Source: https://www.scribd.com/doc/90016456/Sistema-rio-y-Derechos-Humanos
Timestamp: 2016-02-09 02:23:42+00:00

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Sistema rio y Derechos Humanos
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En esta edición se expone la situación del ámbito penitenciario durante el período, profundizando en los hechos más relevantes que se han suscitado luego de que la autoridad reconociera la profunda crisis del sistema carcelario chileno. En primer lugar se plantea el desafío que enfrenta el nuevo Gobierno respecto del sistema penitenciario, así como su enfoque frente a este tema. Luego se describen los hechos que condujeron a la crisis del sistema, las fallas estructurales que evidenció el terremoto de febrero de 2010 en la zona centro-sur de nuestro país, y la situación vivida por internos del recinto penal de Villarrica, quienes fueron sometidos a tratos degradantes por parte de funcionarios de Gendarmería. Luego se analizan las instancias que permitirán realizar cambios profundos al sistema carcelario chileno, tales como el Consejo para la Reforma Penitenciaria, la adopción y puesta en práctica del Protocolo Facultativo contra la Tortura, la reforma y modernización de Gendarmería de Chile y el Servicio Nacional de Menores, el plan piloto de defensa intrapenitenciaria de la Defensoría Penal Pública y la puesta en marcha de un sistema de control judicial de la fase de ejecución penal. Palabras clave: Derechos de los privados de libertad, hacinamiento, política penitenciaria, Gendarmería, Sename, Defensoría Penal.
1. GOBIERNO ACTUAL Y SISTEMA CARCELARIO. CONTINUIDAD EN EL RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Una de las preguntas clave de este capítulo es cómo enfrentará el nuevo Gobierno los avances esperados en materia penitenciaria en nuestro país, para dar fiel cumplimiento a las exigencias impuestas por la normativa nacional e internacional.
El actual Gobierno recibió un sistema penitenciario en crisis. Si bien se han tomado medidas para mejorar su estructura, el hacinamiento, la falta de condiciones mínimas de higiene dentro de los penales, los malos tratos de gendarmes a internos y el secretismo respecto de lo que sucede en los recintos penales son factores que agudizan y perpetúan la vulneración alevosa de los principios y derechos básicos contenidos en la normativa internacional de los derechos humanos. Uno de los desafíos para la nueva administración es asegurar el cumplimiento de la obligación de garantizar los derechos en la dimensión carcelaria. En 2009 se materializaron medidas fundamentales para nuestro país, como la incorporación de Chile como Estado Parte al Protocolo Facultativo contra la Tortura. Lamentable es el recuerdo de lo sucedido con los informes evacuados por la Comisión de la Cámara de Diputados encargada de revisar la situación general del sistema penitenciario nacional. Habiéndose generado consenso respecto de la gravedad del problema (en 1991 la Cámara de Diputados creó una comisión destinada a estudiar la situación del sistema penitenciario), finalmente no se tomaron las iniciativas necesarias para producir el cambio sustantivo que se necesitaba. Tal grado de indiferencia y displicencia no debe perdurar; es necesario abordar el problema y generar mayor estabilidad y solidez al sistema penitenciario, sea porque se adopta una visión de los derechos de las personas privadas de libertad, sea porque las malas condiciones del sistema atentan en contra del objetivo de lograr mayor seguridad interior, una de las principales preocupaciones de autoridades y líderes de opinión.
2. HITOS DEL OCASO DEL SISTEMA CARCELARIO
En los primeros años de democracia, el conflicto penitenciario se planteó en el debate público a consecuencia de una serie de fugas y motines en distintos recintos penales, pero estos hechos se consideraron desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y del temor al delito. Producto de estos acontecimientos, en 1991 la Cámara Baja creó la comisión citada.1 Ante el nulo cumplimiento de los fines rehabilitadores de la prisión, el alza sostenida de reclusos –que hizo colapsar el sistema penitenciario– y la carencia de recursos, la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos comenzaron a instalar en el debate público la idea de la displicencia de las autoridades, que estaba incidiendo directamente en el respeto de los derechos fundamentales de los internos. Los gobiernos
1 Universidad Diego Portales, Escuela de Derecho, “Acerca de la cárcel”, Cuaderno de análisis jurídico 24, pp. 65 y ss.
respectivos negaron los hechos denunciados, aduciendo que se trataba de situaciones aisladas y no de un incumplimiento sistemático de las obligaciones del Estado en materia carcelaria.2 En el intertanto, los esfuerzos que sí se materializaron carecieron de la fuerza suficiente para lograr un cambio en las condiciones de vulneración en que vivían los internos. La Ley 19.538, promulgada en 1997, no tuvo otra finalidad que dotar de una asignación monetaria por turno a los funcionarios de Gendarmería de Chile. La Ley 19.851 amplió de manera insuficiente la dotación de sus funcionarios, mientras rebajaba los sueldos a los más jóvenes. El Reglamento Penitenciario, creado en 1998, constituyó un intento más por regular la situación intramuros, pero ni los malos tratos, ni los vejámenes, ni el hacinamiento, ni la falta de infraestructura se solucionaron gracias a estas normas. La autoridad solo empezó a reconocer la magnitud del problema, y poco a poco, gracias a una serie de informes elaborados por la Cámara de Diputados, la Contraloría General de la República, la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, la Relatoría de los Privados de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Gendarmería de Chile. Todos ellos confirmaron una realidad documentada durante años por el Centro de Derechos Humanos de la UDP: la sistemática vulneración de los derechos humanos en los recintos penitenciarios del país, la responsabilidad política de determinadas autoridades gubernamentales y el despilfarro de fondos públicos en materia carcelaria. En junio de 2009, la fiscal judicial Mónica Maldonado expuso ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado: “a) las deplorables condiciones de vida que se aprecian en los establecimientos penitenciarios del país, además de la falta de una política penitenciaria que permita la reinserción social de los internos; b) la sobrepoblación y horarios de encierro, y que la condición de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios no concesionados del país es generalizada. Tal situación se ve agravada porque los internos permanecen encerrados en sus celdas por aproximadamente quince horas diarias, en celdas abarrotadas, sin servicios higiénicos y sin la adecuada ventilación y luz; y c) que los castigos de internación en celda solitaria y las condiciones en que se cumplen estas sanciones, independientemente de las mejoras realizadas a lo largo del país en este ámbito, siguen constituyendo tratos crueles y que es indigno someter a los reclusos a encierro hasta por diez días en celdas vacías de cualquier mueble (…), que habitualmente no cuentan con luz natural ni eléctrica (…), muchas veces sin servicios higiénicos y sometidos a la buena voluntad de los gendarmes para ser sacados a hacer sus necesidades
2 Informe 2009, pp. 96-98.
Legislación. 7 Cárcel de Talca en la Región del Maule y centros penitenciarios de Constitución. Santiago. cuatro cárceles se encuentran funcionando parcialmente.gendarmeria. a la sesión a celebrarse el día 1 de junio de 2009 para considerar los diversos problemas que afectan al funcionamiento del sistema carcelario en nuestro país”. 5 de marzo de 2010. b) graves deficiencias y limitaciones en los programas de readaptación social. tras el terremoto se determinó el cierre de ocho unidades penales en atención a su grado de destrucción.5
2. y c) un alto nivel de hacinamiento. Constitución. como también ciertos vicios y malas prácticas ya asimilados por algunos funcionarios de Gendarmería.biológicas (…). El grado de destrucción de muchos de ellos dio lugar a amotinamientos y fugas que dejaron un saldo de once internos muertos y ocho heridos.1 Infraestructura carcelaria
Según Gendarmería. 28 de agosto de 2008. así como pésima infraestructura. así como en los tratos denigrantes que gendarmes infligieron a un grupo de reclusos del penal de Villarrica.cl. la Relatoría de la CIDH había señalado como aspectos preocupantes: a) un excesivo e innecesario uso de la fuerza.3 En 2008.
2. Chanco y San Javier en la Región del Maule. comunicado de prensa 39/08. Coronel y Arauco en la Región del Biobío. y cárcel de Chillán y Los Ángeles en la Región del Biobío.1 Terremoto en Chile y situación carcelaria
La tragedia del pasado 27 de febrero afectó seriamente la infraestructura de los recintos penales de la Séptima y la Octava Regiones. Ello se hizo patente tras el terremoto del 27 de febrero de 2010. “Relatoría de las personas privadas de libertad concluye su visita a Chile”. Ver “Balance de situación penitenciaria post terremoto”. Parral. Oficio 81 del 20 de mayo de 2010. 5 Gendarmería de Chile. Para sopesar la magnitud del problema se recomienda consultar las cifras generales.1. Las pérdidas materiales superan varias veces el presupuesto anual de Gendarmería en el área de infraestructura. cárceles de Molina. 6 Cárcel de Buin en la Región Metropolitana. Justicia y Reglamento del Senado de la República. y que muchas veces son encerrados entre cuatro y seis internos en una misma celda”. Informe de diagnóstico del estado de infraestructura de unidades penales. condiciones de insalubridad extrema que incluyen servicios básicos precarios. y Fiscalía Judicial de la Corte Suprema. A los problemas ya existentes de hacinamiento y condiciones mínimas de habitabilidad se sumaron entonces los aportados por el terremoto. www.6 Además.4 Estas precarias condiciones siguen vigentes. 4 CIDH. que ponía en riesgo la integridad física de los internos y de los funcionarios.
3 “Informe elaborado por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema a propósito de la invitación de la Comisión de Constitución. denunciados en mayo. una práctica sistemática de malos tratos físicos por parte del personal de Gendarmería y el uso de medidas de aislamiento en condiciones infrahumanas.
quienes provocaron incendios para fugarse aprovechando el caos suscitado por la emergencia. lo que deriva en una compresión de la población penal en la zona centro-sur del país. “Gendarmería necesitará $26 mil millones para reparar cárceles afectadas por sismo”. Dice un oficial de Gendarmería que pidió reserva de su nombre:
No ha habido ninguna reparación de los recintos penales. es decir. lo que es peor. la situación es la misma que a comienzos de marzo. hacinamiento y convivencia que ello acarrea. No es prioridad de los recursos estatales. y otros $1. Cecilia Zuleta. el plazo no solo no se ha cumplido sino que no se ha hecho ninguna reparación. que obviamente es inferior. “En seis meses repararán cárceles que resultaron dañadas con el sismo”.200 millones destinados al resto de las reparaciones: “Nosotros teníamos nuestro presupuesto para reparación. Y. 5 de marzo de 2010. De hecho. Ninguna. 9 Emol. monto que debe destinarse íntegramente a la reconstrucción y reparación de los recintos afectados por el terremoto y los incendios intencionales. con los problemas de traslado. y el señor ministro [Carlos Maldonado] nos planteó que el tema va a ser discutido en el actual Gobierno y en el próximo para comenzar con las reparaciones de las unidades penales”.9 Según Gendarmería. 10 Gendarmería de Chile.1.2 Pérdidas materiales y recursos para la reconstrucción
De acuerdo a información de Gendarmería. a los cuales se suman los producidos por los internos. Informe de diagnóstico del estado de infraestructura de unidades penales.500.
