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Timestamp: 2019-01-18 10:14:58+00:00

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﻿ Sentencia SL3668-2015 de marzo 4 de 2015
SENTENCIA SL3668-2015 DE 04 DE MARZO DE 2015
CONTENIDO:RÉGIMEN DISCIPLINARIO, TERMINACIÓN POR JUSTA CAUSA NO ES UNA MEDIDA SANCIONATORIA, POR LO TANTO NO DEBE ESTAR PRECEDIDA DE UN PROCESO DE DESCARGOS. EL DESPIDO POR JUSTA CAUSA, PARTIENDO DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL DECRETO 2127 DE 1945, COMO TAMBIÉN DE LAS SEÑALADAS EN EL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, NO CORRESPONDE A UNA MEDIDA EN ESTRICTO SENTIDO DE CARÁCTER SANCIONATORIO, POR LO QUE EN RELACIÓN CON ESTAS NO PROCEDE LA APLICACIÓN DEL TRÁMITE CONTEMPLADO EN EL CÓDIGO DISCIPLINARIO, EL CUAL, POR SER PROPIO DE TAL ESTATUTO, OPERA SOLO FRENTE A LAS CONDUCTAS TIPIFICADAS EN EL MISMO COMO FALTAS GRAVÍSIMAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DISCIPLINARIA, ACTIVIDAD PROCESAL DISCIPLINARIA, RECURSO DE CASACIÓN, AUSENCIA LABORAL SIN JUSTA CAUSA, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA, CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA, CLASES DE FALTAS DISCIPLINARIAS, CARTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA, CONDUCTA DISCIPLINARIA, ACTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, ACUMULACIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA
Sentencia SL3668-2015 de marzo 4 de 2015
SL3668-2015
Rad. 39546
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la del juez de primer grado y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.
De manera subsidiaria, solicita que se case parcialmente la sentencia impugnada, «para que se condene entonces a la reliquidación de la cesantía definitiva y a la correspondiente indemnización moratoria consagrada en el Decreto 797 de 1949, liquidando aquella sobre el salario promedio de $ 1.955.192.oo».
Con fundamento en la causal primera de casación propuso dos cargos, que no fueron objeto de réplica y que la Corte procede a estudiar, en el orden propuesto.
Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, «los artículos 11, 46, 47 y 49 de la Ley 6a de 1945, 3º de la Ley 64 de 1946, artículos 26 (numeral Iº), 51, 52 y 54 del Decreto 2127 de 1945, 1º del Decreto 797 de 1949, 467, 469, 475 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, 37, 38 y 39 del Decreto Ley 2351 de 1965, en relación con los artículos 1º, 25, 51, 60, 61, 145 y 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, 2, 5, 9, 10, 13, 16, 19, 21, 47 (subrogado por el artículo 5º del Decreto 2351 de 1965), 55, 56, 62 (subrogado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965), 64 (subrogado por el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965), 65, 127, 488, 489 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 3º de la Ley 48 de 1968, artículos 101, 174, 187, 251, 252, 254, numerales 1º y 3º y 258 del Código de Procedimiento Civil, 11, 12, 63, 1494, 1604, 1609, 1610, 1613, 1614, 2341, 2343, 2349, 2356, 2357 y 1757 del Código Civil, artículos 52 a 56 de la Ley 4a de 1913 o Código de Régimen Político y Municipal, artículo 27 de la Ley 153 de 1887, artículos 20, 123 y 124 de la Ley 200 de 1995».
Afirma que la anterior violación se produjo como consecuencia de los errores de hecho que se enlistan a continuación:
Dar por demostrado, no estándolo, que el despido del demandante fue legal.
No dar por demostrado, estándolo, que el despido del demandante fue ilegal, no solamente porque la demandada no siguió las correspondientes normas de la ley para oír en descargos al demandante sobre los hechos que se le imputaron, sino que también con ello se afectó gravemente su derecho de defensa.
