Source: https://ddhh.es/convenio-europeo-derechos-humanos/derecho-a-la-segunda-instancia-penal/
Timestamp: 2019-06-18 11:52:13+00:00

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Derecho a la Segunda Instancia Penal - DDHH ABOGADOS
El artículo 10.2 de la Constitución Española establece que las normas relativas a los Derechos Fundamentales que la Carta Magna reconoce se interpretaran conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre estas materias suscritos por España. Esto no es nuevo y acaso no sea ocioso recordar aunque sea para constancia histórica, que la Constitución de 1931, en su artículo 7º establecía “El Estado español acatará las normas universales del Derecho Internacional, incorporándolos al Derecho Positivo”.
En esa línea prácticamente todo el constitucionalismo comparado de inspiración democrática se asienta en el principio que en caso de incertidumbre y oscuridad sobre el estatuto político de los derechos fundamentales hay que optar por la interpretación que ofrece mayores garantías para los ciudadanos.
A partir de la Declaración de los Derechos del Hombre se firmaron varios acuerdos internacionales desarrollando su ideario, sin duda, con la intención de alcanzar progresivamente su realización. Uno de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 19 de Diciembre de 1966) cuyo instrumento de ratificación por España se firmó en Madrid el 13 de Abril de 1977 entrando en vigor en España el 27 de Julio de 1977. Incorporado al Derecho Español en virtud del artículo 10 de la Constitución es parte integrante del mismo y, por tanto, invocable para su directa aplicación ante los Tribunales.
El Pacto en el artículo 14.5, establece que “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se haya impuesto sean sometidos a un Tribunal Superior conforme a lo prescrito por la Ley”. Parece evidente que esta disposición trata de asegurar las garantías del ciudadano sujeto a enjuiciamiento y que esta segunda instancia, con sometimiento a un Tribunal Superior, ni la suplía ni la suple el Recurso de Casación, que es un recurso extraordinario que por su carácter nomofiláctico tiene vedada la íntegra revisión de la condena, no cabe contra todas las sentencias sino sólo contra aquellas que están contempladas en la Ley y no tiene el mismo objeto y contenido que el Recurso de Apelación que atribuye plena jurisdicción al Tribunal competente para resolver el mismo y que, por tanto, permite un nuevo examen o novum iudicium de las pruebas practicadas y de la valoración jurídica de las normas aplicadas, ya que las modalidades, los motivos y la forma de la Casación están rigurosamente acotadas y su revisión tiene un alcance limitado.
Si existe una idea que permanece perenne en el proceso es que éste ha de tender a producir decisiones justas y no será justa una decisión que se sustente en una errónea interpretación de las pruebas y que tal interpretación, con arreglo a una conciencia que, como humana, puede estar equivocada, no pueda ser revisada mediante la apelación ante una instancia superior. La veracidad del juicio sobre los hechos es condición necesaria para que una decisión judicial pueda considerarse ajustada a Derecho. Una norma jurídica no se aplica correctamente si no está suficientemente acreditado que unos hechos que merecen la calificación de delictivos han acaecido en determinado lugar, fecha y circunstancias. Una cosa es revisar cómo ha realizado la valoración de la prueba el Tribunal de Instancia y otra valorar la prueba. No es lo mismo.
El control de la valoración de la prueba corresponde a una segunda instancia y ésta no es la Casación o, dicho de otra manera, la Casación no es una segunda instancia, y su campo de acción es muy limitado pues la posición de la Sala Segunda del Tribunal Supremo está condicionada por una prueba que ella no ha percibido sin que le esté permitido el novum iudicium de las pruebas practicadas en la vista.
Que ese vacío no lo cubre el Recurso de Casación lo reconoce paladinamente el propio Tribunal Supremo que en su sentencia de 21 de Enero de 1984 establece que el Recurso de Casación “no puede convertirse en una segunda instancia penal inexistente o en una apelación del proceso”. Este recurso está aún más restringido tras la reforma de la Ley 21/1988 de 19 de Julio, que introdujo nuevos motivos de inadmisión, a la que se suma la reducción que se produjo con la reforma de la L.E.Crim mediante la LO 7/88 de 28 de Diciembre.
Ciertamente la Constitución Española no contempla expresamente el derecho a la doble instancia penal, pero no es menos cierto que la Constitución debe leerse y sobre todo interpretarse en clave garantista. No se olvide que en los artículos esenciales del texto se emplea el término “garantizar” y fijar la orientación general de la misma. La garantía o derecho a la doble instancia penal se integra, cuando menos, en la tutela efectiva de los jueces y los tribunales y el debido proceso. El mismo texto establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y garantías que fija la Carta Magna se interpretarán conforme a la Declaración de Derechos Humanos y los Convenios sobre esta materia ratificados por España. Parece claro que los Constituyentes de 1978 se esmeraron en poner el mayor énfasis en ampliar todo lo posible el catálogo de derechos fundamentales a los que se quiso atribuir un gran protagonismo en el orden jurídico-político naciente.
En esa línea prácticamente todo el constitucionalismo comparado de inspiración democrática se asienta en el principio que en caso de incertidumbre u oscuridad sobre el estatuto jurídico de los derechos fundamentales hay que optar por la interpretación que ofrezca mayores garantías para los ciudadanos.
En el plano internacional y en esta materia los Convenios ratificados por España son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Ambos instrumentos proclaman el derecho de todas las personas que resulten condenadas a que el fallo y la pena impuesta sean sometidos o examinados por un Tribunal Superior (artículo 14.5 del PIDCP y artículo 2 del Protocolo 7 del CEDH). El artículo 96.1 de la Constitución Española establece que “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España formarán parte del ordenamiento interno”.
El Convenio de Viena de 969 ratificado por España el 2 de Mayo de 1972 se refiere de modo expreso a la observancia y aplicación de los tratados estableciendo en el artículo 26 el principio “pacta sunt servanda”.
España ratificó el Protocolo número 7 del CEDH que entró en vigor el 1 de Diciembre de 2009 y desde esa fecha forma parte de nuestro ordenamiento. En él se establece, igual que en el PIDCP, el derecho a la doble instancia y esta exigencia, digan lo que digan, no se cubre con el recurso de casación que no cabe contra todas las sentencias sino sólo, repetimos, contra aquellas establecidas en la ley, ni tiene el mismo objeto que el recurso de apelación ya que las resoluciones contra las que procede y los motivos de casación son tasados y se marcan rígidamente los angostos cauces por donde debe transcurrir.
Dada la insuficiencia del recurso de casación, la negativa obstinada a establecer la segunda instancia, y la doctrina de los Tribunales Supremo y Constitucional renuente ha estimar los recursos que postulan la segunda instancia, algunos ciudadanos han acudido al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que en alguno de los que le fueron presentados ha declarado que los fallos condenatorios no han sido revisados íntegramente por impedírselo los límites marcados por el Recurso de Casación. También dictaminó que tanto los afectados condenados por el Tribunal Supremo como las personas primero absueltas y después condenadas tienen derecho a revisar la sentencia condenatoria por un Tribunal Superior. El Comité ha declarado que España viola el PIDCP y le ha interpelado recordándole la obligación que contrajo, al ratificar el Pacto, de hacer efectivos los derechos que éste proclama. Es como “predicar en el desierto” pues de un lado los dictámenes del Comité no tienen fuerza ejecutiva directa y de otro tampoco han sido asumidos por el Tribunal Constitucional que no ha atendido que a falta de reserva de España sobre el artículo 14.5 del PIDCP sus recomendaciones deben cumplirse; pero la sordera es un mal endémico y generalizado en nuestra patria. Otro es el letargo, como lo era el bocio en las Hurdes hasta la primera mitad del siglo XX.
La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de Diciembre, con la finalidad de instaurar la doble instancia en la generalidad de los procesos penales, atribuyó a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, el conocimiento como Sala Penal, de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, asi como la creación de una Sala de Apelación en la Audiencia Nacional para conocer de los recursos de esta clase contra las resoluciones de la Sala de lo Penal, modificando los artículos 64, 64 bis y 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta previsión legal no ha sido desarrollada para adecuar las leyes de procedimiento a las disposiciones modificadas en la LOPJ y parecen postergadas “ad calendas grecas”. Ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni……. tienen prisas, salvo que sigan la máxima que Suetonio atribuye a Augusto: “Festina lente”.
El dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, emitido en el 69 periodo de sesiones (10 de Junio de 2000) en relación con la comunicación 701/96, es contrario al sistema vigente en España y sostiene que el actual sistema patrio vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No fue esta la primera vez que el Comité “condenó” a España, y no va a ser la última, a pesar que el dictamen /comunicación al entrar en las cuestiones de fondo señale que “el estado parte tiene la obligación de trabar las disposiciones necesarias para que en lo sucesivo no ocurran violaciones parecidas”. Seguimos igual que antes de esa Resolución y a lo más la creación de esta segunda instancia en la práctica, hoy por hoy, no va más allá de una declaración de intenciones que nos recuerda el diálogo de Polonio con Hamlet: “¿Qué leéis mi señor?” – “Palabras… palabras… palabras”.
En la casación penal sigue sin haber lugar para el control del juicio fáctico contenido en la sentencia impugnada, excepto en el supuesto del motivo 2 del artículo 849 de la L.E.Crim – error en la apreciación de la prueba – conforme a que por su naturaleza nomofiláctica, la casación se orienta al control de los errores “in iudicando” o “in procedendo” ocurridos en el proceso y reflejados en la sentencia de tal suerte que solamente puede evaluar los aspectos externos de la actividad probatoria: a) si en el proceso ha existido prueba de cargo para justificar la condena; b) si esa prueba de cargo fue obtenida por medios lícitos; y c) si la conclusión probatoria alcanzada es razonable conforme a los medios probatorios.
La actuación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se enmarca en el cultivo de las relaciones de los citados con la ONU en el campo del Derecho Internacional Público, sin vinculación para los Tribunales Nacionales; pero lo que ante él se están denunciando son violaciones e intentando alumbrar nuevas vías que irradien alguna luz, como por ejemplo la que iluminó al TSJ del País Vasco que en la Memoria Judicial del año 1998 consideraba de incuestionable necesidad la implantación de la segunda instancia en materia penal pues, a su juicio, su carencia no se satisface con el Recurso de Casación. Acaso esa necesidad también pudo ser sentida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo que en sesión no jurisdiccional celebrada el 13 de Septiembre de 2000, declaró que procede insistir en que se instaure la segunda instancia en todo tipo de procesos. Ergo parece que el Tribunal Supremo tiene claro que el Recurso de Casación no cubre el derecho a la segunda instancia, aunque otra cosa diga en alguna de sus sentencias.
Por ello resulta difícil asumir que a mayor condena menores sean las garantías que se ofrecen al ciudadano para verificar si la sentencia ha sido, o no, ajustada a derecho. Es escasamente comprensible que quien es juzgado y condenado por una Audiencia Provincial, o por la Audiencia Nacional, por delitos que conllevan penas superiores a cinco años de prisión sólo pueda interponer contra su condena el recurso extraordinario de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (esto también es predicable respecto a los aforados que juzga un TSJ) que tiene vedada la íntegra revisión de la condena y paradójicamente (no en vano somos el país de las paradojas) quienes resulten condenados a penas no superiores a cinco años por los Juzgados de lo Penal gozan del derecho a la doble instancia a través del recurso de apelación que permite la revisión de la sentencia y consecuentemente de la condena.
Los ciudadanos condenados en un proceso penal en las circunstancias que quedan apuntadas detentan el derecho a acudir a instancias supranacionales planteando los recursos necesarios que garanticen el derecho a la segunda instancia penal exigiendo al remiso legislador que cumpla con la obligación de adecuar la norma procesal; pero como es muy posible que nuestros legisladores no le escuchen (a causa del mal endémico señalado) y no agilicen el cumplimiento de esa inexcusable exigencia recordemos que desde el 1 de Diciembre de 2009 quedó expedito el camino para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuyas sentencias, a diferencia de los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU, son obligatorias y ejecutivas teniendo por ello un calado más profundo que los dictámenes del Comité. Entretanto esperaremos con la paciencia que se atribuye a los lamas tibetanos que el Reino de España deje de incumplir otro capítulo importante del Derecho, pues este derecho, que afecta a las personas, debe de hacerse efectivo para que sea algo más que un adorno del ordenamiento y algo más que una proclamación ad pompam vel ostentationem.
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Quedamos a la espera de conocer tus comentarios.

References: artículo 10
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 96
 artículo 26
 artículo 14
 Resolución 
 artículo 849