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Timestamp: 2019-05-25 05:22:07+00:00

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﻿ SENTENCIA 115 DE MARZO 27 DE 1992
SENTENCIA 115 DE 27 DE MARZO DE 1992
CONTENIDO:ACCIÓN DE TUTELA, COMISIÓN DEL SECRETARIO QUE VIOLA EL DERECHO DE DEFENSA
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA, OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA, CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO DE DEFENSA, PROCEDIMIENTO PENAL, EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA, ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:245 DE MAYO DE 1992, PÁG.334
Sentencia 115 de marzo 27 de 1992
COMISIÓN DEL SECRETARIO QUE VIOLA EL DERECHO DE DEFENSA
Aprobado Acta Nº 038.
El procesado Pablo Carvajalino Lázaro quien se halla recluido en la Penitenciaría Nacional de Cúcuta, en escrito dirigido al señor Ministro de Justicia, invoca acción de tutela a fin de que se le restablezcan sus derechos constitucionales fundamentales violados por el Juzgado Séptimo Superior de Bucaramanga al dictar sentencia en su contra condenándolo a veinticuatro (24) años de prisión. Considera que el fallo es injusto y que solicitó a la Corte el recurso extraordinario de revisión pero por no contar con recursos económicos, no pudo contratar los servicios de un profesional del derecho.
El Juzgado Séptimo Superior de Bucaramanga, mediante sentencia de fecha 6 de mayo de 1988 condenó a Pablo Carvajalino Lázaro a la pena privativa de la libertad de veinticuatro (24) años de prisión como autor responsable de los delitos de homicidio agravado en Helmer Quintero Tafur y Azael Rodríguez Flórez en concurso con el de hurto agravado y lo absolvió por el punible de homicidio en la persona de Fabio Hernán Talero Amarillo.
Recurrida por el procesado, el Tribunal Superior de la misma ciudad la confirmó con excepción de la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas que la fijó en diez (10) años, según providencia de fecha 10 de agosto del mismo año.
Al momento de notificarse personalmente el acusado manifestó que “interpongo recurso casación”, no obstante lo cual el secretario de la citada Corporación en constancia de fecha 12 de septiembre del mismo año, consignó:
“El término para interponer el recurso de casación precluyó. La secretaría le había solicitado al Director de la Penitenciaría del Barne, informar al procesado Carvajalino que dicho recurso debe interponerse de acuerdo al art. 221 del C. de P. P. y no como lo manifestó al momento de la notificación de la providencia dictada en segunda instancia”.
En la misma fecha, dijo:
“Ejecutoriada la anterior providencia, vuelvo el proceso a la oficina de origen”.
Por auto de fecha 15 de septiembre de 1988 el juzgado del conocimiento dispuso obedecer lo resuelto por el superior y como consecuencia ordenó compulsar copias de los fallos de primera y segunda instancia con destino a la Registraduría Nacional del Estado Civil, Dirección General de Prisiones y jefe seccional del Departamento Administrativo de Seguridad de Bucaramanga.
La acción de tutela promovida por el procesado Carvajalino Lázaro está llamada a prosperar, por las siguientes razones:
1. El artículo 86 de la Carta Política consagra la acción de tutela para que toda persona pueda reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.
Entre los derechos protegidos están el de defensa y debido proceso que, indudablemente en este caso han sido vulnerados pues, el secretario del Tribunal Superior de Bucaramanga, sin facultad legal omitió dar curso al recurso extraordinario de casación interpuesto por el procesado al momento de la notificación personal de la sentencia de segundo grado, la cual, al tenor del artículo 218 del Código de Procedimiento Penal, es susceptible de la mencionada impugnación.
Ha dicho reiteradamente esta Sala que entratándose del recurso de casación, cualquier manifestación de inconformidad del procesado respecto de la sentencia de segunda instancia, dictada por un Tribunal Superior, por infracción sancionada con pena privativa de la libertad de cinco (5) años o más, bien sea al momento de la notificación personal o mediante escrito presentado dentro del término legal, habrá de entenderse como suficiente para que la impugnación sea atendida por la Corporación que dictó la sentencia.
