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Timestamp: 2019-04-22 10:31:22+00:00

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﻿ Sentencia 2004-01505 de agosto 12 de 2013
SENTENCIA 2004-01505 DE 12 DE AGOSTO DE 2013
CONTENIDO:VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS SIMPLES. AUNQUE LA NORMA QUE LE OTORGA A LAS COPIAS EL MISMO VALOR PROBATORIO QUE EL DOCUMENTO ORIGINAL SOLO ENTRA EN VIGENCIA EN EL 2014, LA NECESIDAD DE PRIVILEGIAR EL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL PERMITE EMITIR UNA DECISIÓN DE FONDO, AUN CUANDO MUCHOS DE LOS ELEMENTOS HAYAN SIDO APORTADOS EN COPIA SIMPLE, ELLO SI ALGUNA DE LAS PARTES NO HA TACHADO DE FALSO TAL MATERIAL. EL PROPÓSITO DEL LEGISLADOR CON LAS REFORMAS QUE SE HAN VENIDO EXPIDIENDO EN LA MATERIA (LEYES 1395 DEL 2010, 1437 DEL 2011 Y 1564 DEL 2012) ES DAR PRIMACÍA AL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, LA LEALTAD Y LA CONFIANZA. LA IDEA NO ES TRATA DE APLICAR NORMAS CON EFECTOS DIFERIDOS EN EL TIEMPO, SINO RECONOCER EL MAYOR DINAMISMO QUE LA LEY HA QUERIDO DARLE A LA ACTUACIÓN DEL JUEZ, AL PERMITIRLE VALORAR PRUEBAS APORTADAS EN COPIAS SIMPLES, SI LAS PARTES HAN GUARDADO SILENCIO EN TORNO A ESE ASPECTO, YA QUE ES ESTA ÚLTIMA PARTICULARIDAD LA QUE CONVALIDA QUE EL DESPACHO PUEDE ACTUAR EN CONSECUENCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO
Sentencia 2004-01505 de agosto 12 de 2013
Rad. 080012331000-2004-01505-01
Expediente 33.909
Demandante: Jacobo Haydar Moreno y otros
Demandado: Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en liquidación Asunto: Acción de reparación directa
Bogotá, D.C., doce de agosto de dos mil trece
EXTRACTOS« IV. Consideraciones:
1. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 31 de enero de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el caso sub examine.
2. En atención a lo deprecado por Jacobo Haydar Moreno por perjuicios morales en la suma de $ 198.700.000 pesos, y de acuerdo a lo consagrado en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y en el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 40 de la ley en cita, corresponde a la corporación el conocimiento del proceso, dada su vocación de doble instancia, toda vez que ese valor supera los 500 salarios mínimos legales mensuales exigidos para la fecha de presentación de la demanda.
3. De conformidad con los lineamientos legales y jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor a la prueba documental que se encuentra en copia simple, pues en relación con las normas que rigen la materia, es preciso señalar que la regulación vigente es la contenida en los artículos 254 y 252 del Código de Procedimiento Civil, cuyo sentido literal es el siguiente:
“ART. 254.—Valor probatorio de las copias. Artículo modificado por el artículo 1, numeral 117 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente: Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:
“3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”. (Negrillas del original).
No obstante lo anterior, con la expedición de la Ley 1564 de 2012 —nuevo Código General del Proceso— corregido mediante el Decreto 1736 de 2012, se derogó expresamente el inciso primero del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
“A partir de la promulgación de esta ley quedan derogados: artículos 126, 128, la expresión “y a recibir declaración a los testigos indicados por los solicitantes” del 129, 130, 133, la expresión “practicadas las diligencias indicadas en el artículo 130” del 134, las expresiones “y no hubiere por este tiempo de practicar las diligencias de que habla el artículo 130” y “sin tales formalidades” del 136 y 202 del Código Civil; artículos 9º y 21 del Decreto 2651 de 1991; los artículos 8º inciso 2º parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996; el artículo 148 de la Ley 446 de 1998; 211 y 544 del Código de Procedimiento Civil; el numeral 1 del artículo 19 y la expresión “por sorteo público” del artículo 67 inciso 1º de la Ley 1116 de 2006; el inciso 2º del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008; la expresión “que requerirá presentación personal” del artículo 71, el inciso 1º del artículo 215 y el inciso 2º del artículo 309 de la Ley 1437 de 2011; la expresión “No se requerirá actuar por intermedio de abogado” del artículo 58 numeral 4º, el literal e) del numeral 5º del artículo 58 y el numeral 8º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011; el artículo 34 del Decreto-Ley 19 de 2012; y, cualquier norma que sea contraria a las que entran en vigencia a partir de la promulgación de esta ley.,
Así las cosas, al haber derogado el Código General del Proceso CGP, la disposición contenida en la ley 1437 de 2011, resulta incuestionable que las normas para la valoración de las copias son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, preceptos que mantienen vigencia, ya que solo la perderán a partir del 1º de enero de 2014, según lo dispuesto en el artículo 627 de la codificación general citada(3).
