Source: https://tc.vlex.es/vid/ra-g-d-108168
Timestamp: 2019-10-14 05:33:51+00:00

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STC 158/2000, 12 de Junio de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 108168
STC 158/2000, 12 de Junio de 2000
Número de Recurso: 3063/1997
RA 3063/97. Promovido por don Juan Antonio G.D. frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó su demanda sobre reingreso en el Cuerpo de Gestión de Hacienda. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de un recurso contencioso administrativo por acto firme y consentido, a pesar de que la notificación había sido irregular, y que incurre en error patente acerca del alcance de su impugnación y de la solicitud de indemnización.
Sentencia citada en: 3144 sentencias, 16 artículos doctrinales, un tema práctico, 2 resoluciones administrativas, una noticia
En el recurso de amparo núm. 3063/97, interpuesto por don Juan Antonio G.D., representado por el Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez Puelles y González-Carvajal y asistido del Letrado don Santiago Muñoz Machado, contra la Sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de marzo de 1997, dictada en el recurso núm. 352/95, por la que se desestima el recurso interpuesto contra la Resolución de la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Hacienda de 26 de julio de 1993, sobre petición de reingreso del ahora recurrente al servicio activo y la asignación del correspondiente grado personal. Han intervenido el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Cachón Villar, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Juzgado de guardia el 7 de julio de 1997 y registrado en este Tribunal el día 11 siguiente, don Juan Antonio G.D., representado por el Procurador don Manuel Sánchez-Puelles y González-Carvajal, interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial de que se ha hecho mérito en el encabezamiento de la presente Sentencia.
El recurrente, funcionario del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, fue nombrado el 26 de septiembre de 1979 recaudador de tributos de la zona de La Latina en Madrid. Con fecha 31 de diciembre de 1987 causó baja en dicho puesto de trabajo en aplicación del Real Decreto 1451/1987, de 27 de noviembre, por el que se dispuso el cese de todas las encomiendas del Servicio de Recaudación.
Antes de que se produjera la mencionada baja, el 28 de diciembre de 1987, el ahora demandante de amparo solicitó el reingreso al servicio activo en el Cuerpo de Gestión de Hacienda Pública y la asignación de grado personal, todo ello con efectos de 1 de enero de 1988.
Al no obtener respuesta a su petición, el solicitante denunció la mora el 31 de julio de 1989 e interpuso posterior recurso contencioso-administrativo, cuya inadmisibilidad, por no aportarse con el escrito de demanda la solicitud de reingreso ni figurar tal solicitud en el expediente administrativo, fue declarada por Sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de junio de 1992.
A su vez, la Dirección General de la Función Pública había dictado Resolución el 11 de octubre de 1989, por la que se acordaba el reingreso al servicio activo de don Juan Antonio G.D., adjudicándosele un destino provisional en el Ministerio de Economía y Hacienda. Igualmente se le concedía un plazo de treinta días para tomar posesión del indicado destino. Sin embargo, esta Resolución administrativa no le fue notificada al interesado. Por nueva Resolución de 17 de octubre de 1989 le fue adjudicado al solicitante un puesto de trabajo en la Delegación de Hacienda de Madrid, pero esta adjudicación tampoco fue notificada.
No se notificó tampoco a don Juan Antonio G.D. la posterior Resolución de 27 de marzo de 1990 por la que se le declaró en situación de excedencia voluntaria por interés particular con efectos de 1 de enero de 1988, al no haber tomado posesión del puesto de trabajo provisionalmente adjudicado en la precitada Resolución de 17 de octubre de 1989.
