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Timestamp: 2019-08-24 23:25:02+00:00

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La ley 9/2009, de 6 de octubre, amplía la duración del permiso de paternidad de los actuales 13 días a 28 días (4 semanas), haciéndose efectivo a partir del 1 de enero de 2011. Este derecho tan esperado se concederá a todos los padres ya lo sean por paternidad biológica, por adopción o por acogimiento, resultando de este modo más efectiva la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Las cuatro semanas de permiso las disfrutará el padre a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.
Si el parto, la adopción o el acogimiento son múltiples, el plazo de permiso se ampliará dos días más por cada hijo a partir del segundo. El padre podrá solicitar el subsidio por paternidad, con una cuantía igual que el importe del permiso por maternidad, es decir, el 100% de la base reguladora de la prestación por incapacidad temporal debida a contingencias comunes.
Así, el padre también podrá disfrutar de sus hijos, cuidar a la madre y atender a las obligaciones familiares.
El vigente Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo), contempla 16 semanas ininterrumpidas de suspensión con reserva del puesto de trabajo en caso de permiso por maternidad.
Si el padre y la madre trabajan, la madre, al iniciar su periodo de maternidad, tiene la opción de que el padre también disfrute de una parte ininterrumpida, con el máximo de diez semanas, simultánea o sucesivamente con el suyo. Esto es, que la madre puede compartir con el otro progenitor sus 16 semanas de permiso, cediéndole 10 de estas 16 semanas, reservando para ella las 6 semanas inmediatamente posteriores al parto.
La citada Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida, se encuentra publicada en el BOE Nº 242 de 7 de octubre de 2009. Esta ley pretende ser una aplicación práctica de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la cual estableció un conjunto de medidas para favorecer y fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y para incentivar la distribución a partes iguales de las responsabilidades familiares entre el padre y la madre.
Todavía hace falta garantizar “una protección incrementada” contra los posibles despidos o tratos desfavorables con motivo del ejercicio del derecho al permiso de paternidad o de maternidad, por parte de algunas empresas.
NOTA ACTUALIZADA: Solo los padres de niños nacidos, adoptados o acogidos desde el 1 de enero de 2017 podrán disfrutar de las cuatro semanas en lugar de dos. Este nuevo permiso de paternidad de cuatro semanas debía entrar en vigor el 1 de enero de 2011, pero no se puso en práctica por falta de financiación.
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Cuando la persona fallece dejando hijos menores o adolescentes, la Seguridad Social les concede una pensión de orfandad, protegiendo de esta manera a los familiares con unas prestaciones por fallecimiento (como sucede con la pensión de viudedad). Debe diferenciarse entre el causante de la prestación y el beneficiario de ese derecho.
Son beneficiarios de la pensión de orfandad los hijos del causante fallecido y los hijos del cónyuge que lo sobrevive, aunque sean sólo de éste. Los hijos deben ser menores de 18 años o mayores incapacitados, con un grado de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez. Pueden ser mayores de 18 años y menores de 24 años, siempre y cuando sean huérfanos de ambos padres o tengan una discapacidad del 33% o cuando no trabajen por cuenta propia ni ajena. Pero si trabajan, los ingresos deben ser inferiores al 100% del salario mínimo interprofesional. También se contempla como beneficiario al hijo póstumo.
Es causante el padre o madre fallecidos o desaparecidos: su muerte real o presunta origina el derecho a la prestación. Si el fallecimiento se produjo con anterioridad al 1 de enero de 2008, debe acreditarse un período de cotización, que varía según la situación laboral del fallecido y de la causa que determina la muerte. Si el fallecido estaba dado de alta en la Seguridad Social debe tener al menos 500 días cotizados en los cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento, siempre y cuando la causa de la muerte sea debida a una enfermedad común, pues la Seguridad Social no establece periodo mínimo de cotización cuando el trabajador fallece en accidente, sea o no de trabajo, o debido a una enfermedad profesional.
Las personas que no se encuentran ni dadas de alta ni en situación asimilada en la fecha de su muerte, causan derecho a la pensión de orfandad, pero se les exige un periodo mínimo de cotización de 15 años. Los pensionistas que reciban prestaciones por jubilación contributiva y los perceptores de subsidios por incapacidad temporal o por riesgo durante el embarazo y que hayan cotizado durante 15 años a la Seguridad Social, también causan la pensión de orfandad a favor de sus hijos.
Igualmente tienen derecho a recibir una prestación por orfandad los hijos naturales de la persona fallecida a la que se le reconozca este derecho, y los hijos de su pareja nacidos de otro matrimonio, siempre y cuando ambos cónyuges (el que fallece y el que sobrevive) lleven casados al menos dos años, cuando los hijos de ese otro matrimonio hayan convivido con ellos durante dos años a expensas del fallecido y no disfruten de ninguna otra prestación de la Seguridad Social. Para que los hijos naturales del fallecido puedan disfrutar de la pensión de orfandad, no deben tener más familiares que se puedan hacer cargo de ellos.
