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Timestamp: 2015-01-28 14:10:54+00:00

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Portal Guaraní - CASOS, ESCRITOS Y JURISPRUDENCIA - INQUISICI�N, GARANT�AS Y PROCESO (EDWARD ARMAS GODOY y MANUEL SAIFILDIN)
MANUEL GERALDO SAIFILDIN STANLEY CASOS, ESCRITOS Y JURISPRUDENCIA - INQUISICI�N, GARANT�AS Y PROCESO (EDWARD ARMAS GODOY y MANUEL SAIFILDIN)
�CASOS, ESCRITOS Y JURISPRUDENCIA
EDWARD FREDERICH ARMAS GODOY �y
MANUEL GERALDO SAIFILDIN STANLEY
1.- RELACI�N / DISTORSI�N
La relaci�n o distorsi�n entre la enunciaci�n de los derechos fundamentales en tratados internacionales o en la misma constituci�n y su determinaci�n normativa en los distintos c�digos es una cuesti�n que de com�n no ofrece mayores inconvenientes (Salvo la situaci�n planteada en el pa�s entre la entrada en vigor de la Constituci�n de 1.992, la ley 1/89 (del Pacto de San Jos�) y las normas penales desfasadas que reg�an hasta el cambio penal en los a�os 1998/ 2000), pero no podemos decir lo mismo de las conductas sociales reguladas o no por el sistema judicial. Tambi�n debemos discriminar estas conductas conforme provengan de la sociedad civil o de la propia administraci�n p�blica (que m�s bien estar�a decir de la administraci�n del poder p�blico), pues su trascendencia es mayor aqu�, en tanto que las conductas sociales no reguladas judicialmente de com�n presentan el contrapoder que implica estar �autolimitadas por los controles sociales, econ�micos o culturales, aunque esto a veces en realidad lo que hace es justificar la vigencia de una sociedad no jur�dica.
Iremos viendo algunos casos y escritos que guardan relaci�n con los principios y fundamentos presentados en este trabajo, y si bien solamente tienen un car�cter enunciativo, y por el car�cter introductorio de este libro, consideramos suficientes hasta aqu�, y en una segunda entrega bibliogr�fica veremos a m�s de los principios enunciados y su evoluci�n hist�rica, la confrontaci�n judicial y las resoluciones derivadas, con las cuales podr�amos asentir o disentir.
Los casos y escritos presentados corresponden fielmente a los existentes actualmente en tribunales (por lo que cualquier parecido con la realidad... puede ser cierto) y antes que cr�tica pretende ser una autoevaluaci�n constante a los efectos de poder llevar adelante el desarrollo de un sistema judicial que legitime sus actos por medio de la Eficacia de sus operadores y el Respeto a los Derechos Fundamentales de los operados.
2.- DOCTRINA JUDICIAL Y CASOS PR�CTICOS
CASO A.- DESESTIMACI�N/SOBRESEIMIENTO EN CASO DE DELITO CONTRA LA PROPIEDAD
El presente modelo es aplicable tanto para el pedido de desestimaci�n de una denuncia como para el sobreseimiento en la causa si fuere imputado el denunciado, en
raz�n a que hemos hallado con lastimosa regularidad que por circunstancias similares a la expuesta (denuncia de delito contra la propiedad) los ciudadanos tienen suerte dispar a la hora de ser o no imputados, y m�s all�, prima la tesis que ante la duda el imputado debe ir a juicio para probar su inocencia.
OBJETO: SOLICITAR DESESTIMACI�N DE LA DENUNCIA SE�ORA AGENTE FISCAL PENAL
GUSTAVO RAMIREZ, por mis propios derechos y bajo patrocinio de la Abogada Ma. Monserrat Vera Jim�nez, respetuosamente digo:
QUE, vengo por la presente a solicitar la aplicaci�n del art�culo 301 del c�digo procesal penal en raz�n a las consideraciones de hecho y derecho obrantes tanto en la denuncia como en los dem�s actos procesales y conductas desplegadas tanto por la denunciante, mi persona y el Ministerio p�blico.
Que, la desestimaci�n procede sea por la v�a de la falta de entidad para su investigaci�n como por su eventual �inadecuaci�n �tipol�gica penal para su investigaci�n por el �rgano p�blico.
Que, por un lado, como manifest�ramos desde un inicio -y que ha sido corroborada en la audiencia realizada el d�a 04 de mayo del corriente a�o por ante �ste �rgano requirente- no existe hecho punible de ROBO que investigar como lo denunciara la Sra. Ib��ez, a tenor del tipo penal del art. 166 del c�digo penal paraguayo que determina la figura penal:
1� Cuando el autor hurtara mediante la fuerza contra una persona o mediante amenazas con peligro presente para la vida o la integridad f�sica la pena privativa de libertad ser� de uno a quince a�os.
Que, nunca hubo HURTO, pues nunca hubo traslado del lugar ni de poste ni de alambrado, esto es, no hubo desapoderamiento, y much�simo menos fuerza contra una persona o mediante amenazas con peligro presente para la vida o la integridad f�sica, cuesti�n que surge clara de la propia denuncia y luego corroborada por la propia denunciante en la audiencia citada ut supra y donde estuvimos presente a m�s de la misma, mi abogada defensora, la abogada de la denunciante, la agente fiscal interviniente y yo.
Que, en su propia declaraci�n la denunciante admiti� que se hallan en el lugar tanto los postes como los alambrados, por lo que el hecho punible denunciado sencillamente NO EXISTE.
Que, adem�s el otro hecho punible denunciado es competencia exclusiva de los particulares en lo que respecta a la instigaci�n e impulso procesal. Por lo que salta a vista de todos que no es la instancia p�blica la adecuada para proseguir investigaci�n ni proceso alguno, si bien la denunciante ha pretendido instarla, sea por desconocimiento, o por exacerbado inter�s en obtener un resultado.
Qu�, pero a�n m�s, sumado a las dos circunstancias citadas:
1. Inexistencia del hecho punible de acci�n penal p�blica
2. Competencia inapropiada para el ejercicio de la acci�n penal
Tenemos que la propia denunciante, una vez careada con el denunciado y en presencia de las personas citadas en la audiencia del d�a cuatro de mayo, admiti� que NO VI� EXPRESAMENTE AL DENUNCIADO como autor de los hechos, basando su denuncia en una suposici�n personal, asentada en consideraciones emotivas desprovistas de elementos f�cticos comprobables y enmarcadas dentro de las situaciones vividas por la misma en torno al problema que tiene con los vecinos y la municipalidad en relaci�n a la apertura de una calle (utilizada bajo el r�gimen de la servidumbre de paso desde hace 10 a�os) que afectar�a parte de su propiedad.
Que, dicho de otro modo, m�s all� que los delitos inexistentes denunciados sean de acci�n penal privada o p�blica, ni siquiera a sido determinado fehacientemente la implicancia m�a en esos hechos.
Que, en base a estas consideraciones, surge que los presupuestos enunciados en el art�culo 305 del C.P.P. (...sea manifiesto que el hecho no constituye hecho punible, o cuando exista alg�n obst�culo legal para el desarrollo del procedimiento...") se han cumplido avalando el presente pedido y solventando la DESESTIMANCI�N por parte del Ministerio P�blico.
PRIMERO: solicito se agregue a autos la toma fotogr�fica por la cual se certifica el modo en que ha sido usado por a�os la franja de Terreno que dice la denunciante ser de su propiedad, pudi�ndose notar en la fotograf�a incluso que es un paso normal y transitado por los vecinos.
SEGUNDO: hasta hoy la denunciante NO HA PRESENTADO TITULO DE PROPIEDAD que le habilite a realizar denuncia alguna sobre hecho punible contra la propiedad, o dicho de otro modo, no ha certificado ser la PROPIETARIA del inmueble, por lo que CARECE DE LEGITIMACI�N ACTIVA en el presente proceso penal para ser considerada incluso v�ctima.
Que, para mayor claridad y contundencia de lo expuesto es menester se�alar que ni a�n con la sola presentaci�n del t�tulo de propiedad (a su nombre por supuesto) podr�a certificar hecho punible alguno, en raz�n a que debe estar acompa�ada de un PLANO APROBADO legalmente por las instituciones respectivas (Depto. de GEODESIA del MO.P.C. y/o Municipalidad de Luque, etc.) cuesti�n que en autos NO HA
OCURRIDO (2), pues, el plano que consta en autos corresponde a una PRESENTACI�N PRIVADA a la municipalidad, pero NO RESPALDADA POR T�TULO, y NO APROBADA por la municipalidad de la Luque.
Que, si fuera necesaria esta Fiscal�a podr�a solicitar los planos aprobados del loteamiento a la denunciante y a partir de all� reci�n preguntarse si el hecho realmente existi�, pues antes de ello falta la materialidad de la consecuencia del desvalor de la acci�n (o del injusto).
Que, nos hallarnos por tanto ante varias circunstancias que ameritan la desestimaci�n de la denuncia, la cual ha sido instaurada temerariamente:
a) Incompetencia en raz�n a la materia (civil/administrativa no penal)
b) Falta de Acci�n en la denunciante (v�ctima inexistente por falta de instrumentos que avalen la propiedad de la misma)
c) Falta de configuraci�n del tipo penal de hurto o robo (por inexistencia de la conducta)
d) Inexistencia de elementos de prueba (que ameriten la presunci�n de la existencia del hecho punible)
e) Confesi�n expresa de la denunciante de las bases meramente subjetivas (suposiciones personales de la denuncia)
Que, la confrontaci�n personal que mantiene la vecina denunciante con casi todo el barrio por su oposici�n tenaz a que las calles colindantes con la misma sean empedradas (que es lo mismo que decir su oposici�n a que todo el barrio mejore), no puede ser nunca raz�n suficiente para realizar denuncias de este tipo, que no hacen m�s que problematizar una realidad de por s� ya complicada, cuando que lo que deb�a buscarse es la soluci�n o salida socio-institucional del caso, de la misma (o de su madre en puridad por ser la heredera del anterior propietario) con los vecinos, y �stos con la Municipalidad.
Que, la distracci�n de la jurisdicci�n penal en estas ri�as triviales emanadas de la denunciante no hace ning�n bien a la sociedad luque�a, cuando que �sta se halla aquejada de tanta tensi�n sociopenal que necesita de la atenci�n y recursos del ministerio p�blico (hechos punibles realizados por t�xico dependientes, homicidios, asaltos, violaciones, hechos punibles realizados por personas en estado de ebriedad, entre otros).
Que, por todo lo expuesto, solicitamos la DESESTIMACI�N y ARCHIVAMIENTO de la denuncia sin m�s tr�mite.
Que, la presente causa ya ha causado suficiente desaz�n en mi persona y mi familia (esposa y tres hijos), m�xime por la gravedad de la denuncia presentada, y mi total falta de participaci�n en hecho punible alguno solicitando en la brevedad la aplicaci�n de los art�culos 301�, 305� y concordantes del C.P.P. y SER� JUSTICIA.
Con relaci�n a este caso el ministerio p�blico ha solicitado LA DESESTIMACI�N DE LA DENUNCIA, y en tal sentido EL JUZGADO DE GARANT�AS se ha pronunciado:
La Agente Fiscal interviniente, ha requerido de conformidad al Art. 305 del C.P.P., a este Juzgado la Desestimaci�n de la presente investigaci�n, debido a que en a que en la presente investigaci�n no se ha podido acreditar al existencia de un hecho punible de acci�n penal p�blica, pues faltar�a elementos objetivos del tipo penal. Analizado el tipo penal de hurto para que se configure dicho delito tiene que existir una cosa mueble ajena, donde el sujeto activo desplace o sustrajese a su propietario de la posesi�n. Y con la simple manifestaci�n verbal por parte de la denunciante que ella ser�a la propietaria de los objetos denunciados (alambrado y postes) no basta para acreditar su titularidad y cumplir con los requisitos exigidos por el C�digo Penal. Y en cuanto al tipo penal de da�o la Fiscal�a no entro a estudiar por constituir un hecho punible de acci�n penal privada, careciendo de acci�n para investigar seg�n lo que dispone el art. 17 del C.P.P.
