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Timestamp: 2019-07-18 15:15:38+00:00

Document:
Sentencia de la Sala de los Contencioso Administrativo, Sección 2ª de la Audiencia Nacional de 21 de Junio de 2012. | GTT
01 NOVIEMBRE. 2012
1º) Estimar en parte las reclamaciones formuladas por la interesada; 2º) Calificar el expediente como de rectificación, anulando la sanción impuesta; y 3º) Anular la liquidación de intereses de demora practicada, que deberá ser sustituida por otra de acuerdo con lo expuesto en el último Fundamentos de la presente Resolución". Como consecuencia de dicho acuerdo la sanción fue dada de baja el 25-07-2006.
8. Con fecha 11-12-1998 el interesado interpuso recurso contencioso-administrativo, frente a la referida resolución del TEAC, en el que suplicaba que se "...anule la resolución del TEAC de fecha 10 de septiembre de 1998, así como la liquidación de la que trae causa, y como reconocimiento de una situación jurídica individualizada, declare ajustada a Derecho la liquidación presentada por N SA en concepto de Impuesto sobre Sociedades, ejercicio de 1989...".
9. Con fecha 16-01-2002 esta Sala de la Audiencia Nacional dicta sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de NUTREXPA.SA contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 10 de septiembre de 1998 a la que las presentes actuaciones se contraen y, en consecuencia, anular la resolución impugnada dada su disconformidad a Derecho”.
"FALLAMOS: PRIMERO.-Estimar el recurso de casación, interpuesto por el Abogado del Estado, contra la sentencia, de fecha 17 de enero de 2002, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional , en el recurso de dicho orden jurisdiccional núm., sentencia que se casa y anula.
SEGUNDO.- Desestimar el recurso contencioso-administrativo nº 1653/98, interpuesto por la entidad mercantil N, S.A., y por el contrario confirmar la resolución del TEAC originariamente impugnada de fecha 10 de septiembre de 1998".
"1º) Desestimar el incidente de ejecución número 00-04956/95-IE-1, confirmando la liquidación número A0895008030000139 y 2º)
Estimar en parte el incidente de ejecución número 00-04956/95-IE-2, anulando la liquidación número A0895008056000179 la cual debe ser sustituida por otra ajustada a lo dicho en el fundamento de derecho tercero de la presente resolución".
Afirma que la prescripción de la deuda tributaria se produce por inactividad de la potestad recaudatoria durante más de cuatro años, alegando que en el periodo comprendido entre el10 de septiembre de 1998 -resolución parcialmente estimatoria de TEAC- y el 8 de abril de 2008 -ejecución del fallo del Tribunal Supremo- se ha consumado el período de prescripción, toda vez que "en ningún momento se solicitó la suspensión en vía contencioso administrativa, y que por consiguiente, la Administración debió ejecutar la deuda tributaria liquidada que se extendía, como mínimo, a la cuota tributaria que no resultó afectada por la estimación parcial del TEAC".
Sostiene que la suspensión otorgada en vía económica-administrativa se mantiene ante el TEAR y ante el TEAC "y se extingue una vez agotada esta vía, sin que pueda proyectarse a la vía contencioso-administrativa", pues "si bien el art. 233.8 de la LGT de 2003 establece que la suspensión otorgada en vía económico-administrativa podrá mantenerse en la vía jurisdiccional siempre que se haya solicitado la suspensión y ésta se haya acordado por el órgano judicial, -esta- situación no se produjo en nuestro supuesto, porque ni siquiera se solicitó".
Reitera que "esta parte no solicitó la suspensión de la deuda tributaria en vía contencioso administrativa ni ante la Audiencia Nacional ni ante el Tribunal Supremo. De hecho, no obra en el expediente administrativo documento alguno que acredite la solicitud de suspensión de esta parte en vía jurisdiccional. Por este motivo, al no pedir la suspensión, la deuda era exigible, motivo por el que la Administración podía y debía ejecutar la resolución del TEAC, exigiendo el pago de la liquidación que resultó de la misma", recordando "que en nuestro sistema legal la suspensión en vía jurisdiccional no es automática, debiendo de solicitar al órgano judicial la suspensión de la deuda, siendo preceptivo que la suspensión sea acordada por el órgano jurisdiccional".
