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Timestamp: 2017-11-24 15:12:01+00:00

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Cargado por Henry J González A
Rafael Badell Madrid Conjuez de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Profesor de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello Universidad Central de Venezuela Sumario: I. EL CONTENCIOSO TRIBUTARIO II. EL CONTENCIOSO TRIBUTARIO COMO PARTE DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO III. AMBITO DE APLICACION DEL CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO A. Ambito de aplicación objetivo B. Ambito de aplicación subjetivo IV. BREVE REFERENCIA A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PREVISTOS EN EL CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO A. Aspectos generales de aplicación a los procedimientos administrativos B. Del procedimiento de repetición de pago 1. Naturaleza y objeto 2. Condiciones de procedencia 3. Efectos de la sentencia C. Del procedimiento de recuperación de tributos 1. Naturaleza y objeto 2. Condiciones de procedencia 3. Efectos de la sentencia D. De las consultas tributarias 1. Naturaleza y objeto 2. Condiciones de procedencia 3. Efectos de la consulta E. Del Recurso Jerárquico 1. Naturaleza y objeto 2. Condiciones de procedencia 3. Sustanciación del recurso 4. Efectos del recurso F. Del Recurso de Revisión 1. Naturaleza y objeto 2. Condiciones de procedencia ______________ V. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTEMPLADOS EN EL CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO A. El Recurso Contencioso Tributario 1. Naturaleza Jurídica 2. Del objeto del recurso 3. Actos impugnables 4. Legitimación
5. Del carácter alternativo del recurso 6. De la caducidad del recurso 7. De la no suspensión de los efectos por interposición del recurso. Medidas cautelares a. Peligro de daño b. Apariencia de buen derecho 8. Organos jurisdiccionales competentes 9. Del procedimiento a. Interposición y admisión del recurso b. Lapso probatorio c. Los informes d. La sentencia i. Apelación ii. Ejecución de sentencias B. El Amparo Tributario 1. Naturaleza jurídica 2. Objeto del recurso 3. Condiciones de procedencia 4. Efectos de la decisión C. La Transacción Judicial en materia tributaria D. El Arbitraje Tributario 1. Naturaleza jurídica 2. Materias objeto de arbitraje 3. Límites al contenido y alcance del laudo arbitral 4. Procedimiento 5. Efectos del laudo arbitral VI. BIBLIOGRAFÍA I. EL CONTENCIOSO TRIBUTARIO El recurso contencioso tributario es un medio judicial de impugnación de actos de efectos particulares dictados por la Administración Tributaria ya sea que éstos determinen tributos, apliquen sanciones o afecten de cualquier forma los derechos subjetivos de los particulares.[1] El origen en Venezuela de este medio de impugnación se halla en el Recurso Contencioso Fiscal previsto en las leyes de impuesto sobre la renta, a partir de 1966. Puede afirmarse que el contencioso tributario venezolano aparece en el siglo XX. En efecto, el 17 de julio de 1942 fue aprobada en Venezuela la primera Ley de Impuesto sobre la Renta, cuyo artículo 50 creó una Junta de Apelaciones dentro del Ministerio de Hacienda, la cual tenía la facultad de resolver las cuestiones que se suscitaran con motivo de la calificación de la renta así como conocer, en apelación, de todas las multas que fueren impuestas por razones distintas a la improcedencia del impuesto. Si la multa fuere impugnada alegando la improcedencia de la contribución, era del conocimiento de los Tribunales Superiores de Hacienda y los jueces de Primera Instancia que tuvieran función de jueces Federales; estas sentencias eran apelables ante la Corte. En 1944 se reformó la Ley de Impuesto sobre la Renta y se le atribuyó a la Junta de Apelaciones la competencia para conocer sobre la posible improcedencia de un impuesto. En tal sentido, la Corte Federal y de Casación, en sentencia del año 1954, reconoció que esa Junta habría cobrado categoría de Tribunal Jurisdiccional y que sus sentencias serían apelables ante la propia Corte, la cual agotaría la instancia. Las Leyes de Impuesto sobre la Renta del 30 de Diciembre de 1946 y del 12 de noviembre de 1948 mantuvieron la redacción de la Ley de 1944. No fue hasta 1955 cuando la nueva Ley de Impuesto sobre la Renta creó el Tribunal de Apelaciones de ese impuesto, cuyos miembros eran elegidos por la Corte Federal. Ese tribunal conocía en primera instancia y, por apelación, las controversias suscitadas entre la Administración y los contribuyentes con motivo de la imposición del Impuesto Sobre la Renta. La Ley de 1961 no introdujo modificaciones sustanciales a la organización por lo que la estructura judicial de ese entonces no se daba abasto con la cantidad de recursos que ejercían los contribuyentes. Por esta razón se creó un Tribunal de apelación adicional de tal manera que para finales de 1966, ya existían en Caracas, con jurisdicción en toda la República, dos Tribunales de Apelación del Impuesto Sobre la Renta.
acciones y procedimientos especiales que en definitiva acogen la especificidad de las actividades de la Administración. Desde entonces. en tanto disciplina jurídicas autónomas. quedó establecido en un instrumento que no se circunscribió al impuesto sobre la renta sino a todos los tributos nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de ellos. incluso por desviación de poder. en virtud de que el accionante considera que un acto administrativo es ilegal o ilegítimo. . definitivamente. condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.[6] Por ello la determinación y recaudación de los tributos se alimenta de conceptos del derecho administrativo. retrotrajo al país a la época de empezar el aprendizaje del contencioso fiscal. el régimen de impugnación de los actos administrativos dictados por la Administración Tributaria. contra la decisión del referido recurso de reconsideración. es importante hacer referencia a la autonomía que caracteriza al Derecho Tributario. incluso por desviación de poder. Tal y como lo afirma Fraga Pittaluga. remitir de inmediato todas las actuaciones al Tribunal. se modificó sustancialmente el régimen de control de los actos de la Administración Tributaria. condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de los daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración. sujetas al control jurisdiccional.[5] es correcta la afirmación de Luis María Cazorla en cuanto a que el Derecho Financiero y Tributario. en lo concerniente al contencioso de los tributos. el artículo 224 de ese Código dispuso la creación de 8 Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario. para resolver los conflictos surgidos entre la Administración y los administrados. en Sala Político-Administrativa. es sin duda. Esta norma establece una jurisdicción especial. En efecto. los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa tienen la competencia para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho. la jurisdicción contencioso tributaria ha sido descentralizada. la garantía del principio de la legalidad aplicado a la Administración Pública. distinta de la jurisdicción ordinaria. En efecto. La propia denominación del contencioso administrativo indica de qué se trata. en criterio de Ramírez Murzi. podía interponerse el recurso contencioso fiscal para ante los Tribunales del Impuesto sobre la Renta. Las decisiones dictadas por esos Juzgados Superiores serían apelables ante la Corte Suprema de Justicia. EL CONTENCIOSO TRIBUTARIO COMO PARTE DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO El proceso contencioso tributario es. Si no se hubiere interpuesto antes el recurso de reconsideración. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho. que conforman. En efecto. Para Brewer Carias. la Administración tenía un plazo cierto de ciento veinte (120) días para revisar al acto antes de enviarlo al tribunal. en lo siguientes términos: “La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. el cual debía ser interpuesto ante la Administración General a través de la Administración Seccional que lo originó. que da solución a una controversia planteada a nivel jurisdiccional[4].Con la entrada en vigencia de la Ley de Impuesto Sobre la Renta de 1966. el artículo 259 de la Constitución consagra con rango constitucional la jurisdicción contencioso administrativa. en atención al carácter especial del contencioso tributario. hechos y actuaciones de la Administración a control por órganos judiciales especializados. Conforme a esta disposición. En primer lugar. como lo es el contencioso tributario. Las Leyes de Impuesto sobre la Renta de 1975. una sub-especie del proceso contencioso administrativo. En segundo término. se instituyó el recurso de reconsideración en vía administrativa contra el acto de liquidación fiscal. II. a los cuales sólo se les aplicaba ese Código en relación a la obligaciones legales de índole pecuniaria establecidas a favor de las personas jurídicas no estatales. es por su naturaleza un proceso contencioso administrativo. en especial. Considerando los tres elementos que pueden determinar la autonomía científica de una rama del derecho expuestos por el profesor Rodríguez Bereijo. Este sistema está integrado por tribunales. pues perdía la posibilidad de decidir y debía entonces. dando lugar así a los denominados contenciosos especiales. las sucesivas reformas incluyendo el vigente Código Orgánico Tributario de 2001 han conservado. conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos. una controversia con la Administración. (iii) la materialización del silencio suponía una incompetencia sobrevenida en razón del tiempo para la Administración. con excepción de los tributos aduaneros. (ii) existía una especie de silencio administrativo negativo para el caso de que la Administración no se pronunciare dentro de los ciento veinte (120) días señalados con respecto a la reconsideración. se encuentran plenamente zambullidos en un conjunto de normas. y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”. Sin embargo. del ejercicio de potestades administrativas ejercidas por el Fisco. que era optativo. Está reforma. prevista en el artículo 259 de nuestra Carta Fundamental. Posteriormente a ello y con ocasión de la entrada en vigencia del Código Orgánico Tributario de 1994. este proceso consagrado en el artículo 259 y siguientes del COT y que tuvo como antecedente más cercano la figura del contencioso fiscal. consecuencia del Estado de Derecho. no es sino hasta la promulgación del primer Código Orgánico Tributario en 1982. 1978 y 1981 conservaron en términos generales el sistema de la Ley de 1966. que agotaba la vía administrativa. Ahora bien. y su entrada en vigencia en el año 1983. el contencioso administrativo es una contención. de manera similar. La característica esencial de este Código radicó en que el régimen jurídico de la revisión de los actos de contenido tributario en la vía administrativa y de impugnación de las actuaciones u omisiones de la Administración Tributaria en vía judicial. o porque una actividad administrativa lesiona los derechos subjetivos o intereses personales de un particular. con motivo de la actividad desplegada por aquélla en el ejercicio de sus funciones. en el caso venezolano. cuando en Venezuela se dio un paso decisivo en la unificación del derecho tributario. Así. este recurso gozó de los siguientes peculiaridades [3]: (i) el recurso debía ser interpuesto ante la Administración y era ésta quien admitía o no dicha acción. de allí que se encuentre enmarcado en el ámbito especial de su competencia gozando de todas las características de aquel. la denominada"jurisdicción contencioso-administrativa". categorías y conceptos jurídicos que se proyectan sobre todo el derecho.[2] El recurso contencioso fiscal. está en la posibilidad abierta constitucionalmente a los particulares de poder someter los actos. puesto que se trata precisamente. el antecedente más cercano al recurso contencioso tributario actual.
