Source: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5364719&fecha=20/10/2014
Timestamp: 2019-05-26 01:41:57+00:00

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SEÑORES SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, GOBERNADORES CONSTITUCIONALES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA Y JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
1. En el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, se establece la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Esto conlleva a que todos los órganos que forman parte de la organización estatal, en el marco de las atribuciones que le son conferidas por la ley, están obligadas a implementar medidas tendentes a prevenir violaciones a los derechos humanos y garantizar que sean efectivamente respetados.
2. Asimismo, en el artículo 6o., fracción VIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se señala, como atribución de este organismo nacional, proponer a las diversas autoridades del país que, en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas que redunden en una mejor protección de los derechos humanos. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se expide la presente recomendación general.
3. Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que las niñas y los niños son el pilar fundamental en la sociedad, por lo que el cuidado y la observancia de sus derechos es elemental; asimismo, la etapa de la infancia resulta de especial relevancia ya que durante la misma se define su desarrollo físico, emocional, intelectual y moral, por lo que es crucial que la niñez se viva en un ambiente de armonía, paz y estabilidad, de forma tal que las niñas y los niños puedan contar con las herramientas suficientes para lograr el desarrollo máximo de sus potenciales, lo cual implica prevenir que vivan situaciones violentas, tanto en la casa, la familia, la escuela y su vida en sociedad.
4. Las niñas y los niños forman parte de un grupo en situación de vulnerabilidad y por la propia condición de su desarrollo dependen de otros para la realización de sus derechos, por lo que necesitan protección y cuidado especiales. Por ello, resulta de suma importancia velar en todo momento por su salvaguarda, considerando siempre el interés superior de la niñez, de forma tal que se tutele su dignidad y se garantice el respeto y reconocimiento de sus derechos.
5. Cabe apuntar que este organismo nacional reconoce a las niñas y los niños como sujetos de derechos y como personas que deben ser objeto de una especial protección. Al respecto, resulta necesario tomar como punto de referencia su autonomía propia, ya que las niñas y los niños van contando con mayores habilidades conforme van creciendo, por lo que es importante concebir esta visión y comprender sus derechos a la luz del principio del interés superior de la niñez y de autonomía progresiva.
6. En consecuencia, reconocer los derechos de las niñas y los niños implica tomar en cuenta su integridad y sus capacidades progresivas de toma de decisiones, pero también conlleva una protección a su nivel de autonomía actual y potencial. Supone también tomar en cuenta la capacidad latente que tienen de convertirse en seres autónomos, lo cual obliga elegir principios de conducción de política estatal que permitan que las niñas y los niños maduren a una vida adulta e independiente.
7. Cabe precisar que la Convención sobre los Derechos del Niño menciona, en su artículo 1, que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, destacando que éstos son sujetos de derechos y objeto de una especial protección; ahora bien, debido a que se encuentran en una etapa crucial de desarrollo tanto físico como mental las niñas y los niños deben de contar con un cuidado adicional, el cual debe abarcar los diversos ámbitos en los que se desenvuelven, esto es, en la familia, dentro de su comunidad y en los centros educativos, entre otros; dicha protección resulta necesaria para que quienes viven el periodo de la niñez se desenvuelvan en un ambiente de armonía y paz que les permita tener un crecimiento sano.
8. No obstante, este organismo autónomo observa que no en todos los casos el desarrollo de las niñas y
los niños se desenvuelve de forma idónea, por diversos factores que transgreden sus derechos y dignidad, impidiendo en muchas ocasiones que puedan tener un desarrollo sano, y obligando a que se enfrenten con problemáticas y situaciones que no son propias de su edad. Estos factores que fracturan el desarrollo armónico de la infancia son muy variados, ya que pueden ocurrir en el seno familiar, en la comunidad o en la calle, y trastocar uno o varios de los derechos que protegen a la infancia, tales como la vida, la integridad, la igualdad, la libertad, la identidad, el descanso y el esparcimiento, entre otros.
9. Al respecto, la presente recomendación se enfoca en el desarrollo del tema del violencia sexual infantil cuando se suscita en centros escolares tanto públicos como privados, siendo este tema de particular relevancia por los derechos de la infancia que se vulneran como resultado de este fenómeno, tales como la libertad sexual, la integridad personal, el trato digno, la educación y el desarrollo, y considera, sobre todo, la gravedad que implica que en centros donde deberá ser tratados con dignidad y formados, sean agraviados.
10. En ese sentido, esta Comisión Nacional manifiesta su preocupación en cuanto al número de quejas registradas por parte de organismos protectores de derechos humanos, así como por organismos de educación pública, tanto a nivel nacional como estatal, en relación a este fenómeno, mismas que serán analizadas en la presente recomendación general. Al respecto, debe decirse que la violencia ejercida en contra de la infancia no se justifica bajo ninguna circunstancia, aunado a que por tratarse de violencia sexual la situación resulta de especial gravedad, toda vez que este fenómeno implica una amenaza para el proyecto de vida de las niñas y los niños, y un riesgo para la sociedad.
