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Timestamp: 2019-05-22 07:34:31+00:00

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Artículo 141. Derecho a la información urbanística.
Artículo 142. Reglas para la información pública.
La información pública se efectuará en las unidades administrativas más cercanas a los interesados, además de en los boletines oficiales, medios de comunicación y tablones de anuncios o edictos correspondientes.
Los anuncios de información pública indicarán claramente el instrumento o expediente objeto de la misma y la duración del período, así como el lugar y horarios dispuestos para la consulta.
Durante la información pública podrá consultarse toda la documentación relacionada con el instrumento o expediente objeto de la misma, y podrán presentarse tanto alegaciones como sugerencias, informes y documentos complementarios de cualquier tipo.
Artículo 143. Información pública y audiencia a propietarios por iniciativa privada.
Los promotores publicarán los anuncios de información pública en los boletines oficiales en los que hubiera correspondido hacerlo a la Administración competente, precisando el carácter con el que actúen, los trámites realizados previamente y la identificación del Ayuntamiento donde haya de consultarse la documentación y presentarse las alegaciones y demás documentos que procedan: copia de los anuncios se remitirá al mismo Ayuntamiento.
El Ayuntamiento tendrá la obligación de disponer lo necesario para la pública consulta de la documentación obrante en sus dependencias durante el plazo aplicable, y de certificar las alegaciones presentadas, dando traslado de copia de éstas y de la certificación a los promotores.
Los promotores acreditarán la realización de la información pública por iniciativa privada mediante copia de los anuncios publicados y la certificación administrativa de las alegaciones presentadas, así como con copia de éstas, a las que podrán acompañar sus observaciones.
Artículo 144. Publicidad de los instrumentos urbanísticos.
2. Asimismo los Ayuntamientos deberán facilitar copias de dichos instrumentos, y disponer lo necesario para que los servicios técnicos municipales, o. en su defecto, los de la Diputación Provincial, puedan atender las consultas de los particulares al menos una vez a la semana.
Artículo 145. Registro de Urbanismo de Castilla y León.
Artículo 146. Consulta urbanística.
1.Toda persona física o jurídica tendrá derecho a que el Ayuntamiento correspondiente le informe por escrito del régimen urbanístico aplicable a un terreno concreto, o bien al sector, unidad de actuación o ámbito de planeamiento o gestión urbanística equivalente en que se encuentre incluido.
Los instrumentos de planeamiento y gestión urbanísticos aplicables, indicando si alguno de ellos está en revisión o modificación y, en tal caso, si se ha acordado la suspensión de licencias.
La clasificación del suelo y las demás determinaciones urbanísticas significativas, en especial las referidas a sus posibilidades de urbanización y edificación.
Si el terreno tiene condición de solar y, en caso negativo, qué actuaciones urbanísticas son necesarias para alcanzarla, en particular en cuanto a los deberes urbanísticos exigibles.
Artículo 147. Cédula Urbanística.
A fin de facilitar el servicio de consulta urbanística regulado en el artículo anterior, los Municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes o que cuenten con Plan General de Ordenación Urbana, deberán crear mediante ordenanza la Cédula Urbanística, documento normalizado acreditativo de las circunstancias urbanísticas de cada terreno, y que incluirá, al menos, las señaladas en el artículo 146.2. La ordenanza por la que se regule la Cédula Urbanística determinará su plazo de validez, y podrá disponer su exigibilidad para la concesión de las licencias urbanísticas. Los demás Municipios podrán también crear la Cédula Urbanística.
Artículo 148. Consulta en suelo urbanizable no delimitado.
En la consulta se indicarán las características básicas de la actuación, comprendidas, al menos, la delimitación del sector y los usos y aprovechamientos previstos.
El Ayuntamiento y la Administración de la Comunidad Autónoma emitirán informe expresivo de la conformidad de la propuesta con los instrumentos de ordenación del territorio y el planeamiento sectorial y urbanístico aplicable, en especial con la ordenación general establecida en el instrumento de planeamiento general, e igualmente de los términos y condiciones en los que habrían de cumplirse los deberes de urbanización, cesión, equidistribución y edificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 20.
