Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-rd877-2011.html
Timestamp: 2020-08-04 03:44:04+00:00

Document:
Real Decreto 877/2011, de 24 de junio, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las actividades correspondientes de la Administración marítima
Vigencia desde 26 de Junio de 2011. Revisión vigente desde 26 de Junio de 2011 hasta 30 de Diciembre de 2015
CAPÍTULO II. Reconocimiento por la Comisión Europea de las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques
Artículo 3 Del reconocimiento
Artículo 4 Reconocimientos limitados
Artículo 5 Solicitud a la Comisión Europea de la revocación del reconocimiento
CAPÍTULO III. Organizaciones autorizadas para efectuar reconocimientos de buques en nombre de la Administración marítima
Artículo 6 Organizaciones autorizadas
Artículo 7 Obligaciones de las organizaciones autorizadas
Artículo 8 Responsabilidad de las organizaciones autorizadas
Artículo 10 Limitación del número de organizaciones autorizadas
Artículo 11 Revocación de la autorización
Artículo 12 Supervisión, inspección y evaluación de las organizaciones autorizadas
Artículo 13 Registro de las organizaciones
Artículo 14 De las infracciones y sanciones
Disposición adicional primera Regulación de la construcción, mantenimiento y control de buques abanderados en España
Disposición adicional segunda Remuneración de servicios prestados por organizaciones autorizadas
Disposición adicional tercera Igualdad de trato en las inspecciones que realice la Dirección General de la Marina Mercante
Disposición adicional cuarta Transferencias de clase
Disposición adicional quinta Funciones de inspección y control
Disposición transitoria única Plazo de adecuación a la normativa
Disposición final cuarta Competencias de ejecución
ANEXO . Elementos que ha de incluir la resolución autorizatoria
RD 706/2015 de 24 Jul. (modifica RD 877/2011 de 24 Jun. reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques)
Letra e) del artículo 2 redactada por el artículo único del R.D. 706/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el R.D. 877/2011, de 24 de junio, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las actividades correspondientes de la Administración marítima («B.O.E.» 11 agosto).
La entrada en vigor de la Directiva 2009/15/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre reglas y normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimas, y del Reglamento (CE) n.º 391/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre reglas y normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques, han producido cambios en la regulación de las organizaciones de inspección, lo que hace necesario la incorporación al derecho interno español de tales modificaciones.
La Directiva 2009/15/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, enmienda y refunde el contenido de la Directiva 2001/105/CE que modificaba profundamente la Directiva inicial, 94/57/CE del Consejo, de 22 de noviembre de 1994, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y peritaje de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimas.
La incorporación al derecho interno de la Directiva 2001/105/CE está recogida en el Real Decreto 90/2003, de 24 de enero, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las actividades correspondientes de la Administración marítima, por lo que se hace preciso sustituir esta norma al objeto de trasponer la nueva Directiva 2009/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009.
El régimen jurídico de estas organizaciones ha quedado regulado en dos normas comunitarias, un reglamento, de aplicación directa y una directiva que se transpone en este real decreto.
También se ha considerado preciso aumentar en tres nuevos supuestos los casos en que una organización reconocida pueda actuar en nombre de la Administración marítima española, regulados en el artículo 39.1 del Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de inspección y certificación de buques civiles, lo que redunda en una disminución de los tiempos de espera para la obtención de los certificados obligatorios por parte de los agentes intervinientes en la industria marítima.
Por otro lado los cambios orgánicos habidos en la estructura del Ministerio de Fomento hacen preciso actualizar los órganos de la Administración marítima competentes para intervenir en el procedimiento de otorgamiento de la autorización o de revocación previstos en el Real Decreto 90/2003, de 24 de enero.