Dar por demostrado, sin estarlo, que el despido del demandante se operó por justa causa comprobada.
No dar por demostrado, estándolo, que el despido del demandante fue unilateral e injusto.
No dar por demostrado, estándolo, que el demandante tenía derecho, en consecuencia, a que se le pagara la indemnización de perjuicios legalmente establecida por la cancelación ilegal e injusta de su contrato de trabajo.
No dar por demostrado, estándolo, que la demandada estaba obligada a liquidar y pagar la cesantía del demandante sobre la base del salario .promedio, último establecido en autos, equivalente a $ 1.955.192.oo.
No dar por demostrado, estándolo, que la demandada, al no pagar en forma completa la cesantía de su antiguo trabajador, aquí demandante recurrente, incurrió en la indemnización de perjuicios moratorios establecidos en la ley laboral aplicable a los trabajadores oficiales.
Como «pruebas no apreciadas» relaciona:
1. La confesión del hecho 12 de la demanda (folio 10), admitida en su contestación (folios 229 y 260).
La confesión del hecho 13 de la demanda (folio 10), admitida en su contestación (folios 229 y 260).
La confesión del hecho 14 de la demanda (folio 10), admitida en su contestación (folios 229 y 260).
La confesión del hecho 17 de la demanda (folio 10), admitida en su contestación (folios 229 y 260).
La demanda en cuanto determina que el despido del demandante fue unilateral, ilegal e injusto, tanto en las pretensiones como en los hechos de la misma.
Y como pruebas erróneamente apreciadas, enlista:
1. El telegrama oficial del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativa (sic) del 24 de agosto de 1998 (folio 31).
2. Diligencia de conciliación del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativa (sic) de 10 de diciembre de 1998 (folios 32 a 34).
3. El acta de diligencia de entrega de la Alcaldía Municipal de Sibate (sic) del 20 de agosto de 1998 (folios 35 a 36).
4. El escrito de la demandada Ferrovías, suscrito por el Ingeniero Seccional de Tunja, de fecha 1º de octubre de 1998, al Director Regional Central (folios 37 y 38).
5. El acta No. 002 del 13 de agosto de 1998 de la Personería Municipal de Duitama (folios 42 a 43).
6. El escrito oficial o telegrama No. 067 del 14 e (sic) agosto de 1998 de la Alcaldía Mayor de Tunja, de la Inspección Sexta Municipal de Policía y Tránsito (folio 44).
7. Los escritos de folios 45 y 46, firmados por el demandante recurrente, dirigidos a la Inspectora Sexta Municipal de Policía y Tránsito de Tunja.
8. El contrato de trabajo del demandante (folios 49 a 53, 236 a 240 y 275 a 278).
9. Comprobantes y órdenes de pagos de salarios y viáticos (folios 57 a 217).
10. Liquidación de prestaciones sociales, contenida en la resolución 000736 del 9 de octubre de 1998 (folios 248 a 251 y 267 a 269).
11. Comprobantes de pagos de salarios de folios 267 a 346.
12. Comprobantes de pagos de salarios de folios 380 a 397.
13. El escrito de terminación del contrato de trabajo de folios 270 a 271.
14. Como prueba no calificada el dictamen pericial de folios 403 a 409, 429 y 431 a 433.
Para sustentar el cargo, afirma que la justa causa contemplada en el num. 8º del art. 48 del D. 2127/1945, impone que «el hecho este debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se sigan las correspondientes normas de la ley, la convención o el reglamento interno», por cuanto el despido se asemeja a una sanción y exige que, previa su determinación, se sigan los trámites previstos para su imposición; que la decisión unilateral de la demandada de dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa, exigía el seguimiento de un procedimiento previo al despido, no solamente para comprobar la causal invocada sino también para permitirle al trabajador su derecho de defensa; que dentro del expediente no obra prueba de que el demandante haya sido oído en descargos y, que al referirse en los hechos de la demandada que el contrato de trabajo del actor fue terminado «de manera unilateral, ilegal e injustamente», en ellos se incorporó «la mención inequívoca a que era obligación de la demandada agotar previamente el procedimiento legal de cargos y descargos consagrado, en el régimen disciplinario de trabajadores oficiales contenido en el Código Único Disciplinario».
