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Timestamp: 2019-10-23 08:35:56+00:00

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Publicado en BOE n�m. 83 de 07 de Abril de 2015
Art�culo �nico �Modificaci�n del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre
Disposici�n transitoria �nica �Determinaci�n de la cuant�a de la garant�a financiera obligatoria por parte de operadores cuyo sector haya presentado para informe an�lisis de riesgos medioambientales sectoriales o tablas de baremos
Tal y como se establece en el art�culo 45 de la Constituci�n Espa�ola, todos los ciudadanos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, as� como el deber de conservarlo. Este mismo art�culo establece que para quienes incumplan la obligaci�n de utilizar racionalmente los recursos naturales y la de conservar la naturaleza, se establecer�n sanciones penales o, en su caso, administrativas, as� como la obligaci�n de reparar el da�o causado.
Pese a la existencia de diferentes normas jur�dicas cuyo objetivo es prevenir la ocurrencia de accidentes con consecuencias para el medio ambiente, se puso de manifiesto la necesidad de contar con una legislaci�n ambiental referente a un sistema de responsabilidad medioambiental, que permitiese prevenir de forma eficaz los da�os medioambientales y, en caso de producirse, garantizase la reparaci�n de los mismos.
A esta necesidad responde la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relaci�n con la prevenci�n y reparaci�n de da�os medioambientales, que estableci� por primera vez un marco com�n, de contenidos obligatorios m�nimos, para la prevenci�n y la reparaci�n de los da�os medioambientales en los Estados miembros.
La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que incorpor� al ordenamiento jur�dico interno esta directiva, establece un nuevo r�gimen administrativo de reparaci�n de da�os medioambientales en virtud del cual los operadores que ocasionen da�os al medio ambiente o amenacen con ocasionarlo, deben adoptar las medidas necesarias para prevenir o evitar su causaci�n o, cuando el da�o se haya producido, para devolver los recursos naturales da�ados al estado en el que se encontraban antes de la causaci�n del da�o. Asimismo, se establece que los operadores de las actividades incluidas en su anexo III deber�n disponer de una garant�a financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o actividades que pretendan desarrollar.
El art�culo 24 de la citada Ley dispuso que el Gobierno estableciera los criterios t�cnicos que permitieran evaluar la intensidad y la extensi�n del da�o medioambiental y determinara el m�todo que garantizase una evaluaci�n homog�nea de los escenarios de riesgos y de los costes de reparaci�n asociados a cada uno de ellos, asegurando una delimitaci�n uniforme de la definici�n de las coberturas que resulten necesarias para cada actividad o instalaci�n. La fijaci�n de la cobertura de tales garant�as financieras exig�a disponer de un m�todo de c�lculo eficaz y homog�neo, que no generase distorsiones en el funcionamiento del mercado interior y permitiese definir con precisi�n y un grado m�nimo de certeza el montante econ�mico del riesgo ambiental al que est� expuesto un operador en el desarrollo de sus actividades econ�micas y profesionales.
En relaci�n con ambas cuestiones, la disposici�n final tercera de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, faculta al Gobierno, previa consulta a las comunidades aut�nomas, para dictar, en su �mbito de competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo y la ejecuci�n del cap�tulo IV de la ley, relativo al r�gimen jur�dico de las garant�as financieras, y de los anexos de la ley, entre los que se hallan el anexo I, sobre criterios para determinar la significatividad del da�o en las especies silvestres o en los h�bitats, el anexo II, sobre reparaci�n del da�o medioambiental y el anexo VI sobre la informaci�n que las administraciones p�blicas deben facilitar al Ministerio de Agricultura, Alimentaci�n y Medio Ambiente, en materia de responsabilidad medioambiental.
Haciendo uso de esta habilitaci�n, el Gobierno aprob� el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que entre otras cuestiones cre� la Comisi�n t�cnica de prevenci�n y reparaci�n de da�os medioambientales, estableci� el marco metodol�gico para determinar el da�o medioambiental y, en funci�n de su alcance, determinar las medidas de reparaci�n necesarias en cada caso, y regul� las cuestiones esenciales de la garant�a financiera obligatoria, como son la determinaci�n de su cuant�a, las modalidades de la misma –el aval, la reserva t�cnica y la p�liza de seguro– as� como la verificaci�n del an�lisis de riesgos medioambientales y los requisitos m�nimos de los verificadores.
El art�culo 28 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, en sus apartados a) y b), exim�a a determinados operadores de la obligaci�n de constituir garant�a financiera, en funci�n del coste de la reparaci�n de los da�os que pudieran causar, si bien obligaba a todos los operadores incluidos en el anexo III, a realizar un an�lisis de riesgo medioambiental con los consiguientes costes asociados.
La experiencia adquirida durante los primeros a�os de vigencia de este nuevo r�gimen de responsabilidad medioambiental puso de manifiesto que la exigencia de constituir garant�a financiera a todos los operadores del anexo III de la ley, sin m�s exenciones que las previstas en el art�culo 28, resultaba un tanto desproporcionada teniendo en cuenta que no todos los operadores incluidos en el anexo III presentan unos mismos �ndices de peligrosidad y de accidentalidad.
Teniendo en cuenta, tanto el importante peso que esta norma otorga a los aspectos preventivos, como la obligaci�n de que los operadores incluidos en el anexo III reparen con car�cter objetivo e ilimitado los da�os medioambientales que pudieran ocasionarse como consecuencia de sus actividades, se consider� oportuno eximir de la obligaci�n de constituci�n de garant�a financiera a los operadores cuyas actividades presentasen bajo riesgo de producir da�os medioambientales, sin que por ello quedasen comprometidos los principios de responsabilidad objetiva e ilimitada que presiden la Ley de responsabilidad medioambiental.
Por estas razones, a trav�s del art�culo 32 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p�blico y cancelaci�n de deudas con empresas y aut�nomos contra�das por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci�n y de simplificaci�n administrativa, se modific� el apartado d) al art�culo 28 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, para prever la posibilidad de eximir, por v�a reglamentaria, de la obligaci�n de constituir garant�a financiera obligatoria, a determinadas actividades originalmente incluidas dentro del �mbito de aplicaci�n de la ley.
Posteriormente, a trav�s de la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, se ha introducido una modificaci�n en el nuevo apartado d) del art�culo 28 de la ley, sobre exenciones a la obligaci�n de constituci�n de garant�a financiera obligatoria, con la finalidad de establecer los criterios atendiendo a los cuales se podr�n realizar dichas exenciones, de forma que los operadores de las actividades que se establezcan reglamentariamente, atendiendo a su escaso potencial de generar da�os medioambientales y bajo nivel de accidentalidad, quedar�n exentos de constituir garant�a financiera obligatoria, y quedar�n igualmente exentos de efectuar la comunicaci�n de la misma, prevista en el art�culo 24.3 de la ley.
Desde otra perspectiva, y para abundar en los aspectos preventivos de la ley, se establece que los operadores que opten por constituir su garant�a financiera por la cobertura m�xima prevista en la Ley –20.000.000 de euros– tengan que realizar, obligatoriamente, un an�lisis de los riesgos medioambientales de su actividad, y comunicar su constituci�n a la autoridad competente conforme al procedimiento previsto en el art�culo 24.3.
