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Timestamp: 2019-10-18 14:28:29+00:00

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﻿ SENTENCIA C-775 DE SEPTIEMBRE 9 DE 2003
SENTENCIA C-775 DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2003
CONTENIDO:MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE REPARACIÓN DE LOS EFECTOS DEL DELITO. NO SE RESTRINGEN A LOS MARCOS DE LA LEGISLACIÓN PENAL. SE DECLARA EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 600 DE 2000.
TEMAS ESPECÍFICOS:LEY PENAL, APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EFECTOS DEL DELITO, PROCEDIMIENTO PENAL, PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DEL DAÑO, SANCIÓN POR REPARACIÓN DEL DAÑO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:384 DE DICIEMBRE DE 2003, PÁG.2451
Sentencia C-775 de septiembre 9 de 2003
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE REPARACIÓN DE LOS EFECTOS DEL DELITO
NO SE RESTRINGEN A LOS MARCOS DE LA LEGISLACIÓN PENAL
Sentencia C-775 de 2003
Ref.: Expediente D-4479
Actor: Ricardo Silva Betancourt.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 21 de la Ley 600 de 2000, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Bogotá, D.C., nueve de septiembre de 2003.
A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 44.097 del 24 de julio de 2000:
ART. 21.—Restablecimiento y reparación del derecho. El funcionario judicial deberá adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la disposición acusada forma parte de la Ley 600 de 2000, que es una ley de la República.
Para el demandante la norma acusada vulnera el artículo 29 de la Constitución por cuanto desconoce la presunción de inocencia y el debido proceso, en tanto autoriza o faculta al funcionario judicial para adoptar cualquier clase de medidas, incluso contra la Constitución y la ley, tendientes a lograr los fines allí señalados, es decir, la cesación de los efectos de la infracción penal, el restablecimiento de las cosas a su estado anterior y la indemnización de los perjuicios ocasionados con la conducta punible. Así mismo, señala que esa disposición posibilita al funcionario judicial adoptar “las medidas necesarias” sin que haya una declaración definitiva de responsabilidad del procesado.
El Fiscal General de la Nación, el Ministerio del Interior y de Justicia, así como la vista fiscal coinciden en afirmar que la disposición censurada desarrolla el numeral 1º del artículo 250 de la Constitución Política, teniendo, por tanto, pleno respaldo constitucional. Además, sostienen que el artículo 21 acusado no puede aplicarse arbitrariamente, porque la ley penal consagra y regula los mecanismos a los que debe sujetarse el funcionario judicial para cumplir los objetivos previstos en dicho artículo. Razón por la cual el cargo se fundamenta en la interpretación aislada de la disposición acusada y sin consideración a su carácter de norma rectora, cuya aplicación se materializa a través de los diversos mecanismos que el legislador previó en las normas posteriores del ordenamiento procesal penal. Igualmente consideran respecto al quebranto a la presunción de inocencia que la adopción de esas medidas preventivas no implican la determinación temprana de responsabilidad del sindicado. Planteamientos que también son argüidos en lo esencial por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
El procurador general además indicó que la norma acusada es concreción del mandato general previsto en el artículo 2º de la Carta según el cual las autoridades públicas deben proteger la vida, honra y bienes de las personas.
Por su parte el Ministerio del Interior y del Derecho acotó que los cargos formulados por el actor no cumplen con los lineamientos mínimos exigidos para emitir un juicio de constitucionalidad, por lo que la Corte Constitucional debería inhibirse para decidir.
Corresponde a la Corte en consecuencia establecer si la norma acusada desconoce el principio de la presunción de inocencia y del debido proceso, consagrados en el artículo 29 de la Constitución, al facultar a las autoridades judiciales adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible.
Previamente a cualquier pronunciamiento de fondo la Corte debe examinar si los cargos formulados cumplen con las exigencias establecidas por el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y los criterios fijados por esta corporación, para establecer si es procedente proferir fallo inhibitorio.
3.1. A juicio de esta corporación la demanda presentada, en la que se solicita la declaratoria de inexequibilidad del artículo 21 de la Ley 600 de 2000, cumple con los requisitos necesarios para proferir un fallo de fondo. En cuanto en la demanda se señala de forma clara la disposición acusada conforme a su publicación en el diario oficial y se indica las disposiciones constitucionales que considera infringidas.
