Source: http://iachr.org/annualrep/2005sp/Peru12139.sp.htm
Timestamp: 2017-07-26 12:47:18+00:00

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Perú Petición 12.139 - José Luis Forzanni Ballardo
7. El 9 de noviembre de 1998, la CIDH recibió una tercera comunicación del peticionario, en que se denuncian violaciones de los artículos 24 (derecho a la igualdad ante la ley), 8 (derecho al debido proceso) artículo 25 (derecho a la protección judicial), y 1(1) (obligación de respetar los derechos). Por nota del 28 de abril de 1999, la Comisión acusó recibo de la comunicación del peticionario e informó la apertura del caso número 12.139, de acuerdo con las normas del Reglamento de la Comisión vigente en esa fecha. El mismo 28 de abril, las partes pertinentes de la petición fueron transmitidas al Estado, al que se le solicitó que presentara informaciones sobre el caso dentro del plazo de 90 días. 8. El 22 de julio de 1999, el Estado solicitó una prórroga al plazo para presentar la información correspondiente; en consecuencia la Comisión, por nota del mismo día y año, concedió al Estado un plazo adicional de 30 días, informando también sobre dicha decisión al peticionario mediante carta de la misma fecha. 9. La respuesta del Estado fue recibida el 24 de agosto de 1999, en la cual solicitó a la Comisión que se abstenga de conocer esta petición por haber sido presentada después del plazo de seis meses previsto en el artículo 46(1)(b) de la Convención. El 30 de agosto del mismo año la Comisión envió copia de la respuesta del Gobierno al peticionario.
10. El 24 de septiembre de 1999, el Estado envió nuevas observaciones sobre el caso, y solicitó que la CIDH declare inadmisible la petición interpuesta por el ciudadano José Luis Forzanni Ballardo, por falta de competencia de la CIDH, ratione personae, para conocer una petición en la que resultaría ser agraviada una persona jurídica. Las partes pertinentes de la comunicación fueron transmitidas al peticionario el 28 de septiembre de 1998, al que se concedió un plazo de 30 días para presentar su respuesta. 11. El 25 y 28 de octubre de 1999, la Comisión recibió las observaciones del peticionario a la respuesta del Estado. En ellas el peticionario modificaron su petición de modo de incluir argumentos a supuestas violaciones del artículo 21 (derecho a la propiedad privada), en relación con sus anteriores escritos referentes al artículo 24 (derecho a la igualdad ante la ley), 8 (derecho al debido proceso), artículo 25 (derecho a la protección judicial) y artículo 1(1) (obligación de respectar los derechos). El 4 de noviembre de 1999, la Comisión acusó recibo de la comunicación del peticionario fechada y transmitió las partes pertinentes al Estado, otorgándole un plazo de 30 días para la respuesta
20. Por otro lado, el 4 de marzo de 1998, José Luis Forzanni Ballardo, como representante legal de TRALAPU E.I.R.L., denunció ante la Fiscalía Suprema de Control Interno a los vocales y jueces de la Corte Superior del Callao que conocieron los procesos judiciales; por la presunta comisión de los delitos contra la administración de justicia, abuso de autoridad, violación de la libertad de trabajo, denegación y retardo de justicia, y prevaricato, arguyendo que dichos magistrados, al aplicar el Decreto Ley Nº 25604 en forma retroactiva y expedir la resolución de 14 de marzo de 1996 en el proceso sobre pago de intis, habían modificado la sentencia de 18 de agosto de 1989 contraviniendo el mandato de una sentencia de ejecución que constituye una cosa juzgada. 