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Timestamp: 2017-08-17 21:12:52+00:00

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Boletin GAL 1640 – Boletin GAL
Nº 1.640. Miércoles 5 de marzo de 2014. Año IX. Boletín Electrónico de Medio Ambiente. Santiago de Chile. Editor, Luis Alberto Gallegos Mendoza. Lectores(as): 32.273. Contacto: boletingal@gmail.com Fonos: 56-02-27857084, 09-5732334. Facebook @BoletinGal Web http://boletingal.wordpress.com / https://luisalbertogmz.files.wordpress.com
La Pintana rechaza proyecto de basura
La Pintana, miércoles 5 de marzo de 2014, por Cristián Pacheco, Radio Universidad de Chile.- Vecinos rechazan proyecto para instalar basural en La Pintana. Habitantes y autoridades municipales afirman que la iniciativa convertiría al sector El Castillo en un basural. La inversión, de más de 10 mil millones de pesos, sería ejecutada por la empresa Emeres, presidida por el alcalde Jaime Pavez, quien rechazó las acusaciones.
La Reina, miércoles 5 de marzo de 2014, por Raúl Donckaster, alcalde de La Reina, Presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Asociación Chilena de Municipalidades, El Quinto Poder.- Lo que hicieron los últimos ministros fue actuar en el terreno fácil: simplificar su cometido solucionando sólo una parte de lo que tenían que resolver y dejando un grave problema a la gestión que ahora se inicia. Incluso mayor al que había cuando asumió el gobierno que se va. Según nos informó la prensa ayer, al término de su reunión con el futuro ministro de Obras Públicas, la actual titular de esa cartera, Loreto Silva, mostró como uno de los logros de su ministerio que se hubiera adjudicado el tramo El Salto-Príncipe de Gales de la autopista Américo Vespucio Oriente.
Paine, miércoles 5 de marzo de 2014, por Héctor Areyuna S., Radio Universidad de Chile.- Comunidades de Paine advierten que la instalación de la planta pone en riesgo el consumo de agua afectando a la flora y fauna del sector y la actividad agrícola. Cerca de las 13 horas de este domingo, cientos de personas y decenas de automóviles protagonizaron un corte de carretera en la Ruta 5 sur por cerca de 45 minutos en una marcha de siete kilómetros. Se trata de las comunidades de la localidad de Paine que se oponen a la instalación de una planta de la Compañía Cervecerías Unidas (CCU) en la comuna.
Tribunal Ambiental anula multa a Pascua Lama
Santiago, miércoles 5 de marzo de 2014, El Mercurio.- Tribunal Ambiental anula multa contra Pascua Lama pero mantiene paralización del proyecto. Según esta instancia, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) deberá sancionar cada uno de los 22 incumplimientos de la empresa minera en forma independiente. El Tribunal Ambiental resolvió en forma unánime anular la resolución con que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) multó al proyecto minero Pascua Lama, y le ordenó rehacer totalmente la resolución sancionatoria, resolviendo los vicios e ilegalidades contenidas en el primer documento. “Este Tribunal ha llegado a la convicción que los vicios de legalidad descritos precedentemente son de tal entidad, que sólo cabe la anulación de la resolución reclamada”, dice la sentencia.
Superintendencia y Tribunal Ambiental se enfrentan por caso Pascua Lama
Santiago, miércoles 5 de marzo de 2014, El Mercurio.- SMA evaluaría acciones legales tras fallo de Tribunal Ambiental por Pascua Lama. La entidad fiscalizadora dijo que se encuentra “analizando” la resolución que deja sin efecto “parcialmente” la multa impuesta al proyecto minero. La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) reaccionó al fallo emitido por el Tribunal Ambiental que dejó sin efecto las multas impuestas por la entidad fiscalizadora en contra del proyecto Pascua Lama.
Superintendente de Medio Ambiente desea seguir en el cargo
Santiago, miércoles 5 de marzo de 2014, por Antonio Astudillo y Constanza Pérez-Cueto, La Tercera.- “Sería interesante avanzar en la inamovilidad del superintendente de Medioambiente”. En el primer año de existencia de la SMA, su titular, Juan Carlos Monckeberg, hace un balance de la gestión. A pocos días del cambio de mando, se sincera y dice que “aún quedan cosas por hacer”, por lo que le gustaría permanecer en el cargo.
Semana clave para HidroAysén
Santiago, miércoles 5 de marzo de 2014, por Antonio Astudillo M, La Tercera.- HidroAysén: gobierno notificaría esta semana resolución de ministros. Con esto, tanto la compañía como los reclamantes tienen 30 días para recurrir al Tribunal Ambiental. Esta será una semana decisiva para el proyecto HidroAysén, ya que la compañía sería notificada de la resolución adoptada por el Comité de Ministros el 31 de enero. Según fuentes conocedoras del proceso, el gobierno ya habría recibido el visto bueno de, al menos, tres de los seis secretarios de Estado que debían visar el documento con las reclamaciones, elaborado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) tras la reunión del mencionado comité donde participan los titulares de las carteras de Medioambiente, Economía, Minería, Energía, Salud y Agricultura.
Ley 20.727: Compensación a comunidades por impacto ambiental de proyectos
Santiago, miércoles 5 de marzo de 2014, por Clemente Pérez, La Tercera.- Moneda ambiental. Se ha allanado el camino para que los titulares de proyectos de inversión puedan llegar a acuerdos con las comunidades y realizar inversiones en su beneficio, sin que esto sea sancionado por el SII. Cuando partió el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental había reducidos espacios de participación ciudadana, y se decía que las compensaciones a las comunidades afectadas por un proyecto sólo podían ser “en moneda ambiental”, vale decir, sólo se permitía que el titular de un proyecto ofreciera medidas de compensación o reparación que redujeran los impactos que su proyecto generaba.
