Source: https://boe.vlex.es/vid/ley-29-2015-30-579388186
Timestamp: 2020-02-29 00:13:58+00:00

Document:
Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 579388186
Fecha de Entrada en Vigor: 20 de Agosto de 2015
Marginal: BOE-A-2015-8564
CAPÍTULO I. Disposiciones generales - arts. 5 a 19
CAPÍTULO II. De los actos de notificación y traslado de documentos judiciales - arts. 20 a 27
CAPÍTULO III. De los actos de notificación y traslado de documentos extrajudiciales - art. 28
CAPÍTULO IV. De la práctica y obtención de pruebas - arts. 29 a 32
TÍTULO II. De la prueba del Derecho extranjero - art. 33
TÍTULO III. De la información del Derecho extranjero - arts. 34 a 36
CAPÍTULO I. Disposiciones generales - arts. 37 y 38
CAPÍTULO II. De la litispendencia internacional - art. 39
CAPÍTULO III. De las demandas conexas - art. 40
CAPÍTULO I. Disposiciones generales - arts. 41 a 43
CAPÍTULO II. Del reconocimiento - arts. 44 a 49
CAPÍTULO III. De la ejecución - arts. 50 y 51
CAPÍTULO IV. Del procedimiento judicial de exequátur - arts. 52 a 55
CAPÍTULO V. De los documentos públicos extranjeros - arts. 56 y 57
CAPÍTULO VI. De la inscripción en Registros públicos - arts. 58 a 61
Norma citada en: 195 sentencias, 96 artículos doctrinales, 11 disposiciones normativas, 17 temas prácticos, 142 formularios, 49 resoluciones administrativas
TÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales Artículos 1 a 61
La presente ley regula la cooperación jurídica internacional entre las autoridades españolas y extranjeras.
Esta ley se aplica en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, incluyendo la responsabilidad civil derivada de delito y los contratos de trabajo.
Las normas de la Unión Europea y los tratados internacionales en los que España sea parte.
Las normas especiales del Derecho interno.
Subsidiariamente, por la presente ley.
Artículo citado en: 6 sentencias, 2 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
Artículo 3 Principio general favorable de cooperación.
Las autoridades españolas cooperarán con las autoridades extranjeras en las materias objeto de esta ley conforme a lo establecido en el artículo anterior.
Pese a no exigirse reciprocidad, el Gobierno podrá, mediante real decreto, establecer que las autoridades españolas no cooperarán con las autoridades de un Estado extranjero cuando exista una denegación reiterada de cooperación o prohibición legal de prestarla por las autoridades de dicho Estado.
En la interpretación y aplicación de la presente ley se procurará asegurar una tutela judicial internacionalmente efectiva de los derechos e intereses legítimos de los particulares.
Todas las solicitudes de cooperación jurídica internacional se llevarán a cabo y ejecutarán sin dilación, de acuerdo con los principios de flexibilidad y coordinación.
Artículo 4 Comunicaciones judiciales directas.
TÍTULO I Régimen general de la cooperación jurídica internacional Artículos 5 a 32
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículos 5 a 19
Artículo 7 Autoridad central española.
Artículo 8 Funciones de la autoridad central española.
Verificar la adecuación de las solicitudes que se reciban a lo previsto en los artículos 10, 11, 30 y 31 y demás normas concordantes de aplicación.
Prestar el auxilio y la colaboración que las autoridades judiciales competentes requieran en materia de cooperación jurídica internacional.
Garantizar la correcta tramitación de las solicitudes de cooperación jurídica internacional.
Promover el uso de las redes internas e internacionales de cooperación disponibles.
Proporcionar información sobre Derecho español cuando proceda con arreglo a lo previsto en el artículo 36, así como información sobre Derecho extranjero, conforme a lo dispuesto en los artículos 34 y 35.
Colaborar con las autoridades centrales de otros Estados, así como con otras autoridades españolas y extranjeras.
Artículo 9 Transmisión de las solicitudes.
Por la vía consular o diplomática.
A través de las respectivas autoridades centrales.
Directamente entre los órganos jurisdiccionales.
Por conducto notarial, si ello es compatible con la naturaleza del acto de cooperación.
Artículo 10 Contenido y requisitos mínimos de las solicitudes de cooperación
Las solicitudes de cooperación jurídica internacional deberán especificar:
La autoridad requirente y, si fuere conocida, la autoridad requerida, con indicación de todos los datos disponibles, en particular de la dirección postal y electrónica.
El nombre y la dirección de las partes y, en su caso, de sus representantes procesales.
El nombre y la dirección de la persona a quien se refiera la diligencia, y cuantos datos adicionales de identificación fueren conocidos y necesarios para el cumplimiento de la solicitud.
El proceso judicial y el objeto del mismo, así como una exposición sumaria de los hechos.
Una descripción detallada de la diligencia solicitada y de las resoluciones o decisiones en que se fundamente.
Caso de estar sujeta la diligencia solicitada a plazo o ser de urgente realización, la indicación de los plazos precisos para el cumplimiento y una motivación de las razones que justifican la urgencia.
