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Guía CPCA | Mandato | Ley procesal
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Revista Sistemas Judiciales N 21 3
Articulo de Derecho Administrativo II
Poder Judicial Departamento de Planificación
Sección de Análisis Jurídico
Guía Informativa del Código Procesal Contencioso Administrativo
(013-AJ-2007)
(2074-PLA-2007)
Principios y líneas rectoras
Naturaleza y objeto de la Jurisdicción Contencioso Admi-
Materias excluídas de la Jurisdicción Cont.-Ad. y Civil de Hacienda: empleo público y actos de gobierno
13.a.- Procesos Especiales
13.a.1.-
El proceso de extensión y adaptación de la
jurisprudencia a terceros
13.a.2.- El recurso no jerárquico en materia municipal
13.b.- Proceso Ordinario
13.c.-
Variantes del Proceso Ordinario 13.c.1.- Asunto de puro derecho
13.c.2.- Trámite preferente
13.c.3.-
13.c.4.- Proceso unificado
13.c.5.- Fallo Directo
Proceso ordinario, demanda
Flexibilización del requisito del agotamiento de la vía
25.- Recurso de Casación
26.- Recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico
27.- Ejecución de sentencias
28.- Ejecución de sentencias en recursos de amparo y
29.- Procesos pendientes a la entrada en vigencia del Código
Reformas y derogatorias legales
31.- Anexos
-Anexo 1: Ámbito de tutela de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y Civil de Hacienda.
-Anexo 2: Principios y líneas rectoras que informan el CPCA.
-Anexo 3: Estructura de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda antes y después de la vigencia del CPCA.
-Anexo 4: Especialidad funcional de los jueces de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda.
-Anexo 5: Clasificación de los procesos establecidos en el CPCA.
-Anexo 6: Clasificación de los recursos establecidos en el CPCA
-Anexo 7: Índice temático del CPCA
-Anexo 8: Esquema básico del proceso Contencioso-Administrativo
Guía Informativa del Código Procesal Contencioso Administrativo.
1.- Presentación y objetivos:
El Código Procesal Contencioso Administrativo, ley N° 8508 de 28 de
abril del 2006, constituye un valioso instrumento de transformación
del proceso para impartir justicia en la materia Contenciosa-
Administrativa y Civil de Hacienda. También representa un
importante cambio de la normativa que rige el sector público de
nuestro país, porque incluye todo un título de disposiciones
derogatorias y de reforma.
El Departamento de Planificación elaboró el presente documento
titulado "Guía del Código Procesal Contencioso Administrativo", la
cual persigue los siguientes objetivos:
1.1- Facilitar el proceso de cambio.
1.2.- Ofrecer información general a nivel macro, para divulgar las
1.3.- Brindar información en forma sencilla, clara y ágil.
1.4.- Aportar esquemas que permitan visualizar varias innovaciones.
El contenido de esta Guía Informativa fue revisado por jueces y
juezas Contencioso Administrativo y Civiles de Hacienda. También,
se intercambiaron opiniones e ideas con varios expertos en la materia, con el fin de obtener una visión integral, con la idea de que esta Guía Informativa se convierta en una útil herramienta de trabajo, que oriente a los usuarios internos y externos.
Como parte del proceso de modernización del Poder Judicial, y con el propósito de lograr una justicia Contencioso-Administrativa más humana, accesible, simple y célere, en enero del año 1998, la Corte Suprema de Justicia encomendó a un grupo de juristas nacionales, la elaboración de un proyecto de reforma integral de esa jurisdicción, y como resultado se obtuvo el Proyecto de Código Procesal Contencioso Administrativo , cuya presentación a la Asamblea Legislativa se hizo en el año 2.003, a través del Ministerio de Justicia y Gracia. A su vez, la Procuraduría General de la República, la Contraloria General de la República y el Colegio de Abogados participaron con valiosos aportes.
Este proyecto se analizó y discutió durante 3 años en la corriente legislativa. Fue sancionado por el Poder Ejecutivo el 28 de abril del 2006, y se publicó en Alcance Nº 38 a La Gaceta 120 de 22 de junio del 2006. Este Código empezará a regir el 1° de enero de 2.008.
3.- Principios y líneas rectoras:
En la exposición de motivos, del entonces proyecto de ley, se mencionaron los principios y líneas rectoras, que informan el Código Procesal Contencioso Administrativo, a saber:
3.1.- Derecho opcional para el agotamiento de la vía administrativa, salvo para la contratación administrativa y materia municipal.
3.2.- Humanización del proceso.
3.3.- Debido proceso y sana crítica. 3.4.- Justicia pronta y cumplida. 3.5.- Igualdad procesal, se atenúan privilegios para el Estado como litigante.
3.6.- Transparencia y publicidad. 3.7.- Semiformalismo procesal. 3.8.- Amplios poderes para el juez. 3.9.- Flexibilidad impugnatoria. 3.10.- Apertura de la legitimación activa y pasiva. 3.11.- Apertura de la capacidad procesal.
3.12.- Alcance extensivo para las medidas cautelares. 3.13.- Oralidad. 3.14.- Publicidad.
3.15.- Inmediación, contradicción y concentración de la prueba.
3.16.- Verdad formal o material objetiva (ver nota N° 5). 3.17.- Fortalecimiento de medidas alternativas de resolución de conflictos.
3.18- Principio de especialidad conciliatoria.
3.19.- Separación del órgano instructor del procedimiento con el
decisor y el ejecutor.
3.20.- Principio de adaptación de la justicia a la realidad y necesidad
3.21.- Refuerzo del control pleno de la función administrativa.
3.22.- Regionalización de la justicia.
Los mencionados principios y líneas rectoras revelan el serio
compromiso hacia un nuevo marco ideológico de una justicia con
visión humanista y democrática, fortaleciéndose así la libertad, la
igualdad y la dignidad del ser humano. Con el nuevo Código, la
Administración no podrá escudarse, ni disimular sus abusos e
ineficacia detrás de procedimientos que desincentiven el acceso a la
justicia y la obtención de una tutela judicial efectiva, ocasionada por el
obstáculo de procesos largos (de años), inaccesibles para la mayoría
y con altos costos asociados al litigio. El Código Procesal
Contencioso Administrativo representa un instrumento de garantía
contra cualquier abuso de poder; se busca una nueva administración
de justicia orientada hacia la persona y sus necesidades, y no en
función de sí misma. 1
1 En este sentido Dr. Luis Paulino Mora Mora, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, discurso pronunciado en el acto oficial de sanción del Código Procesal Contencioso Administrativo, mayo del 2.006.
4.- Estructura del Código:
El Código Procesal Contencioso Administrativo, en adelante CPCA o el Código, se compone de 222 artículos más 5 disposiciones transitorias. Se estructura en los siguientes XII títulos:
Título I: La Jurisdicción Administrativa y Civil de Hacienda Título II: Partes Título III: Medidas Cautelares Título IV: Objeto y pretensiones Título V: Actividad procesal Título VI: Terminación del proceso Título VII: Recursos Título VIII: Ejecución de sentencias Título IX: Procesos especiales Título X: Efectos económicos del proceso Título XI: Disposiciones derogatorias y de reforma Título XII: Disposiciones finales
El Código incorpora instrumentos y mecanismos idóneos para la
defensa de las situaciones jurídicas- administrativas de la persona,
con un matiz marcadamente subjetivo. De conformidad con el artículo
1° del Código Procesal Contencioso Administrativo:
1.- La Jurisdicción Contencioso-Administrativa establecida en el artículo 49 de la Constitución Política, tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho Administrativo, así como conocer y resolver sobre los diversos aspectos de la relación jurídico administrativa.
2.- Los motivos de ilegalidad comprenden cualquier infracción por acción u omisión al Ordenamiento Jurídico. (Nota: incluso la desviación de poder). 3.- Para los fines de la presente Ley, se entenderá por Administración Pública:
a) la Administración Central;
b) los Poderes Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de
Elecciones, cuando realicen funciones administrativas; y, c) la Administración descentralizada, institucional y territorial, y las demás entidades de Derecho Público. (Las negritas y la nota no son del original).
De conformidad con el artículo 2 del Código, la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, también conocerá lo
a) La materia de contratación administrativa, incluso los actos
preparatorios con efecto propio, así como la adjudicación,
interpretación, efectos y extinción, cualquiera que sea su
b) Las cuestiones de responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública y sus funcionarios.
c) Los procesos ordinarios que la Ley Orgánica del Poder Judicial y
las demás leyes atribuyan, exclusivamente, a la vía civil de
Hacienda, los cuales se tramitarán de conformidad con la
d) Los procesos sumarios y civiles de Hacienda, distintos de los
ordinarios, los cuales se tramitarán con arreglo a la ley
específica que corresponda a cada uno de ellos.
De acuerdo con la innovación que incorpora este artículo, se destaca el control universal de la conducta administrativa, que abandona la exclusividad del acto administrativo como figura única o central, para comprender también el control a las omisiones administrativas y a las vías de hecho. De esta forma, se logra un ensanchamiento del objeto del proceso, ya que se elimina cualquier zona de inmunidad de la conducta pública al control judicial, así como también, se establece una legitimación flexible de quien busca el auxilio judicial.
6.- Materias excluídas
Administrativa y Civil de Hacienda: empleo público y actos de gobierno.
Según establece el inciso a) del artículo 3 del CPCA, la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, no conocerá las pretensiones relacionadas con la conducta de la Administración Pública en materia de relaciones de empleo público , las cuales
serán de conocimiento de la jurisdicción laboral. El nuevo Código
reafirma lo que la Jurisprudencia de la Sala Primera ha sostenido
desde el año 2.003, es decir, todas estas pretensiones son de
conocimiento de la Jurisdicción Laboral. 2
Además, en el inciso b) del artículo 3 del CPCA, se dispone que esta
Jurisdicción no conocerá las pretensiones concernientes a los
actos de relación entre los Poderes del Estado o con motivo de
las relaciones internacionales , sin perjuicio de las indemnizaciones
procedentes, cuya determinación corresponderá a la Jurisdicción
7.- Procesos cobratorios:
Los procesos cobratorios donde figura como parte el Estado se
trasladan a la Jurisdicción Civil. De conformidad con el transitorio V
del CPCA , el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios
permanecerá funcionando y conocerá de todos los procesos que le
hayan ingresado hasta el día de entrada en vigencia del CPCA,
cualquiera que sea su estado procesal, hasta por 3 años. Finalizado
ese plazo, es decir, el 1 de enero del 2.011, los procesos que no
hayan terminado, serán trasladados a la Jurisdicción Civil.
