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Timestamp: 2020-05-31 11:43:02+00:00

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CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIÓ
La Tradición, extracto Tratado de Derechos Reales.pdf
Contrato Privado Sr. Carlos (Totty)
ANÁLISIS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN RELACIÓN CON LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
Gilberto Enrique Bustamante,Universidad Autónoma De Baja California Ana Cecilia Bustamante, Universidad Autónoma De Baja California Adelaida Figueroa Villanueva, Universidad Autónoma De Baja California Sósima Carrillo, Universidad Autónoma De Baja California Santiago Pérez Alcalá, Universidad Autónoma De Baja California
El erario público puede verse afectado al no considerarse como enajenación de bienes aquella realizada con motivo de la celebración de un contrato de fideicomiso en la que por virtud de hacerse mención en el contrato de que el fideicomitente se reserva el derecho de readquirir el patrimonio fideicomitido, ya no encuadra dentro de los supuestos previstos como enajenación. Es importante establecer si el fideicomiso es o no un acto en el que existe una enajenación aun cuando el fideicomitente pueda readquirir el patrimonio fideicomitido, y el consecuente perjuicio al erario público al no considerarse como enajenación cualquier fideicomiso. Probablemente el contenido de la norma jurídica no coincida con la situación real, puesto que en algunas ocasiones este contrato puede ser usado como una forma de evadir obligaciones fiscales, y esto hace necesario una reforma a la ley. Asimismo es importante analizar la figura jurídica del fideicomiso, su origen y evolución, su conceptualización, su naturaleza jurídica, y desde luego las implicaciones fiscales que derivan de esa enajenación que surge al momento de formalizarse el contrato y la excepción para no considerarlo así cuando se trata de inmuebles cuyo uso se concede a extranjeros, con el consiguiente perjuicio para la hacienda pública.
El tema referido en este trabajo deriva de la afectación que puede sufrir el erario público al no considerarse como enajenación de bienes aquella realizada con motivo de la celebración de un contrato de fideicomiso en la que solo por el hecho de hacerse mención en el contrato de que el fideicomitente se reserva el derecho de readquirir el patrimonio fideicomitido, ya no encuadra dentro de los supuestos previstos en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación.
En los capítulos del presente trabajo de investigación se desarrolla la figura jurídica del fideicomiso, desde su origen y evolución en nuestro país, abordando su conceptualización, la calidad de enajenación que debe atribuírsele a la misma por su propia naturaleza, así como las implicaciones fiscales que derivan de esa atribución enajenable que se da al momento de formalizarse ese contrato y la excepción para no considerarlo como enajenación y que en tratándose de inmuebles puede darse en nuestro país respecto de bienes inmuebles cuyo uso se concede a extranjeros, con el consiguiente perjuicio para la hacienda pública al no ser sujeto en ciertos casos del pago de impuesto por no considerarse enajenación y consecuentemente tampoco como un ingreso.
Etimológicamente el vocablo fideicomiso deriva de las raíces latinas fides que significa fidelidad, fe, lealtad, y de commissum que significa comisión, encargo secreto o confidencial. Unidas forman la palabra fideicommissum que es un principio la disposición en que el testador confía su hacienda o ciertos legados,a la fe de alguno que ejecute su voluntad. La institución del fideicomiso aparece inicialmente en el derecho romano como una figura usada cuando un testador quería favorecer a una persona con la cual no tenía la testamenti factio, es decir, el derecho de testar y no tenía otro recurso que rogar a su heredero
fuese el ejecutor de su voluntad para dar al incapaz, bien fuera un objeto particular, o bien la sucesión en todo o en parte. Ya en el Derecho Romano se hacia la distinción sobre los elementos personales del fideicomiso, llamándose fideicommitto a quien ruega, fiduciario al heredero gravado, y a aquel a quien se le restituye se le denominó fideicomisario.
Posteriormente la institución del fideicomiso tuvo una amplia difusión en el derecho anglosajón a través de la figura conocida como trust. Esta palabra puede traducirse al idioma español como sustantivo significando confianza, y si se usa como verbo entonces significa confiar en. Es así entonces que tanto en el derecho anglosajón, al igual que en el derecho romano, el fideicomiso implica una confianza por parte del fideicomitente en el fiduciario de que este cumplirá con aquellos fines que le sean encomendados y en beneficio de un tercero.