“Artículo 245. Aportación de documentos.
“Artículo 246. Valor probatorio de las copias.
En el caso sub examine, la parte demandada pudo controvertir y tachar la prueba, las copia simples indicadas, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.
Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por la entidad demandada.
Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (ultractividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (retroactividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su silencio, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.
De allí que, no puede el juez actuar con obstinación frente a los nuevos lineamientos del derecho procesal o adjetivo, en los que se privilegia la confianza y la lealtad de las partes, razón por la cual esa es la hermenéutica que esta subsección ha privilegiado en pluralidad de decisiones, entre ellas vale la pena destacar, las que se indican a pie de página(4).
4.1. Copia del auto del 29 de abril de 1988 proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, en el que se libró mandamiento de pago por la suma de $ 269.816 contra Jacobo Haydar Moreno, en virtud de demanda ejecutiva singular instaurada por la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero (fl. 62).
4.2. Copia del proveído del 2 de mayo de 1988 proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, por medio del cual se decretó el embargo y secuestro del interés social, de los dividendos, utilidades, intereses y demás beneficios que poseyera el Jacobo Haydar Moreno en el establecimiento de comercio denominado hotel Villa Venecia (fl. 79).
4.3. Copia del certificado de “comerciantes en sociedad de hecho” expedido por la cámara de comercio de Barranquilla el 13 de mayo de 1988, en el que aparece inscrito el embargo de la participación y dividendos que tiene Jacobo Haydar Moreno en el hotel Villa Venecia (fl. 86).
4.4. Copia del auto del 4 de octubre de 1988 proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, en el que se decretó el embargo y secuestro del establecimiento de comercio denominado hotel Villa Venecia (fl. 91).
4.5. Copia del oficio con fecha de recibido del 16 de enero de 1990 dirigido al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla por el apoderado de la Caja Agraria en el que manifestó:
“Con fecha 12 de abril de 1989, radicamos ante la secretaría de ese honorable despacho un memorial por medio del cual, respetuosamente solicitábamos que se renovara la comisión a la Inspección de Policía, concediéndole un nuevo plazo para llevar a cabo el secuestro del establecimiento Hotel Villa Venencia.- Como el Despacho no ha librado el correspondiente oficio, a pesar de que en junio de 1989 insistimos en ello, comedidamente le ruego atender nuestra solicitud” (fl. 94).
4.6. Copia del auto del 13 de febrero de 1990 proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, en virtud del cual se negó el embargo y secuestro del establecimiento Hotel Villa Venecia, indicándose:
“Revisado el expediente se observa que en el certificado de comerciantes en sociedades de hecho, expedido por la Cámara de Comercio de esta ciudad, referente al establecimiento denominado Hotel Villa Venecia, aparecen como socios JACOBO HAYDAR MORENO y YADIRA ANGULO BRYON, motivo por el cual no se puede decretar el embargo y secuestro en bloque de dicho establecimiento toda vez que en el proceso solo aparece como demandado el señor JACOBO HAYDAR MORENO. Del mismo modo y por los motivos expuestos el Juzgado deja sin efectos el auto de fecha octubre 4 de 1988 y se niega a decretar el embargo y secuestro del hotel Villa Venecia por ser los propietarios socios de hecho” (fl. 97) (Mayúscula sostenida en el original).