Señala que el despido es ilegal, por cuanto los hechos que dieron origen a la presunta grave indisciplina del actor, «han debido ser formulados a través de la Oficina de Control Disciplinario, existente en todos los organismos públicos a partir de la expedición de la Ley 200 de 1995, para que él hubiera podido solicitar pruebas y ejercer su derecho de defensa, lo que hubiera conducido finalmente a su absolución, dado que allí hubiese podido fácilmente comprobar la existencia de circunstancias que lo eximían de cualquier responsabilidad laboral y disciplinaria».
Afirma que el procedimiento y la forma de recepcionar los descargos, «antes del despido del servidor público» se encuentran expuestos en la Sentencia del CE, 15 may. 1997, rad. 13255, la cual reproduce in extenso, al igual que la sentencia C.Cons. T-546 de 2000, de la que según dice, señala que independientemente de que se trate de trabajadores privados o servidores públicos, debe dárseles la oportunidad de defenderse aportando pruebas y controvirtiendo las que se presenten en su contra, pues si estableciera distinción entre unos y otros trabajadores o servidores, se estaría vulnerando el derecho a la igualdad.
A continuación, se refiere a los supuestos fácticos que dieron origen a la justa causa invocada por la demandada, respecto de lo cual acusa que el Tribunal omitió examinar dos hechos eximentes de responsabilidad en la conducta del demandante: (i) que este le era «físicamente imposible» acatar las órdenes que se derivaban del cumplimiento de sus obligaciones laborales, pues de las documentales denunciadas, se advierte que debía comparecer a cuatro diligencias judiciales y administrativas concretas, «el mismo día, en horas distintas, en municipios y localidades situados a kilómetros de distancias unos de otros» y (ii) que era obligación del empleador, conforme el num. 1º del art. 26 del D. 2127/1945, «disponer lo necesario para que el trabajador preste sus servicios o ejecute las obras en las condiciones, el tiempo y el lugar convenidos, y poner a su disposición, salvo acuerdo en contrario, los instrumentos adecuados y las materias indispensables para la efectividad de su trabajo», lo que significa que la demandada debió suministrarle los medios de transporte y los viáticos correspondientes, luego, el incumplimiento de tales deberes «impidieron y no facilitaron la presencia del accionante a las diligencias relacionadas con la acción de tutela nacida en dicho municipio y extendida hasta el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo».
Afirma el censor que «todo ello hubiese podido ser aclarado de haberse seguido el procedimiento de formulación de cargos contra el accionante, antes de su despido, porque allí hubiese podido él demostrar, sin ninguna anfibología, que en casos análogos la demandada ordenaba las comisiones de servicios y autorizaba el pago consiguiente de viáticos, como es fácil determinarlo y establecerlo, por ejemplo con los documentos de folios 63, 64, 65, 66, 67, 68 y siguientes del expediente demostrativos de los pagos por viáticos, transporte y peajes».
El recurrente erige su acusación en torno a tres puntuales aspectos, a saber: (i) la decisión unilateral de la demandada de dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa, exigía agotar el «procedimiento legal de cargos y descargos consagrado en el régimen disciplinario de trabajadores oficiales contenidos en el Código Disciplinario Único», de suerte que se le permita al trabajador ejercer su derecho de defensa; (ii) que resultaba «físicamente imposible» cumplir la orden que le fue impartida —asistir en representación de la demandada, a la reunión programada con el Personero Municipal de Duitama, el día 10 de septiembre de 1998—, pues debía comparecer a cuatro diligencias judiciales y administrativas concretas, el mismo día, en diferentes municipios y, (iii) que el empleador no le suministró los medios de transporte y los viáticos correspondientes, lo cual impidió su presencia a las diligencias relacionadas con la acción de tutela adelantada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo.