Santiago, miércoles 5 de marzo de 2014, por Francisca Orellana, Diario Financiero.- Eollice se suma a tendencia de crowdfunding para apoyar desarrollo. Nuevo sistema de financiamiento colectivo busca revertir la falta de créditos para iniciativas verdes. Hace pocas semanas comenzó a funcionar la primera plataforma de financiamiento colectivo o crowdfunding especializada en proyectos de energías renovables en Chile. Se trata de Eollice, una iniciativa pionera en el país y en Latinoamérica que busca conectar inversionistas, que pueden aportar desde $ 10.000, con medianas y pequeñas empresas que quieran concretar e incorporar un proyecto ligado a energías limpias a sus procesos productivos para poder disminuir sus costos, bajar la dependencia de combustibles fósiles o reducir su impacto en el medioambiente.
ONU por vez primera vincula desertificación, conflictos armados y cambio climático
Naciones Unidas, miércoles 5 de marzo de 2014, Ecoticias.- La Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (Unccd, en sus siglas en inglés) afirmó este lunes, por primera vez, que existe relación entre la desertificación, el cambio climático y los conflictos armados. En su publicación ‘Desertificación: la primera línea invisible’, la Unccd señala que la desertificación, el cambio climático y los enfrentamientos bélicos interactúan entre sí, algo que habían sugerido hasta ahora los científicos y las principales organizaciones de seguridad, pero que nunca antes habían vinculado. El estudio concluye que en las regiones de África altamente vulnerables a la desertificación ha habido un aumento de sequías y escasez de lluvias en los últimos 40 años y una alta incidencia de ataques terroristas en 2012 y de disturbios motivados por el hambre en 2007 y 2008.
Lima, Perú, miércoles 5 de marzo de 2014, por Héctor Béjar, El Mercurio Digital.- Hasta ahora se ha dicho que el concepto de justicia es aplicable solo a los seres humanos. La cuestión es si podemos expandir la idea de la comunidad de justicia para incluir a la naturaleza no humana. Como consecuencia de la crisis global, el siglo XXI se ha caracterizado por los intentos de aplicar la ética a la economía. Si se aplica la ética al calentamiento global, las políticas de cambio climático se convierten en políticas de justicia climática. Es la justicia entre ricos y pobres, desarrollados y subdesarrollados, entre las generaciones actualmente existentes y las que vienen.
Cambio climático: De las políticas públicas cortoplacistas a las estratégicas
Buenos Aires, Argentina, miércoles 5 de marzo de 2014, La Nación.- Cambio climático y políticas públicas. Las playas bonaerenses se ven perturbadas por recurrentes tormentas eléctricas que ya provocaron cuatro muertes y decenas de heridos. Evidentemente, el aumento de las tormentas -que produjeron las recientes inundaciones en el norte bonaerense, especialmente en San Pedro, San Nicolás, Ramallo, Arrecifes y Pergamino- conlleva una mayor frecuencia de episodios de truenos y relámpagos que al tocar tierra suelen encontrar áreas densamente pobladas.
Informe detalla avances en estrategias contra el cambio climático en América Latina
La Paz, Bolivia, miércoles 5 de marzo de 2014, Taringa.- En algunos países de Latinoamérica atacar a la naturaleza es un crimen, en otros se alienta la compra y venta de los gases que destruyen la atmósfera. Son medidas dispares con un mismo fin: confrontar la inevitable transformación del clima, que ya está sintiéndose en toda la región, sea en forma de fenómenos extremos como las tormentas gemelas, o menos perceptibles, como el alza del nivel del mar. Por fortuna, América Latina es la región del mundo, junto con África, que más ha hecho en materia de legislación para prevenir o mitigar los cambios atmosféricos, de acuerdo a un informe global sobre los avances legislativos.
Estados Insulares en riesgo a desaparecer por cambio climático
Naciones Unidas, miércoles 5 de marzo de 2014, Prensa Latina.- Pequeños estados insulares solicitan actuar ante el cambio climático. Los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS) reclamaron en Naciones Unidas acciones globales para lidiar con el impacto del cambio climático, fenómeno que representa un particular desafío para ellos. En una reunión celebrada esta semana aquí, preparatoria para la Tercera Conferencia de los SIDS, prevista en septiembre próximo en Samoa, esos países demandaron además el apoyo mundial para formar alianzas que los ayuden a lograr el desarrollo sostenible, señala una nota de prensa que resume el foro.
Jujuy, Argentina, miércoles 5 de marzo de 104, Deutsche Welle.- Con apoyo de la organización alemana Weltfriedensdienst, la activista Natalia Sarapura creó el primer programa de educación superior indígena. Éste responde a las necesidades de los pueblos ancestrales. Originaria de Jujuy, en el norte de Argentina, Natalia Sarapura ha dedicado la mayor parte de su vida a la lucha pacífica por los derechos de los pueblos indígenas y, en particular, de sus mujeres. En su función como presidenta del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ), la activista colla ha creado un concepto de desarrollo basado en el derecho a la tierra, a la educación y al buen vivir. En 2013, la fundación alemana Die Schwelle reconoció el valor de su trabajo, otorgándole el Premio de la Paz a la Militante Desconocida.
eEl proyecto en discordia se refiere a la posible instalación de una Planta de Tratamiento de Residuos Voluminosos en La Pintana, que contempla el envío de escombros, como aparatos electrónicos en desuso, muebles, madera y restos de podas, de 21 comunas de la región Metropolitana.
El proyecto, que incluye el diseño de ingeniería, el equipamiento y el terreno, fue presentado por el municipio al Gobierno Regional para que, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se financien más de 10.430 millones de pesos necesarios para su implementación.
La ejecución estaría a cargo de la empresa Emeres, sociedad anónima que aglutina a los 21 municipios en cuestión y cuyo directorio es presidido por el alcalde de La Pintana, Jaime Pavez. En su directorio además figuran los alcaldes de El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, La Reina y San Joaquín.
La concejala DC Claudia Pizarro explicó a Radio Universidad de Chile que la planta en cuestión se emplazaría en un terreno de propiedad de la Fundación Salomón Sack, que es aledaño a las poblaciones Nueva Patagonia, La Primavera y El Remanso, entre otras, afectando a unos 50 mil habitantes.