Defiende que "aun cuando del tenor del aval -aportado en vía económico-administrativa pudiera desprenderse que se extendía en vía contenciosa, lo cierto es que la suspensión en vía jurisdiccional como toda medida cautelar, es rogada, debe solicitarse y sólo puede otorgarse por el Juez contencioso, excepcionando así y previa ponderación de los intereses en conflicto, la regla general de la ejecutividad de las liquidaciones tributarias".
Aunque una y otra modalidad están íntimamente entrelazadas entre sí, como manifestaciones de un mismo poder tributario que se singulariza a través de sucesivas actuaciones de concreción del quantum de la deuda y de su exigencia al obligado legal a su pago, no obstante ello difieren entre sí en algunos aspectos que son relevantes. De entrada, sólo será invocable el artículo 64.b) de la LGT frente a actos o decisiones que entrañasen exigibilidad o requerimiento de pago (o actuaciones materialmente ejecutivas) en relación con deudas tributarias previamente liquidadas, pero no cuando, como aquí sucede, lo que se impugna es un acto no de cobro, sino de liquidación o determinación de la deuda tributaria, lo que resulta irrefutable si se tiene en cuenta, además, que ha sido dictado en ejecución de un acuerdo del TEAR.......que estimó en parte la reclamación, anulando la sanción y desestimando la reclamación en cuanto a los demás aspectos.
"El instituto de la prescripción tributaria, como modo de extinción de las obligaciones de esta naturaleza, se ha basado en su concepción primaria en la prescripción del Derecho civil, sin embargo, existen diferencias importantes que conviene destacar, porque en ellas se halla la solución interpretativa de la cuestión concreta planteada en el presente proceso".
"El artículo 64 de la Ley General Tributaria en lo que nos interesa, contiene dos modalidades distintas de prescripción, que son las reguladas en el apartado letra a), que se refiere a la prescripción del "derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación ..." y en el apartado letra b), que se refiere a la prescripción "de la acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas", ambas son conceptual y operativamente distintas, si bien se hallan estrechamente relacionadas".
"La prescripción del derecho a liquidar es una peculiaridad propia de las obligaciones "ex lege", en las que el acreedor, en este caso la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, no conoce inicialmente la cuantía de la deuda tributaria, porque ésta no ha nacido de un acto o contrato previo entre ella y otra parte, como ocurre en la prescripción civil, sino que, realizado el hecho imponible (préstamos), la ley conecta al mismo, el nacimiento de la obligación tributaria que se deduce de las normas y términos de la Ley, razón por la cual la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO (acreedor tributario) tiene el derecho a comprobar la declaración autoliquidación y a determinar la cuantía de la deuda tributaria, o a investigar y hacer igual determinación, si el sujeto pasivo no ha presentado la correspondiente declaración autoliquidada, que es lo acontecido en el caso de autos".
"Determinada la deuda tributaria correspondiente, "ex oficio" y por aplicación de la ley, con carácter provisional o definitivo, ésta es, una vez notificada, ejecutiva y exigible en los términos y plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación, para su pago por el sujeto pasivo, en el llamado período voluntario o, en caso contrario, por el procedimiento de apremio".
"Interesa destacar que la liquidación es ejecutiva aunque, y esto es importante, no sea firme, como consecuencia de la interposición contra ella de recursos en vía administrativa o jurisdiccional".
