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Timestamp: 2018-01-18 22:15:14+00:00

Document:
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122002000200003
LAS COMPETENCIAS DE LOS TRIBUNALES
CONSTITUCIONALES DE AMÉRICA DEL SUR(**)
En el presente artículo se analiza, brevemente, el sistema de control de constitucionalidad desarrollado por los Tribunales Constitucionales de América del Sur, en base al análisis de los tres tipos de competencias propios de los Tribunales Constitucionales en el derecho comparado como son el control orgánico sobre normas de derecho interno e internacional, la resolución de conflictos o contiendas de competencia y el amparo de los derechos fundamentales, teniendo presente para dicho análisis si éste se concreta en forma preventiva o correctiva, como asimismo, si dicho control es abstracto o concreto y los efectos que producen las resoluciones respectivas.
In this article the constitutional control system developed by the Constitutional Courts of South America is briefly analyzed. This article is based on the analysis of the three types of inherent competences of the Constitutional Courts in the comparative law of jurisprudence like the organic control over national and international law guidelines, the solution of conflicts and disputes, and the protection of fundamental rights. It is necessary to consider if this analysis is done in a preventive or corrective way, as well as if the mentioned control is abstract or concrete, and the effects that the respective resolutions produce.
En el curso del siglo XX, especialmente, en la segunda mitad del siglo pasado, se ha transitado de un concepto de Constitución y de constitucionalismo regulador de las relaciones básicas del poder constituido, determinando las reglas de acceso y ejercicio de competencias por los diferentes órganos estatales y una declaración de derechos que se efectivizaban por el legislador, que podríamos denominar constitucionalismo básico o mínimo, a un constitucionalismo desarrollado o fuerte.
Este constitucionalismo fuerte desarrollado en la segunda mitad del siglo XX, se basa en una clara legitimidad democrática, una estructura del poder estatal basada en un equilibrio y contrapeso de órganos y funciones estatales, como asimismo procesos decisionales que respetan, promuevan y garantizan los derechos fundamentales o derechos humanos.
La concepción de Constitución y de constitucionalismo determina la concepción de defensa de la Constitución y la mayor o menor amplitud de la jurisdicción constitucional, como asimismo, la fuerza normativa efectiva de la Constitución sobre gobernantes y gobernados.
I. SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y SU DEFENSA
En la cúspide del ordenamiento jurídico estatal se encuentra la Constitución establecida por decisión del poder constituyente y sólo modificable por él.
La Constitución asegura y garantiza los principios y reglas que determinan la convivencia en dicha sociedad política. Ella determina las normas fundamentales de carácter sustantivo y establece el procedimiento de creación de las demás normas internas del Estado y la forma de incorporar y darle eficacia a las normas provenientes del Derecho Internacional.
Las Constituciones del último medio siglo se han transformado en norma jurídica de aplicación directa e inmediata, dotando a la Carta Fundamental de auténtica fuerza normativa sobre gobernantes y gobernados.
Para la defensa de la Constitución se han establecido un conjunto de instrumentos jurídicos y procesales para prevenir y, eventualmente, reprimir su incumplimiento.
La defensa de la Constitución es la que permite que la Constitución formal se constituya en Constitución material real y efectiva.
La defensa de la Constitución se concreta en la jurisdicción constitucional orgánica y jurisdicción constitucional protectora de derechos fundamentales1.
La jurisdicción constitucional orgánica genera instituciones y procedimientos de control de constitucionalidad de las normas infraconstitucionales y de instituciones e instrumentos para resolver los conflictos de competencia entre diferentes órganos del Estado.
La jurisdicción constitucional protectora de derechos fundamentales o de derechos humanos establece las instituciones de carácter procesal que protegen los derechos frente a acciones u omisiones antijurídicas que amenacen, perturben o priven del legítimo ejercicio de los derechos.
II. PRESUPUESTOS JURÍDICOS DE UN SISTEMA DE CONTROL DE
Para que pueda existir un sistema de control de constitucionalidad es necesario:
1. La Constitución total o parcialmente rígida.
2. Un órgano estatal independiente y autónomo que desarrolle el control de constitucionalidad con facultad decisoria dentro de plazos determinados2.
El sistema será más completo en la medida en que todos los órganos instituidos a través de sus normas y actos están sometidos al control de constitucionalidad.
III. LOS SISTEMAS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN AMÉRICA DEL SUR
Los sistemas o modelos de control de constitucionalidad existentes en América del Sur3, pueden clasificarse de acuerdo a los órganos que ejercen el control en:
2. Sistema judicial concentrado en Corte Suprema (Uruguay).
3. Sistema judicial concentrado en la Corte Suprema y en su Sala Constitucional (Paraguay).
4.1. Sistema de control judicial difuso y control concentrado en Tribunal Supremo (Brasil).
4.2. Sistema de control judicial difuso y control concentrado en Tribunal Constitucional (Bolivia, Colombia).
5. Sistema de control de constitucionalidad dualista (Perú, Ecuador).
6. Sistema de doble control concentrado de constitucionalidad (Chile).
IV. LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES Y SUS FUNCIONES
En nuestra América del Sur hay cinco tribunales constitucionales, ellos son los de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, cuyas competencias se concretan en los siguientes ámbitos:
B.- Control de constitucionalidad de conflictos de competencias.
C.- Control de constitucionalidad a través del amparo de derechos fundamentales y sus garantías.
A. El control de constitucionalidad sobre normas o preceptos jurídicos se
desarrolla por los cinco tribunales constitucionales con diversas matizaciones.
A.1. El control de constitucionalidad sobre normas jurídicas de carácter preventivo
A.1.1. Control de constitucionalidad de reformas constitucionales y del ejercicio del poder constituyente derivado o instituido
El control de constitucionalidad preventivo sobre proyectos de reforma constitucional se concreta en cuatro países: Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador.