Referente a la manifestación de uno de los intervinientes en el sentido de que los cargos formulados no cumplen con los lineamientos mínimos exigidos para emitir un juicio de constitucionalidad, encuentra la Corte que la estructuración de los motivos de inconformidad del actor plantean una oposición entre la norma acusada y el artículo 29 de la Constitución, en la medida en que postula que la adopción de medidas necesarias por las autoridades judiciales sin un procedimiento para ello y sin que se defina previamente la responsabilidad de la persona desconoce la presunción de inocencia y el debido proceso, contenidos en el artículo 29 de la Carta. Ahora, que resulten o no procedentes es otro aspecto que no impide a esta corporación emitir un juicio de constitucionalidad.
La Corte advierte que si bien el demandante estima vulneradas varias disposiciones de la Carta en realidad sólo elevó cargos contra el artículo 29 superior, sobre los cuales versará este pronunciamiento.
3.2. La decisión del presente caso requiere de un análisis previo sobre las normas internacionales relativas al derecho de reparación y sobre los fundamentos constitucionales para la adopción de las medidas necesarias, en orden a precaver situaciones que rodean la comisión de conductas punibles, al igual que la relación existente entre las medidas aplicables por el juez y la presunción de inocencia, así como los alcances de las normas rectoras del procedimiento civil.
4.El derecho de reparación en la preceptiva internacional.
Los principios adoptados por la comunidad internacional propenden por el respeto hacia los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, que se reconocen a las víctimas de los delitos graves según el derecho internacional. En este sentido, la verdad, la justicia y la reparación se erigen como bienes cardinales de toda sociedad que se funde en un orden justo y de pacifica convivencia, entre los cuales median relaciones de conexidad e interdependencia, de manera tal que: No es posible lograr la justicia sin la verdad. No es posible llegar a la reparación sin la justicia.
El ejercicio del derecho a obtener reparación por parte de las personas que han sufrido daño, puede lograrse, como lo ha señalado la ONU directamente o por conducto del alto comisionado en Colombia según el caso, mediante: (i) la restitutio in integrum, o reposición de la situación a su estado original; (ii) la indemnización o reparación por equivalencia en dinero, y (iii) la satisfacción o reparación moral. Así, en orden a la reparación se impone la regla consuetudinaria según la cual “toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus derechohabientes a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el autor”. En este sentido, el derecho a obtener reparación es de carácter integral, pues deberá abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima. Por ello comprenderá: a) Medidas individuales de reparación relativas al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación; b) Medidas de satisfacción de alcance general.
La defensa de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, ha provocado de parte de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos la formulación de unos criterios garantistas, tales como: (i) la obligación de todo Estado de adoptar medidas eficaces para impedir que la impunidad favorezca a los responsables de la comisión de delitos graves conforme al derecho internacional; (ii) el deber del Estado de abstenerse de introducir en su normativa penal disposiciones cuya aplicación traiga como resultado la sustracción de los responsables de tales delitos a las consecuencias jurídicas de sus actos y, (iii) que la impunidad no sólo se da cuando el autor de un delito escapa a su procesamiento penal, sino también cuando al ser declarado culpable es sancionado con penas no proporcionales a la naturaleza y a la gravedad de la conducta punible perpetrada.
El itinerario de la defensa del derecho a obtener reparación por el daño padecido ofrece importantes documentos internacionales, entre los cuales se pueden destacar los siguientes:
Pacto internacional de derechos civiles y políticos, A.G. res. 2200ª (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (Nº 16) pág. 52, ONU Doc. A/6316 (1966), 999 UNTS 171, entrada en vigor 23 de marzo de 1976.
ART. 10.—Derecho a indemnización. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.
ART. 75.—Reparación a las víctimas.
1. La Corte establecerá. principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes. Sobre esta base, la Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, podrá determinar en su decisión el alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causados a las víctimas o a sus causahabientes, indicando los principios en que se funda.
4. Al ejercer sus atribuciones de conformidad con el presente artículo, la Corte, una vez que una persona sea declarada culpable de un crimen de su competencia, podrá determinar si, a fin de dar efecto a una decisión que dicte de conformidad con este artículo, es necesario solicitar medidas de conformidad con el párrafo 1º del artículo 93.
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la asamblea general en su Resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984 entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo 27.
