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EUR-Lex - 02004R0139-20040218 - EN - EUR-Lex
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Document 02004R0139-20040218
Reglamento (CE) n° 139/2004 del Consejo de 20 de enero de 2004 sobre el control de las concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones») (Texto pertinente a efectos del EEE)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/2004-02-18
2004R0139 — ES — 18.02.2004 — 000.001
REGLAMENTO (CE) No 139/2004 DEL CONSEJO
de 20 de enero de 2004
sobre el control de las concentraciones entre empresas
(«Reglamento comunitario de concentraciones»)
(DO L 024, 29.1.2004, p.1)
Rectificación,, DO L 375, 23.12.2004, p. 35 (139/04)
El Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las concentraciones entre empresas ( 4 ), ha sido modificado de forma sustancial. Dado que se han de introducir otras modificaciones adicionales, resulta oportuno, en aras de una mayor claridad, proceder a su refundición.
Para alcanzar los fines del Tratado, la letra g) del apartado 1 del artículo 3 asigna a la Comunidad el objetivo de establecer un régimen que garantice que la competencia no sea distorsionada en el mercado interior. El apartado 1 del artículo 4 del Tratado establece que la acción de los Estados miembros y de la Comunidad debe llevarse a cabo respetando los principios de una economía de mercado abierta con libre competencia. Estos principios son esenciales para el desarrollo del mercado interior.
La realización del mercado interior y de la unión económica y monetaria, la ampliación de la Unión Europea y la reducción de las barreras internacionales al comercio y a la inversión seguirán dando lugar a importantes reestructuraciones de las empresas, particularmente en forma de concentraciones.
Estas reorganizaciones deben valorarse de forma positiva en la medida en que responden a las exigencias de una competencia dinámica y pueden aumentar la competitividad de la industria europea, mejorar las posibilidades de crecimiento y elevar el nivel de vida en la Comunidad.
No obstante, es necesario garantizar que el proceso de reestructuración no cause un perjuicio duradero a la competencia; el Derecho comunitario debe, por consiguiente, contener disposiciones que regulen las concentraciones que puedan obstaculizar de forma significativa la competencia efectiva en el mercado común o en una parte sustancial del mismo.
Por consiguiente, es preciso un instrumento jurídico específico que permita un control efectivo de todas las concentraciones desde el punto de vista de su efecto sobre la estructura de la competencia en la Comunidad y que sea el único instrumento aplicable a estas concentraciones. El Reglamento (CEE) no 4064/89 ha permitido desarrollar una política comunitaria en este ámbito. No obstante, a la luz de la experiencia adquirida, en estos momentos resulta oportuno refundir dicho Reglamento en un texto legislativo que responda a los retos de un mercado más integrado y de la futura ampliación de la Unión Europea. Con arreglo a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en el artículo 5 del Tratado, el presente Reglamento no va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de garantizar que no se distorsione la competencia en el mercado común, conforme al principio de una economía de mercado abierta con libre competencia.
Los artículos 81 y 82, aunque aplicables a determinadas concentraciones según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no son suficientes para controlar todas las operaciones que puedan resultar incompatibles con el régimen de competencia no distorsionada previsto en el Tratado. Por tanto, el presente Reglamento deberá basarse no sólo en el artículo 83 sino principalmente en el artículo 308 del Tratado, en virtud del cual la Comunidad puede dotarse de los poderes de acción adicionales necesarios para lograr sus objetivos, también por lo que se refiere a las concentraciones en los mercados de productos agrícolas enumerados en el anexo I del Tratado.
Las disposiciones del presente Reglamento deberían aplicarse a las modificaciones estructurales importantes cuyo efecto en el mercado se extienda más allá de las fronteras nacionales de un Estado miembro. Por regla general, estas concentraciones deberían ser examinadas exclusivamente a escala comunitaria, en aplicación de un procedimiento de «ventanilla única» y con arreglo al principio de subsidiariedad. Las concentraciones no cubiertas por el presente Reglamento son, en principio, competencia de los Estados miembros.
Conviene definir el ámbito de aplicación del presente Reglamento en función de la extensión geográfica de la actividad de las empresas afectadas y limitarlo mediante umbrales cuantitativos a fin de cubrir aquellas concentraciones que revistan dimensión comunitaria. La Comisión debería informar al Consejo sobre la aplicación de los umbrales y criterios establecidos, de modo que el Consejo, actuando con arreglo a lo dispuesto en el artículo 202 del Tratado, esté en condiciones de revisarlos regularmente, al igual que las normas relativas a la remisión en fase de pre-notificación, a la luz de la experiencia adquirida; a tal fin es necesario disponer de datos estadísticos que los Estados miembros habrán de facilitar a la Comisión para que ésta pueda elaborar dichos informes y presentar posibles propuestas y modificaciones. Los informes y propuestas de la Comisión deben basarse en la información pertinente que periódicamente faciliten los Estados miembros.
