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Timestamp: 2019-08-23 14:26:11+00:00

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VIII. Aclaración y Fundamentación
IX. El Primado del Derecho en Cualesquiera Circunstancias, inclusive en la Lucha contra el Terrorismo.
1. Las Víctimas de Masacres.
2. La Salvaguardia de los Derechos Humanos en Medio a la Lucha contra el Terrorismo.
3. Las Víctimas y las Precisiones en cuanto al Derecho Aplicable.
VIII. Aclaración y Fundamentación.
62. El artículo 67 de la Convención Americana dispone que "el fallo de la Corte será definitivo e inapelable", y que "en caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventas días a partir de la fecha de la notificación del fallo". La indicación que se desprende del artículo 67 de la Convención Americana, es en el sentido de que el sentido o alcance del fallo debe ser aclarado en la Interpretación de Sentencia. Es precisamente lo que hizo la Corte, de forma ejemplar, en su histórica Interpretación de Sentencia del 03.09.2001 en el caso de Barrios Altos versus Perú (párr. 13), en la cual aclaró que, dada la violación constituida por las leyes de autoamnistía en el cas d'espèce, lo resuelto por la Corte en la Sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tenía efectos generales (párr. 18 y punto resolutivo n. 2).
63. La Corte dio, así, respuesta a la solicitud de interpretación sometida a la Corte en el caso Barrios Altos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al dejar claro que los efectos del punto resolutivo 4 de la Sentencia de fondo (del 14.03.2001) de la Corte tenían incidencia no sólo en aquel caso concreto, sino además, de modo genérico, en todos los casos de violaciones de derechos humanos en que se hubieran aplicado las referidas leyes de autoamnistía. Precisamente por haber aclarado el sentido o alcance del fallo en su Interpretación de Sentencia, tuvo esta un profundo impacto - hoy día bien conocido y reconocido en los círculos jurídicos latinoamericanos - en el ordenamiento jurídico interno no solamente del Estado demandado, sino también de distintos Estados de América del Sur. Además, contribuyó de manera valiosa al combate a la impunidad.
64. Si, en aquel caso histórico de Barrios Altos, la Corte Interamericana hubiera seguido un razonamiento restrictivo, en toda probabilidad no hubiera aportado la importante aclaración sobre algo que no estaba precisado en la Sentencia de fondo (del 14.03.2001) en el mismo caso Barrios Altos. El punto planteado a la Corte en la demanda de Interpretación de Sentencia no había sido tratado en el procedimiento contencioso que culminó en la mencionada Sentencia de fondo de la Corte, pero ni por eso dejó la Corte de proveer la aclaración solicitada a posteriori, precisamente para aclarar el sentido o alcance del referido fallo.
65. En su Interpretación de Sentencia en el caso Barrios Altos, la Corte actuó plenamente conciente de su rol fundamental de decir cuál es el Derecho. De ahí el impacto que tuvo su decisión en nuestra región, en nuestra parte del mundo, mucho más allá de lo que anticipábamos en 2001. El artículo 29(3) del Reglamento, invocado por la Corte en el dispositif de la presente Interpretación de Sentencia, no sirve de base a la decisión por ella tomada: el artículo 29(3) se refiere a la improcedencia de impugnación de sentencias y resoluciones de la Corte, - lo que no es el caso. Aquí nuevamente se torna presente su predisposición restrictiva, la cual, sumada al afán de "productividad" de decisiones, ni siempre producen resultados satisfactorios o bien fundamentados.
66. En realidad, esta tendencia viene ocurriendo ya hace algún tiempo (a partir de fines de 2004), como lo señalé en mi extensos Votos Disidentes (párrs. 1-49 y 1-75, respectivamente) en las Sentencias de excepciones preliminares (del 23.11.2004), y de fondo y reparaciones (del 01.03.2005), en el caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador52. Para evocar otra ilustración, trascurrida media década desde la trascendental Interpretación de Sentencia en el caso Barrios Altos, la Corte ya no parecía más tener el mismo ánimo de aclarar lo planteado ante ella, v.g., en la demanda de Interpretación de Sentencia en el caso de la Comunidad Moiwana versus Suriname.