La Constitución de Bolivia, en su artículo 120 N° 10 en armonía con los artículos 116 y 117 de la ley 1836 de 1998, determina que el control sobre proyectos de reforma constitucional puede ser planteado por cualquier Senador o Diputado, o por el Presidente de la República, este control sólo puede referirse a infracciones del procedimiento dereforma constitucional, sin poder ingresar al contenido material o sustantivo de la reforma constitucional.
La Constitución de Colombia, determina en su artículo 241 N°1 la función de la Corte Constitucional de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promueven los ciudadanos sobre los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación.
La Constitución chilena precisa el control de constitucionalidad de los proyectos de reforma constitucional en su artículo 82 N°2, a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o de una cuarta parte al menos de sus miembros en ejercicio, que sean formulados antes de la promulgación del proyecto de reforma constitucional.
La Constitución de Ecuador determina en su artículo 276, que le corresponde conocer y resolver, de conformidad con la Constitución, tratados o convenios internacionales, previo a su aprobación por el Congreso.
La diferencia entre los cuatro sistemas de control está en la iniciativa para desencadenar el control del órgano jurisdiccional constitucional. En Colombia la iniciativa es amplia, en Bolivia no se permite la acción popular pero puede plantear el control un solo parlamentario mientras que en Chile se restringe a sólo algunos órganos constitucionales políticos y minorías parlamentarias significativas. En el caso de Ecuador el control es preventivo y obligatorio. La segunda diferencia, es que el control se desarrolla en Bolivia y Colombia sólo sobre el procedimiento quórum y órganos que deben participar en la reforma. En el caso chileno, el control de constitucionalidad, además de los aspectos procedimentales o adjetivos se extienden a los aspectos sustantivos, en virtud de que, de acuerdo al artículo 5 inciso 2, el ejercicio de la potestad constituyente tiene como límite los derechos esenciales de las personas aseguradas por la Constitución como asimismo, por los tratados ratificados por Chile y vigentes. En Chile hay así una concreción constitucional del principio de irreversibilidad en materia de derechos esenciales, el que, a su vez, está contenido también en el artículo 29 literales a) y b) de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el sentido de que ninguna disposición puede ser interpretada en el sentido de permitir suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos o limitados en mayor medida que lo previsto en la Convención o en el ordenamiento jurídico de los Estados Partes o de otra Convención en que sea parte el Estado. Estos principios de interpretación obligan a una concepción progresiva en el respeto, garantía y promoción de los derechos por los órganos constituidos.
A.1.2. El control de constitucionalidad de los tratados o convenciones internacionales.
El control preventivo de constitucionalidad de los tratados internacionales está previsto como competencia de los tribunales constitucionales de Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador.
En Perú el control de constitucionalidad de los tratados está previsto como un control represivo.
El control preventivo facultativo u obligatorio de los tratados internacionales parece más coherente con las obligaciones de ius cogens derivada de la Convención sobre derechos de los tratados en sus artículos 26, 27 y 31, que obligan a cumplir los tratados libre y voluntariamente ratificados, de buena fe, sin oponer el derecho interno al cumplimiento de las obligaciones internacionales.
Bolivia. El control preventivo de constitucionalidad de los tratados internacionales está previsto en el artículo 120 N°9 de la Constitución boliviana y la ley N°1836, artículo 13, siendo de carácter facultativo, en el caso que exista duda fundada sobre la constitucionalidad del tratado, formulada por el Presidente del Congreso Nacional, con resolución cameral expresa, concretada antes de la ratificación del tratado.
Colombia. El control preventivo de constitucionalidad sobre tratados está considerado por el artículo 241 N°10, con carácter obligatorio, debiendo remitirse por el Gobierno a la Corte Constitucional, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley que lo aprueba, pudiendo cualquier ciudadano intervenir para defender o impugnar la Constitucionalidad del tratado. Si la Corte Constitucional lo declara inconstitucional no podrá ratificarlo, si algunas normas del tratado sólo son declaradas inconstitucionales, el Presidente de la República puede expresar el consentimiento expresando la respectiva reserva.
Chile. En el caso de Chile, el artículo 82 N°2 de la Constitución precisa el control preventivo facultativo de los tratados internacionales sometidos a la aprobación del Congreso, el que se concreta a petición de cualquiera de las dos cámaras (Cámara de Diputados o Senado) o por, al menos, una cuarta parte de los diputados o senadores en ejercicio.
La reforma constitucional en actual trámite por el Congreso Nacional establece el control preventivo obligatorio respecto de los tratados que se refieren a materias propias de ley orgánica constitucional o constitucionales, dejando en el resto de las materias un control preventivo facultativo.
Ecuador. El artículo 276 de la Constitución establece la competencia del Tribunal Constitucional para dictaminar la conformidad con la Constitución de tratados o convenios internacionales previo a su aprobación por el Congreso Nacional, el que deberá ser solicitado por el Presidente de la República. De manera que el control de constitucionalidad de tratados en Ecuador es preventivo y obligatorio.
De los cuatro procedimientos de control, los que se adecuan de mejor forma a una perspectiva armónica del derecho interno y derecho internacional, como asimismo, al cumplimiento de buena fe de las obligaciones válidamente contraídas, sin oponer a ellos obstáculos de derecho interno que son expresión del propio poder estatal (artículos 26, 27 y 31 de la Convención sobre derecho de tratados) son, sin duda, los establecidos en las Constituciones de Colombia y Ecuador, por ser un control preventivo obligatorio respecto de todos los tratados internacionales, control que impide que se produzcan conflictos entre derecho interno y derecho internacional.
A.1.3. El control preventivo de constitucionalidad de preceptos legales
El control preventivo de constitucionalidad de preceptos legales por el Tribunal o Corte Constitucional está previsto con diversos matices por las constituciones de Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador.
