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Timestamp: 2018-12-10 06:36:30+00:00

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Corte suprema de justicia sala de casación civil ariel salazar ramírez magistrado ponente stc14067-2015 Radicación n.° 17001-22-13-000-2015-00204-01
STC14067-2015
Radicación n.° 17001-22-13-000-2015-00204-01
(Aprobado en sesión del trece de octubre de dos mil quince)
Bogotá, D. C., quince (15) de octubre de dos mil quince (2015).
Decide la Corte la impugnación formulada contra el fallo proferido el once de junio de dos mil quince por la Sala civil-familia del Tribunal Superior de Manizales, dentro de la acción de tutela promovida por Luz Marina Sierra Gallego contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales, actuación a la que se ordenó vincular a José Miguel, José Humberto, Blanca Ofelia, Héctor Darío, Gloria Isabel, María Eugenia, María Nelly, Luz Stella, Ana Leonilde Sierra Castro, Silvano Santafé, Ángela María Sierra Gallego, el Registrador de Instrumentos públicos de Manizales y la Superintendencia de Notariado y Registro, Subdirección de Apoyo Jurídico Registral.
La ciudadana solicita el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por la entidad judicial accionada con ocasión de la sentencia proferida dentro del proceso divisorio promovido en su contra, como quiera que tal decisión la despojó de la vivienda, elementos y cultivos que ha ocupado y construido durante más de 20 años; así como asignó lotes con un área inflada artificialmente sin apoyo en documentos catastrales. Providencia que por sus defectos se ha negado la Oficina de Instrumentos Públicos a registrar, en especial, por presentar incongruencia en los linderos de los predios objeto de litigio.
Solicita, en consecuencia, se ordene rehacer la partición dispuesta en la referida determinación. [Folio 24 a 27 c.1]
1. Alba Lucia Sierra Chisabas, Blanca Ofelia, Ana Leonilde, Héctor Darío, Silvano Santafe, María Nelly, María Eugenia, Gloria Isabel y Luz Stella Sierra Castro demandaron a José Miguel Sierra Castro, José Humberto Sierra Castro, Ángela María Sierra Gallego, Margarita Gallego Ceballos y Luz Marina Sierra Gallego, acá accionante, a fin de que se ordenara la división de los predios agrarios denominados Quebrada Negra y la Lucila, identificados con folios de matrícula Nos. 100-120896 y 100-1045, ubicados en la vereda La Laguna del municipio de Villamaría (Caldas).
2. El asunto correspondió al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales, que en proveído de 3 de junio de 2003 admitió la demanda y decretó la inscripción de la misma.
3. Notificados los demandados no se opusieron a las pretensiones, pero manifestaron que optaban por la adjudicación de sus derechos y en concurrencia de sus cuotas partes, así como solicitaron el reconocimiento de mejoras.
4. En virtud de lo anterior en auto de 29 de junio de 2004, se indicó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil, se tramitaría en incidente la petición de la pasiva.
5. En determinación de 29 de octubre de 2008, se resolvió el trámite incidental, denegando el «reconocimiento de mejoras».
6. Contra dicha decisión el extremo pasivo interpuso recurso de apelación, el cual se declaró desierto el 3 de diciembre de 2008, luego de que no se cancelaran las copias para que se surtiera.
7. Surtido el rito correspondiente, en providencia de 15 de diciembre de 2008, se decretó la división material de los inmuebles objeto de litigio y en consecuencia, se ordenó el avaluó de éstos y se advirtió a las partes para que designaran partidor.
8. En proveído de 28 de mayo de 2009, al no indicar algún experto los extremos del litigio, el Despacho nombró a un auxiliar de justicia para que realizara la división.
9. El 17 de julio de 2012, la profesional nombrada allegó la partición y la adjudicación.
10. En auto de 2 de agosto de 2012, se corrió traslado del mencionado trabajo de conformidad con lo establecido en el artículo 482 del estatuto procesal.
11. La tutelante, presentó objeción sustentada en que en que los linderos y la identidad de los predios diferían de las señaladas en catastro y registro; además que se desconocía que ella llevaba poseyendo su cuota parte en el predio «La Lucila» y el usufructo total de la única casa de habitación y cultivos desde hace más de 20 años, por lo que debieron consultarle sobre cómo realizar la división.
