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MEMORIAL EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN
Equipo Nº108
INDICE BIBLIOGRAFÍA ABREVIATURAS APERSONAMIENTO EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS ANÁLISIS LEGAL CAPÍTULO PRIMERO. CUESTIONES PRELIMINARES I. ADMISIBILIDAD II. COMPETENCIA A. La Corte es competente para conocer de las Violaciones a los Arts. 1(1), 2, 24 y 28 de la CADH. B. La Corte es competente para conocer de la Violación del Art. 13 del Protocolo de San Salvador. C. La Corte es competente para conocer de la Violación del Art. 7 de la Convención Belém do Pará. D. La Corte, al interpretar la CADH, el Protocolo y la Convención Belém do Pará, debe considerar otros actos internacionales (Art. 29 b y d CADH). CAPÍTULO SEGUNDO. ASPECTOS DE FONDO I. El Estado de Iberolandia violó la Igualdad ante la ley consagrada en el Art. 24 de la CADH en relación con las obligaciones impuestas por los Arts. 1(1), 2 y 28 de la misma, en perjuicio de Juana Olín. A. Violación del Derecho a la Igualdad. A.1. Iberolandia ha violado el Derecho a la Igualdad al establecer y aplicar un sistema de selección universitaria 23 23 22 23 21 21 21 4 12 14 15 20 20 20 20
discriminatorio, en perjuicio de Juana Olín. A.2. Iberolandia ha violado la Igualdad ante la Ley, al no aplicarse la Ley Nº678 en Rivera del Norte, en perjuicio de Juana Olin. A.3. Iberolandia ha infringido su obligación de protección efectiva e igualitaria contra la Discriminación, en perjuicio de Juana Olín. B. Incumplimiento del Deber de Adoptar Medidas de Derecho Interno para Garantizar el Derecho a la Igualdad. C. Incumplimiento de la obligación contenida en la Cláusula Federal. II. El Estado de Iberolandia incumplió su obligación de Adoptar Medidas para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, consagrada en el Art. 7 de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Juana Olín. III. El Estado de Iberolandia violó el Derecho a la Educación establecido en el Art. 13 del Protocolo de San Salvador, en perjuicio de Juana Olín. A. Iberolandia ha incumplido el deber de garantizar el goce igualitario del derecho a la Educación. B. Iberolandia ha incumplido el deber de garantizar el Acceso igualitario a la Educación. PETITORIO
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CDESC – Comité Derechos Económicos Sociales y Culturales. ECOSOC – Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.Comité para la Eliminación de todas las Formas Discriminación contra la Mujer. CADH o Convención – Convención Americana sobre Derechos Humanos. CERD – Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. PIDESC . CrIDH o Corte – Corte Interamericana de Derechos Humanos.Pacto Internacional de Derechos Económicos.
. Convención Belém do Pará – Convención Interamericana para Prevenir. Comité CERD . Convención de Viena – Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados CrEDH – Corte Europea de Derechos Humanos. Comité CEDAW . o Arts. PIDCP – Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. CDH o Comité – Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. CIJ – Corte Internacional de Justicia. CIDH o Comisión – Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CEDH – Comisión Europea de Derechos Humanos. – Artículo o Artículos.Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. CEDAW – Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Sociales y Culturales.Equipo Nº108
Art. DIDH – Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
. Protocolo de San Salvador o Protocolo – Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos. ONU – Organización de Naciones Unidas. Sociales y Culturales.Equipo Nº108
OC – Opinión Consultiva. OEA – Organización de Estados Americanos.
domiciliada en la ciudad de Murano.Equipo Nº108
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión) somete el presente caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte) con el objeto que declare la responsabilidad internacional del Estado de Iberolandia por la violación de los artículos 1(1). 2. 24 y 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención). Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante Convención Belém do Pará) cometidas en contra de Juana Olín. Iberolandia.
. en conexión con los artículos 6(a) y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir. Rivera del Norte. el artículo 13 del Protocolo de San Salvador (en adelante Protocolo) y el artículo 7. Iberolandesa.
La Constitución vigente desde 1988 establece que las constituciones de cada provincia deberán respetar los principios democráticos consagrados en ella y en los tratados internacionales ratificados por Iberolandia. Estas disparidades llevaron al país a adoptar una estructura federal. Hasta 1922 existía un sistema educativo segregado en todos los niveles. 5. Profundas diferencias dividen norte y sur de Iberolandia. y pese a que fue integrado de jure el sistema educacional de esta provincia. la más pobre y con el mayor número de afroiberolandeses del país. administración de justicia y educación. Estado miembro de la OEA. 4. 2. la historia de Iberolandia se ha caracterizado por diversas manifestaciones de discriminación contra los afrodescendientes. 3. La provincia de Rivera del Norte: Esta situación de desigualdad ha sido particularmente grave en la provincia de Rivera del Norte. lo que le permitió desarrollar diversos rubros de su economía.Equipo Nº108
1. obtuvo su independencia en el año 1811. Al norte. otorga competencia exclusiva a las provincias en materia de seguridad ciudadana. Finalmente. una población predominantemente afrodescendiente se aboca a la explotación agropecuaria. más de 15 millones de personas fueron traídas como esclavos desde África. Durante los trescientos ochenta años previos a aquel hito. faculta al Congreso de la federación para legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados de Derechos Humanos ratificados por Iberolandia. mientras en el sur una mayoría blanca y descendiente de inmigrantes europeos se dedica al comercio y la industria. Historia y contexto de Iberolandia: Iberolandia. se
. Desde la época de la esclavitud. con el objeto de dar autonomía a los gobiernos regionales y dejar al gobierno central ciertas funciones básicas. Luego. siendo la educación el ámbito en que este fenómeno se ha reflejado con más fuerza. Asimismo.
la gran mayoría de los niños afroiberolandeses se ha visto forzada a asistir a distritos escolares de escasos recursos que sólo pueden proporcionarles una educación deficiente: sin suficientes maestros. 6.4% de los estudiantes.6% de toda la población en edad escolar. fluctuó en los años 2002. 10. fijados de acuerdo al nivel de ingreso de cada contribuyente. En su Art. Destaca la Ley Nº678.8 y el 4. y entre ellos. económicamente desaventajados. se reservará un cupo mínimo de 20% para
. los distritos dominantemente afrodescendientes obtuvieron el 20. Paralelamente.6%. la primera mujer afrodescendiente en graduarse. sean federales. los primeros con un mayor poder económico y los segundos. provinciales o municipales. solo 48 son afrodescendientes. Consecuencia de lo anterior.324 docentes. uno de cuyos objetivos es la promoción de la diversidad del cuerpo estudiantil en las universidades públicas. 2003 y 2004 entre el 2. 8.Equipo Nº108
procedió a asignar recursos diferenciadamente entre los distritos escolares con población predominantemente blanca y aquellos mayoritariamente afrodescendientes. 9. adoptada por el Congreso federal en 1999 y que entró en vigor en el año lectivo 2000. 7.7% de dicho presupuesto. Mediante la recaudación de impuestos. por su parte. para el 49. es casi inexistente la presencia de profesores y estudiantes afroamericanos en la única universidad pública de Rivera del Norte. se distribuyó anualmente entre los distritos predominantemente blancos el 79. De este modo. Su administración se ha caracterizado por los resultados positivos en la implementación de políticas destinadas a establecer mayor igualdad entre los diversos sectores raciales. 45. De un total de 1. el porcentaje de graduados. Juan Achebe.3% del presupuesto educativo para apenas el 50. Reformas del Presidente Juan Achebe: En 1996 por primera vez ganó la presidencia de Iberolandia un afroamericano. sólo pudo hacerlo en 1978. con tres veces más alumnos por clase que en los distritos mayoritariamente blancos y tan solo una computadora para 23 estudiantes. esta ley dispuso: “En todas las instituciones de educación superior públicas.
