Source: http://www.palbrasil.com.br/2017/09/596/
Timestamp: 2018-06-21 19:29:10+00:00

Document:
Proyecto de Ley Chile 23.8.2017 – PAL – Presença da América Latina
MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE NUEVA LEY DE MIGRACIONES.
M E N S A J E N° 124-365/
En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de nueva ley de migraciones.
La migración en nuestro país ha estado marcada por diversas etapas, transitando primero por políticas migratorias selectivas que buscaban el poblamiento de la zona sur durante el siglo XIX y la promoción del sector agrícola e industrial, para luego pasar a una etapa marcada por el éxodo de nacionales y extranjeros del país debido a los contextos políticos y sociales de los años setenta, período en el que se dictó la actual normativa migratoria. Gracias al retorno a la democracia y al desarrollo económico, político y social, se generó un atractivo escenario para el aumento de los flujos migratorios.
En efecto, de acuerdo con los datos estadísticos aportados por la encuesta CASEN del año 2015, el número de extranjeros residentes en Chile ha aumentado de 154 mil en el año 2006 a 465 mil al año 2015, lo que equivale a cerca de un 200% en menos de 10 años. De acuerdo con la misma fuente, los extranjeros residentes en Chile alcanzan el 2,7% de la población total nacional.
En relación con la composición de la población migrante, un 52% del total corresponde a nacionales de países limítrofes (Perú 30%, Argentina 11,9% y Bolivia 10,1%). Asimismo, más de la mitad de la población está compuesta por mujeres, alcanzando en 2015 un 51,9% del total.
En cuanto a la disposición etaria, se trata principalmente de una población joven y adulta. Un 32,4% corresponde a personas de entre 15 y 29 años, y un 34,9% a personas entre 30 y 44 años.
En relación con la migración reciente, según datos otorgados por el Departamento de Extranjería y Migración, en el período 2015-2016 solicitaron visa un total de 273.257 personas. Sus principales países de procedencia corresponden a Perú (21,2%), Colombia (17,7%) y Haití (16%). Más atrás aparecen Venezuela (14,7%) y Bolivia (13,3%). Asimismo, las cifras sobre petición de visas han comenzado a reflejar corrientes migratorias provenientes de países de los que no se recibía tradicionalmente población migrante, como Ecuador y República Dominicana.
En los últimos dos años, las personas migrantes han solicitado principalmente visas por motivos laborales, alcanzando éstas casi un 70% del total. Ello resulta concordante con la visión regional que considera a Chile como un país económicamente estable. En segundo lugar se ubican las visas Mercosur, que corresponden a un 17,7% de las solicitudes, y dan cuenta de la alta concentración de nacionales de países limítrofes en la migración. Por último, el 6,6% de las solicitudes de visa de personas que la solicitan por primera vez corresponde a motivos familiares.
En síntesis, la migración hacia Chile se puede describir como principalmente proveniente de diversos países de la región y ya no solo limítrofes, compuesta principalmente por jóvenes y adultos que migran por motivos económicos y laborales.
Por otra parte, el aumento del flujo migratorio supone un desafío para el Estado. Puesto que la migración es un fenómeno que forma parte de la realidad nacional actual y que contribuye al desarrollo económico, político, social y cultural del país, el Estado debe diseñar e implementar políticas efectivas que gestionen el fenómeno, asegurando una migración segura, ordenada y regular, que maximice sus beneficios y se haga cargo de las dificultades que pueden presentarse.
Todo lo anterior debe darse dentro del marco de los valores de una sociedad democrática y un estado de derecho, considerando además que, en nuestra propia historia, chilenos y chilenas han sido migrantes a lo largo y ancho del planeta, en muchos casos en condiciones de precariedad económica o necesidad de protección por razones políticas.
Los novedosos contornos de la migración que se ha producido en nuestro país en las últimas décadas no son, sin embargo, nuevos en el mundo, y por ello los desafíos y oportunidades que presenta la migración han sido objeto de preocupación tanto de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos como de las legislaciones de otros países alrededor del mundo.
La migración en los sistemas internacionales y comparados.
La migración se ha abordado con creciente intensidad en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este marco, distintos instrumentos han reconocido el derecho al libre tránsito asociado a la migración.
El Sistema Universal lo recoge en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al igual que en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Enseguida, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias prevé estos derechos de manera específicamente enfocada en la migración, en el artículo 8. Este tratado internacional establece, además, derechos y principios tales como el pleno respeto a los derechos humanos, la unificación familiar y la no discriminación, entre otros.
Los derechos que asisten a las extranjeras y extranjeros, de acuerdo al Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, deben ser reconocidos a nivel legal por el Estado Chile. En efecto, el Comité señala, ya en septiembre de 2011, respecto de Chile, que “alienta al Estado parte a que se asegure de que el proyecto de ley sobre migración sea adoptado en un futuro cercano y que sea plenamente conforme con las normas internacionales de protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares y, en particular, con las disposiciones de la Convención”.
Por otra parte, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el derecho a la libertad de tránsito asociado a la migración se encuentra reconocido en el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la vez que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer prevé que los Estados entreguen especial protección a las mujeres migrantes, según se desprende del artículo 9.
Cabe destacar, asimismo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido un margen de discrecionalidad en materia migratoria a los estados, siempre que sus actuaciones en este ámbito no impliquen una vulneración de los derechos humanos. (Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr.97; Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, párr. 140).
Dichos preceptos tienen conexión también en nuestra legislación interna. El derecho a la libre circulación encuentra fundamento en el artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República, que señala “Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros“.
La migración como fenómeno global ha provocado que diversos países desarrollen una regulación migratoria que responda a las necesidades de las personas migrantes, pero también a las necesidades de la sociedad que las recibe.
En este sentido, si observamos la experiencia comparada, países como España, Uruguay y Argentina han desarrollado normativas migratorias con un claro enfoque en los derechos humanos de los migrantes, estableciendo en sus respectivas leyes el reconocimiento de los derechos a la salud, a la educación y a la reunificación familiar, entre otros.
Asimismo, legislaciones como la colombiana establecen la discrecionalidad migratoria como eje de su política, reconociendo el derecho de circulación o derecho a migrar de los extranjeros, bajo el cumplimiento de ciertos presupuestos claros (Corte Constitucional Sentencia T-338/15, párr. 5.5.9).
Como se observa, el modo de aproximación de los sistemas internacionales y comparados al dinámico fenómeno de la migración supone un balance virtuoso entre los derechos de las personas que migran y la soberanía de los Estados para regular la migración que afecta a sus países.
En el contexto del trabajo en el seno de la Organización Naciones Unidas para avanzar hacia un pacto mundial en materia migratoria se encuentra el concepto que engloba este balance y al cual Chile, como activo miembro de la Organización, ha manifestado afección en dichos trabajos: una adecuada política migratoria debe promover la migración segura, ordenada y regular. Pacto GLOBAL
Los principios y enfoques contenidos en los sistemas internacionales y comparados, que pueden sintetizarse bien en el concepto de migración segura, ordenada y regular, han sido recogidos por nuestra legislación interna en algunos casos. Así, por ejemplo, la ley N° 20.507 de 2011, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal; la ley N°20.430 de 2010, que establece disposiciones sobre protección de refugiados y el Decreto N° 837 del Ministerio del Interior, de 2010, que aprueba reglamento de la ley 20.430 que establece disposiciones sobre protección de refugiados. Ambas normativas reflejan la preocupación de Chile, en cumplimiento de nuestros compromisos internacionales, por promover y tomar acciones concretas para asegurar una migración segura, ordenada y regular.
Sin embargo, las leyes específicas recién citadas, que reflejan el modo en que las democracias modernas abordan el fenómeno migratorio, difieren de nuestra normativa general aplicable en materia de migración. El Decreto Ley N° 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile y el Decreto N° 597, de 1984, del Ministerio del Interior, que aprueba el Reglamento de Extranjería, no reflejan ni la visión del fenómeno migratorio, ni los objetivos migratorios, ni los principios y derechos que deberían estar contenidos en una política inteligente que promueva, sirviendo los valores democráticos a los que Chile adscribe, tanto el interés nacional como los derechos de los migrantes.
Así, el actual marco normativo se enfoca en la conveniencia y utilidad de la extranjera o extranjero para el país y los principios de soberanía y seguridad nacional, sin concebir la protección y resguardo de los derechos de las personas migrantes. Ello responde a que las concepciones políticas, sociales, económicas y culturales preponderantes en el momento en que fue dictado dicho marco normativo -en el contexto de un régimen dictatorial- son distintas a las que predominan hoy, tanto en nuestro país como en instrumentos internacionales y en el derecho comparado, como se ha indicado previamente.
Por otro lado, su diseño en términos de categorías migratorias y a los procesos administrativos y requisitos necesarios para permanecer en el país desconocen los actuales fenómenos migratorios y la movilidad laboral impulsada por la integración económica entre países, los cuales demandan sistemas más flexibles y adaptables a una realidad en constante cambio. En este sentido, este marco normativo no favorece del todo la regularidad. Es así como la autoridad ha debido crear subcategorías migratorias por la vía administrativa, tales como la visa por motivos laborales y la visa para niños, niñas y adolescentes. Ha debido también realizar cada cierto tiempo procesos masivos de regularización de migrantes que aparecen como irregulares debido a las rigideces que contiene la normativa vigente, tal como ha ocurrido entre los años 2007 y 2009 y como ocurre actualmente en el caso de niñas, niños y adolescentes.
