Source: http://www.semanarioexpresion.com/Presentacion/index.php?edicionbuscada=1043
Timestamp: 2018-01-18 17:21:52+00:00

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Edición N° 1042
Montos se aproximan a los que recibirán los servidores del Congreso de la República con las polémicas tarjetas por Navidad.
Proveedor debe tener “amplios ambientes” para que las compras se realicen con comodidad.
En noviembre se entregó una buena pro de 228 mil 846 soles por vales de consumo para 296 trabajadores.
Si las tarjetas de consumo que por Navidad entregará el Congreso de la República a sus trabajadores, con un valor de mil 500 soles cada una, despertó la indignación nacional, lo que está pasando en el Gobierno Regional de Lambayeque es exactamente igual. Según la Adquisición Simplificada N° 23-2017-GR.LAMB, publicada el 1 de diciembre en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE, la entidad piensa gastar más de 91 mil soles en vales de consumo para 83 servidores de distintas gerencias ejecutivas, quienes además recibirán el aguinaldo de 300 soles aprobado por el Ejecutivo.
Según el cronograma de la “Adquisición de canastas de alimentos, bebidas y otros a través de Vales de Consumo para las Gerencias Regionales del Gobierno Regional de Lambayeque”, la entrega de la buena pro debe darse esta semana, teniendo como valor referencial de 91 mil 200 soles.
La compra tiene como finalidad “que el personal de las gerencias regionales sean reconocidos mediante la entrega de un vale de consumo por concepto de alimentos, que le permita contribuir con su economía familiar”, teniendo como antecedente que una vez al año la institución “realiza la adquisición de vales de consumo como apoyo alimentario a los trabajadores por fiestas navideñas”.
Con la compra se busca beneficiar a 10 trabajadores, entre activos y Contratados por Administración de Servicios – CAS, del Archivo Regional, quienes recibirán un vale de mil 300 soles cada uno, haciendo un total de 13 mil soles.
En la Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas cuatro trabajadores activos recibirán vales por mil 200 soles y dos por mil soles, (seis mil 800 soles en total). De la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, 23 trabajadores activos y CAS tendrán un vale de mil 200 soles cada uno, lo que representa un costo de 27 mil 600 soles en total.
Asimismo, se entregará un vale de mil 200 soles a 17 servidores activos de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, en tanto 15 CAS de la misma dependencia percibirán vales de 600 soles, haciendo un total de 29 mil 400 soles. También, 12 trabajadores, entre activos y CAS, de la Gerencia Ejecutiva de Vivienda y Saneamiento recibirán un vale de mil 200 soles, sumando un total de 14 mil 400 soles.
El proceso de contratación fue aprobado con la Resolución Jefatural Regional N° 410-2017-GR.LAMB/ORAD, del 29 de noviembre, suscrita por el jefe de la Oficina Regional de Administración, Yosip Mejía Díaz, y será pagada con recursos ordinarios del gobierno regional. La contratación se rige por el sistema de suma alzada.
Los trabajadores que recibirán los envidiables vales de consumo percibirían además el aguinaldo por Navidad, oficializado por el gobierno nacional con el Decreto Supremo N° 352-2017, equivalente a 300 soles en caso tengan tres meses de contratación como mínimo. Si el servidor tiene menor tiempo en el cargo recibirá una fracción de la gratificación.
Quien resulte ganador del proceso de compra deberá entregar los productos (vales) en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la firma del contrato, en tanto el gobierno regional se compromete al pago del total de la adquisición en una sola armada, previa recepción en el almacén de la sede central y los informes de conformidad de las gerencias cuyos trabajadores serán beneficiados. El pago se realizará 15 después de emitida la conformidad de la adquisición.
“La vigencia de los Vales y/o Tarjetas Electrónicas de consumo será como Mínimo de 06 MESES, contados a partir de la fecha de recepción por parte del Gobierno Regional de Lambayeque”, señalan las bases.
LLAMATIVOS REQUISITOS
Los vales pueden servir para la compra de abarrotes, verduras, frutas, carnes, embutidos, lácteos, productos de panadería, pastelería o alimentación (comidas frías/calientes, postres, etc.), artículos de limpieza para el hogar, ropa para damas, caballeros y niños, electrodomésticos, juguetes y otros.
Las empresas que participan del proceso de adquisición deben ofrecer dichos productos.
