Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421387.html
Timestamp: 2019-03-27 02:35:22+00:00

Document:
as201421387
Auto Supremo: 387/2014
Expediente: CH –27 – 14 - S
Partes: Roberto Rómulo Coronado Díaz. c/ Felipe Mario Nava Ortiz y Lidia
Ferreira Romero de Nava
Proceso: Restitución de inmueble, pago de daños y perjuicios y retiro de
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 408 a 411 interpuesto por Roberto Rómulo Coronado Díaz contra el Auto de Vista Nº 161/2014 de 04 de abril de 2014 de fs. 401 a 404 y vta.. pronunciado por la Sala Civil y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de restitución de inmueble, pagos de daños y perjuicios y retiro de construcciones seguido por el recurrente contra Felipe Mario Nava Ortiz y Lidia Ferreira Romero de Nava; la respuesta al recurso de fs. 414 y vta; el Auto de concesión de fs. 419 de 28 de abril de 2014; los antecedentes del proceso; y:
Del contenido del memorial de demanda de fs. 19-21, subsanada de fs. 25 y 29-30, en lo esencial se resume lo siguiente: el demandante indica ser propietario del lote de terreno Nº 48 de 522 mts2., ubicado en el Manzano 5 ex fundo Garcilaso con Matrícula actual 1011990029670 y que su amigo de familia Silverio Ramos Herrera aprovechando su ausencia procedió a realizar la transferencia del indicado lote con número incorrecto (Nº 40) en base al poder falso Nº 161/1965 faccionado en la ciudad de La Paz y posteriormente se realizaron varias transferencias de manera fraccionada, la primera fracción de 244,80 mts2. estaría siendo ocupado de manera ilegal por los esposos Felipe Mario Nava Ortiz y Lidia Ferreira Romero de Nava; ante esa situación demandó la nulidad de todas esas transferencias logrando en diciembre del 2004 sentencia a su favor donde se habría declarado nulas sin valor legal todas las transferencias cancelándose los registros en DD.RR.; en base a esos antecedentes y al amparo del art. 547 del Código Civil interpone la indicada demanda en contra de los nombrados esposos Nava-Ferreira pidiendo la restitución de 244,80 mts2., de terreno.
Sustanciado el proceso en primera instancia con varias nulidades de por medio, el Juez 7º de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, mediante Sentencia Nº 44/2013 de 20 de septiembre de 2013 cursante de fs. 337 a 339 y vta. (2ª Sentencia), declaró probada en parte la demanda de fs. 19 a 21 subsanada de fs. 25 y 29 a 30, sin lugar al retiro de las construcciones y el pago de daños y perjuicios, disponiendo la restitución del inmueble que fue objeto de litis a favor del demandante, sin embargo al considerar la imposibilidad de la restitución de dicho inmueble así como de las construcciones, alternativamente dispuso que en ejecución de sentencia se proceda con la cancelación del precio de la construcción o en su defecto se cancele el precio del terreno previa valuación de los mismos por un perito a ser nombrado de oficio.
En apelación la indicada Sentencia Nº 44/2013 interpuesto por los demandados, la Sala Civil y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista Nº 161/2014 de 04 de abril de 2014 de fs. 401 a 404 y vta., (3º Auto de Vista), revocó totalmente la sentencia apelada y en consecuencia declaró improbada en todas sus partes la demanda; en contra de esta resolución de segunda instancia, el demandante recurre en casación en el fondo y en la forma.
Del contenido del recurso de casación y ordenando en lo esencial los argumentos del recurrente, se resume lo siguiente:
II.1. En la forma, indica que el Ad quem tomó lo que le conviene para revocar la sentencia, ya que el apoderado de los demandados habría manifestado que sus representados viven en Estocolmo-Suecia por más de 30 años, entonces como podrían haber poseído el inmueble para lograr una sentencia de usucapión a su favor toda vez que nuestra ley exige la posesión física y personal del que demanda la usucapión.
Que, su persona habría presentado informe y folio real actualizado de DD.RR. con el cual demostró que su persona sigue siendo dueño del lote de terreno de 522 mts2., y que la fraudulenta sentencia de usucapión seguida por Felipe Mario Nava Ortiz no afectó su derecho propietario, sin embargo el Tribunal habría indicado que no demostró su derecho propietario.
