Source: https://www.scribd.com/document/116816599/3-accion-de-amparo-contra-ley-29944
Timestamp: 2019-02-17 15:56:24+00:00

Document:
accion de ampar contra ley 29944 por vulnerar derechos fundamentles de la constitucion
MODELO DE ACCIÓN DE AMPARO PARA AUXILIARES
SECRETARIO: EXPEDIENTE: ESCRITO SUMILLA : Nº 1 : INTERPONGO ACCION DE AMPARO SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO CIVIL DE ……………………………..
El que suscribe,......................................., identificado con DNI N°.................., con domicilio real sito en .............................. del distrito de .......................... y con domicilio procesal en ……………………………. …. . . ………………………………………………………………….., a Ud. digo: I. PETITORIO:
Que, de conformidad con el Art. 200° Inciso 2 de la Constitución Política del Estado y el Art. 37º del Código Procesal Constitucional interpongo demanda de Acción de Amparo con el objeto que se reponga las cosas al estado anterior a la vulneración de mi derecho constitucional al trabajo consagrado en los Art. 10°, 22º, 23° y 26º de nuestra Carta Magna que sintetiza: "Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador". Que, asimismo, solicito la inmediata suspensión e inaplicación de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial de fecha 24 de noviembre de 2012 y publicada en el Diario "El Peruano" en fecha 25 de noviembre de 2012 que deroga la Ley Nº 24029 y su modificatoria, Ley Nº 25212, Ley del Profesorado con su consiguiente reglamento contenido en el Decreto Supremo Nº 019-90-ED.
Que, la naturaleza de una Acción de Garantía Constitucional como la Acción de Amparo es la de ser un proceso cautelar autónomo, cuya finalidad es la reposición del estado de las cosas al estado anterior de la violación constitucional acusada como pretensión del proceso. II. DEMANDADO:
Que, la presente acción la dirijo contra:
El Prof. Ricardo Dolorier Urbano, Director Regional de Educación de Lima Provincias a través de su Procurador Público por ser representante legal de dicha entidad y a quien se deberá notificar en su domicilio procesal sito en la Av. Independencia S/N, Santa Maria – Huaura.
PRIMERO: Que, el recurrente es AUXILIAR nombrado en la I.E. Nº .................................. del distrito de ......................... con ..... años de servicios y estudios superiores, como lo acredito con documentos que acompaño a la presente, como parte de mi formación profesional y académica. Que, mi nombramiento y relación laboral se dan dentro de los alcances de la Ley Nº 24029 y su modificatoria, Ley Nº 25212, Ley del Profesorado con su consiguiente reglamento contenido en el Decreto Supremo Nº 019-90-ED, siendo que en forma concordante establece: "Los Auxiliares de Educación son considerados como personal docente sin título pedagógico en servicio", correspondiéndome, en consecuencia, todos los derechos adquiridos para el magisterio peruano SEGUNDO: Que, sin embargo, con fecha 25 de noviembre de 2012 se publica en el Diario Oficial "El Peruano" la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, afectando los derechos y bonificaciones laborales adquiridos, los mismos que están contemplados en la Ley Nº 24029 y su modificatoria, Ley Nº 25212, Ley del Profesorado con su consiguiente reglamento contenido en el Decreto Supremo Nº 019-90-ED; pretendiendo, imponérseme nuevas condiciones laborales de manera arbitraria e ilegal, atentando contra nuestros derechos constitucionales, siendo el principal el derecho a la estabilidad laboral, además de, beneficios sociales y bonificaciones económicas especiales. TERCERO: Que, como es de verse, la Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la norma cuestionada hace mención a los auxiliares de educación de una manera vaga y espúrea: "Los
auxiliares de educación comprendidos en la categoría remunerativa E de la referida ley se rigen por la presente ley, en lo que corresponda (...) la cual debe incorporar en uno solo todos los conceptos que vienen percibiendo que vienen percibiendo los profesores", es decir se pretende cambiar el régimen laboral que hemos alcanzado, contraviniendo, negando y desconociendo los beneficios adquiridos y reconocidos en la Ley del Profesorado, Ley Nº 24029 y su modificatoria, Ley Nº 25212. Vulnerándose mi derecho constitucional al trabajo consagrado en los Art. 23° de nuestra Carta Magna que señala: "Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador". CUARTO: Que, además, la aplicación de la cuestionada ley contraviene mi derecho al trabajo consagrado en el art. 22º de la Carta Magna, así como mis derechos fundamentales contemplados en el art. 13° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado y el art. 33° del Decreto Supremo N° 019-90ED, Reglamento de la Ley del Profesorado, que a la letra dice: "estabilidad laboral en la plaza, nivel, cargo, lugar y centro de trabajo", siendo que además, pretende desconocer mis remuneraciones alcanzadas en aplicación de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total (Art. 48° de la Ley 24029 concordante con Art. 210° del D.S. 019-90-ED) así como la correspondiente indexación o incrementos otorgados por los D.U. 090, 073 y 011 (bonificaciones especiales mensuales equivalente al 16° de la remuneración). QUINTO: Que, la aplicación de la cuestionada norma infringe el Principio de Legalidad e Interpretación Favorable al Trabajador consagrado en el Art. 26º de la Constitución Política del Estado, en el extremo que prescribe: "En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley", y 3. La interpretación de cualquier norma legal debe ser favorable al trabajador en caso de duda insalvable, es decir, el in dubio pro operario; siendo así, la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial deviene en retrógrada y anti histórica por cuanto degrada mi condición profesional y personal, colisionando con el Art. 10° de nuestra Carta Magna en el extremo que señala: "El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social". IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO: Artículo 10° El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. Artículo 22° El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Artículo 23° El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. Artículo 24° El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. Artículo 26° En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. 3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. Artículo 138° La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.