Si el fallecimiento es posterior al 1 de enero de 2008 y el fallecido se encontraba en alta o situación asimilada al alta, no se exige período previo de cotización. Tampoco se exige período previo de cotización, cuando la muerte se produce como consecuencia de accidente o enfermedad profesional.
Los beneficiarios de una pensión por orfandad dejan de recibirla cuando cumplen la edad de 22 años, mientras no trabajen; si trabajan, sus rentas no deben sobrepasar el límite del salario mínimo interprofesional. El plazo de disfrute de la pensión se prolonga hasta los 24 años si es huérfano de ambos padres. También se le extingue al beneficiario la pensión de orfandad cuando contrae matrimonio, o cuando es adoptado, o por el fallecimiento del propio beneficiario o cuando se comprueba que el progenitor desaparecido no ha muerto.
Sobre la cuantía de la prestación económica de orfandad, se calcula aplicando a la base reguladora el porcentaje correspondiente, de la misma forma que en la pensión de viudedad (20% de la base reguladora), siendo ésta diferente según sea la situación laboral del fallecido en la fecha del deceso y de la causa que determine su muerte. Las prestaciones correspondientes al huérfano de los dos padres se incrementarán, según la situación de que se trate, en los importes establecidos.
Si el fallecimiento ha sido debido a accidente de trabajo (AT) o enfermedad profesional (EP), se concede, además, a cada huérfano una indemnización especial de una mensualidad de la base reguladora.
La pensión de orfandad se paga mensualmente, con dos pagas extraordinarias en los meses de junio y de noviembre, salvo en las pensiones de accidente de trabajo y enfermedad profesional, que se pagan entre las doce mensualidades ordinarias. Esta pensión tiene garantizadas unas cuantías mínimas que se revalorizan al inicio de cada año.
Cuando el huérfano sea menor de 18 años, la pensión de orfandad se abonará a la persona que lo tenga a su cargo; se pagará directamente al huérfano, cuando éste alcance los 18 años.
La pensión de orfandad se tramita directamente en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social y en las oficinas del Instituto Social de la Marina, para los trabajadores del mar.
La pensión de orfandad es compatible con cualquier renta de trabajo de quien sea o haya sido cónyuge del causante, o del propio huérfano, así como, en su caso, con la pensión de viudedad que aquél perciba.
La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de seguridad social, ha sido reformada por el Real Decreto 296/2009, de 6 de marzo, (BOE núm. 69, de 21 de marzo de 2009), introduciendo diversas modificaciones en la rama de supervivencia contenida en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio.
El Tribunal Constitucional, por medio de la Sentencia 154/2006, de 22 de mayo, cuestionó la denegación a los hijos extramatrimoniales del derecho al incremento de la indemnización que han de percibir los huérfanos en caso de muerte del causante debida a accidente de trabajo o enfermedad profesional, por el hecho de que no existiera cónyuge sobreviviente, es decir viudo o viuda, con derecho a dicha indemnización especial, conforme se requiere específicamente en la normativa aplicable, por considerar que dicho criterio, aplicado en vía administrativa y refrendado por la jurisprudencia social, venía a comportar una discriminación indirecta por razón de filiación que implicaba una contravención del principio de igualdad proclamado en el artículo 14 de la Constitución.
Por este principio de no discriminación en razón de la filiación, los hijos de una pareja de hecho también tienen derecho a percibir la pensión de orfandad.
Como novedad reciente, la pensión de orfandad es compatible con otras subvenciones. Las medidas de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, sobre la compatibilidad de las pensiones de orfandad percibidas por personas con discapacidad severa con otro tipo de pensiones, mejora las situaciones de esas personas con discapacidad, pues supone una flexibilización: se puede desempeñar actividades laborales y percibir prestaciones sociales. Las pensiones de orfandad serán compatibles con otras que pueda generar el propio pensionista por su actividad laboral, como por ejemplo la de jubilación o la de incapacidad permanente.
Esta medida entró en vigor el 1 de enero de 2010, modificando la Ley General de Seguridad Social, que recoge que “los huérfanos incapacitados para el trabajo con derecho a pensión de orfandad, cuando perciban otra pensión de la Seguridad Social en razón a la misma incapacidad, podrán optar entre una y otra”. La Ley de Presupuestos para 2010, establece que cuando el huérfano haya sido declarado incapacitado para el trabajo con anterioridad al cumplimiento de la edad de 18 años, la pensión de orfandad que viniera percibiendo será compatible con la de incapacidad permanente que pudiera causar, después de los 18 años, como consecuencia de unas lesiones distintas a las que dieron lugar a la pensión de orfandad o con la pensión de jubilación.
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El Derecho Civil de Aragón, en la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte dispone, en su artículo 202, el orden de sucesión legal: 1. En la sucesión legal la herencia se defiere en primer lugar a los parientes de la línea recta descendente. 2. En defecto de descendientes: 1. Los bienes recobrables y los troncales se defieren a las personas con derecho a recobro y a los parientes troncales, respectivamente. 2. Los bienes no recobrables ni troncales, y también éstos si no hay parientes con derecho preferente, se defieren, sucesivamente, a los ascendientes, al cónyuge, a los colaterales hasta el cuarto grado y a la Comunidad Autónoma o, en su caso, al Hospital de Nuestra Señora de Gracia.
