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Timestamp: 2018-04-19 23:00:50+00:00

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Contingencias comunes: prestaciones (I) - Apuntes UNED
Contingencias comunes: prestaciones (I)
La contingencia de incapacidad temporal en sus perfiles actuales es fruto de la reordenación de la acción protectora del sistema de la SS que supuso la Ley 42/1994, de forma que las prestaciones por incapacidad laboral transitoria e invalidez provisional se reúnen en una única prestación por incapacidad temporal, al tiempo que se configura como contingencia específica la de maternidad, desligándola de la Incapacidad temporal.
Posteriormente la Ley 39/1999 a fin de promover la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras se introduce una nueva contingencia protegida, la de riesgo durante el embarazo, con la finalidad de proteger la salud de la mujer trabajadora embarazada.
Por tanto las referencias que en la legislación vigente se efectúan a las situaciones de incapacidad laboral transitoria e invalidez provisional se deben entender realizadas a la situación de incapacidad temporal y las que se efectúan a la situación de incapacidad laboral transitoria derivada de maternidad a la específica situación de maternidad.
La incapacidad temporal aquella situación en la que el trabajador se encuentra imposibilitado para prestar su actividad laboral como consecuencia de una alteración de la salud, recibiendo asistencia sanitaria de la SS y en proceso de curación, entendiéndose que dicha situación tiene un carácter transitorio y no definitivo.
La incapacidad para trabajar puede deberse a enfermedad común o profesional (incluyéndose los períodos de observación por enfermedad profesional en lo s que se prescriba la baja en el trabajo) o a accidente laboral o no, pero en este capítulo se abordará exclusivamente la derivada de riesgos comunes (enfermedad y accidente comunes).
Para causar derecho a la prestación por incapacidad temporal se requiere:
En primer lugar, cumplir con el requisito general de acceso a las prestaciones, estar afiliado y en alta o en situación asimilada al alta al producirse la contingencia o situación protegida.
En segundo lugar, encontrarse en la situación de incapacidad temporal, que constará de los oportunos partes médicos de baja y de confirmación de la misma.
En tercer lugar, en caso de enfermedad común, tener cotizados 180 días en los 5 años inmediatamente anteriores al hecho causante. Este periodo previo no es preciso en enfermedad profesional y en accidentes comunes o profesionales.
Rige la automaticidad de las prestaciones respecto de los trabajadores en alta ante la falta del desarrollo reglamentario de la LGSS por lo que se debe entender vigente la LGSS de 1966, conforme a la que la prestación por incapacidad temporal, cuando se trate de trabajadores en alta, será hecha efectiva por la entidad gestora, de forma directa e inmediata, aunque falte el ingreso de cotizaciones, sin perjuicio de que el empresario deba reintegrar a la entidad gestora el importe de la prestación.
No se reconoce el derecho al subsidio por incapacidad temporal a los trabajadores en situación de huelga legal o ilegal o afectados por un cierre patronal cuando la misma se inicie durante tales situaciones y en tanto se prolonguen, comenzando el trabajador a percibir la prestación sólo una vez finalizada la huelga o el cierre y si continuase tal situación. Mantendrá la prestación quien la estuviera percibiendo con anterioridad a la huelga o cierre.
Esta constituido por una prestación de naturaleza económica consistente en un subsidio de cuantía a determinar mediante la aplicación de un tipo del 75 % sobre la base por la que se haya cotizado durante el mes anterior.
Pero si la incapacidad temporal deriva de enfermedad común o accidente no laboral el subsidio se abona desde el 4º día de baja, quedan sin cobertura las bajas breves para evitar el fraude y entre este y el 20º el tipo se reduce al 60 % alcanzan el tipo dicho a partir del 21º día.
En las contingencias profesionales el tipo desde el 1º día es del 75 %.
La cuantía de la prestación se revalorizará si se produjese un incremento de las bases de cotización, calculándose sobre la nueva base reguladora que corresponda. En caso de pluriempleo se computarán las bases de cotización en las distintas empresas aplicándose, en todo caso, el tope máximo de cotización vigente.
Nacimiento. Los partes médicos
El derecho a la prestación económica por Incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral se hace efectiva, como se ha dicho, desde el 4º día de la baja en el trabajo, quedando los tres primeros días sin cobertura, salvo que se abone como mejora voluntaria por decisión unilateral del empresario o por acuerdo con los trabajadores.
Desde la modificación de 1992 desde el 4º al 15º día de baja, ambos inclusive el abono de la prestación corre a cargo del empresario, y a partir del 16º día a cargo del INSS o MATEP o empresa aseguradora, medida que se estableció para mejorar el equilibrio financiero de la SS reduciendo los elevados gastos en prestaciones de incapacidad temporal así como incentivar el control por parte del empresario de las situaciones de baja laboral alegadas por sus trabajadores.
El periodo de carencia, sin prestación, no existe en contingencias profesionales abonándose el subsidio desde el 1º día de baja, a cargo del empresario el día de la baja.
La protección se mantiene mientras el beneficiario se encuentre en situación de incapacidad temporal con una duración máxima de 12 meses, prorrogables por otros 6 cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por curación.
Recibida el alta médica procederá, en su caso, la declaración de IP en el grado que corresponda si el trabajador, clínicamente curado, queda con secuelas que afecten a su capacidad de trabajo en los términos establecidos o si, transcurridos los plazos máximos, subsiste la incapacidad, aunque no se haya producido la curación clínica, en los términos que a continuación se detallan.
Cuando la situación de incapacidad temporal se extinga por el transcurso del plazo máximo se examinará en el plazo de 3 meses el estado del incapacitado a efectos de su calificación, en el grado que corresponda, como incapacitado permanente. Si continúa la necesidad de tratamiento médico, por no ser definitivas las reducciones anatómicas o funcionales que presente el trabajador, se valorará y clasificará la situación en el plazo de 6 meses. Sólo en este supuesto no se exigirá para el reconocimiento de la pensión de IP durante 6 meses, un período de cotización distinto al establecido para la incapacidad temporal. Tanto en el supuesto de extinción de la Incapacidad temporal por transcurso del plazo máximo como por alta médica con declaración de IP, los efectos económicos de la situación de Incapacidad temporal se prorrogarán hasta el momento de la calificación de IP, en cuya fecha se iniciarán las prestaciones económicas de ésta. A efectos de la duración máxima de la Incapacidad temporal computan los períodos de recaída.
Durante la incapacidad temporal el contrato de trabajo se encuentra en suspenso, es decir, se interrumpen temporalmente las obligaciones básicas de trabajar y de retribuir, pero el vínculo jurídico permanece vigente por lo que tras la extinción de la incapacidad temporal el contrato de trabajo recobra todos sus efectos.
