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Timestamp: 2017-11-24 01:42:16+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 258, de 14/06/2017
cve: DSCD-12-CO-258
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 258
- Pregunta del diputado don Sergio Pascual Peña, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre ayuda concedida a la compañía Alestis Aerospace para el desarrollo de los aviones Airbus A350XWB, así como posición de los consejeros de la SEPI ante el ERE anunciado por dicha empresa para la planta sevillana de San José de la Rinconada (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/010874). (Número de expediente 181/000384) ... (Página2)
- Relativa a la regularización de las pensiones de los emigrantes retornados. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000582) ... (Página2)
- Relativa a la necesidad de modificar el Real Decreto-ley 2/2004, del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, a fin de delimitar normativamente la situación de las viviendas desocupadas. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000972) ... (Página7)
- Relativa a la ampliación de la financiación de los municipios turísticos conforme a la Ley de Haciendas Locales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001029) ... (Página12)
- Sobre la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001183) ... (Página17)
- Relativa a la equiparación del tratamiento fiscal entre matrimonios y parejas de hecho. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/001201) ... (Página22)
- Sobre medidas contra los pa. raísos fiscales y la elusión fiscal. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001333) ... (Página26)
- Sobre la supresión del impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/001599) ... (Página31)
Propuesta por la Comisión del vocal de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno:
- Elección del vocal al que se refiere el artículo 36 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el artículo 14.1.a) del Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, aprobado por el Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre. (Número de expediente 276/000007) ... (Página38)
- PREGUNTA DEL DIPUTADO DON SERGIO PASCUAL PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE AYUDA CONCEDIDA A LA COMPAÑÍA ALESTIS AEROSPACE PARA EL DESARROLLO DE LOS AVIONES AIRBUS A350XWB, ASÍ COMO POSICIÓN DE LOS CONSEJEROS DE LA SEPI ANTE EL ERE ANUNCIADO POR DICHA EMPRESA PARA LA PLANTA SEVILLANA DE SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/010874). (Número de expediente 181/000384).
Damos comienzo a la sesión de hoy. Después de estos dos días tan intensos, vamos a ser ágiles esta tarde para poder terminar lo más pronto posible.
El ponente de la pregunta que figura como primer punto del orden del día ha decidido retirarla, por lo que pasamos directamente a las proposiciones no de ley.
- RELATIVA A LA REGULARIZACIÓN DE LAS PENSIONES DE LOS EMIGRANTES RETORNADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000582).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley relativa a la regularización de las pensiones de los emigrantes retornados, del Grupo Socialista.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente. Buenas tardes.
En primer lugar, quiero agradecer la presencia de representantes -nos están viendo desde una sala anexa- de la Federación española de emigrantes retornados, miembros de asociaciones de emigrantes retornados de muchas provincias españolas, Asturias, Sevilla, Granada, Cádiz, Almería, etcétera, que están hoy aquí escuchando este debate, dado el interés que suscita y la importancia que tiene para ellos. Quiero darles la bienvenida y agradecerles su colaboración con el Congreso, así como su disposición no solamente a reivindicar sino también a colaborar con los grupos parlamentarios en la
mejor definición de las normas que regulan su caso, el de los emigrantes retornados. También les quiero pedir disculpas por todo el calvario que han sufrido desde el año 2013. Ha sido un calvario innecesario e injusto. Se les ha tratado como a defraudadores cuando han sido personas ejemplares -un colectivo ejemplar-, a quienes les debemos muchísimo. Son emigrantes de los cincuenta, sesenta y setenta, sobre todo a Centroeuropa, que se fueron con sus maletillas, sin saber lenguas, sin tener conocimientos, con escasa formación y que bregaron, que lucharon para traer divisas a nuestro país. Son personas que siguen trayendo divisas en estos momentos porque sus pensiones, las de los emigrantes retornados, son divisas que se siguen aportando a nuestro país. Les pido disculpas por ese trato que han recibido por parte del Gobierno, cosa que no me corresponde a mí, pero desde luego siempre he sentido vergüenza al ver la humillación y el calvario que han sufrido y, aunque sea de forma simbólica, testimonial, pido desde aquí la dimisión del ministro Montoro. Ha sido un ministro que ha hecho un enorme daño a la moral tributaria en este país; ha mermado la moral fiscal y ha hecho mucho daño moral a muchísimas personas. Un ministro que ha sido autor, por una parte, de la denominada amnistía fiscal, ya declarada inconstitucional por el propio Tribunal Constitucional, y que trató estupendamente, fiscalmente hablando, a muchos de sus amigos o a los amigos del Partido Popular, uno de ellos acaba de salir ahora mismo de la cárcel, el señor Granados, pero ahí están el señor Bárcenas, el señor Rato y muchísimos imputados en tramas como Lezo, Gürtel o Urdangarín, entre otras. Ese trato significó que 31 500 defraudadores -esos sí eran defraudadores realmente- pudiesen regularizar su situación pagando "ná y menos". Teóricamente era un 10 % lo que iban a pagar y al final quedó en menos de un 3 %, sin ningún tipo de sanción, sin ningún tipo de recargo y sin ningún tipo de interés de demora. Esto ha supuesto una merma sustancial a las arcas públicas, un dato que quiero señalar, porque si estos señores han pagado 1200 millones de euros se han ahorrado más de 7000 millones de euros, que tenían que estar en las arcas de la Hacienda pública. Las arcas de la Hacienda pública, por esa amnistía fiscal, han perdido 7000 millones de euros, y solamente se ha inspeccionado a un 1 %, a 3150 de estos defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal. Pero a su vez, a la par, el ministro estaba adoptando una serie de políticas fiscales de acoso hacia los emigrantes retornados, 850 000 afectados, 850 000 pensionistas del extranjero que han retornado a nuestro país y que siguen aportando divisas. Pues bien, se les ha tratado como si fueran defraudadores, han sido perseguidos, acosados, a algunos se les han levantado deudas de hasta 40 000 euros, aplicándoles intereses de demora, recargos y sanciones, un trato totalmente injusto. Ya que no se puede resarcir a este colectivo del daño moral causado, pido que se adopten medidas para que esto no vuelva a ocurrir, para que no se pueda volver a permitir. Esto ha sido una auténtica perversión fiscal, la amnistía a la vez que el acoso fiscal, amnistía para defraudadores y acoso fiscal para pensionistas retornados, cumplidores siempre de sus obligaciones fiscales y ejemplo para nuestra sociedad.
Esta proposición trata, ya que no puede resarcirse ese daño moral, de buscar algún tipo de medida normativa que haga justicia con ellos. En ese sentido, somos partidarios de que se devuelva de oficio todo lo cobrado por intereses y por sanciones. Un dato muy significativo: Hacienda cobró de estas personas más de 20 millones en sanciones y en recargos. Solamente se les han devuelto, a través del procedimiento de regularización que se abrió en el primer semestre de 2015, 13 millones de euros. Es decir, Hacienda se ha quedado con más de 7 millones de euros. Corresponde devolver ese dinero. Es necesario que se les devuelva ese dinero, porque ese dinero no es de Hacienda, es un dinero injustamente cobrado que se les ha sacado de los bolsillos a estos pensionistas retornados.
Por otra parte, la proposición habla de hacer extensible una sentencia del Tribunal Supremo, en este caso para un acuerdo bilateral de pensiones públicas en Alemania. Ahora mismo tienen que recurrir vía juzgados, cuando realmente se podría hacer ya extensible el criterio establecido por el propio tribunal, que significa que hay una doble imposición porque ya tributan, en este caso, en Alemania.
En tercer lugar, que cualquier regularización, una vez concluido el plazo de los seis meses que se dio en 2015, nunca devengue intereses de demora ni ningún tipo de recargo o sanción. Y, con vistas a futuro, pretendemos que tengan un trato de consideración para que no se vuelva a repetir la necesidad de regularización; un trato fiscal específico para los pensionistas retornados, para quienes tienen pensiones del extranjero, donde se aclare cuál es el tratamiento fiscal y cuál es la tributación que les corresponde. Ha habido una auténtica confusión provocada por la propia Hacienda pública con relación a los criterios a seguir a la hora de tributar estas pensiones. Además, como cualquier otro contribuyente...
El señor HURTADO ZURERA: Voy a concluir.
... que tengan el derecho a tener un borrador de la declaración; ni tan siquiera tienen eso, no pueden obtener borradores de su declaración de la renta. ¿Ustedes creen, a estas alturas, que eso es razonable? Evidentemente, no. Queremos que tengan ese derecho, como el resto de contribuyentes.
Por último, que se homologuen las pensiones de invalidez total. Las españolas están exentas de tributar. Las que vienen del extranjero no y hay que recurrir, y al cabo de los años se les devuelve el dinero con intereses de demora con cargo a la Hacienda pública, algo ilógico, ya hablado con la propia Seguridad Social. No tiene sentido. Es necesario un procedimiento de homologación y en caso de invalidez total que estén exentas del IRPF, como lo están las pensiones españolas.
Concluyo, presidente, pero antes quiero hacer un recordatorio, esta proposición esta consensuada con la Federación española de asociaciones de emigrantes retornados y ha sido aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz; espero congruencia y coherencia, y espero que aquí también salga por unanimidad.
A esta proposición se han presentado seis enmiendas, todas ellas del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En su nombre, tiene la palabra la señora Honorato.
Perdón, no había dicho el tiempo. Estoy dando siete minutos a los ponentes y cinco al resto de los grupos. Soy flexible, pero a ver si nos atenemos al tiempo. Gracias.
En primer lugar, quiero decir que valoramos muy positivamente esta iniciativa; de hecho, nuestro grupo ha registrado una proposición no de ley en términos muy similares a los que se contemplan aquí. Hemos presentado enmiendas que, de alguna manera, tratan de completar el texto que tenemos aquí a discusión y votación. Nos parece que vamos tarde para deshacer este entuerto que provocó el Ministerio de Hacienda y que es un ejemplo de cuál es la forma de actuar del Gobierno en estos temas. Por un lado, hay una alfombra roja al dinero que sale para Panamá, para las Islas Caimán o para Suiza, un paraíso de indulgencia en cuanto a fiscalidad con una amnistía fiscal anticonstitucional para amigos, mientras que, por otro lado, se asfixia, se persigue, se criminaliza con un purgatorio burocrático a gente honrada y sencilla, a nuestros inmigrantes, en muchos casos en situaciones de doble imposición, ignorando derechos reconocidos como, por ejemplo, el desconocimiento de sentencias de tribunales superiores de justicia en las que se declaran exentas de tributación rentas procedentes de organismos de pensiones de países socios, como Alemania. Y todo esto -y no es menor- a gente que emigraba a países amigos, a socios de la Unión Europea, y que vienen de vuelta a casa a descansar y a emplear sus ahorros de toda la vida aquí, con su familia y con su gente. Nos parece que no es la forma en la que se debería tratar a estos héroes anónimos de nuestra historia. Nos parece que el Gobierno que se gasta la hucha de las pensiones en financiar la trampa de la deuda no aplica las debidas reducciones fiscales a los que sí les correspondería, como serían las pensiones de invalidez percibidas desde otros Estados de la Unión. Como ha dicho antes el compañero socialista, debemos proceder a una homologación en este sentido. Estaremos hablando de más de 600 000 personas afectadas por esta discriminación, por esta situación peculiar, y el ministerio ha hablado de regularización pero no tenemos que olvidar que estas personas, muchas mayores y que vuelven aquí después de décadas viviendo fuera, se encuentran con una carta de la noche a la mañana en la que les obligan a ponerse al corriente de pagos de IRPF de los cuatro últimos ejercicios, evidentemente los no prescritos, pero en ningún momento se les había avisado desde la Agencia Tributaria que esta situación empezaba a considerarse así. A esto se le añade un periodo corto de regularización, entre comillas, y un periodo en el que se prometía una asistencia que no existe. Esto provoca sanciones por los retrasos e intereses que se han ido cobrando a este conjunto de personas bastante desasistidas. Nos parece una siniestra bienvenida a casa y nuestras enmiendas ahondan en el mismo sentido de la proposición no de ley: que sean devueltos los importes y los intereses sin que se tengan que solicitar formalmente, asegurar los mismos gravámenes y las mismas exenciones a todos los pensionistas, independientemente del origen de la pensión; que se tenga en cuenta la característica del origen de estos
recursos, la peculiaridad que supone cómo se han obtenido, y, además, que gocen de un nuevo periodo de verdadera regularización de la declaración de sus pensiones, con plazos adecuados y suficientes y con asesoramiento gratuito de personal.
Me gustaría llamar la atención sobre un hecho que ocurrió el año pasado en algunas delegaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social y es que se realizó una interpretación leonina del artículo 139.2 de la Ley General de la Seguridad Social ya que se ha considerado incompatible el incremento del 20 % a las pensiones de incapacidad una vez cumplida la edad de jubilación. Nos parece que está habiendo una situación irregular en torno a esta interpretación, una interpretación que puede poner en entredicho los derechos de este colectivo. Y también solicitamos en estas enmiendas que se anulen los procedimientos abiertos a pensionistas retornados con retribuciones por incapacidad en virtud de esta interpretación del 139.2 y que se recupere este 20 % de la base reguladora en las pensiones de los retornados que hayan sido privados de ese complemento y la devolución de oficio de las cuantías restadas en las pensiones de los afectados.
España hoy y siempre tendrá un deber con sus compatriotas emigrados, que han hecho patria y que, además, han dejado muy alta la dignidad de nuestro país. Lo último que se merecen es un trato humillante.
En nombre del Grupo Mixto tengo anotado que intervendría el señor Candela pero no se encuentra en la sala y no lo sustituye nadie. Tampoco está la señora Sagastizabal, del Grupo Vasco. Tampoco está la señora Jordá, que me ha dicho la señora Capella que vendría a sustituirla.
Por tanto, pasamos directamente a Ciudadanos. Señor De la Torre, tiene la palabra.
Buenas tardes, señorías. Anticipo que votaremos a favor de esta proposición no de ley del Grupo Socialista relativa a la tributación de emigrantes retornados porque en esta ocasión -no siempre coincidimos pero esta vez sí- consideramos que es una buena idea y que técnicamente es correcta. Evidentemente, los pensionistas emigrantes retornados de otros países se merecen el mismo trato fiscal que los pensionistas españoles. Esto incluye que, obviamente, tienen que pagar los impuestos pero también, como los demás pensionistas, está información -sobre todo a partir del 1 de enero de 2018 cuando entra en vigor el acuerdo automático de intercambio de información- deberían tenerla en el borrador. En muchos casos no sabían que debían tributar y este tema no es evidente en la aplicación de los convenios de doble imposición porque, por ejemplo, en el convenio de doble imposición con Alemania estas rentas pagan en principio en Alemania y luego están exentas. Depende de los diversos convenios y no se sabe -salvo que se sea un experto y se consulte- qué es lo que se tiene que pagar. En consecuencia, teniendo en cuenta que estas personas en muchos casos no tienen conocimientos tributarios -en casi la totalidad de ellos-, lo razonable es que se tenga esa información y se les diga cuánto tienen que tributar, es decir, que paguen los impuestos que les correspondan pero, desde luego, que no se les impongan sanciones y recargos, especialmente, dada la falta de legitimidad que se ha puesto de manifiesto en estas fechas del Ministerio de Hacienda y del Gobierno del señor Rajoy, y en particular del ministro Montoro, por haber aplicado una amnistía fiscal que la semana pasada declaró inconstitucional por unanimidad el Tribunal Constitucional. Supongo que de esto iremos hablando más adelante, pero es evidente que a defraudadores confesos, a graves delincuentes fiscales se les ofreció una tarifa que en principio era del 10 %, y que finalmente fue del 3 % de media, mientras que se aplicaba todo el peso de la ley a españoles emigrados que estaban cobrando una pensión de otro país y que a menudo no sabían que tenían que declarar o por qué importe tenían que declarar.
Por tanto, estamos de acuerdo con todo el contenido que propone el Grupo Socialista, al que agradecemos su iniciativa, que consideramos técnicamente factible, sobre todo a partir de la entrada en vigor el 1 de enero de 2018 del acuerdo multilateral de intercambio automático de información. Estamos hablando no de gente que venga de Qatar o de Liechtenstein, es decir, de lugares opacos, sino de nuestros socios comunitarios, que pueden trasladar perfectamente a las autoridades españolas esta información fiscal. Por tanto, apoyaremos esta iniciativa porque estos pensionistas emigrados se merecen que se les trate como a cualquier otro español, que tiene sus rentas incluidas en el borrador y que sabe en mayo o en junio como muy tarde cuánto tiene que pagar, y si no lo saben no se les pueden estar exigiendo sanciones y recargos, especialmente dada la falta de legitimidad ocurrida en esas fechas derivada de la amnistía fiscal. Por todas estas razones, nosotros votaremos a favor de esta iniciativa.
En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Fole.
Después de estos dos largos y tensos días parece que tenemos que bajar un poco la intensidad. Pero no, creo que no porque estamos hablando de un tema muy importante, como han dicho los anteriores ponentes. Estamos acostumbrados a presentar cosas y, tras presentarlas, hacer un discurso no diferente, pero sí no adecuado ni coherente a lo que se ha puesto por escrito. Lo que tenemos que votar hoy es lo que se ha presentado por escrito con la dificultad y complejidad que tiene esta PNL.
Pedía a mayores el portavoz socialista la dimisión del señor Montoro por esta acción y por algunas otras. Señor Hurtado, de amnistías fiscales el Partido Socialista no nos puede dar muchas lecciones pero, como no es el tema, vamos a dejarlo ahí, en un comentario. Yo le quiero poner un ejemplo de algo que me ha pasado personalmente para que veamos también cuál es nuestra postura. No podemos valorar la acción de un Gobierno, la acción de un ministro, por esta PNL o por lo que vayamos a votar aquí o por su actitud, actuación o decisiones en un Gobierno que puedan afectar a este colectivo, que han venido a posteriori, que eran desconocedores. Todos pedimos salir de la crisis y que se hagan ajustes pero, cuando se hacen, todos son malos. Evidentemente, no es así. Vamos a hablar un poco del señor Montoro, de todas las actuaciones del señor Montoro, que por dos veces ha sacado a España de la crisis, que gracias a sus medidas millones de personas han encontrado puestos de trabajo. ¿O es que solo va a evaluar su actuación durante estos ocho o doce años por esta decisión, señor Hurtado? Creo que hay mucho más y ahí están los detalles y los datos.
