Source: https://issuu.com/calperu/docs/boletin_cal_julio
Timestamp: 2017-05-26 14:30:23+00:00

Document:
Boletin del Abogado Julio by Felix Puppo - issuu
Boletín delAbogadoColegio de Abogados de Lima
Dirección de Comunicaciones e Informática JurídicaConsideraciones preliminares para las
Pierre Foy ValenciaAnálisis tributario de las opciones para la
Miguel Ángel Torres MoralesLa Interculturalidad desde el Derecho
Antonio Peña JumpaCuidado: ¡Derecho Internacional Público!
Victor Saco ChungLa Minería: ¿desarrollo o conflicto social?
Manuel Antonio Espinoza RamosLa Declaración de Santiago de 1952 y el
método de delimitación marítima por el
paralelo como criterio de excepción sólo
para el caso peruano-ecuatoriano
Miguel Ángel Rodríguez MackayLa Ecoeficiencia en la Gestión Pública
Carolina Vega Pavia5Julio 2010 / Año IComité Editorial Asesor del Boletín del Abogado
Roberto Carlos Benavides Pontex
Felix R. Puppo Escajadillo
Golbert Arturo Miguel Díaz Farfán
Frank Ortiz Colonna
Carmen Rosa Sandoval Hurtado
Jackeline Chira Cubas
Consuelo Talledo Arias
Teléfono: 710-6637
Web: www.cal.org.pe
E-mail: publicaciones@calperu.org.pe y/o
publicacionescal@gmail.com
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2010-10136Miembros de la Junta Directiva
DECANO José Antonio Ñique de la Puente
VICE DECANO Alberto Vásquez Ríos
SECRETARIA GENERAL Fátima Katherine Díaz Maldonado
DIRECTORA DE ECONOMÍA Beatríz Inés Sánchez Uchuypoma
DIRECTOR ACADÉMICO Y DE Pedro Sagastegui Urteaga
DIRECTOR DE COMISIONES Y José Felix Castillo Salvatierra
DIRECTOR DE ÉTICA PROFESIONAL Felipe Martín Cabrera Ramos
DIRECTOR DE DEFENSA GREMIAL Pedro Vicente Quispe Salvatierra
DIRECTOR DE COMUNICACIONES E César Augusto Benavides Cavero
DIRECTOR DE BIBLIOTECA Y CENTRO Luis Eduardo Barcena Fernández
DIRECTOR DE EXTENSIÓN SOCIAL Y Ronald Nicolás Palomino Hurtado
DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL (e) César Augusto Benavides Cavero
DIRECTOR DE DERECHOS HUMANOS Humberto Carranza ValdiviesoÍNDICEBoletín del Abogado / Julio 2010Consideraciones preliminares para las
Auditorías Legales AmbientalesPierre Foy Valencia .............................................................Análisis tributario de las opciones
para la construcción y venta de
departamentosMiguel Ángel Torres Morales ..............................................510La Interculturalidad desde el DerechoAntonio Peña Jumpa ........................................................... 15Cuidado: ¡Derecho Internacional
Público!Victor Saco Chung ..............................................................La Minería: ¿desarrollo o conflicto
social?Manuel Antonio Espinoza Ramos .......................................La Declaración de Santiago de 1952 y
el método de delimitación marítima por
el paralelo como criterio de excepción
sólo para el caso peruano-ecuatorianoMiguel Ángel Rodríguez Mackay ........................................La Ecoeficiencia en la Gestión PúblicaCarolina Vega Pavia ...........................................................182224
27Boletín del AbogadoEDITORIALEditorial
Uno de los temas de mayor preocupación en nuestros días, es el relacionado con la contaminación ambiental provocada por las empresas extractoras
de minerales. Las consecuencias de una falta de previsión adecuada en esta
materia pueden llevar a consecuencias catastróficas, tanto a nivel de la flora
y fauna así como, por ejemplo, la afectación de la salud pública, provocando
enfermedades o disminuyendo el nivel de vida, involucrando a niños, ancianos,
mujeres embarazadas y a la población en general.Boletín del AbogadoDado que, nuestro sistema económico se rige por un sistema social de mercado bajo una iniciativa de inversión privada libre, tal como lo estipula el artículo
58° de nuestra Constitución, ello no exime al propio Estado de velar por la
conservación del medio ambiente, de conformidad con la misma carta magna
en sus artículos 66° al 69°, ello implica que las empresas que realicen este tipo
de actividad deben respetarlas.4Sin embargo, nuestra realidad nos enseña que son múltiples los casos en la
cual la inversión privada no respeta los estándares mínimos establecidos en
materia ambiental. Los recientes sucesos lo confirman, ya que perduran los
casos de alto índice de plomo en la sangre en la población aledaña a los yacimientos mineros, o casos de derramamiento de relaves en grandes cantidades a los ríos, lo cual es evidentemente perjudicial para el bienestar de la
Estos son sólo algunos ejemplos de los desastres naturales que pueden provocar la falta de diligencia por parte de las empresas privadas. El Estado debe
encargarse de establecer las multas correspondientes basado en los daños
ambientales y humanos, con fines de reparar los desastres ocasionados.
Por ello, las autoridades gubernamentales deben ser más estrictos al momento
del establecimiento de las condiciones para el otorgamiento de las concesiones en materia de recursos naturales, a fin de evitar consecuencias que podrían llegar a ser irreparables.Boletín del Abogado / Julio 2010Consideraciones preliminares para
las Auditorías Legales Ambientales
Profesor en Derecho Ambiental en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Lima.
Miembro del IDEA-PUCP. Gerente y socio del Estudio Foy & Valdez. Consorcio en Derecho Ambiental.
Docente de la UNMSM en los cursos de Derecho Ecológico, Ecología Política y Legislación del Ordenamiento
del Territorio. Docente de Legislación Ambiental y de los Recursos Naturales en la UNALM.Presentaremos algunos elementos conceptuales para comprender y manejar la información legal ambiental que puede servir para la elaboración de matrices legales
ambientales de las empresas en perspectiva para las respectivas Auditorías Legales
¿Cómo entender la Auditoría Legal Ambiental en nuestro sistema legal?
Desde una perspectiva doctrinaria se suelen postular diversas categorizaciones y sistematizaciones respecto las auditorías legales ambientales1:TIPOS DE AUDITORÍA LEGAL AMBIENTAL
TipoAlcance o contenidoAuditoría Legal
de Base-	Identificar normas a las que la Empresa debe ajustarse.
-	Posibilitar la sistematización de las mismas.Auditoría Legal
de Cumplimiento-	-	-	-	-	Auditoría Legal
Pre-adquisición-	Por ejemplo: Compraventa de Fondos de Comercio; Compraventa de Cuotas
Sociales; Compraventa de Acciones; Compraventa de Predios Industriales;
Compraventa de Activos Industriales.Auditoría de
Certificación-	Por ejemplo Normas ISO, OHSAS, SA.
-	Tercero Imparcial y Desvinculado.Auditorías según
la condicion del
auditor-	Auditoría de 1ra. Parte: La empresa se audita a sí misma. También es llamada
-	Auditoría de 2da. Parte: Es ejecutada por alguien con algún vínculo con la
Empresa auditada (ej. cliente audita a un proveedor; consultor externo audita
a la Empresa).
-	Auditoría de 3ra. Parte: Es la que realiza una entidad certificadora independiente. También se la denomina Auditoria de Certificación.1	Evaluar la perfomance legal de la Empresa.
Optimizar el cumplimiento de las obligaciones de carácter formal.
Detectar, prevenir y revertir vulnerabilidades.
Previsionar responsabilidades contingentes.
Puede ser integral o parcializada.Estudio BEC Abogados. Consultores en Legislación Ambiental. Ver Bec, R. Eugenia; Franco, Horacio J. Auditoría Legal Ambiental: el nuevo requerimiento de la Norma ISO 14001-2004. Gerencia Ambiental; 13(129):36-47,
ago. 2006. Estudio BEC Abogados Consultores en Legislación Ambiental.5Boletín del AbogadoDERECHO AMBIENTAL
En nuestro sistema jurídico las auditorias
legales ambientales no tienen un marco
específico, sino que se encuadran como
aplicación de las políticas corporativas por
asegurar el cumplimiento sistemático de las
normas legales ambientales y las propiamente corporativas, sobre todo en función a
las auditorías de sus Sistemas de Gestión
Ambiental (SGA) o en su caso los Sistemas
Integrales de Gestión (SIG).de una situación que coloque a la empresa
en la posibilidad de ser demandada por daños y perjuicios por terceros, o de una acción
u omisión que exponga a sus funcionarios a
la responsabilidad penal.En última instancia, se explican como parte
de los instrumentos de la empresa al servicio del cumplimiento sistemático de las exigencias legales ambientales y corporativas,
así no se cuenten con tales SGA. Una de las
consideraciones justificantes de las auditorías legales ambientales es que tienen que
ver con la prevención y evitamiento de las
consecuencias legales por el incumplimiento de las normas jurídico ambientales y sus
responsabilidades civiles, administrativas o
penales; asimismo de las responsabilidades
intra corporativas.Los incumplimientos legales y responsabilidades contingentes de la empresa generan
responsabilidad civil frente a terceros; responsabilidad administrativa ante las autoridades públicas por violaciones a la ley y
los reglamentos; obligación de recomponer
el medio ambiente afectado; y responsabilidad penal de los funcionarios, profesionales
y empleados de planta.Como refieren unos especialistas argentinos en los temas de auditorías legales
ambientales2:Boletín del Abogado¿Qué está en juego cuando se realiza una
Auditoría Legal Ambiental?6Recordemos la definición de “responsabilidad contingente”. Es aquella vulnerabilidad
latente que puede manifestarse en el futuro
inmediato, próximo o lejano. Puede tratarse
de un pasivo ambiental que demande ser
remediado, de un incumplimiento legal que
puede generar una sanción administrativa,2	3	4	La detección de incumplimientos legales y
responsabilidades contingentes (para su
posterior desactivación y minimización) es
una de las razones de ser de la Auditoria
Ambiental (legal y técnica).En buena cuenta, en el tiempo y en la medida que operen con más rigor los sistemas
de control y fiscalización ambiental respecto
las empresas, puede estar en juego tanto la
responsabilidad patrimonial de la empresa,
así como la responsabilidad personal de sus
funcionarios3.
