Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/5204
Timestamp: 2020-06-05 01:04:30+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 199/2004
SENTENCIA 199/2004, de 15 de noviembre
ECLI:ES:TC:2004:199
c) Contra la anterior resolución el actor interpuso reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, que fue desestimada mediante nueva Resolución de 6 de abril de 2000. En dicha resolución, tras advertir que se solicitaba la pensión como pareja de hecho conviviente, se deniega la pensión por falta de acreditación de la condición de "cónyuge legítimo" al no haber presentado el recurrente certificación de la inscripción de su matrimonio cuando, de acuerdo con la normativa aplicable en el momento del matrimonio (Ley de Registro Civil de 8 de junio de 1957 y su Reglamento de aplicación, de 14 de noviembre de 1958) son los asientos de dicho Registro la prueba de los hechos inscritos y sólo, en caso de falta de inscripción, se admiten otros medios de prueba cuando, previa o simultáneamente, se hubiera instado la inscripción omitida, estando obligados a promover la misma, entre otros, los propios contrayentes. La falta de inscripción, a juicio de la resolución, impide entender vulnerado el principio de igualdad al no ser realidades equivalentes la convivencia extramatrimonial y el matrimonio.
La Sentencia comienza afirmando que "en el caso que ahora nos ocupa está acreditada la relación matrimonial que vinculaba al actor con la funcionaria pretendidamente causante de la pensión, en virtud de los documentos obrantes en el expediente administrativo, así como la falta de inscripción en el Registro Civil, por lo que toda la cuestión planteada se reduce a determinar si el actor tiene o no derecho al percibo de pensión de viudedad, teniendo en cuenta que no ha procedido a la inscripción de su matrimonio con doña Alicia Luna Muñoz en el Registro Civil español" (fundamento de Derecho 2).
A continuación, recuerda que el art. 38 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de clases pasivas del Estado, dispone de forma textual que "tendrán derecho a la pensión de viudedad quienes sean o hayan sido cónyuges legítimos del causante de los derechos pasivos" y que es constante la doctrina constitucional que exige la existencia del vínculo matrimonial como presupuesto para acceder a la pensión de viudedad, no incurriendo en inconstitucionalidad alguna el establecimiento de consecuencias jurídicas distintas para situaciones no susceptibles de someterse a comparación, al no resultar cierta una "pretendida situación de igualdad entre aquellos que hubieran contraído matrimonio con arreglo al ordenamiento jurídico y quienes, en ejercicio de su libertad, han excluido de sus relaciones dicha institución o no la han cumplimentado legalmente en orden a sus efectos", con cita de las SSTC 184/1990, de 15 de noviembre y 30/1991, de 14 de febrero, doctrina que entiende trasladable al sistema de clases pasivas de los funcionarios públicos.
A partir de estas premisas la Sentencia afirma textualmente que en relación con la acreditación de la condición de "cónyuge legítimo", se ha de acudir "necesariamente a lo que dispone al respecto la Ley de Registro Civil de 8 de junio de 1957, en cuyo artículo 1 se determina que 'en el Registro Civil se inscribirán los hechos concernientes al estado civil de las personas y aquellos otros que determine la Ley', citándose expresamente el matrimonio en su número 9, y en el art. 2 se dice que 'el Registro Civil constituye la prueba de los hechos inscritos...', pudiendo solamente justificarse tales hechos con las correspondientes certificaciones que se expidan de sus asientos, con las formalidades legalmente establecidas; por lo que no puede acogerse en forma alguna la afirmación que se hace en el escrito de demanda en el sentido de que a falta de inscripción registral, cuando la unión conyugal ha sido pública y notoria, no puede privar de la pensión de viudedad, dado que la falta de inscripción no constituye un elemento esencial del matrimonio".
Por todo ello la Audiencia Nacional afirma que, de acuerdo con la normativa aplicable, es de "plena aplicabilidad al caso presente la doctrina constitucional expuesta incluso en cuanto, en este caso, el impedimento no consiste en no haber contraído matrimonio, sino en no inscribir el mismo en el Registro Civil por causa de una opción libremente ejercida, privándole de los efectos aquí pretendidos por imperativo legal claro y expreso".
