Source: https://www.iberley.es/temas/objeto-ambito-aplicacion-rgpd-lopdgdd-62715
Timestamp: 2019-02-22 17:18:06+00:00

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Objeto y ámbito de aplicación del RGPD y de la LOPDGDD | Iberley
A partir del 25 de mayo de 2018, con el comienzo con la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (en adelante RGPD), se instaura un conjunto único de normas directamente aplicables en todos los Estados miembros, que actualmente se completa con la normativa estatal española, con la entrada en vigor el 7 de diciembre de 2018 de la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).
El RGPD establece normas relativas a la protección de datos de carácter personal, tanto desde el punto de vista de los derechos de las personas físicas, como de las obligaciones de las personas y entidades que tratan datos de carácter personal.
Debemos recordar, que -como se reseña en el Considerando 1º del RGPD- tanto el artículo 8, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como el artículo 16, apartado 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establecen que toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan.
Objeto de la LOPDGDD
Con respecto a la LOPDGDD, el artículo 1 establece que la ley orgánica tiene por objeto adaptar el ordenamiento jurídico español al RGPD y completar sus disposiciones, y garantizar igualmente los derechos digitales de los ciudadanos conforme al artículo 18.4 de la Constitución Española. De esta manera, nuestra Constitución fue pionera en el reconocimiento del derecho fundamental a la protección de datos personales cuando dispuso que «la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos».
En su preámbulo, la LO indica que el Tribunal Constitucional ya señaló en su Sentencia 94/1998, de 4 de mayo, que nos encontramos ante un derecho fundamental a la protección de datos por el que se garantiza a la persona el control sobre sus datos, cualesquiera datos personales, y sobre su uso y destino, para evitar el tráfico ilícito de los mismos o lesivo para la dignidad y los derechos de los afectados; de esta forma, el derecho a la protección de datos se configura como una facultad del ciudadano para oponerse a que determinados datos personales sean usados para fines distintos a aquel que justificó su obtención. Por su parte, en la Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, lo considera como un derecho autónomo e independiente que consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso.
Por otra parte, también se recoge en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La razón última de esta nueva Ley Orgánica es procurar seguridad jurídica. El objeto es, conforme a lo que se ha indicado, doble. Así, en primer lugar, se pretende lograr la adaptación del ordenamiento jurídico español al RGPD, y completar sus disposiciones. A su vez, establece que el derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica. Las comunidades autónomas ostentan competencias de desarrollo normativo y ejecución del derecho fundamental a la protección de datos personales en su ámbito de actividad y a las autoridades autonómicas de protección de datos que se creen les corresponde contribuir a garantizar este derecho fundamental de la ciudadanía. En segundo lugar, es también objeto de la ley garantizar los derechos digitales de la ciudadanía, al amparo de lo dispuesto en el artículo 18.4 de la Constitución.
Ámbito de aplicación de la LOPDGDD
Con respecto al ámbito de aplicación de la LO 3/2018, se establece que se aplicará lo dispuesto en los Título I a IX y en los artículos 89 a 94, a cualquier tratamiento de datos personales contenidos o destinados a ser incluídos en un fichero, ya sea total o parcialmente automatizado así como no automatizado.
Se exceptúa su aplicación en el caso de:
- tratamientos excluídos del ámbito de aplicación del RGPD;
- tratamientos de datos de personas fallecidas, salvo lo indicado en el artículo 3; y
- tratamientos sometidos a normativa sobre protección en materias clasificadas.
En cuanto a los tratamientos realizados al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general, los tratamientos realizados en el ámbito de instituciones penitenciarias y los tratamientos derivados del Registro Civil, los Registros de la Propiedad y Mercantiles, se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiese, y supletoriamente por lo dispuesto en el RGPD y en la LOPDGDD. En el caso de los tratamientos de datos llevados a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de los que sean competentes así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina Judicial, que se regirán por el RGPD y la LOPDGDD, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial que le sean aplicables.
Con respecto a los datos de las personas fallecidas, la LOPDGDD destaca por su novedosa regulación, puesto que si bien el RGPD deja claro que no es de aplicación, la nueva Ley Orgánica española en su artículo 3, tras excluir del ámbito de aplicación de la ley su tratamiento, permite que las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho o sus herederos puedan solicitar el acceso a los mismos, así como su rectificación o supresión, en su caso con sujeción a las instrucciones del fallecido. Se permite igualmente su solicitud a las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente para ello, así como, en el caso de menores, el ejercicio por parte de sus representantes legales o el Ministerio Fiscal (de oficio o a instancia de cualquier personal física o jurídica interesada). En el caso de personas con discapacidad, además de sus representantes y del Ministerio Fiscal, tambien podrán ejercer estas facultades aquellos designados para el ejercicio de funciones de apoyo.
Evidentemente se exceptúa su aplicación si el fallecido lo hubiese prohibido expresamente o así lo estableciese una Ley.
Queda pendiente la publicación de un real decreto que establezca los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de estos mandatos e instrucciones, y en su caso, el registro de los mismos.
Objeto y ámbito de aplicación ESTOY AQUÍ

References: artículo 8
 artículo 16
 artículo 1
 artículo 18
 artículo 8
 artículo 16
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 3
 artículo 3
 real decreto