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El_secretario Judicial en e LprocesoCargado por javier_gomez_159Related InterestsCourt ClerkProcedural LawJurisdictionJudgeCapital PunishmentRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDescargaShare or Embed DocumentInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content03/02/2011El Secretario Judicial ante la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal (civil y penal) para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial
Jesús SEOANE CACHARRÓN Doctor en Derecho. Miembro de Honor de la Unión Europea de Secretarios Judiciales. Secretario Judicial jubilado. Ex Presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales. Ex Profesor ayudante y asociado del Área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de Salamanca Diario La Ley, Nº 7561, Sección Tribuna, 3 Feb. 2011, Año XXXII, Editorial LA LEY
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En este trabajo nos limitaremos a la ampliación de las funciones del Secretario Judicial en el ámbito del proceso civil y penal por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, prescindiendo de la de la correspondiente al proceso laboral y contencioso-administrativo, dado el carácter supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece en su art. 4. Normativa comentada L 13/2009 de 3 Nov. (reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial) I. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA POSICIÓN DEL SECRETARIO JUDICIAL EN EL ÓRGANO JURISDICCIONAL Desde la publicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio de 1985 ( LOPJ), el Secretario Judicial español camina hacia el modelo alemán, consolidándose con la reforma de dicha Ley, por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre. De todos modos, la doctrina dominante (ALMAGRO NOSETE, CALVO SÁNCHEZ, GIMENO SENDRA, MARTÍN OSTOS, DE MIGUEL ALONSO, MORENO CATENA, PELÁEZ DEL ROSAL, PRIETO CASTRO, TOMÁS Y VALIENTE y VÁZQUEZ SOTELO), después de la Constitución de 1978, y de la LOPJ, de 1985, viene considerando al Secretario Judicial como integrante del órgano jurisdiccional, dando una sensata interpretación al art. 117.3 CE. Como acertadamente señalan MORENO CATENA y VILLAGÓMEZ CEBRIÁN, la potestad jurisdiccional, en la dimensión constitucional, aunque aparezca diseñada en el art. 117.3 de la Constitución, no es exclusiva de los Jueces y Magistrados, ni solo abarca la clásica función decisoria, ya que la jurisdicción se descompone en potestad de decisión de
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controversias, de ejecución, de documentación y de ordenación. De ellas, solo la primera se residencia necesariamente en los Jueces y Magistrados, porque esencialmente es la función de administrar Justicia que la Constitución les atribuye (art. 117.1) con exclusividad absoluta, pues la potestad jurisdiccional, en sentido amplio, es otorgada con acertado criterio por el legislador constitucional a los Juzgados y Tribunales y no a los Jueces y Magistrados. En este sentido, es interesante la enmienda presentada y defendida por el Grupo Centrista del Congreso de los Diputados, con el número 119, al Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de 19 de septiembre 1984, en la que, para justificar las modificaciones de varios artículos (2, 3, 7, 11, 21, 22, 25, 26 y 51) en el sentido de sustituir la frase «Jueces y Tribunales» por «Juzgados y Tribunales» para aludir a la potestad jurisdiccional, fundamentándola en que dicha potestad, corresponde a los Juzgados y Tribunales y no a los Jueces y Tribunales de conformidad con el art. 117.3 CE, habida cuenta que el Tribunal es complejo y compuesto por el Juez y el Secretario Judicial. Nosotros, desde nuestra tesis doctoral sobre «El Secretario Judicial en la ordenación del proceso civil», dirigida por el querido maestro don Carlos de Miguel y Alonso (Salamanca, 1985), defendimos que las funciones del Secretario Judicial en el proceso deben fortalecerse no solo en la documentación, sino también en la ordenación, la ejecución y en la jurisdicción voluntaria, siguiendo los modelos alemán e inglés en los que es ejemplar