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Timestamp: 2018-12-11 04:36:31+00:00

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EN ESTA PRIMERA EDICION DEL BOLETIN QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2010, CONSULTE:
NOTAS DEL TRIBUNAL
La Presidencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, vista la necesidad de establecer un canal de información de sus más destacadas decisiones presenta el que será nuestro medio de difusión más inmediato, el “boletín Mensual”, que inicia su publicación a cargo de la relatoría del Tribunal y por sugerencia de la Sala Plena de la Corporación.
A través de este medio se darán a conocer los mas recientes fallos proferidos por cada uno de los Despachos que integran el Tribunal con la finalidad de que se convierta en un medio de consulta y de orientación jurídica dirigido a académicos, estudiantes, docentes, jueces y demás interesados en esta área del derecho. Esperamos que esta herramienta sea de utilidad.
NOTA: Si se presenta algún inconveniente, pueden solicitar el texto completo de la providencia en la dirección electrónica anotada que con gusto le será enviada vía electrónica.
1.- RADICADO 20010116400
M. PONENTE: Dr. CARLOS HERNANDO JARAMILLO DELGADO / SENTENCIA: 04/02/2010
DECOMISO DE BIENES/ Daños ocasionados por la pérdida o indisponibilidad de los bienes. DECOMISO DE BIENES/Referencias jurisprudenciales.
“En la jurisprudencia contencioso administrativa se encuentran casos referentes al decomiso de bienes, en los cuales se han ocasionado daños, bien sea pérdida o indisponibilidad de los bienes, y a los que se ha condenado al Estado a pagar. Así por ejemplo, en sentencia de 18 de junio de 2008, radicado 15262, el Consejo de Estado conoció de un asunto en el que un vehículo fue decomisado por funcionarios de la Sijin, bajo el argumento de que los números de identificación eran regrabados, y el cual fue devuelto deteriorado. Encontró la Alta Corporación que el daño, imputable al Estado, se configuró por cuanto se demostró la propiedad del vehículo, su retención, la devolución y los perjuicios materiales, consistentes en que era el medio para la subsistencia familiar, se pagaba a crédito y debió ser reparado. Agregó que no se demostraron perjuicios morales. En la sentencia de 12 de septiembre de 2002, radicación 13395, se pronunció sobre la retención y decomiso de un vehículo sin el cumplimiento del trámite administrativo. Encontró el Consejo de Estado, a partir de lo allí probado, que el Das y la Fiscalía retuvieron y decomisaron definitivamente el vehículo por identificación numérica ilícita. La decisión fue tomada a la luz de la Constitución de 1991, en la cual están las figuras de extinción de dominio –existe un derecho de propiedad, y se hace mediante sentencia judicial- y confiscación –no genera derechos, ni de propiedad, porque es un ilícito, y la figura se constituye como una pena- C 076 de 1993 y C 176 de 1994 y C 674 de 1999-. Sobre el caso adujo que el Das era incompetente para declarar el decomiso del vehículo –que debe hacerse en un juicio-, por lo que debía
responder por los perjuicios causados. Agregó que el Das se negó a poner en disposición el vehículo a la autoridad competente. El 12 de agosto de 2000, Expediente 12118, el Consejo de Estado conoció del caso de una persona quien fue detenida y posteriormente liberada por no haber certeza sobre su vinculación con el narcotráfico o el terrorismo, junto con la retención del vehículo, de propiedad de un tercero, el cual es devuelto, también por falta de conexión con dichas actividades, pero completamente desgastado (…). Finalmente, cabe hacer referencia a la sentencia 7869 de 13 de agosto de 1993, en la que el caso consistió en la retención de un vehículo y una mercancía –lenteja turca-, por presunción de contrabando. La mercancía fue devuelta y el vehículo fue retenido para investigación, la cual concluyó que no era de contrabando, por lo que fue devuelto, posteriormente –casi 49 meses después-, y deteriorado...”.
FALLA EN EL SERVICIO POR PRIVACIÓN INJUSTIFICADA DEL USO Y GOCE DE UN VEHÍCULO/ Demora en la resolución del incidente propuesto para su devolución.
“Lo anterior generó un daño antijurídico y una imputación al Estado, como pasa a explicarse: El daño consistió en la indisponibilidad del vehículo automotor que padeció el señor Villamarín, es decir, en no poder usar y gozar de su camión, situación esta que se enmarca en el ámbito del derecho a la propiedad, el cual es debidamente protegido por el ordenamiento jurídico colombiano. El daño se constituyó en daño antijurídico desde el momento en que la Fiscalía de forma injustificada no observó los términos legales para hacer los pronunciamientos correspondientes, y junto con el Juzgado retardaron injustificada y excesivamente la resolución del incidente sobre la devolución del vehículo. Anota la Sala que los ciudadanos deben soportar ciertas cargas, como lo son los términos en que normalmente se desenvuelven los procesos judiciales o administrativos, pero no tienen por qué soportar la omisión de las autoridades en el incumplimiento de sus deberes, ni mucho menos los perjuicios que con esa omisión se les ocasionen…”.
INDEMNIZACIÓN POR LA PRIVACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE UN VEHÍCULO /Perjuicio autónomo/ Resarcimiento por la indisponibilidad del uso y goce del bien
“Sin embargo, sostiene la jurisprudencia del Consejo de Estado que, ante la indisponibilidad de los bienes, en particular de los vehículos, independientemente de que sea de servicio público o particular, y del rubro en que se inscriban los perjuicios, lo que debe procurarse es el resarcimiento de la indisponibilidad del uso y goce del bien que ha sufrido una persona, por cuanto se le ha vulnerado un interés, consistente en la privación de utilizar el vehículo bien con fines lucrativos o personales. Acoge entonces la Sala la fórmula del resarcimiento por interés del valor por el tiempo que razonablemente se presente la indisponibilidad, sin perjuicio de que se acredite un mayor valor producido por el bien, situación esta última en la que se restará su depreciación causada por el uso para la producción de ese mayor valor. Sobre esto, es especialmente explicativa la sentencia de 12 de septiembre de 2002, radicado 13395…”
ASUNTO: El demandante, a quien le fue decomisado su vehículo automotor, solicitó el reconocimiento de los perjuicios que le ocasionaron por la privación injustificada del uso y goce del mismo, durante el período de tiempo en que omitieron pronunciarse sobre el incidente de devolución del bien. Se accedió a las suplicas de la demanda, indicando que la imputación del daño recaía sobre la Fiscalía y la Rama Judicial. En la Fiscalía, por cuanto se demostró que la Fiscalía Especializada que avocó el conocimiento del incidente procesal de devolución del vehículo, dejó de resolverlo dentro de las oportunidades legales que para ello tenía, y sobre la Rama Judicial, por no haber resuelto el incidente dentro de la sentencia, y además, haberlo dejado a disposición nuevamente de la Fiscalía, cuando ya ésta había perdido competencia.
2.- RADICADO 20040207701
M. PONENTE: Dr. HERNAN ANDRADE RINCON / SENTENCIA: 03/08/2009
EXCEPCIONES/ Significado y manejo que de las mismas debe hacer el juez del conocimiento
“1.- Frente al tema de las excepciones, surge para el Tribunal la necesidad de hacer una observación a la sentencia apelada y referida al manejo que se le dio a las planteadas por la entidad demandada y que enunció como “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES A INDEMNIZAR” y “GENERICA”. En efecto, al pronunciarse sobre el apartado correspondiente a este medio de defensa propuesto expresó la sentencia:“No está llamada a prosperar como excepción la de inexistencia de la obligación de indemnizar porque el tema hace parte del fondo del asunto.” (fl. 105). El asunto no es que tal afirmación de la demandada “no esté llamada a prosperar como excepción” sino que no constituye una excepción propiamente pues que lo único que encarna tal fórmula es una oposición a la pretensión indemnizatoria. En providencia proferida por esta misma Corporación con ponencia de quien hoy también lo es el 10 de septiembre de 2008 dentro del proceso adelantado por RICARDO QUIROGA Y OTROS contra la POLICIA NACIONAL, radicado bajo número 200301372 – 01, la Sala expresó: “(…) “La anterior circunstancia lleva a la Sala a detenerse en el significado del instituto jurídico de las excepciones y el manejo que de ella el juez ha de hacer, como que, también, es esa una de las funciones que debe cumplir la segunda instancia. “Las excepciones expresan, según enseña la doctrina, una oposición, o resistencia a la pretensión que se expresa con fundamento en hechos diferentes a los que dan soporte a ésta. Por eso, HERNANDO MORALES MOLINA en su conocida obra señala que…comprende cualquier defensa de fondo que no consista en la simple negación del hecho afirmado por el actor, sino en contraponerle otro hecho impeditivo o extintivo que excluye los efectos jurídicos del primero.” (Subraya hoy la Sala)“(Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General. Editorial ABC 1.991, pág. 164)”.”
