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Timestamp: 2019-06-16 03:02:23+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 505, de 19/02/2014
cve: DSCD-10-CO-505
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 505
- Proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. (Número de expediente 121/000071) ... (Página2)
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE. (Número de expediente 121/000071).
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la sesión de la Comisión, que tiene por objeto debatir y aprobar el proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Nos corresponde en primer lugar ratificar la propuesta de la ponencia. (El señor Llamazares Trigo pide la palabra).
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Quería aclarar que no he firmado la ponencia por razones que ya explicamos en la misma en su momento relativas a las enmiendas incorporadas. Lo digo para que lo conozca la Mesa.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro comentario? (Pausa).
Queda ratificada la ponencia y, por supuesto, los miembros de la misma.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del proyecto de ley. Voy a dar la palabra por un tiempo de quince minutos a los distintos grupos parlamentarios que mantienen enmiendas vivas -que son todos-, de menor a mayor, para finalizar con el grupo que apoya al Gobierno. Estimamos la hora de la votación no antes de las cinco y media y, a ser posible, tampoco después. (Risas). En primer lugar, voy a dar la palabra a los distintos miembros del Grupo Parlamentario Mixto que han solicitado intervenir. El señor Tardà tiene la palabra.
El señor TARDÀ I COMA: Señorías, mi intervención será breve, además de porque tienen que participar en el debate los demás compañeros del Grupo Parlamentario Mixto, también porque quedaron muy claras en la enmienda a la totalidad que presentó nuestro grupo parlamentario cuáles eran las razones que nos movían a distanciarnos de este proyecto de ley, que aun cuando supone un avance en todo lo que tiene relación con los derechos de los consumidores -razón por la cual nuestro voto tampoco será negativo-, adolece de algunas cuestiones que para nosotros son importantes e incluso fundamentales. Resumiendo, además de la enmienda a la totalidad que fue rechazada, hemos presentado nueve enmiendas. Una está relacionada con la defensa del marco competencial catalán -la enmienda número 77- a fin y a efecto de que esta ley no vulnere las capacidades, que les recuerdo que son de carácter exclusivo, atendiendo a las potencialidades del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y que les recuerdo que en materia de consumo quedan vulneradas en la medida en que el Gobierno de Cataluña ya aprobó un código de consumo propio, que fue recurrido posteriormente por parte del Gobierno español. También hemos presentado una enmienda de adición, la número 79, a través de la cual pretendemos incorporar una definición más expansiva del concepto de competencia desleal en relación con los consumidores y usuarios. Las enmiendas 80, 81 y 82 tienen su fundamento en la necesidad de mejorar el marco de actuación de las asociaciones de consumidores a fin y a efecto de facilitar su actuación. De hecho, estas asociaciones en infinidad de ocasiones se han quejado y nos han transmitido las dificultades para poder llevar a cabo su función, que es básicamente de denuncia, pero que en multitud de ocasiones finaliza ante unos juzgados. Las enmiendas 83 y 84 están relacionadas con algo que consideramos fundamental e importante que incorpore esta ley y que es todo lo que atañe a las cláusulas abusivas y también a aquellas
que en concreto tienen relación con los créditos hipotecarios. Esta es la enmienda número 84. La enmienda 85 está relacionada con la mejora de la acción colectiva.
Finalmente, la número 78 tiene relación con los derechos lingüísticos. Esta fue la razón primera que nos llevó a presentar una enmienda a la totalidad hace unas semanas y que fue debatida en el Pleno. Entendemos que es una oportunidad perdida -otra más, la verdad es que ya nos lo temíamos- porque, ya que se legisla en favor de los consumidores y con la voluntad de estar al mismo nivel que los de otras sociedades europeas, no tiene ningún sentido que no se reconozcan los derechos del consumidor que en el Estado español tiene como lengua propia una lengua cooficial. Por qué razón en el año 2014, cuando un ciudadano consumidor, es decir, cuando un ciudadano opta libremente por comprar un producto a una persona jurídica que tiene establecido un negocio para suministrar un producto, por qué razón esta empresa no tiene que estar obligada a facilitar al ciudadano español del Estado español que vive en un territorio en el cual existe una lengua cooficial, repito, por qué esta empresa no tiene que estar obligada a facilitarle todo lo que gira alrededor del producto y del ejercicio de venta en las distintas lenguas cooficiales del Estado. No solamente no ocurre esto, sino que se ha blindado un paso hacia atrás.
En la transaccional que ustedes han pactado, no sé con quién (La señora Grande Pesquero: Con todos)... ¿con todos? Pues con Esquerra no y, si la han pactado con todos, me sabría muy mal, porque me dolería mucho que otros grupos como Convergència i Unió y el Partido Socialista la firmaran. Bien, ignoro quién la ha firmado. Como decía, no solamente queda explícito que el producto deberá ser ofrecido al menos en lengua castellana, con lo cual no solamente se impide que alguien pudiera libremente ofrecer el producto solo en catalán -que podría ser el caso-, solo en euskera o solo en gallego, sino que además no se incorpora el derecho del ciudadano a exigir que la empresa ofrezca el producto y toda la documentación relativa al producto en la lengua que pida el consumidor. Ante esto de dejar en manos de la empresa que decida, me pregunto si algún ciudadano de los aquí presentes castellanohablantes lo aceptaría. ¿Aceptaría algún miembro castellanohablante que le impusieran el producto y la documentación en catalán? ¿Lo aceptarían? Creo que se montaría un 2 de mayo patriótico, que ustedes son muy dados a esto. ¿Por qué los catalanes no podemos tener derecho a pedir a un servicio telefónico -ONO, Vodafone, el que sea- o a una empresa de servicios recibir la información, el producto y la documentación, todo, también en lengua catalana? ¿Por qué? Esta es la pregunta que nos hacemos y que en 2014 nos encontremos así... Luego dicen que nos quieren. Pues si esto es querer, que venga Dios y que haga algo.
El señor PRESIDENTE: Señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señores diputados, no sé si saben ustedes que el 70% de las empresas de comercio electrónico no venden a Canarias y no lo hacen por dos razones, una es porque es más cómodo para las empresas, porque implica unos trámites aduaneros y un coste añadido. Pero nosotros no entramos en los trámites aduaneros porque en este momento la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda con la Consejería de Hacienda de la comunidad autónoma están buscando un sistema electrónico muy fácil de autoliquidación que esperamos que facilite el trámite y lo haga más barato. Entro en otro ámbito, en el ámbito de que el 70% de las empresas excluyen a los canarios del comercio electrónico. Es absurdo que un canario compre a una empresa americana, alemana o inglesa y se lo suministren en su casa en Canarias sin problema y que, sin embargo, empresas españolas y que operan en España no suministren a Canarias por, sencillamente, comodidad. Además, como saben todos, vamos hacia un mercado digital único europeo.
Esta enmienda la presentamos en la Ley de Telecomunicaciones y debo dar las gracias a Javier Puente, que se puso en contacto con el Ministerio de Industria, el cual no vio inconvenientes a la enmienda, pero creía que encajaba mejor en esta Ley para la defensa de los consumidores y usuarios. Asimismo le ha parecido bien esta enmienda al departamento correspondiente del ministerio y quedan, parece ser, otras consultas dentro del Gobierno en la parte de hacienda. Quiero decirles que este asunto es muy importante. En el siglo XXI no podemos excluir a 2 millones de personas del comercio electrónico sencillamente porque haya empresas que discriminen a un territorio. Los canarios somos tan españoles y tan europeos como el resto y no podemos estar fuera de ese comercio y de esa nueva era digital que viene a este país y a toda la comunidad europea.
El texto de nuestra enmienda añade un nuevo epígrafe al artículo 27 de la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, que queda redactado como sigue: El prestador del servicio no podrá realizar discriminaciones de la parte adquiriente por razón de la existencia de regímenes fiscales especiales en determinadas partes del Estado u otras circunstancias territoriales, sin
perjuicio del derecho a repercutir los costes de transporte o de gestión aduanera que, en su caso, pudieran ocasionarse.
Pido un esfuerzo al Grupo Parlamentario Popular para que, en lo que queda de debate, pueda resolverse este asunto mediante la aprobación de esta enmienda en los términos que consideren convenientes, porque estamos abiertos a cualquier solución que mejore la situación actual. Si hoy no pudiera ser, solicito al Grupo Popular que se pueda resolver en el Senado -si va al Senado-. Quiero agradecer al diputado Pablo Matos su interés en este asunto, pues ha estado trabajando para que pudiera salir, porque desde luego, es un agravio a un territorio y a 2 millones de canarios que no tiene sentido.
El señor PRESIDENTE: Señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Quisiera agradecerle, señor presidente, su flexibilidad para que podamos hablar todos los portavoces que hemos presentado enmiendas a este proyecto de ley y también le agradezco la deferencia al portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, que es el portavoz del Grupo Mixto en esta Comisión, por cedernos parte de su tiempo.
