Source: https://jubiladosaportantes.wordpress.com/2018/02/
Timestamp: 2019-11-13 09:23:41+00:00

Document:
febrero | 2018 | jubilados aportantes
febrero 27, 2018 · 8:52 pm
La nueva ley de honorarios prevé que la parte perdedora pague las costas. El organismo interpreta que no se aplica para reajustes de haberes. Hoy emitió un decreto para dejar clara esa interpretación.
febrero 27, 2018 · 2:34 pm
El Gobierno avanza con una dura negociación con las cámaras empresarias que agrupan a los laboratorios. La negociación del PAMI para rubricar un nuevo convenio para la compra de medicamentos tiene en pie de guerra a la industria y a la administración de Mauricio Macri, que empuja la discusión y está pendiente del resultado. La Obra Social de los jubilados, el principal comprador del mercado nacional, pretende reducir un 30% el precio de los medicamentos y congelarlo durante un año. Los laboratorios ya advirtieron que es inviable. Desde las dos partes, aseguran que la sangre no llegará al río. El resultado de la negociación tendrá impacto en todo el mercado de remedios.
Las conversaciones para plasmar un nuevo convenio comenzaron en enero. Se repitieron todas las semanas, hasta 4 veces. Por un lado el titular del PAMI Sergio Casssinotti y los delegados de jefatura de Gabinete, que este año se puso al frente de la negociación. Por el otro, los representantes de las 3 cámaras, las nacionales CILFA y Cooperala, y la de las multinacionales, CAEME.
En el Gobierno aseguran que los precios de los medicamentos argentinos están entre los más caros del mundo y que en Europa los precios son muchos más accesibles. En la industria replican que eso ocurre con casi cualquier producto, desde la leche a los jeans, y señalan la carga impositiva. “Con los descuentos que la Industria farmacéutica hace a Pami, los jubilados compran los medicamentos más baratos de lo que lo pagan los jubilados en Europa”, argumentan los laboratorios argentinos. En el Ejecutivo hablan de una industria cartelizada.El sector rechaza el concepto y señala que el mercado es competitivo, que exportan y que no tiene comparación en la región.
La contrapropuesta de las cámaras, que tienen una posición común, es que el PAMI -que hoy destina el 28% de su presupuesto a la compra de medicamentos- pueda bajar 2 puntos porcentuales de esa ecuación. En cualquier caso, un abismo separa a la inciativa oficial de la empresarial.
En su afán para que bajen los precios, Cassinotti está decidido a permitir licitaciones para la compra de remedios oncológicos.Los laboratorios resisten, porque varios jugadores quedarían afuera de la compulsa y del negocio. En el caso de los remedios para hemofilia el PAMI se sumó al IOMA y a la Superintendencia de Salud para comprar en conjunto.
“Ellos cederían parte de su rentabilidad actual para seguir participando todos y nosotros quisiéramos limitar los remedios de copias de marca que muchas veces son más caras que los de los dueños de las patentes”, afirman en la obra social con 5 millones de afiliados sobre la negociación del nuevo convenio.
La desconfianza es mutua y alta. Los laboratorios ven la mano de Mario Quintana, quien conoce el paño por su pasado en Farmacity. El vicejefe de Gabinete se mantiene ajeno a la negociación. Gustavo Lopetegui es quien supervisa a Cassinotti, pero algunos de los asistentes a las reuniones identificaron en los comentarios del enviado de Jefatura Nicolás Pavlovksy expresiones y el pensamiento calcado de Quintana. Algunas representantes de la industria afirman que al Gobierno le gustaría abrir la importación de medicamentos terminados de China e India, cuyos costos son muchos más bajos, aunque la regulación no lo permite.
“No es un tema de importación, la inmensa mayoría de las drogas base son importadas. Es un tema de regulación en general y de cuáles son las condiciones que pone el PAMI para aceptar que un medicamento integre su vademecum. El PAMI, a lo largo de las décadas, ha renunciado a sus potestades como cliente. Los precios de los medicamentos en Argentina son muy altos, tenemos que empezar un sendero gradual hacia la convergencia con los precios internacionales. Los precios que paga el PAMI deben empezar a bajar”, afirman cerca de Lopetegui.
Los laboratorios preparan un informe para contrarrestarlo al que realizó Jefatura de Gabinete y que resultó fundamental para convencer a Macri de la necesidad de abrir un frente con un jugador con poder de lobby y daño. También recuerdan que el PAMI no devolvió aún más 700 millones de pesos del puente financiero de mil millones que le brindaron a la institución .
En la obra social de los jubilados hay optimismo para encauzar la negociación y llegar a un acuerdo. “Va a haber heridos. Tienen que replantear su estructura comercial, los gastos de marketing y ser más transparentes”, afirman.
febrero 27, 2018 · 2:27 pm
Las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones de la Seguridad Social, que alcanzan a más de 17 millones de personas, aumentarán en junio el 5,66%. El dato surge tras conocerse los valores de la evolución de los salarios y de la inflación de octubre, noviembre y diciembre de 2017 – cuarto trimestre–que se toman en cuenta para calcular la nueva fórmula de movilidad.
febrero 26, 2018 · 8:31 pm
Mi muy querido y respetado amigo Miguel Angel Copati
La vida tiene dispuesto designios inescrutables para nosotros, y ese es uno de los más grandes misterios que nos preocupan. Ha partido un hombre, caballero, un amigo y por sobre todo un excepcional ser humano, en todas sus dimensiones. Miguel Angel pertenecía a ese grupo de elegidos, que llegan a la tierra con el don y la virtud de ser admirado y respetado por su permanente disposición al servicio y la amistad. He disfrutado de su amistad por espacio de muchos años, y durante todo ese tiempo pude comprobar los valores y generosidad genuinos en un verdadero hombre de bien.
Dios lo ha llamado para un servicio superior, y seguramente lo tendrá a su lado brindándole la paz eterna que merece. Será muy difícil llegar y no encontrar sus brazos abiertos para ese abrazo leal y sincero con el siempre lo hizo. Estoy seguro que su lugar, estará junto a todos los que vivimos a su lado maravillosos momentos.
febrero 24, 2018 · 3:05 pm
INTERPONE ACCION DE AMPARO – PLANTEA INCONSTITUCIONALIDAD – SOLICITA MEDIDA CAUTELAR – RECUSA CON Y SIN CAUSA
Facundo Fernández Pastor, abogado, Tº 86, Fº 106 del CPACF,
CUIT Nº 20-26550127-4, en mi carácter de apoderado del Dr. Miguel Ángel
Fernández Pastor, Abogado, Tº 54 Fº 474 del C.P.A.C.F., CUIT 20-07867917-5,
titular del beneficio de PBU-PC-PAP Nº 15-0-9370172-0, con domicilio real en
Avenida Santa Fe 2664, Piso 4º, Departamento “A”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y constituyendo domicilio legal en la calle Santiago del Estero 112
piso 3º Of. “7”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y denunciando IEJ
(Identificación Electrónica Judicial) Nº 20265501274, a V.S. me presento y
Que, como surge del poder, que se acompaña en original e
identifica como Anexo 1, el Dr. Miguel Ángel Fernández Pastor me ha otorgado
mandato suficiente para que obre en su nombre y representación, el cual declaro
bajo juramento, se encuentra vigente en todos sus términos.
Que en ejercicio del derecho que le confiere a mi mandante la
Constitución Nacional (art. 43) y concordantes de los Instrumentos
Internacionales sobre derechos humanos (artículo 75 inciso 22 de la Constitución
Nacional Argentina), y conforme a la personería invocada, vengo en legal tiempo
y forma a interponer ACCIÓN DE AMPARO, a fin de que se declare la
inconstitucionalidad de la Ley N.º 27426 y del Decreto 1058/17, cuya vigencia
viola palmariamente los artículos 14 bis; 16, 17, 28, 31 y 75 de la Constitución
Nacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la LEY DE
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES (ley 26.061), de la CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS DEL NIÑO, los derechos consagrados en el art. 17 de la CONVENCIÓN
INTERAMERICANA SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS
PERSONAS MAYORES (ley 27.360) como así también por los derechos
consagrados en la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (1948), la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y leyes
concordantes, complementarias y correctoras.
Esta acción se dirige contra la Administración Nacional de la
Seguridad Social ANSES, con domicilio en la Av. Paseo Colón 329, CABA, toda vez
que es el órgano de aplicación al ley 27.426 que aquí se denuncia a efectos de
llevar adelante la vulneración de los derechos afectados.
Asimismo, y como medida cautelar se solicita la suspensión
de las normas impugnadas, en tanto su aplicación generan a mi mandante
graves e irreparables daños, encontrándose reunidos los extremos que habilitan
Esto así, de conformidad con los fundamentos que a continuación
SS resulta competente para entender en los presentes, en razón
de tratarse de vulneraciones a los derechos de la seguridad social, materia que la
Ley 24.655 atribuyó de manera exclusiva en los Juzgados Federales de Primera
Instancia de la Seguridad Social (Art. 1º Ley 24.655).
Así lo explica el Dr. Walter F. Carnota, refiriéndose a la mentada
normativa: “…Art. 1.- Créase la Justicia Federal de Primera Instancia de la
Seguridad Social, que en la Capital Federal estará integrada por diez juzgados
federales de Primera Instancia de la Seguridad Social, con la dotación de
personal que se indica en el anexo I que forma parte integrante de la presente.
[…] La fractura de esta norma es, en términos generales, bastante encomiable, ya
que desplaza dos ejes negativos que contenía la Ley de Solidaridad Previsional y
los sustituye por otros dos mucho más aceptables para el desarrollo jurisdiccional
del Derecho de la Seguridad Social […] Recuérdese, en primer lugar, el excesivo
énfasis en la subjetividad del órgano demandado (eje subjetivo) que ponía la ley
24.463. En efecto, la federalización de la temática previsional (arts. 10, 15 y 18),
la limitación de recursos (art. 16), la apelación ordinaria ante la Corte (art. 19), el
acatamiento vertical y horizontal de las decisiones en ese terreno (arts. 19 y 20),
los constreñimientos en el cumplimiento de sentencias (arts. 22, 23 y 25), la
famosa “conversión” procedimental (art. 24) son en gran medida explicables a
partir de la premisa de que el Estado es quien es parte demandada en esta clase
de litigios. Sin que se haya abandonado ese andamiaje por completo dado que la
inmensa mayoría de esas normas aún se encuentran subsistentes y, por ende,
vigentes dentro del ordenamiento procedimental previsional, se alcanza a
vislumbrar en la disposición en estudio una mayor preocupación por la materia
de la seguridad social (eje objetivo). Ese giro, de concretarse con fidelidad por los
operadores judiciales, hará mucho por consolidar la seguridad social como área
específica, con ribetes que la singularizan, dentro del mapa jurídico…”1
Sobre la competencia en razón de la materia, el Profesor Enrique Lino
Palacio, ha sostenido con notable claridad que: “…La extensión de territorio, la
diversa índole e importancia de las cuestiones que se ventilan en los procesos, y
1 CARNOTA, Walter F.; PROCEDIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL; Editorial
Depalma; Buenos Aires, 1998; Págs. 67 a70.
la posibilidad de que los asuntos sean examinados en sucesivas instancias,
imponen la necesidad de distribuir el ejercicio de la función judicial de manera tal
que cada órgano, o grupo de órgano, cumpla aquella función de forma
compatible con la existencia de las referidas circunstancias. Tal necesidad de
repartir la labor judicial determina la aplicación del concepto competencia, a la
que cabe definir como la capacidad o aptitud que la ley reconoce a un juez o
tribunal para ejercer sus funciones respecto de una determinada categoría de
asuntos o durante determinada etapa del proceso. De allí que se exprese,
corrientemente, que la competencia es la “medida” de la jurisdicción. […] La
competencia puede calificarse sobre la base de tres criterios fundamentales: el
territorial, el objetivo y el funcional. […] El criterio territorial se vincula con la
circunscripción territorial asignada por la ley a la actividad de cada órgano
judicial. […] El criterio objetivo atiende a la naturaleza y al monto de las causas, y
a él corresponden, respectivamente, la competencia en razón de la materia y del
valor. […] El criterio funcional, finalmente, toma en cuenta la diversa índole de las
funciones que deben cumplir los jueces que intervienen en las distintas instancias
de un mismo proceso […] La competencia ordinaria de los tribunales de la
Capital Federal se halla fundamentalmente dividida en cinco materias: civil,
comercial, laboral seguridad social y penal. El conocimiento de los asuntos
vinculados a las tres primeras corresponde, respectivamente, a los juzgados de
primera instancia y cámaras de apelaciones en lo civil, en lo comercial y del
trabajo, en tanto que el de los asuntos relacionados con la seguridad social
compete exclusivamente a la cámara respectiva…”
También se ha referido a la temática el Dr. Bernabé L. Chirinos, quien
sostuvo: “…Competencia en razón de la materia […] Fallo “Instituto Municipal de
Obra Social c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, del 4/10/1999, sala III,
CFded. Seguridad Social […] Entre las distintas facetas y variantes en torno al
2 PALACIO, Lino Enrique; Manual de Derecho Procesal Civil; Editorial Abeledo-Perrot;
Ciudadela, 2011, Págs. 159 a 166.
concepto de competencia judicial falta dirimir los conflictos planteados, resalta el
de la potestad en razón de la materia. Es un modo de posibilitar un mejor servicio
de justicia a través del pronunciamiento de jueces especializados. En esta tesitura
se ha expresado que la competencia del tribunal creado por la ley 23.473 y
federalizado por la ley 24.463, se irradia más allá de lo estrictamente previsional,
proyectándose a toda la seguridad social. Ello no sólo por la nomenclatura del
órgano, sino además como tribunal específico encargado de judicializar las
disputas fundadas en el art. 14 bis, tercer párrafo de la CN´ (cfr. CARNOTA,
WALTER, ´Integración de normas competenciales de la Constitución´, nota al fallo
de la CSJN, del 28/11/1995, en autos ´Techint Cía. Técnica Internacional SA c.
Instituto de Servicios Sociales para el Personal de la Industria de la Construcción y
otro´, La Ley del 16/8/1996)”. […] A nuestro juicio, este fallo es verdaderamente
determinante del concepto de autonomía del derecho de la seguridad social en
cuanto introduce en su aspecto decisorio no solamente lo que fue abanderado del
fuero la Previsión Social, sino todo el objeto del derecho de la seguridad social.
[…] Toda cuestión vinculada al derecho de la seguridad social debe ser
ventilada en el fuero de la Seguridad Social….”3
Aunque SS, a esta altura, no debería tener duda alguna sobre su
competencia en razón de la materia, haremos nuestras las palabras del Sr. Fiscal
Gabriel de Vedia, Titular de la Fiscalía Federal de la Seguridad Social Nº 1, en los
Autos: “PROVINCIA DE CORDOBA c/ CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISION
PARA ACT. DOCENTE s/ NULIDAD DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA”, Dictamen
Nº 34108/13, quien sostuvo que: “…Liminarmente cabe recordar que es criterio
unánime y reiterado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que para la
determinación de la competencia corresponde principalmente atender de modo
principal a la exposición de los hechos que el actor hace al demandar, y en
segundo lugar, y sólo en la medida en que se acude a ellos, al derecho invocado,
3 CHIRINOS, Bernabé L.; Derecho Previsional Argentino; Editorial La Ley, Tomo I;
Buenos Aires 2016; Pág. 423.
pues los primeros animan al segundo, y por lo mismo, son el único sustento de los
sentidos jurídicos particulares, que les fuesen atribuibles (CSJN, 26.04.84, C.N.Civ.
Sala C, 22.9.87, LL. 1987, E, 305; CSJN 16.06.87, JA, 1987-IV, 208; C.N. Cont. Adm.
Sala II, 04.03.86 “Rep. JA.” 1987-148; C.N. Civ. Sala E, 06.05.80, “Rep. JA” 1981-
108). […] Desde esta perspectiva, es necesario poner de resalto que la
competencia atribuida a estos Juzgados Federales de Primera Instancia se
encuentra determinada en los seis incisos que conforman el art. 2do. de la ley
24.655. Si bien la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente no
se encuentra comprendida en los supuestos enumerados en dicho artículo, a falta
de una norma que determine el tribunal con competencia para conocer en los
recursos de apelación interpuestos contra sus decisiones, habida cuenta de que
ella administra un régimen de previsión de alcance nacional, considero que
resultan de aplicación al sub-lite por analogía, los citados preceptos legales que
atribuyen jurisdicción a los Juzgados de la Seguridad Social dado su
especialidad en asuntos similares al presente (conf. Dictamen del Sr.
Procurador General en autos “García, Inés Rosario c/ Caja Complementaria
para la Actividad Docente s/ Reintegro de Aportes, 14-12-97)…”4
(El resaltado
me pertenece). Es dable tener presente aquí –en consonancia con lo
dictaminado por el Sr. Fiscal- que, todas las cuestiones referidas a la movilidad de
las prestaciones, inconstitucionalidad de las leyes que violenten las garantías
constitucionales que la garantizan, el carácter sustitutivo del haber reconocido
por la CSJN en su pacífica jurisprudencia, los tratados internacionales que
reconocen la garantía de progresividad de los derechos sociales, la desigualdad
ante la ley y demás cuestiones planteadas en el presente, SS se ha declarado
4 En el mismo sentido: Fiscal Gabriel de Vedia, Titular de la Fiscalía Federal de la
Seguridad Social Nº 1, Dictámenes Nº 240342/14; 247650/14; 280702/16 y 285073/16.