Normas legales o jurídicas
Son aquellas disposiciones expedidas por
alguna autoridad pública nacional, regional o
local4 debidamente reconocida y competente
para ello. Asimismo son normas que se pueden exigir su cumplimiento igualmente ante
y por las autoridades debidamente reconocidas y competentes para dicha tarea. Esto
las diferencia de otro tipo de normas comoEstudio BEC Abogados Consultores en Legislación Ambiental. op cit.
Auditoria Ambiental – Due diligence: Este es el procedimiento más comprensivo y eficaz para detectar y prevenir contingencias ambientales. En tal sentido, a través de una auditoría ambiental además de conocer las
responsabilidades por hechos anteriores e identificar pasivos ambientales, permite evaluar futuros costos, lo
que posibilita contar con mayor información para la negociación del contrato. La auditoría ambiental puede ser
llevada a cabo tanto desde un punto de vista técnico, como legal. Auditoría Ambiental en Argentina, en: http://
es.shvoong.com/books/106460-auditor%C3%ADa-ambiental-en-argentina/.
También pueden ser autoridades supranacionales como en el caso de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN), por ejemplo en el caso de las denominadas Decisiones que son normas con rango de Ley para los
países miembro de la CAN y que ha sido que legisladas por el respectivo Parlamento Andino.Boletín del Abogado / Julio 2010las técnicas (cuado no son propiamente jurídicas), las sociales, las consuetudinarias o
Diferenciación de criterios y categorías
a.	Declaraciones
En las auditorías legales ambientales se
suelen invocar instrumentos conocidos
como Declaraciones tal es el caso de la
Declaración de Estocolmo 72 o de Río 92 o
inclusive algunos estudios como los Club de
Roma acerca de los Límites del Crecimiento
del año 1972. Al respecto hay que señalar
	La Declaraciones son conocidas doctri-nalmente como instrumentos de Soft Law,
Derecho Blando o Derecho Suave, es decir no son propiamente normas jurídicas,
sino prejurídicas, no son obligatorias, no
son vinculantes ni exigibles por autoridad
pública alguna. Contiene principios que
son simplemente orientadores.	En consecuencia, cuando se incluyen enlas auditorías legales ambientales es debido a exigencias o autoexigencias corporativas o para evidenciar el cumplimiento
de exigencias más allá de las normas jurídicas ambientales.	Las Declaraciones suelen “inspirar” a lasnormas jurídicas que son instrumentos de
Hard Law, (Derecho Duro) es decir propiamente derecho, exigibles, obligatorias.
Ejemplos: la Declaración de Río, contiene
el principio precautorio o el de internalización de costos, estos han sido recogidos y juridificados, esto significa que se
han transformado en norma jurídica en5	el Título Preliminar de la Ley General del
Ambiente. En consecuencia, esos principios, en tanto se encuentran en dicha Ley
son exigibles, más no por estar en la Declaración mencionada, que per se es no
b.	Normas voluntarias y estándares técnicos de organismos internacionales
Es el caso de las normas ISO 14000 sobre
Calidad Ambiental, las OSHAS sobre Salud
Ocupacional o sino las emitidas, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud
(OMS)5, entre otras.
Estas normas son postuladas por organismos internacionales especializados para
que sean asumidas voluntariamente por los
agentes y Estados.
Los Estados suelen crear mecanismos garantes del cumplimiento de parte de aquellos agentes que voluntariamente las han
asumido, sobre todo para proteger al consumidor o ciudadano en general. Por ejemplo,
Sin embargo, pueden convertirse en obligatorias y exigibles si es que los Estados
les dan ese carácter o condición, pero ello
debe ser expresamente regulado mediante
los mecanismos legales correspondientes.
Mientras esto no suceda son simplemente
de carácter referencial. Por ejemplo, en el
Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, Decreto Supremo
Nº 043 -2007 –EM, en su artículo 208 al referirse a los espacios confinados, se indica
que el ingreso debe hacerse de acuerdo a
las normas API 2015 y APO 2217, o norma
equivalente aceptada por OSINERGMIN.La Ley General del Ambiente Ley N° 28611 (15/10/2005) en sus DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES señala: SEGUNDA.- Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles: En tanto no se establezcan en el país, Estándares de Calidad Ambiental, Límites Máximos Permisibles y
otros estándares o parámetros para el control y la protección ambiental, son de uso referencial los establecidos
por instituciones de Derecho Internacional Público, como los de la Organización Mundial de la Salud (OMS).7Boletín del AbogadoDERECHO AMBIENTAL
c.	Las normas corporativas
Obedecen a las políticas de cada corporación y muchas veces invocan normativas,
reglas técnicas o recomendaciones de diferentes organismos internacionales, pero que
se convierten en exigibles al interior de una
corporación, más no para efectos de exigencias de orden público como en el caso de las
normas propiamente legales o jurídicas.
d.	Las normas técnicas6
Sólo algunas normas técnicas adquieren la
condición de Normas Técnicas Peruanas
Obligatorias, esto es cuando expresamente se les da esa condición. INDECOPI las
denomina propiamente: Normas Técnicas
Peruanas Referenciadas en Dispositivos
Legales7.
e.	Guías ambientalesBoletín del AbogadoNo hay una caracterización legal propiamente acerca de esta Guías Ambientales,
pues en cada sector tiene un carácter propio. Así, por ejemplo, el D.S. N° 016-93EM.- Reglamento para la protección ambiental en la actividad minero-metalúrgica
(01.05.93) no tiene más que un carácter
de lineamientos orientadores:8Artículo 2°.- Definiciones. Para los efectos
de este Reglamento se define lo siguiente
Guías de Manejo Ambiental Minero.Documentos expedidos por la Autoridad
Competente sobre lineamientos aceptables a nivel nacional en la actividad6	7	minero-metalúrgica para llegar a un desarrollo sostenible. Estas Guías consistirán
entre otros de: Protocolo de Monitoreo
de Agua, Protocolo de Monitoreo de Aire,
Procedimiento de elaboración del PAMA,
Procedimiento de elaboración del EIA,
Guías para: Relaves, Aguas Acidas, Plan
de Cierre, Lixiviación, Exploración, Manejo de Cianuro, Uso y Almacenamiento de
Reactivos, Manejo de Aguas, Vegetación,
Calidad de Aire, entre otros.En las auditorías
legales ambientales
se suelen invocar
Declaraciones tal es el
caso de la Declaración
de Estocolmo 72 o de
Río 92.En el caso del Decreto Supremo N° 019-97ITINCI, Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la
Industria Manufacturera, tiene netamente un
carácter de orientación:
Artículo 3.- Definiciones. Para los efectos
de este Reglamento se definen los siguientes términos:¿QUÉ ES UNA NORMA TÉCNICA? Es la expresión práctica de la normalización mediante la cual el fabricante, consumidores, usuarios y administradores acuerdan las características técnicas que deberá reunir un
producto o un servicio. La ISO (1992) la define como: “Especificación técnica accesible al público, establecida
con la cooperación y el consenso o la aprobación general de todas las partes interesadas, basadas en los
resultados conjuntos de la ciencia y la tecnología y la experiencia, que tiene por objetivo el beneficio óptimo de
la comunidad y que ha sido aprobado por un organismo cualificado a nivel nacional, regional o internacional.”
Es decir que es un documento técnico voluntario que contiene especificaciones de calidad, terminología, métodos de ensayo, información de rotulado, etc. Ver: http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.
aspx?ARE=0&PFL=14&JER=577
Ver: http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=14&JER=718Boletín del Abogado / Julio 2010Guías de Manejo Ambiental.- Documentos
de orientación expedidos por la Autoridad
Competente sobre lineamientos aceptables
para los distintos subsectores o actividades
de la industria manufacturera con la finalidad de propiciar un desarrollo sostenible.
En consideración a las características distintivas de cada subsector o actividad de la
industria manufacturera, la Autoridad Competente podrá preparar Guías de Manejo
Ambiental aplicables solamente a uno o más
A diferencia del Reglamento de la Ley General de Pesca, el Decreto Supremo Nº 00194-PE más bien le da el carácter de mandatorias a las Guías de Manejo Ambiental. A su
turno, la Ley General de Residuos Sólidos
Ley Nº 27314, no le da ninguna caracterización pudiendo ser mandatarias u orientadoras. No se desprende expresamente ninguna condición de la propia Ley8.
Artículo 21.- Guías de manejo
Las autoridades señaladas en la presente
Ley promoverán, a través de Guías, la adopción de los sistemas de manejo de residuos
sólidos que mejor respondan a las características técnicas de cada tipo de residuo, a la
localidad geográfica en la que sean generados, la salud pública, la seguridad del medio
ambiente, la factibilidad técnico-económica,
y que conduzcan al establecimiento de un
sistema de manejo integral de residuos
f.	Las normas jurídicas propiamente
exigibles (disposiciones normativas y
disposiciones resolutivas)
La distinción es importante, al seleccionar
las normas para una Auditoria Legal de
Base. Hay disposiciones por ejemplo Decretos Supremos que no norman aspectos8	generales, sino que “resuelven” situaciones
específicas y de otra parte hay Resoluciones Directorales que no resuelven sino que
norman, todo lo cual puede generar confusión al momento de hacer el seguimiento
ordinario y cotidiano para alimentar el sistema legal ambiental auditable de la empresa.
