Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831766.html
Timestamp: 2019-11-21 03:40:05+00:00

Document:
as201831766
Auto Supremo Nº 766
Expediente : 470/2018
Demandante : Jorge Reynaldo Cuadros Anaya
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y la forma de fs. 79 a 83, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENASIR, a través de su apoderada Claudia Maldonado Encinas, contra el Auto de Vista N° 097/2018 de 23 de julio de 2018, pronunciado por la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; cursante de fs. 73 a 75, dentro del proceso social de certificación de compensación de cotizaciones seguido por Jorge Reynaldo Cuadros Anaya, contra el SENASIR; la respuesta de fs. 89 a 93, el Auto de 10 de octubre de 2018 de fs. 88, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
Tramitado el proceso de reclamación seguido por Jorge Reynaldo Cuadros Anaya, la Comisión de Reclamación del SENASIR de la ciudad de La Paz, emitió la Resolución Nº 209/17 de 7 de abril de 2017, fs. 46 a 51, por la que resuelve confirmar la Resolución N° 8695 de 7 de noviembre de 2016, de fs. 18, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones, calificación manual del SENASIR de la ciudad de La Paz, por estar dispuesta a datos del expediente y normativa en vigencia.
Interpuesto el recurso de apelación por el demandante (fs. 63), mediante Auto de Vista N° 097/2018 de 23 de julio de 2018, pronunciado por la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; cursante de fs. 73 a 75, revocó la Resolución Administrativa Nº 209/17 de 7 de abril de 2017, emitida por la Comisión de Reclamación del SENASIR, dejando sin efecto la R.A. N° 8695 de 7 de noviembre de 2016, disponiendo se emita nueva resolución y se proceda a una nueva certificación de aportes para el trámite del certificado de compensación de cotizaciones a favor del beneficiario.
Dicha Resolución motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 79 a 83, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENASIR, representada por su apoderada Claudia Maldonado Encinas, quien argumenta que el Tribunal A quo no tomo en cuenta que CABLE WEST COAST, no certifica el periodo de 05/77, debido a que el asegurado no figura en planillas cursantes en el Área de Certificación, con referencia al periodo de 06/81, no se consideró como periodo ni se otorgó el Salario Cotizable al mismo, en razón a que el interesado trabajo mes incompleto por tanto no es cotizable dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Certificación aprobado por la R.A. N° 299.13 de fecha 31/07/2013 Cap. 11, num. 5 Inciso d), como evidencia la certificación CERT-10-2016-848 a fs. 17, aclara que en la época se traducía el salario en pesos, tomando en cuenta la lógica del beneficiario señala que, se tomó como base su haber mensual, efectuando un cálculo según su interpretación.
Agrega que, el salario cotizable actualizado es de Bs.1800.41 y en formulario de cálculo se tomó en cuenta como salario cotizable actualizado Bs.1805 Salario Mínimo Nacional Vigente en fecha 07/11/2016, para determinar el monto del pago global de Compensación de Cotizaciones en cumplimiento a la R.A. N° 299.13 de fecha 31/07/2013 que aprobó el manual de certificación CC en su capítulo 11 Numeral 1 v), referido al Salario mínimo nacional.
Acusa errónea aplicación de la ley, que viola el debido proceso y crea inseguridad jurídica, ya que el Auto de Vista recurrido pretende que se incluya un periodo en el que no figura en planillas y otro que no trabajo el mes completo, asimismo, manifiesta que se realiza un cálculo erróneo en su segundo considerando numeral 3), que considera el haber mensual que percibía el Sr. Cuadros en mayo de 1981 fuera en Bolivianos, habiendo obviado que en la época la moneda de circulación era en pesos $b., por lo que se realiza la actualización del salario cotizable conforme cuadros en los que detalla los señalado.
Aduce que el Auto de Vista no toma en cuenta que para el salario cotizable no se suma bono sin descuento y calcula el total ganado; por otra parte observa que en la parte que Revoca la R.A. N° 209/17 no establece de forma clara y precisa los parámetros que se deben tomar en cuenta para el cálculo de la Compensación de Cotizaciones.
En ese sentido, manifiesta que el Auto de Vista pretende aplicar la normativa del D.S. 27543 y la documentación supletoria en trámites de Compensación de Cotizaciones en su art. 14, así como la R.M. N° 0550 de 28.09/2005, aduciendo que el SENASIR vulneró esta normativa, no aplicándola a cabalidad, menciona también que la Resolución Ministerial Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, que reglamenta los alcances del D.S. 27543 en trámites de Compensación de Cotizaciones, no se aplicó.