4.7. Copia del certificado del 15 de julio de 1993 suscrito por el jefe de servicios bancarios de la Caja Agraria en el que se expresó:
“Que el señor Jacobo Haydar Moreno, identificado con cédula de ciudadanía 7.472.482 expedida en Barranquilla, se encuentra a paz y salvo con la entidad, a través de la tarjeta de crédito 4508 070 001 944 de Credibanco” (fl. 110).
4.8. Copia del recibo de caja No. 48716 de Asercor Ltda., Asesorías y Cobranzas, a favor de Jacobo Haydar Moreno por la suma de $506.529 pesos del 13 de abril de 1993 (fl. 109).
4.9. Copia del memorando No. 19864 del 13 de abril de 1993 suscrito por el gerente de Asercor Ltda., Asesorías y Cobranzas, en el que se certifica:
“...que el señor Jacobo Haydar Moreno canceló en nuestras oficinas honorarios sobre la mora de la obligación que tenía con la Caja Agraria Suc. Principal T.C. 1944” (fl. 109).
4.10. Oficio 02597 suscrito por la coordinadora de apoyo administrativo de la Caja Agraria en liquidación en el que se indicó.
“En atención a su solicitud relacionada con la petición de la referencia, nos permitimos informarle que al cierre de la extinta Caja Agraria en junio 25 de 1999, usted no registraba obligaciones vigentes con la entidad.
Una vez revisadas las bases históricas existentes, se pudo constatar que tenía a cargo la obligación 50054 al corte de diciembre/96, la cual ya no aparece al corte de diciembre de 1997” (fl. 17).
4.11. Copia del memorial dirigido al Juez Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, suscrito por el apoderado de Jacobo Haydar Moreno con fecha de recibido del 7 de julio de 2003, en el que solicitó el desembargo de los derechos de su representado en la sociedad de hecho en el hotel Villa Venecia (fl. 108).
4.12. Copia del auto del 23 de julio de 2003 en el que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla negó la solicitud de desembargo deprecada por el ejecutado por cuanto los documentos aportados para el efecto, no provenían del ejecutante acreedor (fl. 112)
4.13. Copia de la sentencia del 26 de septiembre de 2003 proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, en la que se ordenó seguir adelante con la ejecución de conformidad con la orden librada en auto de mandamiento de pago (fl. 114).
4.14. Copia del oficio suscrito por el apoderado de la Caja Agraria en Liquidación —Regional Barranquilla—, datado el 26 de mayo de 2004, con fecha de recibido del 27 de mayo de esa anualidad por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, en el que se desistió de la demanda por haberse cancelado la obligación por parte del deudor (fl. 116).
4.15. Copia del auto del 16 de julio de 2004 proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla en el que se decretó la terminación del proceso ejecutivo por pago total de la obligación (fl. 127).
4.16. Copia del Oficio 2839 del 16 noviembre de 2004 suscrito por la secretaria del Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Barranquilla en el que se informó al Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, la terminación del proceso ejecutivo que cursaba ante esa unidad judicial, comunicándose el levantamiento del embargo y secuestro del remanente decretado sobre la medida impuesta por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la ciudad (fl. 128).
4.17. Declaración de Carlos Llinás Gutiérrez, en la que manifestó:
“Preguntado: Diga el declarante si ha realizado algún tipo de negocios con el señor Jacobo Haydar Moreno. Contestó: Más o menos a finales del mes de febrero del año 2002, estuve próximo a venderle cinco vacas paridas de alta calidad porque él se enamoró de ellas, pero tuve la información de una sobrina que Jacobito estaba embargado y que las condiciones económicas no estaban para pagarme cinco millones de pesos que en esa época valían las 5 vacas paridas” (fl. 162).
