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Timestamp: 2018-12-16 00:51:12+00:00

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El derecho al desarrollo en el 60 aniversario de la DUDH: Estado de la cuestión
The right to development is a human right that includes the ensemble of human rights and shows the universality, interdependence and indivisibility of such rights, but the globalization which is being imposed nowadays is characterized by a vision of human reality that is essentially individualistic and commercial, with no concern for the dramatic current economic and social inequalities, and what’s worse, aggravating them and making them even deeper.
En este sentido, el derecho al desarrollo que se postula en el marco de las Naciones Unidas exige una visión integral de los derechos humanos, poniendo de relieve su universalidad, interdependencia e indivisibilidad, las cuales constituyen características y propiedades fundamentales que se atribuyen a los derechos humanos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, según la doctrina elaborada y manifestada reiteradamente desde distintos órganos de las Naciones Unidas. Ello se debe a que, tras la concepción del derecho al desarrollo como un derecho humano, figura la aspiración de que la libertad y la dignidad deben estar al alcance de todos en condiciones de igualdad, aspecto este último marginado por los promotores de la actual globalización o mundialización neoliberal.
Por estas razones, conviene señalar que, en el ámbito de la teoría jurídica actualmente dominante, sobre todo en los países más ricos, el derecho al desarrollo humano y sostenible es un derecho de difícil aceptación y elaboración si nos ceñimos a los esquemas y conceptos tradicionales de los derechos, de cuño liberal burgués y de marcado carácter individualista y patrimonial. Esto mismo sucede respecto de otros derechos humanos, no sólo de aquellos de más reciente elaboración, es decir, los mencionados derechos de tercera generación o de solidaridad, sino también de buena parte de los derechos económicos, sociales y culturales, así como de algunos derechos civiles y políticos. Las dificultades a la hora de hacer efectivos estos derechos son aún mayores, tal y como se tratará de mostrar en este artículo.
“un proceso económico, social, cultural y político global, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan”.
a) niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social;
Podemos observar que en este artículo se condensan buena parte de los elementos clave, ya señalados, para dar sentido y contenido al concepto de desarrollo (“económico y social”), aunque todavía no se conciba como un derecho específico. Asimismo, figura un principio de especial relevancia para el derecho al desarrollo, la “libre determinación de los pueblos”, el cual no se contempla en la DUDH [1], sino que tendrá que esperar casi dos decenios para ser reconocido como derecho humano fundamental en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1966, y que entraron en vigor en enero de 1976, también con carácter jurídicamente vinculante por tener rango de tratados internacionales. En su artículo 1, común a ambos Pactos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), se prescribe lo siguiente:
“1.1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”.
Podemos observar como el concepto de desarrollo (“económico, social y cultural”) está bien presente, en un lugar relevante, estrechamente vinculado con el derecho de libre determinación de los pueblos. Además, dicho derecho implica el control soberano de los recursos y riquezas naturales en la medida en que constituye una condición necesaria para hacer efectivo el derecho al desarrollo [2]. En este sentido, Kéba M’Baye, uno de los precursores del derecho al desarrollo, considera que "la libre disposición de las riquezas y recursos naturales es el corolario del principio de la libertad de los pueblos a disponer de ellos mismos" [3]. Actualmente, este aspecto es particularmente pertinente debido a que las empresas transnacionales suelen ignorarlo e incumplirlo en gran parte del Tercer Mundo, a pesar de que es reiterado en textos como la DDD (Preámbulo y Art. 1.2.).
