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Timestamp: 2019-12-06 06:09:24+00:00

Document:
STP5284-2015
Radicación No.: 79.069
Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil quince (2015)
Se pronuncia la Sala sobre la impugnación instaurada por GUILLERMO ALFONSO PIZARRO MELGAREJO, contra el fallo proferido el 12 de marzo del presente año por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, mediante el cual negó las pretensiones de la demanda de tutela formulada contra la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.
Fueron sintetizados por el Tribunal a quo, en la forma en que a continuación se indica:
Refiere el actor que el 10 de noviembre de 2005 fue capturado, sindicado de los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. El 8 de marzo de 2010 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá lo absolvió, así como a las demás personas vinculadas al proceso, decisión que el 23 de agosto de 2012 confirmó la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá.
Que todos quienes fueron capturados y absueltos presentaron demanda de reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación, previo al agotamiento de la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, la que para su caso se realizó el 16 de septiembre de 2014 ante el Procurador 144 Judicial II para Asuntos Administrativos, declarada fallida porque la Fiscalía no concilió.
Estima vulnerados sus derechos a la igualdad y al debido proceso porque a pesar de tratarse de la misma actuación dentro del que por idénticas razones fueron absueltas varias personas el ente acusador concilió con todos los demás, como ocurrió con David Zorrilla Marín, Wilson Orlando Reina Ortegón y Hernán Astudillo, mientras que con él no lo hizo.
Que en amparo de los derechos fundamentales invocados se ordene al Fiscal General de la Nación que “promueva” ante la Procuraduría General de la Nación “…que se me convoque nuevamente a CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL dadas las mismas circunstancias que le permitieron hacerlo en los otros casos ya precisados…”.
Luego de traer a colación la normatividad aplicable a la conciliación extrajudicial, concretamente el Decreto 1716 de 2009, estimó el a quo que la conciliación surtida ante la Procuraduría fue fallida, porque él no cumplió con las exigencias legales que le correspondían, concretamente, no aportó prueba que acreditara la responsabilidad que podía endilgársele a la autoridad accionada frente a la presunta privación injusta de la libertad que sufrió.
Además, desconoció el carácter subsidiario de la vía tutelar, pues tenía la posibilidad de aportar los elementos probatorios echados de menos y así convocar nuevamente al comité de conciliación, pero no lo hizo.
Finalmente, descartó que fuera vulnerada la garantía de igualdad que le asiste a PIZARRO MELGAREJO, pues si las conciliaciones adelantadas contra los demás coprocesados en el trámite penal fueron aprobadas, se debió a que ellos sí allegaron los documentos y pruebas requeridos para tal efecto.
Fue propuesta por GUILLERMO ALFONSO PIZARRO MELGAREJO, quien disiente de la determinación adoptada por el A Quo.
Estima desacertado que a pesar de haber sido enjuiciado y absuelto en igualdad de circunstancias con los demás involucrados con una supuesta banda criminal, la Fiscalía decidiera conciliar con sus coprocesados y no con él.
Hace referencia al escenario que vivieron él y su familia por cuenta de esa situación, para luego indicar que es un yerro que la Fiscalía advierta la inexistencia de pruebas para conciliar, cuando tal entidad fue la que lo acusó dentro del trámite penal.
Señala, luego de rememorar el fallo del a quo, que cuando se presentó la conciliación en la Procuraduría, ya él no tenía opción alguna de aportar algún elemento de prueba o controvertir el acta elaborada por el comité de conciliación de la Fiscalía, pues «conocida la intención oficial de no conciliar, la misma se declara fallida».
Insiste a la Sala en que fue vulnerada la garantía de igualdad que le asiste y además, depreca que se aporte como prueba las actas de conciliación extrajudicial que suscribieron los coprocesados en el trámite penal para que con ello sea desatada en justicia la impugnación.
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1382 de 2000, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la impugnación interpuesta contra el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos.
El canon 29 de la Constitución, establece el debido proceso como una garantía fundamental de quienes intervienen en actuaciones tanto judiciales como administrativas, además ordena su observancia a la Administración, siempre respetando las formas previamente definidas por el ordenamiento jurídico y los principios de contradicción e imparcialidad, además, con la garantía de que las decisiones se emitan con acatamiento de las etapas y los procedimientos señalados en las disposiciones pertinentes para que sus actos no resulten en contravía de éstas, ni del ordenamiento superior.1
Sobre el particular, ha dicho la Corte Constitucional que:
El derecho al debido proceso administrativo garantiza a las personas la posibilidad de acceder a un proceso justo y adecuado, en el cual tengan derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio2.
A pesar de lo anterior, puede darse el caso de que la administración al adelantar una actuación o al expedir un acto propio de esta naturaleza, desconozca alguno de los procedimientos establecidos y con ello vulnere el debido proceso. Para esta clase de situaciones, el ordenamiento jurídico ha previsto medios ordinarios de defensa para atacar esas decisiones y restablecer los derechos que hayan sido afectados, de lo cual se deriva la subsidiariedad de la acción de amparo en cuanto a las actuaciones de la administración se refiere.
2. Requisitos de admisibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos.
El artículo 86 de la Constitución Política, establece que toda persona tiene derecho a promover esta acción ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial, o existiendo, cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.
En diferentes oportunidades, la Sala ha precisado que el instrumento mencionado no se encuentra diseñado con miras a reemplazar al juez competente, de ahí que no sea de recibo cuando se advierte que el accionante cuenta con otro mecanismo judicial para invocar la protección de los derechos fundamentales que considera, le han sido vulnerados. De tal forma, la competencia del juez de tutela se limita al examen y verificación del acto por el cual se presume, son violadas o amenazadas las garantías superiores.
