Source: https://esclavitudcero.wordpress.com/tag/derechos-humanos/
Timestamp: 2017-03-30 20:20:15+00:00

Document:
Derechos Humanos | Esclavitud Cero
Cristina Kirchner, al anunciar la reforma judicial que ahora es cuestionada duramente desde la ONU. Foto: Archivo Más notas para entender este tema
Share this:GoogleFacebookLinkedInTwitterCorreo electrónicoImprimirMe gusta:Me gusta Cargando...	Leave a Comment »	| Trata de Personas	| Etiquetado: cautelares, Congreso, Consejo de la Magistratura, Derechos Humanos, división de poderes, Esclavitud, estado de derecho, garantías judiciales, IMPUNIDAD, independencia de poderes, jueces, Justicia, medidas cautelares, Ministerio de Justicia, Naciones Unidas, ONU, Pacto de San José de Costa Rica, poder judicial, reforma, reforma judicial, república, senado, Trata de Personas	| Permalink
Escrito por assorati	INFORME 2013 SOBRE LA SITUACIÓN DE LA TRATA EN ARGENTINA
Al igual que en años anteriores, se continúa evidenciando el avance del crimen organizado en Argentina, en particular en lo que hace al tráfico de drogas, íntimamente ligado a la trata de personas. A finales de Octubre de 2012, fue detenido en Buenos Aires –a requerimiento de la DEA Henry De Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”, uno de los líderes del cartel Colombiano de Los Urabeños y el mayor proveedor de cocaína del cartel Mexicano de “Los Zetas”. El narcotraficante había ingresado al país a finales de 2011 con documentación falsa y se sospecha que habría hecho numerosos embarques hacia la Argentina. El informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, también da cuenta de un aumento de la venta de drogas en Villas y asentamientos de la Capital y el Gran Buenos Aires. Frente a ello, es imprescindible que la sociedad forme una alianza para combatir el crimen organizado, única posibilidad frente a una situación a la que claramente no se está haciendo frente de manera eficaz hasta el momento. Posteriormente a las marchas en repudio al fallo absolutorio en el caso Verón, un dictamen para la modificación de la Ley 26.364, que había obtenido media sanción en el Senado el 31 de Agosto de 2011, y que se mantuvo “cajoneado” durante casi un año y medio (a pesar de los reclamos de las ONGs), fue rápidamente rescatado del olvido y aprobado sobre tablas. La Cámara de Diputados debía actuar como Cámara Revisora del proyecto. Sin embargo, no evaluó ni revisó el proyecto, que fue aprobado sin que la bancada mayoritaria aceptara cambio alguno. La urgencia por mostrar una reacción rápida que descomprimiera una situación casi explosiva, impidió un análisis sosegado de la norma propuesta. Sin embargo durante el debate sobre tablas, resultó claro que casi todos los legisladores ponentes consideraban que aún era necesario introducir modificaciones a la norma, incluidos representantes del oficialismo, con mayoría propia en la Cámara de Diputados. El caso de Marita Verón no es el único caso que muestra la impunidad en el ámbito judicial en los casos de trata. A casi cinco años de la adopción de una ley específica contra la trata (26.364), los resultados de la persecución penal de la trata en el país resultan desalentadores. Mientras se sigue agravando la situación de la trata y se notan signos de aceleración, en particular en relación con las y los menores de edad, no existen soluciones de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Esclavitud Cero entiende que los remedios judiciales no están funcionando adecuadamente en Argentina. No son eficientes, eficaces ni oportunos. Ello no se resuelve con un cambio de legislación únicamente. Es necesaria una firme decisión política, que aún parece no llegar, de combatir el crimen organizado y la corrupción; de respetar la Constitución Nacional, las leyes y de cumplir las sentencias judiciales.
La UFASE también investiga el caso y presenta una denuncia por el mismo caso ante el Juez Federal Adrián Gonzalez Charvay. Cuando en 2010, el juzgado ordinario de Campana declina su competencia y pasa el caso al Juez Federal Gonzalez Charvay, éste sorprendentemente rechaza la causa 2199/08 que le remite el Juzgado de Garantías en lo penal de Campana. En dicha causa se acreditaba, luego de tres años de investigación, la reducción a la servidumbre, el trabajo infantil y la trata de personas con fines de explotación laboral en Nuestra Huella. Sin embargo el Juez Federal rechaza la causa y desestima todo el trabajo desarrollado por los jueces ordinarios y también las múltiples pruebas que llevaron al juzgado ordinario a declararse incompetente por entender que estaba frente a un caso Federal, de trata de seres humanos. El 24 de mayo de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el informe de la relatora especial sobre trata de personas Joy Ezeillo acerca de la Argentina en la que se destacan en varios párrafos la escandalosa impunidad de los directivos de Nuestra Huella ante el cúmulo de pruebas reunidas
El 12 de octubre de 2011, sin tener en cuenta todas las pruebas y en base a allanamientos que se produjeron años después de la denuncia inicial, el Juez Federal de Zarate-Campana, Adrián González Charvay, resuelve sobreseer a los dueños de la empresa avícola Nuestra Huella (Leticia Luace, Alejandra Lopez Camelo y Lucia Peressa) por los delitos de trata de personas y contaminación peligrosa para la salud. Los fiscales de la causa, sorprendentemente no apelan esta sentencia insólita, a pesar del hecho de que el propio Ministerio Público Fiscal, a través de la UFASE, había abierto un sumario e investigación sobre el caso y de que existía un dictamen lapidario del INADI (Instituto Nacional Anti Discriminación) sobre esta causa, que consideró que existía una discriminación hacia las personas de nacionalidad Boliviana que trabajaban en Nuestra Huella. La organización La Alameda se presenta como querellante de las víctimas y apela el sobreseimiento y también apela el rechazó del juez federal de Campana Adrián González Charvay, pero el juez rechaza la apelación. La Alameda vuelve a presentar un recurso de queja ante la Cámara Federal de San Martín, el cual también es rechazado en 2012. Es necesario indicar que la presidenta de la empresa “Nuestra Huella”, Alejandra López Camelo es la prima del actual Intendente de Pilar, Humberto Zuccaro y que su cuñado Jorge Herrera, es el titular de la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), sindicato de trabajadores rurales de la zona. La complicidad, tanto de la intendencia como del sindicato local resultó evidente durante los años que lleva la causa. Existen, incluso, grabaciones donde un dirigente local de UATRE ofrece dinero a las víctimas a cambio de que levanten las denuncias presentadas.