En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. Artículo 200°. Son garantías constitucionales:
2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos.
CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL, LEY N°28237: Artículo 37° El amparo procede en defensa de los siguientes derechos: 10) Al trabajo. 11) De sindicación, negociación colectiva y huelga. 20) De la remuneración y pensión. 25) Los demás que la Constitución reconoce. Artículo 44° El plazo para interponer la demanda de amparo prescribe a los sesenta días hábiles de producida la afectación. LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, DECRETO SUPREMO N° 01793-JUS: Artículo 14° Cuando los Magistrados al momento de fallar el fondo de la cuestión de su competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad, encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación, de una disposición constitucional y una con rango de ley, resuelven la causa con arreglo a la primera. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:
- Fundamento Jurídico N° 12 de la Sentencia recaída en el Expediente No 1124-2001-AA/TC: "(...) El acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, por otra, el derecho a no ser despedido por causa justa, cabe precisar que, en el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo; si bien hay que precisar que la satisfacción de este aspecto de derecho constitucional implica un desarrollo progresivo y según las posibilidades del Estado. (...)".
El derecho al trabajo no solo supone el deber del Estado de promover condiciones necesarias para que las personas accedan a un puesto de trabajo, sino que también que las condiciones laborales que consagre la legislación laboral (sea del sector público o privado) no sean reducidas o
eliminadas por una norma posterior, afectando los derechos de los trabajadores.
- Fundamento Jurídico N° 19 de la Sentencia recaída en el Expediente No 0008-Pl/TC: "De conformidad con lo que dispone el artículo 23º de la Constitución, el Estado asume las siguientes responsabilidades con relación al trabajo: (...) Asegurar que ninguna relación laboral limite el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconozca ni rebaje la dignidad del trabajador (...)"
El Estado, a través del Ministerio de Educación, pretende la aplicación inmediata de la norma materia del presente proceso, aplicando a los docentes condiciones de trabajo distintas y menos favorables a la legislación anterior, atentando contra el derecho al trabajo, sino también que supone un menoscabo a la dignidad del docente como trabajador público, a través de una norma agravante de sus derechos, más cuando el Art 26º de nuestra Carta Magna establece el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Por tanto, esta deviene en irrazonable, desproporcional y atentatoria contra la progresividad de los derechos fundamentales de los profesores a nivel nacional. En tal sentido, resulta evidente que la aplicación de la norma que es objeto de la presente Acción de Amparo es un hecho notoriamente consecuente de la violación de derechos fundamentales de los profesores y auxiliares que están regidos bajo los alcances de la Ley Nº 24029 y su modificatoria, Ley Nº 25212, Ley del Profesorado con su consiguiente reglamento contenido en el Decreto Supremo Nº 019-90-ED. LEY DEL PROFESORADO, LEY N° 24029 Y SU MODIFICATORIA LEY N° 25212: Artículos 1 ° y siguientes. REGLAMENTO DE LA LEY DEL PROFESORADO, DECRETO SUPREMO N° 019-90-ED: Artículos 1 ° y siguientes. V.
MEDIOS PROBATORIOS: 1. 2. 3. 4. Copia Copia Copia Copia de de de de boleta de pago. Resolución de Nombramiento. Resolución de Ascenso. Constancias de Estudios Superiores.
1-A Copia de DNI del recurrente. 1-B Copia de boleta de pago. 1-C Copia de Resolución de Nombramiento. 1-D Copia de Resolución de Ascenso. 1-E Copia de Constancias de Estudios Superiores. POR TANTO: Solicito a Ud., Señor Juez, admitir la presente demanda, tramitarla y en su oportunidad declararla FUNDADA, en todos sus extremos.
Barranca, …… de ………………………. Del 2012
....................................... Firma
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References: in dubio
 Artículo 10
 Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 24
 Artículo 26
 Artículo 138
 Artículo 200
 Artículo 37
 Artículo 44
 Artículo 14
 artículo 23
 Resolución 
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