Que. Este Juzgado remiti� la presente Carpeta Fiscal a la Fiscal�a General Adjunto remiti�, el Dictamen N� 241 en fecha 01 de Julio de 2.004, expresando que cabe afirmar que el hecho punible de hurto no existi�. Es decir, en ning�n momento se verifican en los hechos descriptos los elementos constitutivos del tipo penal mencionado, por los que no se puede hablar que existi� una acci�n, consistente en apropiarse, en sustraer lo ajeno, sin fuerza en las cosas y sin violencia o intimidaci�n en las personas, y mucho menos se dio el resultado de desplazamiento patrimonial, que exige la separaci�n f�ctica de una cosa del patrimonio y de su due�o y su incorporaci�n al del sujeto activo. No obstante podr�a configurarse de los elementos colectados, un hecho punible contra la propiedad de las personas, da�o catalogado como de acci�n privada por el art. 17 del C.P.P. y que ser� perseguible exclusivamente por querella."
Nuestro C�digo Procesal Penal en su Art. 305 expresa: "El Ministerio P�blico solicitar� al Juez, mediante requerimiento fundado, la desestimaci�n de la denuncia, la querella o las actuaciones policiales, cuando sea manifiesto que el hecho no constituye hecho punible, o cuando exista alg�n obst�culo legal para el desarrollo del procedimiento".
Las condiciones enunciadas en los art�culos referenciados, hacen que el Juzgado deba pronunciarse en el sentido requerido por el Ministerio P�blico, es decir declarando la DESESTIMACI�N DE LA PRESENTE, por existir un obst�culo legal para investigar el hecho denunciado. "
En este caso, tanto el ministerio p�blico como el juzgado de garant�as han sido puntillosos custodios del principio de legalidad por un lado y de m�nima intervenci�n estatal por el otro, a m�s de considerar el principio de l�gica probatoria ab initio del proceso.
(2) El �nico modo de dar certeza a la denuncia es demostrar PRIMA FACIE la titularidad del inmueble sobre el cual SUPUESTAMENTE han ocurrido los hechos, posteriormente debe identificar �CON �CLARIDAD el lugar en que han ocurrido, tanto en el plano como en el terreno, para poder determinar que el hecho pudo afectar su propiedad, y tan s�lo a partir de all� la denunciante que se presenta como "V�ctima" puede ser considerada como tal (denunciante-v�ctima) y en tal sentido iniciar la investigaci�n... de otro modo, no queda otra alternativa que la desestimaci�n in l�mine de una denuncia presentada tan irresponsablemente (sino temeraria).
CASO B. DENUNCIA, IMPUTACI�N Y ACUSACI�N POR DELITO CONTRA LA PROPIEDAD (ROBO AGRAVADO)
B.1.- DESCRIPCI�N F�CTICA DEL CASO
Se presenta M. C. ante la fiscal�a la comisar�a el d�a 04 de mayo y denuncia haber sido v�ctima de un robo. Al momento NO presenta ning�n documento que acredite la existencia del veh�culo supuestamente robado, dando incluso datos err�neos sobre la chapa y el N� de chasis y motor que dice desconocer.
Realiza la denuncia ante la Fiscal�a imputando a N.N. como supuesto autor, a quien dice desconocer pero que lo individualiz� porque supuestamente coincid�a los datos con los que le brind� la propia persona que supuestamente cometer�a el hecho m�s tarde. A1 presentarse en la casa -cuya direcci�n proporcion� el "ladr�n"- pidi� una foto y una criatura de 10 a�os le da, preguntando c�mo �se llama ese se�or le dicen que es su pap� NN y con esa foto va a la polic�a e individualiza a NN y presenta la denuncia ante la fiscal�a, la que en el d�a ordena la detenci�n del mismo.
Al enterarse NN sobre los supuestos hechos porque sus propios hijos le comunican, se presenta a trav�s de sus abogados ante el ministerio p�blico donde le dicen que reci�n se iniciaron las investigaciones y que cuando sea necesario ser�a llamado, NO comunicando a la abogada la existencia de una orden de captura.
NN tranquilo por no tener nada que ver en los hechos se marcha a un retiro espiritual por 10 d�as, al regreso es violentamente "aprehendido" en la v�a p�blica, secuestrada su motocicleta y privado de su libertad por 30 d�as.
En su momento presenta testigos que dicen que �l nunca estuvo en el lugar de los hechos, solicita que la propia fiscal�a se constituya en el barrio para recabar informes, presenta documentales y niega conocer al denunciante, pero acepta que la casa de su suegra es cerca de donde ocurrieron los hechos. Manifiesta tambi�n que tiene problemas con su suegra y su ex se�ora y que ella si tiene conocidos en la venta de autoveh�culos.
El acta de reconocimiento refiere a que el denunciante (no propietario) reconoce a NN como la persona que estuvo a la ma�ana por su local de venta de veh�culos pero QUE NO FUE la persona que lo asalt�.
B.2.- POSICI�N DE LA DEFENSA
La defensa estableci� que el reconocimiento se hallaba viciado por cuanto que M.C. ten�a consigo una foto del imputado adquirido de manera ilegal, por lo que necesariamente ser�a reconocido, con o sin intenci�n espec�fica.
Asimismo objeto el silencio del ministerio p�blico al momento de constituirse en la fiscal�a poco antes de ocurrido los hechos.
Los testigos propuestos y presentados ante el ministerio p�blico tuvieron un trato digno de ser ellos los sospechosos, al punto que a una se�ora de 70 a�os le dijeran "si me va a decir lo mismo que los dem�s no queremos escucharla" refiri�ndose a que todos en forma conteste aseveraron que el imputado estaba en el barrio (Trinidad) mientras los hechos ocurr�an en San Lorenzo.
Objet� adem�s el tr�mite dado a una denuncia SIN SUSTENTO documental, m�xime considerando que se trata de un delito contra la propiedad.
Sostiene adem�s que en todo caso NN debi� ser llamado en car�cter de testigo pero NUNCA imputado por cuanto que no existe nexo causal conforme al propio relato del denunciante, quien sostiene que el imputado NO LO ROBO, sino una persona distinta. Adem�s sostiene la defensa que no puede imputarse y acusar en base a UN SOLO testimonio (del propio denunciante no propietario), por cuanto que otros dos testigos del ministerio p�blico dijeron NO haber visto nada relevante.
B.3.- POSICI�N DEL MINISTERIO P�BLICO
El ministerio p�blico con los elementos se�alados imputa y posteriormente acusa en los siguientes t�rminos (las negritas son nuestras)
Se acusa a NN, que el d�a 4 de Mayo de 2003, antes de las 09.00horas a bordo de un autom�vil Mercedes Benz color blanco modelo 190, fue con otras personas, al taller mec�nico ubicado en Pacheco y Santan� de la ciudad de San Lorenzo donde preguntaron al se�or Juan Perez, sobre el precio de una camioneta marca Chevrolet, indic�ndose este �ltimo donde pod�an ubicar al encargado de la venta.
Siendo las 09.00 horas, aproximadamente el acusado lleg� a la parada de taxis N� XX sito en Mbuyapey y Colonia Francisco de la ciudad de San Lorenzo, lugar donde trabaja el se�or M. C., encargado de la venta de la camioneta marca Chevrolet Tipo 5-10, color verde con chasis N� 9BG124CTTT944082. motor 4 A8A46B0082878.
Ese mismo d�a a las 16 horas se present� ante la parada de taxis donde se hallaba M. C., nuevamente el se�or que acompa�o a la ma�ana a NN.. Esta persona dijo que quer�a probar nuevamente la camioneta, fueron hasta el taller de donde retiraron la camioneta, dieron unas vueltas. Mientras comprobaban el estado de la camioneta, el sujeto, le manifest� que trabajaba en PERSONAL, mostr� la casa de su suegra, sito en Mburica� y Loma Verde, con quien no tenida buenas relaciones. Frente a la casa de la supuesta suegra le dijo a M. C. que quer�a mostrar la camioneta a su esposa por lo que le pidi� que bajaran juntos, al bajar MC., el sujeto lo apunt� con un arma calibre 38, sigui�ndose que le entregue la llave de la camioneta, a la cual subi� y se dio a la fuga.
Esta Representaci�n Fiscal demostrar� que N. N. el d�a 4 de julio de 2003, antes de las 09.00 horas, a bordo de un autom�vil Mercedes Benz color blanco modelo 190, fue con otras personas, al taller mec�nico ubicado en Cerro Cor� y Algodonal de la ciudad de Fdo. De la Mora a preguntar el precio de una camioneta con las declaraciones de Juan P�rez y Jos� Leiva, y con el acta de reconocimiento de persona de fecha 25 de mayo de 2003.
Igualmente que a las 09.00 hs, aproximadamente el acusado lleg� a bordo del mismo veh�culo con otras personas a la parada de taxis N�11 donde preguntaron al se�or M. C. por la camioneta marca Chevrolet tipo S-10, color verde, con chasis........, motor... con la declaraci�n de M C., Juan Perez, y Jos� Leiva sobre lo conversado por el sujeto cuyos datos se desconocen, y MA., con la v�ctima, con la declaraci�n de �sta.
Que, ese mismo d�a a las 16.00 horas se present� ante la parada de taxis, donde se hallaba M C., uno de los se�ores que acompa�o a la ma�ana a N.N., y solicito dar una vuelta para comprobar el estado de la camioneta, con la declaraci�n de M C. En dicha oportunidad �individualiz� la casa de su suegra, lugar donde le pidi� que bajaran juntos, y que al bajar M. C. el sujeto le apunt� con un arma calibre 38, exigi�ndole que le entregue la llave de la camioneta d�ndose a la fuga.
Con lo que termina la acusaci�n solicitando la elevaci�n a juicio y el m�ximo de la pena.
La presente causa se encuentra al momento de la edici�n del presente material para Audiencia Oral y P�blica.
Podemos notar en este caso real (casi irreal dir�amos) que cuestiones b�sicas que tuvieron que ser tenidas en cuenta no lo fueron, como ser los principios de legalidad y presunci�n de inocencia estudiados, la restricci�n a la privaci�n de libertad, la obligaci�n de objetividad del Ministerio P�blico, la naturaleza de las pruebas. Pero llama poderosamente la atenci�n la violaci�n evidente de las reglas de derecho penal general expuestas en el c�digo penal y relativas a la estricta legalidad ya estudiada, y que hacen referencia a la necesidad que el hecho a ser ingresado al sistema penal y por ende pasible de la actuaci�n de sus funcionarios se halla estrictamente tipificado, y que la CONDUCTA del imputado sea TIPICA, ANTIJUR�DICA, REPROCHABLE Y PUNIBLE, pues de otro modo volver�amos a ser objetos del proceso y no sujetos de derecho.
CASO C: EXTINCI�N DE LA ACCI�N. SENTENCIA FAVORABLE. CASACI�N.
Si bien el criterio generalizado de nuestros tribunales nos da la tranquilidad de la vigencia del estado de Derecho y del respeto a las normas conforme ellas est�n estructuradas, existen algunos brotes de actitudes contrarias al sentido com�n, la jurisprudencia y doctrina comparadas y la expresa legislaci�n nacional.
OBJETO: Solicitar� EXTINCI�N DE LA ACCI�N en raz�n al cumplimiento de los 25� inc.3�, 136� y 359� inc.3� del C.P.P. SE�OR JUEZ
N.N., por derecho propio y bajo patrocinio del Dr. Quintana, con domicilio real en la Casa de la calle Av. Mcal. L�pez esquina Venezuela de la ciudad de Asunci�n, a V.S. digo:
QUE, vengo por la presente a COMUNICAR ante este �rgano Jurisdiccional, el cumplimiento de normas superiores fuente de rango Constitucional (Art. 17�) e Internacional (Pacto de San Jos�, Art. 8�), as� como las operativas respectivas: Ley N�1.286/98 - C�digo Procesal Penal-, Ley 609/95, Ley N�1/89 y concordantes, que hacen referencia a la SITUACION PROCESAL del imputado, en raz�n al cumplimiento IPSO JURE de los plazos establecidos en las normas citadas y de acuerdo a los principios vigentes en el plexo jur�dico nacional, del cual la el PODER JUDICIAL es Custodio y Garante de Fiel Cumplimiento.