En el año 2005, se denunció la existencia de un taller que utilizaba trabajo esclavo, perteneciente a Salazar Nina y fue clausurado. La Alameda, la Defensoría del Pueblo, con mi acompañamiento como representante de la OIM (proyecto FOINTRA) tomamos las declaraciones en base a las cuales se elaboró la denuncia. Una decena de costureros eran explotados salvajemente en el taller de la Calle Garzón 3853, en el bajo Flores. La declaración de “Pedro” (nombre ficticio) se utilizó luego en la campaña de información pública de la OIM, y fue textualmente recogida de estas declaraciones ya que pintaban de cuerpo entero el sistema de servidumbre que se utiliza normalmente en los talleres textiles en Argentina; Captación en Bolivia, jornadas de trabajo de 14 a 16 hroas; condiciones infrahumanas de trabajo, desnutrición grave y aguda de los y las costureras, importantes restricciones a la libertad ambulatoria; no pago de los salarios prometidos; violencia y malos tratos, amenazas de deportación, victimas indocumentadas. Todo ello se desarrollaba con la connivencia de la Comisaría nro 40 que lindaba en los fondos con el taller. Dichos talleres confeccionaban las prendas para las empresas Montagne y Lacar.
La Justicia Federal de Mar del Plata condenó en primera instancia a un no vidente y una mujer, (posiblemente ex víctima de trata) a penas de 4 años de prisión por el delito de “trata de personas mayores de 18 años de edad, abusando de una situación de vulnerabilidad, agravado por la cantidad de víctimas, en concurso real con el delito de trata de personas menores de 18 años”, por comprobarse la explotación sexual de una chica de 17 años, de nacionalidad paraguaya. El fallo del Tribunal Oral Federal integrado por Néstor Parra, Mario Portela y Roberto Falcone llegó como resultado de un juicio abreviado en el cual los imputados admitieron su responsabilidad, lo que evitó la realización de un juicio oral cuya repercusión pública, hubiera sido mucho mayor, teniendo en cuenta “las complicidades de funcionarios policiales y municipales” que permitieron que el lugar, tal como se mencionó en la sentencia, pudiera funcionar sin problemas antes del mes de agosto de 2008, fecha del primer allanamiento, y después de esa fecha, a pesar de la detención de sus responsables visibles. Al igual que en el fallo por trata laboral, los tratantes seguían libres y continuaban desarrollando el delito con la complicidad de las autoridades.
La modalidad de Juicio abreviado, mediante el cual el imputado se declara culpable y no se produce el juicio oral, está funcionando de hecho como una forma de evitar investigaciones más detalladas que permitan establecer, por ejemplo, la responsabilidad de funcionarios públicos y también de llegar el vértice de la cadena de trata. Evidentemente, las dos personas finalmente sentenciadas no son grandes tratantes. En otro caso que trabaja Esclavitud Cero, se impidió a la madre de una víctima asesinada participar como querellante en la causa por el asesinato de su hija a manos de su explotador. Ello le impidió presentar declaraciones vitales para la causa y tuvo que conformarse con un juicio abreviado que si bien estableció que el tratante era el asesino, no se ocupó de la trata y permitió que la hija de la víctima, que ya tiene siete años, continúe en poder de la familia de los tratantes. En una situación insólita y contra derecho, porque ni siquiera se ha establecido que el tratante sea el padre de la criatura.
Montivero, como apoderado de Zaffaroni, firmó cuatro contratos de alquiler con destino único y exclusivo para vivienda (extraño que se firmen cuatro contratos a una misma persona para vivienda) a Marcia Gonzalez, que ya estaba denunciada y regenteaba 3 prostibulos más en otras propiedades. La garantía de esos cuatro alquileres es un prostibulo de Angelica Duarte. Montivero firma otros dos contratos de alquiler también con destino único y exclusivo para vivienda a Angelica Duarte y la garante pasa a ser Marcia Gonzalez.
En resumen, la Municipalidad de Río Gallegos había entregado en una suerte de alquiler terrenos fiscales para que se construyeran y explotaran prostíbulos, cuestión esta que se encuentra acreditada en el expediente judicial. Es decir que el Estado, a sabiendas, proporcionaba los medios y el patrimonio público para que se pusiera en marcha una empresa criminal de la cual, además, obtenía provecho. La Intendencia de Río Gallegos ha incurrido durante dos décadas en el delito de malversación de fondos públicos y peculado habida cuenta que le dio a terrenos fiscales un uso totalmente contrario a la ley.
La mujer víctima típica de trata sexual es Paraguaya o Argentina, tiene entre 18 y 30 años y una situación socio económica que no le permite proveer a las necesidades de la familia. La mayoría son jefas de hogar y han sufrido algún tipo de violencia doméstica. Tienen bajo nivel educativo y poco conocimiento de sus derechos. Los hombres y mujeres migrantes, especialmente los de nacionalidad Boliviana, son claramente uno de los grupos con mayor vulnerabilidad a la trata laboral en la Argentina, en particular en la industria textil y para el trabajo agrícola, seguidos por hombres paraguayos que trabajan mayormente en la industria de la construcción.
El perfil típico de la víctima de trata laboral en Argentina es de un hombre boliviano, mayor de edad, casado y que se traslada con su familia, necesidades básicas insatisfechas, bajo o ningún nivel educativo, jefe de hogar y sin ninguna conciencia de explotación y desconocimiento total de sus derechos. En lo que hace a la trata sexual, las mujeres son casi exclusivamente el grupo de riesgo. De acuerdo a la UFASE constituyen el 98 % de las víctimas, aunque existe un 2% de víctimas de otro sexo (mayormente niños y trans género).
En segundo término, creemos que estos porcentajes podrían variar si se pusiera en práctica una política pública activa de búsqueda de niños y niñas Bolivianxs que ingresaron a la república Argentina sin el acompañamiento de sus padres y de las adolescentes desaparecidas en las zonas de frontera, en particular la frontera Argentino-Boliviana. El representante en Bolivia de la ONUDD, César Guedes, declaró el 16 de Octubre de 2012 que Yacuiba y Bermejo (en Tarija) y Villazon (en Potosí) son las áreas sensibles por donde niños y niñas de Bolivia y las zonas fronterizas de Argentina, son captados para luego ser sometidos a exploración sexual o laboral
En la Quiaca, ciudad fronteriza con Bolivia en el norte de Argentina también se vienen presentando desapariciones sistemáticas de menores de edad, en particular adolescentes de sexo femenino con destino a la explotación sexual en otras Provincias. De los casos relevados los destinos preferidos son Bolivia, Salta y Buenos Aires. Estos datos nos parecen alarmantes y juzgamos imperativo encarar este problema que podría estar indicando la incorporación anual de unxs 17.000 niños y niñas de Bolivia y de las zonas de frontera con Bolivia a la trata y la explotación en Argentina. La mayoría de las víctimas extranjeras que ingresan al país, ingresan por pasos habilitados y, posteriormente se transforman en ilegales ya que superan el límite de tiempo permitido para turismo. Sin embargo, Argentina no desarrolla operativos de búsqueda de migrantes en situación irregular por lo cual tampoco detectan a los niños y niñas Bolivianxs que probablemente se encuentran en situación de trata. Si no se los busca activamente, no se los encontrará y tampoco se los podrá rescatar de las situaciones de explotación en las que, muy seguramente están inmersos.
