Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2009-0090&language=ES
Timestamp: 2019-08-25 02:26:53+00:00

Document:
Textos aprobados - Miércoles 25 de noviembre de 2009 - Programa plurianual 2010-2014 relativo al Espacio de libertad, seguridad y justicia (programa de Estocolmo) - P7_TA(2009)0090
Procedimiento : 2009/2534(RSP)
Ciclo relativo al documento : B7-0155/2009
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Miércoles 25 de noviembre de 2009 - Estrasburgo Edición definitiva
Programa plurianual 2010-2014 relativo al Espacio de libertad, seguridad y justicia (programa de Estocolmo)
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2009, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada "Un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos − Programa de Estocolmo"
– Vistos el Tratado de Lisboa y, en particular, sus disposiciones relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia (LSJ) y su nuevo marco jurídico para la protección de los derechos humanos y la consolidación de la ciudadanía de la Unión, los artículos 2, 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea en su versión modificada por el Tratado de Lisboa, el Protocolo nº 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), añadido por el Tratado de Lisboa, relativo a la adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Carta), que tiene el mismo valor jurídico que los Tratados,
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de junio de 2009, titulada "Un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos" (COM(2009)0262), en la que la Comisión presenta sus prioridades para el ELSJ para 2010-2014, junto con la evaluación del Programa de La Haya y del Plan de acción (COM(2009)0263) y la supervisión de la ejecución del programa (SEC(2009)0765), así como las contribuciones aportadas por los Parlamentos nacionales, la sociedad civil y las agencias y los organismos de la Unión Europea,
– Visto el proyecto de documento, de 16 de octubre de 2009, elaborado por la Presidencia del Consejo y titulado "El Programa de Estocolmo − Una Europa abierta y segura al servicio de los ciudadanos" (14449/09),
– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Asuntos Constitucionales, celebradas de conformidad con el artículo 51 del Reglamento,
A. Considerando que, desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el ELSJ ha sido un objetivo esencial de la Unión Europea; que es fundamental recuperar el espíritu inicial del Programa de Tampere, que abarcaba determinados aspectos del Derecho penal y civil y se centraba en el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
B. Considerando que la globalización afecta no sólo al sector financiero, sino también, y cada vez en mayor medida, al ELSJ; considerando que se impone un enfoque político más integral, así como medidas destinadas a hacer frente a los asuntos urgentes de migración y asilo, por lo que es necesario profundizar los intercambios y la cooperación entre los responsables de las políticas de justicia y asuntos de interior, desarrollo, comercio internacional y asuntos sociales,
C. Considerando que el Tratado de Lisboa, aprobado recientemente bien mediante votación parlamentaria o bien mediante referéndum, remodelará los fundamentos jurídicos, los objetivos, los instrumentos y los métodos de toma de decisiones de las políticas relativas al ELSJ,
D. Considerando que los derechos y la función institucional atribuidos por primera vez por el Tratado de Lisboa a los Parlamentos nacionales tendrán repercusiones positivas en el desarrollo y el funcionamiento del ELSJ, en particular porque se garantizará mejor el respeto del principio de subsidiariedad,
E. Considerando que en numerosos ámbitos de la política en materia de justicia y asuntos de interior las soluciones nacionales ya no resultan adecuadas y que es necesario, por consiguiente, desarrollar respuestas europeas a los desafíos internacionales de la migración, la seguridad y la tecnología, incluida la tecnología de la información y de las comunicaciones,
F. Considerando que el desmantelamiento de los controles en las fronteras interiores de la Unión Europea es uno de los mayores logros de la integración europea,
G. Considerando que los ciudadanos están representados directamente a escala de la Unión por medio del Parlamento Europeo y que los Estados miembros están representados en el Consejo por medio de sus respectivos Gobiernos, que, por su parte, deben rendir cuentas de forma democrática ante sus Parlamentos nacionales; considerando que, por consiguiente, el refuerzo necesario de la representación parlamentaria de la Unión Europea debe basarse, por una parte, en la ampliación de las competencias del Parlamento Europeo con respecto a todo el proceso de toma de decisiones de la Unión y, por otra, en un mayor control de los Gobiernos nacionales por parte de sus respectivos Parlamentos,
H. Considerando que las medidas conjuntas deben limitarse al ámbito de competencias de la Comunidad y que sólo deben adoptarse enfoques europeos cuando prometan tener más éxito que las acciones nacionales,
I. Considerando que deben preservarse los derechos y los derechos de protección de los ciudadanos de la Unión Europea, especialmente en lo relativo a la protección de datos, y que la política común en materia de justicia y asuntos de interior debe seguir sujeta al control parlamentario,
J. Considerando que, en el proceso legislativo, debe predominar la transparencia y que los Parlamentos nacionales y los ciudadanos deberían poder supervisar y controlar la definición y ejecución de las políticas relativas al ELSJ,
K. Considerando que la adhesión de la Unión al CEDH, prevista por el Tratado de Lisboa, no afectará a la protección de los derechos fundamentales en la Unión, basada en la Carta y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y supondrá un valioso elemento de protección suplementaria, aunque deberá tenerse en cuenta la necesidad de establecer una distinción clara entre las competencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las del Tribunal de Justicia,
L. Considerando que, con el fin de luchar contra la delincuencia organizada, el fraude y la corrupción de forma enérgica y oportuna, así como de proteger los intereses financieros de la Unión Europea, es necesario reforzar la cooperación policial y judicial, involucrar a Europol y a Eurojust de forma más sistemática en las investigaciones, crear la figura del Fiscal Europeo y lograr resultados eficaces y mensurables, y considerando que los ciudadanos comunitarios desean que la Unión Europea desempeñe un papel más significativo en la lucha contra la corrupción,
M. Considerando que, en el ámbito de la justicia civil, las prioridades para los cinco próximos años deben reflejar las necesidades expresadas por los ciudadanos y las empresas individuales,
N. Considerando que el reconocimiento mutuo, como piedra angular del ELSJ, requiere confianza recíproca y confianza en los sistemas jurídicos de otros países, y que estos valores sólo pueden garantizarse mediante el conocimiento y la comprensión mutuos, creando así una cultura judicial europea,
O. Considerando que el espacio judicial europeo debe basarse en una cultura judicial europea compartida por los profesionales del Derecho, la judicatura y los fiscales que no se base únicamente en el Derecho comunitario, sino que se desarrolle mediante el conocimiento mutuo y la comprensión mutuos de los sistemas judiciales nacionales, la remodelación completa de los estudios universitarios, los intercambios, los viajes de estudios y la formación común con el apoyo activo de la Red Europea de Formación Judicial y la Academia de Derecho Europeo,
P. Considerando que la confianza mutua depende, asimismo, de una valoración continua de la eficacia y los resultados de los diversos sistemas nacionales, realizada a escala tanto nacional como europea; considerando que, en este sentido, debe mencionarse la labor inestimable que lleva a cabo la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia en el Consejo de Europa,
Q. Considerando que las redes europeas en los diversos sectores del sistema judicial (Red Europea de Formación Judicial, Red Europea de Consejos del Poder Judicial, Red de Presidentes de Tribunales Supremos de la Unión Europea, Red Eurojustice de Fiscales Generales Europeos, Red Judicial Europea en materia civil y mercantil y redes de profesionales del Derecho) deben contribuir activamente a la realización ulterior de una cultura judicial europea; y teniendo en cuenta su Resolución, de 10 de septiembre de 1991, sobre la creación de una Academia Europea de Derecho para la Comunidad Europea(1) , su Resolución, de 24 de septiembre de 2002, sobre la adopción de una Decisión del Consejo por la que se crea una red europea de formación judicial(2) , su Resolución, de 9 de julio de 2008, sobre el papel del juez nacional en el sistema judicial europeo(3) , y su Recomendación al Consejo, de 7 de mayo de 2009, sobre el desarrollo de un espacio de justicia penal en la Unión Europea(4) ,
R. Considerando que los delitos informáticos se han incrementado de forma significativa en los últimos años, lo que entraña retos judiciales más complejos y supone una carga para las capacidades de los tribunales; considerando que, a la vista de estos hechos, es necesario examinar la posibilidad de crear un Tribunal Europeo de Asuntos Informáticos que esté especializado en cuestiones relacionadas con los delitos informáticos,
El ELSJ en el marco del Tratado de Lisboa
1. Observa que es probable que el nuevo programa plurianual en el ámbito del ELSJ se apruebe y aplique con arreglo al nuevo marco jurídico definido por el Tratado de Lisboa, por lo que ya debe incorporar todas las innovaciones incluidas en éste, según las cuales:
– la cooperación Schengen, que consagra la libre circulación de las personas dentro de la Unión Europea, queda confirmada como núcleo del ELSJ, y debe seguir ampliándose la zona Schengen;
– la protección y promoción de los derechos fundamentales de todas las personas y la construcción de una Europa de derechos, justicia, solidaridad y diversidad constituyen valores fundamentales e indivisibles de las políticas europeas; son una prioridad máxima de la agenda europea, y las instituciones de la Unión Europea deben respetar el principio de igualdad de derechos para todos;
– el proceso de toma de decisiones se reforzará mediante el uso del procedimiento legislativo ordinario, todo ello bajo la supervisión judicial del Tribunal de Justicia;
– determinadas salvaguardias adicionales garantizarán el estricto respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en el ELSJ, dado que varios Parlamentos nacionales puede iniciar el "procedimiento de alerta", y que cada Estado miembro tiene derecho a utilizar en solitario un "freno de emergencia" cuando considere que un proyecto de acto legislativo relativo al ámbito de la cooperación judicial en materia penal puede afectar a elementos esenciales de su ordenamiento jurídico nacional; el uso del "freno de emergencia" llevará normalmente a una cooperación reforzada entre un núcleo de Estados que deseen integrar sus políticas;