El artículo 212 de la citada ley se refiere a los bienes troncales de abolorio: 1. Son bienes troncales de abolorio todos aquellos que hayan permanecido en la casa o familia del causante durante las dos generaciones inmediatamente anteriores a la suya, cualesquiera que sean su procedencia y modo de adquisición inmediatos. 2. Se entiende que el bien ha permanecido en la familia durante las dos generaciones inmediatamente anteriores, cuando perteneció a algún pariente de la generación de los abuelos del causante o más alejada y no ha salido luego de la familia, cualquiera que haya sido el número de transmisiones intermedias.
El derecho de abolorio puede definirse como aquel derecho que atribuye la ley a determinados parientes para adquirir preferentemente bienes inmuebles familiares cuando sus dueños pretendan su enajenación, donación o ya los han enajenado o donado a personas ajenas a la familia de procedencia. También es conocido como “derecho a la saca”. En principio, los herederos legítimos de los bienes troncales de abolorio son los hijos, nietos, bisnietos, es decir, descendientes directos en línea recta. En el derecho de abolorio es un “extraño” no sólo el pariente colateral que va más allá del cuarto grado, sino que también la condición jurídica de “extraño” debe entenderse referida, no sólo a aquellas personas que no estén unidas por vínculo de parentesco a la familia de la que provienen los bienes, sino también a los parientes afines y a los parientes de línea distinta a la de procedencia de los bienes. Es decir, los que no son descendientes en línea recta de consanguinidad.
Los bienes inmuebles sometidos al derecho de abolorio, son los recibidos en virtud de un título sucesorio, es decir, los transmitidos por herencia (así no se haya dejado escrita); deberá reconocerse prioridad al derecho de abolorio sobre cualquier otro derecho de adquisición preferente civil o administrativo.
Las características principales del derecho de abolorio, también llamado derecho de la saca, son: 1. Un derecho de adquisición preferente, con la posibilidad de mantener los bienes familiares en el seno de la casa frente a cualquier presunto adquirente. 2. Un derecho basado en el interés familiar. 3. Una manifestación de la expectativa hereditaria. La relación existente legalmente entre el derecho de la saca (derecho abolorio) y la sucesión troncal es importante. 4. Un derecho personalísimo y renunciable. 6. Un derecho excluyente de otros de igual naturaleza.
Puede decirse que el derecho de abolorio es un derecho de tanteo que tienen los familiares ante la venta de bienes inmuebles que han pertenecido a esa familia durante dos generaciones o más, mientras que el derecho de saca es un derecho de retracto que tienen esos mismos familiares a anular esa venta de bienes si los bienes se venden sin su consentimiento.
Se entiende que el derecho de abolorio debe ser reconocido en cualquier contexto social de Aragón que esta basado en el reconocimiento constitucional de la familia (artículo 39 de la Constitución Española) y en el mantenimiento de los bienes en la familia de donde proceden. Hay quienes opinan que es un derecho de interpretación restrictiva porque limita la la libre circulación de la propiedad inmobiliaria, mientras que otros consideran que no atenta contra la libre disposición del dominio ni contra el libre tráfico inmobiliario, puesto que la conservación del patrimonio familiar, el mantenimiento del inmueble evitando su división y la salida de estos bienes del entorno familiar o de la rama o del linaje del que proceden es uno de los principios inspiradores del Derecho Foral Aragonés.
El derecho de abolorio o de la saca responde a esa finalidad de evitar que algunos bienes salgan de la rama familiar de donde proceden, otorgando a determinados familiares la posibilidad de adquirir unos bienes que van a ser transmitidos, o lo han sido ya, a una persona extraña a la rama de la familia de la que proceden los bienes. Por ejemplo, si quiero vender a un extraño un inmueble (un piso, una casa, una finca, un solar, un terreno) que ha pertenecido a mi familia, mis parientes tienen derecho a adquirirlo con carácter preferente al extraño.
El derecho de abolorio sólo puede recaer sobre la transmisión de bienes inmuebles que hayan permanecido en la familia durante las dos generaciones anteriores a la del vendedor (osea, ese inmueble debe haber pertenecido al padre o a la madre del vendedor y a sus abuelos), por eso el nombre de derecho de abolorio. Se excluyen los bienes muebles. Los parientes pueden hacer valer su derecho de dos maneras: mediante el tanteo y mediante el retracto. Si un pariente tiene el propósito de vender, por ejemplo, una finca deberá comunicárselo a sus familiares, quienes en el plazo de un mes podrán adquirirla por el precio fijado. Es lo que se conoce como derecho de tanteo. Si no acuden al tanteo y el pariente vende la finca a un extraño, cualquiera de sus familiares puede ejercitar el derecho de retracto y subrogarse en la posición del comprador, esto es, ocupar el lugar del comprador en las mismas condiciones que aparecen en la escritura pública de compra-venta de ese inmueble.
