Source: http://www.elderecho.com/foro_legal/civil/Atribucion-vivienda-familiar-abono-tasa-basuras-propietario_12_904185002.html
Timestamp: 2018-06-21 02:24:10+00:00

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Atribución del uso de la vivienda familiar. Abono de la tasa de basuras: ¿corresponde al propietario del inmueble o a su usuario?
Uno de los escollos más frecuentes al momento de contrastar las pretensiones de las partes en los procedimientos de Derecho de Familia viene determinado por el pago de la llamada tasa de basuras. Lo cierto es que cada litigante presenta razones para que ese canon lo abone el contrario o, al menos, por mitad entre ellos, dependiendo de quién sea el usuario del inmueble o el propietario (una de las partes, las dos o, incluso, un tercero) del mismo. Así, quien solicita el uso de la vivienda familiar, y no es su propietario, también hace lo propio en orden a suplicar que el pago de la referida tasa corresponda al otro litigante por ser de su titularidad o de un tercero relacionado con él, o, en el peor de los casos, si el inmueble es de propiedad común, a ambas partes por mitad; mientras que el otro, ya sea el propietario, copropietario o relacionado con el tercero propietario, siempre intentará que el abono lo efectúe el usuario de la vivienda. Y, como se ha dicho, cada uno blandiendo razones de peso de naturaleza jurídica (Ley General Tributaria, Ordenanzas Municipales, Código Civil,...), lógica (generalmente de carácter económico o meramente conceptual) o lógico-jurídica en fundamento de sus pretensiones.
La cuestión planteada viene de muchos años atrás e integra uno de esos temas discretos pero recurrentes que, por su alta frecuencia, no puede dejar de examinarse en este Foro Abierto. En la Jornada de Unificación de Criterios celebrada por las Secciones de Familia de AP Madrid el día 1 de junio de 2015, no se llegó a acordar nada sobre el particular a pesar de encontrarse el punto referido entre los que se iban a debatir, llamando la atención la redacción con que se cerró el correspondiente epígrafe:
"Por existir discrepancias insalvables y con la finalidad de reflexionar más a fondo sobre la cuestión, no se somete a votación esta cuestión y se retira del orden del día por acuerdo de todos los presentes".
A fin de intentar aclarar este tema se hace la siguiente pregunta a nuestro experto e ilustre Consejo de Redacción:
¿El abono de la tasa de basuras en los procedimientos de Derecho de Familia corresponde al propietario del inmueble o a su usuario?
Este foro ha sido publicado en la "Revista Derecho de Familia", el 1 de diciembre de 2015.
Lógicamente, en principio, la respuesta inmediata sería afirmar que quien sea usuario, propietario o no, de la vivienda, vendría obligado a satisfacer el servicio de basura, así como sucede con otra serie de suministros que van anexos no a la titularidad del inmueble sino a su estricto uso (luz, gas, agua, etc.), pero es de advertir que aquél, el de basura, difiere sustancialmente de estos otros en su naturaleza jurídica, ya que, ex lege, es considerado como una “tasa” y, en su consecuencia, como ocurre con otros pagos como el de las cuotas de comunidad, sea o no utilizada la vivienda, quien sea propietario (sociedad de gananciales o privativa de uno de los cónyuges, o de un tercero) viene obligado a su abono.
Vista la cuestión desde una vertiente negativa, la contestación a la pregunta vendría ofrecida haciéndonos otra, cual es quién debe pagar la tasa de basura si la vivienda no se atribuye en uso y disfrute a ninguno de los cónyuges. La respuesta no se deja esperar, pues de inmediato no puede ser otra que imputar el pago a quien ostente la titularidad dominical del inmueble, y ello es así a partir del momento en el que cuando se habla de “tasa” se está haciendo alusión a un pago que tiene marcado componente de impuesto que recae sobre bienes de naturaleza inmueble y que deben soportar como sujetos pasivos quienes sean propietarios, usufructuarios o concesionarios de cualquier bien inmueble o propiedad, no siendo su base imponible el uso exclusivo del inmueble, dando perfecta cobertura legal a la contestación ofrecida el RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, a través de sus arts. 20.4 y 23.
Se nos plantea la cuestión de si en los procedimientos de familia el abono de la tasa de basuras corresponde al propietario de la vivienda familiar o al cónyuge al que se le atribuye el uso.
El art. 233-23 del Código Civil catalán se pronuncia expresamente sobre esta cuestión. Establece este precepto en su número segundo que "los gastos ordinarios de conservación, mantenimiento y reparación de la vivienda, incluidos los de comunidad y suministros, y los tributos y las tasas de devengo anual corren a cargo del cónyuge beneficiario del derecho de uso". Quedan con este precepto solventadas las peticiones que sobre el pago de cuotas de comunidad, suministros, tributos y tasas eran tan recurrentes en los procesos de familia.
Esta cuestión no está sin embargo regulada en el Código Civil y de ahí las resoluciones divergentes de las distintas Audiencias Provinciales. Unas entienden que la tasa de basuras debe ser abonada por quien se beneficia del servicio por el que se impone la tasa, otras entienden que este gravamen es ajeno a su uso, pues la tasa se abona con independencia de que la vivienda esté o no ocupada y por lo tanto con independencia de que se haga uso del servicio. Ello no obstante, la mayor parte de estas resoluciones se inclinan por considerar que es quien disfruta de la vivienda familiar, esto es, el cónyuge al que se le ha atribuido el uso, quien debe hacer frente al pago de esta tasa. Se entiende en estas resoluciones que es lógico que estas tasas sean satisfechas por el cónyuge a cuyo favor queda el uso de la vivienda ya que esta tasa lo es para compensar el servicio de recogida de basuras. Esto es, el usuario del inmueble es quien genera la necesidad, se aprovecha de la recogida de residuos, y por tanto debe hacer frente a la tasa que se reclama para compensar el servicio prestado por el Ayuntamiento.
