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Timestamp: 2019-03-19 16:56:01+00:00

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Artículo 92º.- Extinción de anotaciones preventivas
CONCORDANCIAS Artículo 6º del Decreto Ley Nº 18278 Ley Nº 26639 Artículos 64º, 68º, 70º y 103º del NRGRP  Comentario
Artículo 90º del R. de las I.
Artículo 92º del Anteproyecto
Artículo 92º del Proyecto
Artículo 77º de la LH
Artículos 206º y 211º del RH
Artículo 6º del Decreto Ley Nº 18278
Ley Nº 26639
Artículos 64º, 68º, 70º y 103º del NRGRP
1.- A diferencia de las inscripciones, las anotaciones preventivas son asientos provisionales y transitorios, por lo que la regla general no será que su extinción se produzca por la extensión de un asiento cancelatorio, sino que existen supuestos que determinan su extinción, como lo son el solo transcurso del tiempo de su vigencia (caducidad) y la inscripción del acto cuya prioridad registral cautelaban (conversión en inscripción). Todo ello se encuentra regulado en el presente artículo, el mismo que es copia textual del artículo 77º de la Ley Hipotecaria española. A nivel del Anteproyecto y Proyecto, se mantuvo inalterable la misma redacción que fue aprobada por el NRGRP. En el Reglamento de las Inscripciones, si bien no se establecía una regla general para la extinción de las anotaciones preventivas, sus artículos 87º, 92º y 97º regulaban, algunas reglas respecto a la extinción de esta clase de asientos registrales. Sobre el tema materia del presente artículo resulta importante distinguir la relación existente entre la caducidad y la cancelación de los asientos de anotación preventiva, que son supuestos diferentes, como estudiaremos en los acápites siguientes.
2.- Respecto a la caducidad de la anotación preventiva, resulta pertinente recordar que las mismas, por regla general, nacen con una naturaleza temporalmente limitada. Por tal razón, en los ordenamientos registrales que las regulan, es frecuente encontrar plazos generales de caducidad de las mismas.
Sobre este aspecto, es importante distinguir que al regularse la caducidad de las anotaciones preventivas, no necesariamente se está normando la caducidad del derecho o de la situación materia de anotación. En este sentido, es uniforme el pronunciamiento de diversos autores españoles cuyos comentarios respecto a la Ley Hipotecaria española resultan sumamente ilustrativos. Así Manzano Solano señala que “En la caducidad de derechos, la extinción del asiento es consecuencia de la previa extinción de su contenido sustantivo. En la caducidad de asientos –que ahora estudiamos–, estos se extinguen directamente, con independencia de la subsistencia o no del derecho amparado por la inscripción”(207).
En este sentido, Lacruz Berdejo(208) sostiene que la caducidad de asientos responde a dos notas principales:
a) Efecto automático: es decir, que la caducidad origina que el asiento deje de surtir efectos y quede jurídicamente extinguido, aun cuando subsista su expresión material.
b) Independencia de la existencia del derecho: toda vez que la caducidad no produce ningún efecto sobre la existencia del derecho, ni depende de ella.
3.- Queda claro, entonces, que la caducidad del asiento de anotación preventiva viene a constituir, una casual “adjetiva” de extinción del asiento registral, pues está referida a la extinción formal del asiento; a diferencia de las cancelaciones “sustantivas”, en las que su origen se produce en la extinción del derecho publicitado. Esta distinción puede apreciarse en el artículo 77º (cuyo texto es igual al del artículo 92º del NRGRP) de la Ley Hipotecaria española, en la que se dispone que “las anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, por caducidad o por su conversión en inscripción”. Las causales de cancelación total o parcial de las anotaciones preventivas, que corresponden a supuestos sustantivos, se encuentran regulados en los artículos 79º y 80º de la citada Ley (que son muy similares a los establecidos en los artículos 94º y 95º del NRGRP), mientras que la regulación general de caducidad de dichas anotaciones debe encontrarse en su artículo 86º. En nuestro ordenamiento nacional, el artículo 94º inciso 1) del Reglamento de las Inscripciones, recoge casi literalmente el artículo 79º inciso 2) de la Ley Hipotecaria española, estableciendo como supuesto de extinción de las inscripciones y anotaciones preventivas: “Cuando se extinga del todo el derecho inscrito”. Obviamente, este supuesto no es el de caducidad, que como se ha enunciado, produce la extinción de la anotación preventiva, sin que necesariamente se haya extinguido el derecho publicitado.