La autoridad central española comprobará que la solicitud de cooperación reúne el contenido y los requisitos que señalan el apartado anterior y el artículo 11. Cuando la solicitud no reúna tales requisitos se devolverá a la autoridad requirente, indicando los motivos concretos de la devolución.
Artículo 11 Idioma.
Las solicitudes de cooperación jurídica internacional, y sus documentos adjuntos, que se dirijan a una autoridad extranjera, deberán acompañarse de una traducción a una lengua oficial del Estado requerido o aceptada por éste.
Las solicitudes de cooperación jurídica internacional dirigidas a las autoridades españolas, y sus documentos adjuntos, deberán acompañarse de una traducción con arreglo al artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 12 Tramitación.
Las solicitudes de cooperación jurídica internacional acordadas por las autoridades españolas se enviarán mediante oficio a la autoridad central española que las transmitirá a las autoridades competentes del Estado requerido, bien por vía diplomática o consular, bien a través de la autoridad central de dicho Estado si existiere y a ello no se opusiere su legislación. Podrán asimismo remitirse directamente por las autoridades españolas a las autoridades competentes del Estado requerido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9, si ello estuviere previsto en su legislación.
Sin perjuicio de la posibilidad de comunicaciones judiciales directas, las solicitudes de cooperación jurídica internacional acordadas por autoridades extranjeras se transmitirán a la autoridad central española, que las remitirá a las autoridades españolas competentes para su ejecución.
La transmisión podrá realizarse por cualquier medio que garantice la seguridad y confidencialidad de las comunicaciones y que los documentos son auténticos y legibles.
Una vez ejecutadas, las solicitudes se devolverán por la vía de transmisión utilizada para cursarlas.
Artículo 13 Procedimiento de ejecución.
Artículo 14 Motivos de denegación.
Las autoridades judiciales españolas denegarán las solicitudes de cooperación jurídica internacional cuando:
El objeto o finalidad de la cooperación solicitada sea contrario al orden público.
El proceso de que dimane la solicitud de cooperación sea de la exclusiva competencia de la jurisdicción española.
El contenido del acto a realizar no corresponda a las atribuciones propias de la autoridad judicial española requerida. En su caso, ésta podrá remitir la solicitud a la autoridad competente, informando de ello a la autoridad requirente.
La solicitud de cooperación internacional no reúna el contenido y requisitos mínimos exigidos por esta ley para su tramitación.
Se cumpla el supuesto recogido en el apartado 2 del artículo 3.
Se comunicará a las autoridades requirentes la resolución motivada por la que se deniegue la solicitud de cooperación.
Artículo citado en: 2 sentencias, 2 artículos doctrinales, un formulario, una resolución administrativa
Artículo 15 Ejecución por funcionarios diplomáticos y consulares españoles de diligencias procesales.
Las diligencias que resulten de un procedimiento tramitado ante la autoridad judicial española podrán ser ejecutadas en el extranjero por funcionario diplomático o consular español siempre que no impliquen coacción, la ley española no requiera de modo inexcusable la presencia de autoridad judicial, hayan de realizarse en la demarcación consular y a ello no se oponga la legislación del Estado receptor.
En estos casos, la autoridad judicial española elevará oficio a la autoridad central española para que ésta traslade la solicitud al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que la hará llegar al funcionario diplomático o consular español encargado de su ejecución.
Artículo 16 Desplazamiento al extranjero de jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales y funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y de otro personal.
Artículo 17 Medios técnicos y electrónicos.
Podrá solicitarse la utilización de cualesquiera medios técnicos y electrónicos de comunicación para la práctica de las diligencias de cooperación jurídica internacional que hayan de llevarse a cabo en el territorio de otro Estado.
Si en el órgano jurisdiccional del Estado requirente o requerido no se dispone de acceso a los indicados medios, serán admisibles cualesquiera acuerdos que permitan su facilitación.
Artículo 18 Gastos, costas y asistencia jurídica gratuita.
Los gastos relativos al trámite y ejecución de las solicitudes de cooperación jurídica internacional serán a cargo de la autoridad requirente o en su caso de la parte a cuya instancia se realicen.
Respecto a las actuaciones procesales que se realicen por autoridades españolas, el interesado podrá solicitar las prestaciones que pudieran corresponderle conforme a la normativa sobre asistencia jurídica gratuita.
La autoridad central española no estará obligada a asumir gasto alguno en relación con las solicitudes presentadas en virtud de lo dispuesto en este título ni, dado el caso, por los gastos derivados de la participación de un abogado, procurador u otro profesional requerido. La autoridad central española podrá solicitar una provisión de fondos.
