Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2016/as2016201193.html
Timestamp: 2019-03-20 15:30:33+00:00

Document:
as2016201193
Auto Supremo: 1193/2016 Sucre: 24 de octubre 2016 Expediente: SC-178-15-S Partes: Héctor Diego Ortiz Arauz . c/ Héctor Francisco Ortiz Añez. Proceso: Resolución de contrato por incumplimiento y otro . Distrito: Santa Cruz.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 221 a 224, formulado por Héctor Diego Ortiz Arauz, contra el Auto de Vista Nº 215/15 de 31 de agosto de 2015 de fs. 210 a 211 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de Resolución de Contrato por incumplimiento y otro seguido por Héctor Diego Ortiz Arauz contra Héctor Francisco Ortiz Añez, respuesta de fs. 228 a 229; la concesión de fs. 230, y:
La Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial de Santa Cruz, dictó Sentencia No. 26/2015 de 27 de marzo de 2015 cursante de fs. 183 a 186 vta., declarando: I. PROBADA la demanda de Resolución de Contrato y Pago de Daños y Perjuicios de fs. 28 a 32 y memorial de fs. 35 a 37, planteada por Héctor Diego Ortiz Arauz en contra de Héctor Francisco Ortiz Añez. II. IMPROBADA la demanda reconvencional de Resolución de Contrato por Incumplimiento y Pago de Daños y Perjuicios de fs. 77 a 79 y vta., planteada por Héctor Francisco Ortiz Añez. III. Como efecto de la resolución declarada, se dispone lo siguiente: a. Se declara resuelto el Contrato Privado Aclarativo sobre Venta a Plazo del Fundo Rústico “Fernando” de fecha 15 de abril de 2013 suscrito por las partes, cursante de fs. 03 a 04 y vta., de obrados. b. Se ordena al demandado Héctor Francisco Ortiz Añez a que dentro del plazo de tres (3) días de la ejecutoria de la presente Sentencia, proceda a la devolución de $us 45.000,00 (CUARENTA Y CINCO MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS) al demandante. C. Se condena al demandado Héctor Francisco Ortiz Añez al pago de daños y perjuicios a cuantificarse en ejecución de sentencia.
Resolución que fue apelada por Héctor Francisco Ortiz Añez por memorial de fs. 190 a 192 vta.
En mérito a esos antecedentes, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 215/2015 de 31 de agosto de fs. 210 a 211 vta., por el que; Se REVOCA la Sentencia de fecha 27 de marzo de 2015 cursante de fs. 183 a 186 vta., únicamente en lo que respecta a la condenación al pago de Daños y Perjuicios expresados en la Sentencia, manteniéndose incólume lo demás, complementado por Auto de fecha 14 de septiembre de 2015 de fs. 219, con argumentos referidos al principio dispositivo, congruencia y que la resolución que debe versar en sujeción a lo previsto por el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, que el Juez no puede apartarse de la demanda y contestación a la misma, responde de manera positiva o negativa en la Sentencia, luego señala a las documentales adjuntas a obrados y los actuados procesales en relación a las mismas, que el demandado no habría podido producir sus pruebas testificales, desvirtuando por otro lado lo reclamado como indefensión por el demandado por la intervención que tuvo en el proceso, desvirtúa asimismo la apelación diferida al no ser evidentes. Con relación a los daños y perjuicios, señala que no se habría probado y quedaría en la enunciación.
Denuncia que el Ad quem aplicó incorrectamente los artículos 984 y 994 del Código Civil, que correspondería aplicar el art. 568 de la misma norma, y que habría aplicación correcta por parte del A quo, señala Autos Supremos para respaldar su postura.
Respecto dice a las quejas de su contraparte de haber estado sometido a indefensión, refiere a los argumentos del Auto de Vista que desvirtúa aquello.
Pide se case el Auto de Vista, declarando probada la demanda principal y resuelto el contrato.
