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Timestamp: 2016-10-25 14:26:38+00:00

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Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (Vigente hasta el 07 de Julio de 2011).
Vigencia desde 25 de Octubre de 2007. Esta revisi�n vigente desde 31 de Diciembre de 2010 hasta 07 de Julio de 2011
Vigente desde 25/Octubre/2007 hasta 31/Diciembre/2010
Vigente desde 31/Diciembre/2010 hasta 7/Julio/2011
Vigente desde 7/Julio/2011 hasta 5/Julio/2014
Vigente desde 5/Julio/2014 hasta 7/Octubre/2015
�Exenciones a la obligaci�n de constituci�n de garant�a financiera obligatoria
Definiciones A efectos de la presente ley, se entender� por: 1. �Da�o medioambiental�: a) Los da�os a las especies silvestres y a los h�bitat, es decir, cualquier da�o que produzca efectos adversos significativos en la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservaci�n de esos h�bitat o especies. El car�cter significativo de esos efectos se evaluar� en relaci�n con el estado b�sico, teniendo en cuenta los criterios expuestos en el anexo I. Los da�os a las especies y a los h�bitat no incluir�n los efectos adversos previamente identificados, derivados de un acto del operador expresamente autorizado al amparo de lo establecido en las siguientes normas: 1.� El art�culo 6.3 y 4 o el art�culo 13 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservaci�n de los h�bitat naturales y de la fauna y flora silvestres. 2.� La normativa, estatal o auton�mica, en materia de montes, de caza y de pesca continental, en el marco de lo establecido por el art�culo 28 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservaci�n de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. b) Los da�os a las aguas, entendidos como cualquier da�o que produzca efectos adversos significativos tanto en el estado ecol�gico, qu�mico y cuantitativo de las masas de agua superficiales o subterr�neas, como en el potencial ecol�gico de las masas de agua artificiales y muy modificadas. A tales efectos se estar� a las definiciones que establece la legislaci�n de aguas. No tendr�n la consideraci�n de da�os a las aguas los efectos adversos a los que le sea de aplicaci�n el art�culo 4.7 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuaci�n en el �mbito de la pol�tica de aguas. c) Los da�os a la ribera del mar y de las r�as, entendidos como cualquier da�o que produzca efectos adversos significativos sobre su integridad f�sica y adecuada conservaci�n, as� como tambi�n aqu�llos otros que impliquen dificultad o imposibilidad de conseguir o mantener un adecuado nivel de calidad de aqu�lla. d) Los da�os al suelo, es decir, cualquier contaminaci�n del suelo que suponga un riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana o para el medio ambiente debidos al dep�sito, vertido o introducci�n directos o indirectos de sustancias, preparados, organismos o microorganismos en el suelo o en el subsuelo. 2. �Da�os�: El cambio adverso y mensurable de un recurso natural o el perjuicio de un servicio de recursos naturales, tanto si se produce directa como indirectamente. Quedan incluidos en el concepto de da�o aquellos da�os medioambientales que hayan sido ocasionados por los elementos transportados por el aire. 3. �Riesgo�: Funci�n de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuant�a del da�o que puede provocar. 4. �Especies silvestres�: Las especies de la flora y de la fauna que est�n mencionadas en el art�culo 2.3 a) de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relaci�n con la prevenci�n y reparaci�n de da�os medioambientales o que est�n protegidas por la legislaci�n comunitaria, estatal o auton�mica, as� como por los Tratados Internacionales en que Espa�a sea parte, que se hallen en estado silvestre en el territorio espa�ol, tanto con car�cter permanente como estacional. En particular, las especies incluidas en el Cat�logo Nacional de Especies Amenazadas o en los cat�logos de especies amenazadas establecidos por las comunidades aut�nomas en sus respectivos �mbitos territoriales. Quedan excluidas de la definici�n anterior las especies ex�ticas invasoras, entendi�ndose por tales aqu�llas introducidas deliberada o accidentalmente fuera de su �rea de distribuci�n natural y que resultan una amenaza para los h�bitat o las especies silvestres aut�ctonas. 5. �H�bitat�: Las zonas terrestres o acu�ticas diferenciadas por sus caracter�sticas geogr�ficas, abi�ticas y bi�ticas, y que est�n mencionadas en el art�culo 2.3 b) de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relaci�n con la prevenci�n y reparaci�n de da�os medioambientales, o que est�n protegidas por otras normas comunitarias, por la legislaci�n estatal o auton�mica, o por los Tratados Internacionales en que Espa�a sea parte. 6. �Estado de conservaci�n�: a) Con respecto a un h�bitat, la suma de influencias que act�an sobre �l y sobre sus especies t�picas que puedan afectar a largo plazo a su distribuci�n natural, a su estructura y a sus funciones, as� como a la supervivencia a largo plazo de sus especies t�picas en el �rea de distribuci�n natural de ese h�bitat en el territorio espa�ol. El estado de conservaci�n de un h�bitat se considerar� �favorable� cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 1.� Que su �rea de distribuci�n natural y las zonas que abarque esa extensi�n sean estables o est�n en crecimiento. 2.� Que concurran la estructura espec�fica y las funciones necesarias para su mantenimiento a largo plazo y sea probable que �stas vayan a seguir concurriendo en un futuro previsible.