Que, con fecha 19/12/14, mi mandante inició en la UDAI
Floresta su trámite para obtener el beneficio de PBU-PC-PAP, el que se caratuló
bajo el expediente Nº Nº 024-20-07867917-5-004-1 y, por una cuestión de
Stock, tramitó en la Unidad de Resolución de Trámites Centralizados “C”.
Que, contando con con 37 años, 4 meses y 24 días de servicios
con aportes reconocidos en el expte. Nº 024-20-07867917-5-118-1, el Dr. Dr.
Miguel Fernández Pastor decidió hacer uso de la facultad instituida por el Art. 1º
Ley 25.321, para los períodos aportados en carácter de autónomo, con
posterioridad a la fecha de realización del reconocimiento de servicios.
Que, la Unidad de Trámites Centralizados “C”, en una arbitraria e
irracional interpretación de la norma respecto de la probatoria de los aportes
autónomos, rechazó la solicitud realizada por mi representado, mediantes
resolución de fecha 16/10/15.
Que, atento la arbitrariedad manifiesta de la resolución dictada
por la Unidad de Resolución de Trámites Centralizados “C”, mi mandante acudió
por apelación ante la Comisión Revisora de la Seguridad Social (CARSS), quien
con fecha 23/11/15, ratificó la denegatoria de la Unidad de Resolución de
Trámites Centralizados “C”, mediante expediente Nº 024-20-07867917-5-837-1.
Que la falta de resolución motivó que se acudiera a la Secretaría
de la Seguridad Social, a los fines que, como superior de la demandada –Conf.
Decretos 2741/91 y 357/02-, se abocara a la cuestión y resolviera el asunto.
Que, con fecha 11/04/16, La SSSN emitió el Dictamen Nº 15.683 –
obrante a fs. 28/41 del expediente Nº 024-20-07867917-5-837-1 en el cual, en su
parte pertinente sostiene que: “…I.- Liminarmente corresponde señalar que el
Decreto Nº 357 –publicado en el Boletín Oficial con fecha 21 de febrero de 2002-
, y sus modificatorios, estableció los objetivos de las unidades organizativas de
las distintas jurisdicciones ministeriales. Respecto a ésta cartera del Estado, se
fijaron las competencias de la Secretaría de Seguridad Social, estableciéndose
como objetivos de la misma, entre otros, “4. Ejercer el control de gestión de las
actividades atinentes a las prestaciones de la seguridad social y regímenes de
riesgos del trabajo, evaluar su desarrollo y resultados, efectuar o proponer las
correcciones permitentes”. Asimismo, estableció como objetivo de la
Subsecretaría de Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social “1.
Entender en todo lo relativo a la actividad jurídico normativa de la Seguridad
Social, a fin de perfeccionar las normas y disposiciones de los diferentes
subsistemas de la Seguridad Social”, entre otros. […] el Decreto 2.204, de fecha
30 de diciembre de 2010, asignó a la Dirección de Programación Normativa
dependiente de la Subsecretaría de Coordinación de los Regímenes de la
Seguridad Social, entre otras acciones, la de “2. Asistir en la elaboración de la
normativa referida a los distintos regímenes vigentes de la Seguridad Social y en
la interpretación de su legislación con alcance nacional, regional e
internacional”. […] entendemos que la consulta se circunscribe a si puede
denegarse un beneficio en los términos de la resolución D.E.A. Nº 296/93 por
falta de reliquidación de SICAM, cuando el error es detectado en el mismo es un
error material involuntario que no tiene efectos jurídicos en la determinación del
derecho. […] En el presente caso, el error detectado es que no coinciden los
datos del Padrón Único de Contribuyentes con la liquidación del SICAM en un
período determinado, conforme se analizará más adelante. […] Tramitó un
pedido de reconocimiento de servicios del titular, presentando tanto servicios en
relación de dependencia como autónomos. […] con fecha 19/09/2008 se dicta
resolución automática de reconocimiento de servicios Nº 3611735 […] Con fecha
19/12/14 el titular solicita el beneficio de jubilación, caratulado prestaciones
PBU, PC, PAPA Ley 24241. […] A fs. 5 obra el cómputo ilustrativo, idéntico al de
fs. 68 del expediente de reconocimiento de servicios […] A fs. 10 y s.s. se adjunta
liquidación de SICAM (impresión 15/1/2015) […] A fs. 30 obra nuevo cómputo
ilustrativo donde consta ya nueva fecha de solicitud 15/01/2015, coincidente con
la fecha de nueva liquidación de SICAM. En dicho cómputo, se advierte
claramente que el período liquidado es coincidente con el efectuado en el expte.
De liquidaciones de servicios: Esto es del 7/96 al 6/2004 respecto del cual se
aplicó el art. 1º Ley 25.321, y por lo tanto no se consideró para determinar el
derecho, toda vez que para el mismo período se declaró servicios en relación de
dependencia, a saber: […] Del 01/01/94 al 31/01/2000 en la H.C.D.N. y […] del
24/01/2000 al 30/11/2007 en ANSES. […] En total en el cómputo se le reconocen
38 años 9 meses y 6 días […] A fs. 56 obra notificación de acuerdo de beneficio
de fecha 8/7/2015, en la que pone en conocimiento que “…por Resolución de
Acuerdo Colectivo Nº 1234 de fecha 1/09/2015 se otorga el beneficio”… al cual
se le asigna el Nº 15-0-7196216 0 0. […] A fs. 62 vuelta del formulario de
“Supervisión Operativa” obra observación del área Supervisión Operativa en la
que se señala que “no coincide liquidación SICAM con los datos del PUC” […] A fs.
66 obra Resolución de fecha 16/10/2015 por la cual UDAI Trámites Complejos
deniega el Beneficio jubilatorio solicitado por el titular. […] La denegatoria se
funda en la Res. DEA Nº 296/93. […] A fs. 1/6, obra la presentación formulada
por el causante ante la Comisión Administrativa de Revisión de la Seguridad
Social –en adelante la C.A.R.S.S.-, por la cual recurre la Resolución UTC-C-.3372
con fecha 16/10/15 y registrada en el T1 F114 […] emitida en el expediente 024-
20078679175-004-1, y por medio del cual se ha denegado el beneficio de
jubilación ordinaria en los términos del la Ley Nº 26.425 […] A fs. 23/24, obra la
Resolución de la Comisión Administrativa de Revisión de la Seguridad Social de
ANSES, en la cual confirma la Resolución denegatoria UTC-C-.3372 del 16/10/15
[…] Análisis Legal […] A falta de una norma expresa en la Ley 24.241, el Decreto
Nº679/95. Reglamentario del artículo 19 de la Ley 24241, establece que la
Prestación Básica Universal se devengará desde la fecha de solicitud del
beneficio, siempre que a dicha fecha el afiliado fuere acreedor a dicha prestación
[…] la Resolución Conjunta de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS Nº 1616 Y ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº
1415 de fecha 22 de diciembre de 2003 estableció: “La fecha de generación de la
liquidación será considerada como fecha de pedido de la prestación previsional,
en la medida que se cancele el saldo deudor en concepto de aportes omitidos,
previstos por el Artículo 11 y concordantes de la Ley Mº 24.241…” […] Es por ello
que las normas de acreditación de servicios y circulares de ANSES, establecen
que se deberá tomar como fecha inicial de pago la última presentación formal
por la totalidad de los servicios necesarios exigidos por las normas aplicables,
siempre que, además, a esa fecha se encontraren reunidos los restantes
requisitos establecidos por las normas previsionales para acceder al beneficio.[…]
no podemos soslayar que todos estos recaudos y exigencias están dirigidas no
sólo al contribuyente (asegurado que solicita el beneficio) sino también al
Organismo, que tiene la obligación de asesorar al solicitante al momento del
turno –servicio de orientación-, para rechazar o advertir los errores con
inmediatez, a efectos que el asegurado pueda rectificarlo sin dilaciones que le
impliquen perder la fecha inicial de pago de su beneficio, en el caso que tuviere
que reliquidar el SICAM mucho tiempo después de solicitado el beneficio […]
Tampoco podemos soslayar que las normas deben interpretarse según la
finalidad que persiguen, ello a los efectos de evitar que un exceso de rigor formal
termine desnaturalizando su sentido y, en consecuencia, concluya con la
negación de un derecho fundamental como es la jubilación. […] cuando se
produce un error material involuntario, que en nada afecta la liquidación de la
deuda en tanto no se liquidó deuda “in peius” para el fisco, no hay fraude, y el
error no incide en la determinación del derecho, entendemos que o podemos
aplicar una norma más allá de lo que la misma norma persigue, pues allí es
donde el Organismo no solo tiene la responsabilidad de verificar y controlar los
recaudos al amparo del principio de inmediatez, sino también la posibilidad de
merituar la relevancia del error detectado, respecto a si incide o no en la
determinación del derecho. Así pareciera entenderlo también la AFIP al incluir la
leyenda que surge al pie de la impresión declaración situación de revista (fs. 18
del expte. 024-20078679175-004-000001). […] Tal es el caso de autos, donde el
error consistente en la falta de coincidencia de la liquidación SICAM con los datos
del PUC en un período determinado, es un error sin relevancia en la
determinación del derecho por haber aplicado a todo el período en cuestión la
prescripción autorizada por el artículo 1º de la ley 25.321. Es decir la
reliquidación del SICAM no tendría ningún efecto jurídico más que coincidir
“formalmente” el período en PUC del 7/96 al 6/2000 con el del liquidado en
SICAM que el titular erróneamente extendió hasta el 6/2004. […] Además, en el
mismo período de la liquidación de SICAM el titular tiene servicios acreditados
en relación de dependencia, con lo cual se evidencia la irrelevancia y no
intencionalidad del error, dado que ese período lo tiene cumplimentado con
servicios en relación de dependencia de tal manera que solicitar su rectificación a
expensas de modificar la fecha inicial de pago con un nuevo SICAM sería un
exceso rigor formal, reñido con la finalidad de las normas previsionales. […]
Estimamos que no pudo haberse denegado el beneficio jubilatorio al amparo de
la resolución D.E.A. Nº 296/93, menos aún si no se ha dejado sin efecto la
resolución que otorgó el reconocimiento de servicios mencionada ut supra. […]
En este sentido, no corresponde la denegación del beneficio con invocación de la
resolución D.E.A. Nº 296/93, máxime si se tiene en cuenta que, en el caso, la
administración puede y debe resolver sobre la base de las constancias agregadas
a la causa, en la cual está acreditado el cumplimiento en exceso de los requisitos
para acceder al beneficio, con más de 37 años de aportes reconocidos. […] La
situación es más compleja aún cuando se advierte que, entre la fecha de solicitud
y la detección del error, no hay inmediatez, lo cual hace perder ingresos a los
futuros jubilados, ingresos que tienen un carácter alimentario. En el caso de
marras transcurrieron 7 meses, con lo cual la reliquidación del SICAM implicaría
la pérdida de esos ingresos por 7 meses. […] Entendemos que las facultades
conferidas a la Administración para actuar impulsando las actuaciones de oficio,
obligan a buscar criterios razonables dejando de lado la rigidez de
procedimientos operativos que pueden generar litigiosidad autoinducida,
cuando la aplicación automática y generalizada de pautas de trabajo o normas
internas no permitan merituar, con sana crítica, el grado de incidencia de los
errores en la determinación del derecho, culminando en una denegación del
mismo. […] En este orden de ideas, y conforme las facultades de esta Secretaría,
entendemos que corresponde recomendar a la Administración Nacional de la
Seguridad Social para que adecúe la normativa interna las consideraciones aquí
vertidas, propiciando normativa y pautas de trabajo que ponderen la incidencia
de los errores de la liquidación de SICAM en la determinación del derecho (esto
es los requisitos para acceder al beneficio), sin que ello implique afectar la fecha
inicial de pago, de tal manera que no concluyan en la denegatoria lisa y llana del
beneficio jubilatorio. […] en relación al caso en análisis, teniendo en cuenta que
no obra constancia que la resolución de la CARSS se encuentre fehacientemente
notificada, corresponde remitir las actuaciones a dicho órgano, a sus efectos. […]
Con el dictamen técnico que antecede, que el suscripto comparte, se devuelven
las presentes a sus efectos […] Fdo: Juan Carlos Paulucci Secretario de Seguridad
Social MTEySS…”.
Sin embargo, con fecha 27/09/16 la Unidad de Trámites
Centralizados C creó un expediente identificado como 024-20-07867917-5-299-1,
en el cual dictó una resolución inusitada y, a todas luces, contraria a derecho,
ordenando la “reapertura de un nuevo expediente de PBU-PC-PAP” y,
desconociendo el Dictamen SSS Nº 15.683 y, que a fs. 43 del expte. 024-20-
07867917-5-4-1, esa Unidad de Trámites Centralizados C solicitó dictamen de la
Gerencia de Previsional, qué cómo se verá más adelante conforme Res. DEA
442/97, es obligatoria para quien la solicita, sobre del dictamen de la SSN,
respecto de la cual, la Dra. María Ofelia Di Leo, dispone que se “…adopten las
medidas operativas administrativas a los efectos de que se adopten las medidas
operativas conducentes a dar efectiva aplicación al Dictamen técnico Legal
precitado y se reconozca en su plenitud el derecho a la prestación previsional
jubilatoria solicitada por Don. Miguel Ángel FERNANDEZ PASTOR (DU Nº
07.867.917) en los términos en él expresados…”
Como queda de manifiesto, mi mandante tuvo que recorrer un
largo trecho para obtener su beneficio de PBU-PC-PAP, el cual, incluso, fue
otorgado violando la orden del superior jerárquico.
Pero cuando la cosa no podía ser peor, porque ya obtuvo su
beneficio bajo el régimen de la Ley 24.241, sus modificatorias y
complementarias, se dictaron la ley y el decreto que la presente acción de
amparo vienen a impugnar.
El presente amparo se interpone ante el envío por el Poder
Ejecutivo Nacional del “Proyecto de Ley de Reforma Previsional” ingresado por
mesa de entradas del Senado de la Nación según el sello de recepción el día
17/11/2017 y consignado en el sistema informático como el 21/11/2017 que a su
vez le asignara el Número 391-17, y que fuera aprobada el día 23/11/2017 según
el orden del día Nº939/17.
El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido modificar el modo en que
se calcula la actualización de las jubilaciones y otras prestaciones de la seguridad
social en perjuicio de sus beneficiarios presentando un proyecto de ley
inconstitucional al Senado de la Nación.
Según surge de la profusa información relevada por los distintos
medios de comunicación esta es la respuesta a la necesidad imperiosa de cumplir
las recomendaciones del FMI y de la OCDE.
Como ha sido también incansablemente informado por los medios
de comunicación la ley … fue dictada con el claro objeto de “disminuir el déficit
fiscal” en ese sentido se han conocido distintos cálculos en lo que se estima cual
será el “ahorro fiscal”: así el diario Clarín estimó que serían $100.000 millones, el
Ministerio de Hacienda que serían $70.000 millones y un informe de CEPA que se
adjunta e identifica como Anexo 3 lo estima en $ 75.000 millones. Tenga razón
quien la tenga, hay una cuestión objetiva, que la aplicación de le ley en cuestión
significará una pérdida de recursos para repartir entre los distintos
beneficiarios de la seguridad social y entre ellos, del de mi mandante.
Otra cuestión que objetivamente clara resulta ser que se verán
afectados los derechos de:
1. los jubilados y pensionados,
2. titulares de pensiones no contributivas (discapacitados, madres de siete o
más hijos, personas en estado de vulnerabilidad social)
3. quienes perciben las asignaciones familiares,
4. beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo
5. todo trabajador activo que inicie su jubilación a partir de la promulgación
de la ley que se impugna.
Es decir que en términos inmediatos los más de 18 millones de
beneficiarios de la seguridad social, como mi mandante, verán restringida la
capacidad adquisitiva de su prestación. Mientras que en forma mediata el
conjunto de los trabajadores y las trabajadoras se verán, como en su momento
se explicará más afectado su derecho
Para evitar un paso parlamentario:
En los últimos días asistimos a un espectáculo grotesco, debido a
que el oficialismo y sus aliados no lograron quórum el Poder Ejecutivo resolvió
“complementar” la ley con un Decreto, a la sazón el Decreto 1.058/17 en el que
se otorga un bono para algunos y solo para algunos de los perdedores de esta
ley. No están allí los que ganan más de $10.000, ni los titulares de asignaciones
familiares, ni los veteranos de la guerra de Malvinas. Pero aun entre los que
están hay una clara discriminación, tanto la ley como el decreto diferencia como
Jubilados de Primera: “quienes tienen aportes”, que cobrarán $750 y de segunda
“quienes no tienen aportes” que cobrarán $300, bueno es recordar que todos
cumplieron con los requisitos según la ley vigente al cese tal cual establece la
ley y la refirma una profusa jurisprudencia pacífica. Resulta obvio que el
Decreto 1058/17 es inconstitucional por ser no solo desigual ante la ley, sino
palmariamente discriminatorio.
