Source: https://www.scribd.com/document/38112969/Apunte-sobre-Regimenes-Especiales-de-Regu
Timestamp: 2018-12-15 02:40:20+00:00

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REGÍMENES ESPECIALES DE REGULARIZACIÓN DE LA POSESIÓN INSCRITA
Existen dos regímenes especiales de regularización de la posesión inscrita: a.) La ley 16.741 de 1968 que establece normas para el Saneamiento de los títulos de dominio en poblaciones de situación irregular. b.) El D.L. 2695 de 1979 que fija normas para la Regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, cuyo Reglamento es el D.S. Nº 541 DEL Ministerio de Bienes Nacionales de 17 de Octubre de 1996.
D.L. 2695 DEL AÑO 1979
OBJETO DEL DL 2695 Y MOTIVOS DE SU DICTACIÓN El objeto de este D.L. es regularizar la situación del poseedor material que carece de títulos o que tiene títulos imperfectos y su dictación encuentra su justificación en el hecho que la legislación vigente sobre la materia no ha permitido dar una solución eficaz al problema, por que es necesario modificarla, adecuándola a la realidad y estableciendo un nuevo procedimiento que dé facultades a la autoridad administrativa para ordenar la inscripción de los predios a nombre de los poseedores materiales que reúna los requisitos establecidos por ley y que contemple la intervención de la justicia sólo en los casos de legítima oposición o para garantizar los derechos de terceros.
PROCEDIMIENTO DEL DL 2695 Los sujetos que se pretendan dueños de bienes raíces rurales o urbanos cuyo avalúo no exceda de las cantidades que señala la ley (esto es, sea inferior a 800 o a 380 UTM, respectivamente) y que carezcan de título inscrito pueden solicitar a la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes para llegar a adquirir el dominio por prescripción, de acuerdo con el procedimiento que estable este decreto. (Art. 1 inc 1). A.) REQUISITOS PARA EJERCER ESTE DERECHO Según el Art. 2 para ejercer este derecho deben concurrir 2 requisitos:
1. Estar en posesión del inmueble, por si o por otra persona en su nombre, en forma continua y exclusiva, sin violencia ni clandestinidad, durante 5 años a lo menos, 2. Acreditar que no existe juicio pendiente en su contra en que se discuta el dominio o posesión del inmueble iniciado antes de la solicitud. No es obstáculo par el ejercicio de este derecho la circunstancia de que existan inscripciones de dominio anteriores sobre el mismo inmueble. ¿Cómo se acredita el cumplimiento de estos requisitos? La posesión material del inmueble debe acreditarse en la forma establecida en el Art. 925 del C.C. y el solicitante deberá acompañar una declaración jurada prestada ante notario, o en su defecto, ante el oficial del Registro Civil en cuyo territorio jurisdiccional se encuentre el inmueble o ante el funcionario que el Servicio determine, acerca del hecho de cumplir con el requisito nº 1 del Art. 2, sobre el origen de su posesión y respecto de los antecedentes legales y de hecho de los poseedores anteriores, si los conociere, como asimismo sobre el conocimiento que tuviere de la existencia de inscripciones que se refieren al inmueble y de las otras personas que pudieran tener derechos sobre el predio. (Art. 5). El cumplimiento del requisito de no existir juicio pendiente se acreditará mediante declaración jurada que deberá prestarse conjuntamente con la declaración antes referida (Art. 6) Cabe destacar que el Art. 9 sanciona al que maliciosamente obtuviere el reconocimiento de la calidad de poseedor regular de acuerdo con el procedimiento establecido en este decreto con las penas del art. 473 del Código Penal, presumiendo el dolo cuando el interesado tuviere, en la fecha de presentación de su solicitud, la calidad de arrendatario o mero tenedor o haya reconocido dominio ajeno mediante un acto o contrato escrito. B.) TRAMITACIÓN La tramitación de esta solicitud consta de las siguientes etapas: 1. Presentación de la solicitud. Presentada la solicitud ante el Servicio éste la admitirá cuando a su juicio fuese difícil u onerosa la Regularización de la posesión inscrita mediante los procedimientos establecidos en otras leyes. (Art. 10). 2. Informe del S.I.I.. Admitida a tramitación la solicitud el Servicio oficiará al S.I.I. para que este organismo informe dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, sobre el nombre, rol único tributario y
