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Timestamp: 2019-10-23 05:53:34+00:00

Document:
Sentencia nº EX.000215 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 18 de Junio de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 283245139
Número de Expediente: 09-358
Exp. Nº AA20-C- 2009-000358
Mediante escrito de fecha 9 de junio de 2009, el abogado D.I.R.G., en representación de la ciudadana M.L.D.-AIDOS VIDAGO, solicitó el exequátur de la sentencia dictada en fecha 16 de marzo de 2009, por el Tribunal de Circuito de la Undécima Circunscripción Judicial en y para el Condado de Dade, Florida (División de Familia) de los Estados Unidos de América, mediante la cual se declaró la disolución del vínculo matrimonial existente entre la prenombrada ciudadana y el ciudadano O.P.R.O., representado judicialmente por los abogados R.T., A.G.J., Esteban Palacios Lozada, C.I.P.P., M. delC.L.L., C.Z., D.L., K.G., V.C., Ritza Quintero, Dayling Ayestarán y M.M.M..
En fecha 16 de junio de 2009, se dio cuenta en Sala.
En fecha 7 de julio de 2009, el Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, en Sala de Juicio Nº 14, remitió ante esta Sala de Casación Civil, Oficio Nº 2023, donde textualmente señaló: “…Me dirijo ante Usted, en la oportunidad de comunicarle que esta Sala de Juicio a mi cargo por auto dictado en esta misma fecha ha decidido oficiarle, a los fines de solicitarle se sirva informa (sic) a este Tribunal si por ante esa Sala se esta tramitando solicitud de exequátur signada con el Nº AA20-C-2009-358, en caso de ser afirmativo remitir copias del mismo, por cuanto por esta Sala de Juicio cursa asunto referente a Divorcio Contencioso incoado por el ciudadano O.P.R.O. en contra de la ciudadana M.L.D.- AIDOS VIDAGO. Solicitud que se le hace a los fines legales consiguientes…”.
Mediante auto de fecha 27 de julio de 2009, el Juzgado de Sustanciación, revisados los requisitos de admisibilidad contenidos en el artículo 19 aparte 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, admitió cuanto ha lugar en derecho la solicitud de exequátur. En consecuencia se ordenó emplazar al ciudadano O.P.R.O., para que comparezca ante el mencionado Juzgado dentro de los diez días de despacho siguientes a aquel en que conste en autos su citación, a dar contestación a la solicitud indicada. Subsidiariamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 numeral 13 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, se ordenó notificar al ciudadano Fiscal General de la República.
En fecha 16 de septiembre de 2009, el abogado Tutankamen H.R., en su carácter de Fiscal Quinto del Ministerio Público ante las Salas de Casación y Constitucional de este M.T., luego de la notificación correspondiente, expone que fue comisionado por la Dirección General de Apoyo Jurídico del Despacho del Fiscal General de la República, para ejercer la representación del Ministerio Público en el procedimiento seguido ante esta Sala con ocasión de la solicitud de exequátur interpuesta por la ciudadana M.L.D.-Aidos Vidago.
En fecha 9 de octubre de 2009, el Alguacil de esta Sala de Casación Civil, señaló que el ciudadano O.P.R.O., (parte contra quien obra el exequátur) firmó boleta de citación.
En fecha 26 de octubre de 2009, las abogadas R.T. y M. delC.L., actuando en su carácter de apoderadas judiciales del ciudadano O.P.R.O., contestaron la solicitud de exequátur interpuesta.
Mediante diligencia de fecha 13 de enero de 2010, el abogado D.I.R.G., en su carácter de apoderado judicial de la parte solicitante del exequátur solicitó “… se provea lo conducente para dar respuesta al oficio recibido por esta Sala el 16 de julio de 2009, proveniente de la Sala de Juicio Nº 14 de los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas…”.
En fecha 27 de enero del año en curso, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala de Casación Civil, acordó proveer conforme a lo peticionado y remitir copias simples del expediente a la Sala de Juicio Nº 14, del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.
