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Timestamp: 2016-09-30 18:38:08+00:00

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Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organizaci�n y funcionamiento del Fondo de Garant�a del Pago de Alimentos.
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Disposición: 06-08-2014 | Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas
Disposición: 31-07-2014 | BOE núm 201 de 19-08-2014 | Vigente desde 01-01-2014 | Cód. Convenio: 99011925012000-9911925 | Vigente
Publicado en BOE n�m. 299 de 14 de Diciembre de 2007
Vigencia desde 01 de Enero de 2008
Vigente desde 1/Enero/2008
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Objeto y naturaleza del Fondo de Garant�a del Pago de Alimentos
�Naturaleza y gesti�n del Fondo de Garant�a del Pago de Alimentos
�Financiaci�n del Fondo
Beneficiarios y condiciones de acceso a los anticipos del Fondo de Garant�a del Pago de Alimentos
�Beneficiarios de los anticipos
�Concepto de Unidad familiar
�L�mite de recursos econ�micos
�Reglas para el c�mputo de los recursos e ingresos
Determinaci�n y efectos del anticipo
�Cuant�a del anticipo
�Plazo m�ximo de duraci�n de la garant�a del Fondo
�Efectividad y pago
�Incompatibilidades
Procedimiento de reconocimiento de anticipos
�Iniciaci�n del procedimiento
��rganos competentes para la ordenaci�n, instrucci�n y resoluci�n del expediente de anticipo
�Documentaci�n acreditativa
�Informe del Servicio Jur�dico del Estado
�Procedimiento de urgencia
�Resoluci�n, plazos y efectos
�Comunicaci�n de resoluciones estimatorias a los Juzgados y Tribunales
�Obligaciones del perceptor
�Modificaci�n de efectos de los anticipos concedidos
�Extinci�n del derecho reconocido
�Efectos econ�micos de la modificaci�n de efectos y de la extinci�n
Acciones de subrogaci�n, reembolso y reintegro
�Subrogaci�n y reembolso
�Percibos indebidos del anticipo
�Personas discapacitadas
�Residencia del deudor en el extranjero
�Derecho supletorio
Mediante este real decreto el Gobierno de Espa�a aprueba las normas de organizaci�n y funcionamiento del Fondo de Garant�a del Pago de Alimentos. Con esta iniciativa pol�tica se aborda la soluci�n de un problema social de indudable importancia y se avanza en la protecci�n integral de las familias y de los hijos, cumpliendo el mandato del art�culo 39 de la Constituci�n.
En nuestra sociedad actual se ha detectado un problema social derivado de los incumplimientos del pago de alimentos establecidos a favor de los hijos menores de edad en los supuestos de divorcio, separaci�n, declaraci�n de nulidad del matrimonio, o en procesos de filiaci�n o de alimentos.
Estos incumplimientos de obligaciones establecidas judicialmente se producen, muy frecuentemente, de forma deliberada por la negativa del obligado al pago de alimentos a satisfacerlos y, en otros casos, por la imposibilidad real del deudor de hacerlos efectivos. En ambos supuestos, el resultado es que se producen numerosas situaciones de precariedad para los hijos menores y, con ello, para la unidad familiar en que se integran junto con la persona que los tiene bajo su guarda y custodia.
Este problema que afecta a los hijos menores y a las familias ha suscitado preocupaci�n tanto en nuestro pa�s como en el �mbito internacional. Prueba de ello son las diversas resoluciones en la materia adoptadas por el Parlamento Europeo y las varias mociones y proposiciones aprobadas por el Parlamento espa�ol a lo largo de las Legislaturas IV, V y VII.
Es indudable que los poderes p�blicos deben dar cobertura y soluci�n a estas situaciones de desatenci�n de los hijos e hijas menores, proporcionando una adecuada garant�a para la protecci�n econ�mica de las familias que se encuentren en estas circunstancias.
Es en la actual Legislatura cuando el problema se ha abordado definitivamente. La Ley Org�nica 1/2004, de 28 de diciembre, de protecci�n integral contra la violencia de g�nero, estableci� en su disposici�n adicional decimonovena que el Estado garantizar� el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en resoluci�n judicial, a trav�s de una legislaci�n espec�fica que concretar� el sistema de cobertura en dichos supuestos y que, en todo caso, tendr� en cuenta las circunstancias de las v�ctimas de violencia de g�nero.