�mbito de aplicaci�n 1. Esta ley se aplicar� a los da�os medioambientales y a las amenazas inminentes de que tales da�os ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades econ�micas o profesionales enumeradas en el anexo III, aunque no exista dolo, culpa o negligencia. Se presumir�, salvo prueba en contrario, que una actividad econ�mica o profesional de las enumeradas en el anexo III ha causado el da�o o la amenaza inminente de que dicho da�o se produzca cuando, atendiendo a su naturaleza intr�nseca o a la forma en que se ha desarrollado, sea apropiada para causarlo. 2. Esta ley tambi�n se aplicar� a los da�os medioambientales y a las amenazas inminentes de que tales da�os ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades econ�micas o profesionales distintas de las enumeradas en el anexo III, en los siguientes t�rminos: a) Cuando medie dolo, culpa o negligencia, ser�n exigibles las medidas de prevenci�n, de evitaci�n y de reparaci�n. b) Cuando no medie dolo, culpa o negligencia, ser�n exigibles las medidas de prevenci�n y de evitaci�n. 3. Esta Ley s�lo se aplicar� a los da�os medioambientales, o a la amenaza inminente de tales da�os, causados por una contaminaci�n de car�cter difuso, cuando sea posible establecer un v�nculo causal entre los da�os y las actividades de operadores concretos. 4. Esta ley no se aplicar� a los da�os medioambientales ni a las amenazas inminentes de que tales da�os se produzcan cuando hayan sido ocasionados por alguna de las siguientes causas: a) Un acto derivado de un conflicto armado, de hostilidades, de guerra civil o de una insurrecci�n. b) Un fen�meno natural de car�cter excepcional, inevitable e irresistible. c) Las actividades cuyo principal prop�sito sea servir a la defensa nacional o a la seguridad internacional, y las actividades cuyo �nico prop�sito sea la protecci�n contra los desastres naturales. 5. Esta ley no se aplicar� a los siguientes da�os: a) A los da�os medioambientales ni a las amenazas inminentes de que tales da�os se produzcan cuando tengan su origen en un suceso cuyas consecuencias en cuanto a responsabilidad o a indemnizaci�n est�n establecidas por alguno de los convenios internacionales enumerados en el anexo IV, incluidas sus eventuales modificaciones futuras, vigentes en Espa�a. b) A los riesgos nucleares, a los da�os medioambientales o a las amenazas inminentes de que tales da�os se produzcan, causados por las actividades que empleen materiales cuya utilizaci�n est� regulada por normativa derivada del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energ�a At�mica, ni a los incidentes o a las actividades cuyo r�gimen de responsabilidad est� establecido por alguno de los convenios internacionales enumerados en el anexo V, incluidas sus eventuales modificaciones futuras, vigentes en Espa�a. Art�culo 4
Competencias administrativas 1. El desarrollo legislativo y la ejecuci�n de esta ley corresponden a las comunidades aut�nomas en cuyo territorio se localicen los da�os causados o la amenaza inminente de que tales da�os se produzcan. En los mismos supuestos, corresponde a las ciudades de Ceuta y de Melilla la ejecuci�n de esta ley. 2. Si el da�o o la amenaza de que el da�o se produzca afecta a cuencas hidrogr�ficas de gesti�n estatal o a bienes de dominio p�blico de titularidad estatal, ser� preceptivo el informe del �rgano estatal competente, y vinculante exclusivamente en cuanto a las medidas de prevenci�n, de evitaci�n o de reparaci�n que se deban adoptar respecto de dichos bienes. 3. Cuando, en virtud de lo dispuesto en la legislaci�n de aguas y en la de costas, corresponda a la Administraci�n General del Estado velar por la protecci�n de los bienes de dominio p�blico de titularidad estatal y determinar las medidas preventivas, de evitaci�n y de reparaci�n de da�os, aquella aplicar� esta ley en su �mbito de competencias. 