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Timestamp: 2018-10-23 01:39:26+00:00

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﻿ SENTENCIA T-951 DE OCTUBRE 7 DE 2004
SENTENCIA T-951 DE 07 DE OCTUBRE DE 2004
CONTENIDO:DESVINCULACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE OCUPAN CARGOS DE CARRERA EN PROVISIONALIDAD. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE DESVINCULACIÓN DE UN FUNCIONARIO QUE EJERCE EN PROVISIONALIDAD UN CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA DEBE JUSTIFICAR LA JUSTA CAUSA POR LA CUAL SE LO SEPARA DEL MISMO, PUES LOS MOTIVOS DE PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO QUE PUEDEN ADUCIRSE PARA TOMAR TAL DECISIÓN DEBEN QUEDAR CLARAMENTE EXPUESTOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACTO ADMINISTRATIVO, PROVISIÓN DE EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA, DESVINCULACIÓN DEL EMPLEADO PÚBLICO
REVISTA TUTELA N°:61 DE ENERO DE 2005, PG.120
Sentencia T-951 de octubre 7 de 2004
Sent. T-951, oct. 7/2004. Exp. T-900.588
Procedencia: Tribunal Superior del Distrito de Pereira —Sala de Decisión Laboral—.
La Sala Sexta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra —quien la preside—, Humberto Sierra Porto y Álvaro Tafur Galvis, ha proferido la presente,
En la revisión del fallo adoptado por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira en el proceso de tutela adelantado por Luz Myriam Garzón Cardona en contra del gobernador del departamento de Risaralda, Carlos Alberto Botero López.
Afirma que en enero de 2004 le fue solicitada la renuncia del cargo por solicitud expresa de la Secretaría de Cultura del departamento y luego por el director de recursos humanos de la entidad territorial.
Como se rehusara a presentar renuncia, pues la demandante afirma que es cabeza de familia y que requiere del sueldo para subsistir, fue notificada del Decreto 56 de 19 de enero de 2004, por el cual se declaró insubsistente su nombramiento en el cargo que venía ejerciendo.
Adicionalmente, señala que fue la propia administración la que fijó el término de la provisionalidad al señalar en la resolución de nombramiento que el cargo se ejercería mientras se realiza el proceso de selección necesario, “hasta que el Congreso de la República expida la nueva ley que estructure la comisión nacional del servicio civil para la provisión definitiva del cargo”, hecho que no había sucedido cuando ocurrió su desvinculación.
La demandante solicita que se ordene a la administración departamental disponer la revocación del Decreto 56 del 19 de enero de 2004, por el cual se declaró insubsistente su nombramiento y, en consecuencia, que se ordene su reintegro inmediato al cargo que venía desempeñando, con la obligación de cancelarle los salarios y prestaciones dejadas de percibir.
(sic)3. Contestación de la demanda.
En respuesta a la demanda de la referencia, la abogada Kathia Milena Quiroz Naranjo, en representación del departamento de Risaralda, se opuso a las pretensiones de la misma, en los siguientes términos:
Para el departamento, el acto administrativo que decretó la desvinculación de Luz Myriam Garzón Cardona al cargo que venía desempeñando en la Secretaría de Educación no requería ser motivado, pues la peticionaria lo ejercía en provisionalidad, no en propiedad. En este sentido, afirma que los servidores públicos vinculados en provisionalidad no ostentan los privilegios de la carrera administrativa, así el cargo que ejerzan sea de carrera administrativa y ello implica que el acto de desvinculación no debe motivarse.
Mediante sentencia del 23 de febrero de 2004, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira resolvió positivamente la solicitud de amparo.
Adicionalmente, el a quo manifiesta que a pesar de que el derecho al trabajo no es un derecho fundamental, el mismo puede ser amparado cuando por su vulneración se pone en peligro un derecho fundamental. En el caso de la peticionaria —agrega el juez de circuito— la administración no motivó el acto administrativo de desvinculación, lo cual es violatorio del debido proceso si se tiene en cuenta que no existió ninguna justa causa para disponer la desvinculación de la demandante.
Por la desvinculación denunciada también se vulnera el derecho al trabajo —dice el juez de instancia—, pues a pesar de que nadie tiene derecho a permanecer indefinidamente en un cargo, tampoco puede desvinculárselo si no existe un motivo suficiente para hacerlo, como podría serlo una razón disciplinaria o el haberse convocado al concurso de méritos para proveer la vacante.