El artículo 86.5 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de puertos del Estado y de la marina mercante, encomienda al Ministerio de Fomento la competencia sobre ordenación y ejecución de las inspecciones y controles técnicos, radioeléctricos, de seguridad y de prevención de la contaminación de todos los buques civiles españoles, de los que se hallen en construcción en España y de los extranjeros en los casos autorizados por los acuerdos internacionales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, con la aprobación previa del Ministro de Política Territorial y Administración Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de junio de 2011,
a) Establecer las condiciones y requisitos que deben cumplir las organizaciones y sociedades de clasificación de buques para ser reconocidas por la Comisión Europea y ser autorizadas por la administración marítima para efectuar en su nombre las funciones de inspección, reconocimiento y certificación de los buques de su propio pabellón, en cumplimiento de los convenios internacionales y de las normas de carácter nacional sobre seguridad en el mar y prevención de las contaminación marítima.
b) Regular el procedimiento y los supuestos para otorgar la autorización a dichas organizaciones y, en su caso, proceder a su revocación.
c) Determinar las obligaciones, responsabilidades y limitaciones asumidas por las organizaciones autorizadas.
2. En el ámbito de aplicación de este real decreto quedan incluidos el desarrollo y la aplicación de los requisitos de seguridad para el casco, la maquinaria y las instalaciones eléctricas y de control de los buques comprendidos en los convenios internacionales y en las normas de carácter nacional.
a) Buque: todo buque comprendido en el ámbito de aplicación de los convenios internacionales citados en la letra e) de este artículo.
b) Buque que enarbola pabellón de un Estado miembro: un buque registrado en un Estado miembro y que enarbole pabellón del mismo de conformidad con su legislación. Los buques que no correspondan a esta definición se asimilarán a buques que enarbolan pabellón de un país tercero.
c) Buque que enarbola el pabellón español: todo buque civil abanderado en España.
d) Inspecciones y reconocimientos: las inspecciones y reconocimientos obligatorios en virtud de los convenios internacionales.
e) Convenios internacionales y normas nacionales:
1.º Convenios internacionales: el Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar de 1 de noviembre de 1974 (SOLAS 74), con excepción del capítulo XI-2 de su anexo, el Convenio Internacional sobre líneas de carga de 5 de abril de 1966 y el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques de 2 de noviembre de 1973 (MARPOL), junto con sus protocolos y modificaciones, así como los correspondientes códigos de carácter obligatorio en España, en su versión actualizada.
2.º Normas de carácter nacional: normas de similar contenido a las indicadas en el apartado anterior, aplicables a los buques y embarcaciones no cubiertos por los convenios internacionales.
f) Organización: una entidad jurídica, sus filiales y cualesquiera otras entidades bajo su control que lleven a cabo, de manera conjunta o separada, actividades de evaluación de la seguridad de los buques y de sus elementos.
g) Organización reconocida: organización reconocida de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 391/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de abril de 2009, sobre reglas y normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimientos de buques.
h) Organización autorizada: una organización reconocida a la que el Ministerio de Fomento haya habilitado para realizar las inspecciones y reconocimientos previstos en este real decreto.
i) Autorización: el acto administrativo por el cual el Ministerio de Fomento permite a una organización reconocida la realización efectiva de las inspecciones y reconocimientos a los que se refiere este real decreto.
j) Certificado obligatorio: un certificado expedido por o en nombre de un Estado de pabellón de conformidad con los Convenios internacionales y con la normativa española en los casos en que sea de aplicación.
k) Certificado de clasificación: documento expedido por una organización reconocida en el que se certifica la capacidad de un buque para un uso o servicio particular de conformidad con las reglas y procedimientos establecidos y hechos públicos por dicha organización reconocida.
l) Certificado de seguridad radiotelefónica para buque de carga: el certificado introducido por el Protocolo de 1988 que modifica el Convenio SOLAS, adoptado por la Organización Marítima Internacional.
m) Control: a efectos de la letra f), derechos, contratos o cualquier otro medio, de hecho o de derecho, que, por separado o en combinación, confieran la potestad de ejercer una influencia decisiva sobre una entidad jurídica o permitan a dicha entidad llevar a cabo las actividades reguladas por este real decreto.
n) Reglas y procedimientos: los requisitos establecidos por una organización reconocida para el diseño, la construcción, el equipamiento, el mantenimiento y el control de buques.
Reconocimiento por la Comisión Europea de las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques
1. La Administración marítima española sólo puede otorgar autorización a organizaciones previamente reconocidas por la Comisión Europea.
