Source: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/contenido-sociolaboral-de-la-lpge-para-2014-ley-222013-de-23-de-diciembre
Timestamp: 2017-04-25 06:35:49+00:00

Document:
Contenido sociolaboral de la LPGE para 2014 (Ley 22/2013, de 23 de diciembre)
25 de Abril de 2017 | 08:35
En el BOE de 26 de diciembre de 2013 aparece la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, que ocupa 528 páginas de BOE (239 de texto normativo; el resto, de anexos), estando integrada por 129 artículos, 89 Disposiciones Adicionales, 6 Transitorias, 3 derogatorias y 32 Disposiciones finales.
Antonio V. Sempere Navarro,Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad SocialCarolina San Martín Mazzucconi,consejera Académica de Gómez-Acebo&Pombo Profesora Titular de la Universidad Rey Juan Carlos	Además, de albergar en su propio
articulado importantes previsiones en materias sociolaborales, modifica la Ley
sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado; la Ley de
Medidas para la Reforma de la Función Pública; el Estatuto de los Trabajadores;
la Ley General de la Seguridad Social;
la LOFAGE; la Ley de ayudas y asistencia a las víctimas de
delitos violentos y contra la libertad sexual; la Ley de Clases Pasivas del
Estado; la Ley General Presupuestaria, entre otras. Sin perjuicio de un
examen más detallado, he aquí un primer resumen de todo ello.
I. Seguridad social y Asistencia Social
Se fijan las aportaciones del
Estado a la financiación de la Seguridad Social (art. 13).
Se establecen las bases y
tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de
actividad, FOGASA y formación profesional. Se aumenta en un 5% el tope máximo
de la base de cotización (art. 128)[1].
Se modifica la DA 4ª de la
Ley 42/2006, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, que contiene la
Tarifa de primas para la cotización a la Seguridad Social por accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales (DF 19ª). Hay que prestar muchas atención a las
variaciones porcentuales pero también a la aparición de nuevas descripciones.
Las pensiones del sistema de
Seguridad Social y de Clases Pasivas se incrementan en un 0,25% (arts. 37 y
41), fijándose los complementos para mínimos (arts. 44 y 45).
Se fija la cuantía máxima de
las pensiones públicas en su señalamiento inicial (art. 40).
Vuelve a aplazarse la aplicación de la DA 30ª de la Ley 27/2011, según
la cual el Gobierno debía adoptar medidas reglamentarias para que,
progresivamente desde el 1-1-12, la cuantía de la pensión de viudedad a favor
de pensionistas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública,
equivaliera al resultado de aplicar a su base reguladora el 60% (DA 27ª).
Se fijan las cuantías y límites de ingreso para acceder a prestaciones
familiares de la Seguridad Social en modalidad no contributiva (DA 24ª).
C) Clases Pasivas
Se deroga la DA 9ª de la Ley 39/2010, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2011, que establecía reglas sobre jubilación voluntaria en
el Régimen de Clases Pasivas del Estado (DD 1ª), así como la DA 32ª de la Ley
17/2012, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, sobre plazos
para el reconocimiento de prestaciones en Clases Pasivas (DD 2ª).
Se modifica la Ley de Clases Pasivas, en
materia de ejercicio de derechos, condiciones, plazos y jubilación voluntaria
(DF 1ª).
G) Ley General de la Seguridad Social
Responsabilidad mancomunada en Mutuas
Art. 71.4, sobre
competencia del Ministerio de Empleo y Seguridad Social respecto de los
créditos del sistema de la Seguridad Social que resulten de la aplicación de la
responsabilidad mancomunada de las Mutuas: modificación[2].
Art. 77.2, sobre
colaboración de empresas con carácter obligatorio: modificación para
especificar en qué consiste[3].