Concluimos entonces que el contencioso tributario forma parte del contencioso especial. cualquiera que sea. el juez tiene por misión apreciar la legalidad fiscal y no pronunciar decisión sobre derechos subjetivos. ya que no sólo regula la legalidad de los actos.. incluyendo aquellos tributos determinados por administraciones tributarias extranjeras cuya recaudación sea solicitada por la República. tal y como lo afirma Gabriel Ruan Santos.” De forma concordante Ilse Van Der Velde ha sostenido que el recurso contencioso tributario debe considerarse como un “recurso ordinario y autónomo que participa de la naturaleza del Recurso Contencioso Administrativo de anulación y del recurso de plena jurisdicción por cuanto. como un sistema procesal con amplias atribuciones del juez para llegar a determinar las reales situaciones jurídicas sustantivas. participa de algunos momentos de naturaleza muy semejante al de plena jurisdicción. ya que en el aspecto sustantivo se consolida.. reconoce el propio Trotabas que el carácter objetivo del contencioso tributario. no sólo deviene de la facultad que tiene el juez contencioso tributario de decidir sobre el fondo de la controversia planteada sino en el poder de reestablecer las situaciones jurídico subjetivas que pudieron haber sido lesionas por el acto de la Administración Tributaria cuya nulidad se pretende. el COT contempla las regulaciones generales aplicables a los tributos y las relaciones jurídicas que de ellos emanen.. (iii) es inquisitivo. reforma. ya que en tanto proceso especial goza de las mismas características del contencioso administrativo de anulación.. porque cae al fondo del proceso[12]. Sin embargo.. en relación a los tributos aduaneros. AMBITO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO El estudio del contencioso tributario en Venezuela ha de realizarse sobre la base del análisis de las disposiciones del Código Orgánico Tributario (COT). sino que es capaz de resarcir las situaciones jurídico subjetivas que han sido lesionadas. las cuales prevén los procedimientos aplicables a las controversias que se deriven de la relación tributaria. A. existe un predominio de caracteres común entre el sistema y el subsistema –el contencioso administrativo y el contencioso tributario.[9] Sin embargo. otorgando siempre al juez la posibilidad de restituir tanto los derechos subjetivos como los intereses legítimos personales y directos que hayan sido lesionados por una actuación administrativa. Parte de la doctrina afirma que el proceso no es un litigio inter-partes ya que la finalidad del mismo es observar la legalidad de los actos emanados de la Administración Tributaria impugnados por el recurrente sin que se pretenda el resarcimiento de la situación jurídica lesionada. la caracterización de este procedimiento como subjetivo.[7]” Sin embargo..el recurso contencioso tributario. en la utilización de la noción básica de acto administrativo y de sus elementos. en los poderes inquisitivos del juez y. el COT es aplicable en forma supletoria a los tributos de los Estados. la tendencia de la doctrina ha calificado al procedimiento contencioso administrativo como un juicio objetivo al acto cuya nulidad se pretende. a los recursos administrativos y judiciales.. (v) es especializado. puesto que es siempre de naturaleza objetiva. de conformidad con los artículos 259 y 242 del COT. con la salvedad de que la potestad tributaria de esos entes político territoriales para la creación. No puede dejar de considerarse que nuestro sistema de impugnación de actos administrativos. apliquen sanciones o afecten en cualquier forma los derechos de los administrados podrán ser impugnados por quien tenga interés legítimo personal y directo” (énfasis añadido).que se manifiesta en “el examen judicial de actuaciones que concretan el ejercicio de potestades administrativas.el contribuyente se encuentra en una situación jurídica general e impersonal cualquiera que sea la naturaleza del impuesto al cual está sometido. modificación. vinculado a la situación estatutaria en que se encuentra el contribuyente.[11] Similar criterio expone Marco Ramírez Murzi quien considera que “. Asimismo. o tiende a caracterizarse superando concepciones jurídicas adversas. puesto que controla el ejercicio del poder de la Administración Tributaria. aun más allá de las alegaciones y probanzas de las partes. Cuando este estatuto legal o reglamentario es examinado por el juez fiscal. a saber: (i) es de rango constitucional.. a la determinación de intereses y en lo relativo a las normas para la administración de tales tributos. en virtud de la particularidad de las normas que lo componen y por último. esto es. el COT sólo será aplicable en lo atinente a los medios de extinción de las obligaciones.”[8] Por su parte. De allí que deba afirmarse el contencioso tributario venezolano sea esencialmente subjetivo. Ahora bien.determinen tributos. especial relevancia reviste la caracterización del contencioso tributario como un procedimiento esencialmente subjetivo. el Juez Contencioso Tributario no sólo se limita a anular el acto impugnado (de ser procedente) sino que entra a conocer y decidir el fondo del asunto y. III. en la invocación de la presunción de legitimidad del acto administrativo. de allí que afirme que “. a diferencia de otros sistemas como el francés. (vi) es subjetivo. Prueba de ello es que ese recurso. toda vez que éste es el genero y aquél es la especie.el contencioso de la imposición es sin discusión un contencioso de plena jurisdicción”. no distingue entre el contencioso de nulidad y el de plena jurisdicción. así ordena su anulación. En efecto. . procede contra los actos de la Administración Tributaria que “.[10]” No obstante. Afirma Jarach que “el proceso tributario se caracteriza en general. Municipios y demás entes de la división político territorial.”.. (ii) es controlador. puesto que está previsto directamente en la Constitución. (iv) es procedimental. Adicionalmente.. Asimismo. las obligaciones tributarias y las pretensiones correspondientes al fisco.el contencioso fiscal es en sí mismo un contencioso objetivo. en la necesidad del expediente administrativo. Ambito de aplicación objetivo El Código Orgánico Tributario aplica a los tributos nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de esos tributos. este predominio de caracteres comunes coincide únicamente en el aspecto adjetivo del derecho tributario.[13] En nuestro criterio. En tal sentido. pero debe ser tratado en cuanto al procedimiento como un contencioso de plena jurisdicción. no es absoluto y admite atemperación. si bien emana del recurso de anulación. los procedimientos contenciosos tributarios encuentran previsión expresa en el Código Orgánico Tributario. Trotabas considera que “.. modificación o sustitución”. ya que permite al juez la corrección de irregularidades que no hayan sido alegadas por las partes en virtud del principio del control de la legalidad. con expresa restricción de los tributos aduaneros cuya regulación se encuentra prevista en la Ley Orgánica de Aduanas. el autor francés Phileppe Bern contradice de forma categórica el criterio expuesto por Trotabas afirmando que “. de allí que goce de las características esenciales que la doctrina ha reconocido al contencioso administrativo general. no puede afirmarse que el contencioso tributario sea esencialmente objetivo. en cualquier otro caso debe entenderse que la aplicación del COT es supletoria.. la autonomía de esa rama del derecho. tal y como se expreso ut supra. en los efectos del fallo.
artículo 211 y siguientes. el ámbito de aplicación objetiva del COT se extiende a todos los tributos nacionales y a las contribuciones especiales. al procedimiento de recuperación de tributos. las distintas entidades político-territoriales que ejercen sus potestades tributaras (i. (vid. a saber: (i) personalmente. Por su parte. Ahora bien. el ente público que demanda una obligación tributaria. surtiendo efecto el día hábil siguiente. B. En cuanto al régimen de las notificaciones previsto en el COT. en sede administrativa. (ii) a través de constancia escrita o (iii) por correspondencia. correspondiendo la decisión a la máxima autoridad jerárquica. en las distintas expresiones del Poder Público y los sujetos pasivos. previsto en los artículos 208 y siguientes y el procedimiento para la intimación de los derechos pendientes. Por último. En consecuencia. algunos de ellos derivan de las facultades y atribuciones reconocidas a la Administración Tributaria y cuya función es la determinación o fiscalización de las obligaciones de los contribuyentes. artículo 177 y siguientes. Ahora bien. A los fines del contencioso tributario interesa resaltar aquellos procedimientos destinados a la protección de los derechos de los contribuyentes y que constituirán los mecanismos de control. en cuanto al sujeto activo de la obligación tributaria. Naturaleza y objeto Conforme a lo previsto en el artículo 194 del COT “Los contribuyente o los responsables podrán solicitar la restitución de lo pagado indebidamente por tributos. corresponderá a la Administración Tributaria impulsar de oficio el procedimiento. previsto en los artículos 169 y siguientes. exoneraciones.e. la República. dispone el artículo 18 del COT que será el ente acreedor del tributo. las normas derivadas del derecho procesal civil. de las potestades ejercidas por la Administración Tributaria. Art. beneficios y demás incentivos fiscales. claro está que si la decisión no . de conformidad con la Constitución y demás leyes. Debe entenderse entonces. representantes y abogados asistentes. 195 COT). Dentro de los procedimientos consagrados a tales efectos. asimismo. Asimismo. el cual contempla el principio general de notificación en materia administrativa. siempre que no estén prescritos ”. los Estados y los Municipios). En relación al régimen probatorio previsto en el artículo 156 y siguientes del COT. el particular que considera ilegal o desproporcionada la actuación de ese ente. artículo 172 y siguientes. A su vez. pudiendo acordar la práctica de las pruebas que estime necesarias. cuando ello implique la prueba confesional de la Administración. encontramos el procedimiento de recaudación en caso de omisión en las declaraciones. Del procedimiento de repetición de pago 1. Asimismo. haremos breve referencia al procedimiento de repetición de pago. el artículo 19eiusdem establece que el sujeto pasivo es el obligado a las prestaciones tributarias. casos en los cuales surtirá efecto el quinto día hábil siguiente. Aspectos generales de aplicación a los procedimientos administrativos Como principio general. el COT. el artículo 161 consagra que la notificación es requisito sine qua non de eficacia de los actos administrativos de efectos particulares. contados a partir de la fecha de presentación de la petición. cuya inobservancia puede ser considerada como un indicio de los ilícitos tributarios que están sancionados con penas privativas de libertad. el principio general será la libertad de pruebas con expresa exclusión del juramento y de la confesión de empleados públicos. ya sea en calidad de contribuyente o de responsable. incluyendo el establecimiento de exenciones. la Administración no valorará aquellas pruebas que sean manifiestamente impertinentes o ilegales. A tales efectos. ello se muestra acorde con lo previsto en el artículo 73 de la LOPA. al recurso jerárquico y al recurso de revisión. que en relación a los procedimientos tributarios. es decir. dejando a salvo aquella información que haya sido calificada previamente como confidencial. el orden de aplicación de las normas seráprimero. la LOPA y tercero. las normas que regulan los procedimientos en el COT serán de aplicación preferente a las dispuestas en otras leyes. se prevé una presunción iuris tantum en cuanto a la veracidad de los hechos u omisiones conocidos por las autoridades fiscales extranjeras. se contempla la garantía del silencio negativo ante la falta de respuesta de la Administración Tributaria en un plazo superior a treinta (30) días hábiles. En cuanto a las regulaciones generales aplicables a los procedimientos administrativos. Dicha reclamación se debe interponer por ante la máxima autoridad jerárquica de la Administración Tributaria o a través de cualquier otra oficina de la Administración Tributaria respectiva. en verdad el COT comprende una multiplicidad de obligaciones en cabeza de los contribuyentes. sanciones y recargos. el COT prevé en términos análogos al artículo 59 de la LOPA que el expediente administrativo podrá ser consultado por los interesados. será ejercido por dichos entes dentro del marco de la competencia y autonomía que le sean otorgadas. o bien. BREVE REFERENCIA A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PREVISTOS EN EL CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO El COT prevé distintos procedimientos administrativos. se aplica de forma supletoria a los tributos de los demás entes político territoriales y a los tributos aduaneros. el lapso para resolver esta solicitud no deberá exceder de dos (2) meses. al procedimiento de consulta tributaria. intereses. tales notificaciones podrán ser efectuadas en tres formas distintas. IV. plazo que por demás no se corresponde con el previsto en el régimen general aplicable a los procedimientos administrativos tributarios. podemos afirmar que los actores del contencioso tributario serán. el procedimiento de fiscalización y determinación. El término de pruebas será fijado en cada caso concreto en atención a la complejidad e importancia del asunto. el procedimiento para la declaratoria de incobrabilidad. en cuanto ocurra el presupuesto de hecho previsto en la ley”. pero en todo caso no podrá ser inferior a diez (10) días hábiles. Así.[14] En virtud de lo anterior. segundo. o bien. como lo prevé el artículo 148 del COT en cuanto a la aplicación supletoria de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA). Ambito de aplicación subjetivo El ámbito de aplicación subjetivo del COT deriva del surgimiento de la obligación tributaria. dispone el artículo 13 del COT que “la obligación tributaria surge entre el Estado. Si bien es cierto que la redacción de este artículo nos lleva a pensar en la obligación de pago derivada del acaecimiento del hecho imponible. B. A.supresión o recaudación de tributos. Adicionalmente. el procedimiento de verificación.
procediendo a iniciar el procedimiento de fiscalización y determinación del contribuyente. 3. la recuperación de los tributos que han sido soportados por el contribuyente solicitante. por lo que los procedimientos de recuperación de tributos previstos en leyes especiales privarán sobre las previsiones del COT. rechazar los créditos fiscales objeto de la recuperación. la Administración Tributaria podrá optar por deducir las cantidades indebidamente acordadas de las siguientes solicitudes presentadas por el contribuyente. por inexistencia de la obligación tributaria o por la omisión de disfrute de beneficios.)”. En el caso de que la Administración determinase procedente la solicitud de recuperación. intereses. Efectos de la decisión En caso de que se declare con lugar la repetición del pago. En fin.” 2. No obstante. esta reclamación podría originarse “(. podrá suspenderlo hasta por un plazo de noventa (90) días. Condiciones de procedencia El simple hecho de haber pagado por error faculta al contribuyente para ejercer la acción de repetición. el lugar en donde se deben efectuar las notificaciones. Si en el proceso de verificación de la solicitud. Una vez verificado lo anterior. Este procedimiento persigue. podrá entregar los montos correspondientes a los contribuyentes a través de certificados especiales físicos o electrónicos. Tal y como señala el profesor Ruan Santos. de conformidad con el artículo 198 del COT. Parágrafo Segundo). la Administración detectare incumplimientos que imposibiliten la continuación del procedimiento de recuperación. quien deberá consignar ante la Administración Tributaria por escrito.. Del procedimiento de recuperación de tributos 1. sólo podrá versar sobre los períodos y tributos objeto de la recuperación (vid. 3. tal y como señala el profesor RUAN SANTOS existen otros efectos inherentes y derivados del fallo “(.) del hecho de haber pagado dos veces una misma liquidación de impuestos o una multa. dicha solicitud deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 201. tal y como lo dispone el artículo 196 del COT “Para la procedencia de la reclamación. la solicitud de recuperación de tributos. o simplemente por no haber percibido el interesado el monto de incentivos.. se obtenga la restitución o reintegro de lo pagado. Condiciones de procedencia El procedimiento deberá iniciarse a solicitud del interesado. Es importante destacar que aun cuando el Legislador omitió la consideración de esta “reclamación” como una verdadera acción principal. Es importante destacar además que la Administración Tributaria no sólo deberá pagar el capital. como su nombre lo indica. tras discutir el hecho de haber pagado al Fisco lo que no se debía. podrían ser las declaraciones contenidas en la sentencia relativas a la determinación de la obligación tributaria y a la procedencia o no del pago cuya repetición es solicitada.3 veces la tasa activa promedio de los seis (6) principales bancos comerciales del país (artículo 206.) Inherentes. de una acción patrimonial contra el Fisco Nacional destinada a “(. el contribuyente deberá restituir las cantidades pagadas con inclusión de los intereses generados. siempre que no estén prescritos.. sanciones y recargos. sino también los intereses devengados por dichas sumas a partir del vencimiento del lapso de dos meses para decidir la reclamación en sede administrativa y hasta la fecha del reintegro (artículo 194 del COT). Artículo205 del COT). 2. También podría originarse en una liquidación excesiva de impuestos por no haberse dado aplicación a beneficios fiscales. Es decir. el contribuyente podrá optar entre compensar lo pagado indebidamente con otras deudas que el contribuyente mantenga con esa Administración o ceder lo pagado indebidamente. sino que por el contrario busca que. Por su parte. porque se requiere únicamente el hecho objetivo de haber pagado lo no debido. establece el COT que el procedimiento allí previsto será subsidiario de aquél establecido en las disposiciones de carácter tributario especial que rijan la materia. Es de hacer notar que el procedimiento de fiscalización y determinación que se inicie con ocasión de las irregularidades detectadas en el procedimiento de recuperación de tributos. no es necesario haber pagado bajo protesta”. se abrirá el expediente correspondiente en el que se dará curso a la solicitud planteada. . franquicias o subsidios legalmente previstos.es favorable o vencido el lapso sobre la solicitud de repetición (silencio negativo).. las razones de hecho y derecho que sustenten la solicitud así como los anexos que se acompañen. tales como: el organismo al cual está dirigido. la Administración determinase la improcedencia de la recuperación acordada. Derivado.... la Administración verificará los supuestos de procedencia de la recuperación planteada. podría ser la condena al pago de las costas procesales a la parte que resultare totalmente perdidosa (. Naturaleza y objeto Se encuentra previsto en los artículos 200 y siguientes del COT.. Efectos de la decisión La decisión que acuerde o niegue la recuperación deberá ser dictada en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la aceptación de la solicitud o de la notificación del acta de reparo levantada con ocasión del procedimiento de fiscalización. la acción de repetición no se inicia para obtener la nulidad de un acto de la Administración Tributaria.) solicitar la restitución de lo pagado indebidamente por tributos. efectivamente. C. la identificación de los interesados. un error en la autoliquidación de impuestos podría también motivar esta reclamación.” En tal sentido. Además. no es menos cierto que en esencia se trata. si con posterioridad a esa decisión. lo cual podría obedecer a error o simplemente a la necesidad de obtener una certificación de solvencias. lo cuales serán equivalentes a 1. más los intereses moratorias causados. pudiendo incluso. Sin embargo. No obstante lo anterior. el contribuyente podrá optar por interponer el recurso contencioso tributario.
