Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/cs/Resolucion/Show/4183
Timestamp: 2018-03-24 11:36:04+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 199/2000
SENTENCIA 199/2000, de 24 de julio
(BOE núm. 203, de 24 de srpna de 2000)
ECLI:ES:TC:2000:199
En el recurso de amparo núm. 3119/96 interpuesto por doña Pilar Suárez Ruiz, doña Susana Gea Huarte, don Antonio Suárez Martínez, don José Pérez Sánchez y doña María Elisa Cuenca Martín, representados por la Procuradora de los Tribunales doña Beatriz Ruano Casanova y asistidos por la Letrada doña Aurora Vidal Climet, contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1996, de inadmisión de recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 12 de diciembre de 1995, que confirmó la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 6 de Valencia, de 22 de febrero de 1994, en autos sobre despido. Han sido partes, además del Ministerio Fiscal, Telefónica de España, S.A., representada por el Procurador don Juan Antonio García San Miguel y Orueta, y asistida por el Letrado don Angel Luis Marchamalo Rodríguez-Estremera. Ha sido Ponente el Presidente don Pedro Cruz Villalón, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 31 de julio de 1996, doña Pilar Suárez Ruiz, doña Susana Gea Huarte, don Antonio Suárez Martínez, don José Pérez Sánchez y doña María Elisa Cuenca Martín, representados por la Procuradora de los Tribunales doña Beatriz Ruano Casanova, interpusieron recurso de amparo contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1996, de inadmisión de recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 12 de diciembre de 1995, que confirmó la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 6 de Valencia, de 22 de febrero de 1994, en autos sobre despido.
a) Los demandantes de amparo prestaban servicios como telefonistas, en el locutorio público Ribera de Valencia, situado en la Plaza del Ayuntamiento de la ciudad de Valencia, en virtud de un contrato de trabajo con la adjudicataria del mismo, doña Cristina Hernández Sanz. La explotación del locutorio correspondía a Telefónica de España, S.A.
b) Con fecha de 12 de julio de 1992, los recurrentes presentaron demandas declarativas de derechos contra Telefónica de España, S.A., y contra doña Cristina Hernández Sanz, reclamando se les reconociera la condición de trabajadores fijos de la Compañía Telefónica, por cesión ilegal de mano de obra (art. 43 LET). Las demandas fueron desestimadas por la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 10 de Valencia de 12 de febrero de 1993.
c) Con fecha de 17 de noviembre de 1993 (y pendiente entonces de tramitación el referido recurso de suplicación), la Compañía comunicó a la adjudicataria del locutorio telefónico donde prestaban servicio los demandantes de amparo, doña María Cristina Hernández Sanz, que el día 19 de noviembre de 1993 quedaría resuelto el contrato civil de prestación de servicios en el locutorio de Ribera, debiendo comunicar a los trabajadores la extinción de los contratos. Con fecha de 18 de noviembre de 1993, Telefónica de España, S.A., indicó a cada uno de los trabajadores la resolución del contrato civil de prestación de servicios con doña María Cristina Hernández Sanz, y la consiguiente extinción de contratos de los mismos, el día 19 de noviembre de 1993. Se acompañó copia del escrito dirigido a la Sra. Hernández, en la notificación a cada trabajador.
d) Frente a la anterior decisión extintiva de su relación laboral, los recurrentes presentaron demandas por despido contra Telefónica de España, S.A. y contra doña Cristina Hernández Sanz, solicitando que fuesen declarados nulos por vulneración de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 24 y 14 CE.
Alegada por Telefónica de España, S.A., la excepción de falta de legitimación pasiva, la misma fue desestimada, conforme a la doctrina fijada en unificación por el Tribunal Supremo en las Sentencias de 17 de julio de 1993 y de 15 de noviembre de 1993, que, en supuestos semejantes, había declarado que el verdadero empresario de los trabajadores de los locutorios telefónicos era la compañía Telefónica, y descartando el carácter de empresaria de doña Cristina Hernández Sanz. Razonaba el juzgador, tras haber afirmado la laboralidad de la relación existente entre los actores y la Compañía Telefónica, que el acto extintivo operado por la citada empresa es un despido cuya calificación jurídica es la de improcedente, declarando que "la tesis de la parte actora de calificar el despido como nulo radical por vulneración del derecho recogido en el art. 24.1 CE de la Constitución, no cabe admitirla por no constar acreditada una represalia por parte de la empresa demandada o una lesión personalizada e individualizada de un derecho fundamental del que sea titular el trabajador concreto".
