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El Rescate de Los héroes (Editado) | Perú | Estado (Forma de gobierno)
El Rescate de Los héroes (Editado)
Cargado por Hugo Casas
EL RESCATE DE LOS HÉROES . Contenido sobre derechos de los pueblos.
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Reparacion Peru- Lisa Laplante -
Cvr-más de Una Década Después
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EL RESCATE DE LOSHÉROES
El caso “Chavín de Huántar”
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
1ra edición, diciembre de 2015 Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2015-17738
Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Scipión Llona 350, Miraflores, Lima 18. www.minjus.gob.pe
R&F Publicaciones y Servicios S.A.C. Jr. Manuel Candamo 350, Lince Diciembre de 2015
Composición a partir una foto de Miriam Kolar y otra foto extraída de la página web de Machu Picchu Coupuns.com. Se edita esta publicación oficial sin fines comerciales ni de lucro, al amparo de lo dispuesto por el artículo 41º de la Ley sobre derechos de Autor y en cumplimiento de la Sentencia de la Corte IDH Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú, del 17 de abril de 2015.
AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Aldo Alejandro Vásquez Ríos Ministro de Justicia y Derechos Humanos Alfonso Jesús Garcés Manyari Viceministro de Justicia Ernesto Lechuga Pino Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.
1. Escenario y contexto
2. Toma de rehenes y cautiverio
4. Denuncia de Hidetaka Ogura
5. Procesos en sede nacional
5.1. Contienda de competencia
5.2. ......................................................................................................
5.3. Tercera Sala Penal Especial Liquidadora
5.4. ...................................................................................................
6. Sede Internacional ................................................................................................
6.1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos
6.2. Corte Interamericana de Derechos Humanos
6.2.1. Diligencia de reconstrucción de los hechos
6.2.2. Alegatos del Estado peruano
6.2.3.Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
II. EXPEDIENTE CHAVÍN DE HUÁNTAR
Informe Nro. 34-2014-Jus/PPES. Caso 12.444 Cruz Sánchez y otros vs. Perú Alegatos finales escritos del estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Lima, 4 de marzo del 2014
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú
Acta de levantamiento de cadáveres de 1997.
Audiencia Pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
CADH Convención Americana sobre Derechos Humanos.
CVR Comisión de la Verdad y Reconciliación. Corte IDH Corte Interamericana de Derechos
Humanos. ENCS
Eduardo Nicolás Cruz Sánchez.
Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas.
Diligencia de reconstrucción de los hechos.
DDTT Delincuentes terroristas.
Derecho Operacional.
HLMC Herma Luz Meléndez Cueva.
Informe de Admisibilidad de la CIDH.
Informe de Fondo de la CIDH.
Operativo Nipón 96.
MRTA Grupo Terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Residencia del Embajador de Japón en el Perú.
Servicio de Inteligencia Nacional.
SPTCSJ
Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. RPV
TSPLCSJ
Tercera Sala Penal Especial Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima. TIS
Tiro Instintivo Selectivo. Víctor Salomón Peceros Pedraza.
Todos tenemos impregnada en la retina aquella heroica tarde en la que un grupo de valerosos comandos irrumpió en la residencia del Embajador de Japón para rescatar con vida a setentaidós rehenes. Tras ciento veintiséis días de áridas negociaciones, el gobierno se vio en la encrucijada de ceder a una peligrosa pasividad o de proceder a una acción decisiva. El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) había cerrado su disposición a negociar. Dados los antecedentes de este grupo terrorista, era previsible que el punto muerto significara también la pérdida de vidas humanas. El gobierno de entonces decidió tomar las riendas a través del uso de la fuerza.
Los comandos actuaron con precisión, en la línea de un plan cuyo objetivo fundamental era salvar a los cautivos.
La operación de rescate, llamada “Chavín de Huántar”, fue exitosa, incluso modélica. El heroísmo de
los comandos fue reconocido. No obstante ello, los comandos fueron sometidos a una injusta suspicacia.
Casi quince años después de ponerse en tela de juicio su actuación (y dieciocho del rescate) los comandos son reivindicados por una sentencia internacional que, si bien no se pronuncia sobre responsabilidades individuales, pone punto final a la inseguridad que se cernía sobre ellos con un doble juicio. Es importante que la opinión pública sepa que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto a este caso constituye una victoria jurídica enraizada en una auténtica búsqueda de verdad y justicia.
En efecto, la sentencia de la Corte IDH expone ante el mundo que la operación militar fue legítima, necesaria, eficaz y proporcionada. Esto cierra el paso a la posibilidad de que los comandos vuelvan a ser juzgados por el mismo hecho, lo que vulneraría el Principio Non bis in ídem, por el cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
¿Cuándo surge el problema? Cuando el testigo Hidetaka Ogura señaló haber visto a tres emerretistas vivos luego de la operación, cuatro años después de producido el rescate. ¿Por qué Ogura se animó a hablar casi un lustro después?
A partir de las palabras de Ogura ante la prensa, comenzó a gestarse la incertidumbre. El testimonio, además, sirvió a otros sectores para sembrar dudas maliciosamente sobre el conjunto de la operación misma. Pese a las inconsistencias del testigo, el tema se convirtió en uno de los pendientes de la agenda estatal. En ningún momento y pese a sus demoras se buscó esconder la verdad, una verdad que, por cierto, todos queremos desentrañar.
El proceso permitió, en todo caso, que se estudien todos los elementos y que a toda luz se llegue a la conclusión que la operación militar no tuvo como objetivo matar a los secuestradores del MRTA, sino rescatar a los rehenes que permanecían cautivos.
En el proceso judicial interno se presentaron sólidos argumentos en favor de ese criterio. En esa línea se sustentaron los alegatos del Estado y la propia conclusión de la Corte IDH.
Dentro de su competencia, la Corte IDH ordenó al Estado peruano llegar a la verdad de lo ocurrido respecto a la muerte de ENCS, la que constituye un hecho aislado, posterior y no vinculado a la operación de rescate.
En particular, la Corte confió al sistema judicial peruano la identificación del responsable de la muerte de ENCS, pues en este caso concreto, tanto la Corte IDH como el propio Poder Judicial coincidieron en que se trató de una ejecución extrajudicial al margen de la operación y con participación de sujetos extraños a la misma. Como se observa de las sucesivas decisiones, la magistratura peruana reconoció que esa ejecución se llevó a cabo y nunca se interpuso en el camino de la búsqueda de la verdad, por el contrario, colaboró con ella. La defensa del Estado también cumplió su papel desde su propia y legítima perspectiva de análisis. El Estado, en general, no obstruyó los ojos de la justicia e incluso, llegó a ser autocrítico al reconocer que pese a su empeño en esclarecer el hecho hubo demoras en el procesamiento judicial.
Satisfecha la necesidad de verdad por parte de las víctimas y del propio Estado peruano, la Corte IDH consideró que no resultaba pertinente, por tanto, ordenar una reparación material en razón de la violación del derecho a la vida en perjuicio de ENSC, pues el fallo en sí mismo constituye una reparación. El criterio de la Corte IDH es innovador -abre un precedente de justicia en el entendido que reparar no es necesariamente destinar un monto para la víctima-, la muerte es irreparable y sus compensaciones suelen ser inmateriales, sino satisfacerla en su necesidad y en su derecho a la verdad. ¿Se puede reparar lo que constituye una pérdida inmaterial irreparable? Consideramos que no. Proponer reparaciones en este caso, mercantiliza la función de la Corte, que es esencialmente ética y jurídica.
El fallo de la Corte IDH ordena, además, al Estado peruano a reintegrar los costos y gastos a los representantes de las víctimas. Este es un tema que no pretendemos incluir en una controversia al
margen. Dentro de las medidas de reparación, la Corte IDH ordena al Perú “conducir eficazmente la
investigación y/o el proceso penal en curso para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos relacionados con la ejecución extrajudicial de ENCS”. La Justicia peruana debe colaborar con la reparación moral y tiene en reserva el desentrañamiento de la verdad en el caso de la muerte de ENCS.
Finalmente, la Corte IDH ordenó realizar dentro de los siguientes seis meses diversas publicaciones de la sentencia y del resumen de la misma. En el primer caso manda que aquella se publique íntegramente en el website del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que ya se cumplió, pero se propone avanzar aún más allá, publicando este libro que sintetiza lo actuado. Con este propósito se quiere hacer llegar también sus legítimos criterios y sustentos de defensa del Estado peruano en este caso.
Es propicio señalar que esta obra se inició durante la gestión de mi antecesor el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Lino Adrianzén Olaya, quien proporcionó buena parte de la información,
dada su experiencia como Procurador Público del Ministerio de Defensa.
Este libro, cuya iniciativa recogemos y agradecemos, tiene como objeto el reconocimiento de la acción
heroica de los comandos que participaron en la operación “Chavín de Huántar” en 1997 y se lo
dedicamos como un justo reconocimiento. Esta es la mejor ocasión para saludarlos y glorificar su hazaña.
Aldo Alejandro Vásquez Ríos Ministro de Justicia y Derechos Humanos
I.ESTUDIO INTRODUCTORIO
Desde 1980 se vivió en el Perú un violento conflicto entre grupos armados de carácter terrorista y la sociedad peruana. Estas organizaciones pretendían destruir el Estado democrático y capturarlo para establecer un gobierno totalitario. Los agentes de las fuerzas policiales y militares se enfrentaron a estas fuerzas en un escenario en extremo complicado, pues los subversivos se camuflaban entre los ciudadanos, aguardaban el estado de vulnerabilidad de sus víctimas y atacaban por sorpresa. Los militares y policías encargados de darle seguridad a la ciudadanía, no conocían la identidad del enemigo, pero sí sabían que podían ser asesinados en el momento y lugar más insospechado. La inseguridad fue una constante que afectaba a todos por igual. Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), entre los grupos armados en conflicto con el Estado y la sociedad peruana se encontraba el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso y el MRTA. Vamos a detenernos en el segundo grupo.
“Los militares y policías, encargados de darle seguridad a la ciudadanía, no conocían la identidad del enemigo, pero sí sabían que podían ser asesinados en el momento más insospechado”
El MRTA se fundó en 1982, inspirado en los movimientos de las guerrillas de izquierda latinoamericanas. Una de las más referenciales fue la que impulsó Fidel Castro en Cuba. Sin embargo, pese a la categoría que se le puede imputar para otros efectos, debemos comprender su acción bajo el perfil de un grupo esencialmente terrorista. Comenzó a actuar a mediados de aquella década y su objetivo fue sembrar zozobra con ulteriores fines políticos. El MRTA contemplaba el desarrollo de la
lucha armada sin cuartel para el logro de sus objetivos. Su pretendida “guerra revolucionaria del pueblo”
sumó sangre y miedo a una sociedad que ya convulsionaba con los ataques sangrientos y sistemáticos de Sendero Luminoso. La violencia ejercida por éste y por el MRTA provocó la pérdida de numerosas vidas así como de bienes públicos y privados. Era una situación sin precedentes que dejó en vilo al Estado y la sociedad, que en sus inicios no supieron cómo calificar el fenómeno ni reaccionar frente a él. La percepción pública los asumía como incontrolables y como altamente peligrosos.
Es de recordar que las acciones más importantes de los grupos terroristas fueron asesinatos de policías, militares y civiles. En la misma línea, aunque en mucha menor dimensión que Sendero Luminoso, se le atribuyen al MRTA diversos atentados con artefactos explosivos y cochebombas, derribos de torres de alta tensión así como incursiones violentas en territorios poblados. Se recuerdan diversos secuestros, por lo general crueles y en muchas ocasiones causantes de muertes o severos daños colaterales una vez que se agotaban las conversaciones.
Los antecedentes trágicos en este tipo de situaciones no eran nada esperanzadores y debían de servir como señal para el futuro. Quizás, mientras ocurría el cautiverio de 1996-1997, algunos recordaron, precisamente, los tenebrosos desenlaces de eventos anteriores. El MRTA construyó lúgubres
instalaciones para sus secuestros, a las que llamó “cárceles del pueblo”. En esas minúsculas e insalubres
habitaciones confinaban a sus víctimas, sometiéndolos a duros rigores.
Se sabía de secuestros a pequeña escala, pero no se había registrado aún un acto mayor como los que se pueden apreciar en el cuadro comparativo sobre rescates en el mundo (ver página 29). La planificación de actos de mayor impacto como posibilidad latente se dejó ver recién cuando se pretendió la toma del Congreso de la República, a fin de capturar rehenes y extorsionar al Gobierno para la excarcelación de emerretistas. Este proyecto, concebido aproximadamente dos años antes de la toma de la residencia del embajador de Japón, afortunadamente no se llegó a concretar, pero marcó una pauta potencial y peligrosa. El Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) dice al respecto: “[Hacia 1995] los dirigentes [del MRTA] en libertad, Néstor Cerpa y Miguel Rincón, fueron evaluando las
posibilidades de la excarcelación de sus integrantes en el mediano plazo. Según Miguel Rincón “era
necesario rescatar a los cuadros revolucionarios para continuar con la lucha revolucionaria, pero el
gobierno había cerrado todos los márgenes de resolución política o legal”. Aquella posibilidad “sólo se
podía a partir de una posición de fuerza”1.
El plan de extorsión a través de la toma de rehenes era una práctica común del MRTA, que se había hecho predecible con esta modalidad. Con el antecedente, era fácil avizorar la opción de secuestros de mayor proporción.
En un escenario de presión extrema la posición de las partes se endurece. Sin embargo, pese a los riesgos, una cesión por parte del Estado representa una claudicación de la autoridad frente al terror y el crimen, un precedente nefasto que puede ser tomado en cuenta por cualquier organización terrorista peruana en lo sucesivo, alimentando la posibilidad que el evento se repita. No obstante el estrechamiento del campo de negociaciones, el Estado debe elegir entre la solidez de su autoridad, el mal precedente y la primacía de la vida. Este último principio es lo que lleva al Estado a plantear un campo de negociaciones eficaces. El fracaso puede ser fatal o dar pie a una única salida, que es la intervención armada. Esta opción es tan extrema que el más mínimo error de planificación y ejecución puede tener un correlato que lamentar.
El MRTA, por su parte, concebía que arrinconar al Estado podía ser el mejor de sus negocios en la línea de su estrategia política. No en vano ya se preveían acciones de alta escala. Una de ellas fue, precisamente la pretendida toma del Congreso, que hubiera constituido su primer ensayo. El antecedente
a la vista era la toma del Palacio de Justicia en Colombia por parte del M19. En esa ocasión el costo fue alto en vidas humanas. El edificio fue destruido y la vulnerabilidad del Estado fue puesta al descubierto.
Miguel Rincón, del MRTA, confesó que la “toma” del Congreso era un fin en la mira: “el objetivo era
capturar prisioneros [
y canjearlos prisionero por prisionero”2. Cuando preparaban la operación de
toma del Congreso fueron ubicados por la Policía (30 de noviembre de 1995).
Si bien el plan fracasó, Néstor Cerpa Cartolini no abandonó la idea de persistir en el empeño.
Precisamente, el 17 de diciembre de 1996, el comando subversivo “Edgard Sánchez”, integrado por
catorce emerretistas, al mando de Cerpa, ocupó la residencia de Morihisa Aoki, embajador japonés y retuvo a más de seiscientos invitados.
1 CVR. Entrevista en la Base Naval, Callao. 8 de abril del 2003
2 CVR. Entrevista en la Base Naval, Callao. 8 de abril del 2003
La toma de la residencia no era, así, un evento aislado, sino que respondía a un atisbo del patrón, a una nueva política y modalidad de ataque emerretista, una que vulneraba las normas del Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos, que involucraba la afectación de los derechos a la vida, la integridad física y la libertad de civiles.
El MRTA fue un agente de muerte y destrucción desde mediados de los años 80. Foto: Diario El Sol.
-Toma de la ciudad de Pichanaki, Chanchamayo. -Enfrentamiento armado en Los Molinos, Jauja. Se cuentan entre los muertos a tres civiles. -Ataque a puesto policial en La Tablada, Lurín. -Secuestro de Héctor Delgado Parker, directivo de Panamericana Televisión.
-Asesinato del General EP, Enrique López Albújar. -Secuestro del empresario Víctor
Macedonio de La Torre.
Cochebomba en el Ministerio del Interior -Cochebomba cerca a la Embajada de Estados Unidos en Lima. -Secuestro de nueve policías en Rioja.
Ataque al Cuartel General del Ejército. -Secuestro y asesinato posterior del empresario minero David Ballón Vera. -Secuestro y asesinato del empresario Fernando Manrique
Secuestro del empresario Antonio Furukawa Obara. -Secuestro del empresario Luis Salcedo Marsano.
-Secuestro del empresario Raúl Hiraoka Torres. -Secuestro del empresario Enrique Uribe Tasayco.
Atentado con bombas en tiendas Wong, Metro y Mass.
Asesinato de quince civiles y tres militares en emboscada.-Secuestro en Bolivia del empresario
boliviano Samuel Doria Medina.
* Fuente: Libro “Base Tokio”, de El Comercio, 1997
Pese a los antecedentes mencionados, nada hacía presagiar lo que ocurriría la noche del 17 de diciembre de 1996, cuando en la residencia del embajador se conmemoraba el aniversario del nacimiento del Emperador japonés Akihito. La nueva política de acción asumida por el MRTA no era tan convincente como para subir la guardia, el clima general del país era de aparente paz y seguridad. Los principales cabecillas terroristas purgaban prisión y la vida social de los peruanos parecía acomodarse a los nuevos tiempos. En la recepción del embajador de Japón se encontraban magistrados de la Corte Suprema, congresistas, ministros de Estado, embajadores, altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, políticos y empresarios, incluso familiares del Presidente de la República de aquel entonces, Alberto Fujimori.
Nadie sospechaba que, pese a sus preparativos truncos de toma del Congreso, el MRTA había concebido un plan detallado y preparado al milímetro para la toma de la residencia. Se había subestimado su eficacia criminal para las actuaciones de alta escala. Catorce miembros de aquel grupo descendieron de una ambulancia estacionada frente a un inmueble colindante con la residencia del embajador. Ellos iban armados de fusiles, ametralladoras, lanzacohetes RPG, pistolas, revólveres, granadas de mano, explosivos y máscaras antigás.
Tenían un equipo militar poderoso, amplio y lo suficientemente complejo para el reto que se habían impuesto. La artillería cargada en sus improvisados almacenajes anunciaba una lucha sin cuartel y con un impacto letal previsible para todos. El armamento era ya una señal de la disposición a combatir hasta las últimas consecuencias con las fuerzas militares.
El armamento es siempre un indicador de la disposición del agente y del alcance de maniobra que pretenden alcanzar (¿Hasta dónde se es capaz de llegar?).