Es además inconstitucional por incumplir el procedimiento que
nuestra Carta Magna ordena para el dictado de las leyes. Ha sido reiteradamente
dicho por los miembros del Gobierno y los representantes parlamentarios del
oficialismo que este Decreto se dicta para lograr que algunos diputados de la
oposición tengan argumentos para “sentarse en sus bancas” y dar el quórum
necesario, pero que ello no obligue a modificar el dictamen que viene del
Senado. En otras palabras, se dicta un Decreto modificando el mismo día una ley,
con el único objeto de evitar que vuelva al Senado. Si esto no es violar el capitulo
quinto de la CN “de la sanción y formación de las leyes” que el futuro nos
guarde…! Si esto no es que el Poder Ejecutivo se atribuye “facultades
extraordinarias” cuál es el límite que aun no restará traspasar…! Cuáles serán las
“circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”(art. 99
inciso 3 CN), cuando tres días antes de la sanción de la ley se sabía que se dictaría
el DNU, ¿qué impedía incorporar esa cuestión en la ley?
Análisis de los puntos más cuestionables de la ley 27426
I.- Artículo 1 y 2
“Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 32 de la ley 24.241 y sus
modificaciones, el que quedará redactado, de la siguiente forma:- ‘Artículo 32.-
Movilidad de las prestaciones. Las prestaciones mencionadas en los incisos a), b),
c), d), e) y f) del artículo 17 de la ley 24.241 y sus modificaciones, serán móviles.
La movilidad se basará en un setenta por ciento (70%) en las variaciones del Nivel
General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en un treinta por ciento (30%) por el
coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de
los Trabajadores Estables (RIPTE), conforme la fórmula que se aprueba en el
Anexo I de la presente ley, y se aplicará trimestralmente en los meses de marzo,
junio, septiembre y diciembre de cada año calendario. En ningún caso la
aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el
beneficiario.”
La nueva fórmula estipula que la movilidad se basará en un
setenta por ciento 70% por el índice de precios al consumidor determinado por
el INDEC y el 30% restante por el coeficiente que surja de la variación de la
Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables RIPTE. Esta
nueva fórmula es más perjudicial para los beneficiarios que la norma anterior y,
entre ellos, para se encuentra mi mandante.
La aplicación de la formula prevista en la ley 26417 elevó en
términos reales muy fuertemente el haber mínimo jubilatorio, así lo determinan
los periodistas económicos Javier Lewkowicz y Alfredo Zaiat cuando explican que
si en vez de aplicar los aumentos de la ley de movilidad se hubiera aplicado
índices de consultoras privadas, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires y el Indec
desde 2009 a 2017, el haber mínimo jubilatorio sería de $ 5.470 en vez de los
$7.246 actuales. Pero eso no es todo, la cuestión es aun más grave ya que en los
21 primeros meses de este Gobierno el RIPE creció el 59,08% mientras que en el
mismo período la inflación alcanzó el 71,3%.
Pero en la práctica para graficar el cambio hay que decir que,
mientras la movilidad de la ley anterior de marzo rondaría los 14,6%, la nueva
fórmula significará un incremento de solo el 5,7%, por lo que los beneficiarios del
sistema de seguridad social perderemos en marzo del año que viene el 8,9%.
Tiene dicho la SCJN, respecto de los conflictos en los que se ven
envueltos derechos de la seguridad social que, la solución no puede resolverse
sobre conjeturas (Conf. “Heit Rupp, Clementina c/ Administración Nacional de la
Seguridad Social” Fallos: 322:2226). El menoscabo en los derechos patrimoniales
y de la seguridad social de mi mandante resultan evidentes y palmarios. Aquí no
hay conjeturas, se trata de un hecho fáctico que se puede comprobar con un
“Art. 2°- La primera actualización en base a la movilidad dispuesta
en el artículo 1° de la presente, se hará efectiva a partir del 1° de marzo de 2018
y, por única vez, contemplará las variaciones experimentadas por el Nivel General
del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPCN) elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y por la Remuneración Imponible
Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) para el segundo semestre del año
2017, según la fórmula que se aprueba en el Anexo II de la presente ley. A partir
de1 1º de junio de 2018, la movilidad se aplicará trimestralmente conforme la
fórmula aprobada en el Anexo I de la presente ley hasta tanto se discuta el
dictamen de la Comisión de Sustentabilidad Previsional, creada por Ley 27.260,
con respecto a una fórmula definitiva, lo que deberá suceder antes del 31 de
diciembre de 2018.”
Del texto del artículo 2° transcripto surge que la nueva ley deroga
en forma retroactiva la ley 26417. Hay que tener en cuenta que la movilidad
prevista en dicha ley se devenga en el semestre julio/diciembre, en
consecuencia ya se devengaron cinco meses y 20 días. Sin embargo, el proyecto
de ley prevé que en marzo del 2018 ya no se aplique la ley anterior y se aplique
el nuevo índice, a pesar de que como se dijo, en los pocos días de diciembre se
habrá devengado en su totalidad el reajuste previsto en la ley anterior. Cabe
recordar que en nuestro sistema jurídico las leyes no pueden ser retroactivas
excepto que así lo diga la propia norma (en ningún caso dicha retroactividad
puede ser implícita) y en el proyecto nada se dice respecto de la retroactividad.
II.- Artículo 3°
“Art. 3°- Sustitúyese el artículo 2°de la ley 26.417 el que quedará
redactado de la siguiente forma: ‘Artículo 2°.- A fin de practicar la actualización
de las remuneraciones a las que se refiere el artículo 24, inciso a) y las
mencionadas en el artículo 97 de la ley 24.241 y sus modificaciones, se aplicará
un índice combinado entre el previsto en el inciso b) del apartado I del artículo 5°
de la ley 27.260 y su modificatorio y el índice establecido por la Remuneración
Promedio de los Trabajadores Estables.”
En este articulo se establece una novedad de enorme
trascendencia para los trabajadores activos, cual es, que los salarios con que se
efectúa el promedio salarial del que surgirá el haber inicial de los futuros
jubilados ya no se efectuará por la ley de movilidad, sino por un índice
combinado igual al aplicado para la actualización de las sentencias en la ley de
reparación histórica (inciso b, artículo 5 ley 27260) que, como es reconocido por
el propio gobierno, implica una quita muy importante.
En el mencionado artículo segundo se especifica que la actualización de
los salarios se efectuará por el RIPTE “Remuneración Imponible Promedio de los
Trabajadores Estables que es el cociente entre las remuneraciones imponibles
con destino al SIJP. ¿Qué significa esto? que si los salarios van a la baja todos los
trabajadores que quieran jubilarse tendrán un haber inicial más bajo del que
tendrían si se siguiera aplicando la ley de movilidad. Un ejemplo aclara la
cuestión: mientras la inflación de diciembre de 2015 a septiembre de 2017 fue
del 71,3% el RIPTE fue 59,08% es decir 12,22% menos en solo dos años.
Pero más allá del resultado final de cuanto es la pérdida hay una
cuestión muy clara, la palmaria desigualdad ante la ley ya que mientras a los
trabajadores activos se los trata de una forma a los trabajadores pasivos se los
trata de otra, cuando la razonabilidad de la cuestión indica que corresponde una
solución idéntica en ambos casos.
Si el cambio de la movilidad jubilatoria por el ajuste por inflación significa
una pérdida del 8,9% del salario real de los jubilados como lo es mi mandante y a
los futuros jubilados se les disminuye el haber en un 12,22% respecto de la
inflación, la quita final de pasar de la movilidad jubilatoria al RIPE resulta del
19,25% es decir que el gobierno hace los deberes tal cual como se lo pidió en
FMI. También con esta decisión se pone en línea con lo que le requiere la OCDE
para incorporar a nuestro país a esa organización, privilegio que en América
Latina solo gozan México y Chile curiosamente aquellos que tienen sistemas
previsionales basados en la capitalización individual y que ostentan los haberes
jubilatorios más bajos de la región.
– EL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD SOCIAL
La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha
convertido en una referencia clave en el debate ético-político actual, y el
lenguaje de los derechos se ha incorporado a la conciencia colectiva de muchas
sociedades. El objetivo de esta declaración es el establecimiento de estándares
internacionales mínimos para la protección de los derechos y libertades
fundamentales del individuo, y en un sentido amplio están considerados como el
pilar básico de una legislación internacional común que no requiere de su
suscripción o ratificación por parte de ningún Estado.
En relación a la seguridad social, el artículo 22 señala que “Toda
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad”.
De esta forma, establece que toda persona como miembro de la
sociedad, tiene derecho a la seguridad social, entendiéndola como la protección
que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas
públicas contra las privaciones económicas y sociales que de no ser así
provocarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de
enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional,
desempleo, invalidez, vejez y muerte, y también la protección en forma de
asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.
En ese sentido, la comprensión del DERECHO A LA SEGURIDAD
SOCIAL como un DERECHO HUMANO implica que:
 Es un derecho inherente a todo ser humano, a su dignidad, donde la
persona es el titular del derecho.
 Es un derecho universal, ya que pertenece a toda persona humana
 Es un derecho fundamental, donde su naturaleza fundamental se
desprende del carácter indispensable de su contenido para el desarrollo pleno
 Es un derecho subjetivo, es decir, un derecho jurídicamente exigible
desde la Constitución por los medios y mecanismos previstos en el Derecho.
 El bien jurídico inherente al derecho es la seguridad, toda vez que si se
presentan ciertas contingencias debe encontrarse la protección necesaria para
amortiguarlas. La denominación seguridad social responde a dos motivos: a) esa
seguridad es ofrecida por la sociedad en su conjunto al individuo, y b) si bien se
trata de una seguridad individual, todos gozan de ella como miembros de la
sociedad, ya que la seguridad social se apoya en la solidaridad
 Es un derecho individual de carácter social, ya que la única forma de
satisfacerlo es con la participación de todos a partir del ejercicio de la solidaridad
social. El bien jurídico se satisface mediante una responsabilidad compartida,
entre el individuo y la sociedad, pero debe quedar muy claro, que sin la
solidaridad social es imposible para la mayoría (por no decir para todos)
satisfacer el bien jurídico de este derecho fundamental. Por esa razón, la
atención de dichas necesidades pasaron además (porque no excluye la
responsabilidad individual) a ser responsabilidad social. Por otro lado, las
contingencias, nunca dejarán de presentarse por óptima que sea la situación de
conjunto de la sociedad. La sociedad es incapaz de evitar la contingencia, pero sí
es capaz de remediar sus consecuencias
 Es un derecho de naturaleza prestacional, ya que se materializa en la
provisión de prestaciones dinerarias o en especie como en el caso de los servicios
de salud. Las prestaciones pretenden satisfacer una serie de necesidades que se
consideran ineludibles para el desarrollo de una vida digna. El contenido de la
prestación debe responder a la dimensión de la necesidad que la contingencia
ocasiona. La relación prestación-necesidad se rige, entre otros, por los principios
de: integralidad (se trata de una prestación integral, idónea para satisfacer la
necesidad) y dignidad (la dignidad es la base y el límite de la prestación, por
tanto, la prestación debe ser aquella que no lesione la dignidad de la persona). La
clave de las necesidades a las que responde el derecho es que son insoslayables
y no son intencionales. Por regla general, nadie elige enfermarse o la vejez, los
accidentes de trabajo, la enfermedad profesional, la invalidez y mucho menos la
muerte; son contingencias que acontecen de manera involuntaria, por esa razón
la necesidad que deviene de su acaecimiento es también involuntaria. En
segundo término, la necesidad que la contingencia genera, de no ser satisfecha
adecuadamente, repercutirá directamente en la calidad de la vida de quien la
sufre. Su no satisfacción le impedirá a la persona realizar su plan de vida.
 Es un derecho complejo, ya que abarca a un conjunto de derechos
vinculados: el derecho a la seguridad social abarca al derecho a la salud, a la
atención médica, a la protección contra accidentes laborales, a la pensión o a la
 Es un derecho exigible frente al Estado, ya que corresponde a este actuar
con objetividad los intereses generales o públicos. Si el derecho a la seguridad
social es un derecho fundamental, inherente a todo ser humano, el cual solo
puede ser satisfecho con el concurso de todos, implica que el Estado está
obligado a satisfacerlo independientemente de que alguno de esos derechos
concretos puedan exigirse a otros sujetos jurídicos, públicos o privados.
– RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DE RESPETAR Y HACER
RESPETAR EL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD SOCIAL.
En este marco, se entiende a los derechos humanos como el
conjunto de características y atributos propios del individuo derivados de su
dignidad, por lo que no pueden ser afectados o vulnerados. Sin ellos, las
personas no pueden existir ni llevar una vida propiamente humana, por tanto, es
imprescindible que los Estados y sus leyes los reconozcan, los difundan, los
protejan y los garanticen.
Cuando se habla de derechos se debe estar consciente de que
todo derecho implica un deber u obligación. Por tanto, los individuos al gozar de
derechos humanos también tienen deberes y, en este sentido, se considera el
más importante el de hacer el bien a los demás y hacer bien la tarea que tiene
encomendada. Es decir, que todo individuo debe tener una disposición para dar,
hacer o no hacer alguna cosa; de otro modo, el derecho sería un concepto vacío.
Son los Estados quienes asumen los deberes de respetar y garantizar estos
La obligación de respetarlos significa que los Estados deben
abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos.
Por ejemplo, no pueden privar de la vida a una persona ni someterla a torturas o
tratos crueles. La obligación de garantizar su cumplimiento exige que los Estados
deban prevenir su violación, investigar si los derechos son quebrantados y, en
consecuencia, castigar a los culpables. Si la violación tiene lugar, toda la
maquinaria del Estado debe actuar para que esta conducta no quede impune.
El Estado de Derecho está formado por dos componentes: el
Estado (como forma de organización política) y el Derecho (como el conjunto de
normas que rigen el funcionamiento de una sociedad). En estos casos, por tanto,
el poder del Estado constituye la auténtica expresión de la idea de Derecho
vigente en la sociedad. Este Estado de Derecho no se da por generación
espontánea ni depende solo de la voluntad o decisión de algún actor político en
particular. Su construcción es un proceso que involucra a todos los actores
políticos relevantes y a la ciudadanía, y no se agota en la edificación de un
sistema jurídico o constitucional. El Estado de Derecho se expresa y realiza en la
norma legal, pero también en la definición y el funcionamiento efectivo de las
instituciones, así como en la cultura y las prácticas políticas de los actores.
En la actualidad, el derecho a la seguridad social es uno de los que
tiene mayor reconocimiento por la comunidad internacional, en virtud de que ha
sido incluido en las Cartas Magnas de la mayoría de los Estados, con lo cual,
además de tratarse de un derecho humano fundamental, se le ha dado también
el valor de mandato constitucional. Por esta razón, corresponde al Estado la
responsabilidad de vigilar su respeto y efectivizar su cumplimiento.
Un mandato constitucional, de acuerdo con el Diccionario
Universal de Términos Parlamentarios, es “todo encargo o comisión: actuar en
representación de alguien, en general orden o disposición imperativa”. Si
atendemos a su etimología latina, proviene de mandare, verbo mandar, que
significa encomendar, encargar, poner en manos de o dar órdenes. Tiene su
fundamento en el sistema representativo, en el que el pueblo se gobierna por
medio de sus elegidos.
En el Estado de derecho en que vivimos, donde la puja distributiva
es la moneda corriente, cada sector económico y social estructura distintos
modelos de proteger sus derechos. Así los empresarios arman corporaciones, se
unen en uniones empresarias de distinta naturaleza, en nuestro país la Unión
Industrial, la Sociedad Rural, etc. Estas estructuras a su vez efectúan diferentes
modos de presión sobre el Estado o sobre los medios de difusión. Los
trabajadores se defienden conformando gremios, preparando periodistas
especializados, movilizándose, haciendo medidas de fuerza etc. Pero los
jubilados y pensionados, la parte más importante de los titulares del derecho
humano a la seguridad social, solo tienen para defender sus derechos a la Justicia
Argentina. Siendo el Estado el responsable de otorgar las prestaciones, solo el
amparo judicial puede poner equilibrio y freno a los abusos estatales.
– LA SOLIDARIDAD SOCIAL COMO PRINCIPIO RECTOR DE LA
La solidaridad social es el vínculo social entre el individuo y la
sociedad. Un consenso nacional, una conciencia colectiva, una voluntad general
vinculan al individuo con la sociedad en su conjunto, por medio de
organizaciones e instituciones interrelacionadas. A su vez, constituye el principio
fundante de la Seguridad Social, excediendo el alcance acotado que algunos
autores quieren darle cuando la asocian exclusivamente a las pautas de
financiamiento fijadas en los esquemas de cobertura. Su proyección excede lo
financiero, ya que la solidaridad social es una manifestación de la fraternidad
entre los hombres, que impone que quienes convivan en una sociedad, se
presten ayuda recíproca.
Vivimos actualmente en una contradicción dolorosa. Mientras que
los avances tecnológicos facilitan y prolongan la vida de miles de ciudadanos, el
reparto desigual de los beneficios económicos y sociales del mismo condena, a
una porción cada vez mayor de personas, a una situación de exclusión
inalienable. Las oportunidades se condensan cada vez más en las mismas
afortunadas personas, mientras que el resto ve pasar su vida en una
interminable sucesión de restricciones y carencias.