la agilidad y eficiencia de la Justicia comparándola con la lentitud de los modelos latinos, partiendo de la base de que el Secretario Judicial, a la vista del art. 117 de la Constitución, forma parte del órgano jurisdiccional. Sobre el modelo inglés, decía BECEÑA (años 1924), cómo un reducido número de Jueces ingleses se justifica con la actividad del Secretario Judicial («Master»), que desempeña funciones técnicas dentro del Tribunal. Tal es así que, como señala VARANO (año 1973), el proceso civil inglés se ha agilizado y simplificado al máximo con la intervención del «Master» en la llamada «fase preliminar», desde el año 1867, que ha supuesto en el año 1969 que de los 96.140 asuntos hayan pasado a la fase judicial solo el 5,4%, lo que da razón a quienes sostienen que ello configura las características singulares del proceso inglés. Sobre el modelo alemán, indica SCHONKE que el Secretario Judicial alemán («Rechtspfleger») es considerado como integrante del Tribunal, igual que el Juez, desde la Ley de 11 de marzo de 1921. El Profesor PRIETO CASTRO, en un estudio muy completo sobre el «Rechtspfleger» [Revista del Poder Judicial 9/1983)], comentando la Ley de 5 de noviembre de 1969, considera que este funcionario solo esta sometido a la Ley y a su conciencia, decidiendo con independencia del Juez (art. 9); y recoge la opinión de WOLF para quien es un órgano de la Administración de Justicia indispensable; y resalta la posición de HABSCHEID de que el art. 92 de la Constitución de Bonn de 1949 solo
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reserva a los Jueces la función de resolver controversias, lo que justifica la ampliación de sus funciones en casi todas las materias de la jurisdicción voluntaria. Nuestra aportación, desde el año 1987, en las clases impartidas en el Área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de Salamanca (durante veinticinco años), y en escritos dirigidos a los distintos Poderes del Estado y Jornadas de la Fe Pública Judicial del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, así como ante la Unión Europea de Secretarios Judiciales, en la condición de Presidente de dicho Colegio y Vicepresidente de dicha Unión, ha sido reclamar para el Secretario Judicial como funciones propias las de ordenación, ejecución y jurisdicción voluntaria. Esta dedicación y aspiración tuvo sus frutos con las reformas de la LOPJ por Leyes Orgánica 19/2003 y 1/2009, y la Ley de Reforma de las Leyes Procesales 13/2009, para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial. Ahora queda como asignatura pendiente para el Gobierno de la Nación dar cumplimiento a la disposición final decimoctava LEC, de 7 de enero de 2000, y lo prevenido en el art. 456 LOPJ, elaborando un nuevo Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, aprovechando el Anteproyecto elaborado por la Ponencia de la Comisión General de Codificación del año 2005, de la que he tenido el honor de ser miembro, así como el Proyecto del Gobierno, de 27 de octubre de 2006, que, después de un profundo debate parlamentario y de ser aprobado por el Congreso de los Diputados y la Comisión de Justicia del Senado, inexplicablemente fue retirado el mismo día en que se iba a someter al Pleno del Senado (24 de octubre de 2007). Después de la reforma de la LOPJ por la LO 19/2003, de 23 de diciembre, queda claro que el Secretario Judicial, en las unidades de apoyo directo, está integrado en el respectivo órgano jurisdiccional (art. 437.2). No nos cabe duda de que la moderna configuración del Secretario Judicial español en la nueva normativa contribuirá a una Justicia más ágil y eficaz para acabar con la lentitud que se viene padeciendo en España, puesto que, como decía el Ministro de Justicia GARRIGUES CAÑABATE (año 1976): «La Justicia lenta, que dilata en exceso, se convierte en injusticia». II. TRASCENDENCIA DE LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL POR LEY ORGÁNICA 19/2003, DE 23 DE DICIEMBRE El art. 456 de dicha Ley amplía las funciones del Secretario Judicial en las actividades de ordenación, ejecución, conciliación y jurisdicción voluntaria, sin perjuicio de los recursos que quepa interponer.