4.- El artículo 86º de la Ley Hipotecaria española dispone que las anotaciones que no tengan un plazo de caducidad más breve señalado en la Ley, caducan a los cuatro años y pueden prorrogarse por un plazo de cuatro años más. Supuestos de plazos más breves son, p. ej., los de las anotaciones preventivas por defectos subsanables del título que caducan a los sesenta días de su fecha (artículo 96º LH); la anotación preventiva a favor del legatario que no lo sea de especie que caduca al año de su fecha (artículo 87º LH); entre otros. En dicho ordenamiento, Chico y Ortiz(209) apunta que puede considerarse que la caducidad genera plazos preclusivos en los que el derecho puede ejercitarse y por ello, la caducidad por la extinción del plazo de vida legal opera en forma automática, aunque en el Registro, por el principio de protección judicial de los Tribunales y el principio de rogación, la cancelación muchas veces no puede practicarse de oficio y sí en forma indirecta o inducida, como en el caso del artículo 353.3 del Reglamento Hipotecario según el que “se entiende solicitada la cancelación” por el solo hecho de pedirse la certificación o que se practique cualquier asiento referente a la finca o al derecho afectado. Roca Sastre coincide con este criterio al afirmar que “la jurisprudencia y la doctrina atribuyen a la caducidad carácter de radical y automático que extingue, por el mero transcurso del plazo legal, el asiento que nació con vida limitada, y cuya virtualidad dura hasta el día predeterminado, en el que se produce su extinción, sin necesidad de oposición alguna y por ellos aunque no se haya extendido la nota marginal (cancelatoria) correspondiente, el asiento caducado no podrá producir efectos”. Puede apreciarse, que si bien la cancelación no será practicada de oficio, los efectos de la anotación caduca ya se habrán extinguido por el mero transcurso del tiempo, salvo la excepción prevista en el artículo 199º inc. 2) del Reglamento Hipotecario español, referido a las anotaciones ordenadas por autoridad judicial, las cuales tienen valor hasta que haya recaído resolución definitiva en el procedimiento, pero siempre que la prórroga hubiera sido solicitada antes de caducar y cumplirse el plazo de vigencia.
5.- Similares previsiones, podemos encontrar en la legislación boliviana, que regula las anotaciones preventivas conforme a los artículos 1522º del Código Civil y 26º de la Ley de Noviembre de 1887, en donde existe un plazo de caducidad de dos años, prorrogables por el Juez por un año más. También puede citarse el artículo 302º de la Ley 879 de la República del Paraguay, donde, entre otros supuestos, se regula la caducidad de las anotaciones preventivas en un plazo de diez años de su inscripción. En el caso de la legislación argentina, conforme al artículo 37º de la Ley Nº 17801 las anotaciones de embargo, prohibiciones y demás providencias caducan, en forma automática, a los 5 años. De igual forma, el artículo 3035º del Código Civil para el Distrito Federal de México prescribe la caducidad de las anotaciones preventivas, cualquiera sea su origen, a los tres años de su fecha, salvo aquellas a las que se les fije un plazo de caducidad más breve.
6.- De lo expuesto anteriormente puede colegirse que, operados los plazos legalmente establecidos para la caducidad de las anotaciones preventivas, éstas se habrán extinguido, perdiendo sus efectos retroprioritarios y no siendo susceptibles de renovación, prórroga o conversión en inscripción. Ello, sin perjuicio que, dependiendo de la regulación específica que corresponda a cada anotación preventiva, pueda ser necesaria una rogación de parte (expresa o presunta) para la extensión del asiento cancelatorio. Así, p. ej., las anotaciones preventivas de Bloqueo Registral, PreDeclaratoria de Fábrica regulada por la Ley Nº 27157, Reserva de Preferencia Registral, entre otras, caducarán de pleno derecho al vencimiento de su plazo de vigencia (60 días hábiles, 1 año y 30 días naturales, respectivamente), sin que sea necesaria la extensión de un asiento cancelatorio para que sus efectos se encuentren extinguidos. De igual modo ocurría con las derogadas anotaciones preventivas por falta de inscripción del derecho de donde emanaba la transmisión o el gravamen o las derivadas de defectos subsanables [incisos 3) y 4) del artículo 79º del Reglamento de las Inscripciones] en las que (salvo prórroga judicial), la caducidad se producía a los sesenta días contados partir del asiento de presentación correspondiente, en armonía con el artículo 92º del mismo Reglamento.
