Source: http://www.semanarioexpresion.com/Presentacion/noticiascl.php?categoria=Columnas&edicionbuscada=1044
Timestamp: 2018-01-18 17:24:31+00:00

Document:
¿POR QUÉ NO HAY PRONUNCIAMIENTO INSTITUCIONAL?: EL SILENCIO DEL MINISTERIO PÚBLICO POR EL CASO “LIMPIOS DE LA CORRUPCIÓN”
Jorge Incháustegui le responde al fiscal Juan Manuel Carrasco
En nuestra Edición N° 1043 publicamos el informe titulado “Para iniciar el caso ‘Limpios de la corrupción’ - Tres años después se conoce que fiscales habrían utilizado documentos falsos”, en referencia a lo dispuesto por la Fiscalía Suprema de Control Interno, a cargo de Víctor Rodríguez Monteza, quien mediante Resolución N° 2134, del 28 de noviembre de 2017, ordenó iniciar la investigación preliminar contra los fiscales de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo que estuvieron inicialmente a cargo de la Carpeta Fiscal 2447-2014, a través de la cual se investiga a la presunta red criminal liderada por el exalcalde Roberto Torres Gonzáles.
Los magistrados inmersos en la denuncia presentada por Jorge Incháustegui Samamé son: Sergio Lucio Zapata Orozco, Pamela Elías Bravo, Félix Tejada Ramos, Juan Manuel Carrasco Millones, Jorge Arteaga Vera y Lili Díaz Gonzáles.
La noticia fue replicada el 16 de diciembre por los diarios Correo y La República, lo que ameritó que al día siguiente, en el segundo de los diarios mencionados, el fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, actual coordinador de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada, esbozara una respuesta.
El fiscal indicó que la denuncia de Incháustegui Samamé contra los fiscales a cargo de la Carpeta Fiscal 2447-2014 es un “manotazo de ahogado”, sin considerar que esta fue presentada hace aproximadamente seis meses y que este fue absuelto, en primera instancia, del delito desacumulado de asociación ilícita para delinquir.
Como se informó, los informes que sirvieron como sustento para la detención preliminar y posterior prisión preventiva de los investigados serían falsos o no existirían, lo que complicaría la situación de los fiscales al haber suscrito requerimientos narrando hechos falsos.
“Los documentos son legales. ¿Cuál sería el beneficio que obtendría para utilizar informes falsos?, ¿acaso soy político?”, cuestionó el fiscal Carrasco Millones al diario La República.
IMPACTOS DEL CASO
En respuesta, Jorge Incháustegui asevera que el interés habría sido ganar protagonismo.
“No olvidemos que después del 30 de septiembre del 2014, posterior al operativo de captura contra funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y EPSEL, los medios de prensa coberturaron ampliamente la noticia, recogiendo declaraciones de él, quien en ese entonces era fiscal adjunto provincial, como si hubiese sido responsable del operativo, cuando el fiscal a cargo del caso era, como ahora, el doctor Sergio Lucio Zapata Orozco”, señala Jorge Incháustegui.
Rememora que el 8 de marzo del 2015, el diario La República, publicó la nota titulada “CNM nombra a Juan carrasco Millones como fiscal titular”, en la que se recogen las declaraciones del representante del Ministerio Público.
“El proceso se inició a principios del 2014. Sin embargo, en la etapa de entrevista personal la investigación del caso ‘Los limpios de la Corrupción’ influenció mucho para poder ascender…”, reza el texto.
“¿Cómo dice el fiscal que no se benefició? Habría que recordarle que no alcanzó plaza vacante en la Convocatoria N° 004-2014-SN-CNM y que hasta antes de la entrevista personal ni siquiera se ubicaba entre los cinco primeros candidatos. Sin embargo, la entrevista personal fue después del operativo, ubicándose en el segundo lugar de los candidatos en reserva de dicha convocatoria para cubrir plazas en el Ministerio Público de Lambayeque, como figura en el portal del Consejo Nacional de la Magistratura”, señala Jorge Incháustegui.
Añade que el caso catapultó a Carrasco Millones a su actual cargo como Fiscal Provincial Coordinador de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada.
“Decir que no se benefició es falso, pues posterior al 30 de septiembre de 2014, Juan Manuel Carrasco Millones, con fecha 16 de octubre de 2014, fue entrevistado por Jaime de Althaus en Canal N, acompañado por Fernando O’Phelan, quien lo tildó de ‘héroe’ por ser el ‘fiscal a cargo de la investigación’. En el transcurso de la misma entrevista Carrasco señaló que la investigación venía de aproximadamente un año atrás, cuando todos sabemos que la Carpeta Fiscal 2447-2014, que dio inicio a las investigaciones, se abrió en julio del 2014 a raíz de una denuncia presentada por Carlos Canales contra funcionarios de EPSEL S.A. por el delito de Estafa y Omisión de actos funcionales”, cuestiona.
