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Timestamp: 2018-05-24 08:01:57+00:00

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Vigencia desde 06 de Marzo de 2010. Revisión vigente desde 01 de Julio de 2012 hasta 10 de Noviembre de 2014
Artículo 4 Principios generales que informan la actuación de la Administración pública
CAPÍTULO I. INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
CAPÍTULO II. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO POR PARTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS
SECCIÓN 1. De la igualdad laboral en el sector privado y en la Función Pública canaria
SUBSECCIÓN 1. Igualdad en el ámbito laboral en el sector privado
SUBSECCIÓN 2. Igualdad en el sector público
SECCIÓN 2. Responsabilidad social y Marca de Excelencia Canaria en igualdad
SECCIÓN 1. De la conciliación en las empresas privadas
SECCIÓN 2. De la conciliación en la Función Pública canaria
SECCIÓN 1. Promoción y protección de la salud
SECCIÓN 2. Políticas de bienestar social
SECCIÓN 3. Derecho al embarazo y la maternidad
CAPÍTULO V. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LAS MUJERES
CAPÍTULO VI. PARTICIPACIÓN SOCIAL, POLÍTICA Y ECONÓMICA
CAPÍTULO VII. IMAGEN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
TÍTULO III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
Artículo 72 Evaluación de la aplicación de la ley
Artículo 73 Igualdad de trato en el acceso al uso de bienes y servicios y su suministro
Artículo 74 Acción de cesación y rectificación de la publicidad ilícita
Primera Dotación presupuestaria
Segunda Modificaciones en la legislación autonómica de Canarias
Tercera Modificación de la Ley 1/1994, de 13 de enero, del Instituto Canario de la Mujer
Cuarta Modificación de la Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común
BOIC 9 Abril. Corrección de errores de la L 1/2010, 26 Feb. CA Canarias (de Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Artículo 7 redactado por el número uno del artículo 20 de Ley [CANARIAS] 9/2014, 6 noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias («B.O.I.C.» 10 noviembre). Artículo 8 redactado por el número dos del artículo 20 de Ley [CANARIAS] 9/2014, 6 noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias («B.O.I.C.» 10 noviembre).
Número 5 del artículo 33 redactado por el número uno del artículo 11 de Ley [CANARIAS] 4/2012, 25 junio, de medidas administrativas y fiscales («B.O.I.C.» 26 junio). Número 1 del artículo 69 redactado por el número dos del artículo 11 de Ley [CANARIAS] 4/2012, 25 junio, de medidas administrativas y fiscales («B.O.I.C.» 26 junio). Número 1 del artículo 70 redactado por el número tres del artículo 11 de Ley [CANARIAS] 4/2012, 25 junio, de medidas administrativas y fiscales («B.O.I.C.» 26 junio). Artículo 71 redactado por el número cuatro del artículo 11 de Ley [CANARIAS] 4/2012, 25 junio, de medidas administrativas y fiscales («B.O.I.C.» 26 junio).
La presente Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene como objetivo la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. La eliminación de las desigualdades y discriminaciones que han afectado históricamente a las mujeres y niñas, se encuentra en un proceso avanzado de superación, si bien es cierto que el ritmo y los riesgos de vuelta atrás son ciertos y obligan a las diferentes administraciones a tomar las riendas para que la igualdad sea una realidad. Desde la segundad mitad del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se han impulsado cambios importantes que han afectado sobre todo a la Igualdad en el empleo y en el salario de las mujeres con los hombres; ha sido fundamental el cambio operado en nuestro Estatuto de los Trabajadores relativo a «trabajo de igual valor, igual salario».
Ha sido difícil que nuestra sociedad aceptase que la igualdad tenía que afectar a todos los ámbitos de la vida y desarrollo de las mujeres, no sólo al ámbito laboral. Aquí nos hemos encontrado con la dificultad de concienciación del reconocimiento del derecho a una vida digna y de respeto, cuando nos referimos a la violencia de género.
La Constitución española, aunque responde a un momento en el que todavía no se había desarrollado la sensibilidad social presente, proclama en sus artículos 1 y 14, como valor superior del ordenamiento jurídico, la igualdad de toda la ciudadanía ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Fundamental es la inclusión en este artículo, no sólo de la obligación de promover, sino también la de «remover los obstáculos». A estos preceptos constitucionales hay que unir la cláusula de apertura a las normas internacionales sobre derechos y libertades contenida en el artículo 10.2, las previsiones del artículo 96, integrando en el ordenamiento interno los tratados internacionales publicados oficialmente en España; y el artículo 93, autorizando las transferencias de competencias constitucionales a las organizaciones supranacionales mediante la aprobación de una ley orgánica.
El proceso de descentralización, que a partir del texto constitucional conduce al Estado autonómico, conlleva que sean diversos los poderes públicos que tienen que proyectar y desarrollar políticas de promoción de la igualdad de oportunidades. Es el caso de Canarias y de su Comunidad Autónoma, que recoge en su Estatuto de Autonomía, dentro del título preliminar, en el artículo 5 sobre Derechos y Deberes, de forma expresa en su punto 2.a), que «Los poderes públicos canarios, en el marco de sus competencias, asumen como principios rectores de su política: a) La promoción de las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y de la igualdad de los individuos y los grupos en que se integran». Así mismo, el artículo 30 del Estatuto de Autonomía, recoge en el punto 2, dentro de las competencias exclusivas, «régimen de sus organismos autónomos, de acuerdo con la legislación básica del Estado»; así en la creación del Instituto Canario de la Mujer se da cumplimiento a toda la materia de igualdad recogida como mandato en la Constitución española y en todos los tratados internacionales de los que participe España.
El principio de igualdad ha ido evolucionando hacia exigencias de igualdad de oportunidades reales en todos los ámbitos de la vida, haciendo necesaria la implementación de un enfoque más integral y general de la igualdad de género. Ha sido importante la evolución en los trabajos relacionados con la igualdad, hacia la «igualdad de resultados», ya que si nos quedamos sólo en la «igualdad de oportunidades», no exigimos la responsabilidad de las administraciones y de la sociedad en general en «garantizar el resultado y la efectividad en las políticas que se diseñan para conseguir que la igualdad sea real y efectiva». Es un concepto de las sociedades más avanzadas en lo que significa la implantación de la igualdad como motor de desarrollo de las mujeres en todas sus potencialidades.

References: Artículo 4

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 7
 artículo 20
 Artículo 8
 artículo 20
 artículo 33
 artículo 11
 artículo 69
 artículo 11
 artículo 70
 artículo 11
 Artículo 71
 artículo 11
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 96
 artículo 93
 artículo 5
 artículo 30