Artículo 19 Normativa general en materia de protección de datos.
Las solicitudes de cooperación jurídica internacional contendrán únicamente los datos personales necesarios para su ejecución. Los datos transmitidos no pueden usarse ni tratarse para fines no directamente relacionados con la solicitud sin la expresa autorización de la autoridad requirente.
Las solicitudes de cooperación jurídica internacional cursadas a instancias de un órgano jurisdiccional español harán constar que los datos personales contenidos en ellas se transmiten a los únicos efectos previstos en la solicitud, no pudiéndose usar o tratar para fines no directamente relacionados o derivados de aquélla sin la expresa autorización de la autoridad requirente.
El juez podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las salvaguardas necesarias para proteger la confidencialidad de los datos personales.
CAPÍTULO II De los actos de notificación y traslado de documentos judiciales Artículos 20 a 27
Artículo 20 Ámbito de aplicación.
Artículo 21 Medios de comunicación, notificación y traslado al extranjero.
Los órganos jurisdiccionales españoles podrán transmitir solicitudes de notificación y traslado de documentos al extranjero:
A través de la autoridad central española, que las hará llegar a las autoridades competentes del Estado requerido por vía consular o diplomática, o a través de su autoridad central, conforme a lo previsto en el artículo 12.1.
Directamente a la autoridad competente del Estado requerido conforme a lo previsto en el artículo 12.1.
Siempre que no se oponga la legislación del Estado de destino, las autoridades españolas podrán practicar las comunicaciones directamente a sus destinatarios por correo postal certificado o medio equivalente con acuse de recibo u otra garantía que permita dejar constancia de su recepción.
Artículo 22 Medios de comunicación, notificación y traslado en España.
Artículo 23 Fecha de notificación o traslado.
Artículo 24 Incomparecencia del demandado.
Cuando un escrito de demanda o un documento equivalente haya sido remitido a otro Estado para su notificación o traslado y el demandado no comparezca, se suspenderá el procedimiento mientras no se acredite que el documento ha sido regularmente notificado. Ello no impedirá la adopción de medidas provisionales y cautelares.
Transcurridos seis meses desde la fecha de envío del documento, la autoridad competente proveerá a instancia de parte interesada aun cuando no haya podido certificar que la notificación ha tenido lugar.
Artículo 25 Idioma.
Sin perjuicio de lo que pueda exigir la ley del Estado de destino, los documentos objeto de notificación o traslado al extranjero deberán acompañarse de una traducción a la lengua oficial del Estado de destino o a una lengua que el destinatario entienda.
Si la comunicación proviene de autoridades extranjeras y se dirige a un destinatario en España, los documentos deberán ir acompañados de una traducción al español o, en su caso, a la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se trate, o a una lengua que el destinatario entienda en los términos establecidos en el apartado anterior.
Artículo 26 Certificado.
Artículo 27 Emplazamientos y comunicaciones judiciales dirigidos a Estados extranjeros.
Los emplazamientos, citaciones, requerimientos y cualesquiera otros actos de comunicación judicial dirigidos a Estados extranjeros se realizarán por vía diplomática a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, debiendo comunicarse por nota verbal y de conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961.
Los órganos jurisdiccionales españoles comunicarán al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación la existencia de cualquier procedimiento contra un Estado extranjero a los solos efectos de que aquel emita informe en relación con las cuestiones relativas a la inmunidad de jurisdicción y ejecución, del que dará traslado al órgano jurisdiccional competente por la misma vía.
En los procesos civiles que se sigan en España contra Estados extranjeros, el primer emplazamiento, que se realizará por la vía diplomática prevista en el apartado 1, se entenderá efectuado dos meses después de la fecha que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción.
CAPÍTULO III De los actos de notificación y traslado de documentos extrajudiciales Artículo 28
Artículo 28 Documentos extrajudiciales.
Los documentos autorizados o expedidos por notario, autoridad o funcionario competente podrán ser objeto de traslado o notificación de conformidad con las previsiones del capítulo anterior que le sean aplicables atendiendo a su especial naturaleza.
Los documentos extrajudiciales podrán ser remitidos a notario, autoridad o funcionario público a través de la autoridad central o de forma directa.
La solicitud contendrá al menos la siguiente información:
La naturaleza, fecha e identificación del documento.