Ahora voy al ejemplo concreto. Se dice que hay o que hubo mucho desconocimiento por parte de los emigrantes retornados y estoy totalmente de acuerdo. Yo soy de Galicia, de Pontevedra, y he hablado muchas veces con colectivos de emigrantes retornados de mi provincia, sé su problemática, sé los que fueron; ni por suerte ni por desgracia tengo casos en mi familia de emigrantes, pero sí de amigos y de otras personas que lo han vivido y que lo han sufrido y sabemos las penurias y las peculiaridades que han pasado; también los que quedaron aquí en esos momentos. También aportaron y también ayudaron a sacar a España adelante; efectivamente con otras problemáticas pero quedaron aquí en un régimen que a nadie le apetecía, etcétera. Pero a mí me pasó una cosa curiosa y es que en mi labor profesional como asesor fiscal en más de una ocasión tuve al otro lado de la mesa a un emigrante que consultaba y me preguntaba qué tenía que hacer con esa pensión. Mi obligación como asesor -después el cliente hace lo que quiere- es decirle lo que tiene que hacer: obligatoriedad de tributar. Siguiente pregunta, muy española, ¿y esto se controla mucho por la Agencia? Y contestación: Pues sí, depende; de forma aleatoria, si hay una inspección de la Agencia Tributaria en esa línea, igual que la hubo en deducciones de vivienda y en otras muchas, y le pilla, pues pillado queda. Y dice: Me voy a arriesgar. Entonces, ¿tenemos que valorar la situación del colectivo de los emigrantes por la actuación de este señor? No, ¿verdad, señor Hurtado? (Rumores). Igual que no podemos valorar al señor Montoro por una actuación. Entonces, ¿estamos diciendo -como interpretaron a veces de mis palabras- que este colectivo eran todos conocedores de la situación y todos son unos defraudadores? No. Es más, todo lo contrario, la mayoría de estas personas eran desconocedoras de esta situación y en el momento en el que les llegan esos requerimientos empieza a surgir la problemática y empiezan a surgir las consultas y las dudas y empezamos a urgir las soluciones. Aquí, a lo mejor si fuéramos por separado, seguro que llegaríamos a acuerdos en muchas cosas ahí porque hay un empeño en aunar un montón de cosas que a veces no dependen de la competencia del Estado o del Gobierno español para sacar casos adelante. ¿De oficio? Pues no son todos los casos iguales. Información. Dentro de 1918 decía el portavoz de Ciudadanos; pero estamos en 1917 y esto viene desde 1914, que se ha aprobado una regulación para efectivamente tener la posibilidad de no imponerles los intereses y los recargos y posteriores problemáticas que aumentaban la deuda. Pero una vez que son conocedores deben hacer de forma voluntaria la presentación para que a partir de ahí sí se puedan ir corrigiendo todas esas situaciones; hay muchas cosas aquí que dependen de tratados internacionales. Hablan de homologación en relación con las pensiones, pero un país no tiene por qué tener el mismo porcentaje que otro país. Entonces, señor Hurtado, estamos hablando de un montón de cosas diferentes en una misma PNL. Yo creo que si se tuviera realmente interés en apoyar a este colectivo, pues tenemos meses y días; tuvimos, tenemos y tendremos tiempo para poder abordar esta problemática y proponer cosas que se puedan hacer. Yo lo he visto en años anteriores en otros
colectivos y en otros grupos políticos, en este caso de mi comunidad autónoma y de mi ayuntamiento. Porque después de estos momentos de Comisión hablamos fuera y sabían perfectamente que había cosas que no se podían hacer, pero es que tenían que ponerlas porque era lo que les pedía algún colectivo, también desconocedor o mal asesorado en algunas cuestiones de lo que podrían hacer. Entonces, claro que hay que ayudar, claro que hay que buscar soluciones, que ya se hicieron cosas, tanto en el Gobierno central como en comunidades autónomas, por ejemplo en Galicia. Yo he tenido la suerte de hablar con los delegados de las agencias tributarias, que tuvieron muchas reuniones con ellos y algo fueron solucionando a lo largo de estos ya largos tres años. Pero creo que mezclar churras con merinas no es bueno para intentar solucionar los problemas...
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminado, por favor.
... para poder sacar adelante soluciones, que es lo que nosotros estamos obligados a buscar aquí. Estamos obligados a escuchar, obligados a transmitir; pero aquí, en las comisiones, obligados a resolver. Yo creo que tenemos tiempo, señor Hurtado, para de una forma tranquila, unánime y no con micros delante y con votaciones urgentes poder ayudar a los emigrantes, que es un colectivo que se lo merece tanto, más o igual que otros muchos españoles.
El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, ¿en relación a las enmiendas?
El señor HURTADO ZURERA: En sus términos.
El señor PRESIDENTE: Se va a votar en sus justos términos. De acuerdo.
- RELATIVA A LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL REAL DECRETO-LEY 2/2004, DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES, A FIN DE DELIMITAR NORMATIVAMENTE LA SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DESOCUPADAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000972).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día, proposición relativa a la necesidad de modificar el Real Decreto-ley 2/2004, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, a fin de delimitar normativamente la situación de las viviendas desocupadas, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En su nombre, tiene la palabra la señora Fernández.
Hemos presentado esta iniciativa porque es evidente que tenemos un serio problema con el parque de viviendas en el Estado español. Tenemos más de 25 millones de viviendas, lo que supone uno de las ratios de vivienda por habitante más alto de la Unión Europea, en concreto, en Galicia, con el 18 %, tenemos el mayor índice de desocupación de toda España. Todos reconocemos este paisaje de las viviendas vacías, que tiene que ver con el paisaje de un modelo económico basado en la burbuja inmobiliaria, el cual, como digo, nos deja un paisaje de promociones desiertas, rotondas que no llevan a ningún lado o centros urbanos completamente vacíos. La diferencia respecto de la Unión Europea de esa ratio del que hablaba tiene que ver con que aplicamos políticas en materia de vivienda bien diferentes. En el resto de Europa se estuvieron aplicando políticas de fomento del alquiler y políticas de penalización de las viviendas vacías. Esos son los dos elementos centrales para cambiar el modelo de vivienda que tenemos en el Estado español y por eso presentamos esta iniciativa, que va a tratar de dar salida a la posibilidad de que los ayuntamientos puedan hacer políticas en materia de penalización de viviendas vacías. Esto sucede en otros países de la Unión Europea, como Dinamarca, donde se multa a los propietarios cuyas viviendas estén vacías durante más de seis meses, o Francia, donde se requisan viviendas que permanezcan vacías durante más de dieciocho meses para ponerlas en alquiler. Esto está pasando en el resto de la Unión Europea y deberíamos empezar a cambiar el modelo de vivienda en el Estado español.
Como digo, hay ayuntamientos que están intentando promover otro tipo de políticas de vivienda, pero se encuentran con un problema y es que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales no tiene desarrollado en el artículo 72.4 el concepto de vivienda desocupada con carácter permanente. Que no esté definido
este concepto supone que exista un vacío legal que provoca inseguridad jurídica a los ayuntamientos. De hecho formulé una pregunta al Gobierno, el cual me contestó que, efectivamente, los ayuntamientos no podrán exigir el citado recargo a través de la correspondiente ordenanza fiscal en tanto no se dicte el oportuno reglamento estatal, así que estaremos todos de acuerdo -nadie puede estar en contra- en que hay que dotar a esta ley de un reglamento porque no podemos seguir con este vacío legal.
En esta PNL proponemos abordar esta propuesta en dos niveles. Uno tiene que ver con el concepto de vivienda vacía. Proponemos que la definición sea entre un año y veintidós meses para que se considere vivienda vacía, y otra línea tiene que ver con que el IBI sea más redistributivo. Es evidente que en el momento de crisis que estamos sufriendo existen familias que tienen dificultades para pagar este impuesto y que los ayuntamientos no pueden bajarlo muchas veces porque tienen una dependencia muy grande de él, por lo que lo que tenemos que hacer es que este impuesto sea más redistributivo. Proponemos que se imponga un recargo a las viviendas vacías de entre un 50 y un 75 % atendiendo a categorías como el tiempo de desocupación, el valor de la vivienda y sobre todo el número de viviendas en propiedad. Esto establece una diferencia entre la Sareb, por ejemplo, y un propietario de vivienda que solo tiene una o dos viviendas, y también que dependa del valor de la vivienda. Esto por un lado, para gravar más alto a los grandes detentadores del parque inmobiliario y, por otro, bonificaciones para las personas que se encuentren en una situación económica desfavorable de hasta el 90 % de la cuota del IBI.
No les estamos obligando a aplicar estas políticas en todo el Estado, pero permitan que los ayuntamientos puedan establecer sus propias políticas. Es importante no solo para paliar de forma inminente este problema de crisis de las familias para pagar el IBI, sino también para la reordenación necesaria del parque de viviendas. Con esto quiero decir que hay que intervenir en el parque de viviendas que tenemos y reordenarlo. Hay que pasar primero del modelo de compra a la promoción del alquiler. El recargo de la vivienda vacía lo que hace es promover la puesta en alquiler, lo que a su vez promueve la bajada de precios del mismo y permite que muchas más personas puedan alquilar.
Esto va en la línea contraria de lo que nos está proponiendo el ministro de Fomento con ese borrador de plan estatal de vivienda que está promoviendo en este momento, que sigue subvencionando vivienda de protección oficial cuando tenemos un montón de vivienda vacía, y no gravar a las viviendas vacías. Eso es un completo sinsentido. Pasemos del momento de la burbuja inmobiliaria, seamos capaces de reordenar el parque inmobiliario. También esto es importante porque creemos en el derecho a la ciudad, creemos que también tenemos derecho a ordenar la ciudad para el interés general. Lo que quiero decir con esto es que las viviendas vacías en los centros urbanos muchas veces son parte de procesos especulativos. Cuando se hacen procesos de gentrificación existen grandes compradores de las viviendas -que necesitan sacar una plusvalía- que se encargan de desvalorizar barrios completos para luego extraer esa plusvalía. Y estamos en enfrentándonos este problema, sobre todo, porque estamos cambiando el modelo expansivo de nuevas construcciones en la periferia urbana a la reformulación de los centros urbanos para sacar esa plusvalía. Por lo tanto, la cuestión de las viviendas vacías es central para la reordenación de las ciudades, y también porque, obviamente, el hecho de que una persona comprando un barrio entero pueda determinar las políticas de ciudad rompe con esa construcción de una ciudad pensada para el interés general y desde la acción colectiva; además, promueve la segregación espacial. El hecho de poner además las viviendas vacías en alquiler promueve la rehabilitación, algo que se anuncia en el plan estatal de vivienda pero luego no se concreta, y con esto sí concretaríamos esa promoción a la rehabilitación.
Acabo. Por último, creemos que la importancia de atacar el asunto de las viviendas vacías tiene que ver con el derecho a la vivienda, un derecho que está en la Constitución -no nos lo inventamos nosotros- y debería garantizarse por parte de este Gobierno; de hecho, votar en contra de esta iniciativa es votar en contra de la propia Constitución. Estamos intentando garantizar el derecho a la vivienda. Me extraña en clave de derecho quién tiene la potestad para decidir las políticas urbanas y del parque inmobiliario. Me sorprendió el otro día Montoro cuando en los presupuestos intervino y se jactó de que ahora ya no estábamos en el capitalismo de amiguetes, que ahora ya no existían empresas españolas inmobiliarias, ya que todo el parque de viviendas vacías está en manos de inversores extranjeros, jactándose de que cada vez perdemos más soberanía a la hora de decidir sobre nuestro parque inmobiliario.
La señora FERNÁNDEZ GÓMEZ: Voy acabando.
Me parece extremadamente escandaloso porque estamos perdiendo la capacidad para planificar nuestras ciudades y estamos vendiendo la soberanía para decidir políticas que van desde el turismo al comercio, por ejemplo. Con esto quiero plantear que el Estado no puede hacer dejación de funciones sobre su necesidad de regular el parque de viviendas y de garantizar el derecho a la vivienda, si no estarían haciendo dejación de funciones como hicieron con esa amnistía fiscal. Dejación de funciones de un Estado que se niega a intervenir para velar por el interés general de sus ciudadanos. Por lo tanto, lo único que les pido es que si ustedes son tan constitucionalistas que apoyen esta PNL, que va en la dirección de garantizar un derecho que está en la Constitución. Si ustedes no quieren aplicar estas políticas, permitan en otros ayuntamientos por lo menos que no sigamos con este vacío legal, para que puedan hacerlo los ayuntamientos que sí quieren hacer políticas diferentes y quieren transformar su ciudad para velar por el interés general.
Se han presentado cuatro enmiendas por tres grupos parlamentarios. El grupo mixto no está, tampoco está la señora Jordà. En nombre de Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre.
Señorías, señora Fernández, hemos presentado una enmienda de supresión al punto 1 y si no, subsidiariamente, pediremos la votación por puntos puesto que estamos de acuerdo en el punto 2 y no en el 1. Es decir, nosotros creemos que, respecto al impuesto de bienes inmuebles, se debería dar la posibilidad a los ayuntamientos de que se adaptase a las circunstancias personales y familiares de los contribuyentes porque, efectivamente, creemos que debe ser posible dar una bonificación a aquellos titulares de inmuebles o, en su caso, a arrendatarios de inmuebles a los que se les repercute el IBI, y que tienen escasas rentas familiares. Esto se puede hacer cruzando los datos con la Agencia Tributaria. Con esto estamos de acuerdo y votaremos a favor de ello.
Sin embargo, ya le anticipo que estamos en contra del otro punto, que probablemente es el fundamental de su proposición no de ley, relativo a dar la posibilidad a los ayuntamientos de que graven aquellas viviendas permanentemente desocupadas. Nos parece que la solución pasa necesariamente por fomentar el alquiler, por dar seguridad jurídica a los propietarios de inmuebles y que si se quiere gravar aquellas viviendas que están desocupadas, se quiere tener en cuenta el número de las mismas y hacerlo de una forma racional, el instrumento es el impuesto sobre la renta de las personas físicas donde existe una imputación de rentas inmobiliarias y donde se tributa por tener una vivienda a disposición que no es la vivienda habitual. Entendemos que ese debería ser el sitio. Ha puesto como ejemplo de un gran propietario inmobiliario a la Sareb, el famoso banco malo o sociedad de reestructuración de las entidades bancarias que tiene muchos inmuebles pero está intentando dar salida a todos ellos. Además, tenemos el inconveniente de que al final esto lo hemos garantizado entre todos y que las pérdidas de la Sareb, más allá de cierto punto, las acabaremos pagando todos. Por tanto, no tiene mucho sentido que nos pongamos a gravar impuestos para los ayuntamientos -que, por cierto, son administraciones saneadas- a cuenta de que al final la Sareb acabe teniendo más pérdidas. En todo caso, lo que habría que hacer, si se quiere, es intentar agilizar la gestión de la Sareb para que ponga en alquiler o venta todas estas viviendas. En general, creemos que la vía para dar el derecho a la vivienda no pasa por poner más impuestos, que ya consideramos elevados, al impuesto sobre bienes inmuebles que pagan los propietarios, que además es el único impuesto -como es muy difícil de defraudar- cuya recaudación ha ido creciendo sistemáticamente a lo largo de la crisis, teniendo en cuenta además que los ayuntamientos están, afortunadamente, en una situación financiera saneada. En consecuencia, pediremos votación por puntos si no se admite la enmienda y, por clarificar la posición, estamos a favor del segundo punto del que habla y en contra del primero.
En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Perea.
El Grupo Parlamentario Socialista dará su apoyo a esta iniciativa presentada por el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea. El objetivo de adoptar cuantas medidas sean necesarias a fin de hacer efectivo
el derecho a la vivienda que propugna el artículo 47, es de urgente necesidad y se impone, por tanto, la adopción de esas medidas y su aprobación en esta sede a la mayor brevedad. Queremos hacer notar esto porque la trascendencia de esta iniciativa va más allá de lo anteriormente dicho, del propio suplico o parte dispositiva de la iniciativa. Yo no sé si recordarán los presentes el momento de aprobación del Real Decreto-ley 20/2011, cuya publicación fue un 30 de diciembre de 2011, pocos días después de que entrara en el Gobierno el Partido Popular, después de las elecciones del año 2011. Aquella fue la primera vulneración de la organización institucional y territorial del Partido Popular. Se atrevió a alterar una competencia que correspondía, única y exclusivamente, a los Gobiernos locales: el tipo impositivo del IBI. Esa fue la primera señal de alerta que muchos concejales de Hacienda en aquel momento advertimos y denunciamos insistentemente. Se dijo de forma clara que el Partido Popular se atrevería a atacar a los Gobiernos locales por ser los de mayor debilidad para pasar después a atacar a los Gobiernos autonómicos. Aquello llevó a lo que seis años después muchos predijimos: la recentralización del Estado, la depauperación de la estructura institucional tal y como la habíamos conocido y con el consiguiente debilitamiento del servicio público. Efectivamente, como dice el redactado de la proposición no de ley, se inició aquel ataque a los ayuntamientos con este Real Decreto 20/2011 que invadió, como decimos, una competencia exclusiva de los Gobiernos locales, y a estas alturas nadie lo niega.
La adversidad por la que ha pasado la ciudadanía y también los Gobiernos locales, como primeros prestadores de servicios y como primera Administración más próxima al ciudadano, se ha puesto de relieve estos seis años de crisis. Sin embargo, y a pesar de las restricciones económicas provocadas por la crisis e impuestas por las políticas de austericidio malentendidas del Partido Popular, como salida a la solución de la crisis financiera, los ayuntamientos se han evidenciado como las administraciones de mayor solvencia de nuestro país. El ejemplo es el cierre de 2016 de 7000 millones de euros de superávit que ha ayudado a compensar el déficit generado por la Administración del Estado. El maltrato económico y normativo de las políticas del PP a lo largo de estos seis años, que ha sido continuo y manifiesto, ha supuesto que los Gobiernos locales, y los ciudadanos por ende, sufrieran estas restricciones y tuvieran menos margen de maniobra para desarrollar sus servicios públicos en el caso de unos y su proyecto de vida en el caso de los otros.
El IBI, como decía la proponente de esta iniciativa, es el mayor peso que tienen los ingresos municipales de cualquier ayuntamiento, podríamos estar hablando casi del 50 %. Estamos hablando de una recaudación para el Estado de 13 000 millones de euros. La evolución sufrida estos últimos años, precisamente como consecuencia del Real Decreto 20/2011, ha sido importante; de hecho, ha habido un incremento de 2000 millones de euros más aproximadamente. Y hoy es unánime la reclamación de la totalidad de los Gobiernos locales y por supuesto de la gran mayoría de grupos parlamentarios de la necesidad de una financiación local. Una financiación que dé cobertura en condiciones óptimas para prestar servicios públicos que la ciudadanía necesita.
La propuesta que ahora debatimos va en sintonía con las propuestas realizadas por el Grupo Socialista en la presente legislatura, así como en la anterior, en el sentido de poner a disposición de la ciudadanía un bien como es la vivienda y darle la cobertura que necesita, tal y como establece el artículo 47 de la Constitución española, que en cualquier caso deberá necesitar de mayor protección. Mas allá de las medidas como la que ahora debatimos adoptamos, me gustaría hacerle un comentario al señor De la Torre. Señor De la Torre, no creo que se quiera incrementar -me atrevo a atribuirme ese comentario- los impuestos, se quiere penalizar a los grandes tenedores que especulan con la vivienda en perjuicio de los ciudadanos; creo que esa es la voluntad de esta iniciativa, con lo cual no se trata de subir impuestos. En cualquier caso, deberíamos ir a una reforma fiscal que sea más redistributiva, pero no del impuesto de bienes inmuebles.