Sin embargo, como se ha indicado al comentar el artículo 70º del NRGRP, dada la carencia de un plazo general de caducidad de las anotaciones preventivas, existirán algunas, principalmente derivadas de la aplicación de normas urbanísticas que, al no existir un plazo específico en las normas que las regulan, permanecerán vigentes de manera indefinida (anotaciones preventivas de venta garantizada, inscripciones provisionales individualizadas, anotaciones preventivas de predeclaratoria de fábrica reguladas por el derogado Decreto Ley Nº 22112, entre otras). En este caso, la ausencia de un plazo general de caducidad de las anotaciones preventivas, similar al regulado por el artículo 86º de la Ley Hipotecaria española, permite que se desnaturalice la figura de la anotación preventiva, pues las mismas sólo se extinguirán por su cancelación o por su conversión en inscripción, puesto que los plazos de caducidad no pueden ser establecidos en vía interpretativa, sino que deben encontrarse consignados en disposiciones normativas que expresamente las regulan.
7.- Merece especial comentario la caducidad de las anotaciones preventivas extendidas en virtud de orden judicial, como las medidas cautelares de embargo y anotaciones de demanda. Para esta clase de anotaciones preventivas el artículo 97º del Reglamento de las Inscripciones, exigía que su cancelación sea ordenada por mandato de juez competente. Esta disposición, muy semejante a la prevista en el artículo 83º de la Ley Hipotecaria española(210), provocó serios inconvenientes para la eficaz liberación de anotaciones judiciales de gran antigüedad, toda vez que, no existiendo un plazo general de caducidad como el previsto en el artículo 86º de la Ley Hipotecaria española, era sumamente difícil obtener el mandato judicial de su cancelación, no obstante que el proceso judicial hubiera concluido.
Esta situación se agravó teniendo en cuenta que el Código de Procedimientos Civiles abrogado, no estableció un plazo de caducidad para las medidas de naturaleza cautelar y que el Código Civil vigente de 1984 no contenía un artículo similar al 1049º del Código Civil de 1936, en cuya virtud se establecía un plazo de 30 años para la extinción de diversos gravámenes, como embargos y anotaciones de demanda, entre otros. De esta manera, existían anotaciones preventivas de embargo y demanda, cuya vigencia se tornaba en prácticamente indefinida, al no existir ningún plazo de caducidad que permitiera su extinción.
Lo expuesto varió sustancialmente con la promulgación del Código Procesal Civil, cuyo artículo 625º reguló la caducidad de las medidas cautelares(211). Esta previsión, sin embargo, no tuvo relevancia inmediata en la cancelación de anotaciones preventivas que publicitaban medidas cautelares, toda vez que se entendía limitada a las medidas cautelares dictadas en el marco del nuevo ordenamiento procesal (entendida la ejecución como la inscripción en el registro respectivo). Adicionalmente, no obstante que se establecía un plazo de caducidad, y en el primer párrafo se señala que operaba de pleno derecho, no se contaba con una disposición que regulara si la anotación preventiva de la medida cautelar caduca, dejaba automáticamente de surtir efectos, o debía extenderse el asiento de cancelación, de oficio o a solicitud de parte. Esta situación fue modificada con la expedición de la Ley Nº 26639, publicada el 27 de junio de 1996, que amplió, modificó y estableció normas procesales para la aplicación de dicho plazo de caducidad.