En el Diccionario de la Real Academia Española, solidaridad se
define como la “adhesión circunstancial a la causa o empresa de otros”. La raíz
etimológica de la palabra hace referencia a comportamientos en solidum, es
decir que se unen los destinos de dos o más personas, lo cual deja implícito un
cierto grado de compromiso entre ellas. Es decir, la solidaridad está dada por una
adhesión ilimitada y total a una causa, situación o circunstancia, que implica
asumir y compartir por ella beneficios y riesgos.
En la sociedad, la solidaridad tiene lugar como consecuencia de la
adhesión a valores comunes, los cuales llevan a compartir creencias relacionadas
con los aspectos fundamentales de los planteamientos políticos, económicos y
jurídicos de los grupos sociales. Su aplicación entraña un concepto positivo, un
valor enaltecido asociado con conceptos de justicia e igualdad. La solidaridad es
una palabra de unión. Es la señal inequívoca de que todos los hombres, de
cualquier condición, se dan cuenta que no están solos, ya que la naturaleza social
del hombre hace que éste no pueda prescindir de sus iguales: no puede alejarse
de las personas e intentar desarrollar sus capacidades de manera independiente.
El sentido teleológico de la palabra solidaridad se encuentra
inmerso en el sentimiento altruista del ser humano, y dependerá de cuan
adentrado esté ese sentimiento en él para que su esfuerzo y su entrega hacia el
prójimo sea mayor o menor. La decisión de colaborar, ayudar o participar en el
conjunto social está en él y sólo en él, representando un compromiso individual.
En este sentido, el término solidaridad se asocia más al término filantropía, ya
que representa una versión particular, individual y privada de un interés legítimo
Por otro lado, la solidaridad social no es ya una actitud individual
sino una construcción colectiva, y a partir de allí la participación del ciudadano
pasa a ser obligatoria e incluso, a veces, hasta compulsiva. Representa una forma
de expresión colectiva, particularmente aquella que remite al interés de los
individuos para la promoción de bienes públicos o por el bienestar de los otros.
La solidaridad social no dependerá, entonces, sólo de sentimientos, sino que se
verá complementada por métodos construidos por la sociedad, de la que el
individuo es sólo una parte, permitiendo la resolución de los problemas que crea
la convivencia con otros. Esta convivencia con otros conlleva la existencia de
desventajas comparativas, las llamadas contingencias sociales, que es necesario
resolver para hacer más razonable la vida del conjunto. En ese marco, el ejercicio
de la solidaridad social parecería demandar la universalización de los derechos
democráticos y una concepción inclusiva de la ciudadanía.
Al respecto, cabe señalar que las cartas magnas constitutivas de
casi todas las naciones democráticas establecen como principio fundamental la
igualdad entre los hombres que la integran. Esta igualdad es una derivación
directa e innegable de la verdadera dignidad del ser humano, que pertenece a la
realidad intrínseca de la persona, sin importar su raza, edad, sexo, credo,
nacionalidad o partido político. La dimensión democrática de la solidaridad social
recrea los ideales de fraternidad e igualdad originados en la Revolución Francesa,
los cuales proclamaban la inclusión como ciudadanos libres e iguales a personas
y grupos de personas hasta ese momento excluidos como tales.
– REGRESIVIDAD Y PROGRESIVIDAD EN LOS DERCHOS SOCIALES
1.- De la indivisibilidad de los derechos humanos
La doctrina constitucional distingue los derechos individuales
tradicionales – derechos de protección del ciudadano frente a acciones del
Estado, es decir derechos sobre acciones negativas u omisiones del Estado -, de
los derechos económicos, sociales y culturales, que son, principalmente,
derechos a acciones positivas del Estado, dentro del cual se identifica el derecho
a la seguridad social. La clásica distinción entre derechos civiles y políticos y los
derechos económicos, sociales y culturales, y la contraposición entre
obligaciones negativas y obligaciones positivas, contribuyó históricamente a
disminuir el reconocimiento por los poderes públicos de los derechos sociales no
sólo en cuanto a su naturaleza sino, también, en cuanto a las posibilidades de
tutela judicial. La existencia de dos pactos internacionales en lugar de uno revela
su distinto tratamiento, como dos “categorías” diferentes de derechos, dotados
de medidas de implementación distintas: el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), ambos de 1966.
En relación a la Constitución argentina, en el texto de 1957, bajo la
forma del artículo 14 bis, se han incorporado importantes derechos a
prestaciones, luego ampliados y fortalecidos en 1994 por la recepción, con
jerarquía constitucional, de los tratados internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, a pesar de la riqueza de las normas constitucionales
e internacionales vigentes, los derechos sociales no son considerados por los
jueces, en numerosos casos, como derechos subjetivos exigibles sino más bien
como normas programáticas, sujetas a su configuración legal. El cumplimiento
de las cláusulas constitucionales implica dar respuesta a las demandas de la
sociedad mediante prestaciones estatales, tal lo señalado por el artículo 75 de la
Constitución, en el cual se consignan las atribuciones-deberes del legislador
ordinario con una fuerte orientación social. En este marco, si el legislador
omitiera o restringiera de manera arbitraria, sin razones objetivas, el
cumplimiento de ese deber de realización, cualquier persona estaría en
condiciones de exigir su concreción en el caso concreto. Sin embargo, en los
derechos sociales es donde se evidencia el nivel más bajo de realización y,
simultáneamente, el mayor grado de intervención del legislador y de la
Administración. Se torna evidente que la temática contiene ribetes de mayor
complejidad, excediendo lo estrictamente jurídico para acercarse a la necesidad
de resolver cuestiones vinculadas a la redistribución de la riqueza, haciéndose
patente su impacto político.
Ferrajoli asevera que la carencia de límites para el poder
económico y para el poder político contradice hoy el paradigma del Estado
constitucional de derecho y se traduce en un regreso a la ley del más fuerte. Por
un lado, se señala que en el mecanismo de producción las leyes son
descalificadas como trabas inútiles al decisionismo gubernativo y al desarrollo
productivo y, por el otro, el “absolutismo de la mayoría y absolutismo del
mercado, al sumarse a la descalificación de la política, de la esfera pública y del
Estado social, se resuelven en una ruptura del pacto constitucional fundado en la
tutela de la igualdad y en la satisfacción de los derechos vitales de todos y en
particular de los sujetos más débiles”.
Tal como señala Horacio Gonzalez6
“Uno de los principales argumentos a favor de los derechos sociales es el argumento de la libertad. Es
suficientemente conocida la expresión de que la libertad jurídica sin la libertad
fáctica carece de todo valor, pero también que numerosos titulares de derechos
sociales no encuentran respuesta a sus necesidades en el mercado y dependen
para su goce de acciones estatales. De ahí la importancia que asume en la
concreción de los derechos la jurisprudencia de los tribunales. Tanto cuando
exigen el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente al ataque a los
derechos individuales, como cuando tienen que resolver la operatividad de
derechos sociales y exigir la ejecución de acciones positivas de los poderes
públicos. Se considera que los derechos constitucionales pueden ser materia de
restricciones por la existencia de normas de nivel constitucional oFerrajoli, Luigi,
El Estado constitucional de Derecho hoy: el modelo y su divergencia de la
realidad, en Ibáñez, Perfecto Andrés (comp.), Corrupción y Estado de Derecho. El papel de la
jurisdicción, Trotta, Madrid, 1996, p. 22
Gonzalez, Horacio, Ni un paso atrás – La prohibición de regresividad en materia de derechos
sociales, Christian Courtis (comp.), CELS – CEDAL – Edicion Del Puerto, CABA, 2006, p. 196
infraconstitucional. Así, en nuestro sistema constitucional, los jueces han
declarado reiteradamente que no existen derechos absolutos, todos los derechos
pueden ser materia de restricciones en tanto no excedan el límite de lo razonable.
Los derechos sociales se han visto amenazados no sólo por el accionar de los
particulares y la omisión de los poderes públicos, sino también por las
necesidades del propio Estado. En esa situación no han tenido una protección
judicial adecuada frente a la legislación de emergencia dictada en beneficio del
Estado. Durante el predominio del neoliberalismo y el “fundamentalismo” del
mercado, el trabajador y sus derechos dejaron de tener el carácter de sujetos de
preferente atención. Los derechos sociales han sufrido un doble embate. Por un
lado, los jueces se limitan a un reconocimiento formal de su existencia y, por el
otro, el legislador omite su reglamentación positiva y cuando interviene lo hace
para poner vallas o bloquear su progreso.”
2.- El principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y
culturales y la prohibición de regresividad
El artículo 14 bis de la Constitución nacional y los tratados
internacionales de derechos humanos imponen una función rectora al Estado en
materia de derechos sociales. A partir de la reforma constitucional de 1994, los
Tratados Internacionales de Derechos Humanos adquieren jerarquía
constitucional por lo que la prohibición de regresividad pasa a formar parte del
Conviene aclarar en este punto, dos campos de aplicación posible
de la noción general de regresividad para una mejor comprensión de la temática.
Tal como lo desarrolla Courtis7
, la regresividad se manifiesta en los resultados de
una política pública (regresividad de resultados) cuando los resultados de la 7
Courtis, Christian, Horacio, Ni un paso atrás – La prohibición de regresividad en materia de
derechos sociales, Christian Courtis (comp.), CELS – CEDAL – Edicion Del Puerto, CABA,
2006, p. 3 y subsiguientes política pública desarrollada por el Estado empeora la situación de las personas
en relación con el estado de las mismas en un punto de partida temporalmente
anterior elegido como parámetro. Esta aplicación de la noción de regresividad
requiere, por ende, indicadores o referencias empíricas. De esta manera, la
noción de regresividad puede ser aplicada a cada indicador empleado en
particular, o bien a la evaluación conjunta de varios indicadores que permitan
una consideración general de los resultados de una política pública. Asimismo, la
noción de regresividad puede aplicarse a normas jurídicas, es decir a la extensión
de los derechos concedidos por una norma, estando en este caso frente a una
regresividad normativa. En este sentido –no empírico sino normativo–, para
determinar que una norma es regresiva, es necesario compararla con la norma
que ésta ha modificado o sustituido, y evaluar si la norma posterior suprime,
limita o restringe derechos o beneficios concedidos por la anterior.
Ambos sentidos de la noción de regresividad pueden
desprenderse de la noción de “progresividad” adoptada por la Asamblea General
de la Organización de Estados Americanos, órgano que el 7 de junio de 2005
aprobó las “Normas para la confección de los informes periódicos previstos en el
artículo 19 del Protocolo de San Salvador”. En los informes nacionales previstos
por el Protocolo de San Salvador –semejantes a los establecidos por el sistema
universal– los Estados deben dar cuenta de las medidas progresivas adoptadas
“para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo
protocolo”. El artículo 5.1 de estas normas define la noción de progresividad del
siguiente modo: “a. los fines de este documento, por el principio de progresividad
se entenderá el criterio de avance paulatino en el establecimiento de las
condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de un derecho económico,
social o cultural”. Para ello, el artículo 5.2 requiere el empleo de “indicadores de
progreso”, cuya justificación es la siguiente: “Un sistema de indicadores de
progreso permite establecer, con un grado razonable de objetividad, las
distancias entre la situación en la realidad y el estándar o meta deseada. El
progreso en derechos económicos, sociales y culturales se puede medir a partir de
considerar que el Protocolo de San Salvador expresa un parámetro frente al cual
se puede comparar, de una parte, la recepción constitucional, el desarrollo legal e
institucional y las prácticas de gobierno de los Estados; y de otra parte, el nivel de
satisfacción de las aspiraciones de los diversos sectores de la sociedad
expresadas, entre otras, a través de los partidos políticos y de las organizaciones
de la sociedad civil”. Por un lado, se alude al “nivel de satisfacción de las
aspiraciones de los diversos sectores de la sociedad”, que es el ámbito en el que
pueden emplearse indicadores o referentes empíricos referidos al nivel de
satisfacción de derechos tales como el acceso a servicios de salud, el acceso a
servicios educativos, a pensiones y jubilaciones, etcétera, y la calidad de esos
servicios o políticas en términos de resultados, por ejemplo, mortalidad infantil
en materia de salud, eficiencia terminal en materia educativa, nivel de cobertura
previsional, entre otros. Por otro lado, el mismo párrafo del artículo 5.2 de las
“Normas para la confección de los informes periódicos previstos en el artículo 19
del Protocolo de San Salvador” reconoce una dimensión normativa, al identificar
entre los aspectos en los que se refleja el cumplimiento de la obligación de
progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, “la
recepción constitucional, el desarrollo legal e institucional y las prácticas de
gobierno de los Estados”. La nota al artículo 11 define las medidas regresivas
que, aclara el artículo, “en principio, son incompatibles con la vigencia plena del
Protocolo”: “por medidas regresivas se entienden todas aquellas disposiciones o
políticas cuya aplicación signifique un retroceso en el nivel del goce o ejercicio
de un derecho protegido”.
Nuevamente, esta definición de regresividad involucra las dos
nociones señaladas, toda vez que son regresivas: a) las disposiciones normativas
que impliquen un retroceso en la extensión concedida a un derecho, y b) las
políticas que impliquen un retroceso en los resultados, mesurable a través de
indicadores o referentes empíricos.
La prohibición de regresividad también se encuentra presente en
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales El artículo
2.1 del PIDESC establece que “cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto
se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la
asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas,
hasta el máximo de los recursos de que se disponga, para lograr
reconocidos”. La noción de progresividad abarca dos sentidos complementarios:
por un lado, el reconocimiento de que la satisfacción plena de los derechos
establecidos en el Pacto supone una cierta gradualidad. Así, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresa en su Observación General 3
que “el concepto de realización progresiva constituye un reconocimiento del
hecho de que la plena realización de los derechos económicos, sociales y
culturales generalmente no podrá lograrse en un período corto de tiempo. En
este sentido la obligación difiere significativamente de la contenida en el artículo
2 del PIDCP, que supone una obligación inmediata de respetar y asegurar todos
los derechos relevantes”. “Sin embargo –continúa la Observación General–, el
hecho de que el Pacto prevea que la realización requiere un cierto tiempo, o en
otras palabras sea progresiva, no debe ser malinterpretada en el sentido de
privar a la obligación de todo contenido significativo”.
Se trata por un lado de un mecanismo necesariamente flexible,
que refleja las realidades del mundo real y las dificultades que representa para
todo país el aseguramiento de la plena realización de los derechos económicos,
sociales y culturales. Por otro lado, la frase debe ser leída a la luz del objetivo
general, que constituye la raison d´être del Pacto, es decir, el establecimiento de
obligaciones claras a los Estados Parte al respecto de la plena realización de los
derechos en cuestión. Por ende, impone la obligación de moverse tan rápida y
efectivamente como sea posible hacia la meta” (párr. 9). De allí que la noción de
progresividad implique un segundo sentido, es decir, el de progreso, consistente
en la obligación estatal de mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los
derechos económicos sociales y culturales. El Comité recalca al respecto que las
medidas que el Estado debe adoptar para la plena efectividad de los derechos
reconocidos “deben ser deliberadas, concretas y orientadas hacia el
cumplimiento de las obligaciones reconocidas en el Pacto” (Observación General
3, párr. 2). Esta interpretación es abonada por el sentido de una de las cláusulas
claves del PIDESC, su artículo 11.1. La disposición establece que “Los Estados
Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de
vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
Parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho,
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento”. El artículo 11.1 resume en
gran medida el significado de los derechos sociales: la garantía de un nivel de
vida adecuado y la identificación de los componentes mínimos a tener en
consideración para dar sentido a esa noción de adecuación. Adicionalmente, el
Pacto requiere la mejora continua de las condiciones de existencia, es decir, la
progresividad en el sentido de progreso, o ampliación de la cobertura y
protección de los derechos sociales. De esta obligación estatal de
implementación progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales,
pueden extraerse algunas obligaciones concretas. La obligación mínima
asumida por el Estado al respecto es la obligación de no regresividad, es decir,
la prohibición de adoptar políticas y medidas, y por ende, de sancionar normas
jurídicas, que empeoren la situación de los derechos económicos, sociales y
culturales de los que gozaba la población al momento de adoptado el tratado
internacional respectivo, o bien en cada mejora “progresiva”. Dado que el
Estado se obliga a mejorar la situación de estos derechos, simultáneamente
asume la prohibición de reducir los niveles de protección de los derechos
vigentes, o, en su caso, de derogar los derechos ya existentes.
Respecto de la prohibición de regresividad en los instrumentos del
sistema interamericano de derechos humanos, dos instrumentos del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos incluyen cláusulas similares a la del
artículo 2.1 del PIDESC, de modo que la prohibición de regresividad también está
incorporada a estos instrumentos, puntualmente en el artículo 26 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es la norma de ese
instrumento dedicada a los derechos económicos, sociales y culturales.
