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Timestamp: 2019-12-11 16:13:50+00:00

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﻿ Sentencia 39647 de junio 13 de 2012
SENTENCIA 39647 DE 13 DE JUNIO DE 2012
CONTENIDO:LAS NORMAS CONVENCIONALES RELATIVAS A LA ATENCIÓN EN SALUD FRENTE LA LEY 100 DE 1993. SERÁ EN CADA CASO CONCRETO EN QUE HABRÁ DE DETERMINARSE SI LAS NORMAS CONVENCIONALES RELATIVAS A LA ATENCIÓN EN SALUD SE OPONEN A LO QUE PREVÉ LA LEY 100 DE 1993, O SI POR EL CONTRARIO SIRVEN DE COMPLEMENTO PARA SATISFACER LO QUE CUBRA LA ENTIDAD DE SEGURIDAD SOCIAL A LA QUE SE ENCUENTRE VINCULADO EL BENEFICIARIO DE LOS ACUERDOS CONVENCIONALES. LA DENUNCIA DE LA CONVENCIÓN, ES EL INSTRUMENTO IDÓNEO PARA IMPLEMENTAR LA ADECUACIÓN Y ARTICULACIÓN CONVENCIONAL, CON EL CONTENIDO EN LA LEY 100 DE 1993 Y LAS NORMAS QUE LA DESARROLLAN, PUES, DE LO CONTRARIO SEGUIRÁN VIGENTES LA ESTIPULACIONES EXTRALEGALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS ADQUIRIDOS, RÉGIMEN DEL SISTEMA DE SALUD, NORMAS CONVENCIONALES
Sentencia 39647 de junio 13 de 2012
Rad.: 39647
Lo interpuso la parte demandante, concedido por el tribunal, y admitido por esta corporación, se procede a resolver, previo el estudio de la demanda que lo sustenta.
Pretenden los recurrentes que la Corte: “CASE la sentencia (…) para que en sede de instancia, revoque la emitida por el juzgado (…) y, en su lugar se acceda a condenar a Alcalis de Colombia Limitada ‘ALCO Ltda.’ en Liquidación a las peticiones del demandado (…)”.
Con fundamento en la causal primera, el impugnante formula tres cargos, que fueron replicados.
Textualmente reza: “Acuso la sentencia atacada (…) por la vía directa en concepto de falta de aplicación de los artículos 13, 53 y 93 de la Constitución Política de Colombia; el Convenio 111 de la OIT, aprobado por la Ley 22 de 1967; el numeral 2º del artículo 23 de la “Declaración universal de derechos humanos” adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948; en el artículo II de la “Declaración de los derechos y deberes del hombre de 1948”; del artículo 24 de la “Convención americana sobre derechos humanos” suscrita en la Conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos de San José de Costa Rica de 1969; en el artículo 3º del Protocolo adicional a la Convención americana sobre derechos económicos sociales y culturales “Protocolo de San Salvador” de 1988 y en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998”.
En la demostración del cargo, da por indiscutida la consagración convencional (art. 134) de la prima de antigüedad para jubilación (fl. 121), y a igual nivel de certeza, que a los demandantes “no se les tuvo en cuenta la prima de antigüedad en el ingreso base de liquidación sino la sesentava parte”.
A ese propósito relaciona la sentencia de esta Sala, del 25 de febrero de 2009, Radicación 34519, la cual no casó la sentencia del Tribunal de Cartagena “que confirmó la condena al reajuste de la pensión en el 100% de la última prima de antigüedad convencional”; por lo que asevera que se “demuestra la violación al derecho constitucional fundamental de la igualdad (C.P., arts. 13 y 53) y sobre todo a la inconsistencia de la tesis de la Corte de tener por prescritos a los tres (3) años los reajustes de las mesadas pensionales”.
Recuerda pasajes de sentencias de la Corte Constitucional e, invocando la seguridad jurídica y el principio de igualdad, pide que se acceda a la primera pretensión “porque fueron elevadas en los términos y concepciones fijadas en sentencias de la Corte Suprema de Justicia, tribunales y juzgados laborales”, dado asimismo que al “variarse sin razón de fondo una aplicación de la ley favorable a los pensionados que son trabajadores en retiro para darle seguridad al empleador se incurre en contradicción con la Carta Magna”.
