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Derecho Petición Presidente sobre San José - Julio 29 -03 - Desde los márgenes
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Derecho Petición Presidente sobre San José - Julio 29 -03
Martes 29 de julio de 2003, por Javier Giraldo M. , S.J.
Bogotá, julio 29 de 2003
Javier Giraldo Moreno, S. J.,[------------------------------------] acogiéndome al derecho constitucional de petición consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, así como en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, me dirijo a Usted, Señor Presidente, para solicitarle, de manera urgente, el cumplimiento de principios y normas de carácter constitucional, aplicables en este caso a la garantía de derechos fundamentales de los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y, en general, de la población que habita tanto en el área urbana como en las veredas de dicho corregimiento.
En efecto, la Constitución Política de Colombia asigna al Jefe del Estado la responsabilidad principal y la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. En su Artículo 188 establece que el Presidente “al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”.
Así mismo, para poner en sus manos medios adecuados para el cumplimiento de lo anterior, en su Artículo 189, numeral 3, la misma Constitución establece que corresponde al presidente de la república “dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las fuerzas armadas de la república”, y en el numeral 13 dispone que “En todo caso, el gobierno tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus agentes”.
A su vez, el Código Contencioso Administrativo, en su Artículo 2, establece como Objeto de toda actuación administrativa “el cumplimiento de los cometidos estatales como los señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley”., y en su Artículo 69 contempla como causales de revocación directa de los actos administrativos, las siguientes: “1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley; 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él; 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”. En el mismo Artículo 69 se establece que “Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte”.
La misma Constitución Política de Colombia señala con claridad los tipos de responsabilidad de los servidores públicos, cuando en su Artículo 6 establece que “Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las Leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. El Artículo 198 de la misma Carta complementa esto al referirse explícitamente al presidente de la república, al establecer que “El presidente de la república, o quien haga sus veces, será responsable de sus actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes”.
Apoyado en estos principios y normas explícitas de la Constitución y de las leyes vigentes, por medio de este escrito pido su intervención directa, Señor Presidente, para que cese la comisión sistemática y prolongada de crímenes contra los integrantes de la COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ y contra la población civil que habita en dicho corregimiento del municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, crímenes que han sido perpetrados por agentes del Estado y por grupos fuera de la ley que cuentan con la aquiescencia, complicidad y colaboración de los agentes del Estado.
Para que Usted mejor comprenda, Señor Presidente, los fundamentos de hecho y de derecho de esta Petición, considero conveniente poner a su consideración los siguientes puntos:
1. * Una breve información sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
2. * Una cronología de las agresiones que ha sufrido dicha Comunidad a partir del inicio de su gobierno, el 7 de agosto de 2002.
3. * Una valoración general de las conductas de los servidores públicos y de sus colaboradores, a la luz del derecho interno y del derecho internacional.
4. * Un análisis somero de la carencia de justicia en estos hechos.
5. * Algunas sugerencias para concretar el campo de su intervención, en orden a corregir el desempeño delictivo de agentes de su gobierno en la zona.
1. Breve información sobre la Comunidad de Paz
Dado que desde los años 80 el corregimiento de San José de Apartadó fue escenario en el que hicieron presencia múltiples actores violentos que se asentaron por diversas razones en su territorio, afectando gravemente a la población civil en sus derechos más fundamentales, por insinuación del entonces Obispo de Apartadó, Monseñor Isaías Duarte Cancino, los pobladores de San José comenzaron a diseñar, a través de talleres asesorados por expertos en diversas materias, un modelo de comunidad no comprometida con ningún actor armado, que pudiera reivindicar transparentemente su condición de población civil y exigirle a todos los actores armados respetarla como tal. Esto se fue haciendo realidad desde finales de 1996 y se oficializó el 23 de marzo de 1997 en una ceremonia pública en la cual se firmaron los compromisos, la que contó con presencia de personalidades de otros países.
El REGLAMENTO que la comunidad fue elaborando en la medida en que su experiencia concreta le iba presentando problemas para solucionar, establece la no colaboración, ni a través de informaciones, ni de venta de alimentos, ni de apoyo logístico alguno, con los diversos actores armados que participan en el conflicto interno. Exige de éstos, a su vez, la no presencia ni paso de ningún arma por los territorios consagrados a la vida y trabajo de la Comunidad y la no utilización de esos territorios para actividades bélicas. Los integrantes de la Comunidad se comprometen a ser sancionados por un Consejo Interno cuando infrinjan las normas del Reglamento, e incluso a ser excluidos de la Comunidad y despojados de sus signos de identificación como integrantes de la Comunidad de Paz, si violan los compromisos de no colaboración con los actores armados.
Lamentablemente, la respuesta de los actores armados ha sido la de agredir de la forma más brutal a la Comunidad. Un Frente de las FARC asesinó, en octubre de 1997, a tres integrantes de la Comunidad que se negaron a venderles alimentos, contándose entre las víctimas algunos líderes muy valiosos, y en algunas ocasiones han ingresado con armas al espacio humanitario de vida y trabajo de la Comunidad, para realizar acciones violentas. Por su parte el Ejército Nacional, a través de unidades adscritas a la XVII Brigada con sede en Carepa, casi siempre acompañado o coordinado con grupos paramilitares, ha asesinado a más de un centenar de pobladores, la mayoría de ellos integrantes de la Comunidad de Paz, así como perpetrado desapariciones forzadas, torturas, bombardeos, violaciones carnales, saqueos y pillajes, amenazas, desplazamientos forzados, y ha mantenido a la Comunidad en un ambiente permanente de terror. Ante la abundancia de estos crímenes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al gobierno de Colombia medidas cautelares para la Comunidad de Paz mediante Resolución del 17 de diciembre de 1997, pero ante la persistencia de los crímenes contra la población civil y la brutalidad de algunas masacres perpetradas en el año 2000, la Corte Interamericana de Derechos humanos avocó el caso y exigió al gobierno medidas provisionales de protección a favor de dicha Comunidad de Paz, mediante decisión del Presidente de la Corte el 9 de octubre de 2000, ratificada por la Corte en pleno el 24 de noviembre de 2000.
2. Cronología de agresiones contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, con posterioridad al 7 de agosto de 2002
El 2 de septiembre de 2002, el Consejo Interno de la Comunidad le envió una carta al Presidente de la República, Dr. Álvaro Uribe Vélez, en la cual le hacía un recuento de sus sufrimientos y le pedía insistentemente reconsiderar su propósito, anunciado en ámbitos internacionales y nacionales, de militarizar el espacio de la Comunidad de Paz, lo que equivalía a obligar a la Comunidad a convivir con sus victimarios. La Comunidad no recibió respuesta a dicha carta.
El 23 de septiembre de 2002, delegados del Consejo Interno de la Comunidad de Paz se reunieron en Bogotá con el Vicepresidente de la República, Dr. Francisco Santos, y le hicieron entrega de un documento titulado UN CAMINAR EN DIGNIDAD. Allí se hacía un recuento del proceso de la Comunidad de Paz desde 1997 y una síntesis de sus principios. También se reseñaban los esfuerzos frustrados por obtener justicia y reparación de los crímenes perpetrados contra integrantes de la Comunidad y se aludía a la trayectoria de una Comisión Especial de Investigación, creada a raíz de la masacre del 8 de julio de 2000, integrada por la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, comisión cuyo desempeño era evaluado como una nueva frustración, pues no dio resultado alguno, a pesar de que alrededor de 70 miembros de la Comunidad habían rendido declaraciones. En dicho documento, la Comunidad le formuló 3 peticiones concretas a la Vicepresidencia: el no ingreso de la fuerza pública a los espacios de vida y de trabajo de la Comunidad; una evaluación de la Comisión de Investigación creada en julio de 2000, así como la conformación de una Comisión de la Verdad, y la designación de personal de la Vicepresidencia que pudiera estar atento a los riesgos y actuar rápidamente en concertación con el Concejo Interno, para evitar la perpetración de más crímenes contra la Comunidad de Paz, peticiones todas que fueron sustentadas y explicadas. A pesar de que el Señor Vicepresidente se comprometió a dar respuesta a estas peticiones antes de una semana, 10 meses después aún no la ha hecho.
El 18 de octubre de 2002, a las 08.30 horas, la Fiscal 41 Especializada de Apartadó, MAYRA ALVAREZ MAYA, en compañía de la Fiscal 124 Seccional, ingresó al caserío de San José de Apartadó escoltada por una gran cantidad de efectivos del Ejército y de la Policía Nacional, con intención de recibir declaraciones de muchos pobladores sobre los crímenes allí perpetrados por miembros del Ejército y paramilitares, pero tratando con altanería, grosería y prepotencia a los habitantes. Voceros de la comunidad le informaron que en una entrevista con el Señor Vicepresidente de la República, el 23 de septiembre anterior, delegados de la Comunidad de Paz le habían solicitado, entre otros puntos, propiciar la evaluación de la Comisión de Investigación creada en el año 2000, la cual no había arrojado ningún resultado a pesar de las numerosas declaraciones rendidas por los pobladores, y que el Vicepresidente había prometido dar respuesta a las solicitudes en la semana siguiente, lo cual no se cumplió. Los voceros de la Comunidad también le solicitaron a la Fiscal retirar la fuerza pública, pues la comunidad y quienes habitan en el caserío son víctimas de la violencia y de ninguna manera actores de violencia, lo que hacía incomprensible la militarización de los espacios de las víctimas, y mucho menos si se pretendía recibir testimonios, los cuales no podrían rendirse en un ambiente de intimidación y terror. La Fiscal no accedió a dichas peticiones sino que afirmaba que tales procedimientos tenían el beneplácito de la Vicepresidencia de la República, lo que posteriormente dicho despacho negó. La Fiscal exigía que se presentaran las mujeres que habían sido violadas por los soldados para declarar delante de ellos. Solamente la actuación del Señor Obispo de Apartadó, quien se hizo presente a petición de la Comunidad, persuadió a la Fiscal de lo absurdo de sus actitudes y se retiró.