4.18. Declaración de Rafael Zapata Segrera, en la que expresó:
“Conozco a Jacobo desde muy niño (...) en el año 85 tuve negocios de ganado, le vendí unos toretes, cuyo costo aproximado era de dos millones de pesos. En el año 2000 volví a ejecutar un negocio, pero no se llevó a cabo porque en el pueblo se rumoraba que él se encontraba embargado y me dirigí a la Cámara de Comercio y me entregaron un certificado de número 5356292 de fecha 16 de junio del 2000, en el cual certifica la cámara que se encontraba embargado por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla. En este estado de la diligencia, el declarante aporta el certificado expedido por la Cámara de Comercio al cual se hizo alusión anteriormente. Por este motivo no realicé el negocio” (fl. 157).
4.19. Copia de carta suscrita por el Gerente de la ferretería Promicolor dirigida a Jacobo Haydar en la que se expresó:
“A usted se le ha negado el crédito en esta ferretería por encontrarse embargada la razón social del Hotel Villa Venecia por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, con fecha de mayo del año 2000.
Adjunto certificado de Cámara de Comercio Barranquilla con fecha 26 de mayo de 2000 5344811” (fl. 211).
4.20. Copia de carta suscrita por el gerente de Campetoyota datada el 28 de noviembre de 2001, dirigida a Jacobo Haydar en la que se anotó:
“Atendiendo a su solicitud de crédito, informamos que ha sido negada; debido al embargo que presenta el Hotel Villa Venecia por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, según certificado de cámara de comercio nr 6339709.
Anexamos copia de certificado de cámara de comercio” (fl. 213).
4.21. Copia de certificado suscrito por el gerente de la Mueblería Luxy en el que se señaló:
“El señor Jacobo Haydar Moreno, identificado con la cédula de ciudadanía 7.472.482 de Barranquilla, solicitó un crédito el día 20 de diciembre de 1999 en dicho almacén y el crédito fue negado por encontrarse embargada la razón social Hotel Villa Venecia, por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, como consta en certificado de Cámara de Comercio de Barranquilla 5152326.
Anexo fotocopia de Cámara de Comercio 5152326” (fl. 215).
4.22. Copia de certificado suscrito por el gerente del almacén de compraventa Boston en el que se indicó:
“Yo, Paulino Correa, mayor de edad, con cédula de ciudadanía 72.195.521 de Barranquilla, hago constar que el señor Jacobo Haydar Moreno, también mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía 7.472.482 de Barranquilla, que solicitó un crédito de 10 aires acondicionados y 2 enfriadores de segunda pero en buen estado y que este crédito fue negado por encontrarse embargada la razón social del Hotel Villa Venecia por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, como consta en el certificado de cámara de comercio de fecha 8 de enero de 2002 con el Nº 6357055. Anexo fotocopia del certificado de la Cámara de Comercio” (fl. 217).
5. De acuerdo con el acervo probatorio se tiene que ciertamente la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, inició proceso ejecutivo contra Jacobo Haydar Moreno debido a una deuda contraída por este y no satisfecha, el cual se tramitó ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla quien libró mandamiento de pago el 29 de abril de 1988, por la suma de $ 269.816 pesos, deuda respecto de la cual Haydar Moreno quedó a paz y salvo en diciembre de 1997, y que solo hasta el 16 de julio de 2004 se ordenó la terminación del proceso a que dio lugar, debido a solicitud de desistimiento por parte de la entidad aquí demandada.
“Nos encontramos ante un concepto amplio, impreciso y esencialmente intuitivo(8). De estas características se deriva la dificultad de dar un concepto unitario de “daño”, dada la diversidad de manifestaciones y matices que este presenta(9).
“Para de Cupis “daño” no significa más que nocimiento o perjuicio, o lo que es lo mismo aminoración o alteración de una situación favorable(10). En un entendimiento similar del concepto, la doctrina suele dar un concepto meramente objetivo del “daño” caracterizándolo —en palabras de Larenz— como “el menoscabo que, a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado, sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio”(11).
“Esta afirmación precisa de una urgente aclaración ya que el hombre no solo sufre cuando se lesionan sus intereses materiales; “un atentado- escriben los hermanos Mazeaud- contra sus intereses morales, le puede resultar todavía más sensible”(12). En definitiva, “daño” no se equipara a la mera pérdida pecuniaria.
