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Timestamp: 2019-10-17 03:31:02+00:00

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﻿ SENTENCIA 16406 DE AGOSTO 2 DE 2001
SENTENCIA 16406 DE 02 DE AGOSTO DE 2001
CONTENIDO:PENSIÓN SANCIÓN POR FALTA DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. VALIDEZ DE PRUEBAS COMO CONTRATOS DE TRABAJO PARA DEMOSTRAR AFILIACIONES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. NO BASTA RELACIONAR SINO QUE ES NECESARIO EXPLICAR LAS PRUEBAS CUANDO SE ADUCE FALTA DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN SANCIÓN, AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES, VALIDEZ DE LA PRUEBA, EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO
Sentencia 16406 de agosto 2 de 2001
Ref.: Exp. 16406. Acta Nº 37
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Carlos Alberto Gil, Marco Antonio Gil García, Luis Eduardo Gómez, Hernando González Hernández, Segundo Raúl González Romero, Camilo Hernán de Soriano, José Antonio Medina Medina, Humberto Molina Monroy, José Alejandro Morales, Rodrigo Moreno Páez, Rufo Najar Molano, Manuel José Jairo Antonio Puerto González, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 14 de diciembre de 2000 en el juicio seguido por los recurrentes contra el Fondo Nacional de Caminos Vecinales.
En lo que interesa al recurso extraordinario, los demandantes citados solicitaron el reconocimiento y pago de la pensión sanción por su despido sin justa causa, la indemnización correspondiente con fundamento en la correcta interpretación del Decreto 2171 de 1992 y la sanción moratoria.
Mediante sendos contratos “a término indefinido y en consecuencia con estabilidad laboral” prestaron sus servicios al fondo demandado durante más de 10 o 15 años, entre las fechas indicadas a folios 145 a 148. Fueron desvinculados sin justa causa “y no se les comunicó en debida forma la terminación unilateral del contrato de trabajo”. Si bien el Decreto 2171 de 1992 ordenó la liquidación de la entidad, ello en manera alguna significa que “haya derogado para los trabajadores vinculados ... El régimen común de indemnizaciones laborales, dentro del cual se encuentran entre otros la pensión sanción a quien sea desvinculado “sin justa causa” ni tampoco creó una nueva causa justa de desvinculación ... ni mucho menos autorizó al fondo ... a pactar convención del trabajo y luego a no respetarla”. Con posterioridad al decreto en mención, las partes suscribieron una convención “contemplando la estabilidad laboral a todos sus trabajadores... y dejó como única forma para poder ser despedido... la justa causa plenamente comprobada con anterioridad al despido”. En su caso, la demandada no respetó sus derechos adquiridos, no observó el debido proceso, ni permitió su derecho de defensa. Además, las indemnizaciones correspondientes fueron canceladas en forma parcial “al no tener en cuenta... todos los factores salariales (asignación básica, horas extras, nocturnas, dominicales, festivos, compensatorios, recargos nocturnos y festivos, viáticos, prima navidad, prima antigüedad), haciéndose acreedor a la sanción moratoria. Tampoco tuvo en cuenta la totalidad de los días de salario para la indemnización y el pago efectuado, conforme al Decreto 2171 de 1992. Ni pagó las prestaciones sociales y primas pactadas en la Convención colectiva artículo 34 de la misma” (fl. 137).
La entidad demandada se opuso a las referidas pretensiones y propuso las excepciones de falta de agotamiento de la vía gubernativa, caducidad, prescripción, existencia de justa causa para indemnizar y liquidar a los demandantes dando por terminado el contrato de trabajo por supresión de cargos, inexistencia de la obligación de reintegro, inexistencia de la obligación de pagar indemnización por supresión de cargos y pago de la totalidad de los derechos que correspondían a los demandantes (fl. 165).
Mediante sentencia del 11 de junio de 1999, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá condenó al fondo caminos vecinales a pagar la pensión sanción a los actores Rodrigo Moreno Páez, José Antonio Medina Medina, Humberto Molina Monroy, Segundo Raúl González Romero, Manuel José Ostos Saavedra, Carlos Alberto Gil, Marco Antonio Gil García, José Alejandro Morales y Rufo Najar Molano. La absolvió de la pensión sanción solicitada por los demandantes Jerónimo Parra Mendoza, Hernando González Hernández, Luis Eduardo Gómez, Carmelo Hernández Soriano y Jairo Antonio Puerto González, así como de las restantes súplicas incoadas en su contra cargo (sic) (fl. 770).
