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Timestamp: 2020-02-16 19:58:12+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 66, de 09/12/2016
cve: BOCG-12-D-66
051/000002 Composición del Pleno. Altas y bajas... (Página3)
061/000008 Composición de la Diputación Permanente. Altas y bajas... (Página4)
010/000011 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas... (Página4)
031/000011 Composición de la Junta de Portavoces. Altas y bajas... (Página5)
Cese... (Página5)
Nombramiento... (Página6)
299/000005 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Presidentes de Comisión. Nombramientos... (Página6)
162/000199 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
162/000219 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG-CETA). Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmiendas formuladas... (Página12)
172/000005 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el futuro de las autopistas de peaje... (Página16)
172/000006 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre las respuestas que da el Gobierno de España a los 46 temas planteados el 20 de abril por el Presidente Puigdemont... (Página16)
172/000008 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas a adoptar para paliar el preocupante aumento del consumo de alcohol en menores... (Página17)
173/000001 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno para garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos.
173/000002 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación de pobreza energética en la que viven más de cinco millones de personas en nuestro país, especialmente en las medidas de protección previstas por el Gobierno de España para el cese en la violación de derechos. Texto de la moción así como enmiendas formuladas... (Página24)
Aprobación con modificaciones... (Página33)
173/000003 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal y, más en concreto, sobre las medidas adoptadas para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012, más conocida como "amnistía fiscal", tributen efectivamente al tipo del 10% contemplado expresamente en la Ley.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas... (Página34)
Aprobación con modificaciones... (Página38)
184/004120 Autor: Salvador i Duch, Jordi
Inversión realizada por la Administración del Estado para la celebración de los Juegos del Mediterráneo 2017... (Página38)
184/004546 Autor: Vila Gómez, Miguel
Tramitación de la exploración de un pozo de gas en la Merindad de Montija, localidad de Loma, provincia de Burgos, en concreto el proyecto de Shesa Angosto-A, por la sociedad de hidrocarburos del Gobierno Vasco... (Página40)
245/000001 Resoluciones aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados en relación con la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia, así como Memoria del Tribunal Supremo, correspondientes al año 2014 (corresponde a los números de expediente 245/000006 de la X Legislatura y 245/000001 de la XI Legislatura)... (Página41)
140/000006 Declaración institucional en conmemoración del Día Internacional de la Acción contra el Sida... (Página49)
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
AZPIAZU URIARTE, Pedro María 28-11-2016
BURGOS GALLEGO, Tomás 25-11-2016
CABRERA CARMONA, Eloísa María 28-11-2016
NIETO BALLESTEROS, José Antonio 25-11-2016
VÁZQUEZ ROJAS, Juan María 25-11-2016
ALONSO HERNÁNDEZ, Raquel 29-11-2016
CABEZAS REGAÑO, Isabel 29-11-2016
NAVARRO CRUZ, María del Carmen 29-11-2016
RUANO GARCÍA, Javier 29-11-2016
NAVARRO CRUZ, María del Carmen PP
CABEZAS REGAÑO, Isabel PP
RUANO GARCÍA, Javier PP
ALONSO HERNÁNDEZ, Raquel PP
Nombre: NAVARRO CRUZ, María del Carmen.
Número: 360.
Nombre: ALONSO HERNÁNDEZ, Raquel.
Circunscripción: Valladolid.
Número: 361.
Nombre: CABEZAS REGAÑO, Isabel.
Número: 362.
Nombre: RUANO GARCÍA, Javier.
Circunscripción: Murcia.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (061/000001)
Número de miembros a 30 de noviembre de 2016: 134.
ALONSO HERNÁNDEZ, Raquel 30-11-2016
CABEZAS REGAÑO, Isabel 30-11-2016
NAVARRO CRUZ, María del Carmen 30-11-2016
RUANO GARCÍA, Javier 30-11-2016
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (010/000001)
Número de miembros a 28 de noviembre de 2016: 4.
MUÑOZ GONZÁLEZ, Pedro José 23-11-2016
PÉREZ DOMÍNGUEZ, María Soledad 23-11-2016
ÁBALOS MECO, José Luis 23-11-2016
BATET LAMAÑA, Meritxell 23-11-2016
HERNANZ COSTA, Sofía 23-11-2016
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (031/000001)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 30 de noviembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con
efectos de 30 de noviembre de 2016, de D.ª María Jesús Arribas Castelló, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 30 de noviembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª María Jesús Arribas Castelló, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 1 de diciembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente técnico de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 30 de noviembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Marta Alarcón Cediel, a propuesta del Excmo. Sr. D. Teófilo de Luis Rodríguez, con efectos de 30 de noviembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 30 de noviembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Carmen García Tortosa, a propuesta del Excmo. Sr. D. Eloy Suárez Lamata, con efectos de 30 de noviembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
162/000199
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 36, de 21 de octubre de 2016.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
"El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo y su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y manifiesta su voluntad de promover la toma de conciencia sobre el apoyo que necesitan las personas con discapacidad desde todos los aspectos y sectores de la vida política, social, económica y cultural instando, además, al Gobierno a:
1. Promover un Pacto de Estado por los Servicios Sociales, consensuado con las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Dependencia, con el fin de lograr una gestión ágil, común y sostenible de todos los servicios sociales y mejorar su financiación en el ámbito del nuevo modelo de financiación autonómica, asegurando los recursos suficientes. Se recuperarán los recursos anteriores a 2012 dedicados al Sistema Nacional de Dependencia.
2. Desarrollar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, adaptando y actualizando el ordenamiento jurídico a los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
a) Profundizar en el desarrollo de programas específicos para el fomento de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito del empleo. Y favorecer un mayor seguimiento de estas medidas, para valorar su eficacia.
b) Regular la expedición y uso de la "Tarjeta Europea de la Situación de Persona con Discapacidad" para acreditar a los beneficiarios en los distintos países de la Unión Europea y que puedan acceder a los derechos y prestaciones que estén establecidas.
c) Priorizar la accesibilidad, especialmente en cuanto a los servicios públicos, y facilitar el ejercicio del derecho al voto."
"El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo y su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y manifiesta su voluntad de:
- Promover la toma de conciencia sobre el apoyo que necesitan las personas con discapacidad desde todos los aspectos y sectores de la vida política, social, económica y cultural.
- Salvaguardar de forma especial los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, apostando por su plena inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.
- Mejorar la coordinación entre Estado y las Comunidades Autónomas para reducir los factores de exclusión de las personas con discapacidad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la(s) siguiente(s) enmienda(s) a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular sobre la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Se propone la adición en el punto 2 del texto siguiente:
"Creando para ello un fondo estatal para la accesibilidad universal. Dicho fondo se nutrirá del 1 % de lo que los Presupuestos Generales del Estado anualmente a las inversiones de obras públicas e infraestructuras, nuevas tecnologías y sociedad de la información. Con este fondo se financiarán en el conjunto del territorio español los programas y las actuaciones de accesibilidad universal en los procesos, bienes, productos, servicios, transporte, información y comunicaciones, así como en los medios de comunicación social, con el objetivo de que todas las personas con diversidad funcional, en situación de dependencia o con limitaciones comunicativas o cognitivas de cualquier tipo puedan ser independientes y participar plenamente en todos los aspectos de la vida."
Se propone la adición del siguiente punto:
"- Implementar y desarrollar el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Nayua Miriam Alba Goveli, Diputada.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Íñigo Alli Martínez y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, del Grupo Parlamentario Popular.
Se añaden dos nuevos epígrafes:
"- Dirigir todas las políticas públicas a lograr la inclusión, el desarrollo y la autonomía de todas las personas con discapacidad y, con especial esfuerzo, de las mujeres con discapacidad del ámbito rural, colectivo que más sufre la exclusión.
- Dar cobertura efectiva a los derechos reconocidos a las personas con discapacidad en la Declaración de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006 aprobada en seno de Naciones Unidas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Íñigo Jesús Alli Martínez y Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Diputados.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Ester Capella i Farré, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Se añade en punto 3, que queda con el siguiente redactado:
"3. Mejorar la coordinación entre Estado y las Comunidades Autónomas, respetando el actual marco competencial en materia de políticas de discapacidad, para reducir los factores de exclusión de las personas con discapacidad."
Se añade un nuevo punto 4, que queda con el siguiente redactado:
"4. Remover los obstáculos que impiden la plena aplicación efectiva de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006."
Se añade un nuevo punto 5, que queda con el siguiente redactado:
"5. Garantizar los recursos económicos, tanto a nivel estatal como autonómico, que aseguren la plena efectividad de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2016.-Ester Capella i Farré, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
"El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo y su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, e insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, a:
- Mejorar la coordinación entre Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para reducir los factores de exclusión de las personas con discapacidad.
- Promover un nuevo marco normativo para la inclusión laboral de las personas con discapacidad que, entre otras medidas, incluya:
Medidas de apoyo a los centros especiales de empleo.
Reponer los recursos destinados a las políticas activas de empleo.
Medidas para garantizar el cumplimiento de los porcentajes de reserva empleo para personas con discapacidad establecidos tanto para el sector público, como para el privado.
- Crear un Fondo de accesibilidad universal por el cual, del presupuesto ejecutado en obra pública e infraestructuras y en la sociedad de la información, un 1% se destine a la accesibilidad física y tecnológica, para dar cumplimiento a los plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación previstos en la Ley."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Francesc Homs i Molist, en su calidad de Diputado del Partit Demócrata integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
- Mejorar la cooperación entre Estado y las Comunidades Autónomas, respetando en todo caso y de manera estricta las competencias de las CCAA para reducir los factores de exclusión de las personas con discapacidad.
- Promover las reformas legislativas necesarias para garantizar la plena aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 36, de 21 de octubre de 2016, en los siguientes términos:
- Mejorar la cooperación entre la Administración General Estado y las Comunidades Autónomas, respetando el actual marco competencial en materia de políticas de discapacidad, para reducir los factores de exclusión de las personas con discapacidad.
- Dirigir todas las políticas públicas a lograr la inclusión, el desarrollo y la autonomía de todas las personas con discapacidad, y con especial esfuerzo, de las mujeres con discapacidad del ámbito rural, colectivo que más sufre la exclusión.
- Dar cobertura efectiva a los derechos reconocidos a las personas con discapacidad en la Declaración de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006 aprobada en seno de Naciones Unidas.
- Promover las acciones normativas necesarias para mejorar la inclusión laboral de las personas con discapacidad que, entre otras medidas, incluya:
a) Medidas de apoyo a los centros especiales de empleo con recursos destinados a las políticas activas de empleo.
b) Medidas para garantizar el cumplimiento de los porcentajes de reserva de empleo para personas con discapacidad establecidos.
- Desarrollar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, adaptando y actualizando el ordenamiento jurídico a los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
c) Priorizar la accesibilidad, especialmente en cuanto a los servicios públicos, y facilitar el ejercicio del derecho al voto.
- Promover un Pacto de Estado por los Servicios Sociales, consensuado con las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Dependencia, con el fin de lograr una gestión ágil, común y sostenible de todos los servicios sociales y mejorar su financiación en el ámbito del nuevo modelo de financiación autonómica, asegurando los recursos suficientes."
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG-CETA), publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 48, de 11 de noviembre de 2016.
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley de Pleno del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG-CETA).
Se propone sustituir todo el texto de la Proposición por el siguiente:
Una vez consumada la firma del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG, CETA por sus siglas en inglés; en adelante, el Acuerdo) entre Canadá y la Unión Europea, en la Cumbre celebrada en Bruselas entre la República de Canadá y el Consejo de la Unión Europea, del 30 de octubre de 2016; y una vez
hecha pública la intención de proceder y avanzar de manera inmediata en la firma y aplicación provisional del Acuerdo en el seno de las instituciones europeas (reuniones que se mantuvieron en octubre de 2016 en el seno de las instituciones sólo a tales efectos: 12 y 13 de octubre de las REPER, 17 de octubre del CAE y 20 y 21 de octubre del Consejo de la Unión Europea) entendemos que deviene de forma inextricable la necesidad de trasladar el debate al organismo competente para la prestación del consentimiento ante la negociación y firma de Tratados Internacionales (Capítulo Tercero del Título III de la Constitución Española de 1978).
El Congreso de los Diputados muestra su preocupación ante la total desatención a las recomendaciones recogidas en la resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2015, del Parlamento Europeo a la Comisión Europea relativas a las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (2014/2228(INI)), en la que constaba la necesidad de "velar por que el acuerdo garantice el pleno respeto de las normas de la UE en materia de derechos fundamentales a través de la inclusión de una cláusula de derechos humanos, que deberá ser jurídicamente vinculante y suspensiva, como un componente estándar de los acuerdos comerciales de la UE con terceros países". Estas recomendaciones no han sido respetadas por parte de la Comisión Europea.
El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) es un acuerdo integral de carácter mixto que afecta y afectará tanto a competencias exclusivas de la Unión Europea como a competencias estatales, autonómicas y municipales, de modo que no se puede obviar ni tratar de eludir el debate parlamentario con anterioridad a procesos fundamentales como lo ha sido la autorización de la firma y como lo es ahora la aplicación provisional (prevista en el Tratado) o la ulterior ratificación. A día de hoy, han sido cuatro los parlamentos (País Valencia, Illes Balears, Catalunya y Extremadura) que han instado al Gobierno -entonces en funciones- a que se abstenga de autorizar la firma y aplicación del CETA. El Gobierno presidido por Mariano Rajoy, una vez más -y a pesar de su status in tempore en funciones- no ha dejado de presionar para lograr la ratificación del Acuerdo Comercial con Canadá -a sabiendas de que no contaba con el refrendo parlamentario y a sabiendas de no haber informado debidamente a las Cámaras, como recoge la Constitución- ni tampoco de abogar por una aplicación provisional del CETA "cuanto antes", sin que el Congreso de los Diputados se pronuncie ni se haya pronunciado al respecto.
