Source: https://www.legislaturaformosa.gob.ar/index.php/legislacion/documentacion/decretos-leyes/23-decretos-leyes/99-decreto-ley-0490-77-ley-de-expropiacion
Timestamp: 2020-02-26 05:52:01+00:00

Document:
/Decreto Ley 0490/77 - LEY DE EXPROPIACIÓN
DECRETO – LEY N° 490/77
Formosa, 22 de Abril de 1977
Gral. (RE) D JUAN CARLOS COLOMBO
Tengo el honor de dirigirme a V.E. a fin de elevar adjunto proyecto de ley regulatorio del régimen general de las expropiaciones y sustitutivo de su similar n° 82.
Este ultimo ordenamiento legal, primero y único con que cuenta hasta el presente nuestra provincia, agotado ya su ciclo, posee normas desactualizadas y por ello injustas.- Se constituye en la mayor parte de los casos en un factor de conflictos, lejos de su esencial finalidad, imposibilitando una solución rápida y justa en la satisfacción económica del afectado, y por ello en una rémora a la actividad de la Administración.
El proyecto sometido a consideración de V.E. tiene su fuente directa en la ley nacional n° 21.499 recientemente sancionada, de la que se adoptan las normas esenciales del instituto expropiatorio y de aquellos paralelos que también constituyen una novedad en la legislación central.
El apartamiento que el proyecto local pretende, respecto de aquel cuerpo legal, encuentra sustento en las conclusiones extractadas con motivo del Seminario organizado por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo en la Capital Federal durante los días 31 de marzo y 1° y 2° de abril del corriente año, oportunidad en que se sometiera al análisis de profesores y profesionales especializados en la materia, las bondades del nuevo ordenamiento nacional, y del que tuvieran oportunidad de participar los profesionales de este Organismo.
Las objeciones, inconvenientes y reservas formuladas en el curso de los debates de dichas jornadas, sumamente clarificadores en algunos aspectos de la ley, permitió a esta Fiscalía el adecuar el proyecto local en la medida que se estime conveniente, tendiendo a superar, suprimiendo o modificando, aquellas normas consideradas conflictivas.
Se incorporan asimismo al régimen expropiatorio proyectado disposiciones contenidas en la ley 7534 de la Provincia de Santa Fe, muy adelantada en la legislación del instituto, con la finalidad de reglamentar etapas no contempladas o insuficientes previstas en el ordenamiento nacional, particularmente referidas al tramite del procedimiento extrajudicial o de avenimiento, como así a la instancia judicial ante el supuesto de una frustración en la etapa de acuerdo extrajudicial.
En lo que refiere al rubro indemnizatorio, uno de los aspectos mas destacados y esenciales en el nuevo régimen, se sigue fielmente el modelo nacional en consideración a la justicia que entraña el reconocimiento de un valor actual y oportuno al expropiado respecto del bien de que es desapoderado.
Actualmente la expropiación es considerada como un verdadero infortunio dado el mezquino criterio legal – el empleo de pautas – superadas por el proceso económico así lo califican – existente – para el reconocimiento de los valores de la indemnización.
Con el nuevo proyecto, aquella imagen desaparecerá puesto que, el substracto del nuevo ordenamiento responde a criterios de una efectiva y real justicia conmutativa, de una mutación de valores: el expropiante adquiere el bien y el expropiado recibe la compensación económica adecuada, justa y oportuna que corresponda.
Este criterio, novedoso en la legislación, es acompañado por ciertas medidas procedimentales, especialmente referidas a la etapa del “avenimiento” o extrajudicial, en cuyo mérito el expropiante encuéntrase habilitado a adquirir directamente el bien sin necesidad de recurrir al juicio de expropiación.
Así, en el supuesto de tratarse de bienes inmuebles, el valor que fijare el organismo administrativo encargado de tal menester, corresponde un incremento automático del diez por ciento. La “ratio juris” de este plus indemnizatorio, según las expresiones del legislador nacional, responde al propósito de resarcir al propietario expropiado de los perjuicios que experimentara a raíz de la transferencia del bien, perjuicios a veces imponderables y difíciles de concretar “ab initio”, pero no por ellos menos reales.
En la instancia judicial, el resarcimiento por dicho rubro será fijado a prudente arbitrio judicial.
Desempeña un papel destacado del éxito de esta instancia extrajudicial la intervención de la Comisión de Tasaciones, organismo que nace con este proyecto, y cuya función especifica es la de determinar un valor real y actual del bien sujeto a expropiación, de modo tal que, compatibilizando los intereses de Administración y expropiado, sea factible el acuerdo expropiatorio.