Coincidimos en general con las apreciaciones de este estudio. Sin embargo, creemos que la conexión entre las redes de trata y las redes de droga es una realidad, si bien es una realidad deficientemente investigada. El hecho de que la justicia no investigue la venta de drogas que se produce dentro de los prostíbulos, así como no investiga a los funcionarios públicos, no significa que esta conexión no exista. De hecho, muchos prostíbulos no serían rentables económicamente si en ellos no se vendiera droga. Muchas de las víctimas con las que ha tomado contacto Esclavitud Cero y otras ONGs, coinciden en afirmar que dentro de los prostíbulos se vende droga, incluso la mayoría de las mujeres son las encargadas fde entregar la droga a los clientes. En 2012, incluso, se denunció también un prostíbulo en Recoleta que realizaba ventas mayoristas de droga, de acuerdo a la denuncia.
reconoce que “Las indagaciones patrimoniales de los imputados, por otro lado, están a tal punto excluidas de las investigaciones judiciales, que los embargos que se disponen junto con los procesamientos, aparecen estandarizados, aplicándose una misma suma dineraria a todos los imputados”. Si no se investiga la ruta del dinero y no se logra determinar quiénes son aquellos que más se benefician económicamente de la trata, no se logra llegar al vértice de la pirámide y, por tanto, no se pueden establecer las conexiones de los delitos. También nos parece que aún no se comprende que detrás de los gerentes de prostíbulos se encuentran los “grandes tratantes” y que éstos no están siendo investigados en general. El caso de la trata laboral es muy gráfico. Se procesa al gerente de un taller que funciona con el sistema de trabajo a domicilio, pero no se toca a la gran empresa para la cual este taller está produciendo. En el caso de Salazar Nina, por ejemplo, no sabemos que se haya investigado la ruta del dinero y que se haya indagado a las empresas Montagne y Lacar, que son las que más se benefician económicamente con la explotación de las personas en los talleres y que son realmente el vértice de la pirámide de la trata.
Creemos que aquí existe un problema que se reitera en el caso de trata sexual. En efecto, se investiga solamente al gerente de prostíbulo y no se indaga sobre aquellos que tienen la “posesión” de las mujeres que son comercializadas temporalmente en dicho burdel. Cuando se elaboró la investigación de la OIM se detectó, por ejemplo, un tratante que figuraba con un alias y que nunca fue encontrado por la justicia. A este gran tratante se le contabilizaron unas 300 mujeres que regenteaba pero nunca fue indagado porque no se sabía ni su verdadero nombre. ACCIÓN DEL ESTADO CONTRA LA TRATA
La SENAF, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación continuó con la responsabilidad de la asistencia integral a las víctimas y continuó trabajando por debajo de las expectativas y necesidades del país. Este año se acordaron unas Directrices para la puesta en marcha del Protocolo Nacional de Asistencia. Cada provincia designó 1 punto focal (lo cual no significa que estos puntos focales estén preparados para brindar asistencia, en todos los casos). Entre lo decidido se indica que: “Cada jurisdicción determinara si la intervención se llevara adelante desde el rescate de las personas damnificadas por el delito de trata o con posterioridad a la declaración testimonial de las mismas.” Esta disposición nos parece insólita toda vez que se podría no brindar asistencia a las personas que decidieran no declarar y no resulta claro, dónde se van a alojar las víctimas hasta que declaren, si no reciben asistencia. También define las responsabilidades de las dos etapas de asistencia que establece el muy deficitario y poco concreto Protocolo Nacional de Asistencia. La primera, a cargo del lugar de destino (donde se produce la explotación) y la segunda, a cargo del lugar de origen o lugar donde la victima quiera iniciar un nuevo proyecto de vida. Esta disposición también nos parece sumamente inconveniente y poco equitativa ya que al lugar de explotación, que generalmente es una ciudad capital o una ciudad en dónde hay un buen poder adquisitivo, solamente se hace cargo de la atención primaria y el traslado y a las provincias más pobres (los lugares de origen de las víctimas) le corresponde la mayor carga económica que es la de la asistencia de mediano y largo plazo y la reinserción social de las víctimas. El reparto de las cargas debería ser más equitativo entre las provincias “explotadoras” y las provincias de “origen” de las víctimas. Por otra parte no se establece ninguna responsabilidad de asistencia económica por parte del Estado Nacional, que es el que cuenta con mayores recursos económicos, De hecho, la SENAF a nivel nacional, de acuerdo a la Directiva aprobada se quedaría solamente con la responsabilidad de ocuparse directamente de la asistencia a víctimas extranjeras que deseen retornar a su lugar de origen, que en Argentina son realmente muy pocas, dejando el peso de la asistencia a cargo de las provincias. Mientras tanto, a nivel nacional siguen creciendo las estructuras tanto de la Oficina de Rescate, como de la SENAF, sin que ello permita mejorar el sistema nacional de asistencia, que aún resulta una expresión de deseos en la mayor parte del país.
Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. A pesar de que existe una Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad que, de acuerdo al artículo 1° de la ley 25.457, tiene por función:
Dicha Comisión no se ocupa de los casos de víctimas de trata cuyos hijos se encuentran apropiados por los tratantes o desaparecidos. La ley no limita la actuación de la Comisión a los desaparecidos hasta 1983. Esto lo ha comprobado Esclavitud Cero en dos casos de apropiación de menores. Uno ya se resolvió y el otro se encuentra en trámite pero no se ha logrado ningún apoyo por parte del organismo. Creemos que esta Comisión no puede seguir evadiendo su responsabilidad sobre los niñxs que hoy se encuentran desaparecidxs. Por otra parte, los menores que resta encontrar son pocos, por lo que no estaría justificada la existencia de una Comisión Nacional para unos cientos de casos solamente. Tampoco nos parece correcto que el “Banco de Datos Genéticos” siga sirviendo únicamente para los niños y niñas desaparecidxs durante la última dictadura militar, cuando cada año hay más de 10.000 niños y niñas que ingresan a la Argentina con visas de turista, presuntamente con fines de trata laboral y sexual y luego permanecen desaparecidos, sin que el Estado los busque. Sería esencial que el Banco de Datos Genéticos guardara el ADN de los padres de niños y niñas desparecidas, con el fin de colaborar en la búsqueda de lxs mismxs o para la recuperación de los menores apropiados por los tratantes. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
En cuanto a la Oficina de Rescate ha sido jerarquizada y ampliada, aunque su conducción continúa en manos de una dirección que ha sido denunciada penalmente por las ONGs. La función de la Oficina está centrada en la prevención e investigación del delito de trata de personas, a la vez que acompaña y brinda asistencia jurídica a las personas damnificadas hasta el momento de su declaración testimonial.