Que el recurso no se encontraría debidamente fundamentado, sin individualizar para su correcto entendimiento, refiere luego a los argumentos del demandante, no se mencionaría ninguna norma que se hubiere violado, luego al contrato y su conclusión. El Auto de Vista se habría dictado dentro del marco legal y constitucional, pidiendo se declare infundado el recurso interpuesto.
Respecto a la competencia de la jurisdicción especializada en razón de materia.
Autos Supremos Nº 448/2015 de 18 de junio, Nº 115/2013 de 11 de marzo.
En los que se definió que los debates sobre acciones reales o personales (resolución de contrato) bienes derivados de la propiedad, actividad y posesión agraria, deban ser de conocimiento de la judicatura agroambiental, pues dicho Órgano, descrito en la Ley Nº 025, administra justicia en base a los principios de función social y equidad social -entre varios otros-, los cuales no son aplicables en la jurisdicción ordinaria.
Por otro lado se tiene el entendimiento expresado en el Auto Supremo No. 135/2016, de 05 de febrero 2016, en el que se señaló que:
“…los efectos y términos en los que se demandan deben ser tratados en la esfera de la jurisdicción agraria, por tanto, bajo la norma especializada, y concretamente bajo las previsiones contenidas en los arts. 17 y 23 de la citada Ley Nº 3545 que sustituyeron los arts. 30 y 39-I de la Ley 1715.
Para mayor fundamentación corresponde señalar que, este Tribunal ha emitido varios Autos Supremos respecto al conocimiento de cuestiones civiles de carácter personal o real, en cuya contienda involucren “bienes rústicos” o agrarios, así podemos citar entre otros, el Auto Supremo Nº 424/2015 de 15 de junio, que dice: “Que, la ley 1715 de 18 de octubre de 1996 - Ley INRA -, creó la judicatura agraria con jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión y derecho de propiedad agrario y otros que le señale la ley; en ese sentido según el art. 39 num. 8) de la Ley citada, la jurisdicción agraria sólo tendría competencia para conocer acciones reales sobre la propiedad agraria. No obstante, el artículo 23 de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, que sustituyó los numerales 7 y 8 del Parágrafo I del citado artículo, reconoce como competencia de la judicatura agraria: 7) Conocer interdictos de adquirir, retener y recobrar la posesión de fundos agrarios, para otorgar tutela sobre la actividad agraria; 8) Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria.”
Con la facultad conferida por el parágrafo I del art. 106 del Código Procesal Civil
previsto por la Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, se ingresa a considerar los siguientes aspectos:
De la revisión de antecedentes referidos a la tramitación del proceso en estudio se tiene que, por memorial de fojas 28 a 32 Héctor Diego Ortiz Arauz, formula demanda de “Resolución de Contrato por incumplimiento, Pago de indemnización, Reparación y Resarcimiento de Daños y Perjuicios”, señalando que en fecha 15 de abril de 2013, firmó con el señor Héctor Francisco Ortiz Añez, un “Documento Privado Aclarativo sobre Compra-Venta a Plazo DEL FUNDO RUSTICO DENOMINADO “FERNANDO” de su propiedad, con una superficie de 52.3068 Hectáreas”, señalando como antecedente que la propiedad fue adjudicado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria a sus anteriores propietarios, así como los antecedentes que hubieran originado, enfatizando que se trata de un fundo rústico, y que no hubiera sido cumplido por parte de su vendedor pese a la entrega de los montos de dinero que señala, y que el vendedor manifestaría que ya no le transferiría el fundo por haber desistido de la venta por la existencia de otro comprador y otros pormenores que se detalla.
De lo descrito precedentemente, se establece que la problemática y las pretensiones expuestas están relacionadas a la transferencia del fundo rústico “Fernando” ubicado según la descripción de la demanda en el Pueblo de San Javier, Segunda Sección Municipal de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz, Parcela 1, desprendida de la Comunidad “San José Obrero”, con una superficie de 52.3068 Hectáreas. Que se habría pactado transferir bajo las condiciones estipuladas en las documentales que cursan de fs. 9 y 13 con el debido reconocimiento de firmas y rúbricas ambos documentos.