67. En su Interpretación de Sentencia del 08.02.2006 en este caso de la Comunidad Moiwana, la Corte se frenó y se autolimitó a tal punto que me vi en el deber de suplir, en un Voto Razonado (párrs. 1-32), lo que la Corte prefirió abstenerse de hacer. Centré mis reflexiones en tres puntos, a los cuales atribuí particular importancia, a saber: a) la delimitación, demarcación, titulación y entrega de la tierra como forma de reparación (no-pecuniaria); b) la garantía del retorno voluntario y sostenible (de los miembros desplazados de la Comunidad); y c) la necesidad de reconstrucción y preservación de la identidad cultural53. En aquél caso de la Comunidad Moiwana, como en el presente caso de la Prisión de Castro Castro, me he mantenido fiel, - como en todo mi período como Juez Titular de la Corte Interamericana, - a mi concepción del rol fundamental de un tribunal internacional de derechos humanos, el cual no se agota en "resolver" una controversia sometida a su conocimiento, sino requiere, además, de él, decir cuál es el Derecho.
68. En los últimos años, los casos de violaciones de derechos humanos en medio a un estado crónico de violencia generalizada han generado dificultades que ultrapasan el plano puramente conceptual, y se extienden al propio alcance del derecho aplicable y a la determinación de los titulares del derecho a la reparación. Por consiguiente, considero de todo apropiado dedicar las consideraciones que siguen, del presente Voto Razonado, a los distintos aspectos del primado del derecho aún en circunstancias de violencia crónica, inclusive en la llamada lucha contra el terrorismo. La cuestión ocupa una posición central en la presente Interpretación de Sentencia en el caso de la Prisión de Castro Castro.
69. Los casos de masacres que hoy día alcanzan los tribunales internacionales (Cortes Interamericana y Europea) de derechos humanos, han generado grandes dificultades - quizás perplejidades - para los estudiosos no sólo para el Derecho (v.g., la determinación de las víctimas para efectos de reparaciones) sino también para las ciencias sociales en general. De inicio, el fenómeno de los masacres desafía todo intento de comprensión: no parece tener cualquier sentido o propósito, es profundamente perturbador, parece ser producto de la locura y crueldad humanas.
70. En seguida, no se presta a cualquier intento de "teoría general": cada masacre - exterminio de no-combatientes, - entre hombres y mujeres, niños y ancianos, - en general enteramente indefensos, ha sido perpetrado en un determinado contexto histórico, político y cultural distinto54. Dicho fenómeno difícilmente se prestaría a cualquier intento de generalización.
71. Por otro lado, los autores intelectuales y materiales de los masacres intentan sistemáticamente caracterizar las víctimas, aunque inocentes e indefensas, como "enemigos" que deben ser eliminados o exterminados, - buscan, en suma, deshumanizarlas antes de matarlas55. Con esto, buscan "protegerse" del propio sentimiento de culpa por sus actos de extrema crueldad. El elemento de la intencionalidad parece estar siempre presente, a mi juicio como circunstancia agravante, inclusive para efectos de reparaciones.
72. La noción de "masacre" empieza a ser tomada como una "unité lexicale de référence": en dichos casos de masacres, los sobrevivientes y los familiares de las víctimas fatales traen consigo la carga de sus sufrimientos personales sumados a los sufrimientos de los que fueron masacrados56. Es esta una circunstancia agravante, sumada a la premeditación e intencionalidad que conllevaron a la perpetración de los masacres. En fin, en los esfuerzos por lograr la justicia restaurativa, hay necesariamente que tomar en cuenta los profundos efectos traumáticos de las masacres, no sólo y obviamente en las víctimas y sus familiares, sino también en el propio tejido social, en la propia población por afectada por las masacres como un todo.
73. Significativamente, el hecho de que víctimas de masacres, y personas que se encuentran en situaciones de la más aguda adversidad (como, inter alii, los detenidos en condiciones infra-humanas), logran hoy día alcanzar la jurisdicción internacional para hacer valer sus derechos. Tal hecho, - difícil de anticipar hace algunas décadas, - revela los avances del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en medio a tantas dificultades. Constituye, en mi percepción, una de las manifestaciones de la humanización del Derecho Internacional contemporáneo, que revela, además, el impacto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho Internacional Público, y, en última instancia, lo que yo conceptuaría como la evolución corriente del Derecho Internacional hacia el Derecho de Gentes57.