e) Contra dicha Sentencia, los recurrentes interpusieron recurso de suplicación, invocando la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
f) Finalmente, las recurrentes interpusieron recurso de casación para la unificación de doctrina, que fue inadmitido por Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1996, por falta de idoneidad de las resoluciones judiciales invocadas como contradictorias. La Sala afirmó la falta de idoneidad en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Cataluña de 27 de diciembre de 1994, pues no se había dado cumplimiento a las exigencias prescritas en el escrito de preparación del recurso (art. 219.2 LPL); en relación con el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 14 de junio de 1995, pues tampoco era una resolución válida a los efectos de la pretendida contradicción; y por último, en relación con la Sentencia de contraste de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 27 de julio de 1994, pues no era firme en el momento de publicación de la Sentencia recurrida, toda vez que frente a la misma se había interpuesto recurso de casación para la unificación de doctrina, que dio lugar a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 1995, que casó y anuló aquélla.
3. Se interpone recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 12 de diciembre de 1995, que confirmó la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 6 de Valencia, de 22 de febrero de 1994 interesando la nulidad de las expresadas Sentencias, por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 de la Constitución y el principio de igualdad garantizado por el art. 14 de la Constitución, así como que se declare que los despidos de los recurrentes deben ser calificados como nulos por vulneración de tales derechos fundamentales, con readmisión inmediata en sus puestos de trabajo y con derecho a las mismas condiciones laborales que el resto de los trabajadores de la plantilla de Telefónica de España, S.A.
4. Mediante providencia de 3 de noviembre de 1997, la Sección Segunda de este Tribunal acordó tener por recibido el precedente escrito interponiendo el recurso presentado por la Procuradora de los Tribunales, doña Beatriz Ruano Casanova, en nombre y representación de doña Pilar Suárez Ruiz, y cuatro personas más, entendiéndose con aquélla la presente y sucesivas diligencias, y devolviéndole el poder presentado previo testimonio en autos; acordándose también, de conformidad con el art. 88 LOTC, requerir a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, para que en el plazo de diez días remita certificación acreditativa de la fecha de notificación a la representación procesal de los recurrentes del Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1996, dictado en el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 858/96.
5. Mediante providencia de 2 de abril de 1998, la Sección Segunda acordó admitir a trámite la demanda de amparo, y a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir al Juzgado de lo Social núm. 6 de Valencia, a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, para que, en el plazo de diez días, remitieran testimonio de los autos 29318-22/93, del recurso de suplicación núm. 1599/94, y del recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 858/96; y para la práctica de los emplazamientos pertinentes.
6. Por escrito registrado en el Tribunal el 3 de julio de 1998, la representación actora formula alegaciones, reiterando las ya vertidas en la demanda de amparo.
7. La representación de Telefónica de España, S.A., por escrito registrado el 8 de julio de 1998, formuló alegaciones interesando la desestimación de la demanda de amparo. Entiende que en el presente supuesto, hay que partir del dato de que la calificación de civil de la relación existente con los locutorios estaba amparada tanto por la legalidad vigente, como fundamentalmente por una copiosa doctrina jurisprudencial. La demanda de los actores ejercitaba una acción de despido, que presuponía la existencia de una relación laboral, siendo resuelta en sede jurisdiccional, como se habría resuelto la relación de cualquier trabajador con cualquier empresa, lo contrario equivaldría a considerar que, no solo existía esa relación laboral, sino que además a diferencia de lo establecido en el ordenamiento jurídico laboral para el resto de los trabajadores, no podía extinguirse. Se rechaza que la extinción contractual sea una represalia, tal y como afirman los actores, porque Telefónica no resolvió sólo la contrata de Valencia sino la de todo el Estado Español, existiendo locutorios en los que se habían interpuesto demandas solicitando la declaración de existencia de relación laboral con la citada compañía, y otros no. No se trataba de una medida individualizada contra los actores, sino de una medida global de la empresa adoptada dentro del ámbito de su poder de dirección, cuyas consecuencias, tanto de forma, como de fondo, debían ser enjuiciadas mediante la aplicación de la legislación ordinaria, y por los Tribunales ordinarios, como así ha sido. Es ajustado a Derecho que el Juzgado de lo Social y el Tribunal Superior de Justicia hayan considerado que no existían indicios de vulneración de derechos fundamentales, de acuerdo con las pruebas y manifestaciones efectuadas por ambas partes. También se rechaza la alegada lesión del art. 14 CE, pues Telefónica resolvió los contratos de prestación de servicios existentes en todo el Estado español, y el criterio unificado por parte del Tribunal Supremo ha sido el declarar la improcedencia y no la nulidad de los consiguientes despidos de los trabajadores de los locutorios. Con el presente recurso de amparo los actores pretenden obtener un trato favorable y contrario al seguido con carácter uniforme por el Tribunal Supremo para el resto de los trabajadores de los locutorios lo que a su juicio, constituiría una verdadera discriminación absolutamente injustificada. Además se afirma que no existe norma alguna que imponga a las empresas la obligación de un estricto trato igualitario en materia de contratación.
8. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional, en el escrito de 7 de julio de 1998, solicitó el otorgamiento del amparo, al estimar que la Sentencia impugnada ha vulnerado el art. 24.1 CE.
9. Por providencia de fecha 7 de julio de 2000, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 10 del mismo mes y año, en que se inició el trámite que ha finalizado en el día de la fecha.
1. Alegan los demandantes de amparo que la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 12 de diciembre de 1995, que confirmó la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 6 de Valencia de 22 de febrero de 1994 declarando la improcedencia, pero no la nulidad, de sus despidos, ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 de la Constitución y el principio de igualdad garantizado por el art. 14 de la Constitución. Entienden que el cierre por parte de la Compañía Telefónica de España, S.A., de los locutorios telefónicos, en régimen de contrata en toda España, como respuesta, según entienden, a las primeras Sentencias del Tribunal Supremo dictadas en recursos de casación para la unificación de doctrina declarando que los trabajadores de los referidos locutorios eran trabajadores de la Compañía Telefónica, habría sido una represalia frente a las demandas declarativas de derechos presentadas por los trabajadores de los mismos para evitar su integración en la plantilla de la empresa. Con apoyo en las SSTC 7/1993 y 14/1993, de 18 de enero, los recurrentes afirman que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.
2. Es preciso dar respuesta, en primer lugar, a la alegación del Ministerio Fiscal relativa a concurrencia de la causa de inadmisibilidad prevista por el art. 44.1 c) LOTC, al no haber sido invocada en la vía judicial previa al amparo la vulneración del art. 14 CE, denunciada por la demanda de amparo.
3. Tal como resulta de los antecedentes, los solicitantes de amparo demandaron por despido a Telefónica de España, S.A., solicitando que el despido fuese declarado nulo por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), y el derecho a la igualdad (art. 14 CE). A su juicio, la extinción de sus contratos de trabajo, decidida por aquella empresa, consecuencia de previas acciones judiciales emprendidas frente a Telefónica, pretendía evitar el cumplimiento y la aplicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1993. Los actores habían emprendido acciones judiciales frente a la citada empresa reclamando se les reconociera la condición de trabajadores fijos de la misma que habían culminado con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 7 de marzo de 1995, revocatoria de la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 10 de Valencia de 12 de febrero de 1993. La Sentencia de suplicación declararía (con apoyo en la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1993, dictada en unificación de doctrina, y reiterada por las Sentencias de 15 de noviembre de 1993 y de 18 de marzo de 1994) el derecho de los demandantes de amparo a ser integrados en la plantilla de Telefónica de España, S.A.
Es de tener en cuenta que los demandantes de amparo habían suscrito contrato de trabajo con doña Cristina Hernández Sanz para prestar servicios en un locutorio telefónico, Rivera de Valencia, propiedad de Telefónica de España, S.A., compañía ésta que había formalizado un contrato de prestación de servicios con la referida contratista. Con fecha 18 de noviembre de 1993, Telefónica de España, S.A., dirigió un escrito a los demandantes de amparo notificándoles que la resolución del contrato civil de prestación de servicios suscrito con la Sra. Fernández Oliver implicaba "inevitablemente" su cese como trabajadores a partir del cierre del locutorio, el día 19 de noviembre de 1993. El cierre de los locutorios y las comunicaciones a los trabajadores - formalmente de los respectivos contratistas, pero que la doctrina sentada en unificación de doctrina por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo había declarado trabajadores de Telefónica de España, S.A.- de la extinción de sus contratos de trabajo tuvieron lugar en toda España y en todos los locutorios con similares circunstancias al afectado en el presente supuesto.
