Source: http://blog.estellesabogados.com/2016/11/
Timestamp: 2019-05-27 13:35:00+00:00

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CeLink: noviembre 2016
EL DERECHO A NO AUTOINCULPARSE COMO LÍMITE EN EL PROCEDIMIENTO INSPECTOR TRIBUTARIO
Vamos a comentar en esta ocasión la eficacia del derecho a no auto inculparse como límite a la obtención de información por parte de la inspección de Hacienda. El derecho a no autoinculparse es un derecho fundamental previsto en el artículo 24.2 de la CE. Si bien la Ley General Tributaria (LGT) en ningún caso lo contempla como límite, existe una separación del proceso liquidatorio y del sancionador siéndole aplicable a este último las garantías procesales del derecho penal.
Dicha separación debería de suponer igualmente una autonomía en lo que la información o datos de cada procedimiento se refiere pero esto en la realidad no sucede, así pues la inspección dicta el acto administrativo de liquidación al finalizar el procedimiento inspector pero también el acuerdo de imposición de sanción que es consecuencia de los datos que obran en el mismo expediente, además es el mismo inspector el que valora la culpabilidad del contribuyente.
De esta forma si los datos obtenidos en el procedimiento liquidatorio se han obtenido con la colaboración, en algunos casos incluso forzada, del contribuyente, dichos datos, deberían de reputarse viciados para su utilización en el procedimiento sancionador o penal en la medida que su origen se sitúa en un procedimiento en el que no ha podido ejercitarse el derecho fundamental a no auto inculparse.
Sin embargo a juicio del Tribunal Constitucional el derecho a no auto inculparse solo es aplicable en un procedimiento punitivo, es decir, aquel en el que pueden imponerse sanciones en su sentido constitucional y a su juicio los procedimientos de gestión tributaria carecen de naturaleza sancionadora.
Ahora bien, en la medida que entendamos que la información facilitada por el contribuyente lo ha sido coercitivamente, y suponga una autoincriminación de cara no solo al procedimiento de regularización o liquidatario sino también a los efectos de la sanción administrativa o penal, debemos entender que el planteamiento del Constitucional viola o transgrede el derecho constitucional a no auto inculparse, criterio que de alguna manera también comparte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Así pues la Inspección de los tributos no debería de fundamentar la imposición de sanciones en las declaraciones o confesiones auto incriminatorias realizadas bajo coacción y en el supuesto de hacerlo los tribunales de justicia deberían de rechazar dicha fundamentación de conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 de la Convención de Derechos Humanos.
En Estellés Abogados les recordamos que para cualquier duda o consulta sobre Derecho Mercantil-Civil puede contactar con nosotros desde nuestra web o llamando al 963 529 900.
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EL SECRETO PROFESIONAL COMO LIMITE A LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LA INSPECCIÓN DE HACIENDA
Como continuación de nuestro anterior post de nuestro blog relativo a los limites en la obtención de información por parte de la inspección de hacienda vamos a comentar en esta ocasión los limites relativos al secreto profesional.
El artículo 93.5 de la Ley General Tributaria (LGT) prevé que la obligación de los profesionales de facilitar información con trascendencia tributaria no alcanza a los datos no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad y cuya revelación atente contra el honor o la intimidad personal o familiar e igualmente no alcanzará a aquellos datos confidenciales de los que tengan conocimiento como consecuencia de la prestación del servicio profesional.
Por último el artículo dispone que los profesionales no podrán invocar el secreto profesional para impedir la comprobación de su propia situación tributaria. Así pues, podemos hablar de tres excepciones al secreto profesional: la no revelación de datos que afecten al honor o a la intimidad personal y familiar, la no revelación de datos confidenciales conocidos a resultas de los servicios prestados y la comprobación de la propia situación tributaria del profesional.
La no revelación de datos que afecten al honor o a la intimidad personal y familiar supone que si bien los profesionales tienen la obligación de aportar a la inspección aquellos datos con trascendencia tributaria, esta obligación decae si lo que pretende la Administración es que se revelen o suministren datos íntimos de aquellos. Siendo que la violación del secreto de deber profesional se encuentra castigada por el Código Penal, la Inspección de hacienda no puede atentar contra dicha obligación de secreto demandando datos que pueden atentar contra el honor o la intimidad personal y familiar del cliente.