Sin embargo, el transitorio II de la Ley de Cobro Judicial (N°8624 de 1°
de noviembre del 2007), dispone que el Juzgado Civil de Hacienda de
2 Consulta a la Licda. Ana Cristina Víquez Cerdas, jueza del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
Asuntos Sumarios mantendrá su sede en el Segundo Circuito Judicial de San José, y pasará como juzgado especializado para los fines que establece esta Ley, por lo que ese despacho pertenecerá a la jurisdicción civil.
8.- Órganos Jurisdiccionales:
El artículo 6 del CPCA indica que los despachos que integran la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda son los siguientes:
a) Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda;
b) Los tribunales de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda;
c) El Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo y Civil de
Hacienda, y d) La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
Como aspecto novedoso, este Código establece la creación del Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda; el cual tiene competencia exclusiva para conocer y resolver los recursos de apelación (art. 133) contra las resoluciones dictadas por el Juzgado y el Tribunal Contencioso, cuando la ley le conceda ese recurso, por ejemplo: contra el auto que resuelva la caución u otra contracautela (art. 28.2), contra el auto que resuelva la medida cautelar (art. 30), contra el auto que acuerde el archivo de la demanda
(art. 61.2), contra lo resuelto sobre la integración de la litis consorte (art. 71.4), contra el auto que resuelve el embargo (art. 178), expropiación (art. 45 Ley de Expropiaciones), contra la sentencia del proceso especial de expropiación (Ley N° 6313 Ley Especial del Instituto Costarricense de Electricidad). También conocerá algunos recursos extraordinarios de casación (dependiendo del elemento subjetivo y de la materia), es decir, cuando la conducta objeto del proceso emane de: a) los colegios profesionales, los entes de carácter corporativo, b) los entes públicos no estatales, c) las Juntas de Educación y cualquier otra Junta a la que la ley le atribuya personalidad jurídica, d) las empresas públicas que asuman formas de organización distintas a las de Derecho Público. Además conocerá de los recursos de casación cuando se
discutan sanciones disciplinarias, multas y condenas administrativas , independientemente del ente u órgano autor de la conducta. Así como también del recurso de casación interpuesto contra las ejecuciones de sentencia que correspondan a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, y se originen en conductas de los órganos o entes mencionados en el inciso 1° del artículo 136 del CPCA.
Administrativo y Civil de Hacienda, conocerá y resolverá los conflictos de competencia que se presenten entre el Juzgado y el Tribunal de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo (según interpretación armónica del artículo 5 inciso 4 del CPCA y los numerales 54.9 y 94
bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según reforma introducida mediante la ley N° 8508 (CPCA). En tratándose de conflictos de competencia entre órganos de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y Civil de Hacienda y los de otras materias, su conocimiento corresponderá a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
De conformidad con lo establecido en el transitorio I, la Corte Plena pondrá en funcionamiento este Tribunal cuando las circunstancias jurídicas o de hecho así lo exijan. Entre tanto, los recursos de apelación y casación asignados a él en el presente Código, serán del conocimiento de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
En cuanto a los tribunales, el transitorio II dispone que la Corte Plena pondrá en funcionamiento, en cada provincia o zona territorial que ella determine, los tribunales de lo contencioso-administrativo y civil de hacienda que estime pertinentes, tomando en cuenta el índice de litigiosidad, las necesidades de los usuarios y la actuación de los entes u órganos administrativos en el ámbito provincial, regional o cantonal. Aspecto que tendrá que se evaluado desde el punto de vista organizacional y carga de trabajo.
9.- Competencias:
Administrativo, se reformó el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, de manera tal que, los juzgados de lo contencioso- administrativo y civil de Hacienda conocerán: a) todo proceso civil de hacienda que no sea ordinario, de cualquier cuantía, salvo si son procesos ejecutivos o relativos a la aplicación de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, aun cuando la acción se ejercite a favor o en contra del Estado, un ente público o una empresa pública. Tampoco corresponderá a estos juzgados, el conocimiento de las medidas cautelares o de actividad no contenciosa, relacionadas con los procesos ejecutivos o relativos a la aplicación de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, b) las ejecuciones de sentencia dictadas por la Sala Constitucional, en recursos de amparo y hábeas corpus; c) los interdictos de cualquier cuantía, que se ejerciten a favor o en contra de la Administración Pública, central o descentralizada, y de las demás instituciones públicas, así como de los relacionados con empresas públicas, d) las diligencias especiales de avalúo por expropiación, y e) los demás asuntos que determine la ley.
El artículo 212 del Código comprende también la reforma al artículo 97 de la ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual, los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda conocerán:
1) De los procesos contencioso-administrativos y de los ordinarios
civiles de Hacienda que se tramiten conforme al Código Procesal Contencioso-Administrativo y la ejecución de sus propias sentencias, 2) De los impedimentos, las excusas y las recusaciones de sus jueces, propietarios y suplentes, 3) De los demás asuntos que determine la ley.
Corresponderá al Tribunal de Casación de lo Contencioso- Administrativo y Civil de Hacienda, conocer y resolver del recurso extraordinario de casación interpuesto contra alguna de las resoluciones indicadas en el artículo 134, cuando la conducta objeto del proceso emane de alguno de los siguientes entes u órganos: a) los colegios profesionales y cualquier ente de carácter corporativo, b) los entes públicos no estatales, c) las juntas de educación y cualquier otra junta a la que la ley le atribuya personalidad jurídica, d) las empresas públicas que asuman forma de organización distintas de las del Derecho Público. También a este Tribunal le corresponderá conocer y resolver, con independencia del ente u órgano autor de la conducta, los recursos de casación, en los procesos en que se discutan las sanciones disciplinarias, multas y condenas en sede administrativa. En igual forma, conocerá el recurso de casación interpuesto contra toda ejecución de sentencia cuyo conocimiento corresponda a esta jurisdicción, incoada contra alguno de los órganos o entes mencionados en el presente artículo y no corresponda a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (artículos 136 y 212 del Código, este último adicionó el artículo 94 bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial).
De conformidad con el artículo 135 del Código, corresponderá a la Sala Primera conocer y resolver: el recurso extraordinario de casación, cuando la conducta objeto del proceso emane: a) del presidente de la República, b) del Consejo de Gobierno, c) del Poder Ejecutivo (Presidente y Ministro del ramo), d) de los Ministerios y órganos desconcentrados, e) de la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (cuando ejerzan función administrativa), f) la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, g) las instituciones descentralizadas, inclusive las de carácter municipal, y sus órganos desconcentrados, h) los órganos con personalidad jurídica instrumental. También conocerá cuando la conducta objeto de impugnación emanare de alguno de los órganos o entes señalados en el artículo 136 en conjunto con los indicados anteriormente (incisos del a al h del párrafo 1 del artículo 135), sea porque se trate de actos complejos, autorizaciones o aprobaciones, dictadas en el ejercicio de la tutela administrativa. Con independencia del ente u órgano autor de la conducta, conocerá los recursos de casación en los procesos en que se discutan las siguientes materias: validez y eficacia de los reglamentos y la materia tributaria. También conocerá del recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico establecido en el artículo 153 del Código y el interpuesto contra toda ejecución de sentencia, cuyo conocimiento corresponda a esta jurisdicción, incoada contra alguno de los órganos o entes mencionados en el artículo 135.
El artículo 212 del Código reforma el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de manera que la Sala Primera conocerá los siguientes asuntos:
1) De los recursos de casación y revisión, que procedan, conforme a la ley, en los procesos ordinarios y abreviados, en las materias civil y comercial, con salvedad de los asuntos referentes al Derecho de familia y a juicios universales. 2) Del recurso extraordinario de casación en materia contencioso- administrativa y civil de Hacienda, cuando intervenga alguno de los siguientes órganos y no sean competencia del Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda:
3) Cuando la
conjuntamente de algunos de los órganos señalados con
anterioridad y de los que se indican en el primer párrafo del artículo 94 bis de esta Ley, siempre que el acto sea complejo o se trate de autorizaciones o aprobaciones dictadas en ejercicio de la tutela administrativa. 4) A esta Sala también le corresponderá conocer y resolver, con independencia del ente u órgano autor de la conducta, los recursos de casación en los procesos en que se discutan la validez y eficacia de los reglamentos, así como lo relativo a la materia tributaria y al recurso de casación, en interés del ordenamiento jurídico establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo. 5) De los recursos de revisión que procedan conforme a la ley, en la materia contencioso-administrativa y civil de Hacienda. 6) De la tercera instancia rogada en asuntos de la jurisdicción agraria, cuando el recurso tenga cabida de conformidad con la ley. 7) Del cumplimiento de sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros, con arreglo a los tratados, las leyes vigentes y los demás casos de exequátur. 8) De los conflictos de competencia que se susciten en los tribunales civiles o entre estos y los de otra materia, siempre que aquellos hayan prevenido en el conocimiento del asunto. 9) De los conflictos de competencia que se susciten entre un juzgado o tribunal de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, con cualquier otro de materia diversa.
10) De la inconformidad formulada dentro del tercer día, por cualquiera de las partes, sobre la resolución emitida por órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, definiendo su competencia. 11) De las competencias entre juzgados civiles pertenecientes a la jurisdicción de tribunales superiores diferentes, siempre que se trate de juicios ordinarios civiles o comerciales, excepto en juicios universales y en asuntos de familia y Derecho laboral. 12) De los conflictos de competencia que se planteen respecto de autoridades judiciales y administrativas. 13) De los demás asuntos que indique la ley, cuando, por la naturaleza, no correspondan a otra de las salas de la Corte.
El legislador dejó creado el Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; sin embargo, en el transitorio I, se autoriza a la Corte Plena para decidir el momento en el cual comenzará a funcionar, cuando las circunstancias jurídicas o de hecho así lo exijan. Mientras tanto, los recursos de apelación y casación asignados a él en el Código Procesal Contencioso Administrativo, serán conocidos por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
El Juzgado Civil de Hacienda y Asuntos Sumarios permanecerá funcionando hasta por 3 años; durante ese tiempo continuará conociendo y resolviendo los procesos cobratorios del o contra el
Estado que hayan sido presentados hasta el 31 de diciembre del 2.007, cualquiera que sea el estado procesal en que se encuentren. Finalizado ese plazo, los procesos que no hayan fenecido, serán trasladados a la Jurisdicción Civil (véase el punto 7).
El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda tendrá jueces que realicen las siguientes funciones: a) tramitar, b) conciliar, c) realizar el juicio y resolver el fondo, y d) ejecutar; es decir, se trata de una especie de especialidad funcional, que permitirá agilizar el uso de la agenda del despacho. De manera que, habrá jueces tramitadores, jueces conciliadores, jueces de juicio (integrados en tribunal colegiado) y jueces ejecutores.
