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Timestamp: 2017-11-22 20:25:14+00:00

Document:
Sentencia C-763 de 2002 Corte Constitucional
Fecha de Expedición: 17/09/2002
Fecha de Entrada en Vigencia: 17/09/2002
SCC07632002
SENTENCIA C-763 DE 2002
Ver Artículo Transitorio, Capítulo V, Ley 600 de 2000
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Ricardo Arturo Sánchez Núñez demandó el Artículo Transitorio contenido en las disposiciones finales de la Ley 600 de 2000, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
"Artículo Transitorio. Los jueces penales municipales continuarán conociendo de los procesos iniciados antes de la vigencia de esta ley por las conductas consideradas como contravenciones por la Ley 228 de 1995 y aplicarán el trámite allí previsto".
Manifiesta el actor que dicha norma transitoria "(...) determina un giro o cambio en la estructura del proceso y de la sanción, frente al cual ha de responder el acriminado (sic) en los casos de la Ley 228 de 1995," agregando que "No es lo mismo que a una persona se le impute una contravención especial, cuya gravedad y sanción son menores, a imputarle un delito, con mayor comprensión de gravedad y con mayor sanción. Sólo, por cuanto no pudo abrirse o entenderse formalizada la iniciación del sumario oportunamente, trasladándole al encartado o sindicado una carga que no le corresponde, por encima de las garantías que se han instituido en su favor(...)".
A su juicio, "No puede la Fiscalía entrar a conocer de procesos contravencionales, cuyos hechos tuvieron ocurrencia durante la vigencia de la Ley 228 de 1995, so pretexto de no haberse iniciado instrucción formal, porque ello implica que se cambian las reglas de juego, imputándole una conducta punible, cuando lo que hizo, a la luz de la legislación vigente al momento del hecho, tenía solamente connotación de menor gravedad, en el rango de contravención especial (sic)", vulnerando así el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.
Luego de explicar la estructura del proceso contravencional y los derechos de carácter procesal que integran el principio del debido proceso, concluye el demandante que "Erróneamente se pretende aceptar lo señalado en el artículo transitorio en el sentido que (sic) si el juez no ha iniciado el proceso, con la vigencia de la nueva Ley 600 de 2000 ya no lo puede hacer. Interpretación que no puede hacerse ni se ajusta a la ley, si tenemos en cuenta que priman los principios CONSTITUCIONALES (sic) y rectores del proceso penal".
Señala además que, de conformidad con el artículo 29 de la Carta Política, "(...)nadie podrá ser juzgado sino conforme a la ley preexistente al acto que se le imputa, y en el tránsito de legislación, la nueva ley no se atenderá si resulta más grave para los intereses del sujeto activo del delito. Transcurrido el tiempo y entrada en vigencia la Ley 600 de 2000, si el juez no había iniciado o avocado el proceso en cualquiera de sus etapas, este hecho por sí no puede tenerse como elemento para no aplicar el principio de legalidad y/o favorabilidad," razón por la cual considera que "(...) las conductas punibles verificadas en vigencia de la Ley 228 de 1995, frente a la nueva ley, que de hecho es más gravosa, amerita el reconocimiento de la EXCEPCIÓN (sic) al principio de no ultra-actividad de la ley. Es decir, en estos casos, por ser más favorable, aunque ya derogada la ley, es aplicable, porque estaba vigente al momento de la comisión del hecho y por tanto prevalece por MANDATO CONSTITUCIONAL (sic) ".
Agrega el demandante que "(...) la calidad y la cantidad de la sanción no son asuntos librados exclusivamente a la voluntad democrática", siendo que la Constitución impone claros límites materiales al legislador (arts. 11 y 12), lo cual implica que se haga un uso proporcionado del poder punitivo del Estado, esto es, acorde con el marco de derechos y libertades constitucionales, tal como lo expresó la Corte en sentencia C-070 de 1996.
Finalmente manifiesta que la norma acusada vulnera el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, según el cual la ley penal se aplicará a las personas sin tener en cuenta consideraciones diferentes a las establecidas en ella, toda vez que "se le está dando un trato desigual a iguales, los contraventores, por el hecho de que no se abrió el proceso antes de la vigencia de la cuestionada ley."
El Fiscal General de la Nación intervino en este proceso solicitando a la Corte producir un fallo inhibitorio, dado que el objeto de la demanda radica en "discernir cuál debe ser la correcta hermenéutica del artículo acusado," argumento éste que contradice el fin del control abstracto de las leyes que ejerce la Corte Constitucional. Seguidamente señala el Fiscal que si bien el demandante evoca normas constitucionales supuestamente conculcadas, dicho cargo es aparente, "(...) pues no se determina con la suficiente claridad las razones por las cuales el segmento acusado deviene en inconstitucional."