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Crea una nueva resolución del Secretario Judicial, el Decreto, que tiene precedente en el Tribunal de la Acordada de Méjico, y su objeto es poner término al procedimiento del que tenga atribuida competencia o cuando sea preciso o conveniente razonar su decisión. Será siempre motivado y contendrá, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se basa. El contenido de dicha reforma supone un cambio fundamental en la moderna configuración del Secretario Judicial español en línea con la Recomendación del Consejo de Europa de 16 de septiembre de 1986, no solo en el ámbito funcional, sino también en el ámbito orgánico, que le asimila al modelo europeo de Secretario Judicial aprobado en el Congreso Europeo de Secretarios Judiciales, celebrado en Alicante en el año 1995. Pero esta trascendente reforma, la más importante en los últimos cien años, ha retrasado sus efectos hasta la entrada en vigor (4 de mayo de 2010) de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, toda vez el mencionado art. 456 se aplicaría en los términos, casos y formas que establezcan las Leyes procesales. Comentando los aspectos procesales de la mencionada reforma, DAMIÁN MORENO manifiesta cómo ha dado un paso importante en el proceso de emancipación de los Secretarios Judiciales, autorizándoles para que participen en funciones decisorias que hasta el momento venían desempeñando los Jueces y Magistrados, fundamentalmente en la tramitación de expedientes de jurisdicción voluntaria y en la ejecución forzosa, materias en las que el principio de exclusividad jurisdiccional sancionado en el art. 117 CE no aparece amenazado. Desde ahora ya no tendremos que repetir las tremendas palabras de ESCRICHE (año 1839), que decía que los escribanos fueron creados por Alfonso X, el Sabio, destacando la importancia de su función, como delicada, respetable y honorífica, pues, en ellas, estaba depositada la fe pública judicial y, por ello, no se explicaba por qué sobre ellos pesaba la sombra de la servidumbre. III. CREACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL Las Leyes Orgánicas de Reforma de la LOPJ 19/2003 y 1/2009 crean la Nueva Oficina Judicial tomando como modelo el presentado por los representantes del Gobierno Vasco ante el Ministerio de Justicia, que, a su vez, venía influido por el modelo canadiense de Quebec, regulando con todo detalle dicha oficina en el Libro V que trata de los Secretarios Judiciales y de la Oficina Judicial.
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La Oficina Judicial se configura como soporte y apoyo de la actividad jurisdiccional (art. 435). Se crean las unidades procesales de Apoyo directo y los servicios comunes procesales (arts. 437 y 438). Como señala BLASCO SOTO, el funcionamiento de los servicios comunes procesales tiene el peligro de que durante la tramitación del proceso puedan ocasionar un elevado número de itinerarios procesales. Las unidades procesales de apoyo directo son aquellas que directamente asisten a Jueces y Magistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias. Existen tantas unidades procesales de apoyo directo como Juzgados, Salas o Secciones de Tribunales, integrando junto a sus titulares el respectivo órgano judicial. Estas unidades contarán con un Secretario Judicial aunque, por motivos de racionalización del servicio, un mismo Secretario Judicial podrá actuar en más de una unidad (art. 437). Los servicios comunes procesales no están integrados en un órgano jurisdiccional concreto y estarán a cargo de un Secretario Judicial. Asumen labores centralizadas de gestión y apoyo en la aplicación de las Leyes procesales en su ámbito territorial con independencia del orden jurisdiccional al que pertenezcan. Estos servicios comunes podrán estructurarse en secciones (art. 438). El mismo Secretario Judicial de la unidad de apoyo directo, excepcionalmente, podrá estar al frente de los servicios comunes procesales (nuevo párrafo del apartado 5 del art. 438, añadido por la reforma de la LO 1/2009). Los servicios comunes procesales previstos en el art. 438.3 de dicha Ley podrán ser: a) Registro y reparto b) Acto de comunicación c) Auxilio judicial d) Ejecución e) Jurisdicción voluntaria f) Ordenación del procedimiento g) Podrán crearse otras distintas, previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial.
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Según BLASCO SOTO, la Oficina Judicial pertenece al ámbito jurisdiccional. Nosotros entendemos, con HABSCHEID, que la Oficina Judicial está situada alrededor del campo jurisdiccional. De la exposición de motivos de la Ley se deduce que va en esta última dirección, al referirse a «decisiones colaterales de la función jurisdiccional». Su implantación efectiva tendrá lugar de forma gradual y en función de las posibilidades organizativas, técnicas y presupuestarias de las Administraciones competentes (disposición transitoria cuarta). IV. FINALIDAD DE LA REFORMA DE LA LEY 13/2009, DE 3 DE NOVIEMBRE De su exposición de motivos se deduce que pretende conseguir la dedicación de los Jueces y Magistrados a su función jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado que les encomienda el art. 117.1 y 3 CE, distribuyendo, en consecuencia, las competencias de los Jueces y de los Secretarios Judiciales para la implantación de la Nueva Oficina Judicial. V. LA CONCILIACIÓN PROCESAL En la Ley que comentamos en este trabajo, de 3 de noviembre de 2009, se reforman los arts. 460 a 476 LEC, de 3 de febrero de 1881, y el art. 84 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, de 7 de abril de 1995, en el sentido de: a) Encomendar la tramitación y celebración de la conciliación al Secretario Judicial. b) Atribuir al Secretario Judicial la aprobación por decreto de la conciliación con avenencia. El legislador ha incumplido el apartado 3.c) del art. 456 LOPJ (según nueva redacción por la LO 19/2003) y desaprovechado la oportunidad de encomendar la conciliación penal, prevista en los arts. 278, 804 y 808 LECrim., al Secretario Judicial. VI. AMPLIACIÓN DE LOS FUNCIONES DEL SECRETARIO JUDICIAL EN LA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL DEL AÑO 2000 Dada la falta de espacio de que disponemos para la publicación de este trabajo, nos limitaremos a la ampliación de las funciones del Secretario Judicial en el ámbito del proceso civil y penal, prescindiendo de las correspondientes a los procesos laboral y contencioso-administrativo, toda vez que son similares a las del proceso civil y, por otra parte, la LEC es supletoria en defecto de disposiciones en las Leyes que regulan los demás procesos (art. 4).