domicilio de quien aparezca según sus antecedentes como propietario del inmueble. 3. Notificación de la solicitud al supuesto propietario del inmueble. Con estos antecedentes el Servicio notificará la solicitud por carta certificada al supuesto propietario del inmueble, adjuntando copia íntegra de ella. 4. Comprobación de la concurrencia de los requisitos del art. 2. Cumplido los tramites anteriores el Servicio dispondrá que el personal técnico de su dependencia compruebe en terreno la concurrencia de los requisitos del Art. 2 y reúna los datos necesarios para individualizar el inmueble, levantando el respectivo plano si procediere, dejando constancia de esta visita en la unidad de carabineros más cercana. 5. Pronunciamiento del Servicio. De acuerdo al Art. 11 cumplidos los requisitos que la ley establece y previo informe jurídico el Servicio debe pronunciarse aceptando o denegando la solicitud. a.) Si acepta la solicitud la resolución respectiva deberá disponer que ella se publique por dos veces en un diario o periódico de mayor circulación en la región que determine el Servicio los días primero y quince del mes o en la edición inmediatamente siguiente, si no se publicara en estos días y ordenará fijar carteles durante 15 días en los lugares públicos que él determine. Estos avisos y carteles contendrán en forma extractada la resolución del Servicio, la individualización del peticionario, la ubicación y deslindes del inmueble, la denominación que éste tuviere, su superficie aproximada y la respectiva inscripción si fuere conocida, y en ellos deberá prevenirse que si dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la publicación del último aviso no se dedujere oposición por terceros se ordenará la inscripción a nombre del solicitante en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo. b.) Por el contrario, si la rechaza el interesado puede recurrir al Subsecretario de Bienes Nacionales que resuelve sin ulterior recurso (Art. 13). 6. Oposición de terceros Puede ocurrir que efectuadas las publicaciones y avisos antes referidos se deduzca oposición de terceros ante el Servicio dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la publicación del último aviso. Si así acontece la oposición sólo podrá fundarse en alguna de las causales indicadas en el Art. 19, a saber:
a.) Ser el oponente poseedor inscrito del inmueble o de la porción determinada de él siempre que su título le otorgue la posesión exclusiva. b.) Tener el oponente igual o mejor derecho que el solicitante, esto es, reunir los requisitos señalados en el Art. 2, respecto de todo el inmueble o un aparte de él. c.) No cumplir el solicitante todos o algunos de los requisitos del Art. 2º d.) Ser una comunidad de que forme parte el oponente poseedora inscrita del inmueble o de una determinada porción de él, siempre que ella se encuentre en liquidación al momento de presentación de la solicitud. Esta oposición deberá contener la individualización de Él o los oponentes, sus fundamentos, documentos y demás medios de prueba en que se apoya y las peticiones concretas que se formulan. Presentada la oposición, que se entenderá como demanda, el Servicio deberá abstenerse de continuar la tramitación y remitirá de inmediato los antecedentes al juez de letras en lo civil del territorio jurisdiccional en que se encuentre el predio, lo que será notificado tanto por carta certificada al oponente cono al peticionario. (Art. 20) Recibida la demanda, el tribunal examinará si ésta invoca alguna de las causales del art. 19 y cumple con las exigencias del art. 20, declarándola inadmisible si careciera de alguno de ellos y ordenando en la misma resolución la inscripción a nombre del solicitante, el que será apelable de acuerdo a las reglas generales. Si, por el contrario, el tribunal estima que la demanda aparece revestida de fundamento plausible y reúne los requisitos legales, citará a las partes a una audiencia de contestación en un día y hora determinado que deberá verificarse entre los 10 y 30 días hábiles contados desde su ingreso, con el fin que las partes se exponga lo que convenga a sus derechos. Si fuera necesaria prueba se rendirá en la forma y plazo establecido para los incidentes y se apreciará en conciencia. Cumplido el procedimiento antes referido el juez dictará sentencia dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde el vencimiento del término probatorio o desde que se hayan cumplido las medidas para mejor resolver que se hubiesen decretado. (Art. 23). Si la sentencia rechaza total o parcialmente la oposición ordenará la inscripción del peticionario de la totalidad del inmueble o la porción determinada del mismo respecto de la cual hay acreditado el cumplimiento de los requisitos del Art. 2., sentencia que será considerada como justo título. (Arts. 24 inc. 1 y 25) Si acepta la oposición ordenará la inscripción a favor del oponente si procediere. Art. 24 inc 2.
