Source: http://psicolog.org/inter-american-court-of-human-rights.html?page=3
Timestamp: 2020-04-02 18:17:15+00:00

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Tercera Excepción Preliminar
Cuarta Excepción Preliminar
Quinta Excepción Preliminar
Debido al retraso de la Comisión en presentar la demanda, la Corte carece de competencia, de conformidad con el artículo 51.1 de la Convención
52. El Estado presentó los siguientes alegatos en relación con el artículo 51.1 de la Convención:
a) la Comisión claramente excedió el límite de tres meses establecido en la Convención para presentar la demanda ante la Corte;
b) las disposiciones aplicables de la Convención no han sido observadas, dado que en el presente caso “la Comisión debió haber adoptado un informe del artículo 51”; y
c) la Comisión presentó el caso ante la Corte el último día que el Estado tenía para responder al Informe de Fondo No. 35/02.
53. La Comisión alegó lo siguiente en relación con la presente excepción preliminar:
a) el presente caso fue presentado de conformidad con las disposiciones y prácticas aplicables;
b) en junio y agosto de 2002 el Estado solicitó prórrogas del plazo aplicable, y expresamente reconoció que “si se otorgaba la suspensión, […] una vez que la […] suspensión hubiera expirado y no se hubiera alcanzado una solución amistosa, la Comisión podría decidir enviar el caso a la Corte Interamericana”; y
c) una prórroga, cuando es solicitada por el Estado, beneficia al Estado al proveerle tiempo adicional para resolver el asunto antes de la presentación del caso ante la Corte. Suriname no puede solicitar y aceptar un beneficio, y después invocarlo como una violación procesal.
54. Los representantes no presentaron argumentos relacionados con la presente excepción preliminar.
55. La Corte ahora pasará a examinar si la Comisión presentó a tiempo la demanda en el presente caso, de conformidad con el artículo 51.1 de la Convención.
56. Tanto el Estado como la Comisión están de acuerdo en que, después de la transmisión del Informe de Fondo No. 35/02 al Estado, Suriname solicitó dos prórrogas del plazo establecido en el artículo 51.1 de la Convención, el cual regula la presentación de casos ante la Corte. El 20 de junio de 2002 Suriname solicitó primeramente una prórroga en el plazo del artículo 51.1 de la Convención, plazo que en ese momento vencía el 21 de junio de 2002. La prórroga solicitada fue otorgada hasta el 20 de agosto de 2002. El 20 de agosto de 2002 el Estado solicitó cuatro meses adicionales, “principalmente […] para continuar con la investigación detallada de este asunto”; como resultado, el 20 de agosto de 2002 la Comisión prorrogó el plazo una vez más, y comunicó a Suriname que el mismo vencería el 20 de diciembre de 2002. En el proceso ante este Tribunal la Comisión señaló que, subsecuentemente, “en ausencia de desarrollos sustanciales” en relación con la investigación del Estado de los hechos y la solución del caso, decidió presentar la demanda ante la Corte el día que vencía la segunda prórroga, es decir, el 20 de diciembre de 2002.
57. La Corte ya ha establecido que está permitida la prórroga del plazo de tres meses mencionado en el artículo 51.1 de la Convención, en el entendido, por supuesto, que se mantenga el debido equilibrio procesal6. En el presente caso, las condiciones relativas a las dos prórrogas fueron explícitamente reconocidas por la Comisión y por el Estado. En efecto, en ambas ocasiones el Estado reconoció expresamente que “si se otorgaba la prórroga, […] una vez que la […] prórroga hubiera vencido y no se hubiera alcanzado una solución amistosa, la Comisión podría decidir enviar el caso a la Corte Interamericana”. Asimismo, el Tribunal nota que la Comisión cumplió los términos de su acuerdo con el Estado, al no presentar la demanda ante la Corte hasta que la segunda prórroga efectivamente venció el 20 de diciembre de 2002.
58. Además, según la práctica internacional, cuando una parte en un litigio ha adoptado una actitud determinada que redunda en beneficio propio o en deterioro de la contraria, no puede luego, en virtud del principio del estoppel, asumir otra conducta que sea contradictoria con la primera. Para la segunda conducta rige la regla de non concedit venire contra factum proprium7.
