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Timestamp: 2019-06-16 02:59:12+00:00

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Junio 09, 2012	63055
Nuestro actual sistema penitenciario, denominado de “individualización científica” arranca de los modelos progresivos instaurados en Europa en sustitución de los modelos de ejecución americanos, que fueron los primeros que surgieron, como tales con la aparición de la pena de prisión –finales del siglo XVIII-. Hasta ese momento, el sistema punitivo no requería de ninguna organización específica para su ejecución, dado el carácter de inmediatez que tenían los castigos dela época. Los sistemas americanos fueron, en concreto, dos: el sistema celular o pensilvánico y el sistema Auburn.
El primero -“el sistema Celular”- nace auspiciado por las ideas de Howard, lo aplicaron los Cuáqueros colonizadores en Pennsylvania. El sistema estaba basado en el aislamiento absoluto y la prohibición de todo trabajo ocupacional. El segundo, el denominado -“sistema Auburn”- por su parte compagina dos ideas, de una parte el aislamiento nocturno y el régimen de silencio y, de otra, el trabajo en comunidad bajo la estricta regla del silencio.
Frente a estos sistemas americanos surgen en Europa los denominados “Sistemas Progresivos” que aparecen con un denominador común, que es el de ir disminuyendo la intensidad de la pena, estableciendo fases, cada una con distinto régimen de vida, que van evolucionando hacia estadios más próximos a la libertad. De estos sistemas progresivos deriva el actual sistema penitenciario español denominado de “Individualización Científica”. La diferencia con el sistema progresivo radica en que aquel -el progresivo- está basado en unos criterios rígidos, que exigen el transcurso automático de un tiempo mínimo para el acceso de unas fases a otras de las que componen el sistema. Por el contrario, el sistema de individualización parte del principio básico de la no existencia de diferencias en los métodos de tratamiento según las fases pues aquellos --los métodos- no están en función de éstas -las fases- sino de las circunstancias personales de cada interno.
II.- El cumplimiento de la pena privativa de libertad bajo el sistema de individualización científica
La ejecución de la pena privativa de libertad tiene como objetivo principal la recuperación social del delincuente, por lo que debe de tener como meta la reeducación y reinserción social de éste, en los términos que recoge el art. 25.2 de la Constitución (CE), para lo cual se establece un modelo penitenciario de ejecución -“individualización científica”- basado en la diferenciación de distintos grados de tratamiento, a los que se accede mediante la correspondiente clasificación penitenciaria y, que se cumple conforme a unos modelos diferentes de régimen de vida en las distintas clases de Centros penitenciarios, conforme se ve en el siguiente esquema:
Como finalidad de la pena
La reeducación y reinserción social
Como instrumento para conseguir esa finalidad
Como mecanismo para hacer posible el tratamiento penitenciario
La clasificación en grados
Como contenido de la clasificación penitenciaria
El régimen de vida penitenciario
Como espacio físico donde se cumple la condena
Los centros penitenciarios
El sistema se llama individualizado porque el cumplimiento de la condena se diseña de forma individual para cada interno a través de la clasificación penitenciaria, en los términos que veremos a continuación. Se llama científico, porque está basado en las ciencias de la conducta y aplicado por especialistas en las mismas: psicólogos, educadores, criminólogos etc.
2.1.- La reeducación y la reinserción social
Los fines de la ejecución de la pena son los que vienen definidos en el artículo primero de la LOGP y en el segundo del Reglamento Penitenciario (RP), a saber: la reeducación como instrumento resocializador del delincuente, la reinserción en el seno social, del que se ha visto apartado temporalmente, la retención y custodia, sin los cuales difícilmente podrían darse el cumplimiento del resto de fines, así como una labor asistencial y de ayuda -que la ley fija para internos liberados mientras que el RP lo amplía a sus familiares-.