"Si se ha interpuesto, como en el caso de autos, una reclamación económico administrativa, ante el TEAR de Madrid y un recurso de alzada ante el TEAC nos hallaremos ante dos supuestos prescriptivos distintos, uno que afecta al derecho a determinar la deuda tributaria controvertida, y otro que afecta a la acción para exigir el pago de la deuda ya liquidada. El " dies a quo" de iniciación de los respectivos períodos prescriptivos es distinto; en el primero, era el día del devengo, -la Ley 10/1985, de 26 de Abril, lo sustituyó por el día en que finalice el plazo para presentar la correspondiente declaración,- y en el segundo, desde la fecha en que finalice el plazo de pago voluntario. Ambas modalidades prescriptivas son, en principio independientes, pero lo cierto es que se hallan interrelacionadas, pues si prescribiera la acción para exigir el pago (acción recaudatoria), por no haberse iniciado la vía de apremio o por haberse paralizado ésta, es claro que se produciría también la extinción del derecho a determinar la deuda tributaria, por carencia de objeto, viceversa la prescripción del derecho a determinar la deuda tributaria dejaría también sin sentido a la acción recaudatoria, aunque no hubiera prescrito ésta".
"En el caso de autos, la determinación cuantitativa de la deuda tributaria o sea la liquidación practicada por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO -sujeto activo- fue impugnada en vía administrativa, mediante reclamación económico administrativa interpuesta ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia, de modo que la liquidación no era firme y por tanto el derecho del sujeto activo a determinar la deuda tributaria quedaba sometido a la resolución correspondiente en la vía económico administrativa, es decir, se hallaba en una situación de pendencia".
"La Ley General Tributaria dispuso claramente en su artículo 66, apartado 1, letra b), que el plazo de prescripción del derecho a determinar la deuda tributaria (apartado a ) del artículo 64) se interrumpe por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, de modo que el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación no prescribió "per se", porque no se produjo la inactividad de la ADMINISTRACION por plazo de diez años , ni en la vía de gestión , ni en la vía de reclamaciones económico-administrativas".
" Segunda.- El problema surge acerca de la interrelación entre la prescripción del derecho a liquidar (art. 64.a) LGT) y la prescripción de la acción de cobro (art. 64. B) LGT).
"Por de pronto es indiscutible que la pura y simple interposición de reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa contra la liquidación practicada no produce la suspensión del ingreso, si bien la Ley faculta a los contribuyentes para, con ocasión de dichas reclamaciones, solicitar y obtener la suspensión del ingreso".
"Si ésta no se obtiene, bien porque el contribuyente no la ha solicitado o bien porque se le ha denegado, la acción ejecutiva de cobro, surge inmediatamente, con todas sus consecuencias, que luego examinaremos.
"Si por el contrario, el contribuyente logra que le concedan la suspensión del ingreso, este hecho produce dos efectos: El primero es que no corre la prescripción de la acción para exigir el pago de la deuda tributaria, efecto derivado de un acto propio del sujeto contribuyente que la ha solicitado y obtenido de su acreedor tributario. El segundo es que esta suspensión no impide que corra la prescripción del derecho a liquidar, según doctrina reiterada y completamente consolidada de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo".
“Tercera.- El nudo gordiano de este recurso de casación es determinar si los actos interruptivos del derecho de la Administración a liquidar, como consecuencia de la interposición de reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa, por parte de los contribuyentes, contra los actos de liquidación de la deuda tributaria, así como las actuaciones de los propios Tribunales económico-administrativos extienden o no sus efectos interruptivos a la acción de cobro de la deuda. La Sala entiende que no, por lo que a continuación razona".
