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Timestamp: 2018-07-18 14:00:44+00:00

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La Accesibilidad y la Propiedad Horizontal (Comunidades de Vecinos).
¿Dónde se recoge la regulación jurídica de la accesibilidad?
¿Qué es la Propiedad Horizontal y dónde se regula?
¿Qué se necesita para instalar elementos que faciliten la movilidad de las personas discapacitadas - un ascensor o una rampa - en un edificio en régimen de propiedad horizontal?
¿Es necesario contar con un determinado porcentaje de minusvalía para exigir la instalación de elementos que faciliten la accesibilidad?
¿Quién ha de pagar la instalación del ascensor o la rampa?
Una vez acordada por la Comunidad la instalación de un ascensor o rampa, ¿Qué trámites son los siguientes?
¿Qué ocurre si, para instalar un ascensor, hay que invadir parte de una vivienda particular?
¿Hay alternativas a la negativa de la Comunidad de Propietarios de instalar el ascensor o la rampa?
2.- ¿Dónde se recoge la regulación jurídica de la accesibilidad?
Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción a la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de Cataluña
Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia
Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras de Asturias
Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad de La Rioja
Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y promoción de la accesibilidad general de la Región de Murcia
Ley 1/1998, de 5 de mayo, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación de la Comunidad Valenciana
Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación de Aragón
Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en Castilla-La Mancha
Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación de Canarias
Ley 8/1997, de 18 de junio, de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura
Ley 3/1993, de 4 de mayo, para la mejora de la accesibilidad y de la supresión de las barreras arquitectónicas de las Islas Baleares
Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de la Comunidad de Madrid
Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León
En lo que a la normativa estatal se refiere y, centrándonos en la accesibilidad en edificios, el Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios (BOE de 23 de mayo de 1.989), establecen una serie de medidas mínimas que deben garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad. Sin embargo, sólo resulta aplicable en ausencia de normativa autonómica, por lo que tiene escasa relevancia práctica.
Asimismo, debe mencionarse una norma de especial relevancia a estos efectos, como es la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (BOE de 3 de diciembre de 2.003). En su artículo 10.2.a) se establece la intervención del Gobierno en el establecimiento de medidas para permitir a las personas con minusvalía a la accesibilidad a los edificios, tanto públicos, como privados.
3.- ¿Qué es la Propiedad Horizontal y dónde se regula?
La Propiedad Horizontal es la organización de un edificio de forma que cada piso y cada local independientes, por tener salida propia a un elemento común del inmueble o a la vía pública, puedan ser objeto de propiedad separada, la cual llevará consigo un derecho de copropiedad sobre los elementos del edificio que son necesarios para el uso y disfrute del piso o local. Estos elementos comunes son: el zaguán, escaleras, ascensores, tejados, etc. La Comunidad de titulares de estos pisos y locales se llama Comunidad de Propietarios.
Su regulación se recoge en la Ley 49/1960, de 21 de Julio (BOE de 23 de julio de 1.960), que ha sufrido varias reformas, la más reciente, en el año 2003.
4.- ¿Qué se necesita para instalar elementos que faciliten la movilidad de las personas discapacitadas - un ascensor o una rampa - en un edificio en régimen de propiedad horizontal?
Desde la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal llevada a cabo en el año 2003, la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, es decir, de la configuración inicial del edificio en conjunto y de cada piso o local en particular, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.
Tal como se encarga de establecer la Ley en su artículo 17.1, "Los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto en esta norma obligan a todos los propietarios". Esto quiere decir que si la mayoría de los vecinos están de acuerdo en instalar un ascensor o una rampa, por ejemplo, dicho acuerdo obliga al resto de los copropietarios.
Una vez tomado el acuerdo, debe cumplirse pues, conforme establece la Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 18.4, los acuerdos de la Junta de Propietarios son ejecutivos.
Por tanto, existiendo el acuerdo de la instalación del ascensor o la rampa, deberá requerirse al Presidente de la Comunidad para que se ejecute el acuerdo tomado. Asimismo, sería interesante solicitar un certificado del contenido concreto del acuerdo.
Así, la medida más rápida y efectiva sería denunciar este hecho al Servicio de Urbanismo Municipal de la Localidad donde se resida. Asimismo, denunciar dicho hecho ante la Consejería de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de residencia. Esto es así, ya que existe normativa sectorial que regula la eliminación de barreras arquitectónicas. A través de la vía administrativa, que podría llegar a la imposición de sanciones a la Comunidad, se podría "motivar" a esta a la instalación de la rampa o ascensor.
