Source: http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Js4904s/8.2.html
Timestamp: 2013-05-23 06:28:34+00:00

Document:
Repercusiones de la declaración de Doha relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública - Serie "Economía de la salud y medicamentos", No. 012: Medidas de salud pública: Opción 2
Documento completo | Capítulo completo | Expandir índice | Versión HTML imprimible :: Temas & Palabras clave· Publicaciones de la OMS > Español > Acceso a los medicamentos y uso racional > Financiación· Palabras clave > DOHA Declaration· Palabras clave > public healthRepercusiones de la declaración de Doha relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública - Serie "Economía de la salud y medicamentos", No. 012 (2002; 71 páginas) [English] [French] Índice de contenido Prefacio Agradecimiento Abreviaturas y acrónimos Resumen de orientación Introducción Alcance El papel del Acuerdo sobre los ADPIC y los derechos de la propiedad intelectual (DPI) Medidas de salud pública Opción 1 Opción 2 Flexibilidad del Acuerdo sobre los ADPIC Interpretación Licencias obligatorias Emergencia Agotamiento Miembros con insuficiente o ninguna capacidad de fabricación El problema abordado Posibles enfoques a) Artículo 31 f) b) Artículo 30 c) Moratoria Salvaguardias Licencia obligatoria en el país importador Viabilidad económica Instrumentación legal Transferencia de tecnología a los PMA Prórroga del período transitorio para los PMA Tratamiento especial conforme al Acuerdo sobre los ADPIC Status legal de la Declaración de Doha Cuestiones no incluidas en la Declaración Conclusiones Anexo 1 - Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública Anexo 2 - Niveles de desarrollo de la industria farmacéutica (por países) Referencias Otros documentos de la Serie "Economía de la Salud y Medicamentos" Cubierta Posterior Opción 2
[Afirmamos la capacidad de todo Miembro de hacer pleno uso de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que proporcionan la flexibilidad necesaria para afrontar las crisis de salud pública, tales como el VIH/SIDA y otras pandemias, y a tal fin, todo Miembro puede tomar las medidas necesarias para afrontar estas crisis de la salud pública, y en particular para lograr un acceso asequible a los medicamentos. Además, estamos de acuerdo en que esta Declaración no aumenta ni disminuye los derechos y obligaciones de los Miembros estipulados en el Acuerdo sobre los ADPIC. Con vistas a facilitar el uso de esta flexibilidad proporcionando una mayor certidumbre, acordamos hacer las siguientes aclaraciones]33
33 Durante el proceso de negociación, la Comisión Europea propuso el siguiente texto como solución intermedia al párrafo 4: [No hay nada en el Acuerdo sobre los ADPIC que impida a los Miembros procurar y alcanzar objetivos de salud pública. De acuerdo con esta afirmación, el Acuerdo sobre los ADPIC será interpretado y aplicado de manera que apoye la capacidad de los Miembros de la OMC de mejorar el acceso a medicamentos asequibles para todos en el contexto de los objetivos de salud pública].
La redacción de la primera parte del párrafo 4 refleja lo delicado del compromiso alcanzado en Doha. Reafirma los derechos de los Miembros a tomar medidas "para proteger la salud pública" de una forma mucho menos elaborada que el 10 artículo XX b) del GATT y que las disposiciones correspondientes de los acuerdos ASF y BTC.34
34 La "prueba de necesidad", fundamental para esas disposiciones, no se menciona en la Declaración de Doha. Para más información sobre la aplicación de dicha prueba en la jurisprudencia del GATT/OMC, Véase, p. ej., Correa, 2000b.
Una posible interpretación del párrafo 4 es que el Acuerdo sobre los ADPIC no está en conflicto con la salud pública. El párrafo 4 constituiría una declaración de hecho ("el Acuerdo sobre los ADPIC no impide") antes que un cambio en el equilibrio del Acuerdo en el sentido de que la salud pública tiene precedencia sobre los intereses comerciales. Así, para la Comisión Europea, "la cuestión no es si la propiedad intelectual tiene o no precedencia sobre la salud pública, o viceversa. La propiedad intelectual y la salud pública pueden y deben apoyarse mutuamente porque sin medicamentos eficaces, las políticas de salud pública no tendrían éxito".35 En opinión de la Comisión Europea, la afirmación contenida en el párrafo 4 "es importante para dar sentido al principio evidente de que el derecho de un Miembro (o su deber) de perseguir objetivos y políticas de salud pública no se ve afectado por el Acuerdo sobre los ADPIC".36
35 Comisión Europea, 2001, (traducción no oficial).
Sin embargo, para dar sentido al párrafo 4, es posible interpretar que la intención de los Miembros consistió en indicar que en casos en los que exista un conflicto entre los derechos de la propiedad intelectual y la salud pública, aquellos no deberían ser un obstáculo para la realización de ésta.37 Una posible lectura de este párrafo es que tal conflicto puede surgir, y ése precisamente es el motivo por el que "el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública".
