrestre de agroquímicos en un área inferior a 500 metros de las zonas urbanas de la provincia que se ampliará a los 2 mil metros en el caso de las fumigaciones aéreas.
El decreto modificará la reglamentación de la Ley de Agroquímicos 10.699, que está en vigencia desde 1991 y quedó obsoleta porque fue elaborada antes de la introducción de los nuevos agroquímicos y herbicidas -que acompañaron la masificación de los cultivos transgénicos- y de la proliferación de las modernas maquinarias agrícolas.
Se trata de un nuevo marco regulatorio para la aplicación de agroquímicos que busca ordenar y establecer pautas homogéneas básicas para todos los municipios bonaerenses. Es que éstos fueron avanzando en los últimos años con sus propias ordenanzas municipales buscando minimizar los riesgos para la salud de la población y el ambiente.
Así, hay alrededor de 70 municipios que ya generaron sus propias normativas o están trabajando en ellas.
'La Corte tiene los ojos en la cuenca'
El Dr. Martín Díaz Achával destacó la confianza en cuanto al trabajo desarrollado.
Tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), emitida el 20 de noviembre y que hace lugar a la suspensión por seis meses de plazos procesales, solicitada por la Defensoría del Pueblo y el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero en la causa de la contaminación de industrias tucumanas, el Dr. Martín Díaz Achával manifestó que “se trata de un voto de confianza al trabajo que se viene desarrollando”. De todos modos, el defensor del Pueblo aclaró que “esto no significa que no podamos efectuar presentaciones en caso de incumplimiento” desde la vecina provincia.
En diálogo con Nuevo Diario, que publicó en exclusiva el fallo, explicó que la medida es “la expresión de la Corte Suprema, que está haciendo un seguimiento de todo lo que ocurre en la cuenca desde que se firmó el compromiso de vinaza y cenizas 0 para la zafra del corriente año y la recuperación total de agua residual del lavado de caña de azúcar para diciembre de 2013”.
“Presentamos un escrito de 53 páginas, muy amplio, que lo realizamos todo este tiempo; lo leyeron, analizaron y le dan importancia a la situación, haciéndole un seguimiento. La medida, que tuvo como importancia la adhesión de Fiscalía de Estado al escrito de la Defensoría, notoriamente demuestra confianza en la Provincia. La Corte tiene todos los ojos puestos en la cuenca”, señaló el defensor del Pueblo.
En los considerandos de la sentencia, se afirma que “la solicitud efectuada por la actora, el interés de los Estados comprometidos y los plazos previstos en los acuerdos referidos, configuran razones suficientes para suspender los plazos procesales más allá del límite temporal fijado por el artículo 157 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”.
Considera que se está realizando un control real sobre los afluentes del embalse de Las Termas de Río Hondo sobre las industrias demandadas, y que esos mecanismos -que se pretenden intensificar- han permitido lograr un promisorio avance en cuanto a los objetivos perseguidos por la parte actora del juicio.
El gobernador de la Provincia, Gerardo Zamora, realizará mañana a las 20 una nueva entrega de viviendas en esta ciudad.
En esta ocasión, son 150 unidades habitacionales que corresponden al barrio Aeropuerto y que beneficiarán a familias de escasos recursos.
Otra entrega importante será el próximo 3 de diciembre, en la ciudad de La Banda y no hoy como publicara ayer otro medio. Son 540 viviendas correspondientes al barrio 25 de Mayo (ampliación).
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Rechazan sanciones por el uso indebido de agroquímicos
El pedido formal fue realizado desde la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa a los legisladores provinciales. Un proyecto de ley prevé penalizar el uso indebido de agroquímicos.
El presidente honorario de Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), Víctor Trucco, calificó como un “disparate” el proyecto de ley que presentó la diputada santafesina Verónica Benas en el que pide multas económicas y cárcel para quienes hagan uso indebido de agroquímicos. Desde la campaña Paren de Fumigarnos, en tanto, advirtieron que el contrapunto forma parte de “un falso debate”.
La iniciativa legislativa pretende que “el Estado esté más cerca de los potenciales damnificados facilitando la posibilidad de las denuncias en cualquier parte del territorio santafesino”. Para ello, prevé sanciones con arresto de hasta 60 días o multa de hasta 400 jus (más de 2.500 pesos), “a quien practique, autorice u ordene aspersiones de fitosanitarios, sin contemplar las normas de seguridad que rigen el uso regular de esos productos, incluido el destino final de sus envases, poniendo en riesgo la salud de la población rural y urbana, y la biodiversidad en general”.
Sin embargo, desde Aapresid indicaron a la prensa que “los agroquímicos no son malos” y que proyectos como los de Benas son “una cuestión propia de la mediocridad”. Según Trucco, “tendrían que ser claros” los legisladores ya que “la política va a ganar votos en la medida en que muestre cosas sensatas”.