El derecho de abolorio se caracteriza por ser una institución protectora de la familia, vinculado con el principio de troncalidad, en virtud del cual esos bienes inmuebles de carácter familiar, deben mantenerse en la rama familiar de donde proceden, amparando el derecho de propiedad sobre la base de intereses familiares. Es un derecho real que se reconoce a sus titulares en virtud de la condición jurídica de pariente por consanguinidad; por esto mismo, es un derecho personalísimo e intransmisible, que puede ser objeto de renuncia de modo expreso o tácito.
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La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) 1/2000, de 7 de enero, cuyo principal objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a una tutela judicial efectiva, con la plenitud de las garantías procesales, en su Libro IV que se refiere a los procesos especiales y, concretamente, en el Título II trata de la división judicial de patrimonios, recogiendo en el Capítulo I (artículos 782 a 805) todas las disposiciones referentes a la división judicial de la herencia. Los herederos o legatarios que no pueden resolver entre sí sus posibles diferencias o desacuerdos con respecto a la herencia dejada por el difunto, ya sea mediante testamento o sin él, podrán reclamar ante los Tribunales sus justas pretensiones, cuando crean que sus derechos han sido vulnerados.
Artículo 782. Solicitud de división judicial de la herencia. 1. Cualquier coheredero o legatario de parte alícuota podrá reclamar judicialmente la división de la herencia, siempre que ésta no deba efectuarla un comisario o contador-partidor designado por el testador, por acuerdo entre los coherederos o por resolución judicial. 2. A la solicitud deberá acompañarse el certificado de defunción de la persona de cuya sucesión se trate y el documento que acredite la condición de heredero o legatario del solicitante. 3. Los acreedores no podrán instar la división, sin perjuicio de las acciones que les correspondan contra la herencia, la comunidad hereditaria o los coherederos, que se ejercitarán en el juicio declarativo que corresponda, sin suspender ni entorpecer las actuaciones de división de la herencia. 4. No obstante, los acreedores reconocidos como tales en el testamento o por los coherederos y los que tengan su derecho documentado en un título ejecutivo podrán oponerse a que se lleve a efecto la partición de la herencia hasta que se les pague o afiance el importe de sus créditos. Esta petición podrá deducirse en cualquier momento, antes de que se produzca la entrega de los bienes adjudicados a cada heredero. 5. Los acreedores de uno o más de los coherederos podrán intervenir a su costa en la partición para evitar que ésta se haga en fraude o perjuicio de sus derechos.
Artículo 783. Convocatoria de Junta para designar contador y peritos. 1. Solicitada la división judicial de la herencia se acordará, cuando así se hubiere pedido y resultare procedente, la intervención del caudal hereditario y la formación de inventario. 2. Practicadas las actuaciones anteriores o, si no fuera necesario, a la vista de la solicitud de división judicial de la herencia se mandará convocar a Junta a los herederos, a los legatarios de parte alícuota y al cónyuge sobreviviente, señalando día dentro de los diez siguientes. 3. La citación de los interesados que estuvieren ya personados en las actuaciones se hará por medio del procurador. A los que no estuvieren personados se les citará personalmente, si su residencia fuere conocida. Si no lo fuere, se les llamará por edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 164. 4. Se convocará también al Ministerio Fiscal para que represente a los interesados en la herencia que sean menores o incapacitados y no tengan representación legítima y a los ausentes cuyo paradero se ignore. La representación del Ministerio Fiscal cesará una vez que los menores o incapacitados estén habilitados de representante legal o defensor judicial y, respecto de los ausentes, cuando se presenten en el juicio o puedan ser citados personalmente, aunque vuelvan a ausentarse. 5. Los acreedores a que se refiere el apartado 5 del artículo anterior serán convocados a la Junta cuando estuvieren personados en el procedimiento. Los que no estuvieren personados no serán citados, pero podrán participar en ella si concurren en el día señalado aportando los títulos justificativos de sus créditos.
Artículo 784. Designación del contador y de los peritos. 1. La Junta se celebrará, con los que concurran, en el día y hora señalado y será presidida por el Secretario Judicial. 2. Los interesados deberán ponerse de acuerdo sobre el nombramiento de un contador que practique las operaciones divisorias del caudal, así como sobre el nombramiento del perito o peritos que hayan de intervenir en el avalúo de los bienes. No podrá designarse más de un perito para cada clase de bienes que hayan de ser justipreciados. 3. Si de la Junta resultare falta de acuerdo para el nombramiento de contador, se designará uno por sorteo, conforme a lo dispuesto en el artículo 341, de entre los abogados ejercientes con especiales conocimientos en la materia y con despacho profesional en el lugar del juicio. Si no hubiera acuerdo sobre los peritos, se designarán por igual procedimiento los que el contador o contadores estimen necesarios para practicar los avalúos, pero nunca más de uno por cada clase de bienes que deban ser tasados. 4. Será aplicable al contador designado por sorteo lo dispuesto para la recusación de los peritos.