"El artículo 66, apartado 1, letra a) de la Ley General Tributaria, regula conjuntamente como un "totum revolutum", los actos interruptivos de la presencia de las tres modalidades o sea derecho a liquidar, acción de cobro y acción para imponer sanciones, pero ello no significa una total mezcolanza de los actos interruptivos y de las distintas modalidades de prescripción, pues los actos conducentes al reconocimiento regularización, inspección, comprobación y liquidación se refieren obviamente sólo al derecho a liquidar y a la acción de imponer sanciones (cuando se ejercía conjuntamente, y no después de la Ley 1/1998, de 26 de Febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, en que se establecieron procedimientos soportados), y no por razones de prioridad temporal a la acción de cobro. En cambio, los actos de aseguramiento (de difícil comprensión) y los de recaudación, se refieren sin duda alguna a la acción de cobro; pero subsiste la duda, que no disipa este apartado letra a) del artículo 66.1 de la Ley General Tributaria, de si estos actos de aseguramiento y de recaudación, por ser posteriores a la liquidación se remontan y alcanzan la prescripción del derecho a liquidar y a imponer sanciones tributarias, cuando se impugna la liquidación en vía económicoadministrativa, que es la cuestión clave de este recurso".
"En cuanto al supuesto de interrupción de la prescripción, regulado en la letra b), del apartado 1, del artículo 66 de la Ley General Tributaria, consistente en la "interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase", que es en el que se apoya la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, parte recurrida, en el sentido de que la reclamaciones económico- administrativas interpuestas por el contribuyente ante el TEAR de Madrid y luego ante el TEAC, más las actuaciones de estos Tribunales, interrumpieron la prescripción no sólo del derecho a liquidar, sino también de la acción de cobro. Sin embargo, esta tesis no tiene un soporte suficiente, porque puede mantenerse de contrario, con toda lógica, que según sea el objeto concreto de las reclamaciones o recursos así será el alcance interruptivo de la prescripción, de modo que una reclamación contra la providencia de apremio, contra una providencia de embargo o contra cualquier otro acto recaudatorio, interrumpe la acción de cobro, y nada más, y por el contrario si la reclamación impugna la liquidación, interrumpe la prescripción sólo del derecho a liquidar".
"El supuesto c), del apartado 1, del artículo 66 de la Ley General Tributaria también plantea problemas similares, sin embargo la Sala no entra a examinar porque es ajeno al presente caso de autos.
Cuarta.-Para resolver las cuestiones que hemos planteado, hay que profundizar en las diferencias más importantes existentes entre la prescripción civil y la prescripción tributaria".
"El artículo 1973 del Código Civil dispone que "la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor". Como se aprecia hay dos vertientes una, quizás la más importante es por la exigencia del crédito por parte del acreedor, que puede llevar a cabo judicial o extrajudicialmente, y la otra por reconocimiento del deudor".
"En el Derecho Tributario, la exigencia judicial o extrajudicial se sustituye por virtud de la autotutela de la Administración manifestada por las distintas facultades de ésta que, en esencia, son tres, la de autotutela declarativa, consistente en la de determinar la deuda tributaria mediante sus facultades comprobadoras e investigadoras y de liquidación; la de autotutela sancionadora, que es la acción para imponer sanciones tributarias, y la autotutela ejecutiva para cobrar las obligaciones tributarias por vía de apremio administrativo. Las tres, por su propia naturaleza son secuenciales, de modo que la primera que es la que nos interesa es prioritaria respecto de la segunda, y de la tercera pues la acción para cobrar nace cuando existe una liquidación administrativa o una obligación declarada por el sujeto pasivo no ingresada, pero lo que importa destacar es que la ADMINISTRACION TRIBUTARIA no solo ostenta dichas facultades, sino que, además, y esto es muy importante, está obligada a ejercerlas, de manera que practicada la liquidación y notificada, se inicia el período de ingreso en voluntario, y transcurrido éste sin que el contribuyente haya realizado el ingreso, la ADMINISTRACIÓN está obligada a iniciar, sino se ha solicitado y concedido el aplazamiento o fraccionamiento a exigir su cumplimiento por vía ejecutiva, y si así no lo hiciere prescribirá la acción de cobro".