Sencillamente, lo que queremos decir es que más allá de esta iniciativa que nos parece loable, hay que adoptar otras como reorientar la política de vivienda de protección pública o favorecer el acceso a la vivienda, como hace esta iniciativa, o incrementar los presupuestos, y no como ha hecho el Partido Popular desde 2011 a 2017, que los ha bajado tan solo un 61 %. Estamos hablando de políticas como la supresión de la subsidiación de préstamos, es decir, todas aquellas políticas que a lo largo de muchos años de Gobiernos de izquierdas se procuraron para dar cobertura a la ciudadanía y que esta no se encontrara en situación de desprotección.
Quiero poner en valor esta iniciativa y quiero felicitar en este sentido al Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, porque va a atacar directamente aquellas políticas que han ido en detrimento, primero, de la financiación local, del margen de maniobra de los ayuntamientos, de los Gobiernos locales y, en
segundo lugar, de aquellas políticas que han ido en detrimento del principio de autonomía local. Este es un ejemplo claro de que este ha de ser el camino que tenemos que emprender como Congreso, como mayorías, y evidentemente hay que derogar -acabo, presidente- aquella reforma local del que ahora tendremos que llamar muy pronto el ministro reprobado, señor Montoro, que detrajo a los ciudadanos la posibilidad de tener servicios públicos dignos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Perea.
Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular el señor Ruano
El señor RUANO GARCÍA: Muchas gracias, presidente. Señorías.
Me quería dirigir, en primer lugar, a la portavoz socialista porque estoy harto de que ustedes tiren la piedra y escondan la mano. Nos critican por una serie de medidas que el Gobierno del Partido Popular tuvo que tomar como consecuencia de las nefastas políticas que ustedes llevaron a cabo; o sea que el austericidio es consecuencia de sus políticas, de negar una crisis, de tomar unas medidas que fueron criticadas por todo el mundo, y yo creo que ya está bien de esto. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!). Ustedes a la gente no la pueden engañar, ustedes tiran la piedra y esconden la mano, y se creen que diciendo muchas veces una cosa al final va a ser una realidad. Ustedes mismos fueron los que provocaron que hubiera una reforma constitucional del artículo 135 donde se comprometían con la estabilidad presupuestaria (La señora Perea i Conillas: Hay algunos de nosotros que no la votamos), y esto evidentemente tuvo repercusión en todas las comunidades autónomas y a nivel municipal. Entonces ya está bien de achacar al Grupo Popular y al Gobierno popular una responsabilidad, porque la responsabilidad inicial es absolutamente la gestión económica del Partido Socialista.
Señora Fernández, antes de entrar en el fondo del tema le pediría a su grupo que revisara cuál es su trabajo, desde el punto de vista de presentación de esta proposición no de ley, porque la primera parte de la misma ustedes la presentaron como una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que ya fue debatida y que ya fue rechazada. En pro de lo que es la eficiencia y la eficacia de lo que son las labores de la Cámara, yo creo que deberían depurar, y además usted ha reconocido que se hizo una pregunta. Podemos hacer una enmienda, una PNL y luego una pregunta, pero yo creo que esta primera parte de su PNL ya fue rechazada como enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, y quería afearle en cierta manera esta práctica. Nosotros ya sabemos que, si por ustedes fuese, se expropiarían todas las viviendas vacías, como he oído de algún compañero suyo, pero esa no es la política del Gobierno del Partido Popular ni de este grupo.
Entrando ya en concreto en el tema, quiero decirle que respecto a la primera modificación propuesta por su grupo, la norma ya prevé, como ya se ha dicho, el establecimiento de un recargo en el IBI que estaba condicionada a un posterior desarrollo reglamentario. Es cierto que con relación a este desarrollo reglamentario, como ustedes saben y se ha comentado, la competencia para establecer el referido desarrollo corresponde al Estado. Esta atribución al Estado de la potestad reglamentaria cuando se trate de recursos propios de las corporaciones locales tiene un objetivo claro que es la preservación de la unidad del ordenamiento y una básica igualdad de posiciones de los contribuyentes, señora portavoz socialista, tal y como señaló el Tribunal Constitucional en las sentencia 19/1987, de 17 de febrero, por un mandato constitucional.
Señora portavoz, debe conocer las cosas. No abuse de cosas que no son ciertas. Téngalo en cuenta y, si quiere, ahora le dejo el documento encantado para que usted lo lea y lo analice y, así en su próxima intervención sobre esta cuestión, podrá hablar con mayor rigurosidad.
Por ello, los ayuntamientos no pueden exigir el citado recargo a través de la correspondiente ordenanza fiscal en tanto no se dicte el correspondiente reglamento estatal. Podemos hablar en otros foros de las sombras, competencias impropias de los municipios en lo cual podríamos llegar a algún acuerdo, pero cuando hay una sentencia del Tribunal Constitucional, hagamos referencia a esa sentencia, no acusemos con falta de fundamento.
Como ustedes saben, tanto la Dirección General del Catastro como la Dirección General de Tributos asumieron en el año 2003 estas labores o estos trabajos para la aprobación de este desarrollo reglamentario, que es verdad que no se pudieron terminar, sobre todo por lo que hace referencia al concepto de inmueble permanentemente desocupado. Sin embargo, quiero decirle que esta problemática con el inmueble permanentemente desocupado es porque habría que excluir la segunda residencia y, asimismo, establecer unos parámetros que permitiesen determinar cuándo un inmueble se presume con
esta calificación de permanentemente desocupado. En la redacción propuesta en su enmienda por parte del Grupo Podemos, la determinación del concepto y vivienda desocupada de forma permanente no se realiza mediante una norma estatal, con lo cual no es viable la propuesta que ustedes hacen como ya se debatió en la enmienda, ya que esto aseguraría una mayor igualdad y seguridad jurídica, sino que se realizaría a través de ordenanzas fiscales, de competencia municipal que son, según ustedes proponen, las que deberían fijar en cada municipio qué requisitos deben cumplir las viviendas para ser consideradas como desocupadas de forma permanente y qué medios de prueba pueden admitirse para justificar la no ocupación de la vivienda, con lo que se incrementaría en gran medida tanto la inseguridad jurídica como la litigiosidad judicial, y a largo plazo la desigualdad entre distintos municipios.
Los casos más conflictivos se plantearían, sobre todo, en relación con las segundas residencias que no son ocupadas de forma habitual por sus propietarios y, asimismo podría provocar un incremento artificial de consumo de servicios e incluso promover en cierta manera el fraude de ley, alterando esos consumos de servicios como el agua, la electricidad, etcétera, con el fin de evitar la aplicación de este recargo.
Por otro lado, consideramos desde este grupo que este recargo propuesto no constituiría un claro incentivo de los propietarios de los inmuebles desocupados para ofrecerlos en el mercado ya sea de venta o bien de alquiler, no contribuyendo, por tanto, a la consecución del objetivo previsto por el legislador con su establecimiento, que era facilitar el acceso de todos los ciudadanos al disfrute de una vivienda digna y adecuada.
En definitiva, al tratarse de una medida cuya aplicación práctica presenta dificultades, su modificación o, en su caso, sustitución por una medida alternativa tendría que ser objeto de análisis en el marco de la reforma del sistema de financiación de las entidades locales y, en todo caso, con la participación de estas a través de sus órganos representativos.
En relación con el segundo punto -ya termino-, la adición en el articulo 74.2 del texto refundido de una bonificación potestativa en la cuota íntegra del IBI, en favor de los sujetos pasivos que acrediten una situación económica desfavorable, es cierto lo que ya se ha comentado aquí sobre que hay que tener en cuenta que la norma define al IBI como un tributo que es directo, de carácter real, que grava el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos por el texto refundido.
El señor PRESIDENTE: Señor Ruano, tiene que ir terminando.
El señor RUANO GARCÍA: Ya termino.
La naturaleza real del IBI tiene trascendencia en su configuración legal, como muestra de afección del bien inmueble directamente al pago de la totalidad de la cuota tributaria. La introducción de estos beneficios fiscales a favor de determinados colectivos de sujetos pasivos desvirtuaría, sin duda, lo que es el carácter real, y en ese sentido sí coincido con el compañero de Ciudadanos en el sentido de que sería mucho más adecuado a través de otros impuestos de carácter personal, como puede ser el impuesto sobre la renta. De hecho, ya existen los rendimientos presuntos cuando una persona tiene una vivienda que no está ocupada.
Por todo ello, vamos a votar en contra de esta proposición no de ley. No obstante, insisto en la idea de que es a través de la reforma de la financiación local y, en todo caso con la participación de las entidades locales, donde se debería tratar este asunto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruano.
Señora Fernández, ¿acepta las enmiendas?
La señora FERNÁNDEZ GÓMEZ: Aun no lo he hablado porque no están los compañeros de Esquerra ni del PDeCAT. Luego lo paso a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Sin ningún problema. Lo vemos al final.
- RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS CONFORME A LA LEY DE HACIENDAS LOCALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001029).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, por tanto, al punto número 4 del orden del día, una proposición relativa a la ampliación de la financiación de los municipios turísticos conforme a la Ley de Haciendas Locales.
El ponente es el Grupo Parlamentario Socialista. En su nombre tiene la palabra la señora Serrano.
El turismo se configura como la actividad del sector servicios que mayores repercusiones en términos de renta y empleo genera en muchas comunidades autónomas de este país y, por tanto, de España, constituyendo un recurso de primer orden que se encuentra en constante dinamismo y siendo durante las últimas décadas una de las palancas dinamizadoras de su crecimiento y desarrollo socioeconómico. En los últimos años el sector turístico es uno de los que mejor ha soportado la complicada situación económica. En el año 2016 el sector del turismo en España, con un récord de turistas extranjeros de 75,3 millones de viajeros, experimentó un incremento del 9,9 % y, según el INE, el gasto total de los turistas internacionales que visitaron España en febrero aumentó un 16,2 % respecto al mismo mes del año 2016. Durante los dos primeros meses del año 2017 el gasto total aumenta un 15 % respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando 8557 millones de euros. Esta afluencia de turistas en España ha provocado un aumento del gasto en el mantenimiento de los servicios públicos a los ayuntamientos, ya que soportan más usuarios de esos servicios respecto a su población natural. La prestación de estos servicios públicos de forma inadecuada puede provocar la pérdida de la calidad de la oferta turística española dirigida a los viajeros y viajeras, afectando de forma negativa a la promoción y a la afluencia de turistas a determinados destinos.
Por ello, es necesario que los municipios turísticos encuentren vías suficientes de financiación que les permitan soportar con solvencia y calidad la prestación de esos servicios a sus destinatarios. En algunas comunidades autónomas existen planes y medidas complementarias articuladas, como son los programas y convenios de colaboración, con dotación económica para la renovación y firma de nuevos convenios, que se ven impedidos por el ajuste presupuestario y por las reglas de gasto impuestas por el Gobierno central. Por esas razones, es necesario articular medidas estructurales para que los municipios turísticos puedan garantizar la prestación adecuada de dichos servicios, es decir, adecuar en el sistema de financiación local esta circunstancia.
Esta figura, la del municipio turístico, se encuentra contemplada desde el año 2002 en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales en su artículo 125, por el que determinados municipios que cumplan con los requisitos recogidos en la norma pueden acceder a mejores condiciones de financiación mediante la participación en los tributos del Estado. Sin embargo, a nivel estatal no hay legislación específica a efectos de los procedimientos para la declaración y, por tanto, la han tenido que hacer las comunidades autónomas. Así, únicamente determinadas localidades turísticas reciben un porcentaje de lo recaudado por el Estado en los impuestos del tabaco e hidrocarburos según lo marcado en la Ley de Haciendas Locales del año 2002. Los beneficiarios de este trato especial por parte del Estado no pueden ser capitales de provincia ni bajar de un censo de 120 000 habitantes y deben contar con más segundas residencias que primeras. Estas limitaciones han hecho que en realidad solo veintiún municipios sean beneficiarios en todo el país, los cuales obtuvieron 3 millones de euros según el último dato disponible en el año 2014. Por ello, en marzo del año 2016 ocho ayuntamientos turísticos españoles crearon una alianza para reclamar al Gobierno mejor financiación; entre esos municipios estaban Salou, Benidorm, Calviá y Torremolinos, que reclamaban mejorar la participación en los ingresos del Estado, beneficiarse de la recaudación de las comunidades autónomas e incluso de los fondos de la Unión Europea. Por tanto, es necesario modificar los requisitos a nivel estatal y aumentar el número de los beneficiarios. Hasta el momento existen, como decía anteriormente, veintiún municipios declarados turísticos por el Estado; cinco municipios son de Andalucía y la ley establece, a efectos de financiación, que estos ayuntamientos deben percibir cada año, como decía anteriormente, ese porcentaje de los rendimientos que genera la venta de tabaco e hidrocarburos en su término municipal, que es algo más del 2 %.
Evidentemente, señorías, hay muchos más pueblos de España que se pueden considerar turísticos. El problema es que como siempre el Partido Popular y el Gobierno del señor Rajoy no dan soluciones a la problemática del municipalismo y a las demandas de miles de alcaldes y alcaldesas. Hemos visto en los últimos cinco años cómo han machacado la autonomía municipal y han castigado a los ayuntamientos con políticas de restricción del gasto a las entidades locales, imponiendo una regla de gasto injusta y la imposibilidad de reinvertir el superávit, en definitiva castigando a la Administración más cumplidora e impidiendo que puedan mejorar la vida de sus vecinos y vecinas por falta de financiación adecuada. A todos estos problemas generales de los municipios, se unen los problemas particulares de los municipios turísticos. Por ello, el Gobierno de España debería tomarse en serio la regulación de esta figura y
reorientar la consideración de municipio turístico hacia la promoción de la calidad en la prestación de los servicios municipales porque no se trata solo de cubrir las necesidades de la población asistida durante la temporada, sino de hacerlo de una forma constaste y de calidad como garantía de competitividad para esta industria; y también debería regular los requisitos para obtener la declaración, entre otras cosas, para posibilitar que un mayor número de municipios puedan presentar su solicitud.
Estas cuestiones son las que ha abordado, por ejemplo, el Gobierno andaluz, el Gobierno de mi comunidad autónoma, pionero siempre en estas cuestiones, mediante la aprobación ayer del nuevo decreto regulador de municipios turísticos, que recoge la actualización del concepto de población turística asistida, actualiza los requisitos para poder acceder, elimina el límite inferior de población y además establece la posibilidad de firmar convenios de colaboración. Eso es lo que hace un Gobierno como el de la Junta de Andalucía, sensible con el municipalismo y preocupado por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas, no solo de los que residen de manera natural en esos municipios sino también de los que como turistas o viajeros los visitan.
Por todo lo expuesto, es necesario abordar las modificaciones legislativas pertinentes y revisar la legislación con el fin de ampliar las posibilidades de financiación recogida en dicha norma a fin de que un mayor número de municipios turísticos puedan acceder a esa declaración. A eso insta el Grupo Parlamentario Socialista, mediante esta PNL y, como en otras ocasiones ha hecho, con enmiendas presentadas en los Presupuestos Generales del Estado. Espero que esta vez, señorías, sí se sumen a esta demanda que plantea el Grupo Parlamentario Socialista y que reivindican miles de alcaldes y alcaldesas de todas las opciones políticas y de todos los partidos políticos. A eso les instamos y lo que les pedimos.
Se han presentado tres enmiendas a esta iniciativa. Por parte del Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten.
Efectivamente, nosotros hemos presentado una enmienda a esta proposición no de ley. La verdad es que la señora portavoz del Grupo Socialista sinceramente nos ha conmovido con toda la motivación que ha expuesto, que no tiene nada que ver con aquella proposición no de ley que presentó el pasado 12 de diciembre de 2016. De hecho, en la exposición de motivos nos dice que el turismo se configura como una gran actividad del sector servicios y habla exclusivamente de Andalucía, pero es que en los párrafos siguientes, a continuación, habla exclusivamente de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A mí me da la sensación de que ha sido un copia y pega. Imagino que luego nos explicará, si quiere la portavoz, el porqué de esta proposición no de ley.
Su parte expositiva simplemente indica revisar y modificar las condiciones contempladas. Yo creo que ahí se queda corto y le explicaré por qué. Nuestro Grupo Parlamentario Ciudadanos presentó hace varios meses una proposición no de ley en la cual instaba al Gobierno a mejorar, revisar y modificar estas condiciones contempladas para los municipios turísticos. Estamos de acuerdo en los datos que nos ha dado, según los cuales el sector turístico español, con las previsiones que tiene, el aumento que ha tenido, esos más de 75 millones de visitantes durante el año pasado y ese aumento de más del 9 %, se merece que centremos toda nuestra atención en aquellos municipios que más sufren con esa masiva afluencia de visitantes y la presión que tiene sobre las infraestructuras y sobre sus servicios municipales. Debemos dar una solución sobre todo a efectos de financiación. Las haciendas locales tienen que hacer frente a todos estos gastos y no se ha dado solución durante todos estos años desde 2002, con ese artículo 125 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, a estas necesidades de limpieza diaria, de tráfico, de seguridad, de vigilancia, de limpieza de playas, etcétera. La financiación no llega a las entidades locales. Bien sabemos que del dinero de las diputaciones, por ejemplo, el 65 % de los presupuestos se queda en la propia diputación y no llega a las entidades locales. Ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo, y lo estamos haciendo desde nuestro grupo parlamentario. Por tanto, no parece muy lógico, y además tengo que corregir el dato porque en esta proposición no de ley que presentaron en aquella época eran veintiún los municipios y ahora, a datos de febrero de 2017, tan solo catorce municipios están declarados como tales a efectos de financiación. En estos últimos años no están percibiendo esa
financiación adicional por los impuestos de tabacos e hidrocarburos al tener un saldo negativo. Además la Federación Española de Municipios ha denunciado reiteradamente que estos ayuntamientos no están recibiendo la financiación adecuada.
Nosotros planteamos una enmienda en la cual instamos al Gobierno a redefinir ese criterio de municipio turístico dadas las grandes diferencias entre comunidades autónomas en cuanto al tratamiento que dan en sus legislaciones. En segundo lugar, a modificar los criterios de cálculo de participación en los impuestos del Estado. Se debe tener en cuenta la población asistida, esto es, la población de derecho más los visitantes y los turistas. En tercer lugar, y termino, no tomar únicamente en cuenta las plazas de segunda residencia como un criterio para la calificación, pues deben ser también tenidas en cuenta las plazas hoteleras.
En principio esperamos que el Grupo Parlamentario Socialista tome nota de esas mejoras y nos acepte la enmienda.
En nombre de otro de los grupos enmandantes, el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Marí.
Nosotros también habíamos advertido, como el señor Ten, de Ciudadanos, que los datos desglosados en la proposición no de ley se referían a la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero hemos entendido perfectamente qué es lo que nos quería trasladar el Grupo Socialista en el conjunto de la proposición no de ley presentada. Como además Andalucía es una de las tierras más bonitas y más punteras desde el punto de vista económico y socioeconómico de nuestro país, estamos totalmente de acuerdo con ello.
Estamos muy de acuerdo con varias de las cosas señaladas por el Grupo Parlamentario Socialista en esta proposición no de ley. En primer lugar, el esfuerzo que han hecho los españoles para salir de una durísima crisis económica requería que las administraciones se esforzaran, requería que cuando los españoles se esforzaban pudieran levantar la mirada y ver a su Administración esforzándose, y eso es lo que han hecho nuestras administraciones locales, han sido la verdadera punta de lanza de la recuperación en nuestro país.