El 20 de octubre de 2002, hacia las 15.30 horas, cerca de 70 paramilitares procedentes de su base ubicada en el corregimiento de Nueva Antioquia, se tomaron el caserío de La Unión, integrante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, donde permanecieron hasta las 21.00 horas. Ese día la mayoría de los pobladores de La Unión habían bajado a un evento deportivo en San José. Los armados preguntaban por los líderes y registraron y saquearon las viviendas robando dinero, enseres y ropa, mientras afirmaban que esa era “una comunidad guerrillera”. En algunos sitios sacaron balas de las que llevaban en su ropa y afirmaban que las habían encontrado dentro de las casas. Cuando reunieron a la poca gente que había, amarraron a un joven que no era de la Comunidad aunque sí era habitante de la zona y estaba visitando a su mamá, llamado ARNULFO TUBERQUIA, y se lo llevaron con ellos, ignorándose desde entonces su paradero. Las 58 familias de la Subcomunidad de La Unión iniciaron desde esa misma noche un nuevo desplazamiento, trasladándose al caserío de San José. Aunque se informó inmediatamente a altas instancias del gobierno, no hubo ninguna persecución a los paramilitares ni el gobierno quiso atender a los clamores para solucionar las necesidades más apremiantes de los desplazados con ayuda humanitaria.
El 21 de octubre de 2002, los mismos paramilitares que se habían tomado el caserío de La Unión el día anterior, avanzaron hacia la vereda El Porvenir, donde retuvieron al Señor LUIS ARNOLDO DAVID, dejándolo en libertad horas después. Más tarde retuvieron a CARLOS ALCARAZ y NELSON ÚSUGA, a quienes dejaron en libertad esa noche. Los paramilitares se mantuvieron alrededor de La Unión y El Porvenir hasta el miércoles 23 de octubre cuando regresaron a su base de Nueva Antioquia.
El 22 de octubre de 2002, a las 17.00 horas, un vehículo de servicio público que se dirigía de Apartadó a San José fue interceptado por cuatro paramilitares, al atravesar el barrio El Concejo. Los armados obligaron al conductor a desviarse hacia el río Apartadó, cerca del barrio Mangolo, donde hicieron bajar a los pasajeros y les quitaron sus mercados. Además les pidieron sus cédulas, las cuales fueron confrontadas con una lista que llevaban. Finalmente le advirtieron a los pasajeros que ellos iban a seguir allí, controlando a los pasajeros con su lista y que les seguirían quitando todos los alimentos que llevaran.
El 24 de octubre de 2002, un contingente del Ejército se tomó el caserío de La Unión, que estaba desocupado debido al desplazamiento de sus pobladores motivado por la incursión paramilitar ocurrida cuatro días antes. Los militares ocuparon las casas de los campesinos, saquearon sus despensas, sacrificaron los animales domésticos como cerdos y gallinas y robaron y destruyeron numerosos enseres de los pobladores. El mismo 24 de octubre, tropas del Ejército retuvieron a dos campesinos que bajaban de la vereda El Porvenir con el fin de enviarles unos mensajes a los desplazados de La Unión: les mandaron decir que eran una comunidad guerrillera y que le rezaran a Dios que era el único que podría librarlos de una masacre.
El 31 de octubre de 2002 tropas del Ejército ingresaron al caserío de San José acompañados de gente armada en trajes civiles, primero a las 07.30 horas; luego a las 11.30 horas, y finalmente a las 18.10 horas, en actitud amenazante, afirmando que tienen poder físico de violar y pisotear las normas más importantes del espacio humanitario habitado por la Comunidad de Paz y que se gozan en ultrajar y burlar los principios sancionados por la Comunidad.
El 7 de noviembre de 2002, en las horas de la mañana, las tropas del Ejército que habían invadido el caserío de La Unión, se retiraron, dejando el caserío arrasado por el pillaje, y en la tarde del mismo día 200 paramilitares que desde el 4 de noviembre recorrían las veredas de El Porvenir y Las Nieves reteniendo a campesinos, aterrorizándolos con amenazas y anunciando que iban a acabar definitivamente con la Comunidad de Paz, invadieron nuevamente La Unión, donde permanecieron hasta el sábado 9 de noviembre, cuando se dirigieron hacia las veredas de Chontalito, Las Nieves y La Esperanza, y luego a su base en Nueva Antioquia. Durante su permanencia mantuvieron retenidos a tres campesinos que habían llevado desde la vereda Las Nieves y antes de irse los dejaron libres, pero se llevaron retenido a DIOFANOR CORREA, de 55 años, cuyo paradero se ignora desde entonces, quedando en calidad de desaparecido. En su recorrido por estas veredas, los paramilitares le anunciaban a los pobladores que iban a permanecer en la zona puesto que contaban con el apoyo del Ejército. Afirmaron repetidas veces: “Ahora sí podemos hacer lo que nos dé la gana; ahora podemos contar con el apoyo de los primos; vamos a acabar con la Comunidad de Paz de San José”. Cuando una campesina les preguntó quiénes eran “los primos”, le respondieron: “no se hagan los pendejos, son los militares”.
El 8 de noviembre de 2002, las tropas del Ejército que mantenían un retén en la carretera entre Apartadó y San José de Apartadó, se retiraron en la mañana, y en la tarde se instaló allí mismo un retén paramilitar. Hacia las 16.30 horas del mismo día, varios paramilitares en moto siguieron un vehículo de servicio público y lo hicieron detener a la altura del barrio Mangolo, donde estaban apostados otros paramilitares, saqueando los mercados de todos los pobladores. Anunciaron a todos los pasajeros su intención de “acabar con la gente de san José y de todas sus veredas porque son guerrilleros”, y les dijeron que si querían recuperar sus mercados tendrían que presentarse en la heladería “Sillas Rojas”, ubicada frente a la terminal de transporte de Apartadó, el sábado 9 de noviembre.
El sábado 9 de noviembre de 2002 los paramilitares que habían permanecido desde el día 7 en el caserío de La Unión, a las 13.00 horas se encontraron con tropas del Ejército y cocinaron juntos el almuerzo. Luego departieron hasta las 15.00 horas, cuando los paramilitares se enrutaron hacia Chontalito, Las Nieves y la Esperanza y el Ejército permaneció en La Unión.
El martes 12 de noviembre de 2002, a las 13.30 horas, tropas del Ejército que permanecían en la vereda Caracolí, a 2 kilómetros del casco urbano de San José, sobre la carretera que conduce a Apartadó, retuvieron a un campesino durante media hora. En ese lapso de tiempo le insistieron en que tenía que llevarle un mensaje a la Comunidad de san José: que muy pronto los paramilitares iban a entrar a San José a quemarlo todo y a masacrar a todo el mundo y que las tropas del Ejército iban a estar muy contentas mirando cómo ardían las casas, para que por fin fuera exterminada esa “h. P. Comunidad de Paz”. Luego de repetirle el mensaje, lo dejaron continuar su camino. El campesino, lleno de terror, se dirigió a la Comunidad a transmitir el mensaje.
El miércoles 13 de noviembre de 2002, a las 11.30 horas, irrumpieron en el casco urbano de San José de Apartadó dos grandes camiones y otro vehículo con tropas del Ejército y de la Policía. Se hicieron presentes 25 policías, 35 militares, la Fiscal 41 Especializada de Apartadó y dos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Los funcionarios de la Embajada, acompañados por un grupo de policías y militares, continuaron a pié hacia el caserío de La Unión. Entre tanto varios policías ingresaron a la escuela y exigieron conversar con los alumnos. Las educadoras se opusieron y tuvieron que clausurar imprevistamente las actividades escolares. Los funcionarios de la Embajada afirmaron que querían constatar si el caserío de La Unión realmente estaba militarizado y de hecho lo encontraron desmilitarizado, aunque la comunidad tenía certeza de que hasta el domingo 10 el Ejército lo mantenía ocupado. La ingenuidad de los funcionarios norteamericanos no alcanzó a percibir que si su presencia estaba avisada y escoltada por el Ejército, con toda seguridad iba a ser desocupado de antemano para que no lo encontraran bajo ocupación militar y pudieran “informarle” a la comunidad internacional que “era falsa la ocupación militar”. En los alrededores de La Unión, los visitantes solo pudieron ver a un grupo de desplazados que había ido a recoger yuca y a unas religiosas que los acompañaban, pues el gobierno se había negado a atender humanitariamente a las 58 familias desplazadas. Al regresar al casco urbano de San José, los funcionarios de la Embajada solicitaron conversar con la Comunidad y con sus líderes, pero éstos les explicaron que con la presencia de actores armados no hablaban y les reclamaron por su atropello a los reglamentos de la Comunidad al llevar consigo a gente armada, violando los espacios humanitarios de la Comunidad. Hacia las 17.00 horas los funcionarios de la Embajada y su acompañantes militares y policiales se marcharon.
El 28 de noviembre de 2002, luego de varios meses de insistencia, la Cancillería convocó a diversas agencias del Estado y a delegados de organizaciones internacionales, para tratar de responder a los requerimientos hechos por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, que en su Resolución del 18 de junio de 2002 había exigido al gobierno nacional la adopción de MEDIDAS PROVISIONALES en favor de la Comunidad de Paz de San José y que en el No. 7 de su parte resolutiva ordenaba: “Requerir al Estado que, de común acuerdo con los beneficiarios o sus representantes, establezca un mecanismo de supervisión continua y de seguridad permanente en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de conformidad con los términos de la presente Resolución”. A pesar de que la Comunidad había formulado y sustentado sus tres peticiones desde septiembre anterior a la Vicepresidencia, la reunión evidenció un estado lamentable de desinformación, descoordinación y falta de voluntad por parte de las agencias del Estado. Quien tenía el poder de decisión en el caso, el delegado de la Vicepresidencia Sr. Carlos Franco, solo estuvo pocos minutos y se retiró de la reunión. Los demás delegados del gobierno y del Estado adujeron “no tener poder de decisión”. Por esto, la reunión se terminó sin llegar a ninguna conclusión.
