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Timestamp: 2019-07-17 23:22:44+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 694, de 19/12/2018
cve: DSCD-12-CO-694
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 694
Sesión núm. 34
Comparecencia de la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Valerio Cordero):
- Para explicar la opinión del Gobierno sobre la situación del mercado de trabajo vistos los datos del mes de agosto. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/001147) ... (Página2)
- Para explicar las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar la eficacia en la utilización de los recursos destinados a formación para el empleo, vista la operativa de las convocatorias anuales 2016 y 2017. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/001186) ... (Página2)
- Para dar cuenta de las medidas que va a adoptar el Gobierno en relación con los trabajadores autónomos. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/001251) ... (Página2)
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Se abre la sesión.
Señorías, el orden del día está integrado por la comparecencia de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, doña Magdalena Valerio Cordero, a petición del Grupo Mixto, para informar sobre la situación del mercado de trabajo, la formación para el empleo y los trabajadores autónomos, en los concretos términos que figuran en el orden del día que sus señorías conocen. Estas tres solicitudes de comparecencia se van a tramitar de forma acumulada. En primer lugar, va a intervenir la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para informar en relación con el objeto de las comparecencias solicitadas, y a continuación intervendrá el portavoz del grupo solicitante, en este caso el Grupo Mixto, y seguidamente intervendrán los portavoces de los demás grupos parlamentarios de menor a mayor, empezando por el Grupo Mixto y concluyendo por el Grupo Parlamentario Popular.
Cada grupo parlamentario en esta primera intervención dispondrá de diez minutos para su intervención, y rogaría a todos los portavoces que se ciñesen al tiempo establecido.
La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Gracias, presidente.
Señorías, como acaba de comentar el presidente de esta Comisión, comparezco a instancia del Grupo Mixto -concretamente a petición del PDeCAT, del señor Campuzano- para explicar la opinión del Gobierno sobre la situación del mercado de trabajo. He visto los datos disponibles y creo que lo procedente es informar hasta la fecha, porque la petición se refería a los datos hasta el mes de agosto, pero quedaría un poco extemporáneo referirme a los datos del citado mes. También se ha solicitado explicación sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar la eficacia en la utilización de los recursos destinados a la formación para el empleo, vista la operativa de las convocatorias anuales 2016 y 2017. Y hay un tercer punto que tiene que ver con las medidas que va a adoptar el Gobierno en relación a los trabajadores y trabajadoras autónomos. A este respecto quiero recordarles que en fechas 31 de octubre y también 21 de noviembre comparecí ante el Pleno del Congreso para informar a sus señorías del balance de lo realizado -en este caso fue a petición del Partido Popular- en líneas de actuación que estamos llevando a cabo en el ministerio que dirijo sobre autónomos y también formación y empleo respectivamente.
Entrando en el primer punto relativo a la situación del empleo y los datos de la encuesta de población activa diré que los últimos datos de la EPA, que publica trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística como saben ustedes, son los correspondientes al tercer trimestre de este año, y nos muestran un incremento de la ocupación a un ritmo próximo al crecimiento de la economía, y un descenso del desempleo hasta situar la tasa un poco por debajo del 15 %. Si tenemos en cuenta los datos de paro registrado, que mensualmente se van publicitando por el Servicio Público de Empleo Estatal, concretamente los del pasado mes de noviembre, que son los últimos, se puede afirmar igualmente que durante los últimos doce meses el desempleo ha disminuido en 221 414 personas, con un nivel de reducción interanual del 6,4 %, y además el porcentaje de personas desempleadas que reciben la prestación sigue aumentando hasta valores próximos al 60 %.
En lo que respecta al número de afiliados medios a la Seguridad Social les señalo que en noviembre de 2018 fue de 18 945 624 personas; se trata de la cifra más alta de afiliados medios en el mes de noviembre desde el año 2007. En términos interanuales noviembre de 2018 presenta un incremento en el número de afiliados medios de 527 868 respecto de noviembre de 2017, situando el ritmo de crecimiento en el 2,87 % interanual. Los datos de afiliación muestran que el empleo que se está creando poco a poco está siendo de mayor calidad, más lentamente de lo que nos gustaría, pero poquito a poco vemos cómo van avanzando concretamente los datos de contratación indefinida en cuanto a incremento de porcentaje interanual.
El pasado mes de octubre por primera vez la cifra de trabajadores con contrato indefinido del régimen general, sin tener en cuenta a los funcionarios y a otros colectivos de afiliados de difícil clasificación, alcanzó los 9 millones. En noviembre la cifra se mantiene en 9 036 610 trabajadores o trabajadoras. A este respecto les apunto que la modalidad contractual con mayor incremento respecto a noviembre del año pasado ha sido la de trabajadores con contrato indefinido a jornada completa, 352 836, un incremento del 5,28 %, por lo que el número medio de trabajadores del régimen general con contrato indefinido a jornada completa ha llegado a 7 032 125 personas en noviembre de este año, que es la cifra más alta desde abril del año 2010.
Con respecto al régimen especial de trabajadoras y trabajadores autónomos les informo de que la cifra de trabajadores por cuenta propia se sitúa en 3 254 138, con un incremento interanual de 43 258, es decir
un incremento del 1,35 % con respecto al mismo mes del año anterior, del año 2017. Sin embargo, pese a que podemos considerar que los últimos datos en algunos aspectos traen buenas noticias, es una realidad que aún contamos con 3 252 867 personas en situación de desempleo, para quienes estamos prestando ya especial atención a aquellas personas más vulnerables que se ven especialmente afectadas, tanto por el desempleo como por la precariedad laboral. Desde la necesaria perspectiva de género, que debemos tener en cuenta cuando hablamos de empleo, les indico que el ritmo interanual de disminución del desempleo femenino es del 4,91 %, frente al 8,37 % del desempleo masculino. A pesar de que nunca ha habido tantas mujeres afiliadas a la Seguridad Social en un mes de noviembre, todavía hay 1 909 926 trabajadoras en situación de desempleo, es decir, el 58,72 % de la cifra total que les acabo de señalar. La cifra de trabajadoras afiliadas en noviembre de 2018 fue de 8 783 252, lo que representa el 46,36 % del total. Este dato revela que, si bien el empleo femenino sigue creciendo a un ritmo interanual ligeramente superior al masculino, es decir un 3,07 % en el caso de las mujeres y un crecimiento del 2,69 % en el de los hombres -y ello implica que poco a poco se va aproximando entre hombres y mujeres-, no es menos cierto que la diferencia entre hombres y mujeres en los porcentajes de contrataciones a tiempo parcial arroja que es superior en 20 puntos la contratación a tiempo parcial en mujeres que en hombres. Es preciso ser conscientes de esta situación y tener presente la necesidad de seguir apoyando con firmeza la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, en plenas condiciones de igualdad, para continuar avanzando en la reducción de esta brecha socialmente injusta, y eso es simplemente con datos de desempleo y contratos a tiempo parcial, sin profundizar en cuestiones como la importante brecha salarial que sigue existiendo, y cómo tenemos que seguir trabajando mucho en la dirección de remover todos los obstáculos que todavía existen en nuestra sociedad para que haya una equiparación perfecta en la incorporación y en el mantenimiento en el mercado de trabajo de los hombres y de las mujeres. Hay que seguir avanzando mucho en políticas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, en racionalización de horarios, como me habrán oído decir ustedes en muchas ocasiones, así como en corresponsabilidad. Hablamos de paridad fuera de las casas, pero también hay que apostar por esa corresponsabilidad, por esa paridad en responsabilidades también dentro de las casas, y en más educación de 0 a 3 años y en más Ley de la Dependencia y en más apoyo para que las mujeres no tengamos que seguir esa tendencia milenaria de ocuparnos de las tareas de cuidado de nuestros mayores, de nuestros menores o de las personas que tienen algún tipo de enfermedad o discapacidad. Por lo tanto vamos avanzando lentamente, pero si queremos terminar de eliminar los obstáculos queda todavía mucho por hacer.
Por otro lado, y aun después de alcanzar máximos superiores al 56 % en el primer trimestre de 2013, la tasa de paro juvenil se sitúa aún en el tercer trimestre de este año en el 33 %. Si bien es cierto que entre los menores de veinticinco años el paro registrado se ha reducido en términos interanuales en 26 885 personas, a un ritmo del 9,22 %, no es menos cierto que si nos fijamos en la tasa de temporalidad esta alcanza el 57 %, dato que refleja el amplio margen de mejora con respecto a los más jóvenes en el mercado de trabajo.
Estos días hemos conocido el informe del Tribunal de Cuentas que fiscalizó el Programa de Activación para el Empleo que el anterior Gobierno puso en marcha en el año 2015, y el cual estuvo vigente hasta el mes de abril de este año. El informe es muy claro y cito textualmente: Los créditos definitivos para el abono de la ayuda económica de acompañamiento del Programa de Activación para el Empleo 2015-2016 fueron de 850,19 millones de euros y 290,69 millones respectivamente, habiéndose producido en el ejercicio 2015 una ejecución presupuestaria muy reducida, el 18,8 %, mientras que en el año 2016 dicha ejecución fue del 43 %. Destaca el informe que el motivo fundamental de la baja ejecución presupuestaria de estos créditos fue una desacertada estimación de los potenciales beneficiarios, que se cifraron en 403 795 para el programa inicial frente a los 107 892 que finalmente se incorporaron al mismo. Como ven un programa con una escasa ejecución, y lo que es más importante, con muy poca eficacia, lo que dio lugar a que dos tercios del presupuesto previsto para las personas desempleadas de larga duración se quedaran sin utilizar, y eso que en estos años España era el segundo país de la Unión Europea con más tasa de paro de larga duración. Por tanto es preciso también hacer frente mediante un esfuerzo mayor a la atención a las personas que están en situación de paro de larga duración. Para estas personas estamos elaborando un plan específico que reduzca estas cifras, y facilite su inserción laboral mediante la mejora de las políticas activas de empleo, en coordinación con los servicios públicos de empleo autonómicos, atendiendo especialmente las necesidades derivadas de los procesos de digitalización, y a la situación formativa de cada persona mediante itinerarios personalizados de inserción que mejoren su cualificación o recualificación profesional. Este plan se
está haciendo con la misma metodología participativa que hemos utilizado para la elaboración del Plan Director por un Trabajo Digno y para la elaboración del Plan de Choque por el Empleo Joven.
Teniendo en cuenta esta realidad el Gobierno también trabaja con la finalidad de revertir los aspectos más lesivos de la reforma del ordenamiento laboral que introdujo el Gobierno anterior, y que están en el origen de la precariedad laboral existente, la cual tiene consecuencias transversales que contagian toda la regulación del mercado de trabajo. La competitividad empresarial en nuestro sistema se ha basado durante un tiempo en un empleo precario en las condiciones y devaluado en las remuneraciones. Por tanto el objetivo del Gobierno es recuperar empleo de calidad con derechos laborales que permitan unas condiciones de trabajo y unos salarios dignos, al igual que unas prestaciones sociales adecuadas que ayuden en la superación del estado de necesidad que genera la pérdida de las rentas salariales.
En relación con la protección por desempleo les hago saber que la tasa de cobertura se sitúa en este momento, como les comentaba antes, cercana al 60 %, exactamente es el 57,1 %, alcanzando a 1 756 973 personas, lo que comporta un incremento de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior. Con el objetivo de asegurar la recuperación del empleo de calidad decidimos retomar el diálogo social y abrir varias mesas de diálogo con los interlocutores sociales. Entre estas mesas está la Mesa de empleo y relaciones laborales, de la que forma parte del Grupo de calidad de empleo y relaciones laborales, la cual está trabajando intensamente para alcanzar acuerdos que redunden en una mejora de la calidad del empleo, y por ende de la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Como medidas, por ejemplo, entre otras está la recuperación del papel de la negociación colectiva en las relaciones laborales o el registro obligatorio de los horarios de trabajo, para acabar con la situación de indefensión a la que se enfrentan los trabajadores y trabajadoras. Consideramos necesario clarificar la obligación de llevar un registro de jornada, a los efectos de garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada, de posibilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y de crear un marco de seguridad jurídica, tanto para las personas trabajadoras como para las propias empresas.
En este capítulo de precariedad laboral también hemos tenido que afrontar de forma decidida situaciones que aparentemente son ajenas a la disciplina laboral -no tanto, pero aparentemente sí- como la economía sumergida. Quiero que sepan -creo que en alguna comparecencia anterior lo he dicho- que hay un grupo de trabajo dentro de la Mesa de diálogo social que va a versar monográficamente sobre la economía sumergida, en el cual participan también los Ministerios de Economía y Empresa y de Hacienda. Precisamente este grupo sobre economía sumergida fue una propuesta muy bien acogida, tanto por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras como por parte del Gobierno, pero partió de la patronal, de CEOE-Cepyme. La economía sumergida es a la par insolidaria con la ciudadanía de este país, con las personas que trabajan y con los que no trabajan, pero está claro que si hay personas que no pagan sus impuestos y empresas que no pagan las cotizaciones que tienen que pagar por los trabajadores eso es insolidario para la propia ciudadanía y para los propios trabajadores y trabajadoras, pero también las empresas que desarrollan estas prácticas están haciendo competencia desleal a aquellas que cumplen, así que están practicando dumping social. Por lo tanto ya digo que la creación de este grupo fue muy bien acogido por el resto de los miembros de la Mesa de diálogo social, pero fue a propuesta de CEOE-Cepyme.
También estamos trabajando mucho en el control de la utilización fraudulenta de la figura del autónomo o autónoma, lo que denominamos como falsos autónomos, becas o prácticas que enmascaran verdaderas relaciones laborales, descentralización productiva y externalización de actividades empresariales, por solo citar las más evidentes. Sobre todas ellas se está actuando ya mediante medidas de vigilancia y control, a través del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 con el objetivo precisamente de hacer frente al deterioro de las condiciones laborales que ha sufrido nuestro mercado de trabajo desde el azote de la crisis económica. Cuidado, no solamente se está trabajando en esta dirección, también en velar por la seguridad y la salud laboral; en velar por que no haya discriminación por razón de raza, ideología, de religión, de condición sexual, de origen, si es una persona autóctona o inmigrante; o sea, todas las líneas de trabajo que tiene el plan director. Pero sobre todo del verano para acá hemos hecho hincapié en dos planes de choque: uno, de control de la temporalidad abusiva, y otro, de la contratación fraudulenta a tiempo parcial.
Por otra parte consideramos prioritario abordar la reducción de la segmentación del mercado de trabajo entre trabajadores y trabajadoras temporales indefinidos, lo que va a exigir revisar el vigente modelo de contratación en el marco del diálogo social para determinar, de un lado, qué modalidades merecen excepcionar el paradigma de indefinición del contrato de trabajo, por sus eventuales efectos positivos en materia de la empleabilidad de determinados trabajadores u otras razones, y de otro, qué
contratos merecen, por su importancia y efectividad para crear empleo, ser objeto de ayudas en la cotización. Es decir, se está haciendo además, en colaboración con la AIReF, todo un estudio de qué bonificaciones, reducciones, tarifas planas, etcétera, tenemos en estos momentos en nuestras modalidades contractuales, qué eficiencia están teniendo, cuáles merece la pena revisar, cuáles merece la pena mantener, cuáles merece la pena suprimir, y estamos a la espera de ese informe que se ha solicitado a la AIReF. Estas medidas que les he mencionado son fundamentalmente para luchar contra la precariedad, pero además consideramos imprescindible arbitrar medidas dirigidas a personas especialmente vulnerables para facilitar su inserción en el mercado de trabajo y su mantenimiento estable en el mismo.
Como saben, el pasado 7 de diciembre el Consejo de Ministros aprobaba el Plan de Choque por el Empleo Joven, acordado con los interlocutores sociales, que tiene como objeto recuperar la calidad en el empleo y la dignidad en el trabajo de nuestros jóvenes, hombres y mujeres, haciéndoles protagonistas de su proceso de cualificación e inserción laboral, y dotándoles de más competencias profesionales. A través de este plan se persigue alcanzar una serie de metas que les expongo de manera resumida. Se pretende reducir la tasa de paro juvenil hasta el 23,5 %, es decir, 10 puntos; incrementar la tasa de actividad hasta el 73,5 %, incrementar cada año en un 15 % el número de contrataciones indefinidas, conseguir que al menos un 43 %, unas 100 000, de las personas jóvenes inscritas como desempleadas y que no disponen en titulación en secundaria obligatoria adquieran también, mediante programas de formación, las competencias clave en lengua y matemáticas. También formar al menos un 30 %, 80 000 personas, en competencias lingüísticas; lograr que al menos 225 000 de las personas jóvenes se formen en competencias digitales, importantísimo porque ahora mismo hay miles de puestos de trabajo ofertados que no encuentran personas que cumplan con la cualificación que se exige, en cuanto a competencias digitales, para poder desempeñar los mismos, con lo cual, teniendo en cuenta el desempleo que tenemos en general y el desempleo juvenil en particular, sencillamente es un drama que no debemos permitirnos bajo ningún concepto. Igualmente formar a un 25 %, unas 40 000 personas jóvenes, en competencias en sectores estratégicos que tienen presente, sectores que son estratégicos ahora, pero que también que lo van a ser en un futuro: todo lo que tiene que ver con la economía circular, la transición ecológica, y también con el cuidado y atención de las personas, que teniendo en cuenta el envejecimiento que está habiendo de la población, y además si queremos remover estos obstáculos que les comentaba anteriormente para que todas aquellas mujeres que se quieran incorporar al mercado de trabajo externo a sus domicilios lo puedan hacer, también se van a necesitar personas que practiquen estas tareas de cuidados dentro de las casas de una manera profesional.
Junto con estas medidas de lucha contra la precariedad laboral voy a otro capítulo del que también se ha hablado mucho en estos últimos meses, que es el incremento del importe del salario mínimo interprofesional. No solo persigue este incremento del salario mínimo garantizar un estándar de vida digno y luchar contra el intolerable fenómeno de la pobreza laboral, sino que además va a permitir mejorar las condiciones para garantizar una mayor participación de los salarios en el aumento de la productividad, con el fin de asegurar mayores ingresos también a la Seguridad Social, a la que le va a venir bien la mejora de condición de vida de los trabajadores y trabajadoras, pero también va a revertir en mayores ingresos para la Tesorería, y también en mayor capacidad de consumo de trabajadores y trabajadoras, lo que va a propiciar mantener el crecimiento económico que tenemos y que este sea sólido.
En la primera semana de diciembre tuve la oportunidad de participar en París en la presentación de la nueva Estrategia de Empleo de la OCDE, con el secretario general de este organismo internacional, el señor Gurría, y tuve oportunidad de estar en una mesa de trabajo donde participaron la ministra de Francia y los ministros de Trabajo de Chile y de Grecia, un foro en el que se constató que países nórdicos como Dinamarca, Islandia, Noruega o Suecia, que han apostado por la cantidad, pero también por la calidad de los empleos, y por dispositivos en favor de la inclusión y contra las desigualdades, han obtenido mejores resultados que los países que se han centrado principalmente en la flexibilidad del mercado de trabajo, flexibilidad a ultranza, valorando más la cantidad en la creación de puestos que la calidad de los mismos. Por eso, siendo consciente de que una cierta dosis de flexibilidad y también la capacidad de adaptación son importantes para crear empleos de calidad en un entorno dinámico como el actual, y parafraseando al señor Gurría, tengo que afirmar que -como decía él- las ventajas y los costes que eso representa deben compartirse equitativamente entre las empresas y los trabajadores y trabajadoras. Es decir, que haya un equilibrio entre ambas partes, porque si no, de natural, suele haber un desequilibrio. El poder de la empresa es importante, y en los últimos tiempos ha ido a menos el poder de los trabajadores
y trabajadoras, también con cuestiones que tienen que ver con la devaluación no solamente de los salarios, sino también de lo relativo a la negociación colectiva.
Ante la evidencia que señalan los diferentes estudios de la OCDE, que uno de cada tres empleos corre el riesgo de sufrir cambios profundos a causa de la automatización y la robótica, se impone la necesidad de reorientar la manera de actuar hacia políticas preventivas más que hacia políticas correctivas. Es decir -en alguna ocasión me lo han oído comentar-, se está hablando últimamente mucho del futuro del trabajo y de que tenemos que estar preparados para cuando llegue ese trabajo del futuro, el tema es que el futuro del trabajo ya está aquí, es el presente del trabajo. Por lo tanto tenemos que ponernos con agilidad manos a la obra. El empleo de calidad precisa de la mejora progresiva y constante de la cualificación y de la recualificación profesional. Es urgente contar con medios y con estrategias que impulsen de manera decidida la formación para el empleo, respondiendo a las necesidades detectadas en nuestro sistema productivo, y reduciendo los desajustes que presenta el mercado de trabajo. Los progresos tecnológicos, la globalización, la evolución demográfica también, los desafíos medioambientales ofrecen numerosas oportunidades, y nuestra obligación pasa por crear el marco de condiciones adecuadas para que toda la ciudadanía que está en disposición de trabajar se beneficie de un mercado de trabajo inclusivo, es decir, que tenemos claro que con este presente y futuro del trabajo, y con todos los cambios que se están produciendo, seguro que va a haber empleos que se van a destruir, pero también va a haber empleos que se van a crear, y sería permitirnos un lujo que no debemos el que no tengamos preparadas a las personas para poder desempeñar esos futuros empleos o esos empleos que ya en el presente se están creando. Si no hacemos eso, estaremos propiciando que haya personas que se queden descolgadas del mercado de trabajo y en muchos casos en situación de desempleo de larga duración.