11. Esta Comisión Nacional ha observado que la violencia sexual infantil escolar es un fenómeno que ocurre de manera más frecuente de la que se piensa; sin embargo, en muchas ocasiones este fenómeno permanece oculto, debido a que su denuncia puede llegar a generar señalamientos hacia la persona agredida y por lo tanto una revictimización; tal situación resulta preocupante, ya que de acuerdo a lo advertido por esta Comisión Nacional, el ignorar este tipo de casos puede tener como consecuencia que el agresor permanezca impune, que el daño sea irreparable en la víctima, e incluso se propicie la reincidencia.
12. Así pues, de conformidad con el artículo 19.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, hay que destacar que por violencia se entiende toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluidos en ésta el abuso sexual, la violación sexual, o cualquier otro tipo de agresión que implique una connotación sexual mientras las niñas y los niños se encuentren bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
13. Es importante destacar que la violencia sexual tiene diversas implicaciones y se puede manifestar en formas variadas, que van desde miradas lascivas, comentarios con connotación sexual e insinuaciones, hasta llegar a agresiones físicas, tocamientos, abuso sexual e incluso la violación; no obstante, ninguna de estas expresiones de violencia deben ser minimizadas, toda vez que la totalidad de ellas implican agresiones a las niñas y los niños, las cuales transgreden su dignidad y atentan en contra de sus derechos humanos, por lo que la gravedad de éstas debe valorarse en todo momento.
14. Al respecto, cabe destacar que cuando este tipo de violencia ocurre dentro de un centro educativo las personas que se encuentran al cuidado de las niñas y los niños fungen a su vez como garantes de sus derechos, por lo que tienen el deber de cuidado hacia las niñas y los niños que en ese momento se encuentran bajo su responsabilidad, lo cual implica brindar en todo momento la atención necesaria para resguardar la integridad de niñas y niños. Asimismo, la violencia sexual que se suscita en un centro de educación pública se puede considerar un tipo de violencia o maltrato institucional.
15. En esa tesitura, el Programa Nacional para Abatir y Eliminar la Violencia Escolar elaborado por esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que el abuso sexual es la forma más grave de violencia y maltrato a que se somete a las niñas y los niños, ya que afecta su sano desarrollo psicosexual, además de generar confusión y trastrocamiento de los roles sexuales o familiares.
16. Asimismo, el Programa Nacional de Prevención y Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del Maltrato y Conductas Sexuales formulado por esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, señala que el maltrato institucional puede definirse como las acciones u omisiones que tienen lugar en instituciones entre las que se encuentran aquellas que imparten educación y que atentan contra el normal desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes.
17. Así pues, este organismo autónomo observa, en lo que respecta de manera específica a la violencia sexual infantil, que ésta se presenta en niños y con mayor frecuencia en niñas y los agresores suelen ser personas cercanas a las víctimas, por lo que es frecuente que no se utilice la fuerza para cometer la agresión, lo que conlleva a que no existan lesiones o evidencia física en el cuerpo de las niñas y los niños.
18. Otra de las particularidades de este tipo de violencia, es que es común que el agresor amenace a su víctima para que ésta no denuncie la agresión; estas amenazas pueden ir desde advertencias en las que el agresor indica a la víctima que si menciona a alguien lo sucedido no le creerán, o afectará su reputación, hasta amenazas en hacerles daño a ellos o a algún ser querido si denuncian los hechos de abuso, por lo que es común que las niñas y los niños guarden silencio y tengan un sentimiento de culpa al respecto, destacando que cuando los agresores son personas que se encargan del cuidado de las niñas y los niños, como es el caso de personal docente, la situación de amenaza se agrava ya que se aprovechan de su situación de autoridad para intimidar a las víctimas.
19. Las consecuencias que se presentan en las víctimas de violencia sexual infantil varían en cada caso, ello no obstante, la literatura especializada en el tema ha identificado síntomas clave en los agredidos, tales como: miedo, incapacidad de confiar en los demás, cólera y hostilidad, conductas sexuales inapropiadas para su edad, depresión, sentimientos de culpa y vergenza, problemas en su desempeño escolar, problemas somáticos, trastornos de sueño y alimentarios y conductas fóbicas, evasivas, regresivas e incluso autodestructivas, siendo todas las anteriores secuelas que pueden provocar una afectación en las niñas y los niños, tanto en el momento que lo están viviendo, como en su desarrollo futuro. Otra particularidad común en este fenómeno, propia del desarrollo de la niñez, es la falta de comprensión de niñas y niños respecto a las actividades sexuales debido a la falta de información respecto a los mismos, lo que conlleva a que no tengan los elementos suficientes para dar un consentimiento cuando se enfrentan a situaciones de este tipo.
20. Así también, cabe apuntar que el crecimiento de niñas y niños en un entorno sin violencia, en donde prevalezca el respeto hacia su persona, coadyuva a su sano desarrollo físico y mental y propicia que éste se convierta en un miembro positivo para la sociedad, aunado a que las niñas y niños que no han vivido episodios de violencia durante su infancia tienen menor riesgo de realizar estas conductas tanto en ese periodo de su vida como en la edad adulta; ese sentido, quienes tienen a su cuidado a niñas y niños cuentan con la responsabilidad de garantizar que éstos se desenvuelvan en un ambiente libre de violencia, incluyendo por supuesto a quienes trabajan en centros educativos.
