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Timestamp: 2019-05-22 14:56:30+00:00

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Sentencia de tutela T199 de 2009. T-199-09 | SuTutela.com
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Derecho al debido proceso que se estima vulnerado porque en un proceso de alimentos el fallador hizo una interpretacion, que se alega erronea, de las pruebas aportadas al proceso y de las circunstancias de al alimentante para efectos de la determinacion del monto de la cuota alimentaria. Procedibilidad de la accion de tutela contra providencias judiciales. Tutela contra decisiones judiciales por via de hecho por defecto factico. Reiteracion jurisprudencial. Naturaleza de las obligaciones alimentarias. La sala subrayo que algunas caracteristicas de tal obligacion son: (i) presupone la existencia de una norma juridica y una situacion de hecho; (ii) es manifestacion del deber de solidaridad existente entre los miembros mas cercanos de una familiar; (iii) se establece sobre la base de dos requisitos fundamentales: (a) la necesidad del beneficiario y (iv) la capacidad del obligado; y (v) ese deber y los derechos que del mismo se derivan tienen unos medios de proteccion efectiva establecidas en el ordenamiento. Finalmente, se sostuvo que las discrepancias respecto de la valoracion de las prubas no ameritan por si mismas la revocacion de la sentencia, lo cual ocurre en el caso estudiado. En este sentido, el juez llevo a cano un analisis de las pruebas y de las circunstancias que rodean la situacion del actor que no condujo a una fijacion arbitraria del monto en cuestion. Negada
Sentencia T-199/09
Referencia: T-2.121.339
Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil nueve (2009)
La accionante señala que contrajo matrimonio en al año 1954 con el señor Gilberto Hidalgo Pérez, unión de la cual nacieron cinco hijos, hoy mayores de edad que subsisten por sus propios medios. El patrimonio de la sociedad conyugal es un Edificio ubicado en la ciudad de Buenaventura que hoy en día está a nombre de ella y sus hijos y que actualmente administra.
Agrega que su ella es una persona de la tercera edad, de 73 años y su esposo cuenta con 84; que actualmente se encuentran separados de cuerpos pero que conviven bajo el mismo techo.
El 15 de septiembre de 2006, el señor Gilberto Hidalgo Pérez, abogado de profesión, inició en su contra una demanda de alimentos congruos y necesarios de única instancia.
En su demanda de alimentos el señor Hidalgo señaló que en vida había transferido la propiedad de sus bienes a su esposa e hijos, los cuales se ven representados en el Edificio Hidalgo. Afirmó que la administración y recaudo de todos los cánones de arrendamiento es hecho por la señora Thorp y que ascienden a la suma de $6.500.000, razón por la cual se encontraba demostrada su necesidad y la capacidad económica del alimentante.
El Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura, mediante Auto de febrero de 2006 impone alimentos provisionales por el valor de $1.000.000, por cuanto el demandante no contaba con los medios para su supervivencia.
El Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura, mediante Auto del 14 de agosto de 2007 suspendió el proceso de alimentos hasta tanto no se determinara la capacidad del demandante. Lo anterior, por cuanto la señora Florinda Thorp había iniciado en contra de su esposo un proceso de interdicción por demencia que fue denegado por el Tribunal Superior de Cali el 7 de septiembre de 2007. Frente a esta decisión también fue interpuesta una acción de tutela, la cual fue declarada improcedente por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, el 26 de octubre de 2007.
El 1 de julio de 2008, el Juzgado Segundo de Familia de la ciudad de Buenaventura profirió sentencia condenando a la señora Florinda Thorp de Hidalgo al pago de alimentos a favor de su esposo en cuantía de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000), los cuales se pagarían “de la renta que se percibe por concepto de arrendamiento de los apartamentos y local comercial del Edificio Hidalgo”.