En segundo lugar, el valor estratégico de nuestro turismo. Es verdad que en estos cinco años hemos pasado -en términos del crecimiento de nuestro país- de salir de las crisis tirando del consumo a salir de esta crisis tirando de la demanda externa, del turismo, del sector exterior y eso ha sido muy positivo. En tercer lugar, hay que tener en cuenta el peso que tienen los servicios públicos fundamentales que nuestros ayuntamientos prestan -como competencias propias en algunos casos y como impropias en otros- en aquellos municipios que tienen mayor afluencia turística. Evidentemente, no compartimos las apreciaciones respecto de que el Gobierno de Mariano Rajoy no haya dado soluciones a los ayuntamientos. Bien al contrario, si los ayuntamientos hoy están saneados, si los ayuntamientos hoy son punta de lanza de la recuperación, como decía, es gracias a su esfuerzo pero también gracias a las medidas de política legislativa que ha dictado el Gobierno de la nación con la Ley de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto -ya saben ustedes que es muy keynesiana, porque supone ahorrar cuando uno está creciendo para tener un colchón cuando vienen mal dadas-. Eso es la regla de gasto, que ahora está en fase de revisión.
El Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda y tanto respecto a la proposición no de ley como a las enmiendas presentadas me gustaría trasladarles dos cuestiones, una genérica y otra más concreta. Estamos en el proceso de revisión de la financiación local en nuestro país; se acordó así en la Conferencia de Presidentes de 17 de enero del presente año y el 10 de febrero ya se constituyó la comisión de expertos para la revisión del sistema de financiación local. Esa revisión debe contemplar, de forma integral, aspectos financieros, tributarios, presupuestarios contenidos en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Estamos ya en ese proceso y me gustaría enmarcar este debate que tenemos respecto a la definición de municipio turístico y los criterios que configuran los municipios turísticos a efectos de reparto de tributos del Estado. Por tanto, lo que contiene el artículo 125 son dos criterios exclusivamente a efectos del reparto de la participación en tributos del Estado. Si estamos embarcados en la reforma del sistema de financiación local, si esa reforma va a ser omnicomprensiva y por lo tanto también afectará al artículo 125 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, convendría -y en ese sentido va nuestra enmienda- enmarcar la proposición no de ley que hace el Grupo Socialista en ese contexto y decir: Instamos al Gobierno a que solicite a la comisión de expertos para la revisión del
sistema de financiación que, específicamente, analice las condiciones contempladas en el artículo 125 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales para que se amplíen las posibilidades de financiación a un mayor grupo de municipios.
Enmarquemos la proposición no de ley que realiza el Grupo Socialista en ese contexto de revisión integral del sistema de financiación de entidades locales. Nos gusta más la proposición no de ley del Grupo Socialista porque insta al Gobierno a revisar o a modificar -nosotros decimos: Instemos al Gobierno a que solicite que en ese marco se revise y se modifique- y no tanto la del Grupo Ciudadanos porque -y es el aspecto concreto que venía a establecer- ya dice, exactamente, qué criterios hay que introducir. Al Grupo Parlamentario Popular eso nos permitirá trasladarle que esto es peligroso porque si vamos aquí cada semana aprobando las PNL diciendo: Ahora aplique usted este criterio; ahora aplique el otro; ahora el de más allá... Hemos constituido una comisión de expertos, que hagan su trabajo, que lleguen a unas conclusiones y luego, evidentemente, la decisión política de modificar la Ley Reguladora de Haciendas Locales en el sentido establecido por la comisión de expertos corresponderá soberanamente al Gobierno, por un lado, y al Parlamento, por el otro. Por lo tanto, nos gusta más la proposición no de ley del Grupo Socialista incardinada en el contexto que les he dicho, si nos aceptan la enmienda transaccional, y menos fijar uno u otro criterio. Sé que en la Comisión de Turismo se ha hablado al respecto y la posición del Grupo Popular fue abstenerse.
Un último inciso, la declaración de municipio turístico lo es a los exclusivos efectos de la participación en tributos del Estado, en concreto en este artículo 125. No podemos depender de que cada comunidad autónoma establezca un criterio diferente para decidir cuáles son los municipios turísticos, repercutiendo en la concreta participación en los tributos del Estado, porque entonces haríamos un pastel.
En todo caso, señorías, les ruego que nos pongamos de acuerdo en lo que, básicamente, coincidimos porque avanzaremos y, seguramente, iremos más deprisa. Enmarquemos lo que solicita la proposición no de ley en la revisión del sistema de financiación y hagamos lo posible para que esa financiación local pueda ser modificada este año, en esta legislatura.
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Valido.
La señora VALIDO PÉREZ: Buenas tardes, presidente, señorías.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea se abstendrá en esta proposición no de ley ya que consideramos que no se detalla con suficiente claridad la flexibilización de las condiciones para declarar un municipio como municipio turístico a las que se refiere el apartado 1 del artículo 125 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Si bien valoramos positivamente esta iniciativa, entendemos que daría más seguridad incluir esas condiciones en la propuesta previo estudio y justificación de los motivos que sustentarían las modificaciones de las condiciones previas para declarar municipios turísticos.
En relación con las enmiendas tiene la palabra la señora Serrano.
Ahora sí, pensaba que antes me estaba usted preguntando ya la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con las enmiendas.
Hemos llegado a un acuerdo de transaccional con el Grupo Ciudadanos, por lo que las otras enmiendas de los demás grupos políticos no las vamos a aceptar. Ahora le pasaremos a la Mesa la transaccional a la que hemos llegado con el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
- SOBRE LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001183).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5 % del orden del día, proposición no de ley sobre la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. En su nombre tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Perdón, por no haberlo pronunciado bien.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Es cuestión de práctica, como todo. En la medida en que vaya interviniendo tendrá la posibilidad de ir practicando. En todo caso, gracias.
Buenas tardes a todos y a todas. La aplicación de la Ley de estabilidad presupuestaria supone, a nuestro entender, priorizar el control del déficit, poniéndolo por delante de las políticas sociales. Supone la apuesta por la austeridad en lugar de apostar por políticas de empleo digno y de calidad que permitan combatir la pobreza y la desigualdad. Es, en última instancia, una ley que centra la actuación del Gobierno en la dirección contraria a la que pide el momento socioeconómico que vive el Estado. Debería apostarse por la sostenibilidad económica, fiscal, medioambiental y social y ello supone abordar las prioridades de gasto pero también la fiscalidad, los ingresos, para poder actuar a favor del empleo y en contra de la precariedad y no seguir aumentando la desigualdad y la pobreza. Por tanto, entendemos que es una ley antisocial ya que, además de poner el foco donde no debe, a la hora de establecer cómo hacer frente al control del déficit y al pago de la deuda, este también se rige por parámetros antisociales. Se sigue reservando la mayor parte del déficit para el Estado, por encima del 80 %, frente a tan solo un 19 % para las comunidades autónomas y un 0 % para las entidades locales, y ello pese a que son las comunidades autónomas las que realizan el 70 % del gasto social y un tercio del gasto público. En el caso de las entidades locales esto supone un ataque frontal a sus competencias, a su autonomía y, me atrevo a decir, que a su propia existencia, por cuanto que, debido a su carácter recentralizador, limita en gran medida la posibilidad de estas de actuar ante las necesidades sociales más cercanas, quedando muchos ayuntamientos prácticamente intervenidos. Hace pagar a las entidades locales la crisis estructural del Estado en beneficio del sector financiero, principal causante de una deuda tan elevada. Se ejerce un control mayor, además, sobre el personal de las entidades locales y, en el caso de las comunidades autónomas vasca y navarra, se ataca directamente la autonomía y competencias propias que por voluntad popular y por ley tenemos reconocidas.
Se aplican los mismos criterios para todas, sin tener en cuenta una situación más saneada sobre la que podríamos poder decidir, sin la tutela de Madrid, qué nivel de endeudamiento es el adecuado a nuestra realidad. Por tanto, no aceptamos que la Ley de estabilidad usurpe esta potestad autoorganizativa y someta a las entidades locales a criterios económicos y presupuestarios que obstaculizan su buen funcionamiento y capacidad de inversión. Por mucho que en los últimos meses se nos haya intentado convencer de que la flexibilización en el techo de gasto trae avances porque ha supuesto una flexibilización y un aumento de recursos en esa materia, o también incluso la enmienda para que los ayuntamientos pueden invertir el superávit con otro margen temporal, entendemos que todo esto no son más que parches que no cuestionan el fondo -lo verdaderamente grave- y que obedecen más a realidades coyunturales que pueden ayudar a quien intenta convencernos de ello, pero sin éxito, por cuanto que, aún pudiendo invertir el superávit, esto está supeditado al cumplimiento de una serie de requisitos, como la obligación de ser financieramente sostenibles. Por tanto, hablamos de inversiones que en ningún caso hacen frente a las necesidades locales, tanto de los municipios como de la ciudadanía.
Las entidades locales necesitan los recursos de que disponen para asegurar -y ese debería ser un objetivo principal- la cohesión social, para apuntalar el tejido productivo local, para generar actividad económica que reduzca el desempleo y para ayudar a quienes más lo necesitan. Y esta ley se lo está pidiendo a la comunidad autónoma, a Navarra, y al conjunto del Estado. Por eso desde Euskal Herria-Bildu entendemos que, más allá de partidos e ideologías, se trata de defender la potestad económica y financiera de las instituciones. Consideramos urgente y necesario buscar una posición común, compartida por todas las instituciones, para evitar que esta ley se siga aplicando y dejar así de castigar en última instancia a la ciudadanía. Esta ley ataca frontalmente a todo el entramado institucional, sobre todo a la
autonomía de los municipios, representa la implantación de un modelo de Administración local que debilita esencialmente a la autonomía municipal y, asimismo, la idea del autogobierno municipal se desvanece y no refleja ni los principios ni la filosofía de la Carta Europea Autonomía Local, que es lo que debería de primar y no el criterio centralizador en vigor.
Mientras que en la totalidad de los países europeos las reformas institucionales, sobre todo las referentes al ámbito local, van encaminadas a reforzar la autonomía local, la Ley de estabilidad presupuestaria está enfocada en dirección contraria. Por todo ello, y con esto termino, pedimos su apoyo, ¡cómo no!, para nuestra proposición no de ley al resto de los grupos parlamentarios. No ha habido enmiendas y no sabemos qué quiere decir esto, pero lo veremos a lo largo del debate. Les pedimos su apoyo con el objetivo claro de adoptar urgentemente esas medidas necesarias para derogar esta ley que tanto daño nos está haciendo -desde las entidades locales a la equivocada orientación de la política económica, en general-, ya que se ha aprovechado la crisis para acometer una nueva reforma neoliberal, antisocial, que tiene en esta ley una de sus valedoras.
Como siempre nos dicen que a muchos no les gusta la derogación porque supone un vacío legal, hemos planteado la proposición no de ley en los presentes términos, por lo que una votación favorable a la misma sería el primer punto de partida para que quienes creemos que las cosas se tienen que hacer de otra manera podamos avanzar en la práctica para que eso sea así.
Al no haber enmiendas, como bien dice la portavoz, tiene la palabra en nombre del grupo de ciudadanos el señor Roldán.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Gracias señor presidente. Intervendré yo, Francisco de la Torre, porque el señor Roldán no ha podido asistir a esta Comisión. Seré breve.
Votaremos en contra porque a nosotros nos parece que se pueden criticar cuestiones como el techo de gasto o la regla de gasto o la aplicación práctica de la Ley de estabilidad presupuestaria, pero si se quieren tener municipios financieramente sostenibles, si se quiere estar en Europa, hay que tener una Ley de estabilidad presupuestaria, entre otras cuestiones porque nos lo exigen los tratados europeos. Además, esta cuestión de tener estabilidad presupuestaria no es de izquierdas o de derechas, es simplemente poder pagar los gastos; es decir, nada impide a un municipio subir los impuestos para pagar los correspondientes gastos. Por cierto, esto, en nuestra opinión, tiene poco de centralizador o de autonomista o de nada porque la reducción de deuda que ha derivado de que los ayuntamientos se hayan podido financiar mejor, es decir, de las subidas del IBI o de las reducciones de gastos, se han beneficiado los propios ayuntamientos.
Evidentemente se puede discutir, en nuestra opinión, si la regla de gasto -que por cierto se votó aquí mayoritariamente en el Congreso- para este 2017 es más o menos restrictiva. De hecho también nos hemos puesto de acuerdo en ampliar el plazo para realizar las inversiones financieramente sostenibles. Pero, vamos, decidir que no se quiere y que se rechaza absolutamente una ley de estabilidad presupuestaria lo que quiere decir es que ni los municipios ni ninguna otra Administración están sujetos ni sometidos a ningún tipo de regla. Esto es incompatible con estar en Europa y es incompatible con una gestión mínimamente seria. Por lo tanto nosotros votaremos en contra de la proposición no de ley.
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Vendrell.
Nuestro grupo votará a favor de esta proposición no de ley de Bildu, como no podría ser de otra forma, en coherencia con lo que hemos venido diciendo, con nuestro programa electoral y también en coherencia con la enmienda a la totalidad que propusimos cuando se presentó la última reforma de esta ley en octubre de 2016.
Se trata de una ley antisocial, recentralizadora, dogmática e ineficaz. Una ley que ha sido la clave, el eje fundamental junto con los presupuestos de cada año, para aplicar lo que nosotros consideramos una nefasta política de austeridad que ha tenido un alto precio social. Es la concreción de la reforma del artículo 135 de la Constitución. En el debate de la moción de censura, en el que tanto se ha hablado de
soberanía y de soberanía nacional, pues bien, la reforma de ese artículo supuso poner de rodillas la soberanía nacional o la soberanía popular -en este caso- ante los mercados. Establece como prioridad absoluta, sagrada, el pago de los intereses y del capital de la deuda pública ante cualquier otro tipo de contingencia. Establece una regla de gasto absurda vinculando el techo de gasto al incremento del PIB. Se obliga a aplicar a realidades locales parámetros macroeconómicos generales que no tienen en cuenta la realidad local, la de los ayuntamientos, donde se producen lógicamente fluctuaciones muy variables de año a año, por ejemplo en cuanto a las inversiones. La propia normativa permite a los ámbitos subterritoriales una mayor flexibilidad que aquí el Gobierno no ha aplicado; por eso decimos que es además una ley dogmática. Establece limitaciones en cuanto al uso del superávit incluso cuando se trata de ayuntamientos saneados, a los que obliga a destinar ese superávit a las llamadas inversiones financieramente sostenibles, que son muy limitativas.
Es cierto que se ha producido una flexibilización en estos presupuestos; pero para nosotros es a todas luces insuficiente.
Y es una ley recentralizadora. Va contra el gobierno de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, en primer lugar porque impone unilateralmente todo tipo de condiciones a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos de forma unilateral: el Estado lo hace así. Pero además permite sanciones económicas, visitas de los 'hombres de negro', posibilidades de intervenir la autonomía aparte incluso del artículo 155. Se trata de una ley que permite todo tipo de injerencias e invasiones de la autonomía y de la capacidad de autogobierno de los ayuntamientos. Y, miren, no hay autogobierno real, ni de ayuntamientos ni de comunidades autónomas si no hay autonomía presupuestaria.
La aplicación concreta de la ley ha sido muy injusta. Por ejemplo, en el reparto de los objetivos de déficit el Estado se ha quedado con la mayor parte, con el 80 % del margen de déficit -para el Estado y para la Administración General del Estado y para la Seguridad Social- y solamente ha dejado el 20 % para las comunidades autónomas cuando son estas las que concentran la mayor parte del gasto social. Pero además ha sido una ley ineficaz porque el Gobierno ha incumplido sistemáticamente los objetivos de déficit todos estos años. Solo en 2016 los han cumplido porque el objetivo inicial era el 2,8 y luego fue el 3,6 y luego llegó a ser el 4,6. Al final es al revés, ¿no?: van a buscar y ver cómo pueden cumplir el objetivo... cambiándolo.
Por todas estas razones me parece imprescindible que esta ley, que es una ley de excepción económica, sea derogada. ¿Eso quiere decir que no nos preocupan el déficit y la deuda? ¡Claro que nos preocupan!. Nos preocupa el déficit y la deuda generada, por ejemplo, por la corrupción, por los 47 000 millones de euros de sangría económica que, según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, produce la corrupción. Nos preocupa el incremento del gasto militar que se ha producido en los últimos años, un 161 %. Esto también genera déficit y deuda, y claro que nos preocupa. Y también nos preocupa el déficit social que se ha producido estos años y la deuda social que estamos dejando a las generaciones futuras, la fractura social generacional que se está produciendo en este país. Nos preocupa que seamos el país en el que más se han incrementado las desigualdades, por detrás solo de Lituania, Letonia, Bulgaria o Rumanía. Nos preocupa el 22 % de personas que se encuentran en riesgo de pobreza y que seamos el tercer país de la Unión Europea en cuanto a pobreza infantil. Todos estos déficits sociales nos preocupan y la Ley de estabilidad presupuestaria establece una serie de limitaciones que no permiten afrontar esos déficits sociales y esa deuda que estamos contrayendo para las generaciones futuras. Por todas estas razones, vamos a votar a favor de esta PNL y creemos que para superar esas políticas de austeridad y esa legislación de excepcionalidad económica es imprescindible la derogación de esta ley.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Elorza.
Es cierto que los socialistas no votamos en su día a favor de esta Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 2012. Y no votamos a favor porque vimos algunos planteamientos realmente inconvenientes, que no se correspondían con las lógicas exigencias de unos tiempos en los que había que establecer contención de gasto y sistemas de control a las administraciones públicas y a los ayuntamientos, sin ningún género de dudas. Es evidente que en años pasados se ha hecho una gestión, en muchos casos, inadecuada e ineficaz. Es cierto que ha habido ayuntamientos, administraciones, que han despilfarrado de alguna manera -la minoría- sus presupuestos, sus finanzas locales. Dicho esto, el
Partido Socialista no hace mucho tiempo señaló que el desarrollo del artículo 135 de la Constitución no debía permanecer con sus contenidos actuales tanto en la Constitución como en esta ley, sino que debía modificarse de acuerdo con unos planteamientos nuevos, de modo que no se priorizasen con esta literatura los objetivos que he citado. Evidentemente, son necesarias medidas de control del gasto, condicionantes para el funcionamiento financiero de los ayuntamientos y por eso seguimos reclamando con carácter de urgencia una reforma de esta ley en el marco de la revisión de la financiación de las haciendas locales, pero de ahí a aceptar las formulaciones que recoge el texto de esta PNL del Grupo Mixto, de Bildu, hay un trecho. Tenemos nuestras diferencias. No compartimos muchas de las afirmaciones -entendemos- exageradas que se contemplan en el texto de la PNL y tampoco la parte relacionada con lo que hoy votaremos, el rechazo de esa ley orgánica y especialmente la derogación.