La prestación económica por incapacidad temporal, es compatible con las percepciones económicas adicionales que el trabajador pudiera seguir recibiendo el empresario durante dicha situación por distintos conceptos y con las restantes prestaciones de la SS compatibles con el trabajo a las que pudiera tener derecho.
También se mantiene durante la incapacidad temporal la obligación de cotizar siempre que persista la vigencia del contrato. No subsistirá sin embargo tal obligación durante los 3 meses previsto para la calificación de la IP una vez agotado el plazo de duración máxima de 18 meses de la incapacidad temporal.
El derecho al subsidio se extingue por el transcurso del plazo máximo establecido para la situación de incapacidad temporal, por ser dado de alta médica el trabajador, con o sin declaración de incapacidad permanente, por jubilación, por incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos que procedan y por fallecimiento.
Si encontrándose el trabajador en situación de incapacidad temporal se extinguiera su contrato de trabajo, seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal en cuantía igual a la prestación por desempleo hasta que se extinga dicha situación, pasando entonces a percibir la prestación por desempleo si reúne los requisitos necesarios para ello. En todo caso, se descontará del periodo de percepción por desempleo, como ya consumido, el tiempo que hubiera permanecido en situación de incapacidad temporal a partir de la fecha de extinción del contrato de trabajo.
Respecto de la gestión de esta contingencia, la formalización de la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal puede llevarse ante la INSS o la MATEP, a opción empresarial y en las condiciones reglamentariamente previstas. Pero la LGSS contempla también como forma de colaboración de las empresas en la gestión de la SS la asunción directa del pago, a su propio cargo, de las prestaciones por incapacidad temporal se derive de contingencias comunes o profesionales, con derecho a percibir por ello una participación en la fracción de la cuota correspondiente a tal contingencia.
El parte médico de baja es el acto que origina la iniciación de las actuaciones conducentes a la declaración o denegación del derecho a la prestación económica por incapacidad temporal. El RD 575/1997 regula las declaraciones de baja, confirmación y alta mediante los correspondientes partes expedidos por los servicios médicos de la Entidad Gestora o de la MATEP, que constituyen el elemento probatorio de la incapacidad temporal a efectos de justificar la ausencia al trabajo. Los partes de confirmación de la baja se extiende al 4º día del inicio de la situación de incapacidad y, sucesivamente, mientras la misma se mantenga, cada 7 días.
El control y seguimiento de la prestación económica se ejerce por las Entidades Gestoras o las MATEP pudiendo realizar las acciones necesarias para comprobar el mantenimiento de la situación que originó las prestación económica.
Los partes de baja y de confirmación constituyen la prueba documental de la incapacidad del trabajador para prestar servicios, que justifica la ausencia al trabajo. Es causa, por tanto, de pérdida o suspensión de subsidio la actuación fraudulenta para obtener o conservar la prestación, el trabajar por cuenta propia o ajena o el rechazar o abandonar, sin causa razonable, el tratamiento médico indicado.
El deber de buen fe que afecta a una y otra parte del contrato de trabajo implica que el beneficiario de la prestación por incapacidad temporal, cuyo contrato de trabajo se encuentra suspendido, no debe incurrir en actuaciones fraudulentas en relación con el hecho objetivo de la incapacidad para trabajar. Las conductas transgresoras del deber de buena fe justifican la reacción empresarial mediante sanción o, en su caso, despido.
A tal respecto, el ET faculta al empresario para verificar, mediante reconocimiento a cargo de personal médico propio, el estado de enfermedad o accidente alegado por el trabajador para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, pudiendo provocar la negativa por parte del trabajador a dichos reconocimientos la suspensión de los derechos económicos que pudieran existir a cargo del empresario por dichas situaciones, como es el complemento de incapcidad temporal que pudiera existir a cargo del empresario, pero sin que esa negativa provoque efectos sobre las prestaciones a cargo de la propia SS.
En relación con el tema del absentismo conviene destacar que la incapacidad temporal puede dar origen a la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas según el ETT que señala que el contrato podrá extinguirse por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas, pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos, o el 25 % en 4 meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses siempre que el índice de absentismo total de la plantilla del centro supere el 5 % en los mismos periodos de tiempo.
No se computarán como faltas de asistencia a estos efectos las ausencias por huelga, actividades de representación, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, licencias, vacaciones y enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de 20 días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o sicológica derivada de la violencia de género. Lo cual quiere decir que toda baja que no se dé por los servicios sanitarios oficiales o que aun cuando acordada por éstos no tenga una duración de más de 20 días consecutivos, computa como falta de asistencia, a efectos de la extinción del contrato por causas objetivas.
Reconocimiento y pago del subsidio
El reconocimiento del derecho al subsidio corresponde:
al INSS o a la MATEP se es que el empresario tiene cubierto la IT derivada de contingencias comunes con una mutua;
al empresario autorizado a colaborar voluntariamente en la gestión del Régimen General.
El plazo máximo de resolución y notificación en los procedimientos sobre IT es de 90 días contados desde la recepción de la solicitud del interesado. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa se entenderá desestimada la petición por silencio administrativo.
En cuanto al pago, el subsidio corre a cargo del INSS, MATEP o la empresa. Ahora bien, el abono del mismo, entre los días cuarto al decimoquinto de la baja en el trabajo, ambos inclusive, se atribuye al empresario; a partir del decimosexto día, la responsabilidad del abono es del INSS o de la MATEP. El pago efectivo del subsidio lo efectúa la empresa con la misma periodicidad que los salarios, descontando la retención por IRPF y las cuotas a la SS.
La maternidad es la protección dispensada durante los periodos de descanso que se disfruten en las situaciones de:
maternidad biológica, incluidos los alumbramientos que tengan lugar tras más de 180 días en el seno materno, aun cuando el feto no reúna las condiciones establecidas en el cc,
adopción y acogimiento familiar, tanto preadoptivo como permanente, de conformidad con el CC o leyes autonómica, siempre que su duración no sea inferior a un año, aunque sean privicionales y se trate de menores de 6 años o de menores mayores de 6 años con discapacidad o provenir del extranjero.
Es la maternidad donde más coordinados están el Derecho del trabajo y el de la SS: el primero recogiendo la maternidad como causa de suspensión del contrato de trabajo y fijando su régimen jurídico, estableciendo el mecanismo de protección necesario respecto de las prestaciones de asistencia económica y sanitaria.