Una vez concluida la declaración testimonial, las víctimas deben ser asistidas por los programas especializados de asistencia que dependen de la SENAF, por lo que la intervención de la Oficina de Rescate es generalmente muy breve. La Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas en conjunto con la Dirección de Política Criminal está realizando una Encuesta Nacional de Trata de Personas, en ciudades de más de 100.000 habitantes, para determinar el nivel de conocimiento de este tema en la sociedad y detectar la percepción que hay entre los ciudadanos acerca de las distintas iniciativas impulsadas en materia de lucha contra la Trata de personas. Creemos que si bien es una buena iniciativa sería muy importante, de cara a la elaboración de un Plan Nacional, que se hiciera una investigación cuantitativa para determinar el número de personas presumiblemente afectadas por este delito. Consideramos que el modelo de la Oficina de Rescate responde a una realidad que no es la que se vive en Argentina, en donde la afectación es masiva, superando probablemente el millón de personas. Para la elaboración de un Plan Nacional es necesario tener un número, aunque sea estimado de cantidad de víctimas. Probablemente sería necesario pensar en un tratamiento a nivel de afectación masiva semejante, por ejemplo al modelo Colombiano para el abordaje de los millones de desplazados internos que el modelo vigente en Argentina que se basa en pequeños albergues y en modelos de atención personalizada que serían eficientes si el número de víctimas fuera mucho más reducido.
El obstáculo principal para una más eficaz acción gubernamental es la falta de una decisión política firme y clara de combatir el delito, de prevenirlo adecuadamente y de proteger y asistir integralmente a las víctimas. Ello se ve acompañado por una situación de corrupción casi estructural, en particular dentro de las fuerzas de seguridad pero extensivo a funcionarios de los poderes judiciales y ejecutivos a nivel provincial y nacional. También existen altos niveles de corrupción en los niveles municipales, en lo que hace al control de actividades comerciales como habilitación de cabarets, whiskerías; control de talleres de confección de indumentaria que funcionan con el sistema de trabajo a domicilio; control de la industria de la construcción. A nivel nacional existen graves fallas en lo que hace al control del trabajo, en particular, pero no exclusivamente el control del trabajo rural, en granjas y emprendimientos fruti hortícolas, etc. La corrupción se acentúa por la falta de transparencia de las acciones del Estado. En Argentina es casi imposible acceder a información sobre las acciones del Estado. En lo que hace a la trata de personas ESCLAVITUD CERO, nunca obtuvo respuestas a preguntas sobre la asistencia a las víctimas de trata. Tampoco se conoce el presupuesto destinado a la asistencia a las víctimas o a la trata en general. Ello además se agudiza por la falta de confianza pública en las estadísticas elaboradas por el Gobierno Nacional. Ello no se limita a la República Argentina sino que tampoco los organismos internacionales confían en los números que proporciona el Gobierno.
Recientemente, estuvimos en una búsqueda y existía una pista sobre la posibilidad de que la adolescente desaparecida fuera trasladada a Salta para, desde allí, ser trasladada a Buenos Aires. Las fuerzas de seguridad siguieron durante dos días a la persona sospechada de ser la encargada del traslado y dieron por terminada la tarea, sin encontrar movimientos extraños. Está claro que los traslados se producen cada aproximadamente 3 meses por lo que una persona encargada de los traslados puede estar inactiva mucho tiempo hasta que llegue un “lote” para ser trasladado. En cuanto a investigaciones, son siempre importantes las que realiza la UFASE. También la UFASE reporta de manera periódica sobre el trabajo que desarrolla, así como el Ministerio de Seguridad que informa sobre el trabajo desarrollado por las fuerzas de seguridad federales. El Ministerio de Justicia solamente reporta en forma esporádica mediante notas de prensa y no siempre se reportan los mismos ítems. En general se informa cantidad de víctimas rescatadas por tipo de explotación, procedimientos realizados y personas detenidas. A veces reportan sexo, edad y nacionalidad y otras veces no lo hacen. Los informes existen y los elabora la Oficina de Rescate pero solamente es el Ministro Alak el que informa las cifras y el informe completo no se hace público, ni se pone a disposición de las organizaciones y personas interesadas en la página web. Muchos datos importantes para nuestro trabajo no se hacen públicos y no tenemos dónde buscar información. Esperamos que con el trabajo que ha desarrollado el Ministerio de Seguridad en lo que hace a la información sobre trata y la puesta en marcha del Sistema Sincronizado de denuncias, las estadísticas mejoren. De todas formas, si no se incluye a las ONGs las estadísticas no estarán completas. Las investigaciones de la UFASE, si bien son muy importantes, no resultan suficientes toda vez que los casos judicializados son tan sólo la punta del iceberg en lo que hace a la situación de la trata en el país.
Es urgente desarrollar alguna investigación cuantitativa ya que no se manejan estadísticas confiables y se desconoce la magnitud de la trata en Argentina. La única estimación de cantidad de víctimas la elaboró Esclavitud Cero en el 2007 en base a datos del 2006 y tomando en cuenta información proveniente tan sólo de 7 ciudades capitales de Argentina, llegándose a 475.000 víctimas estimadas. Si esta estimación incluyera todos los lugares en los que existe trata, es decir las 24 capitales, lugares turísticos y pueblos y municipios más pequeños el número de víctimas seguramente superaría el millón de personas. Teniendo en cuenta como número posible de víctimas el de 1 millón (es un número optimista), si se continuaran rescatando a razón de 1.000 víctimas por año y si no se sumaran nuevas víctimas, el rescate de las actuales víctimas demandaría 1.000 años. Es decir que es necesario un cambio drástico en la forma de encarar el problema de la trata, es necesario tener una política activa de identificación de víctimas, ya que no resulta aceptable el ritmo de rescate actual frente al volumen de presuntas víctimas. Las ONGs no podemos evaluar la acción de Gobierno porque a excepción de los organismos mencionados y de algunas provincias que son un modelo en cuanto a información como Misiones o Córdoba, el resto no tienen transparencia y no informan respecto a las inquietudes que plantean las ONGs. No sabemos si existe algún organismo encargado globalmente de evaluar las acciones.
