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Timestamp: 2019-08-18 18:57:15+00:00

Document:
diariolaley - Documento Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 1007/2019 de 8 Jul. 2019, Rec. 1966/2018
S TS 8/7/2019
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Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 1007/2019 de 8 Jul. 2019, Rec. 1966/2018
Nº de Sentencia: 1007/2019
Nº de Recurso: 1966/2018
LA LEY 99011/2019
El TS confirma la sanción al IVIMA por publicar datos personales de los inquilinos en el proceso de venta de vivienda pública
INTERÉS CASACIONAL. PROTECCIÓN DE DATOS. Sanción por la publicación de datos personales de los arrendatarios de viviendas propiedad del IVIMA en el marco del procedimiento para su enajenación. Conducta desproporcionada que excedió de lo necesario para cumplir las previsiones de publicidad y transparencia del art. 140 LPAP. La difusión en abierto de los datos personales de los afectados que no resulten imprescindibles para el ejercicio de funciones públicas en los supuestos de venta de inmuebles litigiosos regulados en la LPAP queda sujeta a la LOPD y exige el consentimiento previo de los afectados.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de interés casacional contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó la sanción impuesta al IVIMA por una infracción grave de la LOPD, al publicar datos personales sin el consentimiento de los interesados en el procedimiento de enajenación de viviendas.
Sentencia núm. 1.007/2019
Número del procedimiento: 1966/2018
R. CASACION núm.: 1966/2018
Sentencia núm. 1007/2019
Esta Sala ha visto el recurso de casación registrado bajo el número RCA/1966/2018, interpuesto por el letrado de la COMUNIDAD DE MADRID contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 1 de diciembre de 2017 (LA LEY 190291/2017), que desestimó el recurso contencioso-administrativo número 1558/2015 , formulado contra la resolución del Director de la Agencia de Protección de Datos de 16 de abril de 2015, que declara que el Instituto de la Vivienda de Madrid (Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid), ha infringido lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LA LEY 4633/1999) , tipificada como grave en el artículo 44.3 d) de la citada Ley Orgánica.
Han sido partes recurridas la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado, y don José Y OTROS, representados por la procuradora doña Silvia de la Fuente Bravo, asistida del letrado don Wilmber Edegardo Torres Ramírez.
PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo número 1558/2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó sentencia el 1 de diciembre de 2017 , cuyo fallo dice literalmente:
" 1. Cuando las infracciones a que se refiere el articulo 44 fuesen cometidas en ficheros de titularidad pública o en relación con tratamientos cuyos responsables lo serían de ficheros de dicha naturaleza, el órgano sancionador dictará una resolución estableciendo las medidas que procede adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción...
SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó el letrado de la COMUNIDAD DE MADRID recurso de casación, que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional tuvo por preparado mediante Auto de 8 de marzo de 2018 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
TERCERO.- Recibidas las actuaciones y personadas las partes, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dictó Auto el 15 de octubre de 2018 , cuya parte dispositiva dice literalmente:
2.º) Declarar que las cuestiones planteadas en el recurso que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consisten, en determinar si los artículos 140 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LA LEY 1671/2003) ; y artículo 49.3 de la Ley 3/2001, de 26 de junio (LA LEY 1112/2001), de Patrimonio de la Comunidad de Madrid , en el ámbito de un procedimiento de enajenación por la Administración de bienes inmuebles litigiosos pueden constituir una excepción al consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, exigido como regla general por el artículo 6.1 y 2 de la Ley Orgánica 18/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal , en el caso de las personas que son parte en el litigio que afecta al bien que se pretende enajenar; y si la difusión en los pliegos de contratación en una página web de la Administración de los nombres y apellidos de dichas personas resulta adecuado y pertinente para la finalidad del procedimiento de enajenación, en los términos del artículo 4.1 de la misma Ley Orgánica.
