Source: http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=51&tipo=2
Timestamp: 2016-10-24 12:23:12+00:00

Document:
Sinopsis art�culo 51 - Constituci�n Espa�ola
Inicio > Constitución española > T�tulo I. De los derechos y deberes fundamentales > Sinopsis artículo 51 Buscar artículo nº:
Índice sistemático Sinopsis artículo 51
No hay precedentes de este art�culo ni en las Constituciones extranjeras europeas, aunque en algunas pueden encontrarse medidas que de alguna manera suponen una defensa de los consumidores, ni en las espa�olas; como en otras ocasiones referidas a este Cap�tulo, es nuevamente en la Constituci�n portuguesa de 1876 donde hay una referencia directa cuando en el art. 81 afirma que corresponde prioritariamente al Estado proteger al consumidor, especialmente mediante el apoyo a la creaci�n de cooperativas y de asociaciones de consumidores.
Pese a esta ausencia de precedentes constitucionales directos, aparte de la ya mencionada Constituci�n de Portugal, lo que s� existen, y de hecho tuvieron gran influencia en el debate constituyente, son documentos de organismos supranacionales referidos a la protecci�n de los consumidores; en este sentido, la Carta de Protecci�n de los Consumidores, aprobado por la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa en 1973, el Informe publicado por la OCDE en 1972 sobre la pol�tica de protecci�n a los consumidores en los Estados miembros de dicha organizaci�n, y la Resoluci�n del Consejo de Ministros de la CEE de abril de 1976.
El art. 51 (numerado como 44 en el Anteproyecto) fue objeto de una importante modificaci�n en el Informe de la Ponencia del Congreso, tras lo cual apenas fue objeto de debate ni en la Comisi�n ni en el Pleno de la C�mara baja; el debate sobre el fondo del precepto se suscit� en la Comisi�n Constitucional del Senado en torno a una enmienda presentada por el grupo parlamentario Agrupaci�n Independiente, que se centr� en el significado de la protecci�n de los consumidores a trav�s del reconocimiento de sus derechos b�sicos, tal como se expresan en los textos internacionales europeos (de la CEE, del Consejo de Europa y de la OCDE) y de la inclusi�n de una serie de derechos de car�cter instrumental respecto de los calificados como b�sicos.
Es este un precepto que hay que encuadrar en el marco del concepto de Estado social de Derecho (art. 1.1 de la Constituci�n) y de la econom�a de mercado, teniendo en cuenta que, aunque al igual que otros art�culos anteriores se ubica entre los principios rectores de la pol�tica social y econ�mica, aqu�llos contemplan la vertiente social de la acci�n de los poderes p�blicos mientras que �ste aborda el fundamento actual de la econom�a de mercado neocapitalista, basada en la llamada sociedad de consumo, de manera que la protecci�n espec�fica a los consumidores como sost�n b�sico del modelo econ�mico se convierte en una f�rmula de reforzamiento del citado modelo.
Desde este punto de vista, siendo el bienestar social exigencia y meta del neocapitalismo y por ello integrante del actual estado social, la inclusi�n de la protecci�n de los consumidores en la Constituci�n parece exceder el campo que le corresponder�a formalmente por su ubicaci�n en el �mbito de los derechos sociales, que es el correspondiente a la actividad normativa ordinaria de los poderes p�blicos, para convertirse en un verdadero principio del modelo econ�mico adoptado por la Constituci�n.
Ahora bien, es este un principio que opera en forma de l�mite del modelo de econom�a de mercado y de libertad de empresa que establece b�sicamente el art. 38 de la Constituci�n, l�mite cuyo fundamento se encuentra en los derechos de los consumidores y en la acci�n reguladora de los poderes p�blicos en consonancia con aquellos derechos; en definitiva, el art. 51 viene a intentar equilibrar el modelo de econom�a de mercado que, basado en la oferta de bienes de consumo, ha propiciado la posici�n dominante de las grandes sociedades productores, directa o indirectamente, de dichos bienes con la protecci�n al consumidor frente a la indefensi�n en que pueden encontrarse en sus relaciones jur�dicas con aquellas sociedades.
