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Timestamp: 2020-07-14 00:16:33+00:00

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Ejercitado por un accionista el derecho de información durante la celebración de la Junta General sin que sea posible satisfacerlo en dicho momento y adoptado el correspondiente acuerdo, ¿qué consecuencias tiene el incumplimiento por parte de los administradores de la obligación de facilitar por escrito la información dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta? - El Derecho
Foro 01-02-2011 Coordinador: Arribas Hernández
El artículo 197.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital...
Es cierto que el derecho de información se configura como un derecho fundamental del accionista, pero no estamos ante un derecho en abstracto e ilimitado sino ante un derecho instrumental: el accionista no tiene derecho a pedir cualquier información, sino sólo aquella referida a los puntos del orden día o, dicho de otra forma, a los acuerdos que se van a adoptar. El carácter instrumental del derecho de información se debe a que se trata de un derecho otorgado con la finalidad de hacer posible un conocimiento adecuado de la situación de la sociedad, que permita la formación de la voluntad social a través de la emisión del voto en la junta general(2). Se trata, por lo tanto, de un derecho eminentemente sustancial y complementario del voto, en cuanto es un presupuesto ineliminable de la adopción de decisiones responsables(3) que conciernen a los intereses de la sociedad. En el mismo sentido se ha pronunciado de forma reiterada el Tribunal Supremo, afirmando que u0022no se puede desvincular el derecho de los socios a obtener información de su propia finalidad, cual es el ejercicio adecuado y responsable de su derecho de votou0022 (STS de 14 de febrero de 2007, así como STS de 8 de mayo de 2003).
Precisamente porque la finalidad de la información no es otra que la de poder votar los acuerdos sometidos a la junta, nuestros tribunales han venido entendiendo que la información debía proporcionarse u0022en el momento en que tal información pueda ser utilizada por el accionista para la emisión del voto, ya que otra ocasión haría ilusorio tal derechou0022 (STS de 22 de marzo de 2000 y, en el mismo sentido, SAP de Madrid, sección 28ª, de 26 de febrero de 2010).
En este sentido, no podemos olvidar que, si bien nuestros tribunales consideran que el derecho de información es esencial, también han establecido que, como cualquier otro derecho subjetivo, debe ejercerse de buena fe y sin que se produzca un abuso del derecho (SAP de Madrid, sección 28ª, de 5 de febrero de 2010, en la que se afirma que u0022la exigencia de que tal información de detalle se suministrase precisamente en el acto de la junta se presenta, a priori excesiva, no descubriéndose por lo demás obstáculo alguno para que (...) se hubiese solicitado con antelación suficiente (...) todo lo cual sitúa la pretensión de hacer valer las incidencias descritas como causa de declaración de nulidad de los acuerdos impugnados extramuros el ejercicio de buena fe del derecho de información del actoru0022, en el mismo sentido la SAP de Sevilla, sección 8ª, de 5 de julio de 2004, así como la STS de 22 de febrero de 2007).
1) En palabras de la profesora Martínez, T. u0022el derecho de información es una prerrogativa frente a la sociedad que debe ser satisfecha responsablemente y cuya violación acarrea la nulidad del acuerdo sobre el asunto objeto de la información solicitadau0022 en Revista de Aranzadi de Derecho de Sociedades.
2) CASTELLANO RAMÍREZ, M.J., u0022Participación cualificada en el capital social y derecho de información de los accionistasu0022 Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, número 693, enero-febrero 2006.
5) Esta misma conclusión es la alcanzada por la doctrina, véase MARTÍNEZ, T., op.cit., y VAZQUEZ CUETO, op.cit. quien afirma u0022El control de legalidad se ciñe a la justificación de la medida. Si concurre una imposibilidad jurídicamente relevante cualquier otra anomalía sucedida con relación a la respuesta posterior – omisión de la misma, envío fuera de plazo, contenido impertinente, etc. – podrá fundamentar una acción de responsabilidad contra los administradores, pero en modo alguno afectará a un acuerdo firme y ejecutivo desde el instante de su adopciónu0022.
Como es sabido, el derecho de información que se reconoce al accionista ...
Como es sabido, el derecho de información que se reconoce al accionista en el artículo 93.2 de la Ley de Sociedades de Capital, u0022LSCu0022, antes artículo 48.2.d) de la Ley de Sociedades Anónimas (u0022LSAu0022), no es un derecho genérico o indeterminado, sino de configuración legal. En concreto, se desdobla en dos modalidades claramente diferenciadas: el derecho de pregunta y el derecho de examen o información documental, que sólo se reconoce en ciertos preceptos, para concretos casos expresamente previstos en la Ley y en relación con determinados documentos específicamente tasados también en la Ley.