En fecha 11 de febrero de 2010, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala de Casación Civil, declaró iniciada la relación de la causa y fijo la audiencia para la presentación de los informes orales para el día veinticinco (25) del mismo mes y año.
En fecha 24 de febrero de 2010, la abogada M. delC.L.L., en su carácter de apoderada judicial del ciudadano O.P.R.O., señaló: “… En nombre de mi representado, consigno en este acto, constante de catorce (14) folios útiles, copia de la demanda de divorcio interpuesta por él en contra de su cónyuge M.L.D.-Aidos, en fecha 18 de septiembre de 2006. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, consigno, constante de dos (2) folios útiles copia del auto de admisión de esa demanda dictado en fecha 28 de septiembre de 2006, por el Juez Unipersonal de la Sala de Juicio Nº XIV del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de lo cual se evidencia que la sentencia extranjera de fecha 12 de mayo de 2009 y cuyo exequátur solicitó la cónyuge de mi representado, fue dictada cuando ya existía un juicio de divorcio en Venezuela, por el mismo objeto y entre las mismas partes, razón por la cual tampoco procede dicha solicitud de exequátur…”.
En fecha 25 de febrero de 2010, se celebró en la sede de este M.T., la audiencia de informes orales.
La competencia para conocer de los procesos de exequátur está determinada por el artículo 5 numeral 42º de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con los artículos 850 y 856 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente establecen:
“…Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:
42. Declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridades jurisdiccionales extranjeras, de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados Internacionales o en la ley.
El Tribunal conocerá en Sala Plena los asuntos a que se refiere este artículo en sus numerales 1 al 2. En Sala Constitucional los asuntos previstos en los numerales 3 al 23. En Sala Político Administrativa los asuntos previstos en los numerales 24 al 37. En Sala de Casación Penal los asuntos previstos en los numerales 38 al 40. En Sala de Casación Civil el asunto previsto en los numerales 41 al 42. En Sala de Casación Social los asuntos previstos en los numerales 43 y 44. En Sala Electoral los asuntos previstos en los numerales 45 y 46. En los casos previstos en los numerales 47 al 52 su conocimiento corresponderá a la Sala a fin con la materia debatida.
Artículo 850.- Corresponde a la Corte Suprema de Justicia declarar la ejecutoria de las sentencias de autoridades extranjeras, sin lo cual no tendrán ningún efecto, ni como medio de prueba, ni para producir cosa juzgada, ni para ser ejecutadas...
Artículo 856.- El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sean aplicables…
Ahora bien, ha señalado este Tribunal Supremo de Justicia en reiterada Jurisprudencia de la Sala Político Administrativa (Vid. S. de fecha 14 de octubre de 1999 y 6 de agosto de 1997), que lo relevante para calificar a un asunto como no contencioso “... no lo es la mera ausencia de contención, sino que se trate de procedimientos que por su naturaleza, pretensiones y finalidad respondan que las ‘partes’ en los mismos tengan un común interés y que la sentencia no resulte ‘condenatoria’ o ‘absolutoria’ de una de ellas.” (Vid. S-PA de fecha 06 de agosto de 1997, caso: Nací Yanette Mejía Chacón vs. Horst Herrmann)…”.
En este sentido, la Sala determina que efectivamente, el procedimiento que dio lugar a la sentencia de divorcio de la presente solicitud de exequátur, tuvo carácter contencioso, ya que revisado el expediente por esta Sala, y en particular, examinado el contenido de la sentencia cuyo exequátur se solicita, se observa que ésta señala en su parte dispositiva lo siguiente: “… Las partes contrajeron matrimonio el 6 de agosto de 1982 en Caracas, Venezuela, y se separaron en octubre de 2003. La Esposa introdujo la Solicitud de Disolución de Matrimonio el 13 de octubre de 2005, el Esposo introdujo una Moción de Desestimación basado en un reclamo de que el tribunal carecía de jurisdicción personal. La moción fue denegada en marzo de 2008 y su abogado se retiró del caso de inmediato. Pareciera que el Esposo no presentó una respuesta formal a la solicitud de Disolución de Matrimonio. El Tribunal determina que el Matrimonio entre las partes se ha roto de manera irrecuperable…”.
