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Timestamp: 2019-03-24 05:33:26+00:00

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﻿ SENTENCIA T-511 DE SEPTIEMBRE 16 DE 2016
SENTENCIA T-511 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:INGRESO AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS E INTERVINIENTES NO ES AUTOMÁTICO. INICIALMENTE, CON BASE EN EL ARTÍCULO 250 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EL ARTÍCULO 116, NUMERAL 6º, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (LEY 906/04) SE AFIRMA QUE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN TIENE LA IMPORTANTE FUNCIÓN DE VELAR POR LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS, TESTIGOS E INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL, POR MEDIO DEL “PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS E INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL”. DE IGUAL FORMA, SE PRECISA QUE EL OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONSISTE EN BRINDAR MEDIDAS DE SEGURIDAD A FAVOR DE ESTAS PERSONAS INDICADAS, ASÍ COMO TAMBIÉN DE LOS FISCALES Y LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD CUANDO SE ENCUENTREN EN RIESGO DE SUFRIR AGRESIÓN O SUS VIDAS CORRAN PELIGRO POR CAUSA O CON OCASIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN UN PROCESO PENAL DE CONOCIMIENTO DE LA FISCALÍA, SIEMPRE QUE EL RIESGO SEA CALIFICADO COMO EXTRAORDINARIO O EXTREMO. EN VIRTUD DE LO PRECEDENTE, SE ASEGURA QUE DICHAS MEDIDAS SE PODRÁN HACER EXTENSIVAS AL GRUPO FAMILIAR DE LOS SUJETOS MENCIONADOS, PREVIO ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA, O SU DELEGADO, QUIEN DEBERÁ DEFINIR LA VINCULACIÓN O NO DE LA PERSONA, CON BASE EN EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO QUE REALIZA EL JEFE DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA. SE ADVIERTE, SIN EMBARGO, EL INGRESO AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE TESTIGOS NO ES AUTOMÁTICO, SINO QUE, POR EL CONTRARIO, OBEDECE A LOS ESTUDIOS QUE EFECTÚE LA ENTIDAD SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS QUE MOTIVAN LA SOLICITUD DE PROTECCIÓN, LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN Y DEL GRADO DE RIESGO Y LAS CONDICIONES DEL SOLICITANTE Y, EVENTUALMENTE, DE SU FAMILIA. POR OTRO LADO, SE EXPLICA QUE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DEBE GOZAR DE AUTONOMÍA PARA RESOLVER SOBRE EL INGRESO, LA DESVINCULACIÓN O LA EXCLUSIÓN DEL INTERESADOESTO NO SIGNIFICA QUE ESTAS DETERMINACIONES PUEDAN ADOPTARSE DE MANERA ARBITRARIA, SINO QUE DEBEN MOTIVARSE A PARTIR DEL ANÁLISIS QUE SE HAGA DE LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL INDIVIDUO O GRUPO FAMILIAR SOMETIDO AL PROGRAMA Y DE LA VERIFICACIÓN DE CRITERIOS OBJETIVOS. FINALMENTE, SE CONCLUYE QUE AL PROGRAMA SE PODRÁN VINCULAR LAS VÍCTIMAS, TESTIGOS E INTERVINIENTES, ASÍ COMO SU GRUPO FAMILIAR, SIEMPRE Y CUANDO SUS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA VIDA Y A LA SEGURIDAD PERSONAL SE ENCUENTREN AMENAZADOS POR SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO PENAL Y CUMPLAN CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS APLICABLES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA, MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA, DEBERES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROTECCIÓN AL TESTIGO, MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL TESTIGO
Sentencia T-511 de septiembre 16 de 2016
Ref.: Exp. T-5.447.989
Considerando que en el presente caso el actor y su familia estuvieron vinculados al programa de protección y asistencia a víctimas, testigos e intervinientes en el proceso penal, atendiendo el principio de la estricta reserva de la información(1)http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-184-13.htm - _ftn1, contenido en el numeral 5º del artículo 3º de la Resolución 0-5101 de 2008, mediante la cual el Fiscal General reglamentó dicho programa, la Sala advierte que, como medida de protección de la vida, la seguridad e integridad personal y a la intimidad del accionante y de su familia, se dispondrá suprimir de esta providencia y de toda futura publicación de la misma, sus nombres, así como cualquier dato e información que permita identificarlos(2)http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-184-13.htm - _ftn2.
2. Por lo anterior, el accionante solicitó al juez de tutela que ordene a la entidad accionada: (i) otorgar la reubicación social definitiva de su familia; (ii) remitir al despacho del respectivo juez de tutela las copias del acta de renuncia voluntaria 5661 del 30 de diciembre de 2013, planillas de revista diaria del 6, 7 y 8 de noviembre de 2013 y del 29 de diciembre del mismo año; (iii) “que estudie la posibilidad de dirigirse a la Corte Constitucional, para que se pronuncie de manera exacta respecto de la Sentencia T-242 de 1996, en cuanto a las restricciones de los derechos fundamentales de los protegidos (…)”; y (iv) pronunciarse sobre todas las pretensiones, así como de aquellas que a juicio del juez sean necesarias para salvaguardar los derechos vulnerados.
3. La Dirección mediante Acta 328 del 24 de febrero de 2012, cobijó con medida de protección condicionada al adolescente “B”, menor de edad para esa época, medida que se hizo extensiva a su grupo familiar conformado por el señor “A” (padre)(3), la señora “C” (madre) y la niña “D” (hermana).
5. Mediante Acta 5661 del 30 de diciembre de 2013, la entidad accionada aceptó la renuncia del adolescente “B” y su grupo familiar al programa de protección(4). Sin embargo, en Acta 01811 del 15 de agosto de 2014, estas personas fueron incorporadas nuevamente al programa mencionado, debido a que el adolescente continuó prestando su colaboración en el proceso penal referido.
6. El 24 de marzo de 2015, el director nacional de protección y asistencia de la entidad accionada informó al actor y a su familia que no podía reubicarlos en la ciudad de Bogotá D.C., en razón a que no existía riesgo o amenaza en su contra en la regional en la que se encontraban en ese momento (Bucaramanga). De igual modo, le indicó “que se adelantará seguimiento al proceso y a la intervención procesal de la cual usted es testigo, a fin de establecer la necesidad de continuar con las medidas de protección en su favor o iniciar el proceso de reubicación social definitiva, concepto que estará supeditado al estado actual del proceso”(5).
7. Respecto al proceso penal en el que estaba colaborando el joven “B”, el Juzgado 22 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C., el 16 de junio de 2015, profirió sentencia condenando al acusado a 14 años de prisión. Así mismo, negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Las partes no presentaron impugnación, por lo cual quedó ejecutoriada la decisión(6).
8. El 13 de julio de 2015, el Director de la entidad accionada comunicó al grupo familiar protegido que los oficios que enviaron el 4 y 7 de julio del mismo año, en los cuales, primero, solicitaron la exclusión de dos miembros del grupo familiar y, segundo, se retractaron de lo pedido, generan un desgaste logístico innecesario del programa de protección. Además, manifestó que la entidad no está facultada para reubicar definitivamente a los prohijados mientras el fiscal a cargo de la investigación en la que intervienen no brinde su aval(7).
9. Mediante escrito del 18 de agosto de 2015, el accionante y su hijo solicitaron a la entidad accionada, entre otras cosas, la reubicación social definitiva. En dicha petición manifestaron que, el 14 de agosto de 2015, la entidad accionada solicitó al titular del caso un examen toxicológico que aquel se negó a practicar por no considerarlo necesario(8).
10. Mediante oficio del 11 de septiembre de 2015, en lo atinente a la solicitud de la reubicación social definitiva, la entidad accionada respondió: “Según informe de seguimiento a la participación procesal del 13 de abril de 2015, conceptuó mantener la medida de protección, teniendo en cuenta que el fiscal de conocimiento manifestó que la audiencia de preacuerdo dentro de la noticia criminal (…), programada para el 29 de marzo de 2015, por el juzgado (…), no se realizó y no se ha fijado nueva fecha. En consecuencia, no es viable atender favorablemente su petición. Igualmente, le reitero que para disponer la reubicación social definitiva, se requiere un concepto emitido por el Fiscal de conocimiento con relación a su participación para con la administración de justicia”(9).
11. Entre tanto, por medio de acta de fecha 3 de septiembre de 2015, la entidad demandada resolvió, entre otras cosas, excluir unilateralmente del programa de Protección a la señora “C” y su hija “D” y, en consecuencia, declarar que el grupo familiar objeto de protección quedaba conformado por el joven “B” y el señor “A” (accionante). Esto, debido a que dichas personas excluidas, en concepto de la entidad accionada, incumplieron las obligaciones adquiridas a través de su vinculación al programa, en la medida en que, abandonaron la sede asignada y regresaron a la ciudad de “G”, de donde fueron inicialmente reubicados, sin previa comunicación a la entidad(10).
12. Indicó el actor que, el 16 de septiembre de 2015, la accionada los excluyó a él y a su hijo del programa por haberse negado a practicar un examen toxicológico. Además, alegó que no le fue suministrada la copia del acta de exclusión(11).
13. El 3 de diciembre de 2015, el señor “A” interpuso acción de tutela contra la Dirección, solicitando que se ordene al demandado: (i) otorgar la reubicación social definitiva de él y su familia; (ii) remitir las copias del acta de renuncia voluntaria 5661 del 30 de diciembre de 2013, planillas de revista diaria del 6, 7 y 8 de noviembre de 2013 y del 29 de diciembre del mismo año; (iii) “que estudie la posibilidad de dirigirse a la Corte Constitucional, para que se pronuncie de manera exacta respecto de la Sentencia T-242 de 1996, en cuanto a las restricciones de los derechos fundamentales de los protegidos (…)”; y (iv) pronunciarse sobre todas las pretensiones, así como de aquellas que a juicio del juez sean necesarias para salvaguardar los derechos vulnerados.
15. Por otro lado, manifestó que, si en gracia de discusión, el joven “B” hubiese admitido en la inducción del programa que consumía drogas, la entidad obligatoriamente tenía que haber dado aplicación a lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 4º de la Resolución 0-5101 de 2008, en el que se indican los medios de asistencia para el protegido, tales como el apoyo psicológico, médico y demás acciones encaminadas a satisfacer sus necesidades.
16. Aunque el actor aseveró que la entidad ejerció control sobre la vida de su hijo “B”, con visitas diarias de inspección a cualquier hora, sin anunciarse, reportando diariamente la salida y llegada, informando a donde se dirige, no teniendo privacidad, lo cierto es que simplemente la entidad dio aplicación a lo previsto en el artículo 6º de la Resolución 0-5101 de 2008, respecto a la incorporación del vinculado, esto es, “(…) Siendo ubicado en un lugar definido por el programa y quedando sometido a los esquemas de seguridad que este dispone”(12).
17. Indicó que en virtud de la especial sujeción que tiene el protegido respecto del programa, mediante Acta del 18 de octubre de 2013, le reiteró al titular del caso (“B”) que debía dar cumplimiento a los deberes contenidos en la resolución mencionada, y que fueron asumidos por medio del Acta 328 del 24 de febrero de 2014, entre los cuales, se encuentra la “prohibición de consumir elementos o sustancias embriagantes o que generen psicodependencia”(13).