El descanso por maternidad puede tener origen, bien en un proceso biológico natural bien en instituciones jurídicas, la adopción y el acogimiento. Hay tres prestaciones por maternidad, una contributiva, otra en la que no se exige períodos mínimos de cotización, se ha optado por no denominarla maternidad no contributiva, aunque no se requiere para causar derecho a la prestación períodos previos de cotización, además de faltar el requisito del estado de necesidad del interesado y un subsidio especial por parto múltiple o de adopción o acogimiento, de más de un menor, realizados de forma simultánea.
Existe un subsidio por maternidad de carácter contributivo, un subsidio por maternidad en las que no se exige períodos mínimos de cotización y un subsidio por parto, adopción o acogimiento múltiples.
Para la LGSS son beneficiarios del subsidio por maternidad contributivo, los trabajadores por cuenta ajena, aunque se está en el Régimen General, de los trabajadores por cuenta ajena y asimilados, señalar que también son beneficiarios de las prestaciones por maternidad y paternidad, los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia incluidos en los distintos Regímenes Especiales del sistema de la seguridad social, incluidos los trabajadores contratados para la formación y a tiempo parcial, cualquiera que sea su sexo, que estén afiliados, en alta o en situación asimilada a la de alta, que acrediten un periodo mínimo de cotización:
si el trabajador tiene cumplido entre 21 y 26 años de edad en la fecha del parto en la de acogimiento, los períodos de cotización exigidos son, bien de 90 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento del inicio del descanso, bien de 180 días a lo largo de su vida laboral con anterioridad a dicha fecha.
Si el trabajador tiene más de 26 años de edad en la fecha del parto o en la fecha de decisión administrativas o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, los períodos de cotización exigidos son, bien de 180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento del inicio del descanso, bien de 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral con anterioridad a dicha fecha.
La edad indicada, en el supuesto de la maternidad biológica, será la que tenga cumplida la madre en el momento del inicio del descanso, tomándose como referencia el momento del parto a efectos de acreditar el período mínimo de cotización que corresponda. En los casos de adopción y acogimiento, la edad señalada será la que tenga cumplida los interesados en el momento del inicio del descanso, tomándose como referencia el momento de la resolución para acreditar el período mínimo de cotización.
Normas adicionales a tener en cuenta sobre los beneficiarios del subsidio son aplicables sólo a la maternidad biológica, otras sólo a la adopción o acogimiento, otras a los dos supuestos de maternidad.
Maternidad biológica: La regla general es que los requisitos han de acreditarse, bien en el momento del parto, caso del descanso obligatorio de 6 semanas, bien en el momento en que se inicie el descanso voluntario.
Si fallece la madre, con independencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el padre podrá percibir la totalidad o la parte que reste del período del subsidio, sin que se descuente del mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto.
Si fallece el hijo, entendemos que la única beneficiaria del derecho al subsidio es la madre.
En el caso de que la madre no tuviese derecho al subsidio por maternidad, según el ET, a suspender su actividad profesional con derecho a prestación, el otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato por el período que hubiera correspondido a la madre, lo que será compatible con la suspensión del contrato de trabajo por paternidad. Se considera que este apartado se refiere a las mujeres dedicadas a profesionales liberales sometidas a sus respectivas mutualidades y no al Régimen Especial de trabajadores autónomos.
Adopción y acogimiento: La regla general es que los requisitos han de acreditarse en el momento de la decisión administrativa o judicial del acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción, pero para los supuestos específicos de adopción internacional, cuando haya sido necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado y éstos se acojan a la posibilidad de inciar el período de suspensión 4 meses antes de la resolución por la que se constituya la adopción, los requisitos exigidos deberán acreditarse en la fecha de inicio de dicho período de suspensión.
Para ambos supuestos, biológico, adopción: Cuando el período de descanso por maternidad, adopción o acogimiento sea disfrutado, simultánea o sucesivamente, por la madre y el padre, tendrán ambos la condición de beneficiario, si bien, cada uno tiene que reunir los requisitos exigidos de forma independiente.
Conforme al ET, estos períodos de descanso se pueden disfrutar en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo de los empresarios y los trabajadores afectados. Si los trabajadores son contratados a tiempo parcial, para acreditar los períodos mínimos de cotización establecidos, se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización.
Subsidio por maternidad sin período mínimo de cotización: Dentro de este subsidio hay que contemplar dos supuestos, por ello dos beneficiarios:
Trabajador, hombre o mujer, menor de 21 años a la fecha del parto o en la resolución judicial por la que se constituye la adopción que estén afiliados, en alta o en situación asimilada a la de alta, pero no acrediten los períodos mínimos de cotización exigidos.
Trabajadoras, sólo mujeres, en caso de parto, no de acogimiento o adopción, que estén afiliadas, en alta o situación asimilada a la de alta, pero que no acrediten los períodos mínimos de cotización.
Subsidio especial por parto, adopción o acogimiento múltiples: Beneficiarios son los que sean del subsidio por maternidad, si bien sólo puede ser percibido por uno de los progenitores, que en caso de parto, será determinado por la madre y en caso de adopción será libremente a elección de los progenitores.
Subsidio por maternidad contributivo: La prestación económica consiste en el equivalente al 100% de la base reguladora, que es la equivalente para el subsidio de incapacidad temporal para contingencias comunes.
Subsidio por maternidad sin período mínimo de cotización: Hay que distinguir dos clases:
Trabajador menor de 21 años a la fecha del parto o en la fecha dela decisión administrativa o judicial de acogimiento, que no acredite los períodos mínimos de cotización exigidos, la prestación económica por maternidad es igual al subsidio contributivo, es decir el 100% de la base reguladora.
Trabajadoras en caso de parto, que no acrediten los períodos mínimos de cotización, la cuantía de la prestación económica es 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM ) vigente en cada momento, salvo que la base reguladora fuese inferior, en cuyo caso se estará a ésta, esta prestación tiene la consideración de no contributiva.
Subsidio especial por parto, adopción o acogimiento múltiple: de más de un menor, realizado de forma simultánea, se concederá un subsidio por cada hijo, a partir del segundo, de cuntía igual a la que corresponda percibir por el primero, pero sólo durante el período de 6 semanas, inmediatamente posteriores al parto o la decisión administrativa.
Nacimiento del subsidio
Hay que distinguir entre el subsidio por maternidad contributivo, sin período mínimo de cotización o el subsidio especial por parto, adopción o acogimiento múltiple.
Subsidio por maternidad contributivo: El derecho al subsidio por maternidad nace a partir del mismo día en que dé comienzo el descanso correspondiente: Dentro de éste hay que diferenciar según se trate de una maternidad biológica o de adopción:
Maternidad biológica: Teniendo en cuenta que el descanso es obligatorio de 6 semanas inmediatamente posterior al parto y/o voluntario de 10 semanas, a elección de la interesada anterior al parto o posterior al descanso obligatorio.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado, el periodo de suspensión podrá computarse, a petición de la madre o del padre, tras la fecha de alta de hospitalización, a excepción de las 6 semanas posteriores al parto, que son de suspensión obligatoria del contrato de la madre.
