Source: https://mediaandentertainmentobservatory.wordpress.com/2011/03/14/el-gobierno-porteno-impide-el-ingreso-de-un-nuevo-operador-de-triple-play-y-no-sabe-como-explicarlo/
Timestamp: 2018-05-25 01:29:39+00:00

Document:
El gobierno porteño impide el ingreso de un nuevo operador de triple play pero no sabe cómo justificarlo | Latin American Media & Entertainment Observatory
Dice Gigared:
Aquí mando las respuestas a cada párrafo sostenido por el GCBA [Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires]. Hay un claro propósito de desviar la atención y ocultar los verdaderos motivos de la negativa del GCBA a darnos los permisos, como se notará al leer lo contestado por nosotros (que puede incluso ser verificado por cualquiera al tomar vista de los expedientes). En primer lugar, la versión del vínculo con empresas del grupo Slim es inexacta. En su momento, años atrás, Telmex había manifestado interés por la empresa, pero luego las conversaciones se interrumpieron. No hay ninguna vinculación societaria con Claro ni con ninguna otra empresa del grupo Slim. La versión es sostenida desde siempre por nuestros competidores para agitar el fantasma de que una empresa extranjera se hace cargo de un medio nacional. Esa versión es, por supuesto, funcional a los intereses de nuestros competidores.
La postura del GCBA, para sintetizar todo este derrotero es: no importa lo que hagas, lo que presentes, lo que argumentes, no te daremos los permisos. Lo que no se entiende es ¿qué bien público se desea proteger? ¿Cuál es el bien común que se intenta tutelar? ¿Quienes se benefician de esta postura irreductible del GCBA?
Dice el Gobierno porteño:
En primer lugar, cabe destacar que la empresa a que hacen referencia es Gigable, no Gigared, si bien esta última inició un expediente administrativo para la prestación de servicios de Internet el cual se encontraba gestionando en la Dirección Permisos de Apertura.
Los expedientes de Gigared también están demorados.
Además, hay que tener en cuenta que desde la sanción de la Ley Nº 1877, Gigacable inició varios juicios en el fuero contencioso administrativo y tributario, a saber:
– Gigacable S.A. c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad (EXP. 4627/06) Tribunal Superior de Justicia.
Finalizado. Hicieron lugar parcialmente a la acción deducida, declarando la inconstitucionalidad del inciso b) del art. 4 de la ley n° 1.877 en el segmento que dice: “y cuando concurriera el supuesto previsto en el art. 14 de la presente ley”, y del primer párrafo del art. 14 de la ley citada.
Resoponde Gigared:
Dicho así no queda claro que lo que obtuvo Gigared fue el reconocimiento de que la ley establecía un trato discriminatorio a favor de Telecentro, Multicanal y Cablevisión, únicas a quienes se permitía la instalación aérea de sus redes
Continúa el Gobierno porteño:
– Gigacable S.A. c/ GCBA s/ Amparo (Expte. Nº 28927/0), Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9. Finalizado. Se cuestionó la Resolución Nº 945/MEPGC/2007, por medio de la cual se dejó sin efecto el permiso de prestador del servicio de señal de televisión por cable, la Sala II hizo lugar a la acción, revocando la sentencia de primera instancia por falta de motivación.
Redactado de esta forma tan confusa no queda claro que lo que obtuvo Gigared en esta acción de amparo fue el reconocimiento judicial de que la revocación de sus permisos de prestador decidida por el Ministerio de Espacio Público fue ilegítima por falta de motivación.
– Gigacable SA c/ GCBA y OTROS s/ Impugnacion Actos Administrativos (EXP 36530/0), Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 7. El último movimiento relevante fue la contestación de la demanda presentada por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 01 de noviembre de 2010, en cuya oportunidad se opusieron excepciones, cuya contestación se encuentra pendiente por parte de la firma.
Responde Gigared:
De este expediente no da ningún detalle relevante: omite, por caso, explicar que se trata de una acción iniciada por la denegación de un nuevo permiso (iniciada mientras se decidía si la revocación de los anteriores era legítima –ver punto anterior- también de manera ilegítima)
En sede administrativa se generaron los siguientes actuados relacionados con dicha temática: Expediente Nº 32.165/2008; y el Expediente Nº 51.475/2001 sobre la solicitud de inscripción al Registro Único de Empresas Licenciatarias y las actuaciones relacionadas con el permiso de prestador del servicio de señal de televisión por cable, respectivamente.