2. La concesión de autorización a cualquier organización no reconocida requiere del reconocimiento previo de la Comisión Europea, de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 391/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009.
La solicitud de reconocimiento a la Comisión Europea será efectuada por la Secretaría General de Transportes a propuesta de la Dirección General de la Marina Mercante.
3. La organización interesada en dicho reconocimiento deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Acreditación del cumplimiento de los criterios que se relacionan en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 391/20098, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009.
b) Manifestar su compromiso de cumplir lo dispuesto en el artículo 8, apartado 4 y en los artículos 9, 10 y 11 del Reglamento (CE) n.º 391/2009, en el caso de no obtener reconocimiento.
4. La Administración marítima española no podrá negar a una organización reconocida por la Comisión Europea la autorización para el ejercicio de sus funciones de inspección, reconocimientos y expedición de certificados de los buques, sin perjuicio de lo previsto en este real decreto.
La Administración marítima española podrá presentar a la Comisión Europea solicitudes especiales de reconocimiento limitado a ciertos tipos de buques, a buques de ciertas dimensiones o ciertos usos, o a una combinación de estos aspectos, con arreglo a la capacidad y experiencia acreditada por la organización en cuestión.
La organización interesada en dicho reconocimiento limitado deberá presentar solicitud motivada y, en el supuesto de no estar reconocida, aportar la documentación que acredite el cumplimiento de los criterios que se relacionan en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 391/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, y manifestar su compromiso de atenerse, en caso de obtener el reconocimiento limitado, a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 4, y en los artículos 9, 10 y 11 del citado reglamento europeo.
1. La Secretaría General de Transportes, a propuesta de la Dirección General de la Marina Mercante, solicitará a la Comisión Europea la revocación del reconocimiento, en el caso de que se produzca alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando la organización haya dejado de cumplir los criterios establecidos en el anexo I del reglamento (CE) n.º 391/2009.
b) Cuando la organización no obtenga los resultados en materia de seguridad y prevención de la contaminación marina a los que se hace referencia en este artículo.
2. En la instrucción del procedimiento en que se dará audiencia a la organización afectada, se tendrán en cuenta las evaluaciones a las que se refiere el artículo 12, así como los datos sobre los resultados de la organización en materia de seguridad y prevención de la contaminación obtenidos de todos los buques de su registro, independientemente del pabellón que enarbolen.
Los resultados de referencia se obtendrán de los datos procedentes de las inspecciones sobre el control por el Estado rector del puerto (MOU) o por procedimientos similares, así como del análisis de los accidentes que hayan sufrido los buques clasificados por las organizaciones reconocidas.
3. Para evaluar dichos resultados se tomarán en consideración los informes elaborados por la Administración marítima española de acuerdo con la disposición adicional tercera de este real decreto.
1. Las organizaciones reconocidas en un Estado miembro de la Unión Europea, o de otro Estado que aplique criterios de reciprocidad en cuanto al reconocimiento y en cuanto al trato a las organizaciones reconocidas en ésta y que tengan un centro de carácter permanente en España podrán ser autorizadas, en los términos previstos en este capítulo, para realizar en nombre de la Dirección General de la Marina Mercante los reconocimientos de buques previstos en los convenios internacionales, el refrendo de las revisiones anuales o intermedias y la emisión de nuevos certificados obligatorios a los que se refiere el artículo 2.j) de este real decreto, en los supuestos que a continuación se indican:
a) Cuando un buque español con destino a un puerto español se encuentre en puerto extranjero y necesite prorrogar el plazo de validez de cualquier certificado obligatorio por aproximarse la fecha de su caducidad.
d) Cuando un buque español se construya o realice obras de transformación, reforma o gran reparación en el extranjero.
e) Cuando un buque español recale en puerto español en vísperas de festivo o en días feriados y necesite prorrogar el plazo de validez de cualquier certificado obligatorio por aproximarse la fecha de su caducidad.
f) Cuando un buque se encuentre en el extranjero y solicite el abanderamiento en España.
