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Timestamp: 2020-01-24 07:20:17+00:00

Document:
Sentencia de 1928
300Corte SupremaCorte Suprema30030003723192827/07/19281928_27/07/192830003723Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá, julio veintisiete de mil novecientos veintiocho. Vistos: 1928
Pedro J. MendozaIdentificadores30030003724true75614Versión original30003724Identificadores
Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá, julio veintisiete de mil novecientos veintiocho.
Pide el señor Pedro J. Mendoza, en memorial de fecha veintiséis de mayo último, se aclare la sentencia de fecha veintitrés de dicho mes, recaída a la demanda incoada por el doctor Carlos Goenaga González sobre inexequibilidad de los incisos b), c), f) y g) del artículo 23, Ley 130 de 1913, en el sencido de declarar que los apartes mencionados son inexequibles solamente en cuanto por ellos se les dio a los Tribunales Administrativos de Bucaramanga, Cartagena, Popayán e Ibagué jurisdicción sobre territorios distintos de los que forman , los Departamentos de Santander, Bolívar, Cauca y Tolima, respectivamente, y que son exequibles en todo lo demás.
Posteriormente presentó el mismo señor Mendoza un nuevo escrito en que, diciendo hacer uso del derecho que a todo ciudadano confiere el artículo 41 del Acto legislativo número 3 de 1910, manifiesta que coadyuva en todo lo pertinente la acción de inexequibilidad de los prenombrados apartes, presentada por el señor Carlos Goenaga González, y pide que se aclare la parte resolutiva de la sentencia en el sentido antes indicado.
Simultáneamente con la anterior solicitud que presentada otra en que el doctor Rodolfo Danies, apoyándose en el mismo artículo 41 del Acto legislativo número 3 de 1910, se constituye también coadyuvante del demandante, y pide en tal carácter la aclaración de la sentencia en la forma solicitada por el señor Mendoza.
Solicita en la parte final de su escrito el doctor Danies se declare que la observancia del fallo dictado sobre la inexequibilidad de los incisos antes mencionados no se cuenta sino desde que éste sea promulgado en forma análoga a la en que se efectúa la promulgación de las leyes.
Es lo primero examinar si los peticionarios tienen derecho de hacerse parte en el juicio y de ser oídos en tal condición.
Establece el artículo 863 del Código Judicial que todo aquel a quien puede perjudicar o aprovechar una sentencia, aunque no sea parte en el juicio, tiene derecho a intervenir en él, sin necesidad de citación, coadyuvando o defendiendo la causa que le interese.
De acuerdo con este principio, no puede desconocerse a los señores Mendoza y Danies el derecho de intervenir en la presente actuación, ya que de lo establecido en el artículo 856 del Código Judicial se deduce que las sentencias pronunciadas en los juicios en que se ha hecho valer una acción popular aprovechan o perjudican a todas las personas a quienes la ley confiere el derecho de ejercitar tal acción.
Esclarecida esta cuestión preliminar, se entra a examinar si es el caso de hacer la aclaración pedida, ya que, según lo visto, la solicitud ha sido hecha por parte que tiene derecho de intervenir en el juicio.
Con arreglo al artículo 100, Ley 105 de 1890, se pueden «aclarar las frases oscuras o de doble sentido que haya en la sentencia definitiva y que ofrezcan un verdadero motivo de duda.» El alcance del principio establecido por el artículo 41 del Acto legislativo número 3 de 1910, según el cual a la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución, se halla determinado en el propio precepto al atribuirle consecuencialmente la función de decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los actos legislativos que hayan sido objetados como inconstitucionales por el Gobierno, o sobre todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como violatorios de la Carta Fundamental.
Tanto del espíritu como de los términos de la disposición citada se deduce rectamente que las atribuciones de la Corte, en presencia de una ley acusada ante ella, se limitan a examinar si los artículos denunciados quebrantan o nó preceptos constitucionales, y en caso afirmativo, a decretar la inexequibilidad, pero limitándola a la parte de ellos en cuanto traspasan las normas del constituyente.
En frente del texto expreso del canon que se analiza y de los requisitos de fondo a que conforme a las reglas de procedimiento tiene que sujetarse toda sentencia, no sería dable a la Corte estimar inexequibles disposiciones de una ley en la parte que encaja dentro del propósito y del querer del constituyente, sin traspasar la órbita de sus atribuciones, desde luégo que así dejaría de llenar la misión que le corresponde de velar por la integridad de la Constitución.
