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Timestamp: 2020-05-30 15:37:59+00:00

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El Gobierno saca a información pública el borrador del plan de adaptación al cambio climático con 81 líneas de acción
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 será el instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada frente a los efectos del cambio climático en España en la próxima década. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a las diversas Administraciones Públicas, el PNACC 2021-2030 definirá objetivos, criterios, ámbitos de trabajo y líneas de acción para fomentar la adaptación y la resiliencia frente al cambio del clima.
El borrador del PNACC 2021-2030 define y describe 81 líneas de acción sectoriales organizadas en 18 ámbitos de trabajo entre los que destacan salud humana, agua y recursos hídricos, biodiversidad y áreas protegidas, protección forestal, lucha contra la desertificación, y agricultura, ganadería, pesca y alimentación. También propone una nueva gobernanza, para facilitar la coherencia de la acción climática y favorecer nuevas prácticas en la forma de legislar, de planificar, de presupuestar, de gestionar y de informar, como respuesta a los riesgos derivados del cambio climático, tanto para las administraciones públicas como para el sector privado.
El plan que establece un marco temporal 2021-2030, forma parte del marco estratégico de energía y clima, un conjunto de instrumentos, entre los que destacan, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia a largo plazo para una economía moderna, competitiva y climáticamente neutra en 2050, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia de Transición Justa.
Una vez aprobado, las acciones se concretarán con políticas sectoriales y se integrarán en la normativa que regula cada actividad. De este modo, el PNACC afectará a normativas como el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, la Estrategia Forestal Española; la Estrategia para la Protección de la Costa Española; la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030.
Además, también afectará a la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027; la Estrategia frente al Reto Demográfico; la Estrategia Española de Economía Circular; el Plan Estratégico de España para la Política Agraria Común 2021-2027; el Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente; el Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles; el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad 2021-2025; el Plan Estratégico de Educación y Estilos de Vida Saludables 2021-2025.
Asimismo, deberán incorporar, mantener o reforzar, el componente adaptativo en las futuras actualizaciones del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud, del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y de las Estrategias Marinas, del Plan Forestal Español o del Plan Nacional de Regadíos.
En la misma línea, también plantea que la adaptación al cambio climático deberá incorporar algunas normas con rango de Ley que se están preparando en la actualidad, como la Ley de Residuos, la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público o la Ley de Industria y Estrategia Industrial y, por ende, algunas otras normas existentes podrían requerir modificaciones para reforzar la adaptación. Ese es el caso de la Ley de aguas o la Ley de Evaluación Ambiental.
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, se publica el borrador del nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 con el fin de que se puedan formular, en su caso las observaciones que se estimen oportunas, desde el 4 de Mayo hasta el 4 de Junio de 2020.
En todo caso, teniendo en cuenta lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, relativa a la suspensión de plazos administrativos, el plazo para la recepción de observaciones se prolongará mientras sea de aplicación la citada suspensión de plazos administrativos, y hasta 15 días después de su finalización o derogación.