En desarrollo de este precepto constitucional se dict� la Ley 26/ 1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, ley dictada con cierto apresuramiento como consecuencia del conflicto social que supuso el s�ndrome t�xico producido por el aceite de colza adulterado, verdadero toque de atenci�n sobre la necesidad de garantizar a los ciudadanos un m�nimo de seguridad en relaci�n con el consumo. La Ley fue objeto de varias modificaciones, la mayor�a para integrar Directivas comunitarias. Por ello, y en cumplimiento de la previsi�n recogida en la disposici�n final quinta de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de Mejora de la Protecci�n de los Consumidores y Usuarios, que habilitaba al Gobierno para que, en el plazo 12 meses, procediese a refundir en un �nico texto la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y las normas de transposici�n de las directivas comunitarias dictadas en materia de protecci�n de los consumidores y usuarios que inciden en los aspectos regulados en ella, regularizando, aclarando y armonizando los Textos Legales que tengan que ser refundidos, se dict� el vigente Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Para la identificaci�n de las normas objeto de refundici�n se ha tuvo en cuenta el listado del anexo de la Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesaci�n en materia de protecci�n de los intereses de los consumidores y usuarios, que identifica las disposiciones comunitarias dictadas en materia de protecci�n de los consumidores y usuarios. La labor de refundici�n fue prolija, pues se incorporaron al Texto, adem�s, la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles; la regulaci�n dictada en materia de protecci�n a los consumidores y usuarios en la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley de Ordenaci�n del Comercio Minorista, para la transposici�n al ordenamiento jur�dico espa�ol de la Directiva sobre contratos a distancia; la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garant�as en la Venta de Bienes de Consumo, la Ley 22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad Civil por los Da�os Causados por Productos Defectuosos y la Ley 21/1995, de 6 de julio, sobre viajes combinados.
El libro primero se divide en cinco t�tulos. El primero, relativo a las disposiciones generales, incorpora una delimitaci�n del �mbito de aplicaci�n de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y una lista de conceptos reiteradamente utilizados en ella, asegurando una mayor claridad en la redacci�n, evitando repeticiones innecesarias e integrando las lagunas que hab�a identificado la doctrina. En este t�tulo se regulan, asimismo, los derechos de los consumidores y usuarios y la legislaci�n b�sica sobre ellos. El t�tulo II de este libro primero contiene la regulaci�n del derecho de representaci�n, consulta y participaci�n e incorpora el r�gimen jur�dico b�sico de las asociaciones de consumidores y usuarios adoptado en la modificaci�n normativa introducida por la Ley de Mejora de la Protecci�n de los Consumidores y Usuarios.
En el t�tulo III del libro primero se incorpora la regulaci�n en materia de cooperaci�n institucional, especialmente relevante en la protecci�n de los consumidores y usuarios teniendo en cuenta las competencias en la materia de las Comunidades Aut�nomas y de las entidades locales. Se integra as� en un t�tulo espec�fico la regulaci�n de la Conferencia Sectorial de Consumo incorporada en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en la modificaci�n realizada por la Ley de Mejora de los Consumidores y Usuarios y las disposiciones espec�ficas sobre cooperaci�n institucional en materia de formaci�n y control de la calidad. El t�tulo IV contiene las disposiciones en materia de procedimiento sancionador e infracciones y sanciones.
El t�tulo V, �ltimo del libro, articula el acceso a la justicia de los consumidores y, en particular, incorpora la regulaci�n de las acciones de cesaci�n frente a las conductas contrarias a la regulaci�n contenida en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y el Sistema Arbitral de Consumo.
El libro segundo, que regula relaciones jur�dicas privadas, se estructura en cinco t�tulos. El t�tulo I, en el que se contienen las disposiciones generales de los contratos con los consumidores, siguiendo el r�gimen contenido en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y estableciendo, conforme a las previsiones de las normas que se incorporan al Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, el r�gimen com�n del derecho de desistimiento en aquellos contratos en los que se prev� tal derecho.
Se incorporan en este t�tulo las disposiciones introducidas por la Ley de Mejora de la Protecci�n de los Consumidores, en materia de contratos con los consumidores. en coherencia con lo previsto en la Directiva 2005/29/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre pr�cticas comerciales desleales, que proh�be los obst�culos no contractuales para el ejercicio de tales derechos, proh�be las cl�usulas contractuales que establezcan estas limitaciones y, en particular, la imposici�n de plazos de duraci�n excesiva o las limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato.
En los contratos de prestaci�n de servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado, se han observado pr�cticas obstruccionistas al derecho del consumidor a ponerles fin. Para evitarlas, se introducen reformas para que quede claramente establecido, tanto en la fase previa de informaci�n como en la efectiva formalizaci�n contractual, el procedimiento mediante el cual el consumidor puede ejercitar este derecho y se asegura que pueda ejercitarlo en la misma forma en que contrat�, sin sanciones o cargas. Se establece asimismo la necesidad de que la informaci�n precontractual obligatoria se facilite al consumidor de forma gratuita, sin costes adicionales. Esta previsi�n tiene por objeto evitar pr�cticas lesivas, conforme a las cuales el cumplimiento de las obligaciones legales de los empresarios no s�lo suponen costes adicionales a los consumidores, sino una retribuci�n adicional al operador, mediante la utilizaci�n de las nuevas tecnolog�as. Nuevas tecnolog�as que, por otra parte, permiten la prestaci�n gratuita de la informaci�n m�nima exigible, conforme ya est� previsto en algunos �mbitos de la actividad econ�mica.