74. Esta evolución viene a rescatar las raíces del pensamiento humanista, y su florecimiento a lo largo de los tiempos, en medio a las sucesivas atrocidades perpetradas por los individuos contra sus semejantes. Recuérdese, por ejemplo, que, en fines del siglo XVIII (en 1793), en luminoso ensayo escrito poco antes de ser ejecutado, Condorcet advertía que existía
"une science du droit des gens: mais malhereusement on chercha des lois des nations, non dans la raison et la nature (...). On s'occupa moins des droits de l'humanité, de la justice envers les individus, que de l'ambition, de l'orgueil ou de l'avidité des gouvernements"58.
No obstante, agregaba él con admirable esperanza que
"les principes de la philosophie, les maximes de la liberté, la connaissance des véritables droits de l'homme et de ses intérêts réels, sont répandus dans un trop grand nombre des nations, et dirigent dans chacune d'elles les opinions d'un trop grand nombre d'hommes éclairés, pour qu'on puisse redouter de les voir jamais tomber dans l'oubli"59.
75. El presente caso de la Prisión de Castro Castro no es el primero en que se plantea ante la Corte Interamericana la cuestión de la salvaguardia de los derechos humanos en medio a una situación prolongada de lucha contra el terrorismo. Recuérdese que, hace una década, ya en el caso Loayza Tamayo versus Perú (Sentencia del 17.09.1997), en su valoración de las pruebas, la Corte tomó nota de lo señalado por el Estado demandando "en cuanto al terrorismo", el que conducía, - en su evaluación, - a "una escalada de violencia en detrimento de los derechos humanos". La Corte advirtió, sin embargo, que no se podían invocar "circunstancias excepcionales en menoscabo de los derechos humanos". Y agregó que
"Ninguna disposición de la Convención Americana ha de interpretarse en el sentido de permitir, sea a los Estados Partes, sea a cualquier grupo o persona, suprimir el goce o ejercicio de los derechos consagrados, o limitarlos, en mayor medida que la prevista en ella (artículo 29(2). Dicho precepto tiene raíces en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículo 30)" (párr. 44).
76. En el mismo caso Loayza Tamayo, en relación con el fondo, la Corte volvió a advertir que
"Todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana (...) en violación del artículo 5 de la Convención Americana. Las necesidades de la investigación y las dificultades innegables del combate al terrorismo no deben acarrear restricciones a la protección de la integridad física de la persona" (párr. 57).
77. En realidad, al interpretar y aplicar la Convención Americana, como le corresponde, en relación con los casos concretos sometidos a su conocimiento, la Corte Interamericana ha reiteradas veces sostenido el primado del Derecho, y la integridad y salvaguardia de los derechos protegidos, aún en las circunstancias más difíciles, como, v.g., la de la lucha contra el terrorismo. Así, en el caso Cantoral Benavides versus Perú (Sentencia del 18.08.2000), por ejemplo, reiteró la Corte que "las necesidades de la investigación y las dificultades innegables del combate al terrorismo no deben acarrear restricciones a la protección de la integridad física de la persona" (párr. 96).
78. Del mismo modo, en el caso Maritza Urrutia versus Guatemala (Sentencia del 27.11.2003), la Corte volvió a advertir que
"La prohibición de la tortura es absoluta e inderogable, aún en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interno, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas" (párr. 89).
79. La Corte reiteró esta advertencia ipsis literis en los casos de los Hermanos Gómez Paquiyauri (Sentencia del 08.07.2004, párr. 111), y de Lori Berenson (Sentencia del 25.11.2004, párr. 100), ambos relativos al Perú, así como en el caso Tibi versus Ecuador (Sentencia del 07.09.2004), en que además afirmó que "existe un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas de tortura, tanto física como psicológica, régimen que pertenece hoy día al dominio del jus cogens (párr. 143). Aún sobre la materia en examen, en mi Voto Razonado en el caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia (Sentencia del 15.09.2005), me permití ponderar que
"No se combate el terror con el terror, sino en el marco del Derecho. Los que acuden al uso de la fuerza bruta se brutalizan ellos mismos, creando una espiral de violencia generalizada que termina por victimar los inocentes (...).
