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Timestamp: 2018-05-25 14:32:10+00:00

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Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 2/2014, DE 20 DE JUNIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 2/2003, DE 30 DE ENERO, DE VIVIENDA DE CANARIAS Y DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA (BOC 123 DE 27)
La Constitución española (RCL 1978, 2836; ApNDL 2875) proclama en su artículo 47 el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada e impone a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho. Se trata de un reconocimiento en sintonía con múltiples tratados y declaraciones internacionales de derechos firmados por España.
El derecho de la ciudadanía a disfrutar de una vivienda digna viene muy condicionado en la actualidad por las dificultades de tipo económico para hacerlo efectivo, que están muy relacionadas con la mala situación económica de las familias (altas tasas de desempleo, precariedad laboral, reducción de las retribuciones...) y con los problemas para acceder a la financiación necesaria, cuando se trata de adquirir en propiedad la vivienda. Quiere ello decir que las dificultades económicas tienen una incidencia negativa desde dos perspectivas distintas: por un lado, muchas personas y familias tienen serias dificultades para mantener las viviendas que ya ocupan (impago de rentas y de cuotas de préstamos hipotecarios) y, por otro, muchas otras no tienen posibilidades reales de acceder a una vivienda en alquiler o propiedad por la falta de rentas o de financiación.
El objetivo primordial es introducir modificaciones en la Ley 2/2003, de 30 de enero (LCAN 2003, 61), de Vivienda de Canarias, que permitan a las administraciones de las islas poner en marcha medidas adecuadas a las circunstancias actuales para promover la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna.
A título ilustrativo cabe recordar el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre ( RCL 2012, 1564 ) , de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que habilita soluciones verdaderamente extraordinarias para evitar el lanzamiento de su vivienda de familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión, en detrimento de los derechos de las personas adjudicatarias de las viviendas en el correspondiente proceso de ejecución hipotecaria. En el plano autonómico, el Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril ( LAN 2013, 105 ) , de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, de la Junta de Andalucía, que contiene un paquete de medidas similar a las previstas en la presente ley, o más recientemente, la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio ( LNA 2013, 215 ) , de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra.
A raíz de la situación expuesta y, en cumplimiento del mandato constitucional de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna, la presente ley aborda una modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, con dos grandes objetivos:
a) fomentar la ocupación efectiva de las viviendas y b) evitar el lanzamiento de familias con especiales dificultades, como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria.
Como ha reconocido el Tribunal Constitucional »... el derecho a la propiedad privada que la Constitución reconoce y protege tiene una vertiente institucional, precisamente derivada de la función social que cada categoría o tipo de bienes sobre los que se ejerce el señorío dominical está llamado a cumplir, lo que supone, como ya sabemos, la definitiva incorporación del interés general o colectivo junto al puro interés individual del titular en la propia definición de cada derecho de propiedad o, si se prefiere, en la delimitación concreta de su contenido. Como es lógico, esta delimitación no se opera ya solo en la legislación civil, sino también en aquellas otras leyes que cuidan principalmente de los intereses públicos a los que se vincula la propiedad privada» ( STC 37/1987, de 26/mar ( RTC 1987, 37 ) ).
