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Timestamp: 2019-11-17 00:56:50+00:00

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Sentencia nº 170 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 10 de Marzo de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 593319858
Número de Expediente: 14-0848
Expediente n.° 14-0848
Consta en autos que, el 11 de agosto de 2014, la ciudadana L.M.D., titular de la cédula de identidad n.° 9.299.483, actuando en su propio nombre, con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 83.897, solicitó a esta Sala la revisión de la sentencia n.° RC.000360 que dictó la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de justicia, el 9 de junio de 2014, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, el 8 de noviembre de 2013, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la sociedad mercantil SEGUROS CARACAS de LIBERTY MUTUAL, C.A.
El 13 de agosto de 2014, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
Que el 7 de diciembre de 2011, la ciudadana L.M.D., incoó demanda por cumplimiento de contrato en contra de la sociedad mercantil SEGUROS CARACAS de LIBERTY MUTUAL, C.A.
Que el 26 de abril de 2013, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas dictó sentencia definitiva en la causa y declaró con lugar la demanda.
Que el 2 de mayo de 2013, la sociedad mercantil SEGUROS CARACAS de LIBERTY MUTUAL, C.A., apeló del fallo dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas.
Que el 8 de noviembre de 2013, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, declaró con lugar la apelación interpuesta por la sociedad mercantil SEGUROS CARACAS de LIBERTY MUTUAL, C.A., así como declaró sin lugar la demanda que por motivo de cumplimiento de contrato tiene incoada contra la referida sociedad mercantil.
Que el 9 de junio de 2014, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas.
Que “…[e]l origen de la acción incoada contra la Empresa aseguradora, consiste en que al momento de RENOVAR PERIODO 2011-2012, la Sociedad Mercantil SEGUROS CARACAS de LIBERTY MUTUAL, C.A., [le] impuso como condición ASEGURAR DOS (02) BIENES MUEBLES, adicional a las Pólizas ya contratadas, de lo contrario, no [le] renovaría el periodo antes señalado, actitud ésta que [le] pareció un abuso y una arbitrariedad por parte de la Empresa Aseguradora…”.
Que “…el fallo casacional confutado no analiza el documento cuya desviación ideológica se ha denunciado, no desciende a su conocimiento, sino que repite los argumentos del Tribunal ad quem…”.
Que si la Sala “…entendió que la denuncia delatada, correspondía a una SUPOSICIÓN FALSA, mal pudo declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación anunciado…”.
Que “…cabe señalar que la Sala [de] Casación Civil, conforme al reiterado criterio ha sostenido, que no es posible suplir la actividad interpretativa de los contratos propia de los jueces de instancia, sino cuando se proponga la correspondiente denuncia de suposición falsa, lo que ha ocurrido en el presente caso…”.
Que “…[p]or notoriedad judicial se constata que la Sala de Casación Civil, en sentencia N° RC 000187 de[l] 26 de mayo de 2006 [rectius 2010] (caso: V.E.C.S. contra Valle Arriba Athletic Club C.A.) estableció el criterio conforme al cual es posible combatir en casación las conclusiones jurídicas a las que arribó el juez, producto de la desnaturalización de los contratos, en los casos de denuncias de suposición falsa por desviación ideológica…”.
Que “…la Sala de Casación Civil aplicó al caso sometido a su conocimiento un criterio distinto al que había adoptado meses antes para resolver un caso análogo. Esa inconsecuencia en la doctrina jurisprudencial pone al descubierto la violación del derecho a la igualdad que [le] asiste como parte actora/recurrente, ya que, en éste caso en particular, dicha Sala dejó, sin explicación alguna, de realizar un análisis de un posible vicio que había conducido a la declaratoria de nulidad, por lo que le otorgó un trato distinto al que otorgó en una oportunidad anterior, contrariando con ello, el contenido del artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”.
Que “…la Sala de Casación Civil no precisó el por qué abandonó o se apartó del criterio que imperaba para ese entonces y adoptó la nueva orientación, por lo que dicho cambio jurisprudencial careció de motivación y vulneró los principios jurídicos fundamentales de seguridad jurídica y expectativa legítima, así como el derecho constitucional a la igualdad que [le] corresponde como recurrente en casación (aquí solicitante), quien tenía la expectativa plausible de que [su] asunto se decidiera de acuerdo con la jurisprudencia que imperaba para ese entonces…”.