En consecuencia, es innegable la naturaleza contenciosa del juicio y por ende, la competencia de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, para conocer y decidir la presente solicitud de exequátur. Así se establece.
En primer lugar, el abogado D.I.R.G., actuando en su carácter de representante judicial de la ciudadana M.L.D.-Aidos Vidago, narra brevemente los hechos acaecidos desde la fecha que las partes contrajeron matrimonio civil, hasta la procreación de los hijos habidos dentro del matrimonio.
Seguidamente, indica que la sentencia extranjera cuyo exequátur se solicita, cumple con las exigencias establecidas en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado.
Posteriormente, transcribe en forma total, una sentencia de la Sala que concede fuerza ejecutoria a una sentencia extranjera, para luego culminar en el señalamiento de los domicilios procesales de las partes, a los efectos legales subsiguientes.
DEL INFORME DE LA PARTE CONTRA LA CUAL SE PRETENDE QUE OBRE EL EXEQUÁTUR
Las abogadas R.T. y M. delC.L., en su carácter de representantes judiciales del ciudadano O.P.R.O., parte contra quien obra el exequátur, fundamentaron su escrito de informes de fecha 25 de febrero de 2010, básicamente en que “… Fueron incumplidos los siguientes requisitos: (i) el contemplado en el ordinal 3º, referido a que la sentencia extranjera no verse sobre derechos reales respecto a inmuebles situados en Venezuela, (ii) el contemplado en el ordinal 4º, relativo a que el tribunal extranjero tenga jurisdicción, y (iii) el contemplado en el ordinal 5º, relativo al derecho a la defensa del demando…”.
En cuanto al incumplimiento del requisito contenido en el ordinal 3º, del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, señalaron que la sentencia extranjera cuyo exequátur se pretende, aparte de acordar la disolución del vínculo matrimonial entre las partes, se pronunció con respecto a derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados en Venezuela, y recalcaron que el Tribunal Extranjero no tenía jurisdicción para pronunciarse y decidir sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en Venezuela, ya que dicha jurisdicción corresponde de manera exclusiva, a la jurisdicción venezolana.
Con respecto al incumplimiento del supuesto contenido en el ordinal 5º del artículo 53 eiusdem, alegaron que el ciudadano O.P.R. fue mal citado, e indicaron que al haberse llevado el juicio de divorcio ante un país distinto al del ciudadano demandado, (hoy parte contra quien obra el exequátur) el mismo quedó en situación de indefensión, lo cual, según sus alegatos, es contrario a la garantía del debido proceso.
También en este punto señalan que la materia relativa al régimen de niños y adolescentes es de orden público, razón por la cual no puede ser decidida por un tribunal extranjero.
Finalmente en lo atinente al ordinal 6º del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, acotan que dicho supuesto no fue cumplido ya que la sentencia extranjera fue dictada en fecha 12 de mayo de 2009, cuando ya existía un juicio de divorcio en Venezuela, a través de demanda interpuesta en fecha 18 de septiembre de 2006, alegan que dicha demanda intentada en Venezuela fue admitida en fecha 28 de septiembre de 2006, por el Juez Unipersonal Nº 14 de la Sala de Juicio del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, razón suficiente por la cual no puede considerarse cumplido dicho ordinal.
Por todo lo anteriormente mencionado solicitan se declare sin lugar el pase de sentencia extranjera, ya que la misma no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado para otorgarle fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela.
Mediante escrito de fecha 25 de febrero de 2010, el abogado Tutankamen H.R., actuando en su carácter de Fiscal Quinto del Ministerio Público ante las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, presentó escrito de informes que dividió en 4 capítulos, siendo el primero de ellos relativo a los “…ANTECEDENTES…”. Donde realizó un breve resumen acerca de lo acontecido dentro del procedimiento de solicitud de exequátur, desde su interposición hasta la fijación de la audiencia oral de informes.