Menciona además que días después, acompañado nuevamente por Fernando O’Phelan, fue entrevistado en el canal de RPP por Juliana Oxenford, quien al presentarlo dijo que “fue él, el que empezó la investigación contra Roberto Torres…”.
“Apareció denunciando, incluso, que había recibido amenazas de muerte y que en el Concejo Nacional de la Magistratura se estaban recibiendo presiones para no ascenderlo, cuando en realidad él estuvo postulando a fiscal provincial, faltando a dicha fecha la entrevista personal y, de acuerdo a las evaluaciones previas, no tenía posibilidades de acceder a una de las plazas ofertadas. Por otro lado, como se puede observar en el video se le presenta como fiscal provincial, cuando en realidad en ese entonces era fiscal adjunto de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo”, manifiesta.
Agrega que el 19 de octubre del 2014 se publicó un reportaje del Programa Punto Final de Frecuencia Latina, en el cual también se entrevistó al fiscal Juan Manuel Carrasco Millones sobre su participación en la investigación signada con la Carpeta Fiscal 2447-2014, presentándolo como el “responsable” de la misma.
“Lo más saltante es que violando la reserva propia de la investigación, en este reportaje se presentaron imágenes del cuaderno incautado en casa de Beto Torres y se presentaron imágenes de las declaraciones de un colaborador eficaz”, indica.
LEGALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
Por otro lado, Jorge Incháustegui afirma que el fiscal Carrasco Millones trata de confundir, aduciendo que la Fiscalía Suprema de Control Interno no puede investigar por encontrarse el proceso en giro, enfatizando en lo dispuesto por al Artículo 410° del Código Penal, respecto a que, ninguna autoridad puede abocarse a procesos en trámite ante el órgano jurisdiccional, insinuando que el órgano de control se estaría avocando a la investigación de la Carpeta Fiscal 2447-2014.
“La Fiscalía Suprema de Control Interno no se ha abocado a la investigación del caso de la presunta red criminal ‘Los Limpios de la Corrupción’, lo que está haciendo es atender la denuncia, en el sentido que durante la investigación efectuada se han utilizado informes falsos y/o inexistentes, se ha violado el principio de reserva, etc., habiéndose presumiblemente cometido distintos delitos por funcionarios fiscales que tienen que responder por sus actos y es justamente el órgano de control el indicado para investigar y corroborar el supuesto ilícito cometido. Se hace necesario recordar que los fiscales también son funcionarios públicos y como cualquier otro, deben de responder por todos y cada uno de sus actos”, señala el exgerente de Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
Uno de los hechos materia de la investigación de control interno está referido al Informe N° 136-2014-RPNO-DIRTEPOL-LAMB, del 20 de septiembre, supuestamente elaborado por Unidad de Inteligencia de la Policía Nacional, dando cuenta de la existencia de una organización delictiva que operaba al interior de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, liderada por el alcalde Roberto Torres Gonzales y que había extendido su accionar a otras entidades como EPSEL y el SATCH.
Según la denuncia, el informe fue suscrito por agentes policiales que no trabajaban en la Unidad de Inteligencia, quienes utilizaron los sellos de dicha dependencia para certificar el documento, el mismo que fue validado por el Ministerio Público. El informe fue firmado por los policías Romel Díaz Paz y Víctor Chafloque Oliden, quienes sugirieron a la fiscalía que gestione la detención preliminar de los 22 presuntos integrantes de la organización a la que denominaron “Los limpios de la corrupción”.
Sobre este hecho, el fiscal declaró a La República “que podría tratarse de entredichos entre policías” y aseveró que por disposición del Ministerio del Interior se seleccionó a agentes de diferentes unidades para intervenir y así proteger la investigación, en razón que los investigados tienen parientes en esa institución.
