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Timestamp: 2017-06-25 22:21:06+00:00

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[Sentencia C-0199-12] – Revisión de Constitucionalidad Ley 1462 de 2011 – Acuerdo Bilateral – Promoción y Protección de inversiones – Colombia – China | laboralparatodos.com
[Sentencia C-0199-12] – Revisión de Constitucionalidad Ley 1462 de 2011 – Acuerdo Bilateral – Promoción y Protección de inversiones – Colombia – China
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Asunto: Revisión de constitucionalidad de la Ley 1462 de 2011, “por la cual se aprueba el ‘Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular de China’, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008. Magistrado Ponente:
Adicionalmente, se ordenó la fijación en lista para efectos de permitir la intervención ciudadana y se dispuso la comunicación de la iniciación del presente asunto al Presidente del Congreso de la República para los fines del artículo 244 de la Constitución Política, al Ministerio del Interior y de Justicia, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y a la Superintendencia Financiera de Colombia para los efectos señalados en el artículo 11 del Decreto 2067 de 1997. Finalmente, se dio traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia, en los términos del artículo 7° del Decreto 2067 de 1991. Efectuados los trámites constitucionales y legales propios de este asunto, y previo concepto del Procurador General de la Nación, procede esta Corte a decidir sobre la exequibilidad del tratado y de la ley que lo aprueba.
II. TEXTO DE LA LEY Y DEL TRATADO OBJETO DE REVISIÓN El contenido del “Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular de China”, y de su ley aprobatoria, sometido a revisión por parte de ésta Corporación, según la publicación efectuada en el diario oficial No. 4.116 del 30 de junio de 2011, es el siguiente:
Para propósitos de este Acuerdo: 1. Inversión
Concretamente, la ratificación del “acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre la República de Colombia y la República Popular de China”, pretende establecer un marco jurídico favorable y previsible, a través del cual se protejan las inversiones de los nacionales colombianos o de China en el territorio del otro Estado, de manera justa, equitativa y transparente, logrando con ello generar confianza en los inversionistas y un mayor flujo de inversiones entre ambos países. Adicionalmente, asevera que la inversión extranjera directa, día a día, se consolida como una fuente dinámica de recursos para financiar el crecimiento económico de países en vía de desarrollo como Colombia. Por tal razón, precisa que para Colombia, la inversión extranjera directa representa una fuente importante de recursos financieros, que permite lograr un mayor nivel de inversión y de actividad económica, aumentando la generación de empleo y de contera el salario promedio de los trabajadores. Para el caso de Colombia, los beneficios de la inversión extranjera se multiplican ante la necesidad de fomentar mayor inversión a la que se obtiene con fuentes internas; contrarrestar el bajo nivel de ahorro privado; aumentar la base gravable para efectos impositivos; contar con recursos de financiación diferentes a algunos tradicionales como el petróleo y otros recursos naturales no renovables, así como proveer la protección adecuada y necesaria a las inversiones de los empresarios colombianos en el exterior. Para concluir, manifiesta que la Ley 1462 de 2011 debe ser declarada exequible, toda vez que la entrada en vigor del acuerdo que allí se incorpora es conveniente para Colombia, en la medida en que contribuye considerablemente a fortalecer las relaciones comerciales bilaterales y aumentar los niveles de desarrollo y crecimiento económicos. Lo anterior, no sin antes resaltar, que la Corte Constitucional, en anteriores oportunidades, se ha pronunciado en forma favorable respecto de acuerdos relacionados con estrategias de inversión extranjera suscritos con otros países, los cuales fueron declarados exequibles en las sentencias C-309 de 2007, C-150 de 2009 y C-377 de 2010, entre otras. 2.	Ministerio de Relaciones Exteriores
El interviniente inicia por señalar, que la República Popular de China se ha consolidado en los últimos años, como una de las más importantes economías emergentes del mundo, líder en avances tecnológicos y escenario relevante de integración económica. Por esa razón, constituye un socio estratégico en la política de atracción de inversiones y en la aproximación estratégica de Colombia al pacífico asiático. En relación con el objeto del acuerdo bilateral, sostiene que va dirigido al establecimiento de un marco jurídico justo y transparente que promueva y proteja las inversiones extranjeras, con miras a fomentar la iniciativa individual de negocios y el favorecimiento de la prosperidad económica de las partes contratantes. Aunado a ello, auspicia el fortalecimiento de las relaciones entre los dos Estados, mediante la atracción de flujos de capital al territorio nacional y la protección de las inversiones en el extranjero, a través de la creación de mecanismos de fomento de la seguridad y estabilidad jurídica recíproca. A su juicio, la suscripción del tratado sometido a revisión configura un desarrollo de la política exterior del Estado Colombiano, en particular, del objeto de inserción en nuevos mercados internacionales, dirigido a incrementar el crecimiento económico y la generación de empleo. Finalmente asevera que, en cuanto al trámite de suscripción y aprobación interna del referido instrumento, se cumplieron todos los requisitos formales previstos en la Constitución Política, razón por la cual solicita que se declare exequible la Ley 1462 de 2011. IV.	CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Así mismo, sostuvo que por aprobación ejecutiva del 24 de marzo de 2009, el Presidente de la República dispuso someter el acuerdo a consideración del Congreso de la República para los efectos constitucionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 16, de la Carta Política. En segundo lugar, realizó un breve recuento del trámite legislativo del proyecto de ley radicado bajo los números 60 de 2010/Senado y 158 de 2010/Cámara, que dio origen a la Ley 1462 de 2011, teniendo en cuenta la información contenida en las Actas y Gacetas del Congreso de la República. Acorde con ello, el Ministerio Público concluye que no se advierte la existencia de vicio alguno, habida cuenta que se cumplen todos los presupuestos establecidos en los artículos 150, 154, 157, 158, 160 y 241 de la Constitución Política. Posteriormente, al realizar el análisis de su contenido material, afirma, que el “acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular de China”, así como su ley aprobatoria, se ajustan al ordenamiento superior, dado que contribuyen a estrechar lazos comerciales entre los dos países en materia de protección de inversiones, estrategia necesaria para mejorar las condiciones de la economía nacional, en especial, la competitividad y el crecimiento económico, con efecto directo en la generación de empleo y en la transferencia de tecnología. De igual manera, sostiene que dicho acuerdo, así como los demás suscritos por Colombia en esta materia, al diversificar las fuentes de inversiones, representan un papel importante a la hora de afrontar los efectos de la crisis económica que enfrentan otros países y que tiene incidencia en la economía colombiana. Por lo anterior, concluye que el acuerdo sometido a revisión y su ley aprobatoria, resultan acordes con lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 9°, 58, 100, 336, 189.2, 226 y 227 de la Constitución Política. V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
2.1. Conforme lo ha señalado la jurisprudencia, por expresa disposición de la Carta, sobre los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias, la Corte Constitucional ejerce dos tipos de control: (i) un control formal y (ii) un control material de constitucionalidad. 2.2. Con respecto al control formal, la propia jurisprudencia ha destacado que, salvo la exigencia constitucional de iniciar su trámite en el Senado de la República, los proyectos de ley aprobatorios de tratados internacionales y demás instrumentos internacionales que tienen tal condición, no se encuentran sometidos a un trámite especial de aprobación, lo que permite concluir que para efectos de su discusión, aprobación y sanción, los mismos deben seguir el procedimiento legislativo general, es decir, el previsto por la Constitución y el Reglamento del Congreso para las leyes ordinarias.