Así se pronuncia entre otras la Sentencia de la Secc. 22ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de octubre de 2015, en cuyo fundamento sexto dispone que "en lo tocante al pago de los Servicios de gestión de residuos urbanos del Ayuntamiento de Madrid esta Sala ya se ha pronunciado al respecto de la problemática análoga suscitada, entre otras, sentencia de 27 de octubre de 2006, y asimismo la de 24 de mayo de 2011 advirtiéndose que aunque es cierto que, conforme declara el TS-en las sentencias de 25 de mayo de 2005 y 1 y 20 de junio de 2006- el artículo 9-5 de la LPH, de 1960 al igual que el artículo 9,1 de la vigente ley de 1999 impone al propietario de una forma clara e inequívoca, el pago de los gastos de comunidad corresponden al usurario y por extensión también el pago de las tasas que ahora se cuestionan". Si bien no es muy clara la redacción de este párrafo continua la sentencia diciendo "Y al efecto este tribunal viene razonando que no podemos sin embargo olvidar que las cuotas ordinarias de comunidad tienen por objeto cubrir económicamente una serie de servicios, tales como los de portería, limpieza, luz o, en general, mantenimiento de zonas comunes que, en supuestos como el presente, tan sólo benefician de modo directo y personal a uno de los cotitulares, esto es, a aquel que ostenta, de facto, el uso exclusivo de dicho inmueble". Añade la sentencia, aclarando el primer párrafo citado, "en lógica y justa correspondencia ha de recaer sobre el beneficiario de tales servicios los gastos inherentes a la ocupación del mismo, en cuanto originados por quienes habitan dicho inmueble, redundando en su exclusivo beneficio. Es claro que tales consideraciones son plenamente extensivas a cuanto se deriva de las tasas que ahora se reclaman". Añade finalmente la citada sentencia que "obvio es que si uno solo de los cónyuges está percibiendo en utilidad económica derivada del derecho uso, que le otorga la posesión del inmueble a los fines de cubrir en el mismo sus necesidades cotidianas de alojamiento, ha de entenderse que las cuotas de comunidad y las tasas que de ello se deriven forma parte de los gastos inherentes al mantenimiento y uso del inmueble que dicho consorte, con o sin voluntad del otro, hace de dicho inmueble y de sus instalaciones, por lo que no parece forzado incluir aquellos gastos dentro de las obligaciones que incumben al usurario".
Por mi parte comparto plenamente los razonamientos de la citada sentencia. Con el pago de la tasas de basura se abonan unos servicios que son disfrutados exclusivamente el usuario de la vivienda, corresponde por tanto al usurario, como único beneficiario del servicio, el abono de la tasa.
En el mismo sentido se pronunciaron antes, entre otras, las sentencias de la misma sección de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 25 de septiembre de 2015 (EDJ 2015/184611) o de 22 de septiembre del mismo año (EDJ 2015/184598). Dispone la primera de estas sentencias que "en definitiva no hay razón alguna para no aplicar la regla general antes indicada, de afrontar ambos cónyuges el 50 % de todas las cargas familiares, a excepción de los gastos ordinarios de comunidad, de suministro, tasa de basura, y gastos de uso y mantenimiento del vehículo, que corresponde, sin derecho de reintegro, al esposo, a quien se ha adjudicado el derecho de uso de la vivienda y el uso del vehículo".
Este criterio de abono de la tasa de basuras por el usuario de la vivienda es el que sostiene la autora Cristina Gil Membrado en su publicación sobre la vivienda familiar. Señala esta autora que "otro de los gastos habituales, la tasa prevista para la recogida de basuras, tiene un tratamiento específico. Está contemplada por el artículo 20.4.s del Real Decreto Legislativo 2/2004, y el artículo 23.1 de dicha norma establece que "son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: b) que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades locales que presten o realicen las entidades locales, conforme alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.4 de esta ley". Añade la autora que "parece claro que el que se beneficia de la recogida de basuras es aquel al que se atribuye el uso de la vivienda familiar. Así se determina en parte de las resoluciones, que sostienen que la basura no es más que una tasa y que, por tanto, debe ser abonada por quien sea la ocupante del inmueble".
No obstante, esta autora se hace eco también de las sentencias dispares sobre esta materia, añadiendo finalmente que "existe una línea jurisprudencial que sostiene que corresponde el abono de la tasa de basuras al titular del inmueble, configurando este gravamen como ajeno al uso".
Hemos de partir de la base de que, en lo que se refiere a las tasas por recogidas de basuras, y entrada de vehículos, el RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- (EDL 2004/2992), y al contrario de lo que establece respecto del IBI, previene, en lo que afecta a aquellas tasas, art. 23, que son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, o soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades locales que presten o realicen las entidades locales, conforme a alguno de los supuestos previstos en el art. 20.
Por tanto, conforme al propio tenor literal del texto legal antes aludido, parece claro que quien usa y disfruta con carácter exclusivo y excluyente, y disfruta la vivienda familiar, debe afrontar el abono de la tasa de basuras, de tal modo que el otro cónyuge, o progenitor, que no tiene atribuido tal derecho de uso, si es cotitular de la vivienda, sólo sería, conforme al art. 23.2, sustituto del contribuyente en las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de la vivienda, pudiendo, por ello, repercutir las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
De lo anterior, se colige que se impide al usuario de la vivienda repercutir el pago de dicho arbitrio a la sociedad legal de gananciales, al momento de la liquidación de dicho régimen económico, al contrario de lo que ocurre con otros conceptos o gastos que afectan a la propiedad del inmueble, hipoteca, el IBI, el seguro, etcétera, gastos que afectan conforme al título de propiedad a los cónyuges o progenitores.
Consecuentemente, si el uso es alterno, por semanas, en razón de guarda y custodia compartida, o por cualquier otro motivo, pacto o acuerdo entre cónyuges, progenitores, etc., el abono de la tasa corresponde por mitad a ambos, como usuarios de dicha vivienda.
A la misma solución se llega si se acuerda el uso de la vivienda con carácter alterno, por mensualidades, y por cuanto que dicho arbitrio se exige por anualidades.
Antes bien, si el uso de la vivienda se concede con carácter alterno por años, a cada usuario que tenga el disfrute de la vivienda en el período establecido, por años, corresponderá el abono de la tasa de basura correspondiente a la anualidad en la que haya tenido concedido el derecho de uso y disfrute.
Todo lo anterior se entronca con aquel otro argumento que permite afirmar que las cuotas ordinarias de comunidad tienen por objeto cubrir correctamente una serie de servicios, tales como los de la portería, limpieza, luz o, en general, mantenimiento de zonas comunes que, en supuestos en los que se atribuye el uso de la vivienda familiar, de modo excluyente y exclusivo, a uno de los progenitores, tan sólo benefician de modo directo y personal a aquel que tiene atribuido tal derecho de uso y disfrute. En lógica y justa correspondencia ha de recaer sobre el beneficiario de tales servicios los gastos inherentes a la ocupación del inmueble, en cuanto originados por quienes habiten en el mismo, redundando en su beneficio exclusivo.
