Source: https://www.aireg.es/2016/11/
Timestamp: 2019-09-21 21:40:36+00:00

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Noviembre 2016 cepyme.es
El presidente del Gobierno se comprometió el pasado 26 de octubre en su Debate de Investidura a convocar “de inmediato a los interlocutores sociales para compartir nuestros análisis sobre la situación económica y social y abordar nuevas medidas que fortalezcan la creación de empleo y su calidad, la asistencia a los desempleados de larga duración, la implantación de la garantía juvenil, así como la sostenibilidad, en el marco del Pacto de Toledo, de nuestro sistema público de pensiones”.
Gobierno e interlocutores sociales consideramos que, una vez que se ha formado un nuevo gobierno con plenas facultades, es necesario adoptar medidas urgentes en el marco del diálogo social para la mejora de la calidad en el empleo, facilitar la activación de los desempleados de larga duración, la mejora en la implementación de la Garantía Juvenil Europea, y el establecimiento de una estrategia para la fijación del SMI, entre otras, que serán objeto de trabajo y análisis en el marco del diálogo social.
Ámbitos entre otros en los que se desarrollará el proceso de diálogo social
1. Consolidación de la recuperación económica con crecimiento y empleo para favorecer las oportunidades y reducir la desigualdad.
2. Aumento de la protección por desempleo con especial atención a los parados de larga duración e impulsar las Políticas Activas de Empleo.
3. Mejora del funcionamiento de la Garantía Juvenil Europea en España y otras medidas, para que alcance sus objetivos de reducción del desempleo juvenil.
4. Revisión del SMI.
5. Impulso de la Calidad en el Empleo; Marco de relaciones laborales y negociación colectiva.
6. Fortalecimiento del Sistema Público de Pensiones.
Isabel García Tejerina ha inaugurado hoy la XIII edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 2016), que se celebra en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid hasta el próximo 1 de diciembre, bajo el lema «La respuesta es VERDE», con el objetivo de implicar a personas y organizaciones en la transformación hacia una economía baja en carbono, circular y verde.
Lunes, 28 de noviembre de 2016 poderjudicial.es
Noticias del FMI – imf.org
•La deuda mundial, en máximos históricos y en ascenso
•Dos terceras partes de esa deuda corresponde a pasivos del sector privado
•La política fiscal puede ayudar a facilitar el proceso de desapalancamiento del sector privado
El panorama de la deuda mundial y sus consecuencias
•Las economías avanzadas, que han sido el epicentro de la crisis, han transitado un proceso de desapalancamiento poco uniforme, y en muchos casos la deuda privada ha seguido en aumento. Los niveles de deuda pública también han aumentado en estos países, en parte como consecuencia de la asunción de pasivos del sector privado mediante rescates de bancos.
•El fácil acceso al financiamiento en todo el mundo ha generado un auge del crédito en el sector privado en algunas economías de mercados emergentes, especialmente China.
•En los países de bajo ingreso, los niveles de deuda pública y privada también han subido, gracias a una mayor disponibilidad y un acceso más amplio a los servicios financieros, además de un mejor acceso al mercado, aun cuando los coeficientes deuda/PIB en general se mantienen en niveles bajos.
•Las políticas regulatorias y de supervisión deben garantizar el seguimiento y la sostenibilidad de los niveles de deuda privada.
•La política fiscal debe ser contracíclica durante las fases de crecimiento para crear defensas que permitan amortiguar las contracciones.
•Los incentivos de la política tributaria que estimulan el endeudamiento deben eliminarse gradualmente para limitar la acumulación excesiva de apalancamiento.
25 de noviembre de 2016.- mjusticia.gob.es
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha nombrado hoy a Eugenio López nuevo abogado general del Estado-director del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia, en sustitución de Marta Silva.
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado hoy el nombramiento de Joaquín Delgado como director general de Relaciones con la Administración de Justicia y de José Amérigo como secretario general técnico del Ministerio de Justicia.
Joaquín Delgado sustituye a Ricardo Conde en el cargo de director general de Relaciones con la Administración de Justicia, dirección dependiente de la Secretaría de Estado de Justicia.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, Delgado es miembro de la carrera judicial desde 1991 y ha ejercido como magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. También ha sido asesor en el Ministerio de Justicia en 2002 y 2003. Asimismo, ha ejercido como letrado del Consejo General del Poder Judicial entre 2002 y 2012 y como letrado-jefe del Servicio de Organización y Modernización Judicial en este mismo organismo. Ha sido además, profesor en distintas Universidades y entidades académicas, españolas y extranjeras.
