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Timestamp: 2018-11-17 19:47:57+00:00

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﻿ Sentencia C-667 de septiembre 22 de 2009
SENTENCIA C-667 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2009
CONTENIDO:LA COPARTE Y EL TERCERO LLAMADO EN GARANTÍA. SE INHIBE PARA CONOCER LOS REPROCHES DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADOS CONTRA LAS EXPRESIONES “A UN TERCERO” Y “DE AQUÉL”, CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 57 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO CIVIL, INTERVENCIÓN DE TERCEROS PROCESALES, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA
Sentencia C-667 de septiembre 22 de 2009
Ref.: Expediente D-7656
Bogotá, D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil nueve (2009).
Ley 4ª de 1969 y consultada la comisión asesora que ella estableció,
ART. 57.¾Llamamiento en garantía. Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores”.
6. Consideraciones y fundamentos.
6.1. Competencia de la corte.
Conforme al artículo 241 ordinal 5º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de las expresiones “a un tercero” y “de aquel”, contenidas en el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de expresiones normativas contenidas en un decreto con fuerza de ley.
6.2. Planteamiento del tema y problema jurídico.
Según criterio del demandante, la procedencia del llamamiento en garantía únicamente para los terceros con relación legal o contractual con el demandante, con exclusión de la coparte, vulnera el preámbulo y los artículos 2º, 13, 20, 228 y 229 de la Constitución, por tres razones principales: la primera, porque afecta el pronto acceso a la justicia, la efectividad y oportunidad de los procesos judiciales. La segunda, porque otorga un trato discriminatorio entre los terceros y las partes de un litigio al señalar diferentes oportunidades frente a la ley procesal. Y, la tercera, por cuanto exige procesos aislados, innecesarios y dilatados que demoran la justicia y dan mayor prevalencia al derecho formal que al derecho sustancial. Por esas razones, la demanda pide la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones “a un tercero” y “de aquel” contenidas en el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil.
6.3. Condiciones que deben reunir los cargos de inconstitucionalidad.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad deben señalar las normas acusadas como inconstitucionales, las disposiciones constitucionales que se consideran infringidas, las razones por las que el ciudadano demandante considera que la norma impugnada es contraria a la Constitución(1) y la competencia de la Corte Constitucional.
Específicamente en relación con los motivos por los que se estima existe contradicción entre la ley y la Constitución o cargos de inconstitucionalidad, al efectuar el control de constitucionalidad del inciso 3º del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, con ocasión de una demanda formulada por un ciudadano contra esa disposición, esta corporación(2) explicó que se trata de un requisito mínimo razonable que pretende hacer más viable el derecho político a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución, sin que con ello se afecte su núcleo esencial.
Con posterioridad, la Sala Plena de la Corte Constitucional precisó que el examen de las razones de inconstitucionalidad expuestas por el demandante no solo corresponde a una evaluación formal sino al análisis material de la misma, pues es indispensable que se presente “una acusación en debida forma”. En tal virtud, los motivos de reproche no se satisfacen con la exposición de cualquier tipo de argumento, ni puede fundarse en simples afirmaciones, ni puede utilizar afirmaciones imprecisas e indeterminadas. Por el contrario, dijo la Corte, “el demandante debe formular un cargo concreto, de naturaleza constitucional, contra una norma legal. Por consiguiente, el actor no cumple ese requisito si se limita a efectuar una formulación vaga, abstracta y global de los motivos de inconstitucionalidad, sin acusar específicamente la disposición, pues su omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad. Tampoco existe una demanda idónea cuando la acusación no es relevante constitucionalmente sino que se fundamenta en razones puramente legales. Finalmente, esta corporación ha entendido que no existe materialmente cargo, si el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”(3).
