Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421383.html
Timestamp: 2019-03-23 10:41:19+00:00

Document:
as201421383
Auto Supremo: 383/2014
Sucre: 17 de julio 2014
Expediente: O – 21 – 14 – A.
Partes: Rene Ocaña Colque y otros. c/ Félix Ocaña Chuquimia.
VISTOS: Los recurso de casación de fs. 404 y vta., formulado por Félix Ocaña Chuquimia y de fs. 410 a 412 interpuesto por Demetrio Vargas Lafuente en representación de Teodora Ocaña de Vargas, contra del Auto de Vista Nº 31/2014 de 25 de febrero de 2014 que cursa de fs. 398 a 401, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en el proceso de nulidad de declaratoria de herederos seguido por René Ocaña Colque y otros en contra de los recurrentes y otros, la concesión de fs. 418 los antecedentes del proceso, y:
La Juez de Partido Séptimo en lo Civil dicta el Auto de 23 de mayo de 2013 que cursa en la foja 360, por el que declara la perención de instancia, al considerar que en su criterio, el proceso hubiera sido abandonado por mas de seis meses computados desde el último actuado judicial, por lo que decreto la perención de instancia.
Resolución de primera instancia que es recurrida de apelación, en base al cual se emite el Auto de Vista de fs. 398 a 401 por el que se revoca la Resolución recurrida y se dispone la prosecución del proceso, fallo que a su vez es recurrido de casación en la forma, objeto de estudio.
El recurso de Félix Ocaña Chuquimia
Señala que en fecha 5 de noviembre de 2012 la parte demandante presenta memorial para conclusiones, que es admitida por providencia de 6 de noviembre de 2012, luego de ello la parte demandada en fecha 22 de mayo de 2013 presenta memorial solicitando la perención de instancia, así el Auto de Vista ha infringido el art. 309 del Código de Procedimiento Civil, al comprobarse la inactividad procesal por mas de seis meses.
Señala que el Auto de Vista viola el art. 313 num. 1) al indicar que la perención de instancia no procede luego de dictada la providencia de Autos para sentencia, por lo que antes de dicha providencia la perención de instancia resulta ser viable.
Acusa interpretación erróneamente el art. 394 del Código de Procedimiento Civil, pues si es obligación del Juez dictar el decreto de Autos para sentencia, también es cierto que la parte interesada no hizo nada durante el plazo de seis meses, ya que era obligación sacar el expediente para que corra el plazo señalado por el art. 394 del Código de Procedimiento Civil.
Por lo expuesto solicita se case el Auto de Vista y “se declare improbada la demanda”.
El recurso de Teodora Ocaña Chuquimia
Refiere infracción del art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, citando el art. 90 del mismo cuerpo legal y manifiesta que los demandantes apelaron indicando que el oficial de diligencias del juzgado de origen, había fenecido en sus funciones y no habría quien pudiera entregarles el cuaderno y que por tal antecedente no retiraron los cuadernos respectivos.
Los fundamentos de la apelación no son valederos como para un recurso por ello no se cumplió con el art. 219 y 227 del Código de Procedimiento Civil, si embargo la Sala Civil revoca la Resolución de primera instancia, por ello el fallo emitido por dicha Sala resulta ser incongruente, pues en el memorial de apelación no se pide nada al Tribunal de apelación.
Señala que los demandantes abandonaron el proceso por más de seis meses pues no retiraron el expediente y el Juez no podía dictar el decreto de Autos para sentencia por ello la paralización del proceso no es culpa del operador judicial, por ello manifiesta haberse inculcado el art. 394 y 395 del Código de Procedimiento Civil.
Señala que en forma extraña el Auto de Vista revoca la resolución interlocutoria, atendiendo solo los argumentos de la apelación; también refiere que la resolución recurrida no ha circunscrito su fallo sobre los puntos resueltos por el inferior que hay sido motivo de apelación, conforme a lo que señala el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, pues la resolución recurrida no analiza los fundamentos de la apelación.
Siendo claras las infracciones interpone recurso de casación en la forma y en el fondo contra el Auto de Vista Nº 31/2014, solicitando se conceda el mismo y se anulen obrados o alternadamente se case el Auto de Vista y se mantenga la resolución del Juez de primera instancia.
De acuerdo al memorial de fs. 410 a 412, se advierte que el mismo es un recurso tanto en la forma como en el fondo, por ello se resolverá con antelación el mismo y prioritariamente el de forma, pues en caso de advertirse una nulidad procesal ya sería innecesario ingresar al recurso en el fondo.
Sobre el recurso de Teodora Ocaña de Vargas.-
Acusa el reclamo que el Ad quem, hubiera emitido su fallo en base a argumentos ajenos al contenido del recurso de apelación y que el mismo no hubiera cumplido con la exigencia contenida en el art. 219 y 227 del Código de Procedimiento Civil.