Artículo 785. Entrega de la documentación al contador. Obligación de cumplir el encargo aceptado y plazo para hacerlo. 1. Elegidos el contador y los peritos, en su caso, previa aceptación, se entregarán los autos al primero y se pondrán a disposición de éste y de los peritos cuantos objetos, documentos y papeles necesiten para practicar el inventario, cuando éste no hubiere sido hecho, y el avalúo, la liquidación y la división del caudal hereditario. 2. La aceptación del contador dará derecho a cada uno de los interesados para obligarle a que cumpla su encargo. 3. A instancia de parte, podrá el tribunal mediante providencia fijar al contador un plazo para que presente las operaciones divisorias, y si no lo verificare, será responsable de los daños y perjuicios.
Artículo 786. Práctica de las operaciones divisorias. 1. El contador realizará las operaciones divisorias con arreglo a lo dispuesto en la ley aplicable a la sucesión del causante; pero si el testador hubiere establecido reglas distintas para el inventario, avalúo, liquidación y división de sus bienes, se atendrá a lo que resulte de ellas, siempre que no perjudiquen las legítimas de los herederos forzosos. Procurará, en todo caso, evitar la indivisión, así como la excesiva división de las fincas. 2. Las operaciones divisorias deberán presentarse en el plazo máximo de dos meses desde que fueron iniciadas, y se contendrán en un escrito firmado por el contador, en el que se expresará: a) La relación de los bienes que formen el caudal partible. b) El avalúo de los comprendidos en esa relación. c) La liquidación del caudal, su división y adjudicación a cada uno de los partícipes.
Artículo 787. Aprobación de las operaciones divisorias. Oposición a ellas. 1. De las operaciones divisorias se dará traslado a las partes, emplazándolas por diez días para que formulen oposición. Durante este plazo, podrán las partes examinar en la Secretaría los autos y las operaciones divisorias y obtener, a su costa, las copias que soliciten. La oposición habrá de formularse por escrito, expresando los puntos de las operaciones divisorias a que se refiere y las razones en que se funda. 2. Pasado dicho término sin hacerse oposición o luego que los interesados hayan manifestado su conformidad, el tribunal llamará los autos a la vista y dictará auto aprobando las operaciones divisorias, mandando protocolizarlas. 3. Cuando en tiempo hábil se hubiere formalizado la oposición a las operaciones divisorias, el tribunal mandará convocar al contador y a las partes a una comparecencia, que se celebrará dentro de los diez días siguientes. 4. Si en la comparecencia se alcanzare la conformidad de todos los interesados respecto a las cuestiones promovidas, se ejecutará lo acordado y el contador hará en las operaciones divisorias las reformas convenidas, que serán aprobadas por el tribunal con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo. 5. Si no hubiere conformidad, el tribunal oirá a las partes y admitirá las pruebas que propongan y que no sean impertinentes o inútiles, continuando la sustanciación del procedimiento con arreglo a lo dispuesto para el juicio verbal. La sentencia que recaiga se llevará a efecto con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente, pero no tendrá eficacia de cosa juzgada, pudiendo los interesados hacer valer los derechos que crean corresponderles sobre los bienes adjudicados en el juicio ordinario que corresponda. 6. Cuando, conforme a lo establecido en el artículo 40 de esta Ley, se hubieran suspendido las actuaciones por estar pendiente causa penal en que se investigue un delito de cohecho cometido en el avalúo de los bienes de la herencia, la suspensión se alzará, sin esperar a que la causa finalice por resolución firme, en cuanto los interesados, prescindiendo del avalúo impugnado, presentaren otro hecho de común acuerdo, en cuyo caso se dictará sentencia con arreglo a lo que resulte de éste.
Artículo 788. Entrega de los bienes adjudicados a cada heredero. 1. Aprobadas definitivamente las particiones, se procederá a entregar a cada uno de los interesados lo que en ellas le haya sido adjudicado y los títulos de propiedad, poniéndose previamente en éstos por el actuario notas expresivas de la adjudicación. 2. Luego que sean protocolizadas, se dará a los partícipes que lo pidieren testimonio de su haber y adjudicación respectivos. 3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando se haya formulado por algún acreedor de la herencia la petición a que se refiere el apartado 4 del artículo 782, no se hará la entrega de los bienes a ninguno de los herederos ni legatarios sin estar aquéllos completamente pagados o garantizados a su satisfacción.
Artículo 789. Terminación del procedimiento por acuerdo de los coherederos. En cualquier estado del juicio podrán los interesados separarse de su seguimiento y adoptar los acuerdos que estimen convenientes. Cuando lo solicitaren de común acuerdo, deberá el tribunal sobreseer el juicio y poner los bienes a disposición de los herederos.
