Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/5968
Timestamp: 2020-06-06 02:12:33+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 1/2007
SENTENCIA 1/2007, de 15 de enero de2007
ECLI:ES:TC:2007:1
En el recurso de amparo núm. 5256-2003, promovido por don José Antonio García Díaz, representado por la Procuradora de los Tribunales doña María de la Cruz Ortiz Gutiérrez y asistido por el Abogado don Juan Carlos Herranz Blázquez, contra la diligencia de ordenación de 23 de junio de 2003, de la Secretaría del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 3 de Oviedo, por la que se decreta el archivo del procedimiento contencioso-administrativo ordinario núm. 31-2003, confirmada por providencia del mencionado Juzgado de 8 de julio de 2003. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 14 de agosto de 2003, don José Antonio García Díaz, interno en el establecimiento penitenciario de Villabona (Asturias), manifestó su intención de interponer recurso de amparo frente al “archivo de las actuaciones del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo” en relación con el procedimiento contencioso-administrativo ordinario núm. 31-2003, tramitado por dicho órgano judicial, solicitando a tal efecto el nombramiento de Abogado y Procurador del turno de oficio.
2. Recibido el testimonio de las actuaciones del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo y designados la Procuradora doña María de la Cruz Ortiz Gutiérrez y el Abogado don Juan Carlos Herranz Blázquez para la defensa y representación del recurrente, que tenía reconocido el derecho a asistencia jurídica gratuita en virtud de Resolución de 6 de mayo de 2003 de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Oviedo, mediante diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Primera de 8 de octubre de 2003 se concedió un plazo de veinte días a los indicados profesionales para que, a la vista de la documentación obrante en este Tribunal, formulasen, en su caso, la correspondiente demanda de amparo. La demanda se presentó el 8 de noviembre de 2003.
3. Los hechos relevantes para la decisión del presente recurso son los siguientes:
a) El 28 de enero de 2003 don José Antonio García Díaz, interno en el establecimiento penitenciario de Villabona (Asturias), dirigió un escrito al Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Oviedo manifestando su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra “el informe de la Jurista” del centro penitenciario emitido “en exp. 1115/02PQ del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Vigilancia Penitenciaria de Asturias”, y solicitando el nombramiento de Abogado y Procurador de oficio “para formalizar la demanda y hacer la fundamentación jurídica”. En este escrito efectúa, igualmente, diversas consideraciones sobre la actuación de la meritada jurista.
b) Recibido el escrito del Sr. García Díaz por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo, al que correspondió conocer del mismo en virtud de reparto, en providencia de 12 de febrero de 2003 el órgano judicial acordó incoar el correspondiente procedimiento ordinario núm. 31-2003 y librar sendos “oficios al Colegio [sic] de Abogados y de Procuradores de Oviedo a fin de que procedan a designar por el turno de oficio Abogado para su defensa y Procurador para su representación, quedando en tanto en suspenso este procedimiento”. Esta providencia fue notificada por cédula remitida al Sr. García Díaz al centro penitenciario, en donde la recibió el 14 de febrero de 2003, según consta en la correspondiente tarjeta postal de acuse de recibo. En ejecución de lo acordado en la citada providencia la Secretaria del Juzgado se dirigió a los Colegios de Abogados y de Procuradores de los Tribunales de Oviedo interesando la designación de los correspondientes profesionales.
c) Recibida la copia de la citada providencia, el Sr. García Díez se dirigió al Juzgado desde el centro penitenciario, solicitando que se le facilitara “el nombre y dirección del Abogado designado, con el fin de contactar con él”. La Secretaria del Juzgado, a la vista de ese escrito, el 27 de febrero de 2003 dictó diligencia de ordenación del tenor literal siguiente:
“Recibida la anterior comunicación del Establecimiento Penitenciario de Villabona y escrito de D. José Antonio García Díaz, únase a los autos de su razón, a los efectos oportunos. Visto su contenido, notifíquese [sic] D. José Antonio García Díaz que se le ha designado por el Colegio de Procuradores de Oviedo al Procurador D. Antonio Alvarez Arias de Velasco, con domicilio en Oviedo, C/Marqués de Pidal nº 7-1º Izda., y que al día de la fecha aun no se ha designado por el Colegio de Abogados, Letrado. Una vez se reciba la correspondiente comunicación del Colegio de Abogados, se procederá a su notificación”.
