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Timestamp: 2019-12-07 05:59:38+00:00

Document:
Registro Oficial. 18 de DICIEMBRE del 2000
Lunes 18 de Diciembre del 2000
REGISTRO OFICIAL No. 226
\n Reajústanse y niégase el reajuste de los precios\n de venta a farmacia y al público en todo el territorio\n nacional de los productos farmacéuticos elaborados por\n las siguientes empresas:
\n 195-DDE Farmayala S.A.
\n 196-DDE Genamérica
\n 197-DDE Laboratorios LIFE
\n 198-DDE Farmandina S.A.
\n 199-DDE\n Bayer S.A.
\n 200-DDE Merck Ecuador C.A.\n
CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:
\n Rccursos de casación en los juicios seguidos por las siguientes\n personas:
\n 413 Ab. Marcos Manuel Quintana Jiménez\n en contra de Carlos Guillermo Romero Baquerizo y otro
\n 414 Ramón Bonilla Chamorro\n y otra en contra de los herederos de José Manuel Flores\n Guerrero y otro
\n 415 Luis Alberto Paute Malla\n y otra en contra de Luis Felipe Quishpe Curimilma y otros
\n 417 Saúl Enrique Barreno\n Benavides en contra de Verónica Fernanda Rosero Morales\n
\n 418 Dr. Luis Augusto Maldonado\n Salazar en contra de Editorial Jurídica del Ecuador
\n Cantón Simón Bolívar:\n De creación de la Ordenanza Municipal de Salud Pública\n e Higiene\n \n
No. 195\n - DDE
Que mediante Ley No. 152, promulgada en el Registro Oficial\n No. 927 del 4 de mayo de 1992, se creó el Consejo Nacional\n de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso Humano,\n integrado por los ministros de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, y Salud Pública,
Que el Procurador General del Estado, mediante oficio No.\n 09293 de 1999 - 12 - 07, manifestó que el Consejo debe\n contar con la asesoría de la Comisión Técnica,\n emitida dentro del plazo de treinta días previsto en el\n Art. 30 de la Ley de Modernización, plazo que debe contarse\n a partir de la recepción del requerimiento Y, el Consejo\n debe pronunciarse en el término de los quince días\n posteriores a la recepción del informe,
Que con el Acuerdo No. 990211, publicado en el Registró\n Oficial No. 215 del 18 de junio de 1999, el Subsecretario de\n Industrialización del Ministerio de Comercio Exterior,\n Industrialización y Pesca, se encuentra delegado por el\n titular de esta Cartera de Estado, para suscribir los acuerdos\n interministeriales que devienen de las resoluciones del Consejo\n Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso\n Humano,
Que el 20 de marzo del 2000, la empresa FARMAYALA S.A., presentó\n al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, una solicitud de reajuste de precios de 64 productos\n importados y nacionales;
Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 4 de abril del 2000,\n conoció la solicitud presentada por la empresa FARMAYALA\n S.A.,
Que la solicitud de reajuste de precios cumple con lo establecido\n en el Acuerdo Interministerial No. 6 A - DDE del 3 de febrero\n del 2000, y,
Art. 1. - Reajustar los precios máximos de venta a\n farmacia y al público en todo el territorio nacional de\n los siguientes productos de la empresa FARMAYALA S.A.:
(Anexo 18DI00T1;3)
Art. 2. - El presente acuerdo entrara en vigencia a partir\n de esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro\n Oficial.
f.) Augusto L. Tosi, Subsecretario de Industrialización,\n delegado del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca:
\n f.) Dr. Ramiro Echeverría Tapia, delegado del Ministerio\n de Salud Pública.
\n Dirección Nacional de Industrias. - Oficina de Documentación\n y Archivo. - f ) Ilegible. Es fiel copia del original.- Lo certifico.
No. 196\n - DDE
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1076, publicado en el Registro\n Oficial No. 253 de febrero 9 de 1998, se establecieron las normas\n administrativas para la fijación, revisión, reajuste\n y control de precios de los medicamentos de uso humano.
Que con el Acuerdo No. 00006 del 1 de febrero del 2000, el\n Ministro de Salud Pública delega a su representante ante\n el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano para que suscriba los acuerdos interministeriales\n que contienen las resoluciones adoptadas por tal organismo,
Que el 22 de marzo del 2000, la empresa GENAMERICA, presentó\n al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, una solicitud de reajuste de precios de 36 productos\n nacionales,
Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 4 de abril del 2000,\n conoció la solicitud presentada por la empresa GENAMERICA,
Art. 1.- Reajustar los precios máximos de venta a farmacia\n y al público en todo el territorio nacional de los siguientes\n productos de la empresa GENAMERICA:
(Anexo 18DI00T4)
Art. 2. - El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial
Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, Distrito\n Metropolitano, a 4 de abril del 2000
f ) Augusto L, Tosí, Subsecretario de Industrialización,\n delegado del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca.
