Source: https://www.pequenasnoticias.com.ar/Boletines/2019/01/BPN_648/BPN_648.htm
Timestamp: 2019-03-19 22:41:29+00:00

Document:
Boletín de Pequeñas Noticias Nº 648
11 de enero de 2019 - Nº: 648
Paritarias encargados de edificios 2018/2019
Los ingresos de los jubilados perderán más de 75 puntos porcentuales
Desde enero de 2016 hasta mayo de 2019, los haberes de los jubilados habrán perdido 75,46 puntos porcentuales con respecto al promedio de un encargado permanente con y sin vivienda Durante el 2018 ese retroceso fue de 7 pp y durante los cinco primeros meses de 2019 trepará a más del 16 pp Cuatro millones y medio de jubilados cobra el haber mínimo en el país.
[BPN-11/01/19] Desde enero de 2016 hasta mayo de 2019, los haberes de los jubilados habrán perdido 75,45 puntos porcentuale (pp) con respecto al promedio de la escala salarial de las cuatro categorías de un encargado permanente...
El artículo 27º tuvo un hermanito, el 27º bis
El último acuerdo salarial celebrado entre el SUTERH y las tres entidades de administradores incluyó un artículo con nueva obligación: la contratación de un seguro de vida que combina "la protección y el ahorro a largo plazo" El artículo 27º ya obligaba a contratar "un seguro por fallecimiento" El nuevo costará un 0,75% al trabajador y otro 0,75% al consorcio.
Sobre 'Quieren sacar el impuesto al cheque a los consorcios'
Quiero subdividir una unidad funcional y crear dos
Los cinco ganadores del sorteo organizado por Pequeñas Noticias fueron Adriana Messi, Carlos Szperling, Alejandro Tapia, Laura Domínguez y Cristina Reim Este año el medio regaló mediante sus sorteos 24 libros de autores de primer nivel relacionados con consorcios.
Tarda en darme el recibo
A los dos por igual, pero...
SIOS SA CODEBA LOUSIANA SA Cultura de Trabajo
Evolución del promedio salarial de las dos funciones más comunes contra los haberes mínimos de los jubilados.
Los ingresos de los jubilados perderá más de 75 puntos porcentuales
[BPN-11/01/19] Desde enero de 2016 hasta mayo de 2019, los haberes de los jubilados habrán perdido 75,45 puntos porcentuales (pp) [1] con respecto al promedio de la escala salarial de las cuatro categorías de un encargado permanente con y sin vivienda. Durante el 2018 el haber mínimo de un jubilado creció 7 pp menos que el incremento de la escala salarial del trabajador mencionado.
Según datos del ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) en junio de 2016 había un total de 6.925.519 pasivos de los cuales 5.268.016 son jubilaciones y 1.657.503 eran pensiones. En su momento se estimó que de ese total 4.501.587 (un 65%) cobra el haber mínimo [2].
Desde el 2016 al 2019
En enero de 2016 el promedio de la escala salarial de un encargado permanente con y sin vivienda era de 10.026 pesos mensuales mientras que en mayo de 2019 será de 31.820, eso significará un incremento durante esos 41 meses de un 217,37%.
Por su parte el haber mínimo de un jubilado en enero de 2016 fue de 4.299,06 pesos mensuales y en mayo de 2019 se estima que estará en 10.400 pesos [3]. En este caso el incremento de punta a punta será de 141,91%, o sea que el pasivo recibirá 75,46 puntos porcentuales menos que el trabajador.
El año pasado el promedio de la planilla salarial de un encargado permanente con y sin vivienda comenzó en enero con 17.630 pesos mensuales y terminó en diciembre con 23.882 pesos, el incremento de esos 12 meses fue de 35,47%. Para este cálculo no se tomó en cuenta el bono de 5 mil pesos otorgado por el decreto presidencial número 1.043/18 [4].
Los jubilados comenzaron el año 2018 con un haber mínimo de 7.246,64 pesos mensuales y lo terminaron con uno de 9.309,10 pesos. Su incremento fue de un 28,46%, siete puntos porcentuales menos que lo pautado para un encargado de edificios.
