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Timestamp: 2017-07-22 12:49:54+00:00

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de JACOBINISMO a JUZGADO | UPAU 2
de JACOBINISMO a JUZGADO
*JacobinismoEn derecho político, teoría según la cual la democracia debe imponerse por la fuerza, de acuerdo con la fórmula:"nada de libertad para los enemigos de la libertad".*JactanciaVer Acción de jactancia; acción declarativa.*JefeSuperior o cabeza de un cuerpo u oficio. Cabeza o presidente de un partido o corporación.Persona que ejerce autoridad sobre un grupo.El código civil francés emplea esta expresión para referirse al esposo como jefe de la sociedad conyugal (art. 1388).*Jefe de EstadoPersonaje (rey, emperador, presidente) al que se confía por diversos procedimientos constitucionales (herencia, elección), la representación del Estado en sus relaciones con las potencias extranjeras y con la Nación misma.*Jefe de familiaExpresión usada por algunas leyes especiales para designar a quien se halla a la cabeza del grupo familiar y que, por esa causa, goza de ciertas ventajas para si o para dicho grupo (Ver Gr., Salario familiar; incremento por familia numerosa).*JerarquíaA) en derecho administrativo se define la jerarquía como una relación de supremacía de los funcionarios superiores respecto a los inferiores, y de subordinación de estos a aquellos.El origen histórico de la jerarquía hallase en el derecho Canónico, en el que, originariamente, significaba cuidado de las cosas sacras, para referirse después a la gradación entre los sujetos eclesiásticos que tenían determinada potestad de orden, de magisterio y de jurisdicción.Posteriormente-siglo XIX-, con el advenimiento del constitucionalismo, se trasplantó al Estado, pero como un puro principio de la organización administrativa, independiente de su primitiva significación y desprovisto de cualquier contenido sacral.La jerarquía, stricto sensu, se manifiesta en la actividad administrativa del Estado. Su naturaleza es, pues, administrativa.La jerarquía se expresa a través del poder de mando o poder jerárquico, que prácticamente, y en términos generales, se concreta en lo siguiente:1) posibilidad de que el superior jerárquico dirija e impulse la acción del inferior, dando las órdenes pertinentes.Esta potestad de dar órdenes generalmente no surge en forma expresa del ordenamiento positivo, pero es una consecuencia implícita del poder jerárquico.2) posibilidad de dictar normas de carácter interno, de organización o de actuación, tales como instrucciones circulares.3) posibilidad para el superior de nombrar los integrantes de los órganos inferiores, así como formalizar los contratos en la rama concreta de su competencia.4) posibilidad de avocación de facultades de competencia.5) facultad de vigilancia, de control o de fiscalización por parte del superior, de oficio o a pedido de parte, sobre actos o sobre personas.6) facultad de resolver los conflictos o cuestiones de competencia que se produzcan entre órganos inferiores.A la serie de poderes del superior jerárquico, corresponden otros tantos deberes del inferior.Los deberes del inferior en el ordenamiento jerárquico se concretan en la subordinación al superior. Si bien la generalidad de la doctrina sostiene que la subordinación tiene sus límites, es decir que no es ilimitada, hay quien, distinguiendo entre subordinación y deber de obediencia, sostiene que la subordinación tiene carácter absoluto, en tanto que el deber de obediencia tiene límites. Lo cierto es que no sólo el deber de obediencia, sino también la subordinación, tienen límites jurídicos.La subordinación se manifiesta o expresa por el deber de obediencia.B) en derecho Canónico y en sentido lato, la jerarquía corresponde a todas las personas bautizadas (en su origen etimológico griego significa "sagrado orden"). En sentido estricto, organización de los poderes de quienes han recibido el sacerdocio en el reino terrestre.De ahí que jerarquía se refiere solo a las relaciones entre las tres órdenes:el Episcopado, el sacerdocio y el diaconado.*Joint venturesVer Uniones ocasionales.*Jornada de trabajoEn el moderno derecho laboral, uno de los mas concretos en el nivel nacional e internacional (OIT) ha sido la reducción y reglamentación de la jornada de trabajo.Todas las naciones han ido adhiriendo a los principios promovidos internacionalmente e imponiendo jornadas máximas de 8 horas o semanas de 48 o 40 horas.Asimismo, se ha reglamentado el horario de las mujeres y menores, el trabajo continuado nocturno y el descanso corrido obligatorio posterior, la jornada reducida para trabajos insalubres, etcétera.*JornalPrecio del trabajo que se estipula por día de horario normal. Estipendio que gana el trabajador por cada día de trabajo. Ver Salario.*JubilaciónEn el orden administrativo, es un derecho del agente público.El Instituto jubilatorio contempla la relación de empleo en su aspecto positivo, del mismo modo que el sueldo la contempló en su aspecto activo.A través de la jubilación continua la relación de función o de empleo público, aunque ubicada en otro plano:el de la pasividad. Aquí ocurre algo similar a lo que acaece con los militares, quienes siguen siendo tales a pesar de su retiro. El funcionario sigue siendo funcionario no obstante su jubilación.Lo expuesto no se desvirtúa ante la circunstancia de que el cumplimiento de los requisitos para hacer efectivo el derecho a jubilarse, haga cesar el derecho del agente público a la estabilidad en el empleo. Hay una íntima relación entre el régimen jubilatorio y el derecho a la estabilidad, al extremo de que la existencia de tal régimen es un implícito reconocimiento de la estabilidad del agente público.La jubilación, jurídicamente, es la proyección del sueldo una vez que el agente paso de la actividad a la pasividad:de ahí que en el régimen jurídico de la jubilación y en el del sueldo existan varios signos o notas comunes: Ver Gr..Posibilidad de reducción del monto para el futuro, carácter alimentario.La jubilación y el sueldo tienen el mismo fundamento jurídico, aunque ambos institutos contemplen períodos distintos de la vida del agente público.La jubilación puede conceptuarse y definirse como la retribución periódica y vitalicia que otorga el Estado a quienes, habiéndole servido durante determinado lapso, dejan el servicio por haber llegado a la edad establecida- o por haberse imposibilitado físicamente- y han cumplido con los aportes respectivos.En términos generales, esa es la definición sustancialmente aceptada por los autores.Jubilación es el beneficio que recibe el originario titular del derecho. Pensión es un beneficio derivado que reciben los causahabientes del jubilado en caso de fallecimiento de este.Cuales son los fundamentos del instituto jubilatorio ? estos deben considerarse desde dos puntos de vista: jurídicos y positivos.A) jurídicos. La jubilación es una resultante de la cultura y de la civilización:tiende a conservar los valores humanos (físicos y espirituales) de la Nación, sirviendo ello de estímulo para que las generaciones nuevas y venideras trabajen al servicio del Estado con la seguridad de que su vejez estará asegurada. Tal es su fundamento jurídico.B) positivos. En este orden de ideas, los regímenes jubilatorios provienen de la ley y entran en vigencia con ella.Mucho se ha escrito acerca de la naturaleza jurídica de la jubilación.Antiguamente se la consideró como una gracia o favor. Tal concepción hoy esta abandonada. El Estado de derecho no consiente ni admite semejantes gracias y favores.La generalidad de la doctrina considera la jubilación como un derecho del agente público.*JubileoEn derecho Canónico es la fiesta que se celebra con motivo de cumplirse cincuenta años de profesión en una misma orden.Indulgencia plenaria que el sumo pontífice otorga cada veinticinco años. Tiene su origen en el judaísmo*Judge-made law"Locución inglesa, cuyo significado es: "derecho a base de decisiones judiciales"(legislación judicial). Tiene particular significado en el sistema anglosajón (common Law).*JudicaturaEjercicio de juzgar. Dignidad o empleo del juez.Cuerpo constituido por los jueces de un país.*JudicialPerteneciente a juicio, a la Administración de justicia o a la judicatura.*Jueces unipersonales O pluripersonalesEn la composición del tribunal puede adoptarse el tipo del juez singular, unipersonal o monocrático o el tipo pluripersonal; en los regímenes sometidos a la doble instancia, se reserva la primera instancia a los jueces unipersonales, mientras que los tribunales superiores son siempre pluripersonales; en los ordenamientos procesales que responden al tipo de instancia única, existe proclividad hacia el tribunal pluripersonal.La composición del tribunal, circunstancia meramente contingente, adquiere su verdadero relieve desde el punto de vista de su funcionamiento, que frente al juez singular o unipersonal no presenta ningún problema, dado que la sentencia el la expresión de una voluntad, pero ante el tribunal pluripersonal, la sentencia puede ser o la expresión de una sola voluntad manifestada in collegia o la expresión de cada una de las voluntades de los miembros del tribunal.Pluripersonalidad y colegialidad no son sinónimos, ni la primera presupone la segunda, aunque no puede existir colegialidad sun un tribunal pluripersonal.Un tribunal puede estar formado por varios jueces (pluripersonalidad), pero solamente existirá colegialidad cuando aquellos deliberen y decidan un asunto en una única expresión de voluntad judicial, de tal manera que esa decisión pueda invocarse como la voluntad del órgano colegiado.La colegialidad es propia de los tribunales superiores, pero existen gradaciones:en algunos, la colegialidad es plena en tanto todos sus miembros conocen y deciden en un asunto; otros tribunales superiores, en cambio, se dividen en salas por especialidades, formando no un colegio, sino un cuerpo pluricolegial.En la República Argentina impera, excepto en el orden federal, el sistema de la pluripersonalidad: cada miembro del tribunal se instruye separada y privativamente de la causa y emite su voto, los que luego se cuentan en el acto del acuerdo.La sentencia pluripersonal es la negación de la colegialidad; no se trata de conocer que opina cada uno de los miembros del tribunal, sino que opina el tribunal, que es distinto; en los órganos pluripersonales la opinión individual prevalece sobre el órgano, mientras que en los órganos colegiados, la opinión de este se impone a los individuos.Este es uno de los aspectos mas discutidos de los tribunales pluripersonales, colegiados o no, pues razones prácticas crean dentro de estos tribunales figuras judiciales híbridas que destruyen el principio de colegialidad:el juez-ponente, el juez-delegado, el juez-instructor, miembros de un tribunal pluripersonal que realizan tareas del juez unipersonal o monocratico. "En la práctica, dice Carnelutti, Este es el camino por el cual el juez, colegiado en apariencia, se convierte en singular en sustancia, hasta el extremo de que ello explica la persistente inclinación a sustituir aquel por este, en Aras de la sinceridad. Es cierto, por desgracia, que con frecuencia las relaciones orales son lecturas apresuradas hechas sin expresión y acogidas sin atención, como también lo es que con igual frecuencia el encargo de dar forma escrita a la deliberación del colegio se transforma en el de estudiar por si sólo el pleito y preparar la sentencia, que después los demás jueces escuchan pasivamente, cuando no la suscriben sin más: lamentable y difundida práctica, en virtud de la cual el juez relator se transforma de mero informador o intérprete del colegio, en juez único y en que el colegio no sirva mas que para una ostentación inútil... ", Expresiones que encuentran rara similitud con la vigorosa epifonema de Vanderbilt la justicia emplazada a reformarse: "toda sentencia unipersonal constituye en realidad un fraude a los litigantes y a los ciudadanos en general".*Juego y apuestaHay apuesta o juego cuando cada una de las partes promete a la otra una prestación si las circunstancias aleatorias que intervienen no le son favorables.Las prestaciones que las partes se prometen recíprocamente, dependen del cumplimiento de condiciones opuestas e incompatibles, en el sentido de que la eliminación de la incertidumbre acerca de cual de las dos prevalecera, ha de dejar a una sola de las partes como deudora de la otra.Lo que se apuesta puede consistir en una suma de dinero o en otro objeto determinado.Siendo los conceptos de juego y apuesta de los mas vulgares, resulta sorprendente la dificultad en que se han encontrado los juristas para precisarlos en el plano del derecho. Se trata de contratos distintos? y si como tradicionalmente se admite, lo son, cual es la base sobre la que debe hacerse la distinción? a) para algunos autores que siguen una idea insinuada ya en el derecho romano, el juego supone la participación personal en los ejercicios de destreza física o mental, sobre cuyo resultado se arriesga una postura; la apuesta, en cambio, recae sobre hechos o circunstancias que son extrañas a los contratantes, como ocurre cuando los espectadores apuestan sobre el resultado de un partido de fútbol, de un match de box o sobre si ocurrirá o no tal acontecimiento político, etcétera.B) para otros, la distinción debe fundarse esencialmente en el motivo que inspira a las partes: la apuesta tiende a robustecer una afirmación, en tanto que el juego tiene por objeto una distracción o una ganancia.C) furno, sostiene que el juego, en si mismo, es un concepto ajeno el derecho; consiste en un pasatiempo, una competencia, una emulacion, una satisfacción del apetito de cultura física, todo lo cual carece de interés para el derecho. Lo que a este interesa es la apuesta que algunas veces acompaña necesariamente; es la apuesta, con su contenido económico, lo que esta regulado jurídicamente.En verdad, se trata de una disputa estéril. En todo el mundo, juego y apuesta tienen un régimen jurídico común, están sujetos a idénticas normas legales. Y, como dice Puig brutau, jurídicamente solo merecen ser considerados como conceptos distintos los que se hallen enlazados a afectos diferentes.No hay, pues, interés en precisar una diferencia que no tiene contenido ni vigencia efectiva.Esto sentado, uniremos ambos contratos en una definición común. Hay apuesta o juego cuando cada una de las partes promete a la otra una prestación si las circunstancias aleatorias que intervienen no le son favorables.Las prestaciones que las partes se prometen recíprocamente, dependen del cumplimiento de condiciones opuestas e incompatibles, en el sentido de que la eliminación de la incertidumbre acerca de cual de las dos prevalecera, ha de dejar a una sola de las partes como deudora de la otra.Lo que se apuesta puede consistir en una suma de dinero o en otro objeto determinado.*Juegos de bolsa y transacciones De bolsa a términoLas bolsas de comercio desempeñan una función económica importantísima facilitando las operaciones sobre mercaderías y valores y contribuyendo a regular los precios. Pero al propio tiempo, las contínuas subas y bajas en dichos valores brindan una inmejorable oportunidad para la especulación y el juego. Mientras los participantes compren efectivamente productos o valores especulando con su suba (o vendan previendo la baja) la operación es regular y lícita. No ocurre lo mismo con las llamadas operaciones diferenciales. Los que intervienen en ellas no se proponen comprar o vender mercaderías y valores, sino simplemente jugar a la suba o la baja; llegado el momento, concluyen su negocio pagando las diferencias en más o en menos.Estas operaciones diferenciales tienen un efecto distorsionador sobre las operaciones bursátiles, pues las subas o bajas no dependerán ya de causas económicas, sino de la especulación estimulada por la circunstancia de que para apostar no se necesita disponer de gran capital. Supóngase que se trate de acciones cotizada en la bolsa a $A.1000; quien desea comprar 1000 acciones previendo su valorización, necesita disponer de $A. 1000000.- Y si la acción se valoriza en $A. 50.