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Timestamp: 2018-07-22 18:40:26+00:00

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Una breve reseña del Derecho de la Competencia en México
Los antecedentes históricos del Derecho de la Competencia en México se remontan al año 1857, año en el cual se incluyó por primera vez en la Constitución Política una regulación en materia de monopolios. Ya en el año 1934 se emite la legislación reglamentaria que inicia la aplicación del precepto constitucional. En este año, se publica la Ley Orgánica del artículo n° 28 de la Constitución Política en materia de monopolios.
El conjunto de normas que regula la competencia en México están contenidas en la Constitución Política, La Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), la Ley de Comercio exterior y El Reglamento de la LFCE. La normativa mexicana vigente está orientada al establecimiento de un orden económico que proteja la competencia en los mercados. Para tal efecto, el Estado es el encargado de llevar a cabo la planeación, conducción, coordinación y orientación de la actividad económica nacional.
El primer fundamento del Derecho de la Competencia Mexicano se encuentra principalmente en los artículos n° 5, n° 25 y n° 28 de la Constitución Política.
Señala el artículo 5 de la Constitución:
"Articulo. 5.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que la acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial."
Asimismo el artículo n° 25 de la Constitución señala la facultad del Estado de intervenir en la economía, en los siguientes términos:
"Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución El Estado planeara, conducirá, coordinara y orientara la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación".
Finalmente, el artículo n° 28 de la Carta Política es el pilar fundamental para la construcción del régimen del Derecho de la Competencia. Este artículo establece como conductas prohibidas los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las exenciones de impuestos y las 2 prohibiciones a título de la protección de la industria. También protege a los consumidores y propicia su organización para el mejor cuidado de sus intereses.
El segundo fundamento del Derecho de la Competencia en México lo encontramos en la Ley Federal de Competencia Económica de 1992 (LFCE) que tiene como finalidad proteger la competencia y libre concurrencia. Para cumplirlo, la LFCE contiene una parte sustantiva y una adjetiva, en las cuales se respetan las garantías de seguridad jurídica previstas en la Constitución Política de México. Por otra parte, la LFCE contiene instrumentos para hacer efectiva la garantía de libre concurrencia y asegurar el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento y la debida motivación de las resoluciones emitidas conforme a la misma.
La LFCE se aplica a todos los agentes económicos, sean personas físicas o jurídicas independientemente de las actividades económicas que realicen. Las únicas excepciones son las indicadas en el texto constitucional. Entre estas excepciones encontramos las funciones que el Estado ejerce de manera exclusiva en las áreas estratégicas definidas por el artículo n° 28 de la Constitución Política, entre otras. Con respecto al ámbito de aplicación territorial la LFCE establece que la normativa es de observancia general en toda la República.
Los organismos encargados de la libre competencia en México y sus principales funciones
La CFC es un organismo desconcentrado, adscrito a la Secretaria de Economía que fue creado por la Ley Federal de Competencia Económica de 1992. Es una institución con autonomía financiera y técnica. Asimismo, es un organismo autónomo para decretar resoluciones de carácter administrativo. La CFC tiene como objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención y eliminación de prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
La Comisión Federal de Competencia tiene dos tipos de funciones: una preventiva y otra correctiva. Las funciones preventivas no llevan consigo una sanción, su objetivo consiste en establecer medidas para prevenir la comisión de las conductas. Por el contrario las correctivas llevan consigo el inicio de una investigación y la imposición de una multa en caso de encontrarse cometida la conducta.
a. Funciones preventivas
Las medidas preventivas consisten en establecer los mecanismos de coordinación para el combate y prevención de monopolios, estancos, concentraciones y prácticas ilícitas. Asimismo, abarcan las opiniones sobre los ajustes a los programas y políticas de la administración pública federal, cuando de éstos resulten efectos que puedan ser contrarios a la competencia y la libre concurrencia
Dentro de las medidas preventivas se encuentra por ejemplo, la realización de opiniones en materia de competencia y libre concurrencia, respecto de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y actos administrativos.