10. El 22 de julio el Ministerio Fiscal registró escrito interesando la estimación del recurso de amparo. Tras precisar que se trata de un amparo mixto, entiende que una interpretación combinada de los arts. 61 CC y art. 70 de la Ley de Registro Civil ponen de manifiesto que los efectos civiles y económicos del matrimonio celebrado, sea en forma civil o en la religiosa reconocida por el Estado, se producen desde su celebración y si bien ambos preceptos señalan que "para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su inscripción en el Registro Civil" tal regulación no implica que la inscripción tenga efectos constitutivos. Desde la perspectiva de la legalidad ordinaria ambos preceptos revelan que los efectos del matrimonio operan desde el mismo momento de su celebración cumpliendo tan sólo la inscripción en el Registro, la función de constituir un medio de prueba frente a terceros de su existencia. Por ello la ausencia de inscripción no perjudica los derechos adquiridos de buena fe por terceros porque éstos, en la confianza que la publicidad del Registro les otorga, pueden llegar a desconocer la existencia de dicho matrimonio que, sin embargo, se ha podido celebrar pero que no figura inscrito. Interpretación que avala la propia Dirección General de los Registros y del Notariado cuando, en Resoluciones como la de 12 de febrero de 1994 ha declarado que la circunstancia de que el matrimonio no esté inscrito implicará una dificultad de prueba de su celebración y del pleno reconocimiento de sus efectos, pero que no puede provocar la grave consecuencia de estimar que el contrayente no está casado. Si los efectos de la inscripción están limitados a los meramente probatorios de la existencia de esta institución, se habrá de concluir, en su opinión, afirmando que el matrimonio, en este caso el canónico contraído por recurrente con su fallecida esposa, era perfectamente válido desde el momento de su celebración.
Desde el plano de estricta constitucionalidad el Ministerio público señala que no cabe apreciar la denuncia de desigualdad en la aplicación de la ley al no haberse aportado un término válido de comparación, bien porque el órgano judicial es diferente o de una jurisdicción distinta, y en que no se trata de idénticos supuestos por cuanto en ellos se analiza el reconocimiento de una pensión de viudedad con cargo a la seguridad social derivada del fallecimiento de un trabajador por cuenta ajena sujeto al régimen general correspondiente, mientras que en el supuesto de autos, lo que se solicita es de la pensión de viudedad de una empleada pública. Pero aduce que la queja puede reconducirse a los términos más genéricos de igualdad ante la ley, puesto que si todo matrimonio comienza su existencia en el momento de su celebración habrá de concluir que, como ocurre en el caso de autos, el matrimonio canónico contraído por el actor y su fallecida esposa es exactamente igual a cualquier otro matrimonio que ha tenido acceso al Registro Civil. Y es evidente por tanto que la pensión ha de ser reconocida conforme determina el Real Decreto Legislativo 670/1987 de 30 de abril a "quienes sean o hayan sido cónyuges legítimos del causante de los derechos pasivos", situación jurídica del actor, en cuanto cónyuge unido por vínculo matrimonial a su fallecida esposa, situación idéntica a cualesquiera otras personas, cuya situación aunque inscribiendo su matrimonio en el Registro, es igual en la configuración legal establecida: contraer matrimonio con la persona fallecida.
La pretensión que aquí se esgrime, como se comprueba, no es la de examinar si el matrimonio canónico no inscrito tiene o no eficacia (como ocurría en la STC 146/1987, de 24 de septiembre), lo que constituiría una pretensión de mera legalidad, sino si la equiparación realizada administrativa y judicialmente (matrimonio canónico no inscrito como situación asimilable a las parejas de hecho pero no al resto de matrimonios canónicos inscritos cuando se trata de valorar sus "efectos prestacionales") y el trato desigual que con ella se denuncia, resultan o no adecuados desde la perspectiva del art. 14 CE; valoración del canon de igualdad utilizado por las resoluciones que se impugnan (administrativas y judicial) que, por el contrario, sí es susceptible de ser examinado por este Tribunal (art. 41.3 LOTC).