En el siguiente capitulo denominado “…DE LA SOLICITUD DE EXEQUÁTUR…” el ciudadano fiscal realizo una reseña sobre lo narrado en el escrito de solicitud, cuyos puntos relevantes fueron la fecha en la cual las partes contrajeron matrimonio, los hijos que concibieron, resaltando la existencia de un menor de edad nacido en la ciudad de Caracas en fecha 14 de mayo de 1996, y presentado ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia San B. delM.L. delD.C..
También recalcó que en el escrito contentivo de la solicitud, el apoderado judicial de la solicitante, indicó que el ciudadano O.P.R.O. fue debidamente notificado y ejerció su derecho a la defensa. Para luego culminar con las peticiones y señalamientos en los cuales quedó plasmado dicho escrito.
Posteriormente, en el aparte signado como “DE LA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE EXEQUÁTUR…” el ciudadano Fiscal expuso que el mismo indica la existencia de varios requisitos incumplidos, contenidos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el primero de ellos el relativo a los derechos reales de los bienes inmuebles ubicados en Venezuela, El segundo requisito incumplido sería el contenido en el ordinal 4 eiusdem, referente a “… que los tribunales del estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer la causa…”. Y finalmente el tercer requisito incumplido contenido en el ordinal 5to del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado tendiente a garantizar “… que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa…”.
Finalmente, en el capítulo denominado “…OPINION DEL MINISTERIO PÚBLICO…” señaló lo que a continuación se transcribe:
…en el presente caso se dio cumplimiento a sólo tres de los seis requisitos, previstos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, por haber decido el Tribunal de Florida sobre materia cuya jurisdicción corresponde estrictamente a los Tribunales Venezolanos y por encontrarse pendiente, ante el Tribunal Venezolano, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera, siendo que actualmente el procedimiento de divorcio contencioso se encuentra en trámite. Por lo expuesto, es forzoso concluir que la sentencia cuya solicitud de exequátur se solicita, no reúne los extremos legales para que sea declarada válida en la República Bolivariana de Venezuela…
... 1.- Que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones privadas;
… Artículo 54. Si una sentencia extranjera no puede desplegar eficacia en su totalidad, podrá admitirse su eficacia parcial…
…La jurisdicción que corresponde a los tribunales venezolanos, según las disposiciones anteriores, no podrá ser derogada convencionalmente en favor de tribunales extranjeros, o árbitros que resuelvan en el extranjero, en aquellos casos en que el asunto se refiera a controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República, o se trate de materias respecto de las cuales no cabe transacción o que afecten los principios esenciales del orden público venezolano…
Atendiendo a lo dispuesto por la citada norma, corresponde a la Sala destacar, que en materia de bienes inmuebles, la Ley de Derecho Internacional Privado otorga jurisdicción exclusiva a los tribunales venezolanos. Al respecto, esta Sala mediante sentencia N° EXEQ.785EXde fecha 19 de noviembre de 2008, caso F.P., expediente AA20-C-2007-000187, determinó:
Así, aún cuando no se arrebató a los tribunales venezolanos la jurisdicción para conocer de la disolución del vínculo matrimonial entre la ciudadana A.M. arizaleta pÁez y el ciudadano francisco percoco, sin embargo, visto que el fallo en referencia también versó sobre derechos reales relativos a bienes inmuebles situados en la República Bolivariana de Venezuela, lo declarado en dicha sentencia en relación a los inmuebles de los cuales se trate, no puede ser ejecutoriado en nuestra República.
En consecuencia, corresponde a esta Sala destacar que la sentencia extranjera objeto de examen sólo cumple parcialmente el requisito tercero establecido en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela, por tal razón, se impone para esta Sala, conceder parcialmente fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela, a la sentencia dictada en fecha 10 de mayo de 2006, dictada por la Corte del Onceavo Circuito Judicial En y Para el Condado de Miami, Florida, Estados Unidos de América, mediante la cual se disolvió el vinculo matrimonial que existía entre los ciudadanos A.M. Arizaleta Páez y F.P., lo cual se expresará en la parte dispositiva de este fallo…”.