Artículo 790. Aseguramiento de los bienes de la herencia y de los documentos del difunto. 1. Siempre que el tribunal tenga noticia del fallecimiento de una persona y no conste la existencia de testamento, ni de ascendientes, descendientes o cónyuge del finado o persona que se halle en una situación de hecho asimilable, ni de colaterales dentro del cuarto grado, adoptará de oficio las medidas más indispensables para el enterramiento del difunto si fuere necesario y para la seguridad de los bienes, libros, papeles, correspondencia y efectos del difunto susceptibles de sustracción u ocultación. De la misma forma procederá cuando las personas de que habla el párrafo anterior estuvieren ausentes o cuando alguno de ellos sea menor o incapacitado y no tenga representante legal. 2. En los casos a que se refiere este artículo, luego que comparezcan los parientes o se nombre representante legal a los menores o incapacitados, se les hará entrega de los bienes y efectos pertenecientes al difunto, cesando la intervención judicial, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo 791. Intervención judicial de la herencia cuando no conste la existencia de testamento ni de parientes llamados a la sucesión legítima. 1. En el caso a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, una vez practicadas las actuaciones que en él se mencionan, el tribunal adoptará mediante providencia las medidas que estime más conducentes para averiguar si la persona de cuya sucesión se trata ha muerto con disposición testamentaria o sin ella, ordenando, a tal efecto, que se traiga a los autos certificado del Registro General de Actos de Ultima Voluntad, así como el certificado de defunción luego que sea posible. A falta de otros medios, el tribunal ordenará mediante providencia que sean examinados los parientes, amigos o vecinos del difunto sobre el hecho de haber muerto éste abintestato y sobre si tiene parientes con derecho a la sucesión legítima. 2. Si, en efecto, resultare haber fallecido sin testar y sin parientes llamados por la ley a la sucesión, mandará el tribunal, por medio de auto, que se proceda: a) A ocupar los libros, papeles y correspondencia del difunto. b) A inventariar y depositar los bienes, disponiendo lo que proceda sobre su administración, con arreglo a lo establecido en esta Ley. El tribunal podrá nombrar a una persona, con cargo al caudal hereditario, que efectúe y garantice el inventario y su depósito. En la misma resolución ordenará de oficio la apertura de pieza separada para hacer la declaración de herederos abintestato.
Artículo 792. Intervención judicial de la herencia durante la tramitación de la declaración de herederos o de la división judicial de la herencia. Intervención a instancia de los acreedores de la herencia. 1. Las actuaciones a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior podrán acordarse a instancia de parte en los siguientes casos: a) Por el cónyuge o cualquiera de los parientes que se crea con derecho a la sucesión legítima, siempre que acrediten haber promovido la declaración de herederos abintestato ante notario, o se formule la solicitud de intervención del caudal hereditario al tiempo de promover la declaración judicial de herederos. b)Por cualquier coheredero o legatario de parte alícuota, al tiempo de solicitar la división judicial de la herencia, salvo que la intervención hubiera sido expresamente prohibida por disposición testamentaria. 2. También podrán pedir la intervención del caudal hereditario, con arreglo a lo establecido en el apartado segundo del artículo anterior, los acreedores reconocidos como tales en el testamento o por los coherederos y los que tengan su derecho documentado en un título ejecutivo.
Artículo 793. Primeras actuaciones y citación de los interesados para la formación de inventario. 1. Acordada la intervención del caudal hereditario en cualquiera de los casos a que se refieren los artículos anteriores ordenará el tribunal, por medio de auto, si fuere necesario y no se hubiera efectuado anteriormente, la adopción de las medidas indispensables para la seguridad de los bienes, así como de los libros, papeles, correspondencia y efectos del difunto susceptibles de sustracción u ocultación. 2. En la misma resolución, señalará día y hora para la formación de inventario, mandando citar a los interesados. 3. Deberán ser citados para la formación de inventario: a) El cónyuge sobreviviente. b) Los parientes que pudieran tener derecho a la herencia y fueren conocidos, cuando no conste la existencia de testamento ni se haya hecho la declaración de herederos abintestato. c) Los herederos o legatarios de parte alícuota. d) Los acreedores a cuya instancia se hubiere decretado la intervención del caudal hereditario y, en su caso, los que estuvieren personados en el procedimiento de división de la herencia. e) El Ministerio Fiscal, siempre que pudiere haber parientes desconocidos con derecho a la sucesión legítima, o que alguno de los parientes conocidos con derecho a la herencia o de los herederos o legatarios de parte alícuota no pudiere ser citado personalmente por no ser conocida su residencia, o cuando cualquiera de los interesados sea menor o incapacitado y no tenga representante legal. f) El abogado del Estado, o, en los casos previstos legalmente, los Servicios Jurídicos de las Comunidades Autónomas, cuando no conste la existencia de testamento ni de cónyuge o parientes que puedan tener derecho a la sucesión legítima.
Artículo 794. Formación del inventario. 1. Citados todos los que menciona el artículo anterior, en el día y hora señalados, procederá el Secretario Judicial, con los que concurran, a formar el inventario, el cual contendrá la relación de los bienes de la herencia y de las escrituras, documentos y papeles de importancia que se encuentren. 2. Si por disposición testamentaria se hubieren establecido reglas especiales para el inventario de los bienes de la herencia, se formará éste con sujeción a dichas reglas. 3. Cuando no se pudiere terminar el inventario en el día señalado se continuará en los siguientes. 4. Si se suscitare controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes en el inventario se citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio verbal. La sentencia que se pronuncie sobre la inclusión o exclusión de bienes en el inventario dejará a salvo los derechos de terceros.