Pues bien, antes de examinar el fondo del asunto debe recordarse que la norma que ha sido objeto de interpretación declara que "tendrán derecho a la pensión de viudedad quienes sean o hayan sido cónyuges legítimos del causante de los derechos pasivos". Es cierto que este Tribunal, a la hora de examinar esta misma exigencia en el ámbito de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena, ha declarado en numerosas ocasiones que la pensión de viudedad, entre otros requisitos, tiene como presupuesto la existencia de "vínculo matrimonial" entre el causante y la persona beneficiaria afirmando que tal exigencia no puede reputarse contraria al art. 14 CE al no ser situaciones equiparables la del matrimonio y la convivencia extramatrimonial, siendo por ello posible que el legislador, dentro de su amplísima libertad de decisión deduzca razonablemente consecuencias diferentes de la diferente situación de partida, lo que se extiende también a las pensiones de viudedad de suerte que dicha exigencia normativa no vulnera lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución.
Tal razonamiento constitucional resulta plenamente trasladable al ámbito que ahora nos ocupa (ATC 156/1987, de 11 de febrero, aunque en el marco de la Administración militar) de suerte que es posible afirmar que la norma que ha sido ahora objeto de interpretación judicial al vincular la prestación a la condición de "cónyuge legítimo" contempla, en efecto, dos situaciones diferentes -personas con vínculo matrimonial frente a las situaciones de convivencia extramatrimonial- a las que vincula dos efectos jurídicos diferentes: el otorgamiento o no de la pensión, sobre la base de que, además, se cumpla el resto de condicionantes legales. Diferenciación que también aquí resulta ajustada a las exigencias constitucionales al ser trasladable sin dificultad la doctrina contenida en la STC 184/1990, de 15 de noviembre, según la cual "no serán necesariamente incompatibles con el art. 39.1 CE, ni tampoco con el principio de igualdad, las medidas de los poderes públicos que otorgan un trato distinto y más favorable a la unión familiar que a otras unidades convivenciales, ni aquellas otras medidas que favorezcan el ejercicio del derecho constitucional a contraer matrimonio (art. 32.1 CE), siempre, claro es, que con ello no se coarte ni se dificulte irrazonablemente al hombre y la mujer que decidan convivir more uxorio" (FJ 2). Y ello porque "siendo el derecho a contraer matrimonio un derecho constitucional, cabe concluir que el legislador puede, en principio, establecer diferencias de tratamiento entre la unión matrimonial y la puramente fáctica y que, en concreto, la diferencia de trato en la pensión de viudedad entre cónyuges y quienes conviven de hecho sin que nada les impida contraer matrimonio no es arbitraria o carente de fundamento" (FJ 3). Argumentos reafirmados en esencia en la reciente Sentencia del Pleno 125/2003, de 19 de junio.
La primera de ellas es que el art. 38 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de clases pasivas del Estado, dispone de forma textual que "tendrán derecho a la pensión de viudedad quienes sean o hayan sido cónyuges legítimos del causante de los derechos pasivos". Como se comprueba, en puridad, la norma aplicada no contiene de modo expreso el requisito de la inscripción registral y aunque diferencia entre situaciones matrimoniales y convivencia de hecho, no lo hace de modo expreso entre matrimonios registrados y no registrados. La desigualdad que se denuncia en la demanda de amparo es por ello exclusiva consecuencia de una determinada interpretación de la Ley por parte de la Administración, que se considera razonable en vía judicial al dar por bueno el resultado que se tacha de discriminatorio o contrario al art. 14 CE.
La segunda es que tanto en las resoluciones administrativas como en la Sentencia impugnada se deja expresa y palmaria constancia de la existencia de un matrimonio celebrado válidamente, pero se afirma que para ostentar la condición de "cónyuge legítimo" es precisa la inscripción registral.
En efecto, el reconocimiento de la existencia de un vínculo matrimonial y la reducción del problema a los efectos derivados de su falta de inscripción constituyen realidades para las que no puede ser más gráfico el fundamento de Derecho 2 de la Sentencia impugnada cuando expone que "en el caso que ahora nos ocupa está acreditada la relación matrimonial que vinculaba al actor con la funcionaria pretendidamente causante de la pensión, en virtud de los documentos obrantes en el expediente administrativo, así como la falta de inscripción en el Registro Civil, por lo que toda la cuestión planteada se reduce a determinar si el actor tiene o no derecho al percibo de la pensión de viudedad". Esta idea se reitera en el fundamento de Derecho 4 cuando en él se afirma la "plena aplicabilidad al caso presente de la doctrina constitucional expuesta, incluso en cuanto, en este caso, el impedimento no consiste en no haber contraído matrimonio, sino en no inscribir el mismo en el Registro Civil por causa de una opción libremente ejercida, privándole de los efectos aquí pretendidos por imperativo legal claro y expreso".