“Los productos –continuó el dirigente rural– que se usan pasan por una serie de tratamientos. Las drogas vienen del exterior, de los Estados Unidos, que tiene instituciones de análisis de medicamentos y de estudio del impacto ambiental, que se ocupan de aprobar las cosas, además todo pasa por el Senasa. No hay casos de gente que esté mal por culpa de los agroquímicos, ni en Estados Unidos hay casos de gente en hospitales ni nada por el estilo”.
Ante la posibilidad de un conflicto de intereses, casi a modo de presión, presidente honorario de Aapresid manifestó: “El gobernador (Antonio) Bonfatti tendría que hablar, ya que es médico, o (Hermes) Binner, que también lo es”. Trucco espera que el proyecto de ley “no llegue a sancionarse y, si se llega a sancionar, que no se cumpla”.
En las mismas declaraciones periodísticas, el dirigente rural expresó: “Hay diputados que quieren ser célebres y utilizan este tema, tendrían que hablar los toxicólogos, los profesores, que expliquen los casos de mortandad, pero no hay ninguna prueba que lo demuestre. Tendrían que reaccionar las universidades, los colegios de médicos. Ellos dicen que sí, pero después se desvinculan porque no quieren meterse en líos”.
De todas maneras, dijo que “uno no puede estar a favor de que se apliquen mal los agroquímicos”, pero “lo que la gente tiene que entender es que el mundo actual se abastece de alimentos con tecnologías mucho más complejas”. En ese sentido, explicó que “con agroquímicos se logra que los campos no tengan problemas y se puedan controlar las plagas, entre otras cuestiones”.
“Supongamos que el uso de agroquímicos lleve a discusiones, pero sin ellos habría menos alimentos, serían más caros”, reflexionó Víctor Trucco. Asimismo, indicó que “todo esto” que surgió en la Legislatura santafesina “es para alimentar una idea que tiene la gente con respecto a la maldad de la agricultura”, aunque “el problema lo tiene la gente que no puede comer, no la que come”. A su vez, dijo que el proyecto de la diputada del Partido Pares “es una cuestión política” y obedece a que “hay gente ensañada con el campo, por cuestiones psicológicas o humanas, nada que ver con la realidad”.
“Si realmente fueran malos (los agroquímicos) seríamos todos unos desgraciados y no nos estaría importando nada. Yo soy bioquímico, nosotros gastamos fortunas en productos”, manifestó Víctor Trucco, y admitió que “con los agroquímicos hay que manejarse con cuidado” porque “a veces en el campo no somos lo suficientemente cuidadosos, la idea es que seamos más rígidos. Estoy de acuerdo con las inspecciones, nunca están de más”, finalizó.
Por su parte, la diputada Verónica Benas explicó que con su proyecto de ley lo que está proponiendo es “una sanción de naturaleza penal y de mayor rigor por la utilización de agroquímicos en forma irregular o cuando se exceden las normas de seguridad para su uso”; por lo cual plantea modificar el Código de Faltas de Santa Fe. En ese sentido, recordó que la ley 11.273 –de fitosanitarios– prevé en la provincia sanciones de multas de carácter administrativo a quienes la infrinjan, “pero la experiencia indica que no se llevan a la práctica pese al inicio de los trámites”.
Laguna de Rocha, Reserva Natural en el Conurbano
La Legislatura bonaerense decidió proteger el último pulmón natural que sobrevive en el centro del Conurbano: esta semana se aprobó la ley que declara Reserva Natural Provincial a la Laguna de Rocha, un extenso humedal de 1.400 hectáreas ubicado en el partido de Esteban Echeverría.
Tiene 300 hectáreas de espejos de agua y está delimitado por la autopista Riccheri, el río Matanza, Transradio Internacional y la ciudad de Monte Grande.
Es un predio codiciado por empresas industriales, desarrolladores inmobiliarios y hasta productores sojeros. Hace 15 años, una compañía de bienes raíces consiguió el aval para desplegar barrios cerrados y countries . En la última década también el extenso brazo del poroto de soja alcanzó unas 120 hectáreas de la Laguna de Rocha.
Pero casi al mismo tiempo que se inició la depredación, comenzó una intensa resistencia vecinal y de organizaciones ambientalistas para frenar el crecimiento de estos complejos habitacionales. Una de la entidades, “Unidos por la Laguna de Rocha” fue la más activa para buscar variantes de protección de ese reservorio natural. Según los especialistas, el complejo abarca nueve ecosistemas diferentes, que contienen 130 especies de aves y un número similar de anfibios, reptiles y mamíferos. Por los ojos de agua de Laguna de Rocha se filtran las lluvias que llegan al acuífero Puelche y está al margen de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo.
En setiembre de 2011 la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de Walter Martello (CC) para preservar este manto verde de la polución y los efectos destructivos. En la última sesión del Senado, por unanimidad se votó la sanción definitiva de la declaración de Reserva Natural Provincial.