Hasta junio de 2019 las planillas salariales ya están pautadas pero no hay estimados de ingresos para los jubilados ese mes por lo que el estudio se realizó hasta el mes anterior: mayo.
En enero de 2019, en promedio, la planilla salarial de un encargado permanente con y sin vivienda se fijó en 24.876 pesos mensuales y en mayo en 31.820 lo que da un incremento de 27,91%, casi un 28%.
Por su parte un jubilado percibirá en enero un haber mínimo de 9.309,10 pesos mensuales y en mayo un estimado de 10.400 pesos. Eso representa un incremento de un 11,72%, 16,20 puntos porcentuales menos que el trabajador
[1] El punto porcentual es la expresión de una cantidad a la manera de una fracción con 100 como denominador. Dicho de otra forma, el porcentaje indica una cierta cantidad existente en cada cien unidades. Los puntos porcentuales se utilizan para denominar la diferencia existente entre dos porcentajes.
[2] Los Andes del 27/11/17: "El 65 por ciento de los jubilados y pensionados cobra el haber mínimo".
[3] La Nación del 7/11/18: "A partir de marzo de 2019 la jubilación mínima rondará los $10.400"
[4] BPN Nº 646 del 13/12/18: "El culebrón del bono de 5 mil pesos" y BPN Nº 647 del 26/12/18: "¡¡¡¡ Esta Nochebuena estuvo Papá Noel !!!!".
Para la ratificación del acuerdo estuvieron presentes el ministro de Producción y Trabajo, Dante Enrique Sica y Víctor Santa María.
[BPN-11/01/19] En el último acta acuerdo celebrado entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal (FATERyH), la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH), la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) y la Unión Administradores de Inmuebles (UADI) se creó una nueva obligación: la contratación para cada trabajador de "un seguro de vida entera que ampare la muerte y la supervivencia combinando la protección y el ahorro a largo plazo". Para esto el 17 de diciembre los miembros paritarios crearon un artículo 27º bis en el Convenio Colectivo de Trabajo 589/10 (propiedad horizontal) y 590/10 (edificios de renta).
Es de destacar que el artículo 27º ya establece un "seguro por fallecimiento del trabajador o trabajadora titular, por un capital equivalente a cuatro veces el importe de la remuneración neta de bolsillo correspondiente a su categoría de revista en el convenio vigente al momento de su deceso".
Este nuevo "seguro de vida entera" se compone de dos partes: por un lado un seguro de vida común y por otro una especie de cuenta de ahorro cuyos fondos se pueden retirar al alcanzar la edad de la jubilación siempre y cuando la cuenta tenga una antigüedad de tres años. Sin embargo el artículo no menciona según que índice -o canasta de índices- se actualizarán esos fondos ni qué comisiones retendrá la aseguradora por la gestión de dicha cuenta.
Esta combinación de seguro de vida y caja de ahorro costará a cada trabajador 0,75% de su remuneración bruta total. Otro 0,75% lo deberá pagar el consorcio.
Relacionado con este tema, llamó la atención que al momento de establecer la obligación el texto indica que "deberá brindarse por la aseguradora la cobertura..." en lugar de mencionar una aseguradora. Será cuestión de esperar para ver si el mercado asegurador puede ofrecer variedad de opciones para elegir o estará limitado a una sola empresa que será la responsable de "custodiar" los ahorros de todos los trabajadores de consorcios del país. Otra posibilidad es que –en continuidad a lo que establece el artículo 27º- sea la misma FATERyH quien contrate de la póliza que a su criterio brinde "una cobertura satisfactoria".
Este artículo 27º bis ya había sido incluido en un acuerdo firmado y presentado a la Secretaría de Trabajo el 14 de noviembre de 2018 pero que –por razones desconocidas hasta ahora- no prosperó. En su lugar, ese mismo día se presentó otro acuerdo que no incluía la creación de un artículo 27º bis y sólo establecía un aumento del 7% para noviembre del año pasado que se sumó a un 3% otorgado anteriormente, un 6% para diciembre, un 2% para enero de este año y un 2% para febrero.
