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Timestamp: 2017-10-17 05:59:49+00:00

Document:
Jueces Dominicanos para la Democracia: 2011
Comunicado FLAM por Actos de espionaje
Comunicado FLAM
WEB FLAM
Los actos de espionaje practicados contra la magistrada Katia Miguelina Jiménez, en cuyo despacho se colocó subrepticiamente un micrófono, constituyen un severo agravio a la independencia de laJusticia que no admite sea tolerado pasivamente por la comunidad judicial de América Latina.
Un atentado de esa naturaleza merece el repudio de la sociedad en su conjunto dado que conmueve las bases del sistema democrático de gobierno por lailegal intromisión en el ejercicio de las altas funciones de un miembro de uno de los poderes del Estado, cuya misión primordial es custodiar los derechos de las personas y garantizar la paz social.
La Federación Latinoamericana de Magistrados, órgano consultor de la Organización de Estados Americanos, reclama de las autoridades de la República Dominicana que el hecho sea debidamente investigado y se individualice a sus responsables, para evitar que en el futuro se reiteren actos de esa naturaleza, a la vez que exige que se garantice la seguridad personal de la magistrada Jiménez y de su familia.
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MANIFIESTO PUBLICO DE LA ASOCIACION JUECES DOMINICANOS PARA LA DEMOCRACIA (JUDEMO) A LOS HONORABLES MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA (CNM)
En la actualidad, la República Dominicana transita por un momento de gran significado institucional, máxime cuando el primer ejecutivo de la nación, Dr. Leonel Fernández Reyna, ha procedido a convocar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en su condición de Presidente del referido órgano, para sesionar en fecha 11 de agosto de 2011, en razón de que en esa ocasión se procura poner en marcha el proceso de selección de los jueces de las Altas Cortes, es decir, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), cuyos integrantes, según el mandato de la Constitución proclamada el día 26 de enero de 2010, tienen que ser nombrados por tal entidad de derecho público.
Ante la convocatoria del CNM, en cuya primera sesión de trabajo habrá de abocarse a votar el reglamento de operatividad institucional, así como determinar los criterios de evaluación de los jueces de la SCJ, que aún no han alcanzado la edad de retiro obligatorio. De cara al cumplimiento de ese trámite previo, la Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO), a través de este manifiesto, aboga por un adecuado sistema de calificación valorativa, selección y nombramiento de los integrantes de las Altas Cortes, en busca de propiciar la transparencia y participación plural, garantías mínimas que suelen prevalecer en toda sociedad democrática.
Así, cumpliendo con estos recaudos mínimos, se puede garantizar de antemano el funcionamiento efectivo de las Altas Cortes, vale decir, el Tribunal Constitucional, órgano vital para el desarrollo institucional de la nación, el Tribunal Superior Electoral, entidad llamada a dirimir los conflictos electorales, y la Suprema Corte de Justicia, máxima autoridad del Poder Judicial.
JUDEMO, siendo la voz de representación política de los jueces colectivamente organizados, tras advertir que en la ocasión se trata de un proceso vinculado con el sistema de carrera judicial, se permite proponer al CNM un cúmulo de sugerencias que más adelante serán enunciadas, con miras a fortalecer nuestra democracia, bajo los principios previamente mencionados, de suerte que la escogencia de los integrantes de las Altas Cortes sea el resultado del consenso, en procura de propiciar la designación de jueces probos, independientes, capacitados y comprometidos con el ejercicio de un ministerio que trascienda la mera solución de litigios, en tanto que la función judicial queda encuadrada dentro de la trilogía de potestades estatales. Así, plenamente convencidos de nuestro papel histórico frente al momento especial por el que transita la nación, nos urge dar a conocer las propuestas siguientes:
1) Convocar a sesión de trabajo permanente, donde cada uno de los miembros del CNM pueda intervenir con apego al debido proceso, bajo el amparo de los principios de oralidad, concentración, continuidad y publicidad.