Al desatar el recurso de apelación interpuesto por ambas partes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del 14 de diciembre de 2000, revocó la anterior determinación en cuanto dispuso las referidas condenas a la pensión sanción para en su lugar absolver al fondo demandado de tal pretensión. En lo demás confirmó la decisión.
Consideró el ad quem ajustada a derecho la decisión desestimatoria del juzgador de primer grado en relación con la pretendida reliquidación de la indemnización por despido. Sobre este particular, transcribió en lo pertinente “las disposiciones laborales sobre el régimen indemnizatorio contenido en el Decreto 2171 de 1992”, particularmente sus artículos 148, 151 y 155 y expresó textualmente:
”... en el plenario no se acreditó fundamento jurídico extralegal que mejore la tarifa indemnizatoria anterior, por lo que del repaso de las resoluciones incorporadas al expediente mediante las cuales se reconocieron las indemnizaciones a favor de los accionantes, en concordancia con los certificados de devengos de los mismos, precede concluir que las liquidaciones se ajustaron a los términos del Decreto 2171 de 1992, con inclusión del factor salarial contenido en el artículo 155 ibídem y con arreglo al tiempo base contado a partir de la fecha de la última o única vinculación del empleado, según fuera el caso, de acuerdo con lo normado en el artículo 151, ejusdem”.
En lo que respecta a la reclamada pensión sanción estimó, luego de determinar que a la fecha de la terminación de los contratos de trabajo de Moreno Páez, Medina Medina, Molina Monroy, González Romero, Ostos Saavedra, Gil, Gil García, Morales y Najar Molano “se encontraba vigente la Ley 100 de 1993, artículo 133, el cual subrogó el artículo 8º de la Ley 171 de 1961”, que si bien los citados demandantes “reúnen la exigencia del tiempo de servicio de que trata la norma” y aparece demostrado que el despido se produjo sin justa causa, no era procedente la pensión en cuestión pues “con los contratos de trabajo, se acreditó en el proceso que los accionantes atrás relacionados se obligaron a afiliarse a la Caja Nacional de Previsión Social y para el efecto autorizaron los descuentos de sus salarios por concepto de cuotas periódicas autorizadas legalmente” (fl. 815).
lII. Demanda de casación
Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante pretende que la Corte case totalmente la sentencia impugnada “en cuanto absolvió a la demandada del pago del reajuste de la indemnización por despido, de la pensión sanción ... y de la indemnización moratoria” con el fin de que, en sede de instancia, “revoque parcialmente la del juez de primera instancia y condene a la demandada a pagar las sumas adeudadas por concepto de reajuste de indemnización por despido injusto para lo cual deberá reliquidarla, aplicando para ello el salario promedio real devengado por cada uno de los demandantes en el último año de servicio, y certificado por la demandada dentro del expediente y el reconocimiento y pago de la indemnización moratoria, reconocimiento y pago de la pensión sanción a los señores Jerónimo Parra Mendoza, Hernando González Hernández, Luis Eduardo Gómez, Carmelo Hernández Soriano y Jairo Antonio Puerto González ... y confirme la pensión sanción a los señores Carlos Alberto Gil, Marco Antonio Gil García, Segundo Raúl González Romero, José Antonio Medina Medina, Humberto Molina Monroy, José Alejandro Morales, Rodrigo Moreno Páez, Rufo Najar Molano, Manuel José Ostos Saavedra”.
Con tal propósito formula un único cargo, no replicado por la demandada, en el que por vía indirecta acusa la “aplicación indebida de los artículos 46, 47 y 49 de la Ley 6ª de 1945; 40, 43, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 del Decreto 2127 de 1945; artículo 8º de la Ley 153 de 1987, en relación con los artículos 16, 25, 29 y 53 de la Constitución Nacional; y los artículos 277 (num. 2º) modificado por el Decreto 2822 de 1989, del Código de Procedimiento Civil, y 22 del Decreto 2651 de 1991, y 6º, 50, 60, 61 y 145 del Código Procesal Laboral así como también el artículo 40 de la Convención colectiva celebrada entre el sindicato de trabajadores del Fondo Nacional de Caminos Vecinales y la entidad demandada; así mismo, artículos 177 del Código de Procedimiento Civil y 1757 del Código Civil; además, artículo 8º de la Ley 171 de 1961; 13, 36, 114, 115, 117, 128, 133, 146, 151, 273, 288 y 289 de la Ley 100 de 1993; artículos 1º, 3º y 4º del Decreto 813 de 1994; 12 del Decreto 1281 de 1994; artículos 17 y 44 del Decreto 1748 de 1995, modificados por los artículos 6º y 13 del Decreto 1474 de 1997; artículo 16 del Decreto 1474 de 1997; artículos 152 a 210 de la Ley 100 de 1993 y artículo 1º del Decreto 797 de 1949”.