Para ser considerado. 12. que el sistema de cupos era inconstitucional por ser discriminatorio y que no estaba obligada a adoptar un sistema de acción afirmativa. otorgando. examen escrito y entrevista oral”. De esta manera. conforme a la Constitución. Su sistema de admisión exige la evaluación del promedio de calificaciones académicas de los postulantes. los candidatos deberán haber superado los requisitos mínimos en materia de grados académicos. 11. La situación de Juana Olín: Juana Olín es una joven afroamericana de 18 años de edad que vive en Murano.2% y el 7. en el año 2000 sólo fueron admitidos 10 afrodescendientes para el cupo de 250. todo lo relativo a la educación correspondía exclusivamente a la provincia. declarado constitucional por la Corte Suprema de Justicia Federal. una entrevista personal y un examen general de ingreso. La Universidad de Rivera del Norte y su sistema de admisión: La Universidad de Rivera del Norte contempla un cupo de 250 lugares para ingresar por año. el porcentaje de ingresantes afrodescendientes ha oscilado entre el 1. durante el proceso de postulación del año 2000 continuaron aplicando el sistema tradicional de admisión. La aplicación de este sistema ha resultado en que. sin embargo. en los últimos 10 años. las autoridades provinciales argumentaron que. capital de Rivera del Norte. pese a que 97 tenían las calificaciones mínimas. Las autoridades de la universidad provincial se negaron a aplicar la Ley Nº678 en la admisión de estudiantes del año 2000. Bajo este sistema. La selección final se realiza entre los postulantes que hayan sobrepasado los tres rubros.Equipo Nº108
estudiantes afrodescendientes. una mayor valoración a los resultados de la entrevista oral. donde asistió a la escuela en uno de los distritos predominantemente afrodescendientes. siendo la única provincia de Iberolandia que no aplicó dicha normativa. Durante su edad escolar. 14. 13.3%. obteniendo las mejores notas de su promoción. Pese a las gestiones del gobierno central instando a que se diera aplicación a esta Ley en Rivera del Norte. debido a la precaria situación socioeconómica familiar y
Al habérsele denegado el ingreso.Que el estado federal estaba facultado para legislar en materia de promoción de la igualdad. no fueron admitidos. solicitó declarara que la Provincia de Rivera del Norte estaba obligada a adoptar un sistema de acción afirmativa similar al del nivel federal para ingresar a su universidad. 17. habiendo aprobado los requisitos mínimos. superó el examen general de ingreso y la entrevista personal. . Consideró que la Ley Nº678 al legislar sobre el ámbito
. Juana Olín interpuso una acción de amparo. pero sin alterar el reparto de competencias entre los órganos de la federación y los órganos provinciales. Juana fue becada por los programas instaurados por el Presidente Achebe. Además. en el que se rechazaban todas las pretensiones planteadas por Juana Olín. Juana Olín postuló a la Universidad de Rivera del Norte para ingresar en el año 2000. y similares a las de los estudiantes que fueron aceptados por la Universidad. Juana Olín no fue admitida en la Universidad. Juana solicitó que la Corte Suprema declarara lo siguiente: . incluyendo el ingreso a las universidades provinciales.Equipo Nº108
a su alto rendimiento académico. Subsidiariamente. y en el evento que la Corte Suprema descartara alguno de estos argumentos. Sus notas académicas fueron superiores al mínimo exigido. debido a las normas constitucionales y a las obligaciones internacionales del Estado. En el proceso de postulación las autoridades dieron mayor ponderación al resultado obtenido en la entrevista personal. El 15 de marzo de 2002 le fue notificado el fallo adverso de la Corte Suprema. en lo que considera una contravención de la Ley Nº678. Pese a este rendimiento. por lo que fue ésta la evaluación determinante para negar a Juana Olín el ingreso a la Universidad. siendo la primera de su familia en graduarse de la escuela secundaria. Juana fue una de los 97 afrodescendientes que integraron la lista de los 137 postulantes que. 18.Que el sistema de cupos establecido en la Ley Nº678 era constitucional. El máximo tribunal estimó que las autoridades públicas podían adoptar medidas de acción afirmativa incluyendo el establecimiento de cupos. 15. 16.
Juana Olín presentó su petición a la Comisión Interamericana el día 10 de septiembre de 2002.
. 19.Equipo Nº108
educativo universitario invadió la esfera privativa de las provincias. En vista de lo anterior. con efecto erga omnes. por lo que declaró. Juana no tenía un derecho a exigir aquello por no existir un fundamento para esta obligación a nivel constitucional. Agregó que si bien era deseable la adopción de acciones afirmativas. que dicha ley era inconstitucional.
CrIDH. Caso Loayza Tamayo. 48 a 50 de la CADH.Equipo Nº108
CAPÍTULO PRIMERO. voto razonado Juez Cançado Trindade. pues ésta fue presentada el día 10 de septiembre de 2002 y la sentencia definitiva que negó la protección a la peticionaria respecto de los derechos materia de este juicio le fue notificada el 15 de marzo de 2002. 7. 46 de la CADH y los Arts. 32 y 33 del Reglamento de la CIDH. La Comisión adoptó en forma regular el informe previsto por el Art. Iberolandia no interpuso excepción preliminar alguna durante el proceso ante esta Comisión. Caso Castillo Páez. lo remitió al Estado y dada la falta de una solución amistosa.
. CUESTIONES PRELIMINARES 20. COMPETENCIA 22. 31. I. 7 y 8. 51 de la Convención. Asimismo. Se han cumplido los procedimientos previstos en los Arts. no hay procedimiento internacional pendiente y se han cumplido los requisitos formales. 50. párr. La Corte es competente para conocer el presente caso. párr. ADMISIBILIDAD 21. se ha presentado el asunto ante la Corte dentro del plazo contemplado en el Art. las de admisibilidad deberán tener este mismo carácter para el Estado 1 . II. En vista que las decisiones de inadmisibilidad son definitivas para los peticionarios. voto razonado Juez Cançado Trindade. La petición fue presentada ante la Comisión el 10 de septiembre de 2002 cumpliendo todos los requisitos exigidos por el Art. Se han agotado los recursos internos y se ha respetado el plazo de 6 meses para interponer la petición ante la Comisión. razón por la cual debe considerarse precluída su oportunidad para interponerlas.
Ver también. en tanto órgano preparatorio de la jurisdicción contenciosa de la Corte. 26. podrá darse aplicación al sistema de peticiones individuales regulado en la CADH. Este Protocolo en su Art. aquello que pueda realizar la Comisión. 23. El Estado de Iberolandia ratificó en 1971 la CADH y aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte sin reservas en el mismo año. el sometimiento del caso ante la Corte 3 . Art. La integridad del sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos exige concebir la intervención de la Comisión y de la Corte de manera unitaria.
24. si el Art.Equipo Nº108
A. Reglamento de la CIDH Art. C. 25. 19. 13 directamente imputable a un Estado Parte. regulado en la CADH 2 . 44 y Estatuto de la CIDH. 2. Arts. Este tratado en su Art.6 establece que en caso de una violación al Art. Este procedimiento para la presentación de peticiones. 7 de la Convención Belém do Pará. LA CORTE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS VIOLACIONES A LOS ARTS. podrá ser efectuado también por esta
CADH. 13 DEL PROTOCOLO
DE SAN SALVADOR. En consecuencia. no es posible excluir la competencia de la Corte para conocer de violaciones a su Art. comprende dentro de sus etapas y como regla general. 7. Por lo tanto. 41-51. El Estado de Iberolandia ratificó el Protocolo en 1989. 1(1). LA CORTE
ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA
ART. salvo contadas excepciones. El Estado de Iberolandia ratificó esta Convención en 1998. LA CORTE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA VIOLACIÓN DEL ART. 12 señala que cualquier persona o grupo de personas puede presentar a la Comisión denuncias o quejas de violación al Art.
. 19. que reemplazaron las palabras “podrá someter el caso” por “someterá el caso a la Corte salvo por decisión fundada de la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión”. 7
CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ.12 de la Convención Belém do Pará no contempla excepción ni limitación alguna a las normas que rigen este procedimiento ante la Comisión. Ver modificaciones al Reglamento de la CIDH realizadas durante los períodos ordinarios de sesiones 116º y 118º. B. 24 Y 28 DE LA CADH.
párr.3. voto salvado del Juez Piza Escalante a la Resolución de 8 de septiembre de 1983. la doctrina ha señalado que "No es posible. 35 y 38. no debe olvidarse que la resolución jurisdiccional de casos de violación a la Convención Belém do Pará constituye un instrumento fundamental para la promoción y evolución de los Derechos Humanos de las mujeres 6 . págs. 41. Santiago.
CONVENCIÓN BELÉM
PARÁ. 28. Asunto de Viviana Gallardo y otras. 22 (Las cursivas son nuestras). en concordancia con lo establecido en el Art. A este respecto. el PIDCP. cuestión plenamente concordante con el objetivo principal impuesto por la CADH a esta Comisión. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el siglo XXI. 8 CANÇADO TRINDADE. intentar aplicar un tratado con desconocimiento de los principios generales de derecho o del derecho consuetudinario que lo precede o lo complementa.Equipo Nº108
última 4 . pues.
AL INTERPRETAR LA
CADH. que ha de ser interpretado de manera integral. jurisprudencia y principios que emanen de organismos internacionales. D. párr. Art. voto razonado del Juez Piza Escalante a la Decisión de 13 de noviembre de 1981. De allí que sea pertinente invocar ante esta Honorable Corte tratados tales como la CERD. Editorial Jurídica de Chile. Universidad de Chile. 2001. el PIDESC. lo que supone interpretar los requisitos procesales “en el sentido más favorable a la resolución de las cuestiones de fondo en sentencia” 5 . Derechos Humanos de la Mujer ¿Dónde estamos ahora en las Américas?. Cecilia.