Así, con la aproximación al concepto de daño(16), es pertinente señalar, que la constatación de este no es suficiente para que se proceda a su indemnización; en efecto, el daño debe ser cualificado para que sea relevante en el mundo jurídico, por ello la Constitución Política en el artículo 90 señala que “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas” (se resalta).
Sin embargo, es preciso señalar que no solo es antijurídico el daño cuando se vulnera una norma jurídica, sino también aquel que atenta contra un bien jurídicamente protegido, en palabras de Roberto Vásquez Ferreyra, “la antijuridicidad supone una contradicción con el ordenamiento, comprensivo este de las leyes, las costumbres, los principios jurídicos estrictos dimanantes del sistema y hasta las reglas del orden natural. En esta formulación amplia caben los atentados al orden público, las buenas costumbres, la buena fe, los principios generales del derecho y hasta el ejercicio abusivo de los derechos(22) “(23).
“La primera: no todos los daños que causa el Estado resultan indemnizables, sobre todo si los mismos son el resultado de la actividad estatal lícita, pues solamente originan el deber de reparación patrimonial aquellos daños que exceden los límites jurídicos que garantizan los derechos e imponen obligaciones exigibles a todas las personas que viven en determinada sociedad. Se ve, entonces, como la concepción del daño antijurídico, desde esa perspectiva, no solamente resulta acorde con los principios de eficiencia de la función pública y efectividad de los derechos (C.P., arts. 228 y 2º), sino también confluye con los principios de igualdad frente a las cargas públicas y solidaridad, que constituyen las piezas angulares del Estado social de derecho (C.P., arts. 1º y 13)”(27).
Así las cosas, se puede establecer que las hipótesis que no cumplan con esos parámetros, conformaran un daño opuesto, esto es, justo o jurídicamente permitido: “[d]esde esta perspectiva, los actos humanos que resulten ajustados al derecho, en función de que son respetuosos con los intereses que este estima preferentes, integran la órbita de los actos lícitos, justos o no antijurídico (...)”(28), es decir, que serán daños jurídicos cuando la conducta por la cual se imputa el daño o el hecho dañoso este autorizado por las normas jurídicas vigentes, o el que acaece por el cumplimiento de un deber consagrado en el ordenamiento jurídico, en términos breves “cuando existe el deber legal de soportarlo”(29).
En conclusión, el daño es el primer elemento de la responsabilidad, el cual cuando se torna en antijurídico, da lugar a estudiar su imputación al ente demandado, de lo contrario el análisis de la misma se agota en ese primer presupuesto, comoquiera que resulta inocuo cualquier consideración adicional a su imputación y al régimen aplicable; al respecto se ha indicado:
“Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores(30), el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño puesto que si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.
“En efecto, en sentencias proferidas dentro de los procesos acumulados 10948 y 11643 y número 11883, se ha señalado tal circunstancia precisándose en esta última, que “... es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado...”, y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado”(31).”(32).
En el caso bajo examen, destaca la Sala la inconsistencia probatoria en lo relativo a la demostración fehaciente del daño sufrido por Jacobo Haydar Moreno y su familia, toda vez que si bien en el líbelo de la demanda se señaló que debido a la iniciación del proceso ejecutivo y la imposición de la medida cautelar los demandantes padecieron daños tales como la negación de créditos por parte de los bancos de la ciudad, y el haber sido reportados en Asobancaria, Covinoc y Datacrédito, en modo alguno se demostró esa situación, es decir, no existe un solo elemento suasorio que permita determinar el reporte a las entidades aludidas, así como tampoco que se haya elevado solicitud de créditos a los bancos y menos su negativa a concederlos.
De otra parte, la prueba testimonial de Carlos Llinás Gutiérrez, que alude a la intención que este tenía de venderle cinco vacas a Jacobo Haydar, pero que se abstuvo cuando tuvo conocimiento de que estaba embargado, resulta ambigua, puesto que además de que a este detrimento no se hizo alusión en la demanda, la prueba tampoco ofrece la certeza de que la situación a que hace alusión el testigo, se debiera al embargo decretados por el Juzgado Sexto ya citado, máxime si se tiene en cuenta que en su contra cursaba otro proceso ejecutivo con medidas cautelares que se tramitaba en el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de la ciudad, del cual pudiera eventualmente predicarse la causación de daños.