- Habrá ganado $A. 50000, lo que no es un negocio muy brillante si se considera que ha tenido que disponer de tanto capital. En cambio, si sólo están en juego las diferencias, el apostador no necesita disponer de ningún capital como no sea para responder a las diferencias en contra. Tales operaciones están prohibidas por las leyes.Los reglamentos de las bolsas o mercados de comercio deben asegurar la realidad de las operaciones y la veracidad de su registro y publicación.Las operaciones de bolsa deben concertarse para ser cumplidas. Las partes no pueden sustraerse a su cumplimiento invocando que tuvieron intención de liquidarlas mediante el pago de la diferencia entre los precios que se registren al tiempo de la concertación y al de la ejecución.Los estatutos y reglamentos de las bolsas o mercados de comercio deben establecer en que casos y bajo que condiciones esas entidades garantizan el cumplimiento de las operaciones que en ellas se realizan o registran.Es decir que la ley prohibe la falta de realidad de las operaciones, que deben concertarse para ser cumplidas. Es el famoso juego de bolsa que por sus connotaciones puramente especulativas que lo acercan a la apuesta, es considerado inmoral. Se suelen llamar operaciones diferenciales a causa de que los contratantes procuran liquidarse las diferencias sin hacer realmente una operación.Las operaciones diferenciales revisten la apariencia de operaciones a término, con lo que se facilita burlar las prohibiciones legales.*Juegos prohibidosGeneral, las leyes declaran punibles a las siguientes personas: a) las que tuvieren una casa de juegos de azar en que se admita público, sea libremente, sea por presentación se los interesados afiliados o socios; b) los administradores, banqueros y demás empleados de la casa, cualquiera fuere su categoría; c) las personas que participen de los juegos que se desarrollan en tales casas y las que sean sorprendidas en su interior por la policía; D) las que en cualquier sitio y bajo cualquier forma explotaren apuestas sobre carreras de caballos, juegos de pelota, billar, juegos de destreza en general y otros permitidos por la autoridad, ya sea ofreciendo al público apostar, o apostando con el público directamente o por intermediario; e) los dueños, gerentes o encargados de los locales donde se vendan u ofrezcan al público boletos de apuestas mutuas o se faculte en cualquier forma la realización de tales apuestas; f) los que se encarguen de la compra o colocación de boletos de apuestas fuera del recinto de los hipódromos; g) los que hubieren organizado loterías no autorizadas por el Poder ejecutivo o tuvieren en su poder loterías clandestinas; los dueños, administradores o empleados de casas donde se encuentren o vendan billetes de loterías no autorizadas y los que publicaren o exhibieren sus extractos o les hicieren publicidad o los introdujeren al país si fueran emisiones extranjeras: h) los que establecieren o tuvieren en los casinos, calles, plazas o lugares públicos, juegos de lotería y otros de azar en que se ofrezcan al juego sumas de dinero, cualquiera que sea su cantidad u objetos de cualquier naturaleza.Además de la pena de multa o arresto, disponen el secuestro de todos los fondo, y efectos expuestos al juego.*JuezJuez es una persona que esta investida por el Estado de la potestad de administrar justicia; desde otro punto de vista, es un servidor público que desempeña una de las funciones del Estado moderno.El primero, es un concepto estructural; el segundo, funcional, pues se considera al juez como un servidor público que frente al conflicto de intereses de otras personas, tiene el poder conferido por el Estado para declarar la voluntad de la ley mediante un acto de autoridad imperativo y coactivo; la imparcialidad y la imparcialidad son los atributos de la función, y en los cuales se sustenta la significación social del juez. El juez desempeña, antes que una profesión, una vocación, cuyo apostolado se manifiesta no solamente en su saber profesiona, sino también en las condiciones morales que las leyes antiguas señalaban con detalle, y que las legislaciones modernas extreman, mediante un sistema de condiciones para la elección e incompatibilidades.El problema que encierra la adopción de un sistema para la designación del juez no se resuelve mediante la elección empírica de uno de los varios existentes en el orden legislativo o que han sido preconizados por la doctrina, sino en la discriminación del sistema que presente mayores garantías al justiciable sobre la independencia del juez, pues un poder sobre el nombramiento implica un poder sobre la persona nombrada.El problema tiene una doble faz, susceptible de multiplicarse. Por un lado, consiste en determinar que órgano, funcionario o institución tiene la potestad de consagrar a una persona como juez, o sea el problema de quien nombra al juez; por otro lado, existe el problema de establecer mediante que procedimiento se selecciona entre varias personas a aquella que será nombrada juez. Paralelamente, estos problemas deben ser combinados con los relativos al ingreso a la magistratura y a la promoción y ascenso de los magistrados y funcionarios judiciales.Ninguno de los sistemas vigentes en la legislación universal o preconizados por la doctrina procesal con respecto al órgano designante está exento de defectos:no lo está el sistema de elección popular, ni el sistema de cooptación, ni el sistema de elección por los poderes políticos del Estado. En esta posición, terminantemente negativa, se trata de encontrar el sistema menos malo o pernicioso, olvidando que cualquiera de los sistemas no tiene virtudes o vicios intrínsecos, sino que aquellos o estos son propios de los hombres que los utilizan.El juez no puede dejar de juzgar, sea bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes, sea porque le faltan elementos de juicio para condenar o para absolver: está prohibida la absolución de la instancia. V.Carga de la prueba.El juez no solamente administra justicia cuando dicta sentencia (poder de decisión), sino en todo momento del proceso en que se le pida o se le exija una resolución judicial; se confunde, pues, este deber, con el deber de proveer, y al respecto la ley conjuga este deber, señalando al juez cuando debe proveer, como debe proveer y sobre que debe proveer.Si bien puede ser redundante establecer el deber genérico de decisión del juez, no lo es tanto disponer que el juez debe administrar justicia siguiendo un orden de prelación o prioridad, sin dar otras preferencias que las establecidas por la ley desde otro punto de vista, se habla del juez como magistrado y como funcionario.A pesar de la nomenclatura lega, el juez es también un funcionario, en tanto desempeña, en virtud de una designación especial por quien constitucionalmente está legitimado para ello, una función del Estado consistente en administrar justicia.Es necesario despojar a la figura de servidor público de todos los elementos peyorativos con que a menudo se desmerece el concepto. La jurisdicción es un servicio del Estado, puesto a disposición de los particulares para evitar las formas de autotutela de los derechos que conducen a la justicia por mano propia; los criterios oligocraticos que ven una estructura en lugar de una función, tienden a crear un artificial complejo de superioridad que es inconcebible en el estado moderno.El sistema de elección popular esta vigente en numerosos estados de los Estados unidos de Norteamérica y en Suiza. Vanderbilt atribuye la adopción de este sistema por treinta y seis de los cuarenta y ocho estados que forman la Nación del norte, a la denominada revolución jacksoniana: "este movimiento barrió con todas las exigencias aristocratas federalistas que habían podido sobrevivir a través de la era jeffersoniana, incluso el respeto por las profesiones liberales; y dió nuevo sentido a muchos de los conceptos característicos de la filosofía política de la democracia de jefferson, quien creía que todos los hombres han sido creados iguales. Pero el pueblo llano de la época de jackson fue mucho más lejos y proclamó decididamente que todos los hombres son en realidad iguales. La explicación práctica de esta doctrina trajo como resultado el antiprofesionalismo de la época, con sus devastadores efectos en la abogacía, pues se llegó a reclutar sus nuevos miembros con muy pocas condiciones de admisión y en algunos estados, sin ninguna absolutamente.Las nuevas ideas de la igualdad de hecho se aplicaron a la elección de jueces, dando como resultado una magistratura de inferior calidad durante la segunda mitad del siglo XIX aceptado como premisa indiscutible que todos los hombres son iguales de hecho, se pudo llegar a algunas conclusiones sorprendentes, que no pudieron menos que afectar a los tribunales. Así, de que todos los hombres eran iguales se debió deducir necesariamente que todos los abogados, por ser hombres, eran también iguales, y que todos los jueces, por ser asimismo hombres, eran también iguales entre si... "; La crítica al sistema es unánime.Esencialmente, la cooptación consiste en que el origen del nombramiento reside en el propio Poder judicial; este, según algunos sistemas, propone a los que serán designados por la cámara de representantes a propuesta del superior tribunal de justicia, o propone y nombra con acuerdo de la legislatura.En toda la legislación actual, en genera, puede afirmarse que los jueces revisten los siguientes caracteres: a) son permanentes; b) son sedentarios cumplen sus funciones dentro de una circunscripción territorial); c) son inamovibles, y D) son letrados (generalmente se exige título de abogado).*Juez"a quo"El juez, generalmente de primera instancia, de cuya sentencia se apela ante el superior.*Juez "ad quem"El juez o tribunal ante el cual se acude recurriendo el fallo de un juez jerárquicamente inferior (generalmente de primera instancia).*Juez legoEl juez lego o no letrado puede, en la Administración de la justicia, adoptar varias formas: a) el juez legó administra justicia independientemente de oda influencia letrada, aplicando la ley como un juez de derecho, Ver Gr., En la justicia lega de paz de algunos ordenamientos, o en los tribunales de probiviri o prud'hommes, italianos y franceses, respectivamente. B) el juez legó administra justicia juntamente con el juez letrado, formando parte del tribunal.Es el sistema de escabinado, vigente en Alemania occidental a partir de la ley de unificación de 1950 para el proceso penal. C) en el jurado; institución multisecular casi unánimemente criticada la complejidad de la norma jurídica, su rigor científico y el tecnicismo de la función jurisdiccional excluyen, cada día más, al juez no profesional de la misión de administrar justicia, pero no puede dejar de señalarse, también, que la intervención del juez lego podría ser valiosa para resolver aquellos conflictos de intereses en que la cuestión jurídica es de menor importancia que la cuestión técnica no jurídica, Ver Gr., La aplicación de derecho penal a menores delincuentes, cuestiones industriales.*JuicioAunque a veces se utilizan como sinónimos los términos "proceso" y "juicio" corresponde destacar, sin embargo, que ellos se encuentran en relación de género a especie, pues el segundo supone la existencia de una controversia o, por los menos, de un conflicto entre parte, supuestos que no se configuran, respectivamente, en los procesos contenciosos cuando media rebeldía o allanamiento, y en los procesos voluntarios.Especifícamente, el el proceso que se sigue ante el juez sobre derechos o cosas que varias partes contrarias litigan entre si.El juicio, en cuanto a sus elementos, implica: a) una controversia o litigio sobre cosas, bienes o derechos cuestionados; b) dos partes en conflicto (a veces terceros interesados que asumen el carácter de tales); c) un procedimiento legal como método de desarrollo hasta la sentencia definitiva, y D) un juez (director del proceso) que resuelve en el curso del proceso y finalmente dicta sentencia.En general, la doctrina señala tres etapas: a) formativa o constitutiva del proceso (demanda, contestación, reconvención); b) instructoria o probatoria (producción de pruebas si hay hechos controvertidos); etapa que se suprime en la causas de puro derecho, y c) decisoria:sentencias definitivas de primera o segunda instancia, si la hay.*Juicio arbitralVer Proceso arbitral.*Juicio civilEl aquel juicio en el cual de debaten cuestiones de hecho y de derecho reguladas por los códigos civiles y leyes complementarias. Esta regulado en los códigos de procedimiento civil. V.Juicio ordinario; procesos de conocimiento.*Juicio comercialJuicio en el cual se debaten cuestiones de hecho y de derecho regidas por los códigos comerciales y leyes complementarias.Generalmente rigen las mismas normas procesales que para las causas civiles. Ver Jurisdicción comercial.*Juicio contenciosoVer Jurisdicción contenciosa.*Juicio Contencioso-administrativoVer Jurisdicción contencioso-administrativa.*Juicio contradictorioVer Jurisdicción contenciosa.*Juicio criminalVer Proceso criminal o penal.*Juicio de alimentosVer Alimentos.*Juicio de amigables ComponedoresVer Proceso arbitral; amigable componedores.*Juicio de amparoVer Acción de amparo.*Juicio de apremioVer Apremio.*Juicio de árbitrosVer Procese arbitral.*Juicio de consignaciónEs el juicio que realiza el deudor contra el acreedor que no ha querido recibir el importe adeudado, o se ha ausentado del lugar de pago sin dejar representante con facultad de percibir y que consiste en el depósito en pago cancelación de la deuda.La consignación hecha por depósito judicial, que no fuese impugnada por el acreedor, surte todos los efectos del verdadero pago. Si fuese impugnada, por no tener todas las condiciones debidas, surte los efectos del pago, desde el día de la sentencia que la declara legal. Si el acreedor no impugnare la consignación, o si fuese vencido en la oposición que hiciere, los gastos del depósito y las costas judiciales serán a su cargo. Serán a cargo del deudor, si retirase el depósito, o si la consignación se juzgare ilegal.Mientras el acreedor no hubiese aceptado la consignación, o no hubiese recaído declaración judicial teniéndola por válida, podrá el deudor retirar la cantidad consignada. La obligación en tal caso renacerá con todos sus accesorios.Si ha habido sentencia declarando válida la consignación, el deudor no puede retirarla, ni con consentimiento del acreedor, en perjuicio de sus codeudores o fiadores.Si declarada válida la consignación, el acreedor consiste que el deudor la retire, no puede, para el pago de su crédito, aprovecharse de las garantías o seguridades que le competían; y los codeudores y fiadores quedarán libres.*Juicio de desalojoVer Proceso de desalojo.*Juicio de DiosCada una de ciertas pruebas que con intento de averiguar la verdad se hacían en lo antiguo; como la de duelo, la de manejar hierros calientes, etcétera.Se admitieron esos juicio en épocas remotas y en los siglos IX, x y xi.Se partía de la idea de que Dios intervenía en los procesos criminales para salvar al inocente y castigar al culpable.A tales medios probatorios se los llamó también ordalias.*Juicio de disensoSe designa así el proceso, generalmente sumario, que resuelve acerca de la procedencia o improcedencia de la oposición a un matrimonio formulada por padres, tutores o curadores.*Juicio de insaniaEn esta materia encontramos que los códigos civiles contienen disposiciones de índole procesal. Se trata de bases de orden procesal, adoptadas en resguardo de la capacidad de las personas, que en ese carácter completan las previsiones del código civil y que han de ser respetadas por las leyes de procedimiento que se dictan.Además de la normas de fondo referentes al juicio de insania, las normas procesales, recogiendo las bases contenidas en el código civil, regulan el procedimiento del juicio de insania.Las normas de fondo referentes al juicio de insania son: 1) las que indican la necesidad de la verificación judicial; 2) las que previenen la necesidad del examen de facultativos; 3) las que señalan las características del dictamen médico; 4) las que precisan quienes pueden efectuar la denuncia de insania; 5) las que preven el nombramiento de curadores provisionales para que representen al denunciado durante el pleito.Ver Proceso de insania.