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Timestamp: 2019-05-23 19:14:29+00:00

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﻿ SENTENCIA C-397 DE MAYO 24 DE 2006
SENTENCIA C-397 DE 24 DE MAYO DE 2006
CONTENIDO:LA SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA DEL TRABAJADOR RESPECTO DEL EMPLEADOR EN EL CONTRATO DE TRABAJO. SE DECLARAN EXEQUIBLES ALGUNAS EXPRESIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO (DECRETOS 2663 Y 3743 DE 1950, ADOPTADOS COMO LEGISLACIÓN PERMANENTE POR LA LEY 141 DE 1961) Y LA EXPRESIÓN "TRES" CONTENIDA EN EL INCISO DEL NUMERAL 1 Y EN EL NUMERAL 2 Y EL LITERAL B) DEL NUMERAL 1, DEL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO (DECRETOS 2663 Y 3743 DE 1950, ADOPTADOS COMO LEGISLACIÓN PERMANENTE POR LA LEY 141 DE 1961), SUBROGADO POR EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 50 DE 1990.
TEMAS ESPECÍFICOS:SALARIO, PERSONA NATURAL, PODER SUBORDINANTE DEL EMPLEADOR, TRABAJADOR DEPENDIENTE, CONTRATO DE TRABAJO INDIVIDUAL, ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO DE TRABAJO COLECTIVO
Sentencia C-397 de mayo 24 de 2006
Sentencia C-397 de 2006
Ref.: Expediente D-6044
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 22 (parcial) y 23 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, este último subrogado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990.
A continuación se transcriben las disposiciones demandadas, conforme a su publicación en los diarios oficiales 27622 de junio 7 de 1951 y 39618 de enero 1º de 1991, subrayando los apartes acusados:
2. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono (1) , y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario.
1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, por estar dirigida contra unas disposiciones que forman parte de unas leyes.
Consideración preliminar. Inexistencia de cosa juzgada constitucional
Dicha sentencia resolvió la demanda presentada contra la expresión “mínimos” contenida en el artículo 23, numeral 1º, literal b), del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990, el cual es demandado parcialmente (num. 1º, lit. b)) en esta oportunidad (2) .
“Según los términos de la demanda, de la Intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el concepto emitido por el Procurador General de la Nación debe la Corte determinar si dentro de las facultades que tiene el empleador, propias de su poder de subordinación, sólo está obligado aparte de no afectar el honor y la dignidad del trabajador a respetar únicamente los derechos mínimos de éste, en concordancia con los tratados o convenios internacionales sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen a Colombia, o si por el contrario debe respetar no solamente éstos, sino los demás derechos del trabajador”.
“Pues bien, la producción, lo mismo en el régimen capitalista que en otro cualquiera, supone la existencia de los dos factores, capital y trabajo. Mas lo que caracteriza al régimen capitalista, no es, precisamente, la existencia del capital, que, según decimos, existirá en todo sistema y no podrá desaparecer, sino el hecho de que ambos factores se encuentran sometidos jurídicamente al empresario.
El empresario ejerce un poder jurídico sobre el capital, poder que consiste en el ejercicio del derecho de propiedad. Es el empresario el detentador jurídico de uno de los factores de la producción y por ello y por estar garantido el derecho de propiedad por nuestra Constitución, no sería posible la producción sin la concurrencia del empresario.
El poder jurídico del empresario se extiende también al trabajo y la razón es obvia. La producción sólo puede lograrse mediante el concurso de los dos factores; por eso es que el capital tiene que buscar al Trabajo y éste a aquél. Pero como no es posible obtener el concurso de los dos factores mediante la subordinación del capital al trabajo, por la razón ya dada del respeto al derecho de propiedad, no queda otro recurso al elemento Trabajo que subordinarse al empresario.
Por lo demás, la subordinación del trabajo al empresario no es un dato que estemos en aptitud de aceptar o rechazar, sino que es un hecho real que se impone al investigador del régimen capitalista, del que constituye su esencia” (3) .
