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Timestamp: 2020-01-17 22:09:14+00:00

Document:
Sentència sobre l'ús de la vivienda familiar | Caso de ley | Divorcio
El Tribunal Suprem considera que una dona ha de perdre el dret a l'ús de la vivenda familiar amb els fills, perquè té una nova parella que hi ha entrat a viure. Es perd, creu el Suprem, el concepte de vivenda familiar perquè s'ha format una família diferent.
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CASACIÓN/982/2018
Esta sala ha visto el recurso de casación interpuesto por el Ministerio
Fiscal, contra la sentencia dictada con fecha 15 de enero de 2018 por la sección
1.ª de la Audiencia Provincial de Valladolid, en los autos de juicio n.º 270/2016
del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Valladolid, sobre modificación de
medidas. Ha sido parte recurrida don XXX, representado por la procuradora
doña Cristina Rey Narcos, bajo la dirección letrada de don Felipe Fernando
Mateo Bueno.
PRIMERO.- 1.º- El procurador don José María Tejerina Sanz de la Rica, en
nombre y representación de don XXX, interpuso demanda de juicio sobre
modificación de medidas, contra doña YYY y alegando los hechos y
fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al
Juzgado se dictara sentencia en el sentido siguiente:
«estimando la demanda, se acuerde la modificación de las medidas aprobadas en los
autos de divorcio contencioso, en los términos expuestos en la presente demanda, declarándose
la extinción del derecho de uso de la vivienda que constituyo el domicilio familiar en favor de la
madre con los hijos pudiendo las partes proceder a la venta de la misma o a su adjudicación a
uno de ellos con el consiguiente abono al otro del importe correspondiente, y alternativamente
y si no se estimase dicha pretensión principal se modifique la pensión de alimentos que el padre
satisface reduciéndola a la suma de ciento veinticinco euros para cada uno de los hijos, con
imposición de costas a la demandada en el caso de que se opusiese a las pretensiones de la
2.º- El Ministerio Fiscal presentó escrito contestando la demanda y alegando los
hechos y fundamentos que estimó de aplicación, terminó suplicando se dicte
sentencia conforme a lo que resulte probado y en base a los preceptos
3.º- El procurador don Cesar Alonso Zamorano, en nombre y representación de
doña YYY, contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de
derecho que consideró de aplicación terminó suplicando al Juzgado dictase en
su día sentencia por la que:
«se desestime íntegramente la demanda en todos sus pedimentos, con expresa
condena en costas al demandante; subsidiariamente, para el supuesto de que se acredite un
incremento sustancial en los ingresos del padre y/o llegara a limitarse el derecho de uso y
disfrute de la vivienda familiar otorgado a la madre y a los hijos, procedería el incremento de la
pensión de alimentos de los menores de cara a sufragar los gastos que supondrían el alquiler
de una vivienda para ellos, obligación 'inherente que también incumbe al progenitor no
custodio».
SEGUNDO.- Previos los trámites procesales correspondiente y práctica de la
prueba propuesta por las partes y admitidas el Sr. magistrado juez del Juzgado
de Primera Instancia n.º 3 de Valladolid, dictó sentencia con fecha 17 de abril
de 2917, cuya parte dispositiva es como sigue FALLO:
«-Se estima parcialmente la demanda de modificación de medidas solicitada por la
procuradora Doña Cristina Rey Marcos, en nombre y representación de DON XXX, frente a
DOÑA YYY, acordando lo siguiente:
»-Se mantiene la atribución del uso y disfrute del domicilio familiar sito en la calle
DIRECCIÓN1 en la forma estipulada en la sentencia de divorcio de 16 de enero de 2014 (autos
de divorcio contencioso n°825/2013).
»-Se acuerda modificar el importe de la pensión alimenticia que el padre abona por sus
hijos reduciéndose de 500 euros mensuales que se estipuló en la sentencia de divorcio a
cuatrocientos euros mensuales (400), doscientos euros mensuales por cada hijo (200),
actualizables anualmente conforme a lo estipulado en la sentencia de divorcio.