Por otro lado, llama la atención que en las bases se incluyan ciertos requisitos exigibles a los postores. Por ejemplo, deben admitir el uso de los vales o tarjetas “en todas las tiendas y/o sucursales que tenga la empresa postora a nivel nacional”, “las tiendas y/o sucursales deben contar con amplios ambientes para que el titular del vale realice cómodamente sus compras”, “los bienes adquiridos a través de los vales podrán ser cambiados por otros bienes en caso el titular lo requiera, de acuerdo a las condiciones que la empresa establezca” y “se requiere contar como mínimo una sucursal en la provincia de Chiclayo – departamento de Lambayeque”.
Además, como experiencia se exige que el postor “debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 273 mil 600 soles por la venta de bienes iguales o similares al objetivo de la convocatoria, durante un período de cinco años a la fecha de la presentación de ofertas”.
El comité de compra está integrado por Diana Cumpa Dávila (presidente), Jesús Maribel Abanto Vieira (titular Miembro 1) y Francisco Yaipén Galarreta (titular Miembro 2), siendo integrantes suplentes Carlos Huamanchumo Carrillo, Edilberto Pérez Chávez y Carlos Sipion Farro.
La adquisición de vales de consumo antes descrita es la segunda que lanza el Gobierno Regional de Lambayeque. El 8 de noviembre realizó un proceso similar por un valor referencial de 306 mil 600 soles, pero con el objetivo de beneficiar únicamente a los trabajadores de la sede principal.
Tal como consta en la página del SEACE, el otorgamiento de la buena pro se realizó el 20 de noviembre, resultando ganadora la empresa Supermercados Peruanos SA – Plaza Vea, que se adjudicó la compra ofertando un precio total de 228 mil 846 soles. El Super SAC concursó con una propuesta total de 241 mil 320 soles.
Las exigencias a las que se sujetó Supermercados Peruanos son las mismas que las del proceso de adquisición en marcha.
La empresa ha proveído al Gobierno Regional de Lambayeque de 215 vales y/o tarjetas electrónicas de consumo para los trabajadores activos, con un importe de mil 200 soles cada una, y de 81 para los servidores CAS, conforme al requerimiento aprobado por la Resolución Jefatural Regional N° 377-2017-GR.LAMB/ORAD, del 2 de noviembre.
Cada trabajador CAS ha recibido un vale de 600 soles. El monto total se ha financiado con recursos ordinarios de la sede regional.
TAMBIÉN UNIFORMES
Por otro lado, el 3 de noviembre, el Gobierno Regional de Lambayeque lanzó la Adquisición Simplificada N° 19-2017-GR.LAMB, “Adquisición de uniforme institucional para los trabajadores de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Lambayeque”, con un valor referencial de 84 mil 291.04.
Las bases integradas del proceso se publicaron el 5 de diciembre.
“La finalidad es proporcionar al personal de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Lambayeque la vestimenta adecuada para el desarrollo de sus actividades laborales, además de cumplir con el proceso de homogenización e identificación del personal con la entidad, así como contribuir con el fortalecimiento de la imagen y presencia de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Lambayeque ante la colectividad a Nivel Regional y Nacional”, señala el documento.
Con la adquisición se beneficiará a 16 damas y 16 caballeros, entre nombrados y CAS. Cada uno recibirá un uniforme de verano y otro de invierno.
El uniforme de verano de las damas consiste en: un saco manga ¾, dos pantalones, una falta y tres blusas maga corta. El de invierno consta de un saco maga larga, un chaleco, dos pantalones, una falda y tres blusas manga larga.
En tanto, los hombres recibirán: un saco, dos pantalones, tres camisas manga corta y dos corbatas (uniforme de verano) y un saco, dos pantalones, tres camisas manga larga y dos corbatas (uniforme de invierno).
BENEFICIARÁN SOLO A 83 TRABAJADORES: GOBIERNO REGIONAL DESTINA 91 MIL SOLES PARA LA COMPRA DE CANASTAS
Fiscalía Suprema de Control Interno les abre investigación por fraude procesal, prevaricato, abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
Uno de los representantes del Ministerio Público allanó un inmueble sin tener autorización judicial.