21. En este punto, cabe señalar que la educación es una materia concurrente, al respecto, el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en su primer párrafo, que el Estado a través de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, por lo que en ese sentido, de acuerdo a lo señalado en el artículo 13, fracción I, de la Ley General de Educación corresponde a las autoridades educativas locales prestar los servicios de educación inicial y básica, incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros, así pues los estados imparten educación por medio de los organismos estatales destinados a este fin.
22. Sin embargo, en el caso del Distrito Federal, de conformidad con el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993, el proceso para que el gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación inicial, básica, incluyendo la indígena y especial, se establece que ésta se llevará a cabo en los términos y fecha que se acuerde con la organización sindical. Así, dicho artículo establece que, a partir de la entrada en vigor de dicha ley y hasta la conclusión de dicho proceso, las atribuciones relativas a esos tipos de servicios educativos, que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias, corresponderán en el Distrito Federal, a la Secretaría de Educación Pública; en el mismo sentido el artículo quinto transitorio de la misma Ley, adicionado en septiembre de 2013, dispone que para el caso del Distrito Federal y en tanto no se lleve a cabo el proceso de descentralización educativa, las atribuciones ya referidas corresponderán, a la Secretaría de Educación Pública, a través de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.
23. Considerando que conforme a lo señalado en el artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ésta es competente para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, es precisamente este organismo nacional quien atiende los casos en los que se considera la existencia de una presunta violación a los derechos humanos de quienes cursan la educación inicial y básica, incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros en el Distrito Federal, y por lo que respecta a los estados es competencia de los organismos públicos de protección a los derechos humanos atender las quejas relacionadas con las autoridades educativas estatales.
24. Esta Comisión Nacional observa la gravedad respecto al desarrollo de este fenómeno, ya que de enero del 2000 a agosto del 2014 se han recibido en este organismo autónomo un total de 190 quejas, en las cuales se señaló como autoridad responsable a la Secretaría de Educación Pública y a secretarías de educación de diversas entidades federativas por casos relacionados con abuso sexual, acoso sexual, acoso
escolar, violación y tocamientos, destacando que, tal y como se observa en la siguiente tabla, en los últimos cuatro años, esto es del 2011 a agosto del 2014, se presentaron más de la mitad del total de quejas interpuestas ante este organismo nacional por este tipo de abusos durante los últimos 14 años, y que en el 2013 existieron 51 quejas de este tipo, como se observa en la siguiente gráfica:
25. Cabe mencionar que de las quejas referidas, hicieron alusión a 210 agraviados de los 0 a los 17 años, de los cuales 146 fueron niñas y 64 niños; respecto a las personas que presuntamente abusaron sexualmente de la niña o el niño, se observa que, de los 233 presuntos agresores señalados por los quejosos, 218 eran hombres y 15 mujeres, destacando que 107 eran alumnos y 126 formaban parte del personal del centro escolar donde ocurrieron los hechos.
26. Asimismo, es importante destacar que 1 queja fue presentada por hechos ocurridos en educación inicial, 24 por casos suscitados en centros de educación a nivel preescolar, 71 en primaria, 52 en secundaria, 37 en educación media superior y 5 ocurrieron en centros de educación especial.
27. Al respecto, esta Comisión Nacional, en el periodo del año 2000 a 2014, ha emitido 18 recomendaciones relacionadas con algún tipo de violencia sexual en centros escolares, mismas que son las siguientes: 16/2001, 27/2002, 39/2002, 53/2004, 4/2008, 59/2010, 61/2012, 76/2012, 45/2013, 48/2013, 51/2013, 55/2013, 59/2013, 65/2013, 66/2013, 69/2013, 70/2013 y 38/2014 de las cuales 14 fueron dirigidas a la Secretaría de Educación Pública, una al gobierno del estado de Oaxaca, una al gobierno del estado de Michoacán, una al gobierno del estado de Zacatecas y una a la Universidad Nacional Autónoma de México.
28. Cabe destacar que este organismo nacional ha considerado que la voz de las víctimas es fundamental para documentar las transgresiones a sus derechos humanos, y se ha observado que en los diversos casos señalados muchos niñas y niños afectados han coincidido en manifestar que sus agresores los llevaban a lugares aislados, tales como salones de clases aislados o a los sanitarios, y aprovechando que se encontraban en sitios como éstos les tocaron el cuerpo, principalmente los genitales y señaló que en algunas casos que les introdujeron objetos, o bien los penetraron con el dedo o el pene; aunado a lo anterior, las niñas y los niños también refirieron haber sufrido otro tipo de abusos tales como golpes e insultos, y después haber sido amenazados para no contar a nadie la agresión sufrida.
29. En las recomendaciones mencionadas este organismo evidenció la existencia de un total de 129 niñas y niños que sufrieron violencia sexual, en los que se incluyen agresiones sexuales, abuso sexual, violación y violación equiparada, en los cuales 96 eran niñas, esto es el 74%, y 33 niños, es decir, el 26%; mismos que se encontraban entre los 3 y los 17 años, y cursaban los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y educación especial.
