Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28CDP200805200008.CODI.%29
Timestamp: 2019-12-12 16:56:52+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 8, de 20/05/2008
Año 2008 IX Legislatura Núm. 8
Sesión plenaria núm. 8 celebrada el martes 20 de mayo de 2008
Modificación del orden del día... (Página 4)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la cesión del cuartel del Bruc, en Barcelona, a las Administraciones Públicas catalanas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 12, de 9 de mayo de 2008. (Número de expediente 162/000028.)... (Página 4)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se insta al Gobierno a presentar sendos proyectos de ley de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, y de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 12, de 9 de mayo de 2008. (Número de expediente 162/000031.)... (Página 10)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre la posición del Gobierno ante la finalización del contrato de arrendamiento del Polígono de Tiro Aéreo y Bombardeo de Bardenas firmado entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Bardenas. (Número de expediente 173/000001.)...
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la relación entre la política y los lobbies o grupos de presión. (Número de expediente 173/000002.)...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que adoptará el Gobierno para reactivar la creación de empleo ante la actual crisis económica. (Número de expediente 173/000003.)... (Página 28)
- Dación de cuentas de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados de la VIII Legislatura a la Cámara de la IX Legislatura. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, número 2, de 11 de abril de 2008.
(Número de expediente 062/000001.)... (Página 34)
Proposiciones no de Ley. (Votaciones.)... (Página 34)
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara el aplazamiento de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Díez), sobre la necesidad de ampliar el concepto legal de "víctimas de terrorismo", que figura como punto 31 del orden del día, lo que se aprueba por asentimiento.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la cesión del cuartel del Bruc, en Barcelona, a las Administraciones Públicas catalanas... (Página 4)
Defiende la proposición no de ley el señor Xuclà i Costa, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas interviene la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo y el señor Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Fernández González, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se insta al Gobierno a presentar sendos proyectos de ley de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, y de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial... (Página 10)
Defiende la proposición no de ley el señor Esteban Bravo, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Barkos Berruezo y Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Parlamentario Socialista.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes... (Página 16)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Barkos), sobre la posición del Gobierno ante la finalización del contrato de arrendamiento del polígono de tiro aéreo y bombardeo de Bardenas firmado entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Bardenas... (Página 16)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Cervera Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Al amparo del artículo 71.1 del Reglamento la señora Barkos Berruezo pide la palabra, que no le es concedida.
Cierra el turno de fijación de posiciones el señor Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene la señora Barkos Berruezo.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la relación entre la política y los lobbies o grupos de presión... (Página 22)
Presenta la moción el señor Herrera Torres, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Díez González y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Malaret García, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene el señor Herrera Torres.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que adoptará el Gobierno para reactivar la creación de empleo ante la actual crisis económica... (Página 28)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Montoro Romero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Díez González y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de la aceptación o rechazo de las enmiendas interviene el señor Montoro Romero.
El señor Montoro Romero solicita la palabra al amparo del artículo 71.1 del Reglamento, que no le es concedida.
Dación de cuentas de la Diputación Permanente... (Página 34)
Dación de cuentas de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados de la VIII Legislatura a la Cámara de la IX Legislatura...
La Presidencia solicita de la Cámara su aprobación por asentimiento. Así se hace.
Proposiciones no de Ley. (Votación.)... (Página 34)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la cesión del cuartel del Bruc, en Barcelona, a las administraciones públicas catalanas, con la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por 26 votos a favor, 300 en contra y cinco abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se insta al Gobierno a presentar sendos proyectos de ley de reforma de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional y de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, se rechaza por 27 votos a favor, 302 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre la posición del Gobierno ante la finalización del contrato de arrendamiento del polígono de tiro aéreo y bombardeo de Bardenas, firmado entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Bardenas, se rechaza por 27 votos a favor, 301 en contra y una abstención.
Sometidos a votación separada diferentes puntos y epígrafes de la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la relación entre la política y los lobbies o grupos de presión, todos ellos son rechazados.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que adoptará el Gobierno para reactivar la creación de empleo ante la actual crisis económica, se rechaza por 139 votos a favor, 187 en contra y dos abstenciones.
Se suspende la sesión a las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA DÍEZ), SOBRE LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL CONCEPTO LEGAL DE "VÍCTIMAS DEL TERRORISMO". (Número de expediente 172/000004.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, se inicia la sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, ha solicitado el Gobierno el aplazamiento de uno de los puntos del orden del día consistente en la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto y ha habido aquiescencia unánime de la Junta de Portavoces. Sin embargo, corresponde al Pleno de la Cámara la alteración del orden del día. ¿Dan SS.SS., por asentimiento, la conformidad a la propuesta que les hace la Junta de Portavoces? (Asentimiento.) En ese sentido, queda modificado el orden del día. Igualmente, les anuncio que las votaciones correspondientes a la sesión de esta tarde se producirán al final de la misma, una vez tramitados todos los asuntos incluidos en el orden del día de esta sesión.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LA CESIÓN DEL CUARTEL DEL BRUC, EN BARCELONA, A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CATALANAS. (Número de expediente 162/000028.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos por el punto I del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la cesión del cuartel del Bruc, en Barcelona, a las administraciones públicas catalanas.
Para la defensa de la proposición tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Xuclà, y por tiempo de siete minutos.
Señorías, desde unos años antes de la desaparición del servicio militar obligatorio, las necesidades cuantitativas y cualitativas del Ejército español han variado sustancialmente. Actualmente la presencia territorial del ejército ha adquirido nuevos parámetros de racionalidad y de simplificación adaptados a sus actuales necesidades y funciones entre las que resulta habitual y fundamental la colaboración con los ejércitos de otros Estados miembros de la OTAN y la participación en misiones de paz bajo el control de las Naciones Unidas. Buena parte de sus cuarteles e instalaciones logísticas han dejado de tener la utilidad para la que se habían concebido. Por otra parte, muchos cuarteles e instalaciones militares como el cuartel del Bruc, en Barcelona, han pasado de estar situados en las afueras de la ciudad a quedar englobados en la propia trama urbana. Por otro lado, la vivienda es una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía en la actualidad. Cada vez más existen mayores dificultades para acceder a una vivienda digna, ya sea en régimen de propiedad o de alquiler por parte de importantes colectivos: jóvenes, familias con rentas bajas o con ingresos irregulares, familias numerosas o gente mayor. Los precios del suelo y de la vivienda no han dejado de incrementarse en los últimos años. Facilitar el acceso a la vivienda debe ser, como prevé la Constitución, una prioridad para la totalidad de las administraciones
públicas implicadas. En el caso de la ciudad de Barcelona es una necesidad ampliamente reconocida.
Una de las posibilidades para dar respuesta a esta necesidad de vivienda social es la utilización del suelo del Patrimonio del Estado para construcción de vivienda accesible. En los últimos años el Ministerio de Defensa ha realizado diferentes cesiones de su patrimonio para la construcción de equipamientos y viviendas. Esas cesiones se han producido sin un criterio homogéneo, especialmente en relación con las condiciones impuestas. Por ejemplo, en el año 2004, el Ministerio de Defensa enajenó al Consorcio de la Zona Franca de Barcelona una parcela de 110.000 metros cuadrados de los antiguos cuarteles de Sant Andreu por importe de 83 millones de euros. En las mismas fechas, el ministerio cedió 9 millones de metros cuadrados a Madrid en la conocida operación Campamento. En la ciudad de Barcelona existen unas instalaciones que dependen del Ministerio de Defensa, el cuartel del Bruc, rodeado de sedes universitarias, que podrían constituir un importante espacio a ceder por parte de la Administración del Estado para la construcción de viviendas sociales y nuevos equipamientos.
El ánimo que impulsa esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es el de racionalizar los espacios y la presencia del ejército en la ciudad de Barcelona o en sus municipios colindantes. Actualmente, en el cuartel del Bruc de Barcelona radica un batallón del Ejército de Tierra, y claramente podemos concluir que existe una desproporción entre las dimensiones del cuartel y sus actuales utilidades. Siendo como es muy importante el reto del acceso a una vivienda digna por parte de los colectivos antes citados, no se agotan aquí las nuevas potencialidades que tiene el cuartel del Bruc. Como muy bien saben SS.SS., el cuartel del Bruc se encuentra en el corazón de la zona universitaria de Barcelona y colinda prácticamente con tres universidades. Varias son las funciones que estas universidades han planteado para el Bruc: residencia de estudiantes, con un número importante de pisos de estudiantes para ser alquilados a otros colectivos; residencia de investigadores internacionales que desarrollen una estancia de estudio en la ciudad de Barcelona; ampliación de los equipamientos universitarios, actualmente constreñidos en una zona de Barcelona totalmente construida.
No queremos limitar nuestra propuesta solo a dar satisfacción al reto de la vivienda o a los equipamientos universitarios. Señorías, la ciudad de Barcelona ha pensado en las posibilidades del cuartel del Bruc para otras funciones complementarias o nuevas a las ya citadas. Este es un asunto recurrentemente planteado en el debate municipal del Ayuntamiento de Barcelona. Racionalización es la palabra clave para avalar nuestra propuesta. Quien se oponga eventualmente a la misma solo lo podrá hacer desde apriorismos o desde el cálculo político de que lo que hoy es imposible caerá como fruta madura dentro de poco tiempo. Por cierto, señorías, y hablando de oportunidad política, en los prolegómenos de este debate alguna voz ha apuntado que el Grupo Parlamentario Catalán propone esta iniciativa porque la ministra de Defensa es diputada por Barcelona.
El Grupo Parlamentario Catalán lleva, como mínimo, dos legislaturas planteando este asunto. Ante esta impugnación, la pregunta se debe formular al revés: ¿El hecho de que la ministra de Defensa sea hoy diputada por Barcelona veta al Grupo Parlamentario Catalán la posibilidad de continuar defendiendo sus legítimos y razonables puntos de vista en esta materia? Señorías, aquello que fue posible con la operación Campamento en Madrid -cesión de nueve millones de metros cuadrados- puede y debe ser posible con unas dimensiones distintas a favor de la ciudad de Barcelona.
Última consideración. Repasando la accidentada cesión del castillo de Montjuïc a la ciudad de Barcelona -por cierto, aún no culminada, con condiciones, recelos y el silencio del Partido Socialista de Cataluña-, la lección es clara: una desconfianza ha sobrevolado la racionalización de las instalaciones del ejército en esta nueva era de la seguridad y los compromisos internacionales en materia de seguridad.
Señorías, les pido el voto favorable a esta iniciativa para superar esta desconfianza. Les pido el voto favorable a la cesión de los cuarteles del Bruc a la ciudad de Barcelona o al Gobierno de la Generalitat para conseguir el objetivo de esta proposición no de ley. Les pido que superen un no anclado en el pasado, que supondría dar un portazo a las muchas y positivas propuestas que han nacido en este campo desde la ciudad de Barcelona y su comunidad universitaria.
Ha presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene en primer lugar la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, damos por defendidas las enmiendas. Intervendremos para fijar la posición de nuestro grupo, según el artículo 75.2 del Reglamento.
¿El señor Jorquera también se manifiesta en el mismo sentido? (Asentimiento.) Muchas gracias.
Para fijar la posición del grupo y de menor a mayor tiene en primer lugar la palabra el Grupo Parlamentario Mixto, señora Barkos.
Dando por defendidas las enmiendas del Grupo Mixto a esta proposición no de ley, quiero responder al portavoz
de Convergència i Unió que solicitaba el voto de los portavoces y miembros de los grupos de esta Cámara que contará con el voto de Nafarroa Bai.
Votaremos a favor de la reversión a las autoridades catalanas de los cuarteles del Bruc por coincidir plenamente con la argumentación y con los objetivos expuestos. Para nosotros no solo tiene una especial importancia esta proposición no de ley presentada por Convergència i Unió. El portavoz de Convergència i Unió se refería a una cuestión fundamental, el caso de Montjuïc, en una cesión todavía no realizada a pesar de que la legislatura pasada fue prolija en gestiones sobre esta cuestión, y a otras infraestructuras similares en otros puntos del Estado.
Nafarroa Bai votará a favor, como decía, aunque en nuestro caso con objetivos diferentes de los reseñados ya por el portavoz de Convergència i Unió relativos a los cuarteles del Bruc, pero con la misma exposición y argumentación de motivos para señalar un camino en el que andaremos a lo largo de esta legislatura respecto a otras infraestructuras, como es el caso del cuartel de San Cristóbal, en Navarra. Nos encontramos, por lo tanto, en la argumentación de motivos. Nos encontramos en los objetivos reseñados en este caso concreto, y entendemos que se abre una senda interesante en otros puntos. Es el caso de Cataluña, es el caso de Navarra, es el caso de Aragón y de otros puntos del Estado a la hora de dar respuesta y solución eficaz a infraestructuras de estas características hoy ya caducas en los objetivos y en su exposición.
Otra posición por parte del Grupo Parlamentario Mixto. (Pausa.) Puede hacer uso de la palabra.
Señorías, la enajenación de un bien patrimonial del Estado en desuso o sobredimensionado en beneficio de una Administración local, insular o autonómica plantea, en ocasiones, dificultades burocráticas y políticas que impiden o demoran su uso público en beneficio de la propia ciudadanía. Las cesiones o desafectaciones a otras administraciones de los bienes inmuebles pertenecientes a la Administración del Estado y viceversa deberían realizarse en un marco de cooperación entre las distintas instituciones. Desde nuestro punto de vista, a la venta masiva de inmuebles en régimen de libre concurrencia habría que anteponer otras alternativas en el concepto de patrimonio común. Podríamos recordar el artículo 137 de la Constitución en el que las tres instituciones del Estado: Estado, comunidad autónoma y Administración local forman parte de un Estado amplio y completo. Conscientes de ello presentamos, desde el año 2001, una interpelación y posterior moción en el Senado. Si esa moción se hubiera puesto en marcha seguro que hoy estaría resuelto el tema que plantea Convergència i Unió. En ella instábamos al Gobierno a elaborar, a la mayor brevedad, un inventario de los bienes que se encuentran en desuso, así como un plan de posibles reversiones a las diferentes administraciones, en la línea de la enmienda de la compañera del Grupo Mixto, la señora Díez, que daba por defendida hace unos momentos. De haberse puesto en marcha este plan, seguramente esta proposición no de ley no tendría necesidad de plantearse en el Congreso, al igual que se culminaría un proceso de cesión de los antiguos cuarteles del Cristo, en La Laguna, bien de interés cultural que está en estos momentos en desuso, que se está deteriorando y que necesita ser traspasado a la ciudad de La Laguna para que pueda ser utilizado en facultades universitarias y, al mismo tiempo, mantener ese carácter de bien de interés cultural. Lo mismo ocurre en la isla de La Palma, en el actual hospital de Las Nieves, que podría cederse para un centro sociosanitario en la isla.
Señorías, el Grupo Mixto -en este caso creo recoger el sentimiento de todos los grupos que lo conforman- apoya la iniciativa defendida por el diputado señor Xuclà en nombre de Convergència i Unió.
Para fijación de posición, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.
Ustedes son conocedores de que, igual que en otras ciudades de Cataluña y del Estado español, en los últimos años se ha dado un incremento notable de la población, lo cual ha significado cambios profundos en la pirámide de edades. Hoy día los municipios -y Barcelona tiene este problema acuciante- tienen nuevas demandas de equipamientos para la población más joven y también para la más mayor. Ustedes saben también que los municipios tienen verdaderas dificultades para poner a disposición de sus políticas de equipamiento solares e inmuebles, puesto que las expropiaciones y adquisiciones de bienes privados son realmente muy costosas. La ciudad de Barcelona ha tenido que esperar muchos años para tener finalmente una carta municipal que significase unas paredes maestras distintas a las anteriores en cuanto a su financiación. Es un problema acuciante y reclamado por todos los municipios, por el municipalismo de todos los colores, resolver de una vez por todas el eterno problema, el verdadero agujero negro del municipalismo, que es su financiación. Barcelona ha esperado muchos años. Por cierto, hablando de esperar, todavía esperamos que se restituya de facto el castillo de Montjuïc -cierro paréntesis-, y es bueno recordar que todavía falta ejecutar el retorno. En la sociedad actual, en un Estado que se dice moderno y funcional, no tiene ningún sentido que se venda patrimonio público a una institución, como es la institución municipal.
El diputado Xuclà hacía referencia a los cuarteles de Sant Andreu. Fíjense qué desafuero: el ministerio vendió a un consorcio los terrenos del cuartel de Sant Andreu, para que este consorcio los vendiera posteriormente al Ayuntamiento de Barcelona. En la ciudad de Barcelona existe esta reivindicación y también otras. Ustedes saben que todavía se reclama que los cuarteles de la Verneda sean cedidos a la ciudad con el fin de construir viviendas protegidas y equipamientos, por no hablar también de la cesión de inmuebles de otra índole para fines culturales.
Saco ahora a colación una reclamación de la anterior legislatura: la demanda de que la Prefectura de Policía de la vía Laietana fuera cedida a la ciudad de Barcelona con el fin de crear un equipamiento cultural.
Ustedes saben que por aquella prefectura pasaron dos o tres generaciones de demócratas que sufrieron allí múltiples torturas y sería bueno que pudiera convertirse un espacio cultural para recordar la dictadura.
Esta demanda, como otras muchas, irán apareciendo. Ya fue un tema recurrente durante la anterior legislatura. El Grupo Socialista, y en particular el Partido Socialista de Cataluña, ha sido en su mayor parte solidario. De hecho, ustedes se han comprometido a ello. Quisiera recordarles un acuerdo municipal tomado el pasado año con motivo de una iniciativa de Esquerra Republicana que contó con los apoyos de Convergència i Unió, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y del Partido Socialista de Cataluña. Fíjense en lo que se aprobó en sede municipal en Barcelona: instar al Ministerio de Defensa a la devolución a la ciudad de Barcelona del patrimonio destinado a funciones militares y en concreto a la desafectación y devolución del cuartel del Bruc. En este sentido, se propone la creación de una comisión para negociar la cesión a la ciudad del cuartel del Bruc. Lo que tiene importancia no es tanto el hecho de que fuera Esquerra Republicana quien lo demandara, lo que realmente convirtió en categoría a esta demanda de Esquerra Republica es que fue votada a favor por el Partido Socialista de Cataluña, en definitiva, el grupo parlamentario mayoritario del Ayuntamiento de Barcelona.
Lo que demandamos se atiene a una necesidad real. SS.SS. sabrán -espero que no me corrijan a mi espalda- que en Toledo hubo cesiones de instalaciones militares para los toledanos -hecho que celebro- para construir y edificar vivienda protegida, por cierto, cedida a las autoridades de la ciudad.
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, no se le corrige, pero se le avisa de que su tiempo ha sido ya superado.
El señor TARDÀ I COMA: Muchas gracias, señor presidente. Gracias, por todo.
Para la fijación de posición por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Beloki.
Señorías, la lectura atenta del texto de la proposición no de ley presentada por Convergència i Unió y defendida por el señor Xuclà esta misma tarde lleva necesaria e inevitablemente a una conclusión: cómo no coincidir, al pie de la letra, con la parte argumentativa de esta proposición no de ley en todos sus detalles. Nos parece imposible no coincidir porque coincide todo el mundo. Bastaría leer la Directiva de Defensa Nacional 1/2004 para coincidir en ese principio de que evidentemente el ejército -iba a decir más que nadie, o al menos tanto como cualquiera- está necesitado de adecuarse a unas circunstancias que están evolucionando de una forma aceleradísima y muy seria. En esto no se puede no coincidir, como tampoco se puede no coincidir en que los temas de vivienda son unos temas de prioridad absoluta para el conjunto de las fuerzas políticas y más que nadie para un Gobierno que hace cuatro años se sacó de la manga ni más ni menos que un Ministerio de la Vivienda y que después de cuatro años de vida ha vuelto a situar al Ministerio de Vivienda como uno de los instrumentos para actuar en ese campo en el que es necesario actuar. De forma que a nivel de principios no cabe no coincidir plenamente -insisto- con el texto de la proposición no de ley.
