Source: http://abogadopoblete.blogspot.com/2014/03/
Timestamp: 2017-05-24 11:56:50+00:00

Document:
derecho penal al dia: 1/03/14
Caso Candela Casacion apreciacion de testimonios
En la ciudad de La Plata a los 13 días del mes de marzo del año dosmil catorce, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la SalaCuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires,doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidenciadel primero de los nombrados, para resolver en causa N° 59.689 de esteTribunal, caratulada: "B. R., H. E. y J. N., L. D. s/recurso de Quejainterpuesto por Fiscal General" y acumulada nº 59.853 caratulada: "B. R., H.E. y J. N., L. D. s/recurso de Queja interpuesto por Particular Damnificado".Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse elorden siguiente: NATIELLO-KOHAN, procediendo los mencionadosmagistrados al estudio de los siguientes:A N T E C E D E N T E SI. Llegan a conocimiento de este Tribunal las Quejas interpuestas porla doctora Karina Luzzolino y el doctor Alejandro Varela, Fiscales GeneralesAdjuntos del Departamento Judicial Morón (recurso nº 59.689), y por losletrados patrocinantes del Particular Damnificado, doctores Fabián RaúlAméndola y Fernando Andrés Burlando (recurso nº 59.853), en virtud delrecurso de Casación que les fuera denegado por la Sala III de la Excma.Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento JudicialMorón, interpuesto a su vez contra la resolución de dicha Cámara queresolvió en causa Nº 17.499 de su registro, con fecha 12 de junio de 2013,revocar, por prematuras, las medidas de coerción personal dictadas encontra de H. E. B. R. y L. D. J. N., disponiendo sus inmediatas libertades.II. Queja nº 59.689:Manifiestan los señores Fiscales que el recurso de casación que se lesdeniega resulta procedente, ya que si bien no pone fin a la acción, generaconsecuencias de tal magnitud por la arbitrariedad al momento de valorarabsurda e ilógicamente el plexo probatorio, en clara violación a la normativaprocesal (arts. 209 y 210 del C.P.P.), que termina por revocar las prisionespreventivas de los imputados H. E. B. y L. D. J. N..Asimismo entienden que, por las características del hecho quedenotan claramente actos de delincuencia organizada, la edad de la víctimay la repercusión social generada, conllevan a una situación de gravedadinstitucional que necesariamente impone la apertura del recurso, ya que dejaabierta una puerta de riesgo absoluto para el sistema acusatorio.Como último fundamento en pos de su admisibilidad, citanjurisprudencia de este Tribunal.Finalmente, peticionan se haga lugar a la queja formulada y se trate elrecurso de casación interpuesto.III. Queja nº 59.853:Los doctores Fabián Raúl Améndola y Fernando Andrés Burlando,letrados patrocinantes del Particular damnificado, entienden que el recursode casación resulta procedente, pese a no resultar una resolución de lascomprendidas en el artículo 450 del C.P.P., en virtud de la magnitud de lascuestiones planteadas, las que constituyen una cuestión de “gravedadinstitucional”.Así, denuncian violación al derecho de la víctima a la tutela judicialefectiva, impidiendo el avance de la investigación, como así también laerrónea valoración de las pruebas en torno a las exigencias del artículo 157del C.P.P..Peticionan se declare mal denegado el recurso de casacióninterpuesto y que este tribunal aborde el fondo de la cuestión.IV. Ingresadas, sorteada la Sala a fs. 110 y notificadas las partes, sehace presente el señor Fiscal Adjunto ante este Tribunal, Dr. Jorge ArmandoRoldán, quien acompaña dictamen de fecha 2 de diciembre de 2013, pormedio del cual haciendo hincapié en que se encuentra demostrada en lasactuaciones prima facie la responsabilidad de los incusos como también elpeligro de fuga que reviste dejar en libertad a los encartados, peticiona sehaga lugar a los remedios incoados, casando la resolución de laExcelentísima Cámara del Departamento Judicial Morón y se ordene lainmediata detención de H. E. B. R. y L. D. J. N..V. Encontrándose las causas en estado de dictar sentencia, esteTribunal decidió plantear y votar las siguientes:C U E S T I O N E