El objetivo no es otro que la rehabilitación del reo, la cual descansa sobre la noción de que debe prevenirse la futura comisión de delitos por las personas ya condenadas a través de un cambio en el comportamiento de los individuos. Sin embargo, en la redacción de algunos artículos de la LOGP, se puede apreciar que el legislador no tiene muy claro que la consecución de este fin vaya a ser fácil, pues emplea con demasiada frecuencia expresiones como "en la medida de lo posible" (art. 59.2 LOGP), "en tanto sea posible" (art. 60.2 LOGP) o "en cuanto sea posible" (art. 61.2 LOGP). Probablemente esta prudencia se deba a la gran variedad de tipos de personalidad que coinciden en las prisiones, los internos pueden tener una personalidad reeducable o pueden ser difícilmente reinsertables, pues el ideal resocializador sigue siendo aún muy ambiguo e impreciso.
Por reeducación ha de entenderse la oferta al sentenciado de los medios necesarios para transformarse en una persona capaz de respetar la ley penal, mediante la superación de los aspectos carenciales de su personalidad. Esto podía hacer referencia tanto a una modificación de la intención como de la capacidad del autor del hecho delictivo.
Por reinserción social ha de entenderse la oferta al sentenciado de aquellas medidas que posibiliten -desde el momento mismo de un eventual internamiento- el mantenimiento de sus vínculos con la sociedad, de la que el reo continua formando parte, minimizando en su caso al máximo los efectos desocializadores de ese eventual internamiento, a través de medidas tales como las comunicaciones con familiares, amigos y profesionales, las visitas, las salidas al exterior, el acceso a los medios de comunicación etc. En resumen, con este concepto de la reinserción hacemos referencia a la necesaria integración del ciudadano temporalmente privado de libertad, una vez extinguida la condena.
2.2.- El tratamiento penitenciario.
El ingreso de los penados en establecimientos de cumplimiento no basta para que se cumplan todos los fines de la pena, sobre todo cuando uno de estos fines es la resocialización de aquellos, por lo que es preciso establecer un tratamiento personal lo más apto posible para la personalidad de cada penado, preparándole para su vuelta a la libertad en las mejores condiciones que le permitan ejercitar esa libertad al margen de la actividad delictiva. Nace así el tratamiento penitenciario con un concepto eminentemente científico y de carácter individualizado, basado en las ciencias de la conducta, con una finalidad que es la de modificar aquel sector de la personalidad del sujeto que ha dado origen a la conducta delictiva, para hacer de él una persona con la capacidad de poder vivir al margen del delito. La LOGP, convierte al tratamiento penitenciario en la columna vertebral de la ejecución de la pena privativa de libertad, hasta el punto de declarar la subordinación del régimen al tratamiento artículo 71.1 LOGP.
El concepto normativo del tratamiento penitenciario lo encontramos en el propio artículo 59 LOGP, “El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reducación y reinserción social de los penados”. Este concepto de tratamiento penitenciario es, eminentemente restrictivo basado en una concepción clínica del delincuente -al que es preciso curar- y de corte eminentemente científico. Este concepto de tratamiento ha sido superado por uno más amplio que introduce el Reglamento Penitenciario de 1996, dando entrada al concepto de intervención, y ello con la finalidad de conseguir que la resocialización que la pena privativa de libertad pretende conseguir, se lleve a cabo a través del diseño de programas formativos, educativos, culturales etc., orientados a desarrollar las aptitudes del interno, enriquecer sus conocimientos, mejorar sus capacidades técnicas o profesionales y, en definitiva, suplir las carencias con las que el interno ha entrado en prisión y que han podido ser la causa de su actividad delictiva.
En definitiva que el concepto de tratamiento amplia su horizonte desde una acepción terapéutica a una social, donde no solamente tiene cabida el concepto científico basado en las ciencias de la conducta, sino un concepto más ambicioso, encaminado a suplir las carencias con las que el reo entra en prisión, puesto que dicho ingreso se debe a condicionamientos de diversa índole y a carencias de todo tipo. La prisión debe procurar, a través del tratamiento, tratar de suplir todas esas deficiencias y dotar al interno de los medios adecuados para que su salida en libertad lo sea en mejores condiciones que cuando ingresó. De esta manera, el concepto de tratamiento sin perder el carácter individualizado deja de tener una orientación clínica y se convierte en un Plan o Programa aplicable a todos los internos y que engloba no sólo las actividades específicamente terapéuticas sino todas aquellas de tipo educativo, cultural, formativo, laboral, etc., en las que el interno participa.
