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Timestamp: 2020-08-05 13:45:10+00:00

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﻿ SENTENCIA C-107 DE OCTUBRE 31 DE 2018
SENTENCIA C-107 DE 31 DE OCTUBRE DE 2018
CONTENIDO:DURACIÓN DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD PARA EL PROCESADO POR EL DELITO DE LESIONES CON AGENTES QUÍMICOS, ÁCIDO Y/O SUSTANCIAS SIMILARES. SE CONSIDERA QUE EL LEGISLADOR, AL EXPEDIR LA DISPOSICIÓN CUESTIONADA DESCONOCIÓ LÍMITES CONSTITUCIONALES COMO LA DIGNIDAD HUMANA (ART. 1°), LA LIBERTAD (ART. 28), EL DEBIDO PROCESO (ART. 29) Y EL DEBER DEL ESTADO DE GARANTIZAR A LOS INIMPUTABLES EL ACCESO EFECTIVO A LA ATENCIÓN Y ASISTENCIA MÉDICA PARA SU RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN SOCIAL (ART. 47 Y 49)., TODA VEZ QUE TRANSFORMÓ LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN UN INSTRUMENTO RETRIBUTIVO, AL IMPONERLES UN TÉRMINO MÍNIMO DE DURACIÓN, PUES, ESTAS NO PUEDEN DURAR MÁS TIEMPO DEL ESTRICTAMENTE NECESARIO PARA LA CURACIÓN DEL INIMPUTABLE. DE IGUAL MANERA ENCONTRÓ QUE LA MEDIDA CONSAGRADA EN EL PARÁGRAFO ACUSADO NO ERA IDÓNEA, NECESARIA, NI PROPORCIONAL PARA LOGRAR EL FIN QUE BUSCÓ EL LEGISLADOR DE “EVITAR LA IMPUNIDAD”. SE RESUELVE DECLARAR INEXEQUIBLE EL PARÁGRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 116A DE LA LEY 599 DE 2000, ADICIONADO POR EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY 1773 DE 2016.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, DURACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, LESIÓN PERSONAL, DECLARATORIA DE EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, INEXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, LESIÓN CON PRODUCTO QUÍMICO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:567 DE MARZO DE 2019, PÁG.515
Sentencia C-107 de octubre 31 de 2018
Santa Marta, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho.
ART. 116A.—Lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, usando para ello cualquier tipo de agente químico, álcalis, sustancias similares o corrosivas que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, incurrirá en pena de prisión de ciento cincuenta (150) meses a doscientos cuarenta (240) meses y multa de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
PAR.—En todo caso cuando proceda la medida de seguridad en contra del imputado, su duración no podrá ser inferior a la duración de la pena contemplada en este artículo.
Previo a cualquier pronunciamiento sobre el fondo del asunto corresponde considerar algunos aspectos cuya resolución puede incidir en la decisión a adoptar. En primer lugar, se debe precisar si tiene lugar la existencia de cosa juzgada, en razón de lo decidido por esta Corte en la Sentencia C-176 de 1993. Seguidamente, se debe clarificar si tienen asidero los reparos formulados por algunos intervinientes(12), en relación con la aptitud de los cargos planteados en las demandas.
2.1. La Sentencia C-176 de 1993 y la cosa Juzgada material en el asunto en estudio.
El valor del instituto de la cosa juzgada encuentra soporte en diversas razones, entre las cuales se destacan, de un lado, la necesidad de materializar el valor de la seguridad jurídica, el cual alcanza expresión concreta en la protección de la confianza y la buena fe de quien se atiene a decisiones judiciales previamente adoptadas. De otro, en el deber de defender la autonomía judicial no dando lugar a que se reabran debates agotados por el juez competente(13).
En lo que concierne a los efectos que en materia de cosa juzgada produce una decisión proferida por la Corte Constitucional, se ha sentado: “(…) (i) Cuando la decisión ha consistido en declarar la inconstitucionalidad de una norma, se activa la prohibición comprendida por el artículo 243 conforme a la cual ninguna autoridad puede reproducir su contenido material; (ii) en los casos en los que la Corte ha declarado exequible cierta disposición respecto de determinada norma constitucional, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que no puede suscitarse un nuevo juicio por las mismas razones, a menos que ya no se encuentren vigentes o hubieren sido modificadas las disposiciones constitutivas del parámetro de constitucionalidad (…)”(14).
A propósito de la tipología de la cosa juzgada, es oportuno recordar en este caso la que alude a la cosa juzgada formal y a la cosa juzgada material. Respecto de la primera, se ha establecido, de modo general, que tiene lugar cuando existe un pronunciamiento previo del juez constitucional en relación con el precepto que es sometido a un nuevo y posterior escrutinio constitucional. En cuanto a la segunda, sucede cuando a pesar de haberse demandado una norma formalmente distinta, su materia o contenido normativo resulta ser idéntico al de otra u otras disposiciones que ya fueron objeto del juicio de constitucionalidad, sin que el entorno en el cual se apliquen comporte un cambio sustancial en su alcance y significación. En este contexto, ha precisado la doctrina constitucional que “la cosa juzgada material se predica de la similitud en los contenidos normativos de distintas disposiciones jurídicas y, en ningún caso, respecto de la semejanza o coincidencia que exista entre el problema jurídico propuesto y el que fue objeto de pronunciamiento en la decisión precedente.”(15) (resaltado fuera del texto original).
En la Sentencia C-176 de 1993, la Corte resolvió la demanda formulada por el ciudadano Jaime Enrique Lozano contra algunas expresiones de los artículos 94, 95 y 96 del Decreto 100 de 1980 “por el cual se expide el nuevo Código Penal”, cuyo texto es el siguiente (se subraya lo demandado):
ART. 96.—Otras medidas aplicables a inimputables. A los inimputables que no padezcan enfermedad mental, se le impondrá medida de internación en establecimiento público o particular, aprobado oficialmente, que pueda suministrar educación o adiestramiento industrial, artesanal o agrícola. Esta medida tendrá un mínimo de un (1) año de duración y un máximo indeterminado. Se suspenderá condicionalmente cuando se establezca que la persona haya adquirido suficiente adaptabilidad al medio social en que se desenvolverá su vida.