En el caso de Bolivia, el artículo 120 N°8 precisa la atribución del Tribunal Constitucional de absolver las consultas del Presidente de la República, del Presidente del Congreso Nacional y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, previo acuerdo de la Sala Plena, en el caso de los proyectos de leyes en materias sólo de orden judicial y reforma de los códigos.
Si el Tribunal Constitucional declara la constitucionalidad del proyecto consultado, no puede interponerse posterior recurso sobre las cuestiones consultadas y absueltas.
En el caso de Colombia, el artículo 241 N°8 de la Constitución, entrega a la Corte Constitucional la decisión definitiva sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno como inconstitucionales, y de los proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. El artículo 35 del Decreto 2067 de 1991 precisa que la sentencia que declara constitucional el proyecto objetado, surte efecto de cosa juzgada y obliga al Presidente de la República a sancionarlo. El control sobre proyectos de leyes estatutarias es de naturaleza preventivo y obligatorio, mientras que el de proyectos de ley ordinario es preventivo facultativo.
En el caso de Chile, el artículo 82 en su numeral 1, establece un control preventivo obligatorio de constitucionalidad sobre proyectos de leyes interpretativas de la Constitución y leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación. Además, de acuerdo al artículo 82 N°12, el Tribunal Constitucional conoce en control preventivo facultativo la constitucionalidad de los proyectos de ley durante su tramitación legislativa y de los reclamos en el caso que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo, promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda.
En el caso de Ecuador, el artículo 276 N°4 de la Constitución establece la Atención del Tribunal Constitucional de dictaminar sobre las objeciones de inconstitucionalidad que haya formulado el Presidente de la República en el proceso de formación de las leyes, en cuyo caso, de acuerdo al artículo 27 de la ley de control de constitucionalidad de 1997, el Congreso por resolución de la mayoría de sus miembros o del Plenario de las Comisiones Legislativas, puede solicitar que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la objeción.
En el caso del Perú, el Tribunal Constitucional no tiene competencias de control preventivo de preceptos legales.
Consideraciones finales sobre control preventivo de constitucionalidad
Las decisiones sobre control preventivo de constitucionalidad son decisiones jurisdiccionales, ya que ellas son dictadas por un órgano compuesto de juristas que resuelven con criterio técnico jurídico, las cuales tienen efectos vinculantes, se sujetan a procedimientos jurídicos y confrontan un precepto normativo o tratado con la Constitución o el bloque de constitucionalidad de derechos.
El control preventivo busca evitar la vigencia y aplicación de normas inconstitucionales, aplicándose a los preceptos legales o de reforma constitucional, antes de su promulgación y respecto de tratados internacionales antes de su ratificación. Además, en materia de tratados, existe el efecto de evitar la transgresión de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, en especial los artículos 26, 27 y 31, al concretar el control antes de que el tratado obligue y genere responsabilidad internacional por el respectivo Estado.
A.2. El control represivo o correctivo de constitucionalidad de normas jurídicas por los tribunales constitucionales.
El control represivo o correctivo de constitucionalidad sobre normas jurídicas puede tener un carácter abstracto o concreto, encontrándose ambas modalidades o sólo una de ellas en los tribunales constitucionales de América del Sur, lo que depende del modelo de control de constitucionalidad desarrollado sobre normas legales.
En efecto, como ya hemos señalado, los modelos de control de constitucionalidad pueden ser mixtos, estableciéndose un control judicial difuso en los tribunales ordinarios y un control concentrado en el Tribunal Constitucional como ocurre en Colombia y Bolivia.
En otros casos, se estructura un modelo dual o paralelo, cuando coexisten el control difuso concreto en manos de la justicia ordinaria y el control concentrado abstracto en el Tribunal Constitucional, sin mezclarse ni desnaturalizarse, actuando en forma paralela4, lo que ocurre en los casos de Perú y Ecuador.
Finalmente, en Chile, se desarrolla un doble control concentrado sobre preceptos legales, uno preventivo ante el Tribunal Constitucional, excepcionalmente represivo en el caso de decretos con fuerza de ley o decretos reglamentarios, simples decretos supremos o reglamentos autónomos, y un control represivo o correctivo concreto en manos de la Corte Suprema a través del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad5. Modelo en actual revisión por reforma constitucional destinada a concentrar tanto el control preventivo como represivo, abstracto o concreto, en el Tribunal Constitucional.
A.2.1. El control represivo de carácter abstracto sobre normas jurídicas
En el caso de Bolivia, el artículo 120 de la Constitución señala como atribución del Tribunal Constitucional conocer y resolver, en única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, decretos y cualquier género de resoluciones no judiciales. Si la acción es abstracta y remedial solamente puede ser interpuesta por el Presidente de la República, cualquier Senador o Diputado, el Fiscal General de la República o el Defensor del Pueblo.
La sentencia declaratoria de inconstitucionalidad tiene efectos abrogatorios o anulatorios de los preceptos considerados inconstitucionales. En el caso de que la norma legal impugnada sea declarada constitucional se hace improcedente cualquier nueva demanda de inconstitucionalidad contra ella, de acuerdo con el artículo 58 de la ley 1836 de 1998.
En el caso de Colombia, el artículo 241 N° 4 y 5 de la Constitución, atribuye la competencia a la Corte Constitucional del control represivo o correctivo sobre las demandas de inconstitucionalidad que presentan los ciudadanos contra las leyes y decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, tanto por vicio de fondo o forma. La sentencia tiene efectos generales o erga omnes en su parte resolutiva. La parte de la motivación o considerandos constituye criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general, según dispone el art. 48 de la Ley 270 estatutaria de la Administración de Justicia de 1976.
En el caso de Chile, el artículo 82 N°3 y 5 de la Constitución posibilita un control represivo abstracto de los decretos con fuerza de ley, de los decretos inconstitucionales, y de los decretos supremos cuando ellos se refieren a materias que pudieron estar reservadas a la ley por mandato del artículo 60 de la Constitución. Asimismo, el art. 82 N°4, posibilita al Tribunal Constitucional resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la convocación de un plebiscito, que se concreta a través de un decreto del Presidente de la República.
