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Timestamp: 2017-12-14 09:45:03+00:00

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RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS. SUSPENSIÓN DE LA ORDEN DE RESTITUCIÓN DE DOS ADOLESCENTES A ESPAÑA. – Maestros del Derecho Moderno
RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS. SUSPENSIÓN DE LA ORDEN DE RESTITUCIÓN DE DOS ADOLESCENTES A ESPAÑA.
Posted on 4 septiembre, 2017 by Florencia Córdoba
Un fallo suspendió la restitución internacional a España de dos adolescentes que imploraban quedarse en la Argentina. Tras un pormenorizado análisis, la Dra. Silvia Guanhon respetó la voluntad de los jóvenes que, desde que se enteraron de la orden de retorno a España, plantearon permanecer en el país junto a su madre y sus afectos. Se analizaron los criterios sobre la valoración de la voluntad de los jóvenes -que no siempre coincide con su “superior interés”- y la edad límite para la aplicación del Convenio de la Haya, como así también las consecuencias que el retorno podría traer en la relación con el padre, entre otras destacables cuestiones.
“D., H. A. c/ L., E. M. s/RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES” – JUZGADO NACIONAL CIVIL Nº 4 – 10/07/2017 (Sentencia firme)
RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS. SUSPENSIÓN DE LA ORDEN DE RESTITUCIÓN DE DOS ADOLESCENTES A ESPAÑA. Respeto del planteo y de la voluntad de los jóvenes. Interés superior del niño. Capacidad progresiva. Derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta. Finalidades y objetivos de la CH 1980. Edad límite para su aplicación. Criterios sobre la valoración de la voluntad de los jóvenes. Aplicación en el caso concreto. Limitaciones. Grado de madurez suficiente para comprender los alcances de la voluntad expresada -que refleja sus profundas convicciones-. Artículos 639 y 645 “in fine” del CCCN
“En el caso se ponen en juego –por lo menos- tres directrices receptadas por la Convención de los Derechos del Niño que integran nuestro bloque de constitucionalidad desde el año 1994: la prevalencia del superior interés del niño –art. 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño-, el respeto de su capacidad progresiva –arts. 5, 12 y 14 de la CDN- y su derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta –art. 12.1 de la CDN-. (CNCiv. Sala I, “S. S. L. c/ B. S. T. s/REGIMEN DE VISITAS” (Expte. N° 93138/2011) del 10/9/2015).”
“Dichos lineamientos han sido recogidos por nuestro ordenamiento interno en la ley 26.061 y en el Código Civil y Comercial como principios rectores de la responsabilidad parental en el art. 639 del Código de fondo y como pautas para el ejercicio de la capacidad y participación en los procesos en los artículos 26 y 707 del ordenamiento citado, norma esta última que establece que la opinión del menor “debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso”.
“Como se ha sostenido, la autonomía progresiva “…se refiere a la posibilidad que van adquiriendo los niños para tomar decisiones sobre sus derechos fundamentales, conforme el alcance de un cierto grado de madurez y desarrollo, que tiene que ser valorado en cada caso concreto” (GIL DOMINGUEZ, Andrés – FAMÁ, María Victoria – HERRERA, Marisa, Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ediar, Bs.As., 2007, pág. 453 y ss).”
“Considero que los jóvenes, ya adolescentes, cuentan actualmente con grado de madurez suficiente para comprender los alcances de la voluntad por ellos expresada -que impresiona ser un reflejo de sus hondas convicciones-, en los términos de lo dispuesto en los artículos 12 de la Convención de los Derechos del Niño, 13 de la CH 1980 y 26 y 707 del Código Civil y Comercial de la Nación.”
“Los criterios generales sobre la valoración que cabe efectuar de la voluntad de los jóvenes, desde mi óptica, deben necesariamente ser aplicados en cada caso en concreto, ponderando principalmente tres limitaciones. La primera, la comprensión de las normas generales (leyes en sentido amplio), particulares (sentencias judiciales) y/o limitaciones parentales (reglas de educación o conducta impuestas por sus progenitores) sobre el acto que pretenden o no pretenden realizar y sobre el cual manifiestan su voluntad, para lo cual no cabe más que remitir al ejemplo dado párrafos arriba. Sobre la cuestión, a la suscripta no le cabe duda de la comprensión de O. y H. A. del sentido y carácter de las decisiones judiciales tomadas y la normas en las cuales se fundaron, en coincidencia con lo expresado por el Señor Defensor de Menores a fojas 845vta., cuarto párrafo, cuando señala que “sus comentarios fueron siempre atinados, nunca apareció atisbo de caprichos o de actitudes confrontativas, tan comunes en la adolescencia por lo demás. Los signos de cariño al padre fueron constantes y públicos. El respeto a los magistrados, y a todos los adultos y la confianza en una solución acorde a sus deseos profundos, fue una nota muy particular en los encuentros”. Incluso menciona el citado Magistrado que otorgó personalmente “copia de la resolución final del expediente”.