8.- El artículo 1º de la Ley Nº 26639 amplía los alcances del artículo 625º del Código Procesal Civil, en cuanto dispone su aplicación a todos los embargos y otras medidas cautelares de origen judicial o administrativo, inclusive a los dispuestos con anterioridad a la vigencia del aludido Código. De tal modo, podrán ser susceptibles de caducidad, por ejemplo, los embargos trabados dentro de un procedimiento judicial laboral; los dictados en un proceso administrativo de cobranza coactiva de tributos o los dispuestos al amparo de las normas del abrogado Código de Procedimientos Civiles de 1912. En suma, bajo tal contexto, toda medida cautelar, independientemente de la clase de autoridad jurisdiccional o administrativa que la dicte, estaría sujeta a plazo de caducidad, de dos o cinco años según el caso. Sin embargo, la claridad de esta norma, por una aparente duplicidad de regulación, se complica con la redacción de su artículo 2º(212), pues, aparentemente, regularía los mismos supuestos ya previstos en el artículo 1º de la misma Ley Nº 26639, que había establecido la aplicación del citado plazo de caducidad para los embargos trabados bajo la regulación procesal civil derogada (“incluso con anterioridad a este Código”).
Nuestra opinión respecto a esta aparente incongruencia es que este artículo 2º se refiere a “Embargos definitivos y otras medidas de ejecución”, atendiendo a que el Código de Procedimientos Civiles de 1912, a diferencia del vigente, regulaba el Embargo Preventivo en forma diferente al Definitivo, por lo que el legislador habría entendido que sólo el preventivo reunía los caracteres de una medida cautelar (que precisamente es variable y no definitiva), por lo que al no estar comprendido dentro del plazo de caducidad del artículo 1º (que se refiere exclusivamente a medidas cautelares) era necesaria su regulación específica, para que resultara indubitable que los embargos definitivos (no los preventivos ya regulados como medida cautelar) se encontraran sujetos a caducidad.
9.- Empero, si bien la caducidad de las anotaciones preventivas de medidas cautelares ya cuenta con una regulación específica, es evidente que la Ley Nº 26639 adolece de defectos conceptuales sumamente graves, por no haberse entendido la verdadera naturaleza de la caducidad de clase de asientos registrales. Así, el establecimiento de rogación expresa para la extensión (a través de la Declaración Jurada prevista en el segundo párrafo de su artículo 1º) del asiento cancelatorio, es inconveniente e innecesaria, puesto que asientos evidentemente caducos, no podrán ser cancelados “de oficio” por el Registrador (ni siquiera con ocasión de la expedición de una certificación), publicitándose la existencia de asientos extinguidos.
Sin embargo, el error conceptual del legislador al exigir dicha rogación para la extensión del asiento cancelatorio, no puede llevarnos a otra confusión aún peor: la de afirmar la plena vigencia de anotaciones preventivas de medidas cautelares caducas por no haberse podido extender el asiento cancelatorio (precisamente debido a la falta de instancia del interesado). Sobre este tema, aun careciendo de preceptos específicos respecto a caducidad de anotaciones preventivas que sí existen en nuestro NRGRP, la Jurisprudencia Registral ha sido uniforme en afirmar la carencia de efectos de los asientos caducos, no obstante que no se haya extendido el asiento cancelatorio. Obviamente, la Ley Nº 26639 requiere una modificación en este aspecto, lo cual no ha sido posible de regular en una norma de inferior jerarquía como el NRGRP. Respecto a los efectos automáticos de la caducidad volveremos a referirnos en el comentario del artículo 103º del NRGRP.
10.- En cuanto se refiere a la cancelación de los asientos de anotación preventiva, resultan aplicables las consideraciones expresadas respecto a los asientos de inscripción. Los supuestos específicos de su aplicación son similares a los de las inscripciones (artículos 94º, 95º, 96º, 98º y 102º del NRGRP). Sin perjuicio de ello, es pertinente reiterar que en los supuestos de caducidad de las anotaciones preventivas, la extensión del asiento de cancelación no marca la extinción de la anotación, sino que solamente deja constancia de la extinción ya producida por el solo transcurso del tiempo. No obstante ello, la cancelación de la anotación preventiva puede producirse antes de que opere su caducidad (más aún cuando en nuestro sistema registral existen anotaciones preventivas que carecen de plazo de vigencia alguno), debido a, p. ej., la declaración de su nulidad, la extinción del bien, o, en el caso de medidas cautelares, el mandato judicial que disponga su cancelación (p. ej., por haber concluido definitivamente el proceso que dio lugar a la anotación de demanda, habiéndose declarado infundada la pretensión).