“Como sea que en el caso que hoy corresponde decidir al Tribunal la parte demandada –se reitera-, al igual que en el evento que dio lugar a las reflexiones que se dejan retenidas en el aparte anterior, se limitó a señalar que no era responsable por los hechos demandados pretendiendo que dicha negativa se asumiera como “excepción procesal”, no podía tenerse como formulada la supuesta excepción y lo que sí resultaba pertinente era examinar los hechos en que se apoyaba la demanda para que, una vez –como efectivamente aconteció en el proceso- se estableciera la presencia de los denominados “requisitos de la pretensión”, vale decir, de la configuración de la determinación de la responsabilidad en cabeza de la parte demandada, entonces sí entrar a examinar si se había demostrado la existencia de alguno de los hechos exceptivos de tal responsabilidad para concluir que, como ninguno adujo, ni fue establecido, tal declaración de responsabilidad resultaba susceptible de ser declarada”.
ASUNTO: Se confirma la providencia mediante la cual se declaró administrativamente responsable al Ejército Nacional por las lesiones ocasionadas a un ciudadano, quien sufrió la amputación de una de sus extremidades inferiores, como consecuencia de la activación de una mina antipersona. Indicó el censor que la argumentación construida por la jueza de instancia, fundamento de la declaratoria de responsabilidad no merecía ningún reparo, pero precisó, frente al manejo dado a la excepción planteada por la entidad demandada y que denominó “Inexistencia de las obligaciones a indemnizar”, que no era propio señalar, como se hizo en el texto de la sentencia, “no estar llamada a prosperar como excepción” , pues lo cierto es que no constituye una excepción propiamente dicha, toda vez que lo único que encarna tal formula es una oposición a la pretensión indemnizatoria. Que por lo tanto, no podía tenerse como formulada la supuesta excepción, resultando pertinente examinar los hechos en que se apoyaba la demanda, para que una vez se estableciera la presencia de los denominados “requisitos de la pretensión”, entonces sí entrar a determinar si se había demostrado la existencia de alguno de los hechos exceptivos de tal responsabilidad.
NOTA DE RELATORIA: En el mismo sentido, Sentencia del Consejo de Estado. Radicación 13356.C.P. Maria Elena Giraldo Gómez.
3.- RADICADO 20000376901
M. PONENTE: Dr. CARLOS HERNANDO JARAMILLO DELGADO / SENTENCIA: 26/01/2010
“Las regla de la experiencia nos permiten inferir que a mayor longitud de la huella de frenado, más rápido se desplazaba el vehículo y en el presente asunto, la extensa huella de frenada que dejó el vehículo accidentado, nos indica que el conductor si se percató de la existencia de un peligro, pero debido a la velocidad que desarrollaba en ese momento no pudo evitar las consabidas consecuencias.
En conclusión, con o sin señalización, el señor Fernando Martínez Carvajal hubiera colisionado su vehículo para luego caer aparatosamente a la plurimencionada alcantarilla de aguas lluvias, puesto que el exceso de velocidad que llevaba en el momento de la ocurrencia del mismo no le hubiera permitido desarrollar una maniobra diferente, convirtiéndose ese hecho en la causa eficiente y determinante del accidente que terminó con su vida”.
PRUEBA TRASLADADA/ Valor en los procesos contenciosos administrativos
En los procesos contencioso administrativos son aplicables, además de sus normas, las del código de procedimiento civil que sean compatibles, sobre la admisión, práctica y valoración de las pruebas.
-Sobre las pruebas trasladadas, se da aplicación al artículo 185 del CPC. Según este artículo, y la jurisprudencia administrativa, para que una prueba pueda trasladarse a otro proceso, en general, se requiere:
Que hayan sido válidamente practicadas.
Que se trasladen en copia auténtica.
Que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.”
ASUNTO: En el presente caso la parte demandante señaló que el accidente de tránsito en el que perdió la vida una persona, se produjo como consecuencia de la falta absoluta de señalización sobre la vía que indicara con precisión la existencia de un “hueco” que significara un peligro para la vida de quienes transitaran por la misma. El Juez de instancia consideró en la providencia objeto de alzada, que el accidente le era imputable a la víctima, por que de una parte, la demandante no controvirtió lo indicado por la entidad llamada en garantía respecto a que sí existían señales de tránsito en el lugar en que ocurrió el accidente y por otra parte, por que de conformidad con el croquis levantado por las autoridades de tránsito, la causa del accidente fue el exceso de velocidad del conductor, y que si en gracia de discusión hubiesen existido señales de tránsito, quizás el hoy occiso hubiere hecho caso omiso de ellas. La decisión fue revocada.
1.- RADICADO 20060007701
M. PONENTE: Dr. HERNAN ANDRADE RINCON / SENTENCIA: 12/02/2010
SEGUNDA INSTANCIA- CONSULTA
RELIQUIDACION PENSION DE JUBILACION/Posición actual del Consejo del Estado/RELIQUIDACION PENSION DE JUBILACION/Factores salariales pensionales de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985.
“La sentencia consultada tuvo como base diferentes jurisprudencias dictadas por la Corporación, las cuales, con base en precedentes del Consejo de Estado, avalaban la procedencia de la reliquidación de las pensiones de los empleados públicos cuyo régimen se encontraba descrito en las leyes 33 y 62 de 1985. Sin embargo dicha posición fue recogida por el Tribunal en sentencias más recientes en obedecimiento a la unificación de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia. Al respecto el Máximo Tribunal Contencioso manifestó en sentencia del año 2008: “En estas condiciones la pensión de jubilación de la peticionaria debía ser liquidada con los factores establecidos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, tal como lo hizo la entidad demandada al incluir la asignación básica, la prima de antigüedad y la bonificación por servicios (fls. 7 — 9 del expediente), excluyendo lo devengado por vacaciones y primas de servicios y navidad (fl. 15) por no aparecer en la lista del artículo 1 ibidem. “No es aplicable al sub lite lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, pues la pensión del actor fue reconocida con base en lo preceptuado en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que limitó el valor de la pensión al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes, constituido por los factores descritos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. “Como en el sub lite se encuentra acreditado que al demandante se le reconoció la pensión ordinaria de jubilación conforme a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 es necesario tener en cuenta para su liquidación los factores enlistados en la Ley 62 del mismo año, en razón a que no podría escindirse la norma para tomar lo que fuera más favorable de la otra ley.”. (Negrilla fuera del texto). (Consejo de Estado, Sección 2ª, Subsección A, Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil ocho (2008), CONSEJERO PONENTE: DR. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN…)”
“La Ley 33 de 1985 estableció, en su artículo 1º: “El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55), tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajen en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones....”. La norma anterior exceptúa de su aplicación cuatro supuestos, a saber: 1º. Los empleados oficiales que trabajaran en actividades que por su naturaleza justificaran la excepción que la ley haya determinado expresamente, y aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones. 2º. Los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hubieren cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, a quienes se continuarán aplicando las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la ley. 3º. Los empleados oficiales que con veinte (20) años de labor continua o discontinua, se hallaran retirados del servicio, quienes tendrían derecho cuando cumplieran cincuenta (50) años de edad, si eran mujeres, o cincuenta y cinco (55) si eran varones, a una pensión de jubilación que se reconocería y pagaría de acuerdo con las disposiciones que regían al momento de su retiro. 4º. Los empleados oficiales que a la fecha de vigencia de la ley hubieran cumplido los requisitos para obtener la pensión de jubilación, quienes continuarán rigiéndose por las normas anteriores a ella. Por tanto, en los casos antes previstos, debe aplicarse el régimen pensional anterior a las leyes 33 y 62 de 1985 el cual pasa a exponerse en forma breve”.
