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Timestamp: 2017-05-01 04:17:54+00:00

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Equipo Nizkor - Debate parlamentario del 01jun04 sobre la memoria
Texto completo del debate sobre la memoria histórica y las víctimas del franquismo celebrado el 01jun04 ante el pleno del Congreso de los Diputados.
Presentación y defensa de diversas Proposiciones No de Ley (PNL) sobre las
víctimas del franquismo.
Intervención del diputado ERKOREKA GERVASIO en defensa de la Proposición No de
Ley del Grupo Parlamentario Vasco
Intervención de la diputada LASAGABASTER OLAZÁBAL en defensa de la Proposición
No de Ley del Grupo Parlamentario Mixto
Intervención del diputado RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, del Grupo Parlamentario Mixto
Defensa de las enmiendas a las Proposiciones No de Ley.
Intervención del diputado TARDÁ I COMA, del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya
Intervención de la diputada NAVARRO CASILLAS del Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
Intervención del diputado ATENCIA ROBLEDO del Grupo Parlamentario Popular
Intervención del diputado JÁUREGUI ATONDO del Grupo Parlamentario Socialista
Turno de fijación de posiciones.
Intervención del diputado RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ del Grupo de Coalición Canaria
Intervención del diputado XUCLÀ I COSTA del Grupo Parlamentario Catalán
Cuestiones previas a la votación: Intervenciones de Atencia Robledo, Jáuregui Atondo, Lasagabaster Olazábal y Uría Etxebarría
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE EL RECONOCIMIENTO
DE LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL, DEL FRANQUISMO y DE QUIENES
DEFENDIERON LA DEMOCRACIA Y LUCHARON POR EL RESTABLECIMIENTO DE
LAS LIBERTADES DURANTE LA TRANSICIÓN. (Número de expediente 162/000080.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA LASAGABASTER), SOBRE
RECONOCIMIENTO Y AYUDAS A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO. (Número de
expediente 162/000024.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ Y SEÑOR
RODRÍGUEZ), RELATIVA A LA REPARACIÓN MORAL A TODAS LAS PERSONAS QUE
FUERON REPRESALIADAS DURANTE LA DICTADURA FRANQUISTA, Y AL
RECONOCIMIENTO DE LA IMPORTANTE CONTRIBUCIÓN DE QUIENES
PARTICIPARON EN LA LUCHA Y RESISTENCIA ANTIFRANQUISTA PARA LA
INSTAURACIÓN DE UN RÉGIMEN DEMOCRÁTICO EN EL ESTADO ESPAÑOL.
(Número de expediente 162/000041.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en los puntos 3, 4 Y 5, que se van a debatir de una
forma acumulada. Son tres proposiciones de ley que la Mesa y la Junta de Portavoces
estuvieron de acuerdo en acumular, porque trataban básicamente del mismo objeto: la del
Grupo Vasco relativa al reconocimiento de las víctimas de la guerra civil, del franquismo y de quienes defendieron la democracia y lucharon por el restablecimiento de las libertades durante la transición; la del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster, sobre reconocimiento y ayudas a las víctimas del franquismo; y la del Grupo Mixto, señora Fernández y señor Rodríguez, relativa a la reparación moral a todas las personas que fueron represaliadas durante la dictadura franquista, y al reconocimiento de la importante contribución de quienes participaron en la lucha y resistencia antifranquista para la instauración de un régimen democrático en el Estado español.
Para la defensa de su proposición no de ley, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka. Sabe que el turno es de diez minutos.
Señorías, como decía hace años un filósofo francés, la identidad humana radica en la memoria. Sin recuerdos, los seres humanos son como los restos de un naufragio que flotan a la deriva desparramados y sin rumbo. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.)
La amnesia, tanto la individual como la colectiva, o es una patología, un desarreglo de la personalidad, o algo mucho peor, es un pretexto, es una coartada para no reconocer ni
corregir los errores en los que eventualmente hubiera podido incurrirse en el pasado. En
el Estado español, como se sabe, la transición política a la democracia se cimentó en la desmemoria, se asentó en el olvido y fue sin duda la prudencia la que aconsejó que esto fuera así, una prudencia condicionada en parte por el temor al sable, pero animada al mismo tiempo por la firme determinación de no poner en el camino hacia la libertad más obstáculos que aquellos que fueran imprescindibles. Pero hoy, medio siglo después, podemos decir que carecen de sentido las cautelas que entonces impusieron una actitud tan precavida. La sociedad lo percibe -nosotros lo creemos asícon claridad y probablemente por ello durante los últimos años estamos asistiendo a un saludable despertar del interés por recuperar la memoria colectiva. Los ciudadanos no dejan de explorar nuevas fórmulas para dirigir una mirada crítica al pasado, no con un afán meramente especulativo ni con ánimo de revancha, sino con la firme determinación de hacer justicia, de hacer justicia, primero, con las víctimas de la guerra civil y de la represión
franquista, cuyas vidas fueron truncadas, cuyo recuerdo fue cruelmente prohibido y cuyo
honor quiso ser mancillado, a veces incluso con éxito, y segundo, en la construcción del futuro colectiva, en la búsqueda de un nuevo orden en el que un cabal conocimiento de los excesos, de las demasías, de las brutalidades cometidas en el pasado permitan fijar con nitidez la línea que en ningún momento podrá volver a franquearse en la convivencia futura.
Durante la VII Legislatura se presentaron muchas iniciativas tendentes a recuperar la
memoria histórica, iniciativas que perseguían evaluar críticamente el pasado político
reciente y reparar moral y económicamente a las víctimas de la guerra civil y a todos
aquellos que durante los 40 años subsiguientes padecieron la represión del franquismo.
Muchas de ellas sucumbieron, como es sabido, a la negativa rotunda que el Grupo Popular
impuso absolutamente a lo largo de la pasada legislatura, pero finalmente, el 26 de
noviembre del año 2002, la Comisión Constitucional consiguió aprobar por unanimidad una
resolución que afirmaba un reconocimiento moral claro a todos los hombres y mujeres que
fueron víctimas de la guerra civil española, así como a cuantos padecieron más tarde la
represión de la dictadura franquista.
Pues bien, la proposición no de ley que tengo el honor de defender aspira a entroncar con
esta resolución de la Comisión Constitucional. N o se sitúa al margen de la misma ni
pretende desconocerla ni ignorarla, sino que sólo aspira a impulsar desde el Congreso de
los Diputados una serie de medidas que contribuirán a dar relieve a esta resolución, a
darle entidad y auténtico sentido. Quieren dotar a esta resolución de un contenido real y
efectivo, más allá de las proclamaciones de principios que contiene la misma. Hubo entre
nosotros, entre los diputados quiero decir, quien consideró que aquella resolución ponía
definitivamente fin a todo lo que tenía que ver con la recuperación de la memoria histórica
y la reparación moral y económica de las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Hubo,
insisto, quien defendió que con aquella resolución se liquidaba definitivamente este debate,
pero no es así. La Resolución de 26 de noviembre del año 2002 ponía fin a una etapa, es
cierto, pero al mismo tiempo abría una nueva, inauguraba un nuevo período en el que
todas las instituciones públicas quedaban emplazadas por parte del Congreso de los
Diputados a apoyar todas aquellas iniciativas que se formulasen por los interesados o por
sus familiares en relación con las materias a las que se refería la misma. Su texto es
inequívoco cuando afirma literalmente: Instamos a que cualquier iniciativa promovida por
las familias de los afectados que se lleven a cabo en tal sentido reciban el apoyo de las
instituciones. No hay, pues, señorías, duda alguna a este respecto. Y los afectados y sus
familias no dejan de presentar iniciativas y de formular reclamaciones a los poderes
públicos en reivindicación de su pleno reconocimiento y de medidas simbólicas y
económicas que les hagan justicia. El tiempo, ellos lo saben, sobre todo los directamente
afectados, corre inexorablemente y su avanzada edad les hace ser conscientes de que
sólo actuando con rapidez lograrán en vida que la democracia salde de una vez la deuda
de gratitud que tiene contraída con ellos. Pues bien, de la intensa labor que vienen
llevando a cabo los afectados y sus familiares, dan cuenta también los trabajos del
Defensor del Pueblo. Durante los últimos años el Alto Comisionado parlamentario
acostumbra a incluir en su informe anual un apartado específico en el que, bajo un
epígrafe que siempre se titula: Prestaciones derivadas de la guerra civil, se registran
resumidamente las miles de quejas, individuales unas y colectivas otras, que gentes de
los más diversos colectivos de víctimas de la guerra civil y del franquismo vienen
formulando para la mejora de las prestaciones públicas de las que ya disfrutan o para, en
su caso, el establecimiento de otras nuevas. El Defensor del Pueblo viene haciendo
llamamientos reiterados a los poderes públicos para que no den por finalizado el esfuerzo
desarrollado para compensar a los que resultaron más perjudicados por la guerra civil y
por la ausencia de libertades en las décadas posteriores. Incluso ha llegado a formular
alguna recomendación a este respecto. Quisiera destacar, por ejemplo, una que planteó
el año 2001, dirigida al Ministerio de Hacienda, en la que requería al Gobierno para que
llevara a cabo una revisión general de la legislación vigente en este tema, revisando
sistemáticamente todas las prestaciones que están aprobadas o, en su caso, proponiendo
la creación de otras alternativas para cubrir situaciones que no estuvieran adecuadamente
cubiertas. La recomendación, como se sabe, fue rechazada por el Ministerio de Hacienda
en aquel momento, por considerar que las prestaciones a las que se refería la
recomendación del Defensor del Pueblo estaban suficientemente cubiertas.
Hoy, señorías, nos encontramos ante un Gobierno diferente. Un Gobierno sustentado por
un grupo parlamentario que en la legislatura precedente apoyó sin reservas todas las
iniciativas que se presentaron en esta Cámara en relación con estas materias. Un
Gobierno que ha de ser -al menos así creemos nosotros- más sensible a las
recomendaciones y sugerencias del Defensor del Pueblo, a las que acabo de referirme.
