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Timestamp: 2019-12-09 09:06:56+00:00

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Publicado en BOIC núm. 82 de 30 de Abril de 2013
Artículo 2 Supuestos de actuación de los funcionarios habilitados
Artículo 3 Procedimiento de identificación y otorgamiento del consentimiento
Artículo 4 Registro Especial de Funcionarios Habilitados
Artículo 5 Acceso a los datos del Registro
Artículo 6 Obligación de custodia del certificado digital
Disposición Adicional Primera Intercambio electrónico de datos con los Cabildos y Ayuntamientos canarios
De acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se consideran personas interesadas en el procedimiento administrativo: quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, e igualmente, aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
En ese aspecto, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos determina que las Administraciones Públicas deberán habilitar diferentes canales o medios para la prestación de los servicios electrónicos, garantizando en todo caso el acceso a los mismos a todos los ciudadanos, con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos, en la forma que estimen adecuada. En el área de los servicios sociales, especialmente se atienden a personas y colectivos que precisan por sus circunstancias personales, sociales y económicas un apoyo suplementario, pues no siempre cuentan con los medios tecnológicos suficientes para actuar por sí mismos ante la Administración electrónica, lo que en muchos casos impide, condiciona o limita su capacidad de actuación en los procedimientos que les afecten ante las Administraciones con competencias en Políticas Sociales.
Para que ello sea posible, dicha Ley establece que las Administraciones Públicas admitirán, en sus relaciones por medios electrónicos, los sistemas de firma electrónica que sean conformes a lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica y resulten adecuados para garantizar la identificación de los participantes y, en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. Sin embargo, igualmente se permite otras opciones de identificación para realizar actuaciones administrativas, así, la propia Ley señala que dichas Administraciones Públicas podrán utilizar, entre otros, los sistemas para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan, mediante la firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas y el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme a lo específicamente acordado entre las partes.
En su virtud, en uso de la competencia reconocida en el artículo 32, apartado c) de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a propuesta del Secretario General Técnico,
3. A los efectos de la presente Orden, en la actualidad, la Sede Electrónica es la regulada en la Orden de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda 6 de marzo de 2012 (BOC no 52, de 14 de marzo), o la que en el futuro le pudiera sustituir derivada de los cambios organizativos o tecnológicos que afectaran a estas áreas competenciales del Gobierno de Canarias.
2. El empleado público adscrito a esta Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda que se designe por el titular de la Secretaría General Técnica, será habilitado para actuar en la atención presencial, a través de las unidades de información previstas en el Decreto 44/2007, de 27 de febrero, por el que se regula el servicio de información y atención ciudadana en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a fin de autenticar mediante el uso del sistema de firma electrónica del que estén dotados, las actuaciones administrativas que le sean requeridas por las personas físicas interesadas.
• Nombre y apellidos, y no del D.N.I. del empleado público.
• Identificación de la clave de usuario en las comunicaciones electrónicas del Gobierno de Canarias, derivada de la abreviatura de su nombre y apellidos.
• No del certificado digital de su firma electrónica otorgado por la F.N.M.T.
• Código alfanumérico de identificación como funcionario público.
• Cuerpo al que pertenece.
• Puesto de la R.P.T. que ocupe en el momento de su designación.
• Fecha de la resolución de nombramiento como Funcionario Habilitado.
• Fecha de la resolución de renovación de nombramiento, en su caso.
• Fecha de la resolución de cese.
• Destino de la oficina de atención presencial donde prestará sus servicios.
1. Los documentos electrónicos que necesiten ser transmitidos electrónicamente hacia la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda por los ciudadanos desde las oficinas de los órganos y entidades de derecho público de los Cabildos Insulares y Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores, en las condiciones establecidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, a fin de facilitar las actuaciones de los ciudadanos ante dichas Administraciones en procedimientos de lo que sea competente este Departamento.
Se faculta a la Secretaría General Técnica para dictar las instrucciones que sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Orden y para realizar los nombramientos de los funcionarios o las funcionarias que considere conveniente para el ejercicio de la función de identificación o autenticación de los ciudadanos ante la Sede Electrónica del Departamento.
Por Orden de la persona titular de este Departamento se aprobará la creación del correspondiente fichero de datos personales del Registro Especial de Funcionarios Habilitados, a fin de darlo de alta en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de Canarias".

References: Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
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 artículo 32
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