Esta evolución del Derecho Internacional se debe, entre otras cosas, a que a partir del decenio de los cincuenta del pasado siglo tuvieron lugar eventos como la Conferencia de Bandung (Indonesia, 1955), la primera conferencia de Países No Alineados (entonces 29), es decir, países recién descolonizados que, para desmarcarse respecto de EE.UU., URSS y su “guerra fría”, dieron origen al denominado “Tercer Mundo”. Su número irá creciendo (“Grupo de los 77” en 1964 hasta alcanzar en algunos momentos 130). En 1961 tuvo lugar la Conferencia de Belgrado, en la que se institucionaliza el “Movimiento de los No Alineados”, que culminará en 1962 con la convocatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (CNUCD), la cual se celebró en 1964, y que se establecerá como órgano permanente y subsidiario de la Asamblea General (Resolución 1995). En ella se destacó el comercio internacional como instrumento necesario del desarrollo económico. Pero los países más ricos se desmarcaron y prefirieron potenciar los GATT, precedente de la actual OMC, como lugar más idóneo para imponer sus criterios sobre el comercio [4].
Otros textos a destacar serían, por ejemplo, la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Pueblos y Países Colonizados de 1960 [5], que supone un preludio del reconocimiento universal del derecho de autodeterminación de los pueblos (PIDCP y PIDESC) y la proclamación del primer decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo [6]. Posteriormente, se han proclamado otros tres, hasta el año 2000, en el cual se proclamaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD), los cuales llevan camino de correr la misma suerte en cuanto a su escasa efectividad [7].
Tras la adopción de los Pactos Internacionales de los Derechos Humanos (PIDCP y PIDESC), también son reseñables de cara a concretar las obligaciones de los Estados y de la Comunidad Internacional para combatir el subdesarrollo y las relaciones de dependencia y subordinación de los pueblos del Tercer Mundo son, por ejemplo, la Declaración relativa al establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) [8], en la que se destaca que no bastan las ayudas por parte de los países ricos, puesto que las causas del subdesarrollo se encuentran más bien en unas relaciones económicas y comerciales injustas y desequilibradas entre los países ricos y pobres, por lo que deben reformarse en profundidad las normas que regulan dichas relaciones a nivel internacional. Asimismo, la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados [9], donde se determinan las obligaciones jurídicas de los Estados en lo que se refiere al desarrollo económico, social y cultural de sus pueblos (Arts. 7 y 8), así como la Resolución sobre Desarrollo y Cooperación Económica Internacional [10], en el mismo sentido.
“Art. 22.1: “Todos los pueblos tienen el derecho a su desarrollo económico, social y cultural, en el respecto estricto de su libertad e identidad, y al disfrute equitativo del patrimonio común de la humanidad”.
Esta visión se ha ido consolidando y perfilando en las sucesivas conferencias mundiales convocadas por las Naciones Unidas en distintas ciudades del mundo [11] y orientadas hacia los diferentes aspectos del desarrollo en su dimensión humana y sostenible, entre las que destaca la II Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, la cual aprobó la Declaración y Programa de Acción de Viena, cuyo párrafo I.10:
El contexto histórico actual se caracteriza por la denominada “mundialización” o “globalización”, predominantemente comercial y financiera, y sin olvidar su imprescindible componente militar. Dicho fenómeno está provocando que la desigualdad económica y social aumente por doquier, incluso en los países más ricos, y sus principales perdedores son los individuos y grupos más vulnerables y desfavorecidos, tal y como se refleja en los informes sobre desarrollo humano del PNUD, entre otros. Asimismo, dicha globalización o mundialización conlleva una gran ofensiva para extender por todos los rincones del planeta y en todos los ámbitos de la actividad humana los valores e intereses de los grupos y fuerzas hegemónicos que dominan la producción y el mercado capitalistas en una versión ultraliberal (el denominado “neoliberalismo” [12]). Dichos grupos y fuerzas están constituidos por los Estados más ricos e industrializados, encabezados por Estados Unidos de América (EE.UU.) y su aparato militar, las instituciones financieras y comerciales internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial del Comercio, principalmente), todos ellos bajo la tutela de las empresas y bancos transnacionales [13].