. se ha comenzado un silente cierre de recintos penitenciarios. El director nacional de Gendarmería del Gobierno saliente. Alejandro Jiménez.8 El problema es que el presupuesto anual de Gendarmería para este ítem es infinitamente más bajo que eso. cifra de la que no disponen. los recursos necesarios para satisfacer necesidades urgentes de los recintos dañados ascienden a $2. 11 La Nación. con los que se repararán los muros perimetrales. Informe de diagnóstico del estado de infraestructura de unidades penales.Los mayores daños se materializan en la caída de muros perimetrales y averías estructurales producto del movimiento telúrico.755.
2. dijo a la prensa que se había dado un plazo de seis meses para la reconstrucción de las cárceles deterioradas.11 Sin embargo. jefa del departamento de infraestructura de Gendarmería. 26 de marzo de 2010. dijo que la institución solo cuenta con $250 millones de pesos. La situación es grave pues los internos siguen reubicados en otros recintos. las pérdidas materiales fueron avaluadas en aproximadamente $26 mil millones de pesos. lo que
8 Gendarmería de Chile.10 En cuanto al tiempo máximo de entrega de las obras de reparación impuesto por el Gobierno.000.
3 Traslado de internos
Gendarmería de Chile determinó el traslado de 1. ubicado en Concepción. Curicó está cobijando internos de otros penales. Informe de diagnóstico del estado de infraestructura de unidades penales.15 Además. acarrean nuevos problemas. Oficio 81. Estos traslados a recintos al borde de su capacidad. p.200 fueron trasladados al nuevo complejo penitenciario El Manzano II.
12 Entrevista personal. 17 Radio Bío-Bío.se dice es muy distinto a lo que uno percibe. “A un mes del terremoto. pues el contacto entre defensor e imputado es más complejo.14 En la Región Metropolitana. 14 Gendarmería de Chile. Angol y Bulnes.gendarmeria. Asimismo. cuando su capacidad es de 350. Los Ríos y Los Lagos. la población del penal de Curicó supera los 730 internos.12
2. los desplazados se alejan de los tribunales y de sus familias. destruido por el terremoto.700 internos desde los penales que fueron cerrados por razones de seguridad.16 También la defensa de los internos se ve obstaculizada. p. el penal de Colina I recibió a los internos del penal de Buin. 18. Refiriéndose al recinto penal de Chillán. Los traslados agravan las condiciones de hacinamiento.13 Los quinientos restantes fueron distribuidos en los penales de San Carlos.17 Refiriéndose a los internos evacuados desde el recinto penitenciario de Chillán al de Concepción. quienes deben trasladarse para poder visitarlos”. hacia unidades de las mismas regiones o bien de O’Higgins. 13 “Balance de la situación penitenciaria post terremoto”. problemas sanitarios y mala convivencia. 5 de marzo de 2010. Carlos Astorga. 15. en su gran mayoría de unidades que se van a cerrar. 1. 27 de julio de 2010. 15 Fiscalía Judicial de la Corte Suprema. El cierre de unidades penales en la Séptima Región ya ha sido decretado. 26 de marzo de 2010. como por ejemplo la de Talca y Curicó. Estas condiciones afectan a los internos y al personal. señaló que “Chillán necesita de un nuevo penal.cl.1. 16 La Discusión. “A tres semanas del terremoto Gendarmería de la cárcel de Temuco da a conocer información acerca de intento de fuga”. De ellos. 20 de marzo de 2010. Mulchén. eso significa comprimir más unidades penales. Yumbel. presidente del Colegio de Abogados de Ñuble. www. cárcel y mall son las deudas en la urgente reconstrucción”. o ya colapsados. Carlos Astorga denunció que “[l]os reos de Chillán están en muy malas condiciones. la cárcel de Angol superó su capacidad respecto del promedio nacional en un 130% debido al traslado de reos desde Los Ángeles. Por ejemplo.
. pues no es sustentable en el tiempo que las personas estén en Concepción y sean juzgadas acá y además tengan familiares en esta zona.
20 Radio Universidad de Chile. Se publicaron las listas del traslado. las autoridades consideraron que el actuar de los funcionarios era comprensible
18 La Discusión. Todo esto es lamentable. y eso no es culpa del terremoto. Nunca se les había enseñado a manejar una situación como esta. El comportamiento de Gendarmería durante y después del terremoto fue objeto de críticas.21
Desafortunadas declaraciones.18
2. pues Alejandro Jiménez centra su análisis en los traslados por efecto del terremoto. tres en Chillán y tres en Coronel. Aunque una decena de reclusos murió y otro tanto resultó herido. Hay muchos chicos que están lastimados con perdigones en las caras. “Denuncian falta de información sobre reos que murieron durante el terremoto”. que aludieron a la falta de preparación de los funcionarios ante la emergencia. cárcel y mall son las deudas en la urgente reconstrucción”. incendios.
. En Talca.están hacinados.1. puesto que habrían contribuido al caos comportándose con extrema violencia. Otros cuatro murieron aplastados por escombros en el centro penal de Molina. 21 Id. e incendiaron el patio [los internos] porque corría peligro su vida.4 Muertes y malos tratos tras el terremoto
Según cifras oficiales. probablemente. un convicto murió calcinado en un incendio. 10 de marzo de 2010. pero pasa por alto las vulneraciones a la vida y la integridad física y psíquica de los reclusos. La presidenta de la Asociación de Familiares de Reos. siete fueron abatidos por personal de Gendarmería en su intento por impedir la fuga de la población penal: uno en Talca. que los ven como advenedizos”. Cecilia González. los que no correspondían quedaron en segundo plano. por derrumbes. doce internos murieron durante la madrugada del 27 de febrero. al igual que en el resto de la población. han recibido malos tratos por parte de la población penal de Concepción y de los gendarmes. Oficio 8 del 20 de mayo de 2010. 19 Fiscalía Judicial de la Corte Suprema.19 De ellos. “A un mes del terremoto. el entonces director nacional de Gendarmería respondió:
Hemos informado constantemente a los medios de comunicación. o por la conducta de los gendarmes.20
Ante esta situación. Ha habido una gran cantidad de datos y. declaró a la prensa:
Se expresó un pánico generalizado entre ellos.
26 Diario Austral. 70-78. en atención a los constantes malos tratos infligidos a la población penal masculina. Pedro Hernández. pp. 23 Entrevista personal. De hecho. Rol 79-2010.25
2. Esa es la única forma de enfrentarla. 27 Informe 2003. e Informe 2005. los reclusos siguen siendo sometidos a castigos innecesarios y abusivos. Luego. la cantidad de vidas que se salvaron fueron muchas gracias a la entrega del personal. 52-59. donde los golpearon y sometieron a una “sesión de ejercicios”. 27 de julio de 2010. si no hubiera intervenido Gendarmería con arrojo e inteligencia. Primero se tiene que advertir y si la persona no recapacita se procede.dado el imprevisto. Oficio 81 del 20 de mayo de 2010. En el informe del 20 de mayo de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema consta la interposición de un recurso de amparo en favor de los internos del módulo 107 del penal de Valparaíso.
. Se trabajó con mucho profesionalismo y eso fue lo que se señaló en los sumarios administrativos.27 pero.2 Malos tratos en cárcel de Villarrica
El 10 de mayo de 2010. 25 Fiscalía Judicial de la Corte Suprema. como se ve. 24 Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. se otorgó apoyo psicológico a los internos que lo requirieron y se mejoraron las condiciones de habitabilidad de las celdas. Después se aplica un sumario administrativo para dilucidar todos los hechos”. los internos trasladados han sido víctimas de malos tratos. los trasladaron a sus celdas y los mojaron con agua fría para evitar que les quedaran marcas de golpes. “Denuncian falta de información sobre reos que murieron durante el terremoto”. explicó a la prensa: “Tenemos por ley la facultad de hacer uso del armamento cuando hay una situación como ésta.22 y en consecuencia ningún sumario administrativo responsabilizó a funcionarios. Este recurso de amparo fue acogido24 y se adoptaron medidas para corregir las anomalías: se instruyó un sumario administrativo. 27 de mayo de 2010.26 El Ministerio Público inició una investigación a cargo de la fiscal Paola Varela. Radio Universidad de Chile.
22 El presidente de la Agrupación Nacional de Funcionarios Penitenciarios. se habrían lamentado más muertes. Recurso de Amparo. diez reclusos de la cárcel de Villarrica sufrieron maltratos durante un allanamiento. En Chillán. Comenta un oficial de Gendarmería:
Los sumarios e incluso la misma autoridad destacaron en no pocos casos la valentía y el arrojo del personal por cumplir su misión institucional. Gendarmes los llevaron desnudos al patio del recinto. Pero existen protocolos. “Impacto por imágenes de maltratos a reos en cárcel de Villarrica”.23
Por otra parte. pp. Este tipo de prácticas ha sido denunciado en Informes anteriores.
marzo de 2010. Se quiso que los miembros de este Consejo representaran diversos sectores de la sociedad. Lo peor de esta situación es que las cúpulas de Gendarmería apoyan estas prácticas con el argumento de la falta de recursos e infraestructura. Además. que se trabajaban en el Ministerio de Justicia. Un año después.