"La cuestión se complica, cuando la liquidación es impugnada en vía económico administrativa, porque el contribuyente no está conforme con ella, en ese caso la Ley deja perfectamente claro que si el contribuyente no obtiene la suspensión, la obligación tributaria aunque esté controvertida debe ser cumplida por vía ejecutiva y además precisa que en el procedimiento ejecutivo que se inicie no pueden traerse o plantearse los motivos de discrepancia sobre la liquidación, como así lo precisa y aclara el artículo 137 de la Ley General Tributaria, que regula la motivos de impugnación de la providencia de apremio, entre los cuales no se encuentran los de fondo relativos a la liquidación, con lo cual se separan adecuadamente el procedimiento declarativo respecto del procedimiento ejecutivo, de modo que si por incuria de la Administración esta permanece inactiva en el procedimiento ejecutivo, se puede producir la prescripción de la acción de cobro, aunque permanezca vivo el derecho a determinar la deuda tributaria, como consecuencia de los procedimientos revisorios en curso (recurso de reposición, reclamación económico- administrativa y recursos jurisdiccionales), lo cual no elimina la subordinación funcional del procedimiento ejecutivo, respecto de los anteriores, porque si la liquidación es anulada o reducida, el procedimiento ejecutivo, no prescrito, se verá lógicamente afectado y deberá respetar el resultado de los procedimientos revisores".
" Quinta .- La tesis que sostiene la Sala es que existe una indiscutible interdependencia de los procedimientos declarativos, revisorios y ejecutivos, en especial cuando están vivos, pero ello no significa que las causas de interrupción en los primeros produzca indefectiblemente la interrupción de la prescripción en el procedimiento ejecutivo, proposición lógica que se aprecia con toda claridad en el Impuesto sobre Sucesiones en el cual el plazo de prescripción del derecho de la Administración para liquidar la deuda tributaria era en el caso de autos de diez años, ( art. 64.a) LGT ), en tanto que el plazo de prescripción de la acción de cobro de este Impuesto era de cinco años ( art. 64.b) LGT ), lo cual pone de relieve con la diferencia de plazos que es posible que el derecho a liquidar no hubiera prescrito, por hallarse dentro de plazo de diez años, en tanto que sí hubiera prescrito la acción de cobro".
" Sexta .- La tesis anterior no empece para reconocer el "prius lógico" del derecho a liquidar, respecto de la acción de cobro, pues aunque ésta se halle plenamente viva, si se produce la prescripción de la primera, es decir del derecho a determinar la deuda tributaria, la acción de cobro se extingue por falta de objeto.
Este "prius lógico y funcional" ha sido puesto de relieve por elartículo 31, apartado 2, de la Ley 1/1998, de 26 de Febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes , que dispone que la "Administración tributaria no podrá proceder a la enajenación de los bienes y derechos embargados en el curso del procedimiento de apremio hasta que el acto de liquidación de la deuda tributaria ejercitada sea firme, salvo en los supuestos de fuerza mayor, bienes perecederos ...", lo cual implica la suspensión "ex lege" de la fase final del procedimiento ejecutivo, suspensión que significará el que no corra el plazo de prescripción respecto de los embargos concretos, por expreso ministerio de la ley".
"Pese a este indiscutible "prius lógico y funcional" del derecho a liquidar respecto de la acción de cobro, la Sala reitera que los actos interruptivos del primero no se extienden a la acción de cobro, de manera que si en el caso de autos, la ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA por las razones que fueran, entre las cuales no hay que descartar la incuria, pues la obligada providencia de apremio, de la liquidación no fue notificada hasta el día 12 de Junio de 1992, es claro que prescribió la acción de cobro, aunque estuviera vivo el derecho a determinar la deuda tributaria, en sede de los procedimientos revisores, en curso".
"En el presente recurso de apelación, (la recurrente) ha planteado de nuevo la prescripción del derecho a liquidar el Arbitrio de Radicación, no sólo por haber transcurrido mas de cinco años desde la interposición de la reclamación económico- administrativa, hasta su resolución, sino también y por igual motivo, en el recurso contencioso-administrativo, manteniendo la tesis de que la interrupción, sólo se produce por la interposición de las reclamaciones y recursos, pero no por las actuaciones procedimentales y procesales posteriores, según su particular interpretación del artículo 66. 1.b) de la Ley General Tributaria”.