Esclavitud Cero solicitó a la Senadora Escudero y logró que se incluyera en el proyecto de Ley que ahora fue aprobado, a la Defensoría del Pueblo para monitorear la acción en materia de trata, ya que naturalmente le corresponde. Ello quedó incluido en la ley de la siguiente forma: “La Defensoría del Pueblo de la Nación será el organismo de control externo del cumplimiento de los planes y programas decididos por el Consejo Federal.” Hasta ahora, la Defensoría del Pueblo de la Nación había tenido un rol casi nulo en materia de trata de personas, nos parece que sería el organismo adecuado porque en general queda en manos de la oposición y depende del Congreso. Esperamos que ahora asuma el rol que le corresponde en la evaluación de la actuación del Gobierno en materia de trata y en el seguimiento de la actuación de los funcionarios públicos, de acuerdo a lo que indica El puesto de Defensor del Pueblo en Argentina está vacante desde abril del 2009. El Defensor del Pueblo adjunto a cargo es el Dr. Anselmo Sella, del partido justicialista Cordobés, quien no tiene ningún antecedente académico ni laboral previo en materia de derechos humanos. Las funciones de la Defensoría son:
La Argentina también se comprometió a castigar los delitos de lesa humanidad con las penas más graves. Si bien el proyecto del Senado eleva la pena mínima de 3 a 4 años y la máxima de 6 a 8 años, consideramos que es aún una pena muy baja para uno de los delitos más aberrantes que existen. El secuestro simple, artículo 142 bis del Código Penal, continuaría teniendo una pena más grave que la trata de personas. Creo que a nadie escapa que la esclavitud y la trata de personas implican una privación de la libertad total o parcial de carácter más grave que el secuestro por lo que resulta de sentido común que la pena de sea superior a la establecida en el art. 142 bis y sus agravantes.
3) AGRAVANTES: Nos parece que la ley en su afán por incorporar todos los medios comisivos como agravantes (lo cual no parece muy racional) relega cuestiones que nos parecen centrales para lograr mayores niveles de justicia y de resarcimiento para las víctimas. Entre los agravantes que proponía Esclavitud Cero, estaban estos dos que nos parecen fundamentales: a) Si la víctima fuere sometida a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;
ARTÍCULO 1°.- Incorpórase como artículo 142 ter del Código Penal el siguiente texto: Artículo 142 ter: Se impondrá prisión de OCHO (8) a VEINTICINCO (25) años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al agente del Estado, persona o miembros de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, obstaculizando o impidiendo así el ejercicio de los recursos legales o de las garantías procesales pertinentes. Si ocurriere la muerte, la pena será de prisión perpetua.
En numerosos casos de trata, especialmente con fines de explotación sexual, las víctimas son sometidas a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, en los 5 años que ya lleva en vigencia una ley de trata, no ha habido ningún caso en el que se incluyera este delito. Las vejaciones sufridas por las víctimas no sólo deben agravar la pena, sino que también resulta importante que se establezcan los hechos para que las víctimas puedan acceder a las reparaciones que correspondan. El agravante C nos parece de sentido común, toda vez que muchas víctimas sufren secuelas permanentes en su salud como consecuencia de haber estado sometidas a la trata. Nuevamente, la determinación judicial de dichas lesiones resultaría importante en aras a la reparación. Respecto al último agravante que proponíamos, nos parece de una importancia capital, pensando en evitar la ocurrencia de más casos como el de Marita Verón, que lleva ya más de 10 años desaparecida y teniendo en cuenta el número creciente, especialmente de mujeres, que permanecen en esta situación de desaparición.
6) CONSEJO FEDERAL: El proyecto crea un Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, integrado por distintos Ministerios y por representantes de cada una de las provincias, que deberá elaborar un PLAN DE ACCIÓN. Sin embargo, a la hora de constituir el Comité Ejecutivo, que es el órgano que tomará las decisiones del día a día y se ocupará de la gestión de los fondos, el Comité Ejecutivo no es fiel al título de Federal. En efecto el CE está integrado únicamente por cuatro miembros del Gobierno Nacional. Un Consejo Federal debe tener un Comité Ejecutivo FEDERAL. En ese sentido, Esclavitud Cero y La Alameda, proponen la incorporación en este Comité de cuatro representantes de las provincias que se elegirían por sorteo e irían rotando entre las 24 provincias, asegurando la representación de las regiones y la participación de todas las provincias en la toma de decisiones ejecutivas. Proponemos que el Plan Nacional que se elabore sea un plan quinquenal para asegurar que los planes, como políticas de Estado, superen los cuatro años que duran los mandatos presidenciales y tengan continuidad.
Finalmente se propone una mayor claridad en lo que hace a la protección de las víctimas, mediante la creación de un Comité de Evaluación de Riesgos, no dependiente del Poder Judicial sino de índole administrativa que permita asegurar la continuidad de la protección mientras subsista el riesgo. Con la legislación actual la inclusión de las víctimas en los programas de protección de testigos depende de la decisión de los funcionarios públicos de turno. De hecho, en los últimos 5 años, sólo una víctima de las que acompañan Esclavitud Cero y La Alameda, ha sido incorporada a un Programa de Protección de Testigos. Los programas de protección tienen grandes limitaciones, y no resulta claro quién tiene la decisión de incorporar una víctima a un programa de protección, en particular en los casos en que la víctima decide no declarar. Esclavitud Cero ha organizado o participado en capacitaciones que han contado con la presencia de la UFASE, de funcionarios públicos de diversas provincias como Santa Fé, Córdoba, Jujuy, Misiones y Entre Ríos. Este año ha brindado capacitación a más de 700 personas en todo el país y en el exterior. Entre los participantes, el mayor número correspondió a miembros de las fuerzas de seguridad, seguidos por funcionarios públicos y ONGs. También se actualizó la Caja de Herramientas sobre Trata a la cual se accede electrónicamente y que se actualiza en forma permanente, estando a disposición en forma gratuita a todos los que la soliciten.