Es preciso recordar que la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril de 2004, establece que los Estados miembros deben tomar medidas para animar a los operadores a utilizar seguros apropiados u otras formas de garant�a financiera y para fomentar el desarrollo de instrumentos y mercados de garant�a financiera. Concretamente, el art�culo 14.1 de la Directiva establece que los Estados miembros adoptar�n medidas para fomentar el desarrollo, por parte de los operadores econ�micos y financieros correspondientes, de mercados e instrumentos de garant�a financiera, incluyendo mecanismos financieros en caso de insolvencia, con el fin de que los operadores puedan recurrir a garant�as financieras para hacer frente a sus responsabilidades.
Sin embargo, la Directiva no estableci� un sistema de garant�as financieras obligatorias para los operadores de las actividades de su anexo III, dej�ndolo al criterio de los Estados miembros.
El apartado 14.2 de la Directiva previ� adem�s que, antes del 30 de abril de 2010, la Comisi�n deb�a presentar un informe sobre la eficacia de la Directiva en lo que respecta a la reparaci�n real de los da�os medioambientales, sobre la oferta a un coste razonable y sobre las condiciones de los seguros y otros tipos de garant�a financiera para las actividades enumeradas en el Anexo III, y si proced�a, hacer propuestas relativas a un sistema de garant�a financiera obligatoria armonizada.
La Comisi�n Europea public� en octubre de 2010 este informe, en el que llega a la conclusi�n de que, debido a la falta de experiencia pr�ctica en la aplicaci�n de la Directiva, por el momento no se justifica suficientemente la introducci�n de un sistema armonizado de garant�a financiera obligatoria.
Este informe se�ala adem�s que, para facilitar su aplicaci�n, todos los sistemas de garant�a financiera obligatoria deber�an recurrir a una implantaci�n gradual, fijar unos topes m�ximos para las garant�as financieras, as� como excluir las actividades de bajo riesgo.
A la recomendaci�n del informe de la Comisi�n Europea de recurrir a una implantaci�n gradual en la implantaci�n del sistema de garant�as financieras obligatorias, respondi� la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de prioridad y el calendario para la aprobaci�n de las �rdenes ministeriales a partir de las cuales ser� exigible la constituci�n de la garant�a financiera obligatoria, previstas en la disposici�n final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental; la recomendaci�n de fijar unos topes m�ximos para las garant�as financieras est� recogida en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, en su art�culo 30, fijando un l�mite m�ximo de 20 millones de euros; y a la recomendaci�n de excluir las actividades de bajo riesgo responde este real decreto de modificaci�n del reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, mediante el que se excluyen, de momento, de la obligaci�n de constituir una garant�a financiera a las actividades establecidas en el nuevo apartado 2.b) del art�culo 37 del reglamento.
Una de las principales finalidades de este real decreto es, por consiguiente, dar cumplimiento al mandato contenido en el art�culo 28.d) de la ley, estableciendo los operadores de las actividades que, atendiendo a su escaso potencial de generar da�os medioambientales y bajo nivel de accidentalidad, quedar�n exentos de la obligaci�n de constituir garant�a financiera, y por lo tanto de realizar an�lisis de riesgos medioambientales, que quedan establecidos en el nuevo apartado 2.b) del art�culo 37 del reglamento.
En este nuevo apartado 2.b) del art�culo 37, se recogen las actividades cuyos operadores quedan exentos de la obligaci�n de constituir garant�a financiera, y por tanto, de efectuar la comunicaci�n a la autoridad competente prevista en el art�culo 24.3 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y en el art�culo 33 de este reglamento. Los operadores de las actividades que no est�n exentas, que son las incluidas en el apartado 2.a) del art�culo 37, quedar�n obligados por tanto a realizar el an�lisis de riesgos medioambientales, y en caso de que superen los umbrales previstos en la ley, a constituir la garant�a financiera obligatoria.
Por otro lado, es necesario recalcar que la exclusi�n de actividades del anexo III de la Ley de la obligaci�n de constituir garant�a financiera, no compromete los objetivos fundamentales de la normativa de responsabilidad medioambiental, que es regular las obligaciones de los operadores de prevenir, evitar y reparar los da�os medioambientales que puedan causar. As�, independientemente de la obligaci�n o no de constituir garant�a financiera, todos los operadores del anexo III de la Ley siguen teniendo una responsabilidad objetiva e ilimitada, de forma que aquellos que ocasionen da�os medioambientales o amenacen con ocasionarlos, tienen la obligaci�n de adoptar las medidas necesarias para prevenir su causaci�n o, cuando el da�o se haya producido, para devolver los recursos naturales da�ados al estado en el que se encontraban antes de la causaci�n del da�o.
Es necesario recordar que, tal y como se indica en el pre�mbulo de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, no todos los recursos naturales est�n protegidos por esta ley. Tan solo lo est�n aquellos que tienen cabida en el concepto de da�o medioambiental. De la misma forma, no todos los da�os que sufran estos recursos naturales generar�n responsabilidad medioambiental. Para que la Ley pueda ser aplicada, se deber� estar en presencia de amenazas de da�os o de da�os propiamente dichos que produzcan efectos adversos significativos sobre un recurso natural.
En la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y su reglamento de desarrollo parcial, aprobado mediante Real Decreto 2090/2008, se incluyen una serie de criterios para la determinaci�n de la significatividad del da�o, y dado que esta es una operaci�n crucial, puesto que sobre ella descansa la aplicabilidad del sistema de responsabilidad medioambiental, se recurre a criterios que garanticen la objetividad en esa labor de apreciaci�n, remiti�ndose, cuando ha sido posible, a lo previsto en otras normas para la determinaci�n de la significatividad del da�o en cada recurso natural.
Entre estos criterios para establecer la significatividad del da�o, destacan los establecidos en el art�culo 16 del reglamento de desarrollo parcial de la ley, por referencia al recurso natural afectado. De esta forma, se establece que los da�os ocasionados a las especies silvestres y a los h�bitats ser�n significativos cuando los cambios experimentados por el receptor produzcan efectos adversos que afecten al mantenimiento de un estado favorable de conservaci�n o a la posibilidad de que �ste sea alcanzado, y para ello se deber� tener en cuenta cualquier informaci�n disponible de car�cter local, regional, nacional y comunitario de la especie o del h�bitat afectado que resulte relevante; los da�os ocasionados a las aguas ser�n significativos si la masa de agua receptora experimenta un efecto desfavorable de su estado ecol�gico, qu�mico o cuantitativo, en el caso de aguas superficiales o subterr�neas, o de su potencial ecol�gico, en el caso de aguas artificiales y muy modificadas, que traiga consigo, en ambos casos, un cambio en la clasificaci�n de dicho estado en el momento de producirse la afectaci�n, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Planificaci�n Hidrol�gica aprobado mediante el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y dem�s legislaci�n aplicable; los da�os ocasionados al suelo ser�n significativos si el receptor experimenta un efecto adverso que genere riesgos para la salud humana o para el medio ambiente, de manera que aqu�l pueda ser calificado como suelo contaminado en los t�rminos establecidos en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relaci�n de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y est�ndares para la declaraci�n de suelos contaminados; y finalmente los da�os ocasionados a las riberas del mar y de las r�as ser�n significativos en la medida en que lo sean los da�os experimentados por las aguas, por el suelo o por las especies silvestres y los h�bitats, de conformidad con lo establecido en los apartados anteriores.
La escala de la evaluaci�n de la significatividad del da�o es un elemento muy relevante, especialmente en los recursos especies silvestres y los h�bitats, as� como en el recurso agua, donde la evaluaci�n se debe hacer a escala de masa de agua. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar el potencial de generar da�os medioambientales, es decir, da�os que provoquen efectos adversos significativos, de las distintas actividades del anexo III de la ley.