A raíz de la Sentencia de 30 de junio de 1992, a que se ha hecho referencia, el ahora demandante en amparo presentó escrito de 30 de noviembre de 1992, en el que reiteraba su solicitud de reingreso al servicio activo y adjudicación de grado personal, y posteriormente otro, de fecha de 3 de junio de 1993, denunciando la mora. Respondiendo a ello, la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Hacienda dictó Resolución de 26 de julio de 1993, por la que se informaba al interesado de la existencia de las Resoluciones de 11 y 17 de octubre de 1989 y que, como no había tomado posesión del puesto en su día asignado, se le había declarado en la situación de excedencia voluntaria por interés particular. Se decía asimismo en la expresada Resolución que no constaba que el interesado hubiera interpuesto recurso contra las resoluciones de octubre de 1989 ni contra la que le había declarado en situación de excedencia voluntaria, añadiendo que, de acuerdo con lo expuesto, "fue la propia inactividad del funcionario, no tomando posesión del puesto al que había sido destinado, la que determinó que finalmente no se produjera el reingreso al servicio activo". En cuanto a la asignación de grado personal, se le comunicaba que dicho requisito debía entenderse implícitamente derogado por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Asimismo se decía que "la presente solicitud se tramitará por los cauces habituales para el caso de peticiones de reingreso al servicio activo". En la copia de esta Resolución, obrante en el testimonio de las actuaciones, remitido por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no figura la indicación de recursos. Dicha Resolución fue notificada al ahora demandante de amparo el 30 de julio de 1993, también sin indicación de recursos.
El interesado interpuso recurso de reposición el 24 de enero de 1994, una vez notificada dicha resolución, expresando que lo hacía "contra lo actuado por la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas y por la Dirección General de Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda", con la solicitud de que "quede anulado y sin efecto el Acuerdo por el cual se le declara al reclamante en situación de excedencia voluntaria por interés particular, una vez comprobado que no ha existido notificación de la Resolución de su reingreso al servicio activo, ni de la declaración de la situación de excedencia voluntaria". El recurso no fue resuelto expresamente. Posteriormente, mediante escrito de 18 de enero de 1995, dirigido a la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Hacienda a través del Servicio de Correos, el recurrente requirió la expedición de certificación de acto presunto conforme a lo previsto en el art. 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPC). Por este mismo escrito se comunicaba asimismo al órgano administrativo reseñado la intención del interesado de interponer el oportuno recurso contencioso-administrativo.
El indicado recurso se interpuso efectivamente mediante escrito registrado el 16 de febrero de 1995 en la Secretaría de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En la demanda del recurso se pedía explícitamente la declaración de nulidad de los actos recurridos y la declaración de que el recurrente Sr. G.D. tenía derecho a: "a) reingresar en el Cuerpo de Gestión de Hacienda desde el 1 de enero de 1988 con el grado personal que, con arreglo a la Ley, le correspondiera; b) percibir el conjunto de derechos económicos y de otro tipo inherentes a la condición de funcionario en activo desde la fecha indicada; c) una tramitación preferente de su reingreso actual al Cuerpo de Gestión de Hacienda, y d) percibir una indemnización por los daños y perjuicios causados", cuya cuantía "se determinará en ejecución de Sentencia, con arreglo a las bases establecidas en la presente demanda".
El demandante de amparo entiende que la decisión judicial impugnada ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Esta denuncia se basa en las infracciones constitucionales que seguidamente se exponen de manera resumida:
El recurrente sostiene que la Sentencia en cuestión ha denegado el acceso a la jurisdicción basándose en unas causas legales de inadmisión inexistentes, incurre en errores patentes y ha efectuado una interpretación de la normativa procesal aplicable al caso que no puede considerarse expresión del ejercicio de la justicia. Al respecto, subraya que aun cuando el fallo pronunciado por el órgano judicial actuante sea formalmente desestimatorio, es lo cierto que el mismo se fundamenta exclusivamente en la concurrencia de motivos de inadmisión: la extemporaneidad del recurso, la caracterización del acto administrativo como de mero trámite y, como argumento ex abundantia atinente en exclusiva a la pretensión accesoria de carácter resarcitorio, el tratarse de una cuestión nueva no planteada oportunamente en vía administrativa y cuyo conocimiento, en todo caso, se halla legalmente atribuido (art. 66 LOPJ) a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Igualmente, reprocha a la decisión judicial el haber ignorado los efectos del silencio administrativo en vía de recurso. La desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 26 de julio de 1993 determinaría la aplicabilidad de la doctrina elaborada por este Tribunal sobre la imposibilidad de apreciar esta causa de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo cuando con carácter previo ha sido admitida a trámite la impugnación en vía administrativa.
