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Timestamp: 2017-09-26 18:07:44+00:00

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Recursos - Código europeo de buena conducta administrativa»Defensor del Pueblo Europeo
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Nuestra misión es servir a la democracia colaborando con las instituciones	de la Unión Europea para crear una administración más eficaz, responsable,	transparente y ética.
Me complace presentarle la versión actualizada de	El Código Europeo de	Buena Conducta Administrativa,aprobado originalmente por el Parlamento Europeo	en 2001.
En tanto que Defensora del Pueblo Europeo, he podido constatar en primera	persona la integridad, dedicación y humanidad de muchos funcionarios de la Unión	Europea (UE). Este Código pretende respaldar esos esfuerzos compartiendo las	mejores prácticas y promoviendo (tanto dentro como fuera de las instituciones) una	cultura administrativa europea armonizada, centrada en el ciudadano, que permita	a la vez escuchar y aprender de sus interacciones con los ciudadanos, las empresas y	las partes interesadas.
El código proporciona directrices sobre las etapas prácticas que llevan a	una mayor eficacia, transparencia y rendición de cuentas; el personal de mi oficina	proporcionará más información de manera informal si fuese necesario.
Las instituciones de la UE, por su naturaleza, se inspiran en el amplio acervo	de experiencia y perspectiva procedente de los Estados miembros. La creación de	una cultura de servicio basada en el acuerdo y la armonía, por lo tanto, puede	ser un reto. Sin embargo, y cada vez más, las instituciones se están dando cuenta	de que un enfoque centrado en el ciudadano les es rentable, y espero que esto	continúe.
Creo que este Código nunca ha sido tan necesario como ahora, en un	momento en el que se somete a un escrutinio sin precedentes el proceso de toma	de decisiones europeo. Estoy segura de que estos procesos son, en general, lo	suficientemente sólidos como para satisfacer estas exigencias de escrutinio. Sin	embargo, las instituciones deben aceptarlo como una norma de responsabilidad, y	no adoptar una actitud defensiva o evasiva.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE garantiza a los ciudadanos	de la UE el derecho fundamental a una buena administración. Las instituciones	deben por consiguiente acoger el cambio y el desafío, y actuar de manera proactiva	para mejorar y reforzar la calidad y la eficacia de su trabajo.
El presente Código es por tanto la contribución de mi institución para cumplir	con esos retos. Le ruego que lo lea con atención, y le recuerdo que puede dirigirse a	mi oficina para cualquier consulta.
La buena administración por	parte de las instituciones, órganos	y organismos de la Unión Europea	(«las instituciones	de la UE»)	beneficia a todos los ciudadanos	y residentes de la UE. Tiene una	importancia especial para las	personas que	tienen un trato directo	con las instituciones de la UE.
Desde su aprobación por el	Parlamento Europeo en 2001,	El Código Europeo de Buena	Conducta Administrativa	se ha	convertido en un instrumento	fundamental para la aplicación	práctica del principio de buena	administración. Ayuda a	los	ciudadanos a comprender y exigir	sus derechos, y fomenta el interés	del público por conseguir una	administración	europea abierta,	eficaz e independiente.
Este Código permite a los	ciudadanos conocer el nivel	de servicio administrativo que	tienen derecho a esperar de las	instituciones de la UE. Representa	asimismo una guía útil para los	funcionarios en sus relaciones	con el público. Al dar	una mayor	concreción al principio de	buena administración, el Código	contribuye a promover el máximo	nivel de calidad en la	administración.
Coincidiendo con la aprobación	del Código, el Parlamento	Europeo adoptó una resolución	invitando al Defensor	del Pueblo	a aplicar el Código en el examen	de los posibles casos de mala	administración. En consecuencia,	el Defensor	del Pueblo hace las	oportunas referencias al Código	en sus investigaciones, y también	en sus esfuerzos dirigidos	a	promover activamente la buena	administración.
El artículo 228 del Tratado de	Funcionamiento de la Unión Europea	faculta al Defensor del Pueblo	para	investigar los casos de mala	administración en las actividades de las	instituciones, órganos u organismos	de la Unión,	con exclusión del Tribunal	de Justicia de la Unión Europea	en el ejercicio de sus funciones	jurisdiccionales.
Todos los ciudadanos de la Unión tienen	derecho a presentar reclamaciones	al Defensor del Pueblo. También	los	residentes, las empresas y las	asociaciones pueden formular	reclamaciones.