*Juicio de mensura, Deslinde y amojonamientoVer Mensura, deslinde y amojonamiento.*Juicio de peritosVer Juicio pericial.*Juicio de quiebraVer Concurso; quiebra.*Juicio de testamentaríaVer Proceso sucesorio.*Juicio declarativoVer Acción declarativa.*Juicio ejecutivoPor sus orígenes y en la actualidad por la sistemática recibida en las leyes procesales, en el código y fuera de el, los juicios ejecutivos son procesos especiales, vale decir, procedimientos particulares regulados al margen de los procesos de conocimiento.Esta ubicación, ocupada por los ejecutivos dentro de la clasificación de los tipos procesales, se advierte no solo por la determinación del objeto litigioso, reducido a prestaciones de dar sumas de dinero líquidas y exigibles, generalmente documentadas en instrumentos públicos o privados, cuanto en el trámite particular que el legislador ha previsto para estas contiendas, creado a semejanza del aplicable a la ejecución de sentencia de condena al pago de dinero. ESte último espectro, traducido en el celeridad de trámites y etapas procedimentales, pero especialmente tipificada en la sumariedad del conocimiento judicial, que veda la oposición y examen de determinadas excepciones al demandado, nos permite afirmar que los ejecutivos integran un capítulo aparte dentro de la sistemática procesal.El juicio ejecutivo, regulado en los códigos procesales que siguieron al código español de 1855 o posteriores, no se encuentra incoado sobre la base de una sentencia de condena, cuanto partiendo de títulos ejecutivos extrajudiciales.Ellos contienen declaraciones de certeza de obligaciones de dar sumas de dinero, documentadas en instrumentos públicos o privados, a los que la ley otorga fehaciencia (prenda, pagarés, reconocimiento de deudas).Estos procesos, nacidos a la sombra y a imitación de la ejecución de sentencias, son en realidad ejecuciones impropias, juicio especiales, de conocimiento sumario, restringido esté al examen de aquella excepciones que taxativamente autoriza el legislador.Nuestros títulos ejecutivos, en atención a su origen privado, no merecen la autoridad y eficacia que corresponde a la sentencia de condena, por lo que el proceso privilegiado que originan, en favor del acreedor, persigue el examen judicial en torno a la legalidad formal y extrínseca del documento, y de no oponer el demandado excepción se dictará sentencia mandando llevar adelante la ejecución. Firme esta decisión, de carácter condenatorio, recién se la ejecuta por el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de remate, es decir que aquí principia la ejecución propiamente dicha.La gran variedad de títulos ejecutivos, y mayor o menor fehaciencia de los mismos, ha motivado la regulación de distintos juicio ejecutivos.*Juicio en rebeldíaVer Rebeldía.*Juicio expropiatorioEl juicio expropiatorio es aquel que tiene por objeto hacer efectiva, a favor del Estado (Nacional o Provincia.), La transferencia del dominio de un bien declarado de utilidad pública, y determinar la indemnización que corresponde pagar al sujeto expropiado. Es, por lo tanto, una consecuencia de la cláusula constitucional en cuya virtud "la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada", y a el se llega cuando el expropiante y el propietario no logran un avenimiento extrajudicial acerca del valor del bien (inmueble o mueble) de que se trate. Es competente para conocer del proceso expropiatorio el juez federal del lugar donde se encuentra el bien expropiado.*Juicio militarVer Jurisdicción militar.*Juicio oralVer Proceso oral; oralidad.*Juicio ordinarioSe trata de un proceso de conocimiento, común y plenario, en cuanto a la forma y funciones asignada por la ley es un juicio común, vale decir que ordinariamente por esta vía se tramitan todas aquellas contiendas judiciales que no tuvieses señalada una tramitación especial.Etapas del juicio ordinario: en el juicio común se distinguen claramente tres fases:a) constitutiva: integrada por el acto de demanda, su contestación, o allanamiento, y reconvención. Si el demandado opone excepciones de previo y especial pronunciamiento, como puede ser la incompetencia del juez o falta de capacidad procesal de las partes, se resolverá, previamente, respecto de las mismas. La trascendencia de este estadio consiste, en que queda perfectamente delimitado el objeto litigioso, sobre el que versará, posteriormente, la prueba. Además, la sentencia no podrá apartarse ni de las peticiones, ni de las probanzas producidas.B) probatoria: de existir hechos controvertidos se impone la apertura de la causa a prueba, que provocará el procedimiento probatorio. Por el contrario, si existe conformidad de partes respecto de los hechos, el litigio tramitara como cuestión de puro derecho.Esta etapa concluye con un alegato, optativo, respecto a la trascendencia de la prueba producida.C) decisoria: el juez dictará sentencia de conformidad a las pretensiones deducidas, decidiendo el litigio de un modo expreso, positivo y preciso. La sentencia puede ser apelada por el agraviado, en cuya circunstancia se abre el procedimiento ante la cámara de apelaciones, a fin de confirmar, o revocar, en todo o en parte, el fallo recurrido.Excepcionalmente, contra la sentencia de cámara puede plantearse el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, por violación de normas constitucionales, o el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, si la decisión de ha apartado de la jurisprudencia del tribunal de alzada.*Juicio penalVer Proceso penal.*Juicio pericialEl juicio pericial el aquel que tiene lugar cuando se encomienda a una o mas personas especialmente versadas en alguna materia, la decisión definitiva acerca de una cuestión de hecho.El juicio pericial guarda ciertos puntos de contacto con la prueba de peritos y con el juicio de árbitros o de amigables componedores, pero al mismo tiempo reviste ciertas características que le acuerdan autonomía y que permiten diferenciarlo suficientemente de dichas instituciones.El juicio pericial se asemeja al dictamen pericial porque ambos requieren conocimientos especiales y versan sobre cuestiones de hecho. Pero mientras el dictamen pericial constituye un medio de prueba que, como tal, sólo puede verificarse en el transcurso de un proceso y tiende únicamente a ilustrar al juez, quien puede apartarse de las conclusiones enunciadas por los peritos, el juicio pericial puede llevarse a cabo dentro de un proceso o fuera de el, y conduce al pronunciamiento de una decisión provista de fuerza vinculante para el juez. Si bien éste tiene facultades para apreciar libremente el derecho aplicable al caso, debe hacerlo sobre la base de las conclusiones de hecho establecidas por los jueces-peritos.El punto de contacto que vincula el juicio pericial con el proceso arbitral reside, fundamentalmente, en la circunstancia de que tanto uno como otro tienen por objeto la decisión de una cuestión o divergencia suscitada entre partes. Varias son, sin embargo, las diferencias que los separan, y entre ellas cabe mencionar las siguientes: 1) mientras el proceso arbitral supone como antecedente necesario la celebración de un compromiso, el juicio pericial no requiere esa formalidad; 2) en el proceso arbitral se decide tanto sobre los hechos como sobre el derecho, en tanto que el ámbito del juicio pericial esta circunscripto a las cuestiones de hecho; 3) mientras es procedente diferir al arbitraje un género determinado de conflictos, sólo cabe someter al juicio pericial cuestiones de hecho concretadas expresamente. Salvadas tales diferencias, el juicio pericial se asemeja al de amigables componedores en cuanto a la forma en que los jueces peritos deben proceder.Procedimiento: a) la constitución del tribunal pericial no requiere, como dijimos, la previa celebración de compromiso, bastando la existencia de un acuerdo entre partes que determine el objeto de la decisión. La resistencia de alguna de las partes para designar a los jueces-peritos autoriza a la otra para reclamar judicialmente la constitución del tribunal.Es suficiente que el juez cite a las partes a una audiencia, bajo apercibimiento de proceder a la designación de oficio, si, en cambio, la constitución del tribunal debe hacerse en el transcurso de un juicio, corresponde aplicar las normas relativas a la prueba pericial.B) los peritos árbitros deben tener las condiciones exigidas para los amigables componedores y especialidad en la materia. Deben proceder como aquellos, es decir, sin sujeción a formas legales, decidiendo según su saber y entender.C) la pericia arbitral tiene los efectos de la sentencia y no cabe contra ella recurso alguno. Para su ejecución, luego de agregada al proceso, corresponde aplicar las normas sobre ejecución de sentencia.*Juicio políticoProceso instituido para juzgar la conducta y responsabilidad de determinados funcionarios públicos.En los regímenes democráticos la acusación o proceso suele ser facultad y prerrogativa exclusiva del parlamento o del congreso (Poder legislativo).Suele ser el procedimiento necesario para juzgar al Presidente, vicepresidente, primer Ministro, ministros y jueves nacionales por mal desempeño en el cargo, delito en el desempeño de sus funciones y crímenes comunes.La sentencia que se dicte suele limitarse a declarar la destitución del inculpado.La posible responsabilidad penal o civil queda posteriormente a cargo de tribunales comunes.*Juicio por juradosVer Jurado.*Juicio posesorioVer Interdicto; acciones posesorias.*Juicio singularLo opuesto al juicio universal(concursos, sucesiones), es decir que el litigio en el sometido versa sobre un bien o derecho concreto y particular.*Juicio sucesorioTrámite de una sucesión testamentaria o ab intestato.*Juicio sumarioEl juicio sumario es un proceso de conocimiento pleno, un verdadero y propio juicio plenario.A diferencia del ordinario no es común, vale decir, no se aplica ordinariamente a todo tipo de controversias. Por el contrario, está destinado a sustanciar cuestiones especialmente previstas en la ley, las que han sido enumeradas taxativamente.Nace en las legislaciones, en general, como una verdadera necesidad, al sustraer del ámbito del ordinario una variedad de litigios que por la sencillez que los caracteriza(v. Gr. Pleitos de menor cuantía), o por razones de urgencia(v. Gr., Desalojo de inmuebles), merecen una consideración acorde con la cuestión debatida.Para ello se abrevian plazos, se concentran actos(así la prueba se ofrece juntamente con demanda y contestación); el número de testigos se limita a cinco por cada parte y se designa un solo perito; actos no esenciales, como el alegato de bien probado, son suprimidos; se restringe la apelación de interlocutorias, y por último, se trata de concentrar y producir toda la prueba en síntesis, todo conduce a una abreviación y aceleración de las formas y etapas sin que ello impida que la sentencia declare la certeza del derecho de un modo definitivo, es decir con fuerza de cosa juzgada material, como si se trata de un pronunciamiento recaído en juicio ordinario el origen histórico de estos juicios de trámite acelerado, pero que respetan la plenitud de la cognitio judicial, se encuentra en los regímenes estatutarios de las antiguas ciudades italianas, al crear procedimientos extraordinarios respecto al solemne ordo indiciorum.En particular la decretal de Clemente v (año 1306), resume este movimiento de reformas al consagrar los siguientes principios:a) eliminación de la etapa de la litis contestatio, formalidad que imponía la presentación del demandado al juicio, perturbando en los supuestos de rebeldía, la continuación del proceso; b) limitación de las apelaciones interlocutorias; c) abreviación de plazos, y concentración en una audiencia de pruebas y alegatos; d) otorgamiento de mayores poder res al magistrado en la instrucción de la causa; e) reducción de actos escritos, tendiendo a la oralidad de las audiencias.Los juristas de la época, señala fairen Guillén, se habían dado cuenta de que la figura de la litis contestatio era innecesaria y atentatoria contra el principio de rapidez de los juicios; y las necesidades del tráfico jurídico, incrementadas con lo que en realidad era una verdadera formalidad inútil, dispendiosa y engorrosa. De ahí, la creación de procesos sine litis contestatio, acelerando el procedimiento de la causa.Ambito de ampliación: dentro de la variedad de cuestiones que tramitan por la vía del juicio sumario, corresponde distinguir las vinculadas a la menor cuantía, de aquellas otras que, se supone, son de fácil dilucidación.No se justifica que los litigios de pequeño valor económico se sustancien mediante el rito del juicio ordinario, cuyo costo simplemente puede ser muy superior al valor de lo pretendido.La sencillez y simplicidad del derecho pretendido, tornarían injusto imponer al actor la deducción de un juicio ordinario, particularmente cuando la relación que alega es fácil justificación.En general, los códigos procesales, preven el trámite sumario para las cuestiones siguientes:a) Pago por consignación: los pleitos en que se deposita en concepto de pago una presentación, a la orden del juez, son de fácil tramitación, por lo que no se justifica el planeamiento de un juicio ordinario.B) división de condominio: comprende los juicios de división de cosas comunes, también llamados de cesación o división de condominio.C) causas de menor cuantía: no se justifican trámites largos y costosos para poco valor económico.D) cuestiones entre copropietarios surgidas de la administración, y las demandas que se promovieran por ampliación de la ley de propiedad horizontal, salvo que las leyes especiales establecieran otra clase de procedimiento.E) cobro de crédito por alquiler de bienes muebles.F) cobro de medianería: los variados litigios que ocasiona el condominio de muros, cercas y fosos.G) obligación de otorgar escritura pública y resolución de contrato de compraventa de inmuebles: se trata de dos supuestos distintos vinculados al llamado boleto de compraventa inmobiliario.El primero contempla la pretensión de reducir a escritura pública los contratos hechos por instrumento privado.H) daños y perjuicios derivados de delitos y cuasidelitos y de incumplimiento de transporte. Los litigios derivados de la llamada culpa aquiliana, Ver Gr., Accidentes ocasionados por automotores, tienen un objeto preciso, cual es la determinación de la culpa del agente y el monto de los daños, que es prueba por un reducido número de testigos mediante dictamen pericial. El legislador ha tratado de sustraer al conocimiento del juicio ordinario una materia cada vez más amplia y numerosa en la vida moderna.I) cuestiones relacionadas con restricciones y límites del condominio o sobre condominio de muros y cercos, y en particular, las que se susciten con motivo de la vecindad urbana o rural.J) suspensión del ejercicio de la patria potestad y suspensión y renovación de tutores.K) pedido de fijación de plazo de cumplimiento de la obligación cuando no se hubiese autorizado al deudor para satisfacerla, cuando pudiere o tuviere medios para hacerlo, siempre que no se tratare de título ejecutivo l) obligación exigible de dar cantidades de cosas o valores, o de dar cosas muebles ciertas y determinadas.M) cancelación de hipoteca o prenda.N) restitución de cosa dada en comodato.O) cuestiones sobre marcas de fábrica o de comercio de nombres comerciales.*Juicio sumarísimoLos procedimientos sumarísimo han tenido común origen histórico con los sumarios, constituyendo una reacción al tratar cuestiones de ínfimo valor, o de muy rápida sustanciación, por la vía del juicio común, solemne, lento y oneroso.La simplicidad de las formas, mediante la abreviación de plazos etapas, ha conducido a la regulación de un tipo procesal, en el cual se permite el mínimo necesario de actos indispensables para desarrollar la celebración del contradictorio.Es un proceso cognoscitivo, en el cual, la sumariedad debe entenderse como sinónimo de restricción de actos o fases del trámite, antes que una limitación al conocimiento judicial. Luego, las sentencias en ellos recaídas tienen efecto declarativo y, una vez firme, cualidad de cosa juzgada material.Tramitan por el juicio sumarísimo, en general:a) el amparo: este proceso destinado a proteger las garantías individuales consagradas en la constitución Nacional requiere por el bien que tutela un máximo de celeridad; b) otros procesos especiales, es su puestos particularmente previstos por las leyes.