Source: https://pani.go.cr/sobre-el-pani/estructura/gerencia-tecnica/acreditacion/2018?view=archive&month=8
Timestamp: 2019-12-12 15:38:50+00:00

Document:
Departamento de Adopciones · Patronato Nacional de la Infancia PANI Costa Rica
Requisitos formales para la Adopción
REQUISITOS FORMALES A CUMPLIR POR LOS SOLICITANTES DE VALORACIÓN PARA LA UBICACIÓN DE PME CON FINES DE ADOPCION INTERNACIONAL CUANDO COSTA RICA ES EL PAÍS DE ORIGEN.
Los solicitantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 106 y 112 del Código de Familia de Costa Rica para adoptar a una persona menor de edad con residencia habitual en nuestro país. A efecto de demostrar el cumplimiento de tales requisitos deberán aportar los siguientes documentos, los cuales no podrán tener más de 12 meses de haber sido expedidos por la autoridad competente:
Formulario oficial para la ubicación de la persona menor de edad con fines de adopción.
Certificado de matrimonio o estado civil. Cuando se trate de una adopción conjunta deberán tener por lo menos tres años de casados. En el caso de las uniones de hecho, deberán aportar certificación emitida por la autoridad administrativa o judicial competente para dar fe del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 242 del Código de Familia.
Certificado de Delincuencia o record policial, validado por la Autoridad Central competente.
Certificado de ingresos económicos emitido por una Autoridad competente.
Dictamen médico de salud, el cual deberá contener los aspectos indicados en la boleta diseñada por la institución para tales efectos.
Valoración social y psicológica con base a los criterios de evaluación establecidos por el PANI.
Compromiso de Seguimiento expedido por la Autoridad Central por el plazo establecido en este Reglamento.
Documento mediante el cual la Autoridad Central del país de residencia de los solicitantes, o autoridad competente, los declara idóneos para adoptar a una (s) persona (s) menor (es) de edad en Costa Rica.
Todos los documentos (salvo la fórmula oficial) deben presentarse debidamente legalizados por las autoridades consulares competentes de ambos países.
Toda la documentación antes indicada debe venir en idioma español, o en su defecto se debe aportar la traducción oficial a dicho idioma.
DE LOS REQUISITOS Y LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A LOS SOLICITANTES DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL CUANDO COSTA RICA ES EL PAÍS RECEPTOR.
Los solicitantes deberán cumplir con los requisitos legales y formales establecidos por el país de origen y con los regulados en los artículos 106 y 112 del Código de Familia de la República de Costa Rica. A efecto de demostrar el cumplimiento de éstos requerimientos deberán aportar los siguientes documentos, que no podrán tener más de 3 meses de haber sido expedidos por la autoridad competente:
La documentación requerida por el país de origen.
Fórmula oficial de solicitud de ubicación de personas menores de edad en familias con fines de adopción internacional en donde se incluyan los datos requeridos.
Una fotografía tamaño pasaporte de los (as) solicitantes.
Certificado de nacimiento. En el caso de los costarricenses no será necesario aportar este documento toda vez que el Departamento de Adopciones verificará lo pertinente a través de los medios tecnológicos a su disposición.
Certificado de matrimonio o estado civil. Cuando el estado civil de los solicitantes conste en el Registro Civil no será necesario aportar este documento toda vez que el Departamento de Adopciones verificará lo pertinente a través de los medios tecnológicos a su disposición. En el caso de las uniones de hecho, deberán aportar certificación de la sentencia emitida por la autoridad judicial competente que reconoce el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 242 del Código de Familia con fines adoptivos.
Certificado de delincuencia expedido por el Registro de Delincuencia del Poder Judicial.
Certificado de ingresos económicos expedido por un Contador Público Autorizado o por el funcionario o empleado autorizado de la empresa o institución para la cual labora.
Valoración Social y Psicológica con base a los criterios de evaluación establecidos por la institución.
Copia de la cédula de identidad vigente, en el caso de personas nacionales. Esta fotocopia será facilitada por el Departamento de Adopciones. En el caso de personas extranjeras con residencia habitual en el país, copia de documento que acredite tal condición, de conformidad con las leyes migratorias costarricenses y cualquier documentación que demuestre la posibilidad real social y legal su aptitud legal para residir en el mismo como mínimo por los siguientes cuatro años.
Todo documento expedido por autoridades extranjeras deberá contar con la legalización correspondiente. En caso de que sea emitido en otro idioma, deberá ser traducido oficialmente al español. Cuando se trate de documentos emitidos en el exterior se les reconocerá como plazo de vigencia el establecido en el artículo 77 de este reglamento.
DE LA AUTORIZACIÓN DE ORGANISMOS O ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN COSTA RICA
Toda Organización acreditada por la Autoridad Central en donde tiene su domicilio social, que solicite ante el Consejo Nacional de Adopciones, autorización para realizar funciones como Entidad Colaboradora de Adopción Internacional en Costa Rica, deberá presentar ante el Consejo Nacional de Adopciones, los siguientes requisitos:
Que el país en donde tiene su sede el Organismo haya ratificado el Convenio de la Haya o en su defecto tenga suscrito un convenio multilateral o bilateral con Costa Rica que regule la adopción internacional entre ambos países.
Que la organización no tenga fines de lucro y se encuentre acreditada en su país de origen para realizar labores o funciones establecidas en el Convenio de La Haya, o las que se definieron en los convenios bilaterales o multilaterales.
Garantizar que los servicios que brinda como organización, son integrales involucrando las áreas de salud, trabajo social, psicología y legal.
Que tenga como finalidad en sus estatutos la protección de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo con lo previsto en la legislación de su país de origen y la costarricense, y basados en los principios recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y demás normas internacionales aplicables.
Toda la documentación aportada debe venir en idioma español, o en su defecto, se deben incluir las traducciones oficiales al español.
Los documentos aportados deben venir debidamente legalizados por las autoridades consulares respectivas.
Toda Organización acreditada por la Autoridad Central en donde tiene su domicilio social que solicite ante el Consejo Nacional de Adopciones, autorización para realizar funciones como Entidad Colaboradora de Adopción Internacional en Costa Rica, deberá presentar ante dicho Consejo, los siguientes documentos:
Solicitud escrita dirigida al Consejo Nacional de Adopciones, en la cual se deberá indicar el nombre del Organismo solicitante, su sede, dirección postal, electrónica, teléfono y fax. Dicha solicitud deberá estar suscrita por el representante legal o apoderado de la organización, condición que deberá demostrar mediante documento idóneo emitido por la autoridad competente, y señalar lugar o medio para atender notificaciones.
Licencia vigente que la acredite como organización sin fines de lucro en su país de origen, para realizar labores o funciones establecidas en el Convenio de La Haya o las que se definieron en los convenios bilaterales o multilaterales, expedida o avalada por la Autoridad Central.
Información general de la organización, indicando además los fines y su conformación a nivel de dirección y administración, así como su formación y experiencia para actuar en el ámbito de la adopción internacional.
Documento emitido por la Autoridad Central de su país de origen u otra autoridad formalmente designada para tales efectos, en donde, se indiquen expresamente las funciones encomendadas por esa autoridad, conforme a lo dispuesto en el Convenio bilateral o multilateral, según corresponda.