Si lo anterior es así al amparo de la correcta interpretación de lo dispuesto en el art. 500, por la remisión genérica efectuada en el art. 528, y bajo la cobertura del art. 504, todos ellos del Código Civil (EDL 1889/1), en materia afectante a la regulación del derecho de usufructo, en cuanto que si uno solo de los cónyuges o progenitores está percibiendo una utilidad económica derivada del derecho de uso, que le otorga la posesión exclusiva del inmueble, a los fines de cubrir en el mismo sus necesidades cotidianas de alojamiento, ha de entenderse que dichas cuotas de comunidad ordinaria forman parte de los gastos que derivan del mantenimiento y uso del inmueble, con exclusión del otro.
Todo lo anterior se dice a mayor abundamiento por cuanto que la cuestión que se plantea en el presente foro tiene similitud con la problemática relativa al gasto de comunidad ordinaria, y a quien corresponde este gasto, y, a mayor abundamiento, porque la normativa legal indicada anteriormente, impone la obligación del pago de tasa de basura a las personas físicas... que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente... o soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades locales que presten o realicen las entidades locales....
En conclusión, el abono de la tasa de basura corresponde al usuario del inmueble, sin posibilidad de repercutir este pago a cargo de quien no disfruta de dicho inmueble al momento de liquidar deudas, formar inventario, liquidar el régimen económico, etc.
Cada vez con mayor frecuencia se viene solicitando en los procesos matrimoniales en que se demanda la medida de atribución del uso exclusivo de la vivienda familiar, común o privativa de uno de los cónyuges, a uno de ellos, un pronunciamiento expreso sobre el pago de los gastos inherentes a la propiedad de dicha vivienda (Impuesto de bienes inmuebles, contribuciones especiales y/o tasas que graven la propiedad, cuotas de amortización de la hipoteca que grava la misma, primas del seguro obligatorio concertado por razón de la hipoteca y derramas extraordinarias de la comunidad de propietarios a que pertenece el inmueble) y también sobre el pago de los gastos de la vivienda correspondientes al usuario (cuotas ordinarias de la comunidad de propietarios a que pertenece el inmueble y pago por servicios de agua, luz, calefacción, teléfono o cualquier otra con que cuente o pudiere contar la vivienda y tasas cuyo pago corresponda al ocupante del inmueble), pidiéndose que los primeros se abonen por los cónyuges en proporción a la titularidad dominical que ostentan sobre el inmueble y que los segundos sean satisfechos por el cónyuge usuario, sin derecho alguno a reembolso en el momento de la liquidación de la sociedad de gananciales, en caso de tener el inmueble destinado a vivienda familiar tal carácter.
La virtualidad de estos pronunciamientos es doble pues, de una parte, permite exigir al cónyuge incumplidor, en trámite de ejecución de sentencia, el cumplimiento de tales obligaciones por la vía de apremio y, de otra parte, deja resuelto, a priori, de cara al futuro proceso de liquidación de la sociedad de gananciales a que pertenezca el inmueble, la cuestión relativa a si cabe o no que el cónyuge usuario pueda hacer valer frente el otro un derecho de reembolso por el abono de gastos correspondientes al inmueble ganancial generados en el periodo en que haya ocupado el inmueble por atribución judicial del uso del mismo.
Por lo que se refiere al pago de los gastos inherentes a la propiedad, no existe discusión en que los mismos han de distribuirse entre los cónyuges litigantes en proporción de su participación en la titularidad dominical del inmueble, existiendo discrepancias en la doctrina y entre las Audiencias sobre el cónyuge obligado al pago de determinados gastos del inmueble, y entre ellos, en lo que aquí interesa, sobre el pago de la comúnmente conocida como tasa de basuras, que es una tasa pública municipal, que usualmente recibe también la denominación de tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, o la de vado de carruajes que grava la salida de vehículos a la vía pública desde los edificios privados, es decir, el establecimiento de una servidumbre de paso de vehículos sobre aceras y viales de dominio público.
Prueba evidente de las divergencias existente en la doctrina de las Audiencias Provinciales sobre la cuestión que se nos formula a través de este foro abierto es, como señala nuestro Director, que en la Jornada de Unificación de Criterios celebrada por las Secciones 22ª y 24ª, de Familia, de la AP Madrid el día 1 de junio de 2015, no se llegó a acordar nada sobre el particular, a pesar de encontrarse el punto referido entre los que se iban a debatir, “por existir discrepancias insalvables”, no sometiéndose a votación y retirándose del orden del día por acuerdo de todos los presentes
Naturalmente, la determinación de a quién corresponde el pago de la referida tasa de basuras y la de vado de carruajes, depende de la naturaleza y contornos jurídicos del derecho de uso judicialmente atribuido a uno de los cónyuges o progenitores al amparo del art. 96 CC (EDL 1889/1).
A falta de un régimen jurídico específico aplicable al derecho de uso de la vivienda familiar judicialmente atribuido a uno de los cónyuges en los procesos matrimoniales, la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria viene entendiendo que nos encontramos ante un derecho sui géneris, de constitución judicial, asimilable a los derechos de uso y habitación regulados en los arts. 523 a 528 CC, de naturaleza real que confiere al titular el derecho al uso exclusivo y excluyente del inmueble sin obligación de pagar renta, merced o contraprestación alguna al cónyuge titular o cotitular dominical de la misma, pero que no permite al titular ceder el uso a terceros a título oneroso o gratuito.
Acudiendo a dicha regulación se vienen solventando las discrepancias que, en el momento de liquidar la sociedad de gananciales a que pertenece la vivienda familiar ganancial cuyo uso está judicialmente atribuido en el proceso matrimonial, se producen entre los cónyuges sobre el pago de los gastos de conservación y mantenimiento, reparaciones ordinarias y extraordinarias realizadas en dicho inmueble, y su posible repercusión en la liquidación de la sociedad de gananciales.
Por lo que se refiere al pago de la tasa de recogida de basuras, la doctrina de las Audiencias no es unánime, siendo posible encontrar sentencias que se pronuncian claramente a favor de que se imponga su pago al usuario en tanto que otras sostienen que el pago corresponde a los propietarios en proporción a su participación en la titularidad dominical.