Para la accionante tal decisión incurre en una vía de hecho por indebida interpretación probatoria. En efecto, señala que el Juzgado atacado, sin que se hubiese iniciado demanda de alimentos contra los hijos, no tuvo en cuenta que ella solo es dueña de una sexta parte del Edificio, y por tanto, se afectó el derecho propiedad de los hijos. Así mismo, considera que el Juzgado no valoró debidamente otras pruebas obrantes dentro del expediente como que ella es una persona de la tercera edad, ama de casa que sólo administra el Edificio. En su opinión, no se tuvo como prueba el hecho que ella le suministra a su esposo el almuerzo y la comida en el Restaurante Titanic de la ciudad de Buenaventura y que él al contar con residencia americana recibe una ayuda de ese país por ser de la tercera edad; de la misma manera al ser abogado podría ejercer su profesión. Por último, agrega que el juez no tuvo en cuenta sus gastos y los del Edificio.
Agrega que su imposibilidad se refleja en el hecho de que no ha podido cumplir la obligación impuesta y se ha iniciado un proceso ejecutivo en el cual se decretaron medidas cautelares en el Edificio.
En consecuencia, solicita se deje sin efecto la Sentencia del 1 de julio de 2008 proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura.
B. Contestación del despacho accionado y del sujeto vinculado
Así mismo, en relación con el defecto en que incurre la providencia del Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura, consideró que se presentaba un defecto fáctico por cuanto el juez había errado en la comprensión de las pruebas. Así, aunque considera que la decisión del juez “tiene claros contornos de equidad”, hacer “ver en cabeza de la señora THORP DE HIDALGO una capacidad económica que no fue acreditada en el expediente”. Lo anterior, por cuanto ella no goza de la titularidad total del Edificio, y por tanto, no puede considerarse que al señor Hidalgo le correspondan $1.500.000 de la totalidad de los arriendos.
Por lo anterior, el Tribunal deja sin efectos la sentencia proferida el 1 de julio de 2008 dentro del proceso verbal sumario de fijación de cuota alimentaria entre cónyuges.
El señor Gilberto Hidalgo Pérez impugna la decisión proferida por el Tribunal Superior de Buga aduciendo: (i) que a la demanda de fijación de cuota alimentaria se le dio el trámite de ley, (ii) la acción de tutela contra providencias judiciales sólo procede para revisar el trámite y no el fondo del asunto, por cuanto se abriría una doble instancia que el proceso no tiene y (iii) a pesar de que la propiedad del Edificio recae en sus hijos y esposa, es él el poseedor hasta el punto que allí están sus oficinas desde 1970. En este sentido, la señora Thorp no administra el bien para sus hijos sino para el mantenimiento de ambos.
En el caso en estudio, considera la Corte Suprema, Sala Civil “no puede indicarse que la autoridad aquí acusada omitió valorar alguna de las probanzas arrimadas al plenario, y mucho menos que les hubiera dado un significado que no tenían”. Lo anterior, por cuanto conciente de que el Edificio era de propiedad de los hijos y esposa del demandante, hizo una valoración global de los elementos allegados en el juicio.
1.	Copia del proceso de alimentos iniciado por Gilberto Hidalgo Pérez contra la señora Florinda Thorp de Hidalgo con sus correspondientes anexos.
2.	Copia de la Sentencia del 7 de septiembre de 2007 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de Familia, mediante la cual se niega la interdicción del señor Gilberto Hidalgo Pérez.
3.	Copia de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, del 29 de octubre de 2007, mediante la cual se niega la tutela interpuesta contra la providencia descrita en el numeral anterior.
(i)	Procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
La naturaleza subsidiaria de la acción de amparo y el hecho de que ésta no debe reemplazar los mecanismos ordinarios, ha llevado a esta Corporación a estudiar en forma específica el punto referido a la posibilidad de ejercer acción de tutela contra providencias judiciales. En este sentido, a partir de la sentencia C-592 de 1993, la jurisprudencia constitucional ha admitido reiteradamente la procedencia excepcional de este mecanismo cuando el pronunciamiento del funcionario judicial incurra en una vía de hecho.
Recientemente, en sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional consideró que como regla general la acción de tutela no procede contra decisiones judiciales. Lo anterior, en virtud del hecho que las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales proferidas por funcionarios profesionalmente formados para aplicar la Constitución y la ley; por el valor de cosa juzgada, por la garantía del principio de seguridad jurídica y, en tercer lugar, por el principio de la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público inherente a un régimen democrático.