En el presente caso, tal y como surge del propio texto del “acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular de China”, dicho acuerdo fue suscrito por el señor Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Luis Guillermo Plata Páez, quien para el efecto, contaba con los “PLENOS PODERES” conferidos directamente por el entonces Presidente de la República, Doctor Álvaro Uribe Vélez, el día 18 de noviembre de 2008. Adicionalmente, mediante la aprobación ejecutiva de fecha 24 de marzo de 2009, el Presidente de la República confirmó la suscripción del citado acuerdo bilateral por parte del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, ordenando a su vez someterlo a la aprobación del Congreso. En los términos citados, la Corte encuentra cumplido el requisito referido a la forma de adopción del instrumento internacional objeto de control constitucional, no solo por el hecho de que quien lo suscribió era portador de plenos poderes, sino, además, porque tal suscripción fue ratificada por la correspondiente confirmación ejecutiva que, de acuerdo con la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados (art. 8° de la Ley 32 de 1985), subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado, en la medida en que la misma es otorgada por el Presidente de la República, quien, en su condición de Jefe de Estado, le corresponde dirigir las relaciones internacionales.
3.2.2. La aprobación presidencial de los instrumentos sometidos a juicio Según lo prevé el numeral 2° del artículo 189 de la Constitución Política, el Presidente de la República, en su condición de Jefe de Estado, es el encargado de dirigir las relaciones internacionales y, en ese contexto, es la autoridad facultada para celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que, luego se deben someter a la aprobación del Congreso de la República mediante ley.
Acto seguido, se efectuó el reparto del referido proyecto de ley, el cual fue asignado a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Defensa Nacional. El texto original del proyecto y su correspondiente exposición de motivos, fueron publicados en la Gaceta del Congreso No. 486 del 3 de agosto de 2010 (pág. 1-14, a folios 88-101 del cuaderno de pruebas No. 1).
3.3.1.3. Anuncio para votación en primer debate En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, la discusión y votación del Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado, por parte de la Comisión Segunda del Senado, fue anunciada el 1 de septiembre de 2010, para llevarse a cabo en la próxima sesión ordinaria, esto es, en la sesión del 7 de septiembre de 2010, tal como consta en el Acta No. 5 del 1 de septiembre de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso No. 687 del mismo año.
Cabe resaltar que, en cuanto el aludido proyecto no fue discutido ni votado en la sesión del 7 de septiembre de 2010, en la misma sesión del 7 de septiembre, el proyecto fue anunciado para ser debatido y votado en la próxima sesión, esto es, en la sesión ordinaria del 15 de septiembre de 2010, tal como consta en el Acta No. 06 de esa fecha (7 de septiembre), publicada en la Gaceta de Congreso No. 991 del 30 de noviembre de 2010, en la cual se lee: “Da lectura al punto: Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley: por instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión (Artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003).
– Proyecto de ley número 60 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular China, firmado en Lima, Perú el 22 de noviembre de 2008.
Nuevamente, el proyecto no fue discutido ni votado en la sesión del 15 de septiembre de 2010, razón por la cual, en la misma sesión del 15 de septiembre, el proyecto fue anunciado para ser debatido y votado en la próxima sesión, esto es, en la sesión ordinaria del 21 de septiembre de 2010, tal como consta en el Acta 08 de esa fecha (15 de septiembre), publicada en la Gaceta del Congreso No. 991 del 30 de noviembre de 2010, en la cual se lee: “Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley. Por instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de Proyectos de ley para la próxima sesión (artículo 8 del Acto Legislativo número 01 de 2003).
El proyecto tampoco fue discutido ni votado en la sesión del 21 de septiembre de 2010, razón por la cual, en la misma sesión del 21 de septiembre, el proyecto fue anunciado para ser debatido y votado en la próxima sesión, esto es, en la sesión ordinaria del 28 de septiembre de 2010, tal como consta en el Acta 09 de esa fecha (21 de septiembre), publicada en la Gaceta del Congreso No. 992 del 30 de noviembre de 2010, en la cual se lee: “Continúa presidiendo la sesión el señor Presidente, Guillermo García Realpe:
Una vez más, el proyecto no fue discutido ni votado en la sesión del 28 de septiembre de 2010, razón por la cual, en la misma sesión del 28 de septiembre, el proyecto fue anunciado para ser debatido y votado en la próxima sesión, esto es, en la sesión ordinaria que se realizó el 29 de septiembre de 2010, tal como consta en el Acta 11 de esa fecha (28 de octubre), publicada en la Gaceta del Congreso No. 170 del 8 de abril de 2011, en la cual se lee: “El señor Vicepresidente, Senador Camilo Romero, informa que está totalmente de acuerdo a lo manifestado por el Senador Barriga, y lo que han expresado varios Senadores. Señor Secretario, antes de levantar la sesión convocamos para el día de mañana, a las 10:00 a. m. el jueves sesión en Ipiales, están más que invitados porque fue una proposición aceptada por todos y todas los Senadores y Senadores de la comisión. Vamos a anunciar los proyectos señor Secretario:
En la sesión del 29 de septiembre de 2010, el proyecto de ley no fue discutido ni votado, razón por la cual, en la misma sesión del 29 de septiembre, el proyecto fue anunciado para ser discutido y votado en la próxima sesión, esto es, en la sesión que se llevó a cabo el día 13 de octubre de 2010, toda vez que, de acuerdo con la secuencia de las actas 12, 13 y 14 mencionadas, y con la Certificación expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, el día 6 de octubre de 2010, la Comisión Segunda del Senado no sesionó. Sobre el punto, se lee en el Acta 12 del 29 de septiembre, lo siguiente: “El señor Presidente Guillermo García Realpe solicita al señor Secretario:
– Proyecto de ley número 60 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo Bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular China, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
De igual manera, en la certificación expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, se afirma que: “…tal como consta en el Acta No. 12 del 29 de septiembre de 2010, fue anunciada la discusión y votación del referido proyecto para ser discutido en sesión del miércoles 06 de octubre de 2010, sesión que no se llevó a cabo en dicha fecha”.
El proyecto de ley no fue discutido ni votado en la sesión del 13 de octubre, razón por la cual, en la misma sesión del 13 de octubre, el proyecto fue anunciado para ser discutido y votado en la próxima sesión ordinaria, esto es, en la sesión que se realizó el 19 de octubre de 2010, tal como consta en el Acta 14 de esa fecha (13 de octubre), publicada en la Gaceta del Congreso No. 171 del 8 de abril de 2011, en la cual se lee: “El señor Presidente, Senador Guillermo García Realpe, informa:
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número 576 de 2010”. Finalmente, el proyecto de ley no fue discutido ni votado en la sesión del 19 de octubre de 2010, razón por la cual, en la misma sesión del 19 de octubre, el proyecto fue anunciado para ser discutido y votado en la próxima sesión, esto es, en la sesión que tuvo lugar el 26 de octubre de 2010, tal como consta en el Acta 15 de esa fecha (19 de octubre), publicada en la Gaceta del Congreso No. 171 del 8 de abril de 2011, en la cual se lee: “El señor Secretario Diego Alejandro González González, da el anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión:
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número 576 de 2010”. 3.3.1.3. Aprobación en primer debate
La ponencia para segundo debate en la Plenaria del Senado, fue presentada por el Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda y publicada en la Gaceta del Congreso No. 878 del 09 de noviembre de 2010 (pág. 1-8, a folios 34-37 del cuaderno de pruebas No. 1), en la cual se propuso “dar segundo debate al Proyecto de ley número 60 de 2010 Senado”. 3.3.1.5. Anuncio para votación en segundo debate
3.3.1.6. Aprobación en segundo debate En sesión plenaria del Senado de la República, del 6 de diciembre de 2010, tuvo lugar la discusión y aprobación, en segundo debate, del Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado, de conformidad con el anuncio que se realizó en la sesión inmediatamente anterior, esto es, en la sesión del 2 de diciembre de 2010. De acuerdo con la certificación expedida por el Secretario General del Senado, el proyecto fue aprobado por votación nominal y pública de cincuenta y tres (53) senadores a favor y cinco (5) en contra, tal y como consta en el Acta No. 30 de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso No. 75 del 10 de marzo de 2011 (pág. 37-39, a folios 62-64 del cuaderno de pruebas No. 2).