28 El Mercurio. Gendarmería de Chile y Flacso.cesc. que constituye un llamado al nuevo Gobierno para que dirija su mirada hacia el tema.cl.30 En junio de 2009 se creó el Consejo para la Reforma Penitenciaria. una manera de pensar que perpetúa la vulneración de los derechos fundamentales de los reclusos. “Gendarmes amenazan con autodenunciar las prácticas contra reos”.28 Así. de Salud. tecnológicos y de dependencias adecuadas.29 La génesis del Consejo para la Reforma Penitenciaria se halla en la Comisión Intersectorial creada por el Ejecutivo en 2008. manifestó que tales prácticas existen debido a la carencia de recursos económicos. 30 La Comisión Intersectorial estuvo integrada por instituciones públicas y privadas. 8 de junio de 2010. anunció que “los gendarmes de las distintas unidades carcelarias del país se ‘autodenunciarían’ en las fiscalías para dejar en evidencia que la práctica de desnudar a los reos para su revisión corporal es rutinaria. El informe propone los pasos que la nueva administración debe seguir para dar fiel y cabal cumplimiento a la normativa internacional sobre derechos humanos. Pedro Hernández. cuyo objetivo era tomar la iniciativa en respuesta a la profunda crisis del sistema penitenciario. inhumanas y degradantes siguen siendo una realidad en los establecimientos penitenciarios. conocida y aceptada por las autoridades superiores”. es posible analizar el trabajo de este organismo y detallar las principales recomendaciones para una nueva política penitenciaria. se confirma que las prácticas crueles. www.uchile. pero no la tomó como antecedente. de Planificación. En el Informe 2009 se incluyó como recomendación implementar y hacer un seguimiento a las propuestas del Consejo para la Reforma Penitenciaria. de Educación. Esta mesa de trabajo centró sus esfuerzos en generar propuestas de rehabilitación que se materializaran mientras los internos cumplen condena y también en la etapa post penitenciaria.
. CONSEJO PARA LA REFORMA PENITENCIARIA
El inicio de las instancias de reforma sustantiva de nuestro sistema carcelario se materializó en el informe preparado por el Consejo para la Reforma Penitenciaria. que estuvo conformado prácticamente por los mismos integrantes de la mesa intersectorial.El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios.
3. 29 Informe final del Consejo para la Reforma Penitenciaria. entre ellas los Ministerios de Justicia.
el sistema abierto y el semiabierto. Recomendaciones para una nueva política penitenciaria. Santiago. la sobrepoblación en los recintos aumentó del 45. lo que representa un crecimiento del 75%.877.
. el Centro de Estudios de Justicia para las Américas y el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. entre otras. 1. 22-42. independiente del tipo de sistema en que se encuentren los penados.990 internos a 106. la Fundación Paz Ciudadana. La forma en que los condenados cumplen su pena (privados de libertad. Sin embargo.. los establecimientos con mayor densidad son los complejos penitenciarios (196%). en un régimen de libertad progresiva o cumpliendo su pena en libertad) no es obstáculo para que el Estado se exima de su obligación con el ciudadano condenado. entregarle los medios y herramientas para continuar su vida cumpliendo con la ley. El Consejo identifica las debilidades del sistema penitenciario. mientras que los centros de educación y trabajo subutilizan su capacidad (59%). y al carácter intersectorial y multidisciplinario de las reformas que se pretenden aplicar.34 Finalmente. sino de todo el sistema penitenciario. 32 Consejo para la Reforma Penitenciaria.613 reclusos en los penales nacionales. pp.para que los antecedentes y opiniones recopilados cubrieran un espectro lo más amplio posible.2% al 60. el resultado de no haberlo hecho durante las décadas anteriores. p. marzo de 2010. a saber. las cuales deberían implicar oportunidades de educación. sumado al uso intensivo de la prisión. En la introducción consta que:
El Consejo se enfocó en tratar no solo los problemas de la cárcel. que aquí se analizan brevemente pues la sociedad ya ha tomado conocimiento de ellas. a las reuniones del Consejo se unieron. En los últimos tres años.33 Sobrepoblación y hacinamiento: entre 1998 y 2009 se pasó de 60.016 reclusos.32
La intervención que el Consejo recomienda en su informe es integral en lo que respecta a los individuos que el nuevo sistema acogería. trabajo. desarrollo cultural.31 El Consejo para la Reforma Penitenciaria entregó su informe final en marzo de 2010. entendiendo que éste contempla tres regímenes –o modelos– de sanción: el sistema cerrado. El problema es que el sistema está concebido para 34.
31 Además de las instituciones citadas. Insuficiente inversión en infraestructura: si bien en el último tiempo se han construido nuevas cárceles. 33 Id.6%. en todos ellos es obligación del Estado realizar intervenciones destinadas a la reinserción de los mismos. en marzo de 2010 existían 54. actividades religiosas y contacto intensivo con la familia. 34 Según un estudio de Fundación Paz Ciudadana.
la Ley 18. Ello se debe al exiguo presupuesto destinado a esta área y. En el largo plazo. la tasa de población en el medio libre aumentó de 170 personas condenadas por cada 100 mil habitantes a 310 en abril de 2009. la remisión condicional de la pena. norma que avala una situación flagrante de impunidad. el límite es de 30. Aumento de presupuesto sin resultados demostrables: en 2009. 36 Desde 2005. con el 69%. lo que ha incrementado el hacinamiento en los pocos recintos destinados para este efecto y en los establecimientos cerrados.000 internos más entre 19982009). Se suma como factor de descrédito el escaso control jurisdiccional de los jueces de garantía respecto de su cumplimiento. les han creado un halo de descrédito y se las percibe como “perdonazos”. en su artículo 28. más atrás.es que las plazas actuales son insuficientes y de mala calidad. La escasa supervisión con que cuentan. lo que se manifiesta en escasa dotación dedicada a la materia.216.35 Las medidas alternativas no han sido efectivas:36 uno de los problemas de los mecanismos alternativos a la privación de libertad es que nunca se ha aprobado un plan de financiamiento que asegure su efectividad. conforme las normas técnicas. tanto en las características específicas de los programas como en los recursos y cobertura disponibles para el normal desarrollo de estos planes. con el 9%. por consiguiente. el plan de infraestructura penitenciaria contempla seis nuevas unidades y la ampliación de ocho. A ello se suman los cuatro recintos del programa de concesiones que restan por construir. hay poca capacitación y especialización del personal a cargo de los programas de reinserción y rehabilitación. que vienen a suplir la insuficiencia del sistema. cuando. de la reclusión nocturna.
. el monto para los programas de reinserción social de Gendarmería ascendió a casi cinco mil millones de pesos (4.898 millones). otorga al juez la posibilidad de dar por cumplida la medida alternativa impuesta aun cuando el penado no se haya presentado jamás. 37 Solo el 21% de los funcionarios de Gendarmería se dedica a labores de rehabilitación. para 2013 habrá nuevamente un déficit de dos mil plazas. Para 2013. Confrontada con
35 El programa de concesiones considera un total de diez nuevos recintos penitenciarios. seguida de la libertad vigilada con el 21% y. en tanto que el presupuesto para el personal que desarrolla labores de reinserción. lo que da un total de dieciséis nuevos establecimientos. El número promedio de personas por delegado de libertad vigilada es de 57. junto a su magro contenido programático. para los centros de reinserción social y para las comunidades terapéuticas fue de aproximadamente 21 mil millones de pesos. además de en un perfil profesional poco adecuado e insuficiente capacitación. ostenta el primer lugar. si la población penal aumenta en la misma tasa que lo hizo en la última década (46.37 Carencia de oferta de reinserción: la oferta programática de reinserción es extremadamente débil. La medida más utilizada por el sistema. Por último. Estructura organizacional enfocada en la seguridad: el énfasis en este aspecto relega el de la reinserción social. Esta última es la medida alternativa que más ha aumentado entre 2005-2008 (157%). El crecimiento de la población penal y la mejora de la infraestructura carcelaria no han avanzado a la par.
potenciando el trabajo al interior de los recintos penitenciarios. cerrado y post penitenciario) y que a la vez sea integral.
38 Entre los ámbitos de competencia de este nuevo servicio se encuentran la supervisión de las medidas alternativas de la Ley 18. del cumplimiento del régimen de libertad condicional.Modificar la estructura institucional.Fortalecer un sistema alternativo a la privación de libertad. además de asumir el control y cumplimiento de las medidas cautelares personales distintas de la prisión preventiva y las salidas alternativas. para lo que se recomienda regular legalmente mecanismos diferenciados y más flexibles para la omisión y eliminación de antecedentes. ampliar la cobertura nacional y características de los CRS (centro de reinserción social). Se recomienda que esta labor esté bajo la supervisión de una Subsecretaría y de un ente jurisdiccional que siga su cumplimiento. las actividades de reinserción intramuros y la intervención post penitenciaria. para lo cual se requiere aumentar las plazas en los recintos destinados a reclusión nocturna.38 etc. . recursos y alianzas estratégicas con el sector privado. con el impacto en la sobrepoblación de los recintos que ello supone.Fortalecer la reinserción social post penitenciaria. entre otras medidas. También es necesario crear grupos especializados para preparar la fase de egreso y para estimular los mecanismos de progresividad de la pena. el Consejo para la Reforma Penitenciaria elaboró las siguientes recomendaciones destinadas a producir mejoras profundas:
. La labor de reinserción deberá estar a cargo de una institución especializada que velará por el cumplimiento y planificación de los mecanismos de progresividad de la pena. la creencia de que la eliminación de antecedentes implica reinserción social. para ello deben aumentar los espacios físicos. encargando a Gendarmería la labor de custodia y seguridad de los internos y de los recintos penales. En respuesta a esta situación.Favorecer la reinserción social durante la reclusión. .
. el alza del enfoque territorial localizado en los programas post penitenciarios y el aumento de penas privativas de libertad.67% se destina a actividades de reinserción.Instalar una política de reinserción que abarque todos los subsistemas (abierto. . de acompañar el proceso de reinserción. Otras debilidades del sistema penitenciario incluyen la falta de perspectiva intersectorial en la gestión del sistema.216.el presupuesto total de Gendarmería para 2009 ($190 mil millones). . y aumentar la calidad y cantidad de los delegados de libertad vigilada. la suma indica que solamente el 13.
legislando para crear una figura externa que tenga la facultad de fiscalizar el cumplimiento de las propuestas aquí formuladas y velar por los derechos de los internos respecto de la ejecución de condenas y sobre todo en temas sensibles. entre otros. Los gendarmes deben conocer los derechos y garantías que asisten a los internos. A nuestro juicio. parece esencial renovar la estructura de enseñanza y capacitación de los funcionarios de Gendarmería. etc. en la discusión de una estructura judicial de control de la fase de ejecución. en la especialización de organismos de seguridad y control por una parte. vital para la reforma
Sin perjuicio de las medidas señaladas. contribuye a que Chile cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos de los reclusos. el derecho a recibir visitas.Continuar las intervenciones del sistema penal adolescente cuando éstos pasen al sistema de adultos. la reinserción social y los demás ítemes propuestos.que consideren criterios como la lesividad del delito y las actividades en las que el sujeto desee emplearse. .