TERCERO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la
representación procesal de don XXX. La Sección 1.ª de la Audiencia Provincial
de Valladolid, dictó sentencia con fecha 15 de enero de 2018, cuya parte
«-Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto a nombre de Don XXX
contra la sentencia dictada por la lima. Sra. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia núm.
3 de Valladolid en fecha 17 de abril de 2017 en los autos a que se refiere este rollo, debemos
revocar y revocamos la aludida resolución en los particulares siguientes:
»-Declaramos que el derecho de uso de la vivienda sita en la Calle DIRECCCIÓN1
atribuido en su día a esposa e hijos quedara extinguido en el momento en que se proceda a la
»-Dejamos sin efecto el pronunciamiento que reduce la pensión alimenticia de los hijos
a la suma de 200 euros por cada hijo.
CUARTO.- Contra la expresada sentencia interpuso recurso de casación el
Ministerio Fiscal con apoyo en el siguiente: Motivo: Único.- Infracción del art.
96.1. CC, por vulneración en este tipo de procedimientos del principio prioritario
del interés del menor, conforme a la jurisprudencia de esta Sala.
QUINTO.- Remitidas las actuaciones a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo
por auto de fecha 16 de mayo de 2018, se acordó admitir el recurso interpuesto
y dar traslado a la parte para que formalizara su oposición en el plazo de veinte
SEXTO.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el procurador
don Cesar Alonso Zamorano, en nombre y representación de doña YYY, y la
procuradora doña Cristina Rey Marcos, en nombre y representación de don
XXX, presentaron escritos de impugnación al mismo.
SÉPTIMO.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista
pública, se señaló para pleno de la Sala para el día 16 de octubre de 2018, en
PRIMERO.- Se centra la cuestión controvertida en la determinación de los
efectos que produce la convivencia de la progenitora, que tiene atribuido el uso
de la vivienda familiar, junto a los hijos menores, con una nueva pareja, respecto
de este derecho de uso.
La sentencia ahora recurrida declara extinguido el derecho de uso en el
momento en que se proceda a la liquidación de la sociedad de gananciales. Lo
argumenta de la siguiente forma:
«la vivienda litigiosa, antes del hecho de la entrada en la vida de la esposa de su nueva
pareja, podía seguirse considerando como vivienda familiar en cuanto servía a un determinado
grupo familiar aunque desmembrado y desintegrado tras la crisis matrimonial. Pero
precisamente por la entrada de una tercera persona en el ámbito sentimental de la esposa y
materialmente en la que fue vivienda familiar hace perder a la vivienda su antigua naturaleza de
vivienda familiar por servir en su uso a una familia distinta y diferente. Por ello la sentencia de
la Sala Primera de 19 de noviembre de 2013 solo considera vivienda familiar aquella en que la
familia haya convivido, con una voluntad de permanencia de manera que usando este criterio
consideramos que desaparecida esa familia, bien unida o disgregada, la vivienda ha de perder
también la consideración de vivienda familiar. Porque como señala la sentencia citada no puede
calificarse de familiar a la vivienda que no sirve a los fines del matrimonio y estimamos que no
tiene sentido que los hijos y el custodio sigan manteniendo el uso de un inmueble que ya no
sirve a sus primitivos fines más allá del tiempo que se necesite para liquidar la sociedad
ganancial».
Contra la citada sentencia se interpone recurso de casación por el
Ministerio Fiscal, fundado en un único motivo por infracción del artículo 96.1 del
Código Civil. Considera que en esta clase de procedimientos debe primar el
interés del menor, no el patrimonial de los progenitores. Respecto de la
jurisprudencia invocada en la sentencia recurrida, sentencias 18 de noviembre
de 2013 y 23 de enero de 2017, parte de un supuesto fáctico diferente al
enjuiciado, pues atiende al carácter no familiar de la vivienda o a no ser ésta
necesaria por encontrarse satisfechas sus necesidades de otro modo, y que en
la sentencia 19 de enero de 2017, que se refiere a la presencia de un tercero,
nueva pareja en el domicilio familiar, no se plantea como efecto del derecho de
uso, sino de la prestación alimenticia establecida.