Inconforme con la sentencia de instancia, el departamento de Risaralda impugnó la providencia en cuestión. Para el departamento, existe una clara diferencia entre los empleados públicos que se vinculan a la administración en provisionalidad y los que están en propiedad o en período de prueba. La provisionalidad, dice el ente territorial, permite al nominador ejercer su potestad discrecional de libre nombramiento y remoción, lo cual se encuentra avalado por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Adicionalmente, como después de la Sentencia C-372 de 1999 de la Corte Constitucional, el único ente habilitado para efectuar los concursos de mérito para proveer los cargos de carrera en propiedad es la Comisión Nacional del Servicio Civil, las entidades administrativas se encuentran imposibilitadas de adelantar los procesos de selección por el sistema de concursos.
La gobernación asegura que la tesis de que la desvinculación de los empleados de libre nombramiento y remoción que ocupan provisionalmente un cargo de carrera administrativa no requiere ser motivada se encuentra justificada en la jurisprudencia del Consejo de Estado (especialmente en la providencia de unificación de ago. 14/2003, Sec. Segunda, Subsec. A, exp. 4475-02), así como en la del Tribunal Administrativo de Risaralda, algunos de cuyos fallos transcribe. Al mismo tiempo, reconoce que la discrecionalidad para retirar a un funcionario de libre nombramiento y remoción no puede confundirse con la arbitrariedad, pero que, de todos modos, la decisión de desvincularlo no requiere ser motivada.
El impugnante asegura que a pesar de que el a quo aplicó la doctrina de la Corte Constitucional en la materia, la misma Corte acepta que el juez contencioso administrativo es el encargado de definir este asunto al advertir en sus providencias que la protección al derecho fundamental se otorga de manera provisional mientras el titular del derecho acude a la jurisdicción contenciosa para debatir el caso. En este contexto, el impugnante asegura que constituiría un grave perjuicio para la administración el que se le confiriera fuero de estabilidad a quienes ocupan cargos de carrera en provisionalidad, pues estos no han agotado el concurso de méritos que se requiere para ocupar en propiedad el cargo.
Finalmente, afirma que el perjuicio irremediable de la demandante no se evidencia, puesto que el sistema de seguridad social prevé un período de protección posterior a la desvinculación que le garantiza la prestación del servicio de salud por un tiempo prudencial mientras consigue volverse a afiliar.
A juicio del ad quem, en el caso particular la peticionaria tenía abiertas las puertas de la acción judicial contencioso administrativa con el fin de controvertir la legalidad del Decreto 5600 (sic) de 2003 por el cual se declaró insubsistente su nombramiento. En tal medida, ya que la demandante contaba con otra vía de defensa judicial idónea y eficaz para la protección de sus derechos fundamentales, la tutela resulta improcedente, tanto más cuanto que la peticionaria no logró demostrar que se enfrentara a un perjuicio irremediable como consecuencia de su desvinculación.
En efecto, la demandante no demostró que el perjuicio enfrentado fuera grave o que requiriera medidas impostergables, a lo cual se suma que por disposición del Gobierno Nacional —con el D. 2340/2003— se instauró el seguro de desempleo que puede ser reclamado por los colombianos que lo pierdan y sean jefes cabeza de familia, el cual está diseñado para cubrir por seis meses las necesidades básicas de salud, educación y capacitación.
7. Saneamiento de la nulidad procesal por falta de notificación a tercero.
Mediante auto del 26 de agosto de 2004, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas decidió abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo en el caso objeto de revisión, toda vez que el proceso de tutela de la referencia no había sido notificado a la persona que luego de la desvinculación de la peticionaria había entrado a ocupar su cargo, deficiencia que, según la jurisprudencia constitucional, acarreaba la nulidad de las actuaciones.
En consecuencia, la Sala ordenó poner en conocimiento de la nulidad planteada al tercero con interés legítimo para actuar, con el fin de permitirle alegar la nulidad detectada o sanearla, si lo consideraba pertinente.
En memorial del 15 de septiembre de 2004 (fls. 116 a 120, cdno. ppal.), la señora Juliana María Roldán Gómez intervino en el proceso para sanear la nulidad en mención, además de lo cual se opuso a los cargos de la demanda por considerar que la provisionalidad en el cargo no concede a su titular los mismos derechos que se derivan de la carrera administrativa. Al indicar que viene ocupando el cargo del cual fue desvinculada la peticionaria, la señora Roldán Gómez aseguró que también es madre cabeza de familia, con dos hijos, y que ha desempeñado su cargo de manera responsable, eficiente, ágil y eficaz. Finalmente, advierte que, como lo asegura el Tribunal Superior de Pereira, la peticionaria ya ejerció la acción judicial tendente a obtener el reintegro ante la justicia, por lo que debe ser la jurisdicción administrativa la que desate definitivamente el caso.
