Source: http://estado-ley-democracia.blogspot.com/2011/04/
Timestamp: 2017-12-16 12:54:45+00:00

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Estado-Ley-Democracia: abril 2011
La descentralización y sus recursos quedan comprometidas con decisión del Presidente dicen Gobernadores de Carabobo y Táchira.
El Universal en su portal web, informa con fecha 30 de abril de 2011 sobre una reunión entre los gobernadores de Carabobo y Táchiar en la que analizaron los impactos financieros para cada región de las decisiones del poder nacional. La nota dice:
"El gobernador del estado Carabobo, Henrique Salas Feo, denunció que "en Miraflores se está montando una caja negra para asfixiar a todas las gobernaciones y alcaldías del país", poniendo en peligro a 3 millones de trabajadores y los programas sociales regionales.
"Ese dinero es depositado en un Fondo de Desarrollo Nacional, que por cierto es inconstitucional, evade todos los controles fiscales y no entra a las arcas del país (...) Esos recursos se desviarán para otras cosas como regalar dinero al exterior, donde se utilizarán en hospitales y energía eléctrica, o en campañas electorales", denunció Salas Feo
"En enero declaré que la Ley Habilitante era una espada de Damocles que iba a sentenciar el futuro de gobernaciones y alcaldías. Ahora se está dando paulatinamente y es el momento de reaccionar", explicó el Gobernador en un comunicado de su despacho.
Salas Feo y Pérez Vivas se comprometieron a trabajar juntos en defensa de la descentralización, y establecer contactos con gobernadores y alcaldes para unificar acciones que permitan conseguir un presupuesto justo para las regiones del país. "
http://www.eluniversal.com/2011/04/30/reclaman-que-el-presidente-disminuyo-20-el-presupuesto-de-los-estados.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsEUpol
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El día Domingo 27 de Marzo se publica en el blog de Amado Rivero y las Comunas, que se inició la discusión del ante proyecto de Carta fundacional de la Comuna en construcción KABUDARI, Un ante proyecto compuesto de diez (10) Títulos y sesenta y dos (62) artículos, y un preámbulo.
En cada Consejo Comunal se discutirá el ante proyecto en reuniones del Colectivo de Coordinación Comunitaria se aspira que en un máximo de tres reuniones se discuta, para luego ir a unas reuniones de Promotores, donde se harán los cuadros comparativos sobre los aportes e ideas que saldrán como fruto de las discusiones en cada consejo comunal, Una vez realizados los cuadros comparativos se elabora el proyecto de Carta fundacional definitivo que ira a la consulta publica ( REFERENDO APROBATORIO)
Los Promotores de la Comuna en construcción KABUDARI, Estamos conciente que la Carta Fundacional no es un simple papel, para nosotros es una pequeña “Constitución “Como lo digo nuestro Presidente y líder de esta revolución, en este sentido nuestro texto Constitutivo debe desarrollar los parámetros en lo Económico, Social y Político, dado a que la Comuna si es un gobierno y como gobierno puede realizar acuerdos con otras comunas que hagan vida en el mismo Municipio o en otro Estado y estos acuerdo deben salir publicados en la Gaceta Comunal; Como verán muchas personas están equivocadas o quieren confundir al pueblo, cuando tratan de poner el ejemplo de la Comuna de Paris o la Comuna de China,
Las Comunas Bolivarianas no se parecen a ninguna excepto al sistema de vida de nuestros aborígenes, porque lo que vamos a crear es un nuevo sistema de vida en lo social lo económico y lo político, un sistema verdaderamente de participación dedocrática con verdadero protagonismo, Un sistema que nos conduzca a que el pueblo logre tener la máxima suma de felicidad posible,
Felicidad que hoy en día no la tenemos, no porque no generemos los recursos económicos, si no porque el sistema actual de gobierno es representativo, una estructura administrativa de nuestros recursos y los mal gasta en la asignación o creación de una cantidad de puesto burocráticos, dando como resultado la transformación del Estado Venezolano en un estado empleador, en el sentido de que a pesar de ser un país con menos habitantes, que otros países duplican o triplican a estos, en la cantidad de empleados países que tienen el triple de habitantes mas que Venezuela.
Que otro mundo es posible y es ese el que buscamos con el socialismo y lo que estamos convencidos estamos luchando y seguiremos luchando,
Compartiendo y haciendo públicas todas las ideas, el ante proyecto, utilizando los medios como los blog por Internet, las páginas revolucionarias como www.aporrea.org. Para que nuestras ideas de cómo construir ese nuevo estado comunal lleguen a su fin.
http://lapaginadelascomunas.blogspot.com/2011/03/la-comuna-en-construccion-kabudari-dio.html
Redactor de esta información Amado Rivero promotor de la Comuna en construcción KABUDARI
http://comunidadesvirtuales.net/espadabolivar/?p=492
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Ley del Régimen Prestacional de Empleo y los jovenes.
Caracas, 28 Abr. AVN.- El presidente de la comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional (AN), Oswaldo Vera, manifestó que la reforma a la Ley del Régimen Prestacional de Empleo, que será sometida este jueves a primera discusión en la sede del Parlamento Venezolano, tiene como objetivo mejorar la situación laboral de los jóvenes.