Artículo 795. Resolución sobre la administración, custodia y conservación del caudal hereditario. Hecho el inventario, determinará el tribunal, por medio de auto, lo que según las circunstancias corresponda sobre la administración del caudal, su custodia y conservación, ateniéndose, en su caso, a lo que sobre estas materias hubiere dispuesto el testador y, en su defecto, con sujeción a las reglas siguientes: 1.º El metálico y efectos públicos se depositarán con arreglo a derecho. 2.º Se nombrará administrador al viudo o viuda y, en su defecto, al heredero o legatario de parte alícuota que tuviere mayor parte en la herencia. A falta de éstos, o si no tuvieren, a juicio del tribunal, la capacidad nece saria para desempeñar el cargo, podrá el tribunal nombrar administrador a cualquiera de los herederos o legatarios de parte alícuota, si los hubiere, o a un tercero. 3.º El administrador deberá prestar, en cualquiera de las formas permitidas por esta Ley, caución bastante a responder de los bienes que se le entreguen, que será fijada por el tribunal. Podrá éste, no obstante, dispensar de la caución al cónyuge viudo o al heredero designado administrador cuando tengan bienes suficientes para responder de los que se le entreguen. 4.º Los herederos y legatarios de parte alícuota podrán dispensar al administrador del deber de prestar caución. No habiendo acerca de esto conformidad, la caución será proporcionada al interés en el caudal de los que no otorguen su relevación. Se constituirá caución, en todo caso, respecto de la participación en la herencia de los menores o incapacitados que no tengan representante legal y de los ausentes a los que no se haya podido citar por ignorarse su paradero.
Artículo 796. Cesación de la intervención judicial de la herencia. 1. Cesará la intervención judicial de la herencia cuando se efectúe la declaración de herederos, a no ser que alguno de ellos pida la división judicial de la herencia, en cuyo caso podrá subsistir la intervención, si así se solicita, hasta que se haga entrega a cada heredero de los bienes que les hayan sido adjudicados. 2. Durante la sustanciación del procedimiento de división judicial de la herencia podrán pedir los herederos, de común acuerdo, que cese la intervención judicial. El tribunal así lo acordará, salvo cuando alguno de los interesados sea menor o incapacitado y no tenga representante legal o cuando haya algún heredero ausente al que no haya podido citarse por ignorarse su paradero. 3. Si hubiera acreedores reconocidos en el testamento o por los coherederos o con derecho documentado en un título ejecutivo, que se hubieran opuesto a que se lleve a efecto la partición de la herencia hasta que se les pague o afiance el importe de sus créditos, no se acordará la cesación de la intervención hasta que se produzca el pago o afianzamiento.
Artículo 797. Posesión del cargo de administrador de la herencia. 1. Nombrado el administrador y prestada por éste la caución, se le pondrá en posesión de su cargo, dándole a reconocer a las personas que el mismo designe de aquellas con quienes deba entenderse para su desempeño. 2. Para que pueda acreditar su representación se le dará testimonio, en que conste su nombramiento y que se halla en posesión del cargo. 3. Podrá hacerse constar en el Registro de la Propiedad el estado de administración de las fincas de la herencia y el nombramiento de administrador mediante el correspondiente mandamiento judicial con los requisitos previstos en la legislación hipotecaria.
Artículo 798. Representación de la herencia por el administrador. Mientras la herencia no haya sido aceptada por los herederos, el administrador de los bienes representará a la herencia en todos los pleitos que se promuevan o que estuvieren principiados al fallecer el causante y ejercitará en dicha representación las acciones que pudieran corresponder al difunto, hasta que se haga la declaración de herederos. Aceptada la herencia, el administrador sólo tendrá la representación de la misma en lo que se refiere directamente a la administración del caudal, su custodia y conservación, y en tal concepto podrá y deberá gestionar lo que sea conducente, ejercitando las acciones que procedan.
Artículo 799. Rendición periódica de cuentas. 1. El administrador rendirá cuenta justificada en los plazos que el tribunal le señale, los que serán proporcionados a la importancia y condiciones del caudal, sin que en ningún caso puedan exceder de un año. 2. Al rendir la cuenta, el administrador consignará el saldo que de la misma resulte o presentará el resguardo original que acredite haberlo depositado en el establecimiento destinado al efecto. En el primer caso, el tribunal acordará inmediatamente mediante providencia el depósito y, en el segundo, que se ponga en los autos diligencia expresiva de la fecha y cantidad del mismo. 3. Para el efecto de instruirse de las cuentas y a fin de inspeccionar la administración o promover cualesquiera medidas que versen sobre rectificación o aprobación de aquéllas, serán puestas de manifiesto en la Secretaría a la parte que, en cualquier tiempo, lo pidiere.
Artículo 800. Rendición final de cuentas. Impugnación de las cuentas. 1. Cuando el administrador cese en el desempeño de su cargo, rendirá una cuenta final complementaria de las ya presentadas. 2. Todas las cuentas del administrador, incluso la final, serán puestas de manifiesto a las partes en la Secretaría, cuando cese en el desempeño de su cargo, por un término común, que el tribunal señalará mediante providencia según la importancia de aquéllas. 3. Pasado dicho término sin hacerse oposición a las cuentas, el tribunal dictará auto aprobándolas y declarando exento de responsabilidad al administrador. En el mismo auto, el tribunal mandará devolver al administrador la caución que hubiere prestado. 4. Si las cuentas fueren impugnadas en tiempo hábil, se dará traslado del escrito de impugnación al cuentadante para que conteste conforme a lo previsto por los artículos 404 y siguientes, continuando la tramitación con arreglo a lo dispuesto para el juicio verbal.
