Source: https://derechoecuador.com/procedimiento-directo-en-el-coip
Timestamp: 2019-01-19 08:16:14+00:00

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Derecho Ecuador - Procedimiento Directo en el COIP.
La Constitución de la República del Ecuador, de 2008 en su artículo, 1 determina, que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, hecho por el cual se garantiza entre otros, el respeto a los derechos humanos, a la igualdad formal y material, a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, al debido proceso, a ser juzgado por un juez competente y a la seguridad jurídica; se determina además que el proceso penal es un medio para la realización de la justicia.
Tomando como consideración este aspecto, entre otros, que como ya me réferi alguna vez en un artículo denominado ?La Actualización Doctrinaria en la Legislación Penal?, publicado en esta misma revista, cuando comentaba respecto a la necesidad de practicidad del COIP, y la prevalencia de los DD.HH en el activismo judicial, indicando, que:
?[?] por otra parte es necesario mencionar, que algunas de las normas contenidas en el nuevo Código Integral Penal, propician una celeridad y una des formalización del excesivo ritualismo, en miras de conseguir y llegar hacia una justicia sin papeles, ni dilaciones que generen retardos injustificados, en donde la práctica podría resultar muy beneficiosa, debido a la agilidad en la resolución de los procesos, respetando las garantías que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad, y a nivel de tratados internacionales.
Por cuanto el Ecuador ha suscrito tratados de Derechos Humanos (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José, y Pacto de los Derechos, Económicos Sociales y Políticos, etc.). Que los contemplan y que los jueces Ecuatorianos, no deben y no pueden desconocer el momento de administrar justicia.?[2]
Hecho, que de alguna manera, se vio replicado con la implementación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en donde se han creado nuevas instituciones dentro del procedimiento penal, las mismas que responden a la adecuación de la normativa ecuatoriana a los modernos conceptos doctrinales que aseguren un correcto funcionamiento de la justicia penal en la sociedad de hoy en día, que exige eficacia y al mismo tiempo eficiencia.
Partiendo del entendimiento de este concepto, es necesario enfocarnos en el funcionamiento del procedimiento directo, de la siguiente manera:
1.- Sustanciación del Procedimiento Directo:
El Art. 640, del Código Orgánico Integral Penal, manifiesta:
?El procedimiento directo deberá sustanciarse de conformidad con las disposiciones que correspondan del presente Código y las siguientes reglas:
2. Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general calificados como flagrantes.
Se excluirán en este procedimiento las infracciones contra la eficiente administración pública, delitos contra la inviolabilidad de la vida e integridad y libertad personal con resultado de muerte.
8. La sentencia dictada en esta audiencia de acuerdo con las reglas de este Código, es de condena o ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada ante la Corte Provincial.?[3]
2.-Desarrollo del Manejo de Audiencias del Procedimiento Directo:
A fin de reglamentar este particular, el Consejo de la Judicatura, emitió la Resolución 146-2014, de fecha 15 de agosto de 2014, la misma que en su artículo Único manifiesta:
?Además de las reglas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal para la realización de las audiencias del procedimiento directo, se tomara en cuenta lo siguiente:
1.- Audiencia de calificación de la flagrancia.- El juez o jueza de garantías penales que conduzca la audiencia de calificación de la flagrancia al menos, deberá:
1.1. Calificar la flagrancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 529 del Código Orgánico Integral Penal;
1.2. Verificar que el delito que se imputa es de los previstos en el numeral 2 del artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal;
1.3. Disponer que la o el fiscal motive su acusación y, de considerarlo pertinente, solicite las medidas cautelares y de protección previstas en el artículo 552 del Código Orgánico Integral Penal, para cumplir con las finalidades previstas en el artículo 519 del mismo cuerpo legal; y,
1.4. Señalar día y hora para realizar la audiencia de juicio directo, dentro del plazo máximo de diez días, a partir de la fecha de notificación a las partes procesales.