Buenos Aires, 10 de julio de 2.017.-
Por lo dicho, y demás fundamentos brindados, solicita el rechazo de lo peticionado por los jóvenes, por ser –según indica funcional a la madre sustractora, y contrario a lo dispuesto a los tratados internacionales y a la resolución judicial, habiéndose realizado sin fundamento y con manifestaciones precluidas.
Así las cosas, una vez devueltos los autos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ante el pedido formulado por la letrada apoderada del Sr. D. (conf. fs. 565), previa vista al Sr. Defensor de Menores e Incapaces, con fecha 27 de diciembre del año 2.016, se convocó a las partes, sus letrados, a la Autoridad Central, y al citado Magistrado, a una audiencia a los fines de la ejecución de la sentencia, y regreso seguro de los niños, la cual -atento a la proximidad de la feria judicial- se fijó para el 3 de febrero del corriente año (conf. fs. 569). Notificado el Sr. Defensor de Menores del citado comparendo, por las razones expuestas en el dictamen de fs. 570, se fijó una nueva audiencia para el día 24 de febrero de este año (conf. fs. 571).
A fs. 584/587 , con fecha 9 de marzo, la demandada solicita que se dispongan medidas que garanticen el retorno seguro, en orden a las previsiones del art. 2642 del Código Civil y Comercial de la Nación, toda vez que, conforme la documentación que acompaña a fs. 583 existiría una resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nro. 4 de Alcobendas, Comunidad de Madrid, Reino de España, en el que se atribuye el ejercicio exclusivo de la patria potestad al padre, le otorga a éste en forma inmediata la guarda y custodia de los jóvenes, como así también el uso del domicilio familiar y establece un régimen de comunicación de los jóvenes con su progenitora, consistente en un fin de semana al mes; pautas que contradicen las medidas dispuestas por la suscripta tendientes a garantizar el regreso seguro de los jóvenes. Por otra parte, con las constancias que se acompañan a fs. 580/581, se acreditaría la denuncia formulada por el Sr. D. contra la Sra. L. ante la Oficina de Denuncias de Alcobendas.
A fs. 591/592, con fecha 14 de marzo del corriente año, en el marco de la competencia asignada por el art. 2642, segunda parte, del C.C.yC.N., en concordancia con lo que prevén los arts. 7 y 14 del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (Convención de la Haya 1980), así como con la Guía de Buenas Prácticas (CH 1980), la suscripta ordenó las medidas pertinentes a fin de garantizar la tutela judicial efectiva y los derechos de los niños (art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 706 del C.C.yC.N.), en lo que se refiere al regreso seguro.
En esa inteligencia, y teniendo en cuenta los compromisos asumidos por el Sr. D. de autoexcluirse del hogar conyugal y de asegurar el sustento del grupo familiar, como asimismo lo dictaminado por el Sr. Defensor de Menores a fs. 589, se otorgó la guarda provisoria de los jóvenes en favor de su madre, por el plazo de tres meses; se atribuyó el hogar conyugal a la Sra. L. y a sus hijos por el mismo plazo (consecuentemente, la exclusión del Sr. H. A. D.); se estableció -por el igual término- un amplio régimen de comunicación provisorio entre el progenitor y sus hijos; se fijó la suma de mil setecientos euros (€ 1.700.-) en concepto de alimentos provisorios a cargo del Sr. D., por el plazo de tres meses, ordenando que en caso de verificarse incumplimiento, la Autoridad Central deberá procurar que se provea dicho sustento por las vías pertinentes, sin perjuicio de las ulteriores acciones de reembolso que correspondan contra el obligado al pago; se estableció que los pasajes aéreos deberán ser solventados por el Sr. D.; a su vez se ordenó que la Autoridad Central gestione ante los Tribunales del Reino de España el dictado de la resoluciones penales y civiles correspondientes, a fin de que pueda darse estricto cumplimiento a lo ordenado, debiendo comunicar dicha circunstancia a éste Juzgado en el plazo, como asimismo que preste la correspondiente asistencia jurídica y sanitaria que el grupo familiar requiera en los términos del art. 7 de la CH 1980.