3. como la integridad física y mental. En ediciones anteriores de este Informe se identificaron casos en que los internos vieron vulnerados sus derechos básicos.Fomentar los controles externos de la ejecución penal. y rehabilitación por otra. agregando obligatoriamente el estudio de materias relativas al respeto de los derechos humanos de los internos. reservándola para los casos más graves dentro de un amplio catálogo de penas. para que el objetivo de la reinserción social no se vea truncado por el cambio entre uno y otro sistema.Establecer una política criminal limitativa de la privación de libertad. El énfasis puesto en la reinserción social. aunque se mejore la infraestructura. .1 Capacitación en derechos humanos. entre otras medidas. los cambios serán insustanciales si no se capacita a los funcionarios que tratan día a día con los reclusos. Se determinaron también
. algunas de las cuales son vitales para superar la crisis que afecta al sector. Es importante también ampliar la entrega de subsidios de contratación y realizar intervenciones locales en sectores donde se produce un continuo flujo de personas que entran y salen de los recintos penitenciarios. como el acceso a los beneficios intrapenitenciarios y la posibilidad de obtener la libertad condicional.
Para reestructurar el sistema penitenciario chileno resulta fundamental seguir estas recomendaciones del Consejo para la Reforma Penitenciaria. . lo que no interfiere con sus obligaciones de control y seguridad.
3. apuntan a detener el problema desde el primer contacto del sujeto con el delito. Sin embargo.39 Estos malos tratos podrían evitarse si se modificara la preparación de los gendarmes. dependiente del Ministerio del Interior. y que necesitaban imponer respeto y disciplina a la población penal.las causas. en el programa de gobierno de Sebastián Piñera destaca en primer lugar la reforma a Gendarmería de Chile.1. sección “Justicia más cerca de la gente” del programa de Gobierno. mientras que la rehabilitación y resocialización pasaría a una nueva Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación. que hoy en día se rige por las mismas normas que la educación impartida en el medio libre. entre ellas que los gendarmes no estaban capacitados para tratar con personas en situación de vulnerabilidad.
39 Informe 2005. para la cual se planea concentrar su labor en el control de la seguridad en los recintos penitenciarios. dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. que cedería su lugar a un nuevo ente. Algunas de ellas coinciden con las recomendaciones del Consejo de Reforma Penitenciaria. que contempla la construcción de diez centros de diagnóstico y rehabilitación de niños y adolescentes que hayan tenido su primer contacto con el delito. que hayan entrado al mundo de las drogas o desertado del colegio o escuela. pp. En el programa de gobierno se asegura que se creará un estatuto laboral especial para promover el trabajo remunerado entre los condenados y para flexibilizar la educación penitenciaria.cl.pinera2010. es muy pronto aún para observar los resultados y solo se puede comentar de manera general lo que el nuevo Gobierno prometió cumplir durante su período. 40 www. Otras medidas son la implementación de un sistema integrado de vigilancia a distancia mediante brazaletes para ciertos condenados. La nueva administración apuesta por un plan de rehabilitación mediante el programa Vida Nueva.1 La política penitenciaria del nuevo Gobierno
En materia de seguridad ciudadana y reforma penitenciaria. El área de la responsabilidad penal juvenil se traspasaría a un departamento especializado y dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación. la creación de un sistema de verificación de cumplimiento efectivo de penas y la construcción de nuevas cárceles concesionadas. el Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia. Así pretenden generar instancias de resocialización desde la adolescencia. 57 y 58.40 La segunda modificación institucional se refiere a la reformulación íntegra del Servicio Nacional de Menores (Sename). es decir. que pasaría a llamarse Servicio de Persecución Penal y Rehabilitación.
. “Estatuto laboral penitenciario: Internos podrán trabajar y recibir un sueldo”. Contar con un modelo de penas diversas. La idea es beneficiar no solo al que ya ha delinquido y cumple condena. Es necesario racionalizar la aplicación de la privación de libertad. Mientras más intervención haya. el Gobierno no ha mencionado algunos aspectos fundamentales para el equilibrio de las políticas penitenciarias futuras. En cuanto al estatuto laboral de los reos. implica que las medidas alternativas a la cárcel constituyan una verdadera sanción y que sean percibidas como legítimas por la comunidad. Como se verá más adelante. Históricamente. ya que. como se ha demostrado. por lo que es hora de que esta labor quede en manos de un ente autónomo que tenga la preparación y especialización suficientes para cumplir con el objetivo de la reinserción social. lo que conviene no solo al sistema penitenciario sino a toda la sociedad.Los planes de rehabilitación y resocialización pueden constituir medidas efectivas para reducir la población penal del país. no hacerlo acarrea conflictos como el hacinamiento. menor será la probabilidad de que el individuo delinca y que. aunque al cierre de este Informe dicha Subsecretaría aún no existe. los proyectos iniciados para crear esta instancia de control jurisdiccional se encuentran en suspenso.
41 Ministerio de Justicia.
4. sino también a quien no ha pasado por la estructura penal. y no ya de Gendarmería.41 La reinserción de los condenados privados de libertad queda a cargo de una nueva Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación. termine cumpliendo condena en un régimen cerrado. Esta reforma estructural que separa la custodia de la rehabilitación podría incidir en un mejor funcionamiento del sistema penitenciario. en que la privación de libertad sea una medida de última ratio. comunicado. el Ministerio de Justicia lo tiene en estudio. Tampoco se ha manifestado una posición oficial respecto de la creación de controles externos en la fase de ejecución penal. El programa de Gobierno no toca este punto. que completa la recomendación del Consejo para la Reforma Penitenciaria de favorecer la reinserción social intramuros. Gendarmería no ha cumplido con el papel rehabilitador que la sociedad y las autoridades le asignaron. por ende. ASPECTOS NO CONTEMPLADOS
Hasta ahora. 31 de mayo de 2010.
se empezó a buscar un mecanismo que la eliminara o minimizara. implica institucionalizar una lógica de transparencia y de control independiente de la labor penitenciaria. señala:
Viendo que no disminuía la tortura en los presos a pesar de los informes. 43 Entrevista personal. activista en derechos humanos. Patricio Véjar. el mejor sistema que se encontró fue la visita preventiva no vinculante a la víctima. Para ello. El Protocolo señala expresamente en su artículo 3:
42 Informe 2009. que no haya lugares en los cuales no se vea dónde están los presos. 115. PROTOCOLO FACULTATIVO CONTRA LA TORTURA
El Informe 2009 recomendó determinar la institución que se haría a cargo de la prevención de la tortura. principalmente por indeterminación del organismo que hará las veces de ente supervisor de las condiciones carcelarias. Por eso es tan importante que nuestro país aparezca como signatario del Protocolo Facultativo contra la Tortura. que ha participado en la discusión respecto del órgano nacional encargado de realizar las visitas de supervisión.
. Su lógica deriva de la opacidad acerca de lo que ocurre dentro de las cárceles. miembro de la comunidad ecuménica Martin Luther King y del Observatorio de la Escuela de las Américas. la idea básica es que no haya lugares escondidos dentro de las cárceles. p. se visita pero no con el fin de denunciar.43
Institucionalizar un sistema de visitas periódicas y no anunciadas de personas ajenas al mundo penitenciario es un avance en la lucha por el respeto a los derechos de los internos y de los ciudadanos en los centros de detención. 6 de abril de 2010. desde que Chile adoptó el Protocolo las noticias no han sido alentadoras. ratificado por nuestro país en febrero de 2009.42 El Protocolo Facultativo Contra la Tortura. Sin embargo. además de contar con una institución encargada supervisar los recintos penales y de elaborar políticas de prevención que informen a las autoridades de los problemas y soluciones que se detecten.5. llamado Mecanismo Nacional de Prevención (MNP). y tiene en cuenta que generalmente los funcionarios penitenciarios son objeto de fiscalizaciones más bien laxas en comparación con las de otros aparatos del mundo público y privado. es decir. y sugirió diseñar una comisión nacional similar a la que trata materias de adolescentes infractores.
el Instituto no tenía la independencia que requería. la situación actual del MNP es incierta. Puesto que éstos son los sistemas de monitoreo con que se cuenta hoy.44 Pero. como también lo requería el Protocolo”. a nivel nacional. uno o varios mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional. la idea fue desechada. lo hacen las comisiones interinstitucionales. Comenta Patricio Véjar: “A la persona que encabezaba el Subcomité para la Prevención de la Tortura se le dijo que no sería posible porque. si lo que se quiere es diseñar el mejor organismo posible de prevención contra la tortura. y dos. la supervisión de los condenados e imputados dentro de los recintos penales la siguen realizando la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema y en menor medida los jueces de garantía. cabe revisar su desarrollo y experiencia. porque su estructura no contemplaba la participación de la sociedad civil. Esta decisión implicaba otorgarle la calidad de Mecanismo Nacional de Prevención. como el organismo comenzaría sus funciones en febrero de 2010. uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles. tras una serie de discusiones y análisis respecto de la idoneidad de este organismo. lo que se manifestó en un oficio enviado por el Gobierno al secretario del Subcomité para la Prevención de la Tortura.
Tras la aprobación del Protocolo y su inclusión en nuestro ordenamiento. el cual establece un plazo máximo de un año para que cada uno de los Estados Parte mantenga. 28 de diciembre de 2009. designará o mantendrá. Por estas razones. Las visitas de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema se realizan en los recintos penitenciarios y correccionales donde aún están recluidos condenados por orden de los tribunales del crimen (anterior a la Reforma Procesal Penal) y en los establecimientos especiales y carcelarios
44 Ministerio de Relaciones Exteriores. el Estado estimó que el órgano ideal para cumplir con el mandato de este instrumento internacional era el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El Estado no ha cumplido con la obligación establecida en el artículo 17 del Protocolo Facultativo. “Oficio 465 dirigido al Subcomité para la Prevención de la Tortura”. designe o cree uno o varios mecanismos nacionales de prevención independientes. inhumanos o degradantes. designará o creará. Los mecanismos establecidos por entidades descentralizadas podrán ser designados como mecanismos nacionales de prevención a los efectos del presente Protocolo si se ajustan a sus disposiciones”.
.45 Hasta la fecha. o de su ratificación o adhesión. la información respecto de su funcionamiento interno se enviaría una vez que la dirección superior del Instituto constituyera el MNP. 45 El artículo 17 del Protocolo Facultativo contra la Tortura señala: “Cada Estado Parte mantendrá. donde también se explica que. en el área de responsabilidad penal adolescente.Cada Estado Parte establecerá. a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Protocolo. uno.
pero el acceso a estos informes es muy limitado. 47 El deber de los jueces de garantía lo impone el Código Orgánico de Tribunales en el artículo 567.084. Al cierre de este Informe. Sin
46 Las visitas se enmarcaban dentro de la facultad otorgada a los fiscales judiciales de la Corte Suprema por el artículo 353 del Código Orgánico de Tribunales.47 Esta función se complementa con el envío de informes a la respectiva Corte de Apelaciones. Según Claudio Oliva. La nueva administración tampoco ha dado con la solución. 92 y 159 del reglamento de la Ley 20.