UPN presenta tres enmiendas a este proyecto de ley, dos de ellas, la 86 y 87, son parte de una misma familia y la 246 aborda un tema distinto. Con las dos primeras, la 86 y 87, lo que se pretende es incorporar una formación específica en materia de mediación tanto para la actividad de la Conferencia Sectorial de Consumo y sus órganos de cooperación institucional como para los órganos arbitrales, en la medida en que esta formación puede ser útil dentro de esos programas formativos de cooperación entre las distintas administraciones públicas.
La tercera enmienda, la 246, la hemos presentado Unión del Pueblo Navarro y el Grupo Popular. Quiero agradecer el esfuerzo del grupo parlamentario y en este caso del Gobierno, puesto que a esta enmienda le precede un acuerdo importante entre las dos administraciones. Nosotros de alguna manera lo que hemos hecho en este caso ha sido ser fedatarios de este acuerdo que pretende solucionar un problema que afecta a un colectivo muy relevante de funcionarios, prácticamente casi 8.000. Por tanto, quiero agradecer esa predisposición. Consiste en incorporar una nueva disposición adicional que lo que pretende es integrar en el Sistema Nacional de Salud al personal de los montepíos de las administraciones públicas de Navarra, autorizando, una vez extinguida por la Comunidad Foral de Navarra la cobertura obligatoria en materia de asistencia sanitaria prestada al personal de estos montepíos, para que proceda a la integración de estos funcionarios como asegurados o beneficiarios en el Sistema Nacional de Salud.
Quiero agradecer especialmente el esfuerzo, la predisposición y la comprensión tanto del Gobierno como del Grupo Popular, grupo mayoritario que apoya a aquel, para poder solucionar este problema que afecta, como digo, a tantos y tantos navarros, a tantos funcionarios en nuestra comunidad.
El señor PRESIDENTE: Le corresponde el turno ahora al Grupo Parlamentario Vasco y en su representación tiene la palabra doña Isabel Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señorías, abordamos hoy el trámite final en esta Cámara de este proyecto de ley que, como ya se ha comentado, tiene por objeto principal la modificación del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios de 2007 y otras leyes internas, motivado fundamentalmente por la necesidad de incorporar al derecho estatal la Directiva 2011/83 del Parlamento y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre derechos de los consumidores. En primer lugar quiero señalar, tal y como ya hice en el debate de las enmiendas de totalidad formuladas por otros grupos parlamentarios, que siguiendo a pies juntillas la dinámica cotidiana del Gobierno popular en materia de trasposición de directivas, esta llega tarde una vez más. Tanto es así que llega tres años tarde, lo que contrasta notoriamente con la celeridad y el descaro con el que el Gobierno y el Grupo Popular pervierten el mecanismo de la enmienda para introducir modificaciones de normativas en vigor y nuevas regulaciones en materias que nada tienen que ver con el objeto de los proyectos que se tramitan. Sinceramente, creo que resulta de todo punto impresentable tanto desde el punto de vista de la ortodoxia legislativa -a la vista están las conclusiones del informe elaborado por el letrado de la Comisión- y de las reiteradas invocaciones del Tribunal Constitucional, como desde el punto de vista del fair play parlamentario. De esta forma están obstaculizando e impidiendo de facto el desempeño de nuestra labor como diputados y diputadas en el ejercicio de nuestra función legislativa.
Esto no es más que un aperitivo, puesto que es preciso también poner de manifiesto lo curioso que resulta que el Grupo Popular -y lo traslado en esta Comisión, pero ocurre en otras- realice enmiendas
a, en este caso, un proyecto de ley que presenta el Gobierno presidido por su propio grupo. Llegados a este punto, adquiere un valor especial ese dicho popular que dice: hecha la ley, hecha la trampa. Es verdad que iniciar y concluir un proceso de modificación de ley con la seriedad, el rigor y la transparencia requeridos es difícil y costoso, eso es rigurosamente cierto. Es verdad que además supone someterse a la crítica política, pasar por el análisis del Consejo de Estado, por las enmiendas de totalidad, en definitiva, por un sinfín de trámites incómodos. En este sentido, es obvio que al Partido Popular le resulta más fácil elaborar un proyecto de ley light que pase por todos los trámites previos con el menor ruido posible y, una vez en el trámite de enmiendas parciales, incorporar a través de su grupo parlamentario y de una mayoría absoluta, en mi opinión muy poco generosamente gestionada, todos aquellos aspectos que les venga en gana incluir, tengan o no que ver con la materia objeto de regulación. Para muestra, un botón. En este caso han sido ni más ni menos que treinta y tres las enmiendas presentadas por el Grupo Popular a este proyecto, de las que aproximadamente la mitad nada tienen que ver con el objeto de la modificación propuesta. Como ven, todo un ejemplo. A mayor abundamiento y desde el punto de vista del diálogo para alcanzar transaccionales, por lo menos en lo que a nuestro grupo se refiere, lisa y llanamente utilizan la técnica del plato de lentejas: ahí lo tienes, o lo tomas o lo dejas. Como comprenderán, al final esto no hace más que poner de manifiesto que, y es una sensación, que a ustedes no les interesa conocer lo que a otros grupos nos preocupa y nos importa. En consecuencia, hay una nula voluntad para alcanzar acuerdos, a pesar de que, al menos en nuestro caso, los ofrecimientos han sido reiterados para ello.
Centrándonos ya en el contenido del proyecto y de las enmiendas presentadas, he de decirles que el Grupo Vasco ha formulado ocho enmiendas -muchas menos que el Grupo Popular- a este proyecto de ley, dirigidas fundamentalmente a preservar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas de las comunidades autónomas con lengua propia, a clarificar -pues no quedan clarificados en la modificación que se propone- los títulos competenciales sobre los que se fundamenta la competencia del Estado para la elaboración de este proyecto de ley, sin olvidar además que las comunidades autónomas ostentan competencia exclusiva en materia de defensa de los consumidores y usuarios -en concreto, en el Estatuto de Gernika está recogida en el artículo 10.28-, y eso supone que les permite intervenir, incluso a nivel legislativo, en este sector de la actividad.
También hemos presentado enmiendas dirigidas a garantizar que los servicios telefónicos de atención al público en general y al cliente en particular sean gratuitos; a evitar - y esta miren que era fácil, es un ejemplo de enmienda facilona que hubiera podido ser aceptada o transada- que las entidades titulares con un contrato complementario puedan seguir reclamando sus obligaciones a los consumidores cuando se ha resuelto el contrato principal; a posibilitar que los consumidores y usuarios puedan ejercer sus derechos de desistimiento y resolución, sin que les sean exigibles los costes directos de devolución, y a preservar la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia de comercio interior. Como les decía y como ven, hubiera sido fácil, de haber habido voluntad, alcanzar algún acuerdo. Sin embargo, ninguna de ellas ha sido aceptada y solo se nos ha ofrecido una transacción en materia de derechos lingüísticos de todo punto inasumible en cuanto que el texto propuesto no respeta ni siquiera lo previsto a este respecto en la propia Constitución española.
Por todo lo anterior, nuestro voto al dictamen desde luego será negativo, pero no quisiera concluir sin poner en valor el trabajo desarrollado por el resto de los grupos parlamentarios que conformamos la oposición en esta Cámara. Han sido muchas las enmiendas presentadas, creo que han sido unas enmiendas muy constructivas, muy positivas, pero una vez más el Gobierno popular ha renunciado al consenso y ha perdido la ocasión de dar respuesta a las necesidades reales de los ciudadanos. Ha renunciado a hacer políticas valientes que sirvan para hacer frente a problemas, a abusos y fraudes que sufrimos los consumidores y las consumidoras en ámbitos como el sector del ahorro, el hipotecario con las cláusulas suelo, o en servicios de telefonía o energía, por citar algunos ejemplos. Quiere referirme a algo tan sencillo como adaptar el texto legislativo al lenguaje de género, siguiendo además las recomendaciones europeas en esta materia. En conclusión, por todas estas razones es absolutamente imposible que votemos favorablemente el dictamen y, como ya les había avanzado, nuestro voto será no.
El señor PRESIDENTE: Para defender la posición y las enmiendas del Grupo Parlamentario de UPyD tiene la palabra don Antonio Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Ya manifesté en el Pleno que no nos parecía suficiente el texto que nos presentaba el Grupo Popular. Ya decíamos cómo es habitual encontrarse como consumidor o como usuario con una asimetría brutal en cuanto a los derechos y las obligaciones que tenemos nosotros
y aquellos de los que parecen gozar las empresas en todo lo que tiene que ver con su relación con nosotros. Yo ponía como ejemplo durante esa intervención lo que podría tardar en darme de alta en varios servicios y, sin embargo, lo que supondría el darme de baja, que podría ser un camino largo y tortuoso. Recordaba que en el año 2012 el 71,5% de los casos que se vieron en la Oficina de atención al usuario se resolvieron a favor de los ciudadanos y se nos dio la razón a todos. Por tanto, creo que es claro que hace falta una legislación bastante más dura y, sobre todo, bastante más exigente sobre algunos aspectos de los que estamos hablando aquí hoy.