S1ra.) ¿Resultan admisibles y procedentes las quejas deducidas, y en sucaso, se encuentra ajustada a derecho la decisión en crisis?2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:I. Las quejas fueron interpuestas en forma tempestiva, bajo elcumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 433 del CódigoProcesal Penal, por lo que corresponde declararlas admisibles.II. Si bien, tal como lo señalan los señores Fiscales Adjuntos, y losletrados patrocinantes del Particular Damnificado, formalmente el remedio nosuperaría el examen de admisibilidad -ya que el auto dictado por la Excma.Cámara no encuadraría en ninguno de los supuestos del artículo 450 delC.P.P.-, no habré de abordar el análisis desde el prisma que ellos lo señalanatento la palmaria fundamentación aparente del mismo que acarrea sunulificación.Ello pues la decisión cuestionada pronunciada por la Cámara deApelación y Garantías interviniente no resulta derivación razonada delderecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso.Me explico:A la vista del plexo probatorio reunido, parece inexorable el tránsito deeste proceso a la etapa de juicio donde mediará el examen de la prueba porquienes son los Jueces naturales para ello en la plenitud que alcanza elcontradictorio en la etapa de debate, donde quienes integren el Tribunal en loCriminal designado estarán en inmediato contacto con la producción de lasprobanzas, ubicándose de esta forma en un sitial de privilegio para lavaloración de la misma, a diferencia de lo que ocurre con el Juez deGarantías y de los que integran la Cámara de Apelación.Existen aún diversos puntos a elucidarse en el juicio que merecen seratendidos en esa oportunidad, como lo son todo lo atinente al testigo deidentidad reservada que aporta datos de la organización delictiva que estaríainvolucrada con el hecho aquí ventilado, siendo que allí, frente a la presenciade los Jueces de Juicio y el contralor de las partes, es donde la credibilidaddel mentado sujeto puede ser apreciada en su esplendor.Sin perjuicio de ello, y en función de lo antedicho, considero que el “aquo” ha hecho una valoración de la prueba que merece reparos a la hora devalidar los fundamentos que de ella elabora, a la luz de las reglas de la sanacrítica racional que impera en nuestro ordenamiento procesal.Así es que merece objeciones la consideración que hacen losCamaristas del testimonio de identidad reservada, donde estos indican queen su acta, que es pública por haber sido glosada al legajo, no se haceconstar que el sujeto no ha percibido nada por sus sentidos, siendo que elloemerge de la copia que fue reservada en la Fiscalía.Al respecto, del repaso de la transcripción cuasi íntegra que hace elSr. Juez de Garantías, emerge que el testigo abunda en menciones en lasque “sabe”, que a uno de los imputados “lo vieron”, etc.. De ello se colige sinmucho esfuerzo que hay parte de su conocimiento que le es referido porterceras personas, no siendo certera la referencia que hace el voto que abreel acuerdo de la Cámara en cuanto a que el testigo ha conocido en formadirecta la información que aporta. Insisto en que todo esto es relativo dadoque al momento de celebrarse el debate oral estas y otras cuestiones severán dilucidadas en toda su extensión.También resulta de un rigorismo formal que no constituye fundamentoválido el sostener que el aporte de un denominado “testigo de oídas” es nulo.Ello así por cuanto los Sres. Camaristas no analizan el aporte de datos quepueden tranquilamente ser corroborados por otros medios de prueba. Dichaomisión es motivo para considerar al auto en crisis con argumentossolamente aparentes.Analizadas que fueran las palabras del testigo en cuestión, consideroque no se advierte en esta instancia preliminar –ni ha sido puesto en tela dejuicio- la existencia de elementos que permitan recelar el valor de aquellasmanifestaciones o que puedan interferir en su habilidad, a tenor de lasreglas de la sana crítica valorativa, pues no surgen –ni fueron alegadas -circunstancias que indiquen su inidoneidad o incompatibilidad por laconcurrencia en sus subjetividades, de algún atisbo de interés, en la suerte