“Son tan débiles los argumentos de Carrasco Millones que hasta resulta risible lo señalado cuando manifiesta que el coronel Luis A. Guerrero Balladarres; Jefe de la Oficina de Inteligencia de Chiclayo, habría señalado que el comandante Romel Diaz Paz no ha presatado servicios en la OFINTE, debido a entredichos entre ellos. Manifiesta que se seleccionó a personal policial de distintas unidades con la finalidad de no afectar la investigación, pero eso no está en cuestionamiento, ya que efectivamente, en el operativo del 30 de septiembre del 2014 participaron policías de distintas dependencias y jurisdicciones. Lo que se está cuestionando es que en los archivos de la OFINTE no existe el Informe N° 136-2014-RPNO-DIRTEPOL-LAMB, y que quien firmó la conformidad del mismo, es decir el comandante Romel Díaz Paz, nunca prestó servicios en dicha oficina”, remarca Jorge Incháustegui.
La CONABI
En la denuncia contra los fiscales también se cuestiona la supuesta participación de diferentes instituciones del Estado en los previos del operativo, conforme informaron en sus requerimientos al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo. Sin embargo, la Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI, por ejemplo, ha negado cualquier tipo de participación.
“Algunas entidades han manifestado que en ningún momento han participado de dicha investigación antes del 30 de septiembre de 2014; en otras palabras, primero nos metieron presos y después nos investigaron, no al revés, como debería ser en los casos de criminalidad organizada”, increpa.
En otro momento, considera inaceptable que el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco señale que en este trabajo de inteligencia, también ha participado un equipo de peritos contables, necesarios para fundamentar indiciariamente el delito de lavado de activos.
“Todos sabemos que recién el 23 de octubre de este año, tres años y 23 días después del operativo, han juramentado los peritos contables que se encargarán de determinar si nosotros los investigados presentamos desbalance patrimonial cuando ocupamos cargos en la Municipalidad Provincial de Chiclayo”, enfatiza.
CASO DE EX GERENTE DE EPSEL JOSÉ BACA TÁVARA: APELAN RESOLUCIÓN QUE CARECE DE MOTIVACIÓN
Utilizaron a Jorge Matallana Peralta para lograr decisión condenatoria
Testigos se contradicen en pleno juicio oral
Informe de Telefónica fue clave para contradecir tesis fiscal y no fue tomado en cuenta
La defensa técnica de José Nicolás Baca Távara condenado en primera instancia a 11 años de prisión por los delitos de colusión y cohecho en uno de los casos desacumulados de “Los Limpios de la Corrupción”, presunta red criminal que lideraba el ex alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzáles, cuestionan la falta de motivación y objetividad de la resolución de la Juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo.
A decir, de la defensa, existen incongruencias y falta de pruebas fehacientes que acrediten la culpabilidad del ex gerente general de EPSEL como receptor de una “coima” para la adquisición e instalación de 20 mil medidores por la empresa Industrias TRIVECA.
Refiere que la Juez Luzmelinda Vásquez Vásquez no motivó bien la Resolución N° TRES de fecha 19 de Septiembre del presente año.
La defensa afirma la existencia de una Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial, donde indica que los casos de corrupción de funcionarios deben ser vistos por Jueces Titulares a fin de que no se van a ver influenciados por la presión mediática, la Juez que vio el caso de Baca Távara es Supernumeraria, teniendo en cuenta que el orden es el siguiente, Juez Titular, Juez Provisional y Juez Supernumerario, teniendo en cuenta lo vertido por dicha Resolución un Juez Supernumerario solo puede ver o conocer un caso de corrupción de funcionarios en aquellas jurisdicciones donde no haya jueces titulares ni provisionales, hecho que no sucede en este distrito judicial.
CASO TRIVECA
El Ministerio Público formalizó investigación preliminar por delitos contra la Administración Pública por Colusión y Cohecho a los funcionarios de EPSEL SA. Econ. Juan Valdivia Goycochea ex-Gerente General de EPSEL; Arq. José Baca Távara, ex-Gerente General de EPSEL; Abg. Percy Quequén Díaz, ex-Presidente del Directorio de EPSEL; Abog. Martin Villanueva Velezmoro, ex-secretario de Gerencia General de EPSEL SA; CPC. Jorge Matallana Peralta, ex- funcionario de MPCH; y Segundo Vera Condor representante legal de Industrias TRIVECA SAC, investigación relacionada a la Licitación Pública N°04-2013 para la adquisición e instalación de 20,000 medidores.
No obstante, sólo al Arq. José Baca Távara, ex gerente general de EPSEL SA, fue llevado a juicio y condenado en primera instancia a 11 años. Hoy a la luz de una serie de irregularidades, la resolución será revisada en segunda instancia.
Según la versión del C.E 17-2015, el representante de la empresa TRIVECA solicitó una reunión con funcionarios de EPSEL porque le tenían una deuda pendiente y porque quería que le paguen el adelanto del 30% del contrato que había ganado para la instalación de los 20 mil medidores.