Frente a esos puntuales aspectos, procede la Sala a pronunciarse.
(i) De la »falta de agotamiento del procedimiento legal de cargos y descargos consagrado en el régimen disciplinario de trabajadores oficiales contenidos en el Código Disciplinario Único», de manera previa a la terminación del contrato de trabajo con justa causa.
Esta temática traída a colación únicamente en el recurso extraordinario, se exhibe como un medio nuevo, en la medida que no fue planteado en la demanda inicial y menos aún en el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra el fallo absolutorio de primer grado, por tanto, no fue debatido en las instancias. En consecuencia, no es posible abordar su estudio, so pena de desconocer el debido proceso y el derecho de defensa de la parte contraria.
A más de lo anterior, es de señalar que la alegación propuesta por el censor constituye un argumento jurídico, que no es viable incluirlo en un discurso encaminado por la senda de los hechos, como el propuesto.
Con todo, cabe precisar que ya la Corte ha estudiado en varias oportunidades similar planteamiento al aquí propuesto, donde ha concluido que «el despido partiendo de las causales previstas en el Decreto 2127 de 1945, como también de las señaladas en el Código Sustantivo del Trabajo, no corresponde a una medida en estricto sentido de carácter sancionatorio, por lo que en relación con estas no procede la aplicación del trámite contemplado en el Código Disciplinario, el cual, por ser propio de tal estatuto, opera solo frente a las conductas tipificadas en el mismo como configurantes de faltas gravísimas y como tales, de justas causas, también, de terminación de los contratos de trabajo (...). (CSJ SL, 26 sep. 2006, rad. 26.928, reiterada con profusión, entre otras, en las recientes sentencias CSJ SL, 25 ene. 2011, rad. 37568 y CSJ SL 17 abr. 2013, rad. 35766).
ii) De la imposibilidad física de cumplir la orden impartida por el empleador de asistir a la reunión programada para el día 10 de septiembre de 1998 en Duitama, debido a que para dicha calenda, se encontraban programadas previamente, 3 diligencias en diferentes municipios, a las cuales, el actor debía asistir.
El Tribunal, para confirmar la absolución impuesta por el a quo, fundó su decisión en cuatro pilares fundamentales: (i) que la actuación surtida por el demandante dentro de la acción de tutela instaurada contra su empleadora, se limitó a presentar el poder que le fue conferido, por cuanto no se demostró que hubiere llevado a cabo actuación alguna dentro del trámite de la misma y menos aún, en el posterior incidente de desacato; (ii) que no existe probanza dentro del plenario que dé cuenta que el actor desatendió la orden directa del empleador de asistir a la reunión del 10 de septiembre de 1998 en Duitama, para, en su lugar, comparecer a una diligencia programada en el Municipio de Sibaté donde aduce haber representado los intereses de la accionada; (iii) que la acreditación del supuesto anterior resulta irrelevante, por cuanto las motivaciones del despido se sustentaron en la desatención de la instrucción directa que le impartió su empleador, la cual no podía ser obviada bajo los supuestos aducidos por el actor, esto es, que su comparecencia a la misma no era necesaria y que además, aquella no se surtió y, (iv) que pese a que el actor le fue entregado el poder para asistir a la diligencia del 10 de septiembre de 1998, un día antes de su realización, este no informó la programación de las otras actividades a las que afirma debía comparecer, a fin de que la empleadora tomara los correctivos que considerara necesarios.