“Con esta Ley queremos lograr que los jóvenes sean contratados con los mismos beneficios laborales que exige la ley para cualquier trabajador, para que ellos puedan continuar con sus estudios universitarios”, explicó este jueves en el programa Pueblo Legislador, transmitido por Vive.
Indicó que la normativa también busca exigir a los empresarios un porcentaje de contratación de jóvenes que apenas ingresan al mercado de trabajo.
El diputado informó que esta ley es diferente a la propuesta de Ley del Primer Empleo presentada el pasado mes de marzo por el partido Primero Justicia (PJ).
“El proyecto de ellos no es más que una oferta demagógica cuyo verdadero objetivo es beneficiar a los sectores empresariales con rebajas en el pago de impuestos”, señaló.
Explicó que la idea que ellos proponen es contratar más personas a quienes se les pagará salario mínimo con el propósito de obtener una máxima ganancia a largo plazo.
"Su propuesta consiste en que aquellos empresarios que aumenten su nómina de empleados a partir de un 10%, contratando personas entre 18 y 30 años, deberían obtener a cambio rebajas en el pago de sus impuestos”.
El pasado tres de marzo el diputado de PJ, Juan Carlos Caldera, manifestó que de concretarse la propuesta de Ley del Primer Empleo, presentada por la tolda aurinegra sería un "ganar-ganar entre tres factores: el Estado venezolano, el sector privado y los jóvenes".
"El aporte que le corresponde a la empresa es abrir nuevos puestos de trabajo, de acuerdo a su capacidad productiva. El aporte del Estado sería el incentivo de la rebaja fiscal para las empresas que están tomando esa iniciativa", señaló en esa oportunidad el sitio web Noticias24.
En ese sentido, Vera manifestó este jueves, que en el proyecto de Ley que presentó la oposición “no se habla de contratar jóvenes con igualdad de condiciones en cuanto a los beneficios laborales que gozan los trabajadores con más experiencia, sino que quieren favorecer la mano de obra barata para los empresarios", expresó.
Por su parte, Aristóbulo Istúriz moderador del programa y primer Vicepresidente de la AN, informó que para la sesión de este jueves, prevista, para las 2:00 de la tarde, se efectuará la segunda discusión del proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Servicio Exterior.
Indicó que también esta previsto que la mayoría parlamentaria autorice al Ejecutivo Nacional para celebrar el contrato entre la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias y la empresa China Great Wall Industry Corporation.
La segunda vicepresidenta de la AN, Blanca Eekout, quien también es moderadora del programa Pueblo Legislador, señaló que en la sesión se someterá a votación la aprobación de dos créditos adicionales. Uno para el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, por 161 millones 700 mil bolívares, y otro para el Despacho de Cultura, por 300 millones de bolívares.
Informó que se espera ratificar el nombramiento Rodolfo Eduardo Sanz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Venezuela ante el Gobierno de la República del Ecuador y Carlos Eduardo Martínez Mendoza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Venezuela ante el Gobierno de la República Argentina.
http://www.abn.info.ve/node/55130
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En Yucatán México también multan municipios si no dan información pública.
Con fecha 27 de abril de 2011, en el Diario de Yucatan, bajo la firma de David Dominguez Massa, se informa que todo parece indicar que irremediablemente la autoridad municipal de Maxcanú, terminará en unos meses con multas y suspensión de funcionarios, por negarse a cumplir la ley de transparencia advirtió ayer la consejera del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado, Ana Rosa Payán Cervera.
En la sesión de ayer el Consejo se aprobó por unanimidad seis medidas, entre apremios, y amonestaciones públicas para la unidad de acceso a la información de Maxcanú, su secretario y tesorero municipal.
En la sesión también se informó que de los 106 municipios del Estado, solo 36 cumplen al 100% con la ley de acceso a la información, 37 lo hacen con más del 50% de lo que deben cumplir, 18 con menos del 50% y 15 están cerradas.
De estas últimas 15, las de Cacalchén, Chemax, Maní y Sotuta se han encontrado cerradas las dos veces que se le visitó en esta administración municipal.
http://www.yucatan.com.mx/20110427/nota-10/112024-multaran-al-ayuntamiento-de-maxcanu-por-negarse-a-dar-informacion.htm
Etiquetas: Carta Iberoamericana de participación
El Consejo Federal de Gobierno, las Leyes del Poder Popular y el estado comunal. Ulises Daal.
Con fecha 25 de abril 2011, El Mundo en su versión digital informa que el bloque de leyes del Poder Popular que diseño la estructura del "estado comunal", y que según los voceros del Gobierno, busca "empoderar al pueblo", se quedó en el papel.
Las cinco leyes que desarrollaron la base legal de esta instancia de participación ciudadana -Poder Popular, Planificación, Contraloría Social, Comunas y Economía Comunal- aún esperan por el reglamento que el Ejecutivo debe elaborar para su aplicación.
Además, está pendiente la Ley del Proceso de Transferencia de Competencias y Servicios de los Estados y Municipios al Poder Popular, la cual fue aprobada en primera discusión el 21 de diciembre de 2010. Pero al final fue retenida por la Habilitante.
Con esta sexta ley se cerraría el bloque de normas del Poder Popular, y se cumpliría lo establecido en el artículo 184 de la Constitución, el cual habla de crear mecanismos "abiertos y flexibles" para que los estados y municipios "descentralicen y transfieran" a las comunidades organizadas los servicios que gestionan previa demostración de su capacidad para prestarlos.
