Source: https://tc.vlex.es/vid/d-j-ma-145287
Timestamp: 2020-02-19 12:38:00+00:00

Document:
STC 29/2000, 31 de Enero de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 145287
Número de Recurso: 2543/1998
Recurso de amparo 2543/98. Promovido por don Juan Antonio D. J. respecto a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que, revocando la dictada en instancia, confirmó su cese en la jefatura del bloque de enfermería del Hospital Universitario de Málaga. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, y vulneración de los derechos a la libertad de expresión y de reunión: la facultad de la Administración pública para cesar libremente a quienes ocupan puestos de libre designación no permite imponer represalias por participar legítimamente en una protesta colectiva.
Sentencia citada en: 1129 sentencias, 13 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 2543/98 interpuesto por don Juan Antonio D. J., representado por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén, y asistido por el Letrado don Luis González-Palencia Lagunilla, contra Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 30 de abril de 1998. Han sido partes, además del Ministerio Fiscal, el Servicio Andaluz de Salud, representado por la Letrada doña Pilar Pérez Zalduondo. Ha sido Ponente la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 6 de junio de 1998, don Juan Antonio D. J., representado por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén, interpone recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Andalucía (Málaga), de 30 de abril de 1998.
El actor, que presta servicios como personal sanitario no facultativo, con la categoría de ayudante técnico sanitario, para el Servicio Andaluz de Salud (SAS, en adelante), fue nombrado, con fecha 1 de enero de 1990, Jefe de bloque de enfermería del Hospital Universitario de Málaga por el Gerente provincial del SAS.
Con fecha 16 de abril de 1996, el actor fue cesado en el anterior cargo mediante Resolución del Director Gerente del Hospital del siguiente tenor: "En virtud de las atribuciones genéricas conferidas por la Orden de 17 de julio de 1992, de la Consejería de Salud, por la que se regula el sistema de provisión, nombramiento y cese de determinados órganos de dirección y cargos intermedios de hospitales y centros asistenciales del SAS, la Dirección Gerencia de este Centro RESUELVE el cese de D. JUAN ANTONIO D. J., como Jefe de bloque de Enfermería del Hospital Universitario ‘Virgen de la Victoria’, con efectividad de la fecha de la baja".
Con fecha 13 de mayo de 1996, el recurrente formuló reclamación previa contra dicha decisión, solicitando su nulidad, alegando que el cese en el cargo mencionado constituía una represalia frente al ejercicio de sus derechos constitucionales de expresión y de reunión.
La Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de Málaga, de 7 de febrero de 1997, desestimando la excepción de incompetencia formulada por el Servicio Andaluz de Salud y afirmando la jurisdicción del orden social para conocer de la cuestión litigiosa, estimó íntegramente la demanda del actor, declarando la nulidad de la Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario, fechada el 15 de abril de 1996, y ordenando la reposición del actor en la jefatura del bloque de enfermería del referido hospital, con inclusión expresa de las consecuencias económicas derivadas de dicho cargo.
La Sentencia declaró como hecho probado que: "Ante las discrepancias surgidas en dicho centro hospitalario, entre la dirección del mismo y los sindicatos representativos de su personal, acerca, fundamentalmente, de la organización de los servicios, vinieron a realizarse una serie de actuaciones de protesta, entre las que se encontraba la petición expresa de dimisión del Director Gerente ... Concretamente, en los primeros días del mes de abril de 1996 se realizó una concentración a la que asistió, entre un centenar de participantes, don Juan Antonio D. J., reiterándose aquella dimisión. Con posterioridad, el 12 de ese mes, prevista una asamblea de trabajadores con el mismo objeto, y pretendiendo acudir el actor, éste fue convocado, junto con el resto de los Jefes de bloque de enfermería, a una reunión por el Director Gerente, no pudiendo asistir a la proyectada asamblea. Conocida esta circunstancia por los asambleístas, se trasladaron al lugar de reunión de aquéllos, ocupando las dependencias y protestando por la limitación que entendían producida en los derechos del Señor D. por no asistir a la misma" (hecho probado 3).