Por ejemplo, un Decreto Supremo mediante
el cual se aprueba una concesión se refiere a un caso concreto de un titular de derechos específicos, no a una situación general
mediante la cual se norman situaciones en
abstracto en la cual podrían encuadrar “n”
casos concretos, es decir que se traten de
una generalidad, no obstante que la norma
es de un rango mayor.la Autoridad
Competente podrá
preparar Guías de
solamente a uno o
más de éstos.La pregunta sería por ejemplo si se consigna
en el sistema una norma tipo Resolución Ministerial o Resolución de Alcaldía, mediante
la cual se sanciona a la empresa por algún
incumplimiento. Es una disposición resolutiva, que en realidad una vez se ejecute ya
deja ser invocable o de ser un referente de
seguimiento en cuanto al cumplimiento de la
normatividad, pues en realidad no es propiamente parte de la normatividad.El Reglamento no se pronuncia al respecto.9Boletín del AbogadoDERECHO TRIBUTARIO
Análisis tributario de las opciones
Miguel Ángel Torres Morales1
Abogado por la Universidad de Lima. Profesor en la Universidad de Lima en la
Cátedra de Impuesto a la Renta y Seminario de Tributación y en el Diplomado de
Pequeñas Empresas de ESAN.I. Introducción
Como es de conocimiento general, en los
últimos años, en nuestro país, se ha incrementado considerablemente la demanda de
viviendas, lo que ha generado que la construcción de departamentos, para su posterior
enajenación se convierta en una alternativa
interesante de negocios, no solo para las
empresas constructoras, sino también para
las personas no dedicadas a dicho rubro.Boletín del AbogadoEfectivamente, cada vez son más las personas que deciden efectuar la demolición de
su inmueble para construir en su lugar departamentos con el fin de venderlos.10Sin embargo, debido a que la construcción
de los departamentos requiere una fuerte inversión de dinero, usualmente las personas
buscan alternativas que les permitan abaratar los costos de la operación.
Es por ello que, a lo largo del presente artículo, señalaremos los principales efectos
tributarios que se generan respecto a las
alternativas más comunes que existen para
construir y vender departamentos.
Una vez analizadas las alternativas propuestas, señalaremos cuál es la alternativa más recomendable, desde el punto
de vista tributario para construir y vender
departamentos.1	II.	La enajenación de alícuotas para sujetarse a un proyecto de autocontrucción
En este supuesto, el propietario del inmueble enajena alícuotas del inmueble a personas que tengan la intención de adquirir futuros departamentos. Posteriormente, todos
los copropietarios del inmueble contratan a
un constructor para que se encargue de la
construcción del edificio y una vez construido, se adjudican los departamentos a cada
A este sistema se le conoce como autoconstrucción, pues los mismos propietarios
son quienes encargan la construcción del
edificio, no adquiriendo los departamentos
Teniendo en cuenta ello, a continuación analizaremos los principales efectos tributarios
que deberán tomarse en cuenta:
Como es de conocimiento general, el Impuesto a la Renta grava la ganancia de capital, entendiéndose como tal, a cualquier
ingreso que provenga de la enajenación de
Sin embargo, la ganancia de capital que obtenga el propietario del inmueble por la enajenación de las alícuotas del mismo, puedeCon la colaboración de Llanet Gáslac Sánchez, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.Boletín del Abogado / Julio 2010encontrarse exonerada del pago del Impuesto a la Renta o gravada con dicho tributo.
En efecto, cuando se efectúe la enajenación
de alícuotas del inmueble, la ganancia que
perciba el propietario del mismo, se encontrará gravada con el Impuesto a la Renta con
la tasa efectiva del 5% sobre la Renta Bruta
(ingreso neto menos costo computable), salvo que el Inmueble hubiese sido adquirido
antes del 01.01.2004 o califique como casa
habitación2.
Ahora bien, cuando se efectúe la adjudicación de los departamentos construidos, la
transferencia de las alícuotas a efectos de
realizar la independización de los departamentos entre los copropietarios constructores del edificio, no se encontrará gravado
con el Impuesto a la Renta3.
El Impuesto General a las Ventas (en adelante IGV), grava, entre otras operaciones, la2	3	4	5	6	primera venta de inmuebles ubicados en el
territorio nacional que realicen los constructores de los mismos, entendiéndose por “constructor” a cualquier persona que se dedique
en forma habitual a la venta de inmuebles4.
En ese sentido, cuando se efectúe la venta
de alícuotas del inmueble, no se encontrará gravada con el IGV, si el propietario no
califica como constructor, es decir si no es
habitual en la enajenación de inmuebles5.
Asimismo, cuando se efectúe la adjudicación
de los departamentos construidos, es decir,
cuando se transfiera las alícuotas entre los
copropietarios constructores de un edificio,
para efectos de que se adjudique los departamentos entre ellos, dicha adjudicación no
se encontrará gravada con el IGV6.
2.3. Impuesto de Alcabala
El Impuesto de Alcabala, grava la adquisición de bienes inmuebles urbanos o rústicos
a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su“Artículo 1°-A del Reglamento del TUO de la LIR.- Definición de casa habitación
Lo dispuesto en el acápite i) del último párrafo del Artículo 2° de la Ley, incluye a los derechos sobre
Artículo 1º del TUO de la LIR.- El Impuesto a la Renta grava:
(ii) Inmuebles, comprendidos o no bajo el régimen de propiedad horizontal, cuando hubieren sido adquiridos o
edificados, total o parcialmente, para efectos de la enajenación.
3) Los resultados de la venta, cambio o disposición habitual de bienes”.
“Artículo 3º del TUO de LEY del IGV.- Definiciones
Para los efectos de la aplicación del Impuesto se entiende por: (…)
e) CONSTRUCTOR:
Cualquier persona que se dedique en forma habitual a la venta de inmuebles construidos totalmente por ella o
que hayan sido construidos total o parcialmente por un tercero para ella.
Para este efecto se entenderá que el inmueble ha sido construido parcialmente por un tercero cuando este
último construya alguna parte del inmueble y/o asuma cualquiera de los componentes del valor agregado de la
Cabe señalar que, se considera habitual a aquella persona que por lo menos realice la venta de dos inmuebles
dentro de un período de 12 meses, debiéndose aplicar a partir de la segunda transferencia del inmueble.
“Artículo 2° del Reglamento del TUO de la LEY del IGV.- Para la determinación del ámbito de aplicación del
Impuesto, se tendrá en cuenta lo siguiente:
(…)11Boletín del AbogadoDERECHO TRIBUTARIO
forma o modalidad, inclusive las ventas con
reserva de dominio7, encontrándose obligados al pago del Impuesto, el comprador o
adquiriente del inmueble.tributarias que se deberán considerar para
tales efectos:En ese sentido, cuando se efectúe la venta
de alícuotas del inmueble, los adquirentes
de las alícuotas se encontrarán obligados a
efectuar el pago del Impuesto de Alcabala
hasta el último día hábil del mes siguiente de
efectuada la transferencia.El Impuesto a la Renta grava, entre otras,
las rentas que provengan de la realización
de actividades empresariales, es decir, de
aquellas actividades donde se combinen el
capital más el trabajo.Sin embargo, cuando se efectúe la adjudicación de los departamentos construidos,
la transferencia de las alícuotas entre los
para efectos que se adjudique los departamentos entre ellos, no se encontrará gravado con el Impuesto de Alcabala cuando califiquen como copropietarios originarios8,9.
III. Construcción de los departamentos
para su posterior enajenación
En este supuesto, el dueño del inmueble
construirá los departamentos y posteriormente efectuará la venta de los mismos a
terceros, quedándose con algunos de ellos.Boletín del AbogadoTeniendo en cuenta ello, a continuación
señalaremos las principales implicancias12	3.1. Impuesto a la RentaEn ese sentido, cuando se efectúe la venta de los departamentos, la ganancia proveniente de la enajenación de los mismos
efectuada por el constructor, se encontrará
gravada como rentas de tercera categoría
con la tasa del 30% sobre la Renta Neta.
Conforme ha sido señalado, el IGV grava, la
primera venta de inmuebles ubicados en el
territorio nacional que realicen los constructores de los mismos. Cabe señalar que, para
determinar la base imponible del impuesto
en la primera venta de inmuebles realizada
por el constructor, se excluirá del monto de
la transferencia el valor del terreno. Para tal
efecto, se considerará que el valor del terreno representa el 50% del valor total de la
transferencia del inmueble10.No constituye primera venta para efectos del Impuesto, la transferencia de las alícuotas entre copropietarios
7	Cabe precisar que, de conformidad con el artículo 22º de la Ley de Tributación Municipal, la primera venta
de inmuebles que realizan las empresas constructoras no se encuentra afecta al impuesto, salvo en la parte
correspondiente al valor del terreno.
8	“Artículo 27 de la Ley de Tributación Municipal.- Están inafectas del impuesto las siguientes transferencias:
g) Las de alícuotas entre herederos o de condóminos originarios”.
9	“Directiva Nº 001-006-00000012
24. Condóminos originarios
Son condóminos originarios aquellos sujetos sobre los cuales se inicia el régimen de copropiedad, cuyo
derecho de propiedad haya nacido al mismo tiempo, en un mismo acto y con el mismo título. Únicamente las
transferencias que se realicen entre ellos con posterioridad a la constitución de dicho régimen se encontrarán
inafectas al Impuesto.
La transferencia de la alícuota, o parte de ella, de un condómino originario a una sociedad conyugal integrada
por un condómino originario, se encuentra afecta al pago del Impuesto del Alcabala. (…)”.
10	Artículo 5° del Reglamento del TUO de la LEY del IGV.- “El Impuesto a pagar se determina mensualmente
deduciendo del Impuesto Bruto de cada período el crédito fiscal correspondiente; salvo los casos de la utiliza-Boletín del Abogado / Julio 2010En ese sentido, cuando se efectúe la venta de los departamentos efectuada por el
constructor de los mismos, se encontrará
gravada con el IGV sólo por la edificación
sin considerar el valor del terreno (50% del
valor total de la transferencia del inmueble).
3.3. Impuesto de Alcabala
De conformidad con el artículo 22º del TUO
de la Ley de Tributación Municipal, la primera venta de inmuebles que realizan las empresas constructoras no se encuentra afecta
al impuesto11 salvo la parte correspondiente
al valor del terreno, según autoavalúo12.