El 2 de diciembre de 2002, cuando cuatro miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, WILSON DAVID, LUIS EDUARDO GUERRA, ARLEY TUBERQUIA y EDUAR LANCHERO, se desplazaban por la carretera que de Bucaramanga conduce a Tunja, en un pequeño camión de la Comunidad utilizado para comercializar sus productos, a unos 10 kilómetros de Tunja fueron retenidos por la Policía de Carreteras, requisados y llevados a Tunja donde les quitaron sus teléfonos celulares, sus documentos de identidad, sus libretas de apuntes, sus agendas y sus fólderes con escritos y documentos, todo lo cual fue registrado minuciosamente en computadores por un grupo de personas en trajes civiles que no se identificaron y que los trataron con extrema grosería y ultraje. Cuando fueron retenidos en la carretera, lo que encendió la ira de los policías fue descubrir indicios de que tenían algo que ver con grupos de Derechos Humanos, al encontrar en sus fólderes documentos de la reunión que había tenido lugar cuatro días antes, el 28 de noviembre, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Bogotá, a la cual fueron convocados delegados de diversas agencias del Estado para tratar el caso de las Medidas Provisionales pedidas por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en favor de la Comunidad de Paz. Los policías de la patrulla de placas 08631, al mando de un Teniente Ortiz, afirmaron: “la gente de derechos humanos es la que tiene tan mal el país y si logramos acabar con esa gente el país se arreglará”, por eso informaron por sus radios que “tenemos cuatro individuos sospechosos”. En los interrogatorios injuriosos a que fueron sometidos en Tunja, los policías y personas de civil que los interrogaron y registraron todo apunte en computadores, identificaban toda reunión de derechos humanos y todo acompañamiento a comunidades desplazadas como “apoyo a la guerrilla”, en medio de tratos humillantes y ultrajantes. Gracias a la rápida protesta internacional y nacional que se hizo sentir sobre la Cancillería, la Vicepresidencia y otras agencias del Estado, los miembros de la Comunidad fueron dejados en libertad esa tarde, pero quienes los retuvieron ilegalmente se negaron a devolverles varios de sus documentos. Cuando el 13 de febrero de 2003, varios miembros de la Comunidad fueron retenidos en la Brigada XVII del Ejército y luego conducidos a la Fiscalía de Apartadó, a causa del montaje que les hicieron para tratar de hacer aparecer explosivos en un vehículo donde se movilizaban varios miembros del Consejo Interno de la Comunidad, la Policía de Apartadó los llamó ilegalmente a interrogatorios, en una oficina ubicada frente a la Fiscalía, en el centro comercial Apartacentro, de Apartadó, donde les hicieron muchas preguntas sobre los hechos de Tunja del 2 de diciembre, quedando en evidencia que habían sido reseñados en supuestos “informes de inteligencia” que circularon nacionalmente a través de la institución policial, todo por el “delito” de estar relacionados con una Comunidad de Paz, con desplazados y con trabajos de defensa de los derechos humanos y quizás por ser beneficiarios de Medidas Provisionales otorgadas por la CORTE INTERAMEICANA DE DERECHOS HUMANOS.
El 3 de febrero de 2003, LUBIÁN DE JESÚS TUBERQUIA, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fue abordado por un primo suyo, WILSON GUZMÁN TUBERQUIA, en la ciudad de Apartadó, para invitarlo a trabajar con el Ejército Nacional, con el fin de colaborar en una estrategia tendiente a desintegrar la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, mediante acusaciones que llevaran a sus líderes a la cárcel o alternativamente a darles muerte a través de acciones de unidades paramilitares. Para motivarlo a aceptar la propuesta, le informó que el Ejército estaba pagando sumas muy altas por ese tipo de colaboraciones.
Como Lubián no aceptó la oferta sino que pidió que “se la dejara pensar”, con el fin de evitar una represalia inmediata, su primo Wilson Guzmán lo siguió buscando en los días posteriores para urgir la respuesta. Para forzarlo a aceptar, le informó que él figuraba en una lista de “milicianos” que tenían en la Brigada XVII del Ejército y que si no aceptaba la propuesta se iba a ver envuelto en problemas judiciales.
Al saber que su nombre figuraba en una lista de “milicianos”, Lubián le explicó a su primo que eso no tenía fundamento, pues él no colaboraba con ningún grupo armado, siguiendo los principios de la Comunidad de Paz a la cual pertenecía, y le pidió que le ayudara a conseguir una cita con el General de la Brigada para explicarle eso y para pedirle que “le arreglara el problema”. Pocos días después su primo Wilson Guzmán le comunicó que el General de la Brigada había concedido la cita para el 7 de febrero y que tal cita sería en el centro comercial Apartacentro, donde se encuentran las oficinas de la Fiscalía.
Lubián de Jesús Tuberquia acudió a la cita el 7 de febrero de 2003 a las 14.00 horas, en Apartacentro. Allí llegaron dos personas en trajes civiles, uno de ellos se le presentó como el General y el otro como Teniente del Ejército. El General le manifestó a Lubián que se lo imaginaba de más edad y que sabía que estaba vivo “de pelito”, pues en una ocasión habían ordenado asesinarlo en el caserío de La Unión, en agosto de 2001, pero dado que los encargados de matarlo huyeron rápido después de asesinar a Alexander Guzmán, a última hora habían decidido no matarlo. En efecto, en agosto de 2001, Lubián se encontraba con Alexander Guzmán en la Unión cuando se produjo una incursión paramilitar en medio de la cual fue asesinado Alexander.
Cuando Lubián le solicitó al General sacarlo de la lista de “milicianos” ya que eso no correspondía a la verdad, pues él no tenía ninguna relación con esos grupos, el General le respondió que solamente lo haría si trabajaba con el Ejército acusando a los líderes de la Comunidad de Paz de San José, y que en caso contrario su situación seguiría igual. El General sacó de su maletín un cuaderno con membretes del Ejército y le mostró a Lubián la página donde figuraba su nombre. Lubián pudo observar que allí figuraban también otros miembros de la Comunidad de Paz, como Wilson David, Eduar Lancheros, Amanda Úsuga, Arturo David, Alberto Rodríguez y Marina Osorio.
Luego de que el General se negara a escuchar la petición de Lubián, en su presencia conversó con su primo Wilson Guzmán, el cual le manifestó al General que él sí estaba decidido a colaborar con el plan de exterminio de la Comunidad de Paz y estaba listo a declarar en la Fiscalía contra varios de sus líderes. Enseguida el General y Wilson Guzmán hicieron planes, en presencia de Lubián, para acusar a los líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó de varios crímenes, con el fin de someterlos a procesos judiciales que implicaran su privación de la libertad: a Wilson David, actual presidente del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, lo acusarían de haber “asesinado” a Gustavo Guzmán, hermano de Wilson Guzmán, desaparecido meses antes luego de irse con la guerrilla; a Eduar Lanchero, acompañante de la Comunidad en representación de organizaciones no gubernamentales, lo acusarían de ser “financista de las FARC” y de “haber asesinado a Henry Tuberquia”; a Amanda Úsuga la acusarían de “llevarle encargos a la guerrilla”; a Arturo David lo acusarían de “informarle a la guerrilla sobre los movimientos del Ejército” y así planearon otras acusaciones contra miembros de la comunidad. El General le explicó a Wilson Guzmán, en presencia de Lubián, que si la Fiscalía no emitía contra ellos órdenes de captura con la rapidez que ellos querían, entonces enviarían a los paramilitares para que los asesinaran más rápidamente.
Al despedirse, el General le advirtió a Lubián que si no colaboraba con ellos “lo buscaría donde fuera necesario” y que le quedaría muy difícil escaparse de su control, ya que el Ejército está en todo el país. A su vez, su primo Wilson Guzmán, después de la cita con el General, le dijo que si regresaba a la Comunidad de Paz o contaba lo que había escuchado, él mismo lo mandaría a matar.
Lubián no encontró otra alternativa que escaparse de la región para poder denunciar dichos planes criminales, antes de que fuera demasiado tarde. En efecto presentó personalmente su denuncia ante diversas autoridades del Estado.
El 9 de febrero de 2003, a las 11.15 horas, un grupo de fiscales provenientes de Medellín y Bogotá llegaron al caserío de San José con una fuerte escolta policial y pocos minutos después llegaron allí mismo delegados de la Embajada de los Estados Unidos acompañados por reporteros de medios masivos de comunicación y el Director del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. Los fiscales pretendían avanzar en la “Comisión de Investigación” creada desde el año 2000, a pesar de que conocían los cuestionamientos que la Comunidad hacía a dicha Comisión y a pesar de que uno de ellos estuvo presente en la reunión del 28 de noviembre anterior en la Cancillería donde se insistió en la necesidad de evaluar el fracaso de dicha Comisión. Los visitantes no respetaron el repudio que manifestaron los miembros de la Comunidad por la presencia no consultada de reporteros y fotógrafos y abusivamente los autorizaron para grabar y filmar. Los fotógrafos se dedicaron a filmar intensamente a los voceros de la Comunidad. Tampoco se respetó el repudio de la comunidad a realizar reuniones mientras se daba presencia de fuerza pública y acorralaron a preguntas y con cámaras a los voceros de la Comunidad. A pesar de todo, algunos de los presentes, al escuchar los relatos de solo algunos de los atentados contra la Comunidad, quedaron espantados y prometieron hacer algo para denunciar lo que ocurría.
El martes 12 de febrero de 2003 , un vehículo de servicio público que se desplazaba entre Apartadó y San José fue interceptado por el Ejército en la vereda Caracolí, a pocos minutos de San José. Los militares pidieron sus cédulas a todos los pasajeros y se las devolvieron rápidamente, pero se quedaron con la cédula de AMANDA ÚSUGA, una de las personas cuya “judicialización” había sido planeada entre el supuesto General de la Brigada XVII y Wilson Guzmán, en su conversación en Apartacentro, nueve días antes. Los militares ordenaron luego a los pasajeros que cada uno reconociera y tomara consigo su equipaje, quedando sin ser reconocida por nadie una pequeña caja de cartón. Los militares procedieron entonces a abrir dicha caja y buscar en su interior algo que parecía que sabían que contenía. Luego reportaron que en la caja había algunos materiales explosivos y una nota escrita en papel, en la cual figuraba el nombre de una “Amanda” como destinataria de dicha caja, la cual debía entregar luego a unos supuestos “milicianos”. Todos los pasajeros del vehículo fueron incomunicados y esa misma noche llevados ilegalmente detenidos a las instalaciones de la Brigada XVII, donde permanecieron hasta el sábado o domingo siguientes, pues solo eran dejados en libertad en la medida en que iban rindiendo declaraciones ante una Fiscal en Apartadó. Sin embargo la Señora Amanda Úsuga fue sindicada de “porte de explosivos” y sometida a indagatoria y luego cobijada con medidas de aseguramiento. Esa misma noche del martes 12 de febrero, tropas del Ejército en varios camiones, acompañados por unidades de la Fiscalía, del DAS y del CTI, se tomaron el caserío de San José y allanaron varias residencias, llevando solo en un caso una orden judicial; sometieron a interrogatorios a muchas personas, y cuando las personas afirmaban que no colaboraban con ningún grupo armado, en alusión a su Reglamento asumido desde hace 6 años, los militares se burlaban de ellas y afirmaban que “estaban adoctrinadas por la guerrilla”.