Dispone el artículo 7.° que, excepción hecha de las divisiones relativas a lo fiscal, lo militar y la instrucción pública, las demás que se hagan para arreglar el servicio público coincidan con los límites de cada Departamento. Vale esto decir, a juicio de la Corte, que la ley que decreta divisiones que exceden esos límites es inexequible, pero únicamente en lo que atañe al territorio que no se encuentra dentro del respectivo Departamento, sino que pertenece a otro u otros de los legalmente creados. Y es porque si las divisiones que contempla el artículo van encaminadas al arreglo del servicio público, no habría cómo sustentar fundadamente la tesis de que los Departamentos, dentro de sus propios límites, queden privados de esos beneficios, sólo porque el legislador habrá invadido territorio sometido a la jurisdicción de autoridades distintas. Para que la opinión, contraria hallara bases jurídicas, sería indispensable que en la misma disposición constitucional se hubiera establecido que queda sin efecto la división territorial que se aparte de las condiciones allí prefijadas.
El constituyente impuso al legislador la obligación de establecer la jurisdicción de lo contencioso, administrativo; consecuencialmente, de ella deben aprovecharse las secciones hasta donde la división legal se ajuste a la pauta de la Carta, ya que, como se repite, dentro de esa extensión no hay asidero para. el ataque de inexequibilidad, aun en el supuesto de que estuviera formulado en términos comprensivos de la totalidad de uno o de varios textos de la ley.
Aparte de las razones de carácter general que se dejan sentadas, en el caso de autos la demanda por modo explícito se concretó a pedir la inexequibilidad de los ordinales b), c), f) y g) del artículo 23 de la Ley 130 de 1913, porque "violó el artículo 7.º de la Constitución Nacional en cuanto colocó a varios Departamentos dentro de comunes límites territoriales, para el efecto del servicio público de lo contencioso administrativo.»
Al actor le pareció conveniente insistir en su pensamiento; por eso lo reforzó agregando:
«Por ese aspecto es por el cual se acusa el artículo 23 tantas veces .citado.»
Circunscrita, pues, la acusación a que se decrete la inexequibilidad únicamente por haber colocado la ley a varios Departamentos dentro de comunes límites territoriales, es obvio que ella no puede extenderse a las divisiones que en territorio del respectivo Departamento queden con Tribunal Administrativo de los creados por el propio legislador, ya que la sentencia no puede recaer sino sobre el hecho demandado. De suerte que aun en el supuesto de que faltaran principios fundamentales de un orden más elevado, las, reglas procedimentales serían suficientes para entender que la sentencia cuya aclaración se pide, lo que decide es que los incisos acusados son inexequibles solamente en la parte que comprenden, en la división de que se trata, territorios de otros Departamentos que exceden los límites de los de Santander, Bolívar, Cauca y Tolima, en los cuales conservan su jurisdicción, respectivamente los Tribunales Seccionales de lo Contencioso Administrativo de Bucaramanga, Cartagena, Popayán e Ibagué.
Las disposiciones pertinentes determinan el momento en que empiezan a regir las sentencias dictadas por los funcionarios del orden judicial, y á esos preceptos se sujetan las decisiones que tienen ese carácter, sin que valga el contrario la asimilación que a determinados fallos se les busca en las leyes, ya que tanto los requisitos de fondo y de forma a que deben sujetarse las unas y las otras son perfectamente distintos.
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema, reunida en Pleno, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve:
1.° Aclárase la sentencia de veintitrés de mayo del año en curso, recaída a la demanda de inexequibilidad de los incisos b), c), f) y g) del artículo 23 de la Ley 130 de 1913, en el sentido de que los incisos mencionados solamente son inexequibles en la parte que comprenden, en la división de que tratan, territorios que pertenecen a Departamentos distintos de los de Santander, Bolívar, Cauca y Tolima, en los cuales conservan su jurisdicción, respectivamente, los Tribunales Seccionales de lo Contencioso Administrativo de Bucaramanga, Cartagena, Popayán e Ibagué; y
2.º Niégase la petición relativa a la observancia del fallo que se aclara en fecha distinta de la señalada por las reglas comunes.
Niega la petición LEY_130_1913_13/12/1913
Aclarar (incisos b, c,f,g, ) Artículo 23 LEY_130_1913_13/12/1913
Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta Judicial y envíese copia al señor Ministro de Gobierno.
JULIO LUZARDO FORTOUL-Germán B. Jiménez-José Miguel Arango-Enrique A. Becerra-Genaro A. Muñoz O.-Parmenio Cárdenas-Juan N. Méndez-Tancredo Nannetti- Jesús Perilla V. - Luis F. Rosales. Francisco Tafur A.-Juan C. Trujillo Arroyo-El Secretario en propiedad, Augusto N. Samper.

References: artículo 23
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 863
 artículo 856
 artículo 100
 artículo 41
 artículo 7
 artículo 23
 artículo 7
 artículo 23
 artículo 23
 Artículo 23