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Timestamp: 2016-12-08 10:49:38+00:00

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1_9788499859736 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
LA PERSECUCIÓN DE LOS
ACTOS DE PIRATERÍA EN
LAS COSTAS SOMALÍES
© RAQUEL CASTILLEJO MANZANARES
I.S.B.N.: 978-84-9985-973-6
empresa/politicas-de-empresa.htm nuestro Procedimiento de quejas.
DOCTRINA DE LA FISCALÍA EN LA PERSECUCIÓN
DE LOS ACTOS DE PIRATERÍA
Juan José Martín-Casallo López
SITUACIÓN ACTUAL ....................................................................
SITUACIÓN FUTURA ....................................................................
PERSECUCIÓN DE CONDUCTAS DE COLABORACIÓN CON
EL DELITO DE PIRATERÍA .........................................................
LA OPERACIÓN ATALANTA PARA LA LUCHA
CONTRA LA PIRATERÍA EN AGUAS DEL ÍNDICO
Juan Garat Caramé
EL RÉGIMEN JURÍDICO INTERNACIONAL DE LA
PIRATERÍA Y LOS PROBLEMAS QUE PLANTEA SU
PERSECUCIÓN EN LAS COSTAS DE SOMALIA Y EL
1. CONSIDERACIONES GENERALES ............................................
2. ADECUACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE PIRATERÍA A LA ACTUAL SITUACIÓN EN LAS AGUAS SOMALÍES Y OPORTUNIDAD DE SU REVISIÓN .................................................................
3. IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN
LA PERSECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PIRÁTICAS EN
CASO DE INCAPACIDAD DEL ESTADO RIBEREÑO ...............
4. PROBLEMAS JURÍDICOS DERIVADOS DE LA PERSECUCIÓN
DEL DELITO DE PIRATERÍA FRENTE A LAS COSTAS DE
SOMALIA Y EN EL GOLFO DE ADÉN ........................................
4.1. Dificultades para la persecución eficaz de la piratería por la
falta de adaptación de las legislaciones estatales..................
4.2. Represión de la piratería y protección de los derechos humanos ............................................................................................
5. CONSIDERACIONES FINALES ...................................................
Fco. Javier Álvarez García
ANTECEDENTES...........................................................................
EL TRIBUNAL DE LEIPZIG .........................................................
LOS PRISIONEROS DE GUERRA ................................................
NÚREMBERG .................................................................................
DE NÚREMBERG Y TOKIO A RUANDA Y LA EX YUGOSLAVIA ...................................................................................................
6. EL TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA ANTIGUA YUGOSLAVIA ..............................................................................................
7. CONCLUSIÓN ................................................................................
ASPECTOS JURÍDICO-PENALES DEL CRIMEN
INTERNACIONAL DE PIRATERÍA
2. EL CARÁCTER CONSUETUDINARIO DE LA REPRESIÓN DE
LA PIRATERÍA ...............................................................................
3. EL CRIMEN INTERNACIONAL DE PIRATERÍA .......................
3.1. Definición de la piratería, buque pirata y distinción con figuras
afines ........................................................................................
3.2. Características de este delito ..................................................
3.3. Grados de participación y ejecución .......................................
3.4. Elemento subjetivo: El “propósito personal” ..........................
3.5. La visita, la captura, el apresamiento y el enjuiciamiento ...
3.6. La imperdonable laguna del Código penal español de 1995 .
3.7. Calificación en otros preceptos del Código penal ...................
3.8. Las soluciones de la legislación extranjera ............................
3.9. El Proyecto de modificación del Código penal de 2009 y la Ley
Orgánica 5/2010 .......................................................................
3.9.1. El largo camino de la incriminación de la piratería en
el Código penal ..............................................................
3.9.2. ¿Nos hemos olvidado de la preconstitucional Ley Penal
y Procesal de la Navegación Aérea? .............................
3.9.3. Propuesta de una solución basada en el Derecho Penal
Internacional y en la legislación penal extranjera ......
3.9.4. Las dificultades de la tipificación de un delito de “piratería impropia” o “cuasi-piratería”................................
3.10.La aplicación de las previsiones de la Convención de Roma de
1988 ..........................................................................................
3.11. La indeterminación jurisdiccional para el enjuiciamiento
estatal de la piratería ..............................................................
4. ALGUNAS SOLUCIONES JURÍDICAS POSIBLES ....................
4.1. Consideraciones generales ......................................................
4.2. Las respuestas posibles a nivel regional ................................
4.3. La solución por normas internacionales ................................
4.3.1. Un Convenio internacional sobre la prevención y represión del crimen de piratería ..........................................
4.3.2. La modificación de la Convención de las Naciones sobre
el Derecho del mar ........................................................