Documento emitido por la Autoridad Central de su país u otra autoridad formalmente designada para tales efectos, en el que, se indique expresamente si se han o no presentado denuncias de irregularidades en contra de la organización solicitante, con respecto a procesos de adopción o violación a los derechos de las personas menores de edad.
Fotocopia certificada de los estatutos de la organización, emitida por la Autoridad competente.
Documento legal en donde se designa a la persona apoderada en Costa Rica para que represente a la organización.
Compromiso de que las valoraciones psicológicas y sociales que realicen, cumplan con los criterios establecidos por el Departamento de Adopciones.
Documento en donde la Organización se comprometa a darle seguimiento hasta por tres años a las adopciones aprobadas en nuestro país y tramitadas mediante la misma, de conformidad con los criterios de seguimiento establecidos Institucionalmente y en este Reglamento.
Documento en donde la Organización se comprometa a que no intervendrá directamente, ni por medio de sus representantes en Costa Rica, en procesos judiciales de adopción internacional sin cumplir con los procedimientos y condiciones establecidos en el Convenio de La Haya.
Estadísticas de los últimos años
DATOS RELEVANTES DE LOS PROCESOS DE UBICACIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD (PME) CON FINES ADOPTIVOS
Ubicaciones con fines adoptivos de los últimos años:
Solicitudes nuevas de valoración para la ubicación de personas menores de edad con fines adoptivos:
Familias que conformaron el banco de familias elegibles para la ubicación de PME con fines adoptivos:
Número de familias del banco de elegibles a las que les fueron ubicadas PME con fines adoptivos:
Niños en condición de adoptabilidad en relación con la respuesta de ubicación que tuvieron en las familias nacionales del banco de familias elegibles
Número de niños, niñas y adolescentes con adoptabilidad administrativa firme y autorización judicial de ubicación o declaratoria de abandono con fines adoptivos firme, que conoció el Departamento de Adopciones durante el año 2014.
Número de familias nacionales con idoneidad que conformaron el banco de familias elegibles durante el 2014.
3,19 por semana
Total de niños, niñas y adolescentes ubicados con fines adoptivos en familias nacionales.
Total de familias nacionales que recibieron una ubicación con fines adoptivos durante el año 2014.
Total de niños, niñas y adolescentes que no tuvieron opciones de ubicación nacional por no contar con perfiles compatibles con los requeridos por las familias nacionales.
Total de familias nacionales del banco que no recibieron una ubicación durante el año 2014.
Número de niños, niñas y adolescentes con adoptabilidad administrativa firme y autorización judicial de ubicación o declaratoria de abandono con fines adoptivos firme, que conoció el Departamento de Adopciones durante el año 2015.
Número de familias nacionales con idoneidad que conformaron el banco de familias elegibles durante el 2015.
3,46 por semana
Total de familias nacionales que recibieron una ubicación con fines adoptivos durante el año 2015.
Total de familias nacionales del banco que no recibieron una ubicación durante el año 2015.
Número de niños, niñas y adolescentes con adoptabilidad administrativa firme y autorización judicial de ubicación o declaratoria de abandono con fines adoptivos firme, que conoció el Departamento de Adopciones durante el año 2016.
Número de familias nacionales con idoneidad que conformaron el banco de familias elegibles durante el 2016.
3,2692 por semana
Total de familias nacionales que recibieron una ubicación con fines adoptivos durante el año 2016.
57,065%
Total de familias nacionales del banco que no recibieron una ubicación durante el año 2016.
42,934%
Número de niños, niñas y adolescentes con adoptabilidad administrativa firme y autorización judicial de ubicación o declaratoria de abandono con fines adoptivos firme, que conoció el Departamento de Adopciones durante el año 2017
Número de familias nacionales con idoneidad que conformaron el banco de familias elegibles durante el 2017
2,9 por semana
Total de niños, niñas y adolescentes ubicados con fines adoptivos en familias nacionales
Total de familias nacionales que recibieron una ubicación con fines adoptivos durante el año 2017
Total de niños, niñas y adolescentes que no tuvieron opciones de ubicación nacional por no contar con perfiles compatibles con los requeridos por las familias nacionales
Total de familias nacionales del banco que no recibieron una ubicación durante el año 2017
Total de niños, niñas y adolescentes con los que se pudo recurrir subsidiariamente a una ubicación con fines adoptivos en familias internacionales
Total de niños, niñas y adolescentes que no tuvieron opciones de ubicación nacional por no contar con perfiles compatibles con los requeridos por las familias nacionales e internacionales y que pasaron a un proceso de promoción adoptiva
Datos consolidados a final del 2017
EXPEDIENTES ACTIVOS AL 30/11/2017
Nº PME
Seguimientos internacionales
EN PROMOCIÓN INTERNACIONAL AL 30/11/2017
UBICADOS POR PROMOCIÓN ENTRE EL 01/01/2017 Y EL 30/11/2017
Seguimientos post ubicación activos al 31/12/2017
Seguimientos post adopción activos al 31/12/2017
Emparentamientos nacionales asignados entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017
Emparentamientos internacionales Gestionados entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017
La figura de la Adopción dentro de la Doctrina de Protección Integral
LA FIGURA DE LA ADOPCIÓN DENTRO DE LA DOCTRINA DE LA SITUACIÓN IRREGULAR
En el marco de esta doctrina, la Adopción era una figura utilizada de forma preferente, prevalecía el desarraigo de los niños y niñas de sus familias biológicas por situaciones meramente económicas, de estructura y condición social y hasta de linaje, etnia, honor y similares, en el entendido de que no era una obligación del Estado atender y resolver tales situaciones. El juez suplantaba el rol paterno y definía el destino de los niños y niñas en un análisis de mera conciencia.
Se preferenciaba un supuesto derecho de las familias –(adultos)- a adoptar, como la forma en que el Estado resolvía la situación de separación de los niños y niñas de sus familias biológicas, sin que para tal desarraigo mediara un debido proceso técnico y jurídico que lo justificara.
En cuanto a las personas menores de edad, la figura era vista como un acto de caridad para beneficiarlos con una familia de supuestas mejores condiciones que las de la suya.
No había conciencia alguna del impacto psicoemocional de la separación familiar y de sus secuelas, en situaciones que los niños y las niñas no entendían y en las que, generalmente, terminaban culpabilizándose.
Prevalecía el aspecto económico, como elemento de medición de la capacidad y aptitud de las familias adoptantes.
IMPACTO DE LA DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL ENFOQUE DE DERECHOS EN LA FIGURA DE LA ADOPCIÓN
La Adopción se entiende como una “Figura Subsidiaria” de protección.
Prevalece el derecho de los niños y las niñas a conocer y mantener su identidad.
Prevalece el derecho de los niños y niñas a crecer y desarrollarse al lado de su familia nuclear y extensa.
Hay una obligación preferente del Estado de atender a las familias para generar en ellas las condiciones protectoras requeridas y necesarias, para que las personas menores de edad puedan crecer y desarrollarse integralmente en el seno de su familia biológica.
Agotada toda posibilidad de ubicación con su familia nuclear y extensa, la adopción es entendida como un derecho del niño y de la niña, como figura subsidiaria, que busca restituirles su derecho a crecer y desarrollarse en una familia propia, atendiendo a su interés superior.