…En efecto, como se evidencia de la Sentencia: ‘El esposo introdujo una Moción de Desestimación basado en un reclamo de que el tribunal carecía de jurisdicción personal’. En la mencionada Petición del esposo vid (…) se explicó que el esposo fue mal citado. (…) Adicionalmente, como se explicó en la mencionada Petición, tampoco se dio cumplimiento a la sección 48.031 de los Estatutos de Florida, ya que simplemente fue enviada por correo la citación, en lugar de ser citado personalmente, o a través de alguien en su lugar (…).
Adicionalmente, se llevó a cabo el juicio en un país distinto al suyo, sin su presencia, y, como se evidencia de la Sentencia, en pleno juicio, el Tribunal de Florida acordó a los abogados del Esposo su solicitud para retirarse (…). Es decir, que desde esa fecha, hasta que se dictó la sentencia, el juicio prosiguió sin la presencia de nuestro representado y sin que el mismo contara con abogados en Florida…
…La parte demandada podrá darse por citada personalmente para la contestación, mediante diligencia suscrita ante el Secretario.
Sin embargo, siempre que resulte de autos que la parte o su apoderado antes de la citación, han realizado alguna diligencia en el proceso, o han estado presentes en un acto del mismo, se entenderá citada la parte desde entonces para la contestación de la demanda, sin más formalidad…
“…ESTA CAUSA (sic) fue presentada a este Tribunal el 16 de marzo de 2009 para una audiencia definitiva. Se encontraban presentes: MARÍA DIAS-AIDOS, la esposa, y O.R.O., el esposo, quien actualmente está domiciliado en Venezuela y quien no compareció (…). El esposo redactó una carta al Tribunal el 20 de febrero de 2009, en la cual señalaba que no había podido comparecer hoy por tener un hombro fracturado. Los registros médicos que el esposo anexó a la carta no reflejaban su incapacidad para trasladarse al tribunal a fin de participar en la audiencia definitiva. (…). JURISDICCIÓN:
Del texto de la decisión no se evidencia cómo ni cuándo fue citado el demandado, sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el supra transcrito artículo 216 de la norma adjetiva patria, la finalidad de la citación fue cumplida, pues consta en la sentencia extranjera, que el Esposo “…compareció personalmente a una audiencia el 22 de junio de 2006, y acordó pagar una pensión alimenticia temporal al hijo de $500,00 mensuales (…) Además el 15 de julio de 2008, la Esposa y el abogado del Esposo firmaron una Estipulación Conjunta sobre Jurisdicción Personal y Cartas Rogatorias...”. Consta igualmente que “… el Esposo redactó una carta al Tribunal el 20 de febrero de 2009, en la cual señalaba que no había podido comparecer por tener un hombro fracturado…”. De conformidad con los anteriores alegatos, y en virtud de que el demandado, hoy, parte contra quien obra el exequátur se encontraba a derecho, es decir, en conocimiento del juicio de divorcio interpuesto por la ciudadana M.L.D.-Aidos Vidago, la Sala considera satisfecho este requisito.