80. En confirmación del entendimiento sostenido de la Corte sobre el punto en examen, la Convención Interamericana contra el Terrorismo (2002) dispone, en su artículo 15, que las medidas adoptadas por los Estados Partes de conformidad con su normativa "se llevarán a cabo con pleno respeto al estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales" (párr. 1). Salvaguarda, en seguida, las obligaciones convencionales de los Estados Partes, de conformidad con "el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los Refugiados" (párr. 2). Y agrega que "a toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual se adopte cualquier medida o sea encausada con arreglo a la presente Convención se le garantizará un trato justo, incluido el goce de todos los derechos y garantías de conformidad con la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre y las disposiciones pertinentes del Derecho Internacional"60.
81. En mi Curso General de Derecho Internacional Público61, ministrado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya en 2005, al referirme a Informes finales de Comisiones de la Verdad contemporáneas62, me permití señalar precisamente que
"They warn against responding to crimes committed by non-State entities (including terrorist groups) with crimes perpetrated by the State itself: the results are invariably the disruption of the rule of law (État de droit), social decomposition, killings of innocent people, impunity and corruption"63.
En la misma línea de pensamiento, agregué, en mi Voto Razonado en el caso Acosta Calderón versus Ecuador (Sentencia del 24.06.2005), que "los graves males de nuestros tiempos, - el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, entre otros tantos, - deben ser combatidos dentro del Derecho, pues simplemente no se puede enfrentarlos con sus propias armas: dichos males sólo pueden ser vencidos dentro del Derecho" (párr. 8).
82. A su vez, las víctimas de violaciones de derechos humanos en consecuencia de actos terroristas pueden encontrarse en situaciones jurídicas distintas, en caso de que dichos actos hayan sido perpetrados, por un lado, por simples particulares o agentes clandestinos o no-identificados, o, por otro lado, por agentes del propio Estado. Unas y otras víctimas encuéntranse, todas, bajo la protección del Derecho, aunque el derecho aplicable sea distinto en uno caso u otro. La preocupante diversificación contemporánea de las fuentes de violaciones de los derechos humanos ni por eso priva o sustrae a las víctimas de la protección del Derecho, que a ellas es debida, en todas y cualesquiera circunstancias.
83. Las víctimas de violaciones de derechos humanos imputables al Estado cuentan con la protección de la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (a la par de los derechos constitucionalmente consagrados), el cual determina precisamente la responsabilidad internacional del Estado, - mientras que las víctimas de actos terroristas imputables a agentes o grupos no-estatales cuentan con la protección de la normativa del derecho penal, que determina precisamente la responsabilidad penal de individuos, y cuya aplicación debe estar en conformidad con la normativa internacional de derechos humanos que vincula el Estado en cuestión. De ese modo, nadie queda sustraído a la protección del Derecho, aunque el derecho aplicable sea distinto según las circunstancias de cada caso concreto.
84. Tanto el Estado a través de sus poderes o agentes, como los simples particulares (inclusive agentes clandestinos o no-identificados), están obligados a no violar los derechos inherentes a la persona humana. Dicha obligación encuéntrase consagrada, sea en los tratados de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (que vinculan el Estado en cuestión), sea en las normas del derecho penal interno (que deben ser aplicadas en conformidad con aquellos tratados). Las víctimas de actos terroristas o sus familiares cuentan con el derecho penal para buscar la justicia. Como ha señalado un estudio reciente sobre la materia,
"The issue of the obligations of the non-State actor as regards the right to life hardly arises in practice. Taking a life is clearly illegal under national law and there would normally be no reason to raise this before a national court in terms of human rights law"64.
85. Se puede, sin embargo, acudir a la normativa de derechos humanos, para reforzar la argumentación legal en el marco del derecho penal interno, e inclusive para buscar la aplicabilidad de las normas relevantes de los tratados de derechos humanos que vinculan al Estado en cuestión en el ámbito de su derecho interno. Pero si los actos terroristas contaron con la participación, o connivencia, o conocimiento y negligencia del Estado en cuestión, - dotado del poder legiferante en materia penal, entre otras materias, - comprometiendo prontamente su propia responsabilidad internacional, aplícase de inmediato la normativa pertinente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para la determinación de la responsabilidad del Estado.