ASUNTO: Al desatar el grado jurisdiccional de consulta se aclaró que el Tribunal modificó la postura frente a los factores salariales a tener en cuenta para la liquidación de la pensión de los empleados públicos con fundamento en la Ley 33 de 1985 y demás disposiciones complementarias y determinó que únicamente deben tenerse en cuenta aquellos factores expresamente enunciados en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, en obedecimiento a la unificación de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia. La sentencia fue confirmada, pues se dijo que a pesar de no estar debidamente motivada, se logró determinar que la demandante era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 y por lo tanto, la reliquidación su pensión debía realizarse de conformidad con los factores salariales enunciados en el Decreto Ley 1045 de 1978, pero no por que pueda validamente señalarse que a los empleados pensionados bajo el amparo de la Ley 33 de 1985, en la liquidación de su pensión puedan incluirse todos los factores salariales previstos en el precitado decreto, pues en esos casos, únicamente pueden tenerse en cuenta los factores salariales taxativamente señalados en la Ley 62 de 1985.
2.- RADICADO 20020800000
M. PONENTE: Dra. HILDA CALVACHE ROJAS / SENTENCIA: 03/12/2009
RETIRO DEL SERVICIO/Estabilidad laboral de las personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas / RETIRO DEL SERVICIO/Necesidad de autorización por parte de la oficina de Trabajo o el Ministerio de Protección Social para el despido en casos determinados.
“Así La Corte Constitucional manifestó que debido a la estabilidad laboral reforzada que ostentan las personas con limitaciones físicas, en todos los casos es requisito para su despido la autorización de la Oficina de Trabajo o el Ministerio de Protección Social, con independencia de la indemnización especial de 180 días a la cual estas personas tienen derecho. Por lo cual, cuando se declara la terminación unilateral del contrato sin justa causa, por razón de las circunstancias físicas del trabajador y no se realiza el trámite administrativo en mención, dicho despido “no produce efectos jurídicos y sólo es eficaz en la medida en que se obtenga la respectiva autorización.” Se observa también, en la sentencia antes precipitada(sic) que la Corte hace referencia a la normatividad vigente contenida en el derecho interno e internacional sobre la materia propugna por la real protección de los trabajadores con limitaciones tanto del sector público como privado para que estas permanezcan en el empleo (…).. Conforme a lo anterior, se tiene que los derechos fundamentales de las personas que padecen una disminución física, sensorial y psíquica de origen común o profesional no pueden verse restringidos, debido a que se trata de sujetos de especial protección constitucional frente a quienes se tienen deberes particulares y a quienes se les prestará la atención que requieran. De esta forma, la Sala considera que el simple pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social y riesgos profesionales por parte del INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, durante el período en que el actor estuvo incapacitado, no cumple el cometido de protección superior que el Estado impone a favor de las personas con debilidad manifiesta. Así las cosas el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, en su calidad de empleador tenia el deber de solicitar ante la Oficina de Trabajo la autorización para desvincular al señor RODOLFO DE JESUS LOPEZ SACCONE, sin embargo analizado el expediente dicho tramite administrativo no se realizó”.
IMPOSIBILIDAD DE ORDENAR EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Por principio de elemental justicia se procede al reconocimiento de la sanción prevista en la Ley 361 de 1997
“A pesar de que en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho la regla general permite establecer que ante la nulidad del acto de retiro, la consecuencia obligada es el reintegro al cargo que se venia desempeñando o a otro de igual o mejor categoría y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo de la desvinculación, hay casos como en el presente en que el restablecimiento solicitado no puede ser ordenado por presentarse situaciones de hecho y de derecho que lo impiden. En este caso particular, en el expediente obra copia de la Resolución No. 30850 de 31 de Octubre de 2002 mediante la cual se le otorgó la pensión por invalidez al señor NICOLAS RODOLFO DE JESUS LOPEZ SACCONE con efectos fiscales a partir del 25 de noviembre de 2001, fecha en la cual se declaró su retiro (folio 251,253 cuaderno No 2 de pruebas). Dicha resolución fue objetada por el actor como consta en el folio No 256 y modificada en su Art. 3 en lo atinente al valor de cuota a cargo del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional. En la demanda o en adiciones posteriores no se hace referencia a la valides del Acto en mención, igualmente la parte demandante no solicitó la nulidad de la Resolución, lo que indica a la Sala que la resolución por la cual se le otorgó la pensión de invalidez al señor López Saccone a la fecha se encuentra vigente. Por las razones anteriores en el caso en concreto no es procedente como consecuencia de la nulidad del acto demandado autorizar el reintegro solicitado al igual que le reconocimiento de las derechos económicos laborales pedidos en la demanda por cuanto el señor NICOLAS RODOLFO DE JESUS LOPEZ SACCONE, ostenta la calidad de pensionado por invalidez por la Caja Nacional de Previsión Social, con efectos fiscales a partir del 25 de Noviembre de 2001. EL RECONOCIMIENTO DE LA SANCIÓN EN EL PRESENTE CASO. Del estudio detenido de la demanda se tiene que uno de los fundamentos de derecho esenciales o fundamentales surgidos en la misma hacen referencia a la vulneración de la Ley 361 de 1997 que protege los derechos de los discapacitados, como es el caso del actor, que precisamente este es el móvil que lleva a declarar la nulidad del acto demandado en el presente proceso. Sin embargo la parte actora omitió relacionar el reconocimiento de la indemnización prevista en al citada ley 361, para centrarse en el petitum del reintegro y el reconocimiento de los beneficios salariales y prestacionales a que hubiera lugar como consecuencia de la nulidad del acto. Considera la Sala que el estudio integral de la demanda y atendiendo las circunstancias de hecho y de derecho que rodearon la expedición del acto a cuya nulidad se accede, pero sin ordenar el reintegro y los reconocimientos económicos pedidos por las circunstancias anotadas en apartes anteriores se considera de principio de elemental justicia proceder a decretar el reconocimiento y pago de la indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días de salario al señor NICOLAS RODOLFO DE JESUS SACCONE por parte del INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI”.
ASUNTO: Se solicitó la declaratoria de nulidad del acto administrativo mediante el cual se retira del servicio al demandante. Se indicó que el acto demandado se expidió sin tener en cuenta que el empleado, debido a sus limitaciones físicas y sicológicas, contaba con una protección laboral especial y por tanto no se dio cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 361 de 1997, que obliga a los empleadores de empresas públicas o privadas a solicitar ante la Oficina de Trabajo, una autorización para retirar a los empleados que se encuentran inmersos en esa especial situación. Se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda; se decretó la nulidad del acto demandado, pero no se ordenó el reintegro ni los reconocimientos económicos solicitados por el demandante por encontrarse probado que le fue reconocida su pensión por invalidez desde el año 2001; sin embargo, y a pesar de no haberlo solicitado, por principio de elemental justicia, se decretó el reconocimiento y pago de la indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días de salario prevista en la Ley 361 de 1996.
3.- RADICADO 20020152000
M. PONENTE: Dr. HERNAN ANDRADE RINCON / SENTENCIA: 28/01/2010
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO/ Territorialidad y jurisdicción para su recaudo./IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO/ Hecho generador / Doble tributación.