30. Asimismo, en las 18 recomendaciones se documentó que eran 28 los agresores o servidores públicos involucrados en los hechos, de los cuales 21 eran hombres y 7 mujeres, quienes desempeñaban diferentes cargos en los centros escolares en los que ocurrió el abuso, quienes se desempeñaban como profesores, prefectos, personal de intendencia y empleados administrativos; destacan casos en particular como los observados en la recomendación 70/2013 toda vez que el agresor era a su vez alumno del centro educativo, mientras que en la recomendación 39/2002 los alumnos abusados, además de haber sido agredidos en la escuela, fueron sustraídos de la misma y abusados por personas externas al centro educativo entre los que se encontraba el esposo de una profesora.
31. En los casos citados se observa que únicamente en los casos de recomendaciones 27/2002 y 39/2002 existió una actuación oportuna por parte de la autoridad escolar con posterioridad al hecho y después de estar enterada sobre las agresiones sexuales, mientras que en los 16 restantes se documentaron faltas tales como: no dar aviso a los superiores jerárquicos, no proporcionar atención psicológica a los alumnos afectados, permitir que el agresor continuara frente a un grupo, omitir informar oportunamente a los padres de la víctima sobre los hechos, e incluso tener conocimiento de los hechos y no haber sancionado al agresor, ni haber actuado para evitar que las agresiones continuaran repitiéndose.
32. En los casos citados, este organismo autónomo recomendó a las autoridades correspondientes, además de las medidas de reparación del daño y acceso a la justicia, diversas acciones a fin de evitar la repetición de casos de violencia sexual escolar, por lo que solicitó, entre otras cosas, impartir cursos de capacitación sobre detección y prevención de abuso sexual en la infancia, así como acerca del procedimiento que se debe seguir en estas situaciones; la creación de mecanismos adecuados para la atención de casos de violencia sexual escolar, la emisión de directrices para la prevención y la atención del fenómeno que nos ocupa y la promoción de medidas preventivas, correctivas y de supervisión respecto al mismo, así como la impartición de cursos obligatorios sobre los derechos de las niñas y los niños, y sobre la obligación que tienen los servidores públicos, al estar encargados de su custodia, de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. A pesar de que dichas recomendaciones se han emitido de manera reiterada, los casos de violencia sexual continúan ocurriendo, por lo que se considera necesario que las autoridades competentes redoblen los esfuerzos en el cumplimiento de las mismas, con el objetivo de erradicar este fenómeno que afecta de forma directa a la niñez.
33. En consecuencia, la situación de transgresión de los derechos humanos de niñas y niños fue el motivo para que esta Comisión Nacional haya dado inicio a la presente investigación, misma que se enfoca en las autoridades involucradas en la educación de este país. En este sentido y con el objetivo de contar con datos respecto al referido fenómeno, esta Comisión Nacional realizó una investigación en la que solicitó información relacionada con la violencia sexual infantil en centros escolares a la Secretaría de Educación Pública a los organismos defensores de los derechos humanos de todos los estados de la República y a las secretarías de gobierno de las entidades federativas, para que éstas a su vez proporcionaran información respecto a las secretarías de educación pública estatales.
34. Una vez puntualizado lo anterior, cabe destacar que 28 gobiernos de entidades federativas, a través de sus secretarías de gobierno, proporcionaron información al respecto a este organismo nacional; sin embargo, las autoridades de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán y Zacatecas, omitieron proporcionar la información solicitada, por lo que no se cuenta con la información respecto a estas entidades federativas.
35. Respecto a las autoridades estatales que no presentaron la información solicitada por este organismo nacional, cabe señalar que dicha omisión es considerada como una obstrucción a la labor de investigación que se realizó con el objetivo de salvaguardar los derechos de la infancia, se destaca que al no haber dado respuesta incumplieron con lo previsto en los artículos 67 y 69 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mismos que señalan que las autoridades y servidores públicos de carácter federal, involucrados en asuntos de la competencia de la Comisión, o que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información pertinente, deberán cumplir en sus términos con las peticiones de la Comisión en tal sentido, destacando que las autoridades y servidores públicos, federales, locales y municipales, colaborarán dentro del ámbito de su competencia, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunado a que esa falta de cooperación para con esta Comisión Nacional se traduce en una inobservancia a la cultura de la legalidad y los derechos humanos.
36. Correspondiente al número total de quejas denunciadas ante las secretarías de educación o sus equivalentes en las entidades federativas, se observa que del año 2000 al 2013, existió un registro de 1,997 quejas relacionadas con violencia sexual en centros escolares públicos, de los cuales 6 fueron presentadas por casos de violencia sexual en educación inicial, 204 en preescolar, 722 en primaria, 849 en secundaria, 179 en educación media superior y 15 en instituciones de educación especial, mientras que en 22 casos la autoridad que proporcionó la información, no especificó el nivel en el que se encontraban los alumnos agredidos.
37. En relación a la cantidad de quejas reportadas por cada entidad federativa, se advierte que el Distrito Federal con 546, Veracruz con 190 y el estado de México con 156, fueron las entidades federativas en las que mayor cantidad de agresiones sexuales se reportaron en centros escolares, mientras que en Tlaxcala hubo 5, en Durango 3 y Nayarit reportó no tener quejas al respecto, por lo que fueron quienes indicaron tener menos casos de este tipo, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico:
44. Respecto las recomendaciones emitidas por los organismos defensores de los derechos humanos en las entidades federativas, cabe destacar que de cómo consecuencia de un análisis realizado por esta Comisión Nacional, se detectó que en los casos observados en estos pronunciamientos, se abordan problemáticas similares a las que se analizan en las recomendaciones emitidas por este organismo nacional, que ponen en evidencia que tanto las acciones de violencia sexual como las omisiones de seguimiento y
atención adecuada a este tipo de casos se replican en las autoridades educativas a nivel estatal y federal.
