Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-029-16.htm
Timestamp: 2017-10-20 07:02:36+00:00

Document:
T-029-16
En reciente sentencia de unificación, esta Corporación se refirió a las hipótesis en las que resulta procedente la agencia oficiosa, en los siguientes términos: “…el Decreto exige, como condiciones para que se configure la agencia oficiosa, la concurrencia de dos elementos: (i) que el titular de los derechos no esté en condiciones de defenderlos y, (ii) que en la tutela se manifieste esa circunstancia. En cuanto a esta última exigencia, su cumplimiento sólo se puede verificar en presencia de personas en estado de vulnerabilidad extrema, en circunstancias de debilidad manifiesta o de especial sujeción constitucional. La agencia oficiosa en tutela se ha admitido entonces en casos en los cuales los titulares de los derechos son menores de edad; personas de la tercera edad; personas amenazadas ilegítimamente en su vida o integridad personal; individuos en condiciones relevantes de discapacidad física, psíquica o sensorial; personas pertenecientes a determinadas minorías étnicas y culturales.”
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Esposo en representación de esposa enferma
Tratándose de la representación de un cónyuge enfermo, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que los deberes y derechos que tienen los consortes entre sí, como el socorro y la ayuda mutua en todas las circunstancias de la vida, llegan inclusive a volver obligatoria la agencia oficiosa cuando uno de los integrantes de la pareja se encuentra bajo una grave enfermedad que le impida actuar por sí mismo, siempre que medie por lo menos prueba del diagnóstico médico para determinar la incapacidad en que se encuentra el agenciado. Así, en varias oportunidades, la Corte ha admitido la agencia oficiosa por parte de esposos de mujeres, al demostrarse que los quebrantos de salud de ellas les imposibilitan acudir por cuenta propia a solicitar el amparo
El artículo 86 superior prescribe que corresponde al legislador determinar las circunstancias en que dicha acción constitucional procede contra particulares encargados de prestar servicios públicos o ante la grave afectación de un interés colectivo, así como en los casos en que exista una relación de subordinación o indefensión del accionante frente al accionado
La subordinación ha sido entendida por esta Corporación como la existencia de una relación jurídica de dependencia, la cual se manifiesta principalmente entre trabajadores y patronos, o entre estudiantes y profesores o directivos de un plantel educativo. Por su parte, según la jurisprudencia, el estado de indefensión es un concepto de carácter fáctico que se configura cuando una persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta frente a otra, de modo que, por el conjunto de circunstancias que rodean el caso, no le es posible defenderse ante la agresión de sus derechos. Así mismo, la jurisprudencia ha dicho que la indefensión se presenta en aquellas circunstancias en las cuales la persona ofendida carece de medios jurídicos de defensa o también, cuando a pesar de existir dichos medios, los mismos resultan insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales.
CONTRATO REALIDAD Y PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS EN MATERIA LABORAL-Reiteración de jurisprudencia
Uno de los principios rectores del Derecho del Trabajo es el de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales –consagrado en el artículo 53 de la Carta–, el cual se encuentra íntimamente ligado al principio de prevalencia del derecho sustancial –previsto en el artículo 228 de la misma obra–. Este Tribunal ha reconocido que, al margen de la forma en que los individuos que pactan la prestación de un servicio personal convengan designar el contrato, es la estructura factual de la relación entre los sujetos lo que determina la verdadera naturaleza del vínculo
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD-Reiteración de jurisprudencia
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Ineficacia del despido sin autorización previa y expresa del Ministerio de Trabajo
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Frente a diferentes tipos de contratos, vinculaciones laborales y entidades contratantes
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD FRENTE A SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION-Nexo e importancia con los principios de integralidad y de continuidad
DERECHO AL TRABAJO Y A LA SALUD-Orden de reintegrar a accionante
Acción de tutela presentada por Rubén Díaz Díaz como agente oficioso de Liliana Bustamante Cepeda en contra del Instituto Santa Teresita y Coomeva EPS.
1.1. La señora Liliana Bustamante Cepeda tiene 41 años de edad[1].
Adicionalmente, expresó que no se configuraban los supuestos para la estabilidad laboral reforzada, como quiera que se precisaba que para el 30 de noviembre de 2014 existiera un dictamen de los médicos de la EPS a la que se encuentra afiliada la actora, en el sentido de que tenía una enfermedad que la limitaba para trabajar por fuera del Instituto Santa Teresita. Por manera que como no se acreditó que la terminación del vínculo hubiera tenido como causa la enfermedad de la señora Liliana Bustamante, la tutela se hace improcedente, a más que la citada no es cabeza de familia y tiene un cónyuge que trabaja y podría afiliarla como beneficiaria al sistema de salud.