5.en que se encuentran enajenados mentales según el antiguo sistema.
. en tanto no ha definido qué órgano se encargará de ejercer el control y supervisión de la actividad de los recintos penitenciarios.1 El estado del problema
Chile aún no satisface las exigencias del Protocolo que ha adoptado. El juez de garantía debe visitar los recintos el último día hábil de cada semana para supervisar que los internos no sufran tratos indebidos.48 Del ejercicio de sus funciones se desprenden aspectos positivos. Antes del cambio de gobierno esta discusión no estaba zanjada pero el Instituto de Derechos Humanos era la opción con más apoyo. el tema se encontraba en etapa de coordinación interministerial. informes cuyo impacto es escaso. coordinador de la división de estudios de la Secretaría General de la Presidencia: “En cuanto al organismo que ejerza el control. las nuevas autoridades no consideran que el Instituto de Derechos Humanos sea una opción cierta. En materia de adolescentes. las comisiones interinstitucionales visitan los centros privativos de libertad administrados por el Sename y las secciones juveniles de los recintos penitenciarios administrados por Gendarmería de Chile. sin perjuicio de algunas opiniones en contra provenientes del mundo civil. hemos pensado en materializarlo en el Instituto de Derechos Humanos. por lo que es prácticamente imposible realizar un seguimiento de sus propuestas. como la participación de distintos órganos de la sociedad civil y de la comunidad académica y la elaboración de informes con propuestas de mejora de las condiciones de los adolescentes recluidos. atendidos su casi nula difusión y el desconocimiento de las medidas que pudiera adoptar la Corte de Apelaciones ante la vulneración de derechos en los recintos.46 Estas visitas se extienden a todo el país y comprenden la elaboración de informes que los fiscales judiciales deben enviar al Ministerio de Justicia y dar a conocer a la opinión pública. Aparentemente. 48 Estas comisiones tienen asidero normativo en los artículos 91. impedimentos en el ejercicio de su derecho a defensa o prolongación indebida de la tramitación de su proceso. Esta norma está derogada. pero la Fiscalía Judicial ha interpretado que se mantiene vigente en lo que respecta a los internos condenados por orden de los antiguos tribunales del crimen. sin embargo.
51 Este cuerpo normativo modifica. por otra. aumento de personal y readecuación de las normas de carrera funcionaria.embargo. A continuación se revisarán brevemente los cambios que se hicieron y que se espera hacer en este ámbito. docente de la Universidad Diego Portales.
49 Entrevista personal.791 de 1980. 50 Álvaro Castro Morales.51 La nueva normativa apunta a mejorar las condiciones de esta institución con el objeto de aumentar el estándar de trabajo y cumplimiento de sus funciones. REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE GENDARMERÍA DE CHILE Y DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES
Para mejorar las condiciones de los internos. 14.1 Gendarmería de Chile: modificaciones legales a la institución
El 20 de marzo de 2010 se promulgó la Ley 20. p. ponencia en el seminario nacional “El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en Chile y su implementación efectiva”.50
6. quien plantea que la mejor forma de estructurar el control externo de los recintos penitenciarios es replicar. para el sistema de adultos. que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile y. es fundamental elevar los estándares de profesionalización de Gendarmería de Chile y del Servicio Nacional de Menores.
6. el modelo de las comisiones interinstitucionales creadas con objeto de la ley de responsabilidad penal adolescente. que podría denominarse Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y de Supervisión de Condiciones de Detención y Carcelarias. por una parte. pero creada por ley. Hemos pensado también en otros organismos. “Protocolo Facultativo contra la Tortura de Naciones Unidas: Diversas opiniones en Chile para el mecanismo nacional de protección contra la Tortura”. y dar así un mayor grado de cumplimiento a los tratados internacionales que aluden a los derechos humanos de los reclusos. Para el autor parece razonable aprovechar esta experiencia y encaminar la discusión hacia la creación de un órgano especializado. La que suscribimos es de Álvaro Castro Morales. que consigna el estatuto del personal de Gendarmería de Chile. el Decreto con Fuerza de Ley 1. por ejemplo”. En 2009 y en lo que llevamos de 2010 una serie de modificaciones legales ha tendido a reformar más o menos profundamente el sistema penitenciario tanto de adultos como de adolescentes.49 En la sociedad civil la discusión ha sido ardua y las propuestas han provenido de todos los sectores.859 de 1979.426 sobre modernización de Gendarmería de Chile. como la Cruz Roja.
. con características similares a las de la justicia penal de adolescentes. 7 de agosto de 2009. no es la única opción que barajamos. el Decreto Ley 2. 28 de julio de 2010.
Con ello se refuerzan derechos del recluso. sanitaria. el quebrantamiento de la pena. se le impuso como deber ejecutar acciones tendientes a eliminar la peligrosidad del interno y a su reintegración a la comunidad. y todas aquellas que establezcan otras leyes y reglamentos. f) Generar y mantener bases de datos estadísticos de la población privada de libertad y sujeta a una de las medidas establecidas en la Ley 18. El mejoramiento de las condiciones de la institución incluye la sustitución total del artículo 8 de la ley orgánica de Gendarmería.882”. 53 Nuevo artículo 8 de la ley orgánica de Gendarmería: “La Subdirección Técnica estará encargada de desarrollar los programas y proyectos institucionales tendientes a la reinserción social de las personas atendidas en los distintos sistemas. sufre una positiva transformación en comparación con el antiguo precepto. que consigna las funciones de la Subdirección Técnica de la institución. y de mejorar el sistema penitenciario. Actualmente se explicita que su función es desarrollar los programas y proyectos institucionales tendientes a la reinserción social de las personas atendidas en los distintos sistemas.53 Esta norma se relaciona directamente con el artículo 3. religiosa y demás conducentes a la reinserción social de las personas atendidas en el sistema cerrado de los establecimientos penales con administración directa. mediante la ejecución de acciones tendientes a eliminar su peligrosidad y lograr su reintegración al grupo social”.52 La importancia de esta nueva disposición radica en que se está reconociendo por vía legal que es función de Gendarmería velar por la rehabilitación del privado de libertad. deportes. A su favor juega el contacto constante que establece con la población penal. asistencia social. como el derecho a la resocialización y a recibir un trato digno y humanitario. relativas a sus características socioeconómicas. b) Supervisar técnicamente los servicios que se prestan en los establecimientos concesionados. d) Gestionar los planes y programas de asistencia de las personas que habiendo cumplido sus condenas. velando por el mejoramiento permanente del régimen penitenciario. Este artículo. Esta Subdirección tendrá las siguientes funciones: a) Desarrollar y gestionar las actividades de educación. Cabe preguntarse si Gendarmería de Chile está preparada para cumplir con estas nuevas exigencias legales. c) Ejercer el control y gestionar los programas de atención y asistencia de los condenados que gocen de medidas alternativas a la reclusión. psicológica.216. La Jefatura de esta Subdirección será asumida por el subdirector técnico. velando por el perfeccionamiento permanente del régimen penitenciario. pues mediante la labor de esta Subdirección Técnica se cumple con el deber de generar acciones positivas de reinserción de los reclusos. e) Diseñar. También se desprende que tales labores de resocialización se hacen extensivas por mandato legal a toda persona que se encuentre relacionada con el sistema penitenciario. más importante. lo que le proporciona
52 Artículo 3 de la ley orgánica de Gendarmería: “f) Contribuir a la reinserción social de las personas privadas de libertad.
. trabajo. la reincidencia luego del cumplimiento de la condena. quien será designado por el director nacional. letra f) antes señalado. supervisar y controlar técnicamente los programas y proyectos que se adjudiquen para el apoyo de la reinserción social en los diferentes sistemas. requieran de apoyo para su reinserción social.Dentro de las labores de Gendarmería se incluyó la contribución a la reinserción social de las personas privadas de libertad y. de conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la Ley 19. recreación.
organizando dos tipos de tratamiento. teniendo en cuenta que. esta institución debe facilitar y estimular el perfeccionamiento y crecimiento profesional de los funcionarios. Por eso se debe estar muy atento a las medidas que tomen las autoridades. incluso los más peligrosos. Antes de crear otra institucionalidad podríamos crear la subdirección del medio libre y separarla de la técnica. Respecto de ello comenta un oficial de Gendarmería:
Es un error pensar que otro servicio pueda hacer la reinserción que Gendarmería hace. extramuros e intramuros. el objetivo es que la realidad del sistema penitenciario chileno vaya mejorando gracias a la planificación y a la estructura de reinserción. de manera equitativa. de forma de destinar los nuevos recursos a nosotros y no a la creación de una nueva institucionalidad. pues el personal debe saber tratar con todo tipo de reclusos. pero ocurre que a lo largo de los años no ha realizado adecuadamente esa labor. ya que tiene la experticia. independientemente de la institución que cumpla esta función. por falta de recursos tanto como de planificación de las estructuras de reinserción. Otro punto importante de esta nueva normativa legal es el estímulo para que Gendarmería de Chile propenda hacia la profesionalización de sus funcionarios. proporcionándoles información actualizada sobre temas penitenciarios y aumentando día a día las herramientas con que cuentan. Es necesario capacitar a los funcionarios en los principios sobre los que debe basarse su trabajo. Reconocer legalmente este propósito constituye un avance relevante en lo que respecta a mejorar el sistema penitenciario. Como lo consigna el nuevo artículo 25 de la ley orgánica de Gendarmería.
De entregársele a Gendarmería la facultad para generar planes y propuestas de reinserción se deberá considerar la cantidad de recursos económicos y humanos que se le deben proporcionar. la ley le otorga un amplio campo para el cumplimiento de este objetivo. readecuando la carrera funcionaria y la estructura de capacitación de la Escuela de Gendarmería. A nuestro juicio.426. En el curso de su carrera profesional. debe dárseles la oportunidad de desarrollar y ampliar dichas aptitudes. Por ello los planes para crear una nueva institucionalidad relacionada con la reinserción y rehabilitación han puesto en duda la participación de la institución. que debe ser más profunda que la ejecutada por la reciente Ley 20.
. como también la reestructuración institucional que implica. y en esas aptitudes humanas y técnicas. Gendarmería no cuenta con las condiciones para entregar un servicio destinado a la resocialización y rehabilitación de los reclusos. humana y justa.un saber experto. Trabajar en una prisión requiere una combinación poco común de cualidades personales y competencias técnicas.
