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Timestamp: 2017-09-22 11:25:38+00:00

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Prueba de ADN. La negativa del imputado a la prueba ADN.
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14 abril 2013 ADN, Penal, Privacidad y Protección de Datos Santiago Abeigón Vidal
Prohibición del uso de la fuerza física o de cualquier otra actitud compulsiva o coactiva sobre la persona.
Imposibilidad de castigar la negativa por un delito genérico de desobediencia.
Posibilidad de valorar la negativa en perjuicio del acusado, aunque no como indicio.
Las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de febrero y 20 de abril de 2010.
Una situación que se repite a diario, durante la asistencia letrada al detenido, es la solicitud en sede policial del consentimiento para la toma de muestras biológicas de ADN de la persona detenida para su posterior inclusión en la base de datos policial de ADN dependiente del Ministerio del Interior y su tratamiento, en principio, con fines de investigación criminal.
La inclusión del ADN del imputado en dicha base de datos permitirá cruzarlo con los perfiles de ADN dubitados obtenidos por la Policía Judicial de los vestigios hallados en el lugar de los hechos o de la propia víctima y determinar si coinciden o no con el ADN indubitado del sospechoso, pudiendo, por tanto, arrojar a priori un resultado tanto incriminatorio como exculpatorio.
Ahora bien, puede suceder -y de hecho sucede-, que el imputado no se preste voluntariamente a facilitar las muestras biológicas necesarias para determinar su perfil de ADN y entonces surge la necesidad de determinar cuales son las consecuencias jurídicas de tal decisión.
Esta cuestión, de indudable trascendencia práctica, es especialmente polémica tanto en la doctrina de los autores como en la de los Tribunales, acusando una clara falta de uniformidad la práctica de los distintos órganos jurisdiccionales, con el consiguiente resentimiento de los principios de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y de igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE) que la Constitución garantiza.
En cuanto al régimen jurídico del tratamiento de datos de ADN con fines de investigación criminal, es posible identificar una primera etapa de anomia legislativa, caracterizada por la ausencia de toda regulación normativa, y una segunda etapa de insuficiencia normativa, que se prolonga hasta nuestros días y comienza con la introducción del párrafo 2º del artículo 363 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la disposición final 1.1 c) de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, -complementada por los Acuerdos de la Sala General del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2005 y 31 de enero de 2006- situación que no desaparece con la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.
El párrafo segundo del artículo 363 LECrim dispone lo siguiente: “Siempre que concurran acreditadas razones que lo justifiquen, el Juez de Instrucción podrá acordar, en resolución motivada, la obtención de muestras biológicas del sospechoso que resulten indispensables para la determinación de su perfil de ADN. A tal fin, podrá decidir la práctica de aquellos actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal que resulten adecuados a los principios de proporcionalidad y razonabilidad“.
La Disposición Adicional Tercera de la LO 10/2007, bajo la rúbrica de la “Obtención de muestras biológicas”, establece que “Para la investigación de los delitos enumerados en la letra a) del apartado 1 del artículo 3, la policía judicial procederá a la toma de muestras y fluidos del sospechoso, detenido o imputado, así como del lugar del delito. La toma de muestras que requieran inspecciones, reconocimientos o intervenciones corporales, sin consentimiento del afectado, requerirá en todo caso autorización judicial mediante auto motivado, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
Sin embargo, y dado que en esta materia el consentimiento lo sana todo, esos requisitos y principios a que debe sujetarse la autoridad judicial (necesidad, proporcionalidad, razonabilidad y auto motivado) para la obtención de muestras biológicas de ADN, dejan de ser necesarios cuando concurre el consentimiento expreso del afectado.
Así, el artículo 3.2 LO 10/2007, permite la inscripción en la base de datos policial de “los datos identificativos obtenidos a partir del ADN cuando el afectado hubiera prestado expresamente su consentimiento“.
No trataremos ahora otras cuestiones fundamentales, como las relativas a los presupuestos de validez del consentimiento, qué concreta información debe proporcionase al afectado, qué sujeto debe proporcionársela y, en el caso de hallarse detenido, en qué momento debe solicitarse el consentimiento.