y por ante la oficina de la cual emanó el acto. salvo en los casos en los que la oficina de la Administración que deba decidir el recurso sea distinta de aquella de la cual emanó el acto. (ii) la caducidad del plazo. De las consultas tributarias 1. Sin embargo. de conformidad con el artículo 206 del COT. (ii) Contra los actos dictados por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios. Condiciones de procedencia Es condición sine qua non de procedencia que el consultante posea cualidad o interés en la consulta. el consultante deberá exponer con claridad y precisión todos los elementos de la cuestión que da motivo a la consulta (artículo 230 del COT). por lo que la única posibilidad es que esta norma se esté refiriendo a las leyes de armonización tributaria que se dicten en los distintos niveles de organización político-territorial. no será procedente el recurso en los siguientes casos: (i) Contra actos dictados por la autoridad competente. según lo previsto en el artículo 227 del COT y las consultas tributarias. estará facultada para interponer el recuso jerárquico. Asimismo. Naturaleza y objeto De conformidad con el artículo 242 del COT. Ahora bien. reiteramos que cualquier persona que posea un interés legitimo. 2. personal y directo. En cuanto a la falta de respuesta en la consulta. podrá revocar el acto recurrido o modificarlo de oficio en el caso de que compruebe errores materiales. Asimismo prevé el artículo 231 que no se evacuarán las consultas cuando se verifique la falta de cancelación de las tasas establecidas en las leyes especiales o cuando existan recursos pendientes o averiguaciones fiscales relacionados con el objeto de la consulta. dicha consulta no suspende los plazos ni exime al consultante del cumplimiento de las obligaciones tributarias que dieron lugar a la interposición de la consulta. En cuanto a los demás casos establecidos en el COT. el COT dispone que deberá acompañarse al escrito el documento en donde conste el acto recurrido o que éste deberá señalarse de forma suficiente. 2. debe entenderse que se produce una especie de silencio de efectos positivos en el sentido de que al solicitante no se le podrá imponer ninguna sanción cuando hubiere interpretado la ley en los mismos términos en los que fundamentó su consulta. Sustanciación del recurso El artículo 244 del COT dispone que el plazo para la interposición del recurso jerárquico será de veinticinco (25) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acto. consideramos acertada la opinión de Elvira Dupuy MENDOZA en lo que respecta a la indeterminación de la frase “o en las leyes.[15] (iii) En los demás casos expresamente señalados en el COT o en las leyes. Adicionalmente.[16] 3. E. En cuanto a la legitimación.” ya que mal podría una ley incidir sobre el contenido de una ley orgánica como es el COT. Sin embargo. hubieran aplicado el criterio expuesto por la Administración en la consulta. de conformidad con el artículo 235 eiusdem. caso en el cual el lapso de admisión empezará a correr a partir del día de la recepción del recurso. El escrito deberá contar con la asistencia o representación de un abogado o alguien afín al área tributaria. Del recurso jerárquico 1. no obstante. (iv) la falta de asistencia o representación de un . A tales efectos. Constituyen causales de inadmisibilidad del recurso: (i) la falta de cualidad o interés para ejercer el recurso. ya sean determinando tributos o imponiendo sanciones. la Administración Tributaria. Ello encuentra sustento en la consideración de que los procedimientos amistosos destinados a resolver los problemas de doble imposición internacional no son vinculantes. en principio. en un procedimiento amistoso previsto en un tratado para evitar la doble tributación. tal y como señalamos precedentemente. Condiciones de procedencia El recurso jerárquico deberá interponerse mediante escrito en el que se expresen las razones de hecho y derecho en las que se fundamenta.A todo evento. 3. en ejercicio de su potestad de autotutela. responde al principio general de la territorialidad de las normas de Derecho Administrativo. Adicionalmente. destacamos los referentes a los acuerdos anticipados sobre precios de transferencia. sobre todos los actos administrativos de efectos particulares que provengan de la Administración Tributaria. el objeto del recurso versa. Efectos de la consulta La Administración Tributaria tendrá treinta (30) días para evacuar la solicitud. contra las decisiones de la Administración Tributaria podrá interponerse el recurso contencioso tributario. Tal impedimento. contempla el artículo 249 que la Administración Tributaria deberá admitir el recurso dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del lapso de interposición. podrá interponerse recurso jerárquico contra los actos de la Administración Tributaria de efectos particulares que afecten de cualquier forma la esfera jurídica de los administrados. Una vez interpuesto el recurso. cuya recaudación sea solicitada por la Administración Nacional. D. Naturaleza y objeto Aquel que tenga un interés personal y directo sobre la aplicación de las normas tributarias a un caso concreto podrá consultar a la Administración Tributaria sobre una situación particular. el COT dispone en su artículo 234 que no podrá imponerse ninguna sanción a los contribuyentes que en aplicación de la ley tributaria. (iii) la ilegitimidad del apoderado o representante del recurrente y.
abogado. en ningún supuesto el lapso probatorio podrá ser inferior a quince (15) días hábiles. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTEMPLADOS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO A. Condiciones de procedencia Este recurso sólo procederá dentro de los tres (3) meses siguientes a la verificación de los supuestos antes mencionados. La decisión del recurso deberá estar debidamente motivada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en conformidad a lo reiteradamente establecido en la jurisprudencia. Naturaleza Jurídica Tal y como ya ha sido señalado. la Administración deberá enviar el recurso al Tribunal competente. De allí que el COT. Naturaleza y objeto De conformidad con el artículo 256 del COT. La Administración Tributaria deberá tomar su decisión dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación del recurso. 1. los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa se encuentran facultados para anular los actos administrativos. En los casos en los que el asunto debatido sea de mero derecho y si el recurrente no ha promovido ningún tipo de prueba. Concluido el período de prueba. apliquen sanciones o afecten de cualquier forma los derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados. el lapso para decidir empezará a correr al día siguiente de la incorporación del auto en el que se declare “no abrir pruebas” (artículo 254 COT). apliquen sanciones o afecten de cualquier forma los derechos legítimos de los administrados. salvo previsión legal en contrario”. Por último. V. Ahora bien. se entenderá denegado el recurso. Este medio de impugnación se muestra como un mecanismo de control de los actos de la Administración Tributaria de manera que cualquier actuación administrativa que se salga del cauce de la legalidad podrá ser sometida al contencioso tributario. el fundamento general de la jurisdicción contencioso administrativa se prevé en el artículo 259 de la Constitución. En el supuesto de que se estuviere sustanciando el asunto como de mero derecho. A todo evento. en el supuesto de que el contribuyente hubiere interpuesto recurso contencioso tributario conjuntamente con el recurso jerárquico. siempre y cuando hubieren aparecido pruebas esenciales para la resolución del asunto no disponibles en la tramitación del expediente. Asimismo. y de la misma forma como se encontraba previsto en el artículo 173 del derogado Código. el cual establece que “la interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado. Transcurrido el lapso de sesenta (60) días sin que la Administración haya decidido. la interposición del recurso suspenderá de pleno derecho los efectos del acto recurrido. Esta disposición constituye un supuesto de excepción al principio general previsto en el artículo 87 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 2. el recurso de revisión podrá intentarse contra aquellos actos administrativos dictados por la Administración Tributaria que se encuentren firmes. procederá este recurso si en la resolución del asunto hubieren incidido de forma decisiva documentos o testimonios declarados por sentencia judicial firme como falsos y en el caso de que la resolución hubiere sido adoptada por cohecho. Una vez admitido el recurso. ya sean generales o individuales. pudiendo prorrogarlo por un período igual. comiso o retención de mercaderías y la suspensión del expendio de especies fiscales gravadas (Parágrafo Único del artículo 247). condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de los daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración. según lo califique una sentencia judicial firme. contempla dentro de los procedimientos judiciales lo concerniente al recurso contencioso tributario. soborno u otra manifestación fraudulenta. sin embargo. la declaratoria de inadmisibilidad deberá ser motivada y contra ella podrá interponerse recurso contencioso tributario (artículo 250). como medio de impugnación de los actos administrativos de efectos particulares dictados por la Administración Tributaria que determinen tributos.[17] 2. sin embargo. ya sea que éstos determinen tributos. violencia. la motivación deberá mantener la reserva de la información proporcionada por terceros independientes que pudiere afectar su posición competitiva. La suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido no tendrá efecto cuando se trate de la imposición de las sanciones de clausura de establecimientos. contrarios a derecho. la Administración Tributaria estará facultada para exigir el pago de las porciones no objetadas. Como medio de impugnación destinado a la anulación del acto administrativo se inscribe en la concepción del contencioso administrativo como un proceso de revisión de la actuación previa de la administración. lo que facultará a los contribuyentes a recurrir a la jurisdicción contencioso tributaria. 4. en expresa observancia de lo dispuesto en la norma constitucional. la Administración Tributaria deberá abrir un lapso probatorio que será fijado en atención a la importancia y complejidad de cada caso. se prescindirá del lapso probatorio. Conforme a tal disposición. Efectos del recurso De conformidad con el artículo 247 del COT. El Recurso Contencioso Tributario El Recurso Contencioso Tributario es un medio judicial de impugnación de actos administrativos de efectos particulares dictados por la Administración Tributaria. la máxima autoridad de la Administración dispondrá de un lapso de sesenta (60) días continuos para decidir. Del recurso de revisión 1. F. Del Objeto del recurso .