Por ello el punto primero de nuestra proposición no de ley pretende instar al Gobierno a
que lleve a cabo esta revisión general de la legislación de amnistía a la que se negó
rotundamente el Ejecutivo anterior. No es -así lo creemos- una reclamación desmesurada
o fuera de lugar; es lo mínimo que cabe exigir a este Gobierno, si quiere -y creemos que
es así- desmarcarse de la actitud cerrada e incluso hostil que el Partido Popular ha
mantenido en estos temas durante la legislatura precedente. Pedimos, por tanto, un
estudio de la situación que permita identificar las lagunas e insuficiencias de las que sin
duda adolece la conocida como legislación de amnistía y un compromiso firme de
establecer, antes de que sea demasiado tarde -para muchos que han ido quedando en el
camino ya lo es-, un marco de prestaciones y compensaciones acorde con la dignidad que
se ha de reconocer a quienes mantuvieron viva durante el franquismo la llama de la
libertad y contribuyeron decisivamente a la restauración democrática. Es mucho lo que la
democracia les debe y sin su satisfacción nunca se harán plenamente efectivos los valores
de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
El segundo punto de la proposición trae causa también de la resolución de la Comisión
Constitucional de 26 de noviembre del año 2002. Una de las principales tareas a las que
se han entregado los afectados y sus familias durante los últimos años es la de la
recuperación de la verdad, una verdad que durante décadas ha permanecido soterrada
o bien oculta por el miedo o por un manto institucional que la negaba, cuando no la
perseguía con saña. Pero la recuperación de la verdad, señor presidente, exige gozar de
un mínimo de libertad para acceder a las fuentes en las que se contiene y hoy todavía
existen resabios del pasado que miran con prevención e incluso con hostilidad este tipo
de investigaciones como si fueran iniciativas impulsadas por organizaciones clandestinas
y no lo que son: un intento de recuperar la verdad avalado por la más alta instancia política
del Estado, por este mismo Congreso de los Diputados.
Hace unos meses yo mismo tuve ocasión de denunciar en esta tribuna los obstáculos con
los que algunos investigadores se enfrentaban, en aquel momento, a la hora de consultar
los fondos documentales de algunos establecimientos penitenciarios. Hoy,
afortunadamente, aquellos obstáculos han sido removidos, ha costado pero se ha
conseguido, aunque lamentablemente haya tenido que ser como consecuencia de la
denuncia que aquí presentamos. Pero todavía existen baluartes inaccesibles. Algunos
jueces, muy celosos de su autoridad jurisdiccional, se siguen resistiendo a permitir el
acceso de los investigadores al Registro Civil. Tengo en mi poder copia de un escrito que
un juez de Vizcaya remite a la sección correspondiente de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi negando por enésima vez el acceso al Registro Civil para llevar a cabo este tipo
de investigaciones, diciendo literalmente: Los datos existentes en el Registro no son
públicos y no se les va a facilitar ni el acceso ni información alguna. Así reza literalmente
el oficio que ha recibido la Sociedad de Ciencias Aranzadi del juez en cuestión. Esperamos
que, aprobada esta proposición no de ley -confiamos en que lo sea-, este tipo de
situaciones desaparezca definitivamente.
Finalmente, el texto de la proposición no de ley exige en su punto tercero rendir tributo de
justicia y reconocimiento a quienes durante la transición murieron o sufrieron daños físicos
o psicofísicos con ocasión del ejercicio de algún derecho fundamental o en reclamación
de su reconocimiento. Es una reivindicación histórica de este grupo que hasta la fecha no
ha encontrado satisfacción, aunque en la pasada legislatura ha gozado de la comprensión
del grupo parlamentario que ahora sostiene al Gobierno; es una causa justa que el Grupo
Socialista ha compartido, nos consta que también comparte durante esta legislatura y que
esperamos que lo siga haciendo en los próximos tiempos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Erkoreka, concluya, por favor.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Concluyo, señora presidenta.
Se trata de reconocer y compensar a las víctimas del tardofranquismo, aquellas que
padecieron los efectos del franquismo cuando este ya había desaparecido formalmente,
aunque sus pautas de actuación seguían inspirando la actuación de no pocas unidades
de los aparatos del Estado.
Existe una enmienda transaccional del Grupo Socialista que se ha convertido, por razones
obvias, en referencia en la tramitación de esta proposición no de ley. Esta enmienda hace
suyos los postulados de esta proposición no de ley que acabo de defender y propone una
redacción alternativa que, a nuestro juicio, mejora técnicamente los contenidos de la
misma. Por tanto, anuncio la aceptación de esta enmienda transaccional, que, insisto,
consideramos que mejora técnicamente la propuesta, sin alterar sus contenidos; al
contrario, profundiza en los planteamientos que nosotros defendemos. Es una enmienda
que aceptaremos y no hago referencia a las demás porque, por razones que todos
comprendemos, es la enmienda que se convierte en referencia en esta tramitación.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Erkoreka.
A continuación, para la defensa de su proposición no de ley, tiene la palabra, la señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene cinco minutos la señora Lasagabaster y luego tendrá cinco minutos el señor Rodríguez, también del Grupo Parlamentario Mixto, por este orden.
Señorías, presento ante esta Cámara una iniciativa cuyo objetivo no es otro que conseguir
hacer justicia. Este ha sido el leitmotiv, el objetivo central de todas las intervenciones e
iniciativas que he presentado en esta Cámara en los últimos tiempos y de todas las
intervenciones que he realizado respecto de otras iniciativas. Así lo decía también en el
último debate de la moción que presenté el pasado 14 de octubre de 2003. Decía
claramente: Si hoy no sale, seguiremos. Y aquí estamos. Estamos aquí para hacer justicia
respecto de muchísimas personas que durante años y años vieron vulnerados sus más
elementales derechos y libertades fundamentales. Lo he dicho siempre, esta no es una
iniciativa de partido ni partidista, ni tampoco es una iniciativa contra ningún partido, es una
iniciativa de justicia. Queremos devolver la dignidad a las víctimas y sobre todo -desgraciadamente ellos ya no están- a sus familiares, a los familiares de las víctimas de
la guerra civil y de la represión franquista. Queremos su reconocimiento moral, social y
económico, y queremos recuperar la memoria histórica individual y colectiva de lo que
pasó. Hay muchas actuaciones que hay que realizar y probablemente el listado no pueda
ser ni tan siquiera exhaustivo hoy. Hemos hablado muchas veces de la importancia de los
datos, del acceso a la documentación. Aquí se han señalado las dificultades que hemos
tenido que sobrellevar, sobre todo los familiares y organizaciones, para acceder a
documentación, a los archivos públicos y privados de fundaciones como la Fundación
Franco, que no permitía ni tan siquiera el acceso y están subvencionadas. Queremos un
plan de ayudas económicas, mas allá del que ya han realizado las administraciones
autonómicas. Queremos que los familiares puedan recuperar, y para eso hay que obtener
información y hay que dotar de ayuda, los restos mortales de sus seres más queridos, de
los desaparecidos, de los fusilados, de los ejecutados durante la guerra civil y el
franquismo. Queremos devolver la dignidad con mejora de pensiones asistenciales y
asistencia sanitaria a tantas y tantas personas que hoy no es que vivan, hoy malviven.
Hablamos de los niños de la guerra u otra serie de personas que tienen una mala situación
económica y para las cuales la urgencia es imperativa hoy. Hablamos de suprimir
subvenciones a fundaciones que se emparentan mucho más con dictadores y nada con
la democracia, y todos saben a quién me refiero. Hablamos también de la apertura de esa
ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, para que ampare a las víctimas de la
represión policial. Hablamos también de revisiones de juicios sumarios y causas judiciales
sumarísimas, para llevar a su anulación. Y todo esto ni siquiera es exhaustivo. Hay
muchas más cosas para hacer. Nuestra filosofía ha sido siempre la de actuar en concreto,
con urgencia y rápido. Esto fue lo que nos llevó a admitir la transacción, sobre la base de
las iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo de Izquierda Unida y la de
Eusko Alkartasuna el 20 de noviembre de 2002, actuando paso a paso. Y hoy lo vamos
hacer otra vez. Pero, ojo, en ningún caso ponemos punto final a nada. Con estas iniciativas
y la que hoy aprobemos como enmienda transaccional, seguiremos haciendo muchas
cosas que quedarán pendientes.
¿Qué presentamos entre todos, después de conversaciones a las que espero todo el
mundo se una con su voto? Iniciativas que permitan este reconocimiento moral, social y
económico. Que sepamos cuál es la situación de todas estas personas, de sus familiares,
qué es lo que las distintas administraciones han hecho a lo largo de este tiempo y qué
tenemos que hacer. Es evidente que el tiempo apremia. Cualquier tiempo que sea más allá
de lo que se establece como finales de año, sería un error, por no decir una injusticia. Pero
también queremos, como decía antes, que en esa transacción se ampare esta amplitud
de esa ley a esas víctimas del exceso de represión policial en lo que se llamaba
tardofranquismo. Hablamos de los cinco obreros asesinados en las puertas de la iglesia
de Gazteiz. Hablamos de otras víctimas de manifestaciones. Hablamos de todas estas
personas a las cuales hay que hacer justicia. Lo mismo que el acceso a los documentos
de las personas que quieren saber más de ellos y más de sus familias. El acceso a las
fundaciones, a los ficheros públicos y privados, lo reitero para que no quede ninguna duda.
Y también la dotación de medios materiales y humanos para que esto pueda ser posible.
Nos quedan más cosas. Pero, como les decía antes, seguiremos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora Lasagabaster. Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Decía Castelao, que fue precisamente diputado en este Congreso en la primera legislatura republicana y también en la de 1936, cuando ya desde el exilio en Buenos Aires contemplaba lo que pasaba en el Estado español, en concreto en 1943, lo siguiente: Moito máis que nos, os que vivimos en América, están sofrindo a xente de Hespaña, que non ten pan, nen roupa, nen sosego, nen liberdade. Calquera dos que viven en cadeas ou dos que agonían perseguidos, teríase por moi feliz o día que poidese traspasar a fronteira hespañola.
Un exiliado, por tanto, estaba evocando los sufrimientos de todos aquellos que habían
quedado dentro de la cadena y de la cárcel del Estado español franquista. Da igual que
se trate, aunque sea con más intensidad, del periodo 1936-1939, que del periodo 1939-1977. Las características son comunes: exiliados, encarcelados, huidos, asesinados,
desterrados, depurados y torturados. Pero tenemos que hacer especial mención en estos
momentos a aquellos asesinados y desaparecidos o bien en juicios que fueron una
auténtica farsa, o incluso paseados en las cunetas. En muchos cementerios de Galicia
duermen los últimos mártires de la libertad en número incontable, decía Castelao, y entre
ellos en concreto una de las personas que había elaborado el estatuto de autonomía que
fue plebiscitado el 28 de junio de 1936, en concreto Alexandre Bóveda, al que aún hoy la
mayoría de las instituciones niegan la rehabilitación de su memoria en Galicia, y en
particular incluso el Parlamento de nuestro país. Un hombre pacífico, dialogante, de
confesionalidad católica, que fue asesinado solamente por el delito de ser adicto al
régimen republicano, que era exclusivamente el régimen constitucional y legal establecido.
