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Timestamp: 2018-04-21 01:44:14+00:00

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Barragán-Lancharro Abogados (Cáceres): mayo 2012
Vuelta de tuerca a última hora en los cambios en la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. EXPANSIÓN este martes una noticia con las 17 enmiendas presentadas por los seis grupos parlamentarios, incluido el PP, donde La Izquierda Plural y UPyD volvían a perdir que se eximiera a todos los licenciados en Derecho del acceso a la Abogacía. El PP no incluía ninguna petición en esta dirección. Todas las enmiendas se debatían este jueves en la Comisión de Justicia. Miles de estudiantes de la Licenciatura de Derecho habían perdido ya todas las esperanzas.
Sin embargo, la sorpresa ha llegado a mediodía del martes cuando el Grupo Popular ha aprovechado la ponencia del Congreso encargada de estudiar el proyecto de ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles (donde se incluían los cambios en la Ley de Acceso a la Abogacía) para introducir una enmienda transaccional que excluye a los licenciados en Derecho de todo el proceso de acceso a la abogacía (máster, prácticas y exmamen). Podrán colegiarse sin problema en el plazo de dos años.
En la reunión de la ponencia, la vicepresidenta tercera del Congreso y miembro del grupo Popular, Dolors Montserrat, cuando se discutía a puerta cerrada los puntos para llevarlos el jueves a la Comisión y se estaba a punto de finalizar, ha presentado una enmienda transaccional -que se pacta con varios grupos- para eximir completamente a todos los licenciados en Derecho, tal como el Grupo Popular había solicitado en una propuesta no de ley presentada en el Congreso de los Diputados el 10 de febrero.
El propio presidente de la Comisión de Justicia, Alfredo Prada (de las filas populares) manifestaba en su cuenta personal de Twitter: "Todos los Licenciados en Derecho, "sin excepción", quedan exentos de la aplicación de la Ley de acceso 34/2006. Promesa cumplida"
Dolors Montserrat ha explicado a EXPANSIÓN que "hemos propuesto desde el PP un diálogo abierto con el resto de los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo en este sentido y acabar con un problema iniciado en 2006 con una Ley que no tuvo en cuenta la opinión de los afectados. El PP ha logrado un consenso de todos los grupos".
Montserrat ha añadido en declaraciones a este diario que "con la crisis económica, el paro juvenil entre el 45% y el 50% y con las universidades y colegios sin la capacidad suficiente en estos momentos para la realización de los máster y gestión de las prácticas -como nos habían manifestado-, pensábamos tanto desde el grupo Popular como desde el Ministerio de Justicia, que había que introducir este importante cambio".
La nueva enmienda transaccional especifica: “Los títulos profesionales que se regulan en esta ley no serán exigibles a quienes obtengan un título de licenciado en Derecho con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, siempre que en el plazo máximo de dos años, a contar desde el momento en que se encuentren en condiciones de solicitar la expedición del título oficial de licenciado en Derecho, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes”.
La vicepresidenta tercera del Congreso ha asegurado que "el acuerdo ya es definitivo y sólo falta la votación oficial el jueves en la Comisión de Justicia para enviar el texto definitivo al Senado". Montserrat añadió que "el resto de enmiendas presentadas sobre este tema, excepto alguna que corrige algún error de redacción o interpretación, ya no se votarán el jueves, al no tener ya sentido".
Las reacciones no se han hecho esperar. La presidenta de Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular y una de las grandes impulsoras de este cambio, Beatriz Jurado, ha manifestado que "se hace justicia con miles de licenciados en Derecho". NNGG se comprometió a "resolver una problemática que afecta a multitud de jóvenes estudiantes y que urge solucionar, y así devolver la igualdad entre los estudiantes de Derecho”, ha explicado.
Por su parte el presidente de la Asociación de afectados por la Ley de Acceso a la Abogacía y Procuraduría (Analap), José Beceiro, mostró a este diario su satisfacción por la enmienda transaccional presentada. "Estamos muy contentos porque ha sido siempre nuestro obejtivo único e irrenunciable", afirmó.
El portavoz de los estudiantes afectados manifestó que "estaba claro que el RD no solucionaba el problema sino que lo agravaba, y aunque muchos lo dieron todo por perdido, nosotros hemos seguido trabajando para convencer a todos los grupos de que era necesario eximir a los licenciados del acceso a la profesión".
En el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), sin embargo, la noticia no se ha recibido de igual forma. Un portavoz del CGAE ha explicado a EXPANSIÓN que este cambio "no parece serio sino más bien el resultado de una improvisación", y recomienda a los titulados en Derecho hacer el máster o formarse por su cuenta aunque no tengan que hacer de forma obligatoria el acceso que marca la Ley 34/2006".
Además el portavoz del CGAE ha basado la postura de la Abogacía española en cinco puntos:
1. Todos estábamos de acuerdo (políticos, abogados, Consejo, universidades,...) con que sólo con la licenciatura no se tenían los conocimientos adecuados para ejercer como abogado; 2. Durante las últimas décadas la Abogacía ha hecho todo lo posible por mejorar la formación de los nuevos abogados, mediante las Escuelas de Práctica Jurídica; 3. La formación práctica y en habilidades del máster creemos que es imprescindible para la adecuada defensa del derecho de los ciudadanos; 4. Si ahora el legislador estima que no es necesario este máster, es su responsabilidad; 5. La Abogacía seguirá concentrando todos sus esfuerzos en la mejor formación del ejercicio profesional de los abogados.
La Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1949/2000, de 1 de diciembre, y por el Real Decreto 1162/2001, de 26 de octubre, operaron una profunda reforma en el sistema de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, así como en el funcionamiento de los servicios colegiales de abogados y procuradores encargados de su prestación.
La Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha incorporado importantes novedades con el fin de conseguir la celeridad en la respuesta ante la delincuencia, con la creación de un proceso especial para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos que permita su enjuiciamiento inmediato.
La más importante aceleración de estos procesos es la que ha de darse en el tiempo que transcurre desde la incoación del proceso penal hasta la celebración del juicio oral, siendo por tanto, pieza clave del nuevo procedimiento, la instrucción concentrada ante el juzgado de guardia y durante el tiempo que dure el servicio de guardia de dicho órgano judicial, prorrogable en aquellos partidos judiciales en que dicho servicio no tenga carácter permanente.
Junto a esta instrucción concentrada y con el fin de alcanzar su objetivo, la norma prevé así mismo que el juicio oral, la emisión de la sentencia, así como la tramitación de los eventuales recursos que puedan interponerse, se realicen con rapidez, por lo que establece para ello plazos reducidos.
Esta agilización y concentración de actuaciones ante el juzgado de guardia hace preciso asegurar la presencia en aquéllas de forma inmediata de abogados, que aseguren el derecho de asistencia letrada y de defensa y representación de las partes, y se prevé, en el ámbito de la justicia gratuita y en este tipo de procedimientos, que sea un único letrado el que preste la asistencia, desde la detención, si la hubiera, hasta la finalización del proceso, así como que las solicitudes de reconocimiento del derecho gocen de prioridad en su tramitación.
Esta reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene una repercusión directa en el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, por lo que es necesario abordar su modificación, mediante la incorporación de las previsiones necesarias a las que debe ajustarse el procedimiento para la tramitación de solicitudes correspondientes a procesos de enjuiciamiento rápido.
Se modifica, pues, la estructura del vigente Reglamento de asistencia jurídica gratuita, dividiendo el capítulo II, Procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita , en dos secciones: una sección I, de Procedimiento general , y una sección II, de Procedimiento especial para los procesos de enjuiciamiento rápido de determinados delitos . Asimismo, con el fin de clarificar los conceptos asistencia letrada de oficio y asistencia y representación gratuitas , el capítulo III pasa a denominarse Organización de los servicios de asistencia letrada, defensa y representación , que se divide asimismo en dos secciones, sección I, Asistencia letrada de oficio , y sección II, Asistencia jurídica gratuita .
Por lo que se refiere a la composición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, se procede a su adaptación a la reciente modificación efectuada por la Ley 7/2003, de 1 de abril, de la sociedad limitada Nueva Empresa por la que se modifica la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que modifica la regulación que en esta materia se contenía en la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Por último, las nuevas previsiones que se establecen determinan la modificación del modelo normalizado de solicitud que figuraba como anexo I del citado reglamento y los módulos y bases de compensación económica establecidos en el anexo II.
Por razones de técnica legislativa y para evitar la dispersión normativa, se ha optado por elaborar un nuevo texto que deroga el anterior y al que se incorporan, además de las mencionadas modificaciones, aquéllas que se han venido produciendo desde la entrada en vigor del Real Decreto 2103/1996, operadas por el Real Decreto 1949/2000, de 1 de diciembre, y por el Real Decreto 1162/2001, de 26 de octubre, texto en el que se regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita por la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y que se aplicará al reconocimiento del derecho en relación con todo tipo de procesos ante órganos jurisdiccionales españoles, cuya sede radique en el territorio de comunidades autónomas que no hayan recibido los traspasos en materia de provisión de medios al servicio de la Administración de Justicia, o que extiendan su competencia a todo el territorio nacional, con las excepciones que en aquél se establecen.
Este Real Decreto se dicta al amparo de la habilitación conferida al Gobierno por la disposición final primera de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. Ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial, por las comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de Justicia y por los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia y de Hacienda, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de julio de 2003, dispongo:
Artículo único. Aprobación de Reglamento.
Se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, cuyo texto se inserta a continuación de este Real Decreto.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Autorización de cesión de datos de naturaleza tributaria a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
La presentación de la solicitud de asistencia jurídica gratuita supondrá la autorización del solicitante para que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita obtenga de forma directa de la Administración tributaria la acreditación, en su caso, de que no está obligado a presentar declaración por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, en cuyo caso deberá aportar la mencionada certificación.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Devengo de retribuciones.
Las retribuciones derivadas de intervenciones en procesos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto se realizarán conforme a los módulos y bases económicas establecidas por el Real Decreto 1949/2000, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, excepto en el orden penal para aquellos procesos a que se refiere la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de dicha norma, que se retribuirán conforme a los módulos establecidos en este Real Decreto.
Queda derogado el Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre, así como las modificaciones a éste operadas por el Real Decreto 1949/2000, de 1 de diciembre, y por el Real Decreto 1162/2001, de 26 de octubre, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Real Decreto.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Efectos económicos.