Dirección Nacional de Industrias. - Oficina de Documentación\n y Archivo. - f) Ilegible. Es fiel copia del original. - Lo certifico.
No. 197\n - DDE
Industrialización y Pesca, se encuentra delegado por\n el titular de esta Cartera de Estado, para suscribir los acuerdos\n interministeriales que devienen de las resoluciones del Consejo\n Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso\n Humano,
Que con el Acuerdo No 00006 del 1 de febrero del 2000, el\n Ministro de Salud Pública delega a su representante ante\n el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano para que suscriba los acuerdos interministeriales\n que contienen las resoluciones adoptadas por tal organismo;
Que el 22 de marzo del 2000, la empresa LABORATORIOS LIFE,\n presentó al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, una solicitud de reajuste de precios de 104 productos\n nacionales,
Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 4 de abril del 2000,\n conoció la solicitud presentada por la empresa LABORATORIOS\n LIFE,
Art. 1.- Reajustar los precios máximos de venta a farmacia\n y al público en todo el territorio nacional de los siguientes\n productos de la empresa LABORATORIOS LIFE:
(Anexo 18DI00T5;7)
No. 198\n - DDE
Que mediante Ley No. 60, promulgada en el Registro Oficial\n No. 264 de febrero 26 de 1998, se reforma el Art. 235 del Código\n de la Salud, que sanciona a los distribuidores, farmacias, droguerías\n y boticas, que comercialicen los medicamentos a precios que no\n sean los oficialmente autorizados;
Que mediante Acuerdo Interministerial No. 6 A - DDE del 3\n de febrero del 2000 se emitió una resolución de\n carácter general para el reajuste de precios de medicamentos\n de uso humano,
Que el 27 de marzo del 2000, la empresa FARMANDINA S.A., presentó\n al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, una solicitud de reajuste de precios de 19 productos\n importados,
Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 4 de abril del 2000,\n conoció la solicitud presentada por la empresa FARMANDINA\n S.A.,
Art. 1. - Reajustar los precios máximos de venta a\n farmacia y al público en todo el territorio nacional de\n los siguientes productos de la empresa FARMANDINA S.A.:
(Anexo 18DI00T8)
Art. 2. - El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial,
Dirección Nacional de Industrias. - Oficina de Documentación\n y Archivo. - f ) Ilegible. - Es fiel copia del original. - Lo\n certifico.
No. 199\n - DDE
Que mediante Ley No. 152, promulgada en el Registro Oficial\n No. 927 del 4 de mayo de 1992, se creó el Consejo Nacional\n de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso
Humano, integrado por los ministros de Comercio Exterior,\n Industrialización y Pesca, y Salud Pública,
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1076, publicado en el Registro\n Oficial No. 253 de febrero 9 de 1998, se establecieron las normas\n administrativas para la fijación, revisión, reajuste\n control de precios de los medicamentos de uso humano
Que mediante ley, No. 60, promulgada en el Registro Oficial\n No, 264 de febrero 26 de 1998, se reformó el Art. 235\n del Código de la Salud, que sanciona a los distribuidores,\n farmacias, droguerías boticas, que comercialicen los medicamentos\n precios que no sean los oficialmente autorizados,
Que el 20 de marzo del 2000, la empresa BAYER S.A., presentó\n al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, una solicitud de reajuste de precios de 37 productos\n importados;
Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 4 de abril del 2000,\n conoció la solicitud presentada por la empresa BAYER S.A.,
Que la solicitud de reajuste de precios para 37 productos\n cumple con lo establecido en el Acuerdo Interministerial No.\n 6 A - DDE del 3 de febrero del 2000; ,
Art. 1. - Reajustar los precios máximos de venta a\n farmacia y al público en todo el territorio nacional de\n los siguientes productos de la empresa BAYER S.A.:
(Anexo 18DI00T9;10)
f ) Augusto L. Tosí, Subsecretario de Industrialización,\n delegado del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n Y Pesca. c
No. 200\n - DDE
Que mediante Ley N°. 152, promulgada en el Registro Oficial\n No. 927 del 4 de mayo de 1992, se creó el Concejo Nacional\n de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso Humano,\n integrado por los ministros de Comercio Exterior., Industrialización\n y Pesca, y Salud Pública,
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1076, publicado en el Registro\n Oficial No. 253 de febrero 9 de 1998; se establecieron las normas\n administrativas para la fijación, revisión, reajuste\n y control de preciosa de medicamentos de uso humano;