Posteriormente, la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el C�digo Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separaci�n y divorcio, reiter� en su disposici�n adicional �nica que el Estado garantizar� el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en resoluci�n judicial, a trav�s de una legislaci�n espec�fica que concretar� el sistema de cobertura en dichos supuestos.
A consecuencia de estas previsiones legales, la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2007, cre� un Fondo, en su disposici�n adicional quincuag�sima tercera, dotado inicialmente con diez millones de euros, destinado a garantizar, mediante un sistema de anticipos a cuenta, el pago de alimentos reconocidos a favor de los hijos menores de edad en convenios judicialmente aprobados o resoluci�n judicial, en los supuestos de separaci�n legal, divorcio, declaraci�n de nulidad del matrimonio, procesos de filiaci�n o de alimentos.
Posteriormente, la Ley Org�nica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, consign� en su disposici�n transitoria d�cima primera una habilitaci�n expresa al Gobierno para regular, en el presente a�o 2007, el Fondo de Garant�a del Pago de Alimentos.
Finalmente, el r�gimen jur�dico del Fondo de Garant�a del Pago de Alimentos se ha completado con la previsi�n legal de que el Estado se subrogar� de pleno derecho, hasta el importe total de los pagos satisfechos al interesado, en los derechos que asisten al mismo frente al obligado al pago de alimentos, teniendo dicho importe la consideraci�n de derecho de naturaleza p�blica. Dicha previsi�n, junto con otras especialmente relevantes, como es la que contempla la colaboraci�n entre los Tribunales y la Administraci�n General del Estado en la ejecuci�n de estos cr�ditos p�blicos, se ha consignado en la disposici�n final quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulaci�n del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulaci�n de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.
El Fondo de Garant�a del Pago de Alimentos surge as� para garantizar a los hijos e hijas menores de edad la percepci�n de unas cuant�as econ�micas, definidas como anticipos, que permitan a la unidad familiar en la que se integran subvenir a sus necesidades ante el impago de los alimentos por el obligado a satisfacerlos. El montante de los recursos econ�micos de que disponga dicha unidad familiar es, l�gicamente, el criterio central para determinar si concurren o no las circunstancias de insuficiencia econ�mica que justifican la concesi�n de anticipos por el Fondo.
Ser�n beneficiarios de los anticipos que conceda el Fondo los hijos e hijas menores de edad titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado. Junto a ellos, ser�n tambi�n beneficiarios los hijos e hijas mayores de edad discapacitados cuando concurran id�nticas circunstancias de insuficiencia econ�mica de la unidad familiar en la que est�n integrados.
El Estado, ante el fracaso de la ejecuci�n judicial del t�tulo que reconoci� el derecho a alimentos, debe garantizar ante todo el superior inter�s del menor, sufragando con cargo a los fondos p�blicos las cantidades m�nimas necesarias para que la unidad familiar en que se integra pueda atender a las necesidades del menor. En contrapartida, y atendiendo a los principios de buen uso y defensa de los recursos p�blicos, el Estado se subrogar� en los derechos que asisten al menor frente al obligado al pago de alimentos, y repetir� contra �ste el importe total satisfecho a t�tulo de anticipos. En atenci�n a estos principios, y a la configuraci�n del Fondo de Garant�a del Pago de Alimentos como un fondo carente de personalidad jur�dica de los previstos por la Ley General Presupuestaria, su gesti�n se ha encomendado al Ministerio de Econom�a y Hacienda, a trav�s de la Direcci�n General de Costes de Personal y Pensiones P�blicas.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia y de Econom�a y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 7 de diciembre de 2007,
CAP�TULO IObjeto y naturaleza del Fondo de Garant�a del Pago de Alimentos
Objeto y �mbito de aplicaci�n El presente Real Decreto tiene por objeto regular el Fondo de Garant�a del Pago de Alimentos, creado en la disposici�n adicional quincuag�sima tercera de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, as� como establecer las condiciones y requisitos de acceso de los beneficiarios a los anticipos y los procedimientos de su abono y reintegro o reembolso.