Asimismo, denunció que ha habido irregularidades en el proceso, ya que ella misma figura en el acta del concejo municipal del 23 de diciembre votando en contra de la medida, pese a que no se encontraba en el momento de la votación. Por tanto, se aprobó el avance con sólo cuatro votos a favor, sin alcanzar el quórum necesario en un concejo compuesto por ocho representantes. “Este tema tiene que ir con participación ciudadana. Basta de hacer proyectos en el aire sin consulta a los ciudadanos que habitan este lugar. Este tema lo quieren hacer entre cuatro paredes, es algo que está bastante avanzado, ya están presentados los proyectos a los fondos regionales. Nosotros no queremos este proyecto y menos sin consultas a la gente que vive en este lugar, que va a ser la más perjudicada”, dijo la concejala.
Por su parte, el alcalde Jaime Pavez (PPD) negó que se estén haciendo gestiones a espaldas de la gente y aseguró que la concejala y las agrupaciones involucradas están enfrascadas en una disputa política.
Según el edil, Emeres es una empresa sin fines de lucro y su participación, al igual que la de los otros jefes comunales, no tiene ningún tipo de remuneración, sino que busca optimizar esfuerzos para mantener limpias las calles de la comuna: “No voy a cometer una atrocidad para nuestra comunidad ni para la comuna de La Pintana. No ha sido así en veinte años, no tendría que ser así ahora. Esto es un proyecto donde la idea es que alguien nos colabore para adquirir un temario, para desarrollar un proyecto destinado específicamente a un segmento de los residuos que fueran voluminosos y éstos poder reciclarlos, reutilizarlos y reducirlos”, señaló Pavez.
Vecinos y colectivos del sector se han agrupado en la Coordinadora por la Defensa del Medio Ambiente de La Pintana para exigir que se realice una audiencia pública en que se discuta la controversia. Rodrigo Salinas, uno de sus miembros, señaló que quieren evitar la instalación de la planta porque generaría efectos negativos, como el paso constante de camiones y la devaluación de las casas.
Además, Salinas aseguró que no están dispuestos a tolerar que su población, que ya es el “patio trasero de Santiago”, se transforme además en su basurero: “La remoción de todos los escombros y basura que hay en ese sector va a provocar que muchos insectos y roedores se vayan hacia la población. También creemos que los camiones van a pasar por nuestras poblaciones y dejarán residuos y olores que no queremos en nuestra población”, expresó.
De igual forma opinó la dirigenta Silvia Hueche, de la Junta de Vecinos El Remanso, que realiza un “puerta a puerta” para informar a las poblaciones y juntando firmas para presionar al municipio.
Tanto la concejala como los dirigentes señalaron que los cuantiosos recursos podrían ser destinados a la construcción de parques, solucionar el problema de vivienda para los allegados o invertir en mejoras para la educación.
Esto requiere de dos precisiones inmediatas.
Primero, no es cierto que lo adjudicado aborde trabajos que se vayan a hacer en toda esa extensión, sino que sólo será entre El Salto y Avda. Bilbao, con lo que –y esto el mismo Ministerio lo ha reconocido– al terminarse esas obras se incrementará el problema de atochamiento en la comuna de La Reina. Esto perjudicará directamente a varias decenas de cuadras de los alrededores y afectará de manera nociva a toda la comuna.
Por eso, la finalidad que debería haberse perseguido, de beneficiar a la ciudad con flujos más expeditos y a los vecinos aledaños a la autopista no se consigue, sino, por el contrario, los objetivos definitivamente no se cumplen. Ninguna autoridad debiera sentirse satisfecha de ello.
Segundo, la razón por la cual se dividió la licitación -excluyéndose desde Bilbao hasta Avda. Grecia- se debe, exclusivamente, a la falta de capacidad o voluntad de las últimas autoridades del Ministerio de Obras Públicas, discriminando a los habitantes de las comunas de La Reina, Ñuñoa y Peñalolén. Nunca tuvieron intención efectiva de dar el trato que otorgaron a Las Condes y Vitacura, a las demás comunas que también se afectaba.
Lo que hicieron los últimos ministros fue actuar en el terreno fácil: simplificar su cometido solucionando sólo una parte de lo que tenían que resolver y dejando un grave problema a la gestión que ahora se inicia. Incluso mayor al que había cuando asumió el gobierno que se va.
Se desechó por las autoridades el criterio fundamental de que las ciudades se deben construir y crecer de manera armónica e integrada, y con mayor razón cuando se trata de intervenir en vías estructurantes, como lo es la autopista Américo Vespucio Oriente.
Estamos seguros que la Presidenta y el nuevo Ministro arbitrarán las medidas necesarias, que corrijan y compensen adecuadamente a los habitantes de las comunas que han sido marginadas y efectivamente se nos incorporará a los espacios de decisión de los cuales hemos estado excluidos.
Concurso infraccional
El Tribunal, después de analizarlo en extenso, resolvió rechazar el criterio utilizado por la SMA, que agrupó las 22 infracciones cometidas y reconocidas por la minera para fijar las sanciones. A través de un supuesto “concurso infraccional”, la Superintendencia tomó 19 de ellas y conformó solo dos incumplimientos, los que sumados a las tres restantes dieron lugar a una multa total de 16.000 UTA.
“La SMA incurrió en ilegalidad al sancionar los trece incumplimientos a la RCA como una sola infracción y considerar el número de incumplimientos como agravantes, por lo que deberá, al dictar la nueva resolución, proceder a sancionar cada uno de los incumplimientos en forma independiente, realizando la calificación de cada uno de ellos conforme a los criterios del artículo 36 de la LOSMA y determinar, conforme a los criterios del artículo 40, cuál es la sanción correspondiente de acuerdo a una debida fundamentación. (…) deberá proceder de la misma forma respecto de, a lo menos, los seis incumplimientos a la Resolución N° 107, ya que también se les sancionó como una sola infracción por aplicación del denominado ‘concurso infraccional’, calificado como improcedente por este Tribunal”, dice el Tribunal Ambiental.
Falta de fundamentación de la SMA
El Tribunal también se refiere en su sentencia a las argumentaciones entregadas por la Superintendencia a lo largo de su resolución sancionatoria, explicando que la falta de fundamentación que se observa a lo largo de todo el documento, es una de las razones más importantes por la cual la resolución de la SMA adolece de ilegalidad.