4.3.3. Un Tribunal Penal Internacional “ad hoc” ...................
4.3.4. La Corte Penal Internacional .......................................
ALCANCE DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL
ESPAÑOLA TRAS LA MODIFICACIÓN OPERADA
POR LA L.O. 1/2009, DE 3 DE NOVIEMBRE
1. EL ART. 23.4 LOPJ TRAS LA REFORMA OPERADA POR L. O.
1/2009, DE 3 DE NOVIEMBRE ......................................................
1.1. El principio de Justicia Universal. El art. 23.4 LOPJ. Otros
delitos (delitos conexos y blanqueo de capitales) ...................
1.2. Cosa juzgada (art. 23.5 LOPJ) ................................................
1.3. “Ley española” y principio de legalidad. La piratería ............
1.4. Falsificación de moneda extranjera ........................................
1.5. Crímenes de lesa humanidad. Crímenes de guerra y tortura.
1.6. Convenios de derecho internacional humanitario y de protección de los derechos humanos .................................................
1.7. Subsidiariedad originaria por litispendencia.........................
1.7.1. Actuación de otro país competente ...............................
1.7.2. Actuación de un Tribunal internacional. El art. 7.2 de
la Ley 18/2003, de 10 de diciembre de Cooperación con
la Corte Penal Internacional.........................................
1.8. Los vínculos que permiten la activación de la jurisdicción
universal ..................................................................................
1.9. La excepción: lo dispuesto en tratados y convenios internacionales .........................................................................................
1.10. Subsidiariedad sobrevenida ....................................................
1.11. El marco en el que se produce la reforma ..............................
2. APLICACIÓN EN EL TIEMPO DEL NUEVO ART. 23.4 LOPJ EN
RELACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS BAJO LA
VIGENCIA DE LA REGULACIÓN ANTERIOR ...........................
3. ¿QUÉ QUEDA DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL? RECORDANDO EL CASO PINOCHET......................................................
JURISDICCIÓN ESPAÑOLA PARA PERSEGUIR
ACTOS DE PIRATERÍA. ESPECIAL REFERENCIA
AL CASO ALAKRANA
1. ANTECEDENTES...........................................................................
2. LA JURISDICCIÓN ESPAÑOLA EN LA PERSECUCIÓN DE
ACTOS DE PIRATERÍA .................................................................
2.1. La jurisdicción universal por actos de piratería ....................
2.2. La asunción de jurisdicción por la comisión de actos de piratería ..........................................................................................
2.3. Necesidad de elementos de conexión con los intereses nacionales .........................................................................................
3. JURISDICCIÓN PARA CONOCER DE LOS HECHOS ACAECIDOS
A BORDO DEL BUQUE ALAKRANA ...........................................
4. CESIÓN DE JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES A FAVOR DE LOS DE KENIA ...............................................
5. LA PERSISTENCIA DE LA UE EN LA LUCHA CONTRA LA
PIRATERÍA .....................................................................................
COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL EN
LOS DELITOS DE PIRATERÍA
2. EL SECUESTRO DEL BUQUE PESQUERO ALAKRANA .........
3. ABORDAJE DEL BUQUE NEPHELI ...........................................
COMUNICACIÓN DE LOS JUZGADOS DE MENORES
DEN EL DELITO DE PIRATERÍA
Ana Rodríguez Álvarez
DOCTRINA DE LA FISCALÍA EN LA PERSECUCIÓN DE
LOS ACTOS DE PIRATERÍA
SUMARIO: 1. Introducción. 2. Situación actual. 3. Situación futura. 4.
Persecución de conductas de colaboración con el delito de piratería.
¿Existe una posición de la Fiscalía General del Estado respecto
de la Piratería? Difícilmente podría afirmarse la existencia de tal
realidad cuando, como de todos es sabido, la piratería como delito no
tiene existencia en nuestro ordenamiento jurídico penal. Tal circunstancia, establecida a partir del Código Penal de 1995, rompe con lo
que podríamos denominar una tradición jurídica penal en cuanto a
la tipificación y punición de este delito. Así el Código Penal de 1944
lo establecía en el Capítulo IV, del Título I, del Libro II, artículos
138 y 139, teniendo sus concordancias en los artículos 142 y 143 del
Código Penal de 1932 y en los artículos 155 y 156 del Código Penal
Pues bien, como decía antes y siguiendo a Carlos Viada y López
Puigcerver, en su obra “La Doctrina Penal de la Fiscalía del Tribunal
Supremo”, que recoge la doctrina sentada en todas las Memorias de
dicha Fiscalía desde 1883 a 1955, no existe el más mínimo indicio de
cuál podría ser, no ya la doctrina de la Fiscalía, sino, ni siquiera, la
posición que la misma podía tener en la valoración de dicho delito.
