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Principios del Código Civil
Escrito por Francisco Orrego Publicado en 5/25/2018
Principios subyacentes del código civil chileno.
Son varios los principios que subyacen en el Código sea porque le sirvieron de inspiración a su redactor o bien porque guían e informan las diversas instituciones que el regula.
Creemos entonces, a diferencia de la mayoría de la doctrina, que hay que hacer una distinción entre principios inspiradores y principios fundamentales plasmados en el Código.
A.- Principios o ideologías que inspiraron a A. Bello.
Podemos hablar de principios inspiradores o, como lo hace el profesor Mauricio Tapia Rodríguez, de ideologías que inspiraron su redacción, del espíritu que lo anima, siguiendo claramente las palabras del profesor Jean Carbonnier.
Mencionemos algunas de ellas y analicémoslas someramente.
1.- Principios canónicos o castellanos antiguos: En materia de familia subsistieron una buena cantidad de disposiciones que, provenientes del derecho castellano tenían su origen común en el derecho romano. Así la familia estaba constituida a partir de una estructura piramidal fundada por el marido como jefe de familia, que ejercía una potestad económica y personal sobre la mujer (potestad marital) y sobre los hijos (patria potestad y potestad paterna).
En materia sucesoria el fenómeno es similar por cuanto se siguió la tradición española de las asignaciones forzosas y de disposición limitada de los bienes del causante.
Una reminiscencia de la influencia del derecho canónico lo encontramos todavía en el artículo 586 del Código. La nueva ley de matrimonio civil vuelve con mucha fuerza a aquellos principios de derecho canónico.
2.- Fundamentalmente el Código civil ha sido inspirado por los principios de la ilustración y de la Revolución francesa, donde impera el individualismo como eje o motor de los actos jurídicos. Se consagran de ese modo los principios individualistas de la libertad, la igualdad y la voluntad, que no siempre tienen una convivencia pacífica en el Código pues muchas veces se encuentran en conflicto.
2.1.- Libertad
La libertad como nos dice Mauricio Tapia es la filosofía esencial del Código civil.
Es cierto que en materia de sucesoria y de familia esta libertad no es tan clara de advertir como en materia patrimonial, pues se encuentra bien encerrada en el molde del orden público, pero de ninguna manera podemos aseverar que es inexistente.
Tómese en cuenta solamente que el Código civil niega el divorcio vincular (la definición que se mantiene del matrimonio en el artículo 102 es una prueba de ella, no obstante su consagración en la nueva Ley de matrimonio civil), los hijos se encontraban sujetos a una larga tutela de los padres, sobre todo del padre, la mujer se encontraba sometida al marido, la facultad de pactar regímenes de bienes en el matrimonio era restringida y en materia sucesoria la libre disposición de los bienes del causante era sólo marginal.
Ciertamente que en los últimos tiempos se haya avanzado mucho en esta materia.
En materia patrimonial en cambio el espíritu libertario es claramente apreciable. El dominio o propiedad es más que un derecho es una libertad, pues está limitada (art.582) al propio arbitrio del titular.
En materia contractual rige ampliamente el principio de la autonomía de la voluntad, autonomía que veremos es tanto de forma (para celebrar la convención nominada o innominada que se quiera) o de fondo (para fijar el contenido del contrato, mediante la inclusión libre de elementos accidentales a la convención).
En materia de responsabilidad civil la libertad es la justificación de sus reglas pues sólo el hombre libre de gobernar sus actos puede ser declarado responsable de las consecuencias perjudiciales que su actuación puede provocar a terceros.
2.2.- Igualdad
La noción unitaria de persona es una muestra de ello (art.55).
Se consagra la igualdad entre chilenos y extranjeros. A. Bello fue realmente innovador en este punto. Este principio lo vemos consagrado en el art.57.
Cuando se dicta el Código casi todos los países hacían distinción entre nacionales y extranjeros, nuestro código establece el principio general de la igualdad, bien que en ciertas materias se permite hacer distinciones odiosas, por ejemplo, en derecho de familia pues tanto la mujer como los hijos naturales o nacidos fuera del matrimonio recibían un trato sumamente discriminatorio, lo que hoy sólo persiste entre hijos de filiación determinada o no determinada.
En materia sucesoria las asignaciones forzosas permiten una igualdad de trato entre los diferentes asignatarios de un mismo grado.
En materia patrimonial los contratantes se encuentran casi siempre (salvedad hecha en los contratos de adhesión) en igualdad de condiciones para discutir el contenido del contrato.
2.3.- Voluntad
En el Código civil el hombre no es un cuerpo humano (este es una cosa) el hombre es esencialmente una voluntad, un ser capaz de tomar decisiones libres.
La ley es percibida como una declaración de voluntad soberana.