Pasamos a la parte dispositiva y aquí vienen las diferencias. Uno podría ser comprensivo con alguna forma de razonamiento de estas discrepancias, porque uno puede comprender que una cosa son los principios y otra la aplicación, evidentemente. Habría recorrido en ese campo. Sin embargo, hay otra forma de razonar que mi grupo en absoluto comparte, que ha escuchado en sucesivas ocasiones de representantes del Ministerio de Defensa y que resumo diciendo que es la postura del no, o la postura del sí cuando a mí me parece que sí. Lo mismo que ocurre en el Bruc, podríamos hablar de innumerables casos. Yo podría hablar de los cuarteles en los que yo mismo hice el servicio militar en San Sebastián, en el barrio Loyola, que son un canto a la nada en este momento, a la vieja historia que ya pasó, a eso que debe cambiarse. Frente a esta realidad, lo que no cabe es encerrarse en un no o en un sí cuando a mí me parece arbitrariamente, incluso argumentando de forma imaginaria, atribuyendo cosas simbólicas al Ministerio de Defensa o a los ejércitos que no habría que tocar en determinados sitios y en determinadas circunstancias. A mi grupo le parece que esto no es de recibo, de forma que el valor de la proposición no de ley que hoy presenta Convergència i Unió resida justamente en lo que se afirma en sentido textual en los siguientes términos: la Administración central -quien corresponda en nombre de la misma- debería iniciar los trámites con las administraciones catalanas para conseguir la cesión del
cuartel del Bruc, en el bien entendido de que los mismos han quedado, como quien dice, y como acaba de exponernos el señor Xuclà, prácticamente fuera de una circulación militar, al menos en los términos para los que en su día fueron no sé si comprados, donados, expropiados o hechos. Ya se sabe que los cambios, por muy necesarios e inevitables que resulten, cuestan; cuestan tiempo y cuestan esfuerzos, a veces desmesurados.
Seguramente en las Fuerzas Armadas hoy mismo hay un buen número de cosas que es necesario cambiar para adecuar estas Fuerzas Armadas a las nuevas funciones y realidades a las que están obligadas a responder en el siglo XXI, siglo, como decía, tan aceleradamente movido. Uno puede ser comprensivo con esas dificultades y con esos esfuerzos en el tiempo, y mi grupo lo es. Ahora bien, bueno sería que aquellos cambios que son fáciles se hagan; que lo difícil sea difícil, pero que lo fácil sea fácil y se haga, de forma que algunas dificultades que en concreto hoy se exponen para actuar en este campo no tienen sentido, porque no reúnen ningunas dificultades inherentes a la propia realidad de las cosas.
Termino diciendo que de paso, actuando así, seguramente todos colaboraríamos a ese gran objetivo estratégico de los ejércitos de todo el mundo, como es el de ir creando una cultura sobre seguridad y defensa en las sociedades que ayude a favorecer una mayor implicación y aplicación respecto de las mismas. Si hacemos lo que tenemos que hacer en el tiempo en el que lo tenemos que hacer, la sociedad será mucho más comprensiva respecto a las dificultades que también existen. Esta es la razón por la que mi grupo entiende que debe apoyar la parte dispositiva de la proposición no de ley presentada por Convergència i Unió, y ojalá saliera adelante con el voto de la mayoría de las diputadas y de los diputados de esta Cámara.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández Díaz.
Señorías, estamos en presencia de un debate muy normal y muy habitual en los tiempos que corren, puesto que la historia no para. Es evidente que forma parte de otros momentos de la historia que las instalaciones militares estuvieran en los núcleos urbanos, y que después la evolución de la sociedad haya hecho que en muchísimas ocasiones, unido esto a la evolución que lógicamente han experimentado los ejércitos, el concepto de la defensa, etcétera, se haya considerado que esas instalaciones militares ya no sirven a los fines para los que inicialmente estaban previstas y para los que estaban destinadas. La presión demográfica y el desarrollo urbanístico o las nuevas necesidades de la defensa, etcétera, han hecho que cada vez se plantee más que instalaciones que en algunas ocasiones incluso tenían siglos de existencia, hoy no sean precisas para las necesidades de la defensa, y que por el contrario dichas instalaciones, esos solares o esos terrenos los necesiten las instituciones públicas, normalmente ayuntamientos y comunidades autónomas, para destinarlos a la construcción de viviendas u otros fines de interés social. Pues bien, en ese contexto general se plantea una vez más un debate de estas características, debate que afecta en este caso, como vemos, a la ciudad de Barcelona y a un equipamiento militar histórico en la ciudad de Barcelona, como es el cuartel del Bruc, que no queda en el centro de Barcelona salvo que consideremos que nada más entrar en Barcelona por la Diagonal, eso sea el centro de la ciudad. Otra cosa es que algunos recordemos desde muy pequeñitos, vivimos al lado del cuartel del Bruc, que desde la entonces plaza Calvo Sotelo, hoy plaza Francesc Macià, hasta ese barrio de Pedralbes, donde está el cuartel del Bruc y la Universidad Politécnica de Cataluña, no había nada y aquello era el extrarradio de Barcelona, pero hoy eso no es un extrarradio, es el límite urbano de Barcelona pero no el extrarradio, lo cual no sería el centro de Barcelona, y en este sentido, señor Xuclà, estaríamos de acuerdo.
En todo caso, para racionalizar como es lógico este debate, lo que hay que plantearse es que el Ministerio de Defensa, que es el que tiene en estos momentos afectado el uso de esa instalación militar, dé su opinión.
Parece razonable, ¿verdad? ¿Usted necesita esa instalación para los fines de la defensa o no la necesita? Y si considera el ministerio que no la necesita y responde de una manera razonable, se debería producir la enajenación en los términos previstos por la ley. Aquí el Ministerio de Defensa se ha manifestado con mucha claridad, y considera que necesita esa instalación para cumplir sus funciones y concretamente -según la información de que disponemos nosotros- alega que en ese cuartel del Bruc de Barcelona se encuentran en estos momentos diversas unidades, entre ellas una que ha sustituido al que todos conocimos, al Regimiento de Infantería Jaén 25, que ha estado toda la vida allí, hasta hace pocos años; ahora está el Batallón de infantería ligera que pertenece al Regimiento de cazadores de montaña 62, la Unidad de servicios de acuartelamiento USAC del Bruc, el Centro de historia y cultura Militar de la Subinspección General del Ejército, etcétera. Es decir, que hay allí unos efectivos y unas unidades que, insisto, el Ministerio de Defensa, que es quien tiene competencia en la materia, considera que deben seguir estando allí, para lo cual esa instalación militar es precisa. Por otra parte, hemos de tener muy presente también que aquí se habla de cesión gratuita, que es un supuesto que no contempla la ley. En el supuesto de que se desafectaran estos u otros bienes -en concreto el Ministerio de Defensa los afecta a la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo, que los enajena de acuerdo con el procedimiento previsto en la ley-, ya sabemos que es enajenación directa, permuta
o subasta pública, y en ningún caso cesión gratuita, como sabe muy bien el señor Xuclá.
Nosotros, como es lógico, atendemos a lo que nos parece razonable. Este es un viejo debate. En el Ayuntamiento de Barcelona ha habido muchísimos debates. En esta misma Cámara un servidor, el diputado que les habla, en la anterior legislatura preguntó en muchas ocasiones al Ministerio de Defensa por el cuartel del Bruc y tengo muchas respuestas por escrito de este ministerio, algunas tan lacónicas como la que dice que aludir al número de efectivos y unidades allí destinadas pertenece al ámbito de la seguridad y la defensa nacional y que por tanto le afectaba la Ley de Secretos Oficiales; hoy parece ser que no es así, afortunadamente. En todo caso, ha habido muchos debates: ya en el año 1992 la Universidad Politécnica de Cataluña -porque ahora está allí Ciudad Universitaria- quiso que fuera cedida a la universidad para equipamientos, residencias, universitarias; mi escuela, donde yo hice mi carrera, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, también quería trasladarse allí y permutar su solar con el del cuartel del Bruc. O sea, que es una vieja historia que demuestra que es un tema de actualidad y sobre el que el Ayuntamiento de Barcelona se ha pronunciado en numerosísimas ocasiones.
Por cierto, el único grupo municipal que siempre ha votado en la misma dirección. Perdón, el único no, quería distinguirme del Grupo Parlamentario Socialista, que espero que abandone su posición errática ya en estos momentos, porque en el Ayuntamiento de Barcelona ha votado de todo, a pesar de que el alcalde es socialista y de que también ahora el presidente de la Generalitat es socialista. El Gobierno municipal de Barcelona muy recientemente ha votado a favor de la cesión del cuartel del Bruc al Ayuntamiento de Barcelona. Es más, en el programa de actuación municipal 2004-2007, contempla literalmente la cesión. En la Comisión de Presupuestos y Hacienda de hace dos meses, en el Ayuntamiento de Barcelona el Grupo Socialista volvió a votar a favor de la cesión, e incluso tengo aquí unas declaraciones del tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, el señor don Jordi William Carnes, donde decía que el nombramiento de doña Carmen Chacón como ministra de Defensa, es el mejor augurio para la cesión definitiva del cuartel del Bruc al Ayuntamiento de Barcelona. Yo espero que hoy ustedes de una vez se aclaren, abandonen las posiciones erráticas y se pronuncien desde la racionalidad, es decir, si el Ministerio de Defensa considera que necesita el cuartel del Bruc, nosotros tenemos sentido común -también sentido de Estado pero sobre todo sentido común-, y si el Ministerio de Defensa considera que lo necesita, nosotros -no diré que en primer tiempo y saludo, pero sí con sentido común- estaremos al lado del Gobierno para decir que al igual que hemos hecho siempre en el Ayuntamiento de Barcelona, si es necesario para la defensa nacional que el cuartel del Bruc siga donde está, porque a nosotros, sinceramente, no nos molesta lo más mínimo.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra, señor Fernández González.
El proceso de modernización de nuestras Fuerzas Armadas, uno de los logros más notables de la sociedad española, ha modificado sustancialmente el papel de las infraestructuras militares. Unas fuerzas armadas profesionales, y en consecuencia más reducidas, requieren unas instalaciones también más reducidas, lo que permite su utilización para otras funciones sociales alternativas a la relevante función social que también desempeña la defensa nacional.
Como conocen SS.SS., el Gobierno viene desarrollando, a lo largo de estos años, y en toda la geografía española, un modelo de gestión de las instalaciones de la defensa que hace compatible la obtención de recursos para las infraestructuras y equipamientos de las Fuerzas Armadas con inversiones y mejoras en los terrenos sociosanitario, educativo, cultural, medioambiental, industrial y especialmente en lo referente a la vivienda y al suelo. Muchas de estas actuaciones han sido minuciosamente analizadas en la Comisión de Defensa, que por cierto es donde se suelen sustanciar iniciativas parlamentarias del rango de la que hoy nos ocupa, una vez superadas las precipitaciones inherentes a todo inicio de legislatura. Todas ellas han sido impulsadas a través del diálogo y del acuerdo entre el Ministerio de Defensa y las instituciones interesadas, especialmente los ayuntamientos. Sin ir más lejos, y sin salir de la ciudad de Barcelona, a los cuarteles de Sant Andreu, a los que hace mención la proposición no de ley de Convergència i Unió, habría que sumar el Parque de efectos y Comandancia de obras del distrito de Sants-Montjuïc, respecto al cual el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Barcelona firmarán la escritura de compraventa el próximo miércoles 28 de mayo, y especialmente por su significación histórica, simbólica y ciudadana, la cesión del Castillo de Montjuïc al Ayuntamiento de Barcelona para ser destinado a centro de la paz. -Les informo de que el próximo 15 de junio el castillo celebrará sus primeras jornadas de puertas abiertas-.
Convergència i Unió nos propone hoy la cesión del cuartel del Bruc a la Generalitat y/o al Ayuntamiento de Barcelona. Lo hace sabiendo que en este caso la respuesta del Grupo Socialista tiene que ser necesariamente negativa, por dos razones que difícilmente pueden no compartirse y que en todo caso no pueden ignorarse. En primer lugar, porque la condición previa para la desafectación de un determinado inmueble militar es que este carezca de interés para la defensa. No es este el caso del cuartel del Bruc. Se trata del único acuartelamiento del Ejército de Tierra en situación de plena operatividad en Barcelona. Actualmente aloja al Batallón de infantería ligera 62 del Regimiento de cazadores de montaña, la
Unidad de servicios de acuartelamiento del Bruc, el Centro de historia y cultura Militar de la Subinspección General del Ejército Pirenaica y determinados servicios de apoyo a la Inspección General del Ejército. El Real Decreto 416/2006, por el que se establece la organización y despliegue del Ejército de Tierra, contempla el cuartel del Bruc como sede del citado batallón de infantería ligera y su unidad de servicios, y no existen en la actualidad previsiones de cambiar este despliegue. En suma, tal y como contestó el Gobierno el pasado 14 de febrero de 2007 a sendas preguntas escritas del señor Jané, el cuartel del Bruc continúa afectado al uso de la defensa, no existiendo razones técnicas ni operativas que aconsejen una nueva ubicación. Señorías, de la misma manera que sería irracional no aprovechar para otros usos determinadas instalaciones que han dejado de tener interés para la defensa, sería irresponsable, en el extremo opuesto, cuestionar la existencia de instalaciones necesarias para que nuestras Fuerzas Armadas puedan cumplir con garantías las misiones que entre todos les hemos encomendado. La segunda razón tiene que ver con el texto de la iniciativa. Ciertamente, es tan abierto que expele un cierto aroma de brindis al sol, pero sobre todo es inaplicable no para este caso, por la razón anteriormente esgrimida, sino para cualquier otro, ya que plantea una cesión gratuita de la instalación que significaría que el Gobierno incumple el artículo 71 de la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, así como el Real Decreto 1687/2000, que establece que la transferencia de la propiedad no puede hacerse de modo gratuito, habiendo de ser siempre onerosa, en Barcelona y en cualquier otro municipio, también en Madrid, donde la operación Campamento tiene pendientes de valoración las cantidades que revertirán al Ministerio de Defensa.
En fin, comprenderá, señor Xuclà, que el reconocido talante de mi grupo a la hora de tomar en consideración las diferentes iniciativas parlamentarias no nos alcance para instar al Gobierno a que incumpla una ley aprobada en este hemiciclo. Tengo la convicción de que a lo largo de la legislatura Convergència i Unió nos presentará iniciativas más afortunadas, que nos permitirán no solo entablar un diálogo parlamentario franco y sincero, sino alcanzar acuerdos útiles para el conjunto de la sociedad española. Los ciudadanos que nos han colocado con su voto en estos escaños nos lo agradecerán.
Gracias, señor presidente. Gracias, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández González.
Pregunto al diputado proponente, señor Xuclà, si acepta alguna de las enmiendas que han sido presentadas. La información que ha llegado a la Presidencia es que S.S. aceptaría la del Grupo Parlamentario Mixto, firmada por el señor Jorquera. ¿Es correcto?
El señor XUCLÀ I COSTA: Sí, señor presidente, exacto. Del Grupo Parlamentario Mixto aceptamos la del BNG, y si hubiera sido de adición y no de sustitución también la de la diputada señora Díez. Me gustaría que constara este matiz.
El señor PRESIDENTE: Así constará, pero a los efectos de votación S.S.
solo acepta la del señor Jorquera, como ha quedado dicho. ¿No es así?
El señor XUCLÀ I COSTA: Exacto y gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà. La votación se efectuará al final de la sesión.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PRESENTAR SENDOS PROYECTOS DE LEY DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Y DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 162/000031.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se insta al Gobierno a presentar sendos proyectos de ley de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Para su defensa tiene la palabra el señor Esteban Bravo.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señorías, traemos al debate la problemática del encaje jurisdiccional del concierto económico, un asunto importante en un momento en el que se están dilucidando cuestiones importantes respecto al mismo en el tribunal de Luxemburgo a nivel europeo, y en la que se han sucedido unos y otros recursos, repetidos recursos, repetidos ataques, intentando desnaturalizar el concepto propio de concierto en el momento en que se pactó. Hay -es evidente- en la sociedad vasca un cierto sentimiento de preocupación con lo que pueda devenir respecto al concierto.
Es verdad que llegamos a un acuerdo el Grupo Vasco y el Grupo Socialista en la pasada legislatura para hacer las modificaciones pertinentes en la Ley del Tribunal Constitucional. Así se manifestó por parte socialista en trámite de ponencia, pero nos vimos desagradablemente sorprendidos cuando aquella promesa se vio incumplida en el trámite de Comisión.
Evidentemente, cuando hablamos de blindaje del concierto no estamos hablando de dejar de someter a control judicial el concierto económico, sino de sustraerlo del pimpampum de continuos recursos, teniendo en cuenta que la mayoría de esas normas se refieren a normas fiscales, y de sustanciar esa solución en la residenciación de esos recursos ante el Tribunal Constitucional. A fin de afrontar esta problemática, tenemos una oportunidad, puesto que en junio del año pasado en el Parlamento vasco se llegó a una
unanimidad a la hora de elevar a esta Cámara, a las Cortes, una proposición de ley que, haciendo las reformas pertinentes, adecuara esa protección del concierto. Si uno examina el calendario de la Cámara ve que los plazos se alargan y se alargan. Insisto, en junio de 2007 se aprueba por el Parlamento vasco, ya ha pasado un año, pero si uno ve las iniciativas que hay presentadas por parte de otros parlamentos autonómicos, como pronto esto se discutiría en noviembre de 2009, eso si no entran iniciativas de estatutos de autonomía, que muy probablemente entrarán en esta Cámara y que tendrían preferencia a la hora de su discusión. Por lo tanto, probablemente podríamos discutir este punto hacia abril del año 2010.
No buscamos con esta iniciativa el protagonismo; al contrario, lo que queremos es que esa unanimidad que se reflejó por los partidos políticos en el Parlamento vasco se refleje también en esta Cámara, y sea el Gobierno español el que ayude al Parlamento vasco presentando un proyecto de ley en algo que es indudablemente urgente. Lo que les proponemos no es lo que quiere el PNV, porque el Partido Nacionalista Vasco iba más allá de lo que se propone en concreto en este acuerdo del Parlamento en sus enmiendas a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. De ahí lo de recoger estrictamente. No es para limitar al Gobierno, sino para decir: llevemos adelante lo acordado, en lo que hay unanimidad entre los grupos.
Evidentemente, puede haber otras soluciones, quizás, pero desde luego esta es la que ha logrado el mayor consenso y la que está presentada en el registro de la Cámara.
Sinceramente, no debería haber excesivo problema para la aprobación de lo que hoy presentamos, puesto que, por ejemplo, hoy por la mañana el presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, en una comparecencia ante los medios de comunicación ha repetido cinco veces que en los asuntos referentes a Euskadi lo más importante es que primero se pacten en Euskadi, y lo segundo -ha añadido- que estén de acuerdo con la Constitución y el Estatuto. Pues bien, este asunto está pactado en Euskadi por el Partido Popular, el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida; el arco parlamentario completo apoyó esta resolución. Por tanto, si es algo que ya se ha conseguido en Euskadi, ese pacto, esa unanimidad, ese acuerdo, no vemos por qué se debería rechazar en esta Cámara. Llegados a este punto, después de tanto tiempo hablando y de las tribulaciones del concierto, y viendo los problemas que está habiendo en unos tribunales y otros, no nos parece de rigor la enmienda que se plantea desde el Grupo Socialista. Otra vez vuelve a ser una generalidad de apoyo genérico, sin concretar, de la Cámara hacia el concierto económico. ¿Para cuándo un paso en serio por parte del Partido Socialista? ¿Para cuándo un paso real? ¿Para cuándo un paso tangible en la defensa del concierto económico, más allá de meras declaraciones?