Se considera que una concentración tiene dimensión comunitaria cuando el volumen de negocios total de las empresas afectadas supera un umbral determinado con independencia de que las empresas participantes en la concentración tengan o no su sede o sus actividades principales en la Comunidad, siempre y cuando realicen operaciones sustanciales en la misma.
Las normas que regulan la remisión de las concentraciones de la Comisión a los Estados miembros y de los Estados miembros a la Comisión deben actuar como un mecanismo corrector eficaz a la luz del principio de subsidiariedad. Estas normas protegen de manera adecuada los intereses de los Estados miembros en materia de competencia, al tiempo que tienen debidamente en cuenta la seguridad jurídica y el principio de ventanilla única.
Las concentraciones pueden quedar sujetas a un examen bajo diferentes sistemas nacionales de control de concentraciones si no superan los umbrales de volumen de negocios establecidos en el presente Reglamento. La notificación múltiple de una misma operación incrementa la inseguridad jurídica, el esfuerzo y los costes para las empresas y puede conducir a evaluaciones contradictorias. Por consiguiente, se ha de desarrollar el sistema que permite a los Estados miembros remitir las concentraciones a la Comisión.
La Comisión trabajará en estrecha y constante relación con las autoridades competentes de los Estados miembros, de las que recabará comentarios e información.
La Comisión y las autoridades competentes de los Estados miembros deben formar juntas una red de autoridades públicas para ejercer sus respectivas competencias en estrecha cooperación, utilizando mecanismos eficaces de consulta y puesta en común de información, a fin de asegurar que los asuntos sean tratados por la autoridad más pertinente, a la luz del principio de subsidiariedad, y con objeto de evitar en la mayor medida posible las notificaciones múltiples de una misma concentración. Las remisiones de concentraciones de la Comisión a los Estados miembros y de los Estados miembros a la Comisión deberán llevarse a cabo de manera eficiente, evitando en la mayor medida posible las situaciones en las que una concentración sea objeto de una remisión tanto antes como después de su notificación.
La Comisión ha de poder remitir a un Estado miembro las concentraciones notificadas de dimensión comunitaria que amenacen con afectar de forma significativa a la competencia en un mercado de ese Estado miembro que presente todas las características de un mercado definido. Cuando la concentración afecte a un mercado de este tipo que no constituya una parte sustancial del mercado común, deberá obligarse a la Comisión a remitir el asunto total o parcialmente al Estado miembro afectado, previa solicitud de éste. Un Estado miembro debe poder remitir a la Comisión una concentración que no tenga dimensión comunitaria pero que afecte al comercio entre los Estados miembros y amenace con afectar de forma significativa a la competencia dentro de su territorio. Otros Estados miembros que también sean competentes para analizar la concentración deben poder sumarse a la solicitud. En tal situación, y a fin de garantizar la eficacia y previsibilidad del sistema, deben suspenderse los plazos nacionales hasta que se haya alcanzado una decisión sobre la remisión del asunto. La Comisión debe estar facultada para examinar y tratar una concentración en nombre de uno o de varios Estados miembros que lo soliciten.
Las empresas afectadas deben tener la posibilidad de solicitar la remisión a la Comisión o de ésta a los Estados miembros, antes de que se produzca la notificación de una concentración, con objeto de aumentar la eficiencia del régimen de control de concentraciones en la Comunidad. En tales situaciones, la Comisión y las autoridades nacionales en materia de competencia deberán decidir dentro de plazos breves y claramente definidos si debe hacerse o no una remisión a la Comisión o de ésta a los Estados miembros, garantizando así la eficiencia del sistema. A instancias de las empresas afectadas, la Comisión debe poder remitir a un Estado miembro una concentración de dimensión comunitaria que pueda afectar de manera significativa a la competencia en un mercado de ese Estado miembro que presente todas las características de un mercado definido; no obstante, no deberá exigirse a las empresas afectadas que demuestren que los efectos de la concentración son perjudiciales para la competencia. No deberá remitirse una concentración de la Comisión a un Estado miembro que haya manifestado su desacuerdo con dicha remisión. Antes de la notificación a las autoridades nacionales, las empresas afectadas también