Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321604.html
Timestamp: 2019-03-21 11:52:26+00:00

Document:
as201321604
Auto Supremo: 604/2013
Expediente: CH-69-13-A
Partes: Justa Avalos Paniagua Vda. de Estrada c/ Personas desconocidas
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma, interpuesto por Justa Avalos Paniagua Vda. de Estrada, contra el Auto de Vista No. SCCH-424/2013 de fecha 06 de septiembre de 2013 de fs. 218 a 223, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso de usucapión decenal seguido por la recurrente contra personas desconocidas, los antecedentes procesales; y:
Justa Avalos Paniagua Vda. de Estrada, inicia proceso de usucapión decenal el 12 de marzo de 2003 contra personas desconocidas, respecto a 9 lotes de terreno con una superficie total de 2.428.25 ms.2, ubicado dentro de la parcela 6, dotada a su esposo por el Gobierno, demanda que fue declarada probada mediante Sentencia de 4 de junio de 2004 de fs. 75 y vlta., misma que en su parte resolutiva, otorga a la demandada la superficie de 8.300 ms.2 existiendo una diferencia de 5.871.75 ms.2 con relación a la superficie demandada; Sentencia ejecutoriada por Auto de 16 de agosto de 2004 e inscrita esa Resolución judicial en la Matrícula Nº 1011990032290 Asiento A-1 de 1º de noviembre de 2004. Sentencia que no fue impugnada por ningún recurso ordinario ni extraordinario.
Posteriormente, en fecha de 2 de octubre 2012, Moisés Rosendo Tórres Chive , Alcalde Municipal de Sucre, se apersonó al proceso e interpuso Incidente de Nulidad de Obrados bajo el argumento de que el proceso se habría tramitado con varios vicios procedimentales, conculcándose el principio al debido proceso y el derecho a la defensa de la Alcaldía Municipal, toda vez que la misma no habría sido citada con la demanda y con los posteriores actuados procesales; que asimismo, por las diligencias de notificación de fs. 31, 32 y 33 se advierte una serie de ilegalidades e irregularidades que deben ser sancionadas con nulidad; denunciando asimismo que la demandante, pretendía usucapir un terreno de 2.428.25 m.2, sin embargo, el entonces Juez de la causa Luís Subirana, habría otorgado la usucapión de 8.300 m.2 en los que están incluidos terrenos del Municipio, destinados a áreas verdes, los que ilegalmente la demandante, con la complicidad de su abogado y un mal funcionario de la Alcaldía, adquirió incluso la línea y nivel y procedió a su inscripción en Derechos Reales, que el entonces Juez de la causa no habría considerado que se trataba de bienes de propiedad del Municipio.
Notificada con el incidente de nulidad, la demandante, contestó negando todos los extremos reclamados y señalando que esa Resolución habría adquirido la calidad de cosa juzgada formal y material y por lo tanto es irrevisable e inmodificable, por lo que no puede ser revisada en un proceso ordinario y que se estaría atentando contra el principio de seguridad jurídica al pretender dejarla sin efecto porque además esos terrenos ya no estarían en su poder sino en manos de terceros que no pueden ser afectado en su derecho propietario.
Tramitada la causa, el Juez Primero de Partido Civil, mediante Auto Interlocutorio Definitivo de fecha 14 de junio de 2013, RECHAZÓ el incidente intentado, dejando firme y subsistente la Sentencia de fecha 4 de junio de 2004.
Contra esa Resolución, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, interpuso recurso de Apelación, el mismo que fue concedido en efecto devolutivo, recurso de Apelación que mereció el Auto de Vista N° SCCFI-424/2013, que REVOCÓ TOTALMENTE el Auto apelado y declaró PROBADO el Incidente de Nulidad, anulando obrados hasta fs. 31 vuelta del expediente original y 10 vta. del testimonio de Apelación, disponiendo que se notifique a la Alcaldía Municipal conforme a las normas procesales, aclarando que no es posible demandar a personas desconocidas, debiendo observarse este aspecto a efectos de que la demandante identifique contra quienes dirige su demanda.
Contra esa Resolución de segundo grado, la demandante Justa Ávalos Paniagua Vda. de Estrada, interpuso el recurso de casación en el fondo y en la forma que se considera.
