Source: https://argitalpen.ararteko.eus/index.php?leng=cast&id_l=42&id_a=1296
Timestamp: 2019-02-17 03:20:39+00:00

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Una de las áreas de trabajo del Ararteko es la que afecta a las personas gitanas. El pueblo gitano es una minoría cultural que ha sido reconocida como tal, con los derechos y compromisos que acompañan a dicho reconocimiento. Ello hace que sean necesarias políticas públicas que protejan y promocionen su identidad cultural, mejoren sus condiciones sociales y económicas y se establezcan medidas efectivas contra la discriminación. Un elemento importante es el reconocimiento de su aportación cultural. Entre las actuaciones que pueden ayudar a su promoción está la de la lucha contra la estigmatización que sufren. Persiste una imagen negativa hacia los gitanos y gitanas que desemboca en situaciones discriminatorias. La lucha contra la discriminación, la denuncia y condena de actuaciones racistas y xenófobas y la puesta en marcha de medidas que favorezcan su participación política, social y económica es fundamental.
El año 2010 ha sido un año doloroso para la comunidad gitana que ha vuelto a vivir como sus miembros eran rechazados como vecinos y vecinas de algunas localidades de Francia, sin que ello haya tenido consecuencias, seguramente porque no es el único país que ha desmantelado campamentos y expulsado a personas gitanas, como también ha sido el caso de Italia o Alemania. Las alegaciones del gobierno francés con relación a que ninguna persona originaria de un Estado miembro de la Unión Europea puede ser una carga económica para otro Estado, que los acuerdos que permitieron la adhesión de la Unión Europa con Rumania y con Bulgaria prevén una prórroga de 7 años antes de autorizar la libre circulación y que esta prórroga aún no ha vencido o bien que los expedientes de expulsión han sido examinados caso por caso, y que las expulsiones han sido voluntarias, no pueden hacer olvidar que se trataba de expulsiones colectivas –que están prohibidas–, y de actuaciones discriminatorias por razón de etnia –las expulsiones solamente han sido de gitanos, no de otras etnias o de otros miembros de Estados que se han adherido en los últimos años a la Unión Europea–.
Por tanto, el rechazo a la población gitana sigue siendo una realidad que impide el progreso de este pueblo.
La llegada de personas gitanas que tienen su origen en un país de la Unión Europea plantea numerosos retos porque ejercen como ciudadanos comunitarios el derecho a la libre circulación y a la libre residencia. Son personas que se desplazan con el objetivo de encontrar oportunidades de progreso y un mejor trato que permita mejorar sus condiciones de vida para ellos y para sus hijos. La Unión Europea ha elaborado diversos documentos, resoluciones, comunicaciones, y acordado compromisos e instrumentos (fondos estructurales y fondos de preadhesión) que muestran su interés por atender las necesidades de la minoría cultural más numerosa en Europa. La población gitana sufre una enorme desventaja social en la actual sociedad tecnológica que debe ser combatida para favorecer su inclusión social y laboral.
Los problemas de las personas gitanas tienen que ver con la desigualdad en el campo de la salud, la discriminación laboral, la segregación, abandono y fracaso escolar, las dificultades de acceso a un alojamiento adecuado, la infravivienda y el trato que reciben. Estos problemas les impiden ejercer sus derechos.
Los poderes públicos no han tenido presentes las necesidades de esta población hasta la década de los 70 del siglo pasado. Desde entonces se han adoptado principios y convenios, se han proclamado cartas y propuesto recomendaciones que reconocen la injusticia que ha sufrido este pueblo y recogen el compromiso de evitar que se prolongue.
La intervención pública ha mejorado la situación de sus miembros; la puesta en marcha de políticas eficaces y de un liderazgo institucional es fundamental para que puedan vivir con dignidad.
Las quejas que hemos recibido están relacionadas con las dificultades para encontrar una vivienda que tienen las personas y las familias gitanas, y con los desalojos de las viviendas porque no se prorrogan los arrendamientos o las relaciones de precario. Otro motivo de queja son las condiciones de infravivienda en la que algunas familias viven y los asentamientos de personas de origen comunitario en edificios y empresas abandonadas.
También están motivadas en el rechazo social y en los problemas de convivencia. Estas últimas son muy preocupantes porque afectan a las políticas públicas que se ponen en marcha o se podrían poner en marcha.
Otro motivo de queja es el de las dificultades de acceso al sistema vasco de servicios sociales por las dificultades en la inscripción en el padrón, la disminución de ayudas al alumnado gitano y los criterios restrictivos en la adjudicación de viviendas por parte del Gobierno Vasco.
En este epígrafe recogemos algunas de las novedades normativas y políticas públicas que afectan al pueblo gitano.
Este año se ha incorporado a la agenda europea la importancia de una estrategia europea que afecte a esta etnia.
Se ha celebrado la II Cumbre Europea sobre Acciones y Políticas a favor de la Población Roma organizada por la Comisión Europea y el Ministerio de Sanidad y Política Social español. Esta cumbre ha ido acompañada de una resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2010, en la que se insta a la Comisión, entre otras cuestiones, a elaborar una Estrategia y Plan europeo dirigidos a la población roma/gitana.
También se ha celebrado, el 17 de junio de 2010, la tercera reunión de la Plataforma europea para la inclusión de los gitanos. Las reuniones de la plataforma tienen como objetivo estimular la cooperación y los intercambios de experiencias sobre prácticas y políticas exitosas de integración de la población gitana.
En la cumbre se presentaron dos documentos, la Comunicación sobre la integración social y económica de los Roma en Europa y el informe de progreso sobre la ejecución de los instrumentos y políticas de la UE para la inclusión de los Roma.
También mencionamos la Resolución del Parlamento Europeo de 9 de septiembre de 2010, sobre la situación de la población gitana y sobre la libre circulación en la Unión Europea.
El Parlamento en esta resolución expresó su preocupación en relación con la repatriación forzosa de ciudadanos gitanos a países de los Balcanes occidentales y formuló la necesidad de una financiación adecuada para proyectos de integración.
Por último, es importante mencionar la resolución del órgano consultivo de la Unión Europea, el Comité Económico y Social (CESE) sobre la situación de los Roma en la Unión Europea de 16 de septiembre de 2010 en la que se condena las actuaciones discriminatorias contra la población gitana. En la misma señala que el Comité ha apoyado el derecho de las personas de la Unión Europea a la libertad de circulación y de establecimiento. También se muestra partidario de políticas de inclusión a favor de las personas inmigrantes y las minorías, específicamente con relación a los Roma. En este sentido recuerda la responsabilidad de la Unión Europea para encontrar una respuesta adecuada y la competencia de la Unión Europea bajo el nuevo Tratado para ello. El CESE subrayó que, aunque la integración de los Roma es, ante todo, competencia de los Estados miembros afectados, la UE tiene la responsabilidad de afrontar este problema a nivel europeo. La Resolución reitera el llamamiento del Comité a la UE para que adopte una "estrategia completa y convincente para los Estados miembros. Esta estrategia debe elaborarse con la participación de las comunidades romaníes, contando con una financiación apropiada y adaptada a los grandes retos que se plantean".
Este año se ha aprobado el plan de acción para el desarrollo de la población gitana 2010-2012.
Así mismo, se ha puesto en marcha la Red de servicios de asistencia a víctimas de discriminación promovida por el Consejo para la promoción de la Igualdad de trato y no discriminación de la Personas por su Origen Racial o Étnico del Ministerio de Igualdad en colaboración con distintas entidades.
En el País Vasco es importante mencionar el Consejo para la Promoción Integral y Participación Social del Pueblo Gitano en el País Vasco que reúne a representantes de organizaciones sociales y de las administraciones públicas y el II Plan para la Promoción Integral y Participación Social del Pueblo Gitano 2008-2011.
Estos instrumentos permiten disponer de herramientas y medidas adecuadas a las necesidades de las personas gitanas.
Se ha avanzado en el diseño y articulación de propuestas que reúnen el consenso necesario y respetan la participación de las personas gitanas. Estas medidas requieren de compromisos políticos y financieros para su ejecución. La evaluación del I Plan puso de manifiesto que no se habían puesto en marcha la totalidad de la medidas acordadas, algo de enorme importancia para mantener la confianza de los agentes intervinientes en el proceso iniciado en el año 2003 y para lograr los objetivos de mejora y progreso de la situación de la población gitana en el País Vasco.
Entre las actuaciones que hemos realizado está el traslado al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de un problema que afecta de manera importante a la población gitana, como es la dificultad de acceso a la vivienda. Ello hace que en muchas ocasiones la compra de una vivienda (habitualmente en condiciones de infra vivienda) o de un local son las únicas posibilidades que tienen para poder disponer de un alojamiento adecuado. Un problema importante es que la compra de una vivienda implica la extinción del derecho a la prestación de la renta de garantía de ingresos y, en ocasiones, la devolución de cantidades percibidas indebidamente. La nueva adquisición no implica normalmente que la situación económica de la familia haya mejorado, por lo que se debería valorar en cada caso la estabilidad que supone disponer de una vivienda para avanzar en su proceso de inclusión social. La extinción del derecho a la prestación de la renta de garantía de ingresos y la petición de devolución de las prestaciones pueden perjudicar la integración social de todos los miembros de esta familia. En este sentido, se echa de menos que, con determinados colectivos, la intervención social tenga en cuenta las necesidades y circunstancias sociales específicas de determinadas personas y una visión más amplia de los beneficios que implica la intervención social a medio y largo plazo.
Entre las reuniones que hemos mantenido en el año 2010 están la mantenida con las asociaciones de mujeres gitanas que trabajan en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la celebrada con la Secretaría del Consejo Gitano y con el Servicio del Gobierno Vasco Biltzen con relación a los asentamientos de población rumana gitana. Estas reuniones han tenido como objeto dar a conocer las funciones de la institución y poner de manifiesto las necesidades y dificultades de las personas gitanas y la importancia del cumplimiento de las medidas propuestas en II plan para la promoción integral y participación social del Pueblo Gitano.
V.1. Necesidad de vivienda
Las personas y familias gitanas tienen un problema muy grave de acceso a un alojamiento adecuado. Los programas de promoción pública han ayudado a muchas personas gitanas a disponer de una vivienda. El alojamiento es una necesidad básica de las personas, que permite el crecimiento adecuado de los menores y el desarrollo de las personas. Este año hemos recibido quejas que afectan a la negativa de prórroga del alquiler del programa Bizigune. Este programa tenía como objeto dar utilidad a las viviendas vacías que no estaban en el mercado, bien porque requerían reformas o bien porque los propietarios tenían desconfianza por la incertidumbre de los contratos de alquiler y de la conducta de las personas arrendatarias en la vivienda de su propiedad. Estas viviendas eran alquiladas por el Gobierno Vasco a las personas inscritas en Etxebide que eran demandantes de vivienda en alquiler.
El plazo máximo de prórroga del alquiler de la vivienda es de 5 años. Las quejas de las vecinas y los vecinos y, en algunos casos, la existencia de deterioros en la vivienda han dificultado la prórroga de los alquileres de la vivienda más allá de los 5 años, por lo que se ha empeorado la situación de algunas familias que han tenido que buscar alojamiento sin la participación del servicio público de vivienda.
V.2. Rechazo vecinal
En el informe del año 2009 hicimos mención a una queja relativa a la denegación de la inscripción en el padrón que estaba motivada en el rechazo vecinal a que una familia se incorporara en un barrio del municipio del Valle de Trápaga-Trapagaran
Resolución del Ararteko, de 30 de marzo de 2009, por la que se recomienda al Ayuntamiento del Valle de Trápaga-Trapagaran que expida el certificado de inscripción en el padrón municipal, reconozca a todos los miembros de una familia como vecinos del municipio, participe en la gestión de las actuaciones conducentes a que la familia ocupe la vivienda de la que es arrendataria y promueva la convivencia social normalizada.
La decisión de adjudicar una vivienda en régimen de arrendamiento a una familia gitana había dado lugar a un rechazo vecinal y a la denegación de la inscripción en el padrón para evitar que la familia residiera en la vivienda.
Esta familia se inscribió en el padrón municipal aunque su situación no está normalizada porque sigue siendo objeto de rechazo vecinal. Durante el año 2010 se han mantenido pancartas cerca de su domicilio y pintadas en las paredes que manifiestan este rechazo. Las organizaciones sociales del Consejo para la Promoción Integral y Participación Social del Pueblo Gitano solicitaron al Ayuntamiento que tomara las medidas oportunas para que la brigada municipal y los servicios de limpieza, y si fuera preciso, la policía municipal retiraran las pancartas o limpiaran las paredes de las pintadas. Aunque algunas pancartas se han retirado por el Departamento de Interior del Gobierno Vasco en otoño de este año, en concreto, las que aplauden las políticas de inmigración del gobierno francés, todavía se mantienen pintadas de rechazo a la familia (integrada por cinco niños), algo que es grave. Así mismo, sigue abierto el procedimiento judicial que investiga los hechos que se produjeron en contra de la familia y de su traslado al barrio de La Arboleda.
Algunas de las quejas que recibimos tienen relación con las dificultades de convivencia que se plantean entre vecinos y vecinas gitanos y no gitanos. En un expediente de queja, que tenía por motivo las dificultades en la convivencia vecinal, estas desavenencias concluyeron con el desahucio de la vivienda de la familia gitana. Hemos abierto un expediente, que sigue en tramitación, con relación al procedimiento que se había llevado de adjudicación de vivienda y al procedimiento de desalojo, que ha llevado a que en estos momentos la familia compuesta por una mujer y cuatro hijos menores viva en situación de infravivienda.
El derecho de las personas a vivir en condiciones de buena vecindad y seguridad debe conciliarse con el derecho de las personas a vivir en un alojamiento adecuado. Es importante conocer las causas de las dificultades de convivencia y hacer frente a las mismas desde una perspectiva social, de igualdad de derechos y de promoción de los grupos desfavorecidos.
Este año hemos conocido de varias quejas que muestran que las familias gitanas han empeorado su situación respecto a la satisfacción de la necesidad básica de disponer de un alojamiento adecuado, lo que es un elemento de preocupación para el Ararteko.
V.3. Infravivienda
Un grupo de vecinos y vecinas, entre los que se incluye un colectivo de familias de etnia gitana, nos trasladan la situación de deterioro en la que se encuentran los inmuebles donde residen en Erandio.
Está prevista una actuación para la regeneración urbanística de esta zona mediante un convenio firmado por una promotora privada y por el Ayuntamiento de Erandio. Una de las actuaciones previstas era la construcción de nuevas viviendas para garantizar el realojo de sus ocupantes.
El problema es que la crisis del sector inmobiliario está dificultando la construcción de las viviendas dentro del plazo previsto en el convenio urbanístico. El Ararteko ha solicitado información sobre la situación de este proceso de regeneración y sobre el estado de las viviendas en las que actualmente habitan estas familias.
V.4. Actuaciones en zonas degradadas
El Ararteko durante este año ha concluido su actuación sobre la situación de deterioro social y urbanístico que padece el Barrio de Santa Juliana en el municipio de Abanto y Zierbena, Resolución del Ararteko, de 20 de septiembre de 2010, por la que se concluye la reclamación presentada por un grupo de vecinos y vecinas en la que ponen de manifiesto la situación de deterioro social y urbanístico que padece el Barrio de Santa Juliana en Abanto y Ciérvana.
Desde el Ararteko hemos dirigido una resolución a las administraciones competentes (Ayuntamiento; Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco y, en la medida que se determine el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia) en la que les instamos a avanzar con carácter prioritario en la intervención integral del barrio que ponga remedio al deterioro social y urbanístico que viene padeciendo en los últimos años. Para ello, las administraciones competentes deben establecer un plan concreto de medidas de intervención social y urbanística, con un apartado específico sobre los realojos de los ocupantes legales del barrio, dirigido a solucionar los problemas de convivencia surgidos en el barrio de Santa Juliana, que tenga en cuenta nuestras anteriores consideraciones. También resulta de interés la creación de un órgano estable para la planificación y seguimiento de forma coordinada de las distintas medidas en el que se prevean fórmulas que permitan la participación vecinal. En cualquier caso deben crearse cauces para informar y permitir la participación de los vecinos y vecinas sobre las medidas previstas para la regeneración urbana del barrio, sobre los derechos y obligaciones que van a implicar a los propietarios del terreno y, en especial, sobre el contenido del derecho de realojo para los ocupantes legales de las viviendas.
A pesar del tiempo transcurrido siguen sin darse avances significativos. La situación del Barrio sigue dando lugar a la tramitación de quejas, las más recientes por la denegación de la inscripción en el padrón.
- Barrios de Chavarri, Urbinaga, Rivas-Simondrogas y Los Baños del municipio de Sestao
El proceso de regeneración social y urbanística en la zona no ha finalizado por lo que hemos solicitado información con relación al cumplimiento de las recomendaciones de la resolución del Ararteko, de 6 de noviembre de 2006, por la que se comunica al Ayuntamiento de Sestao, al Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y al Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia las conclusiones y recomendaciones sobre el proceso de regeneración del municipio de Sestao.
El seguimiento del Ararteko con relación a la ejecución del Plan tenía por motivo, principalmente, vigilar algunos de los criterios que se iban a utilizar en los realojos, esto es, el hecho de identificar a las familias según su situación de grave necesidad económica, de señalar su pertenencia a una etnia y la exigencia de acreditar 15 años de residencia efectiva para realojarse en Sestao; asimismo los problemas de seguridad ciudadana y convivencia social (recomendaciones: 3.-"Revisión del Plan Director"; 4.-"Garantizar el derecho al realojo de todas las personas residentes en edificios derribados o a "derribar"; y 5.-"Garantizar el buen uso de las viviendas municipales y la seguridad ciudadana").
El Ayuntamiento de Sestao en octubre de 2007 había hecho una actualización del Plan director en la que mantenía la propuesta del realojo fuera de Sestao de una proporción de familias "para reducir la concentración de personas con bajos recursos y con problemáticas sociales" en base a criterios como el de ser perceptoras de renta básica, ser de etnia gitana o el criterio de pertenecer a una familia conflictiva. En la actualización del Plan se mantuvo este objetivo estratégico, de tal manera que el plan preveía el traslado de personas que eran perceptoras de renta básica en un 80%, de las 93 pendientes de traslado, que al menos el 50% sean familias de etnia gitana y un 10% familias de las que causan conflictos importantes en el entorno.
El Ararteko en la recomendación 3ª de la mencionada Resolución señaló "No se puede eludir la problemática social subyacente en estas zonas, sobre todo cuando el uso que se va a dar al suelo es la construcción de viviendas normalizadas destinadas en gran parte al mercado inmobiliario y/o nuevas infraestructuras para la ciudades".
En cuanto al requisito de acreditar 15 años de empadronamiento proponíamos la exigencia de tres años como máximo, por analogía con los procedimientos de adjudicación de viviendas de protección oficial, regulados por la Orden de 21 de agosto de 2004, del consejero de Vivienda y Asuntos Sociales.
En definitiva, proponíamos la revisión de los criterios previstos con el objeto de garantizar el realojo de todas las personas ocupantes legales que residían en la zona de Simondrogas (recomendación 4ª).
En el seguimiento hemos conocido que la Sociedad Sestao Berri 2010 S.A. sigue llevando a cabo el plan de intervención social en materia de realojo, con diferentes fases, que incluye un seguimiento del realojo, un plan de regeneración socio-urbanístico en la zona de Ari-Txabarrii-El Sol –que comprende la rehabilitación urbana de viviendas-edificios y el área social para el desarrollo de la comunidad– y un programa de gestión de los alquileres de las viviendas municipales de Sestao, que incorpora un programa de intervención social.
Según la información remitida se mantiene la colaboración interinstitucional entre el Ayuntamiento de Sestao y el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco, lo cual es muy positivo. La previsión, incluso, era avanzar en la colaboración y establecer cauces de gestión más operativos con relación a al registro de solicitantes de vivienda, Etxebide, así como con relación a la centralización de ayudas a la rehabilitación, Etxelaguntza.
En cuanto a los criterios que se están siguiendo de cara a los realojos, la información remitida no permite conocer cuántas familias gitanas han sido afectadas y realojadas fuera de Sestao. Los criterios trasladados tienen que ver con las circunstancias de los colectivos, edad, salud, dependencia psico-social-familiar, niños, niñas y adolescentes, sin que conste que se haya exigido la acreditación de un determinado plazo de inscripción en el padrón del Ayuntamiento Sestao. Entre la información remitida se traslada la relativa a la existencia de acuerdo en el 98% de los realojos realizado, que es un porcentaje elevado y que se valora de manera positiva. Estos realojos han sido tanto en Sestao como en otros municipios, siendo mayor el porcentaje de los realizados fuera de Sestao.
Así mismo, informan que puesto que las viviendas de la calle Vega Nueva 6 y 8, se encontraban en un avanzado estado de ruina, se suscribieron acuerdos preexpropiatorios con los 37 titulares residentes, lo que posibilitó sus reubicaciones.
En cuanto a las actuaciones que afectaban a los residentes en la calle Rivas 66 y 68, la normativa aplicable cuando se aprobó el proyecto reparcelatorio no reconocía el derecho al realojo. El proyecto reparcelatorio seguido por Arcelor Mittal se aprobó con anterioridad a la creación de la Sociedad Sestao Berri, que llegó a acuerdos de compra con las personas afectadas. A pesar de ello, según informa el Ayuntamiento de Sestao, Sestao Berri también ha intervenido y ha facilitado el desalojo de las personas que seguían residiendo en las viviendas y que han tenido que ser realojadas.
Así mismo, informan de los convenios de colaboración que han suscrito con la Fundación Secretariado Gitano, con Iniciativa Gitana y de la interlocución con las asociaciones de vecinos/as. También del convenio de colaboración existente entre la Sociedad Sestao Berri y el Ayuntamiento de Sestao que afecta a la intervención social con las personas usuarias de los servicios sociales de base del Ayuntamiento que también son objeto de intervención social por la Sociedad Sestao Berri.
En cuanto a las previsiones, se mantiene la intervención de la Sociedad Sestao Berri hasta el 2013 con la siguiente finalidad: gestión de realojos, prospección de gestión de nuevos ámbitos de actuación, como Eje Ballonti y Vega Galindo; gestión de rehabilitación, promoción de 25 edificios a rehabilitar integralmente y por partes en Ari Txabarri el Sol, así como la supervisión y el fomento de actuaciones de colaboración pública-privada en la zona; gestión de alquiler, gestión del parque en alquiler del municipio de Sestao tanto autonómico como local, así como el inicio de la promoción de viviendas en alquiler en suelo dotacional; gestión de formación y empleo, orientada a la revitalización socio-económica de la zona; y ventanilla única y servicios de vivienda para la Administración local y autonómica.
Por otro lado, este año entre las visitas que se han realizado en el área de interior, se ha acudido a la Comisaría de Sestao. En la visita se pudo conocer que la plantilla de la policía local había aumentado, también que habían disminuido las intervenciones, y que la mayoría tenían por motivo dificultades en la convivencia. En cuanto al clima social plantean que siguen existiendo problemas pero que se está avanzando. También que se mantienen la coordinación con la Ertzaintza para la vigilancia en algunas zonas. Como elemento novedoso informan de la contratación de 12 agentes de convivencia.
El Ararteko ha trasladado al Ayuntamiento de Sestao que valora positivamente la información recibida, sin perjuicio del seguimiento que realice la institución durante el año 2011.
1. La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene un órgano de participación y un plan de actuación, II Plan para la Promoción Integral y Participación Social del Pueblo Gitano 2008-2011. Estos instrumentos permiten la participación social y prevén la puesta en marcha de medidas necesarias para mejorar la situación de las personas gitanas en nuestra Comunidad. El cumplimiento del Plan debe tener carácter prioritario.
2. Las políticas públicas deben ser respetuosas con los compromisos asumidos de protección a las minorías culturales.
3. La dificultad de acceso a la vivienda limita el ejercicio de derechos a la población gitana.
4. Se echan de menos medidas tendentes a informar y sensibilizar a la población de las dificultades que tienen las personas de etnia gitana para ejercer sus derechos con igualdad.
5. Las actuaciones públicas dirigidas a evitar el asentamiento de personas gitanas deben tener en cuenta la situación y necesidades de las personas, y no a tender únicamente el componente de seguridad ciudadana.
6. Es urgente trasladar a la sociedad que las personas individuales son las responsables de las actuaciones que protagonizan, pero no el pueblo gitano y menos los niños y niñas gitanas. El rechazo social, la discriminación laboral y la segregación escolar y residencial provocan la exclusión social de las personas gitanas.
7. Las actuaciones públicas que atiendan las necesidades de la población de manera integral y coordinada entre las administraciones públicas en barrios degradados social y urbanísticamente son necesarias y positivas para el conjunto de la población.

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 Resolución 
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