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Timestamp: 2018-04-24 05:01:53+00:00

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Creado en Jueves, 22 Junio 2017
El abogado Juan Carlos Moncada, de la firma Moncada Abogados, presenta un crítico análisis de cómo los jueces y el Estado miran de reojo la autonomía universitaria y se presentan contradicciones entre lo consagrado en la Constitución y las Leyes. Muestra como ejemplo lo sucedido con la UNAD.
1) Autonomía universitaria en Colombia
En 1992, se expide la Ley que organiza el servicio público de la educación superior (Ley 30 de 1992). Por primera vez, hay una declaración del Congreso de garantizar la autonomía universitaria, pero el Estado se reserva la potestad de velar por la calidad de la educación superior. Entran los conceptos de autonomía personal, libertad de pensamiento y pluralismo ideológico, en cambio de la tradición confesional.[1] Se exige una especie de lealtad institucional consistente en “promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional” y a cooperar para que “las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades.”
Aparece el CESU para morigerar el poder del Ministerio de Educación y se adopta, al fin, un concepto legal de autonomía: “Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.” Y a pesar de lo anterior, la misma ley dice como se tiene que integrar el Consejo Superior, con lo cual nuevamente se borra con el codo lo que se hace con la mano.
Se establece el principio de la indelegabilidad (art. 32), con excepción de las tareas de inspección y vigilancia por parte del Presidente de la República.
El ejercicio de la inspección y vigilancia va acompañado por una advertencia categórica sobre la autonomía universitaria condicionando esa competencia a la “inmediata asesoría del CESU”, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, integrado por funcionarios públicos pero también por rectores, comunidad académica, estudiantes y representantes del sector productivo, de manera que ya no se deja al Ministerio de Educación el trabajo de inspeccionar y vigilar en solitario, sino que una instancia de marcado ambiente universitario interviene para organizar sistemas de acreditación, exámenes de estado, requisitos de creación y funcionamiento de programas académicos, suspensión de personerías jurídicas, creación de instituciones de educación superior, etc. Queda el CESU inclusive con facultades para reglamentar la materia, con lo cual se limita la capacidad regulatoria del Ministerio.
Al ICFES, se le asignan tareas concibiéndose como una especie de brazo operativo del CESU, así como las propias del Estado de fomentar, coordinar, colaborar, y promover en diversos aspectos de la educación superior, todo ello en un ambiente de autonomía universitaria, pues su junta directiva integra no solo funcionarios estatales sino rectores.
Las sanciones para instituciones de educación superior no pueden aplicarse sin intervención del CESU: “las sanciones a que se refieren los literales d), e), f) y g) del artículo anterior, solo podrán imponerse previo concepto del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) por el Ministro de Educación Nacional”.
Y en cuanto a la naturaleza jurídica, se les asignan las siguientes características: “Personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden./El carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales comprenderá la organización y elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen financiero y el régimen de contratación y control fiscal, de acuerdo con la presente Ley.” (art 57)
Las universidades quedan sujetas únicamente a la Ley 30, sus estatutos y reglamentos entonces no deberían depender ya de reglamentos gubernamentales o de las más variadas leyes. Tal vez, a cambio, la ley resolvió incluir a tres funcionarios públicos en el consejo superior de las universidades: el Ministro, el Gobernador y el Presidente. Se les dio régimen contractual privado, así como la obligación de enseñar la constitución y enviar sus estatutos a las autoridades de educación para lo de su competencia en inspección y vigilancia.
2) Límites a la autonomía universitaria
Nuestros jueces miran de reojo la autonomía universitaria, con desconfianza; la administración pública sospecha de las universidades y el Congreso reconoce márgenes de autonomía con escepticismo y pesar, como si se tratara de una concesión, y que siempre está dispuesto a recoger tales concesiones en función de la política y las exigencias mediáticas.
Al revisar los debates judiciales de los últimos 20 años en los que ha estado envuelta la universidad, la conclusión es que los jueces colombianos no están seguros de dar cédula de ciudadanía a la autonomía universitaria. Encontramos varias expresiones de esa desconfianza:
- Dudan en oponer la autonomía universitaria a tutelas que pretenden modificar la estructura de programas académicos (Corte Suprema de Justicia STL12296-2014).