Según se menciona en la referida sentencia, el actor consideró que dichas disposiciones vulneraban la supremacía de la Constitución (art. 4º de la Constitución), la prohibición de la imprescriptibilidad de la pena (art. 28 ibídem), el principio de legalidad y seguridad jurídica (art. 29 ibídem), la prohibición de la prisión perpetua (art. 34 ibídem), la obligación del Estado de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social especializada para las personas en situación de discapacidad física, sensorial y psíquica (art. 47 ibídem) y, la obligación del Estado de garantizar y prestar el servicio de la seguridad social.
Para resolver los cargos formulados, la Corte desarrolló varios temas referentes a: (i) los antecedentes jurisprudenciales sobre la temporalidad de las medidas de seguridad, (ii) la dignidad de las personas en el Estado social de derecho, en especial, la de los inimputables, (iii) los conceptos de rehabilitación de las personas en situación de discapacidad física, sensorial y síquica(16) y (iv) la relación de las penas y las medidas de seguridad. Luego, de lo cual concluyó que: “a) El carácter indeterminado del tiempo máximo de duración de las medidas de seguridad es inconstitucional porque el artículo 34 de la Carta prohíbe las penas perpetuas.” Así mismo, que “b) La fijación de topes mínimos de las medidas de seguridad es inconstitucional porque la recuperación de la libertad por parte de los inimputables no está condicionada a un cierto término sino al restablecimiento de la capacidad síquica”.
En virtud de lo anterior, esta corporación declaró la inexequibilidad de las expresiones “y un máximo indeterminado”, “tendrá un mínimo de dos (2) años de duración”, “tendrá un mínimo de seis (6) meses de duración”, “tendrá un mínimo de un (1) año de duración” y “Se suspenderá condicionalmente cuando se establezca que la persona ha recuperado su normalidad psíquica”, consagradas en los artículos 94, 95 y 96 del Decreto 100 de 1980.
Por su parte, en el caso objeto de estudio, el demandante formula la acusación contra el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 1773 de 2016 “por medio de la cual se crea el artículo 116A, se modifican los artículos 68A, 104, 113, 359 y 374 de la Ley 599 de 2000”. Dicha norma, se ocupa de fijar el término de duración de la medida de seguridad que se imponga al imputado que haya incurrido en el delito de lesiones por agentes químicos, ácido y/o sustancias similares, el cual no podrá ser inferior al previsto para la pena de prisión. Textualmente, dice la disposición:
Los demandantes consideran que la norma transcrita, en el parágrafo demandado, quebranta mandatos superiores como la dignidad humana (art. 1º), la igualdad (art. 13), la libertad (art. 28 ), el debido proceso (art. 29) y el deber del Estado de garantizar a los inimputables el acceso efectivo a la atención y asistencia médica para su recuperación y rehabilitación social (arts. 47 y 49), así como principios rectores del Código Penal, en particular, los de proporcionalidad, racionalidad y necesidad (art. 3º), además de las finalidades de las medidas de seguridad (art. 5º), al establecer un límite mínimo y un máximo indeterminado para las medidas de seguridad que se impongan a los inimputables que causen lesiones con agentes químicos, ácido y/o similares.
Así mismo, se observa que el planteamiento que hace la Universidad Javeriana, referente a la configuración de la cosa juzgada material, surge porque esta corporación, en la Sentencia C-176 de 1993, realizó un estudio sobre la constitucionalidad de los términos mínimos y máximos indeterminados de duración para las medidas de seguridad, es decir, resolvió un problema jurídico similar al que debe resolverse en esta oportunidad. Sobre el particular, esta Corporación, en Sentencia C-1064 de 2001, advirtió “El fenómeno de la cosa juzgada material opera, así, respecto de los contenidos específicos de una norma jurídica, y no respecto de la semejanza del problema jurídico planteado en la demanda con el ya decidido en un fallo anterior”.
De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional considera que respecto del parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 1773 de 2016 no se configura la cosa juzgada material, en virtud de la Sentencia C-176 de 1993. En consecuencia, pasa la Sala a estudiar la aptitud de las acusaciones de fondo.
Otro asunto de relevancia jurídica a valorar preliminarmente lo constituye el cuestionamiento presentado por el Ministerio del Interior y la Universidad Libre a la formulación de los cargos, según los cuales, la varias veces citada norma de la Ley 1773 de 2016 vulnera los artículos 1º, 13, 28, 29, 47 y 49 de la Constitución Política, así como los principios rectores del Código Penal, en particular, los de proporcionalidad, racionalidad y necesidad (art. 3º), además de las finalidades de las medidas de seguridad (art. 5º). El Ministerio del Interior estima que la acusación carece de claridad, especificidad y pertinencia dado que surge de “la particular interpretación que los demandantes hacen del aparte normativo demandado y de su noción de los derechos de los inimputables, amén de que los cargos se estructuran en la supuesta violación a normas de rango legal — que no constitucional —, razón adicional para considerar que en realidad no cumplen los requisitos definidos por la jurisprudencia constitucional para que se abran paso. Por eso la demanda no reúne las condiciones exigidas por el precedente constitucional, porque no se trata de un asunto de constitucionalidad, sino de una particular lectura de las normas que hacen los demandantes.”
Por su parte, la Universidad Libre considera que los actores no cumplen con el requisito de señalar las normas superiores infringidas, pues “relacionan artículos y derechos, los que en ocasiones no concuerdan y no se realizó su formal señalamiento, es decir no están claramente relacionados; y la exposición de razones y motivos que permitan determinar claramente la vulneración presentada por la norma demandada a la Constitución. Este último requisito lo soportan los accionantes con reiteración y comentarios, bajo el tenor o fundamento de que se vulnera el derecho a la igualdad, por evidenciarse un trato igual entre diferentes y no haberse realizado un estudio acucioso de la sanción impuesta y las consecuencias de la imposición de la medida propuesta, no obstante, aunque de manera reiterativa y extensa, se insiste en la improcedencia del parágrafo 1º del artículo 116A, no se vislumbra en los libelos, razones claras, ciertas, especificas, pertinentes y suficientes”.
Acorde con lo contemplado por el artículo 40, numeral 6º de la Carta, uno de los derechos políticos en cabeza de los ciudadanos es la defensa de la Constitución, la cual, encuentra como una de sus expresiones el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad. Con todo, el ejercicio de dicho derecho implica algunas exigencias necesarias para el correcto trámite de la solicitud, en tal sentido, el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 señala una serie de requisitos mínimos que debe atender el accionante para presentar su solicitud ante la Corte Constitucional. Particularmente, la jurisprudencia ha precisado como requisitos esenciales de la demanda, la presencia del objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para asumir el conocimiento del asunto. Por lo que atañe al primero, se trata de las disposiciones legales reprochadas por el accionante. En lo concerniente al concepto de violación, la jurisprudencia ha detallado reiteradamente los requisitos que permiten determinar la idoneidad de la demanda para lograr una decisión de fondo. De modo puntual, se ha observado que las razones aducidas por el actor en su libelo acusatorio deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes; pues de no serlo, no le resulta posible a la Corte proferir la decisión que desate los problemas jurídicos propuestos por el actor.