“Este Tribunal concluye que la resolución impugnada no cumple -entre otros- con los requisitos de integridad y autosuficiencia que se exige a las resoluciones como la impugnada. Carece de integridad porque de los argumentos señalados por el Superintendente en la citada resolución, no se logra entender por qué se sancionan todas las infracciones a la RCA como una sola y por qué el número de estas se consideró como una agravante. La carencia anterior resulta contumaz respecto de las infracciones a la Resolución N° 107, donde sólo se indica que se aplicará el concurso infraccional sin ningún tipo de fundamentación. La resolución impugnada no es autosuficiente por cuanto requirió de nuevos argumentos por parte del Superintendente para explicar su decisión, lo que se agrava si se considera que dichos antecedentes estaban destinados a fundamentar una figura jurídica distinta a aquella contenida en la resolución recurrida. Lo anterior, es motivo suficiente para invalidar en esta parte la resolución”, afirma el fallo.
“Este Tribunal exigirá la debida motivación por parte del Superintendente en todo el proceso señalado, para lo cual no será suficiente referirse en términos genéricos a los fundamentos de lo decidido o enunciar la normativa aplicable sin realizar el debido análisis de cada una de las circunstancias consideradas al momento de establecer la sanción especifica. Particularmente, esta Magistratura revisará con especial detención los fundamentos de aquellas decisiones contenidas en la resolución impugnada que digan relación con la aplicación de una especial forma de sancionar las infracciones (concurso infraccional), las razones esgrimidas para calificar cada una de ellas y especialmente, el desarrollo de los argumentos de cada uno de los criterios que lo llevaron a decidirse por la imposición de una sanción en detrimento de otra de las sanciones contenidas en el artículo 39 de la LOSMA”, afirma el Tribunal.
Santiago, miércoles 5 de marzo de 2014, El Mercurio.- SMA evaluaría acciones legales tras fallo de Tribunal Ambiental por Pascua Lama. La entidad fiscalizadora dijo que se encuentra “analizando” la resolución que deja sin efecto “parcialmente” la multa impuesta al proyecto minero.
La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) reaccionó al fallo emitido por el Tribunal Ambiental que dejó sin efecto las multas impuestas por la entidad fiscalizadora en contra del proyecto Pascua Lama.
A través de un comunicado, la SMA indicó que han tomado conocimiento esta mañana del fallo emitido por el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, respecto del proyecto minero ligado a la Compañía Minera Nevada SPA.
“El fallo, si bien acoge las reclamaciones contra la Resolución Exenta N° 477 emitida por esta Superintendencia el 24 de mayo de 2013, y ordena dejar sin efecto parcialmente ésta, mantiene la vigencia de las medidas ‘urgentes’ y ‘transitorias’ decretadas en ella”, añade el documento.
Al respecto, “la SMA está analizando el fallo para determinar las acciones a seguir, según lo establecido por la ley, y evaluar posibles acciones legales, las cuales se informarán oportunamente en su momento”, concluye el escrito.
Setenta procesos de sanción, de los cuales casi la mitad son por denuncias y multas por US$ 18 millones, acumula la Superintendencia de Medioambiente (SMA) desde su puesta en marcha. Juan Carlos Monckeberg, titular del organismo, dice que le ha tocado un “duro y extenuante” trabajo para echar a andar la nueva institución. Ha recibido críticas de parte de las empresas, que desearían que los procesos fueran más reservados, pero dice que la nueva institucionalidad llegó para quedarse. “Las empresas deben tener claro cuáles son sus obligaciones”, afirma tajantemente. Confiesa que le gustaría seguir en el cargo y que la inamovilidad es uno de los temas pendientes para un mejor funcionamiento del organismo. Descarta el apelativo de Sheriff que le han colgado y adelanta que este año el organismo se concentrará en analizar el cumplimiento de los planes de descontaminación, aunque no dejará de lado el fiscalizar a las empresas.
Nuestro primer objetivo fue posicionar a la SMA. Hubo gente que no le daba mucha credibilidad a lo que el organismo podía hacer y con el tiempo, se fue demostrando que con sus actuaciones ha ido cambiando la gestión de las empresas. Según un estudio que encargamos, el 70% de las compañías ha cambiado sus niveles de gestión desde que opera la SMA. Ese porcentaje es uno de los principales éxitos. No solamente hemos sancionado a empresas grandes, porque el 44% de las sanciones son a pymes. Tratamos, desde el punto de vista de la fiscalización y la sanción, de hacer un barrido con todos nuestros regulados y darles señales a todos. La carga de trabajo ha sido tremenda, porque todo partió de cero. El nuevo superintendente que venga tendrá unas condiciones mucho mejores a las que tuvimos nosotros cuando partimos.
Se dice que la SMA es una especie de Sheriff…
El estándar de la fiscalización ha mejorado significativamente y, justamente, eso era lo que buscaba la reforma a la institucionalidad ambiental: que se fiscalizara más. Las compañías sabían a qué se comprometen cuando se les entregan permisos ambientales. Tuvieron dos años para prepararse para la entrada en funcionamiento de la SMA, entonces, cargarle la mano a una institución diciendo que son Sheriff o que son pro empresas o verdes, no corresponde. Acá estamos hablando de cumplimiento legal. Hay una situación de base que no se puede desconocer, que es que las empresas debieran tener claro cuáles son sus obligaciones. La figura del Sheriff es una caricatura.
¿Las empresas son laxas en cumplir con la normativa?
No me atrevería a decir que las compañías son más laxas. Entiendo que hay complejidades para, a veces, ajustarse a ciertos permisos o exigencias, pero lo que echo de menos es que la misma ley entrega herramientas a las empresas que permiten poner remedio a esas condiciones que están redactadas de una forma no muy concreta, que no hay claridad de cómo se cumple, y esos mecanismos han sido poco utilizados por las empresas. Lo que nosotros queremos como fiscalizadores es que todo el mundo tenga claro qué tiene que hacer, y la primera obligación es del que tiene el permiso.
¿Pero deben mejorar la calidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)?
