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Timestamp: 2019-02-18 18:45:48+00:00

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Acuerdo y Sentencia 20/2018 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 20/18
JUICIO: "SIXTA RIQUELME RIQUELME S/ CONGREGACIÓN HIJAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA INSTITUTO RAVASCO CONGREGACIÓN RELIGIOSA S/INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS".
En Ciudad La Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los cinco dias, del mes de marzo, del año dos mil diez y ocho, estando reunidos en Sala de Acuerdos de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia los señores Ministros César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser y Miguel Oscar Bajac Albertini, bajo la presidencia del tercero, por Ante mí la Secretaria autorizante, se trajo al Acuerdo el Expediente intitulado: "SIXTA RIQUELME RIQUELME S/ CONGREGACIÓN HIJAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA INSTITUTO RAVASCO CONGREGACIÓN RELIGIOSA S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS", a fin de resolver los Recursos de Nulidad y Apelación interpuestos por la Abogada María Eugenia Espínola Lugo, representante convencional de la Parte demandada, contra el Acuerdo y Sentencia Número 35, de fecha 6 de Abril del 2.015, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, Circunscripción Judicial Central.
Practicando el sorteo de Ley para determinar el orden votación, dio el siguiente resultado: Garay, Torres Kirmser y Bajac.
A la primera cuestión el señor Ministro César Antonio Garay dijo: el recurrente no ha fundado el Recurso de Nulidad interpuesto. Y al no advertirse vicios o defectos que autoricen pronunciamiento de oficio, en los términos del Artículo 113 del Código Procesal Civil, corresponde declarar Desierto, según el Artículo 419 del Código Procesal Civil. Asi voto.
A su turno el señor Ministro José Raúl Torres Kirmser dijo: CUESTIÓN PREVIA: Antes de principiar el análisis de los recursos interpuestos, esta Sala Civil de la Excma. Corte Suprema de Justicia debe abocarse a la revisión de una cuestión esencial para la validez de este juicio, cual es la jurisdicción de los órganos que entendieron en la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico nacional. En el caso, se ha postulado-la parte demandada, a f. 177, en oportunidad expresar agravios en esta instancia- que todo lo atinente a situaciones surgidas en el ámbito de una relación religiosa como la de autos, entre un religioso y su congregación, está amparada por el derecho canónico y no es incumbencia de la jurisdicción ordinaria, sino de la eclesiástica. Nos hallamos, pues, ante un tema por demás importante y que debe ser dilucidado.- El Art. 24 de la Constitución reconoce la libertad religiosa, la de culto y la ideológica, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y en la ley. La Constitución garantiza la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, y reconoce su personería jurídica. La República del Paraguay se constituye en un Estado laico, pues ninguna confesión tiene carácter oficial. En efecto, las relaciones del Estado con la Iglesia Católica se basan en la independencia, cooperación y autonomía, Art. 24 de la Carta Magna, sin perjuicio de hacer un reconocimiento del protagonismo de la Iglesia Católica en la formación histórica y cultural de la nación, el cual no importa una minoración de dicha independencia y autonomía, Art. 82.
En ese tren de razonamiento, no debemos olvidar que la jurisdicción supone una potestad conferida por el Estado, ya sea a través de la Constitución o la ley, para dirimir conflictos dentro del territorio nacional. Así pues, estas prescripciones de independencia y autonomía introducidas por la Constitución se constituyen en una verdadera garantía de neutralidad estatal en materia religiosa; en ese contexto, la garantía de independencia y autonomía concedidas a las comunidades religiosas, que tienen una expresa limitación en las disposiciones de la Constitución y en la ley, no significan la creación de una jurisdicción eclesiástica especial -que estaría además proscrita a norma del Art. 17 de la Carta Fundamental, concordante con sus Arts. 16 y 247, lo que trae aparejada, por el contrario, una clara exclusión de la antigua jurisdicción eclesiástica, la cual ya ha sido abolida hace tiempo en la mayoría de las naciones modernas, así como en nuestro país. Así pues, la autonomía de las comunidades religiosas para regir sus asuntos internos y establecer los compromisos recíprocos entre ellas y sus miembros no es sino una especie de la autonomía privada y se somete o se debe someter a los dictados de la ley nacional; sin dudas, las actividades efectuadas a su amparo no puede escapar de la revisión judicial cuando están comprometidos derechos consagrados en la Constitución y en la Ley La autonomía, entonces, no es jurisdiccional, sino axiológica o de credo, y además encuentra sus límites en la protección de los derechos fundamentales y el orden público. En Colombia se ha desarrollado una vasta jurisprudencia constitucional sobre los límites de esta autonomía; en un juicio de tutela, diametralmente distinto de los juicios indemnizatorios, claro está, pero con una situación fáctica similar a la ocurrida en estos autos, la Corte ha declarado que: "La tarea del juez constitucional en este caso se limita a verificar que, en la gestión de dicha controversia, no se comprometan los derechos a la vida digna, al mínimo vital, al debido proceso y otros derechos fundamentales que, si bien pueden llegar a ser limitados en virtud de las restricciones derivadas de los votos de castidad, pobreza y obediencia, asumidas de manera voluntaria, en modo alguno pueden llegar a sacrificar su núcleo esencial, pues ello se traduciría en una negación de la dignidad humana de los religiosos [...] Por lo anterior, se confirmará la decisión del juez de segunda instancia de amparar los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y al debido proceso de las personas de la tercera edad..." (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T- 658/13).
Entonces, no puede sostenerse que la admisión de la autonomía de la Iglesia Católica -y de todas las demás iglesias que existan o se constituyan en el Paraguay- implica el reconocimiento de una jurisdicción especial como la eclesiástica, que es aquella que se ejerce por la Iglesia en diversos asuntos propios de su fuero. La creación de la Provincia Eclesiástica del Paraguay y del Arzobispado de Asunción tampoco trae consigo un reconocimiento de la jurisdicción eclesiástica en Paraguay. Generalmente, este tipo de reconocimiento se acuerda en el marco de un tratado internacional -o Concordato- entre la Santa Sede y un país, que, luego, se introduce al ordenamiento jurídico del mismo por ley interna. El ejercicio de jurisdicción en la Iglesia "se manifiesta aplicando a personas determinadas y a casos concretos la norma contenida en la ley" (citado por DIEGO-LORA, Carmelo de. 1963. Ámbito de las jurisdicciones Eclesiástica y Civil en el Concordato Español. Periodicals Archive Online. Pág. 507).
Es el Estado quien asume la obligación de administrar justicia y la jurisdicción, como vimos, no es más que la potestad conferida por el Estado a determinados órganos para resolver las cuestiones litigiosas que les sean sometidas. El Art. 5 del Código de Organización Judicial define a la jurisdicción como la potestad de conocer y decidir en juicio y de hacer ejecutar lo juzgado, y agrega que no habrá más jurisdicciones especiales que las creadas por la Constitución y la ley. De este modo, para que la Iglesia tenga la potestad de dirimir los conflictos específicos que puedan surgir respecto de sus miembros religiosos o de sus acólitos o fieles, es necesario que el Estado cree una jurisdicción especial, como lo ha hecho, por ejemplo, con la military con un alcance puramente administrativo. Varios países aún lo hacen y reconocen la competencia a las autoridades eclesiásticas para dirimir conflictos varios.
Son los Concordatos, y las leyes, los que rigen todas las relaciones entre el Estado y la Iglesia, garantizan la autonomía de ella y reconocen -o no- el libre ejercicio de la jurisdicción eclesiástica. Así por ejemplo en España, el Concordato firmado en 1953 reconoce a la Iglesia Católica el carácter de sociedad perfecta, le garantiza el libre ejercicio de su poder espiritual, el libre y público ejercicio de culto, más el libre y pleno ejercicio de su jurisdicción. En Argentina, el Concordato de 1966, que luego fue aprobado por Ley N° 17.032, dispone que: "El Estado Argentino reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual, el libre y público ejercicio de su culto, así como de su jurisdicción en el ámbito de su competencia". La Ley 24.483 de la República Argentina regula la personería civil de los Institutos de Vida Consagrada, y en su Art. 2 in fine dispone que: "Las relaciones entre los institutos o sociedades inscriptos y sus miembros se regirán por sus reglas propias y por el derecho canónico, y estarán sujetas a la jurisdicción eclesiástica". En Colombia, el Concordato suscrito en 1973, y aprobado por Ley 20 de 1974, dispone que: "Artículo II. La Iglesia Católica conservará su plena libertad e independencia de la potestad civil y por consiguiente podrá ejercer libremente toda su autoridad espiritual y su jurisdicción eclesiástica, conformándose en su gobierno y administración con sus propias leyes. Artículo III. La legislación canónica es independiente de la civil y no forma parte de esta, pero será respetada por las autoridades de la República". La Corte Constitucional declaró exequibles ambos preceptos en la sentencia C-027 de 1.993, pero a la vez delimitó el ámbito de ejercicio de la autonomía religiosa, que fue delineándose a través de la jurisprudencia constitucional.
Una conclusión parecida aporta la doctrina Española -pais en el cual existe una relación de Concordato entre el Estado y la Iglesia Católica- la cual ha sostenido que: "...Se pueden distinguir dos aspectos: la autonomía ideológica o doctrinal y la autonomía organizativa [...] En el aspecto ideológico se reconoce un mayor margen de autonomía tan solo limitado por el 'orden público' en su acepción más restringida. Es decir, se prohíbe el empleo de los medios o los fines incompatibles con la Constitución [...] En cuanto al aspecto organizativo, el principio general es el de que la autonomía se supedita también a la normativa ordinaria. El derecho estatutario, integrado por las normas reguladoras de su organización y funcionamiento son un ordenamiento derivado que tiene su fundamento en el ordenamiento estatal y que a él está subordinado..." (LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio. 1999. Derecho a la Libertad de Conciencia II, Libertad de Conciencia, Identidad Personal y Derecho de Asociación. Madrid. Civitas. Pág. 388/389 y sgtes.); y también: "...Por ello, las reclamaciones planteadas por las personas físicas, por conflictos surgidos en el interior de asociaciones confesionales o de la aplicación del derecho interno, no serían atendibles por la jurisdicción, velando ésta tan solo por las infracciones que trasciendan y afecten a la legislación ordinaria o constitucional" (MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier. La jurisdicción civil ante los conflictos relativos a las asociaciones canónicas, en: Das konsoziative Element in der Kirche, VI Internationalen Kongresses für Kanonisches Recht. EOS Verlag. 1989. Sankt Ottilien. Pág. 816-818) y más enfáticamente: "...En una materia de evidente naturaleza interna que corresponde decidir a la asociación, como es el de la expulsión de un miembro por cuestiones disciplinarias, creo que no debería rechazarse de plano, según parece concluirse de las posturas mantenidas por un sector de nuestra doctrina, la competencia de los tribunales civiles. Respetando la regulación y aplicación en la materia del Derecho estatutario, el legítimo derecho del socio a la tutela judicial impele a los tribunales civiles a conocer sobre aspectos colaterales, como el procedimiento de expulsión, la correcta interpretación y aplicación de los estatutos 'ad casum', la existencia de base fáctica suficiente para tal acuerdo, el respeto a otros principios constitucionales como el de igualdad o no discriminación, etc..." (MOTILLA, Agustín. 1999. Supuestos de Relevancia del Derecho Canónico en el Ordenamiento Civil Español, en: REV IUS CANONICUM. Volumen Especial. Universidad de Navarra. Pág. 1028).
Vemos, entonces que, a diferencia de muchos otros países, no existe una ley en el ordenamiento jurídico paraguayo que establezca una jurisdicción especial, u otorgue competencia pública a un órgano eclesiástico para dirimir los conflictos entre sus miembros. La única norma que versa sobre la materia religiosa es la Ley N° 2.200/03, por medio de la cual la República del Paraguay aprobó un Convenio suscrito por éste y la Santa Sede sobre Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional, pero nada dice sobre la jurisdicción eclesiástica -exclusiva o concomitante- de la iglesia.
Queda claro que todo ejercicio de jurisdicción presupone una legitimación previa, que es competencia atribuida por acto de autoridad. Sin ésta, no puede ser ejercida. "La legitimación por razón de la materia establece tal orden por sí misma. Hace posible, de este modo, que operen ambas jurisdicciones sin cruzarse ni oponerse" (DIEGO-LORA, Carmelo de. 1963. Op. Cit. Pág. 676).
En Paraguay, al no existir un reconocimiento expreso de la jurisdicción de la Iglesia, y si bien la Iglesia Católica es autónoma e independiente, se entiende que ella está sujeta a los limites y mandatos impuestos por la Constitución y la ley, y a las decisiones y mandatos de los tribunales ordinarios de la República, y que debe respetar los derechos fundamentales de las personas, consagrados en la Constitución.
Por tanto, la determinación de la licitud -o no- del procedimiento de separación definitiva de uno de los miembros de la Congregación religiosa, por parte de ésta, no puede ser materia privativa de la jurisdicción eclesiástica.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA: La Abg. Maria Eugenia Lugo Espínola, en representación de la Congregación Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de Maria- Instituto Ravasco, en su escrito de expresión de agravios obrante a fs. 174/178 no fundamentó separadamente el presente recurso.
No obstante, analizados minuciosamente los argumentos expuestos por el recurrente en el mencionado escrito, notamos que, en sede de apelación, señala explícitamente un supuesto vicio de nulidad de que adolecerla la resolución recurrida. Manifestó que "...en el caso que nos ocupa la resolución recurrida, no ha sido fundada ni mucho menos motivada en el derecho. La misma se caracteriza por una notoria arbitrariedad, el tribunal no ha explicado en ella, las razones de su decisión violando asi lo dispuesto por el Art. 15 del Código Procesal Civil [...] bajo pena de nulidad" (sic.).
Vemos pues, que el recurrente sindica un vicio que guarda relación con la formulación de la resolución recurrida en si misma.
En efecto, postula la falta de fundamentación del acuerdo y sentencia recurrido.