2.3.- La clasificación penitenciaria
Es una de las resoluciones más importantes de nuestro sistema penitenciario, ya que es el presupuesto necesario para lograr, una vez recaída sentencia condenatoria, la individualización de la pena, con la finalidad de intentar la reinserción social de los reclusos. Además, es la resolución que va a determinar “el status jurídico del interno”, configurándose como la base misma del sistema de individualización científica, tal y como lo señala el artículo 63 LOGP, cuando dispone “que para la individualización del tratamiento tras la adecuada observación de cada penado, se realizará su clasificación, destinándose al Establecimiento cuyo régimen sea más adecuado al tratamiento que se le haya señalado, y, en su caso, al grupo o sección más idóneo dentro de aquel.
Criterios de clasificación: Los criterios de clasificación aparecen establecidos en el artículo 63 LOGP, podemos dividirlos en los siguientes grupos:
Criterios generales. Son comunes a todos los tipos de clasificación, ente ellos debemos referir:
Criterios penales: duración de la condena, actividad delictiva...............
Criterios científicos: predominantemente psicológicos, sociológicos y criminólogos (personalidad, historial individual, familiar, social y delictivo)
Criterios indeterminados: medio al que probablemente retornará el interno y facilidades y dificultades para el éxito del tratamiento
Criterios penitenciarios: básicamente los relativos a la conducta penitenciaria del interno, conducta que puede ser calificada en un doble sentido como conducta penitenciaria, (ausencia de faltas disciplinarias), o como conducta global, haciendo una valoración de la trayectoria penitenciaria del interno.
Criterios concretos. Son propios de cada grado de clasificación:
Del segundo grado de tratamiento. Serán clasificados en segundo grado de tratamiento los penados en quienes concurran unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad.
Del tercer grado de tratamiento. Serán clasificados en tercer grado de tratamiento los internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad.
Del primer grado de tratamiento. Serán clasificados en primer grado de tratamiento los internos calificados de peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivencia ordenada, ponderando la concurrencia de factores tales como:
Comisión de actos que atenten contra la vida o la integrada física de las personas, la libertad sexual o la propiedad, cometidos en modos o formas especialmente violentos.
Comisión de infracciones disciplinarias calificadas de muy graves y graves, de manera reiterada y sostenida en el tiempo.
Vemos que la normativa penitenciaria distingue dos grandes bloques que motivan la clasificación en 1º grado: la peligrosidad extrema, de naturaleza criminológica y la inadaptación penitenciaria, de naturaleza comportamental.
Procedimiento de clasificación:
Órgano competente. El Centro Directivo a propuesta de las Juntas de Tratamiento de los Centros Penitenciarios o de la Central de Observación. En las condenas hasta 1 año, las propias Juntas de Tratamiento son competentes para dictar la resolución clasificatoria, siempre y cuando exista acuerdo por unanimidad entre sus componentes y no sea la resolución en primer grado.
Momento de la clasificación. Una vez que el interno está condenado en todas las causas, esta circunstancia procesal es exigida hasta el punto de que si al interno una vez clasificado le viniese decretada una causa en situación de preventivo, habría que dejar sin efecto la clasificación.
Plazo. Existe un plazo para formular la propuesta de clasificación inicial que es de dos meses a contar desde la recepción del testimonio de la sentencia, y un plazo de dos meses para que el Centro Directivo dicte la resolución correspondiente, este último plazo puede ser ampliado hasta otros dos meses más, para la mejor observación de la conducta y la consolidación de los factores positivos del interno.
Forma. La propuesta de clasificación se formular en el impreso normalizado aprobado por el Centro Directivo, y dicha propuesta ha de contener la propuesta razonada de grado y el programa individualizado de tratamiento, en el que se señalarán expresamente los destinos, actividades, programas educativos, trabajo y actividades ocupacionales o de otro tipo que deba de seguir el interno.
La clasificación inicial deberá ser revisada cada seis meses como máximo para evaluar y reconsiderar, en su caso, todos los aspectos establecidos en el programa individual de tratamiento efectuado al formular la propuesta de clasificación inicial. Este nuevo estudio del interno puede dar lugar a tres clases de pronunciamientos por parte del órgano correspondiente: mantener la situación que el interno tiene, proponer la progresión de grado o proponer la regresión de grado.
