Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2002sp/Guatemala.32000.htm
Timestamp: 2018-08-19 16:00:15+00:00

Document:
Guatemala P320/00 - admisible
INFORME Nº 74/02[1]
PETICIÓN 320/2000
FERMÍN RAMÍREZ Y/O FERMÍN RAMÍREZ ORDOÑEZ
1. El 9 de junio de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la “Comisión Interamericana”, la “Comisión” o “la CIDH”) recibió una denuncia presentada por el Instituto de Defensa Pública Penal (en adelante “el peticionario”), en representación del Sr. Fermín Ramírez o Fermín Ramírez Ordoñez (en adelante la presunta víctima), en contra de la República de Guatemala (en adelante “el Estado”, “el Gobierno” o “Guatemala”). La petición se relaciona con la imposición de la pena de muerte al Sr. Fermín Ramírez el 6 de marzo de 1998, por el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el ambiente del departamento de Escuintla al declarar al procesado responsable como autor del delito de asesinato de la niña Grindi Yasmín Franco Torres. En esa misma oportunidad, los peticionarios solicitaron a la Comisión medidas cautelares en favor de la presunta víctima.
2. El peticionario alegó la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a la vida, y a las garantías judiciales y a la protección judicial contemplados en los artículos 4, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”) en perjuicio de Fermín Ramírez, en conjunción con la obligación genérica de respeto y garantía de los derechos establecidos en la Convención.
3. El Estado, por su parte, alegó que la actuación del Tribunal que le impuso a la presunta víctima la pena de privación de la vida fue ejercitada en el estricto marco jurídico guatemalteco y que además, la misma contó con todos los medios de defensa necesarios para repeler las decisiones judiciales que le fueron desfavorables. Por lo tanto, solicitó a la Comisión que declarara inadmisible el reclamo de los peticionarios.
5. La petición fue presentada ante la Comisión, el 9 de junio de 2000. En aquella oportunidad, el peticionario solicitó también medidas cautelares a favor de la presunta víctima. El 27 de junio nuevamente el peticionario se dirigió a la CIDH requiriendo que la misma solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales a favor del condenado. La CIDH, en virtud de tal pedido, el 19 de junio de 2000 transmitió las partes pertinentes al Estado guatemalteco y le solicitó presentar información respecto de la solicitud de medidas cautelares en el plazo de 7 días. Seguidamente, el 21 de junio del mismo año, el Estado manifestó a la CIDH que su requerimiento sería satisfecho lo antes posible con la actuación de los tribunales de justicia que tienen competencia al efecto y a quienes se les había realizado el traslado del expediente en cuestión.
6. El Estado, mediante comunicación fechada el día 11 de agosto de 2000, se dirigió a la Comisión manifestando que no se había configurado en el presente caso ninguna violación a los derechos consagrados en la Convención y que además, la falta de agotamiento de los recursos internos a disposición del Sr. Ramírez constituía otra causal que impedía a la CIDH decretar cualquier tipo de medidas cautelares a favor de la presunta víctima o solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales en su favor.
7. En fecha 7 de diciembre de 2000, el peticionario presentó a la Comisión una reiteración de la solicitud de medidas cautelares a favor de la presunta víctima, en virtud de haber sido agotados todos los recursos ordinarios de la jurisdicción interna y ser inminente la fijación de la fecha para su ejecución.
8. El 3 de mayo de 2001 la Comisión inició el trámite de la petición, transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado guatemalteco y le solicitó presentar una respuesta a la petición dentro del plazo de dos meses de conformidad con el artículo 30 de su Reglamento. El Estado envió sus observaciones a la CIDH el 11 de julio de 2001, en la misma solicitó a la CIDH que declarase la inadmisibilidad del presente caso y que se abstenga de solicitar medidas cautelares a favor del Sr. Ramírez.