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A continuación pasamos a examinar las más importantes introducidas en el texto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero de 2000. 1. Resoluciones procesales del Secretario Judicial Distingue las diligencias de ordenación de los decretos (arts. 206 y 208). Las diligencias de ordenación tienen por objeto dar a los autos el curso que la Ley establece, mientras que los decretos tienen por objeto la admisión a trámite de la demanda, dar por terminado el procedimiento o, cuando fuere preciso o conveniente, razonarlos. Estos decretos serán razonados de forma similar a los autos de los Jueces y Magistrados. 2. Recursos contra las resoluciones de los Secretarios Judiciales a) De reposición. Ante el Secretario Judicial contra las diligencias de ordenación y decretos frente a los que no quepa recurso directo de revisión (art. 451.1). b) De revisión. Ante el Juez o Tribunal contra los decretos que pongan fin al procedimiento o impidan su continuación y en los casos en que expresamente se prevea. No cabe recurso de revisión contra los decretos del Secretario Judicial resolutorios de recursos de reposición. El recurso de revisión se resuelve por auto que solo es apelable cuando ponga fin al proceso o impida su continuación (art. 454 bis). 3. Resoluciones del Secretario Judicial que ponen fin al procedimiento a) Desistimiento unilateral o sin oposición (art. 20.3) b) Terminación del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto, con acuerdo de las partes (art. 22.1) c) Provisión de fondos del procurador (art. 29.2) d) Cuenta jurada del procurador (art. 34.1 y 2) e) Cuenta jurada del letrado (art. 35.2) f) Caducidad de la instancia (art. 237) g) Provisión de fondos al perito (art. 342.3) h) Indemnización a testigos (art. 375.2)
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4. Representación procesal Se amplía la facultad de los ciudadanos para otorgar poder al Secretario Judicial ante cualquier Oficina Judicial del territorio nacional (art. 24). 5. Dación de cuenta No cabe delegación. Incluye la dación de cuenta al Tribunal de las resoluciones que no sean de mera tramitación, lo que supone que el Secretario Judicial tiene que dar cuenta de sus decretos (art. 178.1 y 2). 6. Ordenación del proceso El Secretario Judicial dará de oficio el curso del proceso dictando las resoluciones oportunas. Asimismo, le corresponde la aprobación de la solicitud de suspensión por acuerdo de las partes (arts. 179 y 19.4). 7. Designación de ponente Le corresponde al Secretario Judicial, teniendo en cuenta un turno establecido en la primera resolución (art. 180). 8. Señalamiento de vistas Le corresponde al Secretario Judicial, siguiendo criterios e instrucciones anteriores (art. 182.4). 9. Aclaración, subsanación y complemento de resoluciones del Secretario Judicial Se procederá a ello por el propio Secretario Judicial mediante decreto contra el que no cabe recurso alguno (arts. 214 y 215). 10. Fortalecimiento de la fe pública judicial Se considera a la fe pública judicial como atribución exclusiva y plena del Secretario Judicial, sin que precise intervención de testigos (art. 145). Las actas pueden registrarse en documento electrónico sin presencia del Secretario Judicial
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(arts. 146, 147 y 187). Serán nulas las vistas celebradas sin presencia del Secretario Judicial cuando ésta sea necesaria (art. 225.5). 11. Admisión de la demanda mediante decreto (artículo 404) El Secretario Judicial dará cuenta al Juez cuando aprecie falta de Jurisdicción o competencia o defectos procesales. Reserva la admisión de la demanda al Juez en los casos de demanda ejecutiva (art. 551) o de juicio cambiario (art. 821). Tiene especial trascendencia la atribución al Secretario Judicial de la admisión de la solicitud y la tramitación del proceso monitorio, siguiendo el modelo alemán. 12. Declaración de rebeldía La declaración de rebeldía se aprueba por decreto del Secretario Judicial, salvo excepciones establecidas en el Ley (art. 496). 13. Tramitación y resolución de incidencias en la tasación de costas (artículos 241 a 246) La tasación de costas se practica por el Secretario Judicial que haya conocido del proceso o recurso o, en su caso, por el Secretario responsable de la ejecución. Si no se formula oposición, la tasación se aprueba por decreto del Secretario Judicial contra el que solo cabe recurso de reposición. En caso de impugnación, resuelve el Secretario Judicial por decreto contra el que solo cabe recurso de revisión ante el Tribunal. 