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Timestamp: 2018-12-10 04:11:13+00:00

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Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado | Iberley
La Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado se regula por el Real Decreto 67/2010, de 29 de enero.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, fundamentalmente a través de sus artículos 31.1, 34.3 y 35.4, y la disposición adicional cuarta del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, previeron en su momento la necesidad de regular, a través de una normativa específica para las Administraciones Públicas, determinadas cuestiones tales como los derechos de participación y representación, la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas, la definición de funciones y niveles de cualificación del personal que las lleve a cabo y el establecimiento de adecuados instrumentos de control que sustituyan a las obligaciones en materia de auditorias, (arts. 29-33. bis, RSP), que no son de aplicación a las Administraciones Públicas.
Para el cumplimiento de todo lo anterior se promulgó el Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado que ha ido quedando obsoleto ante la aparición de distintas normativas preventivas como la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales; la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas; el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Art. 24 ,Ley de Prevención de Riesgos Laborales referido a la coordinación de actividades empresariales; y el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Prevención, en el que se desarrollan las previsiones de la Ley 54/2003, antes citada, en cuestiones tales como el Plan de Prevención, la obligatoriedad de la presencia de recursos preventivos en determinados trabajos o las auditorias de prevención. Todas ellas afectan de manera directa a los contenidos del citado Real Decreto 1488/1998 y requerían, por tanto, una la adaptación realizada por el REAL DECRETO 67/2010, DE 29 DE ENERO, DE ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.
En virtud de todo ello, se ha producido la adaptación a la Administración General del Estado de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y sus normas de desarrollo, así como del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, partiendo de la integración de la prevención en el conjunto de sus actividades y decisiones y la potenciación de sus recursos propios, y adecuando su contenido a sus peculiaridades organizativas y de participación del personal a su servicio.
El Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, será de aplicación en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella que tengan personal funcionario o estatutario a su servicio, ya tengan o no, además, personal laboral. En caso de que existan ambos tipos de personal, las previsiones serán igualmente aplicables a ambos (en los establecimientos penitenciarios también serán objeto de adaptación las actividades cuyas características justifiquen una regulación especial (3.3 ,LPRL).
No será de aplicación Ley de Prevención de Riesgos Laborales (art. 3.2, LPRL) en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan, en el ámbito de las funciones públicas de:
a.1) A las funciones que realicen los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, que no presenten características exclusivas de las actividades de policía, seguridad, resguardo aduanero y servicios operativos de protección civil, les será de aplicación la normativa general sobre prevención de riesgos laborales, con las peculiaridades establecidas para la Administración General del Estado en este real decreto y las contenidas en los reales decretos 179/2005, de 18 de febrero, y 2/2006, de 16 de enero, respectivamente para la Guardia Civil y la Policía Nacional. Así mismo, dicha normativa general sobre prevención de riesgos laborales será igualmente aplicable a los miembros del servicio de Vigilancia Aduanera, cuando realicen actividades cuyas peculiaridades no lo impidan.
b) Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. En los servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública la exclusión únicamente se entenderá a efectos de asegurar el buen funcionamiento de los servicios indispensables para la protección de la seguridad, de la salud y el orden público en circunstancias de excepcional gravedad y magnitud, quedando en el resto de actividades al amparo de la normativa general de prevención de riesgos laborales.
c) Fuerzas armadas y actividades militares de la Guardia Civil. En los centros y establecimientos militares será de aplicación la normativa general con las peculiaridades que se contemplan en los apartados siguientes:
c.1) Lo previsto en el Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, en el ámbito de las relaciones de trabajo del personal laboral y los funcionarios civiles que prestan sus servicios en establecimientos dependientes de la Administración Militar.
c.2) Para el personal militar y miembros del Cuerpo de la Guardia Civil que presten sus servicios en el ámbito del Ministerio de Defensa, lo previsto en los capítulos III, V y VII de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, se aplicará de acuerdo con el Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa.
La actividad preventiva a desarrollar en cada Departamento u organismo público afectados por este real decreto deberá integrarse en su correspondiente sistema general de gestión (arts. 1.1 y 1.2, RD 39/1997, de 17 de enero y 3, RD 67/2010, de 29 de enero).
El Plan de Prevención de Riesgos Laborales es la herramienta a través de la cual debe integrarse la actividad preventiva de los Departamentos y organismos públicos en su sistema general de gestión (art. 2, RD 39/1997, de 17 de enero).