La Ciudad de Buenos Aires que ahora comparte el Refugio para Víctimas de Trata con otro tipo de víctimas de violencia sexual y de Género. Es cierto que existían pocas derivaciones al refugio pero creemos que ello tiene más que ver con la falta de una adecuada coordinación con el nivel nacional, provincial y con las ONGs que a la falta de víctimas, ya que las rescatadas son numerosas. La Provincia de Misiones que tiene dos refugios específicos funcionando y tiene la posibilidad de brindar una asistencia muy completa. Ha firmado convenios con ONGs, sindicatos, provee becas de estudio para las víctimas. Informa la atención de las siguientes víctimas.
Share this:GoogleFacebookLinkedInTwitterCorreo electrónicoImprimirMe gusta:Me gusta Cargando...	2 comentarios	| Trata de Personas	| Etiquetado: Argentina, CAUSAS JUDICIALES, CONNIVENCIA DEL ESTADO, corrupción, crimen organizado, Derechos Humanos, Esclavitud, IMPUNIDAD, informe, NUEVA LEY DE TRATA DE PERSONAS, REMEDIOS JUDICIALES, REPARACIÓN DE VÍCTIMAS, SITUACIÓN DE LA TRATA EN ARGENTINA, SITUACIÓN DE LOS NIÑOS, trabajo esclavo, Trata de Personas	| Permalink
Escrito por assorati	AMNESTY CRITICA A ARGENTINA POR TRATA DE PERSONAS
Share this:GoogleFacebookLinkedInTwitterCorreo electrónicoImprimirMe gusta:Me gusta Cargando...	Leave a Comment »	| Trata de Personas	| Etiquetado: amicus curiae, amnesty, amnistía, caso Verón, Derechos Humanos, discriminacion, Esclavitud, IMPUNIDAD, Justicia, Trata de Personas, violencia de genero	| Permalink
Escrito por assorati	LAS RAZONES DEL 1ER CONGRESO SOBRE TRATA Y CRIMEN ORGANIZADO por Carlos March
Las razones del primer congreso sobre trata y crimen organizado21022013
Carlos March, ex director ejecutivo de Poder Ciudadano realiza unaeditorial para el mes de Febrero de AGENDA OCULTA, sobre el PrimerCongreso sobre trata y crimen organizado a realizarse en la Argentinaen el mes de Abril.
Aqui el articulo públicado:http://www.agendaoculta.net/2013/02/las-razones-del-primer-congreso-sobre_13.html
Combatir el crimen organizado desde la sociedad civil exige convertira la valentía en estrategia. De lo contrario, se termina víctima de loque se combate. La Alameda lo sabe bien y desde hace más de diez añosimpulsa diversas acciones para luchar contra las variadas expresionesque sirven de incubadora a la trata de personas. Una de esas acciones,se aborda en esta reseña de lo que será el Primer CongresoInternacional sobre Trata de Personas y Crimen Organizado, a realizarel 3, 4 y 5 de abril.
Un congreso, cuando se respalda con diez años de trayectoriaconstruyendo capital social, aporta en dos dimensiones: a) como fin,en cuanto a presencia territorial y construcción de agenda común; b)como medio, para ligar la causa convocante con la masa críticaintegrada a la lucha en pos de conformar un espacio colectivo
El crimen organizado se desarrolla en función de una presencia activapara ganar territorios y capturar instituciones. Es por ello que losespacios que lo combaten tienen que poseer una estrategia quecontrapese el poder de cooptación de las asociaciones criminales. ElCongreso tiene como fin complementar el cotidiano trabajo territoriale institucional de La Alameda para marcar la cancha en una de lasprincipales ciudades latinoamericanas. En el Congreso confluiránpúblicos que luchan contra el delito desde el territorio, como porejemplo los vecinos organizados que elaboran “mapas del delito” para“marcar” los lugares y domicilios exactos donde se produce con trabajoesclavo, se reduce a mujeres al ejercicio de la prostitución o sevende droga, con actores que combaten a las asociaciones ilícitasdesde adentro de las instituciones públicas y los poderes del Estado.
El Congreso que movilizará a medio millar de personas, marca la canchadesde dos instituciones paradigmáticas en cuanto a la construcción deinstitucionalidad para luchar contra la para-institucionalidad.
En primer lugar, la Facultad de Derecho, espacio de formación de loshombres y mujeres que se integrarán a la administración de justiciadesde el ejercicio de la profesión o desde el Poder Judicial, recibeal Congreso en su espacio más simbólico como lo es el Aula Magna. Sinduda, es una oportunidad para que esta casa de estudios siganutriéndose de los valores y principios que garantizan justicia paraasegurar la dignidad humana, para dejar en evidencia a aquelloshombres y mujeres que amañan el derecho para ajustarlo alencubrimiento de delitos o que directamente son corrompidos y, dealguna manera, permitir que resuenen en las paredes del Aula Magna lasvoces de cientos de mujeres explotadas laboral y sexualmente, comoincuestionable desagravio de aquel cuestionable acto de apoyo-realizado allí mismo- al miembro de la Corte Suprema que alquilabaseis de sus departamentos a una red de explotación sexual.
El otro lugar paradigmático en el cual se desarrollarán en el tercerdía los talleres de trabajo, es la sede de la Defensoría del Pueblo dela Ciudad de Buenos Aires, un organismo que desde su creación estuvovinculado y apoyando las acciones de la sociedad civil frente a lainoperancia o los abusos del Estado. La Defensoría es un ejemplo decómo un organismo público puede articular con las organizacionessociales para velar por la plena vigencia de los derechos colectivos.
En segundo lugar, el Congreso es fin en sí mismo porque desde eltemario del evento, sabiendo lo complejo de impulsar una agenda comúnen materia de crimen organizado y trata de personas, se asume eldesafío de abordar los temas desde su integralidad, asumiendocompromisos desde la diversidad para que confluyan en estrategiascompartidas.
Para ello hay organizados paneles que ofrecerán diagnóstico de temascomo trata y tráfico con fines de explotación sexual y laboral–trabajo esclavo-; tráfico de bebes; turismo sexual; tráfico deórganos; tráfico de drogas; lavado de dinero y delitos ambientales.Pero también se escuchará a panelistas de tan diversos ámbitos comofuncionarios públicos, judiciales, religioso, periodismo y referentespolíticos, que compartirán soluciones a los desafíos planteados, comopor ejemplo la transición de la economía ilegal a la economíasolidaria, las experiencias internacionales y locales en materia decombate al delito organizado, en materia de políticas públicas ylegislación.
La intención es que el tercer día se trabaje bajo la modalidad detalleres para llegar a converger en un programa básico común que sirvade marco para la gran aspiración de La Alameda: la creación de una RedAntimafia.