LA DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL GENERA NORMATIVA RELEVANTE EN NUESTRO PAÍS SOBRE EL DERECHO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A CRECER Y DESARROLLARSE CON SU FAMILIA BIOLÓGICA:
Constitución Política Arts. 51 y 55
Convención sobre los Derechos del Niño Arts. 8, 18, 19, 20 y 21
Código de la Niñez y la Adolescencia Arts. 7, 19, 29, 30, 31, 33, 34, 35 y 36
Código de Familia Arts. 100 y 101
Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en albergues del PANI, en alternativas de protección residencial de Organizaciones No Gubernamentales y en Hogares Solidarios, no son, ni técnica ni jurídicamente, sujetos de adopción. Un porcentaje muy alto de estas personas menores de edad tienen papá y mamá y siguen legalmente vinculados a una autoridad parental o patria potestad, siendo que la institución tiene algún proceso atencional y legal abierto y en trámite, en sede administrativa o judicial, correspondiente a estos niños, niñas y adolescentes y a su grupo familiar. Estas personas menores de edad no son, ni legal, ni técnicamente – (psicosocial)- sujetos de un proceso de ubicación con fines adoptivos y menos de un proceso de adopción.
En el caso de estas personas menores de edad prevalece su derecho fundamental a crecer y desarrollarse en el seno de su familia biológica, lo que obliga al Estado y a todas las instituciones a trabajar con esa familia, para procurar generar las condiciones psicosocioeducativas necesarias para garantizar un ambiente de crianza seguro para estos niños, niñas y adolescentes en su grupo familiar.
Desde lo jurídico y desde lo técnico, la separación permanente y definitiva de un niño o niña de su familia biológica debe ser excepcional y debe estar sustentada en un debido proceso técnico y jurídico que demuestre, sin error, la imposibilidad de esa familia de proveer un ambiente protector a la persona menor de edad. La separación permanente y definitiva de un niño o niña de su mamá, su papá y su familia, no debe entenderse jamás como un mero proceso burocrático administrativo. Es un acto que puede dejar huella y marcar a los adultos y a los niños y niñas por siempre.
Para que una persona menor de edad sea sujeto de una ubicación con fines adoptivos y de un proceso de adopción, se requiere que, luego del proceso especial de protección respectivo, el Estado, a través del Patronato Nacional de la Infancia, haya hecho una valoración piscosociolegal con pronóstico técnico profesional, que le permita determinar si el caso amerita la extinción total y permanente de los derechos de autoridad parental o patria potestad y si, para garantizarle al niño o niña su derecho a un desarrollo integral, resulta pertinente y conveniente a su interés superior, recurrir a la figura subsidiaria de la adopción.
De considerarlo así, la administración debe declarar la adoptabilidad administrativa del niño, niña o adolescente e iniciar, en la vía judicial, el correspondiente proceso de “declaratoria Judicial de Abandono con fines adoptivos”, mediante el cual, un juez competente determinará, por sentencia, si procede la ruptura de vínculo parental y filial y la terminación de los derechos de autoridad parental o patria potestad.
Es dentro de este proceso, según lo regulado en el artículo 113 del Código de Familia, que un juez competente, a solicitud del PANI, podría autorizar la ubicación en riesgo, con carácter cautelar, de una persona menor de edad con fines adoptivos. Además, sería hasta que ese juez emita, en sentencia, la declaratoria judicial de abandono con fines adoptivos y ésta quede en firme, que se puede iniciar un proceso judicial de adopción de la persona menor de edad.
Así las cosas, ante las violaciones de derechos de las personas menores de edad, en primer término, la intervención del Estado debe ir encaminada a su protección especial y al trabajo atencional con sus familias, para buscar generar las condiciones protectoras que les permitan volver con sus padres o con sus grupos familiares, este es un derecho esencial y fundamental de todo niño y niña. La adopción, tal cual lo señala el artículo 101 del Código de Familia, es una figura subsidiaria, que opera, única y exclusivamente, ante la imposibilidad demostrada y justificada a través de un debido proceso, de que los niños y las niñas regresen con su papá y su mamá o queden bajo el cuido de su familia extensa.
EN REFERENCIA A LO ANTERIOR
Es muy importante no confundir lo que son los “Procesos Especiales de Protección” en sus componentes de atención y protección especial y lo que son los procesos de ubicación con fines adoptivos y de adopción en sí. Lo anterior, para tener muy claro quiénes son personas menores de edad bajo protección especial temporal del Estado –(PANI)- y quienes niños, niñas y adolescentes con condición de adoptabilidad y con autorización judicial para una ubicación con fines adoptivos.
Para aclarar lo dicho, se procede a explicar lo siguiente:
Los preceptos fundamentales que impulsaron el desarrollo y la expansión de la Doctrina de la Protección Integral y, de forma particular, la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, generaron en nuestro país un marco inédito de protección integral y especial a favor de las personas menores de edad. Este marco, jurídico y social, nos obliga a proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de este numeroso grupo de seres humanos. La ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, como el instrumento internacional más ratificado del mundo, nos obliga al reconocimiento de la titularidad de derechos en favor de las personas menores de edad y de las obligaciones que en esta materia debe asumir el Estado costarricense, así como todos los miembros de la sociedad y las familias que la conforman.
Desde el punto de vista jurídico y cultural, la Convención implicó un cambio sustancial en el modelo jerárquico y discrecional que caracterizaba las relaciones entre los adultos y las personas menores de edad, partiendo de cuatro principios generales: 1) la no discriminación (artículo 2), 2) el interés superior del niño (artículo 3), 3) el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo (artículo 6) y 4) el derecho a opinar y participar libremente (artículo 12).
Ante lo expuesto, a partir de la aprobación de la Convención, se generó en Costa Rica todo un movimiento destinado a adecuar la legislación interna a los principios y preceptos convencionales. Como parte de estas transformaciones, resulta importante mencionar la reforma legal realizada en el año 1995 a nuestro Código de Familia, mediante ley número 7538 del 22 de agosto de dicho año, que replanteó la figura de la adopción, quedando claramente establecida su subsidiariedad y dejando plenamente definido el derecho fundamental de los niños y las niñas a crecer y desarrollase en su familia biológica, nuclear o extensa.
Esta nueva normativa, vinculada al derecho fundamental de los niños y las niñas a conocer su identidad, a conocer a sus padres, a crecer y desarrollarse en su familia biológica nuclear o extensa, y a que los asuntos que los afectan se resuelvan en el marco de la justicia judicial con un debido proceso en el que, en la medida de sus posibilidades, tienen derecho a participar y a que se tome en cuenta su opinión, desterró prácticas propias de la doctrina de la situación irregular que, en nombre del asistencialismo y la caridad, veían a la adopción como la solución primaria a las situaciones de riesgo y vulnerabilidad de las personas menores de edad.
El Estado deja de ser un mero intermediario “benefactor” que ve en la adopción una salida práctica a situaciones que tienen un trasfondo social estructural, y pasa tomar un rol protector, con la obligación de atender integralmente a las familias en busca de generar las condiciones idóneas necesarias, para que los niños, niñas y adolescentes puedan crecer y desarrollarse en sus grupos familiares biológicos, como un derecho inherente a su condición de personas.
