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Timestamp: 2020-01-25 23:07:16+00:00

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Medio Ambiente Archives - Página 3 de 28 - Ambienta 45
El pasado 20 de diciembre se publicó el Reglamento (UE) 2018/2026 que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) nº 1221/2009 en que se fijan los requisitos de presentación de informes medioambientales. En las declaraciones ambientales las organizaciones deben informar sobre sus aspectos medioambientales utilizando los indicadores comportamiento medioambiental. Te resumimos las características de que debn cumplir estos indicadores y las novedades que incorpora el Reglamento.
El apartado C del Anexo IV del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS III) establece que en la declaración medioambiental y en la declaración medioambiental actualizada, las organizaciones informarán sobre sus aspectos medioambientales directos e indirectos significativos, utilizando los indicadores básicos de comportamiento medioambiental y los indicadores de comportamiento medioambiental específicos, tal como se expone a continuación. En caso de que no se disponga de datos cuantitativos, las organizaciones notificarán información cualitativa.
Los informes proporcionarán datos sobre el consumo y la producción real.
En caso de que la divulgación pudiera afectar negativamente a la confidencialidad de la información comercial o industrial de la organización cuando dicha confidencialidad esté prevista por la legislación nacional o comunitaria a fin de proteger intereses económicos legítimos, se puede permitir a la organización indexar dicha información en sus informes, por ejemplo, mediante el establecimiento de un año de referencia (con el número de índice 100) a partir del cual aparecería la evolución del consumo/de la producción real.
a) ofrecer una valoración exacta del comportamiento medioambiental de la organización;
b) ser fácilmente comprensibles e inequívocos;
c) permitir efectuar una comparación año por año para evaluar si el comportamiento medioambiental de la organización ha mejorado; a fin de permitir esta comparación, la información incluirá al menos tres años de actividad, a condición de que se disponga de datos
d) permitir establecer una comparación a escala sectorial, nacional o regional, según proceda;
e) permitir una comparación adecuada con los requisitos reglamentarios. Como respaldo, la organización definirá brevemente el ámbito (incluidos los límites organizativos y materiales, la aplicabilidad y el método de cálculo) de cada indicador.
Indicadores básicos de comportamiento medioambiental
a) Se centran en el comportamiento en los siguientes ámbitos medioambientales clave:
— agua,
— residuos,
— uso del suelo en relación con la biodiversidad, y
— emisiones.
Es obligatorio informar sobre los indicadores básicos de comportamiento medioambiental. Sin embargo, una organización puede evaluar la pertinencia de esos indicadores en el contexto de sus aspectos e impactos medioambientales significativos. Cuando una organización considere que uno o varios indicadores básicos no son pertinentes para sus aspectos e impactos medioambientales directos significativos, dicha organización podrá no informar sobre esos indicadores básicos. En tal caso, la organización incluirá en la declaración medioambiental una explicación clara y motivada para no hacerlo.
b) Cada uno de los indicadores básicos está compuesto de:
— una cifra A, que indica el consumo/la producción total anual en el campo considerado,
— una cifra B, que indica un valor de referencia anual que representa la actividad de la organización, y
— una cifra R, que indica la relación A/B.
Cada organización informará sobre los tres elementos de cada indicador.
c) La indicación del consumo/de la producción total anual en el ámbito considerado, cifra A, se comunicará como sigue:
1. sobre la energía:
— el “consumo directo total de energía”, que corresponde a la cantidad anual total de energía consumida por la organización.
— el “consumo total de energía renovable”, que corresponde a la cantidad anual total de energía consumida por la organización generada a partir de fuentes de energía renovables.
— la “generación total de energía renovable”, que corresponde a la cantidad anual total de energía generada por la organización a partir de fuentes de energía renovables.
2. sobre los materiales:
— el “flujo másico anual de los principales materiales utilizados” (con exclusión de los productos energéticos y el agua), preferiblemente expresado en unidades de masa (por ejemplo, kilogramos o toneladas) o de volumen (m3) u otros parámetros utilizados habitualmente en el sector.
Cuando se utilicen diferentes tipos de materiales, su flujo másico anual debe notificarse por separado, según proceda.
3. sobre el agua:
— el “uso total anual de agua”, expresado en unidades de volumen (litros o m3).