“Significa lo anterior que el impuesto de industria y comercio es un gravamen municipal en donde el hecho generador es la actividad comercial, industrial o de servicios ocasionada dentro de la correspondiente jurisdicción municipal y en donde su base gravable se determina por los ingresos originados por dicha actividad y en el municipio respectivo. De esta manera, tal y como lo menciona el artículo 33 del Decreto 062 de 1994, en ningún caso se podría gravar al empresario industrial mas de una vez sobre la misma base gravable”
Por esta razón, tal y como lo manifiesta el ya citado artículo 33, no se puede gravar al empresario industrial mas de una vez sobre la misma base gravable, por lo que al estar probado con el Acta de Visita No. 005 y el dictamen pericial realizado que la Sociedad FRIESLAND COLOMBIA S.A. tributó sobre sus ingresos en cada una de las ciudades en donde se causaron, es claro que no se le puede obligar a tributar sobre los mismos en la ciudad de Popayán ya que iría en contravía de la Ley y la jurisprudencia nacional, ya que se estaría obligando a realizar una doble tributación estando claro que la Sociedad tributó en debida forma al hacerlo en cada ciudad en donde el impuesto se causó.”
ASUNTO: Se contrae al ejercicio del control de legalidad sobre los actos administrativos expedidos por la entidad demandada, mediante los cuales se determinó el valor de la base gravable del Impuesto de Industria y Comercio a cargo de la sociedad demandante por el año gravable de 1998 y se le impuso sanción por inexactitud. El despacho consideró que no se puede gravar al empresario industrial mas de una vez sobre la misma base gravable, por lo que al estar probado que la demandante, tributó sobre sus ingresos en cada una de las ciudades en donde se causaron, no se le puede obligar a tributar sobre los mismos en la ciudad de Popayán ya que se estaría exigiendo realizar una doble tributación
4.- RADICADO 2005097700
M. PONENTE: Dr. CARLOS HERNANDO JARAMILLO DELGADO / SENTENCIA: 19/01/2010
INDEMNIZACIÓN POR MUERTE EN ACTOS ESPECIALES DEL SERVICIO/ No se lograron demostrar los presupuestos para su configuración.
“Para la calificación inicial por muerte, por parte del Comandante del Departamento de Policía Cauca, éste se basó para calificarla como “actos especiales de servicio”, en que la muerte se produjo a consecuencia de la acción del enemigo, y la actora, en que la muerte se presentó cuando el agente restablecía el orden público, no obstante, como ya se expuso, ninguna de las dos circunstancias pudo ser demostrada. De los documentos aportados sólo se puede concluir que el agente fallecido se encontraba, en el desempeño normal de las funciones de su cargo, el cual iba a disolver una riña de civiles, donde resultó herido tras los disparos que se presentaron indiscriminadamente dentro de la confusión, sin que se pudiera demostrar en el proceso, que la acción iba dirigida contra el oficial, como así se puede deducir del informe administrativo por muerte, expedido por el Comandante del Departamento de Policía Cauca (Fls. 8 y 9). Esta circunstancia tampoco presupone una acción de orden público, a pesar de no estar definido este concepto en la ley, el Consejo de Estado ha manifestado, que en un entendimiento lógico, significa una misión especial de restablecimiento del orden público, sin que presuponga que el servicio urbano de vigilancia pueda considerarse como una acción de orden público. Y que en cuanto al “acto meritorio”, explica que su noción lleva implícita la idea de la realización de un acto que supere el normal ejercicio del deber, y que sea digno de premio o galardón, situación que no se evidencia en el presente caso”.
PRESTACIONES SOCIALES POR MUERTE EN ACTOS DEL SERVICIO Y POR MUERTE EN ACTOS ESPECIALES DEL SERVICIO – Regulación legal
“El Decreto 1213 de 1990, por el cual se reforma el estatuto del personal de agentes de la Policía Nacional, dispone en sus artículos 122 y 123, lo siguiente: “ARTÍCULO 122. MUERTE EN ACTOS DEL SERVICIO. Durante la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de una Agente de la Policía Nacional en servicio activo, ocurrida en actos del servicio o por causas inherentes al mismo, sus beneficiarios en el orden establecido en el presente Decreto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones: a. A que el Tesoro Público les pague, por una sola vez, una compensación equivalente a tres (3) años de los haberes correspondientes, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 100 de este Decreto. b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante. c. Si el Agente hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, según el tiempo de servicio del causante.
ARTÍCULO 123. MUERTE EN ACTOS ESPECIALES DEL SERVICIO. Durante la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un Agente de la Policía Nacional en servicio activo, en actos meritorios del servicio, en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento o restablecimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo cualquiera que sea el tiempo de servicio…”a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 100 de este Decreto. b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante. c. Si el Agente hubiere cumplido doce ( 12) o más años de servicio, a que el Tesoro Público le pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado conferido póstumamente. d. Si el Agente no hubiere cumplido doce (12) años de servicio, sus beneficiarios en el orden establecido en el presente Estatuto, con excepción de los hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas señaladas en el artículo 100 de este Decreto. PARAGRAFO. Se entiende por actos meritorios del servicio para todo efecto, aquellos en que el Agente, se enfrente a grave e inminente peligro en defensa de la vida, honra y bienes de las personas.”
ASUNTO: Se pretendía la nulidad de la resolución mediante la cual la entidad demandada modificó la calificación por muerte de una agente de la policía, de actos especiales del servicio a actos del servicio, y la resolución que conforme a esa nueva calificación ordenó el pago de las cesantías definitivas y la indemnización por muerte del uniformado. Se negaron las pretensiones de la demanda, con fundamento en que, conforme a las pruebas aportadas al proceso no se lograron determinar los presupuestos contenidos en el artículo 123 del Decreto 1213 de 1990, para calificar que la muerte del agente de policía ocurrió en actos especiales del servicio.
1.- RADICADO: 20090039000
M. PONENTE: Dr. NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ / SENTENCIA: 21/01/2010
"Los artículos 17 a 24 del Código Contencioso Administrativo regulan el tema del derecho de petición de informaciones, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 23 y 74 de la Constitución.
La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha señalado que el artículo 74 de la Constitución puede verse como una modalidad del derecho fundamental de petición. En este sentido se tiene que el “derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución” consagrado en el artículo 23 incluye, por su misma naturaleza, el derecho a acceder a los documentos públicos (art. 74).”.
ACTAS DEL TRIBUNAL MEDICO LABORAL- No sometidas a reserva legal
“…Respecto de las Actas de Juntas y Tribunales Médico laborales no existe disposición que establezca su carácter reservado, tanto así que el Decreto No. 094 de 1989 autoriza que su notificación se realice, de ser necesario, a un familiar cercano del interesado, cuando existan razones de ética médica, situación que refuerza el que tales actos administrativos no tengan carácter reservado”.
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO/ Petición de consultar documentos
“…cuando una persona eleva una solicitud, dirigida a obtener copia de unos documentos públicos que no estén sujetos a reserva, y no recibe una respuesta oportuna y de fondo o material, que no es otra que la real y efectiva entrega de las copias solicitadas, previo el pago de costo por su expedición, operará el referido silencio administrativo positivo, que equivale a una decisión administrativa favorable a la petición formulada por el interesado, lo que lo convierte en una manifestación del derecho de petición de rango constitucional, como una forma concreta del mismo y, por lo tanto, su vulneración o amenaza por una autoridad pública puede ser objeto de acción de tutela”.
ASUNTO: Se solicitó el amparo constitucional como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales de petición, al debido proceso y a la igualdad, que consideró un ciudadano le fueron vulnerados por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, al no dar respuesta oportuna a la petición por él presentada, mediante la cual solicitó se le expidiera en original o copia auténtica el Acta del Tribunal Médico Laboral que le fue realizado por dicha entidad. Por su parte, la accionada manifestó no haber vulnerado derecho alguno, toda vez que requirió la presentación de la solicitud con nota de presentación personal para garantizar que la documentación solicitada se entregue exclusivamente al interesado, no obstante la comunicación no pudo ser entregada por la causal “dirección deficiente”. Se concedió el amparo indicando que la omisión en los términos para responder y para entregar lo solicitado por el accionante, se encontró acreditada en virtud de la configuración del silencio administrativo positivo.