Como consecuencia de ello, está agravándose cada vez más el intercambio comercial injusto y desequilibrado entre los Estados, los bancos y las empresas transnacionales de los países ricos del “centro” (triada: EE.UU., UE, Japón), por una parte, y los países pobres de la “periferia” o “tercer mundo”, por la otra, facilitado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y sus normas de “libre comercio”, junto a su “tribunal” para la resolución de conflictos. La enorme presión ejercida en orden a la apertura total de los mercados de los países pobres a los productos exportados por los ricos acarrea el hundimiento de sus mercados al no poder “competir” en igualdad de condiciones con las empresas transnacionales y sus productos,subvencionados por los Estados más ricos, quienes en un solemne ejercicio de hipocresía continúan exigiendo (forzando) a los países pobres que no sean “proteccionistas” mientras ellos no dudan en mantener múltiples barreras proteccionistas a los productos exportados por los países pobres (Política Agrícola Común en la Unión Europea y normas análogas en EE.UU. y Japón).
Asimismo, para los países del Tercer Mundo, la globalización o mundialización neoliberal implica una nueva forma de colonialismo: el reembolso de la deuda externa. Dicha deuda tiene su origen en los préstamos de las instituciones financieras internacionales y de los bancos privados transnacionales para financiar supuestos proyectos de desarrollo. Para garantizar el reembolso de la deuda contraída, más los intereses, dichos bancos e instituciones financieras exigen por medio de las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), la estricta aplicación de rígidas políticas económicas denominadas de ajuste estructural, posteriormente rebautizadas con el engañoso nombre de estrategias de lucha contra la pobreza, en los países pobres fuertemente endeudados y con escasos recursos financieros. Y, en efecto, dichas políticas de ajuste plantean como objetivo principal el efectuar los pagos correspondientes al reembolso de la “deuda externa”, la cual en numerosos casos es deuda odiosa e ilegítima, e incluso formalmente nula [14].
El pago del servicio de la deuda externa (capital + intereses) permite que la transferencia de capitales sea, hoy en día, predominantemente desde el Sur o Periferia, cada vez más pobre y endeudado, hacia el Norte o Centro, rico e industrializado, y no al revés, como debería suceder si se quiere hacer realidad el desarrollo en el Tercer Mundo. Se calcula que entre 1980 y 2006 la cantidad transferida desde los países “en desarrollo” a los países “desarrollados” en concepto del servicio de la deuda externa se eleva a 7.673,7 miles de millones de dólares, lo que no ha impedido que el saldo de dicha deuda haya aumentado de 617,8 miles de millones de dólares en 1980 a 3.150,6 miles de millones en 2006, según el Fondo Monetario Internacional, y se estima un aumento hasta 3.350 miles de millones en 2007 [15]. Particularmente sangrante es el caso de África, donde el grado de empobrecimiento alcanza sus mayores cotas, pues en el mismo período (1980‑2006) dicho continente “exportó” capitales por valor de 675,3 miles de millones de dólares en concepto de reembolso del servicio de la deuda. De este modo, el reembolso de la deuda externa por parte del Tercer Mundo se convierte en un instrumento para perpetuar su dominación económica y política, junto al ya mencionado intercambio comercial desequilibrado e injusto [16].
A esto se añade que el importe de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), en términos de porcentaje del Producto Nacional Bruto (PNB) de los Estados de los países más ricos e industrializados, continúa estando muy por debajo de la cifra del 0,7% a la que se vienen comprometiendo desde hace ya tres décadas. Recientes datos muestran un descenso de dicha ayuda en un 5% en 2006, situándose en el 0,3% para el conjunto de los países donantes. Además, en esta cuantía se incluyen anulaciones parciales de deuda que consisten fundamentalmente en operaciones meramente contables y que tienen como destinatarios a países como Nigeria o Irak, es decir, que obedecen más bien a intereses geoestratégicos de los países donantes. Así, por ejemplo, se calcula que en torno al 30% de la AOD europea consiste en este tipo de ayuda fraudulenta, dado que en la AOD sólo deberían incluirse las cantidades donadas en función de las necesidades reales de las poblaciones de los países receptores de dicha ayuda y no en función de los intereses de los gobiernos de los países donantes o de sus empresas transnacionales [17].