Agrega que no existe un resultado más deslegitimador “cuando unos trabajadores de la misma empresa reciben sentencia favorable mientras otros que estaban en las mismas hipótesis legales y de hecho obtienen un resultado adverso, bajo el concepto que cada juez es totalmente independiente para fallar”.
Manifiesta que la norma consagrada en la convención no se sustrae a la aplicación del principio indubio pro operario “en razón a que la convención colectiva es fuente de derecho para las partes que la suscriben”. Concluye, que por mandato constitucional se debe liquidar la pensión atendiendo la interpretación que permite computar la doceava parte de la prima de antigüedad, por estar en armonía con los intereses de los trabajadores, y descartar, en cambio la interpretación restrictiva o desfavorable que solo permite computar la doceava parte de la mencionada prima.
Álcalis de Colombia Ltda., ALCO en Liquidación
Anota, que los impugnantes ignoran que el juzgador no está sometido a la tarifa legal probatoria, artículo 61 CPLSS, “sino que tiene libertad para apreciarlas y formar su convencimiento que fue lo que sucedió en el sub-lite”.
Recuerda que la Ley aprobatoria del Convenio 111 de la OIT, se refiere a la discriminación en materia de empleo y ocupación, por lo tanto, dice que el colegiado no incurrió en discriminación alguna, pues, ese no fue el motivo del proceso; agrega que no hay violación al derecho a la igualdad, toda vez que se aplica el imperio de la ley “dado que por no ser las normas convencionales una ley nacional, sino que su aplicación opera entre las partes, no procede anular una sentencia si la interpretación que hace el tribunal es razonable, como de vieja data lo tiene asentado esta honorable Sala”.
Dice que las normas acusadas no eran las procedentes, pues, “las normas constitucionales por si solas no son susceptibles de casación por carecer de aplicación inmediata en las decisiones judiciales (…) Sentencia 16252 de 9 de octubre de 2001”.
La oposición es similar a la anterior
Al margen de lo que corresponde a la réplica de los cargos, refiere que no existe prueba que apunte a la existencia de prestación personal del servicio, por parte de los actores en pro del ministerio, ni vínculo por contrato de prestación de servicios bajo los parámetros de la Ley 80 de 1993.
Observa la Corte que en este caso era obligación de la censura acusar, por lo menos, el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, amén de que también surgen deficiencias que se traducen en el desenvolvimiento del mismo, al invitar a la Corte al estudio comparativo de una de sus decisiones, con la que sirvió de soporte al ad quem para desatar esta controversia, en orden a plantear una presunta violación al derecho a la igualdad.
A más de que el escenario propicio para llevar a cabo ese estudio comparativo, no sería este; en aras de medir las repercusiones de tal cotejo, con miras a establecer los presuntos yerros de juicio cometidos por el sentenciador de segundo grado; los recurrentes se limitan exclusivamente a registrar el resultado de una controversia anterior, definida por esta Sala, a propósito de la demanda de casación interpuesta contra la sentencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, según la censura, contraria a la decisión que se combate.
En ese orden, precisa la Sala que en el fallo referido por la parte impugnante, la Corte, frente al punto, no tomó partido, simple y llanamente respetó la decisión del tribunal, una vez transcribió la norma convencional, con base en lo previsto por el artículo 61 del cuaderno del C. P. del T. y S.S. por lo que si la parte recurrente pretendía que se valorara por esta corporación el aludido precepto convencional, debió encauzar el cargo por la vía indirecta con la acusación de los artículos 467 y 476 del C. S. del T., amén de lo dicho, no sobra recordar, contrario a lo aducido por la censura que la Corte sobre el mismo tema sostuvo.