3.º) Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación: los artículos 4.1 (LA LEY 4633/1999) y 6, apartados 1 y 2 de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LA LEY 4633/1999) ; el artículo 140 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LA LEY 1671/2003) ; y el artículo 49.3 de la Ley 3/2001, de 26 de junio (LA LEY 1112/2001), de Patrimonio de la Comunidad de Madrid .
CUARTO.- Por diligencia de ordenación de 29 de octubre de 2018, se acuerda que, recibidas las presentes actuaciones procedentes de la Sección Primera de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y una vez transcurra el plazo de treinta días que el artículo 92.1 de la Ley de esta Jurisdicción establece para la presentación del escrito de interposición del recurso de casación, se acordará. El letrado de la COMUNIDAD DE MADRID presentó escrito de interposición del recurso de casación el 11 de diciembre de 2018, en el que tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:
QUINTO.- Por Providencia de 12 de diciembre de 2018, se tiene por interpuesto recurso de casación, y se acuerda dar traslado del escrito de interposición a las partes recurridas y personadas, la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y don José Y OTROS, para que puedan oponerse al recurso en el plazo de treinta días, lo que efectuaron con el siguiente resultado:
Por Otrosí Primero manifiesta que no es imprescindible la vista recogida en el artículo 92.6 LJCA (LA LEY 2689/1998) .".
SEXTO.- Por providencia de 4 de junio de 2019, se designa Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señala para la vista pública de este recurso, el día 2 de julio de 2019, fecha en que tuvo lugar el acto, prosiguiendo a continuación la deliberación.
PRIMERO.- Sobre el objeto y el planteamiento del recurso de casación: El asunto litigioso y la sentencia impugnada dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 1 de diciembre de 2017 (LA LEY 190291/2017) .
El recurso de casación que enjuiciamos, interpuesto por el letrado de la COMUNIDAD DE MADRID, al amparo del artículo 86 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LA LEY 2689/1998) , en la redacción introducida por la disposición final de la Ley Orgánica 772015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985), tiene por objeto la pretensión de que se revoque la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 1 de diciembre de 2017 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo formulado contra la resolución del Director de la Agencia de Protección de Datos de 16 de abril de 2015, que declara que el Instituto de la Vivienda de Madrid (Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid), ha infringido lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LA LEY 4633/1999) , tipificada como grave en el artículo 44.3 d) de la citada Ley Orgánica.
El recurso de casación se fundamenta en la infracción del artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LA LEY 4633/1999) , pues - según se expone- no es sencillo imaginar un supuesto tan claro de excepción al consentimiento del interesado, en la medida que el artículo 140 de la Ley 33/2003 (LA LEY 1671/2003), de 26 de junio, de Patrimonio de las Administraciones Públicas , dispone que "en el caso de venta por concurso o por subasta, en el pliego de bases se hará mención expresa detallada del objeto, partes y referencia del litigio concreto que afecta al bien".
SEGUNDO.- Sobre el marco normativo aplicable y la doctrina jurisprudencial que resulta relevante para resolver el recurso de casación.
Antes de abordar las cuestiones jurídicas planteadas por la parte recurrente, respecto de si, en los supuestos de enajenación por la Administración de bienes inmuebles litigiosos de su patrimonio, constituye una excepción al consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, según se infiere de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LA LEY 1671/2003) ; y el artículo 49.3 de la Ley 3/2001, de 26 de junio (LA LEY 1112/2001), de Patrimonio de la Comunidad de Madrid , procede recordar el marco jurídico aplicable, así como la doctrina jurisprudencial formulada respecto del alcance y límites del derecho a la protección de datos de carácter personal.
En el artículo 18.4 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1978 (LA LEY 2500/1978) se establece que "la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos".