9. El 3 de octubre del año 2001 la Comisión trasmitió al peticionario las partes pertinentes de la respuesta del Estado y le solicitó presentar sus observaciones en un plazo de 30 días. El 12 de noviembre el peticionario presentó sus observaciones al informe presentado por el Gobierno de Guatemala donde nuevamente solicitó a la Comisión la adopción de medidas cautelares y que se continúe con el trámite del presente caso.
10. Finalmente el peticionario presentó un nuevo informe de ampliación a las observaciones presentadas en fecha 12 de noviembre de 2001.
11. El peticionario sostiene que al Sr. Fermín Ramírez se le impuso la pena de muerte en un proceso en el que no se respetaron varias de las garantías mínimas establecidas en el artículo 8; como consecuencia de ello, a su juicio, la aplicación de dicha pena viola el artículo 4 del mismo instrumento interamericano.
12. En primer lugar, el peticionario informó a la CIDH que en la presente causa el Ministerio Público acusó al sindicado del delito de violación calificada, el cual no está sujeto a la pena de muerte en los casos en que la víctima sea mayor de 10 años, de conformidad con la legislación penal de guatemalteca. [2] Indica, además, que el auto de apertura a juicio fue también por el delito de violación calificada, y que todo el desarrollo del debate se realizó por el mismo delito. El peticionario indica que no obstante lo anterior, en la sentencia el Tribunal calificó los hechos como asesinato y en consideración a la “peligrosidad” de la presunta víctima, le impuso la pena máxima. Asimismo, el peticionario señala que en el transcurso del debate oral el Tribunal advirtió a las partes sobre una posible variación en la calificación jurídica de los hechos, en uso de una facultad legal establecida en la normativa de procedimiento penal de Guatemala,[3] y que el Ministerio Público, en las conclusiones finales, solicitó la calificación jurídica por el delito de asesinato.
13. Al respecto, el peticionario alega que en la sentencia fueron alterados los hechos objeto de la acusación y del debate oral, sin que el acusado tuviera la oportunidad de ser oído sobre esta nueva imputación, ni presentar pruebas de descargo en relación con el delito de asesinato ni controvertir los hechos que condujeron a considerarlo como “peligroso” de una manera práctica y efectiva. El peticionario sostiene que es precisamente el estado de indefensión al que fue sometido el que constituye una ruptura radical de las garantías mínimas que tiene todo acusado en un proceso penal, particularmente si este proceso termina con la imposición de la pena capital.
14. En segundo lugar, el peticionario alega que la sindicación del imputado como peligroso no fue oportunamente imputado al condenado, dado que ni en la acusación, auto de apertura a juicio, ni en el debate se le hizo mención alguna a dicha circunstancia, que conforme a la legislación penal guatemalteca es la única que habilita la imposición de la pena de muerte a un delito de asesinato. El peticionario alega que para que el tribunal pueda imponer la pena de muerte es necesario probar la peligrosidad del agente[4] y en el proceso contra el Sr. Ramírez en ningún momento el Ministerio Público formuló imputación en su acusación sobre la peligrosidad, ni tampoco según la argumentación de los peticionarios, el tribunal podría tener por probado este extremo, ya que el tribunal tiene como límite de la determinación de los hechos la imputación conocida por la defensa en la acusación, de tal modo el peticionario afirma que la defensa no pudo ejercer ni prever una estrategia para refutar tales afirmaciones en cuanto a la peligrosidad.
15. Asimismo, el peticionario manifestó que se vulneró la garantía de la presunción de inocencia, que supone en los casos en que se aplique la pena de muerte la prohibición de aplicación de dicha pena sobre la base de presunciones que admitan la posibilidad de una explicación diferente de los hechos. En el presente caso, se alega que no se expresaron los hechos en virtud de los cuales el tribunal de primera instancia consideró por acreditadas las causales agravantes, limitándose a señalarlas como concurrentes. Se alega también que la ausencia de expresión en la sentencia de primera instancia de los hechos en que consistían la mayoría de las causas de agravación indicadas por el Tribunal y la falta de fundamentación de las mismas en los principios de la sana crítica razonada restringieron objetivamente la posibilidad de la defensa de controvertir cuestiones de derecho relevantes sobre tales circunstancias agravantes en los recursos de apelación especial y de casación interpuestos por la vía de la impugnación.
