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Timestamp: 2019-01-20 11:49:45+00:00

Document:
Resoluciones de la DGRN. Número 43
DOCUMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO: ES NECESARIO ACREDITAR SU CONSIDERACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO SEGÚN LA LEY DEL LUGAR DE OTORGAMIENTO. ¿Y, SI SE ACREDITASE, SERÍA INSCRIBIBLE?.
Resolución de 22 de Febrero de 2.012. (B.O.E. de 13 de Marzo de 2.012). Descargar Resolución.
Se pretende la inscripción en el Registro de la Propiedad de un documento suscrito en Venezuela, que recogía un contrato de compraventa por el que se vendía determinada finca situada en Madrid. Al final de dicho contrato de compraventa, y a continuación de las firmas de las partes contratantes, figura una diligencia notarial de Notario venezolano.
El Registrador rechaza la inscripción, señalando que la transmisión de bienes inmuebles exige, para su inscripción en el Registro de la Propiedad, escritura pública (artículos 1280.1 del Código Civil y 3 de la Ley Hipotecaria), y el documento presentado no contiene otra cosa que un simple reconocimiento de las firmas en él estampadas y de que los intervinientes corroboran su contenido, pero no existe fe de conocimiento ni juicio de capacidad, cuestiones esenciales para la inscripción del mismo en el Registro de la Propiedad.
NO CABE REINSCRIBIR UNA SERVIDUMBRE MEDIANTE INSTANCIA PRIVADA Y TESTIMONIO DEL AUTO DE CONCILIACIÓN.
Resolución de 18 de Febrero de 2.012. (B.O.E. de 13 de Marzo de 2.012). Descargar Resolución.
Cancelada de oficio por el Registrador, al expedir certificación de dominio y cargas, una servidumbre de extracción de agua y acueducto inscrita sobre el predio sirviente por adquirir la propiedad de éste la dueña del predio dominante, se vende con posterioridad el predio sirviente, sufriendo dicho predio más tarde diversas segregaciones y sucesivas ventas sin constar carga alguna en el Registro. La propietaria del predio dominante pretende ahora, sobre la base del artículo 541 del Código Civil, la nueva inscripción de la servidumbre en su momento cancelada sobre una de las fincas resultantes de las diferentes segregaciones, aportando una instancia privada firmada por su representante y un acta de conciliación judicial extendida con el titular registral del pretendido predio sirviente en la que éste último reconoce la existencia y utilización de la servidumbre desde antes de que adquiriera el fundo.
El Registrador suspende la inscripción por encontrarse el predio sirviente inscrito en el Registro a nombre del conciliante con carácter presuntivamente ganancial, y no constar el consentimiento del consorte, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Hipotecaria.
La D.G.R.N. desestima el recurso interpuesto. Señala que el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y el principio del tracto sucesivo (art. 20 Ley Hipotecaria) no permiten extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte en él. Por ello, no habiendo sido dirigido el procedimiento contra los titulares registrales de una finca y sin mediar en forma pública su consentimiento, no puede practicarse un asiento que pueda perjudicar sus derechos, siendo esta una cuestión objeto de calificación registral (arts 18 LH, 100 RH). Por otra parte, la constitución de servidumbre y, por ende, el reconocimiento de existencia de servidumbre afectante a predio sirviente de distinto titular que el predio dominante, no puede sino considerarse como un acto de disposición o gravamen que requiere para su inscripción la efectiva intervención de los titulares registrales, incluido el consorte del titular registral en tanto no quede destruida la presunción de ganancialidad registrada en su favor.
SORPRENDENTE RESOLUCIÓN QUE PERMITE INSCRIBIR UNA DACIÓN EN PAGO QUE CONSTA EN UN TESTIMONIO JUDICIAL DE UNA HOMOLOGACIÓN DE UNA TRANSACCIÓN SIN NECESIDAD DE ESCRITURA PÚBLICA.
Resolución de 22 de Febrero de 2.012. (B.O.E. de 16 de Marzo de 2.012). Descargar Resolución.