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LA LEY 4633/1999) traspone a nuestro Derecho la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 (LA LEY 5793/1995), relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
El artículo 4 de la citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (LA LEY 4633/1999) , bajo la rúbrica "Calidad de datos", establece:
El artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (LA LEY 4633/1999) , bajo la rúbrica "Consentimiento del afectado", dispone:
Por su parte, el artículo 46 de la citada Ley Orgánica 15/1999 (LA LEY 4633/1999) , dispone:
El artículo 42 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LA LEY 10868/2007) , regula el perfil del contratante en los siguientes términos:
El artículo 140 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LA LEY 1671/2003) , bajo la rúbrica "Enajenación de inmuebles litigiosos", dispone:
El artículo 49.1 de la Ley 3/2001, de 21 de junio (LA LEY 1137/2001), de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Madrid , bajo la rúbica "Enajenación de bienes y derechos a título oneroso", establece:
El artículo 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (LA LEY 6/1957) prescribe:
El artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (LA LEY 12415/2007) , bajo la rúbrica "Protección de datos de carácter personal", dispone:
La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 (LA LEY 5793/1995), relativa a la protección de las personas físicas en lo que respeta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en la Sección dedicada a enunciar los principios relativos a la legitimación del tratamiento de datos, establece:
El Tribunal Constitucional, en la sentencia 254/1993, de 20 de julio (LA LEY 2282-TC/1993) , ha interpretado que el derecho a la protección de los datos personales es un derecho independiente que protege el derecho a la libertad frente a las potenciales vulneraciones del derecho a la dignidad humana o el derecho al honor y a la intimidad provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento de datos mecanizados, y que tiene un contenido punitivo en forma de derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona:
"[...] Dispone el art. 18.4 C.E (LA LEY 2500/1978) . que "la Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos". De este modo, nuestra Constitución ha incorporado una nueva garantía constitucional, como forma de respuesta a una nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y a los derechos de la persona, de forma en último término no muy diferente a como fueron originándose e incorporándose históricamente los distintos derechos fundamentales. En el presente caso estamos ante un instituto de garantía de otros derechos, fundamentalmente el honor y la intimidad, pero también de un instituto que es, en sí mismo, un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos, lo que la Constitución llama "la informática".
Un primer elemento, el más "elemental", de ese contenido, es, sin duda, negativo, respondiendo al enunciado literal del derecho: El uso de la informática encuentra un límite en el respeto al honor y la intimidad de las personas y en el pleno ejercicio de sus derechos. Ahora bien, la efectividad de ese derecho puede requerir inexcusablemente de alguna garantía complementaria, y es aquí donde pueden venir en auxilio interpretativo los tratados y convenios internacionales sobre esta materia suscritos por España. Pues, como señala el Ministerio Fiscal, la garantía de la intimidad adopta hoy un contenido positivo en forma de derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona. La llamada "libertad informática" es, así, también, derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un programa informático ( habeas data ).
Toda la información que las Administraciones Públicas recogen y archivan, ha de ser necesaria para el ejercicio de las potestades que les atribuye la Ley, y ha de ser adecuada para las legítimas finalidades previstas por ella, como indicamos en la STC 110/1984 (LA LEY 353-TC/1985) , especialmente fundamentos jurídicos 3.º y 8.º, pues las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión que proclama el art. 20 C.E (LA LEY 2500/1978) . ( STC 185/1989 (LA LEY 3275/1989) , fundamento jurídico 4.º 4, y ATC 19/1993 ). Los datos que conservan las Administraciones son utilizados luego por sus distintas autoridades y organismos en el desempeño de sus funciones, desde el reconocimiento del derecho a prestaciones sanitarias o económicas de la Seguridad Social hasta la represión de las conductas ilícitas, incluyendo cualquiera de la variopinta multitud de decisiones con que los poderes públicos afectan la vida de los particulares.
