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Timestamp: 2019-11-18 22:45:20+00:00

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Aplicación de un periodo de prueba (dentro de un traspaso de personal) [Exp. 25144-2018] | LP
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Compartimos la Sentencia de Vista recaída en el Exp. 25144-2018-0-1801-JR-LA-05, por el cual la Octava Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima (que preside el juez Gino E. Yangali Iparraguirre), ha considerado que la aplicación de un periodo de prueba (dentro de un traspaso de personal) no será razonable ni aplicable cuando se advierte una manifestación expresa del empleador de liberarlo del periodo de prueba y la misma se acredita dentro del mismo proceso.
Así, al existir una continuidad de la relación laboral -conforme al traspaso-, se aprecia la constitución de un despido incausado, pues resulta ilegal e inconstitucional que el empleador alegue la vigencia del periodo de un periodo de prueba, a pesar de advertir la continuidad de una relación laboral.
Lima, diez de setiembre del dos mil diecinueve.-
I.1. Objeto de la revisión Viene en revisión a ésta instancia el recurso de apelación interpuesto por las partes intervinientes contra la Sentencia N° 212-20 19-39°JTPL contenida mediante Resolución N° 04, de fecha 12 de junio de 2019, en el cual se declaró fundada la demanda, ordenando la reposición al puesto de trabajo por la comisión de un Despido Incausado, mas costas y costos procesales; declarando infundada la tacha interpuesta por la parte demandada.
I.2. Del recurso de apelación (expresión de los agravios) La parte demandada, EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A., en su recurso de apelación refiere que la resolución impugnada a incurrió en diversos errores, señalado los siguientes agravios:
i.- El despacho incurre en error al momento de estimar la pretensión de reposición por despido incausado, pues a la parte demandante no se ha exonerado del periodo de prueba al momento de contratarse a los trabajadores a plazo indeterminado conforme a las condiciones de la oferta. En efecto, se aprecia que el ingreso a la empresa se supeditó a la aceptación previa de las condiciones ofrecidas y establecidas por el puesto a través de la oferta que se le entregó a los trabajadores. (Agravio N° 01)
ii.- La sentencia realiza una inadecuada motivación al momento de declarar fundado la reposición, pues se cesó al trabajador de sus funciones en cuanto no cumplía con los requisitos y condiciones necesarios para el puesto de trabajo; así, el plazo de 03 meses se aplica en forma automática y la exoneración de la misma debe encontrarse acreditado mediante un acuerdo entre las partes. (Agravio N° 0 2)
Asimismo, la parte demandante FELIPE QUISPE COSME, en su recurso de apelación refiere que la resolución impugnada a incurrió en diversos errores, señalado los siguientes agravios:
i. Existe un error al momento de no obligar a la parte demandante a que asuma los gastos relacionados al transporte de los testigos al local del juzgado, pues la misma era la medida idónea para poder valorar realmente la controversia de fondo. (Agravio N° 01)
PRIMERO.- En lo que respecta a los límites de las facultades de este colegiado al resolver el recurso de apelación.- De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente proceso laboral, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine los fundamentos vertidos por el órgano jurisdiccional de primera instancia, a solicitud de parte o tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente. Así, conforme a la aplicación del principio contenido en el aforismo latino tantum devolutum quantum apellatum, la competencia del Superior sólo alcanzará a ésta y a su tramitación; por lo que, corresponderá a este órgano jurisdiccional circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada, pronunciándose respecto a los agravios contenidos en el escrito.
SEGUNDO.- Sobre la Motivación de las Resoluciones Judiciales.- El inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú prescribe que toda resolución emitida por cualquier instancia judicial, incluido el Tribunal Constitucional, se deberá encontrar debidamente motivada, en donde manifestará en los considerandos la ratio decidendi que fundamenta la decisión, la cual deberá contar –por ende- con los fundamentos de hecho y de derecho que expliquen por qué se ha resuelto de tal o cual manera[1]. Con ello, la exigencia de que las resoluciones judiciales se encuentren motivadas o fundamentadas, por un lado, informa sobre la manera en que se está llevando a cabo la actividad jurisdiccional, y –por otro lado- constituye un derecho fundamental para que los justiciables ejerzan de manera efectiva su defensa[2] ; pero, también se deberá analizar con criterio de conciencia que el mismo no garantizará una determinada extensión de la motivación, pues solamente deberá existir un suficiente sustento fáctico, jurídico y probatorio en la decisión a asumir, es decir, una relación entre lo pedido y lo resuelto.
Con tal finalidad, mediante los Expedientes N° 4215 -2010-PA/TC , N° 01230- 2002-HC/TC y N° 08125-2005-HC/TC, el citado colegia do constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que ”La jurisprudencia de este Tribunal ha sido constante al establecer que la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas “garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables … De este modo, la motivación de las resoluciones judiciales se revela tanto como un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, así como un derecho constitucional que asiste a todos los justiciables” (…) “el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido constitucional se respeta, prima facie, siempre que exista: a) fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y, c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión”.
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References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 364
 resolución 
 resolución 
 artículo 139
 resolución