“Esta facultad de disposición del empresario, si bien es un poder sobre la fuerza de trabajo, crea, al mismo tiempo, una relación personal entre patrono y trabajador, pues la energía de trabajo es inseparable de la persona humana y para disponer de aquella, es necesario que el obrero aplique su actividad en la forma indicada por el patrono.
“La obediencia del trabajador a las órdenes del patrono es la forma única de disposición de la energía de trabajo y es claro que el deber de obediencia constituye una relación personal, pues liga a la persona misma del trabajador, creando una relación de autoridad y, por tanto, de subordinación de la voluntad del obrero a la del patrono” (4) .
En el mismo sentido, establece que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza “en todas sus modalidades” de la especial protección del Estado (art. 25), la cual ostenta una mayor entidad o un mayor grado en relación con el trabajo subordinado o dependiente, por causa de la estructura desigual de la relación entre el empleador y el trabajador.
En el plano internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos expedida por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas en 1948 consagra el derecho al trabajo (art. 23); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), aprobado por la Ley 74 de 1968, consagra el derecho al trabajo (art. 6º), el derecho al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (art. 7º) y la libertad de asociación sindical (art. 8º), y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador” (1988), aprobado por la Ley 319 de 1996, prevé el derecho al trabajo (art. 6º), el derecho al goce de condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo (art. 7º) y los derechos sindicales (art. 8º).
Aestas normas se suman las adoptadas por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de la cual el Estado colombiano forma parte.
Se destaca dentro del elemento subordinación, no solamente el poder de dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador ejerce sobre éste para asegurar un comportamiento y una disciplina acordes con los propósitos de la organización empresarial y el respeto por la dignidad y los derechos de aquél” (5) .
“El Código Sustantivo del Trabajo, al consagrar en el artículo 23 los elementos esenciales del contrato de trabajo, estatuye la continuada subordinación o dependencia del trabajador con respecto del empleador en las actividades contratadas, facultad que lo autoriza para “exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento e imponerle reglamentos (…) sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador ...". Es decir, que corresponde al empleador impartir las órdenes, dirigir a los empleados, imponer los reglamentos, y disponer lo relativo a las relaciones internas de la empresa, con el propósito de conseguir que la ella marche de acuerdo con los fines y objetivos para los cuales se creó; el trabajador debe acatar lo ordenado, y someterse a las reglas y cumplirlas, lo cual no afecta por sí solo sus derechos ni su dignidad. Sin embargo, la subordinación no se puede extender hasta el punto de afectar “los derechos y prerrogativas que son esenciales a la persona humana para mantener su dignidad de tal‘ (6) ”.
“(…) La subordinación a la que está sujeto el trabajador en el contrato de trabajo rige solamente para los efectos propios que se derivan de la relación laboral, es decir, para el cumplimiento de la actividad, servicio, o labor contratada y que, como se expresó, permite al empleador dar órdenes, dirigir al trabajador, imponerle reglamentos, o sancionarlo disciplinariamente (…)” (7) .
“El ius variandi es una de las manifestaciones del poder de subordinación que ejerce el empleador sobre sus empleados; que se concreta en la facultad de variar las condiciones en que se realiza la prestación personal del servicio, es decir, la potestad de modificar el modo, el lugar, la cantidad o el tiempo de trabajo. Sin embargo, como en reiteradas ocasiones lo ha resaltado la Corte Constitucional (8) , dicha potestad no es absoluta, puesto que está limitada por los derechos fundamentales de los trabajadores y los principios y valores constitucionales, específicamente, el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y los principios consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política.
Se colige, entonces, que el ius variandi puede ejercerse dentro de un margen de discrecionalidad, el cual, además, no está determinado necesariamente por la calidad del empleador –público o privado– (9) , sino por la naturaleza del cargo o de la labor desempeñada. En este orden de ideas, tenemos que el ámbito de discreción del empleador para variar las condiciones de trabajo es amplio cuando se trata de servidores públicos de libre nombramiento o remoción (10) o cuando así lo demanda la naturaleza y actividad de ciertas entidades o empresas, como es el caso, por ejemplo, de la fuerza pública, los entes investigativos y de seguridad, el servicio público de educación, entre otros” (11) .