Que “…llama poderosamente la atención el señalamiento que realiza la Sala en reiteradas ocasiones cuando dice, ‘una mezcla de denuncia’, ‘no cumple con la técnica’ la ‘técnica adecuada para delatar el vicio’ que exige la Sala de Casación Civil para la formalización de la denuncia, pero, sin embargo, aplicó los principios constitucionales artículo 26 y 257 de nuestra Carta Magna…”.
Que “…si la ley procesal civil no exige una técnica específica para la formalización del recurso más allá de los requisitos previstos en el artículo 317 y 320 del Código de Procedimiento Civil, basados fundamentalmente en un escrito razonado en el que se exponga: 1) La decisión o decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1° del artículo 313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; 4) La especificación de las normas jurídicas que el Tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas; mal puede el órgano encargado de sustanciarlo y decidirlo imponer una técnica mutu propio (sic) en perjuicio de los derechos constitucionales de los justiciables…”.
Que “…[e]n resguardo a la tutela judicial eficaz, consider[a] que es esencial que los jueces interpreten y apliquen los presupuestos, requisitos y reglas procesales de acceso a la justicia, tanto en la vía principal como en la de los recursos, de manera que cumplan, de la mejor manera posible, con su finalidad, que no es otra que la regulación del iter procedimental con respecto a los derechos de todas las partes para la resolución de la controversia…”.
Que “…[e]s fundamental, para el respeto al derecho a la tutela judicial eficaz, el principio pro actione, que exige un razonamiento de las normas que rigen el acceso a los tribunales del modo que más favorezca a la pretensión y no de manera tal que el logro de una resolución sobre el fondo se dificulte u obstaculice. (Vid. sentencia n.° 1163, de[l] 18 de noviembre de 2010, caso: Organización Italcambio, C.A.)…”.
Que “…se observa que la Sala de Casación Civil juzgó sobre el recurso de casación que había sido formalizado y lo declaró sin lugar bajo el argumento de que en la denuncia efectuada por la recurrente fue cuestionada la conclusión alcanzada por el juez de la alzada, luego de la valoración realizada a las pruebas y no un hecho positivo y concreto establecido falsamente por la recurrida, aserto que el VICIO DENUNCIADO era una SUPOSICIÓN FALSA por lo que dicha Sala en amparo del artículo 257 de nuestra Carta Magna, por cuanto sacrificó el acceso a la justicia por el incumplimiento con requisitos no esenciales, que no están expresamente previstos en el artículo (sic) 317 y 320 del Código de Procedimiento Civil. Pero sin embargo violó el derecho a ser juzgada conforme a lo ajustado a derecho cuando distorcionó (sic) su criterio, todo ello en contravención [de la] sentencia N° RC 000187 de[l] 26 de mayo de 2006 (caso: V.E.C.S. contra Valle Arriba Athletic Club C.A.) estableció el criterio conforme al cual es posible combatir en casación las conclusiones jurídicas a las que arribó el juez, producto de la desnaturalización de los contratos, en los casos de denuncias de suposición falsa por desviación ideológica…”.
Que “…[é]sta señalización con respecto a la falta de técnica, tra[e] a colación al voto salvado del Magistrado Luis Antonio Ortiz Hernández, donde manifestó su disentimiento con respecto al fondo de la decisión objeto de la revisión constitucional, por considerar que dicho pronunciamiento al admitir que la SALA [de] CASACIÓN CIVIL en presencia de una SUPOSICIÓN FALSA, no debió dictar pronunciamiento, dada la falta de técnica grave que impide su conocimiento por parte de la recurrente, al incumplir con la doctrina de ésta Sala sobre la suposición falsa del primer tipo de desviación ideologica (sic) intelectual, que sería la unica (sic) forma que habilitaría a la Sala para éste tipo de pronunciamiento de casación sobre los derechos de forma excepcional, como fue establecido el fallo antes mencionado, al ser la sala de casación civil (sic) un tribunal de derecho, considerando además un exceso de jurisdicción que se haga de ésta forma, quedando la sala (sic) al margen de una actuación que se podría calificar de ultra vires, aunado al hecho de que con este modo de proceder, insist[e] en [su] criterio, dijo el magistrado, se estaría modificando la doctrina de ésta sala (sic) reflejada en el fallo antes mencionado. Si bien es cierto compart[e] esto ultimo (sic) con el magistrado disidente. Motivo por el cual somet[e] dicho fallo al conocimiento de ésta Sala Constitucional…”.
II DE LA COMPETENCIA DE LA SALA El artículo 336, en su ordinal 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de: “[r]evisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.
Tal potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca fallos que hayan sido expedidos tanto por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 25, ordinal 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) como por los demás tribunales de la República (artículo 25, ordinal 10 eiusdem), pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del Texto Fundamental.