Que, la causa que se halla en estudio en la Corte Suprema de Justicia, ha sido impregnada de las prescripciones de los art�culos 25� inc. 3� , 136�, 137� y 359� inc.3� del C.P.P. en concordancia con las fuentes normativas citadas ut supra, configur�ndose en una cuesti�n de PURO DERECHO donde corresponde sin m�s tr�mite la pronunciaci�n del Organismo Jurisdiccional, habida cuenta que �ste tiene conocimiento del expediente principal, y conforme a las consideraciones de hecho y derecho que seguidamente pasamos a exponer:
A.- FUNDAMENTO DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL INTERNACIONAL EN RELACI�N A LOS PLAZOS. CRITERIO AXIOL�GICO DEL "TIEMPO" DENTRO DEL DEBIDO PROCESO
El tiempo cronol�gico como par�metro de la vida misma del hombre ha sido considerado como un DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL que debe ser protegido y legislado de manera concreta y espec�fica.--------------------------El tiempo cronol�gico de duraci�n m�xima del proceso, en relaci�n al procesado ha sido determinado en nuestro sistema penal de manera concreta: 3 A�OS , cuyo cumplimiento en consecuencia determina la vigencia real del DEBIDO PROCESO en lo que se refiere a este punto, condicionando a su vez la validez de los postulados de amplitud de la defensa, presunci�n de inocencia, dignidad humana y el mismo DERECHO A LA VIDA consagrada en la Constituci�n en su Art. 4�, pasando por el propio Pre�mbulo que precept�a el reconocimiento de la dignidad humana.------------
Conforme a la COMISI�N INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en su Resoluci�n N� 17/87, P�g. 124, tenemos lo siguiente:
En relaci�n con la regla del agotamiento de los recursos internos y sus excepciones enunciativas contempladas en la Convenci�n Americana, la Comisi�n ha expresado en uno de los casos "... que no procede esperar el agotamiento...puesto que desde que ocurrieron los hechos la lentitud de la investigaci�n y su falta de resultados configura un claro caso de retardo injustificado en la administraci�n de justicia, que de hecho, implica una denegaci�n de la misma que permita el esclarecimiento de los hechos... ". Conceptos reiterados por la Comisi�n al apreciar que "un retardo injustificado en la administraci�n de justicia, exime del agotamiento de los recursos internos como paso previo al examen del asunto. La comisi�n ha jerarquizado las garant�as convencionales por considerar que "...precautelan la situaci�n de la persona humana en la compleja relaci�n individuo-Estado. En consecuencia, la efectiva vigencia de estos principios no se puede limitar al a mera constataci�n formal de recaudos procesales"--------------------
La Comisi�n Internacional de Derechos Humanos, el 1� de julio de 1985 ratifica su postura concerniente al plazo razonable, conforme lo expresa el PACTO DE SAN JOS� DE COSTA RICA (al cual nos hallamos adheridos sin reservas por ley 1/89) en los siguientes T�rminos: "Las normas de la Convenci�n Americana sobre el Debido Proceso, dada la injustificable demora observada en el desarrollo y su retrotraimiento, una vez m�s, a la etapa inicial de formulaci�n de cargos ...evidentemente configura un retardo injustificado en la decisi�n de este asunto..."---------------------------
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en el caso Genie Lacayo, sentencia del 29 de enero de 1997 entre otras cosas: "...se pueden invocar para precisar los elementos que ha se�alado (plazo razonable) los elementos que ha se�alado la Corte Europea de Derechos Humanos en varios fallos en los cuales se analiz� este concepto pues este art�culo de la Convenci�n Americana es equivalente en lo esencial, al 6 del Convenio europeo para la protecci�n de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. De acuerdo con la Corte Europea, se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del caso; b) la actividad procesal del interesado; y c) La conducta de las autoridades judiciales... "-----------------------------------------------------------------------
As�, el fundamento racional del cumplimiento de los plazos tiene relaci�n directa con la vigencia misma del reconocimiento efectivo de la DIGNIDAD HUMANA, en este sentido podemos decir que "...... Un sistema jur�dico -con las autoridades y sanciones que le son inherentes - . Se justifica en tanto y en cuanto sea un medio necesario e id�neo para preservar y promover los derechos humanos en la medida en que satisfaga ese objetivo, hay una obligaci�n moral de obedecer el derecho en cuesti�n, ya que de los principios de moralidad social, m�s algunos presupuestos relativos, por ejemplo, a la capacidad de hacerlo, surge una obligaci�n de respetar los derechos que ellos establecen. Sin embargo la referencia al orden jur�dico es superflua, ya que para que el mismo est� justificado tiene que prescribir hacer lo que promueva la dignidad humana..."---------------------------------------------------------------------------------------------
B) FUNCI�N CONSTITUCIONAL Y PROCESAL PENAL
CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS: El sistema penal de manera CATEG�RICA concordante con todo el sistema jur�dico, establece los criterios aceptados hist�ricas, doctrinaria y jurisprudencialmente en el c�digo procesal penal al establecer el sistema de c�mputo de plazos en sus art�culos 10, 12, 13, 129, 131, 136 y dem�s concordantes.-
Art�culo 129. PRINCIPIOS GENERALES. Los actos procesales ser�n cumplidos en los plazos establecidos.
Los plazos legales y judiciales ser�n perentorios e improrrogables y vencer�n a las veinticuatro horas del �ltimo d�a se�alado (3), salvo que la ley permita su pr�rroga o subordine su vencimiento a determinada actividad o declaraci�n de voluntad.
(3) Existe profusa jurisprudencia al respecto, entre otros ver: T. Apel. Civ. y Com., Sala 4. Asunci�n, Mayo 19-995. Fomento, Mar�a del Carmen Chirico de c/ Moreno Fern�ndez, Nilda E. (A.I. N� 125)
T. Apel. Civ. y Com., Sala 1. Asunci�n, agosto 27-991. "Fadlala, An�bal c. C.E.P.LC. S.R.L.". (A.I. n�m. 202)), LLP-1991, 543
"...Los plazos son perentorios y caducan por su solo vencimiento..."
(T. Apel. Civ. y Com., Sala 1. Asunci�n, agosto 27-991. "Fadlala, An�bal c. C.E.P.LC. S.R.L.". (A.I. n�m. 202)), LLP-1991, 543
"... plazos -legales o procesales- fenecer�n por su s�lo transcurso sin necesidad de petici�n ni de declaraci�n judicial .."
T. Apel. Crim., Sala 1. Asunci�n, junio 22-988. "Montanaro, Sabino Augusto s. difamaci�n y calumnia. Capital". (Ac. y Sent, n�m. 13)
"...El plazo para considerar operada la prescripci�n de la acci�n no se interrumpe durante la feria judicial, por tratarse de un plazo fijado en la ley de fondo y no un plazo procesal. Los plazos fijados por las leyes son siempre plazos corridos, a no ser que las mismas leyes establezcan lo contrario..."
Art�culo 131. PLAZOS PARA LOS FUNCIONARIOS P�BLICOS.Los plazos que regulan la tarea de los funcionarios p�blicos ser�n observados estrictamente.
Su inobservancia implicar� mal desempe�o de funciones y causar� responsabilidad personal.
Que, la interpretaci�n del c�mputo de los plazos y en relaci�n a la funci�n garant�sta que desempe�a en el proceso deben hacerse a la luz de los art�culos 10, 12, 13 y concordantes del C.P.P. que dicen:
Art�culo 10. INTERPRETACION. Las normas procesales que coarten la libertad personal, limiten el ejercicio de las facultades conferidas a las partes o establezcan sanciones procesales se interpretar�n restrictivamente.
La analog�a y la interpretaci�n extensiva estar�n prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos y facultades.
Art�culo 12. INOBSERVANCIA DE LAS GARANT�AS. La inobservancia de un principio o garant�a no se har� valer en perjuicio de aquel a quien ampara. Tampoco se podr� retrotraer el procedimiento a etapas anteriores, sobre la base de la violaci�n de un principio o garant�a prevista en favor del imputado, salvo cuando �l lo consienta expresamente.
Art�culo 13. GENERALIDAD. Los principios y garant�as previstos por este c�digo ser�n observados en todo procedimiento a consecuencia del cual pueda resultar una sanci�n penal o cualquier resoluci�n restrictiva de la libertad.
Que, debemos considerar que el proceso abarca TODO EL TIEMPO que el espectro judicial se cierne sobre el imputado, lo que se demuestra entre otras cosas con las medidas cautelares que puedan pesar sobre �l (restricci�n de libertad, cauciones reales, etc.), las restricciones procesales (prohibici�n de salir del pa�s, comunicarse al juzgado, suspensi�n de funciones, suspensi�n de ingresos, etc.) y por sobre todo la realidad de las circunstancias de hecho que rodean a un procesado (la estigmatizaci�n social y econ�mica, la intranquilidad familiar y personal, los perjuicios derivados directa e indirectamente)... lo que BINDER llamaba la sanci�n del banquillo.--------
El cumplimiento de los plazos y particularmente la duraci�n del proceso y su consecuencia, implica una garant�a a favor del procesado y en este sentido todo el plexo jur�dico debe funcionar, posibilitando que la norma formal efectivice el derecho humano sustancial que reglamenta.--------------
C.- EXTINCI�N DE LA ACCI�N EN LA PRESENTE CAUSA
Que, m�s claramente, de la fecha fijada por el juzgado y solicitada por la fiscal�a en la imputaci�n ha pasado m�s 3 A�OS, 6 MESES Y 4 DIAS, habi�ndose cumplido el PLAZO PERENTORIO E IMPRORROGABLE, conforme expresamente lo dispone el art. 136 en los siguientes t�rminos:
Art�culo 136. DURACI�N M�XIMA. Toda persona tendr� derecho a una resoluci�n judicial definitiva en un plazo razonable. Por lo tanto, todo procedimiento tendr� una duraci�n m�xima de tres a�os, contados desde el primer acto del procedimiento.
Este plazo s�lo se podr� extender por seis meses m�s cuando exista una sentencia condenatoria, a fin de permitir la tramitaci�n de los recursos (Art�culo 25. MOTIVOS DE EXTINCI�N La acci�n penal se extinguir�:.1) ...; 2) ... ; 3) ... ;4)� por los efectos del transcurso del plazo establecido en el Art�culo 139 de este c�digo ; concuerda con el Art�culo 359. SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO Corresponder� el sobreseimiento definitivo: 1)...; 2)...; 3) por extinci�n de la acci�n penal.)
Que, VENCIDO EL T�RMINO ESTABLECIDO POR LA LEY, no queda otra cosa (JUR�DICAMENTE PROCEDENTE) que declarar la EXTINCI�N DE LA ACCI�N y como consecuencia de ella el sobreseimiento en la presente causa.--------
Que, el �rgano jurisdiccional (unipersonal o colegiado) tiene la facultad dentro de la obligaci�n de declarar extinta la acci�n, conforme lo determina el art. 137� del C.P.P. que dice: "... Vencido el plazo previsto en el Art�culo anterior el juez o tribunal, de oficio o a petici�n de parte, declarar� extinguida la acci�n penal, conforme a lo previsto por este c�digo..."--------------------------------------------------------------------------
POR TANTO A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL SOLICITO
1. TENGASE por denunciados circunstancias NUEVAS de hecho y derecho que hacen a la presente causa, fundamentalmente, el cumplimiento de los art. 25� inc.3� , 136� y 359� inc.3� del C.P.P.-------------------------------------2. DECL�RESE la extinci�n ipso jure de la acci�n y consecuentemente el sobreseimiento definitivo del accionante en la presente causa.-----------------
3. PREVIO los tr�mites de rigor, NOTIFIQUESE.------------------------------
������������������ �PROVEER DE CONFORMIDAD, SER� JUSTICIA
Nota: Debemos indicar que el �rgano jurisdiccional respectivo provey� favorablemente a la extinci�n se�alada. Ante esto se presenta un RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACI�N por parte de la Fiscal�a a los efectos que al caso se�alado se aplique una ley en vigencia a partir de ENERO/ 2.004, con respecto a los hechos supuestamente ocurridos en 2.000 y al proceso iniciado en el mismo a�o.