Por el Sí:	53
Por el No:	05
TOTAL:	58 Votos
En consecuencia, ha sido aprobada la omisión de la lectura del articulado, el bloque del articulado, título y que surta su trámite en la honorable Cámara de Representantes el Proyecto de ley número 60 de 2010 Senado. La Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente proyecto”.
3.3.2. Trámite en la Cámara de Representantes 3.3.2.1. Radicación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes El Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado, aprobatorio del “acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular de China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008, fue radicado en la Cámara de Representantes, el día 14 de diciembre de 2010, con el número 158 de 2010 Cámara.
La ponencia para tercer debate del Proyecto de Ley número 158 de 2010 Cámara, fue presentada ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes por el Representante Pedro Pablo Pérez Puerta, y publicada en la Gaceta del Congreso No. 109 del 22 de marzo de 2011 (pág. 1-9, a folios 235-243 del cuaderno de pruebas No. 2). 3.3.2.3. Anuncio para votación en tercer debate En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del Proyecto de Ley 158 de 2010 Cámara, por parte de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, fue anunciada el día 3 de mayo de 2011, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 4 de mayo de 2011, tal y como se desprende del Acta No. 34 del 3 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso número 481 del 1 de julio de 2011 (pág. 7 a folio 22 del cuaderno de pruebas No. 3). El texto del anuncio es el siguiente:
Señora Secretaria anunciamos este proyecto de ley para la próxima sesión que haya discusión de proyectos de ley”. 3.3.2.4. Aprobación en tercer debate La aprobación del Proyecto de Ley 158 de 2010 Cámara, por parte de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, ocurrió de acuerdo con el anuncio que debidamente se realizó en la sesión inmediatamente anterior. En consecuencia, el proyecto fue aprobado en la sesión siguiente a la del 3 de mayo de 2011, es decir, se aprobó en la sesión del 4 de mayo de 2011, tal y como consta en el Acta No. 35 del 4 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso número 481 del 1 de julio de 2011(pág. 16-18 a folios 26 y 27 del cuaderno de pruebas No. 3).
De igual manera, el Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, a través de escrito que remitió a esta Corporación, el 26 de agosto de 2011, coincide con el contenido del Acta No. 35 del 4 de mayo de 2011, en el sentido de informar que el Proyecto en mención fue aprobado con quórum decisorio de once (11) Representantes que asistieron a la sesión, mediante votación nominal y pública de diez (10) representantes por el SI y un (1) voto negativo. Al respecto, se explica en el mencionado escrito:
Continuamos con el orden del día”. 3.3.2.5. Ponencia para cuarto debate La ponencia para cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, del Proyecto de Ley número 158 de 2010 Cámara, fue presentada por el Representante Pedro Pablo Pérez Puerta, y publicada en la Gaceta de Congreso No. 270 del 17 de mayo de 2011 (Pág. 1-8 a folios 128-135 del Cuaderno de Pruebas No. 1). 3.3.2.6. Anuncio para votación en cuarto debate En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del Proyecto de Ley 158 de 2010 Cámara, por parte de la Plenaria de la Cámara de Representantes, fue anunciada el día 30 de mayo de 2011, para llevarse a cabo en la sesión del día 31 de mayo del mismo año o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos. Así consta en el Acta No. 66 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 669 del 8 de septiembre de 2011. El texto del anuncio para votación aparece en la citada acta, en los siguientes términos:
La aprobación del Proyecto de Ley 158 de 2010 Cámara, por parte de la Plenaria de la Cámara de Representantes, tuvo lugar en los términos del anuncio que debidamente se realizó en la sesión del 30 de mayo de 2011, es decir, en la sesión del día 31 de mayo de 2011, tal como consta en el Acta No. 67 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 670 del 8 de septiembre de 2011. En cuanto a la aprobación y votación del proyecto, tanto de la certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes, remitida a este Tribunal el 22 de agosto de 2011, como del Acta No. 67, se constata que en la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes del día 31 de mayo de 2011, a la cual asistieron ciento cincuenta y cinco (155) Representantes, el Proyecto de Ley 158 de 2010 Cámara fue aprobado mediante votación nominal y pública de ochenta y tres (83) representantes por el SI y seis (6) votos negativos. Sobre el particular, se lee en dicha acta lo siguiente:
El texto definitivo del proyecto aprobado en la Plenaria de la Cámara de Representante, aparece publicado en la Gaceta del Congreso No. 434 del 15 de junio de 2011. 3.3.3. Sanción presidencial
Finalmente, el día 29 de junio de 2011, el Presidente de la República sancionó la Ley 1462, “por la cual se aprueba el ‘Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular de China’, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008. 4. Conclusiones en relación con el trámite legislativo surtido en el Congreso de le República
4.1.	Inició su trámite en el Senado de la República, tal y como lo exige el artículo 154 de la Carta, y el proyecto fue asignado a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Defensa Nacional, como lo exige la Ley 3ª de 1992.
4.2.	Se efectuaron las publicaciones oficiales, según lo establece el numeral 1° del artículo 157 Superior y demás normas concordantes. En efecto, las publicaciones se dieron de la siguiente manera: (1) antes de darle curso en la respectiva Comisión del Senado, el proyecto fue publicado, junto con la exposición de motivos, en la Gaceta del Congreso No. 486 del 3 de agosto de 2010; (2) la ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado fue publicada en la Gaceta del Congreso No 576 del 30 de agosto de 2010; (3) el texto aprobado en primer debate fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 171 del 8 de abril de 2011; (4) la ponencia para segundo debate en la plenaria del Senado de la República fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 878 del 9 de noviembre de 2010; (5) el texto definitivo aprobado en la plenaria del Senado de la República fue publicado en la Gaceta No. 75 del 10 de marzo de 2011; (6) la ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue publicada en la Gaceta No. 109 del 22 de marzo de 2011; (7) el texto aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 481 del 1° de julio de 2011; (8) la ponencia para segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 270 del 17 de mayo de 2011; y (9) el texto definitivo aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta No. 670 del 8 de septiembre de 2011.
4.3.	Se cumplieron los términos previstos en el inciso 1° del artículo 160 de la Constitución. Tanto el de los 8 días que deben mediar entre el primero y el segundo debate en una misma Cámara, como el de los 15 días que deben transcurrir entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en la otra.
4.3.1.	Ciertamente, mientras el primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República se realizó el día 26 de octubre de 2010, el segundo debate en la Plenaria del Senado se llevó a cabo el día 6 de diciembre de 2010, transcurriendo entre ellos más de 8 días. Lo mismo ocurrió en el trámite surtido en la Cámara de Representantes, habida cuenta que, mientras el primer debate en Comisión se cumplió el día 4 de mayo de 2011, el segundo debate en Plenaria se efectuó el día 31 de mayo de 2011, existiendo una diferencia de más de 8 días. 4.3.2. Por otra parte, entre la aprobación del proyecto en la Plenaria del Senado de la República, que tuvo lugar el día 6 de diciembre de 2010, y la iniciación del debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el día 4 de mayo de 2011, transcurrió un tiempo notoriamente superior a los 15 días que exige la Constitución.