“Ahora vamos a convocar a especialistas, a ecologistas y a las universidades nacionales para establecer un programa de protección y preservación ”, dijo a Clarín el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey. “Es un viejo anhelo de los vecinos que logramos concretar con el apoyo de todos los sectores políticos de la Provincia”, agregó el jefe comunal.
Premian idea de estudio del impacto de actividad petrolera en el agua
María Laura Gómez, hidrogeóloga del Iadiza, presentó una propuesta que fue elegida por el Banco Galicia para financiarla. Recibió 50.000 pesos. El análisis se realizará en Ugarteche.
Ugarteche es una zona donde confluyen diversos usos del agua: para emprendimientos petroleros, riego agrícola y consumo humano en algunas escuelas rurales. Por eso, fue elegida por María Laura Gómez, doctora en Hidrogeología, para realizar un estudio del impacto que la explotación de hidrocarburos tiene sobre los recursos hídricos.
La investigadora fue una de las cinco en todo el país que recibirá un estímulo del Fondo para la Conservación Ambiental, un programa del Banco Galicia que financia proyectos de investigación y gestión sustentable.
María Laura Gómez nació y estudió en Córdoba y llegó a Mendoza hace cuatro años. Desde el Laboratorio de Desertificación y Ordenamiento Territorial, del Iadiza (Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas) comenzó a trabajar en diversos proyectos. Pero como ella misma explica, los análisis de muestras de agua, que se requieren en Hidrogeología, son muy costosos.
Unos amigos investigadores le comentaron que este año la tercera edición del Fondo para la Conservación Ambiental iba a financiar propuestas que apunten a la “Conservación del Agua y Ambientes Acuáticos”. Gómez optó entonces por delimitar una zona y una problemática concretas para estudiar: el impacto de la actividad petrolera sobre los recursos hídricos en Ugarteche (Luján).
Entre los 104 proyectos que se presentaron de todo el país, el jurado eligió 5 ganadores y 6 menciones especiales. Como fue una de las primeras, María Laura Gómez recibirá 50 mil pesos para desarrollar su investigación. En la tarea estará acompañada, detalló, por Amílcar Álvarez, del Instituto Nacional del Agua, y Julieta Aranibar, del Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales).
La especialista detalló que en la zona de estudio, los acuíferos naturalmente tienen una alta salinidad. A esto se suma que para utilizar las tierras salitrosas para cultivo -principalmente de vid- se realizaron durante mucho tiempo lavados. A su vez, los efluentes de la industria petrolera también pueden cargar sales que incrementarían esta salobridad del agua, además de metales y restos de hidrocarburos de distinta densidad.
Para poder conocer si la explotación petrolera u otras actividades productivas provocan un impacto en los acuíferos, deberán tomar muestras aguas arriba, que servirán para identificar un valor de base. También se irán tomando otras en distintos puntos de su recorrido superficial y de los acuíferos subterráneos.
Estas muestras serán enviadas a la Universidad de Waterloo, en Canadá, donde trabaja Ramón Aravena, un especialista en el uso de isótopos para estudiar la contaminación en áreas urbanas. María Laura Gómez explicó que con el agua de Ugarteche se analizará la presencia de dos isótopos: oxígeno-18 y azufre-34.
Estos elementos químicos van guardando información de los procesos que han sufrido, como huellas que se pueden identificar. Gracias a este estudio isotópico, se puede determinar si el agua sufrió evaporación en una laguna de lodos con hidrocarburos, si la contaminación proviene de un efluente industrial o si la salinización es producto de la interacción con la roca y otros sedimentos.
La geóloga señaló que deberán desarrollar la investigación durante un año, que es lo que prevé el programa del Banco Galicia. Es decir, en ese plazo tendrán que encontrar antecedentes, seleccionar los sitios de muestreo, tomar las muestras y enviarlas a analizar, y en función de los resultados elaborar informes. De todos modos, consideró que este será el primer paso ya que seguramente surgirán diversas posibilidades futuras de análisis.
Asimismo, planteó que el estudio podrá ser utilizado por el Departamento General de Irrigación para definir estrategias de uso del recurso hídrico con los actores involucrados. Y los resultados se podrán aplicar a otras zonas con una problemática similar, es decir, donde se desarrolle un uso simultáneo del agua por la industria petrolera, para el riego de cultivos y para el consumo humano (en Ugarteche por escuelas que utilizan agua de pozo).
Los chubutenses rechazan la minería y esperaban más de Chubut en YPF
Los chubutenses están en desacuerdo con el manejo que el gobierno de Chubut hace de los recursos no renovables, lo que quedó demostrado con la disconformidad que manifestó la gente sobre el papel que le cabe a la provincia en el reparto de acciones de la nueva empresa estatal YPF y también respecto a las intenciones de explotación minera impulsadas por el propio Martín Buzzi.
Estos números, debe justipreciarse, guardan lógica con los problemas que ha afrontado la gestión Buzzi en ambos sectores, los que incluso pretendió unir en un proyecto de marco regulador que tras recibir innumerables críticas quedó en espera aunque es muy probable que haya novedades en los próximos días.