En este marco, tengo que comentarles que la Ley 30/2015, del sistema de formación para el empleo, no está sirviendo para impulsar el sistema. Y no es que lo diga esta ministra -que lo dice-, sino que es lo que desde el primer día me pusieron de manifiesto en la primera reunión de la mesa de diálogo social los agentes sociales, UGT, Comisiones Obreras y CEOE-Cepyme: Esta ley no está dando los resultados previstos. De hecho, podemos afirmar que el sistema vigente está lleno de disfunciones que han llevado, entre otras cosas, a la falta de convocatoria de planes de formación para trabajadores ocupados durantes los años 2017 y 2018, conduciendo a la quiebra de centros y entidades de formación, a la ausencia total de formación de ocupados en determinados territorios y sectores -aumentando con ello la brecha regional y sectorial- y propiciando la falta de seguridad jurídica para el sector.
Con el fin de afrontar esta crítica situación que nos hemos encontrado, este Gobierno ha acordado con los agentes sociales y con las comunidades autónomas una convocatoria para paliar los efectos de la falta de oferta formativa, compensando con una partida presupuestaria de 350 millones de euros la inactividad de la etapa anterior. Esta orden verá la luz antes de que finalice el año y en ella se incluyen acciones de formación a nivel estatal dirigidas prioritariamente a personas ocupadas, a partir de las necesidades formativas detectadas por las estructuras sectoriales paritarias. Pero es que, además, la ley preveía que se articularían los resortes para la formación asociada a la negociación colectiva; sin embargo, nos hemos encontrado con que no se habían elaborado ni las bases reguladoras ni la convocatoria de la misma. Frente a este desinterés y en apenas seis meses, el Gobierno ha consensuado la orden de bases para la gestión de la línea con los agentes sociales. Antes de finalizar el año se convocará la orden que regula la formación de los interlocutores sociales para la capacitación en diálogo social y negociación colectiva, tal y como exige la normativa. Esto es absolutamente fundamental. Es una cuestión que nos pidieron al presidente del Gobierno y a mí misma en la primera reunión que tuvimos en la Moncloa nada más llegar, en el mes de junio, porque los propios interlocutores sociales necesitan tener una capacitación. Son muchos los convenios colectivos que se negocian en este país y es fundamental que las personas que están como interlocutores en esas mesas de negociación, tanto del sector empresarial como sindical, tengan una formación y una cualificación. Por tanto, estamos trabajando para cumplir este compromiso.
En esta línea de actuaciones encaminadas a impulsar el sistema de formación profesional, quiero comentarles que se han celebrado reuniones de coordinación con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que han culminado con la celebración del Consejo General de Formación Profesional, que llevaba casi nueve años sin convocarse; no se convocaba desde el año 2010. Todo ello lo hemos hecho con el fin de adoptar estrategias conjuntas y coordinadas que mejoren tanto la formación profesional reglada, acomodándola a las necesidades productivas en la era de la digitalización y la robótica, como les comentaba anteriormente, como la formación para el empleo, dando especial contenido a la formación dual en la empresa, de la cual llevamos mucho tiempo hablando. Todavía tenemos mucho camino por
recorrer. Aunque es verdad que en nuestro país hay algunos territorios que llevan mejor ritmo -por ejemplo, en el País Vasco se ha trabajado mucho en la formación dual y en otras zonas del territorio hay ya también experiencias-, tenemos que profundizar mucho en esta materia. Ello determinará una revisión de los títulos de formación profesional y de los certificados de profesionalidad, necesitados también de una actualización. Igualmente, esta materia forma parte de los contenidos de las mesas de diálogo social con los interlocutores sociales y de la conferencia sectorial con las comunidades autónomas, donde se podrá analizar la reforma integral del sistema de formación profesional para el empleo.
A partir de esta primera reunión del Consejo General de la Formación Profesional, tengo que comentarles que en la Mesa de diálogo social existe una submesa -a veces la llamo submesa y otras grupo de trabajo- que se decidió formar el primer día que nos reunimos a finales de julio, en la que se tratan todos los temas relacionados con la formación, la cualificación y la recualificación profesional. En esa mesa, además de estar los interlocutores sociales, participan también el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En definitiva, todo lo que tiene que ver con la formación tenemos que trabajarlo de una manera muy coordinada, tanto la formación reglada en todos sus niveles, desde los 0 años, como la formación para el empleo. Todo hay que trabajarlo de forma muy coordinada, pasando también por la formación universitaria, muy en contacto con la empresa y con las necesidades que se van produciendo, para tener la posibilidad de anticiparnos, y cuando llegue el momento de que se necesiten personas preparadas en una cierta profesión las tengamos capacitadas para ello. Por tanto, como ya he dicho, tenemos que trabajar muy coordinadamente todos.
Como les decía, a partir de esa primera reunión del Consejo General de Formación Profesional se han creado cinco grupos de trabajo en cinco áreas que consideramos de interés. En primer lugar, desarrollo, calidad y evaluación del sistema de formación profesional. En su seno se va a realizar el desarrollo y seguimiento de todo el sistema y se van a plantear medidas de mejora.
En segundo lugar, información y orientación profesional. Es un elemento que consideramos estratégico y fundamental para trabajar en el diseño de los itinerarios formativos y profesionales para las personas que están en desempleo y, cada vez más, para las personas que, aun estando activas en este momento, precisan de una orientación e información rigurosa y de calidad para ir diseñando su propio itinerario profesional y formativo. Se pretende avanzar hacia un sistema integrado en el que se establezcan los ámbitos de cooperación mutua entre el personal orientador de las administraciones educativas y de las administraciones laborales. No tiene ningún sentido que trabajen de manera individualizada los orientadores que tenemos en los colegios y en los institutos. Como la educación está transferida a las comunidades autónomas, hay que trabajar muy coordinadamente. Por eso, en este consejo general están representadas, aparte de los agentes sociales y económicos, todas las comunidades autónomas. Como ya he dicho, tiene que haber una coordinación entre los orientadores del sector educativo y los orientadores y orientadoras para el empleo que dependan de los servicios públicos de Empleo de las respectivas comunidades autónomas. Incluso en el Plan de empleo joven hemos hecho hincapié en que estén muy coordinados con los servicios sociales de los ayuntamientos, porque los ayuntamientos también tienen pequeños servicios para ayudar a las personas a encontrar trabajo en su territorio. Por tanto, estamos trabajando todos de una manera muy coordinada, porque así seguro que rentabilizaremos los recursos humanos que tenemos a disposición y eso va a redundar en una mejora de la empleabilidad de las personas, tanto de las que están formándose en ese momento en la educación reglada como de las que están trabajando y las que están desempleadas. Como digo, se pretende avanzar en este sistema integral.
En tercer lugar, mejora de la gestión de los centros de referencia nacional y extensión de dicha red hasta dar cobertura a la totalidad de las familias y áreas profesionales.
En cuarto lugar, como les comentaba anteriormente, la formación profesional dual. Hay que definir qué se entiende por formación dual, homogeneizar su impartición en todo el territorio nacional y comprometer a las empresas para su extensión. Es fundamental tener la implicación de las empresas -esa colaboración público-privada-, garantizar formación a los tutores de empresa y promover servicios mancomunados de apoyo a pymes para hacer posible la implantación de esta formación profesional dual.
En quinto lugar, dependiendo del Consejo general de formación hay un grupo que está trabajando en todo lo relativo a la evaluación y acreditación de competencias obtenidas por la experiencia laboral. ¿Con qué objetivo? Mejorar el sistema para que sea más ágil, avanzar hacia convocatorias abiertas que permitan un aumento cuantitativo y cualitativo de la acreditación de competencias y conseguir que todas las comunidades autónomas se sumen a este proceso de manera generalizada. Es absolutamente fundamental que personas que no han concluido estudios de formación profesional o de secundaria
obligatoria, que tienen una cualificación profesional que han obtenido a través de la experiencia, puedan acreditarla y obtener un certificado de profesionalidad que les posibilite o bien permanecer en el mercado de trabajo o bien -sobre todo, los que están desempleados o desempleadas- obtener un reconocimiento de lo que saben hacer para poder volver a encontrar un empleo.
Estos cinco grupos tienen hasta finales del mes de marzo del próximo año para preparar sus correspondientes documentos de conclusiones que recojan las fortalezas y debilidades que existen en cada una de las áreas. Por supuesto, una vez hecha la evaluación, habrá que hacer una propuesta de mejora y de medidas concretas que se puedan adoptar en cada uno de ellos para mejorar la situación. Es un trabajo fundamental para que se materialice el desarrollo real de una estrategia de formación profesional a medio plazo en nuestro país, es absolutamente fundamental.
No obstante, con el fin de avanzar en esta materia, el Servicio Público de Empleo Estatal está trabajando en el desarrollo reglamentario de la Ley 30/2015, previa constitución de grupos de trabajo con las comunidades autónomas y los agentes sociales. Dicho desarrollo no se ha agotado con la aprobación del Real Decreto 694/2017, sino que para determinados aspectos se ha considerado su regulación mediante órdenes ministeriales, a cuya elaboración remite expresamente el real decreto que acabo de mencionar. Dentro de esta normativa de desarrollo, se ha acometido de forma prioritaria la elaboración y tramitación de tres órdenes ministeriales que tienen como característica común el objetivo de modernizar los instrumentos base para la gestión de la formación profesional para el empleo, la flexibilización de determinados criterios que permitan una mejor adaptación de la programación de las ofertas formativas a las necesidades actuales de los trabajadores y trabajadoras y de los sectores productivos y también, de una manera muy especial, a las necesidades derivadas del proceso de digitalización y cambio tecnológico, así como la simplificación y agilidad en los procedimientos y el acuerdo para establecer marcos comunes en la gestión y financiación de las distintas iniciativas de formación por parte de las administraciones competentes.
Voy a enumerar un poco por encima de qué tratan estas tres órdenes ministeriales que les estoy comentando. En primer lugar, la Orden de bases reguladoras para la concesión de subvenciones flexibiliza y establece procesos comunes pactados con todas las comunidades autónomas en las convocatorias para todo el territorio nacional de las distintas iniciativas en materia de formación profesional para el empleo, incluyéndose como coste directo la financiación de personal técnico de apoyo.
En segundo lugar, queremos regular vía orden el catálogo de especialidades formativas. A estos efectos se establece un catálogo de uso general, con independencia de la administración u organismo que haya propuesto el alta de la especialidad formativa correspondiente. Se introducen las especialidades de itinerarios formativos que pueden incluir módulos formativos de certificados de profesionalidad con otra formación complementaria y se crea la comisión técnica de seguimiento, con la participación de las comunidades autónomas -de todas-, para la decisión de bajas en las especialidades formativas obsoletas y la actualización del catálogo. Al final, son las comunidades autónomas las que están más en contacto con la realidad y por tanto deben participar y transmitirnos si esta especialidad formativa en estos momentos no tiene sentido, si la consideran obsoleta o si habría que incluir cualquier otra.
Por último, se regula el Registro estatal de entidades de formación, a través del establecimiento de procesos comunes de acreditación e inscripción en el Registro de entidades de formación y de la delimitación de las funciones de las administraciones competentes en sus respectivos ámbitos de intervención territorial.
Por otra parte, en relación con el reto de la digitalización, el Servicio Público de Empleo Estatal tiene en marcha en estos momentos la gestión de una convocatoria para la adquisición de competencias digitales, a la que han concurrido más de quinientas solicitudes de entidades de formación solicitando la impartición de acciones formativas tanto en competencias digitales básicas como avanzadas. A ello hay que añadir la previsión de poner en marcha una licitación complementaria, con el objeto de cubrir aquellas especialidades formativas y/o ámbitos sectoriales con mayores necesidades detectadas y que no hayan sido cubiertas por la anterior convocatoria. Además, se va a regular un sistema de distribución de fondos entre las comunidades autónomas para que puedan realizar convocatorias plurianuales, tal y como venían demandando desde el año 2012. En concreto, podrán realizar estrategias de acciones formativas a tres años. También estamos revisando el actual contrato para la formación y el aprendizaje, dado el escaso número de contratos celebrados desde que entró en vigor su actual regulación, en enero de 2016. Resulta significativo que se haya reducido de manera drástica el empleo de este tipo de contrato, pasando de 174 923 contratos, en el año 2015, a 46 384 en 2016, es decir, una caída del 73,5 %. Este año, previsiblemente, este tipo de contratos será de alrededor de 50 000.
Como son tres los objetos de la comparecencia, voy a pasar a hablar ahora de autónomos. El desarrollo de nuestro país no se entiende ni se entenderá sin la figura del autónomo o autónoma, de la persona que decide arriesgar y poner todos sus conocimientos y esfuerzos para prestar un servicio o vender un producto. Con el objetivo claro de mejorar las condiciones en que desarrollan su actividad los trabajadores y trabajadoras autónomos, garantizando sus expectativas de futuro y, con ello, la creación de riqueza productiva en nuestro país, el Gobierno quiere seguir impulsando su actividad mediante la elaboración de un plan del trabajo autónomo que favorezca, efectivamente, su consolidación y avance. Tenemos claro que la creación de riqueza productiva y de empleo estable en nuestro país pasa necesariamente por quien emprende una iniciativa de empleo. Por tanto, desde el primer momento tenemos abiertos, con carácter permanente, cauces de comunicación para la adopción de medidas de común acuerdo y útiles en el día a día. Hace una semanas alcanzamos un importante acuerdo con las organizaciones de autónomos y esta semana lo hemos hecho también en la Mesa de diálogo social, con el compromiso de que en el año 2019 se pueda comenzar a cotizar según ingresos reales y también llegar a un acuerdo global para velar por la sostenibilidad social y financiera de la Seguridad Social en general y, dentro de ella, del sistema público de pensiones. Sobre este asunto versó la última reunión de la submesa o grupo de trabajo de Seguridad Social hace un par de días. En los medios de comunicación pareció que ya habíamos llegado a un acuerdo. Esto nos pasa mucho en las mesas de diálogo social, que se habla de lo que se ha estado comentando y dialogando allí y se dan por cerrados acuerdos que todavía no están cerrados. Lo bueno, que sí pasó el otro día, es que se puso encima de la mesa la posibilidad de trabajar en un acuerdo también en la mesa de diálogo social. Me consta que aquí se está trabajando, en este Congreso de los Diputados, de una manera muy intensa desde hace mucho tiempo para lograr un acuerdo en materia de Seguridad Social y de sistema público de pensiones, renovando las recomendaciones del Pacto de Toledo. Me consta el trabajo ímprobo que estáis haciendo todos los diputados y diputadas que formáis parte de la Comisión de Pacto de Toledo, pero en especial la Mesa y los portavoces. Estaría muy bien que, además de esos avances que hay en el Pacto de Toledo, también se produjesen un importante acuerdo y un importante avance en materia de Seguridad Social, en general, y de pensiones, en particular, incluyendo Seguridad Social y, por supuesto, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en el que también se produjese un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CEOE-Cepyme. Se están dando unos primeros pasos, pero normalmente no se llega al último paso si no se comienzan a dar los primeros, así que se está trabajando en esa dirección, aunque no hay cerrado un acuerdo. Esperemos llegar a buen puerto. Yo siempre digo que hay dos pilares fundamentales en materia de Seguridad Social en nuestro país -si funcionan bien, luego suele funcionar todo mucho mejor si se adopta algún tipo de reforma legislativa-, que son el Pacto de Toledo y la Mesa de diálogo social en materia de Seguridad Social.
En relación con el acuerdo que se ha alcanzado en materia de autónomos, concretamente del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, hay quien lo ha calificado de histórico. A mí no me gusta utilizar términos muy rimbombantes; yo creo que ha sido un acuerdo bueno, porque se han conseguido prestaciones importantes que no existían en el sector de trabajadores y trabajadoras autónomos. De cualquier modo, creo que lo relevante es que, como consecuencia de la universalización de las contingencias profesionales, los autónomos podrán optar a bajas laborales por accidente de trabajo y enfermedad profesional, porque todos van a cotizar por contingencias profesionales. En el caso de cese de actividad, que hasta ahora no estaba funcionando ni medio bien -por ejemplo, el año pasado se abonaron prestaciones por menos de 19 millones de euros, cuando se cobraron cotizaciones por cese de actividad en torno a los 135 millones de euros-, va a haber novedades. Una de ellas es que la prestación, que, como saben ustedes, la gestionan las mutuas, va a ser informada por una comisión en la que participará un representante de la mutua, un representante de una organización de autónomos representativa del trabajador o trabajadora que haya solicitado esa prestación y un representante de la Seguridad Social. Por cierto, el criterio de esta comisión va a ser preceptivo y vinculante para la resolución definitiva, la cual podrá ser recurrida ante la jurisdicción social, como no podría ser de otra manera. Además, nos hemos comprometido a clarificar suficientemente los requisitos de acceso a la prestación por cese de actividad para hacerla más operativa, porque en estos momentos no lo está siendo. También creo que es un logro que durante la percepción de la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes el ingreso de las cotizaciones se realice por la Administración de la Seguridad Social a partir del segundo mes de situación de baja; es decir, se van a bonificar esas cotizaciones. Dichas cuotas se van a abonar con cargo a los ingresos por cuotas percibidas en concepto de cese de actividad. Por otro lado, las
mutuas, con el apoyo de la Administración del Estado, realizarán programas de formación y prevención de riesgos laborales para el conjunto del colectivo, de tal modo que la trabajadora o el trabajador autónomo va a tener los mismos derechos que un trabajador o trabajadora por cuenta ajena.
También se va a dar cobertura a un tema que nos estaba demandando el Cermi, el Comité español de representantes de personas con discapacidad. A partir de este acuerdo, a los trabajadores autónomos a los que se les reconoce una discapacidad por accidente, por enfermedad o por cualquier otra causa o que pasan a tener más del 33 % van a poder acceder al marco de incentivos y apoyos al empleo disponible para estos emprendedores. Antes se tenía que cumplir la condición de tener reconocido el 33 % o más cuando se iniciaba la actividad autónoma, no como consecuencia de un reconocimiento sobrevenido. Con la regulación que se va a poner en marcha, estas personas autónomas que quedaban fuera de estos apoyos de fomento al empleo, como bonificaciones y reducciones en la cuota de la Seguridad Social, van a poder también disfrutar de ellas en los supuestos de discapacidad sobrevenida. En la primera reunión que tuve con el Cermi me lo estuvieron comentando. Justo en el momento en el que me plantearon que se estaba debatiendo con las organizaciones de autónomos, se planteó en esas reuniones y se estuvo totalmente de acuerdo en que debíamos evitar el abandono de la vida activa por parte de estos autónomos, a quienes se les complica su situación por esta discapacidad o porque les sobreviene una discapacidad. Si no regulamos esto, puede suceder que decidan no continuar con el negocio o con la actividad que hayan emprendido.
Un gran avance en prestaciones exige también un pequeño esfuerzo en cotizaciones. Por esta razón, se ha acordado que durante el año 2019 las bases de cotización se incrementen en 1,25 %, unos 6 euros al mes, que era una de las propuestas que la Secretaría de Estado de la Seguridad Social planteó a las organizaciones de autónomos. Se pusieron tres propuestas encima de la mesa. También aquí hubo titulares que directamente se fueron a la propuesta más dura: El Gobierno va a dar un hachazo a los autónomos. La metodología participativa tiene estas pequeñas complicaciones; cuando se da un documento, se hacen unas propuestas y se plantean varios escenarios siempre se puede tomar la parte por el todo y, a veces, se tiende a ir a la parte más radical, a la más dura o a la más compleja. Estas son las cosas que tiene utilizar la metodología de la participación y de la transparencia en las negociaciones: al final se terminan filtrando los documentos y se publican. Por eso, quiero aclarar aquí que la conclusión a la que se ha llegado es una de las opciones que se planteó, partiendo de la base de que este acuerdo en materia de cotizaciones del régimen especial de trabajadores autónomos se ha hecho para que no se sufra el impacto de la subida del 22 % del salario mínimo interprofesional y el incremento que va a implicar de la base mínima de cotización para los autónomos, que ya la tienen un poco por encima del régimen general; no hubiese sido un impacto del 22 % pero sí un impacto muy importante. Bien, pues para que no se sufra este impacto, de manera transitoria, se ha llegado a este acuerdo, y digo de manera transitoria porque el compromiso que se ha adoptado tanto con las organizaciones de autónomos como en la Mesa de diálogo social es que se comience a trabajar ya mismo -de hecho, ya se está trabajando- para que a lo largo del año que viene las personas autónomas, trabajadores o trabajadoras, puedan cotizar según sus ingresos reales. Para eso ya se ha establecido un grupo de trabajo, coordinado entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, y nos hemos comprometido a que a 31 de enero del año que viene se presente un primer documento con el objetivo de alcanzar -esperemos que sea posible- un acuerdo a lo largo del año 2019. Está claro que un sistema de cotización por ingresos reales no se improvisa. De hecho, las propias asociaciones han hecho declaraciones en alguna ocasión en este sentido. Hace un año concretamente advertían de las dificultades de este sistema, en la medida en que hay que cruzar millones de datos de cotizaciones, millones de datos sociales y documentos tributarios. En cualquier caso, como les decía anteriormente, estamos dando ya los primeros pasos para atender esta demanda recurrente del sector.