Este es uno de los derechos	fundamentales de la ciudadanía de la	Unión, garantizado por la Carta de los	Derechos	Fundamentales (artículo 43).
No es necesario que el reclamante se	haya visto afectado personalmente por	la mala administración, ni que posea	algún	interés especial en el asunto.
El Defensor del Pueblo también realiza	investigaciones de oficio.
El derecho a una buena	administración
El Defensor del Pueblo carece	de autoridad para adoptar	decisiones vinculantes	jurídicamente, y	El Código de	Buena Conducta Administrativa	no	es un instrumento jurídicamente	vinculante. Sin embargo, ciertos	contenidos del Código coinciden	con el derecho	fundamental a una	buena administración consagrado	en el artículo 41 de la Carta de los	Derechos Fundamentales de la	Unión Europea.
A partir de la entrada en vigor del	Tratado de Lisboa en diciembre	de 2009, la Carta de los Derechos	Fundamentales tiene el mismo	valor jurídico que los Tratados.	Por consiguiente, los ciudadanos	tienen ahora derecho a	que las	instituciones de la UE traten sus	asuntos según los principios de la	buena administración.
Derecho a una buena	administración
(Artículo 41	de la Carta de los Derechos	Fundamentales de la Unión	Europea)
1.	Toda persona tiene derecho a que	las instituciones, órganos y organismos	de la Unión traten sus asuntos imparcial	y	equitativamente y dentro de un plazo	razonable.
2.	Este derecho incluye en particular:
a. el derecho de toda persona a ser oída	antes de que se tome en contra suya	una medida individual que la afecte	desfavorablemente;
b. el derecho de toda persona a acceder	al expediente que le concierna, dentro	del respeto de los intereses legítimos	de la confidencialidad y del secreto	profesional y comercial;
c. la obligación que incumbe a la	administración de motivar sus decisiones.
3.	Toda persona tiene derecho a la	reparación por la Unión de los daños	causados por sus instituciones o sus	agentes en el	ejercicio de sus funciones,	de conformidad con los principios	generales comunes a los Derechos de los	Estados miembros.
4.	Toda persona podrá dirigirse a las	instituciones de la Unión en una de las	lenguas de los Tratados y deberá recibir	una	contestación en esa misma lengua.
Los principios de	la función pública
La plena y correcta aplicación	del Código, de la Carta de los	Derechos Fundamentales y del	Derecho de la UE en	general,	dependerá de que exista	una cultura de servicio en la	administración, que capacite a los	funcionarios para	comprender	y hacer suyos los principios que	rigen la buena administración.
Las normas éticas constituyen un	componente esencial de la cultura	de servicio.
En junio de 2012, después de	un proceso de consulta pública,	el Defensor del Pueblo publicó	una síntesis destilada de las	normas éticas a las que se atiene	la administración pública de la	UE. Dichas normas se condensan	en cinco principios de la	función pública que se expresan	a continuación.
Principios de la función	pública que deben guiar a	los funcionarios de la UE
Los funcionarios deben ser conscientes	de que el objetivo de las instituciones de	la Unión Europea es servir los intereses	de la Unión y de sus ciudadanos en el	cumplimiento de los objetivos de los	Tratados.
Deben formular recomendaciones	y tomar decisiones solo para servir estos	intereses.
Los funcionarios deben desempeñar sus	funciones de la mejor manera posible	y esforzarse por cumplir, en todo	momento, las normas profesionales más	estrictas.
Deben ser conscientes de la función	que cumplen en términos de confianza	pública y dar un buen ejemplo a los	demás.
Los funcionarios siempre deben	comportarse con decoro y de forma	impecable, adoptando en todo	momento comportamiento a prueba del	escrutinio público más minucioso. Para cumplir esta obligación no basta con actuar simplemente dentro de la	legalidad.
Los funcionarios no deben contraer	obligaciones financieras o de otra	naturaleza que puedan influir en el	desempeño de	sus funciones, incluida la	aceptación de regalos. Deben declarar	inmediatamente cualquier interés	privado en relación	con sus funciones.
Los funcionarios deben tomar medidas	para evitar los conflictos de intereses	y la apariencia de dichos conflictos.	Deben actuar a la mayor brevedad	posible para resolver todo conflicto	que pueda surgir. Esta obligación se	mantiene	después de abandonar el	cargo.
Los funcionarios deben ser imparciales,	estar libres de prejuicios, guiarse por las	pruebas y estar dispuestos a	escuchar	distintos puntos de vista. Deben estar	dispuestos a reconocer y corregir	errores.