Sabido es que el recurso de nulidad, conforme con el Art. 404 del Código Procesal Civil, procede contra las resoluciones dictadas con violación de la forma y solemnidades prescriptas por las leyes. Como se ha venido apuntando reiteradamente, en materia de nulidades nuestro derecho procesal sostiene el principio según el cual todas las nulidades procesales son relativas, es decir, no es procedente la declaración de nulidad sin un perjuicio que sea resultado de la misma. De ser asi, es necesario demostrar, amén del acto viciado, el perjuicio sufrido.
El Art. 15 del Código Procesal Civil textualmente dispone: "Son deberes de los Jueces, sin perjuiciode lo establecido en el Código de Organización Judicial: ...b) fundar las resoluciones definitivas e interlocutorias, en la Constitución y en las leyes, conforme a la jerarquía de las normas vigentes y al principio de congruencia, bajo pena de nulidad...".
Analizado sucintamente el acuerdo y sentencia recurrido, notamos claramente la inexistencia de los vicios argüidos. En efecto, el ad quem ha dictado la resolución hoy recurrida en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 160 del Código Procesal Civil, en concordancia con el Art. 159 del mismo cuerpo legal. Ciertamente, ha fundamentado y motivado su decisión en los hechos controvertidos respecto de los cuales que quedado trabada la litis, justificando el juicio lógico de la misma. Otra cosa es si el derecho ha sido debidamente aplicado. Toda cuestión, que trate al rectíus del juzgamiento atañe al recurso de apelación y no a la nulidad. Además, la sanción de nulidad tiene naturaleza residual y de última ratio, por lo que debe reservarse para casos excepcionales y extremos, en los cuales, por las características de los vicios -in procedendo o in cogitando-, la resolución no pueda calificarse como pronunciamiento jurisdiccional válido; ello no sucede en el presente.
Precisada la primera cuestión, resta por analizar una segunda, que está relacionada con la naturaleza de las ciertas pretensiones incoadas por la actora, y con la posibilidad que tiene esta Sala Civil de juzgarlas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 7 del Código Procesal Civil.
Es importante destacar que ciertas cuestiones de competencia ordinariamente responden al interés público y, como tales, son tanto improrrogables como indisponibles para las partes. "los límites de la jurisdicción son pues prorrogables (o relativos o dispositivos), o improrrogables (absolutos, necesarios), según que admitan o no su inobservancia, según que influyen o no en la voluntad de las partes. Las partes pueden convenir la inobservancia de los límites prorrogables, y el acuerdo puede ser expreso (pactum de foro prorrogando), o inherentes a la elección de domicilio (...) En cuanto a los límites improrrogables, todo acuerdo de las partes es ineficaz, porque el juez de oficio debe relevar su propia incompetencia y las partes (actor o demandado), pueden excepcionarla, no sólo in limine litis, sino en cualquier grado y estado del pleito. Reprodúcese pues, en la esfera de la competencia, la distinción entre derecho absoluto y derecho dispositivo (de aquí el nombre de competencia absoluta y relativa)" (CHIOVENDA, José. 1922. Principios de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Traducción española de CASÁIS Y SANTALÓ, José. 1977. Madrid. Reus S.A. Págs. 601/602).
El Art. 2 del Código Procesal Civil textualmente dispone: La competencia del juez o tribunal en lo civil y comercial se determinará con arreglo a lo dispuesto por esta ley, el Código de Organización Judicial y leyes especiales". Por su parte, el Art. 3 del Código Procesal Civil literalmente establece: "La competencia atribuida a los jueces y tribunales es improrrogable. Exceptúase la competencia territorial, que podrá ser prorrogada por conformidad de las partes, pero no a favor de los jueces extranjeros , salvo lo establecido en leyes especiales". Estos artículos reflejan los caracteres mencionados.
Consecuentemente, la conculcación de dichas facultades provocarla vicio invalidante insusceptible de convalidación. "Son absolutos los límites derivados de criterios objetivos, (competencia por materia y valor). Cuando la ley atribuye a un juez un pleito con referencia a la naturaleza y a la entidad de este lo hace porque estima a aquel juez más idóneo que otro para pronunciar; y esta consideración de la ley no admite una apreciación contraria de los particulares. La incompetencia por materia y valor puede ser puesta de manifiesto en cualquier estado y grado del pleito; la autoridad judicial debe pronunciarla incluso de oficio" (CHIOVENDA, José. Ob. Cit. Pág. 602).
En la regulación de la competencia absoluta está directamente interesado el poder jurisdiccional, por lo que se justifica su improrrogabilidad e indelegabilidad. No puede ser otro el fundamento, pues la competencia absoluta, vinculada a la organización de la administración judicial, es de naturaleza pública y la ley no puede en este sentido admitir una apreciación distinta de los particulares (FENOCHIETTO, Carlos E. y ARAZI, Rolánd. 1987. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Tomo I. Buenos Aires. Astrea. Págs. 45/46). Esta improrrogabilidad hace que la competencia correspondiente sea absoluta y, por ende, declarable de oficio. Se ha dicho asi, que "...la competencia derivada de los criterios objetivo y Funcional reviste carácter improrrogable, diciéndose que es absoluta la incompetencia del árgano judicial en el supuesto de ser requerido para satisfacer una pretensión o una petición cuyo conocimiento no le ha sido asignado por razón de la materia, del valor o del grado" (PALACIO, Lino E. 1994. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Buenos Aires. Abeledo Perrot. Pág. 370).
Ahora bien, la distribución de la potestad judicial entre los distintos órganos estatales se lleva a cabo mediante la aplicación de diversos criterios de clasificación. Ella se divide, en términos generales, según la razón originaria: territorio - ratione loci-, valor -ratione quantitatis-, grado -ratione gradus- y materia -ratione materiae-. "La noción de competencia -derivada de la necesidad de distribuir el trabajo entre los distintos órganos judiciales en forma compatible con la extensión territorial del Estado, la diversa índole o importancia económica de las cuestiones justiciables y la posibilidad de que los asuntos sean examinados en diversas instancias- integra y precisa el amplio ámbito de atribuciones que es consustancial a la idea de potestad judicial, pues una vez establecido conforme a las normas vigentes que los órganos judiciales del Estado se hallan facultados para conocer de una determinada pretensión o petición extracontenciosa, las reglas de competencia fijan, en concreto, cuál de dichos órganos debe entender en el asunto con exclusión de los restantes" (PALACIO, Lino E. y ALVARADO VELLOSO, Adolfo. 1997. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Tomo I. Santa Fe. Rubinzal-Culzoni. Pág. 52). Las dos últimas, a diferencia de las dos primeras, no son prorrogables; son, pues, de orden público. Es decir, la distribución de la competencia por razón de la materia y del grado hacen a la estructura esencial del órgano jurisdiccional; su acatamiento es una cuestión que interesa al orden público y por consiguiente puede y debe ser examinada de oficio. Una situación de incompetencia en razón de la materia afecta tanto a las resoluciones judiciales eventualmente dictadas-providencias, autos interlocutorios, sentencias- como al proceso mismo. Obviamente, en el supuesto de que se diera, la incompetencia de dicha índole acarrearía la nulidad de todas las actuaciones efectuadas de tal guisa ante el órgano.
El Art. 11 del Código de Organización Judicial textualmente dice: "La competencia en lo civil, comercial, laboral y contencioso administrativo se determina por el territorio, la materia, el valor o cuantía de los asuntos, el domicilio o la residencia, el grado, el turno y la conexidad". En nuestra legislación, los criterios de clasificación de la competencia, están expuestos en dicho artículo.
En cuanto atañe a la competencia en razón de la materia, a lo que debe ceñirse el órgano jurisdiccional para declararse competente o no, es al contenido y naturaleza de la pretensión del accionante. La pertenencia de una pretensión a una materia determinada deriva de las leyes sustanciales, que señalan el radio de acción dentro del cual todos los hechos y actos jurídicos serán alcanzados por ellas.
De esta manera, la división de la competencia por razón de la materia responde a principios de especialización en el conocimiento de los litigios y su sesgo hacia orden público es evidente, lo mismo que la competencia por razón del grado, que hace a la doble instancia, y por ende a la defensa en juicio.
Atendiendo a lo mencionado, reviste vital importancia la naturaleza del vinculo jurídico que se vindica, el acto jurídico o actos que dan origen a la acción promovida, como también la índole y el contenido de las pretensiones de la parte accionante.
Asi, la representante de la parte actora, en el escrito de promoción de la demanda, expresó: "...mi mandante nunca recibió ningún salario por los trabajos realizados desde que entró en la Congregación, mi mandante realizó trabajos de docencia, trabajo domésticos: como la limpieza en general, lustrar piso, capilla, limpiar cocina, ayudar en la cocina como la casa era grande tenia determinado lugar que estaba bajo su responsabilidad, debía finalizar todas las tareas sin horas limites, debiendo terminar los trabajos para luego ir a descansar, ahí que las horas extraordinarias eran constantes así como los trabajos de los domingos y feriados y días de fiestas o derivados [...] A la par de todas estas actividades le obligaba a enseñar catequesis y ayudar a las maestras de pre-primaria (foto 4 Lacchiarella) y en los distintas casas [...] ESCLAVITUD Y SERVIDUMBRE. Al explotarle a mi mandante en el trabajo está violando el Art. 4 de los Derechos Humanos [...] DESCANSO, JORNADAS DE TRABAJO Y VACACIONES [...] Los descansos las vacaciones anuales serán remuneradas conforme a la establecida la Ley 213/93 Art. 194, 212, 218 del Código Laboral. Sin embargo con mi mandante no se cumplió ninguno de estos derechos al contrario el desconocimiento de los mismos eran las normas que se cumplía a cabalidad. HORAS EXTRAS, INDEMNIZACIONES Y PREAVISO. El Art. 202 de la Ley 213/93 expresa: El trabajador no estará obligado a prestar servicios en horas extraordinarias, sin embargo mi mandante tenía que cumplir todas las tareas encomendadas, no debía dejar de cumplir con dichas tareas, después se iba a dormir, mientras para las otras ya se dormían. Si no cobrara sueldo alguno, menos horas extras. El Art. 91 de la misma ley establece que el trabajador tiene derecho a las indemnizaciones, cuando el despido es sin justa causa, de acuerdo a esta ley, sin embargo a mí mandante le han ofrecido una manutención de tres meses, hasta que encuentre trabajo (nota del 15 de enero de 2008) que se podría considerar como una indemnización, pero sin especificar de cuanto seria mensualmente esa manutención [...] SEGURIDAD SOCIAL. Que mi mandante al no figurar en la planilla de pago del I.P.S, se encuentra excluida de la Seguridad Social [...] DERECHO A LA JUBILACIÓN. Al no figurar en las planillas de sueldo no realizaron el aporte correspondiente para su Jubilación, años de trabajo y edad ya tiene cumplido, mas aun con las enfermedades que le agobia y la edad poco favorable para conseguir nuevo trabajo, el perjuicio recibido es enorme, sin límite alguno..." (sic.) (fs. 75/79).
De la reseña trascrita se desprende que la presente demanda indemnizatoria fue promovida por la señora Sixta Riquelme Riquelme contra la Congregación Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María- Instituto Ravasco; y que entre ambas partes habría existido una vinculación laboral.
Precisado el asunto, debemos señalar que surge una cuestión respecto de la competencia ratione materia para entender en estos autos, por lo que el análisis deberá orientarse en determinar si el fuero competente es, efectivamente, el civil y comercial; o bien, si es otro el fuero que tiene competencia en el caso de marras, atendiendo a la índole de las obligaciones reclamadas y a las relaciones incoadas como fundamento de ellas.
La división por fueros responde a criterios de especialización en la administración de justicia. Con carácter más ceñido a las controversias laborales-precisamente lo que aquí nos ocupa- se ha sostenido reiteradamente que las mismas, al revestir carácter excepcional, habilitan a los órganos respectivos para declarar su incompetencia en cualquier estado del proceso (JA 1947-1-865; JA 1950-IV-332; LL 100-263; LL 130-706) . La doctrina comparte tal afirmación indicando que la competencia de los jueces del trabajo es de excepción, y por lo tanto pueden ellos declarar su incompetencia en cualquier estado del juicio, siendo excluyente de los otros tribunales (ALSINA, Hugo. 1957. Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial. Tomo II. Buenos Aires. EDIAR. Pág. 523). En pocas palabras, "...la falta de competencia en razón de la materia determina una nulidad absoluta que como tal puede y debe ser declarada de oficio" (JA 1964-1-421). Ello es asi, puesto que "...si la cuestión es de falta de jurisdicción, o falta de competencia absoluta de un fuero especial, entonces, puede ser declarada en cualquier momento de oficio" (FALCÓN, Enrique M. 1994. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Tomo I. Buenos Aires. AbeledoPerrot. Pág. 174).
Por lo demás, tratándose de una cuestión que pudiera guardar relación con la jurisdicción laboral, debemos recordar que la misma tiene una naturaleza de orden público e improrrogable, por expresa disposición del Art. 27 del Código Procesal Laboral. Ciertamente, el Art. 40 del Código de Organización Judicial atribuye competencia exclusiva a los juzgados laborales para dirimir toda contienda que exista en razón de un contrato laboral.
Esta constituye una jurisdicción especial, de orden público y que no puede ser prorrogada, a tenor de lo dispuesto en el Art. 27 del Código Procesal Laboral; que literalmente estatuye: "La jurisdicción del trabajo no podrá ser delegada y su competencia es de orden público e improrrogable".
Enmarcadas estas cuestiones en la pertinencia o regularidad, su conformidad o disconformidad a derecho y las consecuencias patrimoniales que de ello deriven, han de verse y juzgarse a la luz de la legislación específica -la laboral- y en el ámbito de la jurisdicción especializada que es competente para aplicarla. Solo los daños originados de relaciones o vinculaciones civiles son de concernencia de la jurisdicción civil.
