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Timestamp: 2019-09-23 11:52:43+00:00

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Registro Oficial No 444 - Martes 24 de Febrero de 2015 Suplemento
Última modificación: Martes, 24 de marzo de 2015 | 12:11
Martes 24 de Febrero de 2015 - R. O. No. 444
566 Colóquense en situación militar de disponibilidad a los CPNV-CSM Zabala Acosta Manuel Eduardo, Rosero Oviedo Luis Fernando y Ruales Almeida Eduardo Francisco
567 Colóquese en situación militar de disponibilidad al Coronel de EMS Manuel Moises Morales López
568 Modifíquese el Decreto Ejecutivo No. 181 de 21 de diciembre de 2009 y publicado en el Registro Oficial No. 98 de 30 de diciembre de 2009
0865 Expídese el Reglamento de procedimiento para los acuerdos reparatorios, los montos a pagarse por concepto de indemnización y las medidas de cumplimiento
NAC-DGERCGC15-00000087 Expídense las normas complementarias al Anexo de Movimiento Internacional de Divisas
NAC-DGERCGC15-00000120 Establécese el procedimiento de liquidación, declaración y pago del impuesto a la renta único para las actividades del sector bananero
Que el artículo 76 de la referida Ley establece que el militar será puesto en disponibilidad, por una de las siguientes causas: "í) Por las demás causas establecidas en la presente Ley.";
Que el señor Director General de Recursos Humanos, el 26 noviembre de 2014, ha remitido al señor Presidente del Consejo de Oficiales Almirantes, la nómina de los señores Oficiales de la Promoción 018 Especialistas, a fin de que sean colocados en situación de disponibilidad, a partir del 20 de diciembre de 2014, entre los que constan los señores CPNV-CSM ZABALA ACOSTA MANUEL EDUARDO, CPNV-CSM ROSERO OVIEDO LUIS FERNANDO; y, CPNV-CSM RUALES ALMEIDA EDUARDO FRANCISCO;
Que mediante Resoluciones números CONALM No. 055, 056 y 057 el Consejo de Oficiales Almirantes ha resuelto el cambio de situación militar de los señores CPNV-CSM ZABALA ACOSTA MANUEL EDUARDO, CPNV-CSM ROSERO OVIEDO LUIS FERNANDO; y, CPNV-CSM RUALES ALMEIDA EDUARDO FRANCISCO (...)";
Que el señor Comandante General de Marina, mediante Oficio No. AE-COGMAR-PER-2014-284-O-OF; remite al Ministerio de Defensa Nacional el expediente mediante el cual se coloca en situación militar de disponibilidad a los mencionados señores Oficiales; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 147, número 5) de la Constitución de la República del Ecuador; en concordancia con el artículo 65, letra a) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, a solicitud del señor Ministro de Defensa Nacional previo pedido del señor Comandante General de Marina,
Art. 1. Colocar en situación militar de disponibilidad con fecha 20 de diciembre del 2014, de conformidad al artículo 76, letra i) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, a los siguientes señores Oficiales Superiores:
PROMOCIÓN 018 ESPECIALISTAS
CPNV-CSM ZABALA ACOSTA MANUEL EDUARDO. CPNV-
CSM ROSERO OVIEDO LUIS FERNANDO. CPNV-CSM RUALES ALMEIDA EDUARDO FRANCISCO.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito a 26 de enero de 2015.
Quito 09 de Febrero del 2015, certifico que el que antecede es fiel copia del original.
Que el artículo 76 de la referida Ley establece que el militar será puesto en disponibilidad, por una de las siguientes causas: ?h) Por convenir al buen servicio, sea por mala conducta o por incompetencia profesional del militar, calificada así por el respetivo Consejo, de conformidad con lo establecido en el reglamento correspondiente";
Que el Consejo de Oficiales Generales de la Fuerza Terrestre, en sesión de 17 de diciembre de 2014, Resolvió: Calificar como mala conducta el accionar del señor CRNLEMS. MANUEL MOISES MORALES LÓPEZ, por lo que se coloca en situación militar de disponibilidad, conforme lo dispone el artículo 76, letra h) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas;
Que el señor Comandante General de la Fuerza Terrestre, mediante Oficio No. 14-El-o-sp-160 de 19 de diciembre de 2014, remite al Ministerio de Defensa Nacional el expediente mediante el cual se coloca en situación militar de disponibilidad al mencionado señor Oficial Superior; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 147, numero 16 de la Constitución de la República del Ecuador; en concordancia con el artículo 65, letra a) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, a solicitud del señor Ministro de Defensa Nacional previo pedido del señor Comandante General de la Fuerza Terrestre.