Hablábamos de velocidades de ADSL, también de cómo la mayoría de las empresas muchas veces publicitan cosas que incumplen sistemáticamente; de cómo hacían pagar por una tarjeta de embarque un precio desorbitado e incluso sobre cómo algunas líneas aéreas se saltaban la ley impidiendo viajar a los menores con un libro de familia, como la ley permite. Poníamos muchos ejemplos. Lo que ocurre es que no voy a tener tiempo para volver a citarlos todos. Los doy por reproducidos porque ya los señalé y me gustaría centrarme un poco en cuáles han sido las enmiendas que sí que se han aceptado y cuáles no -y en este último caso por qué es especialmente grave a nuestro entender-, aparte de sumarme a lo que han dicho los compañeros en cuanto al procedimiento y en cuanto a esas enmiendas que nos coló el Grupo Popular y que ya veremos qué desarrollo tienen.
En cuanto a los temas incorporados a la ponencia de los cuales nos sentimos satisfechos, hay una gran variedad. Hablábamos -y en eso nosotros enmendábamos- del tamaño de la letra del contrato; hablábamos también de que corresponderá al empresario probar el correcto cumplimiento de sus deberes informativos; hablábamos de que nos preocupaba la penalización por cese de permanencia progresivo; de la accesibilidad a las oficinas de atención al consumidor y usuario para los discapacitados o para las personas con diversidad funcional o para las que tienen una movilidad reducida, como los ancianos. Hablábamos también del tamaño de letra en determinados servicios. Hablábamos sobre mejorar la información del coste total del producto o del servicio. Pedíamos también, acerca de limitar la capacidad de publicidad de los empresarios, tanto en la utilización de determinados medios, para los que deben obtener permiso, como para que se atribuya al consumidor el derecho a no recibir llamadas sin su consentimiento. Pedíamos incluso -y en eso estábamos de acuerdo en lo que se ha hecho- poner un límite de horario a esas llamadas telefónicas que tantas veces nos han importunado a todos. Se ha aprobado una medida coercitiva sobre el incumplimiento del deber de información para el usuario. Se impone al empresario la obligación de identificar adecuadamente al usuario o consumidor cuando se celebren contratos a distancia; completamente de acuerdo. Decíamos que se debe establecer el consentimiento del usuario para emitir factura electrónica y recibir la factura en papel. No puede, no debe -y nos alegramos de que también haya quedado así- suponer gasto adicional alguno. No se impondrán costas de primera instancia a las asociaciones de consumidores. Hablábamos respecto al envío y el suministro al consumidor y usuario de bienes, de agua, gas o electricidad o de calefacción mediante sistemas urbanos; de contratos para el suministro de agua, gas, electricidad, cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en cantidades determinadas. Delimitábamos la competencia de cada administración en el tema de las sanciones en defensa de los consumidores. Pedíamos que se creara un sistema arbitral de conflictos entre consumidores y usuarios. Estábamos de acuerdo en que se modificaran las obligaciones de colegiación o en que se modificaran los plazos y medios para ejercer el derecho de asentimiento.
Hay elementos sin incorporar, pendientes de la aprobación o no de las enmiendas que han presentado otros grupos, por ejemplo en cuanto a dejar claro que toda empresa debe poseer un teléfono de atención al consumidor o usuario que sea gratuito, no que sea de tarificación básica; en cuanto a evitar que terceras empresas, por acciones o incumplimientos del empresario, puedan reclamar al consumidor o usuario dichas obligaciones para con esa empresa, e incluíamos ahí definiciones -y esto para nosotros era muy importante- sobre prácticas abusivas que incluyeran las cláusulas suelo; añadir mayores garantías para que personas con discapacidad o personas mayores puedan entender mejor los contratos; mejorar la definición de lo que la ley considera un soporte duradero, dada la importancia que se le otorgaba a este término y dada también la importancia de este concepto para la formalización de algunos contratos. Mejorar la protección y tratamiento de los datos de los consumidores y usuarios. Nos parecía importante, y todavía estamos negociando ahora mismo a última hora una transaccional que tiene que ver con la regulación de los cigarrillos electrónicos o dispensadores de nicotina o similares en distintos ámbitos. Estamos todavía negociándolo, pero nos parece importante llegar a algún tipo de acuerdo. Es evidente
que hay un punto de desacuerdo sobre dónde se pueden consumir, cómo se deben vender, etcétera, en lo que deberíamos llegar a un consenso.
Quedarían también las enmiendas de UPyD que finalmente no han sido aceptadas y que me gustaría resumir para expresar nuestra incomodidad con el proyecto de ley y nuestra tristeza porque creemos que lo hubiesen completado bastante mejor. Solicitábamos por ejemplo que fuera obligatoria la rotulación en braille de la fecha de caducidad de los medicamentos y en general de los productos y materiales peligrosos para los usuarios y consumidores. Solicitábamos una mejor definición de las prácticas desleales con relación a lo que se considera comportamiento contrario a la buena fe de una empresa. Solicitábamos que se señalara de manera expresa en los contratos la existencia de esas cláusulas de permanencia que muchas veces se nos cuelan casi sin que nos demos cuenta. Han sido aceptados algunos elementos en todo lo que tiene que ver con la emisión de facturas y nos hemos sumado a alguna de las transaccionales. Decíamos también que bajo ningún concepto el proveedor o empresario debería poder establecer requisitos adicionales o protocolos más complicados para el ejercicio del derecho de desistimiento que para la contratación del bien o del servicio. Se aceptó, ya lo he dicho antes, lo que tenía que ver con el contrato de permanencia. Se aceptó también lo relativo al tamaño de la letra y nos felicitamos por ello. Pedíamos -eso no se aceptó- que se mejorara el tratamiento de datos con relación a las recomendaciones de la Agencia Nacional de Protección de Datos. Pedíamos que los contratos a distancia o fuera de establecimiento señalaran de manera expresa la existencia de contratos de permanencia. Pedíamos que la comunicación de los informes por parte del empresario al consumidor debiera ser grabada en soporte duradero. Pedíamos, en fin, una supresión del anexo -a eso me he referido antes- según recomendó el Consejo de Estado, cuya opinión además compartimos -acabo ya, señor presidente- y pedíamos, y esto nos parecía importante, que toda publicidad visual en la que aparezcan personas cuyas características sean modificadas -el fotoshop- mediante técnicas digitales, total o parcialmente, debiera ser señalada, porque nos parece un fraude de ley que se vendan productos de belleza o se intente colarnos a una persona con una edad que es evidente que no tiene. Esto nos hace sentirnos incómodos y nos hace repetir aquello que yo ya dije en mi intervención en el Pleno. Nos parece que volvemos a dejar pasar de largo una oportunidad para defender a quienes realmente lo necesitan, que son los consumidores, que son los usuarios, y por eso nos hubiese gustado que el Grupo Popular también se hubiese puesto del lado de los mismos.
El señor PRESIDENTE: Para defender la posición y las enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, nosotros lamentamos que esta ley, que se inició como una ley bajo mínimos, haya terminado siendo una ley cajón de sastre o una ley abducida por parte de los ministerios, que se han lanzado mediante enmiendas al texto de la ley hasta convertirlo en algo muy diferente a lo que era en su origen. Pretendía ser una ley de consumo y en estos momentos es una ley de consumo, una ley que regula las profesiones sanitarias, la representación de los profesionales sanitarios, el sistema de tarifas eléctricas, incluso la incorporación de los funcionarios de los montepíos de Navarra al Servicio Nacional de Salud. Realmente uno no sabe muy bien cuál es el objeto de esta iniciativa legislativa y desde el punto de vista de lo que podemos considerar seguridad jurídica no tiene ninguna. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica esta ley es un caos. En ese sentido, ley bajo mínimos en materia de consumo y un caos con relación a la seguridad jurídica porque incorpora otros muchos asuntos, otras muchas materias, convirtiéndose en una ley cajón de sastre al estilo de las antiguas leyes de acompañamiento, que fueron extinguidas a raíz de varias sentencias del Tribunal Constitucional. Es verdad que tras el informe del informe del letrado de esta Comisión se han modificado y suprimido algunas de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, pero eso no quita para que en estos momentos la ley sea una ley híbrida en la que es muy difícil posicionarse, porque no solamente estamos hablando de consumo, sino de otras muchas materias.
En lo que tiene que ver con el consumo, en nuestra opinión no abarca ni soluciona los principales problemas que tienen los consumidores en nuestro país, uno de los cuales es el de la indefensión. En ese sentido, se mantiene la situación de desequilibrio entre los productores y los consumidores, evidentemente a favor de los productores y en detrimento de los consumidores. Es verdad que en esta iniciativa aparece un avance en materia de información, de desistimiento, de seguridad en el pago de algunos derechos, etcétera, pero en las materias fundamentales, que nosotros creemos que son las garantías para los
consumidores en un mayor equilibrio con las empresas y por otra parte las sanciones, no avanzamos nada.
