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Timestamp: 2020-06-03 17:07:04+00:00

Document:
BOE 17/01/1996
Artículo 2. Interés superior del menor .
Artículo 3. Referencia a Instrumentos Internacionales .
Artículo 9. Derecho a ser oído y escuchado .
Artículo 11. Principios rectores de la acción administrativa .
Artículo 12. Actuaciones de protección .
Artículo 14. Atención inmediata .
Artículo 17. Actuaciones en situaciones de riesgo .
Artículo 18. Actuaciones en situación de desamparo .
Artículo 19. Guarda de menores .
Artículo 19 bis. Disposiciones comunes a la guarda y tutela .
Artículo 20. Acogimiento familiar .
Artículo 20 bis. Derechos y deberes de los acogedores familiares .
Artículo 21. Acogimiento residencial .
Artículo 21 bis. Derechos de los menores acogidos .
Artículo 22 bis. Programas de preparación para la vida independiente .
Artículo 22 ter. Sistema de información sobre la protección a la infancia y a la adolescencia .
Artículo 22 quáter. Tratamiento de datos de carácter personal .
Artículo 22 quinquies. Impacto de las normas en la infancia y en la adolescencia .
Artículo 23. Índices de tutelas .
Artículo 24. Adopción de menores .
Artículo 25. Adopción internacional .
Disposición Final Vigesimoprimera
Disposición Final Vigesimosegunda
Disposición Final Vigesimotercera
Disposición Final Vigesimocuarta
I. La Constitución Española de 1978 al enumerar, en el capítulo III del Título I, los principios rectores de la política social y económica, hace mención en primer lugar a la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de los menores.
Consecuente con el mandato constitucional y con la tendencia general apuntada, se ha llevado a cabo, en los últimos años, un importante proceso de renovación de nuestro ordenamiento juridico en materia de menores.
De las Leyes citadas, la 21/1987, de 11 de noviembre, es la que, sin duda, ha introducido cambios más sustanciales en el ámbito de la protección del menor;
II. La presente Ley pretende ser la primera respuesta a estas demandas, abordando una reforma en profundidad de las tradicionales instituciones de protección del menor reguladas en el Código Civil.
Las trasformaciones sociales y culturales operadas en nuestra sociedad han provocado un cambio en el status social del niño y como consecuencia de ello se ha dado un nuevo enfoque a la construcción del edificio de los derechos humanos de la infancia.
El desarrollo legislativo postconstitucional refleja esta tendencia, introduciendo la condición de sujeto de derechos a las personas menores de edad. Así, el concepto “ser escuchado si tuviere suficiente juicio” se ha ido trasladando a todo el ordenamiento jurídico en todas aquellas cuestiones que le afectan. Este concepto introduce la dimensión del desarrollo evolutivo en el ejercicio directo de sus derechos.
El ordenamiento jurídico, y esta Ley en particular, va reflejando progresivamente una concepción de las personas menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y social; de participar en la búsqueda y satisfaccion de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás.
III. La Ley pretende ser respetuosa con el reparto constitucional y estatutario de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas.
Asimismo, cuando se hace referencia a competencias de carácter administrativo, se especifica que las mismas corresponden a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, de conformidad con el reparto constitucional de competencias y las asumidas por aquéllas en sus respectivos Estatutos .
IV. Por último se incorpora a la Ley la modificación de una serie de artículos del Código Civil con el fin de depurar los desajustes gramaticales y de contenido producidos por las sucesivas reformas parciales operadas en el Código.
2. A efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales, sin perjuicio de los establecidos en la legislación específica aplicable, así como de aquellos otros que puedan estimarse adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto;
3. Estos criterios se ponderarán teniendo en cuenta los siguientes elementos generales;
4. Sin perjuicio de las acciones de las que sean titulares los representantes legales del menor, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal su ejercicio, que podrá actuar de oficio o a instancia de el propio menor o de cualquier persona interesada, física, jurídica o entidad pública.
Se prestará especial atención a la alfabetización digital y mediática, de forma adaptada a cada etapa evolutiva, que permita a los menores actuar en línea con seguridad y responsabilidad y, en particular, identificar situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación así como las herramientas y estrategias para afrontar dichos riesgos y protegerse de ellos .
Los poderes públicos y los prestadores fomentarán el disfrute pleno de la comunicación audiovisual para los menores con discapacidad y el uso de buenas prácticas que evite cualquier discriminación o repercusión negativa hacia dichas personas .
Se garantizará la accesibilidad de los entornos y la provisión de ajustes razonables para que los menores con discapacidad puedan desarrollar su vida social, cultural, artística y recreativa .