En ese sentido, el propietario del inmueble
calificará como “constructor” para efectos
del Impuesto de Alcabala, pues se dedicará
a la venta de inmuebles construidos totalmente por él o que hayan sido construidos
total o parcialmente por un tercero para él.
En base a lo expuesto, cuando se efectúe
la venta de los departamentos construidos
por el constructor, dicha venta se encontrará
inafecto al Impuesto de Alcabala, salvo en la
parte correspondiente al valor del terreno.IV. Venta del inmueble a un tercero y posterior adquisición de algunos
En este supuesto, el propietario del inmueble vende el mismo a un tercero con la condición que éste efectúe la construcción de
los departamentos y posteriormente le venda (como parte del pago) algunos de dichos
departamentos. Teniendo en cuenta ello, a
continuación analizaremos los principales
efectos tributarios que deberán tomarse en
4.1. Impuesto a la Renta
La ganancia de capital que perciba el propietario del inmueble proveniente de su
enajenación, se encontrará gravado con el
Impuesto a la Renta como renta de segunda
categoría, salvo que, el inmueble hubiese
sido adquirido con anterioridad al 01.01.2004
o califique como casa habitación.
Asimismo, cuando se efectúe la venta de
los departamentos, la ganancia proveniente
de dicha venta que obtenga el tercero constructor de dichos inmuebles, se encontraráción de servicios en el país prestados por sujetos no domiciliados y de la importación de bienes, en los cuales
el Impuesto a pagar es el Impuesto Bruto.
Para determinar la base imponible del impuesto en la primera venta de inmuebles realizada por el constructor,
se excluirá del monto de la transferencia el valor del terreno. Para tal efecto, se considerará que el valor del
terreno representa el cincuenta por ciento (50%) del valor total de la transferencia del inmueble”.
11	“Artículo 22 del TUO de la LEY de TRIBUTACIÓN MUNICIPAL.- La primera venta de inmuebles que realizan
las empresas constructoras no se encuentra afecta al impuesto, salvo en la parte correspondiente al valor del
12	“Directiva Nº 001-006-00000012
14. Base imponible en la primera venta de inmuebles realizada por las empresas constructoras.
a) La primera venta de inmuebles realizadas por las empresas constructoras sólo se encuentra gravada en la
parte correspondiente al valor del terreno, según autoavalúo.
b) Para efectos de la afectación parcial a que se refiere el inciso anterior, se considera empresa constructora
a las personas naturales o jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas, asociaciones en participación, comunidad de bienes, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial
que lleven contabilidad independiente, sociedades irregulares, patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras, los fondos mutuos de inversión en valores, que realicen actividad empresarial dedicada a la venta
de inmuebles construidos totalmente por ella o que hayan sido construidos total o parcialmente por un tercero
para ella. A tal efecto, se entenderá que el predio ha sido construido parcialmente por un tercero cuando este
último construya alguna parte del predio y/o asuma cualquiera de los componentes del valor agregado de la
construcción. (…)”.13Boletín del AbogadoDERECHO TRIBUTARIO
gravado como rentas de tercera categoría
con la tasa del 30% sobre la Renta Neta13.
4.2. Impuesto General a las Ventas
Conforme lo hemos señalado, la primera
venta de inmuebles ubicados en el territorio
nacional que realicen los constructores de
los mismos, se encuentra gravado con IGV.
Cabe señalar que, para determinar la base
imponible del IGV se excluirá del monto de
transferencia del inmueble. En ese sentido,
cuando se efectúe la venta del inmueble, no
se encontrará gravado con el IGV, pues el
enajenante no tendría la calidad de constructor. Mientras que, cuando se efectúe la venta
de los departamentos, la misma se encontrará gravado con el IGV sólo por la edificación
valor total de la transferencia del inmueble).Boletín del Abogado4.3. Impuesto de Alcabala14Conforme lo hemos señalado, el Impuesto de
Alcabala, es impuesto que grava las transferencias de propiedad de los bienes inmuebles. En ese sentido, el tercero adquirente
del inmueble deberá efectuar el pago del
Impuesto de Alcabala. Sin embargo, cuando
el propietario del inmueble efectúe la compra
de los departamentos, no se encontrará obligado a efectuar el pago del Impuesto, toda
vez que, la norma establece que la primera
venta de inmuebles que realizan las empresas constructoras no se encuentra afecta al
impuesto, salvo la parte correspondiente al
valor del terreno, según autoavalúo.
Consideramos que la alternativa más recomendable, desde el punto de vista tributario,para construir y vender departamentos, es
la autoconstrucción (alternativa analizada
en el punto II del presente Artículo), por lo
	Si bien, la ganancia que el propietario delinmueble obtenga por la transferencia de
alícuotas del referido inmueble a los futuros adquirentes de los departamentos
se encontraría gravada con el Impuesto
a la Renta (salvo que el inmueble hubiese sido adquirido antes del 01.01.2004 o
califique como casa habitación), una vez
terminada la obra, la ganancia por la adjudicación de los departamentos entre los
copropietarios del inmueble no se encontraría gravado con el Impuesto, en la medida que la adquisición de la alícuotas se
hubiera efectuado en proporción al valor
del departamento.	La venta de las alícuotas del inmueble querealice el propietario del inmueble a los futuros adquirentes de los departamentos y
la transferencia de alícuotas entre los copropietarios a efectos de adjudicarse entre ellos los departamentos, una vez que
estos han sido construidos, no se encontrará gravada con el IGV.	Si bien la transferencia de alícuotas delinmueble a los futuros adquirentes se encontrará gravada con el Impuesto de Alcabala, cada uno de los adquirentes podrá
deducir de la base imponible del Impuesto
un monto equivalente a 10 UIT.	La transferencia de alícuotas entre loscopropietarios del inmueble a efectos de
adjudicarse los departamentos entre ellos
se encontrará inafecta del Impuesto de
Alcabala en la medida que los copropietarios califiquen como originarios, es decir,
si han adquirido las alícuotas del inmueble
en un mismo acto y con un mismo título.13	Artículo 3º del TUO de la LIR.- “Los ingresos provenientes de terceros que se encuentran gravados por esta
ley, cualquiera sea su denominación, especie o forma de pago son los siguientes:
En general, constituye renta gravada de las empresas, cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones
con terceros, así como el resultado por exposición a la inflación determinado conforme a la legislación vigente”.Boletín del Abogado / Julio 2010La Interculturalidad desde
Abogado. Profesor Principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Master en Ciencias Sociales, PhD in Laws.El mundo está poblado por diferentes
grupos sociales o culturales. Un grupo
social y/o cultural es aquel integrado
por dos o más personas que comparten una
identidad común basada en la lengua, tradiciones, medio de vida, valores, normas y
conocimiento en general. De acuerdo a esta
definición, podemos entender que el mundo
se integra de miles o millones de grupos sociales y/o culturales.
La UNESCO, a través de su Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo ha reconocido
esa diversidad mundial. Si bien la UNESCO
no se refiere a grupos sociales y/o culturales en los términos señalados, sí usa los
términos “pueblos”, “culturas” o “sociedades
diferentes” connotando una unificación mayor. En su informe del año 1997, denominado “Nuestra Diversidad Creativa”, la Comisión llega a identificar en el mundo 10,000
sociedades diferentes distribuidas en 200
Estados (UNESCO, 1997: 11). Desde esta
diversidad, la UNESCO llama a las autoridades del mundo primero para reconocerla y,
segundo, para hacer posible la convivencia
mundial y evitar los conflictos y las guerras.
Esta diversidad de sociedades o grupos
sociales y/o culturales ha tenido también
un tratamiento especializado desde el Derecho. Una primera aproximación ha estado centrada en el concepto de pluralismo
jurídico, seguidamente la discusión se ha
centrado en el concepto de interlegalidad o
dicotomías legales que para efectos del presente ensayo identificamos como interculturalidad legal. Veamos a continuación estas
aproximaciones.La diversidad desde el Pluralismo Jurídico
El pluralismo jurídico es un instrumento metodológico más que una teoría (Peña 2001)
que nos permite acercarnos a la realidad jurídica de países con diversos grupos sociales
y/o culturales. Siguiendo a Sally Engle Merry (1988), quien sistematiza las definiciones
de Posposil (1971), Griffiths (1986) y Moore
(1973), el pluralismo jurídico es “la coexistencia de dos o más sistemas jurídicos en un
mismo espacio social” (Merry, 1988: 870).
De la definición citada importa definir qué
es sistema jurídico. Un sistema jurídico es
un conjunto de normas, principios y procedimientos que identifica un grupo social y/o
cultural, una sociedad o un Estado. El Estado
es aquel que cuenta con un sistema jurídico
formal u oficial. Pero además, retomando la
definición de pluralismo jurídico, los diversos
grupos sociales y/o culturales que ocupan
el territorio del mismo Estado, también tienen un sistema jurídico que coexisten con
el del Estado. Por ejemplo, las Comunidades Aymaras del Sur Andino (Peña, 2000) o
las Comunidades Aguarunas del Amazonas
(Peña, 2009) comparten un sistema jurídico
al interior de sus comunidades, que a su vez
coexiste con el sistema jurídico del Estado.
A esta coexistencia de hecho es lo que se
denomina pluralismo jurídico.