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, y los artículos 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991, es competente para revisar la sentencia de segunda instancia adoptada en el proceso de la referencia, dado que la nulidad detectada mediante auto del 26 de agosto de 2004 fue saneada plenamente por voluntad expresa del afectado.
El problema jurídico de esta tutela consiste en determinar si la administración está obligada a motivar el acto administrativo de desvinculación de un servidor público que ocupa en provisionalidad un cargo de carrera administrativa. No obstante, antes de entrar al análisis de ese asunto, la Sala debe determinar si la tutela, en el caso concreto, es procedente.
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela solo procede cuando el peticionario no dispone de otro mecanismo de defensa judicial o cuando aquella se utiliza como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
En cuanto a lo primero, la jurisprudencia es clara al señalar que las acciones contenciosas administrativas son las vías judiciales ordinarias de defensa con que cuentan los asociados para enfrentar la ilegalidad de los actos administrativos acusados de vulnerar derechos fundamentales. A este respecto la Corte ha dicho, por ejemplo, que “la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, es el instrumento jurídico específico que puede utilizar el actor para solicitar de la jurisdicción contencioso administrativa la declaratoria de nulidad del acto administrativo; esto es, para plantear su pretensión orientada a la pérdida de su eficacia jurídica por la ocurrencia de un vicio que afecta su validez (ilegalidad, incompetencia, forma irregular, etc.) y que, en consecuencia, se le restablezca en su derecho o se le repare el daño” (1) .
En la misma providencia, la Corte expresó que la idoneidad del mecanismo ordinario se reflejaba incluso en el hecho de que, de acuerdo con el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, era posible solicitar la suspensión provisional del acto administrativo impugnado, frente a la vulneración evidente de la norma jurídica constitucional (2) . Esta posición se funda, dice la Corte, en que “la justicia constitucional no puede operar como un mecanismo de protección paralelo y totalmente ajeno a los medios de defensa judiciales de carácter ordinario, sino que, por el contrario, se debe procurar una coordinación entre estos, con el fin de que no ocurran interferencias indebidas e invasiones de competencia no consentidas por el constituyente. Es precisamente la adecuada aplicación del principio de subsidiariedad lo que logra la articulación de los órganos judiciales en la determinación del espacio jurisdiccional respectivo” (3) .
En cuanto a la procedencia de la acción de tutela para obtener el reintegro al cargo de un trabajador que ha sido desvinculado, la Corte ha defendido una posición concordante: la tutela —dice la jurisprudencia— no es el mecanismo adecuado para satisfacer una pretensión de reintegro, pues para ello están dispuestas las vías judiciales ordinarias, una de las cuales es la contencioso administrativa. A este respecto se refirió en la Sentencia SU-250 de 1998, cuando dijo que “la tutela no puede llegar hasta el extremo de ser el instrumento para garantizar el reintegro de todas las personas retiradas de un cargo” (4) .
Pese a todo lo anterior y dando aplicación precisamente a la preceptiva constitucional, la Corte Constitucional ha dicho que cuando el derecho fundamental se enfrente a un perjuicio irremediable, la tutela se convierte en el mecanismo idóneo para dispensar de manera transitoria la protección solicitada. En un caso similar al que ahora se analiza, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte, en Sentencia T-756 de 1998, dejó en claro que, frente a la inminente e irremediable vulneración de un derecho fundamental, la tutela se convierte en el mecanismo de defensa principal y prevalente frente a los demás medios de ordinarios de impugnación.
Para reclamar reintegro, existe otro procedimiento, se trata de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se tramita en la jurisdicción contencioso administrativa, luego hipotéticamente solo se aceptaría la tutela como mecanismo transitorio si hay un perjuicio irremediable (T-576/98, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
En consecuencia, no todo perjuicio puede ser considerado como irremediable, sino solo aquel que por sus características de inminencia y gravedad, requiera de medidas de protección urgentes e impostergables. Con todo, esta previsión del artículo 86 de la Carta debe ser analizada en forma sistemática, pues no puede olvidarse que existen ciertas personas que por sus condiciones particulares, físicas, mentales o económicas, requieren especial protección del Estado, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los niños, las mujeres embarazadas, los menesterosos o las personas de la tercera edad” (Sent. T-1316/2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes) (resaltado fuera del original).