Este proyecto aprobado en primera discusión está en consideración de la Habilitante. "No se terminó de aprobar porque el Ejecutivo de manera responsable planteó estudiarla con más detenimiento", dijo el ex diputado Ulises Daal, quien fue el responsable de este bloque de leyes en el Parlamento anterior.
A título personal, Daal considera que el paso de esta norma a la Habilitante abre la posibilidad de que sea consultada con el Consejo Federal de Gobierno. "Esta ley desarrolla el artículo 184 de la Constitución, pero además está establecido que es el Consejo Federal de Gobierno el órgano encargado de la planificación y coordinación de las políticas y acciones para la descentralización".
Daal considera que en esta instancia se puede evaluar el nivel de evolución que tienen las comunidades para hacerse responsables de las transferencias que les haga el poder estadal o municipal.
"La instancia para ese proceso de transferencia es el Consejo Federal de Gobierno por ser el organismo central, ahí se aprueban las transferencias".
Esta norma es una parte importante del autogobierno. El asambleísta no duda que pronto el Ejecutivo la promulgará.
AN brinda formación
El Parlamento está brindando instrucción sobre el contenido y alcance de las leyes del Poder Popular. El taller de formación "Alcance de los conocimientos del bloque de leyes del Poder Popular" inició en abril y será dictado hasta el 28 de junio.
La intención, según han expresado, es que la gente pueda entender cuál es el alcance de las cinco leyes. "El Poder Popular debe formar parte de la conciencia colectiva y social, porque se trata de la nueva institucionalidad", dijo en un acto el vicepresidente de la AN, Aristóbulo Istúriz.
El programa incluye sesiones de trabajo sobre los cinco textos legales, y cerrará la explicación del Sistema Económico Comunal. MMR
http://www.elmundo.com.ve/Default.aspx?id_portal=1&id_page=19&Id_Noticia=53775
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Etiquetas: Comunas, Consejo Federal de Gobierno
¿Cuántos consejos comunales hay en Venezuela a 5 años de la ley?
Con fecha 18 de abril de 2011, el portal web del Ministerio para las Comunas, en nota de prensa de ese Ministerio informa que más de 13 mil 800 proyectos en diversas áreas ejecutan las comunidades organizadas en consejos comunales en todo el país, destacó este domingo la ministra para las Comunas, Isis Ochoa, durante el acto de celebración de los 5 años de la Ley Orgánica de Consejos Comunales, que se realizó en la plaza Bolívar de Caracas, y en todo el país.
Ochoa destacó que han conformado 41 mil 600 consejos comunales en Venezuela, de los cuales 9 mil han alcanzado niveles de organización más avanzados en la conformación de las comunas socialistas.
"Hoy el Poder Popular está celebrando una de las más grandes conquistas: la nueva arquitectura jurídica para construir el Estado comunal", resaltó Ochoa.
En la actividad, 36 consejos comunales expusieron sus logros a través de fotos destacando todos sus avances después de su organización.
La ministra también destacó que el Ejecutivo ha implementado 52 Bancos Comunales para la transferencia directa de los recursos al pueblo organizado, lo que ha permitido que los venezolanos planifiquen y ejecuten sus propios proyectos sociales.
"La convocatoria es a que todo el pueblo se organice, la organización y la conciencia son los pilares fundamentales para poder avanzar en la construcción del Estado social de derecho y justicia", resaltó la ministra.
Indicó asimismo que en las actividades que se llevaron a cabo en todas las plazas Bolívar del país, se ofrecieron conferencias sobre los estatutos de la Ley, se presentaron muestras de los avances alcanzados por el Poder Popular, compartieron experiencias y logros obtenidos en las comunidades, y efectuaron demostraciones culturales y musicales.
Instó a las comunidades a continuar haciendo contraloría social, y a seguir conformando las salas de batalla social.
Maria Victoria Rojas-Prensa MPCyPS
http://www.mpcomunas.gob.ve/noticias_detalle.php?id=6247
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El Consejo Federal pone los recursos, la gente su proyecto y trabajo y se tienen viviendas.
Con fecha 23 de abril de 2011, AVN en su portal web informa que unas 223 viviendas aportará el Consejo Federal de Gobierno a familias del estado Cojedes, con recursos aprobados a través del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) por un monto de 15 millones 500 mil bolívares, como parte del Proyecto de Transformación Integral del Hábitat.
Así lo informó la presidenta del Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural (Indhur), María Elena Villaquiran, a través de un comunicado de prensa del organismo.
Precisó que adicionalmente a estas 223 casas, el Ejecutivo estadal ejecutará otras 56 casas con recursos transferidos a los consejos comunales por el Gobierno Bolivariano, por un monto de 8 millones 200 mil bolivares.
Dijo que el Indhur en conjunto con los consejos comunales del estado se encargarán del diseño de los proyectos, mientras que las comunidades organizadas, a través de las brigadas de autoconstrucción, conformadas por habitantes de las comunidades favorecidas, se encargarán de la edificación de las casas.
Los integrantes de las brigadas de autoconstrucción son participantes del programa de certificación de saberes que lleva a cabo el Gobierno revolucionario de la mano con el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialistas (Inces).
Asimismo, Villaquiran explicó que los voceros de los comités de viviendas de las comunidades organizadas se encargarán de seleccionar las familias con mayor necesidad de viviendas, de forma posterior a la realización de un censo en los sectores beneficiados.