4. sobre los residuos:
— la generación total anual de residuos, desglosada por tipo, preferiblemente expresada en unidades de masa (por ejemplo, kilogramos o toneladas) o de volumen (m3) u otros parámetros utilizados habitualmente en el sector,
— la generación total anual de residuos peligrosos, preferiblemente expresada en unidades de masa (por ejemplo, kilogramos o toneladas) o m3 u otros parámetros utilizados habitualmente en el sector,
5. sobre el uso del suelo en relación con la biodiversidad:
— las formas de uso del suelo en relación con la biodiversidad, expresadas en unidades de superficie (por ejemplo, m2 o hectáreas): uso total del suelo; superficie sellada total; superficie total en el centro orientada según la naturaleza; superficie total fuera del centro orientada según la naturaleza,
6. sobre las emisiones:
— las emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero, incluidas al menos las emisiones de CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, NF3 y SF6, deben expresarse en toneladas equivalentes de CO2. La organización debe considerar notificar sus emisiones de gases de efecto invernadero con arreglo a una metodología establecida, como el Protocolo de gases de efecto invernadero.
— las emisiones anuales totales de aire, incluidas al menos las emisiones de SO2, NOx y PM, deben expresarse en kilogramos o toneladas.
d) La indicación del valor de referencia anual que representa la actividad de la organización, cifra B, se seleccionará y notificará con arreglo a los siguientes requisitos:
La cifra B:
1. será comprensible;
2. será la cifra que mejor represente la actividad anual global de la organización;
3. permitirá una correcta descripción del comportamiento medioambiental de la organización, teniendo en cuenta las especificidades y actividades de la organización;
4. será un valor de referencia común para el sector en que opera la organización, como por ejemplo: la producción física anual total; el número total de trabajadores; las pernoctaciones totales; el número total de habitantes de un territorio (en el caso de una administración pública); las toneladas de residuos tratados (para las organizaciones activas en el sector de la gestión de residuos); el total de energía producida (para organizaciones activas en el sector de la producción de energía)
5. garantizará la comparabilidad de los indicadores comunicados a lo largo del tiempo. Una vez determinada, la cifra B se utilizará en las próximas declaraciones medioambientales.
Los cambios de la cifra B se explicarán en la declaración medioambiental. En caso de un cambio de la cifra B, la organización garantizará que la cifra se pueda comparar al menos durante tres años, recalculando los indicadores para los años anteriores con arreglo a la nueva definición de la cifra B.
Indicadores específicos de comportamiento medioambiental
Cada organización informará también cada año sobre su comportamiento en relación con los aspectos e impactos medioambientales directos e indirectos significativos relacionados con su actividad principal, que sean medibles y verificables, y que no estén cubiertos ya por los indicadores básicos.
Documento de referencia para el sector del comercio al por menor
El documento de referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental,indicadores de comportamiento medioambiental y parámetros comparativos de excelencia para el sector del comercio al por menor se establece en el anexo de la Decisión (UE) 2015/801 de la Comisión, de 20 de mayo de 2015 (LA LEY 8526/2015).
Toda organización registrada en el EMAS y que pertenezca al sector del comercio al por menor, tendrá la obligación de demostrar en su declaración medioambiental la forma en que ha aplicado las mejores prácticas de gestión medioambiental y los parámetros comparativosde excelencia descritos en el documento de referencia sectorial para identificar las diversas medidas y actividades y, en su caso, para definir las prioridades en la mejora de su comportamiento medioambiental.
Documento de referencia para el sector turístico
El documento de referencia sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector turístico, se establece en el anexo de la Decisión (UE) 2016/611 de la Comisión de 15 de abril de 2016 .
Este documento es de aplicación a algunas actividades que forman parte del sector de la hostelería; a las actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos; y a las actividades generales de la Administración Pública.
El documento de referencia aborda fundamentalmente las mejores prácticas de gestión ambiental en las organizaciones que prestan servicios de hostelería, que gestionan destinos turísticos o que ofrecen y reservan viajes, alojamiento o actividades turísticas; así como también establece los indicadores de comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector turístico.
Documento de referencia para el sector de la producción de alimentos y bebidas
El documento de referencia sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector de la producción de alimentos y bebidas, se establecen en el anexo de la Decisión (UE) 2017/1508 de la Comisión, de 28 de agosto de 2017.
Este documento se refiere al comportamiento ambiental de las actividades del sector de la producción de alimentos y bebidas, considerando que este sector está compuesto por empresas pertenecientes a las siguientes divisiones NACE:
– Código NACE 10: industria de la alimentación.
– Código NACE 11: fabricación de bebidas.
Documento de referencia para el sector agrícola
El documento de referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector agrícola, se establecen en el anexo de la Decisión (UE) 2018/813 de la Comisión, de 14 de mayo de 2018
Este documento versa sobre el comportamiento ambiental de las actividades del sector agrícola; considerando que el sector agrícola está compuesto por organizaciones pertenecientes a las divisiones NACE A1.1 a A1.6. Aquí se incluye toda la agricultura (tanto de cultivos anuales como perennes) y la ganadería. Además este documento también puede serles útil a otros actores, como a los asesores de las explotaciones.