En su Informe de Fondo No. 35/02 la Comisión “concluyó otras violaciones diferentes a aquéllas por las cuales fue admitido el caso”
60. En relación con la cuarta excepción preliminar, Suriname ha manifestado que la Comisión concluyó en su Informe de Fondo No. 35/02 que se cometieron ciertas violaciones de la Declaración Americana, a pesar de que los peticionarios no alegaron originalmente estas violaciones. Por lo tanto, la Comisión declaró violaciones diferentes de aquéllas por las que fue admitido el caso, “en contradicción con el derecho internacional” y en detrimento de la defensa del Estado.
61. En relación con la cuarta excepción preliminar, la Comisión argumentó que:
a) en el presente caso sólo se encuentran en conocimiento de la Corte las presuntas violaciones de los derechos consagrados en los artículos 25, 8 y 1.1 de la Convención Americana;
b) los argumentos presentados ante la Corte fueron admitidos y revisados por la Comisión de conformidad con las disposiciones y procedimientos aplicables;
c) ni se presume ni es un requisito que los peticionarios sean versados en derecho sobre los procedimientos ante la Comisión; y
d) el hecho de que un peticionario no alegue específicamente una violación en particular no impide que la Comisión y la Corte la consideren por sí mismas, de conformidad con el principio iura novit curia.
62. Los representantes no presentaron alegatos relacionados con la cuarta excepción preliminar.
63. El Tribunal afirma que, de conformidad con el artículo 62 de la Convención Americana, su competencia concierne a la interpretación y aplicación de las disposiciones de dicha Convención. En este sentido, aunque la Corte generalmente considera las disposiciones de la Declaración Americana en su interpretación de la Convención Americana, las conclusiones de la Comisión en relación con violaciones específicas de la Declaración Americana no se relacionan directamente con el trámite del caso ante este Tribunal8. Por otra parte, las consideraciones de la Comisión respecto de presuntas violaciones de la Convención Americana no son de obligatorio acatamiento para la Corte.
La Comisión “omitió enviar todas las partes pertinentes de la denuncia al Estado,
tal y como está establecido en el artículo 42 de su Reglamento”
65. Con respecto a la quinta excepción preliminar, el Estado argumentó que la Corte carece de competencia en este caso porque la Comisión fue negligente al omitir enviar “todas las partes pertinentes” de la denuncia – en concreto, “un número de anexos” – al Estado, “tal y como está establecido en el artículo 42 de su Reglamento”. Asimismo, el Estado consideró que dichos anexos son de la “mayor importancia” para la decisión del presente caso, y, como resultado, su defensa se vio comprometida.
66. En relación con la quinta excepción preliminar, la Comisión señaló que no logró comprender cuáles serían las “partes pertinentes” que no fueron transmitidas al Estado. Por otro lado, dado que el Estado omitió responder a múltiples solicitudes de información por parte de la Comisión, y que no cuestionó la admisibilidad o el fondo de los argumentos hasta después del Informe de Fondo No. 35/02, ésta no percibía cómo se había comprometido el derecho de defensa del Estado.
67. Los representantes no presentaron argumentos en relación con la quinta excepción preliminar.
68. En relación con la quinta y última excepción preliminar, la Corte considera necesario señalar que, como se indicó anteriormente (supra párr. 50), Suriname participó por primera vez en el trámite del caso ante la Comisión mediante la presentación de un escrito en mayo de 2002, el cual no sólo fue presentado mucho tiempo después de varias solicitudes de información de la Comisión, sino además con posterioridad a la emisión del Informe de Admisibilidad de 7 de marzo de 2000 y el Informe de Fondo de 28 de febrero de 2002. Por lo tanto, la Corte considera inapropiada la objeción preliminar de Suriname relativa a la falta de transmitir “las partes pertinentes de la denuncia” al Estado. Al haber decidido no ejercer su derecho de defensa ante la Comisión durante las oportunidades procesales apropiadas, Suriname no puede interponer tal excepción ante esta Corte.