Los informes se emitirán en un plazo de tres meses, transcurrido el cual se entenderá obtenida la conformidad para presentar el correspondiente Plan Parcial, cuya aprobación no podrá ser denegada si, además de cumplir con las determinaciones legalmente establecidas, existe la debida correspondencia entre el mismo y el contenido de los informes.
Los informes mantendrán su validez en tanto permanezcan vigentes las determinaciones del planeamiento urbanístico conforme a las cuales se concedieran, y como máximo hasta pasado un año desde su emisión.
Artículo 149. Publicidad privada.
Artículo 150. Acción pública.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Derechos de realojo y retorno.
En actuaciones por expropiación, la Administración expropiante, o, en su caso, el beneficiario de la expropiación, deberán poner a disposición de los ocupantes legales afectados, viviendas cuyas condiciones de superficie y precio de venta o alquiler sean conformes tanto a sus necesidades como a la normativa sobre viviendas con protección pública. Asimismo habrán de satisfacer los gastos de traslado y otros accesorios que recayesen sobre los ocupantes legales afectados.
En actuaciones integradas sin expropiación se aplicará también lo dispuesto en el apartado anterior, correspondiendo la obligación de hacer efectivo el derecho al urbanizador, respecto de los ocupantes legales afectados en régimen de propiedad, y al propietario, respecto de los ocupantes legales afectados en régimen de arrendamiento.
En actuaciones aisladas sin expropiación, los ocupantes legales de viviendas que constituyan su residencia habitual en régimen de alquiler, tendrán el derecho de retorno regulado en la legislación sobre arrendamientos, así como el de ser alojados provisionalmente en condiciones adecuadas hasta que sea posible el retorno, correspondiendo la obligación de hacer efectivos tales derechos al propietario de las viviendas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Adecuación de sanciones.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Ayudas públicas.
1. Los Presupuestos anuales de Castilla y León contendrán las previsiones de gastos necesarias para promover y facilitar que los Municipios cumplan lo dispuesto en esta Ley, y, en particular, para la adaptación de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanísticos.
Declarados como Monumento.
Situados en conjuntos históricos declarados como Bien de Interés Cultural y que estén incluidos en catálogos.
Catalogados en el planeamiento urbanístico.
Situados en núcleos urbanos incluidos en Espacios Naturales Protegidos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Información y cartografía urbanísticas.
Corresponderá a la Administración de la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería competente en materia de urbanismo, producir, recopilar, coordinar, actualizar y divulgar la información y documentación escrita, fotográfica y cartográfica, sobre el territorio de la Comunidad Autónoma, adecuadamente normalizada, así como elaborar reglamentos, instrucciones, estudios y análisis que faciliten y orienten la elaboración y el ejecución de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanísticos, entre los que estarán los siguientes:
Normas técnicas urbanísticas, de rango reglamentario, que señalen los requisitos de calidad de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanísticos, así como los criterios para la clasificación del suelo, la determinación de las reservas para sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas y la autorización de usos excepcionales en suelo rústico.
Instrucciones técnicas urbanísticas, que ofrezcan modelos de ordenación para las situaciones más comunes en la práctica urbanística, así como criterios y soluciones para el diseño y ejecución de las obras de urbanización.
Censo del suelo que deba ser preservado de su urbanización, clasificándose como suelo rústico conforme a lo previsto en los artículos 15 y 16.
Censo del suelo urbanizable y urbanizado de Castilla y León, que permita conocer y estudiar la oferta y comportamiento de este mercado.
Estudio del mercado inmobiliario de Castilla y León, incluyendo la gestión urbanística y las características de la oferta y demanda de los productos inmobiliarios.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Adaptación a la Ley
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Vigencia de las normas provinciales.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Vigencia de los planes generales de ordenación urbana y de las normas subsidiarias de planeamiento municipal.
En el suelo urbano no incluido en unidades de actuación, unidades de ejecución o ámbitos equivalentes, se aplicará el régimen establecido en esta Ley para el suelo urbano consolidado, con la salvedad de que el aprovechamiento correspondiente a los propietarios de terrenos reservados para dotaciones urbanísticas públicas, en su caso, será la media ponderada de los aprovechamientos correspondientes a los propietarios de los terrenos servidos por la dotación, calculada conforme a lo dispuesto en la legislación del Estado.