11.- Respecto a la conversión en inscripción de la anotación preventiva, su aplicación resulta muy simple. Por ejemplo, en el caso de una anotación preventiva de Predeclaratoria de fábrica extendida de conformidad con la Ley Nº 27157, con vigencia de un año, antes del vencimiento de su plazo de caducidad, se presenta el título que contiene la Declaratoria de Fábrica definitiva. Si la calificación registral del título que contiene la Declaratoria de Fábrica es positiva, la inscripción de la misma dará lugar a la conversión en inscripción de dicha Predeclaratoria de Fábrica, manteniendo la misma prioridad registral. Inclusive, el asiento podría ser redactado de la siguiente manera: “La Predeclaratoria de Fábrica anotada preventivamente en el asiento 2-c) de esta Partida, se ha convertido en definitiva en mérito a .”. Manzano Sólano es sumamente claro al describir este supuesto de extinción al precisar que: “La etimología del término conversión (verter en, verter con) es en este caso, el mejor reflejo de la naturaleza de la figura. La conversión de un asiento registral en otro es, efectivamente, el trasvase del contenido sustancial de un asiento caducable –como es en nuestro caso la anotación– en otro definitivo. Se trata de un vertido de real sustancia hipotecaria o registral, aunque por razones de economía libraria, no es necesario repetir en el nuevo asiento todos los datos ya contenidos en el preexistente, utilizándose la técnica de la remisión”.(213)
12.- Sin embargo, no puede afirmarse (en estricto) que toda anotación preventiva sea susceptible de conversión en inscripción, pues la conversión en inscripción implica, precisamente, que el contenido sustantivo de la inscripción sea el mismo que el de la anotación preventiva, pero con efectos definitivos. Así, Lacruz Berdejo expresa que “Se trata de asientos que tienen exactamente el contenido que la anotación que les precede y que forman una simple continuación de ella, en la que sólo cambia el veste formal. Por eso, no puede hablarse de conversión cuando a una anotación de demanda sucede, al prosperar la acción, una inscripción a favor del demandante. Pues, el contenido de la anotación es la demanda; y el de la inscripción, la sentencia favorable; por cierto, tal asiento adquiere efectos –con mayor o menor fuerza– desde la fecha del primero, pero esta adquisición de efectos no supone identidad de su contenido”.(214) Como se ha señalado en los comentarios del artículo 68º del NRGRP, coincidimos con dicho criterio, en el sentido que en el presente artículo debió utilizarse, más bien, el término “inscripción del acto o derecho cuya prioridad ha sido cautelada por la anotación preventiva” en lugar de “conversión en inscripción”. Puede, sin embargo, afirmarse que la inscripción de la sentencia definitiva no da lugar a la extinción de la anotación preventiva de demanda, en la medida que se trata de actos diferentes, subsistiendo la anotación de demanda a los efectos de publicitar la retroprioridad aplicable a la inscripción de la sentencia. No obstante ello, consideramos que, p. ej., en un supuesto de anotación de demanda de reivindicación, con la inscripción de la sentencia ejecutoriada que ampara la demanda y otorga la titularidad dominial al accionante, no sería técnicamente correcto seguir publicitando la anotación de dicha demanda como un gravamen que afecta el derecho del nuevo titular registral, sino que debería interpretarse (por haber cumplido su finalidad) la extinción de dicha anotación, precisando en el asiento de inscripción de la sentencia, la retroprioridad derivada de la aplicación de lo establecido en el artículo 68º del NRGRP. Este criterio, también podría aplicarse a la anotación de embargo en forma de inscripción, en la que tampoco puede hablarse, en estricto, de conversión en inscripción cuando se produce la inscripción en remate de la adjudicación del bien objeto de afectación.
13.- Finalmente, aunque sea evidente, es conveniente recalcar que sólo dará lugar a que la inscripción sea protegida por la retroprioridad especial establecida por el artículo 68º del NRGRP, una anotación preventiva vigente, es decir, aquella no se encuentre caduca (o eventualmente cancelada), pues si bien no existiría inconveniente que (de no existir obstáculos o defectos que lo impidan) se efectúe la inscripción del acto o derecho, el mismo no gozaría de la prioridad derivada de la fecha del asiento de presentación que dio lugar a la anotación preventiva, sino, a la de fecha del asiento de presentación del correspondiente acto o contrato.

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Artículo 90

Artículo 92

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Artículo 77

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 artículo 86
 artículo 94
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 artículo 2
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 artículo 103
 artículo 68
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