1. Todo Estado parte velará porque su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización.
Adoptada por la asamblea general en su Resolución 40 de 1934, de 29 de noviembre de 1985.
Aprobada por la asamblea general en su Resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992.
Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña (Convenio I) aprobado el 12 de agosto de 1949 por la conferencia diplomática para elaborar convenios internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, celebrada en Ginebra del 12 de abril al 12 de agosto de 1949
CAPÍTULO IX-Represión de los abusos y de las infracciones
Cada una de las partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las disposiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra parte contratante interesada, si esta ha formulado contra ellas cargos suficientes.
Aprobado el 8 de junio de 1977 por la Conferencia diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo internacional humanitario aplicable en los conflictos armados.
Entrada en vigor: 7 de diciembre de 1978 de acuerdo con el artículo 95.
ART. 10.—Protección y asistencia.
1. Todos los heridos, enfermos y náufragos, cualquiera que sea la parte a que pertenezcan, serán respetados y protegidos.
2. En toda circunstancia serán tratados humanamente y recibirán, en toda la medida de lo posible y en el plazo más breve, los cuidados médicos que exija su estado. No se hará entre ellos ninguna distinción que no esté basada en criterios médicos.
ART. 11.—Protección de la persona.
1. No se pondrán en peligro, mediante ninguna acción u omisión injustificada, la salud ni la integridad física o mental de las personas en poder de la parte adversa o que sean internadas, detenidas o privadas de libertad en cualquier otra forma a causa de una situación prevista en el artículo 1º. Por consiguiente, se prohíbe someter a las personas a que se refiere el presente artículo a cualquier acto médico que no esté indicado por su estado de salud y que no esté de acuerdo con las normas médicas generalmente reconocidas que se aplicarían en análogas circunstancias médicas a los nacionales no privados de libertad de la parte que realiza el acto.
2. Se prohíben en particular, aunque medie el consentimiento de las referidas personas:
c) Las extracciones de tejidos u órganos para trasplantes, salvo si estos actos están justificados en las condiciones previstas en el párrafo 1º.
3 Sólo podrán exceptuarse de la aplicación de la prohibición prevista en el apartado c) del párrafo 2º las donaciones de sangre para transfusiones o de piel para injertos, a condición de que se hagan voluntariamente y sin coacción o presión alguna, y únicamente para fines terapéuticos, en condiciones que correspondan a las normas médicas generalmente reconocidas y a los controles realizados en beneficio tanto del donante como del receptor.
4 Constituirá infracción grave del presente protocolo toda acción u omisión deliberada que ponga gravemente en peligro la salud o la integridad física o mental de toda persona en poder de una parte distinta de aquella de la que depende, sea que viole cualquiera de las prohibiciones señaladas en los párrafos 1º y 2º, sea que no cumpla las exigencias prescritas en el párrafo 3º.
5. Las personas a que se refiere el párrafo 1º tienen derecho a rechazar cualquier intervención quirúrgica. En caso de que sea rechazada, el personal sanitario procurará obtener una declaración escrita en tal sentido, firmada o reconocida por el paciente.
6. Toda parte en conflicto llevará un registro médico de las donaciones de sangre para transfusiones o de piel para injertos, hechas por las personas a que se refiere el párrafo 1º, si dichas donaciones se efectúan bajo la responsabilidad de aquella parte. Además, toda parte en conflicto procurará llevar un registro de todo acto médico realizado respecto a personas internadas, detenidas o en cualquier otra forma privadas de libertad a causa de una situación prevista en el artículo 1º. Los citados registros estarán en todo momento a disposición de la potencia protectora para su inspección.
CAPÍTULO VIII-Represión de los abusos y de las infracciones
ART. 50.—Las altas partes contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente convenio definidas en el artículo siguiente.
Cada una de las altas partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las disposiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra parte contratante interesada, si esta ha formulado contra ellas cargos suficientes.
ART. 51.—Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por el convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, la destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala ilícita y arbitrariamente.
ART. 52.—Ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra parte contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo anterior.
ART. 53.—Tras solicitud de una de las partes en conflicto, deberá iniciarse una encuesta, según las modalidades que se determinen entre las partes interesadas, sobre toda alegada violación del convenio.
ART. 129.—Las altas partes contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente convenio definidas en el artículo siguiente.