Los módulos y bases de compensación económicos establecidos en el anexo II del reglamento que se aprueba por este Real Decreto serán de aplicación para la retribución de abogados y procuradores por su asistencia a beneficiarios de asistencia jurídica gratuita en los procesos que se inicien a partir de su entrada en vigor.
1. Este Reglamento regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
a. Todo tipo de procesos ante juzgados y tribunales con jurisdicción en todo el territorio nacional o en el territorio de una comunidad autónoma que no haya recibido los traspasos en materia de provisión de medios al servicio de la Administración de Justicia.
b. Los procedimientos administrativos cuya tramitación y resolución corresponda a órganos de la Administración General del Estado, siempre que se encuentren legalmente comprendidos en el derecho de asistencia jurídica gratuita.
3. Se exceptúan de lo dispuesto en los apartados anteriores los artículos 16; 20; apartados 1, 3 y 4 del artículo 27; 33; 34 y 35 de este Reglamento, que, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, serán de aplicación general en todo el territorio nacional.
ÓRGANOS COMPETENTES Y PROCEDIMIENTOS.
NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.
Artículo 2. Ámbito territorial de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
Cuando se trate de delegaciones de comisiones en cuya composición se integren funcionarios de Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, conforme a lo establecido en el artículo 3.2.b, su creación se llevará a cabo a propuesta conjunta del Ministro de Justicia y del Ministro de Administraciones Públicas.
Artículo 3. Composición y designación de miembros.
a. Un Abogado del Estado, designado por el Abogado General del Estado­Director del Servicio Jurídico del Estado.
b. Un funcionario que ocupe un puesto de trabajo cuyo desempeño corresponda a funcionarios pertenecientes a cuerpos o escalas del grupo A, que ejercerá las funciones de secretario de la comisión y que será designado conforme a las siguientes reglas:
1. Para las comisiones de aquellas provincias en las que exista Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, el funcionario será designado por el Subsecretario de Justicia, de entre los destinados en dicha Gerencia.
2. Para las comisiones de aquellas provincias en las que no exista Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, el funcionario será designado por el Delegado o Subdelegado de Gobierno, en su caso, de entre los destinados en la Delegación o Subdelegación de Gobierno respectiva.
3. Para las comisiones de las islas, en las que no radica la capital de provincia, el funcionario será designado por el Director Insular de la Administración General del Estado, de entre los destinados en la respectiva Dirección Insular.
c. El Decano del Colegio de Abogados de la provincia, o el abogado que aquél designe.
d. El Decano del Colegio de Procuradores de la provincia, o el procurador que aquél designe.
Artículo 4. Dependencia orgánica, soporte administrativo y sede.
1. Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita quedarán adscritas orgánicamente a las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia o, donde no existan, a las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno.
Estos órganos prestarán el soporte administrativo y el apoyo técnico necesarios para su funcionamiento.
Artículo 5. Información sobre los servicios de justicia gratuita.
a. Reconocer, denegar o revocar, en su caso, el derecho a la asistencia jurídica gratuita, mediante confirmación o modificación, en su caso, de las decisiones previamente adoptadas por los colegios profesionales.
b. Efectuar las comprobaciones y recabar la información que a lo largo de la tramitación de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita se estimen necesarias, y requerir de la Administración correspondiente la confirmación de la exactitud de los datos alegados por los solicitantes, para lo cual podrán utilizarse, a tal efecto, los procedimientos telemáticos de transmisión de datos, siempre que el interesado así lo autorice.
c. Adoptar, previa consulta a los respectivos colegios profesionales, aquellas medidas que permitan conocer, con la periodicidad que se estime conveniente, la situación de los expedientes.
d. Recibir y trasladar al juzgado o tribunal correspondiente el escrito de impugnación de las resoluciones que, de modo definitivo, reconozcan o denieguen el derecho.
e. Tramitar las comunicaciones relativas a la insostenibilidad de la pretensión presentadas por los abogados.
f. Supervisar las actuaciones de los servicios de orientación jurídica previstos en el artículo 32, y actuar como órganos de comunicación con los colegios profesionales, a efectos de canalizar las quejas o denuncias formuladas como consecuencia de las actuaciones relacionadas con los servicios de asistencia jurídica gratuita, en aquellos casos en que tales iniciativas no se hayan planteado directamente ante los colegios.
g. Cualquier otra competencia que le atribuya la normativa reguladora de la asistencia jurídica gratuita.
PROCEDIMIENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.
Artículo 9. Presentación de la solicitud.
3. En el orden penal y en el supuesto de que el juzgado o tribunal hubiera acordado cualquiera de las medidas privativas de libertad o restrictivas de derechos en los casos en que procedan conforme a la ley, de forma que no sea posible presentar la documentación exigida y en los plazos establecidos, el letrado designado remitirá directamente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita la solicitud debidamente firmada por el interesado, en la que constará, de modo expreso, la identidad del solicitante y del asunto o procedimiento de que se trate ya la que se unirá una diligencia acreditativa de la situación.
Artículo 10. Subsanación de deficiencias.
Artículo 11. Designaciones provisionales.
