Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/3970
Timestamp: 2020-02-21 10:28:28+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 228/1999
SENTENCIA 228/1999, de 13 de diciembre
ECLI:ES:TC:1999:228
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Carles Viver Pi- Sunyer, Presidente, don Rafael de Mendizábal y Allende, don Julio Diego González Campos, don Tomás S. Vives Antón, don Vicente Conde Martín de Hijas y don Guillermo Jiménez Sánchez, Magistrados, ha pronunciado
En el recurso de amparo núm. 4.141/96, promovido por don Raúl Ferri Caballero, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Laura Lozano Montalvo y asistida por la Abogada doña Ana I. Montoya Domínguez, contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 8 de Valencia, de 7 de junio de 1994, y contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 5 de octubre de 1995, dictadas ambas en procedimiento sobre despido. Han comparecido el Procurador de los Tribunales don Luis Pulgar Arroyo, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, bajo la dirección letrada de don Alejandro Gual-Giner, y el Fiscal ante el Tribunal Constitucional. Ha sido Ponente el Magistrado don Carles Viver Pi-Sunyer, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 15 de noviembre de 1996, la Procuradora de los Tribunales doña Laura Lozano Montalvo interpuso, en nombre y representación de don Raúl Ferri Caballero, recurso de amparo contra las Sentencias citadas en el encabezamiento.
a) El recurrente en amparo había prestado servicios para el Ayuntamiento de Valencia desde el año 1990 mediante sucesivos contratos temporales para obra o servicio determinado. Con fecha 14 de febrero de 1994 fue cesado en el puesto de trabajo por Acuerdo de la Comisión de Gobierno, al haberse cubierto aquél por tiempo indefinido mediante el correspondiente proceso de selección.
b) El Sr. Ferri presentó reclamación administrativa previa contra la extinción de su contrato con fecha 3 de marzo de 1994, solicitando la readmisión en el puesto como trabajador fijo de plantilla.
c) El día 22 de abril de 1994 presentó demanda por despido, en cuya página número 8 y mediante otrosí se hace constar "Que se acompaña a la presente demanda copia de la reclamación previa, de la que no he recibido contestación alguna, entendiéndola denegada por silencio administrativo ...".
d) Entre la prueba documental de la parte demandada figura el Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento por el que se desestimó la reclamación previa del Sr. Ferri. Se encuentra fechado el 12 de abril de 1994 pero el demandante afirma en el recurso de amparo que dicha notificación se produjo el mismo 22 de abril. Este último dato no se ha acreditado.
e) La Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 8 de Valencia, de 7 de junio de 1994, estimó la excepción de caducidad de la acción opuesta por la parte demandada, por lo que no entró a conocer del fondo del asunto. El órgano judicial consideró que el plazo de caducidad de veinte días concedido por la legislación laboral para ejercitar la acción de despido (arts. 59.3 del Estatuto de los Trabajadores --en adelante, E.T.-- y 103.1 L.P.L.) había transcurrido ya en el momento de presentar la demanda; el Juzgado recordó que, conforme al art. 69.2 L.P.L., denegada la reclamación administrativa previa --preceptiva como trámite preprocesal para demandar, entre otras, a las Entidades Locales, art. 69.1 L.P.L.-- o transcurrido un mes sin haber sido notificada la resolución, el interesado puede formalizar la demanda ante el Juzgado o la Sala competente en lo que resta del plazo de veinte días.
f) El actor recurrió en suplicación, que fue desestimada por la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 5 de octubre de 1995.
g) El Sr. Ferri presentó recurso de casación para la unificación de doctrina en relación a los efectos de una resolución tardía de la Administración sobre la reapertura del plazo para interponer la demanda. El recurso fue inadmitido por Auto de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de 11 de junio de 1996, por falta de relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada y por falta de contradicción entre la Sentencia impugnada y las que se aportaron como contraste.
3. El recurrente en amparo impugna ante este Tribunal la decisión de los órganos judiciales de considerar caducada su acción por despido, entendiendo que tal decisión vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en la medida en que, adoptada sobre una interpretación legal que desconoce el art. 58.3 L.P.C., ha impedido un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
4. Por providencia de la Sección Tercera de este Tribunal, de 12 de mayo de 1997, se acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, así como requerir a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y al Juzgado de lo Social núm. 8 de Valencia, la remisión del testimonio de las actuaciones correspondientes al procedimiento, y el emplazamiento de quienes fueron parte en él, con excepción del recurrente, con el fin de que pudieran comparecer en el de amparo en defensa de sus derechos si así lo desearan.
5. Por providencia de 19 de junio de 1997, se acordó tener por personado y parte en el procedimiento de amparo al Procurador de los Tribunales don Luis Pulgar Arroyo, en nombre y representación del Ayuntamiento de Valencia. Asimismo, se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, otorgando un plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, todo ello conforme al art. 52.1 LOTC.
6. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 14 de julio de 1997, el Procurador don Luis Pulgar Arroyo presentó alegaciones, en nombre y representación del Ayuntamiento de Valencia.
