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Timestamp: 2019-04-24 10:02:48+00:00

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Resolución de 22 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Medina de Rioseco a inscribir la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Medina de Rioseco, por la que se ordena la inscripción de determinada finca. | Iberley
Resolución de 22 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Medina de Rioseco a inscribir la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Medina de Rioseco, por la que se ordena la inscripción de determinada finca., - Boletín Oficial del Estado, de 24 de Septiembre de 2015
El Ayuntamiento de San Pedro de Latarce presentó el citado testimonio de la referida sentencia en el Registro de la Propiedad de Medina de Rioseco, en unión de la copia de la demanda que dio origen al procedimiento. El registrador de la Propiedad de Medina de Rioseco calificó el documento en los siguientes términos: «Nota de calificación del testimonio -expedido por doña A. M. G. V., secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Medina de Rioseco- de la sentencia dictada el día 18 de septiembre de 2013 por doña Patricia Fresco Simón, magistrado-juez del referido Juzgado, en el procedimiento ordinario número 90/2013. Calificado el precedente documento, que ha sido presentado por don R. G. U. -procurador de los Tribunales y del Ayuntamiento de San Pedro de Latarce (Valladolid)- en este Registro de la Propiedad a las 16:00 horas del día 4 de marzo de 2015, asiento número 255 del tomo 82 del Diario, acompañado del escrito de demanda presentado en su día en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Medina de Rioseco, se suspende la inscripción de la finca 10.330 del Ayuntamiento de San Pedro de Latarce -única solicitada- a favor del Ayuntamiento de San Pedro de Latarce: Hechos: La sentencia dictada declara la propiedad de dicha finca registral (10.330) a favor del Ayuntamiento, condenando a los demandados a estar y pasar por dicha declaración; y simultáneamente, estimando una reconvención formulada en el mismo procedimiento, declara la propiedad de una finca de propiedad municipal a favor de los demandados y condena al Ayuntamiento a estar y pasar por esta declaración. Se acompaña al testimonio de la sentencia judicial el escrito de demanda presentado en su día por don R. G. U. al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Medina de Rioseco, con el sello en tinta de este órgano jurisdiccional. En dicho escrito de demanda (antecedente de hecho segundo) se manifiesta que el Ayuntamiento de San Pedro de Latarce adquirió la finca (registral 10.330 del Ayuntamiento de San Pedro de Latarce) por compraventa (sic) a los demandados por el precio de 125.122,42 euros, cuyo pago se pactó de la siguiente forma: (a) 120.202,42 euros en metálico, y (b) cesión de una parcela propiedad del Ayuntamiento valorada en 4.920 euros. La finca (registral 10.330 del Ayuntamiento de San Pedro de Latarce) consta inscrita en pleno dominio a favor de los cónyuges S. G. M. y doña C. P. C. (en cuanto a una mitad indivisa con carácter ganancial) y a favor de los cónyuges don M. P. M. R. y doña M. M. T. G. (en cuanto a la restante mitad indivisa con carácter ganancial). La demanda fue interpuesta contra don M. P. M. R. y doña M. M. T. G. y contra don S. G. P., doña M. G. P. y doña B. G. P. (como supuestos herederos de don S. G. M. y doña C. P. C.). Fundamentos de Derecho de la no inscripción: 1.-No se acredita el cumplimiento de los requisitos que establece la legislación administrativa para la contratación por las entidades locales. El artículo 11 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, dispone que 'la adquisición de bienes a título oneroso exigirá el cumplimiento de los requisitos contemplados en la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones Locales. Tratándose de inmuebles se exigirá, además, informe previo pericial&', lo que supone una remisión a lo previsto en el artículo 88 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, a las disposiciones contenidas en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, y demás disposiciones concordantes. Por su parte los artículos 109 y siguientes del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio (aplicable también para el caso de que el supuesto de hecho planteado pudiera calificarse como permuta de bienes) disponen que 'los bienes inmuebles patrimoniales no podrán enajenarse& ni permutarse' sin el cumplimiento de una serie de requisitos que deberán ser observados por las Entidades Locales. 2.-Sin entrar en el fondo de la sentencia dictada, se aprecia, sin embargo, una incongruencia entre el procedimiento seguido (procedimiento declarativo de dominio con allanamiento total de los demandados -vendedores- quienes a su vez formulan demanda reconvencional) y la verdadera naturaleza del acto celebrado que se pretende inscribir (compraventa o permuta de bienes inmuebles) (artículo 100 del Reglamento Hipotecario). La no utilización del cauce formal adecuado (en este caso una escritura pública de compraventa o permuta) debe impedir la inscripción de la finca registral 10.300 a favor del Ayuntamiento de San Pedro de Latarce (comprador). Como tiene declarado la Dirección General de los Registros y del Notariado, la exigencia de titulación publica que establece el artículo 3 de la Ley Hipotecaria para los actos traslativos de dominio de bienes no quiere decir que puedan formalizarse en cualquiera de los documentos (escritura pública, ejecutoria o documento auténtico) que aquel precepto establece, sino sólo en aquellos documentos que legalmente sean los propios del acto o contrato que pretende inscribirse, de modo que la legislación hipotecaria no considera indiferente la especie de documento auténtico presentado y exige el congruente con la naturaleza del acto inscribible (Resoluciones de 5 de mayo de 2003 y 22 de febrero de 2006). Del examen de la titulación presentada (testimonio de la sentencia y escrito de demanda) resulta que al acudirse a un procedimiento judicial declarativo de dominio con demanda reconvencional y con allanamiento total de ambas partes, demandante y demandada, se ha eludido por completo el cumplimiento de la normativa administrativa aplicable a la adquisición y enajenación de bienes por las Entidades Locales. 3.-No se acredita que los demandados don S. G. P., doña M. G. P. y doña B. G. P. sean causahabientes de los titulares registrales don S. G. M. y doña C. P. C. (art. 20 de la Ley Hipotecaria). Contra esta nota de calificación (&) Medina de Rioseco, a 24 de marzo de 2015 Registrador de la Propiedad (firma ilegible) Fdo.-José-Carlos González Morán».