Así mismo, fuera de todo contexto está la referencia a que en el primigenio proceso se “confirmó la condena al reajuste de la pensión en el 100% de la última prima de antigüedad convencional”, cuando en el alcance y en el desarrollo de la acusación, se pide que se debe liquidar en atención a la interpretación que permite computar la doceava parte de la prima de antigüedad.
En esas condiciones, no resultan parámetros serios que permitan, si quiera, afirmar como lo hace la censura, de que en este evento se varió “sin razón de fondo una aplicación de la ley favorable a los pensionados que son trabajadores en retiro para darle seguridad al empleador [por tanto] se incurre en contradicción con la Carta Magna”.
De tal suerte que todas estas inconsistencias dan al traste con la prosperidad del cargo.
Dice: “[l]a sentencia ataca (…) por la vía directa en concepto de aplicación indebida de los artículos 11, 141, 142, 153 (nums. 2º, 9º), 272 y 283-4 de la Ley 100 de 1993 y 48 del Decreto 692 de 1994, 11, 141, 142, 153 (nums. 2º, 9º), 272 y 283-4 de la Ley 100 de 1993 Política; lo que conllevó a violar los artículos 53, 58 y 93 de la Constitución Política; los convenios 87 y 98 de la OIT, aprobados por leyes 26 y 27 de 1976, que hacen parte de la legislación interna; 29, 21, 467, 468, 471 (subrogado por el art. 38 del D. 2351/65) y 476 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del C.P.T. y S. (sic) consagratorios de la validez de las convenciones colectivas de trabajo”.
En su desarrollo expone la censura, que las normas convencionales sobre servicios médicos de los familiares de los pensionados, y la prima de junio, no perdieron validez, no obstante la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, y que como así no lo entendió el tribunal, violó las normas denunciadas, pues, en caso contrario, habría accedido a las peticiones de la demanda.
Dice que sobre el tema, en un comienzo esta corporación adoptó un posición intermedia, consistente “en que la Ley 100 de 1993 consagra los mínimos de derechos, pudiendo pactarse en convenciones conquistas superiores, como puede constatarse en las sentencias de homologación del 28 de junio de 1996 (Rad. 9046) y 17 de marzo de 2000 (Rad. 14010)”.
Empero, advierte que donde mayor claridad se hizo, en torno al tópico, fue en la sentencia de 19 de noviembre de 2001, Radicación 15926, de la cual reproduce sus apartes.
Aboga, en el sentido de que ese mismo criterio se debe seguir respecto de la prima convencional de junio, dado que no puede convertirse en legal, pues, “siempre tendrá esa naturaleza [convencional]”; añade que la mesada adicional creada en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993, no tuvo como finalidad compensar “las primas adicionales que estuvieren recibiendo los pensionados (…)”, porque esa no fue la intención del legislador, y ni el reglamentador, ni el intérprete pueden “crearlas, o darle una aplicación extensiva a una excepción”; agrega que se olvida el tribunal “que una mesada adicional de origen legal es muy distinta a una prima creada en convención colectiva de trabajo y por ende no tiene el mismo objeto, pues aquella tiende a incrementar la remuneración general del pensionado, mientras que las primas están establecidas para permitir el acceso al consumo en determinadas fechas u oportunidades, es decir su motivación es mucho más específica. Este artículo 43, con toda su inconstitucionalidad, se refiere a compensar la mesada adicional creada en la ley con otra mesada adicional, siendo extraño que se pueda deducir lo ganado convencionalmente como una prima adicional”.
Que el artículo 153 de la Ley 100 de 1993, no entra en contradicción con el resto de enunciados de esa ley. Que los derechos recortados a sus beneficiarios —servicios de salud y prima de junio— constituyen derechos adquiridos e invulnerables “hasta tanto no sean suprimidos mediante los procedimientos de negociación incluyendo la denuncia del empleador”.
Recaba en que, una ley no puede derogar una cláusula convencional, acorde con criterios de la Corte Constitucional, que impulsaron según la censura, a crear el artículo 11 de la Ley 100 de 1993, que copió; por ello, afirma que el juzgado y el tribunal yerran al sentar que los pensionados de Alcalis quedaron dentro del sistema general de seguridad social, “dado que las normas de negociación colectiva establecidas en la Constitución y la ley jamás fueron derogadas por la susodicha Ley 100 de 1993”, y que aún disuelto el sindicato, la convención celebrada sigue rigiendo los derechos y obligaciones de patrono y trabajadores.
