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Timestamp: 2020-04-03 10:36:59+00:00

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Sentencia nº 191 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 8 de Abril de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 283255087
Número de Expediente: 04-2498
El 9 de septiembre de 2004, el ciudadano G.J.M.H., para entonces Defensor del Pueblo; L.P.M.G., A.R.P., V.C.S., L.C.G.G. y Sacha Fernández, con el carácter de: Directora General de Servicios Jurídicos, la primera; Director de Recursos Judiciales (E), el segundo y Defensores III, las restantes y el restante, interpusieron acción de nulidad por inconstitucionalidad en contra las normas contenidas en los artículos 9, cardinales 4, 16, 18, 19 y 20; 10, cardinal 6; 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 61, 63, 64, 67, 75, 77, 80, 82, 99, 120, 123, 124, 126, 136, 142, 150, 163, 166, 171, 172, 178, 179, 181, 183, 185, 187, 191, 192, 194, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 217, 218, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 y 239 del Código de Policía del Estado Mérida, publicado en la Gaceta Oficial de esa Entidad, Edición Extraordinaria, el 15 de julio de 1957.
En esa misma oportunidad se dio cuenta en Sala del escrito y se ordenó la remisión de las actas al Juzgado de Sustanciación.
El 21 de octubre de 2004, compareció ante esta Sala la Abogada V.C.S. inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado Nº 75.192 y consignó comunicaciones suscritas por el ciudadano G.M.H., en su carácter de Defensor del Pueblo, mediante las cuales la facultó, junto con la Abogada L.C.G.G., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 78.194, en su condición de funcionarias adscritas a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, para actuar en la presente causa.
El 2 de noviembre de 2004, el Juzgado de Sustanciación admitió la acción y ordenó notificar al Presidente del C.L., al Procurador General del Estado Mérida y al Fiscal General de la República. Asimismo ordenó emplazar a los interesados mediante cartel y abrir el correspondiente cuaderno separado de medidas con motivo de la solicitud de protección cautelar requerida por el accionante.
El 11 de noviembre de 2004, se recibió el cuaderno separado de medidas en esta Sala Constitucional y se designó ponente a los fines de emitir el pronunciamiento cautelar.
El 17 de noviembre de 2004 la abogada L.C.G.G., en su condición de funcionaria adscrita a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, se dio por notificada de la admisión de la presente acción de nulidad y solicitó la expedición del cartel respectivo.
El 1° de diciembre de 2004, la Abogada L.C.G.G., con el carácter indicado, retiró el cartel de emplazamiento.
El 7 de diciembre de 2004, la Abogada V.C.S., en su condición de funcionaria adscrita a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, consignó el ejemplar del Cartel de emplazamiento a los interesados en el diario Últimas Noticias, edición del 3 de diciembre de 2004, página 53.
El 5 de mayo de 2005, esta Sala Constitucional otorgó parcialmente la medida cautelar solicitada por el Defensor del Pueblo. De esta manera, se suspendió la aplicación de las normas contenidas en los artículos 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 34, 38, 45, 50, 53, 57, 63, 64, 67, 82, 126, 150, 166,178, 179, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237 y 239 del Código de Policía del Estado Mérida, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Mérida, Edición Extraordinaria, el 15 de julio de 1957, en el entendido de que dicha suspensión sólo comprendía las previsiones sobre privación de libertad y no otras sanciones contempladas en los artículos enumerados.
El 12 de mayo de 2005, la Abogada V.C.S., en su condición de funcionaria adscrita a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, se dio por notificada de la decisión de esta Sala Constitucional Nº 756, de 5 de mayo de 2005.
El 14 de diciembre de 2005, la representación de la Defensoría del Pueblo manifestó “el interés procesal de la Defensoría del Pueblo en la presente causa”, solicitando a esta M.T., en consecuencia, el pronunciamiento definitivo.
El 11 de julio de 2006, la abogada Abogada E.F.D.S., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 79.059, funcionaria adscrita a la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, reiteró el interés procesal en la presente causa y, por tanto solicitó el pronunciamiento definitivo.
De igual modo, el 21 de noviembre de 2006, el 23 de enero de 2007, el 1° de marzo de 2007, el 26 de abril de 2007, el 5 de junio de 2007 y el 31 de enero de 2008, la abogada Yixci Bezada Sabino, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 69.032, con el carácter de funcionaria adscrita a la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, ratificó el interés procesal en el caso de autos y solicitó la sentencia definitiva.
El 24 de abril de 2008, la Abogada E.M.T., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 39.288, en su condición de representante de la Fiscalía Primera del Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena y ante las Salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral, consignó el “Informe del Ministerio Público”, relacionado con la presente causa.
El 1° de octubre de 2008, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala Constitucional convocó, mediante el Auto respectivo, a las partes interesadas en la presente causa al acto público y oral, fijado para el día 23 de octubre de 2008.
El 23 de octubre de 2008, comparecieron ante esta Sala Constitucional las abogadas E.F.D.S., T.L., N.V.B. y R.M.S., inscritas en el Instituto de Previsión Social bajo los Nros. 79.059, 76.244, 13.061, 95.923, y 71.387, respectivamente, adscritas a la Dirección General de Servicios Judiciales de la Defensoría del Pueblo, y consignaron “escrito de pruebas”. Al respecto, presentaron un resumen de los alegatos contenidos en el escrito libelar que dio inicio al caso de autos y también referencias a la medida cautelar parcialmente otorgada, para luego promover como prueba documental la copia fotostática del Código de Policía del Estado Mérida, expedida por la dependencia de Archivo del C.L. delE.M., que contiene los artículos impugnados.
El 23 de octubre de 2008 se realizó el acto oral y público, previamente convocado por el Juzgado de Sustanciación. Esta Sala Constitucional, se constituyó en el Salón de Audiencias a la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.); comparecieron las abogadas T.L. y Z.A., adscritas a la Dirección de Recursos Judiciales de la Defensoría del Pueblo, actuando en representación de la ciudadana G.R., Defensora del Pueblo. No asistieron los representantes judiciales del C.L. regional, de la Procuraduría General del Estado Mérida ni tampoco los del Ministerio Público.
El 11 de noviembre de 2008, se recibió en Sala el expediente correspondiente a la presente causa y se fijó el tercer día de despacho siguiente para el comienzo de la relación, designándose ponente a la Magistrada Doctora C.Z. deM., quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
El 18 de noviembre de 2008, comenzó la relación de la causa.
El 20 de diciembre de 2008, se dijo “vistos” en el presente juicio.
El contenido de los referidos artículos es el siguiente:
Artículo 9.- Sin perjuicio de las demás atribuciones establecidas en este Código, el Cuerpo de Policía tendrá las siguientes:
4° Esforzarse en descubrir las tramas o maquinaciones contra el orden público persiguiendo e impidiendo los planes subversivos, disolviendo los grupos que se reúnan con el propósito hostil aprehendiendo y quitándole las armas y municiones que poseyeren;
16° Vigilar las casas y demás lugares donde concurran persona de notoria mala conducta;
18° No permitir la entrada a los cines y demás espectáculos públicos a los menores de quince años después de las 7:00 de la noche, siempre que no se trate de actos culturales especiales dedicados a los niños;
19° No permitir que los menores de quince años transiten después de las nueve de la noche por las calles, plazas y caminos públicos;
20° Vigilar que los menores de edad no visiten los lugares públicos, donde existan billares y otros juegos en general que se realicen con la inversión de dinero u objetos. Vigilar los botiquines, bares, botillerías y cualquier otro expendio de licores para no permitir la venta de estos a menores de edad
Artículo 10.- Son deberes de los Jefes de los Cuerpos de Policía:
6° Denunciar al respectivo Prefecto las faltas en que incurrieren sus subalternos y especialmente cuando fueren reincidentes, aprehendiéndolos y entregándolos a la autoridad competente, si hubiere cometido delitos o faltas enjuiciables
“Artículo 11.- La Primera autoridad de Policía de cada jurisdicción, procurará tener un conocimiento general de los habitantes de la jurisdicción, tanto nacionales como extranjeros, así como de sus oficios y profesiones”.
Artículo 12.- Todo ciudadano está en la obligación de prestar la colaboración que le exijan las Autoridad de Policía, salvo el caso de que estuviere justamente impedido. Los infractores serán penados con multas de 20 a 100 bolívares o arresto proporcional, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudieren incurrir por su omisión o negligencia
Artículo 13.- Todo individuo que presencia o sepa que se está cometiendo o se intenta cometer algún delito o falta, debe impedirlo si tiene medios eficaces para ello, y en caso de no tenerlo, dar parte inmediatamente a la Policía. De no hacerlo así incurrirá en las penas que determina el artículo 12
Artículo 14.- Donde quiera que existan tumultos, riñas o desordenes concurrirán la Policía para contenerlos y aprehenderá a los participantes y los conducirá ante la autoridad respectiva
Artículo 15.- Toda persona que perturbare el ejercicio de algún culto, cualquiera que éste sea, faltando al orden y respeto debido, queda bajo la acción de la Policía, la que impedirá el abuso e impondrá al infractor las penas a que haya lugar
Artículo 16.- La Policía impedirá que anden por las calles y caminos los locos, hidrófobos y dementes y hará que sean puestos bajo la custodia de sus deudos o de los hospitales si los hubiere
Artículo 17.- Nadie podrá efectuar disparos de armas de fuego sino en los lugares legalmente autorizados. Tampoco podrán dispersarse petardos ni prenderse fuegos artificiales ni fogatas: sin embargo, la autoridad policial correspondiente podrá permitirlo en determinadas circunstancias. Este permiso no se concederá en ningún caso respecto a los fuegos artificiales en donde las casas estén cubiertas o hayan sido construidas con materiales fácilmente inflamables. Los infractores de esta disposición serán penados con multas de diez a cien bolívares o arresto proporcional
Artículo 20.- Los que arrancaren, rompieren o borraren o de cualquier otra manera dañaren carteles o edictos públicos serán penados con multas de veinte a cuarenta bolívares o arresto proporcional
Artículo 21.- Los herreros o cerrajeros ni ninguna otra persona podrán hacer llaves por modelos, por estampas o por otras llaves, sin tener a la vista las herraduras a que deben servir o sin autorizaciones del propietarios respectivo ni mucho menos llaves maestras, ganzúas u otros instrumentos destinados a falsear las cerraduras de puertas, cajas o cofre, bajo multa de diez a ciento cincuenta bolívares o arresto proporcional
Artículo 22.- Ningún arma de fuego podrá ser reparada si no está debidamente empadronada y si quien la presente no exhibe el comprobante respectivo. La contravención, por parte del armero, será penada con multa hasta de cien bolívares o arresto proporcional
Artículo 23.- La Policía velará porque en el territorio de su jurisdicción no se coloquen o circule anónimos o escritos que ofendan el pudor, la moral y las buenas costumbres, así como aquellos que vayan dirigidos contra la buena reputación del Gobierno o de los particulares. Los infractores de esta disposición serán penados con multa de cuarenta a doscientos bolívares o arresto proporcional sin perjuicio de las penas en que incurran de acuerdo con la legislación nacional
Artículo 26.- Los que tiñan los frentes de las casas o edificios o los deteriores, los que arrojen piedras a los techos, causen daños a los objetos de servicio y de ornato público, a la propaganda comercial autorizada y a los árboles o animales, o menoscaben otra obra de utilidad común, podrán ser aprehendidos por el primero que los sorprendiere en la consumación de tales hechos y conducidos ante el funcionario de policía superior del lugar, quien los obligará a reparar el daño material causado y les impondrá una multa de veinte a cien bolívares.
ÚNICO: Si en el caso a que se refiere este artículo se trata de un menor, la autoridad citará al padre, tutor o encargado, a fin de que repare el daño material ocasionado y para prevenirlo sobre la multa de que trata este mismo artículo, en caso de reincidencia
Artículo 27.- Las autoridades de Policía con el carácter de funcionarios de instrucción que tienen por el Código de Enjuiciamiento Criminal, podrán acordar la detención de aquellos individuos sobre quienes recaigan sospechas fundadas, de haber cometido un delito o falta, especialmente si presumen que puedan ocultarse o fugarse. La detención deberá ser justificada por escrito dentro de las 24 horas de efectuada con expresión del fundamento que la motiva; y una vez decretada la detención será instruida la averiguación correspondiente con expresión del fundamento que la motiva; y una vez ordenada la detención será instruida la averiguación correspondiente. Caso de aparecer fundados indicios se pasarán las actuaciones al Tribunal competente para la continuación del juicio
Artículo 28.- Las autoridades de Policía están en el deber de imponerle una multa hasta de treinta bolívares a toda persona que en lugar público se halle en estado de embriaguez manifiesta, molesta o repugnante. Si el hecho es habitual, la pena será de arresto por treinta días
Artículo 29.- Cuando en un lugar público o establecimiento abierto al público, alguien haya ocasionado la embriaguez de otro haciéndole ingerir bebidas alcohólicas o haya hecho tomarlas a persona ya ebrias será castigado con arresto hasta por diez días.
Si se hubiere cometido el hecho en personas menores de quince años, o en la que manifiestamente se hallare en estado anormal, por causa de debilidad o alteración de sus facultades mentales, el arresto será de diez a treinta días.
PARÁGRAFO ÚNICO: La autoridad policial podrá retirar la patente municipal cuando el contraventor fuere comerciante de bebidas alcohólicas
Artículo 30.- Los dueños o representantes, encargados o dependientes de pulperías, botillerías u otros establecimientos que sirvan a los menores bebidas alcohólicas, serán penados con multa de ciento cincuenta a doscientos bolívares
Artículo 31.- Cualquiera autoridad de policía de oficio o a excitación del dueño podrá hacer desalojar de los establecimientos públicos a los que se encuentren cometiendo actos obscenos
Artículo 32.- Como medida necesaria para evitar alteraciones del orden público, las autoridades policiales quedan facultadas para limitar el expendio de licores en las zonas rurales del Estado, los sábados después de las 12:00 m., los domingos y demás días feriados
Artículo 34.- Los impresos, dibujos, manuscritos, estampas o cualquiera otra publicación que expresen o representen obscenidades y que se expongan al público o se ofrezcan en venta, será recogidos por la Policía e incinerados. Los responsables de estas infracciones serán penados con multas de cuarenta bolívares o arresto proporcional
Artículo 35.- A las personas que se encuentren en jurisdicción del Estado y sean reputadas como vagos, maleantes, o mal entretenidos se les aplicarán, previo el cumplimiento de las tramitaciones legales, las sanciones establecidas en la Ley nacional que prevé este tipo de infracciones
Artículo 36.- Cuando las autoridades de policía comprueben la existencia de menores prófugos, abandonados o en estado de ociosidad, ocurrirán al C.V. del Niño, siguiendo el procedimiento pautado por la legislación respectiva
Artículo 38.- El dueño o encargado de casas o juegos lícitos que consintieren en ellas a menores, será penado con multas de veinte a cien bolívares o arresto proporcional. En caso de reincidencia, la pena podrá aumentarse hasta el duplo (sic)
Artículo 39.- Los padres o representantes de menores están obligados a enviarlos a las Escuelas Primarias a fin de que reciban educación. Los contraventores a esta disposición serán penados con multas de cinco a veinte bolívares. La autoridad policial correspondiente tendrá la debida prudencia al imponer dicha sanciones y tomará en cuenta los diversos factores que concurran en cada caso determinado
Artículo 40.- Ninguna persona podrá disfrazarse fuera de los días previstos por este Código o por la Primera Autoridad Civil del Distrito en su caso (...). Los contraventores serán penados con multas de veinte a cincuenta bolívares o arresto proporcional
Artículo 43.- Cuidar de que en los prostíbulos no sean admitidas mujeres menores de quince años, tomando para ello las medidas que juzgue convenientes
Artículo 44.- Cuidará la Policía de que no concurran a las casas de prostitución varones menores de catorce años; y en el caso de que sean sorprendidos in fraganti, la respectiva autoridad lo avisará al padre o encargado del niño para su debida corrección
Artículo 45. Las casas de prostitución serán siempre franqueadas a los empleados de Sanidad y a los médicos con carácter oficial; para que practiquen las inspecciones que la higiene requiere.
ÚNICO: La resistencia a la disposición contenida en este artículo apareja multa hasta por veinte bolívares o arresto proporcional
Artículo 47.- Se prohíbe terminantemente a los conductores de reses, bestias u otros animales llevarlos sueltos por las calles u otras vías públicas sin la debida precaución ni correrlos bajo ningún pretexto.
Los contraventores a estas disposiciones serán penados con multa de cinco hasta cien bolívares, según la gravedad de la falta, sin perjuicio de la indemnización a que haya lugar
Artículo 50.- Queda prohibido tener sueltos dentro del poblado y en los caminos públicos, cerdos, chivos, perros bravos, caballos, mulas, toros, vacas o cualesquiera otros animales. En caso de infracción, si esta se cometiere en los caminos las autoridades y agentes de policía lo comunicarán a los dueños para que los encierre, pudiendo imponerles en caso de negligencia, desobediencia o daño, multas de cinco a cincuenta bolívares o arresto proporcional. Si la infracción se cometiere dentro del poblado, en las calles, plazas y en solares sin cercas o mal cercados los dueños de dichos animales serán penados con multas de cinco a cincuenta bolívares o arresto proporcional, pudiéndose imponer la multa hasta por cien bolívares en caso de daño en los parques, plazas, calles y demás obras públicas de las poblaciones, y la obligación de reparar o resarcir el daño causado
Artículo 51.- Se prohíbe arrastrar madera y otros objetos por las calles de las poblaciones así como también las máquinas cuyo rodamiento sean por el sistema de oruga. Sólo podrán transportárselas en carros u otros medios que no causen daño al pavimento de las calles y aceras. Los contraventores serán penados con multas de cinco a cincuenta bolívares, sin que esto obste para reparar a su costa los desperfectos causados
Artículo 52.- Serán castigados con multas de diez a cien bolívares los que cortaren, arrancaren o dañaren los árboles y plantas de jardinería de los parques, alamedas, plaza o calles sin orden de la autoridad; los que rompieren bombillos del alumbrado público y los que destruyeren linderos particulares o municipales o arrancaren mojones fijados por deslindes judiciales o por orden de los Concejos Municipales o Juntas Comunales
Artículo 53.- Incurrirán en la pena de veinte a quinientos bolívares o arresto proporcional, los que destruyeren o inutilizaren máquinas, instrumentos o aparatos destinados a algún servicio público o a la construcción de alguna obra o al estatuido o ensayo de algún procedimiento científico
Artículo 56.- Las jabonerías, curtiembres, peletería, fosforerías y toda industria cuyo ejercicio produzca miasmas, gases mal olientes o nocivos, se establecerán fuera del poblado en sitios indicados por la autoridad sanitaria, o en su defecto, por la Policía, asesorada por dictamen facultativo. Los contraventores se penarán con multa de cien a trescientos bolívares
Artículo 57. Se prohíbe elaborar pólvora o fuegos artificiales dentro del poblado, bajo pena de multa de cincuenta a doscientos cincuenta bolívares o arresto proporcional que se impondrá a los contraventores, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que incurran
Artículo 61.- Los dueños de terrenos no construidos situados en áreas urbanas deberán mantenerlos limpios y convenientemente desmontados. Los que faltaren a esta disposición serán penados con multa de cincuenta a cien bolívares por cada caso de infracción
Artículo 63.- Queda prohibido arrojar a las calles o caminos públicos, desperdicios, basura, animales muertos, inútiles o enfermos o cualquier otro objeto que de alguna manera pueda interrumpir el libre tránsito. Los infractores de esta disposición serán penados con multa de cinco a cien bolívares o arresto proporcional
Artículo 64.- Queda terminantemente prohibido regar o lavar con agua sucia, así como también echarlas a la calle por cualquier medio que fuere. Los infractores serán penados con multa de cinco a cincuenta bolívares o arresto proporcional
Artículo 67.- El que arrojare piedras u otros proyectiles contra las puertas o ventanas o hacia el interior de los edificios será penado con arresto de uno a tres días o multa de diez a treinta bolívares, sin perjuicio de las indemnizaciones o procedimiento a que hubiere lugar por los daños causados
Artículo 75.- El que sin autorización legal impidiere la venta de productos, efectos o mercancías incurrirá en multa de veinte a cien bolívares, además de la responsabilidad que por daños y perjuicios le sea imputado
Artículo 77.- Todas las personas que se ocupen de vender al por mayor o al detal, carnes, granos, u otras sustancias que se expendan por pesas y medidas, están en la obligación de presentar al funcionario respectivo, cada vez que lo exija, las pesas y medidas que utilicen, las cuales deberán estar legalmente aferidas. Los contraventores incurrirán en multa de veinte a trescientos bolívares.
En igual multa incurrirán también los que usen pesas y medidas ilegales y se les obligará en caso de fraude, a devolver a las compradoras las cantidades en que hubieren sido defraudados
Artículo 80.- Los adulteradores de productos alimenticios que fueren descubiertos por la Policía serán conducidos ante la autoridad sanitaria respectiva a los efectos de las sanciones correspondientes
Artículo 82.- Los expendedores en el mercado no podrán dejar en ellos efectos expuestos a dañarse, ninguna clase de desperdicio y depositarlos en el lugar señalado por las autoridades. Los contraventores serán penados con multa de diez a veinte bolívares o con arresto proporcional
Artículo 99.- Los cadáveres serán conducidos en ataúdes de madera o metal.
PARÁGRAFO ÚNICO: Queda Prohibido en absoluta la conducción de cadáveres al cementerio en coches no apropiados y no destinados exclusivamente al efecto, bajo pena de multa de cuarenta a cien bolívares, que impondrá la autoridad civil correspondiente
Artículo 120.- La violación del artículo anterior obliga al infractor a destruir a sus expensas lo hecho, y será penado en cada caso con multa de cincuenta a doscientos bolívares, que impondrá la autoridad policial respectiva
Artículo 123.- Las autoridades de Policía cuidarán de que las cajas y depósitos de aguas de la que se sirva un poblado, se conserven en estado de aseo, impidiendo que a ellas se arrojen objetos de ninguna clase; los contraventores serán penados con multa de veinte hasta cien bolívares, quedando a salvo la acción judicial correspondiente
Artículo 124.- Todo el que practique alguna obra que impida la entrada de las aguas a los estanques o acueductos de donde se surte a las poblaciones, será obligado a destruirla a su costa y será además penado con una multa de cien bolívares, si se descubre que fue intencionalmente, sin perjuicio de las indemnizaciones a que diere lugar los daños que causaron
Artículo 126.- Los que de alguna manera causen perjuicio a los acueductos públicos serán penados con multas de cuarenta a cien bolívares o con arresto proporcional debiendo además, indemnizar los perjuicios que causaren
Los que notificados de las obligaciones que les impone este artículo, no construyeren la sobras necesarias en el lapso que les fije la autoridad de Policías serán penados por la misma autoridad con multa de cien a quinientos bolívares sin perjuicio de construir las mismas obras.
Idéntica pena se impondrá a los que, obligados a la construcción de dichos puentes, no los repare ni taparen los hoyos y agujeros que se formen en los mismos
Artículo 142.- Los dueños de acequias en comunidad, deberán contribuir para sus limpias, corridas de nivel, paredones y compuertas según su convenio o el derecho que tengan, en la acequia. Al que faltare a estas obligaciones deberá compelerse por medio de la Policía al pago de la parte que le corresponda y mientras no lo haga, no se le permitirá el uso del agua
Artículo 150.- Cuando se encuentren ganados de cualquier especie en plantaciones o siembras, podrán cogerse aquellos para presentarlos ante el Prefecto respectivo, con el fin de que se notifique a su dueño el daño ocasionado si hubiere y le fuere imputado.
En caso de no ser posible el traslado de dichos animales hasta la residencia de la autoridad competente, podrá la persona perjudicada dejar constancia con dos testigos de la clase de animales que ocasionó el daño, su hierro, color y cualquier otro dato que pudiere determinarla y presentarse con dicho testigos ante la autoridad competente, para que inste al dueño del referido animal a recogerla, imponiendo la pena correspondiente y obligándolo a pagar los daños causados.
ÚNICO: Queda terminantemente prohibido matar o herir cualquier ganado mayor en las circunstancias previstas en este artículo. Los contraventores a esta disposición pagarán el valor del animal que haya sido muerto o herido, a juicio de peritos, conforme a lo dispuesto en esta Ley y sufrirán como pena por esta falta, una multa de cincuenta bolívares o arresto proporcional
Artículo 163.- Para hacer rodeo de ganados o de bestias para herrarlos en terrenos comuneros, debe disponerse la operación por común acuerdo de los dueños de ganados; y cuando esto no fuere posible, los dueños del mayor número de animales podrán disponer de rodeos avisándolo a los interesados para que concurran a ellos.
Los contraventores serán penados con multa de cincuenta a doscientos bolívares, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran si herraren como suyos animales ajenos
Artículo 166.- Nadie podrá transitar sino por los caminos públicos acostumbrados o por las sabanas o campos que no sean de propiedad particular. El que sin permiso de los dueños de terrenos fuere encontrado en ellos bajo cualquier pretexto, podrá ser conducido por el dueño de ellos, mayordomo o encargado ante el Comisario del lugar, para que este lo ponga a disposición del Prefecto del respectivo Municipio, quien le aplicará la pena de diez hasta veinte bolívares de multa según el caso o arresto proporcional.
ÚNICO: Si la introducción fuere con el objeto de sacar ganado, se impondrá entonces al que lo hiciere una multa de doscientos bolívares y en caso de insolvencia, arresto proporcional
Artículo 171.- Se prohíbe tener en los mataderos en depósitos mayor número de reses de aquel que se consuma en un solo día. Los infractores de esta disposición serán penados con multa de cincuenta a doscientos bolívares.
No podrán beneficiarse sino las reses que se encuentren en buenas condiciones de salud previo certificado de la autoridad sanitaria respectiva. Los infractores de esta disposición serán penados con multas de cien a trescientos bolívares. Cualquier ciudadano está facultado para denunciar dichas infracciones ante la Primera Autoridad Civil respectiva
Artículo 172.- Todo ganado cuya carne haya de ofrecerse al público, se matará el mismo día o dentro de las doce horas precedentes al expendio, a menos que la empresa no emplee medios adecuados de refrigeración. Los infractores serán penados con multa de cien a trescientos bolívares
Artículo 178.- El dueño, mayordomo o encargado, no podrá negarse a poner de manifiesto los cueros ni los hierros cuando se lo exijan, bajo pena de cien bolívares que le impondrá la autoridad respectiva; o diez días de arresto, si no pudiere satisfacerlo, sin perjuicio de que sea juzgado el contraventor de conformidad con las leyes comunes, caso de que no compruebe a satisfacción del funcionario respectivo la legítima procedencia de la res o reses muertas
Artículo 179.- En los casos que sea necesario cortar el cuero, o disponer de él en el mismo día en que se mata la res, o en uno de los quince días inmediatos, debe ser revisado aquél por la autoridad de Policía más cercana, bajo la pena del artículo anterior, para los infractores
Artículo 181.- Los dueños de hatos o predios, sus mayordomos o encargados, están en la obligación de dar aviso a la autoridad de Policía respecto del ganado vacuno, caballar, mular, o asnal, de hierro desconocido que se encuentre en su fundo, con indicación de los hierros, a fin de que la autoridad dé aviso a los dueños por medio de carteles que se fijará en los sitios más concurridos de la localidad y se publicarán por la prensa si la hubiere.
Los contraventores de esta disposición serán penados con multa de cien a trescientos bolívares
Artículo 183.- Si es requerido un funcionario de Policía por algún ciudadano para revisar una o más partidas de animales que se conduzcan por territorios en donde ejerzan jurisdicción a objeto de averiguar su procedencia y se negare a hacerlo, sufrirá una multa de doscientos cuarenta bolívares que le impondrá su inmediato superior, previo el denuncio y la averiguación correspondiente
Artículo 185.- Si pasado el plazo que fija el artículo anterior, el conductor de ganado no justificare la legítima procedencia de aquellos animales, será puesto a disposición del Juez competente, para que le siga el correspondiente juicio; y los ganados se venderán en pública subasta procediéndose al efecto breve y sumariamente, a fin de evitar gastos, dilaciones y mermas de los animales, procurando siempre obtener en la venta el precio corriente en el mercado. El producto de la venta se depositará en la Administración de Rentas Municipales o en persona abonada a disposición del que compruebe ser dueño de los animales vendidos, avisándose por carteles al público.
PARÁGRAFO PRIMERO: El mismo procedimiento se observará en el caso de que se conduzca en mayor número de los expresados en la guía o de que, al confrontarse los hierros, diseñados en ella con los que están marcados los animales resultaren distintos o que han sido alterados intencionalmente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Por las diligencias que practique el Prefecto para la venta de ganado conforme a este artículo, no cobrará derecho o emolumento alguno. Las actuaciones que se practiquen policialmente no ocasionan gasto alguno. Los gastos necesarios de depósitos y los de pasturaje y cuido, serán pagados por el interesado
Artículo 187.- La venta en pública subasta que haya de practicarse conforme al artículo 185, se avisará por carteles en todo caso y si fuere posible por la prensa. El producto de la venta se depositará en la correspondiente Administración de Rentas Municipales a la disposición de quien resulte dueño de los animales vendidos
Artículo 191.- Queda terminantemente prohibido cobrar derecho o emolumento por la revisión de ganados y registros de guías; y el Prefecto o funcionario que contraviniere esta disposición, estará obligado a restituir la suma que hubiere cobrado; y será además penado por el superior inmediato con una multa equivalente al doble de aquella suma
Artículo 192.- Cualquier falta por parte del Prefecto en el cumplimiento de las obligaciones que le imponen los artículos anteriores será motivo de apercibimiento, destitución o enjuiciamiento a juicio del ejecutivo del Estado y de acuerdo con la gravedad del hechos
Artículo 194.- El que se introduzca a cazar en terreno ajeno o cercado, o con los linderos señalados, sin consentimiento del dueño, ya sea con perros, ya sea con armas o instrumentos incurrirá en una multa de veinte a cincuenta bolívares. El dueño del terreno podrá hacer suyo los animales que hubiere muerto el cazador
Artículo 204.- Toda persona que utilizare bestias ajenas sin el permiso de su dueño incurrirá en una multa no menor de cincuenta bolívares quedando a salvo lo que deba pagar al propietario por el uso del animal y los daños y perjuicios a que hubiere lugar
“Artículo 205.- Cuando una persona natural o de creación jurídica, que estando en manifiesta posesión de una cosa ocurra al P. delD. o del Municipio por sí o por representación legal, denunciando que se intenta despojarla de ella o perturbarla de hecho, el funcionario policial correspondiente hará comparecer a su despacho a aquel o aquellos contra quienes se dirija la queja, y si estos últimos no mostraren mandato de autoridad judicial competente para que la cosa les sea entregada, dará eficaz protección al querellante, manteniéndolo en su estado actual de poseedor, hasta tanto el querellado no compruebe su mejor derecho, mediante el mandato arriba mencionado, en virtud de la regla establecida en el artículo 596 del Código de Procedimiento Civil”.
Artículo 206.- Si a pesar del requerimiento de la autoridad policial el querellado continuare ejecutando los hechos constitutivos de la perturbación será penado con multa de cincuenta a trescientos bolívares según la importancia y naturaleza de la cosa, objeto de la perturbación
Artículo 207.- El que estando amparado en su posesión por mandato de la autoridad competente en lo judicial conforme a los Códigos Civil y de Procedimiento Civil fuere de nuevo perturbado o despojado, ocurrirá al P. deD. o Municipio respectivo para que dicha autoridad haga respetar el mandato judicial o imponga la multa correspondiente, conforme al artículo que antecede
Artículo 208.- Cuando el padre de familia o cualquier otro representante legal solicitare el auxilio de la Policía para recuperar su hijo menor de edad u otra persona que esté a su cargo por haberse fugado de la casa o cualquiera otro lugar que se haya destinado para permanecer en él, la autoridad mencionada procederá sin demora a practicar las diligencias conducentes a la aprehensión del fugitivo y una vez aprehendido, lo entregará al reclamante previa amonestación.
Si el fugitivo expusiere algún motivo que justifique su separación de la casa donde se haya fugado, la autoridad de Policía tomará las medidas convenientes a que haya lugar por razón de la falta.
En este último caso, el padre de familia o representante legal designará una persona de reconocida honradez a juicio de la autoridad de policía, en cuyo poder se depositará el fugitivo
Artículo 209.- Siempre que una mujer casada, un hijo de familia o cualquier otra persona que esté a cargo del jefe de un hogar o de cualquier otro representante legal se presentare ante la autoridad policial manifestando haber recibido trato cruel de parte de aquellos, la referida autoridad indagará el hecho y si resultare cierto, provisionalmente depositará en otra parte al querellante y dará parte al Procurador de Menores a fin de que promueva el juicio o las gestiones correspondientes.
El depósito subsistirá hasta que se resuelva definitivamente por la autoridad judicial competente, proveyendo a la subsistencia de la persona depositada el jefe de familia de quien dependa
Artículo 210.- El que por su conducta desordenada y malos tratamientos a su mujer, hijos, pupilos o dependientes, diere lugar a justas quejas por parte de éstos, será amonestado por la autoridad de policía y sino corrigiere será castigado con multa de veinte a cien bolívares
Artículo 211.- Si el mal tratamiento dado por el jefe de la familia sobre alguno de sus miembros constituyere delito, le bastará al funcionario de Policía practicar las correspondientes diligencias sumariales para pasárselas al juez competente y depositará a la persona maltratada si fuere necesario para su seguridad
Artículo 212.- Cuando el padre, la madre, o el tutor de un menor tratare de corromperlo por sí, o consintiere en que otro lo haga, la autoridad de Policía sacará inmediatamente dicho menor de donde estuviere, participando al Procurador de Menores a los fines de la averiguación y procedimiento legal correspondiente.
Lo dispuesto en este Artículo se entiende igualmente con respecto a los demás parientes, a cuyo cargo estuviere los menores
Artículo 215.- En las casas o habitaciones particulares y en sus dependencias no podrán entrar los empleados de Policía en su carácter de tales, sino con las formalidades que se determinan en las Leyes relativas al allanamiento del hogar doméstico.
No se reputan casas particulares para los efectos de este artículo:
a.- Las casas de juego de cualquier clase,
b.- Las tabernas, botillerías u otros establecimientos que expendan licores al por menor,
e.- Los patios, corredores y pasajes de las casas llamadas de vecindad
Artículo 217.- La Policía en materia civil no conoce sino de hechos. Cuando se ventilen derechos, debe ocurrirse a los tribunales de Justicia, o ejercerse la acción correspondiente, pues la Policía siempre presume el derecho de las partes que controvierten, con la sola obligación de mantener el status quo, haciendo que se respete la posesión material de las cosas que no provengan de fraude o delito.
En materia penal sólo conocerá de las faltas; cuando no intervenga la autoridad judicial en caso de delitos participará inmediatamente a la autoridad misma, sin perjuicio de la elaboración del sumario.
Queda prohibido a los Prefectos, de manera terminante, intervenir en el cobro o requerimiento para el pago de pisos, arriendo o cualquier otra clase de deudas, bajo la pena de destitución de su cargo
Artículo 218.- Las autoridades de Policía, en los asuntos de su competencia procederán breve y sumariamente
Artículo 222.- Las penas que pueden aplicar las autoridades de Policía tienen el carácter de correccionales, y son las siguientes:
5° Amonestaciones
El Gobernador del Estado, podrá imponer además de las penas de confinamiento y expulsión
Artículo 223.- El Gobernador del Estado como primera autoridad de Policía puede imponer penas de arresto hasta por quince días o multa hasta por quinientos bolívares, en su función policial de mantener el orden, la moral, la decencia pública y la seguridad social y de proteger las personas y las propiedades
Artículo 224.- Los Prefectos Civiles de Distritos harán cumplir las penas y sanciones que las Ordenanzas Municipales establezcan en cuestiones de policía e imponer arresto hasta por 48 horas cuando desobedezcan las órdenes que dictaren dentro de sus atribuciones legales, aquellos que alteren el orden público o la paz social, pudiendo ordenar su enjuiciamiento si la gravedad del hecho así lo requiriese. Cuando la gravedad de la falta ameritare un arresto superior a las cuarenta y ocho horas, este deberá acordarse por resolución escrita y motivada, y en ningún caso podrá exceder de 15 días
Artículo 225.- En caso de que las faltas cometidas en el Municipio ameriten una pena mayor de la que puede imponer el P. delM. éste lo comunicará al P. delD., quien impondrá la pena correspondiente a la falta cometida, si encontrare justa y completa la información de su subalterno. Si la infracción cometida ameritare sometimiento a juicio se pasará el asunto a las autoridades judiciales competentes
Artículo 226.- La pena de arresto de que trata los artículos anteriores podrá exceder el máximo en ellos fijados cuando provengan de la conmutación de la pena de multa impuesta por las autoridades indicadas, de acuerdo con la regla establecida en el artículo 233 del presente Código
Artículo 227.- La pena de confinamiento puede cumplirse en una población cualquiera del Estado distante de donde habite el que haya de sufrirla y distante del lugar donde se cometió el hecho. En dicho caso de la pena no excederá de tres meses
Artículo 228.- La pena de expulsión se impondrá a juicio del Gobernador a los reincidentes en la comisión de delitos o faltas, a los vagos y maleantes, a los propagadores de noticias falsas, a los agitadores, a los ebrios consuetudinarios e incorregibles, a los que su pendencias, riñas o algazaras alarme con frecuencia el vecindario y a los petardistas conocidos como tales
Artículo 229.- Cuando se imponga la pena de comiso se dará a los objetos decomisados el destino que les señala este Código y en caso de que no lo tenga especialmente, serán vendidos en pública subasta destinándose el producto a las respectivas Rentas Municipales.
Artículo 230.- Las multas que impongan las autoridades de policía serán pagadas a las respectivas Rentas Municipales. Cuando el penado no satisficiere la multa en el plazo que se le fijare, la autoridad policial la convertirá en arresto a razón de un día de arresto por cada diez bolívares
Artículo 231.- La caución de buena conducta consiste en fianza personal o garantía real a satisfacción de la autoridad para responder de que un individuo no llevará a efecto el ataque o daño proyectado contra otro, ni reincidirá en las faltas o contravenciones en que halla incurrido.
PARÁGRAFO PRIMERO: El que rehuse dar la caución que se le exige podrá ser arrestado hasta que la dé, sin que el arresto exceda del que corresponda a la falta que se trata de prevenir.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La cuantía de la fianza será fijada por la autoridad que la exija y no podrá exceder de cuatro mil bolívares. En caso de falta al compromiso que se garantiza con la caución, ésta se le hará efectiva
Artículo 232.- La amonestación consiste en la admonición que la autoridad de Policía hace al individuo en audiencia pública, excitándolo a corregirse de la falta o hecho que se le imputa y a observar buena conducta
Artículo 233.- La pena de arresto se sufrirá en los cuarteles de Policía
Artículo 234.- La falta se divide en simples y graves. Son faltas simples todas aquellas que no causen perjuicios a terceros; y graves aquellas que amenacen el orden y seguridad pública, las que ofendan el pudor y buenas costumbres; las que perjudiquen la salubridad pública y, en general, todas aquellas que producen un daño a la comunidad o a los particulares
Artículo 235.- Las faltas que no tengan pena señaladas en este Código se castigarán con multas de diez a doscientos bolívares o con arresto de uno a veinte días, a juicio de la autoridad competente y de acuerdo con la gravedad de la falta
Artículo 236.- Las autoridades de policía con el carácter de Jueces de Instrucción que les da la Ley, podrán aprehender a aquellos individuos sobre quienes recaigan sospechas fundadas de que han cometido algún delito, especialmente si se tema que puedan ausentarse del lugar. La detención durará solamente el tiempo necesario para practicarse las averiguaciones del caso
Artículo 237.- Las penas que impongan las autoridades de Policía, por faltas que hayan causado daños o perjuicios a terceros, no impiden que los interesados ocurran a los Tribunales de Justicia, en reclamo o defensa de sus derechos
Artículo 238.- Cuando las autoridades de Policía impongan alguna de las penas que establece este Código, lo harán constar por medio de una Resolución, en un libro que con el nombre de Registro de Policías, llevarán los Prefectos tanto de Distritos como de Municipios; y en ella se expresará el nombre y apellido de la persona sancionada, la naturaleza de la infracción cometida con toda sus circunstancias, la pena impuesta y la disposición legal aplicable al caso.
Parágrafo Único: Ejecutada la pena impuesta, el interesado tendrá derecho a que se le expida copia certificada de la Resolución a que se refiere este artículo y con ella podrá ocurrir en queja ante el superior inmediato. Cuando el superior encuentre fundado el recurso de queja, además de la pena de destitución que podrá imponer, ordenará la restitución de la multa, si la hubo, quedando a salvo los derechos del interesado para reclamar los perjuicios que se le hubieren ocasionados
Artículo 239.- Cuando el penado a quien se hubiere impuesto una multa, no pudiere satisfacerla, le queda el derecho de solicitar que se le conmute en arresto o viceversa, y si la autoridad así lo acordare, se conmutará a razón de diez bolívares por cada día de arresto
La Defensoría del Pueblo señaló que la presente acción de nulidad parcial por razones de inconstitucionalidad contra el Código de Policía del Estado Mérida, se interpone contra las normas impugnadas señaladas supra, por los siguientes motivos:
1. Se establecen faltas e infracciones en un cuerpo normativo que no tiene rango de ley; lo cual vulnera el principio de legalidad de las faltas e infracciones.
2. Se otorgan como atribución a autoridades administrativas la posibilidad de efectuar detenciones personales a ciudadanos, en violación al principio de la reserva judicial en materia de libertad personal.
3. Se establecen procedimientos en un cuerpo normativo que no es ley, lo cual vulnera el principio de legalidad adjetiva o de procedimientos
A tal efecto alegó que la normativa impugnada vulnera el derecho a la libertad personal, lo cual se verifica con la violación del principio de legalidad de los delitos, faltas y penas, así como del principio de reserva judicial, en cuanto a la posibilidad de detener o arrestar a los ciudadanos.
Que igualmente se encuentra violado el derecho constitucional al debido proceso, en lo atinente al principio de legalidad de los procedimientos, la garantía del juez natural y el derecho a la defensa.
Al respecto, señaló que el derecho a la libertad personal sólo puede afectarse por motivos de origen constitucional, es decir, los supuestos para la restricción deben tener la misma entidad jurídica, Así, pues: …“los presupuestos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela son los únicos atendibles para privar legitimante de libertad a las personas”.
Que la única autoridad legítima para acordar la privación de la libertad personal es el juez, salvo los casos de flagrancia, prevista en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, que permite a los cuerpos policiales practicar la detención del autor de hechos punibles que merezcan penas privativas de libertad, siempre que sea sorprendido al momento de realizarlos o inmediatamente luego de haberse producido el delito. Sin embargo, aún en el contexto de tal excepción, existe un término de 48 horas, siguientes a la aprehensión, para que la persona sea presentada ante el juez competente.
Que en caso de flagrancia es imprescindible la intervención posterior de la autoridad judicial, pues se requiere la verificación de las condiciones de legalidad en que se ha producido la detención y al mismo tiempo salvaguardar el derecho constitucional a la defensa.
Que la libertad personal como derecho humano se encuentra regulada en los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1 y 25 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 9 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Que los artículos del Código de Policía del Estado Mérida denunciados infringen el principio constitucional de legalidad, por cuanto prevén la aplicación de procedimientos relativos a la restricción de la libertad personal; materia que está reservada al Poder Público Nacional, según dispone la Carta Magna en los artículos 187, cardinal 1; 156, cardinal 32 y el artículo 202. En consecuencia, según la accionante la normativa relacionada con la libertad personal deberá estar contenida en leyes sancionadas por el Poder Legislativo Nacional, en este caso, la Asamblea Nacional.
Al respecto, la representación de la Defensoría del Pueblo señaló que el artículo 253 del Texto Fundamental consagra la potestad de administrar justicia a través de los órganos del Poder Judicial, los cuales desarrollan su labor al conocer de las causas y asuntos de su competencia, mediante los procedimientos que determinen las leyes nacionales.
Que las normas impugnadas del Código de Policía del Estado Mérida: “establecen un procedimiento administrativo sumario, ajeno a cualquier control jurisdiccional, que implica una injerencia grave en el derecho a la libertad personal. Según las mencionadas disposiciones, una simple orden de arresto, a veces incluso inmotivada, puede provenir de una autoridad administrativa basada en situaciones tan ambiguas como puede ser la simple amenaza de alteración del orden público, lo cual deja prácticamente al libre albedrío del funcionario policial la restricción del derecho a la libertad personal”.
Que “cualquier procedimiento que concluya en la detención o arresto de una persona, en una multa pecuniaria o en la aplicación de cualquier sanción, debe ser regulado por un procedimiento establecido en una ley nacional emanada de la Asamblea Nacional según el procedimiento establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; sin embargo, el Código de Policía del Estado Mérida establece formalidades sumarias que implican una interferencia al derecho a la libertad personal, por lo que se encuentra viciado de inconstitucionalidad”.
Que las normas del Código de Policía del Estado Mérida impugnadas también contienen procedimientos sumarios en materia de niños, niñas y adolescentes, lo cual es de regulación exclusiva de la Asamblea Nacional a través de la entonces Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, posteriormente reformada.
Así, para el accionante, la inconstitucionalidad denunciada puede apreciarse en el contenido del artículo 9, cardinales 18, 19 y 20; y de igual manera de los artículos 36, 39, 44, 208 y 212 del Código de Policía del Estado Mérida, pues dichas normas consagran atribuciones a favor de la autoridad administrativa policial dirigidas a separar a los niños, niñas y adolescentes de sus hogares en caso de presentarse casos de corrupción por parte de los respectivos padres o representantes. Igualmente prevé la obligación de asistencia de los niños a las escuelas; la prohibición de ingreso a determinados lugares y el tránsito por las calles después de las nueve de la noche, por lo que se considera que la normativa policial denunciada infringe los artículos 54, 75 y 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Que la normativa impugnada del Código de Policía del Estado Mérida comporta una verdadera usurpación de funciones en perjuicio del Poder Legislativo Nacional. Se establecen procedimientos donde el ciudadano no tiene ninguna posibilidad de defensa, quedando desprovisto de oportunidades para alegar y probar, así como de ejercer los recursos contra la decisión administrativa definitiva, la cual ni siquiera se exige que sea motivada; ocasionando que la medida dictada se encuentre exenta de cualquier tipo de control.
Señaló la representación judicial de la Defensoría del Pueblo que los procedimientos sumarios contenidos en el Código de Policía del Estado Mérida, contemplan sanciones que consisten en multas, decomiso, caución de buena conducta, amonestaciones, confinamiento, expulsión, desalojos, retiro de patente municipal de establecimientos comerciales, limitación al expendio de licores, así como el remate de bienes, el amparo policial para protección de la posesión de bienes inmuebles, entre otros, de tal manera que “vulneran el principio de legalidad de los procedimientos toda vez que su regulación está reservada de manera exclusiva a la Asamblea Nacional a través de leyes nacionales”.
Que la garantía de la reserva legal en materia de libertad personal está contenida en artículo 25 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por otra parte, la representación judicial de la Defensoría del Pueblo alegó que la normativa del Código de Policía del Estado Mérida impugnada viola la garantía constitucional del debido proceso prevista en el artículo 49.6 del Texto Fundamental, por cuanto infringe el principio de legalidad que debe regir en materia de delitos y faltas. En este sentido, la accionante expuso que “en nuestro ordenamiento jurídico, la comisión de un delito, falta o infracción es el único supuesto admitido constitucionalmente para ser objeto de sanción, siendo absolutamente imprescindible que el delito, falta o infracción esté previsto en una ley emanada de la Asamblea Nacional”.
También adujo la accionante que el dispositivo constitucional supra señalado determina que sólo mediante preceptos de carácter legal, puede desarrollarse el contenido de un delito, una falta o de una infracción, siempre y cuando el cuerpo normativo que contenga tales conceptos sea una ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Texto Fundamental.
Teniendo en cuenta los argumentos antes expuestos, la Defensoría del Pueblo consideró que la normativa del Código de Policía del Estado Mérida viola el principio constitucional de legalidad en materia de delitos, faltas e infracciones, toda vez que la normativa denunciada emanó del Poder Legislativo Estadal, sin estar habilitado constitucionalmente para regular dicha materia, la cual resulta de la competencia propia o exclusiva del Poder Público Nacional, a tenor de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Al respecto, la accionante llamó la atención sobre el artículo 234 del Código de Policía del Estado Mérida y expuso que “al establecer la posibilidad de sancionar a los ciudadanos con normas de aplicación discrecional, violan el principio de legalidad de delitos, faltas e infracciones, toda vez que los mismos pertenecen a una normativa emanada del Poder Legislativo Estadal, el cual no se encuentra facultado para legislar sobre delitos, faltas, o infracciones que tengan como consecuencia la imposición de una sanción a las personas”.
Asimismo, la accionante consideró que la infracción denunciada, configura lo previsto en los artículos 25 y 138 del Texto Constitucional, esto es, la nulidad de los actos dictados en ejercicio del Poder Público y que, como en el caso de autos, se fundamentan en la normativa policial impugnada por cuanto contraviene las garantías establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relacionadas con el ejercicio de la actividad policial, sin menoscabo de la responsabilidad administrativa, penal y civil en la puedan incurrir los funcionarios públicos que ordenen o ejecuten las órdenes dadas o bien dispongan la aplicación de la normativa denunciada, sin que puedan alegar órdenes superiores, aparte de la posible usurpación a la autoridad y la consecuente nulidad.
Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo indicó que el debido proceso está previsto en los artículos 10 y 11.1.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 y 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, 9, 10, 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Ahora bien, la Defensoría del Pueblo además de denunciar las infracciones al orden constitucional por parte de la normativa denunciada, también señaló las contravenciones a instrumentos legales específicos, tal es el caso del Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, vigente para el momento de la interposición de la presente acción de nulidad.
En este orden de ideas, la accionante alegó que el artículo 10 cardinal 6; y los artículos 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 40, 43, 45, 50, 53, 57, 63, 64, 67, 80, 82, 126, 150, 166, 178, 179, 185, 208, 209, 211, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 237, 238 y 239 del Código de Policía del Estado Mérida vulneran, entre otros, los artículos 250, 372 y 382 del Código Orgánico Procesal Penal.
Así, en lo que respecta al artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, la Defensoría del Pueblo consideró que la normativa del Código de Policía del Estado Mérida, contraviene la norma penal adjetiva supra indicada, incurriendo en la denominada usurpación de funciones, puesto que el artículo mencionado prevé que sólo mediante la intervención de un juez es posible dictar órdenes de aprehensión a las personas que hayan cometido un hecho punible, siempre y cuando medie la investigación previa por parte del Ministerio Público y luego el juez verifique que se han cumplido los extremos de ley para emitir el mandato restrictivo de la libertad.
De igual manera, la representación judicial de la Defensoría del Pueblo consideró que la normativa denunciada resulta contraria a las previsiones constitucionales ya que permite a las autoridades del órgano de policía regional ejercer, de manera amplia y discrecional, disposiciones normativas dirigidas a sancionar la comisión de faltas, sin que se requiera la intervención judicial y el control de las decisiones adoptadas.
Al respecto, la accionante consideró que la normativa policial estadal denunciada infringe lo dispuesto en la normativa penal adjetiva nacional, ya que el artículo 382 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal dispone para el caso de las faltas un “procedimiento previsto en una norma legal acorde con el principio de legalidad de los procedimientos, y además, está sujeto al control judicial, en consonancia con el principio de reserva legal”.
También la parte actora reiteró que la normativa del Código de Policía del Estado Mérida, concretamente el artículo 9 en sus cardinales 18, 19 y 20, así como los artículos 36, 39, 44, 208 y 212 contravienen las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, vigente para el momento de la interposición de la demanda (reformada posteriormente para dar paso a la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, publicada mediante Gaceta Oficial Nº 5.859, Extraordinario, el 10 de diciembre de 2007), en lo que respecta a la fijación de procedimientos sumarios, obligaciones, restricciones y prohibiciones en materia de niños, niñas y adolescentes, violándose así la garantía de la reserva legal consagrada en el artículo 14 de la legislación correspondiente a la niñez y la adolescencia.
Al respecto, la accionante señaló que las normas denunciadas “consagran plenas atribuciones a las autoridades de policía en cuanto al tratamiento de niños y adolescentes, tales como separarlos de sus hogares en caso de corrupción por parte de sus padres o representantes; juzgar el nuevo hogar del menor en caso de fuga. Igualmente se prevé la obligación de que lo niños acudan a las escuelas; la prohibición de que entren a determinados lugares y de que transiten por las calles después de las nueve de la noche, entre otras disposiciones. Tal como quedó expuesto, la materia de niños y adolescentes es de exclusiva regulación por parte de la Asamblea Nacional, como órgano del Poder Legislativo Nacional, a través de leyes formales, y el Código de Policía del Estado Mérida no es una ley formal por ser emanado de la Asamblea Legislativa del Estado Mérida, es decir, por un cuerpo deliberante estadal. En razón de lo anterior tales normas son nulas por ilegales, y así solicitamos sea declarado por este Tribunal”.
Señaló la accionante que el artículo 9 cardinal 19 del Código de Policía del Estado Mérida, al establecer la restricción a la circulación de los niños menores de quince años, por calles, plazas y caminos públicos después de las 9 de la noche, infringe lo dispuesto en el artículo 39 de la entonces vigente Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, puesto que del contenido de esta última norma se reconoce el derecho a la libertad de tránsito del niño y del adolescente, esto es la posibilidad de desplazarse o circular libremente por el territorio de un Estado; entrar o salir de éste y también elegir el lugar de residencia, claro está no como un derecho absoluto a fin de no menoscabar las facultades reconocidas a los padres o representantes y las eventuales limitaciones que imponga la ley, en aras de su protección e integridad personal.
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo denunció la inconstitucionalidad de los artículos 35 y 228 del Código de Policía del Estado Mérida, por cuanto el contenido de dichas normas pretenden desarrollar las disposiciones de la Derogada Ley sobre Vagos y Maleantes, instrumento legal que fue declarado inconstitucional mediante sentencia dictada por la extinta Corte Suprema de Justicia, en pleno, el 6 de noviembre de 1997.
Al respecto, la accionante alegó que como quiera que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, mal puede seguir disfrutando del principio de legalidad y constitucionalidad la normativa subsidiaria que pretenda desarrollar la aplicación de aquella ley declarada inconstitucional”.
Indicó la accionante que el Código de Policía del Estado Mérida resulta incompatible con el Texto Fundamental de 1999, ya que el instrumento legislativo impugnado reúne disposiciones que representan el “programa político de la criminología positivista de la prevención ante delictum, que interviene antes que el delito se cometa, sobre aquellos que tienen una predisposición para producirlo en función de sus rasgos psicofísicos y socioeconómicos, y que por ende, se encuentran en un 'estado peligroso': los 'delincuentes naturales' que aún no se han tranformados (sic) en 'delincuentes legales'”.
Estimó la Defensoría del Pueblo que la normativa impugnada permite, en alguna medida, la aplicación del denominado derecho penal del autor, propio de la denominada Escuela de Kiel, situación que debe ser revertida para darle paso al derecho penal del acto, que es propio del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia, ya que para la parte accionante lo que se castiga en el campo del derecho penal hoy en día es lo que se hace y no lo que se piensa o lo que denota el aspecto físico del individuo.
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo requirió el otorgamiento de una medida cautelar, de conformidad con lo establecido en al artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, dirigida a suspender la aplicación de las normas impugnadas, en virtud de la violación a los derechos humanos que acarrea su uso, generándose así una práctica sistemática de infracción al orden constitucional por parte de los funcionarios policiales.
Concluyó el escrito libelar la Defensoría del Pueblo solicitando a esta Sala Constitucional la tramitación de la causa como un asunto de mero derecho y que, por las razones de urgencia que amerita la presente decisión, se aplicara lo dispuesto en la sentencia Nº 1561 del 12 de diciembre de 2000, dictada por la Sala.
Por último, la accionante solicitó:
TERCERO Que se declare la nulidad del artículo 9 en sus ordinales 4º, 16º, 18º, 19º y 20º; artículo 10 en su ordinal 6º; y artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 61, 63, 64, 67, 75, 77, 80, 82, 99, 120, 123, 124, 126, 136, 142, 150, 163, 166, 171, 172, 178, 179, 181, 183, 185, 187, 191, 192, 194, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 217, 218, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 y 239 todos del Código de Policía del Estado Mérida publicado en la Gaceta Oficial del referido Estado, Edición Extraordinaria, de fecha 15 de julio de 1957, por ser evidente la contravención existente entre los artículos impugnados y los artículos 44.1, 49.6, 156.32 en concordancia con el primer aparte del 253, todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
En fecha 24 de abril de 2008, el Ministerio Público presentó el informe correspondiente al caso de autos y expuso las siguientes consideraciones:
Que “la libertad personal, principio esencial en el cual descansan las relaciones del Estado con los ciudadanos, constituye un derecho humano, objeto de protección especial y de obligatorio respeto y promoción, por parte de los órganos del Poder Público, según se desprende de lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 44 del Texto Fundamental”.
Que “la premisa anterior cuyo fundamento se consagra en los artículos 2, 3, 19, 23 y 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, impone que los actos que limiten o afecten la libertad personal, deben estar fundados estrictamente en pronunciamientos judiciales, de interpretación restrictiva”.
Al respecto el Ministerio Público hizo referencia a los artículos 9 y 247 del Código Orgánico Procesal Penal, en los siguientes términos:
Artículo 9º. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.
Así y teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas transcritas, el Ministerio Público expuso que corresponde a los órganos que conforman el Poder Judicial y sólo cuando ejercen la función jurisdiccional, imponer medidas restrictivas a la libertad personal, previa investigación y siempre que se hayan garantizado y observado los derechos establecidos en el Texto Fundamental.
También expuso el Ministerio Público que las restricciones a la libertad personal previstas en el Código de Policía del Estado Mérida no se fundamentan en decisiones judiciales, basadas en un proceso contradictorio de naturaleza jurisdiccional, sino que constituyen sanciones administrativas impuestas discrecionalmente por autoridades policiales, fundadas en “conceptos genéricos y heterogéneos, tales como orden público, moral o decencia pública y la seguridad social, cuya interpretación queda al criterio subjetivo de funcionarios a quienes les ha sido atribuida tal facultad”.
Al respecto, la representación del Ministerio Público expuso que las medidas de privación de libertad, tales como el arresto, contenidas en la normativa policial impugnada por la Defensoría del Pueblo no permiten el ejercicio del derecho a la defensa, ya que carecen de un mecanismo adecuado que permita a la persona detenida alegar lo que considere favorable y contradecir las pruebas en su contra, si fuere el caso.
En virtud de los razonamientos expuesto, el Ministerio Público coincidió con la Defensoría del Pueblo en cuanto a que las referidas disposiciones del Código de Policía del Estado Mérida violan el derecho a la libertad personal, consagrado en el artículo 44.1 de la Carta Magna, lo que trae como resultado la inconstitucionalidad de la normativa impugnada.
En relación con el principio constitucional de la legalidad, el Ministerio Público señaló que el mismo “funge como uno de los pilares fundamentales para el efectivo mantenimiento del Estado de Derecho, constituye la concreción de varios aspectos del Estado de Derecho en el ámbito del derecho sancionador, el cual se vincula con el imperio de la ley como presupuesto de la actuación del Estado sobre bienes jurídicos de los ciudadanos, y con el derecho de éstos a la seguridad jurídica y a la interdicción de la arbitrariedad”.
Al respecto, el Ministerio Público indicó que “la formulación de este principio (de legalidad) se traduce en que todo el régimen de los delitos y las penas, debe estar regulado necesaria y únicamente en los actos que por excelencia son dictados por el órgano legislativo del Estado, a saber, en las leyes. Por lo tanto, su configuración formal básica se traduce en el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege. Esta primera exigencia del principio de legalidad, referida al rango de las normas tipificadoras –y que por ende constituye una garantía formal- , se cristaliza en la noción de reserva legal”.
De igual modo, el Ministerio Público señaló que la reserva legal, como principio, está conformada por el conjunto de aquellas materias cuya trascendencia e importancia, desde el punto de vista político, social y jurídico, deben ser reguladas mediante ley. En este orden, uno de los temas que conforman dicha reserva es la actividad sancionatoria y de manera particular la penal, por ello frente a este último tema la institución de la reserva legal adquiere valor capital y de allí que sólo el órgano legislativo nacional es el único que tiene la competencia para determinar que comportamientos humanos son lesivos a los bienes jurídicos importantes y luego describir aquellos en una norma jurídico-penal, para fijar el castigo correlativo.
De tal manera que para el Ministerio Público “las normas contenidas en el Código de Policía del Estado Mérida denunciadas, devienen en inconstitucionales en la medida que el Poder Legislativo Estadal usurpa las funciones constitucionalmente atribuidas al Poder Legislativo Nacional, como lo es legislar en materia penal, violando con ello el principio de reserva legal al establecer delitos y faltas a través de una ley estadal”.
Al respecto, el Ministerio Público señaló que “el contenido del principio de legalidad se concreta en la creación del tipo penal –descripción precisa e inequívoca de la conducta en la norma-, cuyo contenido, dentro del edificio conceptual de la teoría del delito, cobra vida configurándose la categoría de la tipicidad –correspondencia o adecuación de la conducta con la descripción del tipo-, materializándose de esa forma la garantía criminal y la garantía penal, ambas derivadas del principio de legalidad. En otras palabras, el legislador nacional es el único llamado a afirmar, desarrollar, completar, reforzar y concretar la garantía criminal y la garantía penal del principio de legalidad”. (Destacado del Ministerio Público).
Adujo el Ministerio Público que tanto la legalidad como la tipicidad se encuentran íntimamente vinculadas, en el sentido de que el principio de legalidad (nullum crimen) implica que la conducta punible esté también necesariamente prevista en una ley formal, mientras que la tipicidad constituye la descripción inequívoca de esa conducta en el texto legal.
Señaló el Ministerio Público que, luego de efectuadas las precisiones anteriores, la normativa del Código de Policía del Estado Mérida impugnada por la Defensoría del Pueblo tipifica conductas constitutivas de infracciones administrativas, cuya realización por parte de los ciudadanos conlleva como consecuencia jurídica la imposición alternativa de penas, esto es, pecuniarias como las multas o corporales, estas últimas consistentes en la privación de libertad mediante el arresto. Luego, para el Ministerio Público tales normas, pertenecientes a la legislación estadal, resultan contrarias a la garantía penal del principio de legalidad, consagrado en el artículo 49.6 del Texto Fundamental, “toda vez que sólo por ley formal puede establecerse delitos o faltas y en consecuencia, ninguna persona puede ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos o faltas por leyes preexistentes, luego de haber sido sometido a un procedimiento que garantice sus derechos”.
También, para el Ministerio Público resulta inconstitucional la posibilidad de la conversión de las multas en arrestos que prevé la normativa impugnada del Código de Policía del Estado Mérida, ya que si bien la autoridad administrativa puede imponer la sanción pecuniaria, no puede facultar a los órganos administrativos para efectuar la conversión.
Adicionalmente, el Ministerio Público alegó que la normativa impugnada prevé como facultad discrecional otorgada a las autoridades administrativas del Estado Mérida (Gobernador, Prefectos y Alcaldes), la imposición de multas o arrestos, sin que medie procedimiento administrativo o judicial alguno y sin que la persona pueda oponerse a tales decisiones, presentar aquellos alegatos y pruebas que considere favorables para evitar las sanciones referidas, lo cual viola el debido proceso.
Por otra parte, el Ministerio Público consideró que la materia relativa a la determinación de procedimientos relacionados con la restricción de la libertad, deben ser desarrollados por el Poder Público Nacional, mediante ley formal, emanada del órgano facultado para ello por la Carta Magna, en este caso la Asamblea Nacional.
Al respecto, el Ministerio Público señaló que “en el Ordenamiento constitucional venezolano, resulta inconcebible la existencia de actos normativos que confieran una potestad sancionatoria que no esté ceñida a la exigencia de un procedimiento previo, bien de naturaleza administrativa o de naturaleza judicial, ello obedece a que el Estado Venezolano, está concebido como un Estado de derecho y de justicia, cuyas actuaciones se inspiran en la preeminencia de los derechos humanos”.
Luego de las consideraciones expuestas el Ministerio Público concluyó señalando que “cualquier acto que haga imposible la defensa y el debido proceso, antes de que se ejerza la potestad sancionatoria, es nulo por violar derechos humanos reconocidos por la Carta Magna, como es el caso específico, el derecho a la defensa y al debido proceso, nulidad ésta que ha sido consagrada en el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Así las cosas, para el Ministerio Público “el Código recurrido se encuentra sujeto a la norma derogatoria única de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional en virtud de lo cual debe declararse su nulidad”.
Concluyó el Ministerio Público considerando que la acción de nulidad por inconstitucionalidad interpuesta por los representantes de la Defensoría del Pueblo, debe ser declarada con lugar por este M.T..
Declarada como fue la competencia de esta Sala Constitucional, mediante la Sentencia Nº 756, el 12 de mayo de 2005, para conocer de la acción de nulidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra la normativa denunciada del Código de Policía del Estado Mérida y siendo sustanciado el expediente correspondiente a este juicio, este M.T. considera necesario, como punto previo al pronunciamiento definitivo, delimitar de manera precisa el objeto y alcance del examen jurisdiccional que debe efectuar la Sala Constitucional.
En primer término, debe tenerse presente que la parte actora denunció la violación al Texto Constitucional, esto es, la infracción a derechos fundamentales o bien a principios de orden constitucional que informan la actividad y organización del Poder Público en Venezuela.
Adicionalmente, también se alegó la violación a una serie de normas de rango legal, específicamente del Código Orgánico Procesal Penal y de la entonces vigente Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, con la argumentación de que la normativa del Código de Policía en revisión no puede contradecir o establecer un régimen distinto a dichas leyes en sus respectivos ámbitos materiales de competencia.
Asimismo, se denunció el desarrollo normativo que hace el Código de Policía del Estado Mérida de normas pertenecientes a la Ley sobre Vagos y Maleantes, siendo este último instrumento legal objeto de declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad, por parte del pleno de la extinta Corte Suprema de Justicia el 6 de noviembre de 1997.
Ahora bien, esta Sala observa que en el presente juicio se interpuso una demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra normas de rango legal, por lo que únicamente resultan pertinentes los alegatos de violación a la Constitución.
Es por ello que para el caso de las demás infracciones denunciadas, esto es las contravenciones al Código Orgánico Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.894, Extraordinario, el 26 de agosto de 2008, así como también las transgresiones a la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, instrumento que estaba vigente para el momento de la interposición de la acción, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.266, Extraordinario, del 2 de octubre de 2000, reformado posteriormente para dar paso a la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, publicada mediante Gaceta Oficial Nº 5.859, Extraordinario, el 10 de diciembre de 2007; estima esta Sala, que la presente no es la vía idónea para su análisis, pues tales denuncias deben ser planteados a través de la denominada acción de colisión de leyes, lo que no es el objeto del presente juicio.
Como consecuencia de lo expuesto, esta Sala Constitucional emitirá el pronunciamiento de fondo, respecto de las violaciones al orden constitucional que pueda generar la normativa denunciada del Código de Policía del Estado Mérida. Así se decide.
En segundo lugar, observa esta Sala Constitucional que las normas impugnadas se encuentran contenidas en una ley dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que las mismas deben ser objeto de control en cuanto a su conformidad con el nuevo Texto Fundamental, a fin de determinar si existe contradicción entre la precitada norma y la Constitución vigente situación que, de ser el caso, supondría una declaratoria de inconstitucionalidad sobrevenida por parte de este M.T.. Así se declara.
Transcritas las normas impugnadas, expuestos los argumentos de las partes y precisado el contenido y el alcance del presente juicio de nulidad por inconstitucionalidad, esta Sala Constitucional expresa sus consideraciones a los fines de emitir la decisión definitiva.
Posteriormente, la importancia de la libertad en la modernidad se pone de manifiesto a través del reconocimiento normativo que ha experimentado a nivel internacional, tal y como lo evidencian diferentes instrumentos supranacionales, entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos; El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el denominado Pacto de San J. deC.R..
Esta Sala Constitucional observa que de la totalidad de las normas impugnadas por parte de la Defensoría del P. delC. deP. delE.M., las que están relacionadas con la libertad personal son las contenidas en los artículos 9 ordinal 4°, 10 ordinal 6°; 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 40, 45, 50, 53, 57, 63, 64, 67, 80, 82, 126, 150, 166,178, 179, 208, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236 y 239, que contemplan la posibilidad de dictar medidas de arresto por parte de algunas autoridades administrativas del Estado Mérida.
Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de nulidad que intentó el ciudadano G.J.M.H., para el momento Defensor del Pueblo, y los abogados de la Defensoría L.P.M.G., A.R.P., V.C.S., L.C.G. y SACHA FERNÁNDEZ, contra los artículos 9, ordinales 4°, 16°, 18°, 19° y 20°; 10 cardinal 6°, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 61, 63, 64, 67, 75, 77, 80, 82, 99, 120, 123, 124, 126, 136, 142, 150, 163, 166, 171, 172, 178, 179, 181, 183, 185, 187, 191, 192, 194, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 217, 218, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 y 239 del Código de Policía del Estado Mérida, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad, Edición Extraordinaria, el 15 de julio de 1957. En consecuencia:
SE ANULAN los artículos 9, ordinales 4° y 16°, 10 ordinal 6°; 14, 26, 27, 29, 35, 80, 179, 208, 224, 225, 226, 227, 228, 231, 233, 236 y 239 del Código de Policía del Estado Mérida, publicado en la Gaceta Oficial de esa Entidad Federal, Edición Extraordinaria, el 15 de julio de 1957.
SE ANULAN PARCIALMENTE, en lo que respecta a la facultad de órgano policial de restringir la libertad personal, los artículos 12, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 34, 38, 40, 45, 50, 53, 57, 63, 64, 67, 82, 126, 150 Aparte Único; 166, 178, 222, 223, 230 y 235 del Código de Policía del Estado Mérida, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad, Edición Extraordinaria, el 15 de julio de 1957.
SIN LUGAR la pretensión de nulidad interpuesta contra de los artículos 9, ordinales 18°, 19° y 20°; 11, 13, 15, 16, 30, 31, 32, 36, 39, 43, 44, 47, 51, 52, 56, 61, 75, 77, 99, 120, 123, 124, 136, 142, 163, 171, 172, 181, 183, 185, 187, 191, 192, 194, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 215, 217, 218, 229, 232, 234, 237 y 238 del Código de Policía del Estado Mérida, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad, Edición Extraordinaria, el 15 de julio de 1957.
SE ORDENA poner en libertad a cualquier persona que estuviere sometida a la pena de arresto, con base en las normas cuya nulidad fue declarada en este fallo y SE ORDENA eliminar cualquier referencia (en expedientes, archivos y/o registros) a la detención de que hubieren sido objeto las personas a las que se les aplicaron las normas ahora derogadas.
SE ORDENA la publicación del texto íntegro de esta sentencia en la Gaceta Oficial de la República y en la Gaceta Oficial del Estado Mérida, con la siguiente mención en su sumario: “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la nulidad absoluta de los artículos 9, ordinales 4° y 16°, 10 ordinal 6°; 14, 26, 27, 29, 35, 80, 179, 208, 224, 225, 226, 227, 228, 231, 233, 236 y 239 del Código de Policía del Estado Mérida; y la nulidad parcial, en lo que respecta a la facultad de órgano policial de restringir la libertad personal, de los artículos 12, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 34, 38, 40, 45, 50, 53, 57, 63, 64, 67, 82, 126, 150 Aparte Único; 166, 178, 222, 223, 230 y 235 del mismo Código”.
SE EXHORTA al C.L. delE.M. para que derogue cualquier disposición de contenido similar a las que han sido anuladas por este fallo y para que no incluyan, en lo sucesivo, sanciones de privación o restricción de libertad en sus textos legales.
NOTIFICAR a la Defensoría del Pueblo de la presente decisión, a los fines de que estime la posibilidad de solicitar la extensión de los efectos.
EXTENDER los efectos de la presente decisión, siempre que se solicite formalmente, se acredite estar en idéntica situación frente a un Código de Policía estatal contentivo de la normativa anulada por inconstitucionalidad en el presente fallo y aún no se haya celebrado el acto oral. En ese caso, la Sala, previa verificación sumaria, decidirá si ha lugar la extensión de efectos solicitada pudiendo acordarla; en caso contrario se ordenará el trámite de ley para decidir la nulidad.
Exp.- 04-2498
Quien suscribe, Magistrada L.E.M.L., salva su voto por disentir del fallo que antecede en el cual se declaró parcialmente con lugar el recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano G.J.M.H. en su entonces condición de Defensor del Pueblo, conjuntamente con abogados adscritos al Despacho a su cargo, solicitó la anulación de los artículos 9, ordinales 4º, 16º, 18º, 19º y 20º, 10, ordinal 6º, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 61, 63, 64, 67, 75, 77, 80, 82, 99, 120, 123, 124, 126, 136, 142, 150, 163, 166, 171, 172, 178, 179, 181, 183, 185, 187, 191, 192, 194, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 216, 217, 218, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 y 239 del Código de Policía del Estado Mérida, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad, en el número extraordinario del 15 de julio de 1957.
Así, se aprecia que en el fallo en cuestión acordó “extender los efectos de la presente decisión, siempre que se solicite formalmente, se acredite estar en idéntica situación frente a un Código de Policía estatal contentivo de la normativa anulada por inconstitucionalidad en el presente fallo y aún no se haya celebrado el acto oral. En ese caso, la Sala previa verificación sumaria, decidirá si ha lugar la extensión de los efectos solicitada pudiendo acordarla; en caso contrario se ordenará el trámite de ley para decidir la nulidad” y, fundamentó tal proceder, en el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia de esta Sala Nº 2.675/01, caso: “H.M.P.A.”.
Al respecto, quien disiente advierte que la mencionada decisión de esta Sala Nº 2.675/01, se generó con ocasión de una acción de amparo en la cual se hizo extensible a todas aquellas personas que se encuentran en idéntica situación así no sean partes en el proceso y no como consecuencia de un recurso de nulidad por inconstitucionalidad. Tal circunstancia resulta fundamental, ya que el mencionado precedente si bien recoge una importante evolución jurisprudencial que ha venido desarrollando en materia de tutela de los derechos fundamentales este Tribunal Supremo de Justicia, lo cierto es que su contenido no podía aplicarse a los procesos de nulidad por inconstitucionalidad sin desnaturalizar el derecho al debido proceso y a una tutela judicial efectiva.
Ciertamente, la extensión de los efectos que se produce en una acción de amparo constitucional, permite que un número indeterminado de personas pueda favorecerse de los efectos de una sentencia que se originó en un proceso en el cual no fueron parte, pero ello sólo es posible, porque el contenido de la decisión de fondo y de los hechos que la originan, bien sean actos u omisiones, que son declarados contrarios al ordenamiento jurídico constitucional como consecuencia de un debido procedimiento, son la causa eficiente que incide de manera refleja o directa en los derechos fundamentales de terceros ajenos (formalmente) al proceso.
Así, partiendo de una sentencia que reconoce un hecho como contrario al ordenamiento jurídico constitucional, dada la magnitud de la violación en la medida que esta incide sobre los derechos fundamentales de una persona o grupo, es posible que otras personas puedan favorecerse de la misma en la medida que su condición se identifique con una tutela de un derecho fundamental que ha sido reconocido judicialmente de forma objetiva, lo cual no ocurre en la extensión planteada por la mayoría sentenciadora, en tanto que el criterio propuesto invierte el anterior análisis, por cuanto la existencia de diversas normas o ámbitos objetivos de controversias, serían objeto de un análisis “sumario” por parte de la Sala, que en el caso de ser procedente darían por terminado el correspondiente proceso, vale decir, resolverían el recurso de nulidad que se trate sin el trámite del correspondiente procedimiento, no sólo privando de esta forma al órgano emisor del acto o a los eventuales terceros del derecho a la defensa y al debido proceso, sino a la propia Sala en su labor de perfilar y afinar los criterios de la Sala respecto a los asuntos planteados a su consideración.
En consecuencia, quien disidente estima entonces que en el presente caso la Sala debió optar por un análisis casuístico, a los fines de aplicar el contenido de la presente decisión, ya que el orden jurídico no puede percibirse estáticamente sino como un sistema que dinámicamente considerado, puede ofrecer múltiples oportunidades para encontrar las valoraciones inmanentes y latentes que pueden servir de base o de entramado para materializar de forma explícita la ratio iuris del ordenamiento jurídico, tal como ha ocurrido en anteriores circunstancias en la labor jurisprudencial de esta Sala, como se evidencia en el fallo Nº 2.413/06, caso: “Irving Bermúdez Díaz”.
Ciertamente, en su labor de garante de la Constitución la jurisdicción constitucional debe en palabras de Betti “prever las reacciones que es de presumir se produzcan al utilizar determinado modo de entender la valoración normativa de la ley, así se debe tener en cuenta tanto la ventaja que no se puede esperar como el daño eventual que se puede derivar de aplicarla en tal modo para resolver el conflicto de intereses en cuestión, el que consistiría el ‘legum probare’ de que habla Leibniz: ‘rationem legis veram reddere, non tantum scilicet cum sit lata, sed etieam cursit tuenda’. Aunque esta ulterior apreciación debe ser conducida no ya desde el punto de vista de un ficticio legislador de entonces, sino al interprete de aquél en la sociedad contemporánea, en la que la ley es destinada a desarrollar su función normativa, lo que desde luego, tiene otro sentido que una apreciación meramente contemplativa o retrospectiva, como sucede con el oficio del historiador” -Cfr. Betti, Emilio. Interpretación de la Ley y de los Actos Jurídicos. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1975, p. 46-.
Exp. Nº 2004-2498

References: Artículo 9

Artículo 10

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Artículo 13
 artículo 12

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Artículo 17

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Artículo 21

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Artículo 142

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Artículo 166

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Artículo 181

Artículo 183

Artículo 185

Artículo 187
 artículo 185

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Artículo 192

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Artículo 207

Artículo 208

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Artículo 211

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Artículo 215

Artículo 217

Artículo 218

Artículo 222

Artículo 223

Artículo 224
 resolución 

Artículo 225

Artículo 226
 artículo 233

Artículo 227

Artículo 228

Artículo 229

Artículo 230

Artículo 231

Artículo 232

Artículo 233

Artículo 234

Artículo 235

Artículo 236

Artículo 237

Artículo 238
 Resolución 

Artículo 239
 artículo 248
 artículo 202
 artículo 253
 artículo 9
 artículo 25
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 49
 artículo 202
 artículo 234
 artículo 10
 artículo 250
 artículo 382
 artículo 9
 artículo 14
 artículo 9
 artículo 39
 artículo 588
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 44

Artículo 9
 artículo 44
 artículo 49
 artículo 25