El Congreso de los Diputados debe velar por que el comercio internacional sea respetuoso con el desarrollo humano y en particular por que cumpla con las normas y pactos internacionales sobre derechos humanos, laborales, sociales y normas medioambientales vinculantes, así como con la protección y promoción de la diversidad cultural y el rechazo a la inclusión en acuerdos internacionales de cualquier cláusula de arbitraje privado que menoscabe el respeto de las soberanías nacionales y regionales. El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre Canadá y la Unión Europea en su actual versión prevé un mecanismo de resolución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) denominado Sistema de Corte de Inversiones (ICS), Este sistema otorga a los inversores extranjeros -y sólo a los extranjeros- la posibilidad de recurrir a tribunales de arbitraje específicos, amenazando así la soberanía de los Estados y a las competencias no sólo de los parlamentos estatales y autonómicos, sino también de las instituciones de carácter local; lo que puede poner en peligro el derecho a regular y tomar medidas frente a las desigualdades sociales, la emergencia social de la población afectada por la crisis, los desequilibrios territoriales, el cambio climático o la crisis que sufren el mundo rural y muchas explotaciones agrarias. Tanto la Asociación Europea de Jueces como la asociación Jueces para la Democracia han señalado que la nueva propuesta de la Comisión Europea para la resolución de disputas entre inversor y Estado altera la arquitectura jurídica de la UE y debilita las facultades de los tribunales nacional en virtud de la legislación europea.
El Acuerdo omite asimismo el "principio de precaución", base del ordenamiento jurídico europeo, recogido en el articulo 191 del Tratado de la Unión Europea, sin atender a que su aplicación puede poner en peligro la salud humana o el medio ambiente. No cumple tampoco los preceptos recogidos en la Resolución del Parlamento Europeo del 14 de febrero de 2006 sobre la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la Unión Europea [2005/2057(INI)].
A pesar de que en la reciente reunión informal de Ministros de Comercio en Bratislava así como en las últimas reuniones del Comité de Política Comercial (TPC) del Consejo de la UE y en la reunión de COREPER II del 28 de septiembre varios Estados miembros -tales como Eslovenia, Rumania, Bulgaria, Austria y Bélgica- señalaron que mantenían reservas políticas respecto a la firma del CETA; y a pesar de que hasta la última semana de octubre se encontraba paralizada la firma del Acuerdo por las reservas que aún mantenía la región de Valonia (Bélgica); la negociación mantenida con el Estado belga desbloqueó
finalmente la situación y así se rubricó la firma del Tratado en una Cumbre bilateral entre la Unión Europea y la República de Canadá, el pasado 30 de octubre de 2016.
El Consejo de Ministros español, en funciones, autorizó el día 14 de octubre de 2016 la firma de los Acuerdos Económico y Comercial Global, y de Asociación Estratégica entre Canadá y la Unión Europea y sus Estados miembros. No se mencionó en esta decisión la autorización de la aplicación provisional. Constatamos que otros Estados de la UE exigieron condiciones para firmar o se pronunciaron en declaraciones de carácter unilateral sobre el contenido del tratado. Es necesario, así, hacer sobresalir la declaración emitida por el Reino de Bélgica, que anunció que, en su calidad de Estado soberano y en el ejercicio de sus competencias, pedirá al Tribunal de Justicia de la UE un dictamen sobre la compatibilidad del ICS con el orden jurídico europeo.
Además de sobre estas declaraciones unilaterales, llamamos la atención sobre la "Joint lnterpretative Declaration", redactada por Canadá, la UE y los Estados miembros. Según los servicios legales de la Comisión Europea, este documento tiene carácter vinculante: el mismo valor jurídico que el corpus del texto del Tratado. Y -aunque es su intención- no aclara las numerosas preocupaciones expresadas por los Estados respecto al Tratado en su conjunto.
1.º Informar a la Cámara con urgencia sobre la declaración conjunta de "aclaraciones" (EU-Canada Joint lnterpretative Declaration) desarrollada entre la Comisión Europea y el Gobierno de Canadá.
2.º Informar a la Cámara con urgencia sobre la negociación que España ha realizado respecto de los Anexos del CETA relativos a servicios y a Denominaciones de Origen y de los análisis de impacto realizados por el Gobierno respecto del resultado de esta negociación.
3.º Justificar ante la Cámara la decisión adoptada por el Consejo de Ministros en funciones el día 14 de octubre sobre el CETA y sobre la Asociación Estratégica entre Canadá y la Unión Europea y sus Estados miembros. Informar a la Cámara de la relación entre este segundo acuerdo y el CETA, en particular respecto de las Denominaciones de Origen.
4.º Justificar ante la Cámara las razones que llevaron al Gobierno a abstenerse de hacer declaraciones sobre el ICS (Sistema de Tribunal de Inversiones) y sobre el procedimiento para finalizar la aplicación provisional, como sí hicieron 38 Parlamentos Nacionales y Regionales.
5.º Solicitar el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad del Acuerdo Económico y Comercial Global con los Tratados Europeos sobre la base del artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para evitar que un acuerdo incompatible con los Tratados Europeos sea firmado, aplicado provisionalmente y concluido mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no haya dado lugar a esta opinión.
6.º Rechazar la aplicación provisional del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), y así proceder a llevar a cabo todos los procedimientos previstos por la Ley para la ratificación de Tratados Internacionales antes de decidir sobre la aplicación y la conclusión del Acuerdo.
7.º Comprometerse a manifestar, en el seno del Consejo, que el Estado Español se reserva, en materia agrícola, el derecho de activar la cláusula de salvaguarda en caso de desequilibrio de mercado.
8.º Comprometerse a consultar al conjunto de Comunidades Autónomas respecto de su posición sobre el CETA.
9.º Comprometerse a que, en el caso de que entre en vigor la aplicación provisional del acuerdo, someterán todas las decisiones en el marco de los mecanismos de cooperación reguladora y en cuanto las mismas traten materias de competencia compartida con la UE al debate y aprobación en el Parlamento.
10.º Solicitar de inmediato el control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales previsto en el artículo 95 de la Constitución Española ante el Tribunal Constitucional a efectos de comprobar que no existe contraposición entre el texto del CETA y la Constitución española. En esta situación el Gobierno se comprometería igualmente a no aceptar la aplicación provisional del acuerdo hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre dicha compatibilidad.
11.º Realizar un referéndum previo a la ratificación del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG-CETA)."
Actualización y mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Teresa Jordà i Roura, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG-CETA).
- Realizar un referéndum previo a cualquier intento de refrendar el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG-CETA).
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Francesc Homs i Molist, en su calidad de diputado del Partit Demòcrata, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de sustitución de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG-CETA).
1. Informar a la Cámara con urgencia sobre la declaración conjunta de "aclaraciones" (EU-Canada Joint "Declaration of clarification" on CETA) desarrollada entre la Comisión Europea y el Gobierno de Canadá.
4. Instar al Gobierno del Estado a someter el CETA a un debate participativo y a una campaña informativa, previa a su ratificación final en las Cortes Generales, Que incluya las fuerzas políticas, económicas y sociales del Estado.
5. Solicitar el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad del Acuerdo Económico y Comercial Global con los Tratados Europeos sobre la base del artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para evitar que un acuerdo incompatible con los Tratados
Europeos sea firmado, aplicado provisionalmente y concluido mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no haya dado lugar a esta opinión.
6. Proceder de aquí en adelante una memoria sobre el impacto económico político y social de la aprobación de acuerdos internacionales que se incorporan al acervo legislativo estatal.
8. Comprometerse a consultar al conjunto de Comunidades Autónomas respecto de su posición sobre el CETA."
172/000005
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el futuro de las autopistas de peaje, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Teresa Jordà i Roura, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpelación urgente sobre el futuro de las autopistas de peaje, para su debate en Pleno.
La concesión de las autopistas de peaje catalanas titularidad del Ministerio de Fomento, cuya construcción ha sido sobradamente sufragada por la ciudadanía de Catalunya, expira en los años 2019 y 2021.
Por otro lado, innecesarias autopistas de peaje -como las radiales madrileñas- están en quiebra y, de una manera u otra, van a costar miles de millones de euros al erario público.
Por todo ello se presenta la siguiente interpelación urgente sobre el futuro de las autopistas de peaje.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2016.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
172/000006
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las respuestas que da el Gobierno de España a los 46 temas planteados el 20 de abril por el Presidente Puigdemont, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 173 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una interpelación urgente sobre las respuestas que da el Gobierno de España a los 46 temas planteados el 20 de abril por el President Puigdemont.
Hace siete meses, el día 20 de abril de 2016, se reunieron el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el Presidente de la Generalitat Carles Puigdemont. En este encuentro, el presidente catalán planteó un primer tema político: la petición al Estado de una respuesta política a un mandato democrático, seguida de cuarenta y cinco temas más, muchos de ellos reiterativos de los ya planteados casi dos años antes por el President Mas, en julio de 2014, que exigían respuestas al Estado.
En este contexto los diputados y diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre las respuestas que da el Gobierno de España a los 46 temas planteados el 20 de abril por el President Puigdemont.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
172/000008
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas a adoptar para paliar el preocupante aumento del consumo de alcohol en menores, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
A la Mesa el Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpelación urgente sobre las medidas a adoptar para paliar el preocupante aumento del consumo de alcohol en menores.
El consumo global de alcohol está descendiendo en el Estado español, pero desde hace algunos años asistimos a un incremento del consumo de grandes ingestas de alcohol en menores concentradas en un corto periodo de tiempo, para alcanzar rápidamente un alto nivel de embriaguez.
Hace unos días conocimos el trágico fallecimiento de una menor de doce años en Madrid tras un coma etílico en una fiesta de Halloween. Al menos 5.000 menores fueron atendidos de urgencia en el Estado español el pasado año 2015 por abuso de alcohol.
A pesar de la gravedad de estos datos, vivimos en una sociedad con una alta permisividad hacia el consumo de alcohol en menores. La implicación de todas las administraciones competentes y un enfoque multidisciplinar son necesarios para abordar esta problemática social.
Por todo ello, se formula la siguiente interpelación urgente sobre las medidas a adoptar para paliar el preocupante aumento del consumo de alcohol en menores.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2016.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara se ordena la publicación del Boletín de las Cortes Generales de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno para garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos y de las enmiendas presentadas a la misma.
El Grupo Parlamentario Socialista se dirige a esa Mesa para, al amparo del artículo 184.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la política del Gobierno para garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadano.
1. Adoptar las medidas necesarias para derogar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como "ley mordaza" por su incidencia directa y negativa en el ejercicio y desarrollo de los derechos fundamentales, procediendo a promover una nueva normativa más respetuosa con los derechos y libertades fundamentales previstas en la Carta Magna, que asegure garantías y proporcionalidad en las sanciones de aquellas conductas que lesionen efectivamente o atenten contra la seguridad ciudadana.
2. Promover la reforma del nuevo Código Penal Militar que entró en vigor el pasado 15 de enero de 2016, impulsando que la aplicación del nuevo texto legal para los Guardias Civiles quede circunscrita a aquellas situaciones extraordinarias que, por su propia naturaleza, exigen dicha sujeción y en ningún caso se les aplique en su quehacer cotidiano como cuerpo de seguridad.
3. Garantizar las plantillas necesarias en Instituciones Penitenciarias, tanto para los que actualmente están en funcionamiento como las que están ya acabadas y sin funcionamiento por falta de efectivos. Y especialmente, que se normalice el buen funcionamiento de la UTE de Asturias y el módulo para madres jóvenes internas de Alicante.
4. Adoptar un compromiso inequívoco con la seguridad pública como instrumento esencial para garantizar la confianza de los ciudadanos, mediante un incremento sustancial y sostenido de las plantillas policiales, dotándolos de mejores y más modernos medios que les permitan luchar con eficacia contra las actuaciones delictivas, especialmente contra los robos en viviendas o en instalaciones agrícolas, y ante la siniestralidad vial. En este sentido, el Gobierno diseñará y presentará ante esta Cámara, en el plazo de tres meses, un nuevo plan operativo para reducir el robo con fuerza en viviendas y explotaciones agrícolas, así como un paquete de medidas para frenar el incremento de la siniestralidad vial en las carreteras españolas.
5. Promover las reformas y adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar que el ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros sea una medida restringida a supuestos imprescindibles y que no suponga más limitaciones para los internos que las indispensables para asegurar el cumplimiento de la medida que se acuerde, garantizar sus derechos, especialmente el derecho a la asistencia sanitaria, facilitar su ejercicio real y efectivo, asegurar en todo caso la necesaria supervisión judicial y mejorar las condiciones de vida y la seguridad en estos centros, revisando la adecuación de su ubicación, todo ello en un marco de máxima transparencia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, consecuencia de interpelación urgente sobre la política del Gobierno para garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos.
El texto que se propone modificar, queda como sigue:
1. Reformar la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana para revisar los preceptos que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional y aquellos otros que: reconocen facultades excesivas de intervención por las fuerzas de seguridad, sustituyen el criterio de legalidad por el de oportunidad o eficacia para tales intervenciones, o los que atribuyen a las fuerzas de seguridad poderes de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas, que desplazan las garantías judiciales: restricciones del tránsito y controles en las vías públicas y comprobaciones y registros en lugares públicos.