También -cuidado- se ha acordado que se adopten medidas para que haya un especial control por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, por si, aprovechando esta coyuntura, se pasan trabajadores o trabajadoras del régimen general al régimen especial de autónomos, por si algún empresario o empresaria tiene esta tentación de ahorrarse cotizaciones. Espero que no sea así, pero se va a hacer un especial seguimiento de este asunto. También se van a introducir modificaciones en la Lisos, la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social para el caso en que esto se detecte y se constate. No nos estamos refiriendo a personas, trabajadores y trabajadoras, que han estado en el régimen general y que, al quedarse desempleados o desempleadas, han decidido capitalizar las prestaciones de desempleo y organizar un pequeño o gran negocio, cada cual lo que pueda, pasando del régimen general al régimen especial de trabajadores autónomos. También se tomarán medidas para evitar
posibles tentaciones de fraude, como las que se han adoptado en el plan director. Como ustedes ya conocen, vamos a seguir insistiendo en la lucha contra esta proliferación de falsos autónomos que están surgiendo en estos últimos años, en algunos casos como consecuencia de la situación de crisis. Es verdad que hay un alto nivel de desempleo y que muchas personas quieren y necesitan trabajar, porque, si no, no es que no lleguen a final de mes, es que no llegan ni a principio de mes. Estas personas a veces tienen que aceptar condiciones de trabajo infrahumanas, pero al albur de la denominada economía colaborativa, contra la cual no tengo nada siempre que sea legal, se está produciendo la explotación clara de personas que son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena -a mi me gusta decir como la copa de un pino- que están figurando como trabajadores o trabajadoras en régimen de autónomos. Así que esta es una de las cosas que desde el ministerio vamos a tratar de evitar, porque además es que la figura del falso autónomo hace daño al sector; les está responsabilizando de una mancha que no les corresponde: hace daño a la competencia porque se actúa con deslealtad empresarial frente a quienes cumplen la legislación vigente, deslealtad al régimen de la Seguridad Social porque también se le está perjudicando al mermar sus ingresos, se debilita la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de Seguridad Social y de nuestro sistema público de pensiones y, por supuesto, hace daño a la persona que está sometida a esa situación, muchas de ellas personas jóvenes, mujeres, que de manera clara se están lesionando sus derechos laborales. Por estos motivos, y como resultado del acuerdo con los agentes sociales y económicos, las comunidades autónomas y los sindicatos de inspectores y subinspectores, pusimos en marcha -como les comentaba anteriormente- este Plan director por un trabajo digno, el cual ya conocen y no me voy a extender mucho más porque les he dado anteriormente alguna pincelada, pero uno de los objetivos es combatir estas prácticas; es decir, que hay personas que necesitan un empleo y se ven obligadas a darse de alta como autónomos asumiendo costes y condiciones laborales que, desde luego, no les corresponden. Por cierto, es un plan que poco a poco va dando resultados. Hemos ido haciendo algún balance parcial y les hemos ido comentando, por ejemplo, el tema del control de la contratación temporal fraudulenta, que simplemente con recibir unas cartas aproximadamente el 64 % de esos contratos temporales se han convertido en indefinidos, en torno a 52 000 personas -como ya he dicho en alguna otra ocasión, no sé si aquí o en el Senado-, que es una gota en el océano de la precariedad laboral, pero como se suele decir granito a granito vamos haciendo granero, y además simplemente con una carta. Ahora la Inspección de Trabajo a aquellas empresas que no han regularizado la situación de sus trabajadores o trabajadoras también les ha hecho una visita y ya veremos qué resulta. Aunque algunos han dicho por qué esto de enviar una carta para avisar, tengo que decir que no está mal; se avisa y -como digo- simplemente con ese aviso el 64 % de los contratos afectados han pasado de ser temporales a ser indefinidos. No está dando tan buen resultado en el control del trabajo a tiempo parcial porque no tenemos una regulación del registro de jornada y el control de los contratos a tiempo parcial fraudulento y el control de las horas extraordinarias realizadas y pagadas en B, o realizadas y no pagadas ni en A ni en B y no cotizadas es difícil; en fin, son millones de horas que se están haciendo y que están en una situación de total iregularidad. Según los últimos datos que tenemos del plan director solamente un 15 % aproximadamente de los posibles contratos parciales fraudulentos han visto incrementada la jornada. Vamos a ver qué resultados obtenemos en la evaluación que vamos a hacer a finales de enero y en la siguiente comparecencia o pregunta se lo comentaré a ustedes.
Quiero aprovechar también -y voy a intentar ir terminando- para mencionarles dos prioridades en las que estamos trabajando actualmente en el ámbito de autónomos, que son, por un lado, el real decreto de representatividad de las asociaciones de trabajadores autónomos, y, por otro lado, la elaboración del plan nacional de impulso al trabajo autónomo. Con respecto al real decreto de representatividad de las asociaciones, este supondrá el desarrollo expreso de los derechos colectivos de los trabajadores por cuenta propia. La finalidad es que las asociaciones de trabajadores autónomos intersectoriales y representativas se puedan equiparar a las organizaciones sindicales y empresariales a la hora de defender los intereses de las personas trabajadoras por cuenta propia, pudiendo participar en el diseño de las políticas públicas que incidan sobre el trabajo autónomo. La aprobación de este real decreto es requisito previo para que se pueda constituir el denominado consejo del trabajo autónomo, un órgano contemplado ya en la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo, que no se ha creado a lo largo de estos años. La constitución de este consejo es crucial en la medida en que es el órgano colegiado consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y profesional del trabajador autónomo, y también porque es el cauce natural donde habremos de analizar, compartir, debatir y consensuar las medidas que hayan de ponerse en marcha para mejorar las condiciones y la protección social de las personas trabajadoras por cuenta propia.
Conscientes, además, de las muchas dificultades por las que atraviesan las personas autónomas, la otra prioridad para el ministerio es elaborar un futuro plan nacional de impulso del trabajo autónomo, de forma que se puedan adoptar un conjunto global de medidas con las que se facilite el inicio y la consolidación de la actividad por cuenta propia. Este ambicioso proyecto se realizará con la participación del conjunto del Gobierno, de varios departamentos ministeriales, las asociaciones representativas del sector de autónomos, las comunidades autónomas y los interlocutores sociales de forma participativa y acordada. Por supuesto, estaremos abiertos a las sugerencias que ustedes nos quieran hacer, faltaría más.
Termino mi intervención haciendo referencia a los numerosos desafíos que tenemos pendientes, que, estoy convencida, vamos a ser capaces de superar eficazmente, como es la transformación digital que tanto está cambiando no solo el trabajo sino la vida misma; la mayor incorporación de la mujer al trabajo, que hace necesario intensificar los esfuerzos para fomentar -como les comentaba anteriormente- políticas concretas que permitan a las mujeres y a los hombres conciliar de manera real el trabajo y las responsabilidades familiares en todas las etapas de nuestra vida, o la formación permanente como herramienta imprescindible para ser más competitivos en un mercado cada vez más global, que además favorezca el cambio hacia una cultura emprendedora que prestigie al que arriesga y que permita también segundas oportunidades a los que no les va bien en la primera.
En definitiva, como saben sus señorías, hay tarea por delante y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para mejorar y fortalecer el mercado de trabajo, especialmente entre aquellas personas con mayores dificultades de acceso, como son las personas jóvenes, las mujeres, las personas desempleadas de larga duración y las personas con capacidades diferentes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, ministra.
A continuación tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del grupo parlamentario que ha pedido la comparecencia, el señor Campuzano.
Efectivamente, habíamos solicitado hacía tiempo estas comparecencias, que abordan cuestiones lo suficientemente importantes y relevantes como para que la ministra compareciese ante la Comisión. La propia intervención de la señora ministra ha justificado plenamente el sentido de estas comparecencias con una intervención larga y detallada que, al menos a mí, me suscita diversas consideraciones que voy a trasladar a la señora ministra.
En primer lugar, hay un elemento de política macroeconómica a tener en cuenta, que es un escenario de evidente ralentización del crecimiento económico y su afectación a la creación de empleo. Quizá estamos en un contexto en el que los próximos meses en esta materia no sean tan positivos como lo que hemos vivido durante estos años y que debería orientar al Gobierno para ajustar su aproximación política a las medidas que se deban tomar. Digo esto en el sentido de que esa tasa de desempleo, inferior al 15 %, continúa siendo una tasa de desempleo absolutamente inadmisible y que, por tanto, la creación de empleo y la disminución del paro debe continuar siendo una prioridad de la política económica y de la política de empleo, y además con la preocupación sobre si el modelo de crecimiento del empleo que ha caracterizado a España, no en los últimos años sino en los últimos casi treinta o cuarenta años, lo hemos modificado, o si los problemas de fondo del mercado de trabajo continúan siendo más o menos los mismos a pesar de las reformas del mercado de trabajo. Desde ese punto de vista, y lo conoce la señora ministra, hay que tener como mínimo dos precauciones. En primer lugar, la precaución de que las medidas que tomemos no influyan negativamente en la creación de empleo. Yo le traslado la información que hemos escuchado, no esta tarde en su intervención pero sí en los medios de comunicación esta mañana, de incremento de las bases máximas de cotización en una cifra no menor, y el Gobierno debería valorar si esa decisión ayuda o no a la creación de empleo. Seguramente en términos de ingresos a la Seguridad Social puede suponer incremento de ingresos; en términos de creación de empleo y empleo de calidad yo aconsejaría un punto de prudencia. Es evidente que algunas de las reformas que se introdujeron en materia de mercado de trabajo en estos últimos años no han ayudado a que el empleo que se crease fuese empleo con los niveles salariales exigibles. Nosotros fuimos críticos, en concreto con la reforma laboral aprobada por el anterior Gobierno con el cambio del sistema de articulación de la negociación colectiva por el riesgo que implicaba de que fuese aprovechado por algunos sectores empresariales para estimular convenios de empresa con condiciones salariales por debajo de los del convenio del sector. Es muy evidente que nuestro marco de relaciones laborales va a necesitar reformas que combatan ese tipo de prácticas, pero
nos equivocaríamos si formulásemos toda nuestra regulación en materia de empleo bajo el supuesto y la premisa de que lo que existe es básicamente fraude al que hay que hacer frente. Nos equivocaríamos porque esa regulación podría entorpecer también la flexibilidad que necesitan las empresas para adaptar sus procesos productivos a los cambios de la demanda de sus productos o servicios, para introducir la flexibilidad para adaptarse a las necesidades de los propios trabajadores, para la flexibilidad que requiere la implementación de más potencia de tecnología de información y comunicación, etcétera.
Por lo tanto, le aconsejaría al Gobierno prudencia, especialmente en una cuestión que es polémica y que está siendo objeto de debate también en esta Cámara, que es la regulación del control de la jornada horaria. Es evidente que todos queremos combatir el abuso de horas extraordinarias no pagadas o no dadas de alta y los abusos que se puedan producir en las jornadas a tiempo parcial, pero una regulación poco inteligente de esta materia no ayudaría a que las empresas contratasen a tiempo parcial cuando deben contratar a tiempo parcial o a que utilizasen de manera correcta o adecuada las horas extraordinarias, o simplemente una regulación poco inteligente no se adaptaría a la necesidad de las empresas que trabajan en forma de teletrabajo, en sistemas muy flexibles de ordenación de su jornada de trabajo, en espacios donde no es muy fácil ni evidente que se pueda fichar como entendíamos hace quince o veinte años. En este sentido, la inteligencia de los acuerdos que se alcancen en el marco del diálogo social debe tener en cuenta esa realidad del mundo empresarial y esa evidencia de que el sistema de relaciones laborales debe ser garantista -el derecho de trabajo por definición es garantista-, pero al mismo tiempo no puede ser un obstáculo para la capacidad de las empresas de cumplir con su misión. Por tanto, ahí también aconsejaría un punto de prudencia en un contexto, insisto, de un desempleo alto en cualquier caso y en el que algunos de los problemas de nuestro mercado de trabajo continúan estando presentes.
Mi grupo se escandaliza por las cifras que usted nos comunica de no ejecución de la garantía juvenil, según estos informes del Tribunal de Cuentas. Es un escándalo. Nosotros habíamos advertido hacía tiempo que una de las vergüenzas que íbamos a pasar es que ante el desafío del desempleo juvenil y ante el programa de la garantía juvenil España fuese incapaz de gastar las partidas que tenía asignadas, y mostrábamos nuestra preocupación por que el esfuerzo que suponía la garantía juvenil no estuviese orientado a resolver las razones que explican por qué el desempleo juvenil en España es de un 33 %, algo más del doble del desempleo que tenemos en general, que es indicativo de que tenemos problemas específicos en materia de empleo para los jóvenes. En este sentido, la garantía juvenil está siendo una oportunidad perdida para introducir los cambios estructurales que se necesitan y que tienen que ver con la transición del mundo de la escuela al mundo del mercado de trabajo. Aplaudo cuando usted me habla de que piensan, en el marco del consejo de la formación profesional, trabajar en esa vinculación entre las políticas de empleo y las políticas de orientación en el sistema educativo, pero, señora ministra, le he de recordar que no solo hay competencia autonómica en materia de educación, sino que los principales responsables de la gestión de las políticas activas deberían ser las comunidades autónomas. En los últimos años hemos ido viendo una lenta y paulatina expansión, un retorno del SEPE en ciertos ámbitos cuando allá por el año 1997 -creo que fue en tiempos del primer Gobierno en minoría del señor Aznar- se produjo el traspaso de las competencias en materia de políticas activas de empleo. Desde 1997 hasta la fecha, en estos veinte años, no hemos avanzado en un mayor compromiso autonómico en esta materia sino en una mayor recentralización de la misma; y ya no digamos en materia de formación para el empleo porque, después de una larga batalla en el Tribunal Constitucional iniciada por Galicia y ganada en distintas ocasiones, hemos tardado años en asumir que en esa materia las competencias son de las comunidades autónomas. Por tanto, debe ser una prioridad la orientación en desempleo juvenil, lo cual es básico, pero ahí el papel protagonista de las comunidades autónomas debe ser fundamental.
Compartimos con usted que la Ley de formación para el empleo que se aprobó hace ya dos o tres años contó entonces con el apoyo del Partido Socialista, pero no con el nuestro. Creo recordar que el PNV y la entonces Convergència nos abstuvimos en aquella votación ya que manifestábamos algunas dudas. Los agentes sociales discuten ese modelo. Ha recordado que en Cataluña entre 2012 y 2015 cerca de unos 4000 millones de euros de las cuotas de formación para el empleo no se han gastado en la formación para el empleo. Es un escándalo que, ante el déficit de formación de una parte relevante de nuestros desempleados, entre 2012 y 2015 no se gastasen 4000 millones. Es cierto que la nueva regulación debería evitar esa realidad, pero la necesidad de tener un buen sistema de formación para el empleo es una de las políticas más trascendentes que hay en esta materia y en la que más se ha fracasado. Por tanto, le invito a un acuerdo con interlocutores sociales y comunidades autónomas para establecer un
sistema de formación del empleo útil, útil además en ese reto de la transformación digital de la que usted nos hablaba, así que también le traslado nuestro interés a este respecto.
Apunto tres consideraciones más y con ello intentaré terminar, señor presidente. En materia de economía sumergida, más allá de las medidas punitivas que deban ponerse en marcha y que son imprescindibles, nosotros notamos que falta una política activa en positivo que permita emerger empleo. Vengo propagando con escasísimo éxito -a ver si usted me hace más caso que otros ministros y ministras- la necesidad de incorporar en la regulación del Estado español la experiencia francesa de lo que se conoció como la Ley Borloo o el sistema de cheque servicio, que en Francia ha permitido durante un periodo largo de tiempo -y en Bélgica también- hacer emerger cientos de miles de empleos en el campo del sector de los servicios a las personas y a los hogares a través de una política de deducción en la renta de estos cheques servicios, con bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social para estas contrataciones, con un IVA reducido, lo que ha permitido hacer emerger un tejido importante de pequeñas y medianas empresas tanto de carácter mercantil como del tercer sector que ofrecen esos servicios. En la lucha contra la economía sumergida, en ese terreno de la atención a las necesidades de las familias en el hogar, que va más allá de las personas que vienen a ayudar en la limpieza del hogar, desde el cuidado de niños pequeños hasta de personas con bajo nivel de dependencia o para pequeñas reparaciones en el hogar, hay un sector muy amplio donde hoy los costes fiscales en la economía formal son suficientemente altos para invitar a que las personas vayan a la economía sumergida. La experiencia francesa y belga en esta materia, que además es recomendada por la Comisión Europea, debería inspirarnos en esa lucha contra la economía sumergida y a favor del empleo legal y remunerado. Ahí tenemos un recorrido.
Mi grupo apoya el incremento del salario mínimo interprofesional, pero hay dos consideraciones a tener en cuenta. Tenga en cuenta el impacto que eso va a tener en los centros especiales de empleo -termino, señor presidente-, especialmente en los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro que atienden a personas con especiales dificultades. Esa implementación puede poner en riesgo a partir del 1 de enero una parte no menor del tejido productivo y social en esta materia. Ahí deberíamos analizar qué medidas tiene previsto tomar el Gobierno. Y en relación con el salario mínimo quiero recordarle que para un Estado tan amplio y diverso en su realidad socioeconómica un salario mínimo único a nivel del Estado no garantiza que los trabajadores en Madrid o en Barcelona puedan ver garantizado su poder adquisitivo. Es imprescindible abrir el debate sobre salarios mínimos distintos en función de las rentas de los distintos territorios. Hoy, cuando analizábamos, por ejemplo, el salario mínimo del Reino Unido, veíamos que no es el mismo en Londres que en el resto del Reino Unido, y no digamos ya en Estados Unidos. En esta materia hay un recorrido importante que hacer.
Finalmente, mi grupo aplaude el acuerdo con las asociaciones de autónomos, pero necesitamos esa reforma integral del RETA en esa línea de acompasar ingresos reales con esfuerzos de cotización y sobre lo que hay una subcomisión, al margen del Pacto de Toledo, que está trabajando en esa dirección. Ese sería de los elementos en los que el trabajo del diálogo social, el trabajo con los representantes de los autónomos y el trabajo de la subcomisión fuese en la misma dirección; en cualquier caso, estamos en ese sentido.
Quizá, señora ministra, tendré que ausentarme un rato -por otro lío que me ha aparecido- pero espero que pueda escucharla y, si no fuese el caso, leeré con atención su intervención.
El señor PRESIDENTE: Miedo me dan sus líos. (Risas).
El señor BARANDIARAN BENITO: En primer lugar, muchas gracias, señora ministra, por su comparecencia, aun cuando no la había pedido. He estado ausente al principio y al final, por diferentes razones, pero algunas cosas he podido detectar y por eso trataré tres o cuatro cuestiones diferentes respecto a las que me gustaría que pudiera ampliar la información señalada.
No vamos a entrar en las reformas que usted ha planteado, ni siquiera en el ámbito de la formación, donde espero que conteste al señor Campuzano en el sentido de que no solo la formación es un ámbito competencia de las comunidades autónomas, sino que además las políticas activas de empleo también lo son, lo cual supone que ese ámbito de formación que usted ha desbrozado de alguna manera en su exposición me imagino que también irá conducido, primero, con el acuerdo con las comunidades autónomas y, luego, dirigido no solo al respeto sino incluso a la ampliación de las competencias que actualmente sostiene. Eso por una parte.
Por otra parte, quería preguntarle por algunas cuestiones, empezando por una cuestión que mañana vamos a debatir en el Pleno, que es la relativa al contrato relevo. En el real decreto-ley que se ha aprobado y que se convalida supuestamente mañana se contempla únicamente respecto del sector manufacturero. Me gustaría que hiciera algún tipo de reflexión relativa a por qué solo en ese sector y por qué no en otros, y relativa a qué coste financiero, qué coste económico puede tener esa medida y qué coste podría tener ampliarlo a otros sectores puesto que ya se nos han dirigido desde diferentes ámbitos reclamando igual tratamiento puesto que las medidas que lo justificaron en el sector manufacturero también pueden estar contempladas o recogidas para otros sectores.
También quisiera que me hiciera alguna valoración de la evolución que ha podido tener el mercado de trabajo desde su toma de posesión en el sentido de que hemos conocido siempre una valoración muy crítica en materia del trabajo relacionado con hombres-mujeres, del trabajo relacionado con jóvenes, las comparaciones entre temporales e indefinidos, parciales o a tiempo completo o incluso ha hecho referencia de forma expresa al número de autónomos -eso sí lo he oído-. Me gustaría que hiciera alguna valoración de si ha habido un cambio en la tónica existente hasta la fecha de las proporciones entre esos ámbitos y si se ha producido una evolución positiva entendiendo que ello supusiera una modificación de la posición que ocupa el Estado en el ámbito de la temporalidad y la precariedad en la Unión Europea.
Otra cuestión más. A ver si puede comentar una de las noticias que me ha llegado hace relativamente poco, que sigue teniendo un peso importante en el ámbito laboral el sector servicios en comparación con otros sectores, en especial el sector industrial, lo cual de alguna manera parece que va en detrimento de la modificación de la estructura económica y de la evolución de la estructura laboral que sería deseable. Me gustaría que pudiera hacer alguna reflexión sobre cuál es la evolución del mercado de trabajo, si realmente se está sosteniendo en el ámbito del sector servicios y no está evolucionando hacia su encaje en otros ámbitos económicos, como el sector industrial.
Finalmente, le voy a pedir una cosa aunque no es específicamente objeto de esta comparecencia, pero ya que es usted ministra no solo de trabajo sino también de migraciones -no sé si pedírselo ahora o en otro momento-, me gustaría que hiciera referencia al acuerdo de Marrakech firmado hace una semana o diez días en el ámbito de la migración segura y responsable, también en relación con el empleo de personas migrantes. Me gustaría tener un poco más de información de la que actualmente tenemos.