70. La Corte ha tomado en cuenta, como lo ha hecho en otras sentencias, ciertos hechos que ocurrieron antes del reconocimiento de la competencia de la Corte por parte del Estado9. Esto sólo tiene el propósito de contextualizar adecuadamente las violaciones alegadas en relación con las cuales el Tribunal sí tiene competencia. La Corte enfatiza, tal como se señaló anteriormente (supra párr. 43), que sólo es competente para declarar violaciones de la Convención Americana en relación con acciones u omisiones que tuvieron lugar con posterioridad a la fecha de reconocimiento de la competencia del Tribunal y respecto de cualquier situación que no hubiera dejado de existir a esa fecha.
71. En esta coyuntura, el Tribunal considera necesario definir claramente quiénes son las presuntas víctimas en este caso. Las presuntas víctimas son aquellas personas individualizadas en la demanda, descritas como: a) los sobrevivientes de los hechos del 29 de noviembre de 1986 en la aldea de Moiwana, y b) los familiares de quienes murieron ese día. Se observa que Suriname consideró “cuestionable” el método aplicado por la Comisión Interamericana para determinar la lista de presuntas víctimas. Sin embargo, dado que el Estado no explicó las razones por las cuales el método de la Comisión era supuestamente inaceptable, la Corte decide desestimar la objeción por imprecisa y por falta de fundamento. En consecuencia, dichas personas deberán ser consideradas las presuntas víctimas del presente caso, y se hará referencia a ellas en adelante como “las presuntas víctimas” o “los miembros de la comunidad Moiwana”.
72. La Corte nota que el 17 de marzo de 2005 la Comisión solicitó al Tribunal que considerara a cuatro personas adicionales como víctimas en el presente caso: Beata Misidjan, Edmundo Misidjan, Ludwig Misidjan y Reguillio Misidjan. Como fundamento de su solicitud, la Comisión alegó que se justificaba la inclusión dado que la madre de estas cuatro personas, Mado Misidjan, supuestamente murió durante el ataque de 1986 en la aldea de Moiwana. Como resultado, sus hijos se dispersaron por Suriname después del ataque, vivieron con personas que no tenían contacto con otras presuntas víctimas, y sólo fueron localizadas recientemente. Los representantes estuvieron de acuerdo con la Comisión, agregando que dichas personas habían estado presentes cuando ocurrió el ataque y originalmente fueron incluidas en “las peticiones y solicitudes por la justicia” que se realizaron a nivel nacional. Sin embargo, los representantes manifestaron que “puesto que el grupo más grande de [presuntas] víctimas no estaba seguro si habían sobrevivido la masacre y no sabía dónde estaban, decidieron no incluirlas en la lista que se presentó a la Comisión y, finalmente, a la Corte”.
73. Asimismo, el 12 de mayo de 2005, en su respuesta a una solicitud de prueba para mejor resolver, de conformidad con el artículo 45 del Reglamento, los representantes solicitaron que se incluyera en la lista a siete personas más que no habían sido designadas como presuntas víctimas en el presente caso: Majo Ajintoena, Erwien Awese, Cornelly Madzy James, Humprey James, Romeo James, John James y Manfika Kamee. Los representantes explicaron que no habían sido incluidas antes debido a “un error” cometido al compilar la lista original de presuntas víctimas. Por su parte, la Comisión estuvo de acuerdo con “la identificación de víctimas presentada [a la Corte] por los representantes”.
74. En relación con las peticiones de considerar a las mencionadas personas como presuntas víctimas, la Corte observa que se transmitieron ambas solicitudes al Estado y, mediante la comunicación de la Secretaría de 13 de mayo de 2005, expresamente se le invitó a presentar observaciones a dicha información; sin embargo, Suriname no presentó respuesta alguna sobre este asunto. En consecuencia, dado que se reconoció al Estado debidamente su derecho de defensa en relación con este punto y que éste no objetó la información que le fue proporcionada, el Tribunal decide que es procedente considerar a las 11 personas adicionales como presuntas víctimas en el presente caso.
75. Antes de examinar las pruebas ofrecidas, la Corte realizará, a la luz de lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, algunas consideraciones desarrolladas en la jurisprudencia del Tribunal y aplicables a este caso.
76. En materia probatoria rige el principio del contradictorio, que respeta el derecho de defensa de las partes. El artículo 44 del Reglamento contempla este principio, en lo que atañe a la oportunidad en que debe ofrecerse la prueba para que haya igualdad entre las partes10.