(…) la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (…), circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante (…) la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer (…) de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional (Sent. C-1052/2001).
En primer lugar, conviene poner de presente que los libelistas cuestionan el parágrafo acusado no solo por la violación de normas constitucionales sino también por el desconocimiento de disposiciones legales como los principios rectores del Código Penal, en particular, los de proporcionalidad, racionalidad y necesidad (art. 3º), las finalidades de las medidas de seguridad (art. 5º) y el principio de culpabilidad (art. 12). Específicamente, se dice en la demanda “el Código Penal trae consigo unos principios rectores que, de acuerdo con el artículo 13 del mismo Código ‘constituyen la esencia y la orientación del sistema penal. Prevalecen sobre las demás e informan su interpretación.’ Algunos de ellos están dirigidos a guiar la manera en la que debemos entender las medidas de seguridad.
El primero de dichos principios está consagrado en la Ley 599 de 2000, artículo 5º, donde se establece que las funciones de las medidas de seguridad son la protección, curación, tutela y rehabilitación del inimputable. Por lo anterior, queda claro que se excluye de las funciones de la medida de seguridad la retribución por el acto cometido, lo cual se materializa en los artículos 70, 71, 72, 74, 75, 76 y 77, ya que en todos estos casos es claro que cuando la persona se encuentre rehabilitada, sin importar el tiempo, cesará la medida, e inclusive, si el trastorno mental es transitorio, no habrá lugar a medida de seguridad alguna; de igual manera cuando el trastorno mental transitorio es con base patológica pero la misma ya ha desaparecido al momento de dictar sentencia.
De esta manera, el ordenamiento jurídico renuncia a retribuir al inimputable por la conducta cometida y se compromete con su curación y rehabilitación, por lo que en ningún caso se podrá internar a un inimputable por más tiempo del necesario para lograr su recuperación. (…).
El segundo de los principios rectores violentados, está consagrado en el mismo Código Penal, en su artículo 12, y establece que ‘Solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva’, por lo que es evidente que la responsabilidad de los inimputables no podrá ser objetivas (…).
En este orden de ideas, el único criterio válido para delimitar el mínimo de las medidas de seguridad es la recuperación del inimputable, pero bajo ningún supuesto será un criterio temporal, ya que el mismo es incompatible con las funciones que se desprenden de estas medidas. Como consecuencia, el parágrafo objeto de estudio contraria abiertamente las funciones asignadas por los principios rectores del Código Penal a las medidas de seguridad”.
Esta corporación ha señalado que las razones que sustentan el concepto de la violación son pertinentes en tanto estén construidas con base en argumentos de índole constitucional, esto es, fundados “en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado.”(17). En ese sentido, cargos que se sustenten en simples consideraciones legales o doctrinarias; en la interpretación subjetiva de las normas acusadas por parte del demandante y a partir de su aplicación en un problema particular y concreto; o en el análisis sobre la conveniencia de las disposiciones consideradas inconstitucionales, entre otras censuras, incumplen con el requisito de pertinencia del cargo de inconstitucionalidad. En tales circunstancias, la Corporación se inhibirá de analizar este cargo por su carencia de aptitud para ser objeto de pronunciamiento de fondo.
Por lo que atañe a la censura por la presunta violación a los artículos 1º, 13, 28, 29, 47 y 49 de la Constitución Política, observa la Corporación que los actores dedican más de un acápite de su libelo a exponer las razones en las cuales funda sus reparos y, tales argumentos, suscitan la mínima duda exigible para que deba dirimirse la acción de inconstitucionalidad.
Como se puede colegir, son dos las censuras hechas al parágrafo 1º del artículo 116A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 1º de la Ley 1773 de 2016. En primer lugar, los demandantes estiman que dicha disposición quebranta mandatos superiores como la dignidad humana (art. 1º), la libertad (art. 28), el debido proceso (art. 29) y el deber del Estado de garantizar a los inimputables el acceso efectivo a la atención y asistencia médica para su recuperación y rehabilitación social (art.47 y 49), al establecer un término mínimo de duración para la medida de seguridad que se imponga al inimputable que incurra en el delito de lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancia similares, toda vez que señala que “su duración no podrá ser inferior a la duración de la pena”.