2. Señala que la actuación de la Unión Europea tendrá más credibilidad, ya que se basará en un fundamento jurídico nuevo o reformado con nuevas disposiciones en materia de protección de los derechos fundamentales, incluidos los derechos de las minorías nacionales, nuevas disposiciones para evitar todas las formas de desigualdad, especialmente entre hombres y mujeres (artículo 8 del TFUE) o toda forma de discriminación (artículo 10 del TFUE), disposiciones para promover la transparencia en todas las instituciones y los órganos y organismos de la Unión Europea (artículo 15 del TFUE), disposiciones sobre la protección de los datos de carácter personal frente a los abusos de los organismos privados o públicos (artículo 16 del TFUE), sobre la protección consular y diplomática (artículo 23 del TFUE), sobre las políticas comunes en los ámbitos del asilo y la inmigración (artículo 77 y siguientes del TFUE), sobre el refuerzo de la integración de los nacionales de terceros países (artículo 79, apartado 4, del TFUE), y sobre la mejora de la buena administración (artículo 298 del TFUE);
3. Destaca la importancia que reviste la ampliación sin restricciones de las competencias del Tribunal de Justicia, tanto para dictar decisiones prejudiciales sobre toda cuestión relativa al ELSJ como para permitir a la Comisión incoar procedimientos de infracción(5) ;
4. Señala que la existencia de cláusulas de exención nacionales hace que el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos y las empresas en todo el ELSJ europeo sea más complicado y menos transparente, y que, por ello, estas cláusulas deberían evitarse en la medida de lo posible en aras de la equidad, la coherencia y la sencillez;
5. Se congratula de que el Tratado de Lisboa establezca el procedimiento de codecisión como procedimiento legislativo ordinario en los ámbitos del ELSJ en los que no se aplicaba hasta la fecha, asegurando así que los distintos aspectos de la política europea en materia de justicia y asuntos de interior, así como las medidas adoptadas para aplicarla, pasen a quedar bajo control parlamentario; considera que la participación del Parlamento Europeo en la ratificación de los acuerdos internacionales no es sino el complemento necesario de las competencias y responsabilidades que le serán reconocidas a nivel interno, especialmente en lo relativo a los asuntos comprendidos en el tercer pilar actual;
6. Considera que el principio de solidaridad entre los Estados miembros, y entre los Estados miembros y la Unión, adquiere en el ELSJ una importancia especial y debe transformarse en solidaridad activa y obligatoria especialmente en lo que se refiere al control en las fronteras, la inmigración, la protección civil y la cláusula de solidaridad;
7. Destaca que la Unión Europea se fundamenta en el principio de libertad; señala que, en aras de dicha libertad, la seguridad ha de alcanzarse desde el Estado de Derecho y respetando las obligaciones vinculadas a los derechos fundamentales; establece que el equilibro entre seguridad y libertad debe enmarcarse en esta perspectiva;
Un programa plurianual más coherente, transparente y democrático
8. Considera que el Programa de Estocolmo debe, en particular:
– tratar de forma solidaria los problemas de la migración;
– hallar un equilibrio más adecuado entre la seguridad de los ciudadanos (por ejemplo, la protección de las fronteras exteriores o la persecución de los delitos transfronterizos) y la protección de sus derechos individuales;
– ofrecer a los ciudadanos un acceso equitativo a la justicia; y
– resolver los problemas prácticos a que se enfrentan los ciudadanos en la Unión Europea en asuntos sometidos a ordenamientos jurídicos distintos;
9. Considera que la aplicación de este Programa debe tener como objetivo prioritario garantizar, en un espíritu de cooperación leal, que los ciudadanos disfruten de un nivel equivalente de protección de sus derechos fundamentales allí donde se encuentren, cuando se vean confrontados a un poder público ejercido por la Unión, incluidas las agencias y otros organismos, o por los Estados miembros, y que nadie se vea perjudicado en el ejercicio de las libertades fundamentales conferidas a todos los ciudadanos de la Unión de conformidad con la tradición de los derechos humanos y del Estado de Derecho común a los Estados miembros;
10. Señala que, en el nuevo marco jurídico e institucional creado por el Tratado de Lisboa, las actuaciones en el ELSJ sólo podrán desarrollarse si se asocia adecuadamente al Parlamento Europeo, a los Parlamentos nacionales y a la sociedad civil, con objeto de instaurar un debate abierto y permanente;
11. Pide que el proceso legislativo, a escala tanto de la Unión Europea como nacional, sea más transparente, y acoge favorablemente el uso del procedimiento legislativo ordinario, que garantizará la aplicación más amplia posible del derecho de acceso a los documentos y a la información en el proceso de toma de decisiones, especialmente cuando una propuesta pueda afectar a los derechos del individuo y del ciudadano, independientemente de que la iniciativa haya sido presentada por la Comisión o por un grupo de Estados miembros;
12. Declara ‐en aras de un proceso legislativo transparente a escala internacional, en el que la Comisión ha obtenido competencias comunitarias mientras que el Parlamento mantiene simplemente el derecho al dictamen conforme, como ha puesto especialmente de manifiesto la evolución observada en la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado‐ que está determinado a seguir de cerca la evolución de esta Conferencia; se compromete a promover la creación de un foro parlamentario, abierto a los diputados al PE y a los diputados de los Parlamentos nacionales que estén interesados, con el fin de ofrecer un medio para informar a los parlamentarios sobre lo sucedido en la Conferencia, así como su labor y sus logros, y permitir el debate de los diversos asuntos en un foro público;
13. Se congratula de que el Tratado de Lisboa haya creado un marco para la evaluación de las políticas relativas al ELSJ, y solicita el establecimiento de un sistema concreto de seguimiento y evaluación, especialmente en el ámbito de la justicia, que se centre en la calidad, la eficacia y la equidad de los instrumentos jurídicos existentes, de la administración de justicia y de la protección de los derechos fundamentales, en estrecha asociación con el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales; por ello:
– observa que en la actualidad existen diversos sistemas de evaluación en el ELSJ y que éstos han de consolidarse en un marco único y coherente que abarque todos los aspectos, desde las evaluaciones ex ante hasta la evaluación de la aplicación de la legislación;
– considera que deben coordinarse mejor las evaluaciones realizadas por distintos organismos de la Unión Europea;
– pide que se cree un sistema de evaluación que dote al Parlamento y a los Parlamentos nacionales de acceso a la información relacionada con las políticas de la Unión (artículo 70 del TFUE) y las actividades del Comité de Seguridad Interior (artículo 71 del TFUE), así como de Europol (artículo 88 del TFUE) y Eurojust (artículo 85 del TFUE), junto con la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (Frontex), la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y el Sistema de Schengen; considera que, en este marco, el Parlamento debería tener derecho a emitir una opinión vinculante sobre el nombramiento de los directores de las agencias (ya que el Parlamento es también la Autoridad Presupuestaria);
– considera asimismo que, para enmarcar la cooperación del Parlamento con los Parlamentos nacionales dentro del ELSJ, convendría crear un foro permanente de representantes a nivel político (dos por cámara + dos suplentes), que se reuniría dos veces al año y compartiría un espacio de trabajo común en el que se podría intercambiar en tiempo real toda la información, incluso la de carácter restringido, relacionada con el ELSJ; considera por último que los representantes de los Parlamentos nacionales deberían poder asistir a los trabajos del Parlamento en las comisiones y a su debate anual sobre los avances del ELSJ;
14. Considera que debe darse prioridad a la reducción de la importante divergencia existente entre las normas y las políticas adoptadas a nivel europeo y su aplicación a nivel nacional;
15. Pide que se realice una evaluación periódica de los logros del programa plurianual, que habrá de someterse a un debate anual en el Parlamento Europeo, en la que se involucre a la sociedad civil y que se centre en la protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea y se base en informes del Consejo, la Comisión, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como en evaluaciones y estudios realizados por expertos independientes, aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil y resoluciones del Parlamento;
16. Considera que una protección y una promoción eficaces de los derechos fundamentales constituyen la base de la democracia en Europa y son condiciones previas para la consolidación del ELSJ; cree firmemente, por lo tanto, que incumbe al Consejo y a la Comisión la responsabilidad de proponer activamente medidas para promover los derechos fundamentales;
17. Recuerda, asimismo, que la Unión está en vías de adhesión al CEDH y que, por consiguiente, deben entablarse inmediatamente las negociaciones con miras a la adhesión de la Unión a este Convenio;
18. Pide a la Comisión que consolide el acuerdo interinstitucional a la luz del Tratado de Lisboa y de las consecuencias de los vínculos entre el CEDH, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las instituciones de la Unión Europea;
19. Pide que se presente una propuesta clara y exhaustiva sobre los derechos que han de otorgarse a los inculpados para garantizarles un juicio justo, y rechaza el planteamiento gradual que se adopta en la actualidad;
20. Recuerda que, una vez entre en vigor el Tratado de Lisboa, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión será tan vinculante como los Tratados y se aplicará en su totalidad a todas las medidas adoptadas en el ámbito del ELSJ, y que su observancia quedará bajo el control del Tribunal de Justicia; lamenta, no obstante, la introducción del protocolo que limita los efectos de la Carta en la legislación nacional de dos Estados miembros, y reitera su inquietud por la desigualdad que esta medida puede conllevar;
21. Solicita que se lleve a cabo una revisión profunda e imparcial de la necesidad, la proporcionalidad y la eficacia de las actuales medidas en el espacio de libertad y justicia, incluido su impacto sobre la protección y el fomento de los valores y principios de la Unión Europea y de los derechos fundamentales de los ciudadanos; pide que, para toda nueva política, propuesta legislativa y programa, se efectúe una evaluación de impacto respecto de los derechos fundamentales y los valores de la Unión Europea, y que dicha evaluación indique claramente qué derechos fundamentales podrían verse afectados y qué medidas se han previsto para proteger dichos derechos de conformidad con los principios de proporcionalidad y necesidad; considera que debe consultarse a la Agencia de los Derechos Humanos durante el ciclo político de las propuestas legislativas que tengan implicaciones para los derechos fundamentales y los derechos humanos y pide a la Comisión que proporcione una respuesta oficial a cada informe de la Agencia de los derechos humanos en la que se incluya una lista de las medidas propuestas para abordar las cuestiones suscitadas por dicha Agencia;
22. Pide que la promoción de los valores de la Unión Europea, incluida la integración de los derechos humanos, sea considerada de forma permanente como un objetivo fundamental de los acuerdos de la Unión Europea con terceros países, así como en toda la dimensión exterior del ELSJ, especialmente habida cuenta de los nuevos instrumentos que para este propósito prevé el Tratado de Lisboa; reconoce la importancia de una política interna adecuada y coherente en materia de derechos humanos que permita adquirir y conservar la credibilidad necesaria en el exterior;
23. Considera que la pena de muerte es una pena cruel, inhumana y degradante, e insta a la Unión y a sus Estados miembros a que se esfuercen enérgicamente por lograr su abolición en todos los países del mundo;
24. Pide que la dimensión exterior de las políticas relacionadas con el ELSJ respete, proteja y fomente los derechos humanos y las libertades fundamentales, e insta a que la cooperación internacional se base en esos valores, a que no se justifique la tortura, a que se ponga fin definitivamente a las entregas extraordinarias y a que se investiguen debidamente esas prácticas con objeto de garantizar que no se reanuden en el futuro;
Lucha contra la discriminación y fomento de la integración
25. Pide que se adopten medidas para informar plenamente a los ciudadanos comunitarios y a los residentes en la Unión Europea de sus derechos fundamentales, incluyendo campañas de concienciación dirigidas tanto al público en general como a los grupos vulnerables, iniciativas pedagógicas informales y la integración de los conceptos de no discriminación e igualdad en los programas de estudios oficiales, y solicita que las instituciones de la Unión Europea y de los Estados miembros activas en el ELSJ sean más conscientes de la importancia crucial de los derechos fundamentales y que se determinen vías de recurso, ya sea a escala nacional o europea, en los casos en que se violen esos derechos;
26. Subraya que debe hacerse frente a la creciente intolerancia dentro de la Unión Europea no sólo mediante la plena aplicación de la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal(6) , sino también mediante otras medidas legislativas a escala europea en el ámbito de los delitos provocados por el odio;
27. Considera que la diversidad enriquece a la Unión y que la Unión debe ser un entorno seguro en el que se respeten las diferencias y las sensibilidades nacionales y se proteja a las personas más vulnerables, como la comunidad romaní; insiste, por consiguiente, en que una de las prioridades del Programa de Estocolmo debe consistir en promover activamente la concienciación sobre la legislación contra la discriminación y sobre la igualdad de género, así como luchar contra la pobreza y contra la discriminación por motivos de género, orientación sexual, edad, discapacidad, pertenencia a una religión o convicciones religiosas, color, ascendencia, origen nacional o étnico, el racismo, el antisemitismo, la xenofobia y la homofobia, y proteger a los niños y a las minorías; considera que deben utilizarse y aplicarse plenamente y con firmeza los instrumentos y las medidas existentes para atajar la violencia contra las mujeres; pide, por consiguiente, a la Presidencia española y a las presidencias sucesivas que durante sus mandatos impulsen la orden europea de protección, con objeto de garantizar que las víctimas de esos delitos dispongan del mismo nivel de protección en todos los Estados miembros;
28. Recuerda que, desde el punto de vista de un ciudadano normal, una de las principales amenazas para la seguridad interior es la exclusión social; señala que el desempleo y otros problemas de ingresos, como el endeudamiento excesivo, agravado por la crisis financiera mundial, aumentan el riesgo de exclusión, y que las minorías étnicas son muy vulnerables, ya que también corren el riesgo de convertirse en víctimas de la discriminación y de delitos racistas;
29. Pide que la Agencia de los Derechos Fundamentales recopile datos y elabore estadísticas fiables y comparables sobre todos los motivos de discriminación, incluida la discriminación de las minorías nacionales, que dé el mismo trato a esos diferentes motivos, incluidos datos comparativos sobre la violencia ejercida contra las mujeres en la Unión Europea, y que publique dichas estadísticas de forma fácilmente comprensible, y comparte la opinión del trío de Presidencias del Consejo (española, belga y húngara) de que debe efectuarse lo antes posible una revisión del mandato de la Agencia de los Derechos Fundamentales y de que dicha revisión ofrecerá la oportunidad de incrementar la cooperación con el Consejo de Europa y permitirá examinar la posibilidad de ampliar el mandato de la Agencia, que actualmente consiste en examinar la situación de los derechos fundamentales en el territorio de la Unión Europea;
30. Se reafirma en que la Unión y los Estados miembros deben unir sus esfuerzos para lograr la plena inserción de los grupos vulnerables, en particular la comunidad romaní, en la sociedad, promoviendo su integración en el sistema escolar y en el mercado de trabajo y tomando medidas para prevenir la violencia de la que puedan ser objeto;
31. Destaca que, si bien los legisladores y los responsables políticos de la Unión Europea han adoptado un amplio paquete legislativo para luchar contra la discriminación múltiple que sufren las mujeres procedentes de minorías, en particular las mujeres romaníes, no se puede constatar un progreso significativo en este ámbito; pide, por consiguiente, a los Estados miembros que revisen la aplicación de todas las políticas relacionadas con el fenómeno de la discriminación múltiple;
32. Considera esencial que la Unión Europea elabore una directiva y un plan de acción europeo sobre la violencia contra las mujeres que garanticen la prevención de la violencia, la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los maltratadores; considera asimismo necesario que la Unión Europea establezca mecanismos para garantizar que la dimensión de género y el análisis de la trata de seres humanos forman parte de todas las políticas de prevención y lucha contra la trata de seres humanos;
Derechos reforzados vinculados a la ciudadanía de la Unión
33. Señala que, con la introducción de la iniciativa ciudadana en el Tratado de Lisboa, los ciudadanos participarán directamente en el ejercicio de las competencias soberanas de la Unión al estar directamente asociados, por primera vez, en el lanzamiento de propuestas legislativas europeas; pide encarecidamente que este nuevo instrumento se aplique de manera que realmente se aliente a las personas a utilizarlo, e insta a la Comisión a que tenga debidamente en cuenta todas las iniciativas que cumplan los criterios legales;
34. Acoge favorablemente la inclusión de una iniciativa ciudadana en el Tratado de Lisboa, e insta a la Comisión a que tenga debidamente en cuenta el papel del Parlamento y el actual derecho de petición cuando presente una propuesta sobre las modalidades prácticas de aplicación de dicha iniciativa;
35. Manifiesta su intención de lanzar una nueva propuesta de reforma fundamental de la ley que rige las elecciones al Parlamento Europeo; reitera su opinión de que, para incitar a los ciudadanos europeos a participar en las elecciones europeas en su lugar de residencia, el Consejo, en las disposiciones que ha de adoptar, debe tomar medidas para facilitar los derechos de voto activos y pasivos;
36. Pide a los Estados miembros que respeten plenamente los derechos vinculados a la ciudadanía de la Unión de manera que los ciudadanos de la Unión puedan ejercer su derecho a la libre circulación junto con los miembros de su familia, permitiéndoles viajar, trabajar, estudiar, jubilarse, participar en la política y en la vida democrática y tener una vida familiar sin restricciones por doquier en la Unión, y garantizando que conservan el derecho a disfrutar de todas las prestaciones sociales independientemente del lugar en el que residan; considera que los Estados miembros deben garantizar que los ciudadanos de la Unión Europea puedan ejercer fácilmente su derecho activo de voto en las elecciones municipales;
37. Pide a los Estados miembros que, sin perjuicio de las legislaciones nacionales en materia de Derecho de familia, velen por la libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea y de sus familias, incluidas las uniones registradas y los matrimonios, de conformidad con los artículos 2 y 3 de la Directiva 2004/38/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros(7) y que eviten todo tipo de discriminación sea cual fuere la razón, incluida la orientación sexual;
38. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que examinen posibles formas de facilitar la libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea ayudando a aquellos ciudadanos de la Unión Europea que optan por ejercer ese derecho a integrarse y participar en el país de acogida al que han decidido emigrar ejerciendo su derecho a la libre circulación dentro de la Unión Europea;
39. Opina que debe garantizarse el ejercicio de estas libertades más allá de las fronteras nacionales, y que los ciudadanos de la Unión Europea deben poder ejercer plenamente sus derechos específicos, incluso fuera de la Unión; destaca, por tanto, la importancia de reforzar la coordinación y la cooperación de la protección consular;
40. Pide a los Estados miembros que cumplan de una manera coherente y equitativa su obligación de asegurar protección consular y diplomática a los ciudadanos de la Unión mediante la aplicación de un acuerdo sobre la asistencia consular mínima ofrecida a los ciudadanos de la Unión Europea fuera del territorio de la Unión Europea;
41. Pide al Consejo y a la Comisión que den prioridad a la mejora de la transparencia y del acceso a los documentos, factores esenciales para lograr una Unión Europea orientada a los ciudadanos;
42. Celebra que en el Programa de Estocolmo se haga referencia a la participación en la vida democrática de la Unión Europea; insta al Consejo a que incluya en el Programa de Estocolmo una sección específica sobre las medidas adecuadas para posibilitar la participación de las mujeres en las campañas electorales y en la vida política en general, con objeto de eliminar así el déficit democrático que sigue existiendo a causa de la limitada presencia de mujeres en las elecciones municipales, nacionales y europeas;
43. Considera que todo planteamiento global de la inmigración debe tener en cuenta el "efecto salida", que es el primer factor que lleva a la personas a abandonar sus países de origen, y exige formular unos proyectos claros para el desarrollo y la inversión en los países de origen y de tránsito, en particular facilitando las remesas de dinero de los inmigrantes hacia sus países de origen o aplicando políticas comerciales y agrícolas que fomenten las oportunidades económicas, así como desarrollando la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales;
44. Destaca la necesidad de desarrollar de manera continuada programas de protección regional ambiciosos y con una dotación financiera adecuada, en estrecha cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y los países terceros afectados;
45. Solicita que las políticas comunitarias relativas a la integración, la inmigración y el asilo se basen en el pleno respeto de los derechos fundamentales y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, a fin de asegurar la protección efectiva de los derechos humanos de los nacionales de terceros países, así como el pleno respeto del principio de no rechazo; señala que las políticas de inmigración y asilo deberían también abordar las necesidades de los grupos más vulnerables, como los refugiados y los solicitantes de asilo, especialmente los menores y los menores no acompañados; pide que se cree un marco jurídico coherente y exhaustivo que facilite las migraciones legales;
46. Pide que se formule una política de inmigración más sólida y estrechamente vinculada con otras políticas comunitarias, especialmente con la de empleo, de manera que la inmigración legal pase a constituir una alternativa a la inmigración ilegal y se maximice el efecto positivo tanto para los Estados miembros como para el bienestar de los propios inmigrantes;
47. Insiste en la necesidad de consolidar el enfoque global de la Unión Europea en relación con la inmigración, de manera que se ofrezca la posibilidad de optar por nuevas vías de entablar el diálogo político y acciones de cooperación con los países terceros, con el fin de mejorar los flujos migratorios, evitar tragedias humanitarias;
48. Hace hincapié en la necesidad de alcanzar una estrecha interrelación entre las políticas de migración y desarrollo y de intensificar el diálogo con los países de origen y de tránsito, especialmente con vistas a prevenir el problema de la migración ilegal; destaca, a este respecto, que una acción conjunta efectiva contra la migración ilegal situará a los Estados miembros en mejores condiciones para adoptar medidas en materia de migración legal;
49. Pide que se siga desarrollando el sistema europeo común de asilo con el fin de crear una "Europa del asilo", tal como se contempla en el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo; entiende que un procedimiento común debería garantizar una mayor coherencia y una mejor calidad de la toma de decisiones en materia de asilo en los Estados miembros con objeto de eliminar las lagunas existentes en Europa en el ámbito de la protección;
50. Insta al Consejo y a los Estados miembros a que respeten la definición jurídica del concepto de refugiado consagrada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados;
51. Considera que la política común en materia de inmigración y asilo debe tener la solidaridad como principio básico, pero también debe ejercerla en relación con los Estados miembros que cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de protección de refugiados y solicitantes de asilo y garantizar, por tanto, que ningún Estado miembro las incumpla;
52. Recuerda que el asilo es un derecho que debe concederse a todas las personas que escapan de conflictos y de la violencia; condena la devolución y las expulsiones colectivas a países que no respetan los derechos humanos o que no han firmado la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados;
53. Alienta las negociaciones sobre las propuestas legislativas pendientes y futuras en materia de instrumentos europeos de asilo, con el fin de mejorar las normas y colmar las actuales lagunas en el actual marco jurídico;
54. Pide asimismo solidaridad entre, por un lado, los Estados miembros, y por otro, los solicitantes de asilo y los demás refugiados;
55. Pide a los Estados miembros que actúen y den muestras de su total compromiso con mecanismos de solidaridad como el proyecto piloto para la reasignación interna de los beneficiarios de la protección internacional contemplado por la Comisión, así como con otras iniciativas destinadas a crear una auténtica solidaridad de larga duración entre los Estados miembros y a fomentar los programas de protección regional; considera, a este respecto, que se debe instaurar un sistema transparente de evaluación de las capacidades respectivas de acogida de los Estados miembros y precisar el papel de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo; solicita, por consiguiente, un debate abierto sobre las diferentes opciones disponibles con miras al establecimiento de un mecanismo obligatorio que aporte una verdadera solidaridad, en particular, a través de la reasignación interna;
56. Pide, en este mismo contexto, que se formalice lo antes posible el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad que establece el artículo 80 del TFUE, lo que debería implicar un sistema de "solidaridad obligatoria e irrevocable", así como una mayor cooperación con los países terceros, y especialmente con los países vecinos, con objeto de ayudarles a desarrollar sus sistemas de asilo y protección de manera que se respeten los derechos fundamentales y las normas internacionales de protección, se fijen expectativas realistas y no se perjudique ni se pretenda sustituir al acceso a la protección en la Unión Europea;
57. Opina que es necesario aplicar un enfoque basado en la asociación con los países de origen y de tránsito con objeto de garantizar que éstos desempeñan un papel activo en la labor de gestión de los flujos migratorios, de impedir la inmigración ilegal informando a los migrantes potenciales de los riesgos que corren, y de organizar campañas informativas eficaces sobre las posibilidades de entrada y/o de trabajo legales en los distintos Estados miembros de la Unión Europea;
58. Destaca que todos los acuerdos con los países de origen y de tránsito, como Turquía y Libia, deben incluir capítulos sobre cooperación en materia de inmigración, tener debidamente en cuenta la situación de los Estados miembros más expuestos a los flujos migratorios y hacer hincapié en la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos facilitando el trabajo de Frontex;
59. Pide que prosiga la cooperación sobre el refuerzo de las medidas destinadas a garantizar un retorno efectivo y rápido de los inmigrantes en situación ilegal que no precisan protección, dando prioridad a los retornos voluntarios;
60. Pide que se adopten medidas para abordar los actuales obstáculos al ejercicio del derecho a la reagrupación familiar por parte de los nacionales de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro;
61. Resalta la importancia de brindar a los migrantes acceso a la justicia, a la vivienda, a la educación y a la asistencia sanitaria, de conformidad, entre otros instrumentos jurídicos, con la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de su familiares;
62. Pide a la Comisión que presente propuestas prácticas para una acción efectiva contra el mal uso de los procedimientos de asilo;
63. Observa que debe fomentarse la migración circular, pero recuerda que este enfoque no debe equivaler a un dumping salarial y social ni ignorar la necesidad de aplicar medidas de integración;
64. Solicita la adopción de un programa exhaustivo que establezca los objetivos globales y la estructura de la estrategia integrada de la Unión en materia de gestión de fronteras, con objeto de poner realmente en práctica una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores, de conformidad con el artículo 67, apartado 2, del TFUE;
65. Solicita un enfoque estratégico en el ámbito de la política de visados, a fin de mantener la coherencia de las acciones, las normativas internas y los compromisos externos, incluida la garantía de igualdad de trato a los países terceros por parte de los Estados miembros;
66. Pide a la Comisión que extraiga las conclusiones que proceda de la aplicación de los acuerdos sobre visados y readmisión y de los acuerdos bilaterales sobre el tránsito fronterizo local que ya existen entre la Unión Europea y sus países vecinos del Este, junto con el proceso de liberalización de los visados en los Balcanes Occidentales, con vistas al establecimiento de un conjunto de criterios y puntos de referencia claros según los casos, con el fin de evaluar y mejorar los acuerdos actuales sobre facilitación de los visados y trabajar en pos de la creación de una zona donde se pueda viajar sin visado que se traduzca en un incremento de los contactos interpersonales;
67. Insta a la Comisión a que revise su estrategia con el fin de aplicar más eficazmente el principio de reciprocidad en materia de visados con los países terceros y con ello garantizar la igualdad de trato a todos los ciudadanos de la Unión Europea en este aspecto, recurriendo para ello a todos los instrumentos a su disposición, como las sanciones, y vinculando este elemento a sus negociaciones con los países terceros interesados;
68. Considera que Frontex, como instrumento esencial de la estrategia global de la Unión en materia de inmigración, debe respetar plenamente los derechos humanos de los migrantes; solicita un mayor control parlamentario de sus actividades y apoya la revisión de su mandato, incluido un marco claro para las operaciones de retorno que cumpla las normas internacionales sobre derechos humanos y el establecimiento de oficinas regionales y especializadas, con objeto de reforzar su función;
69. Recuerda la absoluta necesidad de que Frontex pueda contar con los recursos puestos a su disposición por los Estados miembros, tanto para la coordinación de sus operaciones puntuales conjuntas como para sus misiones permanentes;
70. Pide a los Estados miembros afectados que resuelvan los posibles problemas prácticos y/o jurídicos relacionados con el uso de recursos de los Estados miembros participantes en las operaciones conjuntas;
71. Recuerda la absoluta necesidad de que el Sistema de Información Schengen II (SIS II) y el Sistema de Información de Visados (VIS) empiecen a funcionar lo antes posible; considera que SIS II entrañará mejoras considerables y nuevas funcionalidades, como la introducción de datos biométricos y la interconexión de alertas, lo que contribuirá a mejorar el control de las fronteras exteriores y a reforzar la seguridad;
72. Insiste en que no deben introducirse nuevos instrumentos de gestión de fronteras ni sistemas de almacenamiento de datos a gran escala antes de que las herramientas actuales sean plenamente operativas, seguras y fiables, y solicita una evaluación detallada de la necesidad y proporcionalidad de los nuevos instrumentos relativos a cuestiones como las entradas y salidas, el programa de viajeros registrados, el registro de nombres de los pasajeros y el sistema de autorización previa de viaje;
73. Hace hincapié en la importancia del Tratado de Lisboa, que confiere un carácter jurídicamente vinculante a la Carta, cuyo artículo 24 regula específicamente los derechos del niño y establece, entre otras cosas, que "en todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial";
74. Considera esencial que todas las medidas adoptadas por la Unión Europea en este ámbito respeten y fomenten los derechos de los niños consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y reconocidos en la Carta, y pide que se refuerce la actuación de la Unión Europea en relación con la protección de los niños en todo el ELSJ;
75. Pide a los Estados miembros que respeten y apliquen los derechos del niño consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;
76. Insta a la Unión Europea a que luche con mayor firmeza contra los abusos cometidos contra los niños, como la violencia, la discriminación, la exclusión social y el racismo, el trabajo infantil, la prostitución y el tráfico de niños, y a que aliente un esfuerzo coordinado para protegerlos y defender sus derechos, recurriendo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño como guía de actuación y como base para la reforma de la legislación vigente;
77. Considera que es necesario abordar urgentemente la cuestión de la protección de los menores no acompañados y separados, habida cuenta de los riesgos especiales a los que están expuestos;
78. Destaca la importancia de tomar en consideración, en el contexto de la política de inmigración, los derechos de los niños y de prestar especial atención a los niños en situación de particular vulnerabilidad; considera que es preciso desarrollar una estrategia europea ambiciosa en este ámbito;
79. Insta a los Estados miembros a que garanticen que las políticas de la Unión Europea en materia de asilo, inmigración y trata de seres humanos tratan a los niños inmigrantes en primer lugar y ante todo como niños, y que éstos puedan disfrutar sin discriminación de sus derechos como niños, en particular el derecho a la reagrupación familiar; insiste en que todo plan de acción de la Unión Europea sobre los menores no acompañados procedentes de terceros países debe garantizar que:
a) todos los niños no acompañados reciban una protección y una asistencia especiales mientras permanezcan en la Unión Europea;
b) la Unión Europea prevea medidas para ayudar a los Estados miembros a encontrar una solución segura, concreta y duradera para cada niño que sea conforme al interés superior del niño;
c) en el caso de que el retorno a un tercer país sea conforme al interés superior del niño, se ponga en marcha un proceso adecuado de retorno y reintegración en cooperación con el país de retorno; y
d) la Unión Europea coopere con los países terceros para evitar la migración no segura y ofrezca oportunidades a los niños en los países afectados;
80. Pide que se preste una atención particular a los menores, acompañados o no, para garantizar que no se les mantenga en modo alguno en retención;
81. Señala que los menores procedentes de terceros países pueden ser especialmente vulnerables a situaciones de explotación laboral, especialmente en aquellos países en los que no disponen de una asistencia y una protección adecuadas por carecer de documentación; insiste en que las políticas de la Unión Europea en materia de trabajo, asilo, inmigración y trata de seres humanos deben reconocer y abordar estas realidades;
82. Señala la creciente importancia de Internet y destaca que su carácter abierto y global exige unas normas mundiales que garanticen la protección de datos, la seguridad y la libertad de expresión; pide al Consejo y a la Comisión que tomen la iniciativa para crear una plataforma mundial para la elaboración de dichas normas; considera de suma importancia fijar límites estrictos y definir y regular claramente los casos en que una empresa privada de Internet puede ser obligada a comunicar datos a las autoridades gubernamentales, y garantizar que el uso de esos datos por dichas autoridades gubernamentales esté sujeto a las más estrictas normas en materia de protección de datos;
83. Insiste en que en todas las políticas de la Unión se garantice el respeto de la dimensión de los derechos fundamentales que tienen la protección de datos y el derecho a la vida privada;
84. Destaca la necesidad de integrar en todas las políticas la protección de los datos personales y de la vida privada a la hora de desarrollar tecnologías y crear sistemas de información a gran escala;
85. Considera que el enfoque basado en el respeto de la vida privada es un elemento esencial a la hora de elaborar cualquier iniciativa que pueda poner en peligro la seguridad de la información personal relacionada con los individuos y la confianza del público en aquellos en cuyo poder se encuentra dicha información;
86. Recuerda que el principio de disponibilidad podría implicar el riesgo de permitir el intercambio de datos personales que no se han recopilado de modo legítimo respetando la legalidad, por lo que debe fijarse en normas comunes; expresa sus dudas con respecto a la facilitación de las actividades operativas que no incluyen una definición europea ni normas comunes a nivel europeo en materia de investigaciones encubiertas, control de los ciudadanos, etc.;
87. Considera que, antes de que se prevea una actuación de la Unión Europea en este ámbito, deben establecerse criterios claros para evaluar la proporcionalidad y necesidad de las limitaciones a los derechos fundamentales; considera, además, que antes de que se adopte una decisión deberá analizarse siempre minuciosamente el impacto de la propuesta;
88. Expresa su preocupación por la práctica cada vez más extendida de elaboración de perfiles basada en el uso de técnicas de extracción de datos y de recopilación generalizada de datos pertenecientes a ciudadanos inocentes, con fines preventivos y policiales; recuerda la importancia de que las acciones encaminadas a hacer cumplir la ley se basen en el respeto de los derechos humanos, desde el principio de la presunción de inocencia al derecho a la intimidad y a la protección de datos;
89. Acoge favorablemente la propuesta de elaborar normas internacionales en materia de protección de datos; destaca que los acuerdos con terceros países sobre protección de datos deben tramitarse con plena transparencia y someterse al control democrático del Parlamento, y que la existencia en el país tercero de normas en materia de protección de datos de nivel equivalente al europeo es una condición previa mínima para que tenga lugar el intercambio de datos;
90. Celebra la propuesta de un sistema de protección de datos en la Unión Europea y con países terceros; pide una evaluación exhaustiva de toda la legislación pertinente (relativa a la lucha antiterrorista, la cooperación policial y judicial, la inmigración, los acuerdos transatlánticos, etc.) en el ámbito de la protección de datos y de la vida privada;
91. Celebra que en el Programa de Estocolmo se haya resaltado la importancia de la tecnología en el contexto de la protección efectiva de los datos personales y la vida privada;
92. Insta a la Unión Europea a que dé muestras de su voluntad de tomar en consideración en todas sus políticas las necesidades especiales de las personas vulnerables;
93. Destaca la necesidad de fijar unos límites más claros y rigurosos en relación con el intercambio de información entre los Estados miembros, así como en lo que se refiere a la utilización de registros comunes en la Unión Europea; considera que, en caso contrario, el establecimiento de registros de grandes dimensiones a escala de la Unión Europea puede suponer una amenaza para la integridad de las personas y provocar que los registros resulten ineficaces a la vez que aumenten los riesgos de fugas y de corrupción;
94. Pide a los Estados miembros que refuercen la confianza mutua en cuanto a sus capacidades de mejorar la seguridad; considera que la confianza mutua depende también de una evaluación permanente, eficaz y rigurosa de la efectividad y de los resultados de las acciones de los diversos Estados miembros;
Justicia civil y mercantil para las familias, los ciudadanos y las empresas
Mayor acceso a la justicia civil para los ciudadanos y las empresas
95. Considera que las prioridades en el ámbito de la justicia civil deben satisfacer en primer lugar las necesidades manifestadas por los ciudadanos y las empresas, al tiempo que se simplifican constantemente los trámites judiciales y se crean unos procedimientos más simples, claros y accesibles, a fin de garantizar una aplicación adecuada de los derechos fundamentales y de la protección del consumidor; a este fin, al tiempo que elogia las decisiones de la Comisión de presentar una propuesta sobre testamentos y sucesiones, y un Libro Verde sobre los regímenes de la propiedad matrimonial en relación con las separaciones y divorcios, pide:
– que se realicen mayores esfuerzos para promover métodos alternativos de resolución de litigios, dirigidos en especial a mejorar el acceso a la justicia para los consumidores; la introducción de mecanismos de recurso colectivo a nivel comunitario para ofrecer a los ciudadanos y a las empresas un mayor acceso a la justicia, señalando no obstante que ello no debe conducir a una fragmentación innecesaria del Derecho procesal nacional;
– que se presenten propuestas para crear un sistema europeo único y autónomo relativo al embargo de activos bancarios y a la inmovilización temporal de depósitos bancarios, la supresión de los requisitos de legalización de documentos, disposiciones para colmar las lagunas existentes en el Reglamento Roma II(8) por lo que respecta a los derechos de la personalidad y la difamación, una solución definitiva al problema de los acuerdos bilaterales relativos a las jurisdicciones y al reconocimiento y la ejecución de las decisiones judiciales, en su caso mediante un protocolo al siguiente Tratado de adhesión que se celebre; el examen, por otra parte, de una propuesta de instrumento internacional que permita realizar un control exhaustivo de todas las resoluciones judiciales de terceros países antes de que sean reconocidas y ejecutadas en un Estado miembro; y disposiciones para colmar las lagunas señaladas por el Tribunal de Justicia en el ámbito del Derecho de sociedades, una propuesta sobre la protección de los adultos vulnerables y una propuesta de reglamento, para cuya aprobación podría recurrirse en caso necesario a la cooperación reforzada, sobre la legislación aplicable a las cuestiones matrimoniales y la responsabilidad parental, basada en los intereses primordiales de los menores y en el principio de no discriminación entre los miembros de la pareja;
– que se consideren con detalle medidas provisionales comunitarias adicionales a las que puedan ser ordenadas por los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas a los divergentes enfoques jurídicos nacionales en relación con la reserva de dominio y otros mecanismos similares, al reconocimiento de las adopciones internacionales y a todo el asunto del reconocimiento mutuo de los documentos de los registros civiles nacionales;
– que se elabore un Código comunitario en materia de conflictos que recoja en un solo instrumento todos los reglamentos adoptados en este ámbito por el legislador comunitario para 2013, a fin de conmemorar el 45° aniversario del Convenio de Bruselas, cuya celebración marcó un hito en el Derecho internacional privado;
– la aplicación práctica de un amplio volumen de actos legislativos innovadores aprobados hasta la fecha en el ámbito del procedimiento civil europeo, que deben estudiarse con miras a su simplificación siempre que sea posible, así como a su codificación en un instrumento único que reúna toda la legislación comunitaria aprobada en esa materia;
96. Insiste en que la supresión del exequátur en el contexto del Reglamento Bruselas I(9) no debería realizarse de forma precipitada y sí ir acompañada de las salvaguardias oportunas;
97. Expresa su interés en examinar propuestas dirigidas a elaborar un 28º régimen opcional para cuestiones de Derecho civil que presenten aspectos transfronterizos en los ámbitos que afectan al Derecho de familia, a los derechos de las personas y al derecho de la propiedad;
98. Destaca la necesidad de continuar promoviendo la presencia internacional de la Unión Europea en el ámbito jurídico mediante soluciones globales e instrumentos multilaterales; considera especialmente importante mantener una estrecha cooperación con organizaciones internacionales como la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y el Consejo de Europa; opina, asimismo, que la Unión Europea debe fomentar y apoyar la adhesión de terceros países, especialmente los que son vecinos de la Unión Europea, a acuerdos judiciales internacionales, y que este aspecto reviste una importancia fundamental en el ámbito del Derecho de familia y la protección de los menores;
Aprovechar todas las ventajas del mercado interior mediante el Derecho contractual europeo
99. Pide a la Comisión que impulse su trabajo sobre el Derecho contractual europeo sobre la base del proyecto académico de Marco Común de Referencia (MCR), así como de otros trabajos académicos en el ámbito del Derecho contractual europeo, y que asocie plenamente al Parlamento en el proceso abierto y democrático que debe desembocar en la aprobación de un MCR político; hace hincapié en que el MCR político debería tener como resultado un instrumento optativo y directamente aplicable que permita que las partes contratantes, empresas y consumidores entre otras, puedan optar libremente por el Derecho contractual europeo como norma que regule sus transacciones;
100. Reitera que la Comisión debería facilitar el proyecto de MCR en el mayor número posible de lenguas pertinentes, junto con otros trabajos científicos, para garantizar que todas las partes interesadas puedan acceder a ellos, y que dicho proyecto debería servir ya como instrumento jurídico no vinculante para los legisladores europeos y nacionales; insiste en que, a partir de ahora, se tengan ya en cuenta de manera sistemática y precisa las disposiciones pertinentes del proyecto de MCR en todas las futuras propuestas y evaluaciones de impacto de la Comisión que afecten al Derecho contractual;
101. Alienta a la Comisión a que siga adelante con la idea formulada recientemente de proponer contratos modelo de uso voluntario en sectores específicos sobre la base del MCR;
Mejora de la legislación en el ámbito de la justicia
102. Destaca la necesidad de que la legislación europea en el ámbito de la cooperación judicial sea de la mayor calidad posible y se base en evaluaciones de impacto realizadas correctamente, con el fin de ofrecer a los ciudadanos y a las empresas instrumentos eficaces; lamenta que, en el pasado, no se hayan realizado evaluaciones de impacto adecuadas en este ámbito; observa una reciente mejora y se propone someter en breve una evaluación de impacto de la Comisión a un análisis crítico;
103. Cree firmemente que, para garantizar un nivel mínimo de control independiente en la elaboración de las evaluaciones de impacto, se debería constituir un grupo de expertos independientes encargado de supervisar, mediante controles puntuales, la calidad de las opiniones emitidas por el Comité de Evaluación de Impacto, y permitir que los representantes de las partes interesadas intervengan en dichas evaluaciones;
104. Considera que la cooperación judicial es la clave para aproximar entre sí no sólo los procedimientos civiles, sino también los penales, de los distintos Estados miembros; considera, por tanto, que la aproximación de los derechos procesales de los ciudadanos en los Estados miembros debería promoverse del mismo modo en los procedimientos civiles y en los penales;
Desarrollar una cultura judicial europea
105. Aboga por la creación de una cultura judicial europea que abarque todos los aspectos del Derecho; para ello, señala que:
– la Red de Presidentes de Tribunales Supremos, la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, la Asociación de Consejos de Estado y de Altos Tribunales Administrativos, la Red Eurojustice de Fiscales Generales, los funcionarios de los tribunales y los profesionales del Derecho pueden realizar una enorme aportación coordinando y promoviendo la formación profesional de la judicatura, así como la comprensión mutua de los ordenamientos jurídicos de los otros Estados miembros, y facilitando la resolución de los problemas y litigios transfronterizos; señala, asimismo, que deben facilitarse y financiarse suficientemente sus actividades; todo ello debe resultar en un plan que cuente con los recursos necesarios para la formación judicial europea establecido en colaboración con las redes judiciales mencionadas, que evite una duplicación innecesaria de programas y estructuras y que lleve a la creación de una Academia Judicial Europea compuesta por la Red Europea de Formación Judicial y la Academia de Derecho Europeo;
– deben preverse políticas activas dirigidas a fomentar el conocimiento mutuo y la comprensión del Derecho extranjero, con miras a lograr una mayor seguridad jurídica y promover la confianza mutua, que es un elemento fundamental para el mutuo reconocimiento; estas políticas deben prever intercambios de experiencias y de información, visitas y cursos para los profesionales del Derecho y la judicatura, así como la coordinación de los actuales regímenes nacionales para la formación jurídica en toda la Unión Europea y la oferta de cursos de familiarización con el Derecho nacional para los profesionales del Derecho y los jueces;
106. Pide, por tanto, a la Comisión que promueva la creación, por parte de las universidades, demás institutos especializados de educación superior y colegios profesionales competentes, de un sistema común de formación con puntos/créditos para los jueces y los profesionales del Derecho; pide asimismo a la Comisión que cree una red de organismos certificados para la formación jurídica en toda la Unión Europea, a fin de ofrecer cursos de familiarización con el Derecho nacional, comparado y europeo a los profesionales y jueces, de forma estable y permanente;
Justicia en red: un instrumento para los ciudadanos, los profesionales del Derecho y la judicatura
107. Aboga por que se realicen mayores esfuerzos para promover y desarrollar la Justicia en red a nivel comunitario, con objeto de mejorar el acceso a la justicia para los ciudadanos y las empresas, y opina que:
– los Estados miembros que cooperen en proyectos bilaterales deben asegurar que su trabajo se conciba de modo que pueda transferirse a nivel comunitario para evitar duplicaciones innecesarias;
– el Derecho comunitario en vigor en materia de Derecho civil, y en especial el Derecho procesal, deben hacerse más compatibles con el empleo de las tecnologías de la información, especialmente por lo que se refiere a la orden de pago europea y a los procesos europeos de escasa cuantía, así como al Reglamento sobre obtención de pruebas(10) y los métodos alternativos de resolución de litigios; considera, asimismo, que debería actuarse en los ámbitos de los documentos electrónicos y de la transparencia de los haberes de los deudores; el objetivo debe apuntar a que los procedimientos con carácter transfronterizo se resuelvan de forma más sencilla, barata y rápida;
– deben desarrollarse herramientas electrónicas como el Sistema de Información Europeo de Antecedentes Penales (ECRIS) y el SIS;
108. Considera que la Justicia en red debería simplificar el acceso de los ciudadanos a la asistencia jurídica, abreviar los procedimientos judiciales y mejorar la eficiencia de los procesos judiciales; pide, por tanto, que el futuro portal multilingüe de Justicia en red incorpore el acceso a bases de datos jurídicas, recursos judiciales y extrajudiciales por vía electrónica, sistemas inteligentes concebidos para ayudar a los ciudadanos a determinar la forma más adecuada de resolver sus problemas jurídicos, y registros generales, directorios de profesionales del Derecho y guías claras de presentación de los sistemas jurídicos de cada Estado miembro;
109. Considera que el portal también debería concebirse como una herramienta de uso para los jueces, los funcionarios de la administración de justicia, los funcionarios de los ministerios nacionales de justicia y los abogados en ejercicio, que deberían tener todos ellos un acceso seguro a las secciones pertinentes del portal; pide que las secciones correspondientes del portal permitan la comunicación, la celebración de videoconferencias y el intercambio de documentos, de forma segura, entre distintos tribunales o entre éstos y las partes en el proceso (desmaterialización de los procedimientos), permitan comprobar las firmas electrónicas, prevean sistemas de verificación adecuados y faciliten un medio de intercambio de información;
110. Pide a la Comisión que garantice que toda futura legislación en el ámbito del Derecho civil se conciba de modo que pueda utilizarse en aplicaciones en línea que sólo exijan rellenar una cantidad mínima de texto libre; pide que se tomen medidas para garantizar que, cuando sea necesario, se preste ayuda en línea en todas las lenguas oficiales y se pongan a disposición servicios de traducción en línea; considera que, del mismo modo, cuando haya que notificar un acto, debería garantizarse que dicha notificación y la de las comunicaciones relacionadas con él puedan efectuarse por correo electrónico y que las firmas puedan facilitarse en formato electrónico; opina, asimismo, que cuando haya que testificar oralmente, debería fomentarse el uso de la videoconferencia; considera, por otra parte, que todas las futuras propuestas deben incluir una declaración motivada por parte de la Comisión de que han sido sometidas a un examen de compatibilidad con los requisitos en materia de facilidad de uso de la Justicia en red;
111. Pide que en el sistema ECRIS ocupen un papel preponderante los antecedentes por violencia de género;
Prioridades en materia de justicia penal
112. Pide la creación de un espacio de justicia penal de la Unión Europea basado en el respeto de los derechos fundamentales, el principio de reconocimiento mutuo y la necesidad de mantener la coherencia de los sistemas nacionales de Derecho penal, y que dicho espacio se desarrolle mediante:
– un ambicioso instrumento jurídico sobre salvaguardias procesales en los procedimientos penales, basado en la presunción de inocencia, que conceda plena eficacia a los derechos de la defensa;
– un marco jurídico seguro que garantice el principio básico ne bis in idem , facilite la transferencia de procedimientos penales entre Estados miembros y la resolución de conflictos de jurisdicción, con un nivel elevado de garantías y derechos de la defensa, y asegure el acceso efectivo a estos derechos y a los mecanismos de recurso;
– un marco jurídico global que ofrezca a las víctimas de la delincuencia, y en particular a las víctimas del terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico de seres humanos y la violencia de género, la mayor protección posible, incluida una compensación adecuada que debe ofrecerse a nivel de los Estados miembros;
– un marco jurídico común que ofrezca la mayor protección posible a los testigos;
– normas mínimas sobre las condiciones de detención y privación de libertad y un conjunto común para la Unión Europea de derechos de los reclusos, incluidas normas que regulen la compensación adecuada de las personas detenidas o condenadas injustamente, impulsado todo ello por la celebración de acuerdos entre la Unión Europea y terceros países para el retorno de sus nacionales que hayan sido condenados, la plena aplicación de la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea(11) , y la prestación de financiación suficiente de la Unión Europea tanto para construir, en el marco de los planes regionales de seguridad, nuevos centros de internamiento en los Estados miembros afectados por la masificación de las cárceles, como para aplicar los programas de reinserción social;
– la adopción de un instrumento legislativo europeo que permita la confiscación y la reutilización con fines sociales de los beneficios y los bienes de las organizaciones delictivas internacionales;
– un instrumento jurídico global sobre la obtención y la admisibilidad de pruebas en los procedimientos penales;
– medidas que garanticen la asistencia jurídica gratuita mediante dotaciones presupuestarias suficientes, y
– medidas para combatir la violencia, en particular la violencia contra las mujeres y los menores;
113. Destaca que los trabajos en el ámbito de la inmigración ilegal deben tener en cuenta la lucha contra el tráfico de seres humanos y que no debe permitirse en modo alguno que perjudiquen a las víctimas especialmente vulnerables, en particular las mujeres y los menores, o que representen un riesgo para sus derechos;
114. Destaca que una de cada cuatro mujeres en Europa ha sido o es víctima de la violencia masculina; pide, por ello, a la Comisión que consolide el fundamento jurídico dentro de la actual estructura de la Unión Europea, con el fin de garantizar que todas las formas de violencia contra las mujeres se aborden mediante una definición amplia y basada en el concepto de género de dicha violencia; pide asimismo que, sobre la base de dicho fundamento jurídico, se proponga una directiva y un plan de acción europeo sobre la violencia contra las mujeres que garanticen la prevención de la violencia, la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los maltratadores; insta a los Estados miembros a que tengan debidamente en cuenta las circunstancias específicas de las mujeres inmigrantes, en particular de las jóvenes que han logrado integrarse en la Unión Europea (con frecuencia en posesión de la doble nacionalidad) y que, en sus relaciones familiares o íntimas, son víctimas de secuestro, reclusión ilegal, violencia física y abusos psicológicos basados en motivos religiosos, culturales o tradicionales, y que aseguren la adopción de medidas que faciliten el acceso eficaz a los mecanismos de ayuda y protección;
115. Insiste en que se tenga en cuenta la cuestión del género en todas las fases de desarrollo de la política de lucha contra la trata de seres humanos;
Una estrategia de seguridad coherente a diversos niveles: una Europa que proteja a sus ciudadanos (lucha contra la delincuencia garantizando los derechos de los ciudadanos)
116. Critica la inexistencia de un plan global en el que se establezcan los objetivos generales y el planteamiento de la estrategia de seguridad y gestión de fronteras de la Unión Europea, así como la falta de información detallada que muestre cómo se prevé que van a funcionar juntos todos los programas y planes conexos (ya adoptados, en curso de preparación o en fase de elaboración) y cómo pueden optimizarse las relaciones entre ellos; considera que, cuando la Comisión examine el planteamiento de la estrategia de la Unión Europea en materia de seguridad y gestión de fronteras, debe analizar ante todo la eficacia de los actos legislativos vigentes con objeto de crear sinergias óptimas entre los mismos;
117. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que aseguren que la futura actuación de la Unión Europea en este ámbito respete plenamente la importancia vital de los derechos y las libertades fundamentales y procure un equilibrio adecuado entre la seguridad y la libertad, y que se supervise y racionalice adecuadamente este objetivo cree firmemente en la primacía del Estado de Derecho, el control jurisdiccional eficaz y la rendición de cuentas;
118. Manifiesta su compromiso, en el nuevo marco institucional definido por el Tratado de Lisboa, de cooperar con la Comisión y el Consejo para promover las libertades de los ciudadanos de la Unión, impulsando al mismo tiempo el desarrollo del marco jurídico de la Unión Europea en materia penal; considera, en efecto, que el imperativo de la protección de los ciudadanos contra el terrorismo y la delincuencia organizada debería basarse en instrumentos legislativos y operativos eficaces que tengan en cuenta la dimensión global de estos fenómenos, y tener como marco disposiciones legislativas claras que garanticen a los ciudadanos de la Unión Europea el pleno disfrute de sus derechos, incluido el derecho a recurrir las normas legales confusas o desproporcionadas y su aplicación incorrecta;
119. Considera que los Estados miembros deben examinar en qué medida se puede lograr la creación de un marco jurídico de la Unión Europea para los asuntos penales;
120. Pide a la Unión Europea que reconozca la dignidad, la valentía y el sufrimiento de las víctimas indirectas del terrorismo, y destaca que la defensa y promoción de los derechos de las víctimas del terrorismo, así como su consiguiente resarcimiento económico, deberían constituir una prioridad; reconoce la extrema vulnerabilidad de las mujeres como víctimas indirectas del terrorismo;
121. Pide que se adopte un marco jurídico global que ofrezca a las víctimas una protección y una compensación adecuadas, concretamente mediante la adopción de una decisión marco por la que se modifiquen los actuales instrumentos en materia de protección de las víctimas; considera que reviste una importancia fundamental desarrollar un enfoque conjunto con una respuesta coherente y reforzada frente a las necesidades y los derechos de todas las víctimas, garantizando que éstas sean tratadas como tales y no como delincuentes;
122. Celebra que el apoyo a las víctimas de la delincuencia, incluidas las mujeres sometidas a la violencia y al acoso sexual, sea un asunto prioritario para la Presidencia sueca; insta al Consejo a que incluya en el Programa de Estocolmo una estrategia europea global dirigida a erradicar la violencia contra las mujeres que comprenda medidas de prevención (por ejemplo, medidas de sensibilización sobre la violencia masculina contra las mujeres) y políticas de protección de las víctimas que incluyan una sección específica sobre los derechos de las víctimas de la delincuencia, a que refuerce su apoyo a dichas víctimas, en especial a las niñas, que con creciente frecuencia son víctimas de graves delitos, y a que adopte medidas concretas para perseguir judicialmente a los autores de estos delitos; solicita a la Presidencia española que, durante su mandato, ejecute íntegramente el Plan de acción establecido en el Programa de Estocolmo y que le informe mensualmente sobre los progresos realizados;
123. Considera legítimo el objetivo de lograr una Europa segura, y conviene en que es importante desarrollar y reforzar continuamente la política común de la Unión Europea de lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada, la inmigración ilegal, la trata de seres humanos y la explotación sexual;
124. Pide que se desarrolle una estrategia global y transeuropea para la lucha contra la delincuencia organizada que aúne los esfuerzos y los recursos de que disponen los Estados miembros, las instituciones europeas, las agencias especializadas de la Unión Europea y las redes de intercambio de información; destaca que, en este momento, la delincuencia económica organizada, como el contrabando de tabaco, provoca pérdidas de ingresos que se suman a la ya de por sí grave situación de la hacienda pública en muchos Estados miembros de la Unión Europea, y pide que se adopten urgentemente medidas preventivas eficaces;
125. Considera que las actuaciones contra la delincuencia organizada y el terrorismo deberían orientarse en mayor medida hacia la protección de los derechos fundamentales y deberían ofrecer una protección adecuada para los testigos e incentivos para quienes cooperen en el desmantelamiento de las redes terroristas, y que deberían desarrollarse políticas de prevención e integración dirigidas en particular a las personas que pertenecen a categorías de alto riesgo, dando prioridad en todos los casos a las medidas éticas de prevención a nivel económico y social y a las medidas de resarcimiento y reparación en favor de las víctimas del terrorismo;
126. Considera especialmente importante que la Unión Europea despliegue un esfuerzo intenso contra el tráfico de seres humanos, que representa un problema cada vez más grave; estima que el tráfico de seres humanos debe combatirse tanto fuera como dentro de la Unión Europea, y que todos los proyectos de medidas deberían analizarse desde la perspectiva de la igualdad de género; considera que la Unión Europea y los Estados miembros deberían abordar, en particular, la cuestión relativa a la demanda de servicios de la que son objeto las víctimas del tráfico de personas mediante sanciones, medidas educativas y campañas de sensibilización; considera asimismo que, toda vez que el tráfico de personas con fines sexuales representa el porcentaje más importante de este tipo de delincuencia (el 79 % según datos de las Naciones Unidas), hay que esclarecer y reconocer la relación entre la demanda de este tipo de servicios y el tráfico de seres humanos, y que si se controla la demanda de servicios sexuales remunerados, también se reducirá el tráfico de seres humanos;
127. Aboga por el fomento de la transparencia y la integridad y por una lucha más intensa contra la corrupción basada en un plan orientado a los objetivos y en una evaluación periódica de las medidas anticorrupción adoptadas por los Estados miembros, en particular la aplicación de instrumentos desarrollados por la propia Unión Europea, prestando una atención especial a la corrupción transfronteriza; aboga, asimismo, por la elaboración de una política global contra la corrupción y por una revisión periódica de su aplicación;
128. Pide que se apoye de forma activa el control por parte de la sociedad civil de las medidas contra la corrupción y en favor de la integridad, así como el compromiso de los ciudadanos contra la corrupción, no sólo mediante consultas sobre las políticas adoptadas y el establecimiento de vías directas de comunicación, sino también por medio de recursos y programas que garanticen que los ciudadanos puedan usar fácilmente los espacios previstos para ellos;
129. Señala el aumento de los delitos relacionados con la usurpación de identidad y pide que se elabore, en cooperación con los proveedores de Internet y las organizaciones de usuarios, una estrategia global de la Unión Europea para la lucha contra la delincuencia informática en este ámbito, y que se cree una ventanilla de la Unión Europea que ofrezca asistencia a las víctimas de la usurpación de identidad y de los fraudes relacionados con la misma;
130. Pide una aclaración de las normas sobre competencia jurisdiccional y del marco jurídico aplicable al ciberespacio, con objeto de facilitar las investigaciones transfronterizas y los acuerdos de cooperación entre las autoridades policiales y los operadores, en particular para luchar contra la pornografía infantil en Internet;
131. Aboga por el desarrollo de políticas más eficaces y orientadas a los resultados, con el fin de avanzar en la cooperación policial y judicial en asuntos penales, asociando a Europol y Eurojust de forma más sistemática en las investigaciones, en particular en los casos de delincuencia organizada, fraude, corrupción y otros delitos graves que representen un riesgo importante para la seguridad de los ciudadanos y los intereses financieros de la Unión Europea;
132. Pide que se publiquen anualmente un informe exhaustivo sobre la delincuencia en la Unión Europea, informes consolidados sobre ámbitos específicos, como la evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada, y el informe anual de Eurojust, al tiempo que destaca la necesidad de desarrollar un enfoque interdisciplinario y una estrategia global para la prevención y la lucha contra el terrorismo y los fenómenos de delincuencia transfronteriza como el tráfico de seres humanos y la delincuencia informática;
133. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen estrechamente en el intercambio de mejores prácticas y experiencias obtenidas en el ámbito de las políticas de lucha contra la radicalización; considera, a este respecto, que las autoridades locales y regionales se encuentran en una buena posición para intercambiar las mejores prácticas contra la radicalización y la polarización, y pide por tanto que participen en la elaboración de estrategias de lucha contra el terrorismo;
134. Pide que se impulse la cooperación policial entre Estados miembros mediante el fomento del conocimiento y la confianza mutuos, la organización de actividades de formación comunes y la creación de equipos conjuntos de cooperación policial y de un programa de intercambio de estudiantes en colaboración con la Escuela Europea de Policía;
135. Pide a la Comisión Europea y al Consejo Europeo que remedien urgentemente la situación jurídica planteada a raíz de las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia en los casos relativos a las listas negras, en particular el caso Kadi(12) , teniendo plenamente en cuenta los derechos fundamentales de los interesados, incluidos el derecho a un juicio justo y el derecho a recurso;
136. Aboga por la mejora del ECRIS, con el fin de prevenir la reincidencia en distintos Estados miembros, en particular por lo que se refiere a los delitos contra los menores;
137. Pide, en particular, a la Comisión que inicie el diálogo y las consultas previas con las partes interesadas, incluida la sociedad civil, sobre todos los aspectos relacionados con la creación de una Fiscalía Europea para combatir las infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal como establece el artículo 86 del TFUE;
138. Hace hincapié en la necesidad de desarrollar una estrategia europea de seguridad global, basada en los planes de seguridad de los Estados miembros, un principio de solidaridad reforzado y una evaluación objetiva del valor añadido de las agencias, redes e intercambios de información de la Unión Europea; manifiesta su intención de seguir de cerca, junto con los Parlamentos nacionales, todas las actividades realizadas por el Consejo en el contexto de la cooperación operativa en materia de seguridad interna de la Unión Europea;
139. Insta al Consejo y a la Comisión a que desplieguen estrategias de seguridad que tengan en cuenta los aspectos tanto interiores como exteriores de la delincuencia organizada y el terrorismo internacionales; insiste en que la Unión Europea adopte un enfoque más integrado de la política europea de seguridad y defensa, así como de la justicia y los asuntos de interior;
140. Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen y revisen las leyes y políticas internacionales, europeas y nacionales vigentes relativas a estupefacientes, y que promuevan políticas de limitación de daños, prevención y recuperación, especialmente con miras a las conferencias que se celebran a nivel de las Naciones Unidas sobre este asunto;
Agencias y organismos operativos e instrumentos técnicos
141. Concede gran importancia al refuerzo de Europol y Eurojust, y está decidido a participar, junto con los Parlamentos nacionales, en la definición, la evaluación y el control de sus actividades, en particular con objeto de explorar las posibilidades de avanzar hacia la creación de una Fiscalía Europea;
142. Afirma que hay que mantener e incluso intensificar los esfuerzos en la lucha contra la delincuencia financiera y económica; opina que, en ese contexto, es particularmente importante proteger el euro como símbolo de la Unión; señala que la lucha contra las falsificaciones y la consolidación y el fortalecimiento del Programa Pericles deben figurar entre los principales objetivos de la Unión Europea;
143. Pide que se revisen la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal(13) , el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos(14) , así como el artículo 13 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(15) ;
144. Pide una cooperación más estrecha y profunda entre las administraciones nacionales, las agencias europeas y los equipos operativos conjuntos por medio de las redes especializadas en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada; considera que debería garantizarse una cooperación policial europea más eficaz entre todos los países terceros y los Estados miembros de la Unión Europea, con las salvaguardias oportunas que garanticen un nivel adecuado de protección de los datos personales;
145. Lamenta que no se haya avanzado en la aplicación del SIS II perfeccionado y del nuevo VIS, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que velen por que se refuercen todos los preparativos a sus niveles respectivos, con el fin de evitar nuevos retrasos;
146. Destaca la necesidad de desarrollar una administración eficiente, sostenible y segura para los grandes sistemas europeos de tecnologías de la información como los sistemas SIS II, VIS y Eurodac, de forma que se garantice la aplicación plena de todas las normas que regulan dichos sistemas, en función de su finalidad y de los derechos de acceso, así como de las correspondientes medidas de seguridad y protección de datos; destaca, a este respecto, que es esencial que la Unión Europea disponga de un sistema completo y uniforme de normas sobre la protección de datos personales;
147. Recuerda que, en determinados ámbitos, la creación de agencias, como la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Eurojust, Europol, Frontex y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, ha sido de gran utilidad para definir un ELSJ; considera que, habida cuenta de que Schengen constituye el núcleo del ELSJ, resulta fundamental y vital crear una agencia europea para la gestión de los sistemas de información sustancial en este ámbito, en particular SIS II, VIS y Eurodac, dado que ésta es la solución más fiable;
148. Lamenta que el Tratado de Lisboa entre en vigor sin que el Consejo y la Comisión hayan preparado adecuadamente las medidas necesarias para un "nuevo comienzo" en el ELSJ; señala que, contrariamente a lo que se ha hecho en materia de Política Europea de Seguridad y Defensa, en particular en lo que se refiere al servicio de acción exterior, no se ha realizado un trabajo de preparación para aplicar los fundamentos jurídicos en materia de transparencia (artículo 15 del TFUE), protección de datos (artículo 16 del TFUE) y lucha contra la discriminación (artículo 18 del TFUE), y que la consecuencia de esta situación podría ser un largo período de incertidumbre jurídica que afectará en particular al ELSJ; pide a la Comisión, teniendo en cuenta lo anterior y el artículo 265 del TFUE, que presente, antes del 1 de septiembre de 2010, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario:
– una propuesta legislativa marco que ponga de relieve la participación del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales en la evaluación de las políticas en materia de ELSJ, así como de las agencias interesadas a escala europea (incluidas las autoridades responsables de Schengen, Europol, Eurojust, Frontex y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo),
– un mandato revisado de la Agencia de los Derechos Fundamentales que cubra, entre otras cosas, la cooperación jurídica y policial en asuntos penales,
– una propuesta legislativa para la aplicación del artículo 16 del TFUE y del artículo 39 del TUE, en particular en lo que respecta a la protección de datos cuando están en juego cuestiones de seguridad y, al mismo tiempo, para ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 45/2001 por lo que respecta a la protección de datos personales por las instituciones de la Unión Europea,
– un marco jurídico revisado para Europol y Eurojust, a fin de alinearlas con el nuevo marco jurídico de la Unión Europea;
149. Pide a la Comisión que, en aras de la coherencia del ELSJ, proponga de forma inmediata la consolidación de las 1 200 medidas diversas aprobadas en este ámbito político desde 1993, teniendo debidamente en cuenta las nuevas misiones y funciones de la Unión y el nuevo marco jurídico que ofrece el Tratado de Lisboa, empezando por los ámbitos considerados prioritarios de común acuerdo con el Parlamento Europeo; recuerda a la Comisión que el Parlamento evaluará sus compromisos al respecto en las próximas audiencias de los Comisarios; pide, por lo tanto, a la Comisión que indique con claridad y caso por caso qué propuestas tiene la intención de codificar o refundir, y se reserva el derecho a ejercer plenamente sus competencias en materia de modificación de la legislación; considera que el nuevo marco jurídico del ELSJ debería prevalecer sobre la necesidad de continuidad o consolidación de la legislación que se configuró en un marco constitucional sustancialmente distinto;
150. Subraya que, en particular en lo que respecta a las propuestas legislativas relativas al ELSJ, desde el primer día de entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el proceso decisorio debería ser transparente y cumplir las normas relativas a:
– el período de ocho semanas durante el cual los parlamentos nacionales pueden verificar el cumplimiento de los criterios de subsidiariedad,
– las cláusulas de inclusión/exclusión otorgadas a determinados países (Reino Unido, Irlanda y Dinamarca),
– los nuevos poderes delegados (art. 290 del TFUE), y las medidas de aplicación que prevé el art. 291 del TFUE, pero para las cuales no existe actualmente fundamento jurídico;
considera que, en aquellos casos en que se haya iniciado un procedimiento legislativo en el marco de las disposiciones del Tratado de Niza que prevén la mera consulta del Parlamento, como ha ocurrido en numerosos ámbitos del ELSJ, y el Parlamento haya emitido su dictamen, el procedimiento legislativo debería iniciarse de nuevo en primera lectura de conformidad con el Tratado de Lisboa, con objeto de ofrecer al Parlamento la oportunidad de expresarse con pleno conocimiento de sus prerrogativas;
151. Subraya que, contrariamente a lo que se señala en el proyecto de Programa de Estocolmo de la Presidencia, cuando están en juego derechos fundamentales la política exterior de la Unión Europea debe ajustarse al marco jurídico interior de la Unión Europea y no lo contrario; pide que se le informe inmediatamente de las negociaciones previstas o pendientes relativas a acuerdos internacionales que tengan relación con el ámbito del ELSJ, en particular los que se basan en los artículos 24 y 38 del actual TUE; considera que se debe conceder una prioridad especial a la formulación, antes de la próxima cumbre UE-EE.UU., de una estrategia común coherente para las futuras relaciones con los EE.UU. en relación con el ELSJ, en particular en lo que se refiere a la celebración de los acuerdos pendientes que se indican a continuación:
– la antigua "vía comunitaria" del acuerdo de dispensa de visados vinculado a ESTA,
– el acuerdo UE-EE.UU. sobre el registro de nombres de los pasajeros,
– el acuerdo UE–EE.UU. sobre el acceso a los datos financieros (SWIFT), teniendo debidamente en cuenta los acuerdos UE-EE.UU. en materia de asistencia jurídica mutua y extradición,
– el marco UE-EE.UU. de protección de los datos que se intercambian con fines de seguridad;
152. Pide a la Comisión que simplifique y haga más accesibles los programas financieros establecidos para apoyar la creación del ELSJ; destaca, en este mismo contexto, la necesidad de tener en cuenta la solidaridad financiera en la elaboración de las nuevas perspectivas financieras;
153. Se reserva el derecho de presentar nuevas propuestas específicas cuando se le consulte sobre el programa legislativo;
154. Pide que se efectúe una revisión intermedia y una evaluación del Programa de Estocolmo a principios de 2012;
155. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.
(1) DO C 267 de 14.10.1991, p. 33.
(2) DO C 273 E de 14.11.2003, p. 99.
(3) Textos Aprobados, P6_TA(2008)0352.
(4) Textos Aprobados, P6_TA(2009)0386.
(5) A reserva del artículo 10 del Protocolo nº 36 sobre las disposiciones transitorias y del artículo 276 del TFUE.
(8) Reglamento (CE) n° 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) (DO L 199 de 31.7.2007, p. 40).
(9) Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12 de 16.1.2001, p. 1).
(10) Reglamento (CE) n° 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (DO L 174 de 27.6.2001, p.1).
(11) DO L 327 de 5.12.2008, p. 27.
(12) Asuntos acumulados C-402/05 P y C-415/05 P, Kadi, Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, Rec. 2008, p. I-6351.
(13) DO L 350 de 30.12.2008, p. 60.

References: Resolución 
 artículo 51
 artículo 80
 artículo 67
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 86
 artículo 13
 artículo 265
 artículo 16
 artículo 39
 resolución 
 artículo 10
 artículo 276