Shakespeare decía en Twelve blythe, en inglés: Those that play nicely with words may quickly make them wanton. O sea, los que juegan diestramente con palabras pronto las dejan sin valor. Se habla mucho por parte del Partido Socialista de la defensa del concierto económico, de la defensa de esas instituciones vascas, pero a la hora de la verdad, a la hora de ser prácticos, a la hora de dar un paso concreto, nunca se concreta, la palabra se deja sin valor. El presidente Rodríguez Zapatero decía esta mañana estar dispuesto a hacer cosas respecto a Euskadi que afecten a la ciudadanía. Pues bien, esto es algo que afecta a la ciudadanía. Decía el señor Rodríguez Zapatero: Asuntos que no dividan. Pues bien, este es un asunto que no divide, que ha suscitado la unanimidad de las fuerzas políticas vascas. Decía el presidente Rodríguez Zapatero que lo que él querría hacer es algo concreto, no especulaciones vagas. Pues bien, esto es algo concreto. Por tanto, cumple todas las condiciones para que el partido mayoritario que soporta al Gobierno le dé apoyo.
En definitiva, si lo que se pretende es que exista un acuerdo entre vascos, este es un gran ejemplo. Ya se ha dado, llévese adelante, coadyuve el Gobierno del Estado, coadyuve la mayoría parlamentaria votando lo mismo que votaron en su momento, porque se da el caso de que hay parlamentarios, por ejemplo el señor Buen, que fue quien defendió esta propuesta en la Cámara vasca cuando se discutió, que ahora casualmente forman parte de esta Cámara. Pues seamos coherentes, votemos a favor y defendamos un acuerdo que ya se ha producido entre vascos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban Bravo.
¿Debo entender que el Grupo Parlamentario Mixto también da por defendidas sus enmiendas y fijará la posición en su momento?
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Sí, salvo la del señor Jorquera, que la ha retirado.
Queda retirada, por tanto, la enmienda del señor Jorquera y pregunto al Grupo Socialista si desea hacer uso de la palabra en este momento o en la fijación de posición de grupos.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Fijación de posición.
En consecuencia, por el Grupo Parlamentario Mixto y para la fijación de posición tiene la palabra la señora Barkos.
Escuchábamos del portavoz del Grupo Vasco, el señor Esteban, una argumentación algo más que válida, que por cierto será utilizada esta tarde en esta Cámara, que es la unanimidad de las cámaras parlamentarias a la hora de traer a esta Cámara, al Congreso de los Diputados, algunas propuestas. Coincidimos plenamente con la apuesta y la posición en torno a la defensa y a dotar de herramientas jurídicas y de protección desde los estamentos jurídicos, en este caso al concierto de la comunidad autónoma vasca. Como no puede ser de otra manera por parte de una representante de la Comunidad Foral de Navarra, y habida cuenta de la existencia de una herramienta de pacto similar a la existente en estos momentos para los territorios forales de la comunidad autónoma vasca, votaremos absolutamente a favor. Más habida cuenta -lo apuntaba el señor Esteban en la argumentación de su defensa- del reciente episodio, de lo ocurrido en Luxemburgo. Y a pesar de que un episodio similar no afectaría a herramientas como es el convenio, entendemos que es absolutamente necesario dar respuesta a una petición unánime de la Cámara de Gazteiz, de la Cámara de Vitoria, manteniendo en la Cámara en la que nos estamos expresando en estos momentos, en el Congreso de los Diputados, la misma posición que se ha venido manteniendo en este caso en la Cámara de Gazteiz. Votaremos, por tanto, a favor, manteniendo una enmienda a la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Vasco en el sentido de entender que quizá fuera necesario, interesante, dotarnos de un cierto tiempo de reflexión para el mejor desarrollo de los trabajos, a esta proposición no de ley y que fuera debatida, en el caso de que fuera aceptada, no tanto en este periodo de sesiones, como en el próximo.
A la espera de la posición del grupo proponente respecto a esta enmienda, anuncio, como señalaba, que de Nafarroa Bai obtendrá, como no podía ser de otra manera, una posición favorable.
Por el Grupo Parlamentario Mixto también tiene la palabra la señora Díez.
Como es sabido la diputada que les habla está de acuerdo en la reforma de la Ley Orgánica 2/1979 y también en la reforma de la Ley Orgánica 6/1985, que propone el grupo parlamentario nacionalista, aunque no por los motivos que ha defendido su portavoz y que forman parte de esta proposición no de ley. En lo que estamos radicalmente en desacuerdo es en que se le dicte al Gobierno de la nación el contenido en los términos exactos, que dice precisamente esta proposición no de ley, de las leyes desde instancias ajenas a esta Cámara.
El Parlamento vasco actuó ejerciendo su competencia y envió a esta Cámara una proposición de ley solicitando las reformas legislativas que consideró convenientes y, además, como el portavoz nacionalista ha dicho, lo hizo por unanimidad. Está en el uso de su competencia. Y tiene, como sabemos todos los diputados, un trámite para ser debatido en esta Cámara que habrá de respetarse, sin adelantarse, a mi juicio, a las iniciativas de otros parlamentos autonómicos que también han ejercido su derecho. No más derecho, el mismo derecho. Además, al instar al Gobierno a presentar dos leyes que contengan los criterios exactos, e insisto en la terminología, aprobados en el Parlamento vasco, a mi juicio, se limita el criterio deliberativo de esta Cámara y, asimismo, se establece un procedimiento de bilateralidad que no nos parece ni aceptable, ni razonable.
Por eso, porque establece, de facto, la bilateralidad de relaciones entre la Cámara, Gobierno vasco, Gobierno de la nación, Congreso de los Diputados. Y porque sustituye la función deliberativa de esta Cámara a expresar el contenido exacto que debiera de tener la ley, mi voto será negativo.
Para fijación de posición, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.
Señorías, como es sabido el Estatuto de Autonomía vasco contiene un núcleo competencial que se halla reservado exclusivamente a las comunidades forales, y en el que ni tan siquiera puede penetrar la regulación que proviene del propio Parlamento vasco. Concretamente, dentro de este acervo competencial exclusivo se incluye, de forma muy particular, el sistema tributario que se regula a través del sistema de concierto o a través de lo que se conoce también como el convenio tributario propio de esta comunidad. En este contexto, por tanto, la potestad normativa de las instituciones forales recae sobre las Juntas Generales que pueden adoptar normas de naturaleza reglamentaria, pero que son normas obviamente que no tienen rango de ley, a diferencia, como es obvio, de la normativa tributaria estatal. Precisamente ahí radica el problema y ese es el núcleo de la cuestión que hoy nos plantea esta proposición no de ley del Grupo Vasco, que la naturaleza reglamentaria de estas normas -por cierto, a diferencia del caso navarro donde sí tienen rango de ley- hace que sean susceptibles de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que las convierte, evidentemente, en unas normas especialmente vulnerables porque incluso la legitimación activa para recurrir corresponde a cualquier ciudadano. Además, por si ello fuera poco, las instituciones forales no disponen de ningún instrumento real para defender por la vía constitucional, ante el Tribunal Constitucional, su régimen foral frente a cualquier eventual intromisión o agresión por parte del legislador estatal porque no están a su vez legitimadas activamente para
interponer, en su caso, el correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Por tanto, nos parece razonable lo que plantea esta proposición no de ley, es decir, excepcionar en la Ley Orgánica del Poder Judicial las normas tributarias forales de la posibilidad de ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa además de adicionar estas normas tributarias forales al listado de normas susceptibles de posible recurso de inconstitucionalidad comprendido en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de forma que las diputaciones forales dispongan de un régimen similar al que hoy por hoy ya tienen los entes locales, en este caso evidentemente no en defensa de su autonomía local pero sí en defensa de lo que pudiera llamarse su autonomía foral. Por este motivo nuestro grupo va a dar su apoyo a la presente proposición no de ley del Grupo Vasco.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra... (El señor Esteban Bravo pide la palabra.)
Sí, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Simplemente, señor presidente, para aclarar un tema no de este debate, sino en general.
Veo que aquellos grupos que presentan enmiendas pueden renunciar al momento que les correspondería según el orden del debate y utilizar el turno de fijación de posiciones. ¿Hay algún artículo en el Reglamento o es una decisión del presidente? ¿Esta es la práctica de la Cámara? Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante? Porque me suena un poco extraño en relación con la práctica habida hasta ahora.
El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, para S.S. resulta extraño; para el presidente resulta novedoso. Es la primera vez que se produce esta circunstancia siendo presidente quien ahora tiene el honor de dirigirse a su señoría. Pienso plantear este asunto en la próxima Junta de Portavoces para ver si -habida cuenta de que, según el Reglamento, el tiempo de defensa de las enmiendas es el mismo que el tiempo de fijación de posición- cabe la opción por uno u otro turno. Porque es evidente que al hablar después quienes fijan posición que quienes defienden enmiendas pueden tener una situación de ventaja relativa en el debate, sobre la que debe pronunciarse la Junta de Portavoces. En esta ocasión me ha parecido que había que ser generoso con la solicitud que se hacía y trataré por igual a todos los grupos que lo soliciten, pero tendremos criterio de la Junta de Portavoces en su próxima sesión. ¿Está de acuerdo? (El señor Esteban Bravo hace gestos afirmativos.) Muchas gracias.
Para fijar la posición del Grupo Catalán tiene la palabra el señor Jané.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará favorablemente la proposición no de ley que ha defendido el señor Esteban en nombre del Grupo Parlamentario Vasco. Lo haremos, señor presidente, señorías, por dos tipos de razones: por razones de tipo formal y por razones de contenido, de tipo material.
Razones de tipo formal. El Grupo Parlamentario Vasco plantea una proposición no de ley ante un hecho prácticamente seguro. El Parlamento vasco tiene presentada una proposición de ley pero -a pesar de ser una propuesta aprobada por unanimidad en el Parlamento vasco en junio del año 2007- de acuerdo con el calendario de esta Cámara para tramitar las proposiciones de ley que vienen de las comunidades autónomas en ejercicio del derecho constitucional que les otorga el artículo 87.2 de la Constitución, como muy pronto se vería en el segundo semestre del próximo año, fecha en la que iniciaría su tramitación en esta Cámara. Por tanto, señor presidente, señorías, hay un aspecto formal. Va más rápido un proyecto de ley presentado por el Gobierno que una proposición de ley de una comunidad autónoma aunque esta venga de la legislatura anterior. Algo falla en este sistema. Debemos encauzar mejor la tramitación de las proposiciones de ley de las comunidades autónomas ante el Congreso de los Diputados porque con el ritmo mensual que nos damos podríamos llegar a negar a una comunidad autónoma la posibilidad de tramitar ante esta Cámara una proposición de ley porque hubiera una saturación en el registro. Por tanto, alguna solución debemos dar ante esta posibilidad de colapso no deseada por el constituyente que -repito- en el artículo 87.2 daba a las comunidades autónomas ese derecho a presentar proposiciones de ley y a ser defendidas ante este Pleno del Congreso de los Diputados.
También -dentro de las razones formales-, Convergència i Unió dará su voto favorable a esta proposición de ley porque pide que se tramite una norma cuyo contenido ya ha sido aprobado por unanimidad en el Parlamento vasco.
Nosotros respetamos esa voluntad unánime, en este caso del Parlamento del País Vasco, a la hora de plantear las medidas que hoy nos trae aquí el Grupo Parlamentario Vasco.
Decía que un segundo tipo de argumentos eran de tipo material. Señor presidente, señorías, estamos de acuerdo con el contenido final de esa norma que se quiere tramitar; estamos de acuerdo en otorgar una protección constitucional a esas normas de índole tributaria que son la esencia del Concierto Económico vasco y que tienen una consideración reglamentaria y por tanto no tienen ese blindaje que deberían tener de la jurisdicción constitucional. Entendemos que ese punto unánime que el Parlamento vasco acordó es materialmente acertado. Ya lo discutimos, señor Esteban, a través de la última reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
que se aprobó la pasada legislatura, una reforma en la que el Grupo Parlamentario Vasco, a través de su enmienda número 19, planteaba en el fondo la misma protección constitucional de esas normas tributarias que hoy plantea en esta proposición no de ley. Allí le dimos apoyo y allí -y lo recordará también el señor Jáuregui que entonces era portavoz en la Comisión Constitucional- el Grupo Socialista estuvo hasta el último momento negociando una solución a esa enmienda y a ese necesario blindaje, porque estamos hablando de normas que deberían tener esa equiparación a las leyes para poder tener esa protección del Tribunal Constitucional. Entonces parecía pronta la solución a esa enmienda que planteaba el Grupo Vasco. Finalmente no se aprobó ni en ponencia, ni en Comisión, ni en Pleno a pesar de que si repasáramos los debates de entonces veríamos que había el compromiso a finales de aquella legislatura de intentar buscar alguna fórmula de acuerdo. Si entonces no se consiguió, ¿por qué no aprobar hoy esta proposición no de ley que lo único que hace es mandatar al Gobierno para que sea el propio Gobierno quien presente un proyecto de ley? Si hubiera aspectos hoy discrepantes ya haríamos enmiendas a ese futuro proyecto de ley que planteara el Gobierno. La que hoy nos plantea el PNV es una opción de desencallar esa tramitación que hoy está colapsada ya en el registro de la Cámara a pesar de que estamos en el primer mes de la legislatura. Por tanto, sería bueno que hoy acordáramos por unanimidad poder aprobar esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco.
Para la defensa de su posición, por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Astarloa.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente, señorías, tomo la palabra con toda brevedad para fijar la posición del Grupo Popular en relación con la proposición no de ley que estamos debatiendo, que ya adelanto a SS.SS. que va a ser negativa por varios motivos.
Primero. Señorías, esta iniciativa es, en términos parlamentarios -permítame que lo diga, señor Esteban-, en el mejor de los casos sencillamente extravagante. Ustedes presentan una proposición no de ley para que el Gobierno haga suya una proposición de ley presentada en esta Cámara para que presente a esta Cámara un proyecto de ley. Y todo con el mismo contenido. Si me permite la broma, podían haber añadido que con motivo de la presentación del proyecto se harán comparecencias y que en las comparecencias se harán preguntas y solicitudes de informe, y en una sola iniciativa parlamentaria resumimos todo el derecho parlamentario de esta Cámara.
Decía usted: esto es porque va a tardar, y yo lo que quiero es forzar que esto salga adelante. Permítame que le haga una reflexión muy sencilla. ¿Y no es más fácil coger un teléfono, llamar a la señora Mendizábal, llamarme a mí, llamar a los demás portavoces de los grupos y proponerles cualquiera de las fórmulas que hay en el Reglamento para incluir un asunto en el orden del día antes que los demás? ¿No es más fácil buscar el consenso con todos los demás -consenso al que usted ha cantado en su intervención- diciendo: venimos todos juntos aquí, tomamos una iniciativa y ponemos esto en marcha? Pero es que no se trata de eso. No han buscado ustedes forjar consenso alguno, no han llamado a nadie, no han cogido el teléfono.
Sus señorías deben saber que estamos hablando de una proposición de ley -lo dijo el proponente- que ha sido aprobada por unanimidad en el Parlamento vasco; es decir, que la proposición no de ley quiere sustituir una proposición de ley que fue aprobada por unanimidad. Y lo que por unanimidad se aprobó, señor Esteban, ahora quiere arrogárselo y protagonizarlo en exclusiva el Partido Nacionalista Vasco. De eso es de lo que estamos hablando. Y, además, en términos polémicos con los demás; peor aún, metiendo el dedo en el ojo a los demás. Aquí los que defienden el concierto son ustedes, aquí los únicos que están preocupados por el concierto son ustedes, y los demás no hacemos más que estorbar. Y el señor portavoz del grupo parlamentario lo anuncia en una rueda de prensa anterior al debate de esta proposición no de ley a todos los periódicos del País Vasco. Pues no. Resulta que los que hoy están rompiendo el consenso que se logró en el Parlamento vasco son ustedes; los que en lugar de buscar acuerdos parlamentarios están buscando intencionadamente que se evidencie un disenso son ustedes, y nada menos que en un tema tan fundamental para el País Vasco -y en eso sí que coincidimos, claro es- como el concierto, ese concierto que -permítanme recordarles- recibió un espaldarazo normativo de carácter indefinido bajo los gobiernos del Partido Popular y que ustedes han puesto en entredicho con las últimas reformas que impusieron la pasada legislatura al Gobierno Socialista instaurando temerariamente de cara a Europa el cobro de pagos del Estado al margen del propio concierto; ese concierto que, como ustedes me han oído más de una vez, si algo pone en cuestión es el Plan Ibarretxe. Y lo digo el día en el que el señor Ibarretxe ha estado en Madrid tratando de imponer al presidente del Gobierno su hoja de ruta, referéndum de autodeterminación incluido. Cuando quieran de verdad trabajar para fortalecer el concierto, trabajen para que en esta Cámara se reproduzca el acuerdo que se produjo en el Parlamento vasco. Y permitan a esta Cámara lo natural cuando se ha presentado una proposición de ley, que forme opinión sobre un tema que todos sabemos que es técnica y políticamente complejo y en el que hay que ser muy delicado buscando el acuerdo con los demás. No metan el dedo en el ojo a los demás, como ustedes están haciendo
con esta proposición no de ley. Con extravagancias unilaterales como esta no se persigue el bien del concierto, lo que ustedes están persiguiendo es el bien partidista del grupo nacionalista PNV.
Para defender la posición del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señor presidente.
La PNL que hoy debatimos insta al Gobierno a presentar en este periodo de sesiones las modificaciones que hemos dicho de las dos leyes: Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Es decir, el objeto de la proposición no de ley que hoy se presenta es exactamente el mismo que el de la proposición de ley del Parlamento vasco, por lo que, desde el punto el vista formal, puramente formal -ya se ha dicho-, a mi grupo le parece absolutamente inadecuado que hoy se pretenda atajar con una iniciativa legislativa menor, como es una proposición no de ley, una iniciativa legislativa presentada por el propio Parlamento vasco en esta Cámara y cuya propiedad es del Parlamento vasco. Ya sé que este es un argumento puramente formal, pero creo que no carece de importancia ni puede despacharse simplemente apelando a la acumulación de iniciativas de parlamentos autonómicos que han entrado antes en este registro y convirtiendo así todo un procedimiento -porque esto es un procedimiento- iniciado en el Parlamento vasco por unanimidad en una simple cuestión de urgencia. Creo que es poco serio. No sé si es extravagante, pero es poco respetuoso con el propio Parlamento vasco.
Pero vayamos al fondo de la cuestión. La proposición no de ley plantea esa serie de modificaciones porque se trata de que se regulen constitucionalmente algunas materias; que al principio de reserva de ley del artículo 133 de la Constitución se le dé un estatus en el sistema de fuentes de derecho de forma que puedan ser enjuiciadas en sede constitucional y no recurribles, como está ocurriendo, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, bien por recurso directo o indirecto, y que además puede hacer cualquiera, como es el caso del impuesto sobre sociedades; no concierto, pero sí impuesto sobre sociedades.
Visto esto, lo que tenemos que hacer es respetar el acuerdo del Parlamento vasco, que fue un acuerdo con un amplio nivel de consenso, algo que todos sabemos que es muy difícil de alcanzar en Euskadi. Tenemos que defender precisamente ese valor político; un valor -el de la unanimidad- que debemos proteger, que debemos defender, pero que también debemos explicar y debatir en otros ámbitos institucionales, como es precisamente esta Cámara. Por eso, de verdad, nos ha sorprendido esta iniciativa, que puede parecer en alguna medida un intento de desmarcarse, de abandonar la imagen de acuerdo, de abandonar la imagen de consenso, de querer evitar esa visualización de una iniciativa unánime del País Vasco en este Congreso de los Diputados, y nosotros creemos que eso tiene un valor simbólico importante.