Que mediante Ley No. 60, promulgada en el Registro Oficial\n No. 264 de febrero 26 de 1998, se reformó el Art. 235\n del Código de la Salud, que sanciona a los distribuidores,\n farmacias, droguerías y boticas, que comercialicen los\n medicamentos a precios que no sean oficialmente autorizados,
Que el Procurador General del Estado; mediante oficio No.\n 09293 del 7 de diciembre de 1999, manifestó que el Consejo\n debe contar con la asesoría de la Comisión Técnica\n emitida dentro del plazo de treinta días previsto en el\n Art. 30 de la Ley de Modernización, plazo que debe contarse\n a partir de la recepción del requerimiento y, el Consejo\n debe pronunciarse en el término de los quince días\n posteriores a la recepción del informe,
Que en el Acuerdo No. 990211, publicado en el Registro Oficial\n No. 215 del 18 de junio de 1999, el Subsecretario de Industrialización\n del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización,\n Pesca y Turismo, se encuentra delegado por el titular de esta\n Cartera de Estado, para suscribir los acuerdos interministeriales\n que devienen de las resoluciones del Consejo Nacional de Fijación\n de Precios de Medicamentos de Uso Humano;
Que mediante Acuerdo Interministerial No. 6A - DDE del 3 de\n febrero del 2000, el Consejo Nacional de Fijación de Precios\n de Medicamentos de Uso Humano, emitió una resolución\n de carácter general para el reajuste de precios de medicamentos\n de uso humano;
Que el 20 de marzo del 2000, la empresa MERCK ECUADOR C.A.,\n presentó al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, una solicitud de reajuste de precios de 43 productos;
Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 4 de abril del 2000,\n conoció la solicitud presentada por la empresa MERCK ECUADOR\n C.A.,
Que la solicitud de reajuste de precios en 42 productos cumple\n con lo dispuesto en el Acuerdo No. 6A - DDE del 3 de febrero\n del 2000, y para 1 producto no cumple con el referido acuerdo\n por cuanto el Registro Sanitario se encuentra caducado; y,
Art. 1. - Reajustar los precios máximos de venta a\n farmacia y al público en todo el territorio nacional de\n los siguientes productos de la empresa MERCK ECUADOR C.A.:
(Anexo 18DI00T11;12)
Art. 2.- Negar el reajuste de precios máximos de venta\n a farmacia y al público en todo el territorio nacional\n del siguiente producto de la empresa MERCK ECUADOR C. A.
(Anexo 18DI00T13)
f ) Augusto L. Tosí, Subsecretario de Industrialización,\n delegado del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca.
Dentro del juicio ordinario No. 162\n - 2000, por daño moral, que sigue el abogado Marcos Manuel\n Quintana Jiménez en contra de Carlos Guillermo Romero\n Baquerizo y Armando Bravo Moreno, se ha dictado lo siguiente:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA\n DE LO CIVIL Y MERCANTIL
Quito, octubre 17 de 2000, las 11h00.
VISTOS: Carlos Guillermo Romero Baquerizo y Armando Bravo\n Moreno, deducen recurso de casación en contra de la sentencia\n pronunciada por la Segunda Sala de la Corte Superior de Babahoyo,\n en el juicio que por indemnizaciones por daño moral sigue\n en contra de los recurrentes el abogado Marcos Manuel Quintana\n Jiménez; porque estiman que en esa sentencia se han transgredido\n las normas de derecho contenidas en los artículos 117,\n 119 y 198 del Código de Procedimiento Civil; los artículos\n 1480, 2241, 2243, 2256 y 2258 del Código Civil; el artículo\n 496 del Código Penal, y los artículos 23, (8) y\n 24 (13) de la Constitución, transgresiones que las ubican\n en las causales primera, tercera y quinta del artículo\n 3 de la Ley de Casación. - Concedido el recurso y subido\n a la Corte Suprema de Justicia, se radica la competencia por\n el sorteo de ley en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil,\n la que en providencia del 11 de junio del 2000 acepta a trámite\n el recurso. - Concluida la sustanciación, atento el estado\n de la causa, para resolver se considera: PRIMERO. - uno de los\n cargos formulados por los recurrentes. que esta Sala examina\n primeramente, es el de que: "El fallo recurrido viola el\n artículo 24, (numeral 13) de la Constitución Política\n de la República. Pues si esta disposición constitucional\n manda a que toda resolución de los poderes públicos\n sean motivados, la Sala estaba en la obligación de observar\n Y determinar en el fallo recurrido los puntos de derecho en que\n se basó para dictarlo, lo cual no consta haberse cumplido,\n lo que hace que dicha sentencia no solo sea inconstitucional\n sino atentatoria al derecho al debido proceso, Ya que no solo\n basta iniciarse un proceso, llevarlo y resolverlo, sino observar\n en su tramitación y resolución las disposiciones\n legales y constitucionales que lo norman". SEGUNDO.