Por otro lado, el recurrente estima que la resolución judicial impugnada ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de prohibición de indefensión, por no habérsele ofrecido la posibilidad de alegar en torno a las causas de inadmisibilidad determinantes de la denegación de su derecho a obtener una decisión sobre el fondo. Al respecto, defiende la aplicación al presente supuesto de la doctrina elaborada por este Tribunal conforme a la cual produce indefensión susceptible de amparo constitucional la inadmisión declarada sin haberse propiciado contradicción sobre su concurrencia, dando ocasión a las partes para que aleguen al respecto. Esta doctrina incorpora particulares exigencias cuando se refiere al procedimiento especial y sumario que, en materia de personal, se regula en los arts. 113 y ss. LJCA, precisamente porque en el mismo no existe un trámite de audiencia posterior a la formalización de la demanda y contestación, lo que debe comportar la habilitación, en todo caso, de la oportunidad de alegaciones sobre las causas de inadmisión opuestas por la representación procesal de la Administración demandada.
También denuncia el recurrente la concurrencia del vicio de incongruencia omisiva de relevancia constitucional porque no hay en la decisión judicial impugnada ningún pronunciamiento expreso respecto de las principales pretensiones ejercitadas por el actor. La falta de respuesta sería consecuencia, siempre en opinión del recurrente, del error patente en que habría incurrido el órgano judicial al declarar que las Resoluciones por las que se dispuso su nombramiento provisional y su posterior pase a la situación de excedencia voluntaria eran las que debían haber constituido el objeto del recurso contencioso-administrativo, y no el "escrito informativo" de 26 de julio de 1993.
Para concluir, se reprocha a la resolución judicial impugnada el haber consagrado la indefensión provocada por la ausencia de notificación de los actos administrativos que afectaban directamente a sus derechos e intereses legítimos. Al dejar imprejuzgado el fondo de la cuestión planteada, la decisión judicial habría venido a sancionar la conculcación del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) resultante de la imposibilidad de recurrir unos actos administrativos cuyo contenido no fue oportunamente comunicado al interesado.
Mediante providencia de 11 de febrero de 1998, la Sección Segunda de este Tribunal acordó, de conformidad con lo prevenido en el art. 88 LOTC, requerir atentamente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y a la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Hacienda para que, en el plazo de diez días, remitieran respectivamente testimonio de las actuaciones del recurso núm. 352/95 y del expediente en el que se dictó la Resolución de 26 de julio de 1993.
Por nuevo proveído de 5 de octubre de 1998, la citada Sección admitió a trámite la demanda, tuvo por recibidos los testimonios de las actuaciones solicitadas y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requirió atentamente a la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que emplazase a quienes fueron parte en el recurso núm. 352/95, con excepción del demandante en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional, dándose traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada.
A través de un escrito registrado en este Tribunal el 14 de octubre de 1998 se personó el Abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta.
Mediante providencia de 11 de enero de 1999 se tuvo por personado y parte al Abogado del Estado y se acordó, de acuerdo con lo establecido en el art. 52 LOTC, dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo para que, en el plazo común de veinte días, las partes personadas y el Ministerio Fiscal pudieran presentar las alegaciones que a sus respectivos derechos convinieran.
El escrito de alegaciones del Abogado del Estado tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 29 de enero de 1999. En él se comienza recordando que el diseño técnico del orden jurisdiccional contencioso-administrativo tiene como premisa la limitación del conocimiento judicial al contenido propio del acto identificado como objeto del recurso, sin que sea posible la extensión a otros contenidos más o menos relacionados con el objeto litigioso pero que constituyan la materia propia de actos administrativos distintos del formalmente impugnado. A juicio del Abogado del Estado, el otorgamiento del amparo exigiría ignorar este diseño técnico, por cuanto el recurrente aspira a obtener la anulación de resoluciones administrativas que no fueron debidamente impugnadas.
Con fecha 10 de febrero de 1999 el Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones interesando la denegación del amparo solicitado. La posición defendida por el Ministerio Fiscal se sostiene sobre la línea argumental que ahora se sintetiza.
El escrito de alegaciones del recurrente se registró en este Tribunal el 12 de febrero de 1999.