Cabe destacar que sin perjuicio del derecho de oposición de los terceros, éstos podrán dentro del plazo de 1 año contada desde la fecha de la inscripción del inmueble practicada por resolución administrativa o judicial, deducir ante el juez de letras en lo civil competente las acciones de dominio (acción reivindicatoria) que les corresponda cuya tramitación se regirá por las reglas del juicio sumario. Si el tribunal acoge esta acción ordenará la cancelación de las inscripciones practicadas, conservando plena vigencia las inscripciones que existían sobre el inmueble con anterioridad (Arts. 26 y 27). Si ésta acción no fuera ejercida oportunamente, o bien s se alega la calidad de comunero sobre el inmueble o la titularidad de otro derecho real que lo afecte, estos terceros podrán exigir que tales derechos les fueran compensados en dinero en la proporción que les corresponda hasta la concurrencia del valor del predio, manteniendo para estos efectos sus respectivos privilegios, dentro del plazo de 5 años contados desde la fecha de la inscripción ante el juez civil competente y se tramitará de acuerdo a las reglas del procedimiento sumario (Arts. 28 y 29). 7. Inscripción del inmueble Cumplidas las medidas de publicidad, sino se deduce oposición por terceros, el Servicio dicta resolución ordenando la inscripción del inmueble en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo a nombre del solicitante. El Conservador practicará la inscripción de acuerdo a las indicaciones de la resolución dictada por el Servicio y agregará al final del Registro de Propiedad una copia autorizada de dicha resolución, junto con el plano correspondiente en su caso y practicará la inscripción de la prohibición a que se refiere el Art. 17. (Prohibición impuesta a los poseedores de los inmuebles inscritos de gravar y enajenar dichos inmuebles por el plazo de un año contado desde la fecha de la inscripción) La resolución del Servicio que acoge la solicitud se considera como justo título y practicada la inscripción el interesado adquiere la calidad de poseedor regular del inmueble y transcurrido un año se hace dueño por prescripción. Art. 15 Como consecuencia de ello, transcurrido un año prescriben las acciones emanadas de derechos reales que se puedan tener sobre el inmueble (Art. 16) y los poseedores de los inmuebles inscritos no pueden gravarlos ni enajenarlos durante el plazo de un año contado desde la inscripción (Art. 17).
CONSTITUCIONALIDAD DEL DL 2695 En relación al D.L. 2695 se ha interpuesto el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley regulado en el Art. 80 de la Constitución Política del Estado, lo que ha dado lugar a dos discusiones doctrinales: 1. La Corte Suprema ¿puede declarar inaplicables Decretos Leyes que son anteriores a la C.P.E.? Una primera doctrina ha sostenido que la C.S. no estaría facultada para declarar inaplicables decretos leyes anteriores a la C.P.E., por tanto le correspondería conocer a jueces del fondo y no a la C.S. Una segunda doctrina opina, en cambio, que la Corte Suprema puede declarar inaplicables Decretos Leyes que son anteriores a la Constitución, en razón de las siguientes consideraciones: a.) La Corte Suprema tiene la facultad de declarar inaplicable este D.L. aunque sea anterior a la C.P.E. porque el Art. 80 no distingue entre preceptos anteriores o posteriores. b.) La Corte Suprema no puede renunciar a su facultad de conocer los recursos de inaplicabilidad, pues se trata de una facultad irrenunciable. Hoy la tendencia de la C.S. es aceptar que ella tiene facultades para conocer de éste recurso. 2. La Corte Suprema tiene facultad para declarar inconstitucional ¿todo el precepto legal o sólo algunos preceptos legales? La jurisprudencia de la C.S en esta materia ha sido oscilante; en ciertos casos ha declarado una ley íntegramente inconstitucional y en otros casos ha sostenido que no se puede declarar inconstitucional una ley íntegramente considerada. APUNTE Nº 9 OBJETOS DERECHO (CLASE DE MARTES 2 DE MAYO DE 2006)
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