Entre las primeras cabe citar las Sentencias de AP Madrid, Secc. 22ª, de 9 de marzo de 2012 (EDJ 2012/63256) y de 30 de marzo de 2012 (EDJ 2012/92100), y entre las segundas, las Sentencias de AP Alicante de 9 de noviembre de 2010 (EDJ 2010/326723), de AP Madrid de 13 de septiembre de 2011 (EDJ 2011/227590) y de AP Barcelona de 20 de enero de 2010 (EDJ 2010/22153).
Pues bien, en mi opinión, el pago de la tasa de recogida de basuras debe imponerse judicialmente al cónyuge a quien se atribuye el uso del inmueble que constituya la vivienda familiar por las tres razones siguientes:
1ª. Desde una perspectiva puramente conceptual debe soportar el pago de la tasa el usuario ocupante del inmueble porque el mismo es quién se beneficia directamente del servicio de recogida de basuras que motiva el establecimiento de la tasa, siendo conforme a la equidad sostener que si el ocupante del inmueble es quién se beneficia de modo exclusivo del servicio sea el mismo quien deba asumir su pago.
En este sentido, concurren en el supuesto de pago de la tasa de basuras la misma razón de ser y fundamento que sustentan la imposición al usuario de la obligación de pago de las cuotas ordinarias de la comunidad de propietarios a que pertenece el inmueble, respecto del cual la jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales viene sosteniendo, de manera casi unánime, que, en caso de atribución del uso de la vivienda familiar (a la que se asimilan las plazas de garaje, a estos efectos) el pago de las cuotas ordinarias de la comunidad de propietarios será de cargo del cónyuge que haya disfrutado de la vivienda familiar y no se incluirán en el pasivo de ningún régimen económico matrimonial. Así lo señala el Acuerdo adoptado por las Secciones 22ª y 24ª de AP Madrid en la Junta de Unificación de Criterios celebrada el 1 de junio de 2015 y lo contemplan las resoluciones dictadas por la Sección 22ª de dicha Audiencia (Sentencias de AP Madrid, Secc. 22ª, de 13 de marzo de 2015, EDJ 2015/48172; y de 6 de marzo de 2015, EDJ 2015/40119). La razón de ser última de esta doctrina no es otra que la aplicación del principio “ubi est commodum, ibi est incommodum”: puesto que las cuotas ordinarias de la comunidad de propietarios se establecen para cubrir económicamente el coste de una serie de servicios que la comunidad de propietarios presta a los ocupantes de los pisos que componen la comunidad en régimen de propiedad horizontal, tales como el servicio de portería, la limpieza y conservación de las zonas y elementos comunes edificio, alumbrado de las mismas y otros servicios, como calefacción central, de los que únicamente se benefician de modo directo y personal los ocupantes de los pisos, debe el ocupante asumir de manera exclusiva el importe de tales cuotas ordinarias de comunidad en compensación por el uso del inmueble que, con carácter gratuito, le es atribuido en el proceso matrimonial, sin derecho a repercutir parcialmente el pago de tales cuotas a su cónyuge mediante un derecho de reintegro en el momento de la liquidación.
Ha de tenerse en cuenta al respecto que la Sentencia del TS nº 508/2014, 25 de septiembre (EDJ 2014/175673), mantiene que, si bien en relación con la comunidad de propietarios, los cónyuges copropietarios del inmueble no pueden alterar el contenido de la obligación establecida en el art. 9.1.f) LPH, no hay inconveniente legal alguno para que en las relaciones internas entre los cónyuges o ex cónyuges pueda la sentencia matrimonial alterar el responsable de su pago en las relaciones internas que surgen entre los titulares del uso y de la propiedad. Igualmente, la Sentencia del TS de 28 de marzo de 2011 (EDJ 2011/25755) recuerda la posibilidad de que los gastos ordinarios de conservación y mantenimiento de la vivienda común pueden atribuirse al cónyuge que la use, conforme disponen, para la Comunidad catalana los arts. 231-5 y 233-23 del Código Civil de Cataluña (EDL 2010/149454).
2ª. Por aplicación de lo establecido en los arts. 527, párrafo 1º CC y el 504 del mismo cuerpo legal (este último en virtud de la remisión que realiza el art. 528 a las disposiciones del usufructo) cabe sostener que el usuario, al ocupar toda el inmueble como titular del derecho de habitación, viene obligado, conforme dispone el primero de los preceptos citados, al pago de las contribuciones del mismo modo que el usufructuario, quien, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 504 debe asumir el pago de las cargas y contribuciones anuales durante el tiempo que dure el usufructo.
3ª. Por último, la normativa fiscal reguladora de la tasa de recogida de basuras permite mantener, con sólidos fundamentos legales, que es el usuario de la vivienda el que debe soportar su pago.
En efecto, el art. 23 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el RDLeg 2/2004, de 5 de marzo (EDL 2004/2992), dispone:
“1. Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten o que resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades locales.
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente
c) En las tasas establecidas por la prestación de servicio de extinción de incendios, la Entidad o Sociedad aseguradora del riesgo.”
El precepto distingue, como se advierte de su simple lectura, de una parte entre sujetos pasivos de las tasas o contribuyentes, que son los obligados a soportar definitivamente en su patrimonio el pago del importe del tributo (sea tasa, contribución especial o impuesto), considerando como tales a las personas físicas o jurídicas que soliciten o resulten beneficiadas por los servicios que originan la tasa, y de otra parte, los sustitutos del contribuyente, que son las personas a quienes la ley impone la obligación de abonar el tributo (en este caso la tasa) concediéndoles el derecho a repetir el pago frente al contribuyente, verdadero obligado al pago de la tasa, considerando como tales, entre otros, a los propietarios de inmuebles, en el caso de tasas establecidas “por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales”, en cuyo supuesto “los propietarios de dichos inmuebles (…) podrán repercutir (…) las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.”
Por tanto, en el caso de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, como se la denomina por la mayoría de las entidades locales, cabe deducir que la Ley considera sujeto pasivo o contribuyente al ocupante de la vivienda, aunque, por razones prácticas de facilidad recaudatoria, que no precisan explicación, atribuya la condición de sustituto del contribuyente al propietario del inmueble, pero otorgándole el derecho a repercutir su importe al respectivo beneficiario del servicio, que, en el caso de viviendas atribuidas en uso en los procesos matrimoniales, no es otro que el cónyuge o progenitor usuario del inmueble.
Utiliza esta misma argumentación la Sentencia de AP Madrid, Secc. 22ª, nº 257/2012, de 30 de marzo (EDJ 2012/92100), para mantener que el pago de la tasa de basuras y de vado de vehículos corresponde al usuario del inmueble.