Aunque, si de todas formas la Corte estima que debe pronunciarse de fondo sobre el asunto en comento, considera el Fiscal que la norma acusada se ajusta a la Constitución "(...) por cuanto corresponde al legislador, dentro de su cláusula general de competencia, determinar la política criminal estatal, para lo cual bien puede categorizar los comportamientos humanos en el área del derecho penal en delitos y contravenciones de acuerdo a (sic) criterios sociológicos y criminológicos (...)".
"Dentro de este contexto, corresponde a los jueces ordinarios aplicar e interpretar las normas legales a los casos concretos que se dictan en uso de la facultad del ius puniendi, facultad que comprende la resolución de los denominados conflictos de leyes, fenómeno jurídico que no tiene fundamento plantear en sede de constitucionalidad (...)".
En primer lugar, el legislador "(...) tiene una libertad (dentro de un marco constitucional) de construcción de las disposiciones penales, y de contención con mayor o menor gravedad, dentro de un desarrollo político criminal, por esta razón se han establecido dos clases de conductas punibles: delitos y contravenciones," distinción que se conserva en el artículo 19 del actual Código Penal. "Por eso mismo, puede decidir la competencia y el procedimiento a aplicar, dentro de conceptos de legalidad y en un Estado de derecho que nos permite conocer las ritualidades propias de cada uno de ellos con antelación."
Según la interviniente, la norma acusada obedece al concepto "(...) de que existe un sistema con tendencia acusatoria en donde es mejor y más garantista que se adelante por la Fiscalía la instrucción y por el juez la etapa de juicio".
Señala además que "la existencia de las contravenciones en el código penal sustantivo, como forma de conducta punible, debe gozar del mismo tratamiento del delito, en cuanto al procedimiento que establece (aunque nada podría oponerse a que el legislador considerara un procedimiento legal especial legal) y ya que la Constitución de 1991, concibió la separación de investigación y juzgamiento, debemos comprender dentro de esta ritualidad también a las contravenciones. Cierto es que las contravenciones son de menor entidad (por lo menos teóricamente) que los delitos, pero ello no quiere decir, que dentro de un Estado como el nuestro se generen diferencias frente a su tratamiento procesal, si bien es cierto aceptamos su menor punibilidad."
Respecto de la aplicación del principio de favorabilidad agrega la interviniente que "(...) la pena prevista al momento en que se sucedió el hecho que se le imputa es la que se debe imponer por razón de la validez de la ley en el tiempo y cuando ésta sea más favorable, frente a las excepciones legales previstas."
En relación con el término consagrado en el artículo 17 de la Ley 228 de 1995 para proponer querella ¿un mes-, manifiesta que "los delitos que se cometieron con anterioridad y en vigencia de la Ley 228 de 1995 estaban en esencia por fuera del término de la querella cualquiera fuera la legislación que se acogiera, pues si bien en la Ley 228 era de un mes, en el actual código es de 6 meses a no ser excepcionalmente el de un año."
Advierte la señora Buitrago que en ciertos casos la ley posterior resulta más favorable, tal como ocurre por ejemplo con la otrora contravención especial de violación de cohabitación ajena, cuya sanción consistía en arresto de 6 a 12 meses y que hoy, al amparo de la nueva normatividad, consiste apenas en una multa, a pesar de considerarse un delito. Lo anterior demuestra, según ella, "(...) que la aplicación sistemática del sustantivo y procesal en muchos casos puede beneficiar al sindicado (...) ".
En primer lugar sostiene el Procurador que el debido proceso es una garantía constitucional que permite y facilita legitimar el poder punitivo del Estado, por cuanto "(...) la imposición de límites a las autoridades jurisdiccionales para su ejercicio, parte del reconocimiento de los derechos fundamentales de los que son titulares todas las personas sin distingo alguno." Lo anterior implica que "(...) en materia punitiva o sancionatoria rige el principio de legalidad, según el cual el legislador es competente para expedir las normas relacionadas con la tipificación de las conductas que son reprochables, lo mismo que la definición de las sanciones a imponer, el procedimiento que se debe seguir en tales casos, la autoridad competente para conocer y decidir la acción correspondiente; (...) la graduación de las formas de coerción, lo mismo que las causales de agravación o atenuación punitiva, toda vez que es un factor que alude a la sanción, que es imponible en los eventos de comisión de una conducta punible, en consideración al daño causado y al impacto mismo de aquél en la sociedad".
De igual forma, el legislador "(...) puede variar las conductas reprochables, esto es, crear comportamientos que son reprochables o viceversa, es decir, que cualquier comportamiento no constituya ni delito o contravención, o que deje de ser uno para convertirse en otro."