A nivel europeo existe la Recomendación de la Comisión, de 10 de julio de 2003 sobre las orientaciones para la aplicación del Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) en lo que respecta a la selección y el uso de indicadores del comportamiento medioambiental, por lo que se recomienda revisarla, aunque haga referencia a un Reglamento ya derogado, ya que esta Resolución no ha sido anulada.
Asimismo se ha aprobado una guía de usuario mediante la Decisión de la Comisión de 4 de marzo de 2013 por la que se establece la guía del usuario en la que figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS con arreglo al Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)
A nivel nacional existe el Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.
No obstante, el cumplimiento de los parámetros comparativos de excelencia definidos en el documento de referencia sectorial NO es obligatorio para las organizaciones registradas en el EMAS.
ADECUACIÓN A LA MODIFICACIÓN DEL ANEXO IV
Si la validación de la declaración medioambiental o de la declaración medioambiental actualizada debe llevarse a cabo de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1221/2009 después de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (UE) 2018/2026 (a fecha de 9 de enero de 2019) pero antes del 9 de enero de 2020, la declaración puede, en esa ocasión, de acuerdo con el verificador medioambiental y el organismo competente, ser validada sin tener en cuenta la modificación introducida por el Reglamento (UE) 2018/2026 .
Si debe presentarse una declaración medioambiental actualizada no validada al organismo competente después de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (UE) 2018/2026 (a fecha de 9 de enero de 2019) pero antes del 9 de enero de 2020, la declaración puede, en esa ocasión, de acuerdo con el organismo competente, ser elaborada sin tener en cuenta la modificación introducida por el Reglamento (UE) 2018/2026.
Fuente: Ecoiuris
Los Investigadores del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), Tamara Rodríguez y Alberto Bernués, y la investigadora de la Universidad de Zaragoza (UZ), Ana María Olaizola, han desarrollado un sistema de pagos por servicios medioambientales.
Este sistema permite reconocer económicamente a los agricultores y ganaderos su contribución objetiva a la provisión de servicios ambientales a la sociedad. Su diseño y los resultados aplicados a la agricultura y ganadería mediterránea han sido publicados en la revista científica Ecosystem Services.
Este novedoso sistema de pagos por servicios de los ecosistemas está basado en evidencias científicas, es completamente operativo y fácil de usar a través de una hoja de cálculo. Su diseño es genérico y, por tanto, adaptable a diferentes sistemas agrarios y objetivos ambientales.
Asimismo, recoge las opiniones de diferentes agentes sociales implicados en el desarrollo sostenible de la actividad agraria y su incorporación podría aumentar la legitimidad de la futura PAC, siguiendo el criterio de asignar “dinero público para servicios públicos”.
En el sistema de pagos, los investigadores cuantifican los beneficios de las distintas prácticas agrarias de las explotaciones sobre el paisaje, la biodiversidad, la prevención de incendios forestales, la captura de carbono, y la provisión de alimentos de calidad.
En la segunda etapa, se asigna el presupuesto disponible a dichas prácticas agrarias de acuerdo a la política establecida (p. ej. minimizar el riesgo de incendios, favorecer la conservación de las especies silvestres de interés, etc.).
Para que los pagos sean efectivos, deben acompañarse de un sistema de seguimiento del cumplimiento de los objetivos.
Por ejemplo, en explotaciones de ovino y mixtas ovino-cultivos de Aragón, el sistema reveló que el pastoreo adaptado a la capacidad de carga del ecosistema y la gestión de la vegetación semi-natural son fundamentales para la prevención de incendios forestales, entre otros servicios ambientales.
La sostenibilidad de la agricultura y la ganadería se han convertido en un tema central en el debate público y científico. El sistema de producción de alimentos es hoy día uno de los principales contribuyentes a la degradación del medio ambiente (contaminación del agua, emisiones de gases de efecto invernadero, etc.).
Sin embargo, determinados sistemas de producción y sus prácticas agrarias pueden proporcionar beneficios ambientales a la sociedad conocidos como servicios de los ecosistemas (p. ej. prevenir incendios forestales o secuestrar carbono en los suelos, entre otros).
La mayoría de estos servicios se consideran de carácter “público”. Los mercados convencionales no son adecuados para su gestión y, por lo tanto, los agricultores no tienen incentivos para proporcionarlos.
Efectividad y legitimidad
Las políticas públicas, como la PAC, deberían corregir estos fallos del mercado; sin embargo, su efectividad está fuertemente cuestionada: la legitimidad de los pagos directos (ausencia de requisitos de producción, falta de objetivos sociales claros o distribución desigual entre beneficiarios), la necesidad de mejorar el greening o “pago verde” y la escasa eficiencia de las medidas agroambientales.