16. Finalmente el peticionario alegó que en los recursos que se interpusieron para impugnar la sentencia de primera instancia se planteó la inadecuada calificación del delito y concurrencia de calificantes, pero dada la estructura del proceso legal en Guatemala por la que las cuestiones de hecho se debaten únicamente en la primera instancia del procedimiento, la posibilidad de contradictorio quedó circunscripta a cuestiones puramente de derecho y no sobre las circunstancias de hecho constitutivas de causales de agravación. Lo que determinó, en últimas, que la presunta víctima no gozara del derecho a la protección judicial.
17. En cuanto al artículo 4 de la Convención, el peticionario manifestó que el Estado de Guatemala violó la referida disposición convencional debido a que no observó las garantías judiciales de manera abierta, las mismas que deben ser respetadas con mucha mayor rigurosidad en procesos por delitos sancionados con la pena de muerte. El peticionario invoca tanto la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la opinión del Comité de Derechos Humanos[5] sobre la obligatoriedad de observar de manera estricta las garantías del debido proceso, cuando cabe la posibilidad de aplicarse la pena capital, a fin de que la misma no sea impuesta arbitrariamente.
Sobre el agotamiento de los recursos internos
18. Los peticionarios informan que la sentencia del 6 de marzo de 1998 por medio de la cual se impuso la pena de muerte al señor Fermín Ramírez fue impugnada a través del recurso de apelación, el cual fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Guatemala en providencia del 27 de mayo de 1998; que la defensa interpuso un recurso de casación en contra de dicho fallo, el cual fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia el 17 de agosto de 1998; que posteriormente la defensa presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, el cual fue rechazado el 18 de febrero de 1999; y que, finalmente, interpuso un recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, el cual fue rechazado mediante resolución del 12 de julio de 1999. Asimismo, los peticionarios informan que el 27 de julio de 1999 se presentó un recurso de gracia ante el Presidente de la República, el cual fue rechazado el 31 de mayo de 2000.
19. En su respuesta a las argumentaciones de los peticionarios, el Gobierno de Guatemala señaló que no se referiría a todos los puntos relativos al derecho de defensa referidos por el peticionario en la petición porque consideraba que ello implicaría discutir sobre la interpretación y la aplicación de preceptos jurídicos de orden interno, lo que en definitiva constituiría la creación de una cuarta instancia y el debilitamiento institucional guatemalteco, toda vez que se pondría en tela de duda un asunto que ha pasado por todas las etapas y procedimientos establecidos por el Código Procesal Penal (en adelante CPP) y otras leyes relativas a la materia.
20. El Estado manifestó que en el presente caso el cambio de la calificación jurídica del delito efectuado por el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia no ha vulnerado el derecho de defensa del Sr. Ramírez, ya que se realizó en estricto cumplimiento de las garantías judiciales que supone el debido proceso. Al respecto, el Estado argumentó que al imputado se le formuló auto de prisión preventiva por los delitos de Asesinato y Violación Calificada y que como lo reconoció el peticionario, se advirtió a la defensa durante el debate de una posible modificación del tipo penal, circunstancia que se encuentra prevista expresamente en el CPP[6] y que posteriormente, en las conclusiones finales, fue solicitada también por el Ministerio Público.
