Source: http://jmoraf.blogspot.com.es/2014/04/
Timestamp: 2017-04-25 22:16:11+00:00

Document:
La SGAE decidió impugnar el cobro de esta pensión por parte de Bautista después de que el Juzgado de lo Social número 40 de Madrid, al pronunciarse sobre la demanda que el expresidente había presentado por despido improcedente, considerara que este no tenía una relación de carácter laboral con la entidad, aunque hubiera desempeñado funciones de
Las pruebas testificales realizadas durante el juicio, señala la sentencia, evidencian que el cargo de presidente del Consejo de dirección "no determinaba el control y la voluntad de los integrantes de
la junta directiva". Además señala que aunque es cierto que Bautista nombraba a 12 miembros de la Junta, en este órgano había un total de 38,
sin que pueda entenderse que su voluntad estuviera "viciada" y firmaran
sin libertad el contrato y la póliza de seguros.
El hecho de que se declarara que el contrato que vinculaba a Bautista con la SGAE no tenía naturaleza laboral sino mercantil no convierte en nulos las protecciones sociales que se pactaron a su favor, añade la sentencia. Estas prestaciones sociales pudieron suponer "un coste económico muy considerable para la SGAE, pero fue voluntariamente aceptado, documentado, fiscalizado y con dictámenes jurídicos que no pueden hacernos pensar que el consentimiento de 38 miembros 'ilustres' estuviera viciado". Además de al pago de la pensión, el Juzgado ordena a
Vidacaixa que abonar 183.886 euros a Bautista en concepto de las mensualidades por su pensión que no ha cobrado desde el 25 de junio de 2012.
Fuentes de la SGAE han asegurado que no tienen previsto recurrir esta sentencia y que son partidarios de aceptar la decisión de los tribunales. No comments:
Casi seis años han pasado ya y todavía no ha tenido bastante la máquina financiera del país a la hora de engullir recursos de la economía. Un sector que según Zapatero estaba sano y se perfilaba como uno de los más
sólidos de Europa (ese Señor Presidente que para luchar contra la crisis, miró para otro lado, la negó, como negó su alcance, y que da conferencias de economía a 60.000 euros la pieza), pero que después de un plan de rescate, de la creación de un “banco malo” que limpiase de activos tóxicos los balances de los bancos y de una reestructuración que
se ha llevado por delante buena parte del sector; después de todo eso, seguramente vaya a tener otro nuevo rescate más. Ahora, después de asegurarnos el siguiente Señor Presidente que el rescate con fondos europeos a la banca no supondría ninguna carga para las arcas del
estado y equivocarse o mentir, que no sé qué es peor, resulta que se ha
descubierto un nuevo rescate, esta vez encubierto en forma de aval a nuestro sanísimo sector bancario. El caso es que alrededor de 40.000 millones de euros han sido avalados por nuestro gobierno gracias al decreto ley aprobado de urgencia en noviembre del año pasado, y que facilita “determinadas medidas destinadas a permitir que ciertos activos por impuestos diferidos puedan seguir computando como capital”. En definitiva, se trata de ahorros de impuestos futuros que surgen de pérdidas o provisiones anteriores. Por ejemplo,
cuando un banco detecta que tendrá una posible pérdida, como cualquier empresa, dotará una provisión, que lógicamente reducirá el beneficio de ese año para la entidad, pero que no será deducible fiscalmente hasta que la pérdida sea real. Antes del decreto, si dentro del plazo no había
beneficios suficientes para ahorrarse esos impuestos, éstos se perdían acabado el plazo para poder deducírselos; ahora, el Estado responde de esos créditos fiscales en caso de que los bancos no los puedan usar para
compensar beneficios futuros, de hecho, están garantizados con deuda pública. Esto se hizo para no castigar la solvencia de los bancos, con vistas a que les fuera más fácil superar las pruebas de estrés europeas,
siendo la manera de compensar la desventaja comparativa con los bancos de otros países europeos, donde se pueden deducir estas provisiones con cargo a devoluciones de Hacienda de impuestos pagados en ejercicios anteriores. Ni qué decir que ya intentará nuestro sector bancario hacerse con todo lo que pueda de esta cifra. Por tanto, ¿cómo queda la cifra final del rescate cargo a nuestro bolsillo? - Dinero público inyectado por el FROB: 61.361 millones, para el rescate a las entidades con problemas, donde destaca, por su volumen, la
inyección a Bankia: 22.424 millones. Aquí está incluido el rescate europeo, aunque no se incluye el rescate a la CCM, ya que aún no existía
el FROB. De este dinero se dan por perdidos 37.000 millones por ahora. - Los Esquemas de Protección de Activos o garantías contra pérdidas futuras: algo más de 15.700 millones. Gracias a estas EPA, las entidades
compradoras de los bancos y cajas con problemas se encargaban muy bien de hacer aflorar todas las pérdidas ocultas posibles y sanearlas a costa
de estas medidas. Este dinero es directamente déficit público. -Pérdidas procedentes del pago de la SAREB a los bancos por la compra
de los activos, que ha sido considerado por Bruselas superior en un 70-75% al precio real de mercado, lo que supone un sobrecoste para las arcas del estado. En definitiva, se trata de un montante estimado por Bruselas de algo más de 20.000 millones. -Partida de casi 3.000 millones debida a ajustes varios en la CAM y BANKIA (cómo no, que se apunta a todas). Tenemos
la cifra final, que recientemente el Tribunal de Cuentas del Congreso ha reconocido, de 107.913 millones. Con lo que una familia de 4 miembros
ha colaborado con algo más de 8.000 euros para el saneamiento de nuestro comprensivo, humano y bien amado sistema bancario. Si
a esto le añadimos que esta familia puede estar pasando dificultades por estar afrontando una situación de desempleo y que puede estar en una
situación de riesgo de impago de su hipoteca, tenemos la ecuación perfecta: el banco que entre todos hemos saneado (o quizás aún no del todo), procederá a renegociar con el cliente, dotando además una provisión por la insolvencia del crédito hipotecario de la que se beneficiará al aplicarse la medida de aval de créditos fiscales. En definitiva, no sé si se podría calificar a este rescate como un “rescate a la española”, lo que sí sé es que choca con el sentido común de manera clamorosa. Ha pasado de no ser necesario porque teníamos un sistema financiero saneado y fuerte, a necesitar una serie de pequeños ajustes con unos créditos europeos que “devolverían las propias entidades” y, finalmente, a una situación donde 250.000 millones de euros (una cuarta parte del PIB) se ha volatilizado entre activos tóxicos y pérdidas, donde nuestro sistema financiero ha absorbido casi 150.000 millones de euros de las arcas del estado, a donde presumiblemente poco o nada será devuelto.
Siendo además este uno de los pocos casos donde la operación no fue rentable: en casi todos los países donde se rescató a toda o parte de la
banca, el gobierno, como mínimo ha recuperado la inversión, siendo el caso más espectacular Estados Unidos, donde su gobierno parece haber hecho un buen negocio. La pregunta vuelve a ser ¿no hubiera sido más barato dejarles quebrar? No comments:
Izquierda Unida ha presentado un escrito para que el Gobierno explique si las fuerzas de seguridad están empleando equipos GI2 de la empresa israelí Verint,
que permiten obtener los números de teléfono, geolocalización y otros metadatos, de los móviles que están en un área de 500 m. alrededor del equipo.
El cabeza de lista del PP para las próximas elecciones del 25 de mayo ha
despreciado hoy a los "partidos pequeños que pululan por ahí" y que aspiran a conseguir algún escaño en el Parlamento Europeo. "Votarles no sirve para nada,salvo para que su diputado viaje y cobre dietas", sentenció Miguel Arias Cañete en el Foro Madrid, en una clara alusión a la formación de ultraderecha Vox liderada por su excompañero de partido Alejo Vidal-Quadras.