En el presente caso se requirió la revisión de la sentencia n.° RC.000360 que dictó la Sala de Casación Civil el 9 de junio de 2014, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, el día 8 de noviembre de 2013; razón por la cual esta Sala se declara competente para conocer de la referida solicitud de revisión, y así se decide.
III DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN La Sala de Casación Social decidió el recurso de casación en los siguientes términos:
SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, el día 8 de noviembre de 2013
Como fundamento de su dispositiva, en cuanto a los puntos que fueron delatados como fundamento de la solicitud de revisión, dicha Sala de Casación Social expuso:
De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la recurrente denuncia ‘el VICIO DE SUPOSICIÓN FALSA por error de percepción en el juzgamiento de los hechos y de las pruebas, lo cual constituye uno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, con infracción del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil (sic) ordinal 5°, sustentado en lo siguiente:
‘...En atención a lo que aquí he venido descifrando en primer lugar, dando un enfoque a lo que rige un procedimiento de esta naturaleza, segundo lugar, como sucedieron los hechos y por ultimo dictamen de la recurrida. Evidenciándose que la conclusión del juez de alzada no es compatible con el texto, la cual considero que estamos en presencia de una desnaturalización del contrato. Ahora bien, esta Sala ha determinado que la desnaturalización o desviación intelectual del contenido de los contratos por parte de los jueces, sólo es denunciable en casación mediante el primer caso de suposición falsa, es decir, no por error de derecho propiamente dicho, sino mediante el alegato de error de percepción en el juzgamiento de los hechos, lo cual constituye uno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. (Sentencia de fecha 13/03/03, N° 80).
c) Cuadros de recibos que rielan en folio 18 al 21, 23 y 24, 26 y 27 del 29 al 34, la cual la recurrida expuso: ‘En consecuencia no le otorga valor probatorio. Y así se decide.’
e) correspondiente a Carta de fecha 2 de Mayo de 2012, marcada con letra ‘G’ que riela en folio 38, establece: ‘Al respecto este sentenciador considera que la referida carta nada aporta a la resolución de la presente controversia, ya que lo que se trata de dilucidar es si la empresa aseguradora cumplió o no con el contrato de seguro; en consecuencia no se le otorga valor probatorio. Y así se decide.’
Ahora bien, estando en presencia el juez de alzada ante una situación como ésta, donde es evidente el cumplimiento de ACTOS PROCESALES, como lo son: contestación a la demanda; promoción y evacuación de pruebas, actuaciones fundamentales para resolver la controversia, y donde específicamente en escrito de CONTESTACIÓN A LA DEMANDA la parte demandada SEGUROS CARACAS DE LIBERTY MUTUAL, C.A., RECONOCIÓ y expresamente ADMITIÓ los hechos afirmados en la demanda, sumado a que las PRUEBAS interpuestas por la parte demandante, no fueron desconocidas en la oportunidad legal establecida en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil por la parte demandada SEGUROS CARACAS DE LIBERTY MUTUAL, C.A., y si le añadimos el hecho que, la parte demandada SEGUROS CARACAS DE LIBERTY MUTUAL, C.A., en su formalización a la APELACIÓN interpuesta, que corre inserto en folios 142 al folio 151, ‘escrito de apelación’, no señala el MOTIVO por el cual apela y por qué apela de la sentencia de fecha 26 de abril 2013, proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, donde declaró con lugar la acción interpuesta de cumplimiento de contrato (corre inserta folio 121 al 136), como, es, que el juez de alzada ha DECLARADO: CON LUGAR el recurso de Apelación; SIN LUGAR la demanda por motivo de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO; REVOCÓ la decisión de fecha 26 de abril de 2013, proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Monagas y por ultimo (sic) ORDENÓ al a quo condenar en COSTAS a la parte perdidosa de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil por haber sido totalmente vencida...’.
Siendo que la pretensión deducida se opone por la existencia de un contrato celebrado entre las partes, en el cual quien lo incumplió fue la demandada, estando perfectamente facultado los actores, a su elección, para solicitar el cumplimiento o resolución del contrato, como parte actora elegí el cumplimiento por considerar que la empresa aseguradora debió notificarme su voluntad de no prorrogar o en sus efectos su voluntad para el período 2011-2012 no ofrecer financiamiento, mediante una notificación escrita dirigida al último domicilio que conste en cuadro-recibo, efectuada con un plazo de por lo menos un (1) mes de anticipación a la conclusión del período de seguro en curso, tal como lo establece la referida cláusula en su último párrafo, situación fáctica que forma parte del supuesto de hecho de la referida norma. En efecto, el artículo 1.167 del Código Civil establece expresamente que ‘...en el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello...’.