El mantenimiento de grado, cuando en el interno se haya producido ninguna modificación en las circunstancias que fueron tenidas en cuenta en el momento de formular la propuesta de clasificación inicial. El acuerdo que tome la Junta de Tratamiento de notificará al interno, el cual puede solicitar, de no estar conforme, que se remita el correspondiente informe al Centro Directivo para que sobre el pronunciamiento que este dicte pueda interponer el recurso correspondiente ante el Juez de Vigilancia. La progresión de grado, cuando en el interno hayan variado positivamente las consideraciones tenidas en cuenta en su clasificación inicial, dependiendo ello de la modificación de aquellos factores directamente relacionados con la actividad delictiva, y manifestándose en su conducta global. La progresión de grado entrañará un incremento de la confianza depositada en el interno, que permitirá la atribución de responsabilidades más importantes que impliquen un mayor margen de libertad. La regresión de grado, procederá cuando se aprecie en el interno, en relación al tratamiento, una evolución negativa en el pronóstico de integración social y el la personalidad o conducta del interno. Existe la posibilidad de acudir a la denominada regresión provisional cuando un interno clasificado en tercer grado no regrese al Centro Penitenciario después de haber disfrutado de un permiso de salida, a la espera de la resolución que se tome en el momento que vuelva a ingresar. La normativa reglamentaria exige la notificación al Ministerio Fiscal de todas las resoluciones que se tomen inicialmente o por evolución en 3º grado de tratamiento.
Para el debido asesoramiento en materia de observación, clasificación y tratamiento de los internos, existirá una Central de Observación con sede en los Servicios Centrales, cuya función es entre otras completar la labor de las Juntas de Tratamiento con el estudio de aquellos casos cuya clasificación resulte difícil o dudosa.
2.4.- El régimen de vida
Se define como el conjunto de normas que regulan la convivencia y el orden dentro de los Centros Penitenciarios, determinando los derechos y las prestaciones que corresponden al recluso en general. La finalidad del régimen de los Establecimientos Penitenciarios es conseguir una convivencia ordenada en los mismos, que permita el cumplimiento de los fines previstos en la Leyes procesales para los detenidos y presos; y el tratamiento penitenciario para los penados.
Esta delimitación se hace estableciendo una relación de prelación de uno de ellos sobre el otro, del tratamiento sobre el régimen, aunque regidos ambos por el principio de especialización, en los términos que se expresa el artículo 71 LOGP.
Existen tres tipos de régimen de vida penitenciario: El régimen ordinario, que se aplicará a los penados clasificados en segundo grado, a los penados sin clasificar y a los detenidos y presos. El régimen abierto, que se aplicará a los penados clasificados en tercer grado que puedan continuar su tratamiento en régimen de semilibertad. El régimen cerrado, para a los penados clasificados en primer grado por su peligrosidad extrema o manifiesta inadaptación a los regímenes comunes anteriores y a los preventivos en quienes concurran idénticas circunstancias.
El contenido de este régimen penitenciario está constituido de una parte, por las normas de organización general , de funcionamiento común a todos los Centros, que la normativa reglamentaria regula en el Título II con la denominación de “organización general”, dichas normas están referidas a aspectos tales como: los ingresos, las libertades y excarcelaciones, las conducciones y traslados, las relaciones con el exterior, la información, quejas y recursos, la participación de los internos en las actividades de los establecimientos, la participación y colaboración de las organizaciones no gubernamentales y la seguridad de los Establecimientos.
De otra parte, por las normas regimentales propias de cada grado de tratamiento, cuya finalidad es la consecución de una convivencia ordenada, que permita el cumplimiento de los fines previstos en las leyes procesales para los detenidos y presos y, llevar a cabo el tratamiento respecto de los penados.