Actualmente la cuesti�n se halla en estudio en la Sala Penal de la Corte.
CASO D: HABEAS CORPUS REPARADOR
Es com�n (lastimosamente) que sigamos considerando como necesaria la privaci�n de libertad para que el proceso penal sea considerado tal, cuando que esto realmente atenta contra los derechos fundamentales b�sicos como ya hemos visto. Un remedio eficaz para intentar reparar las situaciones de hechos que se suceden es el Habeas Corpus.
OBJETO: INTERPONER HABEAS CORPUS a favor de FJ.M.SE�OR JUEZ:
Mar�a Jim�nez,abogada de la matricula, en representaci�n de F.J.M., en los autos caratulados "FJM. y otros s/ delitos contra la propiedad en Santan� " conforme corresponde en Derecho a V.S. respetuosamente digo:
Que vengo por la presente a solicitar HABEAS CORPUS (art�culo 133�, inc.2� y 3�) en favor de F.J.M., quien se halla guardando reclusi�n en la penitenciar�a de Tacumb�, conforme la causa antes descrita y a la fecha a�n se mantiene el estado de detenci�n y privaci�n de libertad, pese a NO EXISTIR SENTENCIA FIRME Y EJECUTORIADA, en raz�n a que se halla pendiente un recurso de APELACI�N ESPECIAL en la 4a. Sala en lo criminal de la Ciudad de Asunci�n.-----------------------
Que, el presente pedido de HABEAS CORPUS es procedente en raz�n a que existe la PRESUNCI�N DE INOCENCIA a favor de mi defendido, NO EXISTE SENTENCIA firme y ejecutoriada a la fecha de esta presentaci�n, la NATURALEZA DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD se desvirt�a y atenta contra los fines establecidos en la Constituci�n Nacional, el c�digo procesal penal y los tratados internacionales, los DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES de mi defendido son transgredidos desde el momento que su vida sigue estigmatizada por el proceso, la prisi�n y el agravio irreparable que un juicio de m�s de 3 a�os le ha causado.---------
Que, F.J.M. ha sido involucrado sin elementos ciertos de convicci�n en la causa supra mencionada y est� PRIVADO DE SU LIBERTAD desde hace 3 a�os y 4 meses por lo que ha sobrepasado de sobremanera el tiempo m�nimo de privaci�n de libertad sin condena firme y ejecutoriada (6 MESES) y m�s a�n considerando que los hechos punibles investigados y en los cuales ha sido imputado mi defendido NO TIENE PENA M�NIMA privativa de libertad, por lo que corresponde considerarla en 6 MESES.
Que, a la fecha se halla privado por m�s de DOS A�OS y 10 MESES POR SOBRE LA PENA M�NIMA, sin que siquiera exista condena en 2�. Instancia.-------
Que, asimismo, se ha cumplido lo establecido en el art�culo 236� del c�digo procesal penal, y sin embargo no se ha levantado su privaci�n de libertad, obviando lo expresamente establecido en la ley en lo que respecta a la privaci�n de libertad, las garant�as de los ciudadanos en proceso, y los fines de la pena, por lo que corresponde que la presente acci�n sea favorablemente diligenciada para rectificar a favor de F.J.M. la situaci�n jur�dica antijur�dica que le afecta.--------------------------------------------------
Que, en las circunstancias apuntadas, se hallan reunidos los requisitos exigidos por el art. 133� de la Constituci�n Nacional que transcribimos a continuaci�n:
Constituci�n Nacional. Del H�beas Corpus, Art�culo 133: Esta garant�a podr� ser interpuesta por el afectado, por s� o por interp�sita persona, sin necesidad de poder por cualquier medio fehaciente, y ante cualquier Juez de Primera Instancia de la circunscripci�n judicial respectiva.
El H�beas Corpus podr� ser: Reparador: en virtud del cual toda persona que se halle ilegalmente privada de su libertad puede recabar la rectificaci�n de las circunstancias del caso. El magistrado ordenar� la comparecencia del detenido, con un informe del agente p�blico o privado que lo detuvo, dentro de las veinticuatro horas de radicada la petici�n. Si el requerido no lo hiciese as�, el juez se constituir� en el sitio en el que se halle recluida la persona, y en dicho Lugar har� juicio de m�ritos y dispondr� su inmediata libertad, igual que si se hubiese cumplido con la presentaci�n del detenido y se haya radicado el informe. S� no existieren motivos legales que autoricen la privaci�n de su libertad, la dispondr� de inmediato; si hubiese orden escrita de autoridad judicial, remitir� los antecedentes a quien dispuso la detenci�n.
Que, el H�beas Corpus, COMO GARANT�A, es el Derecho de todo ciudadano, detenido o preso, a comparecer inmediata y p�blicamente ante un juez o tribunal para que se expida sobre el estado de cesaci�n de libertad que le afecta, y si debe alzarse o mantenerse dicho estado.---------------------
Que, El h�beas corpus, COMO ACTO JURISDICCIONAL, es el auto dictado por los �rganos judiciales para que sea presentado cualquier persona que este ilegalmente detenida, y la resoluci�n pronunciada en virtud de un auto de h�beas corpus, no tiene otro efecto que poner en restablecer la garant�as conculcada.---------
Que, estos principios ya se hallaban consagrados ya en los art�culos 683 y 684 del c�digo de procedimientos penales de 1890, en concordancia con el art. 13 del C.P.P. vigente. As� como lo establecido en el art. 10 de la misma ley 1286/98 que nos rige, conforme a la ley 1/89 que ratif�cale PACTO DE SAN JOS� DE COSTA RICA, en sus art�culos 7, 25 y concordantes.-------
Que, claramente establece el art.11 de la Constituci�n Nacional: "Nadie ser� privado de su libertad f�sica o procesado, sino mediando las causas y las condiciones fijadas por la Constituci�n y las leyes", en concordancia con el art.12 que establece que "Nadie ser� detenido ni arrestado sin orden escrita emanada de autoridad competente... "
Que, las causas y condiciones fijas por las leyes, est�n dadas por las normas especiales del c�digo procesal penal, que expresamente determina las garant�as del imputado, las medidas cautelares, la privaci�n de libertad, la pena m�nima y en consecuencia, las condiciones para el ejercicio de la libertad de todo ciudadano que goza de la PRESUNCI�N DE INOCENCIA que solo es destruida por una sentencia firme y ejecutoriada que haya agotado y superado todas las instancias, y cuya entidad jur�dica sea IRREVOCABLE, cuesti�n que en autos a�n no ocurre evidentemente, pues, a�n faltan que se expidan la CAMARA DE APELACIONES, y en su caso LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, y si llegase el momento LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.------
Que, conforme ense�a Luigi Ferrajoli, al conceptuar el PROCESO PENAL, como uno de sus principios fundamentales incluye la garant�a procesal de la PRESUNCI�N DE INOCENCIA DEL IMPUTADO hasta que exista una prueba contraria que justifique la condena -irrevocable- .. . Si es verdad que la constataci�n de los delitos y la aplicaci�n de las penas son posibles s�lo mediante sentencia de condena subsiguiente a un proceso, proceso y condena son condiciones en cuya ausencia no puede decirse que el acusado sea culpable, sino INOCENTE, ni susceptible de sufrir una pena, ni siquiera a t�tulo preventivo o cautelar.-----------------------------------
Que, en caso de que se susciten dudas sobre la interpretaci�n de cualquier disposici�n sobre el Habeas Corpus, se debe dar el sentido m�s favorable a la reclamaci�n de la persona que solicita el auto y aquel que da m�s extensi�n a los medios de protecci�n establecidos en favor de la libertad individual, conforme a lo estipulado en el art�culo 10 y 234 del C.P.P.-------
Que, la misma CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ha sustentado la jurisprudencia constante y pac�fica en el sentido de afirmar que la PRIVACI�N DE LIBERTAD no puede extenderse m�s all� de la pena m�nima prevista para el hecho punible en cuya virtud la misma ha nacido (que en este caso es de 6 meses) y de esto hallamos varias jurisprudencias en los m�s diversos hechos punibles, y que se han h�cho eco los medios masivos de comunicaci�n, holgando.---------------------------------
Que, para ahondar a�n m�s en el tema expuesto en relaci�n a la limitaci�n de la privaci�n de libertad debemos remitirnos al Art�culo 236 del C.P.P. que habla de la PROPORCIONALIDAD DE LA PRIVACI�N DE LIBERTAD en los siguientes t�rminos:
“La privaci�n de libertad durante el procedimiento deber� ser proporcional a la pena que se espera.-------------------
En ning�n caso podr� sobrepasar la pena m�nima prevista para cada hecho punible en la ley, ni exceder del plazo que fija este c�digo para la terminaci�n del procedimiento o durar m�s de dos a�os." ---------------------
En todos los casos o en cualquier caso, F.J.M. debe salir en libertad, en raz�n a que en su caso en particular se han cumplido TODOS los presupuestos o CUALQUIERA de sus presupuestos a saber:
a) En ning�n caso podr� sobrepasar la pena m�nima prevista para cada hecho punible en la ley...La pena m�nima de 6 meses ya ha sido sobrepasado en exceso;
b) Ni exceder del plazo que fija este c�digo para la terminaci�n del procedimiento...El plazo que lijaba el c�digo al momento del procedimiento iniciado al imputado era de 3 a�os, lo cual ha sida holgadamente sobrepasado; y
c) o durar m�s de dos a�os... el imputado se halla privado de su libertad tres (3) a�os y cuatro (4) meses.
Que, nos hallamos ante una DISTORSI�N DEL PROCESO, caracterizado por las LESIONES DEI. PRINCIPIO DE JURISDICCIONALIDAD DE LAS PENAS, cuando nos hallamos ante sanciones procesales y penales, que siguen autom�ticamente a una condena que no se halla firme y ejecutoriada y que evidentemente agravan la situaci�n del ciudadano que a�n goza del principio de inocencia pero que debe sufrir el proceso DOBLEMENTE, por un lado el dolor mismo que el proceso causa y la PRIVACI�N de libertad durante �l.---------------------------------------------
Que, debemos recordar que la privaci�n de libertad sin condena firme y ejecutoriada NO ES TAL, sino una medida cautelas, que no puede extenderse m�s all� de lo estrictamente necesario (que hemos definido apartados anteriores a �ste).-------
Que, acertadamente LUIGI FERRAJOLI sosten�a en la p�g. 731 de su obra constantemente citada, que en estos casos nos hallamos ante una PATOLOG�A JUDICIAL, de una patolog�a que evidencia la posibilidad de hacer uso del proceso para la punici�n anticipada, la intimidaci�n policial, la estigmatizaci�n social, la persecuci�n pol�tica o para todos estos objetivos juntos, evidenci�ndose en el caso de autos una PUNICI�N ANTICIPADA por un lado y una ESTIGMATIZACI�N PROCESAL en contra del procesado F.J.M..---------------------------------------------------------
Que, si estar detenido por m�s tiempo que lo establecido en la ley espec�fica es ilegal, entonces, FAUSTO DE JES�S MENDOZA se halla privado de su libertad ILEGALMENTE por lo que el presente pedido de Habeas Corpus se halla plenamente justificado y hasta OBLIGADO por parte de la defensa t�cnica del imputado y por parte del JUZGADOR que debe entender el presente pedido, pues el JUEZ/A debe sujetar sus actos a la Constituci�n y las leyes, y �stas mandan que el imputado RECUPERE SU LIBERTAD.-----------------------------------------------------------------------
Que, en merito a lo brevemente expuesto, solicito a V.S.
l.- T�NGASE por presentado el pedido de HABEAS CORPUS en atenci�n al art. 133 de la Constituci�n Nacional, conforme a sus incisos 2do. y aro, en concordancia con el art. 236 del C.P.P. y las dem�s normas relativas (16, 17, 256 de la C.N.; art. 10, 13, del C.P.P.; 7, 25, del Pacto de San Jos�) en los t�rminos que anteceden.