El juez tramitador tiene amplios poderes. Las actuales secciones del Tribunal Contencioso- Administrativo continuarán atendiendo los asuntos viejos (es decir los que ingresados hasta el 31 de diciembre del 2007), y para realizar su trabajo tendrán un juez tramitador. A su vez, para los asuntos nuevos, a saber, los que ingresen a partir del 1 de enero del 2008, el Tribunal contará con un juez tramitador por cada sección.
El juez conciliador además de tener conocimientos de la materia
contenciosa administrativa, deberá conocer
técnicas de conciliación,
puesto que se trata de aplicar las técnicas conciliatorias a una materia especializada y compleja.
En el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda se introduce la figura del juez ejecutor encargado del cumplimiento efectivo de la sentencia. La legislación anterior no otorgaba con claridad poderes para que el juez asegurara la ejecución de las sentencias firmes.
En el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, habrá un juez tramitador y varios jueces de juicio (resuelven el fondo). Este Juzgado conocerá en un mismo espacio físico los asuntos nuevos (que ingresen a partir del 1 de enero del 2008), y los viejos (ingresados hasta el 31 de diciembre del 2007). Para atender los asuntos viejos quedarán 2 jueces tramitadores, y para atender los asuntos nuevos habrá 4 jueces; de los cuales 3 se van a distribuir conforme a las necesidades del despacho.
Por su parte, el nuevo Código dota de importantes poderes a todos los jueces. Junto a un amplio abanico de pretensiones a disposición de las partes, se da al juzgador una correlativa potestad de anular, condenar, declarar o modificar la conducta administrativa (activa y omisiva) cuestionada en estrados judiciales.
Para la actualización del poder adquisitivo de las obligaciones dinerarias fijadas en sentencia, el Código introduce el instrumento de
la indexación y los parámetros para su cálculo, en consonancia con la ya existente jurisprudencia patria (artículos 123 - 124). A tal efecto, el artículo 123 del CPCA establece lo siguiente:
"Obligación dineraria. Indexación. 1) Cuando la sentencia condene al cumplimiento de una obligación obligación dineraria, directamente o por equivalente, deberá incluir pronunciamiento sobre la actualización de dicha suma, a fin de compensar la variación en el poder adquisitivo ocurrida durante el lapso que media entre la fecha de exigibilidad de la obligación y de su extinción por pago efectivo. Cuando sea posible fijar en la propia sentencia alguna partida, el Tribunal la liquidará, incluso su debida actualización. Si se trata de una condenatoria en abstracto o de rubros posteriores al dictado de la sentencia, el juez ejecutor conocerá y resolverá la liquidación efectiva y su debido reajuste. 2) Para la actualización del poder adquisitivo, la autoridad judicial correspondiente tomará como parámetro el índice de precios al consumidor, emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos para las obligaciones en colones, y la tasa prime rate establecida para los bancos internacionales de primer orden, para las obligaciones en moneda extranjera, vigente desde la exigibilidad de la obligación hasta su pago efectivo.
3) Si se trata de una obligación convencional, en la cual las partes convinieron cualquier otro mecanismo de compensación indexatoria, distinto del establecido en el presente artículo, la autoridad judicial competente deberá reconocer en sentencia el mecanismo pactado, actualizar y liquidar la suma correspondiente hasta su pago efectivo."
Es importante mencionar que la indexación, es decir, la actualización a valor presente, no excluye los daños y los perjuicios que se dispongan en sentencia (artículo 125).
Con el propósito de dar efectividad al fallo en el plano de la realidad y que se corrijan los entuertos administrativos, el Código da importantes facultades al Juez ejecutor, puesto que su labor se centra en la efectiva y plena ejecución de lo dispuesto en sentencia; por ejemplo se pueden mencionar: la prevención, la multa, la paralización presupuestaria, la denuncia penal, el embargo, la ejecución comisarial, hasta la ejecución directa y coactiva a manos del propio Juez como última ratio (artículo 155).
Según el artículo 155 del Código en el Tribunal existirá un cuerpo de jueces ejecutores; la cantidad de jueces deberá ser determinada mediante análisis administrativos y estadísticos.
11.- Capacidad procesal:
Se da capacidad procesal a los menores de edad para casos en que
sea posible su participación directa (sin necesidad de que concurra su
representante), a los grupos, uniones sin personalidad o patrimonios
independientes o autónomos, afectados en sus intereses legítimos,
sin necesidad de estar integrados en estructuras formales de
personas jurídicas (artículo 9). La Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, únicamente contempla la legitimación
12.- Legitimación:
Se amplía la legitimación activa y pasiva 3 , con reconocimiento para la
defensa de los intereses colectivos y difusos, los grupales, los
corporativos y gremiales, se deja abierta la posibilidad de la acción
popular bajo reserva legal expresa que así lo autorice. De especial
relevancia debe destacarse el inciso a) del párrafo 1 del artículo 10, el
cual establece la legitimación cuando se afecte un interés legítimo o
un derecho subjetivo; esto es importante porque se elimina la
3 La legitimación procesal es la capacidad que la ley le otorga a un sujeto para demandar (sujeto activo) o para ser demandado (sujeto pasivo) en un proceso judicial.
exigencia jurisprudencial de la Sala Primera, en el sentido de que para
que exista legitimación el interés legítimo debe ser además: directo,
personal y actual. 4
13.- Tipos de procesos:
El nuevo Código contempla dos tipos de procesos: los procesos
especiales y el ordinario. Adicionalmente, dentro
ordinario, el legislador contempló la posibilidad de dar un tratamiento
procesal diferente a ciertas situaciones particulares; estas variantes
procesales se denominan de la siguiente forma: asuntos de puro
derecho, trámite preferente, acumulación de acciones (2 tipos),
proceso unificado y el fallo directo.
13.a.- Procesos Especiales:
El legislador eliminó los diversos procedimientos especiales que
regulaba la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, y estableció únicamente dos procesos especiales: a)
4 En este sentido se manifestó la Licda. Ana Cristina Víquez Cerdas, jueza del Tribunal Contencioso Administrativo, Conferencia "Partes, Capacidad y legitimación", impartida en las Jornadas de Análisis sobre el Código Procesal Contencioso Administrativo, organizado por el programa de Educación contínua de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 20 de setiembre de
el proceso de extensión y adaptación de la jurisprudencia a terceros, b) y el recurso no jerárquico en materia municipal; ambos serán de conocimiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Todas las demás pretensiones se tramitarán a través del procedimiento ordinario.
13.a.1.- El proceso de extensión y adaptación de la jurisprudencia a terceros , evitará el tener que presentar un proceso Contencioso Administrativo cuando existan al menos dos fallos de casación (del Tribunal o de la Sala Primera), que hubiere reconocido una situación jurídica, siempre que en lo pretendido exista igualdad de objeto y causa con lo ya fallado; el nuevo mecanismo permitirá extender y adaptar a otras personas los efectos de la jurisprudencia (artículo 185 del Código).
13.a.2.- El recurso no jerárquico en materia municipal , es un
procedimiento administrativo tendiente a agotar la vía administrativa, cuya resolución produce un acto administrativo que luego puede ser impugnado en vía judicial. Este procedimiento especial será de conocimiento del Tribunal de lo Contencioso- Administrativo, garantizándose así el derecho a apelar contra los acuerdos municipales establecido en el artículo 173 de la Constitución Política (artículo 189 del Código).
13.b.- Proceso ordinario:
El proceso ordinario se tramitará en una única instancia ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
El proceso ordinario inicia con la demanda que presenta el actor, el juez tramitador del Tribunal la revisa, la admite y la traslada. El demandado contesta y contrademanda, si fuera del caso. Luego se señala fecha para la audiencia de conciliación, y si esta fracasa, se pasará a una audiencia preliminar, en la cual se resolverá el saneamiento del proceso y se determinarán los hechos controvertidos. Posteriormente se realiza el juicio oral, concluido el cual los jueces integrantes del Tribunal se retirarán a deliberar y dictarán sentencia, la cual debe notificarse. Contra lo resuelto cabrá el recurso extraordinario de casación, cuyo conocimiento corresponderá a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia o bien al Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, según corresponda. Finalmente, la sentencia se ejecuta. Más adelante se expondrá este proceso con mayor detalle.
13.c.- Variantes del Proceso Ordinario:
Dentro del proceso ordinario, pueden darse circunstancias especiales que inciden sobre la tramitación, en estos casos el legislador previó un tratamiento distinto, por ejemplo: el proceso de puro derecho
(artículo 98 inciso 2), el proceso preferente (artículo 60), los 2 tipos de acumulación de procesos (artículos 44 y 47), el proceso unificado (artículo 48), y el "fallo directo" (artículo 69), todos del CPCA.
13.c.1.- Cuando el asunto es de puro derecho, o cuando no existe prueba que evacuar , el proceso avanza normalmente hasta la audiencia preliminar, y antes de darla por finalizada, dará a las partes oportunidad para que formulen las conclusiones, las cuales serán consignadas literalmente por los medios técnicos o telemáticos que el juzgador estime pertinentes; acto seguido, remitirá el expediente al Tribunal para que dicte la sentencia (artículo 98 inciso 2 CPCA). La sentencia se dicta en un plazo de 5 días, se dicta el fallo en forma directa, ya que se prescinde de las audiencias y sin necesidad de recibir prueba (artículo 69 CPCA).
13.c.2.- En relación al Trámite preferente, el CPCA establece mecanismos rápidos para acelerar la resolución de los procesos, que la ley actual no prevé. Por ejemplo: se dispone dar un trámite preferente en casos que revistan urgencia, necesidad o trascendencia para el interés público. Este mecanismo se aplicará por el Juez Tramitador de oficio o a gestión de parte; el juez únicamente envía el expediente a la Sección del Tribunal que corresponda. La demanda deberá ser contestada en un plazo de 24 horas. Se realizará una única audiencia en la que se entrará a conocer y resolver sobre los extremos del artículo 90 (audiencia preliminar), se evacuará la prueba y oirán las conclusiones de las partes (de no haber prueba que
evacuar, se prescindirá de la audiencia oral y pública). La sentencia deberá dictarse en un plazo máximo de 5 días (artículo 60 del Código). Este plazo inicia a partir del día siguiente a aquel en que se tenga por contestada la demanda o que se de por finalizada la audiencia oral.