Por el Grupo de Esquerra Republicana no veo a ninguno de sus portavoces. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo.
El señor DEL CAMPO ESTÁUN: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, ministra, gracias por su comparecencia. Nosotros tampoco la habíamos pedido, pero ya que está aquí y nos ha dado unos datos aprovecharemos para hacerle unas preguntas ya que tenemos dudas, porque es verdad que en estos seis meses ya -si no andará cerca- ha habido muchos anuncios y muchos globos sonda en materia de empleo -incluso alguno contradictorio entre usted y alguno de sus secretarios de Estado e incluso algún otro ministro- y nos gustaría que nos aclarase algunas cosas.
Aquí se ha dicho que está reduciéndose el crecimiento económico y lógicamente también el empleo, pero no sé si precisamente esa reducción en el crecimiento y en la creación de empleo tiene algo que ver con algunos de esos globos sonda que han soltado ustedes, porque veníamos de una época de crecimiento económico, de la creación de medio millón de puestos de trabajo -y entiendo y coincido con usted en que muchas veces eran puestos de trabajo precarios- y ahora ese crecimiento se está desacelerando y con alguna de esas cuestiones que usted ha anunciado creo que no solo nos preocupa a nosotros sino a muchos ciudadanos, empresarios y autónomos -al final los grandes creadores de empleo en este país son las pymes y los autónomos que crean más del 90 % del empleo-, cuando dice que va a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Nos gustaría saber exactamente, porque a veces hablamos grosso modo de las cosas, qué aspectos considera usted lesivos de esa reforma laboral porque, como le digo, con sus luces y sus sombras -y está claro que hay algunas cosas que no funcionaron bien y han dado lugar a fraudes- pero es verdad que esa reforma laboral ha servido para que durante muchos años se cree empleo más o menos precario pero que se cree empleo. En un país en el que en tres ocasiones hemos superado el 20 % de desempleo y que aún hoy en día, después de un proceso de crecimiento de muchos años -con la creación de medio millón de puestos de trabajo al año-, duplicamos la tasa de desempleo de la Unión Europea, todo esto nos preocupa y queremos saber cómo piensa hacerlo y sobre todo respecto a qué, no vayamos a ir como los cangrejos, porque algunas de las reformas que ustedes han puesto aquí
encima de la mesa, como por ejemplo la reforma de la subcontratación del artículo 42 a través de la iniciativa parlamentaria de una proposición de ley, puede hacer dos cosas: una, dar de lleno frente al problema del fraude -de las multiservicios- o un fraude que se daba en la subcontratación muy específico o podemos acabar matando moscas a cañonazos y acabar con el sector de la subcontratación que tanto en materia pública como privada crea mucho empleo y sería pegarnos un tiro en el pie. Entonces, ahí hay que hacer trabajo fino de cirujano normativo a la hora de ver cómo afrontamos la reforma del artículo 42. Probablemente, podríamos aprovechar y eliminar algunos problemas que está dando y ha dado históricamente, porque es verdad que los estudiosos del derecho laboral interpretan cada uno el artículo 42 a su manera. Se podría aprovechar para solucionar ese problema de fraude en materia de subcontratación y a la vez arreglar un artículo que ha estado dando muchos problemas a nivel jurídico y judicial, como el concepto de propia actividad, etcétera. Por lo tanto, nos gustaría que nos dijera aquí cuál es su visión sobre la reforma de este artículo 42 y cómo pretende llevarla, si va a dejar que esta Cámara siga su trámite parlamentario a través de la proposición de ley o tiene en mente traer algún proyecto de ley -como se rumorea por la casa-. Díganos cómo pretende hacer para afrontarlo.
Por otro lado, habla usted del registro de jornada y me interesaría saber qué piensan hacer con el registro de jornada, si bien ya hay presentada una proposición de ley en esta Cámara sobre la que se debatirá. Querría hacerle una reflexión respecto de lo que usted decía de que en el trabajo a tiempo parcial es necesario un registro de jornada, pero es que el registro de jornada en el trabajo a tiempo parcial lleva ya muchos años, el problema es que no ha funcionado tal y como se ha entendido. A nosotros nos preocupa, primero, que se establezca un registro de jornada para el trabajo a tiempo completo que no funcione y, segundo, que se convierta en obligatorio para sectores en los que no es necesario, ya que probablemente frenaría o impedía su desarrollo, como ha dicho el portavoz Carles Campuzano porque hay sectores en los que no tiene sentido. Le voy citar uno de ellos -y probablemente sean las personas que más le han animado a realizar este registro de jornada-, que son los funcionarios de la Inspección de Trabajo, a la que yo he pertenecido durante muchos años. Hay sectores en los que sí es muy necesario establecer un registro de jornada, probablemente un registro de jornada telemático en el que se controle bien y que la Administración pública, desde la Inspección de Trabajo, tenga acceso a los datos en vivo sobre quién está trabajando en ese momento. Le voy a hacer una pregunta respecto de los funcionarios, a los sindicatos y a la Inspección de Trabajo: ¿Qué pasaría si les pusieran registro de jornada a los propios inspectores o subinspectores? Probablemente no funcionaría porque al final somos personal que trabaja por objetivos y el hecho de no tener un registro de jornada te permite también conciliar sobre todo porque, como le digo, se trabaja por objetivos y se practica el teletrabajo que al final va muy bien para conciliar. Hay muchos sectores que se parecen en sus mecanismos de funcionamiento al funcionamiento de la propia inspección. Ahí le animo también a que en la reforma que traiga haga ese trabajo de cirujano normativo. Probablemente, ante una reforma en los términos que yo le planteo, tendría el apoyo del Grupo Parlamentario Ciudadanos; sin embargo, si metemos un registro de jornada para todo el mundo y frenamos sectores de crecimiento económico, y además sectores de futuro en los que no tiene sentido establecer ese registro de jornada, no podrá contar con nuestro apoyo.
Me preocupa también algunas de las cuestiones relativas al empleo del hogar, tema que ha sacado a debate Carles Campuzano. Nosotros también apoyamos el modelo francés, en este caso la Ley Bardeau, porque en los tres años que Ciudadanos lleva en este debate parlamentario nos preocupa la ratificación de los convenios internacionales en esta materia y las recomendaciones 189 y 201 o 205, no lo recuerdo ahora, porque ustedes lo llevan en el acuerdo presupuestario con Unidos Podemos y sus confluencias. Nos preocupa cómo pretenden salvar algunas de las cuestiones que nosotros entendemos que es muy difícil de salvar. Ustedes, en el año 2011 fueron quienes establecieron que era necesario formar una mesa de trabajo, una mesa de expertos que nos digan cómo salvar precisamente esos escollos. Uno de ellos es que esto no es una relación laboral ordinaria, que aquí no hay ánimo de lucro, que aquí no hay un empresario y un trabajador, aquí está el titular del hogar familiar. Es el caso de una familia que quiere contratar una persona que le ayude en sus cuidados o atención a personas o limpieza, pero no hay ánimo de lucro. Si aquí establecemos una cotización como en el régimen general, probablemente si ya sufrimos que muchas de las trabajadoras y trabajadores -digo trabajadoras porque el mayor porcentaje son mujeres- están en la economía sumergida, si estableciésemos sin más, sin haber pensado cómo hacerlo, un sistema de cotización como el del régimen general, conseguiríamos que muchos empleadores en una relación laboral que de por sí no es fácil a efectos de legalizar la situación, al final se vayan a la economía sumergida, lo que sería bastante ilógico.
Ocurre igual con la prevención de riesgos laborales, que es muy complicado porque al final se trata del domicilio familiar, no es un centro de trabajo y, por lo tanto, la vigilancia es mucho más complicada ya que la inspección tampoco puede acceder. Al igual que tampoco llevar a cabo un sistema de protección por desempleo porque al final es cierto que con las últimas reformas -y algunas fueron suyas en el año 2011- acercaron mucho en derechos a las empleadas del hogar con los empleados de relación laboral común, pero hay algunos escollos muy importantes y muy difíciles de solventar, como es en este caso el establecer una prestación por desempleo específicamente para ellos. Por eso, ya que lo tienen en ese acuerdo presupuestario, me gustaría que nos dijera cómo piensa afrontar este debate porque al final afecta a muchos trabajadores y a muchas trabajadoras.
En relación con el futuro y el presente del trabajo usted ha hablado de materia de formación. Yo inicialmente me he asustado un poco porque decía que la Ley del año 2015 no era una buena ley, pero nosotros creemos que no es así, es decir, se aprobó una ley en un momento muy complicado en el que la formación tenía un descrédito social muy importante probablemente por algunos casos de fraude en los que no quiero entrar porque le daríamos más descrédito a la formación y tenemos que ir en la otra dirección. A nosotros nos parece que, por ejemplo, el sistema de gobierno que establece la ley del año 2015, donde saca a los agentes sociales del sistema de gobernanza y establece la concurrencia competitiva, es el modelo a seguir. Aquí le hago una pregunta concreta: ¿Defienden el modelo de concurrencia competitiva en materia de formación profesional o defienden volver al modelo anterior, en el que los agentes sociales estaban en la gobernanza? Es verdad que posteriormente ha dicho que esta ley hay que desarrollarla, que hay que darle su tiempo, que es lo que creemos que ocurre con los problemas de la formación fuera de los veinticinco años del sistema de la formación -que en algunos cosas ha funcionado en otros no- en la formación del futuro. Es decir, lo que tenemos que hacer es desarrollar esa ley de 2015. Yo creo que el Gobierno anterior no la tuvo como prioridad porque en dos años solo se estableció un real decreto pudiendo haber desarrollado mucho más. Además ese real decreto establece diez órdenes ministeriales que hay que desarrollar, y no se ha hecho, pero es que tampoco sabemos en qué se ha gastado el dinero de la formación profesional porque ni siquiera tenemos información. Nosotros hemos formulado preguntas parlamentarias y se nos ha dicho que desde 2015 hasta ahora sí se sabe, pero de 2015 hacia atrás se desconoce. Por lo tanto, tampoco podemos saber qué cantidad se ejecutaba y qué cantidad de esa que iba dirigida a esas cuotas de formación profesional se ha acabado utilizando en la formación de trabajadores. Pero que ha sido un desastre nos lo dan los datos de cobertura en materia de formación profesional, que es muy baja; creo que en torno al 20 % de las empresas relacionadas con la formación profesional. Ahí sí que le animo a que continúe desarrollando la ley y que sea esta ley, con ese sistema de gobernanza y con esa estructura fundamental, la que mantengamos para que al final no hagamos lo que se hace con la de educación, que aquí llega un Gobierno y la cambia. Hagamos un sistema de formación profesional y desarrollemos lo que tenemos ya.
Una cosa que me preocupa también cuando ha hablado usted de la economía colaborativa es que ha dicho: Yo le puedo decir aquí que la economía colaborativa es un nido de fraude. O ha dicho: Las relaciones laborales que se dan en la economía colaborativa son relaciones laborales. A mí me preocupa que un Gobierno sea juez y parte, quiero decir, qué pensará el juez de Madrid, por ejemplo, del caso Glovo -que dijo que no era una relación laboral común sino trades-, cuando vea a una ministra de Empleo diciendo que todos los trabajadores de la economía colaborativa -y además creo que confunde términos- son trabajadores por cuenta ajena. En primer lugar, estamos confundiendo términos, no es lo mismo economía colaborativa que plataforma digitales y no es lo mismo economía digital que economía colaborativa. Aquí el problema más mediático han sido las plataformas digitales. Yo aquí me voy también al modelo francés. ¿Qué han hecho los franceses? Afrontar un problema que tenían e intentar darle solución, no dejar que se judicialice y se cronifique porque, además, si algo tienen estas plataformas es la capacidad de adaptarse a los cambios y si al final sea judicializar... Por ejemplo, la sentencia del caso Deliveroo de Valencia, ya no opera como operaba en el caso de la sentencia de Valencia porque lógicamente, tras dictarse esa sentencia, opera de otra forma y, por lo tanto, es más difícil determinar si es una relación laboral común o son autónomos.
Todo este rollo, y perdóneme que se lo diga así, viene simplemente porque creo que estamos perdiendo oportunidades, porque aquí no estamos teniendo en cuenta el consumo, es decir, qué quiere la gente hoy en día. Pues, hoy en día, la gente usa estas plataformas digitales para el consumo de sus bienes y servicios y estamos perdiendo oportunidades porque hay muchas empresas españolas que se querrían desarrollar en esta economía digital, en este mundo de las plataformas digitales, y no lo hacen
por el miedo, precisamente, a esa judicialización y porque no van a poder afrontarla. Yo, sin entrar a debatir si tiene que ser relación laboral común o si son autónomos, lo que sí que digo -y por eso mi Grupo Parlamentario Ciudadanos intentó traer este debate a la subcomisión del RETA- es que como país no nos podemos permitir que nos pase por encima. Podríamos hacer como los franceses, que es sentarnos y ver cómo podemos hacer para que un fenómeno que es real y que puede traer riqueza porque se está invirtiendo mucho pero no en España sino en otros países de la Unión Europea como Francia, donde sí se ha regulado, cómo podemos hacer para establecer una regulación en la que las plataformas digitales puedan operar con seguridad jurídica y a la vez no se precarice la relación laboral de los trabajadores. En Francia lo que hemos visto con los microemprendedores -como se llaman allí- es que hay que llegar a una solución con una figura híbrida como la que ustedes crearon, por ejemplo, con los trade en el año 2007, ahí las plataformas pueden operar y encima se han comprometido a través de los acuerdos de interés profesional -allí se llaman de otra manera- a establecer más protección para los trabajadores y a financiar esa protección donde no llega el Estado. Es decir, como mínimo debemos plantearnos el debate y no partir de la base de que se precarizan porque al final las condiciones de un repartidor de Telepizza de toda la vida tampoco es que fueran muy buenas. Por lo tanto, merece la pena abrir el debate.
El señor PRESIDENTE: Tiene que concluir ya. Cierre el debate.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: ¿Tendremos otra intervención, volveremos a intervenir?
El señor PRESIDENTE: Pues en principio no está previsto.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Entonces en lo personal, sobre todo, desearle felices fiestas a usted y a todo su equipo, ya seguiremos debatiendo. Simplemente con que me conteste a un 90 % de las cosas que le he preguntado, estaría contento. (Risas). Muchas gracias y felices fiestas.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. Gracias ministra, por la comparecencia.
Voy a intentar ir lo más rápido que pueda porque no tenemos mucho tiempo y son muchos temas. Me gustaría saber qué va a hacer el Gobierno con la serie de ítems y temáticas que le voy a comentar, y aparte de esas preguntas generalizadas, voy a poner propuestas sobre la mesa y me gustaría saber su opinión, aparte de saber cuál va a ser la línea del Gobierno.
Con respecto al tiempo parcial, que como sabemos afecta mayoritariamente a mujeres, y que en este país es una modalidad de contratación mayoritariamente no deseada, o sea, la gente tiene un trabajo parcial pero no lo quiere, le gustaría tener una jornada completa. Evidentemente, para acabar con esto y solucionar la problemática del tiempo parcial tenemos el famoso control de jornada. Nosotros y nosotras hemos puesto sobre la mesa muchas veces que a nosotros no nos vale con que el control de jornada esté solo a disposición de la Inspección de Trabajo, que tiene que tenerlo, y que lo tenga la representación legal de los trabajadores o que lo tenga la representación sindical, porque para nosotros es clave que, con el método tecnológico que sea y en nómina, con el formato que sea, también tenga acceso el trabajador o la trabajadora. ¿Por qué? Porque hay millones de personas en este país que desgraciadamente no tienen representación sindical y, por lo tanto, ese gran agujero negro de fraude en derechos laborales y a la Seguridad Social seguiría existiendo. Es muy diferente si a la persona le llega a final de mes cuántas horas ha trabajado realmente, cuantificado empíricamente, y cuántas ha cobrado. Creo que eso es un acicate perfecto para la organización sindical y para la reivindicación de derechos que ponemos sobre la mesa y no gustaría saber qué opina el Gobierno al respecto.
También por supuesto el tema de las horas complementarias. Nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva, a nosotros nos parece -y no solo a nosotros- una auténtica estafa. Las horas complementarias se han basado en pactos individuales que todos sabemos en qué condiciones se dan -de total desigualdad-, y lo que hemos puesto sobre la mesa es que se eliminen las horas complementarias, que sea un control efectivo de jornada, y que las horas de más que se trabajen sean horas extras como las de todo el mundo, que se paguen y se coticen como se tienen que cotizar las horas extraordinarias, con el fin de que salgamos de esa estafa de dimensiones gigantescas que son las horas complementarias.
Con respecto a la temporalidad que usted nombró y la dualidad del mercado de trabajo, que hoy en día es uno de los grandes dramas y una de las grandes expresiones de la precariedad, nos preocupa eso que acaba de exponer usted en la comparecencia sobre las bonificaciones. A nosotros las bonificaciones salvo en colectivos vulnerables: personas con diversidad funcional, discapacidad, temas de violencia machista, etcétera -que creo que todos aquí los conocemos- nos parece que es tirar dinero público, tirar dinero público abiertamente. Y repito, no somos nosotros solos o nuestro grupo parlamentario el que lo dice, porque desde el ámbito académico o incluso desde el ámbito institucional y hasta algunas partes de la patronal admiten abiertamente que las bonificaciones y las reducciones a las cotizaciones de la Seguridad Social no han generado ni un solo contrato de más ni un solo empleo de más en nuestro país; simplemente han bonificado contratos que se tenían que producir, lo que pasa es que se han hecho de manera más barata y lo ha pagado el resto de la gente trabajadora con nuestras cotizaciones.
En cuanto a la temporalidad y a sus causas últimas -y primeras también-, la causalidad, ponemos sobre la mesa la propuesta, creo que la conoce pero la volvemos a hacer pública. Creemos que para acabar con la temporalidad y con el fraude de ley de proporciones gigantescas que hay en el país deberíamos marcar bien qué es la causalidad, a qué ítems se refiere, nosotros ponemos dos: que sea por motivos organizativos o que sea por motivos productivos. Productivos que sea un incremento inesperado y ocasional de las necesidades productivas de la empresa y, por lo tanto, se tenga que contratar gente y que eso tenga un límite temporal. Los motivos organizativos que sea sustituir a una persona que esté en reserva del puesto de trabajo, una persona que esté de baja, etcétera, de modo que cuando esa persona vuelva pues ahí acabe el contrato temporal. Y que cualquier contrato que no esté relacionado con estas causas, con esta causalidad, sea un contrato indefinido, sea previsto como un contrato indefinido, y que si se produce la finalización de ese contrato en fraude de ley que esa finalización sea considerada despido nulo y que, por lo tanto, ese trabajador o trabajadora tenga que ser readmitido y le tengan que ser abonados los salarios de cotización. Me gustaría saber qué opina de nuestra propuesta, que viene del mundo de la academia y del mundo de la judicatura, porque creemos que podría solucionar uno de los mayores males de nuestro mercado de trabajo, que es la temporalidad.
Respecto a la subcontratación, ¿estaría dispuesto el Gobierno a definir o a concretar mucho mejor qué es la actividad principal con vistas a impedir o a dificultar en mucho que se pudiera subcontratar la actividad principal de las empresas, que no se diera la situación que se da actualmente en todos los ámbitos, en el ámbito salarial, en el ámbito de la jornada, en el ámbito de la prevención de riesgos de trabajo, de clasificación profesional, de contratación, de prevención, en todos los ámbitos? Dicho de otra manera más resumida: ¿Estaría dispuesto el Gobierno a acercarse a un principio histórico del movimiento obrero que es aquello que gritaban hace mucho tiempo y que desgraciadamente se tiene que seguir gritando hoy en día que es: a igual trabajo igual salario? Lo pongo sobre la mesa. Y también: ¿Estaría dispuesto el Gobierno a garantizar -creo que es algo de sentido común para mucha gente- la garantía de empleo cuando se cambia de una contrata a otra? Cuando hay un cambio, tanto en una empresa pública como en la empresa privada, se cambia de empresa y los trabajadores ven cómo están totalmente desprotegidos y en muchas ocasiones no es por cuestiones productivas, no es que se queden uno, dos o tres en la calle porque compraron un robot nuevo y esos tres trabajadores no hacen falta; no, no, lo que ocurre en multitud de ocasiones es que se van todos y todas a la calle y se vuelve a contratar a trabajadores nuevos con menos derechos, más en precario, menos salario, etcétera. Entonces pongo sobre la mesa al Gobierno si estaría dispuesto a garantizar los empleos de la gente subcontratada cuando se cambia de una contrata a otra.
Después dos cuándos importantísimos que afectan a cientos de miles de personas: ¿Cuándo tiene pensado el Gobierno aprobar el subsidio por desempleo por mayores de cincuenta y dos años, que es una reivindicación que piden a gritos -como ya digo- cientos de miles de personas en el país? Que por cierto, venía en el pacto, en el acuerdo de presupuestos. Y ¿cuándo tiene pensado el Gobierno equiparar las condiciones, no hablo solo de cotización sino de derechos y coberturas, de las empleadas del hogar en nuestro país que son cientos de miles, y también en la inmensa mayoría mujeres, con el régimen general de la Seguridad Social? Repito, no hablo solo de cotización sino que hablo de coberturas y de derechos en su máxima amplitud. Creo que en un Estado como es el nuestro, con uno de los PIB más potentes del mundo, que somos una de las potencias económicas más potentes del mundo, es una vergüenza que tengamos a cientos de miles de personas, a cientos de miles de mujeres, en las condiciones en que las tenemos actualmente.