En este contexto, tanto los agricultores y ganaderos como los responsables de las políticas necesitan herramientas para establecer objetivos ambientales concretos y una distribución justa de las subvenciones a las explotaciones agrarias
El artículo 6 de la Directiva de los Hábitats (92/43/CEE) desempeña un papel fundamental en la gestión de los espacios que conforman la Red Natura 2000. Con una perspectiva de integración, este artículo señala las diversas tareas que son necesarias para salvaguardar los intereses de conservación de la naturaleza en los espacios declarados. Este documento tiene por objeto proporcionar a los Estados Miembros una serie de orientaciones sobre la interpretación de algunos conceptos básicos que se emplean en el citado artículo.
En el marco del plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía, la Comisión se comprometió a “actualizar el documento orientativo para la interpretación de las disposiciones del artículo 6 de la Directiva sobre los hábitats en relación con la conservación y la gestión de Natura 2000”. Así pues, el presente documento sustituye a la versión original publicada en abril de 2000.
Pese a su carácter interpretativo, el documento no pretende dar respuestas absolutas a cuestiones relativas a espacios concretos. Estas cuestiones deben abordarse caso por caso teniendo presente, eso sí, las orientaciones que ese nuevo documento brinda.
El Plan de Acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía, puesto en marcha por la Comisión Europea en el año 2017, es consecuencia de un exhaustivo “chequeo” de las directivas europeas de protección de la naturaleza (Aves y Hábitats), el cual determinó que si bien esta normativa es adecuada para los fines perseguidos, es necesario mejorar sustancialmente su aplicación. Entre los objetivos de este Plan se encuentra, en primer lugar mejorar las orientaciones y los conocimientos y garantizar una mayor coherencia con objetivos socioeconómicos amplios, puesto que “la aplicación inflexible de las normas sobre protección de las especies, los retrasos y las cargas administrativas injustificadas que lastran los procedimientos de autorización de espacios protegidos, así como la insuficiente concienciación de las partes interesadas, pueden crear tensiones innecesarias entre la protección de la naturaleza y las actividades socieconómicas”
La Comisión Europea publica un nuevo documento orientativo de la Gestión de Espacios Natura 2000, que facilita a los Estados Miembros la interpretación del artículo 6 de la Directiva de Hábitats.
La Comisión Europea inicia un período público de consulta, que estará abierta desde el 8 de Noviembre hasta el día 6 de Diciembre de 2018, que tiene por objeto evaluar el impacto que las medidas de la Política Agraia Común (PAC) tiene sobre la conservación de los distintos hábitas y especies protegidos por la normativa europea que regula la Red Natura 2000, así como sus efectos sobre la conservación del paisaje y la biodiversidad.
Esta evaluación analizará:
– La extensión y calidad de hábitats, diversidad de paisajes, así como la presencia geográfica, nivel y calidad de la biodiversidad
– Si las medidas evaluadas aportan eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la UE
Esta consulta forma parte del Plan de Acción de la UE para la naturaleza, las personas y la economía, que la Comsión puso en marcha tras el "chequeo" de las Directivas de aves y hábitas (que conforman la red ecológica "Natura 2000"), que quiere garantizar que estas piezas legislativas protejan la naturaleza de forma más eficiente, mejorando la calidad de vida de los europeos y aportando beneficios económicos. El nuevo plan de acción pone sobre la mesa quince iniciativas para reforzar la aplicación de la normativa medioambiental de la UE sobre el terreno, con el fin de explotar todo su potencial para la naturaleza, las personas y la economía. Una de las medidas contempladas es precisamente la de fomentar sinergias con la financiación de la política agrícola común.
Además, los resultados obtenidos en esta consulta, serán tenidos en cuenta en la Evaluación que la Comisión Europea ha iniciado sobre su Estrategia Europea para la Biodiversidad 2020.
El texto aprobado modifica la evaluación de las obras de repercusión social para hacer hincapié en la especial eficiencia del uso de los recursos. Para ello se introduce la consideración de la vulnerabilidad de los proyectos y procesos adversos sobre el medio ambiente. Además se elimina la exención que tenían los centros penitenciarios: para construir una prisión también hará falta un informa de impacto medioambiental.
El Congreso ha aprobado, en la Comisión de Transición Ecológica, el proyecto de ley que modifica tres leyes medioambientales: la de Evaluación Ambiental, la de Montes y la ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Este texto, que pasa ahora al Senado, busca la trasposición al ordenamiento jurídico español de la normativa comunitaria en esta materia.
El proyecto de ley, que elaboró el ejecutivo anterior del PP, ha contado con el apoyo de los 'populares', PSOE, Ciudadanos, ERC y PNV. Además, PDeCAT ha decidido abstenerse. Sólo Unidos Podemos ha votado en contra después de que la comisión haya rechazado una de sus enmiendas al texto que consideraban esencial para la aprobación de la norma.