Art. 1. Colocar en situación militar de disponibilidad con fecha 31 de diciembre de 2014, de confonnidad al artículo 76, letra h) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, al señor Coronel de Estado Mayor Servicios MANUEL MOISES MORALES LÓPEZ.
Que los numerales 5 y 9 del artículo 147 de la Constitución de la República prescriben que son atribuciones del Jefe del Estado dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control; y nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado y a las demás servidoras y servidores públicos cuya nominación le corresponda;
Que el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas dispone que el Directorio de las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva, estará integrado por la Ministra o Ministro del ramo correspondiente o su delegado o delegada permanente, quien lo presidirá; el titular del organismo nacional de planificación o su delegada o delegado permanente; y un miembro designado por la Presidenta o Presidente de la República;
Que mediante Decreto Ejecutivo número 181 del 21 de diciembre del 2009, publicado en d Registro Oficial Suplemento número 98 del 30 de los mismos mes y año se creó la empresa pública de fármacos ENFARMA EP., cuyo objeto principal comprende, entre otras actividades, la investigación y desarrollo de principios activos para la elaboración de medicamentos o fármacos de uso humano, veterinario y agroforestal;
Que mediante Decretos Ejecutivos números 333, 674 y 1167, del 23 de abril del 2010, 24 dc febrero del 2011 y 17 de mayo del 2012, publicados en los Registros Oficiales números 188, 405 y 716, del 7 de mayo del 2010, 16 de marzo del 2011 y 4 de junio del 2012, respectivamente, se reformó sucesivamente la conformación del Directorio de la empresa pública de fármacos ENFARMA EP, que actualmente está constituido por el Ministro de Salud Pública, el Secretario Nacional de Planificación o su delegado permanente, por un miembro designado por el Presidente de la República;
Que resulta necesario reformar, al amparo de las actuales disposiciones legales el Decreto Ejecutivo de creación de la empresa pública de fármacos ENFARMA EP, en lo que respecta a la forma en la que se encuentra integrado su Directorio; y,
Artículo Único.- Sustitúyase el texto del artículo 4 del Decreto Ejecutivo número 188, del 21 de diciembre del 2009, publicado en el Registro Oficial Suplemento número 98, del 30 de los mismos mes y año por el siguiente:
"Art. 4.- El Directorio estará compuesto por los siguientes integrantes:
El Ministro de Industrias y Productividad, o su delegado permanente, quien lo presidirá;
El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, o su delegado permanente; y,
La Ministra de Salud Pública, como delegada del Presidente Constitucional de la República. Disposición
Derogatoria Única.- Deróguense las disposiciones que sean contrarias o contradictorias al presente Decreto Ejecutivo, contenidas en normas de igual o menor jerarquía.
Disposición Final.- Este. Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 26 de enero de 2015.