Considera el Procurador que la norma demandada se ajusta a la Carta Política, por cuanto "(...) se adecúa a las formalidades del debido proceso, el respeto de la dignidad humana y propende por garantizar la efectividad de los derechos y deberes del sindicado(...)". En efecto, con la norma acusada "(...) el legislador no hizo otra cosa que mantener el carácter contravencional de las conductas reguladas en la Ley 228 de 1995 y el procedimiento regulado en ésta. En ejercicio de la cláusula general de competencia, el legislador tiene libertad para definir las conductas punibles y si éstas son de naturaleza contravencional o constituyen delito, como determinar quién es la autoridad competente para conocer; así que válidamente éste, en el precepto censurado, mantuvo la competencia en los jueces penales municipales o promiscuos municipales que eran los enunciados en el artículo 16 de la Ley 228 de 1995. Igualmente, la norma transitoria dispone que ¿se aplicará el trámite allí previsto¿, esto es, el definido en la citada Ley 228 de 1995, es decir, el procedimiento no fue modificado como erróneamente lo afirma el ciudadano Sánchez Núñez ".
Por lo anterior, no es cierto que la disposición acusada vulnere el derecho al debido proceso al hacer más gravosa la situación al sindicado de una contravención especial, pues "(...) tanto el competente como el procedimiento se mantienen incólumes, es decir, que no varía la calificación de la conducta punible en estos precisos eventos; la pena a imponer es la vigente al momento de realizarse el hecho a no ser que exista una anterior o posterior que le sea más favorable, todo ello para darle cumplimiento al principio de favorabilidad (...)".
"Los jueces penales municipales continuarán conociendo de los procesos iniciados antes de la vigencia de esta ley por las conductas consideradas como contravenciones por la Ley 228 de 1995 y aplicarán el trámite allí previsto".
Tal como lo ha venido sosteniendo esta Corporación,1 las normas superiores relativas a los efectos del tránsito de legislación se encuentran concentradas básicamente en los artículos 58 y 29 de la Constitución Política. El primero de ellos garantista de "(...) la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores." Y el segundo, tuitivo del debido proceso en tanto "(...) nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (...); advirtiendo que "(...) en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable." En el mismo sentido los artículos 338 y 363 superiores destacan por su rechazo a la retroactividad de la ley.
Con todo, en las fronteras temporales de las leyes pueden militar situaciones jurídicas inconclusas, como "(...) cuando un hecho tiene nacimiento bajo la ley antigua pero sus efectos o consecuencias se producen bajo la nueva, o cuando se realiza un hecho jurídico bajo la ley antigua, pero la ley nueva señala nuevas condiciones para el reconocimiento de sus efectos".2
"La fórmula general que emana del artículo 58 de la Constitución para solucionar los anteriores conflictos, como se dijo, es la irretroactividad de la ley, pues ella garantiza que se respeten los derechos legítimamente adquiridos bajo la ley anterior, sin perjuicio de que se afecten las meras expectativas de derecho. No obstante, la misma Carta fundamental en el mencionado artículo, autoriza expresamente la retroactividad de las leyes penales benignas al reo, o de aquellas que comprometen el interés público o social. Ahora bien, cuando se trata de situaciones jurídicas en curso, que no han generado situaciones consolidadas ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, ésta entra a regular dicha situación en el estado en que esté, sin perjuicio de que se respete lo ya surtido bajo la ley antigua".3
En la misma perspectiva cabe resaltar lo que acontece en el ámbito tributario, donde en términos de los artículos 338 y 363 superiores, si bien no hay asiento para los derechos adquiridos, resulta indiscutible que los respectivos hechos generadores se consolidan durante la vigencia fiscal prevista en la ley actual, sin oportunidad alguna para hablar de hechos económicos causados al amparo de una ley antigua, pero con efectos fiscales bajo los dictados de una ley posterior.4 Claro es que al prescribir el artículo 338 superior que la periodicidad gravable condiciona y determina la entrada en vigencia de la nueva ley, queda descartada de plano cualquier hipótesis atinente a hechos económicos inconclusos en el tránsito legislativo, pues, sencillamente, no hay condiciones positivas para la existencia jurídica de los mismos.
"En la doctrina y la jurisprudencia sobre esta materia jurídica se recurre a términos como los "derechos adquiridos", de mucha raigambre clásica, pero que hoy son sustituidos por las expresiones "situaciones jurídicas subjetivas o particulares", opuestas en esta concepción a las llamadas "meras expectativas", que apenas conforman una simple posibilidad de alcanzar un derecho, y que por tanto sí pueden ser reguladas o modificadas por la ley, según un principio generalmente aceptado en la doctrina universal "Las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene", dice el art. 17 de la ley 153 de 1887, precepto que además ha adquirido la fuerza expresiva de un aforismo. Vale la pena también anotar que en la C.P. sólo existe una excepción al principio de la irretroactividad en materia penal, por la prevalencia de la ley permisiva o favorable, según lo dispone el artículo 58 en concordancia con el 29 de la C.P.
