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Timestamp: 2017-08-20 23:13:11+00:00

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Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos (CEDEHU): Inmigración clandestina, Mafias y lucha contra los pobres. Un tipo penal indecente. Ramón Saez Valcarcel
Inmigración clandestina, Mafias y lucha contra los pobres. Un tipo penal indecente. Ramón Saez Valcarcel
Tomado de: Revista 'Jueces para la Democracia. Información y Debate'
Inmigración clandestina, Mafias y lucha contra los pobres. Un tipo penal indecente
Ramón SAEZ VALCARCEL
“Créixer també és saber que la tristesa
i fins i tot láfront no són, per sort,
se´ns en va a tots plegats el goig de viure
harmoniosament i amb alegria”
Miquel Martí i Pol (Despres de tot, 2002)[1]
El discurso oficial sobre la inmigración clandestina señala a las mafias como el sujeto de propiciaría, controlaría y se beneficiaría del tráfico de personas. Esas mafias explicarían por qué pobres emigrantes se juegan la vida, sabemos que muchos la pierden, al atravesar la frontera sur de Europa y serían los responsables de la explotación y muerte de tantas personas. Atribuir a la “mafia” participación en el asunto sirve a la criminalización de todas las redes y recursos que permiten a los inmigrantes acceder clandestinamente a Europa, incluso las de tipo familiar o humanitario. Mafia remite a crimen organizado.
Frente a tales mafias, reales o imaginarias, se han rearmado los sistemas penales estableciendo tipos específicos para enfrentar al fenómeno con penas de prisión elevadas. Las organizaciones de tráfico de personas, sobre las que poco conocemos, permiten identificar culpables y atribuir responsabilidades. También resultan útiles para eximir a los Gobiernos europeos, a las opiniones públicas y a las políticas desarrolladas para el tratamiento de los refugiados y los trabajadores inmigrantes de la muerte y el sufrimiento de tantas personas en la frontera. Interponer a la mafia es una especie de ritual de expiación.
A veces la publicidad de lo que ocurre en la frontera destruye la capacidad de convicción de la estrategia de las mafias-culpables. Los enfrentamientos en la valla que protege los enclaves de Ceuta y Melilla entre guardias y emigrantes subsaharianos, algo que los periódicos bautizaron como “asalto” a las ciudades, nos enseñaron el rostro incivil de la Europa fortaleza, en cuyas posiciones exteriores se desarrolla una batalla campal permanente para contener a muchedumbres de pobres desesperados.
Vayamos a los hechos que se juzgan en nuestros tribunales en aplicación de los delitos de tráfico de personas e inmigración clandestina para intentar comprender u poco el problema, conscientes que la mayoría de los inmigrantes acceden como turista por vía aérea y que la entrada clandestina por la frontera sur es un hecho minoritario, pero que tiene una gran fuerza simbólica porque sus imágenes se utilizan para alimentar la idea de Europa como un continente asediado.
LOS HECHOS: COMO ATRAVESAR LA FRONTERA DE MANERA CLANDESTINA
En enero de 2001 el conductor de un taxi trasladaba a cuatro inmigrantes clandestinos por la carretera de Algeciras, había concertado el transporte a Almería a cambio de un precio. Según la sentencia, los marroquíes habían hecho autostop y llevaban los pantalones mojados y manchados de barro. Fue condenado a dos años de prisión (SAO Cádiz, sección Algeciras, 22.7.2002).
En marzo de 2001 un marroquí conducía su coche por una carretera de Algeciras con cuatro compatriotas que “carecían de la documentación necesaria para su estancia en España”. Los inmigrantes le habían pedido que los trasladara a la ciudad más próxima, porque tenían hambre. Llevaban las ropas mojadas y con barro, lo que hacía suponer que el acusado conocía la entrada ilegal de esas personas. Fue condenado a una pena de un año de prisión (SAP Cádiz, sección Algeciras, 27.5.2002).
Son muchos los casos de condenados como autores del delito del artículo 318 bis por la acción de transportar en sus coches a inmigrantes con aspecto de recién llegados a las costas gaditanas, sin mediar precio, lo que permite suponer la posible existencia de móviles altruistas, solidarios o de ayuda humanitaria. Es frecuente observa por las cunetas de las carretes del Campo de Gibraltar a inmigrantes que caminan sin rumbo y temerosos. A modo de ejemplo pueden citarse las SAP Cádiz, sección Ceuta, 20.10.2000: el acusado trasladaba en la baca de su vehículo a un hombre escondido en el interior de un colchón de goma espuma, que estaba cerrado con una funda, fue condenado a la pena de tres años de prisión; SAP Cádiz, Algeciras, 16.6.2003: un español llevaba en su vehículo a un inmigrante indocumentado a sabiendas de su condición. Siete meses de prisión; SAP Cádiz, Algeciras, 14.111.2002: dos marroquíes trasladaban de madrugada, en auto, a tres compatriotas sabedores de su condición de indocumentados, un año de prisión; SAP Cádiz, sección 4ª 27.10.2003, tres marroquíes que recogieron y trasladaron a dos compatriotas en la carretera, de madrugada, sin equipaje y con las ropas mojadas y manchadas de arena, ocho meses de prisión).