Esta constatación elemental de que los datos personales que almacena la Administración son utilizados por sus autoridades y sus servicios impide aceptar la tesis de que el derecho fundamental a la intimidad agota su contenido en facultades puramente negativas, de exclusión. Las facultades precisas para conocer la existencia, los fines y los responsables de los ficheros automatizados dependientes de una Administración pública donde obran datos personales de un ciudadano son absolutamente necesarias para que los intereses protegidos por el art. 18 C.E (LA LEY 2500/1978) ., y que dan vida al derecho fundamental a la intimidad, resulten real y efectivamente protegidos. Por ende, dichas facultades de información forman parte del contenido del derecho a la intimidad, que vincula directamente a todos los poderes públicos, y ha de ser salvaguardado por este Tribunal, haya sido o no desarrollado legislativamente (STC 11/1981 (LA LEY 6328-JF/0000) , fundamento jurídico 8.º, y 101/1991 , fundamento jurídico 2.º).".
En la precedente sentencia constitucional 94/1998, de 4 de mayo (LA LEY 6129/1998), se afirmaba, en este mismo sentido, que el derecho fundamental a la protección de los datos personales garantiza a la persona el control sobre sus datos, cualesquiera datos personales, y sobre su uso y destino, para evitar el tráfico ilícito de los mismos o lesivo para la dignidad y los derechos de los afectados; de esta forma, el derecho a la protección de datos se configura como una facultad del ciudadano para oponerse a que determinados datos personales sean usados para fines distintos a aquél que justificó su obtención.
"[...] el art. 18.4 CE (LA LEY 2500/1978) contiene, en los términos de la STC 254/1993 (LA LEY 2282-TC/1993) , un instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno disfrute de los restantes derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo "un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos, lo que la Constitución llama la informática", lo que se ha dado en llamar "libertad informática" (...) Este derecho fundamental a la protección de datos, a diferencia del derecho a la intimidad del art. 18.1 CE (LA LEY 2500/1978) , con quien comparte el objetivo de ofrecer una eficaz protección constitucional de la vida privada personal y familiar, atribuye a su titular un haz de facultades que consiste en su mayor parte en el poder jurídico de imponer a terceros la realización u omisión de determinados comportamientos cuya concreta regulación debe establecer la Ley, aquella que conforme al art. 18.4 CE (LA LEY 2500/1978) debe limitar el uso de la informática, bien desarrollando el derecho fundamental a la protección de datos ( art. 81.1 CE (LA LEY 2500/1978) ), bien regulando su ejercicio ( art. 53.1 CE (LA LEY 2500/1978) ). La peculiaridad de este derecho fundamental a la protección de datos respecto de aquel derecho fundamental tan afín como es el de la intimidad radica, pues, en su distinta función, lo que apareja, por consiguiente, que también su objeto y contenido difieran (...)
[...] De este modo, el objeto de protección del derecho fundamental a la protección de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque su objeto no es sólo la intimidad individual, que para ello está la protección que el art. 18.1 CE (LA LEY 2500/1978) otorga, sino los datos de carácter personal. Por consiguiente, también alcanza a aquellos datos personales públicos, que por el hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado porque así lo garantiza su derecho a la protección de datos. También por ello, el que los datos sean de carácter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo.".
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, interpretando la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 (LA LEY 5793/1995), relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en la sentencia de 13 de mayo de 2014, (asunto C-131/12 (LA LEY 51150/2014) ) ha señalado que el tratamiento de datos personales efectuado por el gestor de un motor de búsqueda de internet puede afectar significativamente a los derechos fundamentales de respeto a la vida privada y la protección de los datos personales cuando la búsqueda se lleva a cabo a partir del nombre de una persona física, toda vez que dicho tratamiento permite a cualquier interesado conocer mediante la lista de resultados la visión estructurada de la información relativa a esa persona en internet, que afecta potencialmente a una multitud de aspectos de su vida privada. El Tribunal de Justicia mantiene que, la supresión de vínculos de la lista de resultados a partir del nombre de la persona física afectada por la difusión de la noticia podría tener repercusión en el interés legítimo de los internautas interesados potencialmente en tener acceso a la información en cuestión, por lo que es necesario buscar un justo equilibrio entre este interés y el derecho fundamental de la persona afectada con arreglo a los artículos 7 (LA LEY 12415/2007) y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (LA LEY 12415/2007) .