En dicho escrito se comienza poniendo de manifiesto que los documentos obrantes en las actuaciones confirman en su totalidad el relato del supuesto fáctico contenido en la demanda de amparo. Concretamente, se destaca la ausencia de notificación al interesado de los actos administrativos por los que se reconoce su derecho de reingreso al servicio activo y posteriormente se le declara en situación de excedencia voluntaria al no haber tomado posesión del puesto para el que había sido nombrado, y se señala asimismo que el recurrente desconocía por completo estos hechos que de modo tan directo le afectaban. A este respecto se denuncia que la Administración ni tan siquiera hubiera aportado copia de la Resolución de 11 de octubre de 1989 al proceso contencioso-administrativo, concluido por Sentencia de 30 de junio de 1992, en que se cuestionaba justamente la denegación presunta de su petición de ingreso al servicio activo.
Partiendo de tales hechos, se reitera que la fundamentación del fallo de la Sentencia ahora impugnada, basada en la extemporaneidad del recurso administrativo previo, sólo puede explicarse como el fruto de un error patente o como una interpretación manifiestamente arbitraria o infundada de las normas aplicables al caso. El art. 58.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la doctrina contenida en las SSTC 204/1987 y 194/1992 y en la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 28 de octubre de 1998 impiden considerar extemporáneo un recurso interpuesto contra un acto administrativo no notificado, como fue la Resolución de 27 de marzo de 1990, por la que se declaró a don Juan Antonio G.D. en situación de excedencia voluntaria. En este punto se recuerda que el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 26 de julio de 1993 lo fue contra las actuaciones que le afectan y, en particular, contra su declaración en situación de excedencia. Igualmente, se rechaza la calificación de extemporáneo del recurso respecto de la Resolución de 26 de julio 1993 por no contener ésta la preceptiva indicación de recursos.
Mediante providencia de 12 de mayo de 2000 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 16 del mismo mes y año, día en el que se inició el trámite que ha finalizado en el día de la fecha .
Se impugna en este recurso de amparo la Sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de marzo de 1997 que desestimó el recurso interpuesto por el ahora solicitante de amparo contra la Resolución de la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Hacienda de 26 de julio de 1993. Mediante dicha resolución administrativa se había acordado tramitar una denuncia de mora, formulada por don Juan Antonio G.D., como solicitud ordinaria de reingreso al servicio activo, bien que entendiendo el reingreso desde la situación funcionarial de excedencia por interés particular, en que se hallaba según los términos de una anterior Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 27 de marzo de 1990.
Tras este sucinto resumen de las posiciones defendidas por las diversas partes personadas en el presente proceso constitucional, parece oportuno recordar que es objeto del mismo exclusivamente la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de marzo de 1997. Al respecto, este Tribunal ha declarado reiteradamente que la concreción del objeto procesal se lleva a cabo en la demanda, pues es en ella donde se identifica el acto o la disposición cuya nulidad se pretende y se esgrimen las razones en que se funda dicha pretensión (por todas, SSTC 123/1996, de 8 de julio, FJ 2; 109/1997, de 2 de junio, FJ 1, y 85/1999, de 10 de mayo, FJ 2). Consecuentemente, cumple señalar que en la demanda con que se inició el actual proceso constitucional el recurrente únicamente solicita la anulación de la resolución judicial específicamente impugnada, por lo que debemos limitar a la misma nuestro análisis, concluyendo que las alegaciones efectuadas tanto por el demandante como por el Abogado del Estado en torno a la hipotética indefensión causada a aquél en vía administrativa no tienen otra virtualidad que la de ilustrar acerca de los antecedentes fácticos de la Sentencia cuya nulidad se pretende.
Todavía antes de proceder al examen de las quejas dirigidas por el recurrente frente a dicha resolución judicial es preciso relatar con un cierto detenimiento la sucesión de actuaciones administrativas y judiciales que se hallan en el origen del recurso de amparo ahora sometido a nuestra consideración.