En el suelo urbano incluido en unidades de actuación, unidades de ejecución, o ámbitos equivalentes, se aplicará el régimen establecido en esta Ley para el suelo urbano no consolidado, con la salvedad de que para determinar el aprovechamiento correspondiente a los propietarios de terrenos incluidos en áreas de reparto, las referencias al aprovechamiento medio del sector se entenderán hechas al aprovechamiento tipo del área de reparto.
En el suelo urbanizable programado, en todo caso, en el suelo urbanizable no programado con Programa de Actuación Urbanística aprobado, y en el suelo apto para urbanizar con sectores delimitados y con aprovechamiento medio o índice equivalente, se aplicará el régimen establecido en esta Ley para el suelo urbanizable delimitado, con la salvedad señalada en el apartado anterior.
En el suelo urbanizable no programado, y en el suelo apto para urbanizar que no cumpla las condiciones señaladas en el apartado anterior, se aplicará el régimen establecido en esta Ley para el suelo urbanizable no delimitado, con la salvedad señalada en el apartado b).
En el suelo no urbanizable común, suelo no urbanizable genérico o denominación equivalente que implique la inexistencia de una protección especial, se aplicará el régimen establecido en esta Ley para el suelo rústico común, con la salvedad de que, en tanto el Plan General no se adapte a esta Ley, el Ayuntamiento no podrá ejercer la competencia para la autorización de los usos excepcionales en suelo rústico.
En el suelo no urbanizable protegido, especialmente protegido, o denominación equivalente que implique una protección especial, se aplicará el régimen establecido en el planeamiento urbanístico, si bien se aplicará lo previsto en el artículo 25 para la autorización de usos excepcionales, con la salvedad señalada en el apartado anterior.
No obstante lo dispuesto en los dos apartados anteriores, en el suelo no urbanizable situado en el entorno de protección de los bienes inmuebles de interés cultural, o en defecto de éste dentro de una banda de 50 metros desde el límite exterior de dichos bienes, se aplicará el régimen establecido en esta Ley para el suelo rústico con protección del patrimonio cultural
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Vigencia de los Proyectos de Delimitación del Suelo Urbano.
En los terrenos incluidos en la delimitación de suelo urbano, se aplicará el régimen establecido en esta Ley para el suelo urbano en Municipios sin planeamiento urbanístico.
En los terrenos excluidos, de la delimitación de suelo urbano, se aplicará el régimen establecido en esta Ley para el suelo rústico en Municipios sin planeamiento urbanístico.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Vigencia de los demás instrumentos urbanísticos.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA. Instrumentos y procedimientos urbanísticos en tramitación.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA. Instrumentos urbanísticos en ejecución.
Los instrumentos de gestión urbanística en ejecución a la entrada en vigor de esta Ley se terminarán de ejecutar conforme a la legislación anterior, salvo que incumplidos los plazos aplicables, el Ayuntamiento acuerde su sujeción al régimen establecido en esta Ley para las actuaciones integradas. A tal efecto se entenderá que estén en ejecución:
En el sistema de compensación, desde la aprobación de las bases y estatutos de la Junta de Compensación.
En el sistema de cooperación, desde la aprobación del proyecto de reparcelación o la declaración de su innecesariedad.
En el sistema de expropiación, desde la aprobación de la relación de propietarios y la descripción de los bienes y derechos.
Quedan derogadas la Ley 9/1997, de 13 de octubre, de medidas transitorias en materia de Urbanismo, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en esta Ley.
En tanto esta Ley no sea objeto de desarrollo reglamentario, continuarán aplicándose en Castilla y León los artículos de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión, Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Reparcelaciones que resulten compatibles con lo previsto en esta Ley. A tal efecto la Junta de Castilla y León aprobará en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley la relación de preceptos de estos Reglamentos que sean de aplicación.
Valladolid, 8 de abril de 1999.
Publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León número 70 de 15 de abril de 1999

References: Artículo 142

Artículo 143

Artículo 144

Artículo 145

Artículo 146

Artículo 147
 artículo 146

Artículo 148

Artículo 149

Artículo 150
 artículo 25