EL CUMPLIMIENTO se demanda por no cumplir lo establecido en la referida cláusula que dispone ‘....La prórroga no procederá si una de las partes notifica a la otra su voluntad de no prorrogar, mediante una notificación escrita a la otra parte dirigida al último domicilio que conste en el cuadro-recibo, efectuada con un plazo de por lo menos un (1) mes de anticipación a la conclusión del periodo de seguro en curso’.
El caso es que la RENOVACIÓN para el período 2011-2012 no fue otorgada por la empresa aseguradora en virtud, para que ésta tuviera lugar me imponía como condición que debía ASEGURAR DOS (2) BIENES, bien fuesen Muebles e Inmuebles, de lo contrario debía PAGAR AL CONTADO, motivo por la cual, me negué rotundamente, en virtud que para la fecha no contaba con recursos económicos para pagar las tres (3) P.a.c., obviamente insistí de manera avasallante, tomando yo misma la situación en mis manos, dirigiéndome personalmente a la Oficina de la Demandada, por considerar que era un derecho adquirido por venir de manera consecutiva desde el año 2008, pagando puntualmente mi obligación contraída, e igualmente por considerar que su ‘NUEVA POLÍTICA’ de no dar FINANCIAMIENTO debieron notificármela un mes antes de la conclusión del período establecido el cuadro-recibo, tal como lo establece la cláusula 5 del referido contrato. Todas las diligencias, ciudadano Magistrado, resultaron infructuosas, viéndome en la imperiosa necesidad de instar a la empresa contratante SEGUROS CARACAS de LIBERTY MUTUAL, C.A. que, su negativa me lo hiciera saber por escrito, fue hasta el día 2 de Mayo 2011 que expide Misiva, riela folio 41, de su negativa al requerimiento (continuar pagando mis pólizas bajo financiamiento, tal como se inició la relación contractual desde 2008) durante el trámite para que esta Empresa cediera, obviamente transcurre el Período de Gracia (6-4-2011), agotados todos los intentos y con la expedición de la referida misiva, se llega a la conclusión que la Empresa No dio Financiamiento, no se consumó el período 2011-2012, me excluyó como cliente, dejándome en un estado sin protección alguna ni para mi, ni para ninguno de mis hijos, motivo éste que da origen a la acción interpuesta de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
La descabellada SENTENCIA de fecha 8-11-2013, proferida por el JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO, DEL TRABAJO Y DE PROTECCIÓN DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS, mal interpretando las normas que rigen un procedimiento como éste aludiendo tal como lo manifestó y estableciendo: ‘Ahora bien, en el caso bajo estudio y de la revisión minuciosa de las actas procesales, se observa que se dejaron transcurrir íntegramente los plazos de gracia y de espera para que la demandante realizara el pago de la prima correspondiente al período 2011-2012, cuyo pago no se evidencia en autos para que la demandante continuara disfrutando de los servicios de la empresa aseguradora. Y así se decide. (Así se lee folio 193 de la sentencia impugnada).
Este Alto Tribunal ha establecido de manera pacífica y reiterada que la interpretación del contrato es de la soberanía de los jueces de instancia y que el límite entre la soberana interpretación del contrato y la tergiversación o desnaturalización de la voluntad contractual, está constituida por la conclusión del Juez con el texto de la mención que interpreta. Por tanto, si el establecimiento de los hechos realizados por el Juez son compatibles con la expresión de la voluntad de las partes, estamos en la esfera de la interpretación; si por el contrario, la conclusión del sentenciador no es compatible con el texto, estaríamos en presencia de una desnaturalización del contrato, caso que nos ocupa, (Sentencia de fecha 23 de julio de 2003, caso: Venezolana de Inversiones y Proyectos (VEINPRO C.A.) c/ Asociación Civil Provivienda, Doctor J.D.P.G., Exp. N° 01-959)…’. (Negrillas, mayúsculas y subrayado de la formalizante).