Es por ello, que se han fijado criterios generales sobre la procedencia formal del amparo, los que han sido estatuidos en el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 cuyo numeral primero señala la existencia de otro medio de defensa judicial para lograr la protección que por vía de la acción constitucional se pretende obtener.
GUILLERMO ALFONSO PIZARRO MELGAREJO acude a la extraordinaria vía de tutela, con el objeto de que el juez de amparo le ordene a la Fiscalía General de la Nación, convocarlo nuevamente a conciliación extrajudicial por la presunta privación injusta de la libertad de que fue objeto.
Sin embargo, desconoce el carácter subsidiario y residual del mecanismo de amparo, pues el punto en discusión no tiene una evidente relevancia constitucional, tampoco hay una vulneración al debido proceso que permita su procedencia y ello no se evidencia del contenido del expediente, para que así, salte las vías ordinarias que la legislación puso a su disposición.
Tampoco enseña ni demuestra la ocurrencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia del amparo constitucional invocado3 y debe recordarse que la simple afirmación de su hipotético acaecimiento es insuficiente para justificar la procedencia de la tutela4.
Lo anterior, porque como bien quedó consignado en el acta de conciliación suscrita ante la Procuraduría 144 Judicial II para asuntos administrativos, fracasó el mecanismo alternativo de solución de conflictos porque:
…no se allegaron todas las pruebas necesarias para demostrar lo aludido, toda vez que no se pudo determinar la fecha exacta en que quedó ejecutoriada la resolución acusatoria y tampoco se pudo determinar el momento en el que el juzgado avocó conocimiento de la causa, siendo esto impedimento para determinar el tiempo por el cual responde la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, lo anterior conforme a la certificación expedida por la secretaría técnica del nombrado comité en la que consta la decisión, la cual adjunto en un folio.5
Se advierte entonces, que si la conciliación fue declarada fallida, ello ocurrió por un yerro del accionante, al no aportar elementos suficientes de convicción que permitieran establecer al ente acusador, cuál fue el lapso en el que estuvo privado de la libertad por cuenta de la Fiscalía y así, verificar si existió o no una injusta detención, carga que le corresponde, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 640 de 20016. De tal proceder, tampoco se deriva una vulneración de la garantía de igualdad que le asiste, pues es claro que los demás procesados en el trámite penal, sí aportaron las documentales exigidas por la Fiscalía para acreditar la afectación de sus derechos.
Así, de acuerdo con la máxima nemo auditur propriam turpitudinem allegans7, resulta desacertado que pretenda aprovecharse del error en que incurrió al no aportar los documentos echados de menos por la autoridad ahora accionada, para endilgárselo a ella y obtener así un beneficio, que sería, en el caso concreto, la suscripción del acuerdo conciliatorio.
Entonces, si él busca que sea el juez de tutela quien ordene a la Fiscalía General de la Nación suscribir un acuerdo conciliatorio, lo hace olvidando los requisitos de procedencia de este mecanismo, pues no demuestra la amenaza inminente o vulneración a derechos fundamentales que habilitarían el uso de la acción y de las pruebas aportadas no se colige que ésta pueda ocurrir.
Además, es claro que agotado ya el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para incoar la correspondiente acción de reparación directa por la presunta privación injusta de la libertad de la cual fue objeto.
En conclusión, no evidencia la Sala alguna afectación de las garantías fundamentales de PIZARRO MELGAREJO, que deba ser remediada mediante la acción de amparo, razón que hace imperioso confirmar la decisión proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA No. 3, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
1 En ese sentido, CSJ STP, 8 de agosto de 2012, Rad. 61485, entre otras.
2 Sentencia T-571 de 2005.
3 En ese sentido, ver T-225 de 1993, entre otras.
4 T-436 de 2007
5 Folio 300 del cuaderno del Tribunal.
6 ARTICULO 37. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN ASUNTOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Antes de incoar cualquiera de las acciones previstas en los artículos 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, las partes, individual o conjuntamente, deberán formular solicitud de conciliación extrajudicial, si el asunto de que se trate es conciliable. La solicitud se acompañará de la copia de la petición de conciliación enviada a la entidad o al particular, según el caso, y de las pruebas que fundamenten las pretensiones.
7 Sobre este aforismo, dijo la Corte Constitucional en sentencia CC C-083/95 que: «No hay duda de que quien alega su propia culpa para derivar de ella algún beneficio, falta a la buena fe entendida como la ausencia de dolo, la conciencia de que el comportamiento que se observa es conforme al derecho, y los fines que persigue están amparados por éste. Ahora bien: el artículo 83 de la Carta del 91, impone la buena fe como pauta de conducta debida, en todas las actuaciones, tanto de las autoridades públicas como de los particulares. Y los artículos 1525 y 1744 del Código Civil, tan anteriores en el tiempo a nuestra Constitución actual, constituyen sin embargo cabal desarrollo de ese principio al impedir -el primero- la repetición de lo que se ha pagado "por un objeto o causa ilícita a sabiendas", y el segundo al privar de la acción de nulidad al incapaz, a sus herederos o cesionarios, si aquél empleó dolo para inducir al acto o contrato. Ejemplar es también, en esa misma dirección, el artículo 156 del mismo estatuto, que impide al cónyuge culpable, invocar como causal de divorcio aquélla en que él mismo ha incurrido. Tales disposiciones, justo es anotarlo, eran reductibles inclusive a la Carta anterior que, no obstante, no consagraba explícitamente el deber de actuar de buena fe».

References: artículo 86
 artículo 6
 resolución 
 artículo 37
 artículo 83
 artículo 156