El t�tulo II establece el r�gimen jur�dico en materia de cl�usulas contractuales no negociadas individualmente y cl�usulas abusivas. Es destacable el fortalecimiento de la protecci�n del consumidor adquirente de vivienda cuando se precisa el car�cter abusivo de las cl�usulas que le trasladen gastos que corresponden al profesional, como los impuestos en los que el sujeto pasivo es el vendedor, o los gastos de las conexiones a los suministros generales de la vivienda, con el fin de evitar cl�usulas no negociadas que trasladan dichos gastos al consumidor. Se incorporan, asimismo, las previsiones tendentes a dar mayor claridad en las modalidades de c�lculo del precio de los contratos, evitando la facturaci�n de servicios no prestados efectivamente. En materia contractual, asimismo, se clarifica la equiparaci�n entre las estipulaciones contractuales no negociadas y las pr�cticas no consentidas expresamente con id�nticos efectos para los usuarios y en el �mbito sancionador.
Los t�tulos III y IV se destinan, respectivamente, a regular los contratos con consumidores celebrados a distancia y fuera de los establecimientos mercantiles. Se incorporan as� al Texto Refundido las disposiciones destinadas a regular las relaciones jur�dicas con los consumidores en los contratos a distancia de bienes y servicios contenidas en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenaci�n del Comercio Minorista, modificada por la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 7/1996, de Ordenaci�n del Comercio Minorista, para la transposici�n al ordenamiento jur�dico espa�ol de la Directiva 97/7/CE, en materia de contratos a distancia y para la adaptaci�n de la Ley a diversas directivas comunitarias. Como consecuencia de esta refundici�n la regulaci�n sobre contratos a distancia contenida en la Ley 7/1996, de 15 de enero, queda vigente para la regulaci�n de las relaciones empresariales. Igualmente se incorpora al Texto Refundido la regulaci�n contenida en la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles.
El t�tulo V, �ltimo del libro segundo, regula el r�gimen de garant�as y servicios posventa, integrando arm�nicamente el r�gimen de garant�as previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la regulaci�n contenida en la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garant�as en la Venta de Bienes de Consumo. El libro tercero armoniza el r�gimen de responsabilidad civil por da�os causados por productos defectuosos, previsto en la Ley 22/1994, de 6 de julio, y las disposiciones sobre responsabilidad contenidas en el cap�tulo VIII de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Este libro se divide en tres t�tulos. El t�tulo I en el que se contienen las disposiciones comunes en materia de responsabilidad por da�os causados por bienes y servicios defectuosos, el t�tulo II en el que se regula la responsabilidad civil causada por productos defectuosos y el t�tulo III en el que se regula la responsabilidad causada por el resto de los bienes y servicios.
En el libro cuarto, por �ltimo, se incorpora la regulaci�n espec�fica sobre viajes combinados. Este libro de divide en dos t�tulos, el primero sobre disposiciones generales y el segundo sobre resoluci�n del contrato y responsabilidades.
El art. 3 del Texto Refundido precisa el concepto de consumidores o usuarios considerando que a efectos de la ley lo son las personas f�sicas o jur�dicas que act�an en un �mbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Seguidamente el art. 4 considera como empresario a toda persona f�sica o jur�dica que act�a en el marco de su actividad empresarial o profesional, ya sea p�blica o privada.
El art. 8 hace una relaci�n de los derechos b�sicos de los consumidores, que son los siguientes: a) La protecci�n contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad; b) La protecci�n de sus leg�timos intereses econ�micos y sociales; en particular frente a las pr�cticas comerciales desleales y la inclusi�n de cl�usulas abusivas en los contratos; c) La indemnizaci�n de los da�os y la reparaci�n de los perjuicios sufridos; d) La informaci�n correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educaci�n y divulgaci�n para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute; e) La audiencia en consulta, la participaci�n en el procedimiento de elaboraci�n de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representaci�n de sus intereses, a trav�s de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas y f) La protecci�n de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de inferioridad, subordinaci�n e indefensi�n.
