Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/43263
Timestamp: 2020-02-26 12:23:06+00:00

Document:
Gaceta: LXII/2PPO-4/43263
Propone reformar la Ley General de Desarrollo Social, para sustituir el concepto del “Padrón” y ampliarlo al Registro Único de Beneficiarios de los Programas Sociales, derivándose de esta reforma la creación de la Ley General en la materia.
Con la reforma de la fracción X del artículo 5 de la Ley General de Desarrollo Social, se define como Registro Único, el Registro Único de Beneficiarios de los Programas Sociales; en tanto que la reforma a la fracción VI del artículo 10 de la misma ley establece que los beneficiarios de los programas de desarrollo social tendrán el derecho de ser incluidos en el Registro Único; finalmente en lo que corresponde a la reforma del artículo 27, se instituye que con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el Registro Único.
La Ley que se propone crear se denomina Ley General del Registro Único de Beneficiarios de los Programas Sociales y tiene por objeto establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Único de Beneficiarios de los Programas Sociales, definiendo a éste último como un instrumento de información del Sistema Nacional de Desarrollo Social, que tendrá como propósito organizar y concentrar en una base de datos electrónica la información que permita identificar a todas las personas y familias cuyo ingreso mensual por persona sea igual o menor al establecido en la Línea de Bienestar.
Se crea el Centro Nacional de Información para la integración física del Registro Único, donde las entidades federativas, los municipios y delegaciones políticas, deberán coordinar las acciones necesarias para el levantamiento y actualización de la información que se suministra al Registro Único. Y se dispone que el Registro Único se integre con la información socioeconómica de todas las familias cuyo ingreso mensual por persona sea igual o menor al establecido en la Línea de Bienestar, debiendo obtener la información mediante la Cédula de Identificación Familiar y la Cédula de Identificación de la Persona.
La propia ley, establece el procedimiento; el sistema; los mecanismos de actualización de datos; mecanismos de control; y, responsabilidad de las autoridades y servidores públicos.
INICIATIVADE LA SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA QUE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 5, LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 10 Y EL ARTÍCULO 27, TODOS DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y CREA LA LEY GENERAL DEL REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.
México, D.F., a 5 de septiembre de 2013
Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 5, la fracción VI del artículo 10 y el artículo 27, todos de la Ley General de Desarrollo Social y crea la Ley General del Registro Único de Beneficiarios de los Programas Sociales, al tenor de la siguiente:
De manera constante, se ha señalado desde esta Soberanía, la necesidad de implementar mecanismos que inhiban el uso indebido de los programas sociales.
Reiteramos que existe un consenso en la necesidad de ir más allá del control parlamentario y de procedimientos, de la auditoria y la vigilancia, para dar lugar a los mecanismos de control y evaluación orientados a mejorar el desempeño gubernamental.
Por ello, proponemos reformar la Ley General de Desarrollo Social, con la finalidad de trascender la idea del “Padrón” de beneficiarios y, derivado de esta reforma, crear una Ley que establezca el Registro Único de Beneficiarios de los Programas Sociales, entendido como un instrumento de información del Sistema Nacional de Desarrollo Social, que tiene como propósito organizar y concentrar en una base de datos electrónica la información que permita identificar a todas las personas y familias cuyo ingreso mensual por persona sea igual o menor al establecido en la Línea de Bienestar.
La creación de esta base de datos a nivel nacional permitirá, en primer lugar, identificar a todas las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad por sus condiciones socioeconómicas y conocer los apoyos de todos los niveles de gobierno a los que tienen acceso, si es el caso, con la finalidad de establecer un orden y una coordinación entre la seguridad social, los servicios sociales y los programas asistenciales, evitando tanto las duplicidades como la exclusión de familias que los necesitan y no cuentan con ellos. Así, se lograría una focalización efectiva de los beneficiarios actuales y potenciales de los programas sociales.
Es una respuesta ante la ausencia de una política social global y articulada, que permitirá graduar las intervenciones gubernamentales en materia social y su cobertura, según las necesidades y características del hogar, de la familia y sus integrantes.
La propuesta que aquí se presenta, contribuirá a la transparencia de todos los procesos de implementación de la política social en los tres niveles de gobierno, al unificar en un sólo sistema toda la información que permita hacer una eficiente asignación de beneficios, de forma automatizada y conforme a los criterios de ingreso al programa, ya que prioriza el acceso bajo criterios estrictamente socioeconómicos y desde una perspectiva de derechos, con miras a eliminar la generación de clientelas y el manejo político-electoral de los programas sociales.