SEGUNDO.- Sobre el asunto que se trae a resolver no se ha pronunciado
directamente esta sala. La presencia de un tercero en la vivienda familiar, cuyo
uso fue asignado a la esposa e hijos menores en virtud de lo dispuesto en el
artículo 96 del Código Civil, fue resuelto en la sentencia 33/2017 de 19 enero,
pero no en relación a la medida de uso, sino desde la rebaja del importe de las
pensiones alimenticias de los menores, en congruencia con lo que había
planteado el recurso.
La sala ratifica los argumentos y pronunciamiento de la sentencia
recurrida y desestima el recurso.
1. La introducción de un tercero en la vivienda en manifiesta relación
estable de pareja con la progenitora que se benefició del uso por habérsele
asignado la custodia de los hijos, aspecto que se examina, cambia el estatus
del domicilio familiar. No se niega que al amparo del derecho a la libertad
personal y al libre desarrollo de la personalidad se puedan establecer nuevas
relaciones de pareja con quien se estime conveniente, lo que se cuestiona es
que esta libertad se utilice en perjuicio de otros, en este caso del progenitor no
custodio. Una nueva relación de pareja, tras la ruptura del matrimonio, tiene
evidente influencia en la pensión compensatoria, en el derecho a permanecer
en la casa familiar e incluso en el interés de los hijos, desde el momento en que
introduce elementos de valoración distintos de los que se tuvieron en cuenta
inicialmente y que, en relación a lo que aquí se cuestiona, se deberán tener en
cuenta, sin perder de vista ese interés de los hijos, que es el que sirvió de título
de atribución del uso, al amparo del artículo 96 del Código Civil.
Una vez más se advierte la insuficiencia del artículo 96 del Código Civil
para resolver este y otros problemas asociados al uso del domicilio familiar.
«la atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos menores de edad es una manifestación
del principio del interés del menor, que no puede ser limitada por el Juez, salvo lo establecido en el Art.
96 CC».
Esta doctrina ha sido aplicada en sentencias posteriores (236/2011, de
14 abril; 257/2012, de 26 abril; 117/2017, de 22 de febrero y 168/2017 de 8
Sin duda, el interés prevalente del menor es la suma de distintos factores
que tienen que ver no solo con las circunstancias personales de sus
progenitores y las necesidades afectivas de los hijos tras la ruptura, de lo que
es corolario lógico y natural la guarda y custodia compartida, sino con otras
circunstancias personales, familiares, materiales, sociales y culturales que
deben ser objeto de valoración para evitar en lo posible un factor de riesgo para
la estabilidad del niño, y que a la postre van a condicionar el mantenimiento de
un status sí no similar sí parecido al que disfrutaba hasta ese momento. Esto se
consigue no solo con el hecho de mantenerlos en el mismo ambiente que
proporciona la vivienda familiar, sino también con una respuesta adecuada de
sus padres a los problemas económicos que resultan de la separación o del
divorcio, para hacer frente tanto a los gastos que comporta una doble ubicación
de los progenitores, como a los alimentos presentes y futuros. La situación del
grupo familiar no es la misma antes que después de la separación o divorcio,
especialmente para las economías más débiles que se dividen y,
particularmente, cuando uno de los cónyuges debe abandonar el domicilio o
cuando se bloquea la normal disposición del patrimonio común de ambos
cónyuges impidiendo una cobertura económica mayor, no solo en favor de los
hijos, sino de los propios padres que han contribuido a crear un patrimonio
común afectado tras la separación por una situación de real incertidumbre.