18. Por lo demás, rechazó la afirmación del actor consistente en que la entidad conocía del consumo de drogas y lo pasó por alto, esto, “(…) porque lo realmente cierto, es que el programa, conforme a las disposiciones legales, ejercía efectivamente control sobre “B”, quien consumía sustancias con psicodepedencia, es obligación de la dirección de protección y asistencia, para que no fuera a poner en riesgo su seguridad personal y de paso, poner en riesgo el programa”(14). En ese sentido, agregó que el debate no se concentra únicamente en que “B” consumiera droga, sino que, se debía considerar que en repetidas ocasiones el actor y su hijo incumplieron los compromisos asumidos, al haberse negado a realizar las pruebas toxicológicas y al haber renunciado a la protección que les brindaban; actuaciones que comprometieron la seguridad de la estructura del programa.
19. Finalmente, manifestó el representante de la entidad accionada que no era posible acceder a la solicitud de reubicación social definitiva, en razón a que, el titular del caso y su familia fueron excluidos del programa de protección. Para el efecto, indicó que el artículo 8º de la Resolución 0-5101 de 2008, establece que “El programa asumirá la protección integral de la persona hasta tanto se ejecute la reubicación definitiva. Salvo que con anterioridad se configure alguna causal de exclusión o el protegido renuncie (…)”(15).
• Primera instancia: sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de “H”, Sala Laboral, el 15 de diciembre de 2015
21. El accionante solicitó al juez de tutela de segunda instancia que revise la decisión del a quo, bajo el argumento de que en el trámite de la primera instancia no aportó los elementos necesarios, y que debieron tenerse en cuenta, para resolver el caso, tales como, las denuncias penales y disciplinarias que presentó contra los funcionarios de la entidad accionada. Agregó que a pesar de que cuenta con otros medios judiciales para proteger sus derechos, estos no son eficaces para evitar el perjuicio irremediable al que se encuentra expuesto su hijo “B”. Manifestó el accionante que su hijo podría perder la vida por los ataques de personas que tienen presuntos vínculos con el sujeto condenado en el proceso penal. Al respecto, afirmó que su hijo ha sufrido ataques, los cuales ocurrieron el 1º de enero y 7 de febrero de 2016(16).
En cuanto a la situación del consumo de marihuana de su hijo beneficiario de la protección, el actor señaló que dicha situación fue puesta en conocimiento del Instituto de Bienestar Familiar el 12 de febrero de 2012(17), del programa de protección y asistencia el 22 y 23 de octubre de 2012, de la Defensoría del Pueblo el 7 de septiembre de 2015(18), y de la Procuraduría Regional de “I” el 8 de septiembre de 2015. Además, afirmó que es falso que no accedió a realizarse la prueba de consumo de sustancias psicoactivas, puesto que en oficio F27 del 26 de agosto de 2015, consta que aceptó hacerse la prueba, pero fue el agente a cargo quien no la realizó porque dicha prueba debía realizarse también a su hijo, titular de las medidas de protección(19).
Por último, el accionante anexó copias de los oficios en los que la señora “C” y el adolescente “D” manifestaron ante el juez de tutela de primera instancia, que autorizaban al señor “A” para que “represente mi reclamo de mis derechos fundamentales, ya que por motivos económicos no puedo trasladarme a la ciudad de Bucaramanga”(20).
• Segunda instancia: Sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 24 de febrero de 2016
Finalmente, manifestó que en aplicación del artículo 30 de la Resolución 0-5101 de 2008, el accionante con base en los recientes ataques que ha sufrido su hijo y compañera permanente, puede solicitar la reincorporación de su familia al programa. Por ello, exhortó a la Dirección, para que en caso de que el accionante y su grupo familiar presenten solicitud de reincorporación al programa con base en estos nuevos hechos proceda, a la mayor brevedad posible, a estudiar y evaluar la posibilidad de reingreso, toda vez que podrían verse afectados los derechos a la seguridad y a la vida de estas personas.
• Solicitud de insistencia
23. La Defensoría del Pueblo, a través del icedefensor, insistió ante la Sala de Selección Cinco de esta Corte en la selección para revisión del expediente de la referencia(21), por las siguientes razones:
• Pruebas recaudadas en sede de revisión
“Primero. Por Secretaría General de esta Corte, OFÍCIESE al “A”, accionante en el presente proceso de tutela, para que en el término de cuatro (4) días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto informe a este despacho:
Segundo. Por secretaría general de esta Corte, OFÍCIESE a la dirección nacional de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación, para que directamente o a través de su apoderado, en el término de cuatro (4) días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, informe a este despacho directamente o a través de sus dependencias competentes:
1. De acuerdo con el numeral 1º, literal f, artículo 20 de la Resolución 0-5101 de 2008, los sujetos beneficiarios del programa de Protección tienen prohibido consumir elementos o sustancias embriagantes o que generen psicodependencia. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita a la dirección nacional de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación que informe y certifique:
2. De igual forma, remita a este despacho: (i) copia del expediente con número de radicado 210065, cuyo titular del caso es “B”, (ii) copia de la Resolución 0-5101 de 2008, y (iii) copia de los actos administrativos o protocolos y cualquier documentación relevante y pertinente para el caso concreto, que regule la relación entre testigos protegidos y la entidad encargada de brindarles protección.
Tercero. Por secretaría general de esta Corte, OFÍCIESE a la Defensoría del Pueblo, para que directamente o a través de su apoderado, en el término de cuatro (4) días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, conceptúen sobre el presente caso. Así mismo, en el mismo término, informe y certifique a este despacho directamente o a través de sus dependencias competentes:
(i) ¿Qué actuaciones ha realizado la Defensoría del Pueblo y qué conocimiento tiene en el caso del adolescente “B” y de su grupo familiar, con posterioridad a la solicitud de insistencia del expediente T-5.447.989, presentada el 13 de mayo de 2015 ante la Sala de Selección Cinco de esta Corte?
Cuarto. Por secretaría general de esta Corte, OFÍCIESE a la Fiscalía General de la Nación, Fiscal 40 Seccional “G”, para que directamente o a través de su apoderado, en el término de cuatro (4) días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, certifique e informe a este despacho directamente o a través de sus dependencias competentes:
(ii) ¿Cuál es el estado actual del proceso penal XXXX, adelantado en contra del acusado “E” y, en el que colaboró, en calidad de testigo, el adolescente “B”?
(iii) En el evento de que el proceso penal XXX haya concluido, informe ¿Por qué el Fiscal a cargo del proceso referido no ha emitido el concepto requerido, para la reubicación social definitiva del señor “A” y de su familia?
Para dar respuesta a los interrogantes anteriores, remita a esta corporación, las pruebas o soportes correspondientes”.
(e) En lo relativo a su situación económica, manifiesta que producto de sus ventas ambulantes recibe un promedio de $ 600.000 mensuales, mientras que sus gastos ascienden a la suma de $ 1.780.000. Por este motivo, indica que para cubrir las diferencias ha tenido que recurrir a solicitar préstamos a familiares y a amigos. Agrega que no son propietarios de bienes inmuebles, y que en su caso particular, no posee bienes inmuebles porque vive en un hotel y se alimenta en restaurantes desde el 17 de septiembre de 2015.
27. Por su parte, el director nacional del programa de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación, contestó los interrogantes formulados en el auto de pruebas y adjunto los soportes correspondientes(22). A continuación la Sala procederá a exponer los apartes más relevantes del informe:
(d) Señala que el programa también adopta medidas (normas, condiciones y restricciones) frente a los otros riesgos de agresión provenientes de agentes ajenos a la participación procesal (atracos, riñas, etc). Por ello, el comportamiento del protegido es un factor clave del éxito del programa, en tanto, debe ser compatible con los objetivos, condiciones y procedimientos del proceso protectivo(23).
(f) Teniendo en cuenta que el consumo de drogas y sus comportamientos asociados son una problemática de salud que no se supera con el solo hecho de la voluntad, el único mecanismo para atender esta enfermedad es un tratamiento profesional especializado. Al respecto, el programa enfoca esta problemática no solo como un tema de salud, sino como una dificultad seria de seguridad en la medida que incrementa las fuentes de riesgo y las vulnerabilidades de las personas que consumen, de los servidores del programa y de todo tercero que deba interactuar con el consumidor(24). Por ello, resalta la importancia que tiene que el candidato a la protección, sea veraz y oportuno en informar sobre sus comportamientos de consumo y asociados y se disponga a aceptar como medida de control de riesgo, el tratamiento de rehabilitación correspondiente, condición sin la cual no es viable ni responsable asumir su protección.
(h) Con relación al tercer interrogante, indica que las medidas que ofrece el programa de Protección pueden variar dependiendo de la hipótesis en la que se encuentre la persona con problema de consumo de SPA. La primera, cuando desde el inicio del procedimiento de inducción se advierte por parte de los psicólogos del programa o el beneficiario de medidas informa voluntariamente el consumo de tales sustancias, y la segunda, cuando luego de la vinculación del beneficiario a este programa, se advierte en las personas, comportamientos y actitudes que reflejan el posible consumo de dichas sustancias(25).
(j) Refiere que en el proceso protectivo debe tenerse en cuenta los principios de consentimiento de la persona para aceptar el ingreso al programa(26) y la autonomía de este para determinar cuál es la medida más eficaz de proteger la vida e integridad de las personas(27). Aclara que no comparte el consumo de drogas para las personas que se encuentran bajo su tutela. El riesgo extraordinario en que se encuentra la persona, y por el cual es aceptada en el programa, justifica la limitación de otros derechos (libertad de escogencia de su residencia, colegio, prestador de salud, locomoción, y en particular el libre desarrollo de la personalidad). Ello, siempre con aquiescencia del protegido, quien conoce las limitaciones(28) y extiende su consentimiento en señal de aceptación de los compromisos protectivos y asistenciales.
(p) Frente al interrogante número ocho, informa que el tema central de la exclusión del accionante y su hijo, fue el reiterado incumplimiento de sus deberes para con el programa, especialmente, el deber de colaborar y someterse a tratamientos médicos, psicológicos y de rehabilitación, lo cual fue documentado por el personal de las áreas de psicología y de trabajo social, que están al servicio del programa(29).
(s) Finalmente, en relación con la pregunta número once, indica que no ha adoptado ningún tipo de medida con el fin de reconocer la reubicación social definitiva, esto, en razón a que los beneficiarios no se encuentran dentro de la órbita de protección del programa porque fueron excluidos, además, no media requerimiento en ese sentido del despacho del Fiscal en el que actuó el peticionario. En este punto, explica que, de acuerdo con el numeral 3º del artículo 27 de la Resolución 0-5101 de 2008, la exclusión es una de las modalidades en que se termina de forma anormal el procedimiento de protección. La autoridad facultada para tomar la decisión de la reubicación definitiva es el director nacional de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación (art. 99, Res. 1006/2016), quien decidirá sobre la misma, cuando se acredite la ocurrencia de una causal de desvinculación del beneficiario, así como de sus familiares. En todo caso, no habrá lugar a la reubicación definitiva cuando se acredite una causal de exclusión (art.100, Res. 1006/2016)(30)(31).
Unido a lo anterior, indica que de las clausulas segunda y once de la Constitución, se derivan al menos dos deberes para el Estado frente al derecho a la vida: obligación de respetar y de proteger. Indica que en desarrollo de esta última obligación, fue creado, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, el “programa de protección a testigos, víctimas, Intervinientes en el proceso y funcionarios de la Fiscalía"(32).