De acuerdo con la Constitución Política, corresponde al Congreso de la República diseñar la política criminal del Estado, es decir, definir cuáles conductas constituyen delitos, qué penas deben imponerse(18) y cuál debe ser el procedimiento a seguir para aplicar la respectiva sanción. Al respecto, esta corporación ha señalado que “si bien el legislador no es la única institución estatal comprometida en la planeación, desarrollo y ejecución de la política criminal(19), la decisión de radicar en él la potestad de configuración normativa en la materia, no solo es legítima frente a la Constitución, por tratarse del ejercicio de una facultad de la cual es titular, sino además, por cuanto cuenta con el pleno respaldo de los principios democrático y de soberanía popular (C.P., arts. 1º y 3º), los cuales hacen posible que los asuntos de importancia para la Nación sean definidos y decididos por las mayorías políticas, representadas en el Congreso de la República.”(20)
La Corte ha destacado que es consustancial al Estado de derecho, el hecho de que las conductas constitutivas de delitos y sus respectivas sanciones, trascendentales en el ámbito del ejercicio de los derechos fundamentales, sean determinadas mediante ley, es decir, “sean fruto de un debate dinámico entre las distintas fuerzas políticas que se asientan en el parlamento pues sólo así se garantiza que el ejercicio del poder punitivo del Estado se ajuste a parámetros racionales y no se distorsione por intereses particulares o necesidades coyunturales(21).” En ese contexto, la competencia para regular la política criminal del Estado, es amplia, e incluye la facultad del legislador para crear, modificar o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, y fijar la clase y magnitud de las penas de acuerdo con criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados. Igualmente, le permite consagrar los regímenes para el juzgamiento y tratamiento de los delitos y contravenciones, así como definir las reglas de procedimiento aplicables de acuerdo con las garantías del debido proceso.(22)
En ese orden de ideas, el derecho penal comporta una valoración social en torno a los bienes jurídicos que ameritan protección penal, las conductas susceptibles de producir lesiones en tales bienes, el grado de gravedad de la lesión que da lugar a la aplicación del ius puniendi, y el quantum de la pena que deba aplicarse. En principio, no existe, de manera expresa, un imperativo constitucional, según el cual, determinados bienes jurídicos deban, necesariamente, protegerse a través del ordenamiento penal. Por el contrario, dentro de una concepción conforme a la cual sólo debe acudirse al derecho penal, con su efecto limitativo de las libertades individuales, cuando no exista otro medio de protección de los bienes jurídicos que resulte menos invasivo, la criminalización de una conducta solo puede operar como ultima ratio.(23)
La Corte ha encontrado que, en determinados casos, tanto la naturaleza de los bienes jurídicos, como la gravedad de las conductas cuya exclusión se impone como medida para su protección, hacen que del ordenamiento constitucional, incorporados en él los tratados que forman parte del bloque de constitucionalidad, se derive el imperativo de criminalizar ciertos comportamientos. Así, por ejemplo, la Corte ha señalado que existe un deber constitucional de sancionar penalmente conductas tales como la tortura, el genocidio, o las desapariciones forzadas.(24)
En el otro extremo se encontrarían aquellas conductas que, dado que se desenvuelven en ámbitos de libertad constitucionalmente garantizados, o debido a la escasa significación del bien jurídico que afectan, estarían constitucionalmente excluidas de la posibilidad de ser objeto de sanción penal.(25)
La opción, entonces, de criminalizar una conducta, en aquellos eventos en que no está constitucionalmente impuesta o excluida, implica que el legislador ha considerado que para la protección de cierto bien jurídico es necesario acudir a mecanismos comparativamente más disuasivos que otros que podrían emplearse, no obstante su efecto limitativo de la libertad personal.(26)
Dichos límites, lo ha dicho la corporación, resultan particularmente claros y relevantes, “por estar de por medio derechos fundamentales muy caros para la persona humana, como lo son la libertad personal y el debido proceso, así como valores sociales tan importantes como la represión del delito o la resocialización efectiva de sus autores ”(27). En la Sentencia C-247 de 2004, la Corte señaló:
“Esta circunstancia, permite que el legislador adopte distintas estrategias de política criminal, siempre que la alternativa aprobada, además de ser legítima en cuanto a la forma en que se configura, respete los valores, preceptos y principios constitucionales. Así las cosas, es evidente que la política criminal y el derecho penal no se encuentran definidos en el texto constitucional, sino que corresponde al legislador desarrollarlos.” “La Corte ha precisado que, en el ejercicio de su atribución, el Congreso de la República ‘no puede desbordar la Constitución y está subordinado a ella porque la Carta es norma de normas (C.P., art. 4º). Pero, en función del pluralismo y la participación democrática, el Legislador puede tomar diversas opciones dentro del marco de la Carta.(28)’.”
Frente a los límites a los que se encuentra sometido el legislador en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, la misma jurisprudencia ha venido sosteniendo que éstos son de dos órdenes(29). Explícitos e implícitos. En cuanto hace a los límites explícitos, por expresa disposición constitucional, al legislador le está prohibido establecer las penas de muerte (C.P., art. 11), destierro, prisión perpetua o confiscación (C.P., art. 34), así como también someter a cualquier persona a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (C.P., art. 12). Tratándose de los límites implícitos, en el ejercicio de la facultad para tipificar delitos y fijar penas, el legislador debe propender por la realización de los fines esenciales del Estado, de manera que, en desarrollo de tal atribución, debe garantizar y respetar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y asegurar la vigencia de un orden justo (C.P., art. 2°).
Esta corporación ha sostenido, en forma enfática, que en el Estado social de derecho, en el que la dignidad humana ocupa un lugar de privilegio en el orden jurídico, los valores, principios y derechos fundamentales se constituyen en límites sustantivos del poder punitivo del Estado -produciendo el efecto de racionalizar el ejercicio de tal potestad-, por lo que “[s]ólo la utilización medida, justa y ponderada de la coerción estatal, destinada a proteger los derechos y libertades, es compatible con los valores y fines del ordenamiento”.(30)
Siendo la penalización la forma más lesiva de control social, por el alto grado de afectación a la libertad personal y otras garantías, en caso de que el legislador advierta que la adopción de una medida de ese tipo no contribuye al perfeccionamiento de una política dirigida al logro de los fines perseguidos, debe prescindir de ella,(31) pues, de lo contrario, la misma se tornaría ilegítima, forzando la intervención del juez constitucional para disponer su retiro del ordenamiento jurídico.
Al respecto, ha dejado dicho este tribunal, que el supuesto en el que el criterio político-criminal del legislador es susceptible de controvertirse en el juicio de inconstitucionalidad, tiene lugar cuando dicho criterio ha llevado a la expedición de normas contrarias al Estatuto Superior. En dichos casos, “lo que se cuestionaría no sería un modelo de política criminal en sí sino la legitimidad de reglas de derecho por su contrariedad con la Carta y de allí que, en esos supuestos, la decisión de retirarlas del ordenamiento jurídico tenga como referente esa contrariedad y no el criterio de política criminal que involucran”.(32)
Esta corporación, en su jurisprudencia, ha sido enfática en señalar que, en virtud del principio de dignidad humana, la responsabilidad penal objetiva esta proscrita en la Carta Política, por consiguiente, el derecho penal debe estar encaminado a sancionar el acto y no a su autor. Lo anterior, implica que “el derecho represivo sólo puede castigar a los hombres por lo efectivamente realizado y no por lo pensado, propuesto o deseado, como tampoco puede sancionar a los individuos por su temperamento o por sus sentimientos. En síntesis, desde esta concepción, sólo se permite castigar al hombre por lo que hace, por su conducta social, y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o siente.(33)”
En ese contexto, nuestro Código Penal establece dos regímenes diferentes de responsabilidad. Uno para los imputables, que son las personas que al momento de realizar el hecho punible lo hacen con culpabilidad, es decir, tienen la capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento y de orientarlo conforme a esa comprensión. Y otro, para los inimputables, que son los individuos que al momento de cometer el hecho típico y antijurídico no pueden comprender la ilicitud de su conducta ni pueden determinarse de acuerdo con esa comprensión, por su inmadurez sicológica o trastorno mental, o sea, actúan sin culpabilidad(34). En tales circunstancias, existen dos tipos de conductas que acarrean consecuencias jurídico-penales, “esto es, el hecho punible realizable por el sujeto imputable que surge como conducta típica antijurídica y culpable, y el hecho punible realizable por sujeto inimputable que surge como conducta típica y antijurídica pero no culpable (delito en sentido amplio).”(35)
En razón de lo anterior, el ordenamiento jurídico prevé la imposición de penas como sanción para quienes cometan un hecho punible con culpabilidad (imputables), y consagra la aplicación de medidas de seguridad para quienes actúan sin ella (inimputables). La pena cumple funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado(36), mientras que las medidas de seguridad están encaminadas a cumplir funciones de protección, curación, tutela y rehabilitación del inimputable.(37)
3) Y por ‘rehabilitación’ debe entenderse que el individuo recobre su adaptación al medio social. La rehabilitación es la capacitación para la vida social productiva y estable, así como la adaptabilidad a las reglas ordinarias del juego social en el medio en que se desenvolverá la vida del sujeto”.