oresultado del proceso, ni el ánimo de perjudicar arbitrariamente a alguien, porlo que me es dado en este aspecto, valorar la credibilidad acerca de losextremos sobre los que depone.Sentado ello, sostengo que si bien este tipo de testigos resultan enalgún aspecto referenciales o de oídas, la pertinencia de sus declaraciones,en tanto se complementan con otros elementos probatorios, admite suvaloración en el marco de los criterios de veracidad y credibilidad cuyaapreciación resulta facultad inherente de los jueces de mérito.Cabe señalar que estos testigos no declaran respecto al hecho, sinosobre lo que otros le contaron. El hecho sobre el que deponen los “testigosde oídas” consiste en la existencia y circunstancias del relato del testigoinmediato, y no sobre la veracidad del cuento. En ese sentido, el “a quo” haomitido conjugar los dichos de esta testifical con el resto de la pruebaarrimada al proceso para arribar a una conclusión admisible como fundantedel temperamento que adoptan.De tal modo se ha expedido inveteradamente este Tribunal al sostenerque este tipo de testimonios puede ser valorado junto a otros elementosprobatorios o como dato confirmatorio de los propios dichos del testigodirecto o de otro medio de prueba que posea ese carácter (Sala I, causa34.303, sentencia del 21/7/2009, registro nº 711, “Perez, W.E.”; entre otras).También advierto que se menciona como una testigo de relevancia a M.N. que es referenciada por la madre de la víctima, C. L. y de otros testigos(calificados de “oídas”) pero nuevamente se prescinde de cotejar cuálespuntos de su decir encuentra corroboración con otros elementos de pruebaobjetivos que están aunados al expediente. Sin perjuicio de que apareceaconsejable convocar a la referida N. a deponer y ampliar su testimoniocuantas veces sea necesario, no puede el Juzgador desentenderse de losaportes que se vean corroborados por distintos medios probatorios.Iguales conclusiones pueden hacerse extensivas a los otros testimonios“de oídas” que se mencionan en el auto hoy recurrido.En igual sentido, encuentro una rígida interpretación del episodio delperro del vecino de la casa de la calle C. …., el cual, cotejado con el horariode deceso de la menor C. R. –según el informe de necropsia- que la voz quelidera el acuerdo de la Cámara sitúa con exclusividad a las 16 horas del 28de agosto de 2011 o a la misma hora del día siguiente, sin entender que lorelatado por el testigo pudo tener lugar durante el lapso de 24 horas antesindicado. Esto implica una contrariedad con la dinámica propia de los hechosy lo que revela la medicina forense que es que la posibilidad de que eldeceso se produzca dentro de un período determinado de días y horas y noexactamente en un determinado horario.Tampoco encuentro del todo razonable desechar prueba científica (comolo es el hallazgo de ADN de la víctima en el domicilio de la calle K.)confrontando la contundencia de tal elemento con prueba testimonial depersonas que pueden llegar a tener interés en el resultado del proceso, comola propietaria del inmueble y allegada a uno de los imputados -ver voto delDr. Naldini en particular-.También –siempre en lo que hace a la prueba científica aunada- sonobjetables las razones en la que reposa el descrédito que se hace en laresolución en análisis respecto de la pericia de voz practicada en autos y quearroja que en la misma está presente la voz de J. N.. Se esgrimen sinuososfundamentos al señalarse que el Fiscal por un lado evacuó las citaspertinentes pero se detienen considerando que debió realizar una nuevaexperticia a pedido del imputado. Y la variabilidad del criterio de quien lleva lavoz en el acuerdo llega a tal extremo que reconoce que la prueba no esinválida y no controvierte su resultado, admitiendo además que esesencialmente reproducible, mas se entromete en lo que es la actividad delas partes indicando que ante el simple desconocimiento del acusado debióhacerse “ipso facto” una nueva.Ello sin contar con las apreciaciones que –dice la Dra. Mingolo conadhesión de la Dra. Fernández- son decisivas a la hora de otorgarcredibilidad a la prueba científica como lo es un CD aportado por la