6. En la medida en que el principio de igualdad en la Ley consiste en que, ante supuestos de hecho iguales, las consecuencias jurídicas que se extraigan deban ser, asimismo, iguales, el primer aspecto que ha de verificarse es si las situaciones que se comparan en la demanda de amparo reflejan un término adecuado y suficiente de comparación ya que, como hemos señalado en múltiples ocasiones, el juicio de igualdad es relacional y requiere como presupuesto "que las situaciones subjetivas que quieran traerse a la comparación sean, efectivamente, homogéneas o equiparables, es decir, que el término de comparación no resulte arbitrario o caprichoso (SSTC 148/1986, de 25 de noviembre, FJ 6; 29/1987, de 6 de marzo, FJ 5; 1/2001, de 15 de enero, FJ 3)" (STC 200/2001, de 4 de octubre, FJ 5). Debiéndose tener en cuenta que han de considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la introducción en uno de ellos de un elemento o factor que permita diferenciarlo del otro haya de considerarse falto de un fundamento racional y sea, en consecuencia, arbitrario, por no resultar necesario tal factor diferencial para la consecución del fin perseguido por el legislador (en este sentido, STC 200/2001, de 4 de octubre, FJ 5). Sobre estas bases debemos verificar si la interpretación realizada y el factor diferencial que en el presente caso se ha manejado (inscripción o no en el Registro Civil) resulta conforme con el art. 14 CE.
En el presente caso no cabe duda de que el matrimonio del recurrente, comparado con otro matrimonio canónico inscrito, es plenamente equiparable en su existencia, pues ambos existen como tal desde el momento de su válida celebración. Ante situaciones jurídicas idénticas, esto es, existencia de vínculo matrimonial como condición a la que la norma legal vincula una determinada consecuencia jurídica que ha sido considerada adecuada desde el prisma constitucional por este Tribunal, concluir que no se ha demostrado "la existencia de un matrimonio legítimo" por la falta de inscripción (Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central) o concluir que, pese a haber contraído matrimonio, no es aplicable el régimen jurídico derivado de éste como consecuencia de no inscribir el mismo en el Registro Civil (que es lo mismo que decir que la condición de cónyuge solo se adquiere con la inscripción en el Registro Civil), supone introducir una diferencia añadida, que en modo alguno puede calificarse de objetiva y razonable y que resulta desproporcionada al exceder dicho requisito de la finalidad de la norma prestacional.
En efecto, aun cuando la inscripción fuera susceptible de justificar ciertas diferencias entre matrimonios inscritos y no inscritos, cuestión que excede de nuestra competencia pues no nos corresponde delimitar el polémico debate doctrinal y jurisprudencial en torno al alcance entre "efectos" y "plenos" efectos civiles, lo cierto es que la normativa aplicada en el caso ahora enjuiciado es de carácter "prestacional" y exclusivamente exige haber sido "cónyuge legítimo" del causante de la pensión. Requerir la inscripción cuando se trata de un elemento que nada añade a la existencia de un "vínculo matrimonial" y considerar que la misma es definitoria del matrimonio legítimo y de la consideración de un "cónyuge" como "legítimo", provoca la creación de una desigualdad artificiosa y arbitraria por no estar fundada en criterios o juicios de valor generalmente aceptados. No se trata aquí de un problema de reconocimiento o falta de reconocimiento de un matrimonio celebrado bajo la normativa de un Estado ajeno al español, sino de un matrimonio válidamente celebrado de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico.