El día 7 de mayo de 2015, don R. G. U., procurador de los tribunales, y don E. C. P., abogado, en nombre y representación del Ayuntamiento de San Pedro de Latarce, interpusieron recurso contra la citada nota de calificación en los siguientes términos: «(&) Alegaciones. Primera.-En primer lugar, se argumenta por el Sr. Registrador que no se acredita el cumplimiento de los requisitos que establece la legislación administrativa para la contratación por las entidades locales, invocando el art. 11 del Real Decreto 1.372/1986 de 13 de Junio, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. A este respecto, consideramos que tratándose de una Sentencia Firme, en materia de calificación de documentos judiciales, ha de prevalecer el de respeto y colaboración en la ejecución de las decisiones judiciales. A este respecto, cabe señalar que el art. 117-3 de la Constitución Española señala que 'el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.'. Por otra parte, el art. 118 del texto constitucional establece que 'es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.' Debemos tener en cuenta que la Sentencia Firme cuya Inscripción se pretende establece de forma taxativa en su Fallo lo siguiente: 'Que estimando la demanda formulada por el Excmo. Ayuntamiento de San Pedro de Latarce declaro que la finca urbana descrita en el hecho primero de la demanda pertenece a su propiedad y condeno a don S. G. P., doña M. G. P., doña B. G. P., don M. P. M. R. y doña M. M. T. G. a estar y pasar por esta declaración. Y ordeno la inscripción en el Registro de la Propiedad de Medina de Rioseco a favor de esta parte de dicha finca n.º 10.330 al Tomo 2.026, Libro 84, Folio 41 y la cancelación de cuántos asientos registrales contradigan a los anteriores sin especial pronunciamiento en costas'. En este contexto, la claridad de la Sentencia es palmaria, por lo cual no entendemos procedente que se pongan óbices que la Sentencia ya ha ponderado y resuelto. La supuesta infracción de los preceptos administrativos que se invocan en la Calificación únicamente daría lugar a una infracción que encima estaría más que prescrita, pero en ningún caso faculta al Registrador a desconocer el Fallo de una Resolución Judicial firme. A mayor abundamiento, no existen terceros que pudieran verse afectados por la inscripción aparte de los intervinientes en el Proceso. Segunda.-La segunda objeción que expresa la Nota de Calificación impugnada es una incongruencia entre el procedimiento seguido (procedimiento declarativo de dominio) y la verdadera naturaleza del acto celebrado que se pretende inscribir (compraventa o permuta de bienes inmuebles). A este respecto cabe señalar que el Procedimiento seguido ha sido adecuado y así lo ha sancionado el Tribunal que ha emitido la Sentencia, que es un título tan inscribible como una Escritura Pública u otro documento auténtico, sin que le sea dable al Registrador entrar a valorar la decisión del Órgano Jurisdiccional sobre el Procedimiento seguido. En realidad, del último párrafo se infiere una reiteración en lo ya señalado en el Fundamento Primero de la Nota relativo a un supuesto incumplimiento de normativa administrativa relativa a enajenación y adquisición de bienes por las Entidades Locales. A esta cuestión ya nos hemos referido en la alegación anterior, a la cual nos remitimos para evitar reiteraciones innecesarias. Tercera.-Finalmente, se argumenta en la Nota impugnada que no se acredita que los demandados D. S. G. P., Dª. M. G. P. y Dª. B. G. P. sean causahabientes de los titulares registrales D. S. G. M. y Dª. C. P. C. Resulta un tanto sorprendente dicho argumento, pues aparte de los apellidos, la Legitimación Pasiva, como presupuesto procesal que es, ha sido examinada por el Tribunal Sentenciador y no parece razonable que el Registrador entre a corregir al Juez cuestionando una legitimación que nadie ha cuestionado en el Proceso. Consiguientemente, consideramos que procede estimar el presente Recurso y ordenar la Inscripción de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Medina de Rioseco, recaída en el Procedimiento Ordinario n.º 90/2013 por la que se ordena la Inscripción en el Registro de la Propiedad de Medina de Rioseco a favor del Ayuntamiento de San Pedro de Latarce de la finca n.º 10.330 al Tomo 2.026, Libro 84, Folio 41, y la cancelación de cuántos asientos registrales contradigan a los anteriores. En mérito de lo expuesto, suplico: Que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tener por interpuesto Recurso Gubernativo contra la Nota de Calificación emitida por el Sr. Registrador de la Propiedad de Medina de Rioseco (Valladolid) de fecha 24 de Marzo de 2015, notificada a esta representación el 26 del mismo mes en el que deniega la Inscripción de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Medina de Rioseco, recaída en el Procedimiento Ordinario n.º 90/2013 por la que se ordena la Inscripción en el Registro de la Propiedad de Medina de Rioseco a favor del Ayuntamiento de San Pedro de Latarce de la finca n.º 10.330 al Tomo 2.026, Libro 84, Folio 41, y la cancelación de cuántos asientos registrales contradigan a los anteriores. Y, en atención a lo aquí expuesto y razonado, estimar dicho Recurso y ordenar la inscripción denegada».