Artículo 801. Conservación de los bienes de la herencia. 1. El administrador está obligado bajo su responsabilidad, a conservar sin menoscabo los bienes de la herencia, y a procurar que den las rentas, productos o utilidades que corresponda. 2. A este fin deberá hacer las reparaciones ordinarias que sean indispensables para la conservación de los bienes. Cuando sean necesarias reparaciones o gastos extraordinarios, lo pondrá en conocimiento del Juzgado, el cual, oyendo en una comparecencia a los interesados que menciona el apartado 3 del artículo 793 y previo reconocimiento pericial y formación de presupuesto resolverá lo que estime procedente, atendidas las circunstancia del caso.
Artículo 802. Destino de las cantidades recaudadas por el administrador en el desempeño del cargo. 1. El administrador depositará sin dilación a disposición del Juzgado las cantidades que recaude en el desempeño de su cargo, reteniendo únicamente las que fueren necesarias para atender los gastos de pleitos, pago de contribuciones y demás atenciones ordinarias. 2. Para atender los gastos extraordinarios a que se refiere el artículo anterior el tribunal, mediante providencia, podrá dejar en poder del administrador la suma que se crea necesaria, mandando sacarla del depósito si no pudiere cubrirse con los ingresos ordinarios. Esto último se ordenará también cuando deba hacerse algún gasto ordinario y el administrador no disponga de la cantidad suficiente procedente de la administración de la herencia.
Artículo 803. Prohibición de enajenar los bienes inventariados. Excepciones a dicha prohibición. 1. El administrador no podrá enajenar ni gravar los bienes inventariados. 2. Exceptúanse de esta regla: a) Los que puedan deteriorarse. b) Los que sean de difícil y costosa conservación. c) Los frutos para cuya enajenación se presenten circunstancias que se estimen ventajosas. d) Los demás bienes cuya enajenación sea necesaria para el pago de deudas, o para cubrir otras atenciones de la administración de la herencia. 3. El tribunal, a propuesta del administrador, y oyendo a los interesados a que se refiere el apartado 3 del artículo 793, podrá decretar mediante providencia la venta de cualesquiera de dichos bienes, que se verificará en pública subasta conforme a lo establecido en la legislación notarial o en procedimiento de jurisdicción voluntaria. Los valores admitidos a cotización oficial se venderán a través de dicho mercado.
Artículo 804. Retribución del administrador. 1. El administrador no tendrá derecho a otra retribución que la siguiente: a) Sobre el producto líquido de la venta de frutos y otros bienes muebles de los incluídos en el inventario, percibirá el 2 por 100. b) Sobre el producto líquido de la venta de bienes raíces y cobranza de valores de cualquier especie, el 1 por 100. c) Sobre el producto líquido de la venta de efectos públicos, el medio por 100. d) Sobre los demás ingresos que haya en la administración, por conceptos diversos de los expresados en los párrafos precedentes, el tribunal le señalará del 4 al 10 por 100, teniendo en consideración los productos del caudal y el trabajo de la administración. 2. También podrá acordar el tribunal, mediante providencia, cuando lo considere justo, que se abonen al administrador los gastos de viajes que tenga necesidad de hacer para el desempeño de su cargo.
Artículo 805. Administraciones subalternas. 1. Se conservarán las administraciones subalternas que para el cuidado de sus bienes tuviera el finado, con la misma retribución y facultades que aquél les hubiere otorgado. 2. Dichos administradores rendirán sus cuentas y remitirán lo que recauden al administrador judicial, considerándose como dependientes del mismo, pero no podrán ser separados por éste sino por causa justa y con autorización mediante providencia del tribunal. 3. Con la misma autorización podrá proveer el administrador judicial, bajo su responsabilidad las vacantes que resultaren.
NOTA: Puede leer un artículo sobre “La Herencia como motivo de discusión familiar” en este mismo blog. Si desea conocer todos los artículos del Código Civil español pertinentes al derecho de sucesiones, herencias y legados, puede acceder a su lectura en la primera parte (arts. 657 a 805) y también a la segunda parte (artículos 806 a 1087).
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References: resolución 
 Real Decreto 
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 artículo 14
 artículo 202
 artículo 212

Artículo 782
 resolución 

Artículo 783
 artículo 164

Artículo 784
 artículo 341

Artículo 785

Artículo 786

Artículo 787
 artículo 40
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Artículo 788
 artículo 782

Artículo 789

Artículo 790

Artículo 791
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Artículo 792

Artículo 793

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Artículo 795
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Artículo 798

Artículo 799

Artículo 800

Artículo 801
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Artículo 802

Artículo 803
 artículo 793

Artículo 804

Artículo 805