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. (...)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable (...)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado”
Se concluye, entonces, que sólo en las situaciones en que se presenten estos errores, resulta procedente hablar de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y, en consecuencia, es posible, a través de la acción de tutela, la protección de los derechos fundamentales.
(ii)	Tutela contra decisiones judiciales por vía de hecho por defecto fáctico. Reiteración de jurisprudencia.
El defecto fáctico ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como aquél en que la decisión judicial es tomada “sin contar con las pruebas que permitan demostrar los hechos determinantes del supuesto legal”. En este sentido, ha dicho que para que exista una vía de hecho por defecto fáctico es necesario que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna manera razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión que se impugna. Es decir, que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma resulte absolutamente inadecuado para ello.
En efecto, ha dicho la Corte que si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de interpretación probatoria fundada en los principios científicos de la sana crítica (Arts. 187 CPC y 61 CPL)”, dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria. Así, para analizar si el juez puedo incurrir en este defecto debe estudiarse si adoptó criterios objetivos, racionales y rigurosos. En relación con este punto ha dicho la Corporación que es necesaria: “la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas.”
Por otro lado, la Corte ha identificado dos dimensiones en las que se presentan defectos fácticos: “1) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. 2) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución.
De lo anterior se concluye entonces que el defecto fáctico sólo se predica cuando la valoración probatoria es arbitraria y abusiva, esto es, cuando el funcionario judicial i) simplemente deja de valorar una prueba determinante para la resolución del caso; ii) cuando excluye sin razones justificadas una prueba de la misma relevancia, o cuando iii) la valoración del elemento probatorio decididamente se sale de los cauces racionales. A este respecto la Corte Constitucional ha dicho:
“No obstante lo anterior advierte la Sala, que sólo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería contrario al principio de que la tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones”. (Subrayas fuera del original)
“Respecto de la vía de hecho por defecto fáctico, la Corte ha sido clara en orientar y limitar su procedibilidad a la manifiesta actuación arbitraria o abusiva del funcionario judicial, descartando cualquier tipo de reconocimiento frente a la eventual discrepancia interpretativa que pueda surgir al interior del debate jurídico y probatorio. No es factible alegar la ocurrencia de una vía de hecho, cuando la providencia judicial encuentra fundamento en un determinado criterio jurídico o en una razonable interpretación de las normas que son aplicables al caso, ya que tal situación afectaría de manera grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial que, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley y para fijarle en concreto su verdadero sentido y alcance.
“Así entonces, para sustentar el fundamento de las distintas decisiones, los jueces dentro de la órbita de sus competencias, son autónomos e independientes y en sus providencias “sólo están sometidos al imperio de la ley (art. 230 C.P.)” , gozan de la potestad de valorar las pruebas allegadas al proceso de acuerdo a las reglas de la sana crítica y según los parámetros de la lógica y la experiencia”. (Subrayas fuera del original)
“La doctrina constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales por haberse incurrido en vía de hecho en la valoración probatoria es sumamente clara, exige que se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción.”
“Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha insistido en que el juez de tutela en lo que se refiere al defecto fáctico, carece de competencia para suplantar al juzgador de instancia en su tarea de valorar autónomamente los medios de prueba practicados en forma legal y oportuna en el proceso, pues su labor como juez constitucional se limita a determinar si la autoridad ordinaria al realizar tal actividad incurrió en una ostensible y evidente irregularidad. Por ello, este Tribunal ha sostenido de manera reiterada que “cuando los jueces de tutela o la Corte conocen de una acción de tutela por vía de hecho deben verificar si al resolver el caso que es materia de análisis el juzgador de instancia en forma abrupta e injustificada se abstuvo de arrimar al proceso el material probatorio necesario para aplicar el supuesto normativo en el que fundamenta su decisión ó, aunque teniéndolo, le restó valor o le dio un alcance no previsto en la ley, sin que al ejercer esta función puedan entrar a suplantar al juzgador en su función de ponderar en forma autónoma los medios de prueba conforme a las reglas de la sana crítica”.