En relación con las principales preocupaciones que hoy tienen los consumidores y que deberían haberse reflejado en el texto de la iniciativa del Gobierno, en el trabajo de los grupos parlamentarios y en la asunción de las enmiendas por parte del grupo mayoritario, todavía vemos carencias muy importantes. Por ejemplo, la inclusión como abusivas de las cláusulas suelo que no respeten reciprocidad y vulneren el equilibrio de las partes. Nos parece que es algo que los ciudadanos están sufriendo y no comprenderán una ley que no aborde este tema, que desaproveche la oportunidad de hacerlo, en un tema tan sangrante como este que afecta a cientos de miles de ciudadanos.
En relación con la acción colectiva, nosotros creemos que a pesar de que se incluye la legitimación al fiscal en las enmiendas, sin embargo, en defensa de los intereses de consumidores y usuarios, la acción colectiva queda todavía muy débil y eso explica su deficiente utilización como un mecanismo de defensa de los consumidores. Nosotros pretendíamos también, a raíz de todos los problemas de desahucios, que esta ley, al igual que otras de nuestro entorno europeo, pudiera introducir un procedimiento concursal especial para consumidores y usuarios para hacer frente al sobreendeudamiento familiar. Tampoco ha sido así, por tanto, consideramos que sigue siendo una ley bajo mínimos en la que lo fundamental es el desequilibrio entre consumidores y productores en favor de los productores, con unos productos cada vez más complejos y por tanto unos consumidores más indefensos.
En segundo lugar, como decía antes, esta ley es una ley abducida; abducida por muchas materias que a nosotros nos provocan sensaciones encontradas. Por ejemplo, en relación con las materias estrictamente sanitarias, uno se pregunta por qué el Gobierno regula lo relativo a la situación de los psicólogos que en estos momentos están desempeñando labores clínicas y no regula otras materias que están provocando un conflicto en el ámbito de la psicología clínica en su formación y en el reconocimiento de esa información. Este es un tema que hemos tratado en diversas ocasiones y a uno le llama la atención las prioridades que tiene el Gobierno para incluir una cosa y no incluir otra. Ya que se pone colorado el Gobierno, que se ponga colorado de una vez para abordar el conjunto de los problemas en esta materia. Lo mismo digo con respecto a los temas de los profesionales sanitarios y de la representación de los profesionales sanitarios. Aviso también que el enésimo intento de incluir al foro de la profesión médica ya tuvo episodios anteriores que enrarecieron el debate de diversas iniciativas parlamentarias. Pues otra vez volvemos a tener esta enmienda con aspectos que van a ser conflictivos en relación con la participación sindical y la participación profesional en política sanitaria, que a nosotros nos parece necesaria pero que creemos que no se resuelve mediante estas enmiendas.
Hay dos cosas muy concretas que no acabamos de entender. No lo acabamos de entender porque la enmienda va por una parte y lo que nos acaba de responder el Ministerio de Trabajo va por otra. Por tanto, nosotros vamos a tener mucha cautela en la posición sobre la inclusión de los funcionarios de los montepíos, en este caso navarros, al Sistema Nacional de Salud. Me acaba de responder hace unos días el Ministerio de Trabajo, al cual yo le proponía una solución para estos funcionarios, y, señorías, lo que me dice es que no cumplen los requisitos del real decreto para el acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos del Sistema Nacional de Salud, no ostentando en ningún caso la condición de asegurados a efectos de asistencia sanitaria. Es lo que me ha dicho el Gobierno hace cuatro días. Yo no entiendo nada, por tanto, actúo con cautela en esta enmienda que no acabo de comprender si soluciona el problema, lo mantiene como está o lo complica. No lo sé; el Ministerio de Trabajo no me lo aclara y es una enmienda que me llama la atención.
Por supuesto, nosotros, no solamente por razones de forma sino también por razones de fondo, no podemos votar la nueva tarifa eléctrica, señorías. ¿Saben cuántas reformas llevamos del sistema eléctrico? Esta es la decimotercera -seis decretos-leyes y seis reformas legislativas- y nos la colocan en una ley de defensa de los consumidores. Una tarifa que no entienden los consumidores, me da la impresión que no entienden las propias compañías eléctricas y que tampoco entiende el Gobierno. Nos colocan aquí la tarifa horaria y la tarifa base. No lo entendemos, por tanto, no podemos votar por razones de forma ni por razones de fondo.
Quiero terminar reconociendo el esfuerzo de las portavoces del Grupo Parlamentario Popular en una serie de transaccionales. Señora Fabra, yo creo que han hecho un esfuerzo pero, como he dicho antes, una cosa es la ley y otra cosa son mariachis, y en este caso los mariachis están negando los pequeños pasos que, en mi opinión, se han dado en la negociación de la ley. Algunas transaccionales como la del cigarrillo electrónico nos parece que avanzan en el buen sentido y la votaremos favorablemente -hemos
pedido su votación aparte-, pero, en general, con respecto a lo que podemos llamar las abducciones de la ley, los digamos viajeros o extraños pasajeros que lleva esta ley, no lo votaremos, entre otras cosas por seguridad jurídica, porque nos parece que alguien va a recurrir esta iniciativa y aquellos que voten la misma podrán tener alguna responsabilidad que nosotros no queremos tener.
El señor PRESIDENTE: Para defender la posición y las enmiendas del Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra doña Lourdes Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: No quiero empezar esta intervención en nombre de mi grupo parlamentario sin agradecer a la diputada señora Fabra, portavoz del Partido Popular en la tramitación de este proyecto de ley, su buena predisposición a la hora de llegar a acuerdos y transaccionar algunas de las enmiendas que en definitiva han servido para mejorar el texto en beneficio de todos, porque al final todos somos personas consumidoras y usuarias. Dicho esto, no quiero seguir sin hablar de lealtades y deslealtades. Hablar de lealtades en relación con el trabajo que ha hecho este grupo parlamentario en la presentación de toda una serie de enmiendas, algunas de ellas, como decía, transaccionadas con el Partido Popular, y poniendo en valor que se han hecho desde la voluntad de que este texto sirviese al fin para el que tiene que ser aprobado, en beneficio de las personas consumidoras y usuarias. Lealtad que en unos puntos que para nosotros son líneas rojas no se ha visto correspondida por el Gobierno, sobre todo en la cuestión lingüística, a la que más adelante me referiré.
Hemos hecho un trabajo contundente en el sentido de mejorar el texto en lo que hace referencia, por ejemplo, a la definición de qué es un consumidor vulnerable. Estamos en un momento económico en el que precisaríamos una concreción de qué se entiende por consumidor vulnerable, en relación con lo cual tendrían que predicarse una serie de beneficios que esta ley actualmente no ampara, por ejemplo, el derecho a suspender pagos de suministros en épocas de invierno. Hemos peleado por enmiendas que supongan una liberalización del servicio. Hoy en día aún sucede que personas consumidoras que tienen contratado un servicio con una compañía suministradora, cuando tienen problemas con esta red de servicios, por ejemplo de telefonía, no pueden reclamar más que a la compañía suministradora y no a la titular, lo que supone, de facto, que la compañía titular de la red está ejerciendo un monopolio porque no presta el mismo servicio en beneficio de la persona consumidora que ha contratado con una compañía diferente que no es la titular de la red. Echamos en falta también una mayor protección de las acciones colectivas. Las acciones colectivas en el Estado español se ven poco ejercitadas y dificultosamente ejercitadas puesto que no cuentan con el amparo legal necesario; de hecho, las recomendaciones de la Unión Europea van en este sentido, a apuntalar lo que es la acción colectiva, sobre todo en temas como, por ejemplo, determinar las características de los consumidores afectados por una determinada sentencia para que objetivamente quien sienta que esa sentencia le puede afectar, pueda reclamar y se le aplique el beneficio que la misma pueda depararle sin necesidad de entablar una nueva acción, con todo el coste de tiempo y dinero que ello supone. También echamos en falta la no constitución de un fondo que pueda estar gestionado por los organismos de consumo, a los efectos de que aquellas acciones que se han visto reconocidas y que por tanto los tribunales fallan a favor de un determinado derecho de los consumidores y hay una cantidad de dinero que nadie reclama, al final acaba por perderse y no recae en beneficio de las personas consumidoras.
Quiero poner énfasis en las enmiendas que han sido aceptadas por parte del Partido Popular puesto que creo que son muy importantes. Una de ellas es la obligación que van a tener a partir de ahora las empresas de solo suministrar vía online las facturas en el caso de que las personas lo autoricen, si no, la obligación es que estas empresas tengan que remitir las facturas en papel sin coste alguno. Quiero también referirme al spam telefónico. Todos hemos sido víctimas de llamadas intrusivas, incluso a horas intempestivas. A partir de ahora eso ya no será posible, puesto que de nueve de la noche a nueve de la mañana nadie nos podrá perturbar con llamadas comerciales para vendernos determinados productos, ni tampoco en los días festivos ni fines de semana. Es un gran avance y una manera de decir basta ya a cierto tipo de prácticas que habían llegado a ser un punto agresivas en perjuicio de las personas consumidoras.