Poco más de un mes después, el 17 de diciembre, se firmó otro acuerdo de aumentos salariales –en este caso ante tres autoridades nacionales: el Lic. Dante Enrique Sica, ministro de Producción y Trabajo; el Dr. Horacio Pitrau, secretario de Trabajo y la Dra. Mercedes Margarita Gadea, directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo- y en este caso sí se incluyó el artículo 27º bis.
Textualmente el artículo 27º bis reza: "Deberá brindarse por la aseguradora la cobertura de un seguro de vida entera que ampare la muerte y la supervivencia combinando la protección y el ahorro a largo plazo. Este seguro vitalicio cubrirá el fallecimiento del asegurado a excepción que este hubiere optado, con anterioridad, el rescate de su cuenta individual. El beneficiario de la cobertura por fallecimiento, en forma excluyente, será el designado por el asegurado en la póliza. El rescate podrá realizarse al alcanzarse la edad de jubilación, según la normativa previsional vigente a ese momento, y siempre que acredite una permanencia de 3 años en la póliza. A fin de sufragar los gastos derivados de la contratación de la póliza que cubrirán los riesgos enunciados en el presente artículo, las partes acuerdan que la totalidad de los empleadores de la actividad ingresarán un aporte mensual del 0,75% (cero con 75/100 por ciento) sobre la remuneración bruta total de cada trabajador y/o trabajadora comprendido en el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo de Trabajo; y una retención del 0,75% (cero con 75/100 por ciento) sobre la remuneración bruta total de los trabajadores y/o trabajadoras comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo de Trabajo"
Mercedes García, presidente de ADEPROH [foto archivo Pequeñas Noticias]
[BPN-11/01/19] El pasado 11 de diciembre, la titular del Juzgado N° 21 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, María Soledad Larrea, dispuso "otorgar a todas aquellas personas que tengan un interés jurídico relevante en integrar el proceso [que inició ADEPROH (Asociación Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal RA) contra el Gobierno de la CABA] ya sea como actora o demandada, el plazo de diez días, a partir de que tomen efectivo conocimiento de la información para que se presenten en el expediente".
El plazo de 10 días "comenzará a correr a partir de la última publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires o del resto de la publicidad efectuada ordenada [...], lo que ocurra en fecha posterior". Es de destacar que el día de la redacción de esta nota [1] el edicto aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial.
La demanda de ADEPROH
El pasado 16 de octubre María Mercedes García, titular de ADEPROH, patrocinada por el Dr. Ariel Zumpano, presentó una Acción de Amparo contra la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor (DyPC) del Gobierno de la CABA para impedirle que le restrinja la posibilidad de actuar con la autonomía y autosuficiencia de una asociación, en este caso de defensa de los consumidores de bienes y servicios para la propiedad horizontal, ante la autoridad administrativa.
El 14 de agosto el subgerente operativo de Defensa del Consumidor de la CABA resumió el conflicto en breves palabras: "La denunciante sostiene que su actuación procura la defensa de un interés general y, consecuentemente, no requiere la expresa delegación o autorización del particular damnificado en los términos solicitados por este organismo", y agregó: "La regla general en materia de legitimación es que los derechos sobre bienes jurídicos individuales son ejercidos por su titular". En palabras llanas, ADEPROH considera que puede intervenir en un expediente administrativo sin autorización del titular y DyPC le exige una autorización expresa del dueño de la unidad funcional o del consorcio.
Una parte sustancial de los argumentos de ADEPROH están basados en que –según la entidad- existe una relación de consumo entre los administradores, el consorcio y los consorcistas [2]. Para apoyar esta tesis citó la opinión de algunos jueces en tres fallos y los considerandos de los legisladores Sergio Abrevaya (GEN) y Roberto Destéfano (PRO) que desde diferentes expedientes fueron base para la sanción de la Ley 3.254 que modificó la Ley 941.