4.4.	El proyecto fue discutido y aprobado en cuatro debates, en Comisiones y Plenarias de ambas Cámaras, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 157 Superior. En cuanto a su discusión y aprobación, lo fue conforme al quórum y a las mayorías exigidas por los artículos 146 y 147 de la Carta y el Reglamento del Congreso. Su aprobación se dio mediante el sistema de votación nominal y pública, tal como consta en las actas referenciadas en el acápite anterior, y como lo ratifican las certificaciones expedidas por los respectivos secretarios generales de las comisiones y plenarias anexas al expediente.
4.5. El proyecto fue considerado en no más dos legislaturas, tal como lo exige el Artículo 162 de la Carta Política. Lo anterior se constata al observar la fecha en la que el proyecto de ley fue radicado en el Senado de la República, lo cual tuvo ocurrencia el día 3 de agosto de 2010, y la fecha en que fue aprobado en la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes, lo que a su vez sucedió el día 31 de mayo de 2011. En consecuencia, se tiene que el proyecto inició su trámite y fue aprobado en la legislatura que comenzó el 20 de julio de 2010 y que concluyó el 20 de junio de 2011, lo cual significa que se debatió y aprobó en una sola legislatura, es decir, dentro del término constitucional. 4.6. Según se mencionó previamente, el Proyecto de Ley que culminó con la expedición de la Ley 1462 de 2011, obtuvo la correspondiente sanción presidencial, el día 29 de junio de 2011, cumpliéndose de esta manera con lo previsto en el numeral 4 del artículo 157 Superior. 4.7. Frente a la observancia del requisito del anuncio previo, consagrado en el artículo 8° del Acto Legislativo N° 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la Constitución, la Corte considera necesario hacer algunas precisiones en torno al alcance del citado requisito:
4.7.1. Según lo dispone el inciso 5° del artículo 160 de la Carta Política, tal y como el mismo fue adicionado por el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”. 4.7.2. La jurisprudencia constitucional se ha referido al requisito del anuncio previo, destacando que su incorporación al ordenamiento jurídico busca, “[p]or una parte, permitir que los congresistas conozcan con la debida anticipación los proyectos y demás asuntos sometidos a su consideración, evitando que sean sorprendidos con votaciones no anunciadas e intempestivas. Y por la otra, garantizar a los ciudadanos y a las organizaciones sociales que tengan interés en los proyectos tramitados por el Congreso, una participación política oportuna, de manera que puedan incidir a tiempo en su proceso de aprobación, dando a conocer sus opiniones e ideas y manifestando su acuerdo o desacuerdo con lo debatido”.
4.7.3. En distintos pronunciamientos sobre la materia, esta Corporación ha destacado que el requisito de anuncio lleva implícitos unos presupuestos básicos, que deben ser tenidos en cuenta por el Congreso y luego verificados por el órgano de control constitucional. Tales presupuestos son: (i) que se anuncie la votación del proyecto en cada uno de los debates reglamentarios; (ii) que el anuncio lo haga la presidencia de la Cámara o de la respectiva Comisión en una sesión diferente y previa a aquella en la cual debe realizarse la votación del proyecto; (iii) que la fecha de la votación sea cierta, determinada o, en su defecto, determinable; y (iv) que el proyecto no sea votado en sesión distinta a la anunciada previamente.
4.7.4. Alrededor de los citados presupuestos, la propia jurisprudencia constitucional ha definido unas reglas objetivas de valoración, dirigidas a permitir que, tanto la aplicación como el juzgamiento del requisito de anuncio, sea el resultado de un proceso lógico y racional, que permita interpretar el mandato constitucional que lo consagra y los objetivos que con él se persiguen. Tales reglas son: –	El anuncio no tiene que hacerse a través de una determinada fórmula sacramental o de cierta expresión lingüística, en razón a que la Constitución no prevé el uso de una locución específica para cumplir el mandato constitucional.
–	Es posible considerar cumplido el requisito de anuncio, cuando del contexto de los debates surgen elementos de juicio que permiten deducir que la intención de las mesas directivas ha sido la de anunciar la votación de ciertos proyectos para una sesión posterior.
–	El anuncio debe permitir determinar la sesión futura en la cual va a tener lugar la votación del proyecto de ley en trámite, de manera que sólo la imposibilidad para establecer la sesión en que habría de tener ocurrencia dicho procedimiento, hacen de aquél un anuncio no determinado ni determinable, y, en consecuencia, contrario al requisito previsto en el artículo 160 de la Carta. Para definir lo que debe entenderse por la expresión “determinable”, la Corporación ha señalado que expresiones como: “para la siguiente sesión” o “en la próxima sesión”, permiten entender que sí fue definida la fecha y la sesión en la cual el proyecto de ley debe ser votado, con lo cual se considera cumplido el requisito del aviso. –	En los casos en que la votación de un proyecto se aplaza indefinidamente, de forma tal que no tiene lugar en la sesión inicial para la cual fue anunciada, las mesas directivas deben continuar con la cadena de anuncios, es decir, están obligadas a reiterar el anuncio de votación en cada una de las sesiones que antecedan a aquella en que efectivamente se lleve a cabo la votación del proyecto. 4.7.5.	A la luz de las anteriores premisas, y de acuerdo con el trámite legislativo surtido por el Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado – 158 de 2010 Cámara, que posteriormente se convirtió en la Ley 1462 de 2011, constata la Corte que, en relación con dicho proyecto, se cumplió con el requisito de anuncio previo, así:
Según quedó explicado, aun cuando en la sesión ordinaria del 29 de septiembre de 2010, el proyecto fue anunciado para ser discutido y votado en la sesión del 6 de octubre, en la medida en que dicho día la Comisión no sesionó, se entiende que el anuncio para discusión y votación del proyecto pasó a la sesión siguiente, es decir, a la del 13 de octubre, como en efecto ocurrió. 4.7.7. En segundo debate en la Plenaria del Senado, (i) el anuncio del proyecto se llevó a cabo en forma debida, al utilizarse las expresiones “se anuncian los proyectos de ley que se discutirán y aprobaran en la próxima sesión”; (ii) el anuncio se realizó en sesión distinta (2 de diciembre de 2010) y previa a la votación (6 de diciembre de 2010); (iii) la fecha de la votación resulta claramente determinable al haberse hecho uso de la expresión “en la próxima sesión”; y (iv) la votación se llevó a cabo en la sesión indicada en el anuncio, ya que éste se hizo el 2 de diciembre de 2010, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 6 de diciembre de 2010, donde efectivamente se debatió y votó.
5.	Revisión material de la Ley 1462 de 2011, “por medio de la cual se aprueba el ‘acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular de China’”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008
El Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones, suscrito entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular China, se compone de un preámbulo y 16 artículos, que se ocupan de los temas que a continuación se describen: El preámbulo incluye los propósitos generales del Acuerdo, resaltando que la suscripción del mismo viene acompañado del deseo de incrementar la cooperación económica para el beneficio mutuo de los Estados contratantes, y del ánimo de éstos de promover condiciones favorables para la inversión mutua. El artículo 1º define algunos de los conceptos básicos del mismo, como son el de inversión, inversionista, rentas de inversión y territorio.
El artículo 14 estipula que el acuerdo no tendrá aplicación en asuntos tributarios, con la excepción del artículo 4° (Expropiación y Compensación) y del artículo 9° (Resolución de Disputas Entre una Parte Contratante y un Inversionista de la Otra Parte Contratante). El artículo 15 compromete a los Estados parte en el deber de consultar entre sí, cualquier asunto relacionado con la aplicación e interpretación del acuerdo.