2. Una vez efectuado el reconocimiento, la organización autorizada facilitará por escrito su informe al capitán, al naviero o a la empresa naviera y solicitará de la Dirección General de la Marina Mercante, adjuntando a la solicitud el referido informe, la realización de alguna de las siguientes actuaciones:
3. Cuando la organización autorizada realice en nombre de la Dirección General de la Marina Mercante el refrendo o emisión de nuevos certificados obligatorios o cuando, el refrendo o emisión de los nuevos certificados obligatorios lo realice la Dirección General de la Marina Mercante, tales actuaciones se llevarán a cabo en el plazo de quince días, notificándolo al interesado.
4. Lo establecido en los apartados anteriores de este artículo no será aplicable a la certificación de componentes específicos de equipos marinos, que estará sujeta a sus normas específicas. Tampoco podrán emitirse por las entidades autorizadas certificados de exención, correspondiendo esta función a la Administración marítima española.
1. La resolución de autorización incluirá las disposiciones que integran la relación de trabajo entre la administración marítima y las organizaciones que actúen en su nombre.
2. Las organizaciones autorizadas deberán cumplir las obligaciones que se indican a continuación:
b) Someterse al menos cada dos años, en los términos previstos en el artículo 12 de este real decreto, a la supervisión e inspección de la Dirección General de la Marina Mercante. Asimismo deberán someterse a la realización de auditorías periódicas de las funciones realizadas en nombre de la Administración marítima.
d) Comunicar a la Dirección General de la Marina Mercante los criterios esenciales utilizados por la organización para clasificar, desclasificar y cambiar de clase los buques, así como las suspensiones, transferencias y retiradas de clase que puedan sufrir los mismos.
e) Comunicar a la Dirección General de la Marina Mercante los estándares técnicos de la organización, su aplicación y cualquier modificación de los mismos.
f) Tener suscrita una póliza de seguro u otra garantía financiera, con el fin de garantizar la responsabilidad civil derivada de las actuaciones realizadas por la organización en las actividades objeto de la autorización, en los términos previstos en el artículo 8 de este real decreto.
h) Realizar consultas periódicas con otras organizaciones autorizadas, a fin de mantener la equivalencia de sus estándares técnicos y la uniformidad en su aplicación, conforme a lo dispuesto en la Resolución A 847 (20) de la OMI.
i) Comunicar a la Dirección General de la Marina Mercante todas las variaciones que afecten a los requisitos y contenidos de la autorización, en un plazo de diez días desde que se produzcan.
1. Cuando un tribunal declare, por sentencia firme, o cuando se determine como solución de un litigio en el marco de un procedimiento arbitral, que la Administración marítima es responsable de un accidente y que debe indemnizar a los perjudicados por los daños materiales, daños físicos o fallecimiento y resulte probado que tales daños están causados por una acción u omisión dolosa o por negligencia grave imputable a la organización autorizada, sus servicios, su personal, sus agentes u otras personas que actúen en nombre de la misma, la Administración tendrá derecho a recibir una indemnización de la organización autorizada, en la medida en que dichos daños materiales, daños físicos o fallecimiento hayan sido causados, a criterio del tribunal o del órgano arbitral, por la citada organización.
2. Cuando un tribunal declare, por sentencia firme, o cuando se determine como solución de un litigio en el marco de un procedimiento de arbitraje, que la Administración marítima es responsable de un accidente y que debe indemnizar a los perjudicados por daños físicos o fallecimiento y resulte probado que tales daños están causados por una acción u omisión negligente o temeraria imputable a la organización autorizada, su personal, sus agentes u otras personas que actúen en nombre de la misma, la Administración tendrá derecho a recibir una indemnización de la citada organización autorizada, en la medida en que dichos daños físicos o fallecimiento hayan sido causados, a criterio del tribunal o del órgano arbitral, por la citada organización.
3. Cuando un tribunal declare, por sentencia firme, o cuando se determine como solución de un litigio en el marco de un procedimiento de arbitraje, que la Administración marítima es responsable de un accidente y que debe indemnizar a los perjudicados por daños materiales y resulte probado que tales daños están causados por una acción u omisión negligente o temeraria imputables a la organización autorizada, su personal, sus agentes u otras personas que actúen en nombre de la misma, la Administración tendrá derecho a recibir una indemnización de la citada organización autorizada, en la medida en que los daños materiales hayan sido causados, a juicio del tribunal, por la citada organización.