Por otro lado, la laxitud y generalidad de los procesos sancionatorios en materia migratoria que prevé la legislación vigente amaga seriamente la posibilidad de sancionar efectivamente a migrantes que incumplen sus deberes. Por lo mismo, es habitual que las Cortes Superiores, en contextos normalmente de recursos de amparo, dejen sin efecto medidas sancionatorias por la falta de un conjunto de normas procedimentales claras, que no solo aseguren el debido proceso a las personas migrantes, sino que permitan al Estado tomar y hacer efectivas sanciones cuando ellas correspondan, conforme a los antecedentes de casos en que personas extranjeras incumplen seriamente sus deberes.
En síntesis a partir de su antigüedad y contexto, en conjunto con el creciente y dinámico flujo migratorio, se pueden identificar las siguientes carencias de la normativa vigente:
Ausencia de un adecuado balance entre soberanía y derechos de las personas migrantes, que se reflejen en principios, derechos y deberes que promuevan una migración segura, ordenada y regular, acorde con los estándares ya señalados.
Categorías migratorias deficientes que promueven la irregularidad migratoria
Inexistencia de un procedimiento o sistema sancionatorio con reglas propias de un debido proceso que asegure los derechos de las personas migrantes y la efectiva facultad del Estado de sancionar los casos de incumplimiento de deberes en materia migratoria.
Sin perjuicio de lo expuesto, en los últimos años, mediante diversos actos administrativos, el Estado de Chile ha ido subsanando algunas de estas falencias, mejorando el acceso a prestaciones de salud y a la educación obligatoria en el caso de niños y niñas extranjeros, así como subsidios para la vivienda y otras materias de la misma naturaleza.
Como bien se señaló, la legislación en materia migratoria vigente se compone del Decreto Ley N° 1094, de 1975, y una serie de decretos dictados en uso de la potestad reglamentaria. Es así como la legislación general en materia migratoria no ha sido sometida a debate en el Congreso Nacional.
Con la presentación de este proyecto se subsana entonces una deuda histórica con los migrantes que transitan, ingresan y residen en nuestro país, tal como los chilenos hemos transitado, ingresado y residido en otros lugares del mundo y aborda también un debate democrático que se mantenía pendiente.
Por otra parte, obedece al compromiso presidencial adoptado en el Programa de Gobierno para el período 2014-2018, en donde se diagnosticó la necesidad de generar una política pública en materia migratoria basada en la promoción y aplicación de los compromisos suscritos por Chile en la materia. Para ello, se establece en la legislación migratoria un rol activo de los órganos de la Administración del Estado promoviendo la migración segura, la protección de víctimas de trata de personas, de los refugiados, la residencia regular y vinculación de temas sobre desarrollo y migración.
Al efecto, con este proyecto de Ley, se cumple con el compromiso presidencial de dar una “Mirada más inclusiva en torno a la migración, valorando la innegable contribución que aporta en el desarrollo económico, político, social y cultural de Chile y de los países del mundo” (Instructivo Presidencial para la Política Nacional Migratoria, año 2015).
La presentación de esta propuesta pretende adecuar así la legislación migratoria nacional a un virtuoso balance entre un Estado inteligente y efectivo en la ordenación y regulación de la migración que recibe y el baremo de los derechos de las personas que migran. Ello no solo refleja los compromisos que Chile ha adoptado como miembro activo de la comunidad internacional sino los valores de solidaridad, aprecio por la dignidad humana y hospitalidad que residen en el alma nacional.
Este proyecto que someto a vuestra consideración reconoce expresamente derechos a los migrantes, buscando reconocer su dignidad y protección como una aplicación concreta del contenido de nuestra Constitución Política y los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Chile así como los principios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia migratoria. En este reconocimiento, además de los derechos de los migrantes en general, se ha tenido especial consideración por la protección de niños y niñas, apátridas, víctimas de trata de personas y tráfico de migrantes y solicitantes de refugio o asilo.
Asimismo, el proyecto promueve la regularidad migratoria de manera que las y los extranjeros obtengan autorizaciones y permisos necesarios para su estadía o residencia en el país cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa. Se explicita la facultad soberana del Estado para ordenar y regular la migración a través de una política nacional. Se establecen también límites para el ingreso al país fundándose en el resguardo del orden y seguridad públicas, la salud pública y los derechos de terceros, además de un mejor control de ingreso en frontera y, en su caso, en el exterior. Se fijan además sanciones razonables para casos de incumplimiento de los deberes de las personas migrantes conforme a un estatuto legal estricto y a reglas procesales bien definidas, justas y racionales.
El proyecto de ley que someto a vuestra consideración tiene como objetivo, modernizar la normativa migratoria vigente hacia una que promueva una migración segura, ordenada y regular.
Se busca regular el ingreso, tránsito, residencia, permanencia y egreso del país de las y los extranjeros, en ejercicio de la soberanía que ejercen el Estado, de conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Por último tiene por objeto establecer un Sistema Nacional Migratorio como un conjunto armónico institucional destinado a la observación del fenómeno migratorio, al diseño de políticas públicas migratorias y a la implementación de las mismas conforme los estándares propios de un estado democrático de derecho.
Enfoque, principios, derechos y obligaciones.
El proyecto que se ingresa tiene como principio rector el respeto de los derechos humanos, reconociéndose por parte del Estado la igual dignidad de todas las personas, debiendo promover, respetar, y asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
En este sentido es importante destacar que, en el caso de niñas y niños, se han acogido los estándares internacionales estableciendo una narrativa encaminada a una mayor protección de los mismos. De este modo se dispone, entre otros, la exención de responsabilidad, la presunción legal de su calidad de tal cuando carezcan de documentación o existieren dudas sobre su edad, un procedimiento de información ante los tribunales de familia para que cautele la afectación de los derechos de las niñas o niños o el restablecimiento del goce y ejercicio de sus derechos y la obligación para la autoridad de control migratorio de informar a la autoridad administrativa responsable de la protección de los derechos de las niñas y niños.
En lo que respecta a la actividad estatal, se establece el principio de información pertinente y oportuna sobre las condiciones para la admisión, permanencia, residencia y egreso del país, así como también para el efectivo ejercicio y cumplimiento de derechos y deberes, con el fin de promover una migración segura.
En lo que concierne a derechos, establece la libertad de tránsito y migración, supeditados al ejercicio de la soberanía nacional. Además se reconoce el derecho a la reunificación familiar, el debido proceso, la protección de la salud, la educación, la identidad cultural, la seguridad social y derechos laborales.
Finalmente, el proyecto de ley establece una serie de deberes que recaen sobre las y los extranjeros mientras se encuentren en territorio chileno, como por ejemplo el deber de sujeción a las normas internas, la regularidad migratoria, entregar información fidedigna y comunicar su domicilio a la autoridad migratoria.
Sistema nacional migratorio.
El texto que someto a vuestra consideración, busca además establecer un sistema nacional migratorio. Para ello dispone del otorgamiento de facultades claras a las autoridades migratorias, tanto en el interior como en el exterior. Crea un Comité de Política Migratoria para la elaboración y actualización de la política migratoria, y fija una autoridad de control migratorio, a cargo del control en frontera y de la verificación de antecedentes de los solicitantes.
En tal sentido, el proyecto se hace cargo de establecer funciones y deberes para otras instituciones que habitualmente sustancian procedimientos administrativos o judiciales relacionados con personas extranjeras.
Con esta nueva propuesta, se busca adaptar la institucionalidad existente, incorporando mejoras a los mecanismos y procedimientos actuales, a fin de no generar una burocracia pesada, sino una administración eficiente y eficaz.
Reglas sobre ingreso, egreso y categorías migratorias.
Con el objeto de proteger a las niñas y niños se establecen procedimientos especiales, contemplándose la situación de aquellos que intenten ingresar o ingresen al país sin compañía o separados de un adulto.
Por otra parte, el proyecto de ley establece prohibiciones de ingreso, contemplando causales imperativas y facultativas, comportándose estrictamente con quienes hayan cometido delitos graves, de lesa humanidad y terroristas, entre otros.
Sistema administrativo sancionatorio
Artículo 3.- Ámbito de Aplicación. Las disposiciones de esta ley se aplicarán a las y los extranjeros en lo relativo al ingreso, tránsito, permanencia, residencia y egreso del país, reconociendo sus derechos y deberes en un marco de respeto, protección y promoción de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y seguridad del país. Migrantes es mejor o ciudadano (a) migrante
Artículo 5.- Inclusión e Identidad Cultural. ( identidad de genero ¿?) El Estado promoverá la inclusión de las y los extranjeros en Chile, reconociendo, respetando y valorando sus creencias, identidad cultural y étnica, con el propósito de favorecer su participación e incorporación armónica a la realidad social, cultural y económica del país.
Artículo 8.- Migración Segura. El Estado promoverá acciones tendientes a prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, velando por la persecución de quienes cometan estos delitos, de conformidad al ordenamiento jurídico. .
Artículo 11.- Igualdad y No Discriminación. El Estado reconoce a las y los extranjeros la igualdad ante la ley.