El Supremo también prohíbe circular en bici por los parques de Zaragoza La sentencia del Tribunal Supremo (TS) que invalida varios puntos de la ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas de Zaragoza (aprobada en junio de 2009) no solo prohíbe el uso de la bicicleta por las aceras,
también por los parques de la ciudad. Esa es, al menos, la interpretación que hacen los técnicos de Movilidad del Ayuntamiento tras
analizar el fallo judicial. La consejera de Servicios Públicos de la ciudad, Carmen Dueso, ha lamentado que el TS equipare una bicicleta con un vehículo a motor, como
una motocicleta. Como consecuencia de ese baremo, se producirían situaciones cuando menos estridentes, como la de que un niño de 10 años -igual que cualquier adulto-, debería circular con su bicicleta por la calzada, pero en cambio no podría hacerlo por un parque, tras la anulación total del artículo 28 de la ordenanza. Desde el Ayuntamiento de la ciudad se critica que la sentencia se basa en una Ley de Tráfico antigua, a pocos días de que entre en vigor la nueva -prevista para el próximo 9 de mayo- en la que, previsiblemente, se desarrollará un reglamento más moderno donde los puntos anulados de la ordenanza volverían a ser legales. El problema con el que ahora deben lidiar los responsables municipales es qué hacer hasta que dicho reglamento -que con la tramitación parlamentaria en Madrid podría retrasarse hasta septiembre- sea aprobado. Para ello se han creado varias comisiones -jurídica, técnica y
política- que deberán marcar una hoja de ruta que "minimice los costes y
las afecciones a los ciudadanos", en palabras de Dueso. Porque una vez que entre en vigor la sentencia, "habrá que cumplirla", por lo que se tendría que empezar a sancionar conductas hasta ahora legales como circular con la bicicleta por la acera o por los parques. Incluso la consejera teme por las concesiones que ofrecen un servicio de
alquiler de bicicletas en la ciudad, a las que, de prohibirles su actividad en los parques, podrían reclamar indemnizaciones. Y algo similar ocurriría con el popular servicio Bizi, que tiene la mayoría de sus estaciones instaladas sobre aceras de la capital aragonesa. Hasta que se aclare cómo queda la situación, sus abonados deberían transportar
su Bizi andando hasta la calzada más próxima. Más anulaciones
De hecho, la cantidad de artículos 'anulados' por el Tribunal Supremo es
considerable. Tal y como señalaron desde el Colectivo Pedalea, desaparecen otros aspectos "muy importantes" como la autorización de remolques para niños, la anticipación en los semáforos, el uso compartido de pasos peatonales, la posibilidad de señalizar las calles en contradirección, la no obligatoriedad del timbre y el uso compartido de zonas peatonales. "Todas estas medidas, junto con otras, hicieron de la ordenanza zaragozana una herramienta útil para promocionar la bicicleta, vanguardista y muy bien considerada por expertos de todo el país. Pero sin ellas la normativa no sirve, pues no recoge un concepto global de política ciclista", lamentan desde esta plataforma. En una línea similar se pronunció el Observatorio Urbano de la Bicicleta. Según su presidente, Pablo Muñoz, "el Supremo avala la tesis de que la bicicleta es un vehículo y su lugar natural es la calzada como
regla general, lo cual es positivo, sin embargo, no ha tenido en cuenta
sus especiales condiciones para facilitar su desplazamiento en calzada ni ha contemplado algunas excepciones de convivencia con el peatón lo cual es negativo".
"Son síntomas de un proceso de fractura social que algunos, desde la Generalitat, han iniciado", asegura Hernando Madrid (EUROPA PRESS).- El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, considera que las últimas agresiones a políticos que se están produciendo en Catalunya se enmarcan en un proceso de crispación y de división que a su juicio está siendo generado
"claramente" por el proceso soberanista que impulsa la propia Generalitat. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Hernando admite "cierta desafección hacia los políticos por parte de la ciudadanía", pero también ha alertado contra "gente que ha utilizado la crisis para fomentar el odio". "Eso lo vemos día a día con estos hechos, pero también en las redes sociales", ha dicho. El dirigente del PP lamenta que haya "gente que llegue a este tipo de agresiones" y confía en que "algunos sean suficientemente sensatos para entender que dividiendo, crispando y sembrando el odio, ningún país se construye, sino que al revés, va para atrás". Según Hernando, "el proceso soberanista está fomentando claramente la crispación", lo cual "no es un buen camino". "Son síntomas de un proceso
de fractura social que algunos, desde la Generalitat, han iniciado -ha añadido-. Un camino clarísimamente equivocado de lo que hay que hacer en
Catalunya, en España y en Europa".
agentes estrenarán uniforme en breve y, aunque no se ha decidido aún el
diseño definitivo, ya se han presentado varios de ellos a mandos del cuerpo y a sindicatos
El frente de los presidentes autonómicos del partido en el Gobierno aparece particularmente inquieto ante el horizonte de las urnas. Y no precisamente las europeas, una cita electoral que, al tratarse de una circunscripción única, su responsabilidad queda algo diluída. Además, las encuestas, por el momento, le resultan favorables a Moncloa, entre otras cosas, porque el principal partido de la oposición no logra levantar cabeza. Su problema son los comicios del año próximo, en el que
habrán de revalidar sus mandatos.
Los mensajes que han recibido hasta ahora tanto por parte del Ministerio
de Hacienda como del propio Mariano Rajoy no resultan, en su opinión, nada tranquilizadores. Temen que la reforma no significará en absoluto un incremento real de ingresos, entre otras cosas, porque ahora hay menos dinero para repartir. Pese a ser conscientes de las dificultades presupuestarias que a todos les afectan, le han hecho saber al presidente que su preocupación aumenta cada vez que Montoro insinúa por dónde van a ir las líneas maestras del nuevo modelo de financiación.
Las economías autonómicas se rigen actualmente por el modelo puesto en marcha bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero que, como recuerda insistentemente Rajoy, todos los gobiernos de las comunidades aprobaron.
Pero la evolución de la crisis, los recortes, los ajustes y las medidas
que viene adoptando Hacienda desde entonces, apenas logran satisfacer a
nadie. El famoso 'sudoku' del que habló Solbes se está convirtiendo en una trampa asfixiante.
El Ministerio de Hacienda, muy en la línea de Rajoy de atemperar los tiempos, apenas ha movido pieza para elaborar una propuesta formal de nuevo modelo. La tensión con Cataluña está demorando que se den pasos en
este sentido, algo que irrita enormemente a los barones más damnificados con el actual sistema de financación. Los agravios comparativos elevan el clima de tensión en los reproches.
El nuevo modelo deberá concretarse una vez que el titular de Hacienda haya despejado las dudas sobre su tan aireada reforma fiscal, que habrá de entrar en vigor en enero de 2015 y que hasta el momento no es más que
una gran incógnita en la que caben todo tipo de sorpresas. Montoro ha lanzado el mensaje de que esta reforma mejorará las condiciones financieras de las comunidades autónomas. Pero el documento elaborado por los expertos convocados por su ministerio se encamina en la dirección contraria. La capacidad de las comunidades autónomas para financiarse a través de medidas impositivas va a verse reducida.
"Nadie sabe si Montoro hará caso de los expertos o irá por otro lado. El
problema es que no nos dice nada", comentaba días atrás el presidente de una importante comunidad autónoma a este diario. Monago, González, Herrera, Fabra o Bauzá, son algunos de los 'barones' que han mostrado en
público su malestar por los 'agravios' que supone el actual modelo y han reclamado mayor celeridad y comprensión a la hora de abordar los cambios.
En forma más discreta pero más imperativa se han mostrado distintos barones mediante mensajes directos al propio presidente del Gobierno. Tanto en conversaciones informales, en encuentros personales y en misivas especiales, estos dirigentes del PP han trasladado a Rajoy su enorme inquietud ante el panorama electoral que se les viene encima. Le han mostrado su absoluta discrepancia con la gestión de Montoro (uno de los ministros más amparados y protegidos en Moncloa) y le han subrayado el riesgo cada día más patente de perder las elecciones de no producirse
un cambio radical en este asunto. De momento, ninguno de ellos ha recibido más respuesta que exhortaciones a la paciencia y a que confíen en que el nuevo modelo tranquilice sus ánimos. "Yo ya lo he advertido. De seguir así, el batacazo va a ser monumental", concluía la fuente mencionada.
Los hechos, que ocurrieron hace tres semanas, han trascendido ahora, tras la agresión sufrida por el líder del PSC, Pere Navarro. Una mujer de mediana edad agarró a Jorge Fernández Díaz por un brazo y le llamó "hijo de puta, fascista y cabrón", tras salir de un restaurante en
el que había celebrado su cumpleaños.