Cada una de las partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra parte contratante interesada, si esta ha formulado contra ellas cargos suficientes.
ART. 130.—Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por el convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un prisionero de guerra a servir a las fuerzas armadas de la potencia enemiga, o el hecho de privarlo de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente convenio.
Título III- Estatuto y trato de las personas protegidas
Sección I- Disposiciones comunes a los territorios de las partes en conflicto y a los territorios ocupados.
ART. 45.—Las personas protegidas no podrán ser transferidas a una potencia que no sea parte en el convenio.
Las personas protegidas no podrán ser transferidas por la potencia detenedora a una potencia que sea parte en el convenio sino después de que la primera se haya cerciorado de que la potencia de que se trata desea y puede aplicar el convenio. Cuando las personas protegidas sean así transferidas, la responsabilidad de la aplicación del presente convenio incumbirá a la potencia que haya aceptada acogerlas durante el tiempo que le sean confiadas. Sin embargo, en caso de que esta potencia no aplique, en todos sus puntos importantes, las disposiciones del convenio, la potencia por la cual las personas protegidas hayan sido transferidas deberá, tras una notificación de la potencia protectora, tomar medidas eficaces para remediar la situación o solicitar que las personas protegidas le sean devueltas. Se satisfará tal solicitud.
ART. 46.—Si no se han retirado anteriormente las medidas de índole restrictiva tomadas con respecto a las personas protegidas, serán abolidas lo antes posible después de finalizadas las hostilidades.
ART. 146.—Las altas partes contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente convenio definidas en el artículo siguiente.
Cada una de las partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra parte contratante interesada, si esta ha formulado contra ella cargos suficientes.
ART. 147.—Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por el convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, la deportación o el traslado ilegal, la detención ilegal, el hecho de forzar a una persona protegida a servir en las Fuerzas Armadas de la potencia enemiga, o el hecho de privarla de su derecho a ser juzgada legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente convenio, la toma de rehenes, la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario.
Instrucciones convencionales de alcance general
7 al 22 de noviembre de 1969
2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar.
5.Fundamento constitucional de las medidas preventivas y cautelares en el proceso penal.
5.1. Son fines esenciales del Estado garantizar los principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución a favor de todas las personas, así como el de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden social justo. En esa medida la Corte considera que las labores de investigación, de acusación, y de juzgamiento, deben contribuir a otorgar efectiva vigencia a los derechos fundamentales y a la dignidad de la persona, por ello el proceso penal no agota el conjunto de sus objetivos en la sola satisfacción de un propósito de eficacia, sino que está avocado a cumplir la doble misión de dotar al poder estatal de medios adecuados para establecer la verdad y administrar pronta y cumplida justicia, garantizando, a la vez, el respeto de la dignidad humana y de los derechos fundamentales.
Cuando quiera que la consecución de la protección y eficacia de los derechos fundamentales se ven obstaculizadas con la comisión de conductas punibles, las autoridades estatales, en particular las judiciales, en cumplimiento de sus facultades, tienen que adoptar las medidas necesarias, adecuadas y pertinentes con el objeto de restablecer los derechos quebrantados de las víctimas en la medida de lo posible y aplicar las sanciones previstas a los responsables, ya que sólo así se pueden sentar las bases de la convivencia pacífica entre los individuos y lograr un orden social justo, ambos valores fundamentales de nuestro régimen constitucional.
5.2. La propia Constitución en varias disposiciones prevé medidas en ese sentido. En primer lugar, atribuye una facultad general a todas las autoridades de la República de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades (art. 2º). De donde se desprende que las autoridades judiciales, por ser también autoridades públicas, también están obligadas a la realización de estos fines estatales.
En segundo lugar, asigna unas funciones específicas a las autoridades judiciales en materia penal. Así, el artículo 28 ibídem contempla que la autoridad judicial competente puede ordenar la detención preventiva de una persona, previo cumplimiento de ciertos requisitos, ellos son: que la detención sea en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley, y la obligación de poner a la persona detenida a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.
Por su parte, el numeral 1º del artículo 251 original de la Constitución atribuye a la Fiscalía General de la Nación, como órgano encargado de investigar los delitos y acusar a los presuntos responsables ante los juzgados y tribunales competentes, la tarea de “asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito”. La reforma constitucional introducida por el numeral 6º del artículo 2º del Acto Legislativo 3 del 19 de diciembre de 2002 al artículo 251 citado, confiere a los jueces el mismo poder, quienes al efecto adoptarán “las medidas necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito”.