Rebatió la posición de que las pensiones convencionales, y por ende, los intereses moratorios, por retraso en su pago, no estuvieran cubiertos por el sistema general de la Ley 100 de 1993; pues, señala que están integrados al sistema general de la seguridad social por mandato del artículo 11 de la citada ley que transcribió.
Asevera que el tribunal no aplicó indebidamente las normas denunciadas, por cuanto la Sentencia 15926, es un criterio auxiliar que no obliga, tampoco aplica para el presente caso, pues, su situación fáctica es diferente, dado que la empresa se encuentra en liquidación, y no existe ningún trabajador de planta, “lo que resulta imposible dilucidar por la vía directa, como bien lo manifestó esa honorable Sala en la Sentencia 26.193, traída a colación por el tribunal”.
Agrega que el servicio médico era un derecho de los trabajadores activos, por lo tanto, el beneficio desapareció, artículo 467 Código Sustantivo del Trabajo, “aunque se hubieran extendido esos beneficios a los familiares de los pensionados”.
En torno a la prima convencional de junio, asegura que es un acierto haberse acogido a los términos de la Sentencia 26193 de 2006, “pues no cabe duda que la mesada sobre 15 días que la entidad les otorgaba a los pensionados, en el mes de junio por ser inferior a la que ordenó pagar el artículo 142 de la Ley 100 de 1993, sobre 30 días de salario, quedo (sic) subsumida en esta, lo que se encuentra ajustado a lo dispuesto en el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo que no pregona la dualidad de prestaciones, sino el pago de la prestación más favorable, al igual que el artículo 49 de la Ley 6ª de 1945”.
En cuanto a los intereses moratorios de la Ley 100 de 1993, refiere que por tratarse de pensión convencional no proceden “todo lo cual se ajusta a la ley y los criterios jurisprudenciales, sin que la censura destruyera con su discurso los anteriores planteamientos”. Apunta, que el derecho estaría prescrito “razón por la que el cargo no tiene vocación de prosperidad”.
La oposición de este cargo es similar a la que realizó el sujeto procesal que precede.
Insiste que no le asiste razón a los impugnantes, por cuanto no existió vínculo con los actores; que la documental fue evaluada por el ad-quem “llevándolo, como tenía que llevarlo al convencimiento y conclusión en que se pronunció”.
Se enfila por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos “19, 20, 353, 373, 374, 400, 467, 468, 469, 474 y 479 (subrogado por el art. 23 del D. 2351/65) del Código Sustantivo del Trabajo; 11, 141 y 283 de la Ley 100 de 1993 y 48 del Decreto 692 de 1994, lo que condujo a la violación de los artículos 53 y 58 de la Constitución Nacional; 305 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el art. 1º num. 135 del D. 2282/89), aplicable por analogía al proceso laboral por mandato del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social”.
Como evidentes errores de hecho alega:
“1. No dar por demostrados, estándolo, los derechos, prerrogativas, tratamientos y drogas de carácter convencional que percibían los familiares de los pensionados.
“2. No dar por demostrados, estándolo, los derechos superiores a los legales pactados en convención para los familiares de los pensionados en Alcalis”.
La errónea apreciación de las pruebas recae sobre: la demanda (fls. 140 a 148) y la contestación de la accionada Alcalis (fls. 196 a 203). Denuncia como no apreciada, la Convención colectiva de trabajo 1992-1994 (fls. 65 a 139).
