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Timestamp: 2018-10-17 05:14:31+00:00

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Sobre la obligación de inscripción en el Registro Mercantil, ¿nos afecta a los gestores administrativos?
25 septiembre, 2018 25 septiembre, 2018 Consultorio Empresarial
El pasado 4 de septiembre se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El referenciado Real Decreto-ley entró en vigor el 5 de septiembre, y entre otras novedades establece el registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.
¿En qué nos afecta a los gestores administrativos?
La Disposición adicional única del Real Decreto-ley 11/2018, trae consigo un mayor control de los sujetos obligados de la Ley 10/2010, por ello los sujetos obligados del nuevo artículo 2.1 letra o) de esta Ley tienen la obligación de inscribirse en el Registro Mercantil y presentar una declaración responsable de que están sujetos a la Ley. Y, ¿dónde recae la obligatoriedad?.
Las personas físicas o jurídicas cuyos servicios profesionales o empresariales consistan en “… constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.”
Entre los gestores administrativos no resulta extraño que ofrezcamos alguno de los servicios enumerados, principalmente la constitución de sociedades, o prestar domiciliación social a alguno de nuestros clientes, entre otros, por lo tanto, parece que estaremos obligados a inscribirnos.
Cabe aclarar que el “asesoramiento externo” al que se refiere el artículo va más allá del asesoramiento fiscal y contable, sino habría que incluir también a los sujetos obligados del artículo 2.1 m) de la Ley 10/2010, está relacionado con la prestación de un servicio externo asociado a la gestión, dirección y estrategia económico-financiera de la empresa. Aunque se entiende que será necesario precisar más este concepto para evitar confusiones.
Estoy obligado, ¿qué tengo que hacer y cómo?
Lo primero, es importante dejar claro que, a colación de lo anterior, los sujetos obligados (personas físicas y jurídicas) que no figuren inscritos, tendrán que hacerlo en el plazo de un año, y los que ya estuvieren registrados tendrán que presentar en el registro dentro del mismo plazo manifestación de estar sometidos a lo dispuesto en la normativa reguladora.
Los sujetos obligados (personas físicas y jurídicas) que no figuren inscritos, tendrán que hacerlo en el plazo de un año.
Las personas jurídicas además tendrán que presentar una manifestación de quienes son sus titulares reales, quedando constancia en nota marginal y deberán actualizarse en caso de cambio de la titularidad real.
Por su parte, las personas físicas y jurídicas que presten servicios a sociedades, salvo que sean personas físicas profesionales, están obligadas al depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil, en conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y le será aplicable el artículo 365 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil. Además, junto con el depósito de cuentas, tendrán que acompañar un documento, que depositarán en el Registro Mercantil en donde consten inscritas, dentro del primer trimestre del año, que incluya:
Los tipos de servicios prestados de entre los comprendidos en el artículo 2.1. o).
Volumen facturado por los servicios especificados en el apartado a) en el ejercicio y en el precedente, si la actividad de prestadores de servicio a sociedades no fuera única y exclusiva. Si no pudiera cuantificarse se indicará así expresamente.
Número de operaciones realizadas de las comprendidas en el artículo 2.1 o), distinguiendo la clase o naturaleza de la misma. Si no se hubiera realizado operación alguna se indicará expresamente.
En su caso titular real si existiere modificación del mismo respecto del que ya conste en el Registro.
(Apartado 7 – Disposición adicional única del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto)
La falta de cumplimiento de lo anterior, se considerará una infracción leve con sanción del artículo 61 de la Ley 10/2010 en el caso de falta de inscripción en el Registro Mercantil de aquellas personas físicas o jurídicas obligadas o la falta de sometimiento a la misma o de la titularidad real para las personas jurídicas. Por su parte, la falta de depósito del documento adjunto al depósito de cuentas estará sancionada por el artículo 58 de la misma Ley.
Con permiso de los lectores, en mi humilde opinión atendiendo a las distintas “charlas” con colegas de profesión, consideramos necesaria la publicación de un Reglamento de desarrollo de lo dispuesto o que el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) publique una nota técnica al respecto que nos ayude a aclarar y focalizar la operativa a seguir. Y tú, ¿cómo lo ves?
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References: artículo 2
 artículo 2
 artículo 365
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 61
 artículo 58