En segundo lugar, el escrito interesa la desestimación del recurso atendiendo ya a los motivos de fondo. Tras referirse a la jurisprudencia constitucional sobre la satisfacción del derecho a la tutela judicial mediante un pronunciamiento de inadmisión motivado razonablemente, así como a la imposibilidad de que las partes dispongan de los plazos procesales, se afirma que en este caso tanto el Juzgado de lo Social como el Tribunal Superior han apreciado debidamente la excepción de caducidad. El representante del Ayuntamiento alega que cuando el Sr. Ferri presentó su demanda judicial no se había producido ninguna contestación a su reclamación previa, puesto que la desestimación de ésta fue extemporánea, de modo que sólo a él debe imputarse la responsabilidad de iniciar el procedimiento después de haber transcurrido el plazo de veinte días, y no al Ayuntamiento, cuya indicación acerca de los dos meses a la que se refiere el recurrente sólo se hizo en un momento posterior al transcurso del mes fijado en el art. 69.2 L.P.L.
7. Por escrito registrado en este Tribunal el día 17 de julio de 1997, la Procuradora de los Tribunales, doña Laura Lozano Montalvo, presentó alegaciones en nombre y representación de don Raúl Ferri Caballero.
8. Mediante escrito registrado el 21 de julio de 1997, la Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó alegaciones interesando la desestimación del recurso de amparo.
9. Por providencia de 9 de diciembre de 1999, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 13 del mismo mes y año.
1. La cuestión que se somete al enjuiciamiento de este Tribunal consiste en determinar si se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente (art. 24.1 C.E.) al haber apreciado las Sentencias impugnadas la caducidad de la acción por despido, impidiéndole obtener un pronunciamiento sobre el fondo de su pretensión, contrariando así la jurisprudencia constitucional contenida en las SSTC 103/1992 y 104/1994.
El Sr. Ferri presentó reclamación administrativa previa el día 3 de marzo, y procedió a demandar judicialmente al Ayuntamiento con fecha 22 de abril, haciendo constar en el escrito de la demanda que con ella se acompañaba la copia de aquella reclamación, de la cual no había recibido ninguna contestación y que, por lo tanto, la entendía denegada por silencio administrativo. Tanto la Sentencia del Juzgado de lo Social, como la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que confirmó aquélla, apreciaron la caducidad de la acción por despido opuesta por el Ayuntamiento demandado. Ambos órganos judiciales declararon que el plazo de veinte días previsto en el art. 59.3 del Estatuto de los Trabajadores --en adelante, E.T.--, y en el art. 103 L.P.L., comenzó a contarse a partir del día siguiente a la notificación del Acuerdo de cese (es decir, a partir del 15 de febrero), quedando interrumpido con fecha 3 de marzo al presentarse la reclamación previa (art. 73 L.P.L.) y reanudándose una vez transcurrido un mes (4 de abril) desde aquélla sin haber sido notificada su resolución (art. 69.2 L.P.L.). Siendo así, el resto de los días para agotar el plazo de veinte habrían transcurrido ya con exceso cuando el recurrente interpuso la demanda judicial el día 22 de abril.
La Sentencia dictada en suplicación negó toda relevancia al hecho de que el Ayuntamiento hubiera desestimado de forma tardía la reclamación administrativa, con la indicación de que disponía de un mes para reclamar contra ella y que, transcurrido otro mes sin haber recibido contestación, podía interponer demanda judicial en el plazo de dos. Esta circunstancia, cuya incorporación al relato de hechos había sido previamente desestimada por la Sala dada su intrascendencia para el fallo, ni siquiera constaba como acreditada, ya que la solicitud de modificación de los hechos se había realizado a raíz de la documental presentada en el juicio por el Ayuntamiento y no se había probado que tal resolución hubiera sido notificada al actor, por lo que difícilmente cabía imputar a dicha resolución tardía una inducción al error en los plazos para reclamar judicialmente. Más aún, la Sala considera que en el hipotético caso de que la desestimación de la reclamación previa hubiera sido finalmente notificada de modo extemporáneo al Sr. Ferri, tampoco habría reabierto un plazo de caducidad que ya había transcurrido y durante el cual el trabajador ejercitó, o debió haber ejercitado, su acción por despido. Para el Tribunal Superior de Justicia estas circunstancias resultan relevantes al objeto de declarar inaplicable al caso la doctrina contenida en nuestras SSTC 103/1992 y 104/1992, según la cual no resulta razonable la apreciación de una excepción de caducidad cuando la presentación de la demanda por despido fuera del plazo legalmente previsto tiene su origen en una indicación errónea de plazos por parte de la Administración, que no puede beneficiarse de aquel error fundando después en él la caducidad de la acción.