2. Audiencia de juzgamiento.- Las partes intervinientes deberán ceñirse a las normas que se determinen a continuación:
2.1. Será competente para sustanciar la audiencia de juzgamiento el mismo juez o jueza de garantías penales que conoció la causa en la audiencia de calificación de flagrancia. En caso de ausencia de la o el juzgador será reemplazado conforme la normativa respectiva;
2.2. Solo se practicará la prueba anunciada al juez o jueza de garantías penales que haya sido pedida por escrito hasta tres días antes de la audiencia de juzgamiento;
2.3. Serán aplicables, en lo que sean pertinentes, las reglas previstas para la audiencia de juicio, incluidas en el artículo 609 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal; y,
2.4. El juez o jueza de garantías penales obligatoriamente deberá dictar sentencia al finalizar la audiencia de juzgamiento, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal.
3.- Sujetos Procesales en el Procedimiento Directo:
El Art. 439, del COIP, manifiesta que los sujetos procesales son:
1. La persona procesada.- El Art. 440 ibídem, menciona, que se considera persona procesada a la persona natural o jurídica, contra la cual, la o el fiscal formule cargos.
2. La víctima.- De conformidad con el Art. 441, del referido cuerpo legal, determina, que serán: ?Las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente han sufrido algún daño a un bien jurídico de manera directa o indirecta como consecuencia de la infracción. [?]?
3. La Fiscalía.- El Art. 442, determina, que ?la Fiscalía dirige la investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la finalización del proceso. [?]?
4. La Defensa.- El Art 452, determina que ?La defensa de toda persona estará a cargo de una o un abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la defensa material o a la asignación de una o un defensor público.[?]?
4.- Particularidades respecto a la aplicación del Procedimiento Directo y Abreviado:
El procedimiento abreviado y el directo, son compatibles en cuanto a las razones de su incorporación al sistema penal ecuatoriano y con relación a los fines últimos que persiguen.
Debido a que de alguna manera, constituyen procedimientos más rápidos, que buscan reestructurar el sistema judicial, mismos que han sido desarrollados en el COIP, y se sustancian y se resuelven en una sola audiencia, y de igual forma los términos y plazos para su prosecución son bastante cortos.
Encontramos que entre el procedimiento abreviado y el directo, se nota que el primero tiene su origen en la negociación de la calificación jurídica del hecho propuesta por el fiscal al procesado, con el fin de que este último voluntariamente acepte el acto que se le atribuye a cambio de una reducción en su pena, mientras que el procedimiento directo, concentra todas las etapas del proceso ordinario en una sola audiencia, y es aplicable por imperativo legal en los delitos flagrantes que tengan como máximo una pena de cinco años de privación de libertad, y que no formen parte de ciertas infracciones que han sido determinadas en el artículo 640 del COIP.
5.- Características fundamentales del Procedimiento Directo:
a) Concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia.
b) Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador.- Es decir, en el momento mismo del cometimiento del delito o que la persecución, dure hasta su detención y que haya sido dentro de las 24 horas ininterrumpidas, ya que se considera flagrante y por tal caso se aplicara este procedimiento, adicionalmente, es aplicable en delitos contra la propiedad, en el rango antes mencionado, ya que de exceder este monto se aplicará otro procedimiento.
c) El juez de garantías penales, será el competente.
d) Calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora para realizar la audiencia en el plazo máximo de diez días, en la cual dictará sentencia, que será condenatoria o ratificatoria de inocencia.
e) Hasta tres días antes de la audiencia, se realiza el anuncio de pruebas.
Es necesario puntualizar, que la característica primordial de este procedimiento es concentrar todas las etapas en una sola audiencia, y solo procede en casos de delitos flagrantes, sancionado con pena privativa de libertad de hasta cinco años, y en todos los delitos contra la propiedad que no excedan de treinta salarios básicos unificados del trabajador.
6.- Fines y Limites del Procedimiento Directo:
Dentro de este subtema, podemos destacar que el procedimiento directo, de alguna manera, nos demuestra que su función primordial es sancionar el delito de una manera impresionante, ya que en tan solo 10 días el juez dicta sentencia, en base a una investigación que dura 7 días, debido a que 3 días previos a la audiencia, ya se debe efectuar el anuncio de las pruebas.
Denotándonos, que al ser un procedimiento sumamente rápido, solo es aconsejable cuando los hechos pueden ser averiguados esquemáticamente, sin que la producción y valoración de la prueba sean extensas, es por ello, que se toma como punto de partida, que la aplicación de este procedimiento sea aplicable solo en los delitos calificados como flagrantes sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general calificados como flagrantes.