En este contexto de derecho y de legalidad, la obligación de procurar el desarrollo integral de las personas menores de edad le corresponde, en forma primordial, al padre y a la madre en su condición de depositaros de los derechos y atributos de autoridad parental o patria potestad. No obstante, ante situaciones de omisión, negligencia o abuso en el ejercicio de dicha autoridad parental, al Estado costarricense le corresponde intervenir, de forma supletoria, en el ámbito familiar, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad. Tal intervención encuentra fundamento en los artículos 51 y 55 de la Constitución Política de la República, en los artículos 2 y 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el artículo 13 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
De acuerdo con la Constitución Política y la normativa vigente en la materia, esta protección estatal se ejerce en sede administrativa a través del Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración del resto de las instituciones del Estado, y se ejecuta mediante diversos procesos, entre ellos, un procedimiento de orden jurídico, con componentes técnicos atencionales denominado “Proceso Especial de Protección”, que se encuentra regulado en el Código de la Niñez y la Adolescencia a partir de su artículo 132. Este Proceso Especial de Protección está definido técnica y legalmente, en primera instancia, como el medio a través del cual el Estado investiga las situaciones violatorias de derechos de las personas menores de edad y procura garantizar el derecho prioritario que tienen los niños y las niñas de crecer y desarrollarse bajo la protección de su familia biológica, nuclear o en su defecto extensa, en un marco que asegure su desarrollo integral. Consecuentemente, conforme la doctrina dicha, su fin prioritario es la atención del grupo familiar, a efecto de generar las condiciones protectoras necesarias para la garantía de los derechos y para asegurar el desarrollo integral de las personas menores de edad al lado de sus padres o bajo la protección de su familia extensa, tal y como lo establece la legislación vigente.
Dentro de estos procesos, cuando por el riesgo existente –(considerado inminente y grave)-, a través de las medidas de protección de abrigo temporal y cuido provisional, el PANI define, con carácter cautelar, la separación de personas menores de edad de sus padres y de su familia extensa durante el período de la intervención institucional, la institución debe resolver el tema de la protección especial y la atención integral de dichas personas menores de edad, en tanto se ejecuta el respectivo proceso de investigación, atención y resolución de la situación jurídica de estos niños, niñas y adolescentes. A efecto de proporcionar tal atención y protección, el PANI cuenta con diversos tipos de alternativas, entre ellos, los albergues institucionales y las alternativas de protección residenciales que pertenecen a Organizaciones No Gubernamentales, que son subsidiadas económicamente y supervisadas técnicamente por el PANI.
La posibilidad de dictar las medidas dichas, responde al hecho de que el PANI y el Estado costarricense no pueden, bajo ninguna circunstancia, abstenerse de proteger a las personas menores de edad, cuando existe una sospecha fundada de riesgo grave. No se puede frente a estas situaciones esperar que se cumpla con la totalidad de los procedimientos del “Proceso Especial de Protección”, a sabiendas de que las personas menores de edad se encuentran en riesgo grave o hay una sospecha fundada de ello. Ante estas situaciones opera el interés superior de las personas menores de edad y el derecho a la protección estatal y al desarrollo integral que tienen los niños, niñas y adolescentes.
Ahora bien, consecuencia de lo dicho, se debe aclarar que, los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en albergues institucionales y alternativas de protección residencial de Organizaciones No Gubernamentales, no son ni técnica ni jurídicamente sujetos de adopción. Un porcentaje muy alto de estas personas menores de edad tienen papá y mamá y siguen legalmente vinculados a una autoridad parental o patria potestad, siendo que la institución tiene algún proceso atencional abierto y en trámite, en sede administrativa o judicial correspondiente a estos niños, niñas y adolescentes y a su grupo familiar. Estas personas menores de edad no son, ni legal, ni técnicamente – (psicosocial)- sujetos de un proceso de ubicación con fines adoptivos y menos de un proceso de adopción, hasta tanto su situación jurídica no sea resuelta con tales fines. Los protege el señalado derecho fundamental a crecer y desarrollarse en el seno de su familia biológica, lo que obliga al Estado y a todas las instituciones a trabajar con esas familias, para procurar generar en ellas, las condiciones psicosocioeducativas necesarias para garantizar un ambiente de crianza seguro para estos niños, niñas y adolescentes. El resto de las personas menores de edad ubicadas en estas alternativas, responde a perfiles que, por sus características y condiciones, no se les ha encontrado opción de ubicación ni nacional ni internacional a través de un proceso adoptivo, por lo que se trabaja con ellos proyectos de vida independiente.
Para que una persona menor de edad sea sujeta de una ubicación con fines adoptivos y de un proceso de adopción, se requiere que, luego del “Proceso Especial de Protección” respectivo –(un año máximo si operó prórroga judicial)-, el Estado, a través del Patronato Nacional de la Infancia, haya hecho una valoración piscosociolegal con pronóstico técnico profesional, que le permita determinar si el caso amerita la extinción total y permanente de los derechos de autoridad parental o patria potestad y si, para garantizarle al niño o niña su derecho a un desarrollo integral, resulta pertinente y conveniente a su interés superior, recurrir a la figura subsidiaria de la adopción. De considerarlo así, la administración debe declarar la adoptabilidad administrativa del niño, niña o adolescente e iniciar, en la vía judicial, el correspondiente proceso de “Declaratoria Judicial de Abandono con fines adoptivos”, mediante el cual, un juez competente determinará, por sentencia, si procede la ruptura de vínculo parental y filial y la terminación de los derechos de autoridad parental o patria potestad.
Es dentro de este proceso, según lo regulado en el artículo 113 del Código de Familia, que un juez competente, a solicitud del PANI, podría autorizar, con carácter cautelar, la ubicación en riesgo con fines adoptivos de una persona menor de edad y, evidentemente, sería hasta que ese juez emita en sentencia, la declaratoria judicial de abandono con fines adoptivos y ésta quede en firme, que se puede iniciar un proceso judicial de adopción de una persona menor de edad.
A partir de lo expuesto, las situaciones de niños, niñas y adolescentes que llegan al Departamento de Adopciones, son las de aquellos y aquellas que ya han pasado por un Proceso Especial de Protección, que cuentan con declaratoria de adoptabilidad administrativa en firme y que tienen autorización judicial para una vinculación con fines adoptivos o, en su defecto, ya cuentan con una declaratoria judicial de abandono con fines adoptivos firme. También se manejan los casos de entregas directas a la institución, donde ya se trabajó la motivación del progenitor y la progenitora, descartándose la posibilidad de que asuman su rol materno y paterno y se agotó la posibilidad de ubicación del niño o niña con su familia extensa.
En este punto debe aclararse que, niño, niña o adolescente cuyo expediente llega al Departamento de Adopciones con aptitud adoptiva técnica y jurídica –(declaratoria de adoptabilidad administrativa firme y autorización judicial para su ubicación con fines adoptivos o declaratoria judicial de abandono firme)-, si tiene opciones de ubicación –(familias en el banco de elegibles dispuestas a asumir una persona menor de edad de su perfil)-, se ubica en la sesión siguiente del Consejo de Adopciones pertinente, es decir, en un plazo no mayor de una semana y, una vez ubicados, su proceso de emparentamiento se inicia de forma inmediata. En esa semana, que a veces se convierte en días, se verifica que los expedientes de las personas menores de edad estén debidamente documentados con los informes pertinentes y las resoluciones administrativas y judiciales requeridas en firme y que los niños, niñas y adolescentes, efectivamente, cuenten con aptitud legal, social y psicológica para ser parte de un proceso de ubicación con fines adoptivos.