"La Sala no comparte en absoluto tal tesis interpretativa. El artículo 66 de la Ley General Tributaria dispone que los plazos de prescripción se interrumpen, entre otros supuestos que menciona, "b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase", de modo que el simple hecho de presentar una reclamación o recurso interrumpe la prescripción de los derechos y acciones referidos en el artículo 64 de la Ley General Tributaria, en la medida que los sujetos pasivos se dirigen a la Administración Tributaria, sujeto activo o acreedor, formulándole determinadas pretensiones relativas a la liquidación de la obligación tributaria, o a su pago, o a la acción para imponer sanciones o al derecho a la devolución de ingresos indebidos, pero ello no quiere decir, en absoluto, que las demás actuaciones procedimentales o procesales que lleven a cabo los recurrentes en las respectivas reclamaciones o recursos, no puedan interrumpir la prescripción, antes al contrario hay algunas que tienen mucha más relevancia que la simple presentación del escrito de interposición, como ocurre con el escrito de alegaciones en las reclamaciones económico administrativas o con el escrito de demanda en los recursos contencioso-administrativos, porque en ellos se formulan o presentan ante los respectivos Tribunales, las pretensiones y sus fundamentos de derecho, de modo que sin menospreciar otras actuaciones procedimentales posteriores, es lo cierto que las indicadas son las más significativas en relación a la prescripción, es más el apartado b) del artículo 66 de la Ley General Tributaria , aclara y precisa que la simple interposición de las reclamaciones o recursos, ya interrumpe la prescripción, pues si no existiera este precepto podría sostenerse que hasta que no se presente el escrito de alegaciones y el escrito de demanda, no se conoce lo que pretende el sujeto pasivo respecto de su deuda tributaria, y por ello la interrupción de la prescripción se produciría en dicho momento".
De las anteriores reflexiones, aplicables al supuesto ahora enjuiciado, se colige sin dificultad en relación a la cuestión planteada, existencia o no de prescripción de la acción de cobro, que esta Sala ha reconocido, en distintas ocasiones, siguiendo la línea trazada por el Tribunal Supremo, la separación entre la prescripción del derecho a liquidar y la del derecho a exigir el cobro, de tal forma que "los actos interruptivos del primero no se extienden a la acción de cobro" lo que supone que puede producirse la prescripción de la acción de cobro, "aunque estuviera vivo el derecho a determinar la deuda tributaria, en sede de los procedimientos revisores, en curso" (Sentencia de 18 de junio de 2004, FD Tercero y Sentencia de 19 de junio de 2008)
Sin embargo, para que se produzcan dichos efectos, es condición previa y necesaria que la deuda tributaria no se halle suspendida. Así, con relación a la incidencia a la suspensión de la ejecutividad del acto en el cómputo de la prescripción el Alto Tribunal ha señalado que "la suspensión de la ejecutividad, esto es, del ingreso o cumplimiento de la obligación tributaria, impide que pueda correr la prescripción, pero ello afecta únicamente a la acción de cobro" (Sentencia de 19 de junio de 2008; Sentencia de 23 de mayo de 1997), Y en este mismo sentido, la citada Sentencia de 18 de junio de 2004 al declarar la separación entre la prescripción del derecho a liquidar y la prescripción el derecho a exigir el cobro, establece expresamente que "la cuestión se complica, cuando la liquidación es impugnada en vía económico-administrativa, porque el contribuyente no está conforme con ella, en ese caso la Ley deja perfectamente claro que si el contribuyente no obtiene la suspensión , la obligación tributaria aunque esté controvertida debe ser cumplida por vía ejecutiva y además precisa que en el procedimiento ejecutivo que se inicie no pueden traerse o plantearse los motivos de discrepancia sobre la liquidación" (Sentencia de 18 de junio de 2004, FD Tercero).
