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Raúl Brañes. La fundación del derecho ambiental en América Latina
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David Araya Vidal
1 Raúl Brañes La fundación del derecho ambiental en América Latina2 DEDICATORIA 1 A esta nuestra América Latina, región entrañable, así como a sus pueblos, con la esperanza de que este libro sea una contribución para diseñar un futuro mejor para todos A Odette y a nuestras hijas Ximena, Marcela y Claudia, así como a nuestros hijos políticos José Antonio, Ignacio y Fernando. A mis nietos: Blanca Nieves (María Fernanda) y los Siete Enanitos (José Antonio, Rodrigo, Fernando, Gonzalo, Andrés, Paulina y Pablo). A Chile, mi país de origen, larga y angosta faja de tierra, que limita con el mar y la nieve A mis compañeros y amigos chilenos de entonces y de siempre A Salvador Allende, modelo de vida consecuente A México, mi país adoptivo, el último de los países mágicos en palabras de Neruda A mis compañeros y amigos mexicanos que me ayudaron a empezar de nuevo, con mi reconocimiento por su afecto A mis colegas ambientalistas de América Latina, para quiénes escribí este libro, con el ruego de que no desfallezcan y que el pesimismo de la razón lo superen con el optimismo de la voluntad: el derecho para el desarrollo sostenible es una utopía posible A los lectores de otras regiones del mundo, con el anhelo de que nos conozcan mejor y nos quieran, tal como nosotros queremos a todos los hombres de buena voluntad, es decir, a la prácticamente totalidad de los seres humanos. 1 Raúl Brañes dejó escrita esta dedicatoria para su estudio sobre el derecho ambiental en América Latina, al que había dedicado sus últimos años. Gracias a Ximena Brañes, su hija, la hemos rescatado e incluido en este libro, como homenaje a Raúl, a su obra y a sus pensamientos. 23 AGRADECIMIENTOS 34 INDICE PROLOGO I... 7 Ricardo Sánchez PRÓLOGO II... 8 Ximena Brañes RAÚL BRAÑES BALLESTEROS LOS MECANISMOS PARA LA APLICACIÓN DEL DERECHO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA Raúl Brañes Ballesteros 1. Las cuestiones de la aplicación del derecho ambiental La aplicación administrativa del derecho ambiental y los sistemas administrativos de gestión ambiental La aplicación judicial del derecho ambiental y los avances en materia de acceso a la justicia ambiental Justicia constitucional Justicia civil Justicia penal Justicia administrativa Los problemas y las perspectivas del derecho ambiental latinoamericano NUESTRO AMIGO RAUL BRAÑES Carlos Contreras 1. El inicio Un hombre de los años sesenta Un consecuente político que no es político Raúl el intelectual, el académico Raúl, América Latina y más allá de sus océanos Raúl, el ser humano y sus grandes valores LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL DAÑO AMBIENTAL EN LA ARGENTINA Carlos Daniel Silva 1. Algunas notas personales, a modo de prólogo Introducción Las obligaciones afianzadas Determinación del monto de las garantías La limitación de garantías y la limitación de la responsabilidad civil por daños al medio ambiente Los seguros por responsabilidad civil ambiental Conclusiones5 CONSTRUYENDO LA POLÍTICA Y EL DERECHO AMBIENTAL CUBANOS: LA PRESENCIA DE RAÚL BRAÑES Orlando Rey Santos 1. Pensando en Raúl El advenimiento de la Ley de Medio Ambiente en Cuba El Papel del Programa de Legislación Ambiental El desarrollo del marco complementario a la Ley La Responsabilidad por el Daño Ambiental El acceso a la justicia ambiental Hasta luego Raúl GESTIÓN AMBIENTAL Y APLICACIÓN DE LA LEY EN MEXICO Miguel Ángel Cancino 1. Introducción Gestión ambiental y Estado de Derecho La aplicación de la legislación ambiental en México ECONOMIA, ECOLOGIA Y DERECHO Héctor Sejenovich 1. Introducción Raúl: compañero del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente La teoría y la práctica en el ambiente El concepto de ambiente y la teoría de sistemas Problemas ambientales o potencialidades ambientales Medio ambiente y su recorte conceptual y metodológico Diagnóstico ambiental y el papel del derecho Raúl como compañero del grupo de medio ambiente del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. () La planificación y el medio ambiente El estilo de desarrollo y medio ambiente Instrumentos de planificación e instrumentos de mercado Deuda ambiental Raúl como compañero, doctor y profesor de economía Definición de la economía y ambiente Cuentas patrimoniales y daño ambiental La valorización de la naturaleza y el intercambio de mercancías El daño y las metodologías de la recomposición El pasivo los costos y la valorización Estimación de las cuentas patrimoniales y del pasivo ambiental en la actualidad Conclusiones LA NATURALEZA Y LA CIUDAD EN EL RECUERDO DE RAÚL BRAÑES136 Antonio Azuela LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL AMBIENTE Y SU REGLAMENTACIÓN EN URUGUAY6 Marcelo J. Cousillas 1. Introducción La Constitución uruguaya de El texto reformado del artículo La declaración de interés general El deber de abstención El mandato de reglamentación legal La Ley General de Protección del Ambiente LA INFLUENCIA DE RAÚL BRAÑES EN LA GESTIÓN AMBIENTAL MEXICANA Julia Carabias 1. Una nota personal de entrada La influencia de Raúl Brañes en las instituciones y legislación ambiental mexicana Raúl Brañes y la descentralización ambiental RAÚL BRAÑES: LA PERSONA Y EL PROFESIONAL José Lizárraga RAÚL BRAÑES: LA TRAMA DE UNA VIDA Jorge Caillaux Zazzali 1. El azar y la necesidad Redes y sistemas en armonía Unir y reunir El enfoque sistémico Wild law Hacia la auto-organización EL MEDIO AMBIENTE: UN SISTEMA COMPLEJO Vicente Sánchez 1. Raúl Brañes y sus aportes lúcidos al tema del medio ambiente Descubriendo a la temática ambiental y sus características El medio ambiente y el desarrollo La gestión del medio ambiente y el ordenamiento ambiental7 PROLOGO I Ricardo Sánchez 78 PRÓLOGO II Ximena Brañes Raúl Brañes sostenía que el derecho ambiental latinoamericano ha sido estudiado hasta ahora dentro de los límites de la legislación sobre la materia, que en su breve trayectoria histórica se ha venido configurando básicamente como un conjunto de medidas administrativas y medidas penales de naturaleza reactiva, con las que se pretende corregir ciertas conductas que generan efectos ambientales indeseables. Quería hacer una investigación que fuera mas allá del tratamiento jurídico que han tenido los asuntos ambientales en estos años, tratamiento cuya ineficiencia es de pública notoriedad. Su idea era repensar el derecho ambiental en función de los problemas del desarrollo económico y social en América Latina y de la inserción de los países de la región en la economía y sociedad mundiales, así como de los instrumentos jurídicos diseñados para enfrentar esos problemas y para el funcionamiento de la economía, todo ello en la búsqueda de medidas ambiental y económicamente más apropiadas. Raúl Brañes tenía como objetivo último de este proyecto contribuir, dentro de América Latina y desde una perspectiva jurídica, a la transformación de la gestión ambiental para el desarrollo sostenible, con base en una investigación que generaría un nuevo conocimiento jurídico, que en esta etapa de la evolución del derecho ambiental le parecía indispensable para impulsar a su vez nuevos avances en el campo del derecho positivo. Decía Raúl: Hay que recordar que este tipo de avances sólo son viables cuando están apoyados por progresos en el pensamiento jurídico, como lo enseña con mucha claridad la historia del derecho universal: el desarrollo del derecho moderno a partir del código civil de los franceses de 1803, por ejemplo, no habría sido posible sin el desarrollo teórico del derecho civil francés durante el siglo XVIII.... De esta manera se buscaría contribuir a superar las diferencias que se presentan en la región entre los sistemas de gestión de lo económico y de lo ambiental, diferencias que se expresan en la existencia de subsistemas jurídicos paralelos no exentos de lagunas y contradicciones, mediante la vinculación de los temas que en la actualidad son propios del derecho ambiental regional y otros que corresponden al derecho económico latinoamericano, para analizar a continuación las posibles sinergias y antinomias entre las disposiciones que integran estos sectores de los sistemas jurídicos en vigor y proponer una armonización de estas disposiciones en función de lo que se supone es un objetivo que comparten: el desarrollo sostenible. Para mi papá este era su gran proyecto, pero la dificultad para conseguir oportunamente los fondos y finalmente su enfermedad, hicieron imposible que se concluyera. Mi papá pensó siempre que la vida era una cosa seria. Nos enseñó a ser responsables y a asumir nuestras propias decisiones aunque fueran equivocadas. Nos enseñó que la vida era una sola y había que tratar de ser lo más productivos posible. Nos enseñó también que nunca había que dejar de 89 pensar. Que las cosas no dependían de la suerte, sino que la suerte nos la trazamos nosotros mismos. Aprendí de él que las cosas se pueden reconstruir, desde la familia hasta la democracia y que hay que ser dignos, comprometidos e insobornables. Las cenizas de mi papá fueron dejadas en el mar, en Isla Negra, cerca de la casa del poeta a quien tanto admiró. Se reencontró con la naturaleza, con una parte de este mundo tan diverso al que siempre quiso proteger. Su ausencia duele, pero su compañía permanece. En este libro voy a reproducir una pequeña porción de lo que mi papá ya había escrito. Aún cuando su borrador está pletórico de anotaciones he tratado de que el texto quede lo más parecido posible a cómo él lo habría hecho. Ximena Brañes 910 RAÚL BRAÑES BALLESTEROS El Dr. Raúl Brañes nació en Chile en Estudió Derecho en la Universidad de Chile (Santiago), recibiendo el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, así como el título de abogado de la Corte Suprema de Chile. Luego, realizó estudios completos de postgrado en Filosofía del Derecho en la Universidad de Roma (Italia) y de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo en esta última el grado de Doctor en Economía. El Dr. Brañes fue experto en derecho ambiental, campo en el que se desempeñó desde diciembre de Entre esa fecha y 1989 fue consultor jurídico externo, en diversos períodos, de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-ORPALC), con sede en la ciudad de México. En esa calidad, asesoró a diversos gobiernos latinoamericanos y a otros organismos internacionales e intergubernamentales. Además, entre 1984 y 1985 colaboró con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) de México, encabezando un equipo que recopiló y sistematizó toda la legislación ambiental mexicana a nivel federal, con miras a la formación posterior de un banco de datos sobre la materia a cargo de esa Secretaría. En abril de 1987 publicó, con el apoyo de la entonces Fundación Universo Veintiuno, el libro Derecho Ambiental Mexicano (535 páginas). El libro fue presentado ese mismo mes al público en la sede de la Barra Mexicana de Abogados en la ciudad de México. El destacado jurista ambiental argentino Guillermo J. Cano encomió esta obra, calificándola como constitutiva del derecho ambiental mexicano ( Ambiente y Recursos Naturales, Revista de derecho, política y administración, La Ley, Buenos Aires, 1987, vol. IV, número 3). Por su parte, el insigne jurista ambiental español Ramón Martín Mateo dijo de este libro: En América Latina se cuenta en estos momentos con dos obras clave, publicadas con diez años casi entre sí, las de Cano y Brañes... (Tratado de Derecho Ambiental, Trivium, Madrid, 1991, vol. I, página 75). En julio de 1987, el señor Presidente de la República que en carta a su autor había declarado su complacencia por la correspondencia que había entre ese libro y los trabajos nacionales en curso, así como su certeza de que éste contribuirá a los esfuerzos gubernamentales por preservar el entorno - invitó al Dr. Brañes, junto con el entonces Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Lic. Manuel Camacho Solís, a unirse al grupo de trabajo que estaba elaborando un anteproyecto de lo que sería más tarde la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, bajo la coordinación del Jefe de Asesores del señor Secretario, Lic. Marcelo Ebrard. En 1994, el Fondo de Cultura Económica, con la participación de la Fundación Mexicana para la Educación Ambiental, publicó su Manual de derecho ambiental mexicano, cuyas 792 páginas incluyen un Apéndice de derecho ambiental latinoamericano. La obra, que tuvo una segunda edición ampliada y revisada en 2000 (770 páginas) de la que se excluyó el Apéndice, ha tenido una amplia circulación nacional e internacional, sirviendo como obra de 1011 consulta a abogados, estudiantes y una amplia gama de profesionales interesados en el ambiente. Ramón Martín Mateo ha dicho de este libro: Estamos pues ante una magnífica aportación de un jurista avezado, que no sólo dispone de una amplia información, sino que ha sido capaz de ordenarla, sistematizarla y hacerla accesible no sólo a los juristas, sino también a profesionales de otras disciplinas ambientales... (Revista de derecho y política ambientales en América Latina y el Caribe, FARN-PNUMA, Buenos Aires, 1994, vol. I, número 3, página 312). Desde el 2 de enero de 1990 y hasta el 28 de febrero de 1997, fecha en que se acogió a retiro de acuerdo con las reglas sobre jubilación de Naciones Unidas, el Dr. Brañes se desempeñó como Asesor Regional del PNUMA-ORPALC y Coordinador del Programa de Derecho Ambiental para América Latina y el Caribe. En esta última calidad, suministró asistencia técnica en derecho ambiental a los gobiernos de la región, a organismos intergubernamentales y a comisiones legislativas regionales, subregionales y nacionales. Además, creó y dirigió el Sistema de Información de Derecho Ambiental del PNUMA-ORPALC, así como un sistema de publicaciones del Programa de Derecho Ambiental de la misma Oficina. Antes de su retiro, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente postuló al Dr. Brañes para el Premio Príncipe de Asturias. Entre el 1 de agosto de 1997 y el 30 de noviembre de 2000, el Dr. Brañes fue asesor jurídico de la señora Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del gobierno de México, colaborando con esa dependencia federal en diversos asuntos legales. A partir de 1997, el Dr. Brañes se desempeñó además como Presidente fundador de la Asociación Latinoamericana de Derecho Ambiental, A.C, organismo creado por más de un centenar de abogados que provienen de los veinte países de la región, así como consultor de diversos organismos nacionales e internacionales. El Dr. Brañes fue autor de 48 libros, ensayos, informes y artículos en materia de derecho ambiental mexicano, latinoamericano y mundial. Además, coordinó, compiló o editó 15 libros y dirigió 2 publicaciones periódicas de derecho ambiental. Por otra parte, el Dr. Brañes organizó e impartió cursos de derecho de ambiental en México y participó como profesor en trece cursos internacionales sobre la misma materia, así como en más de una decena de cursos de derecho ambiental en México y pronunció conferencias en diversas partes del mundo. Asimismo, participó en 52 congresos, seminarios, talleres y otras reuniones nacionales e internacionales. En 2001 recibió un reconocimiento de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile por su trayectoria en el campo del derecho ambiental y en 2002 un reconocimiento al mérito académico de Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Dr. Brañes murió en la Ciudad de México en mayo de12 LOS MECANISMOS PARA LA APLICACIÓN DEL DERECHO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA Raúl Brañes Ballesteros 1213 LOS MECANISMOS PARA LA APLICACIÓN DEL DERECHO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA Raúl Brañes Ballesteros ( 2 ) 1. Las cuestiones de la aplicación del derecho ambiental. Al hablar del derecho ambiental latinoamericano se deben hacer algunas consideraciones sobre los problemas que presenta su aplicación, esto es, sobre lo que la Conferencia de Río denominó la efectividad de las leyes ambientales. En efecto, existe una percepción generalizada en orden a que la legislación ambiental en todas partes del mundo -, tiene un bajo nivel de aplicación, lo que se explica habitualmente por razones de orden fáctico, principalmente por la falta de voluntad de las autoridades políticas y administrativas llamadas a ponerla en práctica. Este punto, sin embargo, nunca ha sido explorado suficientemente. Tampoco se ha estudiado suficientemente la aplicación de la legislación ambiental por los órganos jurisdiccionales del Estado, cuyos niveles también son percibidos como bajos, pero por razones que nunca se ponen en claro. Esta preocupación se refiere a los importantes problemas de aplicación de la legislación ambiental que en otros trabajos he llamado problemas de eficiencia y de eficacia, distinguiendo para efectos metodológicos entre el grado de idoneidad de una norma jurídica para alcanzar los objetivos que se tuvieron en cuenta al momento de su expedición ( eficiencia ) y el grado de acatamiento de una norma jurídica por sus destinatarios ( eficacia ). 3 Entre los factores que hacen ineficiente la legislación ambiental se encuentran, en mi opinión, tanto su falta de desarrollo como el enfoque equivocado que asume para el tratamiento de los asuntos ambientales cuando concurren todos o algunos de los siguientes elementos: 1) la falta de presencia de la idea del desarrollo sostenible en el sistema jurídico en general y, especialmente, en la legislación económica: 2) la carencia de instrumentos apropiados para su aplicación, en particular de aquellos de naturaleza preventiva; 3) la falta de consideración de las cuestiones sociales y naturales involucradas en los asuntos ambientales; y 4) su heterogeneidad no sólo material sino también estructural. Es importante destacar que los factores de ineficiencia de la legislación ambiental que se acaban de señalar, están presentes en los sistemas jurídicos existentes en América Latina para la protección del medio ambiente y 2 Este artículo que ahora reproducimos es en realidad parte del estudio sobre el derecho ambiental en América Latina en el que estaba trabajando Raúl Brañes. Ximena Brañes ha rescatado el texto entre los borradores que tenía Raúl en su escritorio. 3 Desde 1987, en mi Derecho ambiental mexicano, publicado en abril de ese año por la entonces Fundación Universo Veintiuno, hoy Fundación Mexicana para la Educación Ambiental (cf. pp ). 1314 contribuyen a crear un cuadro de ineficacia de la misma legislación ambiental, que es bastante típico en nuestra región (pero no sólo en esta parte del mundo). Sin embargo, la situación de ineficacia de nuestra legislación ambiental no se explica sólo con razones de ineficiencia. Si así fuera, todo el problema se reduciría a mejorar técnicamente dicha legislación. En lo que se refiere a los factores de ineficacia, no es posible determinar de una manera abstracta cuáles son los problemas de ineficacia propiamente tales de la legislación ambiental de los países de América Latina y, en general, de cualquier país del mundo, pues la verdad es que ello sólo puede ser identificado a través de un análisis concreto de cada situación concreta. Por eso, a continuación se explica la ineficacia propiamente tal de la legislación ambiental latinoamericana a través de dos hipótesis básicas, a saber: 1) La insuficiente valoración social de la legislación ambiental por sus destinatarios, lo que muchas veces incluye el desconocimiento de la misma; y 2) las deficiencias que presentan las instituciones encargadas de aplicar administrativa y judicialmente la legislación ambiental. 4 En nuestra región, la aplicación de los mandatos contenidos en la legislación ambiental está encomendada básicamente a los organismos administrativos que crean los mismos sistemas jurídicos para la protección del medio ambiente, para lo cual son dotados de atribuciones normativas y ejecutivas, entre las que figura la de velar por la aplicación de la legislación ambiental y aplicar sanciones administrativas si se contravienen sus disposiciones (ius punendi). Como es obvio, la aplicación de los mandatos contenidos en la legislación ambiental también depende de los organismos jurisdiccionales del Estado. En general, la aplicación de las normas jurídicas está confiada, en último término, a los tribunales de justicia. Sin embargo, en nuestra región es poco frecuente que se recurra a la vía jurisdiccional para la aplicación de la legislación ambiental, aunque la verdad es que en los últimos años se han hecho avances muy importantes en este campo. 2. La aplicación administrativa del derecho ambiental y los sistemas administrativos de gestión ambiental. Existen muchas críticas sobre la capacidad de respuesta de los sistemas administrativos existentes en América Latina, críticas que casi siempre se fundamentan en el hecho de la creciente gravedad que presentan los problemas ambientales, no obstante la presencia de dichos sistemas administrativos. Esas críticas olvidan que también la gestión ambiental ha mostrado ciertos logros en la solución de algunos problemas y en la prevención 4 La ineficacia del derecho internacional merece, sin embargo, un comentario especial. Se ha destacado la escasa participación de los Estados en los instrumentos internacionales existentes, lo que definitivamente le resta efectividad a dichos instrumentos. A estos factores se unen, además, la dependencia de los instrumentos internacionales del desarrollo del derecho interno y, por tanto, de la eficacia de este último, así como la inexistencia de mecanismos jurisdiccionales apropiados que hagan exigibles los compromisos asumidos por los Estados en los tratados y otros acuerdos internacionales sobre la materia. 1415 de otros, lo que pone en evidencia que la solución de estos problemas es factible en ciertas circunstancias. Sin embargo, la verdad es que estas insuficiencias existen y es importante indagar sus causas. En ese sentido, nos parece claro que una de las razones más profundas de las insuficiencias de la gestión ambiental en la región tiene que ver con la manera cómo ha sido concebida. En efecto, muchas veces su cometido ha sido diseñado de una manera limitada, que no tiene en consideración las complejidades de los ecosistemas y las interrelaciones de sus componentes, así como las vinculaciones que existen entre el medio ambiente y el desarrollo. En consecuencia, las actividades de las administraciones ambientales se han reducido al tratamiento sectorial de algunos problemas ambientales, mediante soluciones que por otra parte no inciden en sus causas. Otra de las razones más profundas de las insuficiencias de la gestión ambiental en la región, ha consistido en que los organismos públicos creados o adecuados para ese efecto, por lo general han carecido de la fuerza política necesaria y de los recursos humanos, materiales y financieros indispensables: es un hecho que la crisis de los años ochenta y, en especial, la crisis financiera del Estado, ha afectado gravemente a los organismos públicos que tienen a su cargo la gestión ambiental del Estado, dado que casi siempre son los eslabones más débiles de la administración pública y, por ende, sobre ellos han repercutido de una manera más significativa las políticas de ajuste. El problema de las insuficiencias de la gestión ambiental no está vinculado, en términos generales, a los presuntos defectos de los modelos que se han seguido para organizar el correspondiente sistema administrativo. La verdad es que no existe ningún modelo que sea apropiado para todos los casos. En lo que concierne específicamente a la aplicación administrativa de la legislación ambiental, sin embargo, las transformaciones de los sistemas administrativos creados en este período, orientadas a conferirle una integralidad de que carecía en un principio, está favoreciendo dicha aplicación administrativa. En efecto, en la década de los años 1970 y 1980 hubo un claro predominio de los sistemas de coordinación: hacia 1990 los organismos ambientales principales eran las Comisiones Nacionales del Medio Ambiente u otros organismos equivalentes, entre ellos, en orden alfabético de los países, los siguientes: en Argentina (1987), la Comisión Nacional de Política Ambiental, 5 creada en 1987; en Bolivia, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, creada en 1986; en Chile, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, creada en 1990; en Cuba, la Comisión Nacional de Protección del Medio Ambiente y del Uso Racional de los Recursos Naturales, creada en 1976; en El Salvador, el Consejo Nacional del Medio Ambiente, creado en 1990; en Guatemala, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, creada en 1986; en Honduras, la Comisión Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo 6, creada en 5 Esta Comisión sustituyó a la Subsecretaría de Política Ambiental, creada en 1985 dentro de la Secretaría General de la Presidencia. En 1991, la Comisión fue sustituida a su vez por la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 6 Paralelamente, en ese país había un Ministerio de Recursos Naturales. 1516 1990; en Nicaragua, la Comisión Nacional del Ambiente y Ordenamiento Territorial 7, creada en 1990; en Panamá, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, creada en 1985; y en Uruguay, el Instituto de Preservación del Medio Ambiente 8, creado en Hacia 1990, sólo Venezuela contaba con un Ministerio de Medio Ambiente, creado en En cambio, al concluir el siglo había 18 Ministerios o Secretarías de Medio Ambiente en la región, a saber: en Argentina, el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente (1999); en Bolivia, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (1993); en Brasil, el Ministerio de Medio Ambiente (1992); en Colombia, el Ministerio del Medio Ambiente (1993); en Costa Rica, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; en Cuba, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; en El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (1998); en Ecuador, el Ministerio del Ambiente (1996); en Guatemala, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (1999); en Haití, el Ministerio de Medio Ambiente (1995); en Honduras, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (1997); en México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2000), creada en 1994 como Secretaría de Medio Ambiente, Recursos naturales y Pesca; en Nicaragua, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (1994); en Panamá, la Autoridad Nacional del Ambiente (1998); en Paraguay, la Secretaría del Ambiente de la Presidencia de la República (2000); en República Dominicana, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2000); en Uruguay, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (1990); y en Venezuela, Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. 9 Este giro hacia la integralidad de la gestión ambiental implicó, desde un punto de vista general, superar la visión de salubridad pública que predominaba en la gestión ambiental, así como dejar atrás el enfoque puramente productivista que predominaba en la gestión de los recursos naturales y, en definitiva, integrar las agendas verde y gris, que se mantenían como separadas por razones circunstanciales. Para concluir con el tema de la aplicación administrativa de la legislación ambiental, habría que señalar que en algunos casos se han creado organismos especializados en esta función, como es el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente creada en México en 1992, que por su denominación pudiera inducir a creer que estamos frente a un organismo judicial, en circunstancias de que se trata de un organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de ese país. Lo mismo ocurre con el llamado Tribunal Ambiental Administrativo de Costa Rica, que es considerado como una instancia prejudicial apropiada para ejecutar 7 En esa época, se había restablecido el Instituto Nicaragüense de Recursos Naturales y del Ambiente (IRENA) y se estaba creando, sobre su base, un nuevo organismo, que finalmente sería el Ministerio que existe en la actualidad. 8 El Instituto, que dependía del Ministerio de Educación Pública, era una comisión de miembros honorarios que desempeñaba funciones de coordinación, especialmente en materia de definición de políticas ambientales. 9 La denominación original de Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables fue sustituida por la reforma de 14 de diciembre de 1999 a la Ley Orgánica de la Administración Central. 1617 medidas cautelares, en especial para lograr el cese de la actividad dañosa o contaminante. 10 Establece el artículo 103 de esa Ley que dicho Tribunal será un órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía y sus fallos agotan la vía administrativa. Su competencia, sin embargo, comprende, entre otras materias, establecer, en vía administrativa, las indemnizaciones que puedan originarse en relación con los daños producidos por violaciones de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales (artículo 111) La aplicación judicial del derecho ambiental y los avances en materia de acceso a la justicia ambiental. La ineficacia de la legislación ambiental tiene que ver, además, con las deficiencias que presenta su aplicación judicial, por razones que muchas veces están vinculadas a la ineficiencia de la propia legislación ambiental, en tanto ésta no tiene previstos mecanismos apropiados para su aplicación por los órganos jurisdiccionales. Pero, el problema es más complejo aún y tiene que ver con muchos otros factores, que van desde las insuficiencias generales que presenta la administración de justicia en los países de la región - que se expresan en una escasa capacidad de respuesta a las necesidades de los justiciables -, hasta insuficiencias específicas de la misma administración en materia de justicia ambiental, que incluye entre otros factores la inexistencia de operadores jurídicos calificados en este campo (jueces y abogados). El hecho es que el conjunto de estas circunstancias son un obstáculo al acceso a la justicia ambiental, lo que se refleja de manera clara en la escasa frecuencia con que se promueven litigios ambientales ante los tribunales de justicia. 12 El concepto de acceso a la justicia ambiental es entendido aquí, por tanto, como la posibilidad de obtener la solución expedita y completa por las autoridades judiciales de un conflicto jurídico de naturaleza ambiental, lo que supone que todas las personas están en igualdad de condiciones para acceder a la justicia y para obtener resultados individual o socialmente justos El Tribunal fue creado en 1995 por la Ley Orgánica del Ambiente de ese país. Cf. Lilliana Arrieta, La justicia ambiental en Costa Rica. Análisis de jurisprudencia, en Universidad Externado de Colombia, Justicia ambiental. Las acciones judiciales para la defensa del medio ambiente, III Jornadas Internacionales en Derecho del Medio Ambiente, Bogotá, 2001, pp. 133 ss. 11 En la op. cit. en la nota anterior se transcribe alguna jurisprudencia que ilustra el trabajo desarrollado por el Tribunal Ambiental Administrativo en estos años, en especial ciertas medidas calificadas de cautelares que fueron adoptadas con base en una potestad validada en 1997 por la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que le permitiría adoptar decisiones cuyo objeto es evitar daños graves e irreparables a los recursos naturales y al medio ambiente. 12 Lo que sigue es una apretada recapitulación, con algunos cambios, de su artículo El acceso a la justicia ambiental en América Latina, en Derecho y desarrollo sostenible: el acceso a la justicia ambiental en América Latina, Memorias del Simposio Judicial realizado en la ciudad de México, PNUMA y PROFEPA, 2000, pp. 33 ss. 13 La cuestión del acceso a la justicia en materia ambiental es algo más complejo que los problemas que presenta la legitimación para accionar (o interés jurídico ), que es sólo uno de los componentes de lo que se podría llamar la justicia para el medio ambiente. Se trata, sin embargo, de un componente importante de este tipo de justicia, que ha ocupado de manera preferente el interés de los especialistas y que es algo así como la antesala a los problemas del acceso a la justicia en materia ambiental, incluso en un sentido histórico. 1718 El acceso a la justicia en general presenta muchas vertientes que han sido materia de atención por quiénes se ocupan de este tema. Entre ellas figuran el costo y el tiempo del litigio en el caso de las demandas pequeñas y el poder de los litigantes y sus diferentes capacidades económicas y técnicas para reclamar justicia, así como la capacidad de organización de los propios litigantes. Estos factores, que por lo general están interrelacionados, son en la práctica judicial verdaderas barreras u obstáculos al acceso a la justicia. El acceso a la justicia específicamente ambiental presenta algunas complicaciones adicionales, entre las que se destacan las siguientes: 1) la extraordinaria complejidad científico-técnica de los casos ambientales, que dificulta su comprensión y exige pruebas que son costosas; 2) la también extraordinaria complejidad de los intereses en juego, que habitualmente son intereses colectivos y difusos, lo que hace necesaria una especial capacidad de organización de los afectados, que debe ir acompañada de la capacidad económica y técnica para hacer valer esos intereses; 3) la eventual existencia de un interés social, que exige a su vez la participación de un órgano público que lo represente; y 4) la propia complejidad del derecho ambiental, que demanda una preparación especial de los abogados y jueces, que difícilmente es proporcionada por la enseñanza que reciben los profesionales del derecho. Por otra parte, la solución expedita y completa de este tipo de conflictos hace necesario un marco jurídico que sea congruente con la naturaleza de los intereses que se deben tutelar judicialmente y que, dicho en términos generales, hasta ahora no existe, por lo menos en la forma que sería deseable. La ausencia de este marco jurídico ha determinado una situación de inaccesibilidad a la justicia ambiental y ha contribuido de una manera importante a la ineficacia del derecho ambiental, comprometiendo la protección del medio ambiente y la viabilidad del desarrollo sostenible. No obstante ello, los escasos cambios que se han dado en algunos países, aunados a la capacidad y voluntad de los jueces, han permitido que en América Latina se inicie un proceso de intervención de los tribunales de justicia en materias ambientales de suma importancia, que está creando una importante jurisprudencia y que permite hablar de una especie de amanecer de la justicia ambiental, caracterizada por rápidos y promisorios avances. Entre esos avances cuyos inicios se pueden ubicar en la década de los años destacan por su importancia los que corresponden a la justicia constitucional y, en un tono menor, los que son una expresión de la justicia administrativa y penal. No ocurre lo mismo, en cambio, con la justicia civil, la que sin embargo comenzó a mostrar algunos progresos en los últimos años del siglo XX Justicia constitucional. En efecto, en la década de los años 1980 la justicia constitucional en el campo ambiental comenzó a experimentar desarrollos inimaginables, con base en disposiciones aparentemente sencillas, que se limitaron a incorporar en las Constituciones Políticas el derecho de todas las personas a un medio ambiente adecuado, así como a establecer las garantías procesales necesarias para 1819 hacer efectivo este derecho y, en algunos casos, el deber de ciertos órganos públicos para accionar en defensa del medio ambiente. Lamentablemente, las dimensiones del presente trabajo impiden entrar a analizar al menos algunos de los numerosos y variados procesos en que se han ventilado estos asuntos, por lo que se hace necesario remitirse a la literatura sobre la materia, como es el caso de las publicaciones del PNUMA sobre el acceso a la justicia, citadas más atrás. El hecho es que, en los últimos años, la intervención de los tribunales de justicia en los conflictos jurídico-ambientales ha girado principalmente en torno al ejercicio de las acciones constitucionales previstas para la defensa de los derechos fundamentales, lo que se explica por las dificultades que aún presentan en nuestros países los sistemas de acciones y, en general, los sistemas procesales respecto de la tutela de los intereses colectivos y difusos. Sin embargo, la verdad es que el acceso a la justicia ambiental mediante acciones constitucionales, que son recursos de excepción de una naturaleza eminentemente cautelar, no puede considerarse como una solución cabal de todos los problemas que presenta dicho acceso. Es urgente favorecer el acceso de los afectados a la justicia ambiental en todas sus vertientes, evitando dejar todo entregado a los principios constitucionales y a la creatividad de la jurisprudencia Justicia civil. En el campo civil, en cambio, no ha habido avances importantes. El problema básico de la justicia es la reparación del daño ambiental, especialmente cuando este daño va más allá de la lesión a un interés individual. Esto se debe a la insuficiente regulación de las cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad por el daño ambiental, en tanto la legislación vigente no toma en cuenta las características específicas del daño ambiental y los problemas para reclamar su reparación, que ya han sido analizados por la doctrina y abordados en el derecho comparado. 14 Los escasos progresos que se hicieron en la década de los años 1980 se dieron en los países que innovaron en este tema, como fue el caso de Brasil con la Ley sobre acción civil pública de La aplicación de esa Ley se inició de inmediato, en particular por el Ministerio Público de ese país, que ha sido el responsable del ejercicio de la casi totalidad de los millares de acciones civiles 14 Las insuficiencias de la regulación del daño ambiental son universalmente reconocidas y son lo suficientemente graves como para que la Declaración de Río se haya ocupado de este tema, al establecer que los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales, pero además que deberán cooperar en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre la materia. La misma Declaración se ha ocupado de establecer que, en el plano nacional... deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. 1920 públicas promovidas hasta hoy. De esta manera, en los últimos quince años de vigencia de la Ley se ha terminado generando una experiencia importante. 15 La década de los años 1990 fue más pródiga en cambios de esta naturaleza. Muchos de éstos se dieron en Colombia, a partir de ciertas disposiciones de la Constitución de 1991, como son las que establecieron las acciones de cumplimiento, reguladas más tarde la Ley núm. 393 de 1997, así como las acciones populares y de grupo, reguladas posteriormente por la Ley núm. 472 también de En otros países, la figura de la acción popular se comenzó a considerar en ciertos temas ambientales específicos, como ocurrió por ejemplo en la Ley de Biodiversidad costarricense de 1998, donde se establece que toda persona estará legitimada para accionar en sede administrativa o jurisdiccional, en defensa o protección de la biodiversidad (artículo 105). 17 En algunos casos, por fin, la superación del sistema tradicional en materia de titularidad de la acción civil por el personalmente afectado ha consistido en extender la legitimación procesal a determinados organismos públicos, sin perjuicio de los derechos del afectado, como son los casos de Chile y de Cuba. A esos casos hay que agregar el sistema establecido en el artículo 44 de la Ley de Gestión Ambiental de Ecuador. Allí se regula un sistema especial de legitimación para las demandas por daños y perjuicios ambientales y las facultades del juez para los casos de condena, disponiendo además que esas demandas se tramitarán por la vía verbal sumaria. En materia de legitimación, prescribe ese precepto que las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculadas por un interés común y afectados directamente por una acción u omisión dañosa podrán interponer ante el juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos. Más novedosas parecen las facultades específicas que se le confieren al juez en caso de una sentencia de condena, a saber: (i) condenar al responsable de los daños al pago de indemnizaciones a favor de la colectividad directamente afectada y a la reparación de los daños y perjuicios causados, así como a un 10% del valor de la indemnización en beneficio del accionante; (ii) en caso de 15 Así se puso de manifiesto en la reunión que se llevó a cabo en San Pablo en 1995, para conmemorar los diez años transcurridos desde que se puso en vigor la Ley. Allí, el autor de este trabajo tuvo la oportunidad de escuchar de parte de quienes habían ejercido esas acciones las lecciones que ellas iban dejando. De esa interesante reunión existe un testimonio escrito, que es el libro coordinado por Édis Milaré y que lleva por título Acao civil pública (Lei 7.347/85. Reminiscências e reflexoes após dez anos de aplicacao), Editora Revista dos Tribunais, Sao Paulo, 1995, 511 pp. 16 Una información completa y actualizada sobre este tema se puede encontrar en la publicación de la Universidad Externado de Colombia titulada Justicia ambiental. Las acciones judiciales para la defensa del medio ambiente, que contiene los trabajos de la III Jornadas Internacionales en Derecho del Medio Ambiente organizada por esa Universidad en La acción popular es una expresión reservada para designar la facultad que tiene "cualquiera persona del pueblo" para accionar, en el sentido procesal de la palabra, en defensa de un interés que se considera de naturaleza colectiva. Se trata de una figura que tiene sus orígenes en el derecho romano y que en nuestros países fue recogida inicialmente por el artículo 948 del Código Civil chileno de 1855, siendo reproducida posteriormente en el artículo 1005 del Código civil colombiano. Este tipo de acciones se encuentra en países industrializados como Alemania (la Popularklage para los casos de competencia desleal), los Estados Unidos (la citizen action en los casos de contaminación atmosférica), Italia (en los casos de impugnación de licencias ilegales de construcción) o España (en los casos de impugnación de planes ilegales de ordenación urbana), entre muchos otros. 20 Mostrar más
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References: artículo 103
 artículo 44
 artículo 948
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 Artículo 2
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