En el marco de dicha entrevista, se les explicó a los hijos de las partes el contenido de las decisiones judiciales firmes y la estricta necesidad del cumplimiento de las mismas, manifestando los nombrados reticencia y solicitando -en virtud de la inminencia del viaje- poder conversar con su progenitor para poder expresarles sus sentimiento antes del mismo, prorrogando para ello unos días la fecha del regreso a España.
Ante el pedido realizado por los jóvenes con el debido patrocinio letrado, al cual adhirió el Sr. Defensor de Menores, en virtud del estado de angustia que ellos presentaban, considerando el citado Magistrado que la presencia paterna podrá facilitar el regreso en forma menos traumática, y teniendo en cuenta el superior interés de H. y O. -que se traducía en la necesidad de contar con tiempo para poder asimilar las decisiones firmes y poder conversar con su progenitor antes del viaje-, se prorrogó la fecha de regreso dispuesta a fs. 616, punto V, para no antes del día 5 de mayo de este año (conf. acta de fs. 631).
En la presentación de fs. 738, de fecha 16 de mayo de 2.017, O. y H. A. D., con patrocinio letrado, manifestaron que “… en razón de haber accedido nuestro padre a venir a la Argentina para hablar con nosotros y poder así negociar con él un acuerdo, es que le propusimos que nos permitiera continuar con el desarrollo de nuestras actividades escolares, con nuestra vida social, e ir a visitarlo en las vacaciones de invierno y verano, incluyendo fin de año …”. Asimismo expresaron que “… somos dos jóvenes que pensamos en forma independiente, que no queremos estar en el medio de las desavenencias entre él [su progenitor] y mamá, sino que nos den cabida como personas con nuestros derechos … 3) Estuvimos con él todo el fin de semana ppdo., pero no nos escucha, es más dice que nos llevará por la fuerza …”, y concluyeron que “… apreciamos los consejos de nuestras abogadas, pero queremos que nuestro padre acepte nuestro acuerdo. Sabemos que los Jueces se empecinan en hacer cumplir el Tratado en forma igual para todos. Pero no son todos los casos iguales. Nosotros no somos ovejas, sino personas con derecho a elegir …”.
El día 5 de junio, con la presencia del Sr. Defensor de Menores, fue recibido el titular de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, quien -ante el pedido formulado por la suscripta y el citado Magistrado- manifestó que requerirá la colaboración del Consulado Argentino en Madrid, así como de la Autoridad Central Española, a los fines de que sea replicada la decisión de regreso seguro ya tomada por la suscripta, y consentida por las partes como condición para dar cumplimiento al regreso de los jóvenes en el marco de la Convención y de lo expresamente dispuesto en el art. 2642, segundo párrafo del Cód. Civ. y Com. Asimismo se comprometió a solicitar ante los mismos organismos información fehaciente sobre la existencia de causas penales seguidas contra la Sra. E. L. y acompañarla en estas actuaciones, todo ello sin perjuicio de manifestar el representante de la Autoridad Central lo informado por la Autoridad Central española en cuanto a que le compete al padre requirente gestionar la réplica de lo aquí decidido en España. (conf. fs. 811).
Con fecha 6 de junio del corriente, y sin perjuicio de lo ya dispuesto a fs. 591/592, punto III, ap. F), y a fs. 616, ptos. III y IV, a tenor de lo solicitado por la Autoridad Central, y a lo sugerido por la Juez de Enlace y Miembro de la Red Internacional de Jueces de La Haya a fs. 803/804, reiteré la expedición de copias certificada de las resoluciones de fs. 591/592 y de fs. 616, a fin que los Juzgados competentes del Reino de España “repliquen” lo dispuesto y/o, en su caso, emitan ordenes que garanticen el fiel cumplimiento de lo allí ordenado (conf. fs. 812).
A fs. 836/837, con fecha 15 de junio, se celebró la audiencia fijada a fs. 812vta., en donde -sin perjuicio de las decisiones ya tomadas y de las que se tomarán respecto del planteo efectuado por los jóvenes- exhorté una vez más a las partes a lograr una solución pacífica de la conflictiva.