En el mismo sentido debe precisarse que la declaración de Rafael Zapata Segrera, relativa a un negocio —sin especificaciones— que no llevó a cabo porque se enteró que Haydar Moreno estaba embargado aportando el certificado de cámara de comercio de fecha 16 de junio del 2000, y los certificados o misivas suscritos por dueños de establecimientos comerciales, quienes aportan igualmente certificados de cámara de comercio de fecha 26 de mayo del 2000, 28 de noviembre del 2001, 20 de diciembre de 1999 y 8 de enero del 2002, en virtud de los cuales, no concedieron los créditos solicitados, -perjuicios a los que, de otra parte, no se hizo alusión en la demanda-, contienen todos la siguiente información:
“Certifica: Que la (sic) Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla mediante Oficio 595 en fecha 2 de mayo de 1988 inscrito en esta Cámara de Comercio en fecha 10 de mayo de 1988, bajo el Nº 2963 del libro respectivo, comunica que se decretó el embargo del Establecimiento denominado Hotel Villa Venecia. Dirección: Calle 61 # 46-41”.
Así, los documentos aportados son concluyentes en señalar que los gerentes de los establecimientos referidos se abstuvieron de autorizar créditos a favor de Jacobo Haydar en razón a los certificados de cámara de comercio aportados al plenario. No obstante de acuerdo con el acervo probatorio es claro que si bien el Juzgado Sexto Civil del circuito mediante auto del 4 de octubre de 1988 decretó el embargo y secuestro del establecimiento de comercio denominado hotel Villa Venecia, también lo es que por auto del 13 de febrero de 1990 dejó sin efectos el mismo, al considerarlo improcedente en razón a que el establecimiento tenía como socios a Jacobo Haydar Moreno y Yadira Angulo Bryon, por lo que no era posible decretarlo en bloque; así las cosas, si bien aparece la inscripción de esa medida cautelar en los certificados aportados al proceso, tal actuación podría ser atribuible a la omisión de la cámara de comercio, quien no la retiró oportunamente del registro, o a la unidad judicial que no informó a la cámara de comercio la dejación sin efectos de la medida en 1990, pero en modo alguno es endilgable al ente aquí demandado, de suerte que la demostración del detrimento esgrimido carece de soporte demostrativo.
Ahora bien, si en gracia de discusión, que no lo está, se hubiera probado la causación cierta de un perjuicio derivado inequívocamente de la imposición de la medida, se arribaría a la conclusión de que el mismo no le era atribuible a la entidad accionada, ello habida consideración de que de acuerdo con la prueba allegada al proceso, es claro que, con anterioridad a la ocurrencia de los perjuicios referidos en los documentos señalados, Jacobo Haydar tenía pleno conocimiento del proceso instaurado en su contra; así lo indica, el memorando 19864 del 13 de abril de 1993 suscrito por el gerente de Asercor Ltda., Asesorías y Cobranzas, en el que se certificó que Jacobo Haydar Moreno canceló en esa oficina honorarios por la deuda que tenía con la Caja Agraria, o el certificado que le expidió Mueblería Luxy en el que se señaló que el 20 de diciembre de 1999 Jacobo Haydar le solicitó un crédito que fue negado por el embargo del Juzgado Sexto Civil del Circuito de la ciudad, lo que evidencia que tenía pleno conocimiento del curso del mismo, siéndole posible acudir a esa instancia, notificarse del mandamiento de pago, recurrir el mismo, proponer excepción de pago y en el evento de prosperar estos mecanismos, solicitar los perjuicios correspondientes dentro del mismo proceso de ejecución, in fine, ejercer su derecho de contradicción, situación que permite concluir que, aún si se hubiera demostrado un daño, no sería posible erigir un juicio válido de atribuibilidad con la suficiencia para comprometer la responsabilidad del ente demandado.
1. CONFÍRMASE la sentencia de 31 de enero de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
(2) Luhmann, Niklas “Confianza”, Ed. Anthropos, Ciudad de México, 2005, pág. 5 y 6.