En la sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo 796/2016, de 1 de marzo de 2016 (R 908/2015 (LA LEY 9912/2016) ), se sostiene:
"[...] Los datos que se incluyan en estos registros de morosos han de ser ciertos y exactos. Pero no basta con el cumplimiento de esos requisitos para satisfacer las exigencias del principio de calidad de los datos en este tipo de registros. Hay datos que pueden ser ciertos y exactos sin ser por ello pertinentes, pues no son determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados. Las sentencias de esta Sala 13/2013, de 29 de enero , 672/2014, de 19 de noviembre , y 740/2015, de 22 de diciembre (LA LEY 196612/2015) , realizan algunas consideraciones generales sobre esta cuestión, al declarar que la LOPD descansa en principios de prudencia, ponderación y sobre todo, de veracidad, de modo que los datos objeto de tratamiento deben ser auténticos, exactos, veraces y deben estar siempre actualizados, y por ello el interesado tiene derecho a ser informado de los mismos y a obtener la oportuna rectificación o cancelación en caso de error o inexactitud, y en cuanto a obligaciones dinerarias se refiere, la deuda debe ser además de vencida y exigible, cierta, es decir, inequívoca, indudable, siendo necesario además el previo requerimiento de pago; por tanto no cabe inclusión de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio, bastando para ello que aparezca un principio de prueba documental que contradiga su existencia o certeza". Si la deuda es objeto de controversia, porque el titular de los datos considera legítimamente que no debe lo que se le reclama y la cuestión está sometida a decisión judicial o arbitral, la falta de pago no es indicativa de la insolvencia del afectado. Puede que la deuda resulte finalmente reconocida, en todo o en parte, por la sentencia o el laudo arbitral y por tanto pueda considerarse como un dato veraz. Pero no era un dato pertinente y proporcionado a la finalidad del fichero automatizado, porque este no tiene por finalidad la simple constatación de las deudas, sino la solvencia patrimonial de los afectados. Por ello solo es pertinente la inclusión en estos ficheros de aquellos deudores que no pueden o no quieren, de modo no justificado, pagar sus deudas, pero no aquellos que legítimamente están discutiendo con el acreedor la existencia y cuantía de la deuda.".
En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014 (Asunto C-131/12 (LA LEY 51150/2014) ), se expone de forma clara cuáles son los compromisos y las obligaciones que adquieren los Estados miembros de la Unión Europea para proteger de forma eficaz el derecho a la intimidad de los ciudadanos frente al tratamiento mecanizado de sus datos personales, a la luz de la Carta de Derechos Fundamentales y de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 (LA LEY 5793/1995), relativa a la protección de las personas físicas en lo que respeta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en los siguientes términos:
"66 Con carácter previo, procede recordar que, como se desprende de su artículo 1 (LA LEY 5793/1995) y de su considerando 10, la Directiva 95/46 (LA LEY 5793/1995) tiene por objeto garantizar un nivel elevado de protección de las libertades y los derechos fundamentales de las personas físicas, sobre todo de su vida privada, en relación con el tratamiento de datos personales (véase, en este sentido, la sentencia IPI, EU:C:2013:715 , apartado 28).
67 Según el considerando 25 de la Directiva 95/46 (LA LEY 5793/1995), los principios de la protección que ésta establece tienen su expresión, por una parte, en las distintas obligaciones que incumben a las personas que efectúen tratamientos -obligaciones relativas, en particular, a la calidad de los datos, la seguridad técnica, la notificación a las autoridades de control y las circunstancias en las que se puede efectuar el tratamiento-, y, por otra parte, en los derechos otorgados a las personas cuyos datos sean objeto de tratamiento de ser informadas acerca de dicho tratamiento, de poder acceder a los datos, de poder solicitar su rectificación o incluso de oponerse a su tratamiento en determinadas circunstancias.