El Gobierno provincial no pudo o directamente no supo transmitir su voluntad a la sociedad para ganarse su anuencia, sobre todo respecto de la minería. La presentación del marco regulador se hizo con bombos y platillos, prometiendo incluso cheques de las ganancias para cada ciudadano de la provincia, pero después de recibir críticas de distintos sectores, y frenos varios en la Legislatura provincial, el mismo Gobierno mandó a pedir que no sea tratado para enriquecerlo –haciendo un camino inverso a la lógica más elemental- cosa que tampoco ha ocurrido.
En ese marco, ante la pregunta “¿en qué medida está usted de acuerdo con el desarrollo de la minería en la provincia?” el 54,78% de los encuestados contestó que estaba en desacuerdo. Y en rigor sólo el 35,66% se mostró a favor, pues casi el 10% dio no saber qué respuesta dar.
También puede aportarse que entre los que están plenamente convencidos, quienes optaron por señalar que estaban “muy en desacuerdo” casi duplicaron a los que se mostraron “muy de acuerdo” con un 20,29% contra un 12,95%.
El caso de Esquel es emblemático. Allí las posiciones por el No a la mina aparecen como muy elevadas. Debe señalarse aquí que acaso el Gobierno no haya podido nunca explicar lo que pretende hacer con este tipo de explotaciones, toda vez que como negativa se utiliza constantemente el argumento de lo destructivo que resulta la megaminería a cielo abierto mientras que el proyecto Suyai, por ejemplo, no es a cielo abierto y tampoco puede considerarse como megaminería. En definitiva, pese al enorme aparato de propaganda construido en rededor la subsecretaría de Medios en esta gestión de gobierno no se ha logrado transmitir bien el mensaje. Proliferación de gacetillas no es sinónimo, como esto lo demuestra palmariamente, de buena información.
El caso de YPF tampoco le juega a favor de la administración Buzzi.
Tampoco resulta aquí sorprendente el resultado de la compulsa. Buzzi hizo todo los esfuerzos para mostrarse como líder en la repatriación de los activos de YPF y hasta contó con la fortuna de su lado pues en el pico de la pelea de Nación con los capitales privados le tocó en suerte comandar la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos, pues le correspondía a Chubut la presidencia. No obstante ello, a la hora de repartir acciones la provincia quedó muy relegada. Si a eso se le suman los enormes inconvenientes que ha tenido en el sector, con un conflicto sempiterno que arrancó con la violenta toma del yacimiento Cerro Dragón y que todavía hoy no se cierra, resulta comprensivo que la sociedad tienda a pensar que el manejo le resulta al Gobierno por lo menos engorroso y que si no fuera así habría obtenido mejores resultados.
La pregunta es cómo hará la gestión ahora para revertir esto, especialmente en la cuestión de la minería que aparecía en su momento como una necesidad para conseguir recursos y que ahora aparece como muy trabado especialmente si se tiene en cuenta el compromiso que asumió Buzzi ente los chubutenses con aquello de “no hacer nada sin la licencia social necesaria” tratándose de la explotación de recursos naturales.
El caso de la minería resulta curioso desde algún punto. El Gobierno provincial no ha conseguido hacer pie en el tema pese a que su argumento de generación de empleo debería anclar en la sociedad. Es que justamente la falta de empleo es uno de los temas que, según la encuesta de Aresco (ya publicada), más preocupa a la gente. Es así en general para Chubut, en donde el 17,22% eligió este ítem a la hora de hablar de sus preocupaciones y sobre todo en Esquel, el lugar en el que mayor resistencia existe a la explotación minera, pues allí uno de cada cuatro encuestados (26,1%) señaló que la principal preocupación pasa por la falta de trabajo. Ese dato, que debió “ayudar” al gobierno a la hora de ganarse la anuencia de la sociedad para impulsar el sector minero no pesó, sin embargo, a la hora de preguntar específicamente por esto.
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Greenpeace pide a la ministra Giorgi que debata públicamente sobre la ley de Basura Electrónica
Ante la inminente finalización del período legislativo, y la posibilidad de que el proyecto de Ley de residuos electrónicos pierda estado parlamentario, la organización ambientalista Greenpeace, le pidió a la ministra de Industria Débora Giorgi que debata públicamente y en forma urgente sobre los alcances de la Ley y los motivos por los cuales la funcionaria traba el tratamiento de la norma en la Cámara de Diputados.
“La Ministra de Industria y el diputado Feletti, están frenando un proyecto que es clave para disminuir el grave impacto que generan estos residuos en la salud y el ambiente de los vecinos” declaró Consuelo Bilbao, de Greenpeace. “Quedan pocos días para que el proyecto quede sin efecto, y por eso le pedimos a la ministra que exponga públicamente los argumentos para no permitir que se apruebe una Ley elaborada con la colaboración de ONGs, legisladores, recicladores y organismos de gobierno como el Instituto nacional de Tecnología Industrial (INTI) o la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que daría solución a la parte más tóxica de los residuos que generamos en nuestros hogares”.