Durante su permanencia en la Brigada XVII algunos soldados insultaron a los pasajeros del vehículo ilegalmente retenidos, entre los cuales se encontraban varios miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, y los amenazaban gritándoles que si ellos los hubieran capturado les hubieran cortado la cabeza inmediatamente. Además varios oficiales los sometieron a interrogatorios ilegales en los cuales preguntaron insistentemente por otros miembros del Consejo y de la Comunidad: como Javier Sánchez, Luis Eduardo Guerra y Jesús Emilio Tuberquia, dando a entender con sus preguntas que a todos ellos los consideraban “cómplices de la guerrilla”.
La Comunidad de Paz ha reunido elementos fidedignos que llevan a interpretar como un montaje planificado por la Brigada XVII la interceptación del vehículo y el “hallazgo de la caja con explosivos”, todo dirigido a dañar el buen nombre de la Comunidad y a incoar procesos judiciales en contra de algunos de sus integrantes y dirigentes. Los elementos que la comunidad ha recaudado son los siguientes:
a) Ya desde la Terminal de Transportes de Apartadó, antes de que el vehículo que fue interceptado partiera, se notaba una intensa vigilancia militar y movimientos extraños de gente sospechosa. El mismo conductor se lo manifestó así a algunos pasajeros y les dijo que por esa razón iba a partir antes de la hora prevista.
b) En el barrio Mangolo, de Apartadó, abordó el vehículo una persona desconocida, con botas, corte de pelo y porte militar, quien estuvo observando intensamente a Amanda Úsuga, hasta descender en La Balsa, sitio de habitual presencia militar.
c) Los soldados que interceptaron el vehículo no habían establecido ningún retén previo en la carretera, sino que esperaron ocultos en el bosque y salieron expresamente a interceptar este vehículo cuando se aproximó al sitio de Caracolí.
d) Los soldados que interceptaron el vehículo le pidieron las cédulas a todos los pasajeros y se las devolvieron rápidamente, pero se quedaron con la cédula de Amanda Úsuga, antes de inspeccionar los equipajes y de descubrir la supuesta “caja con explosivos”.
e) Mientras esto ocurría en la carretera, entró a la Comunidad una llamada telefónica de la Fiscalía de Apartadó para preguntar si Amanda Úsuga estaba desaparecida. Minutos después entró una segunda llamada de la misma Fiscalía para preguntar qué tipo de ropa llevaba ese día Amanda Úsuga.
f) Poco tiempo después de que el vehículo fuera interceptado, llegaron al sitio, a pié, unos soldados con chalecos de unidades de “Antiexplosivos”, lo que muestra que se encontraban en las cercanías del lugar, esperando el momento para hacer una inspección de explosivos ya planeada de antemano.
Posteriormente, elementos recaudados de diversos testigos vinculados de una u otra forma con líderes paramilitares de la zona, durante los meses de marzo y abril de 2003, permitieron reconstruir más completamente el incidente. Según dichos testimonios, la caja fue colocada en el vehículo por paramilitares, quienes habían previsto interceptar el vehículo a poca distancia de Apartadó, en el sitio El Mangolo, donde han mantenido su habitual retén, y allí asesinar a varias líderes de la Comunidad de Paz que viajaban como pasajeros, difundiendo luego la noticia de que llevaban una caja de explosivos con ellos, lo cual podría ser verificado y ratificado por los investigadores oficiales y los medios de comunicación, al encontrar la caja de cartón que ellos habían colocado en el vehículo. Sin embargo, como el vehículo pasó por el sitio antes de la hora calculada y los paramilitares aún no habían llegado al sitio, un líder paramilitar se comunicó por teléfono con una patrulla del Ejército que estaba más arriba, cerca de Caracolí, y le dio instrucciones para interceptar el vehículo y encontrar la caja con explosivos, y dentro de ella el papel donde figuraba el nombre de Amanda Úsuga. Los militares tuvieron que bajar a prisa desde donde estaban para salirle al paso al vehículo, y en efecto, quienes iban en él los vieron bajando a toda prisa hacia la carretera. Estos elementos fueron recogidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, en Bogotá, en mayo de 2003.
El 17 de febrero de 2003, en una acción que trascendió los extremos de la infamia y de la perversidad “informativa”, el diario EL MUNDO, de Medellín, en su pagina A 6, se refirió a la interceptación del vehículo junto al caserío de Caracolí y a la retención de sus 11 pasajeros, como a una captura de “11 supuestos integrantes del frente Otoniel Álvarez, de las FARC, en momentos en que transportaban explosivos y municiones”. Allí mismo transcribe los nombres completos de los 11 pasajeros, información que dice haber obtenido del General Pauxelino Latorre Gamboa, Comandante de la XVII Brigada.
El 18 de febrero de 2003, el Comandante de la XVII Brigada del Ejército Nacional con sede en Carepa, Antioquia, General Pauxelino Latorre Gamboa, envió a los medios de comunicación el “Boletín de Prensa No. 5”, en el cual “informaba a la comunidad nacional e internacional” sobre la interceptación del vehículo, el 12 de febrero, junto al caserío de Caracolí, como parte de la “Operación Fortuna”, realizada por miembros del Batallón de Ingenieros No. 17 General Bejarano Muñoz. Destaca que fue incautado material de guerra, añadiendo más elementos de los que registró la Fiscalía, y presenta a los 11 ocupantes del vehículo, cuyos nombres suministra, como “todos miembros de esta comunidad de paz (...) donde los tres primeros son miembros del Consejo Interno de dicha comunidad”, afirmando enseguida que “las personas y el material incautado fueron puestos a órdenes de la Fiscalía Especializada el mismo día de su retención”. Afirma que dicho material estaría destinado a cometer acciones terroristas por parte de las FARC, material que “de ninguna manera debía encontrarse en manos de miembros de una comunidad que se autodefinen como “neutrales activos” dentro del actual conflicto y que este tipo de actos delictivos lo que presentan ante la realidad nacional e internacional, es la manipulación de estas zonas con miras a ocultar los nexos y actividades vinculadas con el terrorismo”. Fuera de pretender ignorar todos los aspectos ilegales y arbitrarios que tuvo esa retención colectiva así como los episodios concomitantes, el General hace interpretaciones a todas luces extralimitadas y abusivas contra la Comunidad de Paz; anticipa los veredictos de la justicia y manipula los datos en orden a difamar a los integrantes y a los líderes de la Comunidad. Pero como es muy difícil creer que él no estuviera enterado de antemano del montaje urdido en este episodio por militares y paramilitares, es difícil no leer el comunicado como una pieza clave del montaje mismo, cuyos objetivos de difamación y deslegitimación de la Comunidad de Paz quedan patentes ante cualquier análisis desprevenido del conjunto del episodio.
El 20 de febrero de 2003, el diario EL MUNDO, de Medellín, en su página A 6, redunda en su infamia “informativa” contra la Comunidad de Paz de San José, haciéndose eco del Comunicado emitido por el General Pauxelino Latorre, Comandante de la Brigada XVII, reproduciendo y divulgando la vil calumnia, fruto de un montaje que no podría haber ignorado el General Latorre. Ese mismo día, aunque con un poco más de moderación, acusando solo a la persona que fue blanco directo del montaje, el diario EL TIEMPO divulgó apartes del Comunicado del General Latorre, matizándolo con declaraciones de la Corporación Jurídica Libertad que suministró elementos sospechosos que comenzaban a desvelar el montaje. Sin embargo, cuando la Comunidad de Paz emitió su COMUNICADO sobre los hechos, luego de reunir los elementos de juicio pertinentes, EL TIEMPO se negó a publicarlo.
El 22 de febrero de 2003, el diario EL COLOMBIANO, de Medellín, en su página 11 A, bajo el título “Investigan hallazgo de explosivos en San José”, se suma a la difamación de la Comunidad de Paz publicando declaraciones exclusivas del General Latorre, sin esfuerzo alguno por consultar la versión de las víctimas, utilizando como única fuente la del Ejército.
El 12 de marzo de 2003, 40 efectivos de la Brigada XVII ocuparon el caserío de La Unión, integrante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó , entre las 16.00 y las 17.45 horas, y el caserío central de San José desde las 17.00 horas. Muchos pobladores se aterrorizaron al escuchar lo que los militares comunicaban por sus radios, a saber: “ya hemos entrado a la comunidad guerrillera y ya la tenemos acabada; con el actual gobierno del Presidente Uribe las cosas sí funcionan; junto con los ‘primos’ (paramilitares) todo lo tenemos ganado”.
El 13 de marzo de 2003, en la carretera que de Apartadó conduce a San José de Apartadó, a pocos minutos de Apartadó fue interceptado el vehículo en que se movilizaba la Señora MARTA VELÁSQUEZ, persona que no está inscrita en la Comunidad de Paz pero que habita en San José y vende víveres. Cuatro hombres armados, con trajes civiles, la obligaron a descender del vehículo, le robaron todo el mercado que llevaba y la obligaron a continuar a pié hasta San José. Le advirtieron que toda persona que transite con mercados por allí será asesinada.