En cuanto a las normas de régimen ordinario. Se parte del principio de que los internos destinados a estos Centros tienen una actitud favorable al tratamiento.En base a esta concepción principal, los principios de seguridad, orden y disciplina tendrán su razón de ser y su límite en el logro de una convivencia ordenada. El trabajo y la formación tendrán la consideración de actividad básica en la vida del Centro. En cuanto a las normas de régimen abierto. Los principios programáticos que regulan este régimen de vida están basados en los principios de confianza, la aceptación por parte de los internos de las normas y el compromiso de respetarlas y la ausencia de vigilancia sobre los internos y de controles rígidos. En cuanto a las normas de régimen cerrado. Sus características principales son los principios de orden seguridad y disciplina, que deben ser considerados como fundamentales, sin que ello suponga una merma en las actividades tratamentales. El régimen cerrado conlleva la restricción de las comunicaciones, la supresión de los permisos de salida y la reducción de los actos en común.
2.5.- Los establecimientos penitenciarios
La pena privativa de libertad requiere para su ejecución un espacio físico, que adquiere el carácter de fundamental al ser dicho espacio el propio elemento punitivo, pues se da una equivalencia entre ese lugar físico y la propia pena, que consiste en estar privado de libertad en ese espacio físico. Adquiere con ello el espacio físico un carácter no sólo pasivo de lugar físico donde se ejecuta una determinada pena, sino un elemento activo de la misma.
De esta equivalencia entre prisión y pena nacen unas consideraciones muy importantes para llegar a comprender el significado del concepto de Establecimiento penitenciario:
Que no todo edificio sirve para cumplir la misión de ser un Centro penitenciario.
Que deberán existir distintas clases de Establecimientos penitenciarios.
Que la estructura física del Establecimiento penitenciario y su funcionalidad estarán condicionadas por la finalidad más punitiva o más resocializadora.
Con esta consideración del Establecimiento penitenciario como elemento clave del sistema punitivo la LOGP, hace una clasificación de los mismos en las siguientes clases:
Centros de preventivos, para hombres, para mujeres y para jóvenes. Están destinados a la retención y custodia de los detenidos y presos y excepcionalmente al cumplimiento de las penas privativas de libertad de hasta 6 meses.
Centros de cumplimiento, de régimen ordinario, de régimen cerrado y de régimen abierto, también para hombres, mujeres y jóvenes, todos ellos destinados a la ejecución de las penas privativas de libertad.
Centros especiales, entre los que distingue los hospitalarios, los psiquiátricos y los de rehabilitación social, en todos ellos prevalece el carácter asistencial sobre el punitivo.
El Reglamento penitenciario contempla en su artículo 12.2 el concepto de “Establecimiento polivalente”, al que responde el actual modelo arquitectónico del Centro penitenciario, denominado Centro TIPO, que se empezó a construirse en el año 1995. Se entiende por Establecimiento polivalente aquel que cumple los diversos fines previstos en los artículos 7 a 11 LOGP.
III.- Modalidades de cumplimiento de la pena privativa de libertad
La interrelación de todos los factores que hemos analizado proporciona la forma y manera de cómo, en cada caso concreto, se hace efectivo el verdadero cumplimiento de la pena de prisión, que fundamentalmente descansa en los tres pilares básicos sobre los que pivota el sistema penitenciario español:
La clasificación penitenciaria en grados.
El régimen de vida.
Los centros penitenciarios.
La relación entre estos tres factores se configura de la forma siguiente: la clasificación penitenciaria determinará el grado de tratamiento, el contenido de este grado de tratamiento configurará el régimen de vida, que se cumpliría en una determinada clase Centro penitenciario, según sea dicho régimen, conforme a la siguiente equivalencia:
Clasificación en 1º grado
Régimen de vida cerrado
Centro penitenciario cerrado
Clasificación en 2º grado
Régimen de vida ordinario
Centro penitenciario ordinario
Clasificación en 3º grado
Régimen de vida abierto
Centro penitenciario abierto
Conforme a este esquema, las modalidades de cumplimiento de la pena privativa de libertad son dos:
En régimen de semilibertad.
A los que habría que añadir la modalidad de libertad condicional, pues aunque en libertad, se sigue cumpliendo la pena.
Modificado por última vez en Viernes, 14 Septiembre 2012 13:53
« La medida cautelar de la prisión provisional en nuestro ordenamiento procesal La política de extranjería y los fines de la actividad penitenciaria »

References: artículo 71
 artículo 59
 resolución 
 artículo 63
 artículo 63
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 71
 artículo 12