… Es del conocimiento de esta Sala que O.P.R.O. el día 18 de septiembre de 2006 presento (sic) demanda de divorcio por ante los Tribunales de Protección del Niños (sic) Niñas y Adolescentes de Caracas, (posteriormente a la solicitud de disolución de matrimonio hecha por mi representada el 13 de octubre de 2005 en el tribunal en el Estado (sic) de La Florida (sic) de los Estados Unidos), pero lo cierto es que la sentencia objeto de la presente solicitud fue dictada el 16 de marzo de 2009 y para esa fecha mi representada no había sido citada de la demanda por lo cual no se había dado inicio a la relación procesal de las partes. En tal sentido, la Sala Constitucional sentencia N° 4.350 del 12 de diciembre de 2005, caso: T.U.M., estableció que la citación es el acto procesal que da inicio a la relación procesal y el que origina o marca el comienzo de la litispendencia…
Para decidir sobre este aspecto, es necesario analizar la litispendencia internacional en el ámbito del derecho procesal internacional. En tal sentido, la Sala se pronunció, mediante sentencia del 7 de agosto de 2008, caso C.L.H., Expediente N° 04-930, de la siguiente manera:
La jurisdicción venezolana exclusiva no queda excluida por la pendencia ante un juez extranjero de la misma causa o de otra conexa con ella
Sobre el particular, la Sala Político Administrativa, mediante sentencia del 14 de diciembre de 2004, Exp. No. 2004-0896, caso: G.S.R. contra M.K.M.A., dejó sentado sobre la litispendencia internacional, lo siguiente:
…La litispendencia es una institución cuyo objetivo es evitar que dos procesos, en los que exista identidad de los tres elementos de la pretensión, a saber: sujeto, objeto y título o causa petendi, y que cursen ante dos autoridades jurisdiccionales competentes, se dicten sentencias contradictorias. Al respecto, el artículo 58 de la Ley de Derecho Internacional Privado, consagra la institución de la litispendencia internacional, al señalar que: “La jurisdicción venezolana exclusiva no queda excluida por la pendencia ante un Juez extranjero de la misma causa o de otra conexa con ella”; en tal virtud, se precisa, por argumento a contrario, que en los casos en que la jurisdicción venezolana no sea exclusiva, podría permitirse que la misma quede excluida frente a la jurisdicción extranjera, siempre que para ello se verifiquen los siguientes requisitos:
1.- Que la causa pendiente ante tribunales extranjeros sea la misma pendiente ante tribunales venezolanos.
7.- Que esa citación se haya realizado según las normas aplicables, vigentes en el lugar donde se lleva a cabo el juicio y en el lugar donde efectivamente se practicó´. (Vid. sentencia Nº 1.121 dictada por esta Sala en fecha 19 de septiembre de 2002)…
En tal sentido, la Sala Constitucional en sentencia N° 4.350 del 12 de diciembre de 2005, caso: T.U.M., estableció que la citación es el acto procesal que da inicio a la relación procesal y el que origina o marca el comienzo de la litispendencia, de la siguiente manera
...La doctrina patria ha determinado la demanda como el acto introductorio de la causa, y sin demanda no hay procedimiento. Pero el dar comienzo al procedimiento, no da inicio al mismo tiempo a la relación procesal que vincula entre sí a los sujetos del proceso, pues ésta se constituye con la citación, y se va desarrollando con los sucesivos actos procesales de las partes y del juez. La demanda hace surgir la obligación del juez de proveer a la admisión o negación de la demanda y en este último caso, la facultad del demandante de apelar de dicha negativa.
El acto que origina o marca el comienzo de la litispendencia, entendida ésta como la existencia de una litis en la plenitud de sus efectos, es la citación del demandado, porque es con ese acto que nace para el juez la obligación de proveer sobre la demanda de mérito y se integra el contradictorio…
La Sala reitera el precedente jurisprudencial transcrito, y procede al examen de las actas a los fines de determinar si en el presente caso existe la litispendencia internacional alegada. Al respecto, constata que al momento de la presentación de informes los apoderados judiciales de la parte contra quien obra el exequátur consignaron en autos copia certificada del libelo de demanda de divorcio interpuesta por su representado, ciudadano O.P.R., contra la ciudadana M.L.D.-Aidos, en el Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Sala de Juicio Nº XIV, e inserto al folio 171, así como también auto de admisión de la demanda de fecha 28 de septiembre de 2006. Corre igualmente inserta al folio 173, Carta Rogatoria de la misma fecha dirigida a “Cualquier Corte o Tribunal Competente en Materia de Protección del Niño y del Adolescente, en Miami, Estado de Florida, Estadios (sic) Unidos de América”, a los fines de que se practique la citación de la ciudadana M.L.D.-Aidos Vidago. No consta ninguna otra actuación que demuestre que la citación objeto de la carta rogatoria fue efectivamente practicada; sin embargo sí consta en el anexo a las conclusiones escritas presentadas por el apoderado de la solicitante, copias fotostáticas simples de las actuaciones realizadas ante el Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Sala de Juicio Nº XIV, entre las cuales cabe destacar auto de fecha 26 de enero de 2009, inserto al folio 197 mediante el cual la “Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional”, establece:
COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE UN DOCUMENTO
En la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de Caracas en la fecha de hoy 26 de enero de 2009 siendo las 12:58 PM, Se (sic) recibió de la abogada E.R. inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 10.728, en su carácter de autos, el siguiente documento: diligencia mediante la cual solicita a la Sala se libre cartel de citación a la demandada de conformidad con el artículo 224 del CPC en virtud de que riela a los autos 111 al 115, movimientos migratorios donde consta que salio (sic) de Venezuela sin retorno el día 5 de enero de 2005, la diligencia consta de un (1) folio útil…
Ahora bien, la demanda ante el tribunal extranjero fue incoada el 13 de octubre de 2005, y aun cuando no consta en el texto de la sentencia cuyo exequátur se solicita, forma o fecha de la citación, sí se evidencia la citación tácita o presunta del demandado, ciudadano O.R.O., cuando compareció personalmente “… en una audiencia el 22 de junio de 2006 y acordó pagar una pensión alimenticia temporal al hijo…”. La sentencia definitiva fue dictada en fecha 16 de marzo de 2009.