Acusa la recurrente que en el Auto de Vista impugnado, después de haber fundamentado cuándo una Sentencia que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, manifiesta que puede ser revisada en la vía de excepción, porque se han vulnerado Derechos Constitucionales, siendo entonces competente, el Tribunal Constitucional y los Tribunales y Jueces ordinarios constituidos en Tribunales de garantías.
Que, de la revisión del testimonio del recurso de Apelación se establece que no consta y no se ha presentado prueba documental alguna que acredite la vulneración de derechos y garantías constitucionales que establezcan a ciencia cierta si se ha vulnerado el derecho al debido proceso o bien su componente de defensa consagrado como garantía constitucional o, se ha vulnerado el principio a la seguridad jurídica.
-Que por el contrario, el Auto de Vista recurrido, vulnera flagrantemente la seguridad jurídica, prevista como principio de impartición de justicia en el art. 178 de la Constitución Política del Estado, al revisar una Sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada desde hace más de 10 años con el simple argumento de que se encuentra vigente la nueva Constitución Política del Estado que busca el “vivir bien” además de hacer hincapié en la protección de los derechos y garantías fundamentales.
-Que la Constitución Política del Estado, no da derecho a los Jueces y Tribunales para realizar interpretaciones personales en palabras vulgares y hacer dibujo libre con el ordenamiento jurídico vigente cuando la citación a la Alcaldesa Aydee Nava que corre a fs. 32 y 33 está correctamente asentadas y no ha sido impugnada en su oportunidad, por lo tanto no corresponde la revisión de un proceso ordinario a través de un incidente de nulidad que está previsto para ver cuestiones accesorias, desnaturalizando el procedimiento civil que rige a la material.
Que si bien las Resoluciones dictadas en ejecución de Sentencia solo pueden ser apeladas en el efecto devolutivo sin recurso ulterior, sin embargo, cuando el Juez pretende alterar la parte dispositiva de una Sentencia, cuando esta reviste el carácter de cosa juzgada, la competencia del Tribunal Supremo se abre para corregir el error.
Acusa asimismo, la vulneración de los arts. 149 al 155 del Código de Procedimiento Civil porque esta normativa dispone que no puede revisarse una Sentencia que tiene calidad de cosa juzgada vía incidente, pues no existe competencia de la Sala Civil Primera, menos si no se ha establecido la vulneración anticipada de derechos y garantías Constitucionales, siendo otras las acciones para su revisión.
Que, se ha conculcado el art. 178 de la Constitución Política del Estado y el art. 514 del Procedimiento Civil, pues la característica o efecto de la cosa juzgada formal y material, es su impugnabilidad o firmeza, excepto cuando existe de por medio lesión de un derecho fundamental.
Que asimismo el Tribunal ha usurpado funciones, arrogándose atribuciones del Tribunal Constitucional, vulnerando los arts. 1 y 122 de la Constitución Política del Estado.
Concluye pidiendo a este Tribunal que CASE el Auto de Vista recurrido y mantenga incólume el Auto Interlocutorio de 14 de junio de 2013, en el marco del art. 271 num. 4 con relación al art. 274 del Procedimiento Civil.
Que, el Auto de Vista recurrido, resuelve una Apelación en efecto devolutivo,
Que el Municipio de Sucre cuando presentó el incidente, el Juez ordenó que se notifique a cualquier persona con igual o mejor derecho para que respondan en el plazo previsto.
Que los demandados y terceros interesados, son notificados mediante Edictos en el marco del art. 124 del Procedimiento Civil, no habiendo respondido los demandados y terceros interesados, no se cumple con el voto de la ley, de nombrar Defensor de Oficio para que los represente, haciendo que los terceros interesados queden en indefensión.
Que emitido el Auto Interlocutorio de 8 de marzo de 2013 que corre a fs. 319 al 320, no se notifica a los demandados y terceros interesados con esa Resolución mediante Edictos y el Municipio Apela, emitiéndose un Auto de Vista que anula observando falta de motivación y fundamentación, por lo tanto ya conocen el caso.