Greenpeace está solicitando llevar a cabo el debate en los próximos días, en el ámbito público que opten la ministra o el diputado Feletti, quien preside la comisión de Presupuesto donde el proyecto quedó bloqueado. Del mismo modo, la organización pide y agradece a los medios de comunicación que les sea posible hacerlo, que favorezcan un espacio e impulsen la realización de este encuentro.
La Ley de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos está hace casi 5 años en el Congreso, ya fue aprobada en el Senado por todos los bloques y está a la espera de su aprobación en Diputados.
Greenpeace viene promoviendo la Ley y reclamando a los Diputados su aprobación, y en las últimas semanas denunció que el bloqueo por parte del Ministerio de Industria favorece los intereses de las firmas nucleadas en la Cámara de Comercio de Estados Unidos que se oponen al proyecto, para no pagar por la contaminación que generan sus productos, una vez que pasan a ser basura electrónica.
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Jueces ratifican orden de demolición de terraplenes construidos en el Iberá
Fuente: Política Correntina
La Justicia correntina volvió a expedirse en contra de la construcción de terraplenes en la Reserva del Iberá. En un pronunciamiento firmado por los jueces Carlos Aníbal Rodríguez y María Eugenia Sierra De Desimoni, se ordena concretar la demolición tras la denuncia hecha por pobladores y ecologistas en agosto, por el inicio de nuevos trabajos en la zona.
En el expediente Nº 74.036, de la Cámara Sala IV, fallo del 5 de noviembre, los jueces señalan que “Las sentencias judiciales están para cumplirse. 3- En el caso la parte demandada no solo no cumplió con la orden judicial sino que además realizo una serie de obras que no sólo continuaron sino que constituyen un conjunto de terraplenes que, en nuestra opinión -ratificada por el Alto Cuerpo en su decisorio ya mencionado- pueden constituir un grave perjuicio al ecosistema Iberá.”
Desde la Organización Ecologista Guardianes del Iberá, señalan que no se cumplió con la sentencia firme de demoler el terraplén (2007), y se comenzó a ampliarlo. Esto fue denunciado por la Organización Ecologistas “Guardianes del Iberá” (animadora de la campaña “Salvemos al Iberá”) el 13 de Agosto de este año con presentaciones administrativas en el Icaa que fueron acompaña por protestas”.
Destacan además que los jueces de la Cámara de Apelaciones decían en su fallo “podemos llegar a la conclusión de que todo este largo proceso terminaría con la demolición de lo construido por la demandada, pero reemplazado por otra obra de similares características, lo que de admitirse constituiría además de una grave burla al poder jurisdiccional, un nuevo e igual peligro para el ecosistema del Iberá y esto debe prevenirse por mandato legal y constitucional”.
Aprueban ordenanza que prohíbe habilitaciones a empresas mineras
Fuente: Diario Digital El Chubut
El Concejo Deliberante de Esquel aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ordenanza que prohíbe el otorgamiento de habilitaciones comerciales a empresas mineras.
Asistieron a la sesión un reducido grupo de empleados de la empresa Minas Argentinas S.A, como así también una importante cantidad de vecinos de la asamblea de autoconvocados por el No a la Mina que, aplaudió la decisión del cuerpo legislativo. «Para nosotros esto constituye una política de Estado que, marca un camino a seguir hacia delante. Porque desde el 2002 hasta ahora, el pueblo de Esquel sigue diciendo que no quiere emprendimientos mega mineros en la ciudad», dijo el presidente del bloque del FPV, Horacio Iturrioz luego de aprobada la norma.
Si bien se temía que pudieran ocasionarse algunos disturbios entre los grupos, la sesión se desarrolló con normalidad.
La ordenanza aprobada establece que se debe incorporar cuando se trate el Código Tributario Municipal la siguiente modificación: artículo 166 bis «no se otorgará habilitación comercial para el ejercicio de actividades accesorias, complementarias o conexas que se encuentren prohibidas o de cualquier forma no permitidas por la legislación municipal».
De esta manera, el proyecto fija una posición con respecto a aquellas empresas cuyo objeto u actividades, se encuentran prohibidas por otra ordenanza en la ciudad como es el caso de la explotación minera metalífera, estableciendo en estos casos la imposibilidad del municipio de otorgar una habilitación.
En el marco de la sesión, se destacó que la ordenanza surgió del consenso de tres propuestas presentadas, las que fueron enriquecidas con algunos fundamentos de índole legal que le dan sustento a la norma sancionada y que pondrá fin a una polémica que se generó a partir del otorgamiento que hizo el municipio de la habilitación comercial a la empresa Minas Argentinas aduciendo que no tenía ningún fundamento para no hacerlo ya que, entendía que la prohibición que existía hasta el momento en el ejido de la ciudad por ley provincial y ordenanza era sobre la explotación minera pero no para el funcionamiento de una oficina de la empresa minera.