Cumplida esta valoración, se realiza el análisis de los principales informes del expediente, a efecto de conocer y documentar la historia de las personas menores de edad, sus condiciones, características y particularidades en todas las áreas del desarrollo, generándose un informe pormenorizado al respecto, que sirve de referencia a los Consejos Regional y Nacional en su proceso de empate teórico. Se realiza en este plazo además, el análisis de compatibilidad entre los perfiles de los niños y niñas que llegan en condición de adoptabilidad y las familias del banco de elegibles que maneja el PANI, a fin de determinar qué familias solicitaron un perfil en el rango y parámetros de la niña o del niño y, de esas, cuáles tienen condiciones y características compatibles con los requerimiento y necesidades protectoras de las personas menores de edad. Realizar este trabajo con la celeridad señalada y la calidad debida es precisamente el compromiso del Departamento de Adopciones del PANI y lo ejecuta con un alto grado de eficiencia y eficacia.
En consideración de todo lo expuesto, es de nuestro interés que quede claro que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en albergues institucionales o en alternativas de protección de ONG’s no están en espera de adopción, están en procesos atencionales que los incluyen a ellos y a su familia nuclear y extensa. Los niños, niñas y adolescentes que adquieren las condiciones necesarias para ser sujetos de un proceso de ubicación con fines adoptivos, pasan al Departamento de Adopciones y si tienen opciones de compatibilidad con familias del banco de elegibles, son ubicados con fines adoptivos en un plazo máximo de una semana, más la duración del proceso de emparentamiento respectivo que inicia de forma inmediata.
Durante el año 2014, el Departamento de Adopciones recibió 166 personas menores de edad en esta condición, el equivalente a 3,19 por semana. De ellos, 105 encontraron ubicación en familias nacionales, mientras que 61 de ellos, por su perfil, condiciones, características y necesidades no contaron con familias nacionales interesadas en asumirlos. De estas 61 personas menores de edad, 44 pudieron ser ubicadas con familias internacionales – (adopción subsidiaria a la nacional)-, en tanto que 17 debieron entrar a un proceso de promoción adoptiva. Actualmente, el número de personas menores de edad en procesos de promoción adoptiva es de 25, ya varios de ellos con posibilidades de adopción internacional, sin embargo, no tienen opciones de ubicación en las 86 familias nacionales que al día de hoy componen el banco de familias elegibles.
Finalmente, es importante aclarar que, el proceso de adopción, es un proceso subsidiario de carácter psicosociolegal que responde, en todo, al interés superior de las personas menores de edad. Por ello, se ejecuta a través de un análisis de compatibilidad y empate teórico, que busca proveerle a las personas menores de edad, la mejor familia posible en función de sus condiciones, características y necesidades. Recuérdese que las familias solicitantes de ubicaciones con fines adoptivos, establecen el perfil de la persona o personas menores de edad que consideran desean y están en posibilidad adoptar, perfil que terminan de definir durante el proceso de valoración. Así las cosas, en lo que a las familias solicitantes de adopción respecta, los plazos reglamentarios existentes son para las valoraciones y para la correspondiente declaratoria de idoneidad, pero una vez en el banco de familias elegibles, la ubicación de una personas menor de edad dependerá de los procesos de compatibilidad y empate teórico referidos, es decir, de que aparezca una persona menor edad con condición de adoptabilidad, con el perfil y las características por ellos requeridas y de que, en el proceso de empate teórico, ellos resulten ser la familia con las mejores condiciones, características y aptitudes para dicha persona menor de edad. Es precisamente por este sistema, propio de un proceso con enfoque de derechos de las personas menores de edad y que responde al principio de interés superior del niño, que algunas familias del banco de elegibles tienen ubicaciones muy rápidas y otras no tanto así. En el caso de los niños y las niñas, como ya se explicó, en el tanto, en el banco de elegibles se cuente con familias dispuestas y valoradas para recibir personas menores de edad de su perfil, entre el momento en que llegan al Departamento de Adopciones con su declaratoria de adoptabilidad firme y la autorización judicial pertinente y su ubicación no pasa más de una semana.
Mitos y Realidades de la Adopción en Costa Rica
Mito: Que los niños, niñas y adolescentes ubicados en albergues institucionales, en alternativas privadas residenciales y en hogares solidarios están en espera de ser dados en adopción.
El imaginario en general tiende a creer que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo protección especial del PANI, ubicados en albergues institucionales, en Alternativas de Protección Privadas y en Hogares Solidarios, son sujetos de procesos adoptivos y están en espera de una ubicación de este tipo.
Realidad: Los niños, niñas y adolescentes ubicados en albergues institucionales, en alternativas privadas residenciales y en hogares solidarios no son ni técnica ni jurídicamente sujetos de adopción, son personas menores de edad en procesos atencionales a nivel familiar o en procesos de elaboración de proyectos de vida independiente.
No se debe confundir lo que son los procesos especiales de protección en sus componentes de atención y protección especial y lo que son los procesos de ubicación con fines adoptivos y de adopción en sí. Por tanto, no se debe confundir quienes son personas menores de edad bajo protección especial temporal del Estado – (PANI)- y quienes niños, niñas y adolescentes con condición de adoptabilidad y con autorización judicial para una ubicación con fines adoptivos.
La obligación de procurar el desarrollo integral de las personas menores de edad corresponde, en forma primordial, al padre y a la madre en su condición de depositaros de los derechos y atributos de autoridad parental o patria potestad. No obstante, ante situaciones de omisión, negligencia o abuso en el ejercicio de dicha autoridad parental, al Estado costarricense le corresponde intervenir, de forma supletoria en el ámbito familiar, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad. Tal intervención encuentra fundamento en los artículos 51 y 55 de la Constitución Política de la República, en los artículos 2 y 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el artículo 13 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
De acuerdo con la Constitución Política y la normativa vigente en la materia, esta protección estatal se ejerce en sede administrativa a través del Patronato Nacional de la Infancia y se ejecuta mediante diversos procesos, entre ellos, mediante un procedimiento de orden técnico jurídico denominado “Proceso Especial de Protección”, que se encuentra regulado en el Código de la Niñez y la Adolescencia a partir de su artículo 132. Este proceso especial de protección está definido técnica y legalmente, en primera instancia, como el medio a través del cual el Estado investiga las situaciones violatorias de derechos de las personas menores de edad y procura garantizar el derecho prioritario que tienen los niños y las niñas de crecer y desarrollarse bajo la protección de su familia biológica, nuclear o en su defecto extensa, en un marco que asegure su desarrollo integral.
Dentro de estos procesos, cuando por el riesgo existente –(considerado inminente y grave)-, a través de las medidas de protección de abrigo temporal y cuido provisional, el PANI define la separación provisional de personas menores de edad de sus padres y de su familia extensa durante el período de la intervención institucional, la institución debe resolver el tema de la protección especial y la atención integral de dichas personas menores de edad, en tanto se ejecuta el respectivo proceso de investigación, atención y resolución de la situación jurídica de estos niños, niñas y adolescentes. A efecto de proporcionar tal atención y protección, el PANI cuenta con diversos tipos de alternativas: los albergues institucionales, las alternativas de protección residenciales que pertenecen a organizaciones no gubernamentales y los hogares solidarios, las dos últimas son alternativas subsidiadas económicamente y supervisadas técnicamente por el PANI.