14. Intervención del Secretario Judicial en los recursos de apelación y casación (artículos 457 a 482) La intervención del Secretario Judicial se amplía a la preparación de los recursos y, en su caso, a la resolución mediante decreto declarando desierto el recurso correspondiente. 15. Intervención del Secretario Judicial en el proceso de ejecución La Ley se refiere en el ámbito del proceso de ejecución al Secretario responsable de la ejecución.
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a) Resoluciones. Las resoluciones del Secretario Judicial adoptan la forma de diligencias de ordenación o de decreto desde que el Tribunal despacha la ejecución, conforme a lo prevenido en el art. 551.3. La Ley reserva al Tribunal, mediante auto, el acuerdo de ejecución o despacho de ejecución, la decisión sobre la oposición a la ejecución y los demás establecidos en la Ley y, en forma de providencia, los casos determinados en la Ley (arts. 545.5 y 7). Inexplicablemente, reserva al Juez la resolución mediante sentencia de la tercería de mejor derecho (art. 620). b) Realización de la ejecución por el Secretario Judicial responsable de la misma. Tanto en la ejecución dineraria como en la no dineraria, el Tribunal interviene solo excepcionalmente en los supuestos previstos en la Ley, tales como: recursos contra decretos del Secretario Judicial, incidencias que se planteen como, por ejemplo, la oposición a la ejecución, la suspensión de la ejecución, las tercerías o la liquidación de daños y perjuicios, frutos, rentas y rendición de cuentas. Es tan intensa y extensa la intervención del Secretario Judicial en la realización de la ejecución que sitúa al Tribunal, desde el auto despachando ejecución conforme al art. 551, en expectante a resultas de la dación de cuenta del Secretario Judicial responsable de la ejecución con relación a recursos contra sus decretos o incidencias que se produzcan durante dicha realización. c) Final de la ejecución (art. 570). Se acordará por decreto del Secretario Judicial contra el que cabe recurso directo de revisión. VII. AMPLIACIÓN DE FUNCIONES DEL SECRETARIO JUDICIAL EN LA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1882 Como pone de manifiesto la exposición de motivos de la Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dada la obsolescencia de sus normas, ha obligado al legislador a realizar una reforma solamente parcial en materia de la Oficina Judicial a la espera de que se produzca la revisión completa de esta Ley para dar a luz un cuño, como ya se hizo en el año 2000, con la Ley de Enjuiciamiento Civil. La completa y racional ampliación de las funciones del Secretario Judicial en el proceso penal tendrá que esperar a la aprobación de esa anunciada nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. 1. Resoluciones procesales del Secretario Judicial
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Son las mismas que en el proceso civil (art. 144 bis). Las diligencias de ordenación tienen por objeto dar a los autos el curso que la Ley establezca. Los decretos se dictarán cuando sea preciso o conveniente razonar su decisión. 2. Recursos contra las resoluciones del Secretario Judicial Se establecen los mismos del proceso civil (arts. 238 bis y ter). a) De reposición ante el Secretario Judicial contra las diligencias de ordenación y los decretos, excepto en los casos en que proceda recurso de revisión según la Ley. Contra el decreto del Secretario Judicial, resolutorio del recurso, no cabe recurso alguno. b) De revisión ante el Juez o Tribunal, que resolverán por auto, contra el que no cabrá recurso alguno. Contra las resoluciones de los Secretarios Judiciales dictadas para le ejecución de los pronunciamientos civiles de la sentencia y para la realización de la medida cautelar real de embargo preventivo en los arts. 589 y 615 cabrán los recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 3. Aclaración de resoluciones del Secretario Judicial Se puede hacer de oficio o a instancia de parte por decreto del propio Secretario Judicial, sin que quepa recurso alguno (art. 161). 4. Subsanación de decretos del Secretario Judicial Por omisiones o defectos, mediante decreto del propio Secretario Judicial, sin que quepa recurso alguno (art. 161). 5. Designación de ponente Se realiza por el Secretario Judicial aplicando el mismo sistema que en el proceso civil, por el turno que corresponda (art. 626). 6. Señalamiento de vistas El Secretario Judicial señalará el día y la hora del comienzo de las sesiones del juicio oral,
