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Timestamp: 2020-07-06 10:30:37+00:00

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Plazos procesales tras el estado de alarma. Análisis del RD 16/2020 de 28 de abril :: Luis Alpuente Ortega - ABOGADO
Plazos procesales tras el estado de alarma. Análisis del RD 16/2020 de 28 de abril
En medio de la gran incertidumbre que está provocando en nuestras vidas la crisis generada por esta pandemia, hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 16/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
Aun cuando los operadores jurídicos estamos acostumbrados a batallar con extensos y complicados textos legales cuya interpretación se abre a un mundo de posibilidades, habríamos agradecido una mayor claridad a la hora de establecer alguna de las medidas recogidas en dicha resolución y en particular, las referidas al cómputo de plazos procesales.
El Preámbulo del Real Decreto 16/2020 recoge lo siguiente respecto a los términos y plazos procesales suspendidos:
"En efecto, la Administración de Justicia ha sufrido una ralentización significativa como consecuencia de la crisis del COVID-19, por lo que se hace necesario adoptar el presente real decreto-ley que tiene por finalidad, además de otras más concretas, procurar una salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos por la declaración del estado de alarma cuando se produzca el levantamiento de la suspensión.
Asimismo, aunque los plazos procesales han sido suspendidos en los términos que se ha descrito anteriormente, los jueces y magistrados han venido dictando sentencias y otras resoluciones y se ha continuado con su notificación en la medida en que ha sido posible en función de la reducción de actividad del personal al servicio de la Administración de Justicia. Es previsible, en consecuencia, que en los primeros días en que se retome la actividad judicial ordinaria tras el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales, se produzca un notorio incremento en el número de recursos presentados frente a dichas resoluciones. Debe garantizarse que la vuelta a la normalidad, una vez se reactiven los plazos y el servicio de notificaciones, no suponga un colapso de las plataformas para presentación de escritos y demandas, y que los juzgados y tribunales puedan dar respuesta a todos ellos, así como que los profesionales que se relacionan con la Administración de Justicia tengan el tiempo necesario para preparar los escritos procesales en aras a proteger el derecho de defensa de sus clientes y representados. Para ello, se acuerda la ampliación de los plazos para la presentación de recursos contra sentencias y otras resoluciones que ponen fin al procedimiento y sean notificadas durante la suspensión de plazos establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como las que sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento de los plazos procesales suspendidos, permitiendo de esta manera que estos puedan presentarse de forma escalonada en un plazo más prolongado de tiempo, y no concentrados en escasos días después del citado levantamiento"
Atendiendo al razonamiento expuesto en el Preámbulo, el artículo 2 del Real Decreto (y no el 3 como erróneamente cita) dispone lo siguiente:
Expuesto lo anterior, es preciso analizar de manera conjunta lo establecido en el artículo 2 y en la aludida disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma y que dispone lo siguiente:
"1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso."
En medio de este embrollo, entiendo que lo que en definitiva nos quiere decir el legislador en el Real Decreto publicado en el día de hoy y en particular en su artículo 2, es que éste será aplicable en el momento en el que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y sus sucesivas prórrogas, es decir, cuando oficialmente se decrete el cese del estado de alarma y consecuentemente se reanuden términos y plazos suspendidos. Y es en ese momento cuando será aplicable lo dispuesto en el mencionado artículo 2 que distingue dos supuestos:
Los términos y plazos que hubieran quedado suspendidos por aplicación del estado de alarma se computarán de nuevo desde el inicio y comenzarán a contar desde el siguiente día hábil al cese de la suspensión del procedimiento que, como he indicado antes, se producirá con el cese del estado de alarma.
Los plazos para anunciar, preparar, formalizar o interponer recursos contra las sentencias o resoluciones que pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante el estado de alarma o durante los veinte días siguientes al cese de la misma, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto en la ley correspondiente.
En definitiva, lo que va a ocurrir es que, una vez cese el estado de alarma con la consecuente reanudación de los términos y plazos suspendidos, se pone el contador a cero para todos, evitando con ello cómputos dudosos que lleven a un mayor colapso de inadmisiones, así como permitir a todos los operadores jurídicos actuar con mayor tiempo y dedicación ante la avalancha judicial que se avecina. Tendremos que esperar pacientemente a que la aplicación práctica del artículo 2 sea una realidad, ya que queda sujeta al cese del estado de alarma, por lo que, en lo que a plazos se refiere, seguimos en una situación similar a la que teníamos antes de publicarse esta normativa.
Personalmente, pienso que el fomento y la conveniencia de aplicar medios tecnológicos para contrarrestar los efectos perniciosos que sobre la Administración de Justicia está provocando esta pandemia, va en sentido contrario a lo regulado en lo que a plazos se refiere. Y expreso dicha afirmación, porque aquellas actuaciones procesales suspendidas que pudieran ser tramitadas sin necesidad presencial, podrían no haberse suspendido y agilizar de alguna forma el parón judicial que estamos sufriendo. Sirva de ejemplo el recurso contra una Sentencia notificada durante el estado de alarma, para cuya tramitación se podrían haber utilizado todos los medios tecnológicos y telemáticos a nuestro alcance para preparar, presentar, resolver y notificar.
En cualquier caso, son meras opiniones y propuestas de un operador jurídico atrapado entre Reales Decretos, Órdenes Ministeriales y un futuro incierto que espero podamos vencer entre todos.

References: Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 real decreto 
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 artículo 2
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 artículo 2
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