La diversidad desde la inter-legalidad o
interculturalidad legal
Tratando de explicar más detalladamente
la situación de pluralismo jurídico de los diversos sistemas jurídicos del territorio de un
Estado determinado, algunos autores como15Boletín del AbogadoSOCIOLOGÍA DEL DERECHO
Santos (1987), Hoekema (2004) y Chiba
(1987) resaltan que los sistemas jurídicos
además interactúan unos a otros, y que en
esta interacción se enriquecen, se contradicen y se transforman. En efecto, ello ocurre
con el mismo ejemplo de las Comunidades
Aymaras y Aguarunas, que dentro de su
sistema jurídico incorporan elementos del
sistema jurídico del Estado como el de la
sanción de multa (pecuniaria), en lugar de
castigos físicos, para la mayoría de infracciones o faltas que ocurren en sus comunidades. A este proceso de interacción de sistemas jurídicos se denomina interlegalidad,
dicotomías legales o, en otros términos, interculturalidad legal.Boletín del AbogadoMasaji Chiba particularmente, desde una
perspectiva del Derecho No-Occidental, desarrolla estos conceptos distinguiendo tres
dicotomías: la dicotomía entre el Derecho
Oficial y el Derecho No Oficial, la dicotomía
entre los Postulados Legales y las Normas
Legales propiamente dicha, y la dicotomía
del Derecho Transplantado y el Derecho Indígena (1987: 177-180). En estas dicotomías
el autor identifica Derechos de los diversos
grupos sociales o culturales que interactúan
contradiciéndose y complementándose dentro de un mismo espacio social o respetando
sus propios espacios sociales.16Esta definición pone énfasis en los efectos
de la propia coexistencia de los diversos sistemas jurídicos de un territorio determinado.
Dado que todo sistema jurídico es dinámico,
en su coexistencia interactúan uno y otro
compartiendo de uno a otro elementos de
sus respectivas culturas legales, lo que a
su vez necesitan para su propio desarrollo.
Para ello, adaptan o se nutren de los elementos que les conviene o que consideran
apropiados de un grupo a otro grupo.
3.	¿Cómo se aplican estos conceptos en el Perú, a los pueblos andinos y
amazónicos?
En el Perú, como en la mayoría de países
del mundo, se vive un contexto de pluralismojurídico que, a su vez, es de interculturalidad
legal. Hay diferentes grupos sociales y/o
culturales o sociedades que tienen sus sistemas jurídicos e interactúan entre ellos y/o
con el del Estado.
Así, cada comunidad andina, como cada
comunidad amazónica tienen un sistema jurídico que coexiste e interactúa entre ellos y
con el del Estado. En esta relación, el Estado ha reconocido formalmente como PERSONAS JURÍDICAS a las comunidades bajo
el nombre de “comunidades campesinas” y
“comunidades nativas”. Este reconocimiento
se da en la Constitución Política del Perú,
que es la norma suprema de todo el sistema
jurídico del Estado, específicamente en el
artículo 89º de la Constitución.
“Artículo 89.- Comunidades Campesinas y
“Las Comunidades Campesinas y las Comunidades Nativas tienen existencia legal y
son personas jurídicas.
Este tipo de reconocimiento constitucional
incluye a dos tipos de comunidades: a las
comunidades que formalmente se registran
ante la oficina correspondiente del Estado
(personas jurídicas como tales), y a las comunidades que existen de hecho, más allá
de un reconocimiento formal (personas jurídicas de hecho). Entre estas últimas, se
incluye: los caseríos, anexos, centros poblados, parcialidades, etc.
El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre “pueblos indígenas o tribales en países independientes”
da un mayor reconocimiento a las comunidades andinas y amazónicas peruanas. El
convenio las identifica con la denominación
de “pueblo indígena” o “pueblo tribal”. Este
convenio que tiene rango constitucional y
del cual el Perú es parte, reconoce a todo
pueblo “indígena” o “tribal” sin distinguir entre los reconocidos o no formalmente por el
Estado. El convenio solo exige que el puebloBoletín del Abogado / Julio 2010tenga identidad “indígena” o “tribal” y se afirme como tal por descender de pueblos precoloniales: “Los pueblos [son] considerados
indígenas por el hecho de descender de
poblaciones que habitaban en el país (…)
en la época de la conquista o colonización
(…)” (artículo 1º de la Convención 169 OIT).
Esta apreciación es confirmada por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos indígenas, aprobada el año 2007.
Bajo estos criterios, encontramos en el Perú
una diversidad de grupos sociales y culturales que comparten un propio sistema jurídico pero que también interactúa con otros
sistemas jurídicos. Sin embargo este es un
proceso aún en desarrollo, con un limitado
reconocimiento en la práctica. Las autoridades políticas, como los magistrados, aún se
resisten a reconocerlo plenamente. A pesar
de ello, es cada vez mayor la tendencia de
ese reconocimiento basado además en los
artículos 149º y 2º, inciso 19, de la misma
Ansión, Juan; y Tubino, Fidel (Editores) (2007):
Educar en ciudadanía intercultural. Experiencias y retos en la formación de estudiantes
universitarios indígenas. Lima: Fondo Editorial
PUCP, RIEI y Universidad de la Frontera.
Chiba, Masaji (1987): “Three dichotomies of law
in pluralism”, in Tokai Law Review, Tokio, Nº1.
Griffiths, John (1986): “What is Legal Pluralism?, Journal of Legal Pluralism, Nro. 24.
Hoekema, André (2004): “The reconstruction
and codification of customary law by indigenous leadership: the making of inter-legality”.
Paper presentado al XIV Congreso Internacional de la Commission on Folk Law and Legal
Pluralism. Fredericton, New Brunswick, Canada. Agosto 2004.
Merry, Sally Engle (1988): “Legal Pluralism”,
En Revista Law and Society Review, 22 (5).
Moore, Sally Folk (1973): “Law and social
change: the semi- autonomous social field asan appropriate subject of study”, en Law and
Society Review, pp. 719- 746.
Peña Jumpa, Antonio (2000): “Poder Judicial
Comunal Aymara: alternativa de paradigma en
la reforma judicial del Sur Andino”. En Revista
El Otro Derecho, Nro. 25, Bogotá: ILSA, pp.
51-107.
Peña Jumpa, Antonio (2001): “Un análisis socio-antropológico del Derecho para el Perú”,
en Revista Foro Jurídico, Nro. 1, Lima: PUCP.
Peña Jumpa, Antonio (2009): “La Justicia Comunal Aguaruna en el Alto Marañón”. En: Multiculturalidad y Constitución: el caso de la Justicia Comunal Aguaruna en el Alto Marañón,
Lima: CEC, pp. 29-101.
Posposil, Leopold (1971): Anthropology and
law: a comparative theory. Nueva York: Evanston; San Francisco y Londres: Harper and Row
Santos, Boaventura de Sousa (1987): “Law A
Map of Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law”, en Journal of Law and Society,
Nº 14, Montreal, Quebec (Canadá), 1987, pp.
UNESCO Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo (1997): Informe Nuestra Diversidad
Creativa. Madrid: UNESCO y Fundación Santa
Constitución Política del Perú del año 1993,
Edición de César Landa y Ana Velasco, Lima:
PUCP, 2007.
Convenio 169 sobre “Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes” suscrito el
año 1989, Ginebra: Organización Internacional
del Trabajo (OIT), versión de la Defensoría del
Pueblo del Perú y Fondo Indígena, 2005.
Convención Americana de Derechos Humanos, de San José de Costa Rica, suscrito el
Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada
el 13 de setiembre de 2007.17Boletín del AbogadoDERECHO INTERNACIONAL
Cuidado: ¡Derecho Internacional
Magíster en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor Contratado del Departamento de
Derecho de esta Universidad, donde dicta materias de Derecho Internacional Público en la Facultad
de Derecho y en la Maestría de Derecho Internacional Económico.ABoletín del Abogadogradezco la oportunidad que me brinda el Colegio de Abogados de Lima
para tratar con mis colegas especialistas en Derecho Interno sobre una materia
que no es tan visible en el día a día, pero
que tiene grandes influencias que poco a
poco se comenzarán a sentir, sobre todo por
los compromisos adquiridos por nuestro Estado en materia de libre comercio. Me refiero
al Derecho Internacional Público.18Este ordenamiento se desarrolla en paralelo al derecho nacional y en determinados
momentos se encuentran, y cuando esto
sucede se pueden generar relaciones esquizofrénicas con respecto a un mismo hecho.
Es posible que misma situación sea completamente legítima y amparable legalmente
para el Derecho Interno y al mismo tiempo
sea antijurídica y deba ser penada para el
Derecho Internacional. El resultado de esta
confrontación siempre será favorable para el
Derecho Internacional a este nivel, pues en
su ámbito de aplicación siempre prevalece
El presente ensayo tiene como finalidad
exponer la existencia de este derecho y su
poder, que jurídicamente ha erosionado la
soberanía estatal. Especialmente en tres
aspectos: la existencia de la Costumbre
Internacional, la importancia de las normas
con naturaleza erga omnes y de ius cogens1	2	3	y, finalmente, la figura de la Responsabilidad
Por muchos años, la soberanía estatal ha
sido considerada como la piedra angular de
las relaciones internacionales1. Los Estados
eran todos poderosos y dentro de sus territorios podían realizar todo lo que se les antojara sin que los demás tuvieran derecho a
recriminárselos.
Esta regla fue perdiendo fuerza con el tiempo y no en virtud de una norma superior,
sino por decisión de los mismos Estados
que fueron dándose cuenta que en el mundo no estaban solos y que en la convivencia
debían ceder ciertas prerrogativas para obtener beneficios. Los Estados fueron autolimitando su soberanía.
Dentro de este proceso nació una norma
muy importante que ha alcanzado la naturaleza de norma consuetudinaria (veremos la
definición de las mismas más adelante), nos
referimos al pacta sunt servanda2. En virtud
de esta norma, los acuerdos entre Estados
deben ser cumplidos de buena fe3.
Como efecto de lo anterior, lo acordado a
nivel internacional debe ser cumplido, de lo
contrario se incurrirá en responsabilidad. Por
lo tanto, no valdrá incumplimientos, tampocoDaillier, Patrick y Allan Pellet. Droit International Public. 7ª. ed. París: L.G.D.J., 2002. p. 423.
Puede profundizarse más al respecto en: Villiger, Mark E. Commentary on the 1969 Vienna Convention on the
Law of Treaties. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009. p. 363 y siguientes. Esta norma ha sido recogida en la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en la Carta de Naciones Unidas (artículo 2.2).
