Source: http://espanito.com/informe-no-30111.html
Timestamp: 2018-05-26 09:56:32+00:00

Document:
Informe no. 30/111
CASO 11.653
PRESUNTAS VÍCTIMAS: Reinaldo Eustorgio Riveros Chaparro, Héctor Audelo Chaparro, Ismael Amaya Cárdenas y María Flor Barrera
PETICIONARIO: Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
VIOLACIONES ALEGADAS; Artículos 4, 5 y 25 en conexión con el artículo 1(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
FECHA DE INICIO DE TRÁMITE: 26 de julio de 1996
El 20 de mayo de 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “CIDH”) recibió una petición presentada por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (en adelante “los peticionarios”) en la cual se alega la responsabilidad de agentes de la República de Colombia (en adelante “el Estado colombiano” o “Colombia”) por la muerte de Reinaldo Eustorgio Riveros Chaparro, Héctor Audelo Chaparro, Ismael Amaya Cárdenas y María Flor Barrera.
Los peticionarios alegaron que el 29 de septiembre de 1992, aproximadamente a las 8:30 PM, un grupo de 25 hombres fuertemente armados y uniformados, que se identificaron como miembros del Ejército Nacional del Batallón Silva Plazas se presentaron en la vivienda de Reinaldo Eustorgio Riveros Chaparro ubicada en la vereda de Soriano, municipio de Aquitania, departamento de Boyacá. Indicaron que Reinaldo Eustorgio Riveros Chaparro era integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda.
Alegaron que los miembros del Ejército habrían acusado a Reinaldo Eustorgio Riveros Chaparro y a su familia de ser auxiliadores de la guerrilla. Indicaron que los efectivos del Ejército habrían encerrado a la familia en una habitación, ataron a Reinaldo Eustorgio Riveros Chaparro con las manos en la espalda y se lo llevaron. Alegaron que al día siguiente se encontró el cadáver de Reinaldo Eustorgio Riveros quien habría sido degollado. Alegaron también que ese mismo día se encontraron los cadáveres de Héctor Audelo Chaparro e Ismael Amaya Cárdenas.
Los peticionarios alegaron que posteriormente, el 27 de octubre de 1992, aproximadamente a las 8:00 PM un individuo vestido de militar ingresó al Restaurante “Nueva Zelandia” ubicado en la vereda Toquilla, de propiedad María Flor Barrera y le dio muerte a aquella propinándole varios disparos.
Alegaron que por los hechos se inició una investigación disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación, la cual fue archivada. Asimismo, alegaron que se adelanta una investigación ante la justicia penal militar que se encontraría en etapa preliminar por lo que no fue posible la constitución en parte civil. Finalmente, indicaron que en 1994 se interpuso una demanda de reparación directa ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Finalmente, solicitaron a la Comisión que declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, y la protección judicial protegidos en los artículos 4, 5 y 25 en concordancia con el artículo 1(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En respuesta al reclamo de los peticionarios, el Estado alegó que el 28 de julio de 1999 el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa por considerar que no se había establecido responsabilidad alguna del Estado. Señaló que dicha decisión fue notificada a las partes el 3 de agosto de 1999 sin que se haya interpuesto algún recurso. Asimismo, alegó que la investigación penal se tramita ante la jurisdicción ordinaria y que la misma se habría reactivado el 9 de octubre de 2007, tras su suspensión en el año 2000. Indicó también que el 26 de octubre de 2007 la Fiscalía General de la Nación habría ordenado la práctica de diversas pruebas.
Finalmente, el Estado alegó que los peticionarios no habrían agotado los recursos de jurisdicción interna de conformidad con el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana.