Compartimos, sin duda, críticas a cuestiones como las disfunciones que ha producido y que sigue produciendo la regla de gasto. En cambio, una determinada contención de la deuda pública, una contención del crédito de las inversiones sigue siendo necesaria para determinados ayuntamientos que arrastran una gran deuda, que tienen un déficit todavía importante, a pesar del esfuerzo generalizado que se está haciendo. También debemos reconocer que la flexibilización que se ha incorporado -afortunadamente, ya era hora- para poder disponer de los remanentes y destinarlos a inversiones con el título de inversiones sostenibles es un cierto avance en lo que viene reclamando el conjunto de los ayuntamientos. Por otra parte, nos parece de interés la referencia en la ley al papel de los interventores o directores financieros, porque en un pasado -no muy lejano- se han producido abusos, se han producido desatenciones al papel y a los informes de los interventores por parte de algunos gestores, de algunos Gobiernos municipales. Es así y esto lo viene a ratificar un decreto reciente, publicado el 12 mayo en el Boletín, que hace referencia a ese papel de los interventores. Como digo, esa medida la acaba de adoptar el Gobierno en abril y se ha publicado el 12 mayo.
Por último, quiero señalar que hemos tenido contacto, en este caso con alcaldes y con interventores de ayuntamientos del País Vasco, que nos han manifestado que ellos pueden funcionar, excepto en casos de ayuntamientos que tienen importantes restricciones derivadas de su déficit, de la deuda acumulada. Los ayuntamientos están funcionando y no ven limitada, como se expresa en la PNL del Grupo Bildu, su autonomía, sus disponibilidades y tienen un margen razonable para desarrollar sus cometidos. Eso es así. No conozco ninguna resolución inmediata -en estos términos, por lo menos- de la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, y tampoco conozco una resolución en esos términos taxativos por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias. Es cierto, que aceptando y apoyando la revisión, sin embargo, no estamos por la derogación de esta ley en los términos que aquí se formulan.
Por último, quiero hacer una observación a la proponente, y es que seguramente en el ánimo de esta PNL ha podido influir -supongo- una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con una norma foral del año 2014, de la Diputación Foral de Gipuzkoa, entonces gobernada por Bildu. Esa sentencia es contraria al contenido de esa norma de la Diputación Foral de Gipuzkoa en lo que se refiere a tareas de tutela y de control sobre las cuestiones que la propia ley de referencia establece. Lamentamos que haya sido así, pero animamos a las diputaciones forales vascas, y en este caso también del territorio de Navarra, a que regulen mediante normas propias, dentro del marco de la ley, sus funciones de tutela y de control sobre las cuestiones presupuestarias y de inversión de los ayuntamientos de las comunidades vasca y navarra. Por tanto, votaremos en contra de la PNL.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Muchas gracias, presidente. Gracias, señorías.
La iniciativa que ha presentado el grupo proponente insta al Gobierno a derogar, como ya se ha dicho, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en base a un supuesto ataque frontal a las entidades locales, sus competencias y su propia existencia. Y más en concreto, al menos en su texto -hoy lo ha ampliado la ponente del Grupo EH Bildu- se refiere a las obligaciones de información de su artículo 6, relativo al principio de transparencia que deben cumplir todas las administraciones públicas, no solo las entidades locales, señoría. En absoluto podemos estar nosotros de acuerdo, porque ni la transparencia está reñida o es incompatible con la autonomía de la financiación de las entidades locales -y lo digo con un carácter más general ante las afirmaciones que se han vertido también en esta sala esta tarde- ni la estabilidad presupuestaria es contraria al crecimiento económico, la creación de empleo y el mantenimiento y mejora de la cohesión social; más bien justo al contrario, porque a mayor
déficit, menor crecimiento, destrucción de empleo y puesta en riesgo de nuestro sistema de bienestar, como bien sabemos ya todos los españoles tras la crisis económica que hemos pasado.
Señorías, con esta Ley de estabilidad presupuestaria en vigor hay crecimiento económico, creación intensiva de empleo y mejora de nuestra sociedad del bienestar, disminuyéndose la desigualdad social que se había creado en la crisis económica en los tres últimos años en nuestro país. Pero cabe recordar, señorías -lo ha dicho el señor De la Torre y coincido con él perfectamente-, que la aprobación de esta ley orgánica fue fruto de la necesidad de avanzar en el proceso de integración económica europea que se puso de manifiesto fundamentalmente en el año 2008, en el que se inició una crisis económica de carácter mundial, especialmente severa en el ámbito europeo, cuyos efectos además se vieron agravados en nuestra economía debido a la elevada tasa de desempleo que ya teníamos. La crisis económica, señorías, nos mostró la insuficiencia de los mecanismos de disciplina de la anterior Ley de estabilidad presupuestaria y, paralelamente, las tensiones financieras pusieron en evidencia la fragilidad del entramado institucional de la Unión Europea. Y fue en este contexto cuando se aprobaron una serie de iniciativas legislativas en el ámbito europeo orientadas a reforzar las reglas fiscales comunes. Señorías, no podemos olvidar que la garantía de la estabilidad presupuestaria de todas y cada una de las administraciones públicas -no de las entidades locales y mucho menos de las entidades locales del País Vasco- es una de las claves de política económica que contribuye, por un lado, a reforzar la confianza en la economía y, por otro, a recuperar la senda del crecimiento económico y la creación de empleo. Este convencimiento llevó en septiembre de 2011 a reformar, como muy bien saben sus señorías -no sé si algunos lo han repensado-, en septiembre de 2011, el artículo 135 de la Constitución española introduciendo la regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural en nuestro país y la deuda pública.
Pues bien, este reforzamiento de la garantía de la estabilidad presupuestaria en España lo desarrolla, por mandato constitucional, la citada ley orgánica que ustedes hoy pretenden derogar y que lo que hace es incorporar las exigencias europeas a todas las administraciones públicas en materia fiscal. Y entre los pilares que sostienen dichos compromisos se encuentra el principio de la transparencia -en concreto, en su artículo 6, el que pone en solfa el grupo proponente-, que permite el acceso a la información sobre la situación de las finanzas públicas de todas las administraciones públicas, en las que quedan incluidas la Administración central, las comunidades autónomas, las entidades locales y las administraciones de la Seguridad Social. Leía y releía la proposición no de ley una y otra vez y me preguntaba qué tienen en contra ustedes de la transparencia, en un momento como este, de las cuentas de cualquier Administración pública, y no he encontrado motivo para ello en toda su proposición no de ley. Además, señorías, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera da cumplimiento al Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza en la unión económica y monetaria, de 2 de mayo de 2012, en aras a cumplir tres objetivos: garantizar la sostenibilidad financiera de todas las administraciones públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria. Objetivos que mi grupo comparte plenamente, ya que todo ello va a incidir, directa e indirectamente, en un mayor crecimiento económico y creación de empleo, no solo en España sino en toda la Unión Europea.
De lo anterior cabe deducir que las exigencias en materia de transparencia son aplicables por igual a todas las administraciones públicas, cualquiera que sea el nivel de descentralización y no solo en territorio español sino en toda la Unión Europea -están pidiendo ustedes una excepcionalidad no solo dentro de España sino dentro del conjunto de la Unión Europea- y además también cabe deducir, por todo ello, que no es cierto -por no decir que es absolutamente falso- que las obligaciones impuestas derivadas de esta ley no hacen más que confirmar que las entidades locales van a pagar por la situación de crisis estructural del Estado español. Tampoco es cierto que la Ley de estabilidad presupuestaria usurpe potestad alguna y someta a las entidades locales vascas a criterios económicos y presupuestarios que obstaculicen su buen funcionamiento y capacidad de inversión, como muy bien ha dicho también el señor Elorza. No es cierto, por tanto, que con la aprobación de esta ley a las entidades locales de Euskal Herria se les niegue, como dicen ustedes, la capacidad e iniciativa que les corresponden como institución. Por último, no es cierto que esta ley, del Gobierno de Rajoy, tenga un marcado carácter recentralizador, mermando y limitando en gran medida el funcionamiento de las distintas administraciones al servicio de la ciudadanía.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de esta proposición no de ley. Muchas gracias. (Aplausos).
- RELATIVA A LA EQUIPARACIÓN DEL TRATAMIENTO FISCAL ENTRE MATRIMONIOS Y PAREJAS DE HECHO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/001201).
El señor PRESIDENTE: Al no haber enmiendas a esta iniciativa, pasamos al punto 6.º, iniciativa relativa a la equiparación del tratamiento fiscal entre matrimonios y parejas de hecho, que presenta el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En su nombre, tiene la palabra la señora Honorato.
La señora HONORATO CHULIÁN: Muchas gracias, presidente.
Queríamos llamar la atención esta tarde sobre lo que nos parece que es una disfunción de nuestro sistema jurídico que afecta a casi dos millones de personas en nuestro país, según las estadísticas más recientes del Instituto Nacional de Estadística. Nos referimos a aquellas personas que viven bajo un mismo techo, que forman una familia pero que son uniones de hecho y no uniones de derecho. Existe una diferencia de trato, concretamente fiscal, que supone una discriminación para las parejas que han decidido unirse, formar una familia bajo un mismo techo, como digo, en uniones de hecho respecto de las uniones de derecho. Lo que nosotros traemos aquí ya lo puso encima de la mesa la defensoría del pueblo hace un par de años y recomendó al Gobierno que procediera a la modificación correspondiente en la legislación fiscal para poder unificar el trato fiscal que recibían las uniones de derecho y las uniones de hecho en nuestro país. Hace casi dos años de esto y no ha habido ningún movimiento por parte del Gobierno y nos parecía que era el momento de traer esta cuestión a esta Comisión para que los diferentes grupos se pudieran pronunciar sobre esta recomendación de la defensoría del pueblo.
Traigo aquí los argumentos que en esa recomendación recogió la defensoría. En primer lugar, ponía de manifiesto que las familias lo son con independencia de su origen matrimonial o no, pero ello no quiere decir que exista o deba existir una equiparación entre matrimonio y uniones de hecho. En segundo lugar, también destacaba en estas recomendaciones que tales uniones pueden obedecer a planteamientos personales libres, diferentes y esas opciones personales requieren igualmente un respeto. En tercer lugar, que la aplicación de las normas del derecho de familia no debería depender de la celebración del matrimonio sino de la existencia de relaciones humanas de tipo familiar. En cuarto lugar, destacaba que la familia, como grupo humano básico que asegura el desarrollo de la personalidad en un marco de afecto, solidaridad y ayuda mutua, es una realidad social protegida por el derecho y debe ser indiferente del origen de esta. Se sostiene, por tanto, que hay una pluralidad de modelos familiares que tienen que estar amparados y protegidos por la norma y por el derecho. Esta protección se recoge en el propio artículo 39.1 de la Constitución española, que protege a la familia, no quedando limitada a la familia legítima matrimonial sino que puede comprender otras formas de convivencia.
Por último, también destacaba este informe que aunque un sector doctrinal funda el reconocimiento jurídico de las parejas de hecho en la existencia de un derecho fundamental a no casarse que consideran consagrado en la propia Constitución como reverso al derecho constitucional a contraer matrimonio, en cualquier caso el reconocimiento jurídico global del fenómeno de las parejas de hecho y, por tanto, su institucionalización es hoy una tendencia que ha encontrado reflejo legislativo a nivel autonómico, y no parece lógico que la finalidad del matrimonio esté constituida por la obtención de beneficios fiscales que de otra forma no se conseguirían. Esto, como digo, es lo que traía a colación la recomendación de la defensoría del pueblo y nosotros compartimos el criterio que ponen encima de la mesa. Nos parece importante incidir en que no deberían existir familias de primera y de segunda categoría a efectos de su regularización fiscal. Nos parece de sentido común que no deban existir familias con menos ventajas fiscales por el mero hecho de que se estructuren en torno a una pareja de hecho o a una pareja de derecho, Debería ser el derecho de familia, como bien dice su propio título, un derecho de familia, no exclusivamente de matrimonio, y el bien jurídico protegido sería esa realidad social basada, como decía que ponía de manifiesto la propia defensoría del pueblo, en el afecto, la solidaridad, la ayuda mutua y el desarrollo de la personalidad; esta pluralidad de modelos debería ser la que se protegiera.
El propio Tribunal Constitucional desde temprano ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre los problemas de la igualdad tributaria, y en concreto referidos a los matrimonios, en la sentencia 4589. Decía que como la carga tributaria a que cada sujeto ha de hacer frente está en función de su capacidad económica, la definición de esta y el método para determinarla han de establecerse mediante normas que efectivamente den a todos los sujetos un trato igual y no introduzcan entre ellos diferencias resultantes de su propia condición personal o de las relaciones que existan entre ellos y otras personas, cuando ni
aquella condición ni estas relaciones son elementos determinantes en el impuesto en cuestión. Por tanto, nos parece que un efecto perverso de esta discriminación podría provocarse por el hecho de que haya parejas de hecho que para evitar esa discriminación acaben contrayendo matrimonio, es decir, acaben convirtiéndose en pareja de derecho única y exclusivamente por obtener ese beneficio o ese mejor trato fiscal. Nos parece que el ordenamiento jurídico no debería incidir en esa opción, sino que debería ser una opción absolutamente libre y legítima, que cada persona pudiera elegir libremente cuál es la forma en la que conforma la familia en la que desea vivir.
Solamente queríamos llamar la atención sobre esta cuestión, queríamos llamar la atención al Gobierno para que haga caso a esta recomendación de la defensora del pueblo y a esta proposición no de ley, en el caso que fuera aprobada por esta Cámara, y que pudiéramos conseguir que los españoles y las españolas puedan ejercer dentro de la familia sus derechos en igualdad y sin discriminación.
En nombre del Grupo Ciudadanos, que es el enmendante, tiene la palabra el señor Ten.
Efectivamente, nosotros hemos presentado una enmienda. Si bien Cataluña fue la primera comunidad autónoma en la cual se aprobó una ley sobre parejas de hecho en el año 1998, la verdad es que luego poco a poco se fueron sumando comunidades autónomas como Aragón, Navarra en 2001, o la Comunidad de Madrid, la mía propia, la valenciana, Islas Baleares, etcétera.
Las parejas de hecho, a diferencia del matrimonio, no están reguladas a nivel estatal. Cada comunidad autónoma tiene una legislación diferente de las otras y no existe una ley de ámbito nacional. No hay un registro común nacional ni existe un organismo que unifique los derechos de la pareja. Cada comunidad autónoma, como digo, ha regulado su propia ley de uniones de hecho y, además, ha habido diferentes nombres. En algunas las llaman uniones estables, en otras parejas estables, convivencia o uniones de hecho. Además, no se tienen los mismos derechos y obligaciones. Nuestro grupo parlamentario siempre estará al lado de la igualdad de derechos de las personas, independientemente del territorio de la circunscripción.
La propia defensora del pueblo, como bien comentaba la portavoz de Unidos Podemos, nos presentaba esa recomendación del 2 de julio de 2015 y nos gustaría incidir en ella. Esta recomendación, además, lleva la protección del artículo 39.1 de la Constitución española, esa dispensa a la familia que no queda limitada solamente a la familia matrimonial, sino que puede comprender otras formas de convivencia. Por eso mismo, habíamos presentado esta enmienda y entiendo que con el Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea vamos a firmar esta transaccional, por la cual el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a estudiar esas condiciones de seguridad jurídica y fiscal, aquellas modificaciones necesarias en la legislación civil para acometer esa recomendación que la defensora del pueblo nos presentaba el 2 de julio de 2015, con dos apartados: por un lado, acometer esa reforma de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto de la renta de las personas físicas y, por otro lado, acomodar la normativa de cada impuesto al tratamiento igualitario entre las parejas de hecho y los matrimonios.
Nos alegramos de que desde el Grupo Unidos Podemos se fijen más en los derechos de las personas y no tanto en la circunscripción de los territorios.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, el señor Candela no hace uso de la palabra.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Quiero indicar que votaremos favorablemente y hacer una reflexión. El derecho siempre nace muerto. La lástima es que habitualmente, cuando depende de Hacienda o de la Agencia Tributaria, las interpretaciones van en contra de las personas. En este caso compartimos plenamente la filosofía de la PNL presentada por el Grupo Podemos, en el sentido de que viene a igualar todas las situaciones y una realidad, el reconocimiento jurídico. Hablo desde el punto de vista de Cataluña, que en su legislación civil y, por tanto, en su código de familia tiene reguladas las uniones de hecho, en las que se especifica perfectamente qué efectos jurídicos producen, de qué manera se puede constatar la realidad para evitar -como algunos apuntan- las posibilidades de fraude. En consecuencia, existen mecanismos para arbitrar una regulación de los registros para constatar la realidad de la existencia de la unión de hecho. Existen estas otras maneras de organizarse la vida, perfectamente reconducibles a los marcos que establece la Constitución española y por tanto la legislación española. Esto debe comportar
necesariamente que la familia, las distintas formas de familia tengan los mismos derechos pero también las mismas obligaciones, que sí las tienen. Por tanto, resulta poco equitativo y negativo para las familias que no pasan por la regulación del matrimonio que se les apliquen otras formas tributarias que en puridad no responden a ninguna diferencia real. En las parejas de hecho y en los matrimonios las consecuencias jurídicas son las mismas, los efectos son los mismos y en el momento de la disolución pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es que se tributa de forma distinta. Por tanto, nosotros daremos apoyo a la proposición presentada por Podemos.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Galeano.
Señorías, es bien conocido que hasta hace unos años las llamadas unidades familiares con base en el matrimonio venían obligadas a tributar conjuntamente en el IRPF, con lo cual al ser este un impuesto progresivo resultaba más gravoso que la tributación separada a la que se sometían quienes no estaban casados, especialmente en el caso de que ambos cónyuges, por ejemplo, tuvieran rentas. Solamente a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional -no se asusten, señorías del Partido Popular- de 20 de febrero de 1989, que declaró inconstitucional la obligatoriedad de la tributación conjunta, pueden los cónyuges actualmente optar de forma voluntaria entre esa tributación conjunta o la tributación separada. Por el contrario, esta posibilidad de optar por la tributación conjunta, que en su configuración actual además puede resultar más beneficiosa en los casos en que, por ejemplo, solo uno de los miembros de la pareja obtenga rentas o en el caso de que uno de esos cónyuges obtenga una rentas mínimas, reducidas, no es una opción para las parejas de hecho. Entre otras ventajas que nos encontramos en diferentes figuras tributarias en relación con este tipo de paralelismo de situación entre uniones de hecho y matrimonio, puede citarse también, por ejemplo, la exención en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados de las aportaciones de bienes y derechos realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal o la exención, por ejemplo, del patrimonio del sujeto pasivo necesario para el desarrollo de su actividad profesional o empresarial, en el caso del impuesto sobre el patrimonio. Podríamos también introducir en este debate cuestiones como que la existencia o no de vínculo matrimonial es irrelevante a efectos fiscales en las relaciones familiares verticales, ascendientes y descendientes.