Para la demostración del cargo, la censura argumenta que las normas convencionales sobre servicios médicos de los familiares de los pensionados continuaron con plena vigencia, después de la Ley 100 de 1993; y en orden a que no se le reprochara que no comparó tanto el estatuto de la seguridad social en salud, como las normas convencionales, para colegir que estas últimas eran más ventajosas para los trabajadores que la misma Ley 100; parangonó los artículos 68, 73 al 75, 77, y 85 a 87 del acuerdo convencional, por un lado, y el artículo 163 de la Ley 100 de 1993, amén de apartes de la Sentencia C-1032 de 2006, por otro lado, para concluir que: “De esta sencilla comparación tenemos que los derechos convencionales en salud para los padres de los pensionados no requieren aporte adicional, no tienen ninguna limitación, mientras que en el sistema general de salud solamente proceden a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, e hijos con derecho”.
Reitera conceptos expuestos en otros cargos, en torno a criterios de esta Sala, vertidos en sentencia de homologación de 28 de junio de 1996, Radicación 9046 y del 19 de noviembre de 2001, Radicación 15926; igualmente, repite la apreciación de la censura sobre derechos adquiridos en materia de atención a servicios de salud, logrados por negociación colectiva, protegidos según la misma, por el artículo 283-4 de la Ley 100 de 1993. Y concluye “todas las disposiciones de la Ley 100 de 1993 son el mínimo y las prerrogativas convencionales se conservan, por ende procede la aplicación del artículo 141”.
Expresa que el entendimiento final al que arribó el tribunal, en la apreciación de las pruebas fue el correcto, dada la potestad de libre valoración del artículo 61 C.P.L. y S.S., y además, fueron analizadas en su justa dimensión. Agrega, que las normas denunciadas se refieren al derecho de asociación, funciones de los sindicatos y cuotas sindicales, que no consagran derechos sustanciales, ni fueron tenidas en cuenta por el fallador; que es contradictorio que en un principio se acuse de no haberse apreciado la convención colectiva de trabajo, y luego de no haberse analizado correctamente, ni se indica la incidencia del error en el fallo impugnado, pero que el tribunal sí analizó la convención colectiva, al hacer suyas las afirmaciones vertidas por la Corte en Sentencia 26.193 del 23 de septiembre de 2006, sobre la prestación de servicios de salud antes y después de la Ley 100 de 1993, como “equivalentes”. Sin embargo, plantea que los receptores de los derechos de los familiares, son los de los trabajadores activos, no de los familiares de los pensionados, pero que si eventualmente se extendieran a estos, “no podrán ser efectivos, por cuanto a partir del 28 de febrero/93 con motivo de la disolución y liquidación de Álcalis de Colombia, liquidada, no existe ningún trabajador de planta en la entidad”.
Ratifica la pérdida de vigencia de los servicios médicos “en tanto esos servicios se prestarían por los médicos de la empresa, que dejaron de existir (…) [y] liquido (sic) en esa fecha a todo su personal activo o de planta”, que por lo tanto, resultan inaplicables los preceptos convencionales para los trabajadores activos, tal cual lo definió el tribunal “al decidir un caso similar”, cuyos apartes transcribió.
Comenta que en relación con la Sentencia 15.126 de 2001, esta no es aplicable, dado que en vigencia de la Ley 100 de 1993, la empresa no desarrolló su objeto social, como quiera que “canceló a todo el personal activo de la entidad (…) incluidos los médicos de planta”.
Con todo dice, que tanto la pretensión 5º, como el hecho 15, en que se sustenta, son “absolutamente genéricos y como la parte actora no probó cuales fueron los padres de los pensionados que no pudieron ser afiliados al sistema de seguridad social en salud (…) el sentenciador colegiado no incurrió en los errores de hecho endilgados”.
La oposición de este cargo es similar al del anterior opositor.
Insiste que no le asiste razón a los impugnantes, por cuanto no existió vínculo con los actores; que la documental fue avaluada por el ad-quem “llevándolo, como tenía que llevarlo al convencimiento y conclusión en que se pronunció”.
A pesar de que los cargos segundo y tercero están encauzados por sendas diferentes, la unidad de propósito que comparten, y la complementariedad que se advierte en su formulación, permiten y facilitan que se resuelvan conjuntamente.