Así lo revela este martes El Mundo, que explica que el ministro celebraba su cumpleaños junto a su familia con una comida en un céntrico
restaurante de la ciudad, situado en el Pasaje de la Concepción -que une el Paseo de Gracia con la Rambla de Cataluña-. A la salida, una
mujer de mediana edad y buena presencia -que había dejado a su marido atrás para acercarse al político- le agarró fuertemente del brazo y le llamó "hijo de puta, fascista y cabrón".
Fernández Díaz, que conducía el carrito de su nieta, se quedó sorprendido por la actitud de la mujer, que siguió insultándole mientras
se alejaba. Los escoltas que acompañaban al ministro no llegaron a intervenir. No comments:
Computerworld Las carreras universitarias en Ingeniería Informática y de Telecomunicación ya no están de moda. Al menos eso se desprende de los datos publicados por el INE, quien asegura que el descenso se viene produciendo a nivel nacional desde el curso 2004-05, pero se ha acelerado en estos últimos llegando a descender a tasas cercanas al 10% el pasado curso, algo muy inferior comparado con el conjunto de ingenierías y arquitectura, cuyo decremento fue del 2,54%. Las causas de esta pérdida de interés son múltiples, como suele suceder en estos casos, pero destacan la falta de regulación profesional de la Ingeniería Informática y la baja relación entre la calidad del empleo y el esfuerzo de la carrera para los estudiantes en ambas. No obstante, está claro que en un entorno de crisis donde se busca cambiar el modelo productivo, España va a necesitar profesionales bien preparados, por lo que la falta de vocación por el estudio de las Tecnologías de la Informaciócarreras informáticos TICn y Comunicación (TIC) puede ser un grave problema de competitividad a medio plazo. Ambiciosas iniciativas Para revertir esta inercia, los centros universitarios que imparten estudios de ingeniería del área informática y de telecomunicación en la Comunitat Valenciana, junto con los Colegios Profesionales de ambas áreas , han convocado el II Concurso de Blogs TICnológicos, en el que también colabora la Conselleria de Educación. Este certamen, que se realizará durante todo el primer trimestre del curso y cuyos premios se entregarán en enero, servirá para incentivar la reflexión acerca de los beneficios que aportan las TIC a la vida cotidiana y premiar el esfuerzo
de los alumnos/as y a los profesores que coordinen los trabajos.
De todas formas, la mejor forma de analizar la deuda es comparándola con
los ingresos del Estado. Gracias a esta comparación, es posible ver la viabilidad de devolver la deuda en un plazo razonable y cuánto supone para el presupuesto el pago de intereses de la deuda.
En la siguiente gráfica vemos la evolución de la deuda total en millones
de euros y el cociente de dicha deuda con respecto a los ingresos del Estado.
Vemos el total descontrol de la deuda, creciendo sin parar en nominal. El peso con respecto los ingresos también está desbocado. Desde 2014, la
deuda total equivaldrá a 5 veces los ingresos del Estado!!
Los intereses en millones de euros no paran de subir desde el fin de la burbuja. Ya estamos rozando los 40.000 M€. El peso de los intereses con respecto a los ingresos, sufrió una bajada importante durante la era de la burbuja. Como se verá después, no es por la bajada de la deuda total,
sino por la bajada del interés de la deuda (prima de riesgo). Ya está alrededor del 14% de los ingresos.
Lo preocupante: -Con la próxima crisis deflacionaria que se aproxima en Europa, la deuda no va a parar de subir.
El resultado de las políticas aplicadas es que España tiene uno de los precios eléctricos para usos domésticos más altos de la Unión Europea, a
pesar de que sus costes en áreas como la distribución o la generación están entre los más bajos de la UE.
El informe aboga además por alcanzar los objetivos medioambientales mediante la competencia y por que las políticas públicas se financien con recursos ajenos a las tarifas eléctricas. Robinson también señala que España sale "relativamente favorecida" con respecto a España en los precios para consumidores industriales. No comments:
La condecoración a la Virgen del Amor acaba en juicio La condecoración a la Virgen del Amor se verá en los tribunales el próximo 11 de junio. El juzgado número 7 de lo contencioso-administrativo de Madrid ha fijado la fecha para la vista por la demanda interpuesta por las asociaciones Europa laica y Movimiento hacia un Estado Laico contra la decisión del Ministerio del Interior de otorgar la medalla al mérito policial a esa virgen. El juzgado obliga al departamento que dirige Jorge Fernández Díaz a entregar el "expediente administrativo" con el que se tramitó la concesión de la más alta condecoración policial. Las asociaciones pedirán en el juicio la retirada de la condecoración a la virgen del Amor al considerar que ni la galardonada ni la cofradía de
la que depende Nuestra Señora María Santísima del Amor cumplen los requisitos para recibir ese tratamiento. La ley establece como méritos para la concesión de esta medalla haber muerto en acto de servicio o sufrir mutilación, dirigir o participar en un servicio de la Policía de "trascendental importancia", haber desarrollado una "actuación extraordinaria y ejemplar" que dote de prestigio al Cuerpo o realizar "hechos análogos" a los citados que impliquen "méritos extraordinarios". La orden dictada por el ministro recogía "valores como la dedicación, el
desvelo, la solidaridad y el sacrificio" por parte de la virgen. A la ceremonia acudieron el secretario de estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó. El máximo
responsable policial afirmó durante el acto celebrado en Málaga que "no
podemos permanecer indiferentes ante el poso de nuestra historia y de nuestro patrimonio cultural y espiritual", porque si ello ocurriera se estaría produciendo un alejamiento "de los valores que han cimentado la sociedad a la que servimos" dijo Cosidó. Luego pidió cobijo y guarda bajo el manto de la virgen para todos los policías. "En un Estado laico no tienen sentido estas intromisiones", expresa el responsable de comunicación de Europa Laica, Juan Picó que, tras recordar que la virgen no cumple los requisitos para la concesión, considera que esta medalla "es una más del ministro Jorge Fernández Díaz". Los demandantes pedirán la retirada de la medalla y esperan que "sirva para ir mentalizando a la sociedad de la separación" de la religión y el
Estado. La del amor no es la única virgen que ha recibido galardones de manos de
Interior, que entregó la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia
Civil a la Virgen del Pilar que, en este caso, es la patrona del instituto armado. La justificación que dio el ministerio en ese real decreto publicado en octubre de 2012 fue que "la honda raigambre del patronazgo de la Virgen del Pilar continúa formando parte del acervo de la Guardia Civil" por lo que consideró oportuno "reafirmar esa vinculación y concederle la Gran Cruz, de manera que siga ostentando la más alta de las categorías que integran la Orden".
que el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, trasladó hace unos meses al presidente Fabra que las elecciones europeas iban a ser para él como un examen, el 25M se ha convertido en cuestión de Estado en la calle Quart. Lejos de desembarazarse de la responsabilidad sobre unos comicios básicamente estatales, Fabra ha asumido el reto y ha
repartido entre sus alcaldes y dirigentes locales la presión de afrontar la cita como unas municipales. Todos se examinan. Y en ello están, peleando por cada voto desde «ya».
El PPCV, desde el comité de campaña regional, ha puesto en marcha una ambiciosa operación para «informar sobre el voto por correo, cómo se hace y ofrecer de paso la propuesta» política del PP. «Es una campaña intensa»,
señalan desde el partido. Desde que se abrió el plazo para el voto por correo (del 1 de abril al 15 de mayo), la campaña coordinada con las estructuras provinciales y comarcales está llevando a militantes a visitar residencias de la tercera edad y el hogar de conocidos que se encuentran «encamados», como reza la propia documentación que portan los
militantes para esta empresa. Estas personas incluso tienen derecho a solicitar un notario para que les tramite el voto por correo al no poder
desplazarse a la estafeta. Un servicio gratuito facilitado por el colegio notarial, explican desde la calle Quart.