OBLIGACIÓN DE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CREAR UN SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO. NO RESULTA APLICABLE EL RD 1488/1998, LIMITADO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. El TS considera que el RD 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado, no resulta aplicable a la Administración de las Comunidades Autónomas. Por ello, y dado que en el momento del litigio la Comunidad de Castilla-León no contaba con normativa específica, la Sala declara que debe aplicarse el artículo 14 del RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. El TS termina condenando a la Administración Autonómica enjuiciada y la Gerencia de Servicios Sociales de la misma a constituir un servicio de prevención propio y suficiente, basándose en las formas de proveer los servicios de prevención en función del tamaño de la empresa del citado Reglamento de los Servicios de Prevención. Ver sentencia nº TS, Sala de lo Social, de 24/04/2001, Rec. 3145/2000
Realización del Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva.
La evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva deberán realizarse en la siguiente forma (arts. 2.3 y capítulo II, RD 39/1997, de 17 de enero y 16, 25, 26 y 27, LPRL):
1.- La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente.
2.- Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes:
b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.
3.- Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las actividades realizadas, podrán realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva de forma simplificada, siempre que ello no suponga una reducción del nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y en los términos que reglamentariamente se determinen (según redacción aportada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio).
4.- Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud (Art. 22 ,LPRL), aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.
1. Con carácter general y sin menoscabo de lo establecido en la normativa específica aplicable a los colectivos, corresponde:
a) A las Juntas de Personal, Comités de Empresa, delegados de personal y representantes sindicales (Apdo. 2, Art. 34 ,LPRL).
b) A los Delegados de Prevención (Art. 36 ,LPRL).
c) A los Comités de Seguridad y Salud (Art. 39 ,LPRL).
2. La Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, será el órgano específico de participación y negociación de las organizaciones sindicales en materia de prevención de riesgos laborales.
3.- En el ámbito de cada Departamento u organismo público, cuando así se acuerde en los mismos y siempre que exista más de un Comité de Seguridad y Salud, podrán existir sendas Comisiones de Prevención de Riesgos Laborales que, en su caso, se constituirán o adaptarán, si ya estuvieran constituidas, de acuerdo con los criterios generales de ordenación de mesas de negociación.
Dirección General de la Función Pública en materia de prevención de riesgos laborales.
La Dirección General de la Función Pública realizará funciones de coordinación, seguimiento, promoción e impulso de la prevención de riesgos laborales en la Administración General del Estado y asumirá la interlocución con las organizaciones sindicales representativas. Específicamente, realizará las siguientes funciones:
a) Ejercer la presidencia del órgano de negociación y participación de la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales (Apdo. 2, Art. 4 ,RD 67/2010, de 29 de enero).
c) Realizar funciones de coordinación general de la función de prevención en el ámbito de la Administración General del Estado, especialmente en lo que se refiere a la fijación y aproximación de criterios, soportes y metodologías de actuación, así como a la coordinación centralizada con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo respecto a las funciones de asesoramiento, apoyo formativo y auditoría que dicho organismo tiene entre sus cometidos. Así mismo, asegurará la coordinación entre los Ministerios que forman parte de la representación de la Administración General del Estado en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en lo que se refiere a la aplicación de los criterios de la citada Comisión a los empleados públicos de la Administración General del Estado.
PRL Administración del Estado ESTOY AQUÍ
Recursos preventivos/Instrumentos de control
Servicios de Prevención y cualificación del personal
Ley 31/2006 de 18 de Oct (Implicación de los trabajadores en SA y Cooperativas Europeas) VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 250 Fecha de Publicación: 19/10/2006 Fecha de entrada en vigor: 20/10/2006 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado
D.F. 2ª. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 25/2009 de 22 de Dic (Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios) VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 308 Fecha de Publicación: 23/12/2009 Fecha de entrada en vigor: 27/12/2009 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado
D.F. 4ª. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.
D.F. 3ª. Habilitación normativa y desarrollo reglamentario.
Real Decreto 67/2010 de 29 de Ene (adaptacion de la legislacion de Prevencion de Riesgos Laborales a la Administracion General del Estado) VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 36 Fecha de Publicación: 10/02/2010 Fecha de entrada en vigor: 10/03/2010 Órgano Emisor: Ministerio De La Presidencia
D.F. 1ª. Peculiaridades de los órganos de participación en materia de prevención de riesgos laborales en determinados ámbitos.
Real Decreto 604/2006 de 19 de May (se modifican el RD. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el RD. 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construcción) VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 127 Fecha de Publicación: 29/05/2006 Fecha de entrada en vigor: 29/05/2006 Órgano Emisor: Ministerio De Trabajo Y Asuntos Sociales
D.F. 2ª. Aplicación a las Administraciones públicas.
Sentencia SOCIAL Nº 359/2018, JSO Oviedo, Sec. 3, Rec 202/2018, 18-07-2018
Orden: Social Fecha: 18/07/2018 Tribunal: Juzgado De Lo Social - Oviedo Ponente: Vega, Maria De Los Angeles Andres Num. Sentencia: 359/2018 Num. Recurso: 202/2018

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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 REAL DECRETO 
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 artículo 14

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