En la segunda mitad de los años ochenta la Administración General del Estado emprendió un proceso de ordenación de la gestión recaudatoria de los tributos y demás ingresos de Derecho Público en el que se enmarca el Real Decreto 1327/1986, de 13 de junio, por virtud del cual las Delegaciones y Administraciones de Hacienda asumían directamente dicha gestión en lo atinente a la realización de los créditos y derechos que constituyen el haber del Estado y de sus Organismos Autónomos, susceptibles de recaudación por vía de apremio. Posteriormente, la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de noviembre de 1987 dispuso el cese, con fecha 31 de diciembre de 1987, de todas las encomiendas del servicio recaudatorio que con anterioridad habían sido concedidas a las Diputaciones Provinciales o Comunidades Autónomas uniprovinciales y de los Recaudadores de Hacienda y de Zona. El cese de las encomiendas había de llevarse a efecto conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1451/1987, de 27 de noviembre.
A la sazón, el recurrente, funcionario del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, ocupaba el puesto de Recaudador de Tributos de la Zona de La Latina en virtud de Acuerdo adoptado por la Diputación Provincial de Madrid el 26 de septiembre de 1979. Ante la inminencia de su cese, el 28 de diciembre de 1987 solicitó el reingreso al servicio activo en el Cuerpo de procedencia y la asignación del correspondiente grado personal, todo ello con efectos de 1 de enero de 1988. Al no recibir respuesta expresa a su solicitud, el 31 de julio de 1989 denunció la mora e interpuso posteriormente recurso contencioso-administrativo, que fue inadmitido por Sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de junio de 1992, al no haberse aportado por el demandante, ni figurar en el expediente administrativo, la solicitud de reingreso a que se ha hecho referencia.
Mientras tanto, la Dirección General de la Función Pública dictó Resolución de 11 de octubre de 1989 por la que se accedía a dicha solicitud de reingreso, que debía formalizar el interesado en el plazo de treinta días desde la notificación de tal Resolución. Sin embargo, esa notificación no se llegó a producir. El siguiente día 17 de octubre se asignó al solicitante un puesto de destino en la Delegación de Hacienda de Madrid, pero esta asignación tampoco fue comunicada al interesado. Finalmente, por Resolución de fecha 27 de marzo de 1990 se acordó el pase del funcionario a la situación de excedencia voluntaria por interés particular con efectos de 1 de enero de 1988 al no haber procedido a tomar posesión de su nuevo puesto de trabajo. Este nuevo acto administrativo tampoco le fue notificado al afectado.
Desconocedor de todas estas resoluciones administrativas, y a la vista de la inadmisión del recurso contencioso-administrativo que en su momento había entablado contra la denegación presunta de su solicitud de reincorporación al servicio activo, don Juan Antonio G.D. reiteró dicha solicitud el 30 de noviembre de 1992, denunciando nuevamente la mora el 3 de junio de 1993. En respuesta a estos nuevos escritos, la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Hacienda dictó Resolución de 26 de julio de 1993 en la que se ponía en conocimiento del interesado la existencia y el contenido sustancial de las Resoluciones de 11 y 17 de octubre de 1989 y 27 de marzo de 1990, al tiempo que se acordaba tramitar los escritos en cuestión como nueva solicitud de reingreso al servicio activo. Esta resolución administrativa le fue notificada al interesado el 30 de julio de 1993. El 24 de enero de 1994 interpuso el ahora demandante de amparo recurso en vía administrativa "contra lo actuado por la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas, y por la Dirección General de Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda", solicitando que "quede anulado y sin efecto el Acuerdo por el cual se le declara al reclamante en situación de excedencia voluntaria por interés particular, una vez comprobado que no ha existido notificación de la Resolución de su reingreso al servicio activo, ni de la declaración de la situación de excedencia voluntaria". Como quiera que dicho recurso no fuera resuelto expresamente, el interesado dirigió escrito el 18 de enero de 1995 al Subdirector General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Hacienda, requiriendo la expedición de certificación de acto presunto y comunicando a la Administración su intención de entablar recurso contencioso-administrativo.