No sé decirles cuales fueron las causas de su desaparición como delito en el texto penal de 1995, pero ante el dilema de ser, bien una consecuencia de su falta de aplicación, al considerarse que dicho delito
había caído en desuso ante la inexistencia de hechos constitutivos de
un delito de dicha naturaleza; bien resultado de la entrada en vigor
de la CE, de 1978, con la consiguiente abolición de la pena de
muerte (art. 15), me inclino más por la primera alternativa.
Lo cierto es que el legislador, después de dar el paso de hacer desaparecer como delito a la piratería, debe estar bastante confuso ante
el renacimiento de conductas basadas en la comisión de unos hechos
que hasta entonces habían sido constitutivos de dicho tipo penal.
Para finalizar esta Introducción, me gustaría efectuar dos precisiones: primera, en la legislación anterior no solo se castigaba la piratería a través del Código Penal entonces vigente (1973), sino también
a través de una Ley Especial cual era la Ley Penal y Disciplinaria de
la Marina Mercante (Ley 22-12-1955), que era una forma de intervención militar en la marina civil y que tenía su expresión formal a través
de las Comandancias de Marina. En efecto, los artículos 9 a 12 de la
citada ley, tipificaban igualmente el delito de piratería. Legislación
especial que fue derogada por la Ley 27/1992, de 24 de noviembre,
“de Puertos del Estado y de la Marina Mercante”. Y segunda, que la
intención de regular penalmente a la piratería no puede justificarse, al menos de forma total, como una consecuencia a la aparición
de una serie de Convenios Internacionales. Me estoy refiriendo al
CONVENIO DE MONTEGO BAY, de 10 de diciembre de 1972 sobre el derecho del Mar, Convenio ratificado por España el 15 de
enero de 1997 y a la CONVENCIÓN SOBRE LA NAVEGACIÓN
MARÍTIMA, firmado en Roma el 10 de marzo de 1998.
El primero de ellos define la piratería en su art. 101 al señalar,
entre otras conductas, que: “Constituye piratería cualquiera de los
actos siguientes:
Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación cometido con un propósito personal por la tripulación o los
pasajeros de un buque privado...y dirigidos: i) contra un buque o una
aeronave en alta mar o contra personas y bienes a bordo de ellos; j)
contra un buque..., personas o bienes que se encuentren en un lugar
no sometido a la jurisdicción de ningún estado…”
Debe recordarse igualmente que el art. 100 del citado convenio
impone a los estados, de manera específica, un deber de cooperar
en la represión de la piratería.
En efecto, el art. 100 señala: “Todos los Estados cooperarán en
toda la medida de lo posible en la represión de la piratería en la
alta mar o en cualquier otro lugar que no se halle bajo la jurisdicción de ningún Estado”.
DOCTRINA DE LA FISCALÍA EN LA PERSECUCIÓN DE LOS ACTOS ...
El Convenio de Roma (10-3-88, suscrito en Londres el 28 de septiembre del mismo año y ratificado el 5-6-1989), sin utilizar el específico nomen iuris de piratería, definía en su art. 3.1 como delito
comportamientos como “a) el de apoderarse de un buque, ejercer el
control del mismo mediante violencia o cualquier otra forma de intimidación” y “b) realizar algún acto de violencia contra una persona
que se halle a bordo del buque, si dicho acto puede poner en
peligro la navegación segura de ese buque”.
El art. 5, por su parte, obligaba “a cada Estado parte a establecer
para los delitos enunciados en el art. 3 penas adecuadas en las que
se tenga en cuenta la naturaleza grave de dichos delitos”.
En resumen y para acabar con esta Introducción, debo señalar
que la evolución legislativa del delito de piratería en nuestro país ha
sido la de pasar de una regulación doble, a través del Código Penal
de 1973 y de la Ley Penal y Disciplinaria de la Marina Mercante
de 1955, a una absoluta falta de regulación como consecuencia del
Código Penal de 1995 (derogatorio del de 1973) y de la Ley 27/92,
de Puertos del Estado, que derogó la Ley Penal y Disciplinaria de la
A ello debe unirse el retraso significativo que sufrió la incorporación al derecho interno de los tratados internacionales suscritos
por España (art.94.1 de la CE): 4 años de retraso para el Convenio
de Roma (10-3-88; BOE 24-4-92) y 15 años para el de Montego Bay
(10-12-82; BOE 14-2-97).
En conclusión, la desaparición del delito de piratería del derecho
penal español hace que carezca totalmente de sentido la referencia
que, a efectos de su represión, efectúa la LOPJ en el art.23.4.c) que
prevé que los tribunales españoles serán competentes para el enjuiciamiento de los delitos de, entre otros, “piratería y apoderamiento
ilícito de aeronaves” por aplicación del principio de jurisdicción universal. Redacción que, no obstante la modificación introducida por
LO 1/2009, de 3 de noviembre, no ha sufrido variación.