1. El procedimiento para obtener la autorización se iniciará a solicitud de la organización reconocida, dirigida la Secretaría General de Transportes y será tramitado por la Dirección General de la Marina Mercante, que realizará las actuaciones necesarias para comprobar, con arreglo a criterios objetivos, que la organización reúne los requisitos exigidos por este real decreto.
2. La competencia para otorgar o denegar la autorización corresponde al Secretario General de Transportes, a propuesta de la Dirección General de la Marina Mercante, mediante resolución motivada, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
3. La resolución en la que se otorga la autorización deberá incluir las disposiciones contenidas en el apéndice II de la Resolución de la Organización Marítima Internacional (OMI) A. 739 (18), de 4 de noviembre de 1993, sobre directrices para la autorización de organizaciones que actúen en nombre de la Administración, que se recogen en el anexo a este real decreto, así como inspirarse en el anexo, los apéndices y los documentos adjuntos a la Circular OMI MSC 710 y la Circular MEPC 307 sobre el modelo de régimen para la autorización de las organizaciones reconocidas que actúen en nombre de la Administración.
4. El plazo máximo para resolver el procedimiento de otorgamiento de la autorización será de tres meses.
Cuando no haya recaído resolución expresa dentro de este plazo, se entenderá que la solicitud ha sido estimada.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, en virtud de lo establecido en el artículo 114 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Secretario de Estado de Transportes.
5. La Dirección General de la Marina Mercante ordenará, periódicamente, la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la lista de organizaciones autorizadas.
Cuando el Secretario General de Transportes considere que una organización autorizada no debe seguir ejerciendo en nombre de la Administración marítima las actividades descritas en el artículo 6, por incumplir las obligaciones establecidas en este real decreto o por realizar los reconocimientos de buques de forma manifiestamente incompleta, inexacta, incorrecta o deficiente, previa audiencia al interesado, suspenderá cautelarmente, a propuesta de la Dirección General de la Marina Mercante, la autorización otorgada, comunicando su decisión a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros.
La Dirección General de la Marina Mercante iniciará de oficio el procedimiento de revocación de la autorización, en el que se dará audiencia al interesado. En caso contrario, se levantará la suspensión cautelar.
Corresponde al Secretario General de Transportes resolver motivadamente el procedimiento de revocación de la autorización.
El plazo máximo para resolver el procedimiento de revocación de la autorización será de seis meses. Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, y en virtud de lo establecido en el artículo 114 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Secretario de Estado de Transportes.
Cuando no haya recaído resolución expresa dentro del plazo señalado, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones.
1. La Dirección General de la Marina Mercante deberá supervisar e inspeccionar, al menos cada dos años, a todas las organizaciones autorizadas, informando de los resultados de la evaluación a la Comisión y a los demás Estados miembros antes del 31 de marzo del año siguiente a los dos años evaluados.
2. Así mismo, la Dirección General de la Marina Mercante auditará el cumplimiento de las funciones encomendadas a las organizaciones autorizadas.
La Dirección General de la Marina Mercante llevará un registro en el que consten las organizaciones reconocidas y autorizadas, así como todos los datos actualizados relevantes relativos a las mismas.
Las infracciones y sanciones a que haya lugar en relación con las actividades contempladas en este real decreto se regirán, en todo momento, por lo dispuesto en el capítulo III, del título IV de la Ley 27/1992, 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, por lo establecido en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como por lo recogido en los correspondientes reglamentos sobre procedimiento sancionador, desarrollados tanto en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, como en el anexo II del Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
La construcción, el equipamiento y el mantenimiento del casco, máquinas, instalaciones eléctricas y de control de los buques abanderados en España se realizarán de acuerdo con las reglas y procedimientos fijados por una organización reconocida, que disponga de normas completas y actualizadas para el diseño, construcción, el equipamiento, el mantenimiento y control periódico de buques.