La información registrada servirá de sustento y fuente para el diseño, la planificación e implementación de la política social, así como para la evaluación de su impacto en el desarrollo de las familias, al permitir dar seguimiento y sistematizar sus resultados. Con ello, se daría un salto cualitativo en la evaluación de la política social, al pasar de evaluaciones operativas y de cumplimiento de metas según el presupuesto de programas específicos, a la evaluación de impacto.
Respecto al costo de la aplicación de la entrevista, podemos referir el caso de Brasil, donde se estima que es de 3.9 dólares en las zonas urbanas y hasta 14 dólares en las zonas rurales, mientras que en México se estima que va de 4.9 a 6.8 dólares por entrevista. Aunque la inversión inicial puede ser significativa, la actualización y su mantenimiento no implicarán mayor gasto. Asimismo, impactaría positivamente en la racionalidad del ejercicio del gasto social, ante la ausencia de una política social de Estado, al coadyuvar a la articulación y coordinación de los programas sociales, así como al uso integrado de la información social ante políticas fragmentadas.
Para hacer más eficiente el costo inicial, la figura del Asistente Social puede incluir monitores de programas, agentes comunitarios, estudiantes universitarios y voluntarios que colaboren en el levantamiento de información, lo cual reduciría notablemente la inversión inicial y las subsecuentes actualizaciones.
Además, experiencias internacionales destacan la ventaja que ofrece la instalación del sistema en etapas, así como la obtención de recursos de fuentes mixtas, combinando el financiamiento externo, nacional y local, que asegure la sostenibilidad del mecanismo.
Por otra parte, es una propuesta que le apuesta al papel central que jugarán los gobiernos municipales, donde la participación ciudadana será fundamental para el levantamiento y actualización de la información, por lo que sólo se requiere generar sistemas de incentivos a la gestión municipal para que participe de manera activa en el Registro Único.
Aunado a lo anterior, este mecanismo sería un paso fundamental hacia la gestión compartida y coordinada de la política social. Aún cuando se cuenta con la experiencia de los padrones de beneficiarios como el del Programa Oportunidades, por mencionar un ejemplo, se trata de extender su uso hacia todos los programas sociales en todos los niveles de gobierno.
Para ello, no sólo se requiere un mandato de ley, que en otros países de América Latina ya existe, sino la voluntad política de hacer del discurso de la transparencia y la rendición de cuentas, al que todos los gobiernos recurren, una realidad. Esta voluntad será la clave para el éxito del Registro Único y dado que en reiteradas ocasiones los Ejecutivos Federal y Estatales se han pronunciado en favor del blindaje de los programas sociales, no vemos argumento que se oponga a la institucionalización del Registro. Entonces sí se puede.
El proyecto que presentamos reforma la Ley General de Desarrollo Social para sustituir el concepto del “Padrón” y ampliarlo al Registro Único de Beneficiarios de los Programas Sociales, derivándose de esta reforma la creación de la Ley General en la materia.
El Registro está concebido para convertirse en el instrumento obligatorio para la selección automatizada de los beneficiarios de los programas sociales, así como para dar seguimiento al desarrollo de las familias.
La familia se concibe como la base del Registro Único, pero además se define más allá de los lazos consanguíneos, apegándose a la situación real en que vive buena parte de la población. Señala que se trata de la “unidad nuclear, eventualmente ampliada por otros individuos que con ella poseen lazos de parentesco o de afinidad, que forma un grupo doméstico que vive bajo el mismo techo y que se mantiene por la contribución de sus miembros”.
Entre los conceptos que introduce la ley, destaca el de los Asistentes Sociales, el Responsable de la Unidad Familiar y el Número de Identificación Social.
Posteriormente, establece las competencias de los distintos órdenes de gobierno, dejando al Gobierno Federal la responsabilidad de diseñar y apoyar la implementación del Registro Único, estandarizar los procesos y financiar la inversión inicial, en acuerdo con las Entidades Federativas, los municipios y las delegaciones políticas.
Por su parte, las Entidades Federativas, los municipios y las delegaciones políticas deberán coordinar las acciones necesarias para el levantamiento y actualización de la información, pero se delega a los municipios y las delegaciones, los gobiernos más cercanos a la gente, la responsabilidad de la información que se ingrese a la base de datos.