13.c.3.- El nuevo Código prevé 2 tipos de acumulaciones de procesos. La primera es la prevista en el artículo 44 del CPCA, este mecanismo procesal de la acumulación de procesos, establece que si las pretensiones del recurrente no son satisfechas en la fase administrativa y este interpone un proceso contencioso-administrativo, ante una misma conducta o relación jurídico-administrativa ya impugnada en sede jurisdiccional, pero entre partes diferentes, podrá solicitarse al juez tramitador, la aplicación de un procedimiento expedito y privilegiado, con la reducción de los plazos a la mitad, a fin de llegar a la misma etapa procesal en la que se encuentra el otro proceso, siempre que sea antes de la audiencia preliminar y se haya contestado la demanda, todo esto con el propósito de gestionar su acumulación, si resulta procedente.
Ahora bien, el Código prevé otro tipo de acumulación, concretamente la establecida en el artículo 47, y a tal efecto dispone que si durante el proceso, en cualquier momento antes del dictado de la sentencia, el juez tramitador o el tribunal, según corresponda, de oficio o a gestión de parte, podrá ordenar la acumulación oficiosa de varios procesos contencioso-administrativos que cumplan lo dispuesto en el artículo 45
del CPCA, es decir cuando las pretensiones no sean incompatibles entre sí y se deduzcan en relación con una misma conducta administrativa o una relación jurídico-administrativa (inciso a) del párrafo 1 del artículo 45); o cuando las pretensiones referidas a varios actos, cuando unos sean reproducción, confirmación o ejecución de otros, o exista entre ellos conexión directa, salvo lo señalado en el artículo 38 (inciso b) del párrafo 1 del artículo 45 CPCA). El juez lo notificará a las partes del nuevo proceso ya iniciado, a fin de que se manifiesten al respecto, (audiencia por un plazo de 3 días), la autoridad judicial revolverá interlocultoriamente en un plazo de 5 días. De ser procedente, ordenará el trámite expedito y dictará la acumulación de procesos. En caso contrario, el nuevo proceso continuará su curso, sin que retrase o detenga el otro iniciado con anterioridad.
13.c.4.- Cuando se trate de la afectación de intereses grupales,
colectivos, corporativos o difusos, el Código prevé un proceso unificado, en el supuesto de que exista identidad de objeto y causa. De esta forma, el juez tramitador o el tribunal de juicio, de oficio o a
gestión de parte, podrá instar a los actores para que se unan en un solo proceso, sin perjuicio de actuar bajo una sola representación (artículo 48 del Código).
Para mayor claridad acerca de los nuevos procesos establecidos en el CPCA, pueden verse los esquemas anexos en la parte final de esta Guía Informativa.
13.c.5.- Fallo directo. El Código en el artículo 69 prevé la posibilidad al actor y al reconventor de solicitar en su demanda o contrademanda, que una vez contestadas, el proceso se falle sin necesidad de recibir prueba, prescindiendo incluso de la conciliación y de la celebración de audiencias. Si la parte demandada o contrademandada no se opone a esa petición, y el juez tramitador así lo estima procedente, el Tribunal deberá dictar sentencia sin más trámite, dentro de los 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación del auto que acoge la gestión; en otras palabras, se falla directamente el caso.
14.- Proceso ordinario, demanda:
Se establece el plazo de un año para presentar el juicio Contencioso-Administrativo. En el caso de los actos absolutamente nulos, así como para las conductas omisivas, mientras subsistan sus efectos continuados, serán impugnables para su anulación e inaplicabilidad futura. En estos casos, el plazo máximo para interponer el proceso será de un año, a partir del día siguiente al cese de sus efectos (artículos 39 y 40 del CPCA).
Anteriormente, según la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminsitrativa, la demanda se interponía primero mediante escrito reducido dentro del plazo de 2 meses; y posteriormente, se formalizaba mediante un escrito más detallado. El
nuevo Código, en cambio, establece un único escrito para incoar la demanda (artículo 58).
15.- Economía procesal:
El Código Procesal Contencioso Administrativo persigue agilizar el proceso y reducir su costo económico, a tal efecto, se elimina la publicación de edictos; a diferencia de la LRJCA (artículo 39), según la cual la parte actora debía costear la publicación en el Boletín Judicial y en un diario de circulación nacional, del aviso que anuncia la interposición de la acción.
De acuerdo con el artículo 58 inciso 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el agotamiento de la vía administrativa es opcional , salvo para la contratación administrativa y la materia municipal. A diferencia de la LRJCA que establecía ese requisito como obligatorio. Sin embargo, la Sala Constitucional mediante la resolución Nº 3669-06 de las 15 horas del 15 de marzo del 2.006, se pronunció declarando inconstitucionales, y por tanto anulando los párrafos 1º y 2º del artículo 31 y la frase o por no haber sido recurridos en tiempo y forma del inciso a) del párrafo 1º del artículo 21, ambos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en dicha sentencia se anulan también por conexidad
otras disposiciones de la LRJCA relacionadas con el agotamiento de la vía administrativa.
17.- El silencio administrativo:
Se armonizan y fortalecen institutos como el silencio positivo, destacándose el mal denominado silencio negativo como omisión inconstitucional, ante el inexcusable deber de respuesta o resolutorio de la Administración frente a alguna petición, reclamo o recurso interpuesto por algún interesado.
El artículo 32 del CPCA establece que cuando se formule alguna solicitud ante la Administración Pública y esta no notifique su decisión en el plazo de 2 meses, el interesado podrá considerar desestimada su gestión, a efecto de formular, facultativamente, el recurso administrativo ordinario o a efecto de presentar el proceso contencioso-administrativo, según elija, salvo que a dicho silencio se le otorgue efecto positivo de conformidad con el ordenamiento jurídico.
18.- Medidas cautelares:
El ejercicio del derecho de acceso a la justicia cautelar, ha sido calificado por la Sala Constitucional como un derecho fundamental, es parte integral del núcleo esencial del derecho a una justicia pronta y
cumplida. Las medidas cautelares tienden a posibilitar la ejecución de la sentencia y la conservación de los bienes y cosas que posteriormente deberán ser apreciados por el tribunal (Resolución N°3463 de las 14:54 horas del 20 de julio de 1993, criterio reiterado en resolución N° 6786 de las 15:27 horas del 22 de noviembre de 1994).
El nuevo Código vigoriza y diversifica las medidas cautelares, siempre que se cumplan determinados supuestos (por ejemplo para evitar males mayores o primeros males, cuando éstos sean de difícil o imposible reparación), superando así el sistema anterior, en que la ley solamente contenía las medidas cautelares suspensivas del acto administrativo. En otras palabras, con el CPCA el legislador optó por un régimen abierto e innominado de medidas cautelares, que permiten una libre y abierta conducción del Juez a la hora de determinar, de acuerdo a cada caso, cuáles medidas provisionales son necesarias para la protección del objeto del proceso y garantizar la efectividad de una sentencia estimatoria.
Las medidas cautelares se pueden solicitar durante todo el proceso o en la fase de ejecución, y su propósito es garantizar una justicia cumplida, aquí las medidas cautelares proceden de oficio o a gestión de parte. Ahora bien, a instancia de parte, también se pueden solicitar medidas cautelares antes de iniciado el proceso (artículo 19 del CPCA). De manera que, el Código establece la posibilidad de aplicar medidas cautelares antes, durante y en la etapa de ejecución; con esto se garantiza una ampia tutela. Con el propósito de dar una
pronta y eficiente atención a las solicitudes de medidas cautelares, se tiene proyectado como novedad en la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y Civil de Hacienda, su atención a través de la disponibilidad de jueces.
El tribunal o el juez respectivo al realizar el estudio y valoración para decidir si otorga o deniega alguna medida cautelar, deberá considerar especialmente, el principio de proporcionalidad, ponderando la eventual lesión al interés público, los daños y los perjuicios provocados con la medida a terceros, así como los caracteres de instrumentalidad y provisionalidad, de modo que no se afecte la gestión sustantiva de la entidad, ni se afecte en forma grave la situación jurídica de terceros. También deberá considerar las posibilidades y previsiones financieras que la Administración Pública deberá efectuar para la ejecución de la medida cautelar (artículo 22 del CPCA).
Cuando varíen las circunstancias de hecho que motivaron la adopción de alguna medida cautelar, el tribunal, el juez o la jueza respectiva, de oficio o a instancia de parte, podrá modificarla o suprimirla. De igual forma, cuando varíen las circunstancias de hecho que dieron motivo al rechazo de la medida solicitada, el tribunal, el juez o la jueza respectiva, de oficio o a instancia de parte, podrá considerar nuevamente la procediencia de aquella u otra medida cautelar (artículo 29 CPCA).
19.- Oralidad:
El Código incorpora fases caracterizadas por la tramitación oral (audiencias), lo que pretende contribuir a su celeridad, humanización y transparencia. El procedimiento diseñado es predominantemente oral, aunque también tiene fases escritas. Se combina la oralidad con la inmediatez y la concentración de la prueba; lográndose así una justicia oral y escrita, puesto que hay fases que se mantienen escritas, como la demanda, y la contestación simple o con contrademanda. La LRJCA contemplaba un proceso escrito. El nuevo Código, en cambio, busca la dialéctica viva y directa entre las partes, sus representantes, testigos, peritos y jueces.
El nuevo Código contempla momentos de oralidad, entre los que se pueden mencionar las siguientes:
a.- Audiencia en medidas cautelares, por vía de excepción (art. 24 inciso 2) b.- Audiencia de conciliación (art. 74). c.- Audiencia preliminar (art. 90). d.- Audiencia de juicio oral (art. 99). e.- Audiencia oral del recurso de casación (se puede evacuar nueva prueba, art. 142). f.- Audiencia del recurso extraordinario de revisión (art. 154 inciso 2). g.- Audiencia del trámite preferente (art. 60 inciso 3).
h.- Audiencia de la ejecución de sentencia de procesos Contenciosos
administrativos y Civiles de Hacienda (art. 164 inciso 2).
i.- Audiencia de la ejecución de sentencia de los procesos de Hábeas
Corpus y de Amparo contra sujetos de Derecho Público (art. 182 en
relación con el art. 99).
Según el artículo 85 del CPCA, la jueza o el juez tramitador y el
Tribunal, según sea el caso, deberán asegurar, durante las
audiencias, el pleno respeto de los principios de la oralidad .
Durante las audiencias, deberá promoverse el contradictorio como
instrumento para la verificación de la verdad formal de los hechos
(artículos 82 inciso 1, 85 inciso 2, 93 inciso 3) 5 y velar por la
concentración de los distintos actos procesales que corresponda
celebrar. También se garantiza la inmediación y la publicidad a través
del juicio oral y público, salvo si el Tribunal a petición de parte,
dispone lo contrario por resolución debidamente motivada (artículo 99
inciso 1 del CPCA).
5 Si bien el CPCA utiliza el término verdad real, debe mencionarse que en vista de que se trata de impartir justicia humana, no divina, y de que sólo Dios es omnisciente y conoce la verdad absoluta de todas las cosas, entonces pareciera que lo más apropiado es hablar de verdad formal o verdad material objetiva (son sinónimos), es decir, la verdad objetiva que surge del mismo proceso. En este sentido Lic. Roberto Gutiérrez Freer, Juez del Tribunal y Lorena Montes de Oca, Jueza del Juzgado, ambos de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y Civil de Hacienda.
implementar la oralidad:
1. Oralidad es un sistema que tiene una lógica, no se debe confundir con simple retórica.
2. Sea breve y conciso. Hable en forma concreta, clara y sin usar palabras complicadas.
3. Estudie bien el caso y establezca una estrategia, elabore su teoría del caso, puesto que es el centro del proceso. Tenga presente que en torno a la teoría del caso giran los hechos y se articula la prueba.
4. Recuerde que un caso mal preparado tiene como consecuencia la falta de credibilidad.
5. Debe aprender a pedir, saber expresar la pretensión es importantísimo.
6. Recuerde que durante la audiencia preliminar y la de juicio oral, las partes están sujetas a control recíproco y del juez.
7. El juez o el Tribunal es el director del proceso y debe velar porque se cumplan los principios de debido proceso y oralidad
8. Cuando ofrezca la prueba relaciónela con los hechos que pretende demostrar.
9. Los peritos y testigos se deben acreditar para ganar la confianza de la autoridad judicial; compete a la parte contraria su desacreditación, ya sea del perito o del peritaje.
10. En cuanto a los testigos debe indicarse la relación de éste con el caso. Los testigos son de las partes y son estas quienes deben
extraer de los mismos las proposiciones fácticas que sirvan a su tesis del caso.
11. Las partes deben tomar en cuenta las debilidades de la parte contraria. En el contrainterrogatorio cada abogado director del proceso debe desacreditar la prueba presentada por la contraparte.
12. Si estuviera en desacuerdo, recuerde que los recursos (revocatoria) se ejercen en la audiencia preliminar a viva voz, por eso debe estar atento para hacer las objeciones. La objeción es aquella inconformidad, malestar evidente u oposición ante determinada pregunta de la parte contraria. La objeción sustituye el incidente. La objeción debe ser oportuna, fundamentada y pertinente (relacionada).
13. En la evacuación de la prueba se debe seguir una línea de examen de interrogatorio (parte actora) y de contraexamen (parte demandada). En cuanto a la prueba testimonial, en las preguntas narrativas hay que orientar al testigo, aunque sean preguntas abiertas y directas. Debe preguntarse en forma concreta para evitar divagaciones. Las partes pueden hacer uso de la objeción para evitar las preguntas capciosas o sugestivas.
14. La audiencia preliminar preliminar es una fase abreviada, saneadora y de filtro de prueba. Se inicia con una breve exposición de los hechos y la pretensión de las partes, se sanea el proceso
(de oficio o a instancia de parte), se resuelven las excepciones, se fijan los hechos controvertidos y se filtra la prueba.
15. El juicio oral y público inicia con el discurso de apertura (que no es argumentativo), y concluye con el alegato final (que es de vital
importancia). Es un ejercicio donde se relaciona la prueba con los
hechos que originan la demanda y que fueron acreditados con la
prueba correspondiente, se hace uso de la prueba contraria para
desacreditar y fundar nuestra tesis del caso, haciendo ver al juez
por qué debemos creer en esa visión de lo que ocurrió. También
se debe desacreditar la prueba de la parte contraria y la
contrademanda. La exposición de conclusiones debe hacerse
respetando un orden cronológico. Un buen discurso de
conclusiones ofrece una ruta al juzgador desde el punto de vista de
la tesis del caso de quien lo expone. 6
20.- La conciliación:
El nuevo Código brinda a la Procuraduría General de la República, la
posibilidad de realizar acuerdos conciliatorios, tema que constituye
toda una novedad en el Sector Público. El artículo 72 del CPCA
establece que la Administración Pública podrá conciliar sobre la
conducta administrativa, su validez y sus efectos, con independencia
de su naturaleza pública o privada.
6 En este sentido Licda. Laura García Carballo, jueza tramitadora del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, conferencia sobre la oralidad impartida en el Taller de Formación Código Procesal Contencioso Administrativo, CEDESO, capacitación para abogados de la Caja Costarricense de Seguro S ocial, 21 de setiembre del 2.007.
Mediante el artículo 217 del CPCA, se reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (artículos 3 inciso l) y 20), de manera que se permite a la Procuraduría proponer y acordar arreglos o convenios (conciliación, allanamiento, transacción, desistimiento y someter los juicios a la decisión de árbitros) durante la tramitación de cualquier proceso; en estos casos, se requerirá la autorización escrita del procurador general, del procurador general adjunto o del funcionario en quien estos deleguen. La legislación anterior no permitía al Estado la posibilidad de conciliar.
Además, se incorpora la figura del juez conciliador a la dinámica procesal (artículo 74).
21.- Audiencia Preliminar:
La función de la audiencia preliminar es saneadora del proceso, permite filtrar la prueba y fijar los hechos controvertidos. En la audiencia preliminar la autoridad judicial que interviene es el juez tramitador, el cual tendrá las facultades de quien preside el juicio oral y público (artículos 97 en relación con el 99 del CPCA).
De conformidad con el artículo 90 del CPCA en la audiencia preliminar se resolverá lo siguiente:
Saneamiento del proceso; de oficio o a instancia de parte, se resolverán toda clase de nulidades procesales. Aclaración y ajuste de los extremos de la demanda, contrademanda y contestación y réplica, cuando a criterio del juez tramitador, resulten oscuros o imprecisos, sea de oficio o a gestión de parte. La intervención del coadyuvante. Las defensas previas. La determinación de los hechos controvertidos y con trascendencia para la resolución del caso y que deban ser objeto de prueba. Durante la audiencia, las partes podrán ofrecer otros medios de prueba que, a juicio del juez tramitador, sean de interés para la resolución del proceso y se refieran, únicamente, a hechos nuevos o a rectificaciones realizadas en la propia audiencia. Admisión de los elementos probatorios ofrecidos, cuando así proceda, se rechazarán los que sean evidentemente impertinentes o inconducentes, y se dispondrá el señalamiento y diligenciamiento de los que correspondan. Por ejemplo: el nombramiento de peritos, si se requiere.
Cumplido el trámite de la audiencia preliminar, cuando sea procedente, el juez tramitador citará de inmediato a las partes para la realización del juicio oral y público, previa coordinación con el Tribunal para fijar la hora y la fecha (artículo 98 inciso 1 del CPCA).
Si se tratara de un asunto de puro derecho o no existe prueba que evacuar, el juez tramitador, antes de dar por finalizada la audiencia
preliminar, dará a las partes oportunidad para que formulen las conclusiones, y acto seguido remitirá el expediente al Tribunal para que dicte la sentencia. Esas conclusiones serán consignadas literalmente por los medios técnicos o telemáticos que el juez estime pertinentes (artículo 98 inciso 2 del CPCA).
22.- Juicio oral:
Al ser el día y la hora señalados para celebrar el juicio oral, el Tribunal se constituirá en la sala de audiencias, en su integración habrá un juez ponente, quien presidirá y redactará en forma integral el fallo. La audiencia será pública para todos los efectos, salvo si el Tribunal dispone lo contrario por resolución debidamente motivada (artículo 99 CPCA). La audiencia tendrá 3 fases: a) apertura, b) desarrollo, y c) conclusión.
Quien presida verificará la presencia de las partes y sus representantes; cuando corresponda, la de los coadyuvantes, los testigos, los peritos y los intérpretes. Seguidamente declarará abierta la audiencia y advertirá a los presentes sobre su importancia y significado.
El presidente dirigirá la audiencia, hará las advertencias legales, recibirá los juramentos y las declaraciones, ejercerá el poder de disciplina, velará porque se cumplan el debido proceso, los principios,
la ética y la lealtad procesal, ordenará las lecturas necesarias, moderará la discusión, impidiendo intervenciones impertinentes e injustificadamente prolongadas; además rechazará las solicitudes notoriamente improcedentes o dilatorias, respetando el derecho de defensa de las partes.
La audiencia se realizará sin interrupción, durante las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su terminación, y solamente se podrá suspender por las causas expresamente establecidas en el inciso 1° del artículo 100 del CPCA. Cuando las circunstancias que originan la suspensión hagan imposible continuar la audiencia después de transcurrido el plazo de 15 días, todo lo actuado y resuelto será nulo de pleno derecho, salvo los actos o las actuaciones probatorias irreproductibles, los cuales mantendrán su validez en la nueva audiencia convocada (inciso 5° del artículo 100 del CPCA).
Durante el desarrollo de la audiencia la parte actora y la demandada, en ese orden, resumirán los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten sus pretensiones y manifestarán lo que estimen pertinente en defensa de sus intereses. Luego el Tribunal recibirá la prueba en el siguiente orden: 1.- prueba pericial, 2.- prueba testimonial, y 3.- prueba confesional. Debe entenderse que las partes y sus abogados pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes, hacer notar las contradicciones y pedir aclaraciones (artículos 105, 106, 107 y 108 del CPCA). Sin perjuicio de que los jueces puedan pedir aclaraciones también.
Una vez evacuada la prueba, las partes formularán sus conclusiones por el tiempo fijado por el Tribunal (artículo 109 CPCA).
Posteriormente, quien presida dará por finalizada la audiencia y pasará el asunto para que los jueces realicen la deliberación del caso. Se levantará un acta de la audiencia en la cual se indicará la información que señala el artículo 102 del CPCA.
Si durante la deliberación, el Tribunal estima absolutamente necesario recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, podrá disponer la reapertura del debate. La discusión quedará limitada al examen de los nuevos elementos de apreciación (inciso 1° del artículo 110 del CPCA).
23.- Sentencia:
El artículo 111 del CPCA establece que transcurrida la audiencia oral y pública, el Tribunal deliberará inmediatamente y procederá a dictar sentencia. La sentencia deberá notificarse en el plazo máximo de los 15 días hábiles siguientes a la terminación del juicio oral y público. Vencido dicho plazo con incumplimiento de lo anterior, lo actuado y resuelto será nulo, por lo que el juicio oral y público deberá repetirse ante otro tribunal, que será el encargado de dictar la sentencia, sin
perjuicio de las responsabilidades correspondientes; lo anterior salvo en el caso de los actos o las actuaciones probatorias irreproductibles, que mantendrán su validez en la nueva audiencia convocada.