Con Resolución N° 2134, del 28 de noviembre, el jefe de la Fiscalía Suprema de Control Interno, Víctor Rodríguez Monteza, ordenó iniciar la investigación preliminar contra diversos integrantes del Ministerio Público de Lambayeque por presuntamente incurrir en los delitos de fraude procesal, abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y prevaricato. La denuncia fue interpuesta por Jorge Incháustegui Samamé, exfuncionario de la Municipalidad Provincial de Chiclayo e investigado del caso “Limpios de la corrupción.
Los magistrados inmersos en la denuncia son: Sergio Zapata Orozco y Pamela Elías Bravo, fiscales de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo; Félix Tejada Ramos, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo; Juan Manuel Carrasco Millones, coordinador de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque; Jorge Arteaga Vera, integrante de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones y Lili Díaz Gonzales, fiscal adjunta de este último despacho.
La denuncia contra los fiscales fue presentada el 11 de mayo pasado.
La investigación iniciada por la Fiscalía Suprema de Control Interno contra los representantes del Ministerio Público de Lambayeque se sustenta en una serie de irregularidades que estos habrían cometido para sustentar los requerimientos de intervención de las comunicaciones, detención preliminar, allanamiento domiciliario e incluso de prisión preventiva sobre los que presuntamente forman parte de la organización “Los limpios de las corrupción”. Los hechos se remontan al 2014.
De acuerdo a la resolución del Caso N° 332-2017, los representantes del Ministerio Público “no realizaron los actos de investigación correspondientes” para acumular los indicios que les faculten a presentar tales requerimientos ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, despacho que autorizó los procedimientos ejecutados contra los investigados.
En su denuncia – conforme lo recoge la Fiscalía Suprema de Control Interno – Incháustegui Samamé, el único de los procesados que ha logrado hasta el momento una absolución en primera instancia respecto del delito de asociación ilícita para delinquir, informa que los fiscales no trabajaron con un equipo multidisciplinario interinstitucional, tal como reportaron al Poder Judicial.
EL FALSO INFORME
En el 2014, la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, en ese entonces bajo la coordinación del fiscal Sergio Zapata Orozco, sustentó diversos pedidos al Poder Judicial tomando como base el Informe N° 136-2014-RPNO-DIRTEPOL-LAMB, del 20 de septiembre, supuestamente elaborado por Unidad de Inteligencia de la Policía Nacional, dando cuenta de la existencia de una organización delictiva que operaba al interior de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, liderada por el alcalde Roberto Torres Gonzales y que había extendido su accionar a otras entidades como EPSEL y el SATCH.
Sin embargo, la denuncia presentada ante la Fiscalía Suprema de Control Interno refiere que dicho informe fue suscrito por agentes policiales que no trabajaban en la Unidad de Inteligencia, quienes utilizaron los sellos de dicha dependencia para certificar el documento, el mismo que fue validado por el Ministerio Público. El informe fue firmado por los policías Romel Díaz Paz y Víctor Chafloque Oliden, quienes sugirieron a la fiscalía que gestione la detención preliminar de los 22 presuntos integrantes de la organización a la que denominaron “Los limpios de la corrupción”.
“Este informe sirvió para que los fiscales sustenten ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria la autorización para levantar el secreto de las comunicaciones, allanar las viviendas e incluso obtener la detención preliminar”, indica la denuncia.
Lo grave es que de acuerdo al Oficio N° 1027-2015-REGIÓNPOLICIAL-LAMB/ORI.SEC., del 4 de junio del 2015, el jefe de la Oficina de Inteligencia de la Región Policial, Luis Guerrero Balladeres, señala que en los “en los archivos no se encuentra documento alguno relacionado” al Informe 136-2014 y que si bien los policías que lo firmaban trabajan en Chiclayo estos “no han prestado servicios” en dicha dependencia, “desconociendo los motivos por los que aparecen sellos que presuntamente” son de la unidad.
INSTITUCIONES AUSENTES
Asimismo, los fiscales Sergio Zapata Orozco y Juan Carrasco Millones, en sus escritos al juzgado indicaron que habían trabajado con diferentes entes del Estado, como la Contraloría General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Equipo de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú y un equipo de Inteligencia Operativa de la Dirección General del Ministerio del Interior.
Esto aparece en el numeral 11 del Requerimiento de Detención Preliminar Judicial contra los investigados del caso “Limpios de la Corrupción”, presentado a la entonces encargada del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Cecilia Costa González, el 1 de octubre del 2014.