Consta en el testimonio de las actuaciones remitido por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 3 de Oviedo que se expidió cédula de notificación de esta diligencia de ordenación, que fue dirigida al hoy demandante de amparo, y que éste suscribió el acuse postal de recibo el día 5 de marzo de 2003 en el centro penitenciario de Villabona.
d) Tras diversos requerimientos de la Secretaria del órgano judicial, el 15 de abril de 2003 tuvo entrada en el registro de éste una comunicación mediante la cual el Colegio de Abogados de Oviedo participaba la designación provisional, por el turno de oficio, del Abogado don Juan de la Vega Fernández para la defensa del Sr. García Díez. En diligencia de ordenación de la Secretaría del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo de esa misma fecha se acordó lo siguiente:
“Recibida la anterior comunicación del Colegio de Abogados de Oviedo, únase a los autos de su razón, a los efectos oportunos y póngase en conocimiento del demandante. Esta diligencia es revisable a instancia de parte en el plazo de cinco días”.
e) El 28 de abril de 2003 el demandante se dirigió al Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 3 de Oviedo, poniendo en su conocimiento que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Asturias había estimado un recurso por él promovido contra un acuerdo de la Comisión Disciplinaria del centro penitenciario de Villabona en el que se le sancionaba por las opiniones que sobre la jurista criminóloga del centro había vertido en el escrito en el que había manifestado su intención de interponer recurso contencioso-administrativo. En respuesta a esta comunicación del recurrente, mediante diligencia de constancia y ordenación de 13 de mayo de 2003 la Secretaría del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 Oviedo indicó:
“Dado que en fecha 21 de abril de 2003 se notificó a D. José Antonio García la designación de Letrado que correspondió a D. Juan de la Vega Fernández, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23.1 de la LJCA, cualquier escrito que se presente en este Juzgado deberá llevar la correspondiente firma del Letrado”.
f) La Secretaria del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo dictó diligencia de ordenación el 23 de junio de 2003, en la que se acuerda lo siguiente:
“Habiendo transcurrido dos meses desde la comunicación a D. José Antonio García Díaz del nombramiento de Letrado, sin haber presentado escrito alguno, archívese el presente procedimiento”.
g) El interno recurrente presentó escrito, fechado el mismo día 25 de junio, ante el órgano judicial en el que se dijo lo siguiente: “Solicita Amparo ante el archivo de las diligencias, le revise la diligencia de ordenación notificada el día 25/06/2003, mediante carta certificada. Le envío carta al Letrado … con el fin de que atienda el caso. Si no le interesa, me nombren otro Letrado. Designen Procurador para presentar los escritos ya que no está nombrado. Bajo ningún concepto se archive el presente procedimiento sin aclarar los motivos, o rectificar por lo que fue emprendido”.
h) El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo dictó providencia el 8 de julio de 2003 en la que se acuerda que se una a los autos el escrito del interno recurrente “a los efectos oportunos, y estése a lo acordado en los presentes autos”. Esta resolución consta notificada el día 11 de julio de 2003, sin que en la cédula correspondiente se haga indicación alguna sobre si la misma era o no susceptible de recurso. En diligencia de 18 de julio de 2006 se dejó constancia del archivo de las actuaciones.
4. El demandante de amparo considera que la diligencia de ordenación de 23 de junio de 2003, de la Secretaría del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo, resulta contraria a su derecho a la tutela judicial efectiva, al acordar el archivo de las actuaciones correspondientes al procedimiento contencioso-administrativo ordinario núm. 31-2003 por haber transcurrido un plazo de dos meses desde la notificación del Abogado del turno de oficio al recurrente sin que se hubiese presentado escrito alguno con la correspondiente firma de Letrado.
5. Por providencia de 20 de octubre de 2005 la Sección Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo formulada por la representación procesal de don José Antonio García Díaz. En esta providencia se dispuso también que se dirigiese atenta comunicación al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo, a fin de que se emplazase a quienes hubieran sido parte en el proceso judicial previo (con excepción de la parte recurrente en amparo) para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer en este proceso constitucional, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada.
6. Mediante diligencia de ordenación de 21 de noviembre de 2003 de la Secretaría de justicia de la Sala Primera se tuvo por recibido el oficio del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 3 de Oviedo a través del que se puso en conocimiento de este Tribunal que en el recurso contencioso-administrativo ordinario núm. 31-2003, tramitado por dicho órgano judicial, no existían partes a emplazar; en la misma diligencia se acordó, en virtud del art. 52 LOTC, dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo, por un plazo de veinte días, al Ministerio Fiscal y al recurrente para que pudiesen presentar alegaciones.