2) Reglamentar los criterios de evaluación y selección de los integrantes de las Altas Cortes, de suerte que tales pautas del debido trámite, antes de aprobarse puedan ser socializadas, a través de una discusión abierta donde participen ciudadanos responsables, los jueces de carrera, las academias, la sociedad civil, y otras personas que individual o colectivamente deseen intervenir. Esto así, para asegurar designaciones que obedezcan a condiciones objetivas y estrictamente meritocráticas de los candidatos postulados a ocupar tales cargos.
3) Aplicar el régimen de cuotas previsto en el artículo 180 de la Constitución, cuya interpretación indica que de los 16 jueces por designar en la SCJ, doce (12) de ellos, o sea, las tres cuartas partes, habrán de escogerse de los que pertenezcan a la carrera judicial, y los cuatro (4) restantes, vale decir, una cuarta parte, serán nombrados por libre elección, entre profesionales y académicos del derecho. Los primeros son aquellos que puedan probar su condición en la judicatura mediante la certificación que los acredite como Juez o Jueza de Carrera, tras haber sido ingresados o incorporados a dicho sistema según los criterios de la ley que rige la materia, y para cuya evaluación deberían ser observadas pautas similares a las que se trazan en los Arts. 21 y 27 de la Ley de Carrera Judicial, considerándose muy especialmente, su desempeño, méritos y trayectoria.
4) Tomar en cuenta la integración plural como característica propia de la democracia. En consecuencia, se insta al CNM para que la composición de cada una de las Altas Cortes sea un espejo donde se refleje el pluralismo ideológico de la sociedad para dar cabida en el seno de tales tribunales a diferentes ópticas de ver la realidad, la biodiversidad de pensamiento, intereses e ideas entre sus miembros.
5) Permitir la participación activa de la ciudadanía para presentar candidaturas, así como para objetar candidatos propuestos, siempre que ambas posibilidades sean reguladas, según lo previsto en el artículo 14 de la Ley No. 138-11, sobre el estatuto orgánico del CNM, lo cual evitaría que se desvirtúe el debido trámite administrativo, de suerte que no devenga en una “cacería de brujas”. Por el contrario, las impugnaciones han de ejercerse, basadas en criterios objetivos, y resueltas en tiempo oportuno, tras respetar el derecho de contestación de la parte impugnada.
6) Evitar la condición dual de ser juez y parte en el CNM, por el carácter deliberativo de este órgano, cabe precisar que ninguno de los miembros de dicho consejo debería someter candidatos o lista de candidatos para elegirse como integrantes de las Altas Cortes, pues con ello el postulante pierde la ponderación propia de un ente decisorio enteramente desinteresado, y contrariamente actuar movido por unos intereses espurios, lo cual podría mutilar el proceso y socavar el principio de equidad.
7) Respetar el criterio de paridad de género en la conformación de las Altas Cortes, a fin de permitir una selección menos desigual en relación con aquéllas a las que se suele arribar en los estamentos de máxima dirección y jerarquía, pues a pesar de los avances registrados en el Poder judicial, persiste cierto desequilibrio en las posiciones superiores del escalafón judicial, según muestran las estadísticas disponibles. Verbigracia, de 189 jueces de Cortes de Apelación y equivalentes a nivel nacional, sólo 70 son del género femenino, cifra numérica representativa de un 37%. Y, en la SCJ, de 16 jueces, apenas 4 son mujeres para un veinticinco por ciento (25%).
8) Definir objetivamente los criterios de evaluación de los jueces de la SCJ que aún no alcanzan la edad de retiro obligatorio, es decir, determinar los parámetros de valoración para su eventual confirmación.
En la Ciudad de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, a los ocho (8) días del mes de agosto del año dos mil once (2011).
Katia M. Jiménez Martínez (Presidente)
Daniel J. Nolasco Olivo (Secretario)
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Video Institucional Judemo
Este es el video institucional que resume los objetivos de nuestra asociación.
Jueces Dominicanos para la Democracia, porque juntos podemos ser más justos.
Publicado por Jueces Dominicanos para la Democracia en 20:56 No hay comentarios:
Publicado por Jueces Dominicanos para la Democracia en 15:33 No hay comentarios:
Dando cumplimiento al Art. 3 de nuestros estatutos viajamos a Recife, Brasil, impulsando nuestras relaciones con otras asociaciones de jueces de otros países y con la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Magistrados (FLAM) y el Grupo IBA de la Unión Internacional de Magistrados (UIM).