La cuestión que ahora nos interesa es determinar qué sucede si el imputado no presta su consentimiento a la obtención de muestras de ADN.
Aparentemente, la solución parece sencilla. Entrarían en juego los artículos 363 LECrim y la DA 3ª LO 10/2007, dictando el juez de instrucción, cumplidos todos los presupuestos legales, el correspondiente auto motivado, acordando la obtención de muestras biológicas del imputado.
Pero, qué sucede si el imputado, a pesar del requerimiento judicial, tampoco presta su colaboración para la obtención de las muestras biológicas? Cuales son las consecuencias jurídicas de esa negativa?
Las posibles opciones que se presentan son las siguientes:
– Considerar que la resolución judicial no puede resultar inejecutable y que, por tanto, la misma legitimaría el uso de medios coactivos e incluso de la fuerza física para la toma de muestras biológicas de ADN.
– Considerar la negativa como constitutiva de un delito genérico de desobediencia grave a la autoridad.
– Considerar la negativa como un indicio que, en unión de otros elementos debidamente acreditados en la causa, pueda ser valorado en perjuicio del acusado a los efectos de enervar la presunción de inocencia.
Para ROMEO CASABONA y ROMEO MALANDA (Los Identificadores del ADN en el Sistema de Justicia Penal, Ed. Aranzadi, pags. 123 y ss.) siguiendo a HUERTAS MARTÍN, se trata de determinar si dicha resolución judicial genera una auténtica obligación legal para su destinatario o, por el contrario, genera una mera carga procesal. En el primer caso podría ejercerse algún tipo de coacción para la toma de la muestra, pudiendo ser directa (de carácter físico) o indirecta (coacción psíquica o moral) mediante la amenaza de ser castigado por un delito de desobediencia. Por el contrario si se tratase de una simple carga procesal la negativa únicamente podría tener como consecuencia su valoración, bien como ficta confessio, bien como indicio de culpabilidad en relación con el resto de pruebas.
Igualmente advierten estos autores que, en todo caso, sea cual sea la postura que se mantenga al respecto, dicha resolución judicial siempre tendrá efectos jurídicos, pues al estar legal y expresamente prevista supone que el sujeto deberá asumir las consecuencias desfavorables que se deriven de su negativa.
Prohibición del uso de la fuerza física o cualquier otra actitud compulsiva o coactiva sobre la persona.
Es minoritaria la doctrina que defiende, con el actual marco normativo, la legitimidad de la toma forzosa.
ROMEO CASABONA y ROMEO MALANDA -en su estudio monográfico anteriormente citado-, entienden -refiriéndose al art. 363 LECrim y Disposición adicional tercera de la LO 10/2007- que la interpretación correcta -a favor del ejercicio más amplio de los derechos fundamentales- es que dicho precepto no habilita para el recurso legítimo a la fuerza física, estando sometido a reserva legal explícita.
Otros autores ponen de relieve que el uso de la fuerza es incompatible con la prohibición de tratos inhumanos o degradantes contenida en el artículo 15 de la Constitución.
El Tribunal Supremo no legítima la práctica de actos violentos o de compulsión personal para la obtención de muestras de ADN.
En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo 107/2003, de 4 de febrero: “Según la opinión mayoritaria de la doctrina, avalada por decisiones del Tribunal Constitucional (STC 29 de Noviembre de 1984 y 19 de Febrero de 1992) no es admisible la utilización de fuerza física o cualquier otra actitud compulsiva o coactiva sobre la persona, para que ésta se preste a la práctica de la prueba, decidida por la autoridad judicial, debiendo respetarse la autonomía de la decisión por parte del afectado”.