La voluntad en efecto atraviesa todo el Código civil y en definitiva la vida del hombre como lo señala Mauricio Tapia. El matrimonio se contrae por voluntad de los cónyuges, los contratos se forman por el concurso de voluntades, se ejecutan e interpretan según la voluntad de los contratantes, la responsabilidad supone una voluntad libre del agente, y el testador puede voluntariamente disponer de una parte de sus bienes, por no citar sino algunos ejemplos.
B.- Principios fundamentales del Código civil
El Código civil contiene principios fundamentales que informan instituciones y hasta otorgan soluciones específicas de casos puntuales.
Algunos principios no están formulados de una forma precisa, pero después de un proceso inductivo se puede llegar al principio general que se encuentra en las raíces de la norma civil.
Veamos cuatro de ellos, quizás los más importantes.
1.- Autonomía de la voluntad
Más que un principio según nos dice Jean Carbonnier es una teoría de filosofía jurídica según la cual, la voluntad humana tiene en ella a su propia ley, ella se crea su propia obligación, pues si el hombre se encuentra obligado por un acto jurídico, especialmente por un contrato, es porque él lo ha querido. El contrato es el principio de la vida jurídica y la voluntad individual, el principio del contrato.
Esta teoría ha marcado el Código civil francés y el chileno, todo ello en armonía con la ideología del individualismo.
La autonomía de la voluntad se manifiesta en cuanto al fondo y a la forma en varias etapas de la formación del contrato.
1.1.- En cuanto al fondo.
En plena discusión contractual, es decir, antes que el contrato sea formado, en el período de negociación, el individuo tiene una doble libertad: contratar o no contratar, entrar o salir libremente de la negociación, más todavía él puede determinar a su gusto el contenido del contrato. Esta libertad de contenido es la que se denomina corrientemente libertad contractual donde se ve la esencia de la autonomía de la voluntad.
El individuo puede contratar no sólo la oferta de contratos que se encuentran en las leyes (se les llama contratos nominados o típicos) también puede crear sus propias convenciones. Ciertamente no le está permitido eliminar todas las reglas legales, pues hay algunas que son imperativas o de orden público. El orden público lo veremos más adelante es un límite a la libertad contractual.
Recordemos que uno de los axiomas del liberalismo y que inunda el derecho privado es el contenido en la Declaración de Derechos del hombre de 1789, en el artículo 5, que dice que “todo lo que no está prohibido está permitido.”
Podemos decir sin temor a equivocarnos que el principio de la autonomía de la voluntad y su corolario en materia de contratos, el de la libertad contractual, inundan todo el código civil y en general nuestro derecho privado.
Una vez el contrato formado cada parte se puede cobijar o atrincherar en lo pactado impidiendo que cualquiera autoridad, incluido el juez, pueda inmiscuirse en su contenido libremente pactado.
Sólo las partes pueden modificar, de común acuerdo, ese contrato, pero ya no será el mismo contrato sino uno nuevo, y por lo mismo un nuevo triunfo de la autonomía de la voluntad.
1.2.- En cuanto a la forma
Es a la vez la existencia del contrato y su interpretación los que se encuentran en causa.
En efecto el contrato tiene existencia jurídica por la sola fuerza de la voluntad sin que ella requiera un beneplácito de autoridad alguna. Por otro lado la interpretación de las partes obscuras del contrato debe hacerse buscando lo que los contratantes han querido en lo más profundo de su voluntad.
El Código civil chileno comienza a configurar desde temprano la preeminencia de este principio. Es visible desde el artículo 12 del Código que establece la renuncia de los derechos conferidos por las leyes, siempre que los derechos que se renuncian miren al sólo interés del renunciante y su renuncia no esté prohibida por ley. El artículo 1445, ya analizado, establece que “para que una persona se obligue por un acto o declaración de voluntad es necesario: 2° que consienta en dicho acto o declaración…”; el art.1444 también analizado que faculta a las partes para introducir expresamente elementos de la naturaleza y accidentales por medio de cláusulas consentidas mutua y libremente por las partes; el artículo 1545 que determina el efecto de las obligaciones señalando que “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o causas legales”, con lo que se establece que la forma de deshacer el contrato libremente consentido es de la misma forma como éste nació a la vida del derecho, por consentimiento mutuo.
Este último artículo nos retrata la fuerza de la declaración de voluntad, ella es una ley para los contratantes, en su efecto relativo ella es similar al efecto universal que tiene una ley emanada de la potestad legislativa. A tal punto es completo el alcance de la ley del contrato que procede el recurso de casación en el fondo, que sólo tiene lugar contra sentencia pronunciada con infracción de ley. Vemos que la infracción de la ley del contrato es asimilada por la Corte Suprema a la infracción de una ley de normativa corriente, emanada de la potestad legislativa.