También son condenados quienes ayudan a embarcar a un inmigrante en Melilla o Ceuta con destino a la península por razones distintas a las estrictamente económicas. Así el caso de un conductor y su compañera que intentaron acceder al barco en Melilla “llevando oculto bajo las piernas de la citada acusada, en el suelo de la furgoneta, en posición fetal y tapado con una manta con la que ella se cubría las piernas desde su cintura, a un joven indocumentado quien manifestó ser de Marruecos y llamarse Jesús… Los agentes de la Guardia Civil preguntaron a los acusados si tenían algo que declarar contestando éstos negativamente, y al invitarles a salir de la furgoneta, a lo que se negó la acusado con el pretexto de que le dolían las rodillas, levantaron la manta y observaron la presencia del joven” (SAP Málaga, sección Melilla, 26.2.2004, dos años de prisión, con penalidad atenazada del apartado 6º del 318 bis, ya que la finalidad de los acusado fue la de ayudar al joven a traspasar la frontera que mejoraba sus condiciones de vida).
Fue condenado a un año y tres meses de prisión un hombre que intentó embarcar en Ceuta llevando a una mujer marroquí en su auto, a quién intentó hacer pasar por su esposa, ya fallecida, cuyo pasaporte exhibió (SAP Cádiz, Ceuta, 9.7.2001).
Hemos leído tres casos donde los acusados conducían un coche y se hacían acompañar por un extranjero que quería entran en España, en un supuesto era la novia, en otro el hermano de la novia. Fueron condenados en la instancia y absueltos en la apelación o casación. Así: uno, en la estación marítima de Algeciras, un inmigrante que iba en el asiento del copiloto, porque no se había acreditado que el acusado “conociera la condición de ilegal del testigo expulsado”. La supuesta víctima es expulsada de manera sistemática de forma que o no existe testifical o se preconstituye (SAP Cádiz, Algeciras, 10-2-2001, la sentencia del Juzgado de lo Penal había condenado a pena de siete meses de prisión). Dos, un policía local de Madrid fue condenado a tres años de prisión por intentar acceder al barco en Ceuta en compañía de una marroquí indocumentado, que al parecer era hermano de su prometida y de quien sabía que carecía de los requisitos para entrar en España (SAP Cádiz, Ceuta, 9.12.2003).La sentencia fue casada y el acusado absuelto por la STS 147/2005, de 15 de febrero, bajo la premisa de que “realiza una conducta absolutamente inocua e incluso ingenua ya que sabe que cualquier persona que sea visible en su automóvil va a ser requerida para que muestre los documentos identificativos necesarios para realizar el viaje”. Tres, un hombre fue condenado a 18 meses de prisión por llevar en su coche a su novia y acceder al barco en Melilla. La Audiencia de Málaga, sección de Melilla, le absolvió al admitir dudas de si concurría el móvil de favorecer efectivamente la emigración (Sentencia 26.6.2002).
Hasta aquí los supuesto de ayuda a la inmigración sin que medie precio o contraprestación económica. La tipología de los casos en que se paga dinero por el transporte es diversa, pero limita: traslados en pateras o lanchas neumáticas, u ocultos en vehículos, furgonetas o camiones y en coche por carreras próximas a la costa, ya en el continente.
Por ejemplo: en el interior de una caja de cartón cubierta con una tela y atado con cuerda (SAP Cádiz, Ceuta, 11.5.2004, cuatro años de prisión), cuatro inmigrantes agazapados en la parte posterior de la furgoneta, detrás de electrodomésticos, bajo alfombras y mantas (SAP Málaga, Melilla, 18.12.2003, tres años de prisión), un inmigrante oculto bajo el asiento trasero, envuelto en una alfombra en posición fetal, en el habitáculo destinado al depósito de gasolina (SAP Málaga, Melilla, 6.5.2004, cuatro años de prisión, confirmado por STS 1514/2004).
En las pateras, pequeñas miserables embarcaciones de madera, provistas de motor y timón, viajan decenas de inmigrantes apretujados, mujeres y niños incluidos. Hacen la travesía del estrecho o la que separa Marruecos de Fuerteventura. Los patrones de las pateras, con frecuencia el patrón es el único tripulante, son condenados por el tipo agravado del apartido 3º del 318 bis CP, porque las circunstancias del viaje suponen siempre un peligro para la vida o integridad de los pasajeros y, en numerosos casos, porque entre los viajeros se encuentran menores, bebes o niños. Como ejemplo la SAP Las Palmas, sección 2ª, 9.2.204.que condena a un piloto a seis años y seis meses de prisión, por el traslado de treinta personas, entre ellos dos niños.
El 25 de Octubre de 2003 tuvo lugar el naufragio de una patera en la bahía de Cádiz, frente a Rota. En el accidente fallecieron 37 personas, se hallaron cinco supervivientes y hubo varios desaparecidos. La tragedia fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación y se puso de manifiesto que los servicios de rescate no funcionaron. Se juzgó y condenó a un marroquí al que se atribuía haber estado durante la travesía al servicio del patrón: le ayudaba en diferentes tareas, singularmente echando gasolina al motor, dando agua y comida al piloto ay a algún pasajeros y, sobre todo, achicaba agua del fondo de la embarcación con un cubo, tarea en que le ayudaban varios viajeros (es decir, se trataba de un machaca, en argot un subalterno, denominación que recogía una figura de la vida militar, el soldado que sirva al un mando a cambio de nada). Fue condenado a un año de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjero y a treinta y siete penas de un año de prisión por otros tantos delitos de homicidio imprudente (SAP Cádiz, sección 1º, 15.11.2004).
Un método increíble de transporte de inmigrantes es el que se denomina un “motor humano”. Vestidos con trajes de neopreno y aletas una o dos personas remolcan a nado un balsa o, de manera inmediata, el cuerpo mismo “viajero”. La SAP Cádiz, Ceuta, 25.6.2004 condenaba a dos españoles por arrastrar una balsa hinchable de escasa consistencia en cuyo interior había cuatro hombres de Mali, a media milla de la costa. La pena: seis años de prisión (se aplicaba el subtipo agravado por concurrir ánimo de lucro y por poner en peligro la vida de los inmigrantes, que fueron expulsados inmediatamente).