Irregularidades en el Ejército español Un militar en activo denuncia desvíos de dinero y contratos fraudulentos en las Fuerzas Armadas. La crisis económica ha sacado a la luz estos últimos años buena parte de
las prebendas, dispendios de difícil justificación, complementos en los
sueldos y prejubilaciones millonarias de las que han disfrutado algunos
políticos, funcionarios, empresarios y dirigentes sindicales de este país. Ninguna institución se ha salvado del escrutinio público. Sin embargo, poco se ha sabido de la situación interna en las Fuerzas Armadas. El teniente Luis Gonzalo Segura de Oro-Pulido (Madrid, 1977) suple esta carencia con su primera novela, Un paso al frente (Tropo Editores), cuyo
título anticipa el presumible castigo al que se va a enfrentar una vez que los ejemplares estén a la venta, puesto que se trata de la primera vez que un militar en activo narra las interioridades de una institución
que castiga con el arresto, y en último término con la expulsión, a aquel que osa disentir en público. Analista de telecomunicaciones. Segura pertenece al Ejército de Tierra desde hace 12 años y en su condición de militar de complemento tiene contrato dentro de las Fuerzas
Armadas hasta 2023, momento en el que, al igual que muchos de sus compañeros que no forman parte de la escala superior o del Estado Mayor,
deberá colgar el uniforme y reintegrarse a la vida civil, aunque él se ha hecho ya a la idea de que difícilmente podrá seguir en el Ejército tras la publicación de este libro. Este teniente en activo trabaja en el acuartelamiento Capitán Sevillano,
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde se ubica el mando de Transmisiones de Tierra. Se trata de un órgano dirigido por un general de división que depende directamente del jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (Jeme), debido a que en dichas instalaciones se centraliza todo el sistema de información y telecomunicaciones del principal cuerpo de las Fuerzas Armadas. La oficina en la que está destinado Segura analiza las telecomunicaciones militares, dota de material informático a las unidades, se encarga de su posterior mantenimiento y, en última instancia, es responsable del buen funcionamiento de todas las telecomunicaciones que realice el Ejército en territorio nacional y en las misiones desplegadas en el exterior. Un área, por tanto, muy sensible. La primera inmersión literaria de este teniente es consecuencia de la “frustración” de intentar cambiar desde dentro, sin éxito, una serie de malas prácticas que ha detectado en Tierra. “Empecé a elevar partes en 2009 para que se solventasen problemas y pensé que cuando un jefe se diese cuenta de que se estaba haciendo algo mal, lo solucionaría. Pero me di cuenta que era muy ingenuo y cándido”, relata. De los partes internos pasó a las denuncias ante la Justicia militar, pero ninguna de ellas ha sido admitida a trámite. “Te
das cuenta de que las capas más altas del Ejército lo que quieren hacer
es esconder, ocultar los problemas, al igual que ha hecho durante un tiempo la Iglesia católica con la pederastia”, explica antes de que su libro salga a la venta, el próximo 21 de abril. En las Fuerzas Armadas, cuando firmas un papel en el que planteas problemas, te conviertes en una persona vigilada con la que tus compañeros evitan cualquier contacto para no dar señales de connivencia.
“Pasas a ser una persona subversiva porque los altos mandos han conseguido identificarse con la propia institución. De tal manera que cuando
tú atacas la gestión, la corrupción, el abuso de autoridad, los privilegios, al final esos altos mandos consideran que lo que estás haciendo es atacar a la institución”. El teniente Segura explica a esta revista cómo detectó el primer caso de presunta corrupción. “Me
encuentro que hay una partida de 60.000 euros anuales destinada a pagar
un producto que no existe. ¿Cuánto tiempo se ha estado pagando? A lo mejor los últimos diez años”. Poco después se dio cuenta de que en su departamento había contratos de compra que se fraccionaban, una práctica extendida dentro de la Administración que el Gobierno de Rajoy intenta atajar con la nueva ley de contratación pública. “Descubrí que una oferta de compra era por una cantidad y luego la compra final, fraccionada, salía por 10.000 euros más. ¿Dónde estaba ese dinero, a dónde había ido a parar?”, se pregunta. Tampoco obtuvo respuesta de sus superiores cuando unos meses después se le pidió que hiciese un inventario de todo el material informático del Ejército de Tierra y descubrió que “había un desfase de existencias de entre el 25% y el 35%, y que ese problema suponía la pérdida de alrededor de cinco millones de euros”, explica. Uno de los capítulos de la novela está dedicado a una sauna que un general recién llegado a su nuevo acuartelamiento exigió para su disfrute personal. Cuando ese general -del que no cita su nombre verdadero- cambió de destino, la sauna quedó en el mismo sitio sin que sus sucesores le hayan dado uso alguno. Segura también habla de la existencia de “salas VIP” dentro de los cuarteles y de clubes militares para oficiales,
como el Club Deportivo de la Dehesa, situado a las afueras de Madrid, “dotado de piscina climatizada, campo de golf y cursos de equitación para sus miembros, a costa del erario público”, así como de otros “caprichos” presupuestarios como las ayudas sociales a los altos mandos para que asistan a cursos de formación en el extranjero o las subvenciones para el alquiler de apartamentos de verano para el personal
del Ejército de Tierra, dotado con un presupuesto global de 210.000 euros para este año. “No denuncio casos particulares de corrupción, sino un problema estructural, muy serio, de las Fuerzas Armadas, que necesitan una gran regeneración”, añade este militar, que ha llegado a solicitar audiencia al actual Jeme, el general Jaime Domínguez Buj, y que considera fundamental que el Ejército acepte una auditoría externa “en toda regla”
y que la Justicia militar “deje de generar impunidad”. Escribir con pseudónimo. Cansado de denunciar sin éxito hechos que a su juicio son delictivos, Segura se planteó hace dos años escribir este libro. En un primer momento empezó con la idea de elaborar unas memorias, para luego decantarse por un relato de diferentes hechos en el que estuviese protegido con el anonimato de un pseudónimo. Finalmente se decidió por esta novela basada en hechos reales debido a una cuestión moral. “A la espera de las consecuencias que me traiga, si tengo que decir algo, prefiero decirlo a la cara”, subraya. Este teniente se arriesga a que le abran un expediente gubernativo por falta grave y que ello desemboque en su expulsión del Ejército. Posiblemente tenga que pasar un tiempo por uno de los centros disciplinarios de la institución, que es como se denominan ahora a las prisiones militares.
“Voy a perder la seguridad económica de seguir en el Ejército durante los próximos diez años y tener, a partir de los 45 años, una prejubilación de 1.200 euros netos al mes hasta la jubilación que, además, te permite trabajar en cualquier otro sitio”,
advierte Segura, quien por fortuna no tiene cargas familiares y a quien
sus compañeros del Capitán Sevillano han empezado a dejar solo en el comedor de la base desde que se supo que había escrito este libro. “Subordinado, pero no siervo”. “Soy una persona subordinada y cumplo las órdenes, pero no soy un siervo. No he tenido ningún arresto en estos 12 años. Me han presionado para que me diese de baja psicológica cuando empecé las quejas y mis calificaciones han ido bajando los últimos años por ello”, se queja. En su opinión, hay “una casta dominante” dentro del Ejército que considera que todos los componentes del mismo son “siervos” y que las Fuerzas Armadas están para servirles a ellos. “La realidad es que los militares somos subordinados, no siervos, y que las Fuerzas Armadas no están para servirles a ellos, sino que ellos están para servirlas”, sentencia Segura. El secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Mariano Casado, reconoce que es
la primera vez que un militar en activo cuenta sus vivencias en las Fuerzas Armadas de manera novelada. “Es un hecho relevante y hay que ponerlo en valor. Su libertad de expresión le ampara y le defenderemos si es necesario”, avisa de antemano. ¿Y qué piensa el Ministerio de Defensa? Un portavoz del organismo prefirió no hacer comentarios por el momento. No comments:
incendio que arrasó la noche del sábado un castillo de fuegos artificiales en la ladera sur de la montaña de Cullera no debió ocurrir.
Horas antes de que se disparara el espectáculo, a la una del mediodía, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia había emitido un fax dirigido al alcalde de la ciudad, Ernesto Sanjuán, para informarle de que el sábado se había decretado un nivel 3 de preemergencia y, por tanto, quedaba prohibido celebrar cualquier tipo de espectáculo pirotécnico en terreno forestal.