7. El Fiscal interesó, mediante escrito presentado el 21 de diciembre de 2005, el otorgamiento del amparo solicitado, declarando que se habían vulnerado los derechos de don José Antonio García Díaz a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la asistencia letrada, restableciéndole en su derecho y anulando, en consecuencia, la diligencia de ordenación de la Secretaría del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 23 de junio de 2003, con retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente posterior a la diligencia de ordenación de 15 de abril de 2003 a fin de que el recurrente pueda interponer efectivamente el recurso contencioso-administrativo que pretendía.
Tras referirse a los antecedentes fácticos del presente recurso de amparo, considera el Fiscal que el supuesto ahora enjuiciado presenta una extraordinaria similitud con el resuelto en la STC 47/2003, que reproduce parcialmente. Para el Fiscal las semejanzas entre ambos asuntos son “de tal grado que no hay sino que señalar que en este caso también el demandante de amparo, don José Antonio García Díaz, está preso en un Establecimiento Penitenciario y es lego en Derecho, como se desprende del contenido de los numerosos manuscritos que aportó al procedimiento; no cabe duda de su intención de recurrir un acto que estimaba recurrible en vía contencioso-administrativa; es notorio que para actuar ante la mencionada jurisdicción se precisa la asistencia técnica que solicitó que se le nombrase de oficio en su primer escrito; finalmente también aquí se han nombrado los profesionales de oficio y se ha comunicado al interesado su nombramiento, pero no ha mantenido la diligencia para asegurar que estos profesionales llevaban a cabo su función, lo que hubiera sido fácilmente practicable comunicando la causa a esos profesionales y dando un plazo al Procurador y al Abogado para que presentasen el escrito procedente”.
8. La representación procesal del recurrente presentó sus alegaciones mediante escrito que presentó el 28 de diciembre de 2005, en el que se ratifica en el contenido íntegro de la demanda de amparo en su día formulada.
9. Por providencia de 5 de septiembre de 2006 se señaló para la deliberación y votación de la Sentencia el día 11 de septiembre siguiente y se nombró Ponente al Magistrado don Roberto García-Calvo y Montiel. El 23 de octubre de 2006, en atención a que en la deliberación había quedado en minoría en la Sala la posición mantenida por el citado Magistrado, la Presidenta del Tribunal Constitucional y de su Sala Primera a instancias de dicho Magistrado, adoptó el Acuerdo de designar nuevo Ponente del asunto al Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez. El trámite de deliberación y fallo de la Sentencia ha finalizado en el día de la fecha.
1. Aunque la demanda de amparo identifica como resolución impugnada en este proceso constitucional la diligencia de ordenación de la Secretaria del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 3 de Oviedo de 23 de junio de 2003 ha de entenderse impugnada con ella también la providencia del citado Juzgado de 8 de julio de 2003, que la confirma.
A la vista del testimonio de las actuaciones remitido por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 3 de Oviedo resulta patente, según hemos expuesto en los antecedentes, que el órgano judicial cuidó de notificar al recurrente la identidad del Procurador de los Tribunales que había sido designado para representarle, por lo que es obviamente innecesario un examen más detenido de ese punto de la queja del demandante. El debate se ciñe, en consecuencia a determinar si se ha producido la vulneración del derecho a acceder a la jurisdicción, vertiente del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por no haber tenido en cuenta el órgano judicial la circunstancia de que el recurrente se encontraba en prisión, o como consecuencia del incumplimiento de sus deberes en relación con el Abogado y el Procurador designados, con violación del derecho del recurrente a la asistencia de Abogado (art. 24.2 CE).