Finalmente, en relación con los interrogantes formulados por el Magistrado sustanciador manifestó, primero, que con posterioridad a la presentación de la solicitud de insistencia del 13 de mayo de 2016, en la base de datos institucional no se encontró registro o solicitud del caso del adolescente “B”, y segundo, que para efectos de conocer la actual situación personal, económica y de seguridad del señor “A” y de su grupo familiar, realizó el 9 de agosto de 2016 una entrevista al actor, en la que se ratifica el contenido del informe de respuesta que presentó el actor ante la Corte(33).
29. Se recibió también el escrito del Fiscal Seccional 40 de la ciudad de “G”, quien en su informe da respuesta al mencionado auto de pruebas. En su escrito manifestó que el proceso penal adelantado contra “E” se encuentra terminado y archivado por haberse emitido sentencia condenatoria contra el mismo, por preacuerdo celebrado con este ente acusado, y que dicha sentencia es de fecha 16 de junio de 2016. Por lo demás, indicó que no ha emitido el concepto requerido por el programa para la reubicación del actor y su familia, por cuanto este no le ha sido solicitado. Indica que la entidad accionada le informó que el protegido y su familia fueron desvinculados por incumplir sus deberes con el programa(34).
30. Esta Corte es competente para conocer de esta acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así como en virtud del Auto del 27 de mayo de 2016, expedido por la Sala de Selección de Tutela Cinco de esta Corte, que decidió someter a revisión las decisiones adoptadas por los jueces de instancia.
31. En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la reiterada jurisprudencia constitucional dictada en la materia(35) y los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario, razón por la cual, sólo procede excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo: (i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, (ii) cuando existiendo, ese medio carece de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto; así mismo, procederá como mecanismo transitorio cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental. En el evento de proceder como mecanismo transitorio, la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario(36).
(a) La Constitución en su artículo 42 establece que la familia es el núcleo básico de la sociedad, por lo que el Estado y la sociedad, deben garantizar su protección integral (art. 5º de la Carta). En desarrollo de este mandato constitucional, en nuestro ordenamiento jurídico se han creado distintas instituciones que ofrecen medidas de protección al grupo familiar de la persona, cuyos derechos a la vida e integridad personal resultan amenazados o vulnerados como consecuencia de la colaboración que presta a la administración de justicia; este es el caso, por ejemplo, de las medidas de protección que ofrece la dirección.
(c) Conforme a lo expuesto, resulta evidente que las decisiones que adopta la entidad accionada, ya sean de vinculación, reincorporación o exclusión, impacta no solo los derechos del titular del caso (testigo), sino también los de su grupo familiar protegido. Por este motivo, y teniendo en cuenta la especial protección que debe garantizar el Estado a la institución de la familia, considera la Sala que se configura la legitimación en la causa por activa, cuando la persona que solicita la tutela de los derechos de su familia, es un integrante del grupo familiar afectado por las decisiones de la entidad encargada de su seguridad(37).
(d) En el caso concreto, si bien es cierto el señor “A” no manifestó de manera expresa que actuaba en representación de su grupo familiar, considera la Sala que ello no es óbice para desconocer el verdadero motivo que lo llevó a presentar la acción de tutela, cual fue el de obtener la reubicación social definitiva a fin de evitar la producción de un daño en contra de su familia. En ese mismo sentido, en el acápite de pretensiones, el actor solicitó que se ordenara a la accionada otorgar la reubicación social definitiva “para evitar un daño irreparable contra mi familia (…)”.
(e) Incluso, la legitimidad del señor “A” para solicitar la protección de los derechos de su grupo familiar, se puede colegir que fue ratificada por su esposa e hijo (titular de las medidas de protección), en tanto, aportaron al trámite de la impugnación un oficio manifestando que autorizaban al actor para que los representara en la reclamación de sus derechos(38). La Sala estima que, en virtud del principio de informalidad que rige las actuaciones en el proceso de tutela, la autorización suministrada debe considerarse como otro elemento probatorio que ratifica la legitimidad por activa en el caso concreto.
33. Legitimación por pasiva: La dirección nacional de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación, es una entidad de naturaleza pública, por lo tanto, es susceptible de demanda de tutela (C.P. 86º, D. 2591/91, art. 1º y art. 13º), por lo cual se observa la existencia de legitimación por pasiva en el presente asunto.
34. Inmediatez: Este requisito de procedibilidad impone la carga al demandante de interponer la acción de tutela en un término prudente y razonable respecto del hecho o la conducta que causa la vulneración de derechos fundamentales(39). En el caso concreto, la Sala observa que los actos administrativos de exclusión, que causaron la presunta vulneración, fueron expedidos el 3 y 17 de septiembre de 2015, mientras que la acción de tutela fue interpuesta el 3 de diciembre del mismo año; término aproximado de cuatro (4) meses que la Sala considera prudente y razonable para reclamar la protección de los derechos vulnerados, máxime, cuando el actor ha procurado en ese interregno la defensa de sus derechos y de su familia, al solicitar a la Defensoría del Pueblo, Regional “I”, y la Personería de “H” el acompañamiento necesario para solucionar su situación(40).
En cuanto a la procedibilidad formal de la acción de tutela, la Sala encuentra que, prima facie, existe en el caso concreto un mecanismo ordinario de defensa judicial idóneo para controvertir la legalidad de los actos administrativos que presuntamente vulneraron los derechos del accionante y de su grupo familiar. En efecto, las actas de exclusión unilateral del 3 y 17 de septiembre de 2015, por medio de las cuales la accionada excluyó del programa al señor “A” y a su familia, pueden ser demandadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, bajo las causales relativas a que el acto administrativo fue expedido de forma irregular o mediante falsa motivación (art. 138, L.1437/2011).
Es importante resaltar que, en vigencia de la Ley 1437 de 2011, la Sala Sexta de Revisión de esta Corte en la Sentencia T-184 de 2013, al estudiar un caso de supuestos fácticos similares a los que ahora analiza esta Sala(41), consideró que la acción de tutela era procedente, como mecanismo definitivo de amparo, para proteger los derechos fundamentales de un grupo familiar que fue excluido del programa de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación.
36. Temeridad: La actuación temeraria en el trámite de amparo constitucional está regulada por el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, de acuerdo con el cual: “Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”. Conforme a la reiterada jurisprudencia constitucional proferida en la materia, la temeridad se configura cuando entre el asunto que es de conocimiento del juez de amparo y el que ya ha sido objeto de pronunciamiento previo concurren: (i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) ausencia de justificación en el ejercicio de la nueva acción de tutela(42).
41. Con el establecimiento del estado social de derecho, la Carta Política de 1991 impuso en cabeza de la persona y el ciudadano deberes y obligaciones, que tienen una fuerza normativa por el carácter de norma jurídica que le fue reconocido a la Constitución (art. 4)(43). De ahí que, el incumplimiento de dichos deberes tiene la posibilidad de ser sancionado, cuando vulnera o pone en peligro la efectividad de derechos fundamentales(44). En todo caso, estos deberes no son absolutos, en tanto, se encuentran limitados por la cláusula de preminencia de la libertad del ciudadano y la potestad amplia de configuración de obligaciones y sanciones a cargo del legislador(45).
42. En relación con lo anterior, el artículo 95 en su numeral 7º de la Constitución Política, define que uno de los deberes y obligaciones de la persona y el ciudadano es aquel relacionado con la colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia. La Corte ha precisado que este deber constitucional se caracteriza por: (i) ser universal, en la medida que vincula a todos los individuos sometidos al ordenamiento jurídico nacional; (ii) ser un deber no retribuido, pues no supone recompensas por parte del Estado; y, (iii) se trata de un deber que se deriva de la obligación de organización del poder y de la defensa de las libertades ciudadanas(46).
43. No obstante, la fuerza normativa y universalidad que caracterizan este deber constitucional no significa que su exigibilidad pueda reclamarse de manera desproporcionada y sin condición alguna por los entes estatales, puesto que, existen eventos en los que el hecho de colaborar con la administración de justicia supone un riesgo para la persona y su familia. En estos casos, es el Estado quien debe, en cumplimiento de su deber general de proteger a las personas en su vida (art. 2º de la Carta), asumir la posición de garante a fin de garantizar la tutela especial de los derechos a la vida y a la integridad personal del interviniente en el proceso y de su grupo familiar.
45. Desde la perspectiva de la jurisprudencia constitucional la noción de seguridad personal se proyecta en tres dimensiones distintas, a saber: (i) como un valor constitucional(47), (ii) como un derecho colectivo(48) y (iii) como un derecho individual de rango fundamental.
46. En lo que respecta a la seguridad personal como derecho individual de rango fundamental, la Corte ha señalado que su contenido se encamina a la protección de la vida y de la integridad personal de quien lo invoca(49), razón por la cual "faculta a las personas para recibir protección adecuada por parte de las autoridades cuando quiera que estén expuestas a riesgos excepcionales que no tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles soportables de peligro implícitos en la vida en sociedad; en esa medida, el derecho a la seguridad constituye una manifestación del principio de igualdad ante las cargas públicas, materializa las finalidades más básicas asignadas a las autoridades por el Constituyente, garantiza la protección de los derechos fundamentales de los más vulnerables, discriminados y perseguidos, y manifiesta la primacía del principio de equidad”(50).
47. En esa dirección, la Corte en un reciente pronunciamiento(51), precisó que de la faceta de derecho individual también se deriva la posibilidad de exigir de parte del Estado acciones positivas para conjurar una amenaza concreta contra la seguridad personal, destacando que tal actividad procede cuando se ha identificado un riesgo excepcional, es decir, aquellos que “no tiene el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles soportables de peligro implícitos en la vida en sociedad”(52).
48. En este punto, resulta importante mencionar que, el carácter fundamental del derecho a la seguridad personal, no tiene por génesis el reconocimiento expreso de la Constitución, sino que proviene de una interpretación sistemática de los preceptos constitucionales de la misma(53) y de los diferentes instrumentos internacionales que hacen parte del ordenamiento jurídico interno, como son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos(54).
F. Regulación del programa de protección y asistencia a víctimas, testigos e intervinientes en el proceso penal de la fiscalía general de la Nación
50. Por mandato del artículo 250 de la Carta Política(55), modificado por el Acto Legislativo 3 de 2002, y el artículo 116 numeral 6º de la Ley 906 de 2004(56), la Fiscalía General de la Nación tiene la importante función de velar por la seguridad y protección de víctimas, testigos e intervinientes en el proceso penal.
51. El cumplimiento de dicha función constitucional se materializó con la creación del “programa de protección y asistencia a Víctimas, Testigos e Intervinientes en el Proceso Penal”(57), cuya dirección y coordinación está a cargo de la Oficina de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación(58). Esta entidad en observancia de sus deberes legales, expidió la Resolución 0-5101 del 15 de agosto de 2008 (en adelante, la “Resolución 0-5101”), a fin de reglamentar el programa mencionado. Aunque en el trámite surtido en sede de revisión, la entidad accionada indicó que la resolución citada fue recientemente derogada por la Resolución 0-1006 de 2016 (en adelante, la “Resolución 0-1006”), la Sala desarrollará el contenido de la Resolución 0-5101, por cuanto era la norma que estaba vigente en el momento en que ocurrieron los hechos relatados por el accionante y, en efecto, la que regulaba la relación entre el protegido y el programa. Ello, sin perjuicio de que, cuando resulte pertinente para el análisis del caso concreto, se haga referencia a las reglas contenidas en la Resolución 0-1006.