En esa oportunidad, los jóvenes O. y H. manifestaron “… su irreductible voluntad de no regresar a España, salvo para vacacionar con su progenitor …”. Asimismo, expresaron que “… no quieren ser tratados como objetos, que ya son grandes para decidir, y que quieren seguir teniendo relación con su progenitor, al que en este momento le hablan y no les responde, y que la verdad es que quieren tener un buen vínculo con él, y que si no se respeta su voluntad no querrían verlo más. Agregan que en la Argentina tienen sus amigos del colegio, escuela, familia ampliada y club, pues en España solo tienen a su papá. Imploran los nombrados que se respete su decisión. …”.
Frente a ello, el letrado apoderado del Sr. D., en representación del progenitor de los niños les solicitó que “… no se consideren cosas, y que el estado de madurez implica darse cuenta que están siendo escuchados y que también tienen responsabilidades, explicándoles acerca de las convenciones internacionales y el respeto que hay que tener de ella, y que hay otros niños en el mundo involucrados en la misma problematica …”. A su vez, el letrado apoderado expresó que transmitiría al progenitor “… la percepción directa que manifestaron sus hijos y que se vuelca en este acta, y la voluntad de la Sra. Jueza y de la Defensoría para intentar que se resuelva en forma pacífica el conflicto, solicitando la suspensión de las actuaciones por un plazo de cinco días a efectos que el progenitor pueda reflexionar para expedirse acerca de lo solicitado por los jovenes …”.
Por su parte, la progenitora expresó que se encuentra dispuesta a continuar en conversación con el padre de los niños o retomar las que se hubiesen iniciado, sin desmedro de destacar que “… atento la edad y madurez de los jóvenes, estará atenta a las decisiones que ellos tomen y manifiesten, solicitando se respete su voluntad …”.
A su vez el Sr. Defensor de Menores, quien comparte lo exhortado por la suscripta, en cuanto a la solución pacífica del conflicto, “… ofrece el ámbito de la Defensoría … para facilitar la concreción de un acuerdo. …”.
Sabido es que “…por regla general, la irregularidad de un acto procesal es susceptible de convalidarse mediante el consentimiento de la parte a quien ella perjudica. Ello como consecuencia del carácter relativo que reviste las nulidades procesales. Los actos viciados, o supuestamente viciados, se consolidan si no se los ataca en tiempo hábil, precluyéndose con ello el derecho a solicitar la invalidez del procedimiento. La convalidación se apoya en el principio señalado por COUTURE, de que frente a la necesidad de obtener actos válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho.” (MAURINO, Alberto Luis, Nulidades Procesales, Astrea, p. 55).
En el caso, los jóvenes se han presentado con patrocinio letrado a fs. 593, con fecha 14 de marzo de 2.017, tomando conocimiento en tal momento del estado de las actuaciones, sin perjuicio de que además con fecha 19/4/17 (véase fojas 618vta) se les notificó electrónicamente las resoluciones dictada en orden a la ejecución de la sentencia cuya nulidad ahora se persigue, por lo que el pedido efectuado con fecha 1/6/17 a fojas 799/800 –es decir, casi dos meses luego de haberse presentado con patrocinio letrado especializado y un mes y medio de la notificación antedicha- resulta por demás extemporáneo en los términos antes expuestos.
Ahora bien, considero que el pedido debe ser igualmente desestimado por no indicarse ni verificarse requisito esencial para que proceda la invalidación de actos procesales (conf. arts. 169 y 172 del CPCCN, 18 de la Constitución Nacional) -además de todo consentidos, como se dijera-, cual es la existencia de agravio o violación del derecho en juicio a partir de los vicios invocados (falta de escucha de los menores), toda vez que sin ponderar con excesivo rigor el planteo de fs 799/800, se advierte que desde su presentación con patrocinio letrado en estos autos a fojas 593, recién fue a fojas 799/800 que plantearon su voluntad irreductible de regresar a España -voluntad que no surgía con anterioridad y mucho menos en la escucha que directa e indirectamente tuvieron antes del dictado de la sentencia que ordenó la restitución, luego confirmada por la Excma. Cámara-, planteo que fue debidamente sustanciado con todos los intervinientes y que es materia de resolución en la presente, en el Considerando siguiente.
Tal como se desprende de la reseña expuesta en el Considerando II, la suscripta -con la colaboración del Señor Defensor de Menores-, ha procurado en todo momento que la restitución ordenada y firme, se realizara de un modo seguro y sobre todo, de un modo consensuado y pacífico (conf. arts. 7, inc. c) de la CH 1980; en concordancia con lo establecido por el art. 706, inc. a) del CCyCN).