- Todavía conciben como natural que funcionarios de la administración pública hagan parte de los consejos superiores de las universidades, o consideran que Ministros y Gobernadores puedan, además, delegar en instancias inferiores su presencia en tales consejos (Consejo de Estado. SI E 47001-23-33-000-2012-00029-01 de 2015)
- Se permiten dudas acerca del alcance del deber de informar al Ministerio de Educación las reformas estatutarias y, de si tales envíos, tienen propósitos “informativos“ o “convalidatorios”.
- Están mucho más atentos a fijar linderos a las universidades que a comprometerse con el alcance de la autonomía universitaria. Demasiadas y frecuentes afirmaciones según las cuales las universidades “no son el órgano superior del Estado”, o según las cuales “la ley no les concede un ámbito ilimitado de competencias” (Corte Constitucional: Sentencia C-008-01)
- Titubean para decir si las universidades pueden autoregularse disciplinariamente: “ni el Código Disciplinario puede extenderse de tal manera que haga nugatoria esa autonomía de las universidades, ni ésta puede llegar a desconocer la sujeción a la legalidad” (Corte Constitucional: C-829/02 y C 879/14)
- Niegan decididamente la autonomía regulatoria en los reglamentos estudiantiles o en los procedimientos internos dentro de las universidades, alegando que tal autonomía debe ser ejercida dentro del “régimen democrático y constitucional”, formula misteriosa que en mi opinión no busca nada distinto que estandarizar el procedimiento interno de las universidades con el procedimiento interno de las demás entidades estatales que no tienen autonomía. (Corte Constitucional, T-141/13, T-041/09, T-465-10, T-056/11, T-039/11 y T-068-12)
- Frecuentemente reconocen a las universidades “un amplio espectro de autonomía”, sin precisar cuál es ese amplio espectro, para luego advertir con sonora gravedad que “esa autonomía, sin embargo, no es ilimitada” (Corte Constitucional: T-141/13)
- Cuántas dudas albergan nuestros jueces sobre la autodeterminación de las universidades en la destinación de sus bienes: “la autonomía universitaria no puede ser comprendida en términos de soberanía universitaria”, por lo que “no toda regulación legal que afecte el presupuesto, la administración, el gobierno o la disposición de los bienes de las universidades públicas puede ser entendida, per se, como una vulneración de la autonomía universitaria.” (Corte Constitucional, C-452-06)
- El artículo 69 de la Constitución determina que “la ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado”. A pesar de ello, ¿Cuántas leyes de diverso orden han querido aplicar nuestros jueces a las universidades? Fíjense que apenas hace seis meses se logró que el Consejo de Estado admitiera que a las universidades no se les aplican las reglas de publicación de actos administrativos del resto de las entidades estatales, y 25 años después de expedida la Constitución, al fin se reconoció que el artículo 69 les permitía fijar sus propias reglas. Me pregunto: Si las universidades tenían que someterse solo a ese régimen especial de educación superior, ¿a qué vienen las disertaciones de nuestros jueces diciendo que también se someten a leyes especiales de inspección y vigilancia, a las leyes que rigen la prestación de servicios públicos, a leyes que regulan derechos fundamentales y leyes que satisfacen la competencia de libre configuración legislativa del legislador? Un comentario en este punto: ¿Qué necesidad había de declarar entonces la autonomía universitaria en el artículo 69 de la Constitución, si las universidades iban a estar sometidas a todas las leyes habidas y por haber de nuestro parlamento? (Corte Constitucional, C-704 de 2010)
- Y no es que se desconozca que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación tal como lo ordena el artículo 67 de la Constitución, es que cuando se ejerce esa función sobre las universidades, la misma se debe circunscribir a la verificación de las condiciones en que se presta el servicio, y si acaso, imponer sanciones o acudir a los entes de control competentes, sin que ello implique coadministrar o irrespetar la autonomía universitaria[2]. En otras palabras: es en cumplimiento de la inspección y vigilancia que se debe tener cuidado de no menoscabar la autonomía universitaria y no a la inversa, como se desprende de las primeras sentencias de la Corte Constitucional sobre la materia. (Sentencia T-492 de 1992. M.P.: José Gregorio Hernández Galindo),
