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Timestamp: 2019-06-17 18:42:33+00:00

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Análisis de la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: el primer gran varapalo de la justicia europea al procés - Hay Derecho
5 junio, 2019 /5 Comentarios/en Blog /por Pablo Ojeda Baños
El pasado 28 de mayo, conocimos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) había acordado, por unanimidad, inadmitir la demanda presentada contra España por la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros 75 diputados independentistas del Parlament de Cataluña, contra la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el pleno del 9 de octubre de 2017.
Hay que recordar que dicho pleno fue convocado por la Mesa, el 4-10-2017, a petición de Junts pel Sí y la Cup, con el objetivo de que el presidente de la Generalitat por aquel entonces, Carles Puigdemont, evaluase los resultados obtenidos en el referéndum ilegal del 1 de octubre y sus efectos, de conformidad con el artículo 4.4 de la Ley 19/2017, conocida como “Ley del referéndum”.
El mismo 4 de octubre, el acuerdo de convocatoria fue recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por los diputados parlamentarios del PSC, solicitando como medida cautelar su suspensión, alegando, principalmente, que suponían una violación de su derecho a ejercer sus funciones públicas sin interrupciones (garantizada por el art. 23 CE) y que la celebración de una sesión dirigida a la declaración de independencia de Cataluña estaba en contra de la suspensión otorgada por el Tribunal Constitucional contra las Leyes 19/2017 y 20/2017 (conocida como “Ley de transitoriedad jurídica”).
Al día siguiente, el 5-10-2017, el TC admitió a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurría en el mismo una especial trascendencia constitucional, suspendiendo cautelarmente el pleno del 9 de octubre. Además, en el mismo Auto, el TC acordó notificar personalmente dicha resolución a todos los miembros de la Mesa, advirtiéndoles “de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y apercibirles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento”.
Pues bien, los mencionados diputados interpusieron una demanda ante el TEDH denunciando que con esa decisión, España había violado su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión, mencionando los artículos 10 y 11 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, además del artículo 3 del Protocolo nº 1 anexo al Convenio, al impedir expresar la voluntad de los votantes que participaron en el referéndum del 1-O, además de argüir que no había una base legal, clara y precisa para que el TS prohibiese la reunión del Parlament.
En su resolución del pasado martes 28, el TEDH, empieza recordando que “el derecho a la libertad de reunión es un derecho fundamental en una sociedad democrática y, siguiendo el ejemplo del derecho a la libertad de expresión, […] no debe ser objeto de una interpretación restrictiva”.
En el presente caso, el TEDH considera que sí que hubo una injerencia contra el referido derecho de reunión, si bien procede analizar si estaba prevista en la ley y si era una medida necesaria en una sociedad democrática, de conformidad con lo establecido por el apartado 2º del artículo 11, que dice: “El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos“.
A la hora de realizar dicho análisis, el Tribunal Europeo califica como adecuada la decisión del TC de suspender el pleno, para poder garantizar la protección de los derechos de los diputados en minoría, ante posibles abusos de la mayoría. A lo que añade que “la suspensión tenía varios objetivos legítimos enumerados en el artículo 11, incluyendo el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás”. A este respecto, menciona los casos de Herri Batasuna y Batasuna contra España, resoluciones números 25803/04 y 25817/04, en los que se dio la razón a nuestro país en la ilegalización de estos dos partidos por parte del TS y el TC, considerándola una “necesidad social imperiosa”.
El TEDH también valora la decisión de la Mesa de acordar la celebración del pleno como un incumplimiento a las resoluciones del propio TC, que había previamente suspendido las leyes 19/2017 y 20/2017. Además de recordar que “un partido político puede hacer campaña a favor de un cambio en la legislación o en las estructuras jurídicas o constitucionales del Estado, siempre que utilice medios legales y democráticos y proponga un cambio compatible con los principios democráticos fundamentales”, considerando fundamental que se respeten los derechos de las minorías parlamentarias. Siendo, quizás, ésta una de las afirmaciones claves de la resolución.