Para finalizar acabo con autónomos. Lo hemos dicho desde el principio, desde que existimos, y esto también es de amplio consenso en la calle y de sentido común. Es un absoluto disparate que esté pagando 300 euros de cuota de autónomos gente que gana 400, 500 o 600 euros al mes, que tienen esos ingresos y que se ven que tienen que pagar 300 euros de autónomos. Por eso hemos dicho también que tenemos que ir a la cotización de ingresos reales como usted ha puesto sobre la mesa. La gran duda es ¿cómo con ese sistema de cotización por ingresos reales, teniendo en cuenta que sí hay autónomos que tienen esos ingresos no tan boyantes, por decirlo con suavidad, se van a garantizar las coberturas? Que al final es lo que a nosotros nos interesa, no solo que no se pague una cotización que no se puede pagar, sino que se garanticen unas coberturas, hablo de pensiones, hablo de las IT, de bajas por maternidad, hablo de paro, de cese de actividad, etcétera. ¿Cómo se va a garantizar eso, cómo se va a pagar eso y qué medidas hay -si me lo pudiera concretar, que lo mencionó en su comparecencia- para evitar que este fenómeno no nos acabe llevando a una huida del derecho laboral y a que mucha gente diga: a mí me sale más rentable tener a esta persona en el RETA como si fuera un autónomo cuando realmente debería tenerlo como un trabajador por cuenta ajena y pagar religiosamente la cuota empresarial a la Seguridad Social. Me gustaría concretar qué medidas tiene, porque para nuestro grupo es muy importante.
Solo quería recordarle -con esto ya termino- que al señor Mariano Rajoy -se le puede acusar de muchas cosas, pero no de no ser diligente defendiendo los intereses de aquellos a quienes tenía que defender- ganó las elecciones en noviembre de 2011, en diciembre de 2011 ya era presidente y en febrero de 2012 ya había metido un hachazo de proporciones históricas a los derechos laborales en nuestro país como no se había visto por lo menos en el último periodo democrático. El Gobierno surgido de la moción de censura ya lleva seis meses, parece que en el próximo Consejo de Ministros -así lo anunció el presidente- se va aprobar el salario mínimo interprofesional de 900 euros que pactamos en el acuerdo de presupuestos, pero de momento, aparte de eso, que se supone que va a ocurrir este viernes, negro sobre blanco no hemos visto muchas más cosas. Me gustaría saber cuál de estas medidas, las que usted ha anunciado y las que le he propuesto aquí para el debate que hemos anunciado, muchas de las cuales están en el acuerdo de presupuestos entre nuestro grupo parlamentario y su Gobierno, estaría dispuesto el Gobierno a llevar adelante vía real decreto o cuáles creen que se deben tramitar por la vía parlamentaria común y corriente, aunque desgraciadamente esta vía parlamentaria no ha sido tan común y corriente en estos tres últimos años de legislatura por motivos que ya todo el mundo sabe.
Muchas gracias. Espero que le dé tiempo a responder a todo.
A continuación la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora De Frutos.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: Buenas tardes, señora ministra.
Yo estoy un poco confundida porque creía que el objeto de la comparecencia eran los datos de empleo, el tema de los autónomos y el tema de la formación, y aquí le están preguntando a la ministra sobre la totalidad del estatuto, el régimen jurídico del artículo 12, del artículo 15 y del artículo 42. La señora ministra comparecerá los días que queramos, pero no es momento ahora de lecciones de Derecho del Trabajo. Yo voy a agradecer dos aspectos básicos que sí suponen un cambio de tono con respecto a lo que estamos acostumbrados. En primer lugar, leer los datos de empleo con un poco de humildad. Es verdad que ha crecido el número de empleos creados, pero que tampoco nos podemos sentir contentos. Eso se agradece frente a discursos triunfalistas a los que estamos acostumbrados. También agradezco, como diferencia, que se hable de promover un trabajo digno, de garantizar los derechos del trabajo, de extender la protección social y de fomentar el diálogo social. Es cierto que estamos acostumbrados al discurso de que es mejor tener un empleo a nada, pero también es muy denigrante y muy triste que después de trabajar cincuenta horas a la semana no tengas para llegar a fin de mes. Pienso que un Ministerio de Trabajo que se precie no puede olvidar jamás todas estas cuestiones que ha planteado la ministra.
Obviamente las encuestas y los datos todavía son tozudos y sistemáticos frente a una realidad jurídica que creo que ha venido propiciada por las reformas del Partido Popular en algunas cosas. Yo, que he sido inspectora de Trabajo no hace tanto, y lo soy, he conocido otro tipo de mercado de trabajo, otro tipo de relaciones laborales y otro tipo de dignidad laboral. Lo que hemos vivido estos años del Partido Popular es la utilización de la temporalidad, de la parcialidad, de una forma abusiva con el único empeño, empeño muy loable pero que no puede ser exclusivo, de crear empleo. Yo estoy con usted en que tiene que ser empleo de calidad, empleo que permita a las personas vivir.
En cuanto a la temporalidad, el artículo 15 del estatuto seguramente necesite una reforma, pero es la mala aplicación del artículo 15 lo que ha dado lugar a la situación de temporalidad precaria que tenemos. Repito, yo he vivido otra forma de aplicación del artículo 15, donde es verdad que había trabajadores temporales, pero no llegábamos a este límite de precariedad: trabajadores que trabajan por días, por meses, que no llegan ni a generar derechos ni a cotizar ni a tener salarios dignos. Creo que el Plan por un Trabajo Digno en esta materia puede dar muy buenos resultados.
En relación con los contratos a tiempo parcial, seguramente se han de realizar reformas, pero también es verdad que el uso y el abuso de estos contratos ha sido propiciado por el Gobierno del Partido Popular para generar esos datos de empleo. Lo que importaba era crear empleo, las horas de empleo y las altas. Frente a esa dinámica creo que es bueno reconocer que estamos luchando por un trabajo digno.
En cuanto al tema del empleo de los jóvenes, igual. Fue un fracaso la Garantía Juvenil, fue un fracaso la gestión de los contratos para la formación y fue un fracaso la extensión de la beca. Espero que el nuevo plan por un empleo joven y de calidad dé sus frutos. Creo que incidir en aspectos en los que incide ese plan, como los itinerarios personalizados de los orientadores, es muy importante. Creo que es bueno que afrontemos la reforma del contrato para la formación, como dice el plan. Yo creo que es un inicio de otra forma de hacer las cosas.
Estoy un poco cansada, por ejemplo, de todo lo que se dice sobre el registro de jornada. Solo un país bananero, en el cual creo que no estamos, puede admitir que los trabajadores no tengan derecho a saber las horas que trabajan y creo que es un país bananero aquel país que no reconoce a un trabajador el salario que le corresponde por las horas que trabaja. Lo podremos vestir de muchas cosas, pero es una falsedad. Claro que en la Inspección de Trabajo, por ejemplo, no tenemos horario, pero un inspector de trabajo se organiza el trabajo. Es decir, no tenemos horario, pero podemos organizar nuestro trabajo. Eso no pasa en la empresa. La flexibilidad en la empresa, la conciliación, poderte organizar tus horas de trabajo, pasa por el control horario. Si no, no es que te organices el trabajo, es que estás permanentemente a disposición de la empresa. Sabiendo que se hacen más de seis millones de horas extra, tres millones de las cuales no se pagan, habría que computar cuántos puestos de trabajo son esos seis millones de horas extra. Creo que debatir que el registro de jornada va a acabar con el empleo es un discurso totalmente absurdo. Además, si tanto miedo les diera a los empresarios el registro de jornada, nadie haría contratos a tiempo parcial, porque cierto es que en los contratos a tiempo parcial ya se exige el registro de jornada. No creo que sea un elemento disuasorio en la contratación. Creo que es un elemento esencial y me alegra mucho que el Gobierno defienda una obligación legal, que desde el grupo parlamentario siempre hemos defendido, y ese discurso de que se va a acabar con el empleo no lo entiendo. Aflorarían todas esas horas, el trabajador no se vería hiperexplotado y cobraría por lo que trabaja. Lo que dice el diputado Alberto Rodríguez me parece muy lógico, que el trabajador pueda recibir a fin de mes el cómputo de las horas de trabajo, porque además así lo pone el estatuto en relación con los contratos a tiempo parcial.
Poco más tengo que añadir. En cuanto a los datos a los que ha hecho referencia la ministra, la mala gestión del Prepara por parte del Partido Popular en su día. Como ya hemos dicho muchas veces desde este grupo parlamentario en el hemiciclo, el Partido Popular ha destruido la protección por desempleo de los trabajadores, acabó con el subsidio de mayores de cincuenta y dos y no solo eso, sino que a través de múltiples reformas disminuyó la cuantía de la prestación por desempleo, la duración de la prestación, la reposición del desempleo en expedientes de regulación de empleo, a la flexibilización de la extinción de la relación laboral... Durante el Gobierno del Partido Popular -siento repetir esto- hemos pasado a que parece ser que los trabajadores solo tienen quince años de vida útil: hasta los treinta años somos jóvenes, pero a partir de los cuarenta y cinco somos mayores. La desprotección de los trabajadores desempleados por parte del Gobierno del Partido Popular fue tremenda y ahora el Tribunal de Cuentas nos viene a decir que ni siquiera fueron capaces de gestionar bien el Prepara. Por mi parte, nada más, simplemente quiero animarla a seguir en esta línea. Es verdad que es muy importante crear empleo pero también es muy importante que se genere empleo de calidad.
En relación con los autónomos quiero señalar que, hasta ahora y que yo sepa, no se han hecho grandes cambios en el régimen de autónomos (Rumores). La última ley de autónomos en el fondo tocaba cuatro cositas no sé si intrascendentes (El señor Cano Fuster y la señora España Reina pronuncian palabras que no se perciben.-La señora Ramón Utrabo: Pero si no te toca), no se si trascendentes, pero, abro comillas, no se han abordado las grandes cuestiones que afectan a los autónomos como es la delimitación del ámbito de aplicación y, la cotización. Esos son los dos aspectos troncales y la igualación del régimen de autónomos con el régimen general. Por eso creo que estamos en la subcomisión
debatiendo esos temas. En relación con los autónomos queda mucho por hacer. Entonces, sigo animando al Gobierno en esta cuestión. (El señor Del Campo Estaún pronuncia palabras que no se perciben.- La señora Ramón Utrabo: Tú te callas). Es una opinión, igual que aquí... (Rumores).
Creo que no he hablado cuando han hablado los demás.
El señor PRESIDENTE: Señor Del Campo, no se trata de interpelaciones personales.
La portavoz del Grupo Socialista está en el uso de la palabra.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: Claro, claro. Lo único que estoy diciendo...
El señor PRESIDENTE: Si le deja la portavoz del Grupo Socialista al presidente utilizar la palabra en su momento...
La señora FRUTOS MADRAZO: Termino.
El señor PRESIDENTE: Termino yo.
No se pueden hacer interpelaciones personales. Se trata de una comparecencia de la ministra. Solucionemos las discrepancias posteriormente, si les parece.
Termine usted.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: Ya lo dijimos en su día, no lo digo yo ahora; los grandes temas de autónomos están aún por plantear y por resolver. Estoy segura de que esto ya se está debatiendo en el marco del diálogo social. Poco más tengo que decir, porque este grupo parlamentario siempre ha defendido, aparte de la creación, la calidad en el empleo, porque tan importante es trabajar como trabajar con dignidad.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra, por diez minutos, la señora España.
Señora ministra, bienvenida y muchas gracias por comparecer. Ya se lo han dicho hasta sus socios de Gobierno, hay que hacer, hay que hacer. He escuchado mucho en su intervención que hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, pero han pasado seis meses y ustedes no han hecho nada o casi nada.
Hablando de formación, es verdad que la formación profesional es fundamental para la creación de empleo y es clave para volver al mercado laboral, pero nos preocupa enormemente que está subiendo el paro juvenil y no le he escuchado decir que está subiendo el paro juvenil y, sin embargo, está subiendo. Ha hablado de la Ley de formación profesional para el empleo, que se aprobó con un amplio consenso parlamentario -se lo recuerdo- más del 90 %, negociada con los agentes sociales. Parece que ahora quieren cambiar la ley, quieren cambiar la formación profesional dual. Lo único que espero es que estas modificaciones tengan el mismo consenso parlamentario que tuvo la ley y no dinamiten el diálogo social, que parece que es su especialidad.
Ha hablado del Plan de choque por el empleo juvenil. En definitiva, es lo que estaba firmado entre el Gobierno de Rajoy y Comisiones, UGT, Cepyme y CEOE, y ahora lo único que han añadido es que van a contratar a 3000 orientadores. En fin, no sé, ya verán ustedes porque como no hay presupuesto todavía para el año 2019 no sé en qué se puede materializar ese plan que han presentado. Decía recientemente el presidente del Gobierno que la formación profesional era una prioridad, que había que mejorar la robótica, el big data, la ciberseguridad, es decir, en definitiva se estaba refiriendo al Plan de formación en competencias digitales -al que también ha aludido usted- que aprobó la ministra Báñez y que estaba acordado también con los interlocutores sociales. Yo le pregunto, ¿qué pasa con el Plan anual de las políticas de empleo? El Gobierno del Partido Popular dejó la estrategia hecha y esa estrategia decía que a final de año había que aprobar el plan y nos gustaría saber dónde está el plan, si lo han aprobado y en qué consiste. Antes se daban los recursos a las comunidades autónomas en función del cumplimiento de los objetivos y parece que ustedes quieren cambiar esa regla y que no sea ahora en función de los objetivos cumplidos. También le quiero preguntar qué ha pasado con el bono juvenil de los 430 euros para los jóvenes con contrato de formación y aprendizaje. ¿Se ha impulsado desde el ministerio? Porque había un plan de publicidad, pero parece que no le han dado mucha publicidad ni impulso. -Ahora dirán que no
ha funcionado-. A lo mejor es que como ese plan de bono juvenil estaba negociado con los agentes sociales y firmado por la patronal y por los sindicatos es que no les gusta, porque últimamente a ustedes todo lo que esté firmado con los agentes sociales no les gusta. A ustedes les gusta firmar, como nos hemos enterado esta semana, solo con los sindicatos y dejan al margen a los empresarios.
Le quiero preguntar por la Garantía Juvenil. El anterior Gobierno certificó todos los fondos a 31 de diciembre. ¿Se van cumpliendo los objetivos este año? Había casi 1000 millones de euros para 2018, ¿cuál es el importe, que han comunicado a Bruselas, que se ha gastado en la Garantía Juvenil? Aquí hemos escuchado a algún miembro de la Comisión de empleo decir que ha sido un fracaso, como al señor Campuzano. Tengo que decirle que ha habido más de un millón de jóvenes que se han inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y, del total inscrito, han encontrado empleo 419 606, es decir, estamos hablando de una tasa de empleabilidad del 41 %.
España cumplió su primer compromiso presupuestario con la Unión Europea y antes de finalizar el año 2017 certificamos por un importe de 671 millones de euros, cifra superior a lo que había fijado la Comisión, es decir, que España cumplió su objetivo. ¿Qué han hecho ustedes en el año 2018? ¿Qué han comunicado a Bruselas?
En cuanto a la protección por desempleo, ustedes saben que no se pudo probar la Renta Complementaria de Desempleo, la RED, porque las comunidades autónomas de su partido no quisieron. Se aprobó una enmienda a los presupuestos para que, precisamente, hubiera un subsidio extraordinario de desempleo hasta que el paro bajara 15 %. Ha bajado del 15 % y parece que el 4 de enero ya decaerá este subsidio extraordinario para los parados de larga duración. ¿Qué van a hacer? Hemos escuchado que ustedes van a bajar simplemente el porcentaje del 15 % al 12 %. Sinceramente, esto es un parche. Nuestro compromiso era unificar en un único subsidio -un subsidio único, coherente, cuestionado y permanente- todas las ayudas al desempleo. Pero claro en seis meses ustedes no han tenido tiempo y parece que lo único que van a hacer es, como le he dicho antes, bajar la tasa del porcentaje y aquí paz y después gloria.
Hay otras medidas que también estaban condicionadas a esa tasa de paro del 15 % como es el contrato a emprendedores; no sabemos si está en vigor o no. Hay más de un millón de contratos firmados -ahora dirá usted que nunca ha funcionado-.
Seguimos con la formación, ha hablado usted de los 350 millones de euros de la Ley 30/2015 que no funciona. Quiero hacerle una pregunta porque también se lo ha insinuado el representante de Ciudadanos. En diciembre hubo una reunión del patronato de la fundación estatal para la formación y el empleo. Con el Partido Popular, saben ustedes que en el órgano colegiado, que tiene que decir a quién se dan las subvenciones de formación, se eliminó a los agentes sociales, a la patronal y a los sindicatos, para que no fueran juez y parte. -Les recuerdo todo lo que ha ocurrido en Andalucía con el fraude a la formación, sindicatos incluidos-. Ahora, ¿quién compone ahora ese órgano? Porque parece que ustedes han vuelto incluir a los agentes sociales. Le recuerdo que nosotros con la normativa los sacamos fuera de ese órgano, siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional nos ha dado la razón en dos sentencias, por lo tanto, parece que ahora hay representantes políticos y agentes sociales a la hora de distribuir esos fondos de la formación. -El Partido Socialista no aprende con todo lo que ha pasado con la formación en Andalucía-. ¿Eso es lo que usted va cambiar de la Ley 30/2015? Eso no es diálogo social, no se confunda; eso es otra cosa; incluir a los agentes sociales cuando, precisamente ya no estaban, es otra cosa.
Se ha hablado del futuro del trabajo también. Precisamente, el Partido Popular ya inició un estudio muy importante con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y con los agentes sociales y había un compromiso para elaborar el libro blanco sobre el futuro del trabajo. Espero que usted también siga trabajando en ese ámbito.
Con respecto a la renta mínima, es verdad que están esperando el informe de la AIReF y todo lo que usted me quiera contar; informe que ustedes se negaron a enviarnos, y usted no sabe cómo se puso la representante del Grupo Socialista cuando pedimos el informe de la AIReF. Por eso le digo que se están quedando retratados, retratados; ustedes y los de Podemos. Yo espero que cuando vuelvan a la oposición no se les ocurra pedir la renta mínima, porque desde luego han perdido ustedes toda la credibilidad en este tema.
Hablando de autónomos, decía la representante del Grupo Socialista que no se ha hecho nada por los autónomos. Yo sé que los socialistas nunca han creído en los autónomos. (Rumores). La realidad es que jamás se ha hecho tanto por los autónomos como en las legislaturas del Gobierno del Partido Popular, y ha sido -permítame que se lo diga- bochornoso el espectáculo que ha dado este Gobierno en relación
con los autónomos; que si la subida del salario mínimo afecta a la base mínima, que si el 1 de enero entraba en vigor la cotización por ingresos reales -dicho por su presidente, el 'doctor' Sánchez-, que si la AIReF desvela que hay 1500 millones de euros más de recaudación por cotización y 1000 millones son para los autónomos, que si la subida de las cuotas primero es de 500 euros, luego de 260, luego hay un preacuerdo en el que usted dice que no. Es decir, ha sido lamentable, bochornoso, patético. Durante dos meses los autónomos han estado desconcertados, han creado ustedes inseguridad jurídica, y se ha traducido, señora ministra, en que hay 7260 autónomos menos, es decir, en los últimos seis meses del Gobierno del Partido Socialista hay más de 7000 autónomos menos, más de 3 millones de autónomos pendientes y atemorizados por las subidas de impuestos del Gobierno socialista -cotizaciones sociales, subida del diésel, IRPF, sociedades-, y desde luego en el Grupo Popular intentaremos frenar -como ya hemos hecho con la subida de las cotizaciones- la subida de otros impuestos.
Si al final el rejón para los autónomos no es de 1000 millones, que parece que no, que es lo que ustedes dijeron en Bruselas en los presupuestos y ahora va a ser de 200 millones de euros, yo le pregunto que si el plan presupuestario hace agua de dónde van a sacar los 800 millones de euros restantes; usted sabrá. La verdad es que yo a veces me pregunto si hay alguien que diga algo coherente en su ministerio sin que salga el secretario de Estado a decir lo contrario.
Señora ministra, ha dicho usted que el año que viene el 31 de enero hablaremos ya de la cotización por ingresos y que habrá un informe. Yo le pido que escuche a los autónomos, porque esa no es la solución real para los autónomos; a lo mejor es la solución para usted, para su Seguridad Social y para aumentar los recursos a la Seguridad Social, como ha hecho desde que llegó; desde que llegó lo único que ha hecho ha sido recaudar, recaudar, recaudar y asfixiar a las empresas, que acabarán cerrando y acabarán mandando gente al paro. ¿Sabe lo que va a generar su aumento de cotización? Economía sumergida, señora ministra, se ha empeñado y parece que lo van a conseguir.