Por lo tanto, es necesario distinguir entre los conceptos de �da�o�, y �da�o medioambiental�, que en el �mbito de aplicaci�n de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, tal y como se establece en su art�culo 2.1, que regula las definiciones, se refiere a aquellos da�os que produzcan efectos adversos significativos.
Este es un elemento importante que debe tenerse en cuenta en el establecimiento de las actividades que se excluyan de la obligaci�n de constituir garant�a financiera, ya que, del mismo modo que no todos los da�os que puedan provocar los operadores de las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, generar�n siempre efectos adversos significativos, tampoco todas las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, tienen el mismo potencial de generar da�os que puedan producir efectos adversos significativos, y por lo tanto generar �da�os medioambientales�.
Para el establecimiento de las actividades que se excluyen de la obligaci�n de constituir garant�a financiera, adem�s de los elementos descritos anteriormente, se ha llevado a cabo un an�lisis de las caracter�sticas de todas las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre y en especial de su potencial de causar da�os medioambientales y de su nivel de accidentalidad.
En este an�lisis se ha tenido en cuenta, por un lado la priorizaci�n de las actividades incluidas en el anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, a partir de la valoraci�n de tres criterios relacionados con el riesgo medioambiental de cada sector profesional, realizado para la redacci�n de la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, y por otro lado, un an�lisis de la informaci�n disponible sobre los accidentes m�s comunes ocurridos en los �ltimos a�os en los distintos sectores industriales, con consecuencias en el medio ambiente.
De este an�lisis realizado para cada una de las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, se concluye que los operadores de las actividades con mayor potencial de causar da�os medioambientales y con mayor nivel de accidentalidad son los siguientes:
En primer lugar, destacan los operadores incluidos en el �mbito de aplicaci�n del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Estos operadores destacan por su riesgo potencial de generaci�n de accidentes.
En segundo lugar, estar�an los operadores incluidos en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevenci�n y control integrados de la contaminaci�n, ya que en el �mbito de esta Ley se incluyen instalaciones cuyos procesos productivos se caracterizan por una cierta complejidad, y cuyo potencial de contaminaci�n medioambiental es elevado, debido a que producen un mayor volumen de producto, por lo que se estima que, tanto el consumo de materias primas y productos qu�micos, como la generaci�n de residuos, muchos de ellos peligrosos, son elevados, lo que puede provocar da�os medioambientales significativos en caso de accidente.
En tercer lugar, considerando los accidentes acaecidos en los �ltimos a�os y su gravedad, destacan los ocurridos en instalaciones dedicadas a la gesti�n de los residuos derivados de las industrias extractivas, en concreto los accidentes relacionados con balsas de residuos mineros. Estas actividades se encuentran reguladas en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gesti�n de los residuos de las industrias extractivas y de protecci�n y rehabilitaci�n del espacio afectado por actividades mineras, y en dicho real decreto se identifican las instalaciones clasificadas como de categor�a A, como aquellas que presentan un mayor riesgo de tener accidentes graves.
Durante la tramitaci�n del presente real decreto, el texto del art�culo 28.d) de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, con redacci�n procedente del art�culo 32 del Real Decreto-ley, de 1 de julio, otorgaba al Gobierno la potestad de eximir reglamentariamente actividades del anexo III de la Ley de la obligaci�n de constituir garant�as financieras. Posteriormente, la Ley 11/2014, de 3 de julio, matiz� la redacci�n del mencionado art�culo 28.d), estableciendo que estas exenciones se har�an atendiendo al escaso potencial de generar da�os medioambientales y bajo nivel de accidentalidad de las actividades del anexo III de la ley.
Sin embargo, es preciso recalcar que el an�lisis de las caracter�sticas de todas las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, en el que se basa la exenci�n de la obligaci�n de constituir garant�a financiera que se incluye en el art�culo 37 del reglamento, tuvo en cuenta, desde el inicio de la tramitaci�n de este real decreto, el potencial de causar da�os medioambientales y el nivel de accidentalidad de las mismas. Esta fue la raz�n por la que en la modificaci�n de la redacci�n del art�culo 28 d) de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, llevada a cabo por la Ley 11/2014, de 3 de julio, se introdujeron estos criterios, para hacerlos coincidir con los que se hab�an utilizado para la determinaci�n de las actividades a eximir de la garant�a financiera obligatoria, en el proyecto de real decreto de modificaci�n del reglamento de desarrollo parcial de la Ley que estaba en tramitaci�n.
Como resultado del an�lisis del resto de las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, no incluidas en el apartado 2.a) del art�culo 37 del reglamento, realizado desde el inicio de la tramitaci�n de este real decreto, se concluye que los operadores de dichas actividades, siempre que no est�n incluidos en ninguno de los supuestos de dicho apartado, y especialmente en el �mbito de aplicaci�n del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, ni de la Ley 16/2002, de 1 de julio, tienen un menor potencial de generar da�os medioambientales y bajo nivel de accidentalidad, en el marco de la Ley 26/2007, de 23 de octubre. Por ello, estas actividades, tal y como quedan recogidas en el nuevo apartado 2.b) del art�culo 37 del reglamento, quedan exentas de la obligaci�n de constituir garant�a financiera y de realizar an�lisis de riesgos medioambientales.
No obstante, estas exenciones se establecen sin perjuicio de la necesidad de realizar el estudio previsto en el apartado 2.b) del art�culo 37, en un plazo m�ximo de cinco a�os desde la entrada en vigor de este real decreto, tomando como base el calendario de la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, que actualice la evaluaci�n del potencial de generar da�os medioambientales y el nivel de accidentalidad de estas actividades. A la luz de los resultados de dicho estudio, se realizar�n las adaptaciones que, en su caso, resulten oportunas.
Es necesario tambi�n aclarar que las exenciones a la obligaci�n de constituir garant�a financiera en el �mbito de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, se establecen sin perjuicio de que sigue vigente, para los operadores de estas actividades exentas de la garant�a financiera prevista en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, la obligaci�n de constituir las garant�as financieras a las que est�n sujetos en virtud de otras normas sectoriales espec�ficas.
Por �ltimo, se debe subrayar que, independientemente de la obligaci�n o no de constituir garant�a financiera, todos los operadores del anexo III de la Ley que ocasionen da�os medioambientales o amenacen con ocasionarlos, tienen la obligaci�n de adoptar las medidas necesarias para prevenir su causaci�n o, cuando el da�o se haya producido, para devolver los recursos naturales da�ados al estado en el que se encontraban antes de la causaci�n del da�o, por lo que el car�cter eminentemente objetivo e ilimitado, basado en los principios de prevenci�n y de quien contamina paga, del r�gimen de responsabilidad medioambiental establecido en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, no se ve alterado por las exenciones a la obligaci�n de constituir garant�a financiera previstas en el presente real decreto.
La disposici�n final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, establece que la fecha a partir de la cual ser� exigible la constituci�n de la garant�a financiera obligatoria para cada una de las actividades del anexo III, se determinar� por Orden del Ministro de Agricultura, Alimentaci�n, y Medio Ambiente, previo acuerdo de la Comisi�n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ�micos, previa consulta a las comunidades aut�nomas y a los sectores afectados. Asimismo, establece que esas �rdenes ministeriales se aprobar�n a partir del 30 de abril de 2010.