defensael cual contiene un supuesto diálogo entre quien sería un perito que intervinoen el peritaje de voz y un efectivo de Gendarmería Nacional. Mas no seespecifica ni se repara en el origen de dicha grabación, el modo en el que fueobtenida, no pudiendo precisarse acerca de su legalidad o ilegalidad.Claro está que todo parece confluir –como lo adelanta el voto de la Dra.Mingolo- que los diversos interrogantes podrán ser despejados en la etapade juicio, con la presencia y explicaciones que puedan brindar los expertos,así como las medidas que las partes estimen pertinentes en la instrucciónsuplementaria, mas la falta de atención de las cuestiones no hacen más queabonar la línea que vengo trazando.Lo dicho es a modo de ejemplo de lo que se pudo colegir de algunasotras cuestiones que son llamativas, como ser las meras especulacionesque formulan los Jueces de Cámara. No se entiende bien cuál es el tesónpor aferrarse a una idea originaria que motivara una declaración de nulidad(que es ajena a este pronunciamiento) en lugar de hacer un estricto análisisobjetivo e imparcial de la prueba rendida en el proceso. Se han encargado dever cada elemento como independientes sin entrelazarlos con los restantes ysus análisis conjeturales no pasan de ese plano, siendo que se muestran conapariencia de solidez cuando en realidad parecen buscar dar sustento a suanterior resolutorio, marcando su particular visión de la causa en lugar deceñirse a la objetiva valoración de las mentadas probanzas.Así estimo que los jueces han ido más allá de una mera interpretacióndiscrepante del plexo probatorio reunido sino que han incurrido, en el casoparticular, en una arbitraria apreciación del mismo.La doctrina de la arbitrariedad tiene por objeto el resguardo de lagarantía del debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas yconstituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a lasconstancias efectivamente comprobadas en la causa (Fallos: 301:978;311:948 y 2547; 313:559;; 315:29 y 321:1909).Así lo ha dicho nuestro máximo Tribunal al sostener que “La doctrina dela arbitrariedad... atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los quese verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o unaabsoluta carencia de fundamentación.”. (D. 301. XXII. De la Fuente, LuisRamón c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ ordinario. 06/02/90).Entiendo que esa situación excepcional ha quedado demostrada en elcaso. Ello así pues en el fallo impugnado se han considerado en formafragmentaria los elementos colectados para decidir, extremo que impidiótener una visión totalizadora que hubiese sido relevante a los efectos dediscernir el temperamento ajustado a la solución consagrada por elordenamiento legal, seleccionando una solución notoriamente injusta yviolatoria del correcto pensamiento.Por lo tanto, conforme fuera dicho “supra”, la fundamentación esgrimidapor el “a quo” resulta ser sólo aparente y carente de todo sustento jurídico, loque hace descalificable al pronunciamiento en crisis como acto jurisdiccionalválido a tenor del art. 106 del C.P.P.-En consecuencia, mediando las falencias apuntadas, no puedeconsiderarse al pronunciamiento de los jueces de la Sala III de la Cámara deApelaciones y Garantías de Morón como fundado en ley a que hacenreferencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional y el 168 y 171 de laConstitución provincial. (Doctrina de la C.S.J.N. en causa A. 107. XXIII.“Argentino Radovancich s/ conc. prev. s/ formación de conc. especial.Incidente s/ declaración de nulidad de inconst. y de graduación deprivilegios”. Rta. 01/10/90).Por lo expuesto, propongo al acuerdo anular el resolutorio del “a quo” querevoca las medidas de coerción personal dictadas contra H. E. B. R. y L. D. J.N., y remitir copia de la presente a la Excelentísima Cámara de Apelación yGarantías de Morón para que integrada con jueces hábiles, dicten un nuevopronunciamiento respecto de los recursos deducidos.Así lo voto.A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan,dijo:Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y porlos mismos fundamentos.Así lo