En los procedimientos que conllevan una	evaluación comparativa, los funcionarios	deben basar las recomendaciones	y	decisiones únicamente en los méritos	y en otros factores que establezca	expresamente la ley.
Los funcionarios no deben discriminar ni	permitir que su simpatía o antipatía por	una persona en concreto influya en	su	conducta profesional.
Los funcionarios deben actuar	respetándose mutuamente y respetando	a los ciudadanos. Deben ser educados,	atentos,	diligentes y serviciales.
Deben hacer todo lo posible por	comprender lo que dicen otras personas	y por expresarse de una manera clara	y	sencilla.
Los funcionarios deben estar dispuestos	a explicar sus actividades y a motivar sus	acciones.
Deben mantener registros adecuados	y valorar de forma positiva el hecho	de que su conducta, incluido el	cumplimiento de	los principios de la	función pública, esté sometida a examen	público.
Tener en cuenta estos principios	puede ayudar a los funcionarios	a comprender y aplicar	adecuadamente las	distintas	normas y principios, y servirles	de guía para adoptar la decisión	correcta en las situaciones en que	deban	aplicar su propio criterio.
De este modo, los principios	contribuyen a mejorar la calidad	de la administración pública,	a reforzar la primacía del	Derecho	y a reducir el riesgo de que las	facultades discrecionales se	utilicen de manera arbitraria.
Siempre que sea pertinente,	el Defensor del Pueblo hace	referencia a estos principios	en sus investigaciones sobre	supuestos casos de mala	administración en las actividades	de las instituciones, órganos	y organismos de la UE.
El Código y los Estados	miembros
El Código, al igual que el	artículo 41 de la Carta y los	principios de la función pública,	sólo es aplicable	directamente a	las instituciones y funcionarios de	la Unión Europea.
A pesar de ello, también ha	servido de inspiración para	algunos textos similares en los	Estados miembros de la UE, en	países candidatos y en terceros	países.
Por otro lado, como establecen	claramente las notas explicativas	que acompañan a la Carta de	los Derechos	Fundamentales,	el derecho a una buena	administración se basa en la	jurisprudencia del Tribunal	de Justicia relativa a la	buena	administración como uno de	los principios generales del	Derecho de la UE. Estos principios	generales obligan	asimismo a los	Estados miembros cuando actúan	dentro el ámbito de aplicación del	Derecho de la UE.
El Código Europeo	de Buena Conducta	Administrativa
El Código aprobado por el	Parlamento Europeo contiene	las siguientes disposiciones	substantivas	1	:
En sus relaciones con el público, las	instituciones y sus funcionarios respetarán	los principios establecidos en este	Código	de Buena Conducta Administrativa,	denominado en lo sucesivo «el Código».
1.	El Código será aplicable a todos los	funcionarios y otros agentes para los que	rigen el Estatuto de los funcionarios y	el	régimen aplicable a los otros agentes	de la Unión Europea, en sus relaciones	con el público. En lo sucesivo, el	término	«funcionario» se refiere tanto a los	funcionarios como a los otros agentes.
2.	Las instituciones y sus administraciones	adoptarán las medidas necesarias	para garantizar que las disposiciones	establecidas en el presente Código	sean también de aplicación a las otras	personas que trabajan para ella, tales	como	personas contratadas bajo	contratos de Derecho privado, expertos	de administraciones nacionales en	comisión de servicios	y becarios.
3.	El término «público» se refiere	a personas físicas y jurídicas,	independientemente de que residan	o tengan su domicilio	social en un Estado	miembro o no.
4.	Para los fines del presente Código, se	entenderá por:
a. «institución», una institución, un	órgano o un organismo de la UE;
b. «funcionario», un funcionario u otro	agente de la UE.
1.	El presente Código contiene los	principios generales de buena conducta	administrativa aplicables a todas las	relaciones	de las instituciones y sus	administraciones con el público, salvo que	existan disposiciones específicas para las	mismas.
2.	Los principios establecidos en el	presente Código no son aplicables	a las relaciones entre la institución	y sus	funcionarios. Dichas relaciones se	encuentran regidas por el Estatuto de	los funcionarios.
1.	El texto que sigue a continuación ha sido actualizado para	tener en cuenta los cambios introducidos por el Tratado de	Lisboa a la nomenclatura de los Tratados y a la numeración	de sus artículos, así como la revisión de 2008 del Estatuto del	Defensor del Pueblo. Ciertos errores tipográficos y lingüísticos	también han sido corregidos.