68 El Tribunal de Justicia ya ha declarado que las disposiciones de la Directiva 95/46 (LA LEY 5793/1995), en la medida en que regulan el tratamiento de datos personales que pueden atentar contra las libertades fundamentales y, en particular, contra el derecho a la intimidad, deben ser interpretadas a la luz de los derechos fundamentales que, según reiterada jurisprudencia, forman parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia y que están actualmente recogidos en la Carta (véanse, en particular, las sentencias Connolly/Comisión, C-274/99 P, EU:C:2001:127 , apartado 37, y Österreichischer Rundfunk y otros, EU:C:2003:294 , apartado 68).
69 De este modo, el artículo 7 de la Carta garantiza el respecto de la vida privada, mientras que el artículo 8 de la Carta proclama expresamente el derecho a la protección de los datos personales. Los apartados 2 y 3 de este último precisan que estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley, que toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernan y a obtener su rectificación y que el respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente. Aplican estos requisitos, en particular, los artículos 6 (LA LEY 5793/1995) , 7 (LA LEY 5793/1995) , 12 (LA LEY 5793/1995) , 14 (LA LEY 5793/1995) y 28 de la Directiva 95/46 (LA LEY 5793/1995) .
70 En relación con el artículo 12, letra b), de la Directiva 95/46 (LA LEY 5793/1995) , éste dispone que los Estados miembros garantizarán a todos los interesados el derecho de obtener del responsable del tratamiento, en su caso, la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se ajuste a las disposiciones de la presente Directiva, en particular a causa del carácter incompleto o inexacto de los datos. Esta última aclaración, relativa al supuesto del incumplimiento de algunos requisitos recogidos en el artículo 6, apartado 1, letra d), de la Directiva 95/46 (LA LEY 5793/1995) , tiene carácter de ejemplo y no es taxativa, de lo que se desprende que la falta de conformidad del tratamiento, que puede ofrecer al interesado el derecho garantizado por el artículo 12, letra b), de dicha Directiva, puede también derivarse del incumplimiento de otros requisitos de legalidad impuestos por ésta al tratamiento de datos personales.
71 Sobre este particular, procede recordar que, no obstante las excepciones admitidas al amparo del artículo 13 de la Directiva 95/46 (LA LEY 5793/1995) , todo tratamiento de datos personales debe ser conforme, por una parte, con los principios relativos a la calidad de los datos, enunciados en el artículo 6 de dicha Directiva, y, por otra, con alguno de los principios relativos a la legitimación del tratamiento de datos, enumerados en el artículo 7 de la Directiva (véanse las sentencias Österreichischer Rundfunk y otros, EU:C:2003:294 , apartado 65; ASNEF y FECEMD, C-468/10 y C-469/10 , EU:C:2011:777 , apartado 26, y Worten, C-342/12 , EU:C:2013:355 , apartado 33).
TERCERO.- Sobre la cuestión que presenta interés casacional objetivo relativa a la interpretación del artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LA LEY 4633/1999) , en relación con lo dispuesto en el artículo 140 de las Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LA LEY 1671/2003) , y acerca del examen de las pretensiones deducidas al respecto.
La cuestión sobre la que esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo debe pronunciarse, con el objeto de la formación de jurisprudencia, se centra en dilucidar si, en el marco de un procedimiento de enajenación por la Administración de bienes inmuebles litigiosos, cabe prescindir del consentimiento del afectado, al dar publicidad al pliego de condiciones del concurso, que contiene determinados datos personales, por concurrir el presupuesto de aplicación de la excepción prevista en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LA LEY 4633/1999) .
En términos más precisos, debemos resolver si resulta legítimo prescindir del consentimiento del afectado en este caso, al tratarse de un supuesto en que la divulgación de datos de carácter personal identificativos de los nombres y apellidos de personas físicas está amparada formalmente por una ley ( artículo 140 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LA LEY 1671/2003) ), y la Administración considera que la difusión de esos datos es necesaria para el ejercicio de sus funciones propias en el ámbito de sus competencias, o si, por lo contrario cabe requerir el consentimiento inequívoco del mismo.