Con todos estos ejemplos que he planteado aquí, señorías, que son ejemplos de impuestos estatales, y cedidos, en su caso, a las comunidades autónomas de régimen general, consideramos que esta cesión de competencias que ha habido en esta serie de impuestos ha permitido, como han dicho otros portavoces, que algunas comunidades autónomas de régimen general, como es el caso de Andalucía, Madrid u otras, hayan equiparado, eso sí, de forma parcial y no uniforme, a los miembros de las parejas de hecho con los clásicos matrimonios. Algunas comunidades autónomas, algunas haciendas forales como Navarra y País Vasco sí han llevado a cabo la equiparación en un sentido total. Si bien es cierto que el principio de igualdad actúa de manera singular en el ámbito tributario y que el principio de capacidad contributiva se referencia a la persona física individualmente considerada, esta equiparación que han efectuado esta serie de administraciones autonómicas del matrimonio y de las uniones de hecho a efectos tributarios podemos considerar que es un buen punto de partida para esta proposición que plantea Unidos Podemos y acometer de forma estatal esta modificación legislativa que desde el Grupo Socialista pensamos que puede ser oportuna a la hora, entre otras cosas, de solventar las desigualdades, como he manifestado, las incongruencias -que también ha mencionado el portavoz de Ciudadanos- indeseables en cualquier caso entre diferentes territorios. Por todo ello, íbamos a votar de forma positiva esta propuesta realizada por Unidos Podemos, como se va presentar una transaccional, también la vamos a firmar.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular compartimos la filosofía que se expone en esta proposición no de ley planteada por Podemos, compartimos la resolución y los planteamientos que hace la Defensora del Pueblo y, sobre todo, defendemos tres principios constitucionales que para nosotros son fundamentales y que en cierta manera se plantean en esta iniciativa, que son: la libertad de los individuos
para elegir la opción de vida que les parezca más adecuada para su desarrollo personal y familiar, la protección de la familia cualquiera que sea la opción del libre individuo para desarrollar ese proyecto de vida y, por último -un aspecto que también se ha señalado por otros portavoces-, la igualdad de los ciudadanos vivan en el territorio en el que vivan. Pero nosotros somos legisladores y por supuesto no podemos vivir de espaldas a la realidad, y la realidad es que hoy en día existen parejas que no desean contraer matrimonio y que, por tanto, prefieren optar por ser una pareja de hecho, y esto se pone de manifiesto en las propias encuestas del INE sobre la familia.
Lo cierto es que esta cuestión que plantean ha dado lugar, como saben, a numerosos artículos, a numerosas opiniones doctrinales y jurisprudenciales, porque es de extraordinaria complejidad jurídica y, por tanto, tenemos que empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. Para ser rigurosos, debemos partir de la premisa de que jurídicamente desde luego no son equiparables hoy en día las uniones de hecho con el matrimonio, eso es una realidad. Por eso, creemos que tenemos que abordar la cuestión desde una visión más amplia y más rigurosa, más allá del tratamiento fiscal específico que haya que darle en un determinado impuesto. Como ha dicho el portavoz de Ciudadanos, se ha dictado numerosa normativa autonómica muy dispersa, muy diferente; los requisitos para ser pareja de hecho son diferentes en unas comunidades autónomas y en otras, incluso el nombre, como ha citado el portavoz de Ciudadanos, de la propia unión -en unos sitios se llama unión estable, en otros uniones de hecho y en otros parejas de hecho- hace que tengamos que ser cautelosos en este tema porque es una cuestión jurídicamente compleja, y el propio Tribunal Constitucional se ha preocupado de precisar que la unión de hecho es una institución que nada tiene que ver con el matrimonio, porque precisamente quien opta por una unión de hecho no quiere tener las consecuencias jurídicas que ofrece el matrimonio. Por tanto, hay diferencias muy significativas en las comunidades autónomas y, al no existir una legislación estatal que regule las uniones de hecho, se producen desigualdades entre los ciudadanos -esto es así- en función de dónde residan, de en qué comunidad residan, a diferencia del matrimonio, que cuenta con la misma regulación jurídica en todo el territorio español.
Centrándonos ya en esta iniciativa, el Grupo Popular desde luego no puede votarla en los términos en que la plantea Podemos, primero, porque el primer punto, en donde se cita la Ley General Tributaria, nada tiene que ver con la cuestión que estamos tratando. En la Ley General Tributaria se define quiénes son los sujetos pasivos, los obligados tributarios en función de que sean personas físicas o jurídicas, no en función de que estén casados, no casados o sean parejas de hecho. Por eso, es imposible apoyarla en sus propios términos, porque nada hay que cambiar en la Ley General Tributaria para que se produzca ese trato igualitario entre parejas de hecho y matrimonios.
En cuanto al tratamiento en cada uno de los distintos impuestos que se establece en el segundo punto, sí queremos señalar, como se ha citado también por parte del portavoz socialista, que a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional del año 1989, se configura el impuesto sobre la renta de las personas físicas como un impuesto cuya regla general es la tributación individual, pero eso sí, luego establece las opciones de tributar conjuntamente en lo que se considera una unidad familiar, para lo que existen dos modalidades, como saben: una, la formada por el matrimonio y los hijos menores de edad y, otra, la formada por el padre separado o la madre y la totalidad de los hijos que convivan con uno de ellos. Por tanto, sí que existe la opción de hacer la tributación conjunta por parte de uno de los miembros de la pareja de hecho con todos los hijos, pero sí es cierto que la unidad familiar nunca estaría integrada por los dos miembros. Por eso, existen importantes razones de complejidad y control, porque hacer una realidad el principio de igualdad de tributación de todos los ciudadanos, vivan en el territorio en el que vivan, hace que tenga que tener cautelas esta iniciativa en el sentido de que existen todavía comunidades autónomas que no han regulado esta cuestión u otras que lo hacen de manera muy diferente al resto de comunidades autónomas. Por eso, el Estado solo debería admitir la opción por la tributación conjunta a figuras con idéntica regulación en todo el territorio español y con la garantía y seguridad jurídica necesarias para que no pueda haber situaciones de fraude para las arcas públicas o modificaciones artificiales de domicilios fiscales para obtener determinados beneficios fiscales que no les corresponden.
Por todo lo dicho, no la votaremos en sus términos, pero si realmente se llega a una transaccional en la que se tomen esas cautelas jurídicas, como ha planteado Ciudadanos, y por todas las razones expuestas nos parece más apropiada la redacción de esa enmienda, el Grupo Parlamentario Popular votará favorablemente en el caso de que se vote en esos términos.
Nos han hecho llegar una enmienda transaccional, en este caso con el Grupo Ciudadanos y con el Grupo Socialista. Se entiende que vamos a votarla con esta transaccional, que es a la que se refiere también la señora Madrazo.
La señora HONORATO CHULIÁN: Exactamente.
- SOBRE MEDIDAS CONTRA LOS PARAÍSOS FISCALES Y LA ELUSIÓN FISCAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001333).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7.º del orden del día, una iniciativa sobre medidas contra los paraísos fiscales y la elusión fiscal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos
En su nombre, tiene la palabra el señor De la Torre.
Señorías, la opacidad total es la impunidad absoluta, y esta es una característica de los paraísos fiscales, donde tenemos, por una parte, problemas derivados del gran fraude fiscal y, en segundo lugar, se juntan problemas de corrupción. Detrás de los pequeños casos de corrupción, que siempre son cuestiones de dinero, nos encontramos los billetes de quinientos euros y detrás de los grandes casos de corrupción siempre nos aparece un paraíso fiscal. Además, tenemos el problema del blanqueo de capitales, es decir, sacar dinero de actividades ilegales, esconderlo, por ejemplo en paraísos fiscales, y después reintroducirlo dentro del circuito legal. Esto es el triángulo que suponen los paraísos fiscales, esta lacra del mundo moderno, para la cual hay que tomar medidas internacionales pero también hay que tomar medidas desde España. A lo largo de los dos días que ha durado la moción de censura se ha hablado mucho de offshore. Aquí queremos traer nuevamente, como ya hemos hecho en un par de ocasiones a la Comisión de Hacienda, medidas concretas de lucha contra la corrupción, contra el gran fraude fiscal y contra el blanqueo de capitales; en suma, medidas contra los paraísos fiscales.
En primer término, nosotros creemos que hay que revisar los acuerdos de intercambio de información y los convenios de doble imposición que permiten a los países, a España, sacar de las listas de paraísos fiscales, revisar estas listas de paraísos fiscales, porque todos conocemos casos, algunos muy obvios y muy recientes, de países que claramente no cumplen con las obligaciones de información para España y no son excluidos de estas listas. Por tanto, las personas que refugian ilegalmente sus capitales allí son las que mejor protegidas están, porque no se les aplican las normas antiparaísos; y todos sabemos que estamos hablando de paraísos fiscales.
En segundo término, nos parece muy importante también que las entidades financieras informen respecto de sus filiales en paraísos fiscales en las mismas condiciones que informan respecto de las personas o entidades dentro de España. Por cierto -hoy se ha hablado de ello-, en España no existe secreto bancario, sin embargo, en este tipo de paraísos fiscales sí, y por lo menos tenemos que conseguir que las entidades españoles informen respecto de sus filiales y acaben con este secreto bancario que existe en los paraísos fiscales. Por otra parte, tenemos que dar mayor gratuidad y libre acceso al registro mercantil para que sea más difícil ocultarse detrás de sociedades en España. Proponemos también medidas contra la ingeniería fiscal y, fundamentalmente, que las empresas informen a la Administración tributaria de todas sus transacciones y operaciones con paraísos fiscales.
En esta proposición no de ley tenemos también medidas contra las empresas españolas -para que sean más transparentes- que están controladas desde paraísos fiscales. En mi experiencia como inspector de Hacienda, normalmente no ves a una sociedad operar directamente desde paraísos fiscales sino que tiene filiales en España controladas desde allí y no sabemos quién está detrás. Como decimos, hay que luchar contra esta opacidad total, porque es la impunidad absoluta. En este sentido, cuando estas sociedades controladas desde paraísos fiscales son instrumentos del delito, y en estos supuestos de delitos graves de corrupción, deberían estar sujetas a la regla del enriquecimiento ilícito. Es decir, que civilmente -no penalmente-, salvo que el titular demostrase que este dinero o que estas sociedades proviniesen de lícito comercio, se procediese a su decomiso, porque han sido utilizadas como instrumentos del delito.
Por último, en nuestra opinión, hay que ampliar el ámbito de la declaración de bienes en el extranjero. La declaración de bienes en el extranjero fue una buena idea atribuible al Gobierno del Partido Popular;
igual que hemos criticado con dureza la amnistía fiscal, es cierto también que la declaración de bienes en el extranjero -copiada de la Administración americana Obama- es una buena idea, pero hay que ampliar su ámbito. Es decir, tenemos que ampliarlo a medios que son equivalentes al efectivo. Estamos hablando de otra cuestión, que ustedes han podido conocer recientemente, como es la del oro en lingote. También debe afectar, en cualquier caso, a los depósitos francos, que a veces son utilizados como instrumentos en toda Europa -habría que cambiarlo a nivel europeo- para realizar actividades de contrabando, para sacar obras de arte que forman parte del patrimonio nacional, etcétera.
Dicho todo esto -la lista es bastante exhaustiva-, creemos que su puesta en práctica supondría un avance sustancial en la lucha contra los paraísos fiscales. Hemos aceptado la mayor parte de las enmiendas -de la segunda a la sexta- del Partido Socialista, cuya aportación agradecemos en el sentido de que tienden a mejorar nuestra proposición no de ley desde el punto de vista de la cooperación internacional. En cualquier caso, les pedimos a todos los grupos parlamentarios, como estamos convencidos de que todos son contrarios a los paraísos fiscales, al gran fraude fiscal, a la corrupción y al blanqueo de capitales, que apoyen esta proposición no de ley que, cuando se lleve a efecto a través de las medidas normativas correspondientes, supondrá un gran avance en la lucha contra esta gran lacra del mundo moderno.
En este caso hay dos grupos enmendantes, el Grupo Socialista y el Grupo Popular. En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor López Milla.
En esta XII Legislatura y en la más breve anterior que se extendió a lo largo de la primera mitad del año 2016 hemos aprobado ya en esta Cámara varias iniciativas de distintos grupos para impulsar la lucha contra las consecuencias de los paraísos fiscales y la lucha contra el fraude fiscal, evitando que los paraísos fiscales puedan ser utilizados como refugio de esos capitales. Hasta ahora esas iniciativas parecen no haber tenido ninguna traducción práctica en la acción del Gobierno. Hoy esperamos que si esta iniciativa se aprueba -como parece que va a ocurrir- tengamos más éxito, aunque solo sea porque parte del grupo parlamentario que apoya al Gobierno y este debería plantearse que no puede dejar a su aliado en evidencia.
El Grupo Socialista, como planteaba el señor De la Torre, ha presentado varias enmiendas -que entendíamos necesarias- a una PNL muy prolija y que reúne una serie de aspectos muy interesantes en relación con esta cuestión. Hemos querido completarla añadiendo alguna aportación como, por ejemplo, la enmienda en la que proponemos que para establecer la definición de paraíso fiscal se tengan en cuenta los países que establecen niveles de tributación muy bajos en comparación con los que tenemos en España, así como esos países que llevan a cabo prácticas fiscales orientadas a favorecer la competencia fiscal a la baja entre los Estados, concediendo ventajas fiscales sin requerir el desarrollo de actividad económica sustantiva en el territorio. En el concepto de paraíso fiscal se tendrían que incluir también, a nuestro juicio, aquellas jurisdicciones que, aunque no tengan un ámbito nacional, hayan adoptado un marco legal que concuerde con los criterios reflejados en la definición de paraíso fiscal adoptada. Planteamos también que, con carácter general, se revise el régimen sancionador para que sea más exigente con los territorios incluidos en el listado y con los agentes -personas físicas o jurídicas- que se sirven de estos territorios para ocultar capitales o desviar beneficios o que son actores necesarios para que puedan eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Igualmente, proponemos que el Gobierno desarrolle algunas actuaciones -como decía el señor De la Torre- en el panorama internacional, impulsando, por ejemplo, una definición común de paraíso fiscal que sea válida en todo el mundo, promoviendo una cumbre fiscal internacional, impulsada por la ONU, parecida a la de París sobre cambio climático, con una convocatoria de Naciones Unidas y sobre las bases técnicas elaboradas por la OCDE en cuyo seno se han desarrollado los acuerdos BEPS. Creemos que el Gobierno también debe defender en los foros internacionales el establecimiento de sanciones a los Estados que concedan ventajas fiscales sin requerir actividad económica sustantiva en su territorio, que no intercambien información o tengan imposición anormalmente reducida. Asimismo, debe promover un debate en la Unión Europea -de hecho, este debate está empezando a suscitarse y entendemos que el Gobierno español debería impulsarlo decididamente- orientado al establecimiento de un impuesto de
salida sobre los capitales que se trasladen a Estados o territorios que tengan la condición de paraíso fiscal, así como la aplicación de medidas contra empresas que operen desde paraísos fiscales, incluyendo posiblemente la exclusión de las mismas de la financiación proveniente de la UE.
También queremos recordar que la lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios está siendo un grave problema para la estabilidad de la recaudación del impuesto sobre sociedades en la mayoría de los países avanzados. Para combatir la evasión fiscal es necesario alcanzar consensos amplios de forma coordinada a nivel internacional y de manera inmediata. En concreto, el desarrollo de la economía digital, Internet, ha tenido una gran relevancia en el debate sobre la fiscalidad de los servicios que se prestan a través de la red. Las empresas multinacionales están seleccionando los países con una tributación más baja para trasladar allí los beneficios de los servicios que se producen en países con mayor carga fiscal. El Plan de Acción BEPS -por sus siglas en inglés- de la OCDE ha marcado un punto de inflexión en la historia de la cooperación internacional en materia de tributación. La Unión Europea también se ha marcado como objetivo evitar que la relación matriz-filial suponga una reducción considerable de los ingresos tributarios de los Estados miembros. Consideramos que el Gobierno de España tiene que adoptar un papel de liderazgo, como país miembro de la OCDE e invitado permanente del G-20, en la implementación efectiva de dicho Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. En línea con esto y en particular con el objetivo de eliminar esa erosión de las bases imponibles y el traslado artificial de beneficios a jurisdicciones sin imposición o con tipos anormalmente reducidos que deberían ser considerados como paraíso fiscal, entendemos que el Gobierno debe promover a nivel internacional todo un abanico de actuaciones; abanico muy prolijo y que desarrollamos en nuestra enmienda pero que, en aras de la brevedad y como se me acaba el tiempo, ya no detallaré.
En nombre del Grupo Popular, que es otro de los enmendantes, tiene la palabra el señor Bravo.
Señorías, nosotros, como no puede ser de otra manera, y como viene siendo nuestra política en los últimos cinco años, estamos a favor respecto del fondo de la propuesta presentada por Ciudadanos porque intentamos estar en primera línea en todo lo que tenga que ver con la lucha contra paraísos fiscales, contra el fraude y contra la corrupción para intentar atacarlo en la manera de lo posible. No podemos votarla favorablemente, aunque agradezco la intención del representante de Ciudadanos. Hemos intentado transaccionar, pero ustedes contaban con el apoyo del PSOE y del resto de formaciones políticas, por lo que entiendo que era difícil intentar llegar a algún punto de acuerdo. Pero sí me parece necesario, frente a todo aquello que han reivindicado a lo largo de su exposición los dos compañeros anteriores, informarles sobre en qué situación estamos, ya que quizá eso puede poner un poco más en valor lo que es esta enmienda. España, en los últimos cinco años, participa activamente en el G-20, en la OCDE, en la Unión Europea, en los proyectos BEPS, que saben que se han desarrollado en los años de 2013 a 2015, y en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información, que creo que todo el mundo estará de acuerdo en que es fundamental. Pero no solamente eso, es que este Foro global lo capitanea España, María José Garde, por lo que creo que de alguna manera estamos demostrando nuestro compromiso inequívoco con lo que es la lucha contra los paraísos fiscales. Es verdad que aquí se ha hablado de lo que es un territorio de nueva tributación o de baja tributación, etcétera, pero creo que nadie de los que estamos aquí discutiremos de la necesidad de que eso se armonice a nivel europeo. Es decir, nosotros no podemos ir solos y por delante capitaneando algo que requiere de un acuerdo entre todos los países de la Unión Europea. En esta línea, deben saber ustedes que España tiene una lista de paraísos fiscales mientras que otros países de la Unión Europea ni siquiera la tienen, incluso la propia Unión Europea a día de hoy no ha conseguido consensuar. Hay un compromiso para intentar conseguir que a finales de 2017 haya una lista de paraísos fiscales que esté consensuada por parte de la Unión Europea, de cara a esos países que están en el límite entre lo que se puede considerar un paraíso fiscal o un régimen de baja tributación respecto de un país que haga un intercambio automático de información, lo que nos llevará, sin duda, a tener una postura mucho más adecuada. Por tanto, estamos de acuerdo con el fondo de la propuesta, les informamos de lo que estamos haciendo y también les pedimos un poco de paciencia para ver cómo evoluciona la Unión Europea.
