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PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DFRECHOS HUMANOS.
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1 PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DFRECHOS HUMANOS. En San Salvador, a las horas con ~ _ del mes de En cumplirnientoal artículo 31 de la Ley de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos, se procede a notificar al Rector de la Universidad Francisco Gavidia, la resolución emitida a las ocho horas del día once de noviembre de dos mil catorce, en el expediente número SS , Procediendo a entregagle-ccpia de la misma y para constancia " - ~,.,. I ~ l'-\.. ' ", firmarnos.... f.\ ~ Firma y Sello de Recibido Notificador WR RECIBIDO O5 Ole 2014 /0-:5'50""1.
2 o PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. San Salvador, a las ocho horas del día once de noviembre de dos mil catorce.., '.} Mediante denuncia interpuesta el veintiuno de junio de dos mil trece, el señor Alfredo Bukele Simón manifestó lo siguiente: Que era administrador único propietario y representante legal de la sociedad "La Asunción S.A. de c.v.", entidad que celebró contrato de distribución de productos derivados del petróleo con la "Distribuidora Shell de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable", con la cual mantuvo una relación contractual hasta el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno. Que ante el incumplimiento del contrato, la sociedad que representa demandó a la aludida distribuidora en Juicio Sumario Mercantil Declarativo ante el Juzgado Tercero de lo Mercantil; proceso en el cual obtuvo sentencia favorable. En tal sentido, el diecinueve de diciembre de dos mil seis la titular de dicho Tribunal practicó liquidación a partir de dos rubros: a) el capital e intereses moratorias, y b) las costas procesales en primera y segunda instancia, así como del recurso de Casación; liquidación con la cual no estaba conforme debido a que el monto establecido no era congruente ni proporcional al tiempo transcurrido y los perjuicios ocasionados. Alegó el denunciante que la funcionaria judicial no justificó la cantidad a liquidar, especificando los parámetros y criterios aplicados para el cálculo correspondiente, tampoco citó las disposiciones legales correspondientes. Mencionó, que la liquidación es un acto procesal y, por tanto, debía estar debidamente fundamentado para evitar arbitrariedades; asimismo, que el derecho a una decisión fundada era una garantía del derecho a un debido proceso legal y del derecho de acceso a la justicia reconocido en la Constitución de la República, derecho que consideraba afectados y por lo cual presentó demanda de Amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra la resolución dictada por la Jueza Tercero de lo Mercantil. Refirió que dicha demanda fue registrada bajo la referencia , pero en resolución de las nueve horas con cinco minutos del diecinueve de abril de dos mil diez, fue declarada improcedente por considerar que se trataba de un asunto de mera legalidad; que más bien era una inconformidad por no haber cumplido la expectativa descrita de la sociedad, además de considerar que la liquidación. no requería citar disposiciones legales o cuestiones fácticas para contabilizar los aspectos que en ella se determinaban, ya que se trataba de una operación matemática por medio de la cual se fijaba de modo preciso el saldo de una deuda dentro de un proceso.