Coomeva EPS dio respuesta a la tutela indicando que la señora Liliana Bustamante Cepeda fue afiliada a esa entidad por su empleador –Congregación Religiosa Hermanitas de la Anunciación Provincia del Rosario “Instituto Santa Teresita”-, desde el día 13 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014, y que dicho contrato se encuentra en estado “retirado”. Informa que la usuaria acumula (para la fecha del escrito –2 de febrero de 2015- ) 30 días de incapacidad temporal por enfermedad general desde el 30 de diciembre de 2014 al 28 de enero de 2015, por un diagnóstico de “tumor maligno secundario del encéfalo y de las meninges cerebrales”.
Arguyó que la tutela debía ser declarada improcedente frente a Coomeva EPS, por existir “falta de legitimación en la causa por pasiva o hecho superado” (sic).
5. Impugnación del fallo de tutela
Planteó que la decisión de nulidad de lo actuado implicaba reiniciar toda la actuación, por lo que era menester que el juzgador volviera a examinar lo relativo a la capacidad de la accionante para instaurar la acción, como quiera que “para la fecha en que recomenzó la acción de tutela, ya no había prueba alguna de que la señora LILIANA BUSTAMANTE CEPEDA no podía actuar por sí misma”. Es decir, que debía analizarse si para el 16 de marzo de 2015 –fecha del auto de obedézcase y cúmplase lo dispuesto por el ad quem sobre la invalidación de lo actuado– la interesada se encontraba en imposibilidad de acudir a la jurisdicción por su cuenta.
Insistió en que la historia clínica de la tutelante no registra algún diagnóstico de enfermedad grave hasta antes de la terminación del contrato, pues sólo se advierte una consulta el 15 de septiembre de 2014 en la cual se indicó que la señora Liliana Bustamante presentaba tan solo una migraña, diagnóstico que se repitió el 8 de diciembre de ese año –8 días después de terminado el contrato laboral–, de manera que el Instituto no tenía conocimiento de una situación clínica particularmente delicada. Por esa misma razón, tampoco le practicó examen médico al momento de la desvinculación.
6. Fallo de tutela de segunda instancia
De manera que, a su juicio, lo que advirtió fue la existencia de un conflicto laboral entre las partes, cuyo conocimiento y resolución son del resorte del juez ordinario, previo agotamiento de todas las etapas del proceso. Ello debido a que no se evidenció una situación de perjuicio irremediable que abriera paso a la acción de tutela, en tanto no se acreditó que se encuentra imposibilitada para trabajar y se le ha brindado la atención en salud que ha requerido, según se desprende del certificado obtenido de la base de datos de afiliados del Ministerio de Protección Social –Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud –Fosyga, donde se lee que la actora se encuentra afiliada al régimen contributivo a Coomeva EPS, aunque esta entidad haya informado que se encuentra en el régimen subsidiado, lo cual, en todo caso, lleva a concluir que se le vienen prestando los servicios asistenciales.
La Corte identifica, entonces, tres problemas jurídicos a dilucidar: (i) ¿se reúnen los presupuestos para determinar la existencia de una relación laboral de una naturaleza distinta a la estipulada en los contratos suscritos entre el Instituto Santa Teresita y la accionante?; (ii) dadas las condiciones de salud de la señora Liliana Bustamante ¿se hallaba amparada por la garantía a la estabilidad laboral reforzada?; y (iii) ¿debe la empresa prestadora de salud continuar con la provisión de los servicios asistenciales a una persona que es desvinculada de su trabajo?.
4. Cuestión previa: la agencia oficiosa en materia de tutela –Reiteración de jurisprudencia–
Pues bien: tal como lo puso de presente el ad quem, de las pruebas documentales allegadas al proceso se desprende que al momento de formularse la presente acción de tutela por el señor Rubén Díaz[10] –quien efectivamente aseveró actuar en nombre y representación de su esposa–, la señora Liliana Bustamante se hallaba impedida para solicitar la protección de sus derechos, como quiera que apenas habían transcurrido algunos días desde la intervención quirúrgica que le practicaron para remover el tumor que la aquejaba; además que, como en su momento lo manifestó Coomeva EPS al responder la tutela, “la usuaria acumula[ba] 30 días de incapacidad temporal por enfermedad general desde el 30 de diciembre de 2014 al 28 de enero de 2015 por Dx. Tumor Maligno Secundario del Encéfalo y de las meninges cerebrales”[11].