Según la teoría fiscal, la supuesta reunión se llevó a cabo en el hotel Costa del Sol el 09 de agosto del 2013 en horas de la noche, para cuyo efecto el citado CE ha presentado un ticket de consumo que corresponde a un par de personas como máximo y no a 5 o 6 supuestos participantes, como se presume.
La defensa indica que el 09 de agosto del 2013 aún no se firmaba el contrato de los 20,000 medidores, puesto que éste se cristalizó recién en 15 de agosto por lo tanto en aquella reunión no se puede haber hablado de una deuda pendiente de pago tal como lo refiere el CE ante el Ministerio Público.
Existe en este caso un vacío, puesto que el Ministerio Público debió preguntar a EPSEL si a esa fecha se le adeudaba al proveedor TRIVECA para corroborar lo declarado por C.E 17-2015, cosa que la defensa técnica si lo hizo y obtuvo como respuesta que al 9 de agosto del 2013 no se le adeudaba. Por consiguiente el primer motivo que generó la supuesta reunión entre los ex funcionarios y el representante es falso.
En cuanto al segundo hecho que motivó la reunión donde se concretó el ilícito penal, el CE eficaz 17-2015 ha sostenido que era para lograr el adelanto del 30% del contrato al haber ganado la licitación para la instalación de 20 mil medidores, la defensa señala que al 09 de agosto del 2013 el contratista TRIVECA ya había ganado la buena pro y las bases del concurso, incluía que EPSEL otorgaría un adelanto del 30% de acuerdo a lo permitido por la Ley de Contrataciones es decir, este adelanto esta normado y por lo tanto era legal.
Entonces, se pregunta la defensa, si todo estaba normado ¿Qué necesidad tenía TRIVECA de reunirse con los funcionarios para que le paguen el adelanto del 30% del concurso que había ganado?, hecho que se desdice y que al final carece de fundamento en la tesis fiscal, otro hecho que la Juez ignoró.
CORROBORACIÓN DE HECHOS
Con fecha 21 octubre del 2015, el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco, presentó ante el 4to Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo de la juez Cecilia Grandes Rojas el requerimiento de levantamiento del secreto de telecomunicaciones de los interlocutores del imputado Segundo Vera Cóndor (Representante legal de Industrias TRIVECA – Empresas proveedora de medidores), señalando uno de los puntos de su requerimiento, era que la empresa de telecomunicaciones proporcione “la ubicación exacta de las celdas activas, durante el periodo comprendido entre 01 de mayo del 2013 hasta 30 de septiembre del 2014” (Periodo de la supuesta reunión colusoria).
Con fecha 30 de octubre del 2015 mediante Resolución UNO la juez Cecilia Grandez Rojas resolvió declarar procedente el requerimiento de Intervención de Comunicaciones.
En la información proporcionada por telefónica del Perú mediante Oficio TSP – 83030000-LQV-761-2015-C-F de fecha 20 Noviembre 2015, se indica que el día 09 de agosto del 2013 fecha de la supuesta reunión en el Hotel Costa Del Sol-Chiclayo, desde 7:30 pm hasta 10:30 pm lapso de la supuesta reunión que ha manejado la fiscalía, hecho que se desdice porque ninguno de los supuestos participantes en la reunión que mencionó el CE 017- 2015, es decir Percy Quesquén Díaz, Juan Valdivia Goicochea, José Baca Távara y Segundo Vera Cóndor, estuvieron en lugares distintos justamente el día y hora en que se dio la supuesta reunión, teoría que la defensa técnica demostrará con las pruebas respectivas.
Por lo tanto, la teoría fiscal teniendo en cuenta la información proporcionada oficialmente por Telefonía del Perú, se desvanece a la luz de los hechos.
Por tanto, indicó la defensa de Baca Távara, no se explica porqué tales pruebas no fueron valoradas por la Juez que dictó sentencia o es que, por no ser favorable a la teoría fiscal, fueron ocultadas.
CUESTIONAN SENTENCIA
De lo desarrollado en juicio existe contradicción entre los dos testigos ofrecidos por el Ministerio Público. Según la Teoría Fiscal el acto colusorio se basa en una supuesta reunión sostenida el 09 de agosto del 2013 en el Hotel Costa del Sol-Chiclayo, sin embargo existe contradicción entre los mismos testigos ofrecidos por el Ministerio Público, el C.E 17-2015, señaló que participaron en dicha reunión Percy Quesquen Diaz, Juan Valdivia Goycochea, Martin Villanueva, Jorge Matallana Peralta y el representante legal de industrias TRIVECA Segundo Vera Cóndor, sin embargo el otro testigo del Ministerio Público, Jorge Matallana Peralta indicó adicionalmente que en dicha reunión también estuvo el Arq. Baca, existiendo claramente una contradicción, ya que teniendo en cuenta el informe de telefónica todos los antes mencionados estuvieron en lugares y horas distintas, lo que da origen a sostener que la supuesta reunión en el Hotel Costa del Sol no se realizó.