Acá se mezcla todo y pareciera que son actuaciones que inicia Gigared al boleo. El expediente 51.475/2001 es el expediente madre, que arribó a la Justicia porque en él se dictó la resolución que dio de baja los permisos, luego revocada en sede judicial, y a raíz de tal decisión se dictó la última resolución administrativa que ahora se encuentra recurrida en sede administrativa por Gigacable (es el registro al que hace referencia el párrafo siguiente).
Registro Nº 1.075.166/MAYEPGC/10. Actualmente se encuentra en la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la emisión del dictamen sobre el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio interpuesto por GIGACABLE contra la Resolución Nº 972/MAYEP/10. Se remitió la nueva documentación aportada por la firma toda vez que se relacionado con las cuestiones debatidas en dicho actuado.
La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario en la causa “Gigacable S.A. c/ GCBA s/ Amparo (Expte. Nº 28927/0), el día 03 de junio de 2009, hizo lugar al amparo incoado por la empresa con el fin de que se anulen los términos de la Resolución Nº 945/MEPGC/2007, por medio de la cual se dejó sin efecto el permiso de prestador del servicio de señal de televisión por cable, el cual fuera otorgado por la Resolución Nº 319/SIyP/04.
Para así decidir la Cámara consideró se encontraba viciado el acto administrativo en su motivación – no estaba bien justificado-
Esto es incorrecto: no es que no estaba “bien” justificado sino que no estaba justificado.
Sigue el Gobierno porteño:
Mediante la Resolución N° 282/MAYEPGC/10 se concedió a la empresa Gigacable S.A. un plazo de diez días para adecuarse al marco legal establecido por la Ley N° 1877 a fin de regularizar su petición a la normativa vigente, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de dejarse sin efecto la Resolución Nº 319/SLyP/04.
Esto es correcto desde un punto de vista narrativo de los hechos.
Una vez presentada la documentación de la firma, se emitió la Resolución Nº 972/MAyEPGC/10 de fecha 28 de julio de 2010, por la cual se dejó nuevamente sin efecto el permiso controvertido, y contra cuyos términos Gigacable S.A. presentó un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, cuya resolución al día de la fecha se encuentra en trámite.
Una vez presentada la documentación a tal efecto, se la remitió a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público (DGOEP)# con el fin de que la evaluara, toda vez que por la Resolución Nº 91/MEPGC/07 se delegó en esa repartición la facultad de otorgar los permisos a las empresas prestatarias para la instalación de redes de servicio de televisión por cable y servicios complementarios, en el marco de lo previsto por la Ley N° 1.877 y el Decreto N° 208/07. En dicha oportunidad manifestó que no se adecuaba al marco legal descripto, como así también que la empresa no integra el Registro Único de Empresas Licenciatarias del Servicio de Televisión por Cable y Servicios Complementarios (RUL).
Posteriormente, ante una nueva consulta respecto a los artículos 21 y 31# de la ley marco, en relación al certificado de vigencia y funcionamiento regular de sus emisiones, destacó que las empresas que actualmente integran el RUL, fueron exceptuadas de tal presentación de esa certificación porque acreditaron que emitían en la señal Ciudad Abierta, acompañando en respaldo de lo expuesto, copia de las presentaciones efectuadas por las empresas Multicanal y Telecentro, respectivamente.
En este último párrafo esté el meollo de la discusión, pues como ha afirmado Gigacable, bajo un ropaje de legalidad (uno lee este informe y la actuación del GCBA parece intachable) se obra con desvío de finalidad, impidiendo a Gigacable acceder a los permisos para tender sus propias redes. Pero además, lo que afirma el final del párrafo es lisa y llanamente mentira: no existe ningún acto administrativo emanado del GCBA que exceptuara a Multicanal y Telecentro de presentar el certificado. De hecho, lo único que hay es un pedido de dichas empresas de que se les aplique la excepción, lo que claramente no implica otorgamiento (el silencio administrativo debe entenderse negativa), amen de que a Cablevisión ni la nombran ni la sancionaron por no presentar el certificado.