La Dirección General, en contra de la calificación de la propia Registradora, autoriza inscribir una dación en pago que deriva de una transacción homologada judicialmente en un procedimiento de ejecución de títulos judiciales por impago de pensión compensatoria, ya que entiende que se trata de una materia susceptible de transacción, que se señala expresamente la causa de la transmisión -causa solvendi amparada por el artículo 1.277 del Código Civil-, y que tiene una forma adecuada (testimonio del auto y mandamiento ordenando la inscripción).
OMISIÓN DE DATOS: LA SUBSANACIÓN COMPETE AL NOTARIO.
Dos Resoluciones de 28 de febrero de 2.012. (B.O.E. de 4 de Mayo de 2.012). Descargar Resolución. Descargar Resolución.
CAMBIO DE DOCTRINA EN LA DIRECCIÓN GENERAL: SÓLO CUANDO SE ACREDITE LA LIQUIDACIÓN FISCAL DEL DOCUMENTO ESTÁ OBLIGADO EL REGISTRADOR A REALIZAR LA CALIFICACIÓN GLOBAL Y UNITARIA DEL MISMO, NO ANTES. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA: ES NECESARIA AUNQUE NO HAYA APERTURA DE FOLIOS INDEPENDIENTES A CADA ELEMENTO DE LA DIVISIÓN HORIZONTAL.
Resolución de 3 de Marzo de 2.012. (B.O.E. de 4 de Mayo de 2.012). Descargar Resolución.
A).- La primera cuestión que se plantea en el presente recurso es la relativa al acuerdo del Registrador de la suspensión de la calificación de una escritura de préstamo hipotecario "presentada inicialmente de forma telemática en el Registro" por falta de acreditación del pago del impuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 255 de la Ley Hipotecaria.
Pues bien, la Dirección General rectifica y varía su anterior doctrina sobre esta materia sobre la base de los siguientes argumentos:
- Del artículo 254 de la Ley Hipotecaria se desprende la exigencia para la práctica del asiento de inscripción (no de presentación) en el Registro de la Propiedad, de la previa justificación de que se ha solicitado o practicado la liquidación de los tributos que graviten sobre el acto o contrato cuya inscripción se pretenda o sobre el documento en virtud del cual se pretenda la inscripción.
- Se excluye, por tanto, el acceso al Registro de la Propiedad, y se impone al Registrador el deber de comprobar, para la admisión del documento, el previo cumplimiento de las obligaciones tributarias a que pudiera estar sometido el acto o contrato que pretenda acceder al Registro, permitiéndose únicamente, antes de que se verifique el pago, el asiento de presentación, suspendiendo en tal caso la calificación y la inscripción, con devolución del título presentado, a fin de satisfacer el impuesto correspondiente.
- Y procede, se señala, rectificar la postura adoptada por este Centro Directivo en los últimos años y volver a la doctrina clásica, más conforme con la literalidad del precepto 255 de la Ley Hipotecaria, estableciendo que es conforme a derecho la suspensión por parte del Registrador de la calificación por falta de pago del impuesto o justificación de su exención o no sujeción, rechazando que en estos casos el registrador haya de realizar, en ese momento, una calificación global del título presentado, que quedará pospuesta al momento en que se acredite la liquidación fiscal.
La Resolución aclara también, respecto del plazo máximo para inscribir -quince días- se computa en los casos de retirada del título por falta de pago del impuesto, desde la devolución del mismo y es en ese plazo en el que debe realizarse la calificación global y unitaria, sin que pueda anticiparse esa exigencia al momento previo de admisibilidad del documento que, en caso de falta de acreditación del impuesto, o en su caso de su presentación en la oficina liquidadora, debe conducir a la suspensión de la calificación y de la inscripción a que se refiere el artículo 255 de la Ley Hipotecaria.
NO INSCRIBIBLIDAD DE MERA ACTA DE MANIFESTACIONES E IMPOSIBILIDAD DE RECTIFICACIÓN DE ASIENTOS SIN CONSENTIMIENTO DE LOS TITULARES O SENTENCIA JUDICIAL.