“En la ejecución del trabajo entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, por coordinación del fiscal a cargo Sergio Lucio Zapata Orozco, se ha generado la participación de diversos entres del Estado, tales como un equipo de Contraloría, Unidad de Inteligencia Financiera, equipo de Lavado de Activos de la PNP, un equipo de la Comisión Nacional de Bienes Incautados, un equipo de peritos contables, equipo de inteligencia operativo de la Dirección General del Ministerio del Interior, además de un pull de 30 fiscales”, señala el requerimiento. Sin embargo, tal afirmación es falsa.
Con Memorándum N° 1029-2015-PCM/CONABI-OPR, del 29 de septiembre del 2015, Elard Salazar La Rosa, responsable de la Unidad de Operaciones de la Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI, informa a la responsable de la Unidad de Administración que “en aplicación del Decreto Legislativo N° 1104 (..) la CONABI se ciñe a la recepción de bienes incautados y no participa de modo alguno en la etapa de investigación fiscal previa a la entrega de los bienes en mención, por ende no existe ningún informe de elaborado por CONABI en los términos señalados”, lo que contradice lo que en su momento los fiscales señalaron a la jueza.
Lo mismo pasó respecto a la supuesta participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y del equipo de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú, entidades que tomaron conocimiento de los hechos después de iniciada la investigación preliminar y de emitidos los informes de inteligencia realizados bajo responsabilidad del fiscal Sergio Zapata Orozco, conforme se corrobora en el Informe N° 94-05-2015-DIRLA-PNP/DIVILA-DC-D3.C, del 21 de abril del 2015, firmado por el jefe de la División de Investigación de la Unidad de Lavado de Activos de la PNP, Luis Caballero Guillén.
“El fiscal Sergio Zapata Orozco sustentó sus requerimientos en hechos falsos, argumentando que su trabajo de investigación había contado con la participación de la División de Lavado de Activos, sorprendiendo a las autoridades judiciales, pues estas entidades fueron llamadas a realizar informes posteriores y a consecuencia de ello lograron fallos contrarios a la ley en los juzgados”, se relata en la resolución de la Fiscalía Suprema de Control Interno.
Por otro lado, Incháustegui Samamemé denunció que los fiscales incurrieron en fraude procesal cuando presentaron el requerimiento de allanamiento con orden de registro domiciliario y descerraje ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo como parte de las acciones del megaoperativo realizado para detener a los presuntos integrantes de la organización delictiva.
Según ha informado a la Fiscalía Suprema de Control Interno, los fiscales requirieron el allanamiento del inmueble 553 de la calle Torres Paz de Chiclayo, consignándolo como su domicilio, conforme se aprecia en la Resolución N° 1, emitida el 30 de septiembre del 2014 por la jueza Cecilia Costa. Sin embargo, la dirección tuvo que ser corregida con la Resolución N° 3, de ese mismo día, debido a que el domicilio a intervenir no era correcto.
Para Jorge Incháustegui este hecho descarta que la Tercera Fiscalía Provincial Penal haya coordinado previamente con otras instituciones del Estado, como lo señaló el fiscal Sergio Zapata Orozco, coordinador de dicho órgano.
“Según el fiscal este requerimiento se sustentó en un trabajo coordinado con diferentes entes del Estado como Registro Públicos e Inteligencia Operativa del Ministerio del Interior. Hubiese bastado una simple consulta de publicidad registral y/o registro predial municipal para saber que el inmueble en el que resido está registrado en SUNARP como Calle Torres Paz 533, sección 200 – segundo piso, ya que el primer piso le pertenece a mi padre, como también está registrado en SUNARP y en el registro predial municipal”, señala.
ALLANAMIENTO IRREGULAR
Incháustegui Samamé asevera que el fiscal José Félix Tejada Ramos, en representación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, apersonado para dar cumplimiento a la Resolución N° 1, del 30 de septiembre del 2014, que disponía el allanamiento del inmueble signado con el N° 553 de la Calle Torres Paz, constató que la dirección no correspondía a su domicilio, el cual se ubica en el inmueble signado con el N° 533 de la misma arteria, pero además que en dicha dirección existía no un inmueble sino dos, completamente independientes.