77. La Corte ha señalado, en cuanto a la recepción y valoración de la prueba, que los procedimientos internacionales no están sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas. Este criterio es especialmente válido para los tribunales de derechos humanos, que disponen de amplias facultades en la valoración de la prueba rendida ante ellos, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia. La admisión de la prueba se debe realizar presentando especial atención a las circunstancias del caso concreto, tomando en cuenta los límites impuestos por el respeto a la seguridad jurídica y a la igualdad procesal entre las partes11.
78. Con fundamento en lo anterior, la Corte procederá a examinar y valorar los elementos que componen el acervo probatorio en el presente caso.
79. Como parte de la prueba documental presentada por las partes, la Comisión remitió el dictamen del perito Thomas S. Polimé (affidavit) de conformidad con la Resolución emitida por el Presidente el 5 de agosto de 2004 (supra para. 18). A continuación la Corte resume dicha declaración.
a) Dictamen pericial de Thomas S. Polimé, antropólogo
El affidávit del Dr. Polimé versó sobre los siguientes temas: 1) información general sobre los Maroons en Suriname; 2) estructura social, creencias religiosas, tradiciones de duelo y sistemas de gobierno y justicia local de los N’djuka; 3) historia de la Comunidad Moiwana; 4) eventos anteriores, simultáneos y posteriores al ataque en Moiwana; 5) el impacto del ataque y la posterior denegación de justicia; y 6) información relevante en relación con el posible otorgamiento de reparaciones en el presente caso.
80. Durante la audiencia pública (supra párr. 21), la Corte recibió la declaración de los testigos y perito propuestos por la Comisión. La Corte resume a continuación dichas declaraciones.
a) Stanley Rensch, fundador de Moiwana ’86
La masacre de 29 de noviembre de 1986 no tuvo precedentes; es una de las violaciones de derechos humanos más notorias en Suriname. En reconocimiento a su “naturaleza sistemática”, “grave” y “terrible”, nombraron la organización de derechos humanos Moiwana ‘86. Los perpetradores del ataque estaban organizados, entrenados y armados por el personal militar estatal. En general, fue un período problemático para Suriname oriental; violaciones graves ocurrieron en esas áreas, las cuales fueron campos de batalla importantes durante el conflicto armado interno, y Moiwana ’86 reportó esas violaciones al gobierno. En un momento dado, el Ministro de Defensa declaró públicamente que el ataque en Moiwana fue una acción militar.
Moiwana ’86 fue “muy sistemática” en sus solicitudes al Estado para que investigara el ataque de 29 de noviembre de 1986. Con este propósito, recolectaron información, la pusieron por escrito y la presentaron a las autoridades gubernamentales en forma continua. Moiwana ’86, como organización, ha solicitado a las autoridades policiales y judiciales, al menos una vez al año, que investiguen el ataque.
Moiwana ’86 también trató de “apoyar tanto como fuera posible” las investigaciones del inspector Gooding, quien estaba a cargo de la investigación penal oficial del Estado. El testigo manifestó que el señor Gooding “había encontrado miembros importantes del grupo de perpetradores” y señaló que sus logros demostraban que era un “un hombre muy valiente”. Como resultado de esta investigación inicial, la policía detuvo a Orlando Swedo; sin embargo, una unidad militar completamente armada exigió y obtuvo su liberación. El líder militar Desire Bouterse ordenó esa liberación; esto se supo porque el señor Bouterse condujo una conferencia de prensa una vez que el señor Swedo fue liberado.
Durante ese encuentro con la prensa, al señor Gooding se le advirtió que no cooperara con Moiwana ’86. Poco tiempo después, el señor Gooding visitó el cuartel militar en Fort Zeelandia. Cuando salía, su carro fue detenido; lo sacaron del carro y lo mataron a disparos. Después de la muerte del señor Gooding, la policía no siguió la investigación del ataque en Moiwana. Por otro lado, los responsables de la muerte del señor Gooding nunca fueron juzgados y las circunstancias de su muerte nunca fueron aclaradas. Asimismo, muchos de los investigadores que trabajaban con Gooding tuvieron que salir del país porque enfrentaban “una situación que amenazaba su vida”. “Incluso las más altas autoridades fueron incapaces de investigar más” su muerte.