Al contrario de lo que se ha dicho en algunas partes, en general, la calidad de los EIA es adecuada. Se hacen muchos estudios de línea base, se levanta mucha información. Siempre se pueden hacer mejor las cosas y hacer más estudios, pero en las empresas serias se gastan muchos recursos y hacen buenos EIA. Pero el problema no está en eso, sino que en la forma en cómo está concebido el permiso, que es como la historia de un proyecto. Creo que debiese concentrarse en señalar claramente qué es lo relevante de todo el proceso de evaluación a fiscalizar, los principales compromisos y exigirles seguimiento y monitoreo a lo más relevante y no como se piensa en Chile, que mientras más condiciones y seguimiento y monitoreos se le piden a un proyecto, mejor fue la evaluación ambiental.
¿Cuáles son las prioridades de fiscalización para este año?
Por ley estamos obligados, todos los años, a generar un plan anual de fiscalización. En 2013 pusimos la mirada en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y dejamos un poco de lado los otros instrumentos, como planes de descontaminación y normas de emisión, porque eso se lo encomendamos al resto de los servicios públicos que históricamente vienen haciendo ese trabajo. Para 2014, hemos bajado un poco la cantidad de proyectos que queremos ir a fiscalizar para, justamente, reforzar otros instrumentos de gestión, porque cuando se fiscaliza un plan de descontaminación, el efecto que tiene eso es sobre un área mucho mayor que la de un solo proyecto. La SMA pondrá el foco en planes de descontaminación que afecten a poblaciones mucho mayores que a un solo proyecto o a las normas de emisión.
¿Hay cosas de la ley que debieran modificarse para mejorar la gestión?
Creo que sería interesante avanzar en la inamovilidad del superintendente de Medioambiente y el director del SEA, justamente para que estas instituciones respondan a una política ambiental del Estado y no a una contingente. Esto sería una señal potente de imparcialidad. Mientras no se logre tener la credibilidad, la gente seguirá prefiriendo el recurso de protección cuando sienta que su derecho constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación se ve afectado. En el caso de la SMA, la ley le encarga coordinar la fiscalización y los presupuestos del resto de los servicios para la fiscalización ambiental, pero no tiene mecanismos de control cuando esos servicios no ejecutan sus actividades de fiscalización de acuerdo con el programa.
¿La SMA necesita tener mayor potestad frente a otros servicios?
Exactamente. Acá hay dos alternativas: o los presupuestos ambientales que se les entregan a los servicios públicos y que están linkeados a la fiscalización ambiental se vienen a la SMA y ella los distribuye, cosa que sería poco realista, o se le entrega a la SMA algún mecanismo de control mayor, respecto de obligar a los servicios a hacer ciertas actividades que están comprometidas. En general, los servicios cumplen con las encomendaciones que hacemos, pero hay algunos casos donde buscamos el apoyo del servicio y la respuesta es que no lo van a hacer o no contestan. El único mecanismo de presión es transparentar esta información.
¿El nivel de las multas que aplica la SMA es un disuasivo para los incumplimientos? El caso de Pascua Lama, por ejemplo…
Creo que el tema de la multa, y en el caso de Pascua Lama en particular, está definido en la ley y los criterios a aplicar también, entre ellos, la importancia del daño causado, el número de afectados, el beneficio económico obtenido a propósito de la infracción, la intencionalidad, conducta anterior, etc. Estos criterios existen para establecer la sanción específica, tenemos un modelo matemático para determinar la multa más precisa.
Las multas no son arbitrarias entonces…
Siempre hay un espacio de discreción, donde uno pondera ciertas cosas, pero hay un esfuerzo de establecer un modelo que estamos mejorando constantemente, y que sea lo menos discrecional posible para poder llegar a multas que se ajusten de la forma más adecuada a los criterios de la ley. El nivel de transparencia, que también ha sido una de las críticas que hemos recibido, es algo que está asegurado en la ley y cuando se ve la cobertura de cada una de las cosas que hacemos hay un efecto, un costo reputacional que es difícil de medir en las compañías. Creo que hay que meter en el análisis la efectividad de las sanciones. Nadie quiere aparecer sancionado por la SMA.
A propósito de eso, ¿se equivocaron en el tema de Ventanas? ¿Hay alguna autocrítica?
No, no tengo ninguna autocrítica. Permanentemente estamos revisando nuestras actuaciones. Ese caso está siendo discutido en los tribunales ambientales. Nosotros hemos entregado un escrito al tribunal, defendiendo nuestra actuación en cada uno de los puntos. La opinión de la SMA es la que se expresó en su minuto. Vamos a seguir dando esa pelea, porque creemos que si la SMA en un año de funcionamiento no entra en los temas complejos, es mejor que se vaya a la casa. Desde mi punto de vista, es casi una obligación moral entrar en temas complejos. Estamos en plena discusión en los tribunales ambientales y si no nos dan la razón en ciertos casos, nosotros obviamente tomamos las resoluciones y podemos no compartirlas. Es decir, podemos llegar a la Corte Suprema. Estas discusiones no se acaban en el Tribunal Ambiental. Tenemos asegurado un debido proceso.
¿Y Bocamina? ¿En qué está el proceso?
Es una de las demostraciones de transparencia del sistema. Todas las actuaciones anteriores a la formulación de cargos fueron subidas al sistema. Ese caso está aún en la unidad de procedimiento sancionatorio y, por ende, no puedo pronunciarme hasta que no llegue al conocimiento del superintendente y pueda analizar toda la causa y poder aplicar cualquiera de las medidas que por ley estoy facultado para hacer.
Pero se reconoció que se construyó un proyecto que no era el original…
No puedo pronunciarme, porque tengo un impedimento legal para hacerlo, mientras no me llegue el expediente completo para poder tomar una opinión y poder resolver ese caso. Hoy, el procedimiento es llevado por la fiscalía instructora y cuando ella termine su procedimiento y me haga una pro- puesta, en ese momento puedo conocer todo el expediente y evaluar si aplicar la sanción, absolución o lo que ocurra.
Los ministros se habrían manifestado conformes con el documento, pues este recogería los planteamientos realizados durante la mencionada reunión. El documento que recibiría HidroAysén tendría una extensión de unas 60 páginas.
Pero eso no era suficiente. Las comunidades afectadas han reclamado legítimamente porque ellas reciben, en general, sólo los impactos negativos de los proyectos de inversión y escasos beneficios. En consecuencia, desarrollar un proyecto hoy es sinónimo de oposición local y litigios, lo que afecta no sólo a grandes proyectos mineros y centrales de generación eléctrica, sino también a populares clubes de fútbol que no encuentran un lugar adecuado para construir un estadio.