Al interpretar los contratos el artículo 1560 del Código establece como regla primera que “conocida claramente la intención de los contratantes debe de estarse más a ella que a lo literal de las palabras”.
Es cierto que los flujos publicizadores son fuertes en materia de contratación imponiendo por ejemplo en ciertas áreas del derecho un contenido mínimo de justicia en la relación que surja entre los contratantes, es el caso del contrato de trabajo. En otras situaciones, como el de los contratos de adhesión, se permite que el contenido del contrato no sea libremente debatido sino que impuesto en su integridad por uno de los contratantes, pero ello no es la regla general. En el caso de los contratos de adhesión subsiste la libertad del contratante que no ha propuesto el contenido de contrato de no consentir, y al hacerlo surgiendo problemas de interpretación, esas cláusulas serán interpretadas en contra del contratante que las impuso.
Los límites del principio de la autonomía de la voluntad
1.- El primer límite que conoce la autonomía de la voluntad es la propia ley.
La ley se presenta como límite en dos aspectos: a) el acto voluntario no puede transgredir la ley; y b) por el acto voluntario no se puede renunciar a aquellos derechos que la ley declara irrenunciables.
En el primer caso vemos los ejemplos del objeto y de la causa ilícita. En el segundo el señalado art.12 del Código civil.
2.- El segundo límite que conoce la autonomía de la voluntad es la protección del orden público y las buenas costumbres.
Según Carlos Ducci debemos entender por orden público el respeto de “ese espíritu general de la legislación a que se refiere el art. 24 del Código Civil.” Las buenas costumbres, según el mismo autor “corresponden a aquellos usos y costumbres que la sociedad considera en un momento dado como normas básicas de convivencia social.”
3.- El tercer límite está dado por la protección de los derechos legítimos de terceros.
Se entiende que se afectan derechos de terceros cuando se abusa del derecho propio. En otras palabras el uso legítimo de un derecho termina donde el abuso comienza.
2.- Buena fe
Nuestro Código civil es ejemplarizador al proteger la buena fe de los contratantes y al sancionar o castigar duramente la mala fe. Más de 40 disposiciones, nos dice don Carlos Ducci, de nuestro código se refieren a la buena y a la mala fe.
Ya comienza el Código señalando en su título preliminar lo que se entiende por dolo “la intención positiva de inferior injuria a la persona o propiedad de otro.” La mala fe aquí está asociada a una intención positiva, aunque a veces se actúa de mala fe a través de una actitud meramente culpable (sin intención) o sin mediar actitud alguna, es decir sin hacer nada u omitiendo una información esencial, como es el caso de la reticencia dolosiva.
El respeto de la buena fe se encuentra en todas las regulaciones de la vida civil que contiene el Código, en la ejecución de los contratos (los contratos deben ejecutarse de buena fe), en materia posesoria, en materia de familia con la institución del matrimonio putativo (ex art.122 hoy art.51 LMC) que produce los mismos efectos civiles que el válido respecto del cónyuges que de buena fe y con justa causa de error lo haya contraído, en el arrendamiento o la venta de cosa ajena, etc.
En general podemos decir que existe una presunción general de buena fe en todo el ámbito del derecho privado, es la mala fe la que no se presume y por lo tanto debe de probarse en cada oportunidad.
3.- Enriquecimiento sin causa
Regularmente se habla de enriquecimiento sin causa como una infracción a un orden que es causal en materia de obligaciones, se trata de que toda obligación, todo acto jurídico más generalmente hablando, debe de tener una causa, en términos amplios, una razón de ser o de deber ser, lo que en derecho anglosajón se denomina consideration. Así todo aquello que enriquezca o aumente el patrimonio de una persona debe de situarse en una relación causal con la disminución o el empobrecimiento patrimonial del otro, esta relación es además correlativa, aunque no necesariamente de equivalencia.
Como el Código civil es el código de derecho privado común este principio se encuentra en numerosas disposiciones de su texto, en la accesión (arts. 658 y ss.), en las prestaciones mutuas (905 al 917), en la nulidad de los acto de un incapaz o en la nulidad del pago (1688 y 1578), en la lesión enorme dentro de la compraventa (1889 y ss.) entre otras.
Todo aquello que es recibido sin causa o inmotivado no se entiende que es donado, debe por lo tanto ser restituido: “el que da lo que no debe no se entiende que lo dona”, así la víctima tiene acciones para reclamar su restitución (acción in rem verso).
Pero atención, hay casos en los que la ley permite el enriquecimiento sin causa, esta situación es excepcional, y la encontramos en el contrato de esponsales.
4.- La responsabilidad
Más que un principio de derecho privado es un principio de derecho, del ordenamiento jurídico.