Naturaleza y gesti�n del Fondo de Garant�a del Pago de Alimentos 1. El Fondo de Garant�a del Pago de Alimentos es un fondo carente de personalidad jur�dica, a los que se refiere el art�culo 2.2 de la Ley General Presupuestaria, cuya gesti�n se atribuye al Ministerio de Econom�a y Hacienda a trav�s de la Direcci�n General de Costes de Personal y Pensiones P�blicas.
2. El Fondo de Garant�a del Pago de Alimentos tiene como finalidad garantizar a los hijos e hijas menores de edad el pago de alimentos reconocidos e impagados establecidos en convenio judicialmente aprobado o en resoluci�n judicial en procesos de separaci�n, divorcio, declaraci�n de nulidad del matrimonio, filiaci�n o alimentos, mediante el abono de una cantidad que tendr� la condici�n de anticipo.
3. La concesi�n del anticipo se har� en todo caso previa instrucci�n y resoluci�n del expediente dirigido a comprobar su procedencia.
4. En cualquier caso, ser� necesario para acceder a los anticipos del Fondo que la resoluci�n en la que se reconozcan los alimentos haya sido dictada por los Tribunales espa�oles.
Financiaci�n del Fondo 1. El Fondo estar� dotado con las aportaciones que anualmente se consignen en los Presupuestos Generales del Estado y, cuando as� lo prevea la ley, con los retornos procedentes de los reintegros y reembolsos de los anticipos concedidos.
2. Las cantidades que se abonen con cargo al Fondo tendr�n la condici�n de anticipos, y deber�n ser reembolsadas o reintegradas a favor del Estado en la forma prevista en este real decreto.
3. Podr�n atenderse con cargo a las dotaciones del Fondo de Garant�a del Pago de Alimentos los gastos que ocasione su gesti�n, conforme prevea la ley.
CAP�TULO IIBeneficiarios y condiciones de acceso a los anticipos del Fondo de Garant�a del Pago de Alimentos
Beneficiarios de los anticipos 1. Ser�n beneficiarios de los anticipos del Fondo los espa�oles menores de edad, as� como los menores nacionales de los dem�s Estados miembros de la Uni�n Europea residentes en Espa�a, titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado, que formen parte de una unidad familiar cuyos recursos e ingresos econ�micos, computados anualmente y por todos sus conceptos, no superen los l�mites que se establecen en el art�culo 6 de este real decreto.
2. Tambi�n ser�n beneficiarios los menores de edad extranjeros no nacionales de un Estado miembro de la Uni�n Europea que, siendo titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado, cumplan los siguientes requisitos:
a) Residir legalmente en Espa�a y haberlo hecho durante cinco a�os, de los cuales dos deber�n ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del anticipo. Para los menores de cinco a�os estos periodos de residencia se exigir�n a quien ejerza su guarda y custodia.No obstante, si el titular de la guarda y custodia fuera espa�ol bastar� con que el menor resida legalmente en Espa�a al tiempo de solicitar el anticipo, sin necesidad de acreditar ning�n periodo previo de residencia.
b) Ser nacionales de otro Estado que, de acuerdo con lo que se disponga en los tratados, acuerdos o convenios internacionales o en virtud de reciprocidad t�cita o expresa, reconozca anticipos an�logos a los espa�oles en su territorio.
c) Formar parte de una unidad familiar cuyos recursos e ingresos econ�micos, computados anualmente y por todos sus conceptos, no superen los l�mites que se establecen en el art�culo 6 de este real decreto.
3. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entender� que residen legalmente en Espa�a los extranjeros que permanezcan en su territorio en alguna de las situaciones de residencia legal previstas en la Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social.
Concepto de Unidad familiar A los efectos previstos en este Real Decreto, se considerar� Unidad familiar exclusivamente la formada por el padre o la madre y aquellos hijos e hijas menores de edad, titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado, que se encuentren a su cargo.