A través de la casa colindante abrieron un hueco en la pared y penetraron en la reunión. Luego de reducir al personal de seguridad, tomaron a los invitados como rehenes. Al poco tiempo, se produce la liberación de dos grupos de rehenes, luego es liberado un nuevo contingente, especialmente mujeres
¿Benevolencia del captor? Todo parece ser más bien una cuestión de comodidad y de logística, un asunto práctico que no aporta a creer que los emerretistas estaban dispuestos a transigir.
Según Luis Watanabe, a esa fecha Director del Museo de la Nación y Director del Instituto Nacional de
Cultura: “Afortunadamente estuvo en la fiesta Michael Minning, que propició la salida de las mujeres.
Yo lo vi cuando dialogaba con Cerpa, él le pidió que liberara a las mujeres” (Base Tokio, 1997, El Comercio. 1997).
CRONOLOGÍA DE HECHOS PRINCIPALES
17 de diciembre de 1996 - 29 de junio de 2015
Hidetaka Ogura (presunto testigo) envía carta a autoridades judiciales peruanas, asegura haber visto rehenes vivos
El Ministerio Público formalizó denuncia penal
La justicia militar inició proceso penal, lo que dio lugar a una contienda de competencia
El Poder Judicial abrió instrucción
Resolución de la Corte Suprema sobre la contienda de competencia con la justicia militar
PROCESO EN SEDE NACIONAL
Los emerretistas eran, en su mayoría jóvenes, pero estaban dispuestos a morir por la misión que el alto mando de su organización les había encomendado. La situación misma de atrincheramiento en un espacio cerrado, a modo de trampa, inducía a considerar que cualquier apresuramiento del gobierno podía generar una tensión capaz de producir un incidente fatal.
La situación era complicada para el gobierno, presionado desde diversos frentes para resolver el problema rápidamente y al menor costo.
Los emerretistas estaban apremiados por la angustia de su propio enclaustramiento sin opción de salida espontánea, salvo la rendición. En este tipo de escenarios las alternativas de salida son siempre menores, lo que acrecienta la posibilidad de un alto número de rehenes muertos. Los emerretistas, dadas las informaciones, no estaban dispuestos a rendirse. El pasaje a la intemperie era, por tanto, muy estrecho.
La más mínima falla o exceso colocaba, además, al gobierno de Alberto Fujimori en la picota del escenario internacional. Todas las acciones estaban en la mira de la prensa extranjera apostada en los techos y calles aledañas.
Juez del Tercer Juzgado Penal Especial emitió su informe final respecto del caso sobre homicidio calificado. El caso fue derivado a la Sala Penal
Sala Penal Especial resolvió acumular este caso en el proceso que se seguía por homicidio calificado
Titular del Tercer Juzgado Penal Especial acumuló ambos procesos y amplió el proceso de instrucción
Tercer Juzgado Penal Especial decidió tener al Estado peruano como tercero civilmente responsable
Resolución de la justicia militar que archiva la causa
Tercer Juzgado Penal Especial emitió su informe final
Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar confirmó la sentencia de sobreseimiento en el fuero militar
El Ministerio Público formuló la acusación
Inicio del Juicio Oral en Sala de Audiencias (Base Naval)
Primer quiebre del juicio oral en el Poder Judicial
todo el tiempo del cautiverio. Foto: archivo desconocido
La prensa nacional e internacional siguió los hechos durante
Los medios de comunicación nacionales y foráneos estaban atentos. Las videocámaras estaban pendientes hasta del más mínimo detalle o desliz. De esta manera, el gobierno tenía una razón adicional para ser cuidadoso. No era coherente ante tal visibilidad, operar al margen de la razonabilidad que exigen este tipo de situaciones.
La primera medida, dada la gravedad del hecho y el peligro en el que se encontraban los rehenes, fue
declarar el estado de emergencia en el distrito de San Isidro. De inmediato y para negociar con los secuestradores, el Presidente Fujimori designó al Ministro de Educación, Domingo Palermo, como el agente encargado de las conversaciones con el MRTA. El criterio fundamental era la diligencia cautelosa y la búsqueda de acuerdos. El objetivo esencial: salvar la vida de los rehenes.
“El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se hizo presente y ofreció a los secuestradores su intermediación humanitaria”
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se hizo presente y ofreció a los secuestradores su intermediación humanitaria.
El diálogo en el marco de un juego limpio y cuidadoso, fue el mecanismo empleado para mantener un buen flujo inicial de comunicación con los emerretistas. La Comisión de Garantes, presidida por Domingo Palermo y compuesta también por representantes de otros países, actuó siempre con prudencia.
Segundo quiebre del juicio oral en el Poder Judicial.
Sentencia de la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Recurso de Nulidad interpuesto por el Fiscal Adjunto Superior de la Segunda Fiscalia Superior Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios y por la parte civil.
Sentencia de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia
Anthony Vincent, embajador canadiense, Michael Minning, representante de la Roja, Terusuke Terada, observador del Japón, miembros de la comisión de garantes. Foto: Diario El Sol.
Sin embargo, las negociaciones eran difíciles porque el MRTA tenía objetivos explícitos, cerrados y muy marcados, exigía la liberación de líderes y miembros de su organización encarcelados, en total: 465 emerretistas. Así, el grupo terrorista fue más allá de lo tolerable, trató de tener injerencia en el manejo del Estado, instó a un cambio en la política económica y pretendía forzar el pago de un llamado “impuesto de guerra”.
Las demandas no solo eran ilegítimas sino que eran excesivas e irreales. Mientras conversaba con un interlocutor atrincherado en su posición, el gobierno debía lidiar con la situación de vulnerabilidad de los rehenes. Las condiciones del encierro eran duras. Los emerretistas solían ensayar simulacros de ejecuciones sumarias y hacinaron a los secuestrados en un ambiente insalubre. La tensión de los rehenes podía elevarse al punto de propiciar una confrontación al interior de la residencia, lo que hubiera sido fatal.
Petición ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
CIDH abre la petición y corre traslado al Estado peruano
Fase de fondo en la CIDH.
CIDH concede prórroga para analizar la viabilidad del cumplimiento de las recomendaciones.
CIDH somete el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
PROCESO EN JURISDICCIÓN SUPRANACIONAL
Se dice, por ejemplo, que el Embajador Morelli dormía sentado; en el clóset dormían tres personas. Se tenían
que echar derechos, casi no podían voltear.
De acuerdo a Humberto Urteaga, Ministro Consejero (testimonios tomados de “Base Tokio”, 1997) “Era un cuarto de cinco por seis metros, donde vivíamos treinta o treintaidós personas. Creo que era un comedor de diario de la casa. Había un refrigerador y una mesa redonda, debajo de la cual dormían dos personas”.
Sobrecogedor es, también, el testimonio de Humberto Dulanto, Vicepresidente de la Asociación Peruana de ex Becarios de Japón: “Estos señores no van a poder pagar nunca las horas de sufrimiento, de angustia, de inseguridad. Ellos no van a poder pagar nunca mis horas de llanto” (ibídem).
El Estado peruano remitió a la Corte el escrito de contestación al informe de Fondo de la CIDH. El Estado propuso como medio probatorio la
Diligencia de reconstrucción de los hechos
y 4 de febrero del 2014
Alegatos finales escritos.
Sentencia de la Corte IDH.
Notificación de la sentencia de la Corte IDH.
El entonces congresista, Gilberto Siura, describió el escenario: “Caminaban delante de nosotros armados con pistolas, cuchillos, fusiles, granadas, amenazándonos en el sentido de que si Fujimori no aceptaba sus pedidos, fulano, zutano y mengano estarían en la primera fila. Creo que este tipo de violencia es mucho más dura que cualquier otro tipo de violencia física” (ibídem).
“La situación implicaba el peligro inmediato de muerte, la puesta en riesgo del estado de salud de muchos de los cautivos, varios de los cuales requerían un tratamiento permanente”
La situación implicaba el peligro inmediato de muerte, la puesta en riesgo del estado de salud de muchos de los cautivos, varios de los cuales requerían un tratamiento permanente, aunque se reporta que los familiares les hacían llegar los medicamentos con regularidad. De acuerdo a Víctor Lucero Rondón (ídem), Director del Hospital María Auxiliadora de San Juan de Miraflores (que era también uno de los rehenes médicos), el estado de salud de los rehenes en un importante porcentaje era delicado, tal como se muestra en el siguiente
Durante el cautiverio el MRTA permitió el ingreso de la prensa quienes
recogieron las palabras de los representantes de los rehenes. Foto: Diario El Sol.
Setenta personas sufrían presión arterial.
Treinta y dos tenían asma bronquial
Doce tenían problemas de inflamación prostática
Cuatro tenían una neoplasia
Dadas las demandas, los antecedentes y la posición cerrada del MRTA en el último tramo, un final de fuerza era previsible, por lo que el gobierno debía estar preparado para una salida violenta. La preparación no podía dejarse para el último momento, cuando las negociaciones hubieran concluido y fuera ya tarde para la concepción y ejecución de un plan. Decenas de vidas estaban en peligro y el paso del tiempo jugaba en contra. A la luz de la experiencia internacional cuando fallan las negociaciones y el proceso se encapsula, las vidas de los rehenes son siempre puestas en el límite, los ánimos se exacerban y la violencia se puede tornar inminente, incluso como efecto del más mínimo y menos pensado movimiento. Los precedentes internacionales son nefastos. Por tales razones, hubo un trato cuidadoso por parte del gobierno en cada una de las aristas de su intervención.
Las puertas estaban abiertas. Néstor Cerpa Cartolini, líder del grupo emerretista, no aceptó la opción del asilo en Cuba, se había encapsulado en sus demandas (…)
El gobierno, en efecto, actuó con cautela y con el nervio frío hasta el último momento, su prioridad era salvar la vida de los rehenes. Incluso, mostró su disposición para dar fin al conflicto sin ningún sacrificio de vidas humanas cuando en marzo de 1997 el Presidente Fujimori visitó Cuba y otros países con la finalidad de encontrar un Estado que diera amparo a los emerretistas. Fidel Castro se mostró dispuesto a recibirlos en la isla. La actitud del Presidente dominicano fue en la misma línea que la del cubano. Las puertas estaban abiertas. Néstor Cerpa Cartolini, líder del grupo emerretista, no aceptó la opción del asilo en Cuba, se cerrado en sus demandas, lo que llevaba el caso hacia una situación de alta tensión, una de tránsito entre la negociación y la violencia. El MRTA no aceptaba, dada su racionalidad, la
política de las puertas abiertas ¿Significaba que la única salida posible era la que el grupo terrorista planteaba? ¿Estabamos en una negociación de suma cero? En una comunicación radial con la prensa el
4 de marzo de 1997 Cerpa dijo lo siguiente: “No tenemos ninguna intención de buscar el exilio o el asilo. Nuestra intención es quedarnos en nuestra patria”. Quedarse en su patria significaba una negociación de “yo gano, tú pierdes”.
Nestor Cerpa dirigiéndose a la prensa transmitiendo sus demandas. Foto: Diario El
El gobierno intentó una vía pacífica pese a que las esperanzas se agotaban. Su racionalidad era el acuerdo y en última ratio las armas. Sin embargo, ya tenía trazadas las líneas de un posible rescate a través de un túnel por debajo de la residencia. Nada se había dejado al azar.
Los emerretistas sospechaban de su construcción y suspendieron el diálogo apurando los acontecimientos. La relación había llegado a un punto muerto, de pre-violencia. La posición del MRTA se volvió más intransigente e inquieta, por lo que mostró una mayor dureza, incluso se restringieron las visitas médicas. En abril de 1997, el gobierno trató de reanudar las negociaciones, pero el diálogo ya se había quebrado para una de las partes. Solo quedaba la última alternativa, pero esta debía ser controlada. Los ojos del mundo, como dijimos líneas atrás, estaban puestos en la residencia del embajador de Japón en el Perú.
Los emerretistas que participaron en esta acción fueron:
El plan operativo militar de contingencia tenía como fin la liberación de los rehenes y la toma de la residencia del Embajador. El rescate debía cumplirse con precisión y con un mínimo impacto letal. Se había constituido para ese objeto el Centro de Operaciones Tácticas, donde se preparó el plan. El Plan de Operaciones había
sido redactado en enero de 1997, se llamó “Nipón 96”, conocido más adelante como “Chavín de Huántar”.
Es necesario interpretar adecuadamente el objetivo del “Plan Nipón 96” para subrayar, a su vez, el objetivo del rescate: “Capturar o eliminar a los terroristas del MRTA y rescatar a los rehenes, a fin de establecer el estado de derecho y contribuir a la consolidación de la pacificación nacional”. La captura, como se lee, era un objetivo primero y explícito en el plan de rescate, mientras que la eliminación era una alternativa
razonable y contingente en un ineludible escenario de “combate”, esto es, cuando se vuelve necesario repeler legítimamente al adversario ¿Había una alternativa más razonable? La razón indica que No. Por ese motivo el plan ordenaba disponer “medidas y acciones destinadas a prevenir o neutralizar acciones terroristas”.
¿Podría hablarse de “neutralizar” cuando el objetivo es eliminar? No consta ni en documentos ni en testimonios que existiera una orden de aniquilación de los emerretistas. Más allá de la evidencia solo habita la especulación. Desde el razonamiento jurídico, tal especulación es inaceptable e irrelevante. Esta afirmación es recogida, en otros términos, por las diversas sentencias dictadas sobre el caso, tanto en sede nacional como en internacional.
Vista aérea de la residencia del embajador de Japón en el Perú, objetivo
físico de la operación. Foto: MINJUS.
En todo rescate es previsible la reacción armada de los secuestradores y, por tanto, la incidencia de algún tipo de daños en ambos lados. Es más previsible aún en el caso de que el secuestrador no sea un delincuente común sino uno guiado por claves ideológicas muy marcadas. El siguiente cuadro nos muestra el impacto letal de ese supuesto:
Cuadro comparativo de rescates en el mundo
Tomado del INFORME TÉCNICO: ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN DE RESCATE DE REHENES CHAVÍN DE HUANTAR - Ms.C. Gustavo Ywanaga Reh / Consultor en desarrollo y Defensa Nacional
En el caso peruano, el cuidado frente a un desborde de la violencia fue visible, el plan era claro al
respecto y suficientemente ilustrativo para crear un juicio en el lector: “No debe cometerse ningún tipo de excesos, manteniendo un irrestricto respeto a los derechos humanos, sin que esto signifique dejar de actuar con energía”.
Los comandos seleccionados habían ensayado acciones para un eventual rescate tomando como criterio base el uso legítimo de la fuerza, pero sin salirse de la línea del respeto de los derechos humanos. Se quiso que la operación fuera limpia e incuestionable. Si es que se rompía la línea de la negociación había que estar preparados siempre para un rescate al menor costo.
Entrenamiento de los comandos. Foto: Diario El Sol.
Los preparativos del rescate se hicieron en una maqueta de madera y luego en la réplica de la residencia erigida en la Base Militar ubicada en la Avenida Las Palmas (Chorrillos). La cadena de mando estaba creada y articulaba los procedimientos. Se formaron grupos de rescate, subdivisiones con funciones específicas, lo que contribuye a determinar y demostrar el objeto esencial de la operación por la especificación explícita de las funciones encargadas con antelación.
La “Patrulla Tenaz” se dividió en dos grupos, subdivididos a su vez en cuatro. A uno de ellos se le asignó la misión de dominar el primer piso de la residencia y de rescatar a los rehenes que permanecieran en esa planta. A otro grupo se le asignó la dominación del segundo piso de la residencia y el rescate de los rehenes que permanecieran en ese espacio. Se sumaron otros equipos para la ejecución del plan. Era un orden complejo y funcional que se acompañaba de un grupo destinado a la emergencia médica y la evacuación de los rehenes, comandos y emerretistas heridos. La seguridad en el interior y en el exterior fue un componente importante, tanto que se había contemplado garantizar la seguridad de los inmuebles vecinos.
Los comandos seleccionados habían ensayado acciones para un eventual rescate tomando como criterio base el uso legítimo de la fuerza, pero sin salirse de la línea del respeto de los derechos humanos
La Unidad “Patrulla Tenaz” estuvo integrada por ciento cuarenta y dos comandos. La responsabilidad estaba determinada desde el inicio, ejecutar la táctica del dominio del inmueble, con el objeto de rescatar a los rehenes.
Eran tres las fases previstas para la acción: una primera de “aproximación”; una segunda de “acción en
el objetivo” y una final de “incursión”. Mientras el MRTA no parecía sustentar planes alternos de salida,
el Estado iniciaba la implementación de un plan claramente organizado. Todo parecía avanzar hacia un único punto.
Prorrogado el estado de emergencia en el distrito de San Isidro y visto que no había otra alternativa, el
22 de abril de 1997 el Presidente Alberto Fujimori ordenó dar inicio a la operación de rescate “Chavín de Huántar”. Eran las tres y veintitrés de la tarde. El gobierno no actuó a ciegas, había sembrado
receptores de información que le permitían conocer los movimientos dentro de la vivienda. El momento preciso se eligió en función de esa información. Dos rehenes enviaron los mensajes que dieron luz verde al equipo de rescate. Los dispositivos filtrados alertaron que aquel era el momento más propicio para ingresar, pues la mayoría de los emerretistas se encontraba jugando fulbito en el primer piso, un emerretista vigilaba la puerta principal y en el segundo piso se encontraba apenas uno de ellos prestando vista a los rehenes.
Los comandos en la operación de rescate
Esta era la oportunidad precisa de ingresar, podía no presentarse una similar en el futuro inmediato y apurarse un desenlace lamentable que no diera tiempo a una acción más eficaz. El gobierno corría contra el reloj.
Tras varias explosiones subterráneas, ochenta comandos ingresaron a la residencia por los accesos previstos. Luego de la detonación los militares ingresaron en la residencia y trataron de ejercer su dominio para salvar el mayor número de vidas. Fueron inmediatamente repelidos con armas de fuego. En el fragor del combate, los comandos hicieron ingresar a los rehenes de dos en dos a recintos cerrados
para protegerlos de las balas. Para el control de cada uno de los ambientes y de la totalidad de la
residencia se utilizó el llamado “tiro instintivo selectivo”. En este caso, a la vista del enemigo, se debe
dar un disparo de necesidad letal con el fin de garantizar el ingreso y búsqueda de rehenes, evitando la resistencia en el repliegue. Sin esa técnica, la vida de los rehenes queda expuesta a las balas. Es un rescate sin ráfagas y con objetivos necesarios. Este método es el que se recomienda y se suele utilizar
en todo el mundo para este tipo de situaciones.