De acuerdo con lo anterior, para que la tutela interpuesta por Luz Myriam Garzón Cardona prospere, es necesario verificar si esta se enfrenta a un perjuicio irremediable que sea necesario conjurar.
Ciertamente, en el expediente figuran fotocopias de documentos en los que constan los exámenes realizados a Paula Alejandra Cañas Garzón, hija de la peticionaria, relacionados con la existencia de una “masa compleja de predominio quístico dependiente de ovario izquierdo” (fls. 16 a 23). Igualmente, figura la orden médica expedida por un especialista en obstetricia que, en relación con el tratamiento al que dicha patología debe ser sometida, sugiere la resección “prioritaria” del quiste de ovario (fl. 15). En este sentido, respecto del derecho al mínimo vital, pero también del derecho a la salud de la menor, que por requerir de tratamiento prioritario se infiere que compromete su integridad física, el perjuicio irremediable se encuentra comprobado (5) . A ello se suma que la demandante asegura bajo juramento —no desmentido por la parte demandada— que es madre cabeza de familia y que de ella depende la subsistencia de su hija.
5. Análisis de la línea jurisprudencial en materia de motivación de los actos de desvinculación de funcionarios que ocupan cargos de carrera en provisionalidad.
En la misma providencia, la Corte hizo una aseveración de carácter general que vincula la necesidad de motivar los actos administrativos de desvinculación con el requerimiento de protección del interés público. Ciertamente, la Corte aseguró que el interés general al cual ha venido haciendo mención este fallo, es un principio fundante (C.P., art. 1º) y es también principio de la función pública (C.P., art. 209) por eso, cuando se afecte ese interés general puede haber retiro del interino; y esa afectación del interés general debe expresarse en la motivación del acto administrativo. Este es el alcance de la permanencia para los interinos mientras se hacen los nombramientos en propiedad, previo el concurso ordenado por el artículo 131 de la Constitución Política.
De manera enfática, la Sala determinó que “la estabilidad laboral de un funcionario que ocupa un cargo de carrera administrativa no se reduce por el hecho de que lo haga en provisionalidad; en otros términos, el nombramiento en provisionalidad de servidores públicos para cargos de carrera administrativa, como es el caso, no convierte el cargo en uno de libre nombramiento y remoción. Por ello, el nominador no puede desvincular al empleado con la misma discrecionalidad con que puede hacerlo sobre uno de libre nombramiento y remoción, a menos que exista justa causa para ello” (6) .
En la Sentencia C-734 de 2000 la Sala Plena de la Corte acogió las consideraciones vertidas en la SU-250 de 1998 a propósito de la revisión de la constitucionalidad del artículo 26 del Decreto 2400 de 1968 (7) . Allí advirtió nuevamente que la desvinculación de los funcionarios de libre nombramiento y remoción no requiere de motivación, pues su situación laboral no es similar a los que ocupan cargos de carrera administrativa, donde la discrecionalidad se restringe.
Al conceder la acción de tutela, la Corte resaltó que la tesis según la cual los actos de desvinculación de funcionarios que ejercen en provisionalidad cargos de carrera deben ser motivados no resulta incompatible con la del Consejo de Estado, que no exige tal motivación, pues mientras la Corte analiza la falta de motivación desde la perspectiva de la defensa de los derechos fundamentales, el Consejo de Estado lo hace desde la perspectiva de la protección de la legalidad, lo cual permite asegurar que no obstante las apreciaciones del máximo tribunal de lo contencioso administrativo, desde el punto de vista de los derechos fundamentales la motivación del acto resulta indispensable. Sobre este particular la Corte aseguró:
“Y, a juicio de la Sala, esos criterios del máximo organismo de la jurisdicción contencioso administrativa sobre la materia que se debate, para nada se oponen en lo que a la acción de tutela se refiere, comoquiera que si en esta el análisis se endereza a determinar si existió la violación o amenaza de uno o más derechos fundamentales consagrados en la Carta, derivada de la expedición del acto administrativo que declaró insubsistente un nombramiento, el examen del caso no puede reducirse a considerar que como el empleado estaba ocupando un cargo en provisionalidad, la administración podía removerlo sin motivación alguna sobre la base de que se presume la legalidad del acto administrativo correspondiente porque se supone que la medida fue inspirada en el buen servicio, sino que al juez constitucional de tutela le resulta indispensable determinar las circunstancias en que su (sic) suscitó esa provisionalidad, el eventual desconocimiento a lo dispuesto por la ley para proveer el cargo de carrera mediante concurso de méritos y si existió o no una justa causa para el retiro, pues solo así habrá de establecer si se quebrantó o no algún derecho fundamental y, es en ese sentido y propósito que deben entenderse las afirmaciones de la Corte Constitucional consignadas en las tantas veces citada sentencia T-800 de 1998” (Sent. T-884/2002, M.P. Clara Inés Vargas).