3. Ahora bien, hay dos factores que eliminan el rigor de la norma cuando
no existe acuerdo previo entre los cónyuges: uno, el carácter no familiar de la
vivienda sobre la que se establece la medida, entendiendo que una cosa es el
uso que se hace de la misma vigente la relación matrimonial y otra distinta que
ese uso permita calificarla de familiar si no sirve a los fines del matrimonio
porque los cónyuges no cumplen con el derecho y deber propio de la relación.
Otro, que el hijo no precise de la vivienda por encontrarse satisfechas las
necesidades de habitación a través de otros medios; solución que requiere que
la vivienda alternativa sea idónea para satisfacer el interés prevalente del menor
(sentencias 671/2012, de 5 de noviembre; 284/2016, de 3 de mayo; 646/2017,
de 27 de noviembre y 181/2018 de 4 abril).
4. La remisión al interés del menor para valorar esta nueva situación
exige tener en cuenta los cambios introducidos en la Ley Orgánica 8/2015, de
22 de julio de Protección Jurídica del Menor. Se trata de una Ley que desarrolla
y refuerza el derecho del menor a que su interés superior sea prioritario, algo
que no es nuevo, teniendo en cuenta, entre otras cosas: a) que este interés no
restrinja o limite más derechos que los que ampara y b) que las decisiones y
medidas adoptadas en interés superior del menor deberán valorar en todo caso
los derechos fundamentales de otras personas que pudieran verse afectados,
primando, en caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos
concurrentes, el interés superior del menor sobre cualquier otro que pudiera
5. La solución dada en la sentencia recurrida no vulnera este interés, ni
contradice la jurisprudencia de esta sala en la interpretación del artículo 96 del
(i) El derecho de uso de la vivienda familiar existe y deja de existir en
función de las circunstancias que concurren en el caso. Se confiere y se
mantiene en tanto que conserve este carácter familiar. La vivienda sobre la que
se establece el uso no es otra que aquella en que la familia haya convivido como
tal, con una voluntad de permanencia (sentencia 726/2013, de 19 de
noviembre). En el presente caso, este carácter ha desaparecido, no porque la
madre e hijos hayan dejado de vivir en ella, sino por la entrada de un tercero,
dejando de servir a los fines del matrimonio. La introducción de una tercera
persona hace perder a la vivienda su antigua naturaleza «por servir en su uso a
una familia distinta y diferente», como dice la sentencia recurrida.
(ii) La medida no priva a los menores de su derecho a una vivienda, ni
cambia la custodia, que se mantiene en favor de su madre. La atribución del uso
a los hijos menores y al progenitor custodio se produce para salvaguardar los
derechos de aquellos. Pero más allá de que se les proporcione una vivienda que
cubra las necesidades de alojamiento en condiciones de dignidad y decoro, no
es posible mantenerlos en el uso de un inmueble que no tiene el carácter de
domicilio familiar, puesto que dejó de servir a los fines que determinaron la
atribución del uso en el momento de la ruptura matrimonial, más allá del tiempo
necesario para liquidar la sociedad legal de gananciales existente entre ambos
El interés de los hijos no puede desvincularse absolutamente del de sus
padres, cuando es posible conciliarlos. El interés en abstracto o simplemente
especulativo no es suficiente y la misma decisión adoptada en su día por los
progenitores para poner fin al matrimonio, la deben tener ahora para actuar en
beneficio e interés de sus hijos respecto de la vivienda, una vez que se ha
extinguido la medida inicial de uso, y que en el caso se ve favorecida por el
carácter ganancial del inmueble y por la posibilidad real de poder seguir
ocupándolo si la madre adquiere la mitad o se produce su venta y adquiere otra
TERCERO.- No se hace especial declaración en cuanto a costas del recurso en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 394.4 Ley de Enjuiciamiento Civil, al
haberlo formulado el Ministerio Fiscal.
Desestimar el recurso de casación formulado por el Ministerio Fiscal contra la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid -Sección 1ª-, de 15 de enero
2018, en el rollo de apelación 394/2017; sin expresa declaración en cuanto a
devolución de los autos y del rollo de Sala.
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 artículo 96

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