En virtud de lo anterior, esta Corte ha advertido que fijar topes mínimos de duración para las medidas de seguridad es inconstitucional, toda vez que “el tiempo de internación del inimputable no depende de la duración prevista en el tipo penal respectivo sino de la duración que tome el tratamiento”, en ese sentido, internar a un inimputable por más tiempo del estrictamente necesario viola el valor y el derecho a la libertad.(38) Así mismo, ha indicado que las medidas de seguridad no tienen como fin la retribución por el hecho antijurídico, sino la prevención de futuras y eventuales violaciones de las reglas de la colectividad.
Según el artículo 33 del Código Penal(39), son inimputables quienes al momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuvieren la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, ya sea por inmadurez sicológica, trastorno mental o estados similares. Para determinar dicha condición, el Instituto Nacional de Medicina Legal, a través de un perito, realiza sobre el acusado la “evaluación psiquiátrico forense de capacidad de comprensión y autodeterminación”(40), en la cual se examinan sus funciones mentales superiores al momento de cometer el hecho punible, particularmente las de cognición y volición, con el fin de establecer si estas se encontraban alteradas. Así pues, el perito evalúa la presanidad del actor para ver si existía una afectación de la salud mental, si ella persistió o no durante el injusto penal, si sólo ocurrió durante el mismo o, si apareció después. Estas condiciones, al igual que la persistencia sintomática, generan específicas conclusiones forenses y de ellas, particulares determinaciones judiciales.(41)
Una vez establecida la ausencia de capacidad de comprensión y/o de autodeterminación al momento de ocurrir los hechos, se investiga su origen o fundamento psicopatológico, que dará lugar al o a los diagnósticos clínicos, estos analizados conjuntamente con toda la evidencia procesal y a la luz de los hechos, permiten llegar a diagnósticos forenses de inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares y discapacidad psíquica o mental. Se plantea como diagnóstico diferencial el trastorno mental preordenado(42); la inferioridad psíquica como atenuante punitivo y la simulación”.
En ese orden de ideas, se advierte que la declaración de inimputabilidad no es un concepto médico sino jurídico, que le compete realizar al juez, atendiendo la idoneidad y mérito del conjunto de la prueba recaudada y siguiendo las reglas de la sana crítica(43). Para la Corte Suprema de Justicia, lo relevante en la declaratoria de inimputabilidad “no es el origen mismo de la alteración biopsíquica sino la coetaneidad con el hecho realizado, la magnitud del desequilibrio que ocasionó en la conciencia del actor y el nexo causal que permita vincular inequívocamente el trastorno sufrido a la conducta ejecutada”(44). Por ello, no se puede establecer de antemano que ciertas condiciones psíquicas o antropológicas implican automáticamente la inimputabilidad del sujeto que las ostenta, debido a que cada caso debe ser analizado en particular para establecer si dicha condición influyó o no en la comisión de la conducta punible.
En ese contexto, el juez, para establecer la inimputabilidad del procesado, puede valerse de varios elementos materiales probatorios y no solo del informe pericial, principalmente, de la historia clínica del sujeto, documentos, entrevistas de amigos, familiares, compañeros, la víctima, etc. Así mismo, el perito (psiquiatra o psicólogo forense) a la hora de realizar el informe pericial y declarar en la audiencia de juicio oral, podrá considerar, además de la entrevista realizada al examinado, otras evidencias para emitir sus conclusiones, como la lectura del expediente, la realización de exámenes paraclínicos complementarios, la historia clínica, fotografías de la escena, antecedentes disciplinarios y penales, informes escolares o de rendimiento laboral, etc.(45)
Sobre el particular, el Código Penal prevé que son tres las situaciones que conllevan a una declaratoria de inimputabilidad, la inmadurez psicológica, el trastorno mental o estados similares. La inmadurez psicológica corresponde a “la falta de maduración global, severa y perfectamente instaurada, que cobija una o varias áreas de la personalidad del sujeto y que explícitamente impidió, en el momento de cometer su acción, obrar con pleno conocimiento de causa y con libre capacidad de autodeterminación”(46). Incluye algunos trastornos como la discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo y déficit del proceso global de aprehensión de la realidad sociocultural como el caso de los discapacitados sensoriales con severa deprivación de información, que puede ocurrir en la sordomudez o marginalidad social extrema.(47)(48)
De otra parte, el trastorno mental es una disfunción o anomalía mental lo suficientemente severa como para impedir a la persona, comprender la ilicitud de su conducta o autodeterminarse con base en dicho conocimiento; generalmente se sustenta en un diagnóstico clínico de acuerdo a los parámetros y criterios de clasificaciones internacionales vigentes como la CIE(49) o el DSM(50). Dicho trastorno puede ser permanente o transitorio, el permanente “son aquellas afectaciones mentales graves, perfectamente instauradas, de evolución crónica y difícil recuperación, que al momento de los hechos investigados alteran de manera significativa las capacidades cognoscitivas y volitivas. Requieren tratamiento médico especializado, de manera inicial en un centro hospitalario y por definición son incurables. Sin embargo, con tratamiento se puede lograr una remisión de la sintomatología aguda que le permita a la persona reintegrarse a la sociedad.”(51)
De igual manera, el trastorno mental puede ser transitorio y tener o no base patológica, el transitorio con base patológica consiste en “la alteración mental severa que se genera en una disfunción biológica o de personalidad, de presentación aguda o crónica episódica (como en los casos de patología dual), que recidiva(52) si no se somete a tratamiento y que, durante la ocurrencia de los hechos investigados, altera de manera significativa las capacidades cognoscitivas y volitivas. Requiere tratamiento psiquiátrico que, de acuerdo al caso, puede ser hospitalario o ambulatorio.”(53)
De otro lado, el trastorno mental transitorio sin base patológica es “la alteración mental de muy corta duración, que se presenta al momento de los hechos investigados, de tan alta intensidad, que vulnera las funciones intelecto cognitivas y volitivas. Cede fácilmente con tratamiento e incluso puede autolimitarse y remite sin dejar huellas en el psiquismo del imputado o sindicado.”(54)
La medida de internación en establecimiento psiquiátrico, clínica o institución adecuada de carácter oficial o privado, se le impone al inimputable con trastorno mental permanente, tiene un término máximo de duración de 20 años y un mínimo que dependerá del tratamiento que requiera el paciente. En todo caso, el máximo de duración no podrá exceder el término fijado para la pena privativa de la libertad del respectivo delito. Dicha medida se podrá suspender cuando la persona pueda ser tratada ambulatoriamente o cuando se encuentre mentalmente rehabilitada(55). También es aplicable al inimputable por trastorno mental transitorio con base patológica, sin embargo, en este caso, el término máximo de duración será de 10 años(56).