Artículo 12.- Libertad de Tránsito y Migración. El Estado reconoce a toda persona la libertad para ingresar, permanecer y salir del país, con observancia del ordenamiento jurídico.
Lo anterior es sin perjuicio de la Política Nacional Migratoria, y de la protección del orden y seguridad públicos, la salud pública o los derechos y libertades de las personas.
De las prohibiciones de ingreso
Artículo 32.- Causales imperativas. Se prohíbe ingresar al territorio nacional a las y los extranjeros que:
Ingresaren o intentaren egresar del país por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio.
Ingresaren o intentaren ingresar, o bien egresaren o intentaren egresar del país, valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona.
No cumplieren con los requisitos exigidos en esta ley y su reglamento para el otorgamiento en frontera del permiso de turista o visitante, o no contaren con el permiso de visitante o de residente, ya sea otorgado o en trámite dentro del territorio nacional.
Se les hubiere impuesto en Chile una medida de prohibición de ingreso, orden de abandono o expulsión que estuviere vigente.
Hayan sido condenados, en Chile o en el extranjero, o tuvieren procesos penales pendientes o se encontraren prófugos de la justicia, por los delitos de asociación ilícita, financiamiento al terrorismo, terrorismo, tráfico ilícito de estupefacientes, tráfico ilícito de armas, lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, homicidio, violación y otros delitos sexuales, secuestro, sustracción de menores, femicidio, parricidio, infanticidio, producción de material pornográfico infantil, promoción o facilitación de la prostitución infantil y otros delitos asociados al crimen organizado, todo lo anterior es sin perjuicio de las normas de extradición.
Se encontraren registrados en la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) u otros registros similares que obren en poder de la autoridad contralora de frontera, por pertenecer a organizaciones o grupos terroristas.
Registraren procesos pendientes en el extranjero en calidad de imputados o acusados, hubieren sido condenados o se encuentren prófugos de la justicia, en Chile o en el exterior, por hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional y la seguridad interior.
Hubieren sido incorporados en algunos de los listados establecidos por Resoluciones del Consejo de Seguridad actuando en conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que dispongan a su respecto medidas de prohibición de ingreso o tránsito.
Hubieren sido condenados, se encuentren prófugos de la justicia o tuvieren un proceso pendiente, por su participación en genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión, tortura, desaparición forzosa de personas y ejecuciones extrajudiciales, u otros de similares características, o registren orden de captura internacional por alguno de los mismos.
Artículo 33.- Causales facultativas. Podrá impedirse el ingreso al territorio nacional a las y los extranjeros que:
Registraren antecedentes policiales en los archivos o registros de la autoridad de control migratorio, sean propios o canalizados a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), y, en especial, quienes registren condenas, en Chile o en el extranjero, por hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra el orden y seguridad públicas.
Hubieren sido condenados, en Chile o en el extranjero, o tuvieren procesos penales pendientes en el exterior en calidad de imputados o acusados o se encontraren prófugos de la justicia, por actos que la ley chilena califique de crimen o simple delito, y no contemplados en el artículo 32 N° 5 de esta ley.
Determine el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por medio de Decreto fundado por motivos calificados que pudieren afectar el orden y seguridad públicas o los derechos y libertades de terceros.
Hubieren sido expulsados o deportados de otro país por autoridad competente, siempre que la causal sea sancionada con expulsión por la legislación chilena.
Determine el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, previo informe de la autoridad sanitaria, por motivos calificados que pudieren afectar la salud pública.
Hubieren realizado actos, verificados por la autoridad, que importaren amenaza, daño o menoscabo al patrimonio ambiental o cultural del país.
Hubieren egresado del país sin pagar las sanciones pecuniarias a las que estuvieren afectos por infracción a la presente ley y su reglamento.
Artículo 34.- Informe de causal y medidas adoptadas. La autoridad de control migratorio, al momento de prohibir a las y los extranjeros el ingreso al país por alguna de las causales establecidas en esta ley, deberá informar al afectado o afectada cuál es la causal en que funda su decisión, salvo en aquellos casos en que con ello se afectare el debido cumplimiento de las funciones de los órganos involucrados, el orden y seguridad públicas y/o los derechos o libertades de toda persona.
Asimismo, la autoridad de control migratorio deberá informar en todo caso a la autoridad migratoria sobre las medidas adoptadas respecto de las y los extranjeros que considere afectos a causales de prohibición de ingreso, sean éstas imperativas o facultativas, con el objeto de que dicha autoridad resuelva sobre su aplicación definitiva.
Artículo 35.- Plazo. La resolución que imponga una prohibición de ingreso al territorio nacional deberá señalar la duración de la misma.
Artículo 36.- Exención de responsabilidad de niñas y niños extranjeros. Los niños y niñas extranjeros que se encontraren en alguna de las hipótesis de prohibiciones de ingreso contempladas en los artículos 32 y 33 de la presente ley, no podrán ser sujetos de sanción migratoria alguna.
Permiso de Turista y de Visitante
Artículo 37. – Permiso de Turista. El permiso de turista es aquel otorgado por la autoridad migratoria a las y los extranjeros para ingresar al país con fines de recreo, deportivos, salud u otros similares, sin propósito de inmigración, residencia o desarrollo de actividades remuneradas.
Este permiso autoriza a la y el extranjero para ingresar al territorio nacional por un período máximo de 90 días, prorrogable hasta por igual período, por una sola vez.
Solo de manera excepcional y en casos calificados, la autoridad migratoria podrá conceder una segunda prórroga, por el tiempo que sea estrictamente necesario para que la o el extranjero pueda abandonar el país.
Artículo 38.- Permiso de Visitante. El permiso de visitante es aquel otorgado por la autoridad migratoria a las y los extranjeros, que soliciten ingresar al país para desarrollar las actividades que señale el reglamento, tales como visitante de negocios, profesional o técnico, transportista, estudiante en programas de corto plazo, tripulante de transporte internacional, corresponsal de prensa, artista, deportista, académico, conferencista, cooperantes y voluntarios internacionales, pasantes, misioneros, aquellos acogidos a acuerdos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y que concedan este permiso, y otros especiales. Este permiso los habilita para desarrollar actividades remuneradas lícitas de conformidad con lo señalado en el reglamento.
Este permiso autoriza a las y los extranjeros para ingresar al territorio nacional hasta por un período máximo de un año, prorrogable hasta por igual período, por una sola vez. El reglamento establecerá subcategorías asociadas a los supuestos anteriores, disponiendo los requisitos y el plazo de duración.
Artículo 39.- Cambio de categoría. La o el titular de un permiso de visitante podrá cambiar de categoría migratoria cumpliendo los requisitos señalados por la ley y el reglamento para tales efectos.
La autoridad migratoria podrá permitir el cambio de categoría a el o la titular de un permiso de turista, conforme a lo establecido para ello en la ley y el reglamento.
Artículo 40.- Definición. El permiso de residencia temporal es aquel otorgado por la autoridad migratoria a las y los extranjeros que ingresen al territorio nacional y se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: se desempeñen como trabajadores migratorios; desarrollen actividades académicas o de estudios, científicas o de investigación; tengan vínculos familiares con chilenos o residentes definitivos; pertenezcan a una de las iglesias o religiones reconocidas por el Estado y vengan a desempeñar funciones propias de la misma; acrediten la realización de un tratamiento médico o se encuentren embarazadas; sean solicitantes de la condición de refugiado y sus familias en conformidad con la ley; sean solicitantes del reconocimiento de la condición de apátrida.
Este permiso habilitará a su titular para desarrollar cualquier actividad lícita y podrá otorgarse hasta por 2 años, prorrogables, de conformidad con lo señalado en el reglamento. Asimismo, el reglamento establecerá subcategorías asociadas a los supuestos señalados en el inciso anterior, y dispondrá los requisitos y el plazo de duración de cada una de ellas.
Artículo 41.- Residencia temporal por razones humanitarias. Excepcionalmente, la autoridad migratoria podrá otorgar un permiso de residencia temporal a aquellas personas que deban permanecer en el territorio nacional por razones fundadas, que hagan imposible o riesgoso su retorno a su país de origen por existir peligro para su vida, libertad, seguridad o integridad física, de conformidad con lo establecido en el reglamento de esta ley.
Artículo 42.- Víctimas de trata de personas. Las víctimas del delito de trata de personas previsto en el Código Penal que no sean nacionales o titulares de permiso de residencia definitiva en el país tendrán derecho a solicitar un permiso de residencia temporal que será otorgado por la autoridad migratoria. Este permiso podrá ser otorgado por un período mínimo de seis meses, durante los cuales podrán ejercer las acciones judiciales que estimen pertinentes.
En ningún caso podrá decretarse la repatriación de las víctimas que soliciten un permiso de residencia por existir grave peligro para su integridad física o psíquica, resultante de las circunstancias en que se hubiere cometido el delito en sus países de origen.
Artículo 43.- Cambio de categoría migratoria. El titular de un permiso de residencia temporal que completare dos años de residencia en tal calidad, podrá solicitar permiso de residencia definitiva cumpliendo con los demás requisitos establecidos en esta ley y en su reglamento.
Artículo 44.- Definición. La residencia definitiva es el permiso otorgado por la autoridad migratoria a las y los extranjeros que tengan propósitos de inmigración y de radicación indefinida en Chile.