En efecto. dictada con ocasión de la admisión del recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad conjuntamente con acción de amparo cautelar y medida cautelar innominada. Téngase en cuenta que el recurso jerárquico procede contra los actos de la Administración Tributaria de efectos particulares que afecten de cualquier forma la esfera jurídica de los administrados. el recurso contencioso tributario procederá: (i) Contra los actos de efectos particulares que pueden ser objeto del recurso jerárquico. De otra parte. · Decisión que niegue expresa o tácitamente la recuperación de tributos. Se trata de la decisión que desestima el recurso jerárquico ejercido por el recurrente. (ii) los actos dictados por autoridades extranjeras que determinen tributos y sus accesorios. (iv) los acuerdos anticipados sobre precios de transferencia y. emanadas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Igualmente previsto en el artículo 259 del COT. de 21 de abril de 2004. efectos y el órgano del cual emanan los citados actos administrativos” (Sala Político Administrativa. En efecto. la Administración podría decidir sobre el recurso jerárquico ejercido siempre que la decisión sea con el objeto de declarar con lugar dicho recurso. 3el artículo 188 del COT establece que no se abrirá el sumario administrativo quedando abierta la vía jerárquica o judicial. la SPA mediante sentencia N° 00366 la Sala ratificó su competencia exclusiva y excluyente ante cualquier otro Tribunal.[18] Puede afirmarse que el acto por antonomasia que se impugna en el proceso contencioso tributario es la Resolución que culmina el sumario administrativo -prevista en el artículo 193 del COT-. o incluso vencido el lapso para haber decidido sobre la repetición –2 meses.. La recurribilidad de este acto se encuentra expresamente prevista en el artículo 259..] . Como puede observarse... Actos impugnables El COT no establece ninguna limitación respecto de los actos administrativos de efectos particulares que pueden ser impugnados. no sólo los actos previstos en el artículo 259 del COT pueden ser recurridos en sede jurisdiccional mediante el recurso contencioso tributario. (iii) Contra las resoluciones en las que se niegue total o parcialmente el recurso jerárquico. puesto que los actos de efectos generales dictados por la Administración Tributaria sólo podrán ser impugnados por ante la Sala Político-Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia mediante recurso de nulidad. numeral 3 del COT. . de allí que los sujetos cuyo pretensión de recuperación de tributos haya sido denegada por la Administración podrán recurrir ese acto mediante el recurso contencioso tributario.. con la salvedad de que los actos administrativos recurribles deben ser actos definitivos. · Contenido del acta de reparo cuando se trate de asuntos de mero derecho. Cuando el contenido del acta de reparo trate de asuntos de mero derecho. Como afirma Fraga Pittaluga. Poco importa si se trata de actos administrativos de determinación de tributos o de imposición de multas ya que también podrán recurrirse las negativas expresas de la Administración. debe destacarse que existen otros actos de la Administración Tributaria susceptibles de ser impugnados.]. (iii) la intimación de derechos pendientes. se trata de un acto que es claramente impugnable en la jurisdicción contencioso administrativa de conformidad con lo previsto en el artículo 206 eiusdem. Tampoco se encuentra previsto dentro de los supuestos del artículo 259 del COT. pero aparece expresamente señalado en el artículo 199 eiusdem cuando se establece que procede la vía contencioso Administrativa cuando exista un pronunciamiento de la Administración Tributaria que rechace la solicitud de repetición de pago del sujeto pasivo.] debe esta Sala señalar que mediante su decisión N° 949 del 25 de junio de 2003. De allí que deba entenderse que cualquier acto de efectos particulares que afecte los derechos o intereses de los contribuyentes podrá ser recurrido judicialmente. que fuera ejercido ante esta Sala Político-Administrativa contra las Providencias Administrativas [. Puede entonces colegirse que los actos administrativos de efectos particulares serán recurribles mediante el recurso contencioso tributario previsto en los artículos 259 y siguientes del COT. Nótese que el recurso contencioso tributario sólo puede ejercerse contra actos administrativos de efectos particulares que afecten los derechos e intereses legítimos de los administrados. expediente 2002-1099. no obstante.. · Denegación tácita del recurso jerárquico. [.A. concede a la ausencia de respuesta en tiempo oportuno el carácter de rechazo de la petición. no podrán ser impugnados a través del contencioso tributario: (i) los actos dictados en un procedimiento amistoso previsto en un tratado para evitar la doble tributación.El objeto del recurso contencioso tributario está constituido por los actos administrativos de efectos particulares que dicte la Administración Tributaria que afecten los derechos e intereses legítimos de los administrados. ya sean determinando tributos o imponiendo sanciones. [. “la inercia de la Administración en responder produce los efectos de una respuesta negativa. S. · Decisión que niega expresa o tácitamente la repetición de pago. es decir de silencio administrativo negativo. caso VICSON. para conocer y resolver controversias suscitadas respecto de la constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos de efectos generales emanados del SENIAT en los siguientes términos: “Ahora bien. vistas la naturaleza. Aunque éste supuesto no se encuentra previsto en el artículo 259 del COT. la misma declaró su competencia natural para conocer de dicho recurso de nulidad.. Esta distinción que hace el COT respecto de los actos administrativos de efectos particulares y de efectos generales es de vital importancia. es decir aquellos que contienen una manifestación definitiva del órgano emisor. cuando éste hubiera sido negado tácitamente. (v) las consultas tributarias.sin que hubiere respuesta. según dispone el artículo 259 del COT. (ii) Contra los actos administrativos de efectos particulares recurridos mediante recurso jerárquico. no son recurribles aquellos actos de mero trámite que se emiten en preparación del acto decisivo. amparo cautelar y medida cautelar innominada. mientras que aquellos actos de efectos generales emitidos por la Administración Tributaria estarán sujetos a control judicial mediante el recurso de nulidad cuyo conocimiento corresponde de forma exclusiva a la SPA. 3. Ponente: Levis Ignacio Zerpa). cuya recaudación sea solicitada por la República. pero a los únicos fines de habilitar al interesado para que acceda a la Jurisdicción contencioso tributaria”[20]. Cabe destacar que el COT –artículo 255prohíbe a la Administración emitir resolución denegatoria del recurso jerárquico una vez que se haya intentado el recurso contencioso tributario en virtud del silencio administrativo.[19] a saber: · La resolución del recurso jerárquico.
en algunos casos. en principio cualquier lapso debe computarse según los días hábiles que hayan transcurrido ante el tribunal por ante el cual o para ante el cual debe interponerse el recurso contencioso tributario. Por último y en cuanto a la legitimación pasiva. Se encuentra en efecto esta regulación acorde con los nuevos postulados constitucionales de la materia ya acogidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública y en la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. excluyendo por completo los procedimientos administrativos o. como así los establece el Código Orgánico Tributario. 6. De allí que la jurisdicción contenciosa tributaria se muestre acorde con los postulados previstos en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en lo que respecta a la legitimación para recurrir. Ahora bien. [21] Como sujetos pasivos de la obligación jurídico tributaria se encuentran aquellos sujetos a los que la Administración Tributaria les efectúe una determinación o liquidación de tributos (i. aplicable al recurso contencioso tributario. Puede entonces afirmarse que el recurso jerárquico tributario constituye una opción concedida por el legislador al contribuyente. en sentencia del 24 de marzo de 1987 estableció lo siguiente: “. personal y directo. tendrán legitimidad para recurrir los actos de la Administración Tributaria no sólo los individuos cuyo derecho subjetivo ha sido lesionado. que: “Los actos de la Administración Tributaria de efectos particulares. acudiendo de forma directa a la vía judicial[22]. Como puede observarse. que determinen tributos.. aunque también tal cualidad podría recaer en terceros a quienes los actos les afecten en forma personal y directa. la legitimación sólo podrá recaer en quienes ostenten la cualidad de sujetos pasivos de la obligación tributaria. es necesario destacar que tal lapso deberá ser computado de acuerdo a los días de despacho que transcurran en el tribunal competente para conocer del recurso.. para que este último decida ejercerla positivamente o negativamente. Y en general.deben ser interpuestos ante el Tribunal competente para decidirlos. apliquen sanciones o afecten en cualquier forma los derechos de los administrados. Desde luego que una vez ejercido en forma autónoma el recurso jerárquico.Cabe señalar que. En efecto. vencido el cual no será procedente la admisión del mismo. el de revisión de oficio y el recurso de revisión. Medidas cautelares . 5. aunque se permite. Del carácter alternativo del recurso Tal y como se desprende del numeral 1 del artículo 259 del COT. podrán ser impugnados por quien tenga interés legítimo. personal y directo. reparo fiscal). esa Ley conjuntamente con la jurisprudencia han delineado los supuestos de legitimidad señalando que estarán facultados para accionar los titulares de los derechos subjetivos lesionados así como aquellos que tengan un interés legítimo. textos conforme a los cuales el agotamiento de la vía administrativa en materia de recursos de nulidad es optativo. En criterio de Hernández Richards. sino todos aquellos que tengan un interés legítimo. es decir los que pudieran resultar obligados al cumplimiento de las prestaciones tributarias o incluso quienes podrían reclamar la devolución o reintegros de tales prestaciones. vale la pena destacar que en el proceso contencioso tributario la tienen los entes del Estado que ostentan la cualidad de sujetos activos de la obligación tributaria y de los cuales emana el acto impugnable o su abstención.”. (iii) interponer el recurso jerárquico y subsidiariamente en forma conjunta el recurso contencioso tributario. el recurso contencioso tributario podrá interponerse “ sin necesidad del previo ejercicio del recurso jerárquico”.. La caducidad de la acción responde a criterios de seguridad jurídica puesto que los Actos de la Administración Tributaria no pueden ser impugnados por los contribuyentes en cualquier periodo de tiempo. En efecto. prevé el artículo 242 del COT. todo lapso debe contarse en base a los días transcurridos ante la autoridad por ante la cual ha de interponerse el recurso. no en quienes sean simples interesados. Cabe destacar que desde el primer Código Orgánico Tributario hasta el vigente nunca se ha requerido que se tenga que agotar la vía administrativa para impugnar los actos de la Administración Tributaria. También se encuentran dentro de este grupo los sujetos pasivos que tengan reclamaciones bajo el procedimiento de repetición de pagos o de recuperación de tributos. de la regulación de los recursos previstos en el COT. De la caducidad del recurso La interposición del recurso contencioso tributario está sujeta a un lapso de caducidad.. el particular tiene la posibilidad de: (i) agotar la vía administrativa ejerciendo previamente el recurso jerárquico por ante la Administración Tributaria. De la no suspensión de los efectos por interposición del recurso. 7. De allí se sigue que. El recurso deberá intentarse dentro de los veinticinco (25) días hábiles siguientes a la notificación del acto que se impugna o del vencimiento del lapso previsto para interponer el recurso jerárquico en los casos de denegación tácita de éste.” Resulta entonces concluyente que el lapso de interposición del recurso contencioso tributario es de 25 días de despacho del tribunal competente para conocer del recurso. el procedimiento de recaudación aplicable a las omisiones de declaraciones. el recurrente queda sujeto a la espera de la decisión del mismo o a la consumación del silencio administrativo para poder recurrir en sede judicial. Esta disposición se muestra acorde con los postulados que informan el nuevo Derecho Contencioso. En tal sentido. los recursos contenciosos administrativos.e.4. en particular en cuanto establece el carácter optativo de agotar la vía administrativa para acudir a la sede jurisdiccional. como regla. sino a todos aquellos que posean uninterés legítimo por el acto objeto del recurso. Ciertamente. el procedimiento de mercancías objeto de comiso. la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia. del cual el contencioso tributario es especie. un régimen diferente. (ii) acudir directamente a la jurisdicción contenciosa. Legitimación El ámbito de aplicación subjetiva del recurso contencioso tributario abarca no sólo a los contribuyentes cuyo derecho subjetivo ha sido lesionado. Los lapsos de caducidad no admiten interrupciones ni suspensiones por lo que transcurren fatalmente.
. o al decreto de un amparo cautelar acumulado al recurso. que las previsiones generales en materia de medidas cautelares contenidas en el Código de Procedimiento Civil. a todo lo cual debe agregarse la adecuada ponderación del interés público involucrado” (énfasis añadido).[27] Conviene entonces precisar el contenido y alcance de los requisitos necesarios para poder suspender los efectos del acto administrativo de efectos particulares dictado por la Administración Tributaria. puede ejecutar el acto administrativo sin la intervención de la autoridad judicial lo que conlleva a afirmar que “el retardo o lentitud judicial en la resolución de conflictos tributario. la suspensión de los efectos del acto recurrido constituye el medio por el cual se permite a los contribuyentes evitar la consumación de hechos irreversibles o de efectos irreparables. podía recurrir a las medidas cautelares previstas en el Código.esta Sala estima que las exigencias enunciadas en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario. el tribunal podrá suspender parcial o totalmente los efectos del acto recurrido. de allí que las prerrogativas administrativas se contrapongan a la tutela judicial efectiva. por sus propios medios. tal cobro no debe confundirse que con la regla delsolve et repete (paga y después recurre) como requisito de admisibilidad del recurso y que ha sido declrada inconstitucional por el máximo Tribunal. Así. Conviene en este estudio destacar la importación de la medida de suspensión de los efectos del acto administrativo. sino más bien el ejecutoriedad de los actos tributarios”.. así como tampoco la prestación de fianza para la admisión del recurso. sin embargo. no sólo comprende el acceso a los órganos jurisdiccionales. constituyéndose en un mecanismo tendiente a garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. la medida preventiva de suspensión de efectos procede sólo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican. en el caso de que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado.una razón lógica para soportar lo contrario. debe ser consecuencia del acto cuya suspensión se solicita.. . Como lo afirma Spisso. el peligro de daño. esto es. uno de los derechos esenciales del individuo dentro de un Estado de Derecho es el de acudir ante a un órgano jurisdiccional en procura de justicia. porque la existencia de una sola de ellas no es capaz de lograr la consecuencia jurídica del texto legal. La ejecutoriedad del acto supone que la Administración Tributaria. Tan es así. en tanto que mal podrían enervarse los efectos de un acto revestido de una presunción de legalidad si el mismo no supone para el solicitante un perjuicio real de difícil o imposible reparación con la sentencia de fondo. Sin embargo. A instancia de parte. esto es. el derecho a la tutela judicial efectiva adquiere especial relevancia frente a la posible actuación arbitraria o irregular de la Administración. En efecto. En efecto. o cualquier medida cautelar innominada y la medida de amparo cautelar. haga inefectiva la pretensión de los contribuyentes. aun cuando el acto administrativo esté siendo sometido a un examen o revisión de su legalidad ante el juez contencioso tributario. se garantizaban plenamente los derechos del recurrente y los del fisco.Uno de los aspectos más controvertidos del estudio del recurso contencioso tributario es la nosuspensión de los efectos del acto administrativo por la simple interposición del recurso. sino en forma conjunta. Ante tal circunstancia. la procedencia de la medida cautelar de que se trate por la sola verificación de uno de los aludidos extremos. El derecho a la jurisdicción no se agota con el acceso al órgano judicial sino que debe brindar a los particulares una tutela judicial efectiva de sus derechos litigiosos durante todo el tiempo que dure el proceso. esto es.[25] La solicitud de suspensión deberá hacerse en forma similar a la contemplada en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia[26] y con fundamento exclusivo en la apariencia de buen derecho y en los graves perjuicios que pueda causar la ejecución del acto. con el pasar del tiempo. o si aquél no ostenta respecto del acto en cuestión una situación jurídica positiva susceptible de protección en sede cautelar. Además.[24] Ahora bien cabe destacar que el poder cautelar del juez tributario no se limita a la suspensión de los efectos del acto administrativo. salvo que el recurrente solicite la suspensión de los efectos del acto. Nótese que bajo el vigente COT. En efecto. Peligro de daño (periculum in damni) En cuanto a los perjuicios graves que pueden resultar de la ejecución del acto administrativo. es necesario señalar que éste –el daño. El juez contencioso podrá adoptar la suspensión de los efectos del acto. ya que según las normas del COT no se exige el pago previo del tributo o sanción para darle curso a la acción intentada. la efectividad de la tutela judicial hace énfasis en la protección de la situación de los bienes jurídicos litigiosos durante la sustanciación del proceso.. puesto que este último en los supuestos de riesgo en la percepción del crédito fiscal. La no suspensión de los efectos del acto administrativo rompe con la tradición existente en los anteriores códigos tributarios en los que se acordaba la suspensión automática de los efectos del acto impugnado con la simple interposición del recurso contencioso. a. En tal sentido. no existiendo en el ámbito contencioso tributario como tampoco ocurre en el contencioso administrativo.debe ser cierto y actual y no meramente temido. el artículo 263 del COT prevé lo siguiente: “La interposición del recurso no suspende los efectos del acto impugnado. la Administración Tributaria podrá proceder al cobro del tributo y de las multas correspondientes antes que se decida el recurso. el derecho a la tutela judicial efectiva. Cabe acotar que la suspensión automática de los efectos del acto administrativo prevista en los anteriores códigos fue señalada como un logro del sistema tributario venezolano con respecto a otros sistemas latinoamericanos. En efecto. que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación y que adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal principal resultará favorable . ” (énfasis añadido). no deben examinarse aisladamente. no parece ser lo que amenaza la efectividad de la justicia en este tipo de procesos judiciales. cual es la suspensión de los efectos del acto impugnado. exigen la concurrencia de los requisitos de procedencia de tales medidas. la Sala Político Administrativa del TSJ en sentencia del 11 de agosto de 2004 se manifestó en relación a los requisitos necesarios para decretar la medida de suspensión de los efectos del acto administrativo tributario en los siguientes términos: “. sino que la realización del proceso no se constituya en un medio que. éste es perfectamente ejecutivo y ejecutorio. o si la impugnación se fundamentare en la apariencia de buen derecho.[23] En consecuencia. De allí que la protección cautelar cobra vital importancia en la caracterización del recurso contencioso tributario prevista en el COT. Como bien afirma Spisso.