La competencia de la defensa de consumidores y usuarios ha sido una materia discutida, como muestra la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y la propia Exposici�n de Motivos del Real Decreto Legislativo 1/2007 as� lo recoge en tres ocasiones, la primera para citar la STC 15/1989 a la que m�s adelante se refiere esta exposici�n; la segunda, para recordar que es posible que el Gobierno, excepcionalmente, pueda complementar el r�gimen b�sico establecido en la ley mediante disposiciones reglamentarias; y finalmente, para concluir que el Texto Refundido no prejuzga cu�les sean las Administraciones p�blicas competentes en relaci�n con las materias contenidas en �l, consciente de que la protecci�n de los consumidores es una materia pluridisciplinar en la que concurren diversas Administraciones. Las Administraciones p�blicas competentes ser�n, en cada caso, las que tengan atribuida tal competencia por raz�n de la materia con pleno respeto a la autonom�a organizativa de las distintas Administraciones involucradas, en particular en las materias relacionadas con la salud y el turismo.
Es sabido, efectivamente, que ni el art. 148 ni el 149 CE establecen regla expl�cita relativa a la asunci�n de la competencia de defensa de los consumidores, por lo que debe considerarse como una competencia residual asumible por las Comunidades Aut�nomas en sus Estatutos de Autonom�a (art. 149.3 CE) o en las leyes org�nicas de transferencias; en efecto, pr�cticamente todas las Comunidades Aut�nomas han asumido como exclusiva la competencia de defensa de los consumidores.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la asunci�n como exclusiva de esta competencia no excluye la competencia estatal (STC 32/ 1983, de 28 de abril, FJ 2) desde el momento en que la competencia estatutaria tiene unos l�mites configurados sobre una serie de t�tulos competenciales que corresponden indubitadamente al Estado, tales como el sistema econ�mico constitucional (arts. 33, 38, 128, entre otros), la unidad del mercado en todo el territorio nacional (art. 139), y la garant�a de las condiciones que garanticen la igualdad entre los espa�oles (arts. 139 y 149.1.1�).
La pluralidad de fuentes normativas es un factor m�s a a�adir a la complejidad de esta materia que abordamos como consecuencia de una de sus principales caracter�sticas, que es su car�cter interdisciplinar o pluridisciplinar (SSTC 32/ 1983, de 28 de abril y 62/ 1991, de 22 de marzo, entre otras). El Tribunal Constitucional, en sus dos sentencias b�sicas en esta materia, las SSTC 71/ 1982, de 30 de noviembre, y 15/ 1989, de 26 de enero, advierte que la defensa del consumidor es un concepto de tal amplitud y de contornos tan imprecisos que, con ser en ocasiones dificultosa la operaci�n calificadora de una norma, estatal o auton�mica, cuyo designio pudiera entenderse que es la protecci�n del consumidor, la operaci�n no acabar�a de resolver el problema desde el momento en que la norma puede estar comprendida en m�s de una de las reglas definidoras de la competencia; en efecto, la norma cuya finalidad es la defensa del consumidor est� integrada al mismo tiempo en una disciplina jur�dica concreta (legislaci�n civil, mercantil, procesal, etc.) cuya competencia puede estar atribuida expresamente por el art. 149 CE al Estado, de tal manera que no es suficiente con que una Comunidad Aut�noma, incluso aunque haya asumido de forma exclusiva la competencia, emita una norma de defensa de los consumidores dentro de su �mbito territorial, sino que hay que examinar si la disciplina concreta en la que se articula aquella finalidad defensiva es tambi�n competencia suya para precisar cu�l es la norma, estatal o auton�mica, aplicable en cada caso concreto.
El Cap�tulo X de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984 realizaba el reparto de competencias entre las tres Administraciones implicadas (estatal, auton�mica y local), aunque hay que advertir que la STC 15/ 1989, de 26 de enero, declar� inconstitucional el art. 40, en el que se determinaba el �mbito competencial de las Comunidades Aut�nomas, por entender que dicho art�culo establec�a un mandato dirigido a las Comunidades que transgred�a la regla constitucional en virtud de la cual la distribuci�n de competencias solo podr�a derivar del juego combinado de la Constituci�n y de los Estatutos de Autonom�a o de la Leyes org�nicas de transferencias (FJ 11). En consecuencia, s�lo se mantuvieron vigentes los arts. 39 (acciones concretas de la Administraci�n del Estado de protecci�n y defensa de los consumidores) y 41 ("corresponder� a las autoridades y Corporaciones locales promover y desarrollar la protecci�n y defensa de los consumidores y usuarios en el �mbito de sus competencias y de acuerdo con la legislaci�n estatal y, en su caso, de las Comunidades Aut�nomas", especificando las acciones de informaci�n, inspecci�n y apoyo que deben realizar dichas Corporaciones), teniendo en cuenta que el �mbito de aplicaci�n y eficacia de este �ltimo precepto no alcanza a aquellas Comunidades Aut�nomas que hayan asumido la defensa de los consumidores como competencia exclusiva (STC 15/ 1989, FJ 11). El art�culo 52.2 CE menciona especialmente una serie de derechos: la formaci�n y educaci�n de los consumidores y usuarios, la representaci�n de sus intereses por medio de organizaciones o asociaciones y la audiencia de las mismas en las cuestiones que pudieran afectarles. Estos derechos quedan consagrados como b�sicos en el art. 8 del Real Decreto Legislativo.