54. Estos instrumentos obligan al Estado mexicano, en cada uno de sus ámbitos de actuación, a llevar a cabo acciones encaminadas a preservar y proteger los derechos de las niñas y los niños en todas las esferas de su vida y, por supuesto, esto incluye el momento en el que se encuentran dentro de centros escolares al ejercer su derecho a la educación. Esto es, el interés superior de la niñez como principio rector debe guiar todas las leyes, políticas públicas y actuación de los servidores públicos, por lo que en su diseño y ejecución se deben contemplar todas aquellas situaciones que involucren a las niñas y los niños y deben ser concebidas
y mirando en todo por su bienestar y mejor protección, teniendo en cuenta las condiciones especiales de vulnerabilidad a las que están expuestos.
63. De forma preliminar, debe considerarse que para comprender el fenómeno de la violencia sexual deben tomarse en cuenta factores tales como los niveles educativos y la edad, así como las características de la población infantil que se atiende en ellos. Asimismo, que dentro de este grupo se encuentran otros; como las niñas, los indígenas y las niñas y los niños con discapacidad y los migrantes, quienes a su vez forman
parte de otros grupos en situación de vulnerabilidad, por lo tanto, se estima que quienes están en este supuesto tienen una condición de vulnerabilidad múltiple.
73. Cabe destacar que, en ambos casos, el proceder de las autoridades escolares es fundamental, ya que cuando el agresor forma parte del personal, es importante como una de las medidas clave para evitar que los hechos se repitan es la de separar al agresor del grupo en caso de que imparta clases y se imponga la
sanción correspondiente en el ámbito laboral, administrativa y penal de forma inmediata, mientras que en lo que se refiere a la violencia sexual entre niñas y niños, la actuación de los adultos que están a cargo tanto del agresor como del agredido tienen un papel crucial, toda vez la actuación y respuesta oportuna por parte de las autoridades puede prevenir este tipo de hechos y, en caso contrario, generar que se multipliquen y provoquen una situación de violencia entre el alumnado.
79. Ahora bien, de conformidad con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la siguiente etapa después de la primer infancia es la "edad escolar", que comprende entre los 6 y los 11 años de edad, encontrándose en ella la mayoría de las niñas y niños que cursan la educación primaria. El desarrollo de la infancia en esta etapa es decisivo para consolidar las capacidades físicas e intelectuales, para la socialización con las demás personas y para formar la identidad y la autoestima de los individuos; asimismo, en esta etapa de la infancia la familia, la comunidad y la escuela son esenciales, ya que se vive un crecimiento acelerado que requiere las condiciones adecuadas para lograr un mejor desarrollo para el aprendizaje, el juego y el descubrimiento, así como para estimular la motricidad y la creatividad, agregando que esta fase es fundamental también para aprender normas sociales y adquirir valores como la solidaridad y el sentido de justicia.
81. En efecto, es importante considerar que los elementos que caracterizan cada nivel de la infancia
influyen de manera decisiva en las niñas y los niños que, según la etapa por la que estén pasando y el grado escolar que cursen, reaccionarán de forma diversa a las situaciones que enfrenten, tomando en cuenta que desafortunadamente dentro de éstas se puede encontrar la violencia sexual.
89. En lo que respecta a los niños y niñas indígenas, cabe apuntar que, conforme a lo señalado en el artículo 2o., apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, la Federación, los Estados y los Municipios, tienen la obligación de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilinge e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, así como establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles, definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas.
91. Al respecto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha señalado en el documento "Niñez Indígena en México" que las niñas y los niños indígenas en México constituyen la población con mayores carencias y el menor grado de cumplimiento de sus derechos fundamentales, toda vez que la mayoría de las comunidades indígenas suelen ubicarse en zonas de difícil acceso, lo cual repercute en la exclusión escolar y en el incumplimiento de otros derechos de los niños indígenas, aunado a que gran parte de este sector de la infancia se ve forzado a abandonar los estudios para comenzar a trabajar o bien, porque comienzan una vida familiar a una edad muy temprana. Así pues, las niñas y los niños indígenas constituyen un grupo en situación de vulnerabilidad múltiple, por lo que las autoridades deben velar de forma especial por el cuidado y la protección de sus derechos.
99. Esta Comisión Nacional ha detectado que la violencia sexual en centros escolares conlleva, a su vez, diversas omisiones por parte de las autoridades escolares; entre ellas destacan la falta de una política de prevención e identificación, la carencia de una normatividad administrativa que regule la forma de proceder
frente a este tipo de abusos en algunas entidades federativas y la inexistencia de mecanismos de atención para estos casos en centros escolares, el desconocimiento o bien la negligencia por parte de las autoridades escolares respecto al procedimiento que se debe seguir cuando se ha detectado un caso de violencia sexual escolar, además de la inadecuada atención a las víctimas. Asimismo, la falta de instalaciones adecuadas en los centros escolares, y la falta de control en la contratación de personal, así como la aplicación de sanciones insuficientes hacia los servidores públicos que incurran en conductas de este tipo.
