Source: http://www.revistamediara.es/articulos/66/la-formacion-de-los-mediadores
Timestamp: 2018-09-26 03:28:36+00:00

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Borja Mapelli Caffarena | Catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Sevilla
I.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS LEGISLACIONES AUTÓNOMAS Y EVOLUCIÓN DE LAS MISMAS.
I. En poco más de una década nuestro país ha visto como desde diferentes instancias, públicas o privadas, se ha disparado un relevante interés por la mediación como modo de abordar determinados problemas sociales. El origen de la mediación, sin embargo, no es nuevo, sino que de ella se puede decir, con razón, que se pierde en la noche de los tiempos. Se tienen noticias ciertas ya en la cultura jurídica romana en donde existía la figura del mediator o proxeneta (Ulpiano), pero se sabe que griegos y egipcios contaban con figuras similares. Han sido tantas y tan diversas las situaciones en las que las personas hemos acudido a la mediación que se nos antoja casi imposible la labor de ordenar los métodos, los objetivos y los ámbitos en los que la misma puede practicarse. La mediación ha sido sobre todo un método intersubjetivo y, consiguientemente, objeto de interés en el mundo de las relaciones privadas de las personas, por esta razón la mediación aceptada por las partes como forma de resolver un conflicto futuro es considerado parte de los contratos y se incorpora como una cláusula en los mismos. Las primeras ocasiones en las que se trata de regular esta importante actividad suceden en el derecho privado, en el marco de las relaciones mercantiles o laborales, poner en relación compradores y vendedores, proponer negocios, intervenir en los mismos, resolviendo la interpretación de sus cláusulas, elaborar los contratos de compraventa de bienes y valores, cerrar acuerdos de seguros terrestres y marítimos y así un largo etcétera. La mediación entre las partes se basaba en el principio de libertad del mediador, de forma que el derecho no reconocía a los agentes mediadores del comercio otra función que la estricta redacción del laudo. Este empezó a tener una fuerza similar a la sentencia cuando el derecho reconoció en los árbitros funciones de fedatario público. Estas funciones hicieron recomendable revestir la actividad del árbitro de una serie de garantías que permitieran incorporar al tráfico jurídico civil sus resoluciones. Pero será mucho después cuando el derecho púbico se interese por la mediación como instrumento de resolución de conflictos entre la administración y el administrado o, más recientemente, para resolver los conflictos que origina la comisión del delito.
II. A tenor de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles la mediación es un procedimiento estructurado en el que dos o más partes en un litigio intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la ayuda de un mediador. Este procedimiento puede ser iniciado por las partes, sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional o prescrito por el Derecho de un Estado miembro. En el ámbito del derecho mercantil y civil la mediación incluye también la practicada por un juez que no sea responsable de ningún procedimiento judicial vinculado a dicho litigio, reconociéndose una cierta identidad en sus efectos entre el laudo, como resultado del procedimiento mediador y la sentencia. En algunos casos el laudo es de aplicación directa, sin necesidad de que se encuentre respaldado por una resolución judicial. Tan solo quedan fuera del concepto de mediación las gestiones para resolver el litigio que el órgano jurisdiccional o los jueces competentes para conocer de él realicen en el curso del proceso judicial referente a ese litigio (art. 3).
Al ser revestido de autoridad con efecto en el negocio jurídico-civil el mediador se entiende como un tercero a quien se le pide que asuma la gestión del procedimiento mediador de forma eficaz, imparcial y competente, con independencia de cuales hayan sido los sistemas de selección empleados en cada uno de los Estados miembros y del modo en que haya sido designado o se le haya solicitado que lleve a cabo la mediación.
III. La mediación en los ámbitos de las relaciones familiares, o en los conflictos surgidos entre las personas y los servicios estatales se encuentran menos desarrolladas, pero el modelo sobre el que se inspira el legislador para el diseño de mediaciones como la comunitaria, la social, la personal, la familiar o la penal está muy influenciada por aquella otra, apenas se ha planteado la posibilidad de una mediación comunal y, a pesar de que surge como una necesidad de búsqueda de soluciones transversales y desinstitucionalizadas, lo cierto es que, en los diseños de la mediación, el mediador se nos representa más próximo a la figura del juez revestido de autoridad resolutoria que la del colega.