*Se modifica, una
vez más, y de modo importante el art. 131 bis, sobre extinción del derecho al
recoge expresamente en la norma que la duración máxima del subsidio de IT es de
545 días naturales desde la baja médica.
incorpora como causa de extinción del subsidio el alta médica por curación o
mejoría que permita al trabajador realizar su trabajo habitual. Se
precisa que, a efectos de determinar la duración del subsidio, se computarán
los períodos de recaída en un mismo proceso[4].
advierte que el INSS es el único competente para emitir nueva baja médica por
la misma o similar patología cuando se hubiera denegado el derecho a prestación
por IP sin haber agotado los 545 días de IT[5].
traen a la Ley previsiones acerca de cómo puede generarse un nuevo derecho
cuando la IT se ha terminado por transcurso de su plazo máximo[6].
regula la extinción de la IT por alta médica con propuesta de IP[7].
caso de extinción de la IT antes del agotamiento de los 545 días y sin
declaración de IP, subsiste la obligación de cotizar mientras no se extinga la
relación laboral o hasta la extinción del citado plazo de 545 días, de producirse con posterioridad dicha declaración de inexistencia
*Por otro lado, se lleva al art. 132.3 la
previsión de que el abono del subsidio se suspende cautelarmente por
incomparecencia del beneficiario a cualquiera de las convocatorias realizadas
por los médicos adscritos al INSS y a las Mutuas para examen y reconocimiento
médico[8].
Se retoca el concepto de incapacidad
permanente incorporado al artículo 136.1 LGSS para hablar de personas con
discapacidad (que no minusválidas) y eliminar tanto la referencia a la
necesidad de que el sujeto haya sido dado de alta médicamente cuanto la
excepción de signo contrario[9].	Subsidio de desempleo
En el artículo 222 (sobre Desempleo, maternidad, paternidad,
incapacidad temporal y jubilación) se regulan los efectos económicos de la
pensión de jubilación del preceptor de subsidio por desempleo para mayores de
Nueva DA 66ª, sobre acceso al subsidio
por desempleo de liberados de prisión que hubieran sido condenados por ciertos
delitos. Se les exige, según los casos, que hayan satisfecho la responsabilidad
civil derivada del delito y que hayan formulado una petición expresa de perdón
a las víctimas de su delito[10].
incorpora una Nueva DA 65ª, sobre conservación de la residencia a efectos de
prestaciones de la Seguridad Social: estancias en el extranjero que no superen
los 90 días al año, o cuando la ausencia de
territorio español esté motivada por causas de enfermedad debidamente
H) Dependencia
Vuelve a suspenderse la aplicación de diversos artículos de la Ley
39/2006, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia, relativos a cooperación entre la Administración
General del Estado y las Comunidades Autónomas para fijar el nivel de
protección y financiar servicios y prestaciones (DA 28ª).
I) Estructura y gestión del
Se fija el plazo de un año para establecer la integración en el Régimen
General de Seguridad Social de los miembros del Cuerpo de Registradores de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles (DA 30ª).
Se indica que la asociación de las empresas y la adhesión de los
trabajadores por cuenta propia a las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social,
mantendrán su vigencia hasta la entrada en vigor de la norma por la que
se actualiza el régimen jurídico de aquellas, prevista en la DA 14ª de la Ley
27/2011, y en la que se regulará el periodo de vigencia y los términos y
condiciones de la asociación y adhesión. El MEySS regulará el procedimiento por
el que empresas y trabajadores podrán resolver anticipadamente el vínculo con
la Mutua durante este período transitorio (DT 3ª).
J) Asistencia sanitaria
Se modifica la Ley 16/2003,
de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, para prever la
consideración de asegurado de quien agote prestaciones de similar naturaleza a
la prestación o subsidio por desempleo (DF 16ª).
Se regula la compensación a las Comunidades
Autónomas por asistencia sanitaria concertada prestada a ciudadanos asegurados
en otros Estados y desplazados temporalmente a España (DA 69ª).ç Se posibilita
que las instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones
Públicas o instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, soliciten a la
TGSS la ampliación de plazos de pago de deudas con la Seguridad Social (DA
83ª).
K) Aplazamientos de vigencia
Se aplaza la aplicación de la
DA 28ª de la Ley 27/2011, que comprometía al Gobierno a presentar, en el plazo
de un año, un proyecto de ley que estableciera un sistema de cómputo, a efectos
de Seguridad Social, del período de servicio militar obligatorio o de
prestación social sustitutoria (DA 84ª). Se aplaza por un año la entrada en vigor de la DA 58ª de la LGSS
(prevista para el 1-1-14), en cuya virtud se amplía la cobertura por accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales a todos los Regímenes de la Seguridad
Social respecto de los trabajadores que causen alta a partir del 1 de enero de
2013 (DA 85ª).
Se altera la entrada en vigor
de disposiciones de la Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social (DF 27ª).