La responsabilidad es un principio transversal del derecho, que abarca temas de derecho público (la responsabilidad de los agentes del Estado, se habla de responsabilidad política y administrativa), la responsabilidad de los jueces por sus conductas ministeriales (se habla de responsabilidad ministerial o funcionaria), en el ámbito del derecho privado, de responsabilidad civil y penal, distinción ésta última que se recoge con claridad a partir del Código de Napoleón.
Hoy la diferencia entre la responsabilidad penal que acarrea la comisión de un delito y la responsabilidad civil que consiste en la reparación de un perjuicio o de un daño ilícitamente causando se encuentra claramente establecida en nuestro ordenamiento jurídico.
En materia civil el Código la distingue en dos áreas fundamentales: La responsabilidad contractual, es decir, la que incurren aquellas personas que han incumplido una obligación derivada de un contrato y; la responsabilidad extracontractual, aquella en la que incurren aquellos que dolosa o culposamente han cometido un hecho ilícito civil que causa daño a un tercero.
Los partidarios de la unicidad de la responsabilidad dicen que en ambos casos hay incumplimiento de una obligación, dentro de la primera es la obligación contractual la que se incumple, mientras que dentro de la segunda es la obligación genérica de no causar daño injusto a otro la que se encuentra violada.
Dentro de ésta última se suele incluir la responsabilidad precontractual que es aquella que se produce precisamente antes que nazca el vínculo contractual personal, es decir en el período de negociación del contrato. Se la incluye dentro de la responsabilidad extracontractual pues no hay aún contrato, sin embargo no se trata de la violación dolosa o culposa de la obligación genérica de no causar daño a otro, hay aquí la infracción específica de deberes morales o precontractuales que han sido incumplidas, nos referimos a los deberes de lealtad, buena fe, fidelidad, de información, etc.
A falta de responsabilidad extracontractual y de responsabilidad precontractual se le aplican a las situaciones dañosas producidas en la etapa de la negociación del contrato, las reglas de la responsabilidad contractual, que es la regla general.
En materia de responsabilidad no podemos dejar de asociar ésta al derecho de prenda general de los acreedores (art.2465) por cuya virtud “toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables.” Sin esta institución el derecho de los daños o de la responsabilidad sería letra muerta.
1.- El culto o la omnipotencia de la ley: En el Código se aprecia gran fervor por la ley escrita, al punto que se ha sostenido que la ley escrita, para Andrés Bello, vino a reemplazar la voluntad del rey.
Variadas manifestaciones de este principio se encuentran en su articulado, por ejemplo, se rechaza la costumbre y sólo se acepta cuando la ley se remite a ella con lo cual A. Bello se aparta del derecho canónico; el art.1° se refiere a la ley, dándosele a ésta una vigencia indefinida, a la que sólo puede dejársela sin efecto por la derogación, y por lo mismo el desuso (la ausencia de vigencia social) no basta para dejarla sin efecto. Se rechaza la ignorancia de la ley, se establece una presunción de conocimiento: una vez que la ley entra en vigencia, nadie puede alegar ignorancia. Sólo se permite a la propia ley interpretarse a si misma, de manera general y obligatoria.
2.- Constitución cristiana de la familia: Señalábamos anteriormente que todo el código civil fue estructurado sobre este principio que encuentra su principal fuente formal en el derecho canónico. Son manifestaciones de ello, el matrimonio indisoluble (hasta hoy vigente), el matrimonio monógamo, entre un hombre y una mujer.
En el proyecto original se trataba con mucha restricción todo lo relacionado a la filiación, Bello fue sumamente rígido, sólo eran hijos legítimos aquellos concebidos dentro del matrimonio. Se estableció en el art. 76, una presunción de derecho para determinar cuando el hijo es concebido. Se regulaban los hijos adulterinos, los hijos incestuosos, los hijos sacrílegos. En el texto original no se regulaba la adopción pues A. Bello la consideraba como filiación artificial.
3.- El respeto a la propiedad privada: Consideraba A. Bello, como consecuencia de que lo inspiraba el individualismo de la época, que la propiedad privada era uno de los derechos más importantes del hombre. Una manifestación de ello es el art. 582 que define el derecho de dominio o propiedad, en términos que “permite gozar y disponer de una cosa arbitrariamente…”. Clara influencia obtiene A. Bello del derecho francés en este aspecto. La definición, lo veremos más adelante, es prácticamente la misma que la del Código civil francés.
4.- El principio de la libre circulación de los bienes: Este principio es fundamental, y consecuencia lógica del individualismo que impregna a su redactor, se manifiesta por ejemplo en las normas que regulan la comunidad, a la que A. Bello pone trabas, lo mismo respecto de la constitución de fideicomisos y usufructos sucesivos, entre otros.

References: artículo 586
 artículo 102
 artículo 5
 artículo 12
 artículo 1445
 artículo 1545
 artículo 1560