IV. La Recomendación Europea Nº R (98) 1 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre la Mediación Familiar, a la que se le puede reconocer el mérito de ser el punto de arranque del interés surgido en Europa y muy especialmente en nuestro país sobre la mediación familiar, señala que, con independencia de la forma en que esta se organice, debe quedar asegurado que existan mecanismos apropiados que aseguren procedimientos para la selección, formación y la cualificación de los mediadores y normas de buena conducta que sean seguidas por los mediadores. La norma comunitaria destaca la conveniencia de que la mediación familiar sea llevada a cabo por un técnico-profesional, descartando otras opciones más espontáneas.
V. La opción a la que se han sumado de forma unánime los distintos textos legales es indiscutible que, aun cuando pueda hacerle perder espontaneidad, asegura que el proceso de mediación estará sometido al control de la administración, control que permite someter al mediador a un régimen disciplinario, pero que también posibilita la prevención del intrusismo y de los riesgos de que la mediación mal acabada termine por desprestigiar el sistema y dar al traste con el programa político social que la apoya.
VI. La configuración de nuestro Estado en autonomías y la asunción por todas ellas de las transferencias de asistencia social (art. 148 CE), dentro de la que se encuadra la mediación familiar, ha dado lugar a que las comunidades autónomas cuenten, al menos, con un texto legal en el que se aborda el tema. El panorama legislativo -unas trece leyes- anima a una reflexión sobre la conveniencia de la acumulación y los riesgos de la atomización legislativa, que lejos de reforzar los procedimientos de mediación, pueden debilitarlos, al menos, en un primer momento y sumergirlos en un magma legislativo igual, a veces, y caprichosamente, diverso, en otras ocasiones. Nos recuerda en menor escala a la situación que los mediadores viven en USA donde más de dos mil legislaciones pugnan por regular desordenadamente la mediación. A falta de una norma-marco de ámbito nacional que hubiera señalado las directrices más relevantes, la situación actual favorece una evolución inversa a la que se está produciendo en otras profesiones, en las que los colegios profesionales están siendo cuestionados y se están soslayando mediante la política de las colegiaciones únicas. Los mediadores en todas las comunidades autónomas, que cuentan con una ley, tienen que padecer la doble colegiación, una de carácter administrativo, mediante la inscripción en el correspondiente registro del gobierno autonómico, y la otra, la colegiación profesional.
VII. Salvo la reciente ley de Cantabria que se refiere a la mediación en sentido genérico, el resto de las autonomías regulan solo la mediación familiar. A Cataluña (Ley 1/2001, de 15 de marzo, de Mediación Familiar) le corresponde el mérito de ser la primera que inaugura una ley de este tipo. Como en el resto, se aborda el tema de la formación requerida para ejercer como mediador y, por consiguiente, se concibe como un requisito profesional de colegiación y registro. Los mediadores, señala el art. 7, deben ser personas que hayan ejercido en los cinco últimos años, tres años en alguna de las siguientes profesiones: Abogado, de Psicólogo, de Trabajador Social, de Educador Social o de Pedagogo y, además, cumplir con los otros requisitos que señala el Reglamento, que se concretan, conforme al art.12, en acreditar una formación específica, debidamente homologada, impartida por centros docentes universitarios o por los colegios profesionales respectivos. La formación específica consiste en cursos de una duración mínima de 200 horas y un requisito mínimo del 80% de asistencia. Estos cursos deben tener el contenido que se apruebe por orden de la persona titular del Departamento de Justicia, y tienen que abarcar conocimientos jurídico-económicos, psicosociales y sobre técnicas de mediación y sobre mediación familiar.
Se inclina el legislador autonómico por un modelo formativo-profesional estructurado en dos fases. En la primera, el interesado debe haber cursado una determinada graduación universitaria y, en la segunda, acreditar unos conocimientos específicos. Un modelo fuertemente intervenido por la Administración, que se reserva la competencia, no solo de homologar los estudios y establecer el régimen de convalidaciones, sino también señalar los contenidos específicos de los mismos y el porcentaje de asistencia.Si la Administración lo estima conveniente, lo único que procedería es poner un exámen al concluir los estudios antes sus propios órganos para verificar los conocimientos de los alumnos que han pasado por los cursos.