2.- RADICADO: 20090046700
M. PONENTE: Dr. HERNAN ANDRADE RINCON / SENTENCIA: 14/01/2009
TRABAJO DE LOS INTERNOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS/ Finalidad
“Desde tiempo atrás, el trabajo ha sido considerado como un elemento fundamental para lograr la reincorporación de los reclusos a la comunidad, objetivo fundamental de la pena. Al respecto el artículo 10 de la ley 65 de 1993, expone: “Finalidad del tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario" (se subraya).
Con base en lo anterior, el artículo 79 del mismo estatuto establece su obligatoriedad, reiterando que no se trata de una sanción sino por el contrario de un beneficio para el interno, en tanto cumple los fines de la pena.".
ACCION DE TUTELA/ Carga de la prueba y principio de oficiosidad.
“Para la Sala, la conducta desplegada por el juzgado de instancia, desconoció la particular situación de interno en un establecimiento carcelario en que se encuentra el accionante, limitación de la libertad que evidentemente dificulta su actuación y ante la cual el Juez Constitucional debe atemperar sus decisiones…”
Por tanto, era una obligación para la entidad demandada, desvirtuar los alcances de los dichos del señor SANCHEZ, sin perjuicio de que la juez de instancia en aplicación del principio de oficiosidad que rige este tipo de acciones, asumiera una actitud activa que permitiera el establecimiento de la verdad de los hechos traídos a consideración”.
ACCION DE TUTELA/ Principio de respeto entre las partes y colaboración con el juez constitucional
“Al respecto se tiene que la entidad accionada en el escrito de contestación de la tutela, utiliza expresiones que tienden a confundir al operador judicial en tanto afirma que lo manifestado por el actor es falso, pero siempre con base en la no aportación de los documentos al expediente, sin detenerse a explicar si existió revisión de la base de datos de dicha institución.
“De lo anotado previamente salta a la vista, como se mencionó anteriormente, la renuencia a colaborar con las autoridades judiciales de parte de la entidad accionada, más en este tipo de acciones en las cuales, los términos son cortos, perentorios y no dan margen de respuestas evasivas como la que se trascribió anteriormente. Igualmente se observa que el lenguaje utilizado por el Director del Establecimiento Carcelario San Isidro de Popayán respecto del interno resulta despectivo y ajeno al respeto a la dignidad humana que debe regir las relaciones con todo ser humano, y mas aún con las personas que tiene a su cargo, como son los reclusos.”
ASUNTO: El accionante afirmó que fue condenado a 32 meses de prisión y que hasta la fecha de presentación de la tutela, no había podido trabajar para poder acceder al beneficio de la redención de pena; hecho que consideró injusto y vulnerador de sus derechos fundamentales. Por su parte, el Director del Establecimiento Carcelario, informó que el actor no se encontraba condenado, sino simplemente sindicado con proceso pendiente de sentencia. La tutela fue concedida bajo la certeza que el actor efectivamente se encontraba condenado y que por lo tanto, tenía derecho obligatorio al trabajo. Se indicó que conforme a ello no existía excusa en el comportamiento de la accionada al no permitir al actor acceder al beneficio que le permitiera la redención de su pena.
3.- RADICADO: 20090050200
M. PONENTE: Dr. HERNAN ANDRADE RINCON / SENTENCIA: 30/11/2009
ACCION DE TUTELA/ Elección de los Directores Regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no tiene el mismo tratamiento de la elección de Gerentes de las Empresas Sociales del Estado/ Diferencias con la situación fáctica planteada en la sentencia T-329 de 2009.
“Como puede observarse, en este caso de la escogencia de directores regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o similares, lo que introdujo el Decreto 1792 ya citado, no fue cosa distinta a una limitación de la libertad de conformación de ternas para al escogencia de los directores regionales pero, como se procederá a ver más adelante, dejo a salvo de manera expresa la facultad discrecional del nominador para escoger de dicha terna de acuerdo a su leal saber y entender, salvaguarda que obedeció sin duda a la circunstancia de tratarse de una potestad entregada por la misma Constitución a los Gobernadores..”
El tema que se deja enunciado no ha sido extraño al examen de la Corte Constitucional. En efecto, en sentencia C-295 de 1995, esa alta Corporación discurrió de la manera que sigue con relación a la inteligencia de estos dos normativos. “Según el art. 125 de la Constitución los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de los de elección popular, los que son de libre nombramiento y remoción, los correspondientes a los de trabajadores oficiales, y los demás que determine la ley.“Llama la atención la circunstancia de que el art. 305-13 de la Constitución no guarda armonía con la disposición antes citada, en el sentido de que crea una categoría especial de funcionarios, pues no son de carrera ni de libre nombramiento por el nominador, porque su designación obedece a una operación compleja, como se explica mas adelante, en la cual su escogencia la hace el gobernador, pero el nombramiento lo realiza el director, gerente o presidente del establecimiento público respectivo. Pese a la perplejidad que produce en el interprete la referida disposición, dada la circunstancia anotada, hay que entender que en su sabiduría el Constituyente quiso, al emplear la formula que ella contiene, establecer una norma de excepción en la cual convergiera el principio unitario con el de la descentralización administrativa… …Para la Corte, la interpretación del art. 305-13 de la Constitución demanda la consideración de los siguientes supuestos materiales y jurídicos:-El director, gerente, presidente o jefe del respectivo establecimiento público nacional debe elaborar unas ternas (dos o más) de aspirantes a ocupar el cargo de gerente o jefe seccional de la entidad en el departamento. -Las ternas deben ser remitidas al gobernador del departamento, para su consideración. - De las ternas en cuestión el gobernador debe "escoger" a la persona que a su juicio debe ser nombrada en el referido cargo. - La persona escogida por el gobernador deberá ser designada por el nominador, esto es, por el director, gerente, presidente o jefe del respectivo establecimiento para llenar la vacante del aludido cargo existente a nivel seccional. Se deduce con toda claridad del texto constitucional, que no es atribución del gobernador nombrar al referido funcionario porque: 1) No se trata de la provisión de un empleo del orden departamental, pues de serlo sería una decisión de su incumbencia en los términos de los artículos 305 y 304-2-5 C.P. 2) El director o gerente regional es un funcionario del correspondiente establecimiento público; su designación corresponde al nominador ya indicado, quien por ende tiene igualmente la facultad de remoción. 3) La inflexión verbal "escoger" que utiliza la norma, se empleó por el Constituyente en su acepción obvia, cual es la de seleccionar entre varios -los integrantes de las ternas- a quien deba ser propuesto y nombrado para el cargo. Como puede observarse de la parte jurisprudencial que esta Sala se ha permitido retener, para la H Corte Constitucional ninguna duda ofrecía concluir del parangón entre los dos normativos que subsiste en el esquema constitucional la facultad en cabeza del Gobernador de “escoger” a efectos de cumplir con el nombramiento de Directores Seccionales de Institutos Descentralizados la persona que según su leal saber y entender resulte más apropiada para los intereses de la administración, escogencia que se haya limitada por la terna que se le ponga de presente, debiéndose resultar, en consecuencia, que no existe en la textura constitucional posibilidad de entender que esa facultad ha desaparecido por efecto de haberse dispuesto como regla general de vinculación de los servidores a la administración la carrera administrativa.