Afirma el Gobierno porteño:
Además, por medio de la Resolución Nº 259/SSEP/08 que denegó a Gigacable S.A. la inscripción al RUL, la cual se encuentra cuestionada judicialmente en el fuero contencioso administrativo y tributario de esta ciudad en los autos: “Gigacable S.A. c/ GCBA y otros s/ Impugnación de acto administrativo (Expte. Nº 36530/0), actualmente en trámite.
Teniendo en cuenta tales informes técnicos se emitió la Resolución 972/MAyEPGC/10 respecto de los cuales tiene dicho la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, concordantemente con la doctrina de la Procuración General del Tesoro de la Nación que “Con relación a los informes técnicos, esta Procuración del Tesoro señaló reiteradamente que, en situaciones como la de la índole, merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor” (conf. Dict. 200:116; 254:197).
Acá no hay que dejarse engañar: los aparentes informes técnicos son nterpretaciones legales efectuadas por arquitectos. Por otra parte, Gigacable ha recurrido la resolución pues los dictámenes no son serios ni precisos ni razonables y por su fuera poco, son alevosamente arbitrarios.
Los párrafos que siguen no dejan de ser una muestra de la forma capciosa en la que se tratan las presentaciones de Gigacable. La postura del GCBA, para sintetizar todo este derrotero es: no importa lo que hagas, lo que presentes, lo que argumentes, no te daremos los permisos. Lo que no se entiende es ¿qué bien público se desea proteger? ¿Cuál es el bien común que se intenta tutelar? ¿Quienes se benefician de esta postura irreductible del GCBA?
Es complejo desvirtuar en forma resumida la gran cantidad de imprecisiones de este informe, presentado –insistimos- de modo de justificar el abuso de poder de la administración.
Además, de tales informes se expidió la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público#, sosteniendo, especialmente en lo que hace a la inscripción al RUL, que la firma no acreditó una modificación de hecho o de derecho, que le permitiera apartarse del temperamento adoptado en la Resolución Nº 259/SSEP/08, y por medio de la cual se denegara la inscripción respectiva.
Lo que sigue en este párrafo no es cierto, puesto que el GCBA dictó la resolución antes de que la AFSCA le respondiera y por ende, toda esta argumentación es posterior al dictado del acto y no puede haber servido para motivarlo o justificarlo. Esosin entrar a analizar la razonabilidad de la interpretación.
En relación a la certificación de vigencia y funcionamiento regular de las emisiones solicitadas reiteradamente a Gigacable, se consideraba que no habían sido acreditadas, porque si bien con fecha 17 de noviembre de 2010#, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual reiteró los términos de la documentación que la firma acercaba al Ministerio, de fecha 10 de febrero de 2006, que certifica la vigencia de la licencia de GIGACABLE S.A., ello no puede hacerse extensivo a las emisiones regulares al no realizar un pronunciamiento expreso sobre el funcionamiento regular de las mismas, limitándose a expresar que es la empresa, a través de su apoderada, quien “solicita la habilitación definitiva del sistema, e informa que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Nº 26.522, se ha dado inicio a las emisiones de prueba”.
En el orden nacional, la Ley Nº 26.522 en su artículo 84 dispone que “los adjudicatarios de licencias y autorizaciones deben cumplimentar los requisitos técnicos establecidos en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la adjudicación o autorización. Cumplidos los requisitos, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual conjuntamente con la autoridad técnica pertinente, procederá a habilitar técnicamente las instalaciones y dictar la resolución de inicio regular del servicio.
Hasta tanto no se dicte el acto administrativo autorizando el inicio de transmisiones regulares, las mismas tendrán carácter de prueba y ajuste de parámetros técnicos, por lo que queda prohibida la difusión de publicidad”. La transcripción de la norma no deja lugar a dudas que la nota remitida por la autoridad federal concedente no puede interpretarse como el cumplimiento de la certificación exigida por la norma local, ya que previo a ello el organismo nacional debería haber dictado el acto administrativo al que alude el art. 84.