No. 0865
Doctora Ledy Andrea Zúñiga Rocha
Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1 señala que: ?El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución [?]?;
Que el artículo 3, numeral 1 de la norma constitucional establece entre los deberes primordiales del Estado, el de garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales;
Que el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el más alto deber del Estado consiste en: ?[?] respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas [?]?;
Que el artículo 78 de la Carta Magna determina que: ?[?] Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado?;
Que el Decreto Ejecutivo No. 305, de 3 de mayo de 2007, publicado en el Registro Oficial No. 87, de 18 de mayo de 2007, creó la Comisión de la Verdad con la finalidad de ?[?] investigar, esclarecer e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los Derechos Humanos, ocurridos entre 1984 y 1988 y otros períodos?;
Que los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones en los casos de violación de Derechos Humanos, señala que la reparación abarca la restitución, la satisfacción, la rehabilitación, las garantías de no repetición y la indemnización o compensación económica;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 748, de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 220, de 27 de noviembre de 2007, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el mismo que tiene como misión velar por el acceso a una justicia oportuna, independiente y de calidad, mejorar la rehabilitación social, promover la paz social y la plena vigencia de los Derechos Humanos, mediante políticas, programas y la coordinación de acciones con las instituciones relacionadas con el sistema de justicia;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 410 de 30 de junio de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 235, de 14 de julio de 2010, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, cambia la denominación de ?Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? por el de ?Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos?;
Que el 13 de diciembre de 2013, se publicó en el Suplemento del Registro Oficial No. 143, la Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008;
Que el artículo 7 de la Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008, atribuye al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con el Programa de Reparación, reglamentar el procedimiento para los acuerdos reparatorios, los montos a pagarse por concepto de indemnización y las medidas para su cumplimiento;
Que mediante reuniones celebradas con representantes del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Finanzas, se coordinó el proceso de reglamentación de acuerdos reparatorios; y,
Que con Decreto Ejecutivo No. 256 de 13 de marzo de 2014, publicado en el Registro Oficial, Suplemento No. 218, de 03 de abril de 2014, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombra a la doctora Ledy Andrea Zúñiga Rocha, como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos;
Conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 154, de la Constitución de la República del Ecuador; y artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva:
Expedir el "REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO PARA LOS ACUERDOS REPARATORIOS, LOS MONTOS A PAGARSE POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN Y LAS MEDIDAS PARA SU CUMPLIMIENTO", de conformidad con lo siguiente:
Artículo 1.- Objeto.- El presente reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento administrativo para acordar el monto de la indemnización en los casos en que haya lugar, y las medidas para su cumplimiento, conforme lo establece el artículo 7 de la Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- El presente instrumento se aplicará a todas las víctimas de los casos de violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad documentados por la Comisión de la Verdad, cometidos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008, con las excepciones establecidas en este reglamento.
Artículo 3.- Excepciones.- Para efectos de este reglamento, no podrán beneficiarse de un acuerdo indemnizatorio, quienes estén incursos en los siguientes casos:
Quienes hayan recibido indemnización en forma efectiva por parte del Estado, ya sea por cumplimiento de acuerdos de solución amistosa, sentencias y acuerdos de cumplimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o resoluciones del Sistema Universal de Derechos Humanos, por los mismos hechos documentados por la Comisión de la Verdad; y,
Quienes hayan recibido indemnización en forma efectiva, por daños y perjuicios por los mismos hechos documentados por la Comisión de la Verdad, a través de sentencia ejecutoriada emitida por los órganos jurisdiccionales nacionales.
Artículo 4.- Principios.- Todo acuerdo reparatorio con indemnización, se regirá por los siguientes principios:Principio de buena fe.- Las partes intervinientes en el proceso de negociación realizarán sus actuaciones con honestidad y lealtad;
Principio de proporcionalidad.- El monto de la indemnización se establecerá en consonancia con las características y gravedad de la violación y el daño causado, de tal manera que el monto acordado con la víctima o personas beneficiarias no implique el enriquecimiento de las mismas. El principio de proporcionalidad se aplicará especialmente para todos los perjuicios económicamente evaluables;
Principio de celeridad.- El proceso de negociación del acuerdo indemnizatorio, se sujetará a los plazos determinados en este reglamento. De igual forma, se aplicará el principio de celeridad a la realización del pago por concepto de indemnización. Se prohíbe todo retardo injustificado;
Principio de no revictimización.- Las y los servidores públicos actuarán con el debido respeto a los derechos de las víctimas y/o personas beneficiarias, se prohíbe toda forma de estigmatización o dilación injustificada en el proceso de negociación indemnizatoria, particularmente en la valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza y de cualquier forma de intimidación;
Principio de equidad.- Dado que no es posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, se determinará en equidad teniendo en cuenta la congruencia entre el tipo de violación y la reparación acordada, así como las diferencias entre los casos o las víctimas, de manera que exista equilibrio razonable entre la reparación y el daño.