2. Promover la reforma del nuevo Código Penal Militar que entró en vigor el pasado 15 de enero de 2016, impulsando que la aplicación del nuevo texto legal para los Guardias Civiles en su quehacer cotidiano como cuerpo de seguridad, se regule con los criterios de aplicación como los acordados por el legislador de 2007, evitando así la aplicación del Código Penal Militar a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil salvo en casos de guerra, durante la vigencia del estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de carácter militar, o cuando el personal del citado Cuerpo se integre en Unidades Militares.
3. Garantizar las plantillas necesarias en Instituciones Penitenciarias, así como la seguridad de los funcionarios de prisiones en su lugar de trabajo a través de un protocolo de actuación contra las agresiones, que apueste por medidas y estrategias preventivas. Este protocolo de actuación, será elaborado en el seno de un grupo de trabajo específico, en el seno de la comisión técnica de prevención de riesgos laborales de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, en el plazo de seis meses desde que fue aprobado en la Comisión parlamentaria de Interior, el pasado mes de octubre.
4. Adoptar un compromiso inequívoco con la seguridad pública como instrumento esencial para garantizar la confianza de los ciudadanos, mediante un incremento sustancial y sostenido de las plantillas policiales, dotándolos de mejores y más modernos medios que les permitan luchar con eficacia contra las actuaciones delictivas. Revisión del estatuto profesional (acceso, formación, ascensos, destinos, salarios) de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y del Cuerpo de la Guardia Civil, urgiendo la creación de una subcomisión parlamentaria para el estudio del nuevo modelo policial.
1. Adoptar las medidas necesarias para derogar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como "ley mordaza" por su incidencia directa y negativa en el ejercicio y desarrollo de los derechos fundamentales, procediendo a promover una nueva normativa más respetuosa con los derechos y libertades fundamentales previstas en la Carta Magna, que asegure
garantías y proporcionalidad en las sanciones de aquellas conductas que lesionen efectivamente o atenten contra la seguridad ciudadana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2016.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la política del Gobierno para garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos.
"Adoptar las medidas necesarias para derogar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza" , por su incidencia directa y negativa en el ejercicio y desarrollo de los derechos fundamentales, procediendo a promover una nueva normativa más respetuosa con los mismos y estableciendo un concepto amplio de seguridad subordinado efectivamente al derecho a la Libertad proclamado en la Constitución como valor superior del Ordenamiento Jurídico."
Se mejora en nuestra opinión la redacción inicial, estableciendo un concepto de seguridad ciudadana no restringido únicamente al control de la paz pública por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
y en consecuencia eliminando la referencia precisa solo al régimen sancionador, que constituye una parte, importante, pero una parte al fin y al cabo de la mencionada Ley. En todo caso, las garantías que deben darse frente a un procedimiento sancionador derivado de esta Ley exceden de su ámbito de aplicación al estar inertes en el ámbito del procedimiento administrativo común y en el ámbito del funcionamiento del Servicio de Justicia y por otra parte, los tipos expuestos actualmente en la misma y no solo las sanciones, evidencian la desproporción de la Ley, inserta en una reforma penal más amplia de la que forma parte.
"Promover la reforma del nuevo Código Penal Militar que entró en vigor el pasado 15 de enero de 2016, estableciendo su no aplicación a los Guardias Civiles. Excepcionalmente, les podrá ser aplicado en las siguientes circunstancias:
c) En cumplimiento de las misiones de carácter militar que se les encomienden.
La reforma establecerá de forma taxativa que fuera del cumplimiento de las funciones, sean policiales o militares que deba desarrollar un miembro de la Guardia Civil, cuando no haga uso de la condición de guardia civil en el ejercicio de sus funciones profesionales, y cuando no esté de servicio, las acciones u omisiones que merezcan reproche penal, lo serán en atención a que se estén previamente tipificadas en el Código Penal."
Los miembros de la Guardia Civil deben estar excluidos de la aplicación del Código Penal Militar fuera de los supuestos excepcionales de estar en situación de conflicto armado; durante la vigencia del estado de sitio; en cumplimiento de las misiones de carácter militar que se les encomienden; y mientras se encuentren integrados en Unidades de las Fuerzas Armadas.
La razón es que fuera de aquellos, las acciones y omisiones que puedan producirse en el desarrollo de sus funciones policiales deberán ser objeto de reproche de carácter exclusivamente disciplinario y, en su caso, de integrar los elementos típicos, del reproche derivado de Código Penal.
Esto es lo que exige el respeto a las misiones que la Constitución Española encomienda a la Guardia Civil y a la salvaguardia del principio de intervención mínima del Derecho Penal. Fuera del cumplimiento de sus funciones, al no tener la condición de miembros de la Guardia Civil activada, los componentes de dicho Cuerpo deben ser considerados como cualquier otro ciudadano. Es decir, no estando de servicio, no procederá la aplicación del Código Penal Militar.
Es necesario, de una vez por todas, dotar de seguridad jurídica a los miembros de la Guardia Civil, para evitar que la falta de claridad, taxatividad y certeza de las redacciones del actual artículo 1.5 del Código Penal Militar del 2015 y la redacción última del artículo 7, bis del Código Penal Militar del 1985, produzca la consideración como delitos militares, de hechos que no se producen en situaciones excepcionales o que suceden cuanto un guardia civil está fuera del servicio o sin ejercer funciones profesionales.
"Instar al Gobierno a revertir los actuales procesos de privatización dentro del funcionamiento de los Centros Penitenciarios, para lo cual garantizará el empleo público de calidad y suficiente para alcanzar los fines encomendados a la institución penitenciaria. A tal fin se impulsarán con la adecuada dotación económica los mecanismos legales existentes que sirven a los fines de reinserción y resocialización, tales como el impulso de la enseñanza dentro de prisión, el impulso de los Centros de Inserción Social, las Unidades Dependientes, los Departamentos Mixtos, las Unidades de Madres, con la inmediata apertura del módulo para madres jóvenes internas en Alicante o los Grupos de Comunidad Terapéutica y Programas de Actuación especializada, con la normalización del buen funcionamiento de la UTE de la prisión de Villabona (Asturias), así como las unidades extrapenitenciarias de atención a drogodependientes. De la misma manera se impulsará el trabajo penitenciario en condiciones dignas y sometido a unas condiciones laborales adecuadas, así como el resto de prestaciones recogidas en la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario que aseguren el adecuado tratamiento de las personas privadas de libertad, pero no del resto de derechos no afectados por el sentido de la pena. Por último, se fomentará la participación de los internos en los términos recogidos en la legislación."
Se trata de entender la seguridad en prisión no solo desde el punto de vista del aumento de las plantillas, sino de la relación con las personas internas, cuyos restantes derechos deben ser respetados y promovidos para alcanzar un nivel de respeto mutuo adecuado dentro de prisión. Se realiza una enumeración no exhaustiva de instrumentos legales que deben potenciarse a fin de conseguir los objetivos constitucionales propuestos, haciendo énfasis en dos de los problemas que ejemplifican el abandono de las políticas de reinserción, como pueden ser el abandono deliberado de la UTE de Villabona y la no apertura de la Unidad de Madres de Alicante.
"Proceder al cierre, a la mayor brevedad, de los Centros de Internamiento de Extranjeros."
Los Centros de Internamiento para Extranjeros deben ser clausurados por varios motivos:
- Cambio de paradigma migratorio.
Por sexto año consecutivo, las cifras de emigración superan a las de inmigración. En 2013, España registró un saldo migratorio negativo de 256.849 personas. Nuestro país se está vaciando de la generación más preparada y el gobierno se dedica a encerrar a personas migrantes en centros infrahumanos (con el dinero de todas y de todos).
Los CIE no sirven para la función para la que fueron creados. Entorno a un 50% de personas internadas no son finalmente expulsadas. Su impacto en términos de política migratoria en ínfimo. En 2013, fueron expulsadas y devueltas a sus países de origen 4.726 personas procedentes de CIE, lo cual supone un porcentaje ridículo en proporción a la población extranjera residente en España.
Mantener los CIE tiene un coste anual de 8.8 millones de euros, a los que hay que sumar 12 millones de euros presupuestados este año para los vuelos macro de deportación, además de otros gastos
derivados de estas políticas. El coste diario por persona internada está en torno a los 100 euros, a lo que hay que añadir el mantenimiento de las infraestructuras que se encuentran muy deterioradas.
- Ilegitimidad/Gravosidad de la medida/Vulneraciones de derechos humanos.
Su sola existencia es contraria a los Derechos Humanos, como lo confirman varias sentencias del TEDH en las que se reconoce que las condiciones del internamiento vulneran el art. 3 del CEDH (prohibición de la tortura o los malos tratos o tratos inhumanos o degradantes).
En estos centros se vulneran los derechos más básicos de las personas, centros en los que han fallecido varias personas, todas ellas por causas relacionadas con el internamiento o las condiciones de este.
El Reglamento de los CIE (162/2014, RD 14 marzo) no ha supuesto ninguna mejora y las personas internadas siguen siéndolo en condiciones de arbitrariedad.
A menudo se interna a personas especialmente vulnerables (como pueden ser mujeres embarazadas, personas enfermas, solicitantes de asilo o potenciales beneficiarios de protección internacional, menores de edad, mujeres víctimas de trata, o mujeres víctimas de violencia de género...).
- No hay ningún mandato legal en el marco europeo.
La Directiva de Retorno europea en ningún caso obliga a que existan los CIE en los Estados miembro.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Eduardo Santos Itoiz, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Francesc Homs i Molist, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de adición a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno para garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos.
6. Impulsar la inmediata derogación de la Ley Orgánica 15/2015, que ha reformado la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por vulnerar gravemente el principio de separación de poderes, lo cual conlleva concentrar en un órgano -que solo tiene una legitimación democrática indirecta- un exceso de poder, cuyo ejercicio no podrá ser objeto de control por ninguna otra institución del Estado.
7. Depurar las responsabilidades que correspondan en el caso de las escandalosas prácticas, llevadas a cabo en el pasado reciente del Ministerio del Interior, a causa de la existencia en el mismo de una estructura policial destinada a obstaculizar la investigación de determinados escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular, a la vez que al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos, con fondos públicos, "afinando" expedientes con la Fiscalía y utilizando para ello las infraestructuras del Estado."
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno para garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, ha acordado lo siguiente:
2. Garantizar las plantillas necesarias en Instituciones Penitenciarias, tanto para los que actualmente están en funcionamiento como las que están ya acabadas y sin funcionamiento por falta de efectivos. Y especialmente, que se normalice el buen funcionamiento de la UTE de Asturias y el módulo para madres jóvenes internas de Alicante.
3. Adoptar un compromiso inequívoco con la seguridad pública como instrumento esencial para garantizar la confianza de los ciudadanos, mediante un incremento sustancial y sostenido de las plantillas policiales, dotándolos de mejores y más modernos medios que les permitan luchar con eficacia contra las actuaciones delictivas, especialmente contra los robos en viviendas o en instalaciones agrícolas, y ante la siniestralidad vial. En este sentido, el Gobierno diseñará y presentará ante esta Cámara, en el plazo de tres meses, un nuevo plan operativo para reducir el robo con fuerza en viviendas y explotaciones agrícolas, así como un paquete de medidas para frenar el incremento de la siniestralidad vial en las carreteras españolas.
4. Promover las reformas y adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar que el ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros sea una medida restringida a supuestos imprescindibles y que no suponga más limitaciones para los internos que las indispensables para asegurar el cumplimiento de la medida que se acuerde, garantizar sus derechos, especialmente el derecho a la asistencia sanitaria, facilitar su ejercicio real y efectivo, asegurar en todo caso la necesaria supervisión judicial y mejorar las condiciones de vida y la seguridad en estos centros, revisando la adecuación de su ubicación, todo ello en un marco de máxima transparencia."
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación de pobreza energética en la que viven más de cinco millones de personas en nuestro país, especialmente en las medidas de protección previstas por el Gobierno de España para el cese en la violación de derechos y de las enmiendas presentadas a la misma.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de los Diputados Pablo Iglesias Turrión y Rafael Mayoral Perales, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno de España sobre la situación de pobreza energética en la que viven más de cinco millones de personas en nuestro país, especialmente en las medidas de protección previstas por el Gobierno de España para el cese de la violación de derechos, para su debate en el Pleno.
Desde el estallido de la crisis, la pobreza energética se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos en España. Según la Asociación de Ciencias Ambientales, un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando sus miembros no pueden pagar la factura de la luz, agua y/o gas y sufren cortes de suministros, o bien destinan gran parte de sus ingresos a pagar estas facturas y se quedan sin recursos para cubrir otras necesidades básicas. Se trata de un problema que afecta especialmente personas y familias en situación de vulnerabilidad, y colectivos concretos como niñas y niños, personas mayores y personas con enfermedades crónicas.
Según el informe "Cambio climático 2014. Mitigación del cambio climático", elaborado por el Grupo de Trabajo III del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático promovido por Naciones Unidas, en España la pobreza energética provoca hasta 10.000 muertes anuales, lo que supone una cifra mayor a las provocadas por accidentes de tráfico. Del mismo modo el estudio "Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis" de la Asociación de Ciencias Ambientales señala que en 2014 5,1 millones de personas no tenían recursos para mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, lo que ha supuesto un incremento del 22% respecto a 2012.
La pobreza energética es provocada fundamentalmente por tres factores: el aumento de los precios de la electricidad, la disminución o falta de renta familiar y la escasa adecuación de las viviendas para la eficiencia energética. Según Eurostat, la electricidad española para los hogares es la cuarta más cara de toda Europa, tan solo por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda, y España es el país donde el precio de la electricidad aumenta más que la media europea. Tan sólo en los últimos seis meses el precio de la factura aumentó 14,75 euros de media, alcanzando en octubre una factura mensual media de 74,78 euros, tal y como ha señalado FACUA-Consumidores en Acción.