4. Cuando est�n afectados los territorios de varias comunidades aut�nomas o cuando deban actuar aqu�llas y la Administraci�n General del Estado conforme al apartado anterior, las administraciones afectadas establecer�n aquellos mecanismos de colaboraci�n que estimen pertinentes para el adecuado ejercicio de las competencias establecidas en esta ley, los cuales podr�n prever la designaci�n de un �nico �rgano para la tramitaci�n de los procedimientos administrativos correspondientes. En todo caso, ajustar�n sus actuaciones a los principios de informaci�n mutua, de cooperaci�n y de colaboraci�n. 5. En cualesquiera supuestos en los que las decisiones o las actuaciones de la Administraci�n actuante puedan afectar a los intereses o a las competencias de otras, deber� aquella recabar informe de �stas antes de resolver. 6. Con car�cter excepcional y cuando as� lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administraci�n General del Estado podr� promover, coordinar o adoptar cuantas medidas sean necesarias para evitar da�os medioambientales irreparables o para proteger la salud humana, con la colaboraci�n de las comunidades aut�nomas y de acuerdo con sus respectivas competencias. Art�culo 8
Obligaciones del operador en materia de prevenci�n y de evitaci�n de nuevos da�os 1. Ante una amenaza inminente de da�os medioambientales originada por cualquier actividad econ�mica o profesional, el operador de dicha actividad tiene el deber de adoptar sin demora y sin necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo las medidas preventivas apropiadas. 2. Asimismo, cuando se hayan producido da�os medioambientales causados por cualquier actividad econ�mica o profesional, el operador de tal actividad tiene el deber de adoptar en los mismos t�rminos las medidas apropiadas de evitaci�n de nuevos da�os, con independencia de que est� o no sujeto a la obligaci�n de adoptar medidas de reparaci�n por aplicaci�n de lo dispuesto en esta ley. 3. Para la determinaci�n de las medidas de prevenci�n y de evitaci�n de nuevos da�os se atender�, en la medida de lo posible, a los criterios establecidos en el punto 1.3 del anexo II, sin perjuicio de los criterios adicionales que con el mismo objetivo establezcan las comunidades aut�nomas. 4. Los operadores pondr�n en conocimiento inmediato de la autoridad competente todos los aspectos relativos a los da�os medioambientales o a la amenaza de tales da�os, seg�n lo dispuesto en el art�culo 9.2, as� como las medidas de prevenci�n y evitaci�n adoptadas. De no desaparecer la amenaza de da�o a pesar de haberse adoptado las medidas de prevenci�n o de evitaci�n de nuevos da�os, el operador lo pondr� en conocimiento inmediato de la autoridad competente. Art�culo 18
Constituci�n de una garant�a financiera obligatoria 1. Los operadores de las actividades incluidas en el anexo III deber�n disponer de una garant�a financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o actividades que pretendan desarrollar. 2. La cantidad que como m�nimo deber� quedar garantizada y que no limitar� en sentido alguno las responsabilidades establecidas en la Ley, ser� determinada por la autoridad competente seg�n la intensidad y extensi�n del da�o que la actividad del operador pueda causar, de conformidad con los criterios que se establezcan reglamentariamente. 3. La Autoridad competente deber� justificar la fijaci�n de la cuant�a que determine, utilizando para ello el m�todo que reglamentariamente se establezca por el Gobierno, previa consulta a las comunidades aut�nomas. El referido m�todo se basar� en criterios t�cnicos que garanticen una evaluaci�n homog�nea de los escenarios de riesgos y de los costes de reparaci�n asociados a cada uno de ellos y asegure una delimitaci�n uniforme de la definici�n de las coberturas que resulten necesarias para cada actividad o para cada instalaci�n. T�ngase en cuenta que el presente art�culo no es de aplicaci�n a la administraci�n de la Comunidad Aut�noma de las Illes Balears y los consejos insulares, ni a sus entidades de derecho p�blicas vinculadas o dependientes, a las fundaciones del sector p�blico auton�mico, los consorcios sujetos al ordenamiento auton�mico y a las sociedades con capital mayoritariamente p�blico, seg�n dispone sendos art�culos 36 del DLey [BALEARES] 3/2009, 29 mayo, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad econ�mica en las Illes Balears (�B.O.I.B.� 30 mayo) y de la Ley [BALEARES] 6/2009, 17 noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad econ�mica en las Illes Balears (�B.O.I.B.� 24 noviembre).