Publicado por Jueces Dominicanos para la Democracia en 15:20 No hay comentarios:
La Democracia está penetrando en el Poder Judicial
Interesante artículo en el cual el destacado jurista Francisco Alvarez Valdez analiza el significado del surgimiento no sólo de Jueces Dominicanos para la Democracia, sino del Consejo del Poder Judicial.
Publicado por Jueces Dominicanos para la Democracia en 16:33 No hay comentarios:
Noticias, * | vie, 29-abr 10:10 Por: Amaurys Florenzán
“Un juez que tenga una posición frente a la reforma procesar penal, una posición frente al tema de la seguridad ciudadana, una posición frente al tema de los feminicidios. Eso es solo política en el buen sentido de la palabra”, consideró este viernes que el jurista Jorge Prats.
Publicado por Jueces Dominicanos para la Democracia en 16:00 No hay comentarios:
Leer desde Acento.com.do
Resulta una coincidencia significativa el hecho de que sea precisamente el 1ro. de mayo cuando la Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO) arriba a su primer mes de existencia, lo cual debe interpretarse como un buen augurio.
Como se recordará, el 1ro. de mayo es una fecha emblemática en la que se conmemora en muchos países el origen del movimiento obrero moderno, pudiendo afirmarse que se trata de una fiesta reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general.
Pero vale resaltar que aunque JUDEMO no es un sindicato de trabajadores propiamente, sino una asociación de profesionales, sin fines de lucro y eminentemente apartidista, que persigue la independencia del Poder Judicial, no deja de ser una significativa coincidencia que la indicada fecha sea tan importante para el reconocimiento de derechos.
Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores en aquél momento era la jornada de 8 horas. Se propusieron luchar por hacer valer la máxima: «ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa». En este contexto, específicamente en 1829, se produjeron varios movimientos de trabajadores siendo en Chicago, Estados Unidos, donde se hace una proclama que convocaba a un acto de protesta, a la que siguió la denominada Revuelta de Haymarket.
Algo parecido ha acontecido con el asociacionismo judicial en el mundo, cuyos orígenes fueron extremadamente difíciles en muchos de los países en donde ya se ha consolidado, llegándose a convertir en una herramienta necesaria y eficaz para el fortalecimiento no sólo del Poder Judicial, sino del Estado Constitucional.
Publicado por Jueces Dominicanos para la Democracia en 8:31 No hay comentarios:
Independencia judicial. Mucho más que un principio - Acento
Interesante artículo en el que la magistrada Katia Miguelina Jiménez, Presidenta de la Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO) analiza la importancia e implicaciones de la independencia judicial y los mecanismos para preservarla.
Publicado por Jueces Dominicanos para la Democracia en 11:50 No hay comentarios:
Compilación: Katia M. Jiménez Martínez.
Publicado por Jueces Dominicanos para la Democracia en 14:50 No hay comentarios:
Asamblea general de la FLAM - 2008
Campeche, México, abril de 2008
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS MÍNIMOS
SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LOS PODERES JUDICIALES Y DE LOS JUECES EN AMÉRICA LATINA
L a afirmación de la protección de los derechos humanos requiere de la posibilidad de reclamar su reconocimiento en la justicia. La titularidad de un derecho no es completa, y el derecho mismo no cumple cabalmente la función que promete, si no es posible reclamar por él frente a su desconocimiento por terceros o por parte de los mismos Estados.
Es por ello que la acción judicial forma parte del núcleo esencial de cada derecho, que sin ella, no existen, están mutilados, es precisamente allí donde la promesa se debe convertir en realidad.
La sanción de instrumentos internacionales, tales como las Convenciones, Tratados y Pactos sobre protección de los Derechos Humanos ha significado un importante avance en la consolidación del Estado de Derecho y en la protección de las libertades y demás derechos fundamentales de los hombres.