Tras los hechos cometidos contra los barcos españoles “Playa de
Bakio” y “Alakrana” y teniendo en cuenta la ausencia de tipificación
en las leyes penales españolas del delito de piratería, el mismo se
ha vuelto a introducir en el Anteproyecto de LO por el que se modi-
fica la LO 10/1995 (de 23 de noviembre) del Código Penal. La razón
de dicha creación, como se expresa en su Exposición de Motivos, es
la “necesidad de dar respuesta a la problemática de los eventuales
actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima y aérea,…que deberá conformarse con los postulados de Montego Bay y
la Convención de Roma”.
Debo insistir en la discordancia existente entre, tras los hechos
acaecidos como consecuencia de los secuestros de los barcos anteriormente mencionados, por un lado, tratar de hacer realidad el ejercicio de la acción penal como consecuencia de los mismos y, a la vez,
no tener instrumento jurídico válido para concretar su persecución.
Debe recordarse que el ejercicio de la acción penal, como señala la
sentencia del TS, Sala 2ª, de 21 de junio de 2007, es una manifestación de la soberanía del Estado que es consecuencia de la aplicación
de varios principios: el de territorialidad, por el que conoce de
todos los hechos delictivos cometidos en su territorio, cualquiera que
sea la nacionalidad del sujeto activo del delito y del bien jurídico
protegido; el principio de matrícula o pabellón, que coexiste con
el anterior, en cuanto resulta su prolongación para embarcaciones
o aeronaves; el principio real o de protección de intereses, en
cuanto trata de amparar bienes jurídicos propios del Estado, con independencia del lugar en que se cometa el ataque; el principio de
personalidad o de nacionalidad, en cuanto que, conforme al mismo, cada ciudadano se halla siempre sometido a la jurisdicción de su
país, con independencia de que el hecho punible se haya cometido
dentro o fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente
responsables fueren españoles o extranjeros que hubieren adquirido
con posterioridad la nacionalidad española y se cumpla una serie
de requisitos tales como: 1) que el hecho sea punible en el lugar
de ejecución; 2) que exista denuncia o se interponga querella por el
agraviado o el Ministerio Fiscal y 3) que el delincuente no haya sido
absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso,
no haya cumplido condena; el principio de universalidad o de
justicia mundial, en cuanto trata de tutelar o proteger a bienes
esenciales para la humanidad, reconocidos por todas las naciones
civilizadas, con independencia del lugar de los partícipes y del lugar
de comisión, en cuanto en esencia atiende a los delitos propiamente
internacionales (a este principio es el que responde el artículo 23.4
LOPJ) y, por último, el llamado principio de la justicia supletoria o del Derecho penal de representación, que opera en caso
de inexistencia de solicitud o de no concesión de extradición, al permitir al Estado en que se encuentra el autor, con aplicación de la
ley penal, juzgarlo. El fundamento de este principio no es otro que
el de la progresiva armonización de las distintas legislaciones como
consecuencia de la estructura semejante de los Tratados internacionales en cuanto vienen a diseñar unos tipos punibles e imponen
normalmente a los Estados la obligación de introducirlos en sus ordenamientos jurídicos.
Pues bien, concluye la citada resolución e igualmente la de la
misma Sala, de 8 de octubre de 2007, afirmando que si bien es verdad que, en congruencia con su correlación con la soberanía, el principio de territorialidad es el criterio principal, no es el único, por lo
que, entre otros, el de universalidad vendrá justificado en la medida
en que se apoya en una legalidad internacional preexistente, de carácter convencional o consuetudinario.
La reforma contenida en el citado Anteproyecto de LO se efectúa mediante la adición de un nuevo Capítulo (V) al Título XXIV,
añadiéndose el artículo 616 ter que aparece redactado en el siguiente sentido: “el que con violencia, intimidación o engaño, se apodere,
dañe o destruya una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o
plataforma en el mar, o bien atente contra las personas, cargamento o
bienes que se hallaren a bordo de las mismas será castigado como reo
del delito de piratería con la pena de prisión de diez a quince años.
En todo caso la pena prevista en este artículo se impondrá sin
perjuicio de la que corresponda por los delitos cometidos”.
No voy a hacer alusión al contenido estricto del delito de piratería
que se pretende crear y sí me voy a permitir efectuar una serie de
– El delito de piratería se tipifica como un delito de naturaleza independiente o autónoma por cuanto la pena señalada al
mismo se impondrá “sin perjuicio de las que correspondan por
los delitos cometidos”.