52. Así, en primer lugar, es pertinente mencionar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución 0-5101, el programa tiene por objeto otorgar medidas de seguridad a favor de las víctimas, testigos e intervinientes, los fiscales y los servidores de la entidad “cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión, o sus vidas corran peligro, por causa o con ocasión de la intervención en un proceso penal de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, siempre que el riesgo sea calificado como extraordinario o extremo”. Dichas medidas se podrán hacer extensivas al grupo familiar de los sujetos mencionados(59).
53. La resolución precitada, también dispone que el análisis de procedencia de la solicitud de incorporación corresponde al Director del programa, o a su delegado, quien definirá la vinculación o no de la persona, con base en el resultado de la evaluación del riesgo que realiza el Jefe de la Oficina de protección y asistencia(60). De esta manera, el ingreso al programa no es automático, sino que, por el contrario, depende de los estudios que efectué la entidad sobre las circunstancias específicas que motivan la solicitud de protección, la procedencia de la petición y del grado de riesgo y las condiciones del solicitante y, eventualmente, de su familia(61).
54. El cumplimiento del objeto de programa —salvaguardar la vida e integridad personal del protegido— requiere que la dirección nacional de protección y asistencia goce de autonomía para resolver sobre el ingreso, la desvinculación o la exclusión del interesado(62), lo que no significa que tales determinaciones puedan adoptarse de manera arbitraria, sino que deben motivarse a partir del análisis que se haga de la situación particular del individuo o grupo familiar sometido al programa y de la verificación de criterios objetivos.
55. Así, por ejemplo, la Corte en la Sentencia T-355 de 2016, precisó los criterios que rigen la vinculación al programa, a saber: (i) que exista un riesgo extraordinario que amenace la seguridad personal, al punto que éste sea específico e individualizable, concreto, presente, importante, serio, claro y discernible, y desproporcionado; (ii) que se evidencie un nexo causal directo entre participación procesal eficaz para la administración de justicia y los factores de amenaza y riesgo derivados de esa colaboración; (iii) que se compruebe que la solicitud de vinculación al programa no está motivada por interés distinto que el de colaborar oportuna y espontáneamente con la Administración de Justicia; (iv) que las medidas de seguridad necesarias correspondan a las que prevé el programa; (v) que la protección del peticionario no constituya un factor que afecte en forma insuperable la seguridad de la estructura del programa o de la Fiscalía General de la Nación; y, (vi) que los beneficiarios hayan manifestado su voluntad de ingresar al programa(63).
“1. Para el protegido: a) Colaborar con la Administración de Justicia, siempre que legalmente esté obligado a hacerlo; b) Acatar las recomendaciones que le sean formuladas en materia de seguridad; c) Utilizar correctamente las instalaciones y los demás recursos que para el desarrollo de su propia vida el programa coloque a su disposición; d) Abstenerse de asumir conductas que irresponsablemente puedan poner en peligro su seguridad y la del programa mismo; e) Colaborar para que su estadía en el programa se desarrolle en condiciones dignas; f) Abstenerse de consumir elementos o sustancias embriagantes o que generen sicodependencia; g) Colaborar y someterse a tratamientos médicos, sicológicos y de rehabilitación a que hubiere lugar; h) Mantener comunicación por escrito con la Dirección del programa, a través del agente que haya sido asignado, salvo situaciones de extrema gravedad o urgencia; i) Observar un comportamiento ético, moral, personal y social ejemplar” (negrita fuera del texto original).
58. Superado el trámite descrito, procede la aplicación de las medidas de protección, que de cara a la situación de riesgo, resulten ser las más idóneas para salvaguardar la vida e integridad personal del titular del caso y de su grupo familiar(64). De ahí en adelante, los protegidos y las medidas implementadas estarán sujetos a continua vigilancia, monitoreo y directivas de seguridad por parte de la entidad.
59. Sobre este ítem, resulta de trascendental importancia señalar que de la medida adoptada dependerá el grado de intensidad en que se limiten o restrinjan ciertas libertades personales de los protegidos. Así, lo ha determinado esta Corte al considerar que “(…) el individuo que ingresa a un programa de protección ha de partir de la base de que se coloca en una situación de especial sujeción ante el organismo estatal encargado de su amparo. Y este hecho implica, incluso, que el testigo puede verse sometido a restricciones en el ejercicio de algunos de sus derechos fundamentales, restricciones sobre las cuales cabe advertir que no deben afectar el núcleo esencial de los derechos y han de mantenerse dentro de los cauces de lo razonable y lo proporcional (...)”(65).
60. Por otro lado, en cuanto a la permanencia o la desvinculación del programa, la resolución citada advierte que el protegido será el responsable de las consecuencias que se deriven de la inobservancia de las obligaciones anotadas en el acta de compromiso(66). De ahí que, cuando se trata del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que el protegido adquirió al momento de suscribir el acta mencionada(67), la Resolución 0-5101 prevé que procede la exclusión unlilateral del programa(68). Esta medida de exclusión deberá estar soportada en un informe en el que el funcionario competente advierta la falta cometida por el protegido, haciendo relación detallada y concreta de las razones de violación de dichas obligaciones.
61. No obstante lo anterior, debido al impacto que causa sobre los bienes jurídicos de los protegidos el retiro de las medidas de protección, la dirección nacional de protección y asistencia, a juicio de esta Corte, no está facultada para disponer la exclusión del programa como primera respuesta al incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el protegido y su familia, por el contrario, le corresponde en ejercicio de su posición de garante, adoptar las medidas necesarias para remediar y prevenir nuevas infracciones y como último recurso disponer el retiro(69); esto, con mayor razón, cuando las condiciones de riesgo no han variado.
62. Así, lo determinó la Corte en la Sentencia T-184 de 2013 al considerar que no todo incumplimiento de las obligaciones de quien colaboró con la justicia puede conducir necesariamente a su expulsión del programa cuando el riesgo que esto causó persiste. La Corte arribó a dicha conclusión al considerar que, “aunque el obrar del actor y su compañera son reprochables, y la accionada obró acorde con las normas aplicables, no es menos cierto que la relevancia que tiene el aquí demandante para los procesos penales en los cuales voluntaria y cumplidamente ha colaborado —incluso aún después de su exclusión—, y el alto riesgo que de allí se desprende para su vida, integridad y seguridad personal y la de su familia, no relevan la obligación del Estado, en su posición de garante, de darles la adecuada protección; máxime cuando su obrar colabora con la adecuada administración de justicia”(70).
63. A partir de todo lo expuesto, se puede concluir que al programa se podrán vincular las víctimas, testigos e intervinientes, así como a su grupo familiar, cuando sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal se encuentren amenazados por su participación en el proceso penal, siempre que se cumplan con los lineamientos establecidos en las normas aplicables. Una vez ingrese al programa, con base en el resultado de evaluación del riesgo del interesado, la Fiscalía en ejercicio de su autonomía deberá adoptar las medidas de protección que considere más pertinentes para salvaguardar sus derechos. Aunque el ingreso al programa comporta una serie de restricciones que limitan de manera justificada el goce de los derechos del protegido (Res. 0-5101/2008, derogada por la Res. 0-1006/2016), en tanto, persiguen la protección de su derecho a la vida, los deberes que se le imponen y la posible sanción por su incumplimiento, deben atender a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, de tal manera que se preserve el núcleo esencial de los derechos involucrados.
65. En Sentencia C-221 de 1994, la Sala Plena de esta Corte conoció de una acción pública de inconstitucionalidad, en la que se solicitó declarar inexequibles el literal j) del artículo 2º y el artículo 51 de la Ley 30 de 1986, “Estatuto Nacional de Estupefacientes”. Mediante estas disposiciones el legislador definió la dosis para uso personal y estableció sanciones penales a quienes llevaran consigo, conservaran para su propio uso o consumo, cocaína, marihuana o cualquier otra droga que produzca dependencia, en la cantidad considerada como dosis de uso personal(71).
“Dentro de un sistema penal liberal y democrático, como el que tiene que desprenderse de una Constitución del mismo sello, debe estar proscrito el peligrosismo, tan caro al positivismo penal, hoy por ventura ausente de todos los pueblos civilizados. Porque a una persona no pueden castigarla por lo que posiblemente hará, sino por lo que efectivamente hace. A menos que el ser drogadicto se considere en sí mismo punible, así ese comportamiento no trascienda de la órbita más íntima del sujeto consumidor, lo que sin duda alguna es abusivo, por tratarse de una órbita precisamente sustraída al derecho y, a fortiori, vedada para un ordenamiento que encuentra en la libre determinación y en la dignidad de la persona (autónoma para elegir su propio destino) los pilares básicos de toda la superestructura jurídica. Solo las conductas que interfieran con la órbita de la libertad y los intereses ajenos, pueden ser jurídicamente exigibles. No se compadece con nuestro ordenamiento básico la tipificación, como delictiva, de una conducta que, en sí misma, sólo incumbe a quien la observa y, en consecuencia, está sustraída a la forma de control normativo que llamamos derecho y más aún a un sistema jurídico respetuoso de la libertad y de la dignidad humana, como sin duda, lo es el nuestro”.
69. Concordante con lo anterior, la Corte determinó que, desde cualquier perspectiva, era abiertamente atentatorio de la libertad y de la autonomía consagradas en el artículo 16 como "libre desarrollo de la personalidad”, obligar al consumidor de drogas a someterse a un tratamiento médico contra una enfermedad de la que no quiere curarse. En ese sentido, señaló que el internamiento obligatorio en establecimiento psiquiátrico o similar resultaba inconstitucional, desde el punto de vista del tratamiento médico, “por violentar la voluntad del destinatario mediante la subrogación de su capacidad de decidir, por la decisión del juez o del médico. Cada quien es libre de elegir (dentro de nuestro ordenamiento) qué enfermedades se trata y si es o no el caso de recuperar la ‘salud’, tal como se concibe de acuerdo con el criterio oficial”.
72. Luego, el enfoque de la reforma cambió, pues ya no se buscó modificar el artículo 16, sino el artículo 49 de la Constitución, en el cual se consagra el derecho a la salud(72). Esto, con base en las sentencias dictadas por la Corte Constitucional que han señalado que la drogadicción y la farmacodependencia son una enfermedad y que por ende no se puede tratar al adicto como un delincuente, sino como un enfermo. Por lo anterior, en el año 2009, el artículo 49 Superior fue modificado por medio del Acto Legislativo 2, en los siguientes términos:
“(…) El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica(73). Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto. Así mismo el Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos”.
73. Posteriormente, en el año 2011, el aparte subrayado del Acto Legislativo 02 de 2009, por medio del cual se reformó el artículo 49 de la Constitución, fue demandado por inconstitucional(74). Sobre el particular, en la Sentencia C-574 de 2011, a partir de una interpretación sistemática de los nuevos incisos introducidos por el acto legislativo precitado, con el resto de este precepto superior, y con otros principios del texto fundamental que inciden en su alcance, la Corte llegó a las siguientes conclusiones:
iii. Por último, que el sometimiento a las medidas y tratamientos para los adictos y dependientes que porten y consuman sustancias estupefacientes y sicotrópicas, y que consientan de manera informada someterse a las medidas y tratamientos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico, deberá proveerse por parte del Estado o por los particulares o por parte del sistema de salud de acuerdo a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”.
74. En un reciente pronunciamiento, mediante la Sentencia T-010 de 2016, la Sala Novena de Revisión de esta Corte reiteró la jurisprudencia trazada en materia de la dependencia de sustancias psicoactivas y su relación con el derecho a la salud del adicto(75). Por este motivo, a continuación se hará referencia a los fundamentos de orden constitucional, legal y jurisprudencial que fueron expuestos en la providencia citada sobre el tema mencionado.
75. En el ordenamiento jurídico interno, el artículo 49 Superior modificado por el Acto Legislativo 2 de 2009 establece que toda persona tiene derecho a que se le garantice el acceso a los servicios de “promoción, protección y recuperación de la salud”. Así mismo, como quedó expuesto en líneas anteriores, respecto de las personas que presentan adicción al consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, expresa que el Estado prestará especial atención y desarrollará campañas de prevención contra el consumo de drogas y en favor de la recuperación de los adictos(76).
76. En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha estimado que “la drogadicción crónica es una enfermedad psiquiátrica que requiere tratamiento médico en tanto afecta la autodeterminación y autonomía de quien la padece, dejándola en un estado de debilidad e indefensión que hace necesaria la intervención del Estado en aras de mantener incólumes los derechos fundamentales del afectado”(77). En ese sentido, en la Sentencia T-760 de 2008, se estableció que se garantizará al adicto o su familia, la cobertura médica y sicológica para atender el problema de la drogadicción.
77. En consideración de lo establecido por la jurisprudencia constitucional, y en virtud del mandato consagrado a cargo del Estado en el artículo 47 Superior(78), esta Corte ha determinado que quienes se encuentran en situación de fármaco-dependencia ven limitada su autodeterminación y autonomía, quedando en una “situación de debilidad psíquica”(79), que demanda una especial protección por parte del Estado. De ahí que, las personas que padecen drogadicción crónica deban ser atendidas mediante los programas que el Estado, en la medida de lo posible y razonable, disponga para su rehabilitación e integración(80).
78. Cabe anotar que, mediante la Ley 1566 de 2012(81), el Legislador reconoció el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas, como un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos. Por lo tanto, determinó que el abuso y la adicción deberán ser tratados como una enfermedad que requiere atención integral por parte del Estado. En ese sentido, dispone que toda persona que sufra trastornos mentales o cualquier otra patología derivada del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas licitas o ilícitas, tendrá derecho a ser atendida en forma integral por las entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud y las instituciones públicas o privadas especializadas para el tratamiento de dichos trastornos(82).
79. Sobre la base de lo anterior, es posible concluir que el consumo de sustancias psicoactivas ha sido calificado como una enfermedad de tipo mental que coloca a quienes la padecen en una situación de “debilidad psíquica”, que impone al Estado la carga de proporcionarles una especial protección constitucional. Para tal efecto, debe garantizar el acceso a los servicios de salud que requiera para el manejo de la patología que presenta con el objeto de que se recuperen y puedan reincorporase a su entorno familiar en condiciones normales y sin que exista algún riesgo para el paciente o para su grupo familiar(83).
(c) En tercer lugar, el 11 de septiembre de 2015, la entidad requerida, entre otras cosas, respondió de manera negativa la solicitud de la reubicación social definitiva, argumentando que no era viable, básicamente, por dos razones, la primera, que la audiencia de preacuerdo del proceso penal mencionado “no se realizó y no se ha fijado fecha nueva”, y la segunda, que para disponer la reubicación se requiere un concepto emitido por el Fiscal de conocimiento con relación a su participación en el proceso penal(84).
(d) En cuarto lugar, conforme al artículo 27 de la Resolución 0-5101, norma vigente en el momento que ocurrieron los hechos, la reubicación social definitiva constituye una causal de terminación del procedimiento de protección, como ocurre, por ejemplo, con el incumplimiento de los deberes con el programa, la renuncia voluntaria, entre otras(85).
86. A partir de lo anterior, la Sala considera que la entidad accionada negó la solicitud de reubicación social definitiva sobre la base de argumentos que, además de ser contrarios a la realidad, desconocieron los principios de celeridad y eficacia que rigen todas las actuaciones que la entidad accionada debe adelantar en materia protección y asistencia (Res. 0-5101, art. 3º, num. 4º y 7º). A esta conclusión arriba la Sala por las siguientes razones:
87. Es claro que, de un lado, en septiembre de 2015, la accionada rechazó la posibilidad de iniciar el proceso de reubicación argumentando que no había culminado el proceso penal en el que participó “B” como testigo, cuando era evidente que dicha actuación ya había finalizado meses atrás, en junio del mismo año, y por el otro, adujo que tal determinación requiere del aval del fiscal de conocimiento, lo cual, aunque como se indicará en el numeral 88 a continuación es un requisito válido porque es el funcionario idóneo para calificar la participación del testigo, no es una carga que necesariamente corresponda asumir al protegido, si se tiene en cuenta que el personal del programa está obligado a hacer continuo seguimiento y vigilancia al caso(86), además, que dicho personal es el que tiene la posibilidad de comunicarse y coordinar con el fiscal competente a fin de obtener su concepto y, de este modo, garantizar la efectividad de los derechos de las personas vinculadas.
88. Cabe resaltar que el concepto que expide el fiscal de conocimiento es un requisito esencial no solo para resolver sobre el ingreso de un testigo al programa(87), sino también para definir la procedencia de la solicitud de la reubicación social definitiva. Al respecto, el artículo 99 de la Resolución 0-1006 de 2016, la cual derogó la Resolución 0-5101 de 2008, establece que la autoridad facultada para decidir, entre otros temas, sobre la reubicación mencionada es el Director Nacional de protección y asistencia o el Fiscal General de la Nación.
89. Dicha competencia asignada al Fiscal de conocimiento, está en armonía con los deberes de vigilancia y control que se radican en cabeza de este funcionario cuando se conceden al testigo las medidas de protección, por ejemplo, le corresponde informar cuando la participación del beneficiario finalice el proceso penal, informar cuando no requiera al testigo para que siga actuando en el proceso respectivo, a fin de tramitar la desvinculación del programa(88).
92. En lo que respecta a la situación de la madre y de la hermana menor del titular de las medidas de protección, se tiene que mediante acta del 3 de septiembre de 2015, la entidad accionada resolvió, entre otras cosas, excluirlas del programa y, en consecuencia, declarar que el grupo familiar objeto de protección quedaba conformado por el adolescente “B” y el señor “B” (accionante). La decisión se fundamentó en que los sujetos excluidos incumplieron las obligaciones adquiridas con el programa(89), consistentes en (i) acatar las recomendaciones que le sean formuladas en materia de seguridad, (ii) abstenerse de asumir conductas que pongan en peligro su seguridad y la del programa mismo, (iii) observar un comportamiento ético, moral, personal y social ejemplar(90), por haber abandonado la sede asignada y regresar a la ciudad de “G”, de donde fueron inicialmente removidos por las amenazas en su contra, sin dar previo aviso a la entidad(91).
93. De las pruebas aportadas en sede de revisión, la Sala logró corroborar que los hechos invocados por la entidad accionada como fundamento de la exclusión, corresponden a la realidad, pues el mismo accionante reconoció ante el programa, mediante oficio del 26 de agosto de 2015, que la familia decidió que la madre e hija viajaran a la ciudad de “G”, el 24 de agosto del mismo año, sin informar de este hecho al agente encargado de su protección(92). Por esta razón, se encuentra justificado que la entidad accionada excluyera a las personas mencionadas conforme a la causal de terminación del proceso de protección denominada “exclusión unilateral por incumplimiento de las obligaciones adquiridas con el programa de Protección”, prevista en numeral primero del artículo 27 de la Resolución 0-5101.
95. Ahora bien, cuando se han presentado este tipo de conflictos entre el protegido y el programa por la inobservancia de los deberes acordados, la jurisprudencia constitucional ha determinado que no todo incumplimiento de las obligaciones de quien colaboró con la justicia o del grupo familiar protegido por extensión, puede conducir necesariamente a su expulsión del programa cuando el riesgo que esto causó persiste (Sen. T-184/2013). Sin embargo, en el presente caso, específicamente, en la situación de la madre e hija menor excluidas del programa, la Sala estima que no es factible aplicar la sub regla anotada, en razón a que, con todo el material probatorio recaudado en el proceso de tutela, no se logró demostrar que aquellas se encuentren expuestas a un riesgo que se derive de la participación de su hijo/hermano en el juicio penal.
96. Esto, es así, por cuanto de las pruebas aportadas al proceso de tutela, se tiene que la madre y su hija menor, aunque residen en la ciudad de “G”, viven en una casa diferente a la de “B”(93). Por lo demás, en cuanto a los hechos relatados por el accionante, de acuerdo con los cuales el primero de enero de 2016, fueron agredidos su hijo y la madre del mismo, supuestamente, por ser cómplices del sujeto condenado en el proceso penal, la dirección nacional de protección y asistencia, en oficio del 26 de mayo de 2016, evaluó esta situación conforme a lo establecido en el inciso del numeral 4º del artículo 4º de la Resolución 0-5101, determinando que no se reunían los requisitos allí señalados para autorizar la reincorporación al programa. Señala la Dirección en el mencionado oficio que para esas fechas del año es común que se presenten ese tipo de riñas; y que objetivamente los agresores no fueron individualizados, para poder establecer un nexo causal directo, con relación a la colaboración a la justicia prestada por “B”. Además, señaló la Dirección que al momento de valorar los hechos, no se contaba con información veraz y concreta sobre la adecuación típica que se haya dado a los hechos referidos(94).
97. Adicionalmente, mediante informe del 5 de julio de 2016, la dirección nacional de protección y asistencia, con base en lo dispuesto en la Resolución 0-1006, al revaluar el riesgo al que supuestamente se encontraba sometido el joven “B”, como consecuencia de unos hechos ocurridos en febrero de 2016, corroboró que la madre y hermana del protegido estaban viviendo en otro lugar y señaló que no había mérito para determinar que la vida de aquel estaba en serio peligro, sino que estaba expuesto a un riesgo de carácter ordinario que no justificaba su vinculación al programa(95). De esta manera, la Sala advierte que no existen elementos de juicio para concluir que la madre y hermana de “B”, (i) se encuentren expuestas a un riesgo derivado de la participación de su hijo/hermano en el proceso penal, (ii) y que deban ser beneficiarias por extensión de las medidas de protección, al menos por los hechos que han sido objeto de análisis en las evaluaciones de riesgo precitadas.
100. Del recuento de las actuaciones surtidas por la entidad accionada, la Sala no encuentra razón que justifique el por qué si la negativa de realizar la prueba toxicológica —14, 24 agosto y 7 septiembre de 2015— ocurrió antes de que se resolviera la solicitud de la reubicación —11 de septiembre de 2015—, ese hecho tan solo fue invocado como fundamento para determinar la exclusión del programa del actor y su hijo, hasta el 16 de septiembre de 2015.
102. En este punto, es preciso anotar que si bien la Dirección goza de autonomía para resolver sobre la exclusión de un protegido(96), ello no es óbice para disminuir la rigurosidad y diligencia que demandan las gestiones propias del programa, máxime, si se tiene en cuenta la relación de especial sujeción en la que está el protegido respecto del ente estatal. Actuar en contravía de este precepto, significaría no solo desconocer el contenido del derecho al debido proceso administrativo, sino también comprometer la efectividad de derechos fundamentales como la seguridad personal y el mínimo vital, que pueden vulnerarse con ocasión de la exclusión del programa.
104. Por lo anterior, considera la Sala que en el caso del señor “A” y su hijo “B”, procede el amparo del derecho fundamental al debido proceso administrativo. En consecuencia, se ordenará que, una vez se realice la reincorporación al programa, la entidad accionada proceda a analizar de manera rigurosa y diligente la procedencia de la reubicación social definitiva, para lo cual deberá tener en cuenta, además de las normas aplicables(97), las consideraciones expuestas en esta sentencia.
105. Unido a lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo 42 Superior y la jurisprudencia constitucional reconocen una especial protección a la unidad e integridad de la familia(98) y que de dicho mandato se deriva que “(…) las autoridades públicas deben abstenerse de adoptar medidas administrativas o judiciales que, en la práctica, impidan la unidad familiar”(99), esta Sala dispondrá que la medida de reubicación social definitiva que se adopte deberá considerar la situación del núcleo familiar y garantizar, en la medida de las posibilidades, el derecho de sus miembros a permanecer unidos.
108. La Sala considera que las restricciones anotadas no deben entenderse como una penalización de la conducta relativa al consumo de drogas, sino como una prohibición que encuentra fundamento en el artículo 49 Superior, reformado por el Acto Legislativo 2 de 2009. De esta manera, no persigue la sanción del consumidor o adicto, sino que proscribe el consumo de drogas, entendido por la normatividad aplicable y la jurisprudencia de esta Corte como un problema de salud pública, a fin de garantizar la protección del derecho a la vida e integridad personal del protegido y de los servidores encargados de su protección; finalidad constitucionalmente imperiosa, que está en concordancia con dos deberes constitucionales, primero, la Fiscalía General de la Nación, a través del programa, debe fungir como garante del derecho a la vida e integridad personal (seguridad personal) de los testigos (art. 250 C.P.) y, segundo, toda persona debe procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad (inciso 5º, art. 49 C.P.).
109. En el marco del programa, la Sala comparte lo expuesto por la entidad accionada, en el sentido de que la problemática del consumo de drogas, además de tratarse de un tema de salud, constituye un factor de seguridad que potencialmente incrementa las fuentes de riesgo tanto para las personas que consumen, como para los servidores del programa y de todo tercero que deba interactuar con el consumidor. No obstante, vale la pena aclarar que pueden existir casos en los que dicho consumo no necesariamente se convierte en un factor que incrementa el riesgo del protegido o que afecte su salud, por ejemplo, cuando se logra demostrar con grado de certeza que se trata de una persona que requiere del consumo de estas sustancias para cuidar su salud. De ahí que, siguiendo lo establecido por la jurisprudencia constitucional en materia de la restricción justificada de los derechos del protegido (Sen. T-242 de 1996), es posible considerar que la prohibición al consumo de drogas pueda entenderse como una limitación válida al ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, no exclusivamente por la especial situación de sujeción del protegido respecto del órgano estatal, sino por la necesidad de salvaguardar un bien superior, cual es el de proteger la vida del propio testigo, su grupo familiar y los funcionarios encargados de su protección.
110. Dichas limitaciones a las libertades del protegido y de su grupo familiar, se materializan en la imposición de reglas de disciplina -entiéndase prohibiciones, deberes, entre otros- que, primero, aquellos deben acatar por haberse sometido voluntariamente al programa(100) y, segundo, permiten alcanzar el fin que persigue dicho programa, cual es el de proteger la vida e integridad personal del individuo y la familia beneficiaria de las medidas de protección.
111. En todo caso, por la especial protección constitucional de la que son titulares las personas con enfermedades como la drogadicción o farmacodependencia (de conformidad con lo dispuesto en la Sen. T-010/2016), la restricción de consumir drogas debe ir siempre acompañada de la posibilidad de acceder a las medidas idóneas y eficaces para tratar dichas patologías. En relación con ello, la entidad accionada informó a la Corte que tiene como medida para las personas que se encuentran bajo su protección y que consumen sustancias psicoactivas, la remisión a tratamiento en centro especializado, con la totalidad de los costos a cargo del programa y bajo el monitoreo y supervisión del mismo. Anotando que no pierde su calidad de protegido en ninguno de sus aspectos con los derechos y deberes que esto implica. En el caso de niños, niñas y adolescentes se ponen a disposición del ICBF, para que dicha entidad tome las medidas protectivas que correspondan reintegrándolos después de ellas al programa.
112. Por lo anterior, y teniendo en cuenta la interpretación autorizada de la Corte sobre el precepto 49 de la Carta Política(101), se colige que la restricción al consumo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas contenida en el programa a testigos será admisible en tanto se imponga, como primera medida, el sometimiento del adicto a medidas administrativas de orden pedagógico, profiláctico, terapéutico, pero siempre con el consentimiento informado de dicho testigo. En este contexto, la colaboración y disposición del adicto para informar sobre su condición y someterse al respectivo tratamiento de rehabilitación será siempre un elemento determinante para garantizar el cumplimiento del objeto o finalidad de proteger y salvaguardar la vida de las personas vinculadas al programa.
116. Finalmente, en la demanda de tutela, con base en el artículo 15 de la Ley 24 de 1992, el accionante solicitó al juez de tutela “se sirva ordenar al programa de protección y asistencia de la Fiscalía, remitir copias del acta de renuncia voluntaria 5661 de diciembre 30 de 2013, planillas de revista diaria de noviembre 6,7 y 8, y diciembre 29 de 2013”. La Sala se abstendrá de emitir un pronunciamiento al respecto, en razón a que los elementos de prueba recaudados en sede de revisión fueron suficientes para aclarar los hechos relatados y, en efecto, resolver sobre la protección de los derechos fundamentales invocados.
(e) Si bien la Dirección goza de autonomía para resolver sobre la exclusión de un protegido(102), ello no es óbice para disminuir la rigurosidad y diligencia que demandan las gestiones propias del programa, máxime si se tiene en cuenta la relación de especial sujeción en la que está el protegido respecto del ente estatal. Actuar en contravía de este precepto significa, no solo desconocer el contenido del derecho al debido proceso administrativo, sino también comprometer la efectividad de derechos fundamentales como la seguridad personal y el mínimo vital, que pueden vulnerarse con ocasión de la exclusión del programa.
Dicha medida es constitucionalmente válida, en razón a que (i) la persona que ingresa al programa puede verse sometida a restricciones en el ejercicio de algunos de sus derechos fundamentales, siempre que las mismas sean razonables y proporcionales (Sen. T-242/96); (ii) la vinculación al programa implica para el protegido cumplir con ciertos deberes o reglas que tienen por finalidad salvaguardar su vida e integridad personal; y (iii) el programa debe suministrar e informar al protegido sobre los tratamientos de rehabilitación para el consumo de alcohol o sustancias estupefacientes; obligación que se deberá cumplir siempre que se encuentre vigente la relación entre el programa y el protegido y, si es el caso, su familia.
1. REVOCAR la sentencia proferida el 24 de febrero de 2016 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó el fallo emitido el 15 de diciembre de 2015 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de “H”, mediante los cuales se declaró improcedente la acción de tutela formulada por el señor “A” contra la dirección nacional de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación, y en su lugar TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la seguridad personal del “A” y de su hijo “B”. Por otra parte, NEGAR la protección de los derechos invocados por el actor en nombre de su compañera permanente “C” y su hija menor “D”, por las razones expuestas en la presente sentencia.
2. ORDENAR a la dirección nacional de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, reincorpore al programa de protección y asistencia a testigos, víctima e intervinientes en el proceso penal de la Fiscalía General de la Nación, al señor “A” y su hijo “B”. Cumplido lo anterior, en el término de los cinco (5) días hábiles siguientes a la reincorporación, proceda a analizar y definir de manera rigurosa y detallada la solicitud de la reubicación social definitiva, para lo cual deberá tener en cuenta, además de las normas aplicables, las consideraciones expuestas en esta sentencia con el propósito de emitir un pronunciamiento fundamentado en los hechos que han rodeado el caso concreto. La medida que se adopte deberá considerar la situación del núcleo familiar y garantizar, en la medida de las posibilidades, el derecho de sus miembros a permanecer unidos.
3. ORDENAR a la dirección nacional de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación que una vez reintegrado el actor y su hijo al programa, en el evento que llegase a determinar que no procede la reubicación social definitiva, y que no se configura ninguna de las otras causales de terminación del proceso protectivo, adelante las gestiones pertinentes a fin de obtener el consentimiento informado del actor y su hijo para someterse al tratamiento de rehabilitación correspondiente. De no ser posible, conforme a la normatividad aplicable, la entidad deberá analizar la situación particular de ambos, con el fin de que adopte la medida que mejor garantice sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a tener una familia y no ser separado de ella previsto en el artículo 42 Superior.
4. INSTAR a la Defensoría del Pueblo, a través del Defensor Regional de Santander, para que en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales verifique el cumplimiento de esta providencia en el asunto objeto de revisión.
Magistrados: Alejandro Linares Cantillo Gabriel Eduardo Mendoza Martelo Gloria Stella Ortiz Delgado.
2 La Corte Constitucional ha dispuesto este tipo de medidas de protección cuando se busca salvaguardar derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la seguridad personal y la intimidad, entre otros, en las providencias T-976/03, T-234/12, T 184/13 y T-355/16.
3 De acuerdo con la copia de la cedula de ciudadanía, el señor “A" nació el 18 de agosto de 1969, por lo que a la fecha de interposición de la acción de tutela tenía 46 años de edad. Fl. 54 del cdno. 2.
4 Copia simple del oficio con la referencia “solicitud del vinculado al programa de protección”, caso 210065, del 26 de diciembre de 2013, en la cual el señor “A” manifestó que presentaba renuncia voluntaria al programa de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación. Según consta a fl. 49 del cdno. 2.
5 Copia del oficio F-35 suscrito por el director nacional de protección y asistencia, expedido el 24 de marzo de 2015. Según consta a fl. 7 del cdno. 2 Afirma el accionante que el 6 de julio de 2015, el Fiscal de conocimiento manifestó que la reubicación social definitiva, solicitada por la familia protegida, es un proceso interno del programa de Protección, sin embargo, no emitió una nueva misión de trabajo de seguimiento procesal, ni entrevistó al funcionario judicial de conocimiento para dicho fin. Dicha actuación, a juicio del actor, vulnera el derecho al debido proceso por desconocer las normas que reglamentan la materia.
6 Según consta a fls. 18 a 20 del cdno. 2
7 Según consta a fl. 8 del cdno. 2
8 Al respecto, señaló: “mi comportamiento en el programa hasta hoy tuve cero informes. Desde el 26 de agosto de 2014, cuando llegamos a esta regional siempre he firmado la planilla de revista diaria, no me he evadido, no he incumplido los horarios, no hay reportes de violencia o conflictos intrafamiliares (…) no he tenido peleas ni conflictos con los vecinos (…) No he presentado comportamientos delictivos, ni conflictivos, ni indicios de enfermedad mental asociados al consumo de sustancias psicoactivas”. Según consta a fl. 46 del cdno. 2.