En este punto la Corte se pregunta: ¿qué medidas podría adoptar el funcionario judicial en orden al cabal restablecimiento y reparación del derecho? ¿Todas las que él discrecionalmente tenga a bien, o sólo algunas, y en este caso, de qué naturaleza y alcance?
Sin lugar a dudas, primeramente el funcionario judicial (fiscal o juez) puede y debe adoptar las medidas pertinentes que estén en la legislación penal, tanto en lo sustantivo como en lo procedimental. Así mismo, en tanto las circunstancias fácticas y jurídicas lo ameriten, y con estricto cumplimiento del debido proceso, el funcionario judicial puede expedir providencias con fundamento en otras normas del orden jurídico y dentro de él, nunca por fuera de las normas jurídicas preexistentes al momento de dictar el acto jurídico; siendo claro que el funcionario jurídico no podrá adoptar medidas que se hallen al margen del ordenamiento jurídico. Así por ejemplo, en el evento del embargo y secuestro de bienes dentro de un proceso por el delito de hurto en cuantía de $ 1.000.000, el decreto y práctica de tales disposiciones cautelares no podría ser por la suma de $ 10.000.000, pues como bien se infiere, habría una desproporción económica ampliamente lesiva de los derechos del sindicado, que ab initio pondría en evidencia la ilegalidad de la medida cautelar, de modo que si el funcionario judicial acude por no existir el ordenamiento penal, dentro del orden jurídico a medidas necesarias, por ejemplo, de naturaleza civil, debe respetar los límites que trae el ordenamiento de esta misma naturaleza, esto es el civil, sin que pueda violar o exceder esos límites.
Corolario de lo anterior es que las medidas necesarias del funcionario judicial no se restringen a los marcos de la legislación penal; antes bien, el poder que le asiste para adoptar las medidas necesarias al restablecimiento y reparación del derecho se inscribe en el amplio universo de todo el ordenamiento jurídico, en el cual, la legislación penal es apenas una de sus partes integrantes. Tal es entonces el entendimiento que debe dársele a las facultades del juez con referencia a la norma demandada, el cual no es otro que el correspondiente a una hermenéutica sistemática del ordenamiento jurídico.
Ahora bien, nótese como la misma Constitución contempla la posibilidad de que las autoridades judiciales, jueces y fiscales, adopten medidas preventivas a fin de asegurar el cumplimiento de la ley penal, ya sea para lograr la eficacia en la aplicación de las penas y medidas de seguridad, o restablecer el derecho lesionado si fuere del caso y lograr la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito. Conclusión que surge, de un lado, del artículo 2º de la Constitución que obliga a todas las autoridades públicas a proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades y, de otro lado, de las facultades específicas asignadas a las autoridades judiciales en los artículos 28 y 250-1 de la Carta, de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas tanto las sanciones a los infractores de la ley penal como las medidas reparadoras a las víctimas.
Dentro del proceso penal las medidas cautelares aparecen como una especie dentro del género que cobija a otras tantas, de suerte tal que el sentido y alcance de la norma acusada no puede restringirse válidamente a la adopción de medidas cautelares.
Lo anterior permite concluir que las “medidas necesarias”, es decir, las que sean pertinentes y conducentes al caso concreto, tanto para asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal ante las autoridades competentes, como para atender al restablecimiento y reparación del derecho, dentro de las cuales obran como especies las preventivas y cautelares, tienen completo fundamento constitucional, dada la previsión que la misma Carta les dispensa. Por donde, en los términos vistos no es dable plantear una inconstitucionalidad de las normas legales que desarrollan cabalmente la Constitución, toda vez que, no puede haber contradicción allí donde las normas legales se limitan a concretar los contenidos constitucionales.
6. Presunción de inocencia, medidas preventivas y cautelares.
6.1. En reiterada jurisprudencia esta corporación (1) ha afirmado que la adopción de medidas preventivas y cautelares en el proceso penal no desconoce la presunción de inocencia, puesto que no implican la determinación de responsabilidad alguna al tener un fin preventivo y no sancionatorio, por ello su imposición no requiere de una sentencia condenatoria ni de un juicio previo. Ha dicho la Corte en cuanto a las medidas de aseguramiento que:
(1) En ese sentido se pueden confrontar las sentencias C-774 de 2001, C-634 de 2000, C-925 de 1999, C-549 de 1997, C-412 de 1993, C-689 de 1996, entre otras.