La defensa legal del Arq. Baca sostiene que ante esta grave contradicción o duda, legalmente le es favorable al imputado, sin embargo la resolución de la juez solo ha tomado en cuenta lo declarado por el testigo Jorge Matallana Peralta, es decir un supuesto hecho que lo perjudicó.
Otra de las irregularidades que presentó la sentencia contra Baca Távara es que ésta no consigna lo que realmente sucedido en juicio a pesar de los audios.
Según la resolución de sentencia aparece que el C.E 17-2015 declaró una serie de hechos voluntariamente, sin embargo, los audios reflejan que declaró inducido por el fiscal cuyo objetivo era lograr incriminar la participación de Baca en hechos irregulares insistiendo hasta en tres oportunidades so pretexto que no escuchaba. No obstante, el C.E-17-2015 se mantuvo firme y ratificó que Baca no participó.
Tampoco aparece la pregunta clave realizada por la defensa a Jorge Matallana Peralta. ¿Usted ha visto en alguna oportunidad que le han entregado dinero a Baca Távara? Y respondió: “en honor a la verdad no he visto”. La gran pregunta es porqué la juez no consigno este hecho de relevancia en la resolución de sentencia.
La sentencia emitida por la juez describe todo lo oralizado en juicio por los funcionarios de la OCI-EPSEL a pesar que reconocieron en juicio no ser peritos y corrigieron la plana al Ministerio Público.
Sin embargo dicha resolución no describe absolutamente nada de lo oralizado por el perito de parte que si cuenta con registro de perito judiciales (REPEJ), el mismo que concluyó que la carpeta de control fue elaborado con mala intención y no existiendo ninguna responsabilidad atribuible al Arq. Baca Tavara.
Por tanto, tampoco recoge la versión del perito de parte que concluye que la carpeta de control ha sido elaborada mal intencionadamente y no existe ninguna responsabilidad atribuible a Baca Távara.
LAS MENTIRAS DE MATALLANA
El Ministerio Público ofreció como testigo a Jorge Hugo Matallana Peralta, un personaje siniestro que ha reconocido un sin número de delitos cuando se desempeñó como funcionario de la MPCH como lavado de activos, asociación, cohecho, peculado, colusión, entre otros, con una prognosis de pena de más de 35 años.
Debido a que el Colaborador Eficaz 17-2015 señaló en juicio que Baca no participó en la supuesta reunión del hotel Costa del Sol, el Ministerio Público se vio en la necesidad de ofrecer a otro testigo, utilizando para ello a Matallana Peralta.
Matallana Peralta declaró en juicio que a él lo llamaron por celular para que se acerque al Hotel Costa Del Sol el día 09 de agosto del 2013 y recién ahí le solicitaron que consiga unas facturas para el pago de las coimas de TRIVECA.
Inclusive su declaración ofrecida al Ministerio Publico señaló que al día siguiente de la supuesta reunión con los funcionarios comenzó a busca a amigos proveedores que estén dispuestos a ofrecer facturas donde se les iba a depositar las coimas de TRIVECA, sin embargo dicha versión no se ajustaría a la verdad por cuanto existe un correo electrónico que le envía a Vera Cóndor (representante legal de TRIVECA) con fecha 09 de agosto del 2013 a las 7:30 pm, es decir, antes de la supuesta reunión del Costa del sol donde le señala: “Se remite las facturas de acuerdo a lo coordinado adjunto de las empresas Cosmos y Nazaret, justamente las mismas facturas donde TRIVECA desembolsó sumas de dinero”.
Resulta contradictorias sus declaraciones pues afirmó que en esa reunión le pidieron que recién consiga las facturas cuando éste ya las había enviado por correo electrónico. Además en el juicio no precisó ni qué año fue ni en que época fue, si cuando Baca fue Gerente Comercial o Gerente General, es decir, como se le puede atribuir responsabilidad penal al Arq. Baca con hechos dudosos, por lo que la defensa espera que en segunda instancia sea absuelto de los cargos.

References: Resolución 
 Artículo 410
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución