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Timestamp: 2018-01-23 02:01:42+00:00

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Boletín Informativo – Tributario : Godoy & Hoyos abogados
Godoy & Hoyos abogadosNoticiasBoletín Informativo – Tributario
Boletín Informativo – Tributario
El Decreto 926 de 2017 reglamentó la no causación del impuesto al carbono para aquellos sujetos pasivos que certifiquen ser carbono neutro.
La Ley 1819 de 2016 creó el impuesto al carbono, y señaló que éste recae sobre el contenido de carbono de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados de petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados con fines energéticos, siempre que sean usados para combustión.
No obstante, el parágrafo 3 del artículo 221 de esa Ley señaló que el impuesto no se causa cuando se certifique ser carbono neutro, para lo cual el Ministerio de Ambiente debía expedir la correspondiente reglamentación.
El pasado 1 de junio de 2017 se expidió la reglamentación y se establecieron los siguientes requisitos para acceder a la exclusión del impuesto al carbono:
Se entiende por carbono neutro la neutralización de las emisiones de gases de efecto invernadero asociados al uso del combustible.
La exclusión debe ser solicitada por el sujeto pasivo del impuesto, el cual es entendido como “el que adquiere del productor o importador, o retira para consumo propio el combustible fósil, respecto del cual no se causa el impuesto nacional al carbono”.
Para hacer efectiva la exclusión, el sujeto pasivo deberá presentar una solicitud al productor o importador, en la que se indique la cantidad de combustible neutralizado en metros cúbicos (m3) o galones (gal) y su equivalencia en toneladas de dióxido de carbono (ton CO2).
A la solicitud de exclusión, se deberá adjuntar la declaración de verificación y el soporte de cancelación voluntaria, que demuestran la neutralización de las emisiones y la procedencia del beneficio.
La declaración de verificación es un documento a través del cual un tercero acreditado, especializado e independiente (“el Organismo de Verificación”) constata las reducciones o remociones de gases de efecto invernadero logradas por una iniciativa de mitigación[1].
A su vez, el soporte de cancelación voluntaria es el documento mediante el cual el consumidor final del combustible o el titular de una iniciativa de mitigación transfieren de manera voluntaria a favor del sujeto pasivo las reducciones de emisiones o remociones de gases de efecto invernadero[2].
Nótese que el sujeto pasivo deberá obtener estos dos documentos de los consumidores o de los titulares de la iniciativa de mitigación.
Por otra parte, el Decreto aclara que (i) la cantidad de combustible sobre la que se hace efectiva la exclusión del impuesto no podrá ser mayor a la cantidad de combustible asociada al hecho generador, y (ii) este beneficio no podrá tomarse de manera concurrente con otros beneficios fiscales que recaigan sobre los mismos hechos económicos.
Finalmente, el artículo 15.5.7 del Decreto establece el procedimiento para obtener el reintegro del impuesto facturado desde el 1 de enero de 2017 hasta la fecha de su expedición. Para el efecto, deberá presentarse la declaración de verificación y el soporte de cancelación voluntaria ante el responsable, en los términos señalados anteriormente.
Cuando se efectúe la devolución, el responsable podrá descontar el valor que corresponda a las respectivas operaciones del monto total del impuesto por declarar y pagar. Si el monto del impuesto a pagar en tal periodo no es suficiente, el saldo podrá afectar los períodos inmediatamente siguientes.
El Decreto 1412 de 2017 reglamentó las exclusiones de IVA para servicios de educación virtual para el desarrollo de contenidos digitales, y para las licencias de software para el desarrollo comercial de contenidos digitales.
La Ley 1819 adicionó al artículo 476 del ET los numerales 23 y 25 con el propósito de excluir del IVA (i) “los servicios de educación virtual para el desarrollo de contenidos digitales”; y (ii) la “adquisición de licencias de software para el desarrollo comercial de contenidos digitales”.
Estas exclusiones quedaron sujetas a la reglamentación del Ministerio TIC, la cual fue incluida en el Decreto 1412 de 2017.
En términos generales, el Decreto (i) estableció las definiciones y requisitos que se deben cumplir para efectos de acceder a la exclusión, y (ii) facultó al Ministerio TIC para certificar si un curso virtual o software cumple los requisitos allí señalados.
Para tal efecto, un contenido digital será aquel (i) cuyo valor comercial no está determinado por los insumos empleados para su desarrollo, (ii) se puede copiar, transmitir o utilizar mediante redes de telecomunicación o herramientas TIC, y (iii) obedece a productos de información provistos en formato digital como una secuencia de unos y ceros para ser leídos por un computador y dar instrucciones al mismo, tales como software de computadores, videos, películas, música, juegos, libros electrónicos y aplicaciones.
A su vez, un software estará destinado al desarrollo de contenidos digitales cuando se relacione con la creación y producción de éstos.
Por otra parte, el Decreto clasifica el software para el desarrollo de contenidos digitales (que puede ser objeto de la exclusión) de la siguiente manera:
Entorno de desarrollo integrado, que incluye editores de código fuente, herramientas de construcción automáticas y un depurador.
Motor de desarrollo de videojuegos.
Pluguin y/o extensión para la creación de contenidos digitales, que incluye software complementario para el desarrollo de productos en contenidos digitales para edición de video, edición gráfica, post-producción, efectos visuales, animación digital, videojuegos, realidad aumentada y realidad virtual.
Software de edición gráfica.
Software de iluminación digital y rendering.
Software de impresión aditiva.
Software de preproducción, producción y edición de video.
Software de producción y edición sonora.
Software de modelado 2D y 3D.
Software para animación.
Software para la creación de efectos visuales, composición digital y postproducción.
Software de integración de sistemas informáticos.
Software para la creación de flujos de trabajo y para la creación de contenidos digitales.
Software para el análisis, marketing y monetización de contenidos digitales.
Finalmente, el Decreto señala que se consideran servicios de educación virtual para el desarrollo de contenidos digitales aquellos que estén orientados a los siguientes componentes: (i) animación digital, (ii) big data, (iii) desarrollo de videojuegos, (iv) diseño y edición sonora, (v) edición gráfica, (vi) edición y producción de video, (vii) iluminación y rendering, (viii) impresión aditiva, (ix) inteligencia artificial, (x) internet de las cosas, (xi) modelado 20 y 3D, (xii) post-producción, efectos visuales y composición digital, (xiii) programación, (xiv) producción, gerencia, marketing y monetización en contenidos digitales, (xv) realidad virtual y aumentada, y (xvi) usabilidad e interface de usuario.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los apartes del formulario y del instructivo de la declaración del CREE del año 2015 que no permitían compensar en ese año las pérdidas de los años 2013 y 2014.
La Resolución 29 del 29 de marzo de 2016[3] señaló que en el CREE: “las compensaciones por pérdidas y por exceso de base mínima, no aplican para el año gravable 2015, toda vez que de conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley 1739 de 2014, estas solo podrán tomarse contra las rentas determinadas en los años gravables siguientes.”
Mediante auto del 17 de julio de 2017, el Consejo de Estado indicó que es posible compensar las pérdidas fiscales de los años gravables 2013 y 2014 – que estuvieren amparadas por el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012 – con las rentas líquidas del año 2015.
En estos términos señaló que es “procedente es acceder a la solicitud de suspensión provisional de la expresión “para hacer efectiva su compensación a partir del año gravable 2016” y “por perdidas”, se reitera, las pérdidas fiscales liquidadas en los años gravables 2013 y 2014 pueden compensarse con las rentas líquidas en el año gravable 2015”.
El Consejo de Estado levantó la suspensión provisional del Concepto 357 de 2014, en el que la DIAN señaló que la renta líquida por recuperación de deducciones formaba parte de la base gravable del CREE.
Antes de la expedición de la Ley 1739, la DIAN emitió el Concepto 357 de 2014, en el que señaló que la renta líquida por recuperación de deducciones estaba gravada con el CREE.
El 2 de marzo de 2015 el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del Concepto, pues se consideró que el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012 no incorporaba la renta líquida por recuperación de deducciones dentro de la base gravable del CREE.
No obstante, mediante Auto del 9 de marzo de 2017 el Consejo de Estado levantó la suspensión provisional que había sido decretada como medida cautelar. Para el efecto, esta Corporación señaló que:
La renta líquida por recuperación de deducciones se encuentra sujeta al CREE, porque constituye un ingreso susceptible de aumentar el patrimonio del contribuyente.
La Ley 1739 de 2014 simplemente aclaró que la renta líquida por recuperación de deducciones estaba sujeta al CREE. Por ello, no es viable concluir que ésta sólo empezó a estar gravada con el impuesto a partir del año gravable 2015.
Con fundamento en lo anterior, el Consejo de Estado señaló que, desde la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012, la renta líquida por recuperación de deducciones estaba sujeta al CREE.
Sentencia 20347 de 2017.
En esta Sentencia el Consejo de Estado señaló que las bonificaciones por retiro no son deducibles, porque, para la Corporación, (i) se trata de erogaciones que no inciden en la productividad de la empresa, (ii) no obedecen a la contraprestación directa del servicio; sino, al resarcimiento de los perjuicios causados al trabajador por el incumplimiento del empleador de lo pactado en el contrato, y (iii) sin ellos es totalmente viable producir la renta, ya que no son la causa del ingreso por el desarrollo de la actividad.
Corrección de las declaraciones tributarias que aumentan el saldo a favor o disminuyen el impuesto a cargo:
La Ley 1819 de 2016 modificó el artículo 589 del Estatuto Tributario, e indicó que los contribuyentes pueden corregir sus declaraciones dentro del término de 1 año, contado a partir del vencimiento del plazo para declarar.
Como consecuencia de lo anterior, para la DIAN, se eliminó la posibilidad de contar el término previsto en el artículo 589 del ET desde la fecha de la última corrección, pero sin superar dos años desde el vencimiento del plazo para declarar (como ocurría anteriormente).
En todo caso, la DIAN aclara que la nueva norma sólo empezará a regir cuando se ajusten los sistemas informáticos de la entidad. Por consiguiente, los vencimientos de las declaraciones tributarias que ocurran antes de su entrada en vigor se guiarán en su integridad por el régimen anterior. Es decir, estas declaraciones podrían ser corregidas bajo el procedimiento del artículo 589 del ET, dentro del año siguiente a la última corrección, sin superar dos años desde el vencimiento del plazo para declarar.
Cuando los sistemas informáticos de la DIAN sean ajustados, ya no deberá presentarse proyecto de corrección para disminuir el impuesto a cargo ni aumentar el saldo a favor. Con todo, los proyectos de corrección que se presenten antes de que se ajusten los sistemas informáticos deberán ser resueltos por la entidad.
Por ser actos preparatorios, las liquidaciones provisionales deben ser emitidas por las dependencias de fiscalización.
La liquidación provisional es optativa, pues la administración tributaria podrá escoger entre seguir el procedimiento general; o por el contrario, proferir la liquidación provisional cuando no se superen los topes establecidos en la Ley.
El legislador contempló una firmeza especial para aquellos contribuyentes que deseen acogerse a la liquidación provisional. En consecuencia, dentro de los 6 meses siguientes a la presentación o corrección de la declaración, la Administración podrá plantear al contribuyente glosas que no hubieren sido debatidas en la liquidación provisional, a través del procedimiento ordinario de fiscalización (expedición de un Requerimiento Especial).
Igualmente, para la DIAN, el término de firmeza de la Liquidación Provisional aplica con independencia del término general de firmeza de las declaraciones tributarias (artículo 714 del ET). Por lo tanto, la administración podrá fiscalizar la declaración surgida de la Liquidación Provisional dentro de los 6 meses siguientes a su presentación, así ya haya vencido el término de firmeza general (3 años).
El término de firmeza de las declaraciones presentadas por contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia es de 6 años, contados a partir del vencimiento del plazo para declarar o desde la fecha de presentación (si la declaración fue extemporánea).
Para la DIAN este término de firmeza aplica respecto de toda la declaración, y no se limita únicamente a los aspectos relacionados con el cumplimiento del régimen de precios de transferencia.
Término para solicitar la devolución de saldos a favor
Para la DIAN, la Ley 1819 no modificó este término, por lo que se mantiene en dos años contados desde el vencimiento del plazo para declarar.
Régimen tributario sancionatorio
En este concepto la DIAN expuso su interpretación sobre los criterios establecidos en el artículo 640 del ET para la disminución de sanciones en aplicación de los principios de proporcionalidad y gradualidad.
Conducta sancionable y declaraciones tributarias.
El artículo 640 del ET permite reducir las sanciones que sean auto-liquidadas por los contribuyentes antes de proferirse pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar.
Para tal efecto, la norma señala que la sanción será del 50 % del monto previsto en la Ley si dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma. Por su parte, la sanción será del 75 % del monto previsto en la Ley si dentro del año anterior a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma.
Para la DIAN, a la hora de aplicar esta norma, el término “conducta sancionable” debe referirse a la conducta plasmada en cada uno de los tipos sancionatorios, es decir, el verbo rector establecido en la Ley. Por ejemplo: (i) en la sanción por extemporaneidad, la conducta es presentar una declaración de forma extemporánea, (ii) en la sanción por corrección, corregir una declaración, (iii) en la sanción por corrección aritmética, incurrir en los errores aritméticos señalados en el artículo 697 del ET, etc.
Para aplicar el artículo 640 del ET en relación con las sanciones por corrección y por extemporaneidad debe analizarse si en el pasado se corrigió una declaración o se presentó de manera extemporánea, con independencia del impuesto.
Igualmente, en relación con la sanción por inexactitud o la sanción por suministrar información con errores, sólo es relevante determinar si se presentó una inexactitud o se suministró información con errores, con independencia del concepto o el origen de la inexactitud o del error.
El artículo 640 del ET permite reducir las sanciones que sean liquidadas por la administración de impuestos.
Para tal efecto, la norma señala que la sanción será del 50 % del monto previsto en la Ley si dentro de los 4 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma y ésta hubiere sido sancionada por acto administrativo en firme. Por su parte, la sanción será del 75 % del monto previsto en la Ley si dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma y ésta hubiere sido sancionada por acto administrativo en firme.
Para la DIAN, a la hora de aplicar esta norma, el término “acto en firme” debe entenderse como sinónimo de “acto ejecutoriado” bajo las reglas del artículo 829 del ET. Es decir, cuando: (i) vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma, (ii) se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y (iii) los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento y revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva
Aplicación del artículo 640 del Estatuto Tributario en el tiempo
Para la DIAN, los criterios de graduación previstos en el artículo 640 del ET son aplicables cuando:
Las sanciones son liquidadas por el contribuyente o propuestas o determinadas por la administración después de la entrada en vigor de la Ley 1819 de 2016, así la conducta sancionable haya sido cometida con anterior a la expedición de esa Ley.
Las sanciones fueron propuestas o determinadas por la DIAN antes de la Ley 1819, pero el acto administrativo que confirma la sanción es proferido después de la vigencia de esa Ley.
No obstante, si el contribuyente liquidó la sanción antes de la Ley 1819 (así no la haya pagado), los criterios de graduación del artículo 640 del ET no son aplicables.
Acumulación de rebajas sancionatorias:
Para la DIAN, las reducciones previstas en el artículo 640 del E.T. son acumulables con las aminoraciones especiales que cada tipo sancionatorio pueda contemplar.
Concepto Unificado sobre la exclusión del IVA prevista en el numeral 24 del artículo 476 del ET.
La Ley 1819 adicionó el numeral 24 al artículo 476 del ET, y señaló que está excluido del IVA el “Suministro de páginas web, servidores (hosting), computación en la nube (cloud computing) y mantenimiento a distancia de programas y equipos”.
En el Concepto 17056 de 2017 la DIAN precisó y definió diferentes hipótesis a las cuales se les puede aplicar esta exclusión del IVA.
La DIAN señaló que la exclusión del IVA por servicios de computación en la nube resulta aplicable cuando:
Se cumple una definición general y cinco características esenciales, que se mencionan en el concepto,
El servicio se presta a través de al menos uno de los modelos de servicio explicados por la DIAN, y
Existe al menos una de los modelos de implementación que la entidad menciona.
Para el efecto, la DIAN señaló que por “computación en la nube” se entiende “el modelo que permite el acceso omnipresentes, conveniente y por demanda a una red de un conjunto compartido de recursos computacionales configurables (redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios), que se pueden liberar y aprovisionar rápidamente con un mínimo de esfuerzo de gestión o interacción del proveedor de servicios”.
A su vez, para que un servicio pueda ser calificado como de computación en la nube, éste debe cumplir cinco características esenciales:
Auto-servicio bajo demanda,
Acceso amplio a la red, a través de diferentes plataformas (computadores, tabletas, etc),
Asignación común de recursos entre diferentes consumidores, sin que ellos puedan tener un estricto control del lugar exacto en el que se encuentra su información,
Rápida elasticidad, de modo que las capacidades deben poder crecer o decrecer bajo demanda, y
El servicio es medible para el proveedor y el consumidor.
La computación en la nube puede materializarse a través de diferentes “modalidades de servicio”, como: (i) software como servicio, (ii) plataforma como servicio, e (iii) infraestructura como servicio.
Igualmente, estos servicios puede prestarse a través de tres “modelos de implementación”: (i) nube privada, (ii) nube comunitaria, y (iii) nube pública.
Por último, la DIAN concluye que la exclusión (i) opera únicamente entre el proveedor y el consumidor, y (ii) no se extiende a los servicios de almacenamiento en la nube o licenciamiento cuando no se cumplen las características esenciales anteriormente mencionadas.
Para analizar la procedencia de la exclusión, el proveedor deberá tener en cuenta un “auto-diagnóstico”, que sería realizado a partir del formato que estructure el Ministerio TIC.
Para la DIAN el servicio de hosting consiste en permitir al consumidor almacenar en un espacio de un servidor información para desarrollar cualquier tipo de actividad.
Para la DIAN, existe un mantenimiento a distancia cuando:
A través de sistemas informáticos y de forma remota, un operador presta servicio técnico y brinda mantenimiento de un programa o equipo, para preservarlos actualizados, permitir su uso adecuado o corregir errores, y
El usuario se encuentra en un lugar distinto al de ubicación del operador o del equipo que requiere mantenimiento.
Concepto 017555 de 2017
Para la DIAN los incentivos contenidos en la Ley 1715 de 2014 están vigentes, pues no ha sido modificada por leyes posteriores.
Concepto 13279 de 2017
Rentas hoteleras:
En este concepto la DIAN precisó el tratamiento de las rentas hoteleras percibidas a través de un patrimonio autónomo, teniendo en cuenta la antigua exención contenida en los numerales 3 y 4 del artículo 207-2 del ET.
Para el efecto, la entidad señaló que se debe aplicar de manera plena al principio de transparencia previsto en el artículo 102 del ET, lo cual implica que:
Si el beneficiario del fideicomiso es una sociedad nacional, las rentas provenientes de éste se gravan a la tarifa preferencial del 9%. Eventualmente, si la base gravable de dicha sociedad excede de $800.000.000 en los años 2017 y 2018, estará sometida a la sobretasa del impuesto sobre la renta y complementarios de que trata el parágrafo transitorio 2° del artículo 240 del Estatuto Tributario.
Si el beneficiario es una sociedad extranjera o una persona natural sin residencia en el país, las rentas provenientes del fideicomiso se consideran un pago al exterior, y se someten a la tarifa del 15% prevista en el artículo 415 del ET.
En todo caso, la sociedad extranjera o la persona natural estará en la obligación de presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios, y liquidará dicho impuesto a la tarifa del 9%.