El tiro instintivo selectivo es en extremo arriesgado para la vida de los comandos cuando estos ingresan por un túnel que conecta directamente con el enemigo armado. Este tiene a su disposición la posibilidad de atacar al objetivo militar con ráfagas desordenadas y de dar innumerables veces en el blanco.
Finalmente, gracias a la precisión del plan y de la acción efectiva de los comandos se pudo liberar a los rehenes. Por el lado de estos solo hubo una muerte que lamentar, la del magistrado Carlos Ernesto Giusti Acuña. Por el lado de los rescatistas perdieron la vida los comandos Teniente EP Raúl Gustavo Jiménez Chávez y Teniente Coronel EP Juan Alfonso Valer Sandoval. Los catorce miembros del MRTA fallecieron en la operación. Además, resultaron varios heridos entre los rehenes. La operación duró dieciséis minutos.
En el balance se debe subrayar el heroísmo de todos los comandos y el sacrificio doloroso de dos de ellos: el Coronel Valer y el Capitán Jiménez. Ambos ofrendaron sus propias vidas para salvar las de los cautivos. Ellos, como todos los comandos, sabían que existía una alta probabilidad de muerte en
combate. Si el tiro selectivo fallaba, se enfrentaban a las ráfagas sin control del enemigo, lo cual hubiese sido una situación de desventaja en el procedimiento.
El Coronel Valer sabía de esa probabilidad, de la falibilidad humana en el proceso y de la previsibilidad y magnitud de ese costo en su familia. Él, llegó detrás de la patrulla Delta y se dio de cara con los emerretistas. Murió tratando de proteger a uno de los rehenes, al Canciller Francisco Tudela. Una bala atravesó por debajo de su chaleco antibalas. En una carta que llevaba consigo al momento del rescate, se lee que deseaba ser recordado como un soldado que cumplió su misión y como un compañero y amigo fiel. En realidad, se le recordará siempre a él y a los demás comandos, como un héroe y un ejemplo que la Historia debe incluir en su magisterio. Su gesta no se debe olvidar.
4. DENUNCIA DE HIDETAKA OGURA Y PERICIAS
En el informe elaborado por el Comandante General de la Primera División de las Fuerzas Especiales, los catorce emerretistas fallecieron en el enfrentamiento. Y en efecto, así se percibió hasta ese momento ¿Puede un testimonio inexplicablemente tardío tener un impacto jurídico? ¿Puede la certidumbre de un acto legítimo ser afectado por una manifestación sin sustento real? En diciembre de 2000, el ex rehén Hidetaka Ogura dio un giro inesperado a los acontecimientos, manifestó al diario El Comercio que en el rescate de la residencia hubo un hecho irregular que ponía en duda la forma como se habían producido las muertes de tres de los emerretistas secuestradores: ENCS, alias “Tito”; Herma Luz Meléndez Cueva (HLMC) y Víctor Salomón Peceros Pedraza (VSPP).
Se empezó a barajar la posibilidad de que se hubieran perpetrado “ejecuciones extrajudiciales”, por lo menos a algunos de los emerretistas que estaban en la residencia. La situación colocaba en el candelero nacional a los comandos que, desde entonces sufrieron persecución judicial. En concreto, Ogura afirmaba haber visto que tres miembros del MRTA fueron capturados vivos, lo que contrastaba con la escena que el gobierno presentó ante la opinión pública inicialmente, donde, en teoría, todos los emerretistas habían muerto en un escenario de combate. Sus declaraciones tuvieron un impacto inmediato, se denunció la supuesta muerte de los subversivos ante el Ministerio Público ¿Cuál fue el único indicio que dio sustancia a una investigación? Una declaración fuera de todo proceso, frente a un medio de comunicación. Ogura, había extendido un manto oscuro de duda y de inseguridad jurídica sobre la operación. Desde entonces, los comandos fueron puestos en la picota.
En diciembre de 2000, el
rehén Hidetaka Ogura dio un giro inesperado a los
acontecimientos, manifestó al diario El Comercio que en el rescate de la residencia hubo un
La rueda siguió girando y el testimonio (que nació de una entrevista periodística) creció en intensidad y efecto. En agosto de 2001 Hidetaka Ogura dio a conocer al Poder Judicial su versión de los acontecimientos. Conviene precisar que en los alegatos del Estado peruano ante la Corte IDH se analiza las declaraciones de Ogura luego de un seguimiento en el tiempo, evidenciándose una serie de inconsistencias que restaban valor
a su testimonio. Vale decirlo en este tramo. La incoherencia es manifiesta. Ogura declaró primero al diario El Comercio lo siguiente: “… dentro de la residencia no logré ver completamente bien, pero vi a dos terroristas que habían sido capturados”.
Hidetaka Ogura (derecha) fue primer secretario de la Embajada de
Japón en Lima. Denunció supuestas ejecuciones extrajudiciales durante la operación del rescate
Foto: Diario El Comercio/AP.
Poco tiempo después dirigió una carta al Poder Judicial donde señalaba que: “… al voltearme allí vi que dos miembros del MRTA estaban rodeados por los militares, una mujer llamada “Cynthia” y un hombre a quien no pude reconocer…”. Se observa una variación sustantiva en las afirmaciones, por lo que ambas se tornan relativas y se invalidan teóricamente entre sí. La incoherencia resta al todo, afecta la credibilidad misma de la fuente; se vuelve en una materia insuficiente para crear convicción judicial. Esta vez Ogura precisaba el nombre o alias de una persona apodada “Cynthia”. El testigo había distorsionado los hechos. En un primer momento dijo haberla visto, pero posteriormente aseguró que no vio las caras de los terroristas, que no pudo reconocerlas, pero que pudo reconocer a una de ellas (a Cynthia) por su voz. De “haberla visto” a haberla oído” había un cambio fundamental que restaba a su palabra y que, en sentido lógico, la debía descartar.
Según Juan Manuel Cartagena, perito presentado por el Ministerio de Justicia, ENCS recibió un balazo a larga distancia
En su carta del 20 de agosto del 2001, Ogura señalaba algunos nombres de los ciudadanos peruanos que también estuvieron en ese jardín. Una de estas personas señaladas por Ogura es el magistrado Hugo Sivina, quien al ser preguntado en el juicio penal si vio a algún terrorista con vida, respondió no haber visto a nadie. Otras personas señaladas por Ogura como presentes en el jardín de la casa aledaña coinciden con Sivina. Tampoco se verifica afirmación alguna de que alguien haya avisado de dicha situación a los policías a cargo del cuidado de la casa. Las declaraciones de Ogura y de los policías no fueron corroboradas.
Por el lado de las pericias, el único registro formal de la causa de las muertes era el de 1997, la vista inicial, por lo que se requirió la exhumación de los cadáveres para un examen, en teoría, más exhaustivo.
Lo que llamó la atención, a tenor de la evaluación, fue que ENCS, alias “Tito” presentaba una “lesión
perforante por proyectil del arma de fuego, con entrada en la región posterior izquierda del cuello y
salida en la región lateral derecha de la cabeza”. Era, en teoría, una muerte que no se ceñía al patrón de
las de los otros emerretistas y que daba indicios de una situación irregular, al menos en este caso. La pericia de Baraybar y Snow asumió que la lesión en el cráneo podía llevar a inducir que el presunto ejecutor se hallaba detrás de su víctima y que se trataba de una ejecución extrajudicial. La pericia de Baraybar fue cuestionada luego por otras que se llegarían a presentar más adelante.
En efecto, según Juan Manuel Cartagena, perito presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, ENCS “recibió un balazo a larga distancia y no de arriba hacia abajo como decía el IML sino de abajo hacia arriba, tampoco de atrás hacia adelante como sugería el EPAF sino de izquierda a
derecha”. Otro perito prestigioso, Derrick J. Pounder, director del Centro de Medicina Forense y Legal
de la Universidad de Dundee, Escocia, criticó el informe de Baraybar por no haberle dado importancia a los datos de la necropsia practicada en 1997. También reivindicó el acta de levantamiento del cadáver
(ALC), en la que un juez militar aseguró que ENCS murió con una granada de guerra en la mano, lo que sugería en principio la existencia de una amenaza para los comandos y los rehenes. Pounder concluyó luego que no hubo ejecución extrajudicial. El Estado logró, además, la participación ilustrativa del radiólogo John Austin, del Hospital Presbiteriano de Nueva York. Austin señaló que existía “una opacidad metálica que representa una bala, incluyendo diminutos fragmentos metálicos adyacentes en el
segmento inferior derecho del tórax”.
Replica de la Residencia del Embajador de Japón. Foto: ANDINA
¿Pueden las pericias del Estado servir para crear convicción judicial? Aún como referencias ilustrativas, el juez debe observar todo el escenario, contrastando las posibilidades, sin cerrarse en la información oficial. Desde la perspectiva del Estado en el análisis de las presuntas pruebas, la pericia plasmada en el informe de Baraybar y Snow, así como el testimonio de Ogura, no tenían la suficiente solidez para crear esa convicción.
Como consecuencia del testimonio de Ogura y del examen de los cadáveres (tema que será sujeto a controversia a partir de las pericias de parte, como hemos señalado líneas atrás), el 24 de mayo de 2002 el Ministerio Público formalizó denuncia penal contra las cabezas de la operación de rescate: Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Rios, Roberto Edmundo Huamán Azcurra, Augusto Jaime Patiño, José Williams Zapata, Luis Alatrista Rodriguez, Carlos Tello Aliaga, Benigno Leonel Cabrera Pino, Jorge Orlando Fernández Robles, Hugo Victor Robles del Castillo, Victor Hugo Sánchez Morales, Jesús Zamudio Aliaga (no habido y recientemente entregado a la Justicia), Raúl Huarcaya Lovón, Walter Martin Becerra Noblecilla, José Alvarado Diaz, Manuel Antonio Paz Ramos, Jorge Félix Diaz, Juan Carlos Moral Rojas y Tomás César Rojas Villanueva, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de los emerretistas. El 11 de junio de 2002 se abrió contra todos ellos un proceso de instrucción en el fuero común por el presunto delito de homicidio calificado.
5.1 Contienda de competencia
Mientras denunciaba a las cabezas de la operación “Chavín de Huántar” en la vía ordinaria, el Procurador Público del Ministerio de Defensa a cargo de los asuntos judiciales del Ejército presentó una denuncia ante la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) contra los comandos de “Chavín de Huántar”. Se les acusaba de la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, violación del derecho de gentes y homicidio calificado. En este caso nos referimos a la aplicación de tipos y consecuencias jurídicas basadas en normas militares. La Vocalía de Instrucción del CSJM presentó ante la Corte Suprema una solicitud de contienda de competencia. La Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a lo que le corresponde, dirimió la contienda de competencia a favor del fuero militar en todo lo concerniente a los comandos. Se debe señalar que todo este proceso fue acorde a las
normas legales vigentes y no existía, por lo menos hasta ese momento, visos de impedimento constitucional. A la vez, se ordenó continuar el juicio en el fuero civil respecto a las cabezas de la operación militar (Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Roberto Huamán Ascurra y Jesús Zamudio Aliaga).
De acuerdo a la Sala Penal Transitoria sobre la contienda de competencia: “Habiendo actuado el grupo militar constituido y entrenado para ello, en la operación de rescate de los rehenes en acatamiento a una orden superior, en un escenario de claro enfrentamiento militar, en caso de haberse producido infracciones o excesos punibles previstos en el Código de Justicia Militar, durante su intervención, tal eventualidad debe considerarse como producida en ejercicio de la función, correspondiendo por lo tanto que sus autores sean sometidos a la jurisdicción del fuero militar con arreglo al ordenamiento contenido en el Código de Justicia Militar”.
Los comandos habían actuado en el operativo por orden del superior militar y en el ejercicio de sus funciones. En el tema de fondo ¿Cuál fue la evidencia para sustentar el juicio a los comandos? La única supuesta prueba contra los comandos Chavín de Huantar fue la aislada y subsecuentemente contradictoria declaración del funcionario japonés Ogura. Ninguno de los funcionarios japoneses y personas, en general, que estuvieron en la residencia y que fueron rescatados junto a Ogura corroboró su declaración, tal como hemos adelantado. El testimonio de Ogura, no obstante su valor, fue el punto de inflexión de un largo y duro proceso, cargado de cuestionamientos a los comandos que, al margen de los resultados, les generó un perjuicio moral muy difícil de indemnizar, pues se había puesto en duda su honor y su heroicidad.
Ante el testimonio de Ogura como prueba, y tal como era de esperarse, el fuero militar determinó que no se había probado que se hubiera emitido alguna orden de eliminar a los miembros del MRTA. No había crédito de disparos selectivos en estado de indefensión. La causa fue, finalmente, sobreseída por falta de pruebas, como se corresponde con el Estado Derecho ¿Todo el tema se cerró en la decisión de la jurisdicción militar? En el ordenamiento jurídico nacional sí se cerró, pero siempre quedaba la posibilidad de una resquebrajadura en la instancia supranacional, esto es, la recomendación de un nuevo juicio.
Si se volvía a escarbar la responsabilidad de los comandos, se vulneraba un principio esencial, se les sometía indebidamente a un doble juicio. Pese a tal criterio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró nulo el sobreseimiento dictado en el fuero militar a favor de los comandos Chavín de Huántar y señaló que dichos comandos sí debían ser juzgados nuevamente en el Poder Judicial, porque tales hechos constituyen delitos comunes.
No recordaba el Contralmirante (r) Carlos Mesa (Fuero Militar Policial) que la CIDH pudo tomar en cuenta el “Caso Loayza Tamayo”, procesada en el fuero militar por actos de terrorismo y luego en el fuero común. Loayza Tamayo no debió ser juzgada nuevamente por la Corte Suprema pues al hacerlo
se vulneraba el principio de “non bis in ídem” o prohibición de doble juzgamiento. En el caso Loayza
Tamayo nos remitimos a la jurisprudencia de la Corte IDH: “ (…) [La Corte IDH opina que el principio non bis in idem] busca proteger los derechos de los individuos que han sido procesados por determinados
hechos para que no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos hechos. (…) De lo anterior la Corte [IDH] concluye que, al ser juzgada la señora María Elena Loayza Tamayo en la jurisdicción ordinaria por los mismos hechos por los que había sido absuelta en la jurisdicción militar, el Estado peruano violó el artículo 8.4 de la Convención Americana.”
El artículo 8, inciso 4 de la Convención Americana es bastante preciso y orientador, los magistrados de la instancia supranacional deben someterse a las líneas de su texto: “El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos” ¿Podía la CIDH contravenir su propio instrumento? Según la línea jurisprudencial de la Corte IDH, lo correcto era asumir que los comandos Chavín de Huántar, ya absueltos por el fuero militar, no debían ser juzgados por segunda vez en base a los mismos hechos.
5.2 Fuero Común En el fuero común se investigó y juzgó a las autoridades implicadas por las referidas muertes, mencionadas páginas atrás. El cargo era homicidio calificado. Estaban excluidos de este fuero, desde luego, los comandos que intervinieron en la operación, ya juzgados en el fuero militar. El tema saltante en esta etapa (fuero común) es que, si bien se podía llegar a determinar la existencia de una ejecución extrajudicial al margen de la operación de rescate a los rehenes; no era posible, a la vez, definir de dónde provino la orden para su perpetración. Por tanto, resultaba en extremo difícil definir responsabilidades penales. Por su parte, los comandos habían sido absueltos en la jurisdicción militar y no podían ser juzgados nuevamente.
Sin perjuicio de la voluntad de esclarecer los hechos por parte del Poder Judicial, el proceso sufrió dos quiebres que lo alargaron más de lo previsto. El 21 de marzo de 2005 la Primera Sala Penal Especial de la
Corte Superior de Justicia de Lima solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema que determinara qué juzgado debía conocer del caso. Los detalles se pueden leer en las piezas procesales que están publicadas en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El 22 de septiembre de 2005 la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema determinó que debía conocer el caso la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima. Pero un nuevo quiebre se presentaría algún tiempo después.
El 21 de noviembre de 2006 la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima dictó auto de enjuiciamiento y declaró que existía mérito para pasar a juicio oral contra las cabezas de la operación por delito de homicidio calificado en agravio de ENCS. En este último caso, se implicaba también a
Jesús Zamudio, quien fue, a su vez, declarado “reo contumaz” o no habido. Este había eludido a la
Justicia. Conviene señalar que el 21 de agosto del 2015 y mientras se redactaba este documento, varios años después de su fuga, Zamudio se entregó a la Justicia. Conforme a la sentencia de la Corte IDH, al
Estado le corresponde investigar la muerte de ENCS y establecer las responsabilidades que se logren identificar.
5.3 Sala Penal Liquidadora
En mayo de 2007 se inició el juicio oral ante la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima. El 7 de enero de 2009 se produjo un cambio en la composición de la Tercera Sala Penal Especial. La Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima declaró “quebrada la audiencia pública, subsistiendo los medios probatorios actuados en el Juicio Oral”. Pronto se dieron nuevos
cambios en la Sala y se dispuso un cambio en su presidencia. El 20 de mayo de 2011 se produjo un nuevo
quiebre: uno de los magistrados solicitó licencia por motivos de salud, se declaró quebrada la audiencia. Fue entonces que se dispuso que la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima (TSPLCSJ) asumiera con carácter de exclusividad el trámite del proceso penal por el caso “Chavín de Huántar”. La marcha continuaba pese a las imprevistas incidencias. La demora o dilatación del proceso no se debió a la voluntad de los jueces por esconder la verdad, sino a hechos inconexos que contra toda previsibilidad alargaron la búsqueda y esclarecimiento de los hechos. Esta demora fue reconocida por el Estado en la instancia supranacional.
A manera de ilustración, se le llama “Sala Liquidadora”, porque se entiende que es la competente para culminar procesos de cierta antigüedad, en otros términos, debe liquidar aquellos casos que están atrasados. El proceso, como se observa, no se congeló, el Poder Judicial continuó en la brega, aunque con lentitud, concentrado en el caso hasta llegar a una sentencia. No es una situación única y peculiar en el sistema de Justicia.
La sentencia de la TSPLCSJ de fecha 15 de octubre de 2012 es extensa, tiene 516 páginas y seis puntos resolutivos. Como sostenemos, es un referente especial y válido para comprender los criterios que excluyen de toda responsabilidad a los comandos de la operación Chavín de Huántar, pese a que ellos no estuvieron comprendidos en el proceso librado en el fuero común y a que su inocencia nunca estuvo en discusión. Conviene señalarlo porque la CIDH introdujo el azaroso e impertinente factor de incertidumbre, que la Corte IDH eliminó definitivamente.
¿Cuáles fueron los argumentos de la sentencia de la Tercera Sala Especial Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima (TSPLCSJ)?