*Juicio universalEs aquel proceso que afecta la totalidad de un patrimonio: concursos (quiebra, concurso preventivo, concurso civil) y sucesiones.En los procesos concursales el principio de universalidad se manifiesta intensamente afectado inclusive relaciones jurídicas pasadas, presentes y futuras, y trascendiendo del patrimonio a la universalidad de acreedores.Todos los bienes son afectados por el proceso. Surge claro que el proceso de quiebra se presenta, mucho más que el proceso ejecutivo ordinario, como un medio idóneo para incidir en la esfera del derecho sustancial: los efectos del embargo se vuelven aquí universales, afectan relaciones jurídicas pendientes, cubren situaciones futuras.Ello exige, por consiguiente, una regulación compleja que comporta también instrumentar una actividad administrativa.*Juicio verbalVer Proceso oral; oralidad.*Juicios atributivosVer Norma jurídica.*Juicios del deber serVer Normas jurídica.*Junta de accionistasVer Asamblea de accionistas.*Junta de acreedoresEs la que se realiza en un momento determinado, cumplidas las publicaciones y demás recaudos de ley, en los procesos concursales. Su objeto principal es la votación de un concordato preventivo o resolutorio.A los efectos de poder lograr una adecuada funcionalidad y celeridad en los trámites y votaciones a cumplir, su celebración esta regulada procesalmente por la ley: a) día, hora y lugar indicados que se pública en edictos; b) presencia del juez del concurso y sindico; c) comprobación de identidad y facultades de representación de los asistentes; D) auto declarándola constituida con los acreedores verificados y admisibles; e) discusión y votación del acuerdo o concordato propuesto por el deudor concursado o quebrado.*Junta electoralAsamblea de electores.También se suele designar así el órgano encargado de preparar, fiscalizar o escrutar las elecciones.*Jura novit curiaVer "Jura novit curia".*JuradoTribunal no profesional ni permanente, de origen inglés, introducido luego en otras naciones, cuyo esencial cometido es determinar y declarar el hecho justiciable o la culpabilidad del acusado, quedando al cuidado de los magistrados la imposición de la pena que por las leyes corresponda al caso.Cada uno de los individuos que componen dicho tribunal.La declaración del jurado sobre las cuestiones de hecho lleva el nombre de veredicto.*Jurado de enjuiciamientoTribunal que se crea para enjuiciar a los miembros del Poder judicial por el mal desempeño de sus funciones.La composición del mismo varía según las distintas legislaciones, aunque, en general, está constituido por miembros de la judicatura y del foro.*JuramentoEl juramento es la forma mediante la cual la persona que se incorpora a la Administración pública compromete su dignidad en el correcto ejercicio de sus funciones y en el leal cumplimiento de sus deberes.Todo juramento, aunque su formula no emplee la palabra honor, lo implica necesariamente; de lo contrario, ese acto solemne carecería de sentido.Quien jura compromete su honor en el cumplimiento de lo que es objeto del juramento.La referida formalidad sólo procede cuando la norma la exige expresamente.Dado el sentido y el alcance del juramento, éste puede ser exigido por el Poder ejecutivo, en sus reglamentos, como requisito para ingresar a la Administración pública y como previo al ejercicio de la respectiva función e empleo.La exigencia del juramento, a efectuarse sobre la base del honor de quien lo prestara, no agravia principio alguno de carácter constitucional. La potestad de exigir la formalidad de nombrar que la constitución la otorga al Presidente de la república, quien.Por cierto, puede establecer las razonables formalidades a que han de someterse los nombramientos-entre ellas el juramento-, máxime cuando ello integra las atribuciones de Administración general del país que también le confiere la ley suprema.De manera que cuando la norma lo exija, el juramento debe prestarse como requisito para ingresar a la Administración pública y, desde luego, como previo al ejercicio de la respectiva función o empleo.Además de su evidente significado moral, el juramento tiene su trascendencia o sentido jurídico; una vez efectuado, debe interpretárselo como expresión de aceptación del cargo; la negativa a prestarlo debe interpretarse como rechazo del nombramiento.*Juramento decisorioMedio para la solución del pleito, hoy en total desuso, por el cual una de las partes se sujeta a lo que la contraria manifiesta corresponder bajo juramento.*Juramento deferidoVer Deferido.*Juramento estimatorioSe suple con el la insuficiencia de la prueba.La parte estima el importe reclamado dentro de la cantidad fijada por el juez.Su uso, en la actualidad, es casi desconocido.*JuridicidadTendencia o criterio favorable al predominio de las soluciones de estricto derecho en los asuntos políticos y sociales.*JurídicoQue atañe al derecho o se ajuste a el. Por esa razón se dice que una acción es jurídica cuando se la ejerce conforme a derecho. Caso contrario se reputaría antijurídica y no puede prosperar.*Juris et de jureVer "Juris et de jure".*Juris tantumVer "Iuris tantum".*JurisconsultoEl que profesa con el debido título la ciencia del derecho, dedicándose mas particularmente a escribir sobre, y a resolver, las consultas legales que se le proponen. Conocedor de la ciencia intérprete del derecho civil, cuya repuesta tenía fuerza de ley.*JurisdicciónEl lenguaje jurídico acuerda a la palabra "jurisdicción" diversos significados.Se utiliza, en primer lugar, para denotar los límites territoriales dentro de los cuales ejercen sus funciones específicas los órganos del Estado, sean ellos judiciales o administrativos. Tal ocurre cuando se habla de la jurisdicción territorial de los jueces, y cuando se identifica el concepto con el de la circunscripción espacial asignatura a alguna reparación pública.En segundo lugar, las leyes suelen emplear este vocablo a fin de señalar la aptitud o capacidad reconocida a un juez o tribunal para conocer en una determinada categoría de pretenciones o de peticiones, confundiendo de tal manera la jurisdicción con la competencia, que es la medida en que aquella se ejerce.También se suele emplear el término jurisdicción con referencia al poder que, sobre los ciudadanos, ejercen los órganos estatales(un parlamento, un órgano judicial, o una entidad administrativa).Finalmente, desde el punto de vista técnico, que es el que nos interesa, se considera a la jurisdicción-al igual que la legislación y la administracion como una de las funciones estatales, definiendosela como aquella mediante la cual los órganos judiciales del Estado administran justicia en los casos litigiosos.Pero ocurre que si a este esquema, coincidente con la teoría de la división tripartita de los poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial), se lo confronta con la realidad jurídica positiva, se advierte que no toda la función jurisdiccional se halla encomendada a los órganos del Poder judicial.Es indiscutible que esa función la ejercen también numerosos organismos administrativos y el propio órgano legislativo. Ejemplo del primer supuesto lo constituyesen las sanciones que imponen el tribunal de faltas cuando se infringen determinadas ordenanzas, el tribunal de cuentas de la Nación cuando decide sobre la responsabilidad de quienes administran fondos nacionales.En cuanto a la segunda hipótesis, se impone la misma conclusión respecto del senado, en el caso del juicio político.A la inversa, los órganos judiciales no siempre ejercen actividad juridiccional (reglamentaciones judiciales, designación de funcionarios o empleados, intervención en los casos de jurisdicción voluntaria, etcétera).Por todas estas razones, la mayor parte de la doctrina se atiende a las características que presenta el acto jurisdiccional en si mismo, prescindiendo (o colocándolo en un plano secundario) de su aspecto orgánico o formal.La función legislativa resulta facilmente diferenciable de la jurisdiccional, porque la primera tiene por objeto crear normas abstractas y generales, en tanto que la segunda se traduce en la creación de normas individuales, rasgo este que también es común a la función administrativa, por eso, la principal dificultad consiste en distinguir adecuadamente el acto jurisdiccional del administrativo.Estos dos tipos de actos presentan diversas nota que les son comunes, ya que: 1) ambos representan la individualización y concentración de normas generales; 2) su autor es siempre un órgano del Estado, lo que les confiere el carácter de actos de autoridad que obligan a sus eventuales destinatarios a cumplir la conducta prescripta por el órgano respectivo en el caso concreto; (al emplear la expresión órgano del Estado, lo hacemos en el sentido juridicomaterial que Kelsen le acuerda, es decir, basado en la cualificación personal de quien cumple la función orgánica); 3) tanto el acto jurisdiccional como el administrativo tienen aptitud para imponerse, eventualmente, a cualquier miembro de la comunidad cuya conducta o cuyas relaciones pueden encontrarse comprendidas en el ámbito de competencia asignado a algún órgano estatal (circunstancia que excluye del concepto a las llamadas jurisdicciones domésticas, como la asociacional o la deportiva).Es preciso aclarar, luego de establecidos los conceptos precedentes, cual es la específica modalidad con que esa creación normativa que comportan el acto jurisdiccional y el acto administrativo, se traduce en la experiencia jurídica.En este aspecto, es oportuno recordar la distinción que fórmula Kelsen entre creación democrática y autocrática del derecho, según que los sujetos participen o no en la creación de las normas a las cuales han de encontrarse sometidos o, en otros términos, que sus obligaciones nazcan con su consentimiento o sin el y, eventualmente, aun contra su misma voluntad.De acuerdo con este distingo, podemos firmar que el acto jurisdiccional constituye un típico ejemplo de creación autocrática del derecho, en el que esta en juego una valoración de poder, desde que este supone, dentro de la estructura jerárquica que involucra la coexistencia, una inculcacion o infusion de pensamiento jurídico. Esta nota solo concurre, en forma permanente e invariable, en los actos jurisdiccionales, no se da, en cambio, respecto de ciertos administrativos (colocación al servicio del Estado, naturalización, etcétera), que solo se perfeccionan mediante un acto de voluntad proveniente del sujeto obligado, cuya participación concurre a formar la correspondiente norma individuales.Señaladas estas cuatro notas comunes(aunque la última es parcial), corresponde dar un último paso que nos permita diferenciar adecuadamente el acto administrativo del jurisdiccional.Kelsen es el jurista que con mayor rigor científico ha discurrido sobre la diferenciación entre estas dos clases de actos. En la teoría pura del derecho, dicho autor sintetiza así sus ideas sobre el punto: "la administración-dice tiene también por función individualizar y concretar las leyes. En gran parte de su actividades desempeña el mismo papel que la jurisdiccion, esforzandose, como ésta, en obtener la conducta social deseada por el legislador al recurrir a actos de coacción en caso de conducta contraria. No hay diferencia esencial entre el acto de un tribunal que aplica una pena a un calumniador con miras a proteger el honor del individuo calumniado y el de una autoridad administrativa que condena a un automovilista imprudente al pago de una multa a fin de garantizar la seguridad de la circulación. La jurisdicción y la administración no están, sin embargo, organizadas de la misma manera. Los tribunales gozan, por razones históricas, de una independencia de que carecen casi siempre las autoridades administrativas.Además, si la jurisdicción trata de alcanzar el fin del Estado de manera mediante e indirecta, no siempre es este el caso de la administración. ESta puede ser obligada jurídicamente a establecer de manera directa e inmediata el estado social deseado, construyendo ella misma un edificio escolar, explotando ferrocarriles o prestando asistencia a los enfermos en los hospitales.Esta administración directa es esencialmente diferente de la jurisdicción y de la administración indirecta. No se puede, pues, oponer la jurisdicción a la administración en general, sino solamente a la administración directa".Pese a la innegable exactitud de muchas de sus conclusiones, la tesis de Kelsen es, en la opinión de palacio, susceptible de dos órdenes de reparos que, lejos de pretender desvirtuar sus bases esenciales, tienden a integrarla con otras aportaciones del pensamiento jurídico.En primer lugar, Kelsen incurre en el equivocó de definir al acto jurisdiccional como aquél que tiene por objeto individualizar, en el caso concreto, la relación que la ley establece, de manera general y abstracta, entre el hecho ilícito y la sanción que es su consecuencia, aplicando en caso afirmativo el acto de coacción prescripto también de manera abstracta por la norma general.Este concepto deriva de la errónea premisa consistente en asignar al acto coactivo (sanción) el carácter de único elemento esencial y tipificador de la norma jurídica, en desmedro del fragmento normativo que menciona la conducta a observar para evitar la aplicación de la sanción, al que Kelsen llama norma secundaria y carece, a su juicio, de valor ontológico.Sin embargo, la conducta humana que las normas jurídicas conceptualizan, configura, esencialmente, una experiencia de libertad, es decir, de posibilidad existencial. Por lo tanto, toda norma jurídica completa debe mentar, irremisiblemente, los conceptos de licitud e ilicitud y configura, como lo ha demostrado Cossio, un juicio disyuntivo cuyos dos miembros, divididos por la conjunción "o", conceptualizan, el primero, la conducta lícita a partir de una situación coexistencial (endonorma) y el segundo, la conducta ilícita (entuerto) que, con motivo de la sanción, deviene lícita (perinorma), integrándose recíprocamente como partes de un sentido único.Es por ello que la tesis de Kelsen deja sin adecuada explicación todos aquellos casos en los cuales los órganos estatales no aplican sanciones, limitándose a individualizar alguna de las menciones contenidas en el fragmento que describe la conducta lícita (endonorma).Cuando un tribunal declara, por ejemplo, la nulidad de un acto jurídico, no aplica lo que Kelsen denomina "acto coactivo estatal", sino que únicamente establece que la prestación no es exigible porque no concurre una de las circunstancias descriptas en el hecho antecedente de la endonorma. Si, en cambio, declara la validez del acto impugnado, la actividad jurisdiccional se agota en la explicitación del tramo endonormativo compleno, quedando ajenos a la sentencia tanto el entuerto como la sanción (sentencias declarativas y gran parte de las determinativas).El segundo reparo de que es pasible, a nuestro juicio, la teoría de Kelsen, emerge del hecho de describir tanto la actividad administrativa como la jurisdiccional en función del logro de un fin estatal que se concreta, sustancialmente, en el "bienestar de los ciudadanos".De tal manera, la creación normativa aparece impregnada de un sentido teleológico que deja de lado aquellos valores de la conducta que no hacen a los fines que persiguen, sino que la califican de manera directa, aun cuando se frustre la finalidad tenida en mira por el protagonista. Además, no siendo la norma jurídica mas que la representación conceptual de una conducta, no cabe atribuirle a ella misma finalidad actuante de ninguna naturaleza.Para determinar, pues, la esencia del acto