Contesta Gigared:
Si el GCBA sostiene esto se está enredando sólo pues por aplicación del principio de igualdad ante la ley debería hacer extensiva esta interpretación a Telecentro, Multicanal y Cablevisión, puesto que ninguna de estas empresas contaba –al momento en que debía presentarse el certificado del art. 31- con la habilitación del servicio y emisiones regulares. Por eso “inventan” que esas empresas estaban exceptuadas de presentar el certificado pero eso no es cierto. La ley, ya que la vamos a interpretar taxativamente, le daba a la administración la “facultad de exceptuar” pero no establecía una excepción (no decía “quedan exceptuadas de presentar…” sino “facúltase a exceptuar…” Ver el artículo 31 de la ley 1877).
En respaldo a la razonabilidad del acto administrativo atacado y la postura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Procuración del Tesoro de la Nación ha sostenido al dictaminar sobre los términos de una resolución del entonces Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), que revocó una resolución por medio de la cual se había adjudicado una licencia que “Los derechos subjetivos sólo pueden reputarse en ejercicio efectivo a partir del inicio de las emisiones regulares, momento a partir del cual recién comenzaría a computarse el lapso de duración de la licencia. En el caso, hasta el acto administrativo de suspensión, el adjudicatario de la licencia no había iniciado aún las emisiones regulares, razón por la que no puede alegar la existencia de derechos subjetivos nacidos a su favor como consecuencia del dictado del acto de adjudicación. Habiendo la Administración habilitado el procedimiento y encontrándose firmes los actos que lo componen, no resulta admisible producir una retroacción que cambie su rumbo (conf. Dict. 241:249).
Esto es increíble… Amen de que se cita un dictamen emitido para un caso específico diferente al de Gigacable, y que no es algo que corresponda desvirtuar acá, supongo que la persona que emitió este informe no creerá que esa cita servirá para eximir al GCBA y los funcionarios involucrados de su responsabilidad por daños por obrar ilegítimo? Sugiero revisar los antecedentes de la denuncia penal contra el ex. Ministro de Espacio Público de la gestión anterior (Sr. Bovero) y contra el apoderado de Telecentro (Sr. Zuccoli), en la que se ha decidido dejar sin efecto el sobreseimiento y continuar adelante con la investigación de los delitos denunciados por Gigacable.
Siguiendo con dicho razonamiento, si bien la Ley Nº 1877 trata cuestiones de índole local, el examen de la presentación efectuada no sólo debe centrarse en las previsiones locales, teniendo en cuenta que la autoridad concedente de las respectivas licencias, como el caso que nos ocupa, es una Autoridad Federal, debiendo por ello analizarse la licencia de la presentante a la luz de la Ley nacional citada con anterioridad. En relación a esto último, además no puede dejarse de advertir que el art. 3º de la ley local, a los fines de solicitar permisos se destaca la necesidad de que las empresas cuenten con licencia suficiente otorgada por el entonces COMFER.
Sobre esto último, si bien del debate parlamentario que precedió a la sanción de la ley vigente no hay mayores precisiones sobre el alcance de dicha expresión, no surge irrazonable interpretar, como así lo viene haciendo esta administración, que la certificación varias veces requerida, tiende a tal fin, y consecuentemente a evitar, como se infiere del art. 31, la vigencia de permisos a empresas que no acrediten el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos por la norma federal – en especial el art. 84 – a los cuales la autoridad federal ha supeditado para autorizarles el inicio regular de la prestación del servicio de televisión por cable, como en este supuesto.
Aclara Gigared:
La ley federal que se cita aquí es cuatro años posterior a la ley local que requería el certificado.