A manera de precisión metodológica, esta corporación indicó que los cargos de inconstitucionalidad deben reunir cinco requisitos, puesto que las razones por las que se presenta el reproche de validez de la ley deben ser "claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes"(4). Así, el cargo es claro cuando se expresan argumentos comprensivos y consecuentes con lo solicitado. Los motivos de impugnación son ciertos cuando la demanda recae sobre una proposición normativa real y existente(5), y no sobre una deducida por el actor, o implícita(6). Las razones de inconstitucionalidad son específicas cuando el actor explica por qué la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta, pues “el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos ‘vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales’ que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan”(7). El cargo de inconstitucionalidad es pertinente cuando presenta argumentos de constitucionalidad congruentes con lo solicitado, pues las discusiones puramente legales y las solicitudes dirigidas a constatar la vigencia, conveniencia o aplicabilidad de la ley no son admisibles en el proceso de constitucionalidad. Por ello, la Corte ha dicho que no prosperan las acusaciones cuyo fundamento es el análisis de conveniencia(8), necesidad(9) o actualidad doctrinaria(10). Finalmente, los cargos son suficientes cuando la demanda está dirigida a desvirtuar la presunción de constitucionalidad de la ley, esto es, cuando se genera un verdadero debate constitucional(11).
Específicamente en cuanto al requisito de pertinencia del cargo, es necesario tener en cuenta que al demandante corresponde formular planteamientos de naturaleza constitucional, pues todos aquellos argumentos de conveniencia, oportunidad, importancia práctica, de aplicación indebida o de errónea interpretación de la ley, distorsionan la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad y resultan ajenos al control de constitucionalidad abstracto. Por consiguiente, no son de recibo, por impertinentes, “los argumentos subjetivos, de conveniencia o relativos a la solución de un caso particular”(12), las afirmaciones generales sobre la aplicación práctica de la norma(13), los debates de rango puramente legal o doctrinario(14), los planteamientos basados en el beneficio o utilidad que la inconstitucionalidad de la norma acusada pueda traer(15) o los argumentos que “se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”(16).
En cuanto al requisito de suficiencia de los motivos de inconstitucionalidad, esta corporación ha explicado que “el cargo completo y suficiente es aquel que es capaz de hacer sospechar al juez sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”(17), son aquellos argumentos que tienen la capacidad de generar un debate de validez o “despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”(18).
6.4. Impertinencia e insuficiencia de los cargos por violación de los artículos 2º, 29, 228 y 229 de la constitución.
Ahora, evidentemente, la figura del llamamiento en garantía está diseñada como una facultad o un medio de defensa del demandado que consiste en exigir la intervención en el proceso de un tercero “garante” u obligado legal o contractualmente, para asegurar el pago de una indemnización de perjuicios en caso de que el proceso se resuelva en contra del “llamante”. Es claro, entonces, que este instrumento constituye un doble beneficio para la parte demandante, en tanto que, de un lado, al proceso acuden dos obligados a responder por el cumplimiento de la obligación en litigio(19) y, de otro, la figura focaliza la atención del juez en la exigibilidad de la obligación pretendida.
A su turno, la demanda de coparte, esto es, la presentada por uno de los demandados en contra de otro que también tendría la misma calidad (tal es el caso de un deudor solidario a quien judicialmente se le reclama el cumplimiento de una obligación exigible, que en el curso del mismo proceso pide llamar al otro deudor para que los dos defiendan sus derechos), tendría como finalidad proteger los derechos patrimoniales del demandado, pues este tendría la calidad de demandado en la intervención principal y la calidad de demandante en la intervención como coparte. De este modo, este instrumento se convertiría en una herramienta de defensa para el demandado, quien no sólo podrá llamar a un tercero obligado (llamamiento en garantía), sino también al coparte o deudor solidario.