El nombre y dirección postal o electrónica del notario, autoridad o funcionario que lo haya autorizado o expedido.
La pretensión notificada y consecuencias, en su caso, de su incumplimiento y si se indicara, el plazo requerido para ello.
CAPÍTULO IV De la práctica y obtención de pruebas Artículos 29 a 32
Artículo 29 Ámbito de aplicación.
El presente capítulo se aplica a la práctica y obtención de pruebas en el extranjero para que surtan efecto en un procedimiento judicial en España, o en España para que surtan efecto en un proceso extranjero.
La prueba solicitada debe tener relación directa con un proceso ya iniciado o futuro.
Cuando se solicite en España la práctica de una prueba con anterioridad al inicio del procedimiento judicial extranjero, se exigirá que la práctica anticipada de la prueba sea admisible conforme a la legislación española.
Artículo 30 Contenido de la solicitud.
La descripción de las diligencias de obtención de pruebas solicitadas.
La indicación de si se solicita la práctica de la prueba conforme a un procedimiento previsto en la legislación del Estado requirente y las aclaraciones necesarias para su aplicación.
La indicación de si se solicita el uso de medios tecnológicos de comunicación.
La solicitud de las partes interesadas, sus representantes o algún funcionario del Estado requirente para asistir a la ejecución de la diligencia solicitada.
Si se trata de una solicitud dirigida a tomar declaración a una persona, el nombre y la dirección de dicha persona, las preguntas que hayan de formulársele o los hechos sobre los que verse; en su caso, información sobre la existencia de un derecho a no prestar declaración con arreglo al ordenamiento jurídico del Estado requirente, la solicitud de recibir la declaración bajo juramento o promesa de decir la verdad o, en su caso, la fórmula que haya de emplearse, y cualquier otra información que el órgano jurisdiccional requirente estime necesaria.
Si se trata de examen de testigos, el nombre y apellidos y todos los datos de identificación y localización de los mismos de que se disponga; en su caso, las preguntas que deberán formularse al testigo o exposición de los hechos sobre los que se efectuará su examen, el derecho a negarse a testificar según la legislación del Estado requirente, el ruego de que se examine al testigo bajo juramento o promesa o en forma de declaración y cualquier otra información que el órgano jurisdiccional requirente estime necesaria.
Si se trata de cualquier otra prueba, los documentos u otros objetos que deban examinarse. En el caso de que se solicite la exhibición de documentos u otros soportes de información, éstos deberán estar identificados razonablemente; además, deberán especificarse aquellos hechos o circunstancias que permitan sostener que los documentos pedidos se encuentran bajo el control o custodia de la persona a quien se requieran y especificarse, en su caso, el derecho a no aportar documentos según la legislación del Estado requirente.
Artículo 32 Práctica en España de la prueba solicitada por una autoridad extranjera.
Recibida la solicitud de una autoridad extranjera, se procederá a la práctica de la prueba y, una vez cumplimentada la comisión rogatoria, se remitirán al requirente los documentos que lo acrediten.
La prueba no se practicará cuando concurra alguno de los motivos de denegación establecidos en el artículo 14. En cualquier caso, la prueba no se practicará cuando la persona designada justifique su negativa en una exención o una prohibición de declarar o de aportar documentos, establecida o reconocida por la ley española o por la ley del Estado requirente.
Cuando se deniegue la práctica de la prueba deberán devolverse al requirente los documentos con expresión de los motivos de denegación.
TÍTULO II De la prueba del Derecho extranjero Artículo 33
Artículo 33 De la prueba del Derecho extranjero.
La prueba del contenido y vigencia del Derecho extranjero se someterá a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y demás disposiciones aplicables en la materia.
Los órganos jurisdiccionales españoles determinarán el valor probatorio de la prueba practicada para acreditar el contenido y vigencia del Derecho extranjero de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
Con carácter excepcional, en aquellos supuestos en los que no haya podido acreditarse por las partes el contenido y vigencia del Derecho extranjero, podrá aplicarse el Derecho español.
Ningún informe o dictamen, nacional o internacional, sobre Derecho extranjero, tendrá carácter vinculante para los órganos jurisdiccionales españoles.
Artículo citado en: 17 sentencias, 3 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, 5 formularios, 2 resoluciones administrativas
TÍTULO III De la información del Derecho extranjero Artículos 34 a 36
Artículo 34 De la información jurídica.
Sin perjuicio de la posibilidad de comunicaciones judiciales directas, los órganos judiciales, y los notarios y registradores, podrán elevar las solicitudes de información de Derecho extranjero mediante oficio a la autoridad central española para ser utilizadas en un proceso judicial español o por una autoridad española en el marco de sus competencias.