86. Además de esto, como los hechos son más ricos que las normas y requieren de éstas un constante aggiornamento, inclusive para extender mayor protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos, hay situaciones de alta complejidad que requieren clarividencia, de parte del tribunal o juez llamado a dirimir un diferendo, en cuanto a la propia identificación del derecho aplicable. Un ejemplo se encuentra en la determinación del efecto potencial de un tratado de derechos humanos en relación a terceros (el Drittwirkung), - que podrían ser los perpetradores de actos terroristas.
87. La incidencia de la normativa internacional de derechos humanos se daría, en tales circunstancias, a partir de la teoría de las obligaciones positivas de protección por parte del Estado. En el sistema europeo de protección, encuéntrase este punto desarrollado, v.g., en monografía pionera, por el jurista luxemburgués Dean Spielmann65. En el sistema interamericano de protección, el mismo punto encuéntrase desarrollado en numerosos de mis Votos en el seno de esta Corte acerca del Drittwirkung66. Si el Estado no asume sus obligaciones positivas de protección, se configura su responsabilidad por negligencia u omisión en el plano internacional, concomitantemente con la responsabilidad penal de los perpetradores de actos terroristas en el plano del derecho interno.
88. El Estado es responsable por la protección de todas las personas bajo su jurisdicción, por la seguridad de la persona humana, inclusive contra actos terroristas. No puede, sin embargo, con este propósito (asegurar la seguridad humana), practicar él mismo actos terroristas; debe actuar dentro del Derecho. Y aquí paso a un segundo ejemplo de situación de alta complejidad. Me refiero a una situación de violencia generalizada, de conflicto armado interno o no-internacional: en tal situación, a la par de la aplicación del derecho penal a los perpetradores de actos terroristas, y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en relación con violaciones perpetradas por órganos o agentes del Estado, también se aplica - con sus actuales carencias institucionales - el Derecho Internacional Humanitario.
89. Hace años vengo sosteniendo la aplicación concomitante del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (cf. infra). Importa, en última instancia, asegurar que nadie quede fuera de la protección del Derecho. La cuestión del ámbito preciso de las personas destinatarias de la normativa del Derecho Internacional Humanitario en conflictos armados internos o no-internacionales ha dado margen a debates y controversias. La doctrina inclínase por considerar a todos involucrados en tales conflictos, inclusive los que apoyan las partes en ellos involucrados, como destinatarios de aquella normativa, y vinculados por ella67. La aplicabilidad del Derecho Internacional a todos los involucrados en conflictos armados internos tiene el efecto de fortalecer gradualmente la protección de los indefensos68, de las víctimas potenciales.
90. Esto significa que, movido por las propias necesidades de protección, el Derecho Internacional Humanitario ha trascendido su óptica inter-estatal del pasado, y hoy extiende su ámbito de aplicación también a entidades y grupos no-estatales, a grupos armados que se oponen en conflictos internos, que pueden tener su responsabilidad penal comprometida69 (cf. infra). Este desarrollo no se limita al plano puramente doctrinal, y ha encontrado hoy expresión también en la jurisprudencia internacional: recientemente, la Sala de Apelaciones del Tribunal Especial para Sierra Leona sostuvo, en el caso Prosecutor versus Sam Hinga Norman (jurisdicción, decisión del 31.05.2004), que
"it is well settled that all parties to an armed conflict, whether States or non-State actors, are bound by International Humanitarian Law, even though only State may become parties to international treaties"70.
91. Así, las obligaciones del Derecho Internacional Humanitario se imponen tanto a los Estados como a individuos y grupos, a entidades no-estatales, a insurgentes armados en general, y este notable desarrollo del Derecho Internacional Humanitario no ha sido cuestionado por los Estados en la práctica71. Él atiende, además, a las crecientes necesidades de protección del ser humano en situaciones de conflicto armado interno (y también internacional). De ese modo, la responsabilidad del individuo, actuando aisladamente o en grupos, puede configurarse por violación del Derecho Internacional Humanitario.