La presentación de la PNL por parte del Partido Nacionalista Vasco puede parecer -ya se ha dicho en esta tribuna, pero yo lo tengo que repetir- un intento de instrumentalizar en algún sentido el Concierto Económico vasco, una institución de gran arraigo en Euskadi, de una elevada aceptación social y que resulta altamente valorada por la sociedad vasca.
Por tanto, nadie puede apropiarse ni patrimonializarse del tema del concierto. Por eso, mi grupo, el grupo que en estos momentos tiene la mayoría parlamentaria de los vascos en esta Cámara, es decir, el grupo de los socialistas vascos, hablo por el Partido Socialista Obrero Español, por supuesto, pero también por los socialistas vascos (Aplausos.), rechaza este uso partidista del concierto y apela, una vez más, desde esta tribuna, al valor político del acuerdo unánime y a que estemos todos en su defensa. Por eso, es necesario que se debata en esta Cámara la proposición de ley que presentó el Parlamento vasco. Es importante que se forje ese consenso parlamentario aquí para que todo el mundo pueda conocer las normas forales y su papel a la luz del artículo 133 de la Constitución. Es importante proteger el concierto, por supuesto, pero eso necesita mucho consenso, mucho diálogo, mucha transparencia y sobre todo una especial pedagogía.
De todas formas, no quiero bajar de esta tribuna sin decir que, si se trata de urgencia, si se trata de ser prácticos, existe un camino mucho más rápido para resolver este problema, que no pasa por esta Cámara, y es modificando el punto 2 del artículo 6 de la Ley de Territorios Históricos, que reconoce en exclusividad al Parlamento vasco la facultad de dictar normas con rango de ley, añadiendo una pequeña referencia en este punto a las juntas generales de los territorios históricos como órganos de los que pudiesen emanar normas con rango de ley. El tema estaría resuelto sin proponer ninguna modificación de leyes orgánicas.
Los socialistas vascos se lo ofrecimos, pero parece que es más fácil echar balones fuera y buscar culpables en otro sitio. Desde esta tribuna quiero decirles que esto no es leal. Por eso, a través de la enmienda que hemos presentado y que hemos dado por defendida, hemos pretendido fundamentalmente salvar el valor político del acuerdo, de la unanimidad en lo que al concierto económico se refiere.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mendizábal.
A los efectos de ordenar la votación, señor Esteban Bravo, ¿debo entender como cierta la no aceptación de ninguna de las enmiendas? (Asentimiento.) Así se propondrá en su momento en la votación.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRA. BARKOS), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL POLÍGONO DE TIRO AÉREO Y BOMBARDEO DE BARDENAS FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA JUNTA DE BARDENAS. (Número de expediente 173/000001.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la moción del Grupo Mixto, formulada por la señora Barkos, relativa a la posición del Gobierno ante la finalización del contrato de arrendamiento del polígono de tiro aéreo de Las Bardenas Reales. Tiene la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, traemos a la Cámara una moción consecuencia de la interpelación urgente que ser producía el pasado miércoles frente -digo frente porque las posiciones fueron contrarias, no por otra cosa- al posicionamiento expresado por la ministra de Defensa, doña Carme Chacón. Por tanto, no podemos empezar hoy esta intervención sin felicitar a la titular de Defensa por su reciente maternidad.
El pasado miércoles la señora Chacón expresaba la realidad del posicionamiento del Ministerio de Defensa respecto a la finalización del contrato por el que se establece el uso del polígono de tiro aéreo y bombardeo de Bardenas, que se produce el próximo mes de diciembre de 2008. Expresó su posición contraria al requerimiento de Nafarroa Bai, en la medida en que nos anunciaba la más que previsible firma de un nuevo contrato para el polígono de tiro aéreo y bombardeo en Bardenas, y además un contrato de larga duración, como dijo con rotundidad. La negativa de la titular del Ministerio de Defensa en torno a las alternativas que el Ministerio ha encontrado en sus prospecciones de los años anteriores no nos convenció, fundamentalmente porque no estaba argumentada, porque no existen datos contrarios a ellas. Por un lado, la titular de Defensa hablaba de la no viabilidad económica de estas alternativas. No estamos de acuerdo, vuelvo a repetir. Mirado en números estrictos, el razonamiento no es válido. Admitida la argumentación del Ministerio de Defensa de que el polígono de tiro aéreo y bombardeo de Bardenas, una infraestructura de este tipo, es de vital importancia -según reseñaba en tribuna- para la seguridad, no podemos admitir que el coste, entre 600 y 800 millones de pesetas anuales, multiplicado por tres, que es el precio de una alternativa por ejemplo en Italia, sea razón argumental suficiente, ni mucho menos.
Tampoco nos convencen argumentaciones -supongo que escucharemos argumentaciones de ese tenor en la tribuna esta tarde- del tipo de que sacar fuera del territorio peninsular una infraestructura de estas características no es operativo para las necesidades del Ejército del Aire; tampoco nos convencen, vuelvo a decir. Estamos hablando de un polígono de tiro que se utiliza en prácticas de tiro que se realizan una vez al año, una sola vez al año; hablamos de las operaciones Tormenta.
Por lo tanto, no parece razonable que una razón de este tipo condene a la comunidad de Bardenas, condene a Bardenas, condene a una reserva mundial de la biosfera -como tal ha sido declarada por la Unesco-, a un parque natural de Navarra -como tal ha sido declarado por las autoridades forales- a seguir manteniendo una infraestructura de estas características sesenta años después. Por lo tanto, las argumentaciones que el pasado miércoles nos daba el Ministerio de Defensa no nos convencen, y por ello traemos una moción. Una moción que en sus planteamientos alguno pudiera pensar de bondad incluso mariana, por convencer a alguno de los miembros de la Mesa, que en otros casos seguramente compartiría nuestras argumentaciones. En cualquier caso, vuelvo a decir que esta es una moción que busca fundamentalmente un posicionamiento político de los grupos de esta Cámara.
El primer punto de la moción que Nafarroa Bai trae esta tarde es el de atender la voluntad política del Parlamento de Navarra, que el pasado 13 de marzo por unanimidad, por unanimidad, expresó su deseo de que este polígono de tiro sea desmantelado del territorio foral. No podrán argumentarse en esta ocasión -lo digo por si el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, a tenor de la intervención que acabamos de escuchar, tuviera tentaciones- problemas de índole formal en relación con el posicionamiento que hoy mantiene Nafarroa Bai con respecto a esta moción, simplemente recuerdo, respecto al posicionamiento de SS.SS., cuál es el argumentario que han mantenido sus propios grupos parlamentarios -insisto, por unanimidad- en el Parlamento de Navarra. Se me puede decir -en cualquier caso, yo me adelanto- que el Parlamento de Navarra atendía en su moción -en esta que pedía el desmantelamiento del polígono de tiro- a que se encontrara una alternativa viable. Recogemos el guante.
Absolutamente de acuerdo y de ahí el punto número 2 de la moción: redoblar acciones encaminadas a encontrar -no de otra manera- las alternativas necesarias para el Ministerio de Defensa al polígono de tiro aéreo y bombardeo. Por lo tanto, es una cuestión de voluntad política. No nos han dicho las razones -vuelvo a señalar- por las que al Ministerio de Defensa no le parecen viables las alternativas encontradas -encontradas, esto sí lo reconocía la ministra Chacón- y, por lo tanto, nos parece fundamental que esta tarde exista un posicionamiento político de los grupos parlamentarios, de los grupos con representación en Navarra y con representación parlamentaria, y entiendo que la coherencia solo puede llevarnos a votar que sí a una moción de estas características.
En cuanto al punto 3, otra de las razones que escuchábamos por parte de la ministra Chacón en su apuesta por mantener el polígono de tiro aéreo y bombardeo es que la otra parte del contrato, la Junta de Bardenas, está dispuesta -parece ser- a reeditar el contrato. Pero aquí hay una razón trampa, si me permiten la argumentación. Una razón trampa, señorías.
Lógicamente, los veintidós congozantes: diecinueve ayuntamientos, dos valles -el de Roncal y Salazar- y el monasterio de La Oliva, viven en gran medida de este contrato, pero no podemos limitarlos, no podemos condenarlos a vivir única y exclusivamente de una infraestructura de estas características, a todas luces no deseada por el grueso de la sociedad Navarra, a tenor, como digo, de lo expresado por el conjunto de su Parlamento por unanimidad. De ahí el punto número 3: Iniciar las acciones encaminadas a encontrar alternativas que permitan el desarrollo socioeconómico de los veintidós congozantes de la zona, a una lógicamente con el Parque Natural de las Bardenas.
Nos encontramos -muy brevemente, señor presidente- con tres enmiendas de adición presentadas por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Las compartimos. Compartimos la enmienda que pide la derogación del Real Decreto 1943/2000, aquel que declara zona de interés preferente para la defensa el territorio de Las Bardenas Reales; la segunda enmienda, que establece la derogación del polígono a diciembre de 2008, y la tercera de las enmiendas, encaminada a establecer la no utilización en ningún momento de la historia de uranio empobrecido en el polígono de tiro. Las compartimos plenamente, pero entendemos que este no es el momento, ni mucho menos. Es el momento de encontrarnos, ahora sí, en el consenso de todos los grupos parlamentarios, para atender una más que razonable petición, apoyada por el conjunto de la Cámara navarra -vuelvo a repetir- por unanimidad, por tanto, en coherencia -no entendería otra posición-, y, por supuesto, para dar por finalizada una infraestructura que, en términos de ecología, en términos de desarrollo socioeconómico, pero también en términos de seguridad, es mala para todas las partes, fundamentalmente para una de ellas, la sociedad navarra.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, el señor Llamazares.
Brevemente. Mi grupo parlamentario comparte la iniciativa de Nafarroa Bai.
Sin embargo, cree que sería conveniente incorporar algunas propuestas de adición, para darle una mayor actitud incisiva, una vez que conocemos ya cuál ha sido la conclusión de iniciativas similares a lo largo de pasadas legislaturas.
Partimos de la posición de apoyar la derogación del polígono que propone la iniciativa de Nafarroa Bai. Lo hacemos por enésima vez a lo largo de los últimos años. Además, lo hacemos después de que la legislatura pasada, a iniciativa de nuestro grupo, se hiciese un estudio de posibles alternativas que, para nosotros, no descartaba posibles alternativas, sino que planteaba pros y contras de posibles alternativas opinables por parte de los grupos parlamentarios, en nuestro caso con posibles alternativas viables. En todo caso, votaremos atender a la voluntad política del Parlamento de Navarra, que el polígono de tiro aéreo y de bombardeo de Bardenas sea desmantelado, redoblar las acciones para encontrar alternativas e iniciar también acciones encaminadas a buscar posibles compensaciones económicas.
Señorías, Las Bardenas Reales constituyen un extenso territorio en el sureste de la Comunidad Foral de Navarra, caracterizado por un valor paisajístico de flora y fauna muy alto, reconocido no solamente por la Comunidad Foral de Navarra, sino también como reserva de la biosfera. En dicho territorio se encuentra un polígono de tiro del Ejército español utilizado por la OTAN, un polígono cuya titularidad ostenta una entidad supralocal -Junta de Bardenas-, siendo cedido su uso al Ministerio de Fomento mediante canon. En nuestra opinión, dicho polígono está obsoleto, provoca numerosas afecciones medioambientales, acústicas y de seguridad, y sus dimensiones son cada vez más limitadas para los ejercicios militares, muy restringidos pero muy importantes, que se practican. De hecho, desde hace ya mucho tiempo, el Ministerio de Defensa busca emplazamientos alternativos; no hay más que ver también el propio estudio de la legislatura pasada.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado tres enmiendas, que creemos que concretan la propuesta del Grupo Parlamentario Mixto, de Nafarroa Bai, pero en todo caso vamos a votar esta iniciativa. Nuestra propuesta es acelerar esta alternativa, mediante la derogación de la declaración de zona de interés preferente para la defensa del territorio de Las Bardenas Reales. En segundo lugar, paralizar las gestiones en marcha, encaminadas a prorrogar la autorización como campo de tiro más allá de diciembre del año 2008 y, por último, entretanto, realizar los estudios y adoptar las medidas convenientes para descartar la utilización de cualquier material que pueda tener efectos dañinos para el entorno.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Beloki.
Señorías, Nafarroa Bai se estrenó, en lo que a interpelaciones urgentes se refiere en la pasada legislatura, el 2 de junio de 2004, con una interpelación urgente sobre este mismo tema. Ha iniciado su actividad parlamentaria en lo que hace referencia a esta IX Legislatura con otra interpelación urgente sobre este mismo asunto. Evidentemente, ello constituye una prueba de la preocupación e interés de esta coalición por el tema; preocupación e interés que, para empezar, digo que mi grupo comparte plenamente. Lo dijo con claridad, lo dijo con reiteración y ha vuelto a insistir hoy en ello la parlamentaria Uxue Barkos, de Nafarroa Bai. En esta ocasión no ha hablado exclusivamente en nombre de su propio grupo en algún sentido y de los navarros y navarras a los que ella representa; lo ha hecho también de alguna forma en nombre del propio Parlamento Foral o de todos los grupos en él representados, de todas las fuerzas políticas en él representadas, en el sentido de que todas ellas unánimemente han planteado en fechas recientes lo que ella viene a plantearnos hoy. Y lo hacía de la única forma seria en que cabe hacer estas cosas, más allá de entretenimientos y diversiones, diciendo y defendiendo aquí lo que se dice y se defiende allá. Esa es la única forma seria, más allá de retóricas al uso en las que uno puede ser más o menos brillante.
Lo cierto es que quien hoy defiende en el Parlamento vasco o en el Parlamento Foral de Navarra una cosa y al día siguiente defiende en el Parlamento español otra distinta, use las retóricas que use, no está siendo lógico y consecuente consigo mismo. La verdad de los hechos es esa, la verdad de la retórica es muy divertida, pero la verdad de los hechos es la que es. En todo caso, el tema no solo ha sido debatido allá y aquí; ha sido acordado también, y lo ha sido, como decía, por todos los grupos. Algunos somos ingenuos, creemos que esto vale, cuando se defiende en un sitio o en otro, para los dos, pero, visto como acaba la historia -y la ministra dio pistas suficientes de esto y me refiero en este caso al tema objeto de esta moción-, es evidente que estábamos desde hace tiempo caminando hacia ningún lado, hacia ninguna parte. Y lo estábamos haciendo -insisto- de forma deliberada; eso que a algunos les gusta decir bajo la fórmula de cualquier cosa trampa: una ponencia trampa, una posición política trampa. Aquí estamos en esa historia. Hoy se defiende una cosa para salir del paso, porque con eso ya hemos resuelto el problema de hoy, aunque el problema objeto de la moción en este caso no se resuelve.
La verdad es que una relectura atenta de lo que se ha dicho en este Congreso sobre el polígono de Las Bardenas podría llevar, a juicio de mi grupo y de este parlamentario, a la conclusión de que esto acaba donde efectivamente se había escrito hace tiempo que iba a acabar. Voy a poner un ejemplo o una muestra de lo que vengo diciendo. El 30 de noviembre de 2005, el secretario de Defensa comparecía en la Comisión de Defensa de este Parlamento y decía que este tema, el tema del que hoy venimos hablando, es complejo y la alternativa es difícil, pero estamos trabajando en ello. Decía: "El hecho de que el tema es complejo y la alternativa difícil se pone de manifiesto en el acuerdo que en 2001 firmó el Ministerio de Defensa con la comunidad de Bardenas Reales, en el que se especifica literalmente lo siguiente: Pese a las intensas gestiones que desde hace tiempo viene realizando el Ministerio de Defensa para la localización de otra zona que satisfaga las necesidades de un campo de instrucción y adiestramiento aéreo de las Fuerzas Armadas, han resultado impracticables las alternativas estudiadas". Esto se escribía en el año 2001, y estamos en el año 2008. Entremedias, ingenuos nosotros, creímos al Partido Socialista cuando se convenía con ellos en una moción y se decía que seguíamos buscando, cuando sabíamos -si hubiéramos sido atentamente lectores de las cosas- que ya en el año 2001 prácticamente este tema estaba resuelto y que han venido intentando entretenernos. Y, evidentemente, aquí acaba la historia. Lamentablemente aquí acaba la historia, repito, con la inconsecuencia de los que hoy dicen una cosa en Navarra, hoy dicen otra en el Parlamento de Vitoria y mañana una contraria en el Parlamento de Madrid, ya sea sobre el tema de Las Bardenas o ya sea sobre cualquier otro tema. Y, señorías, las palabras, palabras son, pero los hechos son los que quedan.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar posición ante esta moción consecuencia de la interpelación presentada por la diputada Barkos en la primera sesión de control al Gobierno de la semana pasada. Avanzo el voto afirmativo del Grupo Parlamentario Catalán al texto de esta moción tal cual está presentada y tal cual está redactada, y en la eventualidad y en el caso de que no se incorporaran las enmiendas planteadas por parte del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Creemos que es sensato aquello que se contempla en el punto número 1 del petitum, que es atender a la voluntad del Parlamento de Navarra, cuando el Parlamento de Navarra, por unanimidad, el pasado día 13 de marzo del presente año planteó la necesidad de buscar una ubicación alternativa al polígono de tiro aéreo y de bombardeo de Las Bardenas Reales. Creo que en el fondo el planteamiento del Parlamento de Navarra es coincidente con el planteamiento del Ministerio de Defensa, porque en el fondo el Ministerio de Defensa es el primer interesado en encontrar un espacio geográfico más central en la geografía peninsular española, para poder utilizar un campo de tiro y de bombardeo que no
le obligue a llevar a cabo en el caso de los aviones bombarderos un desplazamiento hasta Navarra y la instalación durante un par de días en Navarra. Pero a la vez el Ministerio de Defensa se ampara en informes de carácter técnico para argumentar la inexistencia de un campo alternativo en una zona geográfica más central de la península Ibérica.
De hecho, volvemos al debate que hemos tenido al inicio de esta tarde, cuando el Grupo Socialista se amparaba en argumentos de carácter técnico para decir que el cuartel del Bruc es un cuartel necesario en la ciudad de Barcelona. Ustedes saben que el debate parlamentario no tiene un segundo turno de argumentación, pero al portavoz del Grupo Socialista yo le habría podido dar unos cuantos argumentos, más de uno y más de cien, para argumentarle que el cuartel del Bruc en estos momentos no tiene ningún sentido dentro de la ciudad de Barcelona y que asimismo hay argumentos técnicos para desplazarlo. También hay argumentos técnicos para desplazar el polígono de tiro aéreo y de bombardeo de Las Bardenas Reales, tema que es antiguo y que yo recuerdo que se plantea en las Cortes Generales -hasta donde mi memoria parlamentaria alcanza- desde el año 2000. Por tanto, en coherencia con la que ha sido la posición de mi grupo parlamentario, vamos a votar favorablemente, sabiendo también que votamos a favor del punto 2, punto en el cual se insta al Gobierno a redoblar los esfuerzos para encontrar una ubicación alternativa, y siendo conocedores de que el Gobierno tiene informes con alternativas respecto al polígono que hay estos momentos en la Comunidad Autónoma de Navarra.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cervera Soto.
El señor CERVERA SOTO: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a fijar en el turno que corresponde la posición del Grupo Parlamentario Popular en esta cuestión. Como es conocido, estamos considerando una moción como consecuencia de la interpelación que escuchamos en esta tribuna la pasada semana pero que, a nuestro juicio, ni por lo que entonces se escuchó, ni por la textualidad de lo que se nos presenta, ni mucho menos por la intención política que recoge, es en estos momentos aceptable. No es aceptable -y por tanto, vamos a votar que no a la moción- que se nos plantee que en estos momentos, en los que, como es conocido, existe un proceso en el cual tanto el Ministerio de Defensa como la Junta de Bardenas están considerando la posible renovación del convenio, se apruebe esta moción que en el fondo condicionaría de forma sustancial esa negociación.