En el documento, al que ha tenido acceso Levante-EMV, el oficial jefe de
guardia le advierte de que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat había decretado para la jornada del sábado el nivel 3 de preemergencia por «riesgo extremo de incendio forestal». Estas últimas palabras aparecen escritas en mayúscula.
Con estas condiciones meteorológicas, según el artículo 145 del Decreto
98/1995 del Gobierno valenciano por el que se aprueba el Reglamento Forestal de la Comunitat Valenciana, «quedan prohibidos los espectáculos
pirotécnicos que vayan a celebrarse en terreno forestal o en la franja de 500 metros de alrededor del mismo». Para ser más exactos, el cuerpo de bomberos recuerda al alcalde que se le informa «en relación al castillo de fuegos artificiales de esta noche en la montaña de Cullera».
En concreto, en el conocido como Camino del Calvario, en una zona cercana a viviendas. Junto con el aviso, un mapa ilustrando que Cullera se encontraba en «zona de riesgo extremo de incendio forestal».
Ayer aún quedaban restos del espectáculo pirotécnico. Como es habitual todos los años, ya antes de que empezara el castillo de fuegos, una brigada y un camión de bomberos se encontraba en el aparcamiento del castillo, situado en lo alto de la montaña. De hecho, los trabajos de extinción empezaron antes de que terminara el espectáculo pirotécnico. Todos los años se producen pequeños conatos de incendio, según recordaron los bomberos, que señalaron que este año la intensidad del viento provocó que el fuego se extendiera rápidamente por la ladera sur de la montaña. La actuación de las dotaciones de Cullera, Gandia, Silla,
Catarroja, Alzira, Burjassot, Torrent y Sagunt impidió males mayores, ya que el fuego se acercó a viviendas del barrio de San Antonio y se evacuó a varios vecinos. Ardió monte bajo y matorral seco por la falta de lluvias, y hacia la 2 de la madrugada se daba por controlado, aunque ayer permaneció un retén de guardia.
Un análisis en profundidad de este proyecto de reforma daría para varios post, ya que tiene varias “patatas calientes”: revisión del concepto de copia privada, refuerzo de la sección segunda de la Comisión
de Propiedad Intelectual, canon para universidades y centros de investigación por la reproducción o comunicación pública de grandes fragmentos de obras, etc.
En este post vamos a centrar el análisis en uno de los aspectos de la
reforma que ha generado más polémica, que es la denominada tasa Google o
canon AEDE: los agregadores de contenidos en Internet podrán utilizar sin autorización fragmentos no significativos de contenidos generados por los medios editoriales (como hasta ahora) siempre que a cambio (esta
es la novedad), satisfagan la correspondiente compensación equitativa (lo que viene siendo un canon).
El agregador de noticias por excelencia es Google News (de ahí lo de tasa Google) pero en España tenemos más ejemplos de agregadores como Menéame. ¿Qué es un agregador de noticias? El propio Google lo explica en su blog: El
objetivo del producto es acercar a los lectores a las mejores y más relevantes fuentes de información y conocimiento, así como con opiniones
y puntos de vista autorizados de todo el planeta. La idea es que los lectores estén el menor tiempo posible en Google Noticias y se dirijan a
las webs de los editores. Para leer artículos completos, los usuarios tienen que pinchar sobre el enlace de la noticia para dirigirse al sitio
web del editor. De hecho, todos los meses Google envía más de 10 mil millones de visitas a editores de noticias de todo el mundo.
A más audiencia, más ingresos por publicidad para los editores y para
el propio Google claro, que es quien controla la mayor parte del negocio de la publicidad on line en España y a nivel mundial.
Esta tasa o canon que el Gobierno quiere introducir en la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual resulta cuanto menos llamativa, sobre todo por un factor: los medios pueden controlar su presencia en Google News (hay herramientas que permiten a los editores no aparecer en Google News si no lo desean), pero claro las visitas que reciben gracias a Google News son muy importantes (lo que genera ingresos publicitarios) por eso al final casi todos quieren formar parte
del “sistema”. Los medios que forman parte de AEDE quieren que Google (y resto de agregadores) paguen por reproducir parcialmente contenido de
sus publicaciones pero al mismo tiempo no quieren salirse de Google News porque saben que eso les deja fuera de juego dentro del negocio de la publicidad on line.
En mi opinión, la razón de ser de esta tasa es más política que otra cosa, no merece la pena buscar justificaciones legales, ni de negocio ni
de otro tipo. Y es que se juntan varios factores: los grandes grupos editoriales que forman parte de AEDE llevan bastante tiempo lanzado mensajes de auxilio al Gobierno ante el delicado estado de sus finanzas.
Es un lobby muy poderoso (por tanto hay que hacerle caso), así que con la situación actual de las arcas públicas, hace falta buscar alguien que
aporte dinero fresco… Y Google es un candidato ideal, ya que está en el
punto de mira del gobierno (al igual que otras multinacionales) porque gana mucho dinero por las actividades comerciales que desempeña en nuestro país, pero esas ganancias no se traducen en recaudación de impuestos para las arcas públicas, como muy bien explicó aquí Juan Luis Redondo en este post.
Para justificar la tasa,
AEDE acusa a Google de lucrarse a su costa sin poner nada a cambio: “se
aprovechan del esfuerzo ajeno y en contra de los emprendedores que producen los contenidos, crean empleo, cotizan, pagan impuestos en España y han sido protagonistas de buena parte del desarrollo real de la
Resulta que este discurso de AEDE me recuerda mucho al de los operadores de telecomunicaciones, con Telefónica a la cabeza. Muchas veces hemos podido escuchar al Sr Alierta arremeter contra Google
por aprovecharse de las fuertes inversiones en las que incurren los operadores: las infraestructuras de telecomunicaciones las pagan los operadores y un buen trozo del pastel de los beneficios de los negocios que se aprovechan de estas infraestructuras se lo lleva Google… Pero el lobby de las telecos es mucho menos poderoso que el de los medios editoriales, por lo que sus quejas de momento han caído en saco roto, si
bien la esperanza es lo último que se pierde…
Para salir de este embrollo, Google España apuesta por la negociación según ha publicado en su blog corporativo: seguimos
defendiendo que los acuerdos comerciales con los editores de prensa son
una solución ganadora para ambas partes y serán siempre preferibles a regulaciones impuestas que dañan la innovación, pilar de la recuperación
económica. Entonces, ¿por qué el Gobierno y AEDE prefieren la solución regulatoria? Supongo que no habrá consenso en la cifra económica que se esconde tras ese “acuerdo comercial”…
Pero bueno, siendo realistas y llegados a este punto, yo creo que la solución menos mala es que copiemos a nuestros vecinos franceses: los editores, con ayuda del Gobierno, llegaron a un acuerdo económico con Google (poniendo como excusa su servicio Google News): 60 millones de euros para un “fondo de ayuda a la transición digital”. El acuerdo lo anunció el propio Hollande con Eric E. Schmidt (Presidente ejecutivo de Google). Mejor esta opción que introducir una regulación que atenta contra las reglas de juego de Internet y que además podría acabar como Alemania, que introdujeron una tasa similar a la que propone el Gobierno
y resulta que el único agregador que no la paga es precisamente Google (porque alcanzó un acuerdo comercial con el editores al margen de la tasa…).