deberán poder solicitar que se remita a la Comisión una concentración sin dimensión comunitaria que pueda ser analizada en virtud de la normativa nacional en materia de competencia de al menos tres Estados miembros. Dichas solicitudes de remisión a la Comisión antes de la notificación serían especialmente pertinentes en aquellas situaciones en que la concentración afecte a la competencia más allá del territorio de un Estado miembro. Cuando se remita a la Comisión antes de cualquier notificación nacional una concentración que pueda ser analizada en virtud de la normativa en materia de competencia de tres o más Estados miembros y ningún Estado miembro competente para revisar el asunto manifieste su desacuerdo, la Comisión debería adquirir competencia exclusiva para revisar la concentración, que debería ser considerada de dimensión comunitaria. Dichas remisiones de los Estados miembros a la Comisión en fase previa a la notificación no deberán efectuarse, no obstante, cuando al menos un Estado miembro competente para analizar el asunto haya manifestado su desacuerdo con dicha remisión.
Es preciso otorgar a la Comisión competencia exclusiva para la aplicación del presente Reglamento sujeta a la revisión del Tribunal de Justicia.
Los Estados miembros no deberían poder aplicar su normativa nacional en materia de competencia a las concentraciones de dimensión comunitaria, a menos que así lo disponga el presente Reglamento. Procede limitar los poderes de las autoridades nacionales a los casos en que, a falta de una intervención de la Comisión, la competencia efectiva pueda verse obstaculizada de forma significativa en el territorio de un Estado miembro y cuando los intereses en materia de competencia de dicho Estado miembro no puedan ser suficientemente protegidos de otro modo por el presente Reglamento. En tales casos, los Estados miembros en cuestión deben actuar con celeridad; dada la diversidad de legislaciones nacionales, el presente Reglamento no puede fijar un plazo único para la adopción de decisiones definitivas con arreglo a la normativa nacional.
Por otra parte, la aplicación exclusiva del presente Reglamento a las concentraciones de dimensión comunitaria se entiende sin perjuicio del artículo 296 del Tratado y no impide que los Estados miembros adopten las medidas pertinentes para garantizar la protección de intereses legítimos distintos de los que se toman en consideración en el presente Reglamento, siempre que dichas medidas sean compatibles con los principios generales y demás disposiciones del Derecho comunitario.
Es preciso definir el concepto de concentración de forma que abarque las operaciones que den lugar a un cambio duradero en el control de las empresas afectadas y, por tanto, en la estructura del mercado. En consecuencia, resulta adecuado incluir también en el ámbito de aplicación del presente Reglamento las empresas en participación que ejerzan de forma duradera todas las funciones propias de una entidad económica autónoma. Es preciso, además, considerar como una sola concentración transacciones estrechamente conectadas por estar relacionadas mediante condición o adoptar la forma de una serie de transacciones sobre títulos mobiliarios realizadas en un plazo razonablemente corto de tiempo.
El presente Reglamento también debería ser aplicable cuando las empresas afectadas acepten restricciones que estén directamente vinculadas a la realización de la concentración y sean necesarias a tal fin. Las decisiones de la Comisión por las que se declare que las concentraciones son compatibles con el mercado común en aplicación del presente Reglamento deberían cubrir automáticamente dichas restricciones, sin que la Comisión tenga que evaluar estas restricciones individualmente. No obstante, a instancias de las empresas afectadas, en aquellos casos que presenten cuestiones nuevas o sin resolver que den lugar a auténtica incertidumbre, la Comisión deberá evaluar expresamente si una restricción determinada está directamente vinculada a la realización de la concentración y es necesaria a tal fin. Un caso presenta una situación nueva o sin resolver que suscita auténtica incertidumbre cuando la cuestión no está cubierta por la pertinente comunicación de la Comisión en vigor o por una decisión publicada de la Comisión.
El régimen que se establezca para el control de las concentraciones debe respetar, sin perjuicio del apartado 2 del artículo 86 del Tratado, el principio de igualdad de trato entre los sectores público y privado. Por consiguiente, en el sector público hay que tomar en consideración, a la hora de calcular el volumen de negocios de una empresa que participe en una concentración, a las empresas que constituyan una unidad económica dotada de un poder de decisión autónomo, independientemente de cómo esté configurada la propiedad de su capital o de las normas de tutela administrativa que les sean aplicables.