La solicitud de información podrá contener la petición de informes de autoridades, dictámenes periciales de juristas expertos, jurisprudencia, textos legales certificados y cualquier otra que se estime relevante.
La autoridad central hará llegar las solicitudes a las autoridades competentes del Estado requerido, bien por la vía consular o diplomática, bien a través de su autoridad central si existiere y estuviere previsto en su ordenamiento. La autoridad central española facilitará, en su caso, las comunicaciones judiciales directas entre órganos jurisdiccionales españoles y extranjeros.
Las solicitudes de información deberán especificar la autoridad requirente con mención de su dirección postal o electrónica, la naturaleza del asunto, una exposición detallada de los hechos que motivan la solicitud y los concretos elementos probatorios que se solicitan, todo ello debidamente traducido al idioma de la autoridad requerida. Podrán unirse a la solicitud de información copias de aquellos documentos que se consideren imprescindibles para precisar su alcance.
Artículo 36 De las solicitudes de información de Derecho español.
Sin perjuicio de la posibilidad de comunicaciones judiciales directas, las autoridades extranjeras podrán dirigir las solicitudes de información de Derecho español a la autoridad central española para ser utilizadas en un proceso judicial extranjero o por una autoridad extranjera en el marco de sus competencias.
Las solicitudes de información deberán especificar la autoridad requirente con mención de su dirección postal o electrónica, la naturaleza del asunto, una exposición detallada de los hechos que motivan la solicitud y los concretos elementos probatorios que se solicitan, todo ello debidamente traducido al español.
Las solicitudes de información de Derecho español podrán ser respondidas directamente por la autoridad central española o transmitirse a otros organismos públicos o privados.
Cuando se solicite un elemento probatorio que suponga un coste, el mismo siempre será a cargo de la autoridad requirente y a tales efectos podrá ser solicitada provisión de fondos.
TÍTULO IV De la litispendencia y de la conexidad internacionales Artículos 37 a 40
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículos 37 y 38
Artículo 37 Concepto de pendencia.
CAPÍTULO II De la litispendencia internacional Artículo 39
Artículo 39 Litispendencia internacional.
Cuando exista un proceso pendiente con idéntico objeto y causa de pedir, entre las mismas partes, ante los órganos jurisdiccionales de un Estado extranjero en el momento en que se interpone una demanda ante un órgano jurisdiccional español, el órgano jurisdiccional español podrá suspender el procedimiento, a instancia de parte y previo informe del Ministerio Fiscal, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
Que la competencia del órgano jurisdiccional extranjero obedezca a una conexión razonable con el litigio. Se presumirá la existencia de una conexión razonable cuando el órgano jurisdiccional extranjero hubiere basado su competencia judicial internacional en criterios equivalentes a los previstos en la legislación española para ese caso concreto.
Que sea previsible que el órgano jurisdiccional extranjero dicte una resolución susceptible de ser reconocida en España.
Y que el órgano jurisdiccional español considere necesaria la suspensión del procedimiento en aras de la buena administración de justicia.
Los órganos jurisdiccionales españoles podrán acordar la continuación del proceso en cualquier momento, a instancia de parte y previo informe del Ministerio Fiscal, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Que el tribunal extranjero se hubiera declarado incompetente, o si, requerido por cualquier de las partes, no se hubiera pronunciado sobre su propia competencia.
Que el proceso ante el órgano jurisdiccional del otro Estado sea suspendido o haya sido sobreseído.
Que se estime poco probable que el proceso ante el órgano jurisdiccional del otro Estado concluya en un tiempo razonable.
Que se considere necesaria la continuación del proceso para la buena administración de justicia.
Que se entienda que la sentencia definitiva que eventualmente pueda llegar a dictarse no será susceptible de ser reconocida y, en su caso, ejecutada en España.
El órgano jurisdiccional español pondrá fin al proceso y archivará las actuaciones si el proceso ante el órgano jurisdiccional del otro Estado ha concluido con una resolución susceptible de reconocimiento y, en su caso, de ejecución en España.
CAPÍTULO III De las demandas conexas Artículo 40
Artículo 40 Demandas conexas.
Se considerarán conexas a los efectos de este artículo las demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones inconciliables.
Cuando exista un proceso pendiente ante los órganos jurisdiccionales de un Estado extranjero en el momento en que se interpone ante un órgano jurisdiccional español una demanda conexa, este último podrá, a instancia de parte, y previo informe del Ministerio Fiscal, suspender el proceso siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