Shaw, Malcolm N. International Law. 4ª. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. p. 633.Boletín del Abogado / Julio 2010será posible alegar el cumplimiento de una
disposición de derecho interno como excusa
para no cumplir con el Derecho Internacional4. En el plano supra-estatal el derecho
internacional no puede ser contrariado por
Por ello el Estado debe ser muy cauteloso
de las obligaciones que contrae a nivel internacional y determinar si podrá cumplirlas
antes de aceptarlas. Para ello es pertinente
un control de legalidad y constitucionalidad
previo5. Más aún porque, a nivel interno, la
Constitución es la norma suprema y ninguna
norma podrá contrariarla.La Costumbre
tratado, no necesita
para vincular a
Esto es claro en
generales.4	5	6	7	8	Recordemos que en el caso Peruano, siguiendo al artículo 55º de nuestra Constitución los tratados internacionales vigentes
son parte de nuestro ordenamiento, pero
ella no indica qué rango tienen. De la interpretación de las disposiciones sobre el
Proceso de Inconstitucionalidad, se puede
argumentar que estos tienen rango legal
(con excepción de aquellos que regulan derechos humanos6).
Por lo tanto, es posible que las disposiciones de un tratado sean declaradas inconstitucionales y no ser cumplidas, mientras que
a nivel internacional la obligación de cumplirlas sigue manteniéndose incólume y otro
Estado podría requerir su cumplimiento.
2.	Normas consuetudinarias y soberanía
El tema abordado anteriormente es fácil de
comprender desde el punto de vista de la
soberanía, los tratados son acuerdos de voluntades por los cuales los Estados restringen su soberanía. Sin embargo, los tratados
no son la única fuente de derecho internacional que debe cumplirse imperativamente
en derecho internacional7.
Las normas consuetudinarias son el producto de la Costumbre Internacional, que es a
su vez una fuente del derecho internacional8.
La Costumbre Internacional, a diferencia del
tratado, no necesita de una manifestación
expresa del consentimiento para vincular a
los Estados. Esto es claro en las costumbres internacionales generales donde la única forma de que la norma consuetudinariaArtículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.
El Tribunal Constitucional ha reconocido esta necesidad en su sentencia del 05 de Febrero de 2010, sobre el expediente N.º 00002-2009-PI/TC, referente a la nulidad del Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile. F.J. 88.
Tribunal Constitucional del Perú. Exp. Nº 0025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC“Colegio de Abogados de Arequipa y el Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima, contra el artículo 22, inciso c), de la Ley N.º 26397,
Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura”F.J Nº 26 y 32.
Ver al respecto el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
Las normas más importantes de este ordenamiento son principalmente al tratado y a la costumbre, así ha sido
considerado por la doctrina por lo menos entre 1970 y la actualidad (Rousseau, Charles. Droit International
Public. Paris: Sirey, 1970; 1970 p.58), (Brownlie, Ian; Principles of International Law. Sixth edition. Oxford:
OXFORD. 2003; p. 3) y (Cassese, Antonio; International Law (2ed). Oxford: OUP; 2005; p. 183).19Boletín del AbogadoDERECHO INTERNACIONAL
no le sea aplicable al Estado es mediante la
oposición persistente a la práctica, antes de
que esta se haya configurado como tal.
Es preciso recordar que la costumbre internacional es una práctica reiterada en un determinado espacio y tiempo, que se realiza
justamente por que se considera obligatoria.
Dicho de otro modo, la costumbre requiere
de dos elementos, uno objetivo que se compone de la generalidad en el espacio y la
reiterancia en el tiempo; y otro subjetivo que
consistente en la conciencia de la obligatoriedad de la practica (opinio iuris)9.
Este supuesto nos lleva a pensar en normas
internacionales de obligatorio cumplimiento
a las cuales el Estado puede no haber expresado su consentimiento expresamente
e incluso no haber adecuado su normativa
interna a ellas.
3.	Normas erga omnes y de ius cogensBoletín del AbogadoAdemás de existir como normas internacionales, éstas pueden tener también características especiales que las distinguen de las
normas internacionales comunes. Es el caso
de las normas con naturaleza erga omnes y
de ius cogens.20En ambos casos, además de haber nacido
de una de las fuentes de derecho internacional, especialmente de la costumbre, las
primeras son obligaciones que tiene el Estado con todos los demás Estados de la
Comunidad Internacional10. Por lo tanto, no9	10	11	12	13	sólo la víctima del incumplimiento directo de
la norma podrá reclamar que se actúe de
acuerdo con ella, sino cualquier miembro de
Ello genera un paso importante de una
responsabilidad bilateral a una multilateral,
cualquier Estado tiene legitimidad para demandar el cumplimiento de una norma erga
omnes, haya sido este víctima directa o material de su incumplimiento, o incluso aún sin
serlo, pues tiene un legítimo interés.
Las normas de jus cogens, por otro lado,
no sólo son erga omnes, también tienen la
peculiaridad de que no se puede pactar en
contra de ellas, pues de hacerlo el tratado
será nulo y nunca generará efectos.
Mucho se ha especulado con las normas
de jus cogens, el poco dominio sobre la materia y la tendencia de relacionarlas con la
lógica constitucional del derecho interno ha
llevado a atribuirles características que no
poseen11.
La única consecuencia de que nos encontremos ante una norma de jus cogens a nivel
internacional es que no permitirá el pacto en
contrario, que de hacerlo el acuerdo será
nulo12 o, si la norma aparece luego de que
el tratado estaba en vigor, este terminará13 y,
además, en el campo de la responsabilidad
se dan invocaciones especiales al resto de
Estados para que cooperen en lograr el fin
de la violación de la norma y no reconozcan como lícita una situación producida de“Not only must the acts concerned amount to settled practice, but they must also be such or be carried out
in such a way, as to be evidence of a belief that this practice is rendered obligatory by the existence of a rule
of law requiring it. The need for such a belief, i.e. the existence of a subjective element, is implicit in the very
notion of the opinio juris sive necessitatis. The states concerned must therefore feel that they are conforming
to what amounts to their legal obligation. The frequency or even habitual character of the acts is not in itself
enough”. En: Corte Internacional de Justicia, North Sea Continental Shelf , ICJ Reports, 1969, para. 74 y 77.
Ver la Sentencia de la Corte internacional de Justicia en el Caso de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited. Sentencia del 5 de febrero de 1970, frente a la nueva demanda de 1962. parágrafos 33 y 34.
Hemos desarrollado este tema con más detenimiento en el artículo “Ius cogens ¡si supieras lo que se dice de
tí!”. En: Foro Jurídico, Revista Editada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, Nº 10. Lima, 2010.
Artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.
Artículo 64 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.Boletín del Abogado / Julio 2010esta manera, menos aún prestar asistencia
para mantenerla14. En el caso de las normas
consuetudinarias, es cierto que si además
son ius cogens, es posible que la oposición
a las mismas pueda devenir en inválida por
la imperatividad que ellas significan. Pero
en líneas generales, las normas de ius cogens, al igual que las erga omnes, así como
cualquier otra norma de derecho internacional debe ser respetada o cumplida, pues lo
contrario implicará la Responsabilidad Internacional y la consecuente obligación de
4.	La Responsabilidad Internacional
El ordenamiento internacional es marcadamente auto-compositivo. Depende de las
partes el solucionar sus controversias y de
manera pacífica. Ello por que no se estructura alrededor de un “Poder Judicial” centralizado. La herramienta básica para el respeto
del Derecho Internacional es sin duda la figura de la Responsabilidad Internacional que
se basa en el Hecho Ilícito Internacional.
En base a lo anterior, toda violación de una
norma internacional que pueda ser atribuible
al Estado debe cesar y el autor de la misma
debe reparar las consecuencias de la misma
mediante la reparación que puede consistir
en una restitución, una indemnización o una
satisfacción15.
Por lo tanto, la violación de cualquier norma, convencional o consuetudinaria, puede
significar la reparación por parte del Estado
mediante cuantiosas sumas de dinero. Ello
incluso aunque para el Derecho Interno el
constituya una regla de cumplimiento obligatorio, porque, por ejemplo, una ley posterior
al tratado así lo mande.Ejemplos de lo anterior se han dado en materias de Derechos Humanos, donde malas
prácticas estatales han tenido como consecuencia grandes reparaciones (que incluso
pueden no satisfacer el daño a la dignidad
de los seres humanos). También pueden
darse en materia comercial.Toda violación de una
norma internacional que
pueda ser atribuible al
Estado debe cesar y el
autor de la misma debe
reparar las consecuencias
de la misma mediante
la reparación que
una restitución, una
indemnización o una
La respuesta al problema anterior puede
consistir en tener una política preventiva.
Incluso a partir de una política judicial, el
Tribunal Constitucional, consciente del perjuicio que constituiría incumplir una Obligación Internacional, puede decidir realizar
interpretaciones de la norma internacional e
interna en aras de la coherencia16.
Sin embargo, cualquiera de las soluciones
clama porque los especialistas en Derecho
Interno y los internacionalistas trabajemos
en conjunto.14	Artículo 41 Proyecto de Artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos.
Adoptado por la Comisión de Derecho Internacional en su 53º período de sesiones (A/56/10) y anexado por la
Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 56/83, de 12 de diciembre de 2002.
15	Proyecto de Artículos sobre responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos. Ibid.
16	Ver por ejemplo, la ya citada sentencia del 05 de Febrero de 2010, sobre el expediente Nº 00002-2009-PI/TC,
referente a la nulidad del Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile.21Boletín del AbogadoDERECHO MINERO
La Minería: ¿desarrollo o conflicto
Manuel Antonio Espinoza Ramos
Abogado por la Facultad de Direito do Largo de Sao Francisco, Universidade de Sao Paulo. Magister
en Administración y Gestión Publica con mención en Defensa Nacional por el Centro de Altos Estudios
Nacionales (CAEN). Profesor de Derecho Constitucional en la Escuela Militar de Chorrillos. Actualmente se
desempeña como Asesor Legal de Minera Serminor SAC y Gerente General de Minera Mazayo MR SAC.EBoletín del Abogadon principio, la Minería y los Conflictos
Sociales, serían dos aspectos que no
tendrían relación entre sí, pero con el
transcurrir del tiempo; y, más que nada, por la
negligencia de todos los actores involucrados
en la actividad minera, es que se han distorsionado los efectos y beneficios que produce
esta actividad económica, diciéndose que genera más efectos negativos que positivos en
la población aledaña a las concesiones mineras. Primero, debemos tener en claro un par
de aspectos: ¿Qué es un contrato minero?:22Partiendo de la definición de Contrato en
general, podemos señalar que el Contrato
Minero es un acuerdo entre dos o más partes que tiene como finalidad la exploración
y explotación de los recursos mineros con
un provecho de carácter económico a partir
de uno de los mecanismos de privatización
de empresas: la concesión minera. Un elemento importante para la realización de los
mismos es la aplicación supletoria del cumplimiento de las normas jurídicas mineras y
ambientales, así como de las civiles, comerciales y empresariales.