A última hora hemos transaccionado el tema del cigarrillo electrónico. Es positivo que se introduzca la misma consideración para los dispositivos que liberan nicotina y para aquellos que liberan sustancias similares. Un consumidor medio no puede determinar en un espacio público si lo que se libera por humo tiene o no nicotina, con lo cual es bueno que se mida todo por el mismo rasero y que, por tanto, no se
puedan vapear en los mismos espacios ni productos que contengan nicotina ni aquellos que no la contengan.
Ahora quiero entrar en el tema de las deslealtades y anuncio ya el voto negativo de Convergència i Unió a este proyecto de ley en el Congreso. Es un no reivindicativo porque entendemos que se desatiende a un colectivo de personas que hoy están sufriendo los perjuicios de la ejecución hipotecaria. Ya ha dicho aquí algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra que hemos perdido una nueva oportunidad para amparar a personas que, a pesar de los esfuerzos legislativos realizados, no han viso reconocido un derecho de amparo por causa de cláusulas abusivas, por ejemplo, en sus contratos, y que hoy en día se ven desahuciadas de sus casas de forma insistente como consecuencia de un proceso hipotecario. No se ha recogido tampoco algo que para Convergència i Unió es muy importante, que es la obligación de una mediación. Necesariamente tendríamos que recoger una mediación entre entidades financieras y personas consumidoras que están abocadas a un final, que es la ejecución del lanzamiento de sus propias viviendas. Al igual que en otro tipo de cuerpos legales, como en el caso de la mediación en un tema laboral, debería existir una mediación obligatoria en materia de desahucios hipotecarios y de lanzamientos para evitar que indefectiblemente el final del proceso sea el lanzamiento y la pérdida de la casa, y buscar soluciones en beneficio de estas personas. Esto es algo, señorías, que se está haciendo. Quiero poner en valor y hacer un reconocimiento a la labor que está realizando Cáritas Diocesana de Barcelona, que en dos años ha realizado con éxito casi quinientas mediaciones que han evitado que una serie de personas pierdan finalmente sus casas. Es algo que se está haciendo, algo que las entidades financieras se ven abocadas a realizar, por tanto, no desamparemos legislativamente una práctica que se está llevando a cabo. Una pata de esta deslealtad sería todo lo concerniente a la protección de los deudores hipotecarios y a las víctimas de unas injusticias históricas que se han venido produciendo y que han estallado como consecuencia de esta crisis financiera, económica y social que estamos viviendo.
Otro tema que para nosotros es una línea roja hace referencia a la cuestión lingüística. Nos sorprende muchísimo que de nuevo se haya desaprovechado un proyecto de ley para reconocer los derechos lingüísticos que las comunidades autónomas con lengua propia tienen en la materia. Las personas consumidoras y usuarias con lengua propia tienen el derecho de poder ser notificadas, por ejemplo en cuanto a las obligaciones precontractuales de las empresas, en su propia lengua. Estamos de acuerdo en que sea además en español, pero tiene que serlo también en su propia lengua, recogiendo el derecho de esas personas con lengua propia. No es cuestión de que no haya sensibilidad por el tema o de que la cuestión lingüística no merezca especial cariño por parte de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, puesto que tenemos más de cien regulaciones legislativas, empezando por la Constitución, que protegen el uso y la comunicación en español y siguiendo con normas de calidad de mejillones y berberechos, etiquetaje de manzanas y peras y sustancias peligrosas, por poner algunos ejemplos, o la obligación de utilizar el español en la reglamentación en aparatos de televisión. Hay cantidad de normativa -con buen criterio, lógicamente- que ampara el derecho lingüístico de los hispanohablantes, del idioma propio del Estado español. Me sorprende que en el ejercicio de las competencias propias, como las que tiene Cataluña en esta materia de consumo, se le vete la obligación a las empresas de prestar la información precontractual en la lengua propia de cada comunidad. Me sorprende, me entristece y además supone otra nueva laceración de derechos, algo nada aconsejable ni apropiado en estos momentos en que estamos en un debate de encaje territorial. Es una nueva patada al catalán, una nueva desprotección, y cuando el Estado no sirve para proteger los derechos de las personas que viven en él, a lo mejor necesitamos cambiar de Estado. Por tanto, si el Estado no cambia, muchos queremos cambiar de Estado.
La sensibilidad en cuanto a las lenguas es una cosa palmaria y existente. Quiero recordarles un tema sobre el que hablé en el Pleno. Aplaudo y me parece brillante, como ustedes recordarán, el debate que se suscitó con el tema de la ñ. Alguien sugirió, con muy mala fortuna, que la letra ñ desapareciese del teclado del ordenador. Me parece una aberración sugerir algo así, ya que es una letra propia del idioma español, por lo que me pareció muy acertada toda la ofensiva que se libró para defender esta letra, que entiendo que es una riqueza de una lengua. Supongo que, partiendo de esta actitud que se tuvo en defensa de la ñ, puedan entender qué se siente cuando alguien intenta vapulear toda una lengua entera. Por tanto, nuestro voto a este proyecto de ley va a ser que no, en la esperanza de que, cumpliendo el mandato constitucional y estatutario, se respeten en el Senado las competencias lingüísticas que en materia de consumo tienen las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Grande.
La señora GRANDE PESQUERO: El Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda de devolución a este proyecto de ley que se debatió en el Pleno extraordinario del mes de enero pasado, proyecto que reforma la norma general de la defensa de los consumidores y usuarios para trasponer una directiva sobre comercio electrónico, con una línea argumental principal. Decíamos que no se aprovechaba la ocasión idónea y oportuna para acometer reformas en profundidad que permitieran acabar con la indefensión de los consumidores españoles, aliviando el desamparo institucional que la ciudadanía siente ante los abusos. Se nos rechazó porque, en palabras de la portavoz, no se encontraba ninguna razón que no fuera subsanable durante el trámite parlamentario para devolver el proyecto de ley al Gobierno. Una vez cerrado el periodo de enmiendas parciales un par de semanas después, el Grupo Parlamentario Popular, el grupo mayoritario, nos presentó treinta y cuantro enmiendas, de las cuales casi la mitad no tienen nada que ver, ni por asomo, con la directiva que trasponemos en el texto refundido de la Ley de defensa de los consumidores y usuarios. Como es conocido, el Grupo Parlamentario Socialista impulsó la solicitud de un informe al letrado para que nos informara e iluminara, como jurista que es, sobre la congruencia de dieciséis enmiendas que considerábamos inadmisibles por no tener ningún nexo con el objeto de la ley. Todos conocemos el resultado del informe, donde se nos daba la razón en catorce enmiendas. El Grupo Popular retiró seis enmiendas afectadas, más una de dichas enmiendas, pero ha mantenido por su mayoría en la Mesa de esta Comisión otras ocho. Paso a enumerarlas para que conste en acta; son la 220, 221, 222, 223, 224, 225, 245 y 246. Mi grupo reitera y solicita de nuevo que se saquen estas enmiendas del dictamen de la ponencia por considerarlas radicalmente nulas desde el punto de vista de su admisibilidad. Desde este momento solicito votación separada de las disposiciones finales del proyecto de ley que afectan a estas enmiendas, y de la enmienda 246, que son la disposición final cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y undécima, ya que consideramos que estas enmiendas, y por tanto las disposiciones, son inexistentes, porque son inadmisibles, por lo que no las votaremos en ninguno de los sentidos. No creemos que se pueda permitir este ejercicio de abuso de la mayoría absoluta, que hurta a los grupos parlamentarios la posibilidad de enmendar, y por tanto de discutir sobre asuntos importantes, que por su propio peso e importancia necesitarían una iniciativa legislativa propia. Hurtan también los preceptivos informes de los órganos consultivos; de los que quedan, porque el Gobierno se los está cargando todos.
Ustedes, señores del Partido Popular, vulneran de manera sistemática la representatividad que los ciudadanos nos han dado a los demás miembros de esta Cámara y nosotros no lo podemos permitir. Nuestra posición no tiene nada que ver con el fondo de los asuntos a los que afectan estas enmiendas. Voy a poner un solo ejemplo, en la prórroga de la habilitación necesaria para que los psicólogos puedan ejercer actividades sanitarias que afecta, ni más ni menos, al 30% de los psicólogos colegiados -alrededor de unos 15.000 psicólogos en nuestro país-, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en el fondo si fue el anterior Gobierno, el nuestro, quien logró una solución pendiente de un problema que venía de muchos años? En lo que no podemos estar de acuerdo, señores del Partido Popular, es en la forma y en la técnica legislativa que ustedes y su Gobierno han utilizado, máxime cuando en el mes de mayo de 2012 el Consejo general de colegios oficiales de psicólogos se dirigió al ministerio y entregó un informe al Ministerio de Sanidad en el que les ponían sobre aviso de que en octubre de 2014 les caducaba la habilitación y que había que prorrogarla con una norma con rango de ley. Dos años antes. Ahora lo incorporan en tiempo de descuento, de penalti y por la escuadra como enmienda en una ley de consumo que traspone una directiva sobre comercio electrónico, y encima pretenden que nos parezca estupenda semejante chapuza, producto de la inoperancia e incompetencia de su Gobierno para solucionar los problemas de los profesionales sanitarios. Así va todo en el Ministerio de Sanidad que dirige la señora Mato. Chapuza jurídica en la corrección del Real Decreto 16/2012, con cinco páginas de errores. Veinte días después, el 15 de mayo, se recogen en el Boletín Oficial del Estado las cinco páginas de errores del Real Decreto de 24 de abril. Por enmienda hacen un atraco como el copago hospitalario; por enmienda retiran la tarjeta sanitaria a los españoles que están más de tres meses fuera. No podemos permitir esta manera de legislar, esta manera de gobernar. Su mayoría absoluta no se lo permite; aunque se lo permita legalmente, no se lo permite socialmente.