Programa de "Escuela Segura", cuentan con guías para reconocer y evitar riesgos.
Diplomados en competencias docentes para la atención educativa a la diversidad social, cultural y lingística en México y de equidad de género y no discriminación para maestros y cursos sobre el derecho a la no discriminación en México, bullying, el nuevo rostro de la violencia escolar, educación exclusiva, perspectiva de género y desarrollo de competencias para la atención a la diversidad en las escuelas.
Programas de equidad de género, "Escuela Segura", salud, formación cívica y ética y prevención de violencia en preescolar.
Conferencias de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación para poder detectar actos de discriminación, se estableció un programa de "Conferencias Magistrales" impartidas por magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con temas como abuso sexual infantil y violencia escolar, se solicitó a la directora general adjunta de igualdad de género de la Subsecretaria de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas analizar y proponer las adecuaciones o modificaciones que considere pertinente para contar con un instrumento actualizado que sirva para brindar una correcta atención a las quejas suscitadas por conductas de maltrato o abuso. Se elaboró el "Código de Conducta del Centro de Enseñanza Técnica Industrial", en el que se establecieron los valores de integridad, imparcialidad, respeto, no discriminación, igualdad de trato y justicia, se generaron se desarrollaron dos documentos, uno de ellos "Procedimiento para atender casos de Hostigamiento y Acoso Sexual en el Centro de Enseñanza Técnica Industrial". Por su parte, la Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal cuenta con el programa de "Educación de la Sexualidad y Prevención del Abuso Sexual Infantil".
Programa de "Escuela Segura" sólo en 9 municipios que se consideran prioritarios.
Programa "Educación de la Sexualidad y Prevención de Abuso Sexual Infantil", el cual se desarrolla con base en el trabajo de investigación, programa "Escuela Segura", programa "Violencia Sexual, Identificación y Prevención del Abuso Sexual Infantil", programa "Escuela y Salud".
Diplomado a los docentes sobre educación sexual, cursos de derechos humanos, también se mencionan cursos para el desarrollo y potencial humano del docente, entre los alumnos se imparten cursos de "construcción de proyecto y plan de vida" así como conferencias de prevención de violencia escolar y en el noviazgo.
Programa de Capacitación para prevenir el abuso sexual, programa abriendo escuelas para la equidad, programa "Escuela Segura", guía escolar de intervención para situaciones de emergencia que incluye situaciones de abuso sexual, cuentan con una dirección de psicopedagogía, proyecto de equidad de género y prevención de violencia en educación básica, los programas están dirigidos a maestros y algunos a alumnos.
Programas de equidad de género del Instituto Nacional de las Mujeres, talleres y actividades deportivas para fomentar los valores y la prevención de la violencia y se señala que mediante reuniones se exhorta a los maestros a actuar con pulcritud personal e intervención oportuna, también mencionan el programa de "Escuela Segura".
Programa "Escuela segura".
Programa formativo "Desarrollo físico y salud", el cual incluye temas de educación sexual, en el área preescolar se imparte el curso "protegiendo a los niños del abuso", en educación primaria se imparten cursos para prevenir embarazos, en secundaria se imparte en la materia de biología temáticas de sexualidad.
Programa "Escuela con Valor" que busca prevenir la violencia en sus diversas formas, entre ellas la sexual.
Implementan el programa "Escuela Segura", programa de equidad de género y prevención de violencia en educación básica, PROVIOLEM (Programa de capacitación al magisterio para prevenir la violencia hacia las mujeres)
Programa de "Escuela Segura" y campañas para docentes para evitar la violencia.
Programa de prevención de violencia escolar (PREVEE) prevención de violencia desde la infancia y programa de "Escuela Segura", asimismo, existe una carpeta con información jurídica para la atención de quejas y denuncias por maltrato y abuso sexual.
110. Asimismo, cabe señalar que al capacitar al personal escolar se debe incluir a personal administrativo, de intendencia, directivos y a todas aquellas personas que presten su servicios en un centro educativo, esto debido a que todos ellos están en contacto con las niñas y los niños que pueden llegar a ser víctimas; además, de conformidad con las diversas recomendaciones emitidas por esta Comisión Nacional, se ha observado que en ocasiones los agresores fueron precisamente miembros del personal de mantenimiento y asistentes administrativos, tal como ocurrió en los casos señalados en las recomendaciones 65/2013, 76/2012, 38/2014 y 55/2013, donde los agresores de las niñas y los niños fueron asistentes de servicios de limpieza y mantenimiento en las tres primeras y personal administrativo en la última, siendo que éstos hasta el
momento no se consideran dentro de este tipo de capacitaciones.
117. Otro punto a destacar es el hecho de que la violencia sexual, como ya se ha señalado, afecta de forma grave a las víctimas; en consecuencia, este organismo nacional considera necesario que se promueva entre todos los grupos que intervienen en la educación infantil una cultura libre de violencia, de forma que ésta deje de verse como algo cotidiano, y se señale en cualquiera de sus formas, incluyendo la sexual, como un acto reprobable que vulnera la dignidad de quienes la viven y la presencian, lo que a su vez debe conllevar a una cultura de respeto y paz en la que se respete en todo momento la dignidad de las niñas y los niños. En este sentido, la Constitución prevé en su artículo 3o., párrafo segundo, que la educación tenderá a desarrollar
todas las facultades del ser humano y fomentará el respeto a los derechos humanos, por lo que en concordancia, es necesario que las autoridades educativas promuevan una cultura en este sentido a través de la enseñanza y el respeto a los derechos humanos.