Pues bien, la Sala reitera que la casación es un medio de impugnación extraordinario, mediante el cual la parte que se considerada agraviada con la decisión del fallador de segundo grado, acude a la Corte en procura de que se anule dicho pronunciamiento, de suerte que es deber del recurrente, con miras a la prosperidad de su acusación, destruir la totalidad de los soportes sobre los cuales se construye la decisión impugnada, pues sí alguno de ellos se mantiene y es suficiente por sí solo para soportarla, ella permanecerá incólume bajo la presunción de legalidad y de acierto, propios de una providencia emitida por un funcionario en ejercicio de las competencias que la Constitución y la Ley le otorgan.
No obstante, en el sub examine, el censor únicamente aborda el punto atinente a la imposibilidad de asistir, en representación de su empleadora, a la reunión programada para el día 10 de septiembre de 1998, en el municipio de Duitama, debido a la programación simultánea de tres diligencias en diferentes ciudades que igualmente le correspondía atender.
En todo caso, si se pasara por alto la anterior deficiencia argumentativa, la Corte no encontraría demostrado algún exabrupto fáctico trascendente en la decisión recurrida, que diera al traste con las conclusiones a las que arribó el Tribunal, tal como se procede a explicar.
De la supuesta confesión de la convocada a juicio, plasmada en la contestación de la demanda (hechos 12, 13, 14 y 17), que se denuncia como no observada, es de señalar sin lugar a equívocos, que sí fue objeto de valoración por el juez de apelaciones, tan es así que en su providencia dio por sentado que el demandante fungía como representante del empleador dentro del proceso adelantado en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá, asunto dentro del cual, se programó una diligencia para el 10 de septiembre de 1998, a la hora de las 10:00 a.m., así como que el actor recibió la instrucción de trasladarse a la ciudad de Duitama a fin de atender la reunión programada para determinar el cumplimiento de la orden impuesta en la tutela de marras y que tal era su importancia, que pese a que ya se habían surtido dos diligencias previamente, a las que había asistido otro profesional del derecho, la empresa le encomendó al actor su representación en aquella.
Tales conclusiones coinciden en un todo con los hechos aceptados por el ente convocado a juicio al dar respuesta al escrito genitor de la contienda, de donde se concluye —al margen de si ello constituye o no confesión de la pasiva—, que el juzgador de segundo grado si tuvo en cuenta lo plasmado en esa pieza procesal.
Ahora bien, alude el censor que el ad quem, no valoró el líbelo inicial del proceso donde se «determina que el despido del demandante fue unilateral, ilegal e injusto». Al respecto, resulta preciso señalar que la demanda puede ser objeto de revisión en casación solamente como pieza procesal en cuanto contenga confesión y, en el caso de autos, las afirmaciones allí incluidas no revisten el carácter de una declaración de parte que le reporte consecuencias jurídicas adversas al actor o favorables a su contraparte.
Frente a los supuestos documentos apreciados de manera errónea por el juez de apelaciones, lo cierto es que lo que ellos demuestran, más que desvirtuar las conclusiones medulares del fallo fustigado, las reafirman en un todo.
En efecto, de ellas se desprenden, que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá, señaló la hora de las 10:00 am del día 10 de septiembre de 1998, para llevar a cabo la audiencia de conciliación dentro del proceso civil adelantado contra la accionada y que a la misma asistió el actor como su representante (folios 31 a 34); que el 20 de agosto de 1998 se llevó a cabo una diligencia de entrega de un bien a la demandada por parte de la Alcaldía de Sibaté, (folios 35 y 36); que el Ingeniero Miguel Antonio Ochoa Díaz, informó al Director Regional Central de Ferrovías acerca del «desarrollo del fallo de Tutela» adelantada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo (folios 37 y 38); que se llevó a cabo una reunión el día 13 de agosto de 1998, en el Despacho del Personero Municipal de Duitama a efectos de estudiar el cumplimento del fallo de la referida acción constitucional (folios 42 y 43); que mediante telegrama enviado por la Inspección Sexta Municipal de Policía y Tránsito de Tunja, se señaló la hora de las 9:00 am del día 10 de septiembre de 1998, para llevar a cabo audiencia dentro de la querella policiva instaurada por la hoy demandada y, que el actor autorizó al ingeniero Miguel Antonio Ochoa Díaz, para que asistiera a la misma (folios 44 a 46).