El ataque en ambos cargos se encamina a combatir los razonamientos esgrimidos por el sentenciador de segundo grado, en relación con la prima convencional de junio y los servicios médicos-asistenciales para padres de los pensionados, negados básicamente, al prohijar la jurisprudencia que sobre dichos aspectos recordó el juzgado, la cual reforzó con la radicada bajo el número 26193, para en síntesis expresar que:
“(…) las consideraciones del a-quo tienen pleno respaldo jurisprudencial y normativo, y las inconformidades expresadas en el recurso de apelación no tienen cabida, pues, se repite, la norma convencional no permite otra interpretación diferente (…) cualquier consideración adicional resulta innecesaria (…)”.
Destacó también la afirmación de la primera instancia, en el sentido de que:
“(…) Y frente a los servicios médicos y asistenciales pactados en la convención manifestó que con base en la Ley 100 de 1993 —régimen de seguridad social en salud—, se encuentran cubiertos a través de las EPS que garanticen el POS (…)”.
Bajo estas premisas, mal puede atribuirse al tribunal que no estimó el acuerdo convencional, pues, no de otra manera expuso que tal acto no admitía otra interpretación; o cuando hiciera suya la reflexión del a-quo, en tanto afirmara que los servicios médicos y asistenciales pactados en la convención “se encuentran cubiertos a través de las EPS que garanticen el POS”.
Aún si se pasara por alto esta deficiencia, los cargos tampoco prosperarían, como se pasa a considerar:
El conflicto que se pueda presentar entre las disposiciones de la convención colectiva de trabajo, y la ley de la seguridad social que entró a regir a partir del 1º de abril de 1994, ha sido tema decantado por esta Sala de la Corte, dado que, por un lado, urge que los destinatarios del nuevo sistema integral de la seguridad social, no pueden sustraerse de la aplicabilidad general del ordenamiento, tanto en su estructura como en los lineamientos básicos, sin perjuicio de los regímenes complementarios de beneficio que establezcan o acuerden (sent. de dic. 4/95, Rad. 7964).
Empero, por otro, también previno, que ese acatamiento general no puede desembocar en un régimen anárquico o contradictorio de beneficios, por lo que no se podría preconizar la existencia de un divorcio entre la negociación colectiva y la seguridad social, dado que ninguna de las dos excluye a la otra, acorde con los cometidos que les incumbe de manera armónica y complementaria.
En ese contexto los artículos 11 y 283 de la Ley 100 de 1993, garantizan la convivencia y armonía de que se viene tratando, lo cual se patentiza en el Decreto Reglamentario 692 de 1994, artículo 48, al disponer que “los trabajadores y empleadores podrán ejercer el derecho de denuncia que les asiste y el tribunal de arbitramento, si se llegare a convocar tendrá la facultad de dirimir las diferencias, aún cuando la denuncia solo hubiere sido presentada por una de las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de dicha ley”.
Obviamente, que la denuncia de la convención, será el instrumento idóneo para implementar la adecuación y articulación convencional, con el contenido en la Ley 100 de 1993 y las normas que la desarrollan, pues, de lo contrario seguirán vigentes la estipulaciones extralegales, comoquiera que no es dable desconocer las situaciones individuales concretas consolidadas en favor de los beneficiarios de los diversos regímenes, porque constituyen derechos adquiridos.
Esa es la razón por la que esta Sala en sentencia de 4 de diciembre de 1995, Radicación 7964, pregonara:
“Por consiguiente, si por cualquier motivo los empleadores tienen a su cargo regímenes convencionales que cubran en forma total o parcial los mismos riesgos que asume el sistema de seguridad social, con la entrada en vigor de la Ley 100 surge para estos empresarios y sus trabajadores, la necesidad imperiosa de adaptar los respectivos convenios al sistema obligatorio y se explica, entonces, la disposición del artículo 11 de la ley y la del artículo 48 de la ley y la del artículo 48 del Reglamentario 692 de 1994, textos que recuerdan la facultad, que tienen las partes interesadas, de denunciar los convenios colectivos y someter el punto al arbitramento, incluso por iniciativa de una sola de ellas.