Una de las consecuencias que conlleva la aprobación de la presente ley es la configuración, pues, de un estatuto jurídico del derecho de propiedad de la vivienda que incorpora deberes de naturaleza asimétrica, sin que ello suponga vulneración del principio de igualdad entre personas físicas y jurídicas, dado el distinto alcance de su potencial social y económico de estas últimas respecto de las primeras. Por ello, la garantía de igualdad no puede entenderse como absoluta, sino relativa o proporcional a las circunstancias, tratando desigualmente a los desiguales. En relación precisamente con el derecho de propiedad que reconoce el artículo 33 de la Constitución (RCL 1978, 2836; ApNDL 2875), el Tribunal Constitucional tiene señalado que el título del artículo 149.1, regla 1ª de dicha Norma Fundamental no habilita para establecer una regulación uniforme de la propiedad privada y de su función social, ni esa pretendida uniformidad puede servir de pretexto para anular las competencias legislativas que las Comunidades Autónomas tienen sobre todas aquellas materias en las que entre en juego la propiedad, por lo que la invocación de ese título competencial no puede impedir que la Comunidad Autónoma de Canarias establezca en su territorio aquellas disposiciones singulares en las que proyecte una determinada política en materia de vivienda, para cuya eficacia se instrumentan las medidas y técnicas que considere convenientes, máxime cuando los objetivos perseguidos entroncan con los designios constitucionales sobre el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada.
La presente ley se dicta al amparo del título competencial recogido en el artículo 30.15 del Estatuto de Autonomía de Canarias ( RCL 1982, 2170 ) , que establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.
Por otra parte, la presente norma tiene también acomodo en los títulos jurídicos derivados de la reciente Ley del Estado 8/2013, de 26 de junio (RCL 2013, 979), de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que en su artículo 3 señala que los poderes públicos formularán y desarrollarán en el medio urbano las políticas de su respectiva competencia de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad funcional, para, entre otros fines, favorecer y fomentar la dinamización económica y social y la adaptación, la rehabilitación y la ocupación de las viviendas vacías o en desuso.
En el capítulo segundo se aborda la regulación del depósito de los importes de las fianzas derivados de los contratos de arrendamientos de fincas urbanas y de los suministros complementarios a los mismos, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre ( RCL 1994, 3272 ) , de Arrendamientos Urbanos, y cuyo depósito obligatorio ya venía exigido por la disposición adicional séptima de la Ley 5/1996, de 27 de diciembre (LCAN 1996, 332 y LCAN 1997, 40), de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1997. La presente ley prevé que los rendimientos financieros derivados de tales depósitos se destinen a financiar las actuaciones relacionadas con la expropiación temporal del uso de viviendas en los casos en los que proceda.
Efectivamente, en esta disposición se aborda la regulación del segundo gran objetivo de la presente ley: evitar el lanzamiento de familias con especiales dificultades como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria. Como se ha dicho, se trata de una medida ya acogida en las legislaciones andaluza y navarra. En este caso, se configura como una expropiación no plena y limitada temporalmente, que en ningún caso afectará al derecho de propiedad, sino al derecho de usufructo de las viviendas, dejando incólume el derecho de nuda propiedad de las viviendas en manos de las personas jurídicas. Es decir, se afecta solo a «facultades parciales del dominio o de derechos o intereses legítimos», como la define el artículo 2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa ( RCL 1954, 1848 ) , de modo que se mantiene en la entidad expropiada una titularidad nuda plena.
Artículo 1. Modificación de la Ley de Vivienda de Canarias
«Artículo 2.– Principios rectores.
Tres.– Se añade un artículo 2-bis con la siguiente redacción:
«Artículo 2-bis.– Deber de colaboración.
Cuatro.– El artículo 4 pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 4.– Competencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Cinco.– El apartado 3 del artículo 6 pasa a tener la siguiente redacción:
Seis.– Se modifica el artículo 8, cuya redacción queda en los siguientes términos:
«Artículo 8.– Competencias y funciones.