Este control represivo sobre decretos con fuerza de ley lo puede solicitar cualquiera de las Cámaras, Cámara de Diputados o Senado, o una cuarta parte al menos de los diputados o senadores en ejercicio, cuando la Contraloría General de la República haya tomado razón de una norma considerada inconstitucional.
En el caso de la impugnación de decretos supremos por incidir en materia reservada a la ley por el art. 60 de la Carta Fundamental, ello puede concretarse sólo por cualquiera de las dos Cámaras, dentro de los treinta días siguientes a su publicación. En el caso de decretos de convocación a plebiscito, la cuestión puede ser formulada por la Cámara de Diputados o el Senado, dentro del plazo de diez días contados desde la fecha de publicación del decreto que fija el día de la consulta plebiscitaria.
En el caso de dictarse decretos inconstitucionales o promulgarse un texto de ley diverso del que constitucionalmente corresponda, cualquiera de las dos Cámaras, o una cuarta parte al menos de los Diputados o Senadores en ejercicio pueden solicitar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional dentro del plazo de treinta días de la publicación o notificación del texto impugnado.
En Ecuador, el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la inconstitucionalidad total o parcial de leyes, decretos leyes, decretos, reglamentos u ordenanzas por vicio de forma o fondo, a solicitud del Presidente de la República; el Congreso Nacional; la Corte Suprema de Justicia; mil ciudadanos; o por cualquier persona, previo informe favorable del Defensor del Pueblo sobre su procedencia; o por los concejos provinciales o municipales, en los casos expresamente previstos, todo ello de acuerdo al artículo 277 de la Constitución.
La sentencia que declara inconstitucional una norma objeto de la demanda, produce su abrogación y la sentencia tiene efectos erga omnes, desde su publicación y hacia el futuro.
En el caso del Perú, el artículo 202 N°1, señala que corresponde al Tribunal Constitucional pronunciarse, en única instancia sobre la acción de inconstitucionalidad, la cual, de acuerdo con la Ley N°26.435 Orgánica del Tribunal Constitucional, artículo 20, se ejerce respecto de leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, los reglamentos del Congreso, las normas regionales de carácter general, las ordenanzas municipales, como asimismo, respecto de los tratados internacionales, cuando contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.
Esta acción de inconstitucionalidad puede ser interpuesta, de acuerdo al artículo 25 de la Ley N°26435 orgánica del Tribunal Constitucional por el Presidente de la República; el Fiscal de la Nación, el Defensor del Pueblo; veinticinco por ciento al menos del número legal de congresistas; cinco mil ciudadanos; los Presidentes de Región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional o los Alcaldes Provinciales con acuerdo de su Consejo, en materias de su competencia; y los colegios profesionales, en materias de su especialidad.
De acuerdo al artículo 35 de la ley N°26.435, las sentencias recaídas en los procesos de inconstitucionalidad tienen autoridad de cosa juzgada, vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su publicación.
En Perú, el control concentrado de constitucionalidad ejercido por el Tribunal Constitucional se combina con un control difuso de constitucionalidad ejercido por los tribunales ordinarios, donde cualquier juez, incluso de oficio, en todo proceso puede inaplicar una norma que estime incompatible con la Constitución.
Consideraciones sobre el control abstracto de normas jurídicas
Respecto de los aspectos procesales cabe destacar el caso colombiano, donde existe una acción popular para solicitar el pronunciamiento de la Corte Constitucional, contrastando con el caso chileno, en el cual se encuentra más restringida la iniciativa de provocar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
En Ecuador se contempla también la posibilidad que una sola persona con el respaldo de tres abogados o del Defensor del Pueblo puedan activar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En el caso peruano, situado en un punto intermedio, posibilita que cinco mil ciudadanos puedan presentar una acción directa de inconstitucionalidad, como asimismo, lo pueden hacer los colegios profesionales en materias de su competencia.
La regla general es que el Presidente de la República, el Congreso o Parlamento o sus cámaras, como asimismo, un número de sus integrantes puedan solicitar el pronunciamiento del Tribunal o Corte Constitucional. Es destacable, asimismo, que en todos los países que existen Defensores del Pueblo, ellos están legitimados para presentar acciones de inconstitucionalidad como es el caso de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú: la excepción es Chile, que es el único país que no cuenta con dicha institución, existiendo un proyecto de reforma constitucional del gobierno en trámite parlamentario para crearla.
Desde la perspectiva de las normas jurídicas objeto de control, éste se extiende sobre normas administrativas en forma más amplia en Ecuador y Perú, llegando a las ordenanzas municipales y en Bolivia a todo tipo de resoluciones no judiciales, además de las impugnaciones del Poder Ejecutivo a las resoluciones camerales, prefecturales y municipales, estas últimas de acuerdo con el artículo 120 N°3 de la Constitución.
En el caso de Bolivia son objeto de control de constitucionalidad las resoluciones del Poder Ejecutivo o una de sus cámaras, cuando afecten uno o más derechos o garantías concretas, cualquiera sean las personas afectadas, de acuerdo con el artículo 120 N°5 de la Constitución.
El Tribunal Constitucional peruano, de acuerdo con el artículo 202 N°1 de la Constitución en armonía con el art. 20 N°5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional N° 26.435, también controla la Constitucionalidad de los reglamentos del Congreso.
A.2.2. El control de constitucionalidad concreto de preceptos legales
La inconstitucionalidad de preceptos legales en casos concretos es una garantía de la compatibilidad de las leyes con la Constitución, ella impide la aplicación de los preceptos legales contrarios a la Constitución y garantiza una interpretación uniforme de la Carta Fundamental.