“Ahora bien, importa aclarar que ni la Ley 100 de 1993 ni sus reglamentarios obligan a suprimir los regímenes convencionales relativos a los temas propios de la seguridad social, sino que reconocen que la introducción de un sistema obligatorio e ineluctable puede afectar, en sentido jurídico o por sus repercusiones económicas, las estipulaciones elaboradas para determinadas empresas, en tanto fueron concebidas sin considerar las obligaciones y prestaciones que impuso el sistema de seguridad social integral”.
Sin embargo, ha dicho también este órgano de cierre que en aras de lograr la verdadera armonización y articulación de regímenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los objetivos del sistema general de seguridad social, es opuesto a esos propósitos la dualidad de prestaciones tanto asistenciales como de naturaleza económica (Rad. 26193, citada por el tribunal).
Con todo, ha insistido esta corporación, que salvo que por convención colectiva de trabajo se haya producido la armonización en tal materia, será en cada caso concreto en que habrá de determinarse si las normas convencionales relativas a la atención en salud se oponen a lo que prevé la Ley 100 de 1993, o si por el contrario sirven de complemento para satisfacer lo que cubra la entidad de seguridad social a la que se encuentre vinculado el beneficiario de los acuerdos convencionales (Rad. 15926, citada por el recurrente).
De tal suerte, que en el evento litigado, el tribunal no observó la regla acabada de aludir, no obstante, frente al caso de los servicios médicos asistenciales, en sede de instancia, no se abriría paso la pretensión, tal cual lo alegó la opositora “Alcalis de Colombia Ltda.
En efecto, es hecho no controvertido en el recurso, que en 1993 la empresa Álcalis de Colombia, entró en estado de liquidación, así como también lo reconocieron los impugnantes, en los hechos, séptimo y octavo del libelo inaugural del proceso.
En ese orden, el beneficio convencional a favor de los padres de los pensionados, está condicionado a los servicios médicos “de que gozan los familiares de los trabajadores en servicio activo” (anexo 5 fl. 69); circunstancia que por sustracción de materia hace improcedente la aplicación de la disposición extralegal, pues, naturalmente, la compañía, por la liquidación de la misma desmontó toda su logística, con la desaparición del personal y del cuerpo médico, instrumentos y equipos.
Así lo puntualizó esta Sala en caso similar, en el cual fungieron las mismas accionadas, sentencia de 1º de julio de 2009 Radicación 34308:
“(…) Por esta razón el cargo es fundado, pero no prospera, puesto que en instancia no podría procederse a ordenar a las demandadas, prestar, de inmediato, los servicios médicos y asistenciales, puesto que la cláusula 135 de la convención colectiva (fl. 241, anexo 3 - pruebas), que consagra el beneficio de la prestación médica a los familiares de los trabajadores pensionados, no puede tener aplicación al señalar que este derecho corresponde a aquel del cual gozan los familiares de los trabajadores en servicio activo; categoría esta última de servidores que desaparece en el actual estado jurídico de la empresa (…)”.
En instancia, tampoco procedería el beneficio consagrado en la cláusula 17 de la convención colectiva de trabajo, pues, la aspiración a que esa prestación se siga brindando, pese a la ruptura del vínculo laboral y la entronización de la Ley 100 de 1993, artículo 143, obedece a una desacertada lectura de la disposición, en la medida en que ella prevé una prima adicional a la de “servicios”, de la cual es titular únicamente, el trabajador activo, por haber prestado efectivamente el servicio durante el período previsto para su causación.
Esa prestación —la prima de servicios— y cualquier otra que incremento su valor, fenece con la terminación del vínculo laboral, y cesa definitivamente allí para el empresario, la obligación de reconocerla.
Obviamente que la mesada adicional, es prestación diferente, como también distinto es su titular, pues, ya no es el status de laborante activo, el que impulsa a la legislación otorgarla, sino el del status de pensionado.
Por supuesto, que si la prima de servicios y su adición, no obedece a la directriz acabada de reseñar para la mesada adicional, no se podrá pretender que la primera perdure con el disfraz de la segunda después de la terminación de la relación laboral, so pretexto de que por su mal entendida dualidad —entre la disposición de la convención y la Ley 100 de 1993—, la primera no ha perdido vigencia.