Comentó que con recursos del CFG construirán 95 casas en el municipio Ezequiel Zamora, 48 en Falcón, 35 en Tinaco 35 y 20 en las localidades de Anzoátegui, El Pao, Girardot y Lima Blanco.
Mientras que con los aportes transferidos a los consejos comunales edificarán 22 soluciones habitacionales en Ezequiel Zamora, 20 en Falcón, 9 en Tinaco 9, 4 en Anzoátegui y 1 en Lima Blanco.
http://www.avn.info.ve/node/54370
Chile y Honduras sancionan por no garantizar acceso a la información.
Mientras escribía el artículo sobre el acceso a la información, me encontraba con una noticia fechada el 18 de abril de 2011, en el cual se informaba desde el portal web del Diario La Discusión de Chile[1], que los Alcaldes de las Comunas de Ovalle, Pencahue y El Carmen, en Chile, fueron multados la semana pasada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, el cual realizó diversos sumarios administrativos sobre la base de denuncias ciudadanas al sitio web de la institución.
La nota de prensa dice que las consecuencias de esas denuncias es una sanción entre un 20% y un 25% menos en sus remuneraciones, debido a que “el acceso a la información no es expedito, particularmente respecto de actos y resoluciones con efectos sobre terceros y contrataciones”.
Esta nota de prensa nos habla de la existencia en Chile de un Consejo para la Transparencia y de una Ley de Transparencia Activa que data del año 2009. Ese Consejo persigue los siguientes objetivos[2]:
-Promover el principio de transparencia y difundir el derecho de acceso a la información pública, generando información relevante sobre los niveles de implementación en el sector público y buenas prácticas instaladas.
-Garantizar el derecho de acceso a la información pública velando por su accesibilidad, exigibilidad y disponibilidad, y fiscalizando el cumplimiento de los deberes de transparencia a través de los medios y procedimientos que establezcan las normativas aplicables.
-Perfeccionar la regulación de la normativa en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información, favoreciendo la eficiencia de la gestión pública y el control ciudadano.
-Instalar el Consejo para la Transparencia en base a un modelo de gestión pública de calidad que promueve la participación ciudadana, incorporando experiencias comparadas y mejores prácticas institucionales.
Un poco más atrás y con fecha 8 de marzo de 2011, me encuentro en el portal web de La Tribuna de Honduras[3] con una información en la cual dan cuenta que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sancionaba a 18 instituciones del Estado por falta de “transparencia” al no incumplir el deber de difundir la información de oficio que establece el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP).
Esta nota da cuenta de un Instituto de Acceso a la Información en Honduras y la existencia de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobre ese Instituto puedo destacar, entre otras, las siguientes funciones:
-Establecer los criterios y recomendaciones para el funcionamiento del Sistema Nacional de Información Pública;
-Aplicar el marco sancionario de la Ley;
-Realizar las gestiones estrictamente administrativas y necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos;
-Garantizar que se publique la información que debe ser difundida de oficio según el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
﻿Al leer estas notas de prensa de países latinoamericanos me pregunto: ¿Qué pasa en Venezuela en esta materia?. Si bien no contamos aún con una Ley que garantice protección al derecho ciudadano a acceder a la información pública, es importante destacar que hay algunas normas nacionales, estadales y municipales que desarrollan la protección al derecho que tenemos como ciudadanos de acceder a la información pública.
Una de ellas es la Ley Contra la Corrupción vigente, que en su artículo 9 obliga a los entes públicos a publicar trimestralmente y poner a la disposición de cualquier persona en las oficinas de atención al público o de atención ciudadana que deben tener, un informe detallado de fácil manejo y comprensión, sobre el patrimonio que administran, con la descripción y justificación de su utilización y gasto. La omisión a esta obligación acarreará una sanción de 50 a 500 Unidades Tributarias.
En el Zulia desde el año 2010 hay una Ley estadal de transparencia y acceso a la información pública que entre sus objetivos está el garantizar el acceso a la información pública sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática.
En algunos Municipios existe la ordenanza sobre el acceso a la información, por ejemplo: Campo Elías del Estado Mérida (2008), Municipio Maneiro en Estado Nueva Esparta (2009), en la zona metropolitana puedo señalar a Baruta (2007) y Chacao (2009).
¿Qué pasaría si hiciéramos una revisión a cada instancia gubernamental para evaluar si cumplen o no con el artículo 9 de la Ley Contra la Corrupción y revisamos con ojo ciudadano los portales web de los entes públicos para evaluar el acceso a la información?.
¿Podría una denuncia ciudadana luego de estos proceso de revisión, y luego de identificar los casos de inobservancia a las disposiciones legales sobre el derecho al acceso a la información pública tener el mismo efecto que en los casos señalados de Chile y Honduras?.
Recordemos que la Administración Pública en Venezuela está al servicio del ciudadano y entre sus principios estála honestidad, la participación, la rendición de cuentas y la transparencia, esto según el artículo 141 de la Constitución Nacional.
[1]http://www.diarioladiscusion.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=26037:multan-a-alcalde-de-el-carmen-por-no-cumplir-ley-de-transparencia&catid=25:agricultura&Itemid=79
[2] http://www.consejotransparencia.cl/nuestros-objetivos/consejo/2009-04-08/115623.html
[3] http://www.latribuna.hn/2011/03/08/iaip-sanciona-18-instituciones-por-falta-de-%E2%80%9Ctransparencia%E2%80%9D/
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Situación del acceso de informacióin en Venezuela.