El interés superior del niño, según las precisiones que ha realizado nuestra Corte Suprema, impone separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos, incluso llegado el caso, del de los padres (Fallos 328:2870, considerando 4 voto de Fayt, Zaffaroni y Argibay). Apunta a dos finalidades básicas cuales son las de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses y la de ser un criterio de intervención institucional destinado a protegerlo (Fallos 328:2870). Implica el deber de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que pudiesen existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos reconocidos en la Convención (Fallos:318:514), debiendo los jueces, en cada caso, velar por el respeto de los derechos de los que son titulares cada niña, niño o adolescente bajo su jurisdicción, que implica escucharlos con todas las garantías a fin de hacer efectivos sus derechos (conf. arts. 12.2 y
Es que es tradicional la jurisprudencia de la Corte nacional que “ha conferido jerarquía constitucional a la cosa juzgada (Fallos: 224:657; 250:435; 252:370; 259:289), en razón de que la inalterabilidad de los derechos definitivamente adquiridos por sentencia firme reconoce fundamento en los derechos de propiedad y defensa en juicio (Fallos: 199:466; 258:220; 281:421) y que la estabilidad de las decisiones judiciales constituye un presupuesto ineludible de la seguridad señalada (Fallos: 253:171)” (CSJN, 29/10/1996, “Egües, Alberto J., c. Provincia de Buenos Aires”, Fallos: 319-2527; LL 1998-A, 116). En este sentido, ha resuelto en numerosas oportunidades “que los derechos reconocidos en una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada han quedado incorporados al patrimonio y se encuentran protegidos por el art. 17 de la Constitución Nacional (conf. Fallos: 209:303; 237:563; 307:1709; 308:916 y 319:3241, citados en CSJN, 06/07/2007, “Grillo, Vicente v Sparano, Claudio Rafael”, JA, 2007-IV-534).
Ahora bien, aunque en materia filiatoria pero con conceptos que resultan aplicables en la especie, se ha sostenido que “si bien la Corte Suprema ha reiterado que la cosa juzgada está íntimamente ligada a la seguridad jurídica, representa una exigencia vital del orden público, tiene jerarquía constitucional y es uno de los presupuestos del ordenamiento social, cuya ausencia o debilitamiento pondría en crisis la íntegra juridicidad del sistema (Fallos: 313:1297), y este Tribunal ha resaltado la entidad del instituto de la “cosa juzgada” en similares términos (conf. Ac. 91.366, sent. Del 17/09/2008; Ac. 96.526, sent. del 14/11/2007), juzgo que, frente a las nuevas circunstancias antes anunciadas, en este caso excepcionalísimo, la sentencia puede mudar, sin afectar los presupuestos recién explicitados, por ser ésta la solución que mejor se adentra con los valores y principios superiores que están en juego y que es deber de la jurisdicción preservar” (SCBA, 11/03/2015, “C., M. A. c. M., A. s/ filiación”, C. 102.058, JA 2015-III, 657, voto del Dr. De Lazzari). En este sentido y sobre la posibilidad de revisión, sostiene Hitters que: “se trata de justificaciones de que la inmutabilidad de las sentencias firmes quede sometida a limitaciones desde la perspectiva del ámbito temporal”, “limitación que se operará si consideramos que la res iudicata no puede mantenerse cuando han cambiado con el transcurso del tiempo las circunstancias fundamentales que dieron origen al decisorio sentencial”, precisando que “no debe confundirse el límite temporal con límite objetivo causal, ya que no se exige una mutación de la causa que dio origen a la sentencia sino una modificación de las circunstancias fácticas que lo motivaron” (conf. HITTERS, Juan C., La revisión de la cosa juzgada, 2a edición, Editora Platense, 2001, p. 146 y sigtes.; citado en SCBA, 11/03/2015, “C., M. A. c. M., A. s/ filiación”, C. 102.058, JA 2015-III, 657, voto del Dr. De Lazzari).
Ello por cuanto, debiendo los jueces resolver los casos “según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte” (artículo 1 del CCyCN) e interpretar las leyes “teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento” (art. 2 del CCyCN), nos encontramos con que la Convención sobre los Derechos del Niño, que posee jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la CN), en su artículo 12 establece que “1.Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”, mientras que el artículo 5 reza que “Los Estados Partes respetaran las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención”.