En el caso de Bolivia, el Tribunal Constitucional conoce de los recursos indirectos o incidentales de inconstitucionalidad de leyes, decretos y cualquier género de resoluciones no judiciales de acuerdo con el artículo 120 N°1 de la Constitución en armonía con el artículo 7 N°2 de la Ley 1836 del Tribunal Constitucional, siendo procedente en los procesos judiciales o administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial aplicable a aquellos procesos. El recurso es promovido por el juez, tribunal o autoridad administrativa, de oficio o a instancia de parte.
En el caso de Ecuador, en una perspectiva más restringida, existe también un control del Tribunal Constitucional sobre las sentencias de inaplicación dictadas por la Corte Suprema y tribunales de última instancia judicial, las cuales se remiten al Tribunal Constitucional para que éste determine la inconstitucionalidad e inaplicación general y obligatoria de la norma jurídica considerada inconstitucional, aun cuando dicha decisión del Tribunal Constitucional no afecta lo resuelto en ese caso concreto por el tribunal ordinario de justicia, todo ello de acuerdo al artículo 12 N°6 de la Ley de Control de Constitucionalidad de 1997.
En los casos de Colombia, Chile y Perú, el Tribunal Constitucional no conoce de recursos o incidentes de inconstitucionalidad de normas jurídicas, ya que dicha competencia está entregada en forma de control difuso o concentrado a tribunales ordinarios de justicia, lo cual puede general el inconveniente de la vigencia de dos parámetros de constitucionalidad diferentes, uno del Tribunal Constitucional, otro de los tribunales superiores de justicia o de la Corte Suprema, generando inseguridad jurídica.
En el caso chileno, el proyecto de reforma constitucional en actual tramitación en el Congreso Nacional, elimina el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de preceptos legales concentrado en la Corte Suprema para traspasárselo al Tribunal Constitucional, con lo cual se pasaría de un sistema o modelo de doble control concentrado a un modelo de control concentrado de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional, acercándose al modelo europeo.
En esta materia, nos parece que una más adecuada articulación en materia de jurisdicción constitucional entre tribunales ordinarios y Tribunal Constitucional se desarrolla en Bolivia con el procedimiento incidental ante el Tribunal Constitucional promovido por los jueces o las partes afectadas en un procedimiento judicial, similar a lo que establecen en Europa los tribunales constitucionales de Alemania, Italia y España, entre otros.
En tal perspectiva, pareciera una adecuada técnica de unificación jurisprudencial y retroalimentación entre tribunales ordinarios y Tribunal Constitucional, la cuestión de constitucionalidad o juicio o recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad.
Consideraciones sobre el recurso, incidente o cuestión de inconstitucionalidad
La cuestión de inconstitucionalidad es un instrumento que permite corregir los defectos de aceptar un sistema de jurisdicción constitucional concentrado en el Tribunal Constitucional, teniendo en consideración el aporte que ofrece la fiscalización constitucional por los jueces ordinarios de las leyes al momento de ser aplicadas al caso concreto, además de garantizar que las partes tengan la seguridad de la aplicación en el procedimiento de un precepto legal constitucionalmente correcto.
El juicio o procedimiento incidental de inconstitucionalidad o cuestión de inconstitucionalidad es un instrumento destinado primordialmente a asegurar que la actuación del legislador se mantenga dentro de los límites establecidos por la Constitución, mediante la declaración de inaplicación o de nulidad de las normas legales que violen estos límites.
El objeto de esta institución consiste en realizar un juicio de contraste entre el precepto legal que debería aplicarse en el procedimiento y la Constitución, determinando si la primera no vulnera la segunda, haciendo o no abstracción de las condiciones concretas de su aplicación y de la interpretación sostenida por las partes o el propio tribunal ordinario, según los casos.
El procedimiento incidental o la cuestión de inconstitucionalidad puede plantearse por el tribunal que conoce del procedimiento judicial principal, al que no se puede poner fin dictando sentencia, mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto legal, a través de la cuestión, recurso o incidente de inconstitucionalidad.
El recurso indirecto o incidental es una vía concreta de control de constitucionalidad a través del cual se realiza la impugnación de un precepto legal cuyas normas son incompatibles con las normas de la Constitución.
Es indirecto porque las partes no pueden realizar la impugnación directamente, sino sólo solicitar al tribunal o Corte Judicial ante quien se tramita la Gestión Judicial que la concrete.
Es incidental porque la acción es promovida como una cuestión accesoria sin afectar la tramitación de la gestión judicial en desarrollo hasta la etapa previa a la dictación de la sentencia.
El tribunal o Corte Judicial debe plantear la acción cuando exista una duda razonable y fundada sobre la constitucionalidad de la disposición legal de cuya validez corresponde el fallo, independientemente de que lleguen a adoptar la decisión respectiva de promover el recurso directamente o a petición de las partes.
El objeto o fin del recurso indirecto o incidental es pronunciarse sobre la constitucionalidad de las disposiciones legales aplicables al caso concreto que hayan sido señalados en forma precisa por la autoridad judicial pertinente que promueva el recurso, sin tener que analizar y considerar los elementos de hecho o derechos litigiosos de las partes.
Así, los requisitos que hacen viable el recurso incidental o cuestión de inconstitucionalidad son:
a) Duda razonable y fundada sobre la constitucionalidad de la norma jurídica aplicable al caso concreto.
b) Vinculación directa entre la validez del precepto jurídico con la decisión que deberá adoptar el Tribunal o Corte Judicial.
c) La decisión puede ser la sentencia, sentencias o autos intercolutorios dentro de las tramitaciones del proceso y los autos en ejecución de la sentencia
B. Control de constitucionalidad de conflictos de competencia
Los tribunales constitucionales de Bolivia, Ecuador y Perú tienen dentro de sus funciones la resolución de conflictos de competencia entre diversos órganos del Estado, con mayor o menor amplitud.
En el caso de Bolivia, el artículo 120 N°2 de la Constitución, le entrega al Tribunal Constitucional la atribución de conocer y resolver los conflictos de competencia y controversias entre los Poderes Públicos, la Corte Nacional Electoral, los departamentos y los municipios, los cuales se regulan en los artículos 71 a 75 de la ley 1836 del Tribunal Constitucional de 1998.
En el caso del Ecuador, el artículo 276 N°6 determina, entre las atribuciones del Tribunal Constitucional, conocer y dirimir los conflictos de competencia o atribuciones asignadas por la Constitución, correspondiendo la facultad de solicitar la dirimencia el órgano o entidad que reclama la competencia.
En el caso del Perú, el artículo 202 N°3 de la Constitución, señala que corresponde al Tribunal Constitucional conocer los conflictos de competencia o atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a la ley. La Ley N°26.435 orgánica del Tribunal Constitucional, regula esta materia en su título IV, en su artículo 46, precisa que el Tribunal conoce de los conflictos sobre competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales y que opongan al Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipalidades; a dos o más gobiernos regionales, municipalidades; o de ellos entre sí; a los poderes del Estado entre sí o con cualquiera de los otros órganos constitucionales, o de éstos entre sí.
El artículo 47 de la Ley 26.435 determina que el conflicto se produce cuando alguno de los poderes o entidades estatales "adopta decisiones o rehuye deliberadamente actuaciones, afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro".
En los casos de Colombia y Chile, los tribunales constitucionales no tienen actualmente competencias en materia de conflictos de competencia.
En Chile, el proyecto de reforma constitucional en actual tramitación en el Congreso Nacional, atribuye al Tribunal Constitucional la resolución de los conflictos de competencias que se susciten entre autoridades gubernativas con los tribunales de justicia, que hasta el presente están dentro de las atribuciones del Senado y de la Corte Suprema de Justicia de acuerdo a los artículos 49 N°3 y 79 inciso final de la Constitución.
C. El amparo de derechos ante los Tribunales Constitucionales
El amparo de derechos constituye una acción tutelar de derechos humanos o fundamentales, los cuales son protegidos frente a decisiones, actos u omisiones ilegales o arbitrarios de terceros, sean éstos particulares, órganos o autoridades del Estado.
En Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, ninguna autoridad o funcionario público se sustrae al alcance de la acción de amparo o tutela de derechos fundamentales, ni aún las resoluciones de los tribunales ordinarios cuando ellas vulneran derechos fundamentales. Así, puede sostenerse que no hay cosa juzgada de las sentencias de los tribunales ordinarios mientras no se haya agotado el plazo y procedimiento de amparo ante el Tribunal o Corte Constitucional, decisión jurisdiccional esta última que busca restablecer el imperio del derecho afectado, preservando u otorgando fuerza normativa al derecho constitucional material, superando los déficit de derechos fundamentales, los déficit de interpretación y ponderación de derechos o los déficit de procedimiento.
El déficit de procedimiento se produce cuando el procedimiento judicial de los tribunales ordinarios no respeta el derecho de acceso a la jurisdicción o las reglas del debido proceso (tribunal independiente e imparcial, adecuado emplazamiento, asistencia de letrado adecuada y eficaz, suficiente y adecuada prueba en el proceso, sentencia sin dilaciones indebidas, sentencia motivada, congruente y en una consideración adecuada de las fuentes del derecho, revisión por otro tribunal igualmente independiente e imparcial, reformatio in peius) o cuando actúan más allá del ámbito competencial otorgado por la Constitución y las leyes dictadas conforme a ella.
En el caso de Bolivia, la Constitución en su artículo 120 N°7, determina como competencia del Tribunal Constitucional, la revisión de los recursos de amparo constitucional y de hábeas corpus.
Recibido el expediente, la Comisión de Admisión procede a su sorteo en el plazo de 48 horas. El magistrado relator presenta el proyecto de Auto Constitucional en los cinco días hábiles siguientes. En el plazo de diez días desde el sorteo del expediente, el Tribunal Constitucional dicta el Auto constitucional confirmando o revocando la sentencia revisada.
El Tribunal Constitucional boliviano en sentencia 504/01 de 21 de mayo de 2001, ha precisado que "resulta imprescindible aclarar que cuando una resolución ilegal afecta el contenido esencial de un derecho fundamental no se puede sustentar su ilegalidad bajo una supuesta cosa juzgada, en cuyo caso se abre el ámbito de aplicación del Amparo constitucional". En tales casos el Tribunal Constitucional al conocer y resolver los recursos de amparo constitucional, ha establecido que resoluciones judiciales (sentencias, autos de vista y autos supremos) se han vulnerado derechos fundamentales o garantías constitucionales, en cuyo caso ha declarado procedente el recurso y otorgado la tutela, disponiendo que el tribunal ordinario competente restablezca los derechos incorrectamente afectados, sin pronunciarse sobre el fondo del caso litigioso concreto.
En el caso de Colombia, el artículo 241 N° 9 de la Constitución, precisa que le corresponde a la Corte Constitucional, revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales.
El reglamento interno de la Corte Constitucional establece, en su artículo 49, que, cada mes la sala Plena de la Corte Constitucional designa a dos de sus integrantes para conformar la Sala de Selección de Tutelas, en forma rotativa y por orden alfabético de los magistrados. Los asuntos seleccionados se reparten entre los magistrados de manera rotativa y por orden de apellidos, quienes integrarán para resolverlos, las respectivas Salas de Revisión. La Sala de Revisión se conforma con el magistrado a quien le corresponda recibirlo, quien lo presidirá, conformándola con los dos magistrados que le siguen en orden alfabético. El artículo 50 del reglamento de la Corte, precisa que la Sala decidirá por mayoría absoluta y el magistrado disidente podrá salvar o aclarar su voto. El artículo 53 del Reglamento dispone que, en caso de cambio de jurisprudencia, la Sala de Revisión debe tomar las medidas necesarias para que la Sala Plena tome la decisión, la cual podrá celebrar una audiencia pública, con participación de personas e instituciones nacionales y extranjeras convocadas para tal fin, todo ello con el objetivo de mantener la unificación de la jurisprudencia.