En esta Sentencia, el Juez de lo Social razonaba que la parte demandante había aportado suficientes elementos de prueba para situar indiciariamente la controversia en el plano de la presumible infracción constitucional. Ante el también incontestado hecho de la participación del actor en las protestas y de manera muy particular en la asamblea, "que con una singular movilidad vino a celebrarse en torno al Sr. D.", el Servicio Andaluz de Salud reaccionó cesando a éste, mediante Resolución del Director Gerente, resolución de cuyo tenor literal transcrito se deduce la carencia de motivación, salvo en lo referente a las "atribuciones conferidas por la Orden de 17 de julio de 1992", y toda la argumentación vertida por el organismo demandado en pos de la innecesariedad de motivación de las decisiones discrecionales relativas al personal de libre designación, en un trance procesal como el presente en el que se pretende la tutela de los derechos y libertades constitucionales, indica el Juzgado, lleva el germen de su propio fracaso, al exigirse por el art. 54 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la motivación. Y ello, concluye el Juez de lo Social, no significa que se esté fundamentando la nulidad de la Resolución en razones de pura legalidad ordinaria, sino que, como consecuencia de tal privación formal, "se está privando de conocer las verdaderas razones que justificaron la decisión aquí cuestionada, que, al no haber sido traídas al proceso en los términos ya referidos del art. 179.2 de la L.P.L., hacen prevalecer la idea de ‘represalia’ por el ejercicio de los derechos de reunión y expresión, de los arts 21.1 y 20.1 a) de la Constitución Española, ciertamente ejercitados, pero del que han venido a derivarse consecuencias --el cese-- constitucionalmente inadmisibles".
Por parte del SAS se interpuso recurso de suplicación, que fue impugnado de contrario y que, articulado al amparo procesal del art. 191 c) LPL, denunciaba una doble infracción normativa. En primer lugar, "la infracción de los artículos 69, 70, 180, 176.2, 103, y 137 bis," LPL, en relación con los arts. 8.1, 6, y 7 de la Ley 62/1978, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona; y en conexión todo ello con la infracción de los arts. 59.1 y 3 del Estatuto de los Trabajadores, y del art. 41 del mismo texto legal; alegando el SAS la caducidad de la demanda.
El recurso fue estimado por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 30 de abril de 1998, que revocó la Sentencia impugnada, absolviendo al Organismo entonces recurrente de las pretensiones deducidas contra el mismo en el escrito de demanda.
Se interpone recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 30 de abril de 1998, así como contra la Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario de Málaga de 16 de abril de 1996, interesando su nulidad, por vulnerar la Sentencia impugnada el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE, y por vulnerar la Sentencia y la Resolución impugnadas los derechos fundamentales de libre expresión y reunión, garantizados respectivamente por los arts. 20. 1 a) y 21.1 CE.
Mediante providencia de 6 de mayo de 1999, la Sección Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir al Juzgado de lo Social núm. 4 de Málaga y a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que, en el plazo de diez días, remitieran testimonio de los autos núm. 914/96 y del recurso de suplicación núm. 1206/97, así como para la práctica de los emplazamientos pertinentes.
El Fiscal ante el Tribunal Constitucional, en escrito registrado el 9 de julio de 1999, solicitó el otorgamiento del amparo al estimar que la Sentencia impugnada ha vulnerado los arts. 20.1 a) y 21.1. CE.
Por escrito registrado el 9 de julio de 1999, la representación actora formula alegaciones, reiterando las ya vertidas en la demanda de amparo. Aduce también que la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la carga de la prueba cuando se alega que una decisión del empleador encubre en realidad una conducta lesiva de los derechos fundamentales del trabajador, recogida ya expresamente por el art. 179.2 LPL, se ha establecido por el Tribunal Constitucional también en los casos en que existe una relación funcionarial (STC 17/1996, FJ 5). El Juzgado de lo Social ha aplicado correctamente dicha doctrina. Una vez proporcionados los indicios suficientes sobre la alegada vulneración constitucional, y correspondiendo al organismo demandado la carga de probar que la decisión fue ajena a una represalia derivada del ejercicio de los derechos fundamentales de libre expresión y reunión, no ha sido probado, ni tan siquiera alegado, motivo alguno distinto al ejercicio de la libre discrecionalidad como causa de justificación del cese impugnado. Afirma la parte actora que la plena efectividad de los derechos fundamentales en el marco de la relación laboral, idea sobre la que insiste reiteradamente el Tribunal Constitucional, debe ser también predicable de quienes se encuentran ligados con la empleadora en virtud de una relación estatutaria, pues dicha relación no puede privarles de sus derechos fundamentales. Ello no obstaría a que la naturaleza de la función desempeñada por el organismo público no pueda imponer la necesaria adaptabilidad en el ejercicio de tales derechos, en la medida en que la actividad de dicho organismo satisfaga otros derechos constitucionales, pero sin que esta adaptabilidad libere al empleador de su deber de respeto de los derechos fundamentales. En el caso presente, no consta acreditado, ni en ningún momento ha sido alegado, que el ejercicio de los derechos de libre expresión y reunión afectara en forma alguna a los servicios o a la actividad del centro hospitalario. Concluye el escrito de alegaciones del recurrente que la Sentencia impugnada, al entender que el cese impugnado, a pesar de los indicios de represalia existentes, no precisa de ninguna justificación por ser discrecional, ha venido a consentir la vulneración por el organismo demandado del ejercicio del actor de sus derechos fundamentales.