ASUNTO: Se contrajo a determinar si se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante, quien adujo haber participado en el concurso de méritos para la conformación de la terna de la cual se escogería la persona para ejercer el cargo de Directora Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- Regional Cauca-, superando todas las pruebas, razón por la cual fue inscrita en la terna junto a los dos participantes que le siguieron en puntaje, pero que finalmente no resultó elegida por el Gobernador del Departamento, quien escogió a quien había ocupado el segundo lugar en el concurso realizado. El Tribunal decidió no acceder a las pretensiones de la tutela, indicando que existe ciertamente una diferencia de la manera como la Constitución y la Ley regularon el tema de la escogencia de los Directores de los institutos descentralizados y aquella que se refiere al proceso de selección de los Gerentes de las empresas sociales del Estado, en tanto que para este último caso nada previó la Carta, abriéndose la posibilidad de una regulación legal, en armonía con la previsión contenida en el artículo 125 Constitucional tal y como lo destaca la Jurisprudencia de la H Corte Constitucional y particularmente la sentencia T-329 de 2009 que consideró la Sala de decisión no era aplicable al caso. Que de la concordancia de los artículos constitucionales 125 y 305-13, se logra determinar que subsiste en el esquema constitucional la facultad en cabeza del Gobernador de “escoger”, a efectos de cumplir con el nombramiento de Directores Seccionales de Institutos Descentralizados, la persona que según su leal saber y entender resulte más apropiada para los intereses de la administración, escogencia que se haya limitada por la terna que se le ponga de presente, por lo que no es dable entender que dicha facultad ha desaparecido por efecto de haberse dispuesto como regla general de vinculación de los servidores a la administración, la carrera administrativa.
La Magistrada Hilda Calvache Rojas, salvó su voto frente a la citada decisión, indicando que la sentencia T-329 de 2009 proferida por la H. Corte constitucional, si bien es cierto hace referencia a la designación de los gerentes de las ESE, modula temas de singular importancia en el derecho como son la importancia jurídica y ética de un concurso de meritos y el manejo de las facultades discrecionales de quienes son nominadores o intervienen en la nominación. Que de conformidad a lo indicado en la precitada sentencia, el respeto al mérito se impone y las ternas han de ser conformadas por quienes obtuvieron los puntajes mas altos en el concurso, por lo que queda claro que la discrecionalidad se limita por aquella persona que demostró ser la mejor. Finalmente señaló que no puede predicarse en derecho, justicia y equidad que no exista un principio que oriente la facultad del gobernador al escoger de la terna a quien ha de ser designado como director regional o seccional, que lo contrario sería aceptar que los principios del mérito deben respetarse por todas las autoridades excepto por los señores gobernadores.
4.- RADICADO: 20090054800
M. PONENTE: Dra. HILDA CALVACHE ROJAS/ SENTENCIA: 27/01/2010
ACCION DE TUTELA /Elección de Gerentes de las Empresas Sociales del Estado/ El mérito como único criterio objetivo de selección
“Actualmente el cargo de Gerente de las Empresas Sociales del Estado, ostenta un carácter de cargo de libre nombramiento y remoción, con período fijo de cuatro años. Sobre el mecanismo para elegir estos funcionarios, el artículo 28 de la ley 1122 de 2008 indicó un método mixto en el cual se hacía obligatoria la convocatoria a un concurso de méritos y con base en él, la junta directiva debía presentar una terna al nominador para que éste escogiera al funcionario que se había de desempeñar en el cargo.
Dicho sistema fue objeto de estudio y pronunciamiento por parte de la H Corte Constitucional, la cual indicó que tal metodología no se encontraba acompasada con el ordenamiento superior, por cuanto a pesar de tratarse de funcionarios de libre nombramiento y remoción, en el caso de que el legislador hubiera previsto el sistema de concurso para su provisión, debía respetarse exclusivamente el mérito como factor para designar al funcionario y, en consecuencia, aplicó la Excepción de Inconstitucionalidad”.
ACCION DE TUTELA/ Principio de inmediatez
“Respecto al principio de inmediatez esgrimido por la accionada se debe traer a colación lo expuesto por la H. Corte Constitucional la cual ha manifestado que la acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable contado desde los hechos que violaron los derechos fundamentales del accionante, con el fin de no crear situaciones de inseguridad, que violen derechos de terceros involucrados. Sin embargo tal criterio no es absoluto, por cuanto en los casos en los cuales existe una violación continua y actual de los derechos es aceptable que haya trascurrido un lapso de tiempo considerable sin que se haya hecho uso de la acción de tutela. Idéntica consideración se aplica en los casos en los cuales se argumenta la expedición de nueva jurisprudencia de las altas cortes sobre la materia, la cual puede considerarse como la existencia de un hecho nuevo que actualiza el interés del accionante”.
ASUNTO: El accionante interpone acción de tutela por considerar que fueron vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, al trabajo y a la igualdad, al no haber sido nombrado en el cargo de Gerente de la ESE ORIENTE, en el Departamento del Cauca, cargo para el cual concursó ocupando el primer lugar en la terna de elegibles, siendo nombrado quien ocupó el segundo lugar. La acción de tutela fue concedida, decisión que fue confirmada en segunda instancia, pues se indicó que la elección realizada por el Gobernador del Cauca, se alejó completamente del factor de mérito previsto en la Ley 1122 de 2007, ya que procedió a nombrar a quien ocupaba por puntaje el último lugar dentro de la lista de elegibles sin que existiera justificación razonable para dicha conducta que se basó tan sólo en las previsiones del artículo 28 de citada ley, el cual vulnera la Constitución Política y que, por lo tanto, siguiendo los parámetros establecidos por la Corte Constitucional, se debía inaplicar la expresión “la Junta Directiva conformará una terna, previo proceso de selección de la cual”, de la norma anotada.
1.- RADICADO: 20080026601
ACCION POPULAR/ Protección constitucional y legal para las personas con limitaciones/REALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES QUE PERMITAN LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA/Obligación de adecuar las edificaciones existentes a lo reglado por la Ley 361 de 1997.
“El artículo 13 de la Constitución Política, contentivo del derecho fundamental a la igualdad, impone al Estado no solo la obligación de promover las condiciones para que la predicada igualdad sea real y efectiva, mediante la adopción de medidas a favor de grupos discriminados o marginados, sino la de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, tópicos dentro de los cuales sin duda alguna se hayan los minusválidos o discapacitados y en general las personas con limitaciones y movilidad reducida.
Tal exigencia cobra carácter perentorio según lo dispuesto en el artículo 47 constitucional donde se le impone al Estado la obligación de adelantar una política de prevención, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se debe prestar la atención especializada que requieran.
En desarrollo de las citadas normas constitucionales el Congreso de la República expidió la Ley 361 del 7 de febrero de 1997 “Por la cual se establecen los mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, vigente a partir de su publicación lo cual ocurrió en el Diario Oficial número 42978 del 11 de febrero de 1997.
En el título IV de la mencionada ley se desarrollan las normas y criterios básicos para facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea ésta temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad. Tal como se dispone en el artículo 43, ibídem, con ello se busca igualmente suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías y espacios públicos y del mobiliario urbano, así como en la construcción o reestructuración de edificios de propiedad pública o privada. La norma advierte que lo dispuesto en este título se aplica así mismo a los medios de transporte e instalaciones complementarias de los mismos y a los medios de comunicación.
Por disposición expresa de la Ley 361 de 1997 son destinatarios especiales de este título, las personas que por motivo del entorno en que se encuentran, tienen necesidades esenciales, y en particular los individuos con limitaciones que les hagan requerir de atención especial, los ancianos y las demás personas que necesiten de asistencia temporal (Artículo 45). Además, en ella se destaca que la accesibilidad es un elemento esencial de los servicios públicos a cargo del Estado y por lo tanto deberá ser tenida en cuenta por los organismos públicos o privados en la ejecución de dichos servicios (Artículo 46).
5. La obligación de adecuar las edificaciones existentes a lo reglado por la Ley 361 de 1997
Respecto de la eliminación de barreras arquitectónicas en las edificaciones abiertas al público que se vayan a construir, o en las ya existentes, el artículo 47 de la Ley 361 de 1997 establece lo siguiente: “La construcción, ampliación y reforma de los edificios abiertos al público y especialmente de las instalaciones de carácter sanitario, se efectuarán de manera tal que ellos sean accesibles a todos los destinatarios de la presente ley. Con tal fin, el Gobierno dictará las normas técnicas pertinentes, las cuales deberán contener las condiciones mínimas sobre barreras arquitectónicas a las que deben ajustarse los proyectos, así como los procedimientos de inspección y de sanción en caso de incumplimiento de estas disposiciones”. Las instalaciones y edificios ya existentes se adaptarán de manera progresiva, de acuerdo con las disposiciones previstas en el inciso anterior, de tal manera que deberá además contar con pasamanos al menos en uno de sus dos laterales. (…).” (Destacado fuera del texto).”.