Es preciso determinar si las concentraciones de dimensión comunitaria son compatibles con el mercado común desde el punto de vista de la necesidad de mantener y desarrollar una competencia efectiva en el mercado común. Al hacerlo, la Comisión debe inscribir su evaluación en el marco general de la realización de los objetivos fundamentales establecidos en el artículo 2 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.
Para garantizar un régimen de competencia no distorsionada en el mercado común en desarrollo de una política guiada por el principio de una economía de mercado abierta con libre competencia, el presente Reglamento debe permitir un control efectivo de todas las concentraciones desde el punto de vista de su efecto sobre la competencia en la Comunidad. En consonancia, el Reglamento (CEE) no 4064/89 estableció el principio de que una concentración de dimensión comunitaria que crease o reforzase una posición dominante a consecuencia de la cual se obstaculizase de forma significativa la competencia efectiva en el mercado común o en una parte sustancial del mismo debía declararse incompatible con el mercado común.
Habida cuenta de las consecuencias que las concentraciones pueden tener en estructuras de mercado oligopolísticas, resulta particularmente necesario preservar la competencia efectiva en estos mercados. Si bien muchos mercados oligopolísticos presentan un elevado grado de competencia, en determinadas circunstancias las concentraciones que implican la desaparición de importantes presiones competitivas que las partes en la concentración ejercían entre sí, así como una reducción de la presión competitiva sobre los competidores restantes, pueden, incluso en ausencia de la probabilidad de coordinación entre los miembros del oligopolio, llegar a ser un obstáculo significativo para la competencia. Sin embargo, los Tribunales comunitarios no han interpretado expresamente, hasta ahora, que el Reglamento (CEE) no 4064/89 requiera que las concentraciones que dan lugar a estos efectos no coordinados sean declaradas incompatibles con el mercado común. Así pues, y en aras de la seguridad jurídica, debería aclararse que este Reglamento permite un control efectivo de tales concentraciones al establecer que toda concentración que obstaculice de forma significativa la competencia efectiva en el mercado común o en una parte sustancial del mismo debería declararse incompatible con el mercado común. El concepto de obstaculización significativa de la competencia efectiva establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 2 debe ser interpretado haciéndolo extensivo, más allá del concepto de posición de dominio, sólo a los efectos anticompetitivos de una concentración que resulten de un comportamiento no coordinado entre empresas que no tengan una posición dominante en el mercado relevante.
Los obstáculos significativos a la competencia efectiva se derivan generalmente de la creación o refuerzo de una posición dominante. ◄ A fin de preservar la orientación que cabe extraer de pasadas sentencias de los Tribunales europeos y de decisiones de la Comisión en relación con el Reglamento (CEE) no 4064/89 y mantener a la vez la coherencia con los estándares de perjuicio para la competencia aplicados por la Comisión y los Tribunales comunitarios en relación con la compatibilidad de las concentraciones en el mercado común, el presente Reglamento debe en consecuencia consagrar el principio de que una concentración de dimensión comunitaria que obstaculice de forma significativa la competencia efectiva, en el mercado común o en una parte sustancial del mismo, en particular cuando ello resulte de la creación o refuerzo de una posición dominante, ha de ser declarada incompatible con el mercado común.
Además, los criterios establecidos en los apartados 1 y 3 del artículo 81 del Tratado deben aplicarse a las empresas en participación que ejerzan de forma duradera todas las funciones de una entidad económica autónoma, en la medida en que su creación tenga como consecuencia una restricción apreciable de la competencia entre empresas que siguen siendo independientes.
Con objeto de clarificar y explicar la evaluación por parte de la Comisión de las concentraciones en virtud del presente Reglamento, resulta adecuado que la Comisión publique unas directrices que brinden un sólido marco económico para la evaluación de las concentraciones, con vistas a determinar si pueden declararse compatibles con el mercado común.
Para determinar la repercusión de una concentración sobre la competencia en el mercado común, conviene tener en cuenta las posibles eficiencias invocadas y motivadas por las empresas afectadas. Es posible que las eficiencias derivadas de la concentración contrarresten los efectos sobre la competencia y, en particular, el perjuicio potencial para los consumidores que en caso contrario podría resultar de la concentración, y que, como consecuencia de ello, ésta no obstaculice de forma significativa la competencia efectiva, particularmente a consecuencia de la creación o el refuerzo de una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo. La Comisión debe publicar unas directrices relativas a las condiciones en las que podrá tomar en consideración las eficiencias en el análisis de una concentración.