Este recurso contencioso-administrativo se interpuso el 16 de febrero de 1995 contra la expresada Resolución de 26 de julio de 1993 y contra la desestimación presunta del recurso interpuesto el 24 de enero de 1994. Se formalizó el recurso el 16 de septiembre de 1995, mediante la formulación de la correspondiente demanda, en la que se solicitaba expresamente que se declarase "la nulidad de los actos recurridos y, en su lugar, los derechos de D. Juan Antonio G.D. a: a) reingresar en el Cuerpo de Gestión de Hacienda desde el 1 de enero de 1988 con el grado personal que, con arreglo a la Ley, le correspondiera, b) percibir el conjunto de derechos económicos y de otro tipo inherentes a la condición de funcionario en activo desde la fecha indicada, c) una tramitación preferente de su reingreso actual al Cuerpo de Gestión de Hacienda, y d) percibir una indemnización por los daños y perjuicios causados". El recurso concluyó por la Sentencia ya citada, ahora recurrida en amparo, de fecha 6 de marzo de 1997, cuya parte dispositiva dice textualmente lo siguiente: "Fallamos que, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto ... contra la resolución de la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Hacienda de 26 de julio de 1993, debemos confirmar y confirmamos tal Resolución por considerarla ajustada a Derecho".
Una vez que han quedado pormenorizadamente relatados los hechos de que trae causa este proceso constitucional, procede dar cuenta ahora de las tesis sostenidas por quienes han comparecido en el mismo acerca de la posible infracción por la resolución judicial impugnada del derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Ceñiremos nuestra exposición a aquellos planteamientos directamente relacionados con la pretensión principal ejercitada por el demandante de amparo ya que su estimación haría innecesario un pronunciamiento sobre la pretensión subsidiaria.
El Abogado del Estado coincide con el recurrente en su crítica a la inadmisión de la pretensión indemnizatoria, pero discrepa abiertamente de la relativa a la denegación de la petición principal, consistente en el reingreso al servicio activo desde el 1 de enero de 1988. Tras destacar la plena regularidad de la Resolución de 26 de julio de 1993, cuyo carácter estrictamente informativo no le ofrece dudas, señala que debe entenderse, como efectivamente ha hecho el órgano judicial, que dicho acto ganó firmeza en vía administrativa por haber sido extemporáneamente recurrido. A este respecto, sostiene que no puede aceptarse la tesis del recurrente, quien por lo demás no se habría preocupado durante casi seis años por conocer su auténtica situación funcionarial, pues ello equivaldría a concluir que la ausencia de indicación de recursos produce el efecto de mantener indefinidamente abiertos los plazos para interponerlos. Indica asimismo el Abogado del Estado que el ahora demandante de amparo no sólo recurrió tardíamente su situación de excedencia, sino que además lo hizo impugnando ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo una resolución diferente de aquélla que declaraba su pase a dicha situación funcionarial y posterior en el tiempo. Por ello concluye que, debiendo entenderse que la Resolución de 26 de julio de 1993 representa el único y exclusivo objeto del proceso contencioso-administrativo, la decisión judicial no puede merecer reproche constitucional alguno por haber desestimado el recurso atendiendo al contenido estrictamente informativo del acto impugnado.
Expuestas las posiciones defendidas por los diversos comparecientes en este proceso constitucional debemos indicar que, como de consuno sostienen el recurrente y el Ministerio Fiscal, el fondo de la cuestión debatida atañe al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en su vertiente de acceso a la jurisdicción. Y ello porque, si bien es cierto que la decisión judicial impugnada desestima las pretensiones ejercitadas por el demandante en el proceso contencioso-administrativo, no lo es menos que dicha desestimación se basa en la apreciación de la concurrencia de motivos de inadmisión, en los términos que en seguida veremos.
La decisión judicial impugnada rechaza la pretensión principal ejercitada por el entonces actor y ahora demandante en amparo porque entiende que la resolución administrativa notificada al interesado el 30 de julio de 1993 habría ganado firmeza en vía administrativa al no ser recurrida hasta el 24 de enero de 1994, cuando ya había transcurrido con exceso el plazo de un mes previsto en el art. 114.2 LPC. Por otra parte, se afirma que dicha resolución es realmente un escrito informativo, por lo que el recurso debiera haberse interpuesto, en el mismo plazo que se considera excedido, contra el acuerdo de 27 de marzo de 1990 en virtud del cual el demandante había pasado a la situación funcionarial de excedencia voluntaria.