“... La presunción de inocencia en la cual descansa buena parte de las garantías mínimas que un Estado democrático puede ofrecer a sus gobernados, no riñe sin embargo, con la previsión de normas constitucionales y legales que hagan posible la aplicación de medidas preventivas, destinadas a la protección de la sociedad frente al delito y a asegurar la comparecencia ante los jueces de aquellas personas en relación con las cuales, según las normas legales preexistentes, existan motivos válidos y fundados para dar curso a un proceso penal, según elementos probatorios iniciales que hacen imperativa la actuación de las autoridades competentes...
... La detención preventiva, que implica la privación de la libertad de una persona en forma temporal con los indicados fines, previo el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 28, inciso 1º, de la Constitución Política, no quebranta en sí misma la presunción de inocencia, dado su carácter precario que no permite confundirla con la pena, pues la adopción de tal medida no comporta definición alguna acerca de la responsabilidad penal del sindicado y menos todavía sobre su condena o absolución...
... La persona detenida sigue gozando de la presunción de inocencia pero permanece a disposición de le administración de justicia en cuanto existen razones, previamente contempladas por la ley, para mantenerla privada de su libertad mientras se adelante el proceso, siendo claro que precisamente la circunstancia de hallarse este en curso acredita que el juez competente todavía no ha llegado a concluir si existe responsabilidad penal...” (2) .
(2) Sentencia C-689 de 1996.
“El propósito que orienta la adopción de este tipo de medidas es de carácter preventivo y no sancionatorio. Por ello, no son el resultado de sentencia condenatoria ni requieren de juicio previo; buscan responder a los intereses de la investigación y de la justicia al procurar la comparecencia del acusado al proceso y la efectividad de la eventual sanción que llegare a imponerse. La detención persigue impedirle al imputado la fuga, la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir, deformar o desvirtuar elementos probatorios importantes para la instrucción...“ (3) .
(3) Sentencia C-395 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
7. Naturaleza y alcance de las normas rectoras penales.
7.1. Estas normas contienen los postulados básicos, la filosofía y la orientación del sistema penal, y están destinadas a regir y guiar la interpretación y aplicación de las normas penales, de tal manera que los diversos desarrollos guarden plena coherencia con estos postulados.
Por su diseño estas disposiciones tienen una gran generalidad, sin que entren a determinar elementos específicos de sus regulaciones, porque precisamente están dirigidas a servir de guía y orientación, irradiando las demás disposiciones de los códigos a las que pertenecen, al propio tiempo que señalan su sentido y alcance. Cobrando plena relevancia práctica cuando se las interpreta de manera sistemática con las disposiciones especiales que están llamadas a incidir e influenciar. De ahí que su lectura aislada pueda suscitar comprensiones erróneas. Por el contrario, si se integran a las codificaciones de las cuales hacen parte, brindan total coherencia y sentido.
8. El análisis de los cargos.
A continuación la Corte Constitucional entrará en el análisis de los cargos formulados en la demanda, siguiendo el mismo orden en que fueron propuestos.
8.1. Considera el actor que la disposición demandada quebranta el debido proceso en tanto autoriza al funcionario judicial para adoptar cualquier clase de medidas, incluso contra la Constitución y la ley, tendientes a lograr los efectos de la infracción penal, el restablecimiento de las cosas a su estado anterior y la indemnización de los perjuicios ocasionados con la conducta punible.
A juicio de la Corte el cargo formulado por el actor no está llamado a prosperar, en consideración a que dichas medidas tienen pleno respaldo constitucional, al contemplarlas la misma Carta Política como medios de protección de la vida, bienes y demás derechos y libertades de las personas. También como medio adecuado para hacer comparecer a los presuntos infractores de la ley penal ante las autoridades competentes (C.P., art. 28); así como lograr, si fuere del caso, el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito (art. 250-1 ibíd.).