En principio, esta Sala ha establecido reiteradamente que resulta un error mezclar en una misma denuncia los vicios de suposición falsa, la incongruencia del fallo, tergiversación y errónea interpretación del contrato así como de su calificación, lo cual de por sí constituye un error, pero lo es aún más el hecho de no haber mencionado ninguna norma jurídica que soporte la denuncia en casación. En efecto, la formalizante hace una serie de señalamientos sobre la interpretación del contrato de seguro, y con base en ello, hace referencia al contenido del artículo 1.167 del Código Civil, haciendo mención única y exclusivamente que ‘…el referido error fue determinante del dispositivo del fallo recurrido, toda vez que el artículo 1.167 del Código Civil contempla la posibilidad de intentar la pretensión de cumplimiento de contrato, que es precisamente lo planteado en el juicio’, lo cual hace que, además de que exista una inadecuada fundamentación de la denuncia, se dificulte la comprensión de lo delatado.
‘…la suposición falsa tiene que referirse forzosamente a un hecho positivo y concreto que el juez establece falsa e inexactamente en su sentencia a causa de un error de percepción, entre otras razones, porque no existan las menciones que equivocadamente atribuyó a un acta del expediente. Ahora bien, como el mencionado vicio sólo puede cometerse en relación con un hecho establecido en el fallo, quedan fuera del concepto de suposición falsa las conclusiones del juez con respecto a las consecuencias jurídicas del hecho, porque en tal hipótesis se trataría de una conclusión de orden intelectual que aunque errónea, no configuraría lo que la ley y la doctrina entienden por suposición falsa…’.
‘MOTIVA
En el caso en cuestión, es necesario regirse por la Ley de Contrato de Seguro que es la que regula la materia. De acuerdo al artículo 6° de la mencionada Ley tenemos que el contrato de seguro se constituye como: ‘…un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio, de buena fe y de ejecución sucesiva’; y en su artículo 4° establece los principios de interpretación, que copiados son:
Artículo 4°. ‘Cuando sea necesario interpretar el contrato de seguro se utilizarán los principios siguientes:
5. Las cláusulas que importe la caducidad de derechos del tomador, del asegurado o del beneficiario, deben ser de interpretación restrictiva, a menos que la interpretación extensiva beneficie al tomador, al asegurado o al beneficiario’.
Artículo 1.134: ‘El contrato es unilateral, cuando una sola de las partes se obliga; y bilateral, cuando se obligan recíprocamente’.
De allí que para el Civilista E.M.L., en su libro ‘Curso de Obligaciones, Derecho Civil III’, Tomo II, pag. 541 (2007), define el contrato bilateral de la siguiente manera:
Ahora bien, del análisis anterior de las precitadas normas, aplicado al caso en cuestión, tenemos que el contrato de seguro realizado por ambas partes establece las Condiciones Generales y Particulares, aprobados por la Superintendencia de Seguros, de cuyo contenido se desprende la Cláusula 5 de las Condiciones Generales que es objeto de la pretensión por parte de la accionante: Cláusula 5: ‘La vigencia de esta póliza es por el término de la Primera Prima pagada, a contar de la fecha de comienzo de la Póliza y el pago de las primas subsiguientes, a su vencimiento, renovará la vigencia por los períodos a que corresponda cada pago de acuerdo a lo previsto en la presente cláusula.
El contrato se entenderá renovado automáticamente al finalizar el último día de duración del período de vigencia anterior y por un plazo igual, siempre que el tomador pague la prima correspondiente al nuevo período de seguro, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 11 ‘Plazo de Gracia’ de las condiciones particulares de la presente póliza, entendiéndose que la renovación no implica un nuevo contrato, sino la prórroga del anterior.
La prórroga no procederá si una de las partes notifica a la otra su voluntad de no prorrogar, mediante una notificación escrita a la otra parte dirigida al último domicilio que conste en el Cuadro-Recibo, efectuada con un plazo de por lo menos un (1) mes de anticipación a la conclusión del período de seguro en curso’.
En cuanto al cuadro-recibo de la póliza de Liberty Salud Nº 2405466, consignado por la demandada como prueba, observa este sentenciador que se evidencia la voluntad de prorrogar el referido contrato por parte de la empresa aseguradora y que además de ser un trámite administrativo la emisión del mismo, se perfecciona con el pago de la prima convenida por parte del tomador, como lo establece el artículo 51 de la Ley de Contrato de Seguro ‘(…) La emisión de un cuadro recibo o recibo de póliza para un nuevo período y el pago de la prima son prueba de la renovación de la póliza en las mismas condiciones en que estaba pactada’. En relación a ello y de la revisión exhaustiva de las actas procesales, no se evidencia en autos el pago de la prima correspondiente al período 2011-2012 por parte de la demandante. Y así se decide’. (Negrillas de la Sala).