Que el A quo, emite nuevo Auto Interlocutorio N° 178/2013 y tampoco se notifica a los terceros interesados por Edictos y planteada la Apelación por el Municipio, se la remite al Tribunal Departamental a la misma Sala que resuelve, pese a haber emitido ya opinión en el fondo, coligiéndose que al no haberse notificado con las Resoluciones emitidas en el incidente de nulidad se ha dejado en indefensión a los demandados, así como a los terceros interesados, que en su calidad de vendedora es lógico que reclame la falta de notificaciones a los terceros interesados, por lo que pide que se anule obrados hasta que se notifique con el Auto Interlocutorio de 8 de marzo de 2013 y demás Resoluciones judiciales.
De la revisión de los antecedentes del recurso que se analiza, se advierte que el mismo emerge de un Auto Interlocutorio Definitivo, emitido en la fase de ejecución de Sentencia del proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria, seguido por la hoy recurrente contra personas desconocidas.
En ejecución de Sentencia, en fecha 12 de octubre de 2012, el Alcalde Municipal de Sucre, se apersonó interponiendo un incidente de nulidad, que fue rechazado mediante Auto Interlocutorio de 14 de junio de 2013, Apelada la Resolución en el efecto devolutivo, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista N° SCCFI-424/2013 revocando totalmente el referido Auto Interlocutorio y en consecuencia anuló el proceso de usucapión hasta fs. 31 vta., Resolución contra la cual Justa Avalos Paniagua Vda. de Estrada, interpuso el recurso de casación que se considera.
Establecidos los antecedentes del proceso y definido como está, que se trata de una Resolución emitida en ejecución de Sentencia y Apelada en el efecto devolutivo, corresponde contextualizar la normativa pertinente al caso de Autos, así, el art. 518 del Código de Procedimiento Civil dice: “Art. 518.- “Las Resoluciones dictadas en ejecución de Sentencia podrán ser Apeladas sólo en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior.”
Por su parte, el art. 225 del Código de Procedimiento Civil que contiene el catálogo de las Resoluciones a las que corresponde la Apelación en el efecto devolutivo, como a continuación se tiene:
“Art. 225.- (APELACION EN EL EFECTO DEVOLUTIVO).
1) De las Sentencias pronunciadas en los procesos ejecutivos y de los Autos que resolvieren las tercerías interpuestas dentro de estos procesos.
2) De las Sentencias y Autos definitivos dictados en procesos concursales, sumarios y sumarísimos.
3) De los Autos interlocutorios que se pronunciaren durante la sustanciación de los procesos y contra los cuales la sustanciación de los procesos y contra los cuales la ley admitiere este recurso.
4) De los Autos que dieren por reconocidas las firmas, en rebeldía.
5) De las Resoluciones dictadas en ejecución de Sentencia” (El resaltado es nuestro)
Conviene asimismo considerar el art. 255 de la norma Adjetiva, esgrimido por la recurrente, que contiene el catálogo de las Resoluciones que pueden ser recurridas de casación, dispone:
“Art. 255.- (RESOLUCIONES CONTRA LAS CUALES PROCEDE EL RECURSO DE CASACION).
1) Autos de vista que resolvieren en Apelación, las Sentencias definitivas en los procesos ordinarios, ejecutivos, sumarios, concursales y de árbitros de derecho.
5) Sentencias definitivas pronunciadas en primera instancia por las Cortes Superiores del Distrito.”
Como se advierte, el art. 518 del Código de Procedimiento Civil glosado precedentemente, dispone que en ejecución de Sentencia, sólo es procedente la apelación en el efecto devolutivo y como último recurso, esto con la finalidad de no coartar el derecho a la defensa para que la decisión que se considera agraviante para cualquiera de las partes, sea revisada por un Tribunal de Alzada, Resoluciones que tienen carácter definitivo toda vez que por imperio del mismo art. 518 en su última parte, no procede posteriormente ningún otro recurso ordinario ni extraordinario, en este caso, el recurso extraordinario de casación que como se tiene de la normativa desarrollada supra, está destinado a los casos establecidos taxativamente en el art. 255 del Adjetivo Civil, que en sus cinco numerales, establece de manera expresa las Resoluciones que son susceptibles de ser recurridas en casación, advirtiéndose que en ninguno de sus incisos, contempla la posibilidad de procedencia de este recurso contra Resoluciones emitidas en ejecución de Sentencia, concordante esta norma con la previsión establecida en el art. 518 del Código de Procedimiento Civil ya considerado.
