Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/1310
Timestamp: 2020-06-03 17:13:37+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 104/1989
SENTENCIA 104/1989, de 8 de junio
ECLI:ES:TC:1989:104
En el conflicto positivo de competencia núm. 864/84, planteado por el Gobierno vasco, representado por el Abogado don José Ignacio López Cárcamo, en relación con determinados preceptos del Real Decreto 1338/1984, de 4 de julio, sobre medidas de seguridad en entidades y establecimientos públicos y privados. Ha sido parte el Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado, y Ponente el Magistrado don Vicente Gimeno Sendra, quien expresa el parecer del Tribunal.
2. En consecuencia, y previo Acuerdo del Gobierno vasco en su sesión de 4 de diciembre de 1984, el Abogado don José Ignacio López Cárcamo, en nombre y representación del mismo, planteó conflicto positivo de competencia, mediante escrito presentado el día 10 del mismo mes y ano, solicitando de este Tribunal que se reconozca la competencia de la Comunidad Autónoma Vasca para ejecutar la normativa del Estado en materia de seguridad pública, declarando en favor de aquélla la titularidad de las facultades de ejecución administrativa que el Real Decreto 1.338/1984 atribuye al Gobernador civil, al Director de la Seguridad del Estado, al Ministerio del Interior, al Consejo de Ministros y a las Fuerzas de Seguridad del Estado, y que se declaren nulos o, subsidiariamente, inaplicables en el ámbito territorial de dicha Comunidad Autónoma los artículos en los que todas las mentadas facultades de ejecución están contenidas.
c) En base a las consideraciones generales expuestas, considera el Abogado del Gobierno vasco que la facultad decisoria que el art. 2.1 del Real Decreto 1.338/1984 atribuye a los Gobernadores civiles y al Director general de la Seguridad del Estado debe corresponder a los órganos administrativos de la Comunidad Autónoma Vasca; que lo mismo puede decirse respecto de las atribuciones de propuesta y resolución que, al Gobernador civil y al Director de la Seguridad del Estado, por un lado, y al Ministro del Interior, por otro, confiere el art. 2.2, salvo que se entienda que los organismos públicos a que se refiere el precepto son únicamente los dependientes del Estado; que las facultades de mera ejecución administrativa que los arts. 3; 4.2; 6; 7.2; 8; 9; 11. 1 y 2; 13.1; 16.1, párrafo 2.º; 19; 21.1 y 2; 22.1 y 2; 23.1 a 3; 26; 29.2; 33.1 a 6; 34.2; 35; 36; Disposición adicional primera, apartado 4, y Disposición adicional cuarta atribuyen bien a los Gobernadores civiles, bien a la Dirección de Seguridad del Estado, al Ministerio del Interior o al Consejo de Ministros corresponden a la Comunidad Autónoma Vasca, por estar incluidas entre las competencias que le reconoce el art. 17 EAPV, excepto si aquellas facultades entrasen sólo en juego en caso de que afectasen a intereses intercomunitarios, lo que no se contiene expresamente ni puede deducirse, de su texto; que los órganos comunicante y receptores de la comunicación a que se refiere el art. 37 no debieran ser el Ministerio del Interior y otros Ministerios estatales respectivamente, sino los órganos paralelos y equivalentes de la Comunidad Autónoma; que la conexión de los dispositivos de alarma con las centrales o dependencias policiales, a que se refieren los arts. 12.1; 13.2; 23.1 y 3 y 29.1 de la norma en conflicto, debe efectuarse con las de la Policía Autónoma, ya que afecta al aspecto policial de la competencia autonómica contenida en el art. 17 del EAPV; que las comunicaciones a que hace referencia el núm. 2 del art. 31 deben hacerse a la Policía Autónoma, para que ésta preste la especial protección dentro del Territorio de la Comunidad Autónoma, si lo estima necesario, y que la facultad de coordinación que se atribuye al Gobernador civil en el núm. 4 de este artículo sólo tiene sentido cuando el transporte interurbano afecte a varias Comunidades Autónomas; y que, por último, las menciones que la Disposición adicional segunda contiene referentes al Ministerio del Interior y al Director de la Seguridad del Estado suponen invasión de la competencia ejecutiva autonómica, así como el objeto de las Comisiones Mixtas reguladas en esta Disposición, en cuanto relativo a la colaboración y coordinación entre las empresas o entidades necesitadas de protección y las Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que debe ser la Policía Autónoma y no aquéllas el objeto de tal coordinación.
Numéro et date BOE [Nº, 158 ] 04/07/1989 Correction 1
Type et numéro d'enregistrement Conflicto positivo de competencia 864-1984
Promovido por el Gobierno Vasco en relación con determinados preceptos del Real Decreto 1.338/1984, de 4 de julio, sobre medidas de seguridad en entidades y establecimientos públicos y privados
En un sistema de distribución territorial del poder público inspirado en principios de colaboración y buena fe, a que tantas veces ha hecho referencia este Tribunal, es obvio que el requerimiento previo a que se refiere el art. 63 de la LOTC responde a la finalidad primordial de apurar las posibilidades de resolución convencional o negociada de las diferencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, sin perjuicio del derecho de éstas a plantear, en último extremo, el conflicto no resuelto extrajudicialmente ante esta instancia jurisdiccional, derecho constitucionalmente reconocido que, en cualquier caso, no justifica que se prive al Gobierno de la Nación de la oportunidad y facultad que la ley le atribuye de evitar, si lo estima necesario o conveniente, la impugnación de sus actos o disposiciones y el consiguiente enfrentamiento en un proceso constitucional. [F.J. 2]
Es claro, conforme al tenor literal del art. 149.1.29 C.E., que la competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad pública no admite mas excepción que la que derive de la creación de las policías autónomas, a lo que no se opone -antes bien, lo confirma «a contrario sensu»- lo dispuesto en el art. 17 del EAPV. [F.J. 3]
No puede ser aceptada la tesis conforme a la cual existe en nuestro Derecho un principio general expansivo de ejecución autonómica, por algunas Comunidades Autónomas de la legislación estatal, con escasas y contadas excepciones. [F.J. 3]
No puede aceptarse que la competencia en materia de servicios policiales, por sí misma y sin perjuicio de los posibles convenios de colaboración en la materia, atraiga hacia quien la ostente la titularidad de cualquier otra competencia de la seguridad ciudadana, pues ello significaría tomar el todo por la parte y confundir las que son funciones meramente complementarias con lo que constituyen actividades convergentes al logro de una situación de seguridad. [F.J. 4]
Artículo 148.1.22, ff. 3, 5
Artículo 17, ff. 3 a 5
Artículo 4.4, f. 5
Artículo 23.1.2, f. 5
Artículo 23.1.3, f. 5
Artículo 31.4, f. 5
Artículo 38.1 b), f. 5
Competencias en materia de policía autonómicaCompetencias en materia de policía autonómica, f. 3
Finalidad del requerimiento de incompetenciaFinalidad del requerimiento de incompetencia, f. 2
Policía autonómicaPolicía autonómica, f. 3
Medidas de seguridadMedidas de seguridad, f. 3

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 

Artículo 148

Artículo 17

Artículo 4

Artículo 23

Artículo 23

Artículo 31

Artículo 38