En conclusión, la fecha indicada de finalización del periodo de consulta queda en suspenso y será ajustada según lo establecido en el Real Decreto 463/2020 citado
Informe Impacto Ambiental del Proyecto de Aeródromo en El Moral (Ribera del Fresno)
Resolución de 16 de Marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula Informe de Impacto Ambiental del proyecto Aeródromo de uso restringido El Moral, en el término municipal de Ribera del Fresno (Badajoz)
La Ley 21/2013 de 9 de Diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2, prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental, a los efectos de determinar que el proyecto no tiene efectos significativos sobre el miedo ambiente, o bien, que es preciso el sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación ambiental ordinario regulado en la Sección 1ª del Capítulo II del Título II de la ley, por tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
El proyecto consiste en la construcción de un aeródromo privado de uso restringido en la finca de un viñedo, situado en el término municipal de Ribera del Frescno (Badajoz), con el fin de potenciar el turismo enológico así como el desarrollo de actividades aeronaúticas. El órgano sustantivo es la Agencia Estatal de Seguridad Áerea (AESA), del Ministerio de Fomento, al no haber asumido la Comunidad Autónoma de Extremadura las competencias aeronáuticas, por lo que resulta ser el órgano ambiental el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Tras la correspondiente tramitación y consultas a las administraciones y personas interesadas (Ayuntamientos, ONG conservacionistas, Comunidad Autónoma, Administración del Estado..) y las oportunas subsanaciones y correcciones del documento ambiental, que en un principio no contenía suficientes estudios de la avifauna presente en la zona o alternativas ambientalmente viables, ni había previsto el correspondiente Informe de Afección para el sobrevuelo de las ZEPA por debajo de la cota de 1000 metros (a pesar de que las instalaciones de proyecto no se encuentras en los límites de ningún espacio incluido en la Red Natura 2000 ni en ningún Espacio Natural Protegido, el área de vuelo que las aeronaves que lo utilicen podría afectar a ciertos lugares de la Red Natura 2000), finalmente se formula Informe de Impacto Ambiental que, con los pertinentes requisitos y medidas correctores, protectoras y compensatorias, no prevé impactos adversos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesesaria la tramitación de la Evaluación Ambiental Ordinaria.
Los ecologistas recelan de los bancos de hábitats y el Gobierno supedita su desarrollo al acuerdo previo
El desarrollo de Bancos de Conservación para compensar los daños ambientales "residuales" o inevitables de la construcción de infraestructuras, mantiene en vilo a los ecologistas, quienes temen que se convierta en un mecanismo de especulación con la naturaleza.
El Gobierno introdujo esta figura en la ley de impacto ambiental, que aprobó a finales de 2013. Pero para aplicar este cambio es necesario que se desarrolle un reglamento de los bancos de hábitats. El ministerio sostiene que la aprobación de este nuevo sistema se supeditará al apoyo de los grupos ecologistas, que están negociando el documento con Medio Ambiente. "Si hay acuerdo sobre el texto antes de junio se podrá aprobar esta legislatura el real decreto", indican fuentes del ministerio.
El departamento de Isabel García Tejerina trabaja desde hace un año en el reglamento de los llamados bancos de conservación de la naturaleza, un modelo que se utiliza en Estados Unidos desde los ochenta y que empieza a abrirse camino en la Unión Europea con fuerza. Pero las negociaciones están atascadas.
El funcionamiento de esos Bancos de Conservación o Hábitat sería parecido al de los mercados de emisión: las promotoras de infraestructuras tendrían la posibilidad de compensar el daño ambiental causado comprando créditos para que se desarrollen proyectos de conservación en otros lugares, en una cantidad equivalente a la magnitud del impacto causado.
Los ecologistas y el ministerio coinciden en los problemas que el actual modelo tiene. Cuando un promotor quiere acometer una obra de importancia (como una carretera) necesita la autorización de la Administración. Debe lograr una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable. Y, en ese documento, se pueden introducir las medidas de compensación que el promotor debe desarrollar por el daño que causará su obra en la naturaleza. Pero los ecologistas sostienen que ahora no existe un control real sobre esas actuaciones de compensación que el constructor está obligado a hacer.
El paso que se daría con los bancos de conservación es permitir a los promotores que acudan a terceros, que se encargarían de acometer esas medidas compensatorias. Para ello, habría un registro en el que se recogerían diferentes trabajos de conservación de la naturaleza que ya se estén llevando a cabo. Ahí sería donde el promotor compraría esos derechos. Es un modelo parecido al del mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero existente.
El sistema se articula a través de créditos, según se recoge en el último borrador de reglamento que el ministerio ha enviado a las comunidades autónomas. El propietario de una finca acudiría a las Administraciones con un proyecto de conservación concreto de una especie o un hábitat. Las comunidades y el Gobierno valorarían luego cuántos créditos le corresponden al programa presentado. Por ejemplo, se otorgarían dos créditos por "cada hectárea destinada a alcanzar el estado de conservación favorable" de un hábitat de "interés comunitario o de interés autonómico" si el punto de partida de la zona es "desfavorable". Luego, el propietario de esos créditos los ofrecería a los promotores.