21. La Corte Superior del Callao, mediante Resolución de 12 de marzo de 1998, declaró improcedente la queja, debido a que fue planteada en forma extemporánea, habiendo operado de pleno derecho la caducidad. En vía de apelación interpuesta por el peticionario, dicha Resolución fue confirmada el 30 de octubre de 1998 por la Corte Suprema. Por último, el 3 de septiembre de 1998, el peticionario solicitó una nueva actualización de la moneda, actualización que fue declarada sin lugar el 10 de septiembre del mismo año. 22. El peticionario argumenta que, no obstante haber obtenido sentencia favorable confirmada el 18 de agosto de 1989 por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, no ha podido ejecutarse la misma, debido a que en marzo de 1996 los vocales de la indicada Sala, modificando dicha sentencia que constituía cosa juzgada, habrían aplicado en forma indebida y retroactiva, el Decreto Ley Nº 25604, promulgado en julio de 1992, paralizando la ejecución de la sentencia. 23. Por ende, el peticionario alega que el Estado ha violado en su perjuicio el derecho a la igualdad ante la ley, al debido proceso y protección judicial. Según el peticionario, en un fallo del Tribunal Constitucional publicado el día 7 de marzo de 1997, el comentario de los tratadistas del derecho constitucional señala que el Estado tiene doble personalidad jurídica; cuando ejerce el ius imperium,
actúa como persona de derecho público, y cuando contrata o administra sus bienes patrimoniales privados actúa como persona de derecho privado. El peticionario alega entonces que en consecuencia, cuando contrata y se obliga ante particulares, ambas partes deben someterse a las mismas reglas y no puede el Estado tener un nivel de preeminencia, lo contrario seria ir contra el principio constitucional de igualdad ante la Ley. 24. Afirma asimismo que al no poder ejecutar una sentencia en contra del Estado, el Estado peruano ha transgredido en su perjuicio el derecho al debido proceso, garantizado por el artículo 8 de la Convención. Igualmente, sostiene que no existe seguridad jurídica de ejecutar una sentencia en su favor, de acuerdo con el artículo 25 de la Convención, por considerar que no ha encontrado en el Poder Judicial la atención en su reclamo, al no existir seguridad jurídica.
25. Con respecto a los requisitos necesarios para determinar la admisibilidad, el peticionario subraya que los reclamos presentados conforme al artículo 44 de la Convención Americana se refieren a los derechos personales del Sr. Forzanni Ballardo. En especial,
señala que la empresa TRALAPU E.I.R.L. es sólo un bien, patrimonio y propiedad privada de su persona como consta en la constitución de empresa en la que él conviene a formar la empresa por efecto de la Ley N° 21621 y adecuarse a la legalidad, utilizado como un instrumento a través del cual se provee los dineros para alimentar a su familia. Según el peticionario, el Poder Judicial ha modificado una sentencia que pasó en autoridad de cosa juzgada y también ha hecho retroactividad de una ley de 1992 paralizando o suspendiendo una sentencia de fecha 18 de agosto de 1989. En consecuencia, el peticionario ha sido víctima de un atentado contra su derecho al uso y goce de sus bienes, el cual se encuentra protegido por la Convención en el artículo 21. Agrega que los trabajos y reclamos realizados por TRALAPU E.I.R.L. están representados por el peticionario como dueño y propietario de un bien que es la empresa, amparados en esta ocasión por el artículo 21 derecho a propiedad privada, el artículo 29 (normas de interpretación), el artículo 32 (correlación entre deberes y derechos), y los artículos 44 y 46 de la Convención. Sobre el plazo de presentación, el peticionario sostiene que la denuncia no ha sido presentada después del plazo de seis meses previsto en el artículo 46 (1)(b), porque la decisión definitiva que agotó los recursos internos fue notificada el 1 de octubre de 1998, y la petición fue presentada el 9 de noviembre de 1998. B. El Estado