El 17 de febrero de 2004 fue detenido un hombre con traje de buzo que remolcaba a nado a un ciudadano indocumentado desde Beliones, Marruecos a la playa de Benzú, Ceuta. No se acreditaba que hubiera actuado por precio. Se le aplicó el subtipo agravado de peligro para la vida del inmigrante y le impuso la pena mínima de seis años de prisión (en atención a que carecía de antecedentes y al riesgo físico que corrió personalmente en la maniobra).
El rasgo común de todos estos intentos de entrada clandestina en España es la pobreza, las condiciones miserables en que operan los transportistas o quienes colaboran en el traslado, la escasez de medios, la ingenuidad que nace de la imperiosa necesidad de llegar al paraíso. Necesidad que es el caldo de cultiva para la actuación de desaprensivos.
2.- REARME PUNITIVO. UN TIPO POCO DECENTE
Tres son los tipos penales que tratan la inmigración clandestina o el tráfico ilegal de personas o trabajadores, los artículos 312.1, 313.1 y 318 bis CP de tal manera que se requieren esfuerzos filológicos, muchas veces vanos, para distinguir el ámbito de aplicación de cada uno de ellos.
El artículo 318 bis, bajo el rótulo de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros se introdujo por la ley de extranjería 4/2000 y fue modificado en la reforma LO 11/2003 que llevaba como enunciado la seguridad ciudadana, la violencia doméstica y la integración social de los extranjeros. Fue la primera reforma penal después del anuncio de una campaña para “limpiar las calles”, en período de legislación de emergencia motorizada.
Lo que entendían los redactores de la ley por integración del extranjero (pobre) era preciso. Se acometieron dos medias: una nueva redacción del artículo 89 del código para convertir en norma la sustitución de las penas de prisión, impuestas por delitos menos graves a los inmigrantes irregulares, por la expulsión y del artículo 318 bis para “combatir el tráfico ilegal de personas, con independencia, decía de la exposición de motivos, de que fueren o no trabajadores, (por)que impide la integración de los extranjeros en el país de destino”. Ese enunciado es un sarcasmo, el tráfico de personas como causa que impediría la integración, porque detrás de las causas políticas de cierre de fronteras se desarrolla una tragedia.
Todo la legislación de extranjería está plagada de importantes dosis de hipocresía, entre otras cosas porque en lugar de regular derechos se limitan o excluyen, en vez de integrar se reprime, provocando situaciones de ilegalidad y clandestinidad, que posibilitan la sobreexplotación de los trabajadores de los países del Sur.
El delito del tráfico ilegal de personas ha de catalogarse entre las intervenciones penales que criminalizan la pobreza. Junto a él, la ocupación pacífica de inmuebles del artículo 245.2º CP y los rimbombantes delitos de defraudación de la propiedad intelectual e industrial (279 y 273 CP) que castigan la venta ambulante de discos, películas piratas y mercancías, denominadas en el lenguaje de los comerciantes objetos de complemento, con logos falsos. Como dice Thomas Mathiesen, el criminólogo noruego abolicionista, en lugar de una lucha contra la pobreza hemos emprendido una lucha contra los pobres en el ámbito del sistema penal[2].
El delito del artículo 318 bis, en su nueva formulación, sanciona todo acto de favorecimiento, directo o indirecto, del tráfico ilegal de personas o de la inmigración clandestina, sin necesidad de que concurra ánimo de lucro, circunstancia que se prevé como una agravación específica. En el contexto de la prohibición de entrada a los trabajadores inmigrantes de los países del Sur y del Este, esa figura viene a castigar todo tipo de conducta de colaboración al acceso al territorio fuera de los cauces establecidos en las leyes contra la inmigración.
Es un buen nomuelo para comprender el fenómeno del derecho penal autoritario, porque incorpora sus rasgos comunes. Por un lado, una exacerbación de las penas de prisión. Así, el tipo básico lleva pena de cuatro a ocho años de prisión. Si el propósito del tráfico o la inmigración fuere la explotación sexual de las personas, el marco del tipo básico alternativo se eleva de cinco a diez años de prisión. La figura agravada, si concurriere ánimo de lucro, violencia, engaño, se pusiera en peligro la vida o la integridad de los inmigrantes (nota que siempre acompaña a los servicios pobres de transporte para pobres) o afectara a menores, sería acreedora de la mitad superior de la pena (seis a ocho años en el primer supuesto, siete años y seis meses a diez años en el otro). La consecuencia para el tipo cualificado de segundo grado, cuando existiere una asociación u organización, aunque fuera de carácter transitorio, sería de ocho a doce años de prisión y de diez a quince años en el caso de finalidad de explotación sexual. Por fin la figura hiperagravada, si los acusados fueran jefes, administradores o encargados, la pena se dispara a una escala de entre doce a dieciocho años y de quince a veintidós años y seis meses de prisión. El principio de proporcionalidad como pauta de regulación del sistema de penas ya no nos permites explicar esta forma de intervención.
Por otro lado, se utiliza el derecho penal para afrontar, que no resolver, pues se ha instalado el sistema en una visión desesperanzadora del ser humano y por ello nadie cree en la resocialización, para afrontar problemas sociales. Problemas que genera la globalización y nuestras políticas de represión de la de la inmigración y clausura de fronteras.
Así se configura un sistema penal autoritario en e que la prisión se utiliza como contenedor hermético para inhabilitar los residuos humanos que produce la globalización, dentro y fuera de nuestras fronteras. Es lo que David Garland[3] el postwelfarismo penal, la crisis del enfoque penal moderno.