Por lo que se refiere al derecho de representaci�n, consulta y participaci�n y r�gimen jur�dico de las asociaciones de consumidores y usuarios, como se ha avanzado, el Texto Refundido le dedica el T�tulo II del Libro I. Como se�ala su art. 22, este t�tulo tiene por objeto adoptar, conforme a lo previsto en el art�culo 1.3 de la Ley Org�nica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociaci�n, el r�gimen b�sico de las asociaciones de consumidores y la regulaci�n espec�fica a la que quedan sometidas las asociaciones de consumidores y usuarios de �mbito supraauton�mico.
Estas asociaciones, que se constituyen con arreglo a la Ley Org�nica del Derecho de Asociaci�n, se caracterizan por tener como finalidad constituyente la defensa de los intereses de los consumidores.
La normativa aplicable para la constituci�n y regulaci�n de las asociaciones de consumidores en las Comunidades Aut�nomas que hayan asumido la competencia en exclusiva ser� la propia de la Comunidad en cuesti�n, aunque la diferente normativa no excluye la existencia de un �nico Registro Estatal, que se lleva en el Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad a trav�s del Instituto Nacional del Consumo. Las asociaciones de consumidores y usuarios de �mbito estatal y todas aquellas que no desarrollen principalmente sus funciones en el �mbito de una Comunidad Aut�noma, deber�n figurar inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios que se gestiona en el Instituto Nacional del Consumo. La inscripci�n en el Registro estatal que confiere, entre otros, un especial derecho de representaci�n y defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios derivado de su mayor representatividad.
Evidentemente, la existencia de este Registro estatal no impide la propia existencia y la colaboraci�n con los Registros de Asociaciones de Consumidores que pudieran crearse en las diferentes Comunidades Aut�nomas. Tampoco la existencia de estos registros afecta a la validez de las asociaciones no inscritas ya que como principio b�sico de la Ley Org�nica del Derecho de Asociaci�n la inscripci�n en dichos Registros s�lo tiene efectos en cuanto condici�n, junto con las dem�s que determinen las Leyes del Estado y de las Comunidades Aut�nomas de los Consumidores, para que las asociaciones inscritas puedan recibir los beneficios que otorga la Ley, entre ellos, l�gicamente, el de la audiencia como se�al� la STC 15/ 1989, de 26 de enero, FJ 7.b). Lo que s� se�ala taxativamente el Real Decreto Legislativo 1/2007 en su art. 24 es que las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas conforme a lo previsto la normativa estatal y auton�mica que les resulte de aplicaci�n, son las �nicas legitimadas para actuar en nombre y representaci�n de los intereses generales de los consumidores y usuarios. La obligaci�n que tienen los poderes p�blicos de o�r a las asociaciones de consumidores y usuarios en las cuestiones que puedan afectarles se articula a partir deL �rgano nacional de consulta y representaci�n institucional de los consumidores y usuarios a trav�s de sus organizaciones, el Consejo de Consumidores y Usuarios, que integrar� las asociaciones de consumidores y usuarios de �mbito supraauton�mico que, atendiendo a su implantaci�n territorial, n�mero de socios, trayectoria en el �mbito de la protecci�n de los consumidores y usuarios y programas de actividades a desarrollar, sean m�s representativas (art. 38). El r�gimen jur�dico del Consejo de Consumidores y Usuarios se desarrolla a trav�s del RD 894/2005 de 22 de julio, modificado por el RD 763/2009 de 3 de abril. Tambi�n es preciso tener en cuenta el Real Decreto 825/ 1990, de 22 de junio, sobre el derecho de representaci�n, consulta y participaci�n de los consumidores y usuarios a trav�s de sus asociaciones, Ya que la obligatoriedad de audiencia de las asociaciones de consumidores vincula a todos los poderes p�blicos, lo que implica que tambi�n deben preverla las normas auton�micas reguladoras de este tipo de asociaciones en el �mbito de las respectivas Comunidades (STC 15/ 1989, FJ 7.c).