– La pena señalada al delito de piratería no absorbe las penas
que pudieran corresponder a la resistencia o desobediencia a
órdenes dictadas por buque con ocasión o prevención del delito
– A mi modo de ver, el Anteproyecto define o parte de una consideración tradicional de piratería, y por ello se encuentra
desconectada de las formas modernas de comisión de este delito, que se parecen más al crimen organizado. Ello puede, en
principio, llevar a la consideración de la insuficiencia de dicha
figura por cuanto se limita a actos de violencia o detención, sin
hacer, en ningún momento, alusión a los actos de “terrorismo
marítimo” en expresión utilizada en los considerandos del
Convenio de Roma, pero que desaparece cuando se trata del
articulado del mismo.
No obstante, la modificación que propugna el Anteproyecto, en
cuanto a la consideración de que las organizaciones y grupos criminales no son realmente “asociaciones” que delinquen, sino agrupaciones de naturaleza originaria e intrínsecamente delictiva, carentes en sendos casos de forma o apariencia jurídica alguna, no parece
que vaya a resolver de manera definitiva el problema. Como dice la
Exposición de Motivos del Anteproyecto. “…alejar y por tanto distinguir claramente el régimen jurídico penal de las bandas terroristas
del marco de protección del derecho fundamental de asociación es
una decisión legislativa basada en razones de pura congruencia”. De
todos modos, la consideración de la banda o grupo de piratas como
organización terrorista podría chocar frontalmente con lo dispuesto
en el art. 571.3 del Anteproyecto en cuanto que solamente pueden
serlo aquellas que “tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar la paz pública mediante la perpetración
de cualquiera de los delitos previstos en la Sección siguiente”. Lo que
evidentemente no se dará siempre en este tipo delictivo.
3. SITUACIÓN FUTURA
La situación futura en la regulación de la piratería, si se quiere
buscar una regulación efectiva que tienda a resolver los problemas
derivados de la misma y no a crear otros adicionales, deberá basarse en una regulación coordinada entre la regulación sustantiva
penal, la regulación procesal y el necesario impulso hacia una efectiva armonización de las legislaciones de los países implicados en
el conflicto. Esto es, no podemos engañarnos pensando que sólo por
el hecho de introducir nuevamente en nuestra legislación penal al
delito de piratería desaparecerán todos los problemas inherentes a
Incluso sin las medidas procesales y de coordinación internacional, que propugno, la situación jurídica de los rehenes o secuestrados como consecuencia del acto delictivo deberá ser tenida muy en
cuenta a fin de agilizar la pronta recuperación de su libertad cuando
esta dependa de la moneda de cambio consistente en la pronta expulsión de los piratas que hubieran podido ser detenidos. En este
aspecto no debe olvidarse lo que hubiera supuesto la celebración de
un proceso penal con los tripulantes en situación de cautividad: una
rapidez inusual por cuanto la celebración del mismo no debería traspasar el plazo del mes; un acortamiento severo de la tramitación
de un posible recurso de casación contra la sentencia dictada por la
Audiencia Nacional o, en su caso, del correspondiente amparo ante
el Tribunal Constitucional; una concesión de indulto parcial por parte del Gobierno con la finalidad de acomodar, rebajándolas, las penas
impuestas a los secuestradores a fin de la posible aplicación de la
medida de expulsión del territorio nacional, ya que la misma sólo
sería aplicable, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 89.1 CP, a las
penas inferiores a los seis años siempre y cuando no estuvieran en
situación de residencia legal en España, circunstancia esta que haría inaplicable dicha medida. En este sentido el Profesor Gimbernat
se ha inclinado recientemente por la vía única del indulto total, si
bien reconociendo que ello constituiría un escándalo y una inmoralidad “…porque mucho más grave que no atender a un compromiso
prestado con un consentimiento viciado, sería perdonar totalmente
una pena impuesta por unos delitos gravísimos cometidos por una
banda de desalmados…”.
Ante tal cúmulo de dificultades como las que acabo de enumerar
sólo se me ocurre apelar a una serie de medidas de carácter preventivo, reconociendo que si no siempre el proceso penal es el instrumento más idóneo para la resolución de conflictos mucho menos lo
será cuando nos hallemos en presencia de tipos delictivos que por
sus características especiales hacen todavía más difícil dicha solución. Es decir, lo primero que ha de lograrse es que el acto de piratería resulte vano, esto es, que los piratas no consigan el resultado que
buscaban. Para ello deberán introducirse e incluso ampliarse una
serie de medidas preventivas ya acordadas, como son todas las relativas a la protección de nuestros barcos pesqueros mientras realizan
las tareas propias de su actividad en aguas próximas a Somalia.