Crisis del modelo que este autor considera una reversión histórica, que se manifestaría en el declive del ideal rehabilitador, en el resurgimiento de las sanciones retributivas y draconianas, en una justicia expresiva, expresiva de la ira y de los sentimientos vengativos de una opinión pública molesta, en la reinvención de la prisión con funciones exclusivamente incapacitadoras, o en la exposición pública de la víctima y su dolor como argumento para legitimar un discurso patibulario, e expresión de Eugenio Zaffaroni.
Las políticas de extranjería son un laboratorio para indagar las transformaciones del derecho. Porque se instrumentalizan al margen de los derechos humanos, de espaldas a nuestra tradición jurídica, poniendo en cuestión los valores de nuestra cultura política. No en balde, los gobiernos de los Estados nación tienen que gestionar problemas creados globalmente desde perspectivas locales, lo que resulta inalcanzable. La economía se ha liberado de la política y en el mercado mundial desregulado no existe una ley internacional. Los gobiernos son incapaces de actuar ante las decisiones de las empresas transnacionales, solo pueden llevar a cabo políticas de mayor flexibilidad, por ejemplo, bajar el impuesto de sociedades. Como el malestar y la inseguridad que sienten las gentes no puede ser gestionado desde los gobiernos, explica Zygmunt Barman, se reorienta el miedo, imprescindible fuente de legitimación del Estado y del poder, hacia objetos manejables. Ahí aparece en escena la imagen que alimentan los medios, de una supuesta “invasión” de inmigrantes, como si fueran zombies, que plantea de manera emotiva la necesidad, a la que sucumben nuestras sociedades, de luchar en su contra para proteger nuestro mercado de trabajo y nuestro bienestar.
La norma relativa a la criminalización del tráfico y la inmigración clandestina así como los discursos que la sustentan, las mafias culpables, confunde los efectos con las causas, funciona como un chivo expiatorio: las redes de acceso al continente serían una especie de nuevos negreros y los inmigrantes sus esclavos, unas víctimas pasivas. Sin embargo, son las políticas de cierre de fronteras, la imposibilidad de entrar y de inmigrar, las que provocan la entrada ilegal y hacen surgir servicios clandestinos de transporte y paso de fronteras. Servicios todos ellos, según vemos, miserables y torpes, caros y peligrosos.
El sistema de desregulación de las relaciones laborales fomenta la movilidad de los trabajadores como una de las consecuencias de la nueva flexibilidad, que se vende como otra más de las libertades. Lo que en el espacio del Estado nación realizan las empresas de trabajo temporal o las oficinas de empleo, es la tarea que acometen los cos trabajadores inmigrantes las redes que denominamos mafias. Aquí otra de las paradojas que nos ofrece la realidad de las migraciones.
La impermeabilización de la frontera produce la entrada ilegal y la estancia irregular. Porque la normativa hace impracticable la llegada al país como inmigrante. El camino que permite la ley es de único trazado. Primero, el acceso clandestino o la entrada fraudulenta en calidad de turista, luego un largo período de estancia irregular y trabajo en la economía sumergida, por fin, con suerte, se logra el reconocimiento administrativo de un estatuto de residente. La ausencia de un modelo de política migratoria fabrica situaciones de ilegalidad, de marginación y clandestinidad. La mejor demostración de esa realidad es la necesidad de activar procesos de regularización de manera cíclica para atender a cantidades impresionantes de personas que se acumulan en esa zona oscura.
Políticas públicas y prácticas administrativas que generan auténticos procesos de marginación criminalización sobre individuos y poblaciones, que terminan siendo percibidos y tratados como indeseables tanto por las autoridades como por parte de las opiniones públicas. La marginación es igual al trabajo sin derechos, a la precariedad laboral absoluta, y resulta funcional para los sectores de actividad que requieren de una gran adaptación a los cambios. Es la flexibilidad absoluta, el sueño neoliberal. La exclusión implicaría un paso más, una mayor distancia, su paradigma es el encierro y la expulsión del país.
Cada época fabrica su propia basura y sus propios miedos, porque la basura es desorden, vicio o suciedad, según explicó la antropóloga Mary Douglas[4]. Los procedimientos de marginalización son similares en el curso de la historia, ya se actúe contra sindicalistas o revolucionarios, contra drogadictos, inmigrantes o islamistas. Al final son sectores de la población fácilmente identificables, marcados con un estigma que les inhabilita para una plena aceptación social. Son basura que se mueve a la que atendemos con medidas extremas de incapacitación colectiva, ya mediante su expulsión ya por el encarcelamiento. Los programas antivirus de nuestros ordenadores caseros proporcionan una metáfora ajustada a la realidad: uno ha de protegerse de manera permanente frente al riesgo, porque reaparecen una y otra vez, a pesar de las técnicas de desinfección, puesta en cuarentena o eliminación. El lenguaje de periodistas y políticos es transparente de esas visiones: las pateras llegan en oleadas o avalanchas, los inmigrantes clandestinos son capturados, asaltan nuestras ciudades limítrofes amuralladas, las fronteras se impermeabilizan. Basura que se mueve y decisiones de higiene colectiva.