En este sentido, y en orden a establecer unas relaciones comerciales más justas y equilibradas entre países ricos y pobres, deben potenciarse propuestas como el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) frente a la OMC o sus sucedáneos a escala regional o continental, como el ALCA (Asociación para el Libre Cambio de las Américas), que promueven EE.UU. y sus empresas transnacionales. En efecto, el ALBA está mucho más enfocado en satisfacer necesidades sociales y en cumplir los objetivos que se marcan en la DDD. Para ello se prevé destinar buena parte de los beneficios que se obtienen de la explotación de recursos naturales, como el petróleo u otros que abundan en la zona, así como de su incipiente desarrollo industrial.
En lo que se refiere a la deuda externa, serían necesarias medidas encaminadas a abolir o anular y no sólo “aliviar” o “aligerar” la deuda externa de los países menos desarrollados. En este sentido, deberían llevarse a cabo, por ejemplo, auditorías para determinar el origen de dicha deuda, pues en gran parte es de naturaleza odiosa e ilegítima por ser fruto de decisiones y actos ilícitos y fraudulentos cometidos por gobernantes corruptos y altos cargos de instituciones internacionales, así como de empresas y bancos transnacionales, para su exclusivo beneficio[18]. Asimismo, debería anteponerse la satisfacción de las necesidades básicas o fundamentales de la población al reembolso de la deuda externa a la hora de asignar los recursos presupuestarios e incluso, si procede, alegar el estado de necesidad o de fuerza mayor, debido a la escasez de dichos recursos, a fin de suspender el reembolso de la citada deuda.
Asimismo, es necesario reformar a fondo instituciones internacionales como el FMI, el BM y la OMC, o reemplazarlas por otras más democráticas. Por otro lado, debe establecerse un marco jurídico internacional de obligado cumplimiento que regule la actividad de las empresas y bancos transnacionales, y no un mero “código de buenas prácticas” fijado y supervisado por ellos mismos. También deben establecerse sistemas de tributación internacional, es decir, normas y obligaciones plenamente jurídicas, y no meramente donaciones, para financiar programas de desarrollo. En particular, dichos sistemas tributarios internacionales deben ser plenamente aplicables en los denominados “paraísos fiscales” [19].
Una vez más, procede reiterar el compromiso de los países ricos de destinar el 0,7% de su PNB a AOD para estimular el desarrollo de los países pobres y de éste dedicar al menos el 0,15% (20% del 0,7%) para los países más pobres (Países Menos Avanzados), concretamente para programas y proyectos de desarrollo encaminados a lograr el acceso universal a servicios públicos que permitan la satisfacción de las necesidades básicas y a combatir los peores efectos de la pobreza..
Otra alternativa relevante se refiere al desarme: si se llevaran a cabo políticas para hacerlo efectivo, ello permitiría canalizar hacia políticas de desarrollo una enorme cantidad de recursos [20]. De hecho, en 2006 los gastos en armamento superaron en 11,6 veces la cantidad destinada a AOD. Tales recursos, facilitarían enormemente llevar a cabo medidas específicas para combatir enfermedades que se cobran un elevado número de vidas humanas (SIDA, malaria, por ejemplo) y para reducir los efectos desmesurados de los desastres y catástrofes naturales en dichos países.
- Nicolás Angulo Sánchez, es Doctor en Derecho y autor de El derecho humano al desarrollo frente a la mundialización del mercado, Iepala, Madrid 2005 (Reseña en “Revista Futuros”, núm. 13, 2006, vol. 4 (http://www.revistafuturos.info/resenas/resenas13/derecho_desarrollo.htm).
[1] La DUDH sólo reconoce derechos individuales debido a que los Estados “occidentales” capitalistas impusieron su manera de entender los derechos humanos, es decir, según la doctrina liberal individualista, entre otras razones porque buena parte de dichos Estados mantenían entonces sometidos bajo régimen colonial multitud de pueblos y territorios, que más tarde constituirían el “Tercer Mundo” al descolonizarse y donde tales derechos humanos ni se reconocían ni se respetaban a las poblaciones autóctonas.