Tambi�n se considerar� Unidad familiar a estos efectos la formada por los menores contemplados en el p�rrafo anterior y la persona f�sica que los tenga a su cargo por tener atribuida su guarda y custodia.
L�mite de recursos econ�micos Los recursos e ingresos econ�micos de la Unidad familiar, computados anualmente, no podr�n superar la cantidad resultante de multiplicar la cuant�a anual del Indicador P�blico de Renta de Efectos M�ltiples (IPREM), vigente en el momento de la solicitud del anticipo, por el coeficiente que corresponda en funci�n del n�mero de hijos e hijas menores que integren la Unidad familiar.
Dicho coeficiente ser� 1,5 si s�lo hubiera un hijo, y se incrementar� en 0,25 por cada hijo, de forma que el coeficiente ser� 1,75 si hubiera dos hijos en la unidad familiar, 2 si hubiera tres hijos, y as� sucesivamente.
Reglas para el c�mputo de los recursos e ingresos 1. A los efectos de lo establecido en los art�culos 4 y 6 se considerar�n las rentas o ingresos computables de la unidad familiar.
A estos efectos, tienen la consideraci�n de rentas o ingresos computables los rendimientos del trabajo, del capital y de actividades econ�micas de los que disponga anualmente la unidad familiar. Asimismo, se computar� el saldo neto de ganancias y p�rdidas patrimoniales obtenidos en el ejercicio por todos los miembros de la unidad familiar.
2. Se consideran rendimientos del trabajo las retribuciones, tanto dinerarias como en especie, que deriven del trabajo personal prestado en el �mbito de una relaci�n laboral o estatutaria por cuenta ajena por todos los miembros de la unidad familiar.
En particular, se incluir�n, adem�s de las prestaciones reconocidas por los reg�menes de previsi�n social, financiados con cargo a recursos p�blicos o privados, los rendimientos calificados como derivados del trabajo por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas.
3. Como rendimientos del capital se computar� la totalidad de los ingresos, dinerarios o en especie, que provengan de elementos patrimoniales, bienes o derechos cuya titularidad corresponda a alguno de los miembros de la unidad familiar y no se hallen afectos al ejercicio de actividades econ�micas.
Trat�ndose de elementos patrimoniales, excluida en todo caso la vivienda habitual de la Unidad familiar, que no sean productores de rendimientos de esta naturaleza, la imputaci�n de los rendimientos correspondientes a los mismos se efectuar� conforme a las normas establecidas en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas.
4. Los rendimientos derivados del ejercicio de actividades econ�micas se computar�n de acuerdo con las normas y reglas establecidas al efecto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas para el m�todo de determinaci�n del rendimiento neto que resulte aplicable.
5. El saldo neto de las ganancias y p�rdidas patrimoniales ser� el resultado de integrar y compensar entre s�, en los t�rminos establecidos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas, las ganancias y p�rdidas patrimoniales obtenidas en el ejercicio por los miembros de la unidad familiar.
6. Para el c�mputo anual de los recursos e ingresos econ�micos de la Unidad familiar se tendr�n en cuenta aquellos de que disponga o se prevea que va a disponer en el a�o natural en el que se solicite el anticipo.
CAP�TULO IIIDeterminaci�n y efectos del anticipo
Cuant�a del anticipo 1. La cuant�a del anticipo que conceda el Fondo de Garant�a del Pago de Alimentos se considerar� siempre en importes mensuales.
2. El beneficiario tendr� derecho al anticipo, con cargo al Fondo, de la cantidad mensual determinada judicialmente en concepto de pago de alimentos.
3. No obstante lo anterior, la cuant�a m�xima del anticipo a percibir por un beneficiario se establece en 100 euros mensuales. Si la Unidad familiar estuviera integrada por varios beneficiarios este l�mite operar� para cada uno de ellos.
4. Si la resoluci�n judicial fijara una cuant�a inferior a la prevista por el apartado anterior, la cuant�a del anticipo a percibir con cargo al Fondo ser� la fijada por dicha resoluci�n judicial.
Plazo m�ximo de duraci�n de la garant�a del Fondo El plazo m�ximo de percepci�n de los anticipos reconocidos a cada beneficiario ser� de dieciocho meses, ya se perciba el anticipo de forma continua o discontinua.