Luego, resulta evidente que el Tribunal no erró en la apreciación de tales documentales, pues de ellas no emerge ni siquiera con meridiana claridad, que el actor hubiese acatado la orden impartida por la accionada de asistir en su representación, a la reunión programada para el 10 de septiembre de 1998, a las 2:00 p.m., en la ciudad de Duitama. Tampoco que su ausencia se debiera a que se encontraba atendiendo otra diligencia en el Municipio de Sibaté; es más, como bien se consignó en el fallo fustigado, ni siquiera obra prueba de que esta se haya realizado, pues no se arrimó al plenario medio de convicción alguno que dé cuenta de ello.
Ahora, en cuanto al contrato de trabajo del demandante, los comprobantes de pago de viáticos y salarios y la liquidación de prestaciones sociales (folios 49 a 53, 57 a 217, 380 a 397 y 248 a 251), concierne, no pudo el Tribunal apreciarlos con error alguno, en tanto no se refirió a ellos en ningún momento, para concluir que el despido del cual fue objeto el demandante lo fue con fundamento en una justa causa comprobada. En consecuencia, el recurrente debió proponer la no apreciación de tales medios de convicción y efectuar el respectivo análisis acerca de lo que tales documentales demuestran, con miras a desvirtuar las conclusiones del fallo impugnado. Deber que ciertamente, no acató.
Tampoco resulta pertinente la edificación alguna de un error de hecho con ocasión de la valoración que del escrito de terminación del contrato de trabajo (folios 270 y 271) efectuó el Tribunal, ello por cuanto al referirse a dicho documento, lo hizo con el fin de señalar —de manera acertada—, que el actor no se opuso a los hechos relatados en ella, en tanto desde la misma demanda aceptó su no comparecencia a la tantas veces mencionada reunión, que se llevó a cabo el 10 de septiembre de 1998 en la ciudad de Duitama.
Finalmente, en torno al dictamen pericial obrante a folios 403 a 409, basta señalar que no es una de las pruebas calificadas en la casación del trabajo, las cuales se encuentran limitadas al documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial, de tal modo que por sí solo, no constituye prueba hábil para estructurar un yerro fáctico.
iii) Del incumplimiento de la obligación que tenía el empleador de suministrarle al actor los medios de transporte y los viáticos necesarios, para asistir a la reunión programada con el Personero Municipal de Duitama, con ocasión del fallo de tutela tramitado contra la demandada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo.
Para desechar este argumento propuesto por la censura, basta señalar que por tratarse de un medio nuevo en casación, corre la misma suerte que el primero de los planteamientos propuestos, esto es, que la Corte no puede adentrarse a su estudio, pues al constituir una motivación diferente a la plasmada en las instancias, su valoración se tornaría vulneratoria del derecho de defensa de la parte contraria, quien no tuvo la oportunidad de rebatirla en la oportunidad procesal pertinente.
Atribuye a la sentencia recurrida la violación por la vía directa, en el concepto de infracción directa, «por cuando dejó de aplicar la ley, siendo el caso hacerlo en especial los artículos 251, 258 y 174 del Código de Procedimiento Civil, normas aplicables a los procesos laborales por remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, lo que condujo a la transgresión de los artículos 1º y 2º de la Ley 65 de 1946 (diciembre 20), artículo 3º del Decreto 2667 de 1946, artículo 6º del Decreto 1160 de 1947 (marzo 28), 63, 1494, 1604, 1609, 1610, 1613, 1614, 2341, 2343, 2349, 2356, 2357 y 1757 del Código Civil».