Consecuencia de lo dicho, es importante aclarar que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en albergues institucionales, alternativas de protección residencial de Organizaciones No Gubernamentales y en Hogares Solidarios, no son técnica o jurídicamente sujetos de adopción. Un porcentaje muy alto de estas personas menores de edad tienen papá y mamá y siguen legalmente vinculadas a una autoridad parental o patria potestad, siendo que la institución tiene algún proceso atencional abierto y en trámite, en sede administrativa o judicial correspondiente a estos niños, niñas y adolescentes y a su grupo familiar. Estas personas menores de edad no son, ni legal, ni técnicamente – (psicosocial)-, sujetos de un proceso de ubicación con fines adoptivos y menos de un proceso de adopción, hasta tanto su situación jurídica sea resuelta con tales fines. Los protege su derecho fundamental a crecer y desarrollarse en el seno de su familia biológica, lo que obliga al Estado a trabajar con esa familia, para procurar generar las condiciones psicosocioeducativas necesarias para garantizar un ambiente de crianza seguro para estos niños, niñas y adolescentes en su grupo familiar. El resto de las personas menores de edad ubicadas en estas alternativas, responde a perfiles a los que, por sus características y condiciones, no se les ha encontrado opción de ubicación ni nacional ni internacional a través de un proceso adoptivo.
Para que una persona menor de edad sea sujeto de una ubicación con fines adoptivos y de un proceso de adopción, se requiere que, luego del proceso especial de protección respectivo, el Estado, a través del Patronato Nacional de la Infancia, haya hecho una valoración piscosociolegal con pronóstico técnico profesional, que le permita determinar si el caso amerita la extinción total y permanente de los derechos de autoridad parental o patria potestad y si, para garantizarle al niño o niña su derecho a un desarrollo integral, resulta pertinente y conveniente a su interés superior, recurrir a la figura subsidiaria de la adopción. De considerarlo así, la administración debe declarar la adoptabilidad administrativa del niño, niña o adolescente e iniciar, en la vía judicial, el correspondiente proceso de “declaratoria Judicial de Abandono con fines adoptivos”, mediante el cual, un juez competente determinará, por sentencia, si procede la ruptura de vínculo parental y filial y la terminación de los derechos de autoridad parental o patria potestad. Dentro de este proceso, según lo regulado en el artículo 113 del Código de Familia, el juez competente, a solicitud del PANI, podría autorizar la ubicación en riesgo de manera provisional de una persona menor de edad con fines adoptivos a efecto de evitar la institucionalización y de garantizar el derecho de crecer y desarrollarse en un familia y sería, hasta que ese juez emita, en sentencia, la declaratoria judicial de abandono con fines adoptivos y ésta quede en firme, que se puede iniciar un proceso judicial de adopción de una persona menor de edad.
Mito: Que la adopción debía ser una forma ágil y rápida de resolver las situaciones de riesgo y vulnerabilidad de las personas menores de edad.
Este es un mito propio de la llamada Doctrina de la Situación Irregular. Bajo tal ideología la Adopción era una figura utilizada de forma preferente, prevalecía el desarraigo de los niños y niñas de sus familias biológicas por situaciones meramente económicas, de estructura y condición social y hasta de linaje, etnia, honor y similares, en el entendido de que no era una obligación del Estado atender y resolver tales situaciones. El estado definía el destino de los niños y niñas en un análisis de mera conciencia, de modo que la adopción era vista como un acto de caridad para supuestamente beneficiar a las personas menores de edad con familias de supuestas mejores condiciones que las de la suya.
No había conciencia alguna del impacto psicoemocional de la separación familiar y de sus secuelas, en situaciones que los niños y las niñas no entendían y de las que, generalmente, terminaban culpabilizándose. Prevalecía el aspecto económico, como elemento de medición de la capacidad y aptitud de las familias adoptantes.
Realidad: Es un derecho fundamental de las personas menores de edad el crecer y desarrollarse bajo la protección de su familia biológica, nuclear o extensa. la figura de la adopción es de carácter subsidiario. los niños, niñas y adolescentes, su papá y su mamá y su familia extensa biológica, tienen derecho a un debido proceso administrativo y judicial, previo a definir la posibilidad de vincular a las personas menores de edad en un proceso de ubicación con fines adoptivos. son sujetos de ubicaciones con fines adoptivos los niños, niñas y adolescentes con adoptabilidad administrativa firme y con autorización judicial de ubicación en riesgo con fines adoptivos o con declaratoria de abandono con fines adoptivos firme.
Con la Doctrina de la Situación Integral y la Convención sobre los Derechos del Niño, la Adopción pasa a entenderse como una “Figura Subsidiaria” de protección. Prevalece el derecho de los niños y las niñas a conocer y mantener su identidad, a conocer a su papá y a su mamá, a crecer y desarrollarse al lado de su familia biológica nuclear y extensa.
Nace una obligación preferente del Estado de atender a las familias para generar en ellas las condiciones protectoras requeridas y necesarias, para que las personas menores de edad puedan crecer y desarrollarse integralmente en el seno de su familia biológica.
Agotada la posibilidad de ubicación con su familia nuclear y extensa, la adopción es entendida como un derecho del niño y de la niña, como figura subsidiaria, que busca restituirles su derecho a crecer y desarrollarse en una familia propia, atendiendo a su interés superior. Así las cosas, ante las violaciones de derechos de las personas menores de edad, en primer término, la intervención del Estado debe ir encaminada a su protección especial y al trabajo atencional con sus familias, para buscar generar en ellas las condiciones protectoras que les permitan volver con sus padres o con sus grupos familiares, este es un derecho esencial y fundamental de todo niño y niña. La adopción, tal cual lo señala el artículo 101 del Código de Familia, es una figura subsidiaria, que opera, única y exclusivamente, ante la imposibilidad demostrada y justificada a través de un debido proceso, de que los niños y las niñas regresen con su papá y su mamá o queden bajo el cuido de su familia extensa. Desde lo jurídico y desde lo técnico, la separación permanente y definitiva de un niño o niña de su familia biológica debe ser excepcional y debe estar sustentada en un debido proceso técnico y jurídico que demuestre la imposibilidad de esa familia de proveer un ambiente protector a la persona menor de edad. La separación permanente y definitiva de un niño o niña de su mamá, su papá y su familia, no debe entenderse jamás como un mero proceso burocrático administrativo, jurídicamente requiere de un debido proceso y desde lo técnico se trata de un acto que puede dejar huella y marcar a los adultos y a los niños y niñas por siempre.
Mito: Que existe un derecho de los adultos a que les sean ubicadas personas menores de edad en adopción para resolver sus necesidades parentales y maternales.
Se ha pretendido interpretar que los adultos que así lo solicitan tienen derecho a que se les ubiquen personas menores de edad en adopción, lo anterior, bajo el precepto constitucional de que la familia es el elemento natural y fundamento de la sociedad con derecho a la protección especial del Estado.
Realidad: La adopción es una figura subsidiaria que encuentra sustento en el derecho fundamental de las personas menores de edad el crecer y desarrollarse bajo la protección de una familia en condición de pertenencia. en atención al principio del interés superior del niño, éste tiene derecho a ser ubicado adoptivamente con la mejor familia posible considerando sus características, condiciones, necesidades y particularidades, de modo que se garantice, en lo posible, que estas personas menores de edad no sufrirán segundas perdidas.