El Ministerio de Fomento cooperará con las organizaciones reconocidas en el desarrollo de las reglas y procedimientos de las organizaciones reconocidas que autorice. Asimismo, celebrará consultas con estas organizaciones de manera que se logre una interpretación concordante de los convenios internacionales.
Excepcionalmente, por orden del Ministro de Fomento, podrá autorizarse la aplicación de normas y parámetros equivalentes a los previstos en el párrafo primero de este precepto, siempre que los mismos no hayan sido rechazados o considerados no equivalentes por otro Estado miembro de la Unión Europea o por la Comisión Europea. La autorización otorgada, deberá comunicarse a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros
Los servicios prestados por las organizaciones autorizadas serán remunerados exclusivamente por los astilleros, los navieros o las empresas navieras destinatarios de los mismos.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento por el que se regulan las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles, cuando la Dirección General de la Marina Mercante realice inspecciones, en calidad de autoridad de Estado portuario, informará a la Comisión y a los demás Estados miembros. Así mismo informará al Estado del pabellón de que se trate de la expedición de certificados válidos por organizaciones que actúen en nombre de dicho Estado a buques que no cumplan los requisitos pertinentes en los Convenios internacionales, o bien de cualquier incumplimiento por parte de un buque provisto de un certificado de clasificación válido y que afecte a elementos cubiertos por dicho certificado. Todo ello siempre que los incumplimientos representen una amenaza grave para la seguridad marítima y el medio ambiente marino o que ofrezcan indicios de un comportamiento especialmente negligente por parte de las organizaciones.
Asimismo, se notificará del asunto a la organización reconocida de que se trate en el momento de la inspección inicial, para que pueda adoptar inmediatamente las medidas oportunas.
En caso de transferencia de clase de una organización reconocida a otra, la organización cedente cumplirá con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento (CE) n.º 391/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009.
Las organizaciones autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto no perderán su autorización, pero deberán cumplir las nuevas prescripciones establecidas en este real decreto antes de que transcurran dos años desde su entrada en vigor.
Queda derogado el Real Decreto 90/2003, de 24 de enero, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y control de buques y para las actividades correspondientes de la Administración marítima, así como todas las disposiciones de igual o de inferior rango en cuanto se opongan, contravengan o resulten incompatibles con lo dispuesto en este real decreto.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.20.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de marina mercante.
Mediante este real decreto se incorpora al derecho español la Directiva 2009/15/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre reglas y normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimas.
Elementos que ha de incluir la resolución autorizatoria
Toda resolución autorizatoria dictada de acuerdo con el artículo 9 de este real decreto habrá de incluir, como mínimo, los siguientes elementos:
d) Notificación de casos en los que el buque no esté totalmente en condiciones de hacerse a la mar sin poner en peligro al propio buque o a las personas que se hallen a bordo o que presente amenaza irrazonable de daños para el medio ambiente.
a) Remuneración.
b) Reglas relativas a los procedimientos administrativos.
c) Confidencialidad.
e) Responsabilidad financiera.
g) Terminación.
h) Incumplimiento del acuerdo.
i) Solución de controversias.
j) Empleo de subcontratistas.
k) Publicación del acuerdo.
l) Enmiendas.
a) Tipo y tamaño del buque.
b) Convenios y otros instrumentos, incluida la legislación nacional pertinente.
c) Aprobación de planos.
d) Aprobación del material y del equipo.
e) Reconocimientos.
f) Expedición de certificados.
g) Medidas correctivas.
h) Retiro de certificados.
a) Documentación del sistema de garantía de calidad.
b) Acceso a las instrucciones, circulares y directrices internas.
c) Acceso a la documentación de la organización sobre la flota de la Administración.
d) Cooperación con la inspección y labor de verificación de la Administración.
e) Provisión de información y estadísticas sobre, por ejemplo, los daños y siniestros de la flota de la Administración.

References: Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14
 resolución 
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 39
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 86
 real decreto 
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 12
 artículo 2
 resolución 
 artículo 12
 artículo 8
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 114
 artículo 6
 real decreto 
 artículo 114
 resolución 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 10
 real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 149
 real decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 9
 real decreto