Cabe señalar que la obligación de progresividad y la prohibición de
regresividad tienen exactamente el mismo basamento textual en el artículo 2.1
del PIDESC que en el artículo 26 de la Convención Americana. Más aun, la
Comisión Interamericana parece compartir esta postura toda vez que en su
análisis sobre el principio de progresividad del artículo 26 de la Convención,
afirma expresamente: “El carácter progresivo con que la mayoría de los
instrumentos internacionales caracteriza las obligaciones estatales relacionadas
con los derechos económicos, sociales y culturales implica para los Estados, con
efectos inmediatos, la obligación general de procurar constantemente la
realización de los derechos consagrados sin retrocesos”
Luego, los retrocesos en materia de derechos económicos,
sociales y culturales pueden configurar una violación, entre otras disposiciones, a
lo dispuesto en el artículo 26 de la Convención Americana”.
Conforme el bloque constitucional vigente (texto de la
Constitución más los tratados internacionales de derechos humanos que tienen
jerarquía constitucional), cuando el Estado sanciona una legislación o
reglamentación que avanza sobre el núcleo esencial de un derecho, o tiene
carácter regresivo de los derechos reconocidos a las personas, los jueces deben
aplicar criterios de control más estricto. La prohibición de regresividad,
contemplada en los tratados internacionales de derechos humanos y el principio
de razonabilidad, junto con la escala de valores, fijada por los mencionados
documentos internacionales, deben tenerse en cuenta por el juez al analizar la
naturaleza constitucional de una intervención u omisión en el cumplimiento de
los derechos a prestaciones. En la doctrina constitucional alemana (Kruger, Durig,
Stein) se elaboraron las ideas del contenido esencial de los derechos
fundamentales. El contenido esencial de un derecho es aquel más allá del cual se
hace irreconocible el tipo de derecho protegido, al faltarle sus caracteres
mínimos definitorios. El legislador ordinario no puede, al regular las instituciones
de la seguridad social y el reconocimiento de sus derechos, actuar en forma tal
que desborde su contenido esencial.
La prohibición de regresividad puede ser entendida, en este
contexto, como una veda a las normas y medidas estatales que, por debilitar o
retraer el nivel de protección otorgado, reinstauran obstáculos para la satis
facción de sus necesidades básicas, o, en términos más amplios, hacen renacer
obstáculos de carácter económico y social que limitan de hecho la libertad y la
igualdad de las personas, e impiden el pleno desarrollo de la persona humana y
la efectiva participación de todos en la organización política, económica y social
de un país. En este sentido, la prohibición de regresividad opera como cláusula
de control jurídico del cumplimiento, por parte de los poderes políticos, del
mandato del Estado social –o bien de las cláusulas de pactos internacionales de
derechos humanos que imponen al Estado obligaciones en materia social–. Dado
que el contenido de las necesidades consideradas básicas, las posibilidades de
desarrollo de las personas y las áreas de participación se amplían con el tiempo y
con el progreso material y científico de nuestras sociedades, el umbral de
protección –y por ende, las posiciones consolidadas insusceptibles de derogación
o supresión– también tienden a ampliarse progresivamente.
En efecto, la obligación de no regresividad implica un control
“agravado” del debido proceso sustantivo: de acuerdo a la concepción
tradicional de la razonabilidad, el parámetro al que quedaban sujetos el
legislador y el Poder Ejecutivo se vinculaba exclusivamente con criterios de
racionalidad –por ejemplo, la no afectación de la sustancia del derecho, el
análisis de la relación medio/fin que propone la norma, el análisis de
proporcionalidad, etcétera–. Evidentemente, un mismo derecho puede ser
pasible de varias reglamentaciones razonables, de modo que el principio de
razonabilidad excluye las reglamentaciones irrazonables, pero permite que el
legislador o el Poder Ejecutivo escojan dentro de las opciones razonables, la más
conveniente de acuerdo a su apreciación política. La obligación de no
regresividad agrega a las limitaciones vinculadas con la racionalidad, otras
limitaciones vinculadas con criterios de evolución temporal o histórica: aun
siendo racional, la reglamentación propuesta por el legislador o por el Poder
Ejecutivo no puede empeorar la situación de reglamentación del derecho
vigente, desde el punto de vista del alcance y amplitud de su goce. De modo
que, dentro de las opciones de reglamentación posibles, los poderes políticos
tienen, en principio, vedado elegir supuestos de reglamentación irrazonable y,
además, elegir supuestos de reglamentación que importen un retroceso en la
situación de goce de los derechos económicos, sociales y culturales vigentes. En
este sentido, la prohibición de regresividad agrega un nuevo estándar de análisis
al concepto de razonabilidad de la ley.
Corresponde a quienes tienen la tarea de actualizar la
Constitución –tanto los órganos de gobierno como la sociedad– ampliar la
protección de los derechos cuando las limitaciones alcanzan a sectores de la
sociedad cuyos derechos básicos no son respetados por el Estado. El Estado
Parte del PIDESC no puede justificar su intervención en los mencionados
derechos mediante afirmaciones genéricas sobre necesidades del Estado,
fiscales, económicas o financieras. Debe probar que otros derechos previstos en
el PIDESC se vieron favorecidos por la medida interventora. Tampoco puede
hacerlo en su exclusivo interés, sino que la medida debe estar en armonía con el
desenvolvimiento de los restantes derechos. El Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales interpreta que el PIDESC establece una prohibición absoluta
de medidas regresivas respecto de cualquier derecho comprendido en el Pacto.
El dictado de normas que vulneren el contenido mínimo esencial de esos
derechos implica violar el Pacto. Ya hace treinta años la Corte Argentina sostenía
que, en materia de derechos sociales, rige la regla in dubio pro justitia socialis a
la que le asignó naturaleza constitucional.
El principio de no regresividad, el estándar de razonabilidad y la
regla in dubio pro justitia socialis fijan claros límites a la actividad del Estado. La
norma nacional es regresiva cuando la efectividad del derecho social que se
reglamenta es menor que el que había alcanzado antes de la sanción de la
norma. El juicio de comparación, en el caso de los derechos sociales, permite
desarrollar una serie de principios que son aplicables para establecer el carácter
regresivo o no de la nueva norma respecto de la anterior. La denegación o la
violación de los derechos económicos, sociales y culturales pueden
materializarse de diferentes formas y alcanzar distintos grados de intensidad. La
pobreza extrema en que cayó más del cincuenta por ciento de la población
argentina, a principios del presente siglo, es un claro ejemplo de ello. Esta
pérdida de vigencia alcanzó a todos los derechos sociales, en un contexto de
pronunciada regresividad, violando el principio de indivisibilidad de los derechos
humanos. Las leyes 24.241 y 24.463, que introdujeron reformas estructurales al
sistema previsional argentino, fueron un claro ejemplo de normas regresivas de
los derechos y garantías judiciales de los beneficiarios del sistema.
3.- De la acción y responsabilidad del Estado
El sistema constitucional consagra la seguridad social como un
derecho y, también, como garantía institucional. Se trata de organizar un
régimen público cuya preservación es indispensable para asegurar los principios
y derechos constitucionales conformando un núcleo irreductible para el
legislador. La seguridad social en su desenvolvimiento histórico ha desarrollado
determinados rasgos que le son propios y que la hacen reconocible como tal. Los
distintos subsistemas que integran el sistema de la seguridad social tienen por
finalidad dar respuesta adecuada a estados de necesidad esenciales para la vida
y dignidad de las personas y, por ende, deben contar con una fuerte protección
que la libre de alteraciones que puedan desnaturalizar su esencia. Es por ello,
que el legislador ordinario no puede por su propia decisión modificar la
naturaleza de la seguridad social transformándola en otra cosa.
Es función del Estado organizar y financiar la seguridad social, de
carácter público y obligatoria para cubrir las necesidades y contingencias de
todas las personas. Es el Estado el encargado de garantizar y “otorgar” los
derechos a la seguridad social, siendo las personas sus beneficiarios, pero no
alcanza sólo con su actividad, sino que se requiere de la organización de la
sociedad, del ejercicio activo de los derechos colectivos de “participación” por
parte de los ciudadanos en la vida económica y social, tipificados, entre otros
derechos, en la libertad política y sindical, el derecho de huelga, la negociación
colectiva, autonomía económica y financiera de las entidades nacionales o
provinciales de la seguridad social, administración por los interesados con
participación del Estado de las personas públicas no estatales, iniciativa
legislativa y consulta popular. En el nivel del desarrollo actual de los contenidos
sociales y democráticos del Estado de derecho, los derechos sociales son una
parte inescindible de los derechos humanos fundamentales del hombre. El
principio rector, para tomar posición a favor o en contra de la exigibilidad de los
derechos a prestaciones, pasa por reconocer, como dice Alexy8
, que “los
derechos fundamentales son posiciones tan importantes que su otorgamiento o
no-otorgamiento no puede quedar en manos de la simple mayoría
parlamentaria”. La Constitución marca, entre otros fines a conseguir, la
Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,
universalidad (integralidad), en sus aspectos objetivo y subjetivo, de la seguridad
social. Para su logro deben tenerse en cuenta las circunstancias económicas, los
recursos disponibles y las necesidades sociales. Su evolución puede ser más
rápida o más lenta, pero no admite retrocesos significativos.
Para hacer efectivos los derechos vinculados al desarrollo integral
de la persona, y poder cumplir con las directivas fijadas en el artículo 75, incisos
19 y 23, de la Constitución nacional, la asignación de recursos pasa a ser una
directriz fundamental. Desde una perspectiva asistencialista “focalizada”, no
acorde con el criterio de reconocimiento universal de los derechos, sólo el grupo
de personas vulnerables merecen ayuda; desde una interpretación amplia de los
derechos humanos, todas las personas, de acuerdo al texto de los tratados,
pueden exigir la concreción de medidas positivas, que aseguren el derecho al
desarrollo humano y al progreso económico con justicia social. La lectura de los
tratados internacionales de derechos humanos, incorporados con jerarquía
constitucional (art. 75, inc. 22) permite sacar algunas conclusiones sobre la
aplicación del criterio de los recursos disponibles. Así, en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, los Estados Parte se han comprometido a
“lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de
las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas
en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el
Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía
legislativa u otros medios apropiados” (art. 26), en la Convención sobre los
Derechos del Niño se dispone, respecto de los derechos económicos, sociales y
culturales, que los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas,
legislativas y de otra índole para darle efectividad a los derechos reconocidos en
la Convención, “hasta el máximo de los recursos que dispongan y, cuando sea
necesario, dentro del marco de la cooperación internacional” (art. 4). Pero es en
el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales (PIDESC) donde el
tema aparece tratado con mayor claridad y amplitud, estableciéndose el
compromiso de los Estados Parte de hacer efectivos lo derechos reconocidos en
el Pacto, en forma progresiva “hasta el máximo de los recursos de que disponga”
(art. 2.1). La pauta “hasta el máximo de los recursos” no admite dudas, ni
interpretaciones regresivas. Los derechos sociales tienen por principal función
asegurar la participación en los recursos sociales de los distintos miembros de la
comunidad. Es un requisito necesario para asegurar condiciones de libertad e
igualdad. Los derechos a la seguridad social son derechos humanos
fundamentales y como tales gozan de una preferencia que implica el deber de
los gobiernos de asignarles el máximo de recursos disponibles para su
realización. Todo ello, luego de una evaluación objetiva, de tal manera que al
distribuir los ingresos y gastos del presupuesto se coloquen, en primer lugar, el
cumplimiento de las necesidades insatisfechas más valiosas y a partir de allí, en
un sentido descendente, los menos valiosos. En el sistema político, la actividad
financiera pública es un instrumento para hacer efectivas las instituciones
constitucionales. La Constitución establece algunos principios constitucionales
financieros: no hay ingresos ni gastos sin ley, e igualdad, equidad y solidaridad
(arts. 4, 16, 75, inc. 2, 8, 19, 22 y 23 de la Constitución nacional). La actividad
financiera del Estado no puede contradecir el fin que le es propio: darle
efectividad a los derechos y a las instituciones en el marco del principio de
razonabilidad (arts. 28 y 33 de la Constitución nacional).
4.- De los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos
Tal como se ha mencionado, la Convención Americana, en su
artículo 26, al referirse a los derechos económicos, sociales y culturales, señala el
compromiso de los Estados Parte de lograr progresivamente la plena efectividad
de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, en la medida de los recursos disponibles, por vía
legislativa u otros medios apropiados. A su vez en el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, se establece la
obligación de los Estados Parte de adoptar medidas “hasta el máximo de los
recursos disponibles” a fin de “lograr progresivamente, y de conformidad con la
legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el
presente Protocolo”, no pudiendo “restringirse o menoscabarse ninguno de los
derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de la legislación interna o
de convenciones internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los
reconoce o los reconoce en menor grado” (art. 4), ni establecerse restricciones y
limitaciones “al goce y ejercicio de los derechos establecidos en el presente
Protocolo mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar
general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el
propósito y razón de los mismos” (art. 5). A esta disposición de la Convención
Americana y del Protocolo de San Salvador se suma el artículo 4 de la
Convención sobre Derechos del Niño, que expresamente establece que “en lo
que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Parte
adoptaran esas medidas (para dar efectividad a los derechos) hasta el máximo de
los recursos de que dispongan…”. La resolución de las situaciones de crisis
económicas y sociales debe hacerse dentro del Estado de derecho, sin lesionar
los derechos de los ciudadanos. La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha dicho que, si bien la suspensión de garantías constitucionales
constituye una situación excepcional, ello no significa que la misma “comporte la
supresión temporal del Estado de derecho o que autorice a los gobernantes a
apartar su conducta de la legalidad, a la que en todo momento deben ceñirse”, y
que “el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de
derecho son inseparables”. En ningún caso los problemas vinculados con la vida
económica o social del país pueden justificar la suspensión de derechos. En el
PIDESC, que cuenta con jerarquía constitucional, no existe norma alguna sobre
estados de excepción. Es concluyente la doctrina del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en el sentido de que un “Estado Parte no
puede nunca, ni en ninguna circunstancia, justificar su incumplimiento de las
obligaciones básicas enunciadas en el párrafo 43 supra, que son inderogables”.
Por consiguiente, existe un núcleo duro de los derechos que no puede ser
alterado por la emergencia.
5.- ¿La norma atacada es regresiva?
Corresponde ahora desentrañar si la ley que aquí se cuestiona
“restringe o menoscaba alguno de los derechos reconocidos o vigentes en la
En primer lugar, la ley 27426 modifica a la ley 26.417 de movilidad
jubilatoria, creando una nueva fórmula.
La ley 26417 significó un trascendente avance en materia de
derechos sociales, lo queda graficado palmariamente en el trabajo de los
periodistas económicos Javier Lewkowicz y Alfredo Zaiat cuando explican que si
en vez de aplicar los aumentos de la ley de movilidad se hubiera aplicado índices
de consultoras privadas, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires y el Indec desde
2009 a 2017, el haber mínimo jubilatorio sería de $ 5.470 en ves de los $7.246.
En consecuencia la aplicación de la formula prevista en al ley 26417 elevó en
términos reales muy fuertemente el haber mínimo jubilatorio, pero también
significo un incremento similar para el resto de las prestaciones de la seguridad
social. De hecho esta norma permitió que nuestro país ratificara el convenio 102
de la OIT sin objeciones de ninguna naturaleza, un hecho inédito hasta ese
momento. Pero fundamentalmente esta norma fue en términos de los convenios
analizados una norma de claro sentido “progresista”.
La nueva ley por el contrario, pareciera ser una ley con un alto
contenido fiscalista y dictada con un único objeto: “generar un fuerte ahorro
fiscal” y por ende darle un claro mensaje a los “mercados” y a los organismos
internacionales: FMI, BM y OCDE. El contenido fiscalista se visualiza en que todos
los trabajos y comentarios referidos a esta norma están dirigidos a determinar
cual es el “alivio de las cuentas fiscales”. Veamos algunos de ellos surgidos en los
diarios del día domingo 17 de diciembre:
 Clarín económico Titulo Jubilaciones: están en juego no menos de
$72.000 millones. En dicha nota el prestigioso periodista Ismael
Bermudez detalla:
o “la nueva formula el Fisco tiene una ganancia de 0,6% del PBI”
o “…IARAF calcula que el ahorro fiscal en 2018 sería de 72.000
millones equivalente al 0,6% del PBI”
 Otra nota del diario Clarín (pagina 14) bajo el titulo: Cambiemos
defendió el bono a los jubilados y la oposición dijo que es una
“limosna”, refiriéndose al DNU resalta: “es un bono compensatorio para
empezar a resolver esta cuestión más compleja”
 La Nación, Título El efecto del cambio varía según el tipo de haberes. Allí
se lee: “En el empalme entre ambas modalidades de actualización es
donde estaría el mayor efecto fiscal, como contracara de una caída en el
nivel de la suba que recibirían los jubilados, al menos respecto de lo que
estaba previsto”
 Página 12 Titulo Ahora sí van por la plata de los jubilados. El prestigioso
periodista Alfredo Zaiat describe: “la resistencia social y política para
detener el asalto a los ingresos de los jubilados y de la asignación
universal por hijo pretende ser neutralizada con el anuncio de un bono
compensador. Iniciativa que deja al descubierto el carácter regresivo de
la reforma” “el costo fiscal de ese bono será apenas 4.000 a 5.000
millones de pesos, cuando el ahorro total en seguridad social por el
cambio de la formula de movilidad está estimado en 100.000 millones de
 El CEPA estima el ahorro en 75.000 millones de pesos y el bono un costo
fiscal de algo más de 3.666 millones de pesos, por lo que el ahorro neto
sería del orden de los 71.300 millones de pesos
Entiendo que a esta altura ninguna duda queda que la ley que se
impugna representa un “ahorro fiscal” de entre 70.000 y 100.00 millones de
pesos según quien haga el cálculo, pero todos coinciden en que a partir de la
aplicación de la ley y el DNU “complementario” habrá una fuerte disminución de
los ingresos de los beneficiarios de la seguridad social, como es el caso de mi
mandante. En consecuencia esa disminución del poder adquisitivo del haber de
las prestaciones del conjunto de los beneficiarios y, entre ellos de mi mandante,
representa un claro retroceso y representa una clara violación del principio de
progresividad previsto en los pacto internacionales suscriptos y ratificados por
nuestro país. La respuesta al interrogante del título del acápite no deja duda la
nueva formula de movilidad es regresiva y en consecuencia inconstitucional.