En este sentido, el 29 de junio de 2011 se public� en el �Bolet�n Oficial del Estado� la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de prioridad y calendario para la aprobaci�n de las �rdenes ministeriales a partir de las cuales ser� exigible la garant�a financiera obligatoria, prevista en la disposici�n final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
La Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, realiz� una clasificaci�n de las actividades econ�micas y profesionales enumeradas en el anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre. A partir de esa clasificaci�n, la orden estableci� el siguiente calendario: las �rdenes ministeriales a partir de las cuales ser� exigible la garant�a financiera obligatoria a los sectores de actividad que est�n clasificados con el nivel de prioridad 1, se publicar�n entre los dos y tres a�os siguientes a la entrada en vigor de esa orden, las relativas a los sectores clasificados con el nivel de prioridad 2 se publicar�n entre los tres y cinco a�os siguientes, y las relativas a los sectores de actividad que est�n clasificados con el nivel de prioridad 3 se publicar�n entre los cinco y ocho a�os siguientes a la entrada en vigor de la orden.
Cabe se�alar que, con fecha 3 de julio de 2014, se aprob� la Ley 11/2014, de modificaci�n de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y que mediante este real decreto se van a introducir modificaciones en el reglamento de desarrollo parcial de la mencionada Ley 26/2007, de 23 de octubre.
Estas modificaciones tienen como finalidad primordial reducir las cargas administrativas y simplificar los procedimientos administrativos contemplados en la normativa de responsabilidad medioambiental, especialmente el de determinaci�n de la garant�a financiera, as� como definir los operadores que quedan exentos de la obligaci�n de constituir garant�a financiera, y por tanto de llevar a cabo el an�lisis de riesgos medioambientales, y hacer efectiva la exigencia de garant�a financiera a los operadores obligados.
Por todo ello, debido a las importantes implicaciones de estas modificaciones normativas en relaci�n con la constituci�n de la garant�a financiera obligatoria, se ha producido un retraso en la publicaci�n de la orden ministerial que fije la fecha de entrada en vigor de la garant�a financiera para las actividades clasificadas con nivel de prioridad 1, respecto del calendario inicialmente previsto en la Orden ARM 1783/2011.
Por otro lado, la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, estableci� que las �rdenes ministeriales a partir de las cuales ser� exigible la garant�a financiera obligatoria a los sectores de actividad que est�n clasificados con el nivel de prioridad 2 se publicar�an entre los tres y cinco a�os siguientes a la entrada en vigor de dicha orden ministerial.
Por ello, y dado que han pasado m�s de tres a�os desde la publicaci�n de la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, tras la entrada en vigor de este real decreto, se iniciar� la tramitaci�n de la orden ministerial que fije la fecha a partir de la cual ser� exigible la constituci�n de la garant�a financiera obligatoria prevista en el art�culo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, que mantienen esta obligaci�n, clasificadas con nivel de prioridad 1 y 2, conforme al anexo de la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.
Las �rdenes ministeriales relativas a los sectores de actividad que est�n clasificados con el nivel de prioridad 3 conforme al anexo de la Orden ARM 1783/2011, de 22 de junio, se publicar�n entre los cinco y ocho a�os siguientes a la entrada en vigor de dicha orden, es decir entre el 22 de junio de 2016 y el 22 de junio de 2019.
Teniendo en cuenta estos plazos, y considerando que la mayor parte de las actividades que quedan exentas de la obligaci�n de constituir garant�a financiera en aplicaci�n de lo dispuesto en el nuevo apartado 2.b) del art�culo 37 de este reglamento, est�n clasificadas con nivel de prioridad 3 en la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, se ha previsto la realizaci�n del estudio que actualice la evaluaci�n del potencial de generar da�os medioambientales y el nivel de accidentalidad de las actividades del anexo III de la ley, a los efectos previstos en el art�culo 28.d) de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de forma que en su caso se adopten las medidas necesarias para su inclusi�n en la obligaci�n de constituir garant�a financiera en un plazo de cinco a�os desde la entrada en vigor de este real decreto.
De esta forma se hacen coincidir ambos plazos, el de la publicaci�n de la orden ministerial que fije la fecha de entrada en vigor de la garant�a financiera para las actividades clasificadas con nivel de prioridad 3, y el de realizaci�n del estudio a partir del cual se decida, en su caso, la inclusi�n en la obligaci�n de constituir garant�a financiera de algunas de las actividades que ahora quedan exentas. As�, esta inclusi�n de actividades ahora exentas de la obligaci�n de constituci�n de garant�a financiera podr�a llevarse a cabo sin necesidad de alterar el calendario previsto para la publicaci�n de dicha orden ministerial.
Al margen del desarrollo de estas previsiones de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, se hace necesario llevar a cabo otras modificaciones de su reglamento de desarrollo parcial, con la finalidad primordial de reducir las cargas administrativas a los operadores y de simplificar los procedimientos administrativos contemplados en el mismo, singularmente el de determinaci�n de la garant�a financiera. Asimismo y en esa l�nea de simplificaci�n, se elimina el requisito de la verificaci�n de los an�lisis de riesgos medioambientales, y se sustituye por una declaraci�n responsable por parte del operador de que el citado an�lisis y la constituci�n de la garant�a financiera, se han llevado a cabo cumpliendo con todos los requisitos impuestos para ello en la Ley y el reglamento.
Como prev� el art�culo 24.3 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, el c�lculo de la cuant�a de la garant�a financiera obligatoria debe partir de un an�lisis de riesgos medioambientales, cuyo alcance y contenido se desarrolla en el reglamento de desarrollo parcial de la ley.
Con el presente real decreto, se modifica la redacci�n del art�culo 33, que establec�a que, para la fijaci�n de la cuant�a de la garant�a financiera, se deb�a tomar como punto de partida el an�lisis de riesgos medioambientales que debe: identificar los escenarios accidentales y su probabilidad de ocurrencia; establecer el valor monetario del da�o asociado a cada escenario a partir de la cuantificaci�n del da�o y del coste de la reparaci�n primaria y determinar el riesgo asociado a estos escenarios, entendido �ste como producto de la probabilidad de ocurrencia y el valor del da�o de cada escenario; seleccionar los escenarios accidentales de menor coste asociado que agrupen el 95 por ciento del riesgo total y, en �ltimo lugar, establecer como propuesta de cuant�a de la garant�a, la del da�o medioambiental m�s alto entre los escenarios seleccionados.
Se modifica esta redacci�n introduciendo un nuevo m�todo que simplifica notablemente al operador el proceso de fijaci�n de la cuant�a de la garant�a financiera, siguiendo al mismo tiempo una coherencia con el anterior procedimiento.
Este nuevo m�todo consiste en primer lugar en identificar los escenarios accidentales y su probabilidad de ocurrencia, paso que ya estaba previsto en la redacci�n anterior.
En segundo lugar, el operador deber� estimar un �ndice de da�o medioambiental asociado a cada escenario accidental, novedad en este nuevo procedimiento, siguiendo los pasos que se establecen en el nuevo anexo III del reglamento. El �ndice de Da�o Medioambiental (IDM) tiene por objeto estimar el da�o asociado a cada escenario accidental, y est� basado en una serie de estimadores de la cantidad de recurso da�ado y de los costes de reparaci�n de los recursos naturales cubiertos por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, ofreciendo un resultado semicuantitativo, pero que permite ordenar por orden de magnitud los escenarios accidentales en funci�n de los potenciales da�os medioambientales que pueden generar.
El tercer paso consiste en calcular el riesgo asociado a cada escenario accidental como el producto entre la probabilidad de ocurrencia del escenario y el �ndice de da�o medioambiental. Como cuarto paso, se deber�n seleccionar los escenarios con menor �ndice de da�o medioambiental asociado que agrupen el 95 por ciento del riesgo total.