8.: artículo 260). la Administración Tributaria podrá exigir el pago de las cantidades determinadas. Como lo afirma Spisso. de la certidumbre y razonabilidad de los argumentos y. En cuanto a la forma de cómo puede manifestarse el daño.que se trate de un daño irreparable o de difícil reparación. basta que según un cálculo de probabilidades . se entenderá que las partes están a derecho. prevé la norma que en los casos en los que la Administración embargue bienes. exceptuándose de su conocimiento los procedimientos relativos a los ilícitos tributarios y a las sanciones prescritas con penas privativas de libertad. Cabe advertir que la apariencia de buen derecho no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto debatido. 9.[30] Por último. b. la suspensión parcial de los efectos del acto impugnado faculta a la Administración para exigir el pago de la porción no suspendida ni objetada. se procederá conforme al procedimiento previsto en el artículo 538 del Código de Procedimiento Civil. es decir. Centro Occidental. el recurrente podría tener razón en la sentencia definitiva. y. por lo que sólo es necesario que sea grave. la jurisprudencia de los Tribunales Superiores Contenciosos consideró que el perjuicio puede derivar de: · Una disminución patrimonial o económica de los bienes del contribuyente.[28] El daño que se pretende probar debe ser sumariamente demostrado. no basta con la simple alegación del peligro sino que éste debe ser probado en forma presuntiva. [29] Como bien apunta Viloria Méndez. el Tribunal de oficio deberá notificar al recurrente en su domicilio. En los casos en los que no se hubiere solicitado la suspensión. o por la afectación de la capacidad productiva y de empleo que podría generarse al contribuyente si se llegare a satisfacer la pretensión fiscal. Sin embargo. lo que implica mantener al mismo desposeído de sus bienes (Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario. A todo evento. También deberá acompañarse al recurso. Central y Guayana. Asimismo. Actualmente la jurisdicción contencioso tributaria se encuentra compuesta por 9 Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario ubicados en la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas y por 6 Tribunales ubicados en las regiones Zuliana. · Por el monto del reparo en relación con el patrimonio. de una valoración prima facie de los alegatos de las partes. Para los casos en los que el embargo verse sobre mercancías perecederas. el recurso contencioso tributario procede contra los actos administrativos de efectos particulares que causen gravamen en los administrados. el documento o documentos en los que conste el acto recurrido. es decir. Es necesario destacar que la solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo de contenido tributario no se encuentra supeditada a la existencia de vicios de nulidad absoluta. basta que la existencia del derecho parezca verosímil. sentencia de fecha 19 de febrero de 2003 caso: Urbadica. El recurso deberá se interpuesto mediante escrito en el que se expresen las razones de hecho y derecho que fundamenten la petición. si existieren. En segunda instancia la jurisdicción corresponde al Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa según lo establecen los artículos 279 y 329 del COT. Agotada la citación personal sin que ésta tuviere éxito.No exige la norma –artículo 263 del COT. Oriental. en cambio la devolución del tributo pagado indebidamente luego de la tramitación de un procedimiento judicial y eventual diferimiento de la ejecución de la sentencia contra el Estado. el Tribunal deberá notificar mediante oficio a la Administración Tributaria. ocasiona sin lugar a dudas un perjuicio mayor al particular que el que le ocasionaría al Estado la suspensión. en los casos en lo que se haya interpuesto el recurso contencioso de forma subsidiaria o a través de un juez del domicilio fiscal del recurrente. Organos jurisdiccionales competentes De conformidad con el artículo 329 del COT. los contribuyentes tendrán la facultad de solicitar la sustitución de la medida de embargo por cualquier otra medida o garantía. prevé el Parágrafo Único del artículo 264 del COT que cuando el recurso contencioso tributario haya sido ejercido en forma subsidiaria con la interposición del recurso jerárquico. Andina. se pueda prever que la providencia principal declarará el derecho en sentido favorable a aquél que solicita la medida cautelar. ya que la sentencia definitiva puede favorecer al Fisco. Interposición y admisión del recurso Tal y como ya se ha expuesto. No es necesario que exista plena prueba sino elementos suficientes para producir en el ánimo en el juez la convicción en cuanto a la necesidad de decretar la medida de suspensión. los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario son los competentes para conocer en primera instancia de los procedimientos judiciales de naturaleza tributaria. sentencia de fecha 14 de febrero de 2003). debiendo reunir los requisitos previstos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. dispone al artículo 330 del COT que no podrá atribuirse la competencia a otra jurisdicción ni a otros tribunales de distinta naturaleza. C. No obstante. El Estado posee medios adecuados que le permiten reparar los daños ocasionados por el ingreso tardío de un tributo. no resulta necesario que se de una situación en la que en monto cuantioso de la deuda tributaria determinada pueda aniquilar el patrimonio del contribuyente. estuviere pendiente su decisión o no hubiese sido acordada. dándose un término de diez (10) días de despacho. simplemente se requiere que el derecho reclamado sea razonable. Igualmente.A. Tribunal Superior Cuarto de los Contencioso Tributarioa. Del procedimiento a. se fijará un cartel en la puerta del Tribunal. la apariencia de que por las razones alegadas de impugnación y de las pruebas. de las pruebas e indicios que estén incorporados al expediente. el remate de los mismos se suspenderá hasta tanto exista sentencia definitivamente firme. salvo en el caso en el que se verifique el silencio administrativo (vid. . Una vez interpuesto el recurso. Apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) En cuanto a la apariencia de buen derecho en la que debe estar fundamentada la solicitud de suspensión de los efectos del acto. se trata de un examen superficial. según el procedimiento del juicio ejecutivo.
sin perjuicio de los elementos formales del acto. Son causales de inadmisibilidad del recurso. Presentados los informes. la falta de cualidad o interés del recurrente y la ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del recurrente. el cómputo se realizará conforme el término de la distancia previsto en el artículo 400 del Código de Procedimiento Civil. una vez que las partes se encuentren a derecho. Si el Tribunal decidiese declarar inadmisible el recurso. en lo que respecta al procedimiento. el Tribunal podrá. establece al artículo 277 del COT que presentados los informes. las partes podrán presentar los informes correspondientes. podrá solicita que tanto los informes como sus observaciones sean expuestas en forma breve y oral. se abrirá un lapso de veinte (20) días de despacho para la evacuación. c. el Tribunal deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso dentro de los tres (3) días de despacho siguientes. cumplido el auto o pasado el término para su cumplimiento. dentro de los tres (3) días de despacho siguientes. i. la cual será decidida por la alzada en el término de treinta (30) días continuos. Apelación Serán apelables tanto las sentencias definitivas como la interlocutorias que causen gravamen irreparable por la definitiva. el lapso de interposición de la apelación empezará a correr una vez que conste en autos la última de las notificaciones. el lapso deberá dejarse transcurrir íntegramente a los efectos de la apelación. Si el Tribunal sentenciare dentro de los sesenta días. el Tribunal deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso al quinto día en el que conste en autos las notificaciones. Si el Tribunal lo considera pertinente. Cabe destacar que las decisiones del contencioso tributario no sólo comprenden el examen de los requisitos legales del acto administrativo. En tal sentido. Por último cabe acotar que la instancia se extinguirá por el transcurso de un año sin que se haya ejecutado ningún acto del procedimiento. dentro de los ocho (8) días de despacho siguientes. La apelación será oída en un solo efecto. . En cuanto a la evacuación de las pruebas. le toca al juez pronunciarse no sólo sobre la legalidad del acto sino sobre los derechos y obligaciones que surgen de la relación tributaria. el COT contempla la facultad que tiene el Tribunal de comisionar la práctica de cualesquiera diligencias de sustanciación o ejecución a los tribunales inferiores. La apelación deberá intentarse dentro del lapso de ocho (8) días de despacho siguientes al vencimiento de los lapsos para sentenciar. La sentencia El efecto primordial de la sentencia es la anulación total o parcial del acto administrativo que liquida tributos y accesorios. podrá presentar sus observaciones escritas sobre los informes de la parte contraria. sino que determinan la existencia y cuantía de la obligación jurídico tributaria concreta. impone sanciones o contiene declaraciones lesivas al recurrente. se abrirá una articulación probatoria que no podrá exceder de cuatro (4) días de despacho. La decisión que declare admisible el recurso contencioso podrá ser apelada dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes siempre y cuando la Administración Tributaria hubiere hecho posición. las partes podrán. Los informes El artículo 274 del COT establece que al decimoquinto (15) día de despacho siguiente al vencimiento del lapso probatorio. prevé el artículo 271 del COT que una vez verificado el auto de admisión. Tales disposiciones se muestran acordes con los principios generales probatorios del contencioso administrativo. Si la sentencia se dictare fuera de los lapsos establecidos. d.Ahora bien. en cuyo caso no operará la perención. el juicio quedará abierto a pruebas. salvo que se hubiere producido la vista de la causa. Las partes podrán promover las pruebas en las que se fundamentan sus alegatos dentro de los primeros diez (10) días de despacho siguientes a la apertura del lapso probatorio. de allí que pueda afirmarse su carácter subjetivo. Lapso probatorio Vencido el lapso para apelar o una vez que conste en autos la devolución del expediente por el Tribunal de alzada que admitió el recurso. prevé el artículo 269 que serán admisibles todos los medios de prueba. dentro del término perentorio de quince (15) días de despacho. Al vencimiento de este lapso. pudiendo diferirlo por una sola vez por un plazo de treinta (30) días continuos. se oirá la apelación en ambos efectos. Tanto la negativa de las pruebas como su admisión son apelables dentro de los cinco días de despacho siguientes. La apelación de la admisión se escuchará en un solo efecto. [31] Tal característica ha sido calificada por Trotabas como “el fondo del litigio” que no es otro que la obligación tributaria que vincula al Fisco y al contribuyente. el juez deberá dentro de los tres (3) días de despacho admitir las pruebas que sean legales y pertinentes. Asimismo. Concordantemente con el artículo 156 del COT. Asimismo. oponerse a la admisión de las mismas cuando aparezcan como manifiestamente ilegales o impertinentes. Ahora bien. dictar un auto para mejor proveer. la parte que haya presentado escrito de informes. Una vez vencido el lapso de promoción de pruebas. la cual constituye el objeto final de conocimiento del tribunal. salvo que las partes solicitasen que el recurso se sustancie como un asunto de mero derecho. b. Claro está que la decisión del recurso puede ser desestimatoria de la pretensión del contribuyente declarando la validez del acto impugnado. En el caso de que haya que practicarse la evacuación de alguna prueba en otro tribunal. con la excepción del juramento y la confesión de funcionarios públicos cuando ello implique la prueba confesional de la Administración. el Tribunal deberá dictar sentencia dentro de los sesenta (60) días continuos siguientes. de forma tal que las partes puedan promover y evacuar las pruebas de sus alegatos. Si la representación fiscal formulare oposición al auto de admisión del recurso. la caducidad del plazo para el ejercicio del mismo. desechando el resto. Vencido el lapso de cuatro (4) días.
en el caso de personas jurídicas. en particular aquellas contenidas en el COT. el representante del Fisco podrá solicitar al Tribunal que declare un embargo complementario hasta completar la totalidad de las acreencias. para que la parte perdidosa efectúe el cumplimiento voluntario. una vez que éste haya sido declarado sin lugar o parcialmente con lugar. debe dejarse en claro que el amparo tributario tiene una naturaleza específica que lo distingue del amparo constitucional. el embargo ejecutivo sobre bienes propiedad del deudor que no excedan del doble del monto de la ejecución más una cantidad prudencial. Como ya ha sido expuesto. la apelación solamente procederá cuando la cuantía de la causa exceda de cien (100) Unidades Tributarias (U. El amparo Tributario 1. el deudor podría hacer oposición a la ejecución forzosa.T. ii. La ejecución forzosa no podrá iniciarse hasta que se haya agotado íntegramente ese lapso. si se parte de la distinción entre la protección de un derecho constitucional y de la garantía legal que tiene el administrado de que la Administración cumpla con sus obligaciones previstas en la ley. será apelable en ambos efectos.. En este orden de ideas es relevante destacar el criterio expuesto por la Sala Constitucional del TSJ en sentencia N° 654 del 30 de junio del 2000. para responder por el pago de intereses y costas del proceso. se muestra acorde con el artículo 27 de la Constitución en el que se establece el derecho de todas las personas a ser amparadas por los tribunales en el goce y ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales.considera esta Sala necesario partir de la premisa de que cuando la disposición que consagra el amparo tributario se refiere a las demoras excesivas en que incurra la Administración Tributaria al resolver sobre peticiones de los interesados.T. Consagrado en los artículos 302 y siguientes del COT. se ordenará el remate de los bienes embargados conforme a las reglas del Código de Procedimiento Civil. Naturaleza jurídica El amparo tributario configura un mecanismo adicional de protección de los derechos de los contribuyentes. mientras que el amparo constitucional es una vía de protección de los derechos y garantías consagrados en la Constitución así como de aquellos inherentes a la personas que no figuren en el texto fundamental. A tales efectos se abrirá de pleno derecho una articulación probatoria que no podrá exceder de cuatro (4) días de despacho. Por su parte. No obstante. estimada por el Tribunal. en el amparo tributario el sujeto activo es “cualquier persona afectada” en el entendido de que la afectación debe derivar de la demora de la resolución de la petición que ese sujeto ha formulado a la Administración Tributaria. la diferencia entre ambos medios judiciales resulta más evidente. en el lapso que establezca el Código Orgánico Tributario o las leyes especiales que en materia financiera le impongan tal obligación” En tal sentido. Ahora bien. la apelación será en un solo efecto. y las cuales debe resolver o responder la Administración Tributaria. responsable o de tercero con un interés legítimo de acreditar una obligación tributaria siendo el sujeto pasivo. El fallo que declare con lugar la oposición planteada. Ahora bien cabe destacar la relevancia que al respecto tiene el artículo 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) y su vinculación con el derecho constitucional de petición y oportuna respuesta. pero suspenderá el remate hasta tanto la segunda instancia haya resuelto la incidencia. el Tribunal procederá a nombrar un solo perito evaluador que efectúe el justiprecio de los bienes embargados. Si se interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva. B.) para las personas naturales y de quinientas (500) U. Conforme a este artículo en los casos .[34] El problema de asimilar el uno con el otro. una vez que la sentencia haya quedado definitivamente firme. únicamente. si se declarare sin lugar. el artículo 280 del COT modifica el criterio anterior mediante el cual se consideraba competente para la ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales contencioso tributarios a los tribunales ordinarios. ya sea en calidad de contribuyente. la Administración Tributaria solicitará y el Tribunal así lo acordará. demostrando haber pagado el crédito fiscal con la consignación del documento que lo compruebe. Si no quedase cubierto el crédito fiscal y sus accesorios.[32] En ejecución del remate. Tal perito deberá presentar sus conclusiones por escrito en un plazo fijado por el Tribunal que no podrá ser superior a quince (15) días de despacho computados a partir de su aceptación. Asimismo podrá alegar la extinción del crédito fiscal conforme a los medios de extinción previstos en el COT. la Administración Tributaria. y tiene como propósito restablecer la situación jurídica infringida o la situación que más se acerque a ella. el Tribunal fijará un lapso que no será menor de tres (3) días de despacho ni mayor de diez (10). deriva de la creencia de que el amparo tributario es un medio de protección del derecho de petición y oportuna respuesta consagrado en el artículo 51 de la Constitución.En los casos en los que se trate de determinación de tributos o de imposición de sanciones.. El Tribunal deberá resolver al día de despacho siguiente. una vez vencido el lapso para el cumplimiento voluntario o resuelta la incidencia de oposición por la alzada. o de creer que el amparo tributario es especie del género de amparo constitucional. Ahora. expresamente prevé este artículo que la ejecución de las sentencias corresponderá al tribunal contencioso tributario que haya conocido de la causa en primera instancia. conforme al cual: “. pues se trata únicamente de aquellas que pueden formular los sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria. salvo la formalidad de los carteles que se regula en el artículo 286 del COT. el amparo tributario es un medio judicial previsto en el COT para proteger al administrado del retardo de la Administración Tributaria en resolver las peticiones o solicitudes que formulen los administrados con ocasión de la existencia de la relación jurídico tributaria.[33]Su inclusión como mecanismo de protección de los administrados respondió a los lineamientos establecidos en el artículo 49 de la Constitución de 1961 que actualmente se corresponden con el artículo 27 del Texto Fundamental. Ejecución de sentencias Como principio general. Ahora bien. Esta decisión no impedirá el embargo de los bienes. Si no se verificare el cumplimiento voluntario por la parte vencida. Esta acción constituyó una de las innovaciones más importantes y destacadas del COT de 1982. no es cualquier petición o solicitud.
A. Por último.intentar el recurso inmediato siguiente. 4.en los que la Administración Tributaria no resolviere un asunto o recurso dentro de los correspondientes lapsos. Vencido tal lapso. procederá cuando la Administración Tributara incurra en demoras excesivas en la resolución de las peticiones de los interesados y ellas causen perjuicios no reparables por los medios ordinarios previstos en el COT o en otras leyes especiales. el artículo 305 del COT dispone que las partes podrán terminar un proceso judicial pendiente mediante transacción homologada ante el juez competente. el administrado debe considerar que su petición ha sido resulta negativamente conforme a lo previsto en el artículo 4 de la LOPA.”. Objeto del recurso El amparo tributario.[36] 3. en la medida en que con su ejercicio se pretende que el órgano jurisdiccional ordene a la Administración cumplir determinado acto previsto de manera concreta en la ley. puede sostenerse que cuando la Administración ha incurrido en demoras excesivas al no resolver peticiones o solicitudes dentro de los lapsos que el COT establece para ello. necesariamente. Pero. En ese sentido. ante la omisión de la Administración. ser reparados por los procedimientos administrativos o judiciales contemplados en el COT. se considerará que ha resuelto negativamente y el interesado podrá intentar el recurso inmediatamente siguiente. la transacción es un mecanismo de autocomposición procesal en el que las partes. puede colegirse que el ordenamiento jurídico venezolano confiere una doble naturaleza a la transacción: en primer término la transacción puede ser calificada como un contrato. esta disposición consagra el “silencio administrativo negativo” que opera como una garantía legal de los administrados frente a la inactividad de la Administración. lo cual. Debe entenderse que esta transacción opera como un medio de terminación anticipado del proceso contencioso tributario. son. dentro de los 10 días siguientes a su notificación. . Adicionalmente. En lo que respecta al procedimiento. definitivamente sería objeto del recurso contencioso tributario. 2. Téngase en cuanta que el amparo tributario es una acción de cumplimiento. si el Tribunal lo considera pertinente. vale destacar que la naturaleza del amparo tributario pudiera conllevar a asimilarlo al recurso por abstención o carencia. el particular cuenta con el amparo tributario.713 del Código Civil como el contrato por el cual las partes mediante recíprocas concesiones. Tal escrito deberá especificar detalladamente las gestiones realizadas por el solicitante y el perjuicio que le ocasiona la demora. se trata de una fórmula de “amparo positivo” para impedir el perjuicio que pueda sufrir los contribuyentes a consecuencia de la abstención injustificada de la Administración y obtener de ella por vía de intervención judicial la adopción del acto solicitado. No se trata de un “amparo negativo” destinado a impedir o anular los efectos de un acto ilegal de la Administración Tributaria. por cuanto ello significaría violar el principio de la legalidad tributaria. Puede afirmarse que el amparo tributario es el medio de defensa de los contribuyentes frente a la inactividad o actividad ineficiente de la Administración que le cause graves perjuicios que no son. ni podrán.. podrá sustituir la decisión administrativa. esta acción podrá ser interpuesta por cualquier persona que vea afectada sus derechos frente a la falta de respuesta oportuna de la Administración Tributaria. la Comisión redactora del Modelo de Código Tributario para América Latina OEA/BID consideró que la adopción de la transacción como medio de extinción de la obligación tributaria no puede versar sobre la interpretación de normas tributarias. y de allí que esencialmente tenga efectos declarativos con carácter de cosa juzgada. En tal sentido.. cuando el silencio se produce en el caso del procedimiento que debe dar lugar al acto definitivo. Por su parte. según lo dispone el artículo 302. Condiciones de procedencia En cuanto a las condiciones de procedencia del recurso. [35] Por último. En efecto. lo lógico sería hacer extensible las disposiciones análogas referidas al recurso contencioso tributario. prevé el artículo 303 del COT que el amparo tributario deberá presentarse mediante escrito por ante el Tribunal competente. No obstante cabe destacar que la transacción debe estar limitada a las cuestiones de hecho y no a la interpretación de la norma. el Tribunal deberá fijar un lapso para que las partes presentes informes. el Tribunal dictará la decisión en la que se fijará el término para que la Administración Tributaria se pronuncie sobre el trámite omitido. en segundo término. la decisión del amparo tributario será apelable en el sólo efecto devolutivo. La norma no hace referencia a determinados requisitos de forma del escrito. previo afianzamiento del interés fiscal comprometido. puesto que su finalidad es que la Administración Fiscal cumpla con la obligación que la ley le ha impuesto. determinan los límites de las situaciones jurídicas controvertidas.. cuando se trata de la resolución del jerárquico se prohíbe a la Administración dictar un acto expreso si el particular ha intentado ese recurso siguiente. La transacción judicial en materia tributaria La transacción está definida en el artículo 1.. pudiendo entonces. Como bien apunta Ruan Santos. Esta misma regulación existe en el COT con la diferencia fundamental de que en él. por lo que los sujetos de la transacción judicial tributaria. terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Efectos de la decisión La decisión del amparo tributario está delimitada en el COT y específicamente deberá contener una orden para que la Administración Tributaria cumpla en un término señalado con el trámite o diligencia solicitada. el contribuyente recurrente y la Administración Tributaria que dictó el acto de efectos particulares recurrido. en atención a que tiene fuerza de ley entre las partes. De allí que el escrito presentado deberá cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. en materia tributaria. mediante recíprocas concesiones. “ . Asimismo.
Si el acuerdo es rechazado. la Procuraduría debe emitir una opinión no vinculante dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo del expediente. Téngase en cuenta que la transacción homologada tiene la misma fuerza entre las partes que la cosa juzgada (artículo 306). en un proceso contencioso tributario el juez es costeado por el Estado. Sin embargo.[38] En cuanto al procedimiento aplicable a la transacción. En el supuesto de que la Administración Tributaria considerase procedente la transacción. el secreto y el descongestionamiento del Poder Judicial.[37] Brewer Carias sostiene que la República no puede válidamente otorgar como concesión recíproca. Por tanto. [39] Entre las ventajas de la admisibilidad de medios de resolución alternativos de conflictos debe destacarse la celeridad para obtener una decisión. previsto en los artículos 143 al 167 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta y en las consultas tributarias. mediante el arbitraje no pueden crearse impuestos.[40] Si bien es cierto que los medios alternativos de resolución de conflictos ofrecen como ventaja la economía procesal y la reducción de los costos. Ese plazo puede ser prorrogado. Si se suscribe el acuerdo. la Administración está condicionada por ley a exigir el tributo en los mismos términos establecidos por la norma legal. ya sea en el contribuyente o en la Administración Tributaria y en algunos casos los procesos arbitrales en la práctica pueden llegar a demorar tanto o más que lo que demoran los juicios. Es también conveniente recordar que el ordenamiento jurídico venezolano ha contemplado figuras de disposición fiscal. Debe acotarse que el auto de homologación es el mecanismo a través del cual se dota de ejecutoriedad a la transacción. lo que deriva en una mayor eficacia en la administración de justicia. el Tribunal debe ordenar la continuación del juicio en el estado en que se encuentre. éste deberá responder por escrito a la Administración dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. no es menos verdad que el arbitraje no es. de mayor rapidez y economía. un método menos oneroso que un juicio. tampoco puede la Administración celebrar una transacción en la que renuncie al ejercicio de la competencia tributaria para exigir para exigir y cobrar la deudas fiscales ya liquidadas. la doctrina clásica ha sostenido su imposibilidad. El arbitraje tributario Naturaleza jurídica Dentro del conjunto de normas jurídico tributarias encontramos distintos indicios demostrativos de la presencia de acuerdos entre la Administración Tributaria y los contribuyentes. El arbitraje tributario se encuentra previsto en los artículos 312 y siguientes del COT. el principio de legalidad y el carácter de orden público de las normas jurídico tributarias. exoneraciones ni beneficios fiscales ni aplicar alícuotas distintas a las previstas en la Ley. otorgar exenciones. pues en virtud de esos principios. Tampoco puede ser objeto de arbitraje la reapertura de lapsos para la interposición de recursos administrativos o judiciales cuando éstos hubieren caducado por inactividad del contribuyente. si se acoge al acuerdo o si por el contrario. lo rechaza.[41] . la menor formalidad en los procedimientos. al ser notificada de la transacción. la anulación de los actos administrativos fiscales pues éstos sólo pueden ser revocados por motivos de ilegalidad. a petición de las partes. De otra parte. se dará por terminado el procedimiento. Una vez verificada la notificación se suspenderá la causa por un lapso de noventa (90) días continuos para que las partes discutan los términos de la transacción. y como efecto de la transacción. La falta de opinión se considerará como la aceptación de llevar a cabo la transacción. una vez homologado por el Tribunal. solicitándole la continuación del juicio. 2. la confiabilidad. B. Materias objeto de arbitraje Son susceptibles de arbitraje las mismas materias sujetas a transacción. En el supuesto en el que la Administración Tributaria considerase totalmente improcedente la transacción propuesta. la misma deberá ser solicitada por el recurrente. se le dará curso mediante auto notificando a la Administración Tributaria. deberá notificar de ello al Tribunal de la causa. negada en le proceso judicial. tales como la condonación y la reducción de la deuda tributaria. Cabe destacar que no se requerirá la opinión de la Procuraduría cuando el asunto sometido a ella no exceda de mil unidades tributarias en el caso de personas naturales y cinco mil si se trata de personas jurídicas. necesariamente. la economía y eventual reducción de costos al acortar los procedimientos judiciales. La Administración Tributaria. Ruan Santos sostiene que es absolutamente inadmisible la posibilidad de transacción por lo que respecta la validez o invalidez de un acto administrativo. Una vez recibida la propuesta por el interesado. en tal sentido viene a suplir la resolución judicial que faculta a las partes a solicitar al órgano jurisdiccional el cumplimiento del acuerdo transaccional. deberá formar un expediente del caso para remitirlo a la Procuraduría General de la República conjuntamente con su opinión respecto a la procedencia de la terminación anticipada. mientras que en el arbitraje los gastos del proceso recaen en cabeza de las partes. de allí que no sea transigible el ejercicio de la potestad tributaria del Estado. Es un medio alternativo de resolución de conflictos cuya regulación general en Venezuela se encuentra contemplada en la Ley de Arbitraje Comercial. 3. En efecto. antes del acto de informes mediante escrito que contenga los fundamentos de su solicitud. Una vez recibido por el Tribunal de la causa.En cuanto al sometimiento de las controversias tributarias a soluciones transaccionales. 1. Límites al contenido y alcance del laudo arbitral El arbitraje tributario. Muestra de ello lo es el acuerdo anticipado sobre precios de transferencia. al igual que la transacción encuentran límite en la indisponibilidad del crédito tributario. Tales mecanismos facilitan a los contribuyentes conocer de antemano la posición de la Administración respecto al asunto concreto para que de esa forma se eviten juicios innecesarios. siempre ofrecen la posibilidad. por treinta (30) días más (artículo 307). redactará el acuerdo correspondiente y lo comunicará al interesado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la opinión de la Procuraduría o al vencimiento del lapso si fuere el caso.
Aranzadi. BIBLIOGRAFÍA Cazorla. el cual lo publicará al día siguiente de su consignación. A todo evento. y éstas no hubieren sido subsanadas por el consentimiento de las partes. por el contribuyente salvo que el compromiso arbitral haya sido celebrado a petición de la Administración. necesariamente. 5. En tal sentido. ya que el arbitraje no debe. se regirán por las normas de la Ley de Arbitraje Comercial y por el Código de Procedimiento Civil. Esta inclusión responde a los lineamientos generales derivados de la Constitución. El COT sólo permite el arbitraje independiente y no el arbitraje institucional. ya que en muchos casos pueden existir interpretaciones divergentes y conceptos jurídicos indeterminados en los que existe una zona de incertidumbre abierta a un margen de apreciación e interpretación. Derecho Financiero y Tributario. (iii) si el tribunal ante al cual se plantea la nulidad del laudo comprueba que según el ordenamiento jurídico el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje y. Phileppe. 177 en Ramírez Van . la conciliación. versar sobre la totalidad de la materia objeto de la controversia. en su totalidad.[42] Blanco-Uribe y Fraga Pittaluga sostienen que si bien es cierto que existe indisponibilidad del crédito tributario. según lo dispuesto en el artículo 326 del COT. los efectos del laudo y los aspectos atinentes a su ejecución. (ii) si estuviere concebida en términos contradictorios o inejecutables. El plazo para que los árbitros tomen la decisión es de seis meses contados a partir de la constitución del tribunal arbitral. Para someter un asunto a arbitraje. La doctrina concuerda en que el arbitraje institucional tiene importantes ventajas sobre el arbitraje independiente. El procedimiento arbitral culminará con el laudo. París. La formalización del compromiso arbitral en el expediente de la causa debe expresar con claridad las cuestiones sometidas al conocimiento del tribunal arbitral. Por último. las partes podrán convenir en sufragar los costos en partes iguales. La Nature Juridique du Contentieux de L´imposition. VII. En el arbitraje independiente. p. la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos ” 4. puesto que ya cuenta con reglas y procedimientos. (iv) si en el procedimiento no se hubieren observado las formalidades sustanciales. Asimismo debe destacarse que la causa se suspende mientras dure el arbitraje (320 COT) por lo que la resolución de los asuntos que no fueron sometidos a arbitraje tendrá que esperar por la decisión del tribunal arbitral. condiciones precisas de integración del tribunal arbitral. Como principio general. tramitación del proceso) está regulado por el reglamento de arbitraje del centro arbitral. Procedimiento El arbitraje tributario podrá proponerse y deberá acordarse una vez admitido el recurso contencioso tributario después que hayan sido expuestos los argumentos del contribuyente y las pretensiones de ambas partes estén definidas. El artículo 316 del COT establece que el tribunal arbitral estará compuesto por tres árbitros que deberán ser abogados. todo lo referente al procedimiento arbitral (e. En el arbitraje institucional. su ejecución corresponde al tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia.Sin perjuicio de lo anterior hay que considerar que la aplicación de las normas tributarias no responde a un proceso automático.g. prorrogable hasta por un período igual. Navarra. Los asuntos que sean sometidos a arbitraje no podrán volver a ser objeto de la jurisdicción contencioso tributaria (vid. es de obligatorio cumplimiento para las partes. este último será designado por el tribunal. la misma no es absoluta ya que la ley puede otorgar facultades a la Administración Tributaria para que ésta disponga de la deuda.[43] En adición al recurso de apelación al que se somete el laudo arbitral en el arbitraje tributario. al igual que la sentencia. constitución del tribunal. Bern. En Venezuela la discusión acerca de la procedencia del arbitraje y otros medios de resolución de conflictos está ampliamente superada. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a su designación. uno designado por cada parte y el tercero designado por los dos árbitros y a falta de acuerdo. p. la decisión puede ser objeto del recurso de nulidad cuando concurran los siguientes supuestos (325 COT): (i) si la sentencia decisoria no se hubiere pronunciado sobre todas las cuestiones sometidas a arbitraje. la Ley de Arbitraje Comercial resulta de aplicación supletoria al arbitraje tributario. 2000. de allí que se trate de un arbitraje cuya aplicación se encuentre restringida a la etapa judicial. 52. artículo 154 del CPC) y el representante del Fisco deberá estar debidamente autorizado por la máxima autoridad jerárquica de la administración Tributaria (315 COT). La notificación del mismo tanto a la Administración Tributaria como al contribuyente debe realizarse a través del Tribunal Arbitral. siempre y cuando la decisión haya sido unánime de los tres árbitros (artículo 323 COT). el apoderado judicial del recurrente deberá estar expresamente facultado para ello (vid. salvo el recurso de nulidad tal y como lo establece la Ley de Arbitraje Comercial. las partes pueden establecer sus propias reglas de procedimiento. toda vez que el COT de 2001 prevé a título expreso en su artículo 312 la posibilidad de someter las controversias suscitadas entre la Administración Tributaria y los contribuyentes al arbitraje. la cual señala en su artículo 258 que “la ley promoverá el arbitraje. la doctrina ha afirmado que en materia tributaria es requisito de procedencia del arbitraje tributario que se encuentre previsto expresamente el la ley. los honorarios de los árbitros y demás gastos ocasionados por el arbitraje deberán ser sufragados. 1972. pudiendo acogerse o no a las de algún centro de arbitraje. los árbitros deberán manifestar su aceptación ante el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario (artículo 317). 2 edición. La decisión se pasará con los autos al Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario que estaba conociendo de la causa cuando se celebró el compromiso. Luis María. En todo caso. Efectos del laudo arbitral El laudo arbitral. La decisión del Tribunal Arbitral es apelable ante el Tribunal Supremo de Justicia. estableciendo claramente a que supuestos puede ser sometido. ya que el laudo debe ser definitivo y no debe estar sujeto a recurso alguno. prevé el artículo 326 del COT que aquellos aspectos del arbitraje tributario que no se encuentren regulados. Esta disposición se aparta de lo que debe ser una decisión arbitral. 314 COT).
“Recurso Jerárquico y Contencioso Tributario” en Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001. Dino. 2004. “Contencioso-fiscal. Ramírez Murzi. Civitas. Colegio de Abogados del Estado Lara. 82 y ss Hernández Richards. 1998. “Presupuestos Procesales de la Acción en el Proceso Contencioso Tributario” en Contencioso Tributario hoy. Marco. Ob cit. 1976. p. Dalloz. 143.: García de Enterría.: Dupuy. Caracas. 204. 1992. Gabriel. [15] vid. Marco. . 6 Van Der Velde. Tomás-Ramón. “El Proceso Contencioso Tributario Venezolano. Alejandro. 1972. 1995. París. A. séptima edición. su objeto y naturaleza jurídica” en Homenaje a José Andrés Octavio. año XXVI Julio-Agosto-Septiembre. Caracas. 1999. Jornadas internacionales. 82 y ss [16] cfr. pp. AVDT. Argentina. Caracas. París. Comentarios al Código Orgánico Tributario. 435 y 436. Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Ob cit. 2002. “El Contencioso Tributario” en Revista de Derecho Público. 2002. [10] Trotabas. [5] Para que pueda afirmarse la autonomía científica de un fragmento del derecho. 13 García de Enterría. 153 y ss. livrosca. Caracas. se debe tratar de: (i) un ámbito de realidad social acotado. 1969. Caracas. 125 y ss. año XXVI Julio-Agosto-Septiembre. Marco. Rodríguez Bereijo. FUNEDA. 1983. Elvira. Madrid.J. N° 56. Buenos Aires. 2004. Gabriel. 1992. 1999. Ilse. [12] Ramírez Murzi. Eduardo y Fernández. Rodríguez Bereijo. FUNEDA. 1995. Alejandro. Eduardo y Fernández. 1999. Curso de Derecho Administrativo. Viloria Méndez. Ramírez Van Der Velde. “El Proceso Contencioso Tributario Venezolano. 73. “Solución convencional de conflictos en el ámbito tributario: una propuesta concreta” en Quincena Fiscal. N° 56. 153 y ss. 95-96. 125 y ss. 1999. Compilación de estudios y sentencias publicadas en las revistas de derecho tributario. 1969. “Comentarios sobre la aplicabilidad del instituto de la transacción a la actividad de la Administración Pública” en Revista de Derecho Público. 2000. “El Recurso Contencioso Tributario: ensayo de su perfil” en Revista de Derecho Tributario. p. “Recurso Jerárquico y Contencioso Tributario” en Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001. pp. N° 9. en Temas Tributarios. 2004. livrosca. 614 Fraga Pittaluga. Ferreiro Lapatza. Tomás-Ramón. “El Recurso Contencioso Tributario: ensayo de su perfil” en Revista de Derecho Tributario. Ruan Santos. 435 y 436. revista de la AVDT. [11] Bern. [9] Trotabas. N° 21. La defensa del contribuyente frente a la Administración Tributaria. Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas. Caracas. p. Alejandro. Spisso. 211 y ss. Instituto de Estudios Fiscales de Madrid. Barquisimeto. [6] Cazorla. Civitas. p. AVDT. 301 en Ruan Santos. Dalloz. p. pp. Aranzadi. p. Ruan Santos. 2 edición. séptima edición. Ilse. [14] Recordemos que el responsable es un tercero ajeno a la realización del hecho imponible al cual se le asigna el carácter de sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria principal. Droit Fiscal. Liceo Profesional Cima. Lois. pp. 1992. Derecho Financiero y Tributario. pp. N° 56. “Presupuestos Procesales de la Acción en el Proceso Contencioso Tributario” en Contencioso Tributario hoy.Thomson-Aranzadi. La Nature Juridique du Contentieux de L´imposition. Tomo I. p. 2003. Compilación de estudios y sentencias publicadas en las revistas de derecho tributario. Asociación Venezolana de Derecho Tributario. p. [4] Ramírez Van Der Velde. 1983. pp. pp. Caracas. Jurídica Venezolana. Phileppe. 1995. Madrid. AVDT. Argentina. 52. Colegio de Abogados del Estado Lara. 211 y ss. pp. revista de la AVDT. Droit Fiscal. AVDT. Caracas. París. 1975. Ed. p. Dino. En relación a lo antes expuesto. Caracas. Gabriel. Caracas. El proceso Contencioso Tributario. 301 en Ramírez Van Der Velde. Tomo I. Liceo Profesional Cima. Notas comparativas”. Notas comparativas”. N° 7. Alejandro. [7] Ruan Santos. Curso de Derecho Administrativo. Caracas. 58 y ss. Luis María. AVDT.. Caracas. Jornadas internacionales. J. pp. Gabriel.Bóveda. [18] Van Der Velde. El proceso Contencioso Tributario. 143. “Contencioso-fiscal. Mónica. 2004. Félix. Barquisimeto. “La Tutela Cautelar del Sujeto Pasivo en el Proceso Contencioso Tributario” en Contencioso Tributario hoy. p. Ilse. Ruan Santos. Alejandro. Rodolfo. 177 en Ramírez Van Der Velde. 614 [17] Van Der Velde.. Instituto de Estudios Fiscales de Madrid. p. Caracas. Marco. Caracas.. Caracas. El proceso Contencioso Tributario. Curso Superior de Derecho Tributario. Buenos Aires. “El Recurso Contencioso Tributario: ensayo de su perfil” en Revista de Derecho Tributario. La defensa del contribuyente frente a la Administración Tributaria. Colegio de Abogados del Estado Lara. 1975. Curso Superior de Derecho Tributario. 1992. Ramírez Murzi. “Tutela Judicial Efectiva en materia Tributaria”. Comentarios al Código Orgánico Tributario. [13] Ramírez Van Der Velde. (ii) un conjunto de normas y relaciones homogéneas y (iii) la existencia de unos principios generales propios. Barquisimeto. [3] Fraga Pittaluga. 1981. Jarach. AVDT. Caracas. Lois. Navarra. p. 1976. Félix. 1995. [8] Jarach. Gabriel. año XXVI Julio-Agosto-Septiembre. en Temas Tributarios. Mayo. Alejandro. Caracas. [1] Ramírez Van Der Velde. pp. Dupuy. en Contencioso Tributario hoy. Enero-Marzo. 2004. 58 y ss. 1998. A. Mery. Caracas. Caracas. “El arbitraje Tributario en el Derecho Venezolano” en El Contencioso Tributario hoy. Introducción al estudio del Derecho Financiero. pp. [19] Hernández Richards. Ob cit.. Tomo I. 1995. pp. Ob cit. p. Introducción al estudio del Derecho Financiero. su objeto y naturaleza jurídica” en Homenaje a José Andrés Octavio. vid. [2] Ramírez Murzi. Elvira.
