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Timestamp: 2018-02-26 01:56:56+00:00

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IV. PRINCIPIO DE DEFENSA ADECUADA
En sentido general la defensa adecuada comprende la efectiva aplicación de los principios de audiencia y contradicción, este principio en la materia especializada de adolescentes, implica estudiar diversos aspectos, esto es:
Defensa adecuada en sentido estricto
En sentido estricto la defensa adecuada implica que el defensor lleve acabo las acciones procedimentales y legales para el esclarecimiento de los hechos con base en las herramientas jurídicas que las leyes le otorguen; esto es, que de cobertura a otro principio fundamental “el debido proceso”, asesorando al adolescente, ejerciendo el derecho a probar, interponiendo los recursos que considere procedentes, etc.
Un defensor técnico implica que sea idóneo en el cargo, es decir facultado por la ley para ejercer la profesión de licenciado en derecho, con la formación técnica para orientar a un adolescente en conflicto con la ley penal; constituye una actividad esencial del proceso penal pues está confiada a un abogado que lo asiste y asesora jurídicamente y lo representa en todos los actos procesales no personales. La defensa técnica es la de mayor relieve en el procedimiento penal, pudiendo resumirse en las siguientes características principales: a) El derecho a la asistencia letrada consiste en la facultad que tiene el niño de elegir un abogado de su confianza. En virtud de esa misma facultad, puede también revocar el nombramiento del defensor y designar a otro. b) La actuación del defensor no puede colisionar con la voluntad del defendido. El Abogado defiende los intereses del adolescente y como tal se constituye en un alter ego procesal, algo así como el oído y la boca jurídica del adolescente. c) El derecho de defensa es irrenunciable. Si el menor asume una actitud pasiva en el proceso y no quiere defenderse, manifestando su rechazo a la asistencia de letrado, el ordenamiento jurídico prevé la actuación del defensor quien aparece en legitimo mecanismo de autoprotección del sistema. d) La defensa técnica es obligatoria. Debe manifestarse cuando el adolescente ha sido detenido por la policía o cuando no estando en dicha situación ha de producirse el primer interrogatorio.
Defensa integral es el conjunto de sistemas, métodos, medidas y acciones de defensa, cualesquiera que sean su naturaleza e intensidad, que en forma activa formule, coordine y ejecute el defensor en todas las etapas del sistema integral de justicia para adolescentes, con base en que los derechos son para todos los niños sin exclusión alguna, por lo cual deben ser ejercidos en igual forma para los adolescentes en conflicto con la ley penal, procurándose su plena satisfacción, priorizándolos a través de la armonización de esos derechos frente a los de otras personas, con la responsabilidad solidaria de la familia, sociedad y Estado en el cumplimiento cabal de estos principios; todo ello con la finalidad de que los niños logren el desarrollo de un proyecto de vida, aún encontrándose inmersos en el drama penal.
La defensa especializada involucra que los defensores deben poseer conocimientos en los derechos, reglas y principios del sistema de justicia juvenil. Por tanto y como ya se había explicado dentro del principio de especialización se refiere a una cualidad específica exigible al defensor que forma parte del sistema integral de justicia, debe acreditarse, como sucede con otros requerimientos legales exigidos para ejercer cargos o funciones públicas, principalmente de dos formas: a) por medio de una certificación expedida por una institución educativa con reconocimiento oficial, y b) por una práctica profesional en la materia, por un plazo razonablemente prolongado y un prestigio o reconocimiento adquirido en ella, que respalde su conocimiento amplio y actualizado.
La convención sobre los derechos del niño, se refiere a este principio en el artículo 37 inciso d) pues indica todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como en el 40 punto 2 inciso b) subinciso ii) que indica dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa.
Las reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, indican en su regla 7.1 como uno de los derechos de los menores, el asesoramiento, que evidentemente debe ser jurídico aún cuando este instrumento internacional no lo aclare. Así también las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil en su directriz número 57 establece que deben establecerse servicios de defensa jurídica del niño. Por otra parte las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, en su regla 18 inciso a) promueve que los menores tendrán derecho al asesoramiento jurídico y podrán solicitar asistencia jurídica gratuita, cuando ésta exista, y comunicarse regularmente con sus asesores jurídicos. Deberá respetarse el carácter privado y confidencial de esas comunicaciones.