5.1.2.4. En ese contexto, las disposiciones del Acuerdo están diseñadas para crear condiciones favorables de inversión que atraigan el capital chino, pero también que propicien la emisión de inversión nacional en ese país. Los mecanismos de promoción de las inversiones mutuas que promueve el Acuerdo bajo estudio, van desde la consolidación de escenarios de seguridad jurídica, que garanticen a los flujos de inversión las condiciones de estabilidad necesarias para asentarse en el país, hasta la concreción de mecanismos de resolución de conflictos que generen confianza en el inversor respecto de posibles controversias surgidas con el Estado en que se inviertan los recursos. 5.1.2.5. El Acuerdo establece, entre otras medidas de importancia, protocolos de indemnización en caso de que los inversores mutuos resulten afectados por cambios políticos o de orden público en el país en que se direccionan los recursos. De igual forma, el instrumento internacional que se estudia compromete a las autoridades locales en el diseño de medidas concretas que faciliten el trámite de las inversiones, que agilicen la transferencia de los recursos destinados a sustentarlas y que permitan la resolución efectiva y eficaz de posibles controversias.
5.1.3.1. El Acuerdo bilateral para la promoción y protección recíproca de inversiones que Colombia y China suscribieron en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008, hace parte de los instrumentos internacionales suscritos por el país, “con el fin de dinamizar la economía local a partir de la atracción de capital extranjero y de la integración de capital nacional en el escenario de mercados de mayor desarrollo”. 5.1.3.2. Durante las dos últimas décadas, Colombia ha venido suscribiendo acuerdos de promoción y protección de inversiones con distintos países del mundo, dentro del propósito de lograr los niveles de integración que impone la economía de mercado contemporáneo. Así, por ejemplo, el país firmó acuerdos de ese tipo con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, aprobado mediante la Ley 245 de 1995; con Cuba, aprobado mediante la Ley 245 de 1995; con la República del Perú en tres oportunidades, aprobados mediante las Leyes 279 de 1994, 801de 2003 y 1342 de 2009; con la República de Chile, aprobado mediante la Ley 672 de 2001; con el Reino de España, aprobado mediante la Ley 1069 de 2006; y con la Confederación Suiza, aprobado mediante la Ley 1198 de 2008.
5.1.3.3. La suscripción de acuerdos fundados en la promoción y protección de las inversiones, hace parte de una política pública de comercio exterior, coherente y generalizada, utilizada por los Estados, y en particular por Colombia, para atraer los flujos de inversión directa de los países exportadores de capital a países en desarrollo, con el fin de aprovechar su efecto positivo sobre los países receptores de inversión, permitiéndole a éstos obtener beneficios relacionados con la generación de empleo, la transferencia de tecnología y el complemento del ahorro interno, entre muchos otros. En ese contexto, los acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones, junto con los tratados de libre comercio, constituyen una de las herramientas más importantes que tienen los países para la atracción de inversión extranjera. 5.1.3.4. A nivel del derecho comparado, esa clase de instrumentos se identifican como Acuerdos de Promoción y protección de Inversiones -APPRI-, también conocidos internacionalmente con la sigla inglesa BITs -Bilateral Investment Treaties-, y constituyen herramientas usuales de integración a la que acuden los Estados para estrechar lazos comerciales. Dado su uso generalizado, los APPRI se caracterizan por tener cláusulas “tipo”, esto es, modelos preestablecidos de acuerdo internacional, de estructura estándar, que usualmente incluyen temas vinculados con: (i) la definición de las inversiones protegidas; (ii) el tratamiento preferencial o no menos favorable del inversionista extranjero frente al inversionista nacional o de un tercer estado; (iii) la prohibición de toda discriminación al inversionista extranjero; (iv) salvaguardas contra la expropiación y reconocimiento de indemnización pronta, adecuada y efectiva; (v) la libre transferencia de inversiones y utilidades; y (vi) el establecimiento de mecanismos de solución de controversias.
5.1.3.5. Con respecto a los Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones -APPRI-, esta Corporación ya ha tenido oportunidad de pronunciarse, precisamente, en el contexto del control de constitucionalidad, previo, automático y oficioso, que le ha correspondido ejercer sobre los instrumentos de esa naturaleza suscritos por Colombia. En los distintos pronunciamientos sobre la materia, de manera uniforme, la Corte ha establecido que, en términos generales, los APPRI se ajustan a la Constitución Política, en la medida que buscan satisfacer una necesidad de internacionalización e integración de la economía nacional, que se impone como consecuencia de la globalización de la economía mundial. Sobre el punto, ha explicado que las exigencias del mundo contemporáneo “y la interdependencia de los Estados, el logro de mayores flujos de inversión extranjera que complementen el ahorro nacional, financien grandes proyectos de infraestructura y apoyen la expansión industrial, es una necesidad indispensable para alcanzar niveles adecuados de desarrollo económico y bienestar social”, objetivos a los que contribuyen, sin lugar a dudas, los llamados APPRI.
5.1.3.6. Destacando su importancia, la jurisprudencia constitucional ha señalado que los APPRI constituyen, entonces, una herramienta legítima a la luz de las normas constitucionales, pues la inversión extranjera permite impulsar la economía local y, por esa vía, brindar mejores condiciones de vida a la población. Ha explicado este Tribunal, que el “empuje que la inversión extranjera da a las economías de los países en desarrollo no solo se manifiesta en el incremento de la capacidad productiva: implica la recepción de nueva tecnología, de maquinaria, de conocimiento especializado y de personal capacitado. Adicionalmente, absorbe mano de obra capacitada y no calificada e incrementa la base imponible en beneficio de aumento de los recursos tributarios del Estado. La inversión extranjera en territorio nacional vincula la economía local con la dinámica internacional, lo cual, en términos generales, evita su aislamiento del concierto mundial de mercado”. 5.1.3.7. También ha sostenido la jurisprudencia, que la alternativa opuesta ofrecida por los APPRI, esto es, la inversión de capital colombiano en otros países, “abre campos de acción en mercados de mayor dinamismo que redundan en beneficio de la movilidad de la economía local. Por virtud de la inversión de capital colombiano en el extranjero, la economía doméstica ensancha sus horizontes de acción y participa del dinamismo de mercados más sofisticados”.
5.1.3.8. Conforme con lo dicho, al tenor de las normas constitucionales, la política de integración promovida por los APPRI resulta constitucionalmente admisible. Al respecto, la Corte ha recordado que el artículo 226 de la Constitución expresamente compromete al Estado en la promoción de “la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”, al tiempo que el artículo 227 del mismo ordenamiento Superior autoriza la “integración económica, social y política con las demás naciones”.
“La desaparición de las fronteras nacionales, para determinados efectos, parece ser, en el largo plazo, un estado de cosas del que los Estados no podrán sustraerse con facilidad. En la actualidad, el proteccionismo económico, que incita a los países a replegarse sobre sí mismos, ignorando los flujos y reflujos del comercio internacional, sólo puede conducir a que los países que lo llevan a cabo se sometan a sí mismos al ostracismo y se conviertan en una especie de parias de la sociedad internacional. En este orden de ideas, la internacionalización de las relaciones económicas se convierte en un hecho necesario para la supervivencia y el desarrollo de los Estados que trasciende las ideologías y los programas políticos”. 5.1.3.11. Como ya se mencionó en el apartado anterior, de manera particular, el acuerdo de promoción y protección con la República Popular China resulta de especial trascendencia para Colombia, pues, conforme quedó expresado en la exposición de motivos del proyecto de ley que promovió su incorporación al orden jurídico interno, con él se persigue, además de atraer la inversión extranjera, dos objetivos específicos. Por una parte, el fortalecimiento de los lazos económicos con la República Popular China, que se ha consolidado en los últimos años como una de las potencias económicas emergentes del mundo; y por la otra, acercar al país al eje del pacífico asiático, el cual se ha convertido también, en uno de los polos más dinámicos de la economía mundial, con motivo de su constante desarrollo y crecimiento en campos como la tecnología, el comercio y la inversión.