El Registro se compone de la información de todas las familias cuyo ingreso mensual por persona sea igual o menor al establecido en la Línea de Bienestar que define el CONEVAL.
Esta información está definida en las Cédulas de Identificación, tanto de la familia como de las personas, para las cuales se establecen los datos mínimos necesarios que contendrán y señala que éstos deben ser estrictamente de carácter socioeconómico y no de otra índole.
En seguida, se asienta el procedimiento para el levantamiento de la información para el registro. La Secretaría de Desarrollo Social hace llegar a los municipios y delegaciones las Cédulas que sean necesarias para que éstos recaben la información a través de los asistentes sociales asignados para realizar las entrevistas en los hogares y la instalación de módulos de atención a las familias. Previamente, establecerá los criterios y guías necesarios para dicho fin.
La ley señala que la información que proporcionen las familias es autodeclarada y no requiere cotejo documental, ya que el Responsable de la Unidad Familiar firma declarando la veracidad de los datos proporcionados y se compromete a notificar cualquier cambio en la situación familiar que amerite actualizar los datos en el Registro Único.
Prevé que el Sistema que se utilice para el Registro Único incluya un Módulo de Gestión para la solicitud de Cédulas, con un control de folios enviados, recibidos e ingresados al mismo.
La responsabilidad del ingreso de la información es del municipio o delegación política, por lo que se contará con claves de acceso e historial de las acciones de todos los usuarios.
El Sistema deberá contar con mecanismos de seguridad e integridad de los datos, así como mecanismos de verificación y validación que aseguren la confiabilidad de la información.
La transmisión de datos de las bases municipales a la base central, deberá establecerse conforme a las condiciones de cada municipio, analizando cuál es el mecanismo más viable para dicho fin (servidor Web, Internet, discos compactos, entre otros).
Además, debido al tipo de datos que incluye la base, se deberá poder acceder a estadísticas para el seguimiento y evaluación de los programas sociales.
El Registro Único permitirá disponer de información verificable, reduciendo la posibilidad de manipular los datos, gracias al Número de Identificación Social y a los mecanismos de verificación y validación que la misma Ley establece.
Se establece puntualmente el uso de la información y la protección de la misma en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información; lo cual deberá quedar plasmado en los acuerdos que establezcan las instituciones usuarias y en la reglamentación de la Ley.
La base de datos deberá actualizarse ante cualquier cambio en la vida de la familia o, al menos, cada tres años. Esta responsabilidad recae en el Responsable de la Unidad Familiar y en los municipios y delegaciones.
En lo que respecta a los mecanismos de control, señala que las instancias institucionales que tienen la atribución de monitorear y fiscalizar la gestión pública, también tendrán un papel muy importante en esa tarea para que el Registro único cumpla con su objetivo.
Además señala la obligación de la Secretaría de Desarrollo Social para promover las auditorías al Registro Único y los procesos de revisión de la situación socioeconómica de las familias, para garantizar la confiabilidad y veracidad de la información contenida en la base de datos.
Finalmente, se señala la responsabilidad de las autoridades y los servidores públicos de colaborar en el ámbito de su competencia con el Registro Único; así como aquellas acciones que se consideran infracciones por parte de quienes tienen acceso a la base de datos y que serán tratadas conforme a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las leyes estatales en la materia.
Finalmente, el régimen transitorio contempla la derogación todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al nuevo ordenamiento y que la emisión de los reglamentos, acuerdos y otras disposiciones para instrumentar en todo el país el Registro Único en un plazo que no mayor a seis meses a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Primero.- Se reforma la fracción X del artículo 5 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:
Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
X. Registro Único: el Registro Único de Beneficiarios de los Programas Sociales.
Artículo Segundo.- Se reforma la fracción VI del artículo 10 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:
Artículo 10. Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y obligaciones:
VI. Ser incluidos en el Registro Único
Artículo Tercero.- Se reforma el artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:
Artículo 27. Con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el Registro Único.
Artículo Cuarto.- Se crea la Ley General del Registro Único de Beneficiarios de los Programas Sociales, en los términos siguientes:
Ley General del Registro Único de Beneficiarios de los Programas Sociales
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Único de Beneficiarios de los Programas Sociales. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional.