De la última parte de esta definición de
Contrato Minero, podemos resaltar algunas
conclusiones: uno de los requisitos para
que este tipo de contrato tenga validez, es
cumplir con ciertas formalidades que están
estrictamente establecidas en los diferentes
textos legales de nuestro país (Ley General
de Minería, Código Civil, Penal, y normas laborales y ambientales); y, es precisamente
esto lo que convierte a las compañías mineras en partícipes de varios conflictos mineros. No solo tiene que cumplir con lo exigido
por la ley, sino que para lograr ese objetivo,debe satisfacer los requerimientos de un tercer actor que no estaba en su planeamiento
original: la población civil.
Las diversas comunidades que viven en los
alrededores de las concesiones mineras,
por lo general son poblaciones que han sido
olvidadas por los distintos gobiernos de turno, como por sus autoridades locales. Esto
tiene como consecuencia, el nacimiento de
un cierto resentimiento hacia las autoridades gubernamentales y ven con desconfianza el hecho que un extraño venga a ocupar
sus tierras, lo ven con cierta desconfianza, y,
para dejarlos trabajar, les obligan a cumplir
con satisfacer las necesidades de su pueblo
que nunca han sido atendidas por las distintas autoridades.El Contrato Minero es un
acuerdo entre dos o más
partes que tienen como
finalidad la exploración y
mineros con un provecho de
carácter económico¿Qué es una crisis social?	“En la época post-industrial, la vida no se
concibe sin CRISIS. La sociedad moderna
es una sociedad de y en riesgo, en la que
predomina el discurso de la crisis: crisis de
valores, crisis internacional, crisis económica, crisis de identidad, crisis de motivación…CRISIS DEL MANEJO DE CRISIS.Boletín del Abogado / Julio 2010No obstante, el entendimiento colectivo sobre riesgos y crisis parece estar en aprietos,
ante la evidente diversidad y disparidad de
concepciones y percepciones”1.
Para entender mejor lo que son las crisis
sociales, encontramos unas reflexiones de
la especialista en Análisis y Administración
de Conflictos, Myriam Cabrera, al respecto:
“Las crisis sociales no son objetos que se
pueden moldear al gusto de sólo algunos
de los involucrados, sino procesos de relacionamiento entre individuos y grupos sociales”. Aquí debemos hacer hincapié en un
error que siempre comete el Estado, cuando
quiere tratar de solucionar estos conflictos:
piensan que ellos sólo reflejan el pensamiento de algunos pocos o que el accionar
violentista de la población refleja el sentimiento de algunos y no de toda la población
o lo hacen con un afán político.
Cuando el Estado parte de una concepción
equivocada acerca de cómo se origina un
conflicto, en las comunidades que viven
alrededor de una concesión minera, los siguientes pasos que darán, serán necesariamente errados. Esto incluye también a las
empresas mineras, por lo general extranjeras, que no conocen cuál es la realidad política, social y/o económica de nuestro país.
Es una carencia de Comunicación Intercultural entre ambos personajes: las mineras
extranjeras y la población civil. “Lo que debería hacerse para evitar malos entendidos
en los procesos comunicativos entre ambos,
es enfatizar las interacciones -cara a caraentre personas de diferentes culturas y la
reparación de rupturas en la comunicación,
mediante técnicas para manejar la ansiedad, el estrés y la incertidumbre”2. Una de
las soluciones que se propone es capacitar,
antes del surgimiento de las crisis, a todos1	2	los actores en técnicas de análisis y manejo de crisis-proactivas más que reactivas y
conciliatorias más que confrontacionales.
Otra de las soluciones posibles es mantener
una estrecha comunicación entre empresas
extranjeras, el Estado Peruano (autoridades
locales, regionales) y los representantes de
Si consideramos que para el inicio de las
actividades mineras, es necesaria la firma
de diversos contratos, debemos tener en
claro, que para poder alcanzar este objetivo, debemos cumplir con una serie de deberes y obligaciones, para que todo funcione
1.	Mantener una estrecha comunicación
entre Estado Peruano, Inversionistas
Extranjeros y Población Civil.
2.	Amplia capacitación a todos los actores
para el manejo y resolución de conflictos
3.	Reglas claras y precisas en el procedimiento que lleve a la firma de un Contrato Minero.
4.	El Estado Peruano debe tener mayor
presencia en zonas alejadas del país, de
manera especial las que se encuentren
en los alrededores de las concesiones
5.	Las poblaciones civiles deben recibir
mayor información y participar de forma
efectiva en la toma de decisiones de sus
6.	Cumplimiento de todas las formalidades
judiciales y administrativas para la firma
de los Contratos vinculados a la actividad
minera, con presencia de representantes
del Estado, Empresa Minera y Población
Civil.Cabrera, Myriam. “Guía para el manejo de crisis y la comunicación de crisis – las industrias extractivas y las
crisis sociales”. Proyecto de Reforma del Sector de Recursos Minerales del Perú. Lima, 2008.
Cabrera, Myriam. “La comunicación y la administración de conflictos – implicaciones para el sector extractivo”.
Proyecto de Reforma del Sector de Recursos Minerales del Perú. Lima, 2008.23Boletín del AbogadoDERECHO INTERNACIONAL
La Declaración de Santiago de 1952 y el método de
delimitación marítima por el paralelo como criterio
de excepción sólo para el caso peruano-ecuatoriano
Abogado Internacionalista. Decano de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales
de la Universidad Tecnológica del Perú. Profesor de Política Internacional en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Profesor de Derecho Internacional y Derecho del Mar en la Academia Diplomática
del Perú.EBoletín del Abogadocuador ha sido notificado por la Corte Internacional de Justicia para que,
de conformidad con el artículo 63º del
Estatuto de dicha instancia judicial de las
Naciones Unidas, decida si participa en calidad de interviniente en el proceso que Perú
sigue contra Chile en La Haya por la controversia de delimitación marítima. La respuesta soberana de Quito no podrá ir más
allá del 11 de julio de 2011, fecha en que
además Chile deberá alcanzar a la Corte la
dúplica que le asiste –antes el Perú entregará su réplica en noviembre de este año-, de
acuerdo al orden de presentación de las piezas correspondientes a la etapa escrita del
juicio, fase que, además, es eminentemente
confidencial.24El Presidente Rafael Correa planteó a su
homólogo peruano, Alan García “…dejar por
escrito…” aquello que ha sido una lectura
permanente en ambos países: que no tienen
problemas de delimitación marítima. García
ha entregado una carta en ese sentido y
dicho documento de connotación políticojurídica es absolutamente válido porque los
actos presidenciales son actos de Estado y
en consecuencia comprometen una responsabilidad estatal, así está consagrado en
el Derecho Internacional. La pretensión de
Santiago de querer restarle la importancia
y la validez que comporta la referida carta
estriba casi a mérito de manotazo de ahogado, en el hecho que Ecuador y el Perú
habrían confirmado lo que las diplomacias
de ambos países han sostenido a tono de letanía en el sentido que entre ellos no existenproblemas de límites marítimos en virtud de
la aceptación del criterio de la delimitación
marítima por el paralelo en la frontera entre
ambos países por la premisa condicional de
la existencia de islas. A la carta de García
deberá seguirle en el momento oportuno la
suscripción de un tratado de límites marítimos entre ambos ambos países y por el cual
Lima y Quito deberán efectivizar mediante
un acto ad solemnitatem el referido criterio
acordado. Ecuador tiene en la respuesta
confirmatoria del Perú la tranquilidad para
descartar cualquier participación en el juicio
de La Haya, con lo cual deberíamos concluir
que la tesis que sostiene en la ciencia política que entre Estados sólo hay intereses
se pondrá en evidencia una vez más y ello
coadyuvará a que los argumentos peruanos,
que son muy sólidos, lo sean más aún.
Pero ¿cómo es que aparece Ecuador en
este escenario de litigio peruano-chileno en
La Haya? Conviene retrotraernos a 1952.
Fue en el marco de la Primera Conferencia
sobre Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur a la cual
habían sido invitados por Chile tanto Perú
como Ecuador con el objeto de evaluar los
problemas originados por la caza de ballenas en aguas del Pacífico Sur y la industrialización de sus productos, así como eventualmente adoptar acuerdos, que los tres países
firmaron en la capital chilena la célebre Declaración de Santiago, el 18 de agosto de
1952. Dicha declaración estableció como
norma de la política internacional marítima de Chile, Ecuador y Perú la soberaníaBoletín del Abogado / Julio 2010y jurisdicción hasta una distancia mínima
de 200 millas marinas desde sus referidas
costas. En buena cuenta este instrumento
regional no sólo vino a corroborar sino, además, a fortalecer las tesis unilaterales que
ya en 1947 habían formulado primero Chile
y luego Perú y en 1952, Ecuador.
Una primera afirmación que se desprende
del propio texto de la Declaración de Santiago es que sus tres países signatarios tuviesen una zona marítima no menor de 200
millas de anchura a partir de todo lo largo de
Resulta absurdo suponer que pudiera haberse establecido dicha distancia solamente para algunas porciones de las referidas
costas. Ello es un contrasentido y es inadmisible de acuerdo con el espíritu de la
propia Declaración de Santiago de 1952. Su
título jurídico sobre las 200 millas es lo que
la hace célebre pues a partir de esta tesis
del Sistema del Pacífico Sur los países de
la CPPS, a los que se sumaría Colombia
en 1979, emprenderían la ruta para hacerla
prevalecer en el marco del Nuevo Derecho
del Mar que se estaba construyendo, y que
como es sabido, dicha tesis fue finalmente
consagrada con su incorporación en la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar de 1982.
