Source: https://semanariorevueltas.com/2018/10/19/morena-propuestas-inconstitucionales/
Timestamp: 2019-05-22 07:48:31+00:00

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MORENA, propuestas inconstitucionales – Semanario Revueltas
MORENA, propuestas inconstitucionales
En primer lugar es necesario mencionar que estas propuestas se encuentran dentro del Proyecto de Nación MORENA 2018-2024. El presente artículo se basa en un análisis de aquellas propuestas que no se apegan al texto constitucional, por lo que se hará mención de éstas, seguidas de la explicación del porqué son inconstitucionales y posteriormente la opinión personal de cada una.
Acerca del destino de las llamadas reformas estructurales (laboral, educativa, fiscal, energética, entre otras), aunque nuestra postura sea revertirlas porque no benefician al pueblo, no responderemos a una imposición con otra imposición: se consultará a los ciudadanos si tales reformas se mantienen o se cancelan y, lo más importante, se garantizará la libre expresión de la voluntad ciudadana y se respetará la decisión de la mayoría.
Este párrafo hace referencia a una consulta popular. Al respecto, en el artículo 35° constitucional, fracción VIII, 3°, el texto dicta que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de Derechos Humanos reconocidos en la constitución, principios del artículo 40° de la misma, la materia electoral, seguridad nacional y los ingresos y gastos del estado, además la Suprema Corte resolverá la constitucionalidad de la materia en consulta, previo a la convocatoria del Congreso. Este último aspecto es el que determinaría la inconstitucionalidad de al menos en primer momento, la consulta de las Reformas Fiscal y Energética.
Desde el personal punto de vista, la consulta popular queda muy restringida al ser muy amplio el alcance de ingresos y gastos del Estado, ya que en buena medida muchos aspectos de trascendencia nacional involucran afectar algunos de estos dos factores y por lo tanto queda muy acotada una real participación ciudadana.
Se propondrá una reforma al artículo 108 de la Constitución para eliminar el fuero al presidente de la República y pueda ser juzgado como otros altos funcionarios públicos, por el delito de corrupción.
El artículo 108° establece que el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Esto quiere decir que ni siquiera es susceptible de ser sujeto de juicio político. Si bien se plantea aquí proponer una reforma constitucional, lo cual ya no lo haría constitucional, pienso que puede llegar a ser riesgoso e incluso peligroso permitir que el Presidente de la República sea juzgado como cualquier otro funcionario por el peso tan grande que tiene su puesto.
La razón de ser de esta figura jurídica es proteger el cargo y funciones del servidor público, pero nunca a la persona en sí. Generalmente pensamos en estos medios de impartición de justicia como aquéllos aplicables siempre a los culpables de haber cometido la falta o el delito y pensando en este sentido resulta coherente estar a favor de que estas personas sean juzgadas con el proceso común; no obstante en la realidad también ocurre que son aplicados a personas inocentes, ¿qué pasaría si por cuestiones meramente políticas se promueve un juicio político o una declaración de procedencia en contra del Presidente sin que éste haya cometido realmente la falta? Al estar en proceso, el cargo se tambalearía y el país entraría en un estado de potencial ingobernabilidad.
Claro está que estos mecanismos se han desvirtuado notablemente y podemos ver a servidores públicos rehusándose a ir al torito por las razones anteriores. Ante ésto es necesario fortalecer esta figura a través de reformas que no permitan la impunidad.
En torno al nombramiento de los ministros de la SCJN: que no sean nombrados, sino ungidos por elección popular previa propuesta de las universidades y academias; o que se elimine el sistema de ternas y en su lugar sea una propuesta unipersonal por parte del Ejecutivo, para evitar el desprestigio de los otros candidatos de la terna, sometidos innecesariamente a la crítica partidista; y porque la elección de uno solo, de esos tres, deriva de arreglos partidistas.
El 96° constitucional establece que para el nombramiento de los ministros, el Presidente someterá una terna a consideración del senado, el cual después de la comparecencia de ésta, designará al ministro mediante el voto de 2/3 de los senadores presentes.
La primera propuesta de ser elegidos por elección popular además de no apegarse al texto constitucional, politizaría a los ministros en todo este proceso de campaña y sufragio que pienso afectaría también la imparcialidad como principio de la impartición de justicia contenida en el artículo 17° de la Constitución, ya que como bien se sabe, durante una campaña electoral se pueden hacer favores durante el cargo derivado de alguien más financiarla. Asimismo, un ministro no es un político, es un jurista.
Si bien con el actual procedimiento de nombramiento éste puede ser susceptible de ser la causa de deber algún favor al Presidente o Senado, una campaña electoral aumentaría las posibilidades de que esto sucediera; sin mencionar que un ministro debe contar con un amplio conocimiento de Derecho (es el único cargo que tiene como requisito contar con el título de licenciado en Derecho) y dejar su nombramiento en manos de un pueblo cuya democracia no es madura aún y que muchas veces no precisa en el grado de experticia en la materia que se debe tener, me parece inadecuado.
La segunda parte de la propuesta de ser el nombramiento una decisión unipersonal del Ejecutivo me parece aún más riesgoso, porque no cuenta con el contrapeso que una decisión política debe tener, que es la razón de existencia del principio de División de Poderes.
Dentro del Plan Nacional se habla del plan de austeridad y una de sus medidas es bajar el sueldo de los funcionarios que ganan más de un millón de pesos anuales y eso incluye a los ministros de la Corte. Por ejemplo, Luis María Aguilar Morales, Cossío Díaz y Beatriz Luna Ramos ganan más de 4 millones de pesos anuales.
La Constitución establece en su artículo 94° párrafo 11 que la remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la suprema corte, magistrados de circuito, jueces de distrito y consejeros de la judicatura federal, así como magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. Este artículo se sustenta bajo la lógica de afirmar que si el Estado mantiene el cargo con una buena remuneración, los jueces no tienen por qué caer en cometer actos de corrupción como ser sobornados a cambio de una resolución a favor de alguien.
Hay ideas encontradas respecto esta propuesta. Por un lado, estos cargos tienen una inmensa responsabilidad y exigencia que es proporcional a su remuneración, además de prevenir actos de corrupción. Sin embargo, ganar más de 4 millones de pesos anuales es recibir una suma excesiva a sabiendas del nivel de pobreza en el que se encuentra nuestro país. La solución sería encontrar un justo medio.
Hay otras propuestas inconstitucionales dentro del Proyecto de Nación, aunque las presentadas en este artículo parecieron las de mayor importancia y controversia.
Es importante mencionar que, si bien estas propuestas son inconstitucionales, eso no significa que no se puedan lograr, sino que se puede hacer antes una reforma constitucional para que de esa forma, deje de ser inconstitucional.
El proceso para hacer una reforma constitucional es más complejo que para llevar a cabo una reforma sobre una ley ordinaria: el Congreso de la Unión va a acordarlas por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes y que sean aprobadas ulteriormente por la mayoría de las legislaturas de los estados. Lo cual muy difícilmente no podría hacer Morena por sus triunfos en estas elecciones.
En este proyecto de nación hay propuestas sumamente valiosas que sin duda van a contribuir a la mejora de nuestro país. Todas ellas a su vez tenemos que cuestionarlas por más bonitas que se escuchen: ¿se puede lograr? ¿cómo? y sobre todo ¿qué consecuencias puede tener? ¿mayoritariamente son buenas repercusiones?
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References: artículo 35
 artículo 40
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 17
 artículo 94
 resolución