ASUNTO: El actor popular solicitó la adecuación de los espacios de acceso a un establecimiento bancario y a su cajero automático que permitiera la fácil movilización de todo usuario y en especial las personas que sufran algún tipo de movilidad reducida. El juez del conocimiento accedió a las pretensiones de la demanda, providencia que fue confirmada, habida cuenta que se constató la vulneración de los derechos colectivos invocados por la accionante, por parte de la entidad bancaria accionada, de quien se dijo, tiene la obligación de adecuar sus instalaciones según las condiciones exigidas por la Ley 361 de 1997 y el decreto reglamentario No. 1538 de 2005, para lo cual contaba con un plazo de cuatro años contados a partir de la vigencia de la mencionada ley, es decir que el término venció el 11 de febrero de 2001, sin que a la fecha de la sentencia se hubiese cumplido con el mandato legal.
1.- RADICADO: 20090024501
M. PONENTE: Dr. NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ / AUTO INTERLOCUTORIO 26/10/2009
REGISTRO PRESUPUESTAL EN DEMANDA EJECUTIVA/ No hace parte del título ejecutivo. REGISTRO PRESUPUESTAL/Requisito necesario para la ejecución del contrato y no para su existencia.
"… en cuanto al segundo de los argumentos esbozados por el actor en contra de la providencia impugnada, esto es, que en caso de que hicieran falta documentos, lo que correspondía en derecho no era abstenerse de librar el mandamiento ejecutivo, sino admitir la demanda y ordenar su corrección, debe señalarse que pese a que la figura procesal de inadmisión de la demanda no ha sido prevista para los procesos de ejecutivos, se ha aceptado por la jurisprudencia que, únicamente para efectos de subsanar defectos meramente formales de los que adolezca la demanda, podrá el Juez ordenar su corrección, no así, para completar el título ejecutivo, requisito indispensable para acceder al cobro de las obligaciones en vía judicial”
“No obstante, observa la Sala que atendiendo la última postura del H. Consejo de Estado, el registro presupuestal no hace parte del título ejecutivo, por cuanto no es requisito para el perfeccionamiento del contrato y mucho menos para el surgimiento de las obligaciones entre las partes.
Así las cosas, aplicando el precedente jurisprudencial al caso concreto, se tiene que el Contrato de Prestación de Servicios N° OJ 070 que se suscribió entre las partes el 29 de octubre de 2004, se hizo con el lleno de los requisitos legalmente establecidos por el ordenamiento jurídico, por lo que el contrato como tal existe, se perfeccionó cuando se logró el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, además consta por escrito, razón por la que no puede desconocerse el surgimiento de las obligaciones por falta del Registro Presupuestal, por cuanto, como ya se expresó, aquel es necesario para la ejecución del contrato, más no para su perfeccionamiento.
No obstante todo lo anterior, revisada el acta de liquidación (FI. 10), se tiene que aparece firmada únicamente por el contratista y el interventor, sin observar que en la cláusula decimaquinta del Contrato OJ-070 de 2004 se dispuso expresamente: “Liquidación final. La liquidación final de este contrato se hará mediante acta suscrita por el Representante Legal de la Universidad, el representante legal de la Fundación, el Interventor y EL CONTRATISTA, la cual para su validez debe ser aprobada por el Rector de LA UNIVERSIDAD.” (Se destaca). En estas condiciones, el título ejecutivo no se encuentra debidamente integrado y no hay lugar a librar el mandamiento solicitado, por lo que la decisión adoptada por el a quo será confirmada, pero por las razones expuestas en esta providencia”.
ASUNTO: Se presentó demanda ejecutiva cuyo título base de la ejecución consistía en un contrato de prestación de servicios profesionales. El juez de instancia se abstuvo de librar mandamiento de pago, fundamentando su decisión en que al no acreditarse la existencia de registro presupuestal, ni de las pólizas de cumplimiento y su aprobación, el título ejecutivo no estaba debidamente constituido. La parte actora apeló, solicitando que se ordenara la admisión de la demanda, o, en subsidio, se ordenara su inadmisión y se concediera un término para subsanar los posibles defectos de los que adoleciera. El auto fue confirmado pero no por las razones argumentadas por el Juez de instancia. Se indicó que el contrato de prestación de servicios suscrito entre la partes, se hizo con el lleno de los requisitos legales, razón por la cual no podía desconocerse el surgimiento de las obligaciones por falta del registro presupuestal, por cuanto, aquel es necesario para la ejecución del contrato, mas no para su perfeccionamiento. Finalmente se determinó que el acta de liquidación del contrato sólo fue suscrita por el contratista y el interventor de la obra, en contravía de lo dispuesto en una de las cláusulas del contrato, motivo por el cual se confirmó la decisión de no librar mandamiento de pago.
2.- RADICADO: 20090047501
M. PONENTE: Dr. NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ / AUTO INTERLOCUTORIO 01/12/2009
EXIGIBILIDAD DE LAS CONDENAS IMPUESTAS A ENTIDADES PUBLICAS/ Son ejecutables ante la justicia ordinaria 18 meses después de su ejecutoria/ Término no es susceptible de interpretaciones amañadas.
“En cuanto a la argumentación del apelante en el sentido de considerar que la negativa al pago de las condenas será idéntica al cumplirse el plazo de los 18 meses, lo que en su concepto habilita la posibilidad de iniciar la ejecución judicial, debe recordarse que al tenor de lo dispuesto por los artículos 174, 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo las sentencias ejecutoriadas son obligatorias para los particulares y la administración, quien debe proceder a dictar en el término de 30 días contados desde su comunicación la resolución correspondiente en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, actividad que se encuentra sometida a la vigilancia del Ministerio Público en cuanto al deber de incluir las partidas correspondientes en los proyectos de presupuestos básicos o adicionales, conforme a las normas de la ley orgánica del presupuesto. Adicionalmente, las cantidades líquidas reconocidas en las sentencias devengarán intereses comerciales y moratorios
Como puede apreciarse, la Administración no puede simplemente negarse al cumplimiento de los fallos de condena, como quiera que se trata de una obligación legal que no puede desatender, so pena de la responsabilidad disciplinaria y patrimonial correspondiente”
ASUNTO: El cesionario de los derechos litigiosos de la parte actora demandó en proceso ejecutivo, con el fin de lograr el cumplimiento de las condenas previstas en una sentencia ejecutoriada. El Juez instancia resolvió no librar mandamiento de pago, con fundamento en que no habían transcurrido 18 meses para su ejecución; a su vez el apelante argumentó que según la sana lógica, no debía dársele aplicación al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, debido a que la entidad se negaba a realizar el pago y por lo tanto, la negativa es equivalente al cumplimiento del término exigido. El auto fue confirmado indicando que el término de 18 meses consagrado en una norma de orden público, no está sometido a la libre interpretación de las partes y no permite ningún tipo de excepción.