2.- OFICIAR a la penitenciar�a Nacional de Tacumb� a los efectos que informen en que car�cter se halla privado de su libertad y desde cuando el Sr. FAUSTO DE JESUS MENDOZA PORTILLO.
3.- PREVIO los tr�mites de rigor y procedimiento, ordene la LIBERTAD de prevenido por ser procedente en Derecho.
4.-PROTESTO costas.
PROVEYENDO DE CONFORMIDAD, HAR� JUSTICIA
3.- JURISPRUDENCIA DE LA CIRCUNSCRIPCI�N DE KA'AGUASU Y SAN PEDRO
3.1.-DETERMINACI�N
Seguidamente veremos algunas jurisprudencias emanadas de nuestros tribunales, y para la presente obra nos centraremos al enfoque de los principios estudiados en la jurisprudencia de los tribunales de K� aguasu� y San Pedro, por considerar importante el aporte que se pueda dar, con la expresa menci�n que para pr�ximas ediciones estaremos present�ndoles doctrina judicial de otras circunscripciones.
JURISPRUDENCIA N� 1: Ilicitud de la Prueba
Obligaci�n del funcionario P�blico
Violaci�n de las reglas del procedimiento
JURISPRUDENCIA N� 2:
Presunci�n de Inocencia
JURISPRUDENCIA N� 3:
JURISPRUDENCIA N� 4:
Limitaci�n del proceso en el tiempo
Allanamiento del Ministerio P�blico
JURISPRUDENCIA N� 5:
Respeto a la libertad Humana
Proporcionalidad de la sanci�n
JURISPRUDENCIA N� 6:
Necesidad de Certeza para la Condena
JURISPRUDENCIA N� 7:
Naturaleza de la Prueba
Confiabilidad de los elementos de cargo
JURISPRUDENCIA N� 8:
Insuficiencia presuncional
JURISPRUDENCIA N� 9:
Derecho de la defensa
Introducci�n probatoria al proceso
Procedimiento del Funcionario P�blico
Naturaleza de los actos investigativos
Naturaleza de las funciones requirentes y jurisdiccionales
JURISPRUDENCIA N� 10:
Naturaleza de la Duda
Imposibilidad de condena por sospecha
JURISPRUDENCIA N� 11:
JURISPRUDENCIA N� 12:
Violaci�n de Garant�as Constitucionales
Nulidad de la prueba
Imposici�n de Costas
JURISPRUDENCIA N� 13: Derecho a la Defensa
Violaci�n de garant�as procesales
Inadmisibilidad de pruebas nulas
Seguridad Jur�dica
Ejercicio del Poder P�blico
JURISPRUDENCIA N� 14: Nexo Causal
JURISPRUDENCIA N� 15: Protecci�n Judicial
Urgencia de la protecci�n
Lesi�n a bienes jur�dicos protegidos
Derechos Inmediatamente operativos
JURISPRUDENCIA N� 16: Irretroactividad de la ley
3.2.- JURISPRUDENCIAS DESARROLLADAS SUMARIAMENTE �
1. CAUSA: "MINISTERIO PUBLICO C/ LEONARDO M�NDEZ MARTINEZ Y OTROS S/ POSESION Y TRAFICO DE MARIHUANA EN SANTA ROSA DEL AGUARAY" A�o 2.003, N� 511, folio 194, Carpeta Fiscal 0010/02/0002/2002/0136. S.D.N� 15
"...es importante apuntar que la inaprovechabilidad de la prueba lograda en forma il�cita en el proceso penal es lo que reafirma el estado de derecho y lo diferencia n�tidamente de un sistema totalitario, efectivamente una de las premisas fundamentales del estado de derecho es la sujeci�n de todos los funcionarios p�blicos a la ley, por ellos quienes deben velar por el cumplimiento de la ley no pueden violarla obteniendo ilegalmente la prueba referente a la comisi�n de un delito. El debido proceso que consagra nuestra Constituci�n estar�a profundamente vulnerado si en el proceso penal pudieran hacerse valer aquellas pruebas logradas de manera il�cita, en raz�n de que la prueba atacada viola el derecho de la defensa en abierta violaci�n a los preceptos legales y constitucionales, y no se pueden admitir pruebas que vulneren los principios consagrados en nuestras legislaciones, que fueran introducidos por los medios equ�vocos o inid�neos, pues no se puede admitir ninguna prueba producida en forma ilegal en abierta violaci�n a las disposiciones legales que rigen la materia, igualmente es importante apuntar que las nulidades absolutas pueden ser deducidas en cualquier etapa del Juicio, incluso al momento de los alegatos..."
"...los errores de procedimiento realizados en autos, no tiene la certeza de la existencia del hecho punible y por ende de que los hoy acusados tengan motivos para realizar el hecho punible investigado, que con �stas clases de pruebas sin elementos cre�bles y fiables, no puede sustentarse una sentencia condenatoria, puesto que no trasmite datos que lleve a tener una absoluta certeza positiva de que los acusados tuvieran una conducta antijur�dica en el hecho. En un sistema Democr�tico, la verdad real constituye una garant�a para sancionar a las personas por lo que han hecho..."
"...Que por lo apuntado es convicci�n nuestra que no existiendo confiabilidad y fiabilidad de los elementos de cargo sobre la existencia del hecho punible, tampoco existe elementos de cargo contra los acusados que pueda vulnerar su estado de inocencia, derecho consagrado en la Constituci�n Nacional, este necesariamente debe ser favorecido por el adagio "IN DUBIO PRO REO" es decir que la duda necesariamente debe de beneficiarlo..."
2. CAUSA: "LILIO ROMERO C/ ALFREDO AGUILAR URAN, CARMEN CAROLINA AGUILAR Y CARMEN ELIZABETH BURGOS S/ LESION EN CARAYAO" A�o 2.002, N� 317, folio 124. S.D.N� 03
"...La presunci�n de inocencia consagrado en nuestra Constituci�n Nacional, en el Art. 17 inc. 1 �, a los efectos del proceso penal, debe ser destruida por el acusador particular, pues, seg�n fallos de nuestros TRIBUNALES de APELACI�N, el acusador tiene a su cargo, en todos los casos, la prueba de los hechos para justificar la criminalidad del acusado y el hecho de la mera probabilidad, debe convertirse en plena certeza para una sentencia condenatoria, lo que evidentemente no se da en las condiciones apuntadas Ut supra. La condena de un imputado debe darse �nicamente cuando se hubiera comprobado, sin posibilidad de errores, tanto en la perpetraci�n del il�cito como en la responsabilidad del mismo en el hecho. En otros t�rminos, para condenar, debe existir certeza de la responsabilidad del imputado, circunstancia �sta que no se da en el presente proceso, porque en la duda (in dubio pro reo) es un principio que favorece al reo, extinguiendo la posibilidad de condena. As� lo consagra el art. 2 inc. l � "No habr� pena sin reprochabilidad".
3. CAUSA: "ISMAEL BARRIOS LEZCANO C/ EUDELIO GONZ�LEZ DUARTE Y SINFORIANO GONZ�LEZ DUARTE S/ LESI�N Y DA�OS EN DR. CECILIO B�EZ". N� 371, Folio 147, A�o 2.002. S.D.N� 06.
"... conviene advertir que para condenar el Juzgador debe tener la certeza de la autor�a y responsabilidad de los imputados, pero si tiene un conocimiento probable del hecho que se investiga o de quien fue su autor debe absolver, a�n cuando no est� �ntimamente convencido de la inocencia de los imputados pues estos gozan del derecho que se presuma ese estado jur�dico. Si la querella no puede producir los elementos de convicci�n necesarias para sostener fuera de toda duda la acusaci�n y el �rgano jurisdiccional, es decir el tribunal, no acredita el hecho que se le recrimina a los acusados, el estado jur�dico de inocencia permanece inalterable y por tanto corresponde la absoluci�n de los acusados, pues el mismo, es decir la presunci�n de inocencia, tiene rango constitucional Art. 17 inc. 1� de la Constituci�n Nacional..."
4. CAUSA: "FULVIO CESAR FRANCO C/ HERMOGENES DUARTE AVALOS S/ SUPUESTO HECHO PUNIBLE C/ EL HONOR Y REPUTACI�N DE LAS PERSONAS". N� 123, folio 64, A�o 2.001. S. D. N� 06.
"... habiendo analizado este Tribunal el Incidente de Extinci�n de la Acci�n Penal planteada por Defensa de H. A.D. en la presente querella criminal instaurada contra el citado por el se�or F. C.F.S. por el supuesto hecho punible contra el Honor y Reputaci�n de las personas, y teniendo en consideraci�n lo dispuesto en el Art. 136 del C.P.P. primera y segunda parte que dice: DURACI�N M�XIMA: "Toda persona tendr� derecho a una resoluci�n judicial definitiva en un plazo razonable. Por lo tanto, todo procedimiento tendr� una duraci�n m�xima de tres a�os, contados desde el primer acto de procedimiento. Este plazo solo se podr� extender por seis meses m�s cuando exista una sentencia condenatoria a fin de permitir la tramitaci�n de los recursos"...; y la normativa contenida en los Arts. 137 y 25 inc.3�, se advierte que el primer acto de procedimiento que en autos es el prove�do de fecha 05 de abril de 2.001 dictado por el Juez Penal de Garant�a de San Pedro Abg. M.A.P. y desde entonces a la fecha ha transcurrido el plazo de tres a�os establecido en el art. 136 del C.P.P., en consecuencia, corresponde declarar la extinci�n de la acci�n penal en la presente causa y disponer el finiquito y archivamiento del expediente, as� mismo SOBRESEER DEFINITIVAMENTE al se�or H.D.A. en la presente causa de conformidad a lo dispuesto en el art. 359 inc. 3� del C.P.P. e IMPONER LAS COSTAS a la parte Querellante de conformidad al art. 270 del C�digo Procesal Penal..."
CAUSA: "FULVIO CESAR FRANCO C/ HERMOGENES DUARTE AVALOS S/ SUPUESTO HECHO PUNIBLE C/ EL HONOR Y REPUTACI�N DE LAS PERSONAS" S.D.N� 06, del d�a quince de junio de dos mil cuatro. Se inicio en el a�o 2.001, y se declara la extinci�n en el 2.004...
CAUSA: "MINISTERIO PUBLICO C/ WILLIAN AYALA S/ ESTAFA EN CORONEL OVIEDO". S. D. N� 60, carpeta fiscal 07/ 01 / 02/ 00001 / 2001/000417, N� 309, folio 126. de fecha cinco de julio del 2.004, se inicio el 16 de Abril del 2001.
El Ministerio P�blico tambi�n se allana al pedido, y el tribunal cita el C.P.P. y el art. 8 del pacto de San Jos� de Costa Rica.
5. CAUSA: "ESLA ALDERETE DE MARTINEZ C/ TEODOLINA DE CANDIA, MARIA FELICIA BENITEZ Y EUGENIO CANDIA S/ CALUMNIA, DIFAMACI�N E INJURIA GRAVE EN SAN ESTANISLAO". S. D.N�10.
"...En efecto, la sanci�n prevista es la de privativa de libertad o multa. Conforme al esp�ritu que actualmente tiene la pol�tica criminal donde la aplicaci�n de la pena privativa de libertad debe ser la ultima ratio, creo que lo justo es la aplicaci�n de una pena de multa, independientemente de la petici�n de la parte querellante, y teniendo en cuenta lo preceptuado en el art. 21 de la Constituci�n Nacional, asimismo los arts. 2 y 65 del C�digo Penal, en especial su posici�n familiar, sus ante cedentes, su situaci�n econ�mica y la proporci�n del da�o causado..."