A lo anterior se agrega que si en gracia de discusión se asumiera la existencia de tal dualidad, ya se expresó que esta Sala rechazaría tal evento, dado que ello iría en contravía de una verdadera armonización y articulación de regímenes, procedimientos y prestaciones, en aras de alcanzar los objetivos del sistema general de seguridad social.
En cuanto a intereses moratorios, el sentenciador de segundo grado, hizo suya la reflexión del a-quo, en el sentido de “que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 solo se refiere a la mora en el pago de las pensiones del régimen general de la seguridad social, pero en ningún caso se estipuló que esta norma era aplicable a las pensiones convencionales”.
El colegiado no desatendió en esta materia, la que ha sido jurisprudencia constante de esta Sala, como se advirtió en la sentencia de 24 de noviembre de 2009, Radicación 39316:
“(…) Esta Sala de la Corte desde la sentencia 28 de noviembre de 2002, Radicado 18.273, fijó el criterio mayoritario que no ha variado, reiterado entre otras en sentencias del 2 de diciembre de 2004, Radicación 23725 y más recientemente en las del 18 de mayo, 26 de septiembre y 3 de octubre de 2006, radicaciones 28088, 27316 y 29116, respectivamente, donde concluyó que para esta clase de pensiones no proceden los intereses moratorios implorados, salvo las pensiones en transición a cargo del Instituto de Seguros Sociales en el régimen de prima media con prestación definida.
“Lo anterior conlleva, entonces, que como la pensión que se le concedió al demandante…, no es con sujeción integral a la Ley 100 de 1993, no había lugar a condenar al pago de los intereses moratorios que consagra tal ley en su artículo 141 que claramente dispone: “(...) en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley (...)”.
De tal suerte, que no fue desacertado el juicio del fallador de segunda instancia, y aún en el evento de que no fuera así, frente al cambio jurisprudencia que solicita la censura con apoyo en el artículo 11 de la Ley 100 de 1993, en instancia no se perdería de vista, que sobre ese reclamo la demandada principal invocó la excepción de prescripción, conforme a la cual estarían fulminados con tal fenómeno extintivo los intereses causados con antelación al 25 de julio de 1999 (interrupción operó el mismo día y mes de 2002); aunado a que, acorde con la certificación visible a folio 400 del cuaderno principal, tanto en las columnas “mesada de”, como “fecha de pago”, aparecen llenos con los respectivos meses de agosto a diciembre de 1999, y enero de 2000; por ende eventualmente, no existiría deuda pendiente por el rubro de intereses reclamados.
En consecuencia, el recurso extraordinario no prospera.
Por la misma razón, se imponen las costas del recurso a cargo de los impugnantes. Las agencias en derecho se estiman en $ 3.000.000.
Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 4 de julio de 2008, dentro del proceso ordinario laboral promovido por los señores: Manuel Enrique Polo Fabra, Homero Puello Pimienta, Jesús María Puentes Brujes, Alberto Ramírez Hernández, Dilson Ramos Martínez, Gladis Ribón Morales, Manuel Salvador Rodríguez Soto, Carlos Enrique Romero Herrera, Pedro Antonio Romero y Orlando Rubio Vergara contra Álcalis de Colombia Limitada - ALCO Ltda. en Liquidación, Instituto de Fomento Industrial IFI y Nación Ministerio de Desarrollo Económico.
Costas en casación a cargo de los impugnantes. Las agencias en derecho se señalan en $ 3.000.000.

References: artículo 23
 Resolución 
 artículo 24
 artículo 3
 artículo 61
 artículo 467
 artículo 61
 artículo 142
 artículo 43
 artículo 153
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 467
 artículo 142
 artículo 16
 artículo 49
 artículo 145
 artículo 163
 artículo 283
 artículo 141
 artículo 61
 artículo 48
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 143
 artículo 141
 artículo 141
 artículo 11