(iii)	Naturaleza de las obligaciones alimentarias
La obligación alimentaria se encuentra regulada en los artículos 411 y siguientes del Código Civil. Así el artículo 411 del Código Civil señala que se deben alimentos: al cónyuge (obligación extendida por la Sentencia 1033 de 2002 a los compañeros permanentes), a los descendientes, a los ascendientes, a cargo del cónyuge culpable respecto al cónyuge divorciado o separado de cuerpos sin su culpa, a los hijos adoptivos, a los padres adoptantes, a los hermanos y al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada.
Así mismo, el artículo 416 señala que cuando son varios los obligados a suministrar alimentos, sólo se podrán pedir a uno de ellos y en el estricto orden establecido en la disposición. En este sentido, el primer orden será el que ha hecho una donación cuantiosa y en segundo el cónyuge. La norma señala:
“ARTICULO 416. ORDEN DE PRELACION DE DERECHOS. El que para pedir alimentos reúna varios títulos de los expresados en el artículo 411, solo podrá hacer uso de uno de ellos, observando el siguiente orden de preferencia.
En segundo, el que tenga según los incisos 1o. y 4o.
En tercero, el que tenga según los incisos 2o. y 5o.
En cuarto, el que tenga según los incisos 3o. y 6o.
En quinto, el que tenga según los incisos 7o. y 8o.
El del inciso 9o. no tendrá lugar sino a falta de todos los otros.
Sólo en el caso de insuficiencia del título preferente podrá recurrirse a otro.”
Por otra parte, el Código Civil define lo que debe entenderse por alimentos tanto congruos como necesarios en el artículo 413, señalando que “los congruos son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social y necesarios los que le dan lo que basta para sustentar la vida.”
Así mismo, desde sus inicios la Corte Constitucional ha abarcado el tema de las obligaciones alimentarias. En efecto, ha sostenido que el derecho de alimentos “es aquél que le asiste a una persona para reclamar de quien está obligado legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurársela por sus propios medios. Así, la obligación alimentaria está en cabeza de la persona que por ley, debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos.”
Así mismo, ha dicho que el concepto de alimentos que se deriva del parentesco, no sólo comprende “el sustento diario, sino también el vestido, la habitación, la educación y la recreación en el caso de los menores de edad.”
En la Sentencia C-237 de 1997, mediante la cual se declaró exequible el delito de inasistencia alimentaria, la Corte desarrolló la naturaleza jurídica de las obligaciones alimentarias. En primer término señaló que esta obligación se fundamenta en el deber de solidaridad de los miembros del núcleo familiar: “Su especificidad radica en su fundamento y su finalidad, pues, dicha obligación aparece en el marco del deber de solidaridad que une a los miembros más cercanos de una familia, y tiene por finalidad la subsistencia de quienes son sus beneficiarios.”
Agrega, “Los términos de la obligación aparecen regulados en la ley, que contiene normas sobre los titulares del derecho, las clases de alimentos, las reglas para tasarlos, la duración de la obligación, los alimentos provisionales (arts. 411 a 427 del Código Civil); el concepto de la obligación, las vías judiciales para reclamarlos, el procedimiento que debe agotarse para el efecto, (arts. 133 a 159 del Código del Menor), y el trámite judicial para reclamar alimentos para mayores de edad (arts. 435 a 440 Código de Procedimiento Civil).”
En un posterior pronunciamiento, la Corte Constitucional recalcó la relevancia constitucional de los alimentos al señalar “el reconocimiento y concreción de las obligaciones alimentarias y su realización material, se vincula con la necesaria protección que el Estado debe dispensar a la familia como institución básica o núcleo fundamental de la sociedad, y con la efectividad y vigencia de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, en la medida en que el cumplimiento de aquéllas sea necesario para asegurar en ciertos casos la vigencia de los derechos fundamentales de las personas al mínimo vital o los derechos de la misma estirpe en favor de los niños, o de las personas de la tercera edad, o de quienes se encuentren en condiciones de marginación o de debilidad manifiesta (art. 2º, 5, 11, 13, 42, 44 y 46 C.P.)”