3 '. ;,i~:r'w:~~:~~l, \ i ". ) :. ~.':~ -,.0, ::, J" t.,,) 0\ \~\ -"<,,:~;r~~~:<s~"z:;/\ ~ mil trece, emitida por los magistrados de dicha Sala, así como certific~;fgi;~~~d~~ \\ ' procesos de amparos y , COI1 lo cual se le daba cumplimíento a la \1 ' solicitud de informe hecha por esta Procuraduría, 'J \ En la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional en el proceso con referencia , de fecha diecinueve de abril de dos mil diez y que concluyó con la declaratoria de improcedencia de la demanda, se lee lo siguiente: 1, En primer lugar, el señor Bukele Simón afirma que la citada liquidación lesionó el derecho a la seguridad jurídica de la sociedad Asunción..., ya que la Jueza Tercero de lo Mercantil de esta ciudad omitió cuantificar, dentro de dicha actuación, los intereses legales moratorios, no obstante que éstos se encontraban comprendidos en la indemnización de perjuicios establecida en la sentencia dictada el 14-VII-2003 por la misma autoridad. ' Respecto de tal argumento, se advierte que el representante de la sociedad actora pretende que este Tribunal determine qué aspectos se encuentran englobados en 1a indemnización de perjuicios y, por tanto, los rubros que debieron haberse cuantificado en la liquidación que ejecutó la Juez Tercero de lo Mercantil de esta ciudad. Sobre ello, debe tenerse en cuenta que esta Sala carece de competencia material para realizar un análisis relativo al tipo de interés que debe incluirse en la indemnización de perjuicios por mora y, en consecuencia, cuál es el que debe ser cuantificado en la liquidación que en su momento sea practicada, ya que tal actividad conllevaría la invasión de competencias que, en exclusiva, han sido atribuidas y deben realizar los jueces y tribunales ordinarios. 2, En segundo término, el [demandante] alega infracción del derecho a la motivación de las decisiones judiciales de [su representada], ya que la autoridad demandada no explicó por qué cobró únicamente el "interés legal anual" a partir del día 5-IX-2005 al 23 X-2üOG y, además, por qué omitió indicar la base legal y fáctica de la contabilidad de las costas procesales. Con relación a tal argumento, se advierte que el señor Bukele Simón pretende justificar la inconstitucionalidad del acto contra el cual reclama en un aspecto que demuestra la mera inconformidad con éste. En efecto, la liquidación no requiere de la cita de disposiciones legales o cuestiones fácticas para "contabilizar" los aspectos que en ella se determinan, ya que se trata de una operación matemática por medio de la cual se fija de modo preciso el saldo de una deuda dentro de un proceso; por ello, para que dicho acto procesal se considere conforme a [a Constitución, basta la indicación de insumas mínimos a partir de los' cuales pueda inferirse el lapso temporal que comprende la cuantificación que se lleva a cabo, En ese sentido, se advierte que la segunda infracción alegada por el señor Bukele Simón constituye, en realidad, un asunto de mera legalidad carente de fundamento constitucional, ya que, como se ha dicho, devela una inconformidad con las cantidades establecidas en la liquidación practicada el día 19-XII-2üOG por la autoridad demandada, toda vez que éstas no cumplieron.la expectativa dineraria que esperaba la entidad que representa. J
4 /i;:,~.' : '-\,::::~~~\~~""" o;,:: - I j".j\,~.:_,,~.,' ~ ~~ Soji - r~~~ -;..[~~,! \':~,.~~.'~;,., -. '. "_."< ~..J":.>:'/ ciudad el catorce de julio de dos mil tres; por la Cámara Segunda de 1~':::Bf'9:;1l~i'd'g;~'(a Primera Sección del Centro el diecisiete de marzo de dos mil cuatro; y por la Sala de lo Civil el once de mayo de dos mil cinco; mediante las cuales se declararon terminados los contratos de arrendamiento y distribución de productos derivados de petróleo entre dicha Distribuidora y la sociedad La Asunción, S,A. de C.V. Dicho proceso de amparo fue sobreseído de conformidad a los artículos 13 y 31 número 30 de la Ley de Procedimientos Constitucionales y fue precisamente el tercero beneficiado, la Sociedad La Asunción, S.A. de C.v., quien a través de su representante Alfredo Bukele Simón solicitó el sobreseimiento mediante escrito del veinticinco de mayo de dos mil seis, en el cual expuso que "las resoluciones emitidas por los tribunales Tercero de lo Mercantil, Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro y Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, no solamente fueron apegada (sic) al derecho secundario, sino también a la normativa constitucional". Además, acotó el informante que en dicho expediente se