21. El Estado argumentó además, que el Tribunal de sentencia no hizo más que valorar la prueba obrante en la causa de la cual no surge que la muerte de la menor se hubiera producido por el hecho de la violación o por circunstancias secundarias a la misma; por el contrario, se sostiene que en este caso se logró distinguir y probar fehacientemente, mediante el informe del médico forense que intervino en el proceso, que la causa de la muerte fue la asfixia por estrangulación. El Estado añadió al respecto que existió lo que doctrinariamente se conoce como “concurso real o material de delitos” ya que el imputado, según las constancias procesales, ejecutó dos acciones, la de “dar muerte” a la menor y la de ”violarla”. Estas dos acciones por separado constituyen un delito y el Tribunal de Sentencia interpretó que la acción de dar muerte a la menor, con las agravantes respectivas, accionó en su contra la disposición de derecho que apareja la privación de la vida. Es por todo ello que el Estado considera que la alteración de los hechos que alega el peticionario y por lo que según sus argumentaciones se produjo la violación de derechos del procesado no ha existido y señala asimismo que si tales argumentaciones resultaran verídicas el sindicado contó con todos los medios necesarios para hacer valer su defensa.
22. En cuanto a los alegatos del peticionarios referentes a la violación de la presunción de inocencia, el Estado manifestó que si existió una sentencia condenatoria en la presente causa es porque se probó debidamente que el Sr. Ramírez fue el autor de un crimen que los tribunales de justicia calificaron como asesinato. Asimismo el Gobierno manifiesta que el Tribunal de Sentencia no estaba obligado a expresar los fundamentos de todas las agravantes, ya que tan sólo con la concurrencia de una de ellas, y atendiendo a la naturaleza y circunstancias propias del ilícito, éste está facultado para imponer la sanción. Finalmente se señala que el Tribunal sí declaró que tenía por concurridas las agravantes de alevosía, premeditación conocida, abuso de superioridad, despoblado y menosprecio de la víctima.
23. En cuanto al derecho a la protección judicial, el Estado alega que de los recursos y acciones agotadas por los peticionarios se concluye que el Sr. Ramírez contó con los medios jurídicos idóneos para que tribunales superiores conocieran de la causa instruida en su contra y que en todos y cada uno de los recursos no se encontraron motivos en cuanto a la violación señalada.
24. Por las razones anteriormente expresadas el Estado alegó que no existió ninguna violación a un juicio justo o al debido proceso y a las garantías judiciales previstas en la Convención, por lo que en consecuencia, se le pueda atribuir responsabilidad internacional por la violación del derecho a la vida del Sr. Ramírez.
25. La Comisión pasa a analizar los requisitos de admisibilidad establecidos en la Convención Americana.
26. La Comisión tiene competencia ratione materiae para conocer la presente petición porque en ella se denuncian violaciones a derechos protegidos en la Convención Americana, de la cual el Estado de Guatemala es Parte al haberla ratificado el 25 de mayo de 1978.
27. La Comisión tiene competencia ratione personae para conocer la presente petición porque tanto la naturaleza de los peticionarios, como la de la presunta víctima, satisface los requerimientos señalados, respectivamente, en los artículos 44 y 1(2) de la Convención.
28. La CIDH tiene competencia ratione temporis para conocer la presente petición por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraban en vigor para el Estado guatemalteco en la fecha en que habrían ocurrido las violaciones alegadas.
29. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la presente petición por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos ocurridas dentro de la jurisdicción del Estado denunciado.
30. El artículo 46(1)(a) de la Convención Americana establece que la admisibilidad de una determinada petición depende directamente de “que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios de Derecho Internacional generalmente reconocidos”.[7] Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”), como la Comisión han sostenido en reiteradas oportunidades que “(…) según los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos y la práctica internacional, la regla que exige el previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios”.[8]
31. Al respecto, el Estado de Guatemala manifestó en su primera comunicación de fecha 11 de agosto de 2000 que la falta de agotamiento de los recursos internos constituía para la Comisión una causal impeditiva para el conocimiento del fondo del asunto. Sin embargo, en su última comunicación fechada el 10 de julio de 2001, el Estado alegó que el procesado tuvo a su disposición todos los recursos procesales para atacar la resolución que lo encontró culpable y que aunque los mismos fueron agotados, ninguno de ellos, actuando en el marco del debido proceso, consideró que el Tribunal de Sentencia haya actuado inobservando las garantías judiciales.