Si la madre fallece, la prestación del otro progenitor se inicia a partir de la fecha del parto por la totalidad o la parte que reste del período de suspensión, sin que se descuente del mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto.
En los supuestos de adopción y acogimiento de menores de 6 años, las 16 semanas se cuentan, a elección del trabajador, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de adopción, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a carios períodos de suspensión.
Subsidios por maternidad sin período mínimo de cotización: Nacen, bien a partir de la fecha del parto o de la fecha de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción.
Subsidio especial de parto, adopción o acogimiento múltiples: Nacen a partir de la fecha del parto o de la fecha de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción.
Duración del subsidio por maternidad
Hay que distinguir distintas duraciones según nos hallemos ante el subsidio por maternidad contributivo, el subsidio por maternidad sin período mínimo de cotización o el subsidio especial por parto, adopción o acogimiento múltiple.
Subsidio por maternidad contributivo: Como regla general, según el ETT el subsidio, el descanso por maternidad, en el que se suspende el contrato de trabajo, tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas, que se amplían en 2 semanas más por cada hijo a partir del segundo en caso de parto múltiple. 2 semanas más en los casos de discapacidad del hijo o de menor adoptado, cuando se acredite una discapacidad en un grado igual o superior al 33%, si trabajan ambos cónyuges, se distribuyen como ellos opten y se podrá disfrutar de forma simultánea o sucesiva, pero siempre de forma continuada. Tantos días adicionales de hospitalización que el recién nacido requiera, hasta un máximo de 13 semanas, en los casos prematuro con falta de peso y en aquellos otros en que el neonato necesite hospitalización a continuación del parto por un periodo de 7 días, este último supuesto está pendiente de desarrollo reglamentario.
Se distingue entre maternidad biológica y maternidad por adopción o acogimiento.
Maternidad biológica: Si el padre y la madre trabajan, aquélla, respetando el periodo obligatorio de 6 semanas y al iniciarse el periodo de descanso, podrá optar porque el padre disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto bien de forma simultánea bien sucesiva con el de la madre, salvo que, en el momento de su efectividad, la reincorporación al trabajo de la mujer suponga riesgo para su salud. Si agotado el período de descanso por maternidad, es decir 16 semanas, si la beneficiaria sigue requiriendo de asistencia sanitaria y se encuentra impedida para trabajar, se le considera en situación de incapacidad temporal debida a enfermedad común, iniciándose, sin solución de continuidad, el pago del subsidio por incapacidad temporal. Si la incapacidad temporal es anterior al parto y la interesada no opta por el permiso maternal, se mantendrá la prestación por incapacidad temporal en sus propios términos hasta la fecha del parto, a partir de esa fecha, la del parto, debe comenzarse el disfrute del descanso por maternidad.
Cuando la madre hubiera optado porque el padre disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso por maternidad y una vez iniciado el efectivo disfrute por el padre, éste falleciera antes de haberlo completado, la madre podrá ser beneficiaria del subsidio por la parte del período de descanso que restara hasta alcanzar la duración máxima, incluso aunque la madre se hubiera reincorporado al trabajo con anterioridad.
En caso de fallecimiento de la madre el padre podrá percibir la totalidad o, en su caso, la parte que reste del periodo del subsidio, sin que se descuente del mismo ola parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto.
Si el que fallece es el hijo, en los casos de alumbramientos que tengan lugar tras más de 180 días de vida fetal, el período de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las 6 semanas de descanso obligatorio, la madre solicite reincorporarse a su puesto de trabajo.
En el caso de que la madre no tuviese derecho al subsidio por maternidad, según el ET, suspender su actividad profesional cond erecho a prestación de acuerdo con las normas, el el otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de trabajo por el período que hubiera correspondido a la madre, lo que será compatible con la suspensión del contrato de trabajo por paternidad.
Adopción o acogimiento: La suspensión tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas ampliables, en los supuestos de adopción múltiples en 2 semanas más por cada menor a partir de la resolución judicial, sin que en ningún caso, un mismo menor, pueda dar derecho a varios períodos de suspensión.
Norma de común aplicación a ambas maternidades es que si se disfruta por la madre o el padre simultáneamente, la suma del mismo no puede exceder de las 16 semanas o de las que correspondan por maternidad múltiple. Durante la maternidad subsiste la obligación de cotizar y las cuotas correspondientes a esta situación serán computables a efectos de los distintos períodos de cotización exigidos para el derecho a las prestaciones.
Subsidio por maternidad sin período de cotización:
En el supuesto de trabajador menor de 21 años a la fecha del parto o de la decisión administrativa o judicial de acogimiento por la que se constituye que no acrediten los períodos mínimos de cotización exigidos, el subsidio por maternidad sin período previo de cotización tiene la misma duración que el subsidio por maternidad contributivo.
Para las trabajadoras que no acrediten los períodos mínimos de cotización el subsidio tiene una duración de 42 días naturales.
Subsidio especial por parto, adopción o acogimiento múltiple: Aunque no se trate realmente de una duración de la prestación, en sentido estricto, para calcular el importe de la cuantía de este subsidio, se tiene en cuenta un período de 6 semanas, inmediatamente posterior al parto o cuando se trate de adopción o acogimiento, a partir de la decisión administrativa o judicial.
Extinción, pérdida o suspensión del subsidio por maternidad
El derecho al subsidio por maternidad se extingue por:
el cumplimiento de los tiempos de duración previstos,
cuando el periodo de descanso sea disfrutado exclusivamente por la madre o el padre, por la reincorporación voluntaria al trabajo del beneficiario del subsidio con anterioridad al cumplimiento del plazo máximo de duración del periodo de descanso voluntario,
si el disfrute fuera simultáneo o sucesivo por la madre y el padre, por la reincorporación voluntaria al trabajo de uno de ellos o de ambos, con anterioridad al cumplimiento de los plazos máximos de duración de los periodos de los periodos de descanso correspondientes,
Por el fallecimiento del hijo, caso de que se reincorpore la madre finalizada las 6 semanas de descanso obligatorio.
Puede denegarse, anularse o suspenderse, cuando el beneficiario actuase fraudulentamente para obtener o conservar la prestación, así como cuando al trabajar por cuenta ajena o propia durante los periodos de descanso, salvo percepción del subsidio por maternidad en régimen de jornada a tiempo parcial.