En este estado cabe destacar que en el caso se ponen en juego –por lo menos- tres directrices receptadas por la Convención de los Derechos del Niño que integran nuestro bloque de constitucionalidad desde el año 1994: la prevalencia del superior interés del niño –art. 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño-, el respeto de su capacidad progresiva –arts. 5, 12 y 14 de la CDN- y su derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta –art. 12.1 de la CDN-. (CNCiv. Sala I, “S. S. L. c/ B. S. T. s/REGIMEN DE VISITAS” (Expte. N° 93138/2011) del 10/9/2015).
Como se ha sostenido, la autonomía progresiva “…se refiere a la posibilidad que van adquiriendo los niños para tomar decisiones sobre sus derechos fundamentales, conforme el alcance de un cierto grado de madurez y desarrollo, que tiene que ser valorado en cada caso concreto” (GIL DOMINGUEZ, Andrés – FAMÁ, María Victoria – HERRERA, Marisa, Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ediar, Bs.As., 2007, pág. 453 y ss).
En este sentido se ha señalado en general que “los avances en el ejercicio de la autonomía requieren un adecuado ajuste de las facultades de dirección paterna. Existe así una relación inversamente proporcional; a mayor autonomía del niño disminuye la representación de los padres en el ejercicio de sus derechos” (HERRERA, Marisa, Manual de Derecho de las Familias, 1ª edición, Abeledro Perrot, 2015, p. 606), pues “en tanto el niño crece, va clarificando su compresión a cerca del peso, significado y sentido de sus conductas, lo que implica necesariamente ponerlo en posición de que en mayor o en menor medida pueda ir a su tiempo, ejerciendo los derechos que le sean propios, siendo así artífice de su proceso madurativo y desarrollo personal. Por esta razón, la noción de autonomía progresiva no se encuentra sujeta al estricto cumplimiento de una determinada edad cronológica, sino que atendiendo al caso concreto, y la calidad de acto que se trata, habrá de ameritarse el grado de madurez tanto psíquica-anímica como intelectiva alcanzada por el niño, a fin de verificar, si cuenta con la cabal compresión de la situación planteada y, en tal caso, pueda ejercer por si los derechos que le asistan” (CNCiv., Sala J, “C., J.P. y otro c/ S., N.C. s/ Alimentos”, del 8 de junio de 2.017).
Lo cierto es que “la incorporación de la categoría diferenciada ‘adolescente’ en el Código Civil y Comercial no es una mera cuestión nominal, sino que provoca concretos efectos jurídicos. En efecto, ubicarse en la franja adolescente genera una presunción de madurez para determinados actos que habilita su ejercicio por la persona menor de edad, a pesar de su condición de minoridad (…) y (…) si bien escuchar y tener en cuenta las opiniones del adolescente no significa, necesariamente, hacer caso absoluto a lo que requiera, dado que las decisiones a tomarse deben tener como norte ineludible su interés superior, su parecer debe, necesariamente ser considerado al momento de decidir ameritando cada caso en su justa dimensión. El juez debe tener en cuenta sus manifestaciones y deseos, pero siempre que éstos sean el producto de una autonomía y libre expresión, pues el límite se encuentra en la configuración de un interés contrario que válidamente justifique el apartamiento de la voluntad del adolescente.” (CNCiv. Sala J, “S. C. s/ DILIGENCIAS PREPARATORIAS” del 21 de octubre de 2.015). En similar sentido, se ha resuelto que “si bien, en términos generales, las opiniones de un menor no son vinculantes para el juez, este criterio no puede llevar a dejarlas de lado cuando provienen de una adolescente próxima a cumplir sus quince años y que, por tal causa, posee ya el discernimiento suficiente como para decidir… De imponérsele por esta vía un temperamento que no condiga con sus preferencias en este aspecto, sólo lograría perturbarse su tranquilidad espiritual, sin resultado positivo alguno …” (conf. CNCiv., Sala G “D.E.O. y G.M. s/ DIVORCIO”, 10/10/85).