El Tribunal Constitucional colombiano ha establecido que una resolución judicial que vulnera derechos fundamentales constituye una vía de hecho que debe ser corregida para restablecer el imperio del derecho. A través del amparo constitucional, el Tribunal Constitucional dilucida sólo el ámbito de la resolución constitucional cuestionada y no sobre los hechos o cuestiones propios de la controversia judicial, por lo que, la Corte Constitucional no es una nueva instancia, ya que será, en su caso, el propio tribunal ordinario el que deberá dictar la sentencia de reemplazo.
En el caso de Ecuador, el artículo 276 de la Constitución le entrega al Tribunal Constitucional la competencia de conocer de las resoluciones que denieguen el hábeas corpus, el hábeas data o el amparo y los casos de apelación en los casos de amparo, lo que es complementado por el artículo 12 N°3 de la Ley de Control de Constitucionalidad de 1997.
En el caso ecuatoriano, el artículo 46 de la Ley de Control de Constitucionalidad de 1997, establece que el amparo tiene por objeto la tutela de los derechos consagrados en la Constitución y los consignados en las declaraciones, pactos, convenios y demás instrumentos internacionales vigentes en el Ecuador. El artículo 52 precisa que la concesión del amparo será obligatoriamente consultada, para su confirmación o revocatoria ante el Tribunal Constitucional, ante el cual procederá también el recurso de apelación de la resolución que lo deniegue. El artículo 54 determina que el Tribunal Constitucional, a través de la Sala correspondiente, decidirá el caso en un plazo no mayor a diez días.
En el caso de Perú, el artículo 202 N°2 determina que el Tribunal Constitucional conoce, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento.
La Ley N° 26435 orgánica constitucional del Tribunal Constitucional peruano, en su artículo 41, habilita al demandante, al Ministerio Público o al Defensor del Pueblo, para interponer el recurso en el plazo de quince días, contados a partir de la fecha en que es notificada la resolución denegatoria de la instancia judicial correspondiente. El artículo 42 señala que al conocer de tales acciones el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el fondo y la forma del asunto materia de la litis.
Cuando el Tribunal estime que el procedimiento cuya resolución ha sido sometida a su conocimiento ha habido quebrantamiento de forma, declara la nulidad de dicha resolución y la repone al estado que tenía cuando se cometió el error, y dispone la devolución de los autos al órgano judicial del que procede para que la substancie con arreglo a derecho.
El artículo 43 precisa que el Tribunal debe resolver dentro del plazo máximo de diez días, tratándose de resoluciones denegatorias de acciones de amparo, hábeas data, y de acción de cumplimiento, pronunciándose sobre el fondo y la forma del asunto materia de la litis.
El artículo 44 precisa que las partes no pueden ofrecer nuevas pruebas ni alegar hechos nuevos ante éste. Finalmente, el artículo 45 determina que el fallo del Tribunal que estime o deniegue la pretensión de los actores agota la jurisdicción interna.
Algunas consideraciones sobre el amparo de derechos
En el caso ecuatoriano la protección de tales derechos se remite no sólo a los derechos constitucionales sino también a los derechos y garantías asegurados por los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado, lo que parece más conforme con la obligación de los Estados Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 25 establece la obligación de amparar a través de un procedimiento breve, sencillo y eficaz todos los derechos consignados en la Constitución, la Convención y las leyes del Estado parte.
A su vez, nos parece como procedimiento más adecuado el previsto para la Corte Constitucional de Colombia, que tiene la competencia de revisar discrecionalmente las sentencias de tutela de derechos de los tribunales ordinarios, respecto de la correcta consideración, interpretación y ponderación de derechos, unificando la jurisprudencia y dando seguridad jurídica de la aplicación de los derechos. Finalmente, el procedimiento seguido por la Corte Constitucional colombiana de conocimiento y resolución de salas compuestas de tres magistrados, siendo cada magistrado presidente de una sala conformada por otros dos magistrados que le siguen en orden alfabético de apellidos, permite conocer y resolver, simultáneamente, una gran cantidad de casos, todo ello unido al mantenimiento de una línea jurisprudencial que es resorte del pleno de la Corte.
Chile es el único país con Tribunal Constitucional de América del Sur, al cual no se le otorga competencia en materia de amparo de derechos humanos o fundamentales, debilitando la fuerza normativa de la Constitución en materia de derechos esenciales y su interpretación unificadora, no existiendo un parámetro único y seguro en la aplicación de los derechos.
D. Otras competencias de los tribunales constitucionales de América latina
El Tribunal Constitucional boliviano, de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución, conoce y resuelve el recurso directo de nulidad, el cual procede contra todo acto o resolución de una autoridad o funcionario que usurpa funciones, ejerce una potestad que no emana de la ley, o emite una resolución cuando ha concluido su mandato o función6. Este tipo de competencia, en rigor, no es propia de un Tribunal Constitucional, ya que no tiene por objeto o finalidad esencial la eliminación de normas objetivas contrarias a la Constitución, no resuelve conflicto de competencias ni ampara derechos fundamentales, pareciendo que esta competencia es más propia de la Corte Suprema de Justicia.
El Tribunal Constitucional chileno, en forma similar al Tribunal Constitucional alemán, conoce y resuelve sobre los actos o conductas de las organizaciones, movimientos y partidos políticos que atenten contra los principios básicos del régimen democrático y constitucional, utilicen la violencia como método de acción política o procuren el establecimiento de un sistema totalitario. Asimismo, debe resolver sobre las acciones que puede presentar cualquier ciudadano (acción popular) respecto de las personas que hayan sido responsables en los hechos que motivaron la declaración de inconstitucionalidad de una organización política. Esta competencia es usual en los tribunales constitucionales de Albania, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Moldavia, Polonia, República Checa, Rumania, Yugoslavia.