5.- ¿Es necesario contar con un determinado porcentaje de minusvalía para exigir la instalación de elementos que faciliten la accesibilidad?
6.- ¿Quién ha de pagar la instalación del ascensor o la rampa?
Tal como establece el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, la instalación del ascensor obligaría a todos los propietarios del inmueble, debiendo éstos abonar el ascensor o la rampa en su totalidad.
Conforme a lo establecido en el artículo 9 e) de la misma Ley, los propietarios deberán contribuir a financiar la instalación "con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización". Esto quiere decir que se debe pagar conforme al porcentaje establecido en la escritura de división horizontal de la casa, siendo ilegal el pacto de establecer un sistema de pagos diferenciado para el ascensor o la rampa.
7.- Una vez acordada por la Comunidad la instalación de un ascensor o rampa, ¿Qué trámites son los siguientes?
8.- ¿Qué ocurre si, para instalar un ascensor, hay que invadir parte de una vivienda particular?
La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal efectuada por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, favorece la instalación de ascensores, si bien aún se plantean algunos problemas cuando dicha instalación requiere "expropiar" parte de la vivienda de otros propietarios.
Con carácter general, conforme al articulo 17.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, el establecimiento o supresión de los servicios de ascensor, portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general, incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.
Ahora bien, el propio articulo 17.1 LPH se encarga de establecer una mención: "sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de esta Ley".
Normalmente, lo que se suele hacer es tasar por una inmobiliaria o por una sociedad de tasación los metros afectados, e indemnizar al propietario en cuestión. Ahora bien, si los propietarios no quisieran vender, o si pidieran un precio desproporcionado, poco se podría hacer. Esto es así, porque legalmente, no se puede obligar a un propietario a sufrir esa merma o "expropiación" de su propiedad.
Convocar una Junta General Extraordinaria que llevara como único punto del orden del día "instalación de ascensor: medidas a adoptar". En esa Junta a la que deberían ser citados todos los propietarios se estudiarían los presupuestos del ascensor y se ofrecería a los propietarios de los locales afectados la indemnización por la obra a realizar; si estos la rechazaran por insuficiente, o pidieran mayor cantidad; no habría acuerdo. En tal caso, sólo quedaría la posibilidad, incierta en su resultado, de impugnar el acuerdo de la Comunidad, solicitando al Juez que declarase la obligación de los dueños de las viviendas afectadas de ceder la parte necesaria de las mismas para la instalación del ascensor.
9.- ¿Hay alternativas a la negativa de la Comunidad de Propietarios de instalar el ascensor o la rampa?
En el caso en que no se pueda aprobar la instalación del ascensor o la rampa, con carácter general, puede recurrirse a lo establecido por la Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre limites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad (BOE de 31 de mayo de 1.995).
Dicha Ley se aplica a las obras de adecuación de fincas urbanas ocupadas por personas minusválidas que impliquen reformas en su interior, si están destinadas a usos distintos del de la vivienda, o modificación de elementos comunes del edificio que sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la vía pública, tales como escaleras, ascensores, pasillos, portales o cualquier otro elemento arquitectónico, o las necesarias para la instalación de dispositivos electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior, se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la presente Ley.
a)Ser el titular o el usuario de la vivienda una persona con disminución permanente para andar, subir escaleras o salvar barreras arquitectónicas, se precise o no el uso de prótesis o de silla de ruedas.
b)Ser necesarias las obras de reforma en el interior de la finca urbana o en los pasos de comunicación con la vía pública para salvar barreras arquitectónicas, de modo que se permita su adecuado y fácil uso por personas con discapacidad, siempre que las obras no afecten a la estructura o fábrica del edificio, que no menoscaben la resistencia de los materiales empleados en la construcción y que sean razonablemente compatibles con las características arquitectónicas e históricas del edificio.
Comunicada en el tiempo y forma señalados la oposición a la ejecución de las obras de adecuación, o no aceptadas las soluciones alternativas propuestas, el titular o usuario de la finca urbana podrá acudir en defensa de su derecho a la jurisdicción civil, tramitándose el procedimiento como juicio verbal – arts. 437 y ss Ley de Enjuiciamiento Civil -. El juez dictará sentencia reconociendo el derecho a ejecutar las obras en beneficio de las personas discapacitadas, pudiendo, no obstante, declarar procedente alguna o parte de las alternativas propuestas por la parte demandada.
accesibilidad, vivienda, rampa, ascensor, comunidad de propietarios

References: Real Decreto 
 artículo 10
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 17
 artículo 9