32. La Comisión ha recibido información aportada por ambas partes que se refiere a los recursos agotados por el peticionario. En primer lugar, la sentencia de primera instancia fue impugnada a través del recurso de apelación especial que fue rechazado el 27 de mayo de 1998, por ello se interpuso un recurso de casación que fue también rechazado el 17 de agosto del mismo año. Seguidamente se interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad que fue rechazado el 18 de febrero de 1999. Posteriormente se interpuso un recurso de revisión ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, la que lo rechazó por resolución del 12 de julio de 1999, contra esa sentencia se interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Finalmente, y ante un nuevo rechazo del amparo se interpuso un recurso de gracia y un incidente de falta de ejecutoriedad con sustento en la normativa constitucional guatemalteca, por la cual no puede ejecutarse la pena de muerte mientras esté pendiente algún recurso. En este caso los peticionarios aluden al trámite ante la jurisdicción internacional que se tramita por esta Comisión.
33. La Comisión observa que de la información aportada por las partes al tiempo de redactarse el presente informe, el peticionario ha interpuesto todos los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en la legislación de Guatemala para controvertir la sentencia por la que se impuso la pena de muerte y que por ello el requisito establecido en la normativa internacional ha quedado satisfecho. Asimismo, la CIDH señala que en la oportunidad en que el Estado alegó la falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna no indicó cuáles recursos quedaban aún por agotar ni la prueba de su efectividad,[9] lo que a la fecha carece de relevancia si se tiene en cuenta que en su último escrito el mismo Estado alega que la presunta víctima hizo uso de todos los recursos ofrecidos por la jurisdicción guatemalteca en la defensa de sus derechos.
34. El artículo 46(1)(b) de la Convención Americana señala que para que una petición o comunicación sea admitida por la Comisión se requerirá que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva.
35. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, respecto a los recursos que se exige intentar y agotar a objeto de establecer si se ha dado cumplimiento con el requisito contemplado en el artículo 46(1)(b) de la Convención, que éstos deben ser adecuados, lo que “significa que la función de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida”.[10]
36. En este orden de cosas, la CIDH nota que la petición fue recibida en la CIDH el 9 de junio de 2000. De acuerdo a la información aportada, la defensa jurídica del Sr. Fermín Ramírez planteó el Recurso de Gracia ante el Presidente de la República de Guatemala el 27 de julio de 1999. Dicho recurso fue denegado el 31 de mayo de 2000, mediante Acuerdo Gubernativo del 31 de mayo de 2000. En consecuencia, la CIDH considera satisfecho el requisito señalado en el artículo 46(1)(b) de la Convención Americana.
37. El expediente de la petición no contiene información alguna que pudiera llevar a determinar que el presente asunto se halla pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional o que hubiera sido previamente decidido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, la CIDH concluye que se ha cumplido el requisito previsto en el artículo 46(1)(c) de la Convención Americana.
38. El Estado argumenta que en el proceso por el cual se impuso la pena de muerte a la presunta víctima no tuvo lugar ninguna violación al juicio justo ni a las garantías judiciales previstas en la Convención Americana.
39. La Comisión ha expresado que no corresponde en esta etapa del procedimiento establecer si hay o no una violación de la Convención Americana.[11] A los fines de la admisibilidad, la CIDH debe decidir si se exponen hechos que caracterizan una violación, como estipula el artículo 47(b) de la Convención Americana, y si la petición es “manifiestamente infundada” o sea “evidente su total improcedencia”, según el inciso c) del mismo artículo. El estándar de apreciación de estos extremos es diferente del requerido para decidir sobre los méritos de una denuncia. La CIDH debe realizar una evaluación prima facie para examinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención y no para establecer la existencia de una violación. Tal examen es un análisis sumario que no implica un prejuicio o un avance de opinión sobre el fondo. El propio Reglamento de la Comisión, al establecer dos claras etapas de admisibilidad y fondo, refleja esta distinción entre la evaluación que debe realizar la Comisión a los fines de declarar una petición admisible y la requerida para establecer una violación.