5.1.3.13. Destaca la Corte que, dada la identidad normativa que existe entre las cláusulas del Acuerdo celebrado con la República Popular China, materia de revisión en la presente causa, y los examinados anteriormente por la Corte, las consideraciones hechas en los fallos correspondientes serán las que sirvan de fundamento para declarar la constitucionalidad de las normas que hoy se examina. Concretamente, este Tribunal reiterará las consideraciones vertidas en las Sentencias C-309 de 2007, C-150 de 2009 y C-377 de 2010, en razón a que en dichos fallos la Corte se pronuncio sobre los APPRI firmados por Colombia con el Reino de España, la Confederación Suiza y la República del Perú, los cuales, en lo fundamental, contienen cláusulas de similar contenido a las que hacen parte del APPRI suscrito con la República Popular China, ahora sometido a juicio. 5.1.4. Constitucionalidad de las medidas que integran el Acuerdo bajo estudio
5.1.4.3. El artículo 1º define conceptos básicos del Acuerdo, señalando lo que debe entenderse por inversión, inversionistas, renta y territorio, y qué elementos, como propiedades, participaciones, activos, derechos, créditos, concesiones y operaciones, pueden considerarse técnicamente como inversiones. En ese sentido, el propósito específico de la norma es precisar el contenido de los conceptos utilizados por el convenio, definiciones que en ningún caso afectan disposición constitucional alguna. En anteriores pronunciamientos, la Corte ha dejado claro que este tipo de definiciones tienen como propósito precisar y aclarar el contenido de los conceptos utilizados, razón por la cual ha avalado su constitucionalidad sobre la base de considerar que tal propósito no se opone al texto Superior. 5.1.4.4. El artículo 2º, en cuanto formula el compromiso central del Acuerdo, de promover, admitir y proteger las inversiones mutuas, y de brindar un trato equitativo a los inversionistas del Estado co-signatario, constituye, en realidad, una manifestación directa del ánimo de integración económica que promueve el artículo 226 de la Carta, precisamente, sobre bases de “equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”. En ese contexto, el mismo, antes que contrariar la Constitución, propende por su desarrollo.
5.1.4.5. Ningún reproche merece el artículo 3º del Acuerdo, que consagra las conocidas cláusulas de Tratamiento Nacional y Nación Más Favorecida, típicas en el modelo de convenios al que pertenece el presente acuerdo. La Corte Constitucional ha expresado sobre el particular, que por virtud de dichas cláusulas, “un Estado se obliga a dar a otro un trato no menos favorable que el que se concede a sus propios nacionales o a los nacionales de cualquier tercer Estado”. Al respecto, ha agregado igualmente, que “[p]receptos de esta índole no vulneran la Ley Suprema y, por el contrario, se dirigen a hacer efectivo “en todo tiempo la igualdad fundamental sin discriminación entre todos los países interesados. La igualdad de tratamiento otorgada por una cláusula de la nación más favorecida, hace desaparecer toda diferencia entre las inversiones extranjeras beneficiarias de este trato. Por regla general, a partir del momento en el cual el país receptor de la inversión concede una ventaja a un tercer Estado, el derecho de otros Estados a un tratamiento no menos favorable nace en forma inmediata y se extiende a los derechos y ventajas concedidos antes y después de la entrada en vigor del Tratado que consagra la aludida cláusula (…) El efecto básico de esta cláusula consiste en hacer desaparecer, dentro del ámbito de materias reguladas por la Convención que la contiene, toda desigualdad jurídica presente o futura. En este orden de ideas, si una norma nacional establece diferencias entre categorías de inversiones, aquellas que estén cobijadas por el principio del trato nacional deberán sujetarse al mismo régimen que las inversiones nacionales.”
Con respecto a este mismo artículo, la Corte encuentra perfectamente compatible con la Constitución su numeral 4, en el que se aclara que la celebración del Acuerdo no tiene porqué obstaculizar la adquisición de compromisos con otros Estados por parte de los Estados signatarios. Al respecto, cabe reiterar lo dicho por la Corporación en la Sentencia C-008 de 1997, en la que se estudió el acuerdo de promoción y protección de inversiones mutuas entre Colombia y Perú. En aquella oportunidad, la Corte sostuvo que “las excepciones hechas en el Tratado a la aplicabilidad de la cláusula de la nación más favorecida, cuando Perú o Colombia hagan parte de acuerdos con terceros Estados tendientes a crear uniones aduaneras o ventajas similares con el fin de estimular el comercio intra-regional, tiene como propósito evitar que la celebración del presente convenio se convierta en obstáculo para otros procesos de integración y en tal sentido encuentran claro apoyo constitucional.” 5.1.4.6. El artículo 4º, por su parte, es constitucional, en tanto consagra medidas de salvaguarda para la inversión extranjera, cuyo claro propósito, lo ha expresado ya la Corte, es generar confianza en el inversionista respecto del tratamiento seguro de su capital. Concretamente, la norma prevé soluciones para eventos que en la práctica conllevan un perjuicio sensible para los intereses de quien hace la inversión. De acuerdo con la norma, la nacionalización de la inversión o la expropiación de la misma -así como medidas similares-, no pueden imponerse sin la debida indemnización, medida que, en el caso Colombiano, se reconoce sin excepción a partir de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 1999, que reformó el artículo 58 de la Carta y eliminó la anterior expropiación sin indemnización por motivos de utilidad pública. Sobre el particular, debe recordar la Corte que, con anterioridad al Acto Legislativo 01 de 1999, el régimen constitucional colombiano, a través del artículo 58 Superior, permitía la expropiación sin indemnización en casos de equidad definidos por el legislador. Con base en ello, este Tribunal, al pronunciarse sobre los Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones, suscritos por Colombia antes de la entrada en vigencia del referido acto legislativo, procedió a declarar exequibles tales instrumentos internacionales, con excepción de los artículos que se referían a la expropiación con indemnización, los cuales fueron declarados inexequibles por infringir el artículo 58 de nuestro Estatuto Superior. Sin embargo, conforme se mencionó, el artículo 58 de la Carta fue modificado mediante el Acto Legislativo 01 de 1999, precisamente en el aparte que permitía la modalidad de expropiación sin indemnización justa. El texto constitucional anterior había sido sometido a duras críticas por su incompatibilidad con los compromisos internacionales asumidos por Colombia, lo que finalmente justificó que el mismo fuera reformado, con el fin de lograr su idoneidad en el campo de las relaciones internacionales. Así, luego de su modificación, el régimen constitucional proscribió la expropiación sin indemnización, haciendo viables las cláusulas contractuales que autorizan la indemnización o la compensación en los casos de expropiación o nacionalización. La Corte Constitucional, en pronunciamientos posteriores a la modificación del artículo 58 Superior, reconoció la importancia de dicha reforma, no solo en el contexto de las relaciones internacionales del país, sino también en el ámbito del derecho interno. Así, en la Sentencia C-1074 de 2002, destacó que en virtud del cambio constitucional, no sólo se protegió la inversión extranjera, sino a su vez los derechos de propiedad de todos los habitantes de Colombia, “quienes no podrán ser expropiados sin previa indemnización”. Luego, en las Sentencias C-294 de 2002, C-309 de 2007, C-150 de 2009 y C-377 de2010, la Corporación reconoció que los cambios constitucionales reseñados, hacían exequibles las normas de protección a la inversión que prohibían la aplicación de la figura de la expropiación sin indemnización. En ese contexto, debe concluirse que la salvaguarda según la cual, frente a una expropiación o nacionalización, el Estado indemnizará los perjuicios causados, es compatible con la Carta fundamental, al tiempo que resulta conveniente para los intereses locales, en cuanto confiere al mercado un aspecto atractivo para la inversión. Cabe mencionar, además, que el artículo 4° hace también mención a medidas no sólo de expropiación directa, sino indirecta. Sobre estas últimas se pronunció recientemente esta Corporación en la sentencia C-031 de 2009, al hacer la revisión constitucional del Tratado de Libre Comercio con Chile, precisando que la constitucionalidad de cláusulas referentes a este tipo de previsiones estaba fundada, particularmente, en los principios de confianza legítima y buena fe. Al respecto, dijo la providencia que se comenta, lo siguiente: “Así las cosas, en materia de expropiaciones indirectas no sólo está de por medio la protección de la propiedad privada y la primacía del interés general sobre el particular, como sucede en materia de expropiación directa, sino además el ejercicio de las facultades regulatorias estatales, encaminadas a la protección de intereses legítimos como son la salud pública, la seguridad y el medio ambiente. La pregunta que surge entonces es hasta qué punto esta figura del derecho internacional económico se enmarca en los principios del artículo 58 superior o si, por el contrario, su fundamento se haya en otras disposiciones constitucionales. Al respecto, la Corte considera que la interpretación planteada en su intervención por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el sentido de estimar que el artículo 58 Superior, al no distinguir entre expropiación directa e indirecta, abarcaría ambas, no es de recibo por cuanto en la historia del constitucionalismo colombiano la figura de la expropiación ha comportado, desde siempre, la transferencia del derecho de dominio de un particular al Estado, característica que se encuentra ausente en la expropiación indirecta. Así las cosas, la expropiación indirecta encuentra su fundamento constitucional en el principio de la confianza legítima. En tal sentido cabe señalar que como corolario del principio de buena fe, la doctrina y la jurisprudencia foráneas, desde mediados de la década de los sesentas, han venido elaborando una teoría sobre la confianza legítima, el cual ha conocido originales e importantes desarrollos a lo largo de diversos pronunciamientos de esta Corte.”