De esas quince medidas que recoge el proyecto BEPS -algunas incluidas en la enmienda del PSOE, la sexta creo que es- tengo que decirles que España ha incorporado muchísimas de ellas, por ejemplo, en la Ley del Impuesto sobre Sociedades y en la Ley General Tributaria, por lo que apreciamos la buena voluntad de esa medida, pero ya están aplicándose. En el año 2014, la OCDE aprobó un modelo de acuerdo entre autoridades administrativas competentes y pidió un conjunto de reglas para crear un sistema común y estandarizado de intercambio de información automático, lo que se conoce como el CAA y el CRS. Pues bien, en septiembre de 2017 ese intercambio automático de información empezará a tener efecto y será el momento en que veremos si esto realmente tiene el resultado que se esperaba cuando se investigaba. Asimismo, se espera que en 2018 otros cuarenta y siete países más se incorporen también a este sistema. Habla de la relación de paraísos fiscales y, como he dicho, España ya la tiene -Real Decreto 1080/1991 y la Ley 36/2006-, pero a nivel mundial el G-20 también ha pedido al Foro global que trabaje sobre esta cuestión, al igual que la Comisión Europea. Hay otra normativa, lo que se denomina Informe país por país, para que aquellos beneficios fiscales que se trabajan sean conocidos por el resto de los países, y España ya lo está aplicando. Por tanto, estamos anticipando el proyecto BEPS, estamos anticipando el Informe país por país y creo que ese es el camino.
En los últimos años, España ha firmado más de noventa y cinco convenios internacionales en la línea de intentar eliminar a esos países de lo que son paraísos fiscales mediante el intercambio de información, eliminando, como decía anteriormente, el secreto bancario e incluso la cláusula de interés doméstico. Hablamos de países como Jamaica, Trinidad y Tobago, Luxemburgo, Hong Kong, Singapur, Aruba, etcétera, y están en proceso otra serie de convenios con el Emirato de Bahréin, la colonia británica con la isla Man y Jersey, Mónaco, etcétera. También en las enmiendas o en el documento de PNL se hace referencia al NIF y a la base imponible común armonizada, es cierto, pero ya se está trabajando en la Unión Europea y se tiene que hacer. Ya se intentó en el año 2011 y no se consiguió y hoy se está trabajando sobre ello porque se considera necesario, pero de nada sirve todo eso si solamente lo hace España. Esa base imponible común armonizada será a nivel de la Unión Europea y se han marcado dos hitos temporales: primero, conseguir una base imponible del impuesto sobre sociedades común; primero paso, hagamos cada uno nuestro impuesto sobre sociedades, pero que sea igual; y en segundo lugar, una vez conseguido eso, consolidarlo fiscalmente para aquellas empresas que representen más de 750 millones de euros. Sé que alguna otra formación dirá que le parece mucho, que por qué no lo bajamos a 40 o a 50 -creo que proponían-; al ponerlo a partir de 750 millones es verdad que dejamos el 85 % de las empresas fuera, pero sin embargo metemos el 90 % de la facturación de Europa, con lo cual controlar el 90 % de la facturación de Europa entendemos que es un buen criterio, que no quiere decir que posteriormente no podamos mejorarlo.
Por todo ello y para no agotar más tiempo, quiero decir que estamos de acuerdo en cuanto al fondo pero entienda que nos tenemos que abstener porque hay determinadas cuestiones que ya están en marcha, que ya están en aplicación.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Candela.
El señor CANDELA SERNA: Simplemente para confirmar que votaremos a favor.
En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señora Capella; que no hace uso de la palabra.
Pasamos al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor González.
No hay duda de que los paraísos fiscales son un problema grave y creciente que amenaza a las haciendas públicas de todos los países a nivel internacional. Según el libro que Gabriel Zucman publicó hace un par de años, La riqueza oculta de las naciones, este es un fenómeno creciente que aumentó un 25 % entre 2008 y 2013 y que hace que se pierdan cientos de miles de millones de ingresos públicos a lo largo del mundo en estos paraísos fiscales. Está claro que la legislación que existe actualmente no sirve, no es útil para combatir estos fraudes fiscales y ni siquiera para obtener información sobre las empresas
que allí están radicadas. Prueba de ello es que lleguemos o nos enteremos de la información relativa a las empresas que tienen sedes o filiales en paraísos fiscales a raíz de filtraciones o de la información que va publicando la prensa y que a partir de ahí sean ya los tribunales quienes emprendan las acciones correspondientes contra dichas empresas.
En España el problema es grave. Según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, que publicó un informe hace unos pocos meses, indicaba que las empresas del IBEX 35 poseen más de 1285 sociedades en estos lugares, en paraísos fiscales. Por lo tanto, creemos que es un problema que afecta a nivel internacional y que en España se agrava y es especialmente agudo. Creemos que hay que presentar, como ya se han presentado aquí, muchas propuestas, muchas proposiciones no de ley para combatir los paraísos fiscales; esta no es la primera que se presenta y lo agradecemos, pero hay que tener en cuenta que las proposiciones no de ley son al final iniciativas que no tienen eficacia jurídica a no ser que el Gobierno tenga la benevolencia de aplicar la instancia que le hace el Congreso para que haga determinadas cosas reflejadas en esas proposiciones no de ley. Lo que sí tiene validez jurídica son las acciones del Gobierno y también las proposiciones de ley. Hay que recordar que en estos momentos se está tramitando aquí en el Congreso una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y se han presentado algunas enmiendas precisamente para dificultar a las empresas con sedes o filiales en paraísos fiscales que contraten con la Administración pública. El Partido Popular ya se ha mostrado en contra y Ciudadanos parece que también. Por lo tanto, hay que pasar de las palabras a los hechos y de las proposiciones no de ley a las enmiendas a las proposiciones de ley, que son las que tienen eficacia.
También es difícil y parece poco compatible presentar iniciativas para combatir el fraude fiscal o los paraísos fiscales cuando se sostiene a un Gobierno al que un día a uno le aparece una empresa en Panamá y tiene que dimitir por esos efectos; o que diseña una amnistía fiscal para beneficiar a sus amigos que provoca un agujero en la Hacienda pública de 39 000 millones de euros; por cierto, uno de los amigos del señor Montoro, el señor Granados, ha sido puesto en libertad durante el día de hoy. Por lo tanto, parece poco compatible apoyar a un Gobierno que realiza estas prácticas con combatir el fraude fiscal y los paraísos fiscales. La sentencia del Tribunal Constitucional que salió esta semana, que declara como inconstitucional la reforma del Partido Popular, la amnistía fiscal, es una sentencia que podría servir como resumen de la política fiscal del Partido Popular y también como epitafio político del señor Montoro, del que, por cierto, solicitamos su dimisión. Voy a leer textualmente la cita de la sentencia del Tribunal Constitucional porque creo que es interesante. Esta medida normativa -refiriéndose a la amnistía fiscal- ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia la Constitución al haberse alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes. Este creo que podía ser, como decía, el epitafio político del señor Montoro, que esperemos que dimita lo antes posible.
Por otro lado, por ir a los hechos, a las leyes y a las iniciativas que tienen efectos jurídicos inmediatos, España, como sabemos ya y hemos comentado en esta Comisión, es uno de los países de la Unión Europea y desde luego el país de nuestro entorno que menos recursos dedica a la Agencia Tributaria. Recientemente hemos oído a la organización de inspectores de Hacienda quejarse, quejas que se suman a las efectuadas por Gestha en los últimos años. En España, por cada 1958 habitantes hay un inspector de Hacienda, menos de la mitad de los que hay en Alemania, que tiene un inspector por cada 740 personas. Nosotros, en este debate presupuestario presentamos varias enmiendas para aumentar el presupuesto de la Agencia Tributaria para que pueda combatir el fraude fiscal y de esa manera se puedan recaudar más fondos, enmiendas a las cuales Ciudadanos también votó en contra. Por tanto, creemos que hay que pasar de las palabras a los hechos porque cuando se trata de proposiciones no de ley todos podemos estar muy de acuerdo, pero a la hora de presentar leyes y de presentar enmiendas que realmente tengan efectos jurídicos no es lo mismo, y hay que ser coherentes. Nosotros estamos a favor de la generalidad de las iniciativas que se presentan en esta proposición no de ley siempre y cuando no acepten la enmienda que ha presentado el Grupo Popular, que diluye totalmente la iniciativa y que supone un respaldo a su política tributaria de la cual no podemos estar más en contra, como señalamos anteriormente. En principio, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley.
Señor De la Torre, ¿en relación con las enmiendas?
El señor DE LA TORRE DÍAZ: El Grupo Socialista había presentado seis enmiendas de adición. La primera de ellas es añadir un final al punto 2, que no admitimos, y sí admitimos el resto: añadir los puntos 11 a 15. Y no admitimos la enmienda de modificación del Grupo Popular.
Los nuevos puntos 11 a 15, que son las enmiendas segunda a sexta del Grupo Socialista, los admitimos y no admitimos la primera del Grupo Socialista y tampoco la enmienda de modificación del Grupo Popular.
Si quiere, le puedo pasar el texto.
El señor PRESIDENTE: Como hay una regla de que no se pueden votar de forma individual si no se admiten las enmiendas, se puede hacer una transaccional para que quedara al final con el contenido de todas.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señor presidente, con permiso. Lo podemos firmar si quiere como transaccional, pero yo lo que he admitido son enmiendas, todas ellas de adición. Son cinco enmiendas del Grupo Socialista que van al final de la proposición.
El señor PRESIDENTE: ¿Y la del Grupo Popular no?
El señor DE LA TORRE DÍAZ: No. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Le había entendido mal.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Le paso el texto para que no haya ninguna duda.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Tampoco tengo la culpa de que los datos que esté utilizando el señor González sobre el número de miembros de la Administración Tributaria sean datos de mi libro. (Risas.) Para criticarme a mí, pero bueno. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: De todas formas, después de la votación lo aclararemos. Las vamos a aceptar como una transaccional porque se modifica uno de los puntos.
- SOBRE LA SUPRESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOS DEPÓSITOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/001599).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente, que es una proposición sobre la supresión del impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito, cuyo autor es Esquerra Republicana.
En su nombre, tiene la palabra la señora Capella.
Presentamos en esta Comisión de Hacienda y Función Pública una proposición no de ley sobre la supresión del impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito porque representa la voluntad del Estado -cuando fue establecido este impuesto por el Estado- de laminar las competencias de las distintas comunidades autónomas que quisieron ejercer las competencias propias en materia tributaria. Fue una oportunidad perdida para la obtención de ingresos adicionales para las propias comunidades autónomas, que podían así invertir en gasto social. Al tiempo, tenía voluntad de regular y monitorizar mejor un sector, el financiero, que, desgraciadamente, ha ido siempre demasiado por su cuenta sin casi control de las entidades reguladoras. Y así lo reflejamos nosotros en la proposición no de ley que presentamos. Son diversas las comunidades autónomas, además de Cataluña, las que en su momento y en el ejercicio de sus competencias propias en materia tributaria pusieron en marcha un impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito como tributos propios de cada comunidad mediante el cual se grava el stock de depósitos bancarios de las entidades financieras. Primero fue Extremadura en el año 2001; Andalucía en 2010, y Canarias, Cataluña, Asturias y País Valencià en 2012 promovieron un instrumento fiscal que permitía una mejora de la redistribución de la riqueza obteniendo recursos que después -como decía con anterioridad- serían utilizados en acciones sociales. Pero, como todos ustedes saben, el Estado es implacable. Ya intentó en diversas ocasiones evitar que las comunidades autónomas pudiesen desarrollar este impuesto impugnando ante el Tribunal Constitucional su regulación,
impugnaciones que fueron desestimadas, si bien, cuando llega la propuesta del Parlament de Catalunya el Gobierno español cambió de estrategia. ¿Y qué hizo el Gobierno español? El legislador estatal reaccionó regulándolo específicamente. ¿Y cómo lo hace el legislador estatal? Mediante una enmienda que introdujo en la Ley 16/2012 en el Senado. Para ello, crea el impuesto de depósitos a las entidades de crédito como un tributo directo sobre los depósitos bancarios, pero inicialmente dicho impuesto tenía un tipo inicial de 0 % en 2014, luego fue modificado y el tipo impositivo pasó a 0,03 %, sensiblemente inferior al previsto por la mayoría de las comunidades autónomas que lo habían regulado previamente. Evidentemente, no explicaré aquí el sistema de recaudación del Estado y cómo lo redistribuye posteriormente a cada comunidad autónoma. Sí me gustaría señalar la diferencia de regulación entre las distintas comunidades autónomas en cuanto al tipo impositivo, que oscila entre 0,3 y el 0,5 %. En el caso de la Generalitat de Catalunya representaba esta oscilación -del 0,3 al 0,5 %- que contrasta -como indicaba anteriormente- con el único tipo impuesto por el Estado, que es el 0,03%. Evidentemente, con claro perjuicio para las comunidades autónomas y claro beneficio para las entidades de crédito. La opción del Partido Popular regulando de esta manera este impuesto es clara.
En consecuencia, quiero indicar únicamente a modo ilustrativo lo que representó para Cataluña la pérdida de esta capacidad recaudatoria. En el primer año significó una recaudación menor de 500 millones de euros. Por lo tanto, sería bueno que se aprobase la proposición no de ley porque no va únicamente dirigida y en beneficio de Cataluña sino que también va en beneficio de aquellas comunidades autónomas que tenían regulado el impuesto y el Estado limita su capacidad y sus competencias en materia tributaria. Existe una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista pero, por motivos que explicará debidamente el portavoz socialista, no ha habido manera de poderla transnacionar. En todo caso, esperamos que esto no signifique un obstáculo para que se dé apoyo a esta proposición no de ley.
Efectivamente, hay cuatro enmiendas del Grupo Socialista. En su nombre, tiene la palabra el señor Lasarte.
Es bueno recordar la historia parlamentaria y empezaré mi intervención diciendo que el 12 de diciembre del año 2012 el Grupo Socialista presentó una interpelación urgente sobre la posición del Gobierno acerca de la creación del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, defendida por mi compañero el señor Hurtado, y la consiguiente moción a la semana siguiente, el día 18, en la que se defendía, en primer lugar, que el citado impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito quedara en manos de las comunidades autónomas y sirviera para financiar servicios básicos como la sanidad, la educación, la atención a dependientes o el fomento del empleo. Eso es lo que plantea la PNL de Esquerra y, por coherencia política, votaremos que sí, con independencia de que nos admitan o no el resto de enmiendas. En segundo lugar, se pedía que el Gobierno pusiera en marcha un impuesto sobre las transacciones financieras, tal y como se había hecho en Francia, para financiar la lucha contra la pobreza.
Señorías, hay una serie de principios que conforman nuestro sistema tributario en el marco del Estado autonómico, que son: el respeto a la autonomía y a la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, establecido en los artículos 139 y 157.2 de la Constitución; el principio de correponsabilidad fiscal, algo básico para articular el Estado autonómico y hacer corresponsables del gasto y del ingreso al Estado y a las comunidades autónomas de tal forma que los incrementos marginales de gasto de una comunidad autónoma sean financiados por incrementos marginales de tributos de esa comunidad; también el principio por el cual se busca armonizar fiscalmente el sistema tributario para evitar disfunciones en el mismo e impedir tácticas que puedan suponer competencia fiscal no deseada para atraer capitales o inversiones y que pueda generar ineficiencias económicas. Ese es el objetivo de nuestra primera enmienda, en la que pedimos que el Congreso inste al Gobierno a respetar la autonomía fiscal de aquellas comunidades autónomas que quieran aplicar en su ámbito territorial el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito y, a esos efectos, suprimirá el mencionado impuesto de ámbito estatal. Esto es lo que plantea la PNL de Esquerra Republicana de Catalunya y con lo que estamos de acuerdo. También planteamos que el Congreso inste al Gobierno a presentar en el Congreso de los Diputados una propuesta de armonización fiscal, de armonización del impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito en toda España, salvando las especificidades de las haciendas forales. Buscamos esa armonización fiscal en todo el territorio español. Y como tercer punto planteamos una revisión al alza del actual tipo impositivo aplicado
al impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito. Pedimos una revisión al alza porque inicialmente se estimaba que el IDEC -por decirlo con sus siglas- podría recaudar en torno a 1000 millones de euros y el Gobierno optó por un tipo del 0,03 % con el que recauda en torno a unos 350 millones de euros de media. Podría haber puesto un tipo algo más alto, tal como decía la señora Capella; en Cataluña hablaban de un 0,5, pero incluso un 0,1 hubieran sido en torno a 1000 o 1100 millones de euros, con lo cual el Gobierno del Partido Popular se podría haber ahorrado la vergüenza y la chapuza de su amnistía fiscal, injusta e ilegal, que ha recaudado poco más de esa cantidad. Es verdad que la amnistía fiscal ha beneficiado a los defraudadores y a los corruptos del Partido Popular y es verdad que un tipo impositivo bajo ha beneficiado a las entidades financieras, pero esa es la práctica del Gobierno del PP. También hemos planteado tres enmiendas para completar y ampliar, dando más cuerpo, el ámbito fiscal de la PNL de Esquerra Republicana de Catalunya. Con el objetivo de armonizar impuestos, planteamos una segunda enmienda de adición en el sentido de que el Gobierno de España presente en el Congreso de los Diputados una propuesta de armonización del impuesto sobre sucesiones y donaciones a nivel estatal y, entre tanto se acuerde un nuevo sistema de financiación autonómico y una vez aprobadas las correspondientes modificaciones normativas sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, que se incorporen temporalmente los créditos necesarios para hacer efectivas las compensaciones que pudieran corresponder a cada comunidad autónoma por la eventual pérdida de recaudación a consecuencia de la nueva regulación del tributo.
Por otra parte, el Grupo Socialista es partidario de un sistema financiero eficiente, sólido y competitivo que dé servicio a la sociedad y a las empresas para facilitar el crecimiento económico, la generación de riqueza y de empleos de calidad, y que contribuya fiscalmente como el resto de empresas y contribuyentes al sostenimiento de las finanzas públicas en la medida en que le corresponda según la normativa fiscal; pero la especificidad de su negocio y el impacto de su actividad sobre el conjunto de la economía les confiere un carácter especial. Planteamos dos medidas fiscales para el sector que son específicas, en línea con las actuaciones más novedosas en países del norte de Europa y recomendaciones del FMI. La primera es la conocida como tasa Tobin o impuesto sobre las transacciones financieras y la segunda es un impuesto sobre la actividad financiera. Ese es el sentido de las últimas enmiendas presentadas, la tercera y la cuarta. En la tercera también instamos al Gobierno a que presente un proyecto de ley de creación del impuesto sobre las transacciones financieras en España que grave las operaciones sobre acciones admitidas a negociación en mercados secundarios, oficiales y derivados, diferenciando los correspondientes tipos impositivos que correspondan en cuanto a su aplicación y que al menos la mitad de los mayores ingresos generados se destinen a una redistribución más social y equitativa de la riqueza, y en particular a financiar políticas sociales específicas. Presidente voy terminando.
La última enmienda plantea iniciar los trabajos necesarios para poner en marcha un impuesto sobre la actividad bancaria en el marco de la cooperación financiera europea, consistente en un impuesto al sistema financiero sobre la suma de los beneficios y las remuneraciones en el contexto de una reforma fiscal integral que busca la generación de recursos suficientes para el sostenimiento de los servicios públicos y la mejora del Estado de bienestar, porque los poderes públicos cumplen una función aseguradora frente a la incertidumbre, aspecto clave para la confianza y de la que se benefician las entidades financieras, el conocido riesgo moral, y por eso entendemos que han de tener figuras tributarias propias del sector.