En cuanto al objetivo real de este proyecto de ley, creemos que se mejora en muchos aspectos la protección de los consumidores que utilizan las transacciones a distancia y el comercio electrónico, el cual
ha aumentado significativamente en nuestro país, alcanzando en el primer trimestre de 2013 casi 3.000 millones de euros, con un aumento del 15% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta mejora para los consumidores es lo que hemos pretendido con nuestras sesenta y tres enmiendas al artículado, que reflejan varias líneas principales que voy a enumerar brevemente. Hemos querido reforzar la protección de los consumidores discapacitados en nuestras enmiendas 106, 107 y 110; la gratuidad de la línea telefónica de atención al cliente, no la tarifa básica, la gratuidad, que es muy importante, en la enmienda 108; el refuerzo de los procedimientos administrativos en defensa de los consumidores, en nuestra enmienda 115; la creación de un procedimiento extrajudicial en materia de sobreendeudamiento personal y familiar que afectaría a temas hipotecarios, en las enmiendas 117 y 161; la mejora de la información sobre compromisos de permanencia; el refuerzo del sistema sancionador por incumplimiento de las normas; la regulación de los servicios de atención al cliente, que seguimos y seguiremos insistiendo que es absolutamente urgente y necesaria; el refuerzo de las acciones colectivas, que nos alegra mucho haber llegado a un acuerdo, aunque en nuestra enmienda íbamos un poquito más allá, pero algo es algo; las limitaciones al consumo del cigarrillo electrónico, de lo que voy a hablar brevemente; y la protección frente al spam telefónico, de lo que hablará mi compañero, el diputado Lavilla.
Agradecemos, aunque también nos parece poco, las enmiendas que nos han admitido y el trabajo de los grupos parlamentarios y de los portavoces, especialmente de la señora Fabra, que sé que ha peleado con el ministerio, como portavoz del grupo mayoritario que es, para incluir transacciones, y en las transacciones cosas que son absolutamente lógicas y necesarias. Agradecemos esas transacciones y tenemos que decir que muchas de ellas están colgadas de enmiendas presentadas por nuestro grupo parlamentario.
En cuanto al cigarrillo electrónico, nos alegramos de que al final hayan atendido o hayan entendido la importancia de que los menores no se inicien en ningún hábito que tenga que ver con el tabaco, bien sea vegetal o bien sea electrónico. Tenemos noticias de que la semana que viene, probablemente el miércoles, se va a votar en el Parlamento Europeo la directiva del tabaco que estamos esperando. Esperamos y confiamos que podamos trasponer esta directiva antes de los veinticuatro meses que marca la misma, porque este Gobierno traspone directivas un poco fuera de plazo, pero bueno. Espero que esta enmienda transaccional sobre los cigarrillos electrónicos, tanto en su consumo como en su publicidad frente a los menores, solo sea un primer paso y mi grupo no renuncia a ir más allá en el control tanto de la publicidad como del uso de los cigarrillos electrónicos, los que liberan nicotina o cualquier otro producto similar. No podemos dar pasos atrás en algo que se ha conseguido y que está socialmente admitido y sanitariamente aplaudido, que mejora la salud de los españoles, un hábito muy pernicioso como es el tabaco. Creo que tenemos que seguir avanzando y mi grupo de aquí al Senado -veremos lo que nos dice la directiva europea- irá más allá.
Antes de dejarle la palabra a mi compañero Félix Lavilla para que hable del spam telefónico, reitero la solicitud del voto separado de la enmienda 246 -creo que está separada porque es la única viva que queda- y de las disposiciones finales a las que me he referido al principio de mi intervención.
Le paso la palabra a mi compañero. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Ya hemos tomado nota en el cuaderno de votación y votaremos de forma independiente la enmienda 246 y las disposiciones finales cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y undécima.
Don Félix, tiene usted la palabra.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista completando la exposición que ha hecho la ponente principal en esta ley, nuestra compañera Pilar Grande, para explicar y recoger los hechos que son importante en relación con el spam telefónico, porque si algo hemos tenido desde el Grupo Parlamentario Socialista ha sido la responsabilidad de no anunciar nada antes de que fuera aprobado, como vamos a proceder ahora en esta Comisión, pero tengo la obligación de recoger la realidad y la verdad en torno a este tema.
Es verdad que en esta materia se pactó y se logró un acuerdo entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, concretamente a través de una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en la Ley General de Telecomunicaciones, que tuvo prácticamente el apoyo de todos los grupos de la Cámara. Quiero informar a sus señorías que varias de estas enmiendas de la Ley General de Telecomunicaciones dan respuesta a algunas de las inquietudes que yo he escuchado y que sus propios grupos en la Comisión de Industria votaron favorablemente.
Me voy a referir a la enmienda del spam telefónico. Reitero que fue una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, transaccionada con el Grupo Parlamentario Popular, la que se presenta a esta Comisión. ¿Por qué a esta Comisión? Porque el Gobierno nos indicó que el spam telefónico no solamente se producía con las empresas de telecomunicaciones y entendían que era mejor incluirla en la ley de defensa de los consumidores. Nosotros dijimos que no había ningún problema y que lo que queríamos era proteger a los consumidores. Gracias a ese acuerdo se incorpora en ponencia. Yo se lo comuniqué, evidentemente, a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Grande, e hice lo propio también con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, doña Andrea Fabra, como supongo que recordará y así es. Es verdad que luego se incorporó una postilla de Convergència i Unió con la limitación horaria, pero la estructura principal y el acuerdo principal procede de una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista sobre la base de una transacción con el Grupo Parlamentario Popular. Nosotros hemos asumido también esa transacción, aunque podríamos matizar algunas cosas, pero bueno. Así son los hechos y así los quiero recoger.
También quiero recordar que este asunto no estaba resuelto, porque quizá ha habido un poco de desinformación mediática, ya que todos hemos sufrido spam telefónico. Si hubiera estado resuelto cualquiera lo hubiera denunciado, cualquiera se hubiera acogido a la ley y no se produciría. Por lo tanto, no estaba resuelto. Es verdad que la Ley 3/1991 hablaba, en la parte de competencia desleal, de prácticas agresivas, pero no había un sistema operativo para proteger al consumidor. Por lo tanto, el spam telefónico se resuelve hoy aquí en esta Comisión -y termino como comencé- sobre la base de ese acuerdo que ya teníamos en la ley General de Telecomunicaciones. Agradezco también el trabajo que hizo el ponente del Grupo Popular, Javier Puente, y la ponente de Convergència i Unió, doña Inma Riera, en el conjunto de la ley. Y como parte de ese conjunto de la ley, sobre la base de esa enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, hoy la tenemos aquí presente en el dictamen. Creo que es un avance importante y, en este sentido, nos alegramos de que tenga el respaldo del resto de grupos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de sus enmiendas y la exposición en relación con la ley, tiene la palabra la señora Fabra.
La señora FABRA FERNÁNDEZ: Quiero iniciar mi intervención agradeciendo al letrado de esta Comisión su trabajo, tanto en las labores de asesoramiento como de ordenación del debate, en la tramitación del proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias. Asimismo, quiero agradecer la disposición de los distintos grupos parlamentarios a la hora de transaccionar enmiendas que, al igual que aquellas que quedan incorporadas al texto, persiguen mejorar las garantías que deben asistir a los consumidores y usuarios en sus relaciones contractuales.