- La\n Constitución Política de la República del\n Ecuador en su artículo 24, numeral 13, preceptúa\n que las resoluciones del poder público que afectan a los\n particulares deben ser motivadas. No habrá tal motivación\n si en las resoluciones no se anunciaron normas o preceptos jurídicos\n en que se haya fundado, y no se explicaré la pertinencia\n de su aplicación a los antecedentes de hecho. - Esta misma\n obligación consagran los artículos 278 y 280 del\n Código de Procedimiento Civil para el caso de una sentencia\n judicial dentro de este marco jurídico, la causal quinta\n del artículo 3 de la Ley de Casación prevé\n que la sentencia está viciada cuando no contuviera los\n requisitos exigidos por la ley, entre ellos que se halla primordialmente\n la motivación preceptuada por la Constitución y\n los artículos del Código de Procedimiento Civil\n citados, la motivación es la parte de la sentencia que\n expresa los fundamentos o razones para la parte resolutiva. Naturalmente,\n la parte motiva de la sentencia contendrá los propios\n y particulares puntos de vista del fallador, que pueden coincidir\n o no con las que tengan una o ambas partes. - En cuanto a los\n vicios concernientes a la parte motiva de la sentencia, pueden\n presentarse las siguientes situaciones: a) Que la sentencia no\n contenga motivación alguna o que ésta adolezca\n de errores de tal magnitud que al Tribunal de Casación\n no le quede otra alternativa que anularlo. - En estos supuestos,\n el Tribunal de Casación casará la sentencia recurrida\n y dictará otra sentencia de reemplazo; la misma que puede\n llegar con otra motivación a la misma conclusión\n o decisión de la sentencia recurrida, o, en su defecto,\n llegar a distinta conclusión o decisión. - b) Que\n la sentencia contenga la motivación, pero con defectos\n leyes susceptibles de completarse o corregirse, y no haya necesidad\n por tanto de casar el fallo recurrido y dictarse otro en su reemplazo.\n - Examinada la sentencia dictada por el Tribunal ad quem se encuentra\n que sí contiene la motivación para la parte resolutiva,\n pues incluso se hace la cita de aspectos doctrinarios sobre el\n daño moral sostenidos por el tratadista Arturo Alessandri\n Rodríguez pero dicha parte motiva es incompleta porque\n no se anuncian las normas de derecho positivo en que se funda,\n como dispone el artículo 278 del Código de Procedimiento\n Civil. Esta Sala estima que tal imperfección puede subsanarse\n en el fallo de casación mencionándose en él\n las normas de derecho omitidas, sin que sea necesario, por tanto,\n anularse el fallo recurrido. TERCERO. - Otro de los cargos en\n contra de la sentencia es el que adolece del vicio de valoración\n probatoria previsto en la causal tercera del artículo\n 3 de la Ley de Casación. En la fundamentación de\n este cargo, los recurrentes expresan, en resumen, lo siguiente:\n a) Que en la sentencia se valora erróneamente elementos\n de prueba aportados por el actor, consistentes en escritos que\n contienen hechos, actos administrativos, educativos, resoluciones\n judiciales, expresiones y confesiones del propio actor que en\n nada injurian ni causan daño moral, sino que obedecen\n a reclamos que la ley les permitía hacer a los recurrentes\n en defensa de la institución en que laboran. - b) Que\n el actor no ha presentado prueba alguna que demuestre lo afirmado\n en su demanda y, por tanto, nada podía valorarse; por\n el contrario fueron los demandados los que presentaron las pruebas\n de lo afirmado en sus excepciones y reconvenciones, las que fueren\n desconocidas por el Tribunal ad quem; que incluso se negó\n la práctica de una prueba trascendental que solicitaron\n en el numeral tercero del escrito del 15 de febrero del 2000,\n sin siquiera decir el motivo por el que negaron esa petición.\n - c) Que muchos de los documentos enumerados en la sentencia\n admitidos como prueba de las afirmaciones del actor están\n suscritos únicamente por Carlos Romero Baquerizo. - Sin\n embargo, con estas pruebas, se condena también a Armando\n Bravo Moreno, que nada tiene que ver con tales escritos. - d)\n Que para valorar como elementos de prueba los recortes del diario\n "El Clarín", se ha interpretado erróneamente\n el artículo 198. numeral cuarto del Código de Procedimiento\n Civil, toda vez que esta norma procesal se refiere a documentos\n privados en que una persona se obliga o se confiesa, Y como se\n puede observar en dichos recortes periodísticos no se\n han obligado ni se han confesado sobre algo que pueda perjudicarlos.