Si el beneficiario es una persona natural residente en Colombia, las rentas obtenidas se consideran como rentas no laborales y se someten a las reglas de dicha cédula.
Si el beneficiario es otro patrimonio autónomo o un fondo de inversión colectiva, se aplican las mismas reglas aquí comentadas dependiendo de los beneficiarios, bien sea del patrimonio autónomo o del fondo de inversión colectiva.
Fondos de inversión colectiva (“FIC”).
En el mismo Concepto 13279 de 2017, la DIAN señaló que:
El inciso final del artículo 48 del ET no es aplicable a las utilidades que distribuyan los fondos de inversión colectiva. En consecuencia, éstas no se encuentran gravadas con el impuesto sobre la renta y complementarios como dividendos.
En los FIC sigue aplicando el principio de transparencia en relación con el impuesto sobre la renta. En consecuencia, las rentas obtenidas a través de estos vehículos por una persona natural tienen el tratamiento que correspondería si las actividades que las originaron hubieren sido desarrolladas directamente por la persona natural.
Concepto 7397 de 2017
En este concepto, la DIAN aclara que en un contrato de colaboración empresarial existirá “rendimiento garantizado” cuando cualquiera de las partes reciba un pago fijo, que no esté asociado a las utilidades o pérdidas que se generen en desarrollo del negocio.
Concepto 410 de 2017
En el Concepto 36283 de 2016, la DIAN había señalado “en la actualidad no existe una norma que establezca un plazo perentorio para el registro de los contratos de importación de tecnología, patentes y marcas, [y por ello] no es dable exigir dicha formalidad de manera previa a la suscripción del mismo, y en este sentido, tampoco es razonable el desconocimiento de su deducción para efectos fiscales, cuando el registro en comento se realiza de manera posterior.”
No obstante, en el Concepto 410 de 2017 la DIAN modificó su doctrina y señaló que, antes de la expedición de la Ley 1819, los gastos devengados por concepto de contratos de importación de tecnología sólo eran deducibles si de manera previa se registraba el contrato.
Para el efecto, la DIAN sustentó su posición en el parágrafo 2 del artículo 3 del Decreto 259 de 1992, que señala que para efectos del pago de la regalías, el registro surte plenos efectos a partir de la fecha del registro del contrato.
Concepto 7079 de 2017
En este concepto la DIAN señaló que los valores pagados en el exterior por concepto de aportes a pensiones no pueden ser tratados por el empleador como deducibles en el impuesto sobre la renta.
Para el efecto, la DIAN señaló que, para ser deducibles, los aportes parafiscales deben ser pagados de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes en Colombia.
Concepto 6251 de 16 de marzo de 2017
En este concepto se señaló que “el valor a pagar por concepto de autorretención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y complementarios puede ser compensado con el saldo a favor generado en la declaración del impuesto sobre las ventas, siempre y cuando dicho saldo a favor se hubiese generado antes de la presentación de la declaración de la mencionada autorretención”.
[1] El artículo 1.5.5 del Decreto regula el contenido de esta declaración. A su vez, los artículos 2.2.11.1.1 y siguientes del Decreto establecen los requisitos que deben cumplir los Organismos de Verificación y los esquemas y estándares que deben ser usados para efectos de acreditar la exclusión por carbono neutro.
[2] El artículo 1.5.5.4 del Decreto establece los requisitos mínimos que debe contener el soporte de cancelación voluntaria. Igualmente, se señala que se deberá adjuntar copia del reporte de estado de las reducciones de emisiones y remociones de Gel en el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
[3] Por la cual se prescriben y habilitan los formularios y formatos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el año 2016.

References: artículo 221
 artículo 15
 artículo 476
 Resolución 
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 589
 artículo 589
 artículo 589
 artículo 640
 artículo 640
 artículo 697
 artículo 640
 artículo 640
 artículo 829
 artículo 640
 artículo 640
 artículo 640
 artículo 640
 artículo 476
 artículo 476
 artículo 207
 artículo 102
 artículo 240
 artículo 415
 artículo 48
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 1