"(¿).
"Es claro que la modificación o derogación de una norma surte efectos hacia el futuro, salvo el principio de favorabilidad, de tal manera que las situaciones consolidadas bajo el imperio de la legislación objeto de aquélla no pueden sufrir menoscabo. Por tanto, de conformidad con el precepto constitucional, los derechos individuales y concretos que ya se habían radicado en cabeza de una persona no quedan afectados por la nueva normatividad, la cual únicamente podrá aplicarse a las situaciones jurídicas que tengan lugar a partir de su vigencia."5
"Dado que el proceso es una situación jurídica en curso, las leyes sobre ritualidad de los procedimientos son de aplicación general inmediata. En efecto, todo proceso debe ser considerado como una serie de actos procesales concatenados cuyo objetivo final es la definición de una situación jurídica a través de una sentencia. Por ello, en sí mismo no se erige como una situación consolidada sino como una situación en curso. Por lo tanto, las nuevas disposiciones instrumentales se aplican a los procesos en trámite tan pronto entran en vigencia, sin perjuicio de que aquellos actos procesales que ya se han cumplido de conformidad con la ley antigua, sean respetados y queden en firme".6
"En relación con lo anterior, la Corte detecta que la legislación colombiana y la tradición jurídica nacional han concluido que las "leyes preexistentes" a que se refiere la norma constitucional son aquellas de carácter substancial que definen los delitos y las penas. De esta manera se incorpora a nuestro ordenamiento el principio de legalidad en materia penal expresado en el aforismo latino nullum crimen, nulla poena sine praevia lege. Pero las normas procesales y de jurisdicción y competencia, tienen efecto general inmediato. En este sentido, el artículo 43 de la Ley 153 de 1887, recoge la interpretación expuesta cuando indica:
"La ley preexistente prefiere a la ley ex post facto en materia penal. Nadie podrá ser juzgado o penado sino por ley que haya sido promulgada antes del hecho que da lugar al juicio. Esta regla solo se refiere a las leyes que definen y castigan los delitos, pero no a aquellas que establecen los tribunales y determinan el procedimiento, las cuales se aplicarán con arreglo al artículo 40". (Sic).7
Se equivoca el actor al decir que: "No es lo mismo que a una persona se le impute una contravención especial, cuya gravedad y sanción son menores, a imputarle un delito, con mayor comprensión de gravedad y con mayor sanción. Sólo, por cuanto no pudo abrirse o entenderse formalizada la iniciación del sumario oportunamente, trasladándole al encartado o sindicado una carga que no le corresponde, (...)"
Yerro que nace de la diametral diferencia que media entre el mandato de la norma combatida y la hipótesis planteada por el demandante. Pues según quedó expuesto en líneas anteriores, la ley 600 de 2000 reivindicó en la forma vista la primacía de la ley 228 de 1995 respecto de las conductas contravencionales acaecidas durante la vigencia de esta misma ley, resultando de ello cabalmente guarnecidas la tipicidad y la punibilidad, particularmente en el marco del principio de legalidad que destaca la Constitución a partir de su artículo 1. Siendo ello así, ni se quebranta el debido proceso ni se vulnera el derecho a la igualdad. Antes bien, mientras que de una parte el respeto a la preexistencia de la ley 228 de 1995 ¿en la forma registrada- enaltece el debido proceso; de otra, no se vislumbran los presupuestos que pudieran denunciar eventuales discriminaciones en cabeza de los sindicados. Denotándose en este sentido la igualdad de tratamiento que a todos los potenciales infractores cabe, ya bajo el imperio de la ley 228 de 1995, ora en términos de la ley 600 de 2000, dependiendo de la época en que hayan tenido lugar las conductas punibles y de la fecha que en que se hayan iniciado los correspondientes procesos. Así, los puntos de deslinde que marcan las vigencias de las anteriores leyes corren por igual para todos, al tenor del debido proceso y, particularmente, del acatamiento hacia el nullum crimen sine praevia lege y nullum poena sine praevia leye.
Declarar EXEQUIBLE el Artículo Transitorio del Capítulo Quinto ¿Disposiciones finales- de la Ley 600 de 2000 por los cargos examinados.
1. Sentencia C-619 de 2001.
4. En nuestro medio la ultractividad de la ley tributaria es de frecuente ocurrencia, particularmente al tenor de las incesantes reformas tributarias.
5. Sentencia C-529 de 1994
6. Sentencia C-619 de 2001
7. Sentencia C-619 de 2001

References: artículo 29
 artículo 29
 artículo 13
 resolución 
 artículo 19
 artículo 17
 artículo 16
 artículo 58
 artículo 338
 artículo 58
 artículo 43
 artículo 40
 artículo 1