Del mismo modo, dentro de éste tipo de medidas se encuentra la participación de la CFC en la celebración de tratados, acuerdos o convenios internacionales en materia de regulación o políticas de competencia y libre concurrencia, de los que México sea o pretenda ser parte.
b. Funciones correctivas
Las medidas correctivas consisten en investigar la existencia de monopolios, estancos, prácticas o concentraciones prohibidas por la ley. La CFC para dicha investigación, puede requerir de los particulares y demás agentes económicos la información o documentos relevantes, resolver los casos de su competencia y sancionar administrativamente la violación de la LFCE.
La CFC, adicionalmente como medida correctiva puede denunciar ante el Ministerio Público las conductas delictivas en materia de competencia y libre concurrencia entre otras.
La Comisión está integrada por cinco comisionados, incluyendo al Presidente de la misma. Las decisiones son tomadas por mayoría de votos. Para que la CFC sesione válidamente sólo son necesarios tres comisionados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es obligatoria la presencia del Presidente o quien lo supla legalmente.
Con respecto a la designación de los comisionados, es el Presidente de la República el encargado de nombrarlos incluyendo al Presidente de la CFC.
COFETEL es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de Telecomunicaciones con autonomía técnica y operativa. COFETEL, es la encargada de decretar las obligaciones a los agentes económicos para subsanar las conductas ilegales que investigue la CFC.
COFETEL, fue creada el 8 de Agosto de 1996 por Decreto del Poder Ejecutivo Federal atendiendo el mandato del Congreso para regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones.
De acuerdo al artículo n° 15 de Reglamento Interno de COFETEL, corresponde a la COFETEL en pleno el establecimiento de las obligaciones específicas relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que tengan poder sustancial en el mercado relevante de conformidad con la LFCE.
Por otra parte, el artículo n° 21 letra b, faculta a la Dirección General de Estudios Económicos y Regulatorios de COFETEL la elaboración de propuestas que contengan las obligaciones de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que tengan poder sustancial en el mercado con respecto a temas como las tarifas, la calidad de servicio e información. COFETEL tiene facultad para interpretar para efectos administrativos, y dentro del ámbito de su competencia, las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas.
Al ejercer esta facultad a través de diversos actos administrativos, la COFETEL ejerce también su función de autoridad en materia de telecomunicaciones. b, faculta a la Dirección General de Estudios Económicos y Regulatorios de COFETEL la elaboración de propuestas que contengan las obligaciones de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que tengan poder sustancial en el mercado con respecto a temas como las tarifas, la calidad de servicio e información. COFETEL tiene facultad para interpretar para efectos administrativos, y dentro del ámbito de su competencia, las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas.
Al ejercer esta facultad a través de diversos actos administrativos, la COFETEL ejerce también su función de autoridad en materia de telecomunicaciones.
La Unidad de Prácticas de Comercio Internacional (UPCI)
La Unidad de Práctica de Comercio Internacional es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía. Esta entidad es la encargada de realizar investigaciones relacionadas con conductas antidumping, lo que implica la búsqueda o comprobación de los elementos que configuran la competencia desleal.
Las sanciones aplicables por violación a las normas de libre competencia en México
La CFC cuenta con medios de apremio de carácter administrativo que son según el artículo n° 35 de la LFCE el apercibimiento o la multa hasta por el importe del equivalente a 1.500 veces el salario mínimo vigente en México, cantidad que puede aplicarse por cada día que transcurra sin cumplimentarse lo ordenado por la CFC.
La multa equivaldrá hasta el 10% de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior, o hasta el 10% del valor de los activos del infractor cuando la infracción que se realice sea:
a. Práctica monopólica absoluta,
b. La persona haya participado directamente en dicha práctica absoluta concentraciones prohibidas, en representación o por cuenta y orden de personas jurídicas.
El artículo n° 37 de la LFCE., establece que para la imposición de las multas la CFC debe tener en cuenta:
b. El daño que se haya causado;
c. La intención;
d. El grado de participación del infractor en el mercado, el mercado afectado;
e. La duración de la práctica o concentración, la residencia en dicha práctica;
f. Los antecedentes del responsable y su capacidad económica.