Los siguientes hallazgos y fallos relativos al tiempo compartido del hijo menor, a saber, J.R., nacido el 14 de mayo de 1996, son para los mejores intereses del menor:
a) Las partes deberán compartir la patria potestad del menor, la cual responde a los mejores intereses de dicho menor…
… 2.TIEMPO COMPARTIDO: El Padre deberá compartir tiempo con su hijo, incluyendo durante los días feriados; sin embargo deberá notificar por escrito a la madre al menos 7 días antes de cualquier planificación de tiempo compartido.
El menor deberá compartir tiempo con su madre en todos los demás momentos, salvo durante el tiempo estipulado en el cronograma de vacaciones y días feriados…
… 3. PENSIÓN ALIMENTICIA: El 26 de junio de 2006, las partes acordaron que se dictara una orden temporal de pensión alimenticia al menor de $500,00 basados en el hecho de que el Padre estaba viviendo en Venezuela. Debido a que el Padre no compareció ni suministró revelación financiera alguna, el tribunal no puede determinar un monto diferente respecto a su obligación de pensión alimenticia, por lo que el tribunal sostiene el monto de pensión alimenticia de $500,00 que las partes habían acordado en 2006…
De la transcripción anterior se constata que con respecto a los derechos y garantías del menor J.R., la sentencia extranjera cuyo exequátur se solicita, decreta la patria potestad compartida, lo cual responde a los mejores intereses del menor, también hace referencia al tiempo compartido de ambos padres, y acuerda la pensión alimenticia y la manutención.
A este respecto la Sala, en sentencia de fecha 27 de noviembre de 2009, caso M. deL.M.C.C., expediente AA20-C-2008-000690, determinó:
… Así pues, en lo que se refiere al primer acuerdo relativo al menor, la Sala observa que el mismo, establece lo referente a guarda, custodia y otros aspectos relacionados con el menor hijo nacido durante el matrimonio, los cuales, por imperativo de un principio esencial del orden público venezolano, deben ser convenidos de mutuo acuerdo entre las partes.
"Artículo 387: El régimen de visitas debe ser convenido de mutuo acuerdo entre los padres, oyendo al hijo. De no lograrse dicho acuerdo o si el mismo fuese incumplido reiteradamente afectándose los intereses del niño o adolescente, el juez, en atención a tales intereses, actuando sumariamente, previos los informes técnicos que considere convenientes y oída la opinión de quien ejerza la guarda del niño o adolescente, dispondrá el régimen de visitas que considere más adecuado. Dicho régimen puede ser revisado, a solicitud de parte, cada vez que el bienestar y seguridad del niño o adolescente lo justifique, para lo cual se seguirá el procedimiento aquí previsto." Negrillas de la Sala…
Con fundamento en las razones expuestas, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 1) concede fuerza ejecutoria PARCIAL en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, con excepción expresa de lo atinente a lo dispuesto con relación a los bienes inmuebles situados en la República Bolivariana de Venezuela, a la sentencia dictada en fecha 16 de marzo de 2009, por el Tribunal de Circuito de la Undécima Circunscripción Judicial en y para el Condado de Dade, Florida (División de Familia) de los Estados Unidos de América, mediante la cual se declaró la disolución del vínculo matrimonial existente entre los ciudadanos O.P.R.O. y la ciudadana M.L.D.-AIDOS VIDAGO, y se pronunció sobre lo concerniente a la guarda y custodia, régimen de visitas y pensión de alimentos del menor J.R..