EL portal web de PROVEA, registra una nota de prensa fechada el 12 de abril de 2011, y publicada en el Correo del Caroní, que dice;
"En América Latina más de once países aprobaron la Ley de Acceso a la Información que garantiza el conocimiento público de las gestiones gubernamentales. En Venezuela, aún se espera trascender en este aspecto que desde hace algunos días está siendo estudiado desde la Asamblea Nacional, informó el Correo del Caroní.
Activistas de derechos humanos fijaron posición ante la presentación por parte del bloque parlamentario de la Unidad del Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, en una reunión de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.
“Esta ley es un paso para poder combatir las irregularidades administrativas pero no va a solucionar las trabas de acceso a la información pública en Venezuela” afirmó Mariana Belalba, representante de Espacio Público.
Belalba aplaude la introducción de este proyecto de ley, que se había estudiado desde la ONG que representa pero que no se pudo materializar ya que necesitaban un número de firmas para lograr presentar la propuesta legislativa.
“Con esta ley se permitirá aplicar la política de participación y representación, no creo que políticamente haya alguien que se pueda oponer a ella se podrá mejorar lo que ya está establecido en la Constitución y técnicamente aportar los plazos de espera y va establecer como un ente único que será la defensoría”, agregó.
Para el coordinador de Provea, Marino Alvarado, en Venezuela existen normas que dan la posibilidad de acceder a la administración pública: la Constitución, la Ley de la administración pública, la Defensoría, y otras normas que garantizan el derecho a obtener información de interés para el colectivo. Sin embargo, a su parecer la cultura de los secretos no permite que se trascienda en el conocimiento y acceso a la información, “muy pocas cosas se hacen públicas, incluso existen mandatos establecidos de que las instituciones y organismos deben crear una página web y en esa página dar información de las gestiones que llevan a cabo los ministerios, alcaldías, gobernación o cualquier otro ente, debería existir la posibilidad de acceder al presupuesto y a la rendición de memoria y cuenta”, agregó.
Este problema de ausencia de acceso a la información pública perjudica de manera directa el ejercicio de la contraloría social. “Resulta contradictorio que un gobierno que se plantea estimular la contraloría social restringe el derecho a la información, es una situación lamentable que el ciudadano no pueda ver qué se está haciendo en el ámbito de gestión pública y reclamar y hacer propuestas”, puntualizó. (Diana Pérez Gámez, Correo del Caroní, 12.04.11)
http://www.derechos.org.ve/proveaweb/?p=12059
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Multan en Honduras 18 instituciones públicas por falta de transparencia en difundir información pública.
El 8 de marzo de 2011, en el portal web de La Tribuna, de Honduras se informa que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sancionó a 18 instituciones del Estado por falta de “transparencia” al no incumplir el deber de difundir la información de oficio que establece el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP).
La falta de claridad en el manejo de los fondos públicos, sigue siendo un problema de erradicar: IAIP.
Así lo informó el secretario general del IAIP, Nelson Antúnez, quien recordó que la determinación de sancionar a las instituciones se efectuó luego de un proceso de evaluación a las diferentes instituciones obligadas a brindar información pública.
Agregó que la falta se informó directamente a cada oficina y la sanción corresponde primero a una amonestación por escrito en la que se exige que los portales de transparencia sean actualizados y bajo los lineamientos que exige la ley del IAIP.
Y es que el artículo 13 de la Ley en mención, ordena a las instituciones obligadas difundir de oficio y actualizar periódicamente a través de medios electrónicos o instrumentos computarizados; a falta de éstos por los medios escritos disponibles, información que va desde la estructura orgánica, funciones y atribuciones de las instituciones obligadas.
Asimismo, la remuneración mensual de los servidores públicos, manejo y destino de los fondos públicos, entre otra información de interés nacional que aporta a la construcción de la cultura de transparencia.
Por ello, el gerente legal del IAIP, Kalton Bruhl, aclaró que lo importante no es a quienes se sancionan; sino que uno de los objetivos primordiales es fomentar la participación ciudadana.
“Si el pueblo no está informado, no tiene conocimiento, no puede ejercer ese derecho que tiene a exigir cuenta o a participar dentro de las actuaciones del Gobierno. Por eso deben conocer el beneficio que les da la ley”.
LES ADVIRTIERON DESDE FEBRERO
El Pleno de Comisionados del IAIP que integran Guadalupe Jerezano Mejía, Gilma Agurcia y Arturo Echenique Santos, determinó desde febrero que 18 instituciones estatales serían amonestadas por escrito y exhortadas a brindar más apoyo a los oficiales de información pública.
También se dio a conocer que la necesidad de crear la partida presupuestaria correspondiente para facilitar el soporte humano y técnico a las Oficinas de Información Pública de cada institución.
En consecuencia, la sanción forma parte del proceso de evaluación a los portales de transparencia de 73 instituciones obligadas, que se realizó entre julio y agosto de 2010.
En el monitoreo se detectó que 33 instituciones obligadas no cumplían a cabalidad con los requerimientos establecidos en los lineamientos aprobados por el Instituto para el mejor cumplimiento del artículo 13 de la LTAIP o, en algunos casos, no tenían a disposición de la ciudadanía los portales de transparencia.