DL 3/2009 29 May. CA Illes Balears (medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad econ�mica en las Illes Balears) Ley 6/2009, de 17 Nov. CA Illes Balears (medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad econ�mica) Art�culo 25
Sujetos garantizados Tendr� la consideraci�n de sujeto garantizado el operador de la actividad econ�mica o profesional, pudiendo asimismo figurar como sujetos garantizados adicionales los subcontratistas y los profesionales que colaboren con dicho operador en la realizaci�n de la actividad autorizada. Art�culo 28
Exenciones a la obligaci�n de constituci�n de garant�a financiera obligatoria Quedan exentos de la obligaci�n de constituir garant�a financiera obligatoria: a) Los operadores de aquellas actividades susceptibles de ocasionar da�os cuya reparaci�n se eval�e por una cantidad inferior a 300.000 euros. b) Los operadores de actividades susceptibles de ocasionar da�os cuya reparaci�n se eval�e por una cantidad comprendida entre 300.000 y 2.000.000 de euros que acrediten mediante la presentaci�n de certificados expedidos por organismos independientes, que est�n adheridos con car�cter permanente y continuado, bien al sistema comunitario de gesti�n y auditor�a medioambientales (EMAS), bien al sistema de gesti�n medioambiental UNE-EN ISO 14001:1996. c) La utilizaci�n de los productos fitosanitarios y biocidas a los que se refiere el apartado 8.c) y d) del anexo III, con fines agropecuarios y forestales. A partir de: 7 julio 2011 Letra d) del art�culo 28 introducida por el n�mero uno del art�culo 32 del R.D.-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p�blico y cancelaci�n de deudas con empresas y aut�nomos contra�das por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci�n y de simplificaci�n administrativa (�B.O.E.� 7 julio).
Costes cubiertos El contenido de la garant�a que se preste a trav�s de las modalidades contempladas en el art�culo 26 deber� contemplar la cobertura de los siguientes costes: a) Los derivados de las obligaciones del operador reguladas en el art�culo 17, siempre que el da�o que se pretenda evitar o limitar haya sido originado por contaminaci�n. A partir de: 7 julio 2011 Letra a) del art�culo 29 redactada por el n�mero dos del art�culo 32 del R.D.-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p�blico y cancelaci�n de deudas con empresas y aut�nomos contra�das por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci�n y de simplificaci�n administrativa (�B.O.E.� 7 julio).
b) Los derivados de las obligaciones del operador reguladas en los art�culos 19 y 20, siempre que el da�o que se pretenda evitar o limitar haya sido originado por contaminaci�n. En la medida que dichos da�os afecten a las aguas, a las especies silvestres y a sus h�bitat o a las riberas del mar y de las r�as, las gastos garantizados se limitan a los encuadrados dentro del concepto de �reparaci�n primaria� definido en el apartado 1.a) del anexo II. A partir de: 7 julio 2011 Letra b) del art�culo 29 redactada por el n�mero dos del art�culo 32 del R.D.-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p�blico y cancelaci�n de deudas con empresas y aut�nomos contra�das por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci�n y de simplificaci�n administrativa (�B.O.E.� 7 julio).
L�mites cuantitativos de la garant�a 1. La cobertura de la garant�a financiera obligatoria nunca ser� superior a 20.000.000 de euros. A partir de: 7 julio 2011 N�mero 1 del art�culo 30 redactado por el n�mero tres del art�culo 32 del R.D.-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p�blico y cancelaci�n de deudas con empresas y aut�nomos contra�das por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci�n y de simplificaci�n administrativa (�B.O.E.� 7 julio; correcci�n de errores �B.O.E.� 13 julio).