Inocencia Zofío, a punto de cumplir el 1 de mayo 104 años, debe abandonar la casa en la que ha vivido las últimas siete décadas. Su hija
Beatriz, de 70 años, que vive con ella, está convencida de que, en cuanto salgan por la puerta, no les dejarán volver. Sin embargo, una portavoz del Ministerio de Hacienda, propietaria del edificio del número
9 de la calle de Bailén, asegura que solo tendrán que abandonarlo mientras duren unas obras de mantenimiento prescritas como necesarias por los técnicos del Ayuntamiento de Madrid. Estas, en principio, están estimadas en seis meses de duración, asegura la misma portavoz. El auto del juzgado que ha ordenado el desalojo tras un largo litigio que arrancó en 2009 —los vecinos reclamaban quedarse en sus casas mientras se realizaban las obras—, también condena a los cuatro vecinos del inmueble a pagar cerca de 90.000 euros por las costas del proceso y por los gastos producidos por no poder hacer antes los trabajos de mejora. Todo comenzó hace casi una década, cuando la dueña del edificio falleció
sin descendencia. Por esa razón, la propiedad pasó a ser del Estado en septiembre de 2006. El Ministerio de Hacienda, asegura la misma portavoz, se encontró entonces con un informe negativo del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid fechado ya en 2001: el edificio estaba en malas condiciones y había que arreglarlo. Los peritos aseguraron, además, que los vecinos debían de abandonar el piso mientras
se acometían las obras. Sin embargo, la mayoría de los cinco propietarios se negaron a hacerlo, porque temían que, una vez salieran, nunca volverían a entrar en unos pisos que ocupan de alquiler desde hace muchas décadas, por lo que pagan
rentas muy bajas: Inocencia abona 51 euros al mes, cuenta Beatriz y su hermana Cristina en salón de la casa, donde nacieron tanto ellas como sus hermanos. "Nos han condenado estas vistas", añaden, ante la mirada de la anciana, en referencia a imagen que se puede disfrutar desde el balcón de su casa, de 170 metros cuadrados: los jardines de Sabatini y el Pacio Real. Están convencidas de que no podrán volver y Hacienda aprovechará para vender un edificio que les ofrecieron comprar a todos los vecinos hace unos años por tres millones de euros. No lo pudieron pagar, dice Beatriz; como ahora no pueden pagar la indemnización que les
pide el juez. Así que, mientras van empaquetando buscan otra vivienda para Inocencia que saben que tendrá que ser en otra zona más barata de Madrid. La anciana tiene varias pensiones que suman 1.200 euros y Beatriz, otra de 600. El abogado experto en arrendamientos urbanos Rafael Serrano asegura que los inquilinos tienen lo que se llama "derecho de retorno", es decir, que los contratos solo se suspenden mientras duren las obras y los inquilinos podrán volver cuando los trabajos terminen. Eso sí, advierte,
tienen que dejar muy claro al propietario un contacto para que les sea notificado el fin de las obras. Sobre una posible indemnización para poder pagar una casa mientras tanto —algo que también han reclamado los vecinos—, el especialista explica que solo es aplicable si se demuestra que los daños en el edificio son por culpa de falta de mantenimiento por
parte del propietario, algo muy difícil de probar con edificios tan antiguos, añade. Asimismo, Serrano explica que es habitual pedir el desaolojo del edificio cuando se trata de reformas de cierto calado, y más si se trata de vecinos mayores, como en este caso. Inocencia tiene buen aspecto —"tengo muchos años, pero aún bailo", bromea—, de hecho, asegura que baja y sube las escaleras hasta el cuarto
piso, sin ascensor, en el que vive. Lo hace por unas escaleras estrechas que lucen los mordiscos de las catas que ha ido haciendo los técnicos en los últimos años. Beatriz y su hermana juran y perjuran que las obras que necesitan el edificios no son para tanto, pero ya están bastante resignadas a empacar y marcharse, aunque han hecho un último intento en forma de carta a los ministros de Hacienda y de Justicia en las que,de su puño y letra, les comunica que no se va a ir, que tendrán que echarla los guardias. A su edad, combina los momentos en que domina la nebulosa en su mente con los de lucidez. Durante estos últimos, pregunta a veces a sus hijas: “¿Qué pasa? ¿Al final nos tenemos que ir?”. Parece que sí.
El número de propietarios con más de 10 pisos se duplica durante la crisis En
tiempos en los que el número de desahucios se dispara, en los que cada vez más personas tienen problemas para afrontar el pago de su hipoteca, también hay cacereños que no dejan de acumular patrimonio inmobiliario a
su nombre. En algunos casos, incluso más de una decena de viviendas. Y no son casos particulares, ni siquiera tan extraños. Son
1.712, según los datos actualizados de la Dirección General del Catastro, los titulares de entre once y más de 50 pisos y locales en la provincia de Cáceres. El dato, que ya es llamativo por sí mismo, aún lo es más si se compara con el mismo registro al inicio de la crisis. En 2007 la cifra de cacereños multipropietarios al más alto nivel no llegaba al millar. Eran 834 exactamente. La mayoría de quienes tienen la suerte de disponer de algún inmueble en propiedad solo cuentan con uno. Son 199.428 sobre un total de 343.365. La estadística es de un 58 por ciento. También los hay que tienen dos bienes (75.371), tres (34.766) o cuatro (15.748). Curiosamente son menos quienes tienen cinco bienes (7.446) que los que cuentan entre seis y 10 (8.894).
Casi todos estos números son crecientes en relación a los de 2007 cuando la crisis se encontraba en sus albores aunque ni siquiera pudiéramos intuirlo. Entonces, sirva la referencia, había 70.000 propietarios menos que ahora. Más de 19.000 aumenta la cifra de titulares de dos inmuebles:_56.231 hace siete años y 75.371 ahora. Aún más espectacular, si se diseccionan los datos que recoge el Catastro
sobre Cáceres, es la parte que alude a quienes cuentan con más de 10 bienes a su nombre. En este caso, los efectos de la crisis pasan de largo. Tanto que se ha duplicado el número de titulares de más de una decena de propiedades urbanas. El crecimiento es de un 105 por ciento, ya que pasa de 834 personas o empresas a 1.712. 92 de ellas tienen a su nombre en el registro más de 50 bienes. En 2007 eran 70.
Un auge notable si se tiene en cuenta que cada vez son más quienes tienen dificultades para cumplir con el banco y pagar su préstamo hipotecario. A finales de 2012 la media era de tres desahucios al día en Extremadura. Los números de ejecuciones hipotecarias son nítidos. En 2007 fueron 120 en Cáceres. En 2013 se multiplicaron por encima de tres hasta llegar a 395. «2014 va a ser peor», advierte el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Eugenio Molano. Pese a ello, hay una parte de la sociedad cacereña que parece inmune al azote de la crisis. La explicación es simple, apunta Mercedes de la Montaña, son personas que no han visto mermado su poder adquisitivo y que ya están aprovechando los precios para comprar. Para esta profesional de la inmobiliaria Manuela Pérez no hay motivos de sorpresa en la estadística:_«No
es extraño que aumente el número de quienes tienen varios pisos. Hay muchas personas que han invertido todos sus ahorros en vivienda, sobre todo en los últimos meses». De la Montaña aclara:_«Lo que buscan es rentabilidad y la bajada de los tipos de interés les ha abierto los ojos. Muchos retiran los ahorros para comprar». Según la Sociedad de Tasación el precio del metro cuadrado de Cáceres ya es el más bajo entre las capitales de provincia (1.114 euros). En las empresas del sector ponen ejemplos concretos, clientes que ya tenían varios pisos antes y que ahora aprovechan las rebajas. «Hace poco
uno me decía que estaba preocupado. Tiene varios pisos y bastantess sin
alquilar. Son casos normales» subrayan en la inmobiliaria Manuela Pérez. Uno
de sus clientes más conocidos, rehuye ser citado o aparecer en esta información. Da el perfil de multipropietario: acumula siete pisos y apartamentos en Cáceres y otros muchos en zonas costeras. Las rentas que obtiene con el alquiler compensan con creces el disgusto anual por el recibo del IBI.
Hacienda quiere mejorar el nivel de idiomas de los empleados públicos
con un curso de seis meses de duración y formación 'online'. El Gobierno exige a la empresa adjudicataria incluso que establezca un "sistema de motivación y control de partipación". Cada alumno recibirá una clase telefónica de 30 minutos cada dos semanas.
El nivel de inglés en la Administración General del Estadotodavía es deficiente, o si se quiere, no lo suficientemente óptimo. Prueba de ello
son los continuos contratos que firma el Estado con academias privadas para que mejoren el dominio del idioma de Shakespeare entre los empleados públicos. El último de esta ristra es el que acaba de adjudicar el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dirigido por Cristóbal Montoro, "con el fin de perfeccionar el conocimiento de la lengua inglesa" de los funcionarios "mediante el aprendizaje a través de una plataforma de formación 'online', complementada con clases telefónicas y aulas virtuales". El importe del mismo asciende a 600.000 euros, manteniendo el precio inicial de licitación.