Principio de no discriminación.- Las víctimas o personas beneficiarias no serán discriminadas por razones de etnia, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, vivir con VIH, discapacidad, origen geográfico; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, la Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008 y este Reglamento;
Principio de gratuidad y accesibilidad al procedimiento.- Para la accesibilidad de las víctimas y personas beneficiarias al proceso de negociación de acuerdo indemnizatorio, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos adoptará los mecanismos necesarios para garantizar que la tramitación del proceso sea gratuito;
Principio de acceso a la información.- Se deberá establecer medios de información al público en general, y en particular a las víctimas y beneficiarios, de los derechos que les asisten y de los recursos a los cuales pueden acudir, y de todos los servicios a los que tienen derecho.
Artículo 5.- De la Confidencialidad.- El proceso de negociación con la víctima directa o persona (s) beneficiaria (s) para alcanzar el acuerdo indemnizatorio tiene carácter confidencial.
Las y los servidores públicos que tengan acceso al expediente de la víctima directa o persona(s) beneficiaria(s) o que participen en el proceso de negociación deberán mantener absoluta reserva de la información.
Artículo 6.- Definiciones.- Para efecto de las disposiciones contenidas en este reglamento, se establecen las siguientes definiciones:
Víctima directa.- Toda persona natural que haya sufrido daños individualmente, físico o moral, material o psicológico, como consecuencia de la violación a sus Derechos Humanos, en los casos documentados por la Comisión de la Verdad, cometidos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.
Persona(s) beneficiaria(s).- Es beneficiario/a la víctima directa y a falta de ella, su cónyuge o pareja en unión de hecho y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.
Artículo 7.- Procurador común.- En caso de haber más de una persona beneficiaria, podrán designar de entre ellos de común acuerdo y por escrito, a un procurador común que los represente dentro del proceso de negociación.
DEL PROGRAMA DE REPARACIÓN
Artículo 8.- Programa de Reparación.- Las víctimas directas o personas beneficiarias de conformidad con la Ley tienen derecho a través del Programa de Reparación a cargo de la Defensoría del Pueblo a acceder a las medidas de reparación por vía administrativa, bajo las directrices establecidas para el efecto.
Artículo 9.- Remisión de expediente.- En los casos en que haya lugar a indemnización por los daños materiales y/o inmateriales que se produjeron a consecuencia de las graves violaciones de derechos humanos documentados por la Comisión de la Verdad se iniciará un proceso de negociación con las víctimas directas o personas beneficiarias de conformidad con la Ley, a cargo del Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos, para lo cual la Defensoría del Pueblo a través del Programa de Reparación, remitirá el expediente debidamente documentado, con el establecimiento de las medidas de reparación integral adoptadas e implementadas dentro el Programa de Reparación por vía administrativa, en caso de haberse acogido al mismo.
En los casos en que las víctimas o personas beneficiarias manifiesten su voluntad de no acogerse a las medidas establecidas por el Programa de Reparación por vía administrativa, la Defensoría del Pueblo deberá remitir al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el expediente respectivo debidamente documentado.
Artículo 10.- Procesos reparatorios en trámite.- En el caso de que la víctima o persona (s) beneficiaria (s) haya iniciado un proceso de negociación de acuerdo indemnizatorio; y al mismo tiempo mantenga un proceso de reclamación ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o el Sistema Universal de Derechos Humanos por los mismos hechos, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos notificará a la Procuraduría General del Estado que se ha emprendido un proceso de negociación indemnizatoria con la víctima o personas beneficiarias, a fin de que a su vez se proceda a notificar al órgano competente del respectivo Sistema. Dichas notificaciones formarán parte del expediente respectivo.
DEL ACUERDO INDEMNIZATORIO
FASE PREVIA A LA NEGOCIACIÓN
Artículo 11.- Procedimiento.- La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos receptará, examinará y registrará los expedientes provenientes del Programa de Reparación a cargo de la Defensoría del Pueblo, pertenecientes a las víctimas directas o personas beneficiarias, susceptibles de ser indemnizadas, para el inicio del proceso de negociación.