La última modificación legal que se quiere recalcar dice relación con el aumento del número de funcionarios de Gendarmería de Chile. ya que persigue un equilibrio entre la cantidad de funcionarios y el número de internos. 55 Entrevista personal.1 Salud de los funcionarios
Un tema pendiente atendidas las reformas incluidas en la Ley 20.54 se debe tener presente que es representativa de la realidad nacional en su conjunto. de los cuales 11.6 reclusos en sistema cerrado por cada gendarme.1. La Regla 63.000 funcionarios de planta (348 nuevos oficiales y 5. La Escuela de Gendarmería debe marcar el antes y el después de una institución postergada.3 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas establece: “Es conveniente evitar que en los establecimientos cerrados el número de reclusos sea tan elevado que llegue a constituir un obstáculo para la individualización del tratamiento”. pero no de los recintos más hacinados. un oficial de la institución señala:55
Es un avance (…) lo que hoy nos importa es que los nuevos funcionarios no sean los mismos que estamos formando hoy en día.186 funcionarios.6 reclusos por cada agente penitenciario de Chile contrasta con las realidades de países como Panamá (19 reclusos) o Perú (15 reclusos). desde donde se egrese con determinadas competencias y donde los oficiales y gendarmes se especialicen según su área de interés y sus aptitudes.
. entre las que se cuenta un incremento de más de 6. lo cual daba como resultado una tasa de 4. 8 de abril de 2010.049 eran uniformados. A diciembre de 2009 se contaba con 14. La modificación legal significará un avance en lo que respecta a la eficacia de Gendarmería. Para ello hay un proyecto de crear una malla con objetivos y competencias. El artículo 2 de la Ley 20.802 nuevos gendarmes). sino que mejoren sustantivamente su calidad. Un catastro que la Asociación Nacional de Funcionarios
54 El promedio de 4. profesional. Si bien esta cifra es más aceptable que la de otros países.
6. Esta medida beneficia al sistema en su conjunto.426 es la salud en el ámbito penitenciario. tanto para gendarmes como para oficiales. en donde nos especialicemos en distintos temas penitenciarios. tanto en lo referente a su deber de control y seguridad de la población penal como de los fines preventivo-especiales que deben cumplir. Tanto los reclusos como los funcionarios de Gendarmería carecen de las herramientas para curar sus enfermedades. para pasar a ser la institución que corresponde.426 introduce una serie de modificaciones al estatuto del personal. Respecto de la profesionalización de la Gendarmería y de la nueva normativa.
por sobre todo. sino también los de los propios funcionarios de Gendarmería. que indagó las responsabilidades del mentado siniestro. que ven mermada su integridad por el alto nivel de estrés y encierro que deben soportar. 57 “Justicia y Gendarmería impulsan mejoras al sistema penitenciario”. Este problema ha sido tomado en cuenta por las nuevas autoridades de Gendarmería. De ellas. como también a los graves problemas de estructura administrativa que aquejan a la institución. Desde su creación en 1979. desde hace varios años se viene anunciando la necesidad de reformar esta institución.Penitenciarios (ANFUP) realizó entre 2009 y lo que va de 2010 arrojó veinticuatro intentos de suicidio de funcionarios. el 14% corresponde a licencias siquiátricas y diagnósticos de depresión. además de cuatro que se quitaron la vida. Luis Masferrer. Si bien el Sename tiene un papel fundamental en la estructura de la justicia penal adolescente. y documentos oficiales como el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara Baja.cl. señaló: “Estamos trabajando. 12 de julio de 2010.gendarmeria. se creó una comisión médica que está tomando noticia y razón del número de licencias médicas que afectan día a día a nuestros funcionarios”.57
6. Como se observa. 58 Informe 2009. y el informe de la Contraloría General de la República que apuntó a las malas condiciones de habitabilidad de los internados en los centros de la red Sename. pp.500 ausencias por motivos de salud.56 Este catastro indica que en el mismo período se detectaron 1. debido a la escasa o nula política de salud con que cuenta la institución. Los detonantes fueron hechos trágicos como el incendio del centro Tiempo de Crecer de Puerto Montt.2 Una nueva institucionalidad para el Servicio Nacional de Menores
El Servicio Nacional de Menores (Sename) es una institución de larga data en nuestro país. “Preocupa tasa de suicidios en funcionarios de Gendarmería”. Todo ello redunda en un trato que se aleja de la dignidad que ostenta todo ser humano y. El director nacional. 99-103. de las características es56 La Nación. 28 de julio de 2010. ha cumplido la función de colaborar con el sistema judicial desarrollando actividades destinadas a proteger y promover los derechos de los niños y adolescentes. afectados en los fines de bienestar y rehabilitación que persigue el sistema de responsabilidad adolescente.
. donde murieron diez jóvenes internos por asfixias y quemaduras. www. la crisis del sistema penitenciario no solamente vulnera los derechos de los internos.58 Los vicios que aquejan a esta institución repercuten directamente en los derechos de los adolescentes internos. Los que sobrevivieron tuvieron que someterse a costosos tratamientos psiquiátricos de forma particular.
el ministro de Justicia. 27 y 29. El nuevo Servicio de Persecución Penal y Rehabilitación.
. Respecto del primero. se dedicará exclusivamente a los asuntos derivados de la aplicación de la ley de responsabilidad penal adolescente. Según Francisco Estrada.sename. Para conseguir un estándar mínimo de condiciones y un constante acercamiento al equilibrio en sus funciones. sin embargo. Felipe Bulnes. pues de un lado se encuentra la protección de derechos de niños en situación de vulnerabilidad social. también por establecerse. de reintegrarse a su familia y a la sociedad”. era necesario concebir un organismo que trabajara bajo una nueva lógica.cl. distinguiendo los centros en donde se aplican medidas de protección de aquellos en que se aplican medidas para conductas infraccionales (…). y de otro la persecución y rehabilitación de los adolescentes que ingresan al sistema penal juvenil. Reglas 26. por su parte. declaró que se ocuparía de la protección de niños en riesgo. www. Sebastián Piñera. y Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores.cl. 6 de mayo de 2010. pero que también sepa que le vamos a dar una verdadera oportunidad de rehabilitarse (…). con establecimientos especiales para menores.61 Esta nueva institucionalidad separa funciones disímiles. Entonces. Por eso. artículo 37. entonces director del Sename:
La idea de separar funciones se viene dando hace tiempo tanto normativamente como a nivel de espacios físicos.peciales –reconocidas por la normativa internacional sobre derechos humanos–59 que la sanción penal debe tener respecto de los adolescentes. El Gobierno pretende implantar un modelo institucional en donde el Sename desaparecería para dar paso a dos nuevos organismos: el Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia y el Servicio de Persecución Penal y Rehabilitación. hoy en día conviven en el Sename programas cuyas lógicas de
59 Respecto de estas características especiales. pero cuyo principal objetivo será que todo niño que cometa un delito sepa que no va a quedar impune. desde 2009 el Ministerio de Justicia preparaba un plan de reforma de esta institución. 60 www. y “se encargará de perseguir los delitos cometidos por menores de edad. 61 Presidente de la República. la nueva administración quiso darle una estructura completamente nueva. ver Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 24 de abril de 2010.60 Este nuevo organismo estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.sename. Todo ello evidenció que el Sename no estaba en condiciones de responder a las exigencias del nuevo sistema de justicia penal adolescente.
Debido al alto grado de discrecionalidad con que cuentan las autoridades de los recintos penitenciarios del país. Nº 3. artículo 8. la presencia de un abogado defensor. Quien se encuentra en situación de cárcel sigue siendo sujeto de derechos. artículo 14.intervención son tremendamente distintas respecto de un joven que necesita protección porque vive en la calle y de uno que cometió una infracción penal.1 El derecho a defensa en la etapa de ejecución
El derecho a una defensa idónea debe entenderse como una de las garantías fundamentales del debido proceso. Desde este punto de vista.63 Aunque la normativa nacional e internacional vigente64 reconoce directa o indirectamente esta garantía. y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. sin embargo. Convención Americana sobre Derechos Humanos. en nuestro país ésta no goza de operatividad en la etapa de ejecución penal. Desde el punto de vista normativo. la Constitución. N° 3. el derecho a ser oído y a que lo que se diga sea tomado en cuenta por el ente encargado de resolver un asunto. esto es. se tiende a vulnerar la esfera de derechos de los privados de libertad.
. el núcleo del derecho a defensa de los internos ha sido vulnerado históricamente en los penales chilenos.62
7. Acá. sobre todo respecto de que los descargos de los reclusos sean oídos. los artículos 7 y 8 del Código Procesal Penal (CPP) señalan básicamente que. Atendida la estructura de la mayoría de los procedimientos vigentes. Además. Indica además que la ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos. 5 de mayo de 2010. la garantía importa siempre la asistencia de un abogado. el derecho a defensa es la oportunidad de hacer valer las alegaciones que se estimen convenientes. lo que hace aun más necesario asegurarle métodos de defensa. inciso 5º. 64 Constitución Política de la República. estableciendo que toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale. en su artículo 19. DERECHO A DEFENSA DE LOS RECLUSOS: PLAN PILOTO DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
7. el objetivo es identificar el núcleo indiscutible de este derecho. 63 Doctrinaria y jurisprudencialmente. la persona tiene
62 Entrevista personal. Esencialmente. especialmente al momento de imponer sanciones o tomar decisiones. A su vez. desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. artículo 19. el derecho a defensa está integrado por una serie de garantías mínimas. asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. sobre todo porque en la etapa de ejecución penal se encuentra en un estado de vulnerabilidad extremo. el derecho a defensa conlleva necesariamente una asistencia letrada idónea para su ejercicio efectivo.
el contenido y las características de una defensa penitenciaria proporcionada por un servicio público que reuniera estándares de eficiencia y oportunidad. Combarbalá e Illapel.
7. en los términos que señale la ley respectiva. la Defensoría elaboró las unidades de defensa juvenil y de defensa indígena especializada. además del centro penal concesionado de La Serena. bastaba que hubiese existido una defensa institucional para que pudiera ser beneficiario. estableciendo que durante la ejecución de la pena serán intervinientes ante el competente juez de garantía (juez de ejecución de penas en nuestro sistema) el Ministerio Público. Cabe recordar que una de las recomendaciones de la pasada edición de este Informe fue apoyar económicamente este plan piloto. en sus artículos 466 y siguientes. el artículo 102 del CPP establece que el imputado tendrá derecho a designar libremente uno o más defensores de su confianza. Esta iniciativa es parte de un objetivo general de la Defensoría: mejorar la aplicación de las garantías constitucionales y el acceso a la justicia de grupos sujetos a condición de vulnerabilidad. lo que evidencia a nivel legal la competencia de los defensores penales para intervenir en la representación de los condenados por causas penales. la Defensoría Penal Pública implantó en la Región de Coquimbo un plan piloto penitenciario destinado a entregar defensa especializada a los condenados privados de libertad para todos aquellos asuntos relacionados con la fase de ejecución penal.1.65 La ejecución de este proyecto piloto abarcó los CDP de Ovalle. Derecho a defensa en la etapa de ejecución penal
Entendiendo la importancia de proporcionarle contenido al derecho a defensa.
.1 Comprensión del problema. Asimismo. El mismo Código. Si el condenado registraba más de una condena. el Ministerio Público solicitará un defensor penal público o bien el juez procederá a hacerlo. Su duración se fijó entre julio de 2008 y julio de 2010 y los beneficiarios fueron todos los condenados privados de libertad que durante el juicio fueron atendidos por la Defensoría Penal Pública. El plan deriva de la necesidad de desarrollar una experiencia que permitiera conocer las dimensiones. Si no lo tuviere.
65 También bajo este objetivo general. y que esta defensa técnica se extiende hasta la completa ejecución del fallo. de forma que su estructura se replicara en otras regiones de Chile. que debe extenderse a cada una de las etapas del procedimiento. el imputado y su defensor.derecho a ser defendida por un letrado. y que fuera aplicable a todo el país. contempla una normativa especial relativa a la ejecución de las condenas.
para que no se afecten más derechos que los señalados en la sentencia y los permitidos por las leyes.6% de los condenados fue beneficiario. Prestaciones de carácter judicial relacionadas con la fase de ejecución. además de la gestión especializada de un defensor penitenciario.66
1. Implica la fiscalización que el defensor debe realizar para que la duración de la condena se corresponda con la establecida en la sentencia definitiva. 4.
Para prestar este servicio se requiere de un enfoque profesional e integral. En los cuatro centros de reclusión en los que se implementó el plan piloto. la solicitud de pago de multa en parcialidades. de los derechos de los condenados y de los objetivos de este plan. Control durante la ejecución de la pena. traslados. Prestaciones administrativas de carácter contencioso. se debe contar con el apoyo de otros profesionales para que en conjunto se desarrollen estrategias de articulación destinadas a optimizar el uso de los servicios y prestaciones de los organismos públicos y privados que se relacionan con el ámbito penitenciario. Entregar prestaciones administrativas de carácter no contencioso: permisos de salida. rebaja de condena.Los profesionales participantes de este plan piloto fueron dos abogados defensores especializados. que realizaron una serie de prestaciones o servicios. la solicitud de sustitución de multa por reclusión y el traslado de enajenados mentales a hospitales. 3. como el recurso de petición y el recurso jerárquico. Control en la aplicación de la sanción impuesta.
66 Dentro de las vulneraciones de derechos se incluyen la limitación ilegal o arbitraria de garantías constitucionales.
. mediante folletos. 2. 5. la denegación ilegal o arbitraria de derechos penitenciarios y la aplicación de sanciones penitenciarias sin debido proceso o sin autorización judicial en caso de reiteración. Actuaciones ante el Juzgado de Garantía y cortes respectivas por vulneración de derechos y por materias cuya resolución la ley reserva a la autoridad judicial. entre las que se cuentan: Difusión de derechos de los condenados. 6. indultos. el 99. participación en actividades de reinserción social y laboral. dos asistentes sociales y un asistente administrativo. es decir. visitas especiales y permanencia de la madre con el hijo lactante. El detalle se despliega en la Tabla 1. Entre las materias de resolución judicial se incluyen la unificación de penas/abono de prisión preventiva. libertad condicional. Comprende la notificación del fallo que condena al individuo y la difusión colectiva.
D.D.C.D.P. LA SERENA Total 334 58 51 5 0 448 % 99. ILLAPEL C.D.3 0 0 0 100 0.P.D. COMBARBALÁ Sección Juvenil de C. LA SERENA C.573 Total de beneficiados por programa 334 58 51 5 448 % de beneficiados sobre total de condenados 25.Tabla 1 Beneficiarios del plan piloto por establecimiento penal
Es Beneficiario SÍ Cantidad C. LA SERENA C.P.90 58. Proyecto Piloto Penitenciario.D.00 35.60 NO Cantidad 1 0 0 0 1 2 % 0. ILLAPEL C.P. COMBARBALÁ TOTAL REGIÓN
Fuente: Defensoría Penal Pública.300 171 88 14 1.
La cantidad y proporción de beneficiarios del plan piloto en relación con el total de condenados de la Región se presenta en la Tabla 2:
Tabla 2 Beneficiarios del plan piloto penitenciario en relación con el total de condenados de la IV Región
TOTAL Establecimiento Total de condenados vigentes por establecimientos 1.D.P.70 33. OVALLE C. Proyecto Piloto Penitenciario.70 28. OVALLE C.4
Fuente: Defensoría Penal Pública.P.
.P.50
C.P.P.70 100 100 100 0 99.
9 3. este programa ha conseguido que los condenados privados de libertad conozcan sus derechos y. En la Tabla 3 se muestran los requerimientos de los beneficiarios en su primera entrevista:
Tabla 3 Requerimientos de los beneficiarios en su primera entrevista
CANTIDAD Permisos de salida Rebaja de condena Unificación de pena Abono de condena Traslado de unidad penal Otro Cambio de módulo Defensor no informa de requerimiento Visita de defensor en causa pendiente Revisión de condena Libertad condicional Adecuación de condena a Ley 20. con ello.1 6 100
Fuente: Defensoría Penal Pública. que
.7 10.4 5.7 1. Proyecto Piloto Penitenciario.3 1.6 7.2 10.084 Actividad de reinserción social Indulto Visita íntima Rebaja de multa Total 158 51 51 36 35 28 18 15 13 13 13 12 8 6 5 3 465
% 33.8 3.7 7.7 5.
Este plan piloto constituye un avance sustantivo en materia de protección y reconocimiento de derechos de los condenados sometidos a privación de libertad.La labor de esta sección especializada ha sido ardua.7 2. Su realización ha generado un conocimiento que ha permitido estructurar un modelo definitivo de defensa penitenciaria aplicable a todo el país.2 2. Además.0 2.5 1.
especialmente gracias a la conformación de un sinnúmero de convenciones internacionales sobre derechos humanos.67
67 En este sentido. el respeto de los derechos de los condenados se ve fortalecido. A su vez. una de las aristas fundamentales de la estructura de un sistema carcelario. y a la vez son la base de un cambio sustancial en el tratamiento de la situación penitenciaria nacional. o quedar sujetas a la fiscalización efectiva de un juez u otra actividad”. sino también a todo sujeto encarcelado. la idea de que los derechos de los condenados privados de libertad terminan cuando ingresan a cumplir su pena fue tornándose inaceptable. Asimismo. JUECES DE EJECUCIÓN PENAL: CONTROL JUDICIAL DE LA LABOR PENITENCIARIA
Los controles externos en la fase de ejecución de la sanción penal son. esta experiencia debe ser apoyada tanto administrativa como económicamente. sin lugar a dudas. el Principio 4 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión señala: “Toda forma de detención o prisión y todas las medidas que afectan a los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión deberán ser ordenadas por un juez u otra autoridad. para engrosar el número de beneficiarios hasta abarcar todo Chile. tanto en el ámbito de los derechos humanos como de las garantías constitucionales y penitenciarias. Las posibilidades de que el interno sea escuchado en sus alegaciones aumentan. y se satisface la necesidad vital de contar con una asistencia letrada que dota de operatividad técnica al derecho a defensa. es clave el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo. aun cuando dicha violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. Sus objetivos son vitales para resguardar los derechos y garantías de quienes están sometidos a una medida privativa de libertad. en las otras catorce regiones se sigue vulnerando el derecho a defensa de los reclusos.sean menos vulnerables a las prácticas inadecuadas y a la infracción de derechos. por lo que las posibilidades de un tribunal de intervenir eran casi nulas. Gracias a ello.14 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores privados de Libertad
. Puesto que el plan se desarrolla solo en la Región de Coquimbo.
8. Históricamente. ante jueces o tribunales competentes para que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. que fueron claras en señalar los derechos y garantías que asisten no solo a los condenados privados de libertad. esta etapa ha estado en manos de la administración. que en la etapa de ejecución cobra gran trascendencia. cuyos mandatos deben ser cumplidos inexcusablemente por los operadores. porque los mecanismos de control contrapesan el actuar discrecional de las instituciones que participan de la ejecución de la pena. Su importancia también radica en que este plan da cumplimiento a un cúmulo de normas constitucionales y legales. Por ello. el punto II. la Ley o la presente convención. Con el tiempo.
y solo en los últimos años se ha intentado instalarla en los programas de gobierno o en las iniciativas legislativas.084. La reforma procesal penal solo indica el órgano que debe realizar esta función. tanto el Código Orgánico de Tribunales. letra f.
. tanto de organismos estatales como de instituciones del mundo privado. aun cuando lo ha impactado fuertemente. Esa necesidad ha quedado de manifiesto en varios estudios. traslados arbitrarios o la aplicación arbitraria de sanciones disciplinarias. históricamente el tema de la ejecución penal no se ha encontrado entre las prioridades del Estado. Tal competencia se le entrega no solamente en materia de adultos. sino también de adolescentes infractores sujetos a las disposiciones de la Ley 20. en el sentido de que no ha implicado cambios relevantes en el ámbito penitenciario. será garantizada por la autoridad competente”. Un ejemplo es el informe elaborado por el Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública.
consigna: “La protección de los derechos individuales de los menores. que da cuenta de la desconexión estructural entre la reforma procesal penal y el sistema penitenciario:
Esta reforma procesal penal ha estado desconectada del sistema de ejecución de penas. quien solo se pronuncia sobre la sustitución. En materia de adolescentes. la denegación arbitraria de beneficios. diciembre de 2008. le entregan al juez de garantía “la facultad de ejecutar las condenas criminales y las medidas de seguridad y resolver las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecución”. todo lo cual evidencia la falta de una política criminal integral e intersectorial. para que no se sigan vulnerando de manera flagrante los estándares internacionales sobre derechos humanos de los reclusos.68 Hay acuerdo en cuanto a la necesidad de una reforma en este ámbito.69
A lo anterior se suma la demora en el anteproyecto de ley sobre ejecución penal que deja la tutela de los derechos de los condenados privados de libertad a una norma de simple rango reglamentario. en su artículo 50 y siguientes. entrega competencia al juez de garantía. “Modelo y sistema de defensa penitenciaria”. por lo que respecta especialmente a la legalidad de la ejecución de las medidas de detención. 69 Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública.084. Asimismo. como el Código Procesal Penal. mas no las materias que están sujetas a su conocimiento. la Ley 20. 4. Esto. artículo 14. a pesar de imponer importantes restricciones a garantías constitucionales. Es así como el ente encargado de realizar el control de la fase de ejecución de las sanciones penales es el juez de garantía. los cuales exigen que los mecanismos judiciales sean expeditos y efectivos. artículo 466. inciso primero. remisión y quebrantamiento.Actualmente en nuestro país el diseño de la etapa de ejecución de sanciones penales es deficitario. p. menos un procedimiento. 68 En materia de adultos. generando un vacío en torno de los clásicos problemas de vulneración de derechos.
cuestiones como el acceso a los beneficios intrapenitenciarios.gr.70 El informe del Consejo para la Reforma Penitenciaria también distingue como uno de los grandes problemas del sistema penitenciario la ausencia de control de la fase de ejecución de las sanciones penales:
Actualmente existen escasos o nulos controles externos en el ámbito de la ejecución de la pena que se limitan. sean controladas tanto desde la perspectiva del cumplimiento de las sanciones como para brindar protección a quienes se encuentran privados de libertad. entre otros.71
En cuanto a la recomendación surgida respecto de este punto. la aplicación de sanciones.72
El Ministerio de Justicia ha trabajado desde aproximadamente el año 2006 en un proyecto de ley destinado a crear la figura del juez de
70 Id. lejos de incentivar a los jueces a ser más proactivos en su función cautelar de los derechos de las personas privadas de libertad. En efecto. casi exclusivamente.. 20. por lo que todo pareciera indicar que es necesario que se legisle respecto de esta figura. 72 Id. Por lo demás.. artículo 466 del CPP) es insuficiente y limitada.
. p. pues ello debiera resultar en un incentivo para que las propuestas. como una forma de darle mayor sustentabilidad a los anteriores cambios propuestos. la libertad condicional. ya largamente indicadas. p. En ese sentido sería necesario establecer una figura con facultades de fiscalización y control de la fase de ejecución penal. 71 Consejo para la Reforma Penitenciaria. p. “Recomendaciones para una nueva política penitenciaria”. son temas de extrema sensibilidad en el ejercicio de los derechos de las personas privadas de libertad.unido a la ausencia de jueces de ejecución especializados y con dedicación exclusiva. incrementa la falta de control judicial regular en la etapa de cumplimiento de la pena. 5. los inhibe en términos de competencia y deciden mantener la cuestión en el ámbito administrativo. a la posibilidad que tienen los internos de interponer alguna acción constitucional (amparo o protección) o de presentar alguna solicitud ante el juez de garantía. en este último caso. la regulación del Código Procesal Penal (v. 42. los traslados. el informe del Consejo para la Reforma Penitenciaria señala:
Parece necesario que se legisle de manera de controlar eficazmente la fase de ejecución penal. lo que muchas veces.
Universidad Diego Portales. “Estudio sobre el diseño normativo e institucional para la implementación de jueces de penas y medidas de seguridad en Chile”. La modificación de la ejecución de la pena impuesta. d. en fase de estudio de costos por parte de Gendarmería de Chile. También la Universidad Diego Portales realizó una investigación relacionada con el juez de ejecución penal. los traslados. 74 Ver Álvaro Castro Morales. y su falta de especialización en temas penitenciarios. La ejecución de las medidas cautelares personales contempladas en el Código Procesal Penal y de cualquier otro apremio. por encargo de la Biblioteca del Congreso Nacional. que reduciría la posibilidad de que realicen su trabajo de manera eficaz. b. Jorge Mera Figueroa y Miguel Cillero Bruñol. entre otros. arresto sustitutorio. Cualquier acto que afecte las garantías y derechos del condenado.74 Ella abordó los principales problemas que aquejan al sistema penitenciario y analizó cada uno de los modelos de control jurisdiccional que se han presentado en los ordenamientos comparados. e. preso o sujeto a medida de seguridad por parte de los organismos del Estado encargados de su ejecución o de los terceros que intervengan en ella. Con ello se despeja la separación entre el juez de ejecución y el juez de garantía. se le confiere al juez de ejecución de penas la siguiente competencia: a.ejecución penal.
. Específicamente. entre otros. condonación de multas. los permisos de salida. la consultora alemana GTZ y el Ministerio. Las modalidades de la ejecución de las penas. La investigación se llevó a cabo entre marzo y agosto de 2009. Escuela de Derecho. La revisión de las decisiones relativas a las medidas alternativas a la pena privativa de libertad. especialmente las decisiones relativas a la libertad condicional y a la rebaja de condena. Todas aquellas materias que la ley le encomiende. el órgano jurisdiccional encargado del control de la etapa de ejecución de sanciones penales se emparentaría con la jurisdicción contenciosa administrativa. tales como los que surjan del régimen disciplinario. Por último. Al cierre de este Informe. g. Así. La ejecución de las medidas de seguridad y de su cesación. tales como el tratamiento penitenciario. c. este proyecto de ley se encuentra en etapa de estudio en el Ministerio de Justicia. f. presentó una propuesta basada en la idea de que el objetivo del control judicial de la ejecución se refiere tanto a los
73 Para desechar la vinculación entre el juez de ejecución y el juez criminal se tomaron como argumentos la enorme competencia de los jueces de garantía. creando una judicatura especial que adhiere a un modelo mixto en donde interviene un juez de ejecución propiamente tal y la administración penitenciaria.73 Según este proyecto.
Los esfuerzos que se han hecho de un tiempo a esta parte han quedado reducidos a buenas intenciones. en torno del 70% por sobre la capacidad máxima del sistema carcelario. y que era preferible dedicar un grupo de jueces de garantía a este propósito. De ahí que el juez de ejecución de penas deba tener competencia para resolver ambos tipos de conflictos. Los medios y los mecanismos están disponibles. modificar la idiosincrasia de nuestra nación. tomando en cuenta los datos de los centros de privación y su población recluida. pero falta voluntad política para llevar adelante los cambios. que remarcan la necesidad imperiosa de reformar el sistema: en los últimos tres años el porcentaje
75 Se planteó concentrar el trabajo de control en grupos de jueces preferentemente variables. que ha dado señales incompletas en atención a lo que estimamos debe ser considerado óptimo.
Se han abordado brevemente los problemas fundamentales del sistema penitenciario. como a la eficacia de las penas y medidas de seguridad. Un estudio de la Fundación Paz Ciudadana publicado a fines de julio de 2010 entregó nuevas cifras. En cuanto a quién debe ejercer el rol de juez de ejecución. cambiar metodologías y comportamientos adquiridos. poniendo énfasis en su vocación de servicio en este ámbito. Solucionarlos depende de la nueva administración. que deben ser respetados por la autoridad encargada de la ejecución. Con ello se aprovecha la infraestructura de la reforma procesal penal y las destrezas ya adquiridas por esta judicatura en la cautela de derechos fundamentales y control de la intervención penal.derechos y garantías del condenado. se recomendó que los criterios generales para la elección de jueces apunten a dos características: la voluntariedad en la elección de los jueces de dedicación preferente. El Presidente Sebastián Piñera le otorgó un plazo de tres meses para revisar y proponer medidas que tiendan a mejorar la situación carcelaria. Reformar el sistema carcelario implica buscar soluciones para problemas históricos.
. Al cierre de este Informe. en un contexto de cifras de hacinamiento muy preocupantes. velando tanto por los derechos del condenado como por la eficacia de la pena y de las medidas alternativas. el informe recomendó que no se creara un nuevo escalafón o categoría. y la capacitación y especialización en materias penitenciarias. de acuerdo al tamaño del tribunal y al número de causas de condenados. Mientras no se reforme sustancialmente la estructura carcelaria. el ministro de Justicia se encontraba trabajando en el tema.75 A su vez. se seguirán vulnerando los derechos fundamentales de los reclusos.
Teniendo en consideración estos desafíos y la información suministrada en este capítulo. aumentar la capacidad de los penales existentes. Trabajar con miembros de todos los sectores de la sociedad para consensuar una posición respecto del enfoque de las reformas estructurales que la nueva administración desea implantar en el sistema penitenciario de adultos y adolescentes. 5. que moderniza Gendarmería de Chile.613 internos. también es necesario darles las herramientas y las oportunidades para reinsertarse en la sociedad y sentirse parte de una comunidad. El respeto a los derechos fundamentales de las personas en situación de cárcel y el trato digno y humanitario no se satisfacen entregando frazadas y colchonetas. pero no aluden a las cuestiones de fondo. Además.2% al 60. revisar constantemente las condiciones de vida en los recintos penitenciarios que recibieron reclusos desde las cárceles que resultaron destruidas. Para esto se recomienda tomar el mayor número de medidas tendientes a cumplir los fines de rehabilitación y resocialización de los internos. Todas estas medidas tienden a mejorar las cifras.de sobrepoblación ha aumentado del 45.016 plazas disponibles en las cárceles de nuestro país. Velar por el fiel cumplimiento de los mandatos establecidos en la Ley 20. a tornar un sistema en crisis en uno más eficiente. Para subsanar la situación se ha pensado en crear sistemas de penas alternativas. Implantar definitivamente en Chile un modelo de control judicial de la actividad penitenciaria que tenga por función principal velar por el fiel respeto de los derechos y garantías fundamentales. Analizar los resultados del proyecto piloto de defensa penitenciaria implementado por la Defensoría Penal Pública en la Región de Coquimbo. 2. se plantean a la autoridad las siguientes recomendaciones: Definir los planes de reconstrucción de los recintos penales que quedaron inutilizados producto del terremoto del 27 de febrero de 2010. 4. construir más cárceles. número que supera por mucho las 34. etc. mientras que en marzo de 2010 la población recluida era de 54.
10. reconocer su importancia para la población privada de libertad y apoyar tanto política como económicamente una eventual ampliación del proyecto a las demás regiones de nuestro país.
1.426. y mejorar las competencias de los funcionarios mediante cursos de capacitación y repaso. 3.6%.
Revisar la estructura de la libertad condicional.
.6. buscando que se transparente y funcione de manera más eficaz. dejando de lado cualquier cariz político que influencie la toma de decisiones. a objeto de que este beneficio se aplique en todos los casos en los que se cumplan los requisitos impuestos por la normativa vigente.
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 artículo 8
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 artículo 2
 artículo 37
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 19
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 resolución 
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 artículo 25
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 artículo 466
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