2. En relación con la vulneración del derecho a acceder a la jurisdicción, nuestra jurisprudencia puede resumirse sintéticamente en la afirmación de que, aunque el elemento esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, del que aquél forma parte, es la obtención de una resolución fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones deducidas, resolución que debe entenderse como el modo normal de prestación de la tutela judicial, ello no excluye que sea constitucionalmente lícita una resolución de inadmisión, que no entre en el fondo de la cuestión, cuando tal decisión se funde en la existencia de una causa legal que así lo justifica y que resulte aplicada razonablemente por el órgano judicial. El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho de prestación de configuración legal, por lo que su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que en cada caso establezca el legislador. El control sobre la concurrencia de tales presupuestos y requisitos es una operación jurídica que no trasciende el ámbito de la legalidad ordinaria. Sin embargo, el derecho a la tutela judicial efectiva excluye que la normativa procesal se interprete de forma rigorista, excesivamente formalista o desproporcionada en relación con los fines que preserva y los intereses que se sacrifican cuando se trata del acceso a la jurisdicción, pues el principio pro actione, que opera sobre los presupuestos procesales establecidos para el acceso a la justicia, veda interpretaciones que eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho del justiciable a que un órgano judicial conozca y resuelva en Derecho sobre la pretensión a él sometida, pero no supone, como ha señalado este Tribunal, que exija necesariamente seleccionar la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles (STC 228/2006, de 17 de julio, FJ 2, entre otras muchas). También hemos declarado que el instituto de la caducidad constituye una de las causas legales impeditivas de un pronunciamiento sobre el fondo y que, como tal presupuesto procesal establecido legalmente en aras del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), no vulnera por sí mismo el derecho a la tutela judicial efectiva, como tampoco se deriva ninguna lesión de su correcta aplicación por parte de los órganos judiciales. El control de constitucionalidad en estos casos es el mismo que para el resto de los plazos procesales; esto es, que su cómputo constituye una cuestión de estricta legalidad ordinaria sobre la que únicamente corresponde pronunciarse al órgano judicial (ATC 430/2004, de 12 de noviembre, FJ 3, entre otras muchas resoluciones). Por último, hemos dicho que no es reconocible una supuesta lesión del art. 24.1 CE cuando quien la denuncia no supo, o no quiso, defender su derecho por los medios que el ordenamiento procesal le brindaba, pues en tal caso la obtención del amparo vendría a hacer buena, en demérito de los derechos de la otra parte, la indiligencia o la pasividad de quien asistió, sin reaccionar oportunamente, a lo que califica luego de vulneración de su derecho fundamental (STC 287/2005, de 7 de noviembre, FJ 2, entre otras).
Tales alegaciones, sin embargo, no pueden ser atendidas. En lo que se refiere a las alegadas dificultades de comunicación del recurrente con su Abogado, las mismas carecen de todo sustento en la realidad. Según hemos dejado expuesto en los antecedentes, en la diligencia de ordenación de 27 de febrero de 2003 se dejó constancia de la identidad y el domicilio profesional del Procurador que había sido designado para representar al recurrente y tal diligencia le fue notificada mediante cédula remitida por correo, obrando en el testimonio de las actuaciones remitidas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo copia del acuse de recibo suscrito por él el día 5 de marzo siguiente. El órgano judicial, pese a que la actuación mediante Procurador no es preceptiva (art. 23.1 de la Ley de la jurisdicción contencioso- administrativa: LJCA), interesó que fuera nombrado uno para representar al recurrente, sin duda en atención a su situación de privación de libertad y para facilitar su comunicación con el Juzgado y la de éste con él, y cuidó de que éste quedara informado de la designación. También hemos expuesto en los antecedentes que el demandante, aún antes de que hubiera sido designado el Abogado que tendría que asistirle, pidió del Juzgado que le facilitara su nombre y dirección “con el fin de contactar con él”. Pese a que el demandante conocía la identidad, domicilio y número de teléfono de su Abogado desde el 14 de abril de 2003 —esto es, desde antes, incluso, de que le fueran notificadas formalmente por el Juzgado dichas circunstancias— en ningún momento denunció ante el órgano judicial que estuviera padeciendo dificultad o impedimento alguno para materializar ese contacto, y ello pese a que después de esa fecha se dirigió por escrito al propio órgano a otros efectos. En la diligencia de ordenación de 13 de mayo de 2003 se hizo saber al recurrente que, dado que le había sido designado Abogado, cualquier petición dirigida al Juzgado debería formularse en escrito firmado por su defensor, con arreglo al art. 23.1 LJCA. Pues bien, ni siquiera después de ser notificado de esta diligencia formuló el recurrente petición o queja alguna ante el órgano judicial relativa a una supuesta dificultad o imposibilidad de comunicar con los profesionales que habían sido designados para su representación y defensa; tampoco interesó que fuera el órgano judicial quien se dirigiera a los profesionales designados. En la solicitud de revisión de la diligencia de ordenación de 23 de junio de 2003 tampoco se denunció la imposibilidad de comunicación con tales profesionales. La circunstancia de que el demandante se encontrara en prisión ha carecido, pues, de toda relevancia, ya que no le ha impedido la comunicación con el Juzgado y con su Abogado y Procurador.
