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Timestamp: 2019-02-19 17:48:53+00:00

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Tarifas, servicios financieros, servicios bancarios, información plena, consumidor financiero - Página 4
6.2. Todo ese recorrido vino a condensarse en la actual redacción del artículo 88 de la Constitución, el cual prevé que “la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.
Finalmente, el numeral 3 del artículo 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), establecía la posibilidad de intentar una acción de clase con el fin de obtener la reparación de los daños causados por infringir las normas sobre competencia previstas en los numerales 1 y 2 de ese mismo cuerpo normativo.
6.4. Cual se anotó anteriormente, la reglamentación del artículo 88 de la Constitución de 1991 quedó en manos del Congreso de la República, quien cumplió el mandato constitucional a través de la Ley 472 de 1998, en cuyo artículo 86 se derogaron “todas las disposiciones que le sean contrarias, y expresamente los trámites y procedimientos existentes en otras normas sobre la materia”, es decir que el legislador optó por establecer un diseño novedoso e integral que cambió, significativamente, el trámite diverso que hasta entonces se daba a este tipo de acciones. Hubo, a partir de la entrada en vigencia de esa ley, un cambio estructural en relación con esta singular acción constitucional, no sólo por su contenido, sino por la unificación procesal.
Entonces, las únicas indemnizaciones susceptibles de reclamación mediante las acciones de grupo, son aquellas que corresponden a los sujetos que pertenecen al grupo afectado (num. 3, art. 65 de la Ley 472 de 1998), quienes sufren -como se dijo- múltiples perjuicios individuales que se agrupan, originado en una fuente común o por una causa que, de modo simultáneo, agravia múltiples intereses.
6.5.5. La indemnización que -de manera genérica- se asigna al grupo, constituye un estimativo único que equivale a la “suma ponderada de las indemnizaciones individuales” (numeral 1, artículo 65 Ley 472 de 1998).
Por ende, quien acude a esta acción debe saber que el tratamiento que recibirá es similar al de los demás componentes del grupo -o subgrupo-, al punto que la reparación del daño no atiende necesariamente su extensión efectiva y concreta, sino que corresponde a una parte (porción) de la reparación total fijada por el juez. Precisamente para ello se creó el Fondo Para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos (a cargo de la Defensoría del Pueblo), encargado de decidir, mediante acto administrativo, el reconocimiento y pago de las indemnizaciones para los interesados que concurran, tomando en consideración las proporciones señaladas por el juez.
Además, se prevé que si la indemnización fijada es insuficiente para atender todas las solicitudes presentadas, “el juez o el magistrado podrá revisar, por una sola vez, la distribución del monto de la condena”, al paso que si quedan excedentes después de haber atendido todas las reclamaciones, éstos “serán devueltos al demandado”.
Sobre la forma de estimar el daño, la Corte Constitucional expresó que, en todo caso, “nada impide que el juez de una acción de grupo analice colectivamente las condiciones de responsabilidad que justifican el deber de reparación que podría recaer en la parte demandada, pero proceda a individualizar y distinguir los daños, en el evento en que los daños y perjuicios no sean uniformes. Es más, esa individualización del daño y del perjuicio, en los eventos en que sea posible y necesaria, parece no sólo exigida en cierta forma por el propio tenor literal del artículo 88 superior, que habla de ‘daños, y no de ´’daño’, sino que, además es plenamente armónica con el interés protegido por la acción de grupo, que es, como se explicó anteriormente, un interés de grupo divisible. En efecto, si el interés es divisible, ¿por qué los daños deben ser uniformes?” (numeral 79 de la Sentencia C-569 de 2004).
6.5.7. También hay que decir que aunque se trata de una acción de reparación, requiere una previa declaración de responsabilidad. La metodología procesal enseña que la pretensión de indemnización de perjuicios es consecuencial, esto es, que depende de que previamente se establezca la responsabilidad del demandado. Por eso, en este tipo de eventos debe esclarecerse primeramente la fuente ‘común’ de los daños, esto es, que en comienzo debe verificarse la existencia de un comportamiento antijurídico capaz de causar agravios a un grupo o conjunto de sujetos que no tenían porqué soportarlos. En otras palabras, “por tratarse de una acción indemnizatoria, lo primero que debe verificarse es si realmente se causó el daño que alegan los demandantes y cuya indemnización reclaman y, en caso afirmativo, establecer posteriormente si tal daño, además de ser antijurídico, es imputable a la entidad demandada por haber sido generado por su acción u omisión” (Consejo de Estado, sentencia de 3 de marzo de 2005, Exp. No. 25000-23-25-000-2003-01166-01).

References: artículo 88
 artículo 98
 artículo 88
 artículo 86
 artículo 65
 artículo 88