Lo segundo a conseguir, juntamente con la modificación penal que
se prepara, es la introducción de una serie de medidas procesales
que permitan llevar a cabo, con respeto a nuestro Estado de Derecho,
la detención, el enjuiciamiento siguiente y la posterior condena de
los desalmados que resulten autores del delito de piratería. En tal
sentido, una vez tipificados la piratería y los actos ilícitos contra la
navegación marítima y declarada la competencia de los Tribunales
españoles para el enjuiciamiento de los mismos, se ha de partir de
dos circunstancias perfectamente vinculadas entre sí como son la
situación de lejanía en que se encuentra el detenido respecto del
juez o tribunal competente y el hecho de que la supuesta detención
normalmente se llevará a cabo por unidades de nuestra Armada.
Ello supone necesariamente que todas las medidas relativas a la
situación personal y patrimonial del detenido así como lo referente a
la incautación de los instrumentos y efectos del delito habrán de ser
acordadas por un órgano jurisdiccional que intervenga en la práctica
de diligencias que el órgano judicial competente le encomiende.
En tal sentido, debe recordarse que el artículo 63 de la LO 4/1987,
de 15 de julio, de Competencia y Organización de la Jurisdicción
Militar, prevé que para el desempeño de su función jurisdiccional
“las fuerzas españolas, cuando salgan de suelo nacional en cumplimiento de una misión que se prevea duradera, serán acompañadas
por los órganos judiciales militares que se estimen necesarios”. Para
señalar a continuación que el Ministro de Defensa resolverá qué
Juzgado o Juzgados Togados Militares han de asistir a las unidades desplazadas. Es claro que, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del mismo texto legal, son funciones de los Juzgados Togados
Militares Territoriales:
– “El conocimiento de la solicitud de habeas corpus con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 2 de su Ley Orgánica reguladora.
– La práctica de las diligencias que otro órgano jurisdiccional
les encomiende.
– Las actuaciones a prevención y prórrogas de jurisdicción que
determine la legislación procesal militar.
– Las funciones que se les encomienden por otras leyes”.
La Ley 2/1989, de 12 de abril, Procesal Militar, a la que se remite
la anterior, regula en su artículo 141 esa “actuaciones a prevención”
estableciendo que el Juez Togado Militar iniciará el procedimiento
judicial penal correspondiente si hubiere méritos para ello, pudiendo incoar diligencias previas que tendrán por objeto las actuaciones
esenciales para determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él han participado y el procedimiento penal
aplicable, añadiendo el precepto que podrá acordar las medidas cautelares previstas en la Ley y que, practicadas todas las diligencias,
si de ellas resultaren méritos para proceder a la formación de la
causa contra persona cuyo fuero impida conocer al Tribunal de quien
el Juez Togado dependa, éste dictará auto dando inmediatamente
cuenta al mismo, con remisión de los testimonios de particulares
precisos para la resolución que corresponda, sin perjuicio de que, si
el hecho estuviese atribuido a la Jurisdicción Ordinaria, se inhibirá
Por todo lo expuesto, el Juzgado Togado Militar constituido a bordo podrá instruir tanto a prevención como, una vez que se haya producido la inhibición a favor de la Audiencia Nacional practicando las
diligencias que esta le encomiende.
En todo caso, no quedarán problemas sin resolver atinentes a
derechos fundamentales, como puede ser el de la asistencia letrada
del detenido, de difícil solución aunque quizá pudiera soslayarse a
través de videoconferencia establecida con la Audiencia Nacional.
No obstante, siempre existirán riesgos por los que en su día pudiera
llegarse a la declaración de nulidad las actuaciones del proceso e,
incluso, de la sentencia que en el pudiera dictarse.
Ante la insuficiencia de respuestas que desde el punto de vista jurídico pueden arbitrarse con la finalidad de combatir el delito
de piratería es conveniente examinar otras vías de solución y, entre
ellas, la conducente a lograr una armonización de legislaciones en
esta materia. Un paso inicial en esta dirección ha sido la Decisión
del Consejo de Europa de 23 de febrero de 2009 relativa al Canje de
Notas entre la Unión Europea y Kenia, acordada dentro del marco
de la Acción Común 2008/85/PESC, en cuyo artículo 2a) se dispone
que “Kenia aceptará a petición de la fuerza naval dirigida por la
Unión Europea (EUNAVFOR) la entrega de personas detenidas por
la misma en relación con actos de piratería…”. Igualmente debería
efectuarse una reflexión sobre las posibilidades de crear unos mecanismos más adecuados de entrega, en particular cuando han sido
detenidos sobre el territorio de un Estado, incluidas sus aguas territoriales, los sospechosos de la comisión de un delito de esta natura-
leza. Así, por ejemplo, Francia, en el secuestro del Ponant, descartó
la vía de la extradición y optó por formalizar un acuerdo con Somalia
por el que se entregaría a los responsables a las autoridades francesas. Ahora bien, dicho mecanismo no dejará de plantear problemas
en relación con el respeto al principio de legalidad y de poner en
entredicho el de seguridad jurídica, por lo que sería más conveniente
agotar las posibilidades de la extradición.