Conforme a la remisión de la Ley y el reglamento la Orden JUS/237/2002, de 3 de julio, regula el contenido de la enseñanza especializada, incluyendo distintas disciplinas que quedan agrupadas en torno a los siguientes temas troncales:
1. Bloque jurídico-económico, en el que se estudia el Derecho civil de la familia, las relaciones de hecho y otras formas tuitivas. La crisis en estas relaciones y su tratamiento jurídico y la legislación sobre mediación.
2. Bloque psicológico y social. En este se estudia la familia y el matrimonio como fenómeno antropológico y social. Las etapas del desarrollo humano, su evolución y las relaciones interpersonales. Los conflictos familiares y, específicamente, la violencia intrafamiliar.
3. Bloque de mediación: principios generales de mediación. En este último bloque se estudia la mediación familiar, los modelos y los métodos y las etapas por las que debe transcurrir el procedimiento mediador en este ámbito.
La formación especializada se cierra con un trabajo de casos prácticos aplicado a cada uno de los contenidos de los tres bloques.
El modelo de la legislación catalana iba a influir en las siguientes legislaciones autonómicas que le sucedieron (en términos parecidos, la más reciente Ley 3/2007, de Mediación Familiar del Principado de Asturias). En Galicia (Ley 4/2001, de 31 de Mayo) se exige al mediador experiencia profesional y formación específica, en todo caso deben ser expertos en actuaciones psico-socio-familiares (art. 5). El Reglamento se encarga de concretar en tener la titulación de derecho, psicología, pedagogía, psicopedagogía, trabajo social o en educación social y haber desarrollado, al menos durante los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de habilitación para la inscripción, actividades profesionales en el campo psico-socio-familiar (art. 3. Decreto 159/2003, de 31 de enero, por el que se regula la figura del mediador familiar, el Registro de Mediadores Familiares de Galicia y el reconocimiento de la mediación gratuita.). En términos parecidos se pronuncia la Comunidad Valenciana si bien presenta dos novedades; la primera que reconduce la formación específica al aprovechamiento de una formación universitaria específica de postgrado en los distintos niveles de experto, especialista o máster y, la segunda, que permite que puedan ejercer como mediadores otros graduados universitarios, siempre que acrediten previamente el aprovechamiento de una formación universitaria específica de postgrado, mínima de especialista (Ley 7/2001, de 26 de Noviembre de 2001, reguladora de la Mediación Familiar en el ámbito de la Comunidad Valenciana).
En la misma línea se expresa la legislación Canaria (Ley 15/2003, de 8 de abril, de la Mediación Familiar), en donde la formación específica tan solo se concreta señalando que la misma ha de ser impartida por Colegios Profesionales, Universidades o Centros de formación superior autorizados al efecto por la Consejería competente en materia de educación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma. En caso de que se fuera a impartir por otro tipo de centros de educación superior deberá contar con informe favorable del órgano competente de la Consejería. Las materias de estos cursos específicos deben abarcar conocimientos sobre: derecho de familia; sociología; psicología, pedagogía, métodos y técnicas de resolución de conflictos, principios y metodología de la mediación familiar y su duración mínima es de 200 horas lectivas e incluir un programa de prácticas (Ley 15/2003, de 8 de abril, de la Mediación Familiar). El legislador castellano manchego se muestra más futurista o previsor y contempla la posibilidad de que en su día exista una graduación universitaria específica (Ley 4/2005, de 24 de mayo de 2005, del Servicio Social Especializado de Mediación Familiar. Castilla-La Mancha), posibilidad nada desdeñable si se tiene en cuenta la propia evolución de los estudios universitarios tras la aplicación de los Acuerdos de Bolonia, los cuales promueven estudios respaldados por la cualidad de la empleabilidad para que no se generen títulos inútiles que no tenga salidas al mercado laboral. Pero obsérvese que a diferencia de la legislación catalana y gallega ahora no se exige nada más que una titulación universitaria, es decir, no es preciso que se acredite haber ejercido la correspondiente profesión. Esa evolución nos parece plausible ya que parte de una idea más autónoma del profesional de la mediación que las anteriores. No estamos buscando un profesional, un abogado o un psicólogo, que se dedique a mediación, sino un titulado universitario que nos garantiza unos conocimientos troncales que va a ejercer una nueva profesión.