Estas medidas tienen como fin hacer efectiva la “justicia reparadora”, que de acuerdo con la presentación que realizan los iusfilósofos Norberto Bobbio y Nicola Matteucci (4) del pensamiento aristotélico sobre la justicia, está relacionada, a diferencia de la distributiva, de una manera más específica con situaciones en que una persona ha sufrido una ofensa de otra persona y exige, por lo tanto, una reparación. Las normas de la justicia reparadora se subdividen, además, en normas de justicia compensativa y normas de justicia correctiva. Las primeras se refieren a transacciones privadas y voluntarias y tienen por objeto restablecer un equilibrio perturbado, mediante la compensación de la parte ofendida; la segunda inflige el castigo al culpable (5) .
(4) Diccionario de Política. México, Siglo Veintiuno Editores, 1985, pág. 875.
(5) Cfr. Aristóteles. Ética Nicomaquea, Madrid, Biblioteca Clásica Gredos, 1985, págs. 236 y ss.
En consecuencia, la objeción de inconstitucionalidad que formula el actor parte de una interpretación errada de la norma acusada, porque como lo indica el Procurador General de la Nación, el cargo se fundamenta en la interpretación aislada de la disposición acusada y sin consideración a su carácter de norma rectora, cuya aplicación se materializa a través de diversos mecanismos que el legislador ha previsto en las normas posteriores del ordenamiento procesal penal —sin perjuicio de la aplicación de otros ordenamientos que sean pertinentes—, no pudiendo por ello afirmarse, como lo hace el actor, que en virtud de la disposición impugnada los funcionarios judiciales puedan tomar cualquier clase de medida, dado que una interpretación sistemática de la norma acusada conduce a la inequívoca conclusión de que el funcionario debe adoptar las medidas que estime necesarias dentro de las opciones que el mismo legislador ha definido en el ámbito de las normas penales, y llegado el caso, dentro del ordenamiento jurídico vigente, que de manera general comprende conjuntos normativos de diversas especialidades.
8.2. El otro cargo aducido por el actor reside en que la norma acusada faculta al funcionario judicial para tomar esas medidas sin que previamente se haya establecido la responsabilidad de la persona, con lo que se estaría desconociendo el principio de la presunción de inocencia.
Para la Corte este cargo está llamado a correr la misma suerte del anterior. En primer lugar, porque la misma Constitución autoriza que se adopten medidas de aseguramiento y cautelares antes de la definición de la responsabilidad del presunto infractor de la ley penal (C.P., art. 28 y 250-1).
En segundo lugar, porque la adopción de ese tipo de medidas no implica desde ningún punto de vista la determinación prematura de la responsabilidad penal de la persona, como ya se dijo, siguiendo la jurisprudencia de esta corporación; siendo por ende tales medidas plenamente compatibles con el principio de la presunción de inocencia, el cual sólo se puede desvirtuar con la sentencia definitiva dictada por el juez competente una vez cuente con los elementos de juicios necesarios y pertinentes para arribar a esa conclusión.
Por consiguiente, dichas medidas, que deben ser las necesarias, lo que excluye a las que no lo sean, tienen como fin el restablecimiento y reparación del derecho.
En síntesis, el poder del funcionario judicial no se restringe a la legislación penal, pues bien puede acudir, cuando sea necesario, a otras normas del orden jurídico, por ejemplo de naturaleza civil, respetando cada uno de esos órdenes jurídicos parciales, y adoptando al efecto las medidas necesarias al restablecimiento y reparación del derecho, siempre que se inscriban en el amplio universo de todo el ordenamiento jurídico, en el cual, la legislación penal es apenas una de sus partes integrantes.
Por las anteriores razones la Corte declarará la constitucionalidad de la misma, pero por los cargos estudiados.
Declarar EXEQUIBLE el artículo 21 de la Ley 600 de 2000, por no violar el artículo 29 de la Constitución.
NOTA: La senttencia C-775 fue notificada por edicto Nº 236, fijado el 10 de octubre de 2003 y desfijado el 15 de octubre siguiente (N. del D.).

References: ARTÍCULO 21
 artículo 21
 artículo 241
 artículo 29
 artículo 250
 artículo 21
 artículo 2
 artículo 29
 artículo 2
 artículo 21
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 93
 Resolución 
 artículo 27
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 95
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 28
 artículo 251
 artículo 2
 artículo 251
 artículo 2
 artículo 28
 artículo 21
 artículo 29