Artículo 12. Ausencia de designaciones provisionales.
Artículo 13. Designación provisional a requerimiento judicial.
Artículo 14. Reiteración de la solicitud.
Artículo 16. Resolución: contenido y efectos.
Artículo 17. Notificación de la resolución.
Artículo 18. Silencio administrativo.
Artículo 19. Impugnación de la resolución.
Artículo 20. Revocación del derecho.
SECCIÓN II. PROCEDIMIENTO EN LOS PROCESOS ESPECIALES PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE DELITOS.
Artículo 21. Iniciación y presentación de la solicitud.
Artículo 22. Presentación de documentación y remisión a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
3. Analizada la solicitud y documentación presentada, si ésta fuere insuficiente, se le requerirá para que subsane los defectos advertidos en el plazo de 10 días; de no hacerlo así, se le tendrá igualmente por desistido.
Si la documentación fuese suficiente o subsanase los defectos advertidos, una vez analizado el informe emitido por el letrado, el Colegio de Abogados adoptará una primera decisión provisional sobre si el solicitante reúne los requisitos legalmente exigidos para la concesión del derecho y la trasladará, junto con el expediente completo, en el plazo de tres días a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para su verificación y resolución definitiva, comunicándole asimismo la designación de letrado efectuada.
Artículo 23. Instrucción y resolución del procedimiento.
Artículo 24. Ausencia de resolución expresa.
Artículo 25. Aplicación supletoria de las normas comunes.
En lo no previsto expresamente en esta sección, se aplicarán a este procedimiento las normas comunes contenidas en la sección I.
SECCIÓN III. PROCEDIMIENTO EN AQUELLOS PROCESOS JUDICIALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE TENGAN CAUSA DIRECTA O INDIRECTA EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Artículo 25 bis. Iniciación y presentación de la solicitud.
1. Cuando se trate de la prestación del servicio de orientación jurídica, defensa y asistencia letrada a las mujeres víctimas de violencia de género, éste se asegurará a todas las que lo soliciten, procediéndose de forma inmediata a la designación de abogado de oficio dentro del turno especializado en la defensa de las víctimas de violencia de género que a tal efecto se establezca por los Colegios de Abogados en sus respectivos ámbitos.
2. Designado el abogado de oficio, éste informará a su defendida del derecho que le asiste para solicitar el beneficio de asistencia justicia gratuita, le informará de los requisitos necesarios para su reconocimiento, auxiliándola si fuese necesario en la redacción de los impresos de solicitud, y le advertirá que, de no serle reconocido con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, deberá abonar a su cargo los honorarios correspondientes.
3. Si la interesada desea solicitar el derecho de asistencia jurídica gratuita, cumplimentará el modelo que se une como anexo I.IV y lo presentará en el Servicio de orientación jurídica del Colegio de Abogados territorialmente competente en el plazo máximo de 48 horas a contar desde el momento en que hubiese recibido la primera atención, o bien en el registro correspondiente del Juzgado de su domicilio dentro de ese mismo plazo máximo de 48 horas. En este último caso, el juzgado remitirá la solicitud al Colegio de Abogados territorialmente competente de forma inmediata.
En la solicitud constarán los datos identificativos de la solicitante y deberá estar debidamente firmada por ésta; dada la inmediatez en la prestación de asistencia jurídica, no será precisa la acreditación previa de la carencia de recursos económicos por parte de la asistida, sin perjuicio de la obligación de presentar la documentación necesaria en el Colegio de Abogados.
Artículo 25 ter. Presentación de la documentación.
1. La solicitante de asistencia jurídica gratuita deberá presentar la documentación necesaria relacionada en el anexo I.IV en el Servicio de orientación jurídica del Colegio de Abogados juntamente con la solicitud, o bien en el plazo máximo de cinco días a partir de la presentación de la misma.
2. Transcurrido dicho plazo, si la interesada no aportase la documentación se le tendrá por desistida de su solicitud y el Colegio de Abogados procederá a su archivo, dando cuenta al letrado para que actúe en consecuencia.
3. Analizada la solicitud y la documentación presentada, si ésta fuese insuficiente, se requerirá a la solicitante para que subsane los defectos advertidos en el plazo de 10 días hábiles; de no hacerlo así, se le tendrá igualmente por desistida en su solicitud.
4. Si la documentación fuese suficiente, subsanados en su caso los defectos advertidos, el Colegio de Abogados, en el plazo de tres días, trasladará el expediente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita junto con un informe sobre la procedencia de la pretensión, comunicando asimismo la designación efectuada del letrado que ha asumido la asistencia de oficio.
Artículo 25 quater. Instrucción y resolución del procedimiento.
1. Recibido el expediente en la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y realizadas las comprobaciones pertinentes, ésta dictará resolución que reconozca o deniegue el derecho en el plazo máximo de 30 días a contar desde la recepción del expediente completo.
Cuando se trate de la prestación del servicio de asistencia letrada a la mujer víctima de un delito susceptible de enjuiciamiento rápido, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dará preferencia a la tramitación de la solicitud, procurando que la resolución por la que se reconozca o deniegue el derecho se dicte con anterioridad a la fecha de celebración del juicio oral.