Siete.– Se modifica la letra g) del apartado 7 del artículo 18 y se añade un nuevo apartado 8 en los siguientes términos:
Ocho.– Se modifica el apartado 2 del artículo 24, cuya redacción pasa a ser la siguiente:
Nueve.– Se modifica el artículo 32, que queda con esta redacción:
«Artículo 32.– Concepto.
Diez.– Se añade un artículo 32-bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 32-bis.– Ocupación efectiva de las viviendas.
Once.– Se modifica el apartado 3 del artículo 34, en los siguientes términos:
Doce.– Se modifica el artículo 35, que queda como sigue:
«Artículo 35.– Calidad.
Trece.– Se adiciona al final del subapartado a), del apartado 3 del artículo 38 el siguiente texto, de manera que la configuración final del precepto pasa a tener el siguiente tenor:
«Artículo 38.– Financiación.
Catorce.– Se modifica la redacción del apartado 3 del artículo 39 en los siguientes términos:
3º. Que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere el 3 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)».
Quince.– Se adicionan tres nuevos subapartados f), g) y h), al apartado 1 del artículo 44 de la ley con el siguiente tenor:
Dieciséis.– Se adiciona en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 47 una frase y se añade un nuevo subapartado f) en el mismo precepto, de forma que la configuración final del mismo pasa a tener el siguiente tenor:
Diecisiete.– Se modifican los apartados 4 y 5 del artículo 48 y se añade un nuevo apartado 6, en los siguientes términos:
Dieciocho.– Se modifica el apartado 1 del artículo 50 en los siguientes términos:
Diecinueve.– Se adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 52 con el siguiente tenor:
Veinte.– Se modifica el apartado 2 del artículo 69, que queda como sigue:
«2. Cuando el desahucio se fundamente en la causa prevista en el artículo 68.1, letra a), se requerirá a la persona arrendataria o adjudicataria para que abone su importe en el plazo de quince días, apercibiéndole, si no lo hiciere, de desahucio y de un recargo del 10% sobre la cantidad adeudada. En caso de reincidencia, este recargo se multiplicará por el número de veces que la persona arrendataria o adjudicataria haya dado lugar a decretar el referido desahucio.
Veintiuno.– Se modifica el artículo 74, que pasa a tener esta redacción:
«Artículo 74.– Contenido.
Veintidós.– El artículo 77 queda redactado como sigue:
«Artículo 77.– Concepto.
Veintitrés.– Se añade un artículo 77-bis con la siguiente redacción:
«Artículo 77-bis.– Ocupación efectiva de las viviendas.
Veinticuatro.– Se modifica la letra f) del artículo 78, que queda con la siguiente redacción:
Veinticinco.– Se suprime la redacción actual del artículo 80.
Veintiséis.– Se sustituye el actual título VIII por uno nuevo, denominado: «Medidas para evitar la existencia de viviendas deshabitadas» y con el siguiente contenido:
Artículo 80.– Del ejercicio efectivo del derecho a una vivienda.
1. El ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada, conforme a lo previsto en el artículo 47 de la Constitución (RCL 1978, 2836; ApNDL 2875), exige se destinen al uso habitacional para el que fueron construidas.
Artículo 81.– Definición de viviendas deshabitadas.
Artículo 82.– Indicios de no habitación.
Artículo 83.– Ámbito.
Artículo 84.– Alcance y contenido de las comunicaciones por parte de las compañías suministradoras de servicios.
Artículo 85.– Alcance y contenido de las comunicaciones por parte de los ayuntamientos.
Artículo 86.– Alcance y contenido de las comunicaciones por parte de las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos, y entidades inmobiliarias.
Artículo 87.– Plazo para la remisión de las comunicaciones.
Artículo 88.– No interrupción del plazo de prescripción de las infracciones.
Artículo 89.– De la competencia para la tramitación del procedimiento de declaración de vivienda deshabitada.
Artículo 90.– Tramitación del procedimiento.
1. El procedimiento se tramitará conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las particularidades establecidas en este capítulo.
Artículo 91.– Incoación del procedimiento.
Artículo 92.– Instrucción del procedimiento.
Artículo 93.– Medios de prueba.
Artículo 94.– Propuesta de resolución.
Artículo 95.– Resolución declarativa de vivienda deshabitada.
Artículo 96.– Plazo de resolución del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa.