- Dudan para hacer valer la autonomía universitaria cuando una ley impone a las universidades tareas pedagógicas ajenas a su misión, como una que imponía jornadas para promover la cultura de la donación. En ese caso la Corte Constitucional dijo que era inconstitucional la norma; pero aprovechó para recordar que la autonomía universitaria no era equivalente a “soberanía educativa”, y aprovechó para advertir que regulaciones de ese tipo sí eran viables si de lo que se trataba era de alcanzar propósitos constitucionales de “particular trascendencia”, vaya uno a saber cuál es el alcance de esa expresión (C-810-03)
- No dudan nuestros jueces en decir que no solo la ley, cualquier ley, puede condicionar o limitar la autonomía universitaria, sino también el reglamento: “corresponde a la ley fijar los parámetros generales orientados a asegurar una educación de calidad, los cuales deben definir unos criterios claros a partir de los cuales quepa una ulterior concreción por el gobierno, en ejercicio de la potestad reglamentaria.” (Corte Constitucional, C-829/10)
- Incurren en una contradicción al decir que las universidades tienen autonomía organizativa al mismo tiempo que se afirma que la organización y elección de las directivas es un asunto de ley.
- Nos confunden los jueces al afirmar que la autonomía permite crear a las universidades sus propios reglamentos, pero que tal regulación no puede desconocer el núcleo esencial del derecho a la educación y el acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Uno se pregunta: ¿no es acaso el acceso y permanencia en el sistema aquello que están llamadas a regular las universidades con autonomía y siguiendo su propia lógica? (Corte Constitucional, T-068/12 y T-083/09)
- Con mucha razón se ha planteado que, si el artículo 69 permite el autogobierno a las universidades, la consecuencia obligada sería que las universidades pueden regular sobre su propio gobierno, incluso sin presencia de agencias estatales. Pero no, nuestros jueces argumentan que, en ese caso, las universidades actuarían como “células aisladas” (Corte Constitucional, C-1019/12)
2) Logros de la UNAD ante el Consejo de Estado
Fallo del 26 de noviembre de 2015 (medio de control electoral sobre el acto de elección del Señor Jaime Alberto Leal Afanador - Rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia)
El Ministerio de Educación Nacional, por intermedio de apoderado judicial, interpuso demanda de nulidad electoral contra el Acuerdo No. 020 del 28 de noviembre de 2014, por medio del cual se eligió al señor Jaime Alberto Leal Afanador como Rector de la Universidad Nacional Abierta y Distancia -en adelante UNAD- para el período 2015-2019, puesto que, a su parecer, no se dio la publicidad establecida en la Ley 489 de 1998, entendida como la obligación de publicar los actos proferidos por las Universidades en el Diario Oficial.
Al respecto, el Consejo de Estado concluyó:
- Con fundamento y prevalencia en el principio de autonomía universitaria, las Universidades pueden establecer sus normas internas frente a las generales a la hora de establecer los parámetros de divulgación de sus decisiones y, en consecuencia, el Acuerdo No. 013 del 2 de septiembre de 2014 podía publicarse en un diario de amplia circulación nacional y en la página web de la universidad.
- De conformidad con la jurisprudencia que la Corte Constitucional[3] ha proferido respecto al principio de autonomía universitaria, se concluyó que con aquel principio se pretendía dotar de independencia e imparcialidad a los entes autónomos para lograr en mejor medida su fin último, esto es, la educación.
- Se coligió que “las potestades de escoger sus autoridades, seleccionar sus profesores, administrar su presupuesto, etc. tienen sentido en la medida en que posibilitan que la actividad académica se realice sin ninguna interferencia externa que pueda comprometer su imparcialidad. En consecuencia, las universidades públicas están regidas, en el marco de su autonomía, por la Constitución y por la ley, siempre que esta última no comporte una injerencia indebida a la autonomía que detenta”.[4] (Negritas en original).
- Se señaló que ninguna de las disposiciones contenidas en la Ley 489 de 1998 son aplicables a los entes universitarios autónomos, en razón a que el artículo 40 ibídem determinó que los “organismos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política se sujetan a las disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes”.