Cuando las empresas afectadas modifiquen una concentración notificada, en particular, proponiendo compromisos para compatibilizar la concentración con el mercado común, la Comisión debe poder declarar tal concentración modificada compatible con el mercado común. Los compromisos deben ser proporcionales al problema de competencia de que se trate y eliminarlo por completo. Cuando el problema de competencia se pueda determinar con rapidez y resulte fácil subsanarlo, también es conveniente aceptar los compromisos antes de incoar el procedimiento. Debe establecerse explícitamente que la Comisión puede acompañar su decisión de condiciones y obligaciones destinadas a garantizar que las empresas afectadas cumplan sus compromisos a su debido tiempo y de forma efectiva a fin de compatibilizar la concentración con el mercado común. Debe garantizarse la transparencia y la consulta efectiva de los Estados miembros y terceros interesados a lo largo de todo el procedimiento.
La Comisión debería disponer de instrumentos apropiados para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos y para hacer frente a las situaciones en que no se cumplan. En los casos de incumplimiento de alguna de las condiciones vinculadas a una decisión por la que se declare la concentración compatible con el mercado común, no se materializará la situación que hace que la concentración sea compatible con el mercado común y, por consiguiente, la concentración, tal como se ha ejecutado no es autorizada por la Comisión. Como consecuencia, en caso de que se ejecute la concentración deberá tratarse del mismo modo que una concentración no notificada ejecutada sin autorización. Además, en caso de que la Comisión ya haya concluido que, en ausencia de la condición, la concentración sería incompatible con el mercado común, deberá estar facultada para ordenar directamente la disolución de la concentración, de manera que quede restaurada la situación existente antes de la realización de la concentración. Cuando no se cumpla alguna de las obligaciones vinculadas a una decisión por la que se declare la concentración compatible con el mercado común, la Comisión deberá poder revocar su decisión. Además, la Comisión deberá poder imponer sanciones financieras adecuadas cuando no se cumplan las condiciones u obligaciones.
Las concentraciones entre empresas con cuotas de mercado limitadas no suponen un obstáculo para una competencia efectiva y pueden, por tanto, considerarse compatibles con el mercado común. Sin perjuicio de los artículos 81 y 82 del Tratado, hay un indicio en este sentido en particular cuando la cuota de mercado de las empresas afectadas no supera el 25 % ni en el mercado común ni en una parte sustancial del mismo.
Debe encomendarse a la Comisión la adopción de todas las decisiones sobre la compatibilidad o incompatibilidad con el mercado común de las concentraciones de dimensión comunitaria, así como la adopción de las decisiones encaminadas a restablecer la situación existente con anterioridad a la ejecución de una concentración que haya sido declarada incompatible con el mercado común.
Para garantizar un control eficaz es preciso obligar a las empresas a notificar con carácter previo las concentraciones de dimensión comunitaria, una vez que hayan concluido el acuerdo, anunciado la oferta pública de adquisición o adquirido una participación de control. La notificación también ha de ser posible cuando las empresas afectadas demuestren a la Comisión su intención de concluir un acuerdo con miras a una concentración propuesta y demuestren a la Comisión que su plan para dicha concentración es suficientemente concreto, presentando, por ejemplo, un acuerdo de principio, un memorando de acuerdo o una carta de intenciones firmada por todas las empresas afectadas, o, en el caso de una oferta pública de adquisición, cuando hayan anunciado públicamente su intención de presentar tal oferta, siempre que el acuerdo o la oferta previstos den lugar a una concentración de dimensión comunitaria. La ejecución de una concentración debe suspenderse hasta la adopción de una decisión definitiva. No obstante, cuando resulte adecuado ha de permitirse la dispensa de esta obligación de suspensión a solicitud de las empresas afectadas. Al decidir si concede o no una dispensa de la obligación de suspensión, la Comisión debe tener en cuenta todos los factores pertinentes, tales como la naturaleza y gravedad del perjuicio causado a las empresas afectadas o a terceros y la amenaza que la concentración suponga para la competencia. No obstante, en aras de la seguridad jurídica debe protegerse, en la medida de lo necesario, la validez de las operaciones.
Se ha de establecer el plazo en el que la Comisión debe incoar el procedimiento respecto de una concentración notificada, así como el plazo en el que ha de adoptar una decisión definitiva sobre la compatibilidad o incompatibilidad de dicha concentración con el mercado común. Estos plazos deberían prorrogarse cuando las empresas afectadas propongan compromisos para compatibilizar la concentración con el mercado común, con objeto de que se disponga de tiempo suficiente para el análisis y la prueba de mercado de dichas ofertas de compromisos y para consultar a los Estados miembros y a terceros interesados. Además, ha de permitirse una ampliación limitada del plazo en el que la Comisión debe adoptar una decisión definitiva a fin de que se disponga de tiempo suficiente para investigar el asunto y verificar los hechos y argumentos presentados a la Comisión.