En respeto a las garantías constitucionales del debido proceso, el IAIP requirió a los funcionarios de las 33 instituciones para que explicaran las razones del incumplimiento.
En las audiencias los funcionarios se comprometieron a iniciar acciones internas para lograr en la primera quincena de enero de 2011, la máxima divulgación de la información de oficio. A pesar de dicho compromiso, 18 instituciones presentan deficiencias en su cumplimiento del artículo 13 de la ley.
Sumado a ello, las denuncias actuales de la ciudadanía es que varias secretarías del Estado, retrasan el proceso cuando se les solicita información, en otras ocasiones el oficial de información (OIP), responde a la solicitud, pero con datos incompletos a lo solicitado. (SA).
http://www.latribuna.hn/2011/03/08/iaip-sanciona-18-instituciones-por-falta-de-%E2%80%9Ctransparencia%E2%80%9D/
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Los Planes de Inversión en la reforma al Reglamento del Consejo Federal de Gobierno.
En este sentido el reglamento reformado en su artículo 38 nos dice:
Los planes deben ser entregados en las Unidades Receptoras Estadales (URE), de allí pasarán luego con todos los recaudos exigidos a las denominadas Oficinas Técnicas Regionales (OTR), que tendrá la responsabilidad de evaluar los planes y proyectos asociados presentados en base a un baremo técnico político, para luego elevar su recomendación al Comité Técnico de Evaluación (CTE) del Fondo de Compensación Interterritorial, que será la instancia responsable de procesar toda la información y mediante informe presentar los resultados a la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno para su aprobación.
(1) http://www.aporrea.org/regionales/n173175.html
(2) http://www.mpcomunas.gob.ve/noticias_detalle.php?id=6074
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Jornada de adecuación e información legal sobre nuevas normas a Consejos Comunales en Mérida.
Con fecha 20 de abril de 2011, Enrique Inciarte, escribe en el Diario Los Andes edición Mérida sobre la actividad informativa sobre el CLPP y leyes del Poder Popular, formativa hacia la adecuación de los consejos comunales en el Municipo Obispo Ramos de Lora en Mérida. La nota dice:
"Las adaptaciones realizadas en los concejos comunales están establecidas en conformidad al último marco legal aprobado el mes de diciembre del 2010. Solo un 20 por ciento de los concejos comunales se había regularizado con las nuevas normas
La pasada semana los concejos comunales del municipio Obispo Ramos de Lora fueron citados a un encuentro en el estadio de la población de Santa Elena de Arenales, con el objetivo de poner al día a sus miembros con respecto a los nuevos lineamientos jurídicos vigentes.
Luego de las reestructuraciones aprobadas en diciembre del año pasado, las autoridades del municipio y de Participación Ciudadana de Obispo Ramos de Lora vieron conveniente girar las instrucciones a los concejos comunales sobre la nueva ley y los cambios que esta obtuvo.
Para ello los 92 concejos comunales del municipio, correspondiente a las parroquias San Rafael del Alcázar, Santa Elena y Eloy Paredes fueron convocados al estadio de la capital municipal donde fueron puestos al tanto sobre los tópicos planteados.
A los presentes se les capacitó sobre las nuevas leyes del Poder Popular con respecto a la manera de adecuar la Unidad Administrativa Financiera Comunitaria, la cual estará constituida por tres firmantes, además también se discutió la Ley de Consejos Locales de Planificación Pública, órgano que debe pasar por un proceso de adecuación.
Júnior Rojas, director municipal de Participación Ciudadana, manifestó que a los miembros que atendieron a la convocatoria se les estuvo hablando sobre la situación del cemento y sobre las necesidades de trabajar de la mano con el Gobierno municipal, el partido de Gobierno y el Poder Popular, lo que hace necesario que prontamente deban asistir a un curso de contabilidad.
Los concejos comunales deben desarrollar en sus comunidades los aspectos legales, administrativos y financieros.
Pronta adecuación
Hasta el año pasado Obispo Ramos de Lora se conocía por ser la entidad municipal bandera en adecuación de los concejos comunales a nivel nacional.
Según explicó Rojas, este año solo se han adecuado 19 de ellos, el resto deben realizar una asamblea de ciudadanos para escoger a los tres miembros firmantes y comenzar a dar los pasos legales para adoptar la reestructuración y para ello deben realizar este proceso en un período de 60 días.
En virtud de la apremiante necesidad de adecuar los concejos comunales, se elaboró una agenda que ellos debían seguir y así cumplir esta regulación de la manera más ordenada y rápida posible.
En la reunión estuvieron presentes las autoridades municipales representando a varios sectores sociales vinculados al proceso revolucionario que motivaron a los presentes a seguir en pie de lucha para conformar la patria socialista."
http://diariodelosandes.com/content/view/152509/105852/
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Consejo Comunal busca solucionar problema de animales en la calle.
Con fecha 20 de abril de 2011, el Sol de Margarita en su portal web, informa que ante el problema que representa para la comunidad de Villa Rosa la presencia de animales realengos por las calles, plazas y parque, el Consejo Comunal sectores B y G busca una solución viable.
Luis Malavé, vocero de Finanzas del CC y representante municipal ante el Consejo Federal de Gobierno, dijo que en asamblea de ciudadanos iban a decidir el destino de los animales.