Esta determinación de la aplicación solo en delitos calificados como flagrantes, es la justificación misma de este procedimiento, ya que si bien es cierto la situación de flagrancia, es entendida de conformidad con el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal de la siguiente manera:
?Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la persona que comete el delito en presencia de una o más personas o cuando se la descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida.
No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión.?[4]
Es decir al encontrarse en situación de flagrancia, de alguna manera, ya abarca el momento mismo en que el autor, autores o partícipes, están cometiendo el delito, lo que incluye a todos los actos punibles que el cometimiento mismo del ilícito abarca, o de alguna manera, ya genera ciertos elementos, que permiten determinar, que el delito se lo cometió por tal o cual persona, sin embargo es necesario tener en claro la clasificación de los delitos flagrantes para un mejor entendimiento la misma que es:
a. Delito Flagrante propio: Es el que se ha perpetrado públicamente y cuyo delincuente ha sido visto por muchas personas al tiempo de cometerlo, para que sea delito flagrante propio se necesita que el autor o autores sean aprehendidos inmediatamente después de haberse descubierto el ilícito y con los objetos relacionados con la infracción recientemente perpetrada. (Dentro de este tipo de delito flagrante, prácticamente el hecho ya está probado, es por ello, que la aplicación del procedimiento directo, sería el más adecuado).
b. La Flagrancia impropia: Se da cuando ha existido el cometimiento de un delito, del cual ha sido testigo una o varias personas, o se lo haya descubierto inmediatamente luego de su perpetración, pero la detención del autor no se la hace inmediatamente luego de perpetrado el ilícito, sino que media una persecución desde que la conducta antijurídica se ejecuta hasta la aprehensión del sospechoso.(Dentro de este flagrancia, la situación ya varia un poco, ya que al no efectuarse la detención inmediatamente, pueden existir ciertas circunstancias, que no se puedan probar tan fácil y menos aún en un tiempo de solo 7 días.)
Es necesario destacar, además, que otro límite para la aplicación de este procedimiento además de la situación de flagrancia, es la exclusión de las infracciones contra la eficiente administración pública, delitos contra la inviolabilidad de la vida e integridad y libertad personal con resultado de muerte.
Destacando finalmente, que dentro de la condición de flagrancia como requisito indispensable para la aplicabilidad de este procedimiento, se debe tener en consideración, que se apliquen los siguientes principios, relacionados al delito flagrante como son:
a. Principio de Contradicción: Este principio rige plenamente durante el juicio oral, y garantiza que la producción de las pruebas se hagan bajo el control de todos los sujetos procesales, con la finalidad de que ellos tengan la facultad de intervenir en dicha producción, formulando preguntas, observaciones, objeciones, aclaraciones y evaluaciones, tanto sobre la propia prueba como respecto de la de los otros.[5]
b. Inocencia: Este principio impide que se trate como culpable, a la persona a quien se le atribuye un presunto hecho delictivo.
c. Principio de Taxatividad: También conocido como principio de legalidad penal, es uno de los límites más tajantes al poder punitivo del Estado, ya que exige que las leyes penales contengan en la descripción de los comportamientos prohibidos penalmente y sujetos a una sanción, solamente términos descriptivos y que dichos términos sean los más precisos posibles.[6]
[2] José Sebastián Cornejo Aguiar, «La Actualización Doctrinaria de la Legislación Penal», s. f., http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2015/10/22/la-actualizacion-doctrinaria-de-la-legislaci-n-penal.
[3] REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO No. 180, CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014).
[5] José Sebastián Cornejo Aguiar, «ANÁLISIS DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN», Derecho Ecuador, 9 de noviembre de 2015, http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2015/11/09/analisis-del-principio-de-contradiccion.
[6] José Sebastián Cornejo Aguiar, «ANÁLISIS DEL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD», s. f., http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2015/10/12/analisis-del-principio-de-taxatividad.

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 529
 artículo 640
 artículo 552
 artículo 519
 artículo 609
 artículo 640
 artículo 640
 artículo 527