Según establece la LGSS el subsidio por maternidad, es pagadero a plazos vencidos, se gestiona exclusiva y directamente por el INSS, salvo en supuestos especiales que se encomienda al INEM, por lo que no cabe fórmula alguna de colaboración, ni voluntaria ni obligatoria.
El abono del subsidio especial por parto múltiple y/o por adopción o acogimiento de más de un menor de forma simultánea, se efectúa en un solo pago al termino del periodo de seis semanas posteriores al parto y, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiples, al término de las 6 semanas inmediatamente posteriores a la decisión administrativa o judicial de acogimiento o adopción.
En el procedimiento, cado de maternidad biológica, es necesario que figure un informe del facultativo del Servicio Público de Salud que atiende a la trabajadora embarazada, ha de constar lo siguiente:
Fecha probable del parto, cuando se inicie el descanso con anterioridad al parto.
Estado de salud de la mujer posterior al parto, en los supuestos de opción del descanso por maternidad del padre.
Las trabajadoras han de entregar el original del informe a la empresa, la cual consignará la fecha en que la trabajadora inicia el período de descanso y reflejará los datos de cotización necesarios para el cálculo del subsidio.
Cumplimentado los datos por la empresa, se devolverá de forma inmediata toda la documentación a la trabajadora para que pueda acompañarla a la solicitud del subsidio ante la Entidad gestora (INSS).
A la vista de la documentación presentada y una vez comprobados los requisitos para acceder al subsidio, el Director Provincial del INSS dictará resolución y se prosederá a su notificación en el plazo de 30 días.
La paternidad es la protección dispensada durante los períodos de descanso en las siguientes situaciones:
Maternidad biológica: Queda incluido también los alumbramientos que tengan lugar tras más de 180 días en el seno materno, aun cuando el feto no reúna las condiciones establecidas en el cc para adquirir personalidad.
Adopción y acogimiento familiar: Siempre que su duración no sea inferior a 1 año, aunque dichos acogimientos sean provisionales y se trate de menores de 6 años o de menores de edad mayores de 6 años discapacitados, o por sus circunstancias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social o familiar.
La paternidad, a la que se asimila las situaciones de adopción y acogimiento, es uno de los supuestos donde aparece más coordinado el Derecho del Trabajo y el de la Seg. Social: El Derecho del trabajo acogiendo como causa de suspensión del contrato de trabajo y el Derecho de la Seg. Social, estableciendo la prestación económica, el subsidio de partenidad, a otorgar por el Sistema de la Seg. Social.
Son los trabajadores por cuenta ajena, incluidos los contratados para la formación y a tiempo parcial, que disfruten de la suspensión de su contrato de trabajo por paternidad, afiliados, en alta o en situación asimilada al alta, que acrediten un período mínimo de cotización, bien de 180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la suspensión, bien de 360 días a lo largo de su vida laboral con anterioridad a la mencionada fecha, y reúnan las demás condiciones que reglamentariamente se determinen.
Caso de parto, es decir de maternidad biológica, el derecho de subsidio corresponde exclusivamente al otro progenitor. En los supuestos de adopción, acogimiento, el derecho de subsidio corresponde sólo a uno de los progenitores, a elección de los interesados, no obstante, cuando el descanso por maternidad sea disfrutado en su totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la prestación por paternidad únicamente será ejercicio por el otro.
La prestación económica por paternidad consiste en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente, que es la establesida para el subsidio de incapacidad temporal por contingencias comunes, es decir igual al subsidio por maternidad contributivo.
Nacimiento del subsidio por paternidad
El trabajador que ejerce este derecho puede hacerlo:
durante el período comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por al que se constituye la adopción, hasta que finalice la suspensión del contrato de trabajo por maternidad.
O bien, inmediatamente después de la finalización de la suspensión del contrato de trabajo por maternidad.
Duración del subsidio por paternidad
Es de 14 días ininterrumpidos, ampliables en 2 días por cada hijo a partir del segundo, en los casos o adopción múltiples, Es independiente del disfrute compartido de los períodos de descanso por maternidad regulado en el art. 48.4 Podrá disfrutar en régimen de jornada completa o a tiempo parcial de un mínimo del 50%, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador . El trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelaciñon, el ejercicio de este derecho.
Al igual que en la maternidad, durante la paternidad subsiste la obligación de cotizar y las cuotas serán computables a efectos de los distintos períodos previos de cotización exigidos para el derecho a las prestaciones.
Extinción y suspensión del subsidio de paternidad
Puede ser denegado, anulado o suspendido por las mismas causas que para la prestaciñon por maternidad.
Es gestionado directa y exclusivamente por el INSS por lo que no cabe fórmula de colaboración, ni voluntaria ni obligatoria, por parte de la empresa.
El procedimiento para el reconocimiento del derecho se inicia a instancia del trabajador mediante solicitud dirigida a la Dirección provincial del INSS, tras el expediente, emitirá resolución qu notificará en el plazo de 30 días.
Según la LGSS, en relación con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el riesgo durante el embarazo es la situación en que se halla una mujer trabajadora que se encuentre embarazada y que se revele un riesgo o una posible repercusión sobre el embarazo o que las condiciones del puesto de trabajo puedan influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto siempre que no se pueda adaptar las condiciones o tiempo de trabajo de la trabajadora ni se pueda cambiar de puesto o función por no ser técnica u objetivamente posible o no poderse exigir justificadamente, esa movilidad funcional.
La mujer trabajadora embarazada ve suspendido su contrato de trabajo porque las condiciones de trabajo pueden influir negativamente en la salud de la trabajadora y/o el feto y así lo certifican los Servicio médicos del INSS o Mútua, en función de la entidad con que la empresa tenga concertada la cobertura de tiesgos profesionales.
No será por tanto una situación protegida la derivada de riesgos o patologías que puedan influir negativamente en al salud de la trabajadora o del feto cuando el riesgo no se relacione con agentes, procedimientos o condiciones de trabajo del puesto desempeñado.
La causa es proteger a trabajadora embarazada y al feto de determinados agentes, procedimientos o condiciones que puedan repercutir en su salud o en el proceso biológico que se deriven del trabajo. Por ello se trata de una contingencia profesional propiamente dicha y no de una contingencia común, por lo que no se requiere de ningún período previo de cotización.
Según la LGSS son beneficiarias del subsidio por riesgo durante el embarazo las trabajadoras por cuenta ajena, incluidas las contratadas a tiempo parcial y para la formación, que estén afiliadas, en alta o en situación asimilada al alta, la LGSS establece que el subsidio se concede a la mujer trabajadora para la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, y por ello no se exige ningún peíodo previo de cotización.
Indica la LGSS que la prestación económica consistirá en un subsidio equivalente al 100 % de la base reguladora correspondiente que es la utilizada para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales.