27. En primer lugar, el Estado peruano argumenta que conforme se desprende de la partes pertinentes y de la propia Nota de la CIDH de la misma fecha, el peticionario presentó su denuncia ante la CIDH el 28 de abril de 1999, siendo dicha fecha totalmente extemporánea, habiendo operado la caducidad del plazo de presentación. En efecto, el Estado sostiene, que la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, resolvió el incidente de nulidad en el proceso sobre pago de Intis, aplicando el Decreto Ley N° 25604, al expedir la Resolución de 14 de marzo de 1996, (aclarada el 22 de noviembre de 1996 en cuanto precisa el nombre exacto de la empresa demandada), disponiendo que será el Comité de Privatización el que, luego de la venta de activos y bienes de PESCAPERÚ S.A., cumpla con el pago de la deuda. 28. El Estado indica que contra dichas Resoluciones, no procedía recurso impugnatorio alguno por haber sido dictadas en un incidente y que no obstante ello, el peticionario reiteró su petitorio dentro del propio proceso. El Juzgado Civil del Callao, invocando el Decreto Ley N° 25604, y conforme a lo ya resuelto por la Sala Civil, desestimó dicho recurso mediante Resoluciones de 9 y 14 de enero 1998, que al no ser impugnadas por el peticionario, agotaron la jurisdicción interna. Por otro lado, la nueva demanda del peticionario sobre cumplimiento de obligación, fue desestimada por la Sala Civil del Callao en segunda y definitiva instancia, por sentencia de 22 de abril de 1997, con ello agotando la jurisdicción interna. Por cuanto a la demanda sobre indemnización de daños y perjuicios, el 3° Juzgado Civil del Callao la declaró infundada el 26 de noviembre de 1997, notificando al peticionario el 28 de noviembre del mismo año, quien no la impugnó, adquiriendo calidad de cosa juzgada y agotando así la jurisdicción interna. 29. Adicionalmente, el Estado alega que la acción penal intentada para establecer la responsabilidad de los magistrados que conocieron los procesos antes indicados no resulta idóneo para resolver la cuestión controvertida, pues tiene otra finalidad. Sobre la base de estas consideraciones, el Estado sostiene que la CIDH debe declarar la inadmisibilidad de la petición, más aún cuando el peticionario no ha expuesto o justificado hecho alguno para invocar la excepción a la aplicación de dicho precepto, habiéndose acreditado que presentó su petición casi dos años después de haber sido notificado de las decisiones jurisdiccionales definitivas que agotaron la jurisdicción interna.
34. El peticionario es una persona natural. Concurre a la Comisión luego de haber concluido un proceso judicial dentro de la jurisdicción peruana en el que el peticionario y presunta víctima no fue personalmente parte, sino lo fue la empresa TRALAPU E.I.R.L. Todo ello se corrobora con la propia prueba aportada por el reclamante. 35. La Comisión ha establecido constante e invariable jurisprudencia sobre la inadmisibilidad de peticiones interpuestas por personas jurídicas empresariales bajo la condición de víctimas directas, o donde el agotamiento de los recursos internos fue realizado por éstas y no por las personas naturales que se presentan como peticionarios ante la Comisión.[3]
Tal es la situación en el presente caso donde la presunta víctima invoca dicho carácter en su condición de titular de una persona jurídica y a nombre de la cual se agotaron los recursos internos. El propio peticionario reconoce que la persona jurídica es un instrumento jurídico para desarrollar actividades económicas. Una de las razones para la creación de personas jurídicas, es separar su patrimonio del de las personas físicas que la constituyen. Precisamente, tal como lo distingue la legislación peruana, y todas las legislaciones del hemisferio, personas jurídicas son diferentes a las personas humanas, físicas o naturales y por ende, el régimen jurídico al que están sujetos también es diferente.[4]