2. La resolución se notificará en el plazo común de tres días a la solicitante, al Colegio de Abogados y, en su caso al Colegio de Procuradores, a las partes interesadas y al juzgado o tribunal que esté conociendo del proceso, o al Juez Decano de la localidad si aquél no se hubiera iniciado.
Si la resolución fuese estimatoria, el letrado del turno de oficio designado inicialmente y, en su caso, el procurador quedarán confirmados, asumiendo la asistencia jurídica, la defensa y, en su caso, la representación gratuitas en todos los procesos y procedimientos administrativos que se deriven de la violencia padecida.
3. Si fuese desestimatoria, la solicitante podrá designar abogado y procurador de libre elección, debiendo abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por los servicios efectivamente prestados a los profesionales designados de oficio con carácter provisional. En este caso, el letrado actuante habrá de reembolsar a la Administración el importe de las retribuciones percibidas con motivo de su intervención profesional.
Artículo 25 quinquies. Aplicación supletoria de las normas comunes.
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA LETRADA, DEFENSA Y REPRESENTACIÓN.
ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA LETRADA DE OFICIO.
Artículo 26. Regulación y organización.
1. Los Consejos Generales de la Abogacía Española y del Colegio de Procuradores de los Tribunales de España aprobarán las directrices generales sobre organización y funcionamiento de los servicios de asistencia letrada de oficio.
2. Las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados y de Procuradores regularán y organizarán los servicios de asistencia letrada y de defensa y representación de quienes soliciten abogado de oficio en cualquier jurisdicción o no designen abogado en la jurisdicción penal, conforme a las directrices adoptadas por los órganos a que se refiere el apartado anterior, que serán, en todo caso, de obligado cumplimiento.
3. La organización de los servicios deberá garantizar su continuidad y, cuando el censo de profesionales lo permita, la especialización por órdenes jurisdiccionales, atendiendo a criterios de eficiencia y funcionalidad en la aplicación de los fondos públicos puestos a su disposición, velando por la distribución objetiva de turnos y medios.
Los sistemas de distribución de turnos y medios serán públicos para todos los colegiados, así como para los solicitantes de asistencia jurídica gratuita.
Artículo 27. Obligaciones profesionales.
1. Los abogados y procuradores designados de oficio desempeñarán sus funciones de forma real y efectiva hasta la finalización del procedimiento en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los dos años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia.
2. En el procedimiento especial para el enjuiciamiento rápido de delitos, la asistencia letrada se prestará por el mismo abogado desde el momento de la detención, si la hubiese, o desde que se requiera dicha asistencia y hasta la finalización del procedimiento, incluido el juicio oral y, en su caso, la ejecución de la sentencia.
3. En el supuesto de asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género, la orientación jurídica, defensa y asistencia se asumirán por una misma dirección letrada desde el momento en que se requiera, y abarcará todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida hasta su finalización, incluida la ejecución de sentencia. Este mismo derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima.
4. Sólo en el orden penal los letrados designados podrán excusarse de la defensa, siempre que concurra un motivo personal y justo, que será apreciado por los decanos de los colegios. En el supuesto de atención a las víctimas de violencia de género, la aceptación de la excusa en el orden penal implicará el cese en los demás procedimientos y la designación de un nuevo letrado.
Artículo 28. Régimen de guardias.
1. Para la atención letrada al detenido durante la detención y la realización de las primeras diligencias de instrucción criminal que resulten procedentes, así como para la asistencia letrada a quien se le atribuya un delito en el atestado policial, haya sido detenido o no, para cuya instrucción y enjuiciamiento es de aplicación el procedimiento especial previsto en el título III de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su redacción dada por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, todos los Colegios de Abogados establecerán un régimen de guardias que garantice, de forma permanente, la asistencia y defensa de aquéllos.
2. Para la orientación jurídica, defensa y asistencia letrada inmediatas de las mujeres víctimas de violencia de género en todos los procesos y procedimientos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida y desde el momento en que lo requieran, todos los Colegios de Abogados establecerán un régimen de guardias especializado en la defensa de las víctimas de violencia de género.
3. El régimen de guardias así como el número de letrados que integran cada servicio de guardia se determinará, entre otras circunstancias, en función del volumen de litigiosidad, ámbito territorial, características geográficas o situación y distancia de los centros de detención. A tal efecto, el Consejo General de la Abogacía Española, con la conformidad del Ministerio de Justicia, determinará los parámetros a que han de ajustarse los colegios profesionales en la determinación del número de letrados que ha de integrar el servicio de guardia.
Artículo 29. Prestación de los servicios de guardia.
1. Con carácter general, los servicios de guardia se prestarán con periodicidad diaria, y se incorporarán a éstos, en situación de disponibilidad o de presencia física, todos los letrados que lo integren conforme al régimen establecido por el colegio respectivo, y que realizarán cuantas asistencias sean necesarias durante el servicio de guardia.
2. Excepcionalmente, en aquellos colegios en los que la reducida dimensión de sus actividades u otras características así lo aconsejen, se podrán establecer servicios de guardia con diferente periodicidad, a los que se irán incorporando los letrados a medida que se produzca alguna incidencia que requiera asistencia letrada.