2. La cuant�a que se determine se aplicar� como l�mite por evento y anualidad, y se podr� admitir que quede a cargo del operador, en concepto de franquicia, una cantidad que no supere el 0,5 por ciento de la cuant�a a garantizar que en cada caso se fije. A los anteriores efectos, se considerar� que constituye un mismo y �nico evento el conjunto de reclamaciones de da�os medioambientales que se deriven de una misma emisi�n, suceso o incidente, a�n cuando aqu�llas se produzcan en momentos distintos, cualquiera que sea el n�mero de afectados, siendo aplicable a dicha unidad de evento o evento en serie, como l�mite, la cuant�a por evento y anualidad del seguro establecida en la garant�a. 3. Asimismo, podr� admitirse que los costes relacionados con las obligaciones de prevenci�n y evitaci�n de nuevos da�os previstas en el art�culo 17 queden sublimitados espec�ficamente. En todo caso, dicho subl�mite habr� de ser, al menos, del diez por ciento de la cuant�a que en cada caso se fije. Art�culo 31
Vigencia de la garant�a 1. La garant�a deber� quedar constituida desde la fecha en que surta efectos la autorizaci�n necesaria para el ejercicio de la actividad. El operador deber� mantener la garant�a en vigor durante todo el periodo de actividad. La autoridad competente establecer� los correspondientes sistemas de control que permitan constatar la vigencia de tales garant�as, a cuyo efecto las entidades aseguradoras, las entidades financieras y los propios operadores deber�n proporcionar a la autoridad competente la informaci�n necesaria. 2. El agotamiento de las garant�as o su reducci�n en m�s de un 50 por ciento determinar� la obligaci�n del operador de reponerlas en un plazo de seis meses desde la fecha en la que se conozca o sea estimado con un grado de certidumbre razonable el importe de la obligaci�n garantizada. Art�culo 32
Fondo de compensaci�n de da�os medioambientales del Consorcio de Compensaci�n de Seguros 1. El Consorcio de Compensaci�n de Seguros administrar� y gestionar�, de forma independiente financiera y contablemente respecto del resto de las actividades que realiza, un Fondo de compensaci�n de da�os medioambientales que se constituir� con las aportaciones de los operadores que contraten un seguro para garantizar su responsabilidad medioambiental, mediante un recargo sobre la prima de dicho seguro. El Fondo estar� destinado a prolongar la cobertura del mismo para las responsabilidades aseguradas en la p�liza original, y en sus mismos t�rminos, por aquellos da�os que, habiendo sido causados por las actividades autorizadas durante el periodo de vigencia del seguro, se manifiesten o reclamen despu�s del transcurso de los plazos de manifestaci�n o reclamaci�n admitidos en la p�liza, y se reclamen en el transcurso, como m�ximo, de un n�mero de a�os igual a aquel durante el cual estuvo vigente la p�liza de seguro, contados desde que �sta termin� y con el l�mite de 30 a�os. 2. Con cargo al mismo Fondo, adem�s, el Consorcio atender� las obligaciones que, en los t�rminos y con los l�mites de esta secci�n, correspondan a aquellos operadores que hayan suscrito una p�liza de seguro, y cuya entidad aseguradora hubiera sido declarada en concurso o, habiendo sido disuelta, y encontr�ndose en situaci�n de insolvencia, estuviese sujeta a un procedimiento de liquidaci�n intervenida o �sta hubiera sido asumida por el propio Consorcio de Compensaci�n de Seguros. 3. Las responsabilidades del Fondo se corresponder�n en cada caso con los importes que, seg�n cada tipo de actividad, hayan sido determinadas de conformidad con lo previsto en el art�culo 24 y, en el caso de las mencionadas en el primer apartado de este art�culo, quedar�n limitadas, adem�s, al importe total constituido en el mismo. SECCI�N 2FONDO ESTATAL DE REPARACI�N DE DA�OS MEDIOAMBIENTALES
Iniciaci�n del procedimiento 1. Los procedimientos de exigencia de la responsabilidad medioambiental regulados en esta ley se iniciar�n bien de oficio, bien a solicitud del operador o de cualquier otro interesado. 2. Cuando la iniciaci�n de los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental sea instada por un interesado distinto del operador, la solicitud se formalizar� por escrito y especificar� en todo caso el da�o o la amenaza de da�o a los recursos naturales protegidos por esta ley. La solicitud especificar�, asimismo y cuando ello fuera posible, los siguientes aspectos: a) La acci�n u omisi�n del presunto responsable. b) La identificaci�n del presunto responsable. c) La fecha en la que se produjo la acci�n u omisi�n. d) El lugar donde se ha producido el da�o o la amenaza de da�o a los recursos naturales. e) La relaci�n de causalidad entre la acci�n o la omisi�n del presunto responsable y el da�o o la amenaza de da�o. Art�culo 42