El Consejo de Consumidores y Usuarios estar� integrado por un presidente, hasta un m�ximo de 15 vocales en representaci�n de las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, uno de los cuales actuar� como vicepresidente, y un secretario".Los vocales del Consejo ser�n nombrados por el Ministro de Sanidad y Consumo, a propuesta del Presidente del Instituto Nacional del Consumo, tras la designaci�n de un vocal titular y un suplente por parte de cada asociaci�n o cooperativa de consumidores y usuarios seleccionada para estar representada en el Consejo de Consumidores y Usuarios. Asimismo es preciso tener en cuenta, en el �mbito de la representaci�n de los intereses econ�micos y sociales de los consumidores, el art. 2 de la Ley 21/ 1991, de 17 de junio, que crea el Consejo Econ�mico y Social y distribuye los 61 miembros que lo integran en tres grupos de veinte, siendo designados, en el tercero de los grupos, cuatro representantes de los consumidores por el Consejo de Consumidores y Usuarios.
Tambi�n se menciona expresamente en el art. 51.2 de la Constituci�n, y por ello merece especial atenci�n la obligaci�n de los poderes p�blicos de promover la informaci�n y la educaci�n de los consumidores. Se ha denunciado en ocasiones la poco afortunada redacci�n de este apartado respecto del t�rmino "educaci�n" por entender que en todo caso ya estaba comprendido en el art. 27 del Texto constitucional. De todas formas bien podr�a considerarse que el precepto pretende vincular educaci�n con informaci�n, entendiendo que �sta es uno de los instrumentos m�s eficaces que pueden colaborar en la educaci�n del conocimiento y h�bitos de consumo; este es el sentido que parece tener el Cap�tulo IV del T�tulo I del Libro Primero del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, rubricado Derecho a la informaci�n, formaci�n y educaci�n, al establecer que los medios de comunicaci�n social de titularidad estatal dedicar�n espacios y programas, no publicitarios, a la informaci�n y educaci�n de los consumidores, facilitando el acceso o participaci�n en ellos de las asociaciones de consumidores.
El derecho a la informaci�n, como derecho espec�fico de los consumidores, abarca tanto el derecho de los consumidores a recibir tal informaci�n cuanto el deber de informar. El primero se centra en el derecho que asiste a los consumidores de recibir una informaci�n veraz, eficaz y suficiente respecto de los bienes, productos y servicios consumibles, de tal manera que todos ellos tienen que incorporar o permitir de forma cierta y objetiva informaci�n sobre sus caracter�sticas esenciales (origen, composici�n, calidad, cantidad, precio, fecha de caducidad, instrucciones de uso, etc.) que permitan al consumidor dirigir su elecci�n, utilizar el bien y reclamar en caso de da�os o perjuicios causador por el bien o servicio utilizado (STC 71/ 1982, de 30 de noviembre, FJ 18).
La informaci�n puede proceder bien de los mismos fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, bien de las asociaciones de consumidores y usuarios o de cualquier organizaci�n p�blica o representativa de intereses colectivos, y puede tener car�cter gen�rico dentro del marco de la publicidad o configurarse como una obligaci�n singular dentro del contenido contractual espec�fico, pero en todo caso significa para las empresas, comerciantes y prestadores de servicios un deber de informaci�n de cumplimiento singular, mientras que para las organizaciones p�blicas o de representaci�n de intereses colectivos representa un deber de informaci�n que tienen que tener a disposici�n de los consumidores en general y de sus asociados en particular. Tambi�n las Administraciones p�blicas est�n llamadas a dar a los consumidores la informaci�n que obre en su poder, facilit�ndoles los datos que obren en su poder, sobre todo cuando se trate de productos o servicios sometidos al r�gimen de licencias o de inspecci�n oficial (STC 71/ 1982, FFJJ 10 y 18).
La estrecha conexi�n entre informaci�n al consumidor y publicidad se refleja en la preocupaci�n comunitaria al respecto ( sirva como ejemplo la Directiva de la CEE 84/ 450, aprobada por el Consejo el 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad enga�osa y publicidad comparativa) y en la regulaci�n estatal del fen�meno publicitario realizada en la Ley 34/ 1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, modificada por las Leyes 1/ 2000, de 7 de enero, 39/ 2002, de 28 de octubre y 29/2009 de 30 de diciembre que Modifica el r�gimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios.