En el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo 685/2010, de 7 de julio: “b) Cuando, por el contrario, se trate de muestras y fluidos cuya obtención requiera un acto de intervención corporal y, por tanto, la colaboración del imputado, el consentimiento de éste actuará como verdadera fuente de legitimación de la injerencia estatal que representa la toma de tales muestras. c) En aquellas ocasiones en que la policía no cuente con la colaboración del acusado o éste niegue su consentimiento para la práctica de los actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal que resulten precisos para la obtención de las muestras, será indispensable la autorización judicial. Esta resolución habilitante no podrá legitimar la práctica de actos violentos o de compulsión personal, sometida a una reserva legal explícita -hoy por hoy, inexistente- que legitime la intervención, sin que pueda entenderse que la cláusula abierta prevista en el art. 549.1.c) de la LOPJ, colma la exigencia constitucional impuesta para el sacrificio de los derechos afectados”.
Doctrina reiterada igualmente en la Sentencia del Tribunal Supremo 827/2011, de 25 de octubre, con cita expresa de la anterior, después de reconocer “la importancia de que la toma de muestras de saliva u otros fluidos para obtener el perfil genético de cualquier imputado o procesado, se realice con respeto a las garantías impuestas por la intensa injerencia que un acto de esa naturaleza conlleva. Y su inmediata consecuencia, esto es, la incorporación al registro creado por la LO 10/2007, 8 de octubre, no es cuestión menor”.
Esta última reflexión resulta de la mayor importancia, toda vez que la gravedad del asunto no reside en la leve injerencia que supone la toma de una simple muestra de saliva en una torunda, sino en la gravísima injerencia en el derecho a la intimidad genética que supone la inclusión en una base de datos de ADN y su tratamiento posterior.
El Tribunal Supremo también ha apuntado obiter dicta a otras alternativas a la obtención de muestras indubitadas de ADN, pero tales alternativas tampoco están exentas de problemas, así en relación con la integridad de la cadena de custodia o las garantías del derecho fundamental a la protección de datos.
Por lo demás, las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando derechos fundamentales no surtirán efecto (art. 11.1 LOPJ) lo que habrá de conducir al dictado de una sentencia absolutoria. Así lo muestra la SAP Girona 887/2004, de 26 de octubre, o la SAP Tarragona, 224/2002, de 3 de junio.
A pesar de tratarse de una cuestión polémica en la doctrina y no faltar resoluciones judiciales que castigan por delito de desobediencia en relación con otras intervenciones corporales para la investigación de delitos contra la salud pública -en supuestos sustancialmente diversos y nada comparables a la inclusión en una base de datos policial de ADN-, lo cierto y verdad es que con el actual marco normativo, no es posible el castigo por delito de desobediencia en caso de negativa a someterse a las pruebas de ADN, a lo que cabe añadir que quien actúa así lo hace en el ejercicio legítimo de su derecho de defensa, entre otros derechos (art. 20.7 del Códito Penal).
La Sentencia del Tribunal Supremo 151/2010, de 22 de febrero, pone de manifiesto que: “El acusado-recurrente expresó su negativa a someterse a la prueba de ADN, alegando que “… así se lo había aconsejado su Abogado”. Es cierto que esa negativa no hace sino expresar el libre ejercicio del derecho del imputado a no colaborar en la obtención de las pruebas de cargo”, añadiendo que “En el ámbito del proceso penal, el imperio del art. 24.2 de la CE, al reconocer el derecho de todo imputado a no declarar contra sí mismo, impide al órgano jurisdiccional, en aquellos casos en los que el imputado se niega a declarar, interpretar el ejercicio de este derecho como una causa que exonere al Ministerio Fiscal del desafío probatorio que asume desde el inicio de las investigaciones”.
En el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo 347/2010, de 20 de abril, sin votos particulares, confirma la absolución por el delito de desobediencia por la negativa del acusado a someterse a la prueba de ADN que le fue propuesta, y reitera dicha doctrina señalando que “Esa pretensión de la acusación supondría una vulneración del derecho a no confesarse culpable de los hechos y al principio nemo tenetur que permite al acusado en el enjuiciamiento no colaborar con la investigación en su perjuicio y no ser fuente de prueba si no es con su autorización”.