Artículo 2. El Registro Único de Beneficiarios de los Programas Sociales es un instrumento de información del Sistema Nacional de Desarrollo Social, que tiene como propósito organizar y concentrar en una base de datos electrónica la información que permita identificar a todas las personas y familias cuyo ingreso mensual por persona sea igual o menor al establecido en la Línea de Bienestar.
Tiene por objeto ser el instrumento que se utilice obligatoriamente para la selección de los destinatarios de las políticas y programas sociales a partir de sus propios criterios de elegibilidad; así como ser una herramienta para realizar el seguimiento de la situación socioeconómica y el desarrollo de las familias.
Registro Único: el Registro Único de Beneficiarios de los Programas Sociales.
Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal.
Línea de Bienestar: Valor mensual per cápita de la canasta alimentaria más canasta no alimentaria, que determina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Familia: Unidad nuclear, eventualmente ampliada por otros individuos que con ella poseen lazos de parentesco o de afinidad, que forma un grupo doméstico que vive bajo el mismo techo y que se mantiene por la contribución de sus miembros.
Domicilio: Lugar que sirve de vivienda familiar.
Habitante: Una persona que tiene como lugar de residencia habitual el domicilio visitado aunque esté ausente el día de la entrevista.
Asistentes sociales: Personal de los gobiernos federal, estatal, municipal o de las delegaciones políticas asignado para realizar las entrevistas de levantamiento de información.
Responsable de la Unidad Familiar: miembro de la familia mayor de 16 años que se hace responsable de proporcionar la información necesaria para ingresar al Registro Único.
Cédulas de Identificación: Cédula de Identificación Familiar y Cédula de Identificación de la Persona.
Sistema: Programa o conjunto de programas que efectúan la gestión de los procesos básicos de un sistema informático, que permite el procesamiento, almacenamiento y búsqueda de datos del Registro Único.
Número de Identificación Social: Es un folio único, personal e intransferible que ayuda a identificar a cada persona ingresada en el Registro Único.
Registro válido: es aquel que atiende integralmente los requisitos de validación, fijados conforme a la versión del sistema del Registro Único.
Registro actualizado: un registro familiar que en un plazo máximo de dos años, contados a la fecha de su inclusión o última actualización del Registro Único, fue objeto de cambio en información específica
Registro revalidado: un registro familiar que en un plazo máximo de dos años, contados a la fecha de su inclusión o última actualización del Registro Único, fue objeto de confirmación de que la información específica de todas las personas de la familia se mantiene sin cambios.
Del Registro Único
Artículo 4. Corresponde al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría:
I. Acordar con las Entidades Federativas, los municipios y las delegaciones políticas las reglas a que se sujetan el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Único y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración;
II. Diseñar, implementar y actualizar el Registro Único a través de una página electrónica alojada en su dominio virtual;
III. Operar, regular y mantener el sistema del Registro Único, así como procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información entre los distintos órdenes de gobierno;
IV. Validar la información que debe incorporarse al Registro, conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto; y,
V. Las demás que disponga esta Ley.
La Secretaría contará con un Centro Nacional de Información para la integración física del Registro Único.
Artículo 5. Las entidades federativas, los municipios y delegaciones políticas, deben coordinar las acciones necesarias para el levantamiento y actualización de la información que se suministra al Registro Único.
Además, deben emprender acciones permanentes a efecto de garantizar a los solicitantes la incorporación al Registro Único mediante la expedición gratuita de actas de nacimiento, matrimonio, defunción y CURP, así como de toda aquella documentación necesaria y probatoria de vínculos familiares y arraigo domiciliario.
Artículo 6. El Registro Único se integra con la información socioeconómica de todas las familias cuyo ingreso mensual por persona sea igual o menor al establecido en la Línea de Bienestar.
Artículo 7. La información se obtendrá mediante la Cédula de Identificación Familiar y la Cédula de Identificación de la Persona.
Artículo 8. Las Cédulas de Identificación deben contener toda aquella información que permita realizar el seguimiento de la situación socioeconómica de las familias y personas, así como de su desarrollo.