2. Los menores tienen el derecho de asociación que, en especial, comprende;
2. Los deberes sociales incluyen, en particular;
1. Los menores tienen derecho a recibir de las Administraciones Públicas, o a través de sus entidades colaboradoras, la información en formato accesible y asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus derechos, así como a que se garantice su respeto .
a) Solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente;
c) Plantear sus quejas ante el Defensor del Pueblo o ante las instituciones autonómicas homólogas. A tal fin, uno de los Adjuntos del Defensor del Pueblo se hará cargo de modo permanente de los asuntos relacionados con los menores facilitándoles el acceso a mecanismos adecuados y adaptados a sus necesidades y garantizándoles la confidencialidad .
e) Solicitar asistencia legal y el nombramiento de un defensor judicial, en su caso, para emprender las acciones judiciales y administrativas necesarias encaminadas a la protección y defensa de sus derechos e intereses. En todo caso el Ministerio Fiscal podrá actuar en defensa de los derechos de los menores .
f) Presentar denuncias individuales al Comité de Derechos del Niño, en los términos de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la normativa que la desarrolle .
Los poderes públicos, en el diseño y elaboración de las políticas públicas, tendrán como objetivo lograr la plena integración de los menores extranjeros en la sociedad española, mientras permanezcan en el territorio de el Estado español, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social .
4. Cuando la Entidad Pública asuma la tutela de un menor extranjero que se encuentre en España, la Administración General del Estado le facilitará, si no la tuviere, a la mayor celeridad, y junto con la presentación del certificado de tutela expedido por dicha Entidad Pública, la documentación acreditativa de su situación y la autorización de residencia, una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen, y según lo dispuesto en la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración .
5. Respecto de los menores tutelados o guardados por las Entidades Públicas, el reconocimiento de su condición de asegurado en relación con la asistencia sanitaria se realizará de oficio, previa presentación de la certificación de su tutela o guarda expedida por la Entidad Pública, durante el periodo de duración de las mismas .
a) La supremacia de su interés superior.
1. Toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise .
4. Toda persona que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de información, de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos, o de explotación de menores, tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal penal .
5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales .
En los artículos 108, 823 y 980 quedan suprimidas, respectivamente, las palabras “plena”, “plena” y “plenamente”.
En los artículos 323 y 324 se sustituyen, respectivamente, las palabras “tutor” y “tutores” por “curador” y “curadores”.
En el primer párrafo del artículo 171 se eliminan las palabras “no se constituirá la tutela, sino que”.
Al final del último párrafo de este mismo artículo 171 se agrega la frase “o curatela, según proceda”.
“Al cónyuge que conviva con el tutelado”.
En el artículo 852 se sustituye “y 5.º” por “, 5.º y 6.º”. En el artículo 855 se sustituye “y 6.º” por “, 5 º y 6.º”; “169” por “170”, y se suprime su último párrafo.
Queda suprimido el párrafo segundo del artículo 992 y en el tercero, que pasará a ser segundo, se elimina la palabra “también”.
En el número 1 º del artículo 1291 las palabras “sin autorización judicial” sustituyen a “sin autorización del consejo de familia”.
En el artículo 1338 se sustituyen las palabras “El menor” por “El menor no emancipado”.
En el número 1.º del artículo 1393 se sustituyen las palabras “declarado ausente” por “declarado pródigo, ausente”.
1. Los actuales artículos 1910 a 1918 de la Ley de Enjuiciamiento Civil pasarán a integrar la Sección Tercera del Título IV del Libro III, titulada “Medidas provisionales en relación con los hijos de familia”.
2. La Sección Segunda del Título IV del Libro III, se denominará “Medidas relativas al retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional” y comprenderá los artículos 1901 a 1909, ambos inclusive, con el siguiente contenido:
1. El artículo 5, en sus apartados 3 y 4; el artículo 7 en su apartado 1; el artículo 8, en su apartado 2, letra c); el artículo 10, en sus apartados 1 y 2 letras a), b) y d); los artículos 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 en su apartado 2, 21 en sus apartados 1, 2 y 3, y el artículo 22, son legislación supletoria de la que dicten las Comunidades Autónomas con competencia en materia de asistencia social.
La presente Ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

References: Artículo 2

Artículo 3

Artículo 9

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 14

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 22

Artículo 22

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25
 artículo 171
 artículo 171
 artículo 852
 artículo 855
 artículo 992
 artículo 1291
 artículo 1338
 artículo 1393
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 22