Algunas de las críticas vertidas por algún portavoz insisten en profundizar no tanto en los aspectos fundamentales de una ley tan importante como la que hoy se debate en esta Comisión, sino en una cuestión procedimental; una cuestión, señorías, que mi grupo considera salvada, puesto que, como saben los aquí presentes, nuestra voluntad para subsanar los reparos expresados por algunos grupos se materializó con la retirada de siete enmiendas que estimábamos podrían generar dudas respecto de la congruencia con el contenido material de esta iniciativa. El resto de enmiendas afectadas por el escrito del Grupo Socialista se han mantenido porque mi grupo entiende que sí existe una conexión, bien con los asuntos propios de esta Comisión, como es el caso de lo que podríamos denominar sanitarias, cuestiones que además redundan en beneficios y garantías de los consumidores en cuanto a pacientes, o bien porque su aprobación supondrá una mejora directa para todos los consumidores, como es el caso, señorías, de la enmienda 245. Esta enmienda prevé, en materia de costes de producción de energía eléctrica, la sustitución de un sistema complejo, en el que actúa un gran número de intermediarios generando, por ello, importantes sobrecostes que repercuten en los usuarios por un mecanismo mucho más sencillo, mucho más transparente y que permitirá ahorros importantes para el consumidor. Fíjese, señora Grande, si afecta a cuestiones que su grupo esta misma mañana le ha preguntado en Pleno al ministro de Industria, literalmente, cuáles iban a ser las ventajas del nuevo modelo de tarificación eléctrica para los consumidores. También la número 246, que mi grupo ha presentado conjuntamente con el Grupo de Unión del Pueblo Navarro, con la que se trata de resolver una cuestión fundamental que afecta a la Comunidad Foral de Navarra y a los casi once mil asegurados por su montepío. Con ella se pretende agilizar y garantizar la integración de este colectivo con todos los beneficios que ello conlleva en el Sistema Nacional de Salud, y estoy convencida, señorías, que ningún grupo parlamentario querrá negar esos
derechos a los navarros, derechos que sí asisten al resto de españoles. Tengo aquí numerosos casos en los que cuando ustedes gobernaban, señores del Grupo Socialista, se aplicó la misma técnica parlamentaria que en esta ocasión han querido impugnar. Entonces se argumentaban motivos de urgencia o motivos de seguridad jurídica. Mi pregunta es, ¿por qué entonces valía lo que hoy no vale? Se lo voy a decir, porque entonces gobernaban ustedes y ahora no.
Volviendo al contenido del proyecto de ley, que tiene la suficiente importancia como para que otras cuestiones no nos despisten de lo principal, este no solo contribuye a eliminar las disparidades existentes en la legislación europea, algunas de las cuales generaban obstáculos en la cohesión del mercado comunitario, sino que también eleva considerablemente el grado de protección de los consumidores y usuarios, a pesar de tratarse de la trasposición de una directiva cuyo articulado responde, en gran medida, al criterio de armonización máxima. Precisamente por ello contribuye a conseguir una mayor aproximación de las normativas en Europa, lo que redunda en mayores garantías y seguridad jurídica para todos los consumidores.
A pesar de la imposibilidad de que los Estados miembros avancen más allá de ese nivel de protección que otorga la normativa europea a los consumidores, si bien es verdad que la directiva que trasponemos ofrece un incremento respecto a los supuestos anteriores, este Gobierno ha querido aprovechar los casos en los que el margen de maniobra era mayor para introducir mejoras que aumentan esa cuota de garantías que nos corresponde salvaguardar. Por ello, todos los grupos parlamentarios que hemos enmendado esta ley con ese objetivo deberíamos sentirnos partícipes de los avances que finalmente alcancemos. Señor Cantó, quiero tranquilizarle porque muchas de las peticiones que ha hecho en su intervención ya han sido incorporadas a lo largo del trámite de ponencia.
Señorías, este proyecto de ley establece un nuevo marco que regula los contratos a distancia y los celebrados fuera de los establecimientos; modifica la normativa sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, al tiempo que incluye las directrices del Tribunal Europeo de Justicia en relación con las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores; y supone un avance, puesto que aprovecha el potencial de los nuevos modelos de consumo como motor de la necesaria reactivación económica.
Señorías, el auge de las nuevas tecnologías ha supuesto que las operaciones comerciales a través de las mismas sean cada vez más frecuentes, pero también facilita que se produzcan nuevos abusos o que a su amparo se diluyan las garantías de un derecho de consumo concebido para unas relaciones de comercio tradicionales. No son pocas las reclamaciones que se producen como consecuencia de ello, por eso es imprescindible reforzar la seguridad jurídica tanto del consumidor y usuario como del empresario con el que se formalizan esos contratos. Tal y como avanzó la ministra cuando presentó ante esta Cámara este proyecto de ley al detallar los aspectos más relevantes del mismo, se amplía la información que los empresarios tendrán que facilitar a los consumidores y usuarios con la intención de eliminar esa letra pequeña que tantos trastornos viene ocasionando. Podemos decirlo también stricto sensu, puesto que se ha incorporado una enmienda que facilita la legibilidad de los contratos indicando el tamaño mínimo de la letra y, por lo tanto, favorece el conocimiento previo del contenido de los mismos. Incorpora también nuevas garantías en cuanto a la posibilidad de desistir de los contratos a distancia celebrados fuera del establecimiento mercantil, pues se amplía el plazo para ejercer ese derecho de siete días hábiles a catorce naturales. Asimismo se amplía el plazo de doce meses en caso de que no se informara del derecho que tiene el consumidor y usuario de desistir, y se regulan las obligaciones de las dos partes en caso de que se produzca el desistimiento, así como sus efectos respecto de los contratos complementarios vinculados al principal. Se incorpora el formulario de desistimiento que será común para toda la Unión Europea. Un formulario que podrá cumplimentarse online y sobre el que tendrá derecho a obtenerse, sin ningún tipo de retraso, un acuse de recibo. Señorías, los consumidores sabrán cómo proceder si cuando celebren contratos fuera del establecimiento no se hubieran cumplido sus expectativas; más garantías, más y mejor información. Pero este proyecto de ley también reconoce nuevos derechos de los consumidores referidos a la forma y los plazos de entrega, así como el riesgo de pérdida o deterioro del bien adquirido, protegiéndolos cuando no reciben los bienes en los plazos establecidos y otorgando, incluso, la posibilidad de resolver el contrato si tampoco lo hace en un plazo adicional que fija libremente el consumidor.
El texto introduce medidas para evitar las cargas encubiertas que pudieran estar asociados al comercio electrónico y también novedades en los casos en los que sea la empresa la que se ponga en contacto telefónico con un consumidor para formalizar un contrato, puesto que será él mismo el que deberá
confirmar por escrito -salvo que se opusiera- la aceptación de la oferta en un soporte duradero. Solo en ese caso la oferta será vinculante.
En los casos en los que el empresario habilite una línea telefónica para comunicarse con sus clientes en las cuestiones relacionadas con el contrato, la llamada nunca podrá suponer un coste superior al de la tarifa básica. Esto significa, señorías, que en ningún caso esa llamada deberá incorporar un coste adicional que suponga beneficio alguno para el empresario. Con este proyecto de ley, señorías, logramos consumidores más fuertes, más seguros; consumidores con más derechos y más conscientes de las obligaciones que suscriben, porque les va a permitir disponer, al igual que a los empresarios, de un marco legal claro y concreto que dote de una mayor seguridad jurídica a las dos partes.
Señorías, son muchas las ventajas que va a suponer la aprobación de este proyecto de ley, y más aún si tenemos en cuenta que durante la tramitación parlamentaria se han incorporado enmiendas que refuerzan esa necesaria protección que nos corresponde garantizar. Además de las enmiendas que ha presentado mi grupo, son aproximadamente treinta las enmiendas que se incorporan al texto inicial de otros grupos parlamentarios. Hacen referencia a cuestiones tan importantes como la accesibilidad y legibilidad de los contratos, a la ampliación de la información precontractual, a la necesidad de que sea el empresario el que pruebe el cumplimiento de las obligaciones, también a la posibilidad de que a cualquier acción de cesación prevista por el ordenamiento jurídico se pueda acumular la acción de indemnización y resarcimiento en favor de consumidores concretos perjudicados por una conducta o cláusula abusiva. Señorías, los consumidores volverán a tener el derecho a recibir sus facturas en papel sin que ello les suponga coste adicional alguno. La expedición de la factura electrónica quedará condicionada al consentimiento expreso del consumidor, consentimiento que podrá ser revocado. Además las empresas en el momento de la contratación tendrán la obligación de indicar si existen compromisos de permanencia o vinculación de uso exclusivo de los servicios de un determinado prestador así como las penalizaciones en caso de baja. Se prohibirá expresamente que se utilicen los servicios de atención al cliente para difundir otras informaciones de carácter comercial. Y, tal como ha señalado el diputado Lavilla, también se avanza con determinación en el control del spam telefónico. Mi grupo quiere agradecer la colaboración tanto del señor Lavilla como de don Javier Puente, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Industria.
Señorías, traemos a esta Comisión una enmienda que estamos convencidos de que será apoyada por el resto de los grupos, hablamos de la enmienda 237, que supone la modificación del artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para evitar que la legitimación del ministerio fiscal siga limitada, como prevé su apartado 4, a las acciones de cesación. Esta enmienda, que permitirá al ministerio público ejercitar cualquier acción en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, cumple con el compromiso que adquirimos el pasado octubre durante el debate de una proposición de ley del Grupo Socialista de valorar esa posibilidad. Estudiada en profundidad y leído el informe del Consejo Fiscal de mayo de 2010, así como las recomendaciones de las distintas asociaciones de usuarios y consumidores, y teniendo en cuenta también el acuerdo existente entre los distintos grupos, consideramos aconsejable acometer esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para reforzar la tarea que en defensa del interés social lleva a cabo el ministerio fiscal.