encontraba agregada la certificación de las resoluciones impugnadas, entre las cuales estaba la sentencia emitida por la Jueza Tercero de lo Mercantil a las ocho horas y diez minutos del catorce de julio de dos mil tres, autoridad contra la cual el señor Bukele Simón planteó la demanda de amparo Yen la cual se decidió lo siguiente: "POR TANTO: De conformidad a los considerandos anteriores, disposiciones citadas y artículos 1 del Decreto Legislativo Número SESENTA y UNO de fecha treinta y uno de julio de mil novecientos setenta, 1417, 1422, 1424, 1605 C,C., 417, 422, 427, 439,974 Y 975 Pro C., a nombre de la República de El Salvador, FALLO: a) Declárese terminados los contratos de arrendamiento y distribución de productos del petróleo, celebrado originalmente entre Distribuidora Shell de El Salvador y el señor ALFREDO BUKELE SIMÓN, sustituido después por La Asunción, S.A. De C.v., así: el primero en la ciudad de San Salvador, a las ocho horas del día diecisiete de noviembre de mil novecientos setenta, ante los oficios del Notario Rafael Mendoza Cisneros, relativo a la estación de servicio denominada "SHELL LA ASUNCiÓN", el segundo celebrado en esta ciudad a las nueve horas del día diecisiete de noviembre de mil novecientos setenta, también ante los oficios notariales del funcionario antes referido, relativo a la estación de servicio denominada "SHELL ROOSEVELT", a consecuencia del incumplimiento de los mismos, sin causa justificada, por parte de la contratante DISTRIBUIDORA SHELL DE EL SALVADOR, S.A., b) Ha lugar el pago de indemnización por daños y perjuicios, solicitado por el actor en su demanda; en consecuencia, condénase a Distribuidora SHELL DE EL SALVADOR, S.A. a pagar a la Sociedad LA ASUNCiÓN, S.A. De cv.. la cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO COLONES CON SEIS CENTAVOS, como cantidad liquidada y c) Condénase a la demandada al pago de las costas procesales de esta instancia. Hágase saber". Con base en lo anterior, se hacen las consideraciones siguientes: Á. Sobre el derecho a la protección judicial 5 1 E5TDP-MüU-Cl-00047
5 ;.'. \ '( (_', "::' "'.' ', ' C, -). Ó: / io " i "., ).. '.\,.'-,.:;.U \\ ~~\~~~~~l' I De acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Pr~:~1%ti'if{f~ Constitucionales, el amparo no procede en asuntos judiciales puramente civiles, comerciales o laborales, y respecto ele sentencias definitivas ejecutoriadas en materia penal. Sin embargo, la misma Sala de lo Constitucional ha señalado que dicha disposición no significa que se rechace o que no proceda el amparo en los procesos judiciales; puesto que la norma debe interpretarse en el sentido que el amparo no es procedente como medio de impugnar o discutir lo resuelto en los fallos de los Tribunales, -es decir, las pretensiones de las partes-; pero sí es procedente, en materia judicial, cuando el proceso sea irregular, esto es, cuando en él se hayan violado formalidades esenciales del procedimiento dirigidos a garantizar derechos constitucionales del impetrante, o impedido el ejercicio de ellos, y en este caso este Tribunal deberá limitarse a decidir si se han violado tales derechos y a preservarlos o restablecerlos, absteniéndose de cualquier consideración sobre lo actuado por los Órganos jurisdiccionales.:" 1 / \..... En el presente caso, se advierte que al declararse la improcedencia del amparo solicitado por la sociedad La Asunción S.A de C.v., y sobre todo establecer que la titular del Juzgado Tercero de lo Mercantil debió únicamente indicar insumas mínimos a partir de los cuales pueda inferirse el lapso temporal que comprendiere la cuantificación; no guarda congruencia con las posiciones expresadas con antelación en sentencias pronunciadas por dicha Sala, sobre la obligatoriedad de motivación existente por parte de jueces y funcionarios en las resoluciones que en atención a sus competencias declaren sobre las pretensiones de las partes que demandan e intervienen en la exigencia del derecho a la protección jurisdiccional. La amplitud que la Sala debe tener en la aceptación de las causas a examinar mediante el proceso de amparo se deriva de su carácter de garantía que funciona ante eventuales situaciones jurídicas o fácticas de vulneración de derechos. Cuando la Sala descarta una demanda de amparo, sienta posición sobre situaciones que implican posibles vulneraciones que serán sometidas a dilucidación sobre si se afecta o no determinados derechos o categorías jurídicas que gozan de la protección reforzada que otorga la Constitución. Lo que la Sala ha dicho con su declaratoria de improcedencia en este caso, es que da por cumplido el estándar constitucional del debido proceso con que se refleje en las decisiones judiciales "contenidos implícitos", que ello es suficiente para dar por agotado el derecho a una decisión motivada; con su declaratoria, la Sala redujo el, alcance al contenido de tal derecho. l. CorteSupremade Justicia. Amparo Rodríguez vrs Juzgado de lo Laboral de Sonsonatc )' otros, del veintitrés dejulio de mil novecientosnoventa y ocho. 7