En sustancia la TSPLCSJ consideró que la operación se ciñó al marco del respeto a los derechos humanos y que en el Plan Nipón 96 se previó la evacuación de los subversivos, de ninguna manera su aniquilación. El rescate se sujetó además a los parámetros de una acción necesaria frente a un hecho concreto, el de la toma de rehenes, no se produjo en el marco de una política estatal de eliminación selectiva ni sistemática de un grupo subversivo. Esta afirmación abunda en toda la línea discursiva del proceso desde su inicio hasta la conclusión en la instancia supranacional. La Sala determinó que había un contexto peculiar que demandaba una acción eficaz del Estado. El contexto es un término esencial en la reflexión sobre este caso, es un elemento que sirve al criterio en cualquier análisis de situaciones. Es arbitrario examinar un evento si es que lo descontextualizamos, si los extraemos de un sistema que pretendemos luego ignorar. Todos los hechos ocurren dentro de un contexto que los explica desde el Derecho y la Ética. Sin el contexto, un evento legítimo y necesario puede ser mal juzgado a la luz de una arbitraria generalización. En este caso el contexto era la toma de rehenes por un grupo terrorista.
La TSPLCSJ estableció que el contexto legitimó la reacción y de esta manera la acción de los comandos estaba plenamente justificada.
Pero ¿Qué ocurrió en todos los ámbitos de la residencia? En un ámbito, se realizó una operación de rescate ¿Y en el otro? Según una versión, en el ámbito exterior al operativo, hubo tres muertes, la de ENCS, HLMC y VSPP. Según la TSPLCSJ, las muertes de los dos últimos se habían producido en combate dentro del recinto. Dos comandos admitieron haber dado muerte en enfrentamiento a ambos emerretistas cuando se evacuaba a los rehenes japoneses. Además, conforme al patrón regular del enfrentamiento armado, los emerretistas muertos (los dos en controversia) presentaban diversos impactos de bala, propios de un intercambio de disparos.
Descartadas las ejecuciones de los dos subversivos mencionados, conviene detenerse en el tercer caso, que es, precisamente, el que aún no logra una definición. La Sala estableció respecto de la muerte de ENCS lo siguiente: “De lo actuado en este proceso penal queda probado la muerte de ENCS, quien fue detenido o aprehendido por dos efectivos policiales pertenecientes al Servicio de Inteligencia Nacional pues los ambientes de la residencia ya habían sido dominados y los rehenes habían sido evacuados hacia las casas aledañas de la residencia del embajador japonés, luego aparece yaciente en una zona comprendida entre la Casa 01 y la residencia propiamente dicha con sólo un impacto de proyectil de bala con ingreso en el lado izquierdo del cuello de necesidad mortal y es visto en esta zona custodiado por personal del Servicio de Inteligencia Nacional, a lo que además debemos tener en cuenta las opiniones sobre la distancia desde la que se produce el disparo, la posición del cuerpo de ENCS al momento de ser impactado con la bala y el calibre del proyectil que puede ocasionar ese tipo de herida; empero no se ha podido establecer que esto haya ocurrido por mandato o disposición de alguno de los procesados presentes dentro de lo que se ha venido llamando “cadena de mando paralela” es decir la producción de la comisión del delito como devenir de una política de Estado”.
En otro tramo, la sentencia dice lo siguiente:
”Las pericias [
demuestran que el emerretista ENCS, apodado “Tito” muere a causa de un sólo disparo
en la cabeza que se produce a una distancia, por mayoría, entre sesenta centímetros a seis o siete metros,
que cabe la posibilidad que el cuerpo al momento del impacto haya tenido movilidad casi nula o la cabeza un tanto gacha, y por último el proyectil que le impacta en la cabeza es de calibre nueve milímetros. Lo que [ ] ... lleva a concluir en principio, por mayoría, que este subversivo fue muerto luego de ser detenido y que como último hecho comprobado es que estuvo en poder de los efectivos policiales del servicio de inteligencia
nacional bajo el mando de Zamudio Aliaga sea al momento de su detención como posteriormente [
Vale señalar con relación a este tramo que algunos meses antes, los informes periciales solicitados por la Procuraduría del Ministerio de Defensa, habían revelado que el emerretista ENCS no habría sido “ejecutado extrajudicialmente” tras la operación. Según el dictamen pericial de restos de disparo por arma de fuego, la bala no fue disparada a corta distancia, ya que no se encontraron restos de plomo, antimonio y bario, y que más bien se habría ejecutado a larga distancia.
¿Y si se admite el supuesto de la corta distancia? Se abre el supuesto de la ejecución (que en el Perú es “homicidio calificado” según el tipo penal) ¿Tiene relevancia directa en los comandos esta determinación judicial? La situación está aclarada judicialmente en el caso de ellos. Solo queda esclarecer responsabilidad en aquellos que pudieron tener alguna injerencia en el hecho como mando y agente ejecutor. Aún existe un caso pendiente de resolución que deja abierta la posibilidad de un mayor esclarecimiento.
El fuero común aceptó el informe pericial que asume que la ejecución constituye un elemento fáctico del proceso, pero no pudo hacer más sino absolver a los altos mandos de la operación. Rigió en este caso la prevalencia del natural descarte por duda ya que no es posible determinar que la muerte de ENCS se haya producido por disposición de alguno de los procesados dentro de la cadena de mando. No es pertinente establecer siquiera si es que existió una orden vinculándola a una política de Estado sobre el particular. Probar la existencia de una dinámica por mando no ha sido posible y mientras no conste algún elemento probatorio al respecto, es judicialmente descartable cualquier argumento que proponga tal opción desde una simple presunción. Con relación a Jesús Zamudio, quien fue comunicado, supuestamente, de la presencia de ENCS, queda pendiente la tarea de investigar para seguir sus acciones y dar respuesta a algunos interrogantes sobre la muerte de ENCS, de tal manera que permita establecer su responsabilidad en el crimen y su ligazón a alguna orden superior. Por su parte, la situación jurídica de los comandos ya fue definida y comprendida en un marco operativo y permanecerá en tal estado, invariable, en el fuero militar. La Sala Penal se pronunció, precisamente, sobre el alcance de las decisiones judiciales emitidas por el fuero militar y determinó que la decisión de sobreseimiento dictada en dicho fuero incluía el caso de la muerte de ENCS. La Sala declaró solo la reserva del juzgamiento respecto al procesado contumaz Jesús Zamudio, oficiando para su ubicación y captura. Actualmente, como mencionáramos, ya no se encuentra en la clandestinidad.
5.4. Corte Suprema
En julio de 2013 la Corte Suprema resolvió sobre los recursos de nulidad interpuestos por el Ministerio Público y la parte civil. Con relación a la muerte de HLMC y VSPP, la sentencia estableció que la versión de Ogura no es creíble y que no existen indicios suficientes. Se tomó en cuenta que la muerte de estos dos emerretistas se produjo dentro del patrón regular, esto es, en el fragor natural de un combate. Las pruebas forenses con respecto a ellos no prueban lo contrario. La Corte Suprema no modifica la línea del criterio ya
vertido en el proceso.
Respecto a ENCS, la Corte estima que deben profundizarse las investigaciones. Ese será, precisamente, el criterio de la Corte IDH al juzgar sobre este caso. La Corte Suprema no cierra el asunto en este particular.
Conviene precisar, además, que los policías Torres Arteaga y Robles Reynoso solo mencionan a Jesús Zamudio en sus testimonios. Tras culminar el rescate, capturaron vivo a ENCS y lo entregaron a un oficial enviado por Jesús Zamudio. No obstante, no es posible por el momento, según la Corte, vincular su presunta acción con órdenes directas superiores. La probabilidad de que esas órdenes hayan existido no es materia de especulación en este trabajo como no lo fue en el proceso.
La Corte Suprema no se aleja en el análisis de fondo de lo que la Corte Superior estableció como cierto. Está determinado a todas luces que la operación tuvo una sola línea directriz, que era el rescate de los rehenes con vida y con el menor impacto posible, nunca se estableció la eliminación deliberada y predeterminada de los emerretistas. Sus muertes solo podrían ser la incidencia de un combate. Dice la
Corte Suprema: “Las técnicas de dominación de inmuebles y de tiro instintivo selectivo perseguían, precisamente, evitar matar a los rehenes y ocasionar el menor daño colateral”.
Cabe señalar que la sentencia de la Corte Suprema analizó el caso tomando en cuenta la normativa y jurisprudencia del sistema interamericano de protección de derechos humanos, lo que era una garantía referencial para el proceso en la instancia supranacional. Fue sobre esa base que dilucidó los alcances
del uso de la fuerza en el “Caso Chavín de Huántar”
6. SEDE INTERNACIONAL
6.1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos
En su Informe de fondo, la CIDH desarrolla su posición sobre el caso y que posteriormente sometió a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En particular, en dicho Informe la CIDH “reconoce que la Operación Chavín de Huántar, llevada a cabo durante los años del conflicto armado interno, tenía como objetivo legítimo el proteger la vida de los rehenes, quienes llevaban más de cuatro meses dentro de la residencia del Embajador de Japón, bajo control de catorce miembros del grupo insurgente MRTA. La CIDH no es ajena al hecho de que el secuestro de agentes diplomáticos y de civiles atenta contra principios básicos del Derecho Internacional Humanitario y tiene presente asimismo que las personas bajo poder del MRTA se encontraban expuestas a un riesgo permanente contra su vida e integridad personal”. Con relación a ENCS, la CIDH observó que “el Estado no ha brindado una explicación sobre porqué el señor Cruz Sánchez, luego de ser detenido y trasladado al interior de la residencia del Embajador, apareció muerto, con un tiro en la nuca y con una granada en la mano, más aun tomando en cuenta que los testimonios son contestes en afirmar que éste se encontraba con las manos amarradas y desarmado, por lo que no representaba un peligro ni para los rehenes ni para los agentes estatales”. Específicamente, la CIDH consideró que “la prueba pericial es clara en determinar que, (…), el señor Cruz Sánchez fue ejecutado extrajudicialmente a través de un tiro de gracia por agentes estatales en la nuca mientras se encontraba inmovilizado. Lo anterior constituye una ejecución extrajudicial”.
Respecto a HLMC y VSPP, la CIDH concluyó que “el Estado no ha brindado una explicación
consistente de la forma en que fueron muertos Peceros Pedraza y Meléndez Cueva, ni tampoco sobre la necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza. Por tanto, con base en la prueba obrante en el expediente, es razonable concluir que Peceros Pedraza y Meléndez Cueva fueron neutralizados por agentes militares, no obstante lo cual fueron ejecutados extrajudicialmente, recibiendo múltiples heridas de balas en partes vitales del cuerpo que tenían como finalidad eliminarlos”. En resumen, para la CIDH, ENCS, HLMC y VSPP “fueron capturados y desarmados, se encontraban notoriamente indefensos. La
CIDH destaca que la relación que existía entre los agentes del Estado y dichos emerretistas en el
momento de la rendición, y con posterioridad al mismo, era análoga a la de los guardias de una cárcel y
los presos que se hallan bajo su custodia”. Por ello, consideró que el Estado peruano fue responsable de
haber ejecutado extrajudicialmente a Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Víctor Salomón Peceros Pedraza y Herma Luz Meléndez Cueva, por lo que concluye que el Estado violó el artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma en su perjuicio.
De igual modo, la CIDH concluyó que en el presente caso las autoridades competentes no respetaron las garantías judiciales de los familiares de ENCS, HLMC y VSPP, ni les otorgó un recurso efectivo para garantizar el acceso a la justicia, la determinación de la verdad de los hechos, la investigación, identificación, procesamiento y, en su caso, la sanción de los responsables materiales e intelectuales de
la ejecución de dichas personas. Por lo tanto, para la CIDH “el Estado es responsable de la violación del
derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo
1.1 de ese mismo tratado”
Reconstrucción de los hechos. En la foto el procurador Luis Huerta Guerrero mostrando los puntos de acceso por donde ingresaron los comandos durante el rescate. Foto: MINJUS.
6.2 Corte Interamericana de Derechos Humanos
Hemos considerado subrayar un hecho de alta relevancia y sin precedentes en la Corte IDH. El 24 de enero del 2014 se realizó en Lima una diligencia de reconstrucción de los hechos. La muestra era una señal de la voluntad del Estado peruano por aproximarse a la verdad a partir de un examen detallado y en el terreno para una mejor convicción de los magistrados de la Corte. Fue el Estado peruano el que la propuso, en
la línea de una voluntad de inmediación de los magistrados. El interés del Estado peruano era que se esclarecieran los hechos. La CIDH y los representantes de las presuntas víctimas no aceptaron la reconstrucción. La Corte resolvió, no obstante, por su procedencia.
La reconstrucción no solo evidenció la extrema situación del cautiverio sino, además, reprodujo el gran peligro en el que se encontraban los rehenes. La escena ponía en evidencia la difícil decisión del gobierno de aquel entonces, pues el más mínimo error en la gestión, desde las negociaciones hasta el rescate, hubiera significado una mayor pérdida de vidas humanas. Lo mismo hubiera ocurrido en la omisión o la tardanza.
El reto no solo involucraba el resultado sino también que toda la actuación estatal debía ceñirse a lo esperado no solo por los rehenes sino también por los espectadores de todo nivel. La inmediación permite una mejor comprensión de los hechos y un análisis más certero del contexto en el que se produjo la toma así como el rescate.
El principio de inmediación es siempre un aporte a la verdad en el proceso y los magistrados de la Corte IDH dieron un paso al frente para lograr la oportunidad de conocer el terreno de los hechos en su integridad y a través de maquetas, recorridos y explicaciones claras sobre la planificación del rescate, incluyendo los lugares de entrenamiento de los comandos, pudieron conocer las diversas perspectivas del ataque, los objetivos del plan y acercarse a la vida cotidiana durante el largo cautiverio.
Los magistrados de la Corte IDH en la réplica de la residencia del embajador de Japón, durante
En los alegatos del Estado peruano se analizaron los aspectos procesales y se abordaron luego las premisas que
constituyen el caso, como la toma de la residencia, el objetivo central del operativo y el escenario de violencia. Analizó las decisiones judiciales emitidas luego de la contestación de la demanda. Se observaron los detalles del contexto, la violencia perpetrada por el grupo terrorista y el Operativo de rescate Nipón 96, más adelante llamado “Chavín de Huantar”. Se detuvo en la expresa afectación del derecho a la vida y a la integridad física. Como se ha señalado, un elemento importante para el análisis de la defensa es la interpretación de las discordancias en las apreciaciones sucesivas de uno de los testigos claves (Ogura). La defensa, a cargo de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional con argumentos sólidos y bien sistematizados, descalificó la acusación de una supuesta ausencia de investigación por parte del Estado. Con
el sólido referente de las decisiones previas consolidó un argumento en la línea de la jurisprudencia de la Corte IDH.
“El Estado peruano no desconoce su obligación, relacionada con el uso de la fuerza, de investigar la forma en que la misma es empleada en el marco de un operativo militar”, señala la defensa, pero esta obligación no debe ser confundida con la obligación de investigar presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el operativo. Se trata de dos ámbitos conceptuales diferentes y que se deben analizar por separado.
La CIDH, por cierto, no logró separar ambos ámbitos y pretendió reanudar la investigación con relación a los comandos, pese al reconocimiento del contexto y el uso legítimo de la fuerza. Los alegatos pretenden conducirnos en la vía contraria. En sentido lógico, como lo plantean los alegatos, primero se debe investigar la forma como el Estado hizo uso de la fuerza y si se descuelgan indicios de ejecuciones extrajudiciales, proceder a investigar estas por separado. Hace la salvedad que “investigar” el uso de la fuerza no tiene una connotación penal.
¿El Estado incumplió su obligación de colaborar con la verdad desde un inicio? No, pues fue recién desde el 2001 que se reportó inesperadamente una incidencia o testimonio que sugería tres supuestas ejecuciones extrajudiciales. Antes de la incidencia no existía señal alguna de hechos irregulares, no se investiga sin una cuestión previa. Una vez que se produjo el testimonio de Ogura algunos años más tarde, se puso atención al caso. Fue un proceso lento, el Estado no ha desconocido esa lentitud, propia además de la problemática judicial. Conviene, no obstante, atender a los detalles que propiciaron esa dilatación del tiempo.
No existen evidencias que las deficiencias procesales se produjeran como consecuencia de la necesidad de ocultar pruebas. La defensa rescata bien un antecedente recogido por la pericia del médico forense, Cartagena, cuando compara estas deficiencias con las necropsias presentadas en sucesos similares.
En general, durante el proceso penal seguido en sede interna, el Estado peruano colaboró con la verdad y dio todas las facilidades del caso para que los familiares de los emerretistas participen en la investigación. La recurrencia de experimentados peritos de parte del Estado no contravino al principio de verdad como objetivo estatal, fue la comunión con perspectivas de análisis y técnicas distintas que aportaran precisamente al objetivo judicial. Es, finalmente, el juez quien se ilustra, procesa, evalúa, descarta o alimenta su convicción. A más elementos, más posibilidades de comulgar con una verdad que se debe ver desde todos sus lados. Así como no se obstruyó el paso a la parte civil ni al Ministerio Público en su propósito de contribución a la verdad, el Estado reclamó la admisibilidad de su propia contribución. El Estado peruano no es responsable de la alegada violación del derecho a la verdad.
En lo formal, el Estado peruano se ratificó en las seis excepciones preliminares planteadas en su Escrito de contestación de la demanda. Las cuestiones de admisibilidad pueden ser revisadas en el mismo documento de los alegatos que consigna en su página web el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Los alegatos se refieren también a la inspección judicial en la réplica de la residencia del embajador de Japón en el Perú y lo suma como un elemento que fortalece la defensa.
¿El Estado hizo uso legítimo de la fuerza?
En el análisis de fondo se entiende la operación en la línea de lo ya repetido, solo se utilizó la fuerza para repeler el ataque del adversario y proteger la vida de los cautivos. Se dice en los alegatos: “Dicho plan de operaciones militar empleó en forma expresa normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al seleccionar las armas y el método de combate que se aplicaría, mediante
las técnicas de dominación de inmueble y ‘tiro instintivo selectivo’, al prever el rescate de rehenes y heridos, orden de prioridad que contemplaba la opción de capturar a los emerretistas con vida”.
El contexto es abordado con detalle, enfatizando el tipo de violencia empleada por el MRTA para el ingreso
residencia del embajador, lo que justificaba en última instancia una medida de fuerza. Los alegatos recogen
lo afirmado en el peritaje del profesor Mejía Azuero:
- “(…) Los emerretistas violentaron abiertamente todos los preceptos legales sobre medios prohibidos en el derecho de la guerra, pues utilizaron armas de fuego, explosivos, armas no convencionales e incluso armas convencionales limitadas frente a seres humanos”.