Por las calles del sector del municipio García deambulan vacas y caballos. Estos animales de granja no pertenecen al paisajismo natural de la comunidad.
Una de las quejas de los representantes de la organización popular es que los cuadrúpedos destrozan las bolsas de basura y riegan los desperdicios, perjudicando notablemente a los residentes que son expuestos a una contaminación. KME
http://www.elsoldemargarita.com.ve/Noticias.aspx?NoticiaId=78151&Seccion=1
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Yvette Zárraga, en El Informador de Lara, en su portal web hace un reportaje sobre el poder popular y la descentralización, a saber:
"Con la potencial promulgación del sexto intrumento jurídico del paquete de leyes del poder popular ¿cesan en sus funciones y entregan sus competencias las gobernaciones y alcaldías? La interrogante ha tenido eco desde finales del año pasado, cuando los diputados del Parlamento Nacional -para entonces- sancionaron las leyes orgánicas de Participación y Poder Popular, de las Comunas, de Contraloría Social, de Planificación Pública y del Sistema Económico Comunal.
El borrador está elaborado desde agosto de 2010 y fue aprobado en primera discusión por los parlamentarios en el mes de diciembre, pero no inluida en la agenda legislativa de 2011. Supone -en su artículo 1- la promoción de la descentralización administrativa y la interdependencia entre estados, municipios y el poder popular.
El traspaso de la gestión y administración de bienes, recursos y servicios en materia de salud, educación, deporte, cultura, programa sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal y construcción de obras, ya estaba perfilado en el artículo 184 de la Constitución.
Así lo reconoce el abogado José Gregorio Zaa, especialista en asuntos municipales, quien agrega que por lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, el Ejecutivo nacional puede reasumir los servicios transferidos a los estados y municipios. No obstante, señala que el Gobierno actual está previendo, bajo la excusa de un proceso descentralizador, otorgar competencias “a entes que no tienen basamento constitucional como los consejos comunales, comunas y ciudades comunales”.
Consejos comunales han fallado
Zaa sostiene que aunque las disposiciones legales permitan la transferencia, las organizaciones del poder popular no están, bajo ningún respecto, preparadas para asumir la administración de servicios.
Refiere que de 40 mil consejos comunales registrados a nivel nacional, menos de 15% ha cumplido el proceso de adecuación a la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y, además, denuncia que 90% de esas estructuras organizativas en el estado Lara presenta irregularidades de tipo administrativo. “No han demostrado diligencia”, afirma.
El abogado sugiere que el traspaso debe ser un procedimiento paulatino para evitar que las organizaciones del poder popular incurran en desviación. Advierte que para ese fin deben activarse las contralorías General, estadales y municipales.
No creen en el poder popular
A las afirmaciones de José Gregorio Zaa se contrapone la explicación que sobre el proyecto de ley de transferencia de competencias aportaJosé Natera, vocero por el estado Lara ante el Consejo Federal de Gobierno. El propósito -indica- es la articulación de las organizaciones del poder popular con las instituciones del Estado para mejorar los servicios.
Apunta que para que el poder popular reciba competencias debe primar la organización, preparación, administración y cumplimiento de las funciones que ya le han sido encomendadas. De esa manera está plasmado en el artículo 8 del proyecto donde se especifica que “una vez comprobada la capacidad del consejo comunal, comuna y demás formas de organización del poder popular, el órgano o ente de la administración pública estadal y municipal transferirá de forma directa la gestión y administración de bienes, recursos y servicios”. El instrumento para la tranferencia es el convenio y el proceso debe desarrollarse en cuatro fases: diagnóstico, plan de transferencia, presupuesto y ejecución.
¿El pueblo organizado tiene capacidad para administrar servicios? El poder popular lo ha demostrado, responde el vocero. Toma como ejemplo las experiencias de autogestión que han tenido los consejos comunales de Villa Guadalupe, en el municipio Iribarren, y la comuna socialista en contrucción El Maizal, en Simón Planas.
“Lo que pasa es que muchos funcionarios no creen en el poder popular porque piensan que viene a quitarles los puestos”, enfatiza. A juicio de Natera, el poder popular está todavía subordinado al Poder Ejecutivo en tanto que no se cumple cabalmente lo dispuesto en el nuevo marco jurídico. Advierte que es necesario avanzar en la adptación de las leyes estadales y ordenanzas municipales a la nueva legislación nacional que configura el Estado Comunal.
En palabras de Allan Brewer-Carías, profesor de la Universidad Central de Venezuela, plasmadas en su artículo sobre el poder popular y el Estado Comunal en Venezuela, el conjunto de leyes orgánicas están al margen de la Constitución y constituyen el marco normativo de un nuevo estado “socialista, centralizado y militarista denominado Estado Comunal”."
http://www.elinformador.com.ve/noticias/barquisimeto/actualidad/poder-popular-preparado-para-asumir-administracion-servicios/37313
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Etiquetas: Comunas, Estado-Descentralización, legislacionPoderPopularParticipacion
Multan alcalde por no cumplir con ley de transparencia activa en Chile.
Escribí hace unos días sobre el tema de la Transparencia en la gestión pública y al respecto conseguí una nota de prensa relacionada con el tema, interesante además porque demuestra cómo en algunos países las denuncias ciudadanas tienen resultados.