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después del auto admitiendo las pruebas conforme al art. 182 LEC (art. 659). 7. Instrucción de derechos al ofendido El Secretario Judicial instruirá al ofendido para mostrarse parte en el proceso y renunciar, o no, a la restitución de la cosa, reparación del daño o del perjuicio causado por el hecho punible, y, al mismo tiempo, le informará como solicitar las ayudas que puedan corresponderle (art. 109). 8. Notificación de la sentencia a los ofendidos o perjudicados Por escrito del Secretario Judicial, aunque no hayan sido parte en la causa (arts. 742 y 789). 9. Parte del sumario El Secretario dará parte al Presidente de la Audiencia y a la Fiscalía de la Audiencia al mes de incoarse, cada semana, expresando las causas que impidan su conclusión (art. 324). 10. Declaraciones del procesado Se dictarán por el mismo procesado y, si no, por el Secretario Judicial (art. 397). 11. Actas de las sesiones del juicio oral El art. 743 reproduce casi literalmente los arts. 146 y 147 LEC. Las actas pueden registrarse en documento electrónico sin presencia del Secretario Judicial. 12. El Secretario Judicial declara desiertos los recursos de apelación contra determinados autos (artículo 228), el recurso de queja por denegación del testimonio para interponer el de casación (artículo 866) y por incomparecencia del recurrente en el recurso de casación (artículo 878) Mediante decreto contra el que cabe recurso de revisión. 13. Tramitación y resolución de incidencias en la tasación de costas La tasación de costas se llevará a cabo por el Secretario Judicial que intervenga en la ejecución de la sentencia, aplicándose las normas del proceso civil (arts. 242 a 246). 14. Intervención del Secretario Judicial en la ejecución de la sentencia
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La regulación de la intervención del Secretario Judicial en la ejecución en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a diferencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es demasiado lacónica. Solo dedica a ella los arts. 889, 990, 996 y 998. En cumplimiento de lo prevenido en el art. 456 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, la reforma tenía que delimitar las competencias reservadas a los Jueces y Tribunales con carácter excepcional. Al no hacerlo así, se producirán conflictos no deseados entre el Tribunal y el Secretario Judicial y, sobre todo, complicará el normal funcionamiento del servicio común de ejecución, como pone de manifiesto el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales. En definitiva, al Secretario Judicial le corresponden las funciones siguientes en la ejecución penal: 1. Dictar las diligencias necesarias, sin perjuicio de las competencias del Juez o de la Sala (art. 990). 2. En el ámbito civil de la ejecución, intervendrá con arreglo a lo prevenido en las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 989 y 996). 3. Pondrá en conocimiento de los ofendidos y perjudicados por el delito y, en su caso, de los testigos, todas aquellas resoluciones relativas al penado que puedan afectar a su seguridad (art. 990) VIII. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA ALMAGRO NOSETE, «El Secretario Judicial y la futura Ley de Jurisdicción Voluntaria», III Jornadas de la fe pública judicial, Madrid, 1987. BECEÑA, «Sobre la retribución de los funcionarios judiciales», en Revista de Derecho Privado, tomo XI, Madrid, 1924. BLASCO SOTO, «La nueva estructura (o desestructura) del proceso. La admisión de la demanda en el proceso civil», en DiarioLA LEY, de 21 de enero de 2010. DAMIÁN MORENO, «Aspectos procesales de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial», en El proceso en el siglo XXI, noviembre-diciembre de 2006. ESCRICHE, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, Madrid, 1839.
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 artículo 657