Corresponde señalar que la Resolución de primera instancia por la que se ha originado toda la vía de impugnación vertical, es el que cursa de fs. 360, en el que tan solo se hizo el cómputo de inactividad procesal por el lapso de seis meses para declarar la perención de instancia.
De acuerdo a ello se dirá que el recurso de apelación de fs. 362 y vta., en una escueta redacción dan a entender su disconformidad con dicha Resolución definitiva por la que se declara la perención de instancia, en la que deducen estar absueltos de haber generado la inactividad procesal, de acuerdo a ello el Tribunal de Alzada ha emitido criterio por revocar la resolución de primera instancia, para tal efecto se debe manifestar que si bien el recurso de apelación no contiene una exquisita expresión de agravios, empero en cierta medida los apelantes manifiestan rechazar la declaratoria de perención de instancia, con ello el Tribunal de Alzada en su labor de un Tribunal de hecho y de segunda instancia, ha emitido su decisorio por revocar la resolución de la Juez de grado con una amplia fundamentación del instituto de la perención de instancia; no advirtiendo en el decisorio de segunda instancia incongruencia alguna, pues debe considerarse que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva, esto quiere decir que las partes se someten al proceso precisamente para solucionar sus controversias legales y al revocar la resolución de la Juez de grado se entiende que la controversia será resuelta sobre la base de las pretensiones de las partes; asimismo se debe considerar que el resto de los codemandados Felicidad, Herminia, Marina e Inés Ocaña Chuquimia por memorial de fs. 378 deducen rechazar el memorial presentado por Tito Alejandro Díaz Suarez.
Por último se debe señalar que los requisitos del recurso de apelación no pueden equipararse a los requisitos del recurso de casación, los cuales para el primero tan solo se precisa la exposición de uno o varios agravios y para el segundo resulta exigible el cumplimiento de los requisitos contenidos en el art. 258 del Código de Procedimiento Civil, aspecto que fue tomado en cuenta por el Ad quem.
No advirtiendo incongruencia en la Resolución recurrida y menos infracción de los arts. 219 y 227 del Código de Procedimiento Civil.
Sobre la infracción de los arts. 394 y 395 del Código de Procedimiento Civil, en sentido de manifestar que el Juez tenía la obligación de desarrollar la fase de conclusiones, de ahí que la paralización del proceso es una consecuencia de la conducta de los demandantes y no del operador judicial.
Se debe indicar que si bien Ad quem señaló que: “el Juez tiene la obligación de concluir con la etapa de conclusiones”, esto significa que el Juez debe dar la oportunidad a las partes de presentar sus conclusiones una vez cerrada la fase probatoria, no significa que deba obligar a las partes a presentar conclusiones pues las mismas no son indispensables para la prosecución de la causa, esto de acuerdo al tenor del art. 394 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto hace referencia a una facultad o potestad no obligatoria para los abogados, si creyeren conveniente pueden presentar sus conclusiones, la obligatoriedad que tiene el Juez es de respetar los plazos para que los abogados por turno puedan formular sus conclusiones, primero al demandante y segundo los demandados, quienes si no lo hacen en sus plazos respectivos el Juez debe dictar el decreto de “Autos” para sentencia, esa es su obligatoriedad, y no esperar a que una de las partes tenga que solicitar que se dicte el decreto de “Autos”, por tal razón no puede argumentarse que si no se presentó el memorial de conclusiones el proceso quedó paralizado, ese es un criterio erróneo, por ello una vez notificadas las partes con el Auto que clausura la fase probatoria y ante la falta de presentación de conclusiones por las partes en sus plazos respectivos, lo único que le queda al Juez es dictar de oficio el decreto de “Autos” para sentencia; consiguientemente no se advierte infracción de los arts. 394 y 395 del Código de Procedimiento civil, en los términos acusados por la recurrente.
Por otra parte resulta innecesario absolver la infracción del art. 236 del Adjetivo de la materia, por haber sido presentado como argumento de un recurso de casación en el fondo, cuando debió hacérselo en los argumentos del recurso de casación en la forma, pese que la misma en cierta parte ya ha sido respondida líneas supra.
Sobre el recurso de casación de Félix Ocaña Chuquimia.-
Sobre la infracción del art. 309 del Código de Procedimiento Civil por haber transcurrido el plazo para la perención de instancia, corresponde señalar que para la aplicación de dicho instituto no solo importa el cómputo de plazo de inactividad procesal, si bien resulta ser la regla, empero de ello como toda regla el instituto en cuestión tiene sus excepciones, una de ellas es la que dedujo el Tribunal de Alzada al señalar que el cómputo no puede efectuarse luego de haberse emitido el Auto de clausura de la fase probatoria, por ello no aplicó el cómputo del plazo luego de haberse emitido el Auto de clausura de la fase probatoria, en cuya fase procesal dicho instituto ya resulta inaplicable criterio emitido en base a la interpretación jurisprudencial que no solo se remonta a la emitida por este Tribunal Supremo de Justicia sino que la misma ya ha sido anticipada en varios fallos emitidos por la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la que este Tribunal comparte criterio, por ello no se advierte infracción del mencionado articulado.