9 Cabe aclarar que la petición del 18 de agosto de 2015, reiterada mediante petición del 24 del mismo mes y año, no fue contestada por la accionada, razón por la que el señor “A” interpuso acción de tutela contra la dirección nacional de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación, solicitando la protección del derecho fundamental de petición. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala Laboral, de “H”, el cual en sentencia del 19 de octubre de 2015, tuteló el derecho de petición y, en consecuencia, ordenó a la accionada resolver las peticiones respectivas (18 y 24 de agosto de 2015), según consta a fls. 20 a 23 del cdno. 2. Mediante providencia del 6 de noviembre de 2015, el tribunal se pronunció sobre el incidente de desacato promovido por el accionante contra la entidad accionada, en el sentido de requerir al Vice Fiscal General de la Nación para que inste al cumplimiento de la orden y, al director general de protección y asistencia de la entidad referida, para que se pronuncie al respecto. Según consta a fl. 25 del cdno. 2.
10 Según consta a fls. 32 a 36 del cdno. 2.
11 El 28 de septiembre de 2015, el actor elevó petición ante la Procuraduría General de la Nación a fin de que “se tutele nuestro legítimo derecho a la reubicación social definitiva (…)”. Para ello, el peticionario señaló que aunque la accionada les solicitó la prueba de sustancias psicoactivas aduciendo que se trataba de un examen aleatorio y de rutina, lo cierto es que el titular de las medidas de protección en las dos ocasiones que ingresó al programa (marzo 7 de 2012 y 25 de agosto de 2014), confesó haber consumido marihuana, sin que durante tres años y medio le pidieran prueba alguna. Fls. 50 a 52 del cdno. 2. Así mismo, frente a la situación del actor y su familia, la Defensoría del Pueblo, regional Santander, mediante oficio remitido el 7 de octubre de 2015, solicitó al director nacional de protección y asistencia una nueva revisión de las circunstancias que dieron origen a la exclusión de la misma, con el fin de que se adopten las medidas administrativas pertinentes que propendan por la revocatoria de los actos administrativos de exclusión y se proceda de inmediato con la reubicación social a que tienen derecho. Además, solicitó copia de las actas, actos administrativos y demás documentos que guarden relación con el caso, a fin de brindar un acompañamiento y asesoría integral a la familia. Según consta a fls. 27 y 28 del cdno. 2.
12 Al respecto, citó lo dispuesto en el artículo 22 de la Resolución 0-5101 de 2008, referente a los niveles de seguridad, donde en su numeral 1º se define que el nivel máximo, donde se indica que: “(…) Es la especial sujeción del protegido al control del programa absoluto, en consecuencia, sus actividades las debe realizar dentro de un espacio intramural y sujeto a los procedimientos de seguridad desarrollados en su caso particular (…)”. Según consta a fl. 80 del cdno. 2
13 Resolución 0-5101 de 2008, art. 20.
14 Según consta a fl. 80 del cdno. 2
15 La entidad accionada agregó que no es cierto que se haya dejado desprotegido a “B” después de tres años de controlar su vida y cuando el proceso terminó, por cuanto, a pesar de que la norma indica que cuando se vincula al programa de forma condicionada la protección no puede superar 3 meses, en el caso del titular del caso, que fue vinculado de manera condicionada, la protección se extendió durante tres años, que pudieron haberse prologando si no se hubieran incumplido las obligaciones adquiridas con el programa.
16 El actor aportó con el escrito de impugnación: (i) copia de la noticia criminal —FPJ-2—, del 11 de noviembre de 2015, en la cual consta que el accionante denunció al Director Nacional de protección y asistencia, y a otros funcionarios de dicha entidad, por el delito de falsedad en documento público, entre otros. Fls. 97 a 102 del cdno. 2, (ii) copia de los oficios mediante los cuales la Procuraduría General de la Nación, regional de “I”, informó al actor que dio inició a la acción preventiva IUS-2015-344703, y la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá comunicó al accionante que remitió a la Fiscalía General de la Nación el oficio que fue radicado en sus instalaciones. Fls. 104 y 105 del cdno. 2., (iii) copia de la noticia criminal del 8 de enero de 2016, en la cual se registra que el actor denunció la tentativa de homicidio de la cual fue víctima su compañera permanente “C” y su hijo “B”, el 1º de enero de 2016, supuestamente, por parte de una banda criminal que tiene relación con el sujeto que fue condenado en el proceso penal en el que colaboró su hijo. Fls. 105 a 107 del cdno. 2, (iv) copia de la historia clínica del adolescente “B”, expedida el 7 de febrero de 2016, en la que se registra que tiene múltiples heridas por agresión con arma corto punzante, así mismo, fotos de la víctima que demuestran las lesiones que le causó el supuesto ataque. Fls. 12 a 16 del cdno. 3.
17 Copia del escrito del 12 de febrero de 2012, mediante el que la defensora de familia solicitó al subgerente Científico del Hospital Psiquiátrico Universitario del “F”, que se sirva brindarle atención inmediata al adolescente “B”. Según consta a fl. 7 del cdno. 3.
18 Copia del escrito del 7 de septiembre de 2015, en el que el accionante solicitó al Defensor del Pueblo, regional “I”, colaboración para que se aplique la medida de la reubicación social definitiva. Así mismo, manifestó que aceptó hacerse la prueba de sustancias psicoactivas que fue solicitada el 5 de septiembre de 2015, contrario a lo ocurrido con su hijo “B”, que se negó hacerse la prueba en tres ocasiones. Según consta a fl. 8 del cdno. 3
19 En ese sentido, afirmó que el 14 de agosto de 2015, la entidad solicitó una prueba de consumo de sustancias psicoactivas exclusivamente para “B”, la cual fue reiterada el 24 de agosto del mismo año, mediante oficio 638-502BUC, cuya copia le fue negada al accionante. Fl. 5 del cdno. 3. Además, el tutelante aportó copia de la solicitud presentada al programa de protección el 26 de agosto de 2015, en la cual manifiesta que acepta que se le realice la prueba toxicológica, y copia de la solicitud del 18 de noviembre de 2013, en la que pide al director del programa de protección y asistencia que le conceda una reunión a fin de discutir las condiciones de seguridad y garantías de su proceso de protección. Según consta a fls. 9 a 11 del cdno. 2.
20 Fls. 110 y 111 del cdno. 2. De igual modo, anexó copias de la cedulas de ciudadanía de la señora “C”, “B” y de la tarjeta de identidad de la niña “D”, de 6 años de edad. Según consta a fls. 112 a 114 del cdno. 2.
21 Según consta a fls. 2 a 9 del cdno. ppal.
22 La entidad adjuntó con el informe de respuesta: (i) copia del formato de valoración psicológica; (ii) copia del formato de valoración de consumo de SPA; (iii) copia del registro de asistencia psicológica; (iv) copia del estudio técnico de revaluación de amenaza y riesgo, del 5 de julio de 2016; (v) copia del formato de entrevista para la evaluación técnica de amenaza y riesgo; (vi) copia de la Resolución 0-5101 de 2008; (vii) copia de la Resolución 1006 de 2016; (viii) copia del acta de exclusión unilateral del actor y su hijo, expedida el 16 de septiembre de 2015. En cuanto al expediente del proceso de protección del actor y su grupo familiar que se solicitó, la entidad accionada refirió que toda la documentación se encuentra en sus instalaciones a disposición del magistrado sustanciador, por si este considera pertinente efectuar diligencia de inspección judicial.
23 En este punto hace referencia a los Formatos de Valoración Psicológica que utiliza el programa de protección y asistencia.
24 Continúa señalando que en cuanto a enfermedad el programa asume al consumidor como alguien que necesita ayuda para minimizar los riesgos contra su vida derivados de dicho comportamiento y de los asociados a este. Para ello, aportó copia del Formato de Valoración de Consumo SPA. Por otro lado, en lo que refiere al consumo de drogas como problema de seguridad, el programa lo asume como fuente adicional y exponencial de riesgo, que atenta de manera directa e inequívoca contra la misión de mantener a la persona con vida, así como de quienes la protegen o deben interactuar con ella.
25 Indica que en el primer evento, de manera inmediata se procede en entrevista con el candidato a la protección, indicándole pródigamente que para incorporarse al programa, este presenta dado el caso de consumo de elementos o sustancias embriagantes o que generen psicodependencia, la posibilidad de brindar el tratamiento de desintoxicación, para lo cual se adelantan y diligencian los formatos establecidos, donde es fundamental el otorgamiento del consentimiento para implementar dichas medidas. Mientras que en el segundo evento, una vez se detecten actitudes o comportamientos por parte del personal de servidores, psicólogos en las diferentes revistas y entrevistas de control, se procede a dialogar con el protegido en aras de que narre y si es del caso, acepte llevar a cabo los exámenes de rigor como obligación y compromisos, derivados de su condición de persona protegida; so pena de ser excluido del mismo, no por la posible situación de consumo, sino por faltar a sus deberes. Aquí pueden presentarse dos situaciones: (i) el protegido no acepta la realización de exámenes y (ii) reconoce, su condición de consumidor y accede (otorga el consentimiento) para implementar medidas protectivas acordes con su situación, en centro de rehabilitación. En resumen, el programa tiene como medida para las personas que se encuentra en Protección y que consumen sustancias psicoactivas su remisión a tratamiento en centro especializado, con la totalidad de los costos a cargo del programa y bajo el monitoreo y supervisión del mismo. Anotando que no pierde su calidad de protegido en ninguno de sus aspectos con los derechos y deberes que esto implica. En el caso de niños, niñas y adolescentes se ponen a disposición del ICBF para que tome las medidas protectivas que correspondan reintegrándolos después de ellas al programa de protección.
26 La entidad refiere que este principio se encuentra contenido en el literal C del artículo 3º de la normativa interna del programa, que establece: “la aceptación del ingreso y la decisión del retiro del programa de protección y asistencia, sin perjuicio de las causales de exclusión señaladas en esta misma disposición, la tomarán los destinatarios de manera voluntaria”.
27 Sobre el particular cita el artículo 69 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014, que dispone: “(…) las personas que se acojan al programa de protección se sujetaran a las condiciones que establezca la Fiscalía General de la Nación”. Así mismo, el artículo 73 del mismo cuerpo normativo, establece: “(…) La Fiscalía General de la Nación, sólo tendrá las obligaciones y responsabilidades frente a las personas vinculadas al programa en los términos que éste o los acuerdos suscritos lo indique”.
28 La entidad señala que las obligaciones, prohibiciones y causales de exclusión le son informadas al protegido a la firma del acta de Incorporación, en la inducción al programa y en las sesiones de asistencia psicológica o de verificación de seguridad de los agentes a cargo.
29 Refiere la entidad que las obligaciones y deberes generales del protegido se encuentran en el Acta de Incorporación del 15 de agosto de 2014, entre los cuales cabe desatacar: “(…) (h) Abstenerse de consumir elementos o sustancias embriagantes o que generen psicodependencia; (i) no retornar a la zona de riesgo localizada concretamente en los departamentos del Valle del Cauca, Risaralda y Quindío; (j) someterse a los tratamientos médicos y psicológicos que los hechos aconsejen como parte, desarrollo y fines del esquema de protección diseñado para su caso, incluida la internación en el centro de rehabilitación si así lo recomiendan los profesionales del área; (…)”.
30 Por su parte, el artículo 135 de la Resolución 1006 de 2016, dispone el trámite correspondiente a la reubicación definitiva al momento de la desvinculación.
31 Cabe anotar que, mediante oficio del 12 de septiembre de 2016, vencido el término de traslado, el accionante se pronunció en contra de cada una de las preguntas y respuestas suministradas por la entidad accionada, reiterando que fueron vulnerados sus derechos fundamentales y los de su familia, como consecuencia de la determinación de la accionada de excluirlos del programa de Protección a testigos, por el incumplimiento de los deberes pactados.