Entonces, no es suficiente afirmar que el llamado en garantía de la coparte evitaría acciones innecesarias y dilatadas, pues si se analiza la situación desde la perspectiva del acreedor que hizo uso de su derecho a elegir el deudor solidario cuyo cumplimiento de la obligación hará exigible ¾C.C., art. 1568¾, la intervención del coparte no es necesaria porque demora la definición de su litigio y hace más compleja la decisión judicial que requiere. Luego, el argumento es impertinente porque se pretende introducir una nueva figura del proceso civil con base en conjeturas de orden práctico y no con fundamento en valoraciones de índole constitucional.
La tercera razón por la que la demanda considera que las expresiones normativas acusadas desconocen los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución está plasmada así: “si la Constitución es celosa en resguardar los términos de los procesos, los procedimientos y los trámites, con mayor razón lo es cuando no se permite a las partes entre sí solucionar sus diferencias cuando concurren en un mismo pleito hechos y pretensiones oponibles o discutibles entre ellas; situación que sí permite a terceros ajenos al proceso, rompiendo el trato de iguales... no se garantiza a las partes proponer acciones cruzadas en un mismo pleito, aspecto que restringe el acceso igualitario y efectivo a la administración de justicia”.
“Hace uso de la palabra el doctor Álvarez quien inquiere si se va a considerar la figura de la demanda de coparte. A este propósito manifiesta el secretario que en la disposición que se refiere al ‘llamamiento en garantía’ se modificó la expresión ‘tercero’ por el vocablo ‘otro’ para suprimir la limitación que hoy existe y permitir que un demandado llame en garantía a otro de los demandados, lo que constituye el propósito de la demanda de coparte. Se aclara que en el proceso ejecutivo no es posible aplicar la demanda de coparte”(20).
En la misma línea argumentativa, el procesalista Hernán Fabio López Blanco sostiene que, a pesar de que es evidente que del artículo 57 del Código de Procedimiento Civil no es posible deducir la aplicación de la demanda de coparte, “lo ideal sería contar con disposición expresa que la consagre”. Además precisa que “no es menester restringirla al proceso declarativo, por cuanto donde mayor utilidad puede prestar es en los ejecutivos donde se podría ventilar en trámite adicional pero autónomo lo atinente a la solución de las pretensiones de la coparte”(21).
Al hacer referencia al llamamiento en garantía en el proceso civil italiano, Calamandrei analiza las ventajas de que esa figura se aplique únicamente al tercero que garantiza una causa común, puesto que “en virtud del llamamiento en garantía, se encuentran reunidas ante el mismo juez (art. 32) dos causas: la principal, entre las partes principales, donde puede ocurrir que el llamado en garantía también tome parte en la forma antedicha, y la de garantía entre el garantizado actor y el garantizado demandado”(22).
6.5. Requisitos que debe reunir el cargo por violación del artículo 13 superior.
De otra parte, el demandante considera que las expresiones “tercero” y “de aquel”, contenidas en el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, desconocen el artículo 13 superior por “ausencia de igualdad de oportunidades ante la ley pues frente a terceros se puede ejercitar el llamamiento en garantía pero entre las mismas partes tal actividad adjetiva se encuentra limitada ante la enunciación de esos vocablos que dan lugar a posiciones rígidas de los jueces que no admiten esta intervención que sí ha sido adoptada en otras legislaciones y sistemas de justicia”.