Nacimiento, duración y extinción del derecho
Nacimiento del subsidio por riesgo durante el embarazo
El derecho a este subsidio nace el día en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo, por no resultar el cambio de trabajo o función de la trabajadora, técnica u objetivamente posible o no pueda ser razonablemente exigible, habiéndose intentado previamente la adaptación de las condiciones o tiempo de trabajo de la trabajadora afectada.
Como causa de suspensión del contrato de trabajo está recogida en el ETT.
Duración del subsidio durante el embarazo
Según la LGSS el subsidio durante el embarazo durará, desde que se inicia con la suspensión del contrato de trabajo por esta causa hasta el día anterior a aquél en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o el de reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su estado.
Al igual que en la maternidad y la paternidad, durante este tiempo subsistirá la obligación de cotizar y las cuotas correspondientes a esta situación serán computables a efectos de los distintos períodos de cotización exigidos para el derecho de las prestaciones.
Extinción y suspensión del subsidio por riesgo durante el embarazo
Las causas de extinción del subsidio por riesgo durante el embarazo son:
Suspensión de contrato de trabajo por maternidad.
Extinción del contrato de trabajo en virtud de causa legal establecida.
El fallecimiento de la benediciaria.
El subsidio podrá denegarse o suspenderse cuando la beneficiaria haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar la prestación, y cuando realice cualquier trabajo o actividad, bien por cuenta ajena o propia, iniciados con posterioridad a la suspensión de contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo, incompatibles con su estado.
La gestión y el pago de la prestación económica por riesgo durante el embarazo corresponde al INSS o la Mutua, en función de la entidad con que la empresa tenga concretada la cobertura de riesgos profesionales, realizándose el pago por períodos vencidos.
Para el reconocimiento del derecho se inicia a instancia del trabajador mediante solicitud a la dirección Provincial del INSS, que tras su tramitación del correspondiente expediente, dictará resolución, que ha de notificar en el plazo de 30 días.
Deberá contener la fecha de suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo, los datos relativos a la actividad desempeñada, su categoría profesional y la función y descripción del trabajo concreto que realizase, así como el riesgo específico que presenta.
Se han de adjuntar dos documentos esenciales:
El informe médico del Servicio Público de Salud que asista a la trabajadora.
La certificación médica de que las condiciones del puesto de trabajo puede influir negativamente en la salud de la trabajadora y/o el feto, expedida por el INSS o Mutua.
Según la LGSS en relación con la Ley de Prevención de riesgos laborales, la situación protegida en el riesgo durante la lactancia natural es el período de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, dicho cambio de puesto no resulta técnica u objetivamente posible, o no puede razonablemente exigirse, por motivos justificados.
La mujer trabajadora ve suspendido su contrato de trabajo porque las condiciones de trabajo puede influir negativamente en su salud o en la del hijo menor de 9 meses durante el período de lactancia natural y así lo certifiquen los servicios médicos del INSS o la Mutua de accidente de trabajo y enfermedad profesional, en función de la entidad con que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales y un informe del Servicio Nacional de salud.
La lactancia ha de ser natural y no artificial.
Son beneficiarias las trabajadoras por cuenta ajena, incluidas las contratadas a tiempo parcial y para la formación, que estén afiliadas, en alta o en situación asimilada a la de alta, en los términos previstos para la prestación económica por riesgo durante el embarazo, tampoco se exige período previo de cotización alguno.
Se concede a la mujer trabajadora en los mismos términos y condiciones previstos para la prestación económica por riesgo durante el embarazo, es decir, un subsidio del 100 % de la base reguladora, siendo ésta la equivalente a la establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales.
Nacimiento del subsidio por riesgo durante la lactancia natural
Nace desde el mismo día en que se inicie la suspensión del contrato por esa causa.
Duración del subsidio por riesgo durante la lactancia natural
Se abona durante el período necesario para la protección de la salud de la trabajadora y/o el hijo lactante, hasta el día en que se reincorpore a su puesto de trabajo anterior a otro compatible con su estado o situación.
Subsiste la obligación de cotizar y las cuotas serán computables a los efectos previstos de cotización exigidos para el derecho a las prestaciones.
Extinción y suspensión del subsidio por riesgo durante la lactancia
Las causas de extinción son: cumplimiento de la edad de 9 meses del hijo lactante, salvo que la beneficiaria se haya incorporado con anterioridad a su puesto de trabajo, por extinción del contrato de trabajo y por fallecimiento de la beneficiaria.
Puede ser denegado o suspendido cuando la beneficiara haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar la prestación, así como cuando realice cualquier trabajo o actividad, bien por cuenta ajena o por cuenta propia, iniciados con posterioridad a la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante la lactancia, incompatibles con su estado.
La gestión y el pago de la prestación económica le corresponde al INSS o a la Mutua, realizándose el pago por períodos vencidos.
Su regulación básica está en los artículos 136 a 149 LGSS y en el RD 1300/2005. Como acción protectora del sistema de la SS existe una modalidad contributiva (IP) y una modalidad no contributiva (invalidez no contributiva). Los siguientes epígrafes se refieren a la modalidad contributiva.
La LGSS define la incapacidad permanente como la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral.
Va siempre precedida de un periodo más o menos largo de incapacidad temporal, salvo que afecte a quienes carezcan de protección frete a esta última contingencia.
No será necesario agotar los plazos máximos de incapacidad temporal, debiendo declararse la incapacidad permanente con independencia del tiempo transcurrido desde el hecho causante.
La concurrencia de secuelas definitivas supone que no sea necesario en todo caso el alta médica para la calificación de la incapacidad.
También procederá la declaración de incapacidad permanente, aun sin alta médica, si subsiste la incapacidad para el trabajo después de haber sido agotado el plazo máximo de duración de la incapacidad temporal con la salvedad de que la situación clínica del interesado hiciera aconsejable demorar la calificación de incapacidad permanente en los términos previstos en la LGSS.
La incapacidad permanente puede estas causada por lesiones de naturaleza física o psíquica, planteando éstas últimas importantes dificultades a la hora de la determinación objetiva de su incidencia sobre la capacidad de trabajo.
La incapacidad permanente se clasifica en función del porcentaje de reducción, que se determinará reglamentariamente, de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado.
Ahora bien, a falta del desarrollo reglamentaria se seguirá aplicando la legislación anterior, el concepto de profesión habitual difiere en función de que la incapacidad derive de accidente ( sea o no de trabajo), en cuyo caso será la desempeñada normalmente por el trabajador al tiempo de sufrirlo o que derive de enfermedad (sea común o profesional) en cuyo caso será la profesión a la que el trabajador dedicaba su actividad fundamental durante el periodo de 12 meses anteriores a la fecha en que se hubiese iniciado la incapacidad temporal de que se derive la incapacidad permanente.