El Poder Ejecutivo Nacional no puede dictar decretos de necesidad
y urgencia, ni el Poder Legislativo puede sancionar leyes que alteren los derechos
y garantías reconocidos por la Constitución, constituyendo la legalidad y la
razonabilidad límites infranqueables en el Estado de Derecho.
Partimos de la base de que vivimos en un Estado de Derecho, que
se caracteriza por el sometimiento de los Poderes Constitucionales, a la
Constitución Nacional y a la Ley. Este sometimiento no es un fin en sí mismo,
sino una técnica para conseguir una determinada finalidad, que en nuestro
sistema político-jurídico consiste en el sometimiento del Estado al “bloque de
legalidad” (Leyes, reglamentos, principios generales, precedentes, tratados
internacionales, Constitución Nacional, etc.) y, consecuentemente, el
reconocimiento de los derechos públicos subjetivos y el otorgamiento a los
particulares de los medios necesarios para su defensa. Someter al Estado al
bloque de la legalidad es someterlo al derecho, y, por ende, servir a la defensa de
la igualdad, de la libertad, y del respeto a los derechos adquiridos.
Una de las principales funciones es poner al accionar arbitrario
provenga de donde provenga, por ello si el Poder Judicial, bajo el pretexto de no
entorpecer al Poder Ejecutivo no pone límites, de ese accionar se deriva una
grave consecuencia, al dar como cierta la maquiavélica frase de que “el fin
justifica los medios”. Si lo esencial pasa a ser “no entorpecer” al Ejecutivo,
dejando de lado el juzgamiento de la constitucionalidad de una decisión o una
medida y sólo se limita a valorar su conveniencia para el Poder Ejecutivo, todo el
sistema de legalidad entra en crisis. Sobre dicho peligro alertó Germán J. Bidart
Campos al decir que “juzgar la constitucionalidad de una medida no es juzgar su
conveniencia”. (Dr. Pedro J. Kesselman, Revista del C.P.A.C.F., Agosto 2001,
nº48).
Una norma tiene la fuerza de su legitimidad. Pero
indefectiblemente pierde esa fuerza cuando, sin respetar la legalidad, se la utiliza
exclusivamente con fines económicos. Entonces la medida nace herida en su
legitimidad. Esto ocurre cuando pasa por encima de los derechos y garantías
reconocidos, convirtiéndose en un mero instrumento de decisiones ignorantes
de las consecuencias que sus avasallamientos provocan.
– PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD
La garantía de razonabilidad debe estar siempre presente en los
actos del Estado a tenor del artículo 28 de la Constitución Nacional.
Los derechos subjetivos que nos da la Constitución Nacional
pueden ser reglamentados (art. 14 y 28 C.N.). Esta debe ser realizada por ley
formal del Congreso de la Nación. Esa ley debe ser razonable, o sea, no puede
alterar el derecho que regula.
El art. 28 de la Ley Superior establece que “los principios,
garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser
alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.
No podemos dejar de lado lo que ha dicho la Corte Suprema de
Justicia en varias causas en las que le tocó decidir sobre el interrogante de qué se
entiende por lo razonable. Y al respecto éste tribunal ha dicho que la
razonabilidad consiste en “la adecuación de los medios utilizados por el legislador
a la obtención de la medida, a efectos de que tales medios no aparezcan como
infundados o arbitrarios, es decir, no proporcionados a las circunstancias que los
motivan y a los fines que se procura alcanzar con ellos”.
La razonabilidad impone un límite que, si se traspasa, se cae en la
zona opuesta, es decir lo irrazonable o de lo arbitrario, y esto es lo que ha
ocurrido con las normas que se impugnan en el presente amparo.
Si bien es cierto que la misión más delicada de la Justicia es saber
mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones
que incumben a los otros poderes, de allí no cabe derivar que el Poder Judicial
pueda abstenerse de ejercer el control de razonabilidad. Lo contrario, deja de
lado garantías que hacen a la esencia de nuestro sistema Republicano de
Gobierno, cuya integridad pretende resguardarse por medio, entre otros, de la
subsistencia de dichas garantías.
El principio de razonabilidad, que dimana del artículo 28 de
nuestra Constitución Nacional y que tiñe todo el sistema jurídico argentino, ha
sido considerado por la Corte Suprema en reiteradas oportunidades, indicando
que “…La Carta Fundamental en su art. 28 ha dicho categóricamente que, so
pretexto de reglamentar, la ley no puede alterar los principios, garantías y
derechos reconocidos por la CN, pues no puede destruir lo mismo que ha querido
amparar” (Fallos: 199-145) “…las disposiciones constitucionales deben ser
razonables, esto es, justificada por los hechos y las circunstancias que le han
dado origen y por la necesidad de salvaguardar el interés público comprometido,
y proporcionada a los fines que se procura alcanzar, de tal modo de coordinar el
interés privado con el público y los derechos individuales con el de la sociedad”
(Fallos 312-496; 308-418). “…Todo derecho constitucional no es absoluto, sino
que debe adecuarse de conformidad con las leyes que reglamenten su ejercicio,
las cuales, a su vez, no pueden alterarlos, lo que sucede cuando sus previsiones
resultan irrazonables, o sea, cuando no se adecuan al fin que requirió su
establecimiento o incurren en manifiesta iniquidad” (Fallos: 325-645).
Linares Quintana, respecto del principio de razonabilidad, afirma
“…Toda actividad estatal, para ser constitucional debe ser razonable. Lo
razonable es lo opuesto a lo arbitrario y significa: conforme a la razón, justo,
moderado, prudente, todo lo cual puede ser resumido: con arreglo a lo que dice el
sentido común. El Congreso, el Poder Ejecutivo, los jueces, cuando actúan en el
ejercicio de sus funciones específicas, deben hacerlo de manera razonable. Todo
acto gubernativo debe resistir la prueba de la razonabilidad.” (Tratado de
Interpretación Constitucional”, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1998,
págs. 224/25).
A la luz de la trascendencia ética del principio de razonabilidad
que impregna todo nuestro derecho, corresponde valorar las cuestiones que
agravian a mi parte de la Ley 27426 :
 Altera gravemente el poder adquisitivo de la prestación jubilatoria de mi
 Aplica retroactivamente la nueva fórmula de cálculo del reajuste
jubilatorio.
 Produce un retroceso de derechos y garantías de mi mandante que viola
los pactos internacionales de derechos económicos sociales y culturales
ratificados por nuestro país.
 Aplica en forma discriminatoria el Decreto 1058/17
Respecto del principio en análisis explica el Dr. Joaquín V.
González que: “…LIMITACIONES POR LAS LEYES.- Éstas limitaciones tienen su
origen en el artículo 14, que empieza diciendo que el goce de los derechos debe
ser conforme las leyes que reglamenten su ejercicio, invistiendo al Congreso con
la potestad de dictar todas las restricciones que nacen de la misma naturaleza de
la sociedad, de los principios eternos de la justicia y la moral …Pero ese poder del
Congreso, o de la ley, no es tampoco absoluto. Puede limitar el uso de los
derechos, pero sin desconocerlos ni alterarlos en su esencia. Así dice el artículo
28: Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no
podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Este artículo
debe ser encordado con el artículo 14, para la exacta interpretación de éste. Su
propósito es de principios de experiencia, de reconocimiento de la integridad de
los derechos, y de defensa contra las invasiones del Poder Legislativo en la esfera
reservada de la soberanía nacional, no conferida a los Poderes del Gobierno. Pero
no solo puede haber en los pueblos presidentes o reyes que se hagan tiranos, sino
también legislaturas o parlamentos que conviertan sus potestades de dictar leyes
en un verdadero despotismo o den leyes injustas…” Joaquín V. González, Manual
de la Constitución Argentina, Ed Estrada, Buenos Aires 1983; páginas 110 y 111.
– DERECHO DE PROPIEDAD
La Normas impugnadas también son inconstitucionales por que
afectan el derecho de propiedad de mi mandante.
Como explica el Dr. Bidart Campos (Tratado de Derecho
Constitucional TOMO I Pág. 480), “nuestro derecho constitucional enfoca la
propiedad en el aspecto de propiedad adquirida” y la Corte Suprema de Justicia
tiene dicho que “propiedad” desde un punto de vista constitucional, es todo
interés apreciable en dinero que los hombres tienen, fuera de su vida y de su
Esa propiedad, está protegida por la Constitución Nacional de
distintas maneras: el art. 14 dice que “todos los habitantes de la Nación gozan de
los siguientes derechos……de usar y disponer de su propiedad”; el art. 17 dice que
“la propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de
ella sino en virtud de sentencia fundada en ley.”.
Es evidente entonces, que la ley 27426 y el Decreto 1058/17 son
discriminatorio y es arbitrarios, atentatorios de derechos subjetivos, y por lo
tanto, inconstitucional.
Todos los constitucionalistas están de acuerdo en que ninguno de los
derechos subjetivos que la Constitución Nacional nos concede en forma expresa
o implícita, es absoluto. Esto significa que nadie puede pretender ejercer los
derechos subjetivos que le reconoce el orden jurídico en forma ilimitada, y
también significa que las normas pueden reglamentarlos o ponerles límites.
Pero esa potestad de limitación es lo que se conoce como
“reglamentación de los derechos” y no puede ser ejercida por el poder público
de manera arbitraria, es decir, de tal forma que torne ineficaz el derecho o las
libertades que protege la propia Constitución.
Los Poderes políticos alteran los fundamentos del constituyente
que motivara el contenido a la norma jurídica, no puede desoír mediante su
potestad la ratio legis, ni el sentido que estuvo en la intención del legislador
Probablemente los poderes políticos consideren, aunque no lo han
dicho expresamente en las normas dictadas, que las mismas no son otra cosa
que el ejercicio de su potestad, una potestad que les es propia. No hace falta una
gran agudeza jurídica para calificar a este argumento, al menos, de endeble: ¿por
qué? porque en materia de ejercicio de facultades no está implícita la
autorización de aniquilar derechos subjetivos.
El concepto genérico de propiedad constitucional, que engloba
todas sus formas posibles, ha sido acuñado por la Jurisprudencia de la Corte
Suprema al señalar que el término propiedad utilizado por la Constitución
comprende todos los intereses apreciables que el hombre puede poseer fuera de
sí mismo, de su vida y de su libertad, con lo que todos los bienes susceptibles de
valor económico o apreciables en dinero alcanzan nivel de derechos
patrimoniales rotulados unitariamente como derecho constitucional de
propiedad (conf. Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución Argentina,
Tomo II, pág. 118, Ediar, Argentina, 1997).
Esta concepción del derecho de propiedad se ha reiterado en
forma indirecta en el inciso 19 del artículo 75, que dispone que el Congreso de la
Nación debe proveer lo conducente al progreso económico con justicia social,
por lo cual se indica la necesidad de correlación entre ambos preceptos
tendientes a lograr el bienestar general.
El artículo 17 de la Constitución Nacional establece el carácter de
inviolable, no sólo del derecho de propiedad, sino de todos los derechos
individuales, en la interpretación que tanto la doctrina como la jurisprudencia
han hecho del principio. Ni el Estado ni los particulares pueden privar a una
persona, sea ésta física o jurídica, de tales derechos arbitrariamente o
restringirlos más allá de lo razonable, de forma tal que, en los hechos, signifique
una anulación o alteración del derecho en cuestión.
– PRINCIPIO DE IGUALDAD
Las Normas impugnadas son inconstitucionales por que afectan
el principio de igualdad en materia de derechos subjetivos
Resulta sencillo convenir que igualdad ante la ley en términos de
derechos significa que la ley no establece distinciones individuales respecto de
aquellas personas de similares características, ya que a todas ellas se les
reconocen los mismos derechos y las mismas posibilidades. Todas las personas
son iguales ante la ley, sin distinción de credos, razas, ideas políticas, posición
económica, etc. Este sentido de la igualdad, que ha constituido un ideal logrado a
través de ingentes luchas, se ha visto vulnerado con el dictado de las normas
En ese sentido, el Profesor Bidart Campos, sostuvo que: “…La
constitución argentina consagra en su art. 16 la igualdad “ante la ley” […] La
reforma constitucional de 1994 ha avanzado en las formulaciones de la igualdad,
superando la igualdad formal con claros sesgos de constitucionalismo social, y
completando las normas de la constitución histórica. […] Así: a) el inc. 23 del art.
75 adjudica al congreso la competencia (para nosotros de ejercicio obligatorio)
de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real
de oportunidades y de trato […] b) la misma norma añade que esa legislación y
esa promoción mediante acciones positivas debe enderezar al pleno goce y
ejercicio de los derechos reconocidos por la constitución y los tratados
internacionales sobre derechos humanos […] añade que todo lo enunciado en los
incisos a) y b) ha de particularizarse respecto de los niños, las mujeres, los
ancianos y los discapacitados…” En la página siguiente, aclara Bidart que,
“…acciones positivas significan prestaciones de dar y de hacer a favor de la
igualdad […] el verbo promover (en el art. 23 del art. 75) implica adoptar y
ejecutar políticas activas que den impulso al acceso a la igualdad real y efec tiva
[…] a) la igualdad exige que se trate de mismo modo a quienes se encuentran en
iguales situaciones […] b) por eso, implica el derecho a que no se establezcan
excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en
iguales circunstancias….” Claro está, como bien lo sostiene que: “…el legislador
puede crear categorías, grupos o clasificaciones que irroguen un trato diferente
entre los habitantes, a condición de que el criterio empleado para discriminar
sea razonable […y que…] las únicas desigualdades inconstitucionales son las
arbitrarias y por arbitrarias han de estimarse las que carecen de toda
razonabilidad, las persecutorias, las hostiles, las que deparan indebidos favores,
o privilegios, etc…” en GERMAN BIDART CAMPOS, MANUAL DE LA
CONSTITUCIÓN REFORMADA, EDIAR, Buenos Aires, 1998, Tomo I, Pags. 530 a
El Congreso de la Nación al sancionar la ley 27426 y el Decreto
1058/17 es consciente de las consecuencias que esa decisión traerá a la
No escapaba a su saber y entender que estaba alterando el
principio de buena fe, ya que es imposible la aplicación y cumplimiento literal de
los términos de la ley sin afectar el sistema de la seguridad social.
Los legisladores fueron conscientes de que el cambio que estaban
produciendo provocaba desigualdades. De su tratamiento y de lo debatido en
comisiones surge claramente que conocían el caos que estaban pariendo.
Por ello, y ante la existencia de la ley 27426 y el Decreto 1058/17 y
demás normas complementarias y correctoras, es imperioso que la Justicia
intervenga en circunstancias extraordinarias como la presente que afecta a toda
una categoría de ciudadanos.
La ley 27426 altera y vulnera el concepto teleológico de que la
seguridad social es el camino idóneo para lograr una gusta distribución de la
riqueza y creación de una sociedad con justicia social.
Por lo tanto aquello que la única garantía de futuro para millones
de beneficiarios, pasa ahora a poder usarse para cualquier cosa que se le ocurra
al burócrata de turno.
El principio de igualdad ante la Ley que consagra el artículo 16 de
la Constitución Nacional, no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan
iguales circunstancias. Si bien el principio aludido no tiene carácter absoluto, las
excepciones o trato diferencial lo son para situaciones diferenciables, y no para
marcar la desigualdad entre los iguales.
Las Normas impugnadas cometen un evidente e indisimulable acto
de discriminación, toda vez que deja en inferioridad de posibilidades a unas
personas contra otras en idéntica situación actual.
Es inaceptable que quien reposó su confianza en el país vea hoy
que, según condiciones totalmente antojadizas, hacen desaparecer el fruto de su
Este hecho debe ser tratado con igualdad y equidad, figuras éstas
que han quedado al desamparo con el dictado de las normas impugnadas.
Resulta entonces que el equilibrio de las prestaciones, por
aplicación de la ley, se distorsionarán, entonces, la equidad y la justicia
requieren que V.S. restablezca el equilibrio, impidiendo toda desigualdad y
– IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES Y LOS DERECHOS
La jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal ha forjado un
principio rector en la materia, el cual expresa que: “El principio de que las leyes
no son retroactivas emana solamente de la propia ley –el Código Civil- y carece,
por ende, de nivel constitucional; pero cuando la aplicación retrospectiva de una
ley nueva priva a alguien de algún derecho ya incorporado a su patrimonio, el
principio de la irretroactividad asciende a nivel constitucional para confundirse
con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad, consagrada en el artículo 17”.
(C.S.J.N. Fallos 137:47, Consid.XIII).
Por ello, si bien la ley puede ser retroactiva sin ofender a la
Constitución Nacional, nunca podría respetarla si dicha retroactividad cercena un
derecho incorporado al patrimonio, enervando así el derecho constitucional
mencionado. Como enseña Bidart Campos: “…el derecho constitucional se
preocupa por descubrir cuándo la retroactividad se torna inconstitucional, para
prohibirla o enervarla, y no sólo respecto de las leyes, sino de cualquier norma o
acto” (Tratado de Derecho Constitucional, Tº 1, Ed. Ediar, 1995).
Conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema, los derechos y
obligaciones emergentes de los contratos integran uno de los contenidos del
derecho constitucional de propiedad, y se resguardan en la inviolabilidad
consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna.
Las leyes no pueden privar derechos ya incorporados al
patrimonio (derechos adquiridos). Allí radica el principal reproche atento que tal
ley priva de la propiedad adquirida a los beneficiarios del sistema.
La jurisprudencia de la Corte Suprema ha señalado que si en virtud
de una ley se ha adquirido un derecho, ese derecho es intangible frente a la
sanción de nuevas leyes que posteriormente lo desconozcan, lo agravien o
puntualmente lo aniquilen.
El Alto Tribunal en el fallo “Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/
Pcia. de Bs.As. s/ Daños y Perjuicios” de fecha 12/09/1996, expresó que ni el
legislador ni el juez podrían, en virtud de una ley nueva o de su interpretación,
arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación
anterior, pues en este caso el principio de irretroactividad dejaría de ser una
norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de
la propiedad reconocida por la Ley Suprema.
A esta altura está claro que el artículo 2° de la ley 27426 Cuando
establece “La primera actualización en base a la movilidad dispuesta en el
artículo 1° de la presente, se hará efectiva a partir del 1° de marzo de 2018” lo
que está haciendo es anular el período julio/diciembre de 2018 ya virtualmente
devengado en casi su totalidad, que debe abonarse en marzo y reemplazándolo
por la nueva fórmula que involucra en dicho período el tercer trimestre del
corriente año. En definitiva lo que hace es generar de hecho una retroactividad
legal violando claramente el principio de “irretroactividad de la ley”
Coincidentemente con lo expuesto, recientemente la Excma.
Cámara Federal de la Seguridad Social ha sentado una pacífica doctrina
jurisprudencial contraria a la aplicación retroactiva de la ley en materia de
seguridad social. Así, la Sala II en autos: “DI MARIO CARMELO c/ ANSES
s/REAJUSTES VARIOS” (26/02/2017) y “AYBAR RAMONA DEL VALLE c/ ANSES
s/REAJUSTES VARIOS” (14/08/2017); y la Sala III en autos: “GEUNA ALBERTO
ALFREDO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS” (18/08/2017).
La afectación de los derechos de mi mandante con la aplicación
retroactiva de la nueva fórmula de movilidad tampoco es una conjetura Conf.
“Heit Rupp, Clementina c/ Administración Nacional de la Seguridad Social” Fallos:
322:2226), es otra cuenta matemática simple.
V. – PROCEDENCIA DE LA ACCION DE AMPARO
La acción de amparo que promovemos es procedente ya que se
dan todos los requisitos dispuestos por el artículo 43 de la Constitución Nacional
(“Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre
que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de
autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente
lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta,
derechos y garantías reconocidos por esta constitución, un tratado o una ley.
En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se
funde el acto u omisión lesiva. Podrá interponer esta acción contra cualquier
forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al
ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como los derechos
de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las
asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que
determinará los requisitos y formas de su organización. …..”); para ello a saber:
1) Existe un acto de las autoridades públicas, lesivo de
derechos constitucionales adquiridos, que se materializa con el dictado de la ley
27426, su promulgación y publicación;
2) Esa lesión es inminente, puesto que la norma ya ha sido
publicada y en forma actual amenaza la existencia de circunstancias que ponen
en real y efectivo peligro el pleno ejercicio de nuestro derecho a los beneficios de
3) La lesión se produce con ilegalidad y arbitrariedad
manifiesta. La comprobación de la ilegalidad manifiesta, y la consecuente lesión
de los derechos constitucionales (presupuestos de la procedencia de la acción
incoada), requiere de una actividad probatoria mínima y elemental y no requiere
un debate que exceda de los límites del amparo. En consecuencia, para arribar a
una sentencia que se pronuncie sobre la procedencia de la pretensión deducida,
el procedimiento de la acción de amparo resulta suficiente y adecuado, para
garantizar la defensa en juicio de las partes en el marco de un proceso justo.
4) La norma discrimina cercenando a mi mandante de la libre
disposición de beneficios jubilatorios.
5) No existe un remedio judicial más idóneo para pedir
protección al derecho subjetivo mencionado, teniendo en cuenta que resulta
indispensable la declaración de inconstitucionalidad de las normas antes citadas
para salvaguardar los derechos de mi mandante.
En este sentido, qué consecuencias traería la utilización de la
vía ordinaria, aún en el supuesto de alcanzar una sentencia de primera instancia
favorable: un proceso lento y engorroso que podría durar años y que se
devoraría la pretensión procesal. En este sentido, en la causa “Mases de Diaz
Colodrero A. C/ Provincia de Corrientes”, L.L. 1998-B-321, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación enuncio: “Que los agravios del apelante justifican su examen
en la vía intentada, pues si bien la acción de amparo no está destinada a
reemplazar los medios ordinarios para la solución de las controversias (…) su
exclusión por la existencia de otros recursos no puede fundarse en una
apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una
efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de
1) Innecesaridad de Reclamo Administrativo Previo
La jurisprudencia del fuero ha tenido oportunidad de pronunciarse
sobre los efectos que ha tenido la Reforma Constitucional de 1994 sobre los
requisitos procesales del amparo.
Como V.S. bien lo sabrá, la interpretación mayoritaria sostiene
que la Reforma Constitucional no ha producido una derogación en bloque de la
ley de amparo, sino sólo de aquéllas normas incompatibles con las nuevas
disposiciones constitucionales. Pues bien, desde esta perspectiva, los tribunales
se han pronunciado claramente por la no subsistencia del requisito que estamos
1°) Sala I de la CNFed. Contencioso administrativo: “…hoy, frente al texto
del nuevo art. 43 – parte 1ª- de la Carta Magna, no puede sostenerse ya como
requisito de procedencia de este remedio sumarísimo y excepcional la
inexistencia de vía administrativa idónea para la tutela del derecho que se invoca
como conculcado” (“Aydin S. A. c. Secretaría de Medios de Comunicación de la
Presidencia de la Nación”; considerando II.2; Fallo de May/22/1996, pub. en LL1997-D-
2°) Sala III de la CNFed. Contencioso administrativo: “…el texto
constitucional en vigor no establece que la existencia de un recurso o remedio
administrativo pueda ser obstáculo para la admisibilidad de la pretensión
(Schroeder, Juan c/Estado Nacional s/amparo ley 16.986”, pub. en LL-1994-E449).
Lo mismo ha sido sostenido por importante doctrina nacional,
como puede apreciarse en la opinión de Rivas, quien afirma que el art. 43 de la
CN produce “…un vuelco drástico y trascendente en el sistema vigente: la
garantía obrará sin impedimentos ni otros condicionamientos que no sean los
que el propio texto constitucional establece”; agregando que: “…se han
suprimido las referencias de la ley 16986 a los recursos y remedios
administrativos, cosa que importa permitir un directo acceso a la justicia” (Rivas,
Nestor; “El amparo y la nueva Constitución de la República Argentina”; en LL1994-E-1224).
V I.- DERECHO.
Fundo el derecho que me asiste en los Artículos 14, 14 bis, 16, 17, 28, 31,
33 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución Nacional, Artículos XIV, XVIII, XXIII y XXIV
de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, artículos 8, 17, 22, 23
de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículos 8, 21, 25 y 27 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos , leyes concordantes,
complementarias y correctoras de los Instrumentos Internacionales sobre
derechos humanos, ley 26854, doctrina y jurisprudencia aplicable al caso. En los
pactos internacionales ratificados por nuestro país: la CONVENCIÓN
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, los derechos consagrados en el
art. 17 de la CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES (ley 27.360) como así
también por los derechos consagrados en la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE
DERECHOS HUMANOS (1948), la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y leyes concordantes, complementarias y correctoras.
VII.- LA MEDIDA CAUTELAR QUE SE SOLICITA.-
Por las razones expuestas, y debido a la existencia de una lesión
actual al derecho que me asiste, se solicita a V.S. con carácter urgente dicte
como medida anticipatoria cautelar – que se solicita tramite inaudita parte –
ordenar a la demandada se abstenga de aplicar la ley 27426 y mantenga la
vigencia de la les 26417, hasta tanto se expida sobre el fondo de la pretensión
El presente pedido se funda en el peligro que implica que durante
el transcurso de tiempo que demande la resolución definitiva del presente, los
legítimos derechos constitucionales de mi mandante, que dan base a esta
acción, resulten burlados por la aplicación de las normas que por la presente
acción se impugnan.
La precedente relación de los hechos abona con suficiente
elocuencia la verificación en el caso, de los requisitos exigidos por la doctrina y
jurisprudencia en torno a la admisibilidad de una medida cuya eventual
denegatoria traduciría un agravio claramente irreparable. (conf. acerca de la
procedencia de las medidas cautelares. Barra, Rodolfo “efectividad de la tutela
judicial frente a la administración. ED. 107, 419, del mismo modo, Beltran
Gambier y Zubiaur.).
Se reclama la urgente tutela de esos derechos constitucionales
afectados, atento el alto grado de verosimilitud en el derecho invocado y la
existencia de un irreparable perjuicio en ciernes.
La medida cautelar tiene por objeto la defensa y protección de los
derechos sociales e individuales de los que es titular mi mandante, los que se
verían perjudicados por el accionar ilegal, inconsulto y desmedido de la
demandada en un tema tan sensible como lo es la Seguridad Social, en general y
el sistema Previsional en particular.
Por su parte, el presente pedido cautelar desde el punto de vista
fáctico tiene su fundamento en el alto grado de probabilidad que se cause un
perjuicio irreparable. Tal como se acredita en el presente escrito, con la medida
cautelar solicitada se trata de evitar que resulten burlados derechos, por el
irrazonable y antijurídico accionar de la ANSES, aplicando una ley que está
viciada de aspectos a todas luces inconsistentes, irrazonables, sin fundamento
legal, y sin el más mínimo respeto a la Constitución Nacional.
Se reclama la urgente tutela de los derechos legales y
constitucionales afectados, atento la fuerte probabilidad de la existencia de un
irreparable perjuicio en ciernes. Ello en base a los hechos del caso y el derecho
La nota característica de la cautelar solicitada es la provisoriedad,
la cual subsistirá hasta el momento del dictado de una sentencia sobre el mérito
que confirme o ratifique lo que haya avanzado desde la perspectiva precautoria.
Como toda decisión judicial, la medida solicitada se encuentra
sujeta a la regla rebuc sic stantibus, es decir puede modificarse si se modifican las
circunstancias tenidas en cuenta para otorgarlas.
La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que
“como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los
magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho
pretendido, sino solo su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta
materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no
es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético
dentro del cual asimismo agota su virtualidad”, conf. C.S.J.N. in re “Evaristo
Ignacio Albornoz v. Nación Argentina – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
s/ Medida de no innovar”, rta. El 20/12/84 (Fallos 306-2060); todo ello en
razón de que “la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la
eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un proceso y la fundabilidad
de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento
exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino
de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido”
(CS – 4/07/991 LL-1992 – A-110; Estado Nacional vs. Provincia de Rio Negro).
Con respecto a la viabilidad de la medida cautelar solicitada,
la doctrina nacional recomienda la mayor flexibilidad en su otorgamiento para
que éstas cumplan sus fines en forma satisfactoria, sin ocasionar perjuicios que
La medida que se requiere importa un verdadero anticipo de
la garantía jurisdiccional que se otorga, con el objeto de impedir que el derecho
cuyo reconocimiento se pretende obtener pierda virtualidad durante el plazo
que transcurra entre la articulación del proceso y el pronunciamiento definitivo.
Así la doctrina nacional viene sosteniendo que: “… se ha abierto
camino una tendencia amplia y flexible, que ha terminado por prevalecer,
porque tanto o más que al interés privado del solicitante, interesa al orden
público que la justicia no fracase por la inevitable lentitud de su actuación,
motivo por el cual se viene resolviendo que es preferible un exceso en
acordarlas que la parquedad en desestimarlas, ya que con ello se satisface el
ideal de brindar seguridades para la hipótesis de triunfo” (Morello, Passi
Lanza, Sosa, Berizonce, Códigos procesales, ed. 1971, v.III.).
Son reconocidas las presunciones de ejecutoriedad y legitimidad
del acto administrativo, sin embargo, “(l) a supervivencia de la ejecución forzosa
del acto administrativo – como regla general – difícilmente pueda convivir mucho
tiempo más con el principio de “tutela judicial efectiva”, el cual excluye la
posibilidad de ejecutar coactivamente el acto impugnado antes de su
juzgamiento por el poder judicial” (Juan Carlos Cassagne, Efectos de la
Interposición de los Recursos y la Suspensión de los actos Administrativos, E.D.
153,995.).
Asimismo, esta presunción de legitimidad del acto administrativo,
no significa que éste sea válido, sino que simplemente se presume que ha sido
emitido conforme al ordenamiento jurídico. “Indiscutiblemente es una
presunción legal relativa, provisional, transitoria, calificada como presunción iuris
tantum, que puede desvirtuar el interesado demostrando que el acto controvierte
el orden jurídico. Tal presunción no es un valor consagrado, absoluto, iure et de
iure, sino un “juicio hipotético”, que puede invertirse acreditando que el acto
tiene ilegitimidad” (Tomás Hutchinson, Régimen de Procedimientos
Administrativos. E.D. Astrea. 5º ed.).
Tal presunción no exime al juez de valorar los elementos
aportados por la parte que solicita la medida cautelar, a fin de determinar si la
verosimilitud del derecho invocado desplaza a la presunción señalada. La Corte
Suprema ha invalidado pronunciamientos que denegaron medidas cautelares
cuando esa presunción ha sido empleada como una mera afirmación dogmática,
omitiendo el más elemental análisis de las cuestiones esenciales con respecto a
la pretensión cautelar y sin correlato con las constancias de la causa.
Conforme el art. 230 del CPCC puede dictarse una prohibición de
innovar siempre que el derecho alegado fuera verosímil (fumus bomis iuris) y
existiese peligro en mantener una determinada situación de hecho (periculum in
En el caso aquí planteado, concurren además los
presupuestos que ameritan la medida cautelar solicitada, a saber: verosimilitud
en el derecho, peligro en la demora y la exigencia de contracautela.
A.- Verosimilitud en el derecho.
Fuerte probabilidad cercana a la certeza.
El “fumus bonis iuris” surge inequívocamente de la
descripción de los derechos amenazados por las normas impugnadas.
Este requisito ha sido largamente demostrado a lo largo del
análisis efectuado precedentemente, máxime si se considera que de la sola
lectura de las normas tal cual han sido dictadas y publicadas y de su comparación
con la Carta Magna, surge claramente que se encuentran ambas en discordia, lo
que acredita que existe una palmaria inconstitucionalidad.
Pero no solo se encuentra acreditado verosímilmente el derecho
invocado, sino que lo hasta aquí expuesto permite considerar que en el caso de
autos existe una verdadera certeza sobre la existencia de un grave perjuicio en
ciernes y la violación del derecho y las garantías constitucionales invocadas. Es
decir, se encuentra acreditada una fuerte probabilidad –cercana a la certeza- de
la atendibilidad del derecho invocado.
No huelga recordar que la jurisprudencia de nuestro Máximo
Tribunal ha sentado una importante pauta interpretativa para el análisis de
este requisito al señalar que “…las medidas cautelares no exigen de los
magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido
sino sólo su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se
encuentra en oposición a la finalidad de la medida cautelar, que no es otra que
atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del
cual, asimismo, agota su virtualidad” (conf. C.S.J.N. in re “Evaristo Ignacio
Albornoz v. Nación Argentina – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social s
/Medida de no innovar”, rta. el 20/12/84, Fallos 306:2060).
En los apartados anteriores ha quedado suficientemente
acreditado, por lo menos prima facie, la inconstitucionalidad de las normas tal
como ha sido promulgada.
B.- Peligro en la demora.
Sólo ordenando en forma urgente la medida cautelar
solicitada es posible mantener la verosimilitud del derecho planteado, toda
vez que el interés jurídico que fundamenta el otorgamiento de la medida
cautelar solicitada encuentra su justificación legítima en el grave perjuicio que
la ley ¿??? produce en el patrimonio de mi mandante y la inseguridad jurídica
que significa que en cualquier momento el gobierno de turno pueda cambiar la
proporcionalidad del su haber jubilatorio y por ende la falta de garantía de todo
el sistema de la seguridad social. Por tanto quedaría en peligro la integridad de
los fondos que dan sustentabilidad al sistema y consecuentemente, cualquier
demora en la decisión judicial, tornarían en ilusorios cualquier derecho que le
pudiera caber a ésta parte.