- Finalmente, se puso de presente que en el evento en el que los entes universitarios autónomos contaran con disposiciones internas relacionadas con el procedimiento para elegir a sus autoridades, las normas contenidas en la primera parte del C.P.A.C.A., especialmente el artículo 65, resultarían inaplicables para dichas entidades.
- En suma, la Sección Quinta rectificó su jurisprudencia en lo que concierne a la publicación en el Diario Oficial de los actos generales proferidos por las universidades y concluyó que “la publicación de los actos administrativos proferidos por las Universidades -de carácter general- en el Diario Oficial no es obligatoria.”
Auto del 15 de septiembre de 2016 (decreta medida cautelar de suspensión de las medidas preventivas adoptadas en contra de la UNAD en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio 2015)
En el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido por la UNAD en contra de de la Resolución 12010 de 2015 del MEN (por la cual el MEN adoptó medidas preventivas en contra de la UNAD), a través del auto del 15 de septiembre de 2016, la Sección Primera del Consejo de Estado hace un recuento de los 18 hallazgos levantados por el Ministerio de Educación con los cuales motiva el precitado acto administrativo, para concluir de manera tajante que, estos no tienen la virtualidad ni menos la gravedad para atentar contra la continuidad del servicio educativo prestado por la Universidad, contando, además, que algunos de los hallazgos vulneran la autonomía universitaria.
A continuación, se presentan las conclusiones más relevantes de esta Alta Corte en torno a la protección de la autonomía universitaria:
- Los 18 hallazgos no tienen la virtualidad ni menos la gravedad para atentar contra la continuidad del servicio educativo prestado por la Universidad. Además, algunos de los hallazgos vulneran la autonomía universitaria:
“Esta Sala Unitaria, en la presente etapa procesal previa, considera que ninguno de los hallazgos o irregularidades en los que se fundó el Ministerio de Educación Nacional para expedir las Resoluciones demandadas, constituye un peligro para la continuidad de la prestación del servicio educativo en la UNAD o para las finanzas y recursos de la misma y mucho menos interfiere o menoscaba la calidad académica brindada en dicha Institución, ya que se reducen a irregularidades ínfimas y de fácil subsanación, que, incluso, de ser ciertas ni siquiera reflejarían una situación estructural grave o inquietante que amerite la imposición de una carga de la magnitud de las medidas preventivas dispuestas en el artículo 10º de la Ley 1740 de 2014.” (Negrilla y subrayas fuera de texto).
- La imposición de medidas preventivas sobre la Universidad, desconocen la autonomía universitaria al pretender introducir, a modo de recomendación o conminación, cambios sustanciales en aspectos propios como lo son la forma y requisitos para escoger sus directivas o, controvertir su reglamentación interna:
“Este primer análisis de legalidad permite advertir que los actos administrativos demandados desconocen, en primera medida, el propio fundamento normativo en el que se sustentan, es decir, el artículo 10º de la Ley 1740 de 2014, pero ahondando en el estudio de los mismos, también se observa una violación palpable del artículo 69 de la Constitución Política que reconoce y protege la autonomía universitaria, al intentar introducir, a modo de recomendación o conminación, cambios sustanciales en aspectos propios y esenciales de dicho principio, como lo es la forma y requisitos para escoger a sus directivas o controvertir reglamentaciones internas que le competen a las Universidades en el ejercicio de sus funciones de auto-gobierno.”(Negrilla y subrayas fuera de texto)
Los hechos que dieron lugar a la imposición de medidas preventivas sobre la universidad, en ningún momento ponen en peligro o impiden la prestación del servicio educativo en la Universidad, sus recursos o la calidad académica de la misma:
“En lo que respecta a los hallazgos núms. 5[5], 7[6], 8[7] 15[8], 17[9] y 18[10], esta Sala Unitaria considera que aún si se demostrase su veracidad, lo cual será objeto de análisis en el desarrollo del presente proceso, no tienen la entidad o magnitud para poner en peligro o impedir la prestación del servicio educativo en la Universidad UNAD o sus recursos y mucho menos la calidad académica de la misma, requisitos sin los cuales no proceden las medidas preventivas impuestas, como ya se explicó, pues se trata de situaciones absolutamente marginales que no denotan ningún problema estructural en la Institución,[…]” (Negrilla fuera de texto)