voto.A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:Visto el modo en que ha sido resuelta la cuestión precedente,corresponde: 1) Declarar admisible la Queja n° 59.689 deducida por ladoctora Karina Luzzolino y el doctor Alejandro Varela, Fiscales GeneralesAdjuntos del Departamento Judicial Morón, y n° 59.853 interpuesta por N. C.L. en el carácter de Particular Damnificada con el patrocinio letrado de losdoctores Fernando Andrés Burlando y Fabián Raúl Améndola; 2) Anular elresolutorio del “a quo” que revoca las medidas de coerción personal dictadascontra H. E. B. R. y L. D. J. N. y remitir copia de la presente a laExcelentísima Cámara de Apelación y Garantías de Morón para queintegrada con jueces hábiles, dicten un nuevo pronunciamiento respecto delos recursos deducidos, sin costas en esta sede por haber existido razónplausible para litigar (arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 14 dela ley 48, 210, 421, 433, 450, 461, 530, 531, 532 y concs. del C.P.P.); 3)Tener presente la reserva del caso federal y la intención de recurrir anteOrganismos Internacionales, articuladas en el marco de la Queja n° 59.853.-Así lo voto.A la misma segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan,dijo:Adhiero al voto del doctor Natiello, en igual sentido y por los mismosfundamentos.Así lo voto.Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:USO OFICIAL – JURISDICCIÓN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAPROVINCIA DE BUENOS AIRESTRIBUNAL DE CASACIÓN PENALA-1S E N T E N C I APor lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:I.- Declarar admisible la Queja n° 59.689 deducida por la doctoraKarina Luzzolino y el doctor Alejandro Varela, Fiscales Generales Adjuntosdel Departamento Judicial Morón, y declarar admisible la Queja n° 59.853interpuesta por N. C. L. en el carácter de Particular Damnificada con elpatrocinio letrado de los doctores Fernando Andrés Burlando y Fabián RaúlAméndola.II.- Anular el resolutorio del “a quo” que revoca las medidas decoerción personal dictadas contra H. E. B. R. y L. D. J. N. y remitir copia de lapresente a la Excelentísima Cámara de Apelación y Garantías de Morón paraque integrada con jueces hábiles, dicten un nuevo pronunciamiento respectode los recursos deducidos, sin costas.Arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 14 de la ley 48, 210,421, 433, 450, 461, 530, 531, 532 y concs. del C.P.P.-III.- Tener presente la reserva del caso federal y la intención de recurrirante Organismos Internacionales, articuladas en el marco de la Queja n°59.853.Artículo 14 de la ley 48.Regístrese, notifíquese, remítase copia de lo aquí resuelto al tribunalde origen, y oportunamente, archívese.FDO.: CARLOS ÁNGEL NATIELLO - MARIO EDUARDO KOHANANTE MÍ: OLIVIA OTHARÁNUSO OFICIAL – JURISDICCIÓN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAPROVINCIA DE BUENOS AIRESTRIBUNAL DE CASACIÓN PENALA-1
calumnia injurias rechazo nulidad
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal SALA 4F. A. y otro s/ Calumnias” C 8/63 CCC 630012960/2012Buenos Aires, 28 de febrero de 2014.AUTOS Y VISTOS:Convoca la atención del tribunal el planteo de nulidad efectuado por la defensa de P. M. S. y L. J. F. A. respecto del auto dictado por este tribunal el 13 de noviembre de 2012, mediante el cual se revocó la desestimación de las actuaciones y se tuvo por querellantes a L. J. M., I. T. D. y J. C. M..Y CONSIDERANDO:Con relación a la pregonada invalidez derivada de que los querellados no fueran citados a la audiencia celebrada en los términos del artículo 454 del digesto procesal, es menester señalar que la decisión que entonces habría de ser sometida a revisión del tribunal se acotaba al rechazo de la querella por no verificarse los extremos que la norma adjetiva impone en su artículo 418. De tal suerte, y en tanto la causa no había sido formalmente promovida, habilitando en su caso la convocatoria de las partes según prescribe el artículo 424 ibídem, mal podría considerarse que S. y F. A., aún sin revestir el rol de querellados, hubieran sido marginados indebidamente de un proceso al que, por otra parte, tampoco se habían presentado espontáneamente.En