Source: http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/derecho%20disciplinario%20militar/91/AN
Timestamp: 2020-01-23 22:19:44+00:00

Document:
ROJ: STSJ AND 7918/2019 - ECLI:ES:TSJAND:2019:7918
Resumen: Resolución del Ministerio de Defensa por la que se declara la resolución del compromiso de la recurrente como militar de tropa y marinería por haber resultado condenado por un delito doloso consistente en abandono de destino. El recurso de reposición fue resuelto expresamente en sentido desestimatorio de forma tardía, resolución a la que se entiende implícitamente ampliado el presente recurso. La recurrente alega vicios de nulidad de pleno derecho, o subsidiariamente de anulabilidad, al amparo de lo previsto en el art. 62.1.e) de Ley 30/1992 por la omisión del procedimiento legalmente establecido que deduce de la concurrencia de diferentes irregularidades en la iniciación y trámite del expediente, así como en base a lo prevenido en el art. 62.1.a) de LRJAP y PAC, que se relaciona con la infracción del trámite de audiencia, la infracción del principio de tipicidad y la generación de indefensión derivada de la incorrecta información suministrada por el acuerdo de inicio del expediente. Subsidiariamente alega trato discriminatorio. La Sala desestima el recurso. Ninguna de las irregularidades tiene virtualidad para anular el procedimiento y la resolución resultante. La resolución del compromiso no constituye ejercicio de la potestad disciplinaria, sino, en este caso, la consecuencia de una condena penal por delito doloso que admite un amplio margen discrecional. No se acredita la violación del principio de igualdad.
ROJ: STS 1590/2019 - ECLI:ES:TS:2019:1590
Nº Recurso: 92/2018
Resumen: Para determinar los dos momentos esenciales para la fijación del plazo de caducidad en el procedimiento sancionador debe tenerse en cuenta que en el dies a quo no es relevante la fecha de notificación al expedientado del acuerdo de inicio del procedimiento. Sin embargo, en el dies ad quem, la determinante es la fecha de notificación formal de la resolución sancionadora y no la del acto administrativo. El cómputo para analizar si ha transcurrido íntegramente el plazo máximo de duración del expediente debe realizarse a partir del día siguiente a la fecha del acuerdo de inicio o incoación del procedimiento, de manera que el día final coincida con el mismo número ordinal del día, mes o año correspondiente a la fecha del acuerdo de incoación, salvo que en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente, supuesto en el que el plazo expirará el último día del mes. En el supuesto enjuiciado, la notificación de la resolución sancionadora tuvo lugar el mismo día en que expiraba el plazo. No obstante, la notificación se realizó de forma incompleta, ya que no se acompañó el texto íntegro de la resolución y el informe del asesor jurídico general, lo que provocó que, aunque el sancionado interpusiera recurso de reposición conociendo la sanción impuesta y el motivo de su imposición, la Administración ordenara repetir la notificación -al reconocer el error cometido-, resultando que la segunda notificación tuvo lugar una vez transcurrido con creces el plazo máximo de duración del expediente
ROJ: STS 1162/2019 - ECLI:ES:TS:2019:1162
Nº Recurso: 62/2018
Resumen: La función del órgano jurisdiccional al controlar la medida cautelar de cese en funciones se contrae a verificar si concurren los elementos que la autorizan, si se han observado los componentes reglados del acto, así como la justificación del acuerdo y su motivación razonable. La motivación de la resolución impugnada se apoya solo en dos circunstancias: que no era la primera vez que el guardia protagonizaba un incidente similar; y que estaba previsto que los guardias afectados realizaran un nuevo servicio conjunto, por lo que había riesgo de que se volvieran a producir hechos similares. En cuanto al primer argumento, debe tenerse en cuenta que las circunstancias a valorar para la adopción de la medida son las propias de la presunta falta cometida, no las de conductas anteriores, que podrían ser tenidas en cuenta a la hora de individualizar la medida. Respecto del segundo, el riesgo podía evitarse por otros medios, como, por ejemplo, la asignación de otro guardia para realizar el servicio previsto. Por otra parte, la adopción de la medida no cumple el requisito de la inmediatez -pues se impuso una vez transcurridos doce días desde que se cursó el parte correspondiente- ni la exigencia de razonamiento reforzado que justifique la imposición de la medida en la extensión más larga y gravosa que la ley posibilita, ausencia de motivación que afecta a la proporcionalidad de la medida como cuestión de legalidad ordinaria y a los derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva.
ROJ: STS 1161/2019 - ECLI:ES:TS:2019:1161
Nº Recurso: 86/2018
Resumen: El nuevo recurso de casación contencioso administrativo se erige sobre el interés casacional que presente el caso, interés que se fija en el auto de admisión, mediante la concreción de las cuestiones de derecho que han de ser objeto de interpretación, con exclusión de las meramente fácticas -sin perjuicio de la posible integración de hechos omitidos en la sentencia y que se encuentren suficientemente justificados-. La infracción de la legalidad sancionadora, en su vertiente de tipicidad, se denuncia en el recurso como cuestión nueva, a pesar de lo cual, se da respuesta al recurrente para apurar la tutela que demanda. La sanción impuesta se apoyó en sufientente prueba de cargo -parte disciplinario, cuyo contenido fue corroborado por dos testigos- con aptitud de enervar la presunción de no culpabilidad más allá de cualquier duda razonable, lícitamente obtenida, regularmente practicada y valorada de forma razonable, conforme a las reglas de la logica y la experiencia. El inamovible relato de hechos probados se subsume adecuadamente en el tipo apreciado, pues el mando emitió, en forma adecuada y dentro de sus atribuciones, una orden lícita, legal y legítima, dada directamente y en términos inequívocos, para que el recurrente volviera al sitio que venía ocupando durante un ensayo de la Unidad de Música de la Guardia Real, infringiendo el obligado su deber de obediencia, por lo que, con su conducta, se vio afectado el valor disciplina, consustancial a la organización castrense.

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