Resolución de 28 de Febrero de 2.012 (B.O.E. de 4 de Mayo de 2.012). Descargar Resolución.
ANOTACIÓN PREVENTIVA DE SENTENCIA A FAVOR DEL HIPOTECANTE: ENERVA LA POSIBLE APLIACIÓN DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY HIPOTECARIA.
ES NECESARIO ACREDITAR LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL PODER DE LA ENTIDAD ACREEDORA QUE CANCELA LA GARANTÍA HIPOTECARIA INSCRITA.
Resolución de 1 de Marzo de 2.012 (B.O.E. de 4 de Mayo de 2.012). Descargar Resolución.
LA ANOTACIÓN PREVENTIVA SE EXTINGUE CUANDO LO HACE EL USUFRUCTO SOBRE LA QUE ESTÁ CONSTITUIDA POR HECHO AJENO A LA VOLUNTAD DEL USUFRUCTUARIO.
Resolución de 21 de Febrero de 2.012. (B.O.E. de 16 de Marzo de 2.012). Descargar Resolución.
CONDICIÓN SUSPENSIVA DE COMPRAVENTA, NO ES CANCELABLE POR LA SOLA SOLICITUD DEL VENDEDOR.
Resolución de 25 de Enero de 2.012. (B.O.E. de 12 de Marzo de 2.012). Descargar Resolución.
LA DISOLUCIÓN DE COMUNIDAD PUEDE SERLO DE VARIOS DE BIENES PRIVATIVOS Y GANANCIALES.
NO CABE EXPEDIENTE DE DOMINIO DE REANUDACIÓN DE TRACTO CUANDO LOS COMPRADORES SON HEREDEROS DEL TITULAR REGISTRAL.
Resolución de 17 de Febrero de 2012 (B.O.E. de 13 de Marzo de 2.012). Descargar Resolución.
EL CUMPLIMIENTO DE UN CONVENIO DE REPARCELACIÓN QUE ALTERA LA PREVISIÓN LEGAL DEBE ACREDITARSE DOCUMENTALMENTE, AUNQUE EL ALCALDE DEL MUNICIPIO LO AFIRME EN ESCRITURA.
EL TRASLADO DE CARGAS AL DISOLVER UNA COMUNIDAD Y DIVIDIR LA FINCA REQUIERE EL CONSENTIMIENTO DE LOS ACREEDORES.
Resolución de 20 de Febrero de 2012 (B.O.E. de 13 de Marzo de 2.012). Descargar Resolución.
CONDICIÓN RESOLUTORIA EXPLÍCITA: MISMOS REQUISITOS DE SIEMPRE PARA LA REINSCRIPCIÓN A FAVOR DEL TRANSMITENTE.
EL CERTIFICADO DE FIN DE OBRA PUEDE SUSTITUIRSE POR OTROS DOCUMENTOS.
Resolución de 16 de Febrero de 2012. (B.O.E. de 13 de Marzo de 2.012). Descargar Resolución.
NO ES NECESARIO ACREDITAR DE CÉDULA DE HABITABILIDAD EN BALEARES, CONSTANDO LA LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN, PARA INSCRIBIR LA DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA TERMINADA.
LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DEL CONCURSO NO QUEDAN SUBORDINADOS A SU CONSTANCIA REGISTRAL. LA CALIFICACIÓN REGISTRAL DE LOS ASIENTOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SE COORDINA CON EL ACCESO TELEMÁTICO AL REGISTRO MERCANTIL.
Resoluciones de 15 y 16 de Febrero de 2.012. (B.O.E. de 13 de Marzo de 2.012). Descargar Resolución Descargar Resolución.
LA CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD PERMITE AL REGISTRADOR CONSULTAR EL REGISTRO MERCANTIL PARA VER SI UNO DE LOS OTORGANTES ESTÁ EN CONCURSO.