El Código Civil común (EDL 1889/1) no regula específicamente los gastos derivados del uso del domicilio familiar en base a los arts. 90 y ss.
El derecho Catalán, y, en concreto, el Código de Familia de Cataluña de 1998 tampoco disponía nada sobre tal cuestión. Ha sido tras la entrada en vigor del Código Civil de Cataluña (EDL 2010/149454), y en concreto de su libro II, que ha derogado el anterior Código de Familia, cuando se ha legislado sobre las obligaciones por razón de la vivienda familiar.
El art. 233-23 del Código Civil de Cataluña, en su apartado primero dispone, que caso de atribución o distribución del uso de la vivienda, las obligaciones contraídas por razón de su adquisición o mejora, incluidas los seguros vinculados a esta finalidad, deben satisfacerse de acuerdo con lo dispuesto por el título de constitución.
El apartado segundo explicita, que los gastos ordinarios de conservación, mantenimiento y reparación de la vivienda, incluidos los de la comunidad y suministros, y los tributos y las tasas de cargo anual, corren a cargo del cónyuge beneficiario del derecho de uso.
La falta de regulación en el Código Civil común, ha venido siendo subsanada por la doctrina emanada de las Audiencias Provinciales, que de manera mayoritaria considera que los gastos ordinarios de suministros deben de ser atendidos por el cónyuge usuario del domicilio familiar.
La tasa de basura admite dos soluciones. La primera es la de determinar que debe de ser atendida por el cónyuge o cónyuges titulares del dominio. La segunda es la de establecer que la citada tasa corresponde al usuario de la vivienda, sea o no propietaria del inmueble.
El criterio que entiendo de mayor peso jurídico en el segundo, de tal manera que sea el cónyuge usuario de la vivienda quien se haga cargo de la tasa de basura, como debe también hacerlo en cuanto a los suministros del inmueble.
El art. 20.4 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- (EDL 2004/2992), se refiere a las tasas de basuras, estableciendo en su art. 23, como sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyente, las personas físicas que disfruten o utilicen o aprovechen el dominio público local en beneficio particular, y determina en su apartado segundo a), que tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de los inmuebles que podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios que ocupen los inmuebles.
En base a las consideraciones dichas, entiendo que el abono de la tasa de basura del domicilio conyugal corresponde al usuario del inmueble.
En principio, la titularidad de un inmueble comporta el pago de los gastos que de la titularidad se derivan. Ahora bien, formalmente esto es así y es el titular el deudor de pago de gastos de comunidad, y pagos de IBI; tasa de basuras, etc. Otra cosa es que se pueda entender que los gastos derivados del “uso” de la vivienda familiar deban ir siempre a cargo del que se adjudica el uso del inmueble, aunque la titularidad sea compartida, y que ello suele incluirse así en convenio de mutuo acuerdo adoptado a tal efecto. Y ello, porque no pueden mezclarse los conceptos de la titularidad dominical con la relativa al abono de los gastos devengados por el uso de inmueble, y la tasa de basuras se corresponde directamente con el uso del inmueble más que con la titularidad en los casos de ruptura matrimonial y adjudicación del inmueble a una de las partes. Sin embargo, si no se adopta acuerdo alguno en convenio respecto a que pague los gastos el que lo usa resulta evidente que quien sea titular del inmueble debe hacer frente a sus gastos derivados tales como los citados. Nótese que la atribución del pago al usuario del inmueble debe venir más desde el sentido común de la situación real, o de la lógica entre las partes, de tal manera que si ambos son copropietarios debe pagarlo el que se adjudica el uso, pero jurídicamente la obligación al pago va anudada a la titularidad.
Cierto y verdad es que la Sentencia del TS de 25 de septiembre de 2014 Rc. 2417/2012 (EDJ 2014/175673) recuerda cómo el art. 9 de la Ley de Propiedad Horizontal (EDL 1960/55) impone al propietario, de forma clara e inequívoca, el pago de los gastos generales para el buen funcionamiento de los servicios comunes no susceptibles de individualización y atención de su adecuado sostenimiento, que no al usuario (Sentencias de 25 de mayo de 2005, EDJ 2005/76738 y 1 de junio de 2006, EDJ 2006/80800), siendo evidente que en las relaciones entre la Comunidad de Propietarios y el propietario individual los gastos corresponden a éste que será el legitimado pasivamente para soportar las acciones de la Comunidad en reclamación del pago por tales conceptos.
En este caso de gastos comunes, pese a todo el acreedor es la comunidad y en las tasas es municipal. Ahora bien, la respuesta debe ser idéntica y no podrá pasarse el cargo al usuario del inmueble salvo acuerdo en convenio que así habilite esta respuesta.
Tanto el RDLeg 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (EDL 2004/2992), como la mayoría de ordenanzas municipales que contemplan este impuesto, determinan que son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas que resulten beneficiadas de los servicios o actividades que presten o realicen las entidades locales. Igualmente, se regula que serán sustitutos del contribuyente, los propietarios de los inmuebles en el momento del devengo.
Por tanto, legalmente, es el usuario de la vivienda, quién está obligado a pagar la tasa por la recogida de basura, y en caso de no abonarla, será el propietario o propietarios los obligados legalmente al pago, sin perjuicio de repercutir posteriormente el pago al ocupante.
Este es el criterio mayoritario entre la jurisprudencia menor: AP Madrid, Sec. 22ª, Sentencia de 10 de septiembre de 2013 (EDJ 2013/191917); AP Barcelona, Sec. 12ª, Auto de 3 de septiembre de 2009 (EDJ 2009/246082); AP Málaga, Sec. 6ª, Sentencia de 22 de abril de 2009 (EDJ 2009/186150); AP Pontevedra, Sec. 6ª, Sentencia de 12 de enero de 2007 (EDJ 2007/7750); AP A Coruña, Sec. 4ª, Sentencia de 10 de enero de 2007 (EDJ 2007/5628); AP Málaga, Sec. 4ª, Sentencia de 18 de octubre de 2005 (EDJ 2005/301547).
No obstante, también debe reseñarse que un sector minoritario (por ejemplo, AP Girona, Sec. 1ª, Auto de 17 de enero de 2013, EDJ 2013/18379), sostiene que la tasa de recogida de basuras tiene la naturaleza de impuesto sobre bienes inmuebles que deben pagar los propietarios con independencia de quien use el inmueble.