Señora ministra, esta semana su Gobierno -se lo he dicho esta mañana- ha dinamitado el diálogo social, ha roto algo que era fundamental, el diálogo con los empresarios y con los trabajadores. Decía usted el 10 de julio que el diálogo social sería el pilar fundamental del Gobierno y, el diálogo político, con los grupos parlamentarios. No sé, yo creo que con mi grupo no está hablando mucho. Pero bueno, señora ministra, eso es falso; usted ha negociado con los sindicatos al margen de los empresarios una modificación de la reforma laboral, y digo que esto es muy grave porque ha supuesto una ruptura del diálogo social y supone también que van a acabar con la creación de empleo. No se lo digo yo, es que se lo ha dicho el Banco de España. El Banco de España le ha dicho que por favor no modifique la reforma laboral, cuando el Banco de España ha vuelto a rebajar las previsiones de crecimiento y le ha alertado de la moderación en la creación de empleo. Ha dicho que la reforma laboral es positiva y que no deben revertirla porque ha funcionado. -Vaya tirón de orejas del Banco de España-. Claro, hablan aquí del hachazo que ha hecho el señor Rajoy. Pues mire usted, esta es una reforma laboral que ha permitido que donde antes se destruían 3,5 millones de puestos de trabajo cuando gobernaba el Partido Socialista, ahora se cree con la reforma laboral 3 millones de empleos; es una reforma laboral que ha permitido liderar la creación de empleo en Europa y que ha permitido, por ejemplo, en el año 2017 -ahora compararemos con su etapa de ministra- que por cada empleo temporal se crearan dos empleos indefinidos, señora ministra.
Como consecuencia de sus continuos bandazos -no de usted, de su Gobierno- de los anuncios de subidas de impuestos, se está creando la mitad de empleo, se está creando la mitad de empleo desde que usted es ministra. Mire usted los datos de la EPA del segundo trimestre y del tercer trimestre; según la EPA, el segundo trimestre del Partido Popular se crearon 469 000 empleos, y en el tercer trimestre, con usted como ministra, 183 000 empleos, menos de la mitad, y además está aumentando la temporalidad. ¿Quién está diciendo que la reforma laboral ha traído temporalidad? Antes los contratos temporales eran el 50 % del total y ahora, en el tercer trimestre, según la EPA son el 86 %. Es que antes los contratos indefinidos eran el 50 % del total y ahora son el 14 %. Esa es la realidad desde que ustedes gobiernan.
Me hace mucha gracia, porque la portavoz del PSOE dice: está creciendo el empleo. ¿Pero dónde? Si en el mes de noviembre hay 48 000 afiliados menos a la Seguridad Social; es el peor noviembre de los últimos cinco años. ¿Dónde se está creando el empleo? Dice: No estamos muy contentos. Claro, ¿cómo van a estar contentos? ¿Cómo van a estar contentos si se está creando menos de la mitad del empleo? Y eso sin aprobar su contrarreforma laboral. Es decir, si ustedes ahora aprueban su contrarreforma laboral, es que esta ralentización de la creación de empleo se va a convertir en destrucción de empleo, destrucción pura y dura de empleo. El balance de seis meses del Gobierno de Sánchez es: más mujeres y jóvenes parados, destrucción de autónomos y ralentización del empleo.
Hablemos del salario mínimo. También ha dicho el Banco de España que no se puede subir el salario mínimo al margen del diálogo social. Nosotros estamos perfectamente de acuerdo en que hay que subir el salario mínimo; lo hemos subido cuando hemos gobernado, dentro del diálogo social, con acuerdo de trabajadores y con acuerdo de empresarios, cosa que ustedes no han hecho. Se lo ha dicho el Banco de España, que en el año 2019 la tasa de paro será casi 1 punto más que en la anterior previsión; por eso mismo, por la subida del salario mínimo que han hecho sin tener en cuenta a los agentes sociales. Le leo lo que ha dicho textualmente...
El señor PRESIDENTE: Y termine ya con eso si puede ser.
La señora ESPAÑA REINA: Sí, ya voy.
Leo literalmente lo que ha dicho el Banco de España, que creo que nos interesa a todos. Hombre, ya que está todo el mundo celebrando la Navidad y nosotros estamos aquí, vamos a terminar y vamos a hacerlo bien. (Risas). El impacto de la medida sobre la remuneración de los asalariados -estamos hablando de la subida del salario mínimo- será prácticamente nulo, ya que los efectos al alza del salario medio se verán acompañados por una pérdida de empleo de similar tal... Pero no lo dice solo el Banco de España, es que la AIReF dice que se crearán cuarenta mil empleos menos en 2019, la Comisión Europea entre setenta mil y ochenta mil empleos menos en 2019-2020 y el Banco de España exactamente igual. No es demagogia, nosotros queremos que se suba el salario mínimo, pero dentro del marco del diálogo social.
Hoy hemos conocido que también van a subir ustedes las bases máximas de cotización un 7 %, es decir, 1000 euros más para el empresario, 200 euros más para el trabajador, y al final 1000 millones de euros más para la recaudación de la Seguridad Social. Haciendo caja, usted siempre haciendo caja. -Otro rejón a los empresarios que seguramente también reducirá la creación de empleo-. Sigan así, aumentando los costes laborales, que verán lo rápido que entramos en recesión y en destrucción de empleo.
Ya termino. Volviendo a la reforma laboral, le pregunto: ¿quién miente, usted o la ministra Calviño? Porque claro, la ministra Calviño se fue a Londres y vendió a los inversores tranquilidad porque no se iba a derogar el corazón de la reforma laboral. Usted a escondidas rompe el diálogo social, pacta con los sindicatos romper en pedazos el corazón de la reforma laboral. Por lo tanto, ¿quién miente? ¿Quién le va a decir al Consejo Europeo que no van a seguir la recomendación? La realidad, señora ministra, es que no han hecho nada, han dado un nombre nuevo a lo que estaba hecho, se ponen las medallas de lo que había ya en el presupuesto del Partido Popular, como es el aumento de pensiones, la equiparación de tal, los sueldos de los funcionarios,...
El señor PRESIDENTE: Concluya ya, por favor, señora España.
La señora ESPAÑA REINA: ...pero medidas que contribuyan a crear empleo, cero Zapatero.
Señora ministra, ya se lo he dicho antes, se está creando la mitad del empleo. Si usted no cambia el rumbo y empieza a hacer algo más, además de plagiar lo que hace el PP y cambiarle el nombre, si usted no deja la reforma como está...
El señor PRESIDENTE: Señora España, lleva diecisiete minutos. (La señora Ramón Utrabo: Es que no corta).
La señora ESPAÑA REINA: Ya he terminado, ya he terminado. (Un señor diputado: No pasa nada).
El señor PRESIDENTE: Sí que pasa, porque el resto de portavoces han llegado hasta los catorce minutos.
La señora ESPAÑA REINA: Señora ministra -y concluyo-, usted está construyendo la tormenta perfecta: recesión, paro, desigualdad. Hable usted con Zapatero, que de esto sabe mucho.
Termino. Feliz Navidad a usted, y también para su querido presidente Zapatero. Yo no tengo ningún problema con nadie, pero esto se lo tenía que decir: Feliz Navidad y haga usted algo para que esa tormenta perfecta no se repita en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Le trasladaremos la felicitación al presidente Zapatero.
A continuación, tiene la palabra la ministra por el tiempo que estime oportuno para responder a los portavoces.
La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Pensaba que íbamos a estar imbuidos de espíritu navideño, pero veo que por lo menos por esta zonita no ha llegado todavía. (Risas.-La señora España Reina: Yo lo he intentado.-La señora Ramón Utrabo: No te sale). Estoy absolutamente convencida (La señora España Reina: La felicitación es de verdad) de que nuestra diputada portavoz del PP, la señora España Reina, lo ha intentado. No sé muy bien si lo ha conseguido por ahora, pero está en tránsito. Le trasladaré la felicitación al señor Zapatero y también al señor Sánchez. Lo digo porque al señor Zapatero lo veo menos que al señor Sánchez. Al señor Sánchez lo voy a ver mañana y, al señor Zapatero, no lo tengo claro, así que empezaré por el señor Sánchez y cuando vea al señor Zapatero, también, de su parte.
Voy a empezar por orden de intervinientes. No sé si el señor Campuzano se ha tenido que marchar.
El señor PRESIDENTE: Sí, se marchó.
La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): No obstante, le contestaré para que quede constancia en el Diario de Sesiones.
El señor PRESIDENTE: Sí, sí, por favor, así lo podrá leer posteriormente.
La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): El señor Campuzano ha puesto de manifiesto algunos elementos de política macroeconómica y que se está produciendo una ralentización de la economía muy leve. Por suerte, las previsiones macropresupuestarias previstas están cumpliéndose más o menos, décima arriba, décima abajo. Es verdad que hay una pluralidad de turbulencias que no solamente afectan a este país, sino a toda Europa. No estamos en el mejor momento de la Unión Europea, tenemos todo el fenómeno del brexit, tenemos también toda la cuestión comercial y los problemas que está generando la posición del señor Trump en Estados Unidos. En fin, en conjunto esta no es una situación mundial fácil ni sencilla, y con esto no quiero quitar relevancia a la situación que estamos viviendo, pero en España las previsiones de crecimiento tanto de la AIReF como del Banco de España -la señora España Reina lo ha comentado mucho- dicen que estamos creciendo bastante más que Francia y bastante más que Alemania. Esperemos que la situación que tenemos no implique una ralentización en la creación de empleo.
Pedía el señor Campuzano prudencia en la adopción de medidas. Yo creo que las medidas que se están adoptando son prudentes. Es más, después haré algún comentario al respecto, porque es verdad que podríamos ir más deprisa, pero también tenemos claro en qué posición estamos en cuanto a fuerza parlamentaria. Cualquier cuestión que apruebe el Gobierno o bien por real decreto-ley, tiene que ser convalidada. Por cierto, tampoco se estarán adoptando medidas tan descabelladas cuando todos los reales decretos-leyes que se van presentando hasta la fecha -por lo menos que a mí me conste- se van convalidando, e incluso algunos se van convalidando por mayoría cuasi unánime. No serán tan descabellados los acuerdos que está adoptando el Consejo de Ministros. Se están convalidando reales decretos-leyes y se están aprobando leyes, y muchas de ellas están saliendo adelante con un consenso, como digo, casi unánime.
Decía el señor Campuzano que el modelo de empleo no termina de levantar cabeza, a pesar de las reformas que se han hecho en los últimos años. Es cierto que seguimos teniendo una dualidad muy importante en el mercado de trabajo y tenemos mucho que hacer para evitar esta dualidad y para evitar la precariedad. Asimismo, aunque las tasas de desempleo han bajado del 15 %, yo también estoy de acuerdo en que es inadmisible que tengamos una tasa de desempleo muy por encima de la media de la Unión Europea. Por cierto, lo máximo que creo que hemos llegado a tener en cuanto a mejor tasa de desempleo, durante muy poquitos trimestres de la EPA, incluso en la época de mayor bonanza económica, fue que conseguimos bajar del 8 % de tasa de desempleo.
Es verdad que tenemos una economía que ha estado durante mucho tiempo basada en un determinado modelo, y por eso tenemos el reto de la apuesta por la reindustrialización y por sectores más productivos. Hemos apostado mucho por sectores muy intensivos en mano de obra, que cuando hay bonanza económica crean puestos con mucha facilidad aunque no sean de mucha calidad, pero que luego cuando viene la época de crisis económica se destruyen con la misma velocidad con la que se han creado. Estoy hablando del sector de la construcción y afines y del sector servicios. Son sectores importantes en nuestro país, pero no podemos apostar la economía de nuestro país solamente a esos sectores.
Tenemos mucho camino por andar en la apuesta por una economía más sólida, con unas bases más fuertes, con más industria; una economía más competitiva y más productiva por que nos especialicemos en investigación, en desarrollo, en innovación, y que no sea más competitiva porque nos especialicemos en sectores intensivos de mano de obra que luego son de baja calidad en el empleo y de baja productividad. No hay que ser más competitivos por que devaluemos las condiciones laborales y las condiciones salariales, sino ser más competitivos porque mejoremos la productividad apostando por más innovación y más investigación. En definitiva, una economía más sólida y más moderna, más del siglo XXI.
Decía que debemos procurar que las medidas que se adopten no afecten a la creación del empleo. Por ejemplo, el portavoz estaba preocupado con la subida de las bases máximas; también la señora España Reina ha manifestado esa preocupación. Las bases mínimas de cotización, con la subida del salario mínimo interprofesional, van a subir un 22 y pico por ciento. No vamos a subir al unísono las bases máximas. Por ejemplo, en el informe de la AIReF se sugirió una subida de entre el 10 y el 12 %. Yo creo que nos vamos a quedar en el entorno del 7 %. Aquí se han dicho noticias de esta mañana, y como he estado abducida por el trabajo, no sé exactamente si esto se ha dicho o no se ha dicho esta mañana en los medios, pero estaremos en ese entorno.
Señora España Reina, en el acuerdo que tenían con organizaciones sindicales y empresariales iban a subir ustedes un 5 % la base mínima y la base máxima. (La señora España Reina pronuncia palabras que no se perciben). Por tanto, en el hipotético caso de que al final se decidiese subir un 7 %, no estaríamos hablando del 22, sino de un 2 % más. Tenían ustedes previsto el año que viene un 10 %. (La señora España Reina: Congelamos la máxima.-La señora Ramón Utrabo: ¡Hombre, que se calle la boca! Está replicando a la ministra cuando ha estado veinte minutos hablando). Cuando estaban gobernando ustedes hacían lo que creían conveniente hacer y el actual Gobierno va a hacer lo que crea conveniente hacer.
A lo mejor -quizá-, por esas congelaciones que hacían ustedes de las bases máximas; a lo mejor -quizá-, por esa congelación del salario mínimo interprofesional (la señora España Reina hace gestos negativos); a lo mejor -quizá-, por esa reforma laboral que propició una devaluación de las condiciones de trabajo y una devaluación salarial y a la par de cotizaciones; a lo mejor -quizá-, por eso tuvieron que utilizar ustedes 74 000 millones del Fondo de Reserva para pagar las dos pagas extraordinarias. Sí, no me mire, o míreme si quiere -ya lo sé-; no han dejado ustedes otra posibilidad a este Gobierno. Le recuerdo que los actuales ministros tomamos posesión exactamente el día 7 de junio.
Usted sabe cómo es el trasatlántico de la Seguridad Social; no se puede dar un volantazo y reorientar el trasatlántico en medio año, aunque usted considere que nosotros deberíamos ser capaces de reorientar en medio año lo que ustedes no han sido capaces de hacer desde el 1 de enero del año 2012 hasta junio del año 2018. (La señora España Reina hace gestos negativos). ¿No? Me da exactamente igual los gestos que haga usted. (La señora Ramón Utrabo: No la mires). Lo cierto es que ustedes se encontraron el Fondo de Reserva con 67 000 millones de euros y lo han dejado con 8000, de los cuales en efecto esta ministra ha tenido que dar instrucción de que se saquen 3000 más para pagar la paga extra a los pensionistas. (La señora España Reina: Yo no he hablado del Fondo de Reserva ni de la Seguridad Social.-La señora Ramón Utrabo: ¡Hombre, ya está bien!).
El señor PRESIDENTE: Señora España, señora ministra y resto de señorías, si podemos evitar la interpelaciones personales para que el debate se pueda mantener en términos lo más parlamentariamente correctos posible, sería muy de agradecer.
La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Ya, señor presidente, pero como ha mostrado, con todos mis respetos, una situación muy catastrófica...
El señor PRESIDENTE: Yo entiendo perfectamente que usted la responda, pero no haga alusión a los gestos que hace la señora España, porque la señora España automáticamente gesticula con mayor intensidad y acabamos en un lío.
La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Pido disculpas, que conste en el Diario de Sesiones. Pido disculpas y no voy a volver a hacer mención a los gestos de nadie. Por favor, pido disculpas.
El señor PRESIDENTE: Siga, por favor.
La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Gracias, señor presidente.
Como digo, de aquellos preámbulos, estos resultados. La reforma laboral que hizo el Partido Popular en el año 2012 no solamente ha propiciado una situación peor en cuanto a condiciones laborales, sino que también ha generado un problema importante en el sistema público de pensiones y en la Tesorería General de la Seguridad Social, de tal manera que se ha tenido que utilizar una parte importantísima del Fondo de Reserva -tanto como 74 000 millones de euros-, casi 9000 millones del Fondo de excedentes de las mutuas, crédito el año pasado y crédito este. Ya está. Ahí está.
No toda la flexibilidad es fraude, decía el señor Campuzano. Evidentemente. No critico que tenga que haber un margen de flexibilidad. También el señor Del Campo lo comentaba. Me he debido explicar mal cuando he hablado de la economía colaborativa. Yo no digo que toda la economía colaborativa sea fraudulenta. Lo que he querido decir es que, acogiéndose a la modalidad de economía colaborativa, a veces se están produciendo fraudes. Hay que encontrar un equilibrio. Evidentemente tiene que haber un margen de maniobra, la economía está avanzando y estamos en el siglo XXI, pero también hay que velar por que se cumpla la normativa laboral, y que cuando una persona tiene que estar contratada con un contrato laboral esté con un contrato laboral como trabajador por cuenta ajena. Si es autónomo, pues es autónomo. No todas las situaciones de las personas que están en economía colaborativa están en fraude de ley. Como también decía el señor Campuzano, hay que ser prudentes con el control horario, para ver qué tipo de control horario se establece. Hay que encontrar un equilibrio. El derecho laboral tiene que ser garantista. Queramos o no queramos en la relación laboral suele haber una parte más débil y una parte más fuerte, y habitualmente la parte más débil suele ser la parte trabajadora y la parte más fuerte, la que tiene el poder de dirección, es la empresa. Con esto no quiero decir que todas las empresas abusen del poder que tienen, pero hay que encontrar ese punto de equilibrio que se consigue con la negociación colectiva y con unos convenios colectivos que realmente velen por los derechos de los trabajadores y por que haya un equilibrio.
También ha comentado el señor Campuzano que en todo lo que tenga que ver con la formación y con el empleo no podemos ir en una línea recentralizadota, y estoy totalmente de acuerdo. Por cierto mañana vamos a celebrar una Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales en la que se va a tratar una multiplicidad de asuntos. Evidentemente se trata de conferencias sectoriales que hacemos en coordinación y con participación de las comunidades autónomas, igual que las comunidades autónomas están teniendo participación absolutamente en todo lo que está haciendo este ministerio, desde el Plan Director por un Trabajo Digno al Plan de Empleo Joven. En cualquier cuestión que ponemos en marcha estamos teniendo en cuenta la Mesa del diálogo social, y como no podía ser de otra manera la opinión de todas y cada una de las comunidades autónomas, porque tenemos muy claro que las políticas activas de empleo y la formación están transferidas a las comunidades autónomas. Mañana llevamos un amplio orden del día en el que se va a ver un proyecto de real decreto por el que se regula el sistema nacional de admisión de miembros y socios de Eures; el proyecto de orden ministerial que les comentaba antes que regula el catálogo de especialidades formativas en el marco del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral; el proyecto de orden ministerial que regula el registro estatal de entidades de formación, del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral; el proyecto de orden ministerial por el que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, que desarrolla la Ley 30/2015, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral en relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación, y también las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación; otro proyecto de orden que aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el Servicio Público Estatal de Empleo para la financiación de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva; la prolongación de la vigencia del SEF, como decía la señora España Reina; medidas afectadas por la bajada de la tasa de paro por debajo del 15 %; todo lo que tiene que ver con la ayuda de acompañamiento del Sistema Nacional de Garantía Juvenil; información sobre el Plan de Empleo Joven y sobre el plan de choque para plantear también a las comunidades autónomas el tema de los 3000 orientadores que van a depender de ellas, y ver cómo gestionamos el Programa Orientajoven; información sobre el Plan Anual de Políticas de Empleo 2019; estado de situación, calendario, criterios de distribución de los fondos de conferencia sectorial; información acerca del Programa Evades. No me quiero extender más. En definitiva, como no podía ser de otra manera, como han hecho los anteriores Gobiernos y como estamos haciendo nosotros desde el Gobierno de España, todas las cuestiones que tienen que ver con formación y empleo las tenemos que tratar en las reuniones de la conferencia sectorial.
Se ha puesto también de manifiesto por parte del señor Campuzano que valoremos el cheque servicio, sobre todo para la atención a las familias en el hogar. Estamos por la labor de estudiarlo. No tenemos muy buenas referencias de cómo está funcionando, pero el señor Del Campo también lo planteaba y lo podemos estudiar; no hay ningún problema.
En cuanto al impacto del salario mínimo interprofesional en los centros especiales de empleo el señor Campuzano ha dicho que estaba a favor de la subida del salario mínimo interprofesional. Su regulación se va a aprobar en el próximo Consejo de Ministros del viernes, y se van a tener en cuenta peculiaridades por razón del sector y demás. Espero y deseo que no tenga una afectación grave sobre la creación de empleo. Está habiendo informes diversos, y se han puesto aquí de manifiesto algunos de ellos del Banco de España y de la AIReF. El señor Gurría de la OCDE cuando vino también dijo que le parecía muy bien la subida del salario mínimo interprofesional, y que iba a ser muy positivo para la mejora de la calidad del empleo. En el encuentro de la OCDE que tuvimos en París hace unos días intervino en las mesas redondas el representante de Portugal. En Portugal se ha subido en los últimos años de una manera importante el salario mínimo interprofesional. También en Portugal se dijo que el impacto que iba a tener en la creación de empleo iba a ser negativo, y que se iba a ralentizar la creación de empleo, pero en absoluto ha ocurrido esto. Vamos a ponernos en lo mejor y no en lo peor. Vamos a trabajar para que se siga creando empleo; y no solamente para que se cree empleo, sino para que ese empleo sea de calidad.