Considerar inexistente el matrimonio no inscrito y negar la condición de cónyuge a quien ha demostrado su válido vínculo matrimonial, pone de manifiesto que se otorga a la inscripción un valor constitutivo, lo que no resulta acorde a lo que expresamente establece el apartado 1 del art. 61 del Código civil, a la par que aboca a un resultado claramente desproporcionado como es la denegación de la pensión. Por consiguiente, si hemos declarado que "dos supuestos de hecho habrán de reputarse iguales si el elemento diferenciador carece de la suficiente relevancia y fundamento racional (por todas, SSTC 103/1983, 68/1990, 142/1990 y 114/1992)" (ATC 68/1996, de 25 de marzo), no nos queda sino afirmar, como hace el Ministerio Fiscal, que a estos efectos el matrimonio canónico contraído por el recurrente con su fallecida esposa es exactamente igual a cualquier otro matrimonio que haya tenido acceso al Registro Civil. Por lo que, cuando la Administración introduce un elemento generador de una desigualdad artificiosa y tal elemento se confirma por el órgano judicial, impidiendo, con ello, que la norma jurídica sea aplicada, introduciendo, así, una desigualdad no justificada contraria al art. 14 CE procede, en consecuencia, otorgar el amparo solicitado.
1º Declarar vulnerado el derecho del demandante de amparo a un trato igual consagrado en el art. 14 CE.
2º Restablecerlo en su derecho y, a tal fin, anular el Acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 1 de septiembre de 1999, la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 6 de abril de 2000, así como la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 11 de marzo de 2002, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra aquéllos, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictar la primera resolución administrativa impugnada a fin de que se dicte una nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
1. Voto particular discrepante que formula el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas respecto de la Sentencia de 15 de noviembre de 2004, dictada en el recurso de amparo núm. 2365-2002.
Creo que se desenfoca el problema suscitado en el proceso a quo, cuando en el fundamento jurídico 5 y en relación con el art. 38 del Real Decreto Legislativo 670/1978, de 30 de abril, se dice que "la norma aplicada no contiene de modo expreso el requisito de la inscripción registral y aunque diferencia entre situaciones matrimoniales y convivencia de hecho, no lo hace de modo expreso entre matrimonio registrados y no registrados", para pasar de seguido a decir que "la desigualdad que se denuncia en la demanda de amparo es por ello exclusiva consecuencia de una determinada interpretación de la Ley por parte de la Administración, que se considera razonable en vía judicial al dar por bueno el resultado que se tacha de discriminatorio o contrario al art. 14 CE".
En el Registro Civil, por mandato de su Ley reguladora (art. 1 Ley de 8 de junio de 1957), "se inscribirán los hechos concernientes al estado civil de las personas", entre ellos "el matrimonio" (núm. 9), y "el Registro Civil constituye la prueba de los hechos inscritos" no siendo admisibles en los casos de falta de inscripción otras pruebas sin que "previa o simultáneamente se haya instado la inscripción omitida o la reconstitución del asiento" (art. 2 LRC).
Al propio tiempo debe retenerse el dato de que en nuestro sistema legal (art. 61 CC), si bien "el matrimonio produce efectos civiles desde su celebración", "para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su inscripción en el Registro Civil".
4. Me parece que se fuerzan los términos del problema, cuando en la Sentencia (FJ 6) se atribuye el significado de "situaciones jurídicas idénticas, esto es [a la] existencia del vínculo matrimonial como condición a la que la norma legal vincula una determinada consecuencia jurídica", para concluir que la falta de inscripción del matrimonio "supone introducir una diferencia añadida, que en modo alguno puede calificarse de objetiva y razonable y que resulta desproporcionada al exceder dicho requisito de la finalidad de la norma prestacional".
Me suscita especial rechazo, en cuanto minimización inadmisible del significado de la inscripción, la afirmación contenida en el fundamento jurídico 6 de que "requerir la inscripción cuando se trata de un elemento que nada añade a la existencia de un 'vínculo matrimonial' y considerar que la misma es definitoria de matrimonio legítimo y de la consideración de un 'cónyuge' como 'legítimo', provoca la creación de una desigualdad artificiosa y arbitraria por no estar fundada en criterios de valor generalmente aceptados".
2. Voto particular que formula la Magistrada doña Elisa Pérez Vera respecto de la Sentencia de la Sala Segunda de este Tribunal dictada en el recurso de amparo núm. 2365- 2002.