De acuerdo con la LGSS debe entenderse por grados de incapacidad permanente:
Es aquella que sin alcanzar el grado de total ocasiona el trabajador una disminución no inferior al 33 % en su rendimiento normal para su profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma. La jurisprudencia entiende que concurre este grado de incapacidad aunque no se produzca merma en el rendimiento, si para mantenerlo el trabajador debe emplear un esfuerzo físico mayor que incremente la penosidad y la peligrosidad de las tareas.
También para la profesión habitual, pero en este caso para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión siempre que pueda dedicarse a otra distinta.
Se considera como tal la situación de incapacidad permanente total agravada por la presunción razonable de que el declarado incapaz difícilmente va a encontrar empleo en actividad diferente a la suya habitual por su edad, falta de preparación general o especialización y circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia.
La valoración de estas circunstancias va a determinar un incremento de pensión y ha llevado a doctrina y jurisprudencia a calificar esta situación como incapacidad permanente total cualificada. En todo caso ha de superar la edad de 55 años.
Este grado de incapacidad procede cuando se considera que el trabajador se encuentra inhabilitado no sólo para su profesión u oficio habitual sino para todo tipo de profesión y oficio.
La aprobación del incremento de pensión por circunstancias personal o del lugar de residencia del declarado incapaz que determinó la categoría de Incapacidad permanente total cualificada, permitió reconducir a su sentido estricto el grado de Incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio, que con anterioridad se aplicaba extensivamente para amparar situaciones que en sentido estricto no afectaba a la capacidad de trabajo conla gravedad característica de este grado de incapacidad.
A la incapacidad permanente absoluta se añade en este caso la grave circunstancia para el declarado incapaz de que como consecuencia de las reducciones o pérdidas anatómicas o funcionales necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.
Requisitos generales son la inclusión en el campo de aplicación, afiliación y alta o situación asimilada. Pero respecto de la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo y gran invalidez la Ley 26/1985 dispensa el requisito del alta, y la vigente LGSS también lo hace así.
Para causar derecho a las prestaciones de incapacidad permanente derivada de enfermedad común ( no si la Incapacidad es debida a accidente, sea laboral o no o enfermedad profesional) se exige un periodo mínimo de cotización que varía según la edad que tuviera el incapacitado en el momento del hecho causante:
Si el sujeto es menor de 26 años, la mitad del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 16 años y la del hecho causante de la pensión.
Si el causante tiene cumplidos los 26 años, ¼ del tiempo transcurrido entre la fecha en que haya cumplido los 20 años y el día en que se hubiese producido el hecho causante, con un mínimo, en todo caso, de 5 años. De este periodo, al menos la 1/5 parte deberá estar comprendida dentro de los 10 años inmediatamente anteriores al hecho causante.
El periodo mínimo de cotización exigible difiere en el caso de prestación por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual siendo en este caso de 1800 días, que deben estar comprendidos en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en que se haya extinguido la incapacidad temporal de la que derive la incapacidad permanente parcial.
Caso de que el causante no estuviera en situación de alta o asimilada en el momento del hecho causante el periodo mínimo de cotización exigible para causar derecho a la pensión de incapacidad permanente en los grados de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez derivada de riesgos comunes, es decir de enfermedad común o accidente no laboral, siendo en todo caso de 15 años, de los que al menos la 1/5 parte deberá estar comprendida dentro de los 10 años inmediatamente anteriores al hecho causante.
Finalmente, no se reconocerá el derecho a la prestación de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes cuando el beneficiario, en la fecha del hecho causante, hay cumplido la edad de 65 años y reúna todos los requisitos para acceder a la pensión de jubilación. Y por otro lado, las pensiones de incapacidad permanente cuando sus beneficiarios cumplan la edad de 65 años pasarán a denominarse de jubilación, sin que esta denominación implique modificación de las condiciones de la prestación que viniese percibiendo.
Las prestaciones varían según el grado de incapacidad y se calculan unos determinados porcentajes a una base reguladora, con alguna excepción en la que la prestación consiste en una cantidad a tanto alzado.
La prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual consistirá en una cantidad a tanto alzado equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora.
En caso de incapacidad permanente total la prestación es una pensión vitalicia del 55 % de la base reguladora. Cuando el beneficiario fuese menor de 60 años puede solicitar que la pensión le sea sustituida por una indemnización a tanto alzado cuya cuantía oscila en una escala que va desde 12 mensualidades de pensión si el beneficiario tuviera 59 años cumplidos al formular la petición hasta las 84 mensualidades si tuviera menos de 54 años.
Los declarados en incapacidad permanente total cualificada perciben una pensión vitalicia del 75 % de la base reguladora como consecuencia del incremento del 20 % sobre la pensión de incapacidad permanente total a que dan derecho las mayores dificultades que se aprecian en el trabajador para encontrar nuevo empleo y que determinan este grado.
La incapacidad permanente absoluta consiste en una pensión vitalicia del 100 % de la base reguladora, incrementada en un 50 % en el caso de gran invalidez, para que el inválido pueda remunerar a las personas que lo atienden y que puede sustituirse por el internamiento y cuidado en una institución asistencial con cargo a la SS. El incremento del 50 % no se ve afectado por el tope máximo para las pensiones públicas.
La LGSS indica que la base reguladora para los distintos grados de incapacidad permanente, con excepción de la parcial, derivada de enfermedad común cuyo periodo mínimo de cotización exigible sea superior a 8 años y para la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez derivadas de contingencias comunes ( enfermedad común y accidente no laboral) en caso de que el beneficiario no se encontrase en alta o en situación asimilada, estará constituida por el cociente resultante de dividir por 112 ( 96 más 26 meses de pagas extraordinarias) las bases de cotización del interesado durante los 96 meses anteriores al hecho causante teniendo en cuenta que las bases de los últimos 24 meses se computaran por su valor nominal y el resto actualizado según la evolución del IPC.
De la LGSS se deduce que el cálculo de la base reguladora para los distintos grados de incapacidad permanente derivada de accidente no laboral se rige por el D 1646/1972 modificado por el RD 1795/2003, que fija la base reguladora en el cociente de dividir por 28 la suma de las bases de cotización del interesado por un periodo ininterrumpido de 24 meses, elegido por el beneficiario dentro de los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión.
Respecto a la incapacidad permanente parcial, la base reguladora es la misma que la de la incapacidad temporal que la haya precedido.
Pero en ningún caso superarán la cantidad fijada en la Ley de Presupuestos Generales de cada año.