Asimismo, el art. 225 del Código de Procedimiento Civil, citado in extenso líneas arriba en su num. 5) establece que para las Resoluciones dictadas en ejecución de Sentencia, procede el recurso de Apelación en efecto devolutivo, como dispuso correctamente el A quo, mediante Auto de fecha 22 de agosto de 2013 que corre a fs. 204 y vlta., sin embargo, Justa Avalos Paniagua Vda. de Estrada, sin advertir las normas citadas precedentemente y soslayando lo dispuesto de manera expresa por el Juez de la causa, interpuso recurso de casación a sabiendas de que no existía recurso ulterior f rente a una Resolución de Alzada, dictada en la fase de ejecución de Sentencia, pretendiendo ampararse en el art. 255 del Adjetivo de la materia, bajo el argumento de que la Resolución impugnada habría realizado una modificación en la parte dispositiva de la Sentencia, citando el Auto Supremo N° 133 de 5 de mayo de 1997, criterio jurisprudencial que resulta descontextualizado, toda vez que con posterioridad a esa fecha, el Tribunal Constitucional y ahora el Tribunal Constitucional Plurinacional, han establecido de manera uniforme criterio vinculante referido a la “cosa juzgada aparente”, asimismo, ese Tribunal, definió que las Resoluciones emitidas en ejecución de Sentencia que atacan esa aparente cosa juzgada, son determinaciones asumidas en ejecución de Sentencia, que no admiten recurso de casación.
Así podemos citar la Sentencia constitucional SC No. 1300/2010-R pronunció: "...Deduciendo resulta que la resolución pronunciada por las Autoridades demandadas no está enmarcada a derecho; es decir, dentro de lo previsto por el Código de Procedimiento Civil, normas legales que -como se tiene dicho- con absoluta precisión y claridad señalan: el art. 518 inc. 5) del CPCl que: "La apelación en el efecto devolutivo procederá en los casos siguientes: 5) De las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia" y el art. 225 inc. 5) "Las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia podrán ser apeladas sólo en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior..." "...Debemos tener presente que las normas jurídicas -en cuanto se refiere a la tramitación de las causas y los recursos- son de orden público y de cumplimiento obligatorio, pues los litigantes no pueden crear su propio procedimiento o sus propios mecanismos de impugnación o pretender calificar un recurso de Alzada en el efecto que les convenga, como acontece en el caso analizado; las Autoridades demandadas quieren dar a la apelación concedida, un efecto que no le corresponde, cuando dicho aspecto no está a disposición de los sujetos procesales, pues la procedencia del recurso, en sus diferentes efectos, emana de la ley y no de la voluntad de las partes, ni de los Juzgadores: Los justiciables saben de los hechos y los juzgadores el derecho, conforme al principio "Iuranovit curia..."
Asimismo en la Sentencia Constitucional Plurinacional No. 0144 de fecha 14 de mayo 2012, además de referir a la anterior Sentencia Constitucional concluye que: "...al provenir el Auto de Vista de la Apelación de un incidente de nulidad planteado en ejecución de Sentencia únicamente, procedía la apelación directa a tramitarse en el efecto devolutivo conforme al art. 518 del Código de Procedimiento Civil por lo que la casación no se constituía en un recurso idóneo a agotar".
De lo anterior, se infiere que al tratarse de un recurso de casación interpuesto en contra de una Resolución dictada en ejecución de Sentencia, el mismo no goza de la posibilidad de ser admitido y tratado en casación, aspecto que debió ser advertido por el Tribunal Ad quem, a quien le correspondía denegar la concesión del recurso en observancia al art. 262 del Código de Procedimiento Civil.
Por lo expuesto, corresponde emitir fallo de conformidad con los arts. 271 num. 1) y 272 num. 1) ambos del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia , con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de fecha 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 1) y 272 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 255 a 259 de obrados interpuesto por Justa Avalos Paniagua Vda. de Estrada contra el Auto de Vista N° SCCFI-424/2013. Con costas.
Se apercibe al Tribunal de Alzada por no haber dado cumplimiento al mandato establecido en el art. 262 num. 1) del Código de procedimiento Civil.
Registrado en el Libro de Tomas de Razón: septimo

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