Se presenta una escritura de dación en pago de "deudas concursales", sin que en la escritura de diga que la sociedad adjudicante-deudora se encuentre en concurso. El Registrador consulta el Registro Mercantil descubriendo tal situación, y exige que se inscriba el convenio del concurso para ver si hay limitaciones o prohibiciones de disponer que pudiesen afectar a los bienes transmitidos. La Dirección General confirma el criterio del Registrador al entender que la calificación registral le permite consultar el Registro Mercantil para ver esa situación de concurso, y que ello no se contradice el juicio de suficiencia del Notario, si bien niega que se deba inscribir el convenio como una medida necesaria para cumplir con el principio de tracto sucesivo. Lo necesario es hacer constar las medidas prohibitivas o limitativas del poder de disposición que puedan afectar a los bienes inmuebles.
HIPOTECANTE NO DEUDOR CONCURSADO PRECISA INTERVENCIÓN JUDICIAL. NO CIERRA EL REGISTRO LA OMISIÓN DE LA RESEÑA DE LA TITULARIDAD REAL EX ARTÍCULO 2.n) DE LA LEY 10/2.010.
1º)- Escritura de constitución de hipoteca sobre bienes privativos en garantía de deuda reconocida por el otro cónyuge a favor de una Sociedad;
2º)- Mandamiento judicial de declaración en concurso voluntario de ambos cónyuges mediante auto de fecha anterior a la escritura mencionada.
Se resuelve por la Dirección General que el declarado en concurso, antes de la aceptación de los administradores concursales, precisa intervención judicial para constituir obligaciones patrimoniales que incrementen la masa pasiva y constituir hipoteca. No cabe desconocer, al amparo del principio de prioridad las limitaciones de la facultad de disposición de la hipotecante, según el artículo 40 de la Ley Concursal. No cabe excepcionar la intervención judicial al amparo del artículo 44 de la mencionada Ley, toda vez que una persona física no empresaria carece de ese tráfico o giro ordinario
Además, el acreedor hipotecario que contrata con los concursados no es tercero respecto de la hipoteca que la concursada constituye a su favor y, por su condición de acreedor, tampoco se puede considerar tercero respecto de la situación concursal, dada la necesaria integración en la masa pasiva de todos los créditos contra el deudor e incluso, de los contraídos por su cónyuge si de ellos deben responder los bienes gananciales o comunes (artículo 49 de la Ley Concursal).
PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y CONCURSO DEL HIPOTECANTE.
Resolución de 20 de Febrero de 2012. (B.O.E. de 13 de Marzo de 2.012). Descargar Resolución.
DERECHO DE SUPERFICIE SOBRE PARTE DE UNA FINCA: NO SE PRECISA LA PREVIA SEGREGACIÓN O INDIVIDUALIZACIÓN JURÍDICA ANÁLOGA DE LA MISMA.
Resolución de 15 de Febrero de 2012. (B.O.E. de 13 de Marzo de 2.012). Descargar Resolución.
LA NOTIFICACIÓN A LOS HEREDEROS EN EL EXTRANJERO, SEGÚN LA LEY GALLEGA, NO PUEDE HACERSE POR CORREO.
LA DECLARACIÓN DE UN BIEN COMO PRIVATIVO EN UN TESTAMENTO NO DESVIRTÚA LA PRESUNCIÓN DE GANANCIALIDAD RESULTANTE DE LA ESCRITURA DE COMPRA.
Resolución de 29 de Febrero de 2.012. (B.O.E. de 4 de Mayo de 2.012). Descargar Resolución.
RECTIFICACIÓN DE ASIENTOS PROCEDENTES DE UNA HERENCIA: REQUIERE EL CONSENTIMIENTO DE TODOS LOS OTORGANTES DEL DOCUMENTO QUE MOTIVÓ LA INSCRIPCIÓN, SALVO QUE DEL PROPIO DOCUMENTO RESULTE EL ERROR.
Resolución de 29 de Febrero de 2.012 (B.O.E. de 4 de Mayo de 2.012). Descargar Resolución.