Algunos aspectos del procedimiento
El procedimiento es regulado brevemente en el capitulo V de la LFCE y por su Reglamento. El procedimiento es susceptible de iniciarse de oficio por la CFC o a petición de parte. De oficio se puede iniciar únicamente la investigación del incumplimiento de la obligación de notificar una concentración a la CFC.
Con respecto a legitimación activa para interponer la denuncia hay que distinguir si se está ante una práctica restrictiva relativa o una absoluta. Tratándose de una práctica relativa está legitimada cualquier persona; por el contrario si se está frente a una práctica monopólica absoluta o una concentración se encuentra legitimado exclusivamente el afectado por dicha conducta.
La denuncia de prácticas absolutas ante la CFC es relativamente sencilla ya que exige pocos requisitos. Debe realizarse un escrito que contenga la descripción de la práctica absoluta. En el caso de las prácticas relativas o concentraciones se deben definir los elementos que configuran dicho ilícito y las pruebas que sustenten el daño o posible ocurrencia de éste.
En el artículo n° 6 del Reglamento de la LFCE, se establece que tratándose de prácticas relativas se puede apelar como medio de defensa ante la CFC, la ganancia de eficiencia y favorabilidad en el proceso de competencia y libre concurrencia
El artículo 33 n° de la LFCE, faculta a la CFC para no investigar aquellas denuncias que notoriamente sean improcedentes. Se entienden como improcedentes:
a. Las conductas que hayan sido materia de una resolución
b. Las que se encuentren en proceso, que se encuentre en estudio la notificación de una concertación y las que no sean inminentes.
Abierta la investigación la CFC debe emplazar al presunto responsable para informarle la apertura de la investigación y entregarle una copia de la demanda. El investigado tiene un término de treinta días calendario para manifestarse y adjuntar las pruebas que sustenten su declaración.
Practicadas las pruebas se cuenta con un plazo no mayor de treinta días calendario para que se den los alegatos, que pueden ser verbales o escritos. Los alegatos deben ser integrados al expediente en un plazo no mayor a sesenta días calendario y la CFC debe dictar resolución.
Durante la investigación la CFC tiene la facultad de requerir información y documentos o citar a declarar a personas que tengan conocimiento o relación con el caso. El artículo 31, de la LFCE, en su inciso final determina que la calidad de los documentos que sean aportados al proceso son de carácter confidencial.
Contra la decisión de la CFC cabe el recurso de reconsideración para revocar, modificar o confirmar el fallo. El recurso está regulado en el capítulo VII de la LFCE, que dispone que debe interponerse dentro los treinta días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución. La interposición del recurso suspende los efectos de la resolución
El recurso cabe contra:
- Las resoluciones que pongan fin a un procedimiento,
- Las resoluciones que tengan por no presentada una denuncia
- Las resoluciones que tengan por no notificada una concentración.
La jurisdicción civil eventualmente puede llegar a conocer del tema en los casos en que el perjudicado haya demostrado durante el proceso sufrimiento de daños a causa de la conducta castigada. Para obtener la indemnización correspondiente se puede ejercer la acción judicial correspondiente.
El artículo n° 38 de la LFCE establece que para la estipulación de daños y el juez competente puede tener en cuenta los perjuicios que haya determinado la CFC.
Finalmente, la Constitución Mexicana consagra la acción constitucional de amparo que permite que la jurisdicción llegue a conocer de los casos referentes al tema de Derecho de la Competencia.
Los juicios de amparo se dan por demandas contra autos o resoluciones emitidas por la CFC que violen garantías individuales de garantías o por inconstitucionalidad de leyes. Los juicios de 6
amparo por inconstitucionalidad de leyes hacen referencia a la vulneración de dichas garantías por parte de la LFCE y el Reglamento Interior de la CFC.
LA PRESENTE INFORMACIÓN PUEDE USTED CONSULTARLA EN:
http://www.lcuc.cl/documentos_down/mapa/mexico.pdf
Etiquetas: DERECHO MERCANTIL III

References: artículo 5
 resolución 
 resolución 
 artículo 33
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 artículo 31
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