\n - e) Que en la sentencia se dice que hay otras solicitudes encaminadas\n a inferir más daño al actor, que es necesario tomar\n en cuenta para el fallo final, sin especificar cuales son esas\n solicitudes. en que fojas del proceso constan y cuál es\n el supuesto daño moral provocado al actor. - CUARTO, -\n Como se ha pronunciado esta Sala en innumerables fallos, la valoración\n o apreciación de la prueba judicial es una atribución\n soberana o autónoma de los jueces Y tribunales de instancia.\n Por ello, las conclusiones sobre los hechos debatidos fijados\n en la sentencia del Tribunal ad quem no pueden ser cambiadas\n o modificadas por el Tribunal de Casación. Esta es una\n de las diferencias esenciales entre el recurso de tercera instancia\n y el recurso de casación. En mérito del primero\n la Corte Suprema de Justicia tenía amplia atribución\n para revalorizar la prueba rendida en el juicio y en base de\n esa revalorización llegar a conclusiones distintas a las\n que había llegado el Tribunal ad quem por el recurso de\n casación, en cambio, le está vedado hacer una revalorización\n de la prueba y, consiguientemente, llegar a conclusiones distintas\n a las del Tribunal ad quem sobre la verdad o no de los hechos\n debatidos, la causal tercera del articulo 3 de la Ley de Casación\n le confiere al Tribunal de Casación exclusivamente la\n facultad de controlar o fiscalizar que no se hayan transgredido\n normas positivas que regulan la valoración de la prueba,\n de allí que el recurrente al formular este cargo esté\n obligado a determinar con precisión la norma o normas\n que regulan la valorización de la prueba que estime han\n sido aplicadas indebidamente, o no han sido aplicadas o han sido\n interpretadas erróneamente. - Es por la transgresión\n de esas normas de derecho positivo por las que puede prosperar\n el recurso de casación, no por la valorización\n misma de la prueba, que se enfatiza es una atribución\n que corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales de instancia.\n - En el recurso de casación interpuesto se citan como\n normas transgredidas los artículos 117. 119 y 198, numeral\n cuarto del Código de Procedimiento Civil. QUINTO. - El\n artículo 117 del Código de Procedimiento Civil\n no contiene en rigor una regla sobre valoración de la\n prueba, sitio que establece que la carga de la prueba corresponde\n al actor sobre los hechos que ha propuesto afirmativamente en\n el juicio y ha negado el reo, de acuerdo con el principio latino\n de "actori incumbit omus probandi " (al actor le incumbe\n la carga de la prueba). Obviamente, carga de la prueba y valoración\n de la prueba son conceptos jurídicos distintos, pero si\n bien el artículo 117 del Código de Procedimiento\n Civil no contiene en si mismo una regla sobre valoración\n de la prueba, abre la puerta a que esa valoración pueda\n realizarse, pues si no existen en el proceso elementos materiales\n de prueba, el juzgador no tendría nada sobre que valorar.\n En el presente juicio los actores si han aportado medios de prueba\n acerca del material fáctico afirmado en la demanda y negado\n por los demandados, los cuales precisamente por existir como\n elemento material del proceso han sido valorados por el Tribunal\n de instancia; valoración con la que, por cierto, no están\n de acuerdo los recurrentes; pero una cosa es que una de las partes\n no esté de acuerdo con la valoración de la prueba\n realizada por el juzgador y otra muy distinta la inexistencia\n de prueba a que se refiere el artículo 117 del Código\n de Procedimiento Civil. - SEXTO. - El artículo 119 del\n Código de Procedimiento Civil, trata sobre el sistema\n para la valoración de la prueba Y, para el objeto, consagra,\n dos principios: a) El uno, que el juzgador ha de valorar la prueba\n en su conjunto, La valoración de la prueba es la operación\n intelectual que tiene por fin conocer el mérito o valor\n que puede deducirse de su contenido. En esta operación\n existen varias fases: en la primera, el juzgador examina aislada\n o individualmente cada uno de los elementos probatorios, tanto\n los aducidos por el actor para tratar de demostrar su afirmación\n sobre los hechos, como las que la contra parte alega para. desvirtuarlos\n u oponer otros hechos en la segunda fase, el juzgador realiza\n una comparación entre los unos y los otros medios de prueba,\n puntualiza su concordancia o discordancia, los pesa y contrapesa\n y hace una verdadera síntesis de la totalidad de los medios\n probatorios de los hechos que ellos contienen, para llegar finalmente\n a la convicción íntima de la existencia o no de\n esos hechos.