Finalmente adujo: "Como sustento a lo anterior, el Decreto 551/10 reglamentario de la reforma, y por ende de la Ley 941 designa como autoridad de aplicación de su ejercicio y contralor a la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor".
Es de recordar que quien estableció que el Registro Público de Administradores funcionara bajo la órbita de Defensa del Consumidor creando un vínculo de consumo entre el administrador y el consorcio fue la misma Ley 941 sancionada el 3 de diciembre de 2002. En aquel año ordenó: "Créase el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios".
Para ADEPROH la relación del administrador no está acotada al consorcio sino también a cada uno de los consorcistas y más. En tal sentido en su demanda afirmó que la Ley 941 ha creado "un concreto puente entre la histórica relación de mandato entre un administrador y un consorcio como persona jurídica [3], ligando un sendero que lo comunica particular y personalmente con cada administrado en carácter de destinatario final o expuesto a su actividad; por sí mismo, por sus convivientes e incluso por acción de clase en favor de todo el grupo consorcial".
Esto es muy importante porque si existe un vínculo entre el administrador y los consorcistas se abre la posibilidad de la "incidencia colectiva" lo que habilita a las asociaciones de consorcistas –en base a la Ley de Defensa del Consumidor- a intervenir sin autorización de los damnificados.
A riesgo de resultar un poco técnico es de señalar que en la misma demanda el poder Ejecutivo, si bien reconoció el puente que trasvasa la figura del consorcio legando a los destinatarios finales y expuestos a su actividad", repelió la incidencia colectiva por ser divisible: ‘la relación entre los consorcistas y el administrador es plenamente divisible...’".
Sin embargo para ADEPROH "tampoco la divisibilidad de cada interés individual impide la acción colectiva porque sea la vía administrativa gratuita, cuando eso debe pulsear frente a la cantidad de denuncias latentes, ante el mismo factor de producción (gestión de un único administrador) al tratarse de grupos sociales de magnitud (197 implicados directos para el complejo Álvarez Thomas al 8XX/8XX/8XX) sin contar con los convivientes y los expuestos (personal en relación de dependencia, contratistas, transeúntes, visitantes, mascotas) sujetos por las consecuencias de la misma actividad originante.
ADEPROH vs. La CAPHyAI
A modo de antecedente se puede mencionar que desde el último trimestre de 2017 la CAPHyAI viene desarrollando una dura pulseada contra ADEPROH en un conflicto que poco después involucró a Defensa y Protección del Consumidor porteño y finalmente terminó en la justicia.
El 18 de octubre de 2017, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), emitió un comunicado alertando a sus socios que "ADEPROH carece de facultades para inspeccionar, requerir o controlar un consorcio de propietarios".
Relató que "asociados de esta Cámara nos han manifestado que han recibido una llamada telefónica -que podía confundirse con Defensa al Consumidor, cuando en realidad lo hace la ‘Asociación Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal (ADEPROH)- en la que solicitan una fecha para inspeccionar la documentación de un consorcio determinado, por lo que enviarán un mail con el requerimiento el cual de no cumplirse, ‘deberán proceder de oficio’ haciendo referencia al Art. 9º de la Ley Nº 941" <circular original>.
Explicaron que "este artículo trata sobre la obligación de salvaguardar la documentación del consorcio y garantizar el libre acceso de los consorcistas a ésta", y subrayaron: "Se deja en claro que el artículo se refiere a la disponibilidad de la información para los propietarios del edificio".
Casi diez días después, la CAPHyAI envió una carta documento a la titular de la entidad intimándola "a cesar inmediatamente a realizar este tipo de requerimientos al universo de administradores de consorcios", y le adelantó que se denunciará a ADEPROH ante el Registro Público de Administradores <documento original>.
Por último el 6 de abril del año pasado, la CAPHyAI volvió a comunicarse con sus asociados para informarles que "al surgir un nuevo caso de intromisión por una denuncia ante un CGP (Centro de Gestión y Participación), nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor y en este caso la propia directora, Dra. Vilma Bouza, nos ha informado que en el mes de enero de 2018 notificó por memorándum a todos los CGP que los mismos no están habilitados para recibir denuncias de ADEPROH" <documento original>
[1] Ocho de diciembre de 2019.