“1. Corregido por el art. 18, Decreto Nacional 1736 de 2012. Los artículos 24, 30 numeral 8 y parágrafo, 31 numeral 2, 33 numeral 2, 206, 467, 610 a 627 entrarán a regir a partir de la promulgación de esta ley.
“4. Los artículos 17 numeral 1, 18 numeral 1, 20 numeral 1, 25, 30 numeral 8 y parágrafo, 31 numeral 6 y parágrafo, 32 numeral 5 y parágrafo, 94, 95, 317, 351, 398, 487 parágrafo, 531 a 576 y 590 entrarán a regir a partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012).
(4) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 18 de enero de 2012. M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 1999- 01250. Oportunidad en la que se precisó: “De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorarla como tal; en otras palabras, la Nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso.
(5) Orgaz Alfredo. El daño resarcible. 2ª Edición. Ed. Bibliográfica Omeba, Buenos Aires. Pág. 36. En ese mismo sentido Vásquez Ferreira Roberto en su obra Responsabilidad por daños. Ed. Depalma, Buenos Aires. Pág. 174 lo definió así: “El daño es la lesión a un interés jurídico”.
(6) De Lorenzo Miguel Federico. El daño injusto en la responsabilidad civil. Ed. Abeledo – Perrot, Buenos Aires. Pág. 17.
(7) Vázquez Ferreira Roberto. Ob. cit. Pág. 170.
(8) Nota del original: “Cfr. Ataz López,J.: Los médicos y la responsabilidad civil, Ed. Montecorvo, Madrid, 1985, pág. 319”.
(9) Nota del original: “Vid., entre otros, Yzquierdo Tolsada, M.: Responsabilidad civil contractual y extracontractual. Reus, Madrid, 1993, Vol. I, pág. 182”.
(10) Nota del original: “De Cupis, A.: Ill danno. Teoria generale della responsabilità civile, Giuffrè Editore, Milano, 1996, vol. I, pág. 7. Términos curiosamente coincidentes con los empleados por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua como sinónimos de “nocimiento” ; cfr. Diccionario de la Real Academia de la Lengua, Espasa- Calpe, edic. 1984 (20ª edición), t. II, p. 956: “Nocimiento. (De nocir), Daño o perjuicio”.
(11) Nota del original: “Cfr. LARENZ, K.: Derecho de obligaciones (traducción española de Santos Briz), Edersa, Madrid, 1958, t.I, p.193. Definición recogida por Santos Briz, J. en sus obras: Derecho de daños, Edersa, Madrid, 1963, p.107 y La responsabilidad Civil. Derecho sustantivo y Derecho procesal, Montecorvo S.A., Madrid, 1993 (7ª edic.), t.I, p. 144; por Pascual Estevill, L.: La responsabilidad extracontractual, aquiliana o delictual, Bosch, Barcelona, 1990-92, T.II, vol. 2º, Parte Especial (cont.), pág. 647”.
(12) Nota del original: “Cfr. Mazeaud, H., L. y J.: Lecciones de Derecho Civil (traducción de Luis Alacalá – Zamora y Castillo), ED. Ediciones Jurídicas Europa- América, Buenos Aires, 1960, Parte segunda, vol. II, pág. 60.
(13) Nota del original: “Vid. PATTI, S.: Il dañño patrimoniale, UTET- Librería, Torino, 1989, pág. 9; De Cupis, A. : “Danno (dir vig.)”, en Enc. Dir., t. XI, Milano, 1962, págs. 622 y ss.”
(14) Nota del original: “Vid. Von Caemmerer, E.: Das Problem des Kausalzusammenhangs im Privatrecht, Freiburg i. Br., 1956.
(15) Bustos Lago José Manuel. La antijuridicidad del daño resarcible en la responsabilidad civil extracontractual. Ed. Tecnos. Madrid. Pág. 40.