Vuelve a posponerse, en esta
ocasión hasta el 1-1-15, la entrada en vigor de la Ley 9/2009, de ampliación de
la duración del permiso por paternidad en los casos de nacimiento, adopción o
acogida (DF 22ª).
Se congelan las retribuciones
del personal al servicio del sector público, y son "inaplicables" las cláusulas
de acuerdos, pactos o convenios que establezcan cualquier tipo de incremento.
Estos límites se aplican también a las retribuciones de los contratos
mercantiles (art. 20).
prohíben aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro
colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, salvo
que se hubieran suscrito antes del 31-12-11. Para la cobertura de otras
contingencias podrán contratarse, siempre que no supongan incremento de la masa
salarial. (art. 20).
declara que todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares
adoptados en Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias Estatales,
entidades públicas empresariales y demás entes públicos del sector público
estatal, requerirán informe previo y favorable del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, "siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen
sin dicho informe, sin que de los mismos pueda en ningún caso derivarse,
directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de
personal y/o incremento de retribuciones" (art. 36). Se topan las retribuciones de
los cargos directivos y restante personal de las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y de sus centros
mancomunados (DA 16ª).
III. Política de empleo
Se suspende la aplicación de la DA 5ª de la Ley 56/2003, de Empleo,
según la cual el Estado puede participar en la financiación de un Plan integral
de empleo de Canarias (DA 67ª).
Se regula la financiación de la formación profesional para el empleo, y
se establece que las empresas que cotizan por la
contingencia de formación profesional dispondrán de un crédito para la
formación de sus trabajadores que se fija en función del tamaño de la plantilla
y la cuantía que hayan ingresado en concepto de formación profesional durante
el año 2013. Se contemplan peculiaridades para empresas de hasta cinco
trabajadores, las que se creen en 2014 y las que abran nuevos centros.
Adicionalmente, se prevé un crédito de bonificaciones para formación a las
empresas que durante 2014 concedan permisos individuales de formación (DA 81ª).
Se mantiene la reducción del
50% de la aportación empresarial en la cotización por contingencias comunes, en
los supuestos de cambio de puesto de
trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, o por
enfermedad profesional, si bien para estos últimos se sigue llamando a un
desarrollo reglamentario (DA 78ª).
mantienen bonificaciones para las empresas que prolonguen el período de
actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores
de turismo, comercio vinculado al mismo y hostelería (DA 79ª).
IV. Despido objetivo
Se suprime el abono por el FOGASA de los
8 días de salario por año de servicio prevista hasta ahora en extinciones (procedentes)
por causas objetivas de contratos indefinidos celebrados por empresas de menos
de veinticinco trabajadores (DF 5ª).
El cambio ha generado una especie de
carrera de despidos, para no quedar fuera de la protección. Resolviendo dudas
pretéritas sobre cuándo se fija la legislación aplicable se dijo la
responsabilidad directa surge sin
necesidad de que se incoe expediente al efecto por parte de los interesados[11]
y que la fecha que ha de
tenerse en cuenta para concretar el número de trabajadores de la empresa es la
de la extinción efectiva de la relación laboral, y no la de su anuncio
preavisado[12].
Por lo tanto, todo indica que para los despidos cuya efectividad sea posterior
a 1 de enero de 2014 ya no cabrá trasladar al Fondo ninguna parte de la
Se fija el IPREM (532,51 mensual) (DA 80ª).
Se establece precisa el modo
en que el Gobierno remitirá a las Cortes Generales el preceptivo informe sobre
el Fondo de Políticas de Empleo (creado por RDLey 3/2011) (DF 23ª).