Ahora al inimputable que no padezca trastorno mental se le impondrá la medida de internación en establecimiento público o particular, aprobado oficialmente, que pueda suministrar educación, adiestramiento industrial, artesanal, agrícola o similar, la cual tendrá un máximo de duración de 10 años y un mínimo que dependerá de las necesidades de asistencia en cada caso concreto. Como en los dos casos anteriormente citados, habrá lugar a la suspensión condicional de la medida cuando se establezca que la persona se encuentra en condiciones de adaptarse al medio en el que desenvolverá su vida o cuando la persona sea susceptible de tratamiento ambulatorio. El máximo de la medida no podrá exceder el máximo fijado para la pena privativa de la libertad del respectivo delito(57).
Cuando se suspenda condicionalmente la ejecución de las medidas de seguridad, podrá imponerse la libertad vigilada como accesoria de la medida de internación, una vez que esta se haya cumplido, la cual consiste en: (i) La prohibición de residir en determinado lugar por un término no mayor de tres (3) años; (ii) La prohibición de concurrir a determinados lugares hasta por un término de tres (3) años y (iii) La obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades encargadas de su control hasta por tres (3) años(58).
Si la inimputabilidad proviene exclusivamente de trastorno mental transitorio sin base patológica o con base patológica, pero esta desaparece antes de proferirse la sentencia, no habrá lugar a la imposición de medidas de seguridad y el funcionario judicial podrá terminar el procedimiento, antes de emitir la sentencia, si las víctimas del delito son indemnizadas(59).
Ahora bien, cuando la conducta punible tenga señalada pena diferente a la privativa de la libertad, la medida de seguridad no podrá superar el término de dos (2) años.(60)Durante la ejecución de la medida de seguridad solo podrán restringirse los derechos de los inimputables que sean compatibles con su función.(61)
Cabe señalar que el juez que impone la medida de seguridad debe realizar el correspondiente seguimiento. Según el artículo 77 del Código Penal, dicho funcionario tiene la obligación de solicitar trimestralmente información tendiente a establecer si la medida de seguridad debe continuar, suspenderse o modificarse y así tomar la decisión de la suspensión o cesación de la medida, previo dictamen de experto oficial.(62) Así mismo, podrá revocarse la suspensión condicional de la medida de seguridad cuando oído el concepto del perito, se haga necesaria su continuidad(63).
Concretamente, la acusación se dirige contra el parágrafo 1º, por considerar, tanto los demandantes como el Ministerio Público y los intervinientes, excepto el Ministerio del Interior, que con dicha norma el legislador desconoce los artículos 1º, 13, 28, 29, 47 y 49 de la Constitución Política, al establecer que el término de duración de la medida de seguridad que se imponga al inimputable que incurra en delito de lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares “no podrá ser inferior a la duración de la pena contemplada en este artículo”.
De acuerdo con la exposición de motivos del Proyecto de Ley 016 de 2014 Cámara, 171 de 2015 Senado, el legislador creó el delito de lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares con el fin de enviar un mensaje de rechazo contra este tipo de crímenes, que afectan especialmente a las mujeres, y de estipular fuertes sanciones para quienes se atrevan a llevar a cabo la violencia con ácido.(64) Particularmente, el parágrafo acusado fue incluido en el informe para primer debate en el Senado de la República con base en las siguientes consideraciones:
“Por último se consagran dos parágrafos en el artículo; el primero establece que la medida de seguridad, en caso de ser procedente de acuerdo a las valoraciones del caso, no puede ser inferior que la pena. Esta aclaración busca evitar la impunidad, frecuente en la mayoría de ataques con ácidos, cuando el victimario busca acceder a beneficios, como la sustitución de la pena, valiéndose de maniobras fraudulentas para que los dictámenes determinen su inimputabilidad” (resaltado fuera del texto original)
Al respecto, cabe recordar que aun cuando el legislador tiene un amplio margen de configuración en el diseño normativo, en materia criminal, este no es absoluto. En ese contexto, la libertad para diseñar la Política criminal del Estado y para tipificar conductas punibles e imponer penas, encuentra límites en la propia Constitución Política y, concretamente, en el sistema de valores, principios y derechos fundamentales consagrados en el mismo ordenamiento Superior. Dichos límites, lo ha dicho la corporación, resultan particularmente claros y relevantes, “por estar de por medio derechos fundamentales muy caros para la persona humana, como lo son la libertad personal y el debido proceso, así como valores sociales tan importantes como la represión del delito o la resocialización efectiva de sus autores ”(65).
De acuerdo con lo anterior, se advierte que el legislador, al expedir la disposición acusada, desconoció límites constitucionales como la dignidad humana (art. 1º), la libertad (art. 28), el debido proceso (art. 29) y el deber del Estado de garantizar a los inimputables el acceso efectivo a la atención y asistencia médica para su recuperación y rehabilitación social (arts. 47 y 49). Lo anterior, con base en las siguientes razones:
Nuestro ordenamiento jurídico establece dos regímenes diferentes de responsabilidad. Uno para los imputables, que son las personas que al momento de realizar el hecho punible lo hacen con culpabilidad, es decir, tienen la capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento y de orientarlo conforme a esa comprensión. Y otro, para los inimputables, que son los individuos que al momento de cometer el delito no pueden comprender la ilicitud de su conducta ni pueden determinarse de acuerdo con esa comprensión, por su inmadurez sicológica o trastorno mental, o sea, actúan sin culpabilidad(66).