Quienes sean titulares de este permiso podrán desarrollar cualquier actividad lícita, sin otras limitaciones que las establecidas en el ordenamiento jurídico nacional.
La residencia definitiva solo se podrá otorgar a las y los extranjeros poseedores de un permiso de residencia temporal que cumplan con los plazos de residencia y los demás requisitos establecidos en esta ley y su reglamento.
Artículo 45.- Residencia definitiva por gracia. Excepcionalmente, la autoridad migratoria podrá conceder por gracia, residencia definitiva a las y los extranjeros que encontrándose en el territorio nacional y en mérito de sus antecedentes, se hagan merecedores de este beneficio en conformidad a esta ley y su reglamento.
Artículo 46.- Revocación tácita. La Residencia Definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del país por un plazo continuo superior a un año.
Excepcionalmente y por motivos fundados, se podrá otorgar una prórroga en la vigencia del permiso de residencia definitiva, previa solicitud del interesado o interesada ante el Consulado de Chile en el país en que se encuentre, conforme a lo establecido para ello en el reglamento.
Tratándose de extranjeros o extranjeras a quienes se les hubiere reconocido la condición de refugiado y a sus familiares, en los términos de la Ley N° 20.430 que Establece Disposiciones Sobre sobre Protección de Refugiados y su reglamento, se les otorgará dicha prórroga siempre que no hubiere concurrido alguna causal de cesación o pérdida del estatuto de refugiado, en conformidad con lo establecido en la ley citada precedentemente.
Permiso de Residencia Oficial
Artículo 47.- Definición. La residencia oficial es el permiso de residencia otorgado a las y los extranjeros que se encontraren en misión oficial reconocida por Chile y a sus dependientes. El otorgamiento y rechazo de este permiso de residencia será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con el reglamento dictado para tales efectos por dicho Ministerio.
Artículo 48.- Subcategorías. Las y los extranjeros podrán optar a las siguientes subcategorías de residencia oficial en calidad de titulares:
Miembro: Extranjero o extranjera que forma parte de una misión diplomática o consular o de una organización internacional acreditada ante el Gobierno de Chile, y otros extranjeros o extranjeras que califiquen como tales en virtud de tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile.
Delegado: Extranjero o extranjera en misión oficial reconocida por el Gobierno de Chile, sin encontrarse comprendido en las situaciones correspondientes a la subcategoría anterior.
Artículo 49.- Dependientes. Las siguientes personas extranjeras podrán postular a residencia oficial en calidad de dependientes:
La o el cónyuge, conviviente o conviviente civil, del titular del permiso.
La o el conviviente del titular del permiso que acredite su calidad de tal, mediante un acuerdo de unión civil o un contrato equivalente de conformidad con la legislación del Estado que envía.
Los hijos o hijas del titular del permiso, de su cónyuge o conviviente, siempre que fueren menores de edad y solteros, o bien se tratare de personas con discapacidad cualquiera sea su edad. Comprenderá también a los hijos o hijas mayores de edad, pero menores de 28 años, siempre que estuvieren estudiando en una institución de educación reconocida por el Estado.
Tratándose de las y los residentes oficiales miembros, también se podrá extender el permiso al personal del servicio particular.
Artículo 50.- Actividades remuneradas. Las y los extranjeros con permisos de residencia oficial no podrán realizar actividades remuneradas ajenas a las misiones o funciones que desempeñan y solo podrán percibir ingresos provenientes de los Estados u Organismos Internacionales a los que pertenecen u Organismos Internacionales.
Quedan exceptuados de esta restricción los familiares dependientes de los residentes oficiales cuyos Estados hubieren suscrito tratados internacionales con Chile, mediante los cuales se les autorice para desempeñar actividades remuneradas y se encuentren vigentes, lo que deberá ser previamente certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
Artículo 51.- Cambio de categoría migratoria. Las y los residentes oficiales que terminaren sus misiones oficiales, hubieren cumplido un período igual o superior a dos años en dicha calidad y cumplieren con los demás requisitos establecidos en esta ley y su reglamento, podrán solicitar un permiso de residencia temporal.
Artículo 52.- Registro. El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá comunicar a la autoridad migratoria toda la información relativa a los residentes oficiales, para efectos de su incorporación al Registro Nacional de Extranjeros.
Permiso de Asilo y Refugio
Artículo 53.- Asilo y Refugio. El Estado podrá autorizar el ingreso y conceder residencia con asilo político a las y los extranjeros que, en resguardo de su seguridad, libertad o integridad personal, en razón de las circunstancias políticas predominantes en el país de su residencia, se vean forzados a recurrir ante alguna autoridad diplomática solicitando asilo.
Asimismo, el Estado podrá autorizar el ingreso y conceder residencia en calidad de refugiado, a las y los extranjeros que, estando en las situaciones previstas la ley N° 20.430 y su reglamento, se vean forzados a ingresar al territorio nacional, en búsqueda de protección y resguardo.
Rechazo y revocación de los Permisos de Residencia
Obligaciones de los medios de transporte internacional
Artículo 72.- Control de documentación. Las empresas de transporte internacional, transportistas comerciales, propietarios y explotadores de cualquier medio de transporte no podrán transportar con destino a Chile a las y los extranjeros que no cuenten con la documentación que les habilite para ingresar al país.
Artículo 73.- Reconducción. Las empresas de transporte internacional, transportistas comerciales, propietarios y explotadores estarán obligados a tomar a su cargo y transportar por cuenta propia, en el menor tiempo posible, y sin responsabilidad para el Estado, a las y los pasajeros y tripulantes cuyo ingreso al país sea rechazado por carecer de la documentación necesaria.
Los gastos de reconducción al país de origen de que tratan los incisos anteriores, son de cargo de la empresa de transporte internacional, cualquiera sea la causal invocada.
Asimismo, tratándose de pasajeros en tránsito a quienes les fuere negado el embarque a su destino final por parte de una empresa de transporte internacional o hubieren sido reembarcados a Chile en razón de que las autoridades del país de destino les prohibieron el ingreso, la respectiva empresa de transporte internacional será responsable en los términos del inciso precedente.
La obligación señalada en los incisos precedentes no obstará a la aplicación de las sanciones correspondientes de acuerdo con esta ley, y se cumplirá trasladando a las y los extranjeros hasta el país desde el cual dicha empresa los transportó o del cual fueren nacionales.
Artículo 74.- Listado de pasajeros y tripulantes. Las empresas de transporte internacional de pasajeros, transportistas comerciales, propietarios y explotadores estarán obligadas a presentar a la autoridad de control migratorio, antes del ingreso y salida del país de sus respectivos medios de transporte, un listado de pasajeros y tripulantes, así como todos los datos necesarios para su identificación. Ningún pasajero o tripulante podrá embarcar o desembarcar antes de que la autoridad efectúe la inspección y control correspondientes.
Artículo 75.- Transporte de expulsados. Las empresas de transporte internacional de pasajeros, transportistas comerciales, propietarios y explotadores deberán trasladar a las y los extranjeros cuya expulsión hubiere sido decretada, en el plazo y al lugar que se determine, previo pago del valor del pasaje por parte de la autoridad migratoria.
Artículo 76.- Obligación de los empleadores. Ninguna persona, natural o jurídica, podrá proporcionar trabajo u ocupación remunerada, con o sin relación de subordinación y dependencia, a las y los extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular en el país.
No obstante lo anterior, el empleador tendrá la obligación de cumplir la legislación laboral vigente al inicio, durante y al término de la relación laboral, cualquiera sea la situación migratoria de las y los extranjeros.
Obligaciones de otras instituciones
Artículo 77.- Obligación de los Tribunales de Justicia. Los Tribunales de Justicia, en especial los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, deberán comunicar a la autoridad migratoria y a la Policía de Investigaciones de Chile las resoluciones que dispongan medidas de arraigo u otras cautelares privativas de libertad y las sentencias definitivas firmes y ejecutoriadas en que se condene a una o un extranjero, en el más breve plazo y una vez que se encuentre ejecutoriada la sentencia respectiva.
Artículo 78.- Obligación del Servicio de Registro Civil e Identificación. El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar a la autoridad migratoria y a la Policía de Investigaciones de Chile respecto de las condenas a las y los extranjeros de las que tome conocimiento.
Artículo 79.- Obligación de Gendarmería. Gendarmería de Chile deberá comunicar oportunamente a la autoridad migratoria y a la Policía de Investigaciones de Chile respecto de las fechas de ingreso de las y los extranjeros condenados a permanecer recluidos en los distintos establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, y señalar con la debida anticipación las fechas de término de las condenas impuestas.
Artículo 80.- Obligación de la Policía de Investigaciones. La Policía remitirá al Servicio Nacional de Turismo información sobre las y los extranjeros que ingresen al país en calidad de turistas y de visitante, conforme a lo establecido por el Ministerio de Economía.
Artículo 81.- Obligación de la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo, a través de sus Inspecciones del Trabajo, deberá recibir las denuncias, reclamos, consultas y solicitudes presentados por las y los trabajadores extranjeros, de conformidad con la ley, independientemente de su situación migratoria.
INFRACCIONES Y SANCIONES MIGRATORIAS
Artículo 82.- Abandono sin control migratorio. A las y los extranjeros que hubieren abandonado el territorio nacional sin realizar el control migratorio de salida y quisieren reingresar al país, se les aplicará una multa de una a diez Unidades Tributarias Mensuales.