VIII. Sin perder de vista el modelo consolidado de control administrativo de la formación del mediador, las sucesivas legislaciones iban flexibilizando algunos de sus aspectos. El numerus clausus de licenciaturas universitarias, por ejemplo, iba a dar paso a la eventualidad de que personas de otras licenciaturas equivalentes pudieran también ejercer como mediadores (Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar de Castilla y León). Así se expresa también la ley de Baleares (Ley 18/2006, de 2 de noviembre, de Mediación Familiar), pero la que muestra una mayor flexibilidad es la Ley de la Comunidad de Madrid para la que basta un título universitario de grado superior o medio con validez en territorio español (Art. 12. Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid). La legislación de Castilla-León incluye, además, como novedad una información detallada de los cursos de formación, los cuales, debidamente homologados, deben impartirse solo por los colegios profesionales o por centros docentes universitarios, y consistir en superar con aprovechamiento cursos con una duración mínima de 300 horas teóricas y 60 prácticas, no acumulables, y un requisito mínimo del 80 % de asistencia. Al igual que en otras leyes, esta referencia al porcentaje de asistencia a las actividades del curso que debe acreditar el alumno para superarlo nos parece desde todo punto de vista un despropósito ya que forma parte de los criterios de rendimiento que en cada caso adopten los responsables docentes del mismo y que constituye un elemento exclusivo de la libertad de los docentes. Una intromisión que trasmite una injustificada y prejuiciosa desconfianza. Al contenido que ya hemos visto en anteriores legislaciones se añade, incluso, detalles sobre los criterios de evaluación de los alumnos (Presentación y defensa de un trabajo tutorizado). Como novedad contempla frente a las legislaciones precedentes una evaluación continuada sobre los conocimientos adquiridos, mediante la presentación de trabajos parciales o a criterio de los docentes, respecto de la participación en clase y en los espacios prácticos.
IX. La ya mencionada Ley de Castilla-León presenta tres novedades a reseñar. La primera la posible incorporación a esta Comunidad de profesionales procedentes de otras y la segunda la admisión transitoria de profesionales que vinieran ejerciendo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley (art. 8), bastando, en estos casos, una declaración responsable ante la administración. La segunda permite un modo de ejercicio libre de la profesión, es decir, al margen de la colegiación, que no elude, no obstante, cumplir con los requisitos genéricos de formación. Y, la tercera, recogida en la Disposición Transitoria Única, que permite que las personas con una formación mínima de 180 horas en mediación familiar, que acrediten haber ejercido mediación familiar con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, puedan, con independencia de su titulación académica, solicitar su inscripción en el Registro de Mediadores Familiares en las condiciones y plazo que se establezcan reglamentariamente.
A pesar de todo la legislación castellano leonesa es comparativamente una de las más intervencionistas en el control de los cursos de formación específica, interviniendo en sus contenidos, en las homologaciones, en las equivalencias y en otros aspectos más (art. 3. Decreto 50/2007, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar de Castilla y León).
X. La Ley del País Vasco (Ley 1/2008, de 8 de febrero de Mediación Familiar para la comunidad autónoma del País Vasco) al igual que la de Andalucía (art. 13 Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar) mantiene esa tendencia a flexibilizar la naturaleza del titulo académico que permite acceder a esta profesión y señala que junto con las titulaciones universitarias de Derecho, Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía o diplomatura en Trabajo Social o en Educación Social puede acreditarse otras titulaciones que reglamentariamente se permita puedan ser declaradas equivalentes por el Gobierno Vasco, pero siempre será imprescindible demostrar una preparación específica, suficiente y continua en mediación familiar (art. 9). La preparación citada que habrá de ser desarrollada reglamentariamente por el Gobierno Vasco, deberá incluir en todo caso un curso teórico-práctico en mediación de una duración mínima de 200 horas. Este curso comprenderá entre sus materias aspectos relativos al Derecho de familia y a la psicología de la familia y de sus componentes como personas individuales, y contenidos sobre aspectos psicosociales de la familia, mediación en general y conflictos. La Ley andaluza contempla, como el resto, la formación especializada, pero se remite al Reglamento, publicado mediante Decreto 37/2012 de 21 de febrero, para regular sus contenidos concretos.