Alega que la falta de apreciación del escrito de agotamiento de la vía gubernativa de cada uno de los demandantes, los documentos obrantes a folios 4, 12, 26, 33, 34, 43, 47, 71, 75, 85, 92, 99, 110 y 118 “donde consta el salario real devengado” por ellos y las convenciones colectivas que obran en el expediente, condujo al tribunal a incurrir en los siguientes errores de hecho:
“1. No dar por demostrado, estándolo, que la entidad demandada liquidó la indemnización por despido injusto en forma incorrecta por no haber incluido la totalidad de los salarios devengados por los demandantes en el último año de servicio.
“2. No dar por demostrado, estándolo que a los demandantes se les adeuda el reajuste de la indemnización por despido injusto, al no cancelarle la demandada su valor total, por la no inclusión de todos los factores de salario probados dentro del proceso.
“3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada cumplió eficazmente con la afiliación de los trabajadores al sistema general de seguridad social.
“4. No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes tienen derecho a la pensión sanción por reunir los requisitos exigidos por la ley para ello”.
En su demostración comienza por advertir que el tribunal “desconoció abruptamente lo preceptuado en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, acerca de la carga de la prueba” y arguye que ninguno de los documentos que tuviera en cuenta el sentenciador, esto es, los contratos de trabajo suscritos por los trabajadores, permite establecer, con certeza, que se haya producido su afiliación a la seguridad social, en tanto “se trata de documentos, de cuyo contenido no se puede inferir bajo ninguna circunstancia que la afiliación se haya producido, es decir, de documentos, totalmente idóneos (sic) para demostrar la afiliación a Cajanal”.
Alega que tanto en el escrito de agotamiento de la vía gubernativa, como en la demanda y en las subsiguientes actuaciones, se reclama el cumplimiento de las obligaciones dejadas de cumplir por la demandada, de modo que correspondía a ésta desvirtuar estos hechos “y la única forma de desvirtuarlos, era aportando la prueba del pago completo de tales obligaciones y de la afiliación a Cajanal; pero para que la afiliación a Cajanal pudiera considerarse eficaz, debía estar precedida del cumplimiento de las requisitos establecidos en los artículos 13, 114, 115, 117, 128, 145 y 146 de la Ley 100 de 1993 ...”.
Sostiene que en el plenario “quedó claramente establecido que los trabajadores fueron despedidos sin que mediara justa causa, después de haber laborado durante más de diez y quince años al servicio de la demandada ...” y hace énfasis en que “de conformidad a (sic) lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como también a lo preceptuado por los artículos 288 y 289 ibídem, los artículos 1º, 3º y 4º del Decreto 813 de 1994, y artículo 12 del Decreto 1281 de 1994, el régimen de la Ley 100 de 1993, no le es aplicable al trabajador oficial...”.
Afirma que no es posible sostener que con la sola entrada en vigor de la Ley 100 se pierda el derecho a la pensión sanción, máxime cuando los trabajadores “que al entrar en vigencia dicha ley habían cumplido 10 años de servicios, habían adquirido el derecho a la pensión sanción”.
Expresa que, de otra parte, para evadir la condena en cuestión “no solamente es indispensable demostrar la afiliación al sistema general de pensiones, sino también acreditar el hecho de haber puesto a disposición de Cajanal o del respectivo fondo de pensiones, el bono pensional a que se refiere el artículo 115 de la Ley 100 de 1993”, de modo que “la simple afiliación a Cajanal sin estar precedida del cumplimiento de todos estos condicionamientos señalados, resulta totalmente ineficaz”.
Para concluir, “vista la ausencia total de prueba respecto de la existencia de todos los requisitos exigibles para que la demandada pueda ser exonerada de la condena a la pensión sanción” y teniendo en cuenta “que la prueba utilizada por el H. Tribunal, carece, en absoluto de validez, para efectos de la demostración de la afiliación al sistema general de pensiones”, insiste en que se atienda su petición.
1. Sea lo primero advertir, en cuanto hace a la proposición jurídica que presenta el cargo, que las cláusulas convencionales en casación no son ley sustancial de alcance nacional, sino una prueba, de modo que resulta desacertada la mención que del artículo 40 de la convención hace el recurrente.
2. Pero independientemente de lo anterior, ya en referencia al desarrollo de la acusación, dos son los aspectos que, en síntesis, cuestiona la censura: uno relacionado con la liquidación “incorrecta” de la indemnización “por no haber incluido la totalidad de los salarios devengados por los demandantes en el último año de servicio”, que el tribunal no diera por demostrada, (errores 1 y 2) y otro, referente a la afiliación de los actores a la seguridad social y su derecho a la pensión sanción (errores 3 y 4).