Resulta casi una obviedad plantear que la forma de combatireficazmente a organizaciones cuya capacidad organizativa supera la delos propios estados nacionales es compartiendo marcos de actuación,agendas y programas que deriven en acciones impulsadas desde espacioscolectivos. Por ello el objetivo final del Congreso es crear las basespara el diseño y consolidación de una Red Antimafia que pueda impulsarprogramas en los siguientes ejes:
– Protocolo de búsquedas de personas y coordinación de la sociedadcivil y la justicia: poder protocolizar la búsqueda de personas queson víctimas de las redes de trata resulta imprescindible paraarticular los siempre limitados recursos de las organizacionessociales. Además, por ser redes internacionales, de poco sirven losprogramas focalizados en un territorio. Al mismo tiempo, así como lasfuerzas de seguridad son el brazo armado de la justicia, la sociedadcivil debe convertirse en el brazo de la “inteligenzza” y para ellodeben establecerse los canales adecuados de interlocución einteracción.
– Identificación de las redes de trata, pedófilas y tráfico de bebéscon fines de explotación laboral: la forma de combatir a las redes deldelito es integrando redes virtuosas y para ello es importante contarcon información que genere conocimiento sobre su funcionamiento y susreferentes a través de bases de datos inteligentes que permitautilizar la tecnología para la prevención y el combate al crimenorganizado.
– Mapa del Crimen Organizado en los barrios y recuperación del EspacioPúblico: la experiencia de La Alameda en esta materia es un punto dereferencia para poder consolidar y ampliar la capacidad de los vecinosque organizados y movilizados pueden construir en sus barrios, mapasdel crimen organizado, identificando las diversas modalidades dedelito que operan en los barrios de las urbes y se convierten enverdaderos GPS que orienta búsquedas de manera eficaz.
– Incautación y reutilización social de los bienes: las asociacionesilícitas que se estructuran para delinquir y obtener réditoseconómicos millonarios de actividades ilegales y abusivas no seinmutan ante la sanción social y muchas veces cooptan la justicia ylas fuerzas de seguridad para garantizarse impunidad, anulando lossistemas penales. En diversas partes del mundo, como por ejemploItalia y Brasil, existe normativa que puesta en manos del estado eimpulsada por las organizaciones sociales, impactan en el lugar quemás le duele a los delincuentes económicos: la incautación de lainfraestructura que les permite esclavizar y explotar personas. Deesta manera se pasa de la economía ilegal a la economía solidaria,incautando bienes para ponerlos al servicio del bien común a partir deprogramas de gobierno o cooperativas de trabajadores.
– Cambio Cultural, prevención y políticas públicas contra el crimenorganizado: es importante combatir los focos de la oferta de lo queproduce el crimen organizado, pero al mismo tiempo es fundamentalatacar la base de la demanda social sobre los servicios y bienesilegalmente ofrecidos. Nos preocupa la huella ambiental de un productoo servicio pero permanecemos indiferentes ante la “huella social” quegenera el consumo indiferente al trabajo esclavo y a todo expresión deproducción en base a la ilegalidad y la informalidad.
– El flagelo del narcotráfico en el marco del delito organizado: elcircuito del narcotráfico está ligado directamente o colateralmente ala trata de personas, o bien porque las obliga a cumplir rolesespecíficos o bien porque el poder de cooptación de funcionarios yagentes públicos y su habilidad para lavar dinero abre las puertas alas organizaciones dedicada a la trata. Es debido a ello que resultafundamental entender cómo funciona este circuito para poder comprendercómo combatir de manera integral al crimen organizado.
El objetivo de conformar una Red Antimafia convierten al Congreso enuna plataforma que se proyecta más allá de su duración y a cadaasistente, lo aleja del rol pasivo de escuchar a panelistas paraconvertirlo en un activo protagonista del futuro espacio colectivo quese espera poner en marcha al día siguiente del evento.
Hace años que La Alameda espera este momento para construir el espaciosuperador que comience a rescatar a las millones de personas que ya nopueden esperar.
Share this:GoogleFacebookLinkedInTwitterCorreo electrónicoImprimirMe gusta:Me gusta Cargando...	2 comentarios	| Trata de Personas	| Etiquetado: América Latina, anti mafia, Argentina, Congreso, corrupción, crimen organizado, Derechos Humanos, drogas, Esclavitud, esclavitud laboral, esclavitud sexual, mafias, trabajo esclavo, Trata de Personas, tráfico de drogas	| Permalink
Escrito por assorati	Argentina: escasos resultados en combate a trata de personas
Buenos Aires.- A cuatro años de que en Argentina se aprobó la Ley de Prevención y Sanción de Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, las redes delictivas que trafican mujeres con fines de explotación sexual comercial en este país sudamericano están prácticamente intactas.
Los juicios son escasos, los fiscales no embargan los bienes que permitirían desbaratar las redes criminales, y las mujeres y niñas rescatadas vuelven a quedar a merced de sus explotadores ante las fallas del sistema de asistencia social. La cloaca de la ineficacia judicial para combatir el delito de trata mostró la semana pasada su lado más fétido, luego de que la Segunda Sala de la Cámara en lo Penal de la noroccidental provincia de Tucumán absolvió a los 13 acusados por el secuestro y explotación sexual de María de los Ángeles (Marita) Verón.
La infatigable búsqueda a la que se aferró su madre, Susana Trimarco, puso el tema en el candelero público y en abril de 2008 se aprobó la ley que tipificó la trata como un delito federal. INOPERANCIA JUDICIAL En cuatro años de vigencia de la Ley de Prevención y Sanción de Trata de Personas se iniciaron alrededor de 475 investigaciones relacionadas con explotación sexual, según datos de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE).
Pero hasta abril de 2011, los casos en los que se ha avanzado lo suficiente como para identificar a los responsables y dictar su procesamiento sólo son 95. En el informe 2012 de la UFASE se establece “la necesidad de analizar los casos archivados o causas en trámite sin avances considerables, y recolectar información sobre los delitos conexos con la trata de personas”. En 2011 la cantidad de juicios disminuyó considerablemente y en 2012 prácticamente se vino a pique. En cuanto a las sentencias, el panorama no resulta más alentador. Desde que se comenzaron a dictar, sólo 50 se tradujeron en condenas. Este año sólo 11. Y del total, 6 resultaron absolutorias. Los condenados en todo el país son apenas 104. Muchos ni siquiera estuvieron en un juicio oral y público, porque las condenas previstas en la ley aprobada en 2008 son irrisorias: las más bajas pueden ser de apenas 2 años de prisión, y si reconocen los hechos pueden lograr un acuerdo que se conoce como juicio abreviado y la pena máxima puede redundar en 6 años de prisión.