Como se evidencia de la precedentemente transcripción de la sentencia recurrida, el juez superior estableció que del análisis de los artículos 4° y 6° de la Ley de Contrato de Seguro, del artículo 1.134 del Código Civil así como de la Cláusula 5° de las Condiciones Generales del Contrato de Seguros, aprobado por la Superintendencia de Seguros ‘la vigencia de esta póliza es por el término de la primera prima pagada, a contar de la fecha de comienzo de la póliza y el pago de las primas subsiguientes, a su vencimiento, renovará la vigencia por los períodos a que corresponda cada pago de acuerdo a lo previsto en la presente cláusula’.
Con base en la anterior determinación, el juez superior consideró que ‘el contrato se entenderá renovado automáticamente al finalizar el último día de duración del período de vigencia anterior y por un plazo igual, siempre que el tomador pague la prima correspondiente al nuevo período de seguro, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 11 ‘Plazo de Gracia’ de las condiciones particulares de la presente póliza, entendiéndose que la renovación no implica un nuevo contrato, sino la prórroga del anterior…’ y que ‘la prorroga no procederá si una de las partes notifica a la otra su voluntad de no prorrogar, mediante una notificación escrita a la otra parte dirigida al último domicilio que conste en el Cuadro-Recibo, efectuada con un plazo de por lo menos un (1) mes de anticipación a la conclusión del período de seguro en curso’. Al respecto, dejó asentado que ‘en el caso bajo estudio y de la revisión minuciosa de las actas procesales, se observa que se dejaron transcurrir íntegramente los plazos de gracia y de espera para que la demandante realizara el pago de la prima correspondiente al período 2011-2012, cuyo pago no consta en autos para que la demandante continuara disfrutando de los servicios de la empresa aseguradora…’, y que del ‘cuadro-recibo de la póliza de Liberty Salud Nº 2405466, consignado por la demandada como prueba, observa este sentenciador que se evidencia la voluntad de prorrogar el referido contrato por parte de la empresa aseguradora y que además de ser un trámite administrativo la emisión del mismo, se perfecciona con el pago de la prima convenida por parte del tomador, como lo establece el artículo 51 de la Ley de Contrato de Seguro ‘(…) La emisión de un cuadro recibo o recibo de póliza para un nuevo período y el pago de la prima son prueba de la renovación de la póliza en las mismas condiciones en que estaba pactada’. En relación a ello y de la revisión exhaustiva de las actas procesales, no se evidencia en autos el pago de la prima correspondiente al período 2011-2012 por parte de la demandante…’, determinando con todo ello, que la p.n.p.s. renovada por responsabilidad de la tomadora quien no pagó la prima antes de su vencimiento ni en el período de gracia establecido en el contrato de seguro. (Negrillas de la Sala).
‘CLAUSULA 5: RENOVACIONES
El contrato se entenderá renovado automáticamente al finalizar el último día de duración del período de vigencia anterior y por un plazo igual, siempre que el tomador pague la prima correspondiente al nuevo período del seguro, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 11 ‘Plazo de Gracia’ de las condiciones particulares de la presente póliza, entendiéndose que la renovación no implica un nuevo contrato, sino la prórroga del anterior
‘CLAUSULA 11: PLAZO DE GRACIA
Con el fin de no causar interrupciones en la protección ofrecida por la P.y.d.e. plazos de espera en ocasión de las renovaciones, el Asegurado debe efectuar el pago de las Primas de futuros períodos, a más tardar el mismo día en que termina el período anterior. La falta de pago de la prima en el tiempo establecido en el párrafo anterior, se entenderá como la voluntad del tomador de anular la póliza, quedando ésta sin validez ni efecto alguno…’. (Negrillas de la Sala).
Con base en las razones expuestas, esta Sala desestima la denuncia de suposición falsa por tergiversación del contrato, delatada por la formalizante. Así se establece…”.
IV MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN Conforme a lo antes expuesto, en el caso sub examine se pretende la revisión del acto jurisdiccional n.° RC.000360, del 9 de junio de 2014, mediante el cual la Sala de Casación Civil declaró sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, el día 8 de noviembre de 2013, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la sociedad mercantil SEGUROS CARACAS de LIBERTY MUTUAL, C.A.