Hace cita del art. 45 de la Constitución Política del Estado y acusa violación de principios constitucionales de integridad y oportunidad; al pretender el Auto de Vista omitir los cálculos, actualizaciones, cotizaciones certificadas, siendo que en su momento se obro conforme a la normativa, lo contrario sería atentar contra el orden público, lesionar los intereses del Estado, y sobre todo crear inseguridad jurídica, aduce que para el presente caso existen disposiciones especiales contempladas en el art. 14, así como la R.M. 550 de 28.09/2005, D.S. 822 de 16/03/2011, que son de cumplimiento obligatorio por ser de orden público, de acuerdo al parágrafo I del art. 48 de la CPE, que prevé que, las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio.
Concluye solicitando:“…se dicte Auto Supremo anulando y/o casando el Auto de Vista N° 097/2018, de 23 de julio, y se confirme en su totalidad la resolución de la Comisión de Reclamación N° 209/167 de 7 de abril de 2017 emitida por el SENASIR”.
Jorge Reynaldo Cuadros Anaya mediante escrito de fs. 89 a 93, responde al recurso de casación interpuesto por el SENASIR, y haciendo cita a partes del fundamento de la casación, argumenta que, la parte recurrente, hace mención a lo establecido por la R.A. N° 299.13 de fecha 31/07/2013, señala que, debe tenerse presente que dicha normativa (R.A. N° 299.13) no existe, y el recurrente señala la vulneración a una norma inexistente; añade que, de la prueba adjuntada y que cursa en obrados, se tiene que su persona percibía un salario promedio de Bs. 7.802, en el mes de mayo de 1981, debiendo tomarse este monto para efectos de proceder a la liquidación, no siendo cierto ni evidente lo argüido por la parte recurrente, en cuanto refiere a que no existiría documentación que acredite el salario promedio que percibió en el año 1981, fecha ultima que trabajó en Cable West Coast, de modo tal que, en merito a la verdad material de los hechos, se hace necesaria la remisión a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, como norma fundamental del ordenamiento jurídico boliviano, en su art. 45; es decir, que se debe buscar la máxima eficacia de los derechos que hacen a la seguridad social, que en el caso de examen, se traduce en el reconocimiento real y verdadero de todo el tiempo, de 4 años, 1 mes y 18 días de trabajo que prestó su servicios laborales en dicha empresa.
Mediante Auto de 21 de noviembre de 2018, fs. 99, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia resolvió admitir el recurso de casación en el fondo y la forma de fs. 79 a 83, interpuesto por el Servicio Nacional de Sistema de Reparto, representado por su apoderada Claudia Maldonado Encinas.
El art. 45. IV de la Constitución Política del Estado (CPE), señala respecto al derecho al acceso a la Seguridad Social estableciendo que; el Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo; a través de este dispositivo legal, el Estado Plurinacional de Bolivia, garantiza y respeta el derecho de las bolivianas y bolivianos a acceder a una jubilación con las características de universalidad, solidaridad y equidad; por lo que, el ente gestor está obligado a calificar la renta teniendo en cuenta la totalidad de los aportes efectuados por el beneficiario, sin que una formalidad pueda restringir el acceso a dicho derecho. Esta obligación estatal se encuentra reafirmada por el art. 67. II de la CPE, que impone al Estado la obligación de proveer una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral de acuerdo a nuestra legislación.
Las normas constitucionales citadas, establecen que la jubilación es un derecho que goza de protección Estatal; que según el entendimiento asumido por el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0280/2012 de 4 de junio, este derecho resguarda “…a la persona humana de las contingencias propias de la vejez -como hecho natural- por su deterioro físico y psicológico, convirtiéndose en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales”.
Sobre el tratamiento extraordinario para la certificación de aportes al Sistema de Reparto, el art. 14 concordante con el art. 1 ambos del D.S. N° 27543, referente a la utilización de documentos que cursan en el expediente, señala que: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las cajas de salud respectivas, record de servicios o calificación de años de servicio, contratos de trabajo, memoranda de designación y despido.(…)”; estas disposiciones legales, velan por el acceso a una jubilación justa, otorgan mayor facilidad a los beneficiarios, disponiendo que, cuando por algunos periodos de tiempo, no existieran planillas en archivos del SENASIR, se complemente la verificación de aportes con otros documentos como los finiquitos, certificados de trabajo, avisos de afiliación y de baja del trabajador, etc., previsión legal que debe ser aplicada conforme lo establecido por los arts. 13, 15, 16, 17 y 18 del decreto supremo mencionado, así como lo señalado por el art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), que señala “Art. 83º.- Para la calificación y reconocimiento de renta de vejez, la Unidad de Recaudación determinará el número de cotizaciones del asegurado, mediante revisión de planillas de aportes y en caso de que por algunos períodos de tiempo no existieran planillas en sus archivos, se completará la verificación de aportes con los Avisos de Afiliación del Trabajador, de Baja y Reingreso del Asegurado, complementados por los certificados de trabajo, récord de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales”.