Según consta en el pliego de prescripciones técnicas del contrato, consultado por Vozpópuli, la Subdirección General de Formacióndel Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), dependiente de la cartera de Montoro, prestará este servicio a un mínimo de 6.000 funcionarios. El curso tendrá una duración de seis meses lectivos y cada
alumno recibirá una clase telefónica de 30 minutos cada dos semanas. El
coste de las llamadas correrá a cargo de la empresa adjudicataria.
Asimismo, los empleados públicos dispondrán de un aula virtual, donde habrá utilidades de aprendizaje como "artículos, vídeos, canciones, juegos, películas y libros". Todo valga para que expresiones del tipo "relaxing cup of café con leche", como pronunció la alcaldesa de Madrid,
Ana Botella (PP), ante el Comité Olímpico Internacional (COI), quede sólo para los gurús de la oratoria-espectáculo.
Entre los requisitos fijados por el departamento de Montoro a la firma contratada resulta llamativo el que obliga a la misma a "establecer un sistema de motivación, control de participación y aprovechamiento de los
alumnos para que cumplan la programación del curso establecida en la guía de seguimiento, y un sistema de consulta de dudas con los tutores".
En concreto, el pliego detalla que, además de las clases, cada alumno tendrá a su disposición a un tutor nativo, sin que este servicio suponga
tampoco gasto alguno de comunicación para el funcionario. La ratio no podrá superar los 75 alumnos por tutor.
El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) ha adjudicado el contrato a la empresa Oxford University Press, "teniendo en cuenta que su propuesta resulta económicamente la más ventajosa". En el expediente de Hacienda únicamente figura el nombre de otra firma que ha participado
en el procedimiento abierto, pero que "ha sido excluida por no haber presentado la documentación en tiempo y forma". Se trata, en este caso, de Élogos SL.
Por un importe menor, 76,230 euros, la cartera de José Manuel Soria recurrió a dicha academia para cubrir necesidades en el manejo de inglés
en "en aspectos tales como vocabulario y expresión a utilizar en reuniones, negociaciones y conferencias de alto nivel". La duración del contrato es aquí de dos años: desde el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015.
Otra de las firmas del sector que recibe frecuentes adjudicaciones de este tipo por parte del Estado es Aula Intercultural SL. Esta sociedad resultó ganadora el pasado diciembre del concurso abierto por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), dependiente del Ministerio
de Economía y Competitividad, para impartir cursos de inglés a 54 de sus trabajadores, incluido personal directivo. El coste del encargo alcanzó los 66.528 euros por nueve meses lectivos de clases, preferentemente a nivel de negocios, tanto individuales como grupales.
Según revela la BBC, tras años de investigación de la Hacienda británica, pactó tributar tan solo 12 millones. Ya tiene pendiente un juicio por corrupción. El patrón de la Fórmula Uno, Bernie Ecclestone, evitó pagar 1.200 millones de libras (1.456 millones de euros) en impuestos en el Reino Unido en 2008 al alcanzar un acuerdo con la Hacienda británica, revela hoy la BBC. Según la cadena pública, tras ser investigado durante nueve años por HMRC (Hacienda británica), Ecclestone llegó supuestamente a un pacto para tributar solamente la cantidad de 10 millones de libras (12 millones de euros) por unos fondos familiares que tenía en el extranjero. El programa de investigación Panorama de la BBC dará esta noche detalles
del caso tras haber tenido acceso a documentos empleados durante el juicio en Alemania contra el magnate británico, de 83 años. Según asegura el consejero delegado de la Fórmula Uno, que afronta en ese país cargos de corrupción por supuesto soborno a un funcionario bancario, solo durante el pasado año pagó más de 50 millones de libras (60,7 millones de euros) en concepto de impuestos en el Reino Unido. La investigación llevaba a cabo por Panorama se remonta al año 1995, cuando Ecclestone se aseguró la propiedad de los lucrativos derechos de televisión de la Fórmula Uno y al poco tiempo trasladó sus activos fuera
del Reino Unido, cediéndole los derechos a Slavica, su entonces esposa. Slavica transfirió los fondos una cuenta familiar en Liechtenstein antes
de venderlos a cambio de un enorme beneficio por el que no tributó en el Reino Unido. Si se demuestra que Ecclestone controlaba esos fondos, algo que él siempre ha negado, el directivo podría tener que hacer frente a esos más
de 1.200 millones de libras en impuestos en Gran Bretaña, de acuerdo con la BBC. Además, según esta emisora, podría tratarse de la mayor artimaña fiscal cometida a nivel individual en la historia del Reino Unido. Pese a haber negado ejercer el control de dichos fondos, ha trascendido que desde que se separó de su segunda esposa en 2009, Ecclestone recibía
pagos procedentes de Slavica por valor de 60 millones de libras (72,8 millones de euros) al año. En las transcripciones de documentos legales a los que accedió la BBC, uno de los abogados que ayudó a gestionar los fondos de la familia Ecclestone, Frederique Flournoy, señaló: "En el verano de 2008, Hacienda
ofreció concluir el asunto si pagábamos 10 millones de libras. Decidimos pagar". De acuerdo con ese letrado, esa cantidad es la que percibe en concepto de intereses cada seis semanas la familia Ecclestone. Por otro lado, según la BBC, un abogado de la familia dijo que Bernie Ecclestone no había ejercido ningún control sobre la gestión de los fondos y apuntó que las transcripciones contenían errores.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que representa a
1,5 millones de empresas, ha interpuesto una denuncia contra el Gobierno ante la Comisión Europea para que la UE actúe de oficio contra España y obligue a las Administraciones Públicas a pagar en los plazos previstos y cumplir la normativa europea. Y es que, pese a la entrada en vigor de la Ley de Morosidad, el sector público sigue sin pagar a tiempo, y además está trabajando en varios trámites para alargar los trámites legales de plazo, incumpliendo así la
directiva europea sobre morosidad. Bruselas puso en marcha un buzón anónimo de denuncias, para evitar las represalias contra los proveedores, y la de la PMcM es la primera que se
interpone desde España. Incumplimiento "Existe por parte de las administraciones españolas una falta de cumplimiento de la normativa europea y de la propia normativa española en materia de morosidad con relación a los plazos de pago", reza el documento presentado en Bruselas, según recoge el diario Expansión. Y es
que la Administración pública paga de media en un plazo de 111 días, muy por encima de los 30 que marca la Ley, según una encuesta de la propia Plataforma. En este caso, los principales culpables son los ayuntamientos y las comunidades autónomas, ya que el Estado sí que cumple la ley en la mayoría de los casos. De hecho, en el cuatro trimestre de 2013 se registró por primera vez un plazo de pago inferior a 30 días. Pero las quejas de las pymes no se refieren tanto a este aspecto, sino a
los cambios legales que estudia la Administración, para poder saltarse con impunidad los plazos de pago. Cambios legales La Plataforma recuerda que el Gobierno modificó el año pasado el artículo 216 de la Ley de Contratos del Sector Público, para que el inicio del plazo de pago no se haga en la fecha en la que se presta el servicio, sino cuando se aprueban las certificaciones de obra. Consideran que esta medida genera inseguridad jurídica. "Es evidente que
el artículo es totalmente contrario a la normativa", denuncia la PMcM. Y es que la directiva europea señala en su artículo 4 el inicio del cómputo del plazo de pago "desde la recepción de la factura o solicitud de pago equivalente, o en caso que la fecha sea dudosa, a partir de la recepción de los bienes o la prestación del servicio". El otro aspecto que critica la plataforma es el anteproyecto de Ley de Financiación Empresarial, que permite instaurar el conforming para todos
los sectores de actividad. Se trata de una fórmula de pronto pago a través de un banco, con un coste para el acreedor, propia del comercio, y
que implica que la entidad financiera pueda cobrar al proveedor una comisión o unos intereses. La plataforma señala que esta situación "es totalmente contraria a los principios de la Directiva europea", y que en este caso "no hay protección alguna por parte del Estado a estas empresas". La Comisión Europea se reunirá próximamente con miembros del Ejecutivo para discutir el asunto, y realizarán una serie de preguntas sobre las modificaciones legales que denuncian las empresas. En caso de que las empresas tengan razón, multará al Gobierno.