En consecuencia, el artículo 4° del acuerdo bajo revisión, se reitera, no ofrece reproche alguno en cuanto a su constitucionalidad. 5.1.4.7. Con respecto al artículo 5°, se mencionó que el mismo incluye también una salvaguarda de la inversión, como es la compensación por daños o pérdidas frente a eventos de alteración del orden público -guerra, conflicto armado, revolución o estado de emergencia nacional, disturbios o cualquier acontecimiento similar-. Frente a dicha salvaguarda, la Corte reitera lo dicho en anteriores pronunciamientos sobre la materia, en el sentido de sostener que “dicha cláusula es consecuencia del principio de trato nacional y cláusula de nación más favorecida, en casos de grave perturbación del orden público o económico, por lo que la misma es garantía implícita del derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta”. No obstante, en concordancia con fallos precitados, particularmente con la Sentencia C-358 de 1996, debe destacar la Corte que el reconocimiento de los principios y garantías consignados en la norma no tiene porqué excluir la posibilidad, derivada del artículo 100 de la Constitución Política, de que por razones de orden público, la ley subordine a condiciones especiales o incluso niegue el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros. Por ello, reitera la Corte, “en un Tratado Internacional no se podría impedir al legislador colombiano hacer uso de esta atribución cuando se configuren las circunstancias que la norma constitucional contempla”. De igual modo, la norma no excluye la hipótesis del artículo 59 constitucional, que consagra, en caso de guerra, la expropiación con indemnización posterior.
5.1.4.8. El artículo 6º, que regula el tema de las transferencias, resulta igualmente constitucional, pues, al margen de facilitar la actividad económica y de negocios de los inversionistas, al permitir de forma libre y sin demora los pagos necesarios para la realización de la inversión, también posibilita que tales operaciones se deban efectuar de acuerdo con la legislación interna de cada país, que para el caso colombiano, son las normas que regulan el comercio exterior y el mercado cambiario. Tal y como lo ha puesto de presente esta Corporación, la disposición pretende agilizar la realización de las transferencias de capital o pagos necesarios para la inversión, en moneda de libre convertibilidad, lo cual no contraría ningún mandato Superior. Igualmente, con el fin de no obstaculizar el escenario institucional del país en el que se deposita la inversión, la norma contempla la posibilidad de que las partes contratantes impongan restricciones cambiarias de acuerdo con sus legislaciones, decisión que, sin lugar a dudas, constituye una medida de protección de la economía nacional. En relación con esto último, la Corte, en la Sentencia C-309 de 2007, al estudiar la norma equivalente en el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones entre Colombia y el Reino de España, tuvo oportunidad de precisar que la imposición de restricciones cambiarias corresponde a una decisión excepcional, procedente únicamente cuando las circunstancias macroeconómicas del Estado así lo exijan, restricción que de todos modos no se impone de manera automática, sino por decisión autónoma y soberana de los Estados Parte, y siempre que las medidas que se adopten sean equitativas, no contengan discriminación alguna y consulten el principio de buena fe.
5.1.4.9. El artículo 7° sobre subrogación, tampoco ofrece reparos de constitucionalidad. Según lo ha mencionado la jurisprudencia, la subrogación contenida en este tipo de normas, incluye el reconocimiento de un mecanismo del derecho privado que permite que la entidad aseguradora que expide póliza de seguro de inversión se subrogue en los derechos del inversionista con el fin de reclamar los derechos derivados del siniestro. La disposición le agrega un elemento de seguridad a la inversión, al impedir que la extensión de una póliza sobre el capital de inversión se constituya en razón para negar el reconocimiento de las indemnizaciones correspondientes. La Corte ha dicho que medidas de este tipo, están acorde con las normas internacionales porque garantizan “los riesgos que implica para cualquier inversionista extranjero ejecutar tales actividades y, de esta manera, lograr incentivar la colocación de capitales foráneos”. Sobre el punto, agrego la Corte que:
“El mecanismo de la subrogación tiende a hacer efectivos los sistemas de garantía de las inversiones internacionales. Bien es sabido que, en general, esta forma de protección de la inversión extranjera puede lograrse a través de dos tipos de previsiones: 1) los mecanismos nacionales; 2) los mecanismos internacionales. Los primeros se presentan cuando es el Gobierno de un determinado país el que asume la garantía de las inversiones que sus nacionales y compañías realicen en el extranjero, por su parte, los mecanismos de garantía de derecho internacional son ejercidos por alguna organización de derecho internacional público, creada en virtud de un tratado multilateral, con el objeto de garantizar las inversiones que los nacionales de los Estados Parte constituyan en el extranjero. Cualquiera sea su naturaleza, los mecanismos de garantía buscan cubrir los riesgos que implica toda inversión internacional y tienen por objeto la transferencia de estos riesgos del inversionista privado al organismo de garantía”. Conforme con ello, la misma jurisprudencia constitucional ha destacado que las medidas de subrogación, “se ajustan a la Constitución Política, pues no involucran ni afectan para nada los postulados y reglas que ella consagra y, más bien, plasman sistemas de acuerdo previo sobre responsabilidades de los Estados Partes ante sus inversionistas, con miras a la seguridad y estabilidad de las inversiones”. Además, “el mecanismo de la subrogación no interfiere con ninguna facultad del Gobierno nacional relativa a la ejecución o cumplimiento del Acuerdo, toda vez que esta figura sólo regula las relaciones del inversionista extranjero con su Gobierno o con el organismo de Derecho Internacional que acuda al mecanismo de garantía correspondiente”. 5.1.4.10. Los artículos 8° y 9° se entiende igualmente ajustados a la Constitución, en cuanto los mismos se limitan a la creación de los mecanismos procesales necesarios para la solución de controversias relativas a la ejecución del convenio. La necesidad de recurrir inicialmente a un acuerdo amistoso y agotar la vía gubernativa, y ante el fracaso de éstas, acudir a una Corte Local o a un tribunal de arbitramento, demuestra la intención del Acuerdo de someter las controversias a los mecanismos locales de solución pacífica de conflictos y de recurrir al arbitramento cuando dicho acuerdo no sea posible. La Corte Constitucional, reiteradamente, ha sostenido que prever como mecanismo de solución de controversias el sometimiento de éstas a tribunales de arbitramento, no vulnera la Constitución, por cuanto “el arreglo directo y el arbitramento son mecanismos civilizados de dar solución en forma pacífica y pronta a los conflictos que se presentan entre las partes contratantes o entre un inversionista y una de las partes contratantes, en la aplicación, interpretación, desarrollo y ejecución del Instrumento Internacional que es objeto de revisión”. Por otra parte, “la Corte considera que la promoción de la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas de que trata el artículo 226 de la Carta no sería posible sin el recurso, en determinadas oportunidades, a los tribunales internacionales”. A propósito de esto último, en