RC Nº AA20-C-2009-000358
El Magistrado L.A.O.H. disiente de la mayoría de los integrantes de esta Sala de Casación Civil que aprobaron el fallo que antecede, de conformidad a lo establecido en los artículos 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 63 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, en consecuencia Salva su voto en la presente decisión, con base en las siguientes consideraciones:
La disentida, suscrita por la mayoría sentenciadora, declaró en su dispositivo:
Con fundamento en las razones expuestas, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 1) CONCEDE FUERZA EJECUTORIA PARCIAL en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, con excepción expresa de lo atinente a lo dispuesto con relación a los bienes muebles e inmuebles situados en la República Bolivariana de Venezuela, a la sentencia dictada en fecha 16 de marzo de 2009, por el Tribunal de Circuito de la Undécima Circunscripción Judicial en y para el Condado de Dade, Florida (División de Familia) de los Estados Unidos de América, mediante la cual se declaró la disolución del vínculo matrimonial existente entre los ciudadanos O.P.R.O. y la ciudadana M.L.D.-AIDOS VIDAGO, y se pronunció sobre lo concerniente a la guarda y custodia, régimen de visitas y pensión de alimentos del menor J.R..
Para concederle validez a la referida decisión, la disentida sostuvo en su motiva, que la sentencia extranjera cumplía con los requisitos contenidos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, extralimitándose, en mi criterio, en su competencia sobre la guarda y custodia, régimen de visitas y pensión de alimentos del menor J.R., tal y como luego lo indicó en su dispositivo.
Lo anterior encuentra su fundamento en lo establecido en el artículo 177 la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el cual reza:
Competencia de la Sala de Juicio.
El Juez designado por el Presidente de la Sala de Juicio, según su organización interna, conocerá en primer grado de las siguientes materias:
b) Privación, extinción y restitución de la patria potestad;
c) Guarda;
d) Obligación alimentaria;
e) Colocación familiar y entidades de atención;
f) Remoción de tutores, curadores, protutores, y miembros del consejo de tutela;
g) Adopción;
h) Nulidad de adopción;
i) Divorcio o nulidad de matrimonio, cuando haya hijos, niños o adolescentes;
j) Divorcio o nulidad de matrimonio, cuando uno o ambos cónyuges sean adolescentes;
k) Cualquier otro afín a esta naturaleza que deba resolverse judicialmente.
Del artículo transcrito, se desprende que el legislador le concedió a la jurisdicción social, la competencia para conocer de los asuntos de familia, como lo es la guarda y custodia, régimen de visitas y pensión de alimentos del menor J.R., por lo que a criterio de quien disiente, no se podía conceder fuerza ejecutoria en lo tocante a la guarda y custodia antes señalada.
Así pues, teniendo que la disentida se excede de su competencia, al concederle también fuerza ejecutoria, en lo tocante a la guarda y custodia antes señalada, violando disposiciones legales que rigen la especialidad de la materia y por no compartir la argumentación acogida por la mayoría de los integrantes de la Sala, en defensa de la correcta aplicación de las leyes, salvo mi voto en la presente sentencia porque considero que en el caso de marras, la Sala debió conforme a los señalamientos que plasme en el presente voto salvado, excluir de su declaratoria todo lo concerniente a la guarda y custodia antes señalada al conceder fuerza ejecutoria a la sentencia cuyo exequátur se ha solicitado.
Exp. N° AA20-C-2009-000358

References: artículo 19
 artículo 435
 artículo 5

Artículo 850

Artículo 856
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 Artículo 54
 artículo 53
 artículo 216
 artículo 58
 artículo 224
 artículo 53
 artículo 177