5. Requisitos de procedencia de la acción de tutela
6. Alcance del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades según la jurisprudencia constitucional
7. La estabilidad laboral reforzada en circunstancias de enfermedad del trabajador
8. El principio de solidaridad y su concreción por el juez constitucional
9. La continuidad de la atención en salud
1. La realidad que subyace a la relación laboral entre las partes
2. La situación de debilidad manifiesta y la protección constitucional reforzada en cabeza de la tutelante
Así las cosas, con fundamento en los mandatos constitucionales de protección a la persona en situación de debilidad manifiesta y de solidaridad, así como reiterando lo señalado en torno a la primacía de la realidad sobre las formas, tomando como apoyo las determinaciones adoptadas por la Corte en un caso de similares contornos[51], esta Sala de Revisión concederá el amparo deprecado y procederá a ordenar al Instituto Santa Teresita que reintegre a la señora Liliana Bustamante, bajo la modalidad de un contrato de trabajo a término indefinido, en una labor igual o mejor a la que venía desempeñando, brindándole todas las garantías prestacionales a que haya lugar, y pagándole los salarios y demás emolumentos dejados de percibir desde el 30 de noviembre de 2014; empleo del cual no podrá separarla sin el agotamiento previo de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para el efecto.
3. La continuidad en la prestación del servicio de salud para la actora
Advertida esta disyuntiva en relación con el estado de afiliación de la tutelante, la Sala de Revisión procedió a consultar en la mencionada base de datos del Ministerio de Protección Social –Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud –Fosyga, encontrando que la señora Liliana Bustamante Cepeda aparece activa en el régimen subsidiado a la EPS Coomeva, en calidad de cabeza de familia, desde el 1º de julio de 2015[53].
En este orden de ideas, Coomeva EPS, como prestador del servicio público de salud, tiene el compromiso de garantizar que la señora Liliana Bustamante acceda a una atención completa, de acuerdo con lo determinado por el médico tratante, y en ningún caso puede interrumpir los tratamientos y medicamentos prescritos por él con el pretexto de que existen conflictos administrativos[54], pues, como se ha venido subrayando, de por medio está la satisfacción de derechos fundamentales y el respeto por la dignidad humana.
Por otra parte, en atención a que según lo afirmado por Coomeva EPS la accionante no ha sido valorada por medicina laboral, y en vista de que la gravedad de la lesión que le fue detectada amerita una evaluación especializada que establezca el estado de salud actual de la accionante, la Sala estima pertinente ordenar a la promotora de salud que solicite la práctica de una valoración por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28, numeral 4 del Decreto 1352 de 2013[55], para que dicha autoridad conceptúe sobre la capacidad de la señora Liliana Bustamante para desenvolverse con normalidad en el ámbito laboral, o dictamine la eventual estructuración de una discapacidad, en orden a que, de ser el caso, pueda llevar a cabo las gestiones tendientes a la reclamación de los derechos que para dichos eventos prevé el ordenamiento jurídico.
Primero.- REVOCAR la sentencia de 30 de abril de 2015, por la cual el Juzgado 4º Civil del Circuito de Bucaramanga revocó la decisión de primera instancia y declaró la improcedencia de la tutela, para, en su lugar, CONFIRMAR, parcialmente, la sentencia de 18 de marzo de 2015, proferida por el Juez 1º Civil Municipal de Bucaramanga, en cuanto CONCEDIÓ el amparo de los derechos al trabajo y a la salud de la señora Liliana Bustamante Cepeda, invocados por el señor Rubén Díaz Díaz, en calidad de agente oficioso.
Segundo.- ORDENAR al Instituto Santa Teresita que, dentro del término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de este fallo, proceda a reintegrar a la señora Liliana Bustamante Cepeda, bajo la modalidad de un contrato de trabajo a término indefinido, en una labor igual o mejor a la que venía desempeñando, brindándole todas las garantías prestacionales a que haya lugar.
Tercero.- ORDENAR al Instituto Santa Teresita que, dentro del término perentorio de diez días (10) días hábiles, contado a partir de la notificación de este fallo, proceda a pagar a la señora Liliana Bustamante Cepeda los salarios y demás emolumentos dejados de percibir desde el 30 de noviembre de 2014 hasta el momento de su reintegro.