Esta propuesta del grupo confederal llamaba a eliminar un artículo del proyecto de ley que, a su juicio, es "un atajo", tal y como explicó su portavoz. Este artículo permite que los proyectos con sentencias contrarias a su informe de evaluación ambiental tienen "vías de compensación", como medidas correctoras o compensación de los impactos previstos
Sin esta medida aceptada, el texto que se ha aprobado este miércoles modifica la evaluación de las obras de repercusión social para hacer hincapié en la especial eficiencia del uso de los recursos. Para ello, se introduce la consideración de la vulnerabilidad de los proyectos y procesos adversos sobre el medio ambiente. Además, se elimina, tras ser aceptada una enmienda de Unidos Podemos, la exención que tenían los centros penitenciarios: para construir una prisión también hará falta un informa de impacto medioambiental.
Por otra parte, este proyecto de ley busca potenciar la calidad de la información y la participación pública en los procedimientos de evaluación ambiental y priorizar el uso de los medios electrónicos, para poder garantizar así la participación efectiva de todas las personas interesadas en el procedimiento.
También se recoge la regulación de caminos naturales, para cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional, y el comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero, que se ha adaptado a la ley europea con una definición más "específica" de las normas del procedimiento sancionador.
Fuente: La Página del Medio Ambiente
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anula 75 planes de gestión de la Red Natura 2000 en Extremadura
Compartimos el comentario realizado por el Profesor del Centro Universitario de la Defensa en Zaragoza, Dr. Fernando López Pérez, publicado en la Revita "Actualidad Jurídica Ambiental", que hace un resumen de la importante Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que anula, nada más y nada menos, que 75 planes de Gestión de la Red Natura en Extremadura.
Siempre hemos defendido la necesidad de realizar una adecuada gestión de esta Red Ecológica, que hasta ahora ha sido utilizada por la mayoría de Administraciones sólo como una fuente de recursos que llegan de la Unión Europea, pero que no ha sido entendida ni aprovechada como herramienta de verdadero desarrollo. Este importante pronunciamiento judicial no hace más que poner en evidencia que no existe aún una estrategia clara para la gestión de la Red Natura 2000. Y esto, en una Comunidad Autónoma como la extremeña, que tiene el 30,5% de su terrirorio integrado en esta red, tiene consecuencias muy graves en su desarollo social y económico, pero también en la propia conservación de los espacios protegidos.
"Se interpone por la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA (SEO-BIRDLIFE) recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura.
Al respecto de este Decreto, tiene por objeto el desarrollo de la regulación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo establecido en la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura. Asimismo, se aprueba con el Decreto:
-El Plan Director de la Red Natura 2000 en Extremadura -Anexo II-.
-La declaración como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de todos los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) existentes en Extremadura y la publicación de la denominación y límites de las mismas.
-La modificación de los límites de determinadas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y la publicación de las existentes en Extremadura.
-La aprobación de los Planes de Gestión de las zonas de la Red Natura 2000 en Extremadura.
Conviene señalar, igualmente, que este mismo Decreto ya fue objeto de un recurso contencioso-administrativo por parte de una asociación de agricultores y ganaderos, desestimado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 30 de junio de 2016,
En el caso que nos ocupa, son varios preceptos y otras disposiciones y anexos los que se recurren, y cuya nulidad se interesa. En concreto, los artículos 3, 7.1, 8, 9.1, 11, 12.1, 13.1 y 2, 17.1, 19, 20 y 22. Además de la disposición adicional segunda y parte de los anexos I, II y V.
Me centro, por su importancia, en la impugnación de los artículos 8 y 9.1 del Decreto, que regulan el Informe de afección, que se define como el informe que debe realizarse a fin de evaluar las repercusiones que los planes, programas y proyectos pueden producir, directa o indirectamente, sobre los hábitats o especies que, en cada caso, hayan motivado la designación o declaración de las zonas de la Red Natura 2000 en Extremadura -artículo 8- y que el Decreto limita en el artículo 9.1 a los siguientes supuestos:
«1. Con carácter general requerirán Informe de Afección los planes, programas y proyectos que, estando contemplados en el artículo 8, estén sometidos a comunicación ambiental, evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental de planes y programas, autorización o comunicación previa de cualquier órgano de la Junta de Extremadura o de cualquier otra Administración.
Asimismo, están sometidos a Informe de Afección las actividades recogidas en el Anexo I del presente Decreto, cuyo contenido podrá ser modificado mediante orden del Consejero competente en materia de medio ambiente.
No estarán sometidos con carácter general a Informe de Afección aquellas actividades proyectos, planes o programas que no requiriendo Evaluación de Impacto Ambiental o Evaluación Ambiental se desarrollen íntegramente en los terrenos incluidos en las Zonas de Uso General (ZUG).