Sin embargo – señala – lejos de corregir el error evidente contenido en la resolución, solo corrigió la numeración del inmueble 533, mas no da cuenta al juzgado que existen dos inmuebles y no uno como se precisa en la resolución, allanando e incluso incautando en los dos inmuebles: donde reside el investigado y el de sus padres. Incluso redactó y suscribió dos actas de registro domiciliario e incautación, consignado en cada una de ellas quiénes es el propietario del inmueble.
Asimismo, los fiscales habrían incurrido en omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales ya que hubo una transcripción en los medios de comunicación de las conversaciones privadas que tienen carácter reservado (levantamiento de las comunicaciones) y de las declaraciones de los colaboradores eficaces, cuya responsabilidad de reserva recae en el fiscal responsable de la investigación.
“Permitieron que esto continúe contraviniendo el Artículo 324-B del Código Procesal Penal, que señala que la investigación tiene carácter reservado. Así como también el Artículo 409-B sobre revelación indebida de identidad. Asimismo, la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo recibió declaraciones de testigos omitiendo diversas preguntas básicas que realizan a una persona que va a declarar sobre otra como son: ¿Conoce usted a la persona sobre la cual va a declarar? ¿Lo une a usted un grado de amistad o enemistad con ella? Preguntas obligatorias establecidas en el Artículo 170, inciso 4 del Código Procesal Penal. Tales declaraciones tampoco se trabajaron con la reserva correspondiente, pues fueron publicadas en el diario Correo de fecha 16 de enero del 2015”, explica.
También, expone que los fiscales “agregaron palabras a las declaraciones de los testigos, las cuales cambiaron por completo la versión y en las audiencias oralizaron hechos falsos”.
PARA INICIAR EL CASO “LIMPIOS DE LA CORRUPCIÓN”: TRES AÑOS DESPUÉS SE CONOCE QUE FISCALES HABRÍAN UTILIZADO DOCUMENTOS FALSOS
Autoridad edil pretendería postular a la Gobernación Regional y dejar en la silla municipal al regidor Edwin Huancas para evitar ser investigado por presuntos actos de corrupción
Un oscuro plan para vacar en el cargo de regidores de la Municipalidad de Chiclayo a Guillermo Segura Díaz y Liliana Barrantes Piscoya, habría sido montado por el alcalde David Cornejo Chinguel y su más cercanos colabores, con el supuesto objetivo de evitar que los fiscalizadores puedan ejercer la función de burgomaestre y teniente alcalde, ante una posible ausencia de la autoridad municipal para postular a la presidencia de la región Lambayeque.
La información la hizo pública la regidora Liliana Barrantes, quien sostuvo que ante la ausencia de David Cornejo Chinguel de la casa edil, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, el teniente alcalde, es este caso Guillermo Segura Díaz tomaría las riendas de la ciudad y ella – Liliana Barrantes- quedaría como la primera regidora o la teniente alcalde.
El temor a que los regidores de oposición se queden en el cargo, sería a que se aperture investigación a una serie de presuntos actos de corrupción que durante los tres últimos años se han venido denunciado y que por extrañas razones el Ministerio Público no las ha acogido o simplemente las ha archivado bajo el trillado argumento de insolvencia de pruebas para investigar.
Barrantes Piscoya añade que entre los planes de David Cornejo estaría la de vacar a los regidores antes descritos para que el regidor Edwin Huancas Ojeda pueda quedar en el sillón municipal y el funcionamiento de la casa edil continúe tal y como ellos la vienen manejando; es decir, no se pueda desarrollar ninguna investigación en su contra.
“Nos quieren vacar para no ser alcalde y teniente alcaldesa tal y como lo dice la Ley Orgánica de Municipalidades. El objetivo no es celo político, sino el temor a que estando en el sillón municipal podamos promover algún tipo de investigación en torno a la serie de denuncias que los regidores de oposición hemos denunciado en éstos últimos tres años de gestión”, detalló.
GESTIÓN CON CORRUPCIÓN
La regidora sostuvo ser parte del partido político Alianza Para el Progreso –APP- y haber llegado al seno municipal junto al alcalde David Cornejo Chinguel; en otras frases, es parte del oficialismo, pero a los pocos meses de gestión tuvo que dar un paso al costado y sumarse a las filas de la oposición para denunciar una serie de actos de presunta corrupción por parte de los funcionarios que rodean a la autoridad edil.