6. CAUSA: "MINISTERIO P�BLICO C/ RUBEN ISAAC VERGARA CARTES S/ HOMICIDIO CULPOSO EN JOS� DOMINGO OCAMPOS" N� 354, Folio 141, a�o 2.002, carpeta fiscal N� 08/02/0004/2001/ 001057. S. D. N� OS
"... la doctrina conocida como "In Dubio pro Reo" de lo precedentemente expuesto surge, con distintos alcances seg�n el momento procesal de que se trate y con sentido progresivo. Que las situaciones excluyentes de certeza benefician al imputado. La duda (lato sensu), que al comenzar el proceso tiene poca importancia, va cobr�ndola a medida que se avanza, aumentando el �mbito de su beneficio, hasta llegar a la m�xima expresi�n de su alcance en el dictado de la sentencia definitiva (en el cual la improbabilidad, la duda estricto sensu, y aun la probabilidad impedir�n la condena del imputado). En esto �ltimo momento es cuando se evidencia con toda su amplitud este principio, pues, como ya se vio, el sistema jur�dico vigente requiere que el juez, para poder dictar una sentencia condenatoria, logre obtener, de la prueba reunida en el juicio, la certeza acerca de la culpabilidad del acusado. De ello se sigue, que en caso de incertidumbre, �ste deber� ser absuelto: in dubio pro reo. Esta m�xima deriva del principio de inocencia que le proporciona su justificaci�n� pol�tico jur�dica, pues solo en virtud de �l se puede admitir que la duda, en lugar de perjudicar al imputado lo beneficie. Si no se consiguiera llegar a la certeza corresponder� la absoluci�n, no s�lo frente a la duda en sentido estricto, sino tambi�n cuando haya probabilidad sobre la responsabilidad penal del imputado. Por todo lo expuesto precedentemente y ante las vicisitudes ante el que se encuentra el Tribunal corresponde la absoluci�n de reprochabilidad y sanci�n del acusado..."
7. CAUSA: "MINISTERIO P�BLICO C/ JOSE DE JES�S VERON MEZA Y JUAN VERON VILLASBOA S/ HOMICIDIO EN LA PASTORA" N� 450, folio 174, A�o 2.003, carpeta fiscal N� 07/02/00001/2002/ 000813, S.D. N� 84.
"...teniendo siempre en cuenta que la prueba es el �nico modo confiable para descubrir la verdad hist�rica, constituye ello una garant�a contra las arbitrariedades judiciales, en busca de la verdad. Solo podr�n admitirse como ocurridos los hechos o circunstancias que hayan sido acreditados mediante la prueba objetiva y no en elementos puramente subjetivos..."
"... ante tal posici�n y con �stas clases de pruebas sin elementos cre�bles y fiables, no puede sustentarse una sentencia condenatoria, puesto que no transmite datos que lleve a tener una absoluta certeza positiva de que los acusados tuvieran una conducta antijur�dica en el hecho. En un sistema Democr�tico, la verdad real constituye una garant�a para sancionar a las personas por lo que han hecho, consecuentemente en base a lo apuntado es convicci�n nuestra que no existiendo confiabilidad y fiabilidad de los elementos de cargo contra los acusados que pueda vulnerar su estado de inocencia, derecho consagrado en la Constituci�n Nacional, este necesariamente debe ser favorecido por el adagio "IN DUBIO PRO REO" es decir que la duda necesariamente debe de beneficiarlo independientemente de tener o no la plena certeza de su estado de inocencia por las circunstancias apuntadas y debe serle otorgada la absoluci�n de culpa y pena en el presente proceso que se abre, no para penar, sino para saber si se debe o no penar de conformidad a lo dispuesto en el Art�culo 17 de la C.N. y 5to. Del C.P.P..."
"...si bien es cierto no puede hablarse de absoluta inocencia en cuanto a la responsabilidad penal de los imputados empero torn�ndose una estela de incertidumbre en cuanto a las circunstancias reales en que se produjo el hecho, y teniendo en consideraci�n que ante la verdadera nebulosa que se cierne en cuanto a la participaci�n o no del imputado en el hecho investigado en autos, impone la vigencia plena del principio romano IN DUBIO PRO REO consagrado en el art. 5to. De la Ley Procesal Penal que literalmente transcripta dice: "DUDA: EN CASO DE DUDA LOS JUECES DECIDIR�N SIEMPRE LO QUE SEA MAS FAVORABLE PARA EL IMPUTADO", explic�ndose esto en que el m�ximo grado de conocimiento para llegar a sostener la reprochabilidad de un imputado debe ser la certeza plena lo que en este juicio no ha podido ser logrado, incluso el Representante del Ministerio P�blico as� lo ha entendido, solicitando la Absoluci�n de los acusados, el momento de esgrimir sus Alegatos finales..."
"...en este sentido, la presunci�n de inocencia, principio consagrado en nuestra Carta Magna, art. 17 inc. 1�, a los efectos del proceso penal, debe ser destruida por el acusador particular o por el Representante del Ministerio P�blico, pues seg�n nuestros ordenamientos jur�dicos y seg�n fallos de nuestros Tribunales de Apelaci�n, el acusador tiene a su cargo, en todos los casos, la prueba de los hechos para justificar la criminalidad del imputado y el hecho de la mera probabilidad, que es el presupuesto del procesamiento, debe convertirse en plena certeza para una sentencia condenatoria, lo que evidentemente no se da en las condiciones apuntadas ut supra. Con las constancias obrantes en autos, no se halla ning�n elemento incriminatorio en grado de certeza en contra de los procesados, tampoco la acusaci�n ha aportado ninguna prueba que comprometa a �ste, pues: en todos los casos, corresponde a la acusaci�n demostrar la criminalidad del procesado. El onus probandi opera de una manera diferente en el proceso penal, a consecuencia del estado de inocencia que goza el imputado; el no tiene que probar su inocencia, que el estado de inocencia todo imputado, est� puesto por la ley a favor del mismo, adquiriendo rango constitucional, debiendo ser destruido por las pruebas de cargo que ofrece el Fiscal. En base a los principios de la sana cr�tica y de todas las pruebas ofrecidas y producidas durante el Juicio Oral y P�blico, tampoco se pudo determinar en grado de certeza la existencia del nexo causal..."
CAUSA: "MINISTERIO PUBLICO C/ ISABELINO ALCARAZ RIOS, ARNULFO VENTO Y ALCIDES GONZ�LEZ S/ COHECHO PASIVO AGRAVADO, APROPIACI�N, COACCI�N GRAVE Y PRIVACI�N DE LIBERTAD EN SAN ESTANISLAO" N� 451, folio 174, A�o 2.003. 07/ 01/02/00003/2002/000731. S. D. N� 86.
8. CAUSA: "MINISTERIO PUBLICO C/ GERMAN JIM�NEZ CARDOZO Y MARTA PABLA RECALDE S/ HOMICIDIO DOLOSO EN KA AGUASU" N� 472, folio 181, A�o 2.003. 07/01/02/00004/2002/ 000631. S.D.N� 93.
"...por presunciones no se puede privar la libertad de una persona ya que no existe grado de certeza de que los imputados hayan tenido participaci�n ya sea como autores, c�mplices y/o encubridores del delito investigado en autos, extremos estos que generan para este Tribunal de Sentencias una duda razonable a favor de los procesados el cual genera todo tipo de dudas hacia la responsabilidad o no de los incoados en estos autos, ya que los testigos propuestos nada aportaron conforme se a referido precedentemente, y ninguno de ellos fue tachado, extremos que en su conjunto llevan a �ste Tribunal de Sentencias a crear una gran duda sobre la participaci�n y la responsabilidad de los imputados, todos estos elementos y fundamentaciones no corroboran ampliamente la existencia de responsabilidad de los imputados en estos autos, lo �nico que ha logrado es crear dudas y m�s dudas sobre la participaci�n de los mismos, sean estos en calidad de autores, c�mplices o encubridores ello NO est� totalmente probada al menos as� lo piensa este Tribunal de Sentencias, aparte de ello se ha canalizado pormenorizadamente las pruebas ofrecidas, admitidas y que fueran diligenciadas llegando este Tribunal al convencimiento pleno de la no existencia en forma categ�rica del nexo causal, es decir de la responsabilidad de los imputados en estos autos, por lo que mal este Tribunal por meras presunciones condenara una o m�s personas, pues es mejor dejar en libertad a cien delincuentes que privar de libertad a un inocente".
9. CAUSA: "MINISTERIO PUBLICO C/ JOSE TOMAS ACOSTA Y OTRO S/ POSESION Y TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES (MARIHUANA) EN NUEVA GERMANIA", N� 521, folio 198, A�o 2.003, Carpeta Fiscal N� 0010 / 02 / 0002 / 2002 / 012. S. D. N� 117. �
"...El preopinante, Juez Manuel G. Saifildin Stanley, vota en el sentido de hacer lugar al Incidente de Nulidad Absoluta deducida en autos, en raz�n de que la prueba atacada viola el derecho de la defensa en abierta violaci�n a los preceptos legales y constitucionales, y no se pueden admitir pruebas que vulneren los principios consagrados en nuestras legislaciones, que fueran introducidos por los medios equ�vocos o inid�neos, pues no se puede admitir ninguna prueba producida en forma ilegal en abierta violaci�n a las disposiciones legales que rigen la materia, igualmente es importante apuntar que las nulidades absolutas pueden ser deducidas en cualquier etapa del juicio, incluso al momento de los alegatos..."
"... Por otro lado es importante se�alar que:...conforme surge del Acta obrante a fs. 18 de autos el procedimiento no fue comunicado al imputado ni a su Defensor conforme lo establece la norma enervando aun m�s el caso; el hecho de que el acta no fue firmando por dos testigos h�biles conforme lo establece nuestro ordenamiento jur�dico, por lo que el mismo es nulo y consecuentemente todos los actos posteriores son nulos de nulidad absoluta, as� lo establece la ley y voto en tal sentidos.
Debiendo declararse nulo el An�lisis primario de campo, por el sistema Narcot�s, An�lisis efectuado en el laboratorio de la DINAR, realizado por el Dr. Cesar T. Arce, como anticipo jurisdiccional de prueba, obrante a fs. 30 de autos tambi�n sobre �ste punto especifico nos encontramos que el an�lisis se ha realizado en abierta violaci�n del debido proceso ya que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art�culo 320 del C.P.P., por cuanto que no se ha citado a las partes, habi�ndose realizado dicha prueba en abierta violaci�n a las normas legales que rigen la materia, pues a la misma no ha presenciado ni el fiscal y ni el imputado y mucho menos de su defensor. En la etapa de investigaci�n corresponde al M.P. dirigir la investigaci�n de los hechos punibles, la cual puede realizar por medio de los agentes fiscales, o funcionarios designados u �rganos auxiliares, incluyendo funcionarios de la Polic�a Nacional en tanto se le asigne a la investigaci�n de dicho hecho, quedando vedado asumir funciones
5Recientemente la prensa internacional se hizo eco de una resoluci�n del Tribunal Supremo de :Brasil, el cual hubo dado la libertad a una persona extraditada desde el Paraguay por supuesto hecho de tr�fico de estupefacientes, en un caso en que se incaut� Tonelada y media de Marihuana, por raz�n de haberse cometido actos nulos de procedimiento, particularmente respecto a violaciones de procedimiento relativas al cateo, allanamiento y secuestros de objetos por parte de las autoridades, resoluci�n que de alguna manera pretende legitimar la actuaci�n del poder p�blico, m�xime cuando no cuenta con orden de intervenci�n previa.
Jurisdiccionales porque as� lo dispone la ley penal formal (art. 52 y 56 del C.P.P.) y que correspondiendo al agente fiscal realizar actos necesarios para fundar la acusaci�n, dichos actos son considerados de investigaci�n que no constituyen medios probatorios..."
10. CAUSA: "MINISTERIO PUBLICO C/ LORENZO DANIEL CUEVAS CRISTALDO S/ HOMICIDIO DOLOSO EN CAAGUAZU" N� 638, folio 240, A�o 2004, 07/ 02/ 00004/2002/ 000319. S. D. N� 50.
"...Siguiendo las ense�anzas del procesalista Alberto Binder, quien dice: La culpabilidad debe ser jur�dicamente construida... Donde el imputado no tiene que construir su inocencia... ".
"...En la Duda siempre hay, dos proposiciones o hechos entre los cuales la mente se siente fluctuante; existe una suspensi�n del juicio, de indecisi�n mental en el que no afirmamos ni negamos nada. Pero normativamente planteada la cuesti�n -la duda- la ley dice al Juez como de decidirse: a favor del procesado. Jur�dicamente es tenida muy en cuenta para decidir al sentenciante en un determinado sentido; la ley dice hacia d�nde debe inclinarse la decisi�n del Juez..."
