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Timestamp: 2019-04-21 12:25:15+00:00

Document:
- Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.
Publicado en el BOE el 4 de febrero de 2017. Este real decreto tiene por objeto desarrollar la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, así como el artículo 89 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Resolución de 10 de enero de 2017, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, por la que se modifica el anexo I de la Orden de 20 de enero de 1994, por la que se fijan modalidades de control sanitario de productos de comercio exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros habilitados para su realización.
Publicada en el BOE el 4 de febrero. Desde la entrada en vigor de la citada resolución, se han producido diferentes modificaciones normativas. Por ello, resulta necesario modificar el anexo I de la citada orden para que contenga una relación actualizada de las mercancías de uso o consumo humano sometidas a control sanitario por parte de los Servicios de Inspección de Sanidad Exterior.
- Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud.
Publicado en el BOE el 6 de febrero de 2017. Este protocolo tiene como objeto establecer pautas básicas de actuación destinadas a garantizar el derecho a la dignidad e intimidad del paciente cuando es atendido en presencia de alumnos de titulaciones relacionadas con las ciencias de la salud (alumnos) y cuando es atendido por profesionales que cursan formación especializada en Ciencias de la Salud (residentes en formación).
- Resolución de 31 de enero de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.
Publicado en el BOE el 7 de febrero.
- Orden ETU/130/2017, de 17 de febrero, por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al semiperiodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2017.
Publicado en el BOE el 22 de febrero. Constituye el objeto de esta orden la actualización de los parámetros retributivos de las instalaciones tipo incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden, para el semiperiodo regulatorio comprendido entre 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2019, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio y la aprobación del precio de mercado estimado para cada año de dicho semiperiodo.
- Circular 1/2017, de 8 de febrero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que regula la solicitud de información y el procedimiento de liquidación, facturación y pago del régimen retributivo específico de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos
Publicado en el BOE el 24 de febrero. Constituye el objeto de esta Circular, la definición y desarrollo del procedimiento de cálculo de la liquidación de los importes correspondientes al régimen retributivo específico que tengan reconocido las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, así como el desarrollo del proceso de expedición y gestión de la facturación y pago en nombre de terceros relacionada con la función de la liquidación anterior.
Asimismo, es también objeto de esta Circular fijar las condiciones de forma y plazo en que deberán atenderse las comunicaciones y requerimientos de información dirigidos por la CNMC a los titulares de las instalaciones, representantes, empresas distribuidoras y cualquier otro agente que participe en el proceso de liquidación y facturación ejercido por esta Comisión.
- Documento de Trabajo de la Comisión: Informe sobre España 2017
Publicado en la web de la JCCA el 28 de febrero de 2017. Se evalúa la economía de España a la luz de la Encuesta Anual de Crecimiento de la Comisión publicada el 16 de noviembre de 2016. En cuanto a la contratación pública, el documento concluye que España carece de una política nacional de contratación pública que garantice la eficiencia, el cumplimiento legal y un alto nivel de competencia en todo el país, y que, a pesar de las medidas adoptadas recientemente para mejorar las prácticas de contratación pública, persisten debilidades -entre otros, la baja coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, el uso relativamente bajo de las compras centralizadas, la elevada utilización del procedimiento negociado sin publicidad, los insuficientes mecanismos de controles previos y posteriores sobre los poderes adjudicadores, y las brechas en la transparencia. En los dos Proyectos de Ley de transposición de las directivas sobre contratación pública, persisten deficiencias, entre ellas, la no previsión de la promoción de las compras conjuntas por parte de los poderes adjudicadores, y que no se aborda el problema del uso frecuente del procedimiento negociado sin publicidad para las adquisiciones sujetos a las directivas comunitarias.
- Orden SLT/357/2016, de 15 de diciembre, por la que se establecen para el año 2016 los precios unitarios correspondientes a la contraprestación de los servicios llevados a cabo por los centros sociosanitarios.
Publicado en el DOGC el 6 de febrero.
- Decreto Ley 1/2017, de 14 de febrero, por el que se crea y regula el Registro de grupos de interés de Cataluña.
Publicado en el DOGC el 16 de febrero. Se crea el Registro de grupos de interés de Cataluña, que actúa como registro de grupos de interés de la Administración de la Generalidad, los entes locales y de los organismos públicos a que se refiere el artículo 3.1.b y c de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código Civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto
Publicado en el DOGC el 23 de febrero. El objeto de esta ley es establecer la estructura del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, aprobar la regulación de los contratos de compraventa, de permuta y de mandato, modificar e incorporar los contratos regulados por leyes especiales y sustituir la Compilación del derecho civil de Cataluña, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.f de la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, primera ley del Código civil de Cataluña.
- Acuerdo GOV/14/2017, de 21 de febrero, por el que se crea la sede electrónica derivada de la Agencia Tributaria de Cataluña
Publicado en el DOGC el 23 de febrero.
- Recurso de inconstitucionalidad núm. 7466-2015, interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya respecto de la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, pera la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho.
El suplemento del BOE núm. 17, de 20.01.2014, publica la Sentencia 215/2016, de 15 de desembre, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en el recurso de inconstitucionalidad núm. 7466-2015. En la sentencia, el Tribunal Constitucional decide desestimar el recurso de inconstitucionalidad. Hay tres votos particulares discrepantes: uno que formula la magistrada Adela Asua Batarrita, otro que formula el magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, i otro que formula el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos.
- Recurso de inconstitucional núm. 630-2013, interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos del Decreto ley de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comerciales y determinadas actividades de promoción.
El suplemento del BOE núm. 17, de 20.01.2017, publica la Sentencia 211/2016, de 15 de desembre, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en el recurso de inconstitucionalidad núm. 630-2013. En la Sentencia, el Tribunal Constitucional ha decidido declarar extinguida, por pérdida sobrevenida del objeto, la impugnación del art. 1.2 c) y 1.2 d). Declarar que son inconstitucionales i nulos los art. 1.2 a) y b); los incisos «Diumenge i Dilluns de Pasqua» y «25 i 26 de desembre» de l’art. 1.2 e); el inciso «els que només són accessibles des de l’interior de» del art. 2.1 b); art.2.1 i) y el art. 2.2, todos ellos de la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, en la redacción dada por el Decreto ley 4/2012, de 30 de octubre, así como el inciso «dins dels següents períodes estacionals» y las letras a) y b) de l’art. 5 del Decreto ley 4/2012, de 30 de octubre. Desestimar el recurso en lo referente al resto.
Publicado en el BOE el 9 de febrero. El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 31 de enero actual, acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera, en el recurso contencioso-administrativo núm. 174/2015.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el asunto C-555/14
En fecha 16 de febrero de 2017 se publicó en el DOUE esta Sentencia con motivo de una petición de decisión prejudicial relativa a si la Directiva 2011/7, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se opone a una normativa nacional como el Real Decreto ley 8/2013, de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones públicas y de apoyo a Entidades Locales con problemas financieros. El TJUE concluye que la Directiva 2011/7 no se opone a que un acreedor renuncie libremente al derecho a exigir los intereses de demora y la compensación por los costes de cobro, siempre que haya renunciado de manera efectivamente libre y haya podido disponer realmente de todos los recursos efectivos para exigir, si lo hubiese deseado, el pago de la deuda íntegra, incluidos los intereses de demora y la compensación por los costes de cobro.

References: Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 89
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 20
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 3
 Real Decreto