La tradición jurídica anglosajona que fue transmitida de Inglaterra a los Estados Unidos de América, resultó en un inusitado desarrollo del fideicomiso, siendo este derecho, junto con el mexicano, el que más experiencia tiene en materia fiduciaria y, por lo mismo, es uno de los dos sistemas en los que el fideicomiso tiene una importancia extrema. Esto mismo es señalado por Carlos Dávalos Mejía al mencionar que “la afirmación de que el país con más experiencia en la legislación, la jurisprudencia, la práctica y la aplicación pública del fideicomiso es México, no admite contradicción”
SURGIMIENTO DEL FIDEICOMISO EN MÉXICO
En los Estados Unidos de América existen múltiples reglas fiduciarias, las cuales son concordantes en sus fechas de publicación con la época en que México desarrolló sus primeros esbozos de legislación fiduciaria, y en efecto observamos una clara proximidad en algunas reglas de nuestro fideicomiso respecto de algunas del de aquel país.
El contrato de fideicomiso es de introducción relativamente reciente en nuestro país; la Ley Bancaria de 24 de Diciembre de 1924 dedicaba dos artículos a esta institución. Posteriormente se expidió la Ley de Bancos de Fideicomiso de 30 de Junio de 1926 que se refundió en la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios de 1926, que oscuramente concebía el fideicomiso como un mandato irrevocable, dejando gran vaguedad de conceptos en torno de este contrato. No fue sino hasta la expedición de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito en 1932 cuando se preciso la naturaleza jurídica del fideicomiso como una afectación patrimonial a un fin, cuyo logro se confía a las gestiones de un fiduciario.
Es de precisar también que antes de la entrada en vigor de esta última ley existieron varios proyectos de ley e incluso propuestas realizadas por instituciones bancarias tendientes a reglamentar la figura del fideicomiso, pero las mismas no prosperaron en la forma que se hubiera deseado, emitiéndose únicamente los ordenamientos legales citados en el párrafo que antecede. Obviamente la figura del fideicomiso la encontramos reglamentadas en leyes de instituciones de crédito puesto que en nuestro país, la ejecución de este tipo de contratos invariablemente corresponde a este tipo de instituciones, y no le es dable a los particulares su participación como fiduciarias. La ley sustantiva para el contrato de fideicomiso es la multicitada Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, misma que a lo largo de su existencia ha sufrido diversas reformas y adiciones en lo tocante al fideicomiso, mismas que se verán en el capítulo subsecuente.
Todas las disposiciones legales antes mencionadas se encuentran además complementadas a través de diversas circulares y oficio-circular emitidos tantos por el Banco de México como banco central, así como por la Comisión Nacional Bancaria, organismo este último inspector de las instituciones de crédito en el país. En cuanto a las leyes y reglamentos de orden tributario podemos mencionar como principales las
siguientes: Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento, Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento.
Objeto: El objeto de esta investigación es realizar un análisis del contrato de fideicomiso con la fracción
V del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, en lo referente al contrato de fideicomiso sobre
bienes inmuebles para uso y goce a extranjeros.
Objetivo general: El objetivo general es determinar que debe entenderse por enajenación y aplicar este concepto al contrato de fideicomiso.
Planteamiento y justificación del problema: El problema planteado se justifica desde la perspectiva de que el tema de las finanzas públicas es un problema complejo que atañe a todos los ciudadanos, que, ligado a la falta de recursos por parte del Estado, provoca a la vez la supresión de un rubro importante de ingresos que redundarían en servicios públicos. Ahora bien, considerando que en la sociedad actual se celebran múltiples actos jurídicos, entre ellos los fideicomisos, resulta importante destacar que dichas operaciones deben también estar sujetas a un régimen fiscal contributivo para las finanzas públicas, sin que sea permisible el que se exente de pago de contribuciones a esas figuras jurídicas por solo contener una mención legal.
El fideicomiso es usado como una forma de evadir obligaciones fiscales por parte de residentes en el
Marco teórico: Como todo acto jurídico, entendiéndose como tales los contratos, el fideicomiso también goza de un elemento esencial que es el fin o motivo, también conocido como objeto del contrato.
En el tipo de contrato a que se viene haciendo referencia, el fin o motivo estriba en otorgar un beneficio al fideicomisario, y en tratándose de bienes inmuebles es factible que la finalidad sea el uso del bien inmueble fideicomitido a favor de esa tercera persona distinta al fideicomitente.