Actualmente tal función es desempeñada por la Junta de Tasaciones de la Provincia, organismo creado en función de criterios fiscalistas que no poseen relación estrecha con las asignadas para el instituto expropiatorio, y que, en la practica, por razones varias, ha dado muestras de excesiva lentitud con los lógicos y consiguientes perjuicios derivados de su morosidad, tanto para la Administración como para el expropiado.
No obstante que el nuevo organismo solo tendrá las funciones especificas derivadas de este proyecto, para prevenir toda posibilidad de repetición de la experiencia anterior, se fijan plazos breves y perentorios para el cumplimiento de su cometido, poniéndose a cargo del Fiscal de Estado, funcionario constitucional ligado a la protección de los intereses del Fisco y mandatario en la representación judicial del Estado, las funciones de instar el procedimiento en su etapa administrativa de valoración, como garantía del cumplimiento de los plazos fijados y bajo su directa responsabilidad.
En lo demás, la legislación proyectada sigue los lineamientos de su similar nacional, manteniendo institutos paralelos al expropiatorio, sumamente novedosos en la letra de la ley, y que si bien no parecen de una inmediata aplicación en nuestro medio, sus características de avanzadas y la posibilidad de su utilización en un futuro cercano, hacen aconsejables el incorporarlos.
Como acotación final quiero señalar a V.E. que los profesionales que han tenido la responsabilidad del estudio y realización de este proyecto, en su carácter de componente del organismo que tiene la misión, por mandato constitucional, de proteger los intereses fiscales y representar al Estado en los procesos emergentes de la aplicación de la legislación proyectada, tienen la certeza de que, las normas puestas a consideración de V.E. constituirán, sin dudas, un verdadero adelanto respecto del ordenamiento actualmente vigente, permitiendo fundamentalmente, por la aplicación de criterios mas realistas y justos en la relación expropiante – expropiado, la reducción, sino que la eliminación por tales fundamentos, de los pleitos expropiatorios.
Cabe señalar que el proyecto es elaborado para su sanción “ad referéndum” del Ministerio del Interior, en razón a que la materia en él legislada no encuadra dentro de la capacidad legislativa autónoma reconocida a nuestra provincia por la Directiva n° 1/76 de la Junta Militar, y en atención a las expropiaciones recientemente dispuestas y las proyectadas, particularmente referidas a la satisfacción de necesidades edilicias para el funcionamiento de la Administración, que tornan aconsejable el resolverlas a la luz de las nuevas disposiciones.
Sin más, saludo a V.E. con atenta y distinguida consideración.
Dr. OSCAR RAÚL MONTEPORSI
LEY N° 490
Formosa, 23 de Abril de 1977
Lo actuado en el expediente N° 13.541 – F – 77 del Registro de Mesa General de Entradas y Salidas de la Gobernación, lo dispuesto en el Artículo 5° de la Instrucción N° 1/76 de la Junta Militar y “ad – referéndum” del Ministerio del Interior;
CALIFICACIÓN DE UTILIDAD PUBLICA
Artículo 1°.- La utilidad publica que debe servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea este de naturaleza material o espiritual.
Art. 2°.- Podrá actuar como expropiante el Estado Provincial, las Municipalidades, las entidades autárquicas y las empresas del Estado, en tanto estén expresamente facultadas para ello por sus respectivas leyes orgánicas o por leyes especiales.
Art. 3°.- La acción expropiatoria podrá promoverse contra cualquier clase de persona de carácter publico o privado.
Art. 4°.- Pueden ser beneficiarios de la expropiación no solo los entes públicos, sino también los sujetos privados, cuando a la utilidad particular acompañe también el interés publico en medida predominante o, cuando menos, equivalente.
Art. 5°.- Pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la “utilidad publica”, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio publico o al dominio privado, sean cosas o no.
Art. 6°.- La expropiación se referirá específicamente a bienes determinados.
También podrá referirse genéricamente a los bienes que sean necesarios para la construcción de una obra o la ejecución de un plan o proyecto; en tal caso la declaración de utilidad publica se hará en base a informes técnicos referidos a planos descriptivos, análisis de costos u otros elementos que fundamenten los planes y programas a concretarse mediante la expropiación de los bienes de que se trate, debiendo surgir la directa vinculación o conexión de los bienes a expropiar con la obra, plan o proyecto a realizar. En caso de que la declaración genérica de utilidad publica se refiriese a inmuebles, deberán determinarse, además las distintas zonas, de modo que a falta de individualización de cada propiedad, queden especificadas las áreas afectadas por la expresada declaración.
Art. 7°.- Es susceptible de expropiación el subsuelo con independencia de la propiedad del suelo.
Art. 8°.- La declaración de utilidad publica podrá comprender no solamente los bienes que sean necesarios para lograr tal finalidad, sino también todos aquellos cuya razonable utilización en base a planos y proyectos específicos contenga material o financieramente a ese efecto, de modo que se justifique que las ventajas estimadas serán utilizadas concretamente en la ejecución del programa que motivo la declaración de utilidad publica.