Las políticas de control de las migraciones y de los extranjeros pobres son el paradigma del nuevo rostro del sistema penal autoritario que se ha desarrollado en las dos últimas décadas en Estados Unidos y Gran Bretaña. Tienen como objetivo no las personas, sus actos y el tratamiento de las causas del delito, sino las poblaciones y el control del riesgo, según mecanismos de adscripción de etiquetas de sujetos peligrosos, al margen de su conducta y de su culpabilidad. Se castiga una forma de ser, inmigrante ilegal, el que desborda nuestras fronteras y permanece entre nosotros sin permiso. Frente a él está justificada la amenaza y la implantación de procedimientos de intimidación y sometimiento, en forma de privación de libertad, la prisión o el centro de internamiento, o de exclusión radical como la expulsión. Mecanismo que le hacen vulnerable frente a cualquiera, no solo el transportista que le permite llegar a las costas europeas, el empresario que le emplea sin contrato, jornada a jornada, por un bajo salario, el propietario del piso que arrienda o el policía que le intercepta en la calle. Una criminología autoritaria que se enfrenta al riesgo que representan los miserables, que es característica del postwelfarismo penal, una vez que se han abandonado los ideales de la reinserción y de la intervención sobre las causas del delito[5].
Los delitos relativos a la inmigración clandestina son, en la mayoría de los casos, delitos sin víctima. El inmigrante es presentado como una víctima pasiva, despojándole así de lo único que tiene: voluntad para optar entre las alternativas que se le ofrecen. “la migración… es una estrategia no solo de mejora, sino de recuperación de la dignidad perdida, perdida por la pobreza, que en su caso es vivida como una vergüenza y una indignidad” (L. Torrabadella). “No reconocerles como sujetos de su propia historia es agregar una vejación más a las muchas que reciben a lo largo de su itinerario” (D. Juliano)[6].
3. CIERRE DE FRONTERAS Y PASO CLANDESTINO
Cuando se atribuye la condición de mafiosa a cualquier apoyo individual u organizado de acceso al país de destino, se practica una política de expiación de las propias responsabilidades y se criminaliza todo el espacio de la frontera, incluso los comportamientos humanitarios. Pero, además el problema se hace incomprensible. Sin son víctimas de esos nuevos negreros, ¿Por qué emigran, por que se juegan la vida en el viaje, por qué pagan esos precios?
Las pateras de la miseria y los primeros cadáveres aparecieron después de que se cerraran las fronteras con la primera ley de extranjería. Las playas de Tarifa fueron testigos de ello el 2 de noviembre de 1989, según datos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (en la página http://www.apdha.org/ se encuentran los informes anuales de esa ONG, en concreto el del años 2003, titulado “El Estrecho; la muerte de perfil” y el Informe sobre la inmigración clandestina durante el 2004). El acuerdo de Schengen y la exigencia visado a los ciudadanos de Marruecos y de otros estados norteafricanos agravaron el fenómeno. Organizaciones humanitarias estiman que unos diez mil seres humanos han muerto en la travesía del Estrecho de Gibraltar desde entonces.
El año 2004 la APDHA ha constatado la muerte de 288 personas, aunque sus estimaciones elevan la cifra a 500 (ha de advertirse de la existencia de desaparecidos, gentes in nombre que el mar no devuelve). El año 2003 fueron 236 los fallecidos que esa organización identificó, 250 en el 2002, 120 en el 2001 y 300 en el 2000. Los datos conocidos permiten diagnosticar un incremento de las muertes.
Según los análisis de la organización humanitaria andaluza la dramática evolución es consecuencia directa de la mayor eficacia en el control de la frontera marítima. Ceuta y Melilla han sido “impermeabilizadas” con fondos europeos para el desarrollo (otro sarcasmo). Alrededor de ambas ciudades se ha levantado una especie de muro, una doble vaya de malla cuya imagen se ha hecho tristemente famosa. Se cuenta con dispositivos de alarma electrónicos y detectores de movimiento. Las asociaciones de apoyo a los inmigrantes denuncian que en el muro existen trampillas por las que se obliga a regresar, un procedimiento informal, gateando a cuatro patas a quienes son detenidos en el trance.
La muralla ha sido escenario de enfrentamientos a finales de este verano cuando funcionarios armados españoles trataron de impedir que muchedumbres de africanos saltaran las vallas, auxiliados con escaleras confeccionados con árboles de las inmediaciones. Las fotos publicadas a partir del conocimiento de la muerte de un joven camerunés, en lo que hasta el diario El País llamó un “alud violento”, nos enseñan un rostro poco agradable de las actuaciones en la muralla exterior, coronada por una concertina o alambrada erizada de cuchillas. Para protegerse, informaba el periódico, los subsaharianos se envuelven el tórax con cartones, sobre los que visten gruesas ropas y cubren sus manos con guantes de bricolaje. “A pesar de ello, cuando alcanzan el lado español sangran por numerosos cortes”, comentario que el reportero atribuía a la guardia civil. El dolor de muchas personas es un sonido moral de fondo que obliga a no hacer comentarios.
Además de la muralla física, se emplean las nuevas tecnologías. El Sistema Integral de Vigilancia Exterior (Sive) permite la localización de embarcaciones en la mar y su abordaje antes de la arribada a la costa. La clausura ha provocado el siguiente efecto: la desviación del tránsito de los clandestinos hacia Canarias, hacia Lanzarote y Fuerteventura, pero también hacía Granada y Almería. Es decir, se han abierto travesías alternativas más largas que la del Estrecho, treinta o sesenta kilómetros que se convierten en doscientos, incluso quinientos y por alta mar, ya que deben salir desde Sidi Ifni, El Aaiún, incluso Dajla, en el sur de Marruecos, o desde Argelia. Travesías, por lo tanto más costosas para los viajeros y más peligrosas para sus vidas. El crecimiento del número de detenidos y muertos en las costas canarias así lo evidenciaba el año pasado.
La Asociación de familias de víctimas de la inmigración clandestina, organización marroquí, denunciaba que el “tratamiento securitario agrava el riesgo para nuestros e hijos y enriquece a las mafias del tráfico humano”, calificaba el drama de hemorragia humana y cifraba en cuatro mil el número de inmigrantes muertos y desaparecidos en las costa de Marruecos entre 1997 y 2004, advirtiendo que son muchos más lo que fallecen en el recorrido del desierto del Sahara en su recorrido hacia el norte, hacia la costa[7].