Las grandes compañías eléctricas se niegan sistemáticamente a realizar una auditoría que permita determinar los costes reales de la producción eléctrica. La liberalización del sector eléctrico en 1997, consolidó un mercado eléctrico en el que los ciudadanos no pagan por la electricidad un precio relacionado con su coste real, sino que este es el resultado de prácticas derivadas de un sistema con una notable opacidad. Estas prácticas están orientadas a maximizar los beneficios del oligopolio eléctrico, donde unas pocas empresas concentran los segmentos de generación, distribución y comercialización.
Por su parte, desde 2008, las tres mayores comercializadoras se han embolsado más 56.000 millones de euros en beneficios, a la vez que sostienen una deuda millonaria con la ciudadanía. Tal y como denunció en 2013, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción, entre 1998 y 2006 las grandes compañías eléctricas cobraron ilegalmente más de 3.500 millones de dinero público en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTCs). Según la Comisión Nacional de Energía (CNE) el exceso de ayudas concedido ascendía a 3.588 millones de euros a junio de 2006.
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, recoge en la disposición transitoria décima el bono social, que está destinado para colectivos concretos (familias numerosas, familias con todos sus miembros en situación de desempleo, pensiones mínimas y hogares con una potencia contratada inferior a los 3,3 kW). Sin embargo, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), hasta abril de 2015, había 2.468.755 titulares beneficiarios del descuento del 25% sobre el importe del consumo realizado cada mes en el hogar que establece el bono social, muy lejos de los más de cinco millones de personas en situación de pobreza energética. El bono social actual no se aplica por criterios de renta y excluye por tanto a aquellos hogares que deben destinar la mayor parte de sus recursos a pagar las facturas energéticas, así como otros colectivos vulnerables como personas con enfermedades crónicas.
A ello se suman las dos sentencias del pasado mes de octubre del Tribunal Supremo, por las que anula el sistema de financiación del bono social recogido en el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se fijaba los porcentajes a pagar por las distintas compañías eléctricas. Sin embargo no se justificaron correctamente los criterios con los que se debía distribuir el coste de la subvención entre las compañías eléctricas, por lo que la sentencia ha obligado al Estado a indemnizar a las eléctricas con más de 500 millones de euros. La irresponsabilidad del Gobierno del Partido Popular va a provocar que los mecanismos de financiación del bono social recaigan sobre el conjunto de la ciudadanía.
Por último, se constata que el oligopolio eléctrico ha abusado de su situación de privilegio vulnerando los derechos de los consumidores recogidos en la normativa europea. El artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio de 2009, obliga a los Estados miembros a proteger a los usuarios vulnerables y a prohibir los cortes de luz en periodos críticos. Por su parte el Gobierno de España no ha adaptado la legislación nacional a los compromisos adquiridos en el marco internacional, como:
- El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la vivienda, entre otros;
- La Observación general Número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según las cuales un nivel de vida digno requiere de una vivienda adecuada con acceso a suministros básicos como el alumbrado y la calefacción; y,
- La Resolución 53/144, de 8 de marzo de 1999, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que establece el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.
1. Impulsar los mecanismos legislativos necesarios para reconocer la energía como un bien público y común, estableciendo garantías para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales. Este suministro mínimo vital no puede suponer más del 10% de los ingresos mensuales del hogar.
2. Impulsar los mecanismos legislativos necesarios para llevar a cabo la prohibición de cortes de suministros energéticos a hogares en situación de vulnerabilidad, siguiendo el principio de precaución. Las compañías eléctricas deberán dirigirse a los servicios sociales competentes para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos. El coste será asumido por las compañías eléctricas.
3. Impulsar los mecanismos legislativos necesarios para poner fin a los abusos en las tarifas eléctricas y aprobar una tarifa asequible a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia. La tarifa asequible debe penalizar el consumo ineficiente con elementos de fiscalidad energética y considerar la renta como criterio principal a la hora de establecer precios sociales favorables para las familias en función de los ingresos económicos.
4. Impulsar los mecanismos legislativos necesarios para crear una auténtica tarifa social, y sustituir el actual bono social, que se contempla en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, por una tarifa social de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las compañías eléctricas. Esta tarifa social debe ser proporcional a la renta total del hogar.
5. Exigir a las compañías eléctricas el reconocimiento y la devolución de los más de 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
6. Realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional, que determine los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución. A su vez, realizar una auditoría específica sobre el déficit de tarifa, su origen y su legitimidad.
7. Aplicar un tipo de IVA reducido a la electricidad, agua y gas, por ser considerados servicios esenciales para la ciudadanía. Para ello, se modificará la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, añadiendo un nuevo epígrafe al número 2 del apartado uno del artículo 91. Y para ello, se informará a la Comisión Europea, en aplicación del artículo 102 de la Directiva 2006/112/CE.
8. Exigir a las empresas suministradoras a través de los mecanismos necesarios, la publicación trimestral de la información sobre el número de consumidores que no pueden abonar la factura de luz, agua y gas, así como el número de consumidores que se ven afectados por cortes de suministro. Exigir a las empresas suministradoras una mayor y mejor información acerca de los conceptos incluidos en la
factura, los servicios energéticos contratados, medidas de eficiencia energética y disponibilidad de bonos sociales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2016.-Rafael Mayoral Perales y Pablo Iglesias Turrión, Diputados.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de los establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda de modificación a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación de pobreza energética en la que viven más de cinco millones de personas en nuestro país, especialmente en las medidas de protección previstas por el Gobierno de España para el cese de la violación de derechos.
Desde el estallido de la crisis, la pobreza energética se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos en España. Según la Asociación de Ciencias Ambientales, un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando sus miembros no pueden pagar la factura de la luz, agua y/o gas y sufren cortes de suministros, o bien destinan gran parte de sus ingresos a pagar estas facturas y se quedan sin recursos para cubrir otras necesidades básicas. Se trata de un problema que afecta especialmente a personas y familias en situación de vulnerabilidad, y colectivos concretos como niñas y niños, personas mayores y personas con enfermedades crónicas.
La pobreza energética es provocada fundamentalmente por tres factores: el aumento de los precios de la electricidad, la disminución o falta de renta familiar y la escasa adecuación de las viviendas para la eficiencia energética. Según Eurostat, la electricidad española para los hogares es la cuarta más cara de toda Europa, tan solo por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda, y España es el país donde el precio de la electricidad aumenta más que la media europea. Tan solo en los últimos seis meses el precio de la factura aumentó 14,75 euros de media, alcanzando en octubre una factura mensual media de 74,78 euros, tal y como ha señalado FACUA-Consumidores en Acción.
Las grandes compañías eléctricas se niegan sistemáticamente a realizar una auditoría que permita determinar los costes reales de la producción eléctrica.
Por su parte, en 2013 la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético denunció ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción, que entre 1998 y 2006 las grandes compañías eléctricas cobraron ilegalmente más de 3.500 millones de dinero público en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTCs). Según la Comisión Nacional de Energía (CNE) el exceso de ayudas concedido ascendía a 3.588 millones de euros a junio de 2006.
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, recoge en la disposición transitoria décima el bono social, que está destinado para colectivos concretos (familias numerosas, familias con todos sus miembros en situación de desempleo, pensiones mínimas y hogares con una potencia contratada inferior a los 3,3 kW). Sin embargo, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), hasta abril de 2015 había 2.468.755 titulares beneficiarios del descuento del 25% sobre el
importe del consumo realizado cada mes en el hogar que establece el bono social, muy lejos de los más de 5 millones de personas en situación de pobreza energética. El bono social actual no se aplica por criterios de renta y excluye por tanto a aquellos hogares que deben destinar la mayor parte de sus recursos a pagar las facturas energéticas.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta a los poderes públicos competentes a:
1. Impulsar el reconocimiento de la energía como un bien público y común, estableciendo garantías para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales.
2. Impulsar los mecanismos preventivos que cortes de suministros energéticos a hogares en situación de vulnerabilidad, siguiendo el principio de precaución. Las compañías eléctricas deberán dirigirse a los servicios sociales competentes para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos.
3. Aprobar una tarifa social asequible a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos vulnerables en su primera residencia. La tarifa asequible debe penalizar el consumo ineficiente con elementos de fiscalidad energética y considerar los niveles bajos de la renta como criterio principal a la hora de establecer precios sociales, sufragados por las compañías eléctricas.
4. Realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional, que determine los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución. A su vez, realizar una auditoría específica sobre el déficit de tarifa, su origen y su legitimidad.
5. Aplicar un tipo de IVA reducido a la electricidad, agua y gas, por ser considerados servicios esenciales para la ciudadanía. Para ello, se modificará la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, añadiendo un nuevo epígrafe al número 2 del apartado uno del artículo 91. Y para ello, se informará a la Comisión Europea, en aplicación del artículo 102 de la Directiva 2006/112/CE.
6. Reclamar a las empresas suministradoras a través de los mecanismos necesarios, la publicación trimestral de la información sobre el número de consumidores que siendo personas físicas no abonan la factura de luz, agua y gas, así como el número de consumidores que se ven afectados por cortes de suministro. Exigir a las empresas suministradoras una mayor y mejor información acerca de los conceptos incluidos en la factura, los servicios energéticos contratados, medidas de eficiencia energética y disponibilidad de bonos sociales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Olòriz Serra, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre la situación de pobreza energética en la que viven más de cinco millones de persones en nuestro país, especialmente en las medidas de protección previstas por el Gobierno de España para el cese de la violación de derechos.
Nuevo punto 1.
"1. Desarrollar, en cumplimiento del artículo 45.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, un reglamento que establezca la definición de consumidor vulnerable a fin y efecto de poder establecer un Plan Integral contra la Pobreza Energética, a partir de un diagnóstico de situación, que identifique con claridad la figura del consumidor vulnerable y proponga medidas preventivas y paliativas."
"2. Impulsar los mecanismos legislativos necesarios para llevar a cabo la prohibición de cortes de suministros energéticos a hogares en situación de vulnerabilidad, siguiendo el principio de precaución y en base al establecimiento y análisis de indicadores parecidos al Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). Las compañías eléctricas deberán dirigirse a los servicios sociales competentes para comprobar la situación de las familias que no abonan sus recibos. El coste será asumido por las compañías eléctricas."
Punto 4 bis.
"4 bis. Aumentar, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 2017, las líneas de ayuda y trasferencias a las Comunidades Autónomas para combatir la pobreza energética."
Punto 7 bis.
"7 bis. Concretar y aplicar, en el plazo de dos meses, un precio social del gas butano con efecto inmediato para los usuarios de gas butano en situación de pobreza energética."
"8. Exigir a las empresas suministradoras, a través de los mecanismos necesarios, la publicación trimestral de la información sobre el número de consumidores que no pueden abonar la factura de luz, agua y gas, así como el número de consumidores que se ven afectados por cortes de suministro."
Nuevo punto 9.
"9. Exigir a las empresas suministradoras una mayor y mejor información acerca de los conceptos incluidos en la factura, los servicios energéticos contratados, medidas de eficiencia energética, disponibilidad de bonos sociales así como las facilidades de pago del recibo energético. Así como la creación de un registro estadístico, a cargo del INE, para observar la evolución, distribución territorializada y diferentes causalidades de la pobreza energética."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Joan Olòriz Serra, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación de pobreza energética en la que viven más de cinco millones de personas en nuestro país, especialmente en las medidas de protección previstas por el Gobierno de España para el cese en la violación de derechos.
1. Regular con carácter de urgencia la pobreza energética como situación en la que consumidores vulnerables no disponen de ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades domésticas básicas de energía. Garantizar el derecho al suministro de consumidores vulnerables establecido en la Directiva 2009/72/CE, del mercado interior de la electricidad, estableciendo un servicio mínimo de subsistencia, en coordinación con los servicios sociales de las administraciones competentes, que no podrá ser interrumpido en ningún caso por las empresas comercializadoras.
2. Reformar el bono social y modificar la definición de las categorías de beneficiarios para que tenga efectos realmente redistributivos con el objetivo de garantizar un consumo energético mínimo a las familias vulnerables en función de la renta per cápita del hogar.
3. Tomar las decisiones que sean pertinentes para no repercutir en la tarifa eléctrica de los consumidores domésticos las consecuencias de la anulación judicial del sistema de financiación del bono social.
4. Acometer una profunda reforma del mercado eléctrico, incluida una auditoría sobre los costes regulados integrados en la tarifa eléctrica y la liquidación definitiva de los costes de transición a la competencia (CTC's), facilitando su progresiva adecuación al nuevo modelo energético basado en la lucha contra el cambio climático.
5. Abordar una política de transición energética que se oriente hacia un nuevo modelo que tenga como prioridad la rehabilitación y eficiencia energética de los edificios, fomentar el autoconsumo de energía eléctrica e impulsar el sector de las energías renovables.
6. Publicar con periodicidad trimestral la información sobre el número de consumidores domésticos que no pueden abonar la tarifa eléctrica, la tarifa del gas y la tarifa del agua, así como el número de consumidores domésticos que se ven afectados por la interrupción del suministro por parte de las empresas comercializadoras.
7. Dada la complejidad de las ofertas de tarifas eléctricas, exigir a las empresas comercializadoras una mayor y mejor información acerca de los conceptos incluidos en la factura eléctrica (cláusulas especiales de permanencia y penalizaciones, servicios adicionales o información sobre el derecho al bono social) de manera que los consumidores domésticos puedan evaluar y comparar estas ofertas con las de otros competidores con información veraz, transparente, completa y sencilla."