Bajo esos antecedentes, se debe tener presente que en definitiva se discute la resolución de contrato por incumplimiento de entrega del fundo rústico mencionado, lo propio ocurre con la contrademanda por parte del demandado como se lee del memorial de fs. 77 a 79.
Con referencia a la problemática y controversia suscitada, se debe aclarar que se pretende la resolución de contrato de un bien inmueble ubicado en el área rural, de ello se tiene que la misma debió dilucidarse en la vía agroambiental, debiendo las partes haber acudido a esa vía a fin de hacer valer sus derechos.
En relación al tema, se tiene que la Ley No. 3545 de 28 de noviembre de 2006 (Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, que en su artículo 17 sustituyó el entendimiento del artículo 30 de la Ley 1715 con el siguiente tenor: “La judicatura agraria es el órgano de administración de justicia agraria; tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión, derechos de propiedad y actividad agraria…”; asimismo el art. 23 de la Ley No. 3545 en la que se sustituye los numerales 7 y 8 del Parágrafo I del art. 39 de la Ley 1715 mandando que los jueces agrarios tienen competencia para: “8. Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agrarias.”.
Por otro la Constitución Política del Estado en su art. 179.I prevé que: “La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales…”.
Por entendimiento del art. 11 de la Ley del Órgano Judicial, Ley Nº 025, se tiene que la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado Plurinacional de administrar justicia, que es ejercida por las autoridades jurisdiccionales del Órgano Judicial, y el art. 12 de la misma norma, la competencia es la facultad que tiene un magistrado, vocal, juez o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto. De las normas descritas, se tiene que la competencia en razón de materia es improrrogable e indelegable, bajo sanción dispuesta por el art. 122 de la Constitución Política del Estado.
En concordancia con el tema se tiene el art. 152 de la Ley del Órgano Judicial No. 025, que expresa que las juezas y los jueces agroambientales tienen competencia para: “11. Conocer otras acciones personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agrarias o de naturaleza agroambiental”.
De lo relacionado anteriormente, se verifica que la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria Nº 3545 que modifica la Ley Nº 1715, establece con claridad que en tratándose de cuestiones de controversias referidas a asuntos concernientes a acciones reales, personales y mixtas emergentes de la propiedad y posesión agrarias, son de competencia de la judicatura agraria, debiendo quedar claro además que respecto al tema de competencia, el art. 13 de la Ley del Órgano Judicial permite la prórroga de la competencia únicamente por territorio pero no por materia, en consecuencia, tanto la jurisdicción como la competencia deben ser reguladas de oficio por las autoridades competentes. En consecuencia, la Ley Nº 3545 se constituye en una norma especial y de preferente aplicación en asuntos derivados de la propiedad, posesión y actividad agrarias en el marco de las acciones reales, personales y mixtas cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción agroambiental regulada específicamente por dicha Ley, esto por entendimiento del mandato constitucional contenido en el art. 179 de la Constitución Política del Estado.
Se colige entonces que cuando la controversia se suscita por cuestiones que derivan de materia agraria como el caso de autos en que se debate la resolución de contrato por incumplimiento de entrega de fundo rústico, verificando que se trata de propiedad agraria, estaremos de acuerdo en concluir que su discusión y dilucidación corresponde a la jurisdicción agroambiental como se ha explicado supra y bajo el entendimiento de lo expuesto en el punto III del presente fallo.
Por las razones expuestas, no siendo necesario hacer mayores consideraciones, corresponderá emitir resolución anulando obrados.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en el Art. 220.III. num. 1) inc. a) del Código Procesal Civil, ANULA OBRADOS, hasta fs. 34, es decir hasta el Auto de fecha 03 de enero de 2014, ordenando que el Juez remita el proceso al Juez Agroambiental que corresponda al terreno objeto de litis.
En atención a lo previsto en el art. 17.IV de la ley del Órgano Judicial remítase copia de la presente Resolución Consejo de la Magistratura, para fines consiguientes de ley.

References: Resolución 
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Resolución 
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 artículo 23
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 artículo 17
 artículo 30
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