Ahora bien, la revisión contenida en el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constituye una facultad extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional que posee esta Sala Constitucional con la finalidad objetiva de resguardar la integridad del texto constitucional a través de la vigilancia o control del acatamiento por parte del resto de los tribunales del país con inclusión de las demás Salas de este Tribunal Supremo de Justicia de las interpretaciones vinculantes que hubiese hecho, para el mantenimiento de una interpretación uniforme de sus normas y principios jurídicos fundamentales, lo cual conlleva a la seguridad jurídica; de allí que se cuestione y deba impedirse que la misma se emplee como sucedáneo de los medios o recurso de impugnación o gravamen, como si con ella fuese posible el replanteamiento y juzgamiento sobre el mérito de lo debatido, al que debió ponérsele fin con el acto de juzgamiento cuestionado, es decir, con un claro interés jurídico subjetivo que abiertamente colide con la finalidad objetiva de dicho instrumento o medio de protección del texto constitucional (revisión objetiva), a menos que se intente contra actos jurisdiccionales dictados por las otras Salas que integran este Tribunal Supremo de Justicia por causa de violaciones a derechos constitucionales, con fundamento en la decisión n.° 325 del 30 de marzo de 2005 (caso: Alcido P.F. y otros), donde se amplió el objeto de la revisión al restablecimiento de situaciones jurídicas subjetivas por afectación a derechos constitucionales por causa de una decisión del resto de las Salas (revisión subjetiva).
Por otro lado, es pertinente aclarar que esta Sala, al momento de la ejecución de su potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y con el fin de garantizar la cosa juzgada, a guardar la m.p. en cuanto a la admisión y procedencia de peticiones que pretendan la revisión de actos de juzgamiento que han adquirido el carácter de cosa juzgada judicial; de allí que esta Sala esté facultada para desestimar cualquier requerimiento como el de autos, sin ningún tipo de motivación, cuando, en su criterio, se verifique que lo que se pretende en nada contribuye con la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, en virtud, pues, del carácter excepcional y limitado que ostenta la revisión.
En el caso sometido a su consideración, se desprende, de la alegación de la solicitante de revisión, que se requirió la revisión de la decisión en cuestión por cuanto la Sala de Casación Social no analizó el documento cuya desviación ideológica se ha denunciado, sino que repitió los argumentos del ad quem; asimismo, que en reiterado criterio se ha sostenido que no es posible suplir la actividad interpretativa de los contratos propia de los jueces de instancia, sino cuando se proponga la correspondiente denuncia de suposición falsa. Por otra parte, que la Sala de Casación Civil aplicó al caso sometido a su conocimiento un criterio distinto al que había adoptado meses antes para resolver un caso análogo, y que esa inconsecuencia en la doctrina jurisprudencial pone al descubierto la violación del derecho a la igualdad que le asiste como parte actora-recurrente, ya que, en éste caso en particular, dicha Sala dejó, sin explicación alguna, de realizar un análisis de un posible vicio que había conducido a la declaratoria de nulidad, por lo que le otorgó un trato distinto al que otorgó en una oportunidad anterior, contrariando con ello, supuestamente, el contenido del artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y vulnerando los principios jurídicos fundamentales de seguridad jurídica y expectativa legítima.
Ahora bien, luego del análisis de los argumentos y delaciones sobre las cuales se pretende fundar la solicitud de revisión, así como de los recaudos que fueron consignados con el escrito que la contiene, constata esta Sala Constitucional que ninguna de las denuncias posee suficiente contundencia para su estimación, toda vez que es claro que estas giran en torno a su manifiesta disconformidad con el acto de juzgamiento que forma su objeto, sin que hubiese hecho alegaciones sólidas cuya comprobación o demostración permitiesen la subsunción de sus dichos en la violación de algún precedente vinculante que hubiese establecido esta Sala Constitucional con anterioridad a dicho juzgamiento, o en otro de los supuestos establecidos para la procedencia de este extraordinario medio de protección del texto constitucional, es decir, sus denuncias se circunscriben a su sola situación jurídica subjetiva, sin ninguna trascendencia más allá de los límites de la misma, con la sola intención de que se haga un nuevo juzgamiento sobre su situación controvertida, como si la revisión fuese una instancia más del proceso donde se dictó el acto decisorio cuestionado, lo cual no sería procedente ni aún en el supuesto negado de que efectivamente se hubiesen producido alguno de los errores denunciados, pues éstos, se insiste, no se consideran de cierta envergadura o trascendencia que permita su subsunción en algunos de los supuestos de procedencia mencionados.
En efecto, se observa que la Sala de Casación Civil, pese que la denuncia de falso supuesto no cumplía con la debida técnica casacional, decidió conocer la delación planteada entendiendo “que lo que realmente pretende denunciar es el supuesto error cometido por el juez en la interpretación del contrato que, según alega, le impidió apreciar que la empresa aseguradora no cumplió con el contenido de la cláusula quinta del contrato de seguro, que la obligaba a notificarle su voluntad de no prorrogar la póliza de seguro, mediante una denuncia de suposición falsa”.