Como se expuso anteriormente, el car�cter pluridisciplinar que abarca la defensa de los consumidores tiene el efecto de la existencia de un gran n�mero de normas sectoriales reguladoras de tal multiplicidad de materias que es totalmente imposible hacer alusi�n a ellas, y m�s si tenemos en cuenta que hay que considerar tanto la normativa estatal como las auton�micas y locales; sirva, a modo de ejemplo de la imposibilidad que planteamos, una somera enunciaci�n de algunos de los sectores objetos de regulaci�n en funci�n de la defensa de los derechos de los consumidores: agencias de viajes, talleres de veh�culos, tarjetas bancarias, electrodom�sticos, productos sanitarios y medicamentos, productos industriales, venta ambulante, venta a plazos, etc. etc. Del acervo normativo sectorial podemos subrayar algunas normas, tambi�n como simples ejemplos: Ley 29/2006, de 26 de julio Garant�as y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios; Ley 7/ 1995, de 23 de marzo, de Cr�dito al Consumo, el Real Decreto 1507/2000, de 1 de septiembre, que Actualiza los cat�logos de productos y servicios de uso o consumo com�n, ordinario y generalizado y de bienes de naturaleza duradera, a efectos de lo dispuesto, respectivamente, en los art�culos 2 apartado 2 y 11 apartados 2 y 5, de la Ley General para la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y normas concordantes ; Decreto 2484/ 1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el C�digo Alimentario Espa�ol (modificado por Real Decreto 1353/ 1983, de 27 de abril y Real Decreto 397/1990, de 16 de marzo, Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre); Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero que regula determinados aspectos de las ventas a distancia y la inscripci�n en el registro de empresas de ventas a distancia; Real Decreto 515/ 1989, de 21 de abril, sobre protecci�n de los consumidores en cuanto a la informaci�n a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas; Real Decreto 880/ 1990, de 29 de junio, sobre seguridad de los juguetes, Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo que regula determinadas condiciones de aplicaci�n de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producci�n y comercializaci�n de los productos alimenticios y un largo etc�tera imposible de enumerar. Especial significado tiene la Ley 7/ 1998, de 13 de abril, De Condiciones Generales de Contrataci�n, modificada por las Leyes 1/ 2000, de 7 de enero, 24/ 2001, de 27 de diciembre, y 39/ 2002, de 28 de octubre y 44/2006. El objeto directo de la Ley 7/ 1998, manifestado en su exposici�n de Motivos, es la trasposici�n al derecho interno de la Directiva 93/ 13/ CEE del Consejo de 5 de abril de 1993 sobre cl�usulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, teniendo en cuenta en especial el fen�meno de la generalizaci�n de los contratos de adhesi�n en los que las cl�usulas vienen impuestas y no son en realidad objeto de negociaci�n. al hilo de esta trasposici�n la Ley aborda la regulaci�n de las condiciones generales de la contrataci�n para garantizar la igualdad en la contrataci�n y la defensa de los consumidores. Distingue la Ley entre las condiciones generales de los contratos y las cl�usulas abusivas, teniendo en cuenta que �stas pueden existir tanto en las condiciones generales como en las cl�usulas predispuestas en los contratos particulares. En caso de contradicci�n entre las condiciones generales y las condiciones particulares previstas espec�ficamente para un contrato concreto, prevalecer�n �stas sobre aqu�llas, salvo que las condiciones generales resulten m�s beneficiosas para el adherente que las condiciones particulares, resolvi�ndose las dudas de interpretaci�n de las condiciones generales a favor del adherente. La consecuencia de esta regulaci�n favorable al contratante- consumidor es la nulidad de las condiciones generales que contradigan, en perjuicio del adherente, lo dispuesto en la Ley, y en particular la nulidad de las condiciones generales que sean abusivas.
Frente a este tipo de cl�usulas el adherente puede instar declaraci�n judicial de no incorporaci�n al contrato o de nulidad de las mismas; la sentencia de no incorporaci�n o de nulidad no supondr� necesariamente la ineficacia total del contrato si �ste puede subsistir sin tales cl�usulas.
Finalmente, la Ley crea un Registro de Condiciones Generales de Contrataci�n en el que podr�n inscribirse las cl�usulas contractuales que tengan el car�cter de condiciones generales (Real Decreto 1828/ 1999, de 3 de diciembre) La procedencia de la inclusi�n en la Constituci�n del apartado n�mero tres del art. 51 ha sido cuestionado por la doctrina por considerarlo perfectamente innecesario. Evidentemente, no cabe duda de que la ley tiene competencia para regular el comercio interior y el r�gimen de autorizaci�n de productos industriales, sin necesidad de que lo diga la Constituci�n; la justificaci�n del precepto se encuentra sin duda en la voluntad del constituyente de subrayar la necesidad de que la regulaci�n de aquellas materias estuviese marcada por el objetivo de la defensa de los consumidores.