En caso que la responsabilidad de omitir el control migratorio fuere de una empresa de transporte internacional, se le aplicará a esta empresa una multa de diez a cien Unidades Tributarias Mensuales por cada pasajero que omita dicho control.
Artículo 83.- Negativa a la reconducción. Las empresas de transporte internacional y transportistas que no dieren cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la presente ley, serán sancionadas con multas de diez a cien Unidades Tributarias Mensuales por cada pasajero en dicha situación.
Artículo 84.- Transportar pasajeros sin la documentación necesaria. Las empresas de transporte internacional, transportistas comerciales, propietarios y explotadores de cualquier medio de transporte, que condujeren desde y hacia el territorio nacional a las y los extranjeros que no cuenten con la documentación necesaria, serán sancionadas con multas de diez a cien Unidades Tributarias Mensuales por cada pasajero infractor. La autoridad migratoria, además de aplicar la multa respectiva, informará al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que este adopte las medidas que sean de su competencia.
No se impondrán las multas establecidas en el inciso anterior, cuando las y los extranjeros lleguen al país sin la documentación apropiada, si las empresas de transporte pueden demostrar que tomaron precauciones adecuadas para asegurar que dichas personas tuvieran los documentos exigidos para entrar en el Estado receptor.
Artículo 85.- Negativa de entrega del listado de pasajeros o listado incompleto. Las empresas de transporte internacional que no entregaren el listado de pasajeros exigido en el artículo 74, o el que entregaren estuviera incompleto, serán sancionadas con multa de diez a cien Unidades Tributarias Mensuales por cada persona no informada a la autoridad.
Artículo 86.- Vulneración de la Zona Fronteriza. Las y los extranjeros que ingresaren a Chile en calidad de Habitante de Zona Fronteriza y se trasladaren a áreas del territorio nacional no incluidas en el acuerdo bilateral respectivo, serán sancionados con multa entre una a diez Unidades Tributarias Mensuales, sin perjuicio de otras sanciones que se establezcan en dicho instrumento.
Artículo 87.- Declaraciones falsas del empleador. El empleador que incurriere en declaraciones falsas en favor de una o un extranjero, con la finalidad de que esta obtenga un permiso de residencia en el país, será sancionado con multa de tres a cincuenta Unidades Tributarias Mensuales. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de la sanción penal, en caso que corresponda.
Artículo 88.- Emplear a las y los extranjeros sin autorización. Las personas naturales o jurídicas que emplearen a una o un extranjero que no estuviere debidamente autorizado para trabajar serán sancionadas con multa de tres a cincuenta Unidades Tributarias Mensuales por cada persona contratada en dicha condición. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de la sanción penal, en caso que corresponda, ni de las responsabilidades laborales en que incurra el empleador.
Artículo 89.- Desarrollar actividades remuneradas sin autorización. Las y los extranjeros que desarrollaren actividades remuneradas sin estar debidamente autorizados para ello serán sancionados con multa de una a diez Unidades Tributarias Mensuales.
Artículo 90.- Permisos expirados. Las y los extranjeros de un permiso de turista, visitante o residencia que permanecieren en el país no obstante haber vencido su respectivo permiso serán sancionados con multa de una a diez Unidades Tributarias Mensuales, salvo aquellos que salgan del país dentro del plazo contemplado en el reglamento, en cuyo caso no se aplicará el impedimento de ingreso señalado en el artículo 32.
Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 N° 3.
Artículo 91.- Otras infracciones. Las y los extranjeros que, estando obligados a registrarse, a obtener cédula de identidad, a comunicar a la autoridad el cambio de su domicilio, cuando corresponda según su permiso para permanecer en el país, y no lo hicieren oportunamente, de conformidad con lo señalado en el Reglamento de esta ley, serán sancionados con multa de una a cinco Unidades Tributarias Mensuales.
Artículo 92.- Amonestaciones. Tratándose de las y los extranjeros comprendidos en los artículos 89 y 90, y siempre que no fueren reincidentes en cualquiera de dichas infracciones, la autoridad migratoria podrá, de oficio o a petición de parte, aplicarles en reemplazo de la multa una amonestación por escrito y conminarlos en el mismo acto a regularizar su situación migratoria o hacer abandono del país, dentro del plazo que se fije para tal efecto.
Artículo 93.- Circunstancia atenuante. Para la aplicación de las multas contempladas en este Título, se considerará como atenuante el hecho de que la o el infractor se hubiere denunciado o concurrido ante la autoridad migratoria a requerir su regularización.
Artículo 94.- Circunstancia agravante. Para la aplicación de las multas contempladas en este Título, se considerará como agravante el hecho de que el infractor sea reincidente en la comisión de una misma infracción.
Artículo 95.- Procedimiento. El ejercicio de la potestad sancionatoria del presente título se regirá por las reglas de este artículo:
El procedimiento se iniciará de oficio o por denuncia.
En caso que el procedimiento se inicie a través de denuncia, esta deberá contener una descripción clara y detallada de los hechos concretos que la motivan, precisando la fecha de su comisión, la norma infringida, y en caso de estar en conocimiento, la identificación del presunto infractor, además de cualquier otro antecedente que permita fundamentar su petición.
La autoridad dará curso a esta denuncia, solo si cumple con los requisitos señalados en el inciso precedente. De lo contrario, será declarada inadmisible y se procederá a su archivo mediante resolución fundada, sin perjuicio de su facultad de proceder de oficio. Declarada admisible la denuncia se procederá conforme al número 3 de este artículo.
Todos los antecedentes que se recaben, presentaciones que se formulen y actos administrativos que se dicten en el procedimiento tendrán carácter reservado hasta la notificación de la resolución que ponga término al mismo, salvo respecto de las personas en contra quienes se dirige la investigación o a sus representantes, los que tendrán acceso al expediente desde el inicio del procedimiento.
El procedimiento se iniciará con la resolución que ordena la apertura del expediente administrativo, la que deberá contener la norma que se estima infringida y el plazo para que el presunto infractor evacue sus descargos.
El afectado tendrá un plazo de diez días, contados desde la respectiva notificación, para efectuar sus descargos ante la autoridad competente. En el mismo escrito deberá fijar domicilio conocido dentro del territorio especial, bajo apercibimiento de tenerse por notificado en la fecha de emisión de la resolución.
Evacuado el traslado o transcurrido el plazo otorgado para ello, la autoridad resolverá de plano cuando pueda fundar su decisión en hechos no controvertidos que consten en el proceso o sean de pública notoriedad. En caso contrario, abrirá un término de prueba de acuerdo a lo dispuesto en la ley Nº19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.
Los hechos investigados podrán acreditarse mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho, los que se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica.
Cumplidos los trámites señalados en los numerales anteriores, la autoridad, emitirá, dentro de diez días hábiles, resolución fundada mediante la cual absolverá o aplicará la sanción que corresponda.
Contra la resolución que pusiere fin a la instancia podrán deducirse los recursos que contempla esta ley en el Título VIII.
En lo no regulado por esta ley y su reglamento se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
La resolución administrativa tendrá mérito ejecutivo para el cobro de la multa impuesta.
Artículo 96.- Exención de multas y amonestaciones a niños y niñas extranjeros. Tratándose de niños y niñas extranjeros que incurrieren en alguna de las infracciones contempladas en este Título, no podrán ser sancionados con multa ni amonestación alguna.
Artículo 97.- Exención de sanción a las víctimas del delito de trata de personas. Las víctimas del delito de trata de personas previsto en el Código Penal que sean extranjeras y que como consecuencia directa de su situación de víctimas incurrieren en alguna infracción a las disposiciones de esta ley y su reglamento, no podrán ser sancionadas por la autoridad migratoria.
Artículo 98.- Prescripción. La acción para perseguir la responsabilidad por las infracciones establecidas en este Título, prescribirá en el plazo de 2 años contados desde que se hubiere cometido el hecho o configurado la omisión.
La prescripción se suspenderá desde la notificación del procedimiento sancionatorio iniciado en contra del presunto infractor, y se interrumpirá, perdiéndose el tiempo transcurrido, en el evento de incurrirse en una nueva infracción.
La sanción de multa prescribirá en el plazo de 2 años contado desde la fecha en que se notifique la resolución firme que las imponga.
Artículo 99.- Definición. La expulsión es la medida impuesta por la autoridad competente consistente en decretar la salida forzada del país de una o un extranjero que incurriere en alguna de las causales previstas en el ordenamiento jurídico para su procedencia.
La medida de expulsión puede ser decretada por la autoridad migratoria o por el tribunal con competencia penal, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico y en especial a lo dispuesto en la ley N° 18.216 que establece Penas que indica como Sustitutivas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad.
La expulsión ordenada por la autoridad migratoria se regulará por las normas contenidas en esta ley y su reglamento.
Artículo 100.- Exención de responsabilidad de niños y niñas extranjeros. Los niños y niñas extranjeros que incurrieren en alguna de las causales de expulsión establecidas en este Título, no podrán ser sujetos de sanción migratoria alguna.