¿Por qué es importante mencionar los hechos violatorios del Derecho Internacional Humanitario? Pues, nos permite comprender los alcances del uso de la fuerza por parte del Estado peruano.
El objetivo, como se ha expresado antes, era el rescate con vida de los rehenes. También nos da luces de la disposición del MRTA de no ceder posición y de lo muy poco probable que el grupo subversivo concluyera en una rendición o en una situación de paz sin sacrificios que lamentar. El objetivo central de la operación fue uno de los ejes en los cuales giró la defensa. La racionalidad de los rescatistas era la de generar el menor daño posible y lograr el resultado idealizado en el objetivo contemplado en el plan militar.
¿Desde la posición de los rehenes era necesario apurar una medida de fuerza?
Nos hemos referido líneas atrás a la precariedad de la situación de los rehenes y a un punto de quiebre que tornó en más urgente la intervención, cuando los terroristas sospecharon de un posible rescate desde abajo del suelo. Para vivificar el drama, el argumento lógico y jurídico contempló recursos emocionales plenamente justificados si nos referimos a seres humanos puestos en cautiverio y bajo peligro de muerte. En los alegatos se presentan algunos de los testimonios de estas víctimas. Una de ellas es el Vicealmirante (r) Luis Giampietri:
“Todo ser Humano, como sistema de protección y defensa psicológica trata de eliminar de su mente aquellos detalles que lo lastiman. Este Derecho Humano se nos ha negado a los ex rehenes, y permanentemente se sigue violando en el afán de acusar a los Comandos que hicieron, repito e insisto en ello, la operación militar de rescate de rehenes más exitosa de la Historia.
No pretendo con este relato causar lástima, yo manejo mis temas, pero es necesario de que se comprenda que estos juicios no solo arrastran a los testigos y acusados sino también a sus familiares”.
La defensa presenta una mirada del otro lado, que suele ignorarse mientras la atención se centra en los argumentos y las pruebas. La defensa debe ser una materia completa, que tome en cuenta el factor psicológico del captor y el capturado. El General (r) José Garrido Garrido, en declaración mediante affidávit solicitada por la Corte IDH señaló lo siguiente:
“Mientras estuve secuestrado nació mi hijo. Esa noche cuando voy a la residencia del Embajador de Japón en Lima, fui con mi esposa que estaba gestando a mi hijo de cinco meses y en ese momento en la puerta de entrada se siente mal y decide irse a donde mis suegros y cuando me va recoger ya no la dejan pasar y como señalo mi hijo nace antes de mi liberación, mientras estaba secuestrado por los terroristas del MRTA. Quiero preguntar si algunas personas que dicen defender los Derechos Humanos fueron a visitar a mi señora, pues jamás de los jamases sucedió eso”. Cada rehén tiene algo que decir sobre las sombras de su propio cautiverio. Definitivamente, aquellos largos días entre 1996 y 1997 dejaron una estela de daños sucesivos y colaterales difíciles de superar, que deben ser atendidos para comprender la necesidad de la acción. Para incremento de su angustia, dada su cercanía a los secuestradores, ellos sabían mejor que cualquiera que el MRTA no estaba dispuesto a rendirse y que agotadas las negociaciones sus vidas quedaban expuestas al peligro. El General Garrido, a tenor de los alegatos, relata:
“Cuando estábamos en la habitación en el segundo piso venía uno de los terroristas apuntaba con un instalaza a nosotros o de repente sacaba el pin de la granada o agarraba el quete de C-4 y le ponían corriente y eso podía volar. Las amenazas de los terroristas a los rehenes eran constantes, inclusive he visto cuando al Congresista Gilberto Siura o al Vocal Luis Serpa, por citar dos ejemplos, le ponían la pistola en la boca. Uno de los terroristas al que apodamos “veintidós”, cuando en la mañana hacíamos ejercicio nos metía el armamento, para que nos golpeemos y caigamos al piso, por gusto de la nada, de repente rastrillaba el arma, delante de nosotros.
Un día de mucha tensión al interior de la residencia y donde casi se desborda todo fue cuando los del MRTA se enteran que en Bolivia habían tomado presos a unos terroristas, sube ‘Salvador’ y lo agarra a empellones al Embajador de Bolivia, Jorge Gumucio y ese día casi nos levantamos todos nosotros, ese día iba a terminar todo. Había salido en las noticias que en Bolivia habían encarcelado a unos terroristas
y subió “Salvador” a las seis de la mañana y lo agarró a empellones al embajador Jorge Gumucio y lo
hizo bajar, entonces nos dimos cuenta, nos pasamos la voz y nos juntamos en el pasadizo, ahí en el pasadizo pedíamos a gritos que suba el Embajador y sube Cerpa con su gente rastrillando las armas y
dijimos ‘aquí se acaba’. Gumucio se puso fuerte, sin miedo con valentía frente a ellos y nosotros
Días previos al rescate habían muchos rehenes con problemas de salud, hipertensión, gente que
necesitaba de medicamentos; sin embargo, pese a ello los terroristas no permitieron el ingreso de los
médicos, finalmente nos quedamos varios días sin atención médica”.
El Vicealmirante Giampietri cuenta, por su parte:
“Al Canciller Tudela lo amenazaron con la muerte numerosas veces, lo llevaron al primer piso y le
hicieron un “juicio popular”, a mí me hicieron un ‘juicio popular’ también promovido por un irresponsable
describiendo mi hoja de vida con énfasis en mi lucha antiterrorista.
Ellos tenían un trato duro con nosotros. A mí me pusieron el fusil en la cabeza, en la nuca y me descerrajaron el fusil, dijeron que me iban a disparar, me metieron una patada. En realidad a algunos de los rehenes sí los martirizaron permanentemente, les puedo decir quiénes fueron: Tudela, Pedro Aritomi, Pedro Fujimori, Gilberto Siura; entraban de noche a la habitación, eso lo he visto yo porque dormía a lado de ellos en el suelo, con la linterna los alumbraban, los despertaban y les descerrajaban con el fusil y se despertaban y eso lo hicieron numerosas veces. Resultaba muy difícil dormir por las noches, no sólo por la tensión propia de lo que se vivía sino porque como lo he dicho, los terroristas entraban a cualquier hora a las habitaciones, nos despertaban y hasta rastrillaban sus armas apuntándonos con ellas”.
Los alegatos de la defensa describen los procesos, el escenario, los sujetos y justifican la necesidad de una acción militar legítima y necesaria. Además, toman como referencia para su argumentación las decisiones de la jurisdicción interna, que contienen todas las especificaciones que demuestran que, en efecto, el plan era liberar a los rehenes, por tanto era una misión válida, legal y legítima dentro de un escenario de aparente suma cero por uno de los lados.
¿El plan de rescate sirve a la defensa?
La defensa cita lo indicado por la Corte Suprema en su sentencia, citando, a su vez, el dictamen del Ministerio Público, “paralelamente a las negociaciones en aras de una solución pacífica a la toma de la residencia del embajador del Japón […] el entonces presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori ordenó (…) la elaboración de un Plan Operativo Militar de contingencia o de rescate de los rehenes y toma de la residencia del embajador japonés”. Con miras a concretar lo anterior, se instituyó
un Centro de Operaciones Tácticas.
Lo que se busca en los alegatos es, además, dejar claro que siempre el diseño del plan de rescate fue estrictamente técnico y a cargo de profesionales especializados de las Fuerzas Armadas. Era la herramienta que quedaba al final de las conversaciones y era una herramienta justa. La defensa cita el peritaje de Mejía Azuero en el sentido que la planificación tuvo como objetivo, de acuerdo a las circunstancias, dominar el inmueble, lo cual era legítimo dado el contexto particular. Mejía Azuero pone con alto relieve la gran disciplina táctica de los comandos.
La disciplina impuso el empleo de la táctica del Tiro Instintivo Selectivo, sobre la cual hemos hecho mención previa. Por eso no hubo ráfaga de disparos, lo que hubiera puesto en peligro la vida de los rehenes. El Estado minimizó la opción de daño, el MRTA carecía de ese control, no le interesaba tenerlo. Los secuestradores hicieron uso de sus armas de fuego en ráfaga corta y larga, constituyéndose en un peligro de alto potencial destructivo para los rehenes y los comandos. Estos no improvisaron, no entraron a matar, matar solo era una posibilidad no deseada en el marco de una confrontación directa. Entrenaron este tipo de tiro durante varios meses con criterios de precaución y proporcionalidad y con el único objeto de salvar la vida de los cautivos.
Al observarse los documentos relacionados con el plan de rescate se observa que se contemplaba la posibilidad de que los emerretistas se rindieran una vez dominados o quedaran fuera de combate. Si esta
posibilidad está plasmada en el plan, es lógico asumir que no se tenía por objeto matar a los integrantes del MRTA, como hemos anticipado. De acuerdo al plan militar: “Después de la neutralización de los captores o antes si la situación lo permite, la evacuación de los rehenes debe realizarse en forma
prioritaria respecto a la evacuación de los captores”.
La defensa considera que las medidas para evacuar a los captores, sea heridos, sea ilesos constituye una previsión. Si es que se alega que las órdenes dentro de los niveles de mando, desde el estratégico, se salieron del parámetro establecido en los planes de operaciones, este quiebre de línea se debe demostrar plenamente. Sin embargo, no se ha hecho.
La defensa en sus alegatos sostiene que hubo resistencia violenta de los emerretistas y no se manifestó voluntad alguna de rendición, lo que nos permite aproximarnos a la alta intensidad del combate dentro de la residencia.
El MRTA resistió sin control. Se defendió con violencia incontrolada antes de ser abatido. Dada la información, el combate fue especialmente violento en el segundo piso. Fue, precisamente, en el segundo piso en donde murieron dos comandos e igualmente en el segundo piso donde fue herido de muerte el juez supremo Giusti Acuña, el único rehén que perdió la vida en la operación de rescate.
¿Todos los emerretistas murieron en combate?
Los alegatos de la defensa se refieren a la pericia del profesor Derrick Pounder en esta instancia, referidas a la ausencia de ejecuciones extrajudiciales. “En atención a la intensidad del combate explicado en la sección previa, es importante señalar que en la pericia presentada ante la Corte IDH por el Estado peruano, el profesor Derrick Pounder concluye que los catorce cuerpos de los emerretistas revelan muerte en el enfrentamiento militar, sin que puedan ser consideradas como ejecuciones extrajudiciales. Al respecto señala en la página 2 de su peritaje: En la operación ‘Chavín de Huántar’ en que murieron los catorce captores terroristas no existen evidencias médico forenses que revelen ejecuciones extrajudiciales. El patrón lesional en las trece personas fallecidas dentro de la residencia en conjunto es semejante y conforme a lo que se esperaría en un combate en espacios cerrados en una situación de rescate de rehenes. Se halló muerto a un captor terrorista (NN14, “Tito”) fuera del inmueble de la residencia con una única lesión por proyectil de arma de fuego fatal a la cabeza. Las evidencias médico forenses indican que hubo un segundo disparo que “rozó” el área superior de la espalda/área inferior del cuello, y que “Tito” fue disparado probablemente encontrándose de pie, aunque posiblemente estaba agazapado (flexionado hacia adelante), inmóvil o moviéndose muy lentamente, no estuvo atado y llevaba una granada defensiva en su mano, y si bien es probable que haya sido disparado a una distancia relativamente corta no fue a cañón tocante ni a corta distancia (inferior a un metro)”.
De otro lado, la defensa del Estado peruano es clara cuando deslinda a los sujetos de la intervención en el escenario, al momento y después de la operación: “Cuando la CIDH afirma el parágrafo 62 de su IF que ‘el entonces presidente Fujimori ordenó la elaboración de una operación conjunta de toma de rehenes, entre las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia’, debe entenderse que la participación de cada una estuvo
circunscrita a su especialidad. En el caso de las Fuerzas Armadas, fueron sus comandos más especializados los que diseñaron, planificaron y ejecutaron la ON 96, mientras que el SIN se encargó de otras acciones, como recopilar la información proveniente de la REJP, custodiar las calles alrededor de la residencia así como las casas aledañas.” Si es que se determina la muerte de ENCS como un hecho aislado por investigar debe considerarse válida la anterior cita.
Algunos puntos clave de la defensa del Estado sobre las pericias realizadas respecto a ENCS
 Debe resaltarse el hecho que las necropsias realizadas por el Estado en 1997 sirvieron de base para sustentar la posición sobre la realización de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
 Uno de los temas en los que la defensa enfatizó fue sobre la pericia de Baraybar y Snow. Precisamente, en sus alegatos, el Estado peruano relativiza este estudio.
 De acuerdo al perito Fondebrider, un informe elaborado por un especialista en antropología forense no puede concluir sobre si hubo o no ejecuciones extrajudiciales. Tampoco es posible considerar a tal examen como una evaluación integral, pues el propio informe Baraybar refiere un estudio comparativo de cabeza y cuello con el resto del cuerpo sin analizar precisamente ese segundo y esencial componente: el resto del cuerpo.
 Sobre la evidencia de haberse disparado a ENCS a corta distancia, la pericia balística forense del perito Alberto Loayza refiere que ninguno de los exámenes practicados a ENCS indica características de corta distancia.
 Sobre la existencia de un patrón, la observación técnica científica del perito Pounder intenta relativizar las conclusiones del peritaje antropológico forense de Snow y Baraybar.
 Cuando el perito español Juan Manuel Cartagena estudia el documento denominado Informe sobre los restos humanos NN1–NN14 atribuidos el informe de Snow y Baraybar sostiene: El error más frecuente, surge siempre de la idea preconcebida de partir de una posición erguida y estática de la víctima. Cartagena cuestiona la metodología que sustenta el informe Snow y Baraybar y sostiene que es un error que se considere que en zonas que no sean la cabeza y el cuello no se produce la muerte. No se habría analizado el resto del cuerpo, solo la cabeza y el cuello. Tal déficit habría sido un error que impactaría en la validez de la pericia. Se habría excluido, así, aquellas partes del cuerpo afectadas por el 59.24% de las balas que impactaron en los cuerpos de los otros emerretistas. Todo se habría limitado al patrón cuello cabeza.
 Para Cartagena cualquier parte del cuerpo está expuesta a la posibilidad de un impacto de bala, así sea un blanco móvil. Las cifras sirven para darle sustento a Cartagena. Más del 60% de los cadáveres tienen impactos de bala en ese segmento.
 La posición del cadáver y las manchas de sangre en la fotografía de ENCS no acreditan una supuesta ejecución extrajudicial.
La matriz de análisis es que la operación fue legítima y necesaria y el correlato indeseable. La muerte del adversario es previsible en un contexto de combate, lo que excluye de responsabilidad a los comandos. Ellos solo cumplieron sus funciones. Con relación a ENCS, que es la gran interrogante de todo este caso, la defensa sostiene: “Para el Estado peruano, los argumentos expuestos por la CIDH…no alcanzan el umbral necesario para que pueda afirmarse que con relación a ENCS hubo una ejecución extrajudicial, resultado de un solo disparo y precedido de una situación de inmovilización. Las pruebas y pericias aportadas por el Estado peruano en el marco del proceso ante la Corte Interamericana permiten
identificar otras alternativas (
Respeto de principios del DIH
El Estado entabló negociaciones desde un principio, la opción militar se utilizó cuando se agotaron las negociaciones, llegándose a un punto muerto. Era una circunstancia extraordinaria. En cuanto a HLMC y VSPP se ha determinado en sede nacional que murieron durante los enfrentamientos. En cuanto al caso de ENCS los tribunales peruanos han dispuesto una investigación sobre su muerte directa.
La operación de rescate de rehenes respetó las normas de la Convención Americana, la Constitución Política del Perú, la legislación vigente y los Convenios de Ginebra. La medida fue razonable, no arbitraria. Su objetivo fue salvar la vida de los rehenes.
Se hizo uso de la fuerza porque era estrictamente necesario y en la medida del objetivo, que era salvar las vidas de los rehenes.
Finalmente, en base a sus diversos argumentos, la defensa rechazó el pago de reparaciones, pues no se había evidenciado la realización de ejecuciones extrajudiciales. El Estado peruano recordó que el Sistema Interamericano tiene como objeto la protección de los derechos humanos y no lucrar con el mismo, por lo cual, “no corresponde que con pretensiones económicas se convierta a la Corte en una instancia mercantil, lo cual no se condice con el objeto y fin del funcionamiento de la misma”.
6.2.3. Sentencia de la Corte Interamericana
La Corte IDH es el último escalón de la justicia supranacional en el caso “Chavín de Huantar”. No obstante,
y como bien ella precisa, no es su potestad declarar en torno a la inocencia o culpabilidad de los comandos o de los agentes de seguridad que hubieran intervenido ni de los miembros del MRTA. Su función es definir la concordancia o no del acto estatal denunciado con la Convención Americana en cuanto a establecer si es que existió o no ejecución extrajudicial en el rescate de los rehenes.
La CIDH había encontrado responsabilidad en el Estado por la muerte de tres emerretistas y recomendado que los comandos se sometieran a un juicio en el fuero común. La Corte IDH dio un vuelco en este extremo con su sentencia, salvando el honor de los héroes.
Prima facie, la sentencia describe el contexto y los hechos, tratados en los primeros subcapítulos de este libro. Cuenta que en un primer momento la información oficial dio la cifra de catorce emerretistas muertos. El problema se inicia algunos años más tarde, cuando un testigo de los acontecimientos manifestó en un medio local que había percibido la presencia de emerretistas vivos después de la operación de rescate. Hemos abundado antes sobre este punto gravitante.
La causa se abrió en el 2001 con una investigación y la apertura del proceso penal en el fuero común. Luego se trabó una contienda de competencia que fue dirimida por la Corte Suprema a favor del fuero militar con relación a los comandos. Este sobreseyó el proceso en el 2003. No obstante, el fuero común
continuó el proceso con relación a las autoridades involucradas, esto es, las cabezas de la operación. Cuando se sometió el caso a la Corte IDH, la causa en el fuero común no obtenía aún una sentencia. Esta se dictó recién el 15 de octubre del 2012 por la TSPELCSJ. Esta sentencia absolvió a los reos, salvo a Jesús Zamudio, en su calidad de reo contumaz o no habido. El 24 de julio del 2013, la Corte Suprema declaró no haber nulidad de la sentencia de la Corte Superior. Quedaba pendiente aún la investigación de los hechos relacionados con ENCS. Ese es el estado de la cuestión que la Corte IDH conoció, recorriendo todos los intersticios de los hechos ya narrados en sede anterior y sobre esa base recalcada elaboró los fundamentos de su fallo.