Por su parte, José Amérigo sustituye a Julio Fuentes como secretario general técnico del Ministerio de Justicia, organismo dependiente de la Subsecretaría de Justicia.
José Amérigo es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en el Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado en 2002 y desde entonces ha permanecido en situación de servicio activo.
Ha sido miembro de los grupos de trabajo de la Comisión de Estudios del Consejo de Estado durante el período 2006-2010. Desde 2010 es director de los Servicios Jurídicos y Regulación del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
El sindicato moviliza sus estructuras en todo el Estado, ante la incertidumbre por la falta de información y las presiones de los Registradores de la Propiedad
23 de Noviembre de 2016 csif.es
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, prepara una movilización de sus estructuras en todos los ámbitos del Estado, ante el incumplimiento por parte del Ministerio de Justicia de convocar la mesa de negociación sobre el modelo de Registro Civil.
Una vez constituido el nuevo Gobierno, el Decano del Colegio de Registradores ha retomado las presiones para que la gestión del Registro Civil se encomiende a este colectivo (con lo que perdería su carácter público) y el Ministerio continúa sin informar sobre sus planes.
Además, el colectivo de funcionarios de Justicia afronta con incertidumbre la posibilidad de que la gestión del Registro Civil pase al personal de comunidades autónomas y ayuntamientos, como contempla la Ley 20/2011 (suspendida hasta 2017)
Por este motivo, CSIF iniciará en breve una campaña informativa dirigida a trabajadoras y trabajadores de este ámbito, delegados sindicales, comunidades y ayuntamientos, para volver a ‘crear tensión’ y elevar la presión sobre el Ministerio para que de una vez se afiance el modelo de Registro Civil público y gratuito y servido por funcionarios de justicia.
Así se lo hemos trasladado al Ministro en un escrito en el que le recordamos su compromiso, aún no cumplido, de negociar “desde cero” el nuevo modelo de Registro civil y la necesidad de no perder más tiempo en esa negociación
Una administración moderna debe apostar por el capital humano y aprovechar su experiencia y potencial. El Registro civil necesita personal experto, con la formación adecuada y el potencial para asumir el reto que supone el Registro civil que la sociedad demanda. No es lógico buscar fuera cuando la solución se encuentra dentro del propio Registro civil.
En consecuencia, ante la incertidumbre sobre el futuro del Registro civil, CSIF retoma su campaña “EN DEFENSA DEL REGISTRO CIVIL” y exige al Ministro de Justicia que cumpla con su compromiso de negociar el nuevo modelo de manera inmediata, porque el tiempo apremia.
CSIF, como lo hizo durante los años 2013-2015, vuelve a hacer un llamamiento a todos los Grupos Parlamentarios, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Asociaciones, resto de organizaciones sindicales y a todos los funcionarios de Justicia para que se unan a estacampaña que, girará en torno a tres ejes básicos:
1.Un Registro civil público y gratuito, accesible a todos los ciudadanos, aprovechando la descentralización de la actual infraestructura existente, dotándolo de medios suficientes para proporcionar un servicio de calidad.
2.Un Registro civil electrónico y, por lo tanto, único en su gestión sobre la base de un programa que permita registrar, tramitar y guardar los asuntos y expedientes; empezando desde ya, con las modificaciones normativas pertinentes para que tengan validez jurídica todas las certificaciones que se expidan independientemente del lugar de su registro inicial.
3.Un Registro civil moderno en su organización basada en el trabajo en equipo y el reparto de responsabilidades que evite los cuellos de botella y confíe en la preparación de su personal así como un sistema de reconocimiento laboral y retributivo adecuado a las tareas encomendadas.
4.Un Registro civil gestionado por personal bien formado, experto y con potencial de asumir las funciones inherentes a la prestación de este servicio. En este sentido, CSI•F defenderá la continuidad de los Cuerpos generales de la Administración de Justicia como la columna vertebral de este nuevo Registro civil.
Jueves, 24 de noviembre de 2016 cgpj.es
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha avalado la constitucionalidad de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, que reformó varios preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) referidos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que fue recurrida por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. La sentencia afirma, entre otras cuestiones, que limitar el deber de comparecencia del presidente y los vocales del CGPJ ante las Cámaras a la explicación de la Memoria, como hace el nuevo art. 564 LOPJ, no vulnera la Constitución. El Congreso y el Senado no pueden ejercer un control político sobre el CGPJ, pues ello pondría en riesgo su independencia; pero este límite no implica que los miembros del órgano de gobierno de los jueces estén exentos de la obligación de colaborar con las Cámaras cuando éstas lo requieran o de acudir, si son llamados, a una comisión parlamentaria de investigación, deber este último que establece el art. 76.2 CE y que incumbe a todos los ciudadanos, sean o no autoridades del Estado. Ha sido ponente de la sentencia el Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré.
El Tribunal realiza una interpretación conforme del art. 564 LOPJ. Así, rechaza que la limitación del contenido de las comparecencias parlamentarias vulnere el art. 72.1 CE, que atribuye a las Cámaras la potestad de elaborar sus reglamentos. La “autonomía reglamentaria tiene una ‘dimensión interna’”, por lo que no corresponde a estas normas regular el “sistema de relaciones” entre las Cámaras y los demás “órganos constitucionales”, como es el CGPJ.
El Pleno rechaza también la inconstitucionalidad del artículo que establece diferencias entre los vocales que forman la Comisión Permanente y el resto, al determinar que los primeros ejercerán el cargo en régimen de exclusividad, mientras que lo segundos lo harán compatible con el ejercicio de sus respectivas profesiones. La sentencia señala que esta previsión no vulnera el art. 127.1 CE, que prohíbe a los jueces y magistrados que estén en activo desempeñar otros cargos públicos. Esta prohibición, explica el TC, “no alcanza a los cargos y funciones que se integran y se ejercen en el ámbito judicial y, especialmente, en el de su gobierno”.
UGT | lunes, 21 de noviembre de 2016 ugt.es
La Moncloa, Madrid, viernes 18 de noviembre de 2016 lamoncloa.gob.es
La Moncloa, Madrid – 18/11/2016
Tras la reunión del Consejo de Ministros, presidido por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, ya que el presidente Rajoy se encontraba en una reunión en Berlín, el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha informado de las decisiones adoptadas.
El Consejo de Ministros ha autorizado una importante excepción a la orden de cierre presupuestario que permitirá destinar casi 500 millones de euros a la I+D+i a través de las iniciativas Proyectos I+D («Excelencia»), el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad y el Subprograma Estatal de Infraestructuras Científicas y Técnicas, y Equipamiento.
La primera de ellas se dirige a «proyectos experimentales capaces de generar conocimiento» y cuenta con 125 millones de euros. La segunda, con 244 millones de euros, promueve el «conocimiento científico orientado a afrontar los retos en los campos de salud, energía, transporte y alimentación». La tercera tiene una dotación de 117 millones de euros.
Méndez de Vigo ha dicho que se estima que estos programas de I+D+i «pueden generar 5.000 puestos de trabajo de alta cualificación y están en la línea del programa Europa 2020».
Otra excepción al cierre presupuestario que hoy ha aprobado el Gobierno es la referida a las ayudas generales a la producción de largometrajes sobre proyecto, por un total de 10 millones de euros.
Méndez de Vigo ha agregado que estas ayudas al cine español han sido «muy bien recibidas» por el sector y van a ayudar «a que la industria cinematográfica española continúe progresando». En este sentido, ha ofrecido algunos datos significativos que, ha dicho, prueban «el talento y la capacidad innovadora de nuestras producciones de cine»: el año 2016 va a cerrar con una cuota de pantalla de películas españolas en torno al 20% y con unos 17 millones de espectadores.
Con la metodología de cálculo que ahora se aprueba, el incremento del precio para el pequeño consumidor será «mínimo». El impacto para una factura media sería de 25 céntimos al año. Al respecto, el ministro Méndez de Vigo ha subrayado que el objetivo del Ejecutivo «es evitar que los costes de la comercialización de la energía recaigan sobre los consumidores».
Requerimiento al Congreso de los Diputados
El portavoz del Gobierno ha apuntado que el artículo 134.6 de la Constitución establece como «competencia exclusiva e indelegable del Poder Ejecutivo» oponerse «a toda proposición o enmienda que suponga aumento de créditos o disminución de los ingresos presupuestarios». En el caso de la LOMCE, la estimación del Gobierno supone un incremento de unos 600 millones de euros. Ocurre lo mismo con la reforma propuesta del Estatuto de los Trabajadores.
Pool Moncloa/J.M.CuadradoPreguntado por las gestiones para alcanzar un Pacto de Estado por la Educación, al que se refirió el presidente Rajoy en el Debate de investidura, el portavoz ha asegurado que es «una de las prioridades del Gobierno» y una «necesidad sentida» y expresada por todos los grupos políticos. Ha anunciado que va a crearse una subcomisión en la Comisión de Educación del Congreso para definir, en el plazo de seis meses, las líneas básicas del Pacto y, a partir de ahí, el Gobierno presentará el correspondiente proyecto de ley.