3. Tampoco la alegada pasividad del órgano judicial frente a la supuesta inactividad del Procurador y del Abogado designados para la representación y defensa del recurrente tiene relevancia alguna desde el punto de vista del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que se dice vulnerado en definitiva. Hemos afirmado reiteradamente que entre las garantías que integran el derecho a un proceso justo, se incluye el derecho a la defensa y a la asistencia letrada que el art. 24.2 CE reconoce no sólo para el proceso penal, sino también para el resto de los procesos, con las salvedades oportunas (STC 211/2003, de 1 de diciembre, FJ 6). También hemos declarado que el hecho de que la intervención de Abogado no sea preceptiva en un proceso determinado, con arreglo a las normas procesales, no priva al justiciable del derecho a la asistencia letrada que le reconoce el art. 24.2 CE, pues el carácter no preceptivo o necesario de la intervención del Abogado en ciertos procedimientos, no obliga a las partes a actuar personalmente, sino que les faculta para elegir entre la autodefensa o la defensa técnica, pero permaneciendo, en consecuencia, el derecho de asistencia letrada incólume en tales casos, cuyo ejercicio queda a la disponibilidad de las partes, lo cual conlleva, en principio, el derecho del litigante que carece de recursos económicos para sufragar un Letrado de su elección, a que se le provea de Abogado de oficio, si así lo considera conveniente a la mejor defensa de sus derechos, siendo procedente el nombramiento de Abogado de oficio cuando se solicite y resulte necesario (STC 152/2000, de 12 de junio, FJ 3).
4. Ha de tenerse en cuenta, además, que se trataba de ejercitar una acción en el orden contencioso-administrativo frente a un acto que ni siquiera tenía carácter sancionador. Del mismo modo que dijimos en el ATC 356/1992, de 30 de noviembre (FJ único), que “aunque la Constitución garantiza el derecho a la defensa letrada, en el proceso penal este derecho despliega toda su eficacia en relación al imputado … y el derecho a Abogado y Procurador de oficio es, en los demás casos, un derecho relativo, sometido a diversos condicionamientos procesales y materiales”, aquel deber positivo del órgano judicial es también relativo cuando se refiere a la efectividad de la defensa de oficio fuera del proceso penal. En tales casos el ciudadano tendrá el derecho a la asistencia de Abogado y a que se le nombre un defensor y un representante procesal de oficio si, cumpliendo los requisitos legales, carece de recursos suficientes para litigar y su intervención es necesaria o conveniente pero, una vez designados tales profesionales extrajudicialmente, como es regla general (art. 15 LAJG), o previa intervención judicial (art. 21 LAJG), su relación con los profesionales designados es cuestión que no puede supervisar el órgano judicial.
Aun suponiendo, pues, que la inactividad procesal que condujo a que se dictaran las resoluciones impugnadas fuera imputable a los profesionales designados para asistir al demandante, cosa que, por lo demás, no resulta acreditada, no se aprecia en este caso la concurrencia de razón alguna que permita excepcionar el criterio general de que “el órgano judicial no puede ni debe supervisar en todos los procedimientos la actuación de los profesionales del Derecho” (STC 91/1994, de 21 de marzo, FJ 3). Ha de negarse, en concreto, que sea exigible del Juez de lo Contencioso-Administrativo un impulso expreso para favorecer que se realice un acto típico de parte como es la interposición del recurso contencioso-administrativo. La interposición del recurso contencioso-administrativo, cuya omisión fue la determinante del archivo de las actuaciones contra el que se dirige la demanda de amparo, es el acto de iniciación del proceso (art. 45.1 LJCA). El principio de rogación (una de cuyas manifestaciones es que la iniciativa en la promoción de la actuación judicial corresponde a quien está interesado en obtenerla, según hemos dicho en la STC 243/2006, de 24 de julio, FJ 3) supone, en una de sus vertientes, que la decisión de iniciar un proceso se deja en manos exclusivamente del interesado y es ajena por completo al órgano judicial. No corresponde, pues, a éste instruir a aquél acerca del plazo dentro del cual puede ejercitar su acción ni, menos aún, velar por que la misma efectivamente se ejercite, máxime cuando ya le consta al órgano que el interesado dispone de asistencia jurídica profesional. De exigirse lo contrario, el órgano judicial estaría muy