- A esta convicción el juzgador puede llegar\n por un simple detalle contenido en un elemento de prueba que\n le de la importancia que estime del caso y desestimar otros elementos\n de prueba aunque sean varios. - b) El otro principio consagrado\n por el artículo 119 del Código de Procedimiento\n Civil, es que el juzgador. ha de hacer la valoración de\n la prueba de acuerdo con las reglas de la sana critica. Las reglas\n de la sana crítica no constan en normas de derecho positivo\n sino que son reglas de la lógica y de la experiencia humana\n suministrados por la ciencia y la técnica, que le dan\n al juzgador el conocimiento de la vida y de los hombres y le\n permiten - distinguir lo que es verdadero y lo que es falso,\n SEPTIMO.- En el numeral cinco del considerando segundo de la\n parte motiva de la sentencia recurrida se da a dos recortes de\n prensa del periódico "El Clarín" que\n se edita en Babahoyo, (fojas 36 a 38 del cuaderno de primer nivel),\n la fuerza de instrumento público en mérito de lo\n dispuesto por el artículo 198, numeral cuarto del Código\n de Procedimiento Civil, que dice: "El instrumento privado\n en que una persona se obliga a dar, hacer o no hacer una cosa\n o en que confiesa haberla recibido o estar satisfecha de alguna\n obligación, hace tanta fe como un instrumento público,\n en los casos siguientes, siempre que la ley no prevenga la solemnidad\n del instrumento público: Si la parte contra quien se presenta\n el documento no lo redarguye de falso ni objeta su legitimidad\n dentro de los tres días contados desde que se le citó\n y notificó la presentación aunque no lo reconoce\n expresamente ni se pruebe por testigos". Ciertamente esos\n recortes periodísticos no contienen una obligación\n de dar, hacer o no hacer contraído por los demandados\n ni confiesan haber recibido o estar satisfechos de alguna obligación\n consiguientemente es errónea la aplicación hecha\n por el Tribunal ad quem de aquella norma legal, pero este error\n no ha sido transcendental para la decisión de la sentencia,\n porque los demandados en el proceso, en varios escritos reconocen\n la verdad del contenido de esas publicaciones impugnan no porque\n sean falsas sino porque a su juicio, el contenido de esas publicaciones\n en nada benefician al actor. Habiendo admisión sobre la\n verdad de esos hechos no necesitaba probarse, porque son objeto\n de demostración solo los hechos afirmados por el actor\n y negados por el reo OCTAVO. - De acuerdo con el artículo\n 120 del Código de Procedimiento Civil las pruebas deben\n concretarse al asunto que se litiga y a los hechos sometidos\n al juicio, por ende el Juez puede admitir que se practique únicamente\n las prueba que son pertinentes. En el escrito presentado por\n los demandados el 15 de febrero del 2000 (fojas 37 del cuaderno\n de segundo nivel) solicitan: "Que se señale fecha\n y hora a fin de Armando Bravo comparezca a la Sala y exhiba la\n prótesis que usa como consecuencia de un grave accidente\n de tránsito que sufriera; y que es el hecho por el cual\n el actor lo llama tonto inútil en una entrevista que fuera\n publicada por el diario El Clarín de esta ciudad de Babahoyo,\n cuya copia consta agregada al proceso, habiéndole puesto\n en ridículo frente a sus alumnos y personas que lo conocen\n en nuestro medio social. Lo cual eso sí constituye un\n grave daño moral en la persona de mi representada".\n - La exhibición de la prótesis es innegable que\n no tenía trascendencia para la parte dispositivo de la\n sentencia, y el Tribunal ad quem al negarla obró dentro\n de sus atribuciones de calificar previamente la pertinencia de\n una prueba solicitada para admitirla o no. De otro lado, dentro\n del proceso intelectual de valoración de la prueba, el\n Tribunal de instancia tiene la más alta potestad para\n acoger o desestimar a fin de formar su convicción, medios\n de prueba practicados en el juicio, de suerte que no tiene sustento\n para prosperar la casación el que la Segunda Sala de la\n Corte Superior de Babahoyo haya tomado o no determinados medios\n de prueba para formarse su convicción sobre la existencia\n de hechos injuriosos proferidos ya sea por Armando Bravo Moreno\n o por Carlos Romero Baquerizo en contra del actor. NOVENO. -\n Los recurrentes acusan también a la sentencia recurrida\n de transgresión del artículo 496 del Código\n Penal, que dice: "Cuando las injurias fueren recíprocas\n en el mismo acto ninguna de las personas agredidas podrá\n intentar acción por las que se hubieren inferido dicho\n acto, sea cual fuere la gravedad de las injurias no calumniosas\n que se hubieren recíprocamente dirigido; pero no hay compensación\n entre las injurias calumniosas y las no calumniosas". Acerca\n de esta acusación se anota: Que la acción intentada\n en el caso sub lite no es la penal por un delito de injurias\n tipificado y sancionado por el Código Penal, que debe\n ser conocida y resuelta en el ámbito de la jurisdicción\n penal, y en la que cabe la compensación de injurias previsto\n en el artículo 496 del código citado. La acción\n debatida en el presente juicio es la civil por la responsabilidad\n civil causada por daño moral contemplada en el Título\n XXXIII de los Delitos y Cuasidelitos del Código Civil.