- La conminación hecha por el Ministerio de Educación para integrar el Consejo Académico es una clara intromisión al principio constitucional de la autonomía Universitaria:
“La recomendación dada por el Ministerio de Educación Nacional para subsanar o remediar este hallazgo, que como bien lo explicó la UNAD, no constituye irregularidad alguna, refleja una intromisión en la autonomía universitaria, ya que se la conmina a implementar mecanismos para constatar la integración del Consejo Académico, desconociendo que éste siempre ha estado debidamente integrado y que las ausencias de algún miembro han sido eminentemente temporales por cuestiones que no se relacionan con la carencia de reglamentación interna, sino porque, por ejemplo, como ya se dijo, no ha sido nombrado en la planta de personal de la Universidad al momento de llevarse a cabo alguna reunión.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
- La Sección Primera resaltó que la más simple insinuación sobre la composición del máximo órgano de la Universidad, así como de los requisitos que debe exigir la institución para los funcionarios que lo componen, son una clara e inequívoca intromisión al principio de la autonomía universitaria:
Así mismo, cabe resaltar que el hecho de que el Ministerio de Educación Nacional no esté de acuerdo con lo establecido en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la UNAD, no le da la facultad para promover, vía conminación o recomendación impositiva, la reforma de un estatuto interno que solo le compete a la respectiva Universidad, como garantía de su autonomía, independencia y auto-gobierno, por lo tanto cualquier injerencia en esta materia, por mínima que parezca, constituye una conculcación flagrante del artículo 69 constitucional y a la esencia de la Ley 30 de 1992.“ (Negrilla fuera de texto)
- La Sección Primera reconoce la existencia y la legalidad de la UNAD Florida como seccional de la Universidad, así, contrario a lo que ha afirmado el MEN, reconoce que en dicha seccional si se desarrollan actividades académicas e investigativas y, además trae a colación los fallos proferidos por tanto por la Procuraduría General de la Nación como por la Contraloría General de la República, como fundamento del vínculo entre la UNAD Florida y la UNAD en Colombia:
“Es menester resaltar que los entes de control (Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República), en pronunciamientos que se traerán a colación más adelante, ya habían reconocido que la UNAD Florida no es un tercero que actúa con independencia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, sino que se trata de una Seccional de su propiedad que fue creada y estructurada bajo su arbitrio.
Lo anterior reafirma el argumento de que el Ministerio de Educación Nacional desconoció los estatutos de la Universidad UNAD y fundó las Resoluciones demandadas en situaciones que de ninguna manera ameritan la imposición de medidas preventivas, contradiciendo lo ordenado en el propio artículo 10º de la Ley 1740 de 2014.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
- Auto del 06 de abril de 2017 (confirma la medida cautelar de suspender los efectos de la Resolución 12010 de 2015 por la cual se adoptan medidas preventivas para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD” y 05156 de 18 de marzo de 2016 “Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 12010 de 3 de agosto de 2015”, ambas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional)
La Sección Primera del Consejo de Estado confirma la medida cautelar de suspender los efectos de la Resolución 12010 de 2015 por medio de la cual impone medidas preventivas para la Universidad, pues, a su parecer:
- Ninguno de los 18 hallazgos comportan una situación que ponga en riesgo o afecten la continuidad o calidad de la prestación del servicio de educación y, mucho menos, la estabilidad financiera de la Universidad. Tampoco son sistemáticos ni tampoco recurrentes, por el contrario, se refieren a circunstancias puntuales, episódicas y aisladas que no muestran una problemática que por su envergadura amerite adopción de las medidas preventivas, pues esa situación implica la restricción de la autonomía universitaria de la Universidad.
- El límite del ejercicio de la función de inspección y vigilancia de la educación superior es la autonomía universitaria, puesto que, en ejercicio de dicha función el Ministerio de Educación Nacional no puede desconocer ni reducir el ámbito de aplicación de ese principio. En ese sentido, el artículo 10° ibídem, establece como límites al ejercicio de la inspección y vigilancia, la continuidad del servicio educativo, la calidad de la educación y el adecuado uso de las rentas.