XI. La Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón sigue incidiendo en esta tendencia hacia la flexibilización de los requisitos de formación de los mediadores en un doble sentido: de una parte, da por valida cualquier titulación universitaria y, por otra, en relación a la formación específica señala que esta podrá ser impartida por cualquier centro o institución, siempre que obtenga las correspondientes autorizaciones (Art. 8). Contempla como novedad la posibilidad de que ejerza como mediador un empleado público al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma que ejerza las funciones de mediador familiar en el desempeño de su puesto de trabajo, en cuyo caso no necesitará la inscripción en el colegio profesional.
XII. Precisamente la Comunidad Cántabra (Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria), que ha dictado la última de las leyes que conocemos sobre el tema, es también la que representa un momento de fractura con las legislaciones precedentes de otras comunidades. En efecto, en esta Comunidad no se aborda la mediación familiar, sino la mediación. Una decisión que nos parece muy acertada de cara a unificar criterios, a propiciar también una visión integradora y que, suponemos, dará lugar a una revisión en el resto de las comunidades. No parece que el legislador deba centrar su interés solo en la mediación familiar, ignorando que las mediaciones practicadas en otros ámbitos –empresarial, comunitaria, escolar, penitenciaria, intercultural, etc- presentan una serie de cuestiones troncales que bien permiten sean abordadas de forma unitaria en un solo texto legal. Además, es probable que esta perspectiva más global obligue a reducir el riguroso modelo de intervención que en la actualidad domina el conjunto de las mediaciones familiares. Se entiende, ahora, por mediación, señala el art. 2 de la referida Ley, aquel procedimiento estructurado en el que dos o más partes en un conflicto o litigio intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución de su controversia, con la asistencia de un mediador profesional. En Cantabria no se prevé un solo registro de mediadores, como en el resto de las comunidades, sino que cada una de las instituciones sociales que realice mediación gestionará el suyo propio y se integrará en el Observatorio de la Mediación y en el Registro General de la Comunidad Autónoma (art. 17), lo que, sin duda, es un paso importante de cara a flexibilizar la organización profesional, que sintoniza con las normas que rigen para la mayoría de las profesiones colegiadas. Otro aspecto interesante de la Ley Cántabra es que involucra a los ayuntamientos en la prestación del servicio, asegurando de esta forma que el mismo va a llegar de forma homogénea a todos los rincones.
Los intentos por establecer un catálogo cerrado de licenciaturas universitarias desde las que acceder a la profesión de mediador resultan en Cantabria razonablemente injustificados, de forma que, aun cuando se señalan como titulaciones que no requieren de mas tramites, las de Derecho, Filosofía y Letras, Medicina, Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía, Sociología o Ciencias de la Salud, Trabajo Social o Educación Social, Magisterio, Diplomado en Relaciones Laborales, Graduado Social Diplomado, Licenciado en Ciencias del Trabajo, Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, se cierra permitiendo que puedan admitirse reglamentariamente, otras. Además, será preciso acreditar la superación de un curso teórico-práctico de experto, máster o postgrado en mediación cuyo contenido y duración se determinarán reglamentariamente.
II.- LA OFERTA FORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA.
La respuesta de las distintas universidades de nuestra Comunidad a la ley de mediación familiar y la referencia en la misma a una formación universitaria para los mediadores, no se ha hecho esperar. Incluso, con anterioridad a la ley, algunas universidades andaluzas ya ofertaban unos cursos sobre mediación en el ámbito de las enseñanzas propias. Los cursos son muchos y muy dispares en sus contenidos, lo que demuestra, sin ningún género de dudas, que las universidades han visto como muy positiva la iniciativa del legislador de residenciar en ellas la formación de este sector profesional y han demostrado que hay vías a través de las cuales articularla. Sin embargo, la descoordinación es absoluta. No ha habido hasta ahora ningún intento por ordenar dicha oferta y tampoco ha habido ninguna iniciativa de la Administración autonómica salvo la que acaba de arrancar en torno a la Fundación Mediara y que da lugar a esta publicación.