II.2. En el fondo, indica que el Abogado Defensor como el apoderado nunca hicieron referencia a las construcciones y en esta etapa del juicio sabiendo que corresponde la restitución del terreno, recién quieren hacer valer sus clandestinas construcciones.
Que, el Ad quem habría afirmado que la sentencia de usucapión es del año 2007 (posterior a la nulidad de las transferencias), pero no tomó en cuenta que esa sentencia fue inscrita en otro folio real sin afectar su derecho propietario, encontrándose a la fecha plenamente vigente la única Matrícula Nº 1011990029670 y por consiguiente su persona sigue siendo propietario de los 522 mts2., aspecto que se encontraría plenamente demostrado con certificación y folio real actualizado de DD.RR.
Indica que el Tribunal valoró como prueba lo que le conviene, sin referirse a las otras que están dentro de los puntos de hecho a probar fijados para su persona; en otra parte de su recurso indica que se debería haber rechazado la prueba de los demandados al no cumplir con el art. 380.1) del Código de Procedimiento Civil.
En el resto de su recurso realiza una descripción de antecedentes de los hechos ocurridos los cuales también se encuentran consignados en su memorial de demanda, reiterando que no existe ninguna sentencia de usucapión que haya afectado su derecho propietario, siendo una posición falsa del Tribunal de que no existe su derecho propietario, pretendiendo utilizar folios reales diferentes.
Finalmente indica que existe mala apreciación de la prueba y errónea aplicación de la ley, acusando al Auto de Vista recurrido que existe una serie de confusiones y ante el hecho de estar demostrado su derecho propietario, corresponde la restitución de su inmueble.
En base a esos antecedentes concluye invocando únicamente que se CASE el Auto de Vista recurrido.
Al haber sido interpuesto recurso de casación en ambas modalidades, se pasa a considerar dichos recursos en el orden en que fueron expuestos.
El recurrente indica que el Ad quem tomó lo que le conviene para revocar la sentencia, ya que el apoderado de los demandados habría manifestado que sus representados viven en Estocolmo-Suecia por más de 30 años, entonces como podrían haber poseído el inmueble para lograr una sentencia de usucapión a su favor toda vez que la ley según criterio del recurrente exigiría la posesión física y personal del que demanda la usucapión.
Por otra parte indica que presentó informe y folio real actualizado de DD.RR. con el cual demostró que su persona sigue siendo dueño del lote de terreno de 522 mts2. y que la fraudulenta sentencia de usucapión seguida por Felipe Mario Nava Ortiz no afectó su derecho propietario, sin embargo el Tribunal habría afirmado que no demostró su derecho propietario.
Al respecto se debe indicar que este Tribunal Supremo de Justicia en reiterados Autos Supremos ha establecido que el recurso de casación en la forma procede por errores de procedimiento que infringen las normas de derecho material, el debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales sancionadas expresamente con nulidad por la ley, denominado en doctrina “error in procedendo”, o cuando la resolución recurrida es manifiestamente incongruente y dependiendo del vicio procesal la nulidad puede recaer sobre la resolución recurrida propiamente dicha o del proceso como tal, siendo ésta la finalidad que persigue el recurso de casación en la forma, debiendo en todo caso tenerse en cuenta los principios que rigen las nulidades procesales.
En el caso presente, los argumentos del recurrente están referidos a cuestionar la posesión del inmueble y la sentencia de usucapión y por otra parte hace referencia a su derecho de propiedad, aspectos que corresponden al fondo y por consiguiente no deberían ser reclamados en recurso de casación en la forma; al margen de ello, los argumentos son muy subjetivos sin ningún sustento legal que no se acomoda a ninguna de las causales del art. 454 del Código de Procedimiento Civil; simplemente manifiesta su disconformidad con el fallo sin realizar la fundamentación necesaria ni contiene el recurso de casación en la forma petición alguna y por tanto no se sabe que es lo que pretende el recurrente, si es la nulidad de la resolución recurrida o la nulidad del proceso; frente a esa situación el recurso en la forma deviene en improcedente.