Esta diversidad de regímenes explica, a su vez, que las penas y medidas de seguridad en el ordenamiento colombiano tengan tanto similitudes como diferencias. Así pues, se advierte que las dos tienen fines de protección social, toda vez que buscan evitar que quien cometió un hecho típico y antijurídico reitere su conducta. De igual manera, implican una restricción de derechos derivada de la comisión de dicho injusto y, por lo tanto, están sometidas a las garantías constitucionales propias del derecho penal. En ese sentido, esta corporación ha señalado que, por ejemplo, no pueden existir penas y medidas de seguridad imprescriptibles(67).
Sin embargo, una de las diferencias que existe entre dichas figuras es que las penas tienen, entre otras, una finalidad retributiva, de la cual están desprovistas las medidas de seguridad, pues resultaría contrario a la dignidad humana y a la libertad (C.P., arts. 1° y 28) castigar a quien no logra comprender la ilicitud de su comportamiento. Por ello, al referirse a los fines de las medidas de seguridad, esta corporación ha señalado que éstas “no tienen como fin la retribución por el hecho antijurídico, sino la prevención de futuras y eventuales violaciones de las reglas de grupo. La prevención que aquí se busca es la especial. De acuerdo con este objetivo se conforma su contenido. Otra cosa es que, por su carácter fuertemente aflictivo, también tenga efectos intimidatorios”(68). En razón de lo anterior, al estudiar la constitucionalidad de disposiciones que fijaban términos mínimos y máximos indeterminados de duración para las medidas de seguridad, esta corporación señaló:
“El tiempo de internación del inimputable no depende de la duración prevista en el tipo penal respectivo sino de la duración que tome el tratamiento. Ahora bien, la rehabilitación siquiátrica no tiene topes mínimos de duración, sino que depende en cada caso del tratamiento científico pertinente. Es por ello que no se compadece con la preceptiva constitucional, particularmente con el valor y derecho a la libertad, el internar a un inimputable más tiempo del estrictamente necesario para lograr su rehabilitación. De allí la inconstitucionalidad de los plazos mínimos establecidos en los tres artículos estudiados”(69).
Adicionalmente, en la mencionada providencia(70), la cual constituye un precedente relevante para resolver el problema jurídico planteado, esta corporación concluyó:
e) La suspensión condicional de las medidas de seguridad —sin exceder los topes máximos—, es constitucional porque a veces la rehabilitación mental no es absoluta y total sino relativa y gradual”.
Cabe señalar que los inimputables pertenecen al grupo de las personas en condición de discapacidad física, sensorial y psíquica y, por lo tanto, el trato que la sociedad y el Estado debe dispensarles no es el de “igual consideración y respeto” sino el de “especial consideración, respeto y atención” (C.P., art. 47), precisamente por su misma condición y en obedecimiento a los principios de respeto a la dignidad humana y de solidaridad, sobre los cuales se edifica el Estado social de derecho (C.P., art. 1º). En ese contexto, la disposición acusada, al sujetar la duración de la medida de seguridad al término previsto para la pena impone a los inimputables una injusta y prolongada privación de su libertad (C.P., art. 28), en los casos en los que el tratamiento que estos requieren dura menos que la pena establecida.
Adicional a lo anterior, se advierte que la medida que prevé la norma acusada no resulta idónea para lograr el fin buscado por el legislador(71), toda vez que, aunque puede evitar que falsos inimputables se beneficien con sanciones menos severas, no garantiza que deje de existir impunidad, entendida como la ausencia de castigo para el autor de un delito. Así mismo, dicha medida no desestimula la realización de la conducta de lesiones con agentes químicos, acido y/o sustancias similares por parte de los inimputables, pues dicha condición no les permite comprender la ilicitud de su comportamiento, ni determinarse según esa comprensión. Por consiguiente, tampoco les permite entender los efectos de la norma acusada.
De igual manera, la Sala encuentra que dicha medida no es necesaria, pues el ordenamiento jurídico ya ha tipificado conductas como fraude procesal, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio para evitar que los imputables defrauden a la justicia. Así mismo, porque la declaratoria de inimputabilidad del acusado debe estar fundamentada no solo en el dictamen del perito que evalúa su capacidad de comprensión y autodeterminación al momento de cometer el hecho típico y antijurídico sino en todos los elementos materiales probatorios que el juez considere necesarios para poder establecer la magnitud del desequilibrio, la coetaneidad con el hecho realizado y el nexo causal que permita vincular inequívocamente el trastorno sufrido a la conducta ejecutada(72).
1 Sentencia C-370 de 2002.
2 Según la exposición de motivos del artículo 1º de la Ley 1773 de 2016.
3 Intervención de la Universidad Javeriana.
4 Cfr., Intervenciones de la Universidad Javeriana y de la Corporación Excelencia en la Justicia.
5 Intervención de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
6 Intervención de la Corporación Excelencia en la Justicia.
7 Intervención del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
8 Intervención de la Corporación Excelencia en la Justicia.
11 Tesis de la Universidad Javeriana.
12 Ministerio del Interior y Universidad Libre.
13 Ver Sentencias C-600 de 2010 y C-744 de 2001.
14 Ver Sentencias C-960 de 2014 y C-462 de 2013.
15 C-310 de 2002.
18 Sobre el particular se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-559 de 1999, C-840 de 2000, C-226 de 2002, C-420 de 2002, C-762 de 2002, C-205 de 2003, C-247 de 2004 y C-034 de 2005.
19 Cabe Destacar que, como lo ha dicho esta Corte, la política criminal del Estado no se agota en el ejercicio de su poder punitivo. En la Sentencia C-646-01, este Tribunal definió en un sentido amplio el concepto de política criminal y la amplia gama de medidas que comprendía. Dijo sobre el particular: “Dada la multiplicidad de intereses, bienes jurídicos y derechos que requieren protección, la variedad y complejidad de algunas conductas criminales, así como los imperativos de cooperación para combatir la impunidad y la limitación de los recursos con que cuentan los Estados para responder a la criminalidad organizada, es apropiado definir la política criminal en un sentido amplio. Es ésta el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Dicho conjunto de respuestas puede ser de la más variada índole. Puede ser social, como cuando se promueve que los vecinos de un mismo barrio se hagan responsables de alertar a las autoridades acerca de la presencia de sucesos extraños que puedan estar asociados a la comisión de un delito. También puede ser jurídica, como cuando se reforman las normas penales. Además, puede ser económica, como cuando se crean incentivos para estimular un determinado comportamiento o desincentivos para incrementarles los costos a quienes realicen conductas reprochables. Igualmente puede ser cultural, como cuando se adoptan campañas publicitarias por los medios masivos de comunicación para generar conciencia sobre las bondades o consecuencias nocivas de un determinado comportamiento que causa un grave perjuicio social. Adicionalmente pueden ser administrativas, como cuando se aumentan las medidas de seguridad carcelaria. Inclusive pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la prueba de un hecho constitutivo de una conducta típica”.