jurisdiccional, consideramos que el análisis debe desplazarse hacia el objeto que las normas conceptualizan, o sea hacia la conducta en su interferencia intersubjetiva.En ese orden de consideraciones es preciso advertir, ante todo, que la vida humana se caracteriza por una fundamental aptitud para referirse a, o para dirigirse hacia posibilidades, por cuya razón la conducta involucra, necesariamente, un proyecto existencial. La conducta es, a su vez, proyectable, porque contiene un pensamiento intrínseco, de carácter normativo, merced al cual ella es vivida como pudiendo ser una posibilidad, no siendo el proyecto existencial otra cosa que ese pensamiento de si misma con que la conducta se integra.El contenido concreto de tal pensamiento es, en la generalidad de los casos, un pensamiento comunitario, por cuanto siendo un atributo esencial de la existencia humana el ser coexistencial, las posibilidades que, dentro de sus respectivos proyectos vitales, asumen los miembros de cualquier grupo social, constituyen necesariamente posibilidades de la comunidad. De allí que toda norma jurídica, para ser verdaderamente tal, y no un simple pensamiento, deba constituir la expresión conceptual de un pensamiento comunitario.No cabe hablar de una verdadera norma, si la posibilidad de conducta real dentro de la comunidad en la cual deba aplicarse.Ello establecido, interesa añadir que en toda comunidad se da como situación originaria, el hecho de que sus miembros (adultos) se comportan de acuerdo con las posibilidades que ella ofrece, y que son, en realidad, posibilidades que aquellos constituyen como el contenido de un pensamiento común.Igual reflexión es aplicable a gran parte de la actividad que cumplen los órganos estatales. Esa situación originaria se exterioriza, por ejemplo, cuando el deudor cumple con sus obligaciones, el testador dispone de sus bienes, el órgano administrativo concede o deniega una jubilación o una marca de fábrica.Junto a dicha situación, sin embargo, existen otras en las cuales el pensamiento comunitario se expresa, no espontáneamente, sino en forma indirecta y mediata, a través de un órgano estatal que actúa por delegación de la comunidad.Puede configurarse, en primer lugar, la situación consistente en que dos o mas miembros adultos de un grupo social asuman, dentro de sus respectivos proyectos existenciales, posibilidades incompatibles entre si, impidiendo de tal manera que el pensamiento comunitario aparezca directa y espontáneamente en el juego conjunto de sus conductas individuales. Esa incompatibilidad, que entraña la existencia de un conflicto, puede encontrar solución, siempre que el interés de la comunidad no resulte directamente comprometido, mediante la voluntad concorde de sus protagonistas. Pero cuando ello no ocurre, no queda otra alternativa que la intervención de un órgano que, por delegación de la comunidad, incorpore el pensamiento jurídico de esta en la conducta de los sujetos en conflicto.Es lo que sucede en la mayor parte de los procesos civiles, en los cuales la intervención del órgano que ha de expresar el pensamiento jurídico comunitario se halla supeditada, exclusivamente, a la pretensión deducida por uno de los partícipes en el conflicto.En segundo lugar, puede darse el caso de que por encontrarse directamente afectado en el conflicto el interés colectivo, las normas jurídicas descarten la autocomposición de aquel por obra de sus protagonistas y resulte inexcusable la decisión de un órgano que lo dirima en la misma forma que en la hipótesis anterior. Tal es el supuesto de los procesos civiles atinentes a la capacidad y al estado civil de las personas, algunos de los cuales (nulidad de matrimonio, insania, etcétera) pueden ser iniciados mediante la pretensión deducida por ciertos órganos que también actúan por delegación de la comunidad (Ministerio público), pero que lo hacen en calidad de partes y están colocados en una situación diferente a la de los órganos que han de decidir el conflicto.Esta última hipótesis se caracteriza porque, en un primer plano, aparece el planteamiento de una incompatibilidad suscitada entre la posibilidad asumida por algún miembro de la comunidad, o por la situación en que este se encuentra, y la posibilidad que se afirma proyectada por el pensamiento jurídico vigente en aquella. De allí que corresponda incluir en esta situación los procesos penales, pues la pretensión que en ellos se hace valer plantea la existencia de un conflicto entre la posibilidad individualmente asumida por el imputado y la posibilidad que se afirma proyectada por el pensamiento jurídico comunitario.Un fenómeno sustancialmente similar es el que se verifica en el caso de las infracciones administrativas derivadas del incumplimiento de deberes establecidos en ordenamientos de esa índole (policía del Trabajo, ordenanzas del tránsito, etcétera), los cuales facultan a ciertos órganos de la administración para aplicar una sanción al infractor.Todas estas hipótesis tienen en común dos notas esenciales que las tipifican:1) la existencia de un conflicto suscitado por la incompatibilidad planteada, sea entre las posibilidades asumidas por dos o mas conductas individuales, sea entre la posibilidad asumida por algún miembro de la comunidad, o la situación en que este se encuentra, y la posibilidad proyectada por el pensamiento jurídico comunitario; 2) como consecuencia del conflicto, dicho pensamiento es expresado en forma indirecta y mediata, a través de la decisión de un órgano que interviene por delegación de la comunidad.Tales notas, además de integrar la noción de acto jurisdiccional, sirven para diferenciarlo suficientemente del acto administrativo. ESte último, en efecto, si bien tiene en común con el primero los elementos a que nos hemos referido, se diferencia del acto jurisdiccional en tanto comporta una expresión directa e inmediata del pensamiento jurídico comunitario, desde que no presupone conflicto alguno que impida la expresión espontánea de dicho pensamiento (por ejemplo, la decisión de una caja de jubilaciones que acuerda o deniega un beneficio jubilatorio, en la que se trata, simplemente, del cumplimiento de un deber legal impuesto al órgano administrativo).Ello no excluye la posibilidad de que un acto administrativo pueda conducir al pronunciamiento de una decisión jurisdiccional por parte de la propia administración. Tal lo que ocurre cuando se interpone algún recurso ante un órgano jerárquicamente superior, pues ese acto importa el planteamiento de un conflicto entre el sujeto afectado por la decisión administrativa y el órgano inferior que la dictó.De acuerdo con todo lo expuesto, podemos definir al acto jurisdiccional como aquél en cuya virtud un órgano del Estado en sentido jurídico-material (o un órgano al cual el ordenamiento jurídico atribuye funciones equivalentes), mediante una decisión unilateral motivada por un conflicto, y expresiva, por lo tanto, del pensamiento jurídico comunitario en forma indirecta y mediata, individualiza, en un caso concreto, cualquiera de las menciones contenidas en una norma general lógicamente completa.En consecuencia, corresponde, a juicio de palacio, excluir de la noción de acto jurisdiccional los siguientes elementos:1) la necesidad de que el órgano interviniente sea un tercero imparcial, ajeno al conflicto. Aunque tal necesidad rige, por razones axiológicas, en la esfera de la jurisdicción judicial, es ajena a los supuestos de ciertas sanciones administrativas, respecto de las cuales no se halla prevista la actuación de un órgano acusador formalmente diferenciado del órgano habilitado para imponerlas. 2) la observancia de determinadas formas, previas a la decisión, que garanticen la efectividad del derecho de defensa, pues tales formas responden también a consideraciones axiológicas, y no hacen a la esencia del acto jurisdiccional. 3) el efecto de cosa juzgada atribuible a la respectiva decisión, por cuanto además de no ser connatural a las decisiones jurisdiccionales, existen actos administrativos provenientes de la administración activa que también lo producen (tales los que crean o reconocen derechos subjetivos a favor de los administrados).Contrariamente a palacio, Díaz sostiene que la teoría de la jurisdicción no corresponde al derecho procesa, sino al derecho constitucional, pues forma parte de la estructura jurídico-política del Estado, aduciéndose además que la jurisdicción es un prius, un presupuesto material del derecho procesal dado por el derecho constitucional. La jurisdicción forma parte, efectivamente, de las estructuras jurídico-políticas del Estado como poder, como atributo de la soberanía, pero como función y como potestad su estudio corresponde al derecho procesal.*Jurisdicción administrativaDesde el punto de vista del órgano habilitado para decidir el conflicto, la jurisdicción puede dividirse en judicial y administrativa.La jurisdicción administrativa consiste en la actividad que despliegan los órganos administrativos tanto en la aplicación de sanciones a los administrados o a los funcionarios o agentes de la propia administración, como en el conocimiento de las reclamaciones y recursos que tienen por objeto asegurar el imperio de la legitimidad dentro de la esfera administrativa. Esas decisiones son, en principio, revisables por los jueces y tribunales de justicia, salvo que versen sobre materias privativas del poder administrador. Pero no debe confundirse dicha jurisdicción administrativa con la competencia que las leyes asignan al Poder judicial para conocer de los conflictos que se suscitan cuando el Estado, en su carácter de poder público, y en ejercicio de facultades regladas, afecta un derecho subjetivo del administrado. En estos casos, en efecto, se trata de jurisdicción judicial y de competencia tradicionalmente denominada, por influjo del derecho francés, contenciosoadministrno.Dentro de la jurisdicción administrativa se encuentra comprendida la jurisdicción militar.En cuanto a la jurisdicción judicial puede dividirse, atendiendo al poder político del que emanan las atribuciones de administrar justicia, en jurisdicción nacional, que tiene su origen en el poder del Estado Nacional y en jurisdicción provincial proveniente de las respectivas autonomías locales.Tradicionalmente también se divide la jurisdicción judicial en contenciosa y voluntaria, aunque, en rigor, la segunda no reviste carácter jurisdiccional sino administrativo.*Jurisdicción comercialEl tema de la jurisdicción comercial (extenso y no poco complejo) esta estrechamente vinculado con las normas de derecho procesal. Normas procesales que se encuentran en la constitución, el el código de comercio y sus leyes complementarias y en los códigos de derecho procesal. La ubicación no altera la naturaleza procesal o sustancial de las normas.Para comenzar nuestra explicación del tema (y su importancia) debemos tener presente la necesidad de un enfoque global y de Repaso histórico. En la historia de esta institución procesal encontramos las circunstancias que llevaron a su creación y perduración. En particular, la existencia de numerosos procesos especiales y la obligatoriedad del proceso arbitral en ciertos casos.Esto es específico del derecho comercial y de su vigencia, en toda época (a pesar de los postulados de la revolución francesa y la regulación del derecho comercial como el correspondiente a los actos objetivos del comercio), de un derecho de clase (la de los comerciantes), es decir, de un derecho profesional. La influencia de las instituciones vigente a la época de las corporaciones (típicas del medioevo) mantuvieron su influencia y presencia hasta el día de hoy. Es que las razones históricas cuando se apoyan en las necesidades reales (del tráfico, del intercambio, de la industria y del comercio de todos los tiempos) superan cualesquiera esfuerzos dogmáticos y teóricos.Ya el artículo 5 de código de comercio argentino nos enfrenta con el problema: "todos los que tienen calidad de comerciantes, según la ley, están sujetos a la jurisdicción, reglamentos y legislación comercial."Los actos de los comerciantes se presumen siempre actos de comercio, salvo la prueba en contrario".Si bien la jurisdicción comercial se puede aplicar a los no comerciantes (rationae materiae) el artículo 5 tiene importancia porque establece es estatuto personal de los comerciantes, indicando la jurisdicción y disciplinas legales a las que están sometidos.El código fija un doble sometimiento a la legislación y jurisdicción comerciales:a) por el solo hecho de realizar un acto de comercio (arts. 6 y 7), y b) el sometimiento a esa legislación y jurisdicción por la calidad que reviste el sujeto de los actos de comercio.Así, el artículo 6 dispone: "los que verifican accidentalmente algún acto de comercio... Quedan sujetos, en cuanto a las controversias que ocurran sobre dichas operaciones, a las leyes y jurisdicción del comercio".El artículo 7, a su vez, agrega: "si un acto es comercial para una sola de las partes, todos los contrayentes por razón de el, (quedan) sujetos a la ley mercantil".La justicia comercial tiene su origen en las corporaciones medievales, cuando los comerciantes eran juzgados por sus pares, procurándose de esta manera una justicia ágil y especializada.La revolución francesa suprimió las corporaciones, pero dejó subsistente la justicia comercial, que siguió actuando con el nombre de tribunales de comercio. El código de comercio francés y posteriormente el español de 1829 reglamentaron los tribunales de comercio.La tendencia ha sido suprimirlos; así, en España, Brasil e Italia.En la Argentina, la justicia comercial surgió con la creación del consulado de Buenos Aires. Continuó durante la emancipación con diversas modificaciones, hasta convertirse en la actual justicia comercial de la Capital. Por esa razón histórica tenemos los últimos tribunales de comercio del país en Buenos Aires.Se crítica que, contrariamente a lo que fuera el fundamento de creación, los jueces comerciales no son comerciantes sino letrados. Rige el mismo código procesa (con lo cual tampoco se favorece la rapidez necesaria en éstos pleitos).Han desaparecido las razones de idoneidad y de celeridad que inspiraron su creación.De hecho, esta división es aprovechable para el planteamiento, abusivo, de cuestiones de competencia.Como argumento en favor de la justicia comercial puede invocarse la especialidad requerida para estos litigios en los jueces llamados a resolverlos, dada la complejidad cada vez mayor de esta rama del derecho.*Jurisdicción contenciosaLa contenciosidad esta intimamente vinculada al objeto litigioso, considerado como pretensión puramente procesal (solicitud) que un sujeto del proceso fórmula al juez para que dicte una sentencia.La contenciosidad, pues, consiste en un acto de voluntad de un sujeto procesal que, ante el órgano jurisdiccional, pide contra otro o frente a otro una resolución judicial.En principio, hablar de jurisdicción contenciosa podría ser redundante, pues toda cuestión jurídica tendría que ser sometida al principio del contradictorio; la circunstancia de que, ciertas cuestiones, sin ser sustraídas de la jurisdicción, carezcan de contenciosidad, solamente significa una orientación de política procesal, pues readquieren aquel carácter en cuanto aparece en el proceso un sujeto procesal que pide algo contra otro.Esta fórmula tiene la ventaja de eliminar las dudas respecto de algunos procesos de discutida calificación:a) en el proceso compulsorio singular, la contenciosidad consiste en que el acreedor pide contra el deudor la ejecución forzada de los bienes; en el proceso concursal, sea civil o comercial (proceso compulsorio colectivo), existe un pedido frente a los acreedores para evitar la ejecución singular, o contra el deudor; b) en las pretensiones de sentencia constitutiva necesaria (procesos civiles inquisitorios), aunque se trate de un proceso aparente o simulado, siempre existirá alguien que pide contra o frente a alguien; c) en el proceso penal, al formular la acusación, el Ministerio público pide la aplicación de una pena contra el procesado, etcétera.En todos estos casos, la declaración de voluntad de un sujeto procesal impone al juez el deber de emitir una declaración de certeza condenando, eliminando la incertidumbre o creando un nuevo estado jurídico, según los casos.