Ahora bien, el problema jurídico que se presenta en los procedimientos de familia, es que para que pueda obligarse a uno de los cónyuges a abonar algo que legalmente le corresponde, primero será necesario que ese pronunciamiento se encuentre incluido en el título, por tanto, si no media petición de parte en la fase declarativa y entendemos que se trata de una cuestión de derecho dispositivo, no podrá utilizarse la vía de ejecución de sentencia para exigir al cónyuge que utiliza la vivienda el pago de esta tasa.
¿Qué puede hacer entonces el cónyuge no usuario de la vivienda que ha pagado la tasa y quiere exigírsela al cónyuge que ocupa el inmueble? Tendrá que acudir bien al procedimiento monitorio o al declarativo que corresponda por la cuantía, para reclamarse su importe, o bien reclamar el pago con ocasión de la liquidación de la sociedad conyugal.
También hemos observado con frecuencia que la tasa de basura constituye un motivo de discrepancia en el momento de la liquidación de la sociedad de gananciales, pues el cónyuge que ha abonado anualmente estas tasas y que venía ocupando el inmueble pretende su inclusión en el pasivo como un derecho de reintegro. La jurisprudencia es casi unánime en la improcedencia de su inclusión en el pasivo dado que se trata de una tasa a cargo del cónyuge usuario del inmueble. Así por ejemplo, podemos citar la AP Álava, Sec. 1ª, Sentencia de 20 de junio de 2013 (EDJ 2013/153437); AP Burgos, Sec. 2ª, Sentencia de 28 de septiembre de 2012 (EDJ 2012/269650); AP Pontevedra, Sec. 3ª, Sentencia de 17 de julio de 2012 (EDJ 2012/182298).
Otra cuestión distinta es que la vivienda no esté ocupada por ninguno de los cónyuges, en cuyo caso, la tasa de basura que se devengará, en todo caso, sí deberá de ser abonada por ambos cónyuges si los dos son copropietarios del inmueble.
Una lógica que puede vincularse con los contratos de arrendamiento permitiría una solución que así podría calificarse y que supondría esta respuesta: la tasa de basura sería cubierta por quien tenga concedido el uso del domicilio familiar que será quien se beneficie del servicio cubierto, el de basuras de la vivienda. Es semejante a la obligación de cubrir los consumos de luz, gas y agua, aunque en estos gastos existen distintas cuantías, precisamente en función del volumen del consumo. Esta idea aparecía en Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 22 de los de Madrid de 23 de enero de 2013, que acordaba que la persona a quien se concedía el uso de la vivienda familiar, en virtud de seguir con la guarda y custodia de los hijos menores, debería cubrir “los gastos de suministro, tasa de basuras y recibos ordinarios de la comunidad de propietarios de dicho inmueble”, separando las “derramas extraordinarias” que serían abonadas por mitad. Puesto que el recurso interpuesto por ambas partes no afectaba a la tasa de basuras ni a estos gastos, nada pudo decir la Sección nº 22 de AP Madrid en su Sentencia de 12 de marzo de 2015 (EDJ 2015/101780) que resolvió ambas impugnaciones.
Tampoco se discutió por la Sección 18ª de AP Barcelona en su Sentencia de 15 de mayo de 2012 (EDJ 2012/138267) por no ser tampoco objeto del recurso que se resolvía. Y lo mismo sucedía en la Sentencia de la Sección 4ª de AP Alicante de 4 de abril de 2014 (EDJ 2014/172783), en la que, sin embargo, se añadía entre los pagos por mitad el préstamo hipotecario, el IBI y el seguro del hogar.
Ahora bien, la misma Sección nº 22ª de AP Madrid en Sentencia de 14 de julio de 2015 (EDJ 2015/142971) recordaba que era una cuestión ya decidida en varias ocasiones, y decía lo siguiente: “Por lo que respecta a la tasa de basuras, el pago de este impuesto municipal sin duda corresponde al usuario del inmueble. Tal y como viene estableciendo este Tribunal, entre otras en resolución de 27 de octubre de 2.006, respecto de las cuotas de la comunidad de propietarios, y allí se decía en orden a aquellas obligaciones comunitarias: ´No podemos, sin embargo, olvidar que las cuotas ordinarias de comunidad tienen por objeto cubrir económicamente una serie de servicios, tales como los de portería, limpieza, luz o en general mantenimiento de zonas comunes que, en supuestos como el presente, tan solo benefician de modo directo y personal a uno de los co-titulares, esto es a aquel que ostenta el derecho exclusivo y excluyente, de uso. En lógica y justa correspondencia, según viene manteniendo de modo reiterado esta Sala, ha de recaer sobre el beneficiario de tales servicios los gastos inherentes a la ocupación del inmueble, en cuanto originados por quienes moren en el mismo, redundando en su exclusivo beneficio”, y citaba en apoyo de dicha decisión los arts. 20.4 y 23 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo (EDL 2004/2992) “en cuanto a la regulación del sujeto pasivo de dicho tributo, determinando al efecto al usuario del inmueble”, entendiendo, por último, que tampoco se perjudicaba a quien estaba obligado a pagarlo porque serían compensadas todas las aportaciones hechas en concepto de cargas, siendo computadas en el momento de la venta o de la división de la cosa común (lo que se repetía en Sentencia de 14 de marzo de 2014, EDJ 2014/45461).
Es la postura que me parece más adecuada, pero no sólo para el momento de la ocupación de la vivienda, sino también en el de su venta, puesto que serían computadas todas las cantidades que se hubieran podido abonar por cada uno de los interesados, tanto por esa tasa como por las restantes que se hubieran podido satisfacer.
El Código Civil (EDL 1889/1), aun después de las múltiples modificaciones establecidas por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, y las operadas por la Ley 13/2005, de 1 de julio, no ha obtenido una traducción de la preocupación del legislador por adentrarse a resolver los problemas que surgen de la aplicación práctica de la normativa sobre los efectos de las rupturas matrimoniales. Así ocurre con los gastos extraordinarios de los hijos o con los muchos derivados del uso de la vivienda familiar. Ello es prueba de la exclusividad de la motivación del legislador en la popularidad de las normas y no en su eficacia y del divorcio muy vincular entre ellos y los operadores jurídicos.