. Facultad de Derecho. Del mismo modo. 5 Ibidem. 7 CADH. CEDAW. a saber. 6 MEDINA. Artículo traducido al castellano por el Centro de Derechos Humanos. págs. La CADH. además de declaraciones. “promover la observancia y defensa de los derechos humanos” 7 . 29 b y d CADH). 31.c de la Convención de Viena. como tampoco es posible ignorar. 10 y 19. DEBE CONSIDERAR OTROS ACTOS INTERNACIONALES (Art. 27. el Protocolo y la Convención Belém do Pará forman parte de un mismo corpus normativo de protección de los Derechos Humanos. al
CrIDH. Antonio. 10. LA CORTE. Deberá recogerse cada avance de los instrumentos internacionales que permitan alcanzar el mayor grado de protección para los titulares de estos derechos 8 .
76. Tufyal y MOON. Asimismo. Algunas Reflexiones sobre una Futura Convención Interamericana contra la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación. 24 de la CADH comprende la igualdad ante la ley. A. Law Review. Escuela de Derecho Universidad Diego Portales. cit. ámbitos que deben ser respetados y garantizados por el Estado en concordancia con la obligación general contenida
MEDINA. El derecho consagrado en el Art. NOWAK. Art. 264-284. Parte introductoria. pág. Ver también. 1993.Equipo Nº108
interpretar un tratado.4/84. CERD. El derecho a la igualdad se encuentra consagrado en el Art.
1(1). U. 17 de septiembre de 2003. Ver también. es uno de los ejes fundamentales sobre el cual se erige todo el sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos 10 .N. Cecilia. Gay. Santiago. 101. Equality and Discrimination under International Law. las otras fuentes de derecho que pueden haberlo sucedido. párr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Barcelona Traction Light and Power Company. párr. 284-285. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Washington DC. 83. constituyendo un presupuesto indispensable para el respeto y garantía de los Derechos Humanos. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. págs. Vol. 79. 8 de julio de 1996. EN PERJUICIO DE JUANA OLÍN. ASPECTOS DE FONDO I. CHOUDHURY. N. 30. Covenant on Civil and Political Rigths. párr. 19 de enero de 1984. “Complying with its International Human Rights Obligations: The United Kingdom and article 26 of The International Covenant on Civil and Political Rights” en E. OC. aclarándolo o complementándolo" 9 . 12 CrIDH. McKEAN. 2 Y 28 DE LA MISMA. Engel Publisher. 8. la igual protección de la ley y una prohibición de discriminación 13 . párr. 33-34.. 2003. 1996. 24
DE LA VIOLÓ LA IGUALDAD ANTE LA
EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LOS
. 24 de la CADH. OC-18/03.P. Clarendon Press. 13 CrIDH. Manfred. 29. Ariel. op.H. Warwick. 11 CrIDH. 466-479. 1970. y se encuentra inexorablemente ligado a la dignidad humana 11 . párr. págs. 1983. Debido a su trascendencia. CCPR Commentary. VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD. 10 En este sentido véase DULITZKY. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica. 1(1). nota 12.R. Sistema Jurídico y Derechos Humanos. El principio de igualdad y no discriminación es la base sobre la que descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional. Capítulo XV. 55. Asimismo. EL ESTADO DE IBEROLANDIA ART. 29 de noviembre de 2005. Oxford University Press. Ver también CIJ.
CAPÍTULO SEGUNDO. este principio ha sido elevado a la categoría de norma imperativa de jus cogens 12 . OC.18/03. págs.
Esta Comisión considera pertinente destacar que la prohibición de discriminación abarca tanto la discriminación directa. es tan discriminatorio como otorgar un tratamiento idéntico a quienes se encuentran en situaciones desiguales. el origen nacional o social. págs. BAYEFSKY. cit. a personas que se encuentran en circunstancias análogas. la posición económica. 16 ONU. como la raza. “El Principio de Igualdad o No Discriminación en el Derecho Internacional”. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. sin una justificación objetiva y razonable. Anne.
CDH. que debe ser proporcionada por el Estado. de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas” 14 . 1(1) de la CADH. Esta disposición impone al Estado tanto el deber de abstenerse de violar o restringir ilegítimamente el derecho a la igualdad reconocido en la CADH. 1989.Equipo Nº108
en el Art. han concitado un mayor rechazo a nivel internacional. 18-23. La No Discriminación. Volumen III. Se ha entendido por discriminación “toda distinción. como la indirecta. Estudio analítico del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre el Principio Fundamental de la No Discriminación en el marco de la Globalización. 12. Esto supone que brindar un tratamiento desigual. 1990. Anne. Bogotá. BAYEFSKY. denominados “categorías sospechosas”. párr. op. la opinión política o de otra índole. pág. Tercera Edición. exigiendo para su utilización un escrutinio más estricto y una carga probatoria mayor. Este es el caso de la raza 15 . pág. Comisión de Derechos Humanos. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Algunos de estos motivos.11. Originalmente publicado en Human Rights Law Journal.
. goce o ejercicio. Nº1-2. sin proporcionar una justificación objetiva y razonable 16 . el color. el idioma. en condiciones de igualdad.. 942. 11. Ver también. el sexo. Observación General Nº18. párr. Jurisprudencia y Doctrina de los Sistemas Universal e Interamericano. el nacimiento o cualquier otra condición social. 7. 31. restricción o preferencia que se base en determinados motivos. ECOSOC. 32. agosto de 2003. Normativa. y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento. como también la obligación de emprender las acciones necesarias para hacer efectivo este derecho. la religión. nota 15. exclusión. respecto de toda persona sujeta a su jurisdicción y con total prescindencia del diseño institucional adoptado por el Estado. Ver también. Vol.
op. podría pensarse que este mecanismo de admisión permite evaluar el desempeño y aptitud de los postulantes. puede producir resultados discriminatorios 18 . Austria. pág. Derecho y Grupos Desaventajados. SABA. El mecanismo que determina el ingreso a la única Universidad Pública de Rivera del Norte comprende tres evaluaciones. en Revista Derecho y Humanidades Nº11. Comunicación Nº998/2001. 36. Facultad de Derecho. “Grupos y la Cláusula de la igual protección” en GARGARELLA.. 34. Owen. 12. IBEROLANDIA
A LA IGUALDAD AL ESTABLECER Y APLICAR UN
SISTEMA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA DISCRIMINATORIO. 35. 10. EN PERJUICIO DE JUANA OLÍN. 18 ONU. ECOSOC.
33. Editorial Gedisa. Roberto. Roberto. En el caso sub judice. aplicación de un sistema segregacionista y financiamiento inequitativo de las escuelas con asistencia predominantemente
afrodescendiente. Austria. Pohl v. 2005. pág.Equipo Nº108
A. es imprescindible recordar las sucesivas formas de discriminación en la esfera de la educación. cit. Esta forma de discriminación pone de manifiesto que dar un trato igual a personas que se encuentran en situaciones desiguales. aquel mecanismo que en abstracto parecía neutral (en el sentido de aplicable a todos sin distinción) vuelve la espalda a la realidad de Rivera del Norte y. párr. 9. en esa medida. 147 y sgtes. En un mundo ideal. 142 y sgtes. párr. 1999. a las que han sido sometidos los afroamericanos: prohibición absoluta de acceder a cualquier nivel educativo. No obstante. La discriminación indirecta tiene lugar cuando una norma o medida en apariencia neutral produce un efecto perjudicial que impacta de manera exclusiva o desproporcionada sobre personas que forman parte de un grupo determinado. párr. haciendo posible la selección de los estudiantes mejor calificados 19 . se desentiende de las desiguales condiciones que existen entre jóvenes blancos y afroamericanos 20 .4. Comunicación Nº1160/2003.1. 20 En este sentido véase FISS. el promedio de calificaciones. v. a saber. “(Des)igualdad estructural”. Althammer et. un examen general de ingreso y una entrevista personal. al. El corolario de esta sistemática marginación es una profunda brecha entre la
Véase en este sentido CDH. sin que dicha medida pueda justificarse de manera objetiva y razonable 17 .
. nota 16.2. Universidad de Chile. 19 En este sentido véase.
Véase en este sentido. “El peticionario sostiene que no podría haber obtenido un juicio imparcial ya que ‘todos los miembros del jurado provenían de una cierta parte de Oslo donde el racismo está en su cúspide’(. 24 de la CADH.. puesto que da lugar a valoraciones sujetas a interpretación y posibilita que el evaluador califique al entrevistado desde sus inclinaciones o prejuicios personales.
. 1991. en concordancia con los principios que subyacen al artículo 5(a) de la Convención” (Traducción libre). se preste una debida atención a la imparcialidad de los jueces.. Comité CERD. Otorgar este amplio margen de discreción a aquel que determina quiénes son admitidos en la Universidad en una realidad como la de Rivera del Norte -caracterizada por una constante marginación de los afrodescendientes y por mantener a este sector de la población en una condición menoscabada. párr. op cit.permite dar cabida a juicios racistas y sesgados 21 . es incompatible con la garantía de igualdad contenida en el Art.1 y 10. un método de carácter subjetivo. seguido de una sistemática discriminación tanto de jure como de facto en perjuicio de los afrodescendientes. 37. La Comisión hace presente que una entrevista personal. 39. y a constituir instrumentos de políticas discriminatorias” 22 . OC-4/84. como parte del sistema de selección es. 3. respecto de la otorgada a los afroiberolandeses. La Comisión hace suya las palabras de la Corte al señalar que “en la práctica y dado el amplio margen para la evaluación que inevitablemente rodea a pruebas o exámenes como [éstos] tales procedimientos pueden llegar a ser vehículo para juicios subjetivos y arbitrarios. párr. En una realidad caracterizada por un largo historial de segregación racial.Equipo Nº108
formación primaria y secundaria recibida por los estudiantes blancos.) El Comité recomienda al Estado Parte que en casos criminales como el examinado. 63. Norway. 38.. nota 11. establecer un mecanismo de admisión a la Universidad que exige entre sus evaluaciones un desempeño exitoso en una entrevista personal. 22 CrIDH. Caso Narrainen v. en esencia. Este peligro se acrecienta en la medida que no se establecen regulaciones que permitan controlar la manera en que se realiza dicha entrevista y la forma en que sus resultados son interpretados.