Resoluci�n 1. La autoridad competente resolver� motivadamente y de forma expresa los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental, bien exigiendo al operador la responsabilidad medioambiental en la que hubiera incurrido, bien declarando que no existe dicha responsabilidad. En todo caso podr�n ser denegadas, de forma motivada, aquellas solicitudes manifiestamente infundadas o abusivas. 2. En la resoluci�n se determinar�n, al menos, los siguientes extremos: a) Descripci�n de la amenaza o del da�o medioambiental que se ha de eliminar. b) Evaluaci�n de la amenaza o del da�o medioambiental. c) Cuando corresponda, definici�n de las medidas de prevenci�n o de evitaci�n de nuevos da�os que se deban adoptar, acompa�adas, en su caso, de las instrucciones oportunas sobre su correcta ejecuci�n. d) Cuando corresponda, definici�n de las medidas de reparaci�n que se deban adoptar, acompa�adas, en su caso, de las instrucciones oportunas sobre su correcta ejecuci�n. Dicha definici�n se realizar� con arreglo a lo previsto en el anexo II o en los criterios adicionales que con el mismo objetivo establezcan las comunidades aut�nomas, y teniendo en cuenta la propuesta formulada por el operador. e) Identificaci�n del sujeto que debe aplicar las medidas. f) Plazo conferido para su ejecuci�n. g) Cuant�a y obligaci�n de pago de las medidas que, en su caso, hubiere adoptado y ejecutado la autoridad competente. h) Identificaci�n de las actuaciones que, en su caso, deba realizar la Administraci�n p�blica. 3. La autoridad competente deber� resolver y notificar en el plazo m�ximo de 3 meses. En casos cient�fica y t�cnicamente complejos, la autoridad podr� prorrogar este plazo hasta tres meses adicionales, notificando a los interesados dicha prorroga. A efectos exclusivamente de garantizar el derecho de los interesados a la tutela administrativa y judicial, transcurrido el plazo mencionado, se entender� desestimada la solicitud o caducar� el procedimiento cuando �ste se haya iniciado de oficio, sin perjuicio de la obligaci�n inexcusable de la autoridad competente de resolver. Dicho plazo podr� suspenderse por el tiempo que medie entre el requerimiento al operador para que presente la propuesta de medidas reparadoras a que se refiere el art�culo 20.1 b) o, en su caso, para que la subsane, y su efectivo cumplimiento por el destinatario. 4. Las resoluciones de la autoridad competente ser�n recurribles con arreglo a lo previsto en el t�tulo VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y dem�s normativa aplicable. Art�culo 46
Responsabilidad medioambiental de las obras p�blicas De conformidad con lo previsto en el art�culo 2.1 de esta ley y en la disposici�n adicional cuarta del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci�n de Impacto Ambiental, en las obras p�blicas de inter�s general la autoridad competente no podr� exigir la adopci�n de las medidas previstas en esta ley, ni ejecutarlas subsidiariamente, cuando se haya seguido el procedimiento establecido para la evaluaci�n de su impacto de acuerdo con la informaci�n existente, y se haya cumplido con las prescripciones establecidas en la declaraci�n de impacto ambiental. La normativa auton�mica aplicable en la materia determinar� la aplicaci�n de lo dispuesto en el apartado anterior a la declaraci�n de impacto ambiental o figura equivalente de las obras p�blicas cuya titularidad corresponda a las comunidades aut�nomas. Disposici�n adicional und�cima
Autorizaci�n de desarrollo 1. Se faculta al Gobierno para, previa consulta a las comunidades aut�nomas, dictar en su �mbito de competencias cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la ejecuci�n del cap�tulo IV y de los anexos de la presente ley. En particular, el Gobierno aprobar� mediante real decreto, antes del 31 de diciembre de 2008 y previa consulta de las comunidades aut�nomas, el desarrollo de las previsiones del cap�tulo IV y la definici�n del m�todo de evaluaci�n del da�o a efectos de lo dispuesto en el art�culo 24. 2. Se faculta al Gobierno para, previa consulta a las comunidades aut�nomas, modificar los anexos con la finalidad de adaptarlos a las modificaciones que, en su caso, sean introducidas por la normativa comunitaria. Disposici�n final cuarta
Aplicaci�n de la garant�a financiera obligatoria 1. La fecha a partir de la cual ser� exigible la constituci�n de la garant�a financiera obligatoria para cada una de las actividades del anexo III se determinar� por orden del Ministro de Medio Ambiente, previo acuerdo de la Comisi�n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ�micos, y previa consulta a las comunidades aut�nomas y a los sectores afectados. La orden establecer� un calendario espec�fico para las actividades que hubieran sido autorizadas con anterioridad a su publicaci�n. 2. Las �rdenes ministeriales a las que se refiere el apartado anterior se aprobar�n a partir del 30 de abril de 2010 y en su elaboraci�n se tomar� en consideraci�n el informe de la Comisi�n Europea al que se refiere el art�culo 14.2 de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, as� como la capacidad de los mercados financieros para disponer de una oferta de garant�as completa y generalizada a precios razonables. Disposici�n final quinta
Reparaci�n de da�os al suelo. En el marco de lo establecido en los art�culos 27 y 28 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relaci�n de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y est�ndares para la declaraci�n de suelos contaminados, as� como en la normativa sobre protecci�n de la calidad del suelo aprobada por las Comunidades Aut�nomas, se adoptar�n las medidas necesarias para garantizar, como m�nimo, que se eliminen, controlen, contengan o reduzcan las sustancias, preparados, organismos o microorganismos nocivos de que se trate de modo que el suelo contaminado deje de suponer un amenaza significativa de que se produzcan efectos adversos para la salud humana o para el medio ambiente. Se tendr� en cuenta el uso actual o el futuro uso planificado del suelo en el momento del da�o. Este uso del suelo se determinar� en funci�n de la normativa de ordenaci�n del territorio o, en su caso, de otra normativa pertinente que estuviera vigente en el momento de producirse el da�o. Si �sta no existiese, ser� la naturaleza de la zona correspondiente en que se haya producido el da�o la que determine su uso, teniendo en cuenta sus expectativas de desarrollo. Se estudiar� la posibilidad de optar por una recuperaci�n natural, es decir, sin ninguna intervenci�n directa del ser humano en el proceso de recuperaci�n. ANEXO III Actividades a que hace referencia el art�culo 3.1 1. La explotaci�n de instalaciones sujetas a una autorizaci�n de conformidad con la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevenci�n y Control Integrados de la Contaminaci�n. Esto incluye todas las actividades enumeradas en su anexo I, salvo las instalaciones o partes de instalaciones utilizadas para la investigaci�n, elaboraci�n y prueba de nuevos productos y procesos. Igualmente incluye cualesquiera otras actividades y establecimientos sujetos al �mbito de aplicaci�n del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 2. Las actividades de gesti�n de residuos, como la recogida, el transporte, la recuperaci�n y la eliminaci�n de residuos y de residuos peligrosos, as� como la supervisi�n de tales actividades, que est�n sujetas a permiso o registro de conformidad con la Ley 10/1998, de 21 de abril. Estas actividades incluyen, entre otras cosas, la explotaci�n de vertederos y la gesti�n posterior a su cierre de conformidad con el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminaci�n de residuos mediante dep�sito en vertedero y la explotaci�n de instalaciones de incineraci�n, seg�n establece el Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineraci�n de residuos. 3. Todos los vertidos en aguas interiores superficiales sujetas a autorizaci�n previa de conformidad con el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio P�blico Hidr�ulico y la legislaci�n auton�mica aplicable. 4. Todos los vertidos en las aguas subterr�neas sujetas a autorizaci�n previa de conformidad con el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y la legislaci�n auton�mica aplicable. 5. Todos los vertidos en aguas interiores y mar territorial sujetos a autorizaci�n previa de conformidad con lo dispuesto en la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en la legislaci�n auton�mica aplicable. 6. El vertido o la inyecci�n de contaminantes en aguas superficiales o subterr�neas sujetas a permiso, autorizaci�n o registro de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 7. La captaci�n y el represamiento de aguas sujetos a autorizaci�n previa de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 8. La fabricaci�n, utilizaci�n, almacenamiento, transformaci�n, embotellado, liberaci�n en el medio ambiente y transporte in situ de: a) Las sustancias peligrosas definidas en el art�culo 2.2 del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificaci�n de sustancias nuevas y clasificaci�n, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. b) Los preparados peligrosos definidos en el art�culo 2.2 del Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificaci�n, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. c) Los productos fitosanitarios definidos en el art�culo 2.1 del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorizaci�n para comercializar y utilizar productos fitosanitarios. d) Los biocidas definidos en el art�culo 2.a) del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluaci�n para el registro, autorizaci�n y comercializaci�n de biocidas. 9. El transporte por carretera, por ferrocarril, por v�as fluviales, mar�timo o a�reo de mercanc�as peligrosas o contaminantes de acuerdo con la definici�n que figura en el art�culo 2.b) del Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercanc�as peligrosas por carretera en territorio espa�ol, o en el art�culo 2.b) del Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, que regula diversos aspectos relacionados con el transporte de mercanc�as peligrosas por ferrocarril o en el art�culo 3.h) del Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un sistema de seguimiento y de informaci�n sobre el tr�fico mar�timo. 10. La explotaci�n de instalaciones que, estando sujetas a autorizaci�n de conformidad con la directiva 84/360/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1994, relativa a la lucha contra la contaminaci�n atmosf�rica procedente de las instalaciones industriales en relaci�n con la liberaci�n a la atm�sfera de alguna de las sustancias contaminantes reguladas por la directiva mencionada, requieren una autorizaci�n de conformidad con la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevenci�n y Control Integrados de la Contaminaci�n. 11. Toda utilizaci�n confinada, incluido el transporte, de microorganismos modificados gen�ticamente, de acuerdo con la definici�n de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el r�gimen jur�dico de la utilizaci�n confinada, liberaci�n voluntaria y comercializaci�n de organismos modificados gen�ticamente. 12. Toda liberaci�n intencional en el medio ambiente, transporte y comercializaci�n de organismos modificados gen�ticamente de acuerdo con la definici�n de la Ley 9/2003, de 25 de abril. 13. El traslado transfronterizo de residuos dentro, hacia o desde la Uni�n Europea sujeto a autorizaci�n o prohibido seg�n lo dispuesto en el Reglamento (CE) n�mero 1013/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo al traslado de residuos. 14. La gesti�n de los residuos de las industrias extractivas, seg�n lo dispuesto en la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gesti�n de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE. 15. La explotaci�n de los lugares de almacenamiento de carbono de conformidad con la LE0000440277_20101231
Ley 40/2010, de 29 de diciembre
, de almacenamiento geol�gico de di�xido de carbono.
Apartado 15 del anexo III introducido por la disposici�n final tercera de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geol�gico de di�xido de carbono (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2010 ANEXO IV Convenios internacionales a que hace referencia el art�culo 3.5.a) 1.
Convenio internacional, de 27 de noviembre de 1992, sobre responsabilidad civil nacida de da�os debidos a la contaminaci�n por hidrocarburos. 2. Convenio internacional, de 27 de noviembre de 1992, de constituci�n de un Fondo internacional de indemnizaci�n de da�os debidos a la contaminaci�n por hidrocarburos. 3. Convenio internacional, de 23 de marzo de 2001, sobre responsabilidad civil nacida de da�os debidos a contaminaci�n por hidrocarburos para combustible de los buques. 4. Convenio internacional, de 3 de mayo de 1996, sobre responsabilidad e indemnizaci�n de da�os en relaci�n con el transporte mar�timo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas. 5. Convenio, de 10 de octubre de 1989, sobre responsabilidad civil por da�os causados durante el transporte de mercanc�as peligrosas por carretera, por ferrocarril y por v�as navegables. ANEXO V Convenios internacionales a que hace referencia el art�culo 3.5.b) 1. Convenio de Par�s, de 29 de julio de 1960, acerca de la responsabilidad civil en materia de energ�a nuclear y Convenio complementario de Bruselas de 31 de enero de 1963. 2. Convenci�n de Viena, de 21 de mayo de 1963, sobre responsabilidad civil por da�os nucleares. 3. Convenci�n, de 12 de septiembre de 1997, sobre indemnizaci�n suplementaria por da�os nucleares. 4. Protocolo com�n, de 21 de septiembre de 1988, relativo a la aplicaci�n de la Convenci�n de Viena y del Convenio de Par�s. 5. Convenio de Bruselas, de 17 de diciembre de 1971, relativo a la responsabilidad civil en la esfera del transporte mar�timo de sustancias nucleares. ANEXO VI Informaci�n y datos a que se refiere la disposici�n adicional quinta 1. Los informes a que se refiere la disposici�n adicional quinta incluir�n una lista de casos de da�o medioambiental y de casos de responsabilidad en virtud de esta ley, cada uno de ellos con los siguientes datos e informaci�n: a) Tipo de da�o medioambiental, fecha en que se produjo y/o descubri� el da�o y fecha en que se emprendieron acciones en virtud de esta ley. b) C�digo de clasificaci�n de las actividades de la persona o personas jur�dicas responsables. c) Interposici�n, en su caso, de un recurso en v�a judicial, ya sea por partes con responsabilidad o por entidades legitimadas (deber� especificarse el tipo de demandantes y el resultado del procedimiento). d) Resultado del proceso de reparaci�n. e) Fecha de conclusi�n del procedimiento. 2. Las Administraciones p�blicas podr�n incluir en sus informes cualesquiera otros datos e informaci�n que consideren �tiles para la correcta valoraci�n del funcionamiento de esta ley, por ejemplo: a) Costes ocasionados por las medidas de prevenci�n y reparaci�n, de acuerdo con la definici�n de esta ley: 1.� Sufragados directamente por los responsables, cuando se disponga de esta informaci�n; 2.� Restituidos por los responsables a posteriori; 3.� Sin restituir por los responsables (deber� especificarse el motivo de la falta de restituci�n). b) Resultados de las acciones de fomento y de la aplicaci�n de los instrumentos de garant�a financiera utilizados de conformidad con esta ley. c) Una evaluaci�n de los costes administrativos adicionales ocasionados anualmente a la Administraci�n p�blica por la creaci�n y funcionamiento de las estructuras administrativas necesarias para aplicar y hacer cumplir esta ley.

References: Real Decreto 
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