Nos encontramos con bases reguladoras distintas, según el riesgo de que proceda la incapacidad sea accidente de trabajo y enfermedad profesional o accidente laboral y enfermedad común.
b) Dinámica de la protección
La declaración de la situación de incapacidad permanente a efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas corresponde al INSS que también evaluará, calificará y revisará, en su caso el grado de incapacidad y a determinar las contingencias causantes de la misma. Para ello se prevé la constitución de equipos de valoración de incapacidades (EVI), cuya función primordial es formular el dictamen-propuesta, preceptivo pero no vinculante, en relación con la anulación o disminución de la capacidad de trabajo respecto de la calificación de la incapacidad permanente y su grado, revisión de la misma por agravación, mejoría o error de diagnóstico y contingencia determinante. Las resoluciones del INSS son ejecutivos e impugnables previa reclamación a la entidad gestora, ante la jurisdicción social.
El hecho causante se entenderá producido en la fecha que se extinga la incapacidad temporal previa y el carácter vitalicio de las pensiones les concede una duración en principio indeterminada aun cuando cabe revisión de la situación. Toda resolución del INSS por la que se reconozca el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente o se confirme el grado reconocido previamente hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría. No hay límite de plazo cuando la revisión se promueve, de oficio o a instancia de parte, como consecuencia de error de diagnóstico o porque el pensionista trabaje por cuenta propia o ajena.
El pago de pensiones se efectúa por mensualidades naturales vencidas, y dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al del vencimiento por la TGSS.
Respecto del régimen de incompatibilidades la LGSS establece reglas especiales, pues la incapacidad permanente total es compatible con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma o distinta empresa, pudiendo el pensionista convenir con la empresa la reducción de su salario hasta un máximo del 50 % del importe de la pensión cuando su capacidad afecte el desempeño de su trabajo y también compatible con subsidios de desempleo y recuperación. El incremento del 20 % de la incapacidad permanente total cualificada es incompatible con la realización de trabajos por cuenta ajena o propia incluidos en el campo de aplicación de la SS e incompatible con el desempleo y el subsidio de recuperación.
Las pensiones vitalicias por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez no impedirán el ejercicio de actividades, lucrativas o no compatibles con el estado del inválido y que no representen un cambio de su capacidad de trabajo. Los pensionistas que simultaneen la percepción de su pensión con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o propia deberán comunicarlo a la Entidad Gestora. La cantidad a tanto alzado por incapacidad permanente parcial es compatible con el trabajo y con la pensión de incapacidad que pueda reconocerse posteriormente.
La extinción de la pensión se puede producir como consecuencia de la revisión de la incapacidad, por cumplir el beneficiario la edad de 65 y pasar la pensión a considerarse como de jubilación, y por fallecimiento del beneficiario.
Además de las prestaciones de naturaleza económica, las personas integradas en el Régimen general que reúnan los requisitos generales tendrán derecho a la asistencia sanitaria que exija su situación y que tiene por objeto la prestación de servicios médicos y farmacéuticos conducentes no sólo a conservar o restablecer la salud de los beneficiarios sino su aptitud para el trabajo, atendiendo a la rehabilitación física precisa para la recuperación profesional de los trabajadores.
Pero junto a esta finalidad recuperadora la LGSS contempla expresamente prestaciones específicamente recuperadoras que habrán de iniciarse tan pronto como se aprecie su procedencia sin que sea incluso precisa la existencia de una previa declaración de incapacidad permanente, pudiendo comprender la rehabilitación funcional con el tratamiento sanitario adecuado, orientación profesional y formación profesional por readaptación al trabajo habitual anterior o por reeducación para un nuevo oficio o profesión.
El derecho a las prestaciones económicas por IP nace cuando concurran las condiciones de acceso a las mismas, mediante resolución expresa del Director Provincial del INSS. Sin embargo, la prestación se causa a partir del momento en que se entiende producido el hecho causante, hecho causante que depende, a su vez, de la existencia o no de una previa IT así como de la relación jurídica con la SS que mantenga el beneficiario en ese momento, de tal manera que tenemos que:
Si la IP deriva de una situación de IT, el hecho causante se entenderá producido en la fecha en que se haya extinguido la IT; si la IP no viene precedida de una previa IT o ésta no se hubiera extinguido, el hecho causante se entenderá producido en la fecha de emisión del dictamen-propuesta del EVI.
Si el trabajador se halla en situación de no alta ni asimilada a la de alta (IPA o GI), el hecho causante se entenderá se fijará en la fecha de la presentación de la solicitud.
Reconocimiento y pago de las prestaciones
El reconocimiento y pago corre a cargo del INSS.
A tenor del artículo 138 LGSS, no se reconocerá el derecho a las prestaciones de IP derivada de contingencias comunes cuando el beneficiario, en la fecha del hecho causante, tenga la edad de 65 años prevista para causar pensión de jubilación, y reúna los requisitos para acceder a dicha prestación.
Se devenga por mensualidades naturales vencidas con dos pagas extraordinarias que se abonan con las ordinarias en los meses de junio y noviembre.
La invalidez no contributiva. El complemento de necesidad de concurso de otra persona
Como desarrollo del principio del art. 41 CE que encomienda a los poderes públicos el mantenimiento de un régimen público de SS para todos los ciudadanos la Ley 26/1990 extendió el derecho a las pensiones de incapacidad a todos los ciudadanos, aun cuando no hubieran cotizado nunca o con el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones de nivel contributivo, pretendiendo llegar a la universalización de tales prestaciones. La cuantía de la pensión de incapacidad en su modalidad no contributiva se fijará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado y a ella tienen derecho los mayores de 18 y menores de 65 años que residan legalmente en territorio español, estén afectados por una minusvalía o enfermedad crónica y carezcan de rentas o ingresos suficientes en los términos legalmente previstos. El régimen jurídico se encuentra en la LGSS y su financiación corre a cargo de las aportaciones del Estado al Presupuesto de la SS. Su gestión ha sido transferida a las CCAA.
La pensión de invalidez del Seguro de Vejez e Invalidez (SOVI)
Las prestaciones por IP extraordinarias motivadas por actos de terrorismo
Quienes sean víctimas de un acto de terrorismo, tienen derecho a pensiones extraordinarias que se han previsto conforme a los términos de las pensiones de incapacidad y supervivencia derivadas de accidente de trabajo, pero sin estar afectadas por los límites máximos previstos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Se extiende a la condición de beneficiario a quienes, sin vínculo matrimonial con el causante de la pensión, acrediten convivencia en relación de afectividad análoga a la del matrimonio.

References: resolución 
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 artículo 138