Constando en los asientos registrales la baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como la falta de depósito de las cuentas, no es posible la inscripción del cese de dos administradores solidarios y su sustitución por uno único, aplicando el art. 131.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA Y DERECHO DE OPOSICIÓN DEL SOCIO NO ASISTENTE A LA JUNTA: NO ES NECESARIA LA NOTIFICACIÓN AL SOCIO NO ASISTENTE DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEL BALANCE DE DISOLUCIÓN.
Lo anterior, además se señala, no supone que los socios no asistentes a la Junta General que aprueba el balance final de liquidación queden desprotegidos. Son muchas las normas que tienden a proteger sus intereses y que le posibilitan, sin necesidad de una notificación «ad hoc» no prevista legalmente, llegar a tener conocimiento del acuerdo aprobatorio del balance final. Así, la primera noticia recibida por el socio le vendrá de la mano del necesario anuncio o comunicación convocando la Junta General de la sociedad. Por su parte, el artículo 388 de la Ley regulando el deber de información a los socios durante el período de liquidación viene a establecer que «los liquidadores harán llegar periódicamente a conocimiento de los socios ... el estado de la liquidación por los medios que en cada caso se reputen más eficaces». No cabe duda alguna que ese estado de liquidación comprenderá, en su caso, la propuesta del balance final de liquidación y el mismo balance debidamente aprobado por la junta general.
SOCIEDADES "EXPRESS"
-Por lo que respecta a la denegación de copia de la escritura, este Centro Directivo estima correcta tanto la actuación del Notario como el criterio del Ilustre Colegio Notarial de Castilla y León por las razones siguientes:
En primer lugar, respecto de la alegación de la condición de colindante de la finca debe advertirse, siguiendo lo señalado por el Ilustre Colegio Notarial de Castilla y León, que el solicitante en ningún momento ha acreditado dicha condición. Es más, en su recurso manifiesta que el inmueble es propiedad de su esposa por lo que, en todo caso, debería ser ella la que solicitara la copia o, en su defecto, la que otorgase poder especial a don ..... facultándole para solicitar dicha copia en su nombre.
-En cuanto a la colindancia, tratándose de una finca urbana (sobre la que por tanto está excluido el retracto legal que sí podría plantearse de ser rustica- artículo 1523 del Código Civil- y a pesar de estimarse probada, no es por sí sola razón suficiente para la obtención de copia, sino que ha de ir acompañada de otros requisitos, que en el caso que nos ocupa sería una evidencia al menos de vulneración de su derecho de propiedad, ya que los datos requeridos por el peticionario de la copia, aún siendo colindante, pueden ser sobradamente conocidos mediante la publicidad registral, siendo éste, y no la obtención de copia en base a interés legítimo, - que en todo caso tiene un cierto carácter de excepción- el instrumento adecuado para las pretensiones de conocimiento del solicitante
Respecto de la lesión del derecho de propiedad a que hace referencia la anterior Resolución, este Centro Directivo estima que el recurrente tampoco ha acreditado de ninguna manera la existencia ostensible de dicha lesión, ni tampoco se desprende ninguna presunción razonable de ella -que en todo caso ha de ser apreciada por el Notario atendidas las circunstancias objetivas y subjetivas del caso y los medios de que disponga para apreciarlo-, pues lo único que aparece en su escrito es una mera manifestación del recurrente de que existe un contencioso catastral sobre las "discrepancias entre la realidad física del inmueble que habito y su representación gráfica en la planimetría catastral legal".
SEXTO.- Respecto de la alegación del recurrente sobre el derecho elemental "de acceso de los ciudadanos a la información pública" en defensa del cual solicita amparo ante este Centro Directivo, no cabe más que recordar, en la línea señalada por el Fundamento de Derecho Segundo de la presente Resolución, que los actos contenidos en las escrituras públicas no tienen la consideración de "información pública", sino que se encuentran sometidos al principio de secreto del protocolo notarial.
RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO POR EL NOTARIO DENUNCIADO CONTRA EL ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA EN MATERIA DE ACTUACIÓN PROFESIONAL. ACERCA DE SI ES PROCEDENTE LA VISITA Y FIRMA PERIÓDICA DE UN NOTARIO UN MISMO DÍA A LA SEMANA- A UN TÉRMINO MUNICIPAL DONDE NO HAY DEMARCADA NOTARÍA, Y EN LA SEDE DE UNA ENTIDAD DE CRÉDITO, A PESAR DE LA PROHIBICIÓN ESTABLECIDA EN EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL COLEGIO NOTARIAL. INEXISTENCIA DE ZONAS NOTARIALES Y "PACTO DE CABALLEROS". NO PROCEDE
SEGUNDO. El recurrente considera que "Claramente hace referencia a aquellos casos de entidades bancarias donde existían unidades hipotecarias y uno o varios Notarios de la plaza, eran los únicos que acudían a firmar a dichas oficinas con exclusión del resto, y donde el cliente no podía elegir Notario", sin embargo el precepto no hace en absoluto la distinción que pretende el recurrente ni parece deducirse de su contenido.
La Junta, por su parte, entiende que la autorización de documentos públicos en poblaciones donde no haya demarcada notaría podrá realizarse a requerimiento expreso y especial para cada caso, de manera puntual. En este supuesto, no se precisa autorización o habilitación previa y debe admitirse que el lugar de otorgamiento pueda ser el domicilio o sede de cualquiera de los otorgantes, incluso en el caso de que se trate de la sucursal de una entidad financiera. No obstante la prohibición que el artículo 42 del Reglamento de Régimen Interior del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía impone a los notarios de desplazarse a oficinas de Bancos, Cajas de Ahorros y demás entidades financieras, una correcta interpretación del mismo, a la luz de la finalidad que pretende, expresamente consignada en su inciso inicial ("mantenimiento de la imparcialidad e independencia del Notario, mejor protección de los derechos de los consumidores, en especial la libre elección de Notario, y la correcta prestación del servicio"), nos lleva a concluir que la autorización de documentos de forma puntual en tales oficinas es lícita, pues la prestación del servicio notarial en poblaciones que carezcan de Notaría demarcada exige un lugar físico para su desarrollo, preferentemente que sea acorde con la dignidad de la función. Siendo de manera aislada y excepcional, y a requerimiento de parte interesada, consideramos que tal actuación no contradice al citado artículo 42 del Reglamento.
Por otra parte, el recurrente argumenta que "la prohibición no puede devenir por la habitualidad y periodicidad, sino antes bien, por el hecho de que se imponga a los clientes a la asistencia de un determinado Notario." Sin embargo, si bien es cierto que hay que respetar en todo caso el derecho de libre elección de Notario, también lo es que su obligatoriedad deriva del Reglamento Notarial (artículo 126). El derecho de libre elección del Notario está íntimamente relacionado y es asimismo presupuesto básico del deber de imparcialidad del Notario. En este sentido el Notario no sólo debe ser imparcial sino que también debe existir una apariencia de imparcialidad, lo que también trata de preservar el precepto del Reglamento de Régimen Interior, de ahí que puedan y deban arbitrarse cuantas medidas sean necesarias para que su posición de imparcialidad, su independencia y la separación de sus actividades con relación a la de los otorgante, queden garantizadas real y efectivamente.
CUARTO. Por último y respecto a la alegación de la denunciante de que "aunque indudablemente, después de la Reforma del Reglamento Notarial y del de Régimen interno no hay zonas, existe un "pacto entre caballeros", que aunque la mayoría respetamos, parece que otros no", hay que recordarle lo dispuesto en el artículo 137 del Reglamento Notarial : "Se prohíbe a los Notarios estipular entre sí convenios de ninguna especie que tengan por objeto el reparto de documentos, sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores".
TERCERO.- En el supuesto que nos ocupa, se solicita la expedición de copia autorizada de unas escrituras de compraventa que otorgó en la Notaría de don .. en el año 1989 (cuyo protocolo actualmente se halla a cargo del Notario requerido).