120. En este sentido, cabe destacar que se han observado avances a nivel nacional para garantizar la seguridad de las niñas y los niños en los centros escolares, tal es el caso del programa "Por Una Convivencia Escolar Sana: Un Compromiso de Todos", el cual fue realizado por este organismo nacional en colaboración con la Secretaría de Educación Pública y fue presentado el mes de agosto de 2014, a la par de que se firmó un acuerdo de colaboración entre estas dos instituciones; cabe señalar que esta iniciativa está conformada por varios acuerdos para fomentar el respeto a los derechos humanos, cultivar valores de tolerancia y equidad, promover la empatía y el diálogo, así como desarrollar instrumentos que coadyuven a construir escuelas libres de violencia, por lo que al respecto se estima que existen adelantos en el tema de la prevención hacia la violencia en contra de niñas y niños.
132. En efecto, la Ley General de Educación le otorga a la Secretaría de Educación Pública el papel de autoridad rectora, estableciendo en su artículo 12, fracción I, determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, mientras que la fracción VIII de dicho numeral señala que dicha autoridad cuenta con la atribución de fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de educación
inicial que, en su caso, formulen los particulares. Por ello, este organismo nacional observa que corresponde a la Secretaría de Educación Pública, como autoridad rectora del sistema de educación nacional, establecer una política integral que homologue y coordine el sistema educativo en México con el objeto de garantizar el derecho de educación consagrado en el artículo 3o. constitucional, la cual deberá regirse por el principio del interés superior de la niñez en un marco de inclusión y diversidad.
138. Respecto a la falta de un aviso oportuno a los familiares de la víctima, esta Comisión Nacional observó en la recomendación 55/2013, que los padres de familia de un niño que cursaba la educación media superior, y que fue agredido sexualmente durante un viaje escolar, tuvieron conocimiento de este hecho hasta
dos días después de lo ocurrido, aunado a que el director del centro educativo instruyó al personal para que fuera la víctima quien informara a sus padres sobre lo sucedido y no ellos en el desempeño de su función como garantes del niño.
145. Por otra parte, también se han observado casos en los que las autoridades escolares buscan impedir que se haga una denuncia sobre los hechos de violencia sexual, como el señalado en la recomendación 76/2012, en la que la directora de preescolar, al momento de que la madre de una víctima le solicitó información
respecto al caso de abuso sexual de su hijo, le señaló que ése era un "caso cerrado", diciéndole que había que cuidar el prestigio de la escuela y no hacer las cosas más grandes para evitar que los demás padres de familia se enteraran; una situación similar se documentó en la recomendación 55/2013, en la que tanto el director como un profesor del centro educativo le comentaron a la víctima en momentos y lugares diferentes que no comentara lo sucedido con nadie porque "podía dañar su reputación".
149. Así también, esta Comisión Nacional advierte que si bien hay casos en los que existe una unidad específica para conocer los casos de violencia sexual que se suscitan en centros escolares, la cual actúa con la finalidad de documentar, dar seguimiento, reparar el daño y sancionar a los responsables en casos de violencia sexual escolar, las autoridades educativas son omisas en informar y solicitar la intervención de las mismas. Una situación de este tipo se observó en la recomendación 66/2013, respecto a un abuso sexual ocurrido en el Distrito Federal, en donde existe la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil precisamente con la finalidad de prevenir, investigar y sancionar los casos de abuso sexual y maltrato que tengan lugar en centros escolares, y no obstante, en la citada recomendación se evidenció que el subdirector de operación de la Dirección de Educación Especial informó que no fue necesario solicitar la intervención de dicha unidad argumentando que las conclusiones de esta eran "únicamente un informe" y "no tienen carácter ejecutor".
152. No obstante, se ha observado que las autoridades que tienen esta obligación han sido omisas en dar parte a las autoridades correspondientes, y esta situación se documentó en las recomendaciones 51/2013, 55/2013, 59/2013 y 66/2013, en ese sentido, se considera que el no hacer las denuncias ante las autoridades competentes, contribuye a que los hechos queden impunes, además de que es contrario a la cultura de la legalidad. Lo anterior, resulta de especial relevancia toda vez que esta obligación de los servidores públicos
está especificada en el artículo 42 de la Ley General de Educación, aunado a que el no realizar la denuncia correspondiente, genera una situación de impunidad, lo que propicia el riesgo de su multiplicación.
157. En ese orden de ideas, este organismo nacional ha observado casos en los que una vez comprobada la violencia sexual hacia una niña o un niño, o bien se ha evidenciado que las autoridades escolares con conocimiento de los hechos no actuaron de forma adecuada, las sanciones que reciben los servidores públicos responsables son llamadas de atención consistentes en "extrañamientos", amonestaciones verbales o escritas y "notas malas", suspensión temporal con pérdida de sueldo por algunos días y reubicación.