92. Este último prohíbe cualquier acto de terrorismo. Recuérdese, al respecto, que la IV Convención de Ginebra de 1949 sobre la Protección de Civiles expresamente prohíbe inter alia cualquier acto de intimidación o de terrorismo (artículo 33). Esta disposición sirvió de base para la prohibición absoluta subsiguiente, consignada en el Protocolo Adicional II de 1977 a las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949, de "actos de terrorismo" (artículo 4(2)(d)). En relación con la protección de la población civil, el Protocolo Adicional II prohíbe cualesquiera actos o amenazas de violencia con el propósito de diseminar el terror en la población civil (artículo 13(2)). Esta misma prohibición se encuentra igualmente consagrada en el Protocolo Adicional I (artículo 51(2)). La referencia a "actos o amenazas de violencia" torna la prohibición particularmente amplia, de modo a abarcar "todas las circunstancias posibles"72.
93. El reconocimiento de que las violaciones del Derecho Internacional Humanitario aplicable a los conflictos armados (internacionales o internos) configuran la responsabilidad penal individual ha sido considerado como un "acontecimiento histórico"73. Esto ocurre con aún mayor rigor cuando se trata de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario74 (artículos 50/51/130/147 de las Convenciones I-IV de Ginebra de 1949, además del artículo 85 del Protocolo Adicional I de 1977), en relación a las cuales los Estados Partes en las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 están obligados a cerciorarse de que su legislación prevé las "sanciones penales adecuadas" a ser aplicadas, a los responsables, por los propios tribunales nacionales (artículos 49/50/129/146 de las Convenciones I-IV de Ginebra de 1949)75.
94. En la práctica, varios Estados ya han adaptado su legislación nacional a los requisitos de las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949, práctica ésta que se ha ampliado a partir de mediados de la década de noventa, con la creación de los Tribunales Penales ad hoc para la Ex-Yugoslavia y para Rwanda76. En nada sorprende, pues, que, en los últimos años, las atenciones se vengan centrando - en la teoría y la práctica - en la implementación nacional (en el plano del derecho interno de los Estados) de la normativa del Derecho Internacional Humanitario77.
95. Las violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario (que son violaciones graves también de los derechos humanos), consignadas en las cuatro Convenciones de Ginebra y el Protocolo Adicional I (supra) han venido marcando presencia también en el Estatuto de Roma de 1998 del Tribunal Penal Internacional78; su artículo 8, al identificar los elementos de los crímenes de guerra, por ejemplo, contiene una lista bien más amplia (que la de las cuatro Convenciones de Ginebra) de las referidas violaciones graves79. El concepto de dichas violaciones graves en materia de crímenes de guerra se extiende hoy día también a violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario (y de los derechos humanos) perpetrados en conflictos armados internos o no-internacionales.
96. Esto desvenda otra situación en medio a la complejidad de los conflictos armados (internos o no-internacionales, así como internacionales) contemporáneos: en caso de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario (o de los derechos de la persona humana)80, tiene aplicación el Derecho Penal Internacional contemporáneo. Quedan claras las complejidades de situaciones de conflictos armados (internos o internacionales), que revelan la apremiante necesidad de protección de todas las víctimas, y de provisión de reparación a todas ellas, o sea, - las víctimas de actos terroristas perpetrados tanto por simples particulares (inclusive agentes clandestinos o no-identificados) como por el propio Estado. En tales circunstancias, todos se encuentran vinculados por las obligaciones del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Penal Internacional.
97. En el pasado, la justicia retributiva y la justicia restaurativa han sido abordadas paralelamente, de forma compartimentalizada. Sin embargo, en los últimos años, parece formarse una nueva tendencia, reflejada en avances recientes en el Derecho Penal Internacional (a partir de la adopción del Estatuto de Roma de 1998), de dejar de contraponer81 la justicia retributiva (centrada en la sanción de la conducta criminosa) a la justicia restaurativa (atenta a la situación de las víctimas y su rehabilitación). En mi entendimiento, la justicia retributiva y la justicia restaurativa no se autoexcluyen, sino más bien se complementan. Hay una convergencia entre la búsqueda de la justicia mediante la sanción de los responsables por violaciones de los derechos humanos (la justicia retributiva) y la búsqueda de la rehabilitación de las víctimas de tales violaciones (la justicia restaurativa)82.

References: artículo 67
 artículo 67
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 5
 artículo 15
 artículo 85
 artículo 8