El 15 de marzo de 2003, a las 10.00 horas, tropas del Ejército llegaron a la vereda La Linda, de San José de Apartadó, ingresaron a la casa del Señor JESÚS RIVERA y lo obligaron a conducirlos hasta la escuela del lugar. A las 16.00 horas los militares regresaron a la casa del Señor Rivera y en presencia de su esposa y sus hijas menores de edad lo sacaron violentamente, amarrado, lo llevaron a la escuela y lo sometieron a torturas, incluyendo disparos junto a su cuerpo para aterrorizarlo, métodos de asfixia y golpes en el cuerpo, mientras le decían que tenía orden de captura por ser guerrillero, lo cual era falso, y que debía “entregarse” y trabajar con ellos, acusando a quienes ellos le dijeran, y que en ese caso recibiría muy buena remuneración en dinero y le darían una finca y una casa, así como seguridad para él y su familia. Él negó todos los cargos y propuestas y finalmente lo obligaron a firmar, bajo amenaza de muerte, una constancia de “buen trato”.
El 17 de marzo de 2003, a las 17.00 horas, fue retenido ilegalmente por miembros del Ejército el Señor ANTONIO VARELA, a media hora del caserío principal de San José, en dirección al sur-oriente, cerca al Río Mariano. Los militares le dijeron que su nombre figuraba en una lista de personas para matar porque eran guerrilleros. Cuando él respondió que nunca había tenido nada que ver con la guerrilla, le respondieron que si quería que le quitaran la pena de muerte tenía que trabajar con ellos acusando a la gente que ellos le dijeran. El se negó y se reafirmó en su condición de campesino ajeno a toda organización armada. Entonces le tomaron fotografías y continuaron amenazándolo. Luego lo sometieron a torturas durante una hora y media, que incluían simulacros de fusilamiento. Finalmente lo obligaron bajo amenazas a firmar una constancia de “buen trato”.
El 18 de marzo de 2003, fue militarizada la vereda La Cristalina, de San José de Apartadó. Miembros del Ejército retuvieron al Señor CONRADO DAVID, poblador de dicha vereda, cuando se dirigía a su casa. Lo obligaron a acostarse en el piso, lo amenazaron de muerte y le dijeron que iban a conseguir una pala para que hiciera un hueco donde lo enterrarían. Él les suplicaba que no fueran a disparar porque detrás de él venía su anciana madre y sus dos hijas pequeñas. A los pocos minutos escuchó unos disparos y luego constató que su hija de 3 años, LEIDY DAYANA DAVID TUBERQUIA, había sido herida por uno de esos disparos y que tenía sus intestinos afuera. Mientras la bajaban al hospital de Apartadó, un poco más abajo del caserío de San José, la niña falleció. Los soldados que acompañaban a la madre de Conrado le insistían que si iba a rendir declaración tenía que decir que la niña había muerto en medio de un enfrentamiento con la guerrilla, cuando en la zona no había guerrilla.
El 26 de marzo de 2003, los jóvenes CARLOS VARGAS y ALBERTO TUBERQUIA, salieron del caserío de San José de Apartadó a trabajar en una parcela ubicada sobre el camino que conduce al caserío de La Unión, adscrito a la Comunidad de Paz. Mientras iban saliendo del caserío encontraron a unos soldados que les hicieron ráfagas pero ellos lograron esquivar las balas. Luego los soldados los retuvieron ilegalmente, los condujeron a una casa donde tenían retenidas a dos mujeres y trajeron de una casa vecina 3 libras de sal y 6 bolsas de leche y se las pusieron al pié para fotografiarlos; también colocaron junto a ellos morrales pertenecientes a los soldados. Entre tanto los soldados comunicaban por radio a sus superiores que “habían capturado a 4 guerrilleros que llevaban mercados y uniformes para la guerrilla”. En este montaje e intimidación los mantuvieron por una hora.
El 1° de abril de 2003, tropas del Ejército hicieron presencia en la hacienda La Cooperativa, ubicada a la salida de San José hacia Apartadó, propiedad y lugar de trabajo colectivo de la Comunidad de Paz. Allí dejaron un morral con equipos militares. Cuando la Comunidad se percató del hecho, lo puso en conocimiento del Defensor del Pueblo, quien se hizo presente y levantó un acta sobre el hecho, con el fin de que el mismo no sirviera de pretexto para acusar a la comunidad de actividades militares o relaciones con grupos armados.
El 11 de abril de 2003, a las 13.00 horas tropas del Ejército se tomaron el caserío de La Unión, ingresaron en las habitaciones sin dar ninguna explicación y tomaron las casas como trincheras disparando desde ellas.
<u<El 12 de abril de 2003, tropas del Ejército instalaron dos retenes, uno a la salida del caserío de La Unión y otro a la salida del caserío de La Cristalina. A todos los campesinos que pasaban por allí les pedían las cédulas y anotaban sus datos en una lista, afirmando que estaban elaborando una “lista de guerrilleros de la región”. A varias personas les retuvieron sus cédulas para obligarlas, bajo chantaje, a ir a comprarles comida, obligándolas así a violar uno de los artículos del Reglamento de la Comunidad de Paz, que prohíbe vender alimentos a actores armados. Les decían que para recuperar sus cédulas tenían que comprarles alimentos. A algunos niños les dijeron que si no les compraban alimentos iban a golpear a sus padres.
El 15 de abril de 2003, tropas del Ejército penetraron al caserío de La Unión y tomaron los caballos de la Comunidad. Solo a ruego de las religiosas que dirigen la escuela, los devolvieron más tarde.
El mismo día 15 de abril de 2003, tropas del Ejército retuvieron ilegalmente en la vereda Buenos Aires, de San José de Apartadó, al Señor ANTONIO BORJA y posteriormente lo presentaron ante un Fiscal de Apartadó formulando contra él falsas acusaciones que no pudieron encontrar fundamento alguno cuando el fiscal las examinó, debiendo ponerlo en libertad.
El mismo día 15 de abril de 2003, tropas del Ejército instalaron un retén en la salida de San José hacia La Unión y obligaron a varias personas que pasaron por allí a desnudarse para requisarlas.
El 19 de abril de 2003, tropas del Ejército hicieron presencia en los alrededores del caserío de La Unión, en los lugares donde la comunidad trabaja para su sustento. Seis miembros de la Comunidad de Paz que se encontraban sembrando maíz a 10 minutos del caserío fueron interceptados por los militares quienes les dijeron que no podían trabajar en esas tierras porque esas tierras eran de ellos (de los militares) pues ellos las habían “conquistado”. Los militares obligaron a los miembros de la Comunidad de Paz a irse “si no querían tener problemas”. Dichos terrenos son propiedad de la Comunidad de Paz.
El mismo día 19 de abril de 2003, tropas del Ejército instalaron un retén en el sitio La Balsa, entre Apartadó y San José, y allí retuvieron ilegalmente a un miembro de la Comunidad de Paz que llevaba medicamentos para él mismo que un médico le había formulado. Los militares lo insultaron durante dos horas y lo amenazaron de muerte. Le repetían que la Comunidad de San José era una “comunidad de guerrilleros” y que él “debía darse ya por muerto”.
El mismo día 19 de abril de 2003, veinte hombre armados en trajes civiles, interceptaron un vehículo de servicio público que de Apartadó se dirigía a San José, bajaron los mercados que allí se llevaban y se los robaron mientras le advertían a los pasajeros que todo el que llevara mercado para San José sería asesinado. También les advirtieron que iban a acabar con la Comunidad de San José y que podrían llorar y denunciar todo lo que quisieran, que eso ya no servía para nada, pues tenían pleno respaldo de “los primos” (militares) y por eso ya nadie los detendría. A 20 minutos de allí, en el sitio La Balsa, había un retén militar, y a pesar de que se les comunicó lo que estaba pasando en el retén paramilitar, no hicieron nada.
El 25 de abril de 2003, a las 11.30 horas, tropas del Ejército ingresaron al caserío de San José de Apartadó y se desplegaron por todas sus calles. Afirmaban que esta militarización se hacía por órdenes de General Comandante de la Brigada XVII, General Pauxelino Latorre Gamboa, y del Alcalde de Apartadó. Cuando se le comunicó el hecho al Obispo de Apartadó, Monseñor Germán García Isaza, éste habló con el Alcalde quien manifestó que él no había dado ninguna orden al respecto. Los militares afirmaban que tenían que adoctrinar a los niños y jóvenes en la guerra y convertirlos en colaboradores suyos.
El 26 de abril de 2003, a las 06.30 horas, tropas del Ejército ingresaron nuevamente al caserío de San José y se desplegaron por toda su extensión. Afirmaban que de todos modos van a acabar con esa comunidad y que ya tienen montada la estrategia para hacerlo; que van a acabar con las tiendas y van a exterminar a todos los líderes.
El 30 de abril de 2003, a las 14.00 horas, tropas del Ejército instalaron un retén en el sitio La Victoria, en la carretera que va de Apartadó a San José, interceptaron un vehículo de servicio público y pidieron las cédulas de todos los pasajeros. Dejaron retenido a ANGELMIRO GIRALDO, miembro de la Comunidad de Paz, del caserío de La Unión, a quien toda la comunidad conoce desde hace años sin que se pueda sospechar de él actividad ilegal alguna, habiéndose destacado precisamente por su insistencia en romper toda colaboración con sectores armados. Los militares mostraron una supuesta “orden de captura emanada de la Fiscalía” y se lo llevaron. Fue llevado ilegalmente a las instalaciones de la Brigada XVII en lugar de ser puesto a disposición de funcionarios judiciales. Cuando otras autoridades pidieron explicaciones, los militares comenzaron a afirmar que probablemente había sido confundido con otra persona. Durante su permanencia en las instalaciones de la Brigada XVII se le indagó mucho por los líderes de la comunidad de paz y por las actividades comunitarias.