En el presente caso, no admite duda la manifestación del detenido pues consignó expresamente “Interpongo recurso casación”; el deber del secretario no podía ser otro que hacer llegar el proceso al magistrado sustanciador a quien por ministerio de la ley le corresponde concederlo o negarlo. Y si el funcionario consideraba improcedente o insuficiente la impugnación, en auto interlocutorio con el concurso de los magistrados que integran la Sala de Decisión, así declararlo, en cuyo caso, el procesado tiene oportunidad de interponer los recursos de reposición o en subsidio el de hecho.
2. Visto lo anterior, el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bucaramanga no se halla ejecutoriado y por ello no ha hecho tránsito a cosa juzgada, razón por la cual la Sala considera improcedente hacer cualquier pronunciamiento con relación al recurso de revisión a que se refiere el actor en su escrito ya visto.
3. No admite discusión alguna que con la actuación de la Secretaría del Tribunal Superior de Bucaramanga, se limitó a Carvajalino Lázaro en su derecho a la defensa y, al disponerse la ejecución del fallo de segunda instancia, se violó así mismo el debido proceso. Por ello, corresponde a la Corte, como superior jerárquico, disponer lo conducente para el restablecimiento de esos derechos constitucionales fundamentales como lo dispone el artículo 85 de la Carta Política, es decir, en forma inmediata.
4. Podría afirmarse que el procesado puede directamente solicitar al Juez del conocimiento el envío de su causa al Tribunal Superior de Bucaramanga para que se dé curso a la impugnación ya referida y que por ello la tutela pretendida resultaría improcedente al tenor de lo preceptuado en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991. Tal disposición no puede aplicarse pues, entiende la Corte que el peticionario al interponer el recurso de casación citado, agotó esos medios o recursos de defensa judicial y que al no serle considerado por quien tiene la facultad legal para pronunciarse sobre su procedibilidad, la simple petición a que se hizo referencia, no puede tener la virtualidad de ser considerada como un recurso o acción, pues, se repite, Carvajalino Lázaro agotó esa posibilidad y al no ser atendida en oportunidad, se vulneró su derecho fundamental de ejercitar a plenitud su defensa.
5. En consecuencia, se declarará la procedencia de la tutela demandada y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 del Decreto 2591 de 1991, la actuación deberá volver al estado en que se encontraba hasta el 12 de septiembre de 1988, es decir, el proceso deberá ser remitido al despacho del magistrado ponente para que se pronuncie sobre el recurso de casación, legal y oportunamente interpuesto por el acusado.
6. Como quiera que la actuación del Secretario del Tribunal Superior de Bucaramanga señor ... puede constituir falta disciplinaria, se ordenará compulsar copias de lo pertinente con destino a la Procuraduría Departamental con sede en Bucaramanga, para los fines pertinentes.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la lty,
1. TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales del procesado Pablo Carvajalino Lázaro, de conformidad con lo consignado en la parte motiva de esta providencia.
2. ORDENAR que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del recibo de la correspondiente comunicación telegráfica, el Juzgado Séptimo Superior de Bucaramanga remita al Tribunal Superior de la misma ciudad el proceso seguido contra Carvajalino Lázaro por los delitos de homicidio y hurto agravados a fin de dar curso a la impugnación extraordinaria ya referida.
3. Recibido el proceso en la citada Corporación, inmediatamente se procederá a resolver sobre la procedencia de la impugnación del fallo de segunda instancia de fecha 10 de agosto de 1988.
4. COMPULSAR copias de lo pertinente con destino a la Procuraduría Departamental de Santander con sede en Bucaramanga para los fines consignados en la parte motiva de esta providencia.
5. Ejecutoriado este fallo, dése cumplimiento a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
6. Notifíquese de conformidad con lo previsto en el artículo 30 ibídem y cúmplase.
Ricardo Calvete Rangel—Jorge Carreño Luengas—Guillermo Duque Ruiz—Gustavo Gómez Velásquez—Dídimo Páez Velandia—Édgar Saavedra Rojas—Juan Manuel Torres Fresneda—Jorge Enrique Valencia M.

References: artículo 86
 artículo 218
 artículo 85
 artículo 6
 artículo 23
 artículo 31
 artículo 30