Lo que más le llama la atención en estos tres años como regidora, es que en más de una oportunidad junto a sus colegas de oposición han acudido a la Contraloría y al mismo Ministerio Público para denunciar y poner en conocimiento presuntos actos de corrupción, pero extrañamente hasta la fecha no se ha hecho nada y las denuncias han caído en saco roto.
“Hemos denunciado presuntos actos de corrupción a través de los medios de comunicación, así como en el Ministerio Público y la misma Contraloría y Procuraduría Pública, pero hasta la fecha todo sigue igual y no pasa nada”, explicó.
Aclara que lo más preocupante es que las denuncias de presuntos actos de corrupción que se hicieron de manera directa en el Ministerio Público, han caído en saco roto. Es decir, no han prosperado y al mismo estilo que en la gestión municipal del exalcalde Roberto Torres Gonzales, los fiscales – no todos- han optado por archivar las denuncias bajo el argumento de falta de pruebas para investigar y acusar.
“Los operadores de justicia – en este caso la Fiscalía- no han hecho nada para evitar que sucedan hechos similares a la gestión anterior, pero las denuncias que se han hecho en su debido momento no han sido tomados en cuenta para hacer una denuncia solvente ante el Poder Judicial, no quedando más acción que archivar la denuncia”, sostuvo.
Señala que al momento de formularse las denuncias de presuntos actos de corrupción, no presentaron pruebas fehacientes. Sin embargo, existían las evidencias, pero son los operadores de justicias los que tienen que investigar, es decir, tienen que ser más responsables en la defensa y protección de los intereses del Estado, así como tomar en serio todas las denuncias que se vienen realizando y no sean encarpetadas y luego archivarse.
“¿Dónde está el trabajo del Ministerio Público?... Nosotros estamos limitados para desarrollar una investigación, pero no la Fiscalía; sin embargo, ellos hacen mutis ante lo evidente cuando tienen la obligación de cautelar el patrimonio del Estado, pero más bien han optado por archivar algunas de las investigaciones que involucraba a la autoridad edil y sus más cercanos colaboradores”, reveló.
Liliana Barrantes es una convencida que desde el primer día de gestión municipal de David Cornejo Chinguel, existe incapacidad y corrupción.
Las denuncias de acciones negativas que afectan los intereses y las arcas del Estado ante supuestos actos de corrupción se iniciaron con la pérdida de una motobomba donada en el año 2015 y donde dos regidores del oficialismo habrían estado involucrados. Sin embargo, el tiempo ha transcurrido y la fiscalía ha archivado la investigación.
El caso es que las motobombas fueron donadas por el empresariado privado en el año 2015 y con la llega sorpresiva del Niño Costero, su utilización fue necesaria, descubriéndose que de las once maquinas, solamente siete estaban registradas y las otras cuatro no. De esas cuatro faltaba una motobomba, la más grande y potente, la que extrañamente había desaparecido de los almacenes de la comuna chiclayana aprovechando que no estaban inscritas como patrimonio de la Municipalidad.
“Es más, por denunciar los presuntos actos de corrupción, hemos sido agredidos por gente ligada o cercana al alcalde, como es el caso lo ocurrido con el regidor Guillermo Segura Díaz que fue agredido por gente muy cercana al alcalde David Cornejo Chinguel, pero al tiempo de transcurrido la investigación -tras realizarse la respectiva renuncia- el Ministerio Púbico decidió archivar el caso”, resaltó.
Recuerda que en el rosario de denuncia de presuntos actos de corrupción también están involucrados algunos funcionarios del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT, las cuales también han sido archivadas.
Barrantes Piscoya reveló que en una sesión de concejo y en actitud burlona, el alcalde de Chiclayo les dijo a los regidores de la oposición “que todas las denuncias que hagan en su contra, serán archivadas o que se van a caer en el transcurso del tiempo.
“En ese momento no nos llamó la atención lo que dijo el señor alcalde e imaginamos que era producto de la cólera que tenía, pero con el transcurrir del tiempo y conocer de los resultados de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, las que son archivadas bajo el argumento de carencia de pruebas, presumimos que se estarían empleado los mismos términos que la gestión edil de Roberto Torres Gonzales; es decir, la autoridad edil tendría comprometido al Ministerio Público para que lo escude frente a denuncias que pudieran haber”, sostuvo.