Art. 9°.- Si se tratase de expropiación parcial de un inmueble y la parte que quedase sin expropiar fuere inadecuada para un uso o explotacion racional, el expropiado podrá exigir la expropiación de la totalidad del inmueble.
En los terrenos urbanos se consideraran sobrantes inadecuados los que por causa de expropiación quedaren con frente, fondo o superficie inferiores a lo autorizado para edificar por las ordenanzas o uso locales.
En el supuesto de avenimiento, las partes de común acuerdo determinaran la superficie inadecuada, a efectos de incluirla en la transferencia de dominio; en el juicio de expropiación dicha superficie será establecida por el Juez.
Art. 10°.- Cuando la expropiación de un inmueble incida sobre otros con los que constituye una unidad orgánica, el o los propietarios de estos últimos estarán habilitados para accionar por expropiación irregular si se afectase su estructura arquitectónica, su aptitud funcional o de algún modo resultare lesionado el derecho de propiedad en los términos del Artículo 60°, incisos b) y c).
Art. 11°.- La indemnización solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomaran en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse. No se pagara lucro cesante. Integraran la indemnización el importe que correspondiere por depreciación de la moneda y el de los respectivos intereses.
Art. 12°.- No se indemnizaran las mejoras realizadas en el bien con posterioridad al acto que lo declaro afectado a expropiación, salvo las mejoras necesarias.
Art. 13°.- La indemnización se pagara en dinero en efectivo, salvo conformidad del expropiado para que dicho pago se efectúe en otra especie de valor.
TITULAR INCAPAZ
Art. 14°.- Si el titular del bien a expropiar fuere incapaz o tuviere algún impedimento para disponer de sus bienes, la autoridad judicial podrá autorizar al representante del incapaz o impedido para la transferencia directa del bien al expropiante.
CONTRATOS SOBRE EL BIEN
Art. 15°.- No se consideraran validos, respecto al expropiante, los contratos celebrados por el propietario con posterioridad a la vigencia de la Ley que declaro afectado el bien a expropiación y que impliquen la constitución de algún derecho relativo al bien.
DEL PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL
Avenimiento expropiatorio
Art. 16°.- Declarada la utilidad publica de un bien o dispuesta a su afectación cuando la calificación lo sea con carácter genérico el expropiante podrá adquirirlo directamente del propietario dentro del valor máximo que, en concepto de indemnización total, estime la Comisión de Tasaciones conforme a lo previsto en el Titulo IV de la Indemnización. Tratándose de inmuebles el valor máximo estimado será incrementado automáticamente y por todo concepto en un diez por ciento.
A tal fin y con la antelación debida el funcionario mencionado en el Artículo 17° comunicara a la Comisión la decisión administrativa, procediendo esta al estudio de las indemnizaciones pertinentes, iniciándose tantas actuaciones como sean los bienes afectados y agregándose, salvo imposibilidad, los datos y elementos de individualización del bien, datos personales y domicilio del o de los propietarios.
Art. 17°.- Finalizado el tramite fijado por la disposición precedente, el que no podrá exceder del plazo de treinta (30) días hábiles administrativos desde la fecha de la comunicación al Organismo, la Comisión de Tasaciones producirá su dictamen en la forma establecida en el titulo IV y remitirá el mismo al Fiscal de Estado.
Este funcionario procederá a notificar al o a los interesados que el bien de su propiedad será expropiado, ofreciéndole la indemnización resultante de los estudios pertinentes, y se le intimara para que dentro del termino de quince (15) días hábiles administrativos manifieste su conformidad o, en caso contrario, estime fundadamente el monto de la indemnización a que se considere con derecho y constituya domicilio especial a los efectos del tramite administrativo.
La notificación se hará en el domicilio real del interesado por medios fehacientes. Tratándose de inmuebles se tendrá por tal, si existiese, el domicilio fiscal fijado con respecto al bien. En caso de desconocerse el domicilio se recurrirá directamente a la vía judicial.
En el ofrecimiento se transcribirá el Artículo 22° bajo la responsabilidad del funcionario actuante.
Art. 18°.- Si en su presentación el interesado formulase contrapropuesta, será considerada por la Comisión, que elevara su informe en el plazo de cinco (5) días hábiles administrativos, desde el momento de la remisión de aquella por el funcionario actuante. Sera responsabilidad del funcionario actuante adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de los plazos previstos en las instancias administrativas.
Art. 19°.- Resultando equitativa o conveniente la estimación hecha por el expropiado, o aceptando este la ofrecida, quedara concluido el acuerdo y se dictara el acto administrativo ordenando la transferencia del bien, conforme al Artículo 40°.
Art. 20°.- En caso de resultar exitoso el tramite de avenimiento le será pagado al interesado, dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos, el importe acordado contra la presentación de los títulos pertinentes. La demora imputable a la administración dará derecho al expropiado a percibir solamente intereses al tipo oficial cobrados por el Banco de la Provincia de Formosa.
RECHAZO DE LA CONTRAPROPUESTA
Art. 21°.- En caso de no considerarse equitativa o conveniente la contrapropuesta efectuada por el interesado, se le notificara la decisión fundada de mantener el ofrecimiento originario o las modificaciones de que este hubiere sido objeto. El interesado deberá manifestar dentro del plazo de tres (3) días hábiles administrativos, únicamente su conformidad o disconformidad. El silencio será interpretado como disconformidad.
FALTA DE RESPUESTA AL OFRECIMIENTO
Art. 22°.- La falta de respuesta por parte del expropiado al tramite de avenimiento, salvo casos debidamente justificados o fundados, dará lugar a que las costas del juicio de expropiación sean soportadas en el orden causado, aun cuando, conforme al artículo 41° de la presente ley, debieran ser a cargo del expropiante.
COMISIÓN DE LAS TASACIONES
Art. 23°.- La Comisión de las Tasaciones será presidida por el Ministro de Obras y Servicios Públicos y la integraran los Directores de Catastro, Arquitectura y Estadística y Censos. Cuando la naturaleza del bien expropiado lo exija podrán incorporarse a requerimiento del presidente, otros dos representantes de organismos oficiales con competencia en la materia de que se trate.
Funcionara en jurisdicción del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y tendrá su asiento en la Dirección de Catastro. El personal necesario será asignado por el presidente y el que establezca la ley de presupuesto.
Art. 24.- Sesionara validamente con la totalidad de sus miembros y sus decisiones serán motivadas, transcribiéndose en el dictamen los fundamentos que lo informan y las disidencias, si existieran.
Art. 25°.- Para el cumplimiento de sus fines podrá requerir la colaboración e informes necesarios de los organismos públicos así como de entidades privadas representativas de su actividad.
Art. 26°.- Cuando la Comisión de Tasaciones deba dictaminar a requerimiento judicial en la oportunidad prevista en el Artículo 29°, se integrara además con un representante del expropiado que podrá designarse hasta diez días después de la apertura de la causa a prueba. Si no lo hiciera dentro de ese periodo se prescindirá de su intervención.
Art. 27°.- No habiendo avenimiento, el expropiante deberá promover la acción judicial de expropiación.
Art. 28°.- El proceso tramitara por juicio sumario, con las modificaciones establecidas por esta ley y no estará sujeto al fuero de atracción de los juicios universales.
Promovida la acción, se dará traslado por quince (15) días al demandado. Si se ignorase su domicilio, se publicaran edictos durante cinco (5) días en el Boletín Oficial y en el diario de mayor circulación de la Provincia.
En la contestación de la demanda el expropiado deberá limitar sus pretensiones expresándolas en forma concreta, considerándose, caso contrario, que acepta el dictamen que produzca la Comisión de Tasaciones.
Las partes podrán alegar por escrito sobre la prueba dentro del plazo común de diez días, computándose desde que el Secretario certifique de oficio sobre la producción de la misma.
Presentados los alegatos o vencido el plazo para hacerlo, el Juez llamara autos para sentencia, la que deberá pronunciarse dentro de los treinta (30) días de quedar firme aquella providencia.
Las partes podrán interponer todos los recursos admitidos por el Código Procesal Civil y Comercial.
Art. 29°.- Clausurado el termino ordinario de prueba se dará intervención a la Comisión de Tasaciones, la que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días del requerimiento judicial. Este plazo podrá ser ampliado por otro igual a pedido del órgano citado. Deberá tenerse presente lo dispuesto por el Artículo 26°.
Art. 30°.- La sentencia fijara la indemnización teniendo en cuenta el valor del bien a tiempo de la desposesión. Para establecer la depreciación monetaria, se descontara del valor fijado la suma consignada en el juicio, conforme con lo previsto en el Artículo 31°, efectuándose la actualización sobre la diferencia resultante hasta el momento del efectivo pago.
En tal caso, los intereses se liquidaran a la tasa del seis por ciento anual, desde el momento de desposesión hasta el del pago, sobre el total de la indemnización o sobre la diferencia, según corresponda.
Art. 31°.- Si se tratare de bienes inmuebles, el expropiante deberá consignar ante el Juez respectivo el 80% del importe de la valuación que al efecto hubiere practicado la Comisión de Tasaciones. Efectuada dicha consignación, el Juez le otorgara la posesión del bien.
Si la expropiación versare sobre bienes que no sean inmuebles, el expropiante obtendrá la posesión inmediata de ellos, previa consignación judicial del valor que se hubiere fijado por el Organismo administrativo.
RETIRO DE LA SUMA DEPOSITADA
Art. 32°.- El expropiado podrá retirar la suma depositada previa justificación de su dominio, que el bien no reconoce hipoteca u otro derecho real y que no esta embargado ni pesan sobre el restricciones a la libre disposición de sus bienes.
Art. 33°.- La litis se anotara en el Registro de la Propiedad, siendo desde ese momento indisponible e inembargable el bien.
Art. 34°.- Otorgada la posesión judicial del bien, quedaran resueltos los arrendamientos, acordándose a los ocupantes un plazo de treinta (30) días para su desalojo, que el expropiante podrá prorrogar cuando a su juicio existan justas razones que así lo aconsejen.
Art. 35°.- La acción emergente de cualquier perjuicio que se irrogase a terceros por contratos de locación u otros que tuvieren celebrados con el propietario, se ventilara en juicio por separado.
Art. 36°.- Ninguna acción de terceros podrá impedir la expropiación ni sus efectos. Los derechos del reclamante se consideraran transferidos de la cosa a su precio o a la indemnización, quedando aquella libre de todo gravamen.
Art. 37°.- Mientras no haya sentencia firme, el expropiante podrá desistir de la expropiación, siendo las costas en el orden causado.
Art. 38°.- Es improcedente la caducidad de la instancia cuando en el juicio el expropiante haya tomado posesión del bien, judicial o extrajudicialmente.
Art. 39°.- La acción del expropiado para exigir el pago de la indemnización prescribe a los cinco (5) años, computados desde que el monto respectivo quede determinado con carácter firme y definitivo.
Art. 40°.- Para la transferencia del dominio de inmuebles al expropiante, no se requerirá escritura publica otorgada ante escribano, siendo suficiente al efecto la inscripción en el respectivo Registro de la Propiedad del decreto que apruebe el avenimiento o, en su caso, de la sentencia judicial que haga lugar a la expropiación.
Se agrega 2° párrafo por Dto. Ley 1301/83; Modificado por L. 723.
Art. 41°.- Las costas del juicio de expropiación serán soportadas:
Por el expropiante:
Cuando la indemnización que se fijare excediere de la ofrecida de mas de la mitad de la diferencia entre la suma ofrecida y la reclamada.
En el orden causado:
Cuando la indemnización no excediere de la cantidad señalada en el apartado anterior;
Cuando el expropiado no hubiese respondido al tramite de avenimiento o cuando en el mismo no hubiere expresado la suma pretendida;
Cuando el expropiado no hubiese contestado la demanda o en la misma no hubiere expresado la suma pretendida no obstante la presunción del Artículo 28°.
Cuando por razones fundadas y justificadas a juicio del Tribunal, aducidas en el tramite del avenimiento, no hubiere sido posible llegar a un acuerdo previo y siempre que mediare allanamiento en sede judicial.
En el caso del Artículo 37°.
En el caso del Artículo 9° cuando la exigencia no se hubiere formulado en sede administrativa.
Por la expropiada:
Cuando no siendo el caso contemplado en el apartado 2., d), de este artículo, se allanare a la demanda.
Cuando la indemnización se fijare en igual suma que la ofrecida por el expropiante.
Art. 42°.- Se tendrá por abandonada la expropiación salvo disposición expresa de ley especial si el expropiante no promueve el juicio dentro de los dos años de vigencia de la ley que la autorice, cuando se trate de llevarla a cabo sobre bienes individualmente determinados; de cinco años, cuando se trate de bienes comprendidos dentro de una zona determinada; y de diez años cuando se trate de bienes comprendidos en una remuneración genérica. No regirá la disposición precedente en los casos en que las leyes orgánicas de las municipalidades autoricen a estas a expropiar la porción de los inmuebles afectados a rectificaciones o ensanches de calles y ochavas, en virtud de las ordenanzas respectivas. Modificado por Ley 723.
EXPROPIACIÓN DIFERIDA
Art. 43°.- Las disposiciones contenidas en el primer párrafo del artículo anterior no serán aplicables en los casos de reserva de inmuebles para obras o planes de ejecución diferida, calificados por ley formal.
En tal supuesto se aplicaran las siguientes normas:
El expropiante, luego de declarar que se trata de una expropiación diferida, obtendrá la tasación del bien afectado con intervención de la Comisión de Tasaciones y notificara al propietario el importe resultante.
Si el valor de tasación fuere aceptado por el propietario, cualquiera de las partes podrá pedir su homologación judicial y, una vez homologado, dicho valor será considerado como firme para ambas partes, pudiendo reajustarse solo de acuerdo con el procedimiento previsto en el inciso d) del presente artículo.
Si el propietario no aceptara el valor de tasación ofrecida, el expropiante deberá solicitar judicialmente la fijación del valor del bien, de conformidad con las normas de los Artículos 11° y 12°. Serán de aplicación las normas contenidas en el Capitulo VII en lo que resultaren pertinentes.
La indemnización será reajustada en la forma prevista en el Artículo 11°.
Si durante la tramitación del caso y antes de que se dicte la sentencia definitiva el expropiante necesitara disponer en forma inmediata del inmueble, regirá lo dispuesto en los Artículos 31°, 32° y 33°.
Los inmuebles afectados podrán ser transferidos libremente a terceros, a condición de que el adquirente conozca la afectación y consienta el valor fijado, si esta estuviere determinada. Con tal finalidad una vez firme dicho valor, será comunicado de oficio por el ente expropiante o, en su caso, por el juzgado interviniente al Registro de la Propiedad Inmueble que corresponda. Los certificados que expida el Registro en relación con el inmueble afectado deberán hacer constar ese valor firme. En las escrituras traslativas de dominio de los inmuebles comprendidos en este artículo los escribanos que las autoricen deberán dejar esa constancia del conocimiento por el adquirente de la afectación o de su consentimiento del valor firme, según corresponda. Derogado por L. 723; y se procede al reordenamiento de los artículos.
DE LA RETROCESION
Art. 44°.- Procede la acción de retrocesión cuando al bien expropiado se le diere un destino diferente al previsto en la ley expropiatoria, o cuando no se le diere destino alguno en un lapso de dos años computados desde que la expropiación quedo perfeccionada con el pago de la indemnización.
Art. 45°.- Se entenderá que no hubo cambio de destino cuando el acordado al bien mantenga conexidad, interdependencia o correlación con el específicamente previsto en la ley.
Tampoco se considerara que medió cambio de destino si a una parte del bien expropiado se le asignara uno complementario o que tienda a integrar y facilitar el previsto por la ley.
Art. 46°.- La retrocesión también procede en los supuestos en que el bien hubiere salido del patrimonio de su titular por el procedimiento de avenimiento.
Art. 47°.- La retrocesión no solo podrá lograrse por acción judicial, sino también mediante avenimiento o gestión administrativa.
Art. 48°.- Cuando al bien no se le hubiere dado destino alguno dentro del plazo mencionado en el Artículo 44°, a efectos de la acción de retrocesión el expropiado deberá intimar fehacientemente al expropiante para que le asigne al bien el destino que motivo la expropiación.
Transcurridos seis meses desde esa intimación sin que el expropiante le asignare al bien ese destino, o sin que hubiere iniciado los respectivos trabajos, los que deberá mantener conforme a los planes de obras aprobados, la acción de retrocesión quedara expedita, sin necesidad de reclamo administrativo previo.
Si al bien se le hubiera dado un destino diferente al previsto en la ley expropiatoria, deberá formularse el reclamo administrativo previo. Ver L.723
Art. 49°.- Si el bien expropiado hubiere cumplido la finalidad que motivo la expropiación, y por esa circunstancia quedara desvinculada de aquella finalidad, la retrocesión será improcedente.
Art. 50°.- Es admisible la acción de retrocesión ejercida parcialmente sobre una parte del bien expropiado.
Art. 51°.- Para que la retrocesión sea procedente se requiere:
Que la expropiación que la motiva haya quedado perfeccionada, en la forma prevista en el Artículo 44°.
Que se dé algunos de los supuestos que prevé dicho artículo y en su caso se cumpliese lo dispuesto en el Artículo 48°.
Que el accionante, dentro del plazo que fija la sentencia, reintegre al expropiante lo que percibió de este en concepto de precio o de indemnización, con la actualización que correspondiere.
Si el bien hubiere disminuido de valor por actos del expropiante, esa disminución será deducida de lo que debe ser reintegrado por el accionante.
Si el bien hubiere aumentado de valor por mejoras necesarias o útiles introducidas por el expropiante, el expropiado deberá reintegrar el valor de las mismas. Si el bien hubiere aumentado de valor por causas naturales, el reintegro de dicho valor no será exigido al accionante. Si el bien, por causas naturales hubiere disminuido de valor, el monto de esa disminución no será deducido del valor a reintegrar por el accionante. Ver L. 723.-
Art. 52°.- Cuando la expropiación se hubiere llevado a cabo mediante avenimiento, la acción de retrocesión deberá promoverse ante el Juez que debería haber entendido en el caso de que hubiere existido un juicio de expropiación.
Art. 53°.- Si la expropiación se hubiere efectuado mediante juicio, la demanda de retrocesión debe radicarse ante el mismo juzgado que intervino en el juicio de expropiación.
Art. 54°.- La acción de retrocesión corresponde únicamente al propietario expropiado y a sus sucesores universales.
Art. 55°.- La retrocesión podrá ser demandada contra el expropiante o contra este y los terceros a quienes hubiere sido transferido el bien.
Art. 56°.- El procedimiento aplicable en el juicio de retrocesión y la naturaleza de la litis, serán los establecidos para el juicio de expropiación.
Art. 57°.- Si en la sentencia se hiciere lugar a la acción, deberá establecerse la suma que debe reintegrar el accionante por retrocesión y el plazo en que ha de hacerlo; asimismo se establecerá el plazo en que el expropiante debe devolver el bien expropiado.
Art. 58°.- La devolución del bien al expropiado deberá hacerse libre de todo ocupante, cargas, gravámenes y servidumbre que hubiere tenido lugar después de la desposesión.
Art. 59°.- La acción de retrocesión prescribe a los tres años, computados desde que, habiendo quedado perfeccionada la expropiación en la forma prevista en el Artículo 44°, al bien se le dio un destino ajeno al que la determino, o desde que no habiéndosele dado al bien destino alguno, hubieran transcurridos los plazos previstos en los Artículos 44° y 48°.
El tramite previsto en el Artículo 48° suspende el curso de esta prescripción. Ver L. 723.-
Art. 60°.- Procede la acción de expropiación irregular en los siguientes casos:
Cuando existiendo una ley que declara de utilidad publica un bien, el Estado lo toma sin haber cumplido con el pago de la respectiva indemnización.
Cuando, con motivo de la ley de declaración de utilidad publica, de hecho una cosa mueble resulte indisponible por evidente dificultad o impedimento para disponer de ella en condiciones normales.
Cuando el Estado imponga al derecho del titular de un bien o cosa una indebida restricción o limitación que importen una lesión a su derecho de propiedad, existiendo ley que declare la utilidad publica.
Art. 61°.- No corresponde la acción de expropiación irregular cuando el Estado paraliza o no activa los procedimientos después de haber obtenido la posesión judicial del bien.
Art. 62°.- El que accione por expropiación irregular esta exento de la reclamación administrativa previa.
Art. 63°.- En el juicio de expropiación irregular los valores indemnizables serán fijados en la misma forma prevista para el juicio de expropiación regular, contemplada en el Artículo 11° y siguientes de la presente ley.
Art. 64°.- Las normas del procedimiento judicial establecidas para la expropiación regular, rigen también para la expropiación irregular, en cuanto fueran aplicables.
Art. 65°.- La acción de expropiación irregular prescribe a los cinco años, computados desde la fecha en que tuvieron lugar los actos o comportamientos del Estado que tornen viable la referida acción.
DE LA OCUPACIÓN TEMPORANEA
Art. 66°.- Cuando, por razones de utilidad publica fuese necesario el uso transitorio de un bien o cosa determinada, mueble o inmueble, o de una universalidad determinada de ellos, podrá recurrirse a la ocupación temporánea.
Art. 67°.- La ocupación temporánea puede responder a una necesidad anormal, urgente, imperiosa, o súbita, o a una necesidad normal no inminente.
Art. 68°.- La ocupación temporánea anormal, puede ser dispuesta directamente por la autoridad administrativa, y no dará lugar a indemnización alguna, salvo la reparación de los daños o deterioros que se causaren a la cosa o el pago de daños y perjuicios debidos por el uso posterior de la cosa en menesteres ajenos a los que estrictamente determinaron su ocupación.
Art. 69°.- Ninguna ocupación temporánea anormal tendrá mayor duración que el lapso estrictamente necesario para satisfacer la respectiva necesidad.
Art. 70°.- La ocupación temporánea por razones normales, previa declaración legal de utilidad publica, podrá establecerse por avenimiento; de lo contrario deberá ser dispuesta por la autoridad judicial, a requerimiento de la Administración Publica.
Art. 71°.- La ocupación temporánea normal apareja indemnización siendo aplicable en subsidios las reglas vigentes, en materia de expropiación.
La indemnización a que se refiere el presente artículo comprenderá el valor del uso y los daños y perjuicios ocasionados al bien o cosa ocupados así como también el valor de los materiales que hubiesen debido extraerse necesaria e indispensablemente con motivo de la ocupación.
Art. 72°.- El bien ocupado no podrá tener otro destino que el que motivo su ocupación.
Art. 73°.- Ninguna ocupación temporánea normal puede durar mas de dos años; vencido este lapso, el propietario intimara fehacientemente la devolución del bien. Transcurridos treinta días desde dicha intimación sin que el bien hubiere sido devuelto, el propietario podrá exigir la expropiación del mismo, promoviendo una acción de expropiación irregular.
Art. 74°.- El procedimiento judicial establecido para el juicio de expropiación es aplicable, en lo pertinente, al juicio de ocupación temporánea normal.
Art. 75°.- Sin conformidad del propietario, el ocupante temporáneo de un bien o cosa, no puede alterar la sustancia del mismo ni extraer o utilizar de este elementos que lo integren sin perjuicio del supuesto previsto en el Artículo 71°, ultima parte.
Art. 76°.- Si la ocupación temporánea afectase a terceros, los derechos de estos se harán valer sobre el importe de la indemnización.
Art. 77°.- La acción del propietario del bien ocupado para exigir el pago de la indemnización prescribe a los cinco años computados desde que el ocupante tomo posesión del bien.
Art. 78°.- Todo aquel que a titulo de propietario, de simple poseedor, o a mérito de cualquier otro titulo, resistiere de hecho la ejecución de los estudios u operaciones técnicas que en virtud de la presente ley fuesen dispuestos por el Estado, se hará pasible de una multa del 10% al 1000% del salario mínimo vital móvil vigente por entonces, al arbitrio del Juez, quien procederá a su aplicación, previo informe sumarísimo del hecho, sin perjuicio de oír al imputado y resolver como corresponda.
La multa se exigirá por vía ejecutiva.
Art. 79°.- La presente ley se aplicara, exclusivamente, a las causas que se inicien a partir de su vigencia. No obstante, en los juicios en tramite el expropiante podrá proponer la adquisición del bien por vía de avenimiento, en la forma prevista en el Titulo V. A tal efecto, la Administración lo manifestara en el juicio correspondiente, suspendiéndose desde entonces los tramites del mismo hasta tanto se presente el acto administrativo que resuelva el tramite extrajudicial.
En caso de avenimiento se procederá conforme a lo dispuesto por el Artículo 40°, desistiéndose las costas en el orden causado.
Art. 80°.- Derógase la Ley N° 82 y toda otra disposición que se oponga a la presente.
Art. 81°.- Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, publíquese y archívese.-
Publicado en Boletin Oficial N.º 958/77 de fecha 27 de Abril de 1977, págs. 1 a 14.
General de Brigada (RE)
Texto de L. 723:
Artículo 1: Modifícase los artículos 40 y 42 del decreto-ley 490/77, los que quedarán redactados de la siguiente manera.
“Art. 40.- Para la transferencia del dominio del inmueble al expropiante, no se requerirá escritura pública otorgada ante escribano, siendo suficiente al efecto la inscripción en el respectivo Registro de la Propiedad del acto administrativo que apruebe el avenimiento o en su caso, de la instancia judicial que haga lugar la expropiación. También notificado que fuere el propietario de la consignación, y a requerimiento del expropiante, el juez declarará transferida la propiedad, sirviendo el acto y sus antecedentes suficiente título traslativo que deberá ser inscripto en el Registro de la Propiedad. Esta facultad podrá ser ejercitada por el expropiante en los juicios actualmente en trámite”.
“Art. 42.- Se tendrá por abandonada la expropiación- salvo disposición expresa de ley especial- si el expropiante no promueve el juicio dentro de los dos años de vigencia de la ley que la autorice”.
Artículo 2: Derógase el artículo 43 del decreto-ley 490/77.
Artículo 3: En el nuevo ordenamiento del articulado del decreto-ley 490/77, en el artículo 47 donde dice “artículo 44” debe decir “artículo 43”. En el artículo 50, inciso a) donde dice “artículo 44” debe decir “43”, y en el inciso b) donde dice “artículo 48” debe decir “artículo 47”. En el artículo 58 donde dice “artículo 44” debe decir “artículo 43”, en el primer párrafo, y en la última parte donde dice “artículos 44 y 48” debe decir “artículos 43 y 47”.
Artículo 4: Comuníquese al poder ejecutivo, publíquese y archívese.
Sancionada en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y siete.-
Publicado en Boletin Oficial N.º 3607 de fecha 22 de Diciembre de 1987; pág. 35.
E.J.J. Tomás Presidente Provisional/ V.L. Morilla Secretario.-

References: Artículo 5

Artículo 1
 Artículo 60
 Artículo 17
 Artículo 22
 Artículo 40
 artículo 41
 Artículo 29
 Artículo 26
 Artículo 31
 Artículo 28
 Artículo 37
 Artículo 9
 Artículo 11
 Artículo 44
 Artículo 44
 Artículo 48
 Artículo 44
 Artículo 48
 Artículo 11
 Artículo 71
 Artículo 40

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 43

Artículo 3
 artículo 47
 artículo 50
 artículo 58

Artículo 4