Ahora bien, en cuanto a la carga argumentativa del demandante cuando invoca la trasgresión del artículo 13 de la Carta, la Corte Constitucional ha indicado que, por la naturaleza relacional del juicio de igualdad, es necesario que se precise con claridad, suficiencia, pertinencia, especificidad y certeza cuáles son los sujetos cuyo cotejo se propone, cuál es el criterio de comparación escogido y cuáles son las razones por las que se acudió al mismo. De igual manera, si se tiene en cuenta que la correcta interpretación del principio de igualdad no supone la prohibición de la diferencia sino el reproche a la discriminación, al demandante no solo corresponde presentar argumentos para demostrar que la ley estableció el trato diferente a dos supuestos fácticos iguales, sino que dicho trato no tiene una justificación razonable, proporcional y suficiente que lo autorice. En cuanto a las características que debe reunir el cargo por violación de la igualdad, la Corte señaló:
“Este requisito en la elaboración del cargo se torna en este caso particularmente exigente, en la medida en que, al tener el juicio de igualdad un carácter eminentemente relacional no basta simplemente con señalar que se presenta un trato dispar entre dos (2) sujetos, sino que es indispensable precisar si efectivamente existe: (i) un tratamiento igual a dos sujetos puestos en distintas situaciones o, a contrario sensu, (ii) un tratamiento desigual a dos sujetos puestos en iguales condiciones. De suerte que, ‘la carga argumentativa está inclinada en favor de la igualdad, pues en todo caso la carga de la prueba pesa sobre quien pretende el establecimiento de un trato diferenciado. En otras palabras, quien establece o pretende establecer un trato discriminatorio, debe justificarlo’”(23).
De otra parte, tampoco aparece claro el criterio de comparación escogido por el actor. A primera vista, parecería que cotejó la situación del tercero y la coparte en el llamamiento en garantía, a partir del resultado: la demora para resolver la controversia entre los deudores solidarios (las copartes). Sin embargo, ese argumento no es de recibo no solo porque no tiene un fundamento objetivo y verificable (puesto que podría decirse que la intervención del coparte demora la resolución de litis para el acreedor y hace más compleja la decisión judicial porque se introducen elementos de juicio distintos a los planteados en la controversia principal), sino porque es insuficiente para justificar el trato igual a dos supuestos de hecho distintos.
Declararse INHIBIDA para conocer los reproches de inconstitucionalidad formulados contra las expresiones “a un tercero” y “de aquel”, contenidas en el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, por ineptitud sustantiva de la demanda.
(2) Sentencia C-131 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(4) Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(5) En Sentencia C-362 de 2001, la Corte concluyó que no existían cargos porque los argumentos dirigidos a reprochar la disposición partían de proposiciones que no se derivaban de la norma acusada.
(6) Mediante Sentencia C-504 de 1995, la Corte concluyó que la disposición acusada no correspondía a la realmente consagrada por el legislador.
(7) Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(8) Puede verse la Sentencia C-269 de 1995.
(9) Sentencias C-090 de 1996, C-357 de 1997, C-374 de 1997, C-012 de 2000 y C-040 de 2000.
(10) Sentencia C-504 de 1993.
(11) Sentencias C-242 de 2006, C-402 de 2007, C-1299 de 2005, C-048 de 2006 y C-1194 de 2005.
(12) Sentencia 735 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo.
(13) Sentencia C-721 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(14) Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(15) Sentencia C-1059 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(17) Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(18) Sentencia C-190 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(19) El profesor Hernando Morales Molina explica que “el llamamiento tiene por objeto que el tercero se convierta en parte, a fin de que haga valer dentro del mismo proceso su defensa acerca de las relaciones legales o contractuales que lo obligan a indemnizar o a reembolsar, y al igual del denunciado en el pleito, acude no solamente para auxiliar al denunciante, sino para defenderse la obligación legal del saneamiento”. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General. Décima Edición. Editorial ABC. Bogotá. 1988. Páginas 248 y 249.
(20) Comisión Redactora del Proyecto de Código General del Proceso. Acta número 09 del 15 de octubre de 2003. Dirección en Internet: www.ficsa.org.co.
(21) López Blanco, Hernán Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo I. Parte General. Sexta Edición. Bogotá. 1993. Páginas 251 y 252.
(22) Calamandrei Piero, Derecho Procesal Civil. Tomo II. Volumen II. Ediciones Jurídicas Europa - América. Buenos Aires. Páginas 345 y siguientes.
(23) Sentencia C-156 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

References: ARTÍCULO 57
 artículo 241
 artículo 57
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 artículo 2
 artículo 2
 artículo 57
 artículo 13
 artículo 57
 artículo 13
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