Artículo 9. La Cédula de Identificación Familiar debe contener, al menos, los siguientes datos:
I. Domicilio
II. Teléfono para contacto (en caso de contar con él)
III. Características del hogar
a. Tipo de localidad: Urbana o Rural
b. Acceso a servicios de salud: IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, otro
c. Situación: Propio, alquilado, invadido, otra
d. Tipo: Casa, departamento, otro
e. Número de habitaciones
f. Tipo de construcción: Ladrillo, adobe, barro revestido, barro sin revestir, madera, material reciclado, otra
g. Tipo de suministro de agua: Red pública, pozo, pipa, otro
h. Potabilización de agua: Filtración, hervir, cloración, sin tratamiento, otra
i. Tipo de iluminación: Instalación eléctrica, lámpara, vela, otra
j. Drenaje sanitario: Red pública, alcantarillado rudimentario, fosa séptica, zanjas, cielo abierto, otro
k. Disposición de la basura en el domicilio: Recolectada, quemada, enterrada, cielo abierto, otra
l. Número de personas
m. Número de mujeres embarazadas
n. Número de personas con discapacidad
o. Lista con el nombre de las personas que habitan el domicilio
IV. Firma de autenticidad de la información por parte del Responsable de la Unidad Familiar y del entrevistador.
Artículo 10. La Cédula de Identificación de la Persona debe contener, al menos, los siguientes datos:
I. Identificación de la persona:
e. País de origen (si es extranjero)
f. Nombre del padre
g. Nombre de la madre
i. Tipo de discapacidad
a. Número de Identificación Social
c. Acta de Nacimiento: Año y número de Acta
d. Documento de Identificación: folio, fecha de emisión, institución emisora
e. Número de Seguridad Social
III. Nivel de Escolaridad
a. Asistencia a la escuela: Pública, particular, otra, no asiste
b. Último grado de estudios: Analfabeto, preescolar, primaria, secundaria, media superior, profesional técnico, superior, especialidad, maestría, doctorado
c. Nombre de la escuela
IV. Calificación profesional
a. Situación en el mercado laboral: Empleado con seguridad social, empleado sin seguridad social, profesional independiente, técnico independiente, trabajador rural, jubilado, no trabaja, otra
b. Nombre de la empresa donde trabaja o del último empleo
d. Salario
e. Ingresos por pensión (si es jubilado)
f. Ingresos por pensión alimenticia (si cuenta con ella)
g. Otros ingresos
V. Tiempo de residencia en el domicilio
VI. Gastos mensuales: Alquiler, alimentación, agua, luz, predial, transporte, medicamentos, gas, otros gastos, número de personas que viven del ingreso familiar
VII. Relación familiar: parentesco con la madre o responsable legal de la familia, reside con ambos padres, reside con padre o madre, otro
VIII. Cuidado de los niños menores de 6 años: madre/padre; hermana/hermano; abuela/abuelo; sólo; guardería; otro.
IX. Si está embarazada, mes de gestación
X. Está amamantando: si/no
XI. Información sobre propiedades rurales (uso y pérdidas en la agricultura)
XII. Participación en algún programa social gubernamental: cuáles, antigüedad, monto o tipo de beneficio.
Artículo 11. Las Cédulas de Identificación deberán contener datos de control que se consideren necesarios para evitar irregularidades como duplicidad o mal uso de las Cédulas.
Artículo 12. La Secretaría diseñará y hará llegar a los municipios y delegaciones políticas, las Cédulas de Identificación que éstos consideren necesarias, conforme a las estimaciones del número de personas que viven con un ingreso mensual per cápita igual o menor al establecido en la Línea de Bienestar.
Artículo 13. Los municipios y las delegaciones políticas levantarán los datos necesarios para el Registro Único en las Cédulas de Identificación que proporciona la Secretaría, de conformidad con los criterios y guías que determine la misma.
Artículo 14. Los asistentes sociales del municipio o delegación política, encargados de recolectar los datos, deben visitar el domicilio y entrevistar a algún miembro de la familia mayor de 16 años que se considera, a partir de ese momento, como el Responsable de la Unidad Familiar.
Si el municipio o delegación política lo consideran necesario, podrán instalar módulos de atención para las familias.
Artículo 15. La información proporcionada es autodeclarada y no requiere ser comprobada mediante documentación adicional. Para ello, al finalizar el llenado de las Cédulas de Identificación, el Responsable de la Unidad Familiar deberá firmar declarando la veracidad de los datos proporcionados y el compromiso a notificar cualquier cambio en la familia que amerite la actualización de datos.
Artículo 16. El Sistema que se diseñe para el Registro Único, deberá contener un Módulo de Gestión en línea para la solicitud de Cédulas de Identificación a la Secretaría, a través del cual se llevará un registro de los folios enviados y recibidos, con la finalidad de tener un control preciso de las Cédulas ingresadas al Sistema.