“A nivel procesal, es menester demostrar el parentesco o la calidad de acreedor del derecho de alimentos según las normas aplicables; dirigir la demanda contra la persona obligada a dar alimentos y, por último, probar que se carece de bienes de tal forma que no puede asegurarse su subsistencia.”
Entre las características que la jurisprudencia constitucional ha reconocido a la obligación alimentaria se tienen las siguientes:
En estos términos puede concluirse que la determinación del derecho de alimentos como un deber de solidaridad de los miembros de una familia, tiene un escenario propio en donde el juez ordinario, con fundamento en las pruebas allegadas al proceso debe determinar si la obligación existe y la cuantía de la misma. En este sentido, una vía de hecho sólo procedería en los casos en que tal determinación sea abiertamente arbitraria.
La señora Florinda Thorp señala que su esposo inició en su contra un proceso de única instancia de fijación de cuota alimentaria que fue tramitado por el Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura y que la condenó por un valor de $1.500.000.
Agrega que el juez tomó la decisión bajo la premisa de que la señora Florinda Thorp es propietaria de un edificio en la ciudad de Buenaventura. Sin embargo, considera que tal conclusión resulta arbitraria por cuanto el juez no tuvo en cuenta la real capacidad económica de la accionante. En efecto, ella es dueña tan sólo de la sexta parte de un Edificio y la restante propiedad recae en su hijos. Además dice que el juez “no toma los alimentos en la casa; y desde mediados del año 2006 la familia Hidalgo Thorp (hijos esposa), le proveen estos en el Restaurante Titanic de la ciudad de Buenaventura.”. Así mismo, considera que su afirmación se encuentra sustentada en el hecho de que no ha podido cumplir con la condena, razón por la cual ahora existe en su contra un proceso ejecutivo y se han embargado sus bienes.
En el caso en concreto se observa que se cumplen los requisitos generales de procedencia establecidos por la jurisprudencia constitucional. En efecto, la la acción de tutela bajo estudio plantea un asunto de innegable trascendencia constitucional, como quiera que sugiere la violación del derecho al debido proceso en el trámite de un proceso, por supuesto desconocimiento del material probatorio allegado dentro del proceso.
“Anótase, por otra parte, que la demanda para obtener el aumento, disminución o la exoneración de alimentos, da lugar a un nuevo proceso, independiente de aquél que previamente los fijó; pues ni el Código de Procedimiento Civil (artículo 435), ni el llamado Código del Menor, ni disposición alguna, estatuyeron que solicitudes de ese tenor se constituyesen en apéndice del proceso inicial o hubiesen de tramitarse a continuación del mismo.”
Por otro lado, el hecho de que la señora Thorp interpusiera acción de tutela en aras de proteger su debido proceso supuestamente vulnerado por el Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura al valorar arbitrariamente las pruebas allegadas al proceso, permite a la Sala concluir que tal circunstancia no podría debatirse nuevamente en un proceso de revisión de la cuota alimentaria, y por tanto, este medio judicial no es el idóneo para proteger la garantía constitucional supuesta conculcada en el caso concreto. En otras palabras, la accionante no cuenta con otro recurso judicial para salvaguardar su derecho fundamental al debido proceso.
Adicionalmente, la Sala encuentra que el requisito de la inmediatez se cumple en el caso bajo estudio, pues el demandante no dejó pasar tiempo excesivo entre la decisión definitiva del Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura y la interposición de la acción de tutela. En este sentido, la sentencia de este Despacho se produjo el 1 de julio de 2008, al tiempo que la demanda de tutela fue incoada en el mes de septiembre del mismo año ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. Así entonces, a juicio de la Sala, el demandante fue diligente al presentar oportunamente la acción tutelar.