El fallo, prudente, guiado por el contexto y la comprensión de la razonabilidad de los actos resulta sustantivo y reivindicatorio, aunque no sea ese el propósito de la Corte IDH. Confirma que, en efecto, el recurso a la fuerza por parte del Estado se produjo en el marco de una operación de los comandos bajo la línea de un objetivo preciso e incontrastable: la liberación de los rehenes. En esta línea, la Corte vuelve a los argumentos de los magistrados de sede nacional. Las presuntas víctimas de este caso no eran civiles, eran los integrantes de un grupo armado que había planificado y ejecutado un secuestro de civiles, colocándolos en estado de peligro. La legitimidad de la acción es en este ámbito puesta fuera de duda. El Estado debía actuar y actuó, y lo hizo legítimamente y con un objetivo predeterminado. Desde luego, la legitimidad del uso de la fuerza no implica la exclusión de los emerretistas como sujetos potenciales de protección del Derecho Internacional Humanitario, siempre que lleguen al estado de
“personas fuera de combate”.
La Corte IDH determinó, como lo hicieron las instancias judiciales en sede interna, que ENCS, fue hallado muerto sobre una plataforma de concreto en el pasadizo exterior de la residencia del Embajador japonés. Lo más resaltante es que “el cadáver registraba una lesión ocasionada por un proyectil de arma
de fuego con orificio de entrada en la región posterior izquierda del cuello y salida en la región lateral
derecha de la cabeza(
Al evaluar las pruebas, la Corte IDH no se apartó de lo resuelto con anterioridad por la Justicia peruana y consideró que la muerte de ENCS se produjo una vez que se encontraba bajo custodia del Estado. La Corte concluye que este caso, el de ENCS, es una ejecución extrajudicial. Dado así, el Estado incurrió en responsabilidad internacional por la privación arbitraria de la vida de ENCS. El artículo vulnerado de la Convención Americana es el 4.1, en concordancia con el 1.1. El caso debe ser aclarado en el Ministerio Público y el Poder Judicial, la Corte IDH no determina responsabilidad alguna ni precisa la acción y el papel de los personajes intervinientes en esta muerte en particular.
Respecto a los otros emerretistas objeto de controversia (HLMC y VSPP) queda establecido que aparecieron
muertos en el segundo piso de la residencia y que presentaban múltiples heridas de bala, que inducen a asumir una muerte regular en combate, en tanto no se acredita que ambos emerretistas hubieran sido capturados y muertos al margen de las hostilidades. Obsérvese en este tramo que la declaración que puso en movimiento la maquinaria procesal había ya perdido valor. Sin embargo, pese a su relativo peso generó una larga discusión con un impacto: la determinación que ENCS había sido víctima de una ejecución extrajudicial.
Vale señalar, además, que la Corte IDH admitió y otorgó efectos al reconocimiento estatal de responsabilidad solo con relación a la vulneración del plazo razonable en el proceso judicial en el fuero penal (ver cronología). No hay, en todo caso, una posición antagónica del Estado sobre las afirmaciones que le imputan un descuido en los plazos. A la luz de lo que puede venir, tal dilación carece de relevancia.
La Corte IDH considera, además, que no hubo diligencia en el manejo de la escena de los hechos y en el levantamiento de cadáveres. Destaca la falta de rigor del Estado para la realización de las necropsias en 1997. Como señala la defensa, no había, en aquel momento, señales que indicaran a las autoridades
competentes que se hubiera realizado alguna “ejecución extrajudicial”.
En la línea de la búsqueda de la verdad, la propia Corte Suprema indicó que “existen todavía algunos
pasajes de los hechos, vinculados al agraviado ENCS, que deben y pueden esclarecerse en una línea
investigativa más intensa”.
La Corte IDH, asume que no procede el pago de reparaciones y que la sentencia es una reparación en sí misma. Esta decisión constituye un hito en la jurisprudencia de la Corte IDH, concordante con algunas de las apreciaciones de los familiares de las víctimas, en el sentido que la compensación económica no cubre nunca el vacío descomunal de una pérdida humana ni el dolor que de ella deriva. En muchos casos y conforme a justicia, la verdad o el planteamiento de la búsqueda de la verdad es una reivindicación de la posición de la víctima y una reparación en sí misma, un tipo de reparación a la que el Estado, en sustancia, no se ha opuesto.
Si bien la Corte IDH estima que la sentencia es una reparación, la verdad aún no se ha cerrado en su integridad. El esclarecimiento de la muerte de ENCS es una materia pendiente para que la reparación sea integral. Por tal razón, la Corte IDH ordena continuar con la investigación penal en curso en el caso de esta muerte.
Conforme se ha observado a lo largo de esta introducción la voluntad de verdad del Estado se manifiesta más allá de los errores o entrampamientos insustanciales en los que se pudo incurrir. Dadas las interrogantes, el reto de desentrañar la verdad es lo que nos queda por delante.
INFORME NRO. 34-2014-JUS/PPES CASO 12.444 CRUZ SÁNCHEZ Y OTROS VS PERÚ ALEGATOS FINALES ESCRITOS DEL ESTADO PERUANO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
1. Mediante el presente Informe, el Estado peruano presenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sus alegatos finales escritos, dentro del plazo previsto en la Resolución del Presidente de la Corte en Ejercicio para el presente caso, de fecha 19 de diciembre del 2013 1 . En este informe también se absolverán las preguntas formuladas por los magistrados de la Corte IDH durante la AP del caso realizada el 3 y 4 de febrero del 2014, y se formularán observaciones respecto a las declaraciones de los testigos y peritos ofrecidos por los RPV y la CIDH.
2. El Estado peruano expone a continuación una serie de alegatos finales relacionados con aspectos
procesales de la presente controversia ante el sistema interamericano, no solo con la finalidad que se establezca de forma clara la relación procesal y material que subyace a la misma, sino también con observaciones precisas que deben a la Corte IDH permitir reforzar su línea jurisprudencial sobre el control de las actuaciones de la CIDH.
3. El Estado peruano se ratifica en las seis (6) excepciones preliminares planteadas en su Escrito de
contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes argumentos y pruebas de 17 de agosto de 2012; sin perjuicio de lo cual, en esta ocasión desea ampliar sus consideraciones al respecto,
en atención a las observaciones efectuadas por la CIDH y los RPV.
4. Respecto a la excepción de control de legalidad del Informe de Admisibilidad Nº 13/04 respecto a la
petición Nº 136/03 en relación con la falta de agotamiento de recursos de jurisdicción interna, el Estado peruano reitera que en el IA de la CIDH no se fundamentó debidamente el agotamiento de los recursos
para efectos de la admisibilidad de conformidad con el artículo 46.1 a) de la CADH. Asimismo, la Comisión tampoco efectuó un correcto análisis acerca de la aplicación de las excepciones a la falta de agotamiento de recursos internos contenidas en el artículo 46.2 de la referida Convención.
5. Respecto a la excepción de falta de agotamiento de recursos de jurisdicción interna, el Estado peruano
consideró que al emitirse un IF cuando aún existía un proceso penal en trámite en sede nacional, no se agotaron los recursos de la jurisdicción interna y, en ese sentido, la alegada falta de legalidad en las
actuaciones de la Comisión al momento de adoptar su Informe de Admisibilidad debe ser analizada bajo las circunstancias de ese momento –es decir, 27 de febrero de 2004– y no de acuerdo con los acontecimientos actuales.
6. Respecto a la excepción de control de legalidad del Informe de Fondo Nº 66/11 respecto a la
determinación de presuntas víctimas y derechos humanos no considerados en el Informe de Admisibilidad Nº 13/04, el Estado peruano cuestionó la competencia ratione personae y ratione materiae
de la Corte Interamericana debido a que la CIDH, en su Informe de Admisibilidad Nº 13/04 no admitió a los familiares de las presuntas víctimas como víctimas de la violación del derecho a la integridad personal. El Estado señaló que la Comisión Interamericana en el Informe de Admisibilidad Nº 13/04 delimitó expresamente cuáles serían las presuntas víctimas y los derechos en discusión en un eventual caso.
7. La inclusión del señor VSPP en el IA por parte de la CIDH, pese a no encontrarse en el marco fáctico de la petición inicial, obliga a la Corte a ejercer un control de legalidad del mismo por cuanto su inclusión no fue debidamente fundamentada y por cuanto, a consideración del Estado peruano, lo que debió decidir la Comisión era que se presente una petición inicial por los familiares de esta persona y, con posterioridad a su admisibilidad y verificación del cumplimiento de los requisitos, acumular ambas peticiones, pero no incluir a una tercera persona sin que respecto de ella se hayan cumplido los requisitos señalados en la CADH y el Reglamento vigente de la Comisión en ese momento.
8. La inclusión de la señora Lucinda Rojas Landa como presunta víctima en el IF es un caso bastante singular por cuanto los representantes de las presuntas víctimas no se han referido a ella en los escritos de observaciones presentados entre el trámite de admisibilidad y fondo. Para el Estado peruano causa sorpresa su inclusión por la CIDH. Sin perjuicio de advertir este hecho en la presente sección, más adelante se presentarán observaciones específicas con relación a este tema.
9. Respecto de la excepción de inadmisibilidad de incorporación de nuevos hechos por los RPV al proceso ante la Corte Interamericana, el Estado peruano llamó la atención respecto a que estos han presentado nuevos hechos que la CIDH no tuvo por probados en su Informe de Fondo y difieren sustancialmente de lo acreditado por ésta. Esta situación es una ampliación de la postura original de los RPV, que no pueden considerarse como derivados de los hechos principales o sobrevinientes de los mismos, por lo cual se afecta directamente al proceso interamericano, el derecho a la defensa del Estado y la seguridad jurídica. En consecuencia, no es admisible que las partes aleguen nuevos hechos distintos de los contenidos en el IF y que no ayudan a la mejor comprensión de los mismos.
10. Respecto a la excepción de violación del derecho de defensa del Estado peruano, se argumentó que el breve plazo entre que la Comisión recibió la petición inicial y emitió el Informe de Admisibilidad Nº 13/04 afectó su derecho de defensa y en ese sentido, restó opción al Estado de argumentar adicionalmente sobre el punto de la admisibilidad de la petición. Al respecto, la Corte ha establecido, de acuerdo con el contexto de aplicación de la Convención Americana y el objeto y fin de la misma, que las normas relativas al procedimiento se deben aplicar con base en un criterio de razonabilidad, pues de lo contrario se ocasionaría un desequilibrio entre las partes y se comprometería la realización de la justicia2. Tal como lo ha indicado este Tribunal, en la jurisdicción internacional lo esencial es que se preserven las condiciones necesarias para que los derechos procesales de las partes no sean disminuidos o desequilibrados, y para que se alcancen los fines para los cuales han sido diseñados los distintos procedimientos3. A consideración del Estado, la CIDH debe garantizar en todo momento la razonabilidad de los plazos en la tramitación de sus procesos, lo cual no ha ocurrido en el presente caso.
11. La Corte Interamericana controla la legalidad de las actuaciones de la Comisión Interamericana en lo que se refiere al trámite de los asuntos que estén bajo el conocimiento de la propia Corte, conforme a la competencia que le confiere a ésta la CADH y otros instrumentos interamericanos
de protección de los derechos humanos4. Con mayor precisión, se ha establecido que la Corte
tiene la facultad de revisar si en el trámite de comunicaciones individuales se han cumplido, por
parte de la CIDH, las disposiciones contenidas en la Convención Americana y en los diversos instrumentos interamericanos de derechos humanos 5 . Bajo tales consideraciones, y al amparo de dicha determinación jurisprudencial, el Estado solicita a la Corte Interamericana que declare fundadas las excepciones preliminares interpuestas, e inadmisible la demanda presentada por la Comisión Interamericana en esos aspectos.
12. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado peruano es consciente que a consideración de la Corte Interamericana muchas de estas excepciones preliminares podrían encontrarse más bien relacionadas con el análisis de fondo del caso, por lo que solicita que supletoriamente, la Corte IDEH tenga en consideración los argumentos de cada una de ellas y que sean incorporados conjuntamente con los argumentos respecto al fondo en el capítulo en el cual se considere que correspondan.
2.2 Presuntas víctimas
13. El Estado ha mantenido una posición constante ante la Corte IDH respecto a los problemas identificados en el trámite ante la CIDH con relación a las presuntas víctimas de la presente controversia. A través de estos alegatos finales, se brinda información que permitirá a la Corte, en uso de sus potestades de control sobre la legalidad de los actos de la CIDH, precisar con claridad la relación de las presuntas víctimas invocadas en la presente controversia, sin perjuicio de posteriormente analizar si respecto a ellas se produjo la afectación de algún derecho reconocido en la Convención Americana.
2.2.1 Incorporación de una nueva presunta víctima por afectación del derecho a la vida en el Informe de admisibilidad a pesar de no haber sido objeto de la petición original
14. El Estado observa que existe una contradicción entre los RPV y la CIDH sobre la denuncia referida a VSPP. En su ESAP, los RPV afirman que el 3 de febrero del 2003 presentaron una petición en contra del Estado peruano por la detención y ejecución extrajudicial de ENCS, HLMC y VSPP. Sin embargo, en el Informe de Admisibilidad de la CIDH, de fecha 27 de febrero del 2004, se señala en el parágrafo 4 que la denuncia presentada el 3 de febrero del 2003 “se dio por la detención y ejecución de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y Herman Luz Meléndez”. Asimismo, en las conclusiones del Informe de Admisibilidad, la CIDH señaló lo siguiente: “La CIDH ha establecido en el presente informe que tiene competencia para examinar la petición presentada sobre la presunta violación del derecho a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y David Peceros Pedraza, éste último no denunciado pero cuyos derechos al parecer también fueron vulnerados en los mismos hechos y bajo la misma modalidad” (énfasis agregado).
En consecuencia, en la petición original –como lo reconoce la CIDH– no se incluyó como presunta víctima a VSPP. La propia Comisión, en su Informe de Fondo, reconoce (parágrafo que fue posteriormente
a la presentación de la petición que “al caso se agregó una tercera presunta víctima, el señor Víctor Salomón Peceros Pedraza”. Esa etapa posterior, como también lo reconoce la CIDH en la nota a pie Número 1 del
Informe de Fondo, fue durante la etapa de fondo del proceso, y no antes. Al respecto señala textualmente: “Por tanto, en la etapa de fondo los peticionarios se han referido a las tres víctimas, incluido el señor Peceros Pedraza”.
16. En atención a lo expuesto, el Estado solicita a la Corte que realice un control de legalidad sobre la actuación de la CIDH, al haber admitido una petición respecto a una persona que, como lo reconoce la misma CIDH, no estuvo incluida como presunta víctima en la petición original, sino durante la etapa de fondo de la controversia.
17. Lo expuesto permitirá a la Corte pronunciarse sobre los alcances de la etapa de admisibilidad de una petición ante la CIDH, pues de aceptarse la posición asumida por ésta, el Informe de Admisibilidad que se emite en estos casos sería meramente referencial, con la posibilidad que nuevos hechos o víctimas aparezcan durante la etapa de fondo (que suele durar años), obligando al Estado a objetar su admisibilidad pero a la vez pronunciarse sobre temas de fondo, sin que de por medio exista un pronunciamiento de la CIDH, a la espera e incertidumbre de lo que finalmente pueda decirse en el Informe de Fondo.
2.2.2 Familiares de las presuntas víctimas
18. El Estado observa que solo algunos familiares de las presuntas víctimas se constituyeron en parte civil en el proceso penal en sede interna. La Corte Suprema da cuenta de este hecho en su sentencia, al señalar lo siguiente (página 5): “8. Por autos de fojas cuatro mil setecientos cuarenta, del once de julio de dos mil dos, se tiene por constituida en parte civil a Edgar Odón Cruz Acuña, padre [sic] del agraviado Eduardo Nicolás Cruz Sánchez; y, de fojas cinco mil quinientos setenta, del cuatro de setiembre de dos mil dos, se tiene por constituida en parte civil a Nemesia Pedraza Chávez, madre del agraviado Salomón Víctor Peceros Pedraza. Herma Luz Cueva Torres, madre de la agraviada Meléndez Cueva, se constituyó en parte civil por escrito de fojas cuatro mil setecientos noventa y nueve, del quince de julio de dos mil dos, pero se le requirió acreditar su entroncamiento, lo cual se probó con la partida de nacimiento de fojas seis mil ciento ochenta, con lo que se da por recibida la referida partida por resolución de fojas seis mil ciento ochenta y dos, del veintiséis de diciembre de dos mil dos, aunque la resolución antes citada expresamente no la constituya en parte civil. La secuencia procesal glosada, y en aras de la garantía de tutela jurisdiccional, obliga a entender que Herma Luz Cueva Torres es parte civil en esta causa”.
19. Se aprecia, en consecuencia, que en sede interna la parte civil ha estado conformada por solamente tres personas, a diferencia del proceso ante el sistema interamericano. Este hecho debe ser tomado en consideración por la Corte, en atención al criterio del estrecho vínculo familiar que debe estar acreditado para que se pueda reconocer a una persona como víctima en la presente controversia.
20. Con esto el Estado no está señalando que para ser considerada presunta víctima en el sistema interamericano una persona tiene que haber sido parte civil en el proceso penal en sede interna, pero esto último constituye un elemento que debe ser considerado al momento de analizarse aspectos como el agotamiento de los recursos internos o el grado de relación de una persona con las presuntas víctimas del caso identificadas por la CIDH.
Sobre Lucinda Rojas Landa, presunta “familiar” de ENCS
En su IF (parágrafo 115), la CIDH menciona a Lucinda Rojas Landa como “familiar” de ENCS,
refiriéndose a ella como su “compañera”, sin explicar las razones que llevan a considerarla como presunta víctima. La única referencia que hace la CIDH sobre dicha persona pretendiendo esbozar algún tipo de fundamento para considerarla como “compañera” y a partir de ahí derivar (forzadamente) su condición de “familiar”, es en la nota a pie de página 128 de su IF, en el cual se alude al “Anexo 7, Informe de las pericias médico legales realizadas por el Instituto de Medicina Legal, documento que consta en el expediente, donde se registra la participación de Lucinda Rojas en calidad de conviviente de Eduardo Cruz Sánchez”. De la revisión exhaustiva de dicho documento que data del año 2001, cabe resaltar que no existe referencia expresa alguna a Lucinda Rojas Landa, con lo cual, el referido “sustento” de la CIDH no es tal y por tanto, la consecuencia inmediata de dicha referencia equívoca es que no existe una fuente fidedigna que constate el supuesto vínculo de convivencia con ENCS. Así, al no acreditarse tal premisa resulta cuanto más ilógica pretender considerarla como su “familiar” y con ello extender las posibles implicancias del fallo a su persona; en tal sentido, el Estado peruano se opone tajantemente a que Lucinda Rojas Landa sea incluida como presunta víctima del presente caso.