Concluye el análisis determinando que “la suspensión de la sesión plenaria era “necesaria en una sociedad democrática“, incluyendo el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás”, siendo conforme con las causas del propio artículo 11. Haciéndose eco de que, además, al día siguiente (10-10-2017), se produjo el pleno en el que el Sr. Puigdemont “declaró la independencia de Cataluña, posteriormente dejada sin eficacia jurídica por el propio Parlamento”.
Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal inadmite en lo referente a la supuesta infracción del artículo 11, la demanda presentada por los diputados independentistas, en base a los artículos 33.3º y 4º de la Convención, por estar manifiestamente mal fundada.
En segundo término, entra a valorar si con esa decisión se produjo una vulneración del Derecho a elecciones libres, recogido en el artículo 3 del Protocolo nº 1 (“Las Altas Partes Contratantes se comprometen a organizar, a intervalos razonables, elecciones libres con escrutinio secreto, en condiciones que garanticen la libre expresión de la opinión del pueblo en la elección del cuerpo legislativo”), segundo de los artículos adverados como infringidos por los demandantes, el cual tampoco acoge el Tribunal.
Al respecto el TEDH indica que la expresión “cuerpo legislativo”, “debe interpretarse de acuerdo con la estructura constitucional del Estado en cuestión”. Se vuelve a insistir por el Tribunal de Derechos Humanos en que el pleno suspendido tenía como objetivo aplicar lo dispuesto en la Ley del referéndum, en concreto, en el artículo 4.4º, que había sido previamente suspendida, por lo que la decisión de convocarlo por la Mesa supuso “un incumplimiento manifiesto de las decisiones del Tribunal superior, que estaban destinados a proteger el orden constitucional”. Inadmitiendo también la demanda en lo referente a este artículo.
Por último, los demandantes también invocaron una posible vulneración del artículo 6 de la Convención, del derecho a un proceso equitativo, alegando que ni ellos, ni el Parlament pudieron acceder a un tribunal para hacer valer sus derechos.
El Tribunal también rechaza este argumento, entendiendo que esta queja no está desarrollada, recordando, además, que el Parlament de Cataluña fue parte en el procedimiento de amparo que dio lugar a la sentencia del TC del 26 de abril de 2018, en la cual, recordemos, que se estimó el recurso de amparo presentado por los diputados del PSC, concluyendo en su sentencia el Constitucional que se había “vulnerado su derecho a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), que se encuentra en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE)”. Por lo que, nuevamente, el TEDH inadmite también la demanda en lo referente a la infracción de este artículo, por estar manifiestamente mal fundado.
Esta resolución supone un varapalo importante para la causa independentista, más allá de por declarar válida la suspensión del pleno del 9 de octubre, por las valoraciones que hace el TEDH sobre el referéndum del 1-O y el orden constitucional español, así como la insistencia en la obligación de respetar las decisiones judiciales, en este caso, del Tribunal Constitucional, como máximo órgano jurisdiccional del Estado y en la imposibilidad de cambiar las normas saltándose los procedimientos legales establecidos.
Asimismo, es muy relevante porque los políticos independentistas tenían muchas esperanzas puestas en este Tribunal, sobre todo, de cara a un posible recurso de la sentencia del juicio que estos días está concluyendo en el Tribunal Supremo, en el caso de que procesados sean condenados. Por lo que esta decisión refuerza a los tribunales españoles, tan necesitados como lo estaban de cierto apoyo de los órganos jurisdiccional extranjeros, tras toda la polémicas desatada a raíz de las euro-órdenes en los últimos meses.
Etiquetas: Cataluña, España, Estado de Derecho, europa, proces, tribunal europeo de derechos humanos
6 junio, 2019 en 19:07
Me alegro de esta sentencia obvia por otro lado. Sólo espero que el TEDH siga sin dejarse engañar. No me resisto a comentar la falta de comentarios. Espero que no consigan acallar la importancia de esta decisión.