El art. 24. I de la Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010, establece que la compensación de cotizaciones; es el reconocimiento que otorga el Estado Plurinacional de Bolivia, a los Asegurados por los aportes efectuados al Sistema de Reparto vigente hasta el 30 de abril de 1997, que se financia con los recursos del Tesoro General de la Nación; disposición que, para su aplicación debe observar lo dispuesto por el art. 48. I. a) del D.S. Nº 0882 de 16 de marzo de 2011.
De estas normas legales, se puede deducir que la compensación de cotizaciones al ser un reconocimiento de los aportes efectuados por el asegurado para el goce de una jubilación, le es también aplicable el tratamiento extraordinario de certificación de aportes.
El Tribunal Supremo con la finalidad de dilucidar este tipo de problemáticas sociales, ha sentado jurisprudencia validando el Principio de Verdad Material, precisando que “…tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180. I de la Constitución Política del Estado y 30. 11 de la Ley del Órgano Judicial, establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia”.
En ese entendido, debe concluirse que los aportes que realizan los beneficiarios durante su etapa laboral, es esencialmente para que durante el periodo de jubilación puedan acceder al beneficio de la renta de vejez, pues cuando estuvieron en la actividad laboral, aportaron al Sistema de Seguridad Social, por lo que no es admisible que cuando pretendan acceder a ejercer su derecho de compensación, encuentren obstáculos que permitan ese acceso, más aún si existen evidencias irrefutables de los aportes que efectúo el afiliado.
El Servicio Nacional del Sistema de Reparto impugna el Auto de Vista, alegando que el Tribunal de alzada, transgredió y vulneró el art. 14 del D.S. Nº 27543, al no tomar en cuenta la inexistencia de certificación de Cable West Coast del periodo 05/77, debido a que el asegurado no figura en planillas cursantes en el área de certificación y que con referencia al periodo 6/81, no se consideró como periodo ni se otorgó el salario cotizable al mismo, en razón a que el interesado trabajo mes incompleto, por lo cual tampoco es cotizable, todo ello, en base al Manual de Certificación aprobado por la R.A. N° 299.13 cap. II, num. 5 inc. d), conforme lo evidencia la certificación 10-2016-848 de fs. 17; asimismo acusa errónea interpretación del Manual de Certificación aprobado por R.A. N° 299.13 Cap II, num. 5 inc. d) arguyendo que corresponde aplicar una densidad basado en el Salario Mínimo Nacional vigente el 7 de noviembre de 2016.
En los actuados del caso de análisis, se advierte que, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR emitió la Resolución Nº 8695 de 7 de noviembre de 2016 (fs. 20), mediante la cual otorga al Sr. Jorge Reynaldo Cuadros Anaya, un monto global de Compensación de Cotizaciones de Bs. 20.216.-; determinación que fue impugnada mediante el Recurso de Reclamación (fs. 26), ante cuyo recurso, basado en el Informe Técnico Nº 148/17 de 3 de abril de 2017, la Comisión de Reclamación emitió la Resolución de la Comisión de Reclamación N° 209/17 de 7 de abril de 2017, que confirmó la Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones Nº 8695 de 7 de noviembre de 2016. Contra esta última determinación el beneficiario interpuso Recurso de Apelación (fs. 63), que fue resuelto por el Auto de Vista, ahora impugnado, por el cual el Tribunal de alzada, decidió revocar la Resolución Administrativa Nº 209/17 de 7 de abril de 2017, emitida por la Comisión de Reclamación del SENASIR, dejando sin efecto la R.A. N° 8695 de 7 de noviembre de 2016, disponiendo se emita nueva resolución y se proceda a una nueva certificación de la constancia de aportes para el trámite del certificado de compensación de cotizaciones a favor del beneficiario.