Decía también el señor Campuzano sobre el acuerdo con los autónomos que, cuando se haga una reforma en profundidad del RETA, se tengan también en cuenta las conclusiones de la subcomisión. Somos conscientes de que la subcomisión ha estado funcionando en esta casa varios meses, y de que se está pendiente de cerrar las conclusiones. Estaremos encantados de que en cuanto estén cerradas las mismas nos las hagan llegar para, por supuesto, tener en cuenta esas conclusiones también de la subcomisión. ¿Qué ocurre? Que el día 1 de enero está a la vuelta de la esquina, y en materia de cotizaciones de autónomos el Gobierno tenía que adoptar alguna decisión al respecto, y esa decisión se va a plasmar en un real decreto-ley que luego tendrá que venir a la convalidación de la Cámara, y sobre el cual evidentemente sus señorías podrán opinar, como no podía ser de otra manera.
El señor Barandiaran, que no está aquí ahora, también insistía en que se respeten las competencias de las comunidades autónomas. Doy por respondido lo que ha comentado. Somos conscientes de que tenemos que respetar la distribución de competencias, tanto en empleo como en formación.
A lo largo de las intervenciones de los distintos portavoces se me ha preguntado por una cantidad de cuestiones importantes que voy a intentar, si tengo los datos claros, abordar. Tampoco me los quiero inventar, porque luego quedan reflejados en el Diario de Sesiones y lo mismo en la siguiente comparecencia me dicen que la ministra ha cambiado de opinión o dio mal la cifra.
Me preguntaba por el contrato de relevo y la jubilación parcial que se ha acordado en un real decreto-ley de medidas de fomento de la industria, y aunque no es el objeto de la comparecencia voy a intentar responder a algunas de las cuestiones que ustedes me han planteado, sobre todo por cortesía del Gobierno hacia el Parlamento y por respeto, siempre y cuando pueda contestar. Si no puedo contestar, se lo contesto en otro momento. Concretamente en este asunto somos conscientes de que a partir del día 1 de enero del año 2019 cambian las condiciones en cuanto a los contratos de relevo mezclados con jubilación a tiempo parcial. Ha habido una demanda fundamentalmente del sector industrial, manufacturero, y en general y en especial del sector del automóvil, de la industria de la automoción para que se pudiesen mantener las condiciones anteriores a la entrada en vigor de la Ley 29, de 2011, a partir del 1 de enero de 2019. Esto se sometió a la consideración de la Mesa de diálogo social -tengo que decir que los sindicatos plantearon por qué no se hacía extensivo a los demás sectores- y está el tema encima de la mesa. Ojalá nos podamos permitir el lujo de que se haga extensivo a los demás sectores, pero los cálculos que se han hecho indican que, si se incluyen además de la industria manufacturera el resto de los sectores, eso implicaría unos 2200 millones de euros más al año, aparte de lo que se dejaría de ingresar por cuotas, que no tengo el dato y no se lo puedo dar. Ojalá nos pudiésemos permitir el lujo de poderlo hacer. Espero que den resultado, tanto los acuerdos del Pacto de Toledo, esas recomendaciones, como todo lo que se está planteando en la Mesa de diálogo social, seamos capaces de reorientar desde el punto de vista financiero el sistema de Seguridad Social, y garanticemos la sostenibilidad social del sistema y también la sostenibilidad económica. Hoy por hoy la situación es la que es. Todavía no sabemos el cierre de déficit de este año, pero el año pasado terminamos, si no recuerdo mal, con más de 18 000
millones de euros de déficit. Esta es la situación. Este año hemos agotado los 13 800 millones de euros de préstamo del Fondo de Reserva, de los 8000 que quedaban 3000 -el anterior Gobierno tenía previsto más o menos utilizar 5000-, y las cotizaciones han subido un poquito más por encima de lo previsto, por encima del 5 %, y en vez de 5000 nos hemos podido apañar con 3000, pero tenemos la situación que tenemos. La ciudadanía de a pie lo que nos demanda es que tengamos sentido de la responsabilidad. Tenemos que adoptar medidas en cuanto a ingresos del sistema público de pensiones y de nuestro sistema de Seguridad Social. Sé que ustedes están debatiendo, entre otras, la Recomendación 1. Se llegó a un acuerdo en la Recomendación 2 de subida según el IPC de las pensiones. Hay que apostar por esa sostenibilidad social, pero también tenemos que apostar por la sostenibilidad financiera a corto, a medio y a largo plazo, y posiblemente no lo consigamos ni en un año ni en dos, pero estamos obligados a trabajar en esa dirección.
El señor Barandiaran mencionaba también cuánto han cambiado las cosas en estos seis meses. Tampoco es verdad que en seis meses puedan cambiar mucho las cosas. No todos los portavoces lo ven con los mismos ojos, y no me quiero poner a dar datos ahora, aunque alguno sí que podríamos comentar en cuanto a cómo va evolucionando la contratación temporal y la contratación indefinida, de lo que he dado ya algún dato anteriormente. El mayor incremento respecto a noviembre de 2017 ha sido la de trabajadores con contrato indefinido de jornada completa porcentualmente, un 5,28 % más, 352 836. En conjunto, los contratos indefinidos han aumentado en términos interanuales un 15,72 %, mientras que los temporales lo han hecho un 1,33 %. Estoy comparando términos interanuales. Respecto a comparar que pasó en mayo con qué ha pasado ahora vamos a esperar a que concluya el año, y a ver cómo terminan también los datos de la EPA del cuarto trimestre. En fin, fue una buena noticia que bajase el desempleo del 15 %, pero vamos a ver cómo se comportan los datos de la EPA del cuarto trimestre. No me atrevo a hacer ahora aquí una evaluación, y menos un panegírico de lo bien que lo hemos hecho en estos seis meses. Hemos procurado hacerlo lo mejor que hemos podido y sabido. Creo que se han adoptado medidas, y que poquito a poco esas medidas -lo comentaba anteriormente- con los resultados que va mostrando la ejecución del Plan Director por un Trabajo Digno son esperanzadores. Hay que perseverar en esa dirección.
Lo he dicho anteriormente -me parece que en ese momento no estaba usted, señor Barandiaran-, pero tenemos que apostar por una economía con una base más sólida, reindustrialización o mantenimiento de la industria en los lugares donde existe, porque es verdad que el peso del sector servicios es un peso que sigue siendo muy importante, y el sector de la construcción está empezando también a relanzarse. Es buena noticia, pero también hay que procurar que no volvamos a las andadas, porque como comentaba anteriormente son dos sectores, servicios y construcción, muy intensivos en mano de obra que cuando hay época de bonanza económica se crea rápidamente empleo, pero cuando van mal las cosas, con la misma rapidez que se ha creado, lo comentaba anteriormente, se destruye.
Respecto al tema migratorio no me importa hacer otra comparecencia. Creo que nos tenemos que congratular de la firma del Pacto de Marrakech, y que tenemos que apostar por esa inmigración ordenada, segura y regular. En esa línea estamos trabajando ahora en una orden para regular contingentes de trabajadores que puedan venir a ciertos sectores, por ejemplo, a la recolección de los frutos rojos. La Secretaría de Estado de Migraciones está preparando una orden ministerial y esto podría ser objeto de otra comparecencia, pero está bien que España se haya sumado a ese Pacto de Marrakech.
El señor Del Campo hablaba de los globos sonda del Gobierno y de que estos globos sonda lo mismo tienen que ver algo con una ralentización que usted comenta que se está produciendo en la creación de empleo. Ustedes ya han visto que no tengo tendencia a echar las campanas al vuelo, que procuro ser prudente y ser humilde, pero llevamos por encima de 527 000 afiliaciones más en el interanual. No estamos en una situación en la que se esté destruyendo empleo. Se sigue creando empleo y se sigue creando a un ritmo bastante razonable. Habla usted de globos sonda, y yo lo comentaba anteriormente y también la portavoz del Grupo Popular: la señora España Reina lo ha atribuido a que unos miembros del Gobierno dicen una cosa, otros dicen otra, que en la Mesa del diálogo social se toman determinados acuerdos. Este ministerio es absolutamente fundamental si queremos apostar, como decía en mi primera intervención, por una metodología participativa y por que funcionen las mesas de diálogo social. Si queremos que eso sea así no nos queda más remedio que funcionar con documentos, con borradores. Si luego esos borradores se filtran y hay diferencias entre lo que decía el borrador inicial y lo que ha quedado tras los debates en la Mesa del diálogo social, lo que queda en el acuerdo definitivo, o yo cambio de metodología -que no estoy por la labor- o tengo que asumir que se nos acuse al Gobierno de cambios de opinión. Siempre en la
vida hay que buscar un punto de equilibrio entre las ventajas y las desventajas; yo creo que la metodología participativa tiene muchas más ventajas que desventajas, y además es que la ley lo exige en algunos aspectos. Por lo tanto espero que esos supuestos globos sonda que usted comentaba no estén afectando a la creación de empleo.
Comentaba usted, y se ha puesto aquí de manifiesto también por varios de los intervinientes, el tema de la reforma laboral y sus aspectos más negativos: cuáles, cómo, cuánto, cuándo. Ustedes saben que en estos momentos en esta casa se está tramitando una reforma, una proposición de ley que reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que ha sido objeto de pluralidad de enmiendas, y en esas enmiendas también van asuntos como la primacía del convenio sectorial frente al convenio de empresa, el tema del registro de jornada. Me consta que en los grupos parlamentarios se está trabajando para ver si se puede llegar a un acuerdo en materia de transaccionales sobre ese artículo, y desde luego por parte del Gobierno nos gustaría que hubiese un acuerdo parlamentario suficiente para sacar adelante esa reforma; eso vaya por delante.
Igualmente comentaba usted que para evitar el fraude y evitar problemas jurídicos se debería legislar con finura de cirujanos. Algo así decía usted, que se legisle como fino cirujano normativo. Evidentemente cuanto más claras salgan las normas de esta casa más facilidad va a haber luego para que la ciudadanía de a pie y los operadores jurídicos -abogados, jueces, magistrados, fiscales, etcétera- se puedan aclarar mejor. Yo fui cuatro años diputada en esta casa en la X Legislatura, y recuerdo que cuando en alguna Comisión nos poníamos a realizar transaccionales, a veces in situ, yo siempre decía: cuidado, que esto hay que meditarlo, que luego sale de esta casa. Es verdad que siempre existe la posibilidad de hacer algún retoque en el Senado, que a veces ha habido que hacer por algún problema de técnica jurídico-legislativa, porque a veces han salido aprobadas algunas enmiendas problemáticas. No voy a dar ejemplos de leyes, pero hubo alguna muy conocida, que cuando salió no se parecía en nada a cómo entró y había algunos artículos que eran contradictorios con otros, y luego se intentó arreglar en el Senado; al final no pudo ser y se acabó retirando la ley. Es decir que de todo ha pasado. Evidentemente hay que procurar, cuando nos ponemos a redactar las transaccionales, que quede una redacción lo más concreta y lo más clara posible, para que luego no haya problemas de interpretación, dentro de que usted sabe y yo también sé, así como los que hemos estudiado Derecho, que las interpretaciones jurídicas existen, que el Derecho no es como las Matemáticas donde dos más dos, por mucha matemática imaginativa que quieras hacer, habitualmente dan cuatro, y que la interpretación de las normas está establecida y regulada en el Código Civil. Pero sí estoy de acuerdo con usted en que cuanto más concreto quede todo mejor.
En el tema del registro de jornada yo creo que es importante hacerlo, pero también es verdad que estamos en el siglo XXI, que estamos hablando mucho del teletrabajo y de las jornadas flexibles, de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y creo que no es incompatible una cosa con la otra; lo que creo que no es bueno es que, escudándose en esta flexibilidad que tiene que haber, en este fomento de la conciliación, del teletrabajo, etcétera, lo que realmente estemos haciendo es un abuso en relación con las condiciones laborales a las que se somete a las personas. Por supuesto no le voy a decir a los responsables de la Inspección de Trabajo lo que tienen que hacer -y sé que forma parte usted del cuerpo de subinspección, si no recuerdo mal, y la señora De Frutos del de inspección-, porque cada trabajo tiene unas características, y hay ciertos trabajos en los que se funciona por cumplimiento de los objetivos, en los que no hay que estar fichando con huella. Yo acabo de dejar la Función pública coyunturalmente hace medio año, y yo fichaba con huella, entre otras cosas porque era la que tenía que velar por que el resto de las personas que dependían de mí cumpliera su horario, y mezclábamos dos cosas: el cumplimiento horario -y yo para predicar con el ejemplo fichaba todos los días también con huella y cumplía el horario, al igual que se le exigía al resto de trabajadores y trabajadoras de mi organismo- y el cumplimiento de los objetivos, el trabajo tenía que salir. Ahí se mezclaban las dos cosas. En este caso había un grupo de trabajadores, que eran las brigadas de carreteras, que tenían una serie de horas realizadas fuera de la jornada ordinaria que luego se les compensaba con tiempo libre; una parte se les pagaba con un plus mensual y luego, a partir de ciertas horas, se les compensaba con tiempo libre. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tampoco se debe generalizar, porque hay determinados trabajos que tienen una serie de peculiaridades, pero, cuidado, lo que hay que evitar es que se utilicen las peculiaridades de determinados trabajos para que se abuse de los trabajadores de otros sectores. Curiosamente hace mucho tiempo eran los empresarios los que tenían bastante interés en que existiesen sistemas de control horario, y ahora son muchos los trabajadores y las organizaciones sindicales las que están demandando que haya un sistema de control horario, precisamente para que las obras que se hacen fuera de la jornada
ordinaria se cobren, y estén dentro de los parámetros de límites de horas extraordinarias que dice la normativa, para que también se pueda crear empleo, porque aparte de que un trabajador o trabajadora haga 12 o 14 horas diarias -que es tremendo para ese trabajador o trabajadora, sobre todo si no se le pagan-, lo mismo hay que contratar a otra persona para que haga el trabajo que se les está encargando. Por tanto creo que hay sentido común suficiente en esta Cámara, y cuentan también con el sentido común que creo que tiene este Gobierno, para que seamos capaces de sacar adelante una regulación de registro de jornada que cubra todas las expectativas. Es verdad que a lo mejor al cien por cien no le va a gustar a todo el mundo, pero creo que se puede llegar a algo razonable y sobre todo útil.
En cuanto al Convenio 189 de empleados y empleadas del hogar quiero comentarle que esta cuestión y el tema de sus cotizaciones se están debatiendo también en la Mesa del diálogo social. Son trabajadoras y trabajadores del régimen general; es un sistema especial dentro del régimen general, pero están integrados en el régimen general. Y progresivamente se tendrá que ir dando una equiparación, tanto en deberes como en derechos. Somos conscientes de que el hogar familiar no es una empresa con ánimo de lucro; por eso en la Mesa del diálogo social se está hablando de establecer tramos, de hacerlo de manera progresiva, y yo espero que podamos llegar a un acuerdo en virtud del cual cumplamos con cabeza y con raciocinio el Convenio 189. Es uno de los temas que también en estos momentos está siendo objeto de debate.
En cuanto a la formación comentaba usted que en ese momento se habían detectado casos de corrupción, de mal uso de los fondos en materia de formación. Por desgracia, esto ha sido así. Se cuestionó el sistema, se aprobó una ley -tiene razón la señora España Reina, la portavoz del Partido Popular-, se hizo con un consenso muy importante, también de los agentes sociales, pero lo cierto y verdad es que en la primera reunión que el presidente Sánchez y yo misma tuvimos con los agentes sociales en la Moncloa, en el mes de junio, este fue uno de los temas que nos plantearon. Después, esto se materializó en un anexo al cuarto AENC, al cuarto acuerdo tripartito que ya se había estado gestando en el tiempo del anterior Gobierno del Partido Popular, que cristalizó en un acuerdo a principios de julio y en la firma del cual estuvimos las dos ministras, la ministra Báñez y yo misma. Yo no voy a demonizar todo lo que hizo el anterior Gobierno, ni muchísimo menos, en absoluto; las cosas que se hacen bien hay que reconocerlas las haga quien las haga. A ese acuerdo bipartito que estuvieron gestando los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y CEOE-Cepyme, que implicó un acuerdo de subida salarial y también de fomento de la negociación colectiva para los años 2019, 2020 y 2021, que se gestó con un Gobierno y se terminó firmando estando ya otro, hay un anexo. Dentro de ese anexo de temas en los que los agentes sociales nos plantearon llegar a un acuerdo tripartito con el Gobierno -y que ahora se está debatiendo en la Mesa de diálogo social- está el tema de formación, cualificación y recualificación profesional, y fueron los propios agentes sociales los que nos dijeron que no les gustaba cómo estaba funcionando la aplicación de la ley del año 2015. No fue el Gobierno el que les instigó a decir que no estaba funcionando, fueron ellos mismos los que lo comentaron.
En definitiva, esto es básicamente lo que estamos haciendo en materia de formación. No me quiero repetir, porque, si no, esto se va a hacer muy largo, pero como alguna vez me han dicho ustedes que no les contesto, hoy me he ido poniendo en rojo todo lo que les tengo que contestar, así que lo siento, pero tengo que pedir un poco de paciencia y de tiempo. No voy a repetir todo lo que estamos haciendo en el Consejo general de formación y en los cinco grupos de trabajo que se han creado, pero para revisar en conjunto todo lo que tiene que ver con la formación y la coordinación entre formación profesional reglada, formación profesional para el empleo, formación permanente y continua se va a crear un grupo de expertos. Vamos a escuchar a este grupo; por supuesto, van a participar los agentes sociales y, por supuesto también, admitimos todas las sugerencias que nos quieran hacer ustedes en materia de formación. Nos están haciendo sugerencias las cámaras de comercio, las ONG y, por supuesto, las comunidades autónomas, como no podía ser de otra manera. En definitiva, nos están llegando montones de sugerencias. Vamos a trabajar todo ello con una metodología muy participativa y espero que seamos capaces de sacarlo adelante. Lo que no puede ser es que tengamos un déficit de formación, que haya puestos de trabajo que no se pueden cubrir, porque no hay trabajadores que tengan el perfil profesional que se requiere para esos puestos de trabajo, y que estemos ejecutando mal los fondos que tenemos para formación. En una siguiente comparecencia les contaré cómo ha quedado todo lo relacionado con la ejecución de fondos y les haré una evaluación de cómo ha funcionado todo en este año que estamos a punto de terminar.
Quiero hacer la aclaración de que no tengo nada en contra de la economía colaborativa, siempre y cuando no enmascare situaciones de abuso hacia los trabajadores o trabajadoras. Queda suficientemente
aclarado. Además, pide usted una regulación más exacta para que haya seguridad jurídica y para que sepan, tanto empresarios como trabajadores, a qué atenerse para evitar la judicialización. Estoy de acuerdo en que cuanto más se aclare todo, mucho mejor.
El señor Rodríguez me ha planteado una serie de cuestiones. Me ha hablado de la contratación a tiempo parcial y del control de jornada, y me decía que la información no solo la tiene que tener la Inspección de Trabajo o la representación sindical, sino que también los trabajadores tienen que tener acceso a la misma. Claro, es absolutamente fundamental que los trabajadores tengan claro qué horas están trabajando, cuáles forman parte de la jornada ordinaria y cuáles no. Eso es absolutamente fundamental. Usted ha planteado la eliminación de las horas complementarias -complementarias u obligatorias, decía- en los contratos a tiempo parcial. Es verdad que la cuestión de las horas complementarias está dando lugar a situaciones a veces no deseables. Uno de los temas que tenemos en estos momentos encima de la mesa, aunque no hemos podido profundizar mucho en él, es el de la modificación de las modalidades contractuales. Ya sé que este es un tema muy reiterativo, que lo venimos diciendo todos desde hace mucho tiempo, y también sé que hay algunos grupos partidarios del contrato único. En todo caso, lo que sí creo que genera mucha inseguridad y desconcierto es la existencia de tantas modalidades contractuales, cada una con unas bonificaciones y cada una con sus peculiaridades. Está claro que hay que apostar por una simplificación.
En este sentido, también ha comentado usted el tema de las bonificaciones. Yo distinguiría entre bonificaciones, reducciones de cuota y tarifas planas, porque se financian de distinta manera. Las bonificaciones van con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y las reducciones de cuota y tarifas planas implican una cotización reducida, que conlleva menos recaudación para la Tesorería General de la Seguridad Social. Una de las cuestiones que están encima de la mesa -imagino que también se está viendo en el Pacto de Toledo, porque ya estaba en las anteriores recomendaciones- es que todas estas medidas que sirven para fomentar el empleo en un determinado sector o de un determinado colectivo, en vez de implicar una reducción de cuota, es decir, menos ingreso para la Tesorería, se compensen con una transferencia. Por poner un ejemplo y decir una cantidad, si son 1500, 1800 o 2000 millones de euros, transfiérase eso desde los Presupuestos Generales del Estado a la Tesorería, si es que se decide mantener. La AIReF está elaborando un informe sobre todas las bonificaciones, las reducciones de cuota y las tarifas planas. Espero que nos lo aporten en cuanto lo tengan, porque, tiene usted razón, hay estudios diversos -usted ha mencionado algunos-, por ejemplo, uno que hizo en su momento la Aeval, la Agencia estatal de evaluación de políticas públicas, hace unos años, en la última etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que se llegó a la conclusión de que en muchos supuestos estas bonificaciones y reducciones no están siendo eficientes para la creación y el mantenimiento del empleo. Hay que meditar. Hay que hacer una evaluación y un diagnóstico de la situación; una vez que tengamos claro el diagnóstico, estoy absolutamente convencida de que nos pondremos de acuerdo en el tratamiento que haya que dar a esta cuestión.