En consecuencia, resulta razonable concluir que el art. 58.3 LPC era de aplicación al presente supuesto, de manera que la notificación defectuosa sólo comenzó a surtir efectos al interponerse el correspondiente recurso administrativo, que, por ello mismo, quedaba dentro del plazo legalmente señalado. De tal suerte que la apreciación del óbice procesal consistente en la extemporaneidad del recurso interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, vulneró el derecho del demandante a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
En segundo lugar, y en cuanto a la afirmación de que la Resolución de 27 de marzo de 1990 quedaba al margen del objeto del recurso contencioso-administrativo, debemos convenir con el demandante en que parte de un error patente. En efecto, en el ordinal segundo de los "Fundamentos de Derecho" del cuerpo del escrito de demanda presentada en el proceso contencioso-administrativo, la parte actora delimita el objeto del recurso en los siguientes términos:
Además, el ordinal cuarto se dedica específicamente a postular la nulidad radical de la declaración de excedencia voluntaria con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 1988, nulidad que ya había sido sostenida por el afectado en el recurso formalizado, con fecha 24 de enero de 1994, en la vía administrativa previa. Y, finalmente, en el suplico de la demanda se solicitaba la declaración de nulidad de "los actos recurridos" y el reconocimiento, entre otras pretensiones, del derecho de don Juan Antonio G.D. a reingresar en el Cuerpo de Gestión de Hacienda desde el 1 de enero de 1988, lo que, evidentemente, sólo era posible previa la anulación de la Resolución de 27 de marzo de 1990, solicitud que también figura en el recurso administrativo a que se ha hecho referencia.
Por último, y en lo que atañe a la pretensión indemnizatoria, su inadmisión se basó en el acogimiento de la excepción opuesta por la representación procesal de la Administración demandada, que adujo que dicho pedimento no había sido previamente planteado en vía administrativa. Como argumento ex abundantia en la decisión judicial se añade que, en todo caso, por razón de la aplicación conjunta de los arts. 142.2 LPC y 66 LOPJ, la competencia para conocer de dicha pretensión no correspondía al órgano judicial actuante sino a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Debe señalarse, en primer término, que el pronunciamiento desestimatorio de la Sentencia impugnada, antes transcrito, es de carácter global e indiferenciado, sin precisar la existencia de posibles distintos efectos según los respectivos pedimentos de la demanda. Mas, con independencia de ello, y atendiendo a la afirmación hecha en el fundamento jurídico primero, in fine, de la Sentencia, de que "[la] pretensión indemnizatoria queda imprejuzgada en este recurso", es lo cierto que tal respuesta judicial a dicha pretensión no es conforme con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, entendido como derecho de acceso a la jurisdicción, según se razona a continuación. En efecto, la Sentencia impugnada omite toda referencia a los arts. 8 y 42 LJCA, que se citan en la demanda de amparo, el segundo de los cuales faculta expresamente a la parte demandante para solicitar, en el seno del proceso contencioso-administrativo, la adopción de las medidas adecuadas para el restablecimiento de una situación jurídica individualizada, "entre ellas la indemnización de daños y perjuicios, cuando proceda". Ello supone la ausencia de justificación, en la expresada resolución judicial, acerca de la no aplicación de dichos preceptos y de la falta de vinculación de la pretensión indemnizatoria a la pretensión sobre la situación jurídica individualizada a que se refieren los demás pedimentos de la demanda contencioso-administrativa. Esta ausencia de justificación afecta negativamente, sin duda, al expresado derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
De conformidad con los razonamientos ahora expuestos, debemos otorgar el amparo solicitado, ordenando la retroacción del proceso al momento anterior al dictado de la resolución impugnada, para que el órgano judicial actuante se pronuncie respecto de las pretensiones ejercitadas por el demandante, respetando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. La estimación de la pretensión principal hace innecesario el análisis de aquella otra ejercitada con carácter subsidiario por el recurrente.
Otorgar el amparo solicitado por don Juan Antonio G.D. y, en su virtud:
Declarar la nulidad de la Sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de marzo de 1997 en el recurso núm. 352/95.
Retrotraer las actuaciones de dicho recurso al momento anterior al pronunciamiento de la Sentencia, a fin de que por el órgano judicial competente se adopte una nueva resolución conforme con el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante.
SAP Burgos 61/2005, 5 de Abril de 2005
STSJ Comunidad de Madrid 582/2006, 24 de Julio de 2006

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 Real Decreto 
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 Real Decreto 
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in fine
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