6 Derechos Humanos. Se debe aclarar que esta Procuraduría, tal y como lo ha expresado anteriormente, reconoce la importancia de respetar la independencia de los jueces y magistrados en la labor de la administración y aplicación de la justicia; no obstante, como garante del control de la legalidad desde la perspectiva y protección de los derechos humanos, difiere de lo considerado por la Sala de lo Constitucional en la improcedencia de la demanda suscrita por el señor Alfredo Bulcele Simón., \ Según la Sala de lo Constitucional el demandante centraba su requenrmento de amparo en un asunto de mera legalidad, así corno en la simple inconformidad respecto de la liquidación que practicó la autoridad demandada, señalando que reclamaba un aspecto que demostraba la mera inconformidad con éste y que dicha liquidación no requería citar disposiciones legales o 'cuestiones fácticas para contabilizar los aspectos que en ella se determinan, considerando que se trataba de una operación meramente matemática por medio de la cual se fija de modo preciso el saldo de una deuda dentro de un proceso. Refirió además, que bastaba únicamente que la juzgadora indicara insumas mínimos a partir de los cuales pueda inferirse el lapso temporal que comprendiere la cuantificación que se llevaba a cabo. Sobre lo anterior, el suscrito considera que si bien, la Sala no tiene facultades para dirimir el tema de fondo -por ejemplo determinar si la liquidación era correcta-, por ser un asunto de mera legalidad dentro de la citada controversia judicial, debía establecer si la autoridad judicial involucrada, señora Jueza Tercero de lo Mercantil, respetó en sus actuaciones los Límites que le imponen los derechos y garantías constitucionales, como es el derecho a una decisión motivada. Es más ni siquiera hubiera sido necesario que el demandante Bukele Simón hubiera hecho tal sol icitud de manera expresa, pudo haber invocado erróneamente los alcances de los derechos constitucionales mencionados, pues de acuerdo con el artículo 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, en los procesos de amparo -yen los de exhibición personal- la Sala de lo Constitucional está obligada a corregir los errores de derecho y suplir las deficiencias de derecho en las que incurran las partes. De manera que si se lleva esta disposición a su máximo efecto normativo, basta que una demanda de amparo cite sólo hechos, e invoque equivocadamente un derecho constitucional supuestamente afectado, yeso no impide per se que se pueda llevar hasta la etapa procesal final, en la cual la Sala de lo Constitucional tendrá que suplir los vacíos de argumentación jurídica del demandante. Es una conclusión del principio iuranovitcurice, no aplicable a los procesos de inconstitucionalidad, por ' la naturaleza eminentemente argumentativa con los que son definidos estos últimos. En ese sentido, para esta Procuraduría sí era necesario que la titular del aludido 9
7 " ((~~J ~~~~{{~~~i)}j)) ~.q.~c"" e., 11 ~%::t~t~:~\'~ \ Ahora bien, aunque en todo proceso o procedimiento existen y pueden pronunciarse una gran variedad de resoluciones, todas -coino se dejó plasmado en el Amparo" deben de explicitor las razones de la decisión. Así, 1as resoluciones que se conocen como "decretos de sustanciación" (actuaciones mecánicas y de mero impulso procesal); los autos interlocutorios simples y los que tienen fuerza de definitiva; y todas las resoluciones que terminen el proceso o procedimiento, ya sea de modo anormal o normal (interlocutorias que le ponen fin o sentencias definitivas) tienen que estar, siempre, debidamente motivadas y fundadas. No basta, en consecuencia, la mera cita de las disposiciones que se consideren aplicables, a menos de incurrir en un simple automatismo o determinismo jurídico. De lo expuesto puede concluirse, de un modo general, que existiría de parte de una autoridad pública violación constitucional a la seguridad jurídica -por la falta de exposición de las razones de una decisión-e- cuando ante una resolución los involucrados en el proceso o procedimiento