También se ha referido a la causalidad en la contratación temporal. Decía usted: que solo sea por motivos organizativos o productivos. Está claro que si hay que hacer una sustitución de una persona que está en IT o que está en una excedencia y tiene derecho a reserva de puesto de trabajo eso tendrá que estar regulado. Lo mismo ocurre si es por causa de la producción, de un lanzamiento de nueva actividad o de un periodo punta de producción. Evidentemente, todo esto lo tendremos que ver cuando estudiemos cómo dejamos las modalidades contractuales, pero está claro que, como mínimo, tendrá que haber un contrato indefinido, un contrato a tiempo parcial y que habrá que tener en cuenta las situaciones de interinidad. Por supuesto, habrá que echarle también cabeza para ver exactamente cómo regulamos la cuestión.
En cuanto a la subcontratación, usted sabe que está siendo ahora objeto de debate en el artículo 42. Lo mismo ocurre con la definición de actividad principal, a igual trabajo, igual salario o la garantía del empleo cuando haya cambio de contrata. En muchos supuestos está regulado qué es la subrogación. Por lo menos en contratación administrativa, donde yo he estado trabajando mucho en estos últimos tiempos, porque era presidenta de la mesa de contratación de mi organismo, la subrogación de los trabajadores y trabajadoras siempre ha formado parte de los pliegos y de las condiciones de contratación. Estoy de acuerdo en que toda esta cuestión hay que aclararla.
Me preguntaba para cuándo el subsidio de mayores de cincuenta y dos años. Es uno de los temas que está en el acuerdo con Podemos, pero no solamente está en ese acuerdo, está también en la Mesa de diálogo social, en esa de la que parece que pasamos. Es verdad -lo reconocí en el CES, delante del señor Garamendi y de los responsables de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras- que hemos
llegado con ustedes a unos acuerdos presupuestarios y en otro tipo de materias y que algunos de ellos estaban en la Mesa de diálogo social y no los habíamos terminado de cerrar. Es cierto, lo reconozco, pero también es verdad que no somos ni el primer ni el último Gobierno que llega a acuerdos con otros grupos políticos sin que esos acuerdos hayan pasado por la Mesa de diálogo social o por la Comisión del Pacto de Toledo. No lo voy a señalar, pero también se ha hecho en épocas pretéritas. Posiblemente no sea lo correcto, pero es verdad que en momentos puntuales, para sacar adelante unos presupuestos, se llega a acuerdos entre grupos parlamentarios, se precipitan los acontecimientos y sin haber pasado por la Mesa de diálogo social ni por el Pacto de Toledo se acuerdan. Lo ideal sería que no fuese así, pero bueno. De las cuestiones que están en el acuerdo que suscribimos con ustedes, algunas estaban ya en la mesa sin acuerdo y otras se han incorporado a posteriori. Concretamente, el subsidio de mayores de cincuenta y dos años es un tema que no se ha terminado de cerrar en la Mesa de diálogo social, pero creo que es de los puntos en el que vamos a poder conseguir un acuerdo no solamente con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, sino -espero- también con la CEOE y Cepyme. Creo que aquí hay margen de maniobra.
Quiero aclarar que para nada está rota ni dinamitada la Mesa de diálogo social. ¿Qué ocurre? Que se producen filtraciones y se dan como ciertos acuerdos que todavía están siendo objeto de debate, y a veces algunos miembros de la Mesa de diálogo social se fían de eso que se ha filtrado y toman el titular por cierto cuando no es así. El Gobierno no ha cerrado ningún acuerdo en la Mesa de diálogo social a espaldas de la patronal de este país, a espaldas de la CEOE o Cepyme, excepto el tema del salario mínimo interprofesional, que lo acordamos con ustedes. Es cierto -ahí tiene razón el señor Garamendi- que eso no pasó por la Mesa de diálogo social, y cuando las personas o las organizaciones llevan razón no queda más que dársela. Eso es así, pero no se ha dinamitado la Mesa de diálogo social. El pasado lunes estuve reunida con el señor Garamendi, con el señor Unai Sordo y con el señor José Álvarez -todavía no hay representación de Cepyme, así que, de alguna manera, el señor Garamendi estuvo como anterior responsable de Cepyme, pero también como nuevo responsable de la CEOE- para hacer una evaluación de todas las cuestiones que se han visto en la Mesa de diálogo social en este tiempo que llevamos trabajando desde finales de julio que nos empezamos a reunir y de todos los acuerdos a los que hemos llegado, como el Plan de empleo joven y el Plan director por un trabajo digno. También ha habido acuerdo en lo que denominamos jubilación forzosa según convenio colectivo, que es más bien una extinción forzosa del contrato cuando se cumplen ciertos requisitos, como tener derecho a la jubilación por edad y, además, al cien por cien de la base reguladora, unido a creación de empleo y renovación de plantillas, etcétera. Esta fue una propuesta de los empresarios que iba en el anexo de posibles acuerdos tripartitos con la que hemos estado todos de acuerdo. Ahora se está debatiendo el acuerdo de autónomos y un posible acuerdo en materia de Seguridad Social. Hicimos una evaluación de lo que habíamos hecho, de lo que habíamos acordado, de qué temas teníamos todavía encima de la mesa y también de expectativas de futuro, es decir, qué asuntos íbamos a afrontar para el año que viene. Yo, por ejemplo, les pedí que, por favor, cuanto antes me diesen el nombre de las personas que quieren que formen parte de un grupo que vamos a crear a principios del año que viene para elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores del siglo XXI. Aquí también habrá que ver todas las nuevas modalidades de trabajo, no solo el futuro del trabajo, sino el presente del trabajo: la economía colaborativa, las plataformas digitales; es decir, habrá que hacer una regulación del mercado de trabajo. El estatuto lo hemos parcheado bastante a lo largo de estos años, desde el año 1980, por lo que creo que merece la pena no darle un retoque más, sino darle una vuelta entera y, con tranquilidad, ponernos a trabajar en esa dirección. Por ello, les pedí a los agentes sociales que cuanto antes me diesen los nombres, porque la idea que tenemos es que empiece a funcionar a principios del año 2019. Así que no se preocupe, porque el subsidio para desempleados mayores de cincuenta y dos años se pondrá en marcha. No le puedo decir si al final esa y alguna otra cuestión terminarán en un real decreto-ley o en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Si le dijese dónde va a ir, estaría haciendo un brindis al sol y no me gusta, porque es un tema que todavía está en debate dentro del Gobierno.
Sobre las empleadas del hogar ya se lo he comentado anteriormente. Usted me ha planteado el asunto de los autónomos. Aquí se dan situaciones de trabajadoras o trabajadores autónomos que tienen ingresos por debajo de los 300 euros que tienen que cotizar; casi 300 si pagan por cese de actividad. Se está dando el caso de que hay un porcentaje que está sobrecotizando y otro porcentaje que está infracotizando. ¿Qué ocurre aquí? Que estamos en un sistema contributivo, solidario pero contributivo, y cuanto más se aporta más elevada va a ser luego la prestación. ¿Qué está ocurriendo? Que, por ejemplo, la diferencia entre la media de la pensión de jubilación de las personas que han estado en el RETA y la
media de las que han estado en el régimen general en el conjunto de su vida laboral es de 500 euros o cerca de 600 euros por debajo. Eso es injusto, es una brecha, pero también tenemos que tener en cuenta lo que ha cotizado cada uno a lo largo de su vida laboral. No tienen que sobrecotizar las personas que están sobrecotizando, pero, a lo mejor, las personas que están infracotizando tienen que cotizar más. De ahí la idea de intentar adecuarlo -y en esa línea estamos trabajando con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, como les he comentado anteriormente- para poder cuadrar que cada uno cotice según sus ingresos reales. Tampoco les puedo decir más, porque habrá que hablarlo, habrá que dialogarlo, habrá que verlo en la mesa y habrá que verlo con los grupos parlamentarios. En el régimen general tenemos grupos de cotización; habrá que ver si también en autónomos ponemos grupos y qué tramos establecemos. Eso está por definir. La solución que se ha dado ahora -y con ello concluyo con este asunto- es una solución provisional en tanto en cuanto se decida esto. Lo que no es provisional es que se va a ampliar la acción protectora, es decir, que todos estén protegidos por contingencias profesionales, que todos estén protegidos por cese de actividad con una regulación más razonable que la que hay, que todos los autónomos tengan derecho a la formación y a la prevención de riesgos laborales y a la bonificación de la cuota a partir del segundo mes de baja. Evidentemente, esto va a continuar. La tarifa plana se va a subir un poco, pero a cambio todos van a tener más protección. Va a ser por ahora una subida mínima con más protección. Cuando tengamos esos datos lo adecuaremos.
Me ha gustado porque ha comparado usted el primer medio año de don Mariano Rajoy con el primer medio año de Gobierno de don Pedro Sánchez. No recuerdo cuántos diputados tenía don Mariano Rajoy en su primera legislatura, no lo recuerdo exactamente, pero tenía unos cuantos más que el grupo que sustenta a don Pedro Sánchez. (La señora González Bayo: 186). ¿186? Vale. Tenía una mayoría más que absoluta. También es verdad que no se encontró una situación fácil, vamos a dejarlo claro. Ya el presidente Zapatero adoptó medidas muy duras, medidas que, posiblemente, fueron una de las causas por las que pasamos a tener los diputados que pasamos a tener y el PP pasó a tener los que tuvo. Pero bueno, las adoptó y ahí están para la historia. El Partido Popular se encontró con la situación con la que se encontró y en un año sacó adelante, creo recordar, cerca de treinta reales decretos-leyes, a pesar de tener mayoría absoluta. ¿Qué ocurre? Que fueron reales decretos-leyes bastante restrictivos de derechos. Siempre digo que fueron de recortes de derechos y que los que nosotros estamos aprobando, que ya llevamos unos cuantos también -por ahora unos pocos menos, porque desde que empezamos hasta el 31 de diciembre habrá pasado poco más de medio año-, están siendo para intentar recuperar parte de los derechos perdidos; y se están convalidando, luego no serán tan descabellados. Es cierto que no hemos traído un real decreto-ley para retocar los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Vamos a ver cómo va la tramitación del artículo 42 y qué sale de ahí, y luego el Gobierno adoptará las decisiones que considere pertinentes. Algunos de los temas tampoco se han cerrado todavía en la Mesa de diálogo social, así que vamos a ver cómo van las cosas.
Muchas gracias, portavoz del Partido Socialista, señora De Frutos. Sé que tenemos todavía muchas cuestiones pendientes y tengo muy claro que el Gobierno va a contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista para sacarlas adelante.
En relación con las cuestiones que ha comentado la portavoz del Partido Popular, la señora España Reina, en aras de este espíritu navideño que creo que nos debería inspirar en las fechas en las que estamos, voy a procurar no ser hiriente. Usted ha planteado un panorama muy catastrofista. Dentro de que no tengo la bolita de cristal ni controlo mucho las técnicas adivinatorias, sí que tengo una cierta intuición y espero que todo este escenario tan catastrófico que usted ha planteado no se cumpla. (La señora España Reina: Es la EPA del segundo y tercer...).
El señor PRESIDENTE: Señora España, terminaremos todos antes si usted no interrumpe. Es por el beneficio colectivo.
La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Señora España Reina, usted lo sabe, no me voy a poner ahora aquí a lanzarle cifras ni a lanzarle números. Ya he dado las cifras que tenía que dar en mi primera intervención, usted tiene otras y, como las matemáticas están ahí, no nos vamos a poner a discutir ahora de números. Lo que sí que me ha dolido es que usted me diga que yo dinamito el diálogo social. ¿Puede haber problemas en el diálogo social? Evidentemente. En las mesas de diálogo siempre pasa igual. El objetivo es terminar la Mesa de diálogo social o de lo que sea con un acuerdo al cien por cien, que todos estemos de acuerdo al cien por cien en todo. Eso es lo que yo denomino la unanimidad unánime, que debería ser el objetivo de todos los seres humanos, incluso con nosotros mismos, porque muchas veces pensamos de una manera cuando nos levantamos y luego, al cabo
del día, te van pasando cosas y terminas la noche diciendo: ¡Madre mía!, ¿cómo habré pensado esto esta mañana? Es decir, incluso la unanimidad unánime con nosotros mismos sería el ideal. Todos tendemos a jugar a ganar-ganar, es decir, a conseguir todo lo que nos hemos planteado, pero ¿qué ocurre? Que es muy difícil ganar-ganar. Al final, puede llegar un momento en el que, cuando están los asuntos suficientemente debatidos y ya se ve que hay posiciones que no se pueden conciliar, hay que seguir adelante. Pero mientras eso no ocurra, las mesas de diálogo social siguen funcionando. Por ejemplo, el lunes por la tarde se reunió la Mesa de diálogo social en materia de Seguridad Social, que llevaba sin reunirse desde la primavera del año pasado, pero ya lleva unas cuantas reuniones en este medio año. Allí se estuvo hablando una vez más del tema de los autónomos y se ha puesto encima de la mesa un posible acuerdo en materia de Seguridad Social. Se está debatiendo. Aunque en los medios de comunicación salió el otro día que ya hay un acuerdo, a ustedes les digo que todavía no lo hay, sino que hay un planteamiento encima de la mesa. También se ha dicho respecto a otras cuestiones que el Gobierno ha roto la Mesa de diálogo social, pero lo que hubo fue más bien un malentendido, porque alguna persona se fio de un titular. Yo puedo controlar lo que hagamos en el ministerio, incluso a veces podemos caer en alguna contradicción, pero lo que no puedo controlar, porque sería una injerencia espantosa en la libertad de expresión y de información, son los titulares; ni quiero, ni puedo, ni debo. Hay veces que alguien me llama para reprocharme algo, diciéndome: acabo de escuchar en tal medio de comunicación..., acabo de ver..., acabo de leer... Y de paso me echan la bronca, diciéndome: ¿Cómo se te ha ocurrido decir esto? No pasa nada, aclaro a esa persona la situación y no pasa absolutamente nada. También les digo que hay días que lo llevo mejor y hay días que lo llevo peor. (La señora España Reina: ¡Pero eso se lo tiene que decir al señor Garamendi!).
El señor PRESIDENTE: ¡Señora España!
La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): ¿Contesto a la señora España Reina a lo que acaba de decir?
El señor PRESIDENTE: No, no entremos en...
La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): No, que no; es broma. Por supuesto, se lo expliqué al señor Garamendi, faltaría más. Ese día una de las primeras cosas que hice fue llamar al señor Garamendi y decirle cómo estaba la situación. Casi podría decir que hablo a diario con el señor Garamendi, con el señor Unai Sordo y con el señor Pepe Álvarez, y a veces, varias veces, todo lo que sea menester, porque me parece que reunirnos y hablar es lo que hay que hacer.
La señora España Reina me ha planteado multitud de cuestiones. También mantiene la tesis de que todo lo que está haciendo el actual Gobierno ya lo tenía el Gobierno anterior. Mire usted, nunca he sido partidaria -la gente que me conoce, por el tiempo que he estado en la política en Castilla-La Mancha, lo sabe, porque he utilizado esto en más de una intervención- de hacerle pruebas del ADN político a las ideas, a los planes y, sobre todo, a las cosas que son buenas para la ciudadanía de a pie. Yo no me voy a poner ahora a debatir. Evidentemente, el anterior Gobierno estaba trabajando en intentar que el empleo de los jóvenes fuese mejor o en que la contratación indefinida fuese mejor. Hay planes que se suceden unos a otros y hay estrategias y planes que se revisan, que se reorientan. Es fundamental que cualquier plan o cualquier estrategia lleve un mecanismo de evaluación parcial, de cómo va funcionando cada equis tiempo, cada medio año, cada año, cada tres meses o lo que se determine; hay que hacer un diagnóstico de la situación, adoptar las medidas pertinentes, marcarse unas medidas para cumplir unos objetivos, evaluar si se van cumpliendo los objetivos y, una vez que se evalúan, reorientar. Por ejemplo, el anterior Gobierno tenía un plan de inspección para el Plan director por un trabajo digno, faltaría más.
La inspección siempre ha tenido planes y, además, se negocian con las comunidades autónomas. Cataluña lo tiene transferido, pero la Inspección de Trabajo está en las comunidades autónomas funcionando y, por tanto, los planes anuales de inspección se hacen en coordinación con ellas. Lo que se ha hecho ha sido reorientar, reordenar las medidas, hacer más hincapié en alguna en concreto, continuar en la senda que ustedes iniciaron de incremento de los recursos humanos de la inspección, que estaban estancados en los últimos años. Este año se van a incorporar trescientas y pico personas de ofertas pasadas y hemos sacado otras trescientas y pico plazas. En conjunto, va a ser una inyección del 23 % de recursos humanos. En definitiva, esta es una rueda que sigue girando. ¿Qué es lo fundamental de estos planes? Que den resultado y que consigamos que haya cada vez no solamente más empleo en este país, que por supuesto, sino que el empleo sea de más calidad.
Decía también usted en algún momento que parece que el objetivo del actual Gobierno es recaudar, recaudar y recaudar. No, es apostar por la calidad en el empleo, por que los trabajadores y las trabajadoras tengan un empleo digno, se les pague el salario que se les tiene que pagar y se cotice por esas personas lo que se tiene que cotizar. Evidentemente, queremos recaudar, porque si no recaudamos, ¿cómo vamos a mantener un sistema de Seguridad Social y un sistema público de pensiones de reparto? ¡Pues claro que tenemos un objetivo de controlar el fraude y recaudar! ¿Que vamos a provocar con esto más economía sumergida? Espero que en esto no lleve usted razón y que no provoquemos más economía sumergida, sino todo lo contrario. Escucho atentamente todas las opiniones del Banco de España, del Fondo Monetario Internacional, de la AIReF y de todos los que quieran opinar al respecto, y luego, como Gobierno, tenemos que adoptar medidas y decisiones que esperamos y deseamos que sean buenas.
Me ha comentado usted algo que no me constaba sobre formación y sobre la Fundae, que ustedes eliminaron a los sindicatos y a los empresarios y que ahora les hemos metido. Ya, pero es que no me consta que haya habido ningún cambio en esta materia. Como no lo tenía claro y no me constaba que hubiese habido ningún cambio, por si acaso me estaba equivocando, le he pedido a mi equipo que mirase esto, y si tengo que rectificar, rectifico, pero me dicen que no consta que haya habido ninguna modificación. Estamos esperando el informe de la renta mínima de la AIReF, tiene usted razón. Yo espero que lo tengamos cuanto antes y lo podamos poner en marcha. Usted opina que Podemos y PSOE han perdido total credibilidad, pero estaría bueno que yo le dijera a usted lo que tiene que opinar. Por suerte, estamos en un país democrático y la opinión es libre.
Ha dicho usted que estamos dando el espectáculo, que somos lamentables, patéticos, y toda una retahíla de cosas. Y después me ha dicho usted una cosa que sí que tiene mucho peligro, que es que tenemos desconcertados a los autónomos. Tenemos desconcertadas a las prostitutas, a los autónomos, o sea, que estamos generando un desconcierto generalizado. (Risas). Bueno, yo espero que no tengamos desconcertadas a tantas personas.
Es verdad que en el documento que inicialmente planteó la Secretaría de Estado de Seguridad Social había varios posibles escenarios y que la metodología participativa a veces lleva un tiempo. Claro, es que esto no puede ser monto una mesa, presento un documento, os doy veinticuatro horas, me dais las observaciones y se ha acabado, en cuarenta y ocho horas hemos cerrado la negociación. A veces no es tan fácil; pero la mejor metodología que conozco es esta, la del diálogo y la participación. Así que tiene ese pequeño problemilla. Si se da como cierto parte de lo que se plantea en un documento y al final sale otra parte distinta de lo que se planteaba en el mismo documento, se produce desconcierto. Qué le vamos a hacer. Yo pido disculpas en nombre de todo el Gobierno y en el mío propio si hemos generado desconcierto, pero desde luego a los autónomos les estamos escuchando. Los autónomos opinan -por lo menos eso es lo que nos han transmitido a nosotros- que son partidarios de adecuar la cotización a los ingresos reales; o sea, hay un acuerdo con las cuatro asociaciones de autónomos, ATA, UPTA, UATAE y con la CEAT que depende de la CEOE-Cepyme. No sé lo que les habrán trasmitido a ustedes.
En cuanto a qué vamos a hacer con algunas cuestiones que tienen que ver con la rebaja del desempleo del 15 %, es una cuestión en la que estamos trabajando en estos momentos en el Gobierno, que se ha visto también en la mesa de diálogo social y tendremos que llevar algunas cuestiones posiblemente el próximo Consejo de Ministros, pero hay temas que están todavía sin cerrar. Por ejemplo, esta tarde, a la par que hemos estado aquí reunidos, también ha estado reunida la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por lo que me van a permitir ustedes que no pueda poner ahora encima de la mesa algunas cuestiones que se van a debatir. Hay cosas que tenemos que tener aprobadas antes del 1 de enero del año 2019 y tendremos que llevarlo en un real decreto-ley. Mañana va salario mínimo y la subida de retribuciones de los funcionarios y alguna cuestión más, pero posiblemente sea en el siguiente real decreto-ley que llevemos el día 28 de diciembre. Espero que al ser el día 28 de diciembre no suene a inocentada, que ya sé que luego dará lugar a chascarrillos lo del día 28 de diciembre.
Nada más y muchísimas gracias por su paciencia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Le agradezco a la ministra la comparecencia y que haya acabado a tiempo para que nos dé tiempo de llegar a casa por Navidad. (Risas). Les deseo a todos y a todas unas felices fiestas y que tengan unas buenas jornadas de descanso.
Eran las ocho y diez minutos de la tarde.

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 artículo 42
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