(16) El Consejo de Estado, ha definido el daño así: “El daño, como otro de los elementos de la responsabilidad, es la lesión o pérdida causada por una conducta lícita o ilícita, que puede ser patrimonial o extrapatrimonial, y la cual no tiene por qué soportar el lesionado (art. 90 constitucional)”, sentencia del 19 de mayo de 2005, expediente Nº 15001-23-31-000-2001-01541-03, M.P.: María Elena Giraldo Gómez; “El daño, en “su sentido natural y obvio”, es un hecho, consistente en “el detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia causado a alguien”, “...en su persona, bienes, libertad, honor, afectos, creencias, etc...” y “...supone la destrucción o disminución de ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo”. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Expediente 11.499, M.P.: Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(18) Bustos Lago José Manuel, Ob. cit. Pág. 45.
(19) Nota del original: “Cfr. Bueres, A. J.: “El daño injusto y la licitud” op. Cit., p. 149. En el mismo sentido, entre otros, Rodriguez Mourullo, G.: Derecho Penal. Parte General, op cit., pág. 343: “Para la determinación de la antijuridicidad resulta decisivo el ordenamiento jurídico en su conjunto”“. BUSTOS Lago José Manuel. Ob. cit. Pág. 50.
(20) Sobre el concepto de daño antijurídico resulta ilustrativo, la breve reseña que sobre el mismo presentó, Vázquez Ferreira Roberto. Ob. cit. Pág. 128.: “En una primera aproximación, Compagnucci de Caso define a la antijuridicidad como “el acto contrario a derecho, considerado este último concepto como una concepción totalizadora del plexo normativo”.
(21) Bustos Lago José Manuel. Ob. Cit. Pág. 51 a 52.
(22) Nota del original: “así lo expusimos en nuestra obra La obligación de seguridad en la responsabilidad civil y ley de contrato de trabajo, ED. Vélez Sarsfield, Rosario, 1988, p.67. Ver también Alberto Bueres en El daño injusto y la licitud..., ob. cit., pág. 149, y Omar Barbero, Daños y perjuicios derivados del divorcio, Edit. Astrea, Bs. As., 1977, pág. 106”.
(23) Vázquez Ferreira Roberto. Ob. cit. Pág. 131.
(24) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 8 de mayo de 1995, expedientes 8118 y 8163 de 13 de julio de 1993, M.P.: Juan de Dios Montes Hernández, reiterado en sentencia del 6 de junio de 2007, Expediente 16.460, M.P.: Ruth Stella Correa Palacio.
(25) Nota del original: “sentencia del 2 de marzo de 2000, Expediente 11945, entre muchas otras”.
(26) Nota del original: “Sentencias del 11 de noviembre de 1999, Expediente 11499 y del 27 de enero de 2000, Expediente 10867”.
(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2005, Expediente 12.158, M.P.: Alier Eduardo Hernández Enríquez. Ver entre otras:
“En el bien entendiendo que la expresión lesión tiene un significado más estricto que la palabra daño. No cualquier daño será indemnizado, sino solo aquellos daños jurídicos, aquellos daños a los que el derecho les de alguna relevancia, aquellos daños que no deban ser normalmente soportables: el cambio de lugar de una parada de los autobuses urbanos, el tiempo que hay que aguantar en la cola en la ventanilla de una oficina pública, son consideraciones así como supuestos en los que las posibles molestias de los ciudadanos no alcanzan la categoría de 'lesión'“. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 1991, Expediente 6334, M.P.: Daniel Suárez Hernández.
(28) Bustos Lago José Manuel. Ob. Cit. Pág. 51 a 52.
(29) GIL Botero Enrique. Responsabilidad Extracontractual del Estado. Quinta Edición. Ed. Temis. Pág. 28.
(30) Nota del original: “En este sentido pueden verse también las sentencias del 2 de marzo de 2000, Expediente 11.135; 9 de marzo de 2000 Expediente 11.005; 16 de marzo de 2000 Expediente 11.890 y 18 de mayo de 2000 Expediente 12.129”.
(31) Nota del original: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2002, expediente 12.625”.
(32) Citado por Gil Botero Enrique, ob. cit. Pág. 27.

References: artículo 129
 artículo 37
 artículo 132
 artículo 40
 artículo 1
 artículo 215
 artículo 130
 artículo 130
 artículo 148
 artículo 19
 artículo 67
 artículo 40
 artículo 71
 artículo 215
 artículo 309
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 34
 artículo 627
 artículo 90
in fine