Finalmente, se establecer� la cuant�a de la garant�a financiera como el valor del da�o medioambiental del escenario con el �ndice de da�o medioambiental m�s alto entre los escenarios accidentales seleccionados. Para ello en primer lugar, se cuantificar� el da�o medioambiental generado en el escenario seleccionado, y en segundo lugar, se monetizar� el da�o medioambiental generado en dicho escenario de referencia, cuyo valor ser� igual al coste del proyecto de reparaci�n primaria.
En caso de que la reparaci�n primaria correspondiente al escenario de referencia para el c�lculo de la garant�a financiera, consista �ntegramente en la recuperaci�n natural, la cuant�a de la misma ser� igual al valor del da�o asociado al escenario accidental con mayor �ndice de da�o medioambiental entre los escenarios seleccionados cuya reparaci�n primaria sea distinta de la recuperaci�n natural.
Con este nuevo procedimiento, solamente ser� necesario cuantificar el da�o medioambiental generado, y monetizar el da�o medioambiental, para un �nico escenario seleccionado, en lugar de para todos los escenarios identificados como preve�a la anterior redacci�n de este art�culo.
El �ndice de Da�o Medioambiental, tiene por objeto estimar el da�o asociado a cada escenario accidental. La metodolog�a de c�lculo del IDM se fundamenta en una serie de estimadores de los costes de reparaci�n de los recursos naturales cubiertos por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, ofreciendo un resultado semicuantitativo que en ning�n caso podr� interpretarse como el valor real del da�o asociado a cada escenario. La relaci�n prevista entre el valor del IDM y el valor de los da�os medioambientales es que ambos aumentan en la misma direcci�n –a mayor valor del IDM mayor es el valor previsto del da�o–, no existiendo una relaci�n matem�tica que relacione el valor del IDM con el valor real del coste de reparaci�n del da�o asociado a cada escenario accidental. La ecuaci�n del IDM se podr� utilizar exclusivamente para los diferentes grupos de combinaciones de agente causante del da�o y de recurso potencialmente afectado que se representan en la tabla 1 del anexo III. El usuario deber� seleccionar la combinaci�n o combinaciones agente-recurso que se consideren relevantes para el escenario que est� evaluando y proceder a calcular su IDM, utilizando la mencionada ecuaci�n y las tablas que se recogen en los apartados subsiguientes para cada grupo. Dichas tablas se estructuran en dos bloques, un primer bloque que incluye las tablas con los coeficientes y modificadores de cada grupo y un segundo bloque con los valores que podr�n adquirir los diferentes modificadores (MAj, MBj, MCj) y que deber�n ser elegidos por el usuario.
Por otro lado, el reglamento preve�a que el an�lisis de riesgos medioambientales deb�a ser verificado por un organismo acreditado, previendo que fuera la autoridad competente la que determinara la cuant�a de la garant�a financiera tras la comprobaci�n del cumplimiento de los requisitos formales de la propuesta presentada por el operador en su an�lisis de riesgos medioambientales. Con la nueva redacci�n de este art�culo 33, el operador deber� presentar ante la autoridad competente una declaraci�n responsable de haber realizado las operaciones previstas en este art�culo, que contendr�, como m�nimo, la informaci�n que se incluye en el nuevo anexo IV del reglamento. De esta forma se elimina el procedimiento de la verificaci�n de los an�lisis de riesgos medioambientales, por lo que se suprime la secci�n 3.� del cap�tulo III sobre verificaci�n del an�lisis de riesgos medioambientales.
Las restantes modificaciones que introduce este real decreto en el reglamento de desarrollo parcial de la ley, tienen como finalidad precisar, corregir o eliminar determinados aspectos del mismo, a la luz de la experiencia adquirida durante los a�os transcurridos desde su entrada en vigor.
En primer lugar, se introduce una modificaci�n del art�culo 38 en relaci�n con la actualizaci�n de la cuant�a m�nima de la garant�a financiera, de forma que la cuant�a m�nima que se haya de garantizar se actualizar� en los t�rminos que se indiquen en la p�liza o en el correspondiente instrumento de constituci�n de garant�a financiera, o a instancia de la autoridad competente en los casos en los que se prevea necesario para el cumplimiento de la ley.
Asimismo, se modifica el art�culo 44, sobre el fondo de compensaci�n de da�os medioambientales del Consorcio de Compensaci�n de Seguros, en consonancia con la modificaci�n del art�culo 33 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, introducida por la Ley 11/2014, de 3 de julio, con objeto de adaptarlo a la situaci�n actual de la normativa nacional bajo la que est� constituido y opera un sistema de liquidaci�n de entidades aseguradoras en situaci�n de insolvencia, que es gestionado por el Consorcio de Compensaci�n de Seguros, y que, �de facto�, supone un mecanismo de garant�a para los asegurados de todos los ramos del seguro, que operar�a tambi�n, llegado el caso, en relaci�n con la cobertura de responsabilidad medioambiental. En consecuencia, y para evitar redundancias, se suprime el fondo por insolvencia contemplado en la original redacci�n del art�culo, manteniendo el que se destina a prolongar la cobertura de seguro para los da�os ocurridos durante la vigencia de la p�liza pero con manifestaci�n diferida.
Con la nueva redacci�n de la disposici�n adicional tercera, se introduce la posibilidad de que aquellos titulares de actividades econ�micas o profesionales que est�n sujetos por otras normas a la obligaci�n de prestar fianzas o contratar seguros de responsabilidad que cubran da�os a las personas, a las cosas y a la restauraci�n de los recursos naturales, puedan bien sustituir dichas fianzas y seguros por otras mediante los que se cubran tambi�n las responsabilidades que deriven de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, o bien complementarlas con esta misma finalidad. Con la redacci�n anterior de esta disposici�n adicional tercera, esta posibilidad quedaba restringida exclusivamente a aquellas fianzas o seguros previstos en disposiciones anteriores a la Ley 26/2007, de 23 de octubre.
Se hace necesario, asimismo, modificar la disposici�n final primera sobre realizaci�n de los an�lisis de riesgos medioambientales. En este sentido, merece la pena recordar que el 29 de junio de 2011, se public� en el �Bolet�n Oficial del Estado� la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de prioridad y el calendario para la aprobaci�n de las �rdenes ministeriales a partir de las cuales ser� exigible la constituci�n de la garant�a financiera obligatoria, previstas en la disposici�n final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Con la nueva redacci�n de la disposici�n final primera, la realizaci�n de los an�lisis de riesgos medioambientales necesarios para el c�lculo de la cuant�a de la garant�a financiera prevista en el cap�tulo III, no deber� llevarse a cabo con car�cter obligatorio hasta la fecha a partir de cual sea exigible la constituci�n de la garant�a financiera obligatoria que se fijar�, para cada sector de actividad, mediante las �rdenes ministeriales a las que se refiere la disposici�n final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre. Por otra parte, los modelos de informe de riesgos ambientales tipo de cada sector o, en su caso, la gu�a metodol�gica correspondiente, as� como las tablas de baremos, deber�n estar informados favorablemente por la Comisi�n t�cnica de prevenci�n y reparaci�n de da�os medioambientales, antes de la fecha a partir de la cual sea exigible la constituci�n de la garant�a financiera obligatoria para cada sector de actividad, para que los operadores puedan utilizar estos instrumentos voluntarios como base para realizar su an�lisis de riesgos medioambientales y fijar la cuant�a de garant�a financiera obligatoria.