Mi grupo trae una propuesta para transaccionar con el resto de los grupos, que ya ha sido avanzada por otros, relativa a los dispositivos de liberación de nicotina o cigarrillos electrónicos como consecuencia del rápido crecimiento y la falta de regulación al respecto. Europa aprobará en breve la directiva sobre los productos del tabaco, pero consideramos urgente abordar algunos aspectos de uso y consumo así como de la publicidad de estos productos por las importantes implicaciones que conlleva, especialmente en el caso de los jóvenes. Anuncio que, si llegamos finalmente a esa transaccional, como parece que está previsto, retiraríamos las enmiendas relacionadas con este artículo.
Respecto a las enmiendas que no apoyaremos durante la fase de votación, la posición de mi grupo atiende a que el contenido de algunas de ellas hace referencia a artículos que responden a criterios de armonización máxima, lo que impide la incorporación de nuevos requisitos por ser necesario recoger fielmente la redacción de la directiva. Respecto de otras enmiendas relacionadas con el arbitraje o la mediación, en la actualidad se encuentra en avanzado estado de elaboración un real decreto que regulará estas dos figuras, por lo que no parece oportuno anticiparse al mismo. Igual sucede con otras enmiendas relativas a los servicios de atención al cliente. El ministerio ya ha anunciado que está ultimando el anteproyecto de ley que abordará esta regulación y que podremos valorar durante la tramitación parlamentaria del mismo.
En cuanto a algunas cuestiones en materia lingüística, la redacción es coherente con la cooficialidad de las lenguas previstas en la Constitución española y también en los estatutos de autonomía. La norma estatal pretende garantizar que la información se suministre al consumidor en español -al menos en castellano, sin ser excluyente de ninguna otra- y dejando abierta la posibilidad de que se ofrezca en otra lengua cooficial en la normativa propia de las comunidades autónomas.
Respecto a las referencias a las cláusulas suelo y techo, la normativa ya ha sido reforzada recientemente por este Gobierno con la aprobación de la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
Las enmiendas que no van a ser votadas favorablemente por mi grupo es porque consideramos que no procede su incorporación al texto del proyecto de ley que hoy sometemos a debate porque no contribuyen a mejorarlo. Hay una enmienda, la número 4, de Coalición Canaria, respecto a la cual nos hemos comprometido a tratar de avanzar en el debate en el Senado.
Estamos ante un proyecto de ley que da un gran paso, señorías, en la protección de los derechos de los usuarios y consumidores, que ha sido enriquecido con enmiendas de la mayor parte de los grupos durante la tramitación en esta Cámara, y por ello creo sinceramente que merece el respaldo de todos los grupos.
El señor PRESIDENTE: Hemos finalizado el debate. (La señora Sánchez Robles pide la palabra).
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Presidente, si me lo permite, tanto Esquerra Republicana como Convergència i Unió y el Grupo Vasco queríamos solicitar que, a la hora de votar el informe, votemos por separado lo relativo al artículo 98.1.
El señor PRESIDENTE: ¿Solicita votación independiente?
El señor PRESIDENTE: Les agradezco a todos los portavoces el trabajo que han desarrollado esta tarde, su capacidad de síntesis y su acomodación al tiempo. A todos los ponentes les doy las gracias por el trabajo realizado, así como al señor letrado, don Luis de la Peña, a quien agradecemos su trabajo en la Ponencia y el magnífico cuaderno de votaciones hecho con las nuevas tecnologías. En dos minutos votaremos. (Pausa.-El señor Tardà i Coma pide la palabra).
El señor TARDÀ I COMA: Es posible que durante mi intervención haya podido dar pie, quizá por error mío, a una mala interpretación. Yo quería decir que no vamos a votar afirmativamente la ley y creo que se ha entendido al revés. Como no he visto la transcripción, quiero decir -y gracias por dejarme decirlo- que nuestro voto es negativo. Lo digo por si antes me he expresado mal.
El señor PRESIDENTE: Yo creo que no se ha expresado mal, yo así lo he entendido. (Risas.)
¿Alguna otra consideración? (Pausa).
Les ruego atención y diligencia para realizar la votación del proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. La Comisión tiene competencia legislativa plena.
Votamos en primer lugar la enmienda transaccional a las enmiendas 165, 212 y 234, de CiU, PSOE y PP respectivamente. (El señor Cantó García del Moral pide la palabra).
Señor PRESIDENTE: Señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Pregunto si vamos a seguir el orden del libro de votaciones.
El señor PRESIDENTE: Sí, pero es posible que en el documento que tiene la Presidencia venga en primer lugar la transaccional y en alguno de los documentos que tienen ustedes esté al final. Para evitar problemas en este sentido, vuelvo a repetir, por si acaso había duda al respecto.
Votamos la única enmienda transaccional que se ha presentado, que deriva de las enmiendas 165, 212 y 234 y que es sobre cigarrillo electrónico. La única transaccional presentada a la Mesa.
Votamos las enmiendas del señor Salvador Armendáriz en bloque.
Enmiendas de la señora Oramas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 27; abstenciones, 1.
Enmiendas de la señora Pérez Fernández. Haremos tres votaciones.
Primera votación, enmiendas 60, 65 a 67 y 71.
Enmiendas 73 y 74.
Enmiendas del señor Tardà.
En primer lugar, la enmienda 77.
Enmienda 78.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.
En primer lugar, las enmiendas 52, 54 y 55.
Resto de enmiendas del Partido Nacionalista Vasco.
En primer lugar, la enmienda 99.
Enmienda 101.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 27; abstenciones, 13.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24; abstenciones, 3.
En primer lugar, enmiendas 7 y 23.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 26; abstenciones, 13.
Enmiendas 11, 46 y 49.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 25, abstenciones, 3.
Enmiendas del Grupo de Convergència i Unió.
En primer lugar, enmiendas 168, 177 y 205.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5, en contra, 36; abstenciones, 1.
Enmienda 188.
Enmiendas 190 y 191.
Enmienda 192.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24; abstenciones, 1.
Resto de enmiendas del Grupo de Convergència i Unió.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la 116.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 42; abstenciones, 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15, en contra, 23; abstenciones, 4.
Votamos la enmienda 237 del Grupo Parlamentario Popular. A lo mejor en su cuaderno de votaciones aparece la votación de un bloque de enmiendas, pero como se han retirado porque ha habido una transaccional, solo queda la 237.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 13; abstenciones, 2.
Votamos la enmienda 246, del Grupo Parlamentario Popular y del señor Salvador.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 1; abstenciones, 5.
Pasamos a votar las tres enmiendas que son correcciones técnicas y que todos los portavoces conocen, las tres en una sola votación.
Finalizada la votación de las enmiendas, pasamos a votar el texto del informe de la ponencia, que se transformará en dictamen de la Comisión a continuación. Votamos en primer lugar el apartado 20 del artículo 98.1, diferenciado en virtud de la petición del Partido Nacionalista Vasco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, 5; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (La señora Ciuró i Buldó pide la palabra).
Señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Simplemente para que conste que es a petición del Grupo Vasco, del Grupo Catalán y de Esquerra Republicana de Catalunya.
El señor PRESIDENTE: Pues así constará en el acta. (La señora Grande Pesquero pide la palabra).
La señora GRANDE PESQUERO: No sé si tiene arreglo, pero me he equivocado en el sentido de la votación de la enmienda 237 del Grupo Parlamentario Popular. Es sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es que hemos votado en contra y es el tema del ministerio fiscal. Tenía confundido el cuaderno. Si tiene solución, se lo agradecería.
El señor PRESIDENTE: Señores portavoces de los distintos grupos, la señora Grande pide una rectificación en la votación de la enmienda 237, que había sido aprobada por 27 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones. ¿Hay algún inconveniente a juicio de los distintos portavoces para que se repita esta votación? (Denegaciones).
La señora FABRA FERNÁNDEZ: Si reglamentariamente no hay ningún problema, no nos oponemos.
El señor PRESIDENTE: ¿Están todos los portavoces de acuerdo en repetirla? (Asentimiento). Entonces repetimos la votación de la enmienda 237.
La señora GRANDE PESQUERO: Señor presidente, se lo agradezco a la mesa y se lo agradezco a los portavoces. Ha sido un error en nuestra transcripción del cuaderno de votación. La Ley de Enjuiciamiento Civil, que la propusimos nosotros, cómo la vamos a votar en contra.
El señor PRESIDENTE: Votamos las disposiciones finales 4, 5, 6, 7, 8 y 11 del texto del informe de la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 4.
Por último, votamos el resto del informe de la ponencia.

References: Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 artículo 27
 artículo 10
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 11
 real decreto 
 artículo 98
 Real Decreto 
 artículo 98