La interposición del recurso fue notificada al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Medina de Rioseco, recibiéndose en el Registro, con fecha 15 de mayo de 2015, escrito firmado por el secretario accidental de dicho Juzgado, de fecha 14 de mayo de 2015, siendo remitido a esta Dirección General en la que tuvo entrada el día 19 de mayo de 2015, en el que expone «&que no procede hacer alegación alguna, por cuanto analizar si se ha cumplido o no la normativa administrativa aplicable a la adquisición de bienes por las Entidades Locales, a que hace referencia la nota del Registrador, sería entrar en el fondo de una sentencia firme, dictada en base al allanamiento de la parte demandada».
Es doctrina reiterada por este Centro Directivo que las sentencias declarativas o constitutivas con trascendencia inmobiliaria son directamente inscribibles en los libros del Registro, mediante la presentación del correspondiente testimonio de la resolución judicial que acredite su contenido así como la firmeza de la misma, pero ello siempre que del Registro no resulten obstáculos que lo impidan. Las sentencias declarativas ni necesitan ejecución ni, por ello, son susceptibles de actividades posteriores ejecutorias, con lo que, para la inscripción que se solicita es suficiente el testimonio de la sentencia, que es firme. Es ello consecuencia de lo dispuesto en el artículo 521 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, tras declarar en su número 1 que no se despachara ejecución de las sentencias meramente declarativas ni de las constitutivas, añade en su número 2 que «mediante su certificación y, en su caso, el mandamiento judicial oportuno, las sentencias constitutivas firmes podrán permitir inscripciones y modificaciones en Registros públicos, sin necesidad de que se despache ejecución». En consecuencia, aclarado en el anterior fundamento de Derecho la naturaleza declarativa de la sentencia calificada, procedería admitir el testimonio presentado como título bastante para practicar la inscripción solicitada.
Sentencia Civil Nº 428/2008, AP - Alicante, Sec. 6, Rec 296/2008, 11-12-2008
Orden: Civil Fecha: 11/12/2008 Tribunal: Ap - Alicante Ponente: Rives Seva, Jose Maria Num. Sentencia: 428/2008 Num. Recurso: 296/2008
Sentencia Civil Nº 501/2012, AP - Madrid, Sec. 9, Rec 90/2012, 29-10-2012
Orden: Civil Fecha: 29/10/2012 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Moreno Garcia, Juan Angel Num. Sentencia: 501/2012 Num. Recurso: 90/2012
Sentencia Civil Nº 88/2015, AP - Zamora, Sec. 1, Rec 15/2015, 19-05-2015
Orden: Civil Fecha: 19/05/2015 Tribunal: Ap - Zamora Ponente: Garcia Garzon, Pedro Jesus Num. Sentencia: 88/2015 Num. Recurso: 15/2015
Poder de disposición y pretensiones de las partes en el proceso civil
Orden: Civil Fecha última revisión: 07/06/2016
El Capítulo IV del Título I del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil se ocupa del Poder de disposición de las partes sobre el proceso y sobre sus pretensiones. Así, los Art. 19-22 ,LECiv regulan la transacción, la suspensión, la renuncia,...
Las normas específicas acerca de la contratación de las Entidades Locales se encuentran en la Disposición Adicional 2ª de la RDLeg. 3/2011 de 14 de Nov (TR. de la Ley de Contratos del Sector Público). Junto a lo dispuesto en ella debe tenerse p...
Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado Fecha: 09/12/2010

References: Resolución 
 artículo 11
 Real Decreto 
 artículo 88
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 521