Algunos de estos instrumentos incluyeron de modo expreso las garantías judiciales, como garantías institucionales que obran de presupuestos para poder reclamar la operatividad de los demás derechos; tal es el caso, por ejemplo de la Convención Americana sobre Protección de Derechos Humanos, que en su artículo 8 establece una enunciación de garantías judiciales, que se
complementa con las previsiones del Artículo 25 por las cuales se reconoce como tales, entre otras, el derecho a la tutela judicial efectiva, a cargo de un juez independiente e imparcial, el que
deberá pronunciarse sobre el caso en un plazo razonable.
Estas garantías, con diferente formulación también pueden verse en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14. Dichas garantías judiciales presuponen una determinada capacidad y calidad de respuesta judicial, que necesariamente debe ser afianzada con condiciones estructurales mínimas que eviten que en los hechos, las garantías establecidas en los instrumentos de protección de los derechos humanos, queden en el plano declamativo, por no contar los poderes judiciales en general, y los jueces en particular con los soportes objetivos que los habiliten a actuar del modo que les es señalado como debido.
Es entonces por ello, que en el entendimiento que la independencia de los poderes judiciales y la independencia e imparcialidad de los jueces, es condición previa y necesaria para la vigencia real de los derechos fundamentales.
I- PRINCIPIOS GENERALES.
1.- Los derechos fundamentales y las libertades de los individuos reconocen como reaseguro de protección, el derecho a la tutela judicial efectiva, a cargo de jueces independientes e imparciales, pertenecientes a poderes judiciales igualmente independientes, que cuenten con las condiciones que les permitan asegurar a los magistrados aquellos presupuestos objetivos para el ejercicio de la jurisdicción con las calidades señaladas. Los Estados firmantes se comprometen a asegurar de modo permanente el respaldo de los poderes políticos del Estado a la consolidación de la independencia de los poderes judiciales y de los jueces, evitando toda acción o decisión que pueda condicionar política, económica, social o funcionalmente la independencia del poder judicial como poder del Estado, o la de los jueces.
Asimismo asumen el compromiso de adoptar las decisiones y acciones que mejor contribuyan a los señalados propósitos, asegurando condiciones favorables para el mejor ejercicio de la magistratura
independiente e imparcial, solo sujeta a la Constitución y la ley, con estricto respeto al principio de jerarquía normativa y libre de toda presión, condicionamiento o injerencia indebida externa.
2.- Siendo la independencia e imparcialidad del juez concreto, indispensable para el ejercicio de la función jurisdiccional, estas cualidades deben ser preservadas en el ámbito interno de los Poderes Judiciales, de modo que no resulten directa o indirectamente afectadas por ejercicio de actividades
disciplinarias, de enjuiciamiento o de gobierno del propio poder.
Se debe garantizar a los jueces que por su actividad jurisdiccional, por como decidan los casos a ellos confiados, no serán ni premiados ni castigados, estando dichas decisiones solo sujetas a la revisión de los tribunales superiores conforme lo indique el respectivo derecho interno.
II- CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE LOS PODERES JUDICIALES.
a) Que los jueces de los máximos tribunales sean seleccionados con criterios que resguarden su absoluta independencia, en especial respecto de los demás poderes del Estado y de las fuerzas políticas. Preferente y principal criterio de selección será el demostrado conocimiento del derecho en el ejercicio de la judicatura, la abogacía, la docencia jurídica u otra actividad afín, y el compromiso con el aseguramiento de los derechos fundamentales y las garantías judiciales.
b) Que lo atinente a la gestión administrativa y disciplinaria de los integrantes de la judicatura y la función judicial sea incumbencia exclusiva del propio poder judicial, los que la organizarán mediante órganos de autotutela, políticamente independientes, integrados por una parte
s u s t a n c i a l y r e p r e s e n t a t i v a d e j u e c e s constitucionalmente designados preferentemente de carrera judicial, con organización y actuación aseguradora del gobierno autónomo del Poder Judicial y actuación independiente e imparcial de los jueces y tribunales.
c) Que para el cumplimiento de los cometidos constitucionales, sean los Poderes Judiciales los que
fijen la política judicial, debiendo contar con los recursos suficientes que le permitan actuar con independencia, celeridad y eficacia. Para ello se le debe reconocer la facultad de elaborar su propio presupuesto y participar en todas aquellas decisiones relativas a los medios materiales para su actuación.
e) Frente a ataques a la independencia de los Poderes Judiciales, o de los jueces, los poderes políticos asumirán, dentro del marco de las respectivas competencias, y en el ejercicio de las atribuciones que les son propias, todas aquellas determinaciones y acciones necesarias para asegurarla.