Artículo 17. El municipio o delegación política es responsable de ingresar al Registro Único la información obtenida mediante las Cédulas de Identificación, para lo cual contará con clave de acceso y el Sistema llevará un control de procesos y registrará el historial de las acciones de todos los usuarios.
Artículo 18. El Sistema deberá contar con los mismos campos de las Cédulas de Identificación para su debido ingreso al Registro Único.
Artículo 19. El Sistema debe contar con todas las garantías de seguridad e integridad de los datos que la tecnología permite.
Artículo 20. El Sistema generará el Número de Identificación Social a cada persona que se ingrese al Registro Único.
Artículo 21. El Sistema debe tener la programación necesaria para que, al recibir las Cédulas de Identificación, verifique si la persona ya se encuentra registrada.
En caso de que la persona ya se encuentre registrada, el Sistema debe arrojar el Número de Identificación Social anterior y enviarlo al municipio o delegación política, con la finalidad de evitar la duplicidad de registros.
Si la persona no es encontrada en la base de datos, se trata de un registro válido y el Sistema genera el nuevo Número de Identificación Social.
Artículo 22. El Sistema debe tener la programación necesaria para que, al recibir las Cédulas de Identificación, rechace aquellos registros que tengan ingreso erróneo o incompleto de datos, enviando una notificación con el motivo del rechazo para que el municipio o la delegación política realice la corrección.
Artículo 23. La reglamentación de la presente Ley establecerá las pautas y requisitos para el acceso a la información existente en el Registro Nacional, de forma tal de garantizar la confidencialidad de los datos y el acceso a los mismos, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Artículo 24. La información de las familias debe actualizarse:
I. Como consecuencia de alguna modificación en la vida de la familia
II. Al menos cada tres años
Artículo 25. El Responsable de la Unidad Familiar debe notificar al municipio o delegación política cualquier cambio en la vida familiar que modifique la información que proporcionó al Registro Único.
Artículo 26. El municipio o delegación política debe realizar el seguimiento a la base de datos, que le permita ingresar registros válidos, identificar los registros que necesitan actualizarse y revalidar la información de los demás registros, promoviendo la búsqueda activa de las familias siempre que sea necesario.
Del Monitoreo y Fiscalización
Artículo 27. La Secretaría debe promover auditorías al Registro Único y procesos de revisión de la situación socioeconómica de las familias, con la finalidad de garantizar que en el sistema se encuentran todas las personas que deben estar, de conformidad con criterios estrictamente socioeconómicos.
Artículo 28. La Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer los mecanismos de monitoreo y procesos de fiscalización del Registro Único.
Artículo 29. En los términos previstos en la presente Ley, las autoridades y servidores públicos federales, estatales, municipales y de las delegaciones políticas, colaborarán dentro del ámbito de su competencia, con el Registro Único.
Artículo 30. Serán causa de infracción por parte de los funcionarios mencionados en esta Ley, así como de las personas que tengan acceso al Registro Único:
I. Hacer uso indebido de los datos y la información del Registro Único;
II. Alterar, omitir, simular o permitir registros o avisos en forma ilícita, registrar datos falsos, proporcionar información falsa o facilitar información a usuarios o terceros que no tengan derecho, acceder sin autorización a la información del Registro Único o no denunciar alguna irregularidad teniendo la obligación de hacerlo;
III. Hacer uso de la información del Registro Único para obtener un lucro indebido, directamente o por interpósita persona, y
IV. Las demás señaladas en la Ley General de Desarrollo Social y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las leyes estatales en la materia .
Artículo 31. Las infracciones serán tratadas de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las leyes estatales en la materia.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente ordenamiento.
TERCERO. Las autoridades competentes deberán emitir los reglamentos, acuerdos y otras disposiciones para instrumentar en todo el país lo establecido en esta Ley, en un plazo que no exceda de seis meses, a partir de la publicación a que se refiere el artículo anterior.
Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza
Sen. Víctor Manuel Camacho Solís
Sen. Adán Augusto López Hernández
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los 05 días del mes de septiembre del año dos mil trece.

References: artículo 5
 artículo 10
 artículo 27
 ARTÍCULO 5
 ARTÍCULO 10
 ARTÍCULO 27
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Artículo 5
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Artículo 10
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Artículo 27

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31