Señorías, pensamos que hay tantas familias, asociaciones e incluso la última generación
que puede informar directamente de lo que pasó, que desde el punto de vista político
institucional es el momento de que ayudemos precisamente a acabar con una situación
que se basaba en la vergüenza, en el silencio y en el miedo. Por tanto, pensamos que la
iniciativa que hoy se va a aprobar es oportuna y por fin va a llegar a buen término desde
el punto de vista práctico. La represión no fue solamente en la etapa a que nos referimos
de la guerra civil y los momentos inmediatamente posteriores, pero esta represión no
impidió que se restaurase la oposición al régimen franquista y para nosotros hay fechas
especialmente importantes, una simbólica fundamental: los sucesos, clave desde el punto
de vista democrático, que indujeron a la ruptura, a la transición de la actual democracia,
que fue la movilización obrera de 1972 en Ferrol. Un 10 de marzo, en que precisamente
por movilizarse en defensa de los derechos de manifestación, de las libertades de
información y de las libertades sindicales, fueron asesinados dos obreros, Amador y
Daniel, en el Puente Das Pías, con una serie de heridos, más de veinte, con la aplicación
de un estado de excepción en la ciudad durante más de diez días, que incluso llevaron a
Santiago Carrillo a reconocer que había sido uno de los elementos fulcrales y
fundamentales de oposición al régimen en aquel momento histórico. Digo esto porque es
inevitable que recuperemos también el pasado inmediato y me gustaría leerles
rápidamente la homilía que en aquel momento, con permiso del Obispo de Ferrol, el señor
Araujo, se leyó en todas las iglesias: Creemos que despedir a los representantes de los
obreros precisamente por el capital y en plenas deliberaciones es algo tan injusto en sí
mismo que no se puede admitir ni debe repetirse más. Ante la muerte de nuestros
hermanos sólo oímos la voz del Sinaí: no matarás. Deseamos y pedimos con toda la
fuerza de nuestra palabra y de nuestra vida que esas muertes sean las últimas, que los
responsables del poder político y económico creen los cauces adecuados de diálogo y
participación que hasta ahora no se ha hecho, busquen otros medios de custodia del orden
público, eliminen el miedo de la gente con la restauración plena de la confianza y la
tranquilidad de la conciencia. Los enterrados, todos los mártires enterrados en este
momento, lo fueron en unas condiciones de excepcionalidad e incluso el propio párroco
que fue encargado de decir la homilía fue multado por la autoridad política con 250.000
pesetas, como lo fueron cantidad de personas civiles y eclesiásticas de toda la comarca
en aquel momento histórico, llegando el señor López Bravo a denunciar al obispo de
Mondoñedo-Ferrol ante la Santa Sede.
Decimos todo esto, señorías, porque es importante que se den cuenta hasta qué extremo
la contribución para que hubiese democracia en el Estado español fue múltiple, plural e
inestimable y no puede ser en absoluto olvidada. Lo decimos desde nuestra convicción de
que hay que restaurar la verdad y de que es hora de que el régimen democrático no
solamente sea democrático formalmente sino que asuma esa parte del pasado como algo
consustancial a su estructura ya su idiosincrasia, para que no se pueda pensar que lo
único que se hizo fue un maquillaje democrático pero a través de las personas que
controlaron, usurparon y decidieron los momentos más negros de la historia de España
en aquellos años, desde el año 1936 hasta el año 1977.
Acabo, señora presidenta, diciendo que nuestra iniciativa fue sensiblemente mejorada con
la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista y en especial queremos
hacer hincapié en ese proyecto de ley de solidaridad con las víctimas que sufrieron daños
personales para que este proyecto establezca ayudas económicas, aunque se perciban
de una sola vez, y que afecte a todas aquellas causas que ocurrieron entre el 1 de enero
de 1968 y el 6 de octubre de 1977. Y también en especial a que, desde el punto de vista
público y privado, se tenga la mejor disponibilidad para buscar cuantos documentos sean
necesarios para encontrar, entre otras muchas, las fosas de todos esos asesinados. Acabo
con un dato, señora presidenta, para que se den cuenta de la gravedad del problema. En
un lugar como Ferrol y la comarca fueron asesinados entre 1936 y 1940, 715 personas.
Creo que sus familias, aún hoy vivas, y muchas de las personas que comprobaron este
tipo de terror tienen derecho a buscar a sus familiares donde puedan estar anónimamente
sepultados y en otros casos restaurar la dignidad de su memoria.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Pasamos al turno de defensa de las enmiendas presentadas a estas proposiciones no de ley. En primer lugar, tiene la palabra el representante del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Señora presidenta, señorías.
Una vegada més, els recordo que en aquesta petita intervenció hauré de parlar-los en llengua espanyola, perquè els drets lingüístics deis catalanoparlants no ens són reconeguts en aquesta càmara. Estem convençuts que els membres d'aquesta càmara, en nom de la llibertats i els drets democràtics, posaran fi, ben aviat, a aquesta injusticia que, com a demòcrates, a les primeries del segle XXI, hauria d'avergonyir-nos.
Hace tan sólo unos días, en el paraninfo de la Universidad de Barcelona, en la apertura de un homenaje tardío a los supervivientes catalanes del campo de exterminio de Mauthausen, el intelectual y ex ministro de Cultura socialista del Gobierno español, antiguo deportado en un campo nazi, Jorge Semprún, manifestó con dolor hasta qué punto durante la transición se cayó en el error de confundir amnistía con amnesia y perdón con olvido.
Ciertamente, los dirigentes de los pueblos del Estado español, tanto los que habían formado parte del franquismo como los que habían participado en la lucha contra la
dictadura, optaron por el olvido. En nombre de la estabilidad política obviaron los derechos
humanos proclamados por Naciones Unidas, que establece que los crímenes contra la
humanidad son imprescriptibles y no pueden quedar impunes. En nombre de cerrar
heridas históricas permitieron que centenares de miles de familias republicanas
continuaran padeciendo injusticias y el terror interiorizado y silenciado durante décadas -terror, repito, creado en centenares de miles de familias, especialmente en las mujeres,
madres, esposas e hijas de vencidos- hizo que una gran parte de estas familias no se
atreviesen ni a hablar de su tragedia a sus hijos y nietos.
El comportamiento de la mayoría de dirigentes de la transición, con todo respeto, en este
aspecto ha sido frustrante. No han tenido una actitud fundamentada en la justicia y el
derecho sobre crímenes contra la humanidad sino que han ido dando una respuesta
aislada ante cada una de las peticiones de los pocos sectores organizados que han
reclamado justicia. Por ejemplo, se aceptaron las reivindicaciones de los derechos pasivos
de ex militares y ex funcionarios de la República, se compensó primero el patrimonio
inmobiliario expropiado a los sindicatos y mucho más tarde el patrimonio incautado a los
partidos políticos, pero queda mucho y de forma urgente por hacer.
Las nuevas generaciones del Estado español, cultas y educadas en los valores
democráticos, se han convertido en la voz que ha ido supliendo la cada vez más debilitada,
por razones de número, salud de los supervivientes republicanos y los demócratas que
padecieron tortura, cárcel o muerte por parte de la dictadura. Corresponderá, pues, a la
historia juzgar los comportamientos de unos y otros, pero por lo que respecta a la
problemática que suscita esa intervención, les recuerdo que el 20 de noviembre del 2002
el Congreso de los Diputados aprobó una resolución en la que, además de condenar el
golpe militar del año 1936, se declara el reconocimiento moral hacia todos los hombres y
mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, etcétera. No obstante, como
señalaba el Defensor del Pueblo en su informe anual, a finales del 2003, esta histórica
resolución no ha tenido la repercusión que precisa su observancia, particularmente en lo
que concierne a la revisión de los juicios sumarios realizados durante la dictadura, puesto
que el Tribunal Supremo ha seguido rechazando las peticiones que se le han presentado
en ese sentido. Ell 10 de septiembre del año 2003, el Grupo Parlamentario Socialista
presentó ante el Congreso una proposición no de ley relativa a la anulación de los juicios
sumarísimos militares que se llevaron a cabo durante la dictadura franquista. Dicha
propuesta, defendida por la señora Valcarce García, fue rechazada por el Partido Popular.
Porque algo habrá dejado de hacerse o se habrá ejecutado de manera incorrecta cuando
miles de ciudadanos antifascistas, muchos de ellos al final de sus vidas, todavía no han
sido reparados ni moral ni económicamente, o se ven inmersos en laberínticos procesos
administrativos y burocráticos para acceder a ellos y les provoca desazón y desengaño,
como es el caso de aquellos ciudadanos a los cuales no se les da credibilidad por la falta
de documentación. Porque algo habrá dejado de hacerse o se habrá ejecutado de manera
incorrecta cuando en la España del siglo XXI un monumento que ensalza la figura de un
genocida y el ideario fascista construido con el dolor y la muerte de los legítimos
defensores de la Constitución republicana, como es el Valle de los Caídos, se ha
convertido en lugar de peregrinación de los totalitarios y escarnio de la cultura de la paz
y la convivencia. Porque algo no se habrá hecho bien o habrá dejado de hacerse cuando
un ministro como el señor Caldera toma posesión de un ministerio aquí y ahora, en el año
2004, sin hacer desmontar la estatua ecuestre del dictador que preside la entrada de su
ministerio. ¿Sería posible este hecho en la Alemania actual respecto al genocida Adolf
Hitler? Porque algo no se habrá hecho correctamente o habrá dejado de hacerse cuando
hoy día todavía los familiares de las personas asesinadas por la dictadura no pueden
acceder a las causas judiciales con la finalidad de poder pleitear en favor del honor de sus
seres queridos a los cuales se les atribuye a veces la condición de bandidos. Porque algo
habrá dejado de hacerse o se habrá ejecutado de manera incorrecta si por parte del
Estado todavía no se ha pedido perdón por las decenas de miles de luchadores por la
libertad que sufrieron torturas en las comisarías, presidio en las cárceles franquistas o
fueron asesinados por el ejército español, como el presidente de nuestro país Lluis
Companys, o el asesinato de sindicalistas como Joan Peiró, de ideólogos como Pesset,
de luchadores como Julián Grimau, Francisco Granado, Joaquín Delgado, Salvador Puig
Antich o el siempre recordado Juan Paredes Manot, fusilado en nuestra Cataluña por la
Guardia Civil. En este sentido, déjenme que les informe de hasta qué punto estamos ante
una reivindicación que se ajusta al sentir más profundo del pueblo de Cataluña que la
Associació pro memoria d'inmolats per la llibertat de Catalunya, a favor de la reclamación
ante el Gobierno español para que se promulgue una ley a fin de que sean anulados los
juicios sumarísimos militares que se llevaron a cabo durante la dictadura franquista, no una
amnistia, ya que ello sería reconocer la popularidad y sería imperdonable, ha recogido la
adhesión de cien ayuntamientos de Cataluña, los más poblados, entre los cuales se
encuentra nuestra capital, Barcelona, y las cuatro diputaciones. Cien ciudades de
Cataluña, repito, las más pobladas, piden que se revisen las causas sumarias y
sumarísimas que condujeron a la muerte a tantos luchadores antifascistas.