Con carácter previo, ha añadido Méndez de Vigo, el Gobierno va a publicar un Real Decreto-ley, en el que se recogerá, entre otras cuestiones, que los alumnos de cuarto de la ESO se examinarán exclusivamente de las materias troncales y la evaluación a final del Bachillerato será solo para el acceso a la Universidad. Estas medidas son un «primer paso» para el Pacto por la Educación, ha señalado.
En relación con este asunto, el ministro ha dicho que en este curso la LOMCE no se va a derogar ni a paralizar para no «causar un perjuicio enorme a los estudiantes».
Méndez de Vigo ha apoyado la decisión de los responsables de San Sebastián 2016 de retirar de una exposición de esa ciudad dos obras de reclusos de ETA, «porque podían herir la sensibilidad de las víctimas del terrorismo y este Gobierno está siempre con las víctimas».
A propósito de la ausencia y la actuación de determinados grupos en la sesión solemne de apertura en el Congreso de la XII Legislatura, el portavoz ha resaltado la importancia del respeto en las relaciones humanas y ha expresado su deseo de que ese sea el «tono y el talante en esta legislatura» porque, ha argumentado, el Parlamento debe ser «el espejo en el que se mira la gente».
Sobre el estado de negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, el portavoz ha afirmado que los primeros contactos se encuentran en un «estado muy preliminar» y ha pedido que «haya apertura de miras» y no «posiciones apriorísticas».
El ministro ha concluido su intervención recordando que el domingo 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Derechos de la Infancia.
Martes, 15 de noviembre de 2016 cgpj.es
Martes 15 de noviembre de 2016 lamoncloa.gob.es
El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó en octubre un 0,7% en tasa interanual, tras el 0,2% registrado en septiembre, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta tasa coincide con la adelantada por el INE a finales del mes pasado.
El incremento en la tasa interanual del IPC se debe al comportamiento de los precios de los productos energéticos, que crecieron por primera vez desde julio de 2014. En términos intermensuales, el IPC general se incrementó el 1,1% en octubre, cinco décimas más que en el mismo mes de 2015.
joan mestre muñoz castelló 12.11.2016 | levante.emv
Nuevo golpe a las cláusulas abusivas de las hipotecas inmobiliarias. Ahora, la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia (DGNR) ha avalado la actuación de un registrador de Sant Mateu que rechazó el préstamo de una entidad financiera por contener una cláusula abusiva; concretamente, consideró excesivo el interés moratorio. Este concepto contempla aquellas cantidades que se abonan cuando se produce un retraso en el pago de las cuotas mensuales de una hipoteca.
La entidad financiera, según la resolución de la Dirección General de Registros, estableció dicho recargo en más de dos puntos porcentuales al interés pactado entre el banco y el prestatario, un porcentaje que, según los registradores, sobrepasa el límite máximo admisible.
La notificación del DGNR, del pasado 19 de octubre, respalda su calificación en dos sentencias del Tribunal Supremo, una de ellas del pasado 22 de abril, que establecía límites al interés moratorio en los supuestos de préstamos personales en estos dos puntos porcentuales. Y, según fuentes del colegio de registradores, también puede afectar a las hipotecas firmadas antes de la de Sant Mateu porque la resolución establece que tiene un carácter retroactivo.
La sentencia del Supremo citada señala expresamente como «límite máximo de intereses moratorios en dichos supuestos los dos puntos porcentuales por encima del interés remunatorio pactado, conforme la Ley Hipotecaria».
La resolución de los registradores puntualiza que lo que se «anula y suprime completamente es esa cláusula abusiva, esto es, la indemnización desproporcionada por el retraso en la amortización del préstamo, pero no el que no estaba aquejado de esta abusividad».
La decisión del organismo de registradores afecta a un caso en Sant Mateu pero pone en solfa todas aquellos préstamos hipotecarios que tienen establecidos recargos por demora superiores a lo que la jurisprudencia señala como aconsejables. La resolución señala que «esa nulidad de una cláusula hipotecaria por abusividad y la consecuencia de que deba tener por no puesta se aplica a todos los préstamos hipotecarios vigentes independientemente de su firma».
El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles recuerda en un comunicado que son «una institución al servicio de la seguridad jurídica preventiva que», y que como tal «actúa ‘ex ante’, evitando litigios y situaciones de conflicto con el carácter preventivo y cautelar propio de su naturaleza». Añade que «en el campo del que ahora se trata de protección al consumidor, actúa mediante la exclusión de la cláusula abusiva del contrato antes de que éste pueda haber comenzado a desplegar sus efectos sobre el prestatario».
Cabe destacar que la resolución de la entidad de los registradores rechaza un recurso presentado por un notario de Alcalà de Xivert, que había alegado contra la propuesta del registrador de la propiedad de Sant Mateu de suspender la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario.
La justicia europea ha puesto en su mira las cláusulas suelo (inclusión de un tipo de interés mínimos aunque luego varíe a la baja), y son numerosas las sentencias de juzgados españoles que en base a la jurisprudencia de la UE han fallado en contra de cláusulas abusivas. El Tribunal Supremo afirmó en 2013 que las entidades afectadas deberían devolver el dinero cobrado de más en esas cláusulas a partir del 9 de mayo de 2013 y no la totalidad ya que entendió que se podía poner en cuestión la viabilidad del sistema financiero.
Publicado en November 3, 2016 blog-dialogoafondo.org
Nadie sabe a dónde se encamina esta tecnología. Según Robert Gordon, el cambio tecnológico económicamente significativo —y el crecimiento de la productividad de Estados Unidos— se han desacelerado desde los años setenta, excepto durante un boom tecnológico de una década que concluyó en 2004 (véase la edición de F&D de junio de 2016). Pero bien podríamos estar presenciando el albor de una revolución en lo que a los robots inteligentes se refiere, y los economistas deberían plantearse seriamente lo que esto implica para el crecimiento económico y la distribución del ingreso.
Los análisis económicos de la tecnología, el crecimiento y la distribución se dividen en dos campos. Según uno, los avances tecnológicos incrementan la productividad y, por ende, el producto por persona. A pesar de algunos costos transicionales —determinados empleos se vuelven obsoletos—, el efecto global es una mejora del nivel de vida. La historia de este debate desde por lo menos el siglo XIX parece darle la razón inequívoca a los defensores de la tecnología. En 2015, el trabajador estadounidense promedio trabajó aproximadamente 17 semanas para vivir con el nivel de ingreso anual del trabajador promedio de 1915, en gran medida gracias a la tecnología (Autor, 2014).
Esta versión optimista revela que la tecnología hace mucho más que desplazar trabajadores. Logra que los trabajadores sean más productivos y estimula la demanda de los servicios que producen;
por ejemplo, gracias al software cartográfico (y ahora a Lyft y Uber), los taxistas son más eficientes. Y el aumento del ingreso genera demanda de todo tipo de productos y, por lo tanto, de mano de obra. En la década de 1950 y comienzos de la de 1960, una ola de temores en torno a las repercusiones de la computarización de los puestos de trabajo recorrió Estados Unidos, pero las siguientes décadas, marcadas por un fuerte aumento de la productividad y una mejora de los niveles de vida, fueron en general una época de desempleo estable y empleo en alza.
La otra versión, más pesimista, presta más atención a los perdedores (véanse, por ejemplo, Sachs y Kotlikoff, 2012; Ford, 2015; Freeman, 2015). Parte del aumento de la desigualdad observado en muchas economías avanzadas en las últimas décadas podría ser resultado de la presión tecnológica. En las economías desarrolladas, la revolución informática ha reducido la demanda relativa de empleos que conllevan tareas rutinarias (físicas o mentales), como la teneduría de libros o las líneas de producción. Como la combinación de computadoras y una menor planta de trabajadores —generalmente más calificados—puede producir los bienes que antes estaban relacionados con esos puestos de trabajo, los sueldos relativos de los trabajadores menos preparados han caído en muchos países.
Para saber dónde podrían encajar los robots inteligentes, diseñamos un modelo económico que supone que los robots son un tipo diferente de capital, un buen sucedáneo de los trabajadores humanos. Los macroeconomistas por lo general piensan que la producción es resultado de la combinación de capital físico (máquinas y estructuras públicas y privadas) y trabajo. Pero es sumamente esclarecedor pensar en los robots como un nuevo tipo de capital físico que, de hecho, engrosa la mano de obra (humana) disponible. Por ejemplo, la producción seguirá requiriendo edificios y carreteras, pero ahora los humanos y los robots pueden trabajar con este capital tradicional.
Entonces, ¿qué ocurre cuando este capital robótico alcanza un grado de productividad que lo hace útil? Si suponemos que los robots son sucedáneos casi perfectos de la mano de obra, lo bueno es que el producto por persona aumenta, pero lo malo es que la desigualdad se agudiza, por varias razones. Primero, los robots incrementan la oferta efectiva total de trabajo (humanos más robots), lo cual hace bajar los sueldos en una economía dictada por el mercado. Segundo, como ahora es rentable invertir en robots, se reduce la inversión en capital tradicional, como edificios y maquinaria convencional, lo cual reduce aún más la demanda de quienes trabajan con ese capital tradicional.
Pero esto es apenas el comienzo. Tanto el aspecto positivo como el negativo se intensifican a lo largo del tiempo. A medida que aumenta la cantidad de robots, sube el rendimiento del capital tradicional (los depósitos son más útiles si las estanterías las llenan robots), y la inversión tradicional termina subiendo también. Esto, a su vez, mantiene la productividad de los robots, incluso a
medida que su número sigue creciendo. Con el correr del tiempo, ambos tipos de capital crecen simultáneamente, hasta que logran predominar en la totalidad de la economía. Todo este capital tradicional y robótico, al cual el trabajo contribuye cada vez menos, produce más y más. Y los robots no consumen; lo único que hacen es producir (pese a las ambivalencias de la ciencia ficción).
Ahora bien, los sueldos bajan, no solo en términos relativossino también absolutos, a pesar del aumento de la producción.
Esto puede parece extraño, o incluso paradójico. Algunos economistas tildan de falacia el hecho de que los oponentes a la tecnología no tienen en cuenta que los mercados encuentran un punto de equilibrio: la demanda aumentará hasta satisfacer la mayor oferta de bienes producidos gracias al avance tecnológico y los trabajadores encontrarán nuevos empleos. Esa falacia no se da aquí: en los supuestos de nuestro modelo económico simple no hay desempleo ni otras complicaciones, sino que los salarios se ajustan en equilibrio con el mercado laboral.
¿Cómo explicamos entonces la baja salarial coincidente con el aumento de la producción? En otras palabras, ¿quién compra toda la producción extra? La respuesta es: los propietarios del capital. A corto plazo, la inversión adicional compensa holgadamente toda disminución pasajera del consumo. A largo plazo, aumenta la parte de la creciente riqueza que les toca a los propietarios del capital, y lo mismo ocurre con su gasto de consumo. Como consecuencia del retroceso de los salarios y del crecimiento del capital, el trabajo (humano) ocupa una parte cada vez más pequeña de la economía. (En el caso limitante de sustituibilidad perfecta, la participación salarial es cero). Thomas Piketty nos recuerda que la participación del capital es un factor determinante básico de la distribución del ingreso. El capital ya está distribuido de manera mucho más desigual que el ingreso en todos los países. Dado que la introducción de los robots incrementaría la participación del capital indefinidamente, la distribución del ingreso sería cada vez más desigual.
Es interesante constatar que este proceso autosostenido de crecimiento alimentado puramente por la inversión (robótica y tradicional) puede ponerse en marcha incluso con un aumento muy pequeño de la eficiencia de los robots, siempre que ese aumento permita a los robots competir con la mano de obra. Por lo tanto, esta mejora minúscula de la eficiencia produce una especie de
“singularidad” económica en la cual el capital acapara la economía en su totalidad y el trabajo queda excluido. Esto recuerda la hipótesis de la “singularidad tecnológica” descrita por Raymond
Kurzweil (2005), en la cual las máquinas inteligentes llegan a un punto tal de sofisticación que son capaces de autoprogramarse, iniciando un nuevo crecimiento vertiginoso de la inteligencia
artificial. No obstante, nuestra singularidad es de naturaleza económica, no tecnológica. Lo que estamos analizando es cómo un pequeño aumento de la eficiencia de los robots podría provocar
una acumulación autosostenida del capital en donde los robots acaparan la economía en su totalidad, no un crecimiento autosostenido de la inteligencia de los robots.
Hasta el momento, hemos supuesto una sustituibilidad casi perfecta entre robots y trabajadores, junto con un pequeño aumento de la eficiencia robótica. Este tipo de robots imposibles de distinguir de un humano son los que aparecen en la película Terminator 2: El juicio final. Existe la posibilidad de otro escenario, diferente de estos dos supuestos. Al menos por ahora, es más realista suponer que los robots y la mano de obra son muy parecidos pero no sucedáneos perfectos, que la gente aporta una chispa de creatividad o un toque humano crítico. Al mismo tiempo, al igual que algunos tecnologistas, proyectamos que la productividad de los robots no aumentará un poco, sino drásticamente, en un plazo de dos décadas.
Con estos supuestos, recuperamos un poco el optimismo propio del economista. Las fuerzas antes mencionadas siguen en acción: el capital robótico tiende a reemplazar a los trabajadores y a comprimir los sueldos, y en un comienzo el desvío de la inversión hacia los robots agota la oferta de capital tradicional que contribuye al avance de los sueldos. Ahora bien, la diferencia radica en que los talentos especiales de los seres humanos se tornan más valiosos y productivos a medida que se combinan con esta acumulación gradual de capital tradicional y robótico. Llegado cierto momento, el aumento de la productividad de la mano de obra compensa el hecho de que los robots están reemplazando a los humanos, y los sueldos suben (junto con el producto).
Sin embargo, se plantean dos problemas. Primero, ese momento puede tardar en llegar. Exactamente cuánto depende de la facilidad con que los robots reemplacen el trabajo humano y de la velocidad con que el ahorro y la inversión respondan a las tasas de rendimiento. Según nuestra calibración de base, el efecto de productividad tarda 20 años en compensar el efecto de sustitución y en hacer subir los sueldos. Segundo, lo más probable es que el papel del capital en la economía siga creciendo mucho. El capital no será completamente predominante, como en el caso de la singularidad, pero ocupará una proporción mayor del ingreso, aun a largo plazo, cuando los sueldos estén por encima de los niveles de la era previa a los robots. Por lo tanto, la desigualdad será, quizá, muchísimo peor.
El lector quizás esté pensado que estas posibilidades escalofriantes nunca se harán realidad en su caso, porque un robot no puede reemplazar, por ejemplo, a un economista o a un periodista. En nuestro modelo, comenzamos con una sustituibilidad perfecta entre trabajadores y robots, y luego introducimos la idea de que en la producción pueden ser parecidos pero no idénticos. Otra complicación importante es que no todo el trabajo es igual. De hecho, cabe la posibilidad de que máquinas complejas dotadas de inteligencia artificial avanzada no puedan reemplazar a los humanos en todos los trabajos. En las películas, la variedad de trabajos que es necesario reemplazar es amplia, desde cazadores (Blade Runner) hasta médicos (Alien: El octavo pasajero). Y hay robots que han intentado reemplazar a profesores auxiliares e incluso a periodistas. Los cursos masivos en línea podrían poner en peligro hasta la docencia. Pero en la vida real, muchos trabajos parecen estar fuera de peligro, al menos por el momento.
Por esa razón nuestro modelo divide a todos los trabajadores en “calificados” y “no calificados”. Los primeros no son muy sustituibles por robots, sino que los usan más bien para aumentar su propia productividad; los segundos son muy sustituibles. Así, nuestros trabajadores calificados no tienen por qué ser los más preparados académicamente; pueden ser los que tienen creatividad
o empatía, algo que será especialmente difícil para los robots. Al igual que Frey y Osborne (2013), suponemos que alrededor de la mitad de la fuerza laboral puede ser reemplazada por robots
y es “no calificada”. ¿Qué ocurre cuando se abarata la tecnología robótica? Como antes, el producto por persona aumenta. Y la participación del capital global (robótico y tradicional) sube. Ahora bien, se da un efecto más: los sueldos de los trabajadores calificados suben tanto en relación con los de los trabajadores no calificados como en términos absolutos, ya que el primer grupo es más productivo en combinación con los robots. Imaginemos, por ejemplo, el aumento de la productividad de un diseñador que tiene a su servicio un ejército de robots. Entre tanto, los sueldos de los trabajadores no calificados se desmoronan, en términos tanto relativos como absolutos, incluso a largo plazo.
La desigualdad ahora aumenta por dos razones fundamentales. Como en el caso anterior, el capital ocupa una proporción mayor del ingreso total. Además, la desigualdad salarial se acentúa drásticamente. La productividad y los salarios reales de los trabajadores calificados aumentan sin pausa, pero los trabajadores poco calificados pierden rotundamente ante los robots. Las cifras dependen de algunos parámetros críticos, como el grado de complementariedad entre los trabajadores calificados y los robots, pero la magnitud aproximada de los resultados se desprende de los supuestos sencillos que hemos expuesto. La determinación a la que llegamos es que en unos míseros 50 años, el salario real de los trabajadores poco calificados disminuye 40% y la participación del grupo en el ingreso nacional baja de 35% a 11% en la calibración de base.
Hasta el momento, hemos pensado en una economía desarrollada grande como Estados Unidos. Y esto parece natural teniendo en cuenta que países como este suelen ser tecnológicamente más avanzados. Sin embargo, una era robótica también podría afectar a la distribución internacional del producto. Por ejemplo, si la mano de obra no calificada reemplazada por robots se parece a la de las economías en desarrollo, podría empujar a la baja los sueldos relativos de estos países.
El futuro no tiene por qué ser así. Primero, más que nada estamos especulando sobre el desenlace de tendencias tecnológicas incipientes, no analizando datos. Las innovaciones recientes que mencionamos no están (aún) reflejadas en las estadísticas de productividad o crecimiento de las economías desarrolladas; de hecho, el crecimiento de la productividad ha sido bajo en los últimos años. Y la tecnología no parece ser la causa del aumento de la desigualdad en muchos países. En la mayoría de las economías avanzadas, el avance de los sueldos relativos de los trabajadores calificados no ha sido tan grande como en Estados Unidos, incluso en las que supuestamente enfrentan cambios tecnológicos parecidos. Como han recalcado con justa fama Piketty y sus coautores, gran parte del aumento de la desigualdad en las últimas décadas estuvo concentrado en una parte muy pequeña de la población, y la tecnología no parece ser la razón principal. Pero la creciente desigualdad observada en tantas partes del mundo durante las últimas décadas —y quizás en cierta medida la inestabilidad política y el populismo conocidos— pone de relieve los riesgos y los acentúa. No es buena señal que en Estados Unidos la participación del trabajo en el ingreso parezca estar en caída desde comienzos de siglo, tras mantenerse más o menos estable durante décadas (Freeman, 2015).
Las famosas tres “leyes de la robótica” de Isaac Asimov están concebidas para evitar daños físicos a los seres humanos; según la primera “ningún robot causará daño a un ser humano ni permitirá,
con su inacción, que un ser humano lo sufra”. Se trata de una directiva adecuada para el diseñador de un robot, pero no ayuda a controlar las consecuencias a nivel de toda una economía que
analizamos aquí. Nuestro pequeño modelo muestra que, aun en una economía de mercado que funciona bien, los robots pueden ser redituables para los propietarios del capital y pueden hacer subir el ingreso per cápita promedio, si bien el resultado no sería el tipo de sociedad en la cual la mayoría de nosotros desearía vivir. Una política pública de respuesta es a todas luces necesaria.
En todos estos escenarios, hay empleos para quien desee trabajar. El problema es que la mayor parte del ingreso cae en manos de los propietarios del capital y de los trabajadores calificados que no pueden ser reemplazados fácilmente por robots. Los demás ganan poco y son cada vez menos prósperos. Esto apunta a la importancia de una educación que promueva el tipo de creatividad y de aptitudes que no desaparecerán frente a las máquinas inteligentes, sino que las complementarán. Esa inversión en capital humano podría mejorar los sueldos promedio y reducir la desigualdad. Pero, aun así, la introducción de robots podría deprimir los sueldos promedio durante mucho tiempo, y la participación del capital aumentará.
En aras de la sencillez, hemos dejado de lado muchas de las obligaciones que afrontaría una sociedad de este tipo: asegurar una demanda agregada suficiente cuando el poder de compra esté cada vez más concentrado, resolver las dificultades sociopolíticas de un nivel de sueldos tan bajo y una desigualdad tan profunda, y lidiar con las implicaciones salariales en términos de los gastos en
salud y educación de los trabajadores y la inversión en sus hijos.
Implícitamente, hemos supuesto que la distribución del ingreso derivado del capital se mantiene sumamente desigual. Pero el aumento del producto global por persona implica que todo el mundo podría beneficiarse si ese ingreso se redistribuyera. Las ventajas de un ingreso básico financiado mediante la tributación del capital resultan obvias. Naturalmente, gracias a la globalización y a la innovación tecnológica, en la práctica ha sido más fácil evitar la tributación del capital en las últimas décadas. Por lo tanto, nuestro análisis lleva ineludiblemente a preguntarse quién será el dueño de los robots.
* Andrew Berg es Subdirector del Instituto de Capacitación del FMI, Edward F. Buffie es Profesor de Economía en la Universidad de Indiana en Bloomington y Luis-Felipe Zanna es Economista Principal en el Departamento de Estudios del FMI.
11 de noviembre de 2016.- El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado el acuerdo por el que se recaba del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la audiencia preceptiva sobre la propuesta de nombramiento como fiscal general del Estado de José Manuel Maza en sustitución de Consuelo Madrigal.
Se encuentra usted en los archivos de AIRE de noviembre de 2016.

References: artículo 134
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