*Jurisdicción contencioso-administrativaEl Estado-administración pública, que plantea el problema de la justicia de la Administración pública, es un confuso capítulo del derecho, cuya exposición debe ser precedida por premisas generales y particulares con la modesta y mera intención de dar un reflejo de su problemática.Las premisas generales son aquellas que tienen carácter universal y que se dan no solamente en un país, sino en el mundo civilizado donde los derechos de la persona humana están tutelados por el orden jurídico.A) la primera premisa consiste en considerar que la Administración pública es un organismo sujeto a valoraciones axiológicas, desterrando la idea de que aquella sea un organismo que proceda arbitraria o caprichosamente.Este criterio se ha expresado con la frase justicia en la administración: la Administración pública procede de acuerdo a un conjunto de normas (leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas y resoluciones) que rigen, establecen o determinan los límites y el alcance de los derechos y obligaciones respectivas de los administradores y de los administrados (actividad reglada) o cuando se trata de actividad discrecional de los primeros, existirán principios de necesidad, seguridad, orden o utilidad que las determinen. El funcionario administrativo desarrolla su actividad de acuerdo con aquellas normas y principios, y está legitimado para revisar, frente a la lesión de los intereses y derechos de los administrados, su criterio expresado en el acto administrativo, actividad que, dada la organización jerárquica de la Administración pública, podría denominarse revisión jerárquica del acto administrativo, mediante un sistema de controles, de mayor o menor rigidez, ejercitados por el mismo administrador y sin salir de la propia administración activa.La revisión de los actos administrativos por la propia administración activa es una forma de hacer justicia, dentro de una modalidad autotutelar, parcial aunque posiblemente imparcial, pero si, descartando estos predicados, se pretende obtener justicia de la Administración pública, el problema adquiere otra dimensión en tanto presupone un organismo autónomo con funciones jurisdiccionales para resolver conflictos de intereses entre la Administración pública activa y los administrados. En este ámbito, ya se puede hablar de una jurisdicción contenciosoadministrno, pues posee los caracteres de autonomía, independencia, extraneidad, etcétera, de la función jurisdiccional.B) independientemente de los problemas de competencia implicados en el concepto de justicia de la Administración pública, existe un problema institucional derivado de la prohibición constitucional del ejercicio de funciones judiciales por el representante del poder administrador, impuesta por razones históricas y tradicionales de la experiencia nacional de gobiernos avasalladores de las garantías individuales.La jurisdicción contenciosoadministrno plantea la revisión del dogma constitucional de la separación de los poderes, pues concebidos estos como poderes separados, autónomos e independientes, tan importante es evitar que el Poder ejecutivo (administrador) asuma funciones judiciales como que el Poder judicial posea la potestad de revisar los actos o la actividad de otro de los poderes del Estado, especialmente los del poder administrador, que responde a criterios de conveniencia y de oportunidad que generalmente son ajenos a la mentalidad de los jueces de derecho.Esto no significa proscribir del conocimiento del Poder judicial los actos o la actividad del órgano administrador, cuando ellos lesionen una garantía constitucional (el Poder judicial siempre conserva la potestad de controlar la legitimidad constitucional de los actos administrativos), sino solamente poner en tela de juicio la competencia del Poder judicial para controlar la legalidad del acto administrativo.Las cuestiones contenciosas promovidas en la ejecución de un acto administrativo deben ser sometidas a la jurisdicción contenciosoadministrno.El juez judicial no puede juzgar la competencia ni el procedimiento y menos la conveniencia del acto de la Administración pública: ello afectaría el principio de la separación de los poderes.El juez judicial sería virtualmente el árbitro del servicio público, lo que violaría el principio señalado. Es competente entonces el juez administrativo.Además, una cuestión de especialidad aconseja la separación de las jurisdicciones:la administrativa y la judicial.Las cuestiones que surgen en la prestación de servicios públicos, en la realización de Obras públicas, virtualmente no son sino una continuación de la actividad de la Administración pública. Y el juzgamiento de esa actividad de naturaleza contenciosa, puede someterse al juez ordinario, es decir, al judicial? c) finalmente, la admisión de una jurisdicción contenciosoadministrno, presupone un desdoblamiento de la administración en Administración pública activa y Administración pública jurisdiccional, lo cual lleva a la distinción entre el acto administrativo y el acto jurisdiccional administrativo.La actuación de la Administración pública se realiza mediante actos administrativos:Ver Gr., Cuando exonera a un agente administrativo, cuando concede un permiso de edificación, cuando impone una multa, aunque cada uno de esos actos haya sido objeto de un procesa administrativo, esto es, de una tramitación a través de distintas oficinas o reparticiones técnicas u objeto de sucesivos controles jerárquicos (el llamado recurso jerárquico) hasta llegar al acto administrativo irrevocable por la propia administración. Hasta aquí nada hay de jurisdiccional; podrá existir un proceso administrativo, podrá denominarse imperfectamente recursos administrativos a los que no son sino controles jerárquicos, podrá incluso hacerse justicia, pero siempre será justicia en la Administración pública, que si bien actúa mediante decisiones, es decir, mediante declaraciones de voluntad (actos de autoridad), no resuelve intereses conflictuales. Si el acto administrativo produce el conflicto de intereses, es decir, choca con un derecho tutelado o interés jurídicamente protegido, solamente existirá un acto administrativo jurisdiccional cuando un órgano de la propia administración sea el encargado de dirimir ese conflicto de intereses, pero solamente existirá un acto jurisdiccional cuando sea el Poder judicial quien lo dirima.Pero es innegable que la intervención del Poder judicial en la actividad del poder administrador, en tanto implica el enjuiciamiento de la decisión administrativa, puede ser perturbadora de la actividad de la propia administración, y hasta cierto punto erigiria al juez, no siempre interiorizado de los factores económicos, sociales, etcétera, en un censor de la actividad administrativa.La actividad administrativa debe ser sustraída a la actividad judicial, lo que no significa necesariamente que el administrado carezca de remedios contra aquella actividad cuando afecte sus derechos o intereses; dentro de la misma administración, pero como un organismo desmembrado de ella, deben estar los órganos de la jurisdicción contenciosoadministrno.D) los procesalistas argentinos Porco se han preocupado de la jurisdicción contenciosoadministrno; dejándola en manos de los administrativistas; estos le insuflaron el aliento de autoritarismo y de limitación excesiva de los derechos individuales que palpita en la administración, creando una "jurisdicción tan misteriosa, hermetica e impenetrable como el mismo procedimiento administrativo discrecional", y llama la atención que sean precisamente los especialistas del derecho administrativo quienes reconozcan que en esta materia debe prevalecer lo procesal sobre lo administrativo.Y aunque la importancia de esta premisa sea negativa, justo es considerar que el aporte procesal podría ser esclarecedor en muchos casos, disipando espejismos que no solamente preocupan, sino que también dificultan la labor de los propios especialistas del derecho administrativo; la "justicia retenida" y la "justicia delegada", los "recursos administrativos", los "recursos de plana jurisdicción" y los "recursos de anulación", etcétera, han sido verdaderos obstáculos empíricos contra el progreso de la disciplina.La jurisdicción contenciosoadministrno es la potestad que el Estado confiere a un organismo apropiado para conocer en las contiendas provocadas por los actos de la Administración pública y dirimir los conflictos de intereses entre ésta y los administrados, comprendidos también la potestad de ejercitar el control de legitimidad sobre los actos administrativos.E) el poder administrador cumple sus funciones dentro del Estado moderno ejecutando mandatos legales para el cumplimiento de sus fines, mediante hechos y actos administrativos, es decir, mediante realizaciones materiales y decisiones jurídicas, respectivamente, según un principio de legalidad establecido por un orden jurídico que, sin embargo, puede ser afectado o vulnerado, sea porque el acto administrativo no está subordinado a la norma jurídica, sea porque el funcionario actúa excediéndose en sus poderes y potestades, y en uno y otro caso afecta o vulnera derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados, en cuyo caso cabe ejercitar el control de la legalidad de la administración mediante un organismo apropiado.F) el serio problema que afronta la jurisdicción contenciosoadministrno es la determinación dentro de los esquemas y estructuras del Estado, del organismo apropiado para ejercitar ese control de legalidad. Será la propia Administración pública la que, sin dejar de actuar como administración, dirima el conflicto de intereses mediante un proceso administrativo?, o será el Poder judicial que por medio de sus organismos conozca en los conflictos, una vez agotadas las vías recursivas establecidas por la propia administración? o, finalmente, será un organismo que, sin pertenecer ni depender del Poder judicial, actúe como continuador de la actividad de la administración activa, aunque adquiriendo autonomía e independencia con respecto al poder administrador? g) pero cualquiera sea la respuesta a estas preguntas, siempre quedará pendiente la de la naturaleza jurídica de ese organismo apropiado, problema que tiene vigencia aun en el sistema judicialista.Sin entrar al problema de la separación de los poderes del estado, que se lo ha erigido en premisa general, ni a una calificación de sistemas legislativos, que siempre será relativa, el problema de la naturaleza jurídica de la jurisdicción contenciosoadministrno es el de la propia existencia de la institución, porque si se la identifica con la administración o con la jurisdicción, no cabría hablar de ella como una institución autónoma o como un tertium genus, es decir, podría tener existencia como función administrativa o como función judicial, respectivamente, pero no como jurisdicción contenciosoadministrno.H) función judicial. Esta explicación teórica es un continuación de la anterior, la cual se detiene en un momento histórico, cristalizando una institución evolutiva.Es positivamente cierto que la jurisdicción contenciosoadministrno aparece como una desmembración de la administración y como tal es una continuadora de la actividad administrativa, de ahí su poder de anulación del acto administrativo, pero tiende a convertirse en un organismo totalmente independiente del poder administrador, adquiriendo los atributos del Poder Judicial: realiza pues funciones jurisdiccionales.1) sistema judicialista. En este sistema, el Poder judicial conoce y decide, por medio de órganos bajo su dependencia, en los conflictos entre la Administración pública y el administrado, cuando la primera ha violado un derecho subjetivo del segundo, sea para restituirlo o para repararlo. Se parte de una idea fundamental para el constitucionalismo liberal del siglo XIX; la separación de los poderes del estado y la limitación de la potestad jurisdiccional al caso.2) sistema administrativista. Tomando como arquetipo de este sistema el establecido en Francia por medio del consejo de estado, se lo puede definir como el organismo desmembrado de la Administración pública activa que, independientemente del Poder judicial, conoce y decide en todos los casos en que se discute la validez o la legalidad de los actos de la Administración pública.Según este sistema, el organismo decisor no forma parte del Poder judicial, sino de la organización administrativa del estado, pero, sin embargo, es independiente de la administración activa, dando lugar a un desdoblamiento de la actividad administrativa, que puede ser artificial, pero que es de la esencia del sistema: Administración pública ejecutiva o activa y Administración pública jurisdiccional, cuyo órgano superior es el consejo de estado, el cual entiende en forma definitiva en toda pretensión tendiente a la impugnación de los actos administrativos realizados por la Administración pública en su carácter de tal, de manera que el criterio delimitador radicaría en los distintos modos de obrar de la Administración pública.Cuando actúa como tal, sometida a su derecho especial, los litigios a que tal actividad da lugar deberán ser llevados ante los órganos de la jurisdicción administrativa; por el contrario, cuando actúa como cualquier otra persona jurídica privada, sometida a los normas litigios surgidos con los particulares deberán ser llevados ante la jurisdicción ordinaria.Lo verdaderamente notable del sistema es la extensión de los poderes del consejo de estado, el cual ejercita el control de legalidad, sea restableciendo la incolumidad patrimonial de los derechos violados por los actos administrativos (contencioso de plena jurisdicción), sea limitándose a la anulación del acto administrativo (contencioso de anulación).El sistema administrativista, tomando como modelo el del consejo de estado francés, presenta inalcanzables ventajas sobre el sistema anterior, pero acertadamente se ha señalado que ellas derivan mas que del sistema, objetivamente considerado, de la idoneidad de los funcionarios, es decir, se trata de un problema de hombres y no de instituciones.*Jurisdicción delegadaEs la ejercida por delegación del juez o tribunal superior en su caso concreto.Antiguamente, la ejercida de manera simbólica en nombre del Rey o del príncipe.*Jurisdicción disciplinariaPotestad punitiva de menor cuantía.Juzga contravenciones de simple policía.*Jurisdicción eclesiásticaEs la ejercida por la Iglesia Católica en lo civil y en lo penal respecto de cuestiones espirituales contra personas y corporaciones.Dicta sanciones canónicas contra e Clero y los fieles que incurren en herejía.*Jurisdicción judicialTodo acto cumplido por un juez o tribunal de justicia que contenga los elementos incluidos en la noción de acto jurisdiccional constituye una exteriorización de jurisdicción judicial.Para determinar su alcance es menester precisar cual es el sector del derecho dentro del cual no resulta admisible privar del ejercicio de la función jurisdiccional a los órganos judiciales.En ese orden de ideas cabe señalar que siempre que medie un conflicto entre particulares, o entre un particular y el estado, referente a derechos subjetivos privados de aquellos, o se encuentre en tela de juicio la aplicación de alguna sanción de naturaleza penal, la intervención de un órgano judicial es constitucionalmente ineludible. El primero, porque la garantía de la defensa en juicio supone, básicamente, que todos los habitantes tienen, en situaciones como las señaladas, el derecho de ocurrir ante algún órgano judicial a fin de obtener el amparo de los derechos que estimen amenazados o lesionados. Y el segundo, porque al prohibir al presidente de la República ejercer funciones judiciales, descarta e poder de dicho funcionario, e implícitamente, el de los funcionarios y organismos administrativos, en el sentido de conocer y decidir el mencionado género de conflictos.Sin embargo, esta prohibición constitucional no es absoluta. Atendiendo a la creciente complejidad de las funciones asignadas a la administración y a la necesidad de hacer efectiva la más expedita tutela de los intereses públicos, se ha admitido, en numerosos casos, la actuación de órganos administrativos con atribuciones para decidir asuntos de la mencionada índole. Pero se ha cuidado de dejar establecido que la validez constitucional de las leyes que acuerdan ese tipo de atribuciones se halla supeditada al requisito de que el pronunciamiento jurisdiccional emanado del órgano administrativo quede sujeto a control judicial suficiente, es decir, que sea susceptible de revisión en una instancia judicial ulterior, cuyo alcance o amplitud depende de las modalidades que cada situación jurídica ofrezca.