El funcionario actuará de conformidad	con el Derecho y aplicará las normas	y procedimientos establecidos en el	Derecho de la UE. En particular, el	funcionario velará por que las decisiones	que afecten a los derechos o intereses	de	los ciudadanos estén basadas en	Derecho y que su contenido cumpla con	el Derecho.
Ausencia de	discriminación
1.	Al tramitar las solicitudes del público	y al adoptar decisiones, el funcionario	garantizará el respeto del principio de	igualdad de trato. Los miembros del	público que se encuentren en la misma	situación serán tratados de una manera	similar.
2.	De producirse alguna diferencia	de trato, el funcionario garantizará	que se encuentra justificada por las	características pertinentes objetivas del	caso en concreto.
3.	En particular, el funcionario evitará	toda discriminación injustificada entre	miembros del público sobre la base de	nacionalidad, sexo, raza, color, origen	étnico o social, características genéticas,	lengua, religión o creencias,	opiniones	políticas o de cualquier otro tipo,	pertenencia a una minoría nacional,	propiedad, nacimiento, discapacidad,	edad u orientación sexual.
1.	Al adoptar decisiones, el funcionario	garantizará que las medidas adoptadas	sean proporcionales al objetivo que se	persigue. En particular, el funcionario	evitará restringir los derechos de los	ciudadanos o imponerles cargas cuando	estas restricciones o cargas no guarden	una relación razonable con el objetivo	perseguido por la acción.
2.	Al adoptar decisiones, el funcionario	respetará el justo equilibrio entre los	intereses privados individuales y el	interés público general.
Ausencia de abuso	de poder
Los poderes se ejercerán únicamente	con la finalidad para los que han	sido otorgados por las disposiciones	pertinentes. En particular, el funcionario	evitará utilizar dichos poderes para	objetivos que no posean fundamento	legal o que no estén motivados por un	interés público.
1.	El funcionario será imparcial	e independiente. El funcionario se	abstendrá de toda acción arbitraria que	afecte	adversamente a los miembros	del público, así como de cualquier trato	preferente por cualesquiera motivos.
2.	La conducta del funcionario nunca	estará guiada por intereses personales,	familiares o nacionales, ni por presiones	políticas. El funcionario no participará	en una decisión en la que él mismo,	o un familiar cercano, tenga intereses	económicos.
Al adoptar decisiones, el funcionario	tendrá en cuenta los factores relevantes	y otorgará a cada uno de los mismos	su	debida importancia en la decisión,	excluyendo de su consideración todo	elemento irrelevante.
Expectativas	legítimas, coherencia	y asesoramiento
1.	El funcionario será coherente en su	propio comportamiento administrativo,	así como con la actuación administrativa	de la	institución. El funcionario seguirá	las prácticas administrativas normales	de la institución, salvo que existan	razones	fundadas para apartarse de tales	prácticas en un caso individual. Cuando	tal fundamento exista, deberá constar por	escrito.
2.	El funcionario respetará las legítimas	y razonables expectativas que los	miembros del público tengan a la luz	de la	actuación de la institución en el	pasado.
3.	Si fuera necesario, el funcionario	asesorará al público sobre cómo debe	presentarse un asunto que entra dentro	de su	ámbito de competencia, así como	sobre el modo en que se debe actuar	mientras se trate ese asunto.
El funcionario actuará de manera	imparcial, justa y razonable.
1.	El funcionario será diligente, correcto,	cortés y accesible en sus relaciones	con el público. Al responder a la	correspondencia, llamadas telefónicas	y correo electrónico, el funcionario	tratará en la mayor medida posible de	ser	útil y responderá a las preguntas	que se le plantean de la manera lo más	completa y exacta posible.
2.	En caso de que el funcionario no sea	competente para el asunto de que se	trate, dirigirá al ciudadano al funcionario	adecuado.
3.	De producirse un error que afecte	negativamente a los derechos	o intereses de un miembro del público,	el funcionario	presentará sus excusas,	tratará de corregir los efectos negativos	resultantes de su error de la forma más	rápida posible	e informará al interesado	de las posibilidades de recurso de	conformidad con el artículo 19 del	Código.
Respuesta a cartas en la	lengua del ciudadano
El funcionario garantizará que todo	ciudadano de la Unión o cualquier	miembro del público que se dirija por	escrito a	la institución en una de las	lenguas del Tratado reciba una respuesta	en esa misma lengua. Esta disposición	se aplicará,	en la medida de lo posible,	a las personas jurídicas tales como las	asociaciones (ONG) y las empresas.