Siendo, pues, preciso partir de la configuración legal, el derecho de pregunta, al que se refiere la cuestión suscitada, se regula en el artículo 197 LSC (antes art. 112 LSA) y se concreta en la posibilidad de solicitar u0022informes o aclaracionesu0022 relativos a u0022los asuntos comprendidos en el orden del díau0022; o u0022acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta Generalu0022. En cuanto a la forma de ejercicio de este así llamado derecho de pregunta, el artículo 197 LSC establece dos cauces: la formulación de las preguntas por escrito hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, para su contestación por escrito hasta el día de celebración; y la petición de las informaciones o aclaraciones que se consideren precisas oralmente en el mismo acto de celebración de la junta, para su contestación en ese momento. u0022De no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momentou0022, añade el apartado 2 del precepto, u0022los administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la juntau0022.
La determinación de las consecuencias de la infracción de esa previsión exige atender a la naturaleza del derecho de información en su vertiente de derecho de pregunta y, en particular, a la consideración de que se trata de un derecho instrumental. Quiere ello decir que su reconocimiento y ejercicio se justifica en la medida que la información solicitada sea objetivamente necesaria para la obtención de conocimiento de causa con el que formarse opinión para la emisión del voto reflexivo. Este carácter instrumental deriva de lo dispuesto en el artículo 197 LSC, cuando señala que los u0022informes o aclaracionesu0022 que la sociedad está obligada a facilitar al accionista serán los relativos a u0022los asuntos comprendidos en el orden del díau0022. Ha sido reconocido asimismo por la jurisprudencia del Tribunal Supremo pudiendo citarse, entre otras, las Sentencias de 8 de mayo de 2003, 28 de marzo de 2007 y 27 de marzo de 2009. La Sentencia de 14 de febrero de 2007 señala que u0022no se puede desvincular el derecho de los socios a obtener información de su propia finalidad, cual es el ejercicio adecuado y responsable de su derecho de votou0022. Por tanto, a la hora de determinar una hipotética vulneración del derecho de información deberá analizarse si la información solicitada versaba sobre el orden del día y, sobre todo, si era determinante para orientar o justificar el sentido del voto (vid., por todos, Uría, R. Menéndez, A. e Iglesias Prada, J. L., en Uría-Menéndez, Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, 2006, pp. 1230 y ss).
Entre la doctrina, esta postura es mantenida por Martínez Martínez, Mª. T., u0022Derecho de información del accionista e instrumentos y obligaciones de información de la sociedadu0022, en Derecho de Sociedades Anónimas Cotizadas, Alonso Ureba, A., Esteban Velasco, G., Fernández de la Gándara, L., Velasco San Pedro, L. A., Quijano González, J. y Rodríguez Artigas, F. (coords.), Madrid, 2006, pp. 329 y ss. Merece la pena transcribir algunas de las consideraciones en que se basa esa opinión: u0022el accionista (poco diligente) que... plantea sus preguntas en la propia JG, deberá asumir las consecuencias de las limitaciones propias de la reunión (en particular, el escaso tiempo disponible y la necesidad de agilizar las deliberaciones), y por tanto la imposibilidad de que los administradores satisfagan sobre la marcha preguntas inesperadas, cuya respuesta consuma un tiempo excesivo o requiera de conocimientos muy específicos o de la consulta de antecedentes documentales que no sea posible recabar en el curso de la sesión... Hay que asumir que esta información proporcionada tras la Junta, no podrá haber ilustrado el debate en ella y por tanto, queda desconectada de la finalidad instrumental que el legislador pretende de las informaciones solicitadas con ocasión de la Junta... Si en cambio, la información era imposible de satisfacer en la Junta general, nos encontramos ante información sin ninguna influencia, ni siquiera potencial, sobre el transcurso de la deliberación y el sentido del voto emitido. Creo que en este caso, un posterior incumplimiento de la prestación diferida (porque la información proporcionada no resulte satisfactoria o veraz, porque no se facilita en los siete días siguientes a la junta, o no se proporcione sin más), no permitiría impugnar el acuerdo sobre el asunto inquiridou0022.
Con todo, no puede dejar de terminarse señalando la existencia de pronunciamientos judiciales (a día de hoy aislados) que, al menos en apariencia, parecen adoptar una solución distinta. Por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 20 de mayo de 2010 se refiere a un supuesto en el que la sociedad tardó 18 días en remitir la información solicitada por un accionista en la junta. Después de considerar que u0022no existe apoyo legal ni jurisprudencial que avale el que el ejercicio de dicho derecho en el curso de aquélla [la junta] quede limitado o reservado a cuestiones que el socio no pudo prever con anterioridadu0022, se añade que u0022el reproche que aquí se hace lo es por no haber proporcionado en su momento y por la vía oportuna al accionista solicitante de la información las explicaciones que entonces se silenciaron y ahora se facilitan, pues con ello se impide que aquel derecho cumpla la función instrumental que le es propia de permitir la formación de la voluntad del socio a la hora de emitir su voto, por más que su ejercicio con carácter simultáneo a la celebración de la Junta permita a los administradores posponer ex post la información que les fue requeridau0022. Detrás de este razonamiento, no obstante, parece latir la convicción de que lo ocurrido realmente es que la información interesada podría haberse proporcionado en la propia Junta, no resultando justificado que no se suministrase en ese momento y se hiciese uso indebido y tardío de la previsión de remisión de la información después de la junta. No parece, por tanto, que este pronunciamiento altere la conclusión aquí alcanzada.