Sobre la violación del art. 313 num. 1) del Código de Procedimiento Civil y la interpretación errónea del art. 394 del mismo cuerpo legal; corresponde señalar de forma genérica y para un sencillo entendimiento que el “proceso” es el conjunto de actos jurídico procesales regulados por ley con la finalidad de buscar la emisión de una sentencia que defina la pretensión de las partes, y en dicho desarrollo del proceso es atribución de la jurisdicción ordinaria la interpretación legal de las normas, y para ello se recurren a distintos métodos de interpretación como es el sistemático para ello se cita la Sentencia Constitucional Nº 1846/2004-R de 30 de noviembre, en el que señaló: “…Esto significa que los órganos de la jurisdicción ordinaria deben sujetar su labor interpretativa a las reglas admitidas por el derecho, con plena vigencia en el derecho positivo, que exige que tal labor se la realice partiendo de una “interpretación al tenor de la norma (interpretación gramatical), con base en el contexto (interpretación sistemática), con base en su finalidad (interpretación teleológica) y los estudios preparatorios de la ley y la historia de formación de la ley (interpretación histórica)” (Cfr. Cincuenta años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán , pág. 2); reglas o métodos de interpretación que en algunas legislaciones, han sido incorporados al ordenamiento jurídico positivo (así, art. 3.1 del Código civil español).
… “Las reglas de la interpretación aludidas, operan como barreras de contención o controles, destinadas a precautelar que a través de una interpretación defectuosa o arbitraria, se quebranten los principios constitucionales aludidos; de modo que debe ser previsible, tanto en relación a los medios empleados cuanto en relación al resultado alcanzado; pues la interpretación de una norma no puede conducir a la creación de una norma distinta de la interpretada.
En este orden, conviene precisar que la interpretación sistemática o contextualizada, puede extenderse, según los casos, al artículo del cual forma parte el párrafo o inciso analizado; al capítulo o título al que pertenece; al sector del ordenamiento con el que se vincula o pertenece; o al ordenamiento en su conjunto; y finalmente, de manera inexcusable, con las normas, principios y valores de la Constitución, dado que de todas las interpretaciones posibles que admita una norma, debe prevalecer siempre aquella que mejor concuerde con la Constitución”.
En el ámbito doctrinario podemos citar a Marcial Rubio Correa, en su obra: “El Sistema Jurídico, Introducción al Derecho” Fondo Editorial de la Universidad Católica del Perú, pág. 267 señala: “El método sistemático por ubicación de la norma, su interpretación debe hacerse teniendo en cuenta el conjunto, el subconjunto, grupo normativo, etc., en el cual se halla incorporada, a fin de su qué quiere decir sea esclarecido por los elementos conceptuales propios de tal estructura normativa”, con ello se puede indicar que la interpretación de una norma no se la puede hacer en forma individual sino en base a todas la normas que regulen o hagan referencia a un instituto en especial, así este Tribunal ha interpretado que la excepción a la regla del cómputo del plazo para la aplicación del instituto de la perención de instancia en procesos ordinarios no puede efectuarse cuando se ha dictado el Auto de clausura de la fase probatoria, como se ha explicado supra, pues al cerrar el debate probatorio, los únicos actuados por ser cumplidos son las conclusiones, actos procesales que no resultan ser necesarios o indispensables en el desarrollo del proceso. Se debe reiterar que siendo el proceso un conjunto de actos jurídicos procesales regulados por ley generados en busca de obtener una sentencia, luego del cierre del término probatorio y al no presentarse las conclusiones por las partes, lo único que al Juez le queda es que de oficio emita el decreto de “Autos” para sentencia y luego emitir sentencia definiendo las pretensiones de las partes, pues siendo las conclusiones actuados no indispensables, el juez se encuentra en la obligación de emitir el decreto de “Autos” de oficio en estricta sujeción del art. 2 del Código de Procedimiento Civil y por mandado del principio de celeridad consagrado en el art. 180 de la Constitución Política del Estado Plurinacional; consiguientemente efectuada dicho entendimiento, no se evidencia violación de los art. 313 num. 1) del Código de Procedimiento Civil, por haber merecido una interpretación diferente a la gramatical, sino sobre la base de la interpretación sistemática y por ello no se advierte interpretación errónea del art. 394 num. 1) del mismo cuerpo legal.
Por lo explanado corresponde emitir resolución en la forma prevista en el art. 271 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I numeral 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADOS, los recursos de casación en la forma y en el fondo de fs. 410 a 412 interpuesto por Demetrio Vargas Lafuente en representación de Teodora Ocaña de Vargas, y el recurso de casación en el fondo de fs. 404 y vta., formulado por Félix Ocaña Chuquimia contra el Auto de Vista Nº 31/2014 de 25 de febrero de 2014 que cursa de fs. 398 a 401, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

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