El 15 de mayo de 2003, se realizó un nuevo intento de reunión de las diversas agencias del Estado implicadas en la protección de los derechos humanos, convocadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de cumplir con las exigencias formuladas por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, dentro de su Resolución del 18 de junio de 2002, de urgir MEDIDAS PROVISIONALES en favor de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y para ello concertar con la misma Comunidad victimizada mecanismos de protección que eviten la perpetración de nuevos crímenes. A pesar de que la Comunidad había entregado a todas las agencias del Estado, desde el año anterior, copia de sus solicitudes más esenciales y relatos de los hechos graves que se han perpetrado en los últimos meses contra la misma Comunidad, la actitud de los agentes del Estado fue decepcionante por su falta de interés, coordinación y decisión. Todos se fiaron del poder de decisión del delegado de la Vicepresidencia, Sr. Carlos Franco, quien se retiró muy pronto de la reunión luego de reiterar autoritariamente las “políticas de este gobierno”, como: la presencia militar en cualquier sitio como exigencia de la “seguridad democrática”; el rechazo a una evaluación de la justicia por agentes externos, admitiendo como máximo alguna presencia de la Vicepresidencia, de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y de la Comunidad, pero no de otros organismos internacionales ni nacionales, ni siquiera de las comisiones del Parlamento; interlocución con otras instituciones de la zona y visitas a la misma por parte de las instituciones del Estado. Al retirarse el delegado de la Vicepresidencia, los demás representantes del Estado manifestaron que no tenían poder de decisión, terminando nuevamente la reunión sin decisión alguna. La Comunidad protestó nuevamente, en el curso de la reunión, por las respuestas que agencias del gobierno, particularmente la Vicepresidencia, le están dando a grupos y organizaciones internacionales que demandan protección para la Comunidad de Paz de San José: se le sigue endilgando a la Comunidad, al menos a nivel de sospecha, haber tenido algo que ver con un secuestro realizado por la guerrilla en febrero de 2002, en zonas muy distantes de los espacios de vida y trabajo de la Comunidad y frente al cual la Comunidad expidió comunicados sentando claramente su posición; se le sigue endilgando a la Comunidad cierta complicidad en el asesinato de Henry Tuberquia (diciembre de 2001) y de 2 soldados, hechos perpetrados por gente armada que vino de fuera, violando los espacios y las principios de la Comunidad y que incluso perpetraron sus crímenes a muy pocos metros de patrullas del Ejército que no hicieron nada para perseguirlos; se le sigue endilgando a la Comunidad y a sus líderes, incluso por medios de difusión masiva, la responsabilidad en el transporte de explosivos que el Ejército “descubrió” en un vehículo de transporte público el 12 de febrero de 2003, cuando todo muestra que fue un montaje minuciosamente preparado para difamar a gran escala a la Comunidad, con excesos de cinismo y perversidad; se sigue acusando a la Comunidad de negarse a la interlocución con autoridades locales, militares y civiles, ocultando todos los esfuerzos que la Comunidad ha hecho para mantener esa interlocución, la cual solo ha sido suspendida cuando se comprueba la mala fe y los engaños de instituciones locales, o su complicidad con quienes quieren destruir a la Comunidad.
El 21 de mayo de 2003, el Juez Segundo Penal del Circuito de Apartadó, profirió fallo en la Acción de Tutela que se había instaurado el 26 de febrero anterior ante la Corte Suprema de Justicia, contra el Comandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional, con el fin de tutelar los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad jurídica, al buen nombre, a la honra, al debido proceso y a la libertad de 12 miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, al descubrirse el plan de destrucción de la Comunidad, mediante la judicialización fraudulenta o el asesinato de sus líderes, a través de las estrategias que se revelaron como provenientes de la Brigada XVII en unidad de acción con las estructuras paramilitares, estrategias que se explicitaron en el chantaje que intentaron hacerle a Lubián de Jesús Tuberquia el 7 de febrero y cuya ejecución se empezó a desvelar en el montaje del 12 de febrero contra Amanda Úsuga y otros miembros de la Comunidad. El Juez Segundo Penal del Circuito de Apartadó, NICOLÁS ALBERTO MOLINA ATEHORTÚA, en su fallo, se negó a tutelar tales derechos, alegando que para eso existe la justicia penal militar y la acción de la Procuraduría General de la Nación, pasando por alto toda la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional que ha señalado los objetivos específicos de la Acción de Tutela para distinguirlos de los procesos penales y disciplinarios. A pesar de que el Juez tuvo en su mano información detallada de todos los crímenes perpetrados en los últimos meses por militares y paramilitares contra la Comunidad de Paz de San José, evadió cumplir su deber de tutelar derechos fundamentales amparados por la Constitución, antes de que su daño sea absolutamente irreparable. A todas luces, el Juez Molina Atehortúa queda ante la historia como corresponsable de la ejecución de los crímenes anunciados, por negarse a ejercer el papel que la Constitución y las leyes le señalaron, fuera de haber violado el artículo 86 de la Constitución que establece que “En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución”, habiéndose demorado él más de 80 días para proferir un fallo que además dejaba en la desprotección jurídica a las víctimas.
El sábado 24 de mayo de 2003, hacia las 13.30 horas, la Señora FRANCIA HELENA TAMAYO, de la vereda Bellavista, de San José de Apartadó, se encontraba comprando algo en el Supermercado Muñoz, frente a la terminal de transporte de Apartadó, junto con una de sus hijas pequeñas. Una mujer con gafas oscuras, acompañada por un hombre corpulento de tez morena y con un radio en su mano, entró al supermercado y se quedó mirándola fijamente, se le acercó y se quitó las gafas como para reconocerla bien, en actitud desafiante y altanera. La mujer, morena y de ojos claros, es una ex guerrillera que desertó, conocida en la región como Patricia o con alias de “La Potra”, y el hombre, alto y robusto, es conocido como comandante de los paramilitares y de las Convivir. Francia Helena terminó de mercar y se fue a la terminal a tomar un vehículo para subir a San José, pero inmediatamente llegaron 6 miembros de la Policía a la terminal y la abordaron. En un papel traían escrito su nombre y le pidieron su cédula para anotar su número. Luego le preguntaron otros datos e insistentemente le preguntaban si la niña que la acompañaba era hija suya y si iba a tomar el vehículo que salía enseguida para San José. Ella respondía que sí y los policías se comunicaban con alguien por teléfono celular. Pudo observar que entre los policías se trabó una discusión cuando miraban y señalaban a su hija. Cuatro policías se fueron retirando y quedaron solo el Teniente y otro policía. Cuando ella se subió al vehículo y éste arrancó, nuevamente los policías se comunicaron por teléfono. Cuando iban por el barrio Policarpa, a la salida de Apartadó, Francia Helena observó que detrás del vehículo venían dos motos, en una de ellas la mujer de gafas oscuras que la había abordado en el supermercado con un hombre armado, y otros hombres armados en la otra moto. Ella hizo parar el vehículo y se bajó para esconderse en los alrededores. Las dos motocicletas alcanzaron luego el vehículo y lo hicieron detener, preguntando por Francia Helena, cuyo número de cédula tenían anotado en un papel. Al ver que no estaba, decían que se les había escapado de morir esa h.p. pero que tenían que encontrarla y que para eso ya tenían todos sus datos. Luego dejaron partir el vehículo pero antes le advirtieron a los pasajeros que el que se atreviera a llevar mercados se iba a morir. Un poco más adelante, en la vía hacia San José, el vehículo fue interceptado nuevamente, esta vez por los paramilitares, en el mismo sitio en que mantienen su presencia habitual y hacen retenes para quitarle los mercados a los pobladores y asesinar o desaparecer a algunos de ellos. Miraron el vehículo y preguntaron de nuevo por Francia Helena, cuyo número de cédula decían tener en su poder.
El lunes 16 de junio de 2003 fueron retenidos por miembros de la Brigada XVII del Ejército, en la vereda Las Nieves, de San José de Apartadó, la Señora MYRIAM TUBERQUIA, de aproximadamente 36 años, y el Señor EMILIO OSORNO, de aproximadamente 47 años. Los militares los obligaron a acostarse en el suelo que estaba empantanado a causa de las lluvias y los dejaron allí hasta el miércoles 18 de junio cuando los bajaron hasta la finca La Cooperativa, cerca del caserío de San José. La Señora Myriam iba con dos niños pequeños de entre 2 y 3 años. Se la consideró “sospechosa” por llevar en su morral algunas jeringas, ya que tiene que inyectarse todos los días a causa de una enfermedad que sufre, y algún dinero de la venta de cacao, de lo cual vive. Cuando sus hijos pequeños lloraban, los soldados los amenazaban con sus armas, y cuando se quejó por la falta de comida y líquido, la obligaron a comer una culebra que los militares cocinaron, sin respetar la repugnancia que esto le causaba. El jueves 19 los llevaron a las instalaciones de la Brigada XVII en Carepa y le dijeron a ella: “no le vamos a hacer nada pero le vamos a dar un paseo”. En efecto, la separaron del Señor Osorno y la metieron en un cuarto de una sección de la Brigada que tiene un letrero que dice “La Mano Negra”. Allí la sometieron a numerosos ultrajes: le halaban el cabello; le ponían un arma en la sien y le decían que confesara que era “guerrillera”; le preguntaban si las jeringas, las drogas y el dinero que llevaba eran para la guerrilla; le hacían numerosas amenazas para obligarla a decir quiénes eran milicianos en la comunidad; le aseguraban que en la Comunidad ya tenían 14 o 15 “informantes” que les decían quiénes eran los milicianos; le preguntaban por Wilson David, el Presidente del Consejo Interno de la Comunidad y por otros de sus líderes, a quienes querían que denunciara como “guerrilleros”. Finalmente le dicen que si cuenta lo que ha pasado le cortarán la cabeza. Al señor Osorno no lo sometieron al mismo tratamiento. El jueves 19 los dejaron en libertad.
El 2 de julio de 2003, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, dejó constancia a través de un comunicado, de los operativos militares que se están realizando contra las veredas Mulatos Cabecera, Mulatos Medio y La Resbalosa, a partir del 30 de mayo, operativos que han causado ya un número significativo de desplazamientos forzados de pobladores. Hasta la fecha habían llegado al caserío de San José más de 40 familias desplazadas que abandonaron sus viviendas y enseres acosados por el terror. A pesar de que en la reunión del 15 de mayo con agencias del Estado responsables de la protección de los derechos humanos, la comunidad había propuesto que diversas agencias del Estado visitaran la región y constataran la pobreza y el terror en que viven los pobladores de esas veredas, dados los comentarios constantes de los soldados que anuncian desplazamientos masivos, sin embargo, esas visitas no se hicieron.
El mismo día 2 de julio de 2003 se instaló nuevamente un retén militar en la vía entre Apartadó y san José. Ese mismo día, seis paramilitares que se movilizaban en tres motos y portaban armas cortas, retuvieron un vehículo de servicio público y le advirtieron a los pasajeros que no iban a permitir que se subiera mercado para la Comunidad y que el que se atreviera a subirlo sería asesinado.