Cuarto.- ADVERTIR al Instituto Santa Teresita que no podrá separar a la señora Liliana Bustamante Cepeda de su empleo, sin el agotamiento previo de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para el efecto, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Quinto.- PREVENIR a Coomeva EPS para que, en lo sucesivo, acate el principio de continuidad en la prestación del servicio de salud y, en consecuencia, brinde sin interrupciones la atención médica que requiera la señora Liliana Bustamante, así como los medicamentos que ordene su médico tratante, para la recuperación de su salud.
Sexto.- ORDENAR a Coomeva EPS que, dentro del término perentorio de cinco días (5) días hábiles, contado a partir del reintegro dispuesto en el ordinal segundo de esta decisión, solicite a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander que realice una valoración sobre el estado actual de salud de la señora Liliana Bustamante Cepeda, y conceptúe sobre su capacidad para desenvolverse con normalidad en el ámbito laboral, o de ser el caso, dictamine la eventual estructuración de una discapacidad de la citada accionante.
A LA. SENTENCIA T-029/16
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Debió ordenarse pago de 180 días de salario y cancelar días de salario no pagados por cuanto despido se tornó ineficaz al no solicitar autorización a Inspección del Trabajo (Salvamento parcial de voto)
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte, en esta ocasión debo apartarme parcialmente de la decisión tomada por la Sala en la sentencia T-029 de 2016. En mi concepto, en ese fallo, la Corte omitió aspectos centrales relacionados con la garantía constitucional de la estabilidad laboral reforzada.
El caso trata de una persona que tiene 41 años de edad. Desde el 2 de mayo de 2008 la tutelante ha suscrito contratos de trabajo inferiores a un año con el Instituto Santa Teresita, desempeñándose en el cargo denominado "oficios varios". El último tuvo lugar el 13 de enero de 2014 y la accionante trabajó hasta el 30 de noviembre de ese mismo año. Desde ese año, presentó cefaleas que muchas veces fueron tratadas por el Instituto para el cual trabajaba. En el 2015 fue despedida, sin saberse con certeza el diagnóstico de su enfermedad. Le fue diagnosticado un cáncer maligno en el cerebro. Solicita el reintegro y afiliación inmediata al sistema de salud.
En primera instancia el juez tuteló los derechos invocados. En segunda instancia se revocó la decisión por considerar que no se cumplía con el requisito de subsidiariedad. En su criterio, se puede acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para que sea resuelto este asunto.
La sentencia concede el amparo de los derechos fundamentales de la actora y se ordena el reintegro y prestación del servicio de salud. De la misma forma, ordena la valoración por parte de la Junta Regional para la Calificación de Invalidez con el propósito de determinar el grado de discapacidad y verificar un posible reconocimiento de su pensión de invalidez.
A pesar de estar de acuerdo con el sentido del fallo, considero que se trata de un caso de estabilidad laboral reforzada en el cual la entidad accionada no solicitó autorización para el despido a la Inspección del Trabajo. En consecuencia, la empresa demandada debió pagar 180 días de salario y, además, cancelar los días de salario no pagados pues, como lo ha dicho la Corte en abundante jurisprudencia, el despido se tornó ineficaz. Por tanto, la sentencia debió incluir estas órdenes y hacer una mención en el capítulo del caso concreto de dicha situación al igual que de la aplicación de la ley 361 de 1997.
[6] Sentencia T-056 de 2015, M.P.: Martha Victoria Sáchica Méndez
[8] Sentencia T-534 de 2003, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra
[9] Sentencias T-1132 de 2003, M.P.: Jaime Araujo Rentería; T-231 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño; T-443 de 2007, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández; T.004 de 2013, M.P.: Mauricio González Cuervo, entre otras.
[12] Sentencia T-452 de 2001, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa
[14] Sentencia C-134 de 1994, M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa. En relación con la procedencia de la acción de tutela en contra de particulares, en dicha sentencia se cita el siguiente aparte del fallo de revisión de tutela T-251 de 1993. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz: "Las relaciones entre los particulares discurren, por regla general, en un plano de igualdad y de coordinación. La actividad privada que afecte grave y directamente el interés colectivo, adquiere una connotación patológica que le resta toda legitimación, máxime en un Estado social de derecho fundado en el principio de solidaridad y de prevalencia del interés general. De otro lado, la equidistancia entre los particulares se suspende o se quebranta cuando a algunos de ellos se los encarga de la prestación de un servicio público, o el poder social que, por otras causas, alcanzan a detentar puede virtualmente colocar a los demás en estado de subordinación o indefensión. En estos eventos, tiene lógica que la ley establezca la procedencia de la acción de tutela contra los particulares que prevalecidos de su relativa superioridad u olvidando la finalidad social de sus funciones, vulneren los derechos fundamentales de los restantes miembros de la comunidad (CP art. 86). La idea que inspira la tutela, que no es otra que el control al abuso del poder, se predica de los particulares que lo ejercen de manera arbitraria".