Los adultos interesados en conformar familia a través de la adopción tienen derecho a ser valorados a tal efecto y a participar en los procesos de compatibilidad y empate teórico que se realizan para definir la ubicación de una persona menor de edad con fines adoptivos, pero no existe un derecho a obtener una ubicación con estos fines a través de esta figura. El derecho aquí es de los niños, niñas y adolescentes, se trata del derecho de las personas menores de edad a crecer y desarrollarse en una familia y, en el tanto exista un proceso de selección de dicha familia, a que se le ubique con la mejor familia posible considerando sus características, condiciones, necesidades y particularidades. En razón de lo expuesto y de la normativa que rige en materia de derechos humanos de la niñez y la adolescencia, el PANI ha generado un proceso de ubicación con fines adoptivos, que preferencia el derecho de las personas menores de edad y que, en consecuencia, pretende buscar la mejor familia posible para el niño, la niña y el adolescente.
En este contexto, y partiendo del hecho de que, en general, las personas menores de edad con que trabaja el PANI son niños y niñas con historias de abuso, negligencia y maltrato, la labor institucional consiste en realizar ubicaciones que, minimicen al máximo el riesgo de segundas pérdidas para estas personas menores de edad y que, garanticen la protección más idónea posible de acuerdo con su historia, sus condiciones, característica, particularidades y necesidades, respondiendo a su mejor interés.
Por ello, el proceso se ejecuta a través de un análisis de compatibilidad y empate teórico, que busca proveerle a las personas menores de edad, la mejor familia posible en función de los aspectos dichos. Recuérdese que las familias solicitantes de ubicaciones con fines adoptivos, establecen el perfil de la persona o personas menores de edad que consideran desean y están en posibilidad adoptar, perfil que terminan de definir durante el proceso de valoración. Así las cosas, en lo que a las familias solicitantes de adopción respecta, los plazos reglamentarios existentes son para las valoraciones y para la correspondiente declaratoria de idoneidad, pero una vez en el banco de familias elegibles, la ubicación de una personas menor de edad dependerá de los procesos de compatibilidad y empate teórico referidos, es decir, de que aparezca una persona menor edad con condición de adoptabilidad con el perfil y las características por ellos requeridas y de que, en el proceso de empate teórico, ellos resulten ser la familia con las mejores condiciones, características y aptitudes para la protección de dicha persona menor de edad. Es precisamente por este sistema, propio de un proceso con enfoque de derechos de las personas menores de edad y que responde al principio de interés superior del niño, que algunas familias del banco de elegibles tienen ubicaciones muy rápidas y otras no tanto así. En el caso de los niños y las niñas, en el tanto, en el banco de elegibles se cuente con familias dispuestas y valoradas para recibir personas menores de edad de su perfil, entre el momento en que llegan al Departamento de Adopciones con su declaratoria de adoptabilidad firme y la autorización judicial pertinente y su ubicación no pasa más de una semana.
Mito: que hay una gran cantidad de niños para ubicar en adopción y pese a ello un gran número de familias que esperan ubicación no la obtienen de forma ágil y rápida.
Realidad: la cantidad de personas menores de edad que llegan al departamento de adopciones en condición de adoptabilidad al año, es inferior al número de familias nacionales que conforman durante el año el banco de familias elegibles; sin embargo, un alto porcentaje de estos niños y niñas no cuentan con opciones de ubicación en familias nacionales, debiéndose recurrir a la adopción internacional como adopción subsidiraria y, aun así, quedando un porcentaje de personas menores de edad sin ubicación, condenados a crecer institucionalizados.
Durante el año 2014, el Departamento de Adopciones recibió 166 personas menores de edad en condición de adoptabilidad y con autorización judicial para la ubicación en riesgo con fines adoptivos o con declaratoria de abandono firme, el equivalente a 3,19 por semana. De ellos, 105 encontraron ubicación en familias nacionales, mientras que 61 de ellos, por su perfil, condiciones, características y necesidades no contaron con familias nacionales interesadas en asumirlos. De estas 61 personas menores de edad, 44 pudieron ser ubicadas con familias internacionales – (adopción subsidiaria a la nacional)-, en tanto que 17 debieron entrar a un proceso de promoción adoptiva. Actualmente, el número de personas menores de edad en procesos de promoción adoptiva es de 25, ya varios de ellos con posibilidades de adopción internacional, sin embargo, no tienen opciones de ubicación en las 86 familias nacionales que al día de hoy componen el banco de familias elegibles.
Mito: que los niños y niñas mayores de 5 años tienen dificultades de adaptación en los procesos de vinculación familiar adoptiva.
Se ha querido vender la idea de que los niños y niñas mayores de cinco años son difíciles de modelar en su conducta y disciplina, que generalmente traen consigo comportamientos aprendidos inadecuados y que su adaptación a las estructuras familiares es poco probable.
Realidad: los niños y niñas de cualquier edad tienen increíbles capacidades de adaptación a los procesos de vinculación familiar. lo que realmente resulta fundamental son los procesos de valoración y preparación previos y el seguimiento y acompañamiento en las fases de conocimiento y convivencia.
El ser humano es un ser social y por lo tanto desea pertenecer y sentirse aceptado, de igual forma los niños y niñas desean ser parte de una nueva familia que los reconozca como hijos propios, que los ame, los contenga y proteja adecuadamente y por su capacidad de resiliencia tienen la disposición y apertura de integrarse a un grupo que les abra esta posibilidad. Incluso los niños y niñas mayores de 7 años que ya entran a una etapa abstracta de pensamiento, tienen mayor claridad de su realidad familiar y son conscientes de los beneficios que tendrán al integrarse en un nuevo grupo familiar. La clave en éste tema es la conexión emocional, cualquier niño o niña sin importar la edad, tendrá la motivación y el deseo de colaborar en cualquier lugar y situación donde se sienta reconocido y aceptado, y cuando los adultos a su cargo logren conectarse afectivamente con él o ella para trabajar en equipo y buscar soluciones a las dificultades juntos en un ambiente de pertenencia.
Mito: que únicamente se pueden ubicar en familias con fines adoptivos niños, niñas y adolescentes con declaratoria de abandono con fines adoptivos firme y que los jueces no pueden autorizar ubicaciones de este tipo durante el proceso de declaratoria de abandono porque eso sería incurrir en un adelanto de criterio.
Realidad: son sujetos de ubicaciones con fines adoptivos los niños, niñas y adolescentes con adoptabilidad administrativa firme y con autorización judicial de ubicación en riesgo con fines adoptivos y los que cuentan con declaratoria de abandono con fines adoptivos firme. el artículo 113 del código de familia establece la posibilidad de que, a solicitud del PANI, el juez que conoce del proceso de declaratoria judicial de abandono autorice a la institución como depositaria, bajo su responsabilidad, seguimiento y acompañamiento, la ubicación en riesgo de la persona menor de edad en una familia potencialmente adoptiva en tanto se resuelve el proceso de declaratoria judicial de abandono. la autorización del juez a una ubicación provisional de este tipo no tiene absolutamente nada que ver con el fondo del proceso de declaratoria judicial de abandono, responde exclusivamente a la necesidad de garantizar, de forma cautelar, mientras el asunto se resuelve, el derecho fundamental del niño a crecer y desarrollarse en un vínculo de tipo familiar.