Conocen SS.SS., porque así se ha dicho, así se dijo y así se ha reiterado hoy, que esta moción trata de trasladar a la voluntad de la Cámara lo que fue también una moción del pasado mes de marzo en el Parlamento Foral, donde se pedía que no se renovara el actual convenio de utilización como polígono de entrenamiento aéreo del campo de Las Bardenas. Sin embargo, con ser esto cierto, no es menos cierto que la mocionante ha intentado apropiarse de aquel acuerdo parlamentario, pero sobre todo lo ha hecho a través de la tergiversación, lo ha hecho a través de tratar de que consideremos solamente una parte de ese acuerdo y no lo que realmente ese acuerdo significa. Es verdad que tradicionalmente las instituciones navarras -lo ha hecho el Gobierno, lo ha hecho el Parlamento Foral y lo han hecho también muchos ayuntamientos- se han mostrado contrarios a que se prolongue por mucho más tiempo la utilización de Bardenas como campo de tiro del ejército. Es cierto que esto es así y tan es así que efectivamente la textualidad del acuerdo del Parlamento Foral que se referencia lo dice de esa manera. Pero no es menos cierto que, cuando se han aprobado acuerdos de desmantelamiento del polígono de tiro, se ha hecho reconociendo que efectivamente existían unas partes con capacidad para decidir esa circunstancia, para guiar en su caso ese desmantelamiento y que estas partes son, por un lado, el Ministerio de Defensa y, por otro lado, la Junta de Bardenas. Es esto lo que se está ocultando en este momento y es esto lo que nos parece sustancial a la hora de considerar nuestra opción de voto.
La mocionante no puede ignorar esto, de hecho no ignora esto; no lo puede ignorar nadie que lea y que haya conocido cuál es el tenor de las intervenciones que tuvieron los portavoces de los grupos parlamentarios del Parlamento Foral en el mes de marzo. Pero tampoco lo ignora en el momento en que se reconoce que efectivamente son las partes que en otro caso han tomado decisión y han desarrollado acuerdo las que en este caso también están llamadas, o no, en su caso, a poder firmar esa prórroga. Y para nosotros esto es lo sustancial. Lo sustancial es que no tenemos ahora mismo la necesidad de inmiscuirnos en lo que es un proceso de negociación, donde hay dos partes que están plenamente capacitadas para ponerse de acuerdo o para llegar a un desacuerdo. Para nosotros esto es coherente, señora Barkos, esto sí que es la definición de la coherencia, como, por cierto, señor Beloki, para nosotros esto sí que es la congruencia, la congruencia de reconocer y de aceptar que efectivamente hay una parte en la Comunidad Foral, la Junta de Bardenas, que tiene plena capacidad de obrar en esta materia y que tiene plena capacidad de acordar o no con el Ministerio de Defensa. Esto sí que es congruencia, esto sí que es coherencia, y no otro tipo de interpretaciones que hemos estado escuchando aquí.
Lo que hay en el fondo de esta moción no es otra cosa que intentar que esta Cámara sustituya lo que tiene que ser, lo que es en términos efectivos, la capacidad de obrar de las partes. Y quiero recordar, como representante de los españoles, pero como diputado por Navarra, que una de las partes, la Junta de Bardenas, está compuesta por
las veintidós entidades congozantes, que son precisamente quienes más y mejor conocen cuál es la realidad de la utilización del polígono de tiro, porque son realmente los entes más directa y cercanamente afectados, y no solamente por los usos destinados a la defensa sino también por los usos tradicionales, de los cuales se han venido beneficiando del territorio general de Bardenas. Por tanto, nosotros confiamos en que esa parte no solamente está legitimada para tomar razón de este asunto y para negociarlo con el Ministerio de Defensa, sino que además son los auténticos fedatarios de que ese polígono de tiro tenga o no un sentido.
Tendrá un sentido en la medida en que a ellos les compense la utilización para los usos de la defensa respecto de lo que reciban precisamente por compensación por esos usos, o no lo tendrá, si realmente ese equilibrio no es tal. Nosotros creemos que tanto por una razón de conocimiento de la zona, como por una razón de legitimidad, de reconocimiento legal, es la Junta de Bardenas la que tiene que establecer en estos momentos la pauta de la negociación, la pauta del acuerdo o del desacuerdo con el Ministerio de Defensa. No queremos, por tanto, ni cercenar su capacidad negociadora, ni sustituirla, ni tampoco queremos que el Estado se pueda atener a lo que es su capacidad legal, mediante la declaración del interés preferente para la defensa, para ejecutar realmente la utilización de ese polígono de tiro más allá de lo que es la propia voluntad de los pueblos congozantes.
Voy a finalizar ya, señor presidente, indicando que empecé esta intervención hablando de lo que era la tergiversación de los términos de aquella moción del Parlamento Foral que se ha hecho, pero quiero también referir que esto está enclavado en una tergiversación recurrente mayor, que habitualmente escuchamos del nacionalismo vasco cuando manifiesta la actitud que manifiesta con Navarra. Y muy recientemente hemos escuchado al lehendakari Ibarretxe volver a hablar de que Navarra tiene que subsumir sus capacidades competenciales en un ente en el que nunca se ha encontrado políticamente con la vecina Comunidad Autónoma vasca. Esta recurrente injerencia anexionista es algo que creemos que sí que hubiera merecido la atención de algunos grupos precisamente para traerla aquí, porque también ha existido una voluntad expresa del Parlamento Foral.
Ayer mismo se suscitó un acuerdo en este sentido, donde efectivamente se vuelve a señalar esta circunstancia de la que los navarros no debemos ser merecedores.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cervera. (La señora Barkos Berruezo pide la palabra.)
¿Qué desea, señora Barkos?
La señora BARKOS BERRUEZO: Por alusiones, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿A qué alusión específica se refiere su señoría?
La señora BARKOS BERRUEZO: En concreto, en el discurso del portavoz parlamentario popular, a la referida a supuestas tergiversaciones...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que mencione exactamente las palabras en las que S.S. cree que ha sido aludida. Mencionada ya sé que ha sido, pero qué inexactitud o juicio de valor sobre su persona o su conducta ha hecho el señor diputado.
La señora BARKOS BERRUEZO: O mi conducta como diputada. Según el artículo 71.1, aquellas referidas a supuestas tergiversaciones en la lectura del acuerdo del Parlamento de Navarra en torno a la retirada del polígono de tiro aéreo y de bombardeo de Bardenas.
El señor PRESIDENTE: No, señora Barkos, las alusiones son referidas a la conducta de la persona, no a sus opiniones.
La señora BARKOS BERRUEZO: O diputado. Según el artículo 71.1, o la conducta de un diputado.
El señor PRESIDENTE: Señora Barkos, sobre este asunto no puede haber debate entre la Presidencia y S.S. Si me concreta la alusión a su conducta, podría darle la palabra, pero hasta el momento no la he escuchado.
La señora BARKOS BERRUEZO: Si me lo permite, señor presidente, trataré de exponerlo.
Se ha referido a la supuesta tergiversación que esta diputada, en la exposición de sus razones o en la defensa de la moción, ha cometido. Por lo tanto, estamos hablando de ataque al diputado en su conducta, como diputado y portavoz.
El señor PRESIDENTE: Señora Barkos, comprendo que no está de acuerdo S.S.
con la opinión expresada, pero a juicio del presidente no ha habido alusión a conducta que dé lugar al turno de alusiones. No tiene la palabra, señoría.
La señora BARKOS BERRUEZO: Protesto en cualquier caso, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Así constará su protesta, señora diputada.
Para defender la posición del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moscoso del Prado.
Señorías, intervengo en esta tribuna, por primera vez en esta legislatura, para una cuestión importante referida a mi tierra, como es el polígono de tiro de Las Bardenas
Reales. Esta cuestión fue objeto de una interpelación la semana pasada por parte de la diputada señora Barkos a la ministra de Defensa, doña Carme Chacón, a quien aprovecho esta intervención para felicitarla, en mi nombre y en nombre de todo mi grupo, por su reciente maternidad.
En la anterior legislatura, esta cuestión fue objeto de dos iniciativas hoy citadas: una moción, que defendió mi compañera socialista y entonces diputada y bardenera Carolina Castillejo, y también una comparecencia del secretario de Estado en noviembre de 2005. Una nueva moción, por tanto, de un tema ya muy recurrido, que en esta ocasión, como digo desde el principio, no vamos a apoyar.
Señora Barkos, en su moción ustedes piden que este Congreso, esta Cámara, atienda la voluntad de los ciudadanos navarros expresada en una moción aprobada el día 13 de marzo. Quiero recordarle que en esa moción lo que se aprobó fue una enmienda presentada por el Partido Socialista de Navarra, en la cual, a lo que usted ha explicado, se añadía la siguiente frase: ..., siendo conscientes de la necesidad de que el Ministerio de Defensa encuentre una alternativa para dicho polígono. Es muy importante esa afirmación. Esta es la verdadera voluntad de los ciudadanos navarros: desmantelar el polígono, siempre y cuando exista una alternativa.
Diferencia fundamental desde luego entre el Partido Socialista de Navarra y otros colectivos, partidos o grupos que defienden el desmantelamiento.
Debe existir una alternativa. En lo demás coincidimos fundamentalmente en sus planteamientos: preservar la riqueza natural, la declaración del parque como reserva natural de la biosfera por parte de la Unesco y también por el Parlamento Foral y, por supuesto, nuestro compromiso con la voluntad, con la competencia de los veintidós congozantes de Las Bardenas, como bien ha explicado el señor Cervera, los valles de Roncal y Salazar, Monasterio de la Oliva y los diecinueve municipios que colindan con Las Bardenas; municipios y Junta de Las Bardenas, que es la única competente para negociar y que es la que mejor conoce cuáles son tanto los perjuicios como los posibles beneficios o compensaciones del uso como polígono de Las Bardenas y que les repercute en más de cuatro millones de euros al año. La ministra explicó con detalle que el ministerio ha cumplido al pie de la letra lo que se comprometió a hacer hace cuatro años: a buscar y a estudiar de manera exhaustiva alternativas, a extremar las medidas de seguridad para evitar accidentes y también a proteger el medio ambiente, estableciendo métodos según una certificación.
El Gobierno, señora Barkos, ha cumplido; pero hay algo que es muy importante para el Partido Socialista Obrero Español, para el PSN, que es nuestro compromiso con la política de defensa del Estado español, y eso es una diferencia profunda entre mi partido y su coalición. Hay tres ejes fundamentales de la política de defensa que mi partido defiende y que aparecían en el programa electoral con el que ganamos las elecciones hace escasas semanas: contribuir, en primer lugar, al protagonismo de Naciones Unidas; defender la paz, los derechos humanos y la democracia en el mundo; y participar en operaciones multilaterales, como la de Afganistán, como la de Kosovo, como la de Líbano, como la de Chad, en las próximas semanas, operaciones al servicio de la paz que exigen un compromiso claro, unas Fuerzas Armadas preparadas, entrenadas, con los mejores recursos, y que para ello necesitan un polígono de tiro y entrenamiento como el de Las Bardenas. También queremos procurar el máximo apoyo social a la política de defensa, queremos que el Estado, la ciudadanía, la sociedad civil apoye al máximo las acciones de nuestras Fuerzas Armadas, y por eso creemos que es importante que los partidos apoyemos sin fisuras estos principios, bien claramente marcados en la Ley de Defensa Nacional.
Señora Barkos, nuestros aviones del Ejército del Aire, los de la Armada, los helicópteros que están operando en Afganistán y que bien sabemos que están en un escenario muy complicado, todos, entrenan en Las Bardenas y, como ustedes saben, señoras y señores diputados, Navarra es y será una tierra solidaria. Y también lo es en relación con su compromiso con una política de Estado, de defensa, comprometida con la democracia y los derechos humanos. Ese compromiso quedó claro también el 13 de marzo, cuando el Parlamento de Navarra rechazó otra moción presentada por Nafarroa Bai, con la cual, por 34 votos a 13, rechazó derogar la declaración de Las Bardenas Reales como zona de interés nacional para la defensa. Ojalá no hicieran falta polígonos de tiro, ojalá no hicieran falta tantas cosas, pero hacen falta y tienen que estar en algún sitio, y desde luego los navarros estamos orgullosos de que, si no se puede establecer en otro sitio -y la ministra fue bien clara-, por lo menos se negocie, como se va a hacer con los congozantes, de manera justa y clara, los únicos competentes para hacerlo.
En definitiva, los navarros creemos que la protección del medio ambiente de Las Bardenas está asegurada. Estamos satisfechos con el uso social que se da a los fondos que destina el Ministerio de Defensa a los congozantes y estamos satisfechos con la decisión que ha adoptado el Ministerio de Defensa, esto es, comenzar a negociar con la Junta de Las Bardenas un nuevo acuerdo según los compromisos antes anunciados: seguridad al máximo, instalaciones impecables, defensa absoluta del medio ambiente y, por supuesto, intereses legítimos de los congozantes. Por eso no vamos a apoyar su moción, porque entendemos -insisto- que el Gobierno ha cumplido no una, sino todas las mociones, y no son juegos de palabras, porque no se ha desatendido la voluntad de los ciudadanos navarros, que es clara, y su compromiso con los objetivos de defensa nacional son claros, y porque -insisto- a día de hoy no existen alternativas.
A los efectos de votación, señora Barkos, debo entender que no se aceptan las enmiendas presentadas. ¿Es así?
La señora BARKOS BERRUEZO: No, no se aceptan.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LA POLÍTICA Y LOS LOBBIES O GRUPOS DE PRESIÓN. (Número de expediente 173/000002.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al examen de la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la relación entre la política y los lobbies o grupos de presión.
Para su defensa tiene la palabra el señor Herrera.
Esta moción es una oportunidad, desde nuestro punto de vista, para empezar a caminar en un régimen de transparencia en la relación existente entre grupos de presión o lobbies y el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, pero también es una oportunidad para tratar temas actuales, como el caso Taguas, temas que tienen que ver con el conflicto de intereses, con las incompatibilidades, que tienen una relación con grupos de presión, con cómo operan estos y cómo se relacionan con quienes han estado en el Gobierno.
Hace pocos días un medio estatal decía: la sospecha generada del caso Taguas es que con su nombramiento el lobby constructor paga los servicios prestados o compra influencia futura, y eso no es sano para la democracia. Yo suscribo esas palabras. Entiendo, por tanto, que esta moción es hoy una oportunidad para que este Congreso dé un mandato ético, para que se remueva una legislación que no ha servido en el último caso de incompatibilidades, para que se diga que la Oficina Económica del Gobierno y quien la presidía no puede pasar en tres días a presidir el lobby de la construcción por excelencia.
Yo hago mío lo que han dicho miembros del Partido Socialista: si la Oficina de Conflictos de Intereses da su visto bueno al fichaje de Taguas, debería cerrar a continuación. Yo digo que tiene difícil defensa que quien ha tenido toda la información económica del Gobierno pase a presidir el lobby empresarial, pero entiendo además que lo injustificable se vuelve bochornoso si damos por buena la ley que lo permite y lo ampara. El código de buen gobierno hoy quedará en papel mojado si damos por bueno que alguien que ha tenido toda la información económica del Gobierno pase a presidir uno de los lobbies por excelencia.
Señoras diputadas y señores diputados, Seopan no es una asociación, no es una empresa, es algo mucho peor, es el lobby por excelencia, y su presidencia no tiene funciones ejecutivas, tiene funciones de influencia e interlocución, tiene las funciones que corresponden a un lobby de presión. En este contexto ¿qué hacemos? ¿Damos por buenas las leyes que no sirven, que se demuestran insuficientes, u optamos por mejorar ese marco legal añadiendo transparencia e independencia? Por estas razones yo mismo le pedí a la ministra de Administraciones Públicas que subiera a esta tribuna no solo a levantar el caso de Taguas, sino a comprometerse a un cambio sustancial en la ley, en lo que no ha funcionado de la Ley 5/2006, añadiendo transparencia e independencia. Yo mismo le dije que, si tenía ese compromiso ético, tenía que comprometerse a una modificación sustancial, que no podía dar por buena la interpretación de que Seopan era una organización sin ánimo de lucro, que debía decir que la ley no podía continuar, dos años después, en papel mojado. Y es que es responsabilidad del Gobierno y del Grupo Socialista conseguir, de una vez por todas, y comprometerse en un día como hoy a que haya desarrollo reglamentario porque, si no, lo que hicimos en el año 2006 con la Ley de conflictos de intereses fue simplemente un brindis al sol.
Hoy podemos aprobar la moción o aceptar la lógica del doble rasero en la que, cuando se está en la oposición, se batallan incompatibilidades manifiestas como las de Miguel Ángel Rodríguez, Arias Salgado o el señor Timmermans, para después acabar asumiendo un caso de manifiesta incompatibilidad ética y política como el caso Taguas. A nosotros no nos vale el doble rasero. Valía para unos casos y vale para otros. El caso que nos ocupa es un caso de manifiesta incompatibilidad, y lo que se ha hecho es una interpretación más que flexible de la ley. La obligación de esta Cámara y también del Grupo Socialista es comprometerse a modificar la ley, comprometerse al desarrollo reglamentario y hacer que de una vez por todas casos como el caso Taguas, que no es el primer caso pero sí que es el último, no se vuelvan a producir. Todo parece indicar que finalmente contarán con el apoyo de otro grupo parlamentario, el de Convergència i Unió, en el rechazo de esta moción, y nosotros lo que haremos es lamentarlo porque de esta manera empezaremos la legislatura con el pie cambiado en lo que se refiere a exigencia ética y moral, a transparencia, a otra forma de hacer política y a esa exigencia a la que ustedes decían que se habían comprometido.
La segunda parte de la moción versa sobre la necesidad de incrementar, de dotarnos de instrumentos de transparencia en la relación existente entre los lobbies de presión y el Poder Ejecutivo y el Legislativo. La relación existe, señores diputados, señoras diputadas, y
esa relación necesita precisamente de aquellas iniciativas que se han liderado desde otros rincones de Europa, desde los países escandinavos, desde Alemania y también desde el Parlamento Europeo. Nosotros lo que planteamos es un decálogo de propuestas concretas que lo que permiten es avanzar en la línea de la iniciativa europea de transparencia, del Libro Verde de la iniciativa europea de transparencia, de los objetivos, de lucha contra el fraude, de estándares éticos y de control de los legisladores. Lo que pedimos, por tanto, es que en algo que tiene relación con el caso Taguas, que es la influencia de los lobbies de presión sobre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, también se avance.
Acabo ya, señor presidente, con una reflexión que hacía el presidente del Gobierno hace año y medio. El presidente del Gobierno decía que hay quien vota descolgando un teléfono y cambia leyes descolgando un teléfono.
Estoy de acuerdo. Hay grupos de presión que descolgando un teléfono tienen la capacidad de cambiar leyes. El problema está en que quien antes descolgaba el teléfono del Gobierno seguramente era el señor Taguas, y el que ahora llamará será el mismo señor Taguas, pero, eso sí, al otro lado del teléfono, y eso no puede ser.