Efectividad y pago Los efectos econ�micos del anticipo se producir�n a partir del d�a primero del mes siguiente a aqu�l en que se hubiese presentado la solicitud.
El pago se efectuar� por mensualidades vencidas y lo percibir� quien tenga la guarda y custodia del menor beneficiario.
Incompatibilidades La percepci�n del anticipo regulado en este real decreto ser� incompatible con la de otras prestaciones o ayudas de la misma naturaleza y finalidad reconocidas por las distintas Administraciones P�blicas, debiendo optar el miembro de la Unidad familiar que tenga la guarda y custodia del menor beneficiario por una de ellas.
CAP�TULO IVProcedimiento de reconocimiento de anticipos
Iniciaci�n del procedimiento 1. El procedimiento de reconocimiento de anticipo se iniciar� mediante solicitud del miembro de la Unidad familiar que tenga la guarda y custodia del menor beneficiario del anticipo. La solicitud deber� formalizarse en el modelo oficial que, a tal efecto, apruebe la Direcci�n General de Costes de Personal y Pensiones P�blicas y que se publicar� en el �Bolet�n Oficial del Estado�.
V�ase la Res. de 5 de septiembre de 2013, de la Direcci�n General de Costes de Personal y Pensiones P�blicas, por la que se aprueba el modelo oficial de solicitud de anticipo a cargo del Fondo de Garant�a del Pago de Alimentos, regulado en el R.D. 1618/2007, de 7 de diciembre (�B.O.E.� 16 septiembre).
2. Las solicitudes podr�n presentarse en los registros de la citada Direcci�n General, y en los de las Delegaciones de Econom�a y Hacienda, as� como en los registros y oficinas a que se refiere �l articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
�rganos competentes para la ordenaci�n, instrucci�n y resoluci�n del expediente de anticipo El �rgano competente para la ordenaci�n, instrucci�n y resoluci�n del expediente de anticipo ser� la Direcci�n General de Costes de Personal y Pensiones P�blicas del Ministerio de Econom�a y Hacienda, que realizar� cuantas actuaciones estime necesarias.
A tales efectos, el l�mite de recursos econ�micos al que se refiere el art�culo 6 del presente real decreto se entender� acreditado mediante la declaraci�n de las rentas de la Unidad familiar que realice el solicitante del anticipo.
No obstante lo dispuesto en el p�rrafo anterior, en cualquier momento de la tramitaci�n se podr� comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas para el acceso y conservaci�n del derecho al anticipo o a la cuant�a reconocida, por cualquier medio v�lido en derecho y, en particular, a trav�s de consultas a otras Administraciones y ficheros p�blicos, recabando, en su caso, el consentimiento del afectado y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal.
Documentaci�n acreditativa 1. La solicitud contendr�, entre otras, las siguientes declaraciones:
a) Declaraci�n del solicitante referida a las rentas e ingresos de la Unidad familiar.
b) Subrogaci�n a favor del Estado en los t�rminos previstos en el art�culo 24.1 del presente Real Decreto.
2. Asimismo, la solicitud deber� ir acompa�ada de la siguiente documentaci�n:
a) Testimonio de la resoluci�n judicial que reconozca el derecho a alimentos, as� como testimonio de haber instado su ejecuci�n.
b) Certificaci�n expedida por el Secretario Judicial que acredite el resultado infructuoso de la ejecuci�n, al no haberse obtenido el pago de los alimentos ni haberse trabado embargo sobre bienes propiedad del ejecutado.
c) Libro de familia o certificaci�n de nacimiento de los beneficiarios.
d) En el caso de menores extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Uni�n Europea, Tarjeta de Residencia en vigor y resoluci�n o certificaci�n de concesi�n del permiso de residencia legal de los periodos previos requeridos en Espa�a, en los t�rminos establecidos en el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social.
En el caso de menores extranjeros que sean ciudadanos de un Estado miembro de la Uni�n Europea, certificaci�n de su inscripci�n en el Registro Central de Extranjeros, prevista en el articulo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulaci�n y residencia en Espa�a de los mismos.
3. No ser� necesaria la presentaci�n de documentaci�n que estuviera en poder de cualquier �rgano de la Administraci�n actuante, en cuyo caso el solicitante podr� acogerse a lo establecido en el apartado f) del art�culo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, sin perjuicio de que la Administraci�n pueda requerir al solicitante del anticipo que facilite la fecha y el �rgano o dependencia en que dicha documentaci�n fue presentada o, en su caso, fue emitida.
Informe del Servicio Jur�dico del Estado El �rgano instructor podr� solicitar el informe del Servicio Jur�dico del Estado sobre el expediente, a los efectos de fundamentar en derecho la resoluci�n.
Procedimiento de urgencia 1. Podr� reconocerse con car�cter de urgencia el anticipo a quienes, reuniendo las condiciones contempladas por este Real Decreto, acrediten una situaci�n de urgente necesidad.
2. Se considerar�, a estos efectos, que existe situaci�n de urgente necesidad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando los recursos e ingresos econ�micos de la unidad familiar no superen el l�mite que corresponda con arreglo al art�culo 6 del presente real decreto reducido en 0,5 puntos el coeficiente.
b) Cuando la persona que ostente la guarda y custodia del menor sea v�ctima de violencia de g�nero, en los t�rminos previstos en la Ley Org�nica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protecci�n integral contra la Violencia de G�nero.
3. El procedimiento de urgencia se iniciar� a instancia de quien ostente la guarda y custodia del menor beneficiario y no ser� preciso acreditar la dificultad para obtener el pago de alimentos a que se refiere el art�culo 14.2.b), siendo bastante el testimonio de haber instado la ejecuci�n judicial de la resoluci�n que reconoci� el derecho a alimentos y el transcurso de dos meses desde que se inst� dicha ejecuci�n, sin haber obtenido su pago conforme a la declaraci�n del solicitante.
4. Deber� acreditarse la condici�n de v�ctima de violencia de g�nero, si �sta fuera la causa de la situaci�n de urgente necesidad, por cualquiera de los siguientes medios de prueba:
a) A trav�s de la sentencia condenatoria.
b) A trav�s de la resoluci�n judicial que hubiere acordado como medida cautelar para la protecci�n de la v�ctima la prohibici�n de aproximaci�n o la prisi�n provisional del inculpado.
c) De la forma establecida en el art�culo 23 de la Ley Org�nica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protecci�n integral contra la Violencia de G�nero.
5. El procedimiento ordinario podr� derivar en procedimiento de urgencia a instancia del solicitante, cuando por �ste se acredite una situaci�n sobrevenida de urgente necesidad en los t�rminos del presente art�culo.
Resoluci�n, plazos y efectos 1. Corresponder� a la Direcci�n General de Costes de Personal y Pensiones P�blicas resolver el expediente, de forma motivada.
2. El plazo m�ximo para resolver y notificar al solicitante la resoluci�n ser� de tres meses, contado desde la entrada de la solicitud en cualquiera de los registros del Ministerio de Econom�a y Hacienda.
Este plazo ser� de dos meses en el procedimiento de urgencia contemplado en el art�culo anterior, contado igualmente desde la entrada de la solicitud en cualquiera de los registros del Ministerio de Econom�a y Hacienda.
3. Transcurridos los plazos establecidos en el apartado anterior sin que se haya notificado resoluci�n expresa, la solicitud se podr� entender estimada, sin perjuicio de la obligaci�n de la Administraci�n de resolver expresamente, de acuerdo con lo establecido en los art�culos 42.1 y 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
4. La concesi�n del pago del anticipo se comunicar� tambi�n al obligado al pago de los alimentos, en el plazo de diez d�as a partir de la fecha de la emisi�n de la resoluci�n de reconocimiento.
Recursos La resoluci�n pondr� fin a la v�a administrativa, y se podr� interponer contra la misma recurso potestativo de reposici�n ante el titular de la Direcci�n General de Costes de Personal y Pensiones P�blicas, en el plazo de un mes a contar desde el d�a siguiente al de su notificaci�n, o bien ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados de igual forma, de conformidad con lo establecido en el art�culo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci�n Contencioso-administrativa.
Comunicaci�n de resoluciones estimatorias a los Juzgados y Tribunales La resoluci�n de reconocimiento del anticipo se comunicar� por el �rgano instructor al Juzgado o Tribunal que hubiese dictado la resoluci�n judicial, o al que la estuviere ejecutando, en su caso, en el plazo de diez d�as a partir de la fecha de la emisi�n de la resoluci�n de reconocimiento.
Obligaciones del perceptor Los perceptores del anticipo con cargo al Fondo de Garant�a del Pago de Alimentos deber�n cumplir las siguientes obligaciones:
a) Comunicar cualquier variaci�n de la composici�n y situaci�n econ�mica de la Unidad familiar as� como cuantas circunstancias puedan tener incidencia en la conservaci�n y cuant�a del derecho al anticipo concedido, en el plazo m�ximo de treinta d�as desde la fecha en que se produzca.
b) Someterse a las actuaciones de comprobaci�n que la Direcci�n General de Costes de Personal y Pensiones P�blicas determine para verificar las condiciones y t�rminos por los que se reconoci� el anticipo.
Modificaci�n de efectos de los anticipos concedidos 1. La modificaci�n de las circunstancias que determinaron el reconocimiento del anticipo o la cuant�a del mismo dar� lugar a la variaci�n o, en su caso, a la suspensi�n definitiva de los efectos se�alados en la resoluci�n de concesi�n de aqu�l, que tendr�n que ser declaradas mediante resoluci�n motivada.
En los casos en que la variaci�n de efectos se base en hechos, alegaciones o pruebas no aducidas por el interesado, se le pondr�n de manifiesto dichas circunstancias para que, en el plazo de diez d�as, presente las alegaciones y justificaciones que estime oportunas.
2. Cuando concurra alguna de las causas de extinci�n previstas en el art�culo 22, la resoluci�n declarar� la causa apreciada y suspender� definitivamente el pago. No obstante, no ser� precisa la tramitaci�n de procedimiento cuando se trate de las causas previstas en las letras a), g) y j) del mencionado precepto.
Extinci�n del derecho reconocido 1. El derecho a que se refieren los art�culos anteriores se extinguir� por:
a) Por alcanzar el beneficiario la mayor�a de edad.
b) Por alteraci�n de las condiciones econ�micas de la Unidad familiar que justificaron el reconocimiento siempre que la misma supere los l�mites establecidos en el art�culo 6.
c) Por resoluci�n judicial que as� lo determine.
d) Por modificaci�n de la resoluci�n judicial que reconoci� el derecho de los beneficiarios a alimentos, siempre que de la misma se derive la improcedencia sobrevenida del mismo.
e) Por cumplimiento voluntario o forzoso de la obligaci�n de pago por parte del obligado.
f) Cuando el anticipo se obtuviera mediante la aportaci�n de datos falsos o deliberadamente incompletos o a trav�s de cualquier forma fraudulenta o con omisi�n deliberada de circunstancias que hubieran determinado la denegaci�n o reducci�n del derecho.
g) Por el transcurso del plazo m�ximo de garant�a.
h) Por el reconocimiento de prestaci�n o ayuda incompatible, previa opci�n del solicitante, o percepci�n de la misma.
i) Por fallecimiento del beneficiario.
j) Por fallecimiento del obligado al pago de alimentos.
k) Por p�rdida de la residencia legal, respecto de los menores que carezcan de nacionalidad espa�ola.
2. En los supuestos anteriores se producir� la extinci�n del anticipo sin perjuicio de la obligaci�n de reintegro a que se refiere el art�culo 25 o, en su caso, del derecho de reembolso previsto en el art�culo 24, cuando as� proceda.
Efectos econ�micos de la modificaci�n de efectos y de la extinci�n El percibo de la cuant�a reconocida se extender� hasta el �ltimo d�a del mes en que se haya producido la causa determinante de su modificaci�n o de la extinci�n del anticipo.
CAP�TULO VAcciones de subrogaci�n, reembolso y reintegro
Subrogaci�n y reembolso 1. De conformidad con la disposici�n final quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, el Estado se subrogar� de pleno derecho, hasta el total importe de los pagos satisfechos al interesado, en los derechos que asisten al mismo frente al obligado al pago de alimentos, teniendo dicho importe la consideraci�n de derecho de naturaleza p�blica, y su cobranza se efectuar� de acuerdo con lo previsto en la Ley General Presupuestaria. Su recaudaci�n en periodo ejecutivo se realizar� mediante el procedimiento administrativo de apremio.
2. En el supuesto previsto por el apartado anterior, se practicar� liquidaci�n de las cantidades adeudadas al Estado por el obligado al pago de alimentos. Dicha liquidaci�n ser� notificada al obligado, que deber� ingresarla en el Tesoro P�blico en los plazos previstos por el art�culo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Las liquidaciones que no hayan sido satisfechas en per�odo voluntario ser�n recaudadas en per�odo ejecutivo por la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 3.1 del Reglamento General de Recaudaci�n, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
Percibos indebidos del anticipo 1. Proceder� el reintegro de los anticipos indebidamente percibidos en los siguientes supuestos:
a) Cuando se hayan realizado abonos una vez producida la extinci�n del anticipo por alguna de las causas previstas en el art�culo 22. En este caso proceder� el reintegro de la cantidad abonada tras la extinci�n del anticipo.
b) Cuando el reconocimiento se hubiese producido en base a la aportaci�n de datos falsos o deliberadamente incompletos o a trav�s de cualquier otra forma fraudulenta, as� como mediante la omisi�n deliberada de circunstancias que hubiesen determinado la denegaci�n o reducci�n del anticipo solicitado.
c) Cuando resulten cantidades percibidas indebidamente como consecuencia de un procedimiento de revisi�n, o de modificaci�n de efectos de la resoluci�n de los se�alados en el art�culo 21 del presente real decreto.
2. Las cantidades indebidamente percibidas deber�n reintegrase desde el d�a primero del mes siguiente a aquel en que hubiere variado la composici�n de la Unidad familiar o sus recursos econ�micos o en que produjera efectos la causa que motive el percibo indebido.
La obligaci�n del reintegro del anticipo indebidamente percibido prescribir� a los cuatro a�os, contados a partir de la fecha de cobro, o desde que fue posible ejercitar la acci�n para exigir su devoluci�n.
3. En todo caso, el reintegro de los pagos recibidos en cualquiera de los supuestos previstos en el apartado 1 ser� requisito inexcusable para poder solicitar en el futuro nuevos anticipos, salvo en el caso contemplado en la letra b) de dicho apartado, en que no podr� formularse nueva solicitud de anticipo.
Las mensualidades que hayan sido objeto de reintegro no ser�n computables a efectos del plazo m�ximo de percepci�n previsto en el art�culo 9 del presente real decreto.
Personas discapacitadas Los hijos e hijas mayores de edad discapacitados ser�n beneficiarios de los anticipos del Fondo cuando concurran en ellos las circunstancias prevenidas por este real decreto para los hijos e hijas menores de edad.
El grado de discapacidad habr� de ser igual o superior al 65 por 100. Se acreditar� mediante resoluci�n o certificaci�n emitida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales u �rgano competente de la Comunidad Aut�noma, que se aportar� junto con la restante documentaci�n acreditativa prevista por el art�culo 14.
Residencia del deudor en el extranjero Cuando el deudor de alimentos resida en el extranjero, los beneficiarios mencionados en los art�culos anteriores podr�n, en cualquier momento del procedimiento, reclamar el pago de alimentos en aplicaci�n de los Convenios Internacionales existentes en la materia, con independencia de su condici�n de beneficiario del anticipo del Fondo de Garant�a del Pago de Alimentos.
Derecho supletorio En todo lo no previsto en el presente real decreto se aplicar� supletoriamente lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Com�n y en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudaci�n.
Habilitaci�n normativa Se faculta a los Ministros de Econom�a y Hacienda y de Justicia para dictar, en el �mbito de sus respectivas competencias, cuantas normas sean necesarias para el desarrollo y la aplicaci�n de lo previsto en este real decreto.
Entrada en vigor El presente real decreto entrar� en vigor el d�a 1 de enero de 2008.

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