La Comunidad respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ( 5 ). Consecuentemente, el presente Reglamento debe interpretarse y aplicarse en observancia de estos derechos y principios.
Es preciso conferir a las empresas afectadas el derecho a ser oídas por la Comisión cuando se produzca la incoación del procedimiento; la oportunidad de ser oídos debe brindarse, asimismo, a los miembros de los órganos de administración y vigilancia, a los representantes reconocidos de los trabajadores de las empresas afectadas y a los terceros interesados.
A fin de que pueda evaluar debidamente las concentraciones, la Comisión ha de estar facultada para solicitar toda la información necesaria y proceder a todas las inspecciones necesarias en cualquier lugar de la Comunidad. A tal fin, y en aras de una protección eficaz de la competencia, es preciso ampliar los poderes de investigación de la Comisión. La Comisión ha de estar facultada, en particular, para entrevistar a toda persona que pueda disponer de información útil y para guardar constancia de sus declaraciones.
En el curso de una inspección, los agentes habilitados por la Comisión deben tener derecho a solicitar toda clase de información pertinente respecto al objeto y la finalidad de la inspección; también deben tener derecho a colocar precintos durante las inspecciones, en particular en aquellas circunstancias en las que existan motivos razonables para sospechar que se ha ejecutado una concentración sin notificarla, que se ha suministrado a la Comisión información incorrecta, incompleta o que induzca a error, o que las empresas o personas afectadas hayan incumplido alguna de las condiciones u obligaciones impuestas por decisión de la Comisión. En cualquier caso, los precintos sólo deben utilizarse en circunstancias excepcionales, durante el tiempo que sea estrictamente necesario para la inspección, en principio no más de 48 horas.
Sin perjuicio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, también conviene fijar el alcance del control que la autoridad judicial nacional podrá ejercer cuando autorice, según lo dispuesto en la normativa nacional y como medida cautelar, el apoyo de las fuerzas de orden público a fin de vencer la posible oposición de una empresa a una inspección, incluida la colocación de precintos, ordenada mediante decisión de la Comisión; de la jurisprudencia se desprende que la autoridad judicial nacional puede, en particular, solicitar a la Comisión la información adicional que necesite para realizar su control y a falta de la cual podría denegar la autorización; la jurisprudencia confirma, asimismo, la competencia de los Tribunales nacionales para controlar la aplicación de las normas nacionales que regulan la ejecución de medidas coercitivas. Las autoridades competentes de los Estados miembros deben aportar su colaboración activa al ejercicio de los poderes de investigación de la Comisión.
Para cumplir una decisión de la Comisión, las empresas y personas afectadas no pueden ser forzadas a admitir que han cometido infracciones, pero están obligadas, en cualquier caso, a contestar preguntas sobre hechos concretos y a proporcionar documentos, aun cuando esa información pueda ser utilizada para determinar la existencia de tales infracciones por parte de dichas empresas y personas o por terceros.
En aras de la transparencia, debe darse una amplia publicidad a todas las decisiones de la Comisión que no sean de naturaleza meramente procedimental. Al tiempo que se preservan los derechos de defensa de las empresas afectadas y, en particular, el derecho de acceso al expediente, es indispensable proteger los secretos comerciales. Asimismo, debe salvaguardarse la confidencialidad de la información intercambiada dentro de la red y con las autoridades competentes de terceros países.
Ha de ser posible garantizar el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, en su caso mediante la imposición de multas sancionadoras y coercitivas. A tal fin conviene atribuir al Tribunal de Justicia competencia jurisdiccional plena en virtud de lo dispuesto en el artículo 229 del Tratado.
Conviene observar con atención las condiciones en que se lleven a cabo las concentraciones en terceros países en las que participen empresas que tengan su sede o ejerzan sus actividades principales en la Comunidad, y debe preverse la posibilidad de que la Comisión reciba del Consejo un mandato de negociación apropiado a fin de obtener un trato no discriminatorio para estas empresas.
El presente Reglamento no implica menoscabo alguno de los derechos colectivos de los trabajadores, tal como se reconocen en las empresas afectadas, en particular por lo que se refiere a cualquier obligación de informar o consultar a los representantes reconocidos en virtud del Derecho comunitario y la normativa nacional.