El 5 y 6 de julio de 2003, líderes del paramilitarismo en la zona realizaron varias reuniones en Apartadó, a las cuales obligaron a muchas personas a asistir, y en las cuales expusieron un “plan de endurecimiento” contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Según ellos, se proponen adoptar una estrategia de “mano dura” contra la Comunidad, extremando el control de paso de alimentación, de modo que las personas que suban mercados sean “desaparecidas”; asesinando a cinco de los líderes o acompañantes de la Comunidad, dos de cuyos nombres dieron a conocer; manteniendo acciones de control en la carretera entre Apartadó y San José, como enviando paramilitares en los vehículos de servicio público para controlar a los transportadores, de modo que si un conductor no les informa sobre la presencia de algún guerrillero o miliciano, ése conductor sea asesinado.
El 7 de julio de 2003 llegaron a San José de Apartadó otras 17 familias desplazadas de Mulatos Cabecera y Mulatos Medio, sumando ya 42 familias que han tenido que huir de los bombardeos y ametrallamientos que se han perpetrado contra esas veredas. En la semana anterior, en una reunión convocada en la Alcaldía de Apartadó, el Comandante de la Brigada XVII, General Pauxelino Latorre, negó que en la zona hubiera bombardeos y afirmó que los desplazamientos eran ficticios, a pesar de que el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo han hecho censos de los desplazados y han entregado a los mismos alguna ayuda humanitaria, mientras la Red de Solidaridad no lo ha hecho.
El 10 de julio de 2003 se hizo presente en San José de Apartadó la Red de Solidaridad Social para proponer que el Ejército brindara atención en salud a los desplazados. Nadie entendía que el Ejército negara la existencia de desplazados en las reuniones de la Alcaldía y sin embargo ahora ofreciera atenderlos en sus problemas de salud. Nadie entendía tampoco que la misma institución que provocaba el desplazamiento con ametrallamientos y bombardeos, forzando a la gente a salir, ofreciera ahora atención médica. Pero, sobre todo, la Comunidad sentía una repugnancia profunda de confiar los problemas de su salud a quienes han destruido tantas vidas, violado a sus mujeres, aterrorizado a la población en forma tan persistente y anunciado el exterminio de la misma Comunidad.
3. Valoración jurídica general de estas conductas
Como puede apreciar, Señor Presidente, no se puede hablar en este caso de “hechos aislaos o inconexos” que implican de todos modos conductas delictivas, tanto a la luz del derecho interno como del derecho internacional. Se trata de una acción sistemática, prolongada, que obedece a una estrategia de exterminio de una Comunidad y que tiene su eje principal de responsabilidades en la Brigada XVII del Ejército Nacional, con sede en Carepa, Antioquia, bajo cuya aquiescencia y tolerancia, por decir lo menos, operan los grupos paramilitares de la región, estrategia que es auxiliada también por otras autoridades del Estado a través de acciones u omisiones, e incluso por entes privados como los medios de comunicación masiva que contribuyen a la difamación y estigmatización de la Comunidad difundiendo los comunicados infames de la Brigada.
El Código Penal colombiano, en su artículo 144, tipifica los “Actos de Terrorismo” así:
“El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice u ordene llevar a cabo ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias, actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla, incurriría por esa sola conducta en prisión de quince (15) a veinticinco (25) años, multa de dos mil (2000) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos públicos de quince (15) a veinte (20) años”.</ul
Esta descripción del delito es la que más se acomoda a la estrategia general que durante los últimos 8 años la Brigada XVII con sus grupos auxiliares y otras autoridades del Estado han desarrollado contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Ya los actos violentos particulares que militares y paramilitares, así como en algunos casos miembros de la insurgencia, han perpetrado contra miembros de la Comunidad o contra pobladores civiles de la zona, están descritos en el TÍTULO II del Libro II del Código Penal, tales como: homicidio en persona protegida (Art. 135); lesiones en persona protegida (Art. 136); tortura en persona protegida (Art. 137); acceso carnal violento en persona protegida (Art. 138); actos de barbarie (Art. 145); tratos inhumanos y degradantes (Art. 146); detención ilegal y privación del debido proceso (Art. 149); constreñimiento a apoyo bélico (Art. 150); omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria (“estando obligado a prestarlas”) (Art. 152); obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias (Art. 153); destrucción y apropiación de bienes protegidos (Art. 154); represalias (Art. 158); desplazamiento forzado de población civil (Art. 159); atentados a la subsistencia y devastación (Art. 160); omisión de medidas de protección a la población civil (Art. 161).
Las mismas conductas están contempladas, ya sin relación al conflicto, con carácter de delitos comunes, en los títulos siguientes del Código Penal, algunas de cuyas tipificaciones definen bien las conductas que la fuerza pública y sus fuerzas cómplices ilegales han realizado dentro de la agresión sistemática contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, tales como: la desaparición forzada (Art. 165 - 166); la detención arbitraria (Art. 174 a 177); la tortura (Art. 178); el desplazamiento forzado (Art. 180 - 181); el constreñimiento ilegal (Art. 182); la violación de habitación ajena (Art. 189 - 190); la violación de lugar de trabajo (Art. 191); la violación de la libertad de trabajo (Art. 198); el acceso carnal violento (Art. 205 a 207); la injuria (Art. 220); la calumnia (Art. 221); el hurto y el hurto agravado (Art. 239 - 240); la extorsión (Art. 244); el daño en bien ajeno (Art. 265); el terrorismo (Art. 343); la perturbación en el servicio de transporte colectivo (Art. 353); el prevaricato por acción y por omisión (Art. 413 a 415); el abuso de autoridad (Art. 416 - 417); el empleo ilegal de la fuerza pública (Art. 423); la omisión de apoyo (Art. 424).
Pero cuando se da una violación sistemática de derechos fundamentales contra poblaciones civiles, revelando una estrategia o plan de agresión de la cual son responsables, por acción u omisión, agentes del mismo Estado o grupos que gozan de aquiescencia, protección, colaboración o tolerancia por parte de los agentes del Estado, ya se está en presencia de conductas que comprometen el interés de la comunidad internacional en cuando Crímenes de Lesa Humanidad .
Aunque dichos crímenes internacionales fueron tipificados por órganos de las Naciones Unidas desde hace 56 años, señalando para los mismos parámetros de tratamiento judicial integral, el instrumento más reciente y que no deja lugar a controversia alguna sobre su aplicación en Colombia, es el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Ley 742 del 5 de junio de 2002), firmado y ratificado por Colombia y entrado en vigencia para Colombia a partir del 1° de noviembre de 2002.
El Estatuto define el Crimen de Lesa Humanidad así: “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen del Apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.” (Art. 7)
El seguimiento riguroso a las agresiones de que es víctima desde hace 8 años la Comunidad de Paz de San José de Apartadó por parte de Ejército y paramilitares que actúan a todas luces y sin pudor alguno en unidad de acción, no deja duda alguna de que allí se han estado perpetrando crímenes de lesa humanidad a gran escala.
4.Análisis somero de la carencia de justicia en estos casos
La gran mayoría de estos crímenes han sido puestos en conocimiento del poder judicial y se ha demandado esclarecimiento, verdad, justicia y reparación de manera insistente, muchas veces con el acompañamiento y apoyo de organismos internacionales y de grupos solidarios de muchas partes del mundo, puesto que la característica esencial del Crimen de Lesa Humanidad es que lesiona moralmente a la Humanidad como Humanidad. Incluso varias ciudades de Italia, España y los Estados Unidos han adoptado, como comunidad hermana, a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, porque se sienten afectadas en su humanidad por lo que los miembros de esta Comunidad están sufriendo.
Sin embargo, hasta el momento no se ha producido ni un solo acto de justicia en los 8 años. El seguimiento a los desempeños de la justicia nos ha demostrado que a todas estas denuncias se les da un tratamiento judicial estructuralmente diseñado para que jamás puedan ser esclarecidos en su naturaleza específica de crímenes de lesa humanidad y ni siquiera como delitos comunes; para que sus autores jamás puedan ser identificados ni sancionados, y para que los daños que producen jamás puedan ser reparados.
Algunas de las características de este sistema de impunidad estructural son las siguientes:
Las denuncias se asumen siempre bajo la hipótesis de que se ha cometido un delito individual, fortuito e inconexo con los cuadros generalizados de agresiones contra poblaciones civiles que los contextúan, aunque los hechos sean denunciados con elementos de sistematicidad.
Por lo tanto, se abren siempre “investigaciones previas” en que no figura ningún sindicado y en que hasta ahora se le ha cerrado toda participación a la Parte Civil o al Actor Popular cuando se ha reivindicado como tal, y en general a quienes pueden defender otras hipótesis con fundamento en elementos del contexto, amparándose los fiscales, para negar esa participación, en normas extrapoladas de “reserva”.
Una vez configurados los expedientes individualizados, inconexos y descontextualizados de “previas”, el trabajo probatorio se restringe al testimonio, y solamente a testimonios buscados en el entorno social de las víctimas. Los agentes judiciales eluden el recaudo de pruebas objetivas, como las que serían más necesarias en estos casos: la inspección prolongada “in situ” donde operan los victimarios con plena confianza y rutina. Así, por ejemplo, la Fiscalía se negó siempre a observar en vivo y en directo el retén paramilitar instalado durante un año entero a tres minutos de la base militar del barrio Policarpa de Apartadó, donde se produjeron numerosas desapariciones, asesinatos, torturas, saqueos y amenazas, a pesar de habérselo suplicado reiteradamente; en otros lugares de la región se ha negado a inspeccionar las bases paramilitares de público conocimiento y las naves de la Armada donde se desplazan reconocidos líderes del paramilitarismo. En cambio, la Fiscalía se han ensañado persistentemente en exigir testimonios de familiares de las víctimas, a quienes les queda imposible identificar por sus nombres y placas a los victimarios, que siempre se camuflan de una u otra manera y que están atentos a cualquier testimonio que los comprometa para tomar represalias contra el testigo.
Gracias a tales criterios de “investigación” y de “prueba”, los expedientes pasan infaliblemente del estado de “previas” al de “archivo”, como lo demuestran las respuestas de la Fiscalía a los derechos de petición que se le han hecho sobre el estado de los procesos.