*Jurisdicción laboralEs la que entiende en los juicios derivados de cuestiones laborales. Más bien es una cuestión de competencia que jurisdiccional.*Jurisdicción mercantilVer Derecho comercial.*Jurisdicción militarEs la que ejercen los jueces, consejos de guerra y tribunales castrenses para conocer en las causas que se suscitan en las fuerzas armadas por delitos militares.*Jurisdicción penal o criminalEs la que instruye, tramita y falla en los procesos penales. Es más correcto hablar de competencia y no de jurisdicción.*Jurisdicción prorrogadaExpresión incorrecta para significar prórroga de competencia. (V.).*Jurisdicción voluntariaTradicionalmente se designa así la función que ejercen los jueces con el objeto de integrar, constituir o acordar eficacia a ciertos estados o relaciones jurídicas privadas. Se trata de una función ajena al normal cometido de los órganos judiciales, el cual consiste en la resolución de los conflictos jurídicos suscitados entre dos o mas personas. El hecho de que sean aquellos quienes conozcan en esta clase de asuntos no contenciosos, obedece, entre otras razones, a la índole estrictamente jurídica que presentan, a la facilidad con que pueden transformarse en una verdadera contienda y a la conveniencia de que ciertos actos de particulares, por sus efectos trascendentes, sean objeto de una previa y segura comprobación o fiscalización. Nada impide, sin embargo, que tal función pudiera ser legalmente detraída del conocimiento de los jueces y transferida a organismos administrativos.Pero, como quiera que el cumplimiento de dicha función se lleva a cabe mediante un conjunto de actos que reúne las diversas notas mencionadas al delimitar el concepto de proceso, en general nada obsta a la configuración de un verdadero proceso voluntario.De acuerdo con el contenido de las resoluciones que en esos procesos pueden recaer, cabe clasificar los actos de jurisdicción voluntaria en los siguientes grupos: 1.) Actos de constitución de derecho (inscripción de una sociedad en el Registro público de comercio, discernimiento de tutor o curador, etcétera); 2.) Actos de homologación (aprobación del acuerdo propuesto por el deudor en el concurso preventivo; aprobación del testamento en cuanto a sus formas, etcétera); 3.) Actos de constatación (declaración de ausencia por fallecimiento presunto y, en general, todas las resoluciones que declaran la existencia de un hecho determinado); 4.) Actos de autorización (venía para la enajenación de bienes de menores, ausentes e incapaces, autorización para comparecer en juicio, etcétera).El proceso de jurisdicción voluntaria se caracteriza por que no existe en el conflicto a resolver y, por consiguiente, no tiene partes en sentido estricto.Se caracteriza también porque el juez, al resolverlo, emite una declaración basada exclusivamente en los elementos de juicio unilateralmente aportados por el peticionario o peticionarios, razón por la cual dicha declaración no produce efectos de cosa juzgada respecto de terceros cuyos derechos fueren afectados por ella.Finalmente, es de señalar que las decisiones que se dictan en los procesos de jurisdicción voluntaria no revisten carácter jurisdiccional, por cuanto no suponen la existencia de un conflicto sino que importan la expresión directa e inmediata de un pensamiento jurídico comunitario por parte de los órganos judiciales. Esta circunstancia, la índole del órgano que emite la decisión y el carácter de norma individual de dicha decisión, permiten calificar como administrativa la actividad que los jueces desarrollan en dichos procesos. Se trata, por lo tanto, de actos administrativos mediante los cuales el estado, por intermedio de los jueces y tribunales de justicia, colabora en la constitución e integración de relaciones jurídicas privadas.Problemas suscitados en torno de la jurisdicción voluntaria: pocas veces una construcción jurídica de existencia multisecular ha dado lugar a tantas dudas y discusiones como la jurisdicción voluntaria, y las dificultades comienzan con la denominación del instituto:jurisdicción voluntaria, que se mantiene, sin embargo, por razones tradicionales.Los problemas pendientes en el tratamiento de la función jurisdiccional no contenciosa son:a) el problema del concepto de la función jurisdiccional no contenciosa; b) el problema de la naturaleza jurídica de la función jurisdiccional no contenciosa; c) el problema de la clasificación de los actos de la función jurisdiccional no contenciosa.El problema del concepto de la función jurisdiccional no contenciosa se vínculo desde antiguo a un comparación definitoria y diferencial con la función jurisdiccional contenciosa, habiéndose expuesto distintos criterios, como ser, el grado de conocimiento del juez, la voluntad de las partes para concurrir o no ante el juez, la ausencia de contradictor, la finalidad preventiva, la existencia de la llamada cosa juzgada, etcétera.La teoría dominante sostiene que el carácter diferencial de la llamada jurisdicción voluntaria consiste en su finalidad constitutiva: los actos de jurisdicción voluntaria tienden siempre a la constitución de estados jurídicos nuevos o contribuyen al desenvolvimiento de relaciones existentes, opinión no exenta de crítica porque en su base falla en tanto sus seguidores deben, en definitiva, reconocer que el efecto constitutivo es de carácter general y el verdadero concepto debe buscarselo en otros elementos, ajenos a la finalidad propuesta.Chiovenda sostiene que: "la jurisdicción voluntaria tiene siempre un fin constitutivo... En cambio, la jurisdicción propiamente tal, tiende a la actuación de relaciones existentes. Este es el concepto de wach que aceptamos en su sustancia. Sabemos que la jurisdicción comprende el juicio sobre una voluntad de ley concerniente a las partes y la sustitución de la actividad del órgano público a las partes, ya afirmando la existencia de aquella voluntad, ya haciendo lo necesario para que sea conseguido el bien garantizado por la ley la jurisdicción civil supone, pues, en una parte la expectacion de un bien respecto de la otra, sea este bien una prestación, sea un efecto jurídico. Esto falta en al jurisdicción voluntaria, no se dan dos partes, no hay un bien garantizado contra otro, una norma de ley para actuar contra otro, sino un estado jurídico, que sin intervención del estado no podría nacer o desarrollarse o se desarrollaria imperfectamente.Es difícil empero dar una definición de la llamada jurisdicción voluntaria o no contenciosa. Son varias las que se han dado, pero todas, por alguna razón, han suscitado reparos u observaciones; podría decirse que la jurisdicción voluntaria o no contenciosa es la función que legislativamente se atribuye a los organismos jurisdiccionales para la fiscalización o control de las condiciones legales exigidas por el ordenamiento jurídico para la existencia o inexistencia de determinadas situaciones jurídicas cuya eficacia depende de su publicidad o autenticidad.Entre las numerosas definiciones aludidas de la llamada jurisdicción voluntaria, se mencionan las siguientes:la jurisdicción voluntaria es "la que se ejerce por el magistrado, sin que haya pleito o cuestión, a instancia de una sola parte o también de varias partes, las cuales tienen todas un mismo interés y están conformes en reclamar la resolución del juez" (mattiRolo).O refiriéndose a la intervención del estado por los órganos jurisdiccionales, en la formación de las relaciones jurídicas concretas, declarando en forma solemne la conveniencia o legalidad del acto realizado o por realizar: "en la jurisdicción voluntaria, el estado interviene en la formación de las relaciones jurídicas, declarando, en una forma característica y determinada, no la existencia o inexistencia de la relación jurídica, sino la conveniencia o la legalidad o la verificación de las condiciones establecidas por la ley para un acto cumplido o a cumplirse por los particulares" (Rocco)."Comprende todas aquellas actividades con las cuales, en formas múltiples y a través de órganos variados, el estado interviene para integrar la actividad de los particulares dirigida a la satisfacción de sus intereses mediante el desarrollo de las relaciones jurídicas" (Calamandrei)."Jurisdicción voluntaria o no contenciosa es aquella que se ejerce por el juez, a solicitud de una o de varias personas, en los casos especialmente previstos por la ley, que tiene como finalidad cooperar al nacimiento de determinadas relaciones jurídicas, y, en consecuencia, las resoluciones que en ella recaen no reconocen derechos ni imponen prestaciones entre partes".(Casarino viterbo).El problema de la naturaleza jurídica de la jurisdicción voluntaria consiste en determinar que función desempeña el juez. Al respecto se han propuesto numerosas opiniones.Se observa que cada una de las opiniones ha contemplado un aspecto parcial o limitado de la cuestión, aunque en su mayoría coinciden en considerarla como actividad administrativa desempeñada por el juez.El problema de la clasificación de los actos de la llamada jurisdicción voluntaria es complicado porque, generalmente, la doctrina y la legislación no son coincidentes y ambas carecen de universalidad, dependiendo de factores tradicionales y locales.Generalmente, se acepta la clasificación propuesta por wach y divulgada por Chiovenda, que, de acuerdo con un criterio civil-procesalista, considera las siguientes categorías: a) intervención del estado en la formación de sujetos jurídicos; b) intervención del estado de la integración de la capacidad jurídica; c) intervención del estado en la formación del estado de las personas; D) participación en el comercio jurídico, y e) la conciliación.*JurisperitoSinónimo de jurisconsulto (V.).*JurisprudenciaEl concepto de jurisprudencia es multívoco; etimológica e históricamente designó la opinión de los autores, pero paulatinamente se la ha transformado en la opinión de los tribunales a través de sus decisiones judiciales.Como fuente-manifestación del derecho y en especial del derecho procesal, la acepción mas aceptable es la que considera a la jurisprudencia como la reiterada y habitual concordancia de las decisiones de los órganos jurisdiccionales del estado sobre situaciones jurídicas idénticas o análogas.Se polémica aun sobre si la jurisprudencia es o no fuente-manifestación del derecho; la posición racionalista afirma que la jurisprudencia no es fuente de derecho, una variable racionalista sostiene que se trata de una fuente subsidiaria; domina empero la opinión que sostiene que la jurisprudencia es fuente de producción dogmática del derecho.Es innegable que la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y como tal constituye el proceso de formación jurídica en tanto a ella se acude, para objetivar el sentido jurídico de un fenómeno objetivo del derecho.El presupuesto estructural de la jurisprudencia consiste en una jerarquía jurisdiccional encargada de mantener el sentido constante y uniforme de las decisiones judiciales. Este presupuesto puede ser interpretado desde distintos puntos de vista.A) para algunos, especialmente en los países dotados de tribunales superiores con funciones Casatorias, solamente en jurisprudencia la emana del tribunal superior.B) para otros, conviene distinguir entre jurisprudencia y usos forenses; solamente en jurisprudencia la actividad decisoria material y seria uso forense la decisión o el conjunto de decisiones del tribunal referente a las cuestiones procesales.La problemática de la jurisprudencia se condensa en torno al estudio de la función de la jurisprudencia, del valor de la jurisprudencia y de la técnica de la jurisprudencia.La jurisprudencia tiene una función integradora del ordenamiento jurídico y en este sentido, continua la obra del legislador adecuando e individualizando el mandato contenido en la norma jurídica, mediante un proceso de subsunción que requiere una actividad específica para explicar, para suplir o Mara renovar de ahí que se hable de la jurisprudencia explicativa, la jurisprudencia supletoria o la jurisprudencia renovadora, inclusive de la jurisprudencia deformante, especimenes que solamente son la consecuencia de un fenómeno intelectual de mayor envergadura y que se enuncia en el conflicto entre jurisprudencia interpretativa y jurisprudencia creadora.Esta contraposición profundiza la cuestión sobre la cual es la función de la jurisprudencia: o, conservando el primado dogmático de la norma jurídica, se limita la función de la jurisprudencia a la interpretación, o, revolucionando la ingenita desconfianza del legislador liberal, se posibilita que la actividad decisoria judicial adquiere la vigencia de la norma jurídica. La decisión no es fácil ni sencilla, pues cualquiera sea la solución, no está exenta de peligrosas e inadvertidas proyecciones hacia campos no precisamente jurídicos; por otra parte, el problema resulta complicado porque, en el segundo supuesto, ya se puede hablar de la jurisprudencia como fuente-creación de derecho.La doctrina tradicional, por no admitir otro mandato que el del legislador, desemboca en el concepto, tal vez infecundo, de jurisprudencia-opinión, que si bien resuelve simplemente el problema de las funciones del legislador y el juez, no alcanza a establecer una distinción dogmáticamente valida entre la función de la jurisprudencia y la función de la doctrina de los autores.El manifiesto antagonismo hacia la doctrina tradicional tiene sus exageraciones:Ver Gr., La llamada escuela de derecho libre según la cual el juez no es una máquina de las subsunciones, sino que frente a las situaciones que se someten a su juicio debe estar mas preocupado por la prevalencia del valor justicia, que por el valor orden, establecido por la legalidad; pero se ha señalado acertadamente que esta tendencia, "al despreocuparse en demasía de la vinculación c. Necesaria del juez a la ley, elimina toda seguridad jurídica".La escuela de derecho libre reacciona contra el culto de la legalidad, factor que no ha preocupado intensamente a los juristas angloamericanos, quienes partiendo de un ordenamiento jurídico distinto, postulan que únicamente será derecho lo que el juez declare (judge made Law).En resumen, la jurisprudencia es mera interpretación de la norma jurídica, para la teoría tradicional; es creadora de normas, para la escuela de derecho libre y los analistas angloamericanos; es creadora del derecho para los jusfilosofos kelsenianos y egologicos. Otros sostienen que la justiprudencia participa en una etapa de la producción jurídica.El valor de la jurisprudencia consiste en su uniformidad, independientemente de la existencia de una norma que la declara obligatoria y también independientemente de la forma de manifestación, o del tribunal del cual emana tal interpretación.El problema que se presenta en la Administración de justicia cuando, dentro del organismo, un juez o un grupo de jueces quiebran la uniformidad, opinando y sentenciando en forma distinta que los restantes, es un problema de técnica, que el legislador resuelve creando un procedimiento para uniformar la jurisprudencia a través de la decisión de un tribunal especial, decisión que se impone obligatoriamente para sus componentes por el principio de mayoría y para los jueces inferiores, por el principio de jerarquía.En los regímenes actualmente imperantes, en general, la interpretación de la ley establecida en una sentencia plenaria será obligatoria par el mismo tribunal y para los jueces de primera instancia respecto de los cuales sea aquella tribunal de alzada. Sólo podrá modificarse dicha doctrina por medio de una nueva sentencia plenaria. Se observa que el valor ontico de la jurisprudencia no reside en su obligatoriedad impuesta normativamente, sino en su uniformidad; la jurisprudencia es obligatoria porque es uniforme. El enunciado inverso: " la jurisprudencia es uniforme porque es obligatoria", es un problema de técnica de la jurisprudencia.