La ley ambiental se modificó, aumentando la participación ciudadana y permitiendo acceder a tribunales especializados. Ahora se señala que si ha habido negociaciones entre el inversionista y la comunidad, los acuerdos a los que se haya llegado deben ser informados a la autoridad, aunque no sean vinculantes para la evaluación ambiental de la iniciativa.
Estos acuerdos existen y son necesarios. Ya no basta que los camiones que pasan por un poblado sean de tecnología limpia, es necesario, además, que la empresa contribuya a que el camino esté en buen estado y que no haya situaciones de riesgo de accidentes. Ya no basta que el Estudio o la Declaración de Impacto Ambiental esté bien hecho, se necesita que la gente le crea a la empresa que desarrolla el proyecto. La gente quiere ver personas involucradas en el proyecto conversando con ellas.
Pero una dificultad de estos acuerdos es que, además de encarecer el proyecto, podían representar un alto costo tributario, pues las mitigaciones ambientales comprometidas podían ser consideradas como gasto rechazado, por lo que el inversionista debía enfrentar un impuesto multa de un 35% de lo que le había costado aquella medida adicional acordada con la comunidad.
Por ello, es una buena noticia la reciente promulgación de la Ley 20.727, que modifica la Ley de Impuesto a la Renta, pues permite que ciertos pagos o desembolsos efectuados con motivo de la aprobación o ejecución de un proyecto o actividad, en beneficio de “grupos, sectores, o intereses de la localidad respectiva”, no se vean afectados por el impuesto multa antes señalado, siempre que haya una aprobación de la autoridad ambiental correspondiente, que haya un convenio que comprometa esta medida de mitigación o compensación, que esta medida sea en beneficio de la comunidad y que sea informada oportunamente al Servicio de Impuestos Internos.
Este es un paso importante. Se ha allanado el camino para que los titulares de proyectos de inversión puedan llegar a acuerdos con las comunidades y realizar inversiones en su beneficio, sin que esto sea sancionado por el SII. La “moneda ambiental” ahora también incorpora una componente social. Si es necesario que un proyecto sea un poco más caro para poder obtener su “licencia social”, es mejor que esa mayor inversión vaya en beneficio de la comunidad y no se pierda en litigios y campañas de imagen.
Artículo 5º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1º del decreto ley Nº 824, de 1974:
1) Intercálase, en el inciso segundo del Nº 8 del artículo 17, entre las frases “Tratándose de la enajenación de derechos en sociedad de personas o de acciones emitidas con ocasión de la transformación de una sociedad de personas en sociedad anónima,” y “10% o más de las acciones, a la empresa o sociedad respectiva o en las que tengan intereses, para los efectos de determinar el mayor valor proveniente de dicha operación,”, la siguiente expresión: “que hagan los socios de sociedades de personas o accionistas de sociedades anónimas cerradas, o accionistas de sociedades anónimas abiertas dueños del”.
2) Suprímese en el encabezado del párrafo décimo tercero de la letra b), del Nº 1, del artículo 20, la palabra “natural”.
3) Modifícase el inciso segundo del artículo 21 del siguiente modo:
a) Suprímese la expresión “y,” entre las frases “a organismos o instituciones públicas creadas por ley;” y “(iv) los pagos a que se refiere”.
b) Agrégase a continuación del punto aparte, que pasa a ser coma, la siguiente frase: “y (v) los pagos o desembolsos que se efectúen con motivo de la aprobación o ejecución de un proyecto o de actividades empresariales que cuenten o deban contar, de acuerdo a la legislación sobre medio ambiente, con una resolución dictada por la autoridad competente que apruebe dicho proyecto o actividades y que consten en un contrato o convenio suscrito con una autoridad pública, una organización dotada de personalidad jurídica de acuerdo al Título XXXIII del Libro I del Código Civil, una organización comunitaria constituida en conformidad a la ley Nº19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, o en conformidad a la ley Nº 19.253, sobre comunidades indígenas, que guarden relación con grupos, sectores o intereses de la localidad respectiva, siempre que no se efectúen directa o indirectamente en beneficio de empresas del mismo grupo empresarial o de personas o entidades relacionadas en los términos del artículo 100 de la ley Nº 18.045, sobre mercado de valores. Las empresas deberán informar al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y oportunidad que éste determine mediante resolución, el monto total de la inversión destinada a la ejecución del proyecto o actividad, los pagos efectuados en cumplimiento de las obligaciones señaladas, la identificación de los beneficiarios de los mismos, así como cualquier otro antecedente relacionado. Con todo, igualmente se afectarán con el impuesto establecido en el inciso primero de este artículo, en la parte correspondiente al exceso, cuando los pagos o desembolsos excedan de la cantidad menor a la suma equivalente al 2% de la renta líquida imponible del ejercicio respectivo, del 1,6 por mil del capital propio tributario de la empresa, según el valor de éste al término del ejercicio respectivo, o del 5% de la inversión total anual que se efectúe en la ejecución del proyecto.”. (página 319,Ley N° 20.727, Introduce modificaciones a la legislación tributaria en materia de factura electrónica y dispone otras medidas que indica, http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/o…10221.3/44655/2/HL20727.pdf)
Con este sistema se busca masificar el desarrollo en Chile de energías como solar, biogás, eólica, entre otras, que en el país aún son incipientes, principalmente por temas de costos y financiamiento, explica Francisco Sepúlveda, co-fundador junto Stefan Pribnow de la plataforma, que cuenta con el apoyo de la incubadora de la Universidad Católica IncubaUc. “Nos dimos cuenta que el financiamiento es un tema preocupante para las empresas que quieren abordar este tipo de energías. Los bancos no prestan dinero y les es muy difícil pedir un crédito. Al mes hay entre 50 y 60 empresas que están interesadas en hacer un proyecto de energías renovables, pero sólo entre un 3% y 5% logran ser ejecutados porque cuentan con los recursos para pagarlo al contado”, explica Sepúlveda.