Una Comunidad, como la de San José de Apartadó, que ha rendido declaraciones por decenas ante la Fiscalía y que, fuera de ver asesinar a algunos de los que han declarado, percibe que en 8 años no hay un solo acto de justicia, exige que se evalúe la manera como está procediendo la justicia. Esto explica que en el año 2000 se hubiera conformado una “Comisión de Investigación”, con participación de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el objetivo de “agilizar la acción de la justicia”. Sin embargo, no se vio ningún resultado y desde hace meses se pide que se haga una evaluación de dicha Comisión, sin que este clamor haya sido escuchado tampoco. Por añadidura, la Comunidad y las organizaciones nacionales e internacionales que observan de cerca este proceso, constatan que no solo no funciona la justicia sino que los victimarios continúan actuando con la misma audacia y confianza de siempre y que el Estado se niega a proteger a la Comunidad a pesar de las exigencias reiteradas y apremiantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Estos someros elementos le mostrarán, Señor Presidente, el rotundo fracaso de la justicia para esclarecer, sancionar y reparar los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Además le mostrarán a las claras que existe un sistema de impunidad estructural que impide que la justicia actúe frente a los crímenes de lesa humanidad asumiéndolos como tales.
Existen otros elementos en la opinión pública nacional e internacional que darían cuenta del actual envilecimiento de la administración de justicia, elementos que se refieren a informes muy serios que han demostrado técnicamente numerosas líneas de comunicación telefónica entre fiscales y paramilitares, informes que no han recibido un tratamiento responsable por parte del poder judicial. A esto se suma el número creciente de casos de absolución de responsables de crímenes de lesa humanidad o de archivo de sus procesos, que escandalizan a los integrantes de organizaciones nacionales e internacionales que conocen en directo las pruebas existentes y que pueden evaluar el alto grado de corrupción de quienes toman tales decisiones.
Todo esto le hará entender, Señor Presidente, por qué acudo a ejercer en este caso el derecho constitucional de petición, con el fin de que Usted tome las medidas administrativas que la Constitución Política le exige, con el fin de depurar una administración pública que en algunas de sus instancias está profundamente involucrada en violaciones graves de los derechos elementales de comunidades muy vulnerables, a través de conductas que constituyen crímenes de carácter internacional, sin que haya esperanza alguna de que la justicia colombiana actúe para protegerlas.
Algunas sugerencias para concretar el campo de su intervención
Mi petición explícita, Señor Presidente, en ejercicio del derecho constitucional de petición, es que en cumplimiento de los deberes que la Constitución le impone al jefe del Estado con miras a la protección y garantía de los derechos humanos, y en ejercicio de los medios que la misma Constitución y las leyes ponen en sus manos para cumplir dichos deberes, como se expuso en la primera página de este escrito, haga cesar, mediante medidas de carácter administrativo, la agresión contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, agresión de evidente origen estatal que está configurando la comisión de numerosos crímenes de lesa humanidad.
Con el deseo de ser muy concreto, me atrevo a sugerirle, Señor Presidente, algunos posibles decisiones que evitarían que medidas administrativas de su parte caigan nuevamente en la ineficiencia, impidiéndole depurar la administración de los elementos determinantes de los crímenes.
1. * En primer lugar, la Brigada XVII necesita urgentemente un examen a fondo de sus procedimientos y estrategias de cara al derecho interno e internacional. No solo su comandante debería ser removido, pues es evidente que acciones tan sistemáticas y tan prolongadas en el tiempo a pesar de las denuncias, tienen que gozar de su irrestricto aval, sino también la oficialidad que ha estado involucrada en el diseño de estrategias en los últimos 8 años. Dicha oficialidad debería ser relevada por otra que respete la Constitución, las leyes, el derecho internacional y los principios más elementales de la ética universal.
2. * El nombramiento de comandantes militares y policiales para la zona debería someterse al criterio de ruptura con los paramilitares y a una decisión firme, controlada y evaluable de reprimirlos, no ficticia, sino realmente.
3. * Ya es evidente que existe un plan de destrucción de la Comunidad de Paz de San José, compartida por fuerza pública y paramilitares actuantes en la zona, que busca combinar la judicialización de sus líderes con el asesinato de los miembros del Consejo Interno y de sus acompañantes y asesores. Lo primero, mediante falsos testimonios remunerados que apunten a vincular a los miembros del Consejo Interno, acompañantes, asesores o integrantes de la Comunidad, con la insurgencia o sus milicias, o con delitos particulares. Lo segundo, haciendo uso de las estructuras paramilitares que siempre han mantenido presencia en puntos concretos de los alrededores del poblado, donde fuerza pública y agentes judiciales se niegan sistemáticamente a hacer inspecciones. Frente a esto el Señor Presidente debería establecer mecanismos urgentes para que los “informes de inteligencia” que se refieran a los integrantes de la Comunidad de Paz sean examinados por diversas instancias, como la Procuraduría General de la Nación, laDefensoríadel Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas paralos Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de evitar los montajes judiciales que al parecer ya están preparados y en ejecución y que miran a destruir la Comunidad de Paz. Esta sugerencia se articula, Señor Presidente, con la recomendación que hiciera el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el pasado mes de marzo, según la cual, exhorta al Procurador a verificar trimestralmente la exactitud y objetividad de la información contenida en los archivos de inteligencia militar sobre defensores de derechos humanos, y hacer público el resultado de su labor.
4. * La situación de amenazas de acciones fatales a que es sometida hoy día la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, exige urgentemente poner en ejecución un sistema de alertas tempranas y la designación de personas concretas, caracterizadas por su eficiencia, para responder con prontitud a esas alertas y evitar nuevos crímenes contra la Comunidad. Actualmente tiene supuestamente ese encargo la Vicepresidencia de la República y, dentro de ella, el responsable del Programa de Derechos Humanos. Sin embargo se ha caracterizado por su ineficiencia y por una evidente falta de voluntad en solucionar los problemas de la Comunidad, como se puede constatar por su actitud ante las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es alarmante que a más de un año de emitida la última Resolución de la Corte (18 de junio de 2002), aún no se haya realizado su exigencia principal: la de concertar medidas de protección con la misma comunidad. Esto no se ha podido hacer, pues a pesar de haberse convocado dos veces la reunión con ese objetivo, con participación de diversas instancias del Estado, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el representante de la Vicepresidencia se ha retirado de ella a los pocos minutos de iniciarse, a pesar de ser el único funcionario, según se dice, con “poder de decisión”. En otras ocasiones se han concertado fechas para nuevas reuniones y la Vicepresidencia las cancela a última hora. El Señor Presidente debería designar a otra entidad, que cuente con personas eficientes, para responder a este cometido.
5. * Igual ineficiencia han demostrado las personas designadas para ocuparse de las denuncias sobre violaciones graves a los derechos humanos, tanto en el Ministerio de Defensa, como en la Policía Nacional. A sus despachos se les ha pedido actuar ante algunas de las situaciones más graves sufridas en los últimos meses, pudiendo comprobarse la absoluta ineficiencia de los responsables. Al Ministerio de Defensa se llevó incluso a un testigo directo de uno de los montajes urdidos por la Brigada XVII, sin que se haya logrado ninguna solución. Le ruego, Señor Presidente, designar a otras personas en dichos cargos, que actúen con eficiencia.
6. * El Señor Presidente debería explicarle a la sociedad, mediante un documento público, cuáles son las relaciones del actual gobierno con los grupos paramilitares en la región de Urabá y cuáles son, si existen, las medidas gubernamentales para impedir que dichos grupos continúen asesinando, desapareciendo, torturando, desplazando, aterrorizando, amenazando, saqueando los mercados de los campesinos, deteniendo los vehículos de servicio público y coordinando sus acciones con las de la fuerza pública. Es evidente que la sociedad tiene derecho a conocer y evaluar esas medidas concretas frente a agresiones tan concretas y sistemáticas. Debería señalar, Señor Presidente, en dicho documento, parámetros de evaluación de dichas medidas, con participación de las comunidades victimizadas y de otras instancias de la sociedad civil, pues las simples declaraciones retóricas de condena a la acción de los paramilitares ya no son creíbles, al no incidir en absoluto en la realidad y al coincidir con la continuidad impune de los crímenes y de las agresiones sistemáticas.
7. * El Señor Presidente debería propiciar la creación de una COMISIÓN DE LA VERDAD que con plena independencia de los poderes públicos investigue las responsabilidades en los crímenes perpetrados contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó durante los últimos 8 años, así como la creación de una COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA JUSTICIA, que tenga como objetivo fundamental descubrir las trabas concretas que han impedido y siguen impidiendo que la justicia actúe frente a los crímenes perpetrados contra dicha Comunidad de Paz.
8. * Dado que en este caso se pueden evaluar los perversos efectos de medidas administrativas que conducen a otorgar recompensas monetarias a quien acuse a otro de “rebelión” o conductas similares o conexas, puesto que esto facilita, estimula y protege el falso testimonio, viciado en su raíz misma por un interés económico con efectos fatales sobre la conciencia moral, y propiciando montajes tan inicuos como los que se han estado fabricando contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, sea esta la ocasión, Señor Presidente, de solicitarle encarecidamente reconsiderar tales medidas, ya que han ido destruyendo en estratos muy profundos la conciencia moral de los colombianos.
Le reitero, Señor Presidente, la urgencia de actuar sin dilación, en acatamiento a los principios y normas constitucionales antes citados, frente a los crímenes sistemáticos de que es objeto la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
De antemano le agradezco, Señor Presidente, su atención a la presente petición y le ruego comunicarme su respuesta, dentro de los términos legales,[---------------------]
CC:	- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
Órganos pertinentes de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos-
Fiscalía del Tribunal Penal Internacional;
Organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos;
Representaciones diplomáticas de Estados donde existen ciudades hermanadas con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Derecho_Peticion_Presidente_sobre_San_Jose_-_Julio_29_-03.pdf (PDF - 116.5 KB)

References: Artículo 23
 Artículo 188
 Artículo 189
 Artículo 2
 Artículo 69
 Artículo 69
 Artículo 6
 Artículo 198
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 86
 artículo 144
 Resolución