En 1993, el testigo recibió información sobre el descubrimiento de restos humanos cerca de la localidad de Moiwana; le dijeron que los cuerpos eran de la masacre. Informó a las autoridades, especialmente al Fiscal General, quien rápidamente estableció un comité que se encargara del asunto. Después de dos sesiones – el testigo estuvo presente en ambas – los restos fueron descubiertos, y llevados a Paramaribo para ser investigados. El testigo se enteró por la prensa que se encontraron los restos de seis a nueve individuos, incluyendo niños. Sin embargo, las autoridades nunca identificaron los restos, y el testigo nunca recibió información sobre gestiones adicionales realizadas para investigar la situación. Más aún, hubo una “declaración reaccionaria” en la prensa de un oficial de gobierno, haciendo alusión a la ley de amnistía, la cual “debilitaba la esperanza” de que pudiera continuar la investigación del caso Moiwana.
En 1995, el Parlamento surinamés solicitó al Ejecutivo que investigara varias violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el testigo desconoce que haya habido investigaciones posteriores del ataque en Moiwana por parte de las autoridades legales. En 1996, Moiwana ’86 presentó una solicitud formal al Fiscal General, de conformidad con el Código de Procedimientos Penales de Suriname, para que se investigara la masacre. Al no recibir ninguna respuesta, presentaron al Presidente de la Corte de Justicia una solicitud formal para que se investigara, quien a su vez la remitió al Fiscal General; sin embargo, no se llevó a cabo ninguna acción adicional.
Moiwana ’86 solicitó al gobierno que rechazara la ley de amnistía que se adoptó en 1992, porque consideraron que era un medio para legalizar la impunidad. El testigo también cree que la ley misma afectó negativamente la actitud de la policía para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas en el período que va desde 1985 hasta 1992-93, que son los años que se encuentran cubiertos por la ley.
Muchos de los que colaboraron con Moiwana ’86 recibieron amenazas y tuvieron que salir del país. El testigo fue arrestado cuatro veces; asimismo, sufrió un atentado contra su vida, el cual lo obligó a salir de Suriname. Según su conocimiento, las autoridades nunca investigaron el intento de homicidio. Los esfuerzos por investigar el caso Moiwana han implicado riesgos porque “no hay muchas personas en el sistema a quienes les gustaría que se sigan haciendo averiguaciones sobre este asunto”. Como resultado, fue “muy difícil garantizar seguridad a las personas, garantizar protección frente a gente que uno no puede controlar”.
De todos los casos de derechos humanos que Moiwana ’86 manejó durante el tiempo que el testigo trabajó ahí, él no puede recordar uno solo que haya llegado a la etapa de juzgamiento y sanción – a pesar de que los casos que fueron traídos ante la Corte Interamericana, Aloeboetoe y Gangaram Panday, tuvieron como resultado que se otorgara compensación a las víctimas.
El testigo ha trabajado con los sobrevivientes del ataque desde 1987, incluyendo los refugiados en la Guyana Francesa. Los demás sobrevivientes se localizan en Suriname, en las ciudades de Paramaribo y Moengo. Desde esa época, él y otras personas han visitado a estos individuos para asistirlos y encontrarles un lugar temporal donde pudieran quedarse. Moiwana ’86 ha incluido representantes de los sobrevivientes en sus actividades: “al menos tres miembros de ese grupo participaron permanentemente en nuestras actividades relacionadas con Moiwana”. Asimismo, cuando el testigo y Moiwana ’86 presentaron ante las autoridades judiciales denuncias y solicitudes para que los hechos ocurridos se investigaran, fueron claros en señalar que lo hacían en nombre de los sobrevivientes.
Estas denuncias y solicitudes buscaban una investigación penal, no una acción civil ni compensación. Esto es así porque la única posibilidad de investigar efectivamente las violaciones en Moiwana era dirigiéndose a las autoridades estatales. Como organización de derechos humanos, Moiwana ’86 trató de iniciar la investigación penal mediante la comunicación con las instituciones estatales apropiadas, “para ayudar al Estado con sus obligaciones de defender los derechos”. Por esta razón, los sobrevivientes de Moiwana no han iniciado el proceso civil aún; sólo han buscado una investigación penal, después de la cual se pueden presentar acciones civiles.