En el caso de nuestro país es muy común que los extranjeros “adquieran” bienes inmuebles en la zona restringida que prevé el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que son cien kilómetros a lo largo de las fronteras y cincuenta kilómetros a lo largo de las playas. Esta adquisición de bienes inmuebles por parte de extranjeros es realizada a través de la figura jurídica del fideicomiso, ya que mediante la misma se les transmite como fideicomisarios el uso o goce de esos bienes, haciéndolo con el carácter de propietarios ya que asumen todas las obligaciones tal y como si además del uso del inmueble les hubiesen transmitido la propiedad.
Hasta aquí se puede establecer que existe una enajenación que se da primeramente por la naturaleza propia del fideicomiso, y en segundo lugar por virtud de que el fideicomitente no se reserva el derecho de readquirir los bienes que conforman el patrimonio fideicomitido.
Así entonces en este fideicomiso de uso existe la enajenación, pero puede no existir en el caso de que el fideicomitente se reserve el derecho de readquirir los bienes materia del contrato de fideicomiso. Es decir, si la intención del fideicomisario es usar únicamente los bienes y para los efectos de no tener que cubrir el pago de un impuesto bastaría con que se hiciera constar en el contrato de fideicomiso esa posibilidad de readquisición de bienes por parte del fideicomitente para que ya no existiera la multicitada enajenación. Más sin embargo la traslación del uso del bien seguiría existiendo y durante todo el tiempo por el cual se haya concertado el contrato de fideicomiso. El uso de la figura del fideicomiso con los fines antes mencionados tiene su fundamente estadístico en lo establecido en el documento denominado “Segundo
Informe de Labores de la Secretaria de Relaciones Exteriores” que refiere que durante el período del 1 de Septiembre de 2007 al 31 de Agosto de 2008 (estimación al mes de Agosto de 2008), se otorgaron 5,258 permisos para que extranjeros adquieran el uso de inmuebles en zonas restringidas vía fideicomisos.
La cifra anterior puede dar una idea estadística del alto número de solicitudes que se presentan ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos para la constitución de fideicomisos con esa finalidad. En este tipo de fideicomisos, que como ya se menciono son muy comúnmente realizados por extranjeros para el uso o aprovechamiento de bienes inmuebles en las zonas restringidas de nuestro país para que ellos puedan adquirir bienes inmuebles, la enajenación se encuentra supeditada de conformidad con la fracción
V del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación al hecho de que no exista esa reserva de
readquisición de bienes por parte del fideicomitente.
Lo planteado en este último párrafo es factible que suceda ya que si el contrato de fideicomiso se contrata
por un periodo de tiempo y se estipula que al término del mismo los bienes pasarán a favor del fideicomitente, entonces estamos hablando de una readquisición de los bienes al término del contrato y por lo tanto de una imposibilidad de considerar que ha existido una enajenación y que se ha generado un
ingreso y que el mismo pueda ser gravado por la ley fiscal correspondiente. Se estima que el hecho de que
se deje de considerar que existe una enajenación en base a las condiciones antes apuntadas, causa un
perjuicio al erario público habida cuenta que se deja de cobrar un impuesto por un acto que desde luego es
una enajenación pero que jurídicamente no se encuentra establecido como tal.
Es así entonces que la enajenación debe considerarse desde el punto de vista del destino de los bienes que
conforman el patrimonio fideicomitido ya que de esta manera se podrá determinar más fielmente si existe o no la enajenación y no dejarla supeditada a la ley.
No debemos dejar pasar desapercibido que para que un acto sea sujeto de alguna contribución es requisito indispensable que dicha conducta sea exactamente igual al supuesto establecido en la ley fiscal, pero esto último no debe verse como una imposibilidad de cobro ya que lo conveniente es reformar la legislación actual en el sentido de establecer cuales fines de los contratos de fideicomiso se consideran como enajenaciones para los efectos de las leyes fiscales. Para ello es necesario elevar ante las autoridades legislativas competentes la iniciativa o proyecto de ley a efecto de que, previo el proceso legislativo correspondiente, se emita la reforma conducente.
Este trabajo se llevo a cabo utilizando el método de investigación documental, ya que se sustentó
principalmente en fuentes bibliográficas y es de tipo jurídico-dogmático, debido a que abarca el análisis
de la totalidad de la legislación existente en relación con el tema que nos ocupa y sus exposiciones de
motivos, así como también la diversa doctrina que se ha publicado y que desde luego contiene opiniones
sumamente autorizadas que deben ser analizadas desde distintos puntos de vista.
Del contenido del presente trabajo de investigación se puede concluir que el contrato de fideicomiso por naturaleza propia implica una transmisión o enajenación de la propiedad o titularidad de los bienes o derechos que conforman el patrimonio fideicomitido. Este es el principio general consagrado en la ley
mercantil especial que lo prevé, a saber, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Sin embargo
en materia fiscal, la definición legal establecida en la ley mercantil varia ya que en algunos casos no se
considera que existe esa transmisión o enajenación de bienes o derechos, y por lo tanto dependerá de si existe la enajenación o no de conformidad con los supuestos que establece el Código Fiscal de la
Federación para que en consecuencia pueda considerarse que existe un ingreso y que este pueda ser gravado a través de alguna contribución.
Uno de los casos de excepción de dicha figura de la enajenación en relación con el contrato de fideicomiso lo es el que el fideicomitente se reserve el derecho de readquirir los bienes materia del fideicomiso, caso en el cual no existirá, de conformidad con la ley fiscal, una enajenación y por lo tanto tampoco un ingreso que sea gravable.
Para poder determinar si existe o no la enajenación debemos observar, más que a la posibilidad de
readquirir los bienes por parte del fideicomitente, a la finalidad o motivo para el cual se destinan los bienes que conforman el patrimonio fideicomitido, puesto que aun cuando exista esa reserva del fideicomitente de readquirir el patrimonio fideicomitido, este puede ser destinado para un fin que de facto implique una enajenación, pero que de derecho no lo sea, y lo cual conlleva a que se deje de percibir por
la hacienda pública un pago por concepto de una contribución a la cual se está obligado por ser una
enajenación propiamente dicha.
Esta situación es sumamente común en nuestro país a través de los fideicomisos que se constituyen en las zonas restringidas que existen en las cuales los extranjeros no pueden adquirir la propiedad de bienes inmuebles, y que sin embargo a través de contratos de fideicomiso llevan a cabo con el carácter de fideicomisarios el uso y disfrute de esos bienes inmuebles tal y como si fueren propietarios cuando jurídicamente no lo son, pero con ello han evitado el pago de impuestos si es que se queda abierta la posibilidad de que en algún momento el fideicomitente pueda readquirir los bienes que conforman el patrimonio fideicomitido.
En conclusión se puede establecer lo siguiente:
1. La figura del fideicomiso es netamente traslativa de dominio del patrimonio fideicomitido.
2. Esa traslación de dominio implica una enajenación del patrimonio fideicomitido.
3. La figura de la enajenación desde el punto de vista fiscal y en tratándose del contrato de fideicomiso
debe estar supeditada no a la facultad del fideicomitente de readquirir los bienes que conforman el patrimonio fideicomitido, sino a la finalidad, objeto o motivo real del contrato de fideicomiso.
A efecto de ser concordante con la problemática aquí planteada y estimando que es necesaria una
adecuación al marco normativo aplicable a las enajenaciones en el Código Fiscal de la Federación y en lo
tocante al contrato de fideicomiso sobre bienes inmuebles de los cuales se concede el uso y goce a extranjeros, es de proponerse una reforma al artículo 14 del código en comento agregando un párrafo en la parte final para quedar en los siguiente términos:
a) En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga a designar fideicomisario diverso de él y
siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes.
b) En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se
hubiera reservado tal derecho.
a) En el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para
que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se considerará que el fideicomisario
adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones.
b) En el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos si entre éstos se incluye el de que los bienes se
transmitan a su favor.
En conclusión, tratándose de fideicomisos sobre bienes inmuebles, invariablemente se considerará que existe enajenación si del destino del patrimonio fideicomitido se desprende que estos son destinados para uso y goce de extranjeros residentes en nuestro país dentro de las zonas restringidas a que se refiere el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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M.D. Gilberto Enrique Bustamante Valenzuela Facultad De Ciencias Administrativas Universidad Autónoma De Baja California Gbustamante@Uabc.Edu.Mx Tel. (686) 582-33-24
M.A. Ana Cecilia Bustamante Valenzuela Facultad De Ciencias Administrativas Universidad Autónoma De Baja California Ceci@Uabc.Edu.Mx Tel. (686) 582-33-24 Ext. 45018
M.C. Adelaida Figueroa Villanueva Fca. Universidad Autónoma De Baja California Afigueroa@Uabc.Edu.Mx Tel. (686) 582-33-24 Ext. 45030
M.A. Sósima Carrillo Fca. Universidad Autónoma De Baja California Sosima@Uabc.Edu.Mx Tel. (686) 582-33-24 Ext. 45068
M.C. Santiago Pérez Alcalá Fca. Universidad Autónoma De Baja California San937@Hotmail.Com Tel. (686) 582-33-24 Ext. 45000
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