10. El respeto de la dignidad humana, esto es, del valor intrínseco del ser humano, derivado de sus atributos específicos como son la voluntad y la razón, es uno de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho colombiano, junto con el trabajo, la solidaridad de las personas y la prevalencia del interés general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º superior.
En dicho principio se sustentan los derechos fundamentales, inherentes a la persona humana (C. Pol., art. 94), cuya primacía y carácter inalienable son reconocidos expresamente por el Estado (C. Pol., art. 5º), de aplicación inmediata (C. Pol., art. 87), no susceptibles de suspensión en los estados de guerra exterior o de conmoción interior (C. Pol., art. 214) y ante cuya amenaza o vulneración por parte de las autoridades públicas, o excepcionalmente por parte de los particulares, aquel brinda la protección también inmediata de la acción de tutela (C. Pol., art. 86).
28. En la mayoría de los fallos en los cuales la Corte utiliza la expresión “dignidad humana" como un elemento relevante para efecto de resolver los casos concretos, el ámbito de protección del derecho (autonomía personal, bienestar o integridad física), resulta tutelado de manera paralela o simultánea con el ámbito de protección de otros derechos fundamentales con lo cuales converge, sobre todo, con aquellos con los cuales guarda una especial conexidad, como el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la identidad personal, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la propia imagen o el derecho al mínimo vital, entre otros.
Esta situación merecería una revisión frente a la determinación de la naturaleza jurídica de la dignidad humana, porque si bien, para la solución correcta de los asuntos constitucionales, basta la invocación y la protección de un derecho fundamental nominado o innominado específico, no parece adecuado acudir a la artificiosa construcción de un llamado derecho a la dignidad. Más aún, si la propia Corte ha concluido que la dignidad es un principio constitucional, y un elemento definitorio del Estado social de derecho colombiano, al que como tal, le corresponde una función integradora del ordenamiento jurídico, constituye un parámetro de interpretación (12) de los demás enunciados normativos del mismo y sobre todo es la fuente última, o el “principio de principios” del cual derivan el fundamento de su existencia-validez buena parte de los llamados derechos innominados.
Sin embargo, el cauce abierto por la Corte tiene una especial importancia en el desarrollo del principio de la eficacia de los derechos fundamentales y de la realización de los fines y valores de la Constitución, sobre todo en lo relativo a la concepción antropológica (13) del Estado social de derecho. Porque si bien la Sala ha identificado tres ámbitos concretos de protección a partir del enunciado normativo del “respeto a la dignidad humana,” ámbitos igualmente compartidos por otros enunciados normativos de la Constitución (arts. 12 y 16), una interpretación más comprensiva de la Constitución permite y exige la identificación de nuevos ámbitos de protección que justifican el tratamiento jurisprudencial del enunciado sobre la dignidad, como un verdadero derecho fundamental.
Para la Sala la nueva dimensión social de la dignidad humana, normativamente determinada, se constituye en razón suficiente para reconocer su condición de derecho fundamental autónomo, en consonancia con la interpretación armónica de la Constitución (14) .
Por este aspecto, no es válida la afirmación del demandante en el sentido de que las disposiciones impugnadas contemplan una dependencia absoluta o ilimitada del trabajador, pues dicha condición no forma parte expresamente de su contenido, ni se puede deducir del mismo. Sobre el particular, debe recordarse que, según lo expuesto a menudo por esta corporación, las normas legales deben siempre interpretarse y aplicarse a la luz de los valores, principios y derechos constitucionales y, como se anotó en estas consideraciones, el ejercicio del poder subordinante por parte del empleador está sujeto a los límites impuestos por la dignidad del trabajador, sus derechos fundamentales y los principios mínimos fundamentales establecidos en el artículo 53 de la Constitución, a los cuales se agregan los principios y derechos contenidos en los tratados y convenios internacionales en materia laboral ratificados por el Estado colombiano que forman parte integrante del bloque de constitucionalidad, conforme a lo dispuesto en los artículo 93 y 94 ibídem y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Igualmente, cabe destacar que precisamente una de las normas atacadas, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990, establece expresamente algunos de esos límites, al disponer que “(…) todo ello (la continuada subordinación o dependencia del trabajador) sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país”.