En otro orden, y en relación a la interpretación que Gigacable hace del art. 31 por el cual se exige la certificación regular de las emisiones exigida por el GCBA, al sostener que la norma entraña una diferencia de trato entre los actuales prestadores de los servicios de Televisión por Cable, quienes ya se encuentran inscriptos en el RUL, y los potenciales futuros prestadores del mismo servicio, que no corresponde al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ni al Poder Ejecutivo en general, declarar la inconstitucionalidad de las leyes, sino al Poder Judicial, facultad que ya fuera ejercida por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los autos “Gigacable S.A. s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” (Expte. Nº 4627/06), oportunidad en la que sostuvo, entre otros argumentos, que “la actora tuvo la portunidad de corregir, desplazar argumentativamente y hasta refutar la contestación de la demandada durante la audiencia pública, y no lo hizo (Voto del Juez Maier)”; que “La facultad de la autoridad de aplicación de exceptuar a las empresas que ya se encuentran prestando el servicio encuentra su fundamento en la misma norma: la misma autoridad de aplicación puede haber requerido -en función de que estas empresas transmiten las emisiones de la señal local Ciudad Abierta- con anterioridad y con motivo de acreditar la regularidad de las prestadoras para estas transmisiones de la señal pública, la misma documentación.
En función de ello no puede considerarse irrazonable que no se encuentren obligadas a hacerlo nuevamente (del voto de los Dres. Conde y Casás), y por último que “el planteo de la actora omite brindar motivos para concluir que la prescindencia del certificado no queda justificada, precisamente, por el hecho de que los actuales prestadores están cumpliendo con las emisiones de la señal Ciudad Abierta, por lo que la autoridad de aplicación está en conocimiento pleno de la vigencia de la licencia. Por otra, la facultad otorgada a la autoridad de aplicación no excluye la posibilidad de que los funcionarios competentes exijan, a los operadores de las redes preexistentes, la presentación del certificado en cuestión en caso de creerlo necesario (ver dictamen fs. 155)” (del voto del Dr. Lozano).
Más allá de que el TSJ no haya considerado inconstitucional esa parte del art. 31, estas citas del fallo no desvirtúan en nada lo sostenido por Gigacable, en el sentido de que el GCBA no ejerció la facultad de exceptuar a Telecentro, Cablevisión y Multicanal de la presentación de tal certificado, pues NO EXISTE resolución alguna que así lo establezca.
Finalmente, el Gobierno porteño concluye:
No es correcto afirmar que el GCBA esté requiriendo irrazonablemente requisitos, que se les exceptúa de cumplir a otras empresas, toda vez que las empresas a las cuales hace referencia GIGACABLE se encontraban en un supuesto diferente en relación al estado de sus licencias y vigencia de sus emisiones, situación que la propia Ley Nº 1877 es quien le otorgó un trato diferenciado y declarado constitucional por el máxima autoridad judicial local, al establecer el no requerimiento de tal certificación a quienes a la fecha de la sanción de la misma se encontraban prestando la señal local Ciudad Abierta.
Gigared responde:
Esta afirmación es falsa: el artículo no estableció una excepción sino que otorgó a la autoridad de aplicación una facultad, esto es la facultad de exceptuar, facultad que no fue ejercida (la voluntad de la administración se manifiesta mediante la emisión de actos administrativos).
Que desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en busca de la verdad material, y del principio de impulsión e instrucción de oficio, consagrado en el art. 22 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, consultó a la autoridad federal, AFSCA, sobre el estado de situación de la GIGACABLE y nunca obtuvo una respuesta que permitiera afirmar que se encontraban emitiendo las señales exigidas en la norma local, como tampoco era acreditado por la firma en sus reiteradas presentaciones.
Que el cambio de la situación antes descripta, fue notificado a este Ministerio por GIGACABLE, el día 08 de febrero de 2011, y remitido al Órgano Asesor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con fecha 10 de febrero del corriente año, lo cual es prueba suficiente para desvirtuar cualquier opinión adversa en relación al despacho del requerimiento efectuado por la firma. Cabe destacar que al día de la fecha todas las actuaciones administrativas relacionadas tanto con el permiso de prestador del servicio de señal de televisión por cable, como la solicitud de inscripción al Registro Único de Empresas Licenciatarias – RUL – se encuentran en la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo por un lado por el recurso impetrado por la firma al que hemos hecho referencia con anterioridad, y por otro, por la causa judicial que se encuentra en trámite en el fuero contencioso administrativo y tributario.
Por lo cual, una vez remitidos los expedientes a este organismo se procederá a reveer la petición de la empresa, a la luz de las nuevas condiciones certificadas por la autoridad federal y notificadas recientemente.