37 La delegación brasileña señaló en la Conferencia Ministerial de Doha que "En la esfera de la propiedad intelectual, las diferentes interpretaciones del Acuerdo sobre los ADPIC han dado origen a tensiones. Hasta cierto punto, es normal que los conflictos de intereses se reflejen en interpretaciones divergentes de las normas comunes. Pero la explotación comercial del conocimiento no debe ser más valorada que la vida humana. Hay circunstancias en las que los conflictos de intereses exigen que el Estado ejerza su responsabilidad política suprema... Brasil promueve y defiende los derechos de propiedad intelectual... Sin embargo, si las circunstancias así lo exigen, el Brasil, como muchos otros países, no vacilará en hacer pleno uso de la flexibilidad permitida por el Acuerdo sobre los ADPIC para salvaguardar de manera legítima la salud de sus ciudadanos". Véase también, por ejemplo, ‘t Hoen (2001), p. 11; Raja (2001), p. 14, y la Declaración Conjunta del 14 de noviembre de 2001, por MSF, Oxfam, CPT, Consumers International, HAI y The Third World Network, Third World Economics (Economía del Tercer Mundo), N°. 268, 1-15 de noviembre de 2001.
Como se ha mencionado, una cuestión básica subyacente en las deliberaciones conducentes a la Declaración de Doha era la medida en la que el texto final del artículo 8.1 significaría que la propiedad intelectual puede tomar precedencia sobre la salud pública. Una posible interpretación de esta disposición es que, a diferencia del artículo XX b) del GATT, en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC la salud pública y otras razones enumeradas en el artículo 8.1 permiten a los miembros adoptar medidas (por ejemplo, controles de comercialización y precios), pero no derogar las obligaciones relativas a la disponibilidad o la aplicación de los derechos de la propiedad intelectual. Sin embargo, en vista del párrafo 4 de la Declaración de Doha, puede argumentarse que el artículo 8.1 no impediría la derogación de ciertas obligaciones estipuladas por el Acuerdo sobre los ADPIC si fuera necesario para atender las necesidades de la salud pública.
La protección de la salud pública se convierte con la Declaración de Doha en un propósito claramente expresado del Acuerdo. Al afirmar que el Acuerdo sobre los ADPIC "puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos", el párrafo 4 sirve de guía a los paneles y al Organo de Apelación para la interpretación de las disposiciones del Acuerdo en casos en los que estén en juego cuestiones de salud pública. Así, los Miembros han desarrollado una regla de interpretación específica que da contenido a las disposiciones interpretativas generales de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (en adelante "la Convención de Viena") sobre las que se ha construido la jurisprudencia del GATT/OMC.38 Por lo tanto, en casos de ambigüedad, los paneles y el Organo de Apelación deberán optar por interpretaciones que apoyen "el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública".
38 Tal y como lo declaró un panel, el Acuerdo sobre los ADPIC tiene un rango sui generis relativamente independiente dentro de la OMC, pero es "parte inegrante del sistema de la OMC, el cual se basa en la experiencia adquirida durante casi medio siglo en el Marco del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comerico de 1947 ("GAAT de 1947")". Véase India: Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura), WT/DS50/R, adoptado el 16 de enero de 1998, párr. 7.19.
Debe señalarse también que el párrafo 4 se refiere específicamente a la cuestión del "acceso a los medicamentos para todos", indicando que en la interpretación de las obligaciones del Acuerdo, se debe prestar especial atención al logro de este objetivo.
Finalmente, el párrafo 4 alude a la aplicación del Acuerdo, y no sólo a su interpretación. La aplicación tiene lugar a nivel nacional, pero está influenciada por las acciones de otros gobiernos, ya sea en el contexto de las relaciones bilaterales o en el marco multilateral. El mensaje importante de la Declaración a este respecto es que el Acuerdo puede aplicarse39 de modo que apoye el derecho de los Miembros de proteger la salud pública. Como resultado, otros Miembros deberán abstenerse de llevar a cabo acciones que entorpezcan el ejercicio de tales derechos por los demás Miembros, y sobre todo por países en desarrollo y PMA.
39 Puesto que la aplicación es en último término una obligación impuesta a los Estados Miembros, la lectura lógica de la segunda frase del párrafo 4 es que el Acuerdo debería ser interpretado y puede ser aplicado de manera que apoye el derecho de los Miembros a proteger la salud pública.
Sin embargo, de acuerdo con este párrafo, los Miembros no sólo pueden aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC "de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública", sino que también deben aplicarlo de tal modo. Esto significa que todos los estados Miembros, incluidos los países desarrollados, 12 están obligados a contribuir a la solución de los problemas de salud pública a los que se refiere la Declaración de Doha.40 Una posible manera de hacerlo sería, por ejemplo, adoptando medidas para permitir la exportación de los medicamentos necesarios en un país con escasa o ninguna capacidad de fabricación, una cuestión que el párrafo 6 de la Declaración pide a los Miembros que aborden (véase más adelante).
40 Véase también el párrafo 17 de la Declaración Ministerial general, que se cita en la nota a pie de página 1.

References: Artículo 31
 Artículo 30
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
sui generis