Froilán, el nieto díscolo del Rey, suspende 2º de la ESO de nuevo y entra en Diversificación El nieto primogénito de los Reyes de España, hijo de la infanta Elena y de Jaime de Marichalar, ya suspendió el pasado curso después de dispararse en el pie con una escopeta. Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, el nieto primogénito de los Reyes de España e hijo de la infanta Elena y de Jaime de Marichalar, está pasando por problemas con los estudios. El adolescente, de apenas 15 años, ha suspendido por segundo año seguido 2º de la ESO y entrará el
año que viene en 3º de la ESO pero a través de la Diversificación, una clase de contenidos más sencillos, al no poder seguir repitiendo el 2º curso, según asegura la revista 'Sálvame'. Froilán aún tiene tiempo para encauzar sus estudios, pues empezó a repetir tras el incidente en el que se disparó en un pie mientras manejaba una escopeta cuando pasaba unos días con su padre. El pequeño infante ha dado muestras en muchas ocasiones de su carácter rebelde. Durante este verano se aseguró que tuvo un incidente con un primo suyo, Pablo Urdangarín Borbón, hijo de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarín, a quien amenazó con clavar un pincho de madera de los que se
utilizan para la carne. El joven también ha dado en alguna ocasión muestras de su fuerte carácter, como este verano en Mallorca al increpar a los fotógrafos que no paraban de retratarle junto a su familia.
Como era de esperar, las revolving door giran cada vez más rápidamente y
no solo entre las empresas -preferentemente del Ibex- y los ex políticos o/y sus familiares (ay ese hijo fotógrafo del ex Presidente Felipe Gonzalez, tan fundamental para la empresa Indra que lo incorpora a
su plantilla después de comprar su start-up tecnológica) los hay con suerte) sino también empiezan a girar entre las Administraciones Públicas y el Poder judicial que debe de controlar la legalidad de sus actos. Milagros del cuarto turno. Ya comentamos en su momento el caso del Magistrado del TS procedente del cuarto turno y sobre todo de la Caixa http://hayderecho.com/2013/09/27/de-la-caixa-al-tribunal-supremo-el-magistrado-defensor-de-la-banca,
pero como no ha pasado nada, seguimos con las puertas giratorias, aunque ahora en un escalón muy inferior. No en vano el Poder Judicial es
el último bastión que le queda por conquistar a la partitocracia…y precisamente los Juzgados unipersonales son los más resistentes. O lo eran.
Efectivamente, la juez Elsa Puig, titular del juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 de Barcelona conoce bien la Administración autonómica catalana y a los que mandan en ella. La conoce
desde dentro. Fue abogada de la Generalitat (en 1992, representó como abogada a la Generalidad en el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional (TC) por el grupo parlamentario del PP y el presidente del Gobierno contra algunos artículos de la Ley del Parlamento catalán 23/1991, de Comercio Interior) http://www.congreso.es/public_oficiales/L5/CONG/BOCG/E/E_021.PDF
y posteriormente ostentó el cargo de subdirectora general de Gestió i coordinació de la Direcció General d’Assumptes Contenciosos del Gabinet Juridic de la Generalitat de Catalunya.
En nuestro caso, a la jueza le ha tocado conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del Ayuntamiento de Cabrils de poner a disposición de la Generalitat los datos del padrón municipal y los instrumentos necesarios para la posible
celebración de una consulta sobre el futuro político de Cataluña recurrida por el presidente del partido Alianza Central Demócrata, Alejandro Rusiñol. Pues bien, después de acordar la suspensión cautelar de la cesión, la Jueza acuerda levantarla http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/09/catalunya/1397064637_112695.html en base a una serie de argumentos bastante asombrosos que pueden encontrar aquí https://drive.google.com/file/d/0Bz-1Adnm5XcneTF0cXlkVWZFczQ/edit?usp=sharing.
Nada menos que 15 folios de farragosas disquisiciones jurídico-políticas para un Auto que deja sin efecto una medida cautelar…
entre otras cosas con argumentos como que no hay ninguna cesión de datos todavía y que cuando la haya sin duda habrá una ley que la de cobertura suficiente, aunque sea la ley catalana de consultas. Todo un desafío para cualquier jurista con sentido común.
Claro que quizá el problema es que no estamos hablando exactamente de Derecho. Por eso el Auto dice que si bien la cesión de datos en cuestión
no es posible con el marco legal actual la ley que se apruebe en el “proceso” ya amparará la cesión de los datos del padrón a la Generalitat
y lo que haga falta. “La propia ley establecerá las condiciones de esa cesión y se concretarán entonces las obligaciones de todos los Ayuntamientos de Catalunya sin excepción de ceder estos datos para que se lleve a cabo la votación” . Por supuesto que el derecho a decidir es una “aspiración política legítima” pero tiene poco que ver con el objeto
del recurso contencioso-administrativo que más modestamente se refiere a
la legalidad de la cesión del padrón y en particular sobre la posible lesión al derecho a la protección de datos que esta cesión puede suponer
para el recurrente.
Curioso también comprobar como el derecho fundamental a la protección de
datos de carácter personal, sacrosanto cuando se pretende, por ejemplo,
acceder a las nóminas de los cargos públicos, parece ceder con facilidad –aunque sea cautelarmente- ante “el derecho a decidir”, derecho que por ahora no se encuentra en el catálogo de derechos fundamentales recogido en nuestra Constitución. Especialmente cuando lo interpreta la Agencia Catalana de Protección de Datos, que aparece como codemandada en el propio recurso.
En cuanto al fondo del asunto, no sabemos lo que la Juez decidirá todavía, dado que estamos en una fase preliminar del proceso. Pero de entrada según esta noticia http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/07/catalunya/1396873914_884004.html
y la lectura del Auto las cosas no pintan bien para el audaz recurrente. Queda claro que la Juez ha permitido explayarse a los abogados del Ayuntamiento y a la Autoridad Catalana de Protección de Datos a quienes ha permitido explayarse. El letrado del Ayuntamiento ha acusado al recurrente de buscar notoriedad y ha señalado que la conducta
del Consistorio ha sido impecable por cuanto solicitó previamente un informe a la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Además negó que hubiese prisa alguna y necesidad de medidas cautelares dado que la consulta no está convocada ni aprobado el supuesto paraguas legal, que sería, en versión jurídico-nacionalista, la ley catalana de consultas. Por cierto, que también estaba personado en el pleito el abogado de la Generalitat, suponemos, con el fiscal, que por motivos políticos, ya que
la Generalitat no es la Administración demandada.
Como ya comentamos en su momento, con ocasión de la (no) abstención del anterior Presidente de la Junta de Andalucía en un procedimiento en que recibió una subvención la empresa representada por su hija http://hayderecho.com/2011/01/17/la-sombra-de-una-duda-o-el-deber-de-inhibicion-o-abstencion-caso-chaves/,
la abstención y la inhibición –y en su caso la recusación- son los remedios básicos que establece nuestro ordenamiento jurídico para evitar
que las decisiones administrativas o judiciales carezcan de neutralidad. Se puede alegar que en este caso no se da el supuesto de hecho de la abstención o recusación ni siquiera en el del apartado 16 del artículo citado según el cual es causa de abstención o recusación “Haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y
formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad.” Y probablemente es así.
Pero la pregunta sobre la imparcialidad de esta Juez va más allá del puro formalismo de la LOPJ, en un Estado como el nuestro que más que un Estado de Derecho empieza a ser un “Estado de legalidad”, y eso con suerte. En este tipo de Estados se consigue muchas veces respetar la letra de la ley vulnerando frontalmente su espíritu.Y es que de la trayectoria de la Juez y sobre todo de su Auto se desprende una (legítima) simpatía por las aspiraciones políticas de la Generalitat, en
cuyo servicio ha obtenido los méritos que le han permitido convertirse en Magistrada de lo contencioso-administrativo por el cuarto turno.
Por esta razón en casos como éste ¿no sería mucho más prudente abstenerse? Claro está que entonces se tendría que abstener bastante, por lo que a lo mejor también podemos preguntarnos –legítimamente- si su
nombramiento como Juez por el cuarto turno no guarda relación con sus simpatías nacionalistas.

References: artículo 28
 real decreto 
 artículo 145
 artículo 216
e contrario
 artículo 4