1. DECLARAR EXEQUIBLE, por los cargos examinados en esta sentencia, la expresión “bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y”, contenida en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo (Ds. 2663 y 3743/50, adoptados como legislación permanente por la L. 141/61).
2. DECLARAR EXEQUIBLES, por los cargos examinados en esta sentencia, la expresión “tres” contenida en el inciso del numeral 1º y en el numeral 2º, y el litera b) del numeral 1º, del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo (Ds. 2663 y 3743/50, adoptados como legislación permanente por la L. 141/61), subrogado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990.
(1) Conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 50 de 1990, “la denominación ‘patrono’ utilizada en las disposiciones laborales vigentes se entiende reemplazada por el término ‘empleador’”.
(2) En ella se resolvió: “Declarar exequible la expresión “mínimos” contenida en el literal b) del artículo 1º de la Ley 50 de 1990, bajo los condicionamientos señalados en el numeral 2.4 de la parte motiva de esta sentencia”.
En el numeral 2.4. mencionado señaló: “En consecuencia, el literal b) del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo no puede entenderse como una norma aislada ni del ordenamiento jurídico superior, ni del conformado por los tratados y convenios humanos del trabajo, ni de las demás disposiciones pertenecientes al régimen legal contenido en el referido código que regulan las relaciones individuales y colectivas del trabajo, de las cuales pueden derivarse derechos para el trabajador que deben ser respetados por el empleador. Por consiguiente, sin perjuicio del respeto de los derechos mínimos mencionados, cuando el empleador ejercite los poderes propios de la subordinación laboral está obligado a acatar los derechos de los trabajadores que se encuentran reconocidos tanto en la Constitución, como en las demás fuentes formales del derecho del trabajo”.
(3) DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. 4ª Ed. México, Editorial Porrúa, 1954, T. I, pág. 495.
(4) DE LA CUEVA, Mario. Ob., cit., pág. 496.
(5) Sentencia C-386 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(6) González Charry Guillermo, Derecho laboral colombiano, V. I. Relaciones individuales. Ediciones doctrina y ley, Santafé de Bogotá, 8ª edición, 1994.
(7) Sentencia C-299 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz, Aclaración de voto de Hernando Herrera Vergara.
(8) Véanse por ejemplo las sentencias T-407 de 1992, T-532, T-584, T-707 de 1998, T-503 de 1999, T-1571 de 2000, T-077, T-346, T-704, T-1041 de 2001, T-026 de 2002, T-256 de 2003 y T-165 de 2004, entre muchas otras.
(9) T-483 de 1993.
(10) T-532 de 1998.
(11) Sentencia T- 909 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(12) En este sentido ver la Sentencia T-645 de 1996.
(13) Esta llamada “concepción antropológica” surge de la interpretación que ha realizado la Corte Constitucional del enunciado normativo de la dignidad humana, en estrecha relación con el tercero de los imperativos categóricos kantianos, en el que se postula uno de los principios básicos de la filosofía práctica kantiana así: “obra de tal forma que la máxima de tu actuación esté orientada a tratar a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro como un fin y nunca como un medio”, del cual la Corte ha extraído la idea según la cual el “hombre es un fin en sí mismo”, lo que ha significado prácticamente una concepción antropológica de la Constitución y del Estado, edificada alrededor de la valoración del ser humano como ser autónomo en cuanto se le reconoce su dignidad, así en las sentencias C-542 de 1993, T-090 de 1994, C-045 de 1998, C-521 de 1998, T-556 de 1998 y T-587 de 1998.
(14) Sentencia T-881/2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

References: ARTÍCULO 22
 ARTÍCULO 23
 ARTÍCULO 1
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 artículo 241
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 artículo 23
 artículo 53
 artículo 1
 artículo 53
 artículo 93
 artículo 23
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 artículo 107
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