En el Auto de la Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2018 (LA LEY 145201/2018), se expone que la controversia jurídica que se suscita en este recurso de casación consiste en determinar si las cuestiones planteadas en el recurso que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consisten, en determinar si los artículos 140 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LA LEY 1671/2003) ; y artículo 49.3 de la Ley 3/2001, de 26 de junio (LA LEY 1112/2001), de Patrimonio de la Comunidad de Madrid , en el ámbito de un procedimiento de enajenación por la Administración de bienes inmuebles litigiosos pueden constituir una excepción al consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, exigido como regla general por el artículo 6.1 y 2 de la Ley Orgánica 18/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal , en el caso de las personas que son parte en el litigio que afecta al bien que se pretende enajenar.
A tal efecto, resulta pertinente poner de manifiesto que la respuesta jurisdiccional que demos a estas cuestiones comporta resolver si, tal como propugna el letrado de la Comunidad de Madrid, la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional impugnada ha infringido el apartado 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LA LEY 4633/1999) , en relación con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LA LEY 1671/2003) , y en el artículo 49.3 de la Ley 3/2001, de 21 de junio (LA LEY 1137/2001), de Patrimonio de la Comunidad de Madrid , al sostener que es conforme a Derecho la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos de 16 de abril de 2015, en virtud de la cual se declara que el Instituto de la Vivienda de Madrid (Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid) ha infringido lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LA LEY 4633/1999) , por cuanto no era necesario que se divulgaran los datos personales identificadores de los arrendatarios de bienes inmuebles litigiosos a través de la publicación del pliego de condiciones en el Boletín Oficial del Estado y en la página web de la Comunidad de Madrid.
Partiendo como premisa del marco normativo y de la doctrina jurisprudencial que hemos reseñado en el precedente fundamento jurídico, esta Sala, teniendo en cuenta las específicas circunstancias concurrentes en este supuesto, considera que el Tribunal de instancia ha realizado una interpretación razonable y lógica de los artículos 4 (LA LEY 4633/1999) y 6 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LA LEY 4633/1999) , que se revela acorde con los principios que informan dicha normativa que regula el tratamiento de datos personales con el objeto de que las autoridades públicas o las empresas o particulares responsables de ficheros automatizados respeten el derecho a la vida privada así como el derecho al honor y la intimidad, al dar prevalencia al derecho fundamental reconocido en el artículo 18.4 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) respecto de las reglas de publicidad establecidas en el procedimiento de contratación de las Administraciones Públicas.
En efecto, procede recordar que, según una doctrina consolidada del Tribunal Constitucional y de este Tribunal Supremo, toda la información de carácter personal de los ciudadanos que las Administraciones Públicas recoge y almacena, ha de ser estrictamente necesaria e imprescindible para el ejercicio de las potestades que le atribuya la ley y ha de ser, asimismo, adecuada para procurar alcanzar las legítimas finalidades previstas en las normas, de modo que las autoridades públicas son responsables de garantizar que no se divulguen datos personales que no sean absolutamente necesarios para el ejercicio de funciones públicas, con el objeto de preservar de forma real y efectiva los derechos fundamentales protegidos en el artículo 18 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) .
Cabe referir al respecto, que, según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LA LEY 4633/1999) , cuando el tratamiento de datos se realice a través de ficheros de titularidad pública, está sujeto a límites con la finalidad de garantizar el derecho fundamental consagrado en el artículo 18 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) , lo que determina que sólo puedan recogerse aquellos datos que sean pertinentes, adecuados y no excesivos.
En este sentido, estimamos que, tal como sostuvo el Tribunal sentenciador, en este supuesto la actuación del Instituto de la Vivienda de Madrid (Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid) fue contraria a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LA LEY 4633/1999) , ya que los datos personales que fueron difundidos a través de internet o bien eran inexactos, o innecesarios, en relación con el objeto y fines de la fase del procedimiento de contratación seguido.