de. que se trate no pueden conocer razonablemente el por qué de las mismas. La existencia de una motivación insuficiente La motivación es el instrumento jurídico encaminado a garantizar que el poder actúe racionalmente y dentro de unos límites, como signo importante y típico de racionalización de la función judicial -y también de la administrativa-, incluso como uno de los principios rectores de la ética judicial; es decir, "en ese sentido motivar una decisión consiste en explicarla, o sea, en describir o hacer explícitos los motivos, tanto jurídicos como fácticos, que, de hecho, han conducido. al juez a adoptarla". En tal sentido es una garantía para evitar decisiones arbitrarias. En definitiva, motivar equivale a garantizar que "esa decisión no sea arbitraria, o sea, que el poder discrecional que posee dicha autoridad judicial para interpretar y aplicar el Derecho se haya ejercido racionalmente", 9 Por lo anterior, es suscrito Procurador considera que si bien dicha Sala de lo Constitucional resolvió sobre la declaratoria de improcedencia de la demanda de amparo, así como la revocatoria de la misma, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Procedimientos Constitucionales, en la parte considerativa hizo una valoración sobre la actuación de la titular del Juzgado Tercero de lo Mercantil, al considerar que su actuación respecto de la liquidación en el proceso mercantil bajo análisis fue conforme a Derecho, al haber resuelto con anterioridad la forma en la cual liquidó en el proceso mercantil relacionado. Sobre este punto en particular se debe considerar que si ya puede estimar que de una u otra forma sentó criterios sobre el fondo de la cuestión, previamente dicha Sala había estimado que el análisis sobre la liquidación era un asunto improcedente respecto de su dominio de conocimiento competencial rationematerice, las expresiones vertidas sobre el proceder judicial en la liquidación exponen una incongruencia que genera una evidente contradicción y que introduce incertidumbre en el funcionamiento del sistema de justicia respecto del demandante. La interpretación constitucional: Constitución de la República de El Salvador 1983; Ley de Procedimientos Constitucionales/Marina Gascón Abellá-Za.ed. l'ág.50-s J 11
8 Si la Sala de lo Constitucional considera que hay motivos suficientes para alejarse de sus reiterados precedentes, nada le impide realizarlo, a condición que exprese con claridad, detalle y lógica argumentativa las razones que jurídicamente determinan el cambio jurisprudencial. Lo que es inaceptable desde la perspectiva de la seguridad jurídica y del debido proceso es aplicar criterios contradictorios que carezcan de sostenimiento racional sobre la obligatoriedad de motivación existente por parte de jueces y funcionarios en las resoluciones que en atención a sus competencias declaren sobre las pretensiones de las partes que demandan e intervienen en la exigencia del derecho a la protección jurisdiccional. En consecuencia y de conformidad con las atribuciones otorgadas por la Constitución de la República en su artículo 194, romano 1, ordinales 1, 2, 7 Y 11, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, resuelve: a) Dar por establecida la violación al derecho a un debido proceso judicial, por inobservancia del derecho a una decisión motivada, y de acceso a la justicia,' por inadecuada argumentación en el rechazo procesal de la demanda de amparo y su posterior solicitud de revocatoria, en perjuicio del señor Alfredo Bukele Simón, como representante legal de la sociedad "La Asunción", S.A. de C.v. b) Declarar la responsabilidad por tal violación a los miembros de la Sala de lo COnstitucional de la Corte Suprema de Justicia que suscribieron la decisión de improcedencia de la demanda de amparo , porque no realizaron un análisis suficiente sobre la relevancia constitucional del conflicto planteado, en los términos, expresados en esta resol ción, ir pidiendo así el acceso a la justicia constitucional. -, ~~ //, \>(.)(,y.,<-ch0s' {~ Notifíguese. '1.:::,QC (.) <ooors:,.(. --' ( ', e., -r: t '(~'';::'U ""0";" '\. -.;. ~~ '=!~..;;'»ottl cr :( ~ r. ~..""z e- W. ' ".-,r.ce:t.<"l ~ D ~. ~~"".,," S?);. ~ \~ ''7.,,-~v.. N....-e- * ~ '!I "I"~ s~./t: EL S».L~~<it ~~~'h' ú" A efecto de darle a conocer al Rector de la Universidad Francisco Gavidia, y le Sirva de legal notificación, San Salvador a los cuatro día del mes de diciembre de dos mil catorce Ch/afpm

References: artículo 31
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 artículo 80
 resolución 
 artículo 194