Pero en este campo los convenios existentes son pocos y, además,
no extienden su eficacia a los países afectados por los actos de piratería, por lo que la actuación sobre ellos debería ser doble: por un lado,
mediante la actualización de algunos de los convenios bilaterales en
vigor que hayan quedado obsoletos, incorporando la nueva práctica
en la materia, que es sin duda mucho más favorable a la colaboración entre Estados; por otro, sería conveniente la formalización de
otros, con idéntico contenido pero que afectasen a los países donde
tales hechos se producen.
4. PERSECUCIÓN DE CONDUCTAS DE
COLABORACIÓN CON EL DELITO DE PIRATERÍA
Cuando el delito de piratería se cometa es lógico suponer que
no sólo estará constituido por aquellas conductas que directamente
tiendan a la comisión del mismo sino también por aquellas actividades de cooperación necesarias para la consumación o en su caso
agotamiento del delito. La posición que en tales supuestos ocuparán
las personas que intervienen puede ser, desde el punto de vista penal, tremendamente variada por lo que dicha actividad, en su proyección penal, abarcará un amplio campo que seguramente incluirá
supuestos de condena frente a otros en los que el sujeto deba de
beneficiarse de la concurrencia de determinadas causas de justificación. La jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
ha venido elaborando una serie de conclusiones en el ámbito de las
actividades de la banda terrorista ETA, conclusiones que deberán
ser de aplicación a las conductas de piratería siempre que se halle
presente la necesaria identidad objetiva para que dicha aplicación
pueda llevarse a cabo.
En este campo es preciso efectuar una distinción previa: la de que
las conductas sean realizadas por familiares de la víctima, esto es,
del secuestrado, encontrándose este en una situación de riesgo grave
de su vida, frente a aquellas otras en las que el que interviene es un
tercero, bien actuando por propia iniciativa, bien como consecuencia
de requerimientos efectuados de manera insistente por los familiares
del secuestrado, bien tratando de colaborar con los secuestradores.
Esta enumeración de alternativas la efectúo para tratar de demostrar que pueden darse una variedad de supuestos tan diferentes que
hace prácticamente imposible la formulación de una teoría general
aplicable a la generalidad de los mismos. Es claro que los problemas
surgirán no como consecuencia de la intervención de los familiares
de las víctimas, toda vez que los mismos gozarían de la presunción
“iuris et de iure” de actuar en favor de sus allegados.
Pues bien, señala la Sentencia de 27 de junio de 1994, fundamento jurídico 4, que “el delito de colaboración con banda armada
tipifica y sanciona aquellos actos de cooperación genérica del extraño
a la organización que sin estar causalmente conectados con la producción de un resultado concreto, por tratarse de una figura delictiva
de simple actividad, se dirijan al favorecimiento de las previsibles
acciones del grupo. Todas las conductas que se describen en el artículo 174 bis a) del Código Penal se refieren a la comisión de actos de
cooperación de muy distinto signo que se cierran con una mención a
cualquier otra forma de cooperación, ayuda o mediación, económica
o de otro género, con las actividades de las citadas bandas. Ahora
bien, como han señalado reiteradas sentencias de esta Sala, entre las
que podemos citar las de 17 de marzo y 21 de octubre de 1983, 8 de
abril de 1985, 23 de junio de 1986 y 2 de febrero de 1987, no basta
con la idoneidad y potencial eficacia de los actos de favorecimiento
de las actividades y fines de la banda armada, es necesario también,
con arreglo a un exigible respeto al principio de culpabilidad, que
exista una específica y preeminente intención de ayudar, contribuir o
beneficiar las actividades o fines de la banda terrorista”.
La referida resolución da por buena la doctrina sentada por la recurrida en el sentido de partir de la distinción entre los casos en que
el gestor pertenece al círculo nuclear del extorsionado o a su entorno,
parientes, abogado del que era cliente antes del ataque a la libertad,
de aquellos otros en los que el gestor pertenece al círculo nuclear
del extorsionador, para señalar a continuación: “Está fuera de toda
duda que el primer supuesto queda fuera del ámbito típico de la colaboración con banda armada por falta de elemento intencional que
es indispensable para configurar el delito. En los otros casos contem-
plados también es imprescindible la concurrencia del factor subjetivo
sin que sea factible establecer juicios incriminatorios por la mera pertenencia de una persona a un entorno político determinado”.