Ya la Sentencia del Tribunal Supremo 1121/2004, de 14 de octubre, dictada en relación con la obligación de un imputado de proporcionar un cuerpo de escritura para someterse a la correspondiente prueba pericial caligráfica, vino a señalar que “el derecho a no declarar contra sí mismo y el principio “nemo tenetur se ipsum accusare” constituyen derechos reconocidos en el artículo 24-2 de la Constitución. Estos derechos no se refieren sólo a las declaraciones autoinculpatorias; se refieren también a la inexistencia de obligación alguna del acusado de proporcionar ninguna clase de elementos a la acusación que pudieran servir para los fines de ésta. Por esta razón, no existe obligación del inculpado de proporcionar ningún cuerpo de escritura que pueda servir para la práctica de una pericia caligráfica”.
Entre las Audiencias Provinciales, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, Sede Pamplona/Iruña, 132/2010, de 27 de julio, reiterando el mismo criterio mantenido en su Sentencia de 28 de noviembre de 2008, sobre una muestra de voz, absuelve de un delito de desobediencia por negativa a la extracción de saliva para la toma de muestras de ADN, y recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional respecto de la autoincriminación, señalando que “los citados derechos (a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable) entroncan también con una de las manifestaciones del derecho a la presunción de inocencia: la que sitúa en la acusación la carga de la prueba; esta carga no se puede trocar prácticamente haciéndose recaer en el imputado la obligación de aportar elementos de prueba que supongan una autoincriminación” (STC de fecha 13 de marzo de 2006 con cita de la antes citada de 2 de octubre de 1997)”.
El principal argumento que se objetó a esta postura es el representado por la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con las pruebas de alcoholemia (STC nº 161/97, de 2 de octubre de 1997). según la cual “el deber de someterse al control de alcoholemia no puede considerarse contrario al derecho a no declarar, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, pues no se obliga…… a emitir una declaración…… admitiendo su culpabilidad, sino a tolerar que se le haga objeto de una especial modalidad de pericia, exigiéndole una colaboración no equiparable a la declaración comprendida en el ámbito de los derechos proclamados en los artículos 17-3 y 24-2 de la Constitución”, doctrina ésta reiterada en otras muchas Sentencias de dicho alto Tribunal”.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Navarra, ya destacó en aquellas sentencias que “no existe norma concreta procesal, penal o de otra índole, que imponga al imputado esa colaboración activa en la práctica de una prueba como la que nos ocupa, que puede arrojar unos considerables indicios autoincriminatorios, como sí existe, por el contrario, en relación con otras actuaciones, como, muy especialmente, las pruebas de alcoholemia, respecto de cuya práctica sí existe una expresa normativa que las contempla y regula, imponiendo, además, la obligatoriedad del sometimiento a su práctica.
De la premisa “negativa del acusado a someterse a la prueba de ADN”, no se desprende lógica y racionalmente “su autoría de un robo con fuerza en las cosas o de un homicidio”. Así pues, la sola negativa del acusado a someterse a las pruebas de ADN no es suficiente para enervar la presunción de inocencia y fundamentar una sentencia de condena, imponiéndose la absolución a falta de prueba directa o indiciaria.
La Sentencia del Tribunal Supremo 151/2010, de 22 de febrero, se ha ocupado de esta cuestión: “Sentada la incuestionable legitimidad de la prueba de ADN, la valoración jurisdiccional de la negativa del acusado a someterse voluntariamente a la extracción de muestras de contraste, ha sido también objeto de tratamiento en la jurisprudencia de esta Sala. Paradójicamente, es en el ámbito de la jurisdicción civil donde las consecuencias de la negativa del demandado a someterse a esas pruebas se contemplan con mayor rigor. De hecho, en materia de acciones de filiación, el art. 767.4 de la LEC llega a afirmar que “… la negativa injustificada a someterse a la prueba biológica de paternidad o maternidad permitirá al tribunal declarar la filiación reclamada, siempre que existan otros indicios de la paternidad o maternidad y la prueba de ésta no se haya obtenido por otros medios.