22. Por su parte, los RPV en su ESAP, al hacer referencia a los beneficiarios de las reparaciones, no hacen mención alguna a Lucinda Rojas Landa. Tampoco en el proceso penal en sede interna, la mencionada persona se constituyó como parte civil.
23. Respecto de la señora Lucinda Rojas Landa, el Estado debe informar a la Corte Interamericana que dicha persona fue procesada y sancionada por el delito contra la Tranquilidad Pública – Terrorismo, y Terrorismo Agravado en agravio del Estado, en el marco de un proceso penal identificado con el Expediente N° 546-03. La Sala Penal Nacional, mediante sentencia del 3 de mayo de 2006, le impuso pena privativa de libertad de diecisiete años, los mismos que se computaron desde el 30 de noviembre de 1995 hasta el 29 de noviembre de 2012. Asimismo, ordenó el pago de S/100,000.00 (cien mil) nuevos soles por concepto de reparación civil a favor del Estado. La sentencia fue confirmada mediante Ejecutoria Suprema del 20 de junio de 2008 (Recurso de Nulidad N° 3818-2006)– ver documentos anexos 11, 12 y 13. Los hechos relacionados con su privación de libertad estuvieron vinculados con las acciones que se encontraba preparando el MRTA para tomar el Congreso de la República y capturar rehenes, con miras a luego pedir la liberación de sus integrantes que se encontraban purgando condena. El fracaso de este acto delictivo, gracias a la intervención de la Policía Nacional del Perú, dio lugar a que el siguiente objetivo del MRTA fuera la captura de rehenes en la REJP.
24. Según el Registro de Deudores de reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (base de datos disponible a través de su portal web: www.minjus.gob. pe, Lucinda Rojas Landa a la fecha solo ha cumplido con pagar la suma de S/ 750.00 nuevos soles, quedando pendiente de pago a favor del Estado la suma de S/ 98, 825 nuevos soles.
25. En el marco del proceso penal que se le siguió por terrorismo, la señora Rojas Landa realizó una manifestación ante la Sala Penal Nacional, brindando información relacionada a su vinculación al grupo terrorista MRTA, así como datos de su vida personal y sentimental, sin mencionar que hubiera tenido algún tipo de relación con ENCS. De hecho, al referirse a sus relaciones personales, sólo mencionó de forma expresa a una pareja de nombre Walter Donayre
García. Tomando como referencia los hechos descritos en la sentencia por medio de la cual se le condenó, se tiene la siguiente información:
“… [E]n una ocasión que visitaron su casa se establece una relación con Walter Donayre García, él era casado, estaba en proceso de separación, pero igual señala que la enamoró, le propone ir a Huancayo saliendo de su casa con un pequeño capital, llevando algunos productos de ropa para poder dedicarse al comercio, … Que al tiempo que estuvo conviviendo con Donayre en Huancayo se inician los problemas con él, porque a la vez que era casado había tenido otra pareja, con la que tuvo hijos, lo cual ésta desconocía y cuando lo descubre señala que le da una crisis, porque el (sic) era todo para ella…”.
26. Durante las investigaciones en sede interna por la muerte de ENCS, la señora Lucinda Rojas Landa, a pedido de APRODEH (ver documento anexo 8), al ser interrogada sobre el tema señaló (ver documento anexo 7): “07- PREGUNTADO DIGA ¿Cuál es el vínculo que le unía a Eduardo Cruz Sánchez “TITO”? Dijo: Que éramos convivientes desde el verano de 1993, hasta el mes de Junio de 1994, luego de aquella fecha y hasta el día de mi detención ocurrida en el mes de Diciembre de 1995; nos veíamos esporádicamente es decir una vez cada dos meses” (subrayado y negritas fuera del texto original).
27. Como se aprecia, la señora Rojas Landa señala que fue “conviviente” con ENCS “desde el verano de 1993 hasta el mes de junio de 1994”, lo que lleva a la conclusión que no tuvieron una relación mayor al año y medio, y que la misma concluyó dos años y diez meses antes de la muerte del terrorista ocurrida en abril de 1997. A consideración el Estado, esta situación no puede llevar a calificar a la señora Rojas Landa como “familiar” de ENCS, como lo indica la CIDH, y menos una presunta víctima.
28. Para una debida comprensión de la forma en que el derecho peruano brinda protección a las relaciones entre un hombre y una mujer que no llegan a constituirse en matrimonio, corresponde citar el artículo 5º de la Constitución de 1993, que dispone lo siguiente: “La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable”. Esta protección constitucional encuentra su desarrollo legal en el Código Civil, el cual dispone:
“Artículo 326.- La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos. […]” (subrayado y negritas fuera del texto original).
29. En atención a este marco normativo, el Estado reconoce derechos y obligaciones jurídicas a las personas que convivan, pero que no hayan contraído matrimonio, siempre que su unión haya durado por lo menos dos años consecutivos, lo que a todas no ocurre en el caso de la invocada relación entre ENCS y Lucinda Rojas Landa. Esto permite explicar también que en el caso que se hubiera apersonado al proceso penal, no habría podido acreditar una relación constante con
ENCS con miras a obtener una reparación civil. Por ende, si una reparación en sede nacional no podía haber sido adquirida, dado que no se cumplían los requisitos legales exigidos para ser considerada como una conviviente, mal podría contemplarse la posibilidad de una reparación en sede internacional, bajo el argumento general expuesto por la CIDH –y no ratificado por los RPV– de que se está ante una “compañera” de ENCS que debe ser considerada como un “familiar”.
30. A lo expuesto debe agregarse que en su declaración ante la Corte mediante affidávit, el medio hermano de ENCS no menciona en absoluto a la señora Rojas Landa como “compañera” o “conviviente” de ENCS. Tampoco se recogen sus declaraciones en el peritaje propuesto por los RPV a cargo de Viviana Valz Gen Rivera, dado que ello no han incluido a Rojas Landa como presunta víctima.
31. Por todo lo expuesto, el Estado solicita a la Corte que la señora Lucinda Rojas Landa no sea considerada como presunta víctima en la presente controversia y llame la atención a la CIDH sobre la falta de fundamentación que sustente por qué la considera un “familiar” de ENCS, cuando ni siquiera ello ha sido planteado por los propios RPV.
2.2.4 Sobre Jenifer Peceros
32. En relación a Jenifer Peceros, el ESAP (p. 61) refiere que VSPP tuvo una relación sentimental con Jenny
Janet Quispe Balvín y producto de la cual nació dicha joven, por lo que los RPV la incluyen como presunta víctima en el entendido que se trata de la hija de VSPP, aunque sin brindar mayor sustento más que esta sola declaración realizada en su ESAP y anteriormente en uno de sus escritos presentados a la CIDH en febrero de 2011. Por su parte, en su IF la CIDH únicamente se remite a este último escrito presentado por los RPV a fin de considerar a Jenifer Peceros como hija de VSPP y por tanto calificarla como “familiar” y a su vez “presunta víctima”.
33. Como es de observar, la filiación (relación padre-hija) únicamente se encuentra sustentada en la referencia dada
por los RPV, quienes más allá de ello no acreditan mínimamente dicho vínculo a fin de ser reconocida como hija de VSPP
y con ello acceder no sólo a las eventuales reparaciones que la Corte IDH decida disponer sino también a los derechos que le correspondería (en caso estuviera reconocida legalmente como hija) de conformidad con la normativa nacional aplicable.
34. Llama la atención incluso lo señalado por la señora Nemecia Pedraza de Peceros (madre de VSPP), quien en su
affidavit presentado ante la Corte IDH cuando se le preguntó si su hijo tuvo familia, afirmó que:
“Él era soltero pero había estado con la hija de mi vecino, se llamaba Jenny Quispe Balbín, tenía 17 o 18 años, ahí la había dejado embarazada a la chica, cuando él desapareció en el mes de noviembre, la bebé nació el 12 de diciembre. Los padres de la chica vinieron a la casa, diciendo que “Ustedes no
saben arreglar lo que sabe su hijo, ¿no te ha contado tu hijo?”, vinieron a pedir apoyo para que dé a luz a su hija. A fines de enero, ella vino a traer a su hijo, y la bebé, Jenifer Solanch Peceros Quispe, se parecía a nuestra familia, entonces le han asentado con nuestro apellido Peceros. De ahí le dijeron que mi esposo vaya a firmar, como abuelo, pero no hemos podido acentarla”. [el resaltado es nuestro]
35. A partir de lo anterior, se deduce que Jenifer Peceros (a pesar de contar con el apellido de VSPP y “parecerse” a
la familia del mismo a decir de la supuesta abuela), y de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no fue
reconocida (con efectos jurídicos) por los padres de VSPP conforme
lo dispone la legislación nacional en materia de
filiación en caso el presunto padre haya fallecido. Así, el artículo 389 del Código Civil peruano establece:
“El hijo extramatrimonial puede ser reconocido por los abuelos o abuelas de la respectiva línea, en el caso de muerte del padre o de la madre o cuando éstos se hallen comprendidos en los Artículos 43 incisos 2
y 3, y 44 incisos 2 y 3, o en el Artículo 47 o también cuando los padres sean menores de catorce años.
este último supuesto, una vez que el adolescente cumpla los catorce años, podrá reconocer a su hijo.”
36. Por tanto, no es posible concluir de manera fehaciente que Jenifer Peceros se encuentre reconocida
legalmente como hija de VSPP y en tal sentido no le corresponde acceder a los derechos y beneficios que le
asistirían en caso se tratase de una hija reconocida como tal y bajo esa misma lógica, mucho menos se le podría reconocer como posible beneficiaria de algún tipo de reparación que la Corte IDH eventualmente determine en tanto no cuenta con la calidad de familiar de VSPP. Cabe precisar, además, que no es competencia de la Corte IDH establecer vínculos filiatorios entre particulares, siendo que ello le corresponde únicamente a las autoridades nacionales competentes en el marco de determinados procedimientos establecidos en la normativa peruana pertinente y que debieran ser impulsados de parte.
37. Considerando lo anterior, es de relevar que el Estado peruano en principio asume de buena fe los datos
proporcionados en general por los RPV, pero a su vez estima que los mismos cuenten con un sustento mínimo razonable que permita acreditar los vínculos familiares que éstos alegan. Esto definitivamente no ha sido proporcionado ni por los RPV ni por la CIDH (quien sólo se ha limitado a hacer referencia a la declaración de los RPV), quienes ligeramente han sostenido el vínculo paterno-filial con VSPP, por lo que sería cuestionable y constituiría un inadecuado precedente jurisprudencial que la Corte IDH avale dicha conducta reconociendo a Jenifer Peceros como presunta víctima en el presente caso. En consecuencia, el Estado peruano cuestiona la incorporación a priori y sin mayor sustento de Jenifer Peceros como presunta víctima en su calidad de supuesta familiar (hija) de VSPP y en tal virtud se opone a su reconocimiento como tal y como posible beneficiaria de eventuales reparaciones.
2.3 Representación procesal y acceso al expediente en sede interna
38. Durante la DRH y la AP, los RPV manifestaron que no han tenido acceso al expediente judicial en sede
interna. Al respecto, el Estado considera necesario indicar que en el ESAP (p. 7) se señala que las presuntas
víctimas delegan representación conjunta a abogados de las instituciones CEJIL y APRODEH. Como es de conocimiento de la Corte, esta última (APRODEH) ha participado en el proceso penal en sede interna, por lo que ha tenido pleno acceso al expediente judicial y a todas sus piezas procesales, habiendo sido notificada de
las diligencias procesales y las resoluciones respectivas, por lo que mal podrían afirmar los RPV, en especial los abogados de CEJIL, que no han podido acceder al expediente en sede interna, cuando la institución con la cual llevan a cabo de forma conjunta la representación procesal de las presuntas víctimas tiene toda la documentación referida al proceso.
39. En consecuencia, los RPV sí han tenido acceso al expediente judicial en sede interna. Lo expuesto se
acredita con el apersonamiento de APRODEH a las investigaciones y al proceso penal en sede interna, y todos
los escritos presentados desde el año 2001 hasta la fecha. Prueba de ello es el recurso de nulidad presentado contra la sentencia de primera instancia y que fuera objeto de pronunciamiento de la Corte Suprema en el
40. El Estado observa que los RPV han invocado la presunta falta de acceso al expediente en sede interna
como una razón por la cual algunos de sus peritos no se pronuncien, por ejemplo, con relación a las sentencias judiciales emitidas en el ámbito del proceso penal. El Estado rechaza estas afirmaciones, por las razones que han sido expuestas.
41. Sin perjuicio de lo anterior, y como el Estado lo ha manifestado ante la Corte, cualquier pieza procesal del
expediente que sea solicitada con miras a mejor resolver, será remitida en el plazo que sea dispuesto por la
Corte. En esta misma línea, con el presente escrito se adjuntan algunas piezas procesales de expediente penal en sede interna, con dicho objetivo.
Observaciones a los peritajes propuestos por los RPV
A continuación el Estado realizará una serie de observaciones a los peritajes propuestos por los RPV, los
cuales se encuentran limitados en cuanto a su análisis por las fuentes documentales empleadas.
2.4.1 Peritaje de Alejandro Valencia Villa
43. En el caso específico del peritaje del señor Valencia Villa (presentado a través de affidávit), se señala que
sus fuentes para el análisis de temas de especial importancia para la resolución de la presente controversia, como si durante el ON96 hubo una orden de no dar cuartel, se limitó al IF de la CIDH, al escrito por medio del cual se sometió el caso ante la Corte y el ESAP de los RPV. En este sentido afirma:
“Para la realización del presente dictamen tuve a mi disposición el informe de la CIDH del 13 de diciembre de 2011 en el que somete el caso a la jurisdicción de la Corte, así como su informe 66/11 del 31 de marzo de 2011 y el Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas del 24 de abril de 2012 de los representantes de las víctimas, con sus respectivos anexos” (Página 2 de su declaración, subrayado y negritas agregado).
44. El Estado peruano llama particularmente la atención sobre la nota 34 de la página 10 de su peritaje, en donde afirma
“Tampoco conozco el Plan “Nipón 96” del Estado peruano para el rescate de los rehenes de la
residencia del embajador del Japón en el Perú. Además no conozco en detalle el análisis de la extensa sentencia absolutoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, Sala Tercera Penal Liquidadora del 15 de octubre de 2012 ni los argumentos de la decisión de la Corte Suprema de
Justicia del 24 de julio de 2013 que resuelve un recurso de nulidad contra la decisión anterior. Estimo que no tienen relación con el propósito de este dictamen los considerandos de ambos fallos sobre el
uso de la fuerza empleado por las fuerzas militares peruanas”.
45. Como la Corte podrá deducir, el perito Valencia Villa conoce sobre la existencia de estos documentos pero los
descarta de plano para el análisis de sus pericias, optando por limitar sus fuentes a los documentos presentados por la CIDH y
los RPV ante la Corte. Esta situación es más grave aún si se considera que el Plan Nipón 96, en sus dos versiones, forma parte del Anexo 2 del IF de la CIDH, anexo que el perito reconoce haber tenido a su alcance.
46. En este sentido, el Estado no entiende cómo es que un experto que ha sido propuesto para analizar la aplicación
del DIH durante un operativo militar, descarta para su análisis la revisión del contenido del plan que contenía las pautas del operativo que es objeto de análisis en la presente controversia y en donde, como se explicará más adelante, no se contemplaba orden alguna de no dar cuartel y, por el contrario, establecía reglas a aplicar en el caso los integrantes del
MRTA se hubieran rendido o hubiesen sido capturado.
2.4.2 Peritaje de Federico Andreu
47. El Estado observa que en el caso del peritaje ofrecido durante la AP por el señor Federico Andreu,
propuesto por los RPV, también se manifestó el poco conocimiento del desarrollo del proceso penal en sede interna, en particular, de la sentencia emitida en el año 2013 por la Corte Suprema. En este sentido, al ser consultado sobre ello se dijo lo siguiente:
“Pregunta de representante del Estado: Con relación a la Ejecutoria Suprema del 24 de Julio de 2013, que entiendo ha revisado, si el fallo de la Corte Suprema que se ha emitido y que ha zanjado al menos el debate jurídico interno en relación a dos de los integrantes del grupo terrorista del MRTA ¿Cuál es su opinión sobre esa Ejecutoria Suprema de la Corte Suprema? Respuesta de perito Andreu: Es la Ejecutoria donde se dice al final, corríjanme si estoy mal, porque con tanto texto uno se pierde a veces, donde se dice, se constata que en un caso hay ejecución extrajudicial pero no hay forma de demostrar la responsabilidad, ¿cierto? […]
Pregunta de representante del Estado: ¿Qué opinión le merece a usted ese fallo? Respuesta de perito Andreu: Ese fallo es la constatación de la ausencia de una verdadera investigación desde el principio. Pregunta de representante del Estado: ¿Por qué?”
48. En este momento, los RPV objetaron la pregunta invocando que no habían tenido acceso al expediente en sede
interna, aunque dicha objeción fue denegada por la Corte, procediéndose a formular nuevamente la interrogante.
49. En atención a lo expuesto, el Estado observa que en el caso del perito Andreu propuesto por los RPV, existía
nuevamente una falta de conocimiento de información importante para emitir un pronunciamiento sobre la
alegada falta de acceso a la justicia por parte de las presuntas víctimas.
2.4.3 Peritaje de Viviana Valz Gen Rivera sobre familiares de las presuntas víctimas
50. Con relación al peritaje propuesto por los RPV y elaborado por Viviana Valz Gen Rivera, el Estado
presenta las siguientes observaciones con relación al impacto psicológico que los hechos de la presente controversia habrían generado en los familiares de ENCS, VSPP y HLMC:
A- La alegada falta de acceso a los cuerpos se debió a la inacción de las propias presuntas víctimas, quienes tuvieron la oportunidad de reclamarlos y sin embargo no lo hicieron. Como se explicará más adelante, al momento de realizarse el ON96 solo fue posible conocer la identidad de tres de los DDTT que tomaron la REJP, siendo uno de ellos ENCS, respecto a cuyo cadáver, sus propios familiares decidieron no proceder a reclamarlo, como lo indica su medio hermano en su declaración ante la Corte mediante affidávit. Con relación a VSPP y HLMC, sus propios familiares han declarado que desconocían que sus hijos estuvieran involucrados en los hechos delictivos cometidos por el MRTA.