Los daños patrimoniales reclamados por la actora, y que están sustentados en una supuesta relación laboral previa, como la falta de pago salarial, la falta de descanso legal y vacaciones, la falta de pago de horas extras, la indemnización por falta de preaviso, la falta de inclusión en la seguridad social, y falta de aportes jubilatorios, son cuestiones que no competen a la jurisdicción civil.
En este orden de ideas, esta acción, en cuanto respecta a los daños patrimoniales arriba individualizados, no debió tramitarse ante los juzgados y tribunales en lo civil y comercial. Ello contraviene profundamente todo el sistema de competencia establecido para el conocimiento de las cuestiones -controvertidas- derivadas de los contratos de trabajo por los juzgados y tribunales en lo laboral. Esa cuestión es insubsanable e inconvalidable, pese a todo trámite procesal subsiguiente, por tratarse de competencia por razón de la materia, que en el caso -asuntos de disputas de índole laboral- son de orden público e improrrogable.
Lógico corolario de todo lo argumentado, es la nulidad de las actuaciones producidas ante jueces y tribunales incompetentes. En este estadio, ya cerrando el análisis, es importante señalar que esta Magistratura ha adoptado con anterioridad, y en un caso semejante, idéntico criterio jurídico (víde: Acuerdo y Sentencia N° 647 de fecha 26 de Agosto de 2015, dictado en los autos "GUILLERMO PANIAGUA COLMAN C/ GANADERA CORINA CAMPOS Y HACIENDAS S.A. S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS").
En conclusión, de conformidad con todos los fundamentos expuestos en el exordio, corresponde desestimar el recurso de nulidad en los términos propuestos por la recurrente; declarar la incompetencia del fuero civil y comercial para entender respecto de la pretensión resarcitoria de índole laboral; declarar la nulidad parcial de todas las actuaciones cumplidas en estos autos, específicamente de aquellas relacionadas con la pretensión resarcitoria de índole laboral; y ordenar al interesado que ocurra ante quien corresponda, respecto de la pretensión resarcitoria de índole laboral.
A su turno el señor Ministro Miguel Oscar Bajac Albertini manifestó que: se adhiere al voto del señor Ministro preopinante por sus mismos fundamentos.
A la segunda cuestión el señor Ministro César Antonio Garay prosiguió diciendo: Por S.D. N° 416, de fecha 8 de Junio de 2.012, Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial con sede en Ciudad Lambaré, resolvió: "1.- NO HACER LUGAR, a la presente demanda promovida por SIXTA RIQUELME RIQUELME en contra de la CONGREGACIÓN "HIJAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA" INSTITUTO RAVASCO, sobre indemnización de daños y perjuicios por improcedente, de conformidad al exordio de la presente resolución; 2.- COSTAS en el orden causado; 3.- ANOTAR..." (fs. 144/7).
Recurrida la mencionada Resolución, el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, Circunscripción Judicial Central, por Acuerdo y Sentencia Número 35, con fecha 6 de Abril del 2.015, resolvió: "1.- REVOCAR la S.D. N° 416 del 08 de junio del 2.012 (fs. 144/147) y en consecuencia hacer lugar a la demanda que por indemnización de daños y perjuicios ha promovido Sixta Riquelme en contra de la Congregación "Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María" - Instituto Ravasco, y condenar a la parte demanda al pago de GUARANÍES UN MIL MILLONES (G. 1.000.000.000) en concepto de daño moral en el plazo de diez días de quedar firme la sentencia, por los fundamentos, alcances y efectos indicados en la presente resolución 2.- IMPONER las costas en el orden causado; 3.- DEVOLVER estos autos al Juzgado de origen, a sus efectos y alcances procesales; 4.- ANOTAR..." (fs. 165/9).
Contra el Fallo de Segunda Instancia se agravió la Abogada Maria Eugenia Lugo Espínola, representante de la accionada, en los términos del escrito de fs. 174/7. Sostuvo que no estaban retenidos los presupuestos de atribución de la responsabilidad civil para condenar. Expresó que no existia conducta imprudente de esa demandada, en cuanto a tratos inhumanos y degradantes, afirmando que la actora ingresó libre y conscientemente a la Congregación religiosa y podía retirarse en cualquier momento. Agregó que la Institución religiosa tenia sus reglas propias con relación a su filosofía y funcionamiento. Señaló que hubo error en la valoración y apreciación de las pruebas con relación a los malos tratos y supuesto daño sufrido por la demandante al pretender que los dichos de dos Testigos puedan dar por probado los años de maltrato contra la demandante. Esgrimió que los certificados médicos aportados por la actora no probaban eficientemente que las supuestas dolencias tengan que ver con la demandada. Aseveró que la jerarquía definitiva para resolver la cuestión era el Vaticano y que al no haber acudido ante esa Instancia, consintió el Fallo por el que fue expulsada de la Congregación. Alegó que la cuantificación de la indemnización por el supuesto perjuicio, era arbitraria.
La actora contestó agravios solicitando confirmatoria del Fallo de Segunda Instancia, según surge del escrito obrante a fs. 180/4. Manifestó que suponiendo que existieran reglas propias de las Confesiones y Comunidades Religiosas, éstas no debían ser contrarias a la Constitución Nacional y Leyes. Argüyó que las pruebas testificales presentadas por su Parte eran calificadas y demostraban el maltrato que recibía estando en la Congregación. Expresó que el Vaticano es la máxima autoridad religiosa para la vida consagrada, señalando que éste no contestó la Nota enviada por la que rechazó la Resolución que le imponía salir de la Congregación, arguyendo que de esa manera el Vaticano conculcó sus Derechos fundamentales. Agregó que la cuantificación del daño moral no exige pruebas objetivas.
El thema decidendum será juzgar si es procedente la demanda de indemnización de daños y perjuicios, por daño moral. Y, en su caso, establecer el quantum del daño. Cabe señalar que el daño patrimonial reclamado (vr. qr.: pago salarial; descanso; vacaciones; indemnizaciones por preaviso, seguro social, etc.) no puede ser objeto de revisión en esta máxima Instancia, pues ha tenido doble juzgamiento, a tenor del Articulo 403 del Código Procesal Civil.
Revisadas constancias procesales, surgen que Sixta Riquelme Riquelme promovió demanda contra la Congregación "Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María" - Instituto Ravasco, reclamando indemnización por daños y perjuicios. Esgrimió que fue expulsada injustificadamente de dicha Congregación después de más de 40 años de haber sido integrante activa, señalando que fue obligada contra su voluntad a elegir la dimisión, afirmando que existió despido injustificado. Adujo que se produjo daño al Derecho de defensa, pues no se le dio oportunidad de defenderse en el proceso de expulsión. Señaló que fue presa de calumnias, injurias y acusaciones infundadas, orquestadas por la madre Superiora, esgrimiendo que por orden de aquella, desde el año 2.005, no ejerce su profesión como docente, otorgándosele actividades de empleada doméstica, actitudes que se encuadran en acoso moral o psicológico, violación al honor, dignidad, etc.. Argüyó que el verdadero motivo de su expulsión fue que ella quiso transparentar muchas irregularidades a nivel económico, moral, doctrinal, existentes en esa Congregación. Refirió que se conculcaron Derechos del niño, pues desde niña las Monjas le lavaron el cerebro para que se consagre a la vida religiosa, impidiendo desarrollar su pensamiento, su conciencia ni su religión. También reclamó daño al Derecho de privacidad y secreto, impedir formar una Familia, al proyecto de vida, al de libertad de conciencia, de religión y asociación, educación, saludes física y psíquica. Además, daños laborales (despido injustificado, falta de descanso, de pago salarial, de seguridad social, daño a la vivienda, etc.). Reclamó daño patrimonial, por daño laboral, solicitando el pago de salarios, vacaciones, horas extras, indemnización, preaviso, seguridad social, jubilación, etc., cuantificando el daño en la suma de Gs. 1.000.000.000. Y, por daño moral, la suma de Gs. 4.000.000.000 (fs. 63/80).
La Congregación "Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y Maria" - Instituto Ravasco, esgrimió que la accionante profesó libre y voluntariamente sus votos perpetuos de pobreza, obediencia y castidad. Sostuvo que la convivencia con Sixta Riquelme era sumamente difícil, casi insostenible, debido a su inadaptación a las comunidades. Señaló que ante esa situación la Congregación trató de ayudarla, buscando insertarla en la comunidad recurriendo a diálogos, acuerdos, traslados a distintas comunidades, tanto paraguayas como italianas, ayuda profesional, incluso amonestaciones. Sin embargo, sin resultados favorables, pues la accionante se mantenía firme en su comportamiento negativo, alterando la paz y tranquilidad de la vida comunitaria. Alegó que ante ese comportamiento, el Consejo resolvió que ella ya no resida en casas de la Congregación y que se le brindarla sustento económico por tres meses hasta tanto consiguiera nuevo trabajo, ofrecimiento que fue rechazado por la actora. Ante el pedido de separación, el Prefecto Cardenal resolvió que la sanción seria la exclaustración de la accionante, pero antes de tal decisión corrió traslado a la ex religiosa. La accionante respondió el traslado, alegando que su expulsión era injusta y contra su voluntad, arguyendo que fue objeto de injurias, calumnias, persecución, intrigas por Miembros de la Congregación. Finalmente, en fecha 29 de Abril del 2.008, fue concedido el indulto de salida del Instituto. La demandada continuó refiriendo que la Congregación en los 41 años de vida religiosa de la accionante no hizo más que acompañarla, respetarla, orientarla y de ningún modo menoscabar su libertad, procurando el bienestar integral, salud mental y física. Señaló que la accionante pretendía responsabilizarla de las consecuencias de sus actos. Finalmente, señaló que la separación de la demandante de la Congregación obedecía a que Riquelme habla incurrido en la causal prevista en el Código de Derecho Canónico,en el Canon 703 (fs. 94/104).
De términos en que quedó trabada la litis, se aprecia que están fuera de controversia y debate que la accionante era religiosa profesa con votos perpétuos en la Congregación "Hijas de Sagrados Corazones de Jesús y Maria", Instituto Ravasco, los que -por su confesión- perduraron por más de cuarenta años, hasta su separación definitiva, decretada por indulto de salida que le fue otorgado por la Santa Sede, máxima Autoridad Eclesiástica, con fecha 29 de Abril del 2.008 (fs. 21).
Al referirse el debate a relaciones existentes entre la demandante y su comunidad religiosa, resulta aplicable el Código de Derecho Canónico, promulgado por el Sumo Pontífice, Juan Pablo II (hoy Santo) el 25 de Enero de 1.983, en lo pertinente.
La accionante sostuvo que en el proceso de separación definitiva -en Sede eclesiástica- se conculcó el Derecho con su defensa. Sin embargo, de las constancias procesales arrimadas, se advierte que la ex religiosa estuvo debidamente notificada y tuvo oportunidad para ejercer -irrestrictamente- su Derecho a la defensa.
Cabe rememorar que ese proceso se inició con la Nota de fecha 15 de Enero del 2.008, suscrita por la Superiora General de la Congregación, que señalaba que el Consejo de la comunidad decidió que la accionante dejara de residir en casa de la Congregación, por causa de grave daño a la Comunidad, prevista en el Canon 703 del Código de Derecho Canónico. Se motivó: "...Son años que en varias maneras, incluso con intervención de apreciados profesionales, hemos tratado de ayudarla a insertarse de manera constructiva en las diversas comunidades, a las cuales ha sido enviada, pero toda tratativa de conciliación, todo diálogo y amonestación, ha resultado infructuoso en cuanto a los resultados deseados y su comportamiento permanece dañino para la paz y comunión. Además de la agitación que representa su actuar indebido, poco conservador y de ningún modo caritativo, causa escándalo en el corazón de las demás jóvenes y colaboradores laicos...El Instituto procederá a su manutención por tres meses, en espera que encuentre un trabajo para poder mantenerse..." (fs. 10).
Esa Resolución también fue notificada al Prefecto Cardenal de la Congregazione per gli Instituti di Vita Consacrata e le Societá di Vita Apostólica. con Sede en la Ciudad del Vaticano, quien el 2 de Febrero del 2.008, consideró aplicar la sanción de exclaustración a la accionante, pero antes de decidir corrió traslado a Sixta Riquelme (fs. 13). El 7 de Marzo del 2.008, la accionante respondió la Nota remitida por Prefecto Cardenal, rechazando las alegaciones vertidas en su contra, señalando: "Usted me habla de exclaustración, pero es mejor que me quede con la primera afirmación de condena e imposición contra mi voluntad y sea dimisión según la voluntad de ellas... con eso queda entendido que no tengo más nada que ver con ellas..." (fs. 15/20).
En fecha 29 de Abril del 2.008, el Arzobispo Secretario de la fe Congregazione per gli Instituti di Vita Consacrata e le Societá di Vita Apostólica, Ciudad del Vaticano, remitió Nota a la accionante explicitando: "A través del Nuncio Apostólico en Paraguay hemos recibido su respuesta a nuestra carta del 2 de febrero pasado, junto con toda la documentación alegada. Después de haber valorado cuidadosamente sus argumentaciones y considerada su voluntad de no querer ya permanecer en la Congregación de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María-Instituto Ravasco, le viene consignado por el Arzobispo de Asunción el indulto de salida del Instituto..." (fs. 22).
En consecuencia, fue pergeñada otra Nota con fecha 29 de Abril del 2.008, firmada por el Arzobispo Secretario y el Sottosegretario de la Congreaazione per gli Instituti di Vita Consacrata e le Societá di Vita Apostólica, Ciudad del Vaticano, por la cual se anotició: "... la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, consideradas atentamente las razones expuestas, concede que la Hermana, depuesto el hábito religioso, quede separada definitivamente de su Instituto. Tenga presente la Hermana, que según el can. 702&1, nada puede exigir de su Instituto, el cual no obstante deberá observar la equidad y la caridad evangélica según el &2 del mismo canon. Este Rescripto, una vez notificado y no rechazado en el acto de la notificación produce por el mismo derecho la dispensa de los votos religiosos y de las otras obligaciones que derivan de la profesión...". La accionante alegó que se opuso a la expulsión en tiempo oportuno, afirmando que pese a ello no fue escuchada por la jerarquía Superior. Al efecto invocó que presentó Nota el 12 de Junio del 2.008 (fs. 23/5). Sin embargo no esté suscrita por ella, ni contiene sello o constancia que acredite la interposición del Recurso ante la Santa Sede, conforme al procedimiento establecido en los Cánones 1.732 al 1.739.