En el ámbito penal, la STS 1697/1994, 4 de octubre, valoró la negativa a someterse a la prueba de ADN, en unión de otros elementos indiciarios, como una actividad probatoria “… apta para enervar la verdad interina de inculpabilidad en que la presunción «iuris tantum» de inocencia consiste”. En línea similar, la STS 107/2003, 4 de febrero, recordó que “… cuando la negativa a someterse a la prueba del ADN, carece de justificación o explicación suficiente, teniendo en cuenta que se trata de una prueba que no reporta ningún perjuicio físico y que tiene un efecto ambivalente, es decir puede ser inculpatorio o totalmente exculpatorio, nada impide valorar racional y lógicamente esta actitud procesal como un elemento que, por sí sólo, no tiene virtualidad probatoria, pero que conectado con el resto de la prueba puede reforzar las conclusiones obtenidas por el órgano juzgador”.
Y esto es, sin duda, lo que ha acontecido en el supuesto que nos ocupa. El acusado-recurrente expresó su negativa a someterse a la prueba de ADN, alegando que “… así se lo había aconsejado su Abogado”. Es cierto que esa negativa no hace sino expresar el libre ejercicio del derecho del imputado a no colaborar en la obtención de las pruebas de cargo. Pero también es cierto que el Tribunal a quo puede valorar esa negativa de acuerdo con las exigencias de la jurisprudencia constitucional y de esa misma Sala.
En el ámbito del proceso penal, el imperio del art. 24.2 de la CE, al reconocer el derecho de todo imputado a no declarar contra sí mismo, impide al órgano jurisdiccional, en aquellos casos en los que el imputado se niega a declarar, interpretar el ejercicio de este derecho como una causa que exonere al Ministerio Fiscal del desafío probatorio que asume desde el inicio de las investigaciones.
Más allá de la discutible calificación por algunos de ese silencio o de las explicaciones inverosímiles como indicios endoprocesales, lo cierto es que su adecuada ponderación es obligada, no como indicio o contraindicio, sino como elemento de respaldo de la inferencia probatoria obtenida por el Tribunal a partir de los verdaderos indicios. Reiterando la doctrina expuesta en la Sentencia 1736/2000 de 15 de noviembre, la participación criminal no puede deducirse de la falta de explicaciones verosímiles por parte de quien está amparado por la presunción de inocencia, sino del resultado de un proceso lógico cuyo punto de arranque se sitúa en el conjunto de hechos base llamados indicios, con capacidad -ellos mismos, y por sí mismos- de conducción por vía deductiva y de modo lógico, a una conclusión llamada hecho consecuencia.
Es ese recorrido metodológico el que emplea el Tribunal de instancia para formular el juicio de autoría. La negativa de Mariano Alberto a someterse a las pruebas de ADN no es un indicio más a sumar a los verdaderos indicios, pero sí puede ser valorada por el órgano decisorio como un elemento que avala la lógica de la inferencia sobre la que se apoya la conclusión de que el recurrente es autor de los delitos imputados. Está fuera de dudas que la declaración de responsabilidad del acusado está respaldada por otros muchos indicios que son expuestos y sistematizados con ejemplar pulcritud por los Jueces de instancia”.
Más adelante, en otro post, me referiré a la proyección que sobre el tratamiento del ADN en el Proceso Penal tiene el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, habeas data o derecho de autodeterminación informativa (art. 18.4 CE), especialmente a la luz de los últimos hallazgos científicos en el campo de la genética en el seno del Proyecto Encode (http://genome.ucsc.edu/ENCODE/), recientemente publicados por las revistas Nature, Genome Biology, Genome Research, Science y de los que se han hecho eco todos los medios de comunicación, ya que la distinción, que se hizo hace más de una década a partir del Proyecto Genoma Humano, entre ADN codificante y no codificante, hoy por hoy, está superada, y esto es algo que ha de tener enormes repercusiones de carácter jurídico, ya que se ha descubierto que el ADN no codificante contiene mayor cantidad de información acerca de la salud de lo que hasta ahora se sabía.
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ADN, ADN no codificante, Consentimiento, Delito de desobediencia, Imputado, Intimidad Genética, Protección de Datos, Proyecto Encode, Torunda

References: artículo 363
 artículo 363
 resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 resolución 
 artículo 24
e contrario