En ese sentido, de ninguna manera podría
aceptarse el criterio de que la Declaración
de Santiago de 1952 llegó a admitir al paralelo geográfico para la delimitación de las
zonas marítimas adyacentes a las costas
continentales de los países firmantes.
Por ello, dada la orientación de las costas
peruana y chilena, las zonas marítimas de
200 millas que se proyectan se superponen; sin embargo, sólo Chile ejerce derechos sobre el íntegro del área superpuesta,
ya que desde cualquier punto de su litoral
llega hasta las 200 millas, lo que no sucede en el caso peruano que tiene una considerable área recortada puntos de su zona
marítima.En consecuencia, hasta aquí tendríamos
que decir que la Declaración de Santiago
nunca fue concebida como un tratado demarcatorio de las fronteras adyacentes de
Estados vecinos, sino por el contrario, fue
un instrumento de política internacional marítima de Chile, Ecuador y Perú y años más
tarde, también de Colombia.Una primera afirmación que
se desprende del propio
texto de la Declaración de
Santiago es que sus tres
países signatarios tuviesen
una zona marítima no menor
de 200 millas de anchura a
partir de todo lo largo de sus
costas.El otro aspecto fundamental que debemos
tener presente con relación a la Declaración
de Santiago es que la causa de la controversia peruano-chilena se origina en una interpretación equivocada del segundo párrafo
del inciso IV de la Declaración de Santiago
de 1952 que se refiere a la delimitación marítima por el paralelo sólo en el caso de que
existan islas. El tenor de dicho párrafo dice:
“Si una isla o grupo de islas pertenecientes
a uno de los países declarantes estuviere
a menos de 200 millas de la zona marítima
general que corresponde a otro de ellos, la
zona marítima de esta isla o grupo de islas
quedará limitada por el paralelo del punto en
que llega al mar la frontera terrestre de los
Estados respectivos”.
La disposición anterior fue introducida en la
Declaración de Santiago precisamente para
buscar una solución específica al caso de
las islas Puná, Santa Clara y otras más, que
no obstante, de estar bajo la soberanía del
Ecuador, se encuentran también cerca del25Boletín del AbogadoDERECHO INTERNACIONAL
litoral peruano. Para estas islas, por su excepcionalidad se establece el criterio del paralelo como forma de delimitación fronteriza
entre Perú y Ecuador.Boletín del AbogadoEl paralelo más cercano al grupo de islas
y perpendicular al punto fronterizo terrestre
entre ambos países marcará, entonces, la
frontera marítima, al norte de la misma se
encontrará el mar ecuatoriano y al sur, el
peruano. Ello nos permite afirmar, entonces,
que sólo como excepción la Declaración
de Santiago contiene el criterio del paralelo
para la delimitación en caso existan islas,
por tanto, es una situación aplicable exclusivamente a la frontera peruano-ecuatoriana,
cuyo tenor o párrafo en la Declaración fue incluido deliberadamente por la delegación del
Ecuador. De tal manera, la extensión de las
zonas marítimas de los territorios insulares,
de conformidad con el párrafo IV de dicho
instrumento, tienen un régimen propio.26En el área de frontera entre el Perú y Chile
no hay islas, y resulta jurídicamente inválido
asumir que el paralelo geográfico como norma delimitadora excepcional se puede extender en su aplicación a una zona marítima
que carece de islas. O sea, el elemento insular en la frontera peruano-chilena simplemente no existe, por lo que no es aplicable
el párrafo del inciso IV al caso de la frontera
sur. Algo más sobre el referido párrafo. La
Asesoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, en el mes de setiembre de 1960, emite un dictamen absolviendo las consultas que le había formulado
la Dirección de Fronteras de esa Cancillería
sobre la delimitación marítima entre Chile y
Perú. En dicho informe la propia Asesoría
Jurídica chilena, contestó señalando que “…
hay una estipulación que, aunque no constituye un pacto expreso para determinar el
deslinde lateral de los respectivos mares
territoriales, parte del entendido de que ese
deslinde coincide con el paralelo que pasa
por el punto en que la frontera terrestre toca
el mar”. Sobre esta irrefutable aseveración
de los juristas chilenos, dos cosas. Primero,que como bien decía el recordado Embajador Alfonso Arias-Schreiber “Aunque el autor de la frase omite añadir que el entendido
del que se partió era erróneo, esta verdad
queda en evidencia con la simple y unívoca
lectura del texto, en el cual sólo se menciona el límite del paralelo como una excepción
circunscrita al caso de ciertas islas” . Y lo
segundo, es que de acuerdo con la opinión
unánime de los juristas y los publicistas los
límites deben fijarse mediante un tratado o
acuerdo absolutamente explícito en cuyo
contenido se especifique, sin ninguna posibilidad para la duda, que se trata de un
acuerdo sobre delimitación marítima. Por
tanto, los tratados de límites deben expresamente señalar la ubicación exacta de las
áreas y las líneas de límite. Ciertamente,
ninguno de estos presupuestos se encuentra presente en la Declaración de Santiago
de 1952, que no es un tratado de límites.En el área de frontera entre
el Perú y Chile no hay islas,
y resulta jurídicamente
inválido asumir que el
paralelo geográfico como
norma delimitadora
excepcional se puede
extender en su aplicación
a una zona marítima que
carece de islas.La Corte deberá valorar, a mi juicio, los criterios jurídicos aquí expuestos sobre la naturaleza excepcional que tiene la Declaración
de Santiago al señalar que únicamente para
el caso de Perú con Ecuador es válido el
método de delimitación marítima por el paralelo en virtud de la existencia de islas, y
estos criterios tienen una carga muy fuerte
en los procesos hermenéuticos o interpretativos. Por allí va la cosa.Boletín del Abogado / Julio 2010La Ecoeficiencia en la Gestión Pública
Carolina Vega Pavia
Abogado. Magíster en Gestión Pública.Apartir de la Ley Nº 29289, Ley de
el año fiscal 2009 y del D.S. Nº 0092009-MINAM, se aprobaron las Medidas de
Ecoeficiencia para el Sector Público, cuyo
objetivo es fomentar una nueva cultura de
uso eficiente de los recursos de energía,
agua, papel y recursos logísticos que generen un ahorro importante al Estado.
La idea de la ecoeficiencia fue presentada
en la literatura académica por Schaltegger
y Sturm en 1990 (Schaltegger y Burritt,
2000). Sin embargo, Schmidheiny (1992)
popularizó el término a partir del cual ganó
reconocimiento en las agendas globales
empresariales. En especial, las lideradas
por el WBCSD - World Business Council for
Sustainable Development, que de manera
oficial presentó el término en 1992 como
una contribución a la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro a
través de su publicación Changing Course.
Allí se consideró la ecoeficiencia como una
filosofía administrativa.
Cabe mencionar, que la ecoeficiencia es la
manera en que se mide la vinculación entre
economía y medio ambiente desde una perspectiva práctica de la sostenibilidad. Es un
enfoque que apunta a desarrollar acciones
“de tal forma que el bienestar de la sociedad
aumente y, al mismo tiempo, los perjuicios
sobre el medio ambiente disminuyan”. Sus
objetivos están orientados a evaluar internamente el desempeño de la organización
y servir como herramienta para la toma de
decisiones. Por tanto requiere fijar metas,
iniciar medidas y acciones enfocadas a mejorar el desempeño económico-ambiental y
funcionar como base de las estrategias de
comunicación interna y externa. Algunos autores señalan que, de forma simple significa“producir más con menos”, cuyos beneficios
se verán plasmados en la reducción del gasto corriente (mantenimiento de oficinas, disminución del consumo de luz, agua y papel)
y en la generación de una cultura de ecoeficiencia en los trabajadores públicos, (independientemente de su régimen laboral o de
contratación) cuyo efecto multiplicador será
un significativo impacto en la economía de
sus hogares. Sin embargo, se puede apreciar que existen barreras para su total
cumplimiento, como:
Falta de información, desconocimiento de
la normatividad vigente, no se considera el
ambiente como criterio de calidad, falta de
personal sensible, lo que implica a todas
las personas en todos los niveles, desde
los empleados hasta el ámbito gerencial,
no existen incentivos suficientes, no hay demanda de productos verdes, el enfoque es
netamente correctivo antes que preventivo,
entre otros. Por tanto, urge la conformación
de los Comités de Ecoeficiencia en las instituciones públicas, a fin de implementar la
estrategia de difusión y sensibilización en todos los niveles de la administración pública;
elaborar la línea base y el plan para fomentar y estimular al personal para que adopten
buenas prácticas de ecoeficiencia en los
centros que laboran.
Finalmente, un último punto a destacar, es
la manera cómo la ecoeficiencia asume el
papel de aliada de la política pública. De allí,
que esta perspectiva no puede enfocarse tan
sólo desde el gobierno nacional, que establece políticas de aplicación global, sino que
se necesitan acciones a escala local (nivel
provincial o local-municipal), donde los avances puedan estar más sujetos de control. Por
ello, consecuentemente creemos que tenemos un tema pendiente en la agenda.27BoletĂ­n del AbogadoAll pages:123456789101112131415161718192021222324252627InfoSaveLikeShareDownloadMoreBoletin del Abogado Julio Published on Aug 9, 2010 Boletin del Abogado Julio 2010calperuFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: artículo
58
 artículo 208

Artículo 3

Artículo 21
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 2

Artículo 1
 artículo 22
	Artículo 5
 artículo 22
	Artículo 3

artículo 89
 artículo 55
 artículo 22
 artículo 38

Artículo 53

Artículo 64
	Artículo 41
 Resolución 
 resolución 
 artículo 63