Con posterioridad, en la Sentencia T-610 de 2003, la Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la Corte concedió la protección constitucional a la empleada del Hospital Departamental de Nariño, quien había sido desvinculada de un cargo de carrera que venía ejerciendo en provisionalidad. La Corte determinó que “la discrecionalidad no exonera a la administración de la necesidad de justificar su actuación, pues la motivación de un acto administrativo se consagra como una garantía para el administrado” (8) .
Así mismo, teniendo en cuenta la calidad de provisionalidad en el cargo de carrera que venía desempeñando, la resolución que declaró la insubsistencia de su nombramiento debió motivarse. Como se indicó en los fundamentos 4 y 5 de esta sentencia, la no motivación de tal acto administrativo constituye una vulneración al debido proceso de la accionante. La Sala considera verdaderamente injusto el hecho de que a la peticionaria no se le hayan indicado las razones de su retiro, pues solo durante el trámite de la presente acción de tutela la entidad planteó los supuestos motivos de su decisión (9) , sin que al momento de la expedición del referido acto administrativo hubiera tenido la oportunidad de conocer o controvertir las razones de su insubsistencia y ejercer su derecho de contradicción y defensa (Sent. T-752/2003, M.P. Clara Inés Vargas).
Nuevamente, en Sentencia T-1011 de 2003, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas estudió el caso de un funcionario de la Fiscalía General de la Nación que, aunque reconocía estar ocupando un cargo en provisionalidad, alegaba que el mismo era de carrera y que, por ello, gozaba de cierta estabilidad que consistía en que su desvinculación no podía ser decretada sin motivación alguna. Aunque la tutela fue denegada en aquella oportunidad porque el demandante no logró demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, la Corte reconoció que “el fuero de estabilidad ampara a quienes han ingresado a la función pública mediante el sistema de concurso de méritos y que las personas nombradas en provisionalidad no cuentan con el mismo grado de protección judicial cuando son removidas del cargo. Sin embargo, quienes son designados en provisionalidad gozan de cierto grado de protección, en la medida en que no podrán ser removidos de su empleo sino dentro de los límites que la Constitución Política y las leyes establecen” (10) .
Finalmente, en la sentencia más reciente, la T-597 de 2004, la Corte protegió el derecho de una funcionaria de la CAR cuyo nombramiento fue declarado insubsistente, en un cargo de carrera que venía ocupando en provisionalidad. En el caso particular, la Sala se preguntó si violaba “los derechos fundamentales de una madre cabeza de familia” el que la entidad nominadora “declare la insubsistencia de su nombramiento en el cargo (...) al cual accedió sin haber participado en un concurso de méritos”.
Al reiterar la jurisprudencia pertinente, la Corte estableció que “en virtud de la protección del debido proceso del trabajador, el acto mediante el cual se desvincula a un empleado nombrado de manera provisional en un cargo de carrera, debe ser motivado, mientras que en dicho cargo no sea nombrada una persona seleccionada en base al concurso de méritos” (11) .
6. Análisis del caso concreto. Reiteración de jurisprudencia.
De conformidad con la jurisprudencia transcrita, esta Sala considera que la tutela de la referencia debe ser concedida y, por tanto, revocada la decisión de segunda instancia que la denegó. En este punto, la Sala reitera la posición doctrinaria de la Corte, pues encuentra que los elementos fácticos que describen el conflicto jurídico son similares a los que han sido analizados por ella.
En tal contexto, debe decirse que la peticionaria venía ejerciendo un cargo en provisionalidad en la Gobernación de Risaralda y que la Resolución 56 del 19 de enero de 2003 de 2004 (sic) declaró insubsistente su nombramiento. También es evidente que el acto administrativo de la referencia no contiene motivación alguna, en cuanto que se limita a declarar la insubsistencia y a indicar la fecha de su vigencia. Del mismo modo, la Sala encuentra que no existe elemento de juicio adicional del que pueda deducirse la causa eficiente de la desvinculación, diferente a la simple orden impartida por el departamento de Risaralda. La administración departamental, en su intervención durante el proceso, tampoco esgrimió razón alguna para desvincular a la peticionaria, distinta a la aseveración de que, como se trataba de un cargo de carrera que venía ejerciéndose en provisionalidad, aquella tenía potestad discrecional para declarar insubsistente el nombramiento.