Francesc Homs i Molist, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de sustitución de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre la situación de pobreza energética en la que viven más de cinco millones de personas en nuestro país, especialmente en las medidas de protección previstas por el Gobierno de España para el cese en la violación de derechos.
1. Retirar todos los recursos sobre las leyes aprobadas por el Parlament de Catalunya para luchar contra la pobreza energética.
2. Respetar y reforzar, si cabe, las competencias que tienen las Comunidades Autónomas para luchar contra la pobreza energética.
3. Reformar el bono social con el fin de garantizar el suministro eléctrico y de gas, siempre que el edificio afectado tenga este tipo de suministro, a todas las personas y familias en situación de vulnerabilidad. Esta reforma tiene que basarse en descuentos, que pueden llegar al 100%, en función del poder adquisitivo de la persona o de la unidad familiar. El coste del bono social lo asumirá el sector eléctrico o gasístico en función del tipo de energía consumida.
4. Aumentar los recursos del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y destinar sus recursos a mejorar la eficiencia energética de las viviendas donde vivan las personas que sufren la pobreza energética.
5. Dotar una partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 para, en el caso de Catalunya, el Fons d'atenció solidária en matèria de subministraments básics, que tiene como fin el pago de los suministros básicos de agua, electricidad o gas de las unidades familiares que no pueden pagar dichos suministros, así como aquellos otros fondos similares constituidos en otras comunidades autónomas."
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación de pobreza energética en la que viven más de cinco millones de personas en nuestro país, especialmente en las medidas de protección previstas por el Gobierno de España para el cese en la violación de derechos.
El texto de la parte propositiva de la Moción consecuencia de interpelación urgente queda redactado como sigue:
1. Impulsar los mecanismos legislativos necesarios para reconocer la energía como un bien de primera necesidad, estableciendo garantías para que ningún hogar en situación de vulnerabilidad carezca de las condiciones adecuadas de temperatura y servicios energéticos esenciales, durante las temporadas de riesgo.
2. Impulsar, a través de un diálogo de los grupos parlamentarios con las Comunidades Autónomas, los mecanismos legislativos necesarios para llevar a cabo la revisión y posible paralización de cortes de suministros energéticos sin previa consulta a los servicios sociales, siguiendo el principio de precaución y haciendo efectiva la coordinación entre administraciones con el fin de garantizar la protección de los
consumidores vulnerables. Las compañías eléctricas deberán dirigirse a los servicios sociales competentes para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos como código de buenas prácticas.
3. Consensuar con los grupos parlamentarios las medidas para mejorar el instrumento del bono social, estableciendo un criterio de renta, hijos a cargo y demás familiares en situación de dependencia, menores, etc. Dicho bono social se aplicará también al gas natural y butano además de a la electricidad.
4. Impulsar los mecanismos legislativos necesarios para poner fin a los abusos en los precios de la energía, realizando una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional, que determine los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología, así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución y posibilite la definitiva liquidación de los Costes de Transición a la Competencia y del conjunto del sistema de conformidad con la Resolución 208/2016 de la Audiencia Nacional. A su vez, realizar una auditoría específica sobre el déficit de tarifa.
5. Establecer un indicador de vulnerabilidad social que recoja y haga pública, de manera sistemática y rigurosa, toda la información sobre el número de consumidores que no pueden abonar la factura de la luz, agua y gas, así como el número de consumidores que se ven afectados por cortes de suministro. Asimismo, se establecerán evaluaciones sobre las medidas de eficiencia energética implementadas y disponibilidad de bono social para los consumidores.
6. Impulse la mejora de la eficiencia energética y el comportamiento térmico de los edificios e incorpore servicios energéticos avanzados dirigidos a los consumidores vulnerables en el marco de los planes de rehabilitación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación de pobreza energética en la que viven más de cinco millones de personas en nuestro país, especialmente en las medidas de protección previstas por el Gobierno de España para el cese en la violación de derechos.
1. Adoptar, con la mayor urgencia, las medidas legales que permitan asegurar de ahora en adelante la financiación del Bono Social.
El sistema que establezca esta obligación de servicio público a las empresas suministradoras deberá garantizar la transparencia, la proporcionalidad y no ser discriminatorio, de acuerdo a las sentencias del Tribunal Supremo en esta materia.
2. Adoptar las medidas legales que permitan resolver los efectos de las sentencias del Tribunal Supremo sobre la financiación del bono social desde su aprobación hasta la fecha de ejecución de la sentencia, de manera que ni los consumidores eléctricos ni los contribuyentes deban soportar una carga económica adicional.
3. Adoptar medidas adicionales de protección que garanticen que el consumidor eléctrico cuenta con información suficiente en relación al PVPC y al Bono Social, y sobre las consecuencias de pasar, en su caso, a tener un contrato con la empresa comercializadora en mercado libre.
4. Iniciar un diálogo con los grupos parlamentarios para mejorar el bono social y su protección, estableciendo un mayor vínculo entre el grado de protección y el nivel de renta de los consumidores. Asimismo, se deberá estudiar la creación de un nivel de protección reforzada para los casos de vulnerabilidad severa, que deberá ser convenientemente definida.
5. Iniciar junto con los grupos parlamentarios un proceso de diálogo con las Comunidades Autónomas por el que se mejore la coordinación entre las administraciones con la finalidad de garantizar una protección efectiva contra las suspensiones de suministro por impago en las situaciones de mayor necesidad, con pleno respeto al ámbito de competencias que corresponden al Estado en energía y a las CC.AA. en materia de política social."
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación de pobreza energética en la que viven más de cinco millones de personas en nuestro país, especialmente en las medidas de protección previstas por el Gobierno de España para el cese en la violación de derechos, ha acordado lo siguiente:
2. Impulsar los mecanismos legislativos necesarios para llevar a cabo la prohibición de cortes de suministros energéticos a hogares en situación de vulnerabilidad, siguiendo el principio de precaución. Las compañías energéticas deberán dirigirse a los servicios sociales competentes para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos.
4. Acometer la liquidación definitiva de los Costes de Transición a la Competencia (CTCs), que la Comisión Nacional de Energía estima en más de 3.500 millones de euros.
8. Dada la complejidad de las ofertas de tarifas energéticas, exigir a las compañías energéticas una mayor y mejor información acerca de los conceptos incluidos en las facturas (los servicios energéticos contratados, cláusulas especiales de permanencia y penalizaciones, servicios adicionales o información sobre el derecho al bono social) de manera que los consumidores puedan evaluar y comparar estas ofertas con las de otros competidores con información veraz, transparente, completa y sencilla.
10. Impulsar la mejora de la eficiencia energética y el comportamiento térmico de los edificios e incorpore servicios energéticos avanzados dirigidos a los consumidores vulnerables en el marco de los planes de rehabilitación."
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal y, más en concreto, sobre las medidas adoptadas para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012, más conocida como "amnistía fiscal", tributen efectivamente al tipo del 10% contemplado expresamente en la Ley y de las enmiendas presentadas a la misma.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012, tributen efectivamente al tipo del 10%, para su debate en el Pleno.
En aquel momento el Gobierno previó recaudar unos 2.500 millones. Sin embargo, según datos de la AEAT se afloraron 40.000 millones -y escasamente se recaudaron 1.193 millones, lo que supone un tipo efectivo inferior al 3% y no del 10% como establecía el Real Decreto-ley. El anterior Gobierno, a través de la Dirección General de Tributos, de 27 de junio de 2012, suavizó, aún más, las condiciones de la regularización fiscal, permitiendo, ilegalmente en opinión de los inspectores de Hacienda y del Congreso de la XI Legislatura, que los defraudadores pagasen el 3% en lugar del 10% legalmente previsto. Además, el citado informe señalaba textualmente, y contra lo previsto en la normativa tributaria que las declaraciones por las que los contribuyentes se acogieron a la regularización "no eran comprobables".
Además en la Orden Ministerial de presentación del modelo de la Declaración Tributaria Especial (DTE) o declaración de la amnistía fiscal de 2012, se permitía la declaración de dinero en efectivo, sin necesidad de acreditar la fecha de obtención del mismo. Esto dio lugar a que se regularizase por este procedimiento cerca de 2.500 millones de euros en efectivo. Como el efectivo no es rastreable, existe un importante riesgo de blanqueo de capitales. Además, según declaró el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, hace varios años se remitieron al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, varios centenares de contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal, que eran sospechosos de blanqueo de capitales.
Con el objetivo de reparar el daño causado por esta de facto amnistía fiscal, el acuerdo de investidura firmado el 28 de agosto de 2016 entre el Grupo Parlamentario Popular y el de Ciudadanos recogía en su
punto seis: "Realizar una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria".
No obstante, dado que el plazo para la presentación de las declaraciones y el ingreso de esta regularización extraordinaria venció el 30 de noviembre de 2012, esto supone que, cuatro años más tarde, el 30 de noviembre de 2016, prescribirán las posibles responsabilidades fiscales administrativas pendientes.
Aun así, el Ministro de Hacienda y Función Pública ha sostenido en esta cámara que estas obligaciones de los contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal no prescriben nunca, aunque no ha explicado cuál es el fundamento legal de su afirmación.
Esta interpretación del Ministro permitiría que se realizasen comprobaciones en cualquier momento. Además, en la sesión de control el Ministro de Hacienda señaló también que el Gobierno tenía intención de recortar el techo de gasto en 5.000 millones de euros. Por otra parte, el Ministro también aseguró que no se subiría el IVA aunque no hizo referencia a otros impuestos. Por otro lado, el Ministro también afirmó que se iba a proceder a confeccionar un ambicioso plan de lucha contra el fraude.
Para el Grupo proponente, y creemos que para toda la Cámara, es preferible cobrar a los defraudadores que subir los impuestos a los que ya los pagan, así como efectuar recortes en el Estado del Bienestar.
Moción consecuencia de interpelación por la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
"1. Reforzar la lucha contra el fraude fiscal y realizar una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria.
2. Anular las instrucciones internas de la Agencia Tributaria que hicieron obligatorio el Informe de la Dirección General de Tributos de 27 de junio de 2012.
3. Ordenar a la Dirección General de la Agencia Tributaria la realización urgente de las comprobaciones inspectoras de los contribuyentes acogidos a la regularización de 2012, y a que éstas se inicien en todo caso antes del 30 de noviembre de 2016, para que los contribuyentes acogidos a la misma tributen de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto-ley 12/2012, es decir pagando el 10% de las cuantías afloradas.
5. Incluir en el plan de lucha contra el fraude la inspección de todos los contribuyentes que se acogieron a los procesos de regularización del año 2012 y que no pagaron íntegramente el 10% del valor de adquisición de los bienes adquiridos como establecía taxativamente el Real Decreto-ley 12/2012.
6. Remitir urgentemente a los órganos judiciales todos aquellos casos de contribuyentes acogidos a los procesos de regularización de 2012 que presenten indicios de blanqueo de capitales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2016.-Francisco de la Torre Díaz, Diputado.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal y, más en concreto, sobre las medidas adoptadas para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012, más conocida como "amnistía fiscal", tributen efectivamente al tipo del 10% contemplado expresamente en la Ley.
En el punto 6, añadir al final, tras "indicios de blanqueo de capitales", "o corrupción".
Añadir dos nuevos puntos:
"7. Introducir cambios en el artículo 95 de la Ley General Tributaria, dentro de los límites constitucionales, que permitan conocer el nombre de los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal.
8. Revisar la lista de paraísos fiscales, volviendo a incluir en la misma aquellos Estados que no cooperan de forma efectiva con la Administración Tributaria Española, actuando en el marco de las decisiones que se adopten en la Unión Europea."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal y, más en concreto, sobre las medidas adoptadas para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012, más conocida como "amnistía fiscal", tributen efectivamente al tipo del 10% contemplado expresamente en la Ley.
1. Realizar, con carácter urgente, una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% por las cantidades afloradas previsto en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, dentro de los límites de la normativa tributaria.
2. La realización urgente, por parte de la Dirección General de la Agencia Tributaria, de las comprobaciones inspectoras de los contribuyentes acogidos a la regularización de 2012, para garantizar que los contribuyentes acogidos a la misma tributen de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012.
3. Continuar remitiendo, tal y como establece el marco legal vigente, a los órganos judiciales todos aquellos casos de contribuyentes acogidos a los procesos de regularización de 2012, que presenten indicios de blanqueo de capitales."
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta las siguientes enmiendas parciales a la Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal y, más en concreto, sobre las medidas adoptadas para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012, más conocida como "amnistía fiscal", tributen efectivamente por el tipo del 10% contemplado expresamente en la Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
"2. Solicitar un informe a la Abogacía del Estado sobre los informes de la Dirección General de Tributos de 27 de junio de 2012, y de 11 de octubre de 2012, para, en su caso, anular las instrucciones internas de la Agencia Tributaria que hicieron obligatorios dichos informes."
La Dirección General de Tributos (DGT) intentó aclarar el Real Decreto-ley 12/2012, que aprobó la amnistía mediante dos informes, y a modo de prontuario de preguntas/respuestas, para solucionar las dudas que planteaban los grandes despachos de asesoría fiscal.
Para dilucidar si esa interpretación de la DGT es legal o no, se propone solicitar un informe a la Abogacía del Estado.
El apartado 6 de la Moción queda redactado en los siguientes términos:
"6. Remitir urgentemente a los órganos judiciales todos aquellos casos de contribuyentes acogidos a los procesos de regularización de 2012 que presenten indicios de blanqueo de capitales antes de que prescriban dichos delitos."