Artículo 12.- Contenido del expediente.- Cada caso a ser sometido al proceso de negociación, será documentado por el Programa de Reparación por vía administrativa de la Defensoría del Pueblo, en expedientes individuales, y contendrá:
Ficha de Datos Generales donde conste: a) Los nombres y apellidos completos de la víctima directa o personas beneficiarias; b) La dirección domiciliaria, teléfonos y/o correos electrónicos de la víctima directa o personas beneficiarias; c) El detalle de las medidas de reparación adoptadas por el Programa de Reparación de la Defensoría del Pueblo; y cualquier otra información que permita identificar claramente a la víctima o persona beneficiaria de conformidad con la Ley;
Copias simples de los documentos que acrediten la identidad o la filiación de la víctima directa o personas beneficiarias a ser indemnizadas;
Copia con la recepción del acuerdo reparatorio suscrito por la Defensoría del Pueblo, debidamente informado a la Procuraduría General del Estado;
En caso de ser cónyuge o pareja en unión de hecho de la víctima directa al momento de la violación de derechos, presentar en el primer caso, la partida de matrimonio inscrita en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador; y, en el segundo, el instrumento público que declare la unión de hecho referida;
De ser beneficiario por hallarse en el orden de filiación que va hasta el segundo grado de consanguinidad, se deberá adjuntar partida de nacimiento y copia de la cédula de ciudadanía; y,
Informe suscrito por el Defensor del Pueblo, con el establecimiento de las medidas de reparación integral adoptadas e implementadas por el Programa de Reparación por vía administrativa.
El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos notificará a la víctima o personas beneficiarias con la aceptación a trámite y el inicio del proceso de negociación, dentro del plazo máximo de diez (10) días de recibido el expediente.
En caso de que el expediente no reúna los requisitos señalados, no será aceptado a trámite de negociación y se procederá a su devolución.
Artículo 13.- De la Propuesta de Indemnización.- Aceptado a trámite el expediente proveniente del Programa de Reparación por vía administrativa, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos presentará la Propuesta de Indemnización a la Comisión Negociadora, misma que será elaborada en coordinación con un delegado de la Coordinación General de Asesoría Jurídica del Ministerio, en el plazo de treinta (30) días, a partir de la notificación de aceptación a trámite del expediente. La Propuesta de Indemnización deberá tomar en consideración los parámetros y criterios establecidos por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos para la fijación de daño material e inmaterial.
Artículo 14.- Indemnización.- La indemnización a las víctimas directas o personas beneficiarias, se concederá, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones de derechos humanos. La indemnización comprenderá los daños materiales y/o inmateriales producidos a consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, documentados por la Comisión de la Verdad.
Artículo 15.- Del Daño Material.- Comprende el daño emergente, el lucro cesante, el daño físico y el detrimento debidamente comprobado del patrimonio al momento de la violación.
El daño emergente se entiende como los gastos efectuados por las víctimas directas o personas beneficiarias con motivo de gestiones para investigar o sancionar los hechos que vulneraron los derechos humanos de las víctimas y todos aquellos desembolsos presentes o futuros relacionados con la violación de los derechos humanos. Se fijará sobre la base de los documentos de justificación de gastos que tengan una relación causal directa con la violación del derecho alegado, y a falta de éstos, en base al principio de equidad.
El lucro cesante se entiende como el equivalente al monto de los ingresos que las víctimas directas o personas beneficiarias recibirían por el tiempo en que se han visto impedidos de trabajar o desempeñar actividades económicas, si no hubiese ocurrido la violación a sus derechos; se determinará de acuerdo al nivel de ingresos de la víctima y la expectativa de vida en el país al momento de la violación de los derechos humanos, y en caso de no poder determinar con certeza su nivel de ingresos, este rubro se fijará en base al salario básico unificado del trabajador en general al momento de los hechos y de forma progresiva.
Artículo 16.- Del Daño Inmaterial o Moral.- Se entenderá por daño inmaterial o moral a la compensación económica por los sufrimientos tales como aflicciones, angustia, terror, impotencia, inseguridad, tiempo desde la denegación de justicia, cambios en el proyecto de vida, naturaleza y gravedad de la violación a los derechos humanos de la víctima directa o beneficiarios, en los casos documentados por la Comisión de la Verdad, cometidos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.