- La medida preventiva impuesta no se encuadra en la finalidad de restablecimiento de la calidad del servicio, que consagra el artículo 10º de la Ley 1740 de 2014, motivo por el cual se puede señalar, en principio, que la intervención del Ministerio de Educación Nacional no era necesaria para asegurar la adopción de medidas encaminadas a superar tales falencias, específicamente aquellas relacionadas con el alto volumen de peticiones, quejas y reclamos.
- El actuar del Ministerio de Educación Nacional constituye una clara injerencia en la autonomía universitaria, pues no se puede justificar la imposición de una medida preventiva en el hecho de no compartir las características que tienen los perfiles del personal directivo de la Institución, nótese que la prerrogativa concedida a las universidades públicas en torno a darse su propia normativa, únicamente debe atenerse a velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales, reglamentación que la propia entidad demandada reconoce como cumplida.
3) Disposiciones contrarias a la autonomía universitaria: análisis del Decreto 2219 de 2014 y la Ley 1740 de 2014
Mediante el Decreto 2219 de 2014, el Ministerio de Educación sorprendió a todos haciendo uso de normas reglamentarias para definir unas situaciones en las que podrían estar incursas las IES (como incumplir objetivos, indebida aplicación de rentas, afectación de calidad o la continuidad del servicio, y el ofrecimiento o desarrollo programas académicos sin registro calificado), y se arrogó de frente la facultad de imponer medidas preventivas consistentes en:
Ordenar planes de mejoramiento.
Designar representantes del Ministerio para hacer seguimiento a la gestión académica, administrativa y financiera.
Suspender los registros calificados o el trámite de solicitudes de nuevos registros o renovaciones.
Determinar condiciones de funcionamiento académico, administrativo y/o financiero para corregir o superar la situación.
Obligar a prestar garantías para asegurar la viabilidad financiera y obligaciones económicas, ordenar la administración fiduciaria de bienes y recursos.
El artículo 69 de la Constitución, que ordenaba que la ley establecería un régimen especial para las universidades, fue desplazado por una regulación de menor cuantía normativa. La cosa no paró ahí, porque la ley habría de intentar respaldar posteriormente el nuevo ataque a la autonomía universitaria.
La Ley 1740 de 2014, que en la perspectiva de sus defensores, “fortaleció” las facultades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional pero para muchos otros, desdibujó gravemente la autonomía universitaria que había iniciado su rumbo en 1991, e hizo entrar a las universidades del país en evidente retroceso hacia una situación de intervención del gobierno en la instituciones universitarias.
La nueva ley establece que el Ministerio de Educación puede:
- Construir planes de seguimiento con indicadores de gestión de las Instituciones de Educación Superior;
- Exigir e implementar planes de mejoramiento para estas instituciones;
- Expedir los lineamientos y reglamentos sobre la manera en que las instituciones de educación superior deben cumplir las disposiciones normativas que regulan el servicio público educativo;
- Solicitar la rendición de informes sobre la aplicación y arbitrio de los recursos de los entes universitarios;
- Realizar auditorías sobre los procedimientos financieros y contables cuando sea necesario para el cabal cumplimiento de los objetivos y funciones y,
- Enviar delegados a los órganos de dirección de las instituciones de educación superior cuando lo considere necesario;
- Permite imponer medidas de vigilancia especial cuando alguna institución presente problemas de servicio, como la de asignar un “inspector permanente” que custodie la gestión administrativa y financiera del centro educativo;
- Si el Ministerio interpreta que los directivos, representantes legales, administradores o revisores fiscales se oponen o entorpecen la intervención del Ministerio, este podrá designar a una persona natural o jurídica que los reemplace por el término máximo de un año.
- Facultó al Ministerio de Educación para ordenar a las universidades la constitución de una fiducia para el manejo de sus recursos, y permitió una especie de “coadministración” del Ministerio de Educación con las universidades, pues permite que este ministerio reemplace los representantes legales, administradores o revisores fiscales.