Se propone añadir esta precisión porque los delitos de blanqueo de capitales comenzarían a prescribir a los diez años. Así, los producidos en 2007, prescribirían a partir de 2017.
Se añade un nuevo apartado en la Moción con la siguiente redacción:
"7 (nuevo). Elaborar un Plan de Lucha Integral contra el Fraude Fiscal que incremente los recursos humanos de la Agencia Tributaria mediante oferta pública de Empleo englobando sus acciones en un horizonte plurianual."
"8 (nuevo). Disminución del umbral de punibilidad del delito fiscal a 50.000 euros y elevación, con carácter general del plazo de prescripción de este delito a diez años, y aplicando las penas previstas actualmente para el tipo agravado cuando el importe de lo defraudado supere los 120.000 euros."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Josep Vendrell Gardeñes, Diputado.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal y, más en concreto, sobre las medidas adoptadas para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012, más conocida como "amnistía fiscal", tributen efectivamente al tipo del 10% contemplado expresamente en la Ley, ha acordado lo siguiente:
1. Reforzar la lucha contra el fraude fiscal y realizar una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012, tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria.
3. Ordenar a la Dirección General de la Agencia Tributaria la realización urgente de las comprobaciones inspectoras de los contribuyentes acogidos a la regularización de 2012, y a que éstas se inicien en todo caso antes del 30 de noviembre de 2016, para que los contribuyentes acogidos a la misma tributen de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Ley 12/2012, es decir pagando el 10% de las cuantías afloradas.
6. Remitir urgentemente a los órganos judiciales todos aquellos casos de contribuyentes acogidos a los procesos de regularización de 2012, que presenten indicios de blanqueo de capitales antes de que prescriban dichos delitos.
7. Elaborar un Plan de Lucha Integral contra el Fraude Fiscal que incremente los recursos humanos de la Agencia Tributaria mediante oferta pública de Empleo englobando sus acciones en un horizonte plurianual."
184/004120
Autor: Salvador i Duch, Jordi (GER).
Inversión realizada por la Administración del Estado para la celebración de los Juegos del Mediterráneo 2017.
El Diputado Jordi Salvador i Duch del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
El 15 de octubre de 2011, el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos escogió Tarragona como sede de los Juegos del año 2017. Se celebrarán del 30 de junio al 9 de julio de 2017, en 16 municipios sede del territorio y formarán parte 33 disciplinas deportivas, 4.000 deportistas de 25 nacionalidades distintas, 1.000 jueces y representantes internacionales, 1.000 periodistas, 3.500 voluntarios y más de 150.000 espectadores.
Los Juegos Mediterráneos Tarragona 2017, son un proyecto con ambición territorial. Se disputarán en la ciudad de Tarragona y 15 municipios más, 13 de los cuales se encuentran en la misma demarcación de Tarragona, con la voluntad de dejar un legado en todas las sedes en reforma de instalaciones, creación de ocupación, experiencia deportiva y desarrollo económico.
La fuerte apuesta para postularse como sede de este evento, además de criterios de excelencia en la organización, se plantea corno una oportunidad para aportar una serie de beneficios o impactos positivos a la ciudad y su entorno como consecuencia de haber acogido los Juegos Mediterráneos. Los eventos deportivos, y en particular los grandes eventos como los Juegos Mediterráneos, son una excelente oportunidad para la reactivación de la ocupación y para el desarrollo económico, social y cultural del territorio que los acoge.
El concepto de legado es relativamente reciente, pero ha adquirido una posición prevalente en cualquier proceso de candidatura o de organización de un evento debido a la gran inversión pública y privada necesaria para acogerlos y organizarlos. Es por este motivo que la organización de los Juegos Mediterráneos está compartida entre distintas instituciones como el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos, el Comité Olímpico Español, el Consejo Superior de Deportes, la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Tarragona y el Ayuntamiento de Tarragona. Además cuenta con distintas empresas privadas como socios oficiales, patrocinadores oficiales y colaboradores. Además, los Juegos Mediterráneos Tarragona 2017 han sido considerados "Evento Excepcional de Interés Público" por lo cual las empresas que colaboren mediante la donación se pueden beneficiar de importantes exenciones fiscales.
En abril de 2014, el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos y el Comité Organizador de Tarragona consensuaron la distribución de los 45 millones de euros previstos en el capítulo de inversiones del evento que la ciudad albergará en 2017. El grueso de las partidas, con 39.500.590,65 euros, se están destinando al anillo mediterráneo diseñado en el complejo deportivo de Campclar, donde se levantan las principales instalaciones.
La partida presupuestaria más elevada, es para la construcción del Palau d'Esports, con 9.075.000 euros. Tendrá capacidad para 5.000 espectadores -una vez construido será el de mayor capacidad de la demarcación- y durante los Juegos albergará el baloncesto masculino. Tras la competición será utilizado por los equipos de baloncesto y voleibol de Tarragona que juegan en categorías estatales, además de convertirse en un espacio multiusos.
La segunda partida más alta, 8.978.200 euros, es para la urbanización de la propia área de Campclar: desde el movimiento de tierras y planeamiento a las canalizaciones, pasando por la jardinería, construcción de varios campos de fútbol y peatonalización de la zona, auténtico epicentro de los Juegos.
El centro acuático está presupuestado en 7.653.250 euros. Incluye la construcción de la piscina olímpica de 50 metros y gradas. Acogerá la natación, waterpolo y natación para discapacitados y posteriormente permitirá cubrir las necesidades del deporte de alto nivel. La reforma del actual estadio de atletismo alcanzará los 2.904.000 euros. Incluye la construcción de una recta de calentamiento cubierta y la mejora de espacios técnicos, la renovación del tartán y la ampliación de las gradas hasta los 1.000 espectadores fijos, aunque durante los Juegos la capacidad alcanzará los 10.000.
Otros 1.815.000 euros irán a parar a la construcción de un estadio de atletismo provisional. Durante los Juegos acogerá las pruebas atléticas y las ceremonias de apertura y clausura, con capacidad para 14.000 espectadores. Tras los Juegos se desmontará y dará paso a un campo de juego, que posiblemente se destinará al rugby. Contará con una zona propia de vestuarios.
Además de esos 30.425.450 euros previstos para la zona deportiva de Campclar el presupuesto de inversiones de los Juegos Mediterráneos de Tarragona 2017 incluye quince millones más que también están ya distribuidos: 3.826.625 euros se destinarán a la construcción del nuevo Pavelló Sant Jordi (en los terrenos que la Generalitat de Catalunya posee entre la Avinguda d'Andorra y la rambla Lluís Companys, donde ya se ubicaba el anterior). La instalación albergará el voleibol.
El Nou Estadi, por su parte, recibirá 2.420.000 euros para su reforma. La remodelación se centrará sobre todo en la zona de tribuna, vestuarios y espacios adyacentes. El estadio de propiedad municipal, donde juega sus partidos el Nàstic, acogerá durante los Juegos uno de los grupos del fútbol y posteriormente las finales.
El capítulo de inversiones se completa con 8.695.564 euros más para adecuaciones de otros equipamientos. Serán partidas que irán a parar básicamente a los numerosos pabellones de las distintas sedes de la competición.
El total de inversión pública prevista en el plan director presentado al CIJM ascendía a un total de 50.616.154,70 euros, repartidos de la siguiente manera: Estado Español, 14.973.915,35 euros (30%); Generalitat de Catalunya, 12.901.625 euros (25%); Diputación de Tarragona, 8.695.564,05 euros (17%) y Ayuntamiento de Tarragona, 12.901.625 euros (28%).
A fecha de hoy, todas las administraciones han cumplido los objetivos previstos, aumentando incluso las aportaciones comprometidas inicialmente, menos el Estado Español que ha quedado muy lejos de las lógicas expectativas que el apoyo a un compromiso internacional de esta magnitud merecía, sobre todo si se pone en comparación con acontecimientos deportivos análogos.
La realidad es que a día de hoy la ciudad de Tarragona y el Comité Olímpico Español ven como su reputación ha quedado muy dañada por el aplazamiento de los Juegos del Mediterráneo al 2018. Dicho aplazamiento obedece únicamente a la dejadez del Gobierno a la hora de cumplir con sus compromisos mientras que el resto de administraciones, con los mismos problemas económicos que, como mínimo, tiene el Gobierno español, sellaron sus compromisos mediante convenios a lo largo del 2014. Así pues, no estamos ante un problema de falta de tiempo, sino de falta de voluntad política para desencallar esta situación.
El aplazamiento de los Juegos del Mediterráneo no solo conlleva un coste en términos de reputación de la ciudad, sino también económico. La organización se ve obligada a mantener la plantilla y el presupuesto durante un año más del conjunto de actividades que ha de realizar y habrá que negociar con hoteleros, patrocinadores, etc., los costes del aplazamiento.
- ¿Cuáles han sido las transferencias realizadas por la Administración General del Estado destinada la construcción y adecuación de instalaciones para la celebración de los Juegos del Mediterráneo 2017?
- ¿Cuál es el porcentaje sobre el total de inversión prevista que ha realizado la Administración General del Estado para la celebración de los Juegos del Mediterráneo 2017?
- ¿Tiene previsto el Gobierno español compensar la falta de inversión, cuantificar y aportar la cantidad necesaria para hacer frente a las necesidades organizativas no cubiertas, incluyendo las que se derivan del aplazamiento de los Juegos?
En caso afirmativo, ¿en qué plazos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2016.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.
184/004546
Tramitación de la exploración de un pozo de gas en la Merindad de Montija, localidad de Loma, provincia de Burgos, en concreto el proyecto de Shesa Angosto-A, por la sociedad de hidrocarburos del Gobierno Vasco.
1. En cuanto a las solicitudes de copia de diversa documentación contenidas en los puntos 2 a 4 de la presente iniciativa, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 10149, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/000411).
Al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, don Miguel Vila Gómez, Diputado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, plantea al Gobierno la siguiente pregunta con ruego de respuesta por escrito.
En relación con las informaciones publicadas sobre la intención de Shesa, sociedad de hidrocarburos del Gobierno Vasco, de explorar un pozo de gas en la Merindad de Montija, localidad de Loma, provincia de Burgos; en concreto el proyecto de Shesa Angosto-A, con número de expediente 20140143.
1. ¿Cuál es el estado de tramitación de este sondeo?
3. ¿Cuenta el sondeo con autorización del Gobierno? [...]
4. ¿Se ha realizado estudio de impacto ambiental? [...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2016.-Miguel Vila Gómez, Diputado.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS
245/000001
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las Resoluciones aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 30 de noviembre de 2016, en relación con la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia, así como Memoria del Tribunal Supremo, correspondientes al año 2014.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
RESOLUCIONES APROBADAS POR EL PLENO DE LA CÁMARA EN SU SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, EN RELACIÓN CON LA MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA, ASÍ COMO MEMORIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014, PRESENTADA POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
1. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a reforzar los mecanismos internos de democracia y de búsqueda del consenso a fin de que todos los vocales intervengan en plano de igualdad en la toma de decisiones que afecten los derechos económicos, representativos y de régimen de incompatibilidades.
2. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a respetar la doctrina de la Sala Tercera y el Plan de Igualdad de la Carrera Judicial en materia de nombramientos discrecionales de miembros de la cúpula judicial, con especial atención al criterio de preferencia de las mujeres en igualdad de méritos (junto a los principios de igualdad y capacidad) a fin de avanzar hacia la paridad hombre - mujer en la formación de los órganos de gobierno.
3. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que cumpla adecuadamente con su deber de realizar la medición de cargas judiciales, factor de riesgo para la seguridad y la salud de los miembros de la carrera judicial, y adopte las medidas que procedan, en el camino de equiparación con las ratios europeas de número de jueces por habitante.
4. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a modificar los sistemas de inspección, dotándolos de un presupuesto suficiente que permita su gestión eficaz y resolutiva, que cuente con el apoyo en la detección de disfunciones y en la propuesta de mejora de los colectivos profesionales operadores de la Justicia y que, en los casos en que se considere necesario, pueda actuar sin avisar previamente al órgano judicial afectado.
5. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a establecer un sistema de auditorías, interoperables informáticamente y con participación de todos los operadores jurídicos, que permitan conocer el volumen real de asuntos y su naturaleza y evaluar el estado del sistema judicial en base a su eficacia, eficiencia y sostenibilidad.
6. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a analizar las razones por las cuales existe un volumen de sentencias no ejecutadas en número tan desproporcionado (un 62% en el año 2014, según informe Wolters-Kluwers) en los distintos órdenes de la jurisdicción y estudie y proponga medidas al respeto.
7. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a tomar las medidas necesarias para dotar de medios los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género para revertir el hecho de que, según las Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2015, 2 de cada 3 mujeres víctimas no acudan a los juzgados, motivado en especial por la percepción de falta de información sobre sus derechos, la falta de diligencia en la investigación judicial, la dificultad para demostrar la violencia psicológica, o los prejuicios y trato irrespetuoso en la obtención del testimonio de las víctimas.
8. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a extender en todas las sedes judiciales la implantación de las denominadas "salas amables", con acceso independiente y separado, para la espera de perjudicadas y menores en casos de violencia machista y para llevar a cabo la exploración de menores.
9. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a implantar un sistema de formación del personal al servicio de la Justicia en materia de conocimiento y aplicación del catálogo de derechos reconocidos en la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia aprobada en el año 2002 a fin de ofrecer a la ciudadanía una prestación de servicio más cercana.
10. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a tomar las medidas necesarias para normalizar el uso de las lenguas propias cooficiales de cada Comunidad en las comunicaciones y todo el funcionamiento interno de la Administración de Justicia.
11. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a informar, dentro del ámbito de sus competencias, del destino de la recaudación en concepto de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional y a promover las medidas necesarias para el traspaso de los importes ingresados a las comunidades autónomas con competencias en los medios materiales de la Administración de Justicia.
12. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a poner fin a la situación de pluralidad de sistemas informáticos de gestión procesal incompatibles entre sí, optando por un sistema común y público de gestión, que garantice la debida confidencialidad y protección de datos y la eficacia del sistema, así como su gestión desde el sector público y la interoperabilidad desde cualquier órgano judicial del Estado, ello sin perjuicio de las competencias traspasadas a las autonomías.
13. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a elaborar y remitir a esta Cámara un informe sobre las reformas que se precisan en la Ley Orgánica del Poder Judicial para desconcentrar alguna de sus funciones en los Consejos de Justicia Autonómicos respecto de los órganos judiciales de su ámbito; adecuándose, así mejor, el Gobierno del Poder Judicial a la estructura autonómica del Estado.
14. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a reforzar las garantías en la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad en los procesos de nombramientos de su competencia, introduciendo la mayor claridad posible en la baremación de los méritos de cada candidato.
15. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que tanto en la Escuela judicial como en sus Planes de Formación, así como en la misma organización de los órganos judiciales, promover la especialización que evite la disfuncional transversalidad en el entendimiento de asuntos.
16. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a impulsar medidas que refuercen la protección de los hijos/as menores que padecen violencia de género en su núcleo familiar.
17. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a, tanto en la Escuela Judicial como en sus Planes de Formación Continua, proveer de una formación específica a la carrera judicial sobre el fenómeno de la violencia de género, los menores incursos en causas judiciales y de los llamados delitos de odio.
18. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que en sus Planes de Formación Continua se provea de una formación específica a la carrera judicial para la utilización de las correspondientes lenguas oficiales distintas al castellano en sus ámbitos de oficialidad y el derecho propio.
19. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que elabore un informe y lo remita a esta Cámara sobre el mejor cumplimiento de las funciones del Registro Civil, desde su llevanza encargada a órganos judiciales, y su carácter público y gratuito.
20. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que elabore y remita a esta Cámara un informe sobre los límites del ejercicio del derecho de gracia en una sociedad democrático-liberal en el siglo XXI, muy distinta de la del siglo XIX, en la que se promulgó la vigente regulación de la institución.
21. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a seguir promoviendo en el seno de la nueva Oficina judicial la mediación intrajudicial como mecanismo procesal complementario para la resolución de conflictos y como método complementario de la tutela judicial.
22. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a, tanto en la Escuela Judicial como en sus planes de formación, promover la formación de Jueces y Magistrados en la mediación intrajudicial, para consolidarla, visualizarla y velar por su calidad.
23. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que tras el conflicto colectivo planteado y desistido en 2014 y el planteado este mismo año, culmine en el plazo más breve posible la propuesta de carga de trabajo, una relación con el riesgo, que pueda suponer para la salud de los jueces y magistrados; y, que una vez culmine la propuesta esta Cámara sea informada por el Consejo.
24. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a elaborar sin dilación, y presentar ante esta Cámara un Libro Blanco sobre la Justicia que, de forma participativa aborde un diagnóstico de las deficiencias que aquejan a la Justicia y las medidas para remediarlas, a fin de encontrar una solución estable y consensuada tanto respecto a los aspectos de la actividad judicial como a reformas estructurales para la modernización de la Justicia, al modo a como se hizo en 1997 por el Consejo General del Poder Judicial.
25. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a elaborar de forma consensuada con los jueces y presentar a esta Cámara el Código Ético propio de la Carrera Judicial, a fin de que cese la vigencia del Iberoamericano al que se encuentra adherido por carecer de uno propio.
26. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a agilizar al máximo posible, en la medida de sus facultades, la instrucción y enjuiciamiento de las causas por corrupción.
27. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que realice un informe relativo a los distintos colectivos y personas con aforamiento en nuestro ordenamiento, y elabore unas conclusiones sobre su necesidad o, en su caso, su supresión.
28. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a, tanto en la Escuela Judicial como en sus planes de formación, promover la formación específica sobre la regulación en nuestro ordenamiento jurídico de la Memoria Histórica y de los derechos de las víctimas de crímenes contra la Humanidad y de las víctimas del terrorismo.
29. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a tomar medidas con el fin de tender a la paridad entre hombre y mujer. Pese a que las mujeres son mayoría en la carrera judicial, los hombres son mayoría en las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, los órganos de mayor responsabilidad.
30. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a garantizar el acceso a la Justicia de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI) desarrollando acciones para lograr una mayor sensibilización de los jueces y magistrados.
31. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a tomar medidas para lograr una mayor estabilidad de los jueces.
32. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que el servicio de inspección y el servicio de estadística judicial lleven a cabo los cambios necesarios para dar respuesta al nuevo modelo organizativo de la oficina judicial, mejoren su coordinación e impulse la inspección remota.
33. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que revise los criterios de compatibilidad vigentes que regulan la asistencia de jueces y magistrados a cursos de formación y conferencias en entidades que litigan frecuentemente y que pueden poner en duda la imparcialidad de éstos. La necesaria formación y especialización de jueces y magistrados no debe comprometer la imagen de independencia de los miembros de la carrera judicial.
34. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que incluya en las subsiguientes Memorias el número de bajas de los turnos libre y no libre y las razones que las han motivado.
35. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que indique en las próximas Memorias el número de jueces sustitutos integrados en el sistema judicial y cómo ha variado éste en los últimos años.
36. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a potenciar decididamente la mediación como método alternativo de resolución de conflictos y, en particular, en el orden jurisdiccional civil, donde el número de derivaciones es incluso inferior a aquéllas que se produjeron en el año 2013.
37. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que colabore activamente en la adopción de medidas que resuelvan las dificultades que está produciendo la implantación de la nueva Oficina Judicial en el territorio nacional.
38. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que impulse la elaboración de un Código Ético que sustituya al código ético iberoamericano, y que cuente con el mayor consenso posible entre los miembros de la carrera judicial y las principales asociaciones judiciales.
39. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a implementar las medidas necesarias que redunden en un descenso de la duración de los procedimientos seguidos ante el Tribunal Supremo pues ésta ha resultado un 6,3% mayor que la registrada en 2014.
40. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que vele por la formación especializada en las áreas de contenido multidisciplinar, como son las de Derecho de Familia, Derecho de Menores y Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, y en particular en materia de bullying o acoso escolar.
41. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que lleve a cabo las medidas oportunas que faciliten y promuevan la conciliación familiar de los trabajadores del sistema judicial y de los distintos profesionales de la Justicia.
42. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a estudiar medidas que promuevan que durante el mes de agosto, únicamente se notifiquen vía Lexnet aquellas notificaciones que efectivamente tengan el carácter de urgente conforme a la legislación procesal. El envío de
notificaciones no urgentes durante ese mes inhábil dificulta la conciliación familiar de los profesionales usuarios del servicio.
43. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que unifique las normas de registro entre los Decanatos de los Juzgados, y a tener en cuenta y discriminar en la Estadística que unos mismos hechos pueden originar varias actuaciones judiciales, lo que se traduce en una ficticia y más alta litigiosidad.
44. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que presente un nuevo Libro Blanco sobre la Justicia.
45. La despolitización de la Justicia, su independencia, su imparcialidad deberían estar fuera de toda duda y sospecha, especialmente la de su máximo órgano de gobierno. Cualquier sospecha de que esto no sea así, debilita el Estado de Derecho a la par que impide el progreso económico y social de una comunidad, de una organización o del propio Estado:
a) El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que la toma decisiones en la sede del Consejo General del Poder Judicial sea adoptada previa participación y debate de todos sus miembros y por lo tanto se suprima la existencia de la comisión permanente.
b) El Congreso de los Diputados, a la vista de las denuncias habidas por distintas asociaciones de jueces y magistrados que cuestionan el cambio de criterio utilizado en los últimos nombramientos, insta al Consejo General del Poder Judicial a que la política de nombramientos de los principales miembros de los altos tribunales se inspiren única y exclusivamente en los criterios objetivos de mérito y capacidad de los/las candidatos/as para garantizar la imparcialidad de los altos Tribunales.
46. El Congreso de los Diputados considera necesario garantizar la interoperabilidad de los diferentes sistemas de información judicial de manera que se pueda evaluar adecuadamente el volumen real de asuntos y su naturaleza, lo cual permitirá determinar la necesidad de creación de nuevos órganos en cada territorio. Para ello se considera imprescindible crear una nueva relación de materias de registro de asuntos para facilitar tanto la medición de las cargas de trabajo como su determinación, con el fin que las CCAA con competencias en los medios materiales de la Administración de Justicia, puedan adecuar los medios a la carga de Trabajo.
47. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a promover la potenciación de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades autónomas para que puedan efectivamente ser la última instancia jurisdiccional en los distintos órdenes, de acuerdo con las previsiones de los respectivos Estatutos de autonomía.
48. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que presente los resultados y las conclusiones relativos a la modificación de las retribuciones de la carrera judicial, así como de la retribución variable con objeto de certificar los resultados obtenidos, así como verificar si se han actualizado los grupos poblacionales en que se clasifican las plazas de Jueces y Magistrados a efectos del correspondiente complemento de destino.
49. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que adopte las medidas oportunas para agilizar la presentación de las Memorias sobre el Estado, Funcionamiento y Actividades del Consejo General del Poder Judicial en las Cortes Generales, con la finalidad de poder realizar un debate más actualizado y que pueda ser de mayor utilidad y solicita también que el avance de datos que se realice se entregue previamente al Congreso de los Diputados antes de la correspondiente comparecencia en la que se presenta la Memoria.
50. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a seguir trabajando en el fomento y análisis de la práctica de medidas alternativas para la resolución de conflictos, impulsando la mediación y el arbitraje.
51. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que abra la comunicación entre los sistemas de gestión procesal de los órganos judiciales que cumplen los criterios de compatibilidad e interoperabilidad fijados por el mismo Consejo General del Poder Judicial.
52. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a presentar a la Cámara un estudio concreto en el que se detallen las razones por las cuales existe un elevado volumen de sentencias no ejecutadas, aportando un análisis de medidas concretas para paliar estas situaciones.
53. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a realizar y enviar a la Cámara un estudio de valoración de las actuaciones llevadas a cabo hasta el año 2015 relativas al Plan de Modernización del Sistema de Justicia, especialmente en cuanto atañe a la nueva Oficina Judicial.
54. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a promover un plan de actuación que desarrolle los criterios concretos de la formación inicial y continuada de los jueces, así como impulsar un plan de especialización de los jueces y magistrados.
55. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial, en el ámbito de sus competencias a realizar todas las actuaciones necesarias para evitar las filtraciones de los procesos que puedan dar lugar a juicios paralelos, así como a elaborar y enviar a la Cámara Propuestas de impulso de modificaciones normativas, si las consideran necesarias, para atender a tal fin.
56. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a valorar la implementación del acortamiento del plazo de instrucción de las causas penales a 6 meses, resultante de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a los efectos de analizar si es tiempo suficiente, con los medios materiales actuales, para garantizar una buena instrucción y su posterior decreto de archivo de la causa o de apertura de juicio oral, para un proceso judicial con todas las garantías.
57. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que en las sucesivas memorias anuales que se presenten, se incluya con la debida separación una mención específica a las quejas y denuncias recibidas con motivo del incumplimiento, por la Administración de Justicia, de sus obligaciones de respeto a las lenguas cooficiales del Estado, así como que se incluya un análisis estadístico cronológico de la evolución experimentada por las mismas.
58. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que adopte las medidas necesarias conducentes a asegurar la permanencia de Jueces y Magistrados en sus destinos, por un tiempo mínimo conveniente, a fin de evitar los perjuicios que se causan a la ciudadanía por la existencia de numerosos órganos judiciales sometidos a una rotación constante de titulares y/o sustitutos.
59. Siguiendo el mandato de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, las distintas administraciones con competencias en materia de Justicia vienen desarrollando y poniendo en funcionamiento durante los últimos años importantes actuaciones de modernización tecnológica para conseguir una Justicia Digital que permita la gestión procesal sin papel, profundizar en las comunicaciones procesales electrónicas y conectar la Justicia con las partes personadas en el proceso. De acuerdo con la presentación de la Memoria del Consejo General del Poder Judicial de 2014, es preciso continuar con esa modernización tecnológica. En virtud de todo ello, el Congreso de los Diputados, insta al Consejo General del Poder Judicial a seguir colaborando con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia en el despliegue de las comunicaciones telemáticas y en la implantación del Expediente Judicial Electrónico, velando para que en los distintos órganos judiciales y en lo que afecta especialmente a jueces y magistrados, se siga impulsando el pleno cumplimiento de las previsiones legales, removiendo los obstáculos que pudieran dificultarlo y poniendo en marcha las medidas e iniciativas necesarias para garantizar una Justicia avanzada donde se encuentre completamente generalizada la utilización de las nuevas tecnologías.
60. La estadística judicial, cuyos datos permiten la configuración de la Memoria Anual del Consejo General del Poder Judicial, presentada en la comparecencia, constituye el medio de recopilación y obtención de información de la situación real de los órganos judiciales, proporcionando los datos y garantizando la mayor fiabilidad posible. A fin de mejorar los mecanismos de recopilación, obtención y tratamiento de la información que configuran el Sistema de Estadística Judicial, el Congreso de los Diputados, insta al Consejo General del Poder Judicial a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Justicia a través de la Comisión Nacional de Estadística Judicial a fin de perfeccionar la estadística judicial, de forma tal que se configure plenamente como un instrumento para la planificación, desarrollo y ejecución de las políticas públicas relativas a la Administración de Justicia y, en particular, para el ejercicio de la política legislativa del Estado en materia de Justicia, así como a colaborar con el Ministerio de Justicia para que la información estadística se coordine y consolide a través de éste, a fin de ganar en eficacia, eficiencia, disponibilidad y transparencia de la información.