Mientras, las ganancias por el delito de trata se multiplican en los lugares de explotación. En contraste, incorporar una mujer a las redes de la trata suele no costar nada, ya que son “enganchadas” con engaños o compradas “por 200 o 300 pesos argentinos (entre 500 y 800 pesos mexicanos) a algún familiar o conocido”, explica Marcelo Colombo, titular de la UFASE. Daniel Adler, fiscal federal en la ciudad de Mar del Plata lo cuantifica: “En una causa de 2010, en un lugar (prostíbulo) con 14 mujeres, cada una producía alrededor de 15 mil pesos mensuales (cerca de 39 mil pesos mexicanos), lo que multiplicado da una cifra que al año representa más de 2 millones y medio de pesos (cerca de 6 millones y medio de pesos mexicanos)”.
“El decomiso del producto o provecho del delito continúa presentándose en un número muy bajo de sentencias condenatorias. El ataque al eje económico de las investigaciones sigue siendo una tarea pendiente para jueces y fiscales”, dice el informe de este año de la UFASE. Considerado el tercer delito más rentable del mundo, en Argentina las redes de trata han logrado establecer un sistema de protección que involucra principalmente a agentes municipales y policiales.
La actual Ley de Trata, que el Congreso modificaría hoy, prevé penas de entre 4 y 10 años de prisión para funcionaros públicos que estuvieran involucrados, y hasta 15 años si las víctimas son menores de edad. VÍCTIMAS EN EL ABANDONO
Los números que ostenta el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también son significativos. De 2008 a septiembre de 2012, 3 mil 700 personas sometidas a explotación sexual o laboral fueron rescatadas en el marco de más de mil 600 procedimientos.
En septiembre pasado, en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, celebró que estas acciones permitieron detener “a mil 227 presuntos tratantes”. Pero el repaso por condenas y sentencias baja las expectativas con las que el funcionario presentó las cifras. Salvo contadas excepciones, los organismos estatales desconocen el destino y en qué situación se encuentra la mayoría de las mujeres y niñas, que tras ser rescatadas de las redes de trata corren el riesgo de volver a ser desaparecidas por proxenetas y abusadas por “clientes-prostituyentes”.
Germán Díaz, abogado de la Fundación María de los Ángeles –creada por Susana Trimarco para asistir a víctimas de trata tras el secuestro de Marita–, advierte que aún faltan recursos y capacitación para asistir integralmente a mujeres y niñas rescatadas de las redes de explotación. Díaz alerta sobre los riesgos de la revictimización: “Hay jóvenes que no pueden hablar ni cinco minutos y se quiebran, a la semana tiene que volver a intentarlo. Hay que estar en los detalles, si no corremos el riesgo de agravar el daño psicológico sobre el que es muy difícil reconstruir un proyecto de vida”.
El abogado incluso observa que en los operativos se encontraron víctimas que tras haber sido rescatadas vuelven a caer en manos de los tratantes. SIN REFUGIOS Tampoco hay lugares especializados para atender a las víctimas de este delito. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires no cuenta con espacios donde dar resguardo a las mujeres rescatadas en los prostíbulos, y debido a que los recursos públicos son limitados, muchas terminan alojadas en centros para víctimas de violencia o, en el caso de las niñas, en instituciones dedicadas a la atención a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad social.
Share this:GoogleFacebookLinkedInTwitterCorreo electrónicoImprimirMe gusta:Me gusta Cargando...	1 comentario	| Trata de Personas	| Etiquetado: Argentina, Derechos Humanos, Esclavitud, IMPUNIDAD, Trata de Personas	| Permalink
Escrito por assorati	“Hubo falta de decisión de la Presidente para modificar la Ley de Trata de Personas”
Share this:GoogleFacebookLinkedInTwitterCorreo electrónicoImprimirMe gusta:Me gusta Cargando...	Leave a Comment »	| Trata de Personas	| Etiquetado: Cristina Kirchner, Derechos Humanos, Esclavitud, IMPUNIDAD, ley 26364, media sanción, senado, Trata de Personas	| Permalink
Escrito por assorati	ABSOLUCION DE TODOS LOS IMPUTADOS EN EL CASO DE MARITA VERÓN: UNA VERGUENZA NACIONAL
Realmente en es una verguenza nacional el fallo absolutorio para TODOS los imputados en la causa por la desaparición de María de los Angeles Verón. Esto reafirma lo que hace ya tres años viene diciendo Esclavitud Cero: En Argentina los remedios judiciales no están funcionando adecuadamente en los casos de trata de personas. La impunidad es generalizada. La razones por las cuales no están funcionando son múltiples: corrupción policial, corrupción en el Poder Judicial y corrupción política sumados a fallas en la legislación, falta de recursos dentro de las fuerzas de seguridad y la justicia; unos Códigos tanto Penal como Procesal Penal que no están preparados y actualizados para combatir el crimen organizado, la discriminación hacia las víctimas de la trata; la inversión de la carga de la prueba a raíz de la cual son las víctimas las que terminan teniendo que probar que fueron engañadas, coaccionadas, violadas, torturadas. En la Argentina, en lo relativo a la trata de personas, se presenta una situación de violaciones masivas y sistemáticas de los Derechos Humanos que afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Es URGENTE QUE SE MODIFIQUE LA LEY DE TRATA Y QUE LA ARGENTINA REESTRUCTURE EL PODER JUDICIAL PARA PODER LOGRAR JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS, UN DELITO DE LESA HUMANIDAD QUE OFENDE LA CONCIENCIA DE LA HUMANIDAD.
LAS VICTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS NECESITAN VERDAD Y JUSTICIA YA ! EXIJAMOS LA MODIFICACIÓN DE LA LEY Y LA ADOPCIÓN DE HERRAMIENTAS EN LO PROCESAL PENAL QUE NOS PERMITAN COMBATIR EL CRIMEN ORGANIZADO EN ARGENTINA. ESCLAVITUD CERO ESTÁ DE LUTO POR ESTA SENTENCIA INJUSTA QUE MUESTRA UNA PROFUNDA DISCRIMINACIÓN HACIA LAS VÍCTIMAS. — Mercedes AssoratiCoordinadora General Programa ESCLAVITUD CERO
Share this:GoogleFacebookLinkedInTwitterCorreo electrónicoImprimirMe gusta:Me gusta Cargando...	Leave a Comment »	| Trata de Personas	| Etiquetado: Derechos Humanos, Esclavitud, IMPUNIDAD, JUICIO, MARITA VERÓN, Trata de Personas	| Permalink

References: e contrario
 artículo 1
 artículo 142

ARTÍCULO 1
 artículo 142
 Artículo 142