\n Es importante destacar además que los órganos de\n la jurisdicción civil son competentes para conocer de\n una pretensión de pago de indemnización por injurias\n que han causado daño moral cuando no se ha propuesto acción\n por injurias ante el órgano competente de la jurisdicción\n penal y, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo\n 24, numeral 17 de la Constitución Política de la\n República del Ecuador, de que toda persona tiene derecho\n a acceder a los órganos judiciales y obtener de ellos\n la tutela efectiva imparcial y expedita de sus derechos e intereses,\n sin que en caso alguno quede en indefensión. - DECIMO.\n - Finalmente los recurrentes acusan a la sentencia de que ha\n transgredido los artículos 1480, 2241, 2243, 2256 y 2258\n del Código Civil. - Acerca de estos cargos se anota: El\n artículo 1480 del Código Civil enumera las fuentes\n de las. obligaciones y, entre ellas, la consecuencia de un hecho\n que ha inferido injuria o daño a otra persona, como los\n delitos y cuasidelitos. - Las normas contenidas en los artículos\n 2241, 2243 y 2256 del Código Civil establece la reparación\n por delitos y cuasidelitos, a través del pago de indemnizaciones\n de perjuicios, como un medio de tutela empleado predominantemente\n por el derecho privado; tiene en cuenta la persona del damnificado\n y trata de establecer, en la medida posible, el estado de cosas\n anterior a la comisión del hecho vulnerado en la esfera\n jurídica del sujeto. Por supuesto, no existe obligación\n de reparar sino se ha ocasionado daño o injuria a los\n derechos de otra persona; el sujeto activo de la reparación\n es el damnificado y el sujeto pasivo de la misma es el autor\n del daño o injuria, a sus herederos. - El artículo\n 2258 del Código Civil ampliado por el artículo\n innominado agregado a dicho Código por la Ley No. 171,\n publicada en el R. O. No. 779 de 4 de julio de 1984, tutela especialmente\n el bien jurídico de la honra y dignidad humana con el\n pago de indemnización de perjuicios no solo si se prueba\n daño emergente o lucro cesante sino perjuicio moral. -\n En el caso sub lite, una vez que el Tribunal de instancia, en\n mérito de la valoración de la prueba, ha llegado\n a la convicción de la existencia de hechos injuriosos\n inferidos por los demandados en contra del actor, ha subsumido\n correctamente ese material fáctico a las normas de derecho\n contenidas en los artículos 1480, 2241, 2243, 2256 y 2258\n del Código Civil y, de manera particular, a lo previsto\n por el artículo innominado incorporado al Código\n Civil por la Ley No. 171 ya citada, que en la parte pertinente\n dice: "Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de\n delito o cuasidelito, están especialmente obligados a\n esta reparación quienes en otros casos de los señalados\n en el artículo anterior, manchen la reputación\n ajena, mediante cualquier forma de difamación....".\n Por tales razones en la sentencia recurrida no existe la transgresión\n de las normas antedichas, alegada por los recurrentes. - En aquella\n sentencia, desde luego, no se mencionan dichas normas; de allí\n que en este fallo de casación se las precise para subsanar\n la omisión del Tribunal ad quem. - Por las consideraciones\n expuestas la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte\n Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso de casación\n interpuesto por Carlos Guillermo Romero Baquerizo y Armando Aquiles\n Bravo Moreno en contra de la sentencia pronunciada por la Segunda\n Sala de la Corte Superior de Babahoyo. De conformidad con el\n artículo 17 de la Ley de Casación entréguese\n a la parte perjudicada por la demora la totalidad de la caución\n depositada por los recurrentes. Sin costas. Notifíquese\n y devuélvase.
Fdo.) Dres. Santiago Andrade Ubidia, Galo Galarza Paz, Ministros\n Jueces y Ernesto Albán Gómez, Conjuez Permanente.
Esta copia es igual a su original. - Certifico. - Quito, 17\n de octubre del 2000.
f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora
Dentro del juicio ordinario No. 145\n - 99 que por prescripción extraordinaria adquisitiva de\n dominio siguen Ramón Bonilla Chamorro y María Esther\n Flores Calapi en contra de los herederos de José Manuel\n Flores Guerrero y María Mercedes Bonilla, José\n Santos Flores Bonilla, se ha dictado lo que sigue:
Quito, 17 de octubre del 2000, las 11h30.