Ha llegado, pues, el momento definitivo de revisar los juicios sumarios y sumarísimos, de
la identificación y entierro de todos los cadáveres encontrados en las fosas de la
vergüenza, del reconocimiento de las guerrillas antifranquistas, de la multiplicación de los
actos de catarsis reconciliadora en los ayuntamientos, en los parlamentos autonómicos,
en los órganos del Estado central, en las Fuerzas Armadas, entre la jerarquía de la Iglesia
y la masonería, en la Administración de Justicia. Ha llegado también el momento de la
reparación económica, de la reconciliación del Estado central con las nacionalidades, del
reconocimiento del intento de genocidio, de la recuperación y conservación de los penales
y campos de concentración, de la revisión de los conceptos históricos en los planes de
estudio, en las programaciones de las escuelas militares, de la revisión de los callejeros
de ciudades y pueblos con una norma general de prohibición de ensalzamiento del
franquismo, la normalización de la memoria republicana, etcétera. Han pasado 25 años
desde la aprobación de la Constitución del año 1978 que instituyó una nueva legalidad y
que permitió la reintegración del Estado español en la Europa democrática. Ha llegado el
momento, pues, de que España abandone la cultura del olvido y deje de ser la excepción
en la cultura europea de la memoria histórica que tiene el objetivo de grabar, en la
conciencia de las sucesivas nuevas generaciones, el nunca más ante la barbarie de los
Esquerra Republicana ha presentado dos enmiendas, una de las cuales dice: Proceder a
la revisión de las causas judiciales sumarias y sumarísimas instruidas sin ningún tipo de
garantía democrática bajo la dictadura, con la finalidad de ser anuladas y así restaurar la
dignidad y el honor de los ciudadanos que padecieron tortura, privación de libertad o
muerte por luchar por las libertades democráticas. La otra enmienda dice: Proceder al
estudio de modificación de la ley que otorga la nacionalidad española a aquellas personas
nacidas en otros Estados como consecuencia del exilio de sus padres que así lo desearan.
La enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista debe contextualizarse en
el análisis que hemos realizado. Por ello, nos parece demasiado generalista, poco
ambiciosa e injusta respecto a la no admisión de las necesidades de proceder a la revisión
de las causas judiciales. Aun así, votaremos a favor, pero ya anunciamos que esperamos
discutir pronto la propuesta de Esquerra Republicana de proceder a la anulación del juicio
que llevó al asesinato de nuestro presidente Lluis Companys. El mismo señor Bono nos
sorprendió manifestando su posición favorable, resolución que debe abrir la puerta a la
posterior revisión de todas las causas de los ciudadanos inmolados por la libertad. En
Cataluña nunca aceptaremos la no revisión y la no posterior anulación de los sumarios que
condenaron a nuestros padres a la miseria.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Tardá.
Para la defensa de su enmienda tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Muchas gracias.
Nos encontramos ante tres proposiciones no de ley que plantean cuestiones similares, con
matices propios, pero todas ellas oportunas y complementarias. La verdad es que después
de las intervenciones que se han sucedido poco queda por decir, pero algo tendremos que
manifestar para exigir ese reconocimiento y apoyo a los represaliados, a los encarcelados,
a los asesinados, a los desaparecidos y también, por supuesto, a aquellos que sufrieron
el exilio y el extrañamiento; en definitiva, el justo reconocimiento que todos aquellos que defendieron la democracia y lucharon por el restablecimiento de las libertades merecen.
Mediante las iniciativas presentadas se pretende saldar, por fin, una deuda histórica con
los máximos valedores de la democracia. El Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds se suma, como es natural, a ello; eso sí,
a pesar de que dicho reconocimiento no se hizo coincidiendo con la celebración del 25
aniversario de nuestra Constitución española. Debería haberse hecho incluso antes, pero
recordemos que en esa celebración no formó parte de los actos oficiales de
conmemoración el homenaje a los luchadores por las libertades promovido por todas las
fuerzas políticas excepto el Partido Popular, sin que ni siquiera se permitiera a los
homenajeados estar en este hemiciclo en los escaños donde nosotros nos sentamos. Bien,
más vale tarde que nunca, señorías. Hoy nos sentimos optimistas esperando que por fin
se empiece a trabajar, de verdad, por esa recuperación moral y económica de las víctimas
de la dictadura franquista. Y digo trabajar de verdad porque esa resolución, que tanto se
cita y que efectivamente se aprobó por unanimidad, no ha implicado una verdadera acción
ni ha implicado un trabajo por parte del Gobierno, yeso hay que denunciarlo. Pero no lo
digo yo sino el informe anual del Defensor del Pueblo de finales de 2003, que dice: Esta
histórica resolución parlamentaria no ha tenido la repercusión que precisa su observancia
de parte de las instituciones del Estado. Repito que el Defensor del Pueblo es quien lo
dice, señorías. Lo cierto es que el retraso, al que hacía mención, en abordar la reparación
ha llevado al desamparo a las familias de las víctimas que no pueden recuperar los restos
de sus familiares de forma legítima y con los honores que correspondería; al desamparo
de los denominados niños de la guerra, que ya no son tan niños; a la falta de acción en
cuanto a la recuperación de las fosas de enterramiento. En fin, son acciones que muchos
ya no podrán ver, pero -vuelvo a decirlomás vale tarde que nunca y desde ahora tenemos
que trabajar por el desagravio hacia todas las víctimas. Hay mucho, mucho trabajo por
hacer y este Parlamento debe dar hoy ese primer paso de compromiso firme de trabajo
por ello y por ellos. Hemos de adoptar las medidas necesarias para devolver al pueblo su
historia y reconocer la contribución de aquellos que lucharon por el régimen democrático
y de derechos que hoy, más o menos, disfrutamos. Lucharon por acabar con la dictadura
franquista llevando a cabo una resistencia heroica que les condujo a la muerte y al exilio.
Como muchos de nosotros sabemos, conocer bien nuestro pasado es un requisito para
consolidar la democracia; es un paso que ningún Gobierno ha abordado de forma decidida
hasta la fecha, constituyendo así el llamado modelo español de impunidad, basado en la
desmemoria, en la dejación y en la impunidad.
Señorías, ha llegado el momento del cambio. La derecha reaccionaria que nos ha
gobernado ya no tiene potestad para frenar este tipo de iniciativas ni -y esto es lo
fundamental- el trabajo de reconocimiento y acción que ha de cumplir el Gobierno para
recuperar nuestra memoria. Destaco el término acción porque, como ya he comentado,
es muy fácil aprobar iniciativas pero lo importante es llevarlas a cabo después, que el
Gobierno lleve a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento a los mandatos
parlamentarios, lo cual, según el Defensor del Pueblo y todas las asociaciones que se han
constituido en defensa de la memoria histórica, está claro que no se ha hecho. Hoy hemos
de volver a demostrar que la mayoría parlamentaria ha cambiado, como lo hacemos ya
prácticamente cada semana, y por ello no vamos a tolerar que el dinero de los impuestos
de los ciudadanos se destine ni a la Fundación Francisco Franco ni a la Fundación División
Azul, como hacía el Gobierno anterior, ambas muy lejos de cualquier contenido
democrático. En este camino de recuperación de la memoria histórica que empezamos a
andar se encuentra también la iniciativa presentada por el Grupo de Izquierda Verde, por
el Grupo de Esquerra Republicana y por el Grupo Mixto de creación de un libro blanco en
el seno de una comisión no permanente para la recuperación de la memoria histórica. En
esta línea de trabajo y propuestas, Izquierda Verde apoya, por supuesto, esta iniciativa y
además aporta las dos enmiendas de adición cuyo contenido pretende destacar el
reconocimiento a un colectivo olvidado y sin ningún derecho hasta la fecha; es decir, las
decenas de miles de presos que durante la dictadura franquista fueron explotados
laboralmente, sometidos a trabajos forzados, cuyo más triste símbolo es el famoso Valle
de los Caídos, aunque por desgracia hay cientos de valles de los caídos a lo largo de toda
España. En definitiva, compartimos la idea de que ha llegado el momento del cambio y de
la cohesión política, pero cohesión desde la pluralidad y con respeto a nuestra memoria,
como se hace en toda Europa.
Para finalizar, no quiero abandonar la tribuna sin decir que, por supuesto, no pretendemos
abrir viejas heridas sino cerrarlas, es decir, hacer la casa más habitable. Recordemos que
un pueblo que no conoce su pasado puede repetir los mismos errores en el futuro.
Recuperemos nuestra memoria y reconozcamos a los luchadores y defensores de la
democracia su papel fundamental.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Navarro. Para
la defensa de su enmienda tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor
Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado enmiendas con el mismo tenor a cada una de las
tres iniciativas que de forma agrupada se debaten esta tarde en esta sesión plenaria. El
Grupo Parlamentario Popular afronta el debate que hoy nos ocupa con el mismo espíritu
con que los españoles y las fuerzas democráticas afrontaron en su momento el pacto
constitucional y el conjunto de decisiones que desde la recuperación de las libertades
democráticas se han tomado por los distintos gobiernos y por distintas mayorías
parlamentarias en nuestro país; y con el mismo espíritu de las dos pasadas legislaturas
de mayoría del Partido Popular afrontamos los debates que sobre las víctimas de la guerra
civil y del franquismo se han celebrado en esta Cámara: con espíritu constructivo,
responsable y coherente y con voluntad de consenso y con voluntad de concordia; con el
mismo consenso que impregnó la Constitución y las decisiones que en esta materia se han
tomado entre todos en las Cortes Generales de nuestra democracia, y con la voluntad de
consenso y de concordia que animó a los constituyentes y que todos reiteramos en aquella
sesión, calificada por muchos de histórica, de la Comisión Constitucional de esta Cámara
el 20 de noviembre de 2002. Señorías, como ustedes saben el pacto constitucional
representó reconocer e igualar derechos, restañar situaciones injustas, compensar daños,
cerrar heridas y mirar hacia adelante para seguir juntos todos los españoles en libertad y
en democracia nuestro camino como pueblo.