Artículo 97.– Del Registro de Viviendas Deshabitadas.
3. La efectiva constitución del Registro de Viviendas Deshabitadas conllevará la creación de un fichero de datos de titularidad pública, a los efectos previstos en la normativa sobre protección de datos de carácter personal, y con arreglo a lo establecido sobre la creación de tales ficheros en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre ( RCL 1999, 3058 ) , de Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo 98.– Políticas y actuaciones de fomento para promover el uso social de las viviendas propiedad de las personas físicas.
Veintisiete.– Se añade un nuevo título, el IX, con la siguiente redacción:
Artículo 99.– Finalidad.
Artículo 100.– De las potestades de inspección.
Artículo 101.– Planificación de la función inspectora.
Artículo 102.– Plan de inspección en materia de viviendas.
Artículo 103.– Seguimiento y evaluación del plan.
Artículo 104.– Infracciones leves.
Artículo 105.– Infracciones graves.
Artículo 106.– Infracciones muy graves.
Artículo 107.– Sujetos responsables.
Artículo 108.– Responsables solidarios.
Artículo 109.– Responsables subsidiarios.
Artículo 110.– Muerte de personas físicas o extinción de las personas jurídicas o entidades responsables de las infracciones.
Artículo 111.– Locales y edificaciones complementarias.
Artículo 112.– Sanciones pecuniarias.
Artículo 113.– Sanciones accesorias.
Artículo 114.– Graduación de las sanciones.
Artículo 115.– Medidas complementarias.
Artículo 116.– Publicidad de sanciones y medidas complementarias.
Artículo 117.– Procedimiento.
Artículo 118.– Medidas de carácter provisional y cautelares.
Artículo 119.– Plazo de resolución.
Artículo 120.– Competencia.
Artículo 121.– Ejecutividad.
Artículo 122.– Vía de apremio.
Artículo 123.– Ejecución subsidiaria.
Artículo 124.– Multa coercitiva.
Artículo 125.– Reconocimiento de la infracción cometida.
Artículo 126.– Prescripción.
Artículo 127.– Caducidad.
Veintiocho.– Se añade un nuevo título X con la siguiente redacción:
Artículo 128.– Obligación de ocupación de las viviendas protegidas.
Artículo 129.– Registro de Viviendas Protegidas.
Veintinueve.– Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional tercera, que queda redactado como sigue:
Treinta.– Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 2/2003, introducida por la Ley 4/2012, de 25 junio ( LCAN 2012, 154 y 188) , de medidas administrativas y fiscales, en los siguientes términos:
– Fotocopia del libro de familia o certificación que acredite la constitución de pareja de hecho, de acuerdo con lo establecido en la Ley 5/2003, de 6 de marzo ( LCAN 2003, 107 ) , de regulación de las parejas de hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias.
– Certificado de empadronamiento expedido por el correspondiente ayuntamiento en el que se especifiquen los datos del inmueble en el que reside la unidad familiar así como la fecha de la que data la ocupación.
Treinta y uno.– Se crea una nueva disposición adicional con el siguiente tenor:
«Disposición adicional decimosexta.– Acreditación de ingresos de la unidad familiar.
Treinta y dos.– Se crea una nueva disposición adicional con el siguiente tenor:
«Disposición adicional decimoséptima.– Viviendas adjudicadas a la Hacienda Pública Canaria.
Treinta y tres.– Se modifica la disposición final primera, que quedará redactada de la siguiente manera:
«Disposición final primera.– Autorización al Gobierno.
Artículo 2. De la obligación del depósito del importe de las fianzas
1. Los arrendadores de fincas urbanas y las empresas que presten servicios y suministros complementarios a las mismas están obligados a ingresar en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en concepto de depósito, una cantidad de dinero equivalente al importe de las fianzas exigibles derivadas de los respectivos contratos sometidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos ( RCL 1994, 3272 ) .
Artículo 3. Cuantía de los depósitos
a) En relación a los contratos de arrendamiento, por el importe equivalente al de las fianzas, que viene exigido en el artículo 36.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos ( RCL 1994, 3272 ) .
Artículo 4. Naturaleza y afectación de los ingresos constitutivos del depósito