las Sentencias C-294 de 2002, C-309 de 2007, C-150 de 2009 y C-337 de 2010, la Corte encontró constitucionales cláusulas muy similares a las relacionadas con la solución de controversias en el Convenio de la referencia. En la sentencia C-294 de 2002 se dijo al respecto, lo siguiente: “Estos preceptos no vulneran la Constitución pues el arreglo directo y el arbitramento son mecanismos civilizados de dar solución en forma pacífica y pronta a los conflictos que se presentan entre las partes contratantes o entre un inversionista y una de las partes contratantes, en la aplicación, interpretación, desarrollo y ejecución del Instrumento Internacional que es objeto de revisión. Por otra parte, ‘la Corte considera que la promoción de la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas de que trata el artículo 226 de la Carta no sería posible sin el recurso, en determinadas oportunidades, a los tribunales internacionales’”. Asimismo, es menester resaltar que el artículo 9° del acuerdo tiene plena vigencia en Colombia, si se tiene en cuenta que la legislación interna exige el agotamiento de la vía gubernativa para recurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa en caso de controversia respecto de una decisión de autoridad administrativa. Por tanto, el Tratado no exige agotar la vía judicial, sino únicamente la vía gubernativa.
5.1.4.11. Frente al contenido del artículo 10°, que consagra una cláusula de favorabilidad en la aplicación de otras disposiciones diferentes al acuerdo para resolver las diferencias surgidas en éste, cabe señalar que el mismo corresponde nuevamente al Principio de Nación más Favorecida, que como ya se afirmó, ha sido considerado por la Corte Constitucional como acorde a la Carta pues se dirige a hacer efectivo en todo tiempo la igualdad fundamental sin discriminación entre todos los países interesados. 5.1.4.12. En el artículo 11 el acuerdo consagra el ámbito de aplicación de sus normas. Precisa que el mismo regirá para las inversiones hechas antes o después de su entrada en vigor, en un esfuerzo por estimular nuevas inversiones pero también por favorecer las que ya se iniciaron, lo cual no resulta contrario a la Constitución. Sobre este tipo de normas, la Corte ha dicho que se trata de garantías que se otorgan por “los Estados a los inversionistas tanto para iniciar como para mantener la inversión y, además, en términos de seguridad, a idéntico riesgo está sometido el empresario antiguo como el nuevo, de donde resulta que la igualdad real consagrada en el artículo 13 de la Carta se realiza mejor con los términos acordados en la cláusula examinada que con una referencia tajante a las inversiones futuras”. De igual manera, resulta ajustado a la Carta que el acuerdo omita cubrir con la protección ofrecida a capitales o activos de origen ilícito.
5.1.4.13. Los artículos 12 y 13 tratan sobre excepciones generales y medidas prudenciales en el sector financiero. Disponen al respecto, que nada de lo previsto en el acuerdo puede interpretarse en el sentido de impedir que las partes adopten o mantengan medidas dirigidas a la preservación del orden público o aquellas relacionadas con servicios financieros, siempre que dichas medidas sean necesarias y transparentes de acuerdo con la legislación nacional y no conlleven una restricción oculta a la inversión. En relación con tales mandatos, la Corte ha manifestado que los mismos resultan acordes con la Constitución Política, en cuanto su objetivo es mantener en cabeza del Estado la facultad de controlar el orden público en los distintos órdenes, como una manifestación clara de la soberanía nacional y de los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 2° Superior. También armonizan con los mandatos de regulación, inspección, vigilancia y control de las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público (C.P. arts. 150-19-d y 189-24). E igualmente, las medidas están de acuerdo con los deberes de la Junta Directiva del Banco de la República como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia (C.P. art. 372). La circunstancia de que se exija que las medidas de excepción deban ser serias y fundadas, y no constituyan una restricción oculta de la inversión, comporta igualmente una salvaguarda de seguridad y estabilidad para los inversionistas, fundada, particularmente, en los principios de confianza legítima y buena fe, razón por la cual, también por esa vía la norma se entiende ajustada a la Constitución. 5.1.4.14. El artículo 14 estipula que el acuerdo no tendrá aplicación en asuntos tributarios, con la excepción del artículo 4° (Expropiación y Compensación) y del artículo 9° (Resolución de Disputas Entre una Parte Contratante y un Inversionista de la Otra Parte Contratante). En virtud de dicha norma, solo respecto a tales artículos las medidas tributarias estarán cubiertas por el acuerdo, de manera que, si un inversionista alega que una medida tributaria es expropiatoria se podrá someter el asunto al proceso de resolución de disputas inversionista-Estado, siguiendo el procedimiento prescrito en el acuerdo. Como ya lo ha dicho la Corte, ese tipo de medidas tributarias se ajustan a la Constitución, por ser “reflejo del respeto a la potestad impositiva del Estado como manifestación de la soberanía nacional”. En la Sentencia C-150 de 2009, al estudiar una medida tributaria similar a la prevista en este artículo, la Corte agregó que “la constitucionalidad de estas medidas está fundada [también] en el reconocimiento del principio de la confianza legítima y de la buena fe entre las partes, que supone como garantía a la inversión, la ausencia de arbitrariedad en el desarrollo de la actividad tributaria”.
5.1.4.15. Finalmente, esta Corporación encuentra legítimas las disposiciones de los artículos 15 y 16 del acuerdo, que establecen el deber de consulta mutua respecto de la aplicación e interpretación del convenio y su entrada en vigencia. Estas normas de inclusión general en los tratados internacionales, lo ha dicho la Corte, no contrarían ninguna disposición constitucional, por cuanto tan solo se limitan a fijar los mecanismos de entrada en rigor del respectivo instrumento. 5.1.4.6. En los términos expuestos, la Corte concluye que, tanto el “Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular de China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008, como su ley aprobatoria, la Ley 1462 de 2011, resultan ajustados a la Constitución, razón por la cual serán declarados exequibles.
Primero: Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular de China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008. Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley 1462 de 2011, por la cual se aprueba el “Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular de China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008. Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

References: artículo 244
 artículo 11
 artículo 7
 artículo 150
 artículo 189
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 154
 artículo 157
 artículo 160
 artículo 157
 Artículo 162
 artículo 157
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 15
 resolución 
 resolución 
 artículo 226
 artículo 227
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 226
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 4
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 13
 artículo 100
 artículo 59
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 226
 artículo 226
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 14
 artículo 4
 artículo 9
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