Me preocupa muchísimo que hoy ustedes no respondan a ese compromiso ético, a ese compromiso para garantizar que tenemos una Ley de conflictos de intereses y de incompatibilidades que no permite todo, que no da un cheque en blanco ante un caso manifiesto de incompatibilidad como el del señor Taguas. Y me preocupa también que hoy, como hace muchos años, haya quien les saque las castañas del fuego, seguramente argumentando responsabilidad cuando en realidad a lo que se dedica es a tapar otras vergüenzas. Creo que no es la mejor manera de empezar la legislatura. Es más, es una pésima manera de empezar la legislatura en un caso de flagrante contradicción entre los intereses públicos y privados, que hoy el Congreso de los Diputados dé un cheque en blanco ante esta manifiesta incompatibilidad. Entiendo que la negativa a cambiar absolutamente nada, a no censurar el caso Taguas tiene algo de carpetazo a un discurso de regeneración ética y mucho tiene que ver con volver a abrir las puertas a las viejas formas de hacer política. Ojalá me equivoque, pero creo que no ando desencaminado.
Hoy ustedes pueden ganar la votación derrotando la moción, pero si así sucede ganarán la votación pero protagonizarán una derrota moral.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señoría.
El señor HERRERA TORRES: No me gustaría que esa derrota moral la protagonizasen simplemente dando carpetazo, no asumiendo que tenemos y tienen un problema, no entendiendo que las incompatibilidades son manifiestas, que hay que cambiar la ley, que hay que aprobar un marco para regular la relación entre lobbies y Poder Ejecutivo y Legislativo, que necesitamos avanzar, y avanzar no se hace con una ley que es papel mojado -porque no hay desarrollo reglamentario- o con una ley que no sirve, porque en el caso más manifiesto de incompatibilidad de los últimos años -el caso Taguas- ustedes lo que hacen es mirar hacia otro lado y dar por buena la pésima solución que ha dado la Oficina de Conflictos de Intereses.
Para fijación de posición del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, la señora Díez.
Intervengo para anunciar que estoy globalmente de acuerdo con la posición planteada y defendida por el representante de Iniciativa per Catalunya Verds, y que comparto no solamente los objetivos expresados en esta moción, sino también las propuestas de reforma que el diputado Joan Herrera ha defendido. Si la aplicación estricta de la letra de la ley contraviene los objetivos de la ley -es decir, garantizar la independencia y la transparencia- hay que cambiar la ley porque, de lo contrario, se estaría produciendo un proceso de degeneración democrática, en vez de regeneración democrática.
Es evidente que la aplicación de la ley en este caso ha ido en contra de los objetivos de la propia ley, de lo que la ley se marcó, de aquello que pretendía: evitar los lobbies, garantizar la independencia y la transparencia. Por tanto, no puedo estar más de acuerdo con el diputado Joan Herrera en sus objetivos, en el contenido y en su exposición en todos los supuestos. Me hubiera gustado -se lo he dicho al proponente- que en el apartado primero, además de lamentar, hubiéramos rechazado expresamente el nombramiento, en vez de lamentar que es una terminología muy propia del Parlamento Europeo -lamento, considero, etcétera-. Me hubiera gustado que, puesto que en el cuerpo de su moción de lo que se trata es de un rechazo -porque es rechazable y, a mi juicio, escandaloso-, lo hubiéramos rechazado expresamente. Pero esto no deja de ser un detalle que, en modo alguno, evita que anuncie desde ahora mismo que mi voto será a favor de esta moción de Iniciativa per Catalunya Verds.
También por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández.
Intervengo para manifestar también nuestro apoyo a esta moción que acaba de defender el señor Herrera, porque si bien podemos entender que hay algunos
aspectos de la propuesta que pueden parecer difíciles de llevar a la práctica, en tanto que es difícil controlar los comportamientos éticos -sobre todo los comportamientos éticos individuales-, sí tiene razón la propuesta que hace el señor diputado en cuanto que los comportamientos éticos individuales, cuando somos miembros de grupos políticos y además formamos parte de gobiernos -en este caso el Gobierno del Estado-, pasan a ser comportamientos éticos colectivos, donde los partidos políticos son también responsables.
Nos parece prudente la propuesta que hace en cuanto a que desde el Ejecutivo se ponga en marcha el reglamento de la ley aprobada en el año 2006 porque, evidentemente, de nada sirve una ley si luego no se hace el reglamento para poder llevarla a la práctica. Hay una cosa que el señor diputado decía en cuanto a la necesidad de remover la legislación.
Siempre que hay que modificar una ley o que hay que hacer una ley nueva es porque alguna razón de la práctica social o de los comportamientos o las relaciones sociales indica que es necesario. Y el comportamiento del señor Taguas indica que es necesario incluir en la Ley de incompatibilidades la incompatibilidad en la que a todas luces esta persona ha incurrido. Esta persona no solamente tiene información que manejaba del Gobierno, sino que, cuando estaba en el Gobierno, también tenía información de un grupo de presión, en este caso el que hoy preside. No es novedad ni nos vamos a hacer los sorprendidos cuando nos damos cuenta de que a veces son los grupos de presión los que controlan realmente los ejecutivos, pero este Congreso de los Diputados debe crear la legislación correspondiente para evitar que sea así, aunque en la práctica, desgraciadamente, tengamos que encontrarnos con actitudes como esta.
Nuestro apoyo a la moción presentada y defendida por el señor Herrera.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, voy a hacer una fijación de posición rápida para afirmar que estamos de acuerdo con el argumentario general del señor Herrera, y además con la legitimidad añadida que nos da saber que están de acuerdo con nuestra posición todos los demás grupos que han intervenido hasta el momento, algunos de los que van a intervenir posteriormente y buena parte del Grupo Parlamentario Socialista a tenor de conversaciones informales que he tenido con muchos de ellos. Me agrada que esté aquí presente el señor Sevilla, que es el gestor de la ley que regula el Estatuto del empleado público porque nos encontramos con que, en una legislatura que se inició preconizando por el presidente Zapatero el valor de la moralidad, de la ética, de la transparencia y de la probidad en política, haya empezado con actos tan contradictorios e incongruentes con la invocación de estos valores. Me estoy refiriendo, obviamente, al caso del señor Taguas y a otros que voy a citar a continuación.
En primer lugar, señor presidente, ya nos llamó poderosamente la atención la intervención de la vicepresidenta primera del Gobierno en la Comisión Constitucional cuando anunció las líneas maestras de su programa político y, a preguntas expresas e inequívocas de mi compañero Aitor Esteban -compañero de Grupo Parlamentario Vasco- en relación a si tenía constancia de que todos los altos cargos nombrados por el actual Gobierno cumplían con los requerimientos de la Ley 5/2006, de conflictos de intereses, y del código de conducta previsto y normado por la Ley del Estatuto del Empleado Público, respondió con un elocuente silencio. Nos llama la atención también que todos los medios de comunicación, sin ninguna excepción, se hayan pronunciado sobre el carácter dudosamente ético del nombramiento del señor Taguas. También nos llaman la atención elocuentes silencios que dimanan de las filas del Partido Socialista. Me estoy refiriendo a uno particularmente relevante, al vicepresidente primero del Gobierno, que no se ha pronunciado sobre la probidad, la ética, la legalidad y la regularidad formal de este nombramiento.
Señor presidente, nos encontramos desde esta perspectiva con una cuestión estética y éticamente dudosa. Yo no sé qué es peor en el ámbito político, si la estética o la ética. La ética pertenece al mundo de lo abstracto; la estética pertenece al mundo de lo mensurable, de lo aprehendible. Y estéticamente ni siquiera los miembros del Partido Socialista Obrero Español están en condiciones de avalar esta posición. No sé si va a prosperar la moción del señor Herrera, pero ojalá lo hiciera, por una razón de regeneración democrática en función de las invocaciones con las que ganó las elecciones el propio Partido Socialista Obrero Español. Pero no solo es el problema del señor Taguas, señor presidente. Me voy a referir, si me lo permite y reglamentariamente es posible, a usted mismo.
Nos encontramos con el problema de don Francisco Torrente -al que usted conoce perfectamente-, secretario de Estado para la política de defensa en la anterior legislatura, que cesó y un mes después fue nombrado presidente de Unión de Explosivos Alaveses mediante una interpretación laxa, se dice -en mi opinión es fraudulenta- de los requerimientos de la Ley de conflictos de intereses, que es la ley 5/2006. Y ya la decisión de la Oficina de Conflictos de Intereses en relación con el señor Taguas llega a ribetes prácticamente sainetescos cuando se afirma que, evidentemente, el señor Taguas puede ser nombrado presidente de Seopan, la patronal de las empresas constructoras, puesto que Seopan es una asociación sin ánimo de lucro, algo parecido a una especie de ONG a tenor de la interpretación -yo creo que no solo fraudulenta, sino incluso contra lege- de lo previsto en la Ley 5/2006, de conflictos de intereses, porque, efectivamente, la imposición de los preceptos relativos a los conflictos de intereses prohibidos por esta ley hace referencia a que no podrán
acceder a empresas aquellos que hayan tenido contactos o relaciones directas y personales con las empresas o sociedades a las que acceden posteriormente. En este caso, el señor Taguas no ha accedido a una empresa o sociedad, pero sí ha accedido a la asociación que reúne a todas las empresas y sociedades. Nadie puede desfigurar la voluntad del legislador, nadie puede realizar una interpretación tan manifiestamente fraudulenta como aquella consistente en decir que está prohibido el acceso a la presidencia de una empresa o sociedad cuando lo que se permite es el acceso nada menos que a aquella asociación que agrupa a todas las empresas o sociedades con las que el señor Taguas ha tenido contactos, y que además ejercen como función nada menos que la representación corporativa, el lobbysmo, de las empresas constructoras o grandes empresas constructoras del Estado español.
Cuando se desfiguran, se prostituyen, se pervierten los preceptos relativos al código de conducta -que el señor Sevilla conoce perfectamente- dimanantes de la Ley reguladora del estatuto del empleado público, cuando se pervierten absolutamente las disposiciones relativas a incompatibilidades dimanantes de la Ley 5/2006, de conflictos de intereses, cuando se admiten ejemplos como los que he citado, incardinado en el problema del lobbysmo al que el señor Herrera se refería, estamos ante una situación verdaderamente paradójica, en donde parece que se puede no ejercer o se impide el lobbysmo cuando se accede a una empresa o a una sociedad privada, pero no a la asociación que agrupa a todas las empresas, cuya función es precisamente ejercer funciones corporativas de interlocución, de lobbysmo. Cuando se pervierte el precepto y se prostituyen los preceptos de esta manera, las invocaciones relativas a la honestidad, a la transparencia, a la ética y a la probidad quedan absolutamente en papel mojado.
Dicho esto, lo indicado por los que me han precedido en el uso de la palabra son reflexiones muy pertinentes. Evidentemente, en el Estado español falta una regulación normativa relativa al lobbysmo, a los lobbies. La expresión lobby históricamente deriva del lugar -el lobby- donde se ubicaban en el ámbito anglosajón, en los parlamentos anglosajones, aquellas personas que querían acceder a los parlamentarios.
El lobbysmo en sí mismo es algo neutro, el lobbysmo puede ser en tanto en cuanto sea opaco algo legítimo o algo incluso constitutivo de delito de tráfico de influencias. Cuando es transparente, cuando es objeto de registro, cuando es objeto incluso de posibilidad de incoar expedientes sancionadores o el derecho punitivo cuando se ejerce ilegítimamente -lo que el derecho francés llama interdicción de détournement- puede ser algo también ilegítimo...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene que acabar.
Pero, en este momento, el problema del lobby parece no haber sido la cuestión a dilucidar en este trámite parlamentario, sino dos, tres o varias designaciones que yo podría haber citado, que contradicen expresamente la legislación en materia de conflicto de intereses. Cuando se vulnera la legislación en materia de conflicto de intereses y simultáneamente se invoca que la probidad, la ética y la transparencia...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene que acabar su intervención. Ha superado con mucho el tiempo reglamentario.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ...constituyen el fenotipo del partido parlamentario, nos encontramos...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, no tiene la palabra.
Muchas gracias, señor Olabarría.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) defiende, como ha hecho en todos los debates, el interés general; defiende, como ha hecho en todos los debates y en todas las legislaturas, la máxima transparencia; defiende los mecanismos de control y defiende también -y quiero, señor presidente, que conste en el "Diario de Sesiones"- el comportamiento ético en el ejercicio de los cargos públicos. Defendemos siempre la presunción de inocencia de quien ejerce un cargo público y no intentamos - ni lo hemos hecho hoy ni lo hemos hecho nunca, señor presidente- criminalizar a quien ha ostentado la titularidad de un cargo público. Desde Convergència i Unió creemos que este no es el camino a seguir, entendemos -así lo hemos manifestado en todos los debates y en todas las leyes- que vamos por mal camino si intentamos, en esta Cámara o fuera de ella, seguir directamente a quien ha ejercido un cargo público -sea quien sea y sea cual sea la legislatura- amenazándole con una cierta presunción de culpabilidad.
Entendemos que este es un planteamiento erróneo.
Está aquí don Jordi Sevilla, que fue titular del Ministerio de Administraciones Públicas. Bajo su mandato, señor Sevilla, aprobamos la Ley 5/2006. Una ley estricta, una ley que intentamos aprobarla desde el máximo consenso y con un objetivo de transparencia y de ética en el ejercicio de los cargos públicos. Ese era el voto de Convergència i Unió en esa ley, lo sabe bien, señor Sevilla, entonces ministro y hoy diputado. Ese comportamiento llegó incluso -y quiero recordarlo- a que Convergència i Unió, en algún artículo de esa ley, entendiera
-como en la publicación de los patrimonios en el BOE- que quizá éramos demasiado rigurosos en lo que, ante una exigencia de transparencia -que compartimos-, no llegáramos a un punto en el cual muchas personas de bien, muchas personas éticamente indiscutidas, tuvieran en algún momento dudas de entrar en un cargo público para después tener una cierta presión mediática si en algún momento tienen que salirse de él. Máxima transparencia, sí; máximo control, sí; ejercicio ético, también; por tanto, en esa ley incluimos -y parecía una fórmula adecuada- el artículo 16 en el cual se dice que esta Cámara es la competente para recibir los informes de posibles conculcaciones de la normativa. Esta es la Cámara competente. Aquí podemos debatir casos concretos a partir de la correspondiente comparencia del ministro, la ministra en este caso -no sé por qué está ausente la ministra de Administraciones Públicas-, que aquí debería estar defendiendo lo que hoy estamos defendiendo, que es el cumplimiento de la ley y que seamos estrictos si se demuestra que se ha infringido la misma.
Convergència i Unió también quiere dejar claro que no estamos de acuerdo en un cierto debate que hoy planea sobre este hemiciclo. El debate de criminalizar de entrada a los lobbies, de dar a los lobbies, de entrada, una imagen peyorativa. Los lobbies, que existen, existirán y tienen una tradición, por ejemplo en el derecho anglosajón, muy arraigada, no pueden, de entrada, ser criminalizados. Todos los grupos parlamentarios presentes aquí sabemos que cada vez que legislamos, cada vez que aprobamos un proyecto de ley, se nos dirigen propuestas de enmiendas y, evidentemente, cada uno de los que las proponen pueden defender un determinado interés sectorial o específico, y esto es lícito siempre y cuando el grupo parlamentario que finalmente quiera su aprobación pretenda defender el interés general, el interés de todos. Esto es lo que debe preservar el ordenamiento jurídico, esto es lo que debe preservar la Oficina de Conflicto de Intereses y esto es lo que debemos preservar, caso a caso, si se dieran las circunstancias de una actuación que, de alguna manera, entendiéramos que atenta contra el interés general o que atenta contra el buen gobierno que nosotros defendemos. Por tanto, nosotros no admitimos lecciones de nadie. Pedimos a todos el mismo nivel de control y la misma vara de medir, a todos y en todas partes, aquí y en Venezuela, en todas partes. Pedimos siempre y en todas partes que se aplique la misma vara de medir respecto a esa exigencia ética que debemos dar al ejercicio de los cargos públicos que nosotros defendemos y seguiremos defendiendo. Si efectivamente de las comparecencias de la ministra de Administraciones Públicas ante el Congreso de los Diputados se dedujera en algún caso un supuesto de conculcación de la ley o de la ética, nuestro grupo estaría dispuesto a que en ese debate se pudieran depurar las responsabilidades que fueran pertinentes, pero entendemos que no es el camino ir a mociones reactivas, a mociones del caso concreto, que en nada ayudan al final a la necesaria transparencia y mecanismos de control que nuestro grupo parlamentario siempre ha defendido.
Señorías, comparezco esta tarde para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular con relación a la moción consecuencia de interpelación urgente de Izquierda Unida sobre incompatibilidades y lobbies. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Señorías, en la primera sesión de control al Gobierno tuve la oportunidad de preguntar a la señora ministra de Administraciones Públicas sobre el expediente de incompatibilidad del señor Taguas en su nombramiento de presidente de la Asociación Seopan, la cual agrupa a las grandes constructoras de obra pública de España. En esa ocasión di lectura a parte de un artículo de don Joaquín Estefanía, publicado en el diario El País, que decía con relación al fichaje del señor Taguas lo siguiente: "La sospecha generada de que con el nombramiento de Taguas el lobby constructor paga los servicios prestados o compra influencias futuras no es sana para la democracia". La dirección de la Oficina Económica de Presidencia, ostentada por el señor Taguas, conllevó de manera inequívoca que el mismo conociera de los grandes proyectos, inversiones y contratos que afectan a las empresas que pertenecen a Seopan y que tuviera relaciones con esas empresas en el desempeño de su puesto de trabajo. Por ello decía en mi intervención que la declaración de compatibilidad por parte del Ministerio de Administraciones Públicas en opinión del Grupo Parlamentario Popular vulnera la Ley 5/2006, y esto conlleva que el Gobierno socialista ha hecho realidad el dicho de que quien hace la ley hace la trampa. En este caso el señor diputado Sevilla, anteriormente ministro, si no vota a favor de esta moción, hará la trampa a su propia ley, señor Sevilla y miembros del Grupo Socialista, porque no es decente el argumento utilizado para conceder la compatibilidad de que Seopan no es una empresa sino una asociación sin ánimo de lucro. La verdad es que al señor Taguas lo han contratado las treinta y tres grandes empresas constructoras, con un sueldo de 300.000 euros y, además, va a cobrar más de 60.000 euros de indemnización por cesantía. Ahora uno entiende por qué el vicepresidente Solbes dice que no hay crisis económica. Queda claro que para algunos socialistas hay aceleración económica. Dije también en mi intervención del Pleno pasado que declarar compatible al señor Taguas como presidente de Seopan va a poner en duda todas las adjudicaciones de obra pública que se realicen a empresas asociadas a Seopan, porque una empresa que no lo esté y se presente a un concurso
público va a tener la duda de si la adjudicación es por mérito de la empresa o se realiza por intervención del señor Taguas.
Señorías del Grupo Socialista, creo que el hecho de que diputados del propio Grupo Socialista, de Esquerra Republicana de Catalunya, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catatalunya Verds, del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Popular coincidamos en que el nombramiento del señor Taguas vulnera la Ley 5/2006, de Incompatibilidades, al menos debería hacerles reflexionar acerca de que se están equivocando, que provocan oscurantismo en la Administración General del Estado, que no es una situación ajustada a derecho y, en definitiva, que no es sano para la democracia. A lo mejor ahora alguno empieza a entender por qué hay una propuesta de subida de la luz de más del 11 por ciento. En una época de crisis económica que estamos sufriendo la mayoría de los españoles, excepto el señor Taguas y algunos similares, qué casualidad que algunas de las empresas que componen Seopan tengan grandes intereses económicos en el sector eléctrico. Explíquenle eso a sus 11 millones de votantes y al resto de millones de votantes que no votaron Partido Socialista, porque puede ser que esta sea la primera gestión realizada por el señor Taguas a favor de las grandes empresas de la Asociación sin ánimo de lucro Seopan.