Asimismo, luego del análisis del contrato determinó que el juez superior no erró en la interpretación del contrato, sino que su conclusión “sobre la interpretación y alcance del contrato de seguro es compatible con el texto y las normas establecidas por la Superintendencia de Seguros para este tipo de contratos, razones suficientes para que este Alto Tribunal considere que no es procedente la denuncia de suposición falsa por tergiversación del contrato planteada por el formalizante”, y que, en definitiva, la póliza no fue renovada por responsabilidad de su tomadora, al no haber demostrado en los autos el pago de la prima, en fuerza de lo cual declaró sin lugar el recurso de casación.
De lo anterior se deduce que la Sala de Casación Civil no incurrió en ninguna arbitrariedad en su labor de juzgamiento o fundamentación, que pudiese considerarse vulneradora de algún principio, norma o derecho constitucional que permitiese la subsunción de su actuación en alguno de los supuestos de procedencia de este medio de cuestionamiento de la constitucionalidad de los actos decisorios.
Así pues, se observa que en este caso no puede afirmarse que la Sala de Casación Civil haya contrariado el criterio establecido en sentencias previas sobre el conocimiento de denuncias de falso supuesto, pues, en la sentencia n.° RC000187/2010, señalada como precedente para un pronunciamiento favorable a la solicitante, se reiteraron los requisitos para la adecuada denuncia del falso supuesto, sin embargo, en ese caso, el análisis de esa delación fue favorable a los recurrentes, en contraposición a la consecuencia del estudio de la denuncia en este caso particular, en el que, pese a haber conocido del falso supuesto, extremando su deber a favor de la justicia, la Sala de Casación Civil concluyó en que no se dio el vicio denunciado.
Aunado a ello, en este caso se aprecia que la coincidencia de criterios entre la conclusión de la Sala de Casación Civil y del Juzgado Superior, no es violatoria de derechos constitucionales sino, por el contrario, evidencia criterios uniformes de interpretación que propenden al logro de la tan ansiada seguridad jurídica.
Esta circunstancia evidencia que la solicitud de revisión solo pretende que esta Sala Constitucional juzgue sobre la valoración y apreciación que hizo la Sala de Casación Civil sobre la causa sometida a su conocimiento, sin que ninguna de ellas posean certeza en sus dichos ni trascendencia fuera de la relación jurídica de las partes intervinientes, como si la revisión constitucional fuese una instancia más del proceso o estuviese dirigida a la tutela directa de una situación jurídica subjetiva, en clara desnaturalización de su finalidad objetiva de resguardo de la integridad del texto constitucional.
En razón de todo lo expuesto, se desprende que la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia no se extralimitó en sus funciones, por el contrario, actuó ajustada a derecho cuando declaró sin lugar el recurso de casación, contra la decisión que dictó la Sala de Casación Civil el 9 de junio de 2014, ello aunado a que se requirió la revisión del veredicto en cuestión sin que se hubiese delatado, mucho menos demostrado, alguna situación fáctica o jurídica que pudiese subsumirse en alguno de los supuestos que estableció esta Sala para la procedencia de este medio extraordinario de protección del texto constitucional, resultan razones más que suficientes para la desestimación de la solicitud.
Como corolario de todo lo anterior y en virtud de que esta Sala considera que la revisión que se pretendió no contribuiría con la uniformidad de la interpretación del Texto Fundamental, además de que el fallo objeto de la misma encuadra en alguno de los supuestos de procedencia que, previa y reiteradamente, ha fijado esta Sala, debe declararse que no ha lugar la revisión que fue pretendida. Así se decide.
que es COMPETENTE para conocer de la solicitud de revisión constitucional que interpuso la ciudadana L.M.D., contra la sentencia n° RC.000360 que dictó la Sala de Casación Civil el 9 de junio de 2014.
NO HA LUGAR la mencionada solicitud de revisión constitucional.
Expediente n.° 14-0848.

References: artículo 21
 artículo 26
 artículo 317
 artículo 313
 artículo 313
 resolución 
 resolución 
 artículo 257
 artículo 336
 artículo 335
 artículo 313
 artículo 320
 artículo 243
 artículo 320
 resolución 
 artículo 429
 artículo 274
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 1
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 artículo 6
 artículo 4

Artículo 4

Artículo 1
 artículo 51
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 artículo 51
 artículo 336
 artículo 21