La figura de la atribución del uso del domicilio familiar cuando se escinde la titularidad como tal vivienda del matrimonio y no como inmueble en sí, es una creación de la Ley de 7 de julio de 1981, que por de pronto en su falta de creatividad e imaginación, ni siquiera estableció una denominación singular y original, sino que haciendo gala de su roma imaginación y denominó a esta figura “uso” duplicando, en contra de todos las reglas tendentes a la claridad del lenguaje jurídico, el uso que como derecho real figura en nuestra legislación positiva, fomentando la confusión.
Pero el legislador agotó con la creación de esta figura su imaginación innovadora, renunciando a la regulación de los detalles, consecuencias, formas, etc., que poco a poco va supliendo la Jurisprudencia mayor y menor, que con evidente riesgo de inseguridad jurídica y confusión, va supliendo los huecos.
Entre ellos hay que hacer mención de la obligación de atender a los impuestos, gastos y cargas que el domicilio familiar lleva consigo. A este respecto, hay que tener en cuenta que como uno de los principios básicos de este derecho de uso -de disfrute- del domicilio familiar reside en que permanece inalterable el derecho a la ocupación del espacio que forma el centro de la vida y convivencia de la unidad familiar, la multiplicidad de situaciones jurídicas es grande y la diversidad de cargas también variopinto.
La vivienda familiar puede estar constituida en un inmueble -lo más frecuente-, pero también puede estar en una caravana, un barco atracado en un río, una nave de altura, una cueva o una tienda de campaña en un camping. El título que autoriza el disfrute puede ser el dominio, el arrendamiento o subarriendo, urbano o rústico, ligado o no a una relación laboral o profesional, pero también un derecho real de usufructo o habitación, un comodato, un precario o una mera posesión de hecho. Sobre la vivienda pueden pesar un gravamen hipotecario o de prenda, así como obligaciones de pago del precio de adquisición con cláusulas resolutorias e indemnizatorias. El domicilio puede soportar obligaciones por razón de servidumbres o de pertenencia a comunidades de toda clase. En el orden fiscal, la vivienda puede ser el objeto determinante de impuestos, arbitrios o tasas, como consecuencia de su ocupación territorial o de los servicios de que disfruta. Además, su disfrute puede llevar consigo la de determinados suministros -electricidad, gas, agua, wifi, televisión, mantenimiento- con importante alternativas de contratación, en cuanto a precio y condiciones. También puede dar lugar a determinación de multas o sanciones provocadas por acciones u omisiones del o de los ocupantes de la vivienda o por la propia estructura, mantenimiento o conservación de la misma.
Por otra parte, hay una multiplicidad de posibles obligados y beneficiarios del domicilio o de los servicios o beneficios: los ocupantes o el cabeza de ellos, el o los titulares dominicales o del derecho real o personal de disfrute, los contratantes o sus sustitutos o subrogados, etc.
¿Y quién es el responsable del pago de cada uno de las cargas, gastos, impuestos, arbitrios, tasas, obligaciones reales o personales, que se relacionan con la vivienda familiar atribuida en uso a uno de los cónyuges, en la ruptura de la pareja matrimonial?
El director de este Foro nos plantea hoy una pregunta concreta referida a la obligación de pago de la Tasa de Basuras ¿corresponde al propietario del inmueble o al usuario?
Al no estar regulada esta cuestión, como otras muchas, viene resolviéndose aplicando un cierto sentido común, atendiendo a la identidad del beneficiario del servicio o prestación a que corresponde. Ello nos llevaría a preguntarnos ¿a quién beneficia la recogida de basuras? Puestas las cosas así, parecería que la respuesta es simple porque el único que produce basuras que recoger es el usuario de la vivienda.
No obstante, el acuerdo imposible que recoge la pregunta se debe fundamentalmente al objeto del gravamen porque la tasa no grava la recogida de la basura, sino la propiedad del inmueble, pese a su denominación.
Hemos examinado la regulación de distintas Tasas municipales y, aunque nuestro examen no sea completo, puede ser un ejemplo a seguir.
En Madrid la Tasa de Servicio de Gestión de Residuos Urbanos es lo que comúnmente se denomina “Tasa de Basuras”. La naturaleza de este impuesto graba la gestión y servicio obligatorio de residuos urbanos generados en viviendas con uso catastral mayoritariamente residencial. También está dirigida a locales y establecimientos de diversa índole con uso catastral no residencial, donde se realicen actividades profesionales, comerciales, industriales y de servicios, ya sean de carácter público o privado. Pues bien, los vecinos de la ciudad de Madrid abonarán esta tasa en relación al valor catastral de su vivienda, sin tener en cuenta si viven o no en tal vivienda.
En Barcelona, para recibir el servicio de recogida de residuos, todas las personas físicas y jurídicas que desarrollan una actividad económica se tienen que dar de alta en el padrón de este precio público y hacer efectiva la autoliquidación del año de inicio. Este precio público lo tiene que pagar todo titular de una actividad económica en el municipio de Barcelona, sea empresarial o profesional, que no tenga contratado un servicio de recogida propia hecho por un transportista inscrito en el registro de transportistas de residuos de Cataluña que entregue las diferentes fracciones a gestores autorizados por la Agencia de Residuos de Cataluña (ARCO).
En Valencia la tasa por recogida de basuras en general, porque ésta se destina al tratamiento y valorización de residuos urbanos así como a la eliminación de su rechazo a través de plantas de compostaje, ecoparques y plantas de eliminación. Esta tasa es de recepción obligatoria tanto en los domicilios particulares como en las actividades económicas.
En Toledo los toledanos que ya tengan domiciliado el recibo del IBI el cargo se les realizará de forma automática en su cuenta el 14 de diciembre. Están obligados a pagar la tasa de prestación de servicios de gestión de residuos sólidos urbanos los propietarios de aquellas viviendas o edificios de uso residencial por sus actividades domésticas y los propietarios de solares sin edificar, debido a los restos vegetales generados. También deberán pagar esta nueva tasa de basura los propietarios de locales y establecimientos sin actividad comercial destinados a usos privados, tales como trasteros, almacenes o estacionamientos; así como por aquellos alojamientos, edificios, locales, establecimientos o instalaciones de uso residencial en los que se ejerzan actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas, administrativas, de servicios y sanitarias públicas o privadas, salvo que tengan contratado el tratamiento integral de residuos a un gestor autorizado, según recoge la ordenanza municipal.
En Sevilla constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación de los servicios o la actividad municipal desarrollada con motivo de la recogida y eliminación de basuras y residuos sólidos urbanos procedentes de viviendas y de alojamientos y locales o establecimientos en donde se ejerzan o puedan llegar a ejercerse actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas, administrativas, de servicios y sanitarias públicas o privadas, ya se trate de locales ocupados o desocupados, salvo aquellos que no se encuentren adecuados para su utilización. No tributarán en la presente tasa los locales de superficie construida inferior a 20 metros cuadrados.