En el otro lado de la cadena estaría el sistema de cuantificación de los daños de las obras a través de las "unidades de impacto ambiental residual". Por ejemplo, un proyecto tendría "tres unidades de impacto ambiental residual por cada hectárea de hábitat destruida o alterada de manera permanente" de una zona que partiera de un estado de conservación "favorable". Las Administraciones serán luego las que determinen en cada proyecto cuántos créditos debe comprar el promotor de la infraestructura para compensar el daño de la obra que quiere realizar.
Los principales temores mostrados por los grupos ecologistas, son que esta figura pueda convertirse en una herramienta de "especulación", y que facilite la construcción de infraestructuras de gran impacto.
"Tal cual están planteados, los Bancos darían más facilidades en la Declaración de Impacto Ambiental, ya que justificarían infraestructuras de gran impacto por la existencia de este mecanismo, supuestamente maravilloso", explica a Efe Luis Suárez, responsable de Especies de WWF.
Otra de las objeciones de los activistas es que esta herramienta "somete a la biodiversidad biológica a las reglas de la oferta y la demanda", tal como dijo el coordinador de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, cuando el Gobierno la planteó.
"La biodiversidad no se puede comprar ni vender", agrega Suárez, quien alerta de la "especulación" que pueden generar los créditos, ya que hay quien "puede comprarlos a bajo coste para luego revenderlos a las empresas".
Su compañera de departamento, Gema Rodríguez, técnico de Especies de WWF, también cree que "la puesta a disposición de un mecanismo de mercado para regular las compensaciones podría abrir puertas al oportunismo y al fraude sin el adecuado control".
López va más allá y subraya que "la creencia de que los graves impactos generados por grandes proyectos se puede compensar en otro lugar, en el contexto de las graves deficiencias en la evaluación de impacto ambiental existentes en España, es falsa".
Para argumentarlo, los ecologistas invitan a echar un vistazo atrás en la historia de los estudios de impactos en España, donde "raramente se han evaluado negativamente infraestructuras para prevenir sus daños".
Así, la fiebre de la construcción llevó a "justificar obras imposibles que nunca debieron levantarse abusando de medidas compensatorias, que en pocos casos han estado bien diseñadas o han sido eficaces", argumentan.
Y frente a ese "fracaso" en la compensación de impactos, la tendencia de la administración, hasta ahora, ha sido "obviar o ignorar la inclusión de estas medidas en las declaraciones de impacto ambiental, además de abandonar sus responsabilidades de control y seguimiento", afirman.
Con los citados antecedentes, las alarmas han saltado para los ecologistas, ya que consideran que "no se garantizan los recursos suficientes para el control de los bancos, ni para el seguimiento de los proyectos sometidos a evaluación ambiental".
"No rechazamos la movilización de recursos privados para conservación de la biodiversidad, pero consideramos que los Bancos de Conservación puede tener efectos perversos para dicho fin", subraya la directora de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz.
Además, alegan que los Bancos de Conservación no han logrado "el necesario consejo científico y técnico" sobre su eficacia a la hora de compensar un bien tan frágil como el patrimonio natura
La pasada semana se celebró en Madrid el VIII Congreso Nacional de Evaluación Ambiental, organizado por la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental (AEEIA), punto de encuentro para todos los profesionales implicados en la evaluación y gestión ambiental.
En este contexto, SEO/BirdLife ha presentado una nueva publicación bajo el título Directrices para la evaluación ambiental de proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000. Con un enfoque práctico, el libro pretende arrojar luz en aquellos conceptos y criterios que representan en la actualidad un obstáculo o sobre los que existen diversidad de interpretaciones.
La necesidad y obligación de evaluar el impacto de los proyectos que puedan afectar a los espacios de la Red Natura 2000 quedó reflejada por primera vez en el apartado 3 del artículo 6 de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE). Sin embargo, la normativa no establece ningún procedimiento o metodología que deba ser aplicada a la hora de realizar dicha evaluación.