Con relación al tiempo de la densidad de aportes, se evidencia que la Comisión de reclamación otorgó una densidad de 48 meses, advirtiéndose que, en la emisión de la Resolución de la Comisión de Reclamación N° 209/17 de 7 de abril de 2017, el SENASIR evitó considerar y valorar la prueba que cursa en el expediente de fs. 1, 2, 3 y 23 consistente en el Parte de Retiro de la Caja Petrolera de Salud, misma que establece que el asegurado ingresó a trabajar el 1 de mayo de 1997, Parte de Ingreso de la misma entidad que evidencia que el beneficiario ingreso a la empresa el 1 de mayo de 1997, el Certificado de trabajo de 4 de junio de 1981, otorgado por el empleador Cable West Coast, que certifica que el asegurado prestó servicios desde el 1 de mayo de 1997, como técnico electrónico, y el Finiquito Laboral de 1 de mayo de 1997, que también evidencia que el beneficiario, ingresó a trabajar el 1 de mayo de 1997, documentación que muestra en forma conexa, concordante, armónica y uniforme que, el asegurado ingresó a trabajar en la empresa Cable West Coast, el 1 de mayo de 1997, documentación que no fue valorada por el SENASIR, arguyendo que el área de Certificación y Archivo Central, el beneficiario no figura en planillas, omisión de valoración probatoria que consecuentemente implica la vulneración del art. 14 del D.S. Nº 27543, al evidenciarse la omisión valorativa de dichas literales probatorias pertinentes que enervan y desvirtúan los argumentos expuestos por la entidad recurrente, no evidenciándose las vulneraciones acusadas por el SENASIR, pues el elenco probatorio documental conexo adjuntado por el beneficiario, no puede ser desconocido por el SENASIR, con el argumento de que en el Área de Certificación y Archivo Central, el interesado “no figura en planillas”; sin considerar que la responsabilidad del manejo, seguimiento y archivo de dicha documentación es del SENASIR, más no del trabajador.
La omisión en la valoración de la documentación antes referida tuvo como consecuencia y la incidencia en la vulneración del art. 14 del D.S. N° 27543 y la R.M. N° 550 de 28 de septiembre de 2005, normas que surgieron para viabilizar y facilitar mecanismos para que los asegurados puedan acceder a una renta otorgada por el SENASIR, evidenciándose que este argumento fue sustentado, motivado y fundamentado por el Tribunal de alzada, instancia que aplicando correctamente los principios de la seguridad social establecidos por los arts. 45 y 67 de la CPE, el art. 24 de la Ley Nº 065, 48 del DS Nº 0822 y 23 del MPRCPA, determinó que el SENASIR, efectúe la certificación de compensación de cotizaciones a favor del interesado; por lo que no es evidente que el Tribunal de alzada, hubiera transgredido o aplicado incorrectamente el art. 14 del D.S. Nº 27543 y la R.M. N° 550 de 28 de septiembre de 2005, menos las normas que dice hubieran sido vulneradas, evidenciándose consecuentemente que corresponde al beneficiario una densidad de aportes de 4 años, 1 mes y 18 días, conforme computó correctamente el Auto de Vista impugnado.
Sobre la acusación de errónea interpretación del Manual de Certificación aprobado por R.A. N° 299.13 Cap. II, num. 5 inc. d), en base a cuya norma interna el SENASIR aplicó el monto de Bs. 1.805.-, basado en que el área de Certificación y Archivo Central, de revisión del salario otorgado por Cable West Coast, periodo 5/81, evidenció que el asegurado figura en planillas con salario de $b 7.802.-, (Siete mil ochocientos dos 00/100 pesos bolivianos), monto al cual, esa área del SENASIR, empleó su normativa interna sin mayor fundamentación y menos motivación, aplicando el Salario Mínimo Vital (SMV), vigente al 7 de noviembre de 2016, y argumentando que la tasa de aporte del 3,5% a la CNSS corresponde, la entidad aseguradora aplica el SMN, sin acreditar que el cambio nominativo de moneda de Pesos Bolivianos a Bolivianos no es argumento suficiente, para aplicar el SMN, como tampoco es fundamento para no aplicar una conversión al tipo de cambio del momento, acreditándose que la impugnada cotización no condice de manera alguna con el principio de verdad material también aplicable al caso de análisis, evidenciándose consecuentemente, la insuficiencia del argumento de la entidad demandada, no acreditándose la errónea interpretación acusada.
Por lo expuesto, corresponde resolver conforme prescribe el art. 220. II del Código Procesal Civil, aplicable por la norma remisiva establecida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del MPRCPA aprobado por Resolución Secretarial 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y la forma de fs. 77 a 83, presentado por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto, a través de su apoderada Claudia Maldonado Encinas, disponiendo mantener firme y subsistente el Auto de Vista N° 097/2018 de 23 de julio de 2018.

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