1. Pese al respeto personal que, como siempre, me merece el criterio mayoritario reflejado en la Sentencia, me siento en la obligación de ejercitar frente a él la facultad prevista en el artículo 90.2 LOTC, expresando a través de este Voto mi disidencia con los argumentos que sustentan el fallo estimatorio a que llega la Sentencia y que, en mi opinión, resultan incompatibles con la doctrina mantenida por este Tribunal en relación con el derecho a la pensión de viudedad resultante de una convivencia more uxorio. Y es que, con independencia de mi posicionamiento personal crítico frente a la citada doctrina, entiendo que su aplicación al caso concreto, tanto por la Administración como por la Audiencia Nacional, resultaba obligada a partir de la calificación que una y otra realizaron de la noción "cónyuge legítimo del causante" que, según el art. 38 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de clases pasivas del Estado, es la condición que da acceso a la pensión de viudedad.
2. En efecto, no puedo compartir la afirmación -que resulta central en el razonamiento de la Sentencia mayoritaria- de que "la pretensión que aquí se esgrime, como se comprueba, no es la de examinar si el matrimonio canónico no inscrito tiene o no eficacia (como ocurría en la STC 146/1987, de 24 de septiembre), lo que constituiría una pretensión de mera legalidad, sino si la equiparación realizada administrativa y judicialmente (matrimonio canónico no inscrito como situación asimilable a las parejas de hecho pero no al resto de matrimonios canónicos inscritos cuando se trata de valorar sus "efectos prestacionales") y el trato desigual que con ella se denuncia, resulta o no adecuada desde la perspectiva del art. 14 CE; valoración del canon de igualdad utilizado por las resoluciones que se impugnan (administrativas y judicial) que, por el contrario, sí es susceptible de ser examinado por este Tribunal (art. 41.3 LOTC)" (FJ 4).
Entiendo, por el contrario, que justamente el tema debatido en instancia no es otro que el de los efectos de la relación entre el demandante de la pensión de viudedad y su causante, en la medida en que, según la doctrina constitucional antes evocada, sólo si pudieran calificarse como cónyuges legítimos tendrían derecho a la prestación solicitada. Por tanto, considero que no resulta jurídicamente ajustado afirmar, como hace la Sentencia de la que discrepo, que "la norma aplicada no contiene de modo expreso el requisito de la inscripción registral y aunque diferencia entre situaciones matrimoniales y convivencia de hecho, no lo hace de modo expreso entre matrimonios registrados y no registrados" (FJ 5). En realidad la norma se limita a utilizar el concepto jurídico "cónyuge legítimo", sin introducir ningún elemento de comparación; ello implica que, sólo después de que la Administración o los Tribunales lo hayan concretado en un determinado supuesto, cabe en hipótesis establecer un juicio de igualdad respecto de quienes merecen o no tal calificación.
3. En el supuesto examinado la Sentencia de la mayoría de la Sala se sitúa en la óptica del demandante de amparo cuando invoca la vulneración del principio de igualdad reconocido en el art. 14 CE, aduciendo que la desestimación de su pretensión se ha basado, no en la falta de vínculo matrimonial, sino en la falta de su inscripción registral, con lo que se ha producido "una discriminación respecto al resto de personas casadas canónicamente, sin que la nota de la no inscripción registral pueda constituir una causa justificada de tratamiento diferente". Así, el tema se reconduce a un artificioso -en mi opinión- juicio de igualdad entre matrimonios canónicos inscritos y no inscritos, en el que el Tribunal afirmará que, reconocida "la existencia de un vínculo matrimonial", no cabe "exigir para el otorgamiento de la pensión un requisito adicional que se encuentra extramuros de la capacidad interpretativa de que disfruta la Administración y el órgano judicial por estar claramente vedado por el principio de igualdad" (FJ 6). Planteamiento que considero artificioso por cuanto que lo que realmente cuestionan, tanto las resoluciones de la Administración, como la Sentencia impugnada, es la existencia misma del dicho matrimonio.
4. Es cierto que la Sentencia de la Audiencia Nacional, como recoge la de este Tribunal, afirma en los fundamentos de Derecho segundo y cuarto, respectivamente, que "en el caso que ahora nos ocupa, está acreditada la relación matrimonial que vinculaba al actor con la funcionaria pretendidamente causante de la pensión", y que, "el impedimento no consiste en no haber contraído matrimonio, sino en no inscribir el mismo en el Registro Civil".