Sostuve en la sentencia de fojas 417/433, con cita de precedentes de Corte Suprema de Justicia de la Nación que “(i) las disposiciones de la CH 1980 han de interpretarse teniendo en cuenta su objetivo fundamental, cual es el restablecimiento del statu quo ante, mediante la rápida devolución del niño trasladado o retenido ilícitamente; (ii) las hipótesis de denegación poseen carácter excepcional, por ende, riguroso; (iii) las defensas articuladas por la parte demandada deben someterse a escrutinio estricto; (iv) la concurrencia de los supuestos de excepción, debe ser demostrada por el presunto captor; (v) aun cuando el procedimiento “…concluye normalmente con un nuevo desprendimiento, fruto de la sustracción, de los lazos que hubiese tendido en el país requerido … ” (Fallos: 318:1269 [consid. 14]), el centro de vida no puede adquirirse a través de un acto ilícito (cp. arto 3° de la ley N° 26.061, como el art 3° de su Decreto reglamentario N°415/2006); (vi) si el trámite de restitución se inicia antes de cumplido el año desde el traslado o retención, la integración al medio no puede alegarse como motivo de oposición autosuficiente, ni excusa el cumplimiento urgente de la devolución, a menos que se compruebe alguna de las circunstancias eximentes explícitamente reguladas; (vii) a los fines del art. 12 de la CH 1980, la interposición posterior de la acción judicial no resta virtualidad a la apertura del dispositivo convencional efectuada, dentro del año, ante la respectiva Autoridad Central; (viii) la aceptación del traslado o retención del niño por parte del progenitor desasido puede verificarse tácitamente, pero debe ser inequívoca; (ix) la ponderación de la opinión del niño no pasa por la indagación de sus voluntad de vivir con uno u otro de los progenitores; (x) la excepción del art. 13 (penúltimo párrafo) está supeditada a la concurrencia de una verdadera oposición del niño, entendida como un repudio irreductible a regresar al lugar de la residencia habitual; (xi) admitir una desactivación automática del mecanismo restitutorio frente a la simple resistencia del sustractor a retomar al país requirente, equivaldría a dejar todo el sistema diseñado por la comunidad de naciones, a merced de la voluntad unilateral de la parte demandada; (xii) las autoridades del Estado de refugio sólo están habilitadas para tratar la procedencia del retorno, no así para dilucidar quién de los padres se encuentra en mejor situación para ejercer la guarda; (xiii) el progreso de la demanda no implica una modificación de las titularidades jurídicas o del ejercicio de la guarda, sino sólo el reintegro a la jurisdicción competente, donde deberá resolverse en definitiva; (xiv) la obligación de restituir no supone una negación de los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, puesto que los Estados signatarios han interpretado que -en la singular emergencia de una sustracción internacional- el mejor interés del niño es la restitución”.
En el sublite, como quedara expuesto, se encuentra fuera de discusión el traslado ilícito de O. y H. A. por parte de su progenitora de España a la Argentina: empero, a la par que estar involucrados tales fines y objetivos –evitar tales traslados ilícitos-, están principalmente en juego los medios que en este caso en concreto cabría utilizar para alcanzarlos y a costa de qué y de quienes, a partir de las nuevas circunstancias ya referenciadas.
Por las consideraciones hasta aquí efectuadas, de conformidad con lo dictaminado por el Señor Defensor de Menores, y lo dictaminado por la Sra. Representante del Ministerio Público Fiscal, RESUELVO: I. Rechazar el planteo de nulidad articulado a fojas 799/800, por las consideraciones efectuadas en el considerando tercero; II. Hacer lugar al planteo de los jóvenes de fojas 799/800, suspendiendo, por consiguiente, en el caso en concreto y con arreglo a lo expuesto en el Considerando Cuarto, la orden de restitución de fojas 417/433, confirmada por la Excma. Cámara a fojas 490/494, y las resoluciones dictadas como consecuencia de aquéllas; III. Costas por su orden, atento la naturaleza de la cuestión debatida, argumentos expuestos e interés en el que actuaron cada uno de los intervinientes en autos (conf. arts. 68 y 69 del CPCCN; 2 y 3 de la ley 26.061; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño). IV. Notificar a las partes, con habilitación de días y horas, por Secretaria, y al Sr. Defensor de Menores y a la Sra. Fiscal en sus despachos. V. Comunicar la presente a la Autoridad Central de la República Argentina a quien se le encomienda las notificaciones pertinentes a la Autoridad Central del Reino de España, y a la Sra. Juez de Enlace.
Fdo.: Silvia V. Guahnon
elDial.com – AAA12D
Aporte del Dr. Eduardo Sirkin
IV Congreso Internacional de Derecho. Tareas actuales del Derecho Privado
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