[2] Los resaltados pertenecen a la redacción.
[3] Artículo 2.065 del Código Civil y Comercial de la Nación: "El administrador es representante legal del consorcio con el carácter de mandatario. Puede serlo un propietario o un tercero, persona humana o jurídica".
Margarita Stolbizer [foto archivo Pequeñas Noticias].
[BPN-11/01/19] El pasado 3 de enero, Margarita Stolbizer (GEN) criticó desde su cuenta de Twitter el proyecto de un legislador de su mismo partido, Sergio Abrevaya, creyendo que era del PRO. "El PRO en Capital autoriza a que los vecinos les financien la campaña pintando sus veredas de amarillo" señaló Stolbizer. Casi 6 horas después, ante las respuestas y las bromas de los usuarios, tuiteó: "Dicen que si a un chiste hay que explicarlo es porque fue malo. Mala mía. ¡Disculpas!".
Si bien todo hace suponer que no fue una broma sino que la referente del GEN desconocía los proyectos aprobados de su único legislador en esta ciudad, se abren otras interpretaciones posibles. Una de ellas puede ser una velada crítica en forma de "chiste" cuestionado al rol de aposición que Abrevaya desempeñó en la Legislatura bajo la gestión de Macri primero y de Rodríguez Larreta después.
Tres días después, Stolbizer rechazó nuevamente la posibilidad de sumarse a la coalición de Gobierno, tal como había insinuado el ex embajador Martín Lousteau, pero también rechazó integrar cualquier tipo de frente político "anti Macri" aunque aclaró: "El PRO esta en las antípodas de lo que nosotros queremos como país. A veces digo ‘los amigos de ellos son nuestros enemigos’" [1].
El amarillo de las veredas
El pasado 29 de noviembre, la Legislatura porteña había aprobado un proyecto de Abrevaya que permitía a los frentistas porteños, a su costo, demarcar el ingreso vehicular a sus viviendas para evitar que estacionen otros autos. Textualmente autoriza -cuando el tipo de calzada lo permita- a delimitar el sector de ingreso y egreso de vehículos a la vía pública dos líneas de un metro y medio de largo, perpendiculares al cordón, ubicadas medio metro de cada lado del ancho de la entrada. Estas líneas deben ser de trazo continuo, de color amarillo y de diez centímetros de ancho, estando prohibido el estacionamiento entre ellas", y agregó que "sin perjuicio de ello el sector correspondiente del cordón se pintará de amarillo".
Opcionalmente, el frentista puede solicitar ante la autoridad de aplicación la demarcación de una línea extra paralela al cordón cerrando una especie de cajón.
Para lograr este objetivo se modificó el capítulo 2.1.3 del título 2 (De la vía pública) de la Ley 2.148 denominada "Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires".
Abrevaya había presentado su proyecto el 31 de mayo de 2017 y recibió el número de expediente 1611-D-2018. El 12 de noviembre obtuvo dictamen de mayoría en la comisión de "Tránsito y transporte" con el voto negativo de Paula Penacca (Unidad Ciudadana). El 29 de noviembre fue sancionada con el voto positivo de los 53 presentes. Hoy es la Ley 6054.
En sus argumentos originales, el legislador de Margarita Stolbizer expresó: "A diario se reciben quejas y denuncias en las comisarías porteñas por vehículos mal estacionados sobre entradas y salidas de estacionamientos o garajes particulares. Los vecinos solicitan generalmente el servicio de grúas para remover los automóviles mal estacionados las cuales llegan tarde o no llegan generando muchas veces situaciones de violencia entre el dueño del garaje u estacionamiento particular y el infractor. Por lo expuesto es menester la demarcación de cajones de estacionamiento y el cordón de la vereda en los lugares indicados para que haya mayor visibilidad en los lugares que está prohibido estacionar por la situación indicada. Así mismo muchas veces los propietarios y o usuarios de dichos estacionamientos colocan anclajes para que no se pueda estacionar a pesar de que los mismos están prohibidos por ley"
[1] Informe Político del 6/01/19: "Margarita Stolbizer descarta integrar ‘un frente anti Macri’".