Se debe facultar a la Comisión para adoptar las disposiciones de ejecución del presente Reglamento de conformidad con los procedimientos para el ejercicio de los poderes de ejecución conferidos a la Comisión. Para la adopción de dichas disposiciones de ejecución, la Comisión debe contar con la asistencia de un Comité consultivo compuesto por representantes de los Estados miembros, tal como se especifica en el artículo 23.
a) el volumen de negocios total a escala mundial realizado por el conjunto de las empresas afectadas supere los 5 000 millones de euros, y
a) el volumen de negocios total a escala mundial realizado por el conjunto de las empresas afectadas supere los 2 500 millones de euros;
— si dos o más empresas matrices se mantienen significativamente activas en el mismo mercado que el de la empresa en participación o en un mercado relacionado en sentido ascendente o descendente con dicho mercado o en un mercado próximo estrechamente vinculado a éste,
— si la coordinación directamente derivada de la creación de la empresa en participación permite a las empresas afectadas eliminar la competencia en lo que respecta a una parte considerable de los productos y servicios de que se trate.
c) cuando las operaciones mencionadas en la letra b) del apartado 1 sean realizadas por sociedades de participación financiera en el sentido del apartado 3 del artículo 5 de la cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad ( 6 ), con la restricción, no obstante, de que los derechos de voto inherentes a las participaciones sólo serán ejercidos, en particular en relación con el nombramiento de los miembros de los órganos de dirección y vigilancia de las empresas en las que posean participaciones, para mantener el pleno valor de tales inversiones y no para determinar directa o indirectamente el comportamiento competitivo de dichas empresas.
A efectos del presente Reglamento, el término «concentración notificada» también abarcará los proyectos de concentración que se hayan notificado con arreglo al segundo párrafo. A efectos de los apartados 4 y 5 del presente artículo, el término «concentración» abarcará las concentraciones proyectadas en el sentido del segundo párrafo.
a) en el caso de las entidades de crédito y otras entidades financieras, por la suma de las siguientes partidas de ingresos, según se definen en la Directiva 86/635/CEE del Consejo ( 7 ), previa deducción, en su caso, del impuesto sobre el valor añadido y de otros impuestos directamente relacionados con dichos ingresos:
— rendimientos de acciones y otros títulos de renta variable,
— rendimientos de participaciones,
— rendimientos de acciones en empresas vinculadas,
2. El apartado 1 no impedirá realizar una oferta pública de adquisición o una serie de transacciones de títulos —incluidos los convertibles en otros títulos— admitidos a negociación en un mercado como, por ejemplo, una bolsa de valores, por las que el control en el sentido del artículo 3 sea adquirido a varios vendedores, siempre y cuando:
No obstante, el presente artículo no afectará a la validez de las transacciones de títulos —incluidos los convertibles en otros títulos— admitidos a negociación en un mercado como, por ejemplo, una bolsa de valores, salvo que los compradores y los vendedores supieran o debieran haber sabido que la transacción se realizaba contraviniendo lo dispuesto en el apartado 1.
— exigir a las empresas afectadas, que disuelvan la concentración, en particular mediante la disolución de la fusión o la enajenación de todas las acciones o activos adquiridos, de tal manera que quede restablecida la situación previa a la ejecución de la concentración. Si las circunstancias no permiten el restablecimiento de la situación previa a la ejecución de la concentración, mediante la disolución de la misma, la Comisión podrá adoptar cualquier otra medida apropiada para lograr tal restablecimiento en la medida de lo posible,
— ordenar cualquier otra medida apropiada para garantizar que las empresas afectadas disuelvan la concentración o adopten cualesquiera otras medidas encaminadas a restablecer la situación previa, conforme a lo dispuesto en su decisión.
— den una respuesta incorrecta o engañosa,
— no rectifiquen en el plazo fijado por la Comisión una respuesta incorrecta, incompleta o engañosa dada por un miembro de su plantilla, u
— omitan o rehúsen a dar una respuesta completa sobre hechos relacionados con el objeto y la finalidad de la inspección ordenada mediante decisión adoptada en aplicación del apartado 4 del artículo 13;
1. El presente Reglamento sólo será aplicable a las concentraciones definidas en el artículo 3, y los Reglamentos (CE) no 1/2003 ( 8 ), (CEE) no 1017/68 ( 9 ), (CEE) no 4056/86 ( 10 ) y (CEE) no 3975/87 ( 11 ) del Consejo no serán aplicables, salvo a las empresas en participación sin dimensión comunitaria cuyo objeto o efecto sea coordinar el comportamiento competitivo de empresas que sigan siendo independientes.