Otro muro similar se erige en la frontera sur del centro del sistema, entre California y México, en un lento proceso durante los últimos diez años, que según organizaciones humanitarias se ha cobrado la vida de tres mil quinientas personas. La última y controvertida, intervención en la larga construcción de la fortaleza consiste en el relleno del cañón smgglers´ gluch (golfo de contrabandistas) con 2,1 millones de metros cúbicos de basura que va a alterar el cauce del río Tijuana.
Las causas y los momentos en que tienen lugar las muertes de los pasajeros del estrecho, por orden de importancia, son: el naufragio al salir la patera del punto de origen (103 fallecidos el año pasado), la operación de abordaje y detención en la mar (71 muertos), el choque contra los acantilados (40), los procesos de hipotermia (18), el naufragio en alta mar, la asfixia en vehículos, el intento de entrar a nado, la precipitación accidental desde acantilados, o voluntaria desde el barco que los deportaba (3 muertos), el desembarco en zonas escarpadas o desconocidas. La segunda situación de mayor riesgo se provoca en el momento de la intervención policial en el mar, con helicóptero y patrullera, aparición que induce el pánico en los “pasajeros”, algunos se levantan en la embarcación, que zozobra y caen al agua. Porque los servicios policiales, guardia civil u vigilancia aduanera, están habilitados para la persecución de los delincuentes, no, como los portavoces de los funcionarios denuncian, para rescatar a los inmigrantes. A ellos hay que añadir un nuevo riesgo, otra causa de muerte, por fuego real o por golpes, a los pies de la muralla.
Son nuestras víctimas.
El cierre de fronteras, hay que repetirlo, es la causa de la entrada clandestina. La represión en la frontera hace surgir un mercado ilegal que provee de medios de transporte y de entrada por lugares no vigilados, servicios necesarios para quien desea inmigrar. Un espacio, el de la frontera, que ahora se amplia a todo el territorio de los países vecinos del norte de África, cuyos gobiernos son subcontratados para que realicen el trabajo policial de control y contención, sin consideración a las deplorables condiciones de respeto de los derechos humanos. La mayor eficacia en el control de la frontera incrementa los riesgos, el precio de los servicios y los accidentes. Al parecer, la presión de la policía marroquí ha reducido la salida de parteras y provocado, como efecto indeseable, la muchedumbre de pobres que esperan ante el muro que rodea las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, con el efecto que estamos viendo.
Todas esas políticas no persiguen objetivos de protección de los extranjeros pobres, como declaraba la exposición de motivos de aquella reforma penal, al contrario, se trata de protegernos de ellos.
Nos invaden pero les necesitamos, eso sí, mejor sometidos. “Lo que a nosotros nos preocupa es siempre el exceso de ellos, dicen Barman. Más cerca de casa, lo que provoca nuestra inquietud y nuestra furia es más bien la caída en picado de las tasas de fertilidad y su inevitable consecuencia, el envejecimiento de la población. ¿Habrá suficientes de los nuestros para mantener nuestra forma de vida? ¿Habrá bastantes basureros, recogedores de la basura que nuestra forma de vida genera a diario, o –como pregunta Richard Rorty- un número suficiente de personas que se ensucien las manos limpiando nuestros váteres y cobrando diez veces menos que nosotros que nos sentamos a teclear en nuestros escritorios? Esta otra vertiente, poco atractiva, de la guerra contra la superpoblación -la desagradable perspectiva de la necesidad de importar más en lugar de menos de ellos, justamente para mantener a flote nuestra forma de vida- ronda los países opulentos.[8]
Como consecuencia de nuestras decisiones políticas en materia de control de fronteras y de inmigración un asiento en una miserable, abarrotada y peligrosa patera es más caro que una plaza en la primera clase de un avión que hiciera el mismo trayecto.
No hay víctima porque consiente, como en los delitos contra la salud pública, prototipo de los delitos sin víctima. Pero al impedir un acceso normal, a las sustancias tóxicas o a las fronteras, se criminaliza a la supuesta víctima, se le obliga a recurrir a un mercado negro donde no funciona ningún mecanismo de control o de regulación pública, mercados que obedecen a lógicas e intereses canallas. Hemos de sentir orgullo, no obstante, de no castigar penalmente al consumidor de drogas o al inmigrante que accede clandestinamente, algo que no pueden decir nuestros vecinos europeos, franceses o alemanes.
Parece claro que los inmigrantes no quieren viajar en esas condiciones ni pagar esos precios abusivos. Como dice John Berger, durante esa travesía, larga y terrible, que provoca la pobreza del nuevo capitalismo, ellos, los otros, experimentan la bajeza de la que son capaces los seres humanos. Lo que desean es emigrar. Si decimos que les tenemos que defender de las “mafias”, en cuyos brazos les hemos abandonado, parece necesario preguntarse por que emigran. El reparto injusto de la riqueza es una razón convincente. El último Informe de Desarrollo Humano daba cuenta que trescientos cincuenta y ocho millonarios globales atesoraban la misma cuota de riqueza que dos mil trescientos millones de personas. El veintidós por ciento de la riqueza estaba en manos del ochenta por ciento de la población.