La sentencia resolverá sobre todas las pretensiones. Contendrá también, entre otros, el pronunciamiento correspondiente respecto de las costas, aún de oficio (artículo 119 del CPCA).
El Código en los artículos 121 y 122 dispone que la pretensión se declarará improcedente cuando no se ajuste al ordenamiento jurídico; y establece los aspectos sobre los cuales debe pronunciarse el Tribunal en la sentencia de procedencia.
El Código da amplios poderes a los jueces, incluso de indexar, a tal efecto dispone que cuando la sentencia condene al cumplimiento de una obligación dineraria (directamente o por equivalente), deberá incluir pronunciamiento sobre la actualización de dicha suma, a fin de compensar la variación en el poder adquisitivo ocurrida durante el lapso que media entre la fecha de exigibilidad de la obligación y la de su extinción por pago efectivo (artículo 123 CPCA). A su vez, cuando se trate de una obligación de valor, el Tribunal deberá convertirla y liquidarla en dinero efectivo, en forma congruente con su valor real y actual en el momento de su dictado. Una vez convertida en dineraria la obligación de valor, el juez ejecutor la actualizará hasta su pago efectivo (artículo 124 del CPCA).
La sentencia estimatoria siempre obligará a la ejecución de las obligaciones y prohibiciones que imponga, así como a la satisfacción de las pretensiones reconocidas, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y con los hechos probados de la sentencia (artículo 126 del CPCA).
24.- Recursos:
El título VII regula el tema de los recursos. Por su naturaleza, pueden clasificarse en recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Dentro de los recursos ordinarios el CPCA prevé el recurso de revocatoria y el de apelación , el primero ante el Juzgado o el Tribunal Contencioso-Administrativo, según corresponda; y el segundo ante el Tribunal de Casación Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda (artículos 132 y 133 del CPCA). Debe recordarse que, en forma transitoria, mientras no esté funcionamiento el Tribunal de Casación Contencioso Administrativo, corresponderá a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia conocer y resolver los recursos de apelación y de casación (Transitorio I).
El recurso de revocatoria se interpone y resuelve en la misma audiencia (Preliminar y de Juicio). El recurso se interpone en forma oral y motivada en la propia audiencia (artículo 132). El recurso de apelación deberá interponerse directamente ante el Tribunal de
Casación de lo Contencioso Administrativo en el plazo de 3 días hábiles, y no requiere formalidades especiales. El superior, en caso de admitirlo, citará, en el mismo acto, a una audiencia oral, a fin de que las partes expresen agravios y formulen conclusiones. Tal resolución deberá notificarse a todas las partes, al menos 3 días hábiles antes de realizar la audiencia (artículo 133).
En lo atinente a los recursos extraordinarios , el nuevo Código establece los siguientes recursos: a) casación por violación de normas procesales, b) casación por violación de normas sustantivas, c) casación contra la resolución final de ejecución de sentencia (por violación a la cosa juzgada), d) casación en interés del ordenamiento jurídico, y e) revisión. Los recursos de casación son de conocimiento de la Sala Primera o del Tribunal de Casación Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, según corresponda (artículos 135 y 136 del CPCA). El recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico y el recurso de revisión corresponde conocerlos y resolverlos a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (artículos 135 inciso 4°, 153 y 154 del CPCA).
Contra los autos de embargo y final de ejecución de sentencia se establece la posibilidad de interponer el recurso de casación, cuyo conocimiento corresponderá a la Sala Primera o al Tribunal de Casación, de acuerdo con la distribución de competencias establecida en los artículos 135 y 136 de este código (artículo 178 del CPCA).
25.- Recurso de Casación:
De conformidad con el artículo 137 del CPCA, procederá el recurso de casación por violación de normas procesales en los siguientes casos:
a) Falta de emplazamiento, incluso la deficiencia en la composición de la litis, así como la notificación defectuosa del emplazamiento a las partes principales. b) Indefensión de la parte, que no le sea imputable, cuando se le afecten los derechos de defensa y del debido proceso. c) Falta de determinación clara y precisa, en la sentencia, de los hechos acreditados por el Tribunal o por haberse fundado en medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso. d) Falta de motivación. e) Incompetencia de los tribunales costarricenses, habiendo sido alegada y rechazada en el momento procesal correspondiente. f) Dictado de la sentencia por un número menor de jueces que el exigido para conformar el Tribunal o cuando uno de ellos no haya estado presente en el juicio oral y público. g) Inobservancia de las reglas previstas en este Código para la deliberación, el plazo de dictado de la sentencia o la redacción del fallo en sus elementos esenciales.
h) Violación de las normas cuya inobservancia sea sancionada
con la nulidad absoluta. i) Contradicción con la cosa juzgada.
138 del CPCA se establece que
procederá el recurso de casación por violación de las normas sustantivas del ordenamiento jurídico, en los siguientes casos:
Por otra parte, en el artículo
a) Cuando se atribuya a la prueba una indebida valoración o se
haya preterido (que se haya ignorado la prueba, no se valoró).
c) Cuando se haya aplicado o interpretado indebidamente una
norma jurídica o se haya dejado de aplicar.
d) Cuando la sentencia viole las normas o los principios del
Derecho constitucional, entre otros, la razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad.
A su vez, el artículo 178 del CPCA dispone que cabrá recurso de casación contra la resolución final de ejecución de sentencia en los términos establecidos en el artículo 137 del CPCA, y su conocimiento corresponderá a la Sala Primera o al Tribunal de Casación, de acuerdo con la distribución de competencias establecida en los artículos 135 y 136 del CPCA.
formalismo para el recurso de casación.
Según el artículo 139 del CPCA, el recurso de casación deberá ser interpuesto dentro de los 15 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la resolución a todas las partes.
En el escrito de interposición del recurso se deberá indicar lo siguiente:
Tipo de proceso. Nombre completo de las partes. Firmas de las partes debidamente autenticadas. La hora y la fecha de la resolución recurrida. Número de expediente en el cual fue dictada. Indicación de lugar para recibir notificaciones, dentro del perímetro judicial. Indicar de manera clara y precisa los motivos del recurso, con la fundamentación fáctica y jurídica del caso. No será indispensable indicar el precepto legal infringido concerniente al valor del elemento probatorio mal apreciado. No será indispensable citar la normativa infringida en la sentencia recurrida; tampoco la que establece los requisitos del recurso, los plazos y las reglas básicas para su admisión. El recurso no estará sujeto a otras formalidades o requisitos.
26.- Recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico:
Como figura novedosa se introduce el recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico , el cual será de conocimiento de la Sala Primera . Este recurso podrá ser interpuesto, en cualquier momento, por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Defensor de los Habitantes de la República o el Fiscal General. El mencionado recurso cabe contra las sentencias firmes dictadas por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda o el Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que produzcan cosa juzgada material, cuando no habiendo sido conocidas por la Sala Primera, se estimen violatorias del ordenamiento jurídico. La sentencia que se dicte, no afectará situación jurídica particular derivada de la sentencia recurrida, tampoco afectará situaciones jurídicas consolidadas y, cuando sea estimatoria, se limitará a fijar la correcta interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, debiendo publicarse en una sección especial del diario oficial La Gaceta y no implicará, de manera alguna, responsabilidad para los tribunales que hayan resuelto de manera distinta (artículo 153 del Código).
27.- Ejecución de sentencias:
La ejecución es la realización del derecho declarado en la sentencia, constituye una fase muy importante del proceso que garantiza la tutela judicial efectiva (artículos 39, 41, 49 y 153 de la Constitución Política).
El Tribunal tendrá un cuerpo de jueces ejecutores, encargados de la ejecución de sus sentencias y demás resoluciones firmes (artículo 155 del CPCA).
En la fase de ejecución de sentencia, el juez ejecutor tendrá todos los poderes y deberes necesarios para su plena efectividad y eficacia. Firme la sentencia, el juez ejecutor dictará o dispondrá, a solicitud de parte, las medidas adecuadas y necesarias para su pronta y debida ejecución.
La sentencia firme debe ejecutarse de inmediato (si hay contenido económico suficiente y debidamente presupuestado), salvo que el juez ejecutor, de oficio o a gestión de parte, otorgue en forma motivada un plazo hasta por 3 meses. En casos excepcionales, el juez podrá prorrogar, por una vez, el plazo concedido. Cuando el cumplimiento de la sentencia signifique la provisión de fondos para los cuales no sea posible allegar recursos sin afectar, seriamente, el interés público o sin provocar trastornos graves a su situación patrimonial, la Administración Pública obligada al pago de una cantidad líquida, mediante escrito fundado, podrá solicitar al juez ejecutor, que se le autorice fraccionar el pago hasta un máximo de 3 anualidades, por lo que deberá consignar, en los respectivos presupuestos, el principal más los intereses (artículos 157, 166 y 172 del CPCA).
Si fuera imposible la ejecución del fallo, se deberá indemnizar la frustración del derecho obtenido en sentencia. La parte tendrá derecho a la indemnización por los daños y perjuicios que le cause la suspensión de la ejecución del fallo (artículo 174 del CPCA).
28.- Ejecución de sentencias en recursos de amparo y hábeas corpus:
Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo la ejecución de las sentencias de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho Público, únicamente en lo relativo a la demostración, la
liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias (artículo
179 del CPCA).
En el escrito inicial, el interesado deberá exponer en forma clara y precisa los hechos en que se fundamenta; además debe ofrecer la prueba. En relación a los daños y perjuicios cuya indemnización se
pretende, debe concretarse el motivo que los origina, en qué consisten y la estimación prudencial y específica de cada uno de ellos (artículo
180 del CPCA).
El escrito se trasladará a la parte ejecutada, y se le dará un plazo de 5 días hábiles para proponer contraprueba y formular alegaciones. Se evacuará la prueba y el Juzgado pronunciará la sentencia dentro del
plazo de 5 días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia. Contra el fallo final emitido por el Juzgado, únicamente cabrá recurso de casación. Una vez firme la resolución que condene a pagar una cantidad líquida, el Juzgado seguirá las reglas establecidas en el capítulo I del Título VIII "Ejecución de Sentencias" (artículos 181, 182, 183 y 184 del CPCA).