"...Ra�l V. Danielsen expresa que "es una regla universal de juicio que valora la duda del juez sin prejuzgar acerca de la inocencia del imputado..."
"...El Magistrado no realiza ning�n acto de generosidad o de equidad o en general de arbitrio, obedece simplemente a la voluntad jur�dica de la ley. Va demostr�ndose que no es puramente psicol�gica sino normativa. Por todas estas consideraciones expuestas es convicci�n del TRIBUNAL. QUE NADIE PUEDE SER CONDENADO POR SOSPECHA, POR LO QUE EL JURISCONSULTO PAULO SENTENCIABA: "EN LAS CAUSAS PENALES SE HA DE HACER LA INTERPRETACI�N CON MAS BENIGNIDAD, POMPONIO EXCLAMABA: SIEMPRE ES DUDOSA LA INTERPRETACI�N RELATIVA A LA LIBERTAD, SE HABR� DE RESPONDER A FAVOR DE ELLA", por lo que la presunci�n de inocencia, reitera este TRIBUNAL en ning�n momento fue destruida por las pruebas exiguas que fueron presentadas en el presente juicio, y que lejos de probar la culpabilidad del acusado, al contrario nunca fueron suficientes y nunca arrojaron luz para aclarar la participaci�n del hoy acusado, por lo que debe ser absuelto de culpa y pena..."
11. CAUSA: "MP. C/ TERESA DE JES�S ALMIRON ALVAREZ, ANA LOURDES BARRIOS DE MOLAS Y HERNAN ALBINO JIM�NEZ GONZALEZ S/ LESION DE CONFIANZA Y APROPIACI�N EN CNEL. OVIEDO" N� 569, folio 215, A�o 2003, carpeta fiscal nro. 07/01/ 02/00001/2001/001620. S.D.N� 43.
"...El Juez para condenar debe tener certeza de la autor�a y responsabilidad del imputado. Si s�lo tiene un conocimiento probable del hecho que se investiga o de quien fue su autor, debe absolver, a�n cuando no est� �nfimamente convencido de la inocencia del imputado, pues �ste goza del derecho a que se presunta ese estado jur�dico de inocencia, consagrado por la propia Constituci�n Nacional, Art. 17 inc. 1 �..."
"...Si se vincula la obligaci�n que tienen el Ministerio P�blico ... de averiguar la verdad con el estado jur�dico de inocencia, se advierte claramente que si el �rgano requirente (el fiscal de la investigaci�n) no puede producir los elementos de convicci�n necesarios para sostener fuera de toda duda la acusaci�n y el �rgano jurisdiccional (el Tribunal de Sentencias) no acredita el hecho que se le recrimina al imputado, el estado jur�dico de inocencia permanece inalterable, y por ende, corresponde la absoluci�n del mismo. Por lo tanto en caso de duda debe estarse a los m�s favorable at imputado..."
"...El Magistrado no realiza ning�n acto de generosidad o de equidad o en general de arbitrio, obedece simplemente a la voluntad jur�dica de la ley. Va demostr�ndose que no es puramente psicol�gica sino normativa..."
"...Jur�dicamente planteada la duda, la ley dice al Juez c�mo debe decidirse: a favor del procesado. As� las cosas, ya no cabe irresoluci�n, pues la ley definitivamente le dice hacia d�nde debe inclinarse, es el principio jur�dico penal universalmente admitidos por todas las legislaciones penales: in dubio pro reo..."
CAUSA: "MINISTERIO PUBLICO C/ ESTEBAN ALEN ROMERO E IGNACIO ALEN ROMERO S/ HOMICIDIO DOLOSO EN STA. ROSA DEL AGUARAY". N� 605, folio 228, A�o 2.004, 010/ 007/ 02/ 0002/ 2002/0033. S.D.N� 59.
"...A mayor abundamiento puede expresarse que con los testimonios de referencia, resulta imposible para este TRIBUNAL sustentar razonablemente una acusaci�n que amerite una sanci�n, pues, no otorgan m�rito de certeza las afirmaciones de los testigos, en cuanto a m�rito incriminatorio definitivo se refiere sobre el fondo de la cuesti�n, ni tan siquiera por presunciones o indicios, las cuales por el nuevo sistema procesal actual ya son improcedentes para fundar una sentencia condenatoria en contra de una persona..."
12. CAUSA: "MINISTERIO PUBLICO C/ LUIS MARIANO LOVERA ALVAREZ C/ HOMICIDIO CULPOSO EN CNEL. OVIEDO" N� 534, folio 202, A�o 2.003, carpeta fiscal 07/01/02/00001/2002.001071. S. D. N� 123.
"...este Tribunal de Sentencias Colegiado entiende que se han violado claras garant�as procesales, y ninguna prueba admitida en contravenci�n a las normas del debido proceso pueden y deben ser admitidos, ni mucho menos fundar una resoluci�n sobre dicha prueba viciada de nulidad, que si bien es cierto la Representante del Ministerio P�blico y la Querella han manifestado que el Incidente de Nulidad ya fuera deducida en la Audiencia Preliminar, y que el mismo ya fuera rechazada, no es menos cierto que las nulidades absolutas pueden ser deducidas en cualquier etapa del juicio, inclusive en los alegatos de conformidad a lo dispuesto en el Art. 165, 2do. P�rrafo, �ltima parte del C.P.P., en concordancia con el Art. 166 del mismo cuerpo legal, y a lo dispuesto en el Art. 12 del C.P.P., debiendo igualmente imponerse las costas en el orden causado, a que la prueba atacada viola el derecho a la defensa en abierta violaci�n a los preceptos legales y constitucionales, y no se pueden admitir pruebas que vulneren los principios consagrados en nuestras legislaciones, que fueran introducidos por los medios equ�vocos o id�neos, pues no se puede admitir ninguna prueba producida en forma ilegal en abierta violaci�n a las disposiciones legales que rigen la materia, igualmente es importante apuntar que las Nulidades Absolutas pueden ser deducidas en cualquier etapa del juicio, incluso al momento de los alegatos, por lo que se debe declarar la nulidad de dicho acto procesal y todos los actos que surjan como consecuencia del mismo. ..."
13. CAUSA: "JOSE ROSA GALEANO, OSCAR A. RODR�GUEZ Y TOMAS VILLALBA S/ POSESION Y TRAFICO DE MARIHUANA" A�o 2.003, S.D.N� 36.
"...Con dicho proceder fueron vulnerados –violentados derechos y garant�as constitucionales fundamentales de la defensa. En efecto, se colige que la realizaci�n de an�lisis primario de campo sin la presencia de un fiscal de turno, de los supuestos autores ni de un abogado defensor atenta contra este principio, ya que este hecho, ante tal omisi�n, despierta una incertidumbre acerca de si la sustancia analizada fue extra�da de los paquetes de supuesta marihuana incautada, �qui�n nos da certeza de ello?, sin embargo, para que esto no suceda es que se establecen formas para pro ceder ante tal circunstancia, dando participaci�n del acto a la sociedad por medio del fiscal de turno como tambi�n a los afectados asistidos por un letrado, que se observe los derechos que tienen estos que son iletrados, en dicho momento, por la trascendencia del acto, ya que servir� de cabeza de proceso y prueba acreditante del cuerpo de delito. Por lo menos, estos efectivos debiendo dar aviso de que dos ciudadanos, estaban aprehendido, pues toda una maquinaria legal se puso en movimiento desde ese momento, a criterio de este sentenciador , exist�an para estos agentes de la DINAR suficientes indicios para comunicar el operativo, ya que estaban siguiendo el modus operandi del distribuidor, no de los efectivos era chivo expiatorio, sab�an donde se iba a realizar la entrega, por qu� no comunicaron el operativo (�?) es la pregunta que crea duda: porque no dieron aviso de la detenci�n de presuntos autores, es otra pregunta; por qu� no dieron intervenci�n al fiscal de turno en el traslado, inspecci�n y decomiso de la supuesta marihuana; por qu� no dieron participaci�n al fiscal, a los sospechosos y a un abogado defensor en el pesaje, cuanta de paquetes incautados, extracci�n y an�lisis de la sustancia. Ahora me pregunto qui�n da fe de todo esto, s�lo los efectivos de la DINAR, nadie m�s. Si bien es cierto que hay que confiar en el funcionario del Estado cuando realiza su tarea, no es menos cierto que a la vez �ste debe someterse y atenerse a las leyes que regulan como debe ejercer sus funciones, s�lo de esta manera su trabajo ser� eficiente y confiable. El derecho a la defensa y las garant�as procesales fueron quebrantadas, siendo los art. 16 y 17, inc. 5 y 8 de la C.N. los ordenamientos violados, as� mismo los art. 7 inc. 5(primera parte) y 8 inc. 2, apartado d) y e) de la ley 1/89: estas son las disposiciones constitucionales y legales violadas por los efectivos de la DINAR, durante el procedimiento realizado el d�a 18 de enero de 1999. todos los ciudadanos de este Estado -social y democr�tico de derecho- debe someterse a la ley siendo iguales ante la misma -la ley-, esto incumbe a personas particulares y p�blicas (funcionarios), en efecto, el Estado debe proveer de leyes que garantice el pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona humana; uno de estos derechos, que el Estado debe amparar, es la seguridad jur�dica que debe brindar a sus habitantes mediante el cual manifieste que toda persona que sea detenido (aprehendido 0 retenido) ser� asistido por un abogado, esto para que el profesional vele por sus derechos y obligaciones, conozca la causa de dicha circunstancia, controle la realizaci�n de los actos en que se encuentre involucrado (de investigaci�n, probatoria, etc.); por otro lado que cada funcionario -a quien se le delega un poder- observe sus funciones conforme a las leyes; distribuyendo actividades o competencias, es as� que la ley 1340/88 en su art. 59 inc. d) dispone que uno de los fines de la DINAR es colaborar con el Poder Judicial,... en la coordinaci�n de sus actividades para el mejor cumplimiento de las disposiciones de esta ley, de esta disposici�n se colige que las funciones de la DINAR es la lucha y control del consumo de las sustancias prohibidas por la ley, debiendo actuar como colaborador de los �rganos jurisdiccionales, esto no quiere decir que ellos se encuentren facultados a no dar intervenci�n al Ministerio P�blico cuando retienen a sospechosos o realizan el an�lisis qu�mico de las sustancias decomisadas, ya que el resultado de este procedimiento, seg�n el art. 60 de la citada ley, constituir� prueba de la calidad de los mismos (sustancias o productos decomisados), he aqu� la trascendencia de dicho an�lisis primario de campo, es �sta la raz�n por el cual debe estar presente un Representante del Ministerio P�blico, pues es el fiscal a quien se le atribuye el deber de velar por el respeto de los derechos y de las garant�as constitucionales, empero no podr� ser efectiva esta tarea sino se la da intervenci�n cuando dos ciudadanos son detenidos; es �l quien debe promover la acci�n penal contra los supuestos autores del delito de tenencia y tr�fico de marihuana, ya que debe defender el patrimonio p�blico y social, pero como podr� cumplir con esta funci�n si el mismo no est� presente durante el comienzo del procedimiento de investigaci�n ni controla los actos que germinar�an los fundamentos de una imputaci�n (art. 268 inc. 1) y 2) C.N.). Por �ltimo, es garant�a procesal contemplada en la Carta Magna la prohibici�n de oponer -a una persona- pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violaci�n de las normas jur�dicas, extremo que se comprueba en el presente proceso..."