Artículo 101.- Expulsión en caso de refugiados y apátridas. La expulsión de una extranjera o extranjero refugiado o de un solicitante de dicha condición solo procederá de conformidad con lo establecido en la ley N° 20.430 que Establece Disposiciones Sobre Protección de Refugiados y su Reglamento.
En caso que se disponga la expulsión de una extranjera o extranjero que se encontrare en situación de apátrida, se le deberá conceder un plazo razonable para que gestione su admisión legal en otro país.
Artículo 102.- Órgano encargado de la medida expulsión. Corresponderá a Policía de Investigaciones de Chile la materialización de toda medida de expulsión, sea administrativa o judicial, una vez que se encuentre firme y ejecutoriada la sentencia judicial o la resolución administrativa que la disponga.
Artículo 103.- Causales de expulsión. Son causales de expulsión del territorio nacional:
Haber ingresado al país no obstante estar afecto a alguna de las causales de prohibición de ingreso previstas en los artículos 32 y 33, o bien incurrir en alguna de dichas causales encontrándose en el territorio nacional.
No dar cumplimiento a la orden de abandono en la forma establecida en el artículo 71.
Permanecer en Chile no obstante haber expirado el permiso de turista, visitante o residente, debiendo la autoridad migratoria citar a la o al extranjero de conformidad con el artículo 124.
Efectuar declaraciones falsas o presentar documentación adulterada o falsificada al efectuar cualquier gestión ante la autoridad migratoria o de control migratorio.
Haber sido sorprendido realizando actividades remuneradas como turista, sin tener autorización para ello.
Eludir alguna de las medidas de control establecidas en el artículo 137.
Incumplir de manera grave o reiterada alguna de las obligaciones o deberes establecidos en esta ley y en su reglamento.
Artículo 104.- Prohibición de expulsiones colectivas. Las y los extranjeros y sus familiares no podrán ser objeto de medidas de expulsión colectivas, debiéndose analizar y resolver cada caso en forma individual y de acuerdo con el mérito de sus antecedentes.
Artículo 105.- Reconducción o devolución inmediata. La o el extranjero que ingresare o intentare ingresar al país, encontrándose vigente la resolución que ordenó su expulsión o prohibición de ingreso al territorio nacional, será reembarcado de inmediato o devuelta a su país de origen o procedencia en el más breve plazo y sin necesidad de que a su respecto se dicte una nueva resolución.
Sin embargo, no se reembarcará o devolverá a las y los extranjeros que fueren requeridos o deban permanecer en el país por orden de los Tribunales de Justicia, debiendo ser puestos inmediatamente a su disposición. Una vez resuelta la situación procesal de la persona extranjera afectada, el Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, deberá informar a la autoridad migratoria a fin de que se ejecute la medida migratoria correspondiente, sin perjuicio de la situación prevista en el artículo 109.
En todo caso, lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones y principios establecidos en la ley N° 20.430 que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados y su reglamento.
Artículo 106.- Procedimiento y citación previa. Cuando la autoridad migratoria tomare conocimiento de que se ha configurado alguna causal de expulsión respecto de una persona extranjera, se entenderá iniciado el proceso de expulsión, lo que deberá ser comunicado al afectado de manera comprensible para este y por escrito, siempre que existiere constancia de su domicilio de conformidad con el artículo 124, con el objeto de que efectúe las alegaciones que estime pertinentes.
Para los efectos de llevar adelante la expulsión, se estará al procedimiento establecido en este párrafo y lo que disponga el reglamento.
Artículo 107.- Forma de disponer la expulsión. La medida de expulsión será dispuesta mediante resolución fundada de la autoridad migratoria, exenta del trámite de toma de razón, y señalará además la prohibición de ingreso al país y su duración.
Artículo 108.- Efectos de la notificación. Desde que se notificare la resolución que decrete la medida de expulsión comenzará a correr el plazo de impugnación.
En caso de que la notificación fuere personal, la o el afectado quedará sujeto a las medidas de control establecidas en el artículo 137, ante la autoridad policial correspondiente a su domicilio, hasta la materialización de la medida.
Artículo 109.- Ejecución de la medida de expulsión. Una vez que se encuentre firme la resolución que dispone la expulsión de una o un extranjero o extranjera, la Policía de Investigaciones materializará la medida. Para estos efectos, se procederá a la detención del extranjero o extranjera, por un plazo que no podrá ser superior a 24 horas.
La detención del afectado o afectada se llevará a cabo en dependencias de Policía de Investigaciones de Chile, dando cumplimiento a los estándares sanitarios y de habitabilidad adecuados, y separado o separada de toda la población penal. El detenido gozará de todos los derechos y garantías contenidas en el Código Procesal Penal.
Artículo 110.- Privación o restricción de libertad. Vencido el plazo señalado en el artículo anterior, sin que la autoridad policial ejecute la medida de expulsión, esta deberá poner inmediatamente a la o el extranjero a disposición del Juzgado de Garantía competente, o al momento de la primera audiencia judicial, con el objeto de que resuelva la aplicación de la medida cautelar contenida en la letra c) del artículo 155 del Código Procesal Penal a efectos de asegurar el cumplimiento de la expulsión.
El Tribunal podrá citar a una audiencia especial para estos efectos y requerir la asistencia de un representante de Policía de Investigaciones de Chile o de la autoridad migratoria.
Artículo 111.- Suspensión de la ejecución. No podrá ejecutarse la expulsión de extranjeras o extranjeros que se encuentren con un proceso penal pendiente, cumpliendo condena o impedidos de salir de Chile por orden de Tribunales de Justicia chilenos, mientras esas órdenes se encuentren vigentes.
Asimismo, se suspenderá la ejecución de la medida de expulsión de las y los extranjeros que se encuentren sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, por estar cumpliendo de manera efectiva una pena privativa de libertad decretada por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se encuentren con permisos de salida según lo dispuesto en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios; las y los sujetos a libertad vigilada y las y los que estuvieren cumpliendo su pena de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 18.216 que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
Finalizado el proceso respectivo, o cumplida la pena según sea el caso, se procederá a la materialización de la medida de expulsión.
Artículo 112.- Rechazo y Revocación tácita. Dispuesta una medida de expulsión, se entenderá rechazado o revocado el permiso migratorio que se encontrare solicitando o del que fuere titular el extranjero, al momento de su dictación.
Artículo 113.- Revocación y suspensión de oficio. La medida de expulsión podrá ser revocada o suspendida temporalmente en cualquier momento, de oficio por la misma autoridad que la dictó.
DE LOS MEDIOS DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA
Reglas comunes a este Título
Artículo 114.- Medios de Revisión. Respecto de los actos y resoluciones dictados de conformidad con esta ley y su reglamento, solo procederán los recursos consagrados en este Título.
Artículo 115.- Incompatibilidad. En caso que la o el afectado interponga ante la autoridad migratoria un recurso de los establecidos en este Título, no podrá deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia mientras aquel no haya sido resuelto.
Interpuesto un recurso ante la autoridad administrativa, se entenderá interrumpido el plazo para ejercer el recurso o acción jurisdiccional. Dicho plazo volverá a contarse desde la fecha en que se notifique al recurrente del acto administrativo resolutivo.
Interpuesta alguna acción jurisdiccional en contra de una resolución de la autoridad migratoria, este organismo deberá abstenerse de conocer cualquier recurso administrativo sobre la misma pretensión y por los mismos hechos que motivaron la acción judicial.
Artículo 116.- Actuación de oficio. La autoridad migratoria podrá en cualquier tiempo dejar sin efecto un acto administrativo sancionatorio dictado de conformidad con esta ley y su reglamento, por contar con nuevos antecedentes que lo ameriten y que no hayan sido tenidos a la vista al momento de su dictación.
Artículo 117.- Efectos Suspensivos. Por la sola interposición de algún recurso administrativo de los contemplados en esta ley, se suspenderán los efectos de la resolución impugnada, salvo que ésta establezca una prohibición de ingreso al país, en cuyo caso la medida mantendrá sus efectos hasta la completa resolución del recurso interpuesto.
Artículo 118.- Reposición administrativa. Procederá este recurso respecto de las resoluciones dictadas por la autoridad migratoria de conformidad con la presente ley, con excepción de la que dispone la medida de expulsión administrativa, respecto de la cual procederá el recurso establecido en el artículo 120.
Este recurso deberá interponerse ante la misma autoridad que dictó el acto, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución recurrida.
En el caso de la resolución que aplique la sanción de multa, la o el afectado podrá presentar una solicitud de reposición, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la fecha de la resolución que aplica la sanción, con el objeto de que ésta sea dejada sin efecto o se aplique una rebaja del monto total, según lo señalado en el reglamento de esta ley.
Artículo 119.- Recurso jerárquico. Procederá recurso jerárquico en su caso, de conformidad con lo establecido en la ley N° 19.880 sobre Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.
Impugnación de la medida de expulsión
Artículo 120.- Reposición administrativa. Procederá este recurso respecto de la resolución que dispone el artículo 107 de la presente ley. Este recurso deberá interponerse ante la misma autoridad que dictó el acto, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la resolución recurrida.
Artículo 121.- Recurso jerárquico contra la Medida de Expulsión. En caso de que la resolución del artículo anterior sea desfavorable, la o el directamente afectado por la medida o cualquier persona en su representación podrá reclamar ante el superior jerárquico, dentro del plazo de diez días hábiles contados desde la notificación del acto impugnado.