Cabe recordar que la empresa Minas Argentinas posee una habilitación provisoria otorgada por el municipio de Esquel que vencerá el 1º de mayo del 2013.
La República Argentina es uno de los países con mayor variedad de ecorregiones en el mundo: quince zonas continentales, tres oceánicas y Antártida están representadas en su territorio. Una biodiversidad excepcionalmente rica, tanto en especies y variación genética como en ecosistemas. Esto representa para nuestro país un significativo valor estratégico que debemos preservar en función de los intereses nacionales y populares.
Preservar la biodiversidad es proteger la vida. Implica asegurar el desarrollo productivo actual y su potencialidad en el futuro. Existen varias herramientas estratégicas que estamos desarrollando con este objetivo: la implementación de la ley 26.331 de protección de bosques nativos, la Estrategia Nacional de Biodiversidad que estamos consensuando con todas las provincias y un Sistema Federal de Manejo de Fuego, entre otras.
En este momento está para ser tratado en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de Manejo del Fuego, votado por unanimidad por el Senado de la Nación.
El proyecto fue presentado por la senadora Sandra Giménez, de Misiones, y el Senado acompañó y lideró esta legislación con proyectos anteriores.
La Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente ha trabajado activamente en el proceso de elaboración de esta ley, con el objetivo de consolidar institucionalmente un Sistema Federal de Manejo del Fuego, que permita mantener los procesos ecológicos esenciales, preservar la diversidad genética y garantizar la utilización sustentable de las especies y los ecosistemas.
Esta ley permitirá cerrar un proceso de análisis, discusión y valiosos aportes que en los últimos años se han realizado desde instituciones, organizaciones y especialistas, creando un sistema nacional con una visión holística del problema, que contribuirá a mejorar la calidad de vida de las localidades y las personas afectadas en forma recurrente por los incendios de bosques y campos.
El proyecto reúne todos los elementos necesarios para dar un salto cualitativo a nivel institucional en la prevención y combate de los incendios forestales y rurales, con consecuencias superadoras relevantes en los aspectos técnicos y operativos.
El Sistema Nacional que se crea tiene como objetivos establecer mecanismos para un eficiente manejo del fuego en defensa de la naturaleza, así como velar por la seguridad de la población en general y de las personas afectadas al combate de incendios. Está integrado por las organizaciones provinciales y de parques nacionales con la coordinación de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Cabe destacar que más de dos mil combatientes de incendios forestales y personal técnico de apoyo especializado de todo el país serán beneficiarios directos, al contar con esta ley, con un marco normativo que regulará una actividad laboral de alto riesgo y especialización.
Este Sistema Federal de Manejo del Fuego es el resultado de un proceso institucional que hoy ya se encuentra en funcionamiento. Sin embargo, mediante el dictado de la ley, que hoy cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Recursos Naturales, será consolidado, respaldado y contará con el presupuesto necesario, constituyéndose así en una importante y real política de Estado.
Por Silvia Révora * Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
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20:19 | Publicado por Eco Sitio | | Editar entrada
Proponen penalizar la utilización indebida de agroquímicos
La diputada provincial Verónica Benas presentó un proyecto ley para incluir el uso indebido de agroquímicos en el Código de Faltas de Santa Fe. Se propone ampliar el alcance del artículo 135 para sancionar con multas o arresto a quien practique, autorice u ordene aspersiones sin contemplar las normas de seguridad. “Buscamos que el Estado esté más cerca de los potenciales damnificados facilitando la posibilidad de las denuncias en cualquier parte del territorio santafesino”, explicó la legisladora del Partido PARES.
El proyecto de Verónica Benas propone una nueva redacción para el artículo 135 del Código de Faltas de la provincia de Santa Fe, sancionando con arresto de hasta sesenta días o multa de hasta cuatrocientos jus, "a quien practique, autorice u ordene aspersiones de fitosanitarios, sin contemplar las normas de seguridad que rigen el uso regular de esos productos, incluido el destino final de sus envases, poniendo en riesgo la salud de la población rural y urbana, y la biodiversidad en general.”
Estamos proponiendo una sanción de naturaleza penal y de mayor rigor, la utilización de agroquímicos en forma irregular o cuando se exceden las normas de seguridad para su uso", explicó Verónica Benas.
Se sabe que la ley 11273 de fitosanitarios prevé en la provincia sanciones de multas de carácter administrativo a quienes la infrinjan, pero la experiencia indica que no se llevan a la práctica pese al inicio de los trámites.
Además, esta legislación específica se encuentra en revisión legislativa desde hace varios años, luego de las denuncias, fallos judiciales y polémicas desatadas por la aplicación de estos productos. En este marco se han sancionado ordenanzas en municipios y comunales de la provincia que han atendido a la preocupación de la comunidad por preservarse.