3. Para la orientación jurídica, defensa y asistencia letrada inmediata de las mujeres víctimas de violencia de género se establecerá en cada Colegio de Abogados una guardia de disponibilidad de la que formarán parte letrados especializados en la defensa de las víctimas de violencia de género, en el número que se determine por el propio colegio de conformidad con los parámetros que a tal efecto se determinen conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior y con la periodicidad que asimismo se determine.
4. El régimen de prestación de servicios de guardia que se determine requerirá ser conocido, con carácter previo, por el Ministerio de Justicia.
RECONOCIMIENTO, RENUNCIA Y CUESTIONES ORGANIZATIVAS DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.
Artículo 30. Efectos del reconocimiento del derecho.
1. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita llevará consigo la confirmación de las designaciones provisionales de abogado y, en su caso, procurador de oficio, y si éstas no se hubiesen producido, el nombramiento inmediato de los profesionales que defiendan y en su caso, representen al titular del derecho, así como del resto de las prestaciones que integren el derecho. En cada ámbito territorial, los Colegios de Abogados y los Colegios de Procuradores actuarán de manera coordinada para efectuar las designaciones que procedan en cada caso, y no podrá actuar, al mismo tiempo, un abogado de oficio y un procurador libremente elegido o viceversa, salvo que el profesional de libre elección renuncie por escrito a percibir sus honorarios o derechos ante el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita y ante el colegio ante el que se halle inscrito.
2. En el orden penal, se asegurará en todo caso la defensa desde el momento mismo de la detención, sin perjuicio del abono por el cliente de los honorarios devengados si no le fuese reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
3. Cuando se trate de asistencia a la mujer víctima de violencia de género, se asegurará dicha asistencia desde el momento en que la mujer lo solicite, produciendo la falta de reconocimiento del derecho iguales efectos a los señalados en el apartado anterior.
Artículo 31. Renuncia a la designación.
1. Quienes crean tener derecho a la asistencia jurídica gratuita podrán renunciar expresamente a la designación de abogado y procurador de oficio, nombrando libremente a profesionales de su confianza, y deberá hacer constar este extremo en la solicitud. La renuncia afectará a ambos.
2. La renuncia posterior a la designación, que asimismo deberá afectar a ambos profesionales, tendrá que ser comunicada expresamente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y a los colegios profesionales, y no implicará la pérdida de las demás prestaciones del derecho a asistencia jurídica gratuita que se hubiesen reconocido.
3. Para asegurar la efectiva y mutua comunicación de las renuncias de los profesionales a la percepción de honorarios y derechos, así como las de los interesados a las designaciones de oficio, los Colegios de Abogados y Procuradores adoptarán cuantas medidas sean necesarias.
Artículo 32. Servicios de orientación jurídica.
1. Cada Colegio de Abogados contará necesariamente con un servicio de orientación jurídica que asumirá, además de las funciones que le asigne la Junta de Gobierno, el asesoramiento previo a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita, la información sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para su reconocimiento y el auxilio en la redacción de los impresos normalizados de solicitud. Este servicio tendrá carácter gratuito para los solicitantes.
2. Los Colegios de Abogados adoptarán las medidas precisas para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios de orientación jurídica y para difundir adecuadamente la localización de sus dependencias y sus funciones.
Artículo 33. Formación y especialización.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el Ministerio de Justicia, previo informe de los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, establecerá los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, así como aquellos relativos a experiencia profesional previa.
2. Dichos requisitos serán de obligado cumplimiento para todos los colegios profesionales.
1. Los daños producidos por el funcionamiento de los servicios colegiales de asistencia jurídica gratuita serán resarcidos conforme a las reglas y principios generales de responsabilidad patrimonial contenidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. La anulación o modificación de las decisiones adoptadas por los colegios profesionales respecto de las designaciones provisionales de abogado y de procurador, que sean acordadas por las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita en el momento de dictar resolución, o por los órganos judiciales que resuelvan las impugnaciones previstas en el artículo 20 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, no suponen en sí mismas título de imputación de responsabilidad a los colegios profesionales.
3. La tramitación de las reclamaciones de indemnización se ajustará a lo previsto por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, en lo que sea de aplicación y, en todo caso, con las siguientes precisiones:
a. El procedimiento de reclamación de indemnización se iniciará mediante solicitud del interesado, que se dirigirá y presentará ante el colegio profesional que corresponda.
b. La resolución final, que acuerde o desestime la indemnización reclamada, será adoptada, previo dictamen del Consejo de Estado, por la Junta de Gobierno del colegio respectivo.
Artículo 35. Insostenibilidad de la pretensión.
1. Cuando el abogado designado para un proceso considere insostenible la pretensión que pretende hacerse valer, deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dentro de los seis días siguientes a su designación, mediante la presentación de un informe debidamente motivado en el que exponga los argumentos jurídicos en los que fundamenta su decisión, y se tramitará a continuación conforme a lo previsto en los artículos 32 a 35 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Este mismo procedimiento se seguirá cuando se trate de interponer recursos contra resoluciones que hayan puesto fin al proceso en la instancia correspondiente, si el abogado del recurrente considerase inviable la pretensión.
2. Los Colegios de Abogados llevarán un registro especial en el que se dejará constancia de los expedientes tramitados con motivo de la insostenibilidad de la pretensión formulada por los colegiados.