Todo ello sin perjuicio de lo establecido para cada una de las zonas en su respectivo Plan de Gestión».
Al respecto, hace notar la recurrente que tal precepto estaría vulnerando el artículo 6.3 de la Directiva de Hábitats de 1992 (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres), en cuanto a que dispone que este Informe de afección debería extenderse a todos los planes, programas y proyectos, sin excepción, con independencia de que sean de escasa entidad o en la concreta zona donde se desarrollen. En igual sentido el artículo 46.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
La Sala acoge los argumentos de la parte recurrente, que además había citado numerosísima jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, declarando nulo este artículo 9.1 del Decreto.
Me importa destacar también la impugnación del punto 2.6 de las Directrices de Conservación (en el Anexo II), en cuanto a que refiere que «las superficies zonificadas como ZIP (Zona de Interés Prioritario) y ZAI (Zona de Alto Interés) se clasificarán como suelo no urbanizable de protección natural conforme a lo establecido en la Ley 15/2001 de 14 de diciembre, salvo que en el momento de aprobación de este documento ya estén clasificadas como urbano o urbanizable».
Al respecto, SEO-BIRDLIFE aduce que esta salvedad conlleva que el planeamiento urbanístico prevalezca sobre el planeamiento de la Red Natura 2000, incluso en zonas de afección a especies o hábitats de interés de la Directiva de Hábitats y de Aves, si son previos a la aprobación de los planes de gestión de los espacios y no a la fecha de declaración de los mismos. Siendo, así lo hace notar la recurrente, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea impone a los Estados la obligación de proteger los espacios desde su declaración, no desde que se aprueben los planes de gestión.
La Sala acoge esta interpretación, pero la circunscribe sólo al suelo urbanizable, al indicar que el suelo urbano ostenta el carácter de reglado. Pone el ejemplo de la ciudad de Cáceres, que estaría integrado en estas zonas ZIP por la presencia del cernícalo primilla, pero ello no obstante se trata de suelo urbano.
Me interesa destacar por último, la impugnación de los artículos 19 y 22 del Decreto y, por extensión, el Anexo V que contiene los Planes de Gestión de la Red Natura 2000 en Extremadura. Así, aduce la parte recurrente varios defectos detectados en estos Planes de Gestión de la Red, cuya aprobación, recordemos, es obligatoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Directiva de Hábitats. Algunos de los defectos a destacar de estos planes de gestión son, entre otros, los siguientes:
-Carecer de un valor de referencia predeterminado para cada especie de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del número de ejemplares que se debe considerar como poblaciones de referencia del buen estado de conservación de las especies.
-Falta de definición de las medidas de conservación y mecanismos que aseguren su efectiva aplicación.
-Ausencia de un plan de seguimiento.
De esta manera, concluye SEO-BIRDLIFE que lo aprobado no son verdaderamente planes de gestión.
Al respecto, la Sala comprueba la veracidad de los defectos señalados por la recurrente, procediendo a anular los artículos 19 y 22 del Decreto y el Anexo V que contiene los mencionados planes de gestión (en la sentencia se refiere al Anexo IV, pero luego en el fallo ya se alude al Anexo V).
“- Se cuestiona a continuación el art 9.1 de Decreto, cuyo tenor literal es el siguiente:
“1. Con carácter general requerirán Informe de Afección los planes, programas y proyectos que, estando contemplados en el artículo 8, estén sometidos a comunicación ambiental, evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental de planes y programas, autorización o comunicación previa de cualquier órgano de la Junta de Extremadura o de cualquier otra Administración.
Todo ello sin perjuicio de lo establecido para cada una de las zonas en su respectivo Plan de Gestión”.
La objeción esencial sobre este precepto es que, tal y como está redactado, vulnera el art 6.3 de la Directiva y la doctrina del TJUE que lo ha interpretado, y que resume diciendo que deben someterse a esta fase de cribado “absolutamente todos” los proyectos y planes que no tengan relación directa con la gestión del lugar o no sean necesarios para la misma, independientemente de que sean de escasa entidad o en la concreta zona de la RED en la que se ubiquen y desarrollen.
Planteada así la controversia, la Sala entiende que del propio tenor literal de los arts 6.3 de la Directiva y del art 46.4 de la Ley 42/2007, todos los planes o proyectos que, directa o indirectamente, puedan afectar a los objetivos de conservación de Red Natura 2000 deben someterse a informe de afección, a fin de determinar si pueden o no afectar, de forma apreciable, a los mismos, sin que sea posible establecer, a priori y con carácter general, la exclusión de la fase de cribado que supone el informe de afección a determinados tipos de proyectos o actividades, ni por su tamaño, ni por su reversibilidad, ni por su ubicación dentro de una determinada zona del territorio incluido en la RED. Y ello, por cuanto, por utilizar palabras de la STJUE en que se apoyan ambas partes “un Estado miembro no puede dar por sentado que algunas categorías de planes o proyectos – determinadas por sectores de actividad- y algunas instalaciones específicas tendrán, por definición, un impacto irrelevante en el hombre y el medio ambiente”.
Llegados hasta aquí, el recurso debe ser estimado al considerar que la redacción propuesta para el artículo 9.1 vulnera la Directiva Hábitats y su Ley de transposición, al no establecer, en aplicación del principio de cautela, que todos, absolutamente todos, los proyectos, planes y actividades que se vayan a instalar, o llevar a cabo, en territorio declarado RED NATURA 2000 deben someterse a fase de cribado mediante informe de afección, no pudiéndose aceptar la exclusión, a priori y general, por estar situados en zona ZUG, pues no cabe excluir la más mínima posibilidad o probabilidad de que no afecte de forma apreciable, en función de las características y condiciones medioambientales específicas, a los valores naturales que posibilitaron la declaración de la zona total como RED NATURA 2000 (sentencia del TJCE de 26-5-2011, nº C-538/2009, de 7 de septiembre de 2004, Waddenvereniging y Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, Rec. p. I-7405, apartados 43 y 44; de 20 de octubre de 2005, Comisión/Reino Unido, C-6/04 , Rec. p. I- 9017, apartado 54, y de 13 de diciembre de 2007, Comisión/Irlanda, C-418/04 , Rec. p. I-10947, apartado 226)”.
“Se cuestionan las Directrices de Conservación en materia de ordenación territorial y urbanística, en concreto su punto 2.6, en cuanto que establece que “Las superficies zonificadas como ZIP y ZAI se clasificarán como suelo no urbanizable de protección natural conforme a lo establecido en la Ley 15/2001 de 14 de diciembre, salvo que en el momento de aprobación de este documento ya estén clasificadas como urbano o urbanizable”.
Así las cosas, compartimos con la actora que en suelos con esa importancia, desde el punto de vista de la conservación de los elementos claves, no es posible un desarrollo urbanístico, con lo que no se puede aceptar la referencia que realiza el precepto a los suelos que ya estén clasificados como “urbanizables”. Este planteamiento tiene sustento jurisprudencial en las sentencias mencionadas por la actora, como la STS de 20/05/2011, rec. 3865/2007, que en todo caso hablan de la controversia entre el suelo urbanizable o apto para urbanizar y el suelo rústico de protección natural.
Cosa distinta debe predicarse del suelo urbano, cuyo carácter reglado y no discrecional es del mismo grado que el existente para calificar como no urbanizable el suelo con valores ambientales que proteger, de los que los incluidos en RED NATURA 2000 son el paradigma, máxime cuando nos encontramos con un supuesto ciertamente excepcional, la determinación de suelo urbano (algunas ciudades, como Cáceres) que están zonificadas como ZIP por la presencia del cernícalo primilla.
Por tanto el precepto, en la salvedad que realiza, debe ser declarado nulo de pleno derecho, sin que nos corresponde a nosotros su nueva redacción con respeto a lo argumentado”.
“La declaración de nulidad de nulidad de pleno derecho de los planes de gestión, tanto de las zonas especiales de conservación como de las zonas de especial protección para las aves, que se canaliza mediante la declaración de nulidad de los artículos 19 y 22 del Decreto, se sustenta en que, en realidad, lo aprobado no son verdaderos planes de gestión, incumpliendo así el art 46.1 de la Ley 42/2007, por carecer de un valor de referencia predeterminado, elemento esencial de los objetivos de conservación específicos de cada ZEPA, sin que conste en ellos, para cada especie, el número concreto de ejemplares que se debe considerar como poblaciones de referencia del buen estado de conservación de las especies “ya que no hay una aproximación a las poblaciones idóneas de cada especie en virtud de ningún criterio, para ninguno de los Planes de Gestión, ni para ninguna de las especies, lo que en la práctica convierte en papel mojado estos instrumentos”, limitándose la Administración, a su juicio, a fijar las poblaciones actuales conocidas de cada especie y hábitats, sobre las que deben considerarse los objetivos de conservación, que se resumen en aumentar o mantener las poblaciones, lo que es un objetivo absolutamente insuficiente e impreciso a los efectos de poder determinar el estado de conservación favorable o desfavorable de una especie o hábitats. Para poder determinar si una especie está en estado de conservación favorable es preciso “introducir parámetros concretos como pueden ser la población recomendada, densidad poblacional, tasa de mortalidad o éxito reproductivo, que doten de eficacia a estos instrumentos”.
Así las cosas, los Planes de Gestión aprobados no son tales por tener las siguientes carencias:
a) Carecer de un valor de referencia predeterminado para cada especie o hábitats, al menos en sus elementos claves, en número concreto de ejemplares, que se considere como población de referencia del buen estado de conservación de la especie (determinación de las poblaciones idóneas en función de las circunstancias de cada territorio ZEC y ZEPA).
Para cada Elemento Clave se debe definir su estado de conservación actual enfrentándolo al considerado como su Estado de Conservación Favorable (ECF), una situación en la cual cada tipo de hábitat y cada especie prosperen tanto en calidad como en extensión y presenten buenas perspectivas para continuar prosperando en el futuro, el cual es el objetivo final a alcanzar para todos los Elementos Clave …
b) Definir, con el suficiente nivel de detalle, para facilitar su aplicación, cada una de las medidas de conservación que se consideren necesarias para alcanzar el nivel poblacional de referencia, respondiendo a la triple cuestión señalada por la demandante (quien hace qué, cuándo y cómo).
c) Cada medida debe contar con el establecimiento de indicadores para evaluar su desarrollo, previendo los mecanismos necesarios para asegurar su efectiva aplicación.
d) Fijar objetivos operativos que deben de ser objetivos prácticos realizables durante el periodo de vigencia del Plan de Gestión, con el fin de corregir o atenuar el efecto de los factores condicionantes que inciden sobre el estado de conservación del Elemento Clave mediante los recursos existentes ya sean económicos, tecnológicos, humanos o científicos, y dirigidos, en cualquier caso, a la consecución de los objetivos finales marcados para cada elemento clave.
d) En cuanto a los hábitats y especies ligadas al agua, es imprescindible la definición de los caudales mínimos y máximos, regímenes estacionales y caudal generador necesario (o rangos) para que las especies acuáticas y hábitats ligados al agua alcance su objetivo de conservación, cuya determinación corresponde a la Dirección General de la Junta de Extremadura con competencias en materia de Áreas Protegidas, independientemente de las competencias que correspondan al Estado para la adopción de las medidas necesarias que los garanticen en respectivos Planes Hidrológicos de Cuenca.
En conclusión, en ninguno de los Planes de Gestión se tienen en cuenta la determinaciones precisas para entender que un hábitats y una especie tienen un estado de conservación favorable, que se encuentran ínsitas en las definiciones que a este respecto contiene la Ley 42/2007, a cuyo tenor: “15. Estado de conservación favorable de un hábitat natural: cuando su área de distribución natural es estable o se amplía; la estructura y funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo existen y pueden seguir existiendo en un futuro previsible; y el estado de conservación de sus especies es favorable.
16. Estado de conservación favorable de una especie: cuando su dinámica poblacional indica que sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital de los hábitats a los que pertenece; el área de distribución natural no se está reduciendo ni haya amenazas de reducción en un futuro previsible; existe y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para mantener sus poblaciones a largo plazo”.
Lo expuesto determina que aceptemos la nulidad de pleno derecho de los artículos del Decreto que aprueban los Planes de Gestión, tanto de los ZEC como de las ZEPAS. Y, en consecuencia, su ANEXO IV”.
Ya hemos advertido de la importancia de la Red Natura 2000 en no pocas ocasiones, señalando su incidencia cuantitativa en España (alcanza casi el 30% del territorio español). Del mismo modo se ha señalado que a día de hoy deberían estar aprobados todos los planes de gestión de la Red Natura, detectándose carencias al respecto, ya que con datos de 2017, aproximadamente el 40% de la superficie de Red Natura 2000 no cuenta con planes de gestión aprobados.
Pero es que además, entidades ecologistas como la recurrente, han llamado la atención al respecto de que muchos de los planes de gestión ya aprobados no estarían cumpliendo con la misión que la Directiva de Hábitats encomienda a estos instrumentos, destacando su escasa calidad técnica. Es lo que ocurre en el caso que nos ocupa, donde la sentencia anula determinados preceptos del Decreto regulador de la Red en Extremadura y, por encima de todo, anula casi todos (quedan vigentes los 7 planes aprobados en 2009 y 2012, de conformidad con la disposición adicional tercera del Decreto) los planes de gestión de la Red Natura 2000 en esta Comunidad Autónoma. En total 75 planes. Casi nada."
Semana Europea de la Movilidad 2018: Combina y Muévete!
El tema elegido este año por la Comisión Europea está centrado en la multimodalidad y el lema es: ¡Combina y Muévete!. La Unión Europea nos anima a fomentar el uso y combinación de diferentes modos de transporte en los desplazamientos urbanos de personas y mercancías, para conseguir una mayor eficiencia, rapidez, ahorro y sostenibilidad.
Fuente:Mapama
‹ Ant.123456Sig. ›Fin »
El Supremo decreta como “nula de pleno derecho” la autorización de una vivienda en Red Natura 2. . . octubre 23,2019

References: Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 46
 artículo 9
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 9