Que sea conveniente oír y resolver conjuntamente las demandas conexas para evitar el riesgo de resoluciones inconciliables.
Que sea previsible que el órgano jurisdiccional del Estado extranjero dicte una resolución susceptible de ser reconocida en España.
Y que el órgano jurisdiccional español considere necesaria la suspensión del proceso en aras de la buena administración de justicia.
El órgano jurisdiccional español podrá continuar con el proceso en cualquier momento, a instancia de parte y previo informe del Ministerio Fiscal, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Que considere que ya no existe riesgo de resoluciones contradictorias.
Que el proceso extranjero sea suspendido o concluido.
Que estime poco probable que el proceso extranjero pueda concluirse en un tiempo razonable.
Que considere necesaria la continuación del proceso en aras de la buena administración de justicia.
TÍTULO V Del reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y documentos públicos extranjeros, del procedimiento de exequátur y de la inscripción en Registros públicos Artículos 41 a 61
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículos 41 a 43
Serán susceptibles de reconocimiento y ejecución en España de conformidad con las disposiciones de este título las resoluciones extranjeras firmes recaídas en un procedimiento contencioso.
También serán susceptibles de reconocimiento y ejecución de conformidad con las disposiciones de este título las resoluciones extranjeras definitivas adoptadas en el marco de un procedimiento de jurisdicción voluntaria.
Serán susceptibles de ejecución los documentos públicos extranjeros en los términos previstos en esta ley.
Sólo serán susceptibles de reconocimiento y ejecución las medidas cautelares y provisionales, cuando su denegación suponga una vulneración de la tutela judicial efectiva, y siempre que se hubieran adoptado previa audiencia de la parte contraria.
Artículo citado en: 10 sentencias, 5 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, un formulario
Artículo 42 Procedimiento de exequátur.
El procedimiento para declarar a título principal el reconocimiento de una resolución judicial extranjera y, en su caso, para autorizar su ejecución se denominará procedimiento de exequátur.
El mismo procedimiento se podrá utilizar para declarar que una resolución extranjera no es susceptible de reconocimiento en España por incurrir en alguna de las causas de denegación previstas en el artículo 46.
Artículo 43 Definiciones.
Resolución: cualquier decisión adoptada por un órgano jurisdiccional de un Estado, con independencia de su denominación, incluida la resolución por la cual el secretario judicial o autoridad similar liquide las costas del proceso.
Resolución firme: aquella contra la que no cabe recurso en el Estado de origen.
Órgano jurisdiccional: toda autoridad judicial o toda autoridad que tenga atribuciones análogas a las de las autoridades judiciales de un Estado, con competencia en las materias propias de esta ley.
Transacción judicial: todo acuerdo aprobado por un órgano jurisdiccional de un Estado o concluido ante un órgano jurisdiccional de un Estado en el curso del procedimiento.
Documento público: cualquier documento formalizado o registrado oficialmente con esta denominación en un Estado y cuya autenticidad se refiera a la firma y al contenido del instrumento, y haya sido establecida por una autoridad pública u otra autoridad habilitada a tal fin.
CAPÍTULO II Del reconocimiento Artículos 44 a 49
Se reconocerán en España las resoluciones extranjeras que cumplan con los requisitos previstos en las disposiciones de este título.
Cuando el reconocimiento de una resolución extranjera se plantee de forma incidental en un procedimiento judicial, el juez que conozca del mismo deberá pronunciarse respecto a dicho reconocimiento en el seno de cada procedimiento judicial según lo dispuesto en las leyes procesales. La eficacia del reconocimiento incidental quedará limitada a lo resuelto en el proceso principal y no impedirá que se solicite el exequátur de la resolución extranjera.
Si una resolución contiene una medida que es desconocida en el ordenamiento jurídico español, se adaptará a una medida conocida que tenga efectos equivalentes y persiga una finalidad e intereses similares, si bien tal adaptación no tendrá más efectos que los dispuestos en el Derecho del Estado de origen. Cualquiera de las partes podrá impugnar la adaptación de la medida.
Artículo 45 Resoluciones extranjeras susceptibles de modificación.
Una resolución extranjera podrá ser modificada por los órganos jurisdiccionales españoles siempre que hubiera obtenido previamente su reconocimiento por vía principal o incidental con arreglo a las disposiciones de este título.
Esto no impedirá que se pueda plantear una nueva demanda en un procedimiento declarativo ante los órganos jurisdiccionales españoles.
Artículo 46 Causas de denegación del reconocimiento.
Las resoluciones judiciales extranjeras firmes no se reconocerán:
Las transacciones judiciales extranjeras no se reconocerán cuando fueran contrarias al orden público.
Artículo citado en: 14 sentencias, 6 artículos doctrinales, un tema práctico
Artículo 47 Acciones colectivas.
Las resoluciones extranjeras dictadas en procedimientos derivados de acciones colectivas serán susceptibles de reconocimiento y ejecución en España. En particular, para su oponibilidad en España a afectados que no se hayan adherido expresamente será exigible que la acción colectiva extranjera haya sido comunicada o publicada en España por medios equivalentes a los exigidos por la ley española y que dichos afectados hayan tenido las mismas oportunidades de participación o desvinculación en el proceso colectivo que aquéllos domiciliados en el Estado de origen.
En estos casos, la resolución extranjera no se reconocerá cuando la competencia del órgano jurisdiccional de origen no se hubiera basado en un foro equivalente a los previstos en la legislación española.
Artículo 49 Reconocimiento parcial.
CAPÍTULO III De la ejecución Artículos 50 y 51
Artículo 50 Ejecución.
Las resoluciones judiciales extranjeras que tengan fuerza ejecutiva en el Estado de origen serán ejecutables en España una vez se haya obtenido el exequátur de acuerdo con lo previsto en este título.
Podrá solicitarse la ejecución parcial de una resolución.
Artículo citado en: 6 sentencias, 2 artículos doctrinales, 3 temas prácticos
Artículo 51 Ejecución de transacciones judiciales.
CAPÍTULO IV Del procedimiento judicial de exequátur Artículos 52 a 55
Artículo 52 Competencia.
La competencia para conocer de las solicitudes de exequátur corresponde a los Juzgados de Primera Instancia del domicilio de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o ejecución, o de la persona a quien se refieren los efectos de la resolución judicial extranjera. Subsidiariamente, la competencia territorial se determinará por el lugar de ejecución o por el lugar en el que la resolución deba producir sus efectos, siendo competente, en último caso, el Juzgado de Primera Instancia ante el cual se interponga la demanda de exequátur.
La competencia de los Juzgados de lo Mercantil para conocer de las solicitudes de exequátur de resoluciones judiciales extranjeras que versen sobre materias de su competencia se determinará con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 1.
Si la parte contra la que se insta el exequátur estuviera sometida a proceso concursal en España y la resolución extranjera tuviese por objeto algunas de las materias competencia del juez del concurso, la competencia para conocer de la solicitud de exequátur corresponderá al juez del concurso y se sustanciará por los trámites del incidente concursal.
El órgano jurisdiccional español controlará de oficio la competencia objetiva para conocer de estos procesos.
Artículo citado en: 20 sentencias, 2 artículos doctrinales, 2 formularios, una resolución administrativa
Artículo 53 Asistencia jurídica gratuita.
Artículo 54 Proceso.
Artículo citado en: 16 sentencias, 2 artículos doctrinales, un formulario
Artículo 55 Recursos.
Contra el auto de exequátur solo cabe interponer recurso de apelación de conformidad con las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si el auto recurrido fuera estimatorio, el órgano jurisdiccional podrá suspender la ejecución o sujetar dicha ejecución a la prestación de la oportuna caución.
Contra la resolución dictada por la Audiencia Provincial en segunda instancia, la parte legitimada podrá interponer el recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación de conformidad con las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
CAPÍTULO V De los documentos públicos extranjeros Artículos 56 y 57
Artículo 56 Ejecución de documentos públicos extranjeros.
Los documentos públicos expedidos o autorizados por autoridades extranjeras serán ejecutables en España si lo son en su país de origen y no resultan contrarios al orden público.
A efectos de su ejecutabilidad en España deberán tener al menos la misma o equivalente eficacia que los expedidos o autorizados por autoridades españolas.
Artículo citado en: 7 artículos doctrinales, 5 resoluciones administrativas
Artículo 57 Adecuación de instituciones jurídicas extranjeras.
CAPÍTULO VI De la inscripción en Registros públicos Artículos 58 a 61
Artículo 58 Disposiciones generales.
Artículo citado en: 12 artículos doctrinales, 9 resoluciones administrativas
Artículo 59 Inscripción de resoluciones judiciales extranjeras.
No se requerirá procedimiento especial para la inscripción en los Registros españoles de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles de las resoluciones judiciales extranjeras que no admitan recurso con arreglo a su legislación, ya se trate de resoluciones judiciales firmes o de resoluciones de jurisdicción voluntaria definitivas. Si no fueren firmes o definitivas, solo podrán ser objeto de anotación preventiva.