En cuanto al resto de la moción, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una serie de enmiendas parciales cuyo objeto es mejorar el texto de la moción original. Hemos de reconocer en este momento el esfuerzo realizado por el diputado señor Herrera para elaborar el contenido de esta moción y el espíritu que le ha guiado de avanzar normativamente en una realidad existente, que por sí no tiene que ser negativa, pero que sí debe ser lo más transparente posible para seguridad jurídica de los propios intervinientes, pero, por encima de ello, por un sano ejercicio democrático, cuestión esta que en el caso del señor Taguas y del Gobierno socialista es todo lo contrario: oscurantismo, ejercicio de poder absolutista, vulneración de la ley y mal uso de la democracia.
Como decía, hemos presentado un grupo de enmiendas, hemos mantenido reuniones con el señor Herrera; no hemos logrado que se integren todas las enmiendas que habíamos solicitado y aunque no se puede, formalmente, en beneficio de que esta moción sea aprobada por el conjunto de la Cámara, damos por retiradas nuestras enmiendas en beneficio del espíritu que esta moción conlleva.
Tienen, señores socialistas, una oportunidad de rectificar el error que han cometido y de devolver la decencia de la que hablaba el presidente Rodríguez en su sesión de investidura. Espero que la aprovechen y sepan utilizarla.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Merino.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la diputada señora Malaret.
El Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds atendiendo estrictamente al contenido de la moción, después de leerla con detenimiento y también teniendo en cuenta la legalidad vigente. La moción presentada constituye una batería desordenada de propuestas más o menos consistentes en las que se mezclan sin orden ni concierto consideraciones de oportunidad, reproches a decisiones relativas a la aplicación de la ley con propuestas para crear comisiones de control parlamentario de los lobbies, algo inaudito en un sistema democrático: el Parlamento controlando organizaciones privadas, controlando a la sociedad civil. Sin comentarios. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Nosotros hemos presentado una enmienda que no ha aceptado negociar ni discutir el grupo proponente, pero que luego ha utilizado en su intervención. El grupo estaba obsesionado con convertir en verdad sus juicios de valor, obsesionado solo en cambiar la ley que aprobamos todos en 2006.
Nosotros queremos avanzar, continuar liderando el proceso de apertura de las instituciones públicas. Los socialistas hemos abanderado en España la lucha por la transparencia; forma parte de nuestras señas de identidad y lo vamos a continuar haciendo. (Aplausos.) A las pruebas me remito, a las propuestas formuladas en el pasado y a las propuestas que formulamos ahora. En su momento, en 1983, se aprobó la primera Ley de Incompatibilidades para crear un marco claro de responsabilidades y funciones, una ley posteriormente modificada para endurecerla, en 1991 y en 1995, y en la legislatura pasada dimos un paso más, avanzamos cualitativamente, puesto que superamos la vieja idea de las incompatibilidades, esta que todavía está presente en la terminología y el espíritu de la moción, para ir más allá. En plena sintonía con las propuestas avanzadas por los grupos de trabajo constituidos en el seno de la OCDE adoptamos un marco legal que toma en consideración no solo hechos sino actitudes y apariencias. Nos situamos en la perspectiva de la prevención y remedio de los conflictos de intereses reales y aparentes.
La Ley de regulación de los conflictos de intereses de 2006 endurece las obligaciones de informar durante el ejercicio del cargo y con posterioridad al cese, refuerza el régimen de prohibiciones durante y ex post y crea la Oficina de Conflictos de Intereses dotándola de autonomía funcional, de manera que el ministro o la ministra no puede y no debe impartir instrucciones sobre la aplicación de la ley que se encomienda a la Oficina de Conflictos de Intereses. Por ello, porque actúa sometida a la más estricta legalidad, no tiene sentido parlamentarizar la institución. Sería tanto como sustraerla de la legalidad para que actuara con criterios de oportunidad. Es una de las leyes que se sitúan entre la avanzadilla de Europa, con estándares exigentes; una ley acorde con las directrices de la OCDE; una ley reciente que todavía no ha tenido
suficiente recorrido y en cuya revisión la prudencia obliga a no precipitarse, a no modificar en caliente las prohibiciones establecidas, especialmente cuando estas se refieren al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al desempeño del cargo.
La propia OCDE recomienda equilibrio, prudencia, inteligencia en la imposición de limitaciones, especialmente cuando atañen a las actividades a desarrollar con posterioridad al ejercicio del cargo. Exigencias desmesuradas pueden tener efectos perversos. Controles excesivos, prohibiciones ilimitadas son incentivos para buscar subterfugios y recovecos y no podemos perder de vista que en un sistema democrático, en el que la defensa de los derechos y libertades es un valor preferente, toda medida restrictiva de un derecho debe respetar el canon de proporcionalidad.
De la Ley de 2006 se ha hecho ahora una aplicación rigurosa atendiendo a la literalidad de los preceptos legales. En la aplicación de la ley no caben interpretaciones flexibles, no cabe imponer razones de oportunidad.
Este es un supuesto para el que podríamos recurrir a la vieja expresión de Max Weber cuando indicaba que lo propio de la Administración es la aplicación indiferente de la ley. Todo debía estar reglado, como lo está en este caso. Ahora bien, la controversia generada pone de relieve que hay que continuar avanzando en la senda de la transparencia. Debemos -y esto proponíamos-, como Parlamento, extraer enseñanzas del análisis sosegado del caso. Por ello, los socialistas proponemos adoptar medidas en la misma dirección en la que se orientan las resoluciones adoptadas por las instituciones europeas; un abanico de medidas que nos deben permitir establecer un marco estructurado con relación a las actividades de las distintas organizaciones en sus relaciones con las instituciones públicas. El objetivo es incrementar la transparencia, apostar por el control social de las relaciones entre poderes públicos y organizaciones privadas y, con ello, contribuir decididamente a aumentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Los socialistas creemos que las administraciones públicas son una herramienta fundamental para la libertad y la igualdad, y como confiamos en la Administración pública, para nosotros la confianza en las instituciones es fundamental y trabajaremos para reforzarla e incrementarla. Este es un gran objetivo, un objetivo de interés general y de gran relevancia colectiva. Todos debemos avanzar en esta dirección y por ello, para trabajar seria y razonablemente en la dirección de más confianza en lo público y más transparencia en las relaciones que traman la esfera pública, pido a todos los grupos de la Cámara que voten no a la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y así nos podamos poner a trabajar todos de manera conjunta para definir un nuevo marco de relaciones entre instituciones públicas y organizaciones privadas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Malaret.
A los efectos de la votación, pregunto al señor Herrera si confirma la información que ha llegado a la Presidencia de que no aceptará la inclusión de ninguna de las enmiendas presentadas.
El señor HERRERA TORRES: Señor presidente, no aceptaremos ninguna de las enmiendas presentadas. Pedimos la votación separada del epígrafe I por un lado, del punto 2 al 6 por otro, y luego del 7 en adelante. Por último, tiene razón la señora Malaret. No es tan ordenada como el paso del señor Taguas...
El señor PRESIDENTE: No, no, señor Herrera...
El señor HERRERA TORRES: ...como el paso del señor Taguas a Seopan, ni mucho menos.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE ADOPTARÁ EL GOBIERNO PARA REACTIVAR LA CREACIÓN DE EMPLEO ANTE LA ACTUAL CRISIS ECONÓMICA. (Número de expediente 173/000003.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al examen de la moción del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas que adoptará el Gobierno para reactivar la creación de empleo ante la actual crisis económica. Tiene la palabra el señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una moción que contiene una propuesta de política económica para superar la actual situación de crisis, para cortar la hemorragia del paro y recuperar lo antes posible el crecimiento económico creador de empleo. Estamos en crisis, de eso ya no hay ninguna duda, pero hay un camino conocido para salir cuanto antes de ella; por eso, con esta moción el Partido Popular quiere transmitir a la sociedad española un mensaje de confianza en la capacidad de nuestra economía. Desgraciadamente, no es un mensaje de confianza en el Gobierno y el Partido Socialista, que durante cuatro años solo se han acordado de la economía para gastar más de la cuenta, para provocar una ausencia de política de competencia que ha promovido esta elevada inflación y, en definitiva, para no hacer nada y promover un déficit exterior que nos ha hecho muy vulnerables ante la crisis financiera mundial. Ahora ha llegado la crisis y en pocos meses nos hemos desinflado. Estábamos a la cabeza de Europa en crecimiento económico y en estos momentos, ya no cabe ninguna duda, estamos en la cola. Han sido necesarios esos cientos de miles de
pérdidas de puestos de trabajo para que el Gobierno reaccione, despierte de su siesta y lo ha hecho con unas medidas realmente pobres y desordenadas.
Lo que nosotros proponemos en la moción es todo lo contrario: una propuesta coherente y ordenada de actuaciones sobre los diferentes ámbitos de la economía española para recuperar cuanto antes su capacidad de crecimiento económico creador de empleo. Es una propuesta de política económica especialmente dirigida a las pequeñas y medianas empresas y a las familias, que son las que están sufriendo el problema y también son las que constituyen el depósito de nuestra solución. Realmente la propuesta aborda los ámbitos de restaurar la confianza en la economía española, para lo cual promovemos reformas en el marco institucional, reformas a la hora de promover la estabilidad presupuestaria, el ajuste de todas las administraciones públicas.
Promovemos medidas para apoyar el crecimiento económico y la creación de empleo a través de reformas, como ya he tenido ocasión de presentar en la Cámara, del IRPF para los compradores de vivienda; de bajada del impuesto sobre sociedades para la pequeña y mediana empresa, con actualización de balances para todas las empresas que pagan el impuesto sobre sociedades, y reformas laborales donde lo que hacemos es tomar la medida de los 400 euros, que el Gobierno plantea mal y de la que deja fuera a los contribuyentes con menor capacidad económica, y pasarla a una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de los trabajadores para que de esa manera realmente el beneficio fiscal llegue precisamente a los que menos renta tienen. También promovemos cambios como la reducción de la cotización al Fondo de Garantía Salarial y, en definitiva, promoción de reformas laborales que entendemos que son absolutamente necesarias en el momento que estamos viviendo.
También insistimos en la importancia de luchar contra la subida de los precios a través del incremento de la competencia, en definitiva dando competencia a los sectores estratégicos de la economía: la energía, las comunicaciones, el transporte, la distribución comercial y los servicios a empresa y abogamos por la unidad de mercado promoviendo una ley de unidad de mercado, la liberalización del sector de los servicios, en fin, presentamos un conjunto ordenado de políticas sin olvidar que la mejora de la competitividad se tiene que centrar en las pequeñas y medianas empresas y en los trabajadores autónomos promoviendo también el comercio exterior, la investigación y el desarrollo, con especial énfasis en la innovación y en el papel de las TIC como promotoras del crecimiento económico, en los programas para facilitar la vivienda, en el desarrollo potente de las infraestructuras como un motor de nuestro crecimiento económico y en definitiva, insisto, en lo que significa el desarrollo de las nuevas tecnologías impulsando la rápida instalación de fibra óptica para una mejora de la eficiencia económica.
Abordamos también la política energética, que sin duda alguna es uno de los grandes desafíos que tiene la sociedad española en el momento actual, velando por aumentar la competencia en todos los proyectos, procesos de generación y comercialización energética y promoviendo las energías renovables, con el ánimo de reducir la dependencia de fuentes energéticas externas en nuestro país, así como las conexiones internacionales y el desarrollo ante las autoridades europeas del mercado interior de la energía.
Señorías, la propuesta del Partido Popular a esta Cámara es una propuesta realista. Es una propuesta que ya anuncio que desarrollaremos en diferentes iniciativas parlamentarias y por tanto buscaremos el acuerdo con los demás grupos de la Cámara no solo respecto a esta moción sino en cuanto al desarrollo concreto de esas iniciativas parlamentarias. Ahí es donde realmente podremos coincidir seguramente, puesto que ahora estamos ante una propuesta sin duda alguna completa, ambiciosa, aunque también puedo entender determinadas reticencias como seguramente tendré ocasión de escuchar desde la tribuna de este Congreso de los Diputados. Por eso anuncio ya la intención de mi grupo de desarrollarla en forma de iniciativas.
Señor presidente, finalizo con la presentación de lo que ha sido el fundamento de una política que tiene su origen en una política conocida y reconocida en la sociedad española, una política que ha sido la causante del crecimiento económico creador de empleo que hemos vivido en nuestro país. No es una solución mágica; solo es una política que asigna correctamente los recursos del país al servicio de la iniciativa y del trabajo y por tanto realmente es una política apropiada para el momento que estamos viviendo y en definitiva para impulsar la recuperación, el crecimiento económico y la creación de empleo.
Muchas gracias, señor presidente. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! - Aplausos.)
Para fijar posiciones, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto.
Señora Díez, tiene la palabra.
De lo expuesto por el señor Montoro comparto el criterio que le llevó a plantear la interpelación y que le lleva a plantear esta moción. La palabra innombrable y lo que ella contiene -crisis- existe. Existe la palabra y existe la crisis. Nos guste llamarla así o no nos guste, lo que no creo que se puede es gobernar o seguir gobernando contra la realidad, porque eso tiene muy malos resultados para todos. Naturalmente no puedo apoyar esta moción, que es una manera de presentarnos el programa económico, o 22 de los folios del mismo, con que el Partido Popular se presentó a las elecciones. Aquí, señorías, estamos para plantear iniciativas concretas de
impulso o de control al Gobierno. El señor Montoro ha dicho que tendremos la oportunidad de discutir iniciativas concretas -yo misma presentaré alguna de ellas-, pero tiene que entender el señor Montoro -lo sabe bien y por eso, creo, ha mencionado en la última parte de su intervención estas cuestiones concretas- que si él no es partidario -como evidentemente no lo es- del programa económico electoral o del programa de Gobierno del Partido Socialista y del Gobierno de la nación, yo tampoco soy partidaria del programa del Gobierno, pero tampoco lo soy del programa del Partido Popular. Nosotros tenemos el nuestro propio y no me parece que aquí podamos venir en un turno de moción a defender o a que se nos pida posición sobre un programa completo. Por eso, porque no me parece serio -dicho en términos coloquiales y absolutamente respetuosos-, no me parece serio que utilicemos el trámite para lo que el trámite no está previsto.
No he planteado ninguna enmienda, no tendríamos tiempo para debatirlas porque tendríamos que haber formulado un montón de ellas y no una de totalidad, pero, por fijarme solo en uno de los puntos que claramente no compartimos, me referiré al punto 2.2., que se titula reforma laboral. Yo creo que es una muestra, un ejemplo de cómo en esta propuesta se suplanta la necesaria concertación social entre sindicatos, asociaciones patronales y el propio Gobierno. No se nos puede dar como una propuesta para ser votada. Es una suplantación en toda regla, a la que se le añade por una cuestión de oportunidad la famosa medida de los 400 euros, que hace dos o tres semanas rechazamos como una iniciativa desafortunada para enfrentarse a la crisis económica que vivimos, una iniciativa desafortunada del Gobierno de la nación y hoy es una iniciativa desafortunada y extendida. Señor Montoro, esto tampoco me parece serio, así que por esto mismo, votaremos en contra.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto también, la señora Fernández Davila.
Vamos a posicionarnos a propósito de la moción presentada y defendida por el señor Montoro y desde luego tenemos que hacerlo en contra de la misma por una razón muy sencilla. Acabamos de finalizar una campaña electoral hace muy poquito y el Bloque Nacionalista Galego en todo momento defendió un programa económico completamente diferente al del Partido Popular y, de manera específica, en la alternativa que desde el Bloque Nacionalista Galego entendemos es necesario dar a la situación de crisis o desaceleración económica que vivimos en este momento.
No compartimos desde luego el programa económico del Gobierno y hace quince días posicionamos a nuestro grupo en relación con el real decreto, pero desde luego no coincidimos absolutamente en nada con lo que presenta el Partido Popular; incluso con aquellas cuestiones que pueden tener en la nomenclatura un título que podríamos compartir para incentivar el empleo, después no estaríamos de acuerdo con las medidas que impulsaría el Partido Popular para incrementar ese empleo. Hay dos cuestiones que tienen que ver con la estabilidad presupuestaria con las que no estaríamos de acuerdo en absoluto, que son las reflejadas en los puntos 1.2.2. y 1.2.5, porque ya nos posicionamos en su momento respecto de la ley que el Gobierno presentó y que este Congreso aprobó. En definitiva, pensamos que esta no es la alternativa para superar la crisis que se avecina y creemos que la solución no va por el recorte del gasto social ni el recorte del gasto público, sino que va justamente por que desde las administraciones se impulsen medidas que permitan desarrollar políticas sociales y gasto público.
No digo nada inesperado si anuncio el rechazo de mi grupo parlamentario a esta propuesta del Grupo Parlamentario Popular, pero sí coincido con el Grupo Parlamentario Popular en la gravedad de la crisis. Probablemente, a tenor de los datos de este momento, estamos con crecimiento económico por debajo del 2 por ciento en este año y probablemente también con decrecimiento del sector de la construcción, con un impacto que será muy grave en los próximos meses y aún más a la vuelta del verano. Por lo tanto, compartimos la gravedad del impacto de la crisis financiera, compartimos también la preocupación por la fragilidad y el desequilibrio de nuestra economía -y no la robustez- y compartimos también la preocupación por el empleo o, mejor dicho, por el desempleo en nuestro país, sobre todo a la vuelta del verano cuando tenga que verse si las empresas continúan y los empleos de nuevo se mantienen. Nosotros creemos que esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular no es la iniciativa de choque que se necesita frente a la crisis. Para denominarla de alguna manera, si la interpelación fue exuberante, porque lo fue y el señor Montoro lo es, la moción es inconmensurable. Fíjense, 22 folios, 114 medidas. ¡Chiquito plan! Ante esto, el plan Goelro de electrificación de todas las Rusias es un díptico, señorías, solamente un díptico. Por lo tanto, nuestro grupo parlamentario no está de acuerdo con la forma; pero es que tampoco estamos de acuerdo con que haya algún grupo parlamentario de la Cámara que desconozca cuál es su situación en la Cámara. Nosotros sabemos cuál es la nuestra, bastante disminuida, pero el Grupo Parlamentario Popular tiene que saber que no tiene en
sus manos la presentación del programa de Gobierno; que puede presentar propuestas, pero que no es la labor del Grupo Parlamentario Popular presentar un plan de Gobierno, que es lo que nos trae a esta Cámara. Por esas razones, aunque sean solamente razones de forma, ya nosotros no votaríamos esta iniciativa.
Tenemos además razones de fondo, que tienen que ver con esta propuesta del Partido Popular, que saludamos por lo intervencionista y por lo detallado -ya no es solamente la izquierda la que detalla la política económica y la que interviene en la economía-, aunque no estamos de acuerdo con su orientación. Medidas liberales que, ante la crisis, proponen la reducción de lo público, una política presupuestaria restrictiva, una nueva contrarreforma fiscal, nuevas privatizaciones, nuevas liberalizaciones en materia de servicios; en definitiva, viejas recetas liberales que en nuestra opinión no son anticíclicas ni abordan la crisis. Además, no estamos de acuerdo con las propuestas que hace el Grupo Parlamentario Popular para apuntalar el ladrillo; es decir, el Grupo Popular ignora una parte de las causas de la crisis, las causas de fondo, la financialización de la economía y el ladrillo. Pues bien, el Grupo Popular apuntala ambos elementos, que en nuestra opinión deben cambiar en las próximas fechas si queremos tener una economía sana; es decir, cambiar el modelo de desarrollo para que nuestro modelo de desarrollo sea más justo, más equilibrado y más sostenible. Por otro lado, no estamos de acuerdo con la iniciativa del Grupo Popular en la parte fundamental, que afecta a trabajo y empleo, porque en nuestra opinión propone una serie de medidas que no van en el camino correcto. De alguna manera, podemos decir que apuntan al problema pero ignoran a los afectados, ignoran a los desempleados, ignoran a los precarios e ignoran también a los que tienen un empleo frágil en nuestro país.