"Creemos que la regulación propuesta se encuadra perfectamente en el Título VIII del Código de Faltas, cuando se refiere a la salud pública y el equilibrio ecológico, y más específicamente a la utilización de productos peligrosos. Para esto agregamos a la sanción de arresto ya vigente, una multa en jus, graduable por el juez, que es equivalente a las previstas en la ley 11273 en base a litros de gasoil", agregó la legisladora.
“Buscamos que el Estado esté más cerca de los potenciales damnificados facilitando la posibilidad de las denuncias, teniendo en cuenta que se pueden realizar en las dependencias policiales en todo el territorio de la provincia".
Este aspecto además contribuye a promover el control social en el cumplimento de las normas que regulan el manejo responsable de los fitosanitarios, una demanda reiterada de sectores sociales preocupados por el impacto que estos productos puedan acarrear a la salud humana y en la diversidad biológica en general, que se sintetiza en la frase:“Paren de fumigar”.
Finalmente no podemos dejar de mencionar el principio precautorio ambiental que uniforma la materia y que cada vez goza de mayor reconocimiento jurisprudencial, tanto en el orden nacional como internacional.
Frenan informes por contaminación
El oficialismo frenó tres pedidos de informes por posible contaminación con residuos de la actividad petrolera en los lagos Los Barriales y Mari Menuco, pese a que una semana antes todos los bloques habían acordado habilitar las consultas al Ejecutivo.
El tema se trató en la comisión de Hidrocarburos de la Legislatura, que preside Luis Sapag (MPN), a partir de las presentaciones del Frente Grande-MUN, UNE-FPN y CC-ARI. En todos los casos, el fundamento es una pericia de la Corte Suprema de Justicia en la que se advierte de la presencia de hidrocarburos en Los Barriales en un nivel 50 veces mayor al máximo permitido para recreación. También se mencionó que una de las querellantes en la causa que tramita la Justicia Federal, Cristina Cherqui, falleció poco después de que le detectaran contaminación con plomo en sangre.
Ayer Sapag expresó que había cambiado de opinión y rechazó cualquier pedido de informes a la subsecretaría de Ambiente. En cambio, sugirió tomar los proyectos como “un disparador” para analizar el tema junto con el Ejecutivo.
Desde la oposición, insistieron en votar las propuestas y quedaron en minoría, por el voto en contra del MPN y sus fuerzas aliadas.
Sapag indicó que, al margen de las discrepancias, seguirá el debate en la comisión durante 2013, con alguna visita a los pozos no convencionales.
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Fallo judicial reconoce Derechos Mapuche frente a terrateniente
También afirma que no es necesario personería jurídica o estar inscrito en algún ámbito estatal para ser reconocida como comunidad, recuerda la vigencia de la Ley 26.160 (suspende los desalojos) y –declarando inoponible frente a la Comunidad la tardanza del Estado en su aplicación– reconoció la legitimidad de la posesión indígena de esas tierras, los derechos mapuches sobre el inmueble y llamó “a la reflexión” a Duarte “respecto a las desafortunadas expresiones -francamente hostiles- vertidas contra la comunidad y especialmente al juicio de disvalor efectuado por su parte en torno al modo de actuación y costumbres de los mismos”. Duarte incluso había cuestionado la instalación de “una bandera extranjera (mapuche)” en el territorio. La jueza le recuerda que “más del 60 por ciento de la población argentina es descendiente de algún pueblo indígena” y lo insta a Duarte a “internalizar el nuevo paradigma de inclusión y respeto a la diversidad étnica y cultural”.
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La aplicación de la Ley de Glaciares sigue generando un intenso debate entre sus defensores y las empresas mineras. Si bien la norma ya tiene plena vigencia después de que la Corte Suprema de Justicia no diera lugar a una serie de medidas cautelares, aún aguarda definición por parte del tribunal sobre la cuestión de fondo, que es si afecta o no potestades provinciales. Ayer, la Comisión de Minería de Diputados organizó una disertación a cargo de dos prestigiosos científicos. Criticaron que “no está claro si la norma busca proteger un recurso hídrico”, mientras que legisladores de provincias mineras enfatizaron que “se busca impedir la actividad sin un criterio científico”. Defensores de la ley resaltan que se está avanzando en el inventario sobre los glaciares y que la norma protegerá, una vez que entre en ejecución, sólo las zonas que tengan impacto sobre los cursos de agua.
En julio, la Corte revocó los amparos que impedían la plena vigencia de la ley, presentados por Barrick Exploraciones Argentinas, Exploraciones Mineras Argentinas y Minera Argentina Gold, además de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y el gobierno de San Juan. Las medidas cautelares habían sido dictadas por el juez sanjuanino Miguel Angel Gálvez. Con su decisión, el máximo tribunal permitió el inicio de la confección de un inventario de la zona glacial y periglacial, ahora protegidas por la ley.
La aplicación de la ley es un tema de extrema sensibilidad para las empresas. El núcleo del conflicto es la zona periglacial. “No toda esa área tiene hielo e impacto hídrico. Cuando el suelo está a una temperatura igual o inferior a los cero grados, puede estar congelado cuando hay agua, pero puede no haberla. En el primer caso, puede ser estable, es decir que no aporta agua a las cuencas. Si está descargando, sí aporta agua”, explicó ayer Pablo Wainstein, experto en hidrología glacial de la Universidad de Calgary, en Canadá. El científico chileno agregó que los glaciares de escombros, formaciones de hielo cubiertas, pueden o no aportar recursos hídricos; si lo hacen “se degradan muy lentamente”, y agregó que una cuenca típica con hielo “tiene una contribución hídrica mínima”. El encuentro tuvo lugar en el Salón Eva Perón del Senado.
“No está claro que la legislación busque proteger una condición térmica o un recurso hídrico”, concluyó Wainstein. “Si en el área periglacial no hay hielo, ¿cuál es la razón para impedir una actividad?”, se preguntó el presidente de la Cámara de Empresarios Mineros, Martín Dedeu. En el mismo sentido se manifestaron Daniel Tomas, titular de la Comisión de Minería de Diputados y legisladores de provincias mineras.
Fuentes oficiales, sin embargo, señalan que las empresas buscan recrear una situación de restricción total a la actividad que no es así. En diálogo con este diario, funcionarios vinculados con la ejecución del inventario sobre los glaciares recuerdan que el artículo 1º de la ley establece que el objeto es proteger los glaciares y el ambiente periglacial para “preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos”. El artículo 2º advierte que “se considera el área periglacial en la alta montaña al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña, al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo”.
Con la definición del área a proteger en función del recurso hídrico, aseguran, será el inventario a nivel nacional el que defina el límite para la actividad. La provincia de San Juan, junto a la Universidad Nacional del distrito, La Rioja, Catamarca y Mendoza están en la tarea de conformar ese inventario, bajo la coordinación del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet. La Secretaría de Medio Ambiente, autoridad de aplicación de la ley, está puliendo un informe sobre los avances del informe.
Por su parte, el geólogo canadiense Matthias Jakob explicó que el 95 por ciento del aumento en la temperatura global está asociado a la emisión de gases de efecto invernadero. “Los glaciares retrocedieron en todo el mundo, y el derretimiento se aceleró desde los ’ 90”, explicó. Jakob y Wainstein reconocieron la importancia de tener un inventario sobre los glaciares.
Salta: media sanción para limitar las fumigaciones
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Marche una Policía Ambiental en Salta
La Justicia de Salta exhortó a la Comisión Técnica de Saneamiento del Río Arenales a formar una Policía Ambiental para que monitoree en forma permanente la extracción de áridos del cauce de ese río. La decisión llegó tras un amparo de vecinos de los barrios ribereños.
El titular de la sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Mario D’Jallad, exhortó a la Comisión Técnica de Saneamiento del Río Arenales a formar una Policía Ambiental que monitoree en forma permanente la extracción de áridos del cauce de ese río.
La decisión del magistrado llegó en una causa iniciada por el amparo presentado contra la Municipalidad de la Ciudad de Salta, la empresa Marozzi SA y la Provincia de Salta por vecinos de los barrios aledaños al río.
Según explicó D’Jallad en el fallo la acción deducida resultaba “algo imprecisa en sus orígenes por la amplitud de la cosa demandada” con causas de variada naturaleza, origen y efectos, por lo que resultaba “sumamente difícil, cuando no imposible, atribuir en forma exclusiva un actuar, hecho o motivo del resultado afligente para los vecinos del barrio de tener que soportar medio metro de agua en sus viviendas”.
Sin embargó exhortó a la Comisión a formar o crear “una Policía Ambiental, que monitoree en forma permanente la extracción de áridos del cauce del río” ya que “es imprescindible realizar un control puntual al momento de sacar arena y ripio, por Empresas dedicadas a ese fin”.
Advirtió que se iniciaron trabajos de remoción de áridos en el lecho mismo del río, librándose el cauce, “de modo tal que las aguas de lluvia, aún intensas, no inunden el Barrio y corran bajo el puente situado en la avenida Monseñor Tavella. Luego dependerá del actuar Municipal y Provincial, el fijar prioridades, o trabajos, tales como la provisión del servicio de cloacas, y demás proyectos determinados por necesidades de los diferentes barrios”, consigna el fallo.
“Los jueces no pueden evaluar qué política sería más conveniente para la mejor realización de ciertos derechos, sino evitar las consecuencias de los que clara y decididamente ponen en peligro o lesionan bienes jurídicos fundamentales tutelados por la Constitución”, concluyó el magistrado citando a la Fiscal de Cámara.
El amparo fue presentado por vecinos de los barrios Ceferino, Santa Lucía, 13 de Abril, Solidaridad, Democracia, Villa Lavalle, asentamiento 20 de Junio, Angelita, San Juan de Dios y Gauchito Gil, todos ribereños del cauce de agua que cruza la ciudad de Salta.
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References: artículo 157
 artículo 166
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 1
 artículo 2