Las cifras ya no nos dicen nada, porque hemos dejado atrás la experiencia de la privación, de la miseria y del hambre. Pertenecemos a sociedades satisfechas. Las cifras de la desigualdad están saturadas de significado. La sucesión vertiginosa de imágenes, de datos y de números sobre la privación que sufren ellos, los otros, superabundancia informativa paradójica de nuestro tiempo, señala una cierta realidad de manera fragmentaria, siguiendo el esquema de la televisión que resulta incomprensible. Por la mañana mientras conducimos nuestro vehículo, camino del trabajo, escuchamos en un noticiero de la radio que seis millones y medio de niños menores de cinco años mueren anualmente en el mundo por falta de alimentos y otros diez millones por enfermedades evitables. Por la tarde, en el diario, nos asalta una información sobre Botsuana, la esperanza de vida ha caído a causa del sida, que sufre un 37,3% de la población, desde los sesenta y cinco a los treinta y cuatro años.
Ante tamaño desequilibrio e injusticia global, la decisión de emigrar hacia los países abundantes que ofrecen expectativas de mejora expresa una racionalidad ética innegable.
Además, como se ha puesto de manifiesto en los estudios sobre las migraciones, los movimientos de poblaciones responden a ciertos patrones. Patrones que tienen que ver con ciertas vinculaciones entre los países de inmigración y los de destino. Vínculos que funcionarían como medios de activación de los flujos de personas, que crearían las circunstancias en las que la miseria, el desempleo o la falta de expectativas de mejora impulsarían a las personas a la búsqueda de alternativas en un país concreto. Por lo tanto, para comprender porqué un flujo migratorio se desplaza hacia un determinado lugar es necesario relacionar esos movimientos con actos de los gobiernos o de las empresas de los países receptores.
Saskia Sassen ha acreditado que funcionan en ese sentido los vínculos del pasado colonial o postcolonial, algo evidente entre nosotros respecto a la emigración que nos viene de Latinoamérica y de Marruecos. En segundo lugar, actuarían los vínculos económicos que crea la globalización, por ejemplo, los relacionados con la presencia de empresas del país de destino en el de emigración, que también constatamos en el caso español respecto a los países del sur y centro de América. Otros lazos que explicarían la inmigración a un país serían el reclutamiento de trabajadores, por empresas o agentes de la Administración del estado receptor (entre nosotros, se pueden señalas las primeras migraciones de marroquíes a Almería para trabajar en las pequeñas empresas agrícolas que transformarían la comarca de El Ejido, durante los años ochenta) y los lazos étnicos entre las comunidades de origen y las de destino. Dice Sassen, un autoridad en materia de migraciones, que los países receptores de contingentes de trabajadores extranjeros han propiciado esos flujos, de una u otra forma[9]. Lo que parece cierto es que una parte de las migraciones de trabajadores son alentadas por los mercados nacionales de tal manera que las empresas que emplean a los inmigrantes se ahorran hasta los gastos de desplazamiento de la mano de obra.
En la mundialización de los mercados y de las comunicaciones el espacio se ha convertido en un criterio de estratificación social. Como explica Zygnunt Bauman, algunos objetos se desplazan más rápido que otros Paradoja de este mundo en movimiento, se impide la libertad de circular a los inmigrantes de los países pobres. El grado de movilidad organiza y estructura nuestra sociedad. Los de arriba se han convertido en turistas globales, los de abajo son excluidos de la libertad de movimiento, se les expulsa del lugar en el que quisieran estar, se les detiene y deporta nada más llegar[10].
En vez de hablar de mafias, un discurso del poder que legitima ese estado de cosas injusto, debería hacerse un esfuerzo por comprender las razones que motivan a las gentes a buscar un lugar donde colmar sus expectativas de mejora. Al categorizar todo el espacio de la entrada clandestina como delictivo se mezclan las diversas redes que funcionan para salvar los controles policiales y se confunden conductas coactivas y violentas con meros servicios de transporte clandestino o de recursos familiares, humanitarios o solidarios.
Los casos judiciales que hemos reseñado nos hablan de privación, dificultades, miseria y maltrato. Miramos para otro lado y denominamos esclavo a quien se ve obligado por el cierre de la frontera a esconderse en el interior de un colchón de goma espuma, debajo de un asiento, emparedado en una alfombra, o en el fondo de una pobre embarcación repleta de gente e inundada de agua (no mejor suerte les espera a quienes aguardan a la puerta del castillo). Como para hablar de dignidad de las personas, de derechos de los extranjeros y de integración social…
No todos los recursos para atravesar la frontera están en manos de organizaciones criminales. Hay redes familiares o de amigos, grupos de parientes o vecinos, que ponen dinero en común y pagan el precio del viaje de uno de ellos. Muchas veces el primero que llega, cuando puede, sufraga el viaje de otro del grupo, el siguiente de la cadena. Se conocen casos de personas que adquieren una balsa neumática o una pequeña embarcación, incluso la fabrican, y acometen la empresa. No estamos acostumbrados a escuchar a los inmigrantes. La escucha es una actividad que crea vínculos morales, que no son convenientes para relacionarse con ellos, con los otros. “Necesitas parientes que te ayuden. Lo habitual es pedir prestado a alguien que ya está ganando dinero en Europa y cuando logramos cruzar y encontramos un empleo se lo devolvemos”, decía un inmigrante que aguardaba en uno de los campamentos inmundos que hay en la frontera argelina (“Antes de la patera” reportaje de Carla Fibla, publicado en La Vanguardia, 10 de mayo de 2005). De esa manera, el que ha llegado y ha comprobado la posibilidad de encontrar empleo, en condiciones duras y con bajo salario, pero esa contraprestación económica supone una mejora importante frente a su situación anterior a la partida, ese les señala el camino a sus parientes, amigos o vecinos. Ha explorado la realidad y hallado posibilidades de trabajar.