Tras este examen limitado, pero ejemplarizador, concluimos que la tasa no guarda relación ni proporción con el servicio en sí, ni se cuantifica por la magnitud del servicio, sino por la naturaleza y superficie del local y su valor catastral, por lo que nos inclinamos por considerar que debe ser abonada la tasa por el propietario o propietarios del inmueble.
No podemos terminar sin hacer mención de que estas materias en que es absolutamente opinable el sentido de la alternativa, se soluciona por la determinación legislativa, como ocurre en el Código Civil de Cataluña, en el cual se incluye el art. 233-23 (EDL 2010/149454), referido a las Obligaciones por razón de la vivienda, que previene lo siguiente:
“1. En caso de atribución o distribución del uso de la vivienda, las obligaciones contraídas por razón de su adquisición o mejora, incluidos los seguros vinculados a esta finalidad, deben satisfacerse de acuerdo con lo dispuesto por el título de constitución.
2. Los gastos ordinarios de conservación, mantenimiento y reparación de la vivienda, incluidos los de comunidad y suministros, y los tributos y las tasas de devengo anual corren a cargo del cónyuge beneficiario del derecho de uso”.
A la cuestión planteada sobre quién debe hacer frente al pago de la tasa de basura en la disyuntiva entre el cónyuge o cónyuges titulares del dominio sobre la vivienda que constituya la vivienda familiar o al usuario de la misma, sea o no propietaria del inmueble, la mayoría de nuestros colaboradores considera que estará obligado el usuario del domicilio por ser quien ostenta el uso y disfrute de dicho inmueble, y ello en atención diversas consideraciones.
Entre otros muchos argumentos, se apunta por esta posición mayoritaria, con apoyo en una serie de resoluciones de distintas Audiencias, que con el pago de la tasas de basura se están abonando unos servicios que son disfrutados exclusivamente por el usuario de la vivienda, correspondiendo por tanto a este usuario, como único beneficiario del servicio, el abono de la tasa.
Por otro lado, también se estima que, tanto el RDLeg 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- (EDL 2004/2992) como la mayoría de ordenanzas municipales que contemplan este impuesto, determinan que son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas que resulten beneficiadas de los servicios o actividades que presten o realicen las entidades locales. Por tal motivo, legalmente, es el usuario de la vivienda, quién está obligado a pagar la tasa por la recogida de basura, y en caso de no abonarla, será el propietario o propietarios los obligados legalmente al pago, sin perjuicio de repercutir posteriormente el pago al ocupante.
Atendiendo también a la naturaleza de tasa del servicio en cuestión, y en base al art. 23 del referido TRLRHL, se añade que, sentado que quien usa y disfruta con carácter exclusivo y excluyente de la vivienda familiar debe afrontar el abono de la tasa de basuras, el otro cónyuge o progenitor, que no tenga atribuido tal derecho de uso, si es cotitular de la vivienda, sólo será, conforme al art. 23.2 de dicha norma, sustituto del contribuyente en las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de la vivienda, pudiendo, por ello, repercutir las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
En cualquier caso, la mayoría de nuestros colaboradores pone de relieve la controversia existente en este asunto, siendo posible encontrar sentencias que se pronuncian claramente a favor de que se imponga su pago al usuario en tanto que otras sostienen que el pago corresponde a los propietarios en proporción a su participación en la titularidad dominical. Pese a ello, como decimos, la posición mayoritaria se decanta por que el pago de la tasa de recogida de basuras debe imponerse al cónyuge a quien se atribuya el uso de la vivienda familiar y ello por distintas razones que por Don Juan Pablo González del Pozo se sintetizan en las siguientes ideas que luego desarrolla:
Debe soportar el pago de la tasa el usuario ocupante del inmueble porque el mismo es quien se beneficia directamente del servicio.
El usuario, al ocupar el inmueble como titular del derecho de habitación, viene obligado, al pago de las contribuciones del mismo modo que el usufructuario.
La normativa fiscal reguladora de la tasa de recogida de basuras permite mantener, con sólidos fundamentos legales, que es el usuario de la vivienda el que debe soportar su pago.
Se debe reseñar que son varios los colaboradores que, en apoyo de esta opinión mayoritaria, ponen como ejemplo el régimen seguido por el C. Civil catalán en su Libro II, aprobado por Ley 25/2010, de 29 de julio (EDL 2010/149454), en cuyo art. 233-23 se establece que "los gastos ordinarios de conservación, mantenimiento y reparación de la vivienda, incluidos los de comunidad y suministros, y los tributos y las tasas de devengo anual corren a cargo del cónyuge beneficiario del derecho de uso”.
En cuanto a las opiniones discrepantes, Don Jose Javier Díez Núñez relaciona también la cuestión debatida con el hecho de que el gasto por dicho concepto tiene la consideración de tasa, al igual que lo hacía Don Eladio Galán, pero llegando a una conclusión opuesta, y, conforme a dicha naturaleza, la respuesta no puede ser otra a su juicio que la de que el obligado a su pago es quien ostente la titularidad dominical del inmueble.
Don Vicente Magro, por su parte, también disiente de la mayoría y, tras apuntar que, por un lado, la titularidad de un inmueble comporta el pago de los gastos que de dicha titularidad se derivan, también señala sin embargo que es cierto que en rigor los gastos derivados del “uso” de la vivienda familiar deberían ir a cargo del que se adjudica el uso del inmueble. No obstante, considera que si no se adopta acuerdo alguno en convenio respecto a que pague los gastos el que lo usa, resulta evidente que quien sea titular del inmueble debe hacer frente a sus gastos derivados tales como los citados.
Por último, Don Luis Zarraluqui también participa de esta corrientes de opinión y, tras efectuar un somero repaso de la tasa debatida en cinco municipios, concluye, entre otras argumentaciones, que, en general, dicha tasa no guarda relación ni proporción con el servicio en sí, ni se cuantifica por la magnitud del servicio, sino por la naturaleza y superficie del local y su valor catastral, por lo que considera que debe ser abonada la tasa por el propietario o propietarios del inmueble.

References: artículo 9
 artículo 9
 artículo 20
 Real Decreto 
 artículo 23
 artículo 35
 artículo 20
 artículo 33
 resolución