Ciñéndonos a la presente convocatoria y sin dejar de mencionar otras ofertas procedentes de centros no universitarios, el panorama es el siguiente.
ALMERÍA. Tiene, en la actualidad, convocados un Máster Propio en Mediación y Solución de Conflictos de 500 horas y un Curso de Mediación Civil y Mercantil de 70 horas de duración. En la línea con la naturaleza académica de los Máster de nuestras universidades, este presenta una amplia constelación de asignaturas sobre la materia, unas más teóricas y otras, de preparación en técnicas, métodos y protocolos de mediación. El otro curso está orientado casi exclusivamente para juristas, si bien también pueden concurrir otros licenciados. Entre las disciplinas que se imparten podemos destacar: Aspectos generales de la mediación, proceso de la mediación, mediación familiar, mercantil, civil y contenciosa. Además cuenta con asignaturas específicas sobre mediación dentro de otros cursos sobre temas más genéricos. Así, por ejemplo, dentro de un Máster de Intervención Psicológica en ámbitos Clínicos y Sociales, existe una asignatura sobre mediación. Igualmente, el Master de Estudios e Intervención Social en Inmigración, Desarrollo y G.V., incluye una asignatura sobre mediación Intercultural. Por último, hay una asignatura sobre mediación penal dentro de un Curso de Experto Universitario en Intervención con Menores Infractores.
Fuera de los cursos, en ocasiones se han convocado jornadas de dos días sobre el Mediador juvenil en animación nocturna: alternativas al consumo de drogas, cuyo objetivo es “adquirir conceptos básicos en drogodependencias, desmitificando ideas erróneas, diseñar estrategias de participación juvenil a través de las dinámicas de grupo y concienciar a los jóvenes de que existe la posibilidad de sustituir las conductas de riesgo por otras que sean saludables”.
CÁDIZ. Tiene convocado un Master sobre Gestión de Conflictos a través de la Mediación, cuyo objetivo es “formar profesionales que sean capaces de aplicar las estrategias de intervención de conflictos en las organizaciones”. Se encuentra convocado desde Ciencias del Trabajo y dura un curso académico. También en este Universidad ofertan un crédito de libre configuración (16 h.) para los estudiantes de Derecho con el objetivo de enseñar “métodos alternativos para la solución extra jurisdiccional de conflictos”,
CÓRDOBA. Dentro de los créditos de libre configuración (30 h.) se oferta un curso sobre mediación frente a conflictos y más específicamente, en el ámbito de las resoluciones extrajudiciales. El curso, promovido por el Consejo Social en el marco del Programa de Canal Ciudadano de Información Jurídica en colaboración con el Colegio de Abogados, la Facultad de Derecho y CCEE y EE y la Oficina del Defensor de la Ciudadanía, tiene como objetivo “analizar cuáles son los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, y qué ventajas representan. Cuáles son las formas y procedimientos de utilización de los mismos”. Asimismo, oferta, dentro de los Títulos Propios, un Diploma de Especialización en Mediación Familiar y Menores en Conflicto Intra y Extrajudicial de 32 créditos dentro del Convenio de Colaboración entre la Facultad de Derecho, el Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Educación. Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y Colegio de Abogados. Por último, existe una asignatura sobre mediación dentro del Máster en Intervención Psicológica en Justicia, Salud y Bienestar Social.
GRANADA. La Universidad de Granada convoca tres cursos relacionados con esta materia. El primero es un Máster en Mediación, convocado por el Departamento de Derecho Civil, el Departamento de Sociología y el Instituto para la Paz y los Conflictos y la Facultad de Derecho, cuya duración es de dos años y tiene una carga de 750 horas (75 ECTS), 230 de las cuales son prácticas. Es abierto a todo tipo de titulados universitarios y tiene como objetivo “la formación y titulación específicas de profesionales en las funciones de Mediación Familiar, Social y Laboral tanto en la vertiente teórica como en la práctica, encaminadas al ejercicio profesional de la Mediación en los ámbitos Familiar, Educativo, Intercultural, Comunitario, Penitenciario y Laboral”. Las horas correspondientes a prácticas, que son 230, el alumnado las realiza en el Centro Penitenciario de Albolote, Granada; en la Jefatura Superior de Policía, en los Servicios Sociales de la Excma. Diputación de Granada y en los Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Granada. Estos Organismos también ofertan un Experto en Mediación Social de 300 horas (30 ECTS), 90 de las cuales son prácticas, destinado a aquel alumnado que considera que sus intereses profesionales van en esa dirección.