Artículo 5. Régimen general de constitución y gestión de los depósitos
Artículo 6. Régimen concertado
Artículo 7. Requisitos del régimen concertado
Artículo 8. Acreditación del cumplimiento de la obligación de depósito
Artículo 9. Devolución de las cantidades depositadas
1. El Tesoro de la Comunidad Autónoma de Canarias vendrá obligado a devolver, en la forma que reglamentariamente se establezca, la cantidad objeto de depósito, una vez extinguido el contrato y en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud realizada a tal efecto por el portador del resguardo de depósito. El incumplimiento de dicha obligación determinará el devengo del interés legal correspondiente y su pago de oficio en los términos exigidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos ( RCL 1994, 3272 ) .
Artículo 11. Deber de colaboración
Artículo 12. Registro de Fianzas
El régimen de prescripción de las infracciones y sanciones a las que se refiere la presente ley, será el previsto para las graves y las leves en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 16. Intereses y recargos
Primera. Responsabilidades derivadas de los contratos
Segunda. Tramitación electrónica del procedimiento de declaración de vivienda deshabitada
Las personas físicas podrán realizar sus actuaciones electrónicamente ante dicha sede en los términos regulados en el artículo 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Tercera. Información por parte de las entidades financieras
Cuarta. Declaración del interés social a efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social
Quinta. Ayudas públicas y otras medidas de fomento
Primera. Calificación en régimen de venta de viviendas de promoción pública
1. A los efectos de lo establecido en el punto 6, del artículo 48 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, y hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente el mismo, se entenderá que han accedido al régimen de venta las promociones transferidas a la Comunidad Autónoma de Canarias por la Administración del Estado, mediante los Reales Decretos, 1626/1984, de 1 de agosto (RCL 1984, 2248); 436/1988, de 6 de mayo (RCL 1988, 994); 1298/1990, de 26 de octubre (RCL 1990, 2220) y 290/1995, de 24 de febrero (RCL 1995, 911), así como las promovidas por la Administración de la Comunidad Autónoma canaria que se han visto afectadas por la aplicación de los Decretos 34/1995, de 24 de febrero (LCAN 1995, 75) y 12/1996, de 26 de enero (LCAN 1996, 64), por los que se subvenciona la adquisición de determinadas viviendas de protección oficial de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, siempre que el porcentaje de viviendas transmitidas en cada una de ellas mediante documento público sea igual o superior al 80% de las viviendas de la promoción.
Segunda. Notificación al Registro de Viviendas Protegidas
Tercera. Primera reunión de la Comisión de Vivienda
Primera. Derogación normativa específica
Segunda. Derogación normativa general
Primera. Desarrollo reglamentario y atribución de facultades
Segunda. Texto refundido de la Ley de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda

References: artículo 47
 artículo 33
 artículo 149
 artículo 30
 artículo 3
 artículo 2

Artículo 1
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 18
 artículo 24
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 38
 artículo 39
 artículo 44
 artículo 47
 artículo 48
 artículo 50
 artículo 52
 artículo 69
 artículo 68
 artículo 74
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 78
 artículo 80

Artículo 80
 artículo 47

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95
 Resolución 

Artículo 96
 resolución 
 resolución 

Artículo 97
 artículo 20

Artículo 98

Artículo 99

Artículo 100

Artículo 101

Artículo 102

Artículo 103

Artículo 104

Artículo 105

Artículo 106

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Artículo 108

Artículo 109

Artículo 110

Artículo 111

Artículo 112

Artículo 113

Artículo 114

Artículo 115

Artículo 116

Artículo 117

Artículo 118

Artículo 119

Artículo 120

Artículo 121

Artículo 122

Artículo 123

Artículo 124

Artículo 125

Artículo 126

Artículo 127

Artículo 128

Artículo 129

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 36

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 16
 artículo 27
 artículo 48