12. En providencia de 25 de junio de 2013, se ordenó imprimirle trámite incidental a la réplica hecha por la pasiva.
13. El 27 de febrero de 2014, se profirió sentencia en la en la que se declaró no acreditada la oposición de la accionante y se aprobó en todas sus partes «el trabajo de partición y adjudicación», en consecuencia, se dispuso la inscripción del fallo y la apertura de los correspondientes folios de matrículas para cada uno de los segregados de los predios.
14. Seguidamente la parte demandada presentó solicitud nulidad contra lo dispuesto en providencia anterior, con sustento en el artículo 133 del Código General del Proceso, porque se omitió la práctica de pruebas que según la Ley son obligatorias.
15. En auto de fecha 12 de junio de 2014 el juzgado no accedió a lo requerido, por lo que se interpuso recurso de apelación, el cual el despacho negó por no ser procedente.
16. Contra esta última decisión se interpuso reposición y en subsidio queja, por lo cual en proveído del 25 de agosto se dispuso no reponer el auto recurrido y se declaró precluido el término del retiro de copias para el trámite de la segunda.
17. Posteriormente, se presentó la sentencia ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Manizales, para su registro, autoridad que se abstuvo de hacerlo por existir incongruencias en la cabida y linderos de los inmuebles; respecto a dicha decisión se interpuso reposición y en subsidio apelación.
18. Mediante Resolución del 20 de octubre de 2014 se mantuvo la decisión y se concedió la alzada en el efecto suspensivo.
19. La Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro a través de acto administrativo de fecha 8 de mayo de 2015, confirmó la anterior determinación.
20. En criterio de la promotora del amparo, considera que se quebranta sus derechos fundamentales, toda vez que la sentencia emitida por la autoridad accionada no se encuentra ajustada a derecho, pues la despojó de la vivienda, elementos y cultivos que ha ocupado y construido durante más de 20 años; así como asignó lotes con un área inflada artificialmente sin pruebas documentales que así lo determinaran.
Providencia que por sus defectos se ha negado la Oficina de Instrumentos Públicos a registrar, en especial, por presentar incongruencia en los linderos de los predios objeto de litigio.
1. El 29 de mayo de 2015 se admitió la acción de tutela, y se ordenó el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 29, c.1]
2. El juez accionado remitió copia del expediente e informó que por haber tomado posesión del cargo recientemente desconoce el sustento fáctico del mismo.
El Registrador de Instrumentos Públicos de Manizales allegó copia de los escritos presentados en otras acciones de tutela y de la Resolución que confirmó la decisión de no inscribir la sentencia y en la que concedió la apelación.
El superintendente de Notariado y Registro aludió que carece de competencia, teniendo en cuenta que los registradores son autónomos en su función registral.
3. El Tribunal Superior de Manizales, en fallo del 11 de junio de 2015, negó la protección constitucional solicitada, teniendo en cuenta que no se cumple con el principio de subsidiariedad.
4. Por estar en desacuerdo con la decisión, la tutelante impugnó el fallo sin sustentar su inconformidad.
1. Cuando el artículo 86 de la Carta Política creó la acción de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano para reclamar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que éstos fueran vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de «otro medio de defensa judicial», salvo que la acción se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que sólo procede ante la ausencia de un instrumento jurídico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violación o amenaza, y por lo tanto, no puede considerársele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneración, pues su finalidad no consiste en remplazar los trámites establecidos por el legislador para la protección de los derechos de los ciudadanos.
En armonía con esos postulados, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que regula la acción de tutela, estableció las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de «otros recursos o medios de defensa judicial», dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como «mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable», advirtiendo eso sí que la existencia de esos medios sería apreciada «en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante».
2. En este asunto, la Sala advierte que la solicitud de amparo en relación a que la sentencia la despojó de la vivienda, elementos y cultivos que ha ocupado y construido durante más de 20 años, así como la adjudicación inequitativa, no atiende el comentado principio de subsidiariedad, porque la accionante tuvo a su alcance otro medio de defensa idóneo para exponer sus inconformidades.