En cuanto al primer punto se observa que el recurrente se limitó a citar, como pruebas dejadas de apreciar, los “documentos obrantes a folios 4, 12, 26, 33, 34, 43, 47, 71, 75, 85, 92, 99, 110, 118, donde consta el salario real devengado por los demandantes” y a expresar que “No aparece acreditado el pago total de la indemnización por despido pues no se tomó en cuenta la totalidad de los elementos integrantes del salario”, sin consideración alguna adicional sobre el particular.
Debe la Sala insistir nuevamente en que cuando se propone un cargo aduciendo falta de apreciación de las pruebas, como aquí ocurre, no basta con relacionarlas, sino que es necesario explicar, de manera precisa, frente a cada una de ellas, qué es lo que en verdad acreditan, de qué manera incidió su falta de valoración en la decisión acusada, y en qué consistió el error de hecho, pues éste es el presupuesto de la aplicación indebida que se enrostra a la decisión y lo que permite a la Corte establecer la magnitud del desatino, que debe ser ostensible y trascendente, so pena de no lograr el objetivo de desquiciar la presunción de acierto y legalidad que ampara toda sentencia objeto de este recurso extraordinario.
3. Por lo demás, tampoco hizo referencia la censura a las resoluciones y a los “certificados de devengos” que tuviera en cuenta el tribunal para concluir “que las liquidaciones se ajustaron a los términos del Decreto 2171 de 1992, con inclusión del factor salarial contenido en el artículo 155 ibídem y con arreglo al tiempo base contado a partir de la fecha de la última o única vinculación del empleado, según fuera el caso, de acuerdo con lo normado en el artículo 151, ejusdem” y, en este orden de ideas, no logra el recurrente desquiciar la sentencia impugnada.
4. En lo que respecta al segundo punto, esto es, como se señalara en precedencia, el referente a la pensión sanción a que consideran tener derecho los demandantes, los recurrentes cuestionan, en lo fundamental, que el tribunal hubiese inferido su afiliación a la seguridad social de unos documentos “totalmente idóneos” (sic) para demostrar tal afiliación, como lo son los contratos de trabajo suscritos por los trabajadores “que nada indican acerca de una posible afiliación a la caja...” y arguyen que se trata de una prueba que “carece, en absoluto de validez, para efectos de la demostración de la afiliación al sistema general de pensiones”. Tal argumentación, eminentemente jurídica, resulta ajena a la vía de los hechos escogida por la censura en el ataque por no tratarse del contenido de lo que ella acredita sino del valor que pueda tener frente a la ley, por lo que al cuestionarse tal validez, se está insinuando es un quebrantamiento de las reglas procesales que gobiernan la legalidad de la prueba, como lo ha dicho en muchedumbre de casos la jurisprudencia nacional.
También conviene recordar que lo que concierne a la carga de la prueba, que controvierte el cargo, es aspecto de puro derecho y no de hecho.
Por lo demás, aunque se aceptara que no está demostrada la afiliación de los demandantes a la seguridad social, encuentra la Sala que s bien es cierto que a lo largo de la actuación se “discutió lo relativo a la pensión sanción” como lo afirma la censura, también lo es que ésta se sustentó, desde el comienzo, en el despido injusto y no en la falta de afiliación a la seguridad social, de modo que se trata de un supuesto distinto al invocado en la demanda inicial, no discutible en casación en tanto la demandada no tuvo oportunidad de controvertirlo, ni de asumir su defensa a este respecto.
No sobra anotar finalmente que la argumentación referente a la liquidación de la indemnización y a la pensión sanción fue primordialmente jurídica, basada en la aplicación e interpretación normativo, y por tanto extraña al ataque que por vía indirecta se formuló.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 14 de diciembre de 2000, en el proceso promovido por Carlos Alberto Gil, Marco Antonio Gil García, Luis Eduardo Gómez, Hernando González Hernández, Segundo Raúl González Romero, Caramelo Hernández Soriano, José Antonio Medina Medina, Humberto Molina Monroy, José Alejandro Morales, Rodrigo Moreno Páez, Rufo Najar Molano, Manuel José Ostos Saavedra, Jerónimo Parra Mendoza y Jairo Antonio Puerto González contra el Fondo Nacional de Caminos Vecinales.

References: artículo 34
 artículo 155
 artículo 151
 artículo 133
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 40
 artículo 8
 artículo 16
 artículo 1
 artículo 177
 artículo 36
 artículo 12
 artículo 115
 artículo 40
 artículo 155
 artículo 151