En ese sentido, nosotros volvemos a reiterar, en primer lugar, que la alternativa debe ser reconocer la crisis, que no la apocalipsis -son cosas distintas crisis y apocalipsis, no nos pasemos en la frenada-; en segundo lugar, retomar la iniciativa pública anticíclica -en nuestra opinión, muy importante- y, en tercer lugar, adoptar medidas también en materia activa y pasiva de empleo junto con los agentes sociales, de acuerdo con el diálogo social. Esas son nuestras posiciones, que hemos defendido en esta Cámara, que volvemos a defender, que nos diferenciaron del decreto del Gobierno y que hoy nos diferencian claramente de la propuesta del Partido Popular, exuberante e inconmensurable.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, señores del Grupo Popular, señor Montoro, no alcanzo a entender, al igual que el resto de los diputados de mi grupo, lo que pretende el Grupo Popular al presentar la moción que hoy debatimos. No es serio, a nuestro juicio, que mediante una iniciativa de estas características trate de colarnos de rondón todo el programa electoral de su grupo en lo relativo a la cuestión de la economía, en el sentido más amplio. La economía es lo suficientemente seria y el momento en el que nos encontramos lo suficientemente delicado como para no frivolizar presentando un conjunto de supuestas medidas cuya intención es acaparar el interés de los medios de comunicación. Como ustedes bien saben, sin realizar un diagnóstico profundo, sin consensuar medidas, sin evaluar su impacto y costos económicos, no es posible plantear nada serio.
Nuestro grupo parlamentario ha defendido ya en varias ocasiones a lo largo de la presente legislatura la necesidad de abordar en profundidad la cuestión económica, la necesidad de elaborar un diagnóstico compartido y la de consensuar las medidas de política económica más eficaces y eficientes. Frente a una pose ante la galería, lo que proponemos es abordar la situación con la seriedad y serenidad que la misma requiere.
El mes próximo debatiremos en esta Cámara el límite de gasto no financiero para el año 2009 y las sendas de déficit o superávit para los próximos tres años. Ese es un buen momento para realizar una profunda reflexión en torno a la política económica. El límite de gasto que se plantee y el déficit o superávit dependerán, entre otras cuestiones, del nivel de presión fiscal que se decida, en definitiva, de más o menos impuestos, del mayor o menor impulso a la inversión productiva, del impulso a las políticas I+D+i, etcétera. De esta manera podremos hablar de medidas en el marco adecuado y no como un popurrí de actuaciones que van en múltiples direcciones y cuyos efectos y costes son imprevisibles y desconocidos.
Señor Montoro, señores del Grupo Popular, compartimos lo que la moción señala en su preámbulo al referirse a las características de la situación económica. Creemos que hay que profundizar en el diagnóstico y que faltan algunos elementos importantes, pero su preocupación por el aumento del desempleo, el déficit exterior, el diferencial de inflación con la Unión Europea, etcétera, es también la preocupación de nuestro grupo parlamentario. Lo que no creemos, insisto, es que la solución sea la de aplicar sin más la retahíla de medidas que nos proponen. Además, si me permiten, quisiera referirme de manera específica a alguna de ellas que al leerlas me han preocupado especialmente. Reclama el Grupo Popular la independencia y transparencia de los órganos reguladores de la Comisión Nacional de Energía, de la Comisión Nacional de Competencia, del Mercado de las Telecomunicaciones o del Mercado de Valores, a la vez que reclama que sus presidentes, vocales y consejeros sean elegidos por mayoría cualificada. He de decirles al respecto que han sido ustedes, junto con el Partido Socialista, los responsables únicos de la politización
de dichos órganos y de la utilización partidaria de los mismos. Reclaman independencia y transparencia, pero, señor Montoro, ¿qué hicieron ustedes cuando gobernaban? Habría mucho de que hablar sobre ello, pero no es este el momento.
La necesidad, por otra parte, de mayoría cualificada supone de facto un derecho a veto por parte de los grupos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista, y deja fuera de juego a los grupos minoritarios.
Señor Montoro, a nuestro juicio la regla de la mayoría absoluta es impecable desde el punto de vista democrático. Tampoco creemos necesario volver a la vieja Ley de Estabilidad a la que, como usted bien sabe, llamábamos Ley Montoro y que modificamos con el apoyo de la mayoría de los grupos de esta Cámara. Controlar el techo de gasto de las comunidades autónomas, como ustedes plantean, no sé si es o no legal -supongo que no-, pero me parece, en todo caso, inadecuado, irrespetuoso e impresentable. Ante medidas de este tenor, siempre estaremos en contra.
No compartimos en absoluto su idea de recentralización y repliegue competencial. Apostamos por el pleno desarrollo estatutario y poder, así, ejercer desde el ámbito autonómico el conjunto de competencias que nos corresponden según nuestro Estatuto de Autonomía. Hay que cumplir con la primera descentralización antes de adentrarnos en la segunda que ustedes plantean con el fin de descafeinar el ámbito de la política autonómica.
Nos preocupan -y también quiero manifestarlo- sus intenciones más o menos ocultas o más o menos explicitas cuando se refieren a aprobar una ley de unidad de mercado, de crear una comisión nacional de unidad de mercado, a desarrollar un plan nacional de I+D+i y crear un fondo nacional de excelencia investigadora y tecnológica, así como impulsar un acuerdo también nacional sobre la vivienda, entre otras cuestiones. Nos preocupan porque les conocemos y sabemos lo que quieren decir cuando hablan en estos términos. Sospechamos desde luego que nada positivo se puede de ello derivar para los planteamientos e intereses de nuestro grupo parlamentario. De todas formas, cojo su invitación, señor Montoro, para poder debatir los temas económicos puntuales que vayan orientados a objetivos muy concretos. Por ello, hoy no podemos apoyar esta moción, la vamos a votar en contra, pero reitero, asimismo, la voluntad de nuestro grupo parlamentario de participar y trabajar en el Congreso en la búsqueda de un consenso, de un diagnóstico y de unas políticas económicas que la actual coyuntura y situación económica requieren.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán va a votar en contra de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular por varias razones que rápidamente SS.SS. entenderán, y posiblemente algunos diputados del Partido Popular lleguen a comprender la motivación y los planteamientos de Convergència i Unió. En primer lugar, señor Montoro, la campaña electoral, afortunadamente, ya ha finalizado. Ni estamos en precampaña electoral ni estamos en campaña electoral, donde todos los partidos de todas las formaciones políticas hacemos unas manifestaciones y unos pronunciamientos importantes sobre cuáles son todas nuestras propuestas económicas. Ustedes -ya lo han manifestado algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra- han planteado una moción con 22 páginas en las cuales está una parte muy importante del programa electoral del Partido Popular. Es cierto, y no tengo ningún complejo en reconocerlo, que hay algunos planteamientos, consideraciones y propuestas económicas que coinciden con las de Convergència i Unió. Ustedes podrían haber tenido la sensibilidad de presentar algunos temas concretos y básicos orientados a la generación de empleo, a la modernización del mercado de trabajo, pero han perdido una gran oportunidad de plantear cuestiones que son muy sensibles a la economía española y en las que probablemente nos habríamos puesto de acuerdo con bastante facilidad.
Al mismo tiempo, señores del Partido Popular, señor Montoro, me gustaría manifestar algunos posicionamientos de nuestro partido que pienso que han de tener en cuenta. En primer lugar, señor Montoro, usted plantea un nuevo sistema de financiación en igualdad de condiciones para todas las comunidades autónomas, y ustedes continúan ignorando que hay una propuesta de un nuevo Estatuto de Autonomía en el caso de Cataluña, que también es extensible a otras comunidades autónomas, en el cual ya existe un modelo de financiación perfectamente establecido y votado en esta Cámara, que es una ley orgánica y de obligado cumplimiento. Por tanto, en el futuro, señor Montoro, le agradecería que, cuando precisen la colaboración de Convergència i Unió, no intenten otra vez con sus propuestas criminalizar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, porque está aprobado por esta Cámara. No es menos cierto que no contamos con el concurso y la colaboración de su grupo parlamentario, pero se aprobó por la mayoría suficiente para que esta ley sea de obligado cumplimiento. Por tanto, por favor, no continúen ignorando que hay un Estatuto aprobado, que hay un nuevo sistema de financiación que se ha de poner en marcha rápidamente, aunque sea sin el consenso de todas las formaciones políticas, porque si bien es cierto que en el año 2001 existió un consenso de todas las formaciones políticas y que cuando usted era ministro de Hacienda se puso en marcha un nuevo sistema de financiación, no es menos cierto que en el año 1993 ustedes se opusieron al sistema de financiación que nuestro grupo parlamentario pactó con el Grupo Parlamentario Socialista, y ustedes no
solamente no lo aprobaron, sino que plantearon sendos recursos de inconstitucionalidad a través de la Comunidad Autónoma de Galicia y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Por tanto, no pidan consenso cuando usted sabe perfectamente que ustedes en estos momentos no quieren el consenso, para imposibilitar la puesta en marcha del nuevo Estatuto de Cataluña. Esta es una primera consideración importante que les agradecería. Si ustedes quieren contar con nuestro concurso y colaboración o con la sensibilidad de que miremos con cierta simpatía sus propuestas, no nos hagan estos planteamientos, que, repito, van en la dirección de criminalizar una ley orgánica aprobada por este Parlamento la pasada legislatura.
Hay otra cuestión que pienso que es interesante que ustedes sepan. En el punto 3.2, en la unidad de mercado, van en la dirección contraria, de incautar o coartar competencias de las comunidades autónomas con respecto a cuestiones relativas al comercio interior. En este aspecto también he de decir, señor Montoro, que nosotros estamos en el polo opuesto. Estamos en la unidad de mercado, en la defensa de todas aquellas materias en las que comunidades autónomas tienen competencia exclusiva, como es en comercio interior, y tampoco nos podríamos poner de acuerdo porque aquí también están ustedes coartando las competencias de las comunidades autónomas y dinamitando algunas cuestiones que son competencia exclusiva de las mismas, como son todos aquellos aspectos que hacen referencia a las competencias en comercio interior. Por tanto, por estas dos motivaciones fundamentalmente, nuestro grupo se va a oponer con firmeza y con solvencia a esta propuesta que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señoras y señores diputados, por razones de diagnóstico, por razones de oportunidad política y por inconsistencia de la moción del Grupo Parlamentario Popular, mi grupo parlamentario va a votar en contra de la misma.
Hace unos días el señor Montoro decía en la Comisión de Economía que la economía española necesitaba de ruedas nuevas. Nosotros prestamos atención a esta expresión por si había alguna idea debajo de la misma.
Pues bien, tenemos que decir que no, que las llamadas ruedas del señor Montoro ni eran nuevas ni eran buenas. El señor Montoro en aquel momento y a lo largo del contenido de la moción nos propone que continuemos haciendo las mismas cosas que veníamos haciendo, que se construya un número elevado de viviendas, viviendas que difícilmente se venderán, pero para las cuales no solamente mantiene los estímulos fiscales hoy existentes sino que es partidario de incrementar las ayudas públicas.
Nosotros no compartimos este diagnóstico sobre lo que hay que hacer en la economía española. En España, como en el resto de los países industriales, se ha vivido a lo largo de los últimos años una inflación de activo que, expandiéndose por el gasto y la inversión, se ha apoyado en una apelación permanente al endeudamiento. Este modelo está en el límite de sus posibilidades y hay que hacerle girar hacia actividades más productivas y competitivas. En ese sentido, hay que favorecer la movilidad de los recursos productivos, el capital, el trabajo, los trabajadores y la tecnología, para que puedan emerger nuevas actividades.
Este giro se puede lograr, como se lograron otros giros similares en la economía española, y tenemos mayores posibilidades porque ya no formamos parte de la zona baja del escalafón. Lleva tiempo. Así lo han dicho los agentes sociales y así lo piensan los ciudadanos, quienes someten a algunas formaciones políticas al castigo, a la cura de la razón cuando se exceden en sus planteamientos.
Señor Montoro, en primer lugar, nosotros creemos que hay una salida a la crisis en esta sociedad y que esa salida a la crisis en la situación difícil que padece la economía española en esta sociedad pasa por preservar la solidez del edificio, por conseguir una estructura flexible y competitiva, por ser capaz de buscar amplias zonas donde haya más capacidad, más cualificación y mayor conocimiento, y no pasa por una solución que se imponga a los demás. No pasa por los bajos salarios, no pasa por un marco fiscal agresivo y regresivo, no pasa por unas instituciones de protección social debilitadas, no pasa por unas relaciones sociales antagónicas, no pasa por que alguien quiera traer aquí una tensión entre trabajadores y empresarios, cuando ni la CEOE ni los sindicatos proponen estas soluciones. En segundo lugar, nosotros, como otros grupos, tenemos que señalar que no es precisamente la oportunidad lo que ha alumbrado su iniciativa. Nosotros estamos dispuestos a dialogar con todas las fuerzas sociales de esta Cámara, pero sí quiero manifestar que si alguien piensa que el Gobierno del PSOE va a tener como línea de actuación el repertorio de medidas extraídas del programa electoral del Partido Popular, vive en una total y absoluta alucinación. (Aplausos.) Querer, a través de una moción, que se apruebe el programa electoral que la derecha política presentó y con el que obtuvo una significada derrota es ignorar sus propias posibilidades y, desde luego, actuar con una carencia total y absoluta de realismo político. En tercer lugar, hay un problema de consistencia que han expuesto algunos compañeros que han intervenido antes que yo. Ustedes han optado por un acarreo asistemático de ideas, por una profusión, por 114 iniciativas -como bien ha dicho Gaspar Llamazares-, todas ellas diferentes y de escasa consistencia. Ustedes han definido en el plano un campo y podrían haber sido capaces de dibujar una integral, pero yo me pregunto, ¿cuál es el hilo conductor de su propuesta? ¿Qué tiene de común esta mezcla heterogénea y abigarrada de proposiciones?
Sinceramente, ¿cómo se calificarían? A mí me parece, señor Montoro, que si algo caracteriza su iniciativa es la falta total y absoluta de voluntad de trabajo. Para hacer cosas con algún rigor y con alguna consistencia, hay que emplear algo de tiempo y usted ha renunciado al empleo de ese tiempo en el día de hoy. (Aplausos.)
Termino, señor presidente. En política, uno puede acertar o puede equivocarse y hemos visto ambas posibilidades. Yo a ustedes les he visto obedecer a la derecha purpurada y es verdad que, aparte de obedecer a la derecha purpurada, les hemos visto enfrentarse a la brunete mediática. En los últimos días les hemos visto, en medio de una cordialidad orgánica muy ostensible, entretenerse y divertirse con ese tipo de sucesos que a veces ocurren en la vida orgánica de los partidos, pero hay una cosa a la cual no estoy acostumbrado. No estoy acostumbrado a ver, como algunos pretenden, que quienes perdieron las elecciones terminen siendo ganadores. Hoy lo he visto; hoy he visto que nos ha traído aquí una especie de entremés, con un guión que no funciona y que ha hecho que la representación haya carecido, en todo sentido, de interés y, por eso, nosotros nos vamos a oponer a ella.
Pregunto al señor Montoro si acepta la enmienda que ha sido presentada o si, por el contrario, la rechaza.
Rechazamos esa enmienda porque sería desnaturalizar realmente el contenido de nuestra propuesta.
Si me permite, señor presidente,...
El señor PRESIDENTE: No, señor Montoro.
En este debate, comprendo que deseara hacer alguna manifestación pero está perfectamente tasado y, por decisión unánime de la Junta de Portavoces, S.S. en este momento debe limitarse a lo que ha dicho, a manifestar que no acepta la enmienda.
En consecuencia, muchas gracias pero no tiene la palabra.
El señor MONTORO ROMERO: Quería pedírsela, señor presidente, en virtud del artículo 71.1, reclamando el juicio de la Presidencia cuando en el desarrollo de los debates se hicieran alusiones que impliquen juicio de valor. No es reabrir el debate.
El señor PRESIDENTE: Señor Montoro, un momento.
Tenemos tiempo para poder actuar con sensatez y con tranquilidad. ¿En qué considera S.S. que ha habido una alusión que afecte a la conducta de su persona?
El señor MONTORO ROMERO: ¿Conducta o juicio de valor?
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, sobre la conducta o su persona.
El señor MONTORO ROMERO: Solo es una expresión utilizada por el señor Azpiazu que entiendo no refleja lo que es la realidad.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué expresión ha utilizado?
El señor MONTORO ROMERO: La expresión es: ya nos conocemos.
(Risas.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Montoro, le ruego que antes de contestar a esa alusión la concrete en su totalidad y en todos sus términos para ver si le puedo conceder la palabra. Tenga la bondad de concretar la expresión.
El señor MONTORO ROMERO: La alusión se refiere, señor presidente, a que detrás de esa expresión está...
El señor PRESIDENTE: Señor Montoro, no tiene la palabra. Tenga la bondad de sentarse. (Aplausos.)
- DACIÓN DE CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LA VIII LEGISLATURA A LA CÁMARA DE LA IX LEGISLATURA.
(Número de expediente 062/000001.)
El señor PRESIDENTE: El último punto del orden del día, y antes de proceder a las votaciones de las proposiciones no de ley y mociones, hace referencia a la dación de cuentas que ha efectuado la Diputación Permanente del Congreso de la VIII Legislatura para la IX. Ha sido repartido el informe. ¿Se puede aprobar por asentimiento de la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobado.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones de los asuntos examinados en la sesión.
En primer lugar, lo haremos de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la cesión del cuartel del Bruc, en Barcelona, a las administraciones públicas catalanas. Esta proposición no de ley se votará con la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Mixto y aceptada por el grupo proponente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 26; en contra, 300; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia queda rechazada la citada proposición no de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PRESENTAR SENDOS PROYECTOS DE LEY DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985 DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 162/000031.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se insta al Gobierno a presentar sendos proyectos de ley de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los términos en que ha sido presentada la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 27; en contra, 302; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BARKOS), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL POLÍGONO DE TIRO AÉREO Y BOMBARDEO DE BARDENAS FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA JUNTA DE BARDENAS. (Número de expediente 173/000001.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Mixto, relativa a la posición del Gobierno ante la finalización del contrato de arrendamiento del Polígono de Tiro Aéreo de Las Bardenas Reales. No ha sido aceptada ninguna enmienda. En consecuencia, se vota la moción en los términos en que ha sido presentada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 27; en contra, 301; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre relación entre política y los lobbies o grupos de presión. Ha sido solicitada votación separada del epígrafe I de esta moción, que es el que ahora pasamos a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 157; en contra, 171; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el epígrafe I de la citada moción. A continuación, pasamos a votación los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del epígrafe II de la referida moción.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 156; en contra, 172; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del epígrafe II.
Pasamos, a continuación, a votar del epígrafe II los puntos 7, 8, 9, 10, 11 y el epígrafe III completo; es decir, el resto de la moción.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 16; en contra, 311; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la parte que antes se mencionó de la moción.
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE ADOPTARÁ EL GOBIERNO PARA REACTIVAR LA CREACIÓN DE EMPLEO ANTE LA ACTUAL CRISIS ECONÓMICA. (Número de expediente 173/000003.)
El señor PRESIDENTE: Votamos, por último, la moción del Grupo Popular, sobre las medidas que adoptará el Gobierno para reactivar la creación de empleo ante la crisis económica. No se ha aceptado ninguna enmienda. Por consiguiente, se vota el texto de la moción en los términos en que ha sido presentada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 139; en contra, 187; abstenciones, dos.
Se suspende la sesión hasta mañana a las dieciséis horas.

References: artículo 71
 artículo 71
 artículo 75
 artículo 137
 Real Decreto 
 artículo 71
 Real Decreto 
 artículo 27
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 16
 artículo 71