Por �ltimo, en relaci�n con la metodolog�a para el c�lculo de las medidas de reparaci�n complementaria y compensatoria introducida en el anexo II, en la secci�n III �An�lisis de equivalencia de recursos�, apartado 4, la redacci�n anterior establec�a que la estimaci�n de las p�rdidas de los recursos naturales o de los servicios se realizar� descontando al a�o de referencia (entendiendo por tal el a�o de reclamaci�n) el flujo de p�rdidas y el flujo de ganancias de dichos recursos o servicios generadas por el proyecto de reparaci�n. A tal efecto, y con car�cter general, el operador tomar� un valor de referencia de la tasa de descuento del 75 por ciento del tipo de inter�s medio de la �ltima subasta de obligaciones del Estado a 10 a�os, anterior al momento de la reclamaci�n. En ning�n caso el valor de referencia de la tasa de descuento podr� ser inferior al 1 por ciento. En caso de que el horizonte temporal de reparaci�n sea superior a 30 a�os, se emplear� un m�todo de descuento de tipo hiperb�lico, es decir, basado en una tasa de descuento variable y decreciente con el tiempo.
Esta referencia al m�todo y a la tasa de descuento se ha visto en la pr�ctica que debe modificarse dada la complejidad de la aplicaci�n del m�todo de descuento hiperb�lico y el amplio rango de variaci�n de la tasa de descuento, y se modifica su redacci�n de forma que con car�cter general, el operador tomar� un valor de referencia de la tasa de descuento del 3 por ciento y emplear� un m�todo de descuento de tipo exponencial.
El real decreto se estructura en un �nico art�culo, de modificaci�n del reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, que se divide en diecisiete apartados. Mediante los apartados numerados del uno al quince se modifican los art�culos 3, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 44, la disposici�n adicional tercera, la disposici�n adicional sexta, la disposici�n final primera, y el anexo II, y adem�s se elimina la secci�n tercera del cap�tulo III sobre �verificaci�n del an�lisis de riesgos medioambientales�. Los apartados diecis�is y diecisiete crean dos nuevos anexos al reglamento: el anexo III (�Metodolog�a para la estimaci�n de un �ndice de da�o medioambiental asociado a cada escenario accidental�), y el anexo IV (�Contenido m�nimo de la declaraci�n responsable prevista en el art�culo 33�). Adem�s, el real decreto contempla una disposici�n transitoria �nica sobre determinaci�n de la cuant�a de la garant�a financiera obligatoria por parte de los operadores cuyo sector haya presentado para informe de la Comisi�n t�cnica de prevenci�n y reparaci�n de da�os medioambientales, an�lisis de riesgos medioambientales sectoriales o tablas de baremos, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto.
Este real decreto se dicta de conformidad con la disposici�n final tercera –apartado primero– de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, que faculta al Gobierno para dictar, en su �mbito de competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la ejecuci�n del cap�tulo IV y de los anexos de la ley, y de conformidad con el art�culo 28.d) de la misma, que faculta al Gobierno para establecer las actividades cuyos operadores quedar�n exentos de la obligaci�n de constituir garant�a financiera.
En la elaboraci�n de este real decreto ha participado la Comisi�n t�cnica de prevenci�n y reparaci�n de da�os medioambientales, han sido consultadas las entidades representativas de los sectores afectados y ha sido sometida al tr�mite de informaci�n p�blica y remitida al Consejo Asesor de Medio Ambiente, en aplicaci�n de las previsiones de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informaci�n, de participaci�n p�blica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Por �ltimo, cabe se�alar que los criterios que aluden al escaso potencial de generar da�os medioambientales y el bajo nivel de accidentalidad, para determinar reglamentariamente los operadores de las actividades que quedar�n exentos de constituir garant�a financiera obligatoria, introducidos a trav�s de la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, en el apartado d) del art�culo 28 de la ley, son los mismos criterios que se tuvieron en cuenta en la redacci�n del proyecto de real decreto por el que se modifica el reglamento de desarrollo parcial de la Ley que se someti� a informaci�n p�blica, as� como en el de las versiones del resto de tr�mites. Por lo tanto, todos los operadores de las actividades que quedan exentas, as� como las que mantienen la obligaci�n de constituir la garant�a financiera, han sido consultados desde el inicio de la tramitaci�n de este real decreto, y han tenido acceso a los estudios en los que se basa esta decisi�n. Estos estudios no han sido modificados a ra�z de la inclusi�n de estos criterios en el art�culo 28.d) de la Ley 26/2007, mediante la Ley 11/2014, de 3 de julio, ya que, estos criterios coinciden con los que se utilizaron desde un principio para su realizaci�n.
Las medidas contenidas en este real decreto se enmarcan dentro de las actuaciones previstas en el seno de la Comisi�n para la Reforma de las Administraciones P�blicas (CORA) dirigidas a la reducci�n de cargas administrativas y simplificaci�n de procedimientos.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentaci�n y Medio Ambiente, con la aprobaci�n previa del Ministro de Hacienda y Administraciones P�blicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 13 de marzo de 2015,
Art�culo �nico Modificaci�n del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre
Uno. El art�culo 3 queda redactado en los siguientes t�rminos:
�Art�culo 3 Comisi�n t�cnica de prevenci�n y reparaci�n de da�os medioambientales
c) Propuesta de designaci�n del �rgano u �rganos competentes para la tramitaci�n de expedientes administrativos de exigencia de responsabilidad medioambiental cuando concurran las circunstancias a las que se refiere el art�culo 7.4 de la Ley 26/2007, de 23 octubre, y as� lo acuerden las administraciones p�blicas afectadas.
g) Impulsar la cooperaci�n y colaboraci�n entre las administraciones p�blicas con competencias en materia de reparaci�n de responsabilidad medioambiental y proponer los protocolos de colaboraci�n recogidos en la disposici�n final quinta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre.
6. La Comisi�n aprobar� sus normas de funcionamiento, que se ajustar�n a las previsiones contenidas en el cap�tulo II del t�tulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.�
Dos. La letra f) delart�culo 25.1 pasa a denominarse letra e).
Tres. El art�culo 33 queda redactado en los siguientes t�rminos:
�Art�culo 33 Garant�a financiera obligatoria y comunicaci�n a la autoridad competente
1. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 24.1 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, los operadores de las actividades incluidas en el anexo III de la ley, sin perjuicio de las exenciones previstas en su art�culo 28, deber�n disponer de una garant�a financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a su actividad.
5. Los operadores que, una vez realizado el an�lisis de riesgos medioambientales de su actividad, queden exentos de constituir la garant�a financiera en virtud de las exenciones previstas en los apartados a) y b) del art�culo 28 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, deber�n presentar ante la autoridad competente una declaraci�n responsable que contendr� al menos la informaci�n incluida en el anexo IV.2.�
Cuatro. El art�culo 34 queda redactado en los siguientes t�rminos:
�Art�culo 34 Elaboraci�n del an�lisis de riesgos medioambientales
3. El operador actualizar� el an�lisis de riesgos medioambientales siempre que lo estime oportuno y en todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales en la actividad, en la instalaci�n o en la autorizaci�n sustantiva.�
Cinco. El apartado 4 del art�culo 35 queda redactado en los siguientes t�rminos:
�4. El Ministerio de Agricultura, Alimentaci�n y Medio Ambiente dar� publicidad en su sede electr�nica de los modelos de informe de riesgos ambientales tipo y de las gu�as metodol�gicas informados favorablemente por parte de la Comisi�n t�cnica de prevenci�n y reparaci�n de da�os medioambientales.�
Seis. El apartado 1 del art�culo 36 queda redactado en los siguientes t�rminos:
�1. Para el c�lculo de la cuant�a de la garant�a financiera obligatoria para sectores o subsectores de actividad o para peque�as y medianas empresas que, por su alto grado de homogeneidad permitan la estandarizaci�n de sus riesgos medioambientales, por ser �stos limitados, identificables y conocidos, se podr� utilizar las tablas de baremos que �stos elaboren, previo informe favorable de la Comisi�n t�cnica de prevenci�n y reparaci�n de da�os medioambientales.