61. De acuerdo con la presentación de la Memoria del Consejo General del Poder Judicial de 2014, resulta necesario mejorar con carácter general en los distintos aspectos de la organización de la Justicia, especialmente ante la yuxtaposición y solapamiento de competencias y el riesgo de padecer una Justicia de dos velocidades según la Comunidad Autónoma de la que se trate. En virtud de todo ello, el Congreso de los Diputados, insta al Consejo General del Poder Judicial a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Justicia para mejorar la gestión de la planta judicial, utilizando los mecanismos previstos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; y en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación
y de Planta Judicial, a fin de modificar, optimizar y adecuar la misma a las necesidades actuales de la Administración de Justicia, teniendo en cuenta la evolución de las cargas de trabajo y dirigiendo los esfuerzos, principalmente a los órdenes jurisdiccionales más sobrecargados y a la creación de nuevas plazas judiciales en los Tribunales Superiores de Justicia y la creación de la Sala de Apelaciones de Audiencia Nacional para la resolución de la segunda instancia penal.
62. Considerando las reconocidas ventajas de la mediación, tanto en el ámbito extrajudicial como intrajudicial, y lo relevante que resulta el grado de conocimiento y de formación al respecto de todos los operadores jurídicos y, en particular, de Jueces y Magistrados, el Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial para que, junto con las administraciones competentes, adopte medidas de difusión e impulso de la mediación en todas sus formas, aumentando la formación de los jueces en esta materia y fomentando el incremento de órganos que deriven en mediación penal.
63. Considerando que en los últimos años se han producido diversas reformas que modifican sustancialmente el ordenamiento jurídico penal, tanto en su vertiente sustantiva como procesal, y que la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial es un instrumento óptimo para dar cuenta de la eficacia y alcance práctico de esos cambios, el Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que en su próxima Memoria incluya un apartado específico que refleje el impacto de las reformas legislativas en los distintos órdenes jurisdiccionales.
64. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a colaborar con el Gobierno y con las Comunidades Autónomas y llevar a cabo las actuaciones precisas para implantar oficinas, multidisciplinares, de atención a las víctimas que coadyuven a garantizar los derechos de las mismas ante la Administración de Justicia.
65. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a llevar a cabo, en cumplimiento del artículo 433 bis.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, planes individuales de Especialización en Formación Continuada con incidencia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
66. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial, analizando las necesidades de los órganos judiciales que estén llevando causas complejas de tipo económico y causas por corrupción, y en cuanto a medios de investigación y de asesoramiento especializado se refiere, adopte medidas de refuerzo, técnicas, programas de formación continua, sistematización documental y mejora de las bases de datos y de los contenidos de los puntos neutros de investigación judicial, impulsando desde el Consejo General del Poder Judicial Servicios al Juez o una Unidad especializada para la lucha contra la corrupción.
67. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a implantar, con carácter urgente, indicadores de carga de trabajo, actualizando el Modelo de Medición de Cargas de trabajo de los Juzgados y Tribunales.
68. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a llevar a cabo un Plan de Choque en la Justicia que acabe con la mala organización y que ponga remedio a la lentitud y los cuellos de botella, y especialmente en los órganos colegiados y para las jurisdicciones más colapsadas: Civil, Social, Mercantil, y de las Secciones Penales, así como adoptar las medidas estructurales necesarias para agilizar las resolución de causas pendientes, a fin de dar una mayor agilidad en la respuesta a los ciudadanos y garantizar de manera efectiva su derecho a la tutela judicial efectiva.
69. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a llevar a cabo, en colaboración con las Administraciones competentes, (Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas), a buscar un nuevo diseño para la Administración de Justicia. Diseño que recoja, y haga realidad, el servicio público esencial que es la Justicia.
70. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial, a la vista de la evolución de las tasas de resolución, dependencia y congestión de asuntos de nuestros órganos judiciales, a que revise, acuerde y lleve a cabo un plan renovado dirigido a incrementar la primera y a reducir las dos restantes, tomando en consideración especial la jurisdicción civil, donde la tendencia es significativamente descendente en la tasa de resolución de asuntos y ascendente en las tasas de pendencia y congestión.
71. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a impulsar medidas necesarias y eficaces para seguir reduciendo los tiempos de respuesta o duraciones medias de los procedimientos, con especial atención a aquellos órganos jurisdiccionales donde se ha constatado que la duración media sigue una línea de incremento, como es el caso del Tribunal Supremo.
72. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a establecer las medidas organizativas que sean precisas para atender con más celeridad y eficacia las respuestas que
en justicia hayan de darse en los procedimientos de desahucio, siempre desde la perspectiva de la igualdad y la defensa de la dignidad y los derechos de las personas más vulnerables.
73. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que, en el marco de sus competencias, realice todas las actuaciones de impulso necesarias dirigidas a alcanzar una ampliación significativa de la planta judicial que resuelva la situación de los jueces todavía en expectativa de destino y atienda adecuadamente a las imperiosas necesidades de mejora del servicio de la Administración de Justicia, así como a que culmine el establecimiento de un Estatuto de los Jueces de Adscripción Territorial (JAT).
74. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que, en el marco de sus facultades legales, y en colaboración con las demás administraciones competentes, lleve a cabo nuevas convocatorias de plazas de acceso a la carrera judicial.
75. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a llevar a cabo aquellas actuaciones que garanticen que en los órganos de Gobierno de Juzgados y Tribunales, así como en los nombramientos para provisión de plazas que legalmente le corresponda llevar a cabo, la presencia de mujeres sea equiparable a la presencia de las mismas en la carrera judicial.
76. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que en cumplimiento de la previsión del artículo 601.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial promueva la rotación anual a fin de que todos los Vocales participen temporalmente en la composición anual de la Comisión Permanente y así garantizar mejor la plena igualdad en el ejercicio de sus funciones constitucionales de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial, reconociendo y facilitando el pleno ejercicio de su función Institucional, el derecho de participación en igualdad de condiciones, el desarrollo de encomiendas y responsabilidades institucionales, sus condiciones y régimen, y el pluralismo de la Institución, optimizando su estructura y funcionamiento.
77. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a extremar la transparencia y la objetividad y el público conocimiento en las Normas y decisiones de reparto y asignación de causas, mejorando los Procedimientos y Normas que regulan el reparto de asuntos en los órganos Judiciales, a través de un método de reparto desarrollado y regulado desde una práctica de Transparencia a disposición del público, la independencia judicial, la imparcialidad del juez, la percepción pública de independencia e imparcialidad, la uniformidad y el respeto al Juez Predeterminado por la Ley. El Consejo General del Poder Judicial incluirá en su Memoria información sobre las medidas adoptadas.
78. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a continuar ahondando, perfeccionando y respetando plenamente la aplicación de los criterios marcados por la doctrina del Tribunal Supremo en el nombramiento de puestos judiciales competencia del mismo.
79. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a extremar los criterios de mérito, capacidad, concurrencia, igualdad, transparencia y publicidad en la selección y nombramiento de los Jueces y Magistrados que como consecuencia del establecimiento de medidas de apoyo, asuman destinos en Comisión de Servicio con relevación de funciones. Para la adopción de tal medida de apoyo deberán concurrir circunstancias de especial necesidad.
En dichos supuestos el Consejo General del Poder Judicial deberá garantizar la máxima seguridad jurídica y respeto al principio del Juez predeterminado por la ley, evitando cambios injustificados susceptibles de producir alteraciones serias en la tramitación de las causas, retrasos en su estado procesal, o perjuicio en la continuidad de instrucciones sumariales en curso, por la denegación de prórrogas, cese o en el nombramiento en comisión de servicio, procurando abstenerse, mediante acuerdo motivado, de sacar dichas plazas a concurso temporalmente, siempre que estuvieren adecuadamente atendidas por el Juez o Magistrado y no se hubiere agotado el tiempo máximo prorrogable de la comisión de servicio.
El mismo criterio deberá aplicarse cuando dichos destinos sean ocupados mediante comisiones de servicio por hallarse sus titulares en situación de servicios especiales.
80. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a impulsar la mediación intrajudicial en el seno de la nueva oficina judicial, incorporando la mediación a la Carta de Servicios que ofrece la Administración de Justicia, favoreciendo su integración en el organigrama de la nueva oficina judicial y, en su caso, en el Servicio Común General, como una dependencia interna, propia y permanente dirigida y servida por personal especializado, y con vocación de prestar transversalmente la misma como un servicio de calidad a la totalidad de órganos judiciales del Partido Judicial que lo solicite.
81. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que impulse y desarrolle la formación de Jueces y Magistrados en mediación intrajudicial, refuerce la información al público, mejore el seguimiento y los controles de calidad, así como la información estadística sobre la misma, y elabore un informe sobre el impacto de la ley de mediación.
82. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial, en colaboración con el resto de Administraciones Públicas, a mejorar la estadística judicial y consolidar la Comisión Nacional de Estadística Judicial, dando información más detallada y precisa que permita un más exacto conocimiento de la realidad de la actividad judicial.
83. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a estudiar e impulsar cuantas medidas sean necesarias para reforzar la protección de los hijos e hijas menores que padecen la violencia de género en su núcleo familiar, incluyendo las dirigidas a asegurar en estos supuestos el pronunciamiento expreso del Juez, previo informe de las Unidades de Valoración Forense sobre el riesgo al que se expone a los menores, acerca de la necesidad de adoptar medidas específicas respecto al régimen de custodia, visitas, cuidado y educación de los hijos e hijas, acordando en interés de los menores, las limitaciones que procedan.
84. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a adoptar las medidas imprescindibles para hacer efectiva la implantación de la segunda instancia penal en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.
85. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que en colaboración con el resto de administraciones con competencia, adopten las medidas necesarias que permitan superar aquellas deficiencias manifestadas por la UE, la cual en la evolución de las administraciones judiciales de sus miembros la definió como poco eficiente, de escasa calidad y una de las menos independientes de Europa.
140/000006
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado, por asentimiento, la siguiente declaración institucional en conmemoración del Día Internacional de la Acción contra el Sida.
"Mañana jueves, como cada 1 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de la Acción contra el Sida.
A pesar de los avances que se han producido en la lucha contra esa enfermedad, según datos de la ONU, el VIH es todavía un problema de salud pública a nivel mundial. Desde que se conoce la enfermedad, setenta y ocho millones de personas en todo el mundo han contraído la infección y treinta y cinco millones de personas han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con el VIH. En 2015, treinta y seis millones setecientas mil personas conviven con la enfermedad. Durante ese año se infectaron más de dos millones de personas, de entre ellas, 150.000 niños y niñas.
El Congreso de los Diputados declara su compromiso con un día que pretende sensibilizar, concienciar y actuar contra esta epidemia global y, en particular, con los objetivos 90-90-90 de ONU-SIDA para el año 2020, que buscan asegurar que el 90% de las personas con VIH conozcan su estado serológico, que el 90% de las personas que saben que tienen la infección tengan tratamiento y que se produzca la supresión de la carga viral del 90% de quienes reciben dicho tratamiento. La Declaración de París de 2014, firmada por Alcaldes y Alcaldesas de todo el mundo, supone el compromiso para seguir colocando a las ciudades en la primera fila de la respuesta al VIH y situar a estas en una posición única para liderar acciones aceleradas con miras a alcanzar los objetivos 90-90-90 en 2020. Con el cumplimiento de estos objetivos se pretende poner fin a la epidemia del sida para el año 2030.
Los avances evidentes que se han dado en la lucha contra el VIH en España no deben hacernos olvidar que todavía hoy debemos centrar nuestros esfuerzos en el primero de dichos objetivos, que el 90% de las personas infectadas conozcan su situación. Y que aún hoy las personas con VIH llevan sobre sus
hombros un estigma social al que desde esta Cámara debemos ayudar a derrotar. Las personas con VIH no sólo necesitan tratamientos médicos y farmacológicos, necesitan también derribar el muro de cristal que aún les impide acceder a una integración plena de derechos en el mundo social y laboral. Por eso sigue siendo necesario establecer medidas efectivas para reducir el estigma y la discriminación de esta enfermedad en todos los ámbitos sociales.
Para cumplir estos objetivos, el Congreso de los Diputados considera necesario buscar un amplio consenso en torno a las políticas relativas al VIH, que permita un marco estable de actuación en relación con esta enfermedad. Asimismo, reitera el compromiso de España con el Fondo Global contra el sida, la malaria y la tuberculosis, y el reforzamiento de campañas de concienciación y promoción del diagnóstico precoz del virus.
Todo ello en recuerdo a todas las personas que han fallecido como consecuencia de esta epidemia, a los que todavía la sufren, así como a las organizaciones y profesionales que dedican su vida a luchar contra el sida o a atender a quienes padecen esta enfermedad."

References: artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 97
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 194
 artículo 194
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 218
 artículo 95
 artículo 193
 artículo 184
 artículo 218
 artículo 97
 artículo 180
 artículo 97
 artículo 173
 artículo 97
 artículo 193
 artículo 97
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 184
 artículo 97
 artículo 184
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 25
 Resolución 
 artículo 91
 artículo 102
 artículo 184
 artículo 91
 artículo 102
 artículo 184
 artículo 45
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 184
 Resolución 
 artículo 184
 artículo 97
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 95
 artículo 184
 Real Decreto 
 artículo 185
 artículo 97
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 433
 resolución 
 resolución 
 artículo 601