El Tribunal Constitucional chileno también conoce y resuelve sobre las inhabilidades e incompatibilidades constitucionales y legales que afectan a una persona para ser designada Ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones (artículo 82 N°10); como asimismo, se pronuncia sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios (artículo 82 N°11).
Por último, el Tribunal Constitucional chileno tiene la competencia de informar al Senado sobre la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente Electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilita para el ejercicio de sus funciones (artículo 82 N°9), materia que debe ser decidida por el Senado, considerando dicho informe; asimismo, le corresponde al Tribunal Constitucional informar si los motivos que originan la dimisión del Presidente de la República son o no fundados, materia que debe resolver el Senado, en consecuencia, aceptarla o rechazarla (artículo 82 N°7).
E. Competencias que tienen otros tribunales constitucionales que no poseen los
tribunales constitucionales de América del Sur
Diversos tribunales constitucionales de Europa, tienen las siguientes competencias
1. Control de adecuación de las leyes a los tratados internacionales ratificados por el Estado (Albania, Bielorrusia, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia, Letonia, Polonia, República Checa).
2. Control de constitucionalidad de normas no jurisdiccionales de los tribunales superiores de justicia (Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Polonia, Lituania, Yugoslavia).
3. Interpretación obligatoria de la Constitución con efectos vinculantes y de carácter erga omnes (Albania, Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, Rusia, Ucrania).
4. Control en materia contencioso electoral (Albania, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, Francia, Lituania, Moldavia, Rumania, Yugoslavia).
De las cuatro materias señaladas, al menos una contribuye a una mayor fuerza normativa de la Constitución y a un control de constitucionalidad más pleno o completo, ya que superan un vacío sobre la materia que existe en América del Sur, al no existir control de constitucionalidad sobre las normas no jurisdiccionales de los tribunales superiores de justicia, tales como auto acordados que regulan procedimientos judiciales o aspectos de economía procesal que, en ocasiones, pueden vulnerar derechos y garantías constitucionales, además del principio de reserva legal para la regulación de tales derechos. La reforma constitucional a las competencias del Tribunal Constitucional chileno en actual tramitación considera el control de constitucionalidad de los auto acordados de los tribunales superiores de justicia y del Tribunal Calificador de Elecciones.
Es curioso constatar, además, que constituye una excepción y no la regla en los tribunales constitucionales latinoamericanos el control de constitucionalidad de los reglamentos parlamentarios, contemplado sólo en los casos de Perú y Bolivia.
* Abogado. Doctor en Derecho Constitucional. Profesor Titular de Derecho Político y Constitucional. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Chile.
1 Fix Zamudio, Héctor, "La Constitución y su defensa" en Coloquio internacional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México, agosto de 1982. [ Links ]
2 Sagüés, Néstor Pedro, Derecho Procesal Constitucional, Ediciones Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1989, p. 30. [ Links ]
3 Sobre la materia pueden verse los completos trabajos publicados en Varios Autores, Una mirada a los Tribunales Constitucionales. Las experiencias recientes. Ed. Comisión Andina de Juristas ­ KAS, Lima, Perú, 1995. [ Links ]Brewer-Carías, Allan R., Instituciones políticas y constitucionales, Tomo VI, La Justicia Constitucional, Editorial Jurídica Venezolana ­ Universidad Católica del Tachira, Venezuela, 1996. [ Links ] García Belaúnde, Domingo y Fernández Segado, Francisco (coordinadores), La jurisdicción Constitucional en Iberoamérica, Editorial Dykinson y otras, Madrid, España, 1997. [ Links ] Nogueira Alcalá, Humberto, "Consideraciones sobre la jurisdicción constitucional en América y Europa" en Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional N4, Madrid, España, 2000, pp. 243 ­ 307. [ Links ] Eguiguren Praeli, Francisco, Los Tribunales Constitucionales en Latinoamérica. Una visión comparativa, Ed. CIEDLA, Fundación Konrad Adenauer, Buenos Aires, Argentina, 2001. [ Links ]
4 García Belaúnde, Domingo, "La jurisdicción constitucional y el modelo dual o paralelo" en La Ley, año LXII N197, Buenos Aires, Argentina, 16 de octubre de 1998, p. 1. [ Links ]
5 Nogueira Alcalá, Humberto, "La jurisdicción Constitucional en Chile" en La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica, García Belaúnde y Fernández Segado (coordinadores), Editorial Dykinson, Madrid, España, 1997. [ Links ]
6 Sobre la materia, consultar Rivera, José Antonio, Jurisdicción Constitucional. Procedimientos constitucionales en Bolivia, Ed. Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, Editorial Kipus, Cochabamba, Bolivia, 2001. [ Links ]

References: resolución 
 artículo 120
 artículo 241
 artículo 82
 artículo 276
 artículo 5
 artículo 29
 artículo 120
 artículo 13
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 artículo 241
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 artículo 120
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 artículo 35
 artículo 82
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 artículo 27
 resolución 
 artículo 120
 artículo 58
 artículo 241
 artículo 82
 artículo 60
 artículo 277
 artículo 202
 artículo 20
 artículo 25
 artículo 35
 artículo 120
 artículo 120
 artículo 202
 artículo 120
 artículo 7
 resolución 
 artículo 12
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 artículo 120
 artículo 276
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 artículo 46
 artículo 47
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 artículo 120
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 artículo 241
 artículo 49
 artículo 50
 artículo 53
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 artículo 276
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 artículo 202
 artículo 41
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 artículo 42
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 artículo 43
 artículo 44
 artículo 45
 artículo 25
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 artículo 120
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