Al Congreso, no se le ocurrió diseñar herramientas para los estamentos universitarios que les permita ejercer control frente a la administración de sus universidades, como señaló el senador Robledo en su momento[11]; ni se le ocurrió crear estímulos efectivos de tipo presupuestal para aumentar la productividad de los profesores; ni tampoco se le ocurrió tomar medidas para nivelar el gravísimo desequilibrado académico entre las universidades de Colombia; no. No se le ocurrió sino burocracia: meterse a las universidades con sus funcionarios y, además, crear una superintendencia más, esta vez la de control de la educación, uno de cuyos fines, aunque suene a chiste, es garantizar la autonomía universitaria.
Para mi, igual que para muchos, el problema no es que la ley no haya fijado con claridad las condiciones o requisitos que el Ministerio de Educación debe cumplir para poder intervenir las instituciones, ni que no se establezcan lineamientos nítidos para determinar en qué momento se presenta una crisis universitaria, ni bajo qué condiciones se ejecutan esas herramientas de intervención. Para mí, el problema es que se haya regulado sobre ello y que se haya hecho en el increíble lapso de un mes en el Congreso, lo cual da una idea del material elástico con el que tratamos el concepto de autonomía universitaria y del lugar (desprecio) que otorgamos nosotros a ese concepto en el abanico de nuestros debates nacionales.
Nos dijeron que la modificación en el lapso de un mes era necesaria por la crisis de la San Martín y yo creo más bien que era necesaria para ponerse a salvo de la crítica pública por las enormes, protuberantes fallas del Ministerio de Educación en evitar la crisis. Y entonces lo que hicieron para ponerse a salvo fue sacrificar el mundo para pulir un verso: invertir la regla de autonomía para controlar una universidad en especial; pero yo creo con Moises Wasserman que “pretender que la autonomía debe desaparecer porque se abusó de ella es como decir que debe abandonarse la presunción de inocencia porque hay culpables que se aprovechan.” “La base fundamental de la autonomía es la responsabilidad institucional”, agrega el ex rector en una columna ya legendaria que se llama: “autonomía universitaria: por que sí” y a la que me gusta hacerle propaganda. http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/autonomia-universitaria-por-que-si/14963175
4) Análisis de la Corte Constitucional a la Ley 1740 de 2014
La ley, ha recibido hasta ahora 7 demandas, de las cuales hay 3 falladas (2 acumuladas), 2 archivadas y 2 pendientes de fallo.
En el caso de dos de las tres falladas (Sentencia C-552/15), la corte prefirió inhibirse por considerar que los argumentos de los demandantes no fueron lo suficientemente específicos para entender por qué las nuevas normas violaban la autonomía universitaria.
En el caso de la tercera demanda fallada, a la Corte le pareció normal que semejante ley hubiera sido tramitada en un mes en el congreso, que se le hubiera dado en el congreso trámite de urgencia (lo que reduce las fases de su discusión antes de aprobación) o que la ley no hubiera tenido motivación expresa, razón por la cual resolvió en Sentencia C-637/15 declarar exequible la ley.
[1] Todavía se encuentran normas elitistas de este calibre: que la educación “será accesible a quienes demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en cada caso”.
[3] Consultar, entre otras, sentencia T-187 de 1993, Sentencia T-574 de 1993, sentencia T-1435 de 2010, sentencia T 645 de 2010, sentencia T-674 de 2000, sentencia T-515 de 1995
[4] Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de Rectificación jurisprudencial, del 15 de octubre de 2015, Radicado Nº 11001-03-28-000-2015-00011-00 Actor: Natalia Calderón Páez. CP. Alberto Yepes Barreiro.
[5] Único del Capitulo denominado “Rectoría”.
[6] Primero del Capitulo denominado “Bienestar Universitario”.
[7] Segundo del Capitulo denominado “Bienestar Universitario”.
[8] Tercero del Capitulo denominado “Aspectos financieros”.
[9] Quinto del Capitulo denominado “Aspectos financieros”.
[10] Sexto del Capitulo denominado “Aspectos financieros”.
[11] http://www.semana.com/educacion/articulo/golpe-la-autonomia universitaria/412513-3

References: artículo 69
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 67
 artículo 69
 artículo 40
 artículo 65
 Resolución 
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 10
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 69