Para efectos de resolver este recurso, se deberá verificar que el acto haya sido dictado por la autoridad competente en virtud de las causales establecidas en la ley, que no se haya incurrido en manifiesto error de hecho y la existencia de nuevos antecedentes que permitan revisar la decisión adoptada.
Una vez interpuesto este recurso, la autoridad administrativa podrá solicitar al recurrente que acompañe antecedentes para mejor resolver, los cuales deberán ser remitidos dentro del plazo que se fije al efecto.
Artículo 122.- Plazo de la autoridad administrativa para resolver. La autoridad deberá pronunciarse dentro del plazo de sesenta días hábiles, contado desde la fecha de la interposición del recurso, o desde la fecha de recepción de los antecedentes solicitados al recurrente, según fuere el caso.
Artículo 123.- Reclamación jurisdiccional. En caso de rechazo de los recursos establecidos en este párrafo, la o el recurrente podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la notificación de la resolución que rechaza el recurso administrativo, o desde la fecha que conste en el certificado emitido conforme al artículo precedente.
La Corte pedirá informe a la autoridad respectiva, fijándole un plazo para emitirlo. Recibido el informe, la Corte resolverá el reclamo, previa vista de la causa y en única instancia, dentro de los treinta días siguientes. En caso de ordenarse medidas para mejor resolver, este plazo se entenderá prorrogado por diez días.
Artículo 124.- Regla general. Las resoluciones que otorguen o rechacen un permiso migratorio, revoquen uno ya otorgado o impongan alguna sanción distinta de la expulsión, así como las citaciones que deban practicarse de conformidad con esta ley, se harán por escrito, mediante carta certificada dirigida al domicilio que la o el interesado hubiere designado en su primera presentación o con posterioridad.
Las notificaciones podrán, también, hacerse de modo personal por medio de un funcionario de la autoridad migratoria o del Consulado en el exterior, según corresponda, si el interesado se apersonare a recibirla. Si el interesado requiriere copia del acto o resolución que se le notifica, se le dará sin más trámite en el mismo momento.
Artículo 125.- Notificación de la medida de expulsión. La medida de expulsión será notificada personalmente por la Policía de Investigaciones de Chile al domicilio informado a la autoridad migratoria por el afectado, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo precedente.
En caso de que la o el extranjero no fuere habido en su domicilio, luego de ser buscado en dos días distintos, la Policía de Investigaciones procederá a notificar por cédula, conforme a lo establecido en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.
En el acto de la notificación deberá informarse al afectado su derecho a comunicar la situación al Consulado del país de que es nacional y su derecho a interponer los recursos contemplados en esta ley.
Artículo 126.- Notificación tácita. Respecto de todos los actos administrativos dictados en conformidad con esta ley y su reglamento, será aplicable la notificación tácita establecida en el artículo 47 de la ley N° 19.880 sobre Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.
Artículo 127.- Otras formas de notificación. La autoridad migratoria podrá establecer otras formas de notificación que fueren convenientes para una mejor comunicación de las resoluciones, siempre y cuando el extranjero así lo solicite, quedando constancia por escrito, y se condiga con la naturaleza del acto administrativo.
SISTEMA NACIONAL DE POLITICA MIGRATORIA
Artículo 128.- Definición. La Política Nacional Migratoria está compuesta por un conjunto de lineamientos que darán lugar a los planes, programas, acciones e instrumentos ejecutados y coordinados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y definido por el Comité de Política Migratoria. Comprende entre otras materias, el ingreso, egreso, tránsito, permanencia y residencia de las y los extranjeros en el país, con arreglo a los principios consagrados en esta ley.
Artículo 129.- Organismo responsable. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública coordinará y ejecutará la Política Nacional Migratoria.
Un Comité de Política Migratoria integrado por los siguientes miembros permanentes: Ministro del Interior y Seguridad Pública o su representante, quien lo presidirá, Ministro de Relaciones Exteriores o su representante, Ministro de Hacienda o su representante, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos o su representante, se pronunciará sobre la Política Nacional Migratoria.
Asimismo, el Comité podrá convocar a otras secretarías de Estado que estime conveniente en materias de su competencia. Un reglamento definirá el funcionamiento del Comité.
La Política Nacional Migratoria será aprobada por Decreto Supremo evacuado por el Ministerio del Interior, y será suscrito por los Ministros que integran el Comité.
Autoridades Migratorias Nacionales
Artículo 130.Funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública es el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en asuntos referidos a extranjería y migración. Para estos efectos concentrará la decisión política en estas materias y, por intermedio de la Subsecretaría del Interior, coordinará la ejecución de los planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y Servicios Públicos en materia de extranjería y migración, en la forma que establezca la ley y dentro del marco de la Política Nacional Migratoria.
Artículo 131. Otras funciones. Corresponderá al Ministerio del Interior y Seguridad Pública:
Ejecutar y coordinar las acciones y programas que los demás Ministerios y Servicios Públicos desarrollen en relación con la Política Nacional Migratoria.
Impulsar y apoyar programas, proyectos y actividades de Ministerios o Servicios Públicos destinados al cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional Migratoria.
Encargar la realización de estudios e investigaciones que tengan relación directa con las materias de extranjería y migración.
Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, ya sean nacionales o internacionales, incluyendo las municipalidades, que digan relación con la ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas de extranjería y migración; así como materias relacionadas con el ingreso, tránsito, residencia, permanencia y egreso del país.
Supervigilar el cumplimiento de la legislación migratoria en el contexto de esta ley y su reglamento.
Supervigilar e instruir a la autoridad contralora de frontera respecto de la forma de aplicar la legislación migratoria y sobre protección de apátridas, refugiados y asilados, en su labor de control, pudiendo para estos efectos dictar las instrucciones que correspondan a dicha autoridad.
Determinar y habilitar los lugares de ingreso y egreso del país.
Generar información migratoria que considere factores como edad, sexo, actividad laboral, situación migratoria, vínculos familiares, entre otros y dictar normas para su integración, administración y almacenamiento por parte de los órganos de la Administración del Estado, con miras al diseño, ejecución y evaluación de los planes y programas en curso y de los futuros. Asimismo, generar indicadores para el seguimiento, medición y evaluación de las políticas públicas en materia migratoria.
Coordinar los Órganos de la Administración del Estado para fomentar el conocimiento, difusión, capacitación y asistencia técnica sobre la legislación migratoria, y la implementación de los planes y programas migratorios.
Ejercer las funciones que le asigna en materia de protección e integración de refugiados la ley Nº 20.430 que Establece Disposiciones Sobre Protección de Refugiados y su reglamento.
En el ejercicio de estas funciones, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública contará con la colaboración inmediata de la Subsecretaría del Interior.
Artículo 132.- Funciones de la Subsecretaría del Interior. Corresponderá a la Subsecretaría del Interior, o a quien este delegue, las siguientes funciones:
Ejecutar y colaborar con el Ministro del Interior y Seguridad Pública en el ámbito de sus atribuciones, en la realización de políticas en materia de extranjería y migración.
Desarrollar acciones y programas correspondientes al Ministerio del Interior y Seguridad Pública destinados a ejecutar la Política Nacional Migratoria, incluyendo programas de incentivo destinados a ello.
Mantener una base de datos actualizada y pública que contenga información sobre los objetivos, metas comprometidas, entidades beneficiadas, presupuestos y acciones realizadas durante la ejecución y evaluación de los planes y programas del Servicio, así como recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre el fenómeno migratorio, sin perjuicio de lo señalado en el Título XIII.
Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales, internacionales o extranjeras, que digan relación directa con la ejecución de las políticas, planes y programas relacionados con extranjeros en Chile, así como materias relacionadas con el ingreso, tránsito, residencia, permanencia y egreso del país, previa autorización del Ministro del Interior y Seguridad Pública.
Resolver el otorgamiento, prórroga y la determinación de la vigencia de los permisos establecidos en esta ley.
Promover la regularidad migratoria y la migración segura.
Disponer la regularización de la permanencia de las y los extranjeros que hubieren ingresado o residan en Chile irregularmente, en casos calificados y concordantes con la Política Nacional Migratoria.
Declarar, en caso de duda, si alguna persona tiene la calidad de extranjero o extranjera; y determinar los casos de personas en situación de apátrida, cuando corresponda.
Aplicar las sanciones administrativas que correspondan a los infractores de esta ley y su reglamento.
Mantener una adecuada comunicación y coordinación técnica con sus funcionarios, como asimismo orientar y controlar las actuaciones administrativas que le son inherentes.
Tramitar las solicitudes de carta de nacionalización.
Coordinar con los demás organismos públicos las acciones que garanticen la aplicación de la presente ley y su reglamento, y dictar las instrucciones necesarias para su correcta aplicación.
Administrar los complejos y pasos fronterizos establecidos o que se establezcan en el territorio nacional, en coordinación con los servicios nacionales de pasos fronterizos.
Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley y el reglamento.
Autoridad Migratoria en el Exterior
Artículo 133.- Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores:
Negociar y suscribir tratados internacionales u otros instrumentos, en coordinación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que contengan disposiciones en materia de carácter migratorio, que se encuentren en conformidad con la Política Nacional Migratoria
Colaborar, junto con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el diseño de las políticas migratorias en concordancia con la Política Exterior del país.