20 C-468 de 2009.
21 Sentencia C-420 de 2002.
22 Sentencia C-468 de 2009.
23 Sentencia C-489 de 2002.
24 Ver sentencias C-225 de 1995, C-368 de 2000, C-177 de 2001 y C-226 de 2002.
25 Sentencia C-489 de 2002.
26 En este sentido, Mario Romano, Merecimiento de Pena, Necesidad de Pena y Teoría del Delito, en Fundamentos de un Sistema Europeo de Derecho Penal. José María Bosch, ed. Barcelona 1995. En ese mismo volumen pueden examinarse también ensayos de diversos autores alrededor de los conceptos de merecimiento de la pena y necesidad de la pena y de sus relaciones con la estructura del delito.
27 Sentencia C-1404 de 2000.
28 Sentencia C-038 de 1995. Fundamento 4.
29 Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-013 de 1997, C-840 de 2000 y C- 034 de 2005.
30 Sentencia C-070 de 1996.
31 Ver Sentencia C-226 de 2002.
32 Sentencia C-420 de 2002.
33 Sentencia C-239 de 1997. Ver también, entre otras, la Sentencia C-425 de 1997.
34 Código Penal. ART. 33.—Inimputabilidad. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez sicológica, trastorno mental o estados similares.
35 Sentencia C-176 de 1993.
36 Código Penal, Artículo 4º.
37 Código Penal, Artículo 5º.
38 Sentencia C-176 de 1993.
39 “ART. 33.—Inimputabilidad. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez sicológica, trastorno mental o estados similares.
40 Instituto Nacional de Medicina Legal. “Guía para la Realización de Pericias Psiquiátricas Forenses sobre Capacidad de Comprensión y Autodeterminación”.
41 Sotomayor Acosta Juan, “Inimputabilidad y Sistema Penal”. Temis 1996; Velásquez, Velásquez Fernando “Derecho Penal Parte General”. Temis 1979; Calderón Cadavid Leonel “La inimputabilidad en el Derecho Penal y en el Procedimiento. Temis 1966.
42 Artículo 33 del Código Penal, Ley 599 de 2000: “…No será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental”. El término trastorno mental preordenado, se refiere a una alteración provocada por el agresor para realizar o facilitar un acto ilícito; generalmente, se trata de intoxicaciones agudas, por alcohol u otra sustancia embriagante. Si bien es posible considerar esta figura desde lo teórico, en la práctica forense es muy difícil de establecer, ya que, si un individuo se trastorna voluntariamente para cometer un ilícito y realmente logra trastornarse, entonces cuando esté trastornado no tendrá las capacidades mentales superiores para realizar el acto que planeaba realizar y si lo realiza es porque no se encontraba trastornado. Probablemente su existencia práctica solo puede predicarse para los delitos de omisión, en los que es posible alcanzar el resultado precisamente por el compromiso de las funciones mentales superiores. Instituto Nacional de Medicina Legal. “Guía para la Realización de Pericias Psiquiátricas Forenses sobre Capacidad de Comprensión y Autodeterminación”.
43 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia: febrero 14 de 2002, Referencia Expediente 11188.
44 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia: junio 8 de 2000. Radicado 12565).
45 Instituto Nacional de Medicina Legal. “Guía para la Realización de Pericias Psiquiátricas Forenses sobre Capacidad de Comprensión y Autodeterminación”
46 Jiménez Rojas, Iván. “El diagnóstico psiquiátrico forense en Inimputabilidad”. En “Revista Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”, Vol. 18 No. 1, 2004.
47 Instituto Nacional de Medicina Legal. “Guía para la Realización de Pericias Psiquiátricas Forenses sobre Capacidad de Comprensión y Autodeterminación”
48 Artículo 33 del Código Penal.
49 Organización Mundial de la Salud. “Guía de Bolsillo de la Clasificación CIE-10. Clasificación de los Trastornos Mentales y del Comportamiento”. Madrid: Panamericana; 2000.
50 American Psychiatric Association. “DSM-IV. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales”. Madrid: Masson; 1995.
51 Instituto Nacional de Medicina Legal. “Guía para la Realización de Pericias Psiquiátricas Forenses sobre Capacidad de Comprensión y Autodeterminación”
52 Según la Real Academia Española, Recidiva significa: “Reaparición de una enfermedad algún tiempo después de padecida”.
55 Código Penal, artículo 70.
56 Código Penal, artículo 71.
57 Código Penal, artículo 72.
58 Código Penal, artículo 74.
59 Código Penal, artículo 75.
60 Código Penal, artículo 76.
61 Código Penal, artículo 81.
62 Código Penal, artículo 79.
63 Código Penal, artículo 78.
64 Gaceta 366 de 2014.
65 Sentencia C-1404 de 2000.
66 Código Penal. ART. 33.—Inimputabilidad. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez sicológica, trastorno mental o estados similares.
67 Ver las sentencias T-401 de 1992, C-176 de 1993 y C-358 de 1997.
68 Sentencia C-176 de 1993, fundamento 5.2.
69 Sentencia C-176 de 1993, fundamento 6.2.
71 “Por último, se consagran dos parágrafos en el artículo; el primero establece que la medida de seguridad, en caso de ser procedente de acuerdo a las valoraciones del caso, no puede ser inferior que la pena. Esta aclaración busca evitar la impunidad, frecuente en la mayoría de ataques con ácidos, cuando el victimario busca acceder a beneficios, como la sustitución de la pena, valiéndose de maniobras fraudulentas para que los dictámenes determinen su inimputabilidad”.
72 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia: junio 8 de 2000. Radicado 12565.

References: ARTÍCULO 116
 resolución 
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 artículo 34
 artículo 1
 artículo 116
 artículo 1
 artículo 116
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 artículo 116
 artículo 1
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 Artículo 4
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 Artículo 33
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