Ahora bien, no cabe ignorar que consta en el expediente remitido "acta de manifestaciones" realizada ante Notario por quien fue vicario diocesano en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en la que se reúne la Comunidad Cristiana "del Sagrat Cor de Pobla Nou", según la cual actuó como ministro de la "celebración sacramental, conforme a la liturgia católica de la fecha" del matrimonio entre el recurrente y su causahabiente, manifestando "que por expreso deseo de los celebrantes no se comunicó la unión conyugal al Registro Civil, por entender éstos que la celebración de su unión conyugal en la fe era suficiente a todos los efectos". De ahí, el tenor del fundamento de Derecho tercero de la Sentencia de la Audiencia Nacional en el que se afirma "que la pretendida situación de igualdad entre aquéllos que hubieran contraído matrimonio con arreglo al ordenamiento jurídico y quienes, en ejercicio de su libertad, han excluido de sus relaciones dicha institución, o bien no han cumplimentado legalmente en orden a sus efectos, igualdad que de concurrir ciertamente exigiría que las consecuencias en ambas situaciones fuera[n] asimismo iguales, no resulta cierta, o al menos no lo es en nuestro Ordenamiento jurídico actual"; prosiguiendo más adelante que "el establecimiento por la Ley de las consecuencias diferentes para quienes en ejercicio de sus derechos de libertad han excluido en sus relaciones personales dicha institución jurídica no admita tacha de inconstitucionalidad".
Pues bien, entiendo que no se puede prescindir, como hace la Sentencia aprobada por la mayoría, de estas consideraciones -que la Sentencia impugnada sitúa en el marco de su consideración del "matrimonio como institución, o como negocio jurídico de Derecho de familia"-, para afirmar que en ésta se reconoce la existencia "de un matrimonio validamente celebrado de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico", y derivar de ahí que el matrimonio del demandante "es exactamente igual a cualquier otro matrimonio que haya tenido acceso al Registro Civil".
Type and record number Recurso de amparo 2365-2002
Promovido por don Pedro Manrique Miranda frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que desestimó su demanda contra la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas
El matrimonio canónico contraído por el recurrente con su fallecida esposa es exactamente igual a cualquier otro matrimonio que haya tenido acceso al Registro Civil. Por lo que, cuando se introduce un elemento generador de una desigualdad artificiosa no justificada contraria al art. 14 CE procede, otorgar el ampa-ro [ FJ 6].
Aún cuando consta la existencia de matrimonio, no se reconoce al demandante la pensión de viudedad por no estar inscrito en el Registro Civil [FJ 1].
El reconocimiento no cuestionado de la existencia de vínculo matrimonial en el caso impide entender que la situación sea idéntica o equiparable a la de las parejas que conviven more uxorio y que no sea equivalente al resto de matrimonios aunque estén inscritos [FJ 6].
Decir que la condición de cónyuge solo se adquiere con la inscripción en el Registro Civil, supone introducir una diferencia añadida, que en modo alguno puede calificarse de objetiva y razonable y otorga a la inscripción un valor constitutivo [FJ 6].
El principio de igualdad en la Ley consiste en que, ante supuestos de hecho iguales, las consecuencias jurídicas que se extraigan deban ser, asimismo, iguales [FJ 6].
Debe descartarse la vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley, porque no impone que órganos distintos estén obligados a mantener interpretaciones coincidentes [FJ 3].
Artículo 61, VP I
Artículos 1, 2, VP I
Artículo 14 (discriminación por circunstancias personales o sociales), f. 5, VP I, VP II
Artículo 14 (igualdad en la aplicación de la ley), ff. 1 a 4, 6
Artículo 41.3, VP II
Artículo 90.2, VP I, II
Artículo 38, f. 5, VP I, VP II
Matrimonio canónicoMatrimonio canónico, ff. 4, 6
Matrimonio islámicoMatrimonio islámico, f. 3
Vínculo matrimonialVínculo matrimonial, f. 5

References: resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 14
 Real Decreto 
 Resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 90
 Real Decreto 

Artículo 61

Artículo 14

Artículo 14

Artículo 41

Artículo 90

Artículo 38