[15] Sentencia T-015 de 2015, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva
[16] Cons. Sentencias T-292 de 2011, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva y T-1040 de 2012, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[17] Sentencia T-190 de 2012, M.P.: Mauricio González Cuervo
[18] Sentencia T-803 de 2013, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla
[20] Sentencia C-555 de 1994, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz
[21] Sentencia T-166 de 1997, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo
[22] Sentencia T-616 de 2012, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto
[23] Un detallado análisis sobre la jurisprudencia en torno al tema de contrato realidad puede consultarse en la Sentencia T-903 de 2010, M.P.: Juan Carlos Henao Pérez
[24] Sentencias T-761A de 2013, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, y T-750 de 2014, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio
[25] Sentencia T-404 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño
[26] Cons. Sentencia C-171 de 2012, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. En esta oportunidad la Corte Constitucional examinó la constitucional del artículo 59 de la Ley 1438 de 2011 por medio de la cual se reforma el Sistema de Seguridad Social en Salud. Recogiendo los argumentos ampliamente reseñados en la jurisprudencia constitucional, la Corte recordó:
[27] Sentencia T-404 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño
[28] Sentencia T-909 de 2005; M.P.: Álvaro Tafur Galvis
[29] Sentencia T-404 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño
[32] Sentencia T-316 de 2014, M.P.: Alberto Rojas Ríos
[33] Sentencia T-378 de 2013, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez
[34] Sentencia T-148 de 2012, M.P.: Juan Carlos Henao Pérez
[35] Sentencia SU-070 de 2013, M.P.: Alexei Julio Estrada
[36] Sentencia T-633 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.” (se resalta).
[39] Sentencia T-125 de 1994, M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz
[41] Sentencia C-459 de 2004, M.P.: Jaime Araujo Rentería
[42] Sentencia T-886 de 2012, M.P.:Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[43] Sentencia T-056 de 2015, M.P.: Martha Victoria Sáchica Méndez
[44] Sentencia T-972 de 2012, M.P.:Alexei Julio Estrada
[45] Sentencia T-903 de 2010, M.P.: Juan Carlos Henao Pérez
1. Contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año No. 88/08, de 2 de mayo de 2008, firmado por la Hermanita Nancy Beleño y la señora Liliana Bustamante.
2. Contrato individual de trabajo por labor contratada No. 081/09, de 2 de febrero de 2009, firmado por la Hermanita Nancy Beleño y la señora Liliana Bustamante.
3. Contrato individual de trabajo por labor contratada No. 068/10, de 1º de febrero de 2010, firmado por la Hermanita Nancy Beleño y la señora Liliana Bustamante.
4. Contrato individual de trabajo por labor contratada No. 072/11, de 1º de febrero de 2011, firmado por la Hermanita Nancy Beleño y la señora Liliana Bustamante.
5. Contrato individual de trabajo por labor contratada No. 074/12, de 30 de enero de 2012, firmado por la Hermanita Nancy Beleño y la señora Liliana Bustamante.
6. Contrato individual de trabajo por labor contratada No. 085/13, de 4 de febrero de 2013, firmado por la Hermanita Nancy Beleño y la señora Liliana Bustamante.
7. Contrato individual de trabajo por labor contratada No. 082/14, de 13 de enero de 2014, firmado por la Hermanita Nancy Beleño y la señora Liliana Bustamante.
[51] Cons. Sentencia T-292 de 2011, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. En este caso la Sala Novena de Revisión abordó la solicitud de reintegro de una persona que fue desvinculada de su cargo mientras se hallaba incapacitada, a lo cual la parte demandada se opuso arguyendo que se había culminado el contrato de prestación de servicios suscrito. La Corte verificó que los rasgos de la relación laboral coincidían con los de un contrato laboral y dio aplicación al principio de primacía de la realidad sobre las formalidades. Además, como quiera que la desvinculación se produjo durante la vigencia de una incapacidad, la Corte determinó que el estado de salud de la accionante hacía necesario el reintegro.
[54] Cons. Sentencia T-067 de 2015, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado

References: artículo 86
 artículo 53
 artículo 228
 resolución 
 artículo 28
 artículo 59