[1] Se mantiene la diferencia del 1% en los tipos de cotización en
contrato a tiempo parcial, según sean temporales o indefinidos. Pero téngase en
cuenta que esta diferencia ha sido expresamente suprimida para 2014 -antes de
que existiera- por RDL 16/2013, en vigor desde el 22-12-13. [2] Ahora el precepto es mucho más minucioso que en su anterior
redacción: 1º) Precisa que la facultad contemplada se engloba en la generales
"de dirección y tutela". 2º) Al Ministerio no solo le corresponde la
declaración de los créditos correspondientes sino también "determinar su
importe líquido" (lo que estaba implícito), reclamar su pago y determinar los
medios de abono. 3º) La recaudación ejecutiva no se llevara a cabo
necesariamente por lo TGSS sino solo si el MEySS lo solicita. 4º) Se precisa
que las cantidades que se obtengan se ingresarán en las cuentas que originaron
la aplicación de la responsabilidad mancomunada, en los términos que establezca
el órgano de dirección y tutela. 5º) El mayor detalle lleva a prescindir de la remisión
[3] Aquí se enriquece la previsión de que el Ministerio podrá
establecer con carácter obligatorio, para todas las empresas o para algunas de
determinadas características, la colaboración en el pago de subsidios (por IT u
otros supuestos) con una triple aclaración:
La colaboración obligatoria
consiste en el pago por la empresa a sus trabajadores, a cargo de la Entidad
Gestora o Colaboradora, de las prestaciones económicas, compensándose su
importe en la liquidación de las cotizaciones sociales que aquella debe
ingresar. La empresa deberá comunicar a
la Entidad Gestora, a través de los medios electrónicos, informáticos o
telemáticos establecidos, los datos obligación de la misma requeridos en el
parte médico de baja, en los términos que se establezcan reglamentariamente. El Ministerio podrá suspender
o dejar sin efecto la colaboración obligatoria cuando la empresa incumpla las
[4] Se considerará que existe recaída en un mismo proceso cuando se
produzca una nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los
ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de efectos del alta médica
[5] Cuando, iniciado un expediente de incapacidad permanente antes de
duración del subsidio de incapacidad temporal, se denegara el derecho a la
prestación de incapacidad permanente, el Instituto Nacional de la Seguridad
Social será el único competente para emitir, dentro de los ciento ochenta días
naturales posteriores a la resolución denegatoria, una nueva baja médica por la
misma o similar patología, a través de los órganos competentes para evaluar,
calificar y revisar la situación de incapacidad permanente del trabajador. En estos
casos se reanudará el proceso de incapacidad temporal hasta el cumplimiento de
los quinientos cuarenta y cinco días.
[6] Extinguido el derecho a la prestación de incapacidad temporal por
el transcurso del plazo de quinientos cuarenta y cinco días naturales de
duración, con o sin declaración de incapacidad permanente, sólo podrá generarse
derecho a la prestación económica de incapacidad temporal por la misma o
similar patología, si media un período superior a ciento ochenta días
naturales, a contar desde la resolución de la incapacidad permanente.
Este nuevo derecho se causará
siempre que el trabajador reúna, en la fecha de la nueva baja médica, los
requisitos exigidos para ser beneficiario del subsidio de incapacidad temporal
derivado de enfermedad común o profesional, o de accidente, sea o no de
trabajo. A estos efectos, para acreditar el período de cotización necesario
No obstante, cuando se trate de la
misma o similar patología y no hubiesen transcurrido ciento ochenta días
naturales desde la denegación de la incapacidad permanente, podrá iniciarse un
nuevo proceso de incapacidad temporal, por una sola vez, cuando el Instituto
trabajador, considere que el trabajador puede recuperar su capacidad laboral.
Para ello, el Instituto Nacional de la Seguridad Social acordará la baja a los
[7] Si, al agotamiento del plazo de trescientos sesenta y cinco días,
el Instituto Nacional de la Seguridad Social acordase la iniciación de un
ejercicio de las competencias previstas en el artículo 128.1.a), el Instituto
Nacional de la Seguridad Social hubiese acordado la prórroga expresa de la
situación de incapacidad temporal, y durante la misma iniciase un expediente de
incapacidad permanente, la situación de incapacidad temporal se extinguirá en
la fecha de la resolución por la que se acuerde dicha iniciación.
[8] Llama la atención que no se califique como injustificada la
incomparecencia; seguro que el previsto desarrollo reglamentario así lo
[9] De este modo "es incapacidad permanente la situación del
trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito,
presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de
determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen
su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de
estima médicamente como incierta o a largo plazo".
[10] Esta DA se aplica a partir del 1-1-14 a los solicitantes del
subsidio que en ese momento no hayan perfeccionado los requisitos para ser
beneficiarios según el art. 215.1.1 LGSS (DT 6ª).
[11] SSTS 27 junio 1995 (RJ 1995, 5231) y 7 mayo 1997 (RJ 1997, rec.
4004/96).
[12] STS de 2 abril 2012 (RJ 2012, 4780).
Te recomendamos	Checkpoint Asesor

References: artículo 136
 artículo 222
 resolución 
 resolución 
 artículo 128
 resolución