En el caso de autos, la tutela judicial resulta urgente e
imprescindible, ya que caso contrario se verían frustrados gravemente los
legítimos derechos de mi mandante a un servicio imprescindible como el
derecho a una jubilación digna.
Acerca de este requisito la Corte ha establecido que “el
examen de la concurrencia del recaudo aludido pide una apreciación atenta
de la realidad comprometida con el objeto de establecer cabalmente si las
secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden
restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, operado por una
posterior sentencia”(CS, julio 11 -996, „Milano, Daniel R. c. Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social).
Se advierte a primera vista la necesidad de no mantener la
situación de hecho existente con la vigencia de la ley, puesto que de continuarse
con el procedimiento instituido por medio del presente se verían afectadas las
garantías contenidas en el Art. 43 de la C.N.
C.- Contracautela.
Se Ofrece como contracautela la caución juratoria, en los
términos y con el alcance previsto por el art. 199 del C.P.C.C.N.
La caución juratoria V.S. es la contracautela exigible en
acciones como estas.
En virtud de este principio de gratuidad no correspondería
solicitar ningún tipo de contracautela real, ya que en ese caso se vulneraría
el principio de gratuidad establecido por ley.
Por último, cabe destacar a V.S. la teoría general que las medidas
cautelares establecen un principio de relación entre el grado de apariencia del
derecho y la entidad de la contracautela que se consagra en que a mayor
verosimilitud del derecho, menor contracautela existiendo en el caso de autos,
no solo un alto grado de verosimilitud del derecho, sino más bien un alto grado
de certeza de atendibilidad del derecho invocado, corresponde ser flexible con
la contracautela a fijarse, y por lo tanto corresponde en el caso de autos
fijar la contracautela juratoria.
El análisis realizado nos lleva a las siguientes conclusiones:
a) En el caso de autos existe – prima facie, y con fundamentos
suficientemente expuestos- una lesión actual, permanente y continuada, a
los derechos de los jubilados en su conjunto, lo que incluye a mi mandante, cuya
ulterior reparación probablemente sea imposible, y, cuanto menos, muy difícil.
b) Esta situación hace procedente la adopción de una medida cautelar
para hacer cesar de manera inmediata la situación lesiva.
c) Dado el carácter actual de la lesión esa medida debe tener –
necesariamente- un carácter innovativo (modificar una situación de hecho).
d) En este marco, la medida particularmente solicitada no provoca
un perjuicio injusto a la demandada, y resulta adecuada para lograr un
aseguramiento inmediato que evite la frustración continúa de los derechos
Lo que importa es que la medida resulta adecuada para
lograr una protección equitativa y balanceada de los derechos involucrados;
la cautelar solicitada tiene cabida en la dinámica de nuestro sistema procesal;
se enmarca en la dirección que la Corte Suprema le ha impreso al proceso
cautelar, y es justa.
Sólo falta que V.S. le otorgue efectividad.
VIII.- EL CAUCE PROCESAL DE ESTA ACCIÓN.-
El Dr. Lorenzetti ha sostenido que el Derecho Privado
tradicionalmente se ha ocupado de la tutela resarcitoria posterior a la lesión,
pero aclara que, modernamente, en el “…Derecho Civil surge la tutela
inhibitoria que permite prevenir el daño antes de que éste se produzca e
incursionar en el orden social mediante el señalamiento de conductas
obligatorias” Lorenzetti, Ricardo Luis, Consumidores, 2° ed., Rubinzal Culzoni,
2009, pág 539. Señala que la tutela resarcitoria consiste en la indemnización
del daño sufrido mientras que “La tutela inhibitoria, en cambio, tiene
finalidad preventiva. El elemento activante es la posibilidad de un ilícito
futuro; es la amenaza de violación” Lorenzetti, Ricardo Luis, Consumidores, 2°
ed., Rubinzal Culzoni, 2009, pág 539.
Esta es precisamente el tipo de protección que se le pide a V.S. a
Téngase presente que los jueces no deben desestimar demandas
basadas en la violación de derechos constitucionales –o la amenaza de lesióncon
el argumento de que carecen de una vía procesal acabadamente delineada.
Así, se ha dicho que los tribunales deben acordar protección a los derechos y
garantías, sin excusarse en la ausencia de un procedimiento legal apto para
su ejercicio, pues estos no han sido reconocidos como simples fórmulas
teóricas, sino que poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las
autoridades y para toda la Nación CSJN, in re “Ekmekdjian c. Sofovich”, del
07/07/1992, LL Online e in re “Siri”, del 27/12/1957, Fallos 239:459. Además, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación (“CSJN”) ha resuelto que “…ante los
problemas suscitados a partir de la irrupción en la vida social de las grandes
empresas, con un enorme poderío material y económico y la consiguiente
amenaza para el individuo y sus derechos, la CN no desampara a los
ciudadanos ni les impone necesariamente recurrir a la defensa lenta y costosa de
los procedimientos ordinarios, remarcando que las leyes no pueden ser
interpretadas sólo históricamente, sin consideración a las nuevas condiciones
y necesidades de la comunidad” CSJN, in re “Kot”, del 05/09/1958, Fallos
241:291.
En otros casos, el Máximo Tribunal sostuvo que en tanto la
cuestión en debate revestía suma gravedad, no correspondía entrar a considerar
el nomen juris de la acción apta para la tutela colectiva de derechos individuales
frente a la clara violación de las garantías constitucionales en juego CSJN, in re
“Verbitsky, Horacio s/ Hábeas Corpus”, del 3/5/05, LL 2005-E, p. 39.
Por lo demás, deben tenerse presentes las palabras de la
Corte in re “Halabi” CSJN, in re “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. – ley 25.873 – dto.
1563/04 s/ amparo ley 16.986” del 24/2/09, entre otros precedentes, donde se
sostuvo que “…donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer
toda vez que sea desconocido; principio del que ha nacido la acción de amparo,
pues las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el
solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes
reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para la
vigencia efectiva de dichas garantías (Fallos: 239:459; 241:291 y 315:1492)”.
Por último, amén de lo expuesto, debe recordarse que los
jueces pueden valerse de las facultades previstas en los arts. 36 y 232 CPCCN
para ordenar medidas de carácter urgente adaptadas al caso en particular.
En conclusión, más allá de la vía procesal que se acuerde, se
solicita a V.S. que haga lugar a la presente acción preventiva con miras a la
protección del presentante y de todo el sistema integrado de la seguridad social,
de manera urgente e inaudita parte.
IX.- CUESTIONES DE FONDO.
A) VULNERACION DEL PRINCIPIO DE PROTECCION DE LOS
INTERESES ECONOMICOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Injustamente se están lesionando los intereses de los beneficiarios
de la Seguridad Social, entre ellos los de mi mandante.
Al hacerlo, se ocasiona una violación directa y manifiesta de sus
derechos expresamente reconocidos en la Constitución Nacional.
Eso es lo que ocurre en el caso de autos. El Estado mediante una
ley inconstitucional da pie a que en poco tiempo de desfinancie al sistema de
Seguridad Social, aprovechando la enorme dispersión del daño que causan y la
consecuente indefensión en que se encuentra cada uno de los beneficiarios del
En virtud del principio “favor debilis”, propio no sólo del derecho
de los beneficiarios del sistema previsional, sino de todo el derecho que proviene
del sistema de seguridad social (y recibido en el art. 14 bis CN), es que se solicita
se declare la inconstitucionalidad de la Ley N.º 27426 atento a sus términos.-
B) VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO EN EL ART. 8 DE LA
El art. 8° del mencionado pacto sostiene que “Toda persona tiene
derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”
Desde ya esta garantía es aplicable en nuestro caso.
Solicito que VS disponga el cabal respeto de las garantías
constitucionales que han sido invocadas en este escrito y, por lo tanto, haga
lugar a la pretensión cuyo amparo invoco, desarticulando de inmediato los
efectos lesivos de la ley sancionada mediante el urgente dictado de la medida
Solicito también que, al decidir en el sentido requerido, V.S.
atienda al criterio de la Corte Suprema, conforme al cual “los jueces deben dar
vigor con sus sentencias a la moralidad corriente de hombres y mujeres de
conciencia recta” (Fallos 308:1160), y atenerse al sentido de justicia de la
comunidad (causa “Santa Coloma, Luis F. Y otros v. Empresa Ferrocarriles
Argentinos”, año 1986).
No es dudoso que la moralidad corriente de la gente de bien, y el
sentido de justicia de la sociedad, coincidan en lo absoluto con las razones
fundantes de la acción de autos.
XI.- SOLICITUD DE APELACIÓN CON CARÁCTER DEVOLUTIVO
Para el hipotético caso que V.S. conceda la medida cautelar,
solicito que de ser apelada por el demandado se conceda la misma con efecto
No conceder el efecto solicitado pierde toda eficacia la
medida dictada, máxime cuando hablamos de un amparo ya que si la
apelación lo es con efecto suspensivo pierde todo sustento la medida
intentada pues obligaría a los beneficiarios del sistema de la seguridad social
ver en riesgo su fondo de sustentabilidad y postergadas las aspiraciones del
cumplimiento de sentencia y dictámenes firmes en su tiempo y forma.
La concesión a efectos suspensivos es claramente inconstitucional
(Morello, Augusto y Vallefin, Carlos, “El Amparo, Régimen Procesal”, pag. 150,
Platense, Argentina, 1998; Rossi, Alejandro, “El efecto de la apelación de las
medidas cautelares en el proceso de amparo (la derogación del artículo 15 de la
ley 16.986 y las fuentes supranacionales. Notas para el litigante)”, L.L., 31 de
mayo de 2000; Sagüés, Nestor, “La inconstitucionalidad de la concesión con
efecto suspensivo de la resolución admisoría de una medida cautelar en el
amparo”, L.L., 16 de agosto de 2000 y Gil Domínguez, Andres, “El amparo del
artículo 43 y el desamparo de la ley 16.986”, Revista Argentina de Derecho
Constitucional, nº 3, Ediar, Argentina, 2001.).
inconstitucionalidad de una hipotética concesión del recurso de apelación con
efectos suspensivos por transgredir el núcleo esencial del artículo 43 de la
XII.- RESERVO CASO FEDERAL, SUPRANACIONAL y ACCESO A
Para el improbable e hipotético caso de que V.S. no merituara las
circunstancias de hecho y de derecho formuladas por esta parte, no haciendo
lugar a la presente acción, dejo desde ya formulado la pertinente reserva de
acudir al procedimiento establecido en el art. 14 de la Ley 48 – Caso Federal – ya
que en el presente, actuar de ese modo violentaría derechos de raigambre
constitucional y los establecidos en los Tratados y Convenciones incorporados en
el art. 75, inc. 22) C.N.; derechos éstos que esta parte asegurará mediante la
promoción de los recursos federales de estilo.-
Asimismo hago expresa reserva del Caso Supranacional, para
concurrir por ante los Organismos Internacionales, con fundamento en el art. 75
incs. 22 de la C.N.
Consecuentemente reitero que dejo expresa constancia de
Reserva del Caso Federal y Supranacional y de acceso a recurrir a los organismos
internacionales para el caso que fuera rechazada la pretensión deducida
XIII.- RECUSA CON EXPRESIÓN DE CAUSA
Esta parte viene a recusar, con expresión de causa, al Juez Fedeal a cargo
del Juzgado Federal de la Seguridad Social Número 2º Dr. Fernando Strasser en
los términos del Art. 17, incs. 6), y 10) del CPCCN, respecto de su intervención en
esta apelación por las razones de hecho y de derecho que se expondrán:
Sostiene el art. 17, inc. 6 del CPCCN: “…Art. 17. – Serán causas legales de
recusación: […] 6) Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los
términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte
Suprema hubiere dispuesto dar curso a la denuncia.
Esta parte ha realizado sendas denuncias en los autos: “INCIDENTE Nº 1 –
ACTOR: FERNANDEZ PASTOR, MIGUEL ANGEL DEMANDADO: ANSES
S/INCIDENTE” a los fines que la CSJN, en su función de Superintendencia y el
Consejo de la Magistratura investigaran las violaciones al debido proceso
objetivo, la defensa en juicio, y la posible comisión de los delitos de abuso de
autoridad, incumplimientos de deberes de funcionario público y cualquiera otro
que se pudiera haber cometido. Lo que fue rechazado, sin fundamento y sin
tener la facultad para hacerlo, por la Sala III. Es por ello que la SCJN y el Consejo
de la Magistratura no han podido entender en la cuestión. Ello no puede
impedir, como fue manifestado en el expediente citado y la reiteración de la
denuncia, que el magistrado que violentó todos y cada uno de los derechos de
defensa en juicio y del debido proceso objetivo respecto de ésta parte, vuelva a
De ninguna manera puede, por lo tanto, aún sin haber entendido todavía
la Alzada en su carácter de Superintendencia ni el Consejo de la Magistratura,
comprenderse en inc. 6 del Art. 17 del CPCCN de manera restrictiva pues,
quienes han impedido que ello fuera posible fueron justamente los Jueces de la
Sala III y, por lo tanto, debe prosperar la recusación solicitada.
Pero no es la única razón por la que debe prosperar la recusación
recusación: […] “…10) Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento
que se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la recusación
por ataques u ofensa inferidas al juez después que hubiere comenzado a conocer
del asunto…”.
El resentimiento y la enemistad del Dr. Strasser contra mi mandante es
de público y notorio, y obra en el expediente que cursó en el por ante el Tribunal
de Disciplina del CPACF bajo el número 29384/17, en el cual lo denunció y por el
cual mi mandante apercibido. En virtud de lo expuesto y de la notoria y pública
enemistad y resentimiento del Dr. Strasser para con el actor, es que vengo a
recusarlo con expresión de causa, por un motivo anterior a que haya empezado a
conocer en las presentes, conforme lo tipificado en el art. 17, inc. 10 del CPCCN.
VIII.1.- RECUSA SIN EXPRESIÓN DE CAUSA
Que ejerciendo el derecho que me acuerda el art. 14 del CPCCN, vengo a
recusar sin expresión de causa y sin perjuicio de la investidura del Magistrado, al
Sr. Juez Federal a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad
Social Nº 6, Dr. Juan A. FANTINI.
XIV.- PRUEBA ACOMPAÑADA
A. DOCUMENTAL: Acompaño a la presente:
1) Poder General;
2) Comprobante bancario de cobro de jubilación;
3) Fotocopia documento nacional de identidad;
4) Dos informes on line del CEPA;
5) Dos notas periodísticas emitidas por el Diario Clarín;
6) Una nota periodística publicada por el diario Página 12;
B. Documentación en poder de la demandada: se ofrece en
calidad de tal, en los términos del artículo 387 del CPCC, la que deberán ser
presentadas conforme lo dispuesto por el artículo 388 del código citado:
B.1.- Expediente Nº 024-20-07867917-5-118-1;
B.2.- Expediente Nº Nº 024-20-07867917-5-004-1;
B.3.- Expediente Nº Nº 024-20-07867917-5-837-1;
B.4.- Expediente Nº Nº 024-20-07867917-5-299-1;
XIV.- AUTORIZACIONES:
Que vengo a autorizar a los Dres. Miguel Ángel Fernández
Pastor, Abogado, Tº 54 Fº 474 del C.P.A.C.F. y Myrna Bárbara Alimen, Abogada,
Tº 128 Fº 624 del C.P.A.C.F., a tomar vista de las presentes actuaciones,
compulsar el expediente, efectuar desgloses, retirar copias, retirar y diligenciar
cédulas, oficios, testimonios y/o mandamientos, y todo otro trámite tendiente al
impulso de los presentes actuados y/o quienes estos designen.
XV.- PETITORIO: Por todo lo expuesto, a V.S. SOLICITO:
1) Se me tenga por presentado, por parte y por constituido el
domicilio a los fines procesales.
2) Se tengan presentes las recusaciones con y sin causa realizadas
en los puntos XIII y XIII.1
3) Se dé traslado de la presente acción al fiscal de turno
4) En su oportunidad se ordene el correspondiente traslado de la
5) Se tenga por ofrecida la prueba, se agregue la documental
acompañada y se intime a la demandada, conjuntamente con el traslado de la
demanda, a adjuntar la documentación en su poder en los términos de los
artículos 387 y 388 del CPCCN.
6) Se tengan presentes las autorizaciones conferidas.
7) Se provea la medida cautelar solicitada, bajo caución juratoria.
8) Se tenga presente la Reserva del Caso Federal, Supranacional
con acceso a los organismos internacionales.
9) Haga lugar a la medida cautelar solicitada
10) Oportunamente, se dicte sentencia, declarando la
inconstitucionalidad de la ley 27426 Y el DNU por las razones expuestas, con
expresa imposición de costas a la vencida.
Tener presente lo manifestado y proveer de conformidad, que

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 artículo 19
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 artículo 17
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 artículo 43
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 artículo 15
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 artículo 387
 artículo 388