El señor CANDELA SERNA: Muchas gracias, señor presidente.
Creo que estamos ante el típico ejemplo de la concepción de país que tiene el Partido Popular en sus términos sociales y en sus términos geográficos o administrativos. Hay que repasar el corolario, lo que ha presentado la diputada Ester Capella para entender todo esto. Las comunidades autónomas empiezan a crear el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, motivadas también por la insuficiencia de financiación que padecían, padecemos y que parece que vamos a padecer, para complementar ese déficit y también por una cuestión de justicia social. El poder central, Madrid, reacciona como siempre y va al Tribunal Constitucional, ¿para qué? Para paralizar este impuesto y, al mismo tiempo, como sabían que había, digamos, un vacío en el artículo 6.2 de la Lofca, crean ellos mismos el impuesto en el artículo 19 de la Ley 16/2012. Con eso el Tribunal Constitucional les puede dar la razón porque, como dice ese
artículo, un impuesto autonómico no puede recaer sobre un hecho imponible ya gravado por el Estado. Es decir, hacemos la trampita de siempre y así fastidiamos un poco a las autonomías. Encima, para disimular un poquito, en vez de poner al 0 % ese impuesto, en 2014 decimos que sea un 0,03 % y lo repartimos entre las comunidades autónomas. Como siempre, repartir migajas y repartir miseria.
Pero todo lo que ha pasado respecto a este impuesto revela dos cosas que ya he enunciado antes. Por un lado, un modelo de país centralista en los ingresos pero -sí que es cierto- más o menos federal en los gastos, pero eso es una auténtica incoherencia y un modelo de Estado que, ante una capacidad normativa que empiezan a desarrollar las autonomías, en vez de cooperar y coordinar, abusa de su poder, como siempre el poder autoritario del Gobierno central. Y, por otro lado, lo que se ve con la modificación de este impuesto es el carácter regresivo a nivel fiscal de este Estado. La conclusión es simple: cuando nosotros en Compromís hemos dicho muchísimas veces que España se rompe por el centro lo que hemos venido a decir es que el centralismo es funcional a la injusticia y a la desigualdad, como se demuestra en todo lo que ha pasado en el impuesto sobre depósitos a las entidades de crédito.
Perdonen que haga un pequeño paréntesis. Saben que el último punto del orden del día, la votación, es nominal y por llamamiento. Como muchas veces aparecen compañeros que vienen a hacer sustituciones, hay que comunicarlas previamente. Ya nos han hecho llegar un par de modificaciones. Lo digo para que las vayamos apuntando y no nos tengamos que detener después.
En nombre de Ciudadanos tiene la palabra el señor Roldán.
El señor TEN OLIVER: Señor presidente, el señor Roldán no está. Voy a intervenir yo.
Escuchando al resto de grupos parlamentarios, sobre todo a Compromís y a Esquerra Republicana de Catalunya, uno se da cuenta de que tienen una obsesión por aumentar los impuestos. Debo recordarles que la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas establece unos límites a la potestad tributaria autonómica en relación con el sistema tributario estatal. Según el artículo 6.2, el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria originaria, tiene la capacidad además de instrumentar medidas de compensación y de coordinación cuando, por ejemplo, se disminuyen los ingresos. Mi grupo parlamentario, Ciudadanos, se va a oponer siempre a la subida de impuestos como una solución fácil.
Antes hablaban de hechos. El señor González, del Grupo de Unidos Podemos, hablaba de hechos; hechos son los del Grupo Ciudadanos en relación con estos Presupuestos Generales del Estado. Hay 100 millones más para la lucha contra el fraude, que va a recibir la Agencia Tributaria. Esa sentencia del Tribunal Constitucional contra la amnistía del señor Montoro va a poner muy difícil que a partir de ahora se vuelvan a hacer amnistías fiscales en este Estado. Se lo recuerdo además al señor Lasarte, que sacaba pecho en relación esto y el Grupo Socialista ya tuvo una en el año 1984 y otra en el año 1991. Hay muchas más medidas para poder obtener ingresos que no son aumentar los impuestos. Se puede mejorar la gestión y así hemos firmado con el Partido Popular un spending review, una revisión del gasto con la Airef. Por supuesto, se pueden aprobar otras PNL, como la que espero que apoyen todos los grupos parlamentarios y que mi compañero, Francisco de la Torre, exponía en relación con los paraísos fiscales y, evidentemente, se puede luchar contra la corrupción. Durante estos dos días ya hemos tenido un fuerte debate y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia nos dice que podríamos recuperar más de 48 000 millones de euros.
Ciudadanos, además, defiende la unidad de mercado dentro de la Unión Europea y con más razón dentro de España y por eso tampoco vamos a contribuir a incentivar la competencia fiscal entre comunidades autónomas. Nosotros proponemos en nuestro programa una reforma ambiciosa de la financiación autonómica. Cierto es que se está negociando, pero cierto es también que debería haberse modificado hace años y no se ha hecho ni con el Partido Popular ni con el Partido Socialista. Gracias a Ciudadanos, en estos Presupuestos Generales del Estado tenemos más de 5400 millones de euros para la financiación autonómica.
Tampoco vamos a apoyar las motivaciones de esta PNL. Este impuesto tiene un potencial de recaudación muy limitado. Aunque la señora Capella ha dicho que son 500 millones de euros los que
dejan de recaudar, ese impuesto va directamente sobre los clientes y ahí no nos va a encontrar. Además, si este impuesto tuviese una tasa cercana al cero por ciento podría afectar gravemente al ahorro. Cabe advertir también que nuestro sistema financiero no está exento de peligro y así lo hemos visto estos días in extremis con el Banco Popular o las presiones de mercado sobre Liberbank.
Por último, me gustaría recordar en relación con esta proposición no de ley que Esquerra Republicana de Catalunya quiere resucitar lo que fue realmente anulado por el Tribunal Constitucional por introducirse con un decreto-ley, vulnerando el estatuto de autonomía de esa comunidad, que en su artículo 203.5 prevé de forma específica que los tributos propios se establecen por la Generalitat mediante ley parlamentaria. Lo que se hace deprisa y corriendo, más por destruir que por construir, no resulta nada atractivo. Por esos motivos no vamos a apoyar esta proposición no de ley.
El señor LASARTE IRIBARREN: Señor presidente, ¿por alusiones puedo hacer un comentario de veinte segundos?
El señor PRESIDENTE: Al final de las intervenciones.
El señor LASARTE IRIBARREN: Ha sido él el que ha hecho la alusión, pero vale, sin más.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Vendrell.
Efectivamente, este es un impuesto que nosotros creemos que es necesario. Se impulsó en Extremadura en 2001, en 2010 en Andalucía y creo que también en Canarias, y a partir de 2012 en Valencia, en Asturias y en Cataluña. Y hay que recordar en qué contexto se produjo. Se produjo en un contexto de crisis económica, de recortes sociales, de asfixia de las comunidades autónomas por parte del Estado y de caída de los ingresos, un contexto muy difícil en el que parecía lógico y razonable -y así también nosotros lo propusimos en su momento no en 2012 sino en 2010- que se aprobara en el caso de Cataluña un impuesto sobre los depósitos bancarios. Esto no es un invento de las comunidades autónomas. Este tipo de impuestos, con una forma u otra, existen en Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Portugal, Suecia, Hungría, Holanda; en países donde se entiende que el sector financiero tiene que hacer un esfuerzo contributivo y donde se entiende que es necesario repartir los esfuerzos para salir de la crisis. En el caso español, además, tenemos un sistema financiero que ha estado fiscalmente muy protegido. Lo que ocurrió es un claro ejemplo de deslealtad institucional. El Gobierno de la Generalitat de Catalunya aprueba un decreto-ley de creación de este impuesto de depósitos bancarios; nueve días después, en el Senado, el Grupo Popular presenta una enmienda a una ley de medidas tributarias introduciendo este impuesto con el caso insólito y me imagino que único en el mundo que es aprobar un impuesto con un tipo cero. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era ocupar el espacio fiscal para que las comunidades autónomas no pudiesen desarrollar este impuesto y proteger a las entidades financieras de este impuesto. Repito, en plena crisis económica, cuando se rescataba a las entidades financieras pero no a las personas; cuando se exigían objetivos de déficit que no se podían cumplir a las comunidades autónomas y al mismo tiempo se les limitaba y se les laminaba la capacidad autónoma de introducir medidas fiscales, instrumentos fiscales como este del que estamos hablando, todo ello de acuerdo con la Constitución, que también permite a las comunidades autónomas establecer sus propios impuestos. En el caso de Cataluña no era un tipo del cero ni del 0,03. Cuando introdujeron este tipo en 2014 era del 0,3 cuando la entidad financiera tenía unos depósitos de hasta 150 millones de euros; del 0,4 entre 150 y 600 millones de euros, y del 0,5 para más de 600 millones de euros. Esto habría permitido una recaudación de 685 millones de euros; hoy la Generalitat de Catalunya recibe alrededor de 60 millones de euros, nada en comparación con lo que se había propuesto. Esa es la gran impostura. Ustedes exigen limitaciones de déficit, ahogan financieramente a las comunidades autónomas y en cambio, cuando estas quieren desarrollar sus propios mecanismos tributarios, se lo impiden con el objetivo en realidad, repito, de proteger a la banca. Ese caso de deslealtad no es nuevo. En el caso catalán ustedes han recurrido al Tribunal Constitucional, se han opuesto al impuesto nuclear, al impuesto de operadores de telecomunicaciones y al impuesto sobre pisos vacíos. En todos estos casos se da esa contradicción.
Por eso apoyamos esa proposición no de ley de Esquerra Republicana, con una reflexión final: difícilmente generaremos un sistema tributario con corresponsabilidad fiscal por parte de las comunidades
autónomas si no permiten desarrollar y además constantemente laminan y reducen las bases fiscales de la Generalitat y de las comunidades autónomas, porque ese es un problema evidente en este impuesto. Por tanto, es un impuesto necesario y un impuesto necesario para que lo puedan desarrollar las comunidades autónomas. Y todas esas falacias que ustedes dijeron sobre la deslocalización de los depósitos bancarios, etcétera, no se ha producido en ningún caso. No ha ocurrido en el caso de las comunidades autónomas que tenían este impuesto.
En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Píriz.
El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la propuesta que nos trae Esquerra Republicana de Catalunya, aunque forma parte de su argumentario en los últimos años, no deja de sorprender. A mí no me deja de sorprender, en primer lugar, porque ayer por la noche cuando nos fuimos a acostar, al salir de la Cámara, se estaban definiendo como país, este mediodía se definían como nación y ahora en esta PNL se definen como comunidad autónoma. Bienvenidos al Estado de las autonomías (Aplausos), bienvenidos al respeto a la Constitución, porque así en este punto podremos debatir todo lo que quieran pero siempre desde el respeto a las normas, a la legalidad y a la Constitución.
La figura impositiva que trata esta PNL nace en mi tierra, en Extremadura, en 2001. La crea el presidente Rodríguez Ibarra que, como muchos políticos de esa época, era un adelantado a su tiempo. No nace en 2010, en época de crisis, como decía el portavoz de Compromís; nace en 2001 y en Extremadura. Es verdad que el Gobierno del presidente Aznar la manda al Tribunal Constitucional y, en 2012, cuando este tribunal decide que ese impuesto era correcto, otras comunidades autónomas empiezan a sumarse al barco, sobre todo Cataluña. Tuvieron que pasar nueve años hasta que Andalucía tomara el mismo camino; después de Andalucía vinieron Canarias, Valencia y Asturias, y el resto de comunidades autónomas no implantó este impuesto hasta que el 14 de noviembre se dicta la sentencia que se plantea. Por eso, ante el argumento de que el Estado va contra nosotros, de que este es un impuesto que nace contra Cataluña, yo tengo que decir que no es así, que no se puede ser el niño en la comunión o en el bautizo o el muerto en el entierro, porque no es un impuesto contra Cataluña, es un impuesto, como voy a comentar ahora, para España, para armonizar una situación que se estaba produciendo y que iba a empezar a generar problemas a nivel nacional.
Ante la nueva coyuntura, solo había una opción para el Gobierno de la nación a fin de armonizar los impuestos, de evitar que cada región del país tuviera un tipo diferente sobre un mismo impuesto en la línea de lo defendido por la Comisión Europea -esto es importante-, y en cumplimiento de su misión de asegurar un tratamiento fiscal armonizado que garantice una mayor eficiencia en el funcionamiento del sistema tributario, asegurando un tratamiento tributario armonizado a los depósitos constituidos en las entidades de crédito en todo el territorio español. Si bien en un principio el tipo impositivo era el 0 %, posteriormente se subió al 0,03, lo que hacía que las comunidades como Extremadura o Andalucía, que tenían ya el impuesto, vieran de alguna forma recompensada esa situación. El objetivo final de este impuesto, y habida cuenta de la situación que se provocó en 2012 con todos lo expuesto, no era otro que evitar que las comunidades autónomas entraran en escalada poniendo cada una su propio impuesto con su propio tipo impositivo. El impuesto actual es justo porque aquellas comunidades que lo tenían, como Extremadura, siguen cobrándolo, y sobre todo es igual para todos.
En fiscalidad la armonización no es que sea deseable, es que debería ser obligatoria. La armonización evita problemas como el dumping fiscal, que en este sentido se estaría produciendo en mi tierra, en Andalucía o en Cataluña si este impuesto nacional no se hubiera creado, y créanme que en Cataluña también, porque este tipo de impuestos aplicados en unos territorios sí y en otros no genera deslocalización, inseguridad y desconfianza ante los sistemas tributarios.
Sabemos que ERC siempre ha sido favorable a ese impuesto en Cataluña, pero el impuesto está ahí para todos igual, sin generar diferencias ni ventajas a unos territorios con respecto a otros. Pueden plantear el debate sobre el tipo impositivo o pueden abrir debates en torno al cómo o al cuánto, pero no debieran poner en entredicho una figura impositiva que está funcionando, que se reparte de forma correcta en las comunidades autónomas, que evita problemas más importantes y que cerró problemas judicializados durante años en diferentes regiones de nuestro país.
Quiero dejar patente nuestro rechazo a las enmiendas al texto que presenta el Partido Socialista, que nos llegaron anoche, y que muy en su línea habitual aprovecha para meter nuevas figuras impositivas, nuevas figuras tributarias para generar nuevos impuestos, para subir los actuales y para, de paso, armonizar los impuestos pero siempre al alza. Ya sabemos que el PSOE siempre armoniza los impuestos al alza cuando los tipos mayores -por ejemplo, el impuesto sobre sucesiones y donaciones- corresponden a Andalucía y a mi tierra, cuando es más caro morirse en Badajoz que en Madrid, no por culpa de Madrid, sino porque la Junta de Extremadura no desaprovecha oportunidad de hacer caja, aunque sea con lo poco que un extremeño puede dejar a su hijo en herencia, fruto del trabajo de toda una vida. Es la filosofía de un partido: confiscar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El señor Lasarte Iribarren pide la palabra).
¿El señor Lasarte sigue pidiendo la palabra por alusiones?
El señor LASARTE IRIBARREN: Si me la da, sí, claro.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, pero sea muy breve porque normalmente no la damos por alusiones. Tiene medio minuto.
El señor LASARTE IRIBARREN: Ha habido alusión personal del portavoz de Ciudadanos, el señor Ten, y con todo cariño quería preguntarle si conoce alguna otra amnistía fiscal en España que haya sido declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, más allá de la del PP. Simplemente esa es la pregunta. (La señora Madrazo Díaz: Las hay gratis.-Varias señoras y señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: ¿Se aceptan en este caso las cuatro enmiendas?
La señora CAPELLA I FARRÉ: Los hay que no quieren que estemos, los que critican cómo estamos y qué decimos, y al final las enmiendas tengo que aceptarlas yo. ¿O no?
No las aceptaremos y la proposición será votada en los términos planteados.
El señor PRESIDENTE: Como les decía, vamos a someter primero a votación las proposiciones no de ley -el primer punto del orden del día se retiró-, porque después tenemos una votación que es individual, nominal y por llamamiento.
Voy a ir aclarando los términos en que votamos cada una de las iniciativas porque ha habido un poco de lío. El punto 2.º del orden del día, proposición no de ley relativa a la regularización de las pensiones de los emigrantes retornados, se vota en sus justos términos.
Pasamos al punto 3.º del orden del día, iniciativa relativa a la necesidad de modificar el Real Decreto-Ley 2/2004, del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, a fin de delimitar normativamente la situación de las viviendas desocupadas. Esta iniciativa se vota con la transaccional de Unidos Podemos, Grupo Mixto y Esquerra Republicana.
Pasamos al punto 4.º del orden del día, proposición no de ley relativa a la ampliación de la financiación de los municipios turísticos conforme a la Ley de Haciendas Locales. Esta proposición la votamos con la transaccional entre Ciudadanos, el Grupo Socialista y Unidos Podemos.
Punto 5.º, iniciativa sobre la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Se vota en sus términos.
Punto 6.º del orden del día. Iniciativa relativa a la equiparación del tratamiento fiscal entre matrimonios y parejas de hecho. La votamos con la transaccional de Ciudadanos y del Grupo Parlamentario Socialista.
Punto 7.º del orden del día. Iniciativas sobre medidas contra los paraísos fiscales y la elusión fiscal. La votamos de acuerdo con la transaccional acordada entre Ciudadanos y el Grupo Socialista.
Pasamos a la última iniciativa, que es el punto 8.º del orden del día, sobre la supresión del impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito. La votamos en sus términos.
- ELECCIÓN DEL VOCAL AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO Y EL ARTÍCULO 14.1.A) DEL ESTATUTO DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, APROBADO POR EL REAL DECRETO 919/2014, DE 31 DE OCTUBRE. (Número de expediente 276/000007).
El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a pasar al punto 9.º del orden del día. Propuesta por la Comisión del vocal en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Se les dio plazo, tal como se aprobó en la reunión de Mesa y portavoces, durante toda la semana pasada para que se presentaran las candidaturas y se han presentado tres. Una, en nombre del PDeCAT, de Lourdes Ciuró i Buldó; otra, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, en nombre de Juan Pedro Yllanes Suárez y otra, en nombre del Grupo Popular, de Pilar Cortés Bureta.
A continuación, el señor letrado va a hacer llamamiento a cada uno de los miembros de la Comisión, o los sustitutos que nos habéis notificado, para votar de forma individual.
El señor PRESIDENTE: ¿Han votado todas sus señorías? (Asentimiento).
El señor PRESIDENTE: Ha quedado elegida doña Pilar Cortés Bureta, con 26 votos, frente a 10 de don Juan Pedro Yllanes Suárez, y cuadra perfectamente. (Aplausos).
Señorías, no habiendo otro punto en el orden del día, se levanta la sesión.

References: artículo 36
 artículo 14
 Real Decreto 
 artículo 139
 artículo 72
 artículo 47
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 47
 artículo 135
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 135
 artículo 155
 artículo 135
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 135
 artículo 6
 artículo 39
 artículo 39
 resolución 
 artículo 6
 artículo 19
 artículo 6
 artículo 203
 ARTÍCULO 36
 ARTÍCULO 14
 REAL DECRETO