Volvió a recalcar que una de las acciones que hace notar que el Ministerio Público blinda a David Cornejo Chinguel y a su más cercanos colaboradores, es el archivamiento que un fiscal le ha dado a la denuncia de la pérdida de las motobombas, a pesar que existen elementos que prueban lo denunciado, como es el caso de la ex funcionaria Patricia Chero, del área de Patrimonio Municipal, quien fue la que nos informó sobre la presunta desaparición de las motobombas y donde estarían involucrados dos regidores cercanos al alcalde.
“La verdad, es que siento vergüenza de ser parte de esta gestión. Todos los días se denuncian presuntos actos de corrupción, pero a pesar de las denuncias y hasta los testimonios de los propios protagonistas afectados, el Ministerio Público archiva las denuncias”, sostuvo.
Asimismo, señala que la penúltima denuncia que se hizo fue la supuesta pérdida de alimentos que tenían que ser entregados a los damnificados del “Niño Costero”, y que al enterarse que se había formulado denuncia, los responsables comenzaron a sacar los alimentos supuestamente para repartirlos, pero en realidad no se sabe si lo entregaron o no a las familias necesitadas.
“Esa denuncia y otra más, fue formulada por la presidenta de la Federación de Comedores Populares, Isabel Rivas, pero la Fiscalía – hasta el momento- no ha hecho nada de nada. Otra acción negativa que tampoco aún no tiene justicia, es la entrega de calaminas para las familias damnificadas por las lluvias de inicio de año, no descartándose que la entrega del material se habría presuntamente sobredimensionado en cuanto al número de los beneficiados” recalcó.
Otro caso que llama la atención – señala Liliana Barrantes- es que se estarían desapareciendo los alimentos de los beneficiarios que padecen de Tuberculosis –TBC- e incluso existen denuncias por parte de algunos beneficiarios que los productos no les son entregados completos.
Otro grave delito que a diario se comete en la Municipalidad de Chiclayo y que al Ministerio Púbico no le importa, es que algunos regidores oficialistas cometen tráfico de influencias al colocar, rotar y sacar funcionarios, que en muchos casos no reúnen el perfil profesional.
Actualmente –indica- en la municipalidad tenemos trabajando gente que proviene de otros lados y que se desconoce su trayectoria profesional y funcional. También hay gente que pertenece a ciertos grupos evangélicos, que ocupan cargos y puestos en la Municipalidad de Chiclayo, CGT y Beneficencia Pública de Chiclayo, pero que cuentan con el perfil profesional o técnico requerido por el Manual de Organización de Funciones –MOF.
“En estos tres años de gestión municipal hemos fiscalizado de manera correcta, pero la Fiscalía no nos ayuda. Hay denuncias con referencia a Licencias de Construcción, dinero de la comunidad Suiza mal empleado y orientado al pago de sueldos del personal que trabaja en Chiclayo Limpio”, acotó.
Además, aclara que también existen denuncias con referencia a la compra y utilidad del combustible en el grifo Municipal, gastos exorbitantes en los locales desconcentrados del programa Chiclayo Limpio, sobrinos del alcalde involucrados en la entrega y venta de puestos para el comercio en el Mercado del Pueblo.
“Eso es solo una muestra de los presuntos actos de corrupción que existe al interior de la Municipalidad de Chiclayo, y que la fiscalía se resiste a investigar y opta por archivarlos, como el caso de los paneles publicitarios que maneja un regidor ahora allegado a David Cornejo Chinguel”, recalcó.
La regidora Liliana Barrantes no se queda callada y advierte que al igual que la gestión de Roberto Torres Gonzales, el actual alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, tendría amigos, familiares y hasta hijos de jueces, fiscales y de regidores de su entorno, laborando en la misma Municipalidad de Chiclayo, Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo y la misma Beneficencia Pública.
Asimismo, advierte que la población de Chiclayo paga por Serenazgo, pero de las 25 camionetas con que cuenta la comuna, la mayoría son utilizadas para el traslado de funcionarios y regidores, así como familiares de éstos.
“El Serenazgo no cumple su función, sin embargo a la población se le cobra y se le exige el pago por este servicio. Los vehículos y los serenos son para que realicen patrullaje preventivo, pero sin embargo son utilizados para otras cosas”, recalcó.
REGIDORA LILIANA BARRANTES ADVIERTE QUE MINISTERIO PÚBLICO BLINDARÍA A ALCALDE Y SUS NFUNCIONARIOS

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 Artículo 324
 Artículo 409
 Artículo 170