Mery. “Solución convencional de conflictos en el ámbito tributario: una propuesta concreta” en Quincena Fiscal. con la finalidad de obtener la revocación o modificación del mismo. Caracas. 59 [21] Hernández Richards. Gabriel. Ob cit. año XXVI Julio-Agosto-Septiembre. año XXVI Julio-Agosto-Septiembre. N° 9. se destinará a los fines de la ejecución”. Caracas.Thomson-Aranzadi. [38] Brewer Carias. 13 [42] Bóveda. 55 [22] Ruan Santos. vid. [25] Spisso. [34] Téngase en cuenta el artículo 27 de la Constitución conjuntamente con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. [36] Sobre el amparo tributario en el Código Orgánico Tributario de 1983. Jornadas internacionales. Caracas. (5) bases mínimas para la aceptación de posturas. 2004. Jornadas internacionales. “La Tutela Cautelar del Sujeto Pasivo en el Proceso Contencioso Tributario” en Contencioso Tributario hoy. Gabriel. Jurisprudencia sobre las medidas cautelares en el contencioso administrativo. citado por Viloria Méndez. “Comentarios sobre la aplicabilidad del instituto de la transacción a la actividad de la Administración Pública” en Revista de Derecho Público. 1992. Mónica. La Tutela Judicial Efectiva en Materia Tributaria. p. (3) certificación de gravámenes. 1981. [31] Ruan Santos. N° 56.[20] Fraga Pittaluga. Rodolfo. [43] Bóveda. 70. sea de tal naturaleza que haga necesaria dicha omisión.dpuf RECURSO TRIBUTARIO Recurso Tributario Los recursos tributarios Es un medio de defensa que la ley otorga a los particulares afectados en sus derechos por un acto administrativo. Mónica. El producto de la venta. N° 21. Luís.942 de 20 de mayo de 2004. Gabriel. citado por Hernández Richards. con la cual se favorecerá a quien ofrezca el mayor precio de contado por encima del precio fijado por el perito. (4) el justiprecio de los bienes. . p. Asociación Venezolana de Derecho Tributario. la cuales no podrán ser inferiores a la mitad del justiprecio cuando se trate de bienes inmuebles y. Mónica. Luis. Mery.430 del 7 de abril de 1998. 2004. [32] Prevé el artículo 286 del COT que el cartel de remate deberá contener: (1) identificación del ejecutante y del ejecutado. 204. pp. 70. N° 56. 1996 citado por Viloria Méndez. p. Buenos Aires. Félix. “Presupuestos Procesales de la Acción en el Proceso Contencioso Tributario” en Contencioso Tributario hoy. 207 [39] Gaceta Oficial 36. Ruan Santos. [29] Ortiz Álvarez. Ed. N° 21. p. “La Tutela Cautelar del Sujeto Pasivo en el Proceso Contencioso Tributario” en Contencioso Tributario hoy. 1992. Rodolfo. FUNEDA. Gabriel. [24] Viloria Méndez.badellgrau. cuando se trate de bienes inmuebles. Enero-Marzo. Compilación de estudios y sentencias publicadas en las Revistas de Derecho Tributario N° 1 a la N° 50. La Tutela Judicial Efectiva en Materia Tributaria. Caracas. [30] Prevé en artículo 538 del CPC que “si entre las cosas embargadas hubieren cosas corruptibles. Caracas. 1992. AVDT. Mónica. [23] Ruan Santos. 1992. La defensa del contribuyente frente a la Administración Tributaria. previa estimación de su valor por un perito que nombrará el Tribunal. También da origen a una controversia entre la administración y el administrado. Rodolfo. pudiéndose prescindir de éste en caso de que el temor de la corrupción de los bienes. Caracas. previa audiencia de ambas partes. 73. lugar y hora en el que haya de practicarse el remate. p. [27] Spisso. “El Recurso Contencioso Tributario: ensayo de su perfil” en Revista de Derecho Tributario. [35] Sala Constitucional del TSJ. Desalma. AVDT.See more at: http://www. AVDT. [33] Ruan Santos.J.jxq503t3. p. p. Desalma. 2003. 2004. año XXVI Julio-Agosto-Septiembre. 1996 citado por Viloria Méndez. AVDT.209 citado por Bóveda. p. Caracas. p. 2004. Ob cit. “El Recurso Contencioso Tributario: ensayo de su perfil” en Revista de Derecho Tributario. 2004. 6 [28] Spisso. cuando sea demostrada su ilegalidad. Tomo I. N° 7. “La Tutela Cautelar del Sujeto Pasivo en el Proceso Contencioso Tributario” en Contencioso Tributario hoy. Mery. p. Gabriel. 1999.com/?pag=46&ct=1052#sthash. p. p. Jurídica Venezolana. Caracas. 95-96. Enero-Marzo. [37] Ruan Santos. Caracas. 2004. Caracas. 153 y ss. “El Recurso Contencioso Tributario: ensayo de su perfil” en Revista de Derecho Tributario. AVDT. Félix. [41] Ferreiro Lapatza. 2004. (6) día. 1992. Mayo. “Las transacciones fiscales y la indisponibilidad de la potestad y competencias tributarias” en Temas Tributarios. 206. (2) naturaleza e identificación de los bienes objeto del remate. en Contencioso Tributario hoy. Ob cit. Ob cit. AVDT. Caracas. Caracas. p. “El Contencioso Tributario” en Revista de Derecho Público. Allan. “La Tutela Cautelar del Sujeto Pasivo en el Proceso Contencioso Tributario” en Contencioso Tributario hoy. “Tutela Judicial Efectiva en materia Tributaria”. autorizar al Depositario para que efectúe la venta de dichas cosas. Dicha venta se anunciará mediante un solo cartel que se publicará en un periódico que circule en la localidad. p. Mery. sentencia N° 654 del 30 de junio de 2000. [26] Publicada en Gaceta Oficial N° 37. 215 . N° 56. “El arbitraje Tributario en el Derecho Venezolano” en El Contencioso Tributario hoy. Buenos Aires. el Juez podrá. Gabriel. J. Caracas. 70. El recurso administrativo tiene por objeto proteger los derechos de los particulares y sujetar la actuación de la autoridad al régimen de derecho. 1998. [40] Bóveda. “El Contencioso Tributario” en Revista de Derecho Público. AVDT. Caracas. Caracas.
T (Art 245 247). La Administración Tributaria admitirá el recurso jerárquico dentro de los 3 días hábiles siguientes al vencimiento del lapso de la interposición del mismo. la interposición del recurso suspende los efectos del acto recurrido. se abrirá. Recurso jerárquico: Es una opción que le da el legislador al contribuyente. para subsanar todos los vicios de que adolezcan. si no fuese la máxima autoridad. De ahí que la garantía que se pretende asegurar ofreciendo mediante la interposición de recursos una posibilidad de reacción contra las resoluciones administrativas se vea limitada por el hecho de ser la propia Administración la que ha de resolver el litigio planteado y que deriva de un acto suyo. • En los demás casos señalados expresamente en este código o en las leyes. o porque el poder no sea formal. en virtud de la interposición del recurso no impide exigir el pago de la porción no objetada. al igual que todos los elementos de juicio de que disponga. por lo que esta se convierte así en Juez y parte de los mismos. Los recursos tributarios son: 1. • Falta de asistencia o representación de abogado. Según el C. no pueden ser convalidados de ninguna manera. En este tipo de Recurso la Administración Tributaria se reserva en todo momento para corregir sus actos.O.. Tal es el caso que su ejecución sea ilegal. contados a partir de la interposición del recurso. pudiendo solicitar del propio contribuyente informaciones adicionales.Los Recursos Administrativos se interponen y resuelven ante la misma Administración. un lapso probatorio no mayor a 15 días. A tal efecto. El recurso jerárquico deberá interponerse mediante escrito donde se expresaran las razones de hecho y de derecho en que se funde con la asistencia o representación de abogados o cualquier otro profesional al área tributario éste recurso deberá interponerse ante la oficina que emanó el acto en un lapso de 25 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de la notificación del acto que se impugna. por ejemplo: que se pretenda aplicar una sanción distinta a la señalada en la ley. y que sea emitido por un individuo con credenciales falsas de funcionario público. dentro de los 3 días hábiles siguientes. . La administración tributaria dispondrá de un lapso de 60 días continuos para decidir el recurso contado apartir de la fecha de culminación del lapso probatorio. en caso de que se compruebe errores de cálculos y otros errores materiales. Su revocación total produce el término del procedimiento. el cual será fijado de acuerdo con la complejidad del caso. Luego de Interpuesto el recurso. la suspensión de los efectos del acto recurrido en virtud de la interposición del recurso jerárquico. Esté procede no procede contra actos que: • Contra los actos dictados por la autoridad competente en un procedimiento amistoso previsto en un tratado para evitar la doble tributación. Igualmente se considera causal de inadmisibilidad del recurso: • La falta de cualidad o interés del recurrente • La caducidad del plazo para ejercer el recurso • Ilegitimidad de la persona que se pres ente como apoderado o representante por no tener capacidad necesaria para recurrir o por no tener la representación que se atribuye. el recurso procede por la parte no modificada. La suspensión de los efectos del acto recurrido. Revisión de Oficio. que juzgue necesarias y llevando los resultados al expediente. no impide a la administración tributaria exigir el pago de la porción no objetada. Actos Administrativos absolutamente nulos: Existen actos que sólo pueden considerarse viciados de nulidad absoluta. • Contra los actos dictados por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios. que considere pertinentes para esclarecer los hechos. en caso de modificación de oficio. es decir. para impugnar un acto emanado de la Administración Tributaria. La Administración Tributaria podrá realizar todas las diligencias de investigación. una vez admitido el recurso. la oficina podrá revocar el acto recurrido o modificarlo de oficio.
no disponibles para el momento de su tramitación. 3. soborno u otra manifestación fraudulenta. • Cuando en la resolución hubieren influido en forma decisiva documentos o testimonio s declarados falsos. o que éste haya sido denegado. El lapso para interponer este recurso será de 25 días hábiles. cuando el recurso no hubiere sido interpuesto ante el tribunal competente el juez o el funcionario recetor deberá remitirlo al tribunal competente dentro de los cinco días siguientes. el recurrente podrá solicitar del tribunal competente que reclame al juez o funcionario receptor el envió del recurso interpuesto.. la suspensión parcial de los efectos del acto recurrido no impide a la Administración Tributaria exigir el pago de la porción no suspendida ni objetada . por sentencia judicial firme. Recurso contencioso tributario: Es una impugnación de un acto de efecto particular sin necesidad del uso previo de un recurso jerárquico.2. Recurso de revisión: El recurso de revisión contra los actos administrativos firmes podrá intentarse ante los funcionarios competentes para conocer del recurso jerárquico en los siguientes casos: • Cuando hubiere aparecido pruebas esenciales para la resolución del asunto. violencia. • Cuando la resolución hubiere sido adoptado por cohecho. contados a partir de la notificación del acto que se impugna o del vencimiento del lapso previsto para decidir el recurso jerárquico. El recurso de revisión solo procede dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la sentencia y deberá ser decidido en los 30 días siguientes a la fecha de su presentación. y ello hubiere quedado establecido en sentencia judicial firme.
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