7 junio, 2019 en 00:29
Sobre la inadmisión a trámite de la demanda de algunos parlamentarios catalanes contra el TC hay unas cuantas cosas a decir:
– Se puede consultar en: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-193593%22]}
– Se trata de una demanda de un “grupo de particulares” a título personal, no de unos parlamentarios a los que no dejan ejercer como tales (viene a ser como si “algunos” a los que “un juez” impidió reunirse por aquellas fechas -por ejemplo https://www.cuartopoder.es/espana/2017/09/13/prohibido-el-acto-en-madrid-por-el-1-o-por-atentar-contra-la-unidad-de-espana/ – hubiera presentado una demanda ante el TEDH, simplemente que esos “algunos” son parlamentarios y “el juez” es el TC).
– El TEDH reconoce la violación del derecho a reunión y libertad de expresión, pero se juzga que “está justificado” (porque entiende que entra dentro de los supuestos que se exigen para poder limitar estos derechos).
Personalmente discrepo de esta apreciación, porque la realidad es que no se sostiene: Se prohibió la reunión del día 9 así que el Parlament se reunió el día 10… sin poner en peligro: “el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás”.
Ello demuestra que, al contrario de lo que sostienen los miembros del TEDH, nada de “eso” se estaba intentando defender con la suspensión del día 9. La realidad es que lo que se estaba intentando defender es que el TC imponga el respeto a sus decisiones (ver el punto 36 de la resolución), y añado: incluso cuando estas decisiones vayan contra los Derechos Humanos (DDHH). En otras palabras: El TEDH, al menos en este caso, antepone lo que se indica en las conclusiones de la Comisión de Venecia (https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2017)003-f) a los DDHH.
Para mí es este punto, el 36, el clave de la resolución, ya que es donde (como bien se apunta al final del artículo), se hace incapié en la “obligación de respetar las decisiones judiciales, en este caso, del Tribunal Constitucional, como máximo órgano jurisdiccional del Estado”.
NOTA: Pero quiero matizar lo que dice el artículo: Esto no es sólo un posible varapalo para los independentistas, lo es para todos: Si el TEDH se va a seguir poniendo de perfil cuando el TC viole los DDHH, estaremos de facto ante una dictadura del TC, a expensas de “la buena voluntad” de sus miembros.
Por cierto, el artículo quiere destacar también como clave el punto 37 (donde se habla de que se pueden promover cambios legislativos,… y del respeto a los derechos de las minorías parlamentarias), pero:
– ¿Cómo se va a promover cambio legal/estructural alguno si no se permite reunirse?
– ¿Cómo se va a atentar contra los derechos de las minorías parlamentarias en una “reunión de particulares”?
7 junio, 2019 en 19:49
Sinceramente. En otros posts usted mismo dijo que cuando hablase el Tribunal Europeo pondría todo en su sitio. Creo que hay poco que decir. Hay que saber perder y punto.
Ahora como la decisión no les gusta ¿tampoco vale?
10 junio, 2019 en 21:34
No es que la decisión no ¿nos? guste. Es que se trata de DDHH, y eso es demasiado serio como para hacer de forofo: El mal que no quiero para mí no lo quiero para nadie. Así, si un tribunal dictaminase a favor de tesis independentistas pero con argumentos insustanciales a mí no me convencería.
Y en este caso esa es mi sensación: La decisión encuentro que no está suficientemente argumentada: Mucha paja pero sin nada que realmente justifique la violación de los DDHH.
Por ejemplo: el punto 36 habla de que hay que respetar las decisiones del TC… Pero si eso tuviera algún peso pues no tendría sentido el TEDH: El TEDH va después de que el TC se haya pronunciado, así que si han de respetar las decisiones del TC, sin más, entonces sólo podría ratificar lo dicho por éste… Y la realidad es que no siempre es así (por mucho que en este caso sí lo haya hecho). O sea: Realmente sólo es relleno, como todo lo demás (al menos esa es mi impresión).
11 junio, 2019 en 07:56
Lo que yo digo. Sólo respeta las decisiones (y a las instituciones) si les dan la razón. Eso tiene muchos nombres uno de ellos es fanatismo, dicho sea con ánimo didáctico y no por ofender. Saludos
Tarjetas revolving: ¿la banca lo ha vuelto a hacer? Recuperar lo pagado cuando la liquidación de plusvalía municipal es firme...

References: resolución 
 artículo 4
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 artículo 3
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 artículo 4
 artículo 6
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