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Timestamp: 2020-07-13 13:34:07+00:00

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Sentencia nº Rol 2995-16 de Tribunal Constitucional, 27 de Marzo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 673031821
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Matías Gallardo Araya respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, en el proceso penal RIT 19-2016, RUC 1500180517-4, sobre delito de amenazas y porte ilegal de municiones, seguidos ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso,... (ver resumen completo)
Con fecha 8 de marzo de 2016, M.L.G.A., representado por la Defensoría Penal Pública, deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, que establece P.S. a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad, para que surta efectos en el proceso penal RIT 19-2016, RUC 1500180517-4, seguidos ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota, y bajo el Rol 340-2016, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
En relación con la gestión judicial en que incide el requerimiento, el actor refiere que se siguió en su contra, ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota, causa penal por los presuntos delitos del artículo 9°, inciso segundo de la Ley N° 17.798, de Control de Armas, esto es, porte ilegal de municiones, así como el previsto en el artículo 217 del Código de Justicia Militar, amenazas a funcionarios de Carabineros de Chile. Comenta que en la audiencia de control de detención, el Ministerio Público formalizó investigación en su contra por dichos ilícitos, decretándose medidas cautelares personales en dicha instancia.
En la actuación procesal en comento, el persecutor público expuso, entre otros hechos, que el requirente habría sido sorprendido por efectivos policiales portando, en el interior de un vehículo, cartuchos de escopeta aptos para ser percutidos, no contando con el debido permiso para dicho porte.
Posteriormente, el Ministerio Público dedujo acusación en su contra, siendo condenado, con fecha 11 de febrero de 2016, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota, a las penas de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, accesorias legales, comiso de las municiones incautadas, eximiéndosele del pago de las costas.
Frente a dicha sentencia, el actor dedujo para ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, recurso de nulidad, y apelación a la decisión de denegarle la sustitución de la pena privativa de libertad impuesta, cuya resolución se encuentra pendiente por decisión de esta Magistratura Constitucional, dando origen a la gestión pendiente de estos autos.
Conforme expone el actor, la norma respecto de la cual se solicita la declaración de inaplicabilidad, contraviene, en la gestión pendiente descrita, los artículos 1°; y, 19, numerales 2° y 3°, inciso sexto, todos de la Constitución Política, así como los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en tanto se estaría en presencia de una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar, careciendo ésta de fundamentos razonables y objetivos, tornándose inidónea para alcanzar la finalidad prevista por el legislador.
El requirente comienza reseñando los antecedes que tuvo en consideración el legislador al momento de introducir modificaciones al cuerpo legal que contiene el precepto reprochado.
Así, en primer término, señala que la reforma generada por la Ley N° 20.603 a la Ley N° 18.216, de Penas Sustitutivas a la Pena Privativa de Libertad, trató el retomar el impulso original del legislador de este cuerpo, esto es, la reinserción social de las personas condenadas, introduciendo modificaciones en que se vuelve la idea original de pena, con nuevas modalidades de cumplimiento de ésta, más modernas en pos del enunciado fin. No obstante ello, de forma posterior a esta modificación, la Ley N° 20.813, excluyó algunos de los tipos penales contemplados en la Ley N° 17.798, de Control de Armas, como el previsto en el artículo 9°, de la posibilidad de optar a las penas sustitutivas que contempla la ley N° 18.216, como la que permite al condenado acceder a la pena sustitutiva de remisión condicional.
A este respecto, el actor explica que el precepto reprochado genera una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar. El tipo penal por el cual fue acusado el actor, comenta, tiene como bien jurídico protegido el orden público, figura estructurada como de peligro abstracto, existiendo en la legislación nacional diversos delitos que comparten dicha estructura dogmática, pero sólo las personas, como el requirente, acusadas y eventualmente condenadas por la mayoría de los ilícitos contemplados en la Ley de Control de Armas, se ven excluidos de optar a las penas sustitutivas previstas en la Ley N° 18.216.
Así, favoreciéndole la atenuante de irreprochable conducta anterior, establecida en el artículo 11, numeral 6° del Código Penal, y no concurrir en la especie agravante alguna, cumpliendo el actor con los requisitos para optar a pena sustitutiva, en tanto no ostenta anotaciones penales pretéritas, la disposición reprochada del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, le denegará al juez la posibilidad de su eventual concesión, cuestión que califica, también, como un trato diferenciado con los condenados por otros delitos que, de igual forma, atentan contra el bien jurídico orden público, como sucede respecto a los casos que enuncia, contemplados en la Ley N° 20.000.
Esta diferencia de trato carecería de fundamentos razonables y objetivos, tornándose así en discriminatoria, sin criterios identificables y aceptados en un Estado de Derecho que permitan que ello ocurra, lo que es revelado por la ausencia de debate parlamentario en la tramitación legislativa de la reforma que introdujo el precepto impugnado en nuestra legislación.
De la misma forma, las diferencias de trato que se generan con la norma en comento, contrastadas con la Constitución Política, no son idóneas para alcanzar la finalidad que ha previsto el legislador. El actor comenta que en el ámbito penal, el requisito de idoneidad exige que tanto el injusto como la consecuencia jurídica sean aptos para alcanzar la protección del bien jurídico o los fines de la pena, en que esta última, conforme los fines del constituyente, puede ser resocializadora de la persona, esto es, lograr con la sanción la rehabilitación del autor; o, buscando la prevención general, intimidar a la población con la pena.
A este respecto, el requirente señala que, a nivel comparado, es la reinserción social el fin primordial entregado a las penas. Si bien no es reconocido explícitamente en la Constitución chilena, ello puede entenderse incorporado en nuestro ordenamiento ya que, en virtud del artículo 5°, inciso segundo del Texto Fundamental, es aplicable en nuestro país la disposición del artículo 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra dicho fin a la sanción penal, cuestión que se enlaza con lo prescrito en el artículo 1° de la...

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 217
 resolución 
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 1