37. En este caso, el peticionario alega que el Estado del Perú ha violado en su perjuicio el derecho a la igualdad ante la ley, al debido proceso, y protección judicial, garantizados por los artículos 24, 8, y 25 de la Convención, respectivamente. La prueba aportada por el peticionario y los hechos descritos por él en su denuncia, revelan una conexión sustancial entre las violaciones alegadas y los reclamos de TRALAPU E.I.R.L., empresa de la cual el peticionario es gerente titular. En efecto, estas presuntas violaciones se refieren a actos u omisiones de las autoridades de PESCAPERÚ S.A., empresa estatal de Perú, y de las autoridades judiciales del Estado, las cuales se relacionan directamente con TRALAPU E.I.R.L. --un ente con personalidad jurídica-- y no con el peticionario como persona individual. Esto se refleja claramente en los escritos presentados por el peticionario y en el hecho que los recursos jurisdiccionales internos fueron interpuestos y agotados a nombre y en representación de TRALAPU E.I.R.L., cómo persona jurídica. Por lo tanto, la Comisión concluye que los presuntos actos de discriminación y trasgresión del debido proceso y de las garantías judiciales, se habrían cometido en agravio de la empresa comercial, y no de una persona protegida en los términos que ha sido consagrada la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 38. Igualmente, el peticionario alega que ha sido víctima de un atentado contra su derecho de propiedad, protegido por la Convención en el artículo 21. Cabe señalar que
en el sistema interamericano, el derecho a la propiedad es un derecho personal y la Comisión tiene atribuciones para proteger los derechos de un individuo cuya propiedad es vulnerada,- pero no tiene jurisdicción sobre los derechos de personas jurídicas, tales como compañías y empresas. El peticionario ha presentado esta acción alegando que el Estado peruano ha tomado acciones destinadas a afectar los derechos de la empresa TRALAPU E.I.R.L. La Comisión considera que lo que está en discusión no es el derecho a la propiedad privada del reclamante sino derechos patrimoniales de una empresa comercial, y que este caso no cae dentro de la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por lo demás, la Comisión observa que el señor Forzanni Ballardo no intervino como parte en ninguno de los procedimientos judiciales agotados por TRALAPU E.I.R.L. Tampoco ha alegado que alguna persona física o natural haya agotado los recursos de la jurisdicción interna, se haya presentado ante las autoridades nacionales como agraviado, ni haya manifestado algún impedimento para dejar de hacerlo. Asimismo, la denuncia penal invocada contra los funcionarios judiciales, fue en representación de la mencionada empresa. Por consiguiente, no se han agotado dichos recursos de jurisdicción interna en relación al derecho individual de propiedad del peticionario. 39. A la luz de tales consideraciones y en virtud de lo dispuesto en los artículos 1(2) y 47(c) de la Convención y 31 de su Reglamento, la Comisión concluye que carece de competencia ratione personae activa para conocer la presente petición.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 17(2) del Reglamento de la Comisión, la Comisionada Susana Villarán, de nacionalidad peruana, no participó en el debate ni en la decisión del presente caso.
Decreto Ley N° 21621, Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Capitulo I, Disposiciones Generales. Artículo 1° - La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada es una persona jurídica de derecho privado, constituida por voluntad unipersonal, con patrimonio propio distinto al de su Titular, que se constituye para el desarrollo de actividades económicas de Pequeña Empresa, al amparo del Decreto Ley 21435. [3]
Los siguientes casos, entre otros: CIDH, Banco de Lima, Informe N° 10/91, Caso 10.169, Perú, Informe Anual 1990-1991, p. 452 y sig. CIDH, Tabacalera Boquerón, Informe N° 47/97, Paraguay, Informe Anual 1997, p. 229 y sig. CIDH, Mevopal, S.A., Informe N° 39/99, Argentina, Informe Anual 1999. CIDH, Bernard Merens y Familia, Informe N° 103/99, Argentina, Informe Anual 1999. CIDH, Bendeck- COHDINSA, Informe N° 106/99, Honduras, Informe Anual 1999.

References: artículo 25
 artículo 46
 artículo 21
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 1
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 44
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 29
 artículo 32
 artículo 46
 Resolución 
 artículo 21
 artículo 17
 Artículo 1