Para quienes no están en tema, aquí tienen el texto de la nota publicada en La Nación.
El gobierno de la ciudad frena el ingreso de un nuevo operador de televisión por cable que podría competir con Cablevisión (Grupo Clarín) en ese negocio y con Telecentro (Grupo Pierri) en el del triple play (TV paga, telefonía y banda ancha). Se trata de Gigared, una empresa que ya opera en Paraná, Santa Fe, Corrientes y Resistencia, y que próximamente llegará a Posadas. La firma une esas localidades con un tendido de fibra óptica de 1100 km que arranca en el barrio porteño de Villa Ortúzar, donde tiene su centro de operaciones, y recorre el litoral en paralelo al curso del río Paraná.
“Somos la única empresa con una licencia vigente para dar televisión paga en la ciudad, pero no logramos que nos den los permisos municipales. El Superior Tribunal de la ciudad que declaró inconstitucional un artículo de una ley que nos impedía ingresar en el mercado pero tampoco así pudimos conseguir los permisos”, dijo a La Nación Ricardo Pantazis, directivo de Gigared, que en el negocio del cable opera como GigaCable. La Autoridad Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) confirmó una licencia otorgada en 2007, antes de la sanción de la ley de medios por el ex Comfer. Desde entonces, la empresa gestiona sin éxito la habilitación municipal. Entre otras cosas, el gobierno porteño se niega a inscribirla en el Registro Unico de Licenciatarios (RUL), paso previo para el resto de las gestiones.
Ante la consulta de La Nacion, el ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño argumentó por escrito que “no es correcto afirmar que el GCBA esté requiriendo irrazonablemente requisitos que se les exceptúe de cumplir a otras empresas; y que en busca de la verdad material consultó a AFSCA sobre el estado de situación de GigaCable y nunca obtuvo una respuesta que permitiera afirmar que se encontraban emitiendo las señales exigidas en la norma local, como tampoco era acreditado por la firma en sus reiteradas presentaciones”.
En Gigared afirman que tienen además todas las cotizaciones de una obra que les permita cablear unas primeras 200 manzanas porteñas, tras lo cual podrían empezar a dar triple play. La empresa ganó un pleito en el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, que declaró inconstitucional el artículo de una ley local que impedía el ingreso de un nuevo jugador al mercado.
En Capital Federal hay un solo operador de triple play, Telecentro (700.000 abonados), pero el principal proveedor de TV paga es Cablevisión (que también comercializa banda ancha con su marca Fibertel). No obstante, ambas redes no se superponen en toda la geografía porteña por lo que no todos los consumidores pueden elegir una u otra. Una tercera alternativa, pero por satélite y sólo para TV, es la oferta satelital de DirecTV.
Fundada por tres empresarios argentinos, ex directivos de empresas de cable como VCC o Cablevision, Gigared recibió en 2001 una fuerte inyección de capital del fondo de inversiones estadounidense Madison Dearborn Partners (MDP) por más de US$ 100 millones, lo que permitió construir el tendido de fibra óptica en el Litoral. Pero tras el estallido de la burbuja de las puntocom, a finales de la década del 90, el fracaso de otras inversiones realizadas en el sector de las telecomunicaciones y la crisis argentina de 2001, el fondo MDP se fue del país. La empresa fue recuperada por el management y siguió prestando servicios.
El sus cinco operaciones, Gigared tiene 60.000 abonados de televisión, 45.000 de banda ancha y 7000 de telefonía. Fuentes del mercado porteño del cable sugieren desde hace tiempo que Gigared es controlada por el multimillonario Carlos Slim, cuya empresa en Argentina, Claro, tienen vedado el acceso al mercado del triple play. En Gigared y en Claro siempre han desmentido esa versión.
“Al día de la fecha todas las actuaciones administrativas relacionadas tanto con el permiso de prestador del servicio de señal de televisión por cable, como la solicitud de inscripción al RUL se encuentran en la Procuración General de la ciudad (…). Por lo cual, una vez remitidos los expedientes a este organismo se procederá a rever la petición de la empresa a la luz de las nuevas condiciones certificadas por la autoridad federal y notificadas recientemente”, afirmaron en el gobierno porteño.
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