La difícil delimitación de aquella información que puede atentar contra el honor o la intimidad personal y familiar del cliente es algo que corresponderá determinar en su caso a los tribunales de justicia, debiendo realizarse por parte del profesional una interpretación amplia de dichos supuestos.
La no revelación de los datos confidenciales conocidos en los servicios prestados de asesoramiento y defensa, entendiendo por asesoramiento no solo el relativo al ámbito jurídico, supone que aquella información facilitada con el objeto de prestar el asesoramiento o defensa quedan fuera de toda intromisión por parte de la Inspección de Hacienda, siendo por tanto confidenciales. Lo contrario supondría un resquebrajamiento de la relación de confianza existente entre el cliente y el profesional.
La comprobación de la propia situación tributaria del profesional es otro de los supuestos previstos en la norma en los que no se puede argüir el secreto profesional para la aportación de documentación a la inspección de hacienda. Ahora bien, tanto el profesional como la inspección deben de extremar las cautelas para proteger los derechos y garantías de los clientes del profesional, he incluso en el supuesto de que el profesional, hubiera facilitado indebidamente cierta información, dicha información no podrá ser utilizada por la Inspección de Hacienda, debiendo proteger en todo momento los derechos y garantías del cliente.
Así pues para obtener aquella información que el profesional no puede facilitar en cumplimiento no solo del derecho al honor o la intimidad sino también en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos (datos médicos por ejemplo), la Inspección deberá acudir a procedimientos o requerimientos individualizados a los sujetos en cuestión.
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Desde la Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se venía regulando el procedimiento para la extensión en el Libro de Visitas de las diligencias realizadas por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con el mandato previsto en el artículo 14.3 de la Ley 42/1997 de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
A partir del 12 de septiembre de 2016, el libro de visitas donde los inspectores de trabajo anotaban la visita a la empresa desaparece tal y como lo conocíamos hasta el momento. Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, por la que se regula el modelo de diligencia de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La mencionada Orden establece que no se impondrán obligaciones a los interesados para adquirir o diligenciar cualquier clase de libros o formularios para la realización de diligencias, lo que viene a significar que recaerá sobre la inspección la obligación de extensión de la diligencias a través de medios electrónicos, y de la que habrá constancia en las oficinas de inspección.
El contenido de la diligencia obviamente será muy importante, contendrá todo lo relacionado con el examen, y tiene que ser conservada por la empresa durante cinco años, por lo que se establece la necesidad de obtenerla o tener un libro electrónico.
No obstante matizar que la Orden también obliga a mantener las diligencias cinco años para las inspecciones realizadas antes de la entrada en vigor de la norma, o sea que no tiren sus libros de visitas en papel.
En materia de Prevención de Riesgos Laborales dado que los requerimientos de subsanación, de acuerdo con el artículo 68 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y modificado en este punto por el Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, podrían reflejarse mediante diligencia en el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se habilita a los funcionarios que realicen la inspección a que puedan extender sus diligencias de comprobación en el modelo de diligencia previsto en la Orden.
Los autónomos y las pymes hasta julio de 2015, es decir, hasta la aprobación de la Ley 23/2015 de 21 de julio, Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, debían disponer de un libro de visitas en el domicilio social y en los centros de trabajo.
A partir de ese momento, los inspectores a las empresas que no disponían de libro de visitas por haber desaparecido la obligación, extendían un escrito del que entregaban copia a la empresa preferiblemente por medios electrónicos.
El Libro de visitas se configuró como una aplicación web (LVE), que recoge todas las actuaciones de la inspección, sustituyendo los libros de visitas tradicionales, y subrayo, sólo para sustituir los tradicionales en papel, ya que como he mencionado anteriormente, la Ley 23/2015 de 21 de julio en su art. 21.6 y a partir del 1 de julio de 2015, hacia desaparecer la obligación de adquirir o habilitar nuevos.
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References: artículo 24
 artículo 6
 artículo 93
 Resolución 
 artículo 14
 artículo 68
 Real Decreto 
 Real Decreto