De ahí que surgió el interés de esta plataforma, que ya cuenta con su primera empresa, la lechera Said Spa, de Osorno, que solicita recursos por poco más de $37 millones para construir una planta solar fotovoltaica de 30 kW, con una reducción de 26 Toneladas de CO2 al año. A la fecha, tiene el 8% financiado, con 18 inversionistas que han depositado casi $ 3 millones. Sepúlveda explica que una vez concretado el financiamiento de este proyecto, cada aportante recibiría un pago mensual con intereses y el retorno anual puede llegar al 13%. Su monto puede variar dependiendo del tamaño del proyecto, zona de ubicación y plazos de pago.
La plataforma se suma a la tendencia mundial de crowdfunding, que sólo en 2012 movió US$ 2.700 millones en financiamiento de proyectos, y cada vez más se está centrando en nichos específicos, como aquellos que financian sólo proyectos de diseño, musicales o, en este caso, ligados a sustentabilidad, sobre todo en Europa y Estados Unidos, como el caso de Mosaic, que ha recaudado casi US$ 6 millones en proyectos solares.
Dentro de los planes de Eollice está contar con un portafolio de dos o tres proyectos al mes y a fines de año poder sumar proyectos de otros países de Latinoamérica, como Brasil o Perú.
Naciones Unidas, miércoles 5 de marzo de 2014, Ecoticias.- La Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (Unccd, en sus siglas en inglés) afirmó este lunes, por primera vez, que existe relación entre la desertificación, el cambio climático y los conflictos armados.
El presidente del FIDA, Kanayo Nwanze, apuntó que “la pérdida de tierras cultivables por la desertificación es un enorme obstáculo para la erradicación de la pobreza y el hambre”.
“Agricultores de subsistencia, pastores nómadas y otras personas que dependen de la tierra y la lluvia para su supervivencia son los más afectados. Su tierra es menos productiva y su suelo es menos resistente. Para millones de personas, detener la desertificación es una cuestión de vida o muerte.
Cuando la gente no puede sacar una renta de la tierra o alimentarse por sí mismos, tienen que migrar o morir de hambre. Si vamos a eliminar la pobreza rural y que las comunidades más resistentes al cambio climático, tenemos que abordar cómo se gestionan tierras y recursos naturales”, explicó.
“Me gustaría destacar la Meta de Biodiversidad 15 de Aichi, que exige el aumento de la resiliencia de los ecosistemas y la restauración de al menos el 15% de las tierras degradadas, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático y la adaptación ya la lucha contra la desertificación”, añadió.
Por último, la directora ejecutiva del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), Naoko Ishii, comentó que “en ningún otro lugar en el mundo las amenazas de la desertificación están más estrechamente vinculadas a la seguridad alimentaria y la estabilidad política y económica que en las tierras secas de África”.
Lima, Perú, miércoles 5 de marzo de 2014, por Héctor Béjar, El Mercurio Digital.- Hasta ahora se ha dicho que el concepto de justicia es aplicable solo a los seres humanos. La cuestión es si podemos expandir la idea de la comunidad de justicia para incluir a la naturaleza no humana.
Las medidas tendientes a proteger a la población frente a estos fenómenos meteorológicos agudizados por el cambio climático pertenecen a una categoría de acciones denominadas “medidas de adaptación al cambio climático”, esto es, que sin pretender morigerar las circunstancias a esta altura inevitables, se orienten a reducir los riesgos sobre las personas y las cosas. Para ello se ha creado el Fondo de Adaptación al Cambio Climático, lanzado en ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Copenhague en 2009, donde los países industrializados acordaron el objetivo de movilizar 100.000 millones de dólares anuales para 2020 a fin de apoyar las actividades de mitigación y adaptación en los países en desarrollo.
La Paz, Bolivia, miércoles 5 de marzo de 2014, Taringa.- En algunos países de Latinoamérica atacar a la naturaleza es un crimen, en otros se alienta la compra y venta de los gases que destruyen la atmósfera.
Son medidas dispares con un mismo fin: confrontar la inevitable transformación del clima, que ya está sintiéndose en toda la región, sea en forma de fenómenos extremos como las tormentas gemelas, o menos perceptibles, como el alza del nivel del mar.
En el resto del mundo la ola legislativa para contrarrestar los efectos del cambio climático también parece estar cobrando fuerzas.
El informe muestra que 61 de los 66 países analizados –responsables del 90% de las emisiones de CO2- han promulgado normas para promover fuentes de energía limpia, mientras que 54 países han legislado para mejorar su eficiencia energética.
Todo lo cual reduce la dependencia de los combustibles fósiles y a mejorar el medio ambiente, según el estudio.
Una de las grandes pérdidas de la región latinoamericana en un mundo más caliente incluiría partes del Amazonas, cuyas regiones oriental y meridional se marchitarían lentamente.
Esto, a su vez, impactaría en la producción de alimentos, ya que la selva amazónica genera parte de las lluvias que irrigan los cultivos en Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil.
“Alimentar al mundo sería complicado en el escenario más extremo de calentamiento global. Y se pone en tela de juicio la capacidad de América Latina de ser el granero del mundo”, advierte el experto en cambio climático del Banco Mundial, Erick Fernández.
Los 33 pequeños Estados insulares están más expuestos a la elevación del nivel del mar, la cual amenaza con desaparecer a algunos de ellos, y al efecto de eventos extremos como huracanes y terremotos, que se han incrementado por el cambio climático.
También el acceso al agua potable y la energía, la migración, la seguridad alimentaria y la crisis económica constituyen cuestiones preocupantes para las naciones ubicadas en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, y los mares Caribe y del Sur de China.
“Una realidad que no puede seguir siendo ignorada es el proceso del cambio climático, un fenómeno que complica aún más nuestro desarrollo sostenible”, advirtió en la reunión clausurada hace dos días la embajadora de Nauru ante la ONU, Marlene Moses.
Según la diplomática, los eventos extremos y la degradación ecológica golpean las economías de los SIDS como a pocos.
En otras palabras, limita las posibilidades de obtener alimentos y de garantizar la supervivencia de la población, dijo a nombre del grupo.
Para los pequeños Estados insulares, la Tercera Conferencia, que realizarán en Apia, Samoa, deberá arrojar acciones concretas en su beneficio.