este sentido si bien el artículo 72 del digesto procesal prescribe que la sola indicación de que una persona ha sido, de cualquier forma partícipe de un hecho delictuoso, le otorga la calidad de imputado en un proceso penal, se ha sostenido que además es necesaria la concurrencia de “…un acto jurisdiccional que importe tener por válidamente iniciada una instrucción (…) esto es un procedimiento enderezado subjetivamente hacia una persona determinada (…) de naturaleza jurisdiccional…”, circunstancia no asimilable al estadío procesal entonces alcanzado por el legajo, pues “…los procedimientos penales por delitos de acción privada carecen de una etapa instructoria, con lo cual el comienzo del trámite procesal (…) se verifica con la convocatoria a la audiencia de conciliación que fija el precepto (…). La fijación de esta audiencia implica considerar abierta la instancia e iniciado el proceso…” (ver Navarro, Guillermo R.-Daray, Roberto R., Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 2010, t. 1, pg. 331 y t.3, pg. 270).Por lo demás, en cuanto al supuesto exceso en el que habría incurrido el tribunal revocando la desestimación, a diferencia de lo sostenido por el nulidicente, estimamos que la hipótesis delictiva introducida por los querellantes indicando que S. y F. A. les habían atribuido falsamente la comisión de un delito en su presentación inicial ante la Oficina de Sorteos de esta Cámara, se integra además por su posterior ratificación y aporte de la documentación vinculada, cuya lectura revela -con un subrayado que así lo destaca- la totalidad de las frases literalmente transcriptas por los denunciantes en su escrito y aquellas mencionadas por este tribunal al expedirse sobre la cuestión (cfr. fs. 9/16 vta.).Finalmente, respecto de las costas, al no haber tenido razón plausible para litigar, no corresponde apartarse del principio general de la derrota previsto por el artículo 531 del Código Procesal Penal de la Nación e imponer su pago a la parte vencida.En consecuencia, el tribunal RESUELVE:Rechazar la nulidad deducida por la defensa de L. J. F. A. y P. M. S., con costas.Notifíquese y devuélvase al juzgado de origen, sirviendo lo proveído de atenta nota. Mariano González PalazzoCarlos Alberto González Alberto SeijasAnte mí:Erica M. Uhrlandt
Financiamiento de terrorismo nulidad congelamiento activos
CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2CFP 6996/2013/3/CA2Sala II - Causa n° 34.113 “Unidad de Información Financiera s/nulidad de los congelamientosadministrativos de bienes y activos”.-Juzg. Fed. n° 11 - Sec. n° 22.-Expte. n° 6.996/2013/3.-Reg. n° 37.302Buenos Aires, 26 de febrero de 2014.-VISTOS Y CONSIDERANDO:I- Que se encuentra a estudio del Tribunal la apelación interpuesta por el Lic. José A. Sbatella,como titular de la Unidad de Información Financiera, con el patrocinio letrado de la Dra. MarianaN. Quevedo, contra la resolución del Magistrado a quo que declaró nulos los congelamientosadministrativos de bienes y dinero dictados por el citado organismo en los términos de los arts. 6in fine de la ley n° 26.734 y 17 del decreto n° 918/2012 mediante las Resoluciones UIF n° 284/13,288/13, 295/13, 296/13 y 352/13.II- En su decisorio, el instructor concluyó que no estaban dados los presupuestos objetivosnecesarios para el ejercicio de dicha facultad legal, pues el hecho de que los delitos cometidosdurante la última dictadura militar -o, como resalta la parte recurrente, en el marco del“terrorismo de estado”- por los que fueron condenados Jorge Olivera y Gustavo De Marchi hayansido calificados como crímenes de lesa humanidad no implica que la conducta de quienes hoypudieren estar asistiéndolos económicamente para continuar prófugos pueda estimarse unahipótesis de financiamiento del terrorismo del art. 306 del Código Penal; único caso en el cual laley autoriza a la U.I.F. a disponer por sí congelamientos patrimoniales.Cabe señalar que, sin perjuicio de la declaración de nulidad, el Juez en el mismo pronunciamientoconsideró pertinente y útil dictar medidas de cautela real, mas sólo en relación a los bienes detitularidad de ambos evadidos y sus parejas: Marta N. Ravasi y Vicenta V. Brítez Lezcano.III- Pues bien, anticipan los suscriptos que habrá de compartirse la evaluación efectuada en laanterior instancia en relación a la imposibilidad de encuadrar razonablemente el comportamientodescripto en el delito señalado; y por ello, conforme el criterio seguido en casos análogos alpresente, habrá de confirmarse el resolutorio que -aún por la vía de la nulidad- dejó sin efecto lasdecisiones dictadas por el organismo recurrente.Es que lleva dicho este Tribunal que, sin perjuicio de su nueva ubicación sistemática, elfinanciamiento del terrorismo tipificado ahora en el art. 306 del Código Penal continúa siendo undelito contra el orden público en el que el legislador aisló una conducta típica de una forma departicipación para hacerla punible aún cuando no haya habido un principio de ejecución del hechoprincipal por el autor (cf. Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio R. -directores-, Terragni, Marcos A. -coordinador-, “Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial”.Hammurabi, Buenos Aires, 2013, Tomo 12, págs. 613/22).En tal sentido, se señaló que ello surge claramente del propio texto de la figura que pena al que“…directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que seutilicen, o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte: a) Para financiar la comisión deun delito con la finalidad establecida en el art. 41 quinquies [aterrorizar a la población u obligar alas autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organizacióninternacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo]. b) Por una organización que cometa ointente cometer delitos con la finalidad establecida en el art. 41 quinquies. c) Por un individuo quecometa, intente cometer o participe de cualquier modo en la comisión de delitos con la finalidadestablecida en el art. 41 quinquies. 2°- Las penas establecidas se aplicarán independientementedel acaecimiento del delito al que se destinara el financiamiento y, si éste se cometiere, aún si losbienes o el dinero no fueran utilizados para su comisión…” (texto según ley n° 26.734, el resaltadopertenece a la Sala e indica el supuesto concreto que se alega como aplicable).Sostuvimos, además, que este modo de concebir la figura en punto al bien jurídico protegido y suesencia como forma de participación punible de manera autónoma, con prescindencia de que elhecho principal haya alcanzado o incluso nunca alcanzare principio de ejecución, resultaconsecuente con la normativa internacional en la materia y la función preventiva de hechos deextrema gravedad que en ella se asigna a este delito, y que justifica el adelantamiento de labarrera punitiva para estos supuestos.En igual dirección, destacamos que las convenciones y protocolos, antecedentes de nuestralegislación local en la materia, definen a los actos de terrorismo y a su financiación como delitoscontra la paz y contra la seguridad internacional.De hecho, nos detuvimos en los supuestos concretos considerados como tales por la “ConvenciónInteramericana contra el Terrorismo” (aprobada por ley n° 26.023) según su artículo 2°: aquellosestablecidos en el “Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves”; el“Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil”; la“Convención sobre la prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmenteprotegidas”; la “Convención internacional contra la toma de rehenes”; el “Convenio sobre laprotección física de los materiales nucleares”; los Protocolos para la represión de actos ilícitos deviolencia en aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil internacional, e ilícitos contra laseguridad de las plataformas fijas emplazados en la plataforma continental; el “Convenio para larepresión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima”; el “ConvenioInternacional para la represión de atentados terroristas cometidos con bombas”; y el “ConvenioInternacional para la represión de la financiación del terrorismo”.Particularmente, en este último instrumento, incorporado a nuestro ordenamiento local por la leyn° 26.024 y referido específicamente a la temática que nos