El artículo 197.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, po...
El artículo 197.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) dispone –de modo similar a como se regulaba en el artículo 112.1 LSA que u0022durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la juntau0022. En nuestra opinión, dicho precepto se constituye en cláusula de cierre en la regulación del derecho general de información del socio conectado a los asuntos a debatir en una Junta General.
La legislación societaria –como no podía ser de otra forma no configura el derecho de información del socio como un derecho autónomo y absoluto, sino que, en palabras de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 6ª) de 16 de junio de 2003, lo conforma como un derecho instrumental que tiene como finalidad u0022(...)proporcionar al socio los datos necesarios para calibrar y calificar la gestión social y permitir y propiciar el ejercicio consciente de su derecho de votou0022. Por esta razón, a pesar de que la jurisprudencia ha considerado que el derecho de información se constituye como un derecho fundamental del socio [STS (Sala 1ª) de 13 de octubre de 1994 y STS de fecha 20 de julio de 2001], a fin de valorar si se ha producido una infracción relevante, deberán valorarse -precisamente por su carácter instrumental las circunstancias concurrentes en cada caso [STS (Sala 1ª) de 31 de julio de 2002].
Según algún autor, la introducción de esta tercera hipótesis en la regulación del derecho de información del socio, mediante la reforma operada por Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas para u0022dotar de una mayor estabilidad y seguridad a la posición del accionistau0022, colmó u0022una laguna de la legislación anterioru0022 ya que a pesar de que u0022esta previsión desconoce la finalidad tradicional del derecho de información del socio, que no es otra que la de permitirle votar en la Junta con pleno conocimiento de las cuestiones(...)da solución a una situación a la que es difícil encontrarle otra, ya que no se puede exigir a los administradores que estén en el momento de la Junta en disposición de contestar a todas las cuestiones que puedan serles planteadas por los sociosu0022 (DÍAZ ECHEGARAY, J.L.; El derecho de información; Partida Doble núm. 160, 11/2004).
No obstante, lo cierto es que en la configuración finalística del derecho de información del socio, este tercer supuesto u0022quiebra por completo la relación de complementariedad, no ya siquiera la de dependencia, entre el derecho de información y el de voto, de suerte que tal información deja de ser verdaderamente útil a fin de formar la voluntad del socio sobre el sentido de su votou0022 [VILLENA CORTÉS; F.B.; Órganos de las sociedades de capital; Tirant Lo Blanch; Valencia 2008); pág. 369].
La Ley de Sociedades de Capital, en su artículo 197, regula el derecho d...
El artículo 197, apartado 2, del Texto refundido de la Ley de sociedades...
El artículo 197-2 TRLSC -112-2 TRLSA-, abre efectivamente la posibilidad...
Para el examen de estos últimos casos, debería analizarse el tenor de la información solicitada y la en su caso obtenida en el momento de la Junta ya que las contestaciones verbales no tienen por qué ser absolutamente exhaustivas, tanto más valorando la circunstancia de que el accionista haya tenido la posibilidad legal de pedir las informaciones por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta. La ampliación de información en tales supuestos, es decir, en aquellos en que sí hay información en la Junta, constituirá un caso específico del que difícilmente debería derivarse una forma de infracción y, por tanto, no constituirá sino una motivación de responsabilidad de obligado a suministrar la información según la ley –los administradores pero no un caso de afectación del acuerdo adoptado respecto del que se haya hecho referencia.
Por el contrario, si toda la información solicitada se difiere a un momento posterior a la Junta, las circunstancias previas concurrentes en el solicitante –las posibilidades de haber obtenido la información con carácter previo las concurrente al tiempo de la Junta –la causa de la no prestación de la información y las posteriores –la razón final de la falta de suministro de información-, constituirán factores desencadenantes de una decisión en la que habrá de ponderarse, en todo caso, y al lado de la forma del ejercicio del derecho de información, el interés social a fin de evitar que el ejercicio de un derecho individual pueda convertirse en un entorpecimiento innecesario y perjudicial para la vida de la sociedad.
Y tratándose de información determinante de una variable del sentido del voto, la ponderación de las circunstancias previas –posibilidades de obtención de la información por el socio con anterioridad a la junta-, concurrentes –relevancia de la información y razones de la decisión de referimiento de la información por los administradores y posteriores –naturaleza del acuerdo deben condicionar a su vez la decisión a adoptar que, en caso alguno, debe estar condicionada por motivos de legitimación dado que también, en este caso, como en general en los de diferimiento de la información, deben entenderse excepcionados de las condiciones ordinarias para impugnar los acuerdos.

References: artículo 197
 artículo 93
 artículo 48
 artículo 197
 artículo 197
 artículo 197
 artículo 197
 Real Decreto 
 artículo 197
 Real Decreto 
 artículo 112
 Real Decreto 
 artículo 197
 artículo 197
 artículo 197