No hay dudas, por tanto, de que la doctrina anteriormente referida, relativa a la separación entre la prescripción del derecho a liquidar y del derecho a exigir el cobro, resulta aplicable cuando, como ocurre en el supuesto que ahora se enjuicia, no se ha solicitado la suspensión, porque es la petición de suspensión del deudor tributario el "obstáculo" que impide que "corra" el plazo de prescripción de la acción de cobro de la deuda tributaria, obstáculo que en el supuesto enjuiciado resulta inexistente toda vez que, se reitera, no fue solicitada la suspensión de la deuda tributaria en vía judicial, por lo que la Administración se encontraba "libre" para proceder a su ejecución.
Del contenido del aval se desprende que la vigencia del mismo se extendía a la vía jurisdiccional razón por la cual deben desestimarse las pretensiones actoras relativas a que la Administración debió proceder a iniciar las acciones recaudatorias oportunas una vez que tuvo conocimiento de la resolución del TEAC de 10-09-1998 y que, al no hacerlo, se ha producido la prescripción de la acción recaudatoria que, a su vez, determina la prescripción de la acción liquidatoria. No concurriendo por tanto la pretendida prescripción del derecho a liquidar la "cuota" habrá que desestimar por tal causa las alegaciones basadas en prescripción del derecho a liquidar los intereses girados sobre dicha cuota.
“...Parece claro que, ante la aportación del referido aval, la Administración Tributaria debe abstenerse de ejecutar, y tal abstención debe extenderse también a la vía judicial, cuando se tiene noticia de que el recurso ante la Audiencia Nacional fue interpuesto.
La argumentación de la Administración no puede ser acogida por la Sala, pues de esta forma olvida que en nuestro sistema legal la suspensión en vía jurisdiccional no es automática, sino rogada, debiendo solicitarse al órgano judicial correspondiente la suspensión de la deuda. En efecto, basta la simple lectura del artículo 129 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para comprobar que la suspensión de la ejecución de las resoluciones impugnadas no es automática, sino que habrá de ser solicitada en el escrito de interposición del recurso o bien en el escrito de demanda, actuación que la entidad hoy recurrente no realizó como así se desprende de la certificación expedida por la Secretaria de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en la que hace constar "que en el recurso contencioso administrativo que se ha tramitado en esta Sección Segunda de la Audiencia Nacional, no se solicitó la suspensión de la ejecutividad de la resolución impugnada ni se aportó garantía alguna" , y de la certificación asimismo expedida por la Secretaria de la Sección Segunda, Sala Tercera, del Tribunal Supremo, en la que hace constar "que en las actuaciones que se siguen ante esta Sala y Sección en el Rollo de Casación nº 08/3899/02 , no consta actuación procesal alguna en relación con la suspensión del acto recurrido correspondiente a la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 10 de septiembre de 1998" , certificaciones ambas obrantes en el ramo de prueba de la parte actora.
El sistema cautelar, por ende, representa un instrumento adecuado para la prestación de la tutela jurisdiccional, haciendo posible que la prerrogativa de la ejecutividad de los actos administrativos ceda ante las exigencias constitucionales cuando concurren determinadas circunstancias, evitando una merma en la efectividad de la tutela judicial mediante la adopción por parte de los jueces de las medidas imprescindibles para asegurar, en su caso, la eficacia del pronunciamiento futuro que pueda recaer, se trata de evitar que el futuro fallo favorable devenga inútil por la producción previa de situaciones irreversibles y contrarias al derecho...”.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 64
 artículo 64
 resolución 
 artículo 66
 artículo 64
 artículo 66
 artículo 66
 artículo 66
e contrario
 artículo 66
 artículo 1973
 artículo 137
 artículo 66
 artículo 66
 artículo 64
 artículo 66
 resolución 
 artículo 129
 resolución 
 Resolución