1. Sin perjuicio del apartado 2 del artículo 26, quedan derogados los Reglamentos (CEE) no 4064/89 y (CE) no 1310/97 con efecto a partir del 1 de mayo de 2004.
2. El Reglamento (CEE) no 4064/89 seguirá aplicándose a las concentraciones que hayan sido objeto de un acuerdo o de un anuncio o cuando el control haya sido adquirido en el sentido del apartado 1 del artículo 4 de dicho Reglamento con anterioridad a la fecha de aplicación del presente Reglamento, con sujeción, en particular, a las disposiciones de aplicación de los apartados 2 y 3 del artículo 25 del Reglamento (CEE) no 4064/89 y al artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1310/97.
Reglamento (CEE) no 4064/89
Artículo 4, apartado 1, primer párrafo
Artículo 4, apartado 1, párrafos segundo y tercero
Artículo 4, apartados 4 a 6
Artículo 5, apartados 1 al 3
Artículo 5, apartados 1 a 3
Artículo 5, apartado 4, letra b), palabras introductorias
Artículo 5, apartado 4, letra b), primer guión
Artículo 5, apartado 4, letra b), inciso i)
Artículo 5, apartado 4, letra b), segundo guión
Artículo 5, apartado 4, letra b), inciso ii)
Artículo 5, apartado 4, letra b), tercer guión
Artículo 5, apartado 4, letra b), inciso iii)
Artículo 5, apartado 4, letra b), cuarto guión
Artículo 5, apartado 4, letra b), inciso iv)
Artículo 5, apartado 4, letras c), d) y e)
Artículo 6, apartado 1, letras a) y b)
Artículo 6, apartado 1, letra c), primera frase
Artículo 6, apartados 2 a 5
Artículo 6, apartado 1, letra c), segunda frase
Artículo 9, apartados 1 a 9
Artículo 10, apartado 3, primer párrafo, primera frase
Artículo 10, apartado 3, primer párrafo, segunda frase
Artículo 10, apartado 3, segundo párrafo
Artículo 10, apartado 4, primer párrafo
Artículo 10, apartado 4, segundo párrafo
Artículo 10, apartado 5, párrafos primero y cuarto
Artículo 10, apartado 5, párrafos segundo, tercero y quinto
Artículo 11, apartado 4, primera frase
Artículo 11, apartado 4, segunda y tercera frases
Artículo 11, apartado 5, segunda frase
Artículo 11, apartados 6 y 7
Artículo 13, apartado 1, primer párrafo
Artículo 13, apartado 1, segundo párrafo, palabras introductorias
Artículo 13, apartado 2, palabras introductorias
Artículo 13, apartado 1, segundo párrafo, letra a)
Artículo 13, apartado 2, letra b)
Artículo 13, apartado 1, segundo párrafo, letra b)
Artículo 13, apartado 1, segundo párrafo, letra c)
Artículo 13, apartado 2, letra e)
Artículo 13, apartado 1, segundo párrafo, letra d)
Artículo 13, apartado 2, letra d)
Artículo 13, apartado 4, primera y segunda frases
Artículo 13, apartado 4, tercera frase
Artículo 13, apartado 5, primera frase
Artículo 13, apartado 5, segunda frase
Artículo 13, apartado 6, primera frase
Artículo 13, apartado 6, segunda frase
Artículo 13, apartados 7 y 8
Artículo 14, apartado 1, palabras introductorias
Artículo 14, apartado 1, letras e) y f)
Artículo 14, apartado 2, palabras introductorias
Artículo 14, apartado 2, letra d)
Artículo 14, apartado 2, letras b) y c)
Artículo 15, apartado 1, palabras introductorias
Artículo 15, apartado 1, letras a) y b)
Artículo 15, apartado 2, palabras introductorias
Artículo 15, apartado 1, letra c)
Artículo 15, apartado 1, letra d)
Artículos 16 a 20
Artículo 22, apartados 1 a 3
Artículo 26, apartado 1, primer párrafo
Artículo 26, apartado 1, segundo párrafo
( 1 ) DO C 20 de 28.1.2003, p. 4.
( 2 ) Dictamen emitido el 9 de octubre de 2003 (no publicado aún en el Diario Oficial).
( 3 ) Dictamen emitido el 24 de octubre de 2003 (no publicado aún en el Diario Oficial).
( 4 ) DO L 395 de 30.12.1989, p. 1; versión rectificada en el DO L 257 de 21.9.1990, p. 13; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1310/97 (DO L 180 de 9.7.1997, p. 1); corrección de errores en el DO L 40 de 13.2.1998, p. 17.
( 5 ) DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
( 6 ) DO L 222 de 14.8.1978, p. 11; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 178 de 17.7.2003, p. 16).
( 7 ) DO L 372 de 31.12.1986, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
( 8 ) DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.
( 9 ) DO L 175 de 23.7.1968, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1/2003 (DO L 1 de 4.1.2003, p. 1).
( 10 ) DO L 378 de 31.12.1986, p. 4; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1/2003.
( 11 ) DO L 374 de 31.12.1987, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1/2003.

References: artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 83
 artículo 308
 artículo 202
 artículo 296
 artículo 86
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 81
 artículo 229
 artículo 23
 artículo 5
 artículo 54
 artículo 3
 artículo 13
 artículo 3
 artículo 26
 artículo 4
 artículo 25
 artículo 2

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 10

Artículo 10

Artículo 10

Artículo 10

Artículo 10

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 11

Artículo 11

Artículo 11

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 14

Artículo 14

Artículo 14

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 15

Artículo 15

Artículo 15

Artículo 15

Artículo 22

Artículo 26

Artículo 26