Con base en su experiencia, el testigo considera que ha existido “respaldo insuficiente a la idea, al concepto de que los Maroons merecen el mismo tipo de protección legal en el país”. Algunos días antes de la audiencia, los representantes de los sobrevivientes de Moiwana confirmaron al testigo su deseo de regresar a su aldea.
b) Erwin Willemdam, antiguo residente de Moiwana
El testigo se encontraba en Moiwana el día de los hechos del 29 de noviembre de 1986; mataron a su esposa durante el ataque. El ataque en sí tenía las características de una operación militar planeada, de conformidad con lo manifestado por el testigo, quien había estado en el ejército. Llegó a esta conclusión por la forma en que los atacantes se acercaron a la población y la rodearon. Asimismo escuchó una orden de quemar los ranchos de la población.
Inmediatamente después del ataque, el testigo huyó a la Guyana Francesa. Después de pasar un año ahí, decidió regresar a Suriname para que sus hijos pudieran tener educación. Alrededor de este tiempo, empezó a participar con grupos de otros sobrevivientes para buscar justicia. En la cultura N’jduka la búsqueda de justicia es una obligación; si no se obtiene, “tu vida está perturbada, se interrumpe, entonces uno no puede continuar viviendo adecuadamente”. Los dos hijos que el testigo tuvo con su esposa que falleció también participan en estas actividades para buscar justicia, ya que se trata de una responsabilidad cultural que continúa a través de las generaciones.
Desde el ataque, el testigo ha conducido por Moiwana, pero nunca se ha detenido. No tiene conocimiento de otros miembros de la comunidad que hayan regresado a Moiwana a vivir. “Mientras no se haya obtenido justicia, […] ellos no pueden volver a ese lugar a quedarse”. Dado que no ha habido investigación, el testigo siente que los sobrevivientes de Moiwana no son tratados de la misma forma que los demás ciudadanos surinameses.
Los miembros de la comunidad creen que mientras los que murieron en Moiwana no sean vengados, sus almas no estarán en paz. Asimismo, mientras sus cuerpos no reciban un entierro adecuado, habrá consecuencias negativas para los vivos. El testigo tiene miedo de estos espíritus enojados. Sin embargo, “si se hace en la forma adecuada – se obtiene justicia y se otorga una compensación – entonces la gente puede volver y vivir en esa área”. En este momento, como no se ha hecho “nada”, el testigo no regresaría.
Una de las fuentes de mayor sufrimiento para el testigo es no saber qué pasó con el cuerpo de su esposa. Se enteró de que algunos cadáveres de Moiwana fueron quemados en un lugar en Moengo, la ciudad donde él vive ahora. Cada vez que pasa por ese lugar, se siente muy mal por lo sucedido. “Esta es una de las peores cosas que nos pudo haber ocurrido, que se queme el cuerpo de alguien que murió”.
Los sobrevivientes de Moiwana tienen un comité, que coordina con Moiwana ’86 los asuntos legales relacionados con la investigación. El testigo no forma parte de este comité. El comité escribió cartas al Estado e intentó trabajar con el gobierno para adelantar la investigación, pero el Estado “nunca reaccionó”. Por ejemplo, a los sobrevivientes de Moiwana no se les informó sobre la excavación de restos humanos realizada por parte de Suriname en 1993. De esta manera, ahora “no hay interés en cooperar con el gobierno [a estas alturas]”.
A nivel personal, el testigo tiene miedo de llevar el caso a un juez y desconfía de la policía del Estado. Un día, un oficial militar y tres policías le hicieron preguntas en Moengo. Una vez que hubieron hablado y que los oficiales habían tomado notas, el testigo solicitó ver lo que habían escrito, pero ellos se rehusaron.
Porque a la esposa del testigo la mataron injustamente, “ ya no es posible vivir una vida normal”. Ni siquiera se puede dedicar a las actividades agrícolas que hacía en Moiwana. Dado que “tantos de los nuestros murieron en esa tierra”, y que sus homicidios fueron “absolutamente inapropiados”, el testigo cree que el Estado, además de proveer una investigación y compensación adecuadas, debe otorgar a los antiguos residentes el derecho a vivir en Moiwana. “Se debe reconocer para que nos podamos atrever a vivir ahí y utilizar [la tierra]”.

References: artículo 51
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 artículo 62
 artículo 42
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 artículo 45
 artículo 44
 Resolución