[2] Véase KUNANAYAKAM, Tamara: “Pour un nouvel ordre internacional”, en Quel développement ? Quelle coopération internationale ?, CETIM (Centre Europe-Tiers Monde), Ginebra 2007, p. 14.
[3] Véase M'BAYE, Kéba: “Le droit au développement comme un droit de l'homme”, lección inaugural de la tercera sesión de enseñanza del Instituto Internacional de los Derechos Humanos, Estrasburgo, julio de 1972, publicado en Revue des droits de l'homme, A. Pédone, Paris 1972, p. 528).
[4] Véase ONU: Droits pour tous ou loi du plus fort ?, CETIM, Ginebra, 2005, capítulo 8, págs. 197‑231.
[5] Resolución 1514 (XV), 14 de diciembre de 1960, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
[6] Resolución 1710 (XVI), 19 Diciembre 1961, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
[7] No ha lugar en este artículo para una enumeración exhaustiva de todos los textos relacionados con este tema, por lo que me remito a mi libro El derecho humano al desarrollo frente a la mundialización del mercado, op. cit., págs. 19‑51.
[8] Resolución 3201(S-VI), y su Programa de Acción, 3202(S-VI), 1 de mayo de 1974 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
[9] Resolución 3281 (XXIX), 12 de diciembre de 1974, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
[10] Resolución 3362 (S-VII), 16 de septiembre de 1975, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
[11] Para una enumeración resumida de éstas y sus conclusiones, véase del autor: “El Desarrollo como Derecho Humano” en Entelequia. Revista Interdisciplinar, núm. 6, Primavera 2008, págs. 291-300 (http://www.eumed.net/entelequia/pdf/2008/e06a12.pdf).
[12] Véase HARVEY, David: Breve historia del neoliberalismo, Akal, Madrid 2007.
[13] Véase ZIEGLER, Jean: Los nuevos amos del mundo, Destino, Barcelona 2003.
[14] Véase RUIZ DIAZ BALBUENA, Hugo: “Deuda odiosa o deuda nula”, en (http://www.cadtm.org/), así como Le Droit internacional, instrument de lutte ?, CADTM y Syllepse, Paris 2005.
[15] Véase el comunicado del CETIM (Centro Europa‑Tercer Mundo) con motivo del cuarto período de sesiones, 2007, del Consejo de Derechos Humanos, titulado “La deuda externa de los países en desarrollo” (http://www.cetim.ch/es/interventions_details.php?iid=276).
[16] Véase “Raisons et déraisons de la dette. Le point de vue du Sud” en Alternatives Sud, Vol. IX (2002), núm. 2‑3, Centre Tricontinental (Louvain-La-Neuve, Belgique) y L'Harmattan (Paris).
[17] Véase comunicado de prensa emitido en Paris (Dépêche AFP), el 3 de abril de 2007, por parte de varias agrupaciones de ONGs (http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=2558).
[18] Véase ¡Investiguemos la deuda!. Manual para realizar auditorías de la deuda delTercer Mundo, AAJ, ATTAC (Uruguay), CADTM, CETIM, COTMEC, Auditoria Cidada da Divida (Brasil), Emaús Internacional, EURODAD, Jubileo Sur, South Centre, edit. CETIM y CADTM, Ginebra y Lieja 2006.
[19] Los “paraísos fiscales” permiten a los más ricos eludir el pago de tributos, privando así a los Estados de los recursos que requieren los servicios públicos para atender las necesidades básicas de los más pobres, y además facilitan la fuga de capitales, en muchos casos conseguidos de manera ilícita.
[20] Véase del autor “Paz, seguridad, desarme, desarrollo y derechos humanos”, en Textos de Economía, Paz y Seguridad, Vol 1, Nº 3, (http://www.eumed.net/rev/tepys/03/nas.htm).
https://www.alainet.org/es/active/27986
Umair Haque 11/12/2018
Paulo Kliass 05/12/2018
Carlos Drummond 03/12/2018
Adrián Falco 23/11/2018
Marcelo Colussi 23/11/2018

References: artículo 1
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