Ejecutar los actos que en materia de migraciones internacionales encomienden las leyes.
Efectuar el seguimiento de los compromisos internacionales en materia de tratados y acuerdos internacionales en materia migratoria.
Representar al Estado de Chile, en coordinación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en los foros internacionales en los que se aborden materias migratorias.
Diseñar y ejecutar la política consular del Estado de Chile en relación con la política nacional migratoria.
Diseñar e implementar la política de vinculación con la comunidad chilena en el exterior.
Llevar el registro de los chilenos y chilenas en el exterior e informarlo a la subsecretaría del interior periódicamente.
Ejercer las funciones que le asigna en la materia la ley N° 20.430 sobre Protección de Refugiados y su reglamento, como asimismo en aquellas materias referidas al asilo, cuando corresponda.
Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomienden las leyes y disposiciones reglamentarias.
Artículo 134.- Otras funciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consulares de Chile en el exterior, tendrá las siguientes funciones en materia migratoria:
Resolver y otorgar los permisos de residencia oficial y llevar el registro de estas mismas.
Resolver y otorgar los permisos de visitantes conforme a lo establecido en la presente ley y su reglamento, los que deberán ser informados a la autoridad migratoria en Chile.
Resolver y otorgar los permisos de residencia temporal, en casos que establezca la presente ley y su reglamento, los que deberán ser informados a la autoridad migratoria en Chile.
Tener a disposición de las y los interesados información relativa a los requisitos de ingreso, estadía y egreso de extranjeros a Chile, así como información referida al proceso de retorno de chilenos y chilenas residentes en el exterior.
Difundir la Política Nacional Migratoria en el exterior.
AUTORIDAD DE CONTROL MIGRATORIO
De la Autoridad de Control Migratorio
Artículo 135.- Autoridad de control migratorio. Corresponderá a Policía de Investigaciones de Chile, ejercer el control fronterizo migratorio de entrada y salida al país; así como también fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en esta ley y su reglamento, y denunciar ante la autoridad migratoria las infracciones de que tome conocimiento, sin perjuicio de adoptar las demás medidas señaladas en la ley.
En aquellos lugares donde no hubiere unidades de Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile cumplirá dichas funciones. Sin embargo, en los puertos de mar en donde no existan dichas unidades serán cumplidas por la Autoridad Marítima a que se refiere la letra c) del artículo 2 del decreto ley N° 2.222, de 1978.
Artículo 136.- Sujeción a las instrucciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En el ejercicio de las funciones de control señaladas en este párrafo, la autoridad que corresponda, sujetará de manera estricta sus actuaciones a las instrucciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a las disposiciones de esta ley y su Reglamento, y a las disposiciones de la ley N° 20.430 que establece disposiciones sobre protección de refugiados y su reglamento, en concordancia con lo dispuesto en la Política Nacional Migratoria.
Artículo 137.- Medidas administrativas de control. En caso de contravención de las disposiciones de la presente ley, Policía de Investigaciones de Chile, en cumplimiento de su función de control migratorio, podrá adoptar alguna de las siguientes medidas de control, respecto de las o los extranjeros infractores:
Fijación de domicilio.
Presentación periódica en sus dependencias.
La retención temporal del documento de viaje del extranjero sólo con el objeto de proceder a la materialización de la medida de expulsión en conformidad a lo establecido en el artículo 109.
La detención en los términos del artículo 109 de la presente ley, y solo para materializar la expulsión del extranjero.
El retiro de la cédula de identidad chilena al momento de materializar la medida de expulsión.
Artículo 138.- Comunicación de medidas de control. En los casos del artículo anterior, Policía de Investigaciones deberá informar a la autoridad migratoria respecto de las medidas de control administrativo adoptadas y los antecedentes relacionados con la infracción.
Artículo 139.- Registro Nacional de Extranjeros. Créase el Registro Nacional de Extranjeros que será administrado por la Subsecretaría del interior. Este registro tendrá carácter reservado, en virtud de lo dispuesto en las Leyes N° 20.285 sobre acceso a la información pública, y N° 19.628 sobre protección de la vida privada.
Sin perjuicio de lo anterior, podrá intercambiarse información con organismos públicos u otros Estados, de acuerdo con las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, siempre que dicho intercambio se realice conforme al ordenamiento jurídico nacional, y que con ello no se infrinja la obligación de confidencialidad consagrada en la ley N° 20.430 que establece disposiciones sobre protección de refugiados.
Artículo 140.- Contenido del Registro. El Registro contendrá la siguiente información:
El registro de ingreso y egreso de extranjeros y extranjeras hacia y desde el territorio nacional.
La identificación de las y los extranjeros que se encuentren en el país, y el domicilio de las y los extranjeros residentes, visitantes y residentes oficiales de conformidad con el artículo 22.
Artículo 141.- Acceso al Registro. La información contenida en el Registro Nacional de Extranjeros estará a disposición de la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y de los consulados y embajadas chilenas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 142.- Modificaciones a otras normas.
Derógase el Decreto Ley Nº 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece normas sobre extranjeros en Chile.
Derógase la Ley N° 19.581, que establece categoría de habitantes de zonas fronterizas.
Derógase el artículo 3º de la Ley Nº 12.927, Sobre Seguridad del Estado.
Agrégase al inciso 1° del artículo 9º del Decreto con Fuerza de Ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ordenanza de Aduanas, a continuación de la expresión “Ministerio de Hacienda”, la frase “el que será suscrito también por los Ministros del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional”, antecedida por una coma (,).
Reemplázase el literal a) del artículo 12 del Decreto con Fuerza de Ley N°29, de 2005, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley N°18.834, Estatuto Administrativo, por el siguiente:
“a) Ser ciudadano o extranjero poseedor de un permiso de residencia.”.
Reemplázase en el Decreto con Fuerza de Ley N° 7.912 de 1927, que Organiza las Secretarías de Estado, en el literal f del artículo 3°, la expresión “la aplicación de las normas sobre extranjeros en Chile”, por la frase: “la aplicación y supervigilancia del cumplimiento de la legislación migratoria”.
Modifícase la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno Interior y Administración Regional en el siguiente sentido:
Elimínase el literal g) del artículo 2°.
Elimínase el literal b) del artículo 4°.
Elimínase el literal c) del artículo 52 del Decreto con Fuerza de Ley N° 22 de 1959 del Ministerio de Hacienda.
Modifícase la ley N° 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados, en el siguiente sentido:
Sustitúyese el numeral 1) del artículo 21 por el siguiente: “1. El Subsecretario del Interior, quien la presidirá”.
Reemplázase en el artículo 24 la expresión “El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración” por la siguiente: “La Subsecretaría del Interior”.
Sustitúyese en el inciso primero del artículo 19 del Código del Trabajo, la frase “ochenta y cinco por ciento” por “setenta y cinco por ciento”.
Artículo Primero.- Permisos de residencia ya otorgados. Los permisos de residencia otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley se asimilarán a los permisos establecidos en esta ley, sin necesidad de dictar un nuevo acto administrativo y tendrán la duración por la cual fueron otorgados, en conformidad con lo siguiente:
Las y los extranjeros que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley hayan adquirido un permiso de permanencia definitiva, se entenderá que adquirieron un permiso de residencia definitiva.
Las y los extranjeros que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley sean beneficiarios de una visación de residencia de estudiante, sujeta a contrato o temporaria, serán asimilados a la categoría de residente temporal.
Toda referencia a la visación de residente temporario y al permiso de permanencia definitiva contenidos en la Ley 20.430 que establece Disposiciones Sobre Protección de Refugiados y su reglamento, se entenderán, desde la fecha de entrada en vigor de la presente ley, como referidas, respectivamente, al permiso de residente temporal y permiso de residencia definitiva.
Tratándose de la visación de residente temporario y del permiso de permanencia definitiva establecidos en la Ley 20.430 que establece Disposiciones Sobre Protección de Refugiados, éstos se asimilarán, respectivamente, desde la fecha de entrada en vigor de esta ley, al permiso de residente temporal y permiso de residencia definitiva.
Artículo Segundo.- Plazo para la dictación de los Reglamentos. Una vez promulgada esta ley, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dispondrá del plazo de un año para la dictación de los reglamentos respectivos, los que contarán además con la firma de los ministros que correspondan de conformidad a esta ley.
Con todo, y sin perjuicio de otras disposiciones de la presente ley, el o los reglamentos que se dicten en relación con las categorías migratorias y sobre la expulsión contenidos en los Títulos III y VI respectivamente, serán establecidos por Decreto Supremo del Ministro del Interior y Seguridad Pública y suscritos por el Ministro de Hacienda.
Artículo Tercero.- Plazo de entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia luego de la publicación del reglamento de migraciones.
Artículo Cuarto.- El gasto fiscal que irrogue esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a los recursos asignados al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida 50 Tesoro Público. Para los años siguientes, dichos gastos se financiarán con cargo a los recursos que consulten anualmente los respectivos presupuestos.”.
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Artículo 11

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Artículo 32

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Artículo 95
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Artículo 97

Artículo 98
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Artículo 99

Artículo 100

Artículo 101

Artículo 102
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Artículo 103
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Artículo 106
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Artículo 109
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Artículo 110
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Artículo 112

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Artículo 118
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