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Timestamp: 2020-05-28 20:58:08+00:00

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Sentencia nº 10 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 9 de Abril de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 430928422
Fecha de Resolución: 9 de Abril de 2013
Exp. N° AA10-L-2013-000060
El 12 de marzo de 2013, se recibió escrito de solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada L.O.D., actuando en su condición de F. General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, ciudadano R.M.M.M., titular de la cédula de identidad N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada -aplicable rationae temporis-, todo ello en virtud de la denuncia interpuesta por el Diputado P.C., en su carácter de Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.
El 12 de marzo de 2013, el ciudadano R.M.M.M., actuando en nombre propio, solicitó copia de las actas procesales que conforman el expediente, a los fines de ejercer su defensa, conforme lo establecido en el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, designó como defensores a los abogados J.A.L., J.D.C. y Á.V.C., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 84.244, 161.091 y 181.774, solicitando les sea tomado el correspondiente juramento.
Conforme lo establecido en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Magistrada L.E.M.L., actuando en su condición de Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, procedió a reservarse la ponencia correspondiente a este caso, con el fin de resolver lo que fuere conducente.
Mediante escrito presentado por la F. General de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó la declaratoria de haber mérito para proseguir la causa penal por vía del procedimiento ordinario, contra el Diputado a la Asamblea Nacional R.M.M.M., con base en los siguientes argumentos:
Que “(…) la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela es competente para conocer de la presente solicitud, por cuanto el ciudadano R.M.M.M., ut supra identificado, tiene la condición de alto funcionario, en razón de encontrarse actualmente desempeñando el cargo de Diputado a la Asamblea Nacional por el estado Aragua (…)”.
Que “(…) en fecha 06 de febrero de 2013 el Diputado P.C., Presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, presentó ante el Ministerio Público, escrito de denuncia contra el ciudadano R.M.M.M., por la presunta comisión de uno de los delitos contra el patrimonio público, los cuales fueran señalados de igual forma por el Presidente de la Asamblea Nacional D.C., en la Sesión Ordinaria del parlamento efectuada en fecha 5 de febrero de 2013, lo que motivó que se iniciará en fecha 07 de febrero de 2013 la referida investigación preliminar (…)”.
Que “(…) en criterio de la F. General de la República, los elementos que cursan en la causa, podrían comprometer la responsabilidad del ciudadano R.M.M.M., en la comisión de delitos previstos en el Código Tributario y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, por lo cual resulta indispensable continuar con la investigación ya referida, en la cual se requiere realizar actos de investigación que suponen una persecución penal personalizada en contra del citado Diputado, tales como: verificación de cuentas bancarias, relación de bienes a su nombre, entre otras, todo lo cual supone la previa Declaratoria de Mérito para su enjuiciamiento (…)”.
Que de los méritos que arrojó la investigación preliminar, señala el escrito que “(…) los elementos de convicción que vinculan al ciudadano R.M.M.M. (…) con la presunta comisión de los delitos de DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, previsto y sancionado en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada [aplicable rationae temporis], se mencionan a continuación (…)”.
Que “(…) DENUNCIA presentada por el Diputado P.C., Presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, contra el ciudadano R.M.M.M., [es] por la presunta comisión de uno de los delitos contra el ‘patrimonio público’ (…)”.
Que “(…) Comunicación N° 0016/13 de fecha 13 de febrero de 2013, suscrita por el Diputado DIOSDADO CABELLO, Presidente de la Asamblea Nacional, quien remite copia certificada de la transcripción de la sesión ordinaria del día cinco (05) de febrero del año en curso, así como los instrumentos documentales (cheques y transferencia) presentados en el parlamento, en virtud de la denuncia realizada por el Diputado P.C., Presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, contra el ciudadano R.M.M.M., por presuntos hechos que afectan el patrimonio público (…)”.
Asimismo, se realiza una relación de cheques emitidos a nombre de R.M.M.M., así como la transferencia recibida:
Igualmente, señalan fotocopias de los cheques emitidos a nombre del Diputado R.M.M.M., así como del comprobante de la transferencia recibida, reflejados en el cuadro.
Señala el escrito que la “(…) comunicación N° P/13/02/105 de fecha 15 de febrero de 2013, suscrita por el D.P.C., Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, quien remite un dossier contentivo de documentos como complemento de la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público en fecha 06/02/2013, relacionados con hechos de corrupción de altos dirigentes de la organización con fines políticos Primero Justicia, entre los cuales destaca lo siguiente: ‘comunicación N° SNAT/2013-000930, de fecha 14 de febrero de 2013 suscrita por el ciudadano JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, quien remite declaraciones certificadas del contribuyente R.M.M.M., Nro de RIF V-09649681-4, de los períodos 2009, 2010 y 2011’ (…)”.
Igualmente señala que la “(…) Comunicación N° DG/GGO/GRS/ N° 13-263 de fecha 18 de febrero de 2013 suscrita por el ciudadano P.R.M.M., Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), quien remite dos (02) discos compactos en formato DVD debidamente certificado signado con los siguientes número GRS-084-2013 y GRS-085-2013, material audiovisual de la transmisión de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional del día 05 de febrero de 2013 (…)”.
Que “(…) los extremos que fueron considerados por quien suscribe, para solicitar ante este máximo Tribunal autorice el enjuiciamiento del Diputado R.M.M.M., se observa que las declaraciones del Impuesto Sobre la renta, correspondientes a los años 2009 y 2010, no reflejan el dinero recibido o ingresado al patrimonio del referido parlamentario -como consecuencia de los cheques y transferencias emitidos a su favor-, lo que requiere ser objeto de investigación, para lo cual deben practicarse diligencias que son consideradas como actos de persecución penal personalizada, y que solo pueden ser posibles con el previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, que autorice el enjuiciamiento, para luego -de ser el caso- solicitar a la Asamblea Nacional allane la inmunidad parlamentaria correspondiente (…)”.
Que “(…) el hoy diputado R.M.M.M., no declaró voluntariamente los fondos percibidos por los cheques y transferencias recibidos, todo lo cual es evidente a simple vista, pues –a modo de ejemplo, la sumatoria de los cheques recibidos en el año 2009 asciende a: 224.000 Bs., siendo declarado únicamente un ingreso de: 72.000 Bs. para ese ejercicio fiscal; por otra parte, los montos por los cheques recibidos en el año 2010 suman: 140.400 Bs., declarando como ingresos únicamente; 95.000 Bs.; todo lo que indudablemente afecta directamente el patrimonio del Estado, que dejó de percibir el impuesto que debió corresponderle, si éste hubiese declarado los montos percibidos para los ejercicios fiscales 2009 y 2010 (…)”.
En relación con la presunta comisión del delito de legitimación de capitales, se refirió a que “(…) presuntamente el Diputado R.M.M. recibió unos recursos -cheques y transferencia-, por parte de representantes de diversas empresas privadas y personas naturales, cuya actividad comercial se desconoce, y que no fueron declarados al ente recaudador de impuestos, lo cual genera un elemento indiciario respecto del carácter lícito de tales fondos, así como del destino final que se les asignó, todo lo cual (…) debe ser investigado a efectos de decantar la posible existencia -por esta vía- del delito de Legitimación de Capitales (…)”.
Que “(…) fíjense honorables Magistrados, en el caso respecto del cual se solicita autorización para el enjuiciamiento, el diputado R.M.M.M. presuntamente recibió unos fondos que -conforme a lo ya establecido en la sección anterior-, no fueron declarados a la Administración Tributaria, todo lo cual podría constituir un delito previsto en el Código Orgánico Tributario; en este sentido, debe acotarse que tal conducta no debe ser considerada de forma aislada respecto de la totalidad de las actuaciones (…)”.
Finalmente, solicitó el antejuicio de mérito contra el ciudadano R.M.M.M., por la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, en consecuencia, solicitó que sea declarada la existencia de méritos para proseguir, bajo las reglas del procedimiento ordinario, la causa penal para establecer la indicada responsabilidad penal.
3. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente o V. de la República, de los integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o Procuradora General, del Fiscal o la F. General, del C. o Contralora General de la República, del Defensor o Defensora del Pueblo, los Gobernadores o G., oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los jefes o jefas de misiones diplomáticas de la República y, en caso afirmativo, remitir los autos al F. o a la F. General de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y si el delito fuere común, continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva
Artículo 376. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente o P. de la República o de quien haga sus veces y de los altos funcionarios o funcionarias del Estado, previa querella de el o la F. General de la República
Artículo 381. A los efectos de este Título, son altos funcionarios o funcionarias: el P. o P. de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o V.E. de la República, Ministros o Ministras del Despacho, Procurador o Procuradora General de la República, Miembros del Alto Mando Militar, Gobernadores o Gobernadoras de los Estados, Diputados o Diputadas de la Asamblea Nacional, Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Contralor o Contralora General de la República, F. General de la República, Defensor o Defensora del Pueblo, Rectores o Rectoras del Consejo Nacional Electoral, y Jefes o Jefas de Misiones Diplomáticas de la República
La F. General de la República, fundamentó la solicitud de antejuicio de mérito con base en los siguientes elementos de convicción:
- La denuncia presentada por el Diputado P.C., Presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, contra el ciudadano R.M.M.M., por la presunta comisión de uno de los delitos contra el “patrimonio público”.
- Comunicación N° P/13/02/105 de fecha 15 de febrero de 2013, suscrita por el Diputado P.C., Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, quien remite un dossier contentivo de documentos como complemento de la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público en fecha 06/02/2013, relacionados con hechos de corrupción de altos dirigentes de la organización con fines políticos Primero Justicia.
A los fines de realizar el correspondiente pronunciamiento, esta Sala Plena considera de importancia señalar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1684/2008, caso: “C.E.G.”, estableció el procedimiento a seguir en la tramitación de las solicitudes de antejuicio de mérito, en tal sentido, señaló lo siguiente:
Ahora bien, la Constitución de 1999, a pesar de mantener en términos generales un enunciado similar al de la Constitución de 1961 en lo que concierne al grupo de altos funcionarios públicos que gozan de la prerrogativa procesal del antejuicio de mérito, presenta algunas diferencias que resultan pertinentes resaltar; en primer lugar, se incorporan nuevos funcionarios -en virtud de la jerarquía y funciones que tienen asignadas-, entre los que se encuentran el V. de la República, el Defensor del Pueblo y los oficiales u oficialas generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y, en segundo lugar, se suprime la referencia que se hacía a los “delitos políticos” y con ello se modifica el criterio para determinar el órgano jurisdiccional competente que deberá continuar conociendo de la causa una vez declarada ha lugar la solicitud de antejuicio de mérito.
En tal sentido, a los efectos de dar una solución que resulte coherente o pertinente con las propiedades del supuesto de hecho, esta Sala considera que en caso de darse los elementos anteriormente mencionados, deben remitirse los autos al F. o a la F. General de la República o a quien haga sus veces, si el delito fuere común a los fines contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal; y si el delito fuere político, continuará conociendo de la causa el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, hasta la sentencia definitiva
. (Subrayado del fallo).
Admitida la solicitud de antejuicio de mérito, la Sala Plena, dentro de los treinta días continuos siguientes convocará a una audiencia pública. Iniciada la audiencia, el o la F. General de la República expondrá los argumentos de hecho y de derecho en que fundamenta su solicitud.
Seguidamente, el funcionario o funcionaria y su defensor o defensora expondrán los alegatos correspondientes y contarán, en conjunto, con el mismo tiempo concedido al máximo representante del Ministerio Público, Se admitirá réplica y contrarréplica (…)
Recibida la querella, el Tribunal Supremo de Justicia convocará a una audiencia oral y pública dentro de los treinta días siguientes para que el imputado o imputada dé respuesta a la querella. Abierta la audiencia, el o la F. General de la República explanará la querella. Seguidamente, el defensor o defensora expondrá los alegatos correspondientes. Se admitirán réplica y contrarréplica. El imputado o imputada tendrá la última palabra. Concluido el debate el Tribunal Supremo de Justicia declarará, en el término de cinco días siguientes, si hay o no mérito para el enjuiciamiento
En consecuencia, atendiendo al procedimiento establecido en la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 1684/2008 caso: “C.E.G.”, en concordancia con el artículo 117 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 379 del Código Orgánico Procesal Penal, antes trascritos, vista la referida solicitud de antejuicio de mérito y verificados los requisitos de procedencia de la solicitud incoada por la ciudadana F. General de la República Bolivariana de Venezuela, L.O.D. contra el ciudadano R.M.M.M., por la presunta comisión de hechos punibles referidos a Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales; conforme lo dispuesto en el artículo 268 del Código Orgánico Procesal Penal -aplicable supletoriamente conforme lo establece el artículo 118 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia-, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, la ADMITE en cuanto ha lugar en derecho. Así se declara.
Se ordena notificar a la ciudadana F. General de la República Bolivariana de Venezuela, L.O.D. y al ciudadano R.M.M.M., de la presente decisión.
P., regístrese, notifíquese a las partes y ofíciese lo conducente. C. lo ordenado. En Caracas a los tres (3) días del mes de abril de 2013. Años: 202° de la Independencia y 154° de la Federación.
Segunda Vicepresidenta, La Directora,
J.M.M.S.E.M.O.
La Directora, La Directora,
Y.A.P.E. D.N.B.
URSULA MARÍA MUJICA COLMENARES

References: artículo 116
 artículo 4
 artículo 139
 artículo 100
 artículo 116
 artículo 4
 artículo 116
 artículo 4

Artículo 376

Artículo 381
 artículo 117
 artículo 379
 artículo 268
 artículo 118