Consideramos, al respecto, que l a conducta del Instituto de la Vivienda de Madrid fue desproporcionada, en la medida que la revelación de datos personales a través de la publicación de los pliegos de condiciones en el Boletín Oficial del Estado y en abierto en la página web de la Comunidad de Madrid, excedió de lo necesario para cumplir las previsiones de publicidad y transparencia establecidas en el artículo 140 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LA LEY 1671/2003) , puesto que podía haberse efectuado la divulgación de dicha información mediante el acceso telemático restringido a los licitadores en la segunda fase del procedimiento de contratación o en el momento de la adjudicación, cumpliendo de esa forma lo previsto en el artículo 49.3 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid .
Por ello, no compartimos la tesis argumental que desarrolla el letrado de la Comunidad de Madrid, respecto de que la conducta realizada por el Instituto de la Vivienda de Madrid tenía encaje legal en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LA LEY 4633/1999) , y en el artículo 140 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LA LEY 1671/2003) .
La difusión de datos personales en abierto, es decir, con acceso ilimitado, en una página web de la Administración Pública con ocasión de la tramitación de un procedimiento de contratación administrativa está sometida al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LA LEY 4633/1999), y, específicamente, al deber jurídico de tener que recabar el consentimiento de los afectados sobre la recogida y tratamiento de datos cuanto no se revelen imprescindibles, necesarios o pertinentes para el adecuado y regular ejercicio de las funciones públicas, al no poder interpretar de forma expansiva el supuesto de excepción previsto en el artículo 6.2 de la citada Ley Orgánica.
1.- El artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LA LEY 4633/1999) , debe interpretarse en el sentido de que en los supuestos de venta de bienes inmuebles litigiosos, por concurso o subasta, regulados en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LA LEY 1671/2003), es preciso que la Administración actuante recabe el consentimiento de las personas afectadas (titulares de derechos arrendaticios incursos en procedimiento judiciales), con carácter previo a proceder a publicar las bases de la convocatoria del concurso o el pliego de condiciones en abierto en la página web de la Administración correspondiente, cuando se incluyan además de la descripción física y jurídica del bien o derecho objeto de la venta, datos de carácter personal identificadores o susceptibles de identificar a las personas físicas afectadas, que no son necesarios o imprescindibles para el ejercicio de funciones públicas.
2.- La Administración Pública responsable del tratamiento de datos deberá cumplir con este deber jurídico, consistente en recabar el consentimiento del afectado en estos supuestos conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LA LEY 4633/1999) , para no incurrir en la infracción tipificada en el artículo 44.3 de la citada Ley Orgánica que considera infracción grave tratar los datos de carácter personal con conculcación de los principios y garantías establecidos en dicha ley.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 93.4 (LA LEY 2689/1998) y 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LA LEY 2689/1998) , no procede la imposición de las costas de casación a ninguna de las partes, manteniéndose el pronunciamiento de condena en costas a la Comunidad de Madrid efectuada en la sentencia de instancia.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido , tras fijar la doctrina jurisprudencial que hemos expuesto en el precedente fundamento jurídico tercero de esta sentencia, respecto de la interpretación aplicativa del artículo 6 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LA LEY 4633/1999) :
Primero.- Declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el letrado de la COMUNIDAD DE MADRID contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 1 de diciembre de 2017, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1558/2015 (LA LEY 190291/2017) .

References: resolución 
 artículo 6
 artículo 44
 resolución 
 artículo 49
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 140
 artículo 49
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 86
 resolución 
 artículo 6
 artículo 44
 artículo 6
 artículo 140
 artículo 140
 artículo 49
 artículo 18
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 46
 artículo 42
 artículo 140
 artículo 49
 artículo 16
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 7
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 artículo 12
 artículo 6
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 140
 artículo 6
 artículo 140
 artículo 49
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 140
 artículo 49
 resolución 
 artículo 6
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 46
 artículo 18
 artículo 4
 artículo 140
 artículo 49
 artículo 6
 artículo 140
 artículo 6
 artículo 6
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 artículo 44
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