SEO/BirdLife quiere contribuir con esta guía metodológica a mejorar la aplicación del artículo 6 de la Directiva de Hábitats para facilitar la tarea de los técnicos que elaboran los estudios ambientales, de los técnicos de la administración y de todas las personas interesadas que, mediante los mecanismos de participación pública, pudieran intervenir en el procedimiento.
Como entidad científica y conservacionista que lleva 60 años dedicada al estudio, la conservación y la divulgación de la naturaleza, SEO/BirdLife participa activamente en los procesos de información pública dentro de los procedimientos de evaluación ambiental, poniendo al servicio de la sociedad todo su conocimiento. “Esta experiencia de tantos años nos ha demostrado que, para que las herramientas de evaluación puedan ser efectivas, no es suficiente contar con una buena legislación, sino que también hay que ser estricto a la hora de garantizar su aplicación” afirma Asunción Ruiz, Directora de SEO/BirdLife.
La característica que hace que la Red Natura 2000 sea tan singular es su vocación de convivencia, ya que en sus espacios es posible compatibilizar la conservación de la naturaleza y de las actividades humanas. Julieta Valls, técnico de SEO/BirdLife y una de las autoras de la publicación afirma que: “En este contexto resulta primordial la aplicación de mecanismos o procedimientos preventivos, que permitan evaluar los nuevos desarrollos, con el objeto de evitar, reducir o compensar los impactos ambientales que se puedan producir sobre los objetivos de conservación de la Red Natura 2000”.
Proceso participativo previo a la publicación
Para identificar los aspectos que la publicación debía desarrollar se realizó una encuesta online con el objeto de identificar las fortalezas y debilidades del procedimiento de evaluación que se está realizando en España. La encuesta, respondida por 113 expertos, ha identificado que algunos de los problemas son la falta de evaluación de los efectos acumulados con otros proyectos (77%), la baja calidad de la información aportada (71%) o la falta de valoración económica de las medidas compensatorias. Como aspectos positivos el 68% ha respondido que la información aportada por las ONGs ambientales contribuye a mejorar la evaluación de los efectos de los proyectos sobre la Red Natura 2000.
Además, se desarrollaron dos talleres participativos con técnicos de la administración, consultores ambientales, organizaciones no gubernamentales y empresas. Con los resultados de la encuesta y los talleres, el libro Directrices para la evaluación ambiental de proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000 pretende mejorar los siguientes aspectos:
Esclarecer el procedimiento y la participación de los actores implicados.
Clarificar la terminología utilizada, identificando equivalencias.
Facilitar la evaluación de los efectos en combinación con otros proyectos.
Identificar la información que debe aportar el promotor, facilitando su acceso.
Describir metodologías que permitan mejorar la identificación y valoración de los impactos.
Identificar los requerimientos para el diseño de las medidas compensatorias.
Julieta Valls destaca el carácter vinculante de los resultados de la evaluación de repercusiones en Red Natura 2000, lo que supone que “en caso de constatarse que un proyecto tendrá efectos significativos sobre sus espacios deberá denegarse su autorización. De ahí la importancia de realizar dicha evaluación en las primeras fases del procedimiento de evaluación ambiental”.
Colección Red Natura 2000
Esta publicación ha sido elaborada en el marco del proyecto Life+ Activa tu auténtica riqueza. Red Natura 2000, que incluye acciones formativas que contribuyen al fortalecimiento de los actores sociales que participan en la conservación y prevención de impactos sobre la Red Natura 2000.
Directrices para la evaluación ambiental de proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000 forma parte de una colección de publicaciones dirigida a la sociedad y a quienes viven y gestionan esta red europea de espacios protegidos.
Fuente: SEO/Birlife
El Boletín Oficial del Estado publica hoy, 25 de Abril, la Directiva 2014/52/UE, de 16 de Abril de 2014, del Parlamento Europeo y el Consejo, por la que modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. (DOUE)

References: artículo 16
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Resolución 
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 6