29.- Procesos pendientes a la entrada en vigencia del Código:
Los procesos contencioso-administrativos y los juicios ordinarios atribuidos a la vía civil de hacienda, interpuestas con anterioridad a la entrada en vigencia de este Código, cualquiera que sea su estado procesal, continuarán sustanciándose en todos sus trámites y recursos por las normas que regían a la fecha de inicio. Para tal efecto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, continuará con el trámite de dichos asuntos hasta su finalización y el Tribunal Contencioso Administrativo mantendrá las secciones que sean convenientes para conocer de las demandas de impugnación previstas en los artículos 82 a 90 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (procesos especiales a saber: a) materia tributaria o impositiva, b) materia municipal, c) separación de directores de entidades descentralizadas, d) los contratos de la Administración y de las Licitaciones), y en grado de las resoluciones que dicte el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y
Civil de Hacienda ( transitorio IV del Código). Los asuntos nuevos que ingresen a partir del 1° de enero del 2008, serán conocidos por los jueces del Juzgado y del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ubicados en el Edificio Anexo A del Segundo Circuito Judicial de San José.
30.- Reformas y derogatorias legales:
El CPCA reforma y deroga diversas leyes que rigen el Sector Público; entre ellas, pueden citarse por su especial relevancia: la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a fin de, por su orden, reorganizar los tribunales relacionados con la materia Contencioso- Administrativa, y de autorizar a la Procuraduría para proponer y acordar arreglos o convenios durante la tramitación de cualquier proceso. También se deroga la Ley N° 7274 de 10 de diciembre de 1991, Ley de Creación de la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, la reforma dispone que en adelante esa Sección conocerá de las mismas materias que actualmente corresponden a las otras secciones de dicho Tribunal, según la distribución que disponga la Corte Suprema de Justicia. (artículo 198 y siguientes del CPCA).
Principios y líneas rectoras que informan el Código Procesal Contencioso Administrativo.
Derecho opcional para el agotamiento de la vía administrativa, salvo para la contratación administrativa y la materia municipal.
inc. 1° y 58.
Es la filosofía que permea Código.
Debido proceso y sana crítica.
137 y 82 inc. 4°
Igualdad procesal (Se atenúan privilegios para el Estado como litigante)
217 reforma el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General dela República.
Semi formalismo procesal.
inciso b) y 133 inc. 2°
Amplios poderes para el juez.
85, 93, 94, 96, 97, 99, 127, 128 y
Flexibilidad impugnatoria.
132-133, 139 y 141.
Apertura de la legitimación activa y pasiva.
Apertura de la capacidad procesal.
Alcance extensivo para las medidas cautelares.
Inmediatez, contradicción y concentración de la prueba.
Verdad Formal (también llamada verdad material objetiva).
inciso 1, 85 inciso 2 y 93 inciso
Fortalecimiento de medidas alternativas de resolución de conflictos.
Principio de especialidad conciliatoria.
y siguientes, 59
Separación del órgano instructor del procedimiento, del órgano decisor y el ejecutor.
Principio de adaptación de la Justicia a la realidad y necesidad sociales.
y en general es la filosofía que
permea todo el Código
Refuerzo del control pleno de la función administrativa.
Regionalización de la Justicia.
Estructura de la Jurisdicción Contencioso -Administrativo Civil de Hacienda, antes de la entrada en vigencia del CPCA
Sala Primera de la Corte
Administrativo y Civil de
Juzgado Civil de Hacienda
de Asuntos Sumarios
Nota: Antes de la entrada en vigencia del
Administrativo y Civil de Hacienda, atendía la segunda instancia de los
asuntos provenientes del Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios. A
su vez, el Tribunal Contencioso - Administrativo y Civil de Hacienda conocía
y resolvía la segunda instancia de lo conocido por el Juzgado Contencioso -
Administrativo y Civil de Hacienda. Finalmente la Sala Primera de la Corte
Suprema de Justicia, conocía los recursos de casación y revisión.
CPCA, el Juzgado Contencioso -
Estructura de la Jurisdicción Contencioso Administrativo Civil de Hacienda, a partir de la vigencia del CPCA
Contencioso -Administrativo y Civil de Hacienda
Tribunal Contencioso- Administrativo y Civil de Hacienda
Nota: El legislador repartió el conocimiento de los asuntos de la Jurisdicción Contencioso -Administrativa y Civil de Hacienda, entre el Tribunal y el Juzgado que atienden esta materia. De manera tal que, el Tribunal no es superior del Juzgado, sino que cada uno atiende los asuntos que el legislador le asignó en el CPCA. De acuerdo con esto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Casación de lo Contencioso - Administrativo y Civil de Hacienda son órganos superiores, tanto del Tribunal como del Juzgado, sin que exista relación entre estos dos últimos órganos jurisdiccionales. En consecuencia el recurso de revocatoria se presentará ante el Juzgado o el Tribunal, según corresponda. Por su parte, el recurso de apelación, cuando la ley conceda este recurso, será conocido por el Tribunal de Casación de lo Contencioso - Administrativo y Civil de Hacienda. Transitoriamente, mientras no esté funcionando el Tribunal de Casación, la Sala Primera asumirá las competencias del Tribunal de Casación de lo Contencioso -Administrativo y Civil de Hacienda. El recurso de casación por fondo, por forma o contra la resolución final de
ejecución de sentencia, lo conocerá la Sala Primera o el Tribunal de Casación, según corresponda. El recurso de revisión y el recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico los conocerá y resolverá la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
Especialidad funcional de los jueces que atienden la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y Civil de Hacienda.
TRIBUNAL Contencioso- Administrativo y Civil de Hacienda.
TRIBUNAL DE CASACIÓN Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
- Juez tramitador
- Jueces de fondo
- Jueces de juicio
- Jueces ejecutores
Clasificación de los procesos establecidos en el CPCA.
Artículo CPCA
Todas las demás pretensiones.
Asunto de puro derecho
Cuando no exista prueba que evacuar.
Casos que revistan urgencia, necesidad o trascendencia para el interés público.
-Cuando se interpone un proceso contencioso-administrativo, ante una misma conducta
Variantes del ordinario
relación jurídico-administrativa ya impugnada en sede jurisdiccional pero entre partes
diferentes, podrá solicitarse al juez tramitador la aplicación de un procedimiento expedito y privilegiado, con la reducción de los plazos a la mitad, a fin de llegar a una misma etapa procesal en la que se encuentra el otro proceso.
-Acumulación oficiosa de procesos cuando varios procesos contenciosos- administrativos cumplan lo dispuesto en el art. 45 CPCA (acumulación de acciones).
Cuando se trate de la afectación de intereses grupales, colectivos, corporativos o difusos y además exista identidad de objeto y causa.
Fallo directo
El actor y el reconventor solicitan en su demanda o contrademanda que el proceso se falle sin necesidad de recibir prueba, prescindiendo incluso de la conciliación y de la celebración de audiencias.
Evitará tener que presentar un proceso cuando existan al menos 2 fallos de casación que haya reconocido una situación jurídica, podrán extenderse y aplicarse a otras personas, siempre que en lo pretendido exista igualdad de objeto y causa con lo fallado.
Recurso no jerárquico en materia municipal (común y per saltum).
Apelación contra los acuerdos que emanen del concejo municipal, ya sea directamente
con motivo de la resolución de recursos en contra de acuerdos de órganos municipales jerárquicamente inferiores.
CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN EL CPCA.
Órgano jurisdiccional que conoce y resuelve
Artículo del CPCA
Tribunal Cont. Ad. o Juzgado Cont. Ad, según corresponda de acuerdo al tipo de proceso.
*Se interponen oralmente y se resuelven en la misma audiencia (de Conciliación, Preliminar y de Juicio.
Tribunal de Casación Contencioso- Administrativo y Civil de Hacienda.
*Se interponen por escrito.
Recurso de Casación contra la sentencia por violación a normas procesales.
Sala Primera de la Corte Suprema de
Tribunal de Casación Cont.
Ad. y Civil de Hacienda.
Recurso de Casación contra la sentencia por violación a normas sustantivas.
Recurso de Casación contra la resolución final de ejecución de sentencia (por violación a la cosa juzgada).
Recurso de Casación en interés del ordenamiento jurídico.
135 inc. 4° y 153
Indice Temático del CPCA:
-Abogados (más de uno, participación ordenada)
-Acto consentido o confirmatorio
-Actos de gobierno
-Acto impugnable
-Acto que decida reclamo civil de hacienda
-Actos publicables, actos de aplicación individual de dispo- siciones generales (impugnación)
-Actos que hayan quedado firmes en vía administrativa antes de la vigencia del CPCA (régimen de impugnación)
-Acuerdo conciliatorio
-Acumulación de acciones
-Acumulación de pretensiones
-Acumulación de procesos
-Acumulación oficiosa de procesos
-Actividad procesal
49 y sig.
-Administración (juez impone conducta debida a la)
-Agotamiento vía administrativa
-Alegatos de las partes
-Anualidades presupuestarias (ejecución de sentencia)
-Apelación directa por silencio municipal (apercibimiento)
-Audiencia de Casación (ausencia de las partes)
-Audiencias para conciliar
-Audiencia Preliminar (extremos a resolver en la)
-Audiencia Preliminar (acta)
-Audiencia (Recurso no jerárquico en materia municipal)
-Audiencias (solicitud de prescindir de)
-Ausencia de las partes
-Autenticidad de documentos
-Bienes embargables de la Administración Descentralizada (ejecución de sentencia)
- Bienes inembargables de la Administración
-Caducidad (del plazo para demandar)
-Capacidad procesal (menores, grupos informales, patrimonios)
-Certificación del expediente administrativo
-Certificación de sentencia (para remitir al Departamento de Presupuesto Nacional, juez ejecutor)
-Certificación electrónica
-Coadyuvancia
-Concentración (de los actos procesales)
-Conciliación (acta de)
80 inc. 2
-Conciliación (capacidad de la Ad. Pública para conciliar)
-Conciliación (deber de confidencialidad e imparcialidad del juez)
-Conciliación (fracaso de la)
-Conciliación (sanción a la mala fe)
-Conciliación (solicitud para prescindir de la)
-Conciliar (facultades para, de los representantes de las partes)
-Conciliar (negativa a)
-Conclusiones (juicio)
-Condena en abstracto (liquidación de daños y perjuicios)
-Conducta administrativa (objeto del proceso)
-Conducta omisiva (impugnación)
-Contestación (traslado de la)
-Contrademanda (ampliación)
-Consultores (en ciencia, arte o técnica)
-Cosa juzgada material (acuerdo conciliatorio)
-Costas al vencido (excepciones)
-Costas (condena oficiosa)
-Costas de la parte coadyuvante
-Costas (Fondo especial para atender pago de)
-Costas (Fondo especial para pago de costas de la Administración Pública, cuenta separada para cada ente público)
-Costas (recurso de casación)
150 inc. 3
-Daños y perjuicios (liquidación, condena en abstracto)
-Debate (reapertura)
-Declaración de perito
-Declaración de testigos
-Defectos formales (corrección)
-Defensas previas
-Deliberación (para dictar sentencia)
-Demanda (ampliación)
46 y 68
-Demanda (curso de la)
-Demanda (contestación, defectos y subsanación)
-Demanda (inadmisibilidad ad portas)
-Demanda inadmisible (causales)
-Demanda (presentación y requisitos)
-Demanda (subsanación)
-Depósito de lo embargado y remate (ejecución de sentencia)
-Derechos de los vencidos en juicio
-Derogatorias de varias disposiciones legales
198 y sig.