Acuse de recibo e	indicación del funcionario	competente
1.	Toda carta o reclamación dirigida	a la institución será objeto de un	acuse de recibo en el plazo de dos	semanas, excepto	en el caso de que	en ese período pudiera enviarse una	contestación substantiva.
2.	La contestación o el acuse de recibo	indicarán el nombre y el número de	teléfono del funcionario que se ocupa	del	asunto, así como el servicio al que	dicho funcionario pertenece.
3.	No será necesario enviar un acuse de	recibo o una respuesta en aquellos casos	en los que las cartas o reclamaciones	resulten abusivas por su número excesivo	o su carácter repetitivo o sin sentido.
Obligación de remisión	al servicio competente de	la institución
1.	En caso de que una carta	o reclamación a una institución se dirijan	o transmitan a una Dirección General,	a una	Dirección o a una Unidad que	no sean competentes para tratarla, sus	servicios garantizarán que el expediente	en cuestión	se remita sin demora al	servicio competente de la institución.
2.	El servicio que originariamente recibió	la carta o la reclamación informará al	autor de esta remisión e indicará el	nombre y el número de teléfono del	funcionario al que se ha transmitido el	expediente.
3.	El funcionario indicará al miembro	del público u organización los errores	u omisiones que pudieran encontrarse	en los	documentos y les brindará la	posibilidad de corregirlos.
Derecho a ser oído y	a hacer observaciones
1.	En aquellos casos que incumban a los	derechos o intereses de ciudadanos, el	funcionario garantizará que en todas las	fases del proceso de toma de decisiones	se respeten los derechos de la defensa.
2.	Todo miembro del público tendrá	derecho, en aquellos casos en los que	deba adoptarse una decisión que afecte	a sus	derechos o intereses, a presentar	observaciones por escrito y, en caso	necesario, a presentar observaciones	orales, con	anterioridad a la adopción	de la decisión.
Plazo razonable de	adopción de decisiones
1.	El funcionario garantizará que	una decisión sobre toda solicitud	o reclamación dirigida a la institución	se adopte en un	plazo razonable, sin	demora y, en todo caso, antes de un	período de dos meses a partir de la	fecha de recepción. Esta	misma norma	se aplicará a la respuesta a cartas	del público y a las respuestas a notas	administrativas que el	funcionario haya	enviado a sus superiores solicitando	instrucciones relativas a las decisiones	que se han de tomar.
2.	En caso de que una solicitud	o reclamación dirigida a la institución	no pueda, por la complejidad de los	asuntos que	plantee, decidirse dentro del	plazo arriba mencionado, el funcionario	informará al autor de la misma a la	mayor brevedad	posible. En este caso,	deberá comunicarse al autor de la	solicitud o reclamación una decisión	definitiva en el plazo más	breve posible.
Deber de indicar los	motivos de las decisiones
1.	Toda decisión de la institución que	pueda afectar adversamente a los	derechos o intereses de una persona	deberá indicar	los motivos en los que	está basada, exponiendo claramente	los hechos pertinentes y el fundamento	jurídico de la	decisión.
2.	El funcionario evitará adoptar	decisiones basadas en motivos	breves, vagos o que no contengan un	razonamiento	individual.
3.	En el caso en que, debido al gran	número de personas afectadas por	decisiones similares, no resultara posible	comunicar	detalladamente los motivos	de la decisión, mandándose por lo	tanto respuestas de tipo normalizado, el	funcionario, en	una fase subsiguiente,	facilitará al ciudadano que expresamente	lo solicite un razonamiento individual.
Indicación de	posibilidades de recurso
1.	Una decisión de la institución que	pueda afectar adversamente a los	derechos e intereses de una persona	contendrá una	indicación de las	posibilidades de recurso existentes con	respecto a tal decisión. En particular,	indicará la naturaleza	de tales recursos,	los organismos ante los que pueden	ejercerse, así como los plazos en los que	deben ejercerse.
2.	En particular, las decisiones remitirán	a la posibilidad de recursos judiciales	y reclamaciones al Defensor del Pueblo	en las condiciones previstas en los	artículos 263 y 228, respectivamente,	del Tratado de Funcionamiento de la	Unión	Europea.
1.	El funcionario garantizará que las	personas cuyos derechos o intereses se	vean afectados por una decisión sean	informadas por escrito de tal decisión	tan pronto como se haya adoptado la	misma.
2.	El funcionario se abstendrá de	comunicar la decisión a otras fuentes	antes de que la persona o personas	afectadas hayan	sido informadas.