Para establecer el daño inmaterial por las violaciones a los derechos humanos documentadas en cada caso, se tomarán en cuenta los parámetros y criterios desarrollados en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos análogos. Para casos de violaciones de ejecución extrajudicial y desaparición forzada de las víctimas, la indemnización será equivalente a los daños causados por la infracción más grave. En ningún caso la indemnización por daño inmaterial será superior a dos cientos ochenta salarios básicos unificados del trabajador en general.
Artículo 17.- De las partes.- Constituyen partes en el Proceso de Negociación, la Comisión Negociadora y la víctima directa o persona(s) beneficiaria(s) de acuerdo con la Ley.
Para el proceso de negociación no se necesitará el patrocinio de un abogado o abogada.
Artículo 18.- De la Convocatoria.- Una vez presentada la
Propuesta de Indemnización a la Comisión Negociadora se dispondrá que la o el Secretario de la Comisión, dentro del plazo de quince (15) días, convoque a la víctima directa o la (s) persona (s) beneficiaria (s) al proceso de negociación, conforme al cronograma que será definido por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio.
A las audiencias de negociación, deberá convocarse de forma obligatoria a la Procuraduría General del Estado y a la Defensoría del Pueblo.
De todas las audiencias de negociación, se levantará un acta que será suscrita por las partes.
Artículo 19.- Conformación.- La Comisión Negociadora estará constituida por los siguientes miembros:
La Ministra o Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a través de su delegada/o permanente, que será la Subsecretaria o Subsecretario de Derechos Humanos y Cultos, quien presidirá la Comisión.
La Viceministra o Viceministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos o su delegado permanente.
La Coordinadora o Coordinador General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, quien actuará como Secretaria/o de la Comisión Negociadora.
Intervendrá el Procurador General del Estado o su delegada/o, quien participará dentro del proceso y autorizará la suscripción del convenio conforme a la Ley.
A petición de parte, podrá intervenir un delegado de la Defensoría del Pueblo, quien participará dentro del proceso como observador a efectos de sustentar cualquier aspecto que se derive del expediente tramitado dentro del Programa de Reparación por vía administrativa.
Artículo 20.- Atribuciones de la Comisión Negociadora.- La Comisión Negociadora tendrá las siguientes atribuciones:
Conocer la Propuesta de Indemnización;
Disponer a la o el Secretario de la Comisión que realice la convocatoria al proceso de negociación;
Negociar los acuerdos indemnizatorios;
Establecer y convocar a nuevas audiencias de negociación;
Disponer la suscripción de los acuerdos indemnizatorios y las actas de imposibilidad de acuerdo, por parte de quien la preside; y,
Las demás que sean necesarias dentro del proceso de negociación.
Artículo 21.- Del Proceso de Negociación.- Las audiencias de negociación serán dirigidas por la o el Presidente de la Comisión; se realizarán en el menor número de sesiones posibles.
Artículo 22.- Conclusión del Proceso de Negociación.- El proceso de negociación termina con la suscripción de cualquiera de los siguientes instrumentos:
Acuerdo Indemnizatorio.- Si como resultado del proceso de negociación, las partes han logrado un acuerdo respecto al monto de indemnización por la violación de los derechos humanos, documentados por la Comisión de la Verdad, se suscribirá el Acuerdo Indemnizatorio por todas las partes intervinientes.
Acta de Imposibilidad de Acuerdo.- Si como resultado del proceso de negociación, las partes no han logrado un acuerdo respecto del monto de la indemnización por la violación de los derechos humanos, documentados por la Comisión de la Verdad, se elaborará un Acta de Imposibilidad de Acuerdo que será suscrita por las partes intervinientes.
Tanto el Acuerdo Indemnizatorio como el Acta de Imposibilidad de Acuerdo, serán elaboradas por la o el Secretario de la Comisión Negociadora.
Artículo 23.- Del contenido del Acuerdo Indemnizatorio.- El Acuerdo Indemnizatorio contendrá la siguiente información:
Número de Acuerdo indemnizatorio;
Partes intervinientes;
Antecedentes y fundamentación constitucional y legal;

References: artículo 76
 artículo 147
 artículo 65
 artículo 76
 artículo 76
 artículo 76
 artículo 147
 artículo 65
 artículo 76
 artículo 147
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 78
 artículo 7
 artículo 154
 artículo 17

Artículo 1
 artículo 7

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23