La Ley 7/ 1996, de 15 de enero, de Ordenaci�n del Comercio Minorista, modificada por las Leyes 55/ 1999, de 2 de diciembre, y 47/ 2002, de 19 de diciembre y la 29/2009 de 30 de diciembre que Modifica el r�gimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios, as� como la Ley Org�nica 2/ 1996, de 15 de enero, complementaria de la anterior, regulan materias tales como la oferta comercial, los precios, la promoci�n de ventas (rebajas, ventas de promoci�n, ventas de saldos, ventas con obsequios, etc.), las ventas especiales (a distancia, autom�tica, ambulante, en p�blica subasta, en r�gimen de franquicia, etc.) y los horarios comerciales; los art�culos 37 y parcialmente el 53 de la Ley 7/ 1996 fueron declarados inconstitucionales por la STC 124/ 2003, de 19 de junio, que tambi�n despoja del car�cter de org�nicos a los art�culos 2 y 3 de la Ley Org�nica 2/ 1996.
En concreto, la regulaci�n de los horarios comerciales parte del Real Decreto ley 22/ 1993, de 29 de diciembre, de Bases para la regulaci�n de horarios comerciales, cuya regulaci�n se reproduce �ntegra en la Ley Org�nica 2/ 1996 en el sentido de que la regulaci�n de los horarios de apertura y cierre de los locales comerciales corresponder�a a las Comunidades Aut�nomas que hubiesen asumido la competencia de comercio interior en sus Estatutos (todas menos la Comunidad Aut�noma de las Islas Baleares), pero en el marco del art. 149.1 13� que atribuye al Estado la competencia de ordenaci�n general de la actividad econ�mica (SSTC 225, 228, 269 y 284/ 1993). En definitiva en esta materia el art. 43 del Real Decreto ley 6/ 2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificaci�n de la Competencia en mercados de bienes y servicios, establece una especie de moratoria al supeditar la libertad absoluta de horarios y d�as de apertura de los locales comerciales a un acuerdo con las Comunidades Aut�nomas en un plazo no anterior al a�o 2005, incluy�ndose una serie de medidas liberalizadoras. La regulaci�n b�sica de esta materia en concreto se acomete actualmente en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales. El Derecho sancionador referido a la defensa de los consumidores y usuarios est� integrado, en primer lugar, por la serie de delitos tipificado en el C�digo Penal en relaci�n con esta materia, en especial los arts. 278 a 288 (delitos relativos al mercado y a los consumidores) y 359 a 367 (delitos contra la salud p�blica), aparte de todas las formas delictivas que afecten a la celebraci�n de los contratos.
La regulaci�n b�sica de las infracciones y sanciones se encuentra en los arts. 49 a 52 de la Texto Refundido de la Ley Consumidores y Usuarios, que se remite al Real Decreto 1945/ 1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producci�n agroalimentaria. La STC 71/ 1982, de 30 de noviembre, aborda la cuesti�n de la legitimaci�n procesal, en relaci�n con el ejercicio de acciones judiciales en defensa de los intereses colectivos, y muy espec�ficamente la posibilidad de legitimaci�n procesal de las asociaciones de consumidores y usuarios. En el FJ 20 razona el Tribunal sobre el sistema de legitimaci�n colectiva reconocida en nuestro sistema jurisdiccional, concretamente en el art. 32 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci�n Contencioso Administrativa, precisando que esta es una f�rmula perfectamente utilizable cuando la defensa de los intereses colectivos por parte de aquellas asociaciones puede hacerse valer por los cauces del proceso contencioso- administrativo. Sin embargo, concluye el Tribunal, no puede reconducirse a la misma regla la legitimaci�n de las asociaciones de consumidores, entendida como sustitutoria, pero no excluyente, del ejercicio de la acci�n individual, si el consumidor o usuario perjudicado optase por este ejercicio ante una jurisdicci�n distinta de la contencioso- administrativa. Se puede consultar, adem�s, la amplia bibliograf�a disponible sobre el contenido del art�culo.
Asunci�n Garc�a Mart�nez. Profesora titular. Universidad Complutense. Diciembre 2003.

References: artículo 51
 artículo 51
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto