Source: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-18262
Timestamp: 2019-07-17 06:18:22+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-2003-18262
Documento BOE-A-2003-18262
«BOE» núm. 236, de 2 de octubre de 2003, páginas 35835 a 35849 (15 págs.)
BOE-A-2003-18262
https://www.boe.es/eli/es-ga/l/2003/07/29/4
El artículo 47 de la Constitución Española ordena a los poderes públicos la promoción de las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y apropiada, encomendándoles la elaboración de las normas pertinentes para ello. Igualmente, según el artículo 51, les corresponde garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, entre los cuales se encuentran los arrendatarios y adquirentes de viviendas y locales, velando por su protección, asegurándoles tanto la calidad de los mismos como la información que sea precisa antes de la celebración de los respectivos contratos y el cumplimiento de los pactos en ellos establecidos.
Tal función corresponde a la Comunidad Autónoma de Galicia en virtud de lo dispuesto en los artículos 27.3.o y 30.I.4.o del Estatuto de Autonomía, títulos competenciales que la habilitan para la elaboración de la presente Ley de Vivienda de Galicia.
No es, sin embargo, objeto del presente texto legal la regulación genérica de la intervención de la Administración pública en el fenómeno constructivo a través de actuaciones de programación del suelo y control urbanístico -tales aspectos aparecen suficientemente regulados en la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia-, ni el establecimiento del régimen jurídico general de las viviendas sujetas a algún tipo de protección pública, materia esta de notoria complejidad normativa en la actualidad y que no parece oportuno refundir aquí.
Así, partiendo de la existencia de un control urbanístico general, de políticas de fomento del suelo, de un régimen jurídico de financiación para la adquisición o rehabilitación de viviendas a través de distintos sistemas de protección pública y de una variada normativa complementaria sobre distintos aspectos de calidad de la edificación, pretende la presente Ley de Vivienda de Galicia contemplar con atención especial el proceso de introducción de las viviendas en el mercado, dando respuesta legal a los conflictos que la realidad jurídica muestra como más frecuentes con relación a la adquisición de una vivienda o un local, y que hasta ahora se habían venido resolviendo en base a una legislación fragmentada y una doctrina jurisprudencial no siempre uniforme.
Se trata, en definitiva, de regular tres aspectos fundamentales: en primer término, la protección de los arrendatarios y adquirentes de viviendas y locales en su relación con los arrendadores, promotores, constructores y vendedores, garantizando que la información recibida antes de contratar sea veraz, completa y transparente, así como el respeto, a lo largo del proceso constructivo, de los compromisos asumidos frente a ellos ; en segundo término, se da forma a la intervención de la Administración autonómica en los problemas específicos que plantea la transmisión a terceros de las viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, a fin de asegurar que las mismas queden siempre en manos de ciudadanos que de otra forma no podrían hacer efectivo su derecho a una vivienda digna y apropiada, dadas sus particulares circunstancias familiares y económicas ; finalmente, en tercer término, se contempla en la ley el régimen sancionador por infracciones en materia de vivienda, que, aunque incorpora a su texto la mayoría de las previsiones de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, con modificaciones puntuales en las materias en que se han observado disfunciones, presenta ahora un alcance más amplio, al estar referido solamente aquel texto legal, que ahora se deroga, a las infracciones en materia de viviendas de protección pública.
Se ha considerado oportuno, con ocasión de la elaboración de una Ley de vivienda de Galicia, regular en la misma, en desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, que autoriza para ello a las Comunidades Autónomas, la obligación de depósito de las fianzas a que se refiere el artículo 36.1 de ese texto legal, el cual habrán de hacer efectivo los arrendadores en el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo o, en su caso, en las entidades gestoras, materia que se regula en el título III de la Ley.
Por último, el régimen sancionador que la Ley contempla en el título IV, incorporando previsiones que se corresponden con las nuevas obligaciones que ahora se imponen a los agentes de la edificación, continúa incluyendo otras de los promotores y constructores o de los ocupantes de las viviendas sujetas a algún réxime de protección pública.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2.o del Estatuto de Autonomía de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidente, promulgo en nombre del Rey la Ley de Vivienda de Galicia.
Publicidad e información en la oferta de venta
SECCIÓN 1.a PUBLICIDAD
Artículo 7. Concepto de publicidad.
Artículo 8. Carácter vinculante de la publicidad.
Artículo 9. Complejos inmobiliarios.
1. Cuando se ofrezcan viviendas con trasteros, desvanes, plazas de garaje u otros espacios análogos que puedan prestar un servicio accesorio a los titulares dominicales de aquéllas, se indicará, cuando menos, si se trata o no de anejos jurídicamente inseparables de ellas, sin perjuicio de que se aporte información complementaria sobre la concreta naturaleza de los mismos.
1. Si se incluyen en la publicidad informaciones relativas a formas de pago aplazado del precio de venta de la vivienda, deberá indicarse si se exige una entrada inicial, así como el número total de plazos y el vencimiento de los mismos.
SECCIÓN 2.a INFORMACIÓN EN LA OFERTA DE VENTA
Artículo 15. Examen de la documentación antes de la perfección del contrato.
1. Antes de la perfección del contrato, el futuro adquirente de una vivienda podrá exigir al promotor que exhiba ante él, con el objeto de que pueda proceder a su examen, la siguiente documentación:
1. Quien ofrezca dentro de su actividad empresarial o profesional viviendas para la venta deberá proporcionar al interesado, en todo momento, información sobre los siguientes extremos:
Artículo 19. Requisitos previos a la venta.
3. Siempre y cuando el promotor reciba cantidades de dinero en concepto de reserva de una de las viviendas que eventualmente se construyan, deberá señalarse en el pacto suscrito las características esenciales de ubicación de la misma dentro del edificio, la superficie aproximada y el precio máximo de venta en que se considera que podrá ofrecerse finalmente en el mercado.
Igualmente deberán constar las fechas estimadas de inicio y finalización de obra, así como la prevista para que pueda formalizarse el contrato.
Artículo 21. Requisitos de los contratos.
Para formalizar contratos de promesa de venta o compraventa de viviendas será preciso prever el régimen jurídico de la edificación proyectada, que incluirá los puntos siguientes:
Artículo 22. Entrega de documentación a los compradores.
Artículo 23. Correspondencia entre la construcción y el proyecto de obra.
contrato, la garantía de devolución de los anticipos efectuados se extenderá a los supuestos en que, siendo enajenada a un tercero la vivienda que había de serle entregada al comprador, manifieste éste su voluntad de resolver el contrato, y a los casos en que la vivienda vendida y entregada finalmente al comprador aparezca gravada por hipotecas o cargas distintas de las puestas de manifiesto por el vendedor en el momento de contratar.
5. Las garantías sólo se extinguirán cuando el promotor pruebe la entrega de las viviendas ya terminadas, tras la expedición del certificado final de obra por el técnico competente y la obtención de la correspondiente licencia de primera ocupación, bien expresamente o por silencio administrativo conforme a la legislación vigente.
Además, la cancelación de las aludidas garantías exigirá, en los casos en que el promotor continúe siendo titular registral, que se aporte la escritura pública de compraventa de la vivienda que se hubiera otorgado.
Artículo 25. Aplicación de las cantidades anticipadas para la construcción.
Venta de viviendas ya terminadas
Artículo 26. Requisitos previos a la venta de viviendas de nueva construcción ya rematadas.
Artículo 27. Entrega de documentación al comprador de vivienda de nueva construcción ya terminada.
1. El promotor deberá hacer entrega a todos los compradores de viviendas de nueva construcción ya terminadas, al mismo tiempo de celebrarse el correspondiente contrato, de la siguiente documentación:
Artículo 28. Entrega de documentación en segundas y ulteriores transmisiones de viviendas.
1. En las segundas y ulteriores transmisiones de viviendas, el vendedor deberá hacer entrega al compra dor de la documentación expresada en el artículo anterior, salvo la relativa a la hipoteca si ya se hubiera cancelado, y la correspondiente a las garantías de los elementos e instalaciones si su plazo de duración ya hubiera concluido en el momento de celebrarse el correspondiente contrato.
Artículo 29. Libro del edificio.
1.o El régimen jurídico de protección al cual, en su caso, se acoge la edificación.
2.o Si se tratara de un edificio dividido en espacios susceptibles de aprovechamiento independiente y éstos ya se hubieran formalizado, la copia de la escritura de división horizontal del inmueble y los estatutos por los cuales se regirá la comunidad, con las modificaciones de que, en su caso, hayan sido objeto.
3.o La descripción de las cargas y gravámenes de naturaleza real existentes sobre la finca.
4.o Las garantías constituidas en el edificio, en cumplimiento de la legislación vigente, para responder de daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, indicando el tipo de seguro suscrito y los datos identificativos de la compañía aseguradora.
5.o Las otras garantías que, en su caso, existan sobre las instalaciones o servicios comunes del inmueble.
1.o Los planos definitivos de las plantas, alzados y secciones del edificio, indicando la distribución de los espacios comunes y privativos y de todos los servicios e instalaciones con que cuente el inmueble, especialmente el trazado de las redes eléctrica, de agua, de calefacción y climatización, de telecomunicaciones y de los sistemas de seguridad. Si el edificio formara parte de un complejo inmobiliario, habrá de aportarse también un plano completo del mismo, con referencia a las instalaciones y servicios de titularidad común.
2.o La descripción de los materiales utilizados en la construcción, tanto de los externamente visibles como de aquéllos a los que los adquirentes de viviendas no tienen acceso directo, con referencia en ambos casos a las calidades empleadas, y el plan de control de calidad efectuado, con copia de los resultados obtenidos.
3.o Las instrucciones de uso y mantenimiento de las diferentes partes del edificio.
Artículo 30. Información en la oferta de arrendamiento.
Artículo 31. Requisitos previos para el arrendamiento.
En todo contrato de arrendamiento, cualquier que sea la forma en que se celebre, el arrendador deberá facilitar al arrendatario copia de los siguientes documentos:
Artículo 33. Condiciones del adquirente.
Artículo 34. Precios máximos de venta.
Artículo 35. Derechos de tanteo y retracto.
Artículo 39. Precio de la transmisión.
Depósito de las fianzas de los arrendamientos de viviendas y fincas urbanas
1. Los arrendadores y subarrendadores de fincas urbanas, las hayan percibido o no de los arrendatarios, deberán depositar en el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo o, en su caso, en la entidad gestora las fianzas en metálico y las actualizaciones de las mismas en los supuestos en que sea exigible y en la cuantía establecida por la legislación en materia de arrendamientos urbanos.
El depósito no devengará interés alguno.
Artículo 44. Formas de depósito de las fianzas.
Artículo 46. Depósito en régimen general.
5. Las empresas, entidades o Administraciones públicas que presten suministros o servicios, una vez suscritos los conciertos previstos en la presente Ley, incluirán a efectos de depósito en la primera declaración-liquidación que realicen no sólo las cantidades correspondientes al año anterior, sino también todas las que se hallen en su poder y que se deriven de fianzas de años anteriores constituidas y no devueltas o aplicadas a finalidades a que estuvieran afectadas.
Artículo 48. Registro de los Contratos de Arrendamiento de Viviendas y Fincas Urbanas.
2. En el Registro de los Contratos de Arrendamiento de Viviendas y Fincas Urbanas deberán hacerse constar los datos relativos a la ubicación de la finca, la titularidad del inmueble, si dispone de cédula de habitabilidad en los casos en que legalmente se requiera, el uso a que se destina, la identificación de los contratantes, el plazo inicial de duración del contrato, la renta pactada y la fecha de formalización del depósito de la fianza.
c) No exponer, cuando legalmente proceda, en sitio visible durante el período de construcción, el cartel, según modelo oficial, indicativo de que la construcción está acogida al régimen de viviendas de protección oficial.
m) El incumplimiento, por acción u omisión, de las obligaciones establecidas en resoluciones firmes dictadas en procedimientos administrativos referentes al régi men legal de las viviendas de protección oficial o de las declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma.
n) No depositar la fianza y las actualizaciones correspondientes de la misma en el caso de arrendamientos de viviendas y fincas urbanas, o de contratos de suministros y servicios, cuando la cantidad no depositada supere los 3.005,06 euros en un período de un año.
Artículo 57. Otras responsabilidades.
4. El justiprecio de la vivienda será determinado por el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, en base al precio en que fue cedida, del cual se descontarán las cantidades aplazadas no satisfechas por el adjudicatario, así como las subvenciones y demás cantidades entregadas al adquirente como ayudas económicas directas.
La cifra resultante se corregirá teniendo en cuenta los criterios de valoración para las segundas transmisiones de viviendas de promoción pública previstas en sus normas específicas.
Artículo 61. Desahucio o pérdida del derecho de uso.
Artículo 62. Ejecución forzosa y multas coercitivas.
Disposición transitoria primera. Aplicación del título I.
Disposición transitoria segunda. Aplicación de los títulos II y III.
Disposición derogatoria única. Derogación específica y genérica.
(Publicada en el "Diario Oficial de Galicia" n.o 151, de 6 de agosto de 2003)
Fecha de entrada en vigor: 06/02/2004
Publicada en el DOG núm. 151, de 6 de agosto de 2003.
Fecha de derogación: 20/04/2009
SE DEROGA, por Ley 18/2008, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-4448).
DEROGA Ley 13/1996, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1997-5791).
arts. 27.3 y 30.I.4 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril (Ref. BOE-A-1981-9564).
Ley 9/2002, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-1267).

References: artículo 47
 artículo 51
 artículo 36
 artículo 13
 artículo 24

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 15

Artículo 19

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 39

Artículo 44

Artículo 46

Artículo 48

Artículo 57

Artículo 61

Artículo 62