Artículo 36. Subvención.
Artículo 37. Retribución de abogados y procuradores.
1. La retribución de los abogados y procuradores se realizará conforme a bases económicas y módulos de compensación fijados en atención a la tipología de procedimientos en los que intervengan dichos profesionales.
Artículo 38. Devengo de la indemnización.
Las actuaciones posteriores a la primera declaración del detenido o preso se considerarán incluidas en la retribución que corresponda al procedimiento de que se trate conforme al baremo establecido en el anexo II.
Artículo 39. Gastos de funcionamiento e infraestructura.
1. El coste que genera a los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas se compensará en función de la aplicación a cada expediente del siguiente módulo:
a. Colegios de Abogados: 30 euros por expediente tramitado.
b. Colegios de Procuradores: 3 euros por expediente tramitado.
4. Para subvencionar el coste que generen al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España sus actuaciones en materia de asistencia jurídica gratuita, trimestralmente los Consejos percibirán una cantidad igual a la resultante de aplicar el 11,5 % al importe que corresponda a los colegios por los expedientes tramitados, según lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo.
Artículo 40. Gestión colegial de la subvención.
1. Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España distribuirán entre sus respectivos colegios el importe de la subvención que corresponda a cada uno, en función del número de actuaciones profesionales realizadas y acreditadas por éstos ante los citados Consejos Generales, así como de los expedientes tramitados, durante el trimestre inmediatamente anterior al de cada libramiento.
Artículo 41. Procedimiento de aplicación de la subvención.
1. Dentro del mes natural siguiente al de la finalización de cada trimestre, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España remitirán al Ministerio de Justicia una certificación que contenga los datos relativos al número y clase de actuaciones realizadas por cada colegio a lo largo del trimestre anterior, junto con la justificación del coste económico total asociado a aquéllas.
Artículo 42. Justificación anual de la aplicación de la subvención.
Dentro de los cuatro primeros meses de cada año, los Consejos Generales justificarán ante el Ministerio de Justicia la aplicación de la subvención percibida durante todo el ejercicio inmediatamente anterior. Si incumplieran dicha obligación, se suspenderán los sucesivos libramientos hasta que se rinda la cuenta. En el supuesto de que la cuenta justificativa fuese incompleta por retraso u omisión de algún Colegio de Abogados o de Procuradores, se detraerá de los libramientos posteriores una cantidad igual a la última distribuida por los Consejos Generales a dichos colegios.
Artículo 43. Contenido de la justificación anual.
1. La justificación anual de la aplicación de los fondos percibidos a que se refiere el artículo anterior comprenderá, en el caso del Consejo General de la Abogacía Española, los siguientes extremos:
a. Número total de prestaciones de asistencia letrada realizadas, así como su distribución en cada uno de los colegios.
b. Número total de servicios de guardia realizados en los colegios.
c. Cantidad distribuida a cada colegio para indemnizar las prestaciones de asistencia letrada en servicio de guardia y relación, por colegios, de las indemnizaciones percibidas por cada profesional que haya intervenido en la prestación del servicio.
d. Número total de prestaciones de asistencia jurídica gratuita, excluidas las correspondientes a los servicios de guardia, así como su distribución entre cada uno de los colegios, desglosados ambos datos por tipo de procedimiento.
e. Cantidades distribuidas a cada colegio para indemnizar las anteriores prestaciones y relación por colegios de las indemnizaciones percibidas por cada profesional que haya intervenido en aquéllas.
f. Importe destinado a atender los gastos de infraestructura y funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita.
g. Relación de las cantidades distribuidas a cada colegio por el Consejo General, para atender los gastos de organización, infraestructura y funcionamiento de los servicios, con indicación de los criterios seguidos para ello y detalle de la aplicación que de dichas cantidades haya realizado cada colegio.
h. Importe de los intereses devengados, en su caso, por los sucesivos libramientos y aplicación de aquéllos.
i. Aplicación de los requisitos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita.
2. La justificación anual que deberá presentar el Consejo General de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España comprenderá los extremos mencionados en los párrafos d a i del apartado anterior.
Artículo 44. Contabilización separada.
Tanto el Consejo General de la Abogacía Española como los Colegios de Abogados, deberán contabilizar separadamente las cantidades libradas para atender a las finalidades referidas en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y en este reglamento.
a. Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso haya pronunciamiento sobre costas a favor del titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
b. Cuando, venciendo en el pleito el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita y no existiendo en la sentencia pronunciamiento expreso sobre costas, los beneficios obtenidos por aquél en el procedimiento superen en tres veces la cuantía de las costas causadas en su defensa.
a. Tiempo previsto para la realización de la pericia y valoración del coste por hora.
b. Gastos necesarios para su realización.
c. Copia de la resolución judicial que dio lugar a la realización de la prueba.
Solicitud de asistencia jurídica gratuita. (*)
Solicitud del beneficio de asistencia jurídica gratuita por asistencia letrada en el procedimiento especial de en enjuiciamiento rápido.
A LA COMISIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.
Solicitud del derecho de asistencia jurídica gratuita para la defensa y representación letrada a la mujer víctima de violencia de género.