De lo anteriormente expuesto se desprende que no toda actividad
de cooperación tendente a mitigar las consecuencias del secuestro
debe ser subsumida en la figura de colaboración o cooperación con el
mismo, sino que deben distinguirse los supuestos en función al ánimus por el que se mueva el interviniente. Esto es, tratar de conocer
cuál sea la auténtica finalidad que mueve al que interviene será el
factor decisivo para el juicio de culpabilidad o reproche, pudiendo
establecerse como regla general que la pertenencia al círculo de la
víctima será un indicio favorable para llegar a la conclusión exculpatoria y, por el contrario, la no pertenencia a dicho círculo un dato
más, sin que nunca sea definitivo, de lo contrario.
La sentencia de la Sala de 5 de diciembre de 1994, con cita de la
de 20 de marzo de 1991, “da relevancia a la concurrencia de un móvil
determinado en la conducta de que actúa en el marco de un estado de
necesidad objetivamente apreciable, al sostener que junto los requisitos de corte objetivo debe darse un elemento subjetivo que no es otro que
el de actuar “impulsado por un estado de necesidad” de modo que si se
enturbia dicho ánimo por otros móviles se puede eliminar la eximente
o, en el mejor de los casos degradarla al estado de imperfecta”:
Continúa señalando la resolución anterior, “la sentencia recurrida afirma que el acusado al que afecta el recurso, actuó movido por
el ánimo de favorecer al secuestrado “para evitar su muerte” y que su
familia le había solicitado insistentemente su colaboración. Llega a
esta conclusión después de valorar todos los datos incorporados al
relato fáctico y de rechazar la concurrencia de los elementos aducidos
por el Ministerio Fiscal para fundamentar la concurrencia del móvil
de favorecimiento de los intereses de ETA. Termina afirmando que
la actuación del acusado recurrido no es típicamente antijurídica ni,
por tanto, constitutiva del delito por el que se le acusa. Con ello no
queda claro si la postura adoptada es la de considerar el hecho como
típico pero exento de responsabilidad por la concurrencia de una causa de justificación o si nos encontramos realmente ante una conducta
atípica por no estar integrada en las previsiones del tipo penal que
define las conductas de colaboración con banda armada”.
De todos modos, la desestimación del motivo de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal es consecuencia de que “la inferen-
cia o conclusión a la que llega la sentencia recurrida no puede ser
calificada de ilógica, irracional o absurda por lo que se mantiene
intangible la existencia del ánimo prevalerte de evitar la muerte del
secuestrado, al no existir elementos de signo contrario que permitan
declarar, como sostiene el Ministerio Fiscal, que el acusado estaba
animado de un doble, ambivalente y difícilmente conciliable propósito de salvar la vida del secuestrado y al mismo tiempo favorecer los
fines de ETA”.
Trasladando la anterior doctrina a los hechos constitutivos del
secuestro del Alakrana, deben establecerse una serie de conclusiones: la primera sería que todo acto encaminado para lograr el rescate de los secuestrados y la liberación de buque deberá ser calificado
como legítimo al tratarse de un supuesto de estado de necesidad,
conforme a lo establecido en el artículo 20.5 del C.P., bien se trate de
negociaciones iniciadas por el Gobierno, el armador o los familiares.
La segunda conclusión deberá tener igualmente en cuenta que, como
regla general, cualquiera que fuese la postura o negociación por ellos
adoptada, no alteraría la aplicación de la eximente, bien completa
o incompleta. La tercera, que no dejarán de producirse supuestos
distintos a los hasta ahora mencionados en los que se produzcan mayores dificultades para determinar las conductas concurrentes por
estar en zonas de difícil calificación e incluso porque en teoría pudieran darse situaciones en que se trate de de conductas ambivalentes
en el sentido que busquen a la vez el beneficio de los secuestrados y
de los secuestradores, siendo necesario en tal supuesto determinar
cuál de esos intereses contrapuestos es el preponderante. En este último supuesto se hallaría los despachos de abogados que, al parecer
desde Londres, dirigen las negociaciones o, cuando menos, ponen en
contacto a los representantes de ambas partes en conflicto, mediando en la negociación y determinando la forma en que debe realizarse
el pago del precio en su día convenido.
Las actuaciones de la Audiencia Nacional, referidas a la posible
depuración de las conductas que paralelamente se vinieran realizando como consecuencia del secuestro, no serán tarea fácil en cuanto su
averiguación, pero son imprescindibles en cuanto así lo demanda la
existencia del estado de derecho. La depuración posterior dependerá
del resultado de aquellas averiguaciones y su resultado final será
lógica consecuencia de las circunstancias que pudieran acreditarse
en cada caso concreto.
1_9788499859736

References: artículo 23
 resolución 
 artículo 616
 artículo 89
 resolución 
 artículo 63
 artículo 61
 artículo 2
 artículo 141
 resolución 
 artículo 2
 artículo 174
 resolución 
 resolución 
 artículo 20