B- Es falsa la alegada negación de acceso a la justicia ya que muchas de las presuntas víctimas participaron desde el
inicio en las investigaciones y en el proceso judicial seguido por los hechos materia del presente caso. C- La alegada estigmatización de la que habrían sido objeto las presuntas víctimas no es un hecho controvertido en el presente proceso seguido ante la Corte IDH, toda vez que no se encuentra contenido en el marco fáctico fijado por el IF de la CIDH. D- En el peritaje se realizan las siguientes afirmaciones: “habían sido capturados por los comandos y estaban en calidad de detenidos” (p. 6), que ENCS “fue ejecutado” (p. 8), “la ejecución arbitraria y extrajudicial por miembros del Servicio de Inteligencia (SIN), de varios de los emerretistas que se encontraban al momento ya rendidos” (p. 9), “la desconfianza y el dolor, se hicieron uno, al saber que habían sido asesinados, aún quienes se habían rendido” (p. 12) y “no existe diferencia alguna en cuanto al sentimiento de dolor y sufrimiento asociado al hecho de que sus familiares fueron asesinados una vez estos se encontraban en calidad de detenidos” (p. 19). Al respecto, el Estado peruano considera que estas afirmaciones no pueden ser objeto de un peritaje psicológico, más aún si hay un proceso penal ante el Poder Judicial peruano con relación a estos hechos, que la única instancia que puede determinar la ocurrencia o no de los mismos. Realizar un peritaje psicológico sobre hechos que han sido desvirtuados en sede judicial o que aún no han sido esclarecidos, necesariamente conduce a resultados no
fidedignos sobre el impacto de tales hechos (presuntos) en las víctimas.
E- En el peritaje no se ha entrevistado a Jenifer Solange Peceros Quispe (pp. 7 y 16), presunta hija de VSPP. Sin
embargo, en el peritaje se señala que se tiene alguna información de ella por lo señalado por sus supuestos abuelos
paternos. El Estado peruano considera que éstos (en caso la Corte IDH determine que Jenifer Peceros tiene la calidad de beneficiaria) no pueden dar testimonio acerca de los sentimientos propios de su presunta nieta. Además, como ellos mismos lo han manifestado mediante su declaración mediante affidávit, el señor VSPP habría abandonado a la pareja de su hija antes de su nacimiento
F- Respecto a que Melecio Meléndez Cueva, el menor de los hijos de Herma Luz Cueva Torres (madre
de HLMC),
quien se había enrolado en el ejército, se indica que presuntamente desapareció de la base militar y cuando su
madre fue a buscarlo le informaron que había desertado (páginas 7, 13 y 18); sin embargo, estos hechos no son materia del presente litigio internacional, toda vez que no forman parte del marco fáctico del presente caso ante la Corte Interamericana, el mismo que es determinado por el IF emitido por la CIDH. Sin embargo, el Estado observa que el estado psicológico de la señora Cueva Torres puede ser resultado de situaciones adicionales a las relacionadas con la muerte de HLMC, como lo demuestra este otro hecho de su vida, esta vez referido a su hijo. G- Sobre la relación de Edgar Odón Cruz Acuña y su medio hermano ENCS, en el peritaje se señala que se separaron y que ENCS se quedó al cuidado del padre (p. 7). A criterio del Estado peruano ello indica que su vinculación no era tan cercana como lo refiere Edgar Odón Cruz Acuña mediante su affidávit. Asimismo, el referido peritaje indica que ENCS se trasladó a Lima en 1981 al ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que Edgar Odón Cruz Acuña fue a dicha ciudad a estudiar teología en 1985. Sin embargo, el propio peritaje señala que Edgar Odón Cruz Acuña no vivía con su hermano, ya que el primero residía en un internado, lo cual le resta credibilidad a una estrecha vinculación Sobre la relación de Edgar Odón Cruz Acuña y su medio hermano ENCS, en el peritaje se señala que se separaron y que ENCS se quedó al cuidado del padre (p. 7). A criterio del Estado peruano ello indica que su vinculación no era tan cercana como lo refiere Edgar Odón Cruz Acuña mediante su affidávit. Asimismo, el referido peritaje indica que ENCS se trasladó a Lima en 1981 al ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que Edgar Odón Cruz Acuña fue a dicha ciudad a estudiar teología en 1985. Sin embargo, el propio peritaje señala que Edgar Odón Cruz Acuña no vivía con su hermano, ya que el primero residía en un internado, lo cual le resta credibilidad a una estrecha vinculación H- En lo referente a Florentín Peceros Farfán y Nemecia Pedraza de Peceros, los padres de VSPP (p. 8), el peritaje de Viviana Valz Gen Rivera incurre en una contradicción con la declaración testimonial por affidávit de Nemecia Pedraza de Peceros. El peritaje señala que VSPP llevó a su padre a Lima para ser operado y no supieron más de él, en el mes de octubre de 1996, es decir dos meses antes de la toma de la REJP. Por su parte, Nemecia Pedraza de Peceros en su declaración testimonial indica que Víctor Salomón Peceros Pedraza desapareció en el mes de noviembre de 1995. Asimismo, el peritaje refiere que la hija de VSPP, Jenifer Solange Peceros Quispe (páginas 9 y 16), está afectada por los hechos y ha crecido lamentando no haber podido conocer a su padre. Sin embargo, carece de toda lógica que sienta la ausencia de un padre que nunca llegó a conocer y del cual no tiene ningún recuerdo, tal como lo señala el mismo peritaje. I-Asimismo, el peritaje hace referencia al reclutamiento forzoso de HLMC por miembros del MRTA en Villa Rica el 17 de octubre de 1995 (página 9). Asimismo, el peritaje señala que Herma Luz Cueva Torres, “siente una culpa enorme frente al hecho de no haber podido anticipar que algo le podía pasar (a su hija), frente al hecho de no
haber podido anticipar que algo le podría pasar, frente al hecho de no haber sabido que el reclutamiento forzado era una práctica habitual en la zona”. Al respecto, se debe señalar que el reclutamiento forzoso fue una práctica habitual, tal como el mismo peritaje lo señala, cometida por los integrantes de los grupos terroristas, pero que en ningún caso puede considerarse como imputable al Estado peruano. Asimismo, este hecho no forma parte del marco fáctico de la controversia internacional, al no estar contenida en el Informe de Fondo de la CIDH, que es la única que puede establecer los hechos materia del presente proceso.
J- El peritaje afirma que los hechos materia del presente caso se dieron en un contexto de ausencia de respuesta a las demandas de búsqueda de los familiares entrevistados (pp. 12 y 16). El Estado peruano considera que dicha afirmación es falsa, toda vez que se ha seguido ante el Poder Judicial un proceso con las garantías para el esclarecimiento de los hechos del presente caso. Muchos de los familiares entrevistados han participado en dicho proceso, brindando sus declaraciones y obteniendo respuesta a sus reclamos presentados. K- El peritaje señala que los familiares entrevistados fueron objeto de acusaciones con el objeto de sorprenderlos (p. 14). Al respecto, el Estado peruano manifiesta que dichos presuntos hechos exceden el marco
fáctico del presente proceso seguido ante la Corte Interamericana, el cual es fijado en el IF de la CIDH, y dichos presuntos hechos no están contenidos en dicho documento. Más aún, Edgar Odón Cruz Acuña, Nemecia Pedraza de Peceros y Herma Luz Cueva Torres no han referido la ocurrencia de estos supuestos hechos en sus respectivas testimoniales mediante affidávit. L- Respecto a una presunta “estigmatización” de los familiares entrevistados, el Estado peruano señala que éste no ha sido un punto abordado en el Informe de Fondo de la CIDH, la cual es la única que define el marco fáctico del presente proceso ante la Corte Interamericana y por ende no es materia del presente litigio internacional.
51. En síntesis, el Estado observa que en el peritaje de Viviana Valz Gen Rivera se han dado por ciertos
hechos que en sede judicial nacional han sido desvirtuados –como por ejemplo, la presunta ejecución extrajudicial de VSPP y HLMC–; se han evidenciado contradicciones entre las declaraciones de los familiares formuladas ante la perita y ante la Corte mediante affidávit; y se han abordado materias que no forman parte del marco fáctico de la presente controversia delimitada por la Corte IDH. Del mismo modo, en el peritaje se han evidenciado situaciones difíciles vividas por los familiares de los tres DDTT, independientes de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, que permiten afirmar que los problemas psicológicos identificados no se relacionan exclusivamente con estos últimos hechos.
2.5 Observaciones sobre las declaraciones de testigos ofrecidos por los RPV
2.5.1 Declaración de Hidetaka Ogura ante el consulado peruano
52. El Estado observa que la declaración del señor Hidetaka Ogura fue realizada en el consulado del Perú en
Japón. Sin perjuicio de las observaciones que se realizarán con relación al contenido de dicha declaración, en particular sus contradicciones con versiones anteriores, el Estado peruano considera importante que la Corte valore que no se ha llevado a cabo acto alguno que haya impedido al señor Ogura rendir su manifestación, tanto en el proceso penal en sede interna como en el ámbito del sistema interamericano. Recordemos que con relación al proceso penal en sede interna, la carta remitida por el señor Ogura al Poder Judicial peruano fue legalizada por el consulado del Perú en Japón. Del mismo modo, la declaración a través de video conferencia en el proceso penal ante la Corte Superior fue efectuada desde la misma sede. Finalmente, el señor Ogura realizó su manifestación ordenada por la Corte IDH ante el mismo consulado. Estas son evidencias claras de la intención del Estado peruano de colaborar con todas las diligencias que sean necesarias para el desarrollo de los procesos originados como consecuencia de las presuntas ejecuciones extrajudiciales de VSPP, HLMC y ENCS.
2.5.2 Declaración de José Pablo Baraybar
53. El Estado observa que la declaración de José Pablo Baraybar fue presentada de forma extemporánea, por
lo que no corresponde que la misma sea tomada en consideración por la Corte para el análisis de la presente controversia. Sin perjuicio de ello y en atención a que la Corte puede decidir aceptar la declaración con miras a contar con elementos para mejor resolver, el Estado peruano formulará comentarios con relación a dicha declaración en las secciones que corresponda.
2.5.3 Declaraciones de los familiares de VSPP, HLMC y ENCS
Sobre el contenido de estas declaraciones el Estado brindará en las secciones correspondientes
sus comentarios sobre las mismas. En este acápite corresponde advertir a la Corte que en los tres casos existen preguntas formuladas por los RPV que van más allá del marco fáctico de los hechos identificados por la CIDH en su IF, como es el caso, por ejemplo, de la presunta estigmatización de la que los familiares de los DDTT habrían sido víctimas como consecuencia de lo ocurrido en la REJP.
55. A lo expuesto debe agregarse que buena parte también de las preguntas formuladas por los RPV
y el Estado peruano se orientan a dar cuenta del grado de relación entre los DDTT y sus familiares, por lo que si son hechos que la Corte va a admitir con miras a un pronunciamiento, implicaría que un criterio a analizar en caso se ordenaran reparaciones sería el estrecho vínculo entre las presuntas víctimas y sus familiares, lo que –a su vez– implicaría un pronunciamiento expreso de la Corte respecto a los casos en que ello ha quedado acreditado y aquellos en donde tal vínculo no ha podido
ser constatado.
56. Especial atención debe darse al hecho que en ninguna de las declaraciones ofrecidas se menciona
a Lucinda Rojas Landa como compañera o conviviente de ENCS.
2.6 Observaciones sobre el peritaje ofrecido por la CIDH
57. El 3 de marzo de 2014 el Estado peruano remitió una comunicación a la Corte señalando que no ha
recibido por parte de la Corte Interamericana la traducción al español del peritaje del señor Christof Heyns solicitada por esta a la Comisión Interamericana. Tal observación se realizó por cuanto según el punto resolutivo número 13 de la Resolución del Presidente de la Corte en ejercicio de 19 de diciembre de 2013, el plazo improrrogable para que el Estado peruano presente sus alegatos finales escritos vence el 4 de marzo de 2014, con lo cual, se ha visto imposibilitado de presentar observaciones al citado peritaje.
58. De otro lado, el Estado peruano observa que la declaración del perito Cristof Heyns en su versión original,
señala que la misma se presenta en calidad de amicus curiae, cuando el mismo fue propuesto como perito por
la Comisión Interamericana. Asimismo, el Estado peruano observa que la citada declaración en su versión original incumple con el punto resolutivo tercero de la Resolución del Presidente de la Corte en ejercicio antes mencionada, por cuanto la misma requirió a los representantes que coordinen y realicen las diligencias necesarias
para que, una vez recibidas las preguntas de la contraparte (en este caso, del Estado peruano), los declarantes y peritos propuestos incluyan las respuestas respectivas en sus declaraciones. Sin embargo, de una lectura de la declaración en su versión original, se observa que el citado perito no responde a las preguntas formuladas por el Estado peruano en su comunicación de 3 de febrero de 2014.
2.7 Diligencia de reconstrucción de los hechos
59. Al respecto, el Estado desea presentar los siguientes comentarios.
2.7.1 Las diligencias efectuadas en los tribunales nacionales
60. En el curso de las investigaciones emprendidas por las autoridades judiciales, el Estado peruano realizó
tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal militar, sendas diligencias con propósito similar de contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Así, con fecha 20 de julio de 2002 se materializó la diligencia de Inspección Judicial conducida por el Tercer
Juzgado Penal Especial del Poder Judicial en la edificación de la réplica de la residencia del embajador de Japón en el
Perú, situada en las instalaciones de la Primera División de Fuerzas Especiales del Ejército Peruano en el distrito Chorrillos, Lima. En dicha diligencia se filmó la actuación de dicho medio probatorio y se tomaron fotografías.
62. Con posterioridad, se realizó otra diligencia de Reconstrucción de los hechos, conducida por la Vocalía de
Instrucción del Consejo Supremo de Justicia Militar, con fecha 3 de junio de 2003, en el mismo lugar señalado en el párrafo anterior, como parte de las investigaciones que emprendió el Juzgado militar en el proceso abierto por los delitos contra el derecho de gentes, abuso de autoridad y homicidio calificado. En ella se citó a los representantes de la parte civil, como se puede apreciar en la resolución de fecha 27 de mayo de 2003 de notificación de la realización de la diligencia a la abogada Gloria Cano Legua en su oficina, dirección de la Asociación Pro Derechos Humanos, que recibió dicha notificación con fecha 29 de mayo de 2003 (foja 2,647 del expediente del proceso militar, tomo IV, entregado por el Estado).
2.7.2 El Principio de inmediación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
63. Es un principio general de Derecho que las partes deben probar los hechos que alegan y un tribunal que puede
disponer la actuación de medios probatorios se encuentra facultado para conocer de modo directo dichas actuaciones procesales. En materia penal, civil, laboral o de otro orden en el derecho interno, el principio de inmediación permite al magistrado acceder sin intermediarios a la producción de la prueba y a que se forme convicción de los hechos en controversia. Así, Abreu, refiriéndose a este principio ante la Corte Interamericana señala que:
“La evacuación o desahogo de la prueba en el procedimiento ante la Corte Interamericana, tiene lugar en la fase oral del proceso, en la audiencia que, con tal propósito fije el Presidente (…)” 6
64. Adicionalmente a lo afirmado por el ex magistrado de la Honorable Corte, también el Reglamento de la
misma, en desarrollo del principio de libertad probatoria, establece en su artículo 58 que se regulan diligencias probatorias de oficio, así dispone que ella podrá: “Procurar de oficio toda prueba que considere útil y necesaria” (inciso a). Igualmente, el tribunal podrá: “Comisionar a uno o varios de sus miembros para que realicen cualquier medida de instrucción, incluyendo audiencias, ya sea en la sede de la Corte o fuera de ésta” (inciso d).
2.7.3 El principio de inmediación en el presente caso.
65. La diligencia de Reconstrucción de los Hechos fue propuesta por el Estado peruano en su contestación al
Informe de fondo de la Comisión y en la presentación de sus observaciones al Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas de los representantes de las presuntas víctimas. Ello debido a que la Comisión en los párrafos 152 y 163 del Informe N° 66/11 y los representantes de las presuntas víctimas han sostenido que se habría desplegado el uso de la fuerza sin respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, sin que limitaran su alegación únicamente a las presuntas ejecuciones de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Víctor Salomón Peceros Pedraza y Herma Luz Meléndez Cueva. Tenía como objeto original permitir a la Corte verificar los diversos aspectos relacionados con el uso de la fuerza durante la planificación y ejecución del Operativo de Rescate de Rehenes “Nipón 96”, que habría tenido como resultado el rescate con vida de 71 de los 72 rehenes privados de su libertad durante 126 días por catorce miembros del MRTA. En particular, el Estado buscó que la Corte pueda corroborar la situación extrema que afrontaron los rehenes durante dicho período de cautiverio; corroborar el nivel letal del armamento que habrían utilizado las dos partes en conflicto, a fin de evaluar el respeto de los estándares del DIH y DIDH en materia de uso de la fuerza por parte de los agentes estatales que participaron en el operativo 7 .
66. La Corte consideró que esta diligencia podía ser concebida dentro de las “medidas de instrucción” que
podía ordenar “como un medio de prueba que permita formar la convicción sobre determinados hechos o
circunstancias objeto de la litis que se encuentran en controversia (…)”. 8
67. La Corte es la que determinará si el Estado violó ciertas disposiciones de la Convención Americana en
perjuicio de las tres presuntas víctimas, con lo cual la pertinencia de este medio probatorio “atiende a la necesidad de una constatación del ámbito físico-espacial en el cual sucedieron para determinar judicialmente si los mismos pudieron ocurrir en los términos alegados y de conformidad con los
elementos de prueba que obran en el proceso ante la Corte” 9 . Esta parte considera que la aceptación de la realización de la diligencia por la Corte ha sido una medida que amplía la gama de medios probatorios con las que se encuentra en mejor posibilidad de conocer y evaluar los hechos y el derecho, como ha argumentado en la Resolución de convocatoria, resultaba útil y necesaria 10 .
68. Esta diligencia, como dispuso el Presidente de la Corte en ejercicio para este caso, contó con la
participación de los representantes de las presuntas víctimas, de la Comisión Interamericana y del Estado, con lo cual aseguró el principio del contradictorio y la igualdad procesal de las partes, como se verificó el día 24 de enero de 2014, en la ciudad de Lima. La diligencia se desarrolló siguiendo la
disposición de la Corte de contar con un programa de la diligencia que incluía las secuencias o estructura de la misma, expuesta en la Nota CDH-12.444/148 de fecha 20 de enero de 2014.
6 Abreu Burelli, Alirio. La prueba en los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, En: El sistema interamericano de
protección de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI, tomo 1. San José, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2001, pág.
7 Punto considerativo 3 de la Resolución de fecha 6 de noviembre de 2013 del Presidente en ejercicio para el presente caso, sobre solicitud
de diligencia de “Reconstrucción de los hechos”.
8 Ibídem, punto considerativo 10.
9 Ibídem, punto considerativo 12.
10 Ibídem, punto considerativo 15.
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