Por su parte, la representación del Ayuntamiento de Valencia personada en este procedimiento de amparo solicita, en primer lugar, la declaración de extemporaneidad del recurso sobre la base del carácter inidóneo que tenía la casación para la unificación de doctrina presentada por el Sr. Ferri. En cuanto al fondo del asunto, interesa su desestimación en la medida en que, a su juicio, en el presente supuesto estamos a presencia de una correcta apreciación de la legalidad procesal, ya que cuando el actor presentó su demanda judicial no se había producido ninguna contestación a su reclamación previa, de modo que sólo a él debe imputarse la responsabilidad de iniciar el procedimiento después de haber transcurrido el plazo de veinte días, y no al Ayuntamiento, cuya indicación acerca de los dos meses a la que se refiere el demandante se realizó con ocasión de la desestimación tardía de la reclamación previa, pero en todo caso, después de que hubiera transcurrido el plazo de un mes fijado en el art. 69.2 L.P.L.
2. Puesto que la representación del Ayuntamiento de Valencia alega que el recurso de amparo ha incurrido en extemporaneidad, procede en primer lugar analizar esta cuestión que, de acogerse, conduciría a la inadmisión de aquél sin posibilidad de pronunciarnos sobre la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva invocada por el recurrente. Como ya se ha relatado, el representante en este procedimiento del Ayuntamiento demandado funda su alegación en el carácter manifiestamente improcedente del recurso de casación para la unificación de doctrina que el Sr. Ferri interpuso contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Se refiere en este sentido a nuestra STC 354/1993, en la que afirmamos que no podía apreciarse falta de agotamiento de la vía judicial previa cuando no se hubiera interpuesto dicho recurso frente a vulneraciones del art. 24.1 C.E., al no ser idóneo dicho cauce procesal para solicitar la reparación de aquéllas.
3. Entrando ya en el fondo de la cuestión que se nos plantea, es preciso recordar que el instituto de la caducidad de la acción constituye una de las causas legales impeditivas de un pronunciamiento sobre el fondo y que, como tal presupuesto procesal, no vulnera por sí misma el derecho a la tutela judicial efectiva (STC 101/1993), como tampoco se deriva ninguna lesión de su correcta apreciación por parte de los órganos judiciales, ya que los plazos en los que las acciones deben ejercitarse no se encuentran a disposición de las partes (STC 158/1987). A partir de esta premisa la jurisprudencia constitucional ha mantenido respecto de la caducidad el mismo criterio de control de constitucionalidad que para el resto de los plazos procesales, es decir, que su cómputo es una cuestión de legalidad ordinaria sobre la que únicamente corresponde pronunciarse al órgano judicial; de este modo, su excepcional revisión en sede constitucional queda reducida a los supuestos en los que pueda resultar afectado el art. 24.1 C.E. por haberse realizado un cómputo manifiestamente erróneo (SSTC 200/1988, 155/1991, 201/1992), o se haya apreciado la caducidad sin razonamiento o con un razonamiento arbitrario o irrazonable entendiendo por tal, no toda interpretación que no sea la más favorable, sino la que por su excesivo formalismo o rigor revele una clara desproporción entre los fines preservados por las condiciones legales de admisión y los intereses que resultan sacrificados (SSTC 88/1997 y 63/1999).
4. La aplicación de las consideraciones que anteceden permiten declarar que no existe en el caso aquí enjuiciado ninguna vulneración del art. 24.1 C.E.
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Raúl Ferri Caballero.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 4141-1996
Promovido por don Raúl Ferri Caballero frente a las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia y del Juzgado de lo Social núm. 8 de Valencia, que declararon la caducidad de su acción de despido contra el Ayuntamiento de Valencia.
Rechazada la aplicación de la doctrina contenida en las SSTC 193/1992 y 194/1992, debe ahora afirmarse que el cómputo realizado por el órgano judicial para apreciar la caducidad de la acción por despido no incurre en ningún error o razonamiento reprochable desde la perspectiva constitucional. El recurrente conocía -o debía conocer- la meridiana claridad con la que se expresa el art. 69.2 L.P.L., a tenor del cual la demanda puede formalizarse tras denegarse la reclamación o transcurrido un mes sin haber sido notificada la resolución [FJ 4].
Doctrina constitucional sobre la caducidad de la acción (SSTC 158/1987, 101/1993 y 194/1992) [FJ 3].
La necesaria compatibilización, desde la perspectiva de la tutela judicial, entre el requisito de agotamiento de la vía judicial y la prohibición de dilatar o reabrir artificialmente el plazo para recurrir en amparo, conduce a una aplicación restrictiva del concepto del recurso improcedente a los efectos del art. 44.1 a) LOTC (SSTC 224/1992, 352/1993, 253/1994 y 122/1996) [FJ 2].
Artículo 69, ff. 1, 4
Artículo 69.2, ff. 1, 4
Artículo 125.2, ff. 1, 4
Inadmisión de demanda laboralInadmisión de demanda laboral, ff. 3, 4
Inadmisión de demanda por extemporaneidadInadmisión de demanda por extemporaneidad, f. 4
Recurso de casación para la unificación de doctrina manifiestamente improcedenteRecurso de casación para la unificación de doctrina manifiestamente improcedente, f. 2
Suspensión de plazos procesalesSuspensión de plazos procesales, f. 4
STC 193/1992STC 193/1992, Distingue, f. 4
STC 354/1993STC 354/1993, Distingue, f. 2

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 69

Artículo 69

Artículo 125