(Según informaba la periodista Fibla, la nueva política europea hacia los gobiernos del sur del Mediterráneo, dinero a cambio de represión sobre los transeúntes, había reducido la llegada de pateras a España y aumentado las expulsiones de inmigrantes subsaharianos por la frontera argelina, mediante su persecución, hostigamiento y encierro, circunstancia que está en el origen del conflicto actual en las “murallas” de Melilla y Ceuta. Argelia se ha convertido, así, en lugar de paso hacia el estrecho de Gibraltar o las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Se añade más dolor y sufrimiento a quienes quieren venir. Cada decisión hace más difícil, que no imposible –por ejemplo la elevación de la valla de alambre y espino- el itinerario hacia nosotros, más largo el viaje, más tortuoso. Y más caro. Cada nuevo obstáculo provoca el surgimiento de otros negocios clandestinos que proveen de servicios de transporte y paso de fronteras.
Estas estrategias de contención se están propiciando por varios gobiernos europeos con los refugiados, en especial Alemania, Italia y Gran Bretaña, iniciativa a la que se han opuesto España y Francia, mediante lo que llaman “refugios seguros”, campos deslocalizados de extranjeros que permitirán descargar cerca de sus países de origen, en Estados que vulneran de manera abierta los derechos humanos, cerca de sus “hogares” dijo Blair, a los perseguidos de las guerras entre pobres. Lejos de nosotros.)
También existen redes comerciales, generalmente agencias de viajes, prestamistas particulares, pequeños empresarios o comerciantes, incluso negocios de prostitución, que adelantan el precio del viaje y otros gastos asumiendo el inmigrante el pago de la deuda más los intereses, muchas veces elevados. Por fin, hay redes criminales de tipo coercitivo, que utilizan engaño o violencia psicológica y física sobre las personas, a las que obligan a trabajar para ellos en mercaos ilegales, generalmente la prostitución[11].
A consecuencia de la represión de todo tipo de colaboración a la inmigración se dificulta el trabajo policial contra las redes violentas, las que verdaderamente explotan a las personas.
La única justificación de esos tipos penales es el reforzamiento de las políticas de control de las migraciones y de cierre de fronteras, estrategias locales que se demuestran ineficaces para responder a problemas globales.
[1] [1] “Creces es saber también que la tristeza e incluso la afrenta no son, por suerte,/exclusiva de los viles, sino un grotesco/patrimonio de todos, y que por los ojos/de los marginados, de los pobres, de los vencidos,/se nos va a todos el gozo de vivir/armoniosamente y con alegría”, Después de todo, DVD poesía, Barcelona, 2002-
[2] “Diez razones para no construir más cárceles”, Panóptico nº 7, 2005, pág. 19
[3] Ver “La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea, David Garland, Gedisa, Barcelona, 2005. pág. 39 y siguientes, que desarrolla una descripción de las transformaciones en el sistema penal anglosajón después de los años setenta, que resulta un indicador de la crisis del Estado Social.
[4] “La suciedad, tal como la conocemos, consiste esencialmente en desorden. No hay suciedad absoluta: existe solo en el ojo del espectador. Evitamos la suciedad… la suciedad ofende el orden. Su eliminación no es un movimiento negativo, sino un esfuerzo positivo por organizar el entorno” Mary Douglas. “Pureza y Peligro”, Siglo XXI de España editores. Madrid, 1991, pág. XXVIII.
[5] Política criminal que seguiría el esquema de las técnicas actuariales que utilizan las compañías de seguros, importando los mecanismo de análisis económico al control de las poblaciones desviadas, que son gestionadas como un riesgo, según propone Alessandro de Giorgi en su libro “Tolerancia Cero, estrategias y prácticas de la sociedad de control”, Virus editorial, Barcelona, 2005, pág. 46 y s.
[6] Ambas citas pueden encontrarse en el estudio de la antropóloga Dolores Juliano “Excluidas y Marginales” Cátedra, Madrid, 2004, pág. 204
[7] Una entrevista con el presidente de la Associatition des famillas des victimes de l´inmigration clandestine, Khalil Gema se puede consulta en wwww.algeria-watch.org, quien sostiene “no tenemos verdaderas mafias como la rusa o la italiana, existen grupos de personas que trabajan de manera independiente para facilitar el paso”, un negocio que provoca un “explotación increíble” de los emigrantes, que florece alrededor de las rutas de la emigración clandestina controladas de modo hostil por la policía marroquí en funciones de subcontrata de las políticas europeas, negocio que convoca a reclutadores en las aldeas, transportistas terrestres y hospedadores hasta la salida de la embarcación.
[8] Ver “vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias”, Zygmunt Barman, Paidós, Barcelona, 2005, pág. 64. A partir de los conceptos de basura y desorden, limpieza y orden, el sociólogo polaco viene proponiendo una relectura de nuestras políticas contra la inmigración y de criminalización de los desviados, fuera y dentro de nuestras frontera.
[9] Esta información puede encontrarse, entre otros trabajos suyos, en el capítulo, de título bien significativo, “la inmigración pone a prueba el nuevo orden”, incluido en el libro “¿Perdiendo el control?, la soberanía en la era de la globalización”, Bellaterra, Barcelona, 2001, pág. 88 y s.
[10] La descripción de esos fenómenos se puede encontrar en su obra “La globalización, consecuencias humanas”. FCE, Buenos Aires, 1999, pág. 93 ys.
[11] La calsificación es de Juliano, obra citada, 194 y s. Allí se encuentra información sobre cómo las restricciones impuestas en materia de visados no redujeron la llegada de prostitutas hacia los negocios de Alemania, pero incrementaron las deudas de las mujeres con sus agentes.
Publicado por CEDEHU en 22:35

References: artículo 318
 artículo 318
 artículo 89
 artículo 318
 artículo 245
 artículo 318