Con fecha 18 de abril 2011, es publicado en Diario La Discusión de Chiel en su portal web, bajo la firma de Isabel Charlin, una nota de prensa que tiene que ver con la responsabilidad de garantizar información pública a los ciudadanos, en este sentido se habla de una sanción a un alcalde previsa en la Ley de Transparencia Activa de Chile. La nota señala:
"No cabe duda que el acceso expedito a la información pública es vital para una democracia que se precie de tal.
Ésa precisamente fue la inspiración para la Ley de Transparencia Activa, que entró en vigencia el 20 de abril de 2009.
Sin embargo, algunas especificaciones no pudieron ser cubiertas por todos los servicios, en especial, aquellos municipios más pequeños, cuyo escaso presupuesto les jugó en contra.
Fue lo que ocurrió con las comunas de Ovalle, Pencahue y El Carmen. Sus tres ediles fueron multados la semana pasada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, el cual realizó diversos sumarios administrativos sobre la base de denuncias ciudadanas al sitio web de la institución.
Esto se traducirá en que los ediles percibirán entre un 20% y un 25% menos en sus remuneraciones, debido a que “el acceso a la información no es expedito, particularmente respecto de actos y resoluciones con efectos sobre terceros y contrataciones”.
En el caso específico del alcalde El Carmen, Juan Díaz, el dictamen indica que éste faltó a las normas de publicación de información exigidas por el organismo. El reclamo contra la administración fue ingresado el 20 de mayo de 2009 y despachado el 1 de septiembre de ese año, y se basaba en que “la información publicada en la página web de la I. Municipalidad de El Carmen no se encuentra disponible en forma permanente”.
“Yo soy un hombre respetuoso de la ley, y acataré la medida. Sin embargo, nuestro municipio no tiene los medios para dar cumplimiento a tal requerimiento. Si bien no teníamos un sitio web actualizado, cualquier información que solicitara un particular vía ventanilla era entregada. Tengo entendido que la persona que hizo la denuncia no recurrió a esta vía, no pudo acceder al sitio web y de inmediato envió su reclamo”, comentó el alcalde, Juan Díaz.
El edil agregó que junto al Concejo debieron reasignar hace un año un millón de pesos para poner en marcha el sitio web de la comuna, y ahora se encuentran negociando con la persona encargada un sueldo acorde, para mantenerlo actualizado.
“Ese dinero nosotros lo teníamos destinado a mediaguas y otros apoyos sociales. A veces, los parlamentarios aprueban leyes sin pensar en las condiciones de cada comuna. El Carmen, por ejemplo, no se puede comparar con Providencia. Ellos pueden recurrir a ingenieros, informáticos y otros profesionales con los cuales no contamos. Es verdad que todos los chilenos debemos respetar las leyes, y en ese contexto, yo acataré mi rebaja de sueldo de un 20%. Hoy, el sitio web está funcionando, con toda la información pertinente en la dirección www.municipalidadelcarmen.cl”, sentenció Díaz.
Para los diputados del distrito 41, el no cumplimiento de la ley de transparencia es algo “no excusable”.
Rosauro Martínez indicó que esta normativa no sólo trae beneficios a los ciudadanos, sino también a los organismos públicos, ya que estos últimos “deben transparentar su accionar. Es una actitud que la comunidad espera de sus autoridades”.
Martínez añadió que lo ideal es que la ciudadanía tenga cada día más información, y en ese contexto, “la ley debe ser para todos por igual, nadie debe quedar excluido. No existe una excusa para no tener información disponible en un medio electrónico, y si no se puede, hay que gestionar y hacer todos los esfuerzos posibles por acatar la normativa”, manifestó.
Carlos Abel Jarpa, en tanto, defendió el trabajo parlamentario.
“Si bien las leyes son discutidas por los senadores y diputados, es el Ejecutivo el que las promulga. Existen muchas comunas en el país con poco presupuesto, pero eso no ha impedido que cumplan con la ley”, afirmó.
Plan piloto de apoyo
Estos tres casos, sin duda, marcan un precedente fiscalizador ante faltas a los requerimientos de Transparencia Activa.
Sin embargo, el Consejo para la Transparencia actuó sobre la base de denuncias, es decir, a nivel nacional puede haber muchos otros casos en que diversos servicios públicos no cuentan con una plataforma electrónica actualizada, mediante la cual se pueda solicitar información; ni muestran elementos básicos como una cuenta pública o las actas del Concejo Municipal.
Es por ello que en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), el Consejo creará una plataforma tecnológica que permitirá a las municipalidades cumplir con sus obligaciones de transparencia activa y gestionar las solicitudes de acceso a información que reciben. El plan piloto se iniciará con 50 municipios de las regiones V, VI y Metropolitana, y beneficiará a más de 2 millones de vecinos, quienes tendrán mejor acceso a la información pública. La inversión alcanzará los US$ 320 mil, de los cuales la mitad se financia con una donación que hizo el Banco Mundial al Consejo para la Transparencia y el 50% restante con presupuesto del mismo Consejo."
http://www.diarioladiscusion.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=26037:multan-a-alcalde-de-el-carmen-por-no-cumplir-ley-de-transparencia&catid=25:agricultura&Itemid=79
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Transparencia en la gestión pública, información pública y participación ciudadana.
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References: artículo 184
 artículo 184
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 141
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 38
 artículo 1
 artículo 184
 artículo 8
 artículo 8