El 20 de mayo de 1996 la Comisión recibió la petición inicial, la registró bajo el número 11.653 y, tras efectuar un análisis preliminar, el 26 de julio de 1996 procedió a transmitir copia de las partes pertinentes al Estado para sus observaciones. El 13 de noviembre de 1996 el Estado solicitó una prórroga, la cual fue concedida por la Comisión. El 15 de noviembre de 1996 los peticionarios enviaron información complementaria, la cual fue trasladada al Estado para sus observaciones. El 26 de marzo de 1997 el Estado solicitó una prórroga, la cual fue concedida por la Comisión.
El 19 de junio de 1997 la CIDH reiteró su solicitud de información al Estado. El 25 de julio de 1997 el Estado presentó su respuesta, la cual fue trasladada a los peticionarios para sus observaciones. El 16 de julio de 1998 la CIDH reiteró su solicitud de información a los peticionarios. El 7 de octubre de 1998 los peticionarios presentaron sus observaciones, las cuales fueron trasladadas al Estado para sus observaciones. El 20 de agosto de 1999 el Estado solicitó una prórroga, la cual fue otorgada por la CIDH.
El 23 de septiembre de 1999 el Estado presentó sus observaciones, las cuales fueron trasladadas a los peticionarios para sus observaciones. El 13 de agosto de 2001 la CIDH reiteró su solicitud de información a los peticionarios. El 7 de octubre de 2008 la CIDH solicitó al Estado y a los peticionarios información actualizada sobre el asunto de referencia. El 10 de noviembre de 2008 el Estado solicitó una prórroga, la cual fue otorgada por la CIDH. El 19 de diciembre de 2008 el Estado presentó información actualizada. El 12 de febrero de 2009 los peticionarios solicitaron una prórroga para presentar información actualizada, la cual fue otorgada por la CIDH.
El 9 de abril de 2009 la Comisión trasladó a los peticionarios el escrito del Estado recibido el 19 de diciembre de 2008 para sus observaciones. El 11 de agosto de 2010 la Comisión envió una comunicación a los peticionarios en la que se solicitó presenten, en el plazo de un mes, información actualizada sobre si subsisten los motivos del reclamo de lo contrario la Comisión podría proceder a archivar el asunto. El 5 de noviembre de 2010 los peticionarios presentaron un escrito en el que informaron que no tienen contacto con los familiares de las presuntas víctimas.
Tanto el artículo 48(1)(b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el artículo 42 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establecen que, dentro del proceso de trámite de una petición, recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, la CIDH verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación y en caso de no existir o subsistir ordenará el archivo del expediente.
En la presente petición los peticionarios alegaron que el Estado es responsable por la muerte de Reinaldo Eustorgio Riveros Chaparro, Héctor Audelo Chaparro, Ismael Amaya Cárdenas y María Flor Barrera. Por su parte, el Estado alegó que los peticionarios no habrían agotado los recursos de jurisdicción interna de conformidad con el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana en vista de que la investigación penal se habría reactivado en 2007 y que no se había interpuesto un recurso contra la decisión desfavorable de la jurisdicción contencioso administrativa.
La Comisión no cuenta con información actualizada de los peticionarios desde octubre de 1998. Los peticionarios no estuvieron en posibilidad de proporcionar la información solicitada por la CIDH en 2010. En tales circunstancias, no es posible avanzar con el análisis o determinar si subsisten los motivos que sustentaron la petición inicial, por lo que de conformidad al artículo 48(1)(b) de la Convención Americana así como el artículo 42 del Reglamento de la CIDH, se decide archivar la presente petición.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 23 días del mes de marzo de 2011. (Firmado): Dinah Shelton, Presidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Primer Vicepresidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Felipe González, Luz Patricia Mejía Guerrero, y María Silvia Guillén, Miembros de la Comisión.
1 Conforme a lo dispuesto en el artículo 17(2) del Reglamento de la Comisión, el Comisionado Rodrigo Escobar Gil, de nacionalidad colombiana, no participó en el debate ni en la decisión del presente caso.

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 46
 artículo 48
 artículo 42
 artículo 46
 artículo 48
 artículo 42
 artículo 17