La reforma al artículo 113 del Código de Familia realizada en el año 2012, buscó evitar que las personas menores de edad se hicieran grandes institucionalizadas en tanto se resolvían sus procesos de declaratoria judicial de abandono. Tal reforma reconoce que la declaratoria de adoptabilidad administrativa firme, además de ser un elemento probatorio dentro del proceso de declaratoria judicial de abandono, demuestra el riesgo y la inconveniencia de una ubicación con la familia biológica, así como la pertinencia técnica de una ubicación temporal con fines adoptivos. Ante ello, el artículo de cita consigna que, cuando el PANI ha definido la adoptabilidad administrativa, podrá solicitarle al Juez que autorice la ubicación de la persona menor de edad en un recurso familiar con fines adoptivos, en tanto se resuelve el procedimiento de declaratoria de abandono, advirtiendo que se trata de una ubicación en riesgo.
Ahora bien, durante la discusión del proyecto que generó la reforma dicha y posteriormente, se ha discutido si esa autorización que otorga el juez podría interpretarse como un posible adelanto de criterio por parte de la autoridad judicial, pues algunos han considerado que, al autorizar una ubicación con fines adoptivos, de alguna manera se está adelantando una posición con respecto a cómo se va a resolver el proceso de declaratoria judicial de abandono. No obstante, pensar de esta manera responde a una visión totalmente adulto céntrica del asunto.
La declaratoria de adoptabilidad administrativa firme, consigna el resultado de un proceso técnico y jurídico realizado en sede administrativa, a través del cual, se logra determinar que, desde una perspectiva psicosociolegal, no resulta pertinente el retorno de la persona menor de edad con su familia biológica nuclear o su ubicación con familia biológica extensa. Igualmente, dicha declaratoria analiza la precariedad de la condición social, psicológica y emocional de la persona menor de edad y su aptitud, necesidad y disposición de vincularse adecuadamente con una familia con fines adoptivos. Además, esta condición de adoptabilidad se notifica a los progenitores con opción de recurso de apelación ante la Presidencia Ejecutiva del PANI. Consecuentemente, esta declaratoria permite tener certeza de dos situaciones, por un lado, la existencia de un riesgo en la ubicación de la persona menor de edad con su familia biológica y, por otro, el requerimiento, la necesidad y la aptitud de la persona menor de edad de vincularse y desarrollarse en un ambiente familiar con carácter de pertenencia. Lo anterior no tiene vinculación directa alguna con el análisis de fondo del caso ni con como este se va a resolver.
Bajo estas circunstancias, la autorización del Juez a una ubicación provisional en una familia potencialmente adoptiva en tanto se resuelve el proceso de declaratoria judicial de abandono, no tiene absolutamente nada que ver con el fondo del proceso de declaratoria judicial de abandono, sino que responde a la necesidad de garantizar, de forma cautelar, mientras el asunto se resuelve, el derecho fundamental del niño a crecer y desarrollarse en un vínculo familiar, en el entendido de que, de momento y hasta que el asunto se resuelva o cuando así el juez lo decida, no es una opción ubicarlo con su familia biológica.
En esta decisión no hay un análisis de fondo de los elementos de prueba del proceso de declaratoria judicial de abandono, solo hay una presunción fundada de riesgo en la ubicación con familia biológica y la necesidad y conveniencia de garantizar, provisionalmente, el derecho fundamental del niño o niña a crecer y desarrollarse en una familia con grado de pertenencia. Lo anterior, frente al gravamen irreparable y a la violación de derechos que implica la institucionalización injustificada. Recordemos que está científicamente comprobado que, en los primeros años de vida, la institucionalización tiene un impacto de retraso grave en el desarrollo de los niños y niñas. Mantener niños y niñas institucionalizados cuando no existe justificación de fondo al respecto es totalmente amparable en la vía constitucional correspondiente.
Consecuentemente, lo que hace el juez al autorizar esta ubicación es garantizar cautelarmente al niño o la niña un derecho fundamental, en tanto el fondo del asunto se resuelve. De hecho, la misma norma establece que se trata de “ubicaciones en riesgo”, es decir, las familias que reciben la ubicación con fines adoptivos, han firmado un consentimiento informado, entendiendo que la ubicación queda sujeta a los resultados del seguimiento técnico del PANI, a lo que la autoridad judicial resuelva en el proceso de declaratoria judicial de abandono y a lo que el juez competente determine dentro de un futuro proceso de Adopción si fuera el caso. Tanto es así que, en criterio del PANI, el depósito provisional dentro del proceso de declaratoria judicial de abandono debe gestionarse y resolverse a favor del PANI que es el legítimamente encargado, en ese momento procesal, de la representación y protección de la persona menor de edad. La autorización de ubicación que otorga el Juez se la debe dar al PANI para que, en esa condición de depositario y bajo su responsabilidad, acompañamiento y seguimiento ubique al niño o la niña, de forma provisional y en tanto el proceso de declaratoria judicial de abandono se resuelve, en una familia potencialmente adoptiva de las que se tienen en el banco de familias elegibles que maneja el Departamento de Adopciones de la institución.
El no resolver las solicitudes que realiza el PANI al amparo del artículo 113 del Código de Familia o el rechazarlas sin justificación de fondo alguna, no solo resulta ilegal y constituye un atropello desde la perspectiva del derecho procesal, sino que, además, violenta derechos fundamentales de las personas menores de edad.
Mito: que los antecedentes de drogadicción y alcoholismo a nivel familiar son una condición genética hereditaria.
Realidad: si bien existen estudios sobre predisposición al alcohol y las drogas por antecedentes familiares, también está demostrado que las adicciones en general, responden a efectos propios de los procesos de socialización e historias personales de los individuos. el reconocimiento, la aceptación, la pertenencia a un grupo, la estabilidad afectiva y emocional, entre otros, son los que marcan sustancialmente las decisiones de las personas en esta materia.
Mito: que el hecho de que las personas menores de edad adoptadas conozcan sus orígenes puede generar un impacto negativo en la relación adoptiva.
Realidad: no solo es técnicamente pertinente, sino que además es un derecho de las personas menores de edad, el conocer sus orígenes. está debidamente demostrado que el conocimiento de los orígenes en las personas menores de edad adoptadas a través de las técnicas adecuadas, genera procesos de convivencia y adaptación sanos y positivos.
La línea entre los profesionales especialistas en adopción ha sido la de considerar que, contrario a la ilusión de algunas familias de generar vínculos estrechos en torno al secreto y al silencio, la comunicación y el manejo adecuado de la verdad han demostrado ser la mejor forma de fortalecer la relación adoptiva de crear vínculos sanos y de confianza.
Mito: Que el proceso de ubicación con fines adoptivos es burocrático y engorroso y que solo familias con condición socioeconómica alta tienen opción a este tipo de ubicaciones.
Realidad: el proceso de ubicación con fines adoptivos responde al enfoque de derechos de las personas menores de edad y obliga a cumplir con los requerimientos legales, formales y psicosociales absolutamente necesarios para garantizar la idoneidad de los solicitantes y la compatibilidad de las ubicaciones en buscar de garantizar al máximo, que las personas menores de edad no sufran nuevas pérdidas.
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References: artículo 242
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 artículo 77
in fine
 artículo 113
 artículo 101
 artículo 13
 artículo 132
 resolución 
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