3%) 24 y. la sola idea de que los afroamericanos podrán enfrentar el proceso de admisión
Ver supra Exposición de los Hechos. 43. en algunas ‘escuelas especializadas’ los romaníes conforman entre el 80% y 90% del número total de alumnos. constituye evidencia suficiente de las consecuencias discriminatorias denunciadas por esta Comisión. nota 24. por otra. da cuenta de la incongruencia entre el sistema de admisión y el derecho a la igualdad. sólo 10 fueran afrodescendientes 23 . párr. párr. 43. sentencia de 7 de febrero de 2006. Recomendación General Nº 14. ilustrativas del ínfimo porcentaje de afrodescendientes admitidos en la Universidad de Rivera del Norte en los últimos 10 años.2% y 7. 25 Una argumentación similar puede apreciarse en CrEDH. debiendo ser el Estado quien tenga la carga de desvirtuar estos fundamentos 25 . Czech Republic. por una parte. D. sin embargo. Ver también Comité CERD. Véase CrEDH. A este respecto. del total de 250 alumnos aceptados. 2. engrosando la lista de los 137 postulantes que superaron los requisitos mínimos de ingreso y que.. no fue admitida en la Universidad de Rivera del Norte. en que resulta excepcional el acceso de jóvenes afrodescendientes al sistema público de educación superior en Rivera del Norte (en los últimos diez años. pese a que 97 habían obtenido las calificaciones mínimas. en que sólo 10 afrodescendientes fueron aceptados para un total de 250 cupos. la Comisión hace presente que. Este impacto se aprecia también en el proceso de admisión del que fue parte Juana Olín. cit. Czech Republic. 41. Opinión Disidente del Juez Cabral Barreto: “En la actualidad.Equipo Nº108
40. El impacto desproporcionado que recae sobre los afroiberolandeses se refleja. al igual que otros 86 afroiberolandeses. D. párr. op. caracterizado por agudas disparidades en la esfera de la educación. Las autoridades correspondientes determinaron que. La Definición de Discriminación. la aportación de estadísticas veraces. esto da cuenta de un conocimiento expreso de parte del Estado de las prácticas discriminatorias denunciadas por los peticionarios” (Traducción libre). 1993. el porcentaje de ingresantes afrodescendientes ha oscilado entre 1. fueron excluidos. H and others v. En el contexto de Rivera del Norte. en el mínimo porcentaje de afrodescendientes graduados de este sistema (la primera mujer afroamericana en graduarse lo hizo tan solo en 1978). En mi opinión. H and others v. En el año 2000 Juana Olín. 42. Esta consecuencia de permanente exclusión del grupo paradigmáticamente desaventajado. 13.
. en el escenario descrito.
29 Ver supra Exposición de los Hechos. Drew. Roberto. el mecanismo que dirimió el ingreso a la Universidad entre postulantes que habían superado los tres requisitos mínimos de admisión 29 .Equipo Nº108
en igualdad de condiciones con los postulantes blancos. en la medida que con las evaluaciones allí establecidas brindaban un trato indistinto a desiguales. pág. Al ser ésta la evaluación determinante para ser admitido en la Universidad. 15. Tampoco existe finalidad alguna o interés social que el Estado pueda invocar para justificar razonablemente el grave impacto que sufren los afrodescendientes como consecuencia de la mantención de aquel sistema de selección universitaria. 46. Anne. pág. “El hecho de no tomar en cuenta diferencias pertinentes o bien el otorgamiento de un trato idéntico a personas desiguales es tan discriminatorio como tratar a personas iguales de manera diferente”. op. La autoridad.. La Comisión desea enfatizar que el Estado. 46. 11. cit. al elaborar el mecanismo de admisión a la Universidad. se encuentra sometido a un escrutinio especialmente exigente. El promedio de calificaciones de Juana Olín era similar al que tenían los estudiantes que sí fueron aceptados en la Universidad. por estar comprometida una de las categorías sospechosas por excelencia: la raza. sino que otorgó mayor ponderación a la entrevista personal 28 . lo que
En este sentido véase DAYS. 27 Véase BAYEFSKY. fue la entrevista personal. para efectos de superar la exigencia de razonabilidad relativa a la justificación de este sistema. 45. la autoridad pública no sólo contempló la existencia de una entrevista personal como uno de los exámenes de ingreso. debió tener en cuenta los efectos que éste produciría en la realidad en la que se aplicaría. De acuerdo a la ponderación que las autoridades decidieron aplicar. nota 15. cit. debieron prever que su aplicación entrañaría un resultado contrario a la igualdad 27 . se sitúa a los afrodescendientes en una posición de desventaja. al someterlos a valoraciones y prejuicios que los desfavorecen. 44. La Comisión observa que en el proceso de admisión del cual fue parte la víctima. 28 Respuesta aclaratoria Nº5. párr. carece de toda razonabilidad 26 .
. op. Las autoridades que regularon el acceso a la Universidad.. “Acción Afirmativa” en GARGARELLA. nota 20.
párr. nota 12. op. pág. aquella entrevista estuvo condicionada por consideraciones arbitrarias y prejuicios raciales. Esta exclusión afectó también a la mayoría de los postulantes afroiberolandeses. 285. Caso Asiáticos del África oriental v. Ronald. por consideraciones carentes de razonabilidad 32 . 47. en la práctica. Recomendación General Nº 26. Los Derechos en Serio. 31 Al respecto. ambos citados en CHOUDHURY y MOON. resoluciones y sentencias de manera efectivamente acorde con el derecho internacional aplicable”. Railway Express Agency v. 106 (Traducción libre) y CDH. Comunicación Nº633/1995. 1949. mientras que en el segundo evento su derecho sería lesionado por un “ejercicio arbitrario de la discreción” 31 . OC-18/03. Editorial Ariel. 344.) ejerzan sus funciones o realicen o emitan sus actos. 1989. op. “Nada abre la puerta a conductas arbitrarias de manera tan efectiva como permitir a esos oficiales escoger a los pocos quienes aplicarían la ley”. en la medida que actos de esta naturaleza suelen “dañar la percepción de la parte ofendida de su propio valor y reputación” 33 . cuestión que indica que. La Comisión ignora si esta mayor ponderación se enmarca en una decisión motu propio de la autoridad o si se trata de una atribución que le fue conferida por ley. Pág. Derecho a la Protección y a Recursos Efectivos Contra la Discriminación Racial. Ver también. 48. nota 13. CEDH.. la exclusión de Juana Olín fue definida por los prejuicios raciales imperantes o. existen fundamentos suficientes para configurar una violación de la igualdad ante la ley en cualquiera de las dos hipótesis. dicho de otro modo. Al transgredir la prohibición de discriminación racial. párr. Reino Unido. párr.
Véase CrIDH..
. Iberolandia ha incurrido en una práctica particularmente grave. 207. cit. New York. La Discriminación Inversa. 171. ver Corte Suprema de Estados Unidos.Equipo Nº108
indica que la exclusión de la víctima se debió fundamentalmente a la mayor ponderación del resultado insuficiente que obtuvo en dicha entrevista. Como ya fue argumentado.. Capítulo IX. 32 A este respecto véase. 33 Comité CERD. “Es menester que los órganos o funcionarios de cualquier poder estatal (. Canadá. cit. 14 de diciembre de 1973. No obstante. Barcelona.. Juana Olín sería víctima de una aplicación arbitraria de la ley 30 . en el primer supuesto. Caso Gauthier v. En efecto. DWORKIN.
Rasmussen v.. Mientras los demás miembros del grupo destinatario de la salvaguarda normativa.
AL NO APLICARSE LA
LEY Nº678
RIVERA DEL NORTE.2. como anticipamos. op. privándola de
Sobre las consecuencias de una injustificada diferencia de trato véase. cit. 12. Ver también CrEDH. menos aún cuando esta negativa traía aparejada una lesión a otros derechos fundamentales de la víctima (ver infra apartados II y III).
. Juana Olín era sometida a otra forma de selección que. La injustificada diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación análoga. pág.Equipo Nº108
A. sentencia de 28 de noviembre de 1981. 50. es absolutamente incompatible con el derecho consagrado en el Art. a saber. La exclusión de Juana Olín de la aplicación de la Ley Nº678 se realizó aún cuando ella se encontraba claramente dentro de las circunstancias de hecho que exigían la aplicación de la norma. El Congreso de Iberolandia dictó en 1999 una Ley General de Promoción de la Igualdad Racial (Ley Nº678) cuyo artículo 45 obligaba a las instituciones de educación superior públicas a reservar un cupo mínimo de 20% para estudiantes afrodescendientes que hubiesen aprobado los requisitos mínimos de ingreso. jóvenes afrodescendientes. 51. párr. Anne. 52. y pese a su condición de mujer afrodescendiente. BAYEKSKY. como ocurre con Juana Olín respecto de los demás afroamericanos destinatarios de la Ley Nº 678. por cuanto supone discriminar a Juana Olín en la aplicación de la ley. 24 de la CADH 34 . IBEROLANDIA
HA VIOLADO LA IGUALDAD ANTE LA
LEY. Esta normativa estaba vigente al momento de postular Juana Olín a la Universidad de Rivera del Norte. no existía respecto de Juana Olín alguna circunstancia relevante que pudiera razonablemente justificar que se desestimara su situación de acreedora del mismo tratamiento dispensado a los demás afroamericanos de Iberolandia. Dinamarca. 49. Por lo demás. 37. Sin embargo. gozaban de la aplicación del sistema de cuotas. era en sí misma discriminatoria. nota 13. EN PERJUICIO DE JUANA OLIN. las autoridades provinciales se negaron a aplicarla en su caso.
3. párr. un tratamiento diferenciado para quienes se encuentran objetivamente en un estatus desigual 37 .
En esta línea véase. 39 NOWAK. op cit. de modo tal que la ausencia de uno de esos rasgos en un caso concreto. Opinión disidente Juez Tanaka. EN PERJUICIO DE JUANA OLÍN. 125-126. 476. IBEROLANDIA
HA INFRINGIDO SU OBLIGACIÓN DE PROTECCIÓN EFECTIVA E IGUALITARIA
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN. Greece. 38 CrEDH. en ciertas circunstancias.
53. si este derecho es previsto en la legislación doméstica del Estado Parte y es otorgado a algunas personas acusadas de cometer crímenes. (Traducción libre). las cursivas son nuestras). sentencia de 6 abril de 2000.. Comunicación Nº790/1997. 7. pág.2.Equipo Nº108
su derecho a ser protegida por ley de la misma manera en que lo son los demás afroiberolandeses de las restantes provincias del país 35 . pues materializa la máxima según la cual. no tratan diferente a personas cuya situación es significativamente diferente” 38 . La CrEDH ya ha señalado “El derecho a no ser discriminado en el goce de los derechos garantizados por la Convención. Si se realizan distinciones. Russian Federation. estas deberán ser justificadas de manera objetiva y razonable” (Traducción libre. 37 CIJ. 54. págs. sin una justificación objetiva y razonable. 44. Esta Comisión considera que la obligación de protección contra la discriminación constituye un elemento fundamental para combatir este tipo de discriminación. CDH. nota 13. también es violado cuando los Estados. Manfred.
. párr. Esta garantía de protección debe observarse de manera efectiva e igualitaria. prejuicios y creencias profundamente arraigadas 36 . Cheban v. párr. “El Pacto no establece un derecho a ser juzgado por un jurado en casos criminales. 4. Casos de Africa Suroccidental. sino que exige. A. la igualdad ante la ley no prescribe un trato idéntico. 55. compromete la responsabilidad internacional del Estado parte 39 . La discriminación estructural es aquella que impide a ciertos grupos el goce efectivo de sus derechos como consecuencia de una exclusión social sistemática generada por complejas prácticas institucionales y sociales. Roberto. cit. Segunda Fase. deberá ser otorgado sobre bases igualitarias a otras personas que se encuentren en una situación similar. 18 de julio 1966. sin embargo. Caso Thlimmenos v.. nota 19. op. 36 En este sentido véase. SABA. Informes de la CIJ.
Observación General Nº18. Asimismo. 43 Ver ONU. Anne.. ECOSOC. BOSSUYT.. nota 13. 58. Ver también. que sea destinataria de medidas especiales en el ámbito de la educación. 1988. Art. págs. 10. 57. 1992. The Constitutional Logic of Affirmative Action. CERD. medidas temporales encaminadas a conseguir la igualdad de facto respecto de un grupo determinado 40 . Comisión de Derechos Humanos. 476. no sólo justifica. sino que impone indiscutiblemente al Estado una obligación de adoptar medidas especiales para garantizar su derecho a la igualdad. párr. op cit. esto es. op. Este deber puede satisfacerse a través de diversas modalidades. cit.. BAYEFSKY. en tanto mujer perteneciente al sector que ha sido permanentemente discriminado en la sociedad iberolandesa. E/CN. CDH. Manfred. nota 15. pág. 41 NOWAK. A Handbook for Practitioners. constituye una especificación del deber de adoptar medidas positivas para garantizar el goce de los derechos humanos y responde a una exigencia de igualdad substantiva. págs. Duke University Press. desde las más diversas perspectivas 43 . Observación General Nº 18. editado por Kevin Kitching. Ver también. 45 FISCUS. corregirla. 44 Ibídem. op cit. ‘mayor eficiencia del sistema socioeconómico’”. Ronald. 10. ‘evitar la agitación social’. Durham and London. 10.
. pág. párr. cit.. pág. “La acción afirmativa es un conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas específicamente a remediar la situación de los miembros del grupo a que están destinadas en un aspecto o varios aspectos de su vida social para alcanzar la igualdad efectiva”. ‘crear diversidad o una representación proporcional de los grupos’. Stalla Costa v. 3. Non-discrimination in International Law. que supone reconocer en los hechos una situación de discriminación sistemática o estructural para.4/Sub. La adopción de medidas especiales.51-71. op cit.Equipo Nº108
56. Interights. 6-10. pág. Medidas Especiales Temporales. Como manifestación de la garantía de igual y efectiva protección contra la discriminación41 constituye una diferenciación legítima a la luz del DIDH 42 . pág. Esta Corte ya ha enfatizado el carácter obligatorio de las medidas especiales destinadas a garantizar el derecho a la igualdad. una de las cuales es la acción afirmativa 44 basada en el denominado sistema de cuotas 45 . La Comisión estima que la posición de Juana Olín. nota 14. Marc. ‘reparar la discriminación social/estructural’. Ver también. 2(2). 96. 96. 2005. Uruguay.2/2002/21. Recomendación General Nº5. nota 41. “‘Enderezar o reparar injusticias históricas’. Comunicación Nº198/1985. al señalar que “los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus
Para una definición de medidas especiales ver. nota 14. párr. ‘utilidad social’. 25. Non-discrimination in International Law. El Concepto y práctica de la Acción Afirmativa. 97 y 105. op. en la práctica. Asimismo.. Comité CEDAW. 42 CDH.
si el Estado otorga protección a un grupo determinado. nota 14.Equipo Nº108
sociedades. basándose por ejemplo..
. Comité CEDAW. 59. es una batalla que debe ser librada por todos los medios idóneos y es por eso que en el sistema regional deben adoptarse medidas prácticas. lo cual impide al Estado de Iberolandia sostener que le es facultativa la realización de dichas medidas. 141. a la luz de sus obligaciones internacionales. como por otros órganos internacionales 48 . (la cursiva es nuestra). es decir. aplicarla de manera discriminatoria 50 . Presentación de la CIDH sobre la Resolución AG/RES. OC-16/99. se funda en la obligación general de garantía establecida en el Art.4 y 15. Ver también. Aún cuando estas últimas estuviesen formuladas de manera permisiva. párr. a través de un programa de acción afirmativa. párr. 104 y 121. Comité CERD. 50 Similar conclusión se aprecia en CDH. República Dominicana. 9. párr. Recomendación General Nº 23. El deber de Iberolandia de implementar medidas especiales. 119. por ejemplo. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Waldman v.1930. Caso de las Niñas Yean y Bosico v. cit. 398. nota 12. pág. op. 3. 1(1) de la CADH.. debe procurar que ningún miembro de ese grupo quede excluido de esa garantía. Medidas de Acción Afirmativa. Comunicación Nº694/1996. Comunicación 172/84. 12. no resulta atenuado en ningún caso el carácter obligatorio de las medidas especiales. Esta posición ha sido afirmada tanto por esta Comisión 47 .6. 49 En este sentido véase. Esta disposición exige a los Estados la adopción de las más diversas medidas para asegurar el pleno y efectivo goce de los Derechos Humanos. Canadá. 60. “Prevención del racismo y de toda forma de discriminación e intolerancia y consideración de la elaboración de un proyecto de Convención Americana”. párr. 47 CIDH. Caso Broeks v. OC-18/03. 15. Comisión Internacional de Juristas.. 1(1) de la CADH 49 . eficaces e innovadoras para la protección de los derechos humanos”. Los Países Bajos.
CrIDH. párr. pues el deber del Estado de adoptarlas se funda en su obligación internacional de garantizar el derecho a la igualdad conforme al Art. párr. sentencia de 8 de septiembre de 2005.tiene absolutamente vetado. Observaciones Finales United States of America. párr. 10. al dictar una medida de ese carácter.la Ley Nº 678. Observación General Nº 18. pág. 10.) Reconocer su presencia y confrontar su origen. párr. “El racismo y la discriminación racial menoscaban el Estado de Derecho (. La protección contra la discriminación debe proporcionarse de manera igualitaria. 24 en relación con el Art. Participación de la Mujer en la vida Política y Pública.. en sus disposiciones constitucionales. 18 de agosto de 2001. 48 CDH. esta Comisión hace presente que Iberolandia. op cit. En el evento que el Estado hiciere atendible el argumento relativo al carácter facultativo de las acciones afirmativas. en perjuicio de determinado grupo de personas” 46 .
4. párr. las que en concordancia con las obligaciones generales impuestas por los Arts. no se agota en la mera gestión tendiente a dar protección contra la discriminación. 24 de la CADH en relación al Art.
. Ver también CDH. págs. es de exigibilidad inmediata y compromete a todos los poderes del Estado en la plena realización de éste y cada uno de los derechos consagrados en la CADH 53 .Equipo Nº108
61. 108.1(1) de la misma..4/Sub2/384/ADD. Naturaleza de la Obligación Jurídica General impuesta a los Estados Partes en el Pacto.. no emerge únicamente de la no aplicación de la Ley Nº678 a Juana Olín. op cit. cit.
Véase Mutatis Mutandi. La obligación general de respeto y garantía del derecho a la igualdad ante la ley. por vías alternativas. op. 55-56. Ver también. nota 13. La responsabilidad del Estado por inobservancia del deber de proteger igualitaria y efectivamente contra la discriminación. por ejemplo. nota 12. sentencia de 29 de julio de 1988. 62. consagrado en el Art. no implementaron mecanismo alguno que impidiera que la víctima quedara en un inaceptable vacío de protección. Observación General Nº31. la protección que se le dispensa a los demás afrodescendientes en su misma posición. 24. pág. Anne. Iberolandia es también responsable debido a que las autoridades. OC-18/03. en defecto de la aplicación de la Ley Nº678. 52 NOWAK. op cit.) por la otra no son más que dos aspectos de un mismo problema: asegurar completamente la igualdad de derechos a todas las personas”. Manfred. nota 15. Esta obligación de cumplir con la máxima de tratar de manera diferente a quienes se encuentran en situaciones diversas. citado por BAYEFSKY. CrIDH. “No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que. 53 CrIDH. cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica”. Ello puede ocurrir. párr. por una parte y la implementación de medidas especiales (. Esto demanda la implementación de medidas más allá de la expedición de leyes. párr. Caso Velásquez Rodríguez. deberán extenderse desde la prevención hasta la reparación de los perjuicios ocasionados por la discriminación 52 . Documento ONU E/CN. 14.5.. sino también de la negativa de proporcionarle. resulten ilusorios. 166. por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado. pág. 63... “La prevención de la discriminación. sino que compele a lograr este objetivo de una manera eficaz y apreciable en los hechos 51 .1(1) y 2 de la CADH.
. el deber de adoptar disposiciones de derecho interno exige de los Estados Parte no sólo la dictación e implementación de medidas de carácter legislativo. sentencia de 22 de noviembre de 2005. Opinión Separada del Juez Gros Espiell. 6. 140. 56 CrIDH. Reparaciones. Manfred. o bien. Ver también. se diera aplicación a la Ley Nº678 en Rivera del Norte. violaran la prohibición general de discriminación. 1(1) 56 . 3. cit. nota 15. tomar las medidas necesarias para otorgarle el trato diferenciado que exigía su condición de mujer afrodescendiente.. debiendo para ello. 16.Equipo Nº108
64. sentencia de 18 de septiembre de 2003. 1(1) de la misma 55 . Caso Velásquez Rodríguez. Caso Instituto de Reeducación del Menor. párr. 162. Como ya ha sido demostrado. Iberolandia debió adoptar medidas adecuadas para que Juana Olín no fuera objeto de normas. Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta. Perú. acciones u omisiones que. 164. 91. Caso Caballero Delgado y Santana. pág. 65. párr. pág. Caso Gómez Palomino v. sino también de todas aquellas medidas que resulten necesarias para asegurar el pleno y efectivo goce de los derechos y libertades garantizados por la CADH a todas las personas sujetas a su jurisdicción (principio del effet utile). BAYEFSKY. Caso Cinco Pensionistas. párr. Voto Disidente del Juez Cançado Trindade. párr.. de modo que una violación de la prohibición de discriminación contenida en el artículo 2(1) en conjunto con el artículo 26 parece estar descartada”. Caso Bulacio. Ann. párr. 29 de agosto de 1986. 35. op. Con independencia del reparto interno de competencias. 55 CrIDH. sentencia de 28 de febrero de 2003. Asimismo. (Traducción libre). cit. 2 de la CADH explicita y desarrolla un ámbito de la obligación general de respeto y garantía contenida en su Art. párr. OC. El Art. párr. 24 de la CADH 54 en relación con el Art. 57 CrIDH. 205-206. op. En efecto. 57 66. Iberolandia debió procurar que. directa o indirectamente. párr. por ejemplo.7/86. cit. nota 53. B. prácticas. sentencia de 29 de enero de 1997. “El artículo 26 conforma una especie de lex specialis en relación al artículo 2(1). nota 13. el Estado de Iberolandia violó el derecho autónomo de igualdad consagrado en el Art.. que en esta provincia se dictara una ley similar o se adoptaran otras medidas que cumplieran el mismo
NOWAK. era imperativo para el Estado proveerla de una protección efectiva e igualitaria contra la discriminación. sentencia de 2 de septiembre de 2004. 67. 9. op.
al señalar “con arreglo a sus procedimientos constitucionales”. el respeto y la garantía de los derechos” 60 . 27. Recomendación General Nº20. · Dificultad de adoptar medidas de otro carácter para garantizar igualmente lo pretendido por la Ley Nº 678. la Comisión exhorta a la Honorable Corte a descartar cualquier argumento esgrimido por el Estado que implique abordar asuntos de carácter doméstico tales como los siguientes: · Inaplicabilidad e inconstitucionalidad de la Ley Nº 678 en razón de la distribución interna de competencias.
En este sentido véase. para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos por la CADH 58 . pág. párr. Manfred. al ser relevante únicamente “el resultado de la implementación. párr. pues el Art. deja en manos de Iberolandia la elección de las vías por las cuales cumplirá su compromiso internacional y. 69. resulta indiferente toda remisión al ordenamiento jurídico interno de los Estados con miras a justificar la inobservancia de las obligaciones que han contraído 59 . nota 13.Equipo Nº108
fin. En virtud de este principio general. Sólo de este modo el Estado habría dado cabal cumplimiento al deber de adecuar su derecho interno. esta Comisión sólo puede concluir que han sido insuficientes los esfuerzos del Gobierno Central orientados a dar observancia a la CADH. op cit. Bajo cualquiera de estos argumentos. Art. Comité CERD. 60 NOWAK. 1 y 5. Ver también. se mantiene incólume la conclusión de que Iberolandia ha violado la CADH en perjuicio de Juana Olín. 53.. Esta Comisión observa que a la luz del Derecho Internacional. “El Comité considera incompatible con el Pacto que el Estado Parte haya dado prioridad a la aplicación de su legislación nacional por sobre sus obligaciones internacionales contraídas” (Traducción libre). 49 (Traducción libre). Tae Hoon Park v. CDH.
. Aplicación No Discriminatoria de los Derechos y las Libertades Fundamentales. 68. 2. Comunicación Nº 628/1995. esto es. Republic of Korea. 59 Convención de Viena.
Pohl v. and L. L. en el caso de Iberolandia. Esta disposición. En este sentido. 8. Ver también. Canadá. “El Gobierno de México afirma que el Gobierno Nacional no está obligado en virtud de la salvaguarda incluida en el Artículo 28 del Pacto de San José a tomar medida alguna para que las autoridades competentes del Estado de Nueva León.4. descarta de plano la posibilidad del Estado de invocar la complejidad de su estructura con miras a eludir las obligaciones por él contraídas 62 . 22 de febrero de 1991. en virtud de su estructura federal. I. 72. en Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Hjord. Esta Comisión desea destacar que. la finalidad de salvaguarda de los Derechos Humanos impuesta por la CADH en general. cit. Holm.) La posición del Gobierno de México resulta en toda forma incongruente con la responsabilidad asumida por el Estado mexicano al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. 65 CDH. la obligación dimanante del Art. Volumen VI. A este respecto. Comunicación Nº488/1992. 70. INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN LA CLÁUSULA FEDERAL. Observaciones Finales Argentina. cuyo sentido coherente prescribe a los Estados federales el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en todo su territorio. 28 de la CADH. (Las cursivas son nuestras). Ariel. por el Art. se encuentran igualmente vinculadas por lo dispuesto en los tratados internacionales
DULITZKY. CDH. págs.1(1). 62 Sobre este punto véase. párr. Este planteamiento es plenamente aplicable al Art. el Comité recuerda que una violación substantiva del Pacto perpetrada por una autoridad provincial.3. 2 de la CADH es reforzada y precisada.. la legislación que éstas deseen y que constituye su régimen interior (. nota 17. 207-209. 9. compromete la responsabilidad internacional del Estado Parte en igual medida que una actuación de sus autoridades federales”. párr. Sweden. Informe No 8/91. en tanto parte del Estado..180 México. 63 En este sentido véase. 2006.. Comunicación Nº 298/1988. Radko and E. 40-42. 64 A este respecto véase. Austria. párr. Caso 10. El Caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la República Argentina”. Stahl v. Australia. A. op. adopten o modifiquen. párr. and B. (Traducción Libre). Comunicación Nº958/2000.Equipo Nº108
C. 28 de la misma 61 . CIDH. CDH. párr. Lindgren and L. 73. Jazairi v. 299/1988 (Traducción libre).2. y las disposiciones mencionadas en particular. Caso Toonen v. CCPR/CO/70/ARG.
. Ver también CDH. interpretada también a la luz del Art. 10. Esto ha sido confirmado por el Comité al afirmar que “la responsabilidad del Estado se compromete en virtud de decisiones de sus municipalidades y ningún Estado parte está eximido de sus obligaciones bajo el Pacto por delegar algunas de sus funciones en órganos autónomos o municipalidades” 65 . “Federalismo y Derechos Humanos. 7. prescinden de cualquier referencia a la distribución interna de competencias 63 u organización de las entidades componentes de una federación 64 . no puede olvidarse que las provincias de la federación. noviembre de 2000. G. en un sentido o en otro. CDH. 71. “Con respecto a la reclamación relativa al artículo 50 del Pacto. Lundquist.
24 de la CADH. es reforzada por la propia Constitución de Iberolandia 66 . 28 CADH. Esta referencia debe ser entendida en atención al objeto atribuido a esta Observación en el Párrafo 1. Violencia contra la mujer en ciudad Juárez. 7 DE LA CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ. el Estado. cuestión que refleja la vinculación entre las garantías establecidas en la Convención Belém do Pará y los derechos reconocidos en la CADH 68 .
. El Estado debió tener en cuenta que las “medidas pertinentes” de que trata el Art. 29. CIDH. deben “producir resultados coherentes con el pleno cumplimiento de las obligaciones por el Estado Parte” 67 . De allí que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia.
76. 5. cuestión que. 68 Sobre esta relación véase. 27 y 31 de la Convención de Viena y con el Art. relativa al artículo 19 de la Constitución de Iberolandia.
Respuesta aclaratoria Nº9. CONSAGRADA
EN EL ART.Equipo Nº108
ratificados por el gobierno federal. La Comisión hace presente que es éste el entendimiento del Art. CDESC. EN PERJUICIO DE JUANA OLÍN. sujeta al arbitrio de cada uno de los Estados Parte. “Aclarar más ciertos elementos de la declaración anterior”. La Aplicación Interna del Pacto. debe cumplir con su obligación de respetar y garantizar cada uno de los Derechos Humanos de las mujeres. de hecho. EL ESTADO DE IBEROLANDIA INCUMPLIÓ SU OBLIGACIÓN DE ADOPTAR MEDIDAS PARA PREVENIR. Observación General Nº 9. De allí que haya incurrido en una violación de esta disposición en relación con el derecho a la igualdad reconocido en el Art. Una interpretación diversa de la obligación contenida en la cláusula federal conduciría al absurdo de convertir la protección de los Derechos Humanos en una decisión meramente discrecional. comprenda el derecho a no ser sometida a forma alguna de discriminación. 75. párr. II. para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. en tanto especificación del Art. aludiendo a la Observación General Nº 3 del CDH. 74. 103 y 120. y es deber del Estado respetar y garantizar este derecho. párr. 28 de la CADH que mejor se condice con los Arts. SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Así. a saber. Las mujeres tienen derecho a no ser objeto de violencia. 2 de la misma.a de la CADH.
. 2001. ONU. La discriminación. acentuando su situación de vulnerabilidad y perpetuando su posición social desaventajada 74 ..4/2002/60. Informe Anual de la Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación. “Pide a los Estados que refuercen las medidas y políticas públicas a favor de las mujeres y los jóvenes afrodescendientes. op. Durban. la Discriminación Racial. 78. párr.. 73 Similar análisis se encuentra en Comisión Interamericana de Mujeres. el medio más importante por el que se transmiten las ventajas y desventajas de generación a generación (.
Convención Belém do Pará. En el presente caso. teniendo presente que el racismo los afecta más profundamente. Comisión de Derechos Humanos.. en tanto forma de violencia 69 .Equipo Nº108
77. tanto de hecho como de derecho.. o de sus capacidades y discapacidades percibidas”. Seguimiento del Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género. cit. al cuidado de otras personas. Informe sobre la Condición de la Mujer en las Américas. pese a que ambos pudiesen formar parte de un grupo desaventajado 71 . párr. poniéndolos en situación de mayor marginación y desventaja”. la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. “La Comisión ha percibido con claridad creciente que el examen de los sistemas y prácticas legales en el ámbito nacional revela que subsiste. por lo tanto. Informe de la Conferencia Mundial contra el Racismo. “La desigualdad en la enseñanza constituye el medio más importante por el que tiene lugar la selección profesional y. como corolario de la discriminación racial de que fue objeto. 252. las posibilidades de desarrollo de Juana Olín presumiblemente quedarán reducidas a actividades domésticas. 72 CIDH. E/CN. Esto la ubicaría al margen de la participación política y del proceso de toma de decisiones.) la mujer no alcanza la igualdad jurídica plena en todos los países de la región”. pone de manifiesto la intersección entre la discriminación por raza y sexo. la discriminación por razón de género (. y a otras tareas reconocidas como típicamente femeninas que la relegan al ámbito privado 73 . Comité CERD. produce en ella consecuencias más graves que las que provocaría en un hombre..) A pesar de los avances individuales de que informan los países (. 13 de Octubre de 1998. En el marco de la situación de las mujeres en América 72 . nota 41. ECOSOC. Extractos de la introducción y conclusión de este Informe. 74 En este sentido véase. 9. Cap. sociales y culturales 70 . I. pág. a labores de servicio.. La imposibilidad de Juana Olín de acceder a la Universidad de Rivera del Norte. 6(a). párr. Programa de Acción. Art. Recomendación General Nº25. Katarina. 1. Las Dimensiones de la Discriminación Racial relacionadas con el Género. no sólo atenta directamente contra los derechos de la mujer. Ver también. 71 Sobre este punto véase. la forma de violencia de la que fue víctima Juana Olín. Non-discrimination in International Law. No es plausible sostener que la discriminación racial afecta de la misma manera a mujeres y hombres. sino que también merma sus posibilidades de gozar y ejercer plenamente sus derechos políticos. 39.) según el sexo y el cambiante papel de los géneros.. económicos. 2002. TOMASEVSKI.
77 Para una conclusión similar. 9. La Comisión desea destacar que “ya que la educación está íntimamente ligada a las oportunidades de empleo y al éxito económico. queda en evidencia además. 7 de la Convención Belém do Pará. Caso María da Penha Fernández v. Asimismo. medidas especiales a favor de las afroamericanas para dar observancia al principio de igualdad. Iberolandia violó la prohibición de discriminación racial. párr. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. las infracciones por las que el Estado ha incurrido en responsabilidad internacional. por todos los medios apropiados. Como ya ha sido demostrado. al constatar que el Estado no ha ratificado tratados internacionales de primer orden en esta materia. incumplió su deber de adoptar. CIDH. 2001. tales como la CERD y la CEDAW 78 . 55. en perjuicio de Juana Olín. las políticas destinadas a prevenir. en relación con los Arts. pág. 76 Ibidem. 82. Ver también Convención Belém do Pará Art. han tenido el efecto de perpetuar las prácticas y estereotipos que fomentan y respaldan la violencia contra las mujeres 77 . pág.Equipo Nº108
79. El Estado sumió a Juana Olín en un vacío de protección que es incompatible con la obligación establecida en el Art. atender a las inequidades de raza y género es la clave para garantizar los derechos de la mujer en otras áreas” 75 .6(a) y 9 de la misma.
ONU. 24. 13. 81. sin discriminación. Informe 54/01. Por el contrario. Gender Dimensions of Racial Discrimination.
. Esta situación pone de manifiesto que el Estado no tuvo la debida consideración de la situación de vulnerabilidad a la violencia que sufren las mujeres en razón de su raza y precariedad socioeconómica 76 . 78 Pregunta y respuesta aclaratoria Nº1. La omisión de Iberolandia de adoptar. Brasil. 80. sancionar y erradicar toda forma de violencia que afecte a la mujer.
4% de los estudiantes. 82 Ver supra Exposición de los Hechos: “(…) se distribuyó anualmente entre los distritos predominantemente blancos el 79. los que son fijados de acuerdo al nivel de ingreso de cada contribuyente y posteriormente distribuidos de manera diferenciada.6% de toda la población en edad escolar”. por lo que imparten una educación notoriamente deficitaria. 1999. 2nd Edition. 82 86. El derecho a la educación constituye una parte esencial e indispensable del DIDH y es presupuesto para el ejercicio de otros derechos fundamentales 79 .3% del presupuesto educativo para apenas el 50. De este modo. sin discriminación. párr. los distritos escolares más desaventajados económicamente. 81 En este sentido véase. Iberolandia ha incumplido su obligación de asegurar el pleno goce de este derecho. A. 6. CDH. tanto en el acceso como en el goce de este derecho. 245. EN PERJUICIO DE JUANA OLÍN.Eide et all. Edited by A.
NOWAK. que coinciden con los de mayoría afroamericana y entre los cuales estudió Juana Olín. Art. EL ESTADO DE IBEROLANDIA VIOLÓ EL DERECHO A LA EDUCACIÓN ESTABLECIDO EN
EL ART. a través de medidas legislativas o de otro carácter 80 . Concluding Observations on Romania. lo que impone al Estado el deber de combatir las inequidades existentes. “Obligación de adoptar disposiciones de derecho interno”. Comité CERD.3. para el 49. Concluding Observation on United States of America. IBEROLANDIA
HA INCUMPLIDO EL DEBER DE
EL GOCE IGUALITARIO DEL
DERECHO A LA EDUCACIÓN. Art. 84. al proveer una educación primaria y secundaria de baja calidad a los afrodescendientes de Rivera del Norte 81 . 80 Protocolo de San Salvador. 85.
83. 2. Esto se explica por un sistema de financiamiento de la educación basado en la recaudación de impuestos. 291. 13 DEL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR.7% de dicho presupuesto. párr. 13 del Protocolo debe ser garantizado a todas las personas sin discriminación. Manfred.
. en Economic. 1995. Los alumnos no cuentan con suficientes maestros ni con la infraestructura necesaria. A/54/18.Equipo Nº108
III. reciben un presupuesto extremadamente reducido. El derecho consagrado en el Art. Paralelamente. pág. realidad que contrasta con la de los distritos mayoritariamente blancos. los distritos mayoritariamente afrodecendientes obtuvieron el 20. 282. párr. “The right to education”. Social and Cultural Rights. Ver también. “Obligación de no discriminación”.
Sociales y Culturales en la denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
HA INCUMPLIDO EL
IGUALITARIO A LA
CDESC. Sobre este tema véase. 87 En esta línea véase. 1 de Septiembre a 10 de octubre de 2001. CDH.b. La Comisión..a los jóvenes afrodescendientes con el fin de garantizar. TOMASEVSKI. al limitarse su educación a un nivel inferior 84 . Víctor. Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza. ONU. B. Comisión de Derechos Humanos. Misión a los Estados Unidos de América. en cierto grado. Cap. 1999. Caso Broeks v. Katarina. ese mismo grado de satisfacción del derecho86 . 88. En efecto. en perjuicio de Juana Olín 87 . El CDESC ha afirmado que “las agudas disparidades de las políticas de gastos que tengan como resultado que la calidad de la educación sea distinta para las personas que residen en diferentes lugares. párr. 12. la proporción inversa entre los fondos disponibles y la exigencia de igualdad de oportunidades. este sistema no fue aplicado a Juana Olín. lo cierto es que cuando este derecho ya ha sido proporcionado en una determinada medida a un grupo de personas. desea destacar que esta posibilidad se ha materializado respecto de Juana Olín. párr. 1. sin discriminación.Equipo Nº108
87. el Estado dispensó un tratamiento especial -mediante la implementación de un sistema de cupos. Los Derechos Económicos.b. Model of National Legislation for the Guidance of Governments in the Enactment of further Legislation against Racial Discrimination. E/CN. No obstante. 35. 47. nota 50. ha restringido en perjuicio de la víctima el acceso igualitario a la educación superior 85 . Observación General Nº13. IBEROLANDIA EDUCACIÓN. “Discriminación racial en la educación: 39. Si bien puede ser difícil determinar con qué extensión debe el Estado proveer el derecho a la educación superior. Ver también. el derecho a acceder a la educación superior. 89. De esta manera. 86 ABRAMOVICH. El Derecho a la Educación. es exigible otorgar a todos. Art.4 y 15. II. Informe de la Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación.4/2002/60/Add.. Los Países Bajos. quien finalmente no pudo ingresar a la Universidad de Rivera del Norte. Iberolandia incumplió su obligación de garantizar el acceso a la educación superior sin discriminación. 85 A este respecto véase.
. XV Curso interdisciplinario en Derechos Humanos. op. a) Denegar o limitar el acceso de un individuo o grupo de individuos a la educación de cualquier tipo y en cualquier nivel” (Traducción libre). Se considerará una ofensa con fundamento racial. ECOSOC. párr. pueden constituir discriminación” 83 . cit. 1997.
nota 82. A/51/18. La Comisión solicita que la Honorable Corte concluya y declare: 1) Que el Estado de Iberolandia violó la igualdad ante la ley consagrada en el Art. Observaciones Finales sobre Guatemala. párrs. Comisión de Derechos Humanos. 503. 1(1). Tanto la garantía de acceso igualitario a la educación superior.
. 2 y 28 de la misma. MUÑOZ.Equipo Nº108
90. “El Relator especial estima que la consideración de la interculturalidad debería incorporarse. 91 Comité CERD. Tercer considerando. La Comisión recuerda que “se deben adoptar medidas afirmativas para superar los vestigios del pasado que aún obstaculizan las posibilidades de personas afrodescendientes de acceder a la educación superior” 91 .1996 (Traducción libre). párr. son obligaciones de exigencia inmediata 88 . El Derecho a la Educación. ONU. Sobre este punto véase. Ver también Art.
CDESC. de pleno derecho. párr. Vernor. 37 y 43. párr.. 71 y 72. en perjuicio de Juana Olín. ECOSOC. las medidas especiales necesarias para equiparar las posibilidades de Juana Olín de acceder a la educación superior pública en Rivera del Norte. 3 del Protocolo. 7 de la Convención Belém do Pará. este deber no fue observado respecto de Juana Olín. PETITORIO Los argumentos anteriormente expuestos dan cuenta de la responsabilidad internacional del Estado de Iberolandia. Observaciones Finales sobre Namibia. en perjuicio de Juana Olín. como el deber de adoptar medidas positivas en este ámbito. 91. Este imperativo se ve reforzado al reconocer en la diversidad un fundamento esencial de la educación 89 . I. 90 Carta Democrática Interamericana. 70. Sin embargo. 11 de septiembre de 2001. 94. Iberolandia tiene el deber de subsanar cualquier discriminación de hecho en esta esfera y adoptar con tal efecto. La homogeneidad es una empresa imposible en la educación”. 92. un presupuesto imprescindible para la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones y en la consolidación de la democracia 90 . Observación General Nº13. 2) Que el Estado de Iberolandia incumplió su obligación de adoptar medidas para prevenir. 24 de la CADH en relación con las obligaciones impuestas por los Arts. y al ser esta última. sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. op cit. en todos los sistemas educativos. 1997. A/52/18. consagrada en el Art.
procurando determinar las responsabilidades por la discriminación a que se vio sometida la víctima. en perjuicio de Juana Olín. 13 del Protocolo de San Salvador.
II. el texto de las sentencias de fondo y reparaciones. así como realizar actividades de capacitación en el respeto a los derechos humanos. 4) Publicar en el diario oficial y en diversos medios de comunicación masiva.Equipo Nº108
3) Que el Estado de Iberolandia violó el derecho a la educación establecido en el Art. a las autoridades de enseñanza de Rivera del Norte. dirigidas a autoridades públicas en general y en particular. 5) Adecuar su legislación interna para garantizar la igualdad de todos sus habitantes en el goce de los derechos garantizados por la CADH. establecer medidas especiales a favor de los afroiberolandeses para promover su acceso a la educación superior pública en todas las provincias que conforman la federación. con perspectiva de género y anti-racista. 3) Realizar una investigación de los hechos ocurridos durante el proceso de admisión a la Universidad de Rivera del Norte del año 2000. la Comisión solicita que se ordene al Ilustre Estado: 1) Pagar una justa indemnización compensatoria a la víctima de estas violaciones. y en particular. 2) Proporcionar a Juana Olín una beca de estudios superiores en la Universidad pública de Rivera del Norte o en otro centro de reconocida calidad académica escogido de común acuerdo entre la víctima y el Estado. Si esta Honorable Corte estimase que ha existido una violación a los derechos antes mencionados. 6) Organizar campañas públicas tendientes a mejorar la valoración social respecto de los afrodescendientes. 7) Pagar las costas y el reembolso de los gastos en que debieron incurrir las víctimas ante las autoridades de Iberolandia y ante los órganos del sistema interamericano.
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