Supongo que todos estaremos de acuerdo en que la sociedad española mira al futuro, y
lo hace gracias al gran cambio que se ha producido en nuestro país en los últimos 25
años, lo cual ha sido posible, sin duda, gracias a la Constitución de 1978, la Constitución
de la concordia, y gracias a la democracia española que han permitido el libre juego
político, la alternancia, la estabilidad democrática y el progreso de los españoles. Señorías,
hace 25 años decidimos integrar en nuestra Constitución y en nuestra democracia a todos
los españoles que habían sido víctimas de la guerra civil, del exilio o de la represión del
régimen franquista. Así, las disposiciones legales y normativas que tras la recuperación
de las libertades se dictaron en la que yo calificaría -y creo que estaríamos todos de
acuerdo ejemplar transición democrática, con distintos gobiernos y mayorías, bien de la
Unión del Centro Democrático o del Partido Socialista, estaban animadas por estos
espíritus de concordia y de reconciliación y tenían por objetivo, por finalidad, paliar las
consecuencias de la guerra civil y de las situaciones discriminatorias e injustas producidas
con posterioridad a la misma, integrando en nuestra Constitución y en nuestra democracia
a todos. Se empezó, como ustedes recordarán, por la amnistía de octubre de 1977, donde
se puso de manifiesto la voluntad de entendimiento basada en el perdón y en el olvido. Es
muy ilustrativo, señorías, la lectura de los debates parlamentarios de esta ley que yo he
hecho recientemente y animo a quienes no lo hayan hecho a que lo hagan. Desde esta
Ley de Amnistía, que es la piedra angular de toda la legislación que se fue aprobando en
los años posteriores, hasta la disposición adicional decimoctava de la Ley de Presupuestos
de 1990 se dictaron un conjunto variado de disposiciones que posteriormente fueron
interpretadas, completadas y ampliadas por los tribunales de justicia en distintas
resoluciones e incluso por el Tribunal Constitucional. Por otra parte, las Cortes Generales,
en especial en las dos últimas legislaturas con mayoría -insisto- del Partido Popular, han
realizado numerosos pronunciamientos públicos de reconocimiento y de rehabilitación
política y, entre ellos, el último fue el que se produjo en esa sesión del 20 de noviembre
de 2002 de la Comisión Constitucional de esta Cámara.
En la pasada legislatura algunos grupos parlamentarios plantearon diversas iniciativas, un
número importante de iniciativas que estaban pendientes de debatir y que tenían que ver
con momentos y circunstancias tan dolorosas de nuestra historia como la guerra civil y sus
secuelas. Y por consenso, recordando, recuperando y revitalizando el espíritu que animó
a nuestros constituyentes, alcanzamos un gran acuerdo político que representó un cierre
político a todas estas cuestiones, como quedó constancia por lo que manifestamos en
aquella sesión los portavoces de los principales grupos parlamentarios y como quedó
constancia por parte de uno de sus impulsores, con otros relevantes miembros de mi
grupo parlamentario, que no fue un mero testigo sino garante de ese acuerdo y que es don
Alfonso Guerra, diputado constituyente y presidente de la Comisión Constitucional. Como
garante de ese acuerdo estála palabra, en la que creemos, del señor Guerra. Creemos en
el valor de la palabra dada, señor Guerra, no permita que nadie la dilapide porque forma
parte de su propio patrimonio, que nosotros respetamos profundamente. Con aquella
resolución histórica de esta Cámara, a la que contribuyeron muchos de sus ilustres
miembros, además de hacer condena expresa de la violencia para imponer ideas y de
reiterar la conveniencia de mantener el espíritu de reconciliación y de concordia que
presidió la elaboración de la Constitución y que facilitó el tránsito pacífico de la dictadura
a la democracia, se reafirmó el reconocimiento moral de cuantos hombres y mujeres
fueron víctimas de la guerra civil y de cuantos sufrieron la represión franquista y el exilio.
Además, señorías, en el punto tercero de esa resolución expresamente se hace una re
afirmación de todas las víctimas de la guerra civil, de la represión franquista, y también,
señor Erkoreka, en esa resolución se pide expresamente la implicación de las
instituciones, pero evitando en todo caso que sirva para reavivar viejas heridas o remover
el rescoldo de la confrontación civil. Por tanto estamos absolutamente de acuerdo. Pero
estos reconocimientos se hicieron, como saben SS. SS., desde la integración, desde el
consenso, desde la normalidad de una democracia consolidada en España y de nuestros
25 años de Constitución. N o era un reconocimiento desde la confrontación sino desde la
integración, y así lo convinimos y así lo quiere la sociedad española que mira al futuro y
no quiere volver a repetir ninguno de los errores del pasado. Aquella resolución fue un
punto de encuentro de todas las fuerzas políticas de esta Cámara de aquel día y para
siempre. Acordamos sacar del debate político la guerra civil y sus secuelas, con el espíritu,
insisto, de consenso, de reconciliación y de concordia con que se abordóla elaboración de
la Constitución. Creo sinceramente, señorías, que todos hicimos un buen servicio a la
sociedad española con nuestra decisión, con nuestro acuerdo y con nuestra resolución,
que significaba poner fin al debate político sobre estas cuestiones, cerrarlo y culminarlo,
como manifestaron junto a este diputado los portavoces de los grupos de la Cámara y de
forma especial los señores López Garrido y López de Lerma, éste último hoy no nos
acompaña. Se produjo un cierre político y este grupo lo mantiene. Pero, señorías, al
margen del cierre político que se produjo aquel día, hay cuestiones de aquella resolución
que están resueltas, pero otras requerirán completar su desarrollo o requerirán alguna
decisión o estudio o impulso por parte del Gobierno. Por ello, nuestro grupo parlamentario
ha presentado enmiendas a estas iniciativas en ese sentido. En primer lugar, para
reafirmar el espíritu y la letra, en su integridad, de aquella resolución de 20 de noviembre
de 2002 y el pleno reconocimiento moral a todos los hombres y mujeres víctimas de la
guerra civil y de la represión franquista. Además, ratificando dicha resolución se hacen dos
mandatos al Gobierno: Uno, que en el plazo de seis meses adopte cuantas medidas sean
necesarias para completar ese desarrollo y culminación de los mandatos que estaban en
aquella resolución; y otro, que en el plazo de seis meses revise con carácter general los
derechos reconocidos en la legislación vigente y los casos pendientes de reparación moral
para tomar las medidas, en ese periodo, que estime oportunas. Entendemos que es un
mandato amplio en el que cabe todo tipo de decisiones, que está apoyado en la propia
decisión del 20 de noviembre del 2002. Por último, añadimos otro conjunto de iniciativas
que se refieren a facilitar lo que ya la ley permite, autoriza y garantiza, que es el acceso
a todo tipo de archivos, documentos, etcétera; pero si hubiese algún obstáculo que
remover se hace un mandato expreso al Gobierno, tanto en lo que se refiere a archivos
públicos como el acceso a archivos de fundaciones privadas con las que hay convenios
de la Administración General del Estado. Esta iniciativa es plenamente coherente con lo
que acordamos, es coherente con el cierre político que acordamos en el año 2002 y
además está a la altura de las necesidades y circunstancias de la sociedad española.
Señorías, intervengo en un momento del debate defendiendo una enmienda y no he tenido
la oportunidad de fijar mi posición sobre la enmienda que aún no ha sido presentada por
parte del Grupo Socialista y que ya han anunciado algunos grupos que van a aceptar. No
han dicho las razones por las que rechazan la nuestra y quisiera hacer algún comentario.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muy brevemente, por favor, señor
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con toda brevedad, señora presidenta, pero hay tres
iniciativas acumuladas y tengo que fijar posición sobre una enmienda que aún no se ha
defendido. Encuentro cierta indefensión pero trato de salvarla. Parece que se va a someter
a votación una iniciativa del Grupo Socialista y mi grupo parlamentario insiste en la
voluntad de que esta cuestión se trate con consenso, con acuerdo y con transacción. Parar
alcanzar acuerdo, consenso y transacción es preciso casar las iniciativas de cada uno. En
cualquier caso, quisiera hacer algunos comentarios sobre la iniciativa del Grupo Socialista
en la que podemos coincidir. Muchas de las cosas que plantea el Grupo Socialista son
obvias porque están implícitas en la resolución del año 2002. La referencia puntual a un
aspecto concreto de esa resolución no está mal, pero creo que la misma, con su
exposición de motivos y con cada uno de sus puntos, forma parte de un instrumento
fundamental para aplicar en lo que nos movemos, y pienso que no hay que hacer nuevas
interpretaciones sobre algo que está suficientemente resuelto en un documento
consensuado. Señorías, al Grupo Popular no le parece que tal y como se dice en el punto
segundo de la iniciativa del Grupo Socialista haya víctimas de la represión de la transición
política. N o sé si es un error de redacción que se introduce en el propio texto de la
iniciativa, como se da a entender en ese apartado. Señorías, la dictadura termina cuando
termina y el camino a la democracia empieza cuando empieza. N o reabramos debates
cerrados y bien cerrados. No sabemos qué se quiere poner en cuestión. Si es un error de
redacción subsánese; si se quiere plantear otra cosa que se diga abiertamente, pero eso
no tiene nada que ver con lo que hemos debatido hasta ahora. La verdad es que la
resolución del Grupo Socialista podía hacer referencia directamente a la aprobada en la
Comisión Constitucional, que faculta perfectamente al Gobierno para adoptar las medidas
de desarrollo de aquella resolución política. Y no hace falta ni tan siquiera instar al
Gobierno a elaborar talo cual ley, tiene facultad para hacerla y si el Grupo Socialista lo
propone no tenemos nada en contra. No somos partidarios, en ningún caso, de interpretar
nuevamente lo que está acordado y bien acordado con amplio consenso, por unanimidad,
en el año 2002, y se hizo de forma solemne y de forma, insisto, unánime. En nuestra
enmienda damos un mandato al Gobierno para que desarrolle o complemente lo que está
realizado. El Grupo Socialista encorseta más. En cualquier caso, no entendemos que sea
necesario que venga nada a esta Cámara cuando el propio Gobierno podría hacerla y hay
un Gobierno legítimamente establecido que debe actuar en función de esos parámetros.
Esperamos la respuesta del Grupo Socialista, y con esto termino, señora presidenta,
agradeciendo su benevolencia. En el Grupo Popular queremos una resolución por
consenso, resolución que reitere solemnemente desde el Pleno de este Congreso de los
Diputados lo que aprobamos hace casi dos años en la Comisión Constitucional y que
representaba una culminación, un cierre con credibilidad del debate parlamentario sobre
cuestiones tristes de nuestra historia común, sacando del debate político la guerra civil y
todas sus secuelas. Y queremos cerrar y culminar el debate de nuevo, como manifesté en
aquella ocasión, en noviembre de 2002, en beneficio de todos, en beneficio de las
víctimas, en beneficio de las futuras generaciones y todo ello desde el espíritu de
integración de nuestra Constitución y de nuestra democracia.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Atencia.
Finalmente, para la defensa de la última enmienda presentada, tiene la palabra el señor
Jáuregui por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, señorías, abordamos nuevamente un
debate esencial, diría yo, en la política española, que es el debate de nuestra guerra civil,
la represión del régimen franquista, las compensaciones a las víctimas de la guerra y de
Quiero empezar diciendo que nuestro grupo comparte el espíritu que late en las tres
proposiciones no de ley que dan origen a este debate, un espíritu que quiere rescatar la
historia silenciada, un espíritu reivindicativo de nuestra memoria histórica, porque somos
conscientes de que no es posible construir el futuro sobre el olvido, porque ningún pueblo
puede proyectar el futuro borrando artificiosa y yo diría que además inútilmente su pasado.
Nuestro grupo acepta, y cabe inclusive una referencia autocrítica a nuestros años
anteriores, que en general el tratamiento que hemos ido dando en la política española -y
el protagonismo que nuestro partido ha tenido ha sido mayor que el de otros- a estos
trágicos hechos ha estado impregnado de una prudencia y de una discreción quizás
excesiva. Conscientes de las particularísimas circunstancias en que hicimos la transición
a la democracia, durante muchos años hemos corrido un tupido velo sobre el pasado. A
pesar de que, como nos decía Alfonso Guerra -a quien yo sí vaya citar con autoridad- en
una intervención el famoso 20 de noviembre que luego recordaremos, no había ningún
pacto de silencio que comprometiera a los constituyentes, sin embargo ha habido una
parte de historia silenciada; a pesar de que no había ningún compromiso en la transición
democrática, es verdad que ha habido zonas opacas y oscuras de nuestro pasado.
Hemos sido generosos con la responsabilidad del pasado franquista, pero a veces lo
hemos hecho ocultando o atenuando las enormes injusticias que produjo. Muchas veces
hemos confundido, como decía Semprún, perdón con olvido, y sin embargo, junto a
nosotros, en nuestras mismas casas, había muestras vivas de lo cruel y de lo brutal que
fue la guerra y testimonios directos de los sufrimientos producidos por la represión
posterior del régimen franquista.
Son muchas las voces que se elevan desde hace tiempo en el pensamiento y en la historia
en España reclamando esa superación casi de amnesia colectiva de nuestro pasado,
voces que exigen una mirada franca y autocrítica a nuestra historia, no sólo para
reivindicar la verdad, no sólo para compensar a los que la sufrieron, sino para proyectada
en positivo sobre nuestra realidad social y cultural enriqueciendo nuestro acervo y nuestros
fundamentos de la convivencia democrática.
Yo creo que, como diría Gabriel Celaya, ya es hora de paseamos a cuerpo. Han pasado
casi setenta años desde aquel desastre, casi treinta desde que murió Franco, y es hora
de mirar al pasado de frente y de desnudado y obtener para el futuro todas las enseñanzas
y todas las consecuencias que tenemos que extraer de él. Es hora de que nos paseemos
a cuerpo y que miremos nuestra realidad sin excepciones, sin zonas opacas y oscuras, sin
temores, sin amenazas, pero también, señorías, sin odios, sin pretensiones vengativas,
sin actitudes sectarias, sin trasladar a esta Cámara, por ejemplo, o a nuestro presente
viejas divisiones que la sociedad española de hoy no admitiría por maniqueas, también
quizás por falsas.
Nuestro grupo reivindica así una recuperación consensuada de nuestra memoria histórica,
como lo han hecho -y se ha citado aquí- otros países en circunstancia semejantes.
Recordar Mainhausen y el genocidio nazi no abre heridas en el pueblo alemán, lo hace
más sabio, lo hace más consciente de sus riesgos, lo hace más fuerte, lo hace más firme
en sus convicciones democráticas. Pues de la misma manera, señorías, honrar y
reconocer a quienes fueron fusilados o encarcelados después de la guerra del 36 no divide
ya a los españoles; recordar que el Valle de los Caídos, como decía la representante de
Izquierda Unida, lo hicieron republicanos condenados a trabajos forzosos no ofende a
nadie, hace grande una verdad oculta; reclamar el derecho a la verdad, recordar el exilio
no hacen ya sangrar la vieja herida española. Las heridas cicatrizan con el aire de la
verdad, con el oxígeno del reconocimiento histórico y social, las heridas curan con la
justicia y con la compensación, no con el olvido y con la ocultación. Recordar todo esto
vertebra en torno a esos hechos una memoria que hace a los españoles de hoy más
tolerantes y más civilizados que los de ayer. Es esa recuperación consensuada de la
memoria lo que inspira la propuesta socialista que -como se ha dicho- pretende equilibrar
las proposiciones no de ley y que inicia precisamente en el frontispicio de su planteamiento
la reivindicación de un gran acuerdo, de un consenso unánime -muy importante, es
verdadalcanzado en la Comisión Constitucional el 20 de noviembre por todos los grupos
políticos de la Cámara y que hoy no puede ser sino ratificado y solemnizado en esta
Cámara. Esa es la intención del Grupo Socialista, porque queremos un acuerdo unánime
del Pleno esta tarde y se inicia precisamente reafirmando aquel acuerdo y
solenmnizándolo en la Cámara que simboliza -si ustedes quieren- el espíritu de concordia
de nuestra Constitución y el espíritu de reconocimiento, de tolerancia, de aceptación del
diferente, de reconocimiento de la otredad, que mejor que yo expresaron aquellos versos
de Machado cuando decía aquello de: El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo
porque te ve. Esa expresión de la alteridad, del otro, ese reconocimiento de que frente a
nosotros hay otro que piensa diferente, tan importante en la historia de España, preside
también en nuestra proposición no de ley el comienzo de una resolución que queremos
unánime y que incorpora además tres grandes ideas, porque hay que actualizar aquel
acuerdo, señor Atencia, y hay que dar respuesta a nuevas demandas que están ahí, que
se expresan con presencias que yo saludo aquí hoy de tantos y tantos viejos republicanos
y de tantas organizaciones que quieren conocer la verdad, que quieren reclamar el honor
que se les negó tanto tiempo. Esa aceptación reclama aceptar tres grandes ideas que, lo
quiero señalar, configuran nuestra alternativa.
En primer lugar, un compromiso para que el Gobierno sistematice, aclare todas las
disposiciones legales que reconocen derechos de las víctimas y que han ido configurando
un régimen de compensación a los perjudicados, a las víctimas de la guerra y de la
dictadura franquista. Queremos que el Gobierno determine qué es lo que falta o qué es lo
que hay que mejorar. Pero, por favor, señorías, no crean ustedes que de pronto nos
colocamos ex nava para atender a las víctimas del franquismo. Es una idea falsa. Desde
el año 1978, comenzando por la Ley de Amnistía, hasta el año 1993 -repito, hasta el año
1993, por algo lo digo- los gobiernos de España han ido estableciendo diferentes leyes y
decretos e implementaciones presupuestarias para compensar y establecer, por ejemplo,
el reconocimiento de la graduación militar de los republicanos, pensiones y asistencia
social y sanitaria a viudas y huérfanos de la Guerra Civil, pensiones a ex combatientes de
la República, pensiones a mutilados civiles de la guerra, indemnización a quienes sufrieron
tres años de cárcel o más, pensiones a emigrantes y exiliados, e inclusive más normas de
las comunidades autónomas. Esto no se hace hoy, esto lo llevamos haciendo mucho
tiempo, señorías. Sólo hay que ordenado, hay que ver qué falta y qué más podemos hacer
y cómo mejoramos esas prestaciones. Ese compromiso lo asume el Grupo Socialista y
mandata al Gobierno para que elabore un informe que desbroce esta fronda normativa y
lo comunique a la Cámara, y en un debate posterior, al que yo les emplazo a todos
ustedes, elevemos a Pleno propuestas de mejora, propuestas que se añadan al conjunto
de prestaciones que hemos venido haciendo en esta materia.
Segundo, en esta cuestión el Partido Socialista propone de una manera formal y solemne
reconocer lo que no se hizo en la legislatura anterior, que es la necesidad de elaborar una
ley que compense a aquellas personas que, en el ejercicio de derechos y libertades
públicas prohibidas por el franquismo y luego reconocidas por la Constitución, sufrieron
daño personal o muerte, para que haya una compensación, un reconocimiento y un honor
que merecen. Es un clamor unánime en la opinión pública española y lo era en esta
Cámara, excepto para el Partido Popular, la necesidad de regular, puesto que la Ley de
Víctimas del Terrorismo estableció una indemnización para las personas que sufrieron
daño o muerte por el terrorismo, que por circunstancias semejantes también
compensáramos a las víctimas de la dictadura en la transición que habían sufrido daño en
el ejercicio de derechos que después nuestra Constitución reconoció. Son efectivamente,
como se ha dicho, seis los muertos en Vitoria, dos en Ferrol, en Granada obreros de la
construcción, estudiantes en Madrid, en Elda, en Tarragona, muchos, no sé si centenares,
pero seguramente casi centenares de víctimas mortales y desde luego miles de otro tipo
de víctimas que han sufrido represión, y porque hay una deuda de justicia para con ellos,
por su contribución a la lucha contra la libertad, reclaman una compensación de la
democracia española, y la vamos a hacer. El Partido Socialista se compromete a que el
Gobierno elabore una ley en ese sentido.
Por último, la enmienda del Partido Socialista propone, señorías, que facilitemos el acceso
a los datos históricos. Hay miles de personas que están todavía reclamando documentos
certificativos de su prisión; hay montones de personas que están reclamando expedientes
que no obtienen de su historia, de sus juicios, de sus sentencias. Hay un derecho a la
verdad que esas personas reclaman y que tenemos que materializar. Hay que rememorar
y proyectar en positivo, como decíamos al principio, a la cultura social de nuestro país lo
ocurrido en la guerra y en la represión franquista; hacer transversal esa enseñanza;
enriquecer nuestro acervo cultural e histórico con esos hechos, porque nos hará
precisamente más fuertes democráticamente frente a lo que sucedió en aquella horrible
Éste es, señoras y señores diputados, y con esto acabo, nuestro punto de equilibrio, yo
diría un punto de equilibrio de justicia y de mesura, que sabe lo que es posible y lo que no.
Permítanme que les diga, por ejemplo, la dificultad, por no decir la imposibilidad jurídica,
de establecer una revisión de los actos jurídicos del pasado. Sencillamente, señorías, la
Ley de Amnistía no permite que revisemos las sentencias del franquismo. Lo ha dicho el
Tribunal Supremo reiteradas veces, lo acaba de decir el Constitucional. La amnistía
justamente implica la imposibilidad de una reversión jurídica de todo el conjunto de actos
jurídicos y resoluciones judiciales que se pudieron adoptar durante la dictadura. Esa es la
esencia de aquel acuerdo de concordia y de transición, de perdón pero no de olvido.
Cuidado, señor Atencia, ahí nos equivocamos, y déjeme que le diga por eso que la palabra
del señor Guerra en estas cosas está en esta propuesta de resolución, no en el uso que
usted ha hecho de su figura en su intervención que, en mi opinión, ha sido un uso indebido
Termino, señorías, pidiéndoles un esfuerzo de consenso para que hoy la propuesta de
enmienda que presentamos reciba el apoyo unánime de la Cámara. Les quiero decir,
señores del PP, que esta es una propuesta que se ha hecho con la intención de que
ustedes la suscriban. Es verdad que yo la he negociado, lógicamente, con los grupos
proponentes y también con usted, señor Atencia, y tengo que decides que no sería
entendible que en el desarrollo de una resolución unánime como la que adoptamos el 20
de noviembre hoy no brille también la unanimidad. Nadie puede entender que el Partido
Popular quede fuera de esta reivindicación, tiene que estar junto a nosotros, la Cámara
tiene que estar unida. El texto que hemos presentado es la consecuencia lógica de esa
propuesta que he dicho antes y es la que equilibra justicia con la mejora del tratamiento
de las víctimas, con la rememoración y la reivindicación de ese pasado en libertad, con esa
mirada libre y fresca que reivindicamos a nuestra guerra y a la represión franquista y
también con el deseo de mantener el consenso, pero de hacer justicia con los que todavía
en algunos aspectos no se ha hecho.
Yo les pido a todos, señoras y señores, un esfuerzo de voluntad política por conseguir este
consenso, porque sinceramente esta es una cuestión que responde al espíritu de
concordia de nuestra Constitución. Adenauer, aquel viejo político alemán, solía decir que
todos vivimos bajo el mismo cielo aunque todos tenemos horizontes diferentes. Es verdad,
son legítimas las posiciones políticas de matiz, pero el cielo protector, el consenso básico
de esta reivindicación es de todos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Pique ras): Muchas gracias, señor Jáuregui. Para
finalizar, pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo de
Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señorías, poco se puede añadir a este debate, un
debate que ha sido explícito y constructivo. Tan sólo vaya hacer una referencia al valor que
tiene para los ciudadanos comunes, no solamente para las víctimas y para sus familias,
la recuperación de la historia, de esa parte negra de nuestro país. No sólo es un derecho
de las víctimas y de sus familias, sino también de las nuevas generaciones conocer con
precisión esa etapa de nuestra historia y por ello creo que es perfectamente compatible
con el espíritu que ha conformado el Estado democrático actual esta enmienda
transaccional, la cual recoge en esencia las reclamaciones de los sectores afectados y
reconcilia a la sociedad española consigo misma. También quiero manifestar que sería una
mala tarde, a pesar de los argumentos que se han expuesto, si no saliéramos de aquí con
una propuesta aprobada por unanimidad. Sinceramente, las diferencias que existen en
estos momentos son de matiz, por lo que hago un llamamiento al Grupo Popular para que
se sume a esta enmienda transaccional que recoge lo esencial de la posición que él mismo
manifestó en esa Comisión Constitucional del año 2002 y que lo que hace es
complementarla, mejorarla y, en definitiva, completarla. Sería un éxito para la democracia
española, para la memoria histórica de nuestro país que esta proposición no de ley se
aprobase hoy por unanimidad en esta Cámara, puesto que ello contribuiría a consolidar
la unidad y el respeto a la diversidad de opiniones que esta tarde se han dado aquí. Así
pues, anuncio que mi grupo va a votar a favor de la enmienda transaccional del Grupo
Finalmente, también para fijar posición, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Catalán, el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, intervengo en
nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió) para fijar posición ante
estas tres iniciativas, ante las enmiendas presentadas y ante una incipiente posibilidad de
consenso en tomo a las mismas. Han pasado muchos años, muchos lustras, muchos
decenios desde la guerra civil española y han pasado también muchos años, muchos
lustras y muchos decenios desde los episodios de represión de los 40 años de la dictadura
franquista, incluso han pasado decenios desde los acontecimientos represivos y
sanguinarios que salpicaron a una transición que no fue tan pacífica e incruenta como a
veces nos hemos repetido todos. Durante 25 años de democracia todos nos hemos
repetido una verdad pactada más que una verdad exacta, una verdad consecuencia de
una amnesia selectiva, una verdad que no es completa, una verdad con silencios. De
hecho, esta fue una de las decisiones tácitas de la transición, pero hoy, tras el cuarto de
siglo que ha transcurrido desde entonces, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia
i Unió) cree que ya es hora de, con exactitud y asepsia, sin ánimo de resentimiento ni afán
de venganza, incluso con motivación pedagógica, calibrar los hechos de la guerra civil, de
la represión franquista y de los gobiernos preconstitucionales de la transición. El Grupo
Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) ha sido protagonista en la anterior y en la
actual legislatura de varias iniciativas en el mismo sentido de las que esta tarde son objeto
de discusión. Todas ellas no son suficientes para cerrar la historia y la búsqueda de la
verdad. En este sentido permítanme hacer una breve referencia al amplio nivel de
consenso con el que se trataron estos temas en la anterior legislatura, así como expresar
una cierta sorpresa sobre algunas iniciativas. No me refiero a estas tres proposiciones no
de ley, sino a algunas iniciativas de carácter político anunciadas la semana pasada sin el
mismo nivel de consenso.
Anuncio el voto afirmativo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) a la
enmienda transaccional del Grupo Socialista y, si es posible, con la incorporación de las
aportaciones del Partido Popular. Nuestro voto será favorable a lo que la diputada
Lasagabaster denominaba aportaciones paso a paso y en este tema siempre hay nuevas
aportaciones que hacer. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) quiere
poner sobre la mesa del debate de esta tarde tres temas más que serán objeto de
iniciativa en el futuro. La enmienda del Grupo Socialista a la proposición no de ley hace
referencia a la necesidad de elaborar un informe sobre los derechos de los represaliados.
Señorías, no estamos ante una cuestión de forma, también estamos ante una cuestión de
fondo. Proponemos hoy y propondremos en el futuro un informe no sobre los derechos de
los represaliados, sino sobre los hechos acaecidos durante y después de la guerra civil en
relación con las víctimas y los desaparecidos en dicho período. Alguien podrá preguntar
si estoy planteando una comisión de la verdad. Pues, en cierta medida, sí; estoy
planteando la necesidad de que historiadores, juristas, personas independientes, con
capacidad y calidad, aporten nueva verdad a los largos silencios de estos últimos 25 años,
sin revanchismos, con asepsia, sin tener que incomodar absolutamente a nadie. Es más,
sólo se puede interpretar como algún tipo de prejuicio que a alguien, después de 25 años
de democracia, le pudiera incomodar esta búsqueda de la verdad. De hecho, de forma
fragmentada, esta búsqueda de la verdad, esta revisión, este ajuste, este calibrar la verdad
sobre los acontecimientos de hace 70 años o 30 años se está produciendo; se está
produciendo en el mundo de la universidad y se está produciendo con muchas iniciativas
de carácter local. Estamos ante un proceso que yo diría imparable y ante el que
tendríamos que coadyuvar desde el Congreso de los Diputados con un planteamiento de
revisión y ajuste del conjunto de la historia de España. Josep Benet, historiador, en el
prólogo de su último libro Domenec La torre, assesinat per catalanista, que fue candidato
del PSUC, el referente del Partido Comunista en Cataluña en las elecciones autonómicas
del año 1980, pero que también es un católico practicante, nos invita en este prólogo a
revisarlo todo. Por utilizar una expresión nueva en el ámbito de la historiografía, nos invita
a revisitarlo todo; a revisitar las 35.000 personas que unos dicen que están en fosas
comunes o las 100.000 personas que dicen otros; revisitarlo todo en nombre de la verdad
La segunda iniciativa que plantea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió)
pretende afrontar las sentencias durante y después de la guerra civil mediante
procedimientos de anulación, tanto de oficio como a instancia de parte, de todas las
sentencias o resoluciones dictadas durante y después de la guerra civil en juicios sumarios
por juzgados, tribunales u otros órganos, fundadas en motivos políticos, sociales o
ideológicos, con vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Un momento, señor Xuclà.
Por favor señorías, un poco de respeto por la persona que está interviniendo en último
lugar por cuanto ustedes han sido respetados en el turno de cada uno de sus grupos
parlamentarios. Estamos a punto de acabar y un poco de respeto me parece lo mínimo.
Adelante, señor Xuclà
Soy conocedor de las sentencias del Tribunal Supremo y de la sentencia del Tribunal
Constitucional a la que hacía referencia el señor Jáuregui, que consolida una doctrina de
lo jurídicamente firme, de las sentencias firmes. Como se dice en estos casos, respetamos
las sentencias, pero no las compartimos; no las podemos compartir desde un punto de
vista jurídico. En los fundamentos de derecho apreciamos más buena intención política,
más la intención de zanjar un aspecto político que argumentos jurídicos concluyentes.
Estas sentencias nos dicen que estamos ante cosa juzgada. Yo creo que el Tribunal
Constitucional nos invita a pasar página, pero ¿se pueden dar por buenas las sentencias
de juicios sumarísimos sin garantías y por motivos políticos? ¿Se puede dar por pacífica,
buena y ajustada a derecho la sentencia de muerte del presidente de Cataluña Lluís
Companys? Para hacer un paralelismo y para invitar a la reflexión a SS.SS., ¿se podría
dar por buena una sentencia que condena a muerte al presidente democráticamente
elegido de la República española, condenado y sentenciado con la colaboración de los
nazis? ¿Se puede dar por bueno esto sin una revisión, sin afrontar jurídica y también
políticamente este tema? Muchos ayuntamientos catalanes, las cuatro diputaciones, están
insistiendo en esa línea y también será objeto de trabajo por parte del Grupo Parlamentario
Finalmente, la tercera y última aportación a este debate y a esta línea de trabajo para el
futuro es la exención definitiva del IRPF de las ayudas a los ex presos políticos del
franquismo que conceden gobiernos autonómicos y concretamente el Gobierno de la
Generalitat. En estos momentos están exentas del IRPF las ayudas concedidas por el
Gobierno central, pero no lo están las concedidas por los ejecutivos autonómicos. Es
evidente que estamos ante una falta de sensibilidad hacia las víctimas de la represión del
franquismo. Hemos presentado una proposición no de ley ante la Comisión de Economía
y Hacienda y espero que la podamos debatir y acordar en las próximas semanas.
Termino, señora presidenta. Señorías, al ser el último portavoz que interviene, y ante la
inminente votación, quiero apelar al consenso que se produjo el 20 de noviembre del año
2002. Quiero subrayar que hoy, mediante el texto transaccionado, incluso mediante las
aportaciones del Grupo Popular, lo único que hacemos es elevar al Pleno una declaración
de alto calado político. Quiero apelar, en nombre de todos los grupos parlamentarios que
hemos anunciado nuestro voto afirmativo, a la sensibilidad, a la necesidad de que dentro
de pocos minutos se apruebe por unanimidad una resolución sobre un tema tan importante
y tan sensible. Señor Atencia, señorías del grupo del Partido Popular, es muy importante
que dentro de pocos minutos, en un mensaje de futuro y de reconciliación, absolutamente
todos los votos del tablero sean votos afirmativos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Xuclà.
Para el turno de aceptación o rechazo de enmiendas entiendo que, de conformidad con
lo expresado en el debate, los grupos proponentes, tanto el Grupo Vasco como el Grupo
Parlamentario Mixto, han aceptado una única enmienda y, por tanto, que en los puntos 3,
4 y 5 vamos a votar únicamente la enmienda presentada por Grupo Parlamentario
Socialista, en este caso enmienda de sustitución. Por tanto, este será el único texto que
votemos. ¿Es así? (Asentimiento.)
Muchas gracias, señorías. (El señor Atencia Robledo pide la palabra.) ¿Señor Atencia?
El señor ATENCIA ROBLEDO: Para una aclaración previa a la votación, y una cuestión
El señor Jáuregui me había planteado una cuestión, y simplemente quisiera decir que no
creo que en el acuerdo del año 2002 se pretendiese hacer una equiparación, ni un proceso
revisorio de la transición política a la democracia. Precisamente por eso, señora
presidenta, es la única razón por la que he hecho referencia a la posición de garante del
señor Guerra.
En segundo lugar, señoras presidenta, el Grupo Parlamentario Popular, salvo que
oyéramos algo por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que no es autor de una
enmienda transaccional sino de una simple enmienda -aquí no ha habido transacción
sobre enmienda- salvo que tengan algo que decir, quisiera guardarme para un momento
posterior la posibilidad de plantear una cuestión de orden en cuanto al sistema de votación,
pero no sé si el Grupo Parlamentario Socialista va a pedir la palabra.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, no sé si entiendo bien al señor Atencia,
pero interpreto que la referencia a una frase que hay en el punto 2 de nuestra enmienda,
que a él le parece que no concuerda, creo haber entendido que esta era su aportación con
el espíritu y con el contenido de la resolución adoptada el 20 de noviembre, y es la que se
refiere a los hechos que también se produjeron durante la transición a la democracia. Es
esta la frase que a él le parece que no procede incluir en este apartado 2, y quiero decirle
simplemente que la única interpretación posible de esa frase es la que viene a
continuación en el apartado 3, porque en el apartado 3 de la propuesta que presentamos
como enmienda se establece cuál es la intención de la compensación a lo que llamamos
lo que se hubiera podido producir durante la transición a la democracia, que es el período
circunscrito desde el l. o de enero de 1968 hasta la fecha de la amnistía en 1977, con
objeto de regular un proyecto de ley compensatorio de esas personas que hubieran sufrido
daños personales por defender derechos que luego fueron reconocidos. Esta es la idea.
Querría pedirle al señor Atencia que interpretara la clarificación que le hago en torno a esta
frase que es limitativa de ese con tenido, y una vez clarificado en estos términos, que
pudiéramos votar todos el conjunto de la enmienda.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras):Muchas gracias, señor Jáuregui. (El
señor Atenda Robledo pide la palabra.)
Señor Atencia, hemos abierto este turno para ver si somos capaces de votar finalmente
todos de forma conjunta este texto. Estamos simplemente en el rechazo o aceptación de
enmiendas. Si es esa la voluntad de su intervención, le daría otro mínimo turno, pero como
usted sabe estamos ya fuera.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Gracias, señora presidenta, por su benevolencia, pero se
trata de ver si podemos aclarar la votación en el debate, que creo es importante.
Señor Jáuregui, lo mejor sería retirar de ahí ese apartado, porque esto no está en relación
con el apartado 3. Se habla expresamente de la represión en la transición a la democracia,
y ahí es donde está el fallo. Se habla de represión en el franquismo y se equipara esa
situación, creo que por una mala redacción, con el mayor respeto. Por tanto, si S.S. lo
retira, estaríamos todos de acuerdo. (La señora Lasagabaster Olazábal pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Atencia, creo que están claras
las posiciones. Me pide uno de los proponentes la palabra.
Señora Lasagabaster.
No sé si he entendido mal el desarrollo parlamentario en la tramitación de este tipo de
iniciativas, pero a mi entender corresponde a los autores de la iniciativa determinar si
aceptan o no la enmienda. Me parece estupendamente ilustrativo cuál es el contenido del
debate y no tengo ningún inconveniente en que cada uno de los grupos parlamentarios
sigan explicando qué entienden por la enmienda. En todo caso me atrevo a decir que los
distintos grupos parlamentarios que han presentado esas iniciativas son los que tienen que
decidir si aceptan o no en su literalidad el contenido de la enmienda que se nos ha
presentado. Más allá de ello, con todo respeto, abrimos todos los debates que ustedes
quieran, pero algo tendremos que decir.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señora Lasagabaster, lleva usted toda
la razón. He cedido el turno pensando que íbamos a acabar en un texto conjunto, y me ha
parecido que todos ustedes estarían de acuerdo en ese siguiente turno que daba. Por
supuesto son ustedes, los grupos que han hecho la propuesta, los únicos que tienen que
aceptar o rechazar enmiendas. (La señora Uría Etxebarría pide la palabra.)
Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señora presidenta, la lealtad a los términos del debate
existe como valor parlamentario. Creo que de la intervención del representante de mi
grupo, el señor Erkoreka, ha quedado claro que nuestra iniciativa la considerábamos
negociada con el Grupo Socialista, y me permitirá el señor Atencia le diga que las
transacciones no siempre se hacen en el mismo momento de la intervención en el Pleno,
sino que algunas llevan días, y este ha sido el caso. Ha habido una negociación de días
y mi formación política acepta la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, que ha
sido efectivamente negociada entre las dos formaciones políticas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señorías, me parece que están claras
las cosas. (El señor Jáuregui Atondo pide la palabra.)
Señor Jáuregui, por favor para cerrar ya esta cuestión.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, sólo quiero confirmar que la enmienda
que hemos presentado lo es a las tres proposiciones no de ley, pero quiero decir bien claro
que responde sustancialmente al conjunto de las peticiones que había expresado la
proposición no de ley del Partido Nacionalista Vasco y en tanto talla he negociado
efectivamente con el resto de las proposiciones y tampoco soy dueño ahora como para
modificar su contenido. Señor Atencia, le repito: la delimitación del contenido de esa
expresión que preocupa a su grupo y que no quiero que le preocupe, es la que procede
en el número 3 de la proposición no de ley, con lo cual no debiera haber ningún tipo de
disonancia ni de preocupación política por su parte.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Jáuregui.
Creo que las cosas están claras. Los dos grupos proponentes han aceptado una única
enmienda, que ha sido la del Grupo Parlamentario Socialista, y por tanto si les parece
procederemos conjuntamente a la votación de esa enmienda en los puntos 3, 4 Y 5. (El
señor Atencia Robledo pide la palabra.)
Dígame, señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Señora presidenta, una cuestión de orden, para plantear
que la votación se produzca de forma separada, por una parte los puntos 1,3 y 4 Y
separadamente el 2. (Rumores.) Eso es lo que nuestro grupo solicita, de acuerdo con la
costumbre parlamentaria y en aras al buen talante en esta Cámara. (Continúan los
rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Atencia, si me permite le recordaré que cuando se acepta una enmienda, en este caso de sustitución, no se puede votar separadamente. Lo único que preguntaba es si querían ustedes que votáramos separadamente las tres proposiciones no de ley con la misma enmienda de sustitución.
Si los grupos proponentes deciden que no es necesario, señorías, procederíamos inmediatamente a realizar dos votaciones, la del punto 2, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, y seguidamente una enmienda de sustitución a los puntos 3, 4 Y 5, que respondían a las tres proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Vasco y del Grupo Mixto. Si están de acuerdo, señorías, procedemos a la votación.
Empezamos, señorías, con la votación del punto 2.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, creo que existe una concepción
absolutamente integrada del texto. El texto es un conjunto de proposiciones que forman
un bloque.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Jáuregui, es justo lo que he dicho.
Estamos, por tanto, señorías, en la fase de votación de las proposiciones no de ley.
Votamos, en primer lugar, el punto 2 del orden del día, que corresponde a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre política económica.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 129; en contra, 163; abstenciones, nueve.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Queda rechazada la proposición no de ley.
Seguidamente, señorías, pasamos a la votación de los puntos 3, 4 Y 5, y como les decía corresponderá votar en este caso la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 174; en
contra, seis; abstenciones, 121.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Queda aprobada la proposición no de
ley. (Aplausos.)
Fuente: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados Pleno y Diputación Permanente - Año 2004, VIII Legislatura, Núm. 13 - Sesión plenaria núm. 13, celebrada el martes, 1 de junio de 2004.
DDHH en España Este documento ha sido publicado el 05Jun04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights

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