Para la inscripción de las resoluciones judiciales extranjeras a que se refiere el apartado anterior, con carácter previo a la calificación del título inscribible, el registrador verificará la regularidad y la autenticidad formal de los documentos presentados y la inexistencia de las causas de denegación de reconocimiento previstas en el capítulo II del presente título, debiendo notificar su decisión, por correo, telegrama o cualquier otro medio técnico que permita dejar constancia de la recepción, de su fecha y del contenido de lo comunicado al presentante y a la parte frente a la que se pretende hacer valer la resolución extranjera, en el domicilio que conste en el Registro o en la resolución presentada, quienes en el plazo de veinte días podrán oponerse a tal decisión.
Queda siempre a salvo la posibilidad de que el interesado recurra al proceso de exequátur previsto en este título.
Artículo 60 Inscripción de documentos públicos extranjeros.
Artículo citado en: 3 sentencias, 18 artículos doctrinales, 13 resoluciones administrativas
Artículo 61 Adaptación.
Cuando la resolución o el documento público extranjero ordene medidas o incorpore derechos que resulten desconocidos en Derecho español, el registrador procederá a su adaptación, en lo posible, a una medida o derecho previstos o conocidos en el ordenamiento jurídico español que tengan efectos equivalentes y persigan una finalidad e intereses similares, si bien tal adaptación no tendrá más efectos que los dispuestos en el Derecho del Estado de origen. Antes de la inscripción, el registrador comunicará al titular del derecho o medida de que se trate la adaptación a realizar.
Artículo citado en: 6 artículos doctrinales, 8 resoluciones administrativas
Disposición adicional primera Normas especiales en materia de cooperación jurídica internacional en materia civil y mercantil.
Los artículo 94 a 100 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
Disposición citada en: una sentencia, 12 artículos doctrinales, 16 resoluciones administrativas
Disposición adicional segunda Formularios normalizados.
Disposición adicional tercera Previsión de costes.
Disposición transitoria única Régimen aplicable a los procesos en tramitación.
Esta ley se aplicará a las solicitudes de cooperación jurídica internacional recibidas por las autoridades españolas con posterioridad a su entrada en vigor.
El título IV se aplicará a las demandas que se presenten ante los órganos jurisdiccionales españoles con posterioridad a la entrada en vigor de la ley.
El título V se aplicará a las demandas de exequátur que se presenten ante los órganos jurisdiccionales españoles con posterioridad a la entrada en vigor de la ley, con independencia de la fecha en que se hubiese dictado la resolución extranjera.
Quedan derogados los artículos 951 a 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881.
Disposición final primera Modificación de la Ley Hipotecaria.
Disposición citada en: una sentencia, 10 artículos doctrinales, 12 resoluciones administrativas
Disposición citada en: una sentencia, 5 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
Disposición final vigésima sexta Medidas para facilitar la aplicación en España del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones «mortis causa» y a la creación de un certificado sucesorio europeo.
Disposición final tercera Modificación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
Disposición final cuarta Modificación de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.
ORDRE TIC/297/2003, de 17 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a projectes adreçats a la recuperació del patrimoni geològic i miner de Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2003 (RPMC-2003) (codi d'ajut Z25).

References: Artículo 3

Artículo 4

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 36

Artículo 9

Artículo 10
 artículo 11

Artículo 11
 artículo 144

Artículo 12
 artículo 9

Artículo 13

Artículo 14
 artículo 3
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Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21
 artículo 12
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Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27
 Artículo 28

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 32
 artículo 14
 Artículo 33

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Artículo 34

Artículo 36

Artículo 37
 Artículo 39

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 Artículo 40

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Artículo 42
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 artículo 46

Artículo 43
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Artículo 45
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Artículo 46

Artículo 47
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Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52
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Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55
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Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59
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Artículo 60

Artículo 61
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 artículo 94
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 Real Decreto