VISTOS: Ramón Bonilla Chamorro y María Esther\n Flores Calapi interponen recurso de casación de la sentencia\n dictada el 13 de abril de 1999, por la Primera Sala de la Corte\n Superior de Justicia de Ibarra dentro del juicio ordinario que\n por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio\n siguen en contra de los herederos de José Manuel Flores\n Guerrero y María Mercedes Bonilla: José Santos\n Flores Bonilla. Concedido que ha sido el recurso, por el sorteo\n de ley ha correspondido su conocimiento y resolución a\n esta. Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia, que para resolver considera: PRIMERO: El recurrente,\n en su escrito de interposición y fundamentación\n del recurso de casación, invoca como infringidos los artículos\n 2423, 2434 y 2435 del Código Civil y funda su recurso\n en las causales primera y tercera del artículo 3 de la\n Ley de Casación. - SEGUNDO: En cuanto a la causal primera\n del artículo 3 ibídem, el recurrente señala:\n "Las causales en la que fundamentarnos nuestro recurso de\n casación, son las siguientes: aplicación indebida\n y errónea interpretación de las normas de derecho,\n incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios. Al\n respecto en la Gaceta Judicial serie XI, No. 7, resuelta por\n los sabios jurisconsultos, Francisco Páez Romero, Julio\n Tobar Donoso, B. Cevallos Arízaga, V. A. Cabrera, J.C.\n Escudero, encontramos esta sabia resolución: «Si\n un tercero extraño a todo derecho de condominio, puede\n poseer y prescribir adquisitivamente para sí, un bien\n indiviso, no puede negarse esta misma facultad a uno de los condóminos\n que ha ejercitado posesión personal exclusiva.».\n Este es nuestro caso, a más de ser compradores de la mitad,\n hemos mantenido la posesión material personal y exclusiva\n en todo el cuerpo de los tres predios, inclusive en el uno, tenemos\n construidas nuestras casas de habitación, las que nos\n sirve de hogar doméstico". De lo transcrito aparece\n que el recurrente fundamenta su recurso en la disposición\n contenida en la parte final del numeral primero del artículo\n 3 de la Ley de Casación, por aplicación indebida\n y errónea interpretación del fallo citado. TERCERO:\n En la especie, no es que el fallo de última instancia\n haya desconocido la lógica y el acierto de la tesis sostenida\n en el fallo de tercera instancia invocado, sino que al valorar\n la prueba ha encontrado que la misma es insuficiente para acreditar\n los fundamentos de la pretensión del actor. CUARTO: En\n general, respecto de la interposición de un recurso de\n casación con fundamento en la causal de inaplicación,\n indebida aplicación o errónea interpretación\n de precedentes jurisprudenciales obligatorios, constante en el\n numeral primero del artículo 3 de la ley de la materia,\n este Tribunal estima oportuno reiterar lo que ya expresó\n en su resolución No. 133 - 99 de 23 de septiembre de 1996,\n publicada en el Registro Oficial No. 162 de 5 de abril de 1999,\n cuando dijo: "La Sala insiste en recordar que el fin del\n recurso de casación es el de controlar la correcta aplicación\n de la ley en las sentencias de instancia, velar por la uniformidad\n de la jurisprudencia y a través de ella ir formando lo\n que se conoce como la doctrina jurisprudencias o doctrina legal\n - para el logro de estas altas metas ha de analizar en la teórica,\n general y abstracta el problema jurídico, materia de la\n denuncia del recurrente, a fin de decidir si el fallo impugnado\n adolece o no de los vicios in indicando o in procedendo acusados,\n siendo la heterocomposición de los intereses de las partes\n en conflicto el medio para el logro de estas metas de naturaleza\n eminentemente pública y que interesan a la sociedad en\n su conjunto. La Sala, igualmente, considera necesario dejar establecido\n que las resoluciones dictadas dentro de los recursos de tercera\n instancia no constituyen precedentes a ser necesariamente considerados\n por los jueces si se los invocan tú precedentes jurisprudenciales\n obligatorios y vinculantes para la interpretación y aplicación\n de las leyes y por lo tanto de obligatoria aplicación,\n ya que únicamente a partir de la promulgación de\n la Ley de Casación y respecto de los fallos que pronuncian\n las diferentes salas especializadas de esta Corte Suprema de\n Justicia dentro de los recursos de casación que les compete\n conocer constituyen precedentes invocables por las partes y de\n necesaria consideración por los jueces de instancia y\n que exclusivamente la triple reiteración de un fallo de\n casación constituye precedente jurisprudencias obligatorio\n y vinculante para la interpretación Y aplicación\n de las leyes, excepto para la propia Corte Suprema de Justicia\n de conformidad con lo que dispone el artículo 19 de la\n ley de la materia, y esto se debe a que, c

References: resolución 
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 artículo 3
 artículo 278
 artículo 198
 artículo 117
 artículo 117
 artículo 117
 artículo 119
 artículo 119
 artículo 198
 artículo 496
 artículo 496
 artículo 1480
 artículo 17
 resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 resolución 
 artículo 19