N.I.F., N.I.E. (o, en defecto de N.I.E., número de pasaporte)
DOMICILIO (calle, número y piso)
SOLICITO formalmente que me sea reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita establecida en la Ley 1/1996, de 10 de enero, para las siguientes diligencias:
Defensa y representación en:
PROCEDIMIENTO JUDICIAL / ADMINISTRATIVO
ÓRGANO JUDICIAL / ORGANISMO O ENTIDAD PÚBLICA
A tal fin, manifiesto expresamente que:
Mi relación con el agresor es:
Mi situación familiar es (familiares que conviven con el solicitante):
Mi situación económica es (ingresos anuales de la unidad familiar):
(salario, subsidio, pensión, ...)
€ ..................................................................................................................................................................................................................
TOTAL INGRESOS: ................................................................................. €
USO DEL DOMICILIO FAMILIAR:
Manifiesto que son ciertos los datos indicados y me comprometo a presentar la documentación necesaria en el plazo máximo de 5 días a contar desde el de la presentación de la solicitud.
En el caso de no estar obligada a presentar declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la presentación de esta solicitud implica que AUTORIZO a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a que obtenga de forma directa de la Administración tributaria la acreditación de dicha ausencia de obligación.
La declaración errónea, falsa o con ocultación de datos relevantes supondrá la revocació del reconocimiento del derecho, en tal caso vendé obligada a pagar las prestaciones que haya obtenido, además de quedar sujeta a las responsabilidades que se me puedan exigir.
Solicito que me sean asignados abogado y procurador del turno de oficio, comprometiéndose a abonar la minuta del abogado y procurador que se asistan de oficio en el caso de que no me fuere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA SOLICITANTE:
- DOCUMENTACIÓN GENERAL:
Fotocopia del N.I.F., los españoles y ciudadanos de la Unión Europea; fotocopia de la Tarjeta de Identidad de Extranjero en vigor o, en su defecto, del Pasaporte en vigor, los extranjeros no nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea.
Declaración impositiva de la unidad familiar (última declaración de I.R.P.F. y, en su caso, del Impuesto sobre el Patrimonio).
Certificado de la Administración tributaria de no haber presentado declaración (en el caso de que la unidad familiar no esté obligada a presentar declaración del I.R.P.F.) (la solicitante deberá aportar este certificado si deniega expresamente el consentimiento antes mencionado a la Comisión Asistencia Jurídica Gratuita (1)).
Certificación catastral (bienes inmuebles).
Nota simple del Registro de la Propiedad (si se alegan cargas sobre el inmueble).
Certificado de los centros de trabajo de las altas y bajas de la Seguridad Social.
Certificado de empresa que acredite los ingresos brutos anuales.
Certificado del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) en el que conste la percepción de ayuda por desempleo y período al que se extiende.
(1) DENIEGO expresamente mi consentimiento para que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita obtenga de forma directa de la Administración tributaria la acreditación, en su caso, de que no estoy obligada a presentar declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Módulos y bases de compensación económica - Abogados.
Servicio de guardia de 24 horas. Asistencia al detenido - Audiencia Nacional
- Dista más de 5 km. de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial
- Dista más de 25 km. de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial
- Dista más de 50 km. de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial
Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia a detenido
Gastos de desplazamiento por salidad a centros de prisión:
- Si distan más de 5 km. de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial
- Si distan más de 25 km. de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial
- Si dista más de 50 km. de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales del artículo 770.6 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
75 % de la cuantía aplicable al procedimiento
Módulos y bases de compensación económica - Procuradores.
Momento del devengo de la indemnización.
1. Un 70 %.
a. En procesos civiles, incluidos los de familia, a la presentación de la copia de la providencia de admisión de demanda o teniendo por formulada la contestación de ésta.
b. En apelaciones civiles, a la presentación de la copia de providencia admitiendo a trámite el recurso o, en su caso, la personación en la alzada.
c. En procedimientos penales, a la presentación de la copia de la diligencia o solicitud de actuación procesal en la que intervenga el letrado o procurador, o de la apertura del juicio oral.
d. En apelaciones penales, a la presentación de la copia de la resolución judicial teniendo por formalizado o impugnado el recurso o del señalamiento para la vista.
e. En los demás procedimientos, a la presentación de la copia de la diligencia judicial acreditativa de la intervención del letrado, o procurador de los tribunales.
f. En los recursos de casación formalizados, a la presentación de la copia de la providencia por la que se tenga por formalizado el recurso.
g. En los recursos de casación no formalizados, a la presentación de la copia del informe dirigido al colegio, fundamentando la inviabilidad del recurso.
2. El restante 30 % de los asuntos procedentes, a la presentación de la copia de la sentencia o resolución que ponga fin a la instancia.
Artículos 1, 27, 28, 29, 30, 36 y 38; Disposición adicional única; Anexo II:
Redacción según Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio.
Sección III del capítulo II del título I; Anexo I.IV:
Añadida por Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio.
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 resolución 
 artículo 27

Artículo 2
 artículo 3

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 32

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22
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Artículo 23
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Artículo 24
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Artículo 25

Artículo 25

Artículo 25

Artículo 25
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Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27
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Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33
 artículo 25
 artículo 20
 Real Decreto 
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Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44
 resolución 
 artículo 770
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
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