La recurrente alega que el Notario "se niega a buscar" dichas escrituras y fundamenta su interés en obtener las citadas copias en que fue otorgante de las mismas y en que las necesita por una demanda que le han interpuesto.
En su informe, el Notario interesado alega que no expidió las copias solicitadas debido a que la solicitante no concretó fecha de su otorgamiento en una visita dijo que la escritura era de 1989 y en otra de 2006- ni aportó documentación alguna ni siquiera su documento identificativo-. Asimismo, el Notario afirma que consultó sus archivos físicos e informáticos sin resultado alguno, indicándole que "solicitara nota registral con objeto de averiguar la fecha de la escritura, pero respondió que no la había inscrito, facilitando sólo el término municipal de la finca y el Registro al que pertenece, sin que ello fuera suficiente para que la búsqueda diera resultado".
Por su parte, el Ilustre Colegio Notarial de Andalucía en su informe estima correcta la actuación del Notario pues, pese a que la solicitante, de conformidad con el artículo 224 del Reglamento Notarial, tiene derecho a obtener copia de todas aquellas escrituras en las que haya intervenido como otorgante, la petición de la copia debe ser "concreta e ilustrada de los datos precisos para su busca", no estando el Notario obligado a investigar todo o parte de los protocolos a su cargo.
El artículo 224 del Reglamento Notarial establece con carácter general que tienen derecho a la obtención de copia de una escritura "cada uno de los otorgantes".
Sin embargo, como reiteradamente viene señalando la doctrina de este Centro Directivo, es presupuesto necesario para el ejercicio de dicho derecho que la solicitud de copia se formule al Notario con concreción, señalando "sin ambigüedad, o al menos con la delimitación suficiente, la fecha de la escritura o los datos que permitan su localización" (Resolución de 25 de mayo de 2006). Del presente expediente resulta que dicha concreción o delimitación no se ha producido pues, por una parte, el propio Notario manifiesta en su informe que la solicitante en una de sus visitas dijo que la escritura era de 1989 y en otra dijo que era de 2006. En cualquier caso, la solicitante en su escrito de queja tampoco concreta la fecha de dicha escritura, limitándose a reseñar que "las otorgué en la Notaría de don. xx en el año 1989", sin concretar el día y el mes de dicho otorgamiento.
Como bien señala el Ilustre Colegio Notarial de Andalucía en su informe, no existe precepto alguno que imponga al Notario la obligación de investigar todo o parte de los protocolos a su cargo, en busca de un documento indeterminado. En este sentido, "la petición de copia debe designar sin ambigüedad los datos de autorización de la escritura de la que se solicita, por lo que no procede la petición de copias de documentos autorizados durante cierto periodo de tiempo, ya que dicha pretensión supone inconcreción de la solicitud que puede motivar dificultad, rayana a veces en la imposibilidad material de llevarla a cabo" (Resolución de 15 de octubre de 2002).
Respecto de las acusaciones que la recurrente formula en su escrito de queja respecto de las "risas" y dilaciones con las que fue tratada en la Notaría, su versión que no aparece acompañada de prueba alguna- resulta radicalmente opuesta a la ofrecida por el Notario en su informe, siendo la comprobación de su veracidad cuestión que excede del ámbito y de los márgenes en que debe desarrollarse este expediente administrativo, correspondiendo su examen a los Tribunales de Justicia.
Por tanto, y considerando cuanto antecede, esta Dirección General acuerda confirmar la decisión del Notario, estimándola ajustada a Derecho, y desestimar el recurso interpuesto.

References: Resolución 

Resolución 
 artículo 541
 artículo 20
 RESOLUCIÓN 

Resolución 
 artículo 1

Resolución 
 artículo 255
 artículo 254
 Resolución 
 artículo 255

Resolución 
 ARTÍCULO 34

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 ARTÍCULO 2
 artículo 40
 artículo 44

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 artículo 388
 artículo 1523
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 137
 artículo 224
 artículo 224