En efecto, los ataques de la Sentencia pueden sintetizarse de la siguiente manera: (i) la determinación de la cuota alimentaria se fundamentó en lo que se percibe por los arriendos del Edificio Hidalgo. Sin embargo, sin que estuviesen vinculados los hijos del matrimonio, no se tuvo en cuenta que ellos son titulares de la quinta parte del edificio y que la accionante es una persona también de la tercera edad, (ii) la demanda de alimentos fue interpuesta contra la cónyuge y no contra los hijos, (iii) no consideró las pruebas que demostraban la incapacidad económica del alimentante y la falta de necesidad del alimentado, tales como el suministro de alimentos en el Restaurante Titanic al señor Hidalgo, que éste al ser residente de los Estados Unidos, recibe una ayuda del Gobierno de ese país, que al ser abogado puede percibir honorarios por su profesión. Así mismo, en relación con la incapacidad económica del alimentante no valoró los gastos del Edificio y de la propia accionante.
Consta en el expediente que el señor Gilberto Hidalgo Pérez (que en el momento de la interposición de la demanda-2006- contaba con 82 años) inició proceso de alimentos contra su cónyuge, alegando que en vida había transferido la propiedad de sus bienes a su esposa e hijos, los cuales se ven representados en el Edificio Hidalgo, el cual construyó en el año 1988 con sus recursos, pero frente al cual se reservó su posesión. Agrega que la administración y recaudo de todos los canónes de arrendamiento es hecho por la señora Thorp y que ascienden a la suma de $6.500.000.
Posteriormente, el Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura profiere sentencia condenando a la señora Florinda Thorp al pago de alimentos a favor de su esposo por una cuantía de $1.500.000 mensuales. En la providencia, el juez concluyó que se encontraba probado el cumplimiento de los tres requisitos para que proceda el pago de alimentos y partió del hecho de que la Corte Constitucional ha definido que estos se basan en el principio de solidaridad que tienen los miembros de la familia.
Así, la Sentencia atacada luego de hacer referencia a las pruebas aportadas por las partes, concluye que tanto demandante como demandado, así como los testigos oídos en el proceso, admitieron que el señor Gilberto Hidalgo Pérez construyó con sus propios recursos el Edificio Hidalgo de la ciudad de Buenaventura y que en vida transfirió el dominio y la administración de la totalidad de sus bienes a sus hijos y esposa, bajo la condición de que éste seguiría disfrutando de su posesión. Por otra parte, al hacer un análisis de la suma que se percibía por concepto de arriendos, el Despacho concluyó que esta ascendía a $4.960.000, y por tanto, también estaba demostrada la capacidad del alimentante.
Por otro lado, el Juez sostuvo que contrario a lo sostenido por la accionante, la obligación de dar alimentos no se limita al suministro de una comida, sino de garantizar al alimentado todo aquello necesario para una existencia digna, es decir, salud, recreación, vestuario, entre otros. Es por ello que dijo que si bien la accionante suministra algunos alimentos en el restaurante “Titanic”, con ello no se agota la obligación alimentaria, teniendo en cuanta además, la avanzada edad del señor Hidalgo.
Por todo lo anterior, no puede considerarse que la decisión del juez está desprovista de análisis, más aún cuando, contrario a los señalado por la tutelante, en virtud del artículo 416 del Código Civil, el señor Hidalgo sólo puede dirigir su demanda de alimentos contra uno de los obligados y en el estricto orden de la norma, esto primero a su cónyuge.
Por último, la Sala Sexta de Revisión acoge lo señalado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil al decidir de fondo el presente asunto cuando señala “(…) De tal forma que no puede indicarse que la autoridad aquí acusada omitió valorar alguna de las probanzas arrimadas al plenario, y mucho menos que les hubiera dado un significado que no tenían, pues, consciente de que la propiedad del edificio no estaba en su totalidad en cabeza de la demanda, acorde con los instrumentos presentes, estimó que las versiones rendidas permitían concluir que “el demandante lo construyó y lo que ésta edificación produzca debe ir al mantenimiento del edificio, al sostenimiento de la señora Florinda y el señor Gilberto, y ya de lo que allí sobre se hará la distribución que a bien tenga la administradora”
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, el 31 de octubre de 2008.

References: resolución 
 artículo 411
 artículo 416
 artículo 411
 artículo 413
e contrario
 artículo 416