Desde Ciencias de la Educación se ofrece un Título de Experto universitario (285 h.) sobre mediación intercultural con el objeto de capacitar a una serie de profesionales, con algún tipo de titulación universitaria que permita reconocer una cierta formación académica, en la resolución de conflictos de origen cultural. Con los mismos objetivos desde ese mismo centro se puede ampliar los estudios (313 h.) y los alumnos acceden a un Título de Máster.
HUELVA. Se oferta un Máster Oficial (60 créditos), fuera, por tanto, de los títulos propios, con el nombre de Mediación familiar y con menores, para que los participantes “obtengan los conocimientos y habilidades necesarias para el ejercicio de la mediación”. Por otra parte, en colaboración con el Colegio de Abogados organiza un curso denominado “Prácticas Óptimas de Mediación Civil y Mercantil”, dirigidas al mundo profesional, cuya duración es de tres sesiones, cada una de ellas de dos días y tiene reconocidas 80 horas. El formato elegido es el seminario presencial interactivo. Como el propio título indica los contenidos del mismo son eminentemente prácticos. El objetivo es la adquisición de competencias para la mediación e incorporación a la práctica profesional del enfoque de negociación colaborativa.
JAÉN. Dentro de los Títulos de Especialización universitaria desde el área de la Psicología se incluye uno sobre la mediación intercultural en el ámbito socio-sanitario y laboral (36 h.) con el objetivo de “desarrollar y perfeccionar los conocimientos, las aptitudes y las habilidades necesarias para ejercer con eficacia como mediador en cualquier ámbito social o profesional”. Como en otros centros algunos de los cursos ofertados incluyen asignaturas dedicadas a la mediación; así sucede con la asignatura mediación en contextos multiétnicos(1crédito ECTS) que forma parte de los contenidos del Curso de Experto en Inmigración Extranjera y Gestión de la Diversidad Cultural.
Dentro de las actividades del Colegio de Trabajo Social se oferta un Curso de Especialista en Mediación (Modelos y ámbitos), de una duración de 325 horas (13 ECTS).
MÁLAGA. Ofertado como Máster Universitario sobre Mediación (3 semestres), tiene carácter multidisciplinar y el objetivo de “sensibilizar a los alumnos para que conozcan la mediación como sistema de gestión y resolución de conflictos, En los distintos ámbitos en los que la mediación es hoy una realidad”
SEVILLA (Universidad Hispalense). La propia Universidad desde los servicios generales ofrece a la comunidad universitaria tres cursos de mediación con distintos contenidos –educación sexual (50 h.), tabaquismo (60 h.) y salud alimentaria (60 h.)-. Con el objetivo de potenciar la formación de mediadores universitarios en el ámbito de la Educación sexual y fomentar la creación de un Club de Mediadores, dentro de la Universidad de Sevilla. En la Facultad de Ciencias del Trabajo se oferta un curso dentro de la formación continua sobre estrategias y técnicas de conciliación trabajo-familia (15 días). Por último desde el Instituto de Criminología se ofrecen dos Títulos de expertos que permite a los alumnos que hacen ambos convertirlo en un Máster; uno de ellos es sobre mediación familiar y el otro sobre justicia restaurativa, ambos sumados duran un curso académico. El objetivo es “capacitar a los alumnos como mediadores profesionales en los procesos de mediación social-comunitaria, intercultural, organizacional, penal y penitenciaria y en Justicia restaurativa”.
También se puede realizar el Máster Oficial en Intervención y Mediación Familiar Facultad de Psicología (60 créditos), formación orientada a capacitar para el conocimiento, la intervención profesional y la investigación científica en algunos de los temas más importantes que afectan a la familia actual. Quienes cursen el Máster pueden optar entre las dos trayectorias curriculares que se ofrecen: la profesional y la investigadora
SEVILLA (Universidad Pablo Olavide). Se oferta un Máster sobre Mediación Familiar, Educativa y Comunitaria (200 h.), con el objetivo de “establecer los elementos necesarios para encuadrar el trabajo y el espacio de la Mediación”. También cuentan con un curso de Especialización en mediación familiar (curso académico) cuyo objetivo es aprender a utilizar los diferentes mecanismos de investigación y conceptos básicos para la resolución de los diferentes conflictos y para la mediación en los diversos campos de posible aplicación, principalmente en el ámbito familiar.
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA. La UNIA también participa en la ofertas de cursos sobre mediación con un Experto universitario en Mediación en familia, organizaciones complejas, asuntos civiles y mercantiles. Tiene una amplia relación de contenidos, entre los que caben señalar: la adquisición de destrezas, habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar la función mediadora en los conflictos que se producen dentro de los diferentes ámbitos; el logro de una formación de calidad especializada sobre la institución jurídica de la mediación y facilitar el marco teórico necesario para que se puedan analizar los procesos de mediación en los conflictos. Tiene reconocidos 30 ECTS y es de carácter semipresencial, impartiéndose las enseñanzas presenciales en la sede de Baeza (Jaén).
La UNIA ofrece, dentro de los cursos de verano, formación en mediación. En la sede de la Rábida, junto con el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental la formación ofrecía entre sus objetivos: “conocer los diferentes programas novedosos que se están llevando a cabo en el ámbito de la mediación y profundizar en sus aplicaciones prácticas; el fomento de nuevos campos de aplicación y el conocimiento por el alumnado de la utilidad práctica de la herramienta dentro de su actividad diaria de intervención”.
Como señalaba al comienzo nos encontramos en un momento crucial en el desarrollo de la mediación tanto en nuestro país, como en Andalucía. En estos momentos resulta de una especial relevancia favorecer foros en los que se pueda reflexionar sobre la regulación más oportuna, aprovechando la experiencia de otras autonomías y de otros países.
En el ámbito de la formación de los mediadores nos parece acertado que se haya ubicado a nivel universitario para garantizar la autonomía respecto de otras profesiones afines y para resaltar la importancia de lo que esta profesión puede desarrollar en el futuro.
Es oportuno un cierto tutelaje de las enseñanzas de formación de los mediadores, al menos, mientras que las mismas se oferten en el ámbito de los títulos propios de nuestras universidades. No es conveniente que los profesores responsables de estas iniciativas puedan determinar en cada una de sus universidades los contenidos, la duración o la titulación de los mediadores, presentando un panorama absolutamente desordenado. Sin embargo, el objetivo debe ser convertir estos estudios en titulaciones oficiales para alcanzar una homogenización a nivel de todo el Estado. Esta propuesta sintoniza también con la propia evolución de los títulos universitarios europeos que han apostado por reducir su duración y convertirse en títulos de especialización profesional.
En tanto no se alcance la titulación oficial en mediación, parece lo más recomendable continuar exigiendo una graduación universitaria y completar la misma con un titulo de especialización.
A pesar de los intentos de patrimonialización de ciertas disciplinas ya consolidadas nos inclinamos por favorecer la multidisciplinariedad de la formación del mediador, especialmente, si el mismo recibe una formación troncal, seguida de un curso de especialización en una de las distintas modalidades en los que puede desarrollarse la mediación.
Por último, dos cuestiones que, a pesar de su evidencia, nos parece que deben destacarse; por una parte, los cursos de formación de los mediadores tienen que tener muy en cuenta la presencia de estos profesionales en ámbitos muy diversos en los que se demanda no solo métodos específicos de mediación, sino también conocimientos de los objetivos alcanzables. Como en otras salidas profesionales esto exige unos conocimientos troncales articulados con otros más específicos conforme a las distintas salidas profesionales. Por otra parte, tal como se exige ya en las distintas legislaciones que hemos tenido ocasión de analizar la formación de los mediadores exige incorporar un prácticum que permita a los futuros profesionales adquirir cierta experiencia inicial.

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