El Ministerio de Agricultura, Alimentaci�n y Medio Ambiente dar� publicidad en su sede electr�nica de las tablas de baremos informadas favorablemente por parte de la Comisi�n t�cnica de prevenci�n y reparaci�n de da�os medioambientales.�
Siete. El art�culo 37 queda redactado de la siguiente forma:
�Art�culo 37 Operadores exentos de constituir garant�a financiera
1. Para determinar los supuestos de exenci�n de la obligaci�n de constituir garant�a financiera de conformidad con las letras a) y b) del art�culo 28 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, se utilizar�n cualquiera de los instrumentos de an�lisis de riesgos y de c�lculo de la cuant�a de la garant�a financiera previstos en este reglamento.
2. En relaci�n con los supuestos de exenci�n de la obligaci�n de constituir garant�a financiera de conformidad con la letra d) del art�culo 28 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre:
a) Quedar�n obligados a constituir la garant�a financiera, y por tanto a efectuar la comunicaci�n a la autoridad competente prevista en el art�culo 24.3 de la Ley 26/2007, de 23 octubre, y en el art�culo 33 de este reglamento, los operadores de las siguientes actividades del anexo III de la ley:
1.� Las actividades e instalaciones sujetas al �mbito de aplicaci�n del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
2.� Las actividades e instalaciones sujetas al �mbito de aplicaci�n de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevenci�n y control integrados de la contaminaci�n.
3.� Los operadores que cuenten con instalaciones de residuos mineros clasificadas como de categor�a A de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gesti�n de los residuos de las industrias extractivas y de protecci�n y rehabilitaci�n del espacio afectado por actividades mineras.
b) Atendiendo a su escaso potencial de generar da�os medioambientales y bajo nivel de accidentalidad, quedar�n exentos de constituir la garant�a financiera obligatoria, as� como de efectuar la comunicaci�n prevista en el art�culo 24.3, los operadores del resto de actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, siempre que no est�n incluidos en ninguno de los supuestos del apartado 2.a) anterior.
En el marco de la Comisi�n t�cnica de prevenci�n y reparaci�n de da�os medioambientales, en el plazo de cinco a�os desde la entrada en vigor de este real decreto, se realizar� un estudio que actualice la evaluaci�n del potencial de generar da�os medioambientales y el nivel de accidentalidad de todas las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, distintas a las enumeradas en el subapartado a) anterior. Dicha evaluaci�n podr� dar lugar a la revisi�n de los operadores del resto de actividades del anexo III que, atendiendo a su escaso potencial de generar da�os medioambientales y bajo nivel de accidentalidad quedan exonerados de constituir garant�a financiera obligatoria, as� como de efectuar la comunicaci�n prevista en el art�culo 24.3, al no estar incluidos en ninguno de los supuestos del apartado 2.a) anterior.
3. Los operadores de las actividades exentas de la garant�a financiera prevista en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, quedar�n sujetos a la obligaci�n de constituir las garant�as financieras previstas en las normas sectoriales o espec�ficas que les sean, en su caso, de aplicaci�n.�
Ocho. El art�culo 38 queda redactado de la siguiente forma:
�Art�culo 38 Actualizaci�n de la cuant�a m�nima de la garant�a financiera
La cuant�a m�nima que se haya de garantizar se actualizar� en los t�rminos que se indiquen en la p�liza o en el correspondiente instrumento de constituci�n de garant�a financiera, o a instancia motivada de la autoridad competente. En todo caso, el operador podr� solicitar la actualizaci�n de la garant�a financiera cuando actualice su an�lisis de riesgos.�
Nueve. Los apartados 1 y 2 del art�culo 40 quedan redactados de la siguiente forma:
�1. La garant�a financiera por responsabilidad medioambiental se establecer� por cada actividad econ�mica, profesional o autorizaci�n relacionadas en el anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, sin perjuicio de las exenciones previstas en su art�culo 28 y de lo dispuesto en los siguientes apartados.
En los supuestos de los apartados b) y c), el instrumento de garant�a incorporar� una cl�usula con el objeto de asegurar que por ocurrir un siniestro en alguna de las instalaciones, las garant�as no quedan reducidas o agotadas para el resto. Asimismo, en estos casos la declaraci�n responsable de haber constituido una garant�a financiera se podr� presentar ante la autoridad competente de la comunidad aut�noma en que se encuentre el domicilio social del operador o en que se ubique la instalaci�n con la cuant�a de garant�a financiera m�s alta. El operador comunicar� a la autoridad competente en el territorio de las restantes instalaciones la constituci�n de la garant�a financiera.�
Diez. Los apartados 3 y 4 del art�culo 44 quedan redactados de la siguiente forma:
�3. El Fondo no otorgar� cobertura para:
e) Los episodios de contaminaci�n que sean reclamados por primera vez despu�s de transcurrido el plazo de aplicaci�n previsto en el art�culo 4 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre.
4. Las responsabilidades del Fondo se corresponder�n en cada caso con los importes que, seg�n cada tipo de actividad, hayan sido determinadas de conformidad con lo previsto en el art�culo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y quedar�n limitadas, adem�s, al importe total constituido en el mismo.
En el caso de que, durante el periodo de vigencia del seguro o los seguros sucesivos, la suma asegurada se haya modificado, el Fondo cubrir� una suma asegurada equivalente a la media aritm�tica de las sumas aseguradas durante los �ltimos cinco a�os, como m�ximo, en que los seguros han estado vigentes, contando desde el a�o en que se produjo el da�o medioambiental.�
Once. Se suprime la secci�n 3.� del cap�tulo III, sobre �Verificaci�n del an�lisis de riesgos medioambientales�
Doce. La disposici�n adicional tercera queda redactada en los siguientes t�rminos:
�Disposici�n adicional tercera Adaptaci�n de los seguros existentes
1. Aquellos titulares de actividades econ�micas o profesionales que adem�s de por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, est�n sujetos por otras normas, a la obligaci�n de prestar fianzas o contratar seguros de responsabilidad que cubran da�os a las personas, a las cosas y a la restauraci�n de los recursos naturales podr�n, bien substituir dichas fianzas y seguros por otras mediante los que se cubran tambi�n las responsabilidades que deriven de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, o complementarlas con esta misma finalidad.
2. Para la fijaci�n de las cuant�as que se deban asegurar conforme a la citada ley, los operadores utilizar�n los criterios fijados en este reglamento respecto de los da�os medioambientales.�
Trece. La disposici�n adicional sexta queda redactada de los siguientes t�rminos:
�Disposici�n adicional sexta Adaptaci�n de an�lisis de riesgos medioambientales existentes
Aquellos titulares de actividades econ�micas o profesionales que por disposiciones medioambientales anteriores a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, est�n sujetos a la obligaci�n de realizar an�lisis de riesgos medioambientales, podr�n realizar un solo an�lisis de riesgos siempre que cumpla los objetivos y los requisitos exigidos tanto en el r�gimen de responsabilidad medioambiental como en las normas sectoriales que los prevean.
En el caso de que los operadores dispongan ya de an�lisis de riesgos medioambientales podr�n adaptarlos a las exigencias de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y a lo dispuesto en este reglamento.�
Catorce. La disposici�n final primera queda redactada en los siguientes t�rminos:
�Disposici�n final primera Realizaci�n de los an�lisis de riesgos medioambientales
1. La realizaci�n de los an�lisis de los riesgos medioambientales necesarios para el c�lculo de la cuant�a de la garant�a financiera prevista en el cap�tulo III no deber� llevarse a cabo con car�cter obligatorio hasta la fecha a partir de la cual sea exigible la constituci�n de la garant�a financiera obligatoria que se fijar�, para cada sector de actividad, mediante las �rdenes ministeriales a las que se refiere la disposici�n final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre.
2. Los modelos de informe de riesgos ambientales tipo de cada sector o, en su caso, la gu�a metodol�gica correspondiente, as� como las tablas de baremos, deber�nestar informados favorablemente por la Comisi�n t�cnica de prevenci�n y reparaci�n de da�os medioambientales, antes de la fecha a partir de cual sea exigible la constituci�n de la garant�a financiera obligatoria para cada sector de actividad.�
Quince. Los apartados 2 y 4 del ep�grafe III del anexo II quedan redactados de la siguiente forma:
�2. El operador determinar� tanto las p�rdidas provisionales como las irreversibles de recursos naturales o servicios de los recursos naturales acaecidas a consecuencia del da�o medioambiental hasta que alcancen el estado b�sico, y las ganancias de recursos o servicios obtenidas mediante la reparaci�n.�
�4. La estimaci�n de las p�rdidas de los recursos naturales o de los servicios se realizar� descontando al a�o de referencia (entendiendo por tal el a�o de reclamaci�n) el flujo de p�rdidas y el flujo de ganancias de dichos recursos o servicios generadas por el proyecto de reparaci�n.
A tal efecto y con car�cter general, el operador tomar� un valor de referencia de la tasa de descuento del 3 por ciento y emplear� un m�todo de descuento de tipo exponencial.�
Diecis�is. Se a�ade un anexo III con el siguiente contenido:
�ANEXO III
Puede obtenerse una descripci�n m�s detallada sobre los criterios t�cnicos que se han tenido en consideraci�n para el desarrollo del �ndice de Da�o Medioambiental, as� como orientaciones para su utilizaci�n, en la p�gina Web del Ministerio de Agricultura, Alimentaci�n y Medio Ambiente (http://www.magrama.es).
Extracci�n de agua superficial 0 1 Vext 1 1.934 0,03 � � MC1
Da�o por temperatura a agua superficial 0 1 Vvert 2 1.934 0,03 � MB4 MC1
COV, COSV, Fueles y CONV 100.000 67 VvertA.S 1,5 55.238 0,03 �
Inorg�nicos 100.000 15 VvertA.S 1,5 55.238 0,03
Explosivos 100.000 8 VvertA.S 1,5 55.238 0,03
Extracci�n 0 7 Vext 1 55.238 0,03 � � MC2
Lecho continental y marino 0 14 Mvert 1 628 Mvert 0,635 2.426 0,03 � � MC1
COV, COSV, Fueles, CONV, y Explosivos 0 201 VvertS 1 887 0,03 �
Inorg�nicos 0 105 VvertS 1 887 0,03
� MC4
MB4 MC4
MB6 MC4
Mam�feros amenazados 0 47.463 R 0,5 6.027 0,03 MA2
Mam�feros amenazados 0 47.463 Next 1 6.027 0,03 MA2 � MC5
Mam�feros amenazados 0 47.463 R 0,5 6.027 0,03 MA2 MB2 MC5
Mam�feros amenazados 0 47.463 1 0,5 6.027 0,03 MA2
Mam�feros amenazados 0 47.463 1 10 6.027 0,03 MA2
Grande (> 100 Hm3) 3,00
Mediano (5-100 Hm3) 2,00
Peque�o (< 5 Hm3) 1,50
R�o muy caudaloso (> 100 m3/s) 2,00
R�o medianamente caudaloso (5-100 m3/s) 1,50
R�o poco caudaloso (< 5 m3/s) 1,25
Baja (PE > 325 �C) 1,00
Media (PE 100-325 �C) 0,90
Alta (PE < 100 �C) 0,80
Diecisiete. Se a�ade un anexo IV con la siguiente redacci�n:
La cumplimentaci�n y remisi�n, por parte de los operadores, de este modelo normalizado de Declaraci�n Responsable al �rgano competente en materia de responsabilidad medioambiental, acredita el cumplimiento de la obligaci�n de constituir la garant�a financiera regulada en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, as� como en el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre. La referida remisi�n podr� ser realizada a trav�s de los lugares establecidos en el art�culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, as� como por los medios electr�nicos que establece la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electr�nico de los ciudadanos a los servicios p�blicos.
La cumplimentaci�n y remisi�n, por parte de los operadores, de este modelo normalizado de Declaraci�n Responsable al �rgano competente en materia de responsabilidad medioambiental, acredita el cumplimiento de la obligaci�n de determinar la cuant�a de la garant�a financiera regulada en el art�culo 33 de este reglamento, bien mediante la realizaci�n del an�lisis de riesgos medioambientales previsto en el art�culo 24.3 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y que se desarrolla en los art�culos 34 y siguientes de este reglamento, bien mediante la utilizaci�n de una tabla de baremos informada favorablemente por la Comisi�n T�cnica de Prevenci�n y Reparaci�n de Da�os Medioambientales.
Asimismo, acredita el cumplimiento de las exenciones previstas en los apartados a) y b) del art�culo 28 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. La referida remisi�n podr� ser realizada a trav�s de los lugares establecidos en el art�culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, as� como por los medios electr�nicos que establece la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electr�nico de los ciudadanos a los servicios p�blicos.
Disposici�n transitoria �nica Determinaci�n de la cuant�a de la garant�a financiera obligatoria por parte de operadores cuyo sector haya presentado para informe an�lisis de riesgos medioambientales sectoriales o tablas de baremos
Aquellos operadores cuyo sector o asociaci�n sectorial haya presentado a la Comisi�n t�cnica de prevenci�n y reparaci�n de da�os medioambientales, para su informe, un instrumento de an�lisis de riesgos medioambientales sectoriales o una tabla de baremos, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto, podr�n realizar sus an�lisis de riesgos medioambientales individuales bas�ndose en la metodolog�a definida en la redacci�n original del art�culo 33 de este reglamento, aprobada mediante Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, cuando este instrumento resulte informado favorablemente por la citada Comisi�n t�cnica.
Asimismo, aquellos operadores que hayan realizado su an�lisis de riesgos medioambientales bas�ndose en la metodolog�a definida en la redacci�n original del art�culo 33 de este reglamento, podr�n utilizarlo para constituir la garant�a financiera obligatoria cuando �sta entre en vigor, cuando dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto, estos operadores constituyan una garant�a financiera voluntaria basada en la misma, y presenten ante la autoridad competente una declaraci�n responsable de haber constituido dicha garant�a financiera.
El presente real decreto tiene el car�cter de legislaci�n b�sica de protecci�n del medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 149.1.23.� de la Constituci�n Espa�ola, salvo los apartados tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, diecis�is, y diecisiete del art�culo uno y la disposici�n transitoria �nica, que constituyen legislaci�n b�sica de seguros dictada al amparo del art�culo 149.1.11.� de la Constituci�n Espa�ola.
No tienen car�cter de legislaci�n b�sica los apartados uno y cinco del art�culo �nico.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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