40. La Comisión considera que los hechos alegados por el peticionario caracterizan prima facie una violación de los derechos a la vida, garantías judiciales y protección judicial consagrados en los artículos 4, 8 y 25 de la Convención Americana, en conjunción con la obligación genérica del Estado de respetar y garantizar los precitados derechos, establecida en el artículo 1(1) del mencionado instrumento. Por lo tanto, la Comisión concluye que en la presente petición se encuentran reunidos los extremos requeridos en el artículo 47(b) y (c).
41. La Comisión concluye que tiene competencia para conocer de este asunto y que la petición es admisible, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, respecto a los artículos 1(1), 4, 8 y 25 del referido instrumento. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,
1. Declarar admisible el presente caso, en lo que respecta a las eventuales violaciones de los artículos 1(1), 4, 8, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington, D.C., a los 21 días del mes de octubre del año 2002. (Firmado): Juan Méndez, Presidente; José Zalaquett, Segundo Vicepresidente; Comisionados: Robert K. Goldman, Julio Prado Vallejo, Clare K. Roberts y Susana Villarán.
[1] La Comisionada Marta Altolaguirre, de nacionalidad guatemalteca, no participó en la discusión y votación del presente informe, en cumplimiento del artículo 17(2)(a) del nuevo Reglamento de la Comisión, que entró en vigor el 1º de mayo de 2001.
[2] El artículo 175 del código Penal de Guatemala establece que “Si con motivo o a consecuencia de la violación, resultare la muerte de la ofendida, se impondrá prisión de 30 a 50 años. Se le impondrá pena de muerte, si la víctima no hubiere cumplido 10 años de edad”.
[3] El artículo 388 del Código Procesal Penal establece que “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y en el auto de apertura del juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezca al acusado.
En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquélla de la acusación o de la del auto de apertura del juicio, o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público”.
[4] El artículo 132 del Código Penal establece que “Comete asesinato quien matare a una persona:
2) Por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro.
3) Por medio o en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago.
5) Con ensañamiento.
6) Con impulso de perversidad brutal.
7) Para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o la inmunidad para sí o para copartícipes o por no haber obtenido el resultado que se hubiere propuesto al intentar el otro hecho punible.
Al reo de asesinato se le impondrá prisión de 25 a 50 años, sin embargo se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor particular peligrosidad del agente. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérsele rebaja de pena por ninguna causa.”
[6] Ibid nota al pie N° 4.
[7] Véase Corte IDH, Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (artículo 46(1), 46(2)(a) y 46(2)(b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Ser. A Nº 11, párrafo 17.
[8] Véase Corte IDH, Decisión del Asunto Viviana Gallardo y Otras del 13 de noviembre de 1981, Ser. A N° G 101/81, párrafo 26.
[9] Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C Nº 1, párr. 88; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C Nº 2, párr. 87; y Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C Nº 3, párr. 90.
[10] Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C Nº 4, párr. 64; Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C Nº 5, párr. 67; Corte IDH, Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C Nº 6, párr. 88; Corte IDH, Caso Caballero Delgado y Santana, Excepciones Preliminares, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C Nº 17, párr. 63; Corte IDH, Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (artículo 46(1), 46(2)(a) y 46(2)(b) Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Serie A Nº 11, párr. 36.
[11] Ver en ese sentido, CIDH, Informe Nº 28/01, Caso 12.367, Mauricio Herrera Ulloa y Fernán Vargas Rohrmoser del Diario “La Nación”, Costa Rica, 3 de diciembre de 2001.

References: artículo 30
 artículo 8
 artículo 4
 artículo 4
 resolución 
 artículo 46
 resolución 
 resolución 
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 1
 artículo 47
 artículo 17
 artículo 175
 artículo 388
 artículo 132