14. CAUSA: "ESTANISLAO VERA BURGOS Y OTROS S/ HOMICIDIO EN CAPIIBARY.- S.D.N� 26, A�o 2.003.
"...Tras un examen minucioso de dichos elementos de juicio no se ha podido determinar de una manera directa y precisa la existencia de una conexi�n (causa - efecto) que incrimine fehacientemente a los citados incoados con el hecho punible, por ende, no cabe el estudio anal�tico acerca de la responsabilidad criminal de los mismos. Para mejor argumentaci�n de esta postura, �ste Juzgador se permite referir algunas disquisiciones al respecto: En una acusaci�n p�blica puede utilizarse un Informe Policial como prueba indiciaria junto con otros elementos de prueba dando solidez a la incriminaci�n. La Acusaci�n, sobre todo la P�blica, debe estar cimentada en hechos concretos para que tenga valor y validez procesal, as� mismo, un parte policial no sirve de suficiente prueba para asentar una acusaci�n. El informe policial tiene un valor equiparado a la semiplena prueba que necesita ineludiblemente de otros elementos de juicio concreto, calificado como plena prueba, para sustentar una acusaci�n p�blica seria. Por �ltimo, la probabilidad invocada en el dictamen fiscal es inadmisible, ya que un hecho que induzca a algo probable puede crear dudas sobre su realizaci�n o no, en �ste caso lo recomendable, seg�n nuestro ordenamiento positivo y jurisprudencial, es solicitar la absoluci�n en base al principio constitucional in dubio pro reo..."
"...No estando corroborada por otros medios de prueba legales la certeza sobre la vinculaci�n de los acusados con el lamentable hecho punible, permite crear en la conciencia del Juzgador vacilaci�n sobre la existencia o no de un nexo causal, duda de si los mismos son o no responsables del crimen, puesto que en el parte policial hay una confesi�n de los acusados por otro lado los acusados niegan la autor�a en la perpetraci�n del il�cito. Cu�l de las hip�tesis es la verdadera (?). Para contestar �sta interrogante nuestro ordenamiento jur�dico tiene la respuesta; ante una duda razonable, un principio rector, de rango constitucional impuesto a los �rganos Jurisdiccionales, prima y desnubila toda incertidumbre, estamos hablando del "IN DUBIO PRO REO" (art. 14 de la C.N.), que no solo respecta a las disposiciones normativas favorables al reo o condenado, sino que concierne adem�s aquellos hechos contradictorios que hacen cavilar o dudar razonablemente al Juzgador es, ante �sta situaci�n, que se estar� con la postura o tesis que favorezca o beneficie al procesado..."
"...Es bien sabido que el Sistema Jur�dico que un Estado de Derecho implementa en su pol�tica interna, tiene como uno de sus fundamentos el respeto a los derechos trascendentales de validez universal (DDHH), reconocido por casi todos los Estados del mundo, es en �ste contexto nuestra Constituci�n Nacional inserta en su marco normativo Principios y Derechos fundamentales -a todo hombre por su propia naturaleza le pertenece un m�nimum derechos naturales-, es as� que nuestra Carta Magna consagra principios caracter�sticos de esta Era moderna del Derecho, siendo uno de ellos el "in dubio pro reo", sumado a �ste, contempla, otros principios como: "el de inocencia, del debido proceso, del nom bis in �dem, del derecho a la defensa" y muchos otros, sin las cuales se estar�a atentando no s�lo contra la seguridad jur�dica, que debe imperar en un Estado de Derecho, sino tambi�n se desgarrar�a la dignidad y respeto a la personalidad humana, tanto en su integridad f�sica o moral. En este sentido, tenemos tambi�n la Presunci�n de Inocencia, principio consagrado en el Art. 17 inc. 1� nuestra Carta Magna, que a los efectos del proceso penal, debe ser destruida por el acusado particular o por el Representante del Ministerio P�blico, pues seg�n fallos de nuestros Tribunales de Apelaci�n, el acusador tiene a su cargo, en todos los casos, la prueba de los hechos para justificar la criminalidad del acusado y el hecho de la mera probabilidad, que es el presupuesto del procesamiento, debe convertirse en plena certeza para una sentencia condenatoria, lo que evidentemente no se da en las condiciones apuntadas ut supra. Con las constancias obrante en autos, no se encuentra ning�n elemento incriminatorio en grado de certeza para la determinaci�n del vinculo causal entre el hecho punible (demostrado) respecto de los procesados, tampoco la acusaci�n ha aportado ninguna prueba que comprometa a �stos, pues, en todos los casos, corresponde a la acusaci�n demostrar la existencia del delito y el nexo causal que refleje la criminalidad del procesado. El onus probandi opera de una manera diferente en el proceso penal, a consecuencia, del estado de inocencia que goza el incoado; el no tiene que probar su inocencia, puesto que el estado de inocencia de todo imputado, est� predispuesto por la ley a favor del mismo, adquiriendo rango constitucional, debiendo ser destruido por las pruebas de cargo. En base a los principios de la sana critica y de todas las pruebas ofrecidas y producidas durante el presente proceso, no se pudo determinar con certeza la participaci�n de los inculpados en el hecho punible (es decir, el nexo causal)..."
"...el procesalista JORGE CLARIA OLMEDO, en su obra "TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL, EDITORIAL EDIAR BS. AS., 1.970, TOMO I PAG 429/93, ense�a lo siguiente: "s�lo puede condenarse cuando en cumplimiento de las reglas anteriores, el Juez haya alcanzado la certeza acerca de la culpabilidad del acusado..." este principio tiene raigambre constitucional: se lo ha denominado in dubio pro reo y se ha enunciado expresamente que es preferible absolver a cien culpables y no condenar� un inocente. Es dable resaltar que las disposiciones establecidas en el Art. 452 del C�digo Procesal Penal: "En todos los casos incumbe a la acusaci�n la prueba de los hechos para justificar la criminalidad del procesado, situaci�n �sta que no se da en estos autos" (sic.). La Jurisprudencia tambi�n se ha encargado de estudiar y marcar las pautas respecto de dicha materia, de acuerdo a esto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, al dictar el Acuerdo y Sentencia N� 713 del 05 de diciembre del 2000, resoluci�n compilada en la Revista Jur�dica Paraguaya "LA LEY", del a�o 24, n�mero 4, mayo de 2001, p�g. 415/417, en su parte pertinente, dice: "ESTUPEFACIENTES. Prueba. CONSTITUCI�N NACIONAL. Garant�as constitucionales...La sola posibilidad o probabilidad de que lo sea, puede fundar un auto de prisi�n preventiva pero jam�s una condena, porque la ley considera inocente a quien no se acredite fehacientemente su culpabilidad, por que la simple insuficiencia de pruebas que cree la menor duda sobre la culpabilidad del procesado ya obliga al Magistrado, de acuerdo a lo previsto en el art. 14 del C�digo de Procedimientos Penales, a decretar la absoluci�n de culpa y pena. ....Eso es lo que expresa Framarino en su libro L�gica de las Pruebas en Materia Criminal, al decir que "la averiguaci�n de la verdad es el fin supremo y esencial de la prueba...en el juicio penal, frente a las pruebas destinadas a sentar la certeza de la delincuencia, se producen las destinadas a combatirlas, provocando la creencia en la inocencia, y habl� de certeza en el primer caso y de creencia en el segundo, porque la acusaci�n no prueba nada sino lo logra producir la certeza de la delincuencia, mientras la defensa lo tiene todo probado si ha logrado impedir aquella certeza, provocando la simple y razonable credibilidad favorable a la inocencia" (sic.)..."
15. CAUSA: " ELMA NEUFELD VDA. DE SCHROEDER C/ PERSONAS INNOMINADAS S/ AMPARO CONSTITUCIONAL". S.D.N� 22, A�o 2.003.
"...En el presente juicio encontramos elementos suficientes para suponer una violaci�n de la Constituci�n Nacional espec�ficamente el art. 109. La presente acci�n re�ne los requisitos del art. 134 de la Carta Magna, pues si la demandada hubiese recurrido por otras v�as se habr�a producido graves lesiones y perjuicios contra los derechos de la recurrente, que es lo que precisamente se trata de evitar; una eventual invasi�n de sus propiedades; y que a los efectos de precautelar su derecho ha solicitado las garant�as necesarias, ante �ste Juzgado, debido a la urgencia del caso, ya que de recurrir por la v�a ordinaria pod�a obtener una sentencia o resoluci�n meramente enunciativa, que no cumplir�a con sus efectos, a raz�n del tiempo que demanda un juicio ordinario como bien es sabido..."
"...el Juicio de Amparo tiene por objeto: la facultad para salvaguardar el derecho o garant�a o para restablecer inmediatamente la situaci�n jur�dica infringida. En fin los derechos o garant�as constitucionales conculcados que han sido lesionados o est�n en peligro de ser lesionados, por actos arbitrarios o ileg�timos, que por la inminencia del peligro y urgencia del caso no pueden ser rechazados o remediados por la v�a ordinaria..."
"...analizadas pormenorizadamente las constancias de autos el Juzgado llega al convencimiento pleno de la procedencia del presente Amparo Constitucional, ya que se halla demostrado en autos la titularidad de la parte actora sobre los bienes objetos de litis, con las pruebas documentales agregadas a autos, y sobre todo se ha demostrado la existencia de un acto arbitrario o ileg�timo, circunstancia que debe ser remediada por esta v�a constitucional, pues las acciones constitucionales son los medios legales para afianzar la seguridad jur�dica entre los ciudadanos de la Rep�blica en cuanto al respeto de sus garant�as y derechos contemplados en la C.N. y las leyes. As� concibe Casiello cuando dice: "son las seguridades que la Constituci�n consagra para la realidad y efectividad de los derechos que ella acuerda..."
"...El derecho constitucional es garant�a de todo y cualquier medio de seguridad. En la t�cnica de nuestra Constituci�n el vocablo garant�as, que su texto utiliza, est� m�s bien referido a las que protegen y amparan el ejercicio de los principios y derechos reconocidos, o sea, a la forma de tutela de los mismos..."
"...La declaraci�n de derechos debe revestir car�cter inmediatamente operativo; ello significa que ha de ser suficiente que la Constituci�n consigne un derecho, expl�cita o impl�citamente para que el Estado a trav�s de sus representantes depare la garant�a necesaria. Una vez que se tiene el derecho sustantivo se necesita el adjetivo o forma para hacer valer aquel, o sea, la garant�a, en nuestro caso a trav�s del Amparo, con el cual el Juzgado en ejercicio de su ministerio de administrar justicia, en aplicaci�n de la propia Constituci�n Nacional, hace totalmente viable la pretensi�n del amparista de la accionante por estar ajustadas sus pretensiones a la C.N. y las leyes que rigen la materia."
16. - CAUSA: "MINISTERIO PUBLICO C/ GABRIEL BAZAN VILLALBA Y MIGUEL GONZ�LEZ ALVAREZ S/ ABIGEATO EN VYARENDA SAN ESTANISLAO". Carpeta Fiscal 07/02/00003/2000/ 000211, N� 646, folio 243, a�o 2.004. S. D. N� 58 de fecha 1 � de julio del 2.004, se inicio el 20 de junio del 2. 001, g se extingui� en 2.004. �
"...la defensa de los encausados plantea un incidente de extinci�n de la presente causa, basado en el hecho de que el primer acto procesa seg�n constancia de autos, se inicia el 20 de junio del a�o 2001, siendo imputados sus defendidos...en fecha 21 de junio del mismo a�o, desde esa fecha comienza la investigaci�n habiendo transcurrido el plazo suficiente a la fecha para la extinci�n de la acci�n penal de acuerdo a lo previsto en el art. 136 del C.P.P. y 137 en concordancia con el art. 25 inc. 3�, por lo que solicita la extinci�n de la presente causa. Asimismo el mencionado defensor expone que sus defendidos estuvieron siempre a disposici�n de la Justicia y en ning�n momento se ha declarado la rebeld�a de los mismos..."
"...Corrido el traslado correspondiente del incidente de extinci�n de la causa planteado por la defensa de los encausados, a la representante del Ministerio P�blico, �sta manifiesta que se allana expresamente al pedido de la defensa, toda vez que el Tribunal lo considere procedente..."
INQUISICI�N, GARANT�AS Y PROCESO
RES NOVARE EDICIONES
E-mail: res-novare@yahoo.com
Dise�o de Tapa: Hugo Gim�nez
Primera Edici�n: 1000 ejemplares
Queda hecho el dep�sito legal
I.S.B.N.: 99925-904-0-8
Setiembre 2.004 (286 p�ginas)

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