En el fondo el recurrente cuestiona la posición asumida por el Abogado Defensor de Oficio y del apoderado indicando que nunca hicieron referencia a las construcciones en el inmueble y en esta etapa del juicio recién pretenderían hacer valer esas construcciones clandestinas; al respecto corresponde indicar que según el art. 250 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación tiene por finalidad atacar la Sentencia o Resolución definitiva y por consiguiente los fundamentos del recurso deben circunscribirse a cuestionar de manera crítica y razonada la resolución judicial y no así la posición asumida del adversario cual se tratara de una contestación a una demanda o recurso.
Al margen de ello, en el caso presente habrá que tomar en cuenta que la defensa de los demandados inicialmente estuvo a cargo de un Defensor de Oficio nombrado por el Juez de la causa, quien no contaba con todos los antecedentes y los hechos ocurridos toda vez que los demandados se encontraban ausentes y no existía quien pueda proporcionar esos datos a detalle para que asuma una adecuada defensa y contestó la demanda en base a los datos que tenía a su alcance, limitándose a velar sobre todo de que no exista vulneración a los derechos de los demandados y consiguientemente no se le puede exigir al Defensor más allá de esa situación, por lo que el argumento del recurrente respecto a este punto resulta impertinente y fuera de contexto legal.
Por otra parte, en el recurso de casación se indica que el Ad quem habría afirmado que la sentencia de usucapión es del año 2007 y que no tomó en cuenta que esa sentencia fue inscrita en otro folio real sin afectar su derecho propietario, encontrándose a la fecha plenamente vigente como única Matrícula la Nº 1011990029670 y por consiguiente su persona seguiría siendo propietario de los 522 mts2. de terreno, aspecto que se encontraría plenamente demostrado con certificación y folio real actualizado de Derechos Reales.
Si bien el recurrente a través de un anterior proceso ordinario de nulidad de venta de inmueble seguido contra varias personas donde fue incluido el actual codemandado Felipe Mario Nava Ortiz, proceso tramitado por ante el Juzgado Primero de Partido en lo Civil que declaró probada la demanda, cuya Sentencia Nº 533/2004 cursa en fotocopia simple a fs. 11 y vta., con su respectivo Auto de ejecutoria de fecha 10 de febrero de 2005 (fs. 12 vta.), y como consecuencia de ello se anuló varias transferencias y partidas, entre estas la partida que correspondía a Felipe Mario Nava Ortiz dejando sin efecto la Matrícula 1011990012478 (fs. 2).
Sin embargo, posterior a la ejecutoria de la indicada sentencia de nulidad de ventas, Felipe Mario Nava Ortiz y Lidia Ferreira de Nava en fecha 30 de junio de 2005 mediante apoderado inician demanda de usucapión decenal contra el hoy recurrente (Rómulo Coronado Díaz) con respecto al mismo inmueble con Matrícula 1011990012478 de 244,80 mts2., del cual anteriormente fueron titulares, proceso tramitado por ante el Juzgado Primero de Partido en lo Civil llegándose a dictar la Sentencia Nº 14/2007 de 08 de febrero de 2007 que cursa en fotocopia legalizada de fs. 46 a 47 y vta., que declara probada la demanda de usucapión y ejecutoriada la misma el 16 de marzo de 2007 conforme se evidencia por la certificación de fs. 51, registrándose dicha Sentencia en DD.RR. mediante provisión ejecutoria, el 28 de febrero de 2008 bajo la Matrícula computarizada 1.01.1.99.0046088 tal como da cuenta la certificación original de fs. 345 y el folio real de fs. 346.
Como se podrá advertir, los demandados de este proceso nuevamente volvieron a adquirir el mismo inmueble a través de una nueva forma como es la usucapión decenal prevista en el art. 138 del Código Civil, adquisición que se considera legal toda vez que la usucapión conforme determina el art. 110 del mismo cuerpo normativo, constituye uno de los modos originarios de adquirir la propiedad; demanda que al haber sido dirigida contra el ahorra recurrente aunque con nombre incompleto, pero se trata de la misma persona toda vez que coincide el número de cédula de identidad conforme se evidencia por las literales de fs. 2, 3, 6, 118 con relación al memorial de demanda de fs. 19, y al existir sentencia ejecutoriada de usucapión, ésta tiene sus alcances y surte sus efectos conforme al art. 1451 del Código Civil y 194 de su Procedimiento.