En tales condiciones, la falta de motivación del acto administrativo por el cual se declaró la insubsistencia del nombramiento de Luz Myriam Garzón Cardona es vulneratorio de su derecho al debido proceso y de su derecho de defensa, al tiempo que afecta directamente su derecho al mínimo vital y, por contera, el derecho a la salud de su hija, que depende económicamente de aquella y requiere de una intervención quirúrgica. La vulneración se produce como consecuencia de haberse incumplido con un requisito exigido por la jurisprudencia constitucional, cual es el de la motivación del acto administrativo que ordena la desvinculación.
En reiteración de lo dicho por la Corte, esta Sala concederá de manera transitoria la protección solicitada y, en consecuencia, ordenará a la entidad de derecho público —departamento de Risaralda— que proceda a motivar el acto administrativo de desvinculación, de acuerdo con las razones —suficientes y consistentes con la normatividad aplicable— que condujeron a separar del servicio a la señora Garzón Cardona, con el fin de que la peticionaria pueda acudir a la jurisdicción contencioso administrativa a controvertir el contenido del acto. La decisión de conceder la tutela con el fin de que la administración justifique su proceder se funda en el hecho de que el juez de tutela —la Sala, en este caso— no cuenta con los elementos de juicio suficientes que le permitan establecer, con toda certeza, si la desvinculación de la peticionaria tuvo un sustento jurídico suficiente o si, simplemente, correspondió al capricho del ente nominador. Lo único que esta Sala echa de menos, en ese sentido, es la motivación del acto.
Finalmente, en caso de que la entidad no cumpliere satisfactoriamente con esta obligación, la misma deberá reintegrar a la peticionaria a un cargo equivalente de la administración departamental, pues la Sala advierte que el que venía ejerciendo ya está siendo ocupado por otra persona, cuya estabilidad no puede verse afectada por irregularidades en que incurra la administración departamental.
1. REVOCAR la sentencia proferida el 16 de marzo de 2004 por el Tribunal Superior del Distrito de Risaralda —Sala de Decisión Laboral—, y en su lugar CONFIRMAR la decisión de primera instancia, proferida el 23 de febrero de 2004 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, mediante la cual se concedió transitoriamente el amparo solicitado por la peticionaria Luz Myriam Garzón Cardona.
2. ORDENAR a la Gobernación de Risaralda que, en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a dictar el acto administrativo correspondiente a la motivación de la declaración de insubsistencia del nombramiento de la peticionaria en el cargo que venía ejerciendo. En caso de que la Gobernación de Risaralda incumpliere con la obligación de señalar las razones —ajustadas a derecho— de la desvinculación, la misma deberá reintegrar a la peticionaria a un cargo equivalente al que venía ocupando.
3. ADVERTIR a la peticionaria que contra el acto administrativo dictado por el departamento de Risaralda, podrá ejercer las acciones contencioso administrativas pertinentes, en los términos indicados por el Código Contencioso Administrativo. Para tales efectos, los términos empezarán a contarse a partir de la notificación del acto administrativo que se expida.
4. LEVANTAR la suspensión de los términos decretada para decidir el presente asunto.
(1) Sentencia T-343 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(3) Sentencia T-575 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(4) Sentencia SU-250 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(5) Cfr. Con la Sentencia T-800 de 1998, por la cual la Corte resolvió un caso similar al apreciar que la peticionaria y su hijo se enfrentaban a un perjuicio irremediable con la desvinculación de la primera.
(6) Cfr. Sentencia T-800 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(7) “Decreto-Ley 2400 de 1968, ART. 26.—El nombramiento hecho a una persona para ocupar un empleo del servicio civil, que no pertenezca a una carrera, puede ser declarado insubsistente libremente por la autoridad nominadora, sin motivar la providencia. Sin embargo, deberá dejarse constancia del hecho y de las causas que lo ocasionaron en la respectiva hoja de vida”.
(8) Sentencia T-610 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(9) Ver folio 8 del cuaderno 2 del expediente.
(10) Sentencia T-1011 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(11) Sentencia T-597 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

References: resolución 
 artículo 86
 artículo 152
 artículo 86
 artículo 131
 artículo 26
 resolución 
 Resolución