NOTAS JURIDICAS DE INTERÉS
CONSEJO DE ESTADO CONDENA EN COSTAS AL APELANTE QUE DESISTIÓ DEL RECURSO DE APELACION. Esa alta Corporación admitió la solicitud de desistimiento del recurso de apelación interpuesto contra una providencia proferida por este Tribunal, presentada por el apoderado de la parte actora en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pero determinó que de conformidad a lo previsto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, era procedente condenar en costas a la parte que desistió del recurso. (Auto interlocutorio de 5 de junio de 2009. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Radicación 200301427-01)
EL DERECHO A SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN NO ES CONCILIABLE, por tanto, se vulnera el acceso a la administración de justicia cuando se exige conciliación prejudicial como requisito de procedibiliad para iniciar la correspondiente acción de nulidad y restablecimiento del derecho. (Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección “A”. Sentencia de Tutela de 1 de septiembre de 2009.Consejero Ponente. Alfonso Vargas Rincón. Radicación No 11001-03-15-000-2009-00817-00(AC))
EL ERROR GRAVE DE UN DICTAMEN PERICIAL DEBE REFERIRSE AL OBJETO DE DICTAMEN Y NO A LAS CONCLUSIONES DEL PERITO. Así lo manifestó el H. Consejo de Estado, al desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en el trámite de una acción popular. Claramente señaló que, para que prospere la objeción del dictamen pericial por error grave se requiere la existencia de una equivocación de tal gravedad o una falla que tenga entidad de conducir a conclusiones igualmente equivocadas. Así mismo señaló que el dictamen se contrapone a la verdad, cuando se presenta una inexactitud de identidad entre la realidad del objeto sobre el que se rinda el dictamen y la representación mental que de él haga el perito. Sin embargo, aclara que no constituirán error grave en estos términos, las conclusiones o inferencias a que lleguen los peritos, que bien pueden adolecer de otros defectos. Concluye entonces que la objeción por error grave debe referirse al objeto de la peritación, y no a la conclusión de los peritos. (Consejo de Estado- Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2009. Radicación No. 25000-23-27-000-2004-02049-01(AP). C.P.: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA)
PÉRDIDA DE DERECHOS DE CARRERA POR EL DESEMPEÑO DE OTRO CARGO - Procedencia cuando el empleado tome posesión de un cargo de carrera, de libre nombramiento y remoción o de período sin haber cumplido con las formalidades legales (Sentencia 11 de noviembre de 2009. Consejo de Estado-Sección Segunda- Subsección “A”. 25000-23-25-000-2003-01749-01(0398-08). C.P. GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN)
INTERESES MORATORIOS - Plazos dentro de los cuales las sumas reconocidas en sentencias condenatorias empiezan a devengar intereses moratorios (Sentencia de 21 de octubre de 2009, Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección “A”.Radicación No. 68001-23-15-000-2000-01152-01(1438-08), C.P. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN.)
EN EL AUTO INTERLOCUTORIO QUE SE RELACIONA, EL CONSEJO DE ESTADO, ANALIZÓ TRES TEMAS DE INTERÉS PARA NUESTRA JURISDICCIÓN A SABER: * El término de caducidad de la acción de reparación directa por daños originados en la privación injusta de la libertad empieza a contabilizarse desde la ejecutoria de la providencia penal absolutoria
* La solicitud de audiencia de conciliación extrajudicial suspende temporalmente el término de caducidad
* Por ser un requisito de procedibilidad para demandar en ejercicio de las acciones de reparación directa, contractual y de nulidad y restablecimiento del derecho, la no presentación de la solicitud de audiencia de conciliación prejudicial o extrajudicial genera el rechazo de la acción (Consejo de Estado- Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2009.Radicación No 05000-12-31-000-2009-00858-01(37555) C.P. ENRIQUE GIL BOTERO)
EN ACCIÓN DE REPETICIÓN, CONDENA PENAL PRUEBA LA RESPONSABILIDAD DOLOSA DEL AGENTE ESTATAL Para probar que el servidor público que ocasionó una condena patrimonial contra la Nación actuó con dolo, la administración solo debe aportar copia de la sentencia proferida en el proceso penal. El consejero Mauricio Fajardo salvó su voto. A su juicio, la sección no justificó el cambio de jurisprudencia. (Fuente- Revista Ámbito Jurídico) (Consejo de Estado- Sentencia 35529 de 11 de noviembre de 2009. C.P. ENRIQUE GIL BOTERO)
SE RECONOCEN PERJUICIOS MORALES POR LA ANGUSTIA Y ZOZOBRA GENERADA POR LA PÉRDIDA DE BIENES MATERIALES (Sentencia de 11 de noviembre de 2009. Exp. 76001-23-31-000-1996-02035-01 (17119). M.P.: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA)
EL INCENTIVO ECONÓMICO EN LA ACCIÓN POPULAR NO PUEDE SER INFERIOR A DIEZ SALARIOS MÍNIMOS. Así lo manifestó el Consejo de Estado en sentencia reciente e indicó que esa Corporación considera que la cuantía de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, es suficiente y ajustada a la ley, por encontrarse dentro de los mínimos y máximos previstos en la norma para el otorgamiento del citado reconocimiento económico. (Sentencia de 19 de noviembre de 2009, Exp. 41001-23-31-000-2004-01175-01(AP), C.P.(E).MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO)
DIGNATARIOS Y MAGISTRADOS
Dra. HILDA CALVACHE ROJAS
Dr. CARLOS ARTURO MANZANO BRAVO
TELEFONO (2) 8 24 01 51
Dra. JENNY XIMENA CUETIA FERNANDEZ
RELATORA (E)
Dirección Calle 5A No. 1-11 Loma de Cartagena - Teléfono (2) 8 24 01 51
Nota de advertencia: La indexación de la información a través de descriptores, restrictores y el asunto o tesis, no exoneran al usuario de la información, de corroborar su contenido con los textos de las providencias y, atendiendo posibles inconsistencias, se sugiere sean puestas en conocimiento de la Relatoría.
Protección constitucional y legal para las personas con limitaciones
Elección de Gerentes de las Empresas Sociales del Estado/ El mérito como único criterio objetivo de selección
Elección de los Directores Regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no tiene el mismo tratamiento de la elección de Gerentes de las Empresas Sociales del Estado/ Diferencias con la situación fáctica planteada en la sentencia T-329 de 2000
Principio de respeto entre las partes y colaboración con el juez constitucional
Carga de la prueba y principio de oficiosidad.
ACTAS DEL TRIBUNAL MEDICO LABORAL
No sometidas a reserva legal
Exceso de velocidad causa determinante de los hechos
DERECHO DE PETICION DE INFORMACIONES
Regulación normativa y jurisprudencial
Daños ocasionados por la pérdida o indisponibilidad de los bienes./Referencias jurisprudenciales
EXIGIBILIDAD DE LAS CONDENAS IMPUESTAS A ENTIDADES PUBLICAS
Son ejecutables ante la justicia ordinaria 18 meses después de su ejecutoria/ Término no es susceptible de interpretaciones amañadas
Significado y manejo que de las mismas debe hacer el juez del conocimiento
FALLA EN EL SERVICIO POR PRIVACIÓN INJUSTIFICADA DEL USO Y GOCE DE UN VEHÍCULO
Demora en la resolución del incidente propuesto para su devolución
INDEMNIZACIÓN POR MUERTE EN ACTOS ESPECIALES DEL SERVICIO
No se lograron demostrar los presupuestos para su configuración
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO/
Territorialidad y jurisdicción para su recaudo./ Hecho generador / Doble tributación
IMPOSIBILIDAD DE ORDENAR EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Por principio de elemental justicia se procede al reconocimiento de la sanción prevista en la Ley 361 de 1997
INDEMNIZACIÓN POR LA PRIVACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE UN VEHÍCULO
Perjuicio autónomo/ Resarcimiento por la indisponibilidad del uso y goce del bien
PRESTACIONES SOCIALES POR MUERTE EN ACTOS DEL SERVICIO Y POR MUERTE EN ACTOS ESPECIALES DEL SERVICIO –
Requisito necesario para la ejecución del contrato y no para su existencia.
Estabilidad laboral de las personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas
RELIQUIDACION PENSION DE JUBILACION
Régimen de transición de la Ley 33 de 1985
Posición actual del Consejo del Estado/ Factores salariales pensionales de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985
REALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES QUE PERMITAN LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Obligación de adecuar las edificaciones existentes a lo reglado por la Ley 361 de 1997.
REGISTRO PRESUPUESTAL EN DEMANDA EJECUTIVA
No hace parte del título ejecutivo
Petición de consultar documentos
TRABAJO DE LOS INTERNOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS

References: resolución 
 resolución 
 artículo 185
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 45
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 100

ARTÍCULO 123
 artículo 100
 artículo 100
 resolución 
 resolución 
 artículo 123
 artículo 74
 artículo 23
 artículo 10
 artículo 79
 artículo 125
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 13
 artículo 47
 artículo 43
 artículo 47
 resolución 
 artículo 177
 artículo 345
 resolución