El hecho de que se mantenga vigente el registro del derecho propietario que refiere el recurrente, no tiene naturaleza constitutiva del derecho de propiedad, simplemente surte sus efectos de publicidad conforme determina el art. 1538 del Código Civil; sin embargo en el caso de Autos debe tenerse presente que la usucapión como tal tiene un doble efecto, adquisitivo para el demandante y extintivo para el demandado de usucapión, consiguientemente para el demandado con la declaración judicial de usucapión y una vez ejecutoriada la sentencia, se extinguió el derecho de propiedad sobre el bien inmueble y en contrapartida el demandante adquirió ese derecho de propiedad, siendo el registro en Derecho Reales simplemente de carácter publicitario conforme se tiene indicado; de tal modo que la afirmación del recurrente de que la sentencia de usucapión no habría afectado su derecho propietario y su registro por el hecho de que la misma se procedió a registrar con otro folio distinto, no tiene ninguna relevancia jurídica ni puede deslegitimar el derecho de propiedad de los demandados respecto al terreno de 244,80 mts2. que adquirieron por usucapión; pues al haberse consolidado sus derechos a través de esa vía, Automáticamente ha quedado extinguido el derecho propietario del recurrente con respecto a esa fracción sin que sea necesario la cancelación de ese registro en Derechos Reales, precisamente por el efecto extintivo que tiene la usucapión conforme lo ha establecido de manera uniforme la jurisprudencia ordinaria.
Con respecto a que el Ad quem habría valorado la prueba que le conviene, sin referirse a las demás pruebas relacionadas a los puntos de hecho a ser probados para el demandante (recurrente); este aspecto no es evidente ya que del contenido del Auto de Vista recurrido se advierte que el Ad quem sin desmerecer la prueba aportada por el recurrente, determinó que existe Sentencia ejecutoriada que reconoce como nuevo derecho propietario debidamente publicitado en Derechos Reales a favor de los demandados de este proceso con relación al terreno de 244,80 mts2., sentencia que emerge del proceso de usucapión tramitado con posterioridad a la demanda de nulidad de ventas que siguió el hoy recurrente; dentro de ese contexto gira el razonamiento realizado en el Auto de Vista lo cual se considera correcto, toda vez que ante la existencia de la indicada sentencia que tiene efecto adquisitivo para los demandantes de usucapión y extintivo para el demandado en aquel proceso, no se puede desconocerse el derecho propietario de los hoy demandados a menos que dicha sentencia se la deje sin efecto a través de los mecanismos y recursos procesales que establece la ley.
En cuanto a la afirmación de que debería rechazarse la prueba de los demandados al no cumplir con el art. 380.I del Cód. Pdto. Civ.; este argumento no corresponde ser reclamado en recurso de casación en el fondo por tratarse de un aspecto de forma que tiene relación con el procedimiento, ni mucho menos fue reclamado ni impugnado en el momento oportuno de la admisión de la prueba.
Finalmente, en cuanto a la mala apreciación de la prueba y errónea aplicación de la ley que refiere el recurrente, tampoco es evidente esta situación ya que como se tiene indicado en el Auto de Vista recurrido se realiza un razonamiento correcto de los antecedentes del proceso estableciendo que existe la Sentencia ejecutoriada del proceso de usucapión en la cual respalda su decisión el Ad quem, cuyas literales cursan de fs. 46 a 50 en fotocopias debidamente legalizadas, más la certificación original de fs. 51, mismas que tienen todo el valor probatorio reconocido por ley Sustantiva y Adjetiva de la materia. Por otra parte, en cuanto a la errónea aplicación de la ley, el recurrente simplemente de manera general refiere ese aspecto y no especifica cuál de las disposiciones legales habrían sido incorrectamente aplicadas, sin embargo de la revisión del contenido de la resolución recurrida, no se advierte que el Ad quem hubiera incurrido en esa situación.
Por todo lo fundamentando, corresponde emitir Resolución en la forma prevista por el art. 271 num. 1 y 2) del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I numeral 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 1) y 272 del Código de Procedimiento Civil declara: IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma y conforme a los arts. 271 num. 2) y 273 del mismo Código Adjetivo de la materia declara: INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, ambos interpuestos por Roberto Rómulo Coronado Díaz contra el Auto de Vista Nº 161/2014 de 04 de abril de 2014 de fs. 401 a 404 y vta., pronunciado por la Sala Civil y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas.
Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 700 (Setecientos 00/100 Bolivianos).

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución