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Estudios del Tercer Pleno Casatorio Civil, SlideSearchEngine.com
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justicia el caso dio lugar poder
El caso que dio lugar a este pleno casatorio es un divorcio por la causal de
separación de hecho planteado por el cónyuge varón, quien indica que contrajo
matrimonio con la demandada en diciembre de 1989, habiendo procreado 4 hijos,
sostenía además estar separado de hecho de la demandada desde el año 1997, y
que se encontraba al día en las pensiones alimenticias, siendo 2 de sus hijos
menores de edad, solicitaba accesoriamente se le conceda un régimen de visitas.
PODER JUDICIAL Corte Suprema de Justicia de la República Corte Suprema de Justicia de la República Tercer Pleno Casatorio Civil PODER JUDICIAL Fondo Editorial del Poder Judicial Tercer Pleno Casatorio Civil PLENOS CASATORIOS CIVILES Primer Pleno Casatorio Civil (2007) Indemnización por Responsabilidad Extracontractual (Casación N.° 1465-2007-Cajamarca) Segundo Pleno Casatorio Civil (2008) Prescripción Adquisitiva de Dominio (Casación N.° 2229–2008–Lambayeque) Tercer Pleno Casatorio Civil (2010) Indemnización en el Divorcio por Causal de Separación de Hecho (Casación N.° 4664-2010–Puno) Cuarto Pleno Casatorio Civil (2011) Desalojo por Ocupación Precaria (Casación N.° 2195-2011–Ucayali) Fondo Editorial del Poder Judicial
TERCER PLENO CASATORIO CIVIL Lima – Perú 15 de diciembre del 2010
TERCER PLENO CASATORIO CIVIL Corte Suprema de Justicia de la República Consejo Ejecutivo del Poder Judicial Centro de Investigaciones del Poder Judicial FONDO EDITORIAL DEL PODER JUDICIAL Edición:	Centro de Investigaciones Judiciales. Área de Investigación y Publicaciones Palacio Nacional de Justicia, Segundo Piso Av. Paseo de la República s/n Teléfono 410 1010 – Anexos 11571 / 11185 Web: www.pj.gob.pe/CorteSuprema/cij Correo electrónico: cij@pj.gob.pe Lima – Perú 2011 Hecho el Deposito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Registro N° 2011 - 15680 Está prohibida la reproducción total o parcial de la presente obra sin el consentimiento escrito de los editores Impreso en Perú
Prólogo Contenido Pág. Prólogo Dr. César Castro Dr. César San MartínSan Martín Castro Presidente del Poder Judicial.................................................................................7 Presidente del Poder Judicial......................................................................................	Presentación Presentación Dr. Víctor Ticona Dr. Víctor Ticona Postigo Postigo PresidentePresidenteCivil Transitoria Transitoria de la Corte Suprema de Justicia ......15 de la Sala de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ...........	CAPÍTULO I CAPÍTULOComentarios I Comentarios “Apuntes Para una Interpretación Coherente del Tercer Pleno Casatorio Civ il” “Apuntes Para una Interpretación Coherente del Tercer Pleno Casatorio Civil” Dr. Juan Espinoza Espinoza.....................................................................................29	Dr. Juan Espinoza Espinoza..........................................................................................	“Por una Justicia en Materia Familiar” Familiar” Análisis Pleno “Por una Justicia PredeciblePredecible en MateriaAnálisis del Tercer del Tercer Pleno Casatorio Casatorio Dr. Patricia Beltrán Pacheco ..................................................................................41	Dra. Patricia Beltrán Pacheco ..................................................................................... “Crónica del Tercer Pleno “Crónica del Tercer Pleno Casatorio” Casatorio” Dr. Nelson Dr. Nelson Ramírez Jiménez...................................................................................65	Ramírez Jiménez.......................................................................................	“Flexibilización de Procesales e Indemnización o Adjudicación “Flexibilización de Principios Principios Procesales e Indemnización o Adjudicación Preferente Preferente en el Tercer PlenoCivil” en el Tercer Pleno Casatorio Casatorio Civil” Dra. Clara Celinda Mosquera Vásquez.................................................................73	Dra. Clara Celinda Mosquera Vásquez......................................................................	“Soltando “Soltando las Rígidas Formas. El de Congruencia Procesal y Procesal y su las Rígidas Formas. El Principio Principio de Congruencia su Flexibilización en el Tercer Pleno Casatorio Civil” Flexibilización en el Tercer Pleno Casatorio Civil” Dr. Martín Alejando Hurtado Reyes......................................................................81	Dr. Martín Alejando Hurtado Reyes...........................................................................	CAPÍTULO II CAPÍTULO II Principales piezas del proceso judicial seguido por Rene Principales piezas procesalesprocesales del proceso judicial seguido por Rene Huaquipaco Hanco contra Catalina Ortiz Velazco, sobre divorcio Huaquipaco Hanco contra Catalina Ortiz Velazco, sobre divorcio por causal por causal de de hecho de separaciónseparación de hecho 2.1. Del proceso principal (Exp. N.° 2009-599-FA)	2.1. Del proceso principal (Exp. N.° 2009-599-FA)	Demanda de divorcio de causal de de hecho de hecho interpuesta con Demanda de divorcio por causal por separaciónseparación interpuesta con fecha 13/11/2006 por Rene Huaquipaco Hanco contra Catalina Ortiz fecha 13/11/2006 por Rene Huaquipaco Hanco contra Catalina Ortiz Velazco, Velazco, y escrito de subsanación de la demanda de fecha 21/11/2006...................111 y escrito de subsanación de la demanda de fecha 21/11/2006..........................
Contestación de demanda por la Primera la Primera Fiscalía de Familia, de San Román Contestación de demanda por Fiscalía de Familia, de San Román fecha 30/11/2006 ..........…………………..………………...............…………………..…….......... fecha 30/11/2006 ..........…………………..………………...............…………………..……..119 Contestación de demanda por Catalina Ortiz Velazco de fecha 12/01/2007, Contestación de demanda por Catalina Ortiz Velazco de fecha 12/01/2007, y y escrito de subsanación de fecha de fecha 08/03/2007 ...........…………………..…………....123 escrito de subsanación 08/03/2007 ...........…………………..…………....... Sentencia de Primerade Primera(Resolución N.º 31) expedida por el Primer el Primer Sentencia Instancia Instancia (Resolución N.º 31) expedida por Juzgado de Familia de Familia de lade San RománSan Román (Corte Superior de Justicia la Provincia Provincia de (Corte Superior de Justicia Juzgado de Puno) con fecha 29/01/2009 ................................................................................ de Puno) con fecha 29/01/2009 .........................................................................139 Sentencia Sentencia deInstancia (Resolución Nº 47), expedida por la Salapor la Sala de Segunda Segunda Instancia (Resolución Nº 47), expedida Civil de San Román-Juliaca (Corte Superior de Superiorde Puno) con fecha con fecha Civil de San Román-Juliaca (Corte Justicia de Justicia de Puno) 2/09/2010.........……………..…...........................……………..…........................................... 2/09/2010.........……………..…...........................……………..…....................................147 Recurso de Casación interpuesto por Rene Huaquipaco Hanco conHanco con fecha Recurso de Casación interpuesto por Rene Huaquipaco fecha 13/10/2010 .........……………..…...........................……………..…........................................ 13/10/2010 .........……………..…...........................……………..….................................155 2.2. De la casaciónla casación (Cas. Nº 4664-2010-Puno) 2.2. De (Cas. Nº 4664-2010-Puno) Auto que declara procedente el Recurso el Recurso deemitido por la Auto que declara procedente de Casación, Casación, emitido por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema Suprema con fecha 16/12/2010 …….………..165 Sala Civil Transitoria de la Corte con fecha 16/12/2010 …….……….... Resolución, emitida por la Salapor la Transitoria Transitoria de la Cortecon Resolución, emitida Civil Sala Civil de la Corte Suprema Suprema con fecha 17/11/2010, que convoca alconvoca al Pleno a los integrantes de las fecha 17/11/2010, que Pleno Casatorio Casatorio a los integrantes de las Salas Civiles Permanente y Transitoria Transitoria de la Corte Suprema con la finalidad Salas Civiles Permanente y de la Corte Suprema con la finalidad de llevar a de llevar a cabo la causade la causa .......................……….....................................171 cabo la vista de vista .......................………............................................ CAPÍTULO III CAPÍTULO III Sentencia del Pleno Casatorio Casatorio Sentencia del Pleno Sentencia del Pleno Casatorio expedida por las Salas Civiles Permanente y Sentencia del Pleno Casatorio expedida por las Salas Civiles Permanente y Transitoria Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República de la Corte Suprema de Justicia de la República con fecha 18/03/2011 .......................……..…................................................................ con fecha 18/03/2011 .......................……..…........................................................177 ANEXOS ANEXOS Resumen de ideas presentadas por el amicus Dr. Leysser León Hilario Hilario... Ayuda Memoria presentada por el curiae, Dr. Leysser León ............................249
PRÓLOGO Sin lugar a dudas, los Plenos Casatorios constituyen un mecanismo útil y necesario para la unificación y consolidación de la jurisprudencia que generalmente se encuentra dispersa, y por ello, no pocas veces se torna contradictoria. Ello se hace especialmente evidente en nuestro país, más aún cuando pese a encontrarse inmerso dentro de la tradición jurídica romano-germánica, cada día cobra mayor trascendencia en el Perú la jurisprudencia vinculante, a tal punto que los abogados y litigantes a menudo suelen invocar las decisiones más relevantes pronunciadas por los altos Tribunales de justicia. Ello en buena medida se debe a las bondades que acompañan a la jurisprudencia con carácter vinculante. Y entre ellas debe resaltarse cómo dicha jurisprudencia contribuye decisivamente a la predictibilidad de las decisiones jurisdiccionales, permitiendo que el justiciable tenga de antemano una mayor aproximación a un eventual resultado de su caso, al tener conocimiento del sentido de las resoluciones que los jueces han expedido en procesos similares, sobre todo cuando se trata de la labor interpretativa del Derecho que el operador de justicia debe realizar al aplicar las normas que resulten pertinentes al asunto bajo su competencia. Así, el pronunciamiento previo, uniforme y reiterado de la judicatura en uno u otro sentido, permite prever el desenlace de los casos futuros, al menos en tanto la línea jurisprudencial ya establecida se mantenga invariable. Ello permite algunas ventajas adicionales, como la de la existencia de actuaciones contradictorias dentro de la judicatura, con todo lo que ello puede acarrear. Como bien sabemos, la eficacia que tiene la jurisprudencia en los órganos jurisdiccionales de la República puede ser horizontal cuando vincula al propio órgano que la expidió así como a sus pares jerárquicos; y vertical cuando la decisión parte del más alto Tercer Pleno Casatorio Civil 7
órgano judicial de un país -entre nosotros la Corte Suprema de Justicia- en cuyo caso sus sentencias sirven como precedente de observancia obligatoria para los demás órganos jurisdiccionales de grado inferior; generando incluso efectos en la actuación de otras entidades del Estado (efecto interinstitucional del precedente). Por otra parte, en el ámbito del derecho comparado tenemos dos tipos de precedentes: precedentes persuasivos (persuasive precedents), los cuales no obligan, sino buscan convencer; y los precedentes vinculantes (binding precedents) los cuales por el contrario obligan a los demás órganos jurisdiccionales (obligación que por cierto no es dogma de fe, sino que, bajo ciertos parámetros, admite alguna posibilidad de apartamiento razonado). No menos importante es aquí distinguir entre la doctrina jurisprudencial y el precedente vinculante. La primera está constituida, a nivel del Poder Judicial, por las decisiones adoptadas en forma reiterada y uniforme por las Salas de la Corte Suprema de Justicia de la República, y aun cuando no son vinculantes, sirven de guía a los órganos jurisdiccionales inferiores. En cambio, el precedente vinculante contiene un extremo normativo de modo que se convierte en una regla de obligatorio cumplimiento en casos análogos Ya en el ámbito del Derecho peruano, si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial regula en su artículo 22° el tema referido a la doctrina jurisprudencial, es en el artículo 400° del Código Procesal Civil, aunque empleando una denominación que pudiese llevar a error, que se establecen los efectos vinculantes que los precedentes tienen para todos los órganos jurisdiccionales de la República hasta que sean modificados por otros precedentes. Cabe destacar que tan trascendentales decisiones son adoptadas en plenos casatorios conformados por los magistrados supremos civiles, como en efecto ha acontecido recientemente en materia civil y que precisamente motivan este prólogo. El Tercer Pleno Casatorio Civil, llevado a cabo el 15 de diciembre de 2010, abordó diversos aspectos en materia familiar, esencialmente aquellos relacionados con la procedencia y determinación de las indemnizaciones en los procesos de separaciones de hecho, específicamente en lo relacionado a la reparación por daño moral. En tal sentido, los señores jueces de la Corte Suprema de Justicia de la República que conforman las dos Salas Civiles, llevaron a cabo una audiencia de Pleno Casatorio, dando lugar a un debate doctrinario y jurídico de gran profundidad, tras el cual se arribó a importantes decisiones que contribuirán a unificar la jurisprudencia de la Corte 8 Tercer Pleno Casatorio Civil
Suprema de Justicia, y por ende, a la predictibilidad de la justicia en nuestro país. La publicación del III Pleno Casatorio Civil responde entonces a un esfuerzo más de la gestión que vengo encabezando, el cual en este caso se ha concretado gracias a la valiosa y autorizada participación de connotados especialistas en la materia, como lo son los doctores Patricia Beltrán Pacheco, Nelson Ramírez Jiménez, Clara Mosquera Vásquez y Martín Hurtado Reyes, con un trabajo académico que además se ha visto enriquecido con la detallada ayuda memoria presentada por el doctor Leysser León Hilario. Saludo, por lo tanto, y con vivo entusiasmo la iniciativa, del Área de Investigación y Publicaciones del Centro del Investigaciones Judiciales, destinada a concentrar esfuerzos para concretar una recopilación de las decisiones del Pleno Casatorio, así como los comentarios especializados de tan destacados juristas peruanos. A todos ellos va mi profundo agradecimiento, porque sin lugar a dudas con su valioso aporte están contribuyendo al mejoramiento de los servicios de impartición de justicia en nuestro país, tarea en la cual siempre debemos perseverar. Dr. César San Martín Castro Presidente del Poder Judicial Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República Tercer Pleno Casatorio Civil 9
Dr. César San Martín Castro Presidente del Poder Judicial (2011 - 2012)
PRESENTACIÓN La competencia del Pleno Casatorio para expedir precedentes judiciales con carácter vinculante, está predeterminada por la ley. Nuestro Código Procesal Civil, en su artículo 400, establece que sólo en el caso que la sentencia se dicte por los magistrados supremos civiles reunidos en Pleno Casatorio, adquiere fuerza vinculante para los órganos jurisdiccionales de toda la República, hasta que sea modificada por otro precedente, siempre que existan motivos suficientes y razonables que permitan tal variación (como sería, por ejemplo, el cambio en la legislación o del contexto económico o social que modifiquen sustancialmente las situaciones fácticas); en tal sentido, estamos ante una forma especial de jurisprudencia que fija reglas o pautas de interpretación cualificada que debe ser observada tanto por la misma Corte Suprema como por los jueces de las instancias inferiores, sin perjuicio de que éstos puedan apartarse excepcionalmente de la aplicación del precedente con una fundamentación expresa y reforzada. Entonces tenemos que frente a la jurisprudencia dispersa dictada por las Cortes Superiores, y aun por la Corte Suprema, para resolver casos concretos con efectos inter partes, existe el precedente judicial que, pese a no ser absoluto, rige la solución de los casos que sean fácticamente similares, garantizando así varias finalidades de relevancia constitucional como son la uniformidad de la jurisprudencia nacional, el derecho de igualdad en los justiciables, el principio de seguridad jurídica y la predictibilidad en la impartición de justicia en nuestro país. Por ello, los jueces tienen el deber primordial de respetar el precedente, pero pueden separarse del mismo si exponen motivos suficientes y razonables para hacerlo; caso contrario, el precedente guiará con sus fundamentos el sentido de la decisión a adoptarse en los casos sustancialmente iguales. Ubicándonos específicamente en el tema, daré a conocer un breve esbozo sobre el precedente judicial vinculante establecido en el Tercer Pleno Casatorio Civil 15
Tercer Pleno Casatorio de las Salas Civiles de la Corte Suprema de Justicia, con motivo de la sentencia dictada en la Casación N° 46642010 Puno, en los seguidos por René Huaquipaco Hanco contra Catalina Ortiz Velasco sobre divorcio por la causal de separación de hecho. Al respecto, cabe referir que hasta antes de dictarse el citado precedente, este Supremo Tribunal recibía, en forma continua y reiterada, expedientes de los órganos jurisdiccionales inferiores en los que se venía resolviendo el tema indemnizatorio previsto en el segundo párrafo del artículo 345-A del Código Civil, con criterios disímiles y hasta contradictorios, evidenciándose que no existía criterio uniforme respecto de la naturaleza de la indemnización, las pautas para su probanza, la necesidad o no de que ésta sea solicitada expresamente por la parte afectada o determinada de oficio por el juzgador, entre otros aspectos relacionados con el tema de divorcio en general. En el caso concreto, el tema materia de casación trataba esencialmente sobre la indemnización fijada a favor del cónyuge perjudicado, por lo que resultaba necesario establecer pautas para una interpretación vinculante, además de un criterio uniformizador para las decisiones que en el futuro adopten los órganos jurisdiccionales de la República sobre el mismo tema. Advertimos en nuestro empeño, que la doctrina no proporcionaba una opinión pacífica sobre la naturaleza de la indemnización prevista en la norma en comento. Encontramos que algunos autores consideran que dicha indemnización tiene carácter alimentario, otros que tiene carácter reparador; así también se afirma que se trata de una obligación legal, y finalmente, un mayoritario sector de la doctrina se debate entre otorgarle carácter de responsabilidad civil contractual o extracontractual. La sentencia dictada en el Tercer Pleno Casatorio pretende resolver esta disyuntiva, al establecer luego del análisis minucioso de las posiciones doctrinarias –así como de la interpretación sistemática y teleológica de la norma–, que la indemnización o la adjudicación de bienes, en su caso, tiene la naturaleza de una obligación legal, cuya finalidad es corregir un evidente desequilibrio económico e indemnizar el daño a la persona, resultante de la separación de hecho o del divorcio en sí, y que su fundamento no es la responsabilidad civil contractual o extracontractual sino la equidad y la solidaridad familiar. En cuanto al debate sobre si la indemnización o adjudicación de bienes debía ser establecida de oficio por el Juez o a instancia de parte (vía demanda o reconvención), el Pleno Casatorio ha establecido que no es procedente que el Juez, bajo el único y simple argumento de que tiene el deber de velar por la estabilidad económica del cónyuge 16 Tercer Pleno Casatorio Civil
más perjudicado, fije a su arbitrio una indemnización o disponga la adjudicación referida, sin que por lo menos se haya alegado en el proceso los hechos configurativos de algunos perjuicios, o sin que exista prueba alguna, o peor aún si existe renuncia expresa del cónyuge interesado. Si el Juez no ha identificado y establecido en el proceso cuál es el cónyuge más perjudicado, no está obligado a fijar una indemnización; igualmente no está obligado cuando no exista en el proceso ningún elemento probatorio, indicio o presunción sobre ello. Si no hay pretensión deducida (en forma acumulada en la demanda o en la reconvención), por lo menos debe haber alegación de hechos concretos de la parte interesada referentes a los perjuicios sufridos, y que la contraparte tenga la oportunidad razonable de contradecirlos para que el Juez pueda pronunciarse en la sentencia sobre la estabilidad económica del cónyuge afectado. Será suficiente, por ejemplo, que el cónyuge alegue que su consorte lo abandonó en el hogar conyugal sin causa justificada, con sus hijos menores de edad, y que por ésta razón estuvo obligado a demandar el cumplimiento de la obligación alimentaria en la vía judicial, para que entonces, acreditada esta situación fáctica, el Juez deba considerarlo como el cónyuge más perjudicado, y por tanto, fijar una indemnización o disponer la adjudicación de bienes sociales a su favor. En conclusión, procederá el establecimiento de la indemnización a pedido de parte o incluso de oficio, siempre que en este último caso se hubiera alegado expresamente los hechos configurativos de los perjuicios y que la contraparte tenga la oportunidad de ejercer su derecho al contradictorio. En cuanto a los criterios conflictivos a nivel de las instancias de mérito respecto a la parte que asume la carga de probar la existencia del cónyuge más perjudicado con la separación, el Pleno Casatorio ha reafirmado el principio que establece que aquél que alega los hechos que configuran su pretensión debe probarlos, ya sea ofreciendo las pruebas pertinentes en los actos postulatorios, o con motivo de la alegación de hechos concretos sobre ese aspecto en cualquier estado del proceso, antes de expedirse la sentencia de primera instancia; si esto último ocurre, el Juez correrá traslado a la otra parte, la que también podrá ofrecer pruebas de actuación inmediata. Sin embargo, no obstante la carga de la prueba que tiene la parte interesada, el Juez puede disponer de oficio la actuación de la prueba pertinente, de conformidad con la norma contenida en el artículo 194 del Código Procesal Civil, estableciéndose dos límites a esta iniciativa probatoria, como son: que se circunscribirá a los hechos alegados por las partes y que se respete el derecho de defensa. A todo lo anterior, cabe señalar que el precedente Tercer Pleno Casatorio Civil 17
judicial permite al Juez recurrir a los sucedáneos de los medios probatorios (presunciones e indicios) que acrediten la condición de cónyuge más perjudicado a consecuencia de la separación de hecho o del divorcio en sí, apreciándose en cada caso concreto si se ha establecido algunas de las siguientes circunstancias: a) el grado de afectación emocional o psicológica; b) la tenencia y custodia de hecho de sus hijos menores de edad y la dedicación al hogar; c) si dicho cónyuge tuvo que demandar alimentos para él y sus hijos menores de edad, ante el incumplimiento del cónyuge obligado; d) si ha quedado en una manifiesta situación económica desventajosa y perjudicial con relación al otro cónyuge y a la situación que tenía durante el matrimonio, entre otras circunstancia relevantes. Finalmente, se ha establecido que el precedente judicial vinculante será aplicable no sólo a los casos de divorcio, sino también a los de separación de cuerpos en los que se alegue la causal de separación de hecho, siempre que se encuentren en trámite, por lo que no afectará a las resoluciones firmes que han pasado a la calidad de cosa juzgada. Con este pequeño aporte, los magistrados supremos reunidos en el Tercer Pleno Casatorio esperamos haber cumplido con las expectativas de los justiciables, que reclaman constantemente la realización del principio de seguridad jurídica y de igualdad de trato a través de la resolución de causas de trascendencia significativa, con criterios previsibles y uniformes. Este objetivo tan esperado por la comunidad jurídica es el resultado de un trabajo que venimos impulsando gracias a la colaboración permanente de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, y es uno de los demás que vendrán en los próximos meses con la finalidad de tratar y dar solución definitiva a temas urgentes que requieren de la línea orientadora del Supremo Tribunal, por lo que subsiste nuestro inquebrantable compromiso para seguir apoyando en la celebración de otros Plenos Casatorios. Dr. Víctor Ticona Postigo Presidente de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 18 Tercer Pleno Casatorio Civil
SALAS CIVILES PERMANENTE Y TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Luis Felipe Almenara Bryson, Victor Lucas Ticona Postigo, José Alberto Palomino García, Francisco Miranda Molina y Ana María Aranda Rodríguez. De izquierda a derecha, doctores: Aristóteles Álvarez López, Ricardo Guillermo Vinatea Medina, Sabino León Ramirez, Andrés Caroajulca Bustamante, Ramiro Eduardo De Valdivia Cano,
SALAS CIVILES PERMANENTE Y TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA Luis Felipe Almenara Bryson Ramiro Eduardo De Valdivia Cano Víctor Lucas Ticona Postigo Ana María Aranda Rodríguez Andrés Caroajulca Bustamante Sabino León Ramírez José Alberto Palomino García Ricardo Guillermo Vinatea Medina Francisco Miranda Molina Aristóteles Álvarez López
CAPÍTULO I: COMENTARIOS
APUNTES PARA LA INTERPRETACIÓN COHERENTE DEL TERCER PLENO CASATORIO CIVIL
Juan Espinoza Espinoza1 I. LOS HECHOS El caso es dramáticamente simple: un esposo solicitó separación de cuerpos por separación de hecho y la esposa en la reconvención pidió una indemnización, relatando que apoyó económicamente al marido en sus estudios universitarios de profesor; pero —no obstante ello— la maltrato verbal y físicamente; agregando que el esposo tiene una relación convivencial. Tanto en primera como en segunda instancia se declara la separación de hecho y se le otorga a la esposa una indemnización por S/. 10,000.00. Nota aparte merece la Sala Superior, que considera que se ha configurado una aflicción en los sentimientos y “frustración del proyecto de vida matrimonial”, tratándose de un supuesto de responsabilidad civil familiar de tipo contractual. El demandante interpuso recurso de casación. Frente al problema interpretativo que genera el artículo 345-A del CC, la Corte Suprema de Justicia de la República, emitió, con fecha 18.03.11 (Cas. N.° 4664-2010-Puno), el Tercer Pleno Casatorio Civil, dictando (en atención al artículo 400 del CPC) la siguiente doctrina jurisprudencial: “1. En los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, violencia familiar, entre otros, el Juez tiene facultades tuitivas y, en consecuencia, se debe flexibilizar algunos principios y normas procesales como los de iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación de pretensiones, en atención a la naturaleza de los conflictos que debe solucionar, derivados de las relaciones familiares y personales, ofreciendo protección a la parte perjudicada, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 43 de la Constitución Política del Estado que reconoce, respectivamente, la protección especial a: el niño, la madre, el anciano, la familia y el matrimonio, así como la formula política del Estado Democrático y Social de Derecho. 2. En los procesos sobre divorcio —y de separación de cuerpos— por la causal de separación de hecho, el Juez tiene el deber de velar por la estabilidad económica del cónyuge que resulte más perjudicado por la separación de hecho así como la de sus hijos, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 345-A del Código Civil. En consecuencia, a pedido de parte o de oficio señalará una indemnización por daños, el que incluye el daño a la persona, u ordenará la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que pudiera corresponderle. El daño moral es indemnizable y se halla comprendido en el daño a la persona. 3. Respecto a la indemnización por daños o la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal: 3.1. A pedido de parte, podrá formularse tal pretensión en los actos postulatorios, ya sea en la demanda como pretensión accesoria o en la reconvención, según sea el caso, salvo renuncia expresa del interesado. El pedido también es procedente después de los actos postulatorios. 3.2. De oficio, el Juez de primera instancia se pronunciará sobre estos puntos, siempre que la parte interesada haya alegado o expresado de alguna forma hechos concretos referidos a los perjuicios resultantes de la separación de hecho o del divorcio en sí. Aquellos hechos pueden ser alegados *	1	Fuente : Diálogo con la Jurisprudencia. N° 153 Junio 2011. Año 15. Profesor de Derecho Civil en las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima y Universidad del Pacifico. Presidente del Tribunal de Controversias del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran). Tercer Pleno Casatorio Civil 29
Juan Espinoza Espinoza o expresados incluso después de los actos postulatorios. En estas hipótesis, el Juez concederá a la otra parte la oportunidad razonable de pronunciarse sobre aquellos hechos y de ofrecer la prueba pertinente. Si ya se llevó a cabo la audiencia de pruebas, los medios probatorios que se ofrezcan serán de actuación inmediata. 3.3. En el estado correspondiente del proceso, y de ser el caso, el Juez debe fijar como parte de los puntos controvertidos los extremos ya mencionados. 3.4. En todo caso el Juez se pronunciará sobre la existencia de la condición de cónyuge más perjudicado de una de las partes según se haya formulado —y probado— la pretensión o la alegación respectiva, o sobre la inexistencia de aquella condición, si no existiera elementos de convicción necesarios para ello. 3.5. En el trámite señalado, se garantizará el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, particularmente el derecho de defensa de las partes, el principio de contradicción y el derecho a la instancia plural. 4. Para una decisión de oficio o a instancia de parte sobre la indemnización o adjudicación de bienes, del proceso debe verificarse y establecerse las pruebas, presunciones e indicios que acrediten la condición de cónyuge más perjudicado a consecuencia de la separación de hecho o del divorcio en sí. El Juez apreciará, en el caso concreto, si se ha establecido algunas de las siguientes circunstancias: a) el grado de afectación emocional o psicológica; b) la tenencia y custodia de hecho de sus hijos menores de edad y la dedicación al hogar; c) si dicho cónyuge tuvo que demandar alimentos para él y sus hijos menores de edad, ante el incumplimiento del cónyuge obligado; d) si ha quedado en una manifiesta situación económica desventajosa y perjudicial con relación al otro cónyuge y a la situación que tenia durante el matrimonio, entre otras circunstancia relevantes. 5. El Juez Superior integrará la resolución impugnada de primera instancia cuando se haya omitido pronunciamiento expreso sobre la existencia o inexistencia del cónyuge más perjudicado, siempre que la fundamentación respectiva aparezca de alguna forma en la parte considerativa de la sentencia apelada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 370 del Código Procesal Civil. 6. La indemnización o la adjudicación de bienes tiene la naturaleza de una obligación legal, cuya finalidad es corregir un evidente desequilibrio económico e indemnizar el daño a la persona, resultante de la separación de hecho o del divorcio en sí; su fundamento no es la responsabilidad civil contractual o extracontractual sino la equidad y la solidaridad familiar” (el resaltado es mío). II. EL COMENTARIO La sentencia merece elogio en el sentido de que representa un esfuerzo de compatibilizar las normas del Código Civil con las del Código Procesal Civil, así como el tratar de ofrecer una interpretación atenta a las voces de doctrina. Estoy plenamente de acuerdo con la constatación que, en materia del Derecho de Familia confluyen una serie de principios tutelares respecto a los hijos menores de edad y al cónyuge (si queremos ser maniqueístas) inocente. Sin embargo ello no es motivo para que se violenten principios de otras ramas del derecho (como es el caso de las obligaciones y la responsabilidad civil) ni la coherencia del sistema jurídico que nos rige. Por ello, creo necesario formular las siguientes observaciones: a. En aras del principio de “socialización del proceso” se pretende que el juez sea una suerte de “patrocinante” al imponerle que, en atención a lo alegado por las partes, “descubra” petitorios implícitos. Así, al finalizar el considerando 11, el voto de mayoría del Pleno afirma que: “En los procesos de familia, en donde muchas veces una de las partes es 30 Tercer Pleno Casatorio Civil
“Apuntes para una Interpretación Coherente del Tercer Pleno Casatorio Civil” notoriamente débil, la aplicación del principio de socialización del proceso resulta de vital trascendencia para evitar que las desigualdades puedan afectar el proceso, sea en su curso o en la decisión final misma”. En el considerando 12 se agrega que: “Se comprende por ello que, por un lado, el proceso tenga una estructura con componentes flexibles y, por otro lado, el Juez de familia tenga amplias facultades tuitivas, para hacer efectivos aquellos derechos”. En el considerando 16 se puntualiza que: “Si en el proceso de divorcio por la causal de separación de hecho, la parte interesada, en cualquier estado del proceso, expresa hechos claros y concretos referidos al perjuicio que resulta de dicha separación o del divorcio en sí, el Juez debe considerar esta manifestación de la voluntad como un pedido o petitorio implícito y, por consiguiente, debe ser objeto de pronunciamiento en la sentencia, garantizando desde luego a las partes el derecho de defensa y el derecho a la instancia plural”. Para el voto de la mayoría ello no contraviene el principio de congruencia, en tanto se tutele el derecho de defensa de la contraparte. Ello ha sido denominado “flexibilización del principio de congruencia” (considerando I9). b. El voto de la mayoría hace el esfuerzo teórico de clasificar el divorcio remedio (restringido y extensivo) (considerando 23), así como reconstruir históricamente el divorcio por la causal de separación de hecho (considerando 29); pero “hace agua” cuando llega a delimitar la naturaleza jurídica de la indemnización en el divorcio por separación de hecho, negándole el carácter indemnizatorio y reconociendo el de obligación legal. Así, en el considerando 54, se afirma que: “Para nuestro sistema normativo la indemnización regulada en el articulo 345-A del Código Civil tiene el carácter de una obligación legal, la misma que puede ser cumplida de una sola vez en cualquiera de las dos formas siguientes: a) el pago de una suma de dinero o, b) la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal. Se opta por dos soluciones de carácter alternativo pero a la vez con el carácter de excluyentes y definitivas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en nuestro sistema esta indemnización no solo comprende la indemnización por el menoscabo material sino también el daño personal. El titulo que fundamenta y justifica la obligación indemnizatoria es la misma ley y su finalidad no es resarcir daños, sino corregir y equilibrar desigualdades económicas resultantes de la ruptura matrimonial; en tal perspectiva, Eusebio Aparicio Auñon sostiene que “(...) en sentido estricto puede definirse como una obligación impuesta por la ley, por motivos de equidad, para equilibrar en todo o en parte una desigualdad económica peyorativa (...) la obligación legal compensatoria tiene por finalidad corregir desigualdades fortuitas (...). El propósito no es resarcir o reparar daños, ni igualar renta o patrimonios, sino equilibrar el agravio comparativo de las situaciones que se comparan sin que dejen de ser desiguales”. La aplicación de la equidad en la fijación de la indemnización o la adjudicación de bienes, presupone por lo menos algunos elementos de convicción del perjuicio, como las pruebas, las presunciones y los indicios, que sirvan de referentes para identificar al cónyuge mas perjudicado, la magnitud del perjuicio y el quantum indemnizatorio”. Tercer Pleno Casatorio Civil 31
Juan Espinoza Espinoza c. Creo que es pertinente distinguir la obligación de sus fuentes: la ley, el contrato, la denominada responsabilidad extracontractual, entre otras. Asimismo, el incumplimiento de la obligación (autónoma —derivada de la autonomía de la voluntad— o heterónoma —proveniente de la ley—) genera responsabilidad civil. Cuando el voto de la mayoría entiende que la naturaleza de la indemnización (contenida en el artículo 345-A del CC) no es indemnizatoria, sino la de una obligación legal, habría que preguntar si se trata de una obligación impuesta al “cónyuge menos perjudicado” o al juez (como pareciera entenderse de alguna de las casaciones anteriores a esta sentencia). Ahora: si se trata del primer supuesto, se debe entender que la obligación de amparar al “cónyuge más perjudicado” es la innegable consecuencia de un daño previamente producido. No se olvide que la naturaleza jurídica de la reparación es la de una obligación que se impone al causante del daño en beneficio del dañante. Si se trata del segundo caso, lo que se denomina obligación (rectius, deber) del juez, debe ser entendida como el resultado de las pruebas ofrecidas por la parte interesada. En ambos casos, no se podrá escapar (como pretende el voto de la mayoría del pleno) de la lógica resarcitoria. d.	Veamos en qué consisten los (vanos) esfuerzos de escapar de la lógica resarcitoria. En el considerando 56 in fine se afirma que: “En esta posición se descarta que la indemnización constituya una forma de responsabilidad civil, con todos sus elementos que comporta; en consecuencia, no puede considerarse a aquella indemnización dentro de una de las formas de responsabilidad civil contractual o extracontractual”. En el considerando 59 se argumenta que: “Para establecer la indemnización no se requiere la concurrencia de todos los presupuestos de la responsabilidad civil común, particularmente no es necesario establecer factor de atribución alguno, como es el caso del dolo o la culpa en sentido estricto, ni la conducta antijurídica como requisito de procedencia de esta indemnización. Por el contrario, resulta necesario que concurra la relación de causalidad entre el menoscabo económico (y el daño personal) con la separación de hecho y, en su caso, con el divorcio en sí”. 32 Si es tarea del juez determinar quien es el cónyuge que resulta “más perjudicado”, deberá individualizar los actos (necesito ser redundante para que quede claro) que lo perjudicaron (o dañaron). Ello implica, inevitablemente hacer un análisis del comportamiento de la pareja, es decir, la culpa (rompimiento de un standard de conducta) o el dolo (intención de ocasionar el daño). En el caso materia del pleno casatorio, la infidelidad y el maltrato físico califican el factor de atribución subjetivo de dolo. Ello evidencia que el voto de la mayoría del pleno pretende tapar el sol con un dedo: no se puede evitar el análisis del título justificativo de la responsabilidad. El hecho de que no se le denomine de esta manera (factor de atribución), no implica que no se realice esta operación. Tercer Pleno Casatorio Civil
“Apuntes para una Interpretación Coherente del Tercer Pleno Casatorio Civil” e. Prueba de lo necesario que resulta recurrir al análisis del factor de atribución es lo que reconoce el voto de la mayoría del pleno como “cosa distinta”. En el considerando 61 se señala que: “Cosa distinta es que en el ámbito del juicio de fundabilidad se tenga en cuenta algunos aspectos de la culpa o dolo del cónyuge para determinar la magnitud de los perjuicios y graduar el monto de la indemnización a favor del cónyuge más perjudicado. Así por ejemplo, si uno de los cónyuges se rehusó injustificadamente a cumplir con su obligación alimentaria a favor del otro cónyuge y de sus hijos; o bien, cuando aquel abandonó el hogar conyugal sin acreditar motivo justificado, más aún si se fue del hogar para convivir con tercera persona, dejando desamparados moral y materialmente a su consorte e hijos”. Ello evidencia que de todas formas el juez debe analizar el factor de atribución, por más que lo niegue el voto de la mayoría del pleno casatorio. f. Pareciera que la confusión viene de no diferenciar bien la pretensión de la separación, de la pretensión indemnizatoria. Es decir: el análisis del factor de atribución (como de todos los elementos del supuesto de la responsabilidad civil) (no) se debe hacer a propósito de la separación, sino respecto de la indemnización que ha de corresponder al cónyuge “más perjudicado”. Ello se pone en evidencia en el considerando 62, cuando se afirma que: “En principio, no es presupuesto sine qua non de la causal de separación de hecho imputar ni probar dolo o culpa en el otro cónyuge para ser favorecido con el divorcio ni con la indemnización a que se contrae la norma bajo análisis, pues está legitimado para demandar el divorcio (o la separación de cuerpos) por esta causal, tenga o no culpa —en sentido amplio— cualquiera de los cónyuges, y aun en el caso de que haya mediado acuerdo de ambos cónyuges para tal ruptura”. g. La calificación de la conducta antijurídica (dentro del análisis del comportamiento de los integrantes de la pareja) también se hace (para emplear las propias palabras del voto de la mayoría) implícitamente: tanto el adulterio como el maltrato (físico o psíquico) son reprobables (no solo moral sino) jurídicamente. h. Extraña esta obligación legal en la cual se debe hacer el análisis causal típico de la responsabilidad civil. Así en el mismo considerando 61 se advierte que: “[E]l Juez debe verificar la relación de causalidad, sin que deba exigir la concurrencia del factor de atribución, pues que se trata del divorcio remedio (sic). Por tanto, aquella relación de causalidad debe ser verificada por el Juez en el proceso, para estimar procedente la indemnización o la adjudicación prevista por la norma jurídica bajo análisis. Si se alegara o pretendiera una indemnización de daños, que no tiene ninguna relación de causalidad con el hecho objetivo de la separación o del divorcio en sí, el Juez debe estimar improcedente tal exigencia indemnizatoria. No obstante, es necesario puntualizar que generalmente, salvo situaciones excepcionales, con la ruptura de hecho se produce para ambos cónyuges perjuicios de diversa naturaleza, pero uno de los consortes resulta más perjudicado que el otro. En el contexto del juicio de procedibilidad, el Juez verificará si existe en el proceso en concreto un cónyuge más perjudicado, al cual se refiere el artículo 345-A del Código Civil”. Tercer Pleno Casatorio Civil 33
Juan Espinoza Espinoza i. El análisis del elemento daño tampoco está ausente: a propósito del denominado “daño al proyecto de vida” (en este caso, la matrimonial), es mi opinión que lejos de encontrarnos frente a una voz autónoma de daño, estamos ante un criterio para cuantificar el daño a la persona. Es cierto que la relación entre el daño a la persona es de género a especie (considerando 71). Así, se sostiene que: “Es pertinente puntualizar que el daño a la persona debe comprender al daño moral. Este viene a estar configurado por las tribulaciones, angustias, aflicciones, sufrimientos psicológicos, los estados depresivos que padece una persona. En el caso que nos ocupa, estos padecimientos los sufre fundamentalmente el cónyuge más perjudicado, sin que ello obste que el otro cónyuge también pueda padecerlos en grado menor”. Ahora bien: El hecho de que el daño moral esté comprendido dentro del daño a la persona, no implica que no deban ser individualizados. Quien los invoca, tiene la carga de acreditar en qué consistieron los hechos que generaron el daño a la persona (como por ejemplo, la lesión a la reputación) y los que generaron el daño moral (dolor, sufrimiento, pena, aflicción), así como las consecuencias dañosas que se derivaron. Por ello, al final de este considerando, se cita a una doctrina que afirma que el daño psíquico es “susceptible de diagnóstico por la ciencia médica”. Se agrega en el considerando 74 que: “Con relación a la indemnización por daño moral, que se halla comprendido dentro del daño a la persona, debe ser fijado también con criterio equitativo pero sobre ciertos elementos de convicción, de tal forma que no puede representar un monto simbólico o irrisorio a la manera de un simple reproche a una conducta, pero tampoco la indemnización o adjudicación puede constituir un enriquecimiento injusto que signifique ‘un cambio de vida’ para el cónyuge perjudicado o para su familia. Tampoco debe establecerse ‘un mínimo’ o ‘un máximo’, sino que debe estar acorde con el caso concreto, sus circunstancias, la gravedad del daño moral, entre otros4. De otro lado, también se tendrá en cuenta algunas circunstancias como la edad, estado de salud, posibilidad real de reinsertarse a un trabajo anterior del cónyuge perjudicado, la dedicación al hogar, y a los hijos menores de edad, el abandono del otro cónyuge a su consorte e hijos al punto de haber tenido que demandar judicialmente el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, la duración del matrimonio y de vida en común, y aun las condiciones económicas, sociales y culturales de ambas partes”. ¿Quién debe proporcionar “los elementos de convicción”? Se entiende que lo debe hacer quien invoca el daño, para entendernos, el cónyuge “más perjudicado”. J. ¿La indemnización se debe imponer de oficio? La lectura correcta del artículo 345-A del CC y del voto de la mayoría del Pleno es en sentido negativo. No obstante en el considerando 77 se sostenga que: “El juez también está habilitado para fijar de oficio en la sentencia una indemnización o adjudicación a favor de uno de los cónyuges, siempre que este 34 Tercer Pleno Casatorio Civil
“Apuntes para una Interpretación Coherente del Tercer Pleno Casatorio Civil” haya expresado de alguna forma y en el curso del proceso hechos concretos referidos a su condición de cónyuge más perjudicado con la separación de hecho o con el divorcio en sí. Igualmente, en este supuesto, se garantizará al otro cónyuge el derecho de defensa y el derecho a la instancia plural” (el resaltado es mío). Sin embargo, en el considerando 80 se aclara que: “no es procedente que el Juez bajo el único y simple argumento de que tiene el deber de velar por la estabilidad económica del cónyuge más perjudicado fije a su arbitrio una indemnización o disponga la adjudicación referida, sin que se haya alegado hechos configurativos de algunos perjuicios, ni exista prueba alguna en el proceso, o peor aún si existe renuncia expresa del cónyuge interesado. Si el Juez no ha identificado en el proceso cuál es el cónyuge más perjudicado, no está obligado a fijar una indemnización; igualmente no está obligado, si no existiera en el proceso ningún elemento probatorio, indicio o presunción sobre ello. Si la parte interesada no ha alegado o manifestado hechos referidos a determinados perjuicios, el Juez se pronunciará por la improcedencia de la indemnización en el caso concreto. El Juez no tendría ninguna base táctica, probatoria ni jurídica para emitir pronunciamiento de fondo en tales circunstancias. Pero además, el Juez vulneraría el principio de contradicción y el derecho de defensa del cónyuge a quien le impone el pago de la indemnización, pues lo sorprendería con una decisión de tal índole y, por tanto, se lesionaría sus derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos por el inciso 3 del articulo 139 de nuestra Carta Política. No podría alegarse que el Juez, en este supuesto, esté actuando al amparo del principio iura novit curia, pues sin ningún pedido o alegación ni base fáctica acreditada pretendería aplicar la parte de la norma jurídica (articulo 345-A) referida a los ‘perjuicios’”. Dicho en otras palabras (aunque suene contradictorio): se puede fijar “de oficio” la indemnización, siempre y cuando “se hayan expresado” hechos concretos que acrediten la condición de cónyuge “más perjudicado”, así como garantizado el derecho de defensa de la contraparte. k. ¿Qué significa que “se hayan expresado” hechos concretos? Intuyo que uno de los motivos del Tercer Pleno ha sido la (para variar) intromisión del Tribunal Constitucional en asuntos que no son de su competencia, como el caso de la aplicación del articulo 345-A del CC. Así, en la Resolución del 21.06.10 (Exp. N.° 05342-2009-PA/TC LIMA-GERLA TANGOA-PAREDES), a propósito de las resoluciones judiciales en las cuales se interpuso recurso de agravio constitucional, se afirmó que: “[D]e ellas no se aprecia fundamentación alguna que evoque el cumplimiento del mandato establecido en el artículo 345-A del Código Civil respecto a la obligación del juez de señalar una indemnización por daños u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal a favor del cónyuge perjudicado con el divorcio; todo lo cual hace deducir a este Tribunal Constitucional que los órganos judiciales que conocieron el proceso judicial subyacente habrían emitido sentencias contraviniendo el derecho de la recurrente a la debida motivación de las resoluciones judiciales”. Tercer Pleno Casatorio Civil 35
Juan Espinoza Espinoza El Pleno “traduce” lo sentenciado por el Tribunal Constitucional de la siguiente manera: “[S]i no hay pretensión deducida en forma (acumulada en la demanda o en la reconvención), por lo menos debe haber alegación de hechos concretos de la parte interesada referentes a los perjuicios sufridos, y que la contraparte tenga la oportunidad razonable de contradecirlos para que el Juez pueda pronunciarse en la sentencia sobre la estabilidad económica del cónyuge afectado. Será suficiente, por ejemplo, que el cónyuge alegue que su consorte lo abandonó en el hogar conyugal sin causa justificada, con sus hijos menores de edad, y que por esta razón estuvo obligado a demandar el cumplimiento de la obligación alimentaria en la vía judicial, para que entonces, acreditada esta situación fáctica, el Juez deba considerarlo como el cónyuge más perjudicado, y por tanto, fijar una indemnización o disponer la adjudicación de bienes sociales a su favor” (el resaltado es mío). Ahora bien, esta “alegación de los hechos” debe ir aparejada a la acreditación de la “situación fáctica” que corresponde al que afirma ser el “más perjudicado”. l. Si quedan dudas de esta lectura, en el considerando 89 in fine, el voto de la mayoría del pleno advierte que: “En consecuencia, le corresponde la carga de probar los hechos en que se sustenta el perjuicio alegado. El consorte pretensor tiene la carga de probar que es el más perjudicado con la separación de hecho o con el divorcio en sí. La parte interesada asume la carga de probar los hechos referidos al menoscabo económico y al daño personal. Si la parte no aporta prueba para acreditar el perjuicio invocado, el Juez desestimara este extremo, salvo que del proceso resulten alegaciones, pruebas, presunciones a indicios idóneos para identificar al cónyuge perjudicado y, por tanto habilitado para pronunciarse sobre la indemnización señalada por la ley”. Agregando, en el considerando 90, que: “No obstante la carga de la prueba que tiene la parte interesada, el Juez puede disponer de oficio la actuación de la prueba pertinente, de conformidad con la norma contenida en el articulo 194 del Código Procesal Civil; prueba de oficio que debe disponerla si alguna de las partes alegó perjuicios a consecuencia de la separación. No está demás precisar que la iniciativa probatoria del Juez tiene límites: a) se circunscribirá a los hechos alegados por las partes, aun cuando en el tipo de divorcio que analizamos, no se haya formulado pretensión pero sí hechos respecto a los perjuicios, b) debe respetarse el derecho de defensa de las partes. Por tanto, debe existir una comunidad de esfuerzos entre la actividad probatoria de las partes y la iniciativa oficiosa del juez para establecer en el proceso la verdad jurídica objetiva, la que debe constituirse en una de las piedras basales de una decisión justa. Si bien el artículo 480, in fine, del Código Procesal Civil, dispone que los procesos sobre separación de cuerpos y divorcio por causales solo deben impulsarse a pedido de parte, esta norma no impide en modo alguno que el Juez pueda ordenar pruebas de oficio, y con mayor razón tratándose de este tipo de procesos”. 36 De este pasaje queda demostrado que la correcta lectura del artículo 345-A del CC. es que no se puede imponer una indemnización de oficio, sino que si le Tercer Pleno Casatorio Civil
“Apuntes para una Interpretación Coherente del Tercer Pleno Casatorio Civil” faltan elementos de convicción al juzgador, este (no obstante lo preceptuado en el articulo 480 del CPC) puede actuar pruebas de oficio (como en cualquier proceso, tal como lo regula el artículo 194 del CPC). m.	Por completitud del comentario, cito el “voto singular” de este Pleno: “1. En los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, violencia familiar, los jueces tienen obligaciones y facultades tuitivas y se flexibilizan los principios y normas procesales sobre iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación de pretensiones, entre otros, en razón de las responsabilidades constitucionales sobre protección de la familia y promoción del matrimonio; la naturaleza de los conflictos que deben solucionar derivados de las relaciones sociales, familiares e interpersonales. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado cuyos artículos 1, 2, incisos 1, 4 y 43 consagran, respectivamente: Que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; La protección especial: al niño, al adolescente, a la madre, y al anciano. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en cuanto le favorece. Así como reconoce la fórmula política del Estado Social y Democrático de Derecho. 2.- En los procesos sobre divorcio y de separación de cuerpos los jueces tienen el deber de velar, de oficio, por la estabilidad económica del cónyuge que resulte más perjudicado así como la de sus hijos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 345-A del Código Civil; aun si ello no hubiese sido demandado, ni reconvenido ni alegado. Se trata de una obligación constitucional y su fundamento es la equidad y la solidaridad. 3.- El derecho reconocido en el artículo 345-A del Código Civil es irrenunciable pues está referido a una obligación constitucional del Estado, la sociedad y de la parte ofensora, cuyo fundamento es la equidad y la solidaridad. 4.- En consecuencia, a pedido de parte o de oficio, los jueces deberán señalar con criterio de conciencia, con arreglo a la sana crítica y de acuerdo a cada caso una indemnización por las responsabilidades en que hubiere incurrido el cónyuge que incumpla sus deberes familiares; lo que incluye el daño a la persona y el daño moral, u ordenará la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos, gananciales, derechos hereditarios, providencias en beneficio de los hijos que pudiera corresponderle. 5.- Para que proceda el reconocimiento judicial de los derechos reconocidos por el artículo 345-A del Código Civil la actuación de oficio o el pedido de parte podrán ser formulados en cualquier estado del proceso. En todo caso, los jueces deberán garantizar a las partes el ejercicio del principio de contradicción, de su derecho constitucional a la instancia plural y de defensa” (el resaltado es mío). Para este “singular” voto, el artículo 345-A del CC es un derecho irrenunciable y el juez debe imponer una indemnización, respetando el principio de contradicción. ¿Cómo se hace esto?: misterio. n. La argumentación de los vocales de la mayoría me hace recordar el pasaje bíblico en el cual Pedro niega tres veces a Jesús y por ello, no dejó de ser cristiano: se le niega el carácter indemnizatorio a la denominada “obligación legal” contenida en el artículo 345-A del CC, cuando se olvida que la reparación tiene la naturaleza de una relación jurídica patrimonial y, sobre todo, porque Tercer Pleno Casatorio Civil 37
Juan Espinoza Espinoza todo el análisis que hace el voto de la mayoría del Pleno se centra en los elementos de la responsabilidad civil. o.	En resumen: si los hechos tienen que ser acreditados para que se compruebe quién es el “más perjudicado”, si se tiene que analizar la conducta del “menos perjudicado” (rectius, el que daña) y el pretensor (de la indemnización) tiene que acreditar el nexo causal y el daño, inequívocamente (por más que el voto de la mayoría diga otra cosa) estamos frente a un supuesto de responsabilidad civil. p.	En mi opinión, la naturaleza de esta responsabilidad civil es extracontractual, ya que el hecho que motiva la indemnización se da por la calidad de cónyuge y esta es una situación jurídica proveniente de la relación jurídico-matrimonial (que no tiene carácter contractual ni obligacional). Prueba de ello, es que en el Libro de Familia se hace alusión a los deberes (no a las obligaciones) de los cónyuges, como es el caso de fidelidad, asistencia (art. 288 del CC) o de cohabitación (art. 287 del CC). q. Ello no quiere decir que no puedan haber relaciones jurídicas patrimoniales entre los cónyuges (como la relación que tienen a nivel de sociedad de gananciales, y si se quiere, la propia obligación alimenticia); pero el daño a que se refiere el artículo 345-A del CC es derivado de la ruptura del vínculo matrimonial y la disolución de la sociedad de gananciales (si la hay) y la fijación de un nuevo régimen de obligación alimenticia, son una consecuencia de ello. 38 Tercer Pleno Casatorio Civil
“Por una Justicia Predecible en Materia Familiar” Análisis del Tercer Pleno Casatorio
Patricia Janet Beltrán Pacheco1 I. A MANERA DE INTRODUCCIÓN El 15 de diciembre de 2010, se llevó a cabo en la judicatura peruana el Tercer Pleno Casatorio, este fue convocado por la Sala Suprema en lo Civil, participando los jueces supremos tanto titulares como provisionales, siendo menester precisar que el objetivo fue constituir un precedente judicial vinculante, en su calidad de doctrina jurisprudencial en materia familiar2. Consideramos que la Corte Suprema espero mucho tiempo para convocar a este Pleno, en tanto, las sentencias contradictorias que dictaron durante muchos años cada una de las Salas Civiles Supremas, generaron más de una discordia y por ende desconcierto entre los justiciables, debido a que las posturas jurisdiccionales eran diversas y a veces hasta contradictorias, sin encontrar oído en el Supremo Tribunal hasta el día de hoy3. Según la convocatoria que se efectuó en el diario oficial El Peruano, a través del Pleno se buscó una solución que coadyuvará a superar las contradicciones existentes en los fallos emitidos respecto a la naturaleza y procedencia de la indemnización del daño moral en los procesos de separación de hecho, el cual se encuentra previsto en el artículo 345-A del Código Civil, por lo que el punto principal del debate fue: “Determinar si procede fijar la indemnización de oficio o si solo esta se fija a pedido de parte”. Recuerdo que la audiencia del pleno, se llevó a cabo en la Sala de Juramentos de la Corte Suprema, es así que pasados unos minutos de la hora convocada, ingresaron al recinto los jueces supremos de ambas salas civiles, quienes eran los participantes, el abogado de la causa y dos amicus curiae, a quienes el Presidente del Pleno, hizo referencia. Cabe acotar que los abogados, especialistas en la materia controvertida, asistieron con la finalidad de otorgarle a los jueces supremos elementos doctrinales a considerar respecto al caso, por lo que cada uno en su orden y luego de oído el abogado patrocinante, expusieron sus respectivas tesis académicas4. Las ideas que expuso el especialista en familia5 fueron las siguientes: i. La aplicación del principio de protección a la familia no implica la vulneración del principio de congruencia procesal, ni de la correcta aplicación de la función tutelar por parte de la Administración de Justicia, por lo que no se trata solo de fijarlo de *	1	2	3	4	5	Fuente : Diálogo con la Jurisprudencia. N° 153 Junio 2011. Año 15. Jueza Superior Titular de la Corte de Justicia de Lima, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría y doctorado en la misma casa de estudios, investigadora para el Instituto de Familia de la Unife, docente universitaria, expositora en diversos eventos académicos nacionales e internacionales, autora de artículos con relevancia jurídica publicados a nivel nacional. Este artículo se lo dedico en su cumpleaños a mi señor padre Jorge, gracias por tus enseñanzas, amor incondicional, consejos y por la esperanza que me infundes día a día para seguir adelante. El pleno casatorio materia de análisis fue el primero que se desarrolló bajo la nueva regulación introducida por la Ley N° 29634, publicada el 28 de mayo de 2009. Cabe recordar que el último pleno casatorio se desarrolló en setiembre de 2008. Consideramos que hubiera sido mejor que los amicus curiae o “amigos del Tribunal” fueran abogados especialistas en la materia, pero que no tuvieran litigios ante la judicatura, en tanto, se hubiera podido tener elementos doctrinales sin carga subjetiva alguna. Abogado Alex Plácido Vilcachagua. Tercer Pleno Casatorio Civil 41
Patricia Beltrán Pacheco oficio ni de apreciarlo solo si existe un expreso pedido de las partes. ii.	Que la protección que brinda tanto el artículo 4 de la Constitución Política del Perú como el artículo 345 del Código Civil, no solo debe ser aplicada al matrimonio, sino también a favor de los hijos. iii. El sistema peruano es mixto, en tanto contiene parámetros objetivos y subjetivos para determinar la culpabilidad, quedando claro que el sistema no ha prescindido de la culpa del cónyuge. iv. Existe discrepancia de criterios en cuanto a la indemnización incluso en el Tribunal Constitucional, es así que en un fallo se ha señalado que otorgar una indemnización no demandada viola la congruencia procesal mientras que en otra resolución resolvió de manera distinta. v. La indemnización se debe considerar establecida por ley, por lo que debe ser impuesta a todos los sujetos y en todas las etapas procesales, razón por la cual debe ser consignada necesariamente como un punto controvertido. vi. Debe recordarse que toda indemnización está relacionada con el sistema de divorcio sanción, en tanto, esta se encuentra vinculada a la culpa de uno de los cónyuges, siendo menester precisar que en el sistema de divorcio remedio la culpa no es un elemento constitutivo. Asimismo, en los sistemas mixtos, solo cabe establecer una indemnización si la causa de la disolución es subjetiva, lo que no suced
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Created Date: 2011/05/12 11:35
al estudio del ámbito familiar ... Debemos recordar que se trata del tercer pleno casatorio civil, el primero estuvo referido
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References: artículo 22
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