1.	El funcionario que trate datos	personales referentes a un ciudadano	respetará la privacidad y la integridad	de la	persona de conformidad con	las disposiciones del Reglamento (CE)	n° 45/2001 del Parlamento Europeo	y del Consejo, de 18	de diciembre de	2000, relativo a la protección de las	personas físicas en lo que respecta	al tratamiento de datos	personales	por las instituciones y los organismos	comunitarios y a la libre circulación de	estos datos	2	.
2.	En particular, el funcionario evitará	el tratamiento de datos personales con	fines no justificados o la transmisión de	tales datos a personas no autorizadas.
1.	El funcionario, cuando sea	responsable del asunto en cuestión,	facilitará a los miembros del público la	información que	soliciten. Cuando sea	conveniente, el funcionario aconsejará	sobre cómo iniciar un procedimiento	administrativo en el	ámbito de su	competencia. El funcionario velará por	que la información que se comunique	resulte clara y comprensible.
2.	DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.
2.	En caso de que una solicitud oral de	información sea demasiado complicada	o demasiado extensa para ser tratada,	el	funcionario indicará a la persona	afectada que formule su petición por	escrito.
3.	En caso de que, por su carácter	confidencial, un funcionario no pudiera	revelar la información solicitada, de	conformidad con el artículo 18 del	presente Código, indicará a la persona	afectada los motivos por los que no	puede	comunicar la información.
4.	En caso de solicitudes de información	sobre cuestiones de las que no sea	responsable, el funcionario dirigirá a la	persona para que presente la solicitud	a la persona competente, indicándole	su nombre y número de teléfono.	En caso de	solicitudes de información	que afecten a otra institución de la UE,	el funcionario dirigirá al peticionario	a dicha	institución.
5.	En su caso, el funcionario,	dependiendo del tema de la solicitud,	dirigirá a la persona que trata de	obtener la	información al servicio de	la institución competente para facilitar	información al público.
Solicitudes de acceso	público a documentos
1.	El funcionario tratará las solicitudes	de acceso a documentos de la	institución de conformidad con las	normas aprobadas	por la institución	y con los principios y límites establecidos	en el Reglamento (CE) n° 1049/2001	3	.
2.	Si el funcionario no puede	satisfacer una petición oral de acceso	a documentos, indicará al ciudadano	que la formule por	escrito.
Los departamentos de la institución	mantendrán adecuadamente los	registros de su correspondencia de	entrada y salida,	de los documentos que	reciban y de las medidas que adopten.
1.	La institución adoptará medidas	eficaces para informar al público de	sus derechos en virtud del presente	Código. Cuando	sea posible, hará	accesible el texto en versión electrónica,	publicándolo en su página web.
3.	DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.
2.	La Comisión, en nombre de todas las	instituciones, publicará y distribuirá el	Código entre los ciudadanos en forma	de	folleto.
Derecho a reclamar ante	el Defensor del Pueblo	Europeo
Cualquier incumplimiento por parte	de una institución o un funcionario	de los principios establecidos en el	presente	Código podrá ser objeto	de una reclamación ante el Defensor	del Pueblo Europeo de conformidad	con el artículo 228 del	Tratado de	Funcionamiento de la Unión Europea	y el Estatuto del Defensor del Pueblo	Europeo	4	.
Toda institución debe examinar cada	dos años su aplicación del Código, y	presentar un informe con los resultados	del	examen al Defensor del Pueblo	Europeo.
4.	Decisión del Parlamento Europeo sobre el Estatuto del	Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del	ejercicio de sus funciones (DO L 113 de 4.5.1994, p. 15),	modificada en último lugar vez por la Decisión 2008/587/CE,	Euratom (DO L 189 de 17.7.2008, p. 25).
Reproducción autorizada, con fi nes educativos y no comerciales, siempre que	se indique la fuente bibliográfica.
Este folleto ha sido publicado en internet, en la página:	http://www.ombudsman.europa.eu
Diseño gráfico y maquetación de: Rosendahls - Schultz Grafisk,	Albertslund, Dinamarca, y EntenEller A/S, Valby,	Dinamarca.
Si necesita una versión de esta publicación con un tipo de letra mayor, póngase en contacto con la Oficina del	Defensor del Pueblo Europeo. Previa solicitud, trataremos de facilitarle también una versión audio.
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References: resolución	
 artículo 228
 artículo 41
	artículo 41
 artículo 19
 artículo 18
 artículo 228