-Despachos que integran la Jurisdicción Cont.-Ad. y Civil de Hacienda
-Disposiciones supletorias
-Documentos (concepto)
49 inc. 4
-Documentos (presentación extemporánea )
-Efectos de la conciliación (cosa juzgada material)
-Ejecución de sentencias (procesos Contencioso-Administrativo)
-Ejecución de sentencia (otros medios, juez ejecutor sustituye a la Administración)
-Ejecución de sentencia (aprobación de las partidas demostradas)
-Ejecución de sentencia (modificación o paralización del presupuesto de la Administración Descentralizada)
-Ejecución de sentencia (evacuación de prueba)
-Ejecución de sentencia (pago de suma líquida)
-Ejecución de sentencias de la Sala Constitucional (indemnizaciones)
-Ejecución de sentencia Sala Constitucional (cobro suma líquida)
-Ejecución de sentencias Sala Constitucional (escrito inicial)
-Ejecución de sentencias Sala Constitucional (prueba en proceso de ejecución)
-Ejecución de sentencias Sala Constitucional (traslado de la ejecución)
-Ejecución judicial del acto administrativo firme
-Ejecución provisional de la sentencia (en trámite Rec. casación)
-Excepciones de cosa juzgada, transacción y prescripción
-Expediente administrativo (cotejo)
-Expediente administrativo imcompleto
-Expediente administrativo (presentación)
-Expediente administrativo (restricción de acceso)
-Fallo directo (solicitud para resolver sin evacuar prueba, sin conciliación y sin audiencias)
-Fondos presupuestarios (ejecución de sentencia)
-Frustración del derecho obtenido en sentencia (indemnización)
-Incompetencia (trámite para resolverla)
-Indexación (obligación dineraria)
-Inhibitoria (causas)
-Intereses grupales, corporativos, difusos, procesos grupales
-Interrogatorio por las partes
-Instancia a cumplir la conducta omitida
-Juez conciliador (facultades)
-Juez ejecutor (potestades)
-Juez tramitador (competencia)
-Juez tramitador (su actuación no prejuzga el fondo)
-Juez tramitador (potestades durante la audiencia preliminar)
-Juicio oral (audiencia pública o privada)
-Juicio señalamiento
-Juicio (nuevo señalamiento)
-Jurisdicción Civil de Hacienda (competencia)
-Jurisdicción Contencioso-Administrativa (naturaleza y objeto)
-Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios (funcionará
hasta por 3 años a partir de la vigencia del CPCA)
-Lesividad (plazo para declararla, órgano competente)
-Litis Consorcio Pasivo (integración)
-Medidas cautelares durante la conciliación
-Menores de edad (capacidad procesal)
-Modificación de la jurisprudencia
-Motivación de resoluciones
-Multas (cobro de)
-Notificación en el acto (resoluciones verbales)
-Nulidad de la conducta de la Administración con- traria al fallo)
-Obligación dineraria (indexación)
-Obligación de valor
-Omisión de la conducta ordenada en sentencia
-Oralidad (en audiencias)
-Partes (tardanza o ausencia)
-Paz (graves dislocaciones)
-Perito (declaración)
-Potestades discrecionales (imposición judicial a la Administración)
-Plazo especial (actos absolutamente nulos o conductas omisivas)
-Plazo de caducidad (prescripción materia civil de hacienda y tributaria)
-Plus petitio (condenatoria en costas)
-Prejudiciales (cuestiones)
-Presupuesto de la Administración Descentralizada (ejecución de sentencia)
-Pretensión (ampliación, adaptación, ajuste o aclaración de la)
-Pretensiones (de la demanda)
-Pretensiones (acumulación)
-Principios del Derecho Público y Procesal
-Principio de oralidad
-Procesos Contenciosos-Administrativos y juicios ordinarios atribuidos a la vía Civil de Hacienda interpuestos con anterio- ridad a la vigencia del CPCA (normativa aplicable)
-Proceso de extensión y adaptación de la jurisprudencia a terceros (requisitos, trámite, improcedencia)
185 y sig.
-Proceso unificado
-Prueba (admisión de la, medios de, apreciación de la)
-Prueba (ampliación)
-Prueba de hechos controvertidos
-Prueba confesional
-Prueba para mejor resolver (en segunda instancia)
-Prueba pericial
83 y 94
-Prueba (en proceso ejecución de resoluciones de la Sala Constitucional)
-Prueba (recepción urgente de)
-Prueba (solicitud para prescindir de la)
-Prueba testimonial (de funcionarios públicos)
-Puro derecho (asunto de)
-Rebeldía (de oficio)
-Recurso de Apelación (ante el Tribunal de Casación Cont. Ad.
-Recurso de Casación (contra la resolución que acuerde la inadmisibilidad de la demanda)
62 inc. 3
-Recurso de Casación (costas)
-Recurso de Casción en interés del Ordenamiento Jurídico
-Recurso de Casación (otros fundamentos jurídicos)
-Recurso de Casación (resoluciones casables)
-Recurso de Casación (plazo para interponerlo)
-Recurso de Casación (plazo para subsanar defectos)
-Recurso de Casación (rechazo de plano)
-Recurso de Casación (prueba)
-Recurso de Casación (trámite)
-Recurso de Casación (ausencia de las partes a la audiencia)
-Recurso de Casación (ampliación del recurso)
-Recurso de Casación (ejecución provisional de la sentencia)
-Recurso de Casación contra la resolución final en ejecución de sentencia
-Recurso de Casación (ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia)
-Recurso de Casación (ante el Tribunal de Casación Cont. Ad.
-Recurso de Casación (violación normas procesales)
-Recurso de Casación (violación normas sustantivas)
-Recurso de Revocatoria (contra autos)
-Recurso de Revocatoria (contra el auto que resuelve el embargo)
-Recurso de Revocatoria (en el acto)
152 inc. 3 y 154
-Recurso no jerárquico en materia Municipal
-Recurso no jerárquico en materia Municipal (competencia del Tribunal Contencioso Administrativo)
-Reformas a varias disposiciones legales
-Reglamento de organización interna de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (plazo de 6 meses para dictarlo)
-Reiteración de la conducta administrativa contraria al fallo
-Representación del Estado, Supremos Poderes, órganos constitucionales (Procuraduría General de la República)
-Representación de otros entes de la Administración Pública
-Representación común de codemandados y coadyuvantes
-Resolución administrativa favorable (terminación del proceso)
-Resolución (deber de motivar)
-Resoluciones verbales (notificación en el acto)
-Seguridad (graves dislocaciones)
-Salvar voto (en sentencia)
-Satisfacción extraprocesal
-Sanción al funcionario renuente en cumplir sentencia
-Sentencia (contenido de la)
-Sentencia (cumplimiento de la)
-Sentencia (plazo)
-Sentencia de Casación (dictado de la)
-Sentencia de Casación (efectos)
-Sentencia (deber de ejecución inmediata)
-Sentencia de ejecución (de sentencia Sala Constitucional)
-Sentencia de improcedencia
-Sentencia (efectos subjetivos)
-Sentencia (efectos temporales)
-Sentencia (obligatoriedad)
-Sentencia de procedencia (aspectos del pronunciamiento)
-Señalamiento para juicio
-Señalamiento nuevo para juicio
-Servicios públicos esenciales(continuidad)
-Servidores públicos (deberes y responsabilidades, cumpli- miento de la sentencia
-Silencio negativo en primera instancia administrativa
-Silencio negativo en segunda instancia administrativa
-Sucesión procesal
-Suspensión de la ejecución del fallo
-Suspensión del juicio
-Suspensión del proceso (mecanismos de solución de conlictos)
-Tardanza de las partes
-Tercerías
-Terminación del proceso (otros modos de)
-Trámite preferente
-Transacción
-Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda (puesta en funcionamiento)
-Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda
(puesta en funcionamiento en cada provincia o zona)
-Uso de la palabra (orden)
-Vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo
-Voto Salvado (en sentencia)
ESQUEMA BÁSICO DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEMANDA (Se presenta
ante el Tribunal Cont. Ad.
TRASLADO (Juez
tramitador)
Y Civil de Hacienda.
Juez tramitador traslada la
contestación a la parte actora
CONTESTACIÓN (y
para que ofrezca contraprueba.
homologará el conciliatorio, dando
material y para su ejecución se
Fracasada total o parcialmente la conciliación, mediante auto el juez conciliador, en coordinación con el juez tramitador:
Señala hora
y fecha para
tramitador del Tribunal resolverá
(Tribunal integrado por batería de jueces)
Audiencia (Las partes resumen los
que sustentan sus pretensiones; luego
el Tribunal recibe la prueba).
Aclaración y ajuste de los
extremos de la demanda,
contrademanda y contestación y
acogiere la defensa formulada, el
juez tramitador declarará
inadmisible el proceso y
ordenará el archivo del
controvertidos, su trascendencia
y que deben ser objeto de prueba.
Cita a las partes para la
realización del juicio oral y
(Sala I o Trib. de Casación
Cont. Ad. Y Civil de
Hacienda.)
(Juez Ejecutor del Trib. Cont. Ad.
Y Civil de Hacienda.)
Durante todo el proceso se podrán solicitar y adoptar medidas cautelares,
así como mecanismos de resolución alternativa de conflictos (RAC).
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1
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 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 136
 artículo 5
 artículo 110
 artículo 212
 artículo 97
 artículo 134
 artículo 94
 artículo 135
 artículo 136
 artículo 135
 artículo 153
 artículo 135
 artículo 212
 artículo 54
 artículo 94
 resolución 
 artículo 123
 artículo 155
 artículo 10
 resolución 
 artículo 173
 resolución 
 artículo 90
 artículo 44
 artículo 47
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 38
 artículo 45
 artículo 69
 artículo 58
 resolución 
 artículo 31
 artículo 21
 artículo 32
 resolución 
 artículo 85
 resolución 
 artículo 72
 artículo 217
 artículo 90
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 100
 artículo 100
 artículo 102
 artículo 110
 artículo 111
 resolución 
 resolución 
 artículo 137
 artículo 178
 resolución 
 artículo 137
 artículo 139
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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 resolución 
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