cerca de asumir la posición de parte o de auxiliar de ésta, y tales posiciones son incompatibles con la imparcialidad (STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5), que le es exigible en virtud del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE). Así pues, al órgano judicial, cuando es requerido para ello, le compete velar porque las instancias competentes, de acuerdo con las previsiones de las Leyes procesales, provean la designación de Abogado y, en su caso, de Procurador a quien, proponiéndose ejercitar una acción, precisa legalmente de tales profesionales y no dispone de los recursos necesarios para sufragar sus servicios (arts. 17, párrafo cuarto, y 21 LAJG); pero, a la hora de iniciar un proceso, excede de las funciones judiciales suplir la iniciativa que no adopta el interesado o la asistencia técnica que no le prestan los profesionales designados. El deber de impulsar el proceso de oficio, a que se refiere el art. 237 LOPJ, comienza cuando éste ya ha sido iniciado y no antes de su iniciación, que es una decisión libre del interesado. La circunstancia de que nos encontremos en un supuesto en que se trataba de iniciar un proceso en el orden contencioso- administrativo y no de interponer un recurso de casación por un condenado en el orden penal separa notoriamente, pues, este caso del resuelto en la STC 47/2003, de 3 de marzo, que invoca el Ministerio Fiscal. Si en la citada STC 47/2003 apreciamos la vulneración del derecho a la defensa y asistencia letrada del art. 24.2 CE fue en atención, como se pone de manifiesto en su FJ 2, a la responsabilidad que incumbe a los órganos judiciales de “velar por evitar la indefensión del justiciable en el proceso penal”, máxime cuando se trata de “cuestión de tan indiscutible interés para él cual sería la decisión … sobre el tiempo que le resta de cumplimiento de condena” en prisión.
Denegar el amparo solicitado por don José Antonio García Díaz.
Type and record number Recurso de amparo 5256-2003
Promovido por don José Antonio García Díaz respecto a la providencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que archivó el procedimiento incoado a su instancia respecto a informe de la Jurista del centro penitenciario de Villabona.
Se enjuicia si el órgano judicial, ante la solicitud de un preso para que se le nombraran Abogado y Procurador de oficio, para interponer un recurso contencioso-administrativo, actuó con la diligencia adecuada.
Se deniega el amparo. Según la Sentencia, no consta ninguna circunstancia que haya impedido la comunicación del recurrente con el Juzgado o con su Abogado y Procurador, siendo su condición de preso irrelevante. En consecuencia, según el Tribunal, el cómputo del plazo de caducidad aplicado por la resolución impugnada, que comenzó en la fecha de notificación al interno de la designación del Abogado que habría de defenderle, es irreprochable.
Al no haberse formulado la demanda en el plazo correspondiente, se ordenó el archivo de actuaciones, ya que habiendo nombrado el Juzgado Contencioso-Administrativo a Procurador y Abogado de oficio, es responsabilidad del demandante asegurar las diligencias para que estos profesionales lleven a cabo su función [FFJJ 2, 3].
El principio de rogación deja la decisión de iniciar un proceso en manos exclusivamente del interesado, no correspondiendo al órgano judicial instruir a aquél acerca del plazo dentro del cual puede ejercitar su acción ni, menos aún, velar por que la misma efectivamente se ejercite [FJ 4].
La obligación de los poderes públicos es de proveer al justiciable la asistencia real y efectiva para su defensa, pero no la de emprender actuaciones que garanticen este derecho frente a la propia pasividad del interesado o de quienes le representan en sus intereses (STC 47/2003) [FJ 3].
Aunque el elemento esencial del derecho a la tutela judicial efectiva es la obtención de una resolución fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones deducidas, ello no excluye que sea constitucionalmente lícita una resolución de inadmisión que no entre en el fondo cuando tal decisión se funde en la existencia de una causa legal que así lo justifica y que resulte aplicada razonablemente por el órgano judicial [FJ 2].
Artículo 24.2 (derecho a la asistencia de letrado), ff. 1 a 4
Artículo 284.2, f. 3
Artículo 17 párrafo 4, f. 4
Archivo de demandaArchivo de demanda, f. 2
Principio de rogaciónPrincipio de rogación, f. 4

References: Resolución 
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 24

Artículo 284

Artículo 17