Se espera que el foro aborde con fuerza los temas del cambio climático y del desarrollo sostenible, en momentos en los cuales la comunidad internacional perfila la llamada agenda post-2015, destinada a darle continuidad a los Objetivos del Milenio, fijados hace 14 años.
Los SIDS se suman a muchos países del Sur del planeta en su reclamo a las naciones ricas de compromiso y voluntad política para encarar el asunto climático, a partir de su responsabilidad histórica por la contaminación del planeta con sus posturas depredadoras.
Durante el encuentro preparatorio celebrado esta semana, altos funcionarios de Naciones Unidas reconocieron los retos que enfrentan los SIDS, amenazados por la elevación del nivel del mar, los desastres naturales, la lejanía geográfica, la crisis económica y las dificultades de acceso a agua potable y energía.
Aunque se trata de retos comunes para todos, ellos son particularmente vulnerables ante los grandes problemas de nuestro tiempo, advirtió el secretario general adjunto de la ONU Wu Hongbo.
Deutsche Welle: En el extranjero muchas veces se tiene la impresión de que Argentina es un país de descendientes de inmigrantes europeos y que casi no existe una población indígena. ¿A qué se debe esto? ¿Es por racismo o la población indígena en el país es realmente muy pequeña?
Natalia Sarapura: Venimos de un país que ha preferido creer que está compuesto solo por inmigrantes. Argentina es uno de los países de América Latina más europensantes, que ve a Europa como un modelo de país, de sociedad. Le ha costado mucho reconocer su presencia indígena. Ya en tiempos de la república ha sido uno de los países que más acciones de genocidio cultural ha cometido, como la “Campaña al Desierto”, (expediciones militares) donde se pagaba por cabeza de indio.
Después, el Estado ha tenido una política integracionista, paternalista. Es la imagen que se ofrece para afuera, de un país donde los indígenas son una minoría y, además, un problema que Argentina ya ha resuelto, los ha integrado. En realidad, es un país multicultural con presencia indígena en más de 15 provincias (de un total de 23). En Argentina hay una resistencia ancestral. Hay más de treinta pueblos originarios.
¿Estos pueblos luchan por su reconocimiento?
Argentina ha avanzado en reconocer que existimos y que somos pueblos con una presencia activa. Lo que no ha hecho es transformar la institucionalidad para garantizar los derechos indígenas. No se garantiza desde el Estado que esa diversidad cultural pueda gestionarse y potenciar la cultura y sociedad.
Usted ha creado el primer programa de educación indígena superior, en Argentina. ¿Nos podría explicar en qué consiste exactamente este concepto de desarrollo?
La tasa de analfabetismo es mayor en las mujeres indígenas, tienen menos acceso a la educación superior y cuando acceden a la educación secundaria en albergues son sometidas a mayores riesgos de violencia sexual. Otra de las consecuencias graves para los pueblos indígenas, pero en particular para la mujer, es la falta de adecuación de la educación a la cultura de los pueblos. La educación sigue siendo aculturalizante.
“El modelo económico se sigue basando en la explotación de los recursos naturales”
En el 2007, mi organización decidió crear una carrera que, por un lado, reconoce y respeta las bases culturales de los pueblos, y por otro, avanza hacia un diálogo intercultural, también con el Estado. Es una carrera creada desde la visión de los pueblos indígenas que ha formado a más de 200 hombres y mujeres de las comunidades. Partimos del reconocimiento de que el saber y el proceso de aprendizaje están en la vida comunitaria. Los docentes no somos personas que vamos a enseñar, sino vamos a facilitar ese proceso. La formación tiene como finalidad la reconstitución de un saber y la definición de un futuro a largo plazo. En 2012 logramos la oficialización de nuestro instituto, el primer instituto de educación superior intercultural del país.
En 2013, usted recibió el Premio de la Paz a la Militante Desconocida de la fundación alemana Die Schwelle. ¿Qué significó esta condecoración para usted?
En mucho de lo que hicimos en mi organización, en los últimos diez años, Alemania tiene una presencia muy fuerte, porque recibimos cooperación alemana. Ese aporte a través de la organización Weltfriedensdienst (WFD) ha sido fundamental para nuestro trabajo. Para mí este reconocimiento representa la oportunidad de decirles a los alemanes que estamos haciendo muchas cosas juntos. A nivel institucional, es una oportunidad para visibilizar los esfuerzos que hacemos para garantizar nuestros derechos, y, a nivel personal, pienso que, para las personas que tenemos muchos años de militancia, este tipo de reconocimientos son un himno a ese espíritu a veces cansado y agotado que necesita incentivo. También me ha permitido ir a Alemania y poder encontrar esas cosas, esas historias en común de pueblos que siempre están luchando por los derechos, por una sociedad más igualitaria.
Aparte de la educación, ¿cuáles son los problemas más urgentes a los que se enfrentan los pueblos indígenas en Argentina?
Los pueblos indígenas de Argentina somos sujetos de derecho colectivos, es decir, el ejercicio del territorio es fundamental. Y ese derecho al territorio crea muchas dificultades. Una de ellas es la definición del modelo económico que ha tomado este país, que se sigue basando en la explotación de los recursos naturales, como el petróleo, la minería y, en este último caso, en Jujuy, el litio. No solo tenemos un choque de visión de la relación que queremos con la Tierra. Mientras nosotros la vemos como un bien a proteger, el Estado la ve como un bien a explotar.
Otro gran problema es la falta de la aplicación del principio de consentimiento libre, previo e informado. Hoy, hay una gran dificultad con el tema de los derechos indígenas, por ejemplo, hace poco, hubo un conflicto con el paso del Rally Dakar por Argentina, en particular, por territorios indígenas. Las comunidades no han sido consultadas, tampoco han sido aplicadas medidas para evitar daños ambientales. Eso va generando un conflicto permanente, porque el Estado cree que el derecho de consulta es solo un trámite. Otro gran problema es la falta de regularización territorial. Si bien es cierto que se ha avanzado, todavía es un tema pendiente. Aún quedan comunidades a las que no se les entrega su título comunitario de tierra.

References: resolución 
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 artículo 40
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 artículo 17
 artículo 20
 artículo 21
 resolución 
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