Sobre 'Quieren sacar el impuesto al cheque a los consorcios' por la Cra. Viviana Grinberg
Quisiera acercar algunas consideraciones sobre la nota de referencia.
El articulo 1º de la Ley N° 25.413 crea un impuesto a aplicar sobre créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, conocido coloquialmente como "impuesto al cheque".
Los consorcios, a diferencia de otros contribuyentes, no tienen la posibilidad de deducirlo como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, y por ende este impuesto se transforma en un mayor costo que deben afrontar los consorcistas que bancarizan sus movimientos financieros a través de una cuenta corriente.
Si la intención del legislador fue eximirlos de este gravamen, lo que parecería ser así ya que la norma propuesta dice "que realicen exclusivamente en las cuentas bancarias de los consorcios" es una iniciativa muy loable.
Sin embargo, la redacción del proyecto es muy poco feliz, porque no queda claro quién es el sujeto eximido. En una primera lectura, parecería que los eximidos del pago son los administradores, a quienes inclusive se les exigiría estar debidamente registrados para poder gozar de la exención.
Este impuesto no se paga en forma directa, sino que lo recauda la entidad bancaria al debitar de la cuenta el 0,6% de cada débito y crédito que se produce.
La redacción de la ley debería ser tan simple como "establécese la exención del gravamen [...] para las operaciones que se realicen exclusivamente en las cuentas bancarias cuyo titular sea un consorcio de propietarios".
Citar al administrador, dará lugar a confusiones y desincentivará la apertura de cuentas por parte de los consorcios, con todos los inconvenientes que ello puede traer aparejado.
Saluda a Ud. atte
¿Qué debo hacer si la administradora del edificio no paga mis aportes de AFIP?.
Mi sueldo me lo paga correctamente, lo que sí tarda en darme mi recibo.
Ramón [Resistencia/Chaco]
Ante una situación como esta; y presumiendo que, efectivamente, ha corroborado por medio de las consultas oficiales (y no por mero rumor mal intencionado de pasillo) que no le están realizando los aportes y contribuciones que corresponden por ley, un empleado tiene para con el consorcio los mismos derechos que contra cualquier empleador, se trate de una persona física o jurídica.
En la pregunta veo una “arista” que es: “la administradora no está pagando…”. En realidad, déjeme decir que es el consorcio el que no le está pagando. El consorcio es su empleador y a éste es a quien Ud debe reclamar. La administración es el órgano que debería gestionar dicho pago y, en todo caso, será el consorcio quien pueda tomar las (duras) medidas que crea pertinente con la misma. Sin embargo, en lo que a Ud. respecta, el vínculo contractual existe con el consorcio, no con la administradora (vinculo que, a riesgo de ser reiterativo, sí existe entre el consorcio y ésta ultima).
Entonces, sin ser demasiado extenso en las distintas variables que puedan asistir a una omisión de semejante gravedad, me remitiré a decir que Ud. puede reclamar al consorcio por las vías que corresponden; denunciar al empleador a la AFIP y, por último, agotadas las vías de intimación sin respuestas positivas, podría llegar a configurarse el derecho a considerarse despedido con la respectiva carga de multas para el empleador que la norma imperante regula.
¿En el caso de que un copropietarios quiera subdividir una unidad funcional (local) y crear dos, ¿cuáles serían las obligaciones para llevarlo a cabo por parte del que quiere subdividir y del resto de los copropietarios?
Guillermo [Azul / Pcia. de Buenos Aires]
En primer término antes de poder llevar a debate en el seno de una asamblea, la creación de una unidad funcional más, es menester tener el informe de un agrimensor para tener cabal certeza de que esa división se puede realizar, si existiera esa posibilidad, estamos indudablemente en una reforma del reglamento de propiedad horizontal que se encuentra normado en el artículo 2.052 [1] y el artículo 2.053 [2] del Código Civil y Comercial. Estos artículos marcan el procedimiento a seguir y quién debe hacerse cargo de los eventuales gastos.