En el ámbito nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 18 relativo al sistema integral de justicia para adolescentes no establece referencia alguna al tema particular, por lo que se sujeta a lo previsto en el artículo 20 apartado B fracción VIII. Así también la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el capítulo del Derecho al debido proceso en caso de infracción a la Ley Penal, prevé en su numeral 45 inciso H que todo aquel adolescente que presuntamente ha infringido las leyes penales, tenga derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y a cualquier otra asistencia adecuada, a fin de salvaguardar sus derechos, por lo que se promoverá el establecimiento de Defensores de Oficio Especializados. Finalmente la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, aun cuando establece algunas de las atribuciones de la Defensoría de los derechos de la infancia del Distrito Federal, no son para la materia de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Ahora bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto ha concretado la tesis aislada 1a. CCXXVI/2013 (10a.) Primera Sala número 2003959 libro XXII, julio de 2013, tomo 1, titulada
DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. ALCANCES Y MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE ACTUALIZA ESTE DERECHO FUNDAMENTAL.
El derecho a una defensa adecuada, contenido en el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), consiste en que el inculpado tendrá derecho a una defensa, por medio de su abogado y a que éste comparezca en todos los actos del proceso, quien tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, lo que se actualiza desde que aquél es puesto a disposición del Ministerio Público; esto es, desde la etapa ministerial deberá contar con la asistencia efectiva del profesional, entendiéndose como tal, la presencia física y la ayuda efectiva del asesor legal, quien deberá velar porque el proceso se siga con apego a los principios del debido proceso, y éste no sea viciado, asegurando a la postre el dictado de una sentencia que cumpla con los requisitos, valores y principios legales y constitucionales que permean en el debido proceso penal; lo que deberá observarse en todas aquellas diligencias o actuaciones y etapas procesales en las cuales es eminentemente necesaria la presencia del inculpado, en las que activa, directa y físicamente participe o deba participar, así como en aquellas en las que de no estar presente, se cuestionarían o pondrían gravemente en duda la certeza jurídica y el debido proceso. Esto es así, porque la defensa adecuada representa un derecho instrumental cuya finalidad es asegurar que el poder punitivo del Estado se desplegará a través de un proceso justo, lo que además busca asegurar que pueda tener garantizados en su integridad sus derechos fundamentales, como lo es no declarar, no autoincriminarse, no ser incomunicado, no sufrir tortura alguna, ni ser detenido arbitrariamente, así como ser informado de las causas de su detención, entre otras.
Así también en la materia especifica para adolescentes se ha pronunciado en la tesis con carácter de jurisprudencia XX.3o. J/2 (9a.) número 160298, libro V, febrero de 2012, tomo 3
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. LA FALTA DE DESIGNACIÓN DE UN DEFENSOR ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, TANTO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA COMO EN EL PROCESO, ORIGINA UNA INFRACCIÓN A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE INVALIDA LAS DILIGENCIAS RECABADAS, EN CONTRAVENCIÓN AL DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconocer como nota esencial distintiva del nuevo sistema integral de justicia para adolescentes implementado con la reforma del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005, el derecho a que sean procesados por funcionarios especializados. En efecto, al adolescente se le reconoce un cúmulo de garantías en el procedimiento que debe ser de corte garantista y acusatorio, resultado de la necesidad de implementar un debido proceso legal que amplíe la esfera de derechos de los menores. Acorde con ello y con el derecho a una defensa adecuada prevista en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Carta Magna, la Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en el Estado de Chiapas, prevé en su artículo 141, fracción X, que el defensor debe ser especializado; por tanto, para cumplir con dichas garantías, la representación social durante la fase de averiguación previa y el Juez en el proceso, deben cuidar que, en todo momento, desde que el adolescente es puesto a disposición, se encuentre asistido de un abogado especializado en la materia, con independencia de que haya designado persona de su confianza, abogado particular o defensor social, pues en el caso del Estado, éste se encuentra obligado a tener defensores especializados, y si cualquiera de los dos primeros no tuviera especialización, debe nombrarse defensor especializado que coadyuve con éstos, con lo cual se otorga una real y efectiva asistencia legal; así, la falta de designación de un abogado defensor especializado, origina una infracción a las formalidades esenciales del procedimiento que invalida las diligencias recabadas en contravención con dicha garantía (declaración ministerial, preparatoria, entre otras), las que no podrán tomarse en cuenta para el dictado del auto inicial de sujeción a proceso, menos aún para una sentencia de condena.

References: artículo 37
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 20
 ARTÍCULO 20
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 141