De lo expuesto, se aprecia que no fue conculcado el Derecho de defensa y se cumplió -estrictamente- el procedimiento establecido en el Código de Derecho Canónico (Canon 703). En efecto, la accionante fue debidamente notificada de las actuaciones del proceso, sin apelar ante la Santa Sede, el Rescripto que resolvió su separación definitiva.
En el sub lite, se encuentra acreditada la existencia del conflicto entre la accionante y las directivas de la Congregación religiosa, cuya intensidad fue escalando de manera progresiva hasta llevarle a solicitar, a la segunda, el retiro de Sixta Riquelme, en Enero del 2.008 y por decisión de la Santa Sede separarla definitivamente, en Abril del 2.008. Una vez separada definitivamente de la comunidad, la accionante reclamó indemnización de daños y perjuicios por malos tratos, daños sicológicos y físicos, marginación, etc.
Para resolver la cuestión, es necesario citar las normativas respecto a la vida religiosa consagradas por votos perpétuos, específicamente, los de pobreza y obediencia.
El Canon 573 norma; "1. La vida consagrada por la profesión de los consejos evangélicos es una forma estable de vivir en la cual los fieles, siguiendo más de cerca de Cristo bajo la acción del Espíritu Santo, se dedican totalmente a Dios como a su amor supremo, para que, entregados por un nuevo y peculiar título a su gloria, a la edificación de la Iglesia y a la salvación del mundo, consigan la perfección de la caridad en el servicio del Reino de Dios y, convertidos en signo preclaro en la Iglesia, preanuncien la gloria celestial. 2. Adoptan con libertad esta forma de vida en institutos de vida consagrada canónicamente erigidos por la autoridad competente de la Iglesia aquellos fieles que, mediante votos u otros vínculos sagrados, según las leyes propias de los institutos, profesan los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, y por la caridad a la que éstos conducen, se unen de modo especial a la Iglesia y a su misterio".
El Canon 654 establece: "Por la profesión religiosa los miembros abrazan con voto público los tres consejos evangélicos, se consagran a Dios por el ministerio de la Iglesia y se incorporan al instituto con los derechos y deberes determinados en el derecho". En relación al voto de pobreza, Canon 668: "1. Antes de la primera profesión, los miembros harán cesión de la administración de sus bienes a quien deseen, y, si las constituciones no prescriben otra cosa, dispondrán libremente sobre el uso y usufructo. Y antes, al menos, de la profesión perpetua, harán testamento que sea válido también según el derecho civil. 2. necesitan licencia del Superior competente, conforme a la N. del derecho propio, para modificar estas disposiciones con justa causa, para realizar cualquier acto en materia de bienes temporales. 3. Todo lo que un religioso gane con su propio trabajo o por razón del instituto, lo adquiere para el instituto. Lo que perciba de cualquier modo en concepto de pensión, subvención o seguro, lo adquiere para el instituto, a no ser que establezca otra el derecho propio. 4. Quien por la naturaleza del instituto, debe renunciar totalmente a sus bienes, haga esa renuncia antes de la profesión perpetua de manera que tenga efecto a partir del día de la profesión y sea válida también, si es posible, en el derecho civil. Lo mismo hará el profeso de votos perpetuos que, de acuerdo con el derecho propio, desee renunciar total o parcialmente a sus bienes, con licencia del Superior general. 5. El profeso que, por la naturaleza del instituto, haya renunciado a todos sus bienes, pierde la capacidad de adquirir y poseer, por lo que son nulos sus actos contrarios al voto de pobreza. Lo que adquiera después de la renuncia, pertenecerá el instituto".
En lo atinente al voto de obediencia, caben citar los siguientes, a saber: Canon 590: "1. Los institutos de vida consagrada, precisamente por dedicarse de un modo especial al servicio de Dios y de toda la Iglesia, se hallan sometidos por una razón peculiar a la autoridad suprema de ésta. 2. Cada uno de sus miembros está obligado a obedecer al Sumo Pontífice como a su Superior supremo, también en virtud del vínculo sagrado de obediencia".
Canon 601: "El consejo evangélico de obediencia, abrazado con espíritu de fe y de amor en el seguimiento de Cristo, obediente hasta la muerte, obliga a someter la propia voluntad a los Superiores legítimos, que hacen las veces de Dios, cuando mandan algo según las constituciones propias"; disposiciones éstas que establecen el deber de obediencia a las órdenes que le emitan sus Superiores de la Orden, quienes están facultados para impartirlas en función, entre otros, del Canon 617: "Los superiores han de cumplir su función y ejercer su potestad a tenor del derecho propio y del universal"; y del Canon 618: "Ejerzan los Superiores con espíritu de servicio la potestad que han recibido de Dios por ministerio de la Iglesia. Por tanto, mostrándose dóciles a la voluntad de Dios en el cumplimiento de su función, gobiernen a sus súbditos como a hijos de Dios, fomentando su obediencia voluntaria, con respeto a la persona humana, escúchenles de buena gana y fomenten sus iniciativas para el bien del instituto y de la Iglesia, quedando sin embargo siempre a salvo su autoridad de decidir y de mandar lo que deba hacerse".
Cabe reslatar que no corresponde dirimir las -si acaecieron- controversias y rencillas surgidas entre las Partes, pues esa cuestión -diáfanamente- corresponde al ámbito de la autonomía de la Congregación y las autoridades eclesiásticas. Cabe juzgar si existió conducta ilícita de la accionada, que provocó daños síquicos, espirituales, físicos a su paz interior, comprometiendo la dignidad de la accionante. Si bien eso Derechos se proyectarán limitados en virtud de los votos de castidad, pobreza y obediencia -asumidos de manera perpetua y voluntaria por la ex religiosa- en modo alguno pueden llegar a sacrificar su núcleo esencial, pues ello se traducirla en negación de la Dignidad Humana de los religiosos, que para más enuncia el Preámbulo de la Ley Fundamental.
De constancias del Juicio se tienen que la ex religiosa ingresó al noviciado en el año 1.968, a la edad de 15 años. Si bien sostuvo que dicha decisión fue el resultado de "un lavado de cerebro" de las Hermanas de la comunidad religiosa, jamás no logró acreditar la existencia de vicios de voluntad de naturaleza alguna. Es más, a fs. 20 sostuvo: "En el año 1.966, yo insistí con mis padres para poder entrar como aspirante del congregación... Mis padres no querían... yo insistí con mamá que quería ir para hacer una experiencia vocacional con las hermanas religiosas, a la que ella me contesta: bueno poder ir a probar...". Se aprecia, pues, que tuvo plena libertad y que su ingreso a la Comunidad fue autorizado por su madre.
El Canon 646 prescribe: "el noviciado, con el que comienza la vida en un instituto, tiene como finalidad que los novicios conozcan más plenamente la vocación divina, particularmente la propia del instituto, que prueben el modo de vida de éste, que conformen la mente y el corazón con su espíritu y que puedan ser comprobados su intención y su idoneidad". Al pasar esa prueba que significa el noviciado, es que la accionante abrazo libremente los tres Consejos Evangélicos: castidad, pobreza y obediencia. Y, por lógica consecuencia, quedó incorporada al Instituto con obligaciones y deberes asentados en la Justicia, la Ley, la razón y la Fe determinados en el Derecho Canónico y reglamentación de la Institución religiosa.
La separación definitiva de la accionante de esa Congregación religiosa, fue realizada en el marco de un procedimiento licito. La actora sostuvo que se vio obligada a decidir su salida de la comunidad, pues el trato de las Hermanas Superioras -según Riquelme- fue indigno, humillante, discriminatorio, etc., produciéndole daño moral.
El daño moral ha sido definido como la modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en modo de estar diferente de aquel en que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste, y anímicamente perjudicial (Cfr. Pizarro R. D., Vallespinos C. G., Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones T. II -citando a la Dra. Matilde Zavala de González-. Buenos Aires. Hammurabi, 1.999 p. 641).
La más sólida Jurisprudencia ha establecido que para determinar el resarcimiento por daño moral "debe contemplarse la gravedad del daño inferido, la personalidad de la víctima, su receptividad particular y las diversas circunstancias propias de cada caso, de modo tal que la compensación debida no constituye un motivo de enriquecimiento sin causa, ni tampoco una mera expresión simbólica inadecuada a la entidad del agravio moral padecido, el que ha de ser apreciado según la sensibilidad del hombre medio, de la que el magistrado representa el intérprete más seguro..." (E.D. 61-975).
El menoscabo espiritual debe ser probado en su existencia y gravedad, carga que incumbe a la victima, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 249 del Código Procesal Civil. Salvo en casos excepcionales que, por índole de la lesión, se releva a la victima tal demostración.
A fin de demostrar sus alegaciones, la accionante ofreció prueba documental. A fs. 41, obra Certificado Médico emitido por la Dra. Susana Maria Bergmann, en que se dejó constancia que Sixta Riquelme fue atendida como paciente en el "Sanatorio Santa Clara", "Hospital de Clínicas" y desde el 2.007 en el edificio "Génesis" por los siguientes diagnósticos: "Miomatosis, hernia lumbar, bocio nodular, adenomas en mamas, pólipos colonicos, cuadros bronquiles a repetición, lumbociatolfia, escoliosis lumbar". Pero resulta que ese documento carece de valor probatorio, pues no determina que las dolencias o estado de salud diagnosticados, tuvieron por origen y antecedente, los malos tratos físicos y mentales de la accionada. Tampoco fue reconocido en Juicio, conforme lo exigido por el Artículo 307 del Código Procesal Civil.
En cuanto a las consultas psicológicas con el Psicólogo Francisco Oliveira y Silva, no existe controversia respecto a que Riquelme acudió a esas reuniones, por recomendación de su Superiora. Sin embargo, la accionante sostuvo que el citado profesional "le propuso cosas inmorales y obscenas", extremo que no fue demostrado, siquiera someramente. Existen dos informes emitidos por el citado profesional, uno en fecha 26 de Junio del 2.007 (fs. 39/40), presentado por la actora, y otro fechado el 2 de Julio del 2.007, presentado por la accionada, cuyas conclusiones son disímiles. El primero de ellos recomendó: "...realizar una nueva evaluación de su personalidad, una psicoterapia, tomarse un tiempo de descanso físico y mental, examinar su comportamiento en los últimos meses" (fs. 40). El segundo, sugirió: "su inmediata exclusión de la Congregación, antes de que sea tarde, y pueda cometer algún delito... Se trata de un caso de Psicosis severa, a ser tratada psiquiátricamente, especialmente su problema con el erotismo, incompatible con la vida (falsa) que está llevando" (fs. 89) . La accionante negó la veracidad del segundo informe pero no agregó prueba en contra. Pero lo cierto es que ninguno de dichos informes fue reconocido en Juicio, por el citado Profesional, por lo que carece de fuerza probatoria para demostrar la salud mental de la accionante, por expresa disposición del Artículo 307 del Código Procesal Civil.
Igualmente, fueron diligenciadas pruebas testificales. Migdonio Aquino Villalba, padre de uno de los niños que asistía al Instituto, sostuvo: "...la accionante era docente y también realizaba trabajos de limpieza en la Institución en la hora que yo acudía..." (fs. 121). Marciano De Jesús Montiel Ovelar señaló: "se desempeñaba como profesora de grado, limpiadora, cocinera, dentro de todo ello también tenía atribuciones para desempeñar labores dentro de la iglesia... básicamente asumo que sufrió daños físicos por el trabajo incesante que realizaba como limpiadora, cocinera, tuvo oportunidad de hacerse de una vivienda... no recibió nada a pesar de los años y servicios que prestó..." (fs. 123) . Norma Graciela Valdez Delgado, ex docente de la Institución, señaló: "ella recibía trato humillante y era marginada, a veces maltratada verbalmente ante los padres, alumnos y compañeros... sufría daños físicos...no tuvo oportunidad ni para comprarse una zapatilla..." (fs. 124). Graciela Ruiz Díaz de Aquino,: "... no sabe el límite del trato que se debe tener pero le veía siempre haciendo trabajos que no eran para ella o que las demás hermanas no hacían o no querían hacer... está a vista el daño económico, porque cuando salió de la congregación, no salió ni con ropas.. tiene mucho dolor en la columna... no se hizo de ninguna vivienda... nunca recibió indemnización".
De los testimonios rendidos no surgen, fehaciente e indubitadamente, que Sixta Riquelme en el tiempo que convivió en el Instituto, en calidad de religiosa, haya sufrido maltratos físicos y psíquicos, que causen daño moral que amerite resarcimiento, carga procesal que incumbía a ella. En efecto, si bien los testimonios rendidos son coincidentes en que la ex religiosa era docente y también hacía tareas de limpieza, esa circunstancia no implica -en sí misma- actividad denigrante ni indigna que signifique explotación o esclavitud de la accionada. Tampoco el hecho que tenga problemas de la columna crea presunción que esa dolencia sería como consecuencia del maltrato físico de la accionada, porque ese extremo debió ser probado. No podemos soslayar que la ex religiosa, hoy incorporada a la comunidad laica, abrazó el voto perpétuo de obediencia, razón por la que asumimos que las tareas asignadas por las Superioras, debían ser cumplidas por la ex religiosa, siempre que no afecte a su dignidad, situación que no fue mínimamente demostrada.
En el caso, la ex religiosa, con votos perpetuos de castidad pobreza y obediencia, obtuvo su dimisión o indulto de salida del Instituto de Vida Consagrada al cual pertenecía, contradiciendo el Principio de buena fe y los Consejos Evangélicos que ella profesó con total voluntad, intención, discernimiento y decisión, pretendiendo que se le reconozca indemnización por supuestos daños ocasionados por las autoridades de la comunidad. Postura de Riquelme conlleva e implica inobservancia a Principios de la doctrina de los actos propios, que tiene como sustento el Principio de buena fe.
En otros términos, quien, como en el caso de la actora, profesó aquellos votos en esa Congregación, no puede cuando se aleja de ella, demandar por daño moral, porque tal como surgen de sus dichos, durante más de cuarenta años cumplió su misión en forma libre y voluntaria, por razones espirituales. Como reconoció expresamente: "Son 41 años de vida religiosa-recibí mucho de la congregación..." (fs. 17). Por ello, no resulta ajustado a Derecho y a la vez contraria los preceptos que ella misma abrazó durante casi medio siglo, pretender exigir -cuando se convierte en ciudadana laica- resarcimiento económico fundado en supuesto daño moral, pues ello seria premiar accionar disvalioso.
Epilogando: para el cabal juzgamiento de la cuestión que nos ocupa, no pasar por alto ni olvidar que el Derecho Canónico son Normas jurídicas que regulan las relaciones internas y externas de la Iglesia (Pedro Flores Polo, Diccionario de Términos Jurídicos, T. II, página 440, Cultural Cuzco). Y que está codificado en el Corpus Juris Canonici.
Por las motivaciones expuestas, corresponde en estricto Derecho rechazar la demanda por indemnización de daños y perjuicios y, en consecuencia, revocar el Fallo impugnado con imposición de Costas a la perdidosa en ésta Instancia, en atención a lo dispuesto en los Artículos 192 y 205 del Código Procesal Civil. Es mi voto. A su turno el señor Ministro José Raúl Torres Kirmser dijo que: A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA: Disiento respetuosamente con la opinión del señor Ministro preopinante, en base a los fundamentos expuestos a continuación.
En el sub iudice se discute la procedencia -o no- de una demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por la señora Sixta Riquelme Riquelme; el origen de los daños se endilga en su expulsión de la Congregación demandada luego de más de 40 años, de servicio activo. Reclamó daños patrimoniales y extapatrimoniales.
Del escrito inicial se desprende que los daños extrapatrimoniales se centraron en aquellos daños que giran en torno a la dignidad y el honor de la persona, y a su identidad personal y su proyecto de vida. Los daños patrimoniales, están relacionados con la conculcación de derechos de Índole estrictamente laboral.
En primera instancia, se rechazó la demanda principalmente porque no se probaron los daños y perjuicios sufridos por la parte actora.
En segunda instancia, se hizo lugar a la demanda por la suma de GUARANÍES UN MIL MILLONES (G. 1.000.000.000). El Tribunal sostuvo, principalmente, que los tratos proferidos por parte de los componentes de la organización no representaban un desarrollo digno de la personalidad de la actora, que no se probó la causa de la expulsión y que por la separación la parte actora debe afrontar las vicisitudes de la vida diaria.
La Abg. María Eugenia Lugo Espínola, en representación de la Congregación Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María- Instituto Ravasco, se alzó contra la resolución de segunda instancia y fundamentó la apelación en el escrito de fojas 174/178.Sus agravios se centraron en la apreciación errónea de todos los elementos de la responsabilidad civil, y en la falta de fundamento para la fijación del guantum indemnizatorio. En primer lugar, la recurrente negó la existencia de una conducta antijurídica. Explicó que dentro del régimen interno de las Congregaciones, asignar tareas de limpieza a miembros de la congregación es una conducta aceptable y no imprudente. Sostuvo que la demandante ingresó libre y conscientemente a la congregación, pudiendo haberse retirado cuando quisiera y además no existió ningún reclamo ante autoridad o institución de que el trato fue inhumano y degradante. En segundo lugar, alegó que hubo un error en la valoración de las pruebas en relación con los malos tratos y supuesto daño, pues no existieron pruebas convincentes y contundentes sobre ellos. En tercer lugar, expresó que el Tribunal no tiene jurisdicción para exigir las pruebas sobre el motivo de expulsión de la congregación, pues este tema es debatido dentro del ámbito eclesiástico y no en estos autos. Mencionó además que la expulsión no fue recurrida ante el Vaticano. En cuarto lugar, indicó que la cuantificación de la indemnización es arbitraria porque no se acompañó ningún elemento que permita llegar a dicha suma. Finalmente solicitó la revocación de la sentencia recurrida. La parte actora contestó el traslado en los términos del escrito obrante a fs. 180/184 de autos. Manifestó que la demandada no demostró la causa de expulsión ni los supuestos daños ocasionados por su parte a la Congregación. Argüyó que no ingresó libre y conscientemente a la Congregación, sino que fue sustraída a los 10 años de su familia. Adujo que era imposible retirarse de la Congregación porque se encontraba en un estado de indefensión. Expresó que la Congregación no presentó las reglas a la que fue sometida su parte, y que de existir éstas, no pueden ser contrarias a la Constitución. Alegó que se probó la existencia del daño moral, y que las testificales prueban que sufrió malos tratos. Indicó que su parte rechazó la notificación del Vaticano, y que ésta no fue contestada, lo cual demuestra que la Santa Sede participó en este proceso de expulsión. Adujo que no le quedó otro remedio más que recurrir ante los estrados judiciales para proteger sus derechos fundamentales. Manifestó que la cuantificación de la indemnización no fue arbitraria pues los daños morales no exigen pruebas objetivas. Solicitó la confirmación de la sentencia recurrida.
Se impone, con carácter preliminar, realizar algunas precisiones acerca del encuadre jurídico que se le debe dar a la presente acción indemnizatoria. Sabido es que la responsabilidad civil puede derivar de dos fuentes, es decir, la voluntaria, contractual o negocial, y la no voluntaria o extracontractual.
De los argumentos expuestos por las partes en los respectivos escritos de demanda y contestación, asi como también, de los fundamentos vertidos por los juzgadores inferiores en sus respectivas sentencias, surge que se ha citado legislación y se han formulado alegaciones acerca del régimen de responsabilidad extracontractual o aquiliana que se origina como consecuencia de un hecho ilicito. A nuestro turno, debemos decir, para comenzar, que el proceso de subsunción o encuadre jurídico de la relación fáctica que las partes traen a juzgamiento es tarea propia y exclusiva del órgano jurisdiccional, de modo que la invocación de normas o el recurso a ciertos institutos o figuras jurídicas por parte de aquellas no lo vincula de modo inexorable. Esto deriva de aquel conocido principio, de ya rancio abolengo, según el cual el juez conoce el derecho o, como en latin se diría, iura novit curiae; principio que ha merecido recepción en nuestra ley ritual, por virtud de su Art. 159 inc. e) . La facultad concedida por esta disposición es esencial, atentos a que por efecto de ella al juez le es permitido considerar los hechos y las pretensiones y subsumirlos en la figura jurídica a cuyo molde corresponden, prescindiendo de la calificación hecha por las partes. En palabras de Palacio, "...en lo concerniente a la determinación de las normas aplicables, el juez debe atenerse exclusivamente a su conocimiento del orden jurídico vigente, hallándose por lo tanto facultado para prescindir de las argumentaciones de orden legal formuladas por las partes" (PALACIO, Lino E. 2001. Manual de derecho procesal civil. Buenos Aires. Abeledo-Perrot.Pág, 520).
No se hace sino reiterar cosa sabida cuando se señala que para que opere la responsabilidad contractual o negocial es necesario que el daño provenga de la inejecución de una obligación impuesta en el contrato o en el negocio; mientras que para que haya responsabilidad extracontractual es requisito que el daño resulte de un hecho ilícito, es decir, de la violación del deber general de no dañar. Ahora bien, dicha distinción entre ambos regímenes de responsabilidad civil, aunque aparezca como evidente en principio, en algunos casos no resulta tan nítida, lo que dificulta la tarea de encuadrar jurídicamente la cuestión. En efecto, la casuística pone al juzgador, muchas veces, ante la no siempre sencilla labor de interpretar los preceptos legales, con el fin de subsumir adecuadamente los hechos a las reglas del instituto jurídico que, por su naturaleza, otorguen al conflicto la solución más adecuada en derecho.
Así es que, y para lo que aquí interesa, en ciertos casos la frontera entre ambos regímenes de responsabilidad no está claramente demarcada. Obvio es que el daño que se origina en el seno de un contrato trae aparejada responsabilidad contractual; no obstante, a veces resulta verdaderamente intrincado determinar la existencia misma del contrato, o de la naturaleza contractual de los actos de las partes posteriores al mismo, a fin de aplicar las reglas que rigen al tipo de responsabilidad que de él deriva. Porque, como se dijera, en todos los casos en que el daño escape de la órbita contractual, la responsabilidad será aquiliana. Ello es precisamente lo que sucede en el caso de marras.
Evidentemente, entre la actora y la demandada no existió un contrato, en términos estrictos; empero, tampoco se puede negar la existencia de una relación preconstituída entre las partes, y en cuyo marco se produjeron los daños que se debaten. La doctrina más lúcida ha sabido interpretar cuál es el tipo de responsabilidad que debe imperar en situaciones como la que se presenta: "Pero se ha aclarado también que la distinción entre la responsabilidad contractual y la extracontractual no se funda necesariamente en la existencia efectiva de un contrato incumplido por el autor del daño, sino en la existencia de una concreta obligación preexistente, cualquiera sea su fuente. A su vez, la responsabilidad es extracontractual si no media esa obligación asumida por el agente, sino sólo la genérica de no inferir lesión en la esfera jurídica ajena" (TRIGO REPRESAS, Félix A. y LÓPEZ MESA Marcelo J. 2011. Tratado de la Responsabilidad Civil. Tomo III. Buenos Aires. La Ley. Págs. 5/6).
Según vemos, y compartimos, la determinación de la responsabilidad contractual no está limitada a la presencia de un contrato incumplido, sino a la falta de ejecución de una obligación emanada de una relación jurídica previa, cualquiera que ella sea. Y es el deber de cumplir con una obligación previa el elemento verdaderamente distintivo; al respecto: "La necesidad de que el daño derive de la inejecución de una obligación previa señala la presencia de un elemento más estricto en la responsabilidad contractual que en la extracontractual, pues la culpa debe referirse, en cada caso, a la naturaleza de la obligación impuesta convencionalmente, y no ya al genérico e indeterminado deber legal actuar sin daño a otro" (TRIGO REPRESAS, Félix A. y LÓPEZ MESA Marcelo J. Op. Cit. Pág. 6).
Ello se armoniza, además, con la tesis que explica la diferencia en el origen de la obligación indemnizatoria. La responsabilidad contractual tiene su origen en el incumplimiento de una obligación que nace de una relación previa; mientras que la responsabilidad extracontractual encuentra su génesis en violación del deber general de no dañarla otro, que nace, primaria e inmediatamente, de dicha violación. La doctrina explica: "a,) En el caso de la culpa (o dolo) contractual, el deber de resarcimiento nace, a consecuencia del incumplimiento de una obligación derivada de una relación preconstituída; en lo cual, se hace consistir el comportamiento culposo (o doloso). En el caso de la culpa extracontractual, el deber de resarcimiento nace como obligación primaria, y de manera inmediata, de la lesión del derecho ajeno; y la consiguiente relación entre perjudicante y perjudicado se constituye por primera vez y después del acto culposo y a causa de él, mientras que, antes, no mediaba relación ninguna entre aquellos sujetos, siendo los mismos terceros entre si"; "Ahora bien, el criterio distintivo, no obstante alguna falta de certeza en las aplicaciones, está dado por la existencia de un contrato, u otra relación ya preconstituida [...] entre un deudor y un acreedor; el cual, por el hecho de ser ya tal, es un derechohabiente [...] Por el contrario, en el caso del daño aquiliano, tal relación falta; y no existen una relación obligatoria y sujetos que sean ya, respectivamente, acreedor y deudor; incluso, la relación obligatoria surge por primera vez en el caso y con ocasión del daño inferido. En otras palabras, en el daño contractual la relación obligatoria es el prius; en el daño aquiliano, es la consecuencia del daño ilícito: es el posterius" (MESSINEO, Francesco. 1979. Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo VI. Buenos Aires. EJEA. Págs. 568/9); "En la responsabilidad contractual la obligación violada ha nacido con anterioridad, del juego de dos o más voluntades proyectadas en un contrato; presuponiendo por ende un pacto preexistente, que determina la naturaleza particular y extensión de la obligación, e igualmente puede graduar la culpa. En la extracontractual en cambio, es la ley, por su solo ministerio, la que regula la medida y las condiciones de la responsabilidad, deber éste que, además, surge por primera vez recién al producirse el daño" (CAZEAUX, Pedro N. y TRIGO REPRESAS, Félix A. 2010. Derecho de las Obligaciones. Tomo IV. Buenos Aires. La Ley. Pág. 486).
Entonces, el elemento verdaderamente condicionante, que demarca patentemente la frontera entre ambos regímenes de responsabilidad, y que permite determinar la operatividad de uno u otro en el caso concreto, está relacionado con el origen de los daños en una vinculo previo o, por el contrario, en un vínculo que nace ex novo como consecuencia del propio antijurídico. En efecto, toda la cuestión de la responsabilidad civil se cimienta en el choque de intereses entre dos o más sujetos, que discuten la conculcación de sus derechos. Así, cuando la controversia se produce por la vulneración de derechos originados en un encuentro convencional o negocial previo, la responsabilidad será contractual o convencional; al contrario, cuando sin existir relación previa, la disputa se suscita por la transgresión de derechos consagrados en el ordenamiento, es decir, por la violación del deber general que tiene todo sujeto de no dañar a otro, la responsabilidad será extracontractual.
Finalmente, también corresponde decir que la justa determinación del régimen de responsabilidad aplicable a cada caso no puede verse como un capricho del juzgador, porque, además de las señaladas, existen diferencias que entre ellas que pueden impactar en el éxito de la pretensión. Asi, el punto más sensible se halla en la extensión del resarcimiento, que en los casos de responsabilidad contractual se limita a los daños que sean una consecuencia inmediata y previsible del incumplimiento, salvo que el deudor haya obrado con dolo, según el Art. 425 del Código Civil; en tanto que en el régimen extracontractual se extiende la indemnización a toda lesión material o moral causada por el ilícito -Art. 1835- o, más precisamente, a todas las consecuencias inmediatas, las mediatas previsibles, o las que sean normales según el curso ordinario de las cosas, y, excepcionalmente, las casuales, siempre que deriven del delito y el agente las haya tenido en mira al ejecutar el acto -Art. 1856. Otros puntos relevantes de la divergencia están relacionados con la carga de la prueba, la capacidad del sujeto, la vigencia efectiva de los pactos de limitación de responsabilidad, la competencia jurisdiccional y el plazo de prescripción aplicable a la acción.
En este sentido, es claro que entre la señora Sixta Riquelme Riquelme y la Congregación "Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y Maria - Instituto Ravasco" existia una vinculación previa, que establecia un marco jurídico entre los sujetos, basada en motivaciones religiosas, derivada de un acto también jurídico, y que, en dicho marco, las partes tenían derechos y obligaciones que regulaban su relación. Ello ha producido que el enfoque jurídico del asunto en el acuerdo y sentencia recurrido sea erróneo, al pretender encuadrar jurídicamente en la responsabilidad extracontractual un caso en el que las partes están insertas en una relación convencional anterior.
Por tanto, el régimen de responsabilidad que debe imperar en el presente caso es el contractual; realizadas las precisiones que anteceden, pasaremos al análisis de la cuestión de fondo sometida al arbitrio de esta máxima instancia judicial, sobre la procedencia del reclamo indemnizatorio. Corresponde pues, verificar la procedencia -o no- de la demanda, a la luz de las actuaciones de autos, las pruebas producidas y la aplicación adecuada de la legislación aplicable al caso.
Ahora bien, este tipo de régimen de responsabilidad civil encuentra en el incumplimiento su requisito esencial. Luego, se debe determinar el factor de atribución, que al estar frente a una obligación de fuente contractual es primordialmente subjetivo. Igualmente, deben demostrarse el daño y la relación de causalidad entre el incumplimiento y el perjuicio sufrido.
Trataremos, primeramente, la existencia -o no- del requisito del incumplimiento.
Incumplimiento significa comportamiento opuesto a aquel en que se concreta el cumplimiento y, en consecuencia, falta de ejecución o ejecución inexacta de la prestación. La responsabilidad civil de fuente contractual o negocial encuentra en el incumplimiento su requisito esencial. Al respecto cabe apuntar -y como lo veremos luego-que, verificado el incumplimiento, la culpa como factor de atribución de responsabilidad se presume dada, atendiendo precisamente a la falta de adecuación de la conducta del obligado con la consecución de la obligación prometida, sin perjuicio de la facultad del obligado de alegar y probar causas valederas de exoneración.
Por otro lado, parece indudable que las normas legales, aunque no incluidas textualmente en la letra del contrato, encuentran asiento o, si parece mejor, se insertan en su estricta órbita, al regular puntual y directamente el modo en que habría de procederse, de configurarse ciertas hipótesis nacidas del desenvolvimiento o a la conclusión de la relación jurídica convenida. En otras palabras, el carácter contractual le queda comunicado o impregnado a aquellas normas por su imperativa inserción en la dinámica negocial, a norma del Art. 301 del Código Civil. Además, no debe perderse de vista que "...la responsabilidad contractual deviene cuando el comportamiento del sujeto viola un deber jurídico impuesto por una obligación preexistente, cualquiera sea su fuente generadora. Si bien se admite que el contrato es la causa principal de estas obligaciones, no se descarta la existencia de obligaciones emergentes de otras posibles causas (v. gr., obligaciones legales), cuyo incumplimiento también está alcanzado por la denominada responsabilidad contractual(PIZARRO, Ramón D. y VALLESPINOS, Carlos G. 1999. Instituciones de derecho privado - Obligaciones. Tomo II. Buenos Aires. Hamurabbi. Pág. 469).
En este sentido, la sujeción del individuo a un cierto régimen normativo privado o a reglas convencionalmente asumidas no le priva a éste -como ya lo apuntáramos supra- de la tutela del Estado, dado que la existencia, ejercicio y prevalencia de los derecho fundamentales son irrenunciables.
Entonces, el incumplimiento puede recaer no solo en las obligaciones convencionalmente asumidas, sino también en aquellas impuestas por las normas imperativas y que se insertan en la esfera relacional previa. Estas últimas, adquieren todavía mayor relevancia cuando están comprometidos derechos fundamentales constitucionalmente consagrados.
Ya dijimos que la Iglesia Católica es autónoma e dependiente pero está sujeta a los limites y mandatos impuestos por la Constitución y la ley.
Nuestra Constitución, en su Art. 17, indica que: "En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena sanción, toda persona tiene derecho a: 1) que sea presumida su inocencia; 2) que se le juzgue en juicio público, salvo los casos contemplados por el magistrado para salvaguardar otros derechos; 3) que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, y ni que se le juzgue por tribunales especiales;... 5) que se defienda por sí misma o sea asistida por defensores de su elección;... 6) que el Estado le provea de un defensor gratuito, en caso de no disponer de medios económicos para solventarlo; 7) la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación; 8) que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas; 9) que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas; 10) el acceso, por sí o por intermedio de su defensor, a las actuaciones procesales, las cuales en ningún caso podrán ser secretas para ellos...".
Dicha norma fundamental garantiza el debido proceso, y los derechos procesales, en toda causa de la cual pueda derivar una sanción. El debido proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como "...aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto" (ARAZI, Roland. 1995. Derecho procesal civil y comercial. Buenos Aires. Astrea. Pág. 111).
La parte actora ha argumentado la violación del debido proceso en los trámites que derivaron en su expulsión. Dicho esto, para el caso de marras importa considerar el marco normativo del Derecho Canónico para separar o expulsar a un miembro, y los propios trámites realizados en el caso concreto, a fin de verificar su adecuación a las garantías constitucionales.
Asi, el Capitulo VI del Código Canónico regula jurídicamente y con precisión las modalidades de separación de un miembro de un instituto de vida consagrada, los cuales se verifican de tres modos diferentes: a) el tránsito de un instituto a otro (cc.684-685); b) el indulto de exclaustración (cc.686-693); y c) la expulsión o dimisión penal (cc.694-704). Nuestro estudio debe abocarse, como se explicará seguidamente, a los últimos dos modos.
La última modalidad -la expulsión o dimisión de los miembros- es regulada por los Arts. 694 al 707 del Código Canónico. La expulsión es "...un medio de defensa de los institutos ante el peligro de tener que aguantar a personas que causan problemas y molestias graves por no haber tenido la vocación o haber sido infieles a la misma. Lo que está en juego es la salud y el vigor de los institutos, el respeto al propio carisma y el derecho fundamental de los demás miembros a vivir el don recibido por eso las normas que regulan esta materia pueden parecer exceso de juridicismo, pero es respeto a los derechos de las personas. La expulsión se verifica ante un comportamiento delictivo o al menos moralmente reprobable y culpable por parte del religioso. Por tanto, la iniciativa no es del religioso, sino de la autoridad que sale al paso de la contradicción manifiesta y estridente con las exigencias fundamentales de la vida religiosa" (BAHÍLLO RUIZ, Teodoro. 2006. Derecho Canónico. El derecho del pueblo de dios. Tomo I. Madrid. Biblioteca de Autores Cristianos. Pág. 296).
Esta última modalidad conoce las siguientes formas jurídicas de dimisión; dimisión ipso facto(c.694), dimisión ah homine, obligatoria por derecho (c.695), dimisión ab homme, no obligatoria (cc.696-698) y expulsión inmediata de la casa religiosa (c.703).
Se considera a un miembro expulsado ipso facto (c.694 §2)solamente por dos causales: a) cuando haya abandonado notoriamente la fe católica, o b) haya contraido matrimonio o lo atente, aunque sea de manera civil. En estos casos el Código indica que una vez recogidas las pruebas, el Superior Mayor con su Consejo debe emitir sin ninguna demora una declaración del hecho, para que la expulsión conste jurídicamente. No se reconoce formalmente el derecho a la defensa de los miembros.
El Canon 695 §1reza: "Debe ser expulsado el miembro que cometa uno de los delitos de los que se trata en los cc.1397, 1398 v 1.395, a no ser que en los delitos de que trata el c. 1395 §2, el Superior juzgue que la dimisión no es absolutamente necesaria y que la enmienda de su súbdito, la restitución de la justicia y la reparación del escándalo puede satisfacerse de otro modo. En esos casos, el Superior mayor, después de recoger las pruebas sobre los hechos y su imputabilidad, presentará al miembro la acusación y las pruebas, dándole la posibilidad de defenderse. Se enviarán al Superior general todas las actas firmadas por el Superior mayor y por el notario, asi como también las respuestas escritas del miembro y firmadas por él mismo". Vemos, entonces, que aun cuando se cometen delitos, el Canon 695 §2 dispone que el Superior mayor recoja las pruebas sobre los hechos y su imputabilidad y presente al miembro la acusación y las pruebas, dando la posibilidad de defenderse.
El Canon 696 §1 indica que: "Un miembro también puede ser expulsado por otras causas, siempre que sean graves, externas, imputables y jurídicamente comprobadas, como son: el descuido habitual de las obligaciones de la vida consagrada; las reiteradas violaciones de los vínculos sagrados; la desobediencia pertinaz a los mandatos legítimos de los Superiores en materia grave; el escándalo grave causado por su conducta culpable; la defensa o difusión pertinaz de doctrinas condenadas por el magisterio de la Iglesia; la adhesión pública a ideologías contaminadas de materialismo o ateismo; la ausencia ilegítima de la que se trata en el c. 665 § 2, por más de un semestre; y otras causas de gravedad semejante, que puede determinar el derecho propio del instituto". Aqui vemos que el Canon 696 dispone que el Superior Mayor también queda obligado a reunir pruebas, amonestar al miembro por escrito ante dos testigos, indicar claramente la causa, dar libertad plena para que se defienda, y presentar la defensa al Superior general. En ese caso, el Superior General, con su Consejo, debe sopesar las pruebas, razones y defensas, y dará a conocer el decreto de expulsión. Dicho decreto debe contener los motivos de derecho y de hecho, al menos de manera sumaria (c.699). Este decreto de expulsión debe ser confirmado por la Santa Sede para ser válido, y debe indicar el derecho de que goza el expulsado de recurrir dentro de los diez días (c.700).
La última forma jurídica de dimisión es la que dispone el Canon 703 del Código Canónico: "...en caso de grave escándalo externo o de daño gravísimo que amenace al instituto, un miembro puede ser expulsado inmediatamente de la casa religiosa por el Superior mayor o, si hay peligro en la demora, por el Superior local con el consentimiento de su consejo. Si es necesario, el Superior mayor cuidará de que se instruya el proceso de expulsión conforme a la norma del derecho, o remitirá el asunto a la Sede Apostólica". Sobre las causales previstas en el Canon 703 del Código Canónico, la doctrina nos cuenta que las mismas pueden suceder; "...por escándalo grave y exterior: lo específico reside en la exterioridad del mismo, o sea, en que ha de ser dado o recibido fuera de la comunidad y del instituto, de manera que, divulgado ya entre la gente o siendo inevitable su divulgación, no quedó más remedio que reaccionar expulsando a su autor, a fin de evitar en la medida de lo posible que toda la comunidad se vea envuelta inmerecidamente en los efectos perniciosos del escándalo. Daño gravísimo e inminente: por ejemplo, la ruina económica, la supresión o disolución civil o eclesiástica, un tumulto o revolución contra los religiosos, una acusación criminal sobre toda una comunidad" (BAHÍLLO RUIZ, Teodoro. Op. Cit. Pág. 300).
El texto de la ley no otorga un procedimiento expreso en los casos en que la expulsión de la casa religiosa se dé por el Canon 703. El canon faculta al Superior mayor a instruir el proceso de expulsión "conforme a la norma del derecho", o a remitir el asunto a la Sede Apostólica. Para entender mejor el procedimiento normativo, debemos necesariamente recurrir a lo que explican los entendidos en el derecho canónico. Asi, expresan que quien determina la expulsión es el Superior mayor, y que en determinadas circunstancias también podría hacerlo el Superior local con el consentimiento de su Consejo, en cualquier caso el procedimiento consiste en tres pasos: una medida provisional, inicio de un proceso de dimisión y envió del asunto a la Santa Sede, al respecto explican que la; "...medida sumarísima y provisional: consiste en la expulsión inmediata de la casa. Para el remedio de la situación creada no interesa el término ad quem, es decir, el paradero, por lo que el legislador no se ocupa. No puede ir donde se le antoje, sino donde decidan los superiores; inicio del proceso de dimisión: dependiendo de las causas, así será el procedimiento conforme a las diversas hipótesis ya presentadas (obligatoria, facultativa); envío del asunto a la Santa Sede, para que ella determine o porque es Complicado y no saben cómo proceder sus superiores o porque obligatoriamente tienen los superiores que dimitirlo por las causas que se verifican. En principio, la Santa Sede sólo tendría que confirmar el decreto de dimisión. El juicio definitivo, por tanto, lo da la Santa Sede, que decide sobre la justicia de la expulsión provisoria de la casa y sobre la validez y justicia del proceso dimisorio." (BñHÍLLO RUIZ, Teodoro. Op. Cit. Pág. 300).
Surge, pues, que de las formas de expulsión, solo la dimisión ab homine obligatoria por derecho y la dimisión ab homme u obligatoria contienen normas que garantizan, mínimamente, las reglas fundamentales del debido proceso. Por su parte, la dimisión ipso facto y la expulsión inmediata de la casa religiosa carecen, en absoluto, de normas de procedimiento.
Corresponde, ahora, hacer una breve reseña de las constancias habidas en autos y que dan cuenta del procedimiento de expulsión seguido por la Congregación. El proceso inició con la Nota del 15 de Enero de 2008 del Consejo del Instituto Ravasco que resolvió que: "...luego de su comportamiento lo que causa grave daño a la comunidad de Asunción y según el Canon 703 [...] en fecha 15 de Febrero de 2008, usted no puede residir en las casas de la Congregación y que encuentre otro arreglo conveniente en espera que la Santa Sede emita el decreto de separación del Instituto, que nuestro Consejo ha debidamente solicitado..." (f. 10).
Lo primero que debemos apuntar es que el Instituto Ravasco resolvió aplicar a la señora Sixta Riquelme Riquelme el proceso de dimisión del Canon 703 y resolvió separarla de la casa religiosa. Recordemos que el Canon 703 no ofrece claridades, ya que las causales son ambiguas y el procedimiento indica que: "...el Superior mayor cuidará de que se instruya el proceso de expulsión conforme a la norma del derecho". Como apuntamos anteriormente, la expulsión de la casa religiosa es una medida provisional para casos donde haya ocurrido un escándalo grave y exterior, o, un daño gravísimo e inminente. También sabemos que con esta medida temporal se inicia un proceso de dimisión y se envia los antecedentes a la Santa Sede para el juicio definitivo sobre la medida tomada.
La expulsión prevista en el Canon 703 tiene dos características esenciales que debemos tener en cuenta en este análisis: la urgencia -que está relacionada con las causales, a saber, escándalo grave y exterior, o, daño gravísimo e inminente- y la temporalidad de la medida. De las probanzas de autos no se aprecia que se hayan configurado ninguna de las dos.
Las acusaciones mencionadas por la Superiora General fueron vagas: "...actuar indebido, poco conservador y de ningún modo caritativo, causa escándalo en el corazón de los más jóvenes y los colaboradores laicos" (sic.) (f.10). Sin embargo, no se probó que la señora Sixta Riquelme Riquelme haya cometido un daño gravísimo o un escándalo externo como requiere la norma, y que justifique la urgencia de la medida tomada. En primer lugar, porque la decisión fue tomada por el Superior Mayor y no el Local. En segundo lugar, porque se fijó el plazo de expulsión recién al mes de tomar la decisión. Lo que si se comprobó es que la convivencia entre la parte actora y la Congregación era, cuanto menos, difícil.
La propia Nota indica que la sanción fue impuesta por un problema de convivencia recurrente: "...Son años que en varias maneras incluso con intervención de apreciados profesionales, hemos tratado de ayudarla a insertarse de manera constructiva en las diversas comunidades, pero toda tratativa de conciliación, todo dialogo y amonestación, ha resultado infructuoso en cuanto a los resultados deseados y su comportamiento permanece dañino para la paz y la comunión" (sic.)(f.10). Por otro lado, en la contestación de la demanda -f.96- y al momento de absolver posiciones al responder la quinta posición -f.130- la Superior General reconoció expresamente que la convivencia con la señora Sixta Riquelme era: sumamente difícil, casi insostenible, que ella era problemática, y que no podía adaptarse a las comunidades.
A las claras, el problema entre la señora Sixta Riquelme Riquelme y la Congregación se relacionaba con un conflicto de convivencia; y esta sola circunstancia, configurada y fundamentada de la manera expuesta, no puede justificar la aplicación del Canon 703.
Tampoco se observa la temporalidad/provisionalidad de la medida. La propia Nota indica que la señora Sixta Riquelme Riquelme debió abandonar el hábito religioso y buscar un trabajo para reinsertarse a la nueva realidad. La Nota reza: "Se ha resuelto que debe abandonar el hábito religioso y esto también para facilitar su inserción en la nueva realidad [...] el Instituto procederá a su manutención por tres meses, en espera que encuentre un trabajo para poder mantenerse..." (sic.) (f.10).
En este caso, y probablemente amparados en la discreción del Canon 703, no se observa que se hayan aplicado, aunque sea analógicamente, las normas procesales previstas en el derecho canónico para otros casos de expulsión, a fin de salvaguardar el debido proceso. En efecto, no se comprobó la existencia de amonestaciones previas, no se indicó la causal, no se garantizó la libertad plena para la defensa. Además, si el problema de convivencia era recurrente y se extendió por todos los años de profesión religiosa, no se concibe cómo se pudiera justificar la urgencia a los efectos de la aplicación de la medida de expulsión inmediata de la casa religiosa.
Se concluye, a las claras, que no se indicó -ni probó- el daño gravísimo o escándalo grave ocurrido, asi como tampoco se apreció el carácter provisorio de la sanción. En estas, condiciones, los periódicos problemas de convivencia no pueden ameritar la imposición de una expulsión de carácter urgente como aquella prevista en el Canon 703.
Corresponde, ahora, analizar cómo se sustanció el resto del proceso de expulsión ante la Santa Sede. Ya vimos que el Código Canónico no es claro respecto de cuál es el procedimiento a seguir en caso de expulsión inmediata de la casa religiosa.
Lo que ocurrió fue que se remitió el antecedente a la Santa Sede, dejando el procedimiento de separación al arbitrio de dicha autoridad. La Santa Sede -a través de la Congregación de los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica- escribió a la religiosa por Nota de fecha 2 de Febrero de 2008 (f. 13), en los siguientes términos: "Esta Congregación, después de haber atentamente evaluado la documentación presentada y las peticiones de la Superiora General y habiendo tomado conocimiento del informe del especialista a quien usted ha contactado varias veces, para su aprobación y la del Instituto al cual pertenece, está considerando la oportunidad de proceder con una resolución de exclaustración, con relación a estos incidentes (canon 686 inc.3)" (sic.) (f. 13).
Observamos que la Santa Sede consideró, en principio, iniciar el procedimiento de exclaustración impuesta y no el de dimisión. Los Cánones 686 al 693 del Código Canónico regulan el indulto de exclaustración, que se traduce como el proceso por el cual el religioso sale del instituto, y "...queda libre de las obligaciones que no son compatibles con su nueva condición de vida, y queda bajo la dependencia y cuidado de sus Superiores..." (c.687). El exclaustrado sigue siendo un religioso, aunque viva temporal y legítimamente fuera del instituto.
La exclaustración puede ser solicitada por el religioso de votos perpetuos o, por causas graves, impuesta por la Santa Sede. En el primer caso, el indulto de exclaustración puede ser concedido por el Superior General con el consentimiento de su Consejo, pero no por más de tres años (c.686 §1) . En el segundo caso, la imposición de la exclaustración puede ser peticionada por el Superior General con el consentimiento de su Consejo, e impuesta por la Santa Sede. Esta sanción es impuesta "por causas graves y observando la equidad y la caridad" (c.686 §3).
Entonces, la sanción de exclaustración impuesta no se asemeja a una dimisión pues el exclaustrado sigue siendo un religioso, aunque viva temporal y legítimamente fuera del instituto.
Ahora bien, el decreto provisorio de expulsión temporal de la Casa religiosa -Nota del 15 de Enero de 2008- no fue confirmado ni suspendido por la Santa Sede. Por el contrario, la Santa Sede comunicó a la religiosa que estaba considerando imponerle una sanción de exclaustración, y no una expulsión.
Ello indica que la situación de la señora Sixta Riquelme Riquelme era incierta. Por un lado, la norma -el Canon 687- indica que el exclaustrado queda bajo la dependencia y cuidado de sus Superiores. De modo similar a la norma, se pronunció la Santa Sede en cuanto ordenó que: "Durante el periodo de exclaustración, la citada permanecerá como miembro del Instituto, pero no disfrutará de voz activa ni pasiva, y permanecerá bajo la dependencia de la Superior Mayor, que le ayudará a encontrar un alojamiento adecuado a su situación de religiosa exclaustrada" (sic., traducción propia) (f. 12). Pero, por otro lado, la actora fue expulsada de la casa religiosa, ordenada a dejar el hábito religioso y obligada a reinsertarse "a la nueva realidad".
La nota de la Santa Sede también confirmó lo que ya manifestamos anteriormente, el conflicto entre las partes de este pleito se debió, principalmente, a un problema de convivencia, y no un escándalo externo ni daño gravísimo; al respecto: "...las numerosas tentativas de ayudarle, efectuadas con materna diligencia por sus Superiores, que han tratado de insertarla en diversas comunidades, ya sea en el Paraguay o en Italia, han resultado infructuosas. Su comportamiento, además, no hace considerar conveniente la permanencia en la comunidad, a causa de las dificultades de relacionamiento con las hermanas" (sic.) (f. 13). Por medio de la misma resolución; la Santa Sede manifestó: "Antes de proceder con la decisión, sin embargo, se desea conocer el parecer de usted por escrito. Le solicitamos haga llegar su respuesta a la brevedad posible, eventualmente a través de los buenos oficios de la Nunciatura Apostólica en el Paraguay" (sic.) (f. 13).
Sixta Riquelme Riquelme respondió a la Santa Sede el 7 de Marzo de 2008 (f. 15) y manifestó que la Congregación notificó la Nota del 15 de Enero, el 13 de Febrero de 2008 a las 21:40, es decir, dos dias antes de expulsarla. También expresó que recibió la Nota del 2 de Febrero del 2008, el 29 de Febrero de ese año, es decir, cuando ya no vivia en la Congregación por disposición del Consejo. En esta respuesta, la actora hizo su descargo y mencionó, entre otras cosas, el motivo por el cual no tenia buena convivencia en la casa, describió sus labores religiosas, las idas al psicólogo, ofreció pruebas testimoniales de laicos, describió su paso por la Congregación y solicitó se dirija a sus padres espirituales (f. 15).
Recibida la respuesta, el 29 de abril de 2008, la Santa Sede dictó otros dos decretos. En el primero, resolvió: "...consideradas atentamente las razones expuestas, concede que la Hermana, depuesto el hábito religioso, quede separada definitivamente de su Instituto [...] Tenga presente la Hermana que, según el can. 702 §1 nada puede exigir de su Instituto, el cual no obstante deberá observar la equidad y la caridad evangélica según el §2 del mismo canon [...] Este rescripto, una vez notificado y no rechazado en el acto de la notificación, produce por el mismo derecho la dispensa de los votos religiosos y de las otras obligaciones que derivan de la profesión" (sic.) (f. 21). En el segundo, resolvió: "...después de haber valorado cuidadosamente sus argumentaciones y considerada su voluntad de no querer permanecer en la Congregación de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María- Instituto Ravasco, le viene consignado por el Arzobispo de Asunción el indulto de salida del Instituto" (sic) (f. 22).
Dichos decretos demuestran que la Santa Sede resolvió conceder el indulto de exclaustración. Empero, lejos zanjar la incertidumbre sobre la situación de la actora, dichos decretos crean aún mayor confusión; ello, pues porque dan a entender que el indulto de exclaustración fue solicitado por la señora Sixta Riquelme Riquelme, lo cual no se condice con las probanzas arrimadas a estos autos. Un profeso de votos perpetuos solo puede pedir indulto de salida "por causas gravísimas consideradas en la presencia de Dios" (c.691 §1), no obstante, la actora nunca manifestó que tenia problemas de vocación, por lo que se debe concluir, y ante la orfandad probatoria, que no solicitó voluntariamente el indulto de exclaustración.
Asi pues, la Santa Sede no clarificó la situación de la señora Sixta Riquelme Riquelme con la Congregación religiosa, ni cuál seria el procedimiento a seguir. No confirmó ni rectificó la medida tomada por la Congregación y no se pronunció respecto del ofrecimiento de pruebas de la actora.
En estas condiciones, no queda otra alternativa que entender que luego de la expulsión de la casa religiosa, la Santa Sede le ha impuesto un indulto de exclaustración pero con los efectos de una expulsión: una manutención de tres meses, el abandono inmediato de la casa, expulsión del instituto, del hábito y de cualquier reclamo.
El iter analítico desarrollado en los párrafos precedentes nos conduce a la conclusión de que en todo el proceso llevado a cabo para expulsar a la señora Sixta Riquelme Riquelme de la Congregación no se respetaron, mínimamente, las garantías del debido proceso. Se le impuso una medida provisoria de expulsión sin mencionar una causal valedera, no se fijaron plazos de defensa, no hubo reglas claras sobre las notificaciones, no se indicó el derecho de apelar de las decisiones, y mucho menos el órgano ante quien se debe apelar, la medida no fue ni confirmada ni suspendida por la Santa Sede, la Santa Sede consideró primero imponer una sanción de exclaustración, pero luego resolvió otorgar el indulto de salida a pedido -supuestamente- de la actora.
De todo lo expuesto, se evidencia que la sanción a la actora fue impuesta en violación a las garantías minimas establecidas en el Art. 17 de la Constitución, e, inclusive, fuera del marco definido por el propio derecho canónico. Ello supone un incumplimiento de normas imperativas de rango constitucional -a las que no se puede, válidamente renunciar- y que, como ya dijéramos, se insertan en la esfera de la relación convencional previa que existía entre las partes.
Trataremos, seguidamente, la existencia -o no- del requisito del factor de atribución de responsabilidad.
El factor de atribución es la razón suficiente por la cual se justifica que el daño que ha sufrido una persona se impute y traslade económicamente a otra. Se trata de una imputación valorativa que vincula a un sujeto en el hecho dañoso y que explica, ante la causación de un daño, si al primero debe atribuírsele tal hecho, y, eventualmente, si debe responder por el mismo.
Ante la verificación del incumplimiento, conforme con lo dispuesto por el Art. 421 del Código Civil, el solo hecho de no satisfacer la prestación provoca normalmente que la culpa se impute al obligado incumpliente, salvo que éste alegue y demuestre que el incumplimiento no le es atribuible.
Entonces, si en la ejecución de un contrato, vinculo jurídico negocial o relación convencional uno de los contratantes quiebra una norma convencional o imperativa -ius cogens- se genera un presunción de adecuación atributiva del hecho sobre la persona incumpliente o violadora de la norma, del que sólo podrá eximirse si acredita caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero o de su contraparte en la ilación causal.
En el supuesto que nos ocupa, en vistas de que las obligaciones que imponen el debido proceso no fueron garantizadas ni acatadas por la Congregación, el factor de atribución de responsabilidad culposo se entiende dado, salvo prueba en contrario. Este corolario se apoya, precisamente, en la falta de adecuación de la conducta del obligado a la consecución de la satisfacción de la obligación o del deber específico, tal como ello debe producirse.
Careciendo de satisfacción, lo que se puede inferir es el incumplimiento culposo, salvo que se acerque prueba conducente a los fines de exonerarse de dicha atribución de responsabilidad. En efecto, la exoneración ante el incumplimiento solo puede darse si se demuestra el caso fortuito o la fuerza mayor -Art. 426 del Código Civil, o bien que la contraparte o incluso un tercero fueron los agentes del incumplimiento. En el presente caso, la Congregación no ha alegado ni probado alguna causal de exoneración en los términos de la norma citada.
Asi pues, no podemos sino concluir que el factor culposo de atribución se encuentra dado.
Trataremos, a continuación, la existencia o no del requisito del daño.
El tercer presupuesto de la responsabilidad civil lo constituye el daño. Si el antijurídico no se traduce en un perjuicio para el sujeto que reclama la obligación de indemnizar, éste no puede pretender reparación alguna, por la sencilla razón de que estaríamos frente al absurdo de enmendar un de un daño inexistente.
Se entiende por daño todo menoscabo que experimenta el acreedor en su persona o en sus bienes, a causa del incumplimiento o del antijurídico del deudor. En este sentido, el art. 1835 del Código Civil textualmente dispone: "Existirá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio en su persona, en sus derechos o facultades, o en las cosas de su dominio o posesión...".
Liminarmente, corresponde precisar los rubros indemnizatorios que son susceptibles de ser objeto de revisión por esta máxima instancia judicial. Asi, la señora Sixta Riquelme Riquelme solicitó la indemnización de dos tipos de daños, a saber: patrimoniales y extrapatrimoniales. Empero, los daños patrimoniales no pueden ser juzgados por esta Sala Civil de la Excma. Corte Suprema de Justicia en el marco de una acción civil por razón de la materia, como ya se advirtió en oportunidad de realizar las precisiones con carácter previo. En tal tesitura, solo los daños extrapatrimoniales pueden y han de ser objeto de revisión.
El daño moral, calificación en la que se circunscriben todos los daños a bienes o derechos que no se pueden reponer porque no circulan en el trafico jurídico, se configura por todo sufrimiento o dolor, por el menoscabo en los sentimientos derivados de los padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes, dificultades o molestias relevantes que sean consecuencia del hecho perjudicial, con independencia de cualquier reparación de orden patrimonial.
El resarcimiento por daño moral tiene por objeto indemnizar la lesión de bienes extrapatrimoniales, como es el derecho al bienestar, a vivir con plenitud en todos los ámbitos -familiar, amistoso, afectivo-, y supone la privación o disminución de valores tales como la paz, la tranquilidad de espíritu, el reconocimiento social o grupal -en familias o comunidades-, la estabilidad emocional y la integridad física o funcional de una persona.
En cuanto a su demostración, el daño moral sigue las mismas reglas probatorias que cualquier otro hecho. Pero así también puede constituir un hecho notorio, dadas las circunstancias adecuadas. En efecto, si bien es cierto que cierta jurisprudencia reconoce como probado el daño moral mediante presunciones, a partir de su mera invocación, ello solo opera cuando concurren circunstancias especiales, tales como el deceso de un ser querido en cercano grade de parentesco, o la vulneración de la salud o integridad física como consecuencia de un incumplimiento obligacional o de un antijurídico. En tales supuestos se aplica una razonable presuntic hominis, de tanto peso que en algunos casos se ha llegado inclusive, a expresar la existencia del daño in re ipsa. "...No es necesaria prueba alguna concreta para precisar la ocurrencia del daño moral en cuanto se lo debe tener por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica (prueba in re ipsa) siendo el responsable del hecho dañoso quien debe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluye la posibilidad de un dolor moral" (Tribunal de Apelación, Civil y Comercial, Sala 1, juicio: Luciaoli, Oscar A. y/o Dist. Marcos Juárez c/ Laboratorios Cosmos S.R.L. y/o Silvera, Hugo s/ Indemnización por Daños y Perjuicios. 22/9/94). Entonces, toda vez que exista daño físico, el dolor subsiguiente es evidente y no necesita mayor demostración.
En la especie, el daño moral sufrido por la actora se encuentra incurso en la frustración del proyecto de vida. Esta variante del daño moral se presenta como la mutilación del plan existencial del sujeto, de aquél que conforma su libre, personalisimo, íntimo y auténtico "ser y hacer" y en la medida que ese plan supere el mero deseo, aspiración o expectativa y que se arraigue en la probabilidad cierta de que el objetivo vital sería razonablemente alcanzado de no mediar el hecho nocivo. Por ello, la alteración debe ser profunda y comprometer las potencialidades, condiciones y predisposiciones ciertas de la persona y encaminadas diariamente a su consecución (vide: Zavala de González Matilde, "Daño a proyectos de vida" cit. RRC y S Año 2005-VII N°. 4 Abril 2005-1). "Se trataría de un daño que trunca, en mayor o menor medida, el proyecto de vida, que impide, en consecuencia, que la persona desarrolle su personalidad'. El daño al proyecto de vida afectaría la manera de vivir que cada uno - consciente o inconscientemente ha elegido-, y la libertad que todos tenemos de definir nuestro propio proyecto existencial, de ser como somos y no de una manera distinta, impuesta por terceros" (PIZARRO, Ramón Daniel. 2004. Daño Moral. Prevención. Reparación. Punición. Buenos Aires. Hamurabi. Págs. 71/72).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tratado el tema de los daños al proyecto de vida, y lo ha definido como: "...una expectativa razonable y accesible en el caso concreto, implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o muy difícilmente reparable. Así, la existencia de una persona se ve alterada por factores ajenos a ella, que le son impuestos en forma injusta y arbitraria, con violación de las normas vigentes..." (Corte IDH. Caso: Loayza Tamayo vs. Perú. Reparaciones y costas. Sentencia del 27 de noviembre de 1998. Serie C N° 42, párr. 150).
Entonces, para que se configure el tipo de daños que estamos tratando, es necesario que existan probabilidades ciertas y razonables de que el plan existencial del perjudicado será alcanzado, y que el antijurídico impida u obstruya su consecución. En el sub iudice, no resulta difícil determinar que la señora Sixta Riquelme Riquelme tenía un proyecto de vida concebido a futuro y con evidentes visos de prolongarse a lo largo de toda su existencia, el cual, hasta antes del evento de su irregular expulsión, contaba con probabilidades ciertas y razonables de ser alcanzado. El propio Canon 654 ofrece la noción y efectos de la profesión religiosa: "...la profesión religiosa, temporal y perpetua implica una consagración definitiva a Dios. La vocación religiosa es un don por su misma naturaleza perpetuo e irrevocable...". Tampoco es difícil determinar que la expulsión de la actora, en las condiciones señaladas, frustró la consecución de dicho proyecto de vida.
Así las cosas, se entiende que este rubro pudiera ser incluido en el quantum indemnizatorio, siempre que se dé el último requisito, cual es la vinculación causal.
Trataremos, finalmente, la existencia o no del requisito del nexo causal.
Es sabido que nuestro Código Civil adscribe a la tesis de la causa adecuada; vale decir, los daños producidos por el evento o acto según el curso ordinario de las cosas -art. 1856 del Código Civil. La determinación del nexo causal persigue un doble objetivo: establecer la autoría del sujeto, y fijar la extensión o medida del resarcimiento a su cargo, la que resultará -a su vez- de la propia extensión de las consecuencias dañosas derivadas de su proceder; vale decir, de modo tal que ellas puedan ser consideradas como efectos provocados o determinados por su conducta, que viene a constituirse asi en su causa.
Este requisito causal -presupuesto inexcusable de la responsabilidad civil- supone la atribución de un resultado a un sujeto, por haber constituido su acción la causa adecuada del daño. Por tanto, será indudable que si se acredita que el perjuicio no puede derivarse, según el ordinario acontecer de las cosas, del hecho del incumplimiento, o que ha tenido un origen distinto, es decir, reconoce una causa extraña a él, el presunto responsable se liberará en virtud de la interrupción del nexo causal. Ahora bien, no basta que ese nexo sea meramente material sino que, entre ambos elementos -el hecho antecedente y el resultado producido-, debe verificarse una vinculación adecuada.
La acreditación de la relación de causalidad no genera mayores dudas, toda vez que el curso ordinario y natural de las cosas permite afirmar, sin temor a equívocos, que los daños morales reconocen su causa adecuada en el impase convencional cometido por la Congregación. Indudablemente, es perfectamente posible aseverar que la privación, alteración o frustración del proyecto de vida de una persona es capaz de ocasionarle una seria atribulación de espíritu y un menoscabo en sus sentimientos. En otras palabras, el desenvolvimiento del proyecto de vida de la actora fue drásticamente modificado, y ello encuentra su causa adecuada en su expulsión de la Congregación realizada en violación a las normas fundamentales que tutelan el debido proceso, lo cual es imputable a la demandada; tales circunstancias hacen perfectamente comprensible la configuración del daño moral existencial, de importante y considerable entidad.
En este orden de ideas, podemos afirmar que el requisito del nexo causal se encuentra configurado.
En suma, los presupuestos de procedencia de la responsabilidad civil contractualse encuentran cumplidos. Surge de ello una obligación indemnizatoria a favor de la señora Sixta Riquelme Riquelme y cargo de la Congregación Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María- Instituto Ravasco.
Consecuentemente, debemos abocarnos al estudio del quantum indemnizatorio, según el daño que hemos establecido como admisible ut supra.
La mayoría de la doctrina y jurisprudencia considera que el daño moral tiene por objeto compensar por medio del dinero el dolor experimentado por la víctima; la indemnización asignada en concepto de daño moral a la víctima directa o indirecta no tiene carácter de "sanción" -en el sentido de pena privada, sino un carácter "satisfactorio" o resarcitorio.
En cuanto a la cuantificación del daño moral, se ha señalado ya en anteriores fallos que la determinación de un monto en dinero que compense los daños morales es dificultosa, dado que el daño en cuestión tiende a resarcir la modificación disvaliosa del equilibrio de bienes no patrimoniales de una persona, que debe ser contemplado desde una perspectiva muy especial. Pero la mera dificultad en la valuación del daño no puede ser óbice para su reconocimiento. La mayor o menor dificultad de la prueba del quantum del daño moral no puede impedir su reparación, ya que a veces también resulta difícil la acreditación de la entidad del daño patrimonial, tal como sucede, verbigracia, en el caso de pérdida de chance.
Hay que ponderar que se trata de un resarcimiento aproximativo o satisfactorio donde la moneda se proyecta para obtener otros goces espirituales o materiales, que alivien, si acaso, la condición actual. Dicho en otros términos: la reparación integral del daño moral, no puede resolverse sino en términos de aproximación, tanto desde la perspectiva del daño mismo, como desde la perspectiva de la indemnización, pues el monto que se fije nunca puede representar ni traducir exactamente el perjuicio, y menos sustituirlo por un equivalente. Por eso doctrinaria y jurisprudencialmente se afirma que para compensar el daño injustamente sufrido hay que acudir al prudente arbitrio judicial, que debe atenerse a una recta ponderación de las diversas características que surgen de la situación de la victima, acreditadas durante el proceso.
En algunos fallos se ha dicho que este carácter resarcitorio implica que el juez debe fijar una suma de dinero que tenga alguna entidad, jerarquía o importancia, que no sea simbólica al estilo de comunidades jurídicamente evolucionadas que ven en ella satisfacción suficiente para el ofendido, ni tampoco exageradamente elevada, pues no tiene por objeto satisfacer un encono ni brindar un enriquecimiento patrimonial, sino compensar los padecimientos naturales que impone la subjetividad del agraviado (CNCiv. Sala I. 21/12/99. "Díaz de Vivar, Elisa M. c Neustadt, Bernardo y otros". La Ley, 2000-A-305. DJ, 2000-1-998 y RCyS, 2000-879).
Así, se debe establecer en este concepto una suma proporcionada al daño alegado y tomando en cuenta, lógicamente, la suma otorgada por el inferior. Entonces, esta Magistratura se ve en el predicamento de fijar algún parámetro monetario de algo que es sustancialmente inmaterial e invaluable -frustración del proyecto de vida, y considera prudencial hacerlo en la suma de G. 500.000.000. A esta suma se llega por vía de la ponderación de las circunstancias particulares de la actora, como ser: estado de salud, edad, situación ocupacional y productiva, posibilidades o proyección de la misma, situación patrimonial, entre otros, lo que fueron acreditado merced a las testificales obrantes a fs. 121, 123, 124 y 125. En conclusión, corresponde modificar el Acuerdo y Sentencia N° 35 fecha 06 de Abril de 2015 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral del Departamento Central, con sede en la ciudad de San Lorenzo y; hacer lugar parcialmente la demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por la señora Sixta Riquelme Riquelme contra la Congregación Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de Maria- Instituto Ravasco y, en consecuencia, condenar a la parte demandada a pagar la suma de GUARANÍES QUINIENTOS MILLONES (G. 500.000.000).
En cuanto a las costas, al merecer la cuestión interpretación doctrinaria y jurisprudencial, y al haberse desplegado importante labor hermenéutica, corresponde imponer las mismas, en las tres instancias, en el orden causado, de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 193 y 205 del Código Procesal Civil.
A su turno el señor Ministro Miguel Oscar Bajac Albertini manifestó que: se adhiere al voto del señor Ministro preopinante por compartir sus mismas fundamentaciones.
Asunción, 05 de Marzo del 2.018.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA CIVIL Y COMERCIAL
REVOCAR el Acuerdo y Sentencia Número 35, con fecha 6 de Abril del 2.015, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, Circunscripción Judicial Central.
IMPONER Costas a la perdidosa, en ésta Instancia.
Pierina Ozuna Wood. Secretaria

References: Artículo 113
 Artículo 419
in fine
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 307
 Artículo 307
 resolución 
 resolución