También le sugiero la consulta a un escribano para saber en qué forma, en caso que se tome la decisión unánime de ese cambio, se deberá redactar el acta, cómo se modificarán los porcentuales y cómo debe llevarse a cabo la reforma del reglamento.
Esperando haber contestado a su pregunta, lo saludo muy atte.
[1] Artículo 2.052.- Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y partes comunes, aun cuando no importe elevar nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios.También requiere unanimidad la mejora u obra nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que sólo beneficia a un propietario.
[2] Artículo 2.053.- Mejora u obra nueva en interés particular. Si la mejora u obra nueva autorizada sobre cosas y partes comunes es en interés particular, el beneficiario debe efectuarla a su costa y soportar los gastos de la modificación del reglamento de propiedad horizontal y de su inscripción, si hubiera lugar a ellos.
Ante todo muy buen año a todos los que componen Pequeñas Noticias y por sus aportes a la comunidad.
Mi pregunta es en relación a la antigüedad de un encargado de edificio que trabaja de lunes a sábado y la del empleado de jornada reducida, es decir que trabaja 3 días a la semana 3 horas por jornada.
¿Se debe pagar dicha antigüedad a los dos por igual o al que trabaja por jornal se le paga un proporcional de dicha antigüedad?
Muchas gracias les doy por dicha información y lo mejor para ustedes.
Martín [San Fernando / Pcia. de Buenos Aires]
Tu respuesta se encuentra en el Artículo 11 del Convenio del Sector que transcribo acá mismo: "Independientemente de los sueldos básicos fijados en el articulo 15º de esta convención, para las diversas categorías y escalas salariales, los/as trabajadores/as percibirán una bonificación por antigüedad por cada año de servicio equivalente al 2% del sueldo básico de un ayudante permanente sin vivienda de cuarta categoría. Se considerará tiempo de servicio efectivamente trabajado desde el comienzo de la vinculación el que corresponda a los sucesivos contratos entre las mismas partes y el tiempo de servicio anterior, cuando el trabajador/a cesado en el trabajo por cualquier causa, reingrese a las órdenes del mismo empleador. A partir del 1 de mayo de 2009, la bonificación por antigüedad para los trabajadores de las categorías de media jornada, suplente y jornalizados (incisos d, e, h, n y p del artículo 7 y artículo 8) será del 1% del sueldo básico de los ayudantes permanentes sin vivienda de cuarta categoría. Este nuevo porcentual regirá para los trabajadores/as que ingresen a partir de la homologación del presente acuerdo".
El valor de un Ayudante Permanente sin Vivienda de 4° Categoría según la escala vigente en diciembre de 2018 era de $23.198, por lo tanto el valor por año de antiguedad para trabajadores de jornada completa y mensualizados era de $463,96 (2%) y para los trabajadores de media jornada, suplentes y jornalizados era de $231,98 (1%).
No obstante estos cálculos, las escalas salariales homologadas ya informan el valor en cada caso y ese es el que corresponde utilizar.
¿Se deben pagar doble los dias trabajados del 24 y 31 de diciembre y por qué?
Un saludo a los integrantes de Pequeñas Noticias.
Jorge [CABA]
Los días 24 y 31 se deben abonar como si fueran días feriados.
Esto surge del mismo Convenio Colectivo de Trabajo, Artículo 12 inciso j) que dice: "Se otorga asueto los días 24 y 31 de diciembre de cada año, lo que no generará descuento alguno en los salarios. Para el caso que el trabajador/a prestara servicios en dichas fechas, los días deberán ser abonados de conformidad con lo establecido en el art. 13 del CCT 589/10".
Número de Edición: 648 [ DCXLVIII ] [1ª Edición]

References: artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 Artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 11
 artículo 7
 artículo 8
 Artículo 12