4. En orden a dar respuesta a la alegada vulneración del derecho a la tutela judicial, procede remitirse a la que deciamos en el fundamento jurídico cuarto de la STC 140/1999, de 22 de julio: "El derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se satisface, pues, mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, que significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos a ésta no puede seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza ... En el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos (SSTC 7/1993, 14/1993, 54/1995)".
5. En orden a la aplicabilidad al presente supuesto de la anterior doctrina, se hace preciso partir de las siguientes circunstancias del caso. En primer lugar, la causa de los despidos de los demandantes de amparo no resulta discutida. Tal y como se deduce de los antecedentes de hecho, afirma la demanda de amparo, y tanto en el proceso ante la Jurisdicción Social como en este proceso, ha sostenido Telefónica de España, S.A., el motivo de los despidos de los actores, acordado por la citada empresa con fecha de 19 de noviembre de 1993, fue la doctrina unificada por la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en la Sentencia de 17 de julio de 1993, (y reiterada inmediatamente por la posterior Sentencia de 15 de noviembre de 1993), que declararía el derecho de los trabajadores que prestaban servicios en locutorios situados en Santander y en Zaragoza, respectivamente, a que Telefónica de España, S.A., les reconociera la condición de trabajadores propios, incorporándolos a la plantilla de la misma. El Tribunal Supremo entendería en aquellas Sentencias que la citada compañía ostentaba la cualidad de empresario de los demandantes, por aplicación de los arts. 1 y 43 LET, conclusión que no se desvirtuaba en forma alguna "por lo establecido en la Ordenanza de Trabajo para las empresas de contratas de centros, centrales y locutorios telefónicos, aprobada por Orden Ministerial de 22-12- 1973, y en el art. 2 de la Reglamentación Nacional de Trabajo de la Compañía Telefónica Nacional de España de 10-11-1958, modificada por Orden Ministerial de 22-12-1973", ni tampoco por la antigua doctrina jurisprudencial adversa a la integración de los trabajadores de dichos centros en la antes Compañía Telefónica Nacional de España, hoy Telefónica de España, S.A., dada la prevalencia de las disposiciones de la Ley del Estatuto de lo Trabajadores citadas.
6. Ahora bien, más allá de lo anterior, en el presente caso, y en la medida en que la causa del despido de los actores se ha conectado con la doctrina establecida en una resolución judicial, es preciso determinar si, como se deduce de las alegaciones de los demandantes de amparo y del Ministerio Fiscal, la decisión de despido ha lesionado el art. 24.1 CE al constituir una medida contraria a lo acordado por las Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1993, y dirigida a impedir la eficacia de lo judicialmente decidido. Se trataría de determinar si la decisión adoptada por la empresa de cierre generalizado de los locutorios y extinción de la relación de los empleados de los mismos, privó, de forma anticipada, de eficacia a futuras decisiones judiciales que, siguiendo el criterio doctrinal ya unificado, declararon el derecho de otros trabajadores de los citados locutorios a reincorporase a la plantilla de Telefónica de España, S.A., y, en concreto, para los aquí recurrentes de amparo, a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 7 de marzo de 1995. Esta lesión, en cuanto no habría sido reparada, también sería imputable a las Sentencias impugnadas.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 3119-1996
Fecha de resolución 24. 07. 2000
Síntesis Descriptiva Promovido por doña Pilar Suárez Ruiz y otros frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que, estimando un recurso de casación interpuesto por Teléfonica de España, S.A., declaró improcedente su despido, en vez de nulo.
Síntesis Analítica Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (indemnidad y ejecución): despido de los trabajadores empleados en locutorios telefónicos (STC 196/2000).
1. --Aplica la doctrina de la STC 196/2000 [FFJJ 4 y 5].
2. -Falta la invocación de la vulneración del art. 14 CE. Requisito que no es meramente formal o rituario, sino la garantía del principio de subsidiariedad en la actuación de este Tribunal (SSTC 187/1995 y 62/1999) [FJ 2].
Artículo 2 (redactado por la Orden del Ministerio de Trabajo, de 22 de diciembre de 1973), f. 5
Derecho a la ejecución de sentenciasDerecho a la ejecución de sentencias, Respetado, f. 6
Garantía de indemnidadGarantía de indemnidad, Respetado, f. 4

References: resolución 
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Artículo 2