En efecto, la parte actora tuvo la oportunidad de censurar el fallo que aprobó la partición dictada por el Juez Tercero Civil del Circuito de Manizales a través del medio de impugnación consagrado en el artículo 351 del ordenamiento adjetivo, a cuyo tenor: «son apelables las sentencias de primera instancia, excepto las que se dicten en equidad y las que las partes convengan en recurrir casación per saltum, si fuere procedente este recurso».
Sin embargo, la reclamante no interpuso el señalado recurso, con lo que dejó de utilizar un medio defensivo que podía ejercer al interior del proceso, idóneo por su naturaleza, para esgrimir la argumentación en la cual edifica su inconformidad, y a fin de provocar el pronunciamiento del superior funcional en relación con la problemática planteada y lo decidido por el a-quo.
Deviene, entonces, ostensible, que si el promotor de este excepcional trámite no agotó el señalado mecanismo de impugnación contemplado en la ley, no puede pretender que por medio de la queja constitucional se provea la solución de la controversia, la que correspondía dirimir al juez natural a través del recurso que dejó de formular, pues la acción resulta improcedente para revivir actuaciones judiciales válidamente concluidas, así como oportunidades o términos que se dejaron expirar.
3. Por otra parte, respecto a la inconsistencia que presuntamente existe en los linderos de los bienes y la que ha impedido que se inscriba la sentencia, tampoco se reúne el mencionado principio de subsidiariedad, pues de la revisión del expediente, se observa que la tutelante no ha acudido ante el juez accionado con el propósito de plantear dicha queja y, por el contrario, acudió directamente a este mecanismo excepcional, soslayando de tal manera los cauces ordinarios y la competencia del juzgador que conoce de su proceso.
Lo anterior, porque la tutelante, puede solicitar al Juzgado accionado que se corrijan los errores en los que se hubiese podido incurrir en los linderos de los bienes objeto de partición, a efectos de que coincidan con los reales.
Por manera que sin agotar el indicado instrumento previamente a acudir a la tutela, la utilización de la misma como sustituto de ese mecanismo defensivo atenta contra los pilares en que se edifica la primera, porque desconoce su específica naturaleza residual.
4. Finalmente, en relación al reclamo sustentado en que la Oficina de Instrumentos Públicos no ha inscrito la sentencia por cuanto la cabida y los linderos no coinciden, con los que se encuentran en catastro, el legislador ha dispuesto otro medio de defensa judicial a favor de la solicitante de la protección, en presencia del cual el amparo se torna improcedente.
En efecto, si ésta considera que la referida entidad no ha acatado lo dispuesto por la autoridad judicial lo que impide que sus derechos se protejan, la promotora de la acción puede solicitar al fallador que haga cumplir su orden ejerciendo los poderes disciplinarios con los que cuenta, consagrados en el artículo 39 del Código de Procedimiento.
Al tenor del precepto señalado, se establece que: «El juez tendrá los siguientes poderes disciplinarios: 1. Sancionar con multas de dos a cinco salarios mínimos mensuales a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución», facultad con la que el juzgador, como máxima autoridad responsable del proceso, puede garantizar el normal desarrollo del trámite, la realización de todos y cada uno de los derechos de quienes ante él acuden.
De ahí, que si no se ha presentado el mencionado instrumento previamente a acudir a la tutela, no es posible acceder al amparo, porque se desconocería su específica naturaleza residual.
Se ha insistido en que de acuerdo con los principios que gobiernan el amparo, puede recurrirse a aquél en defensa de garantías superiores quebrantadas únicamente ante la ausencia de una herramienta jurídica eficaz para su salvaguarda, de ahí que si el accionante aún puede utilizar alguna que haya sido instituida en el ordenamiento jurídico, la petición encaminada a obtener la protección través del pronunciamiento en esta sede, no puede ser atendida en virtud de la previsión contenida en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
5. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en primera instancia.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia señaladas.
Notifíquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes; y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

References: artículo 472
 artículo 482
 artículo 133
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 86
 artículo 6
 artículo 351
 artículo 39
 artículo 6