158. En ese sentido, este organismo autónomo observó en la recomendación 51/2013, en la que se evidenció que un profesor de primaria había abusado sexualmente 3 niñas, no obstante ello, la reacción por parte de la autoridad en lugar de imponer una sanción, fue reubicarlo a una escuela primaria diversa en la que
personal de esta Comisión Nacional constató con preocupación que continuaba impartiendo clases a alumnos de sexto grado, lo cual para este organismo nacional no constituye una sanción en este tipo de casos.
165. Así también, el estado de Guerrero indicó que sanciona a los trabajadores de la educación que incurran en actos de abuso sexual con multas de hasta 20,000 salarios mínimos o la destitución; las autoridades de Oaxaca señalaron aplicar notas malas, suspensión del empleo o rescisión laboral y "congelamiento de clave", Tlaxcala manifestó sancionar con la baja definitiva o denuncia ante autoridades correspondientes, mientras que Yucatán aseveró que, en casos de educación inicial y preescolar, se procederá a separar de su función y centro de trabajo al presunto responsable y, en caso de que se demuestre su responsabilidad, se le dará de baja; mientras que si es docente de primaria se puede determinar
la baja o suspensión, siendo que en educación secundaria se aplicará la suspensión de labores y sueldos, término de contrato, cambio de adscripción, exhortos y notas de deméritos, y en educación media superior se enviará a la dirección jurídica para que determine la sanción correspondiente.
173. Asimismo, este organismo autónomo considera que sería de gran utilidad contar con cámaras de video ubicadas en puntos estratégicos de los planteles escolares, por medio de las cuales se pueda realizar
un monitoreo a las actividades de las niñas y los niños, de forma tal que se resguarde su integridad y sano desarrollo, aunado a que de los videos de dichas cámaras se podrá obtener material que, en su caso, evidencie las conductas de violencia o abuso que se susciten dentro de las instalaciones del plantel escolar. Al respecto, se deberán tomar las medidas de seguridad para el resguardo de los contenidos y proteger el uso del material para otros fines.
180. Por su parte, el informe presentado por el estado de Puebla menciona que para la contratación de su personal docente se basan en el Marco Normativo de la Secretaría de Educación Pública, la cual indica que por medio del profesionograma se adecuan a los perfiles que éste indica para la contratación de docentes de educación básica en escuelas públicas, estableciendo como requisitos para el puesto tener una licenciatura y disponibilidad para trabajar en cualquier localidad del estado, así como haber acreditado un examen, haber nacido o estudiado en Puebla, con residencia mínima de 4 años, tener un certificado médico de "buena salud"
y constancia de no antecedentes penales.
195. Por otra parte, en lo que atañe a la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil, este organismo detectó que, no obstante su objetivo, se han observado múltiples casos en los que a pesar de que las autoridades escolares informaron sobre un caso de abuso sexual suscitado en el centro escolar, dicha
Unidad no intervino en el referido caso, o bien no actuó a tiempo, lo que denotó una falta al cumplimiento de sus obligaciones que tiene; este organismo nacional observa que situaciones como esta resultan sumamente preocupantes, ya que esa Unidad es competente para atender de manera inmediata los casos de maltrato y violencia sexual reportados dentro de las escuelas de educación básica del Distrito Federal, y de orientar a las autoridades y al personal docente de las escuelas en los casos de violencia sexual sucedidos en el interior de los planteles, por lo que en ese sentido se advierte que si bien es loable el objetivo con el que esa institución fue creada, es primordial que la misma cumpla a cabalidad con su función.
211. En lo que atañe a hostigamiento y acoso sexual, en las entidades de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Durango, estado de México, Michoacán y Sinaloa, no existe una agravante en caso de que
quien haya incurrido en este delito sea un servidor público, mientras que en Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán, no se prevé una agravante en el supuesto de que la víctima sea menor de edad.
219. En relación con las legislaciones para la protección de víctimas, se observa que los estados de Baja California Sur, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas no cuentan con una ley de este tipo, mientras que Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima,
Distrito Federal, estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas no disponen en sus ordenamientos legales de protección a víctimas alguna medida encaminada a la protección de la integridad de las niñas y niños que han sido víctimas de delitos sexuales en centros escolares.
TERCERA. Se instruya a quien corresponda, con la finalidad de que se realicen revisiones en los centros escolares con el objetivo de asegurar que las instalaciones son adecuadas para que las niñas y los niños
puedan ejercer de forma sana y segura su derecho a la educación al interior de las mismas, y asimismo, se gestione la instalación de cámaras de video en puntos estratégicos de los planteles educativos públicos y privados.
NOVENA. Giren sus instrucciones a quien corresponda, para que en el ámbito de su competencia se vigilen en todo momento que las actuaciones por parte de los particulares que prestan servicios educativos se
apeguen a lo dispuesto en la Ley General de Educación, y en caso de que se observe un inadecuado seguimiento a los casos de violencia escolar, en especial de violencia sexual, se apliquen a dichos centros escolares las sanciones correspondientes incluyendo la revocación de la autorización para ejercer como centro educativo.

References: artículo 1
 artículo 6
 artículo 140
 artículo 1
 artículo 19
 artículo 3
 artículo 13
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 12
 artículo 3
 artículo 42