La representación del SAS, por escrito registrado el 14 de julio de 1999, formuló alegaciones interesando la desestimación de la demanda de amparo. Entiende que, en el presente supuesto, la resolución judicial impugnada ha dado respuesta a las pretensiones formuladas de forma motivada y fundada en Derecho, y por tanto ajustada, de acuerdo con la doctrina constitucional, al derecho a la tutela judicial efectiva.
Por providencia de 28 de enero de 2000, se señaló el siguiente día 31 de enero para deliberación y votación de la presente Sentencia.
El presente recurso de amparo trae causa de la Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario de Málaga, de 16 de abril de 1996, por la que fue cesado el recurrente como Jefe de bloque de enfermería y que, según éste aduce, constituyó una represalia por el ejercicio de sus derechos fundamentales de libertad de expresión [art. 20.1 a) CE] y de reunión (art. 21.1 CE).
Procede analizar, en primer término, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que el recurrente dirige frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 30 de abril de 1998.
La cuestión que se nos plantea desde esta perspectiva es la de determinar si, como alegan el demandante y el Ministerio Fiscal, la decisión del Director Gerente del Hospital Universitario de Málaga constituyó una sanción encubierta, una represalia o reacción frente al legítimo y regular ejercicio de sus derechos fundamentales de reunión y de libertad de expresión.
La anterior doctrina constitucional nos conduce a examinar, en primer término, si el recurrente ha acreditado suficientemente la existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor de su alegato.
Correspondía por ello a la Administración la carga de probar que el cese del recurrente se basaba en causas reales, serias y suficientes para destruir la apariencia de vulneración constitucional creada por el actor.
La Administración, ni al imponer el cese, ni tampoco en el proceso ante la jurisdicción social o en este proceso, ha probado (y ni siquiera ha alegado) que su decisión tuviera por causa "motivos razonables y ajenos a todo propósito contrario a los derechos fundamentales". Antes al contrario, el único fundamento suministrado fue la libertad de cese o remoción del puesto ocupado por el actor, una vez la Administración perdió la confianza depositada en él, al tratarse de un puesto de trabajo provisto mediante procedimiento de libre designación. En este mismo argumento basó la Sentencia de suplicación su decisión sobre el ajuste a Derecho del referido cese. Sin embargo, este argumento no puede admitirse atendiendo a la doctrina constitucional ya expuesta en anteriores fundamentos jurídicos, pues la libre facultad de la Administración para cesar a los cargos provistos mediante el procedimiento de libre designación se encuentra también limitada por el respeto a los derechos fundamentales de los empleados públicos.
De igual modo, en su escrito de alegaciones ante este Tribunal el SAS ha situado la justificación de la medida de cese en la pérdida de confianza depositada en el actor. Ahora bien, de lo actuado no se deduce, ni ha sido alegada, causa profesional alguna a la que se haya vinculado esta pérdida de confianza, que se califica de "profesional", en el dilatado período en el que el actor ha desempeñado el puesto de Jefe de bloque de enfermería, un cargo que además, como ha indicado el Ministerio Fiscal, no conlleva el ejercicio de autoridad, pues se trata de un cargo intermedio. Por el contrario, esta pérdida de confianza, según admite expresamente el SAS en su meritado escrito de alegaciones, se sitúa exclusivamente en la conducta del actor consistente en "haber participado en la citada concentración o [en] haberse expresado de una determinada manera". En definitiva, la única causa esgrimida, por la Administración para justificar su decisión de cese, la pérdida de la confianza en el actor, se ha vinculado exclusivamente al ejercicio de sus derechos fundamentales de reunión y expresión, cuya tutela debe prevalecer frente a eventuales actos de represalia o sanción de los mismos.
Otorgar el amparo solicitado por don Juan Antonio D. J. y, en su virtud:
Reconocer los derechos del recurrente a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE] y de reunión (art. 21.1 CE).
Declarar la nulidad de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 30 de abril de 1998, recaída en el recurso de suplicación núm. 1206/97.
STS 217/2010, 16 de Abril de 2010
SAP Murcia 414/2011, 9 de Septiembre de 2011
Resolución de 19 de junio de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don José Gabarda Lerma contra la negativa del registrador de la propiedad de Aldaia, a inscribir un acta de constancia de finalización de obra nueva.
AAP Madrid 332/2012, 27 de Abril de 2012
ATS, 19 de Mayo de 2004

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
e contrario
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 

Resolución