ocupa, que define a la financiación delterrorismo como el delito cometido por quien por cualquier medio, directa o indirectamente,ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o asabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer: “...a) Un acto que constituyaun delito comprendido en el ámbito de uno de los tratados enumerados en el anexo… [se trata delos mismos instrumentos a los que remite el art. 2° -previamente extractado- de la ConvenciónInteramericana]. b) Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales gravesa un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en unasituación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto,sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizarun acto o abstenerse de hacerlo.” (art. 2°).Se concluyó así que el tipo penal del artículo 306 del C.P., como el concepto de financiamiento delterrorismo de las convenciones internacionales reclaman una configuración del aspecto subjetivomuy específico en el autor, esto es, la intención de que su aporte económico se utilice o suconocimiento de que será utilizado: a) para la comisión de un delito; b) cuyo objetivo sea el deaterrorizar o intimidar a la población, u obligar a un gobierno u organización internacional arealizar u omitir un acto (cf. causa n° 33.694, rta. el 16/12/13, reg. n° 37.051).Llevado todo lo expuesto al análisis del comportamiento en estudio -recordemos nuevamente: laasistencia económica presumiblemente prestada a Jorge A. Olivera y Gustavo De Marchi desde sufuga del Hospital Militar Central el 25 de julio pasado hasta hoy, para mantenerse prófugos-, nopuede sino arribarse a la convicción ya anticipada al inicio de que no puede ser encuadradarazonablemente en el tipo penal del artículo 306 del código sustantivo, en tanto está ausente porcompleto la finalidad de aplicación actual o futura de los fondos a un delito de las característicasexigidas por la norma.La exégesis que nuevamente se propone es, tal como se indicara en el citado precedente de laSala, una extensión inadmisible de la figura de financiamiento del terrorismo y, por consiguiente,de los alcances de la facultad limitada y excepcional que únicamente frente a este delito la ley n°26.734 otorga a la Unidad de Información Financiera como órgano administrativo para dictar por símisma una medida restrictiva de derechos como el congelamiento de bienes y activos, que sólo aposteriori se somete a revisión judicial.En estas condiciones, el temperamento recurrido debe confirmarse; no obstante resaltar, tal comose hizo en la ocasión anterior, que esta decisión no supone restarle entidad a la conductaexaminada, sino mantener dentro de los límites legales el ejercicio de una facultad de laadministración sumamente extraordinaria.Tampoco debe ser comprendida como un obstáculo al fin último de lograr la aprehensión de loseludidos, máxime frente a la gravísima categoría de delitos por los que fueron condenados, ni -ensu caso- sancionar a quienes le hubieren prestado su ayuda, desde que para ello existen otrasfiguras en nuestro ordenamiento sustantivo; y las diligencias que correspondiere adoptar bienpueden ser dictadas por la autoridad judicial competente -no por un organismo de laadministración-, de conformidad con los estándares y garantías propios del proceso penal.Repárese, de hecho, en las medidas cautelares que dictó el a quo y la profusa actividad que desdeel inicio de las actuaciones se observa en pos de aquel cometido.Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:CONFIRMAR el auto recurrido en todo cuanto decide y ha sido materia de apelación.Regístrese, hágase saber y devuélvase.-Firmado por: HORACIO ROLANDO CATTANI, JUEZ DE CAMARAFirmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARAFirmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: LUCILA L. PACHECO, Prosecretaria Letrada de Cámara
Financiamiento de terrorismo nulidad congelamiento...

References: resolución 
 resolución 
 artículo 450
 artículo 157
 resolución 
 artículo 433
 artículo 450
 artículo 454
 artículo 418
 artículo 424
 artículo 72
 artículo 531
 resolución 
in fine
 artículo 2
 artículo 306
 artículo 306