Plantea la sustentación de la acusación en los siguientes términos:
En contravía de sus propias razones, es decir, desconociendo o revelándose contra la ley así creada, el ad quem no le dio el valor probatorio que contienen los instrumentos públicos visibles a folios 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54 a 217, 248 a 251, 267 a 269, 403 a 409, 429 y 431 a 433 no los valoró toda vez que el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil advierte que la prueba que resulte de los documentos públicos y privados es indivisible y comprende aún lo meramente enunciativo siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato.
De las mencionadas pruebas se advierte sin discusión alguna: que para liquidar la cesantía definitiva del accionante se debió tener en cuenta no solo el salario fijo sino lo que percibió a cualquier otro título y que implica, directa o indirectamente, retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como las primas, sobresueldos y bonificaciones y que los viáticos se entenderán como salario, para los mismos efectos de liquidación de cesantía, cuando se hayan dado en forma permanente, por medio de resolución especial por un término no menor de seis meses durante cada año, como ocurrió en el caso sometido a estudio a favor del demandante, conforme a los cuales el salario promedio, establecido por el dictamen pericial ascendió a $ 1.955.192.oo, mientras que la liquidación de cesantía fue practicada sobre un salario de $ 1.388.515.00, razón por la que hay fundamento para ordenar el pago de la diferencia entre las referidas cantidades y, consecuencialmente, fulminar con la indemnización moratoria que corresponda.
Sea lo primero recordar que los cargos que, como el que plantea la censura, se erigen por la vía directa, supone plena conformidad con las conclusiones que el juzgador adoptó del estudio de los medios de convicción.
Sin embargo, el censor afirma que el ad quem, «no le dio el valor probatorio que contienen los instrumentos públicos» y otras frases incluidas en la demostración del cargo que aluden a la observación del expediente, concretamente de las pruebas «visibles a folios visibles a folios 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54 a 217, 248 a 251, 267 a 269, 403 a 409, 429 y 431 a 433», lo cual implica a un ataque por la vía indirecta que es la que permite que la Corte se adentre en el expediente a revisar el acervo probatorio. Por manera que, por la vía escogida —la del puro derecho—, no le era dable al recurrente cuestionar la observación o contenido de las pruebas y piezas procesales en comento.
Ahora bien, si con amplitud se entendiera que el cargo se orienta por la vía de los hechos bajo la modalidad adecuada, esto es, aplicación indebida, ello a nada conduciría, pues esta Corte ha determinado que cuando en sede extraordinaria se acusa la violación indirecta de normas de carácter sustancial, como resultado de incurrir el Tribunal en errores de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, le compete al censor señalar de manera diáfana, el tipo de desacierto en que se cimienta e individualizar el medio o medios de prueba sobre los que predica el yerro.
Así mismo, en aras de la claridad que debe regir la fundamentación de la demanda de casación, es deber del recurrente indicar de manera objetiva el contenido de los medios de convicción así como el valor atribuido por el juzgador y la incidencia de este en las conclusiones del fallo impugnado, requisitos que evidentemente omitió cumplir el censor.
Al margen de lo anterior y frente a la temática propuesta en el cargo, esto es, la procedencia del reajuste de prestaciones y otras acreencias laborales, es de señalar que el Tribunal concluyó que en la forma como se estructuró la demandada inicial, tales peticiones eran consecuenciales de la primera, de ahí que la no prosperidad de esta, determinó el fracaso de aquellas y, en tal sentido, estimó procedente la confirmación del fallo de primera instancia que impartió absolución por esos conceptos.
Luego, era esa y no otra, la conclusión que le correspondía derruir a la censura, con la consabida argumentación y demostración pertinente, lo cual igualmente, se abstuvo de realizar.
Sin costas en el recurso extraordinario, como quiera que la demanda de casación no fue objeto de réplica
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 12 de noviembre de 2008, en el proceso ordinario adelantado por Carlos Hernando Cárdenas Zamudio contra la Empresa Colombiana de Vías Férreas – Ferrovías.

References: artículo 5
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 27
 resolución 
 artículo 145
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 258
 resolución