III.- CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LOS JUECES
6.- CARRERA JUDICIAL.
Todo Estado miembro debe instaurar la carrera judicial. El ingreso a la judicatura y la carrera judicial se ajustarán a las siguientes reglas rectoras:
a) La selección y promoción de jueces debe regirse por procedimientos públicos y transparentes, basados en criterios de ponderación, de capacitación, antecedentes e idoneidad profesional.
c) Los jueces de 1° Instancia (o de equivalente categoría) deberán seleccionarse en pruebas públicas, abiertas a Abogados o Licenciados en Derecho. En lo posible, como condición para la postulación, o en todo caso, previo al desempeño del cargo, se habilitará un curso o período de
formación administrado por el Poder Judicial.
7.- GARANTÍAS E INCOMPATIBILIDADES.
b.1.- Han de ser nombrados a título definitivo, no pudiendo serlo a plazo.
b.2.- Son inamovibles no pudiendo ser trasladados o ascendidos (salvo que lo postulen voluntariamente) o removidos, suspendidos, licenciados, desposeídos, separados o de cualquier otra forma apartados del ejercicio de la función en el lugar asiento de su designación, salvo los casos taxativamente descritos en la ley, mediante proceso de enjuiciamiento de su conducta, en proceso contradictorio y con amplias garantías de defensa.
b.5.- No podrán ser nombrados para comisiones de servicio extrañas al Poder Judicial sin su expreso consentimiento y en la medida que las mismas no confronten las reglas generales de incompatibilidad.
8.- CAPACITACIÓN.
La evolución dinámica del ordenamiento jurídico y las nuevas realidades y desafíos que se deben afrontar en la actividad judicial imponen a la capacitación de los jueces, tanto un derecho como un deber, debiendo asegurarse que:
9.- REMUNERACIONES Y RÉGIMEN PREVISIONAL.
Las remuneraciones establecidas para los jueces y el régimen previsional, deben permitir el ejercicio de la función, en exclusiva, libre de condicionamientos, sin instrumentalización de medidas de perjuicio o beneficio en función de pretensiones de injerencia en la independencia e imparcialidad. Debe establecerse en consecuencia que:
c) El juez tiene derecho a jubilarse percibiendo un haber que se corresponda con su nivel de responsabilidad, debiendo él mantener razonable relación con los haberes correspondientes al cargo en actividad.
10.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
a) La ley deberá tipificar, de la forma más concretamente posible los hechos que constituyan infracción disciplinaria de los Jueces. Las sanciones no pueden adoptarse más que por motivos inicialmente previstos por la ley, y observando reglas de procedimiento predeterminadas.
d) Las sanciones disciplinarias más graves sólo podrán ser adoptadas por mayoría calificada.
11.- RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL.
a) Como regla general, que los jueces no responderán civilmente de manera personal por sus decisiones, con la única excepción de los casos de dolo.
c) En los casos de responsabilidad civil, sólo podrá ser exigida después de agotadas todas las posibilidades de reclamación procesal y de recurso, y solamente por la persona perjudicada civilmente.
12.- INMUNIDADES.
13.- DERECHO DE ASOCIACIÓN.
El derecho de asociación profesional de los jueces debe ser plenamente reconocido, para permitirles determinar sus normas estatutarias, éticas u otras, y para permitir asegurar la
defensa de sus intereses legítimos.
15.- ÉTICA JUDICIAL
16.- EXTENSIÓN.
Publicado por Jueces Dominicanos para la Democracia en 14:47 No hay comentarios:
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References: artículo 180
 artículo 14
in fine
 artículo 8
 Artículo 25
 artículo 14