*Jurisprudencia deformanteEs la que deforma o desvía el sentido de la norma legal para satisfacer lo que estima una necesidad de la vida. Ejemplo:1) la Administración de la "incompatibilidad de caracteres" como causal de divorcio, concepto extraño al de "injurias graves" que la ley prevé para ello; 2) la negación de alimento al cónyuge divorciado que lleva vida inmoral; 3) la inadmisibilidad del lucro pretendido por el cesionario de un crédito a costa de la sucesión de su hermano.*Jurisprudencia derogatoriaEs la que elabora el régimen a que ha de sujetarse cierta situación, contraviniendo lo dispuesto por la ley. Ejemplos:1) la concesión al vendedor de inmuebles de la facultad de resolver el contrato en razón del incumplimiento de las obligaciones a cargo del comprador, no obstante lo dispuesto por normas del código civil; 2) el levantamiento de la prohibición de adoptar por quien tiene hijos legítimos o extramatrimoniales reconocidos.*Jurisprudencia extensivaEs la que incluye en la norma legal situaciones no previstas por el legislador.Ejemplos: 1) la inclusión en el régimen legal de la edificación en suelo ajeno, de la simple invasión de la construcción del fundo vecino; 2) la vocación hereditaria de los parientes legítimos extendida a los parientes colaterales naturales; 3) la excención del régimen de la sociedad civil a la sociedad conyugal, para privar a culpable de la separación de hecho, o del divorcio, de su parte en los bienes habidos por el otro después de la separación.*Jurisprudencia médicaVer Medicina legal.*Jurisprudencia restrictivaEs la que excluye del imperio de la norma legal situaciones comprendidas materialmente en la misma. Ejemplo:la admisión de la responsabilidad de la persona jurídica por el delito cometido por sus agentes o dependientes y por el cuasidelito obrado por un representante suyo o sus miembros en común.*JuristaQuien se dedica a la ciencia jurídica.*JusVoz latina, variante de "ius", derecho.Nosotros hemos adaptado preferentemente la grafía "ius" (V.) En la transcripción de frases y locuciones latinas.*Jus connubiiVer "Ius connubii".*Jus gentiumVer "Ius gentium".*Jus sanguinisVer "Ius sanguinis".*Jus soliVer "Ius soli".*Jus solvendiVer "Ius solvendi".*Jus utendi, Fruendi et abutendiVer "Ius utendi fruendi et abutendi".*Justa causaSe dice a la causa lícita en los contratos y actos jurídicos en general. La necesaria para la validez de los mismos.Ver Causa.*JusticiaLa justicia puede ser considerada desde tres puntos de vista diferentes:como virtud moral, como ordenamiento jurídico y como ideal al que tiende o debe tender el derecho. Aunque la justicia constituye un concepto único, cabe esas diferentes posiciones que la contemplan desde ángulos distintos.La primera advierte su aspecto subjetivo:le interesa, sobre todo, lo que puede haber de virtud en el hombre que practica la justicia, y estudia esa virtud como una de las que integran el orden moral. La segunda es ya mas realista y objetiva: se aparta de la intimidad del hombre justo para considerar sus actos en relación con los demás; y como esos actos están determinados por el derecho, se identifica con este en cuanto alcanza efectivamente a realizar la justicia en el campo de la vida social. Por último, la tercera deja de lado la realidad, para perseguir un ideal, significando así que el derecho debe tener un objetivo superior a el, que le sirve a la vez de meta, de fundamento y de límite.La justicia como virtud: entre las virtudes morales que se dirigen a perfeccionar los actos humanos, ocupa la justicia un lugar descollante. Es clásica la definición de Ulpiano: justitia est constans et perpetua voluntas jus suum quique tribuendi (la justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno su derecho).La justicia es voluntad porque se realiza en la conducta de cada uno. Claro está que esa voluntad debe ser dirigida y orientada por razón, pero el acto virtuoso es, por esencia, libremente determinado y por lo tanto, voluntario. Esa voluntad es perpetua dentro del punto de vista del acto-que es pasajero-. Sino de la intención del agente; y es también constante porque se debe preservar en ella. Ambas condiciones caracterizan toda virtud, porque la voluntad constante y perpetua se convierte en un habito o disposición del alma, que torna virtuoso a quien lo tiene. Por eso santo tomas expresa que "la justicia es el habito por el cual se da, con una voluntad constante y perpetua, su derecho a cada uno".Estas definiciones han sido aceptadas por la mayor parte de los filósofos.Se advierte en ella, sin embargo, que solo contemplan la justicia desde el punto de vista de la persona que realiza actos justos, o tiene habito de obrar con rectitud. Es lo que interesa primordialmente al moralista, que estudia las virtudes como modos individuales de obrar, y solo secundariamente contempla sus alcances sociales. Por eso es preferible el concepto de ciceron, según el cual "la justicia es un habito del alma, observado en el interés común, que da a cada cual su dignidad".La justicia como ordenamiento jurídico:también puede contemplarse el acto justo en si mismo, prescindiendo de la persona que lo ejecuta. Es el punto de vista objetivo sobre la justicia que interesa mas al derecho, porque éste no se implanta par promover la virtud entre los hombres, sino para asegurar la justicia en las relaciones sociales.Hasta puede haber oposición entre ambos: el juez que por cohecho, o por recomendaciones de terceros, dicta una sentencia dando la razón a quien realmente la tiene, cumple un acto de justicia en cuanto aplica rectamente la ley, pero un acto virtuoso, pues su intención se halla viciada y no persigue su propio perfeccionamiento.Si quisieramos definir a la justicia objetivamente considerada, parecería, a primera vista, que consiste sólo en dar a cada uno lo que le corresponde.Pero con ello solo habriamos descripto el acto justo. Para que la justicia se realice es menester, además, que exista un conjunto de condiciones que imponga la solución adecuada por obra, no de la voluntad del agente, sino de una voluntad superior a la suya. De otro modo no saldriamos del campo de la moralidad. El acto justo, en efecto, surge de una relación existente entre dos o mas sujetos. No es un acto puramente individual, sino de orden social. Si su cumplimiento dependiera exclusivamente de la voluntad individual, el acto justo seria sólo un acto de virtud. Pero como aparece impuesto por una voluntad superior-la de la ley-, el acto justo consiste además en cumplir el derecho.El ideal de justicia: este modo de considerar la justicia como ordenamiento objetivo no trasciende de lo que ha establecido el derecho. Hay, en cambio, otro punto de vista superior que la contempla como el ideal que el derecho aspira a realizar.Tal posición es ineludible: deriva del sentimiento instintivo que cada uno lleva consigo acerca de lo que deben ser los actos humanos y el orden jurídico, mediante el cual se juzgan unos y otros según reglas establecidas en la conciencia. Ese sentimiento es innato. En vano se ha pretendido afirmar que es un producto de la cultura o de la experiencia social. Si así fuera no existiría posibilidad alguna de valorar la justicia de un sistema o de una norma, pues su vigencia revelaría precisamente su conformidad con esa cultura, o el resultado de esa experiencia.Y como no siempre corresponden las aspiraciones jurídicas con la realidad del derecho, se demuestra así la existencia de ese sentimiento originario y autónomo que estimula la justicia de las relaciones sociales.*Justicia administrativaSe dice del conjunto de jurisdicciones administrativas.*Justicia civilSe dice del conjunto de jurisdicciones civiles (juzgados de primera instancia y Cámaras de apelación en lo civil).*Justicia comercialEl conjunto de jurisdicciones comerciales donde se hallan todavía separadas de las civiles (juzgados comerciales de primera instancia y Cámaras de apelación en lo comercial).*Justicia general, particular, Conmutativa, distributiva y socialLa justicia-ya sea que se la considere como una virtud, como ordenamiento objetivo, o como el ideal que hace progresar al derecho- consiste siempre en dar a cada uno lo que le corresponde. Pero como las relaciones sociales pueden ser de distinta naturaleza, el acto justo asume también formas diversas según los sujetos vinculados.Si algo es debido por sus miembros a la comunidad entera, estamos frente a la justicia general; si lo debido interesa a los individuos, la justicia que lo establece será particular. A su vez esta última puede ser de dos especies: si es la sociedad misma la que reparte bienes entre sus miembros, aparece la justicia distributiva; si la relación se forma simplemente entre individuos, el acto justo será regulado por la justicia conmutativa.Tal es la clasificación que esbozada por Aristóteles fue luego perfeccionada por Santo Tomás.La justicia general es la que tiende directamente al bien común de la sociedad entera, subordinando a esa finalidad los intereses y las aspiraciones de los individuos que la componen. Es la que ordena la conducta de las partes con relación al todo. Cada miembro de la sociedad debe a esta lo necesario para la conservación y prosperidad de la misma, y el acto justo consiste, entonces, en darle lo que le corresponde, como el pago de los impuestos, la prestación de los servicios, lo que cada uno puede hacer en beneficio de la comunidad, o la defensa de esta en caso necesario. Esta justicia general orienta también la actividad gubernativa hacia el bien común, imponiendo ciertas restricciones a la libre utilización de las cosas y a la libertad misma de las personas.Como aquellas cargas públicas y éstas restricciones derivan necesariamente de la ley, la justicia general recibe también el nombre de justicia legal.La justicia particular regula, en cambio, las relaciones de los individuos entre si, y las de la sociedad con ellos.Es la que tiende directamente al bien de los particulares, sin perjuicio de lograr también por su intermedio el beneficio colectivo. El bien común su consigue, en esta forma, de manera mediata o indirecta.Cuando la relación se produce entre individuos la justicia se llama conmutativa, y se realiza sobre una base de igualdad. Estos vínculos entre las personas pueden ser voluntarios (contratos) o involuntarios (delitos), pero en ambos casos el justo medio se determina de la misma manera: la igualdad de la compensación. No se tienen en cuenta las calidades de las personas (salvo que un contrato se hubiere celebrado a causa de las condicione de alguien), sino la equivalencia de las prestaciones.La igualdad se establece de objeto a objeto: entre lo dado y lo recibido, entre el daño y la indemnización.En cambio, cuando el sujeto pasivo de la relación es la comunidad, y el sujeto activo uno de sus miembros, la justicia que regula esa relación se llama distributiva, y se realiza sobre bases proporcionales, Pus la sociedad está obligada a repartir los bienes comunes conforme a las necesidades, la importancia o los méritos de cada uno. Es lo que ocurre en la distribución de los honores, en el nombramiento de los funcionarios, en la asistencia social, etc.También puede adscribirse a esta especie de justicia el derecho penal, mediante el cual el estado castiga al delincuente en forma proporcionada a su delito, teniendo en cuenta la personalidad de este. En la justicia distributiva, por lo tanto, el acto justo consiste en repartir los bienes de la comunidad entre sus miembros, y se distingue así de la justicia general, que exige la contribución de todos para conseguir el bien común.En lo que va de este siglo se ha llamado justicia social la que tiende especialmente a favorecer a las clases mas necesitadas, y ordena una distribución mas equitativa de las riquezas a fin de asegurarles mejores condiciones de vida. Si bien se mira, esta justicia social no es otra cosa que la aplicación concreta de las diversas formas de justicia a las relaciones derivadas del trabajo y a los problemas que crea en el mundo moderno la clase de los asalariados y de los desvalidos. Será conmutativa si aspira a obtener el justo salario que corresponde al trabajador; será distributiva si los necesitados se benefician con e reparto de bienes comunes en forma de asistencia, y será general si impone a las demás clases mayores obligaciones para restablecer el equilibrio social. Por lo tanto, la justicia social no es una especie distinta de justicia, sino que se caracteriza exclusivamente por la índole de sus destinatarios y por las necesidades que procura satisfacer.*Justicia militarVer Jurisdicción militar.*Justicia penalSe dice del conjunto de jurisdicciones represivas.*Justicia socialForma de expresarse de uso en política, sociología y derecho del trabajo.Significa una tendencia doctrinaria y práctica de protección a los económicamente débiles.Pretende elevar el nivel de vida y el cultural de las clases necesitadas y proscribir los privilegios de las clases económicamente fuertes que originan inadmisibles desigualdades sociales.*JustificaciónSe denomina causas o fundamentos de justificación determinadas situaciones de hecho y de derecho cuyo efecto es excluir la antijuridicidad de la acción.A) para que se pueda hablar de un hecho justificado, la acción debe reunir todas las exigencias objetivas contenidas en un tipo penal mas las que prevé el fundamento de justificación. Por eso, la acción típica es, y lo es siempre, una parte del hecho justificado.La acción que reúne objetivamente todos los requisitos de una causa de justificación, esta de acuerdo con el derecho. Y siendo lo antijurídico uno solo, la acción es lícita para todo el ordenamiento legal. Por tanto, el acto no acarrea consecuencias penales de ninguna naturaleza, ni puede haber daño resarcible. Tampoco son posibles, por definición, las formas accesorias de manifestación del delito (tentativa y participación). No son aplicables, por último, medidas de seguridad, Pus la acción no es típicamente antijurídica, requisito indispensable para que se trate de una acción atribuible.B) las causales de justificación eliminan, además de la antijuridicidad, también la tipicidad.Fundamentos de la justificación: como se ve, dos son los fundamentos de la justificación: la ley y la necesidad.Pero, entiéndase bien, la necesidad en si misma (situación de necesidad) el solo fundamento de la justificación, pero no la justificación misma; ésta es un derecho de necesidad, que como tal, solo nace de la ley. El derecho puede resultar de una disposición expresa de la ley o de la decisión que el sujeto toma en estado de necesidad, coincidente con la valoración que resulte del orden jurídico a través de cualquiera de sus manifestaciones.*Justificación de una cuentaSe dice de los medios y justificativos empleados para acreditar la sinceridad de una cuenta presentada ante la justicia.*JustiprecioTasación o valoración de una cosa, generalmente efectuada por peritos.*Justo precioSe dice del adecuado valor de las cosas, teniendo en cuenta los gastos de producción, la ganancia del que vende y los intereses del que adquiere.*Justo títuloActo jurídico que por su naturaleza es apropiado para transferir un derecho de propiedad (u otro derecho real), y al que solo falta, para transmitir ese derecho, que emane del verdadero propietario.Es una de las condiciones de la usucapión.Acto que constituye una causa de adquisición reconocida por la ley.*JuzgadoSe dice del tribunal de un solo juez.Local donde funciona.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 resolución 
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