32 El programa fue creado mediante el artículo 67 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 1106 de 2006.
33 La Defensoría del Pueblo aportó copia del formato de entrevista del 9 de agosto de 2016 y copia del informe que remitió el accionante a la Corte Constitucional, en respuesta al auto de pruebas.
34 El Fiscal Seccional 40 aportó copia simple del acta de la audiencia de lectura de sentencia del 16 de junio de 2015, y copia simple de los oficios del programa en donde se le informa de la desvinculación del protegido y su grupo familiar.
35 Ver, entre otras, sentencias T-119 de 2015, T-250 de 2015, T-446 de 2015, T-548 de 2015, y T-317 de 2015.
36 Acerca del perjuicio irremediable, esta Corte ha señalado que, debe reunir ciertos requisitos para que torne procedente la acción de tutela, a saber: “(i) que se trate de un hecho cierto e inminente; (ii) que las medidas a tomar deben ser urgentes; (iii) que la situación a la que se enfrenta la persona es grave; y finalmente (iv) que las actuaciones de protección han de ser impostergables.” Ver, Sentencia T-896 de 2007, entre otras.
37 En la Sentencia T-184 de 2013, la Sala Sexta de Revisión de esta Corte estudió un caso en el que un señor interpuso acción de tutela en contra de la Oficina de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación, solicitando la protección de su derecho a la vida, como consecuencia del acto administrativo mediante el cual la accionada excluyó al actor y a su grupo familiar del programa de protección. Pese a que el accionante no manifestó de manera expresa actuar en representación de su familia, la Corte resolvió tutelar los derechos a la vida, a la seguridad e integridad personal del actor, su progenitora, su compañera permanente y su bebé. En consecuencia, dictó las órdenes correspondientes de amparo a favor del tutelante y su familia. Aunque en esta ocasión la Corte no se ocupó de analizar la legitimación por activa, a partir de lo resuelto se advierte que, de manera implícita, se avaló que un integrante del grupo familiar afectado por las decisiones de la accionada, promoviera la acción de tutela que culminó con un fallo favorable a favor de todo el grupo familiar.
38 Según consta a fls. 110 y 111 del cdno. 2
39 Cfr. Sentencia SU-961/99.
40 Según consta a fls. 27, 28 y 31 del cdno. 2
41 En la Sentencia T-184 de 2013 la Sala Sexta de Revisión de esta Corte estudió una acción de tutela que interpuso un señor en contra de la entidad mencionada, argumentando que fue vulnerado su derecho fundamental a la vida, como consecuencia del acto administrativo que lo excluyó a él y a su familia del programa de protección y asistencia, a pesar de que colaboró con la administración de justicia y que subsistían los factores de riesgo que dieron lugar a la vinculación al programa. La Corte resolvió que la acción de tutela era procedente, como mecanismo definitivo, para proteger los derechos fundamentales que fueron vulnerados al actor y a su grupo familiar. En igual sentido, se puede consultar la Sentencia T-355 de 2016.
42 Ver entre otras las sentencias T-923 de 2010, T-718 de 2011, T-084 de 2012, T-151 de 2012 y T-181 de 2012. Reiteradas en Sentencia T-349 de 2013.
43 En la Sentencia T-125 de 1994, la Corte señaló: “Con la evolución del Estado liberal y su tránsito al Estado Social de Derecho, el valor jurídico de los deberes ha variado de manera radical. Su incorporación a los textos constitucionales modernos, paralelamente a la idea de la Constitución como norma jurídica, son transformaciones políticas que otorgan una significación diferente a los deberes de la persona”.
44 En lo que respecta al grado de vinculación de los ciudadanos a los deberes constitucionales, se puede consultar las sentencias T-125 de 1994, C-657 de 1997, SU-259 de 1999, T-142 de 2002, C-249 de 2002, T-976 de 2003, C-511 de 2004, entre otras.
45 Cfr. Sentencia T-976 de 2003.
46 Ver, Sentencia T-976 de 2003, reiterada por la Sentencia T-683 de 2005.
47 En cuanto a la seguridad como valor y fin del Estado, la Corte en la Sentencia T-683 de 2005 señaló que se trata de un “valor genérico que permea toda la Constitución, en tanto que garantía de las condiciones necesarias para el ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales por parte de las personas que habitan el territorio nacional. Así, la seguridad constituiría una de las metas de la Carta Política de 1991, tal y como lo muestran el preámbulo y el artículo 2º, en tanto el Constituyente buscó asegurar a los integrantes de la nación la vida, la convivencia y la paz, entre otros. Por ello, en el sistema constitucional instaurado en Colombia desde 1991, todas las instituciones que velan por crear condiciones de seguridad, tienen como finalidad primordial la de proteger las libertades y derechos de las personas”.
48 En la Sentencia T-719 de 2003 se dijo, por ejemplo, que “la seguridad aparece en nuestra Constitución bajo la forma de un derecho colectivo, es decir, un derecho que asiste en forma general a todos los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el conglomerado social como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre competencia económica (art. 88, C.P.)”.
49 Ver, Sentencia T-039 de 2016.
50 Ver, Sentencia T-719 de 2003.
51 Ver, Sentencia T-039 de 2016.
52 Ver, Sentencia T-719 de 2003.
53 El Preámbulo y los artículos 2º, 12, 17, 18, 28, 34 44, 46 y 73 superiores.
54 Así, lo ha señalado la Corte, por lo menos, en las sentencias T-234 de 2012, T- 078 de 2013 y T-224 de 2014.
55 El numeral 7º del artículo 250 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002, estipula: “En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá: (…) 7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa”.
56 “Atribuciones. La Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, tiene las siguientes atribuciones: (…) 6. Velar por la protección de las víctimas, testigos y peritos que la Fiscalía pretenda presentar”.
57 Artículo 67, la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 del 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014.
58 El Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación (L. 938/2004), establece en su artículo 19 que corresponde a la Oficina de protección y asistencia organizar la protección de víctimas, testigos, jurados, servidores e intervinientes en las investigaciones y procesos que sean de conocimiento de la Fiscalía, en coordinación con las direcciones nacionales de fiscalías y cuerpo técnico de investigación, con el apoyo de los organismos de seguridad del Estado. Con la Resolución 0-0405 de febrero de 2007, el Fiscal General de la Nación, dispuso: “Corresponde a la Oficina de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación, coordinar el programa de protección y asistencia a las víctimas, testigos, fiscales, funcionarios de la entidad y demás intervinientes en el proceso penal, en los términos establecidos por la ley y de acuerdo con lo señalado por la presente resolución”.
59 Conforme el parágrafo del artículo 2º de la Resolución 0-5101, esto tendrá lugar cuando su relación con el titular genere situaciones de riesgo o amenaza, determinadas previa evaluación técnica realizada por la Oficina de protección y asistencia. En ese sentido, la Resolución 0-1006, que derogó la Resolución 0-5101, en su artículo 21 dispone. “Deberes del programa de Protección. Son deberes del programa los siguientes: a) Otorgar protección y asistencia integral a los beneficiarios -así como a sus familiares cuando las circunstancias debidamente acreditadas por la dirección nacional de protección y asistencia así lo determinen. b) Proteger la identidad de los beneficiarios”.
60 Resolución 0-5101, artículos 14 a 16. En relación con el proceso de vinculación, la Resolución 0-1006, en su artículo 30 establece las condiciones procesales de la protección.
61 Al respecto, en la Sentencia T-719 de 2003, la Corte manifestó: “[e]l programa de Protección de la Fiscalía General de la Nación vinculará a las personas sobre las que recae un riesgo extraordinario o extremo para sus vidas e integridad personal, definidos como aquellos que ameritan la intervención excepcional del Estado para preservar el derecho afectado”.
62 Ver, Sentencia T-532 de 1995.
63 Estos supuestos fueron sintetizados en la Sentencia T-585A de 2011.
64 Estas pueden consistir en cambio de domicilio, incorporación y reubicación de domicilio, protección inmediata o protección condicionada. Ver Resolución 5-0101 de 2008, artículos 6º a 10. Actualmente, aplican los artículos 37 a 47 de la Resolución 0-1006 de 2016.
65 Ver, Sentencia T-242 de 1996.
66 Resolución 0-5101 de 2008, artículo 8º, parágrafo.
67 Resolución 0-5101 de 2008, artículo 19, numeral 1º.
68 De conformidad con el artículo 27, son causales de terminación de compromisos: la renuncia voluntaria del beneficiario, la exclusión unilateral por incumplimiento de las obligaciones adquiridas con el programa, la reubicación definitiva, el cumplimiento por parte del programa de las obligaciones y compromisos suscritos y cuando el protegido es cobijado por una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Tal disposición fue derogada por la Resolución 0-1006, que en su capítulo V establece el procedimiento en materia de la renuncia y las causales de exclusión del programa.
69 Artículo 28 de la Resolución 5121 de 2008. “(…) cuando la falta del protegido no afecte el esquema de seguridad implementado en su caso particular, previo a la decisión de exclusión, la dirección del programa deberá estudiar la gravedad de la falta y ponderar las implicaciones que ella tenga para el programa y la investigación, debiendo determinar si es procedente encauzar la conducta del protegido al cumplimiento de las obligaciones señaladas en el acta de compromisos o su exclusión (…)”.
70 La Corte en la Sentencia T-184 de 2013, estudió una acción de tutela presentada por un señor en contra de la dirección nacional de protección y asistencia de la Fiscalía General. En esa ocasión, a pesar de que estaba demostrado el incumplimiento de los deberes por parte del protegido, este tribunal ordenó a la entidad accionada reintegrar al actor y a su núcleo familiar al programa. De igual modo, ordenó al actor y a los integrantes de su núcleo familiar que lleguen a ser beneficiados con dicha protección, acatar todas y cada una de las normas, obligaciones y recomendaciones de seguridad que le imponga el programa, y abstenerse de asumir conductas que pongan en peligro su vida y la de los integrantes de su núcleo familiar. En ese mismo sentido se puede consultar la Sentencia T-355 de 2016.
71 El artículo 2º de la Ley 30 de 1986, o “Estatuto Nacional de Estupefacientes”, definió en su literal j), que se considera dosis para uso personal “la cantidad de estupefaciente que una persona porta o conserva para su propio consumo”. En tal sentido prescribió como “dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte (20) gramos; la de marihuana hachís que no exceda de cinco (5) gramos; de cocaína o de cualquier sustancia a base de cocaína que no exceda de un (1) gramo, y de metacualona que no exceda de dos (2) gramos”. Aclaró el legislador en la misma disposición que “no es dosis para uso personal, el estupefaciente que la persona lleve consigo, cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad”.
72 Constitución Política, artículo 49, establece: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.”
73 Respecto a la expresión subrayada, la Corte Constitucional se declara INHIBIDA mediante Sentencia C-574 de 2011.
74 De igual modo, en la Sentencia C-882 de 2011 la Corte se pronunció sobre una demanda de inconstitucionalidad en contra de los dos incisos finales del artículo 1º del Acto Legislativo 02 de 2009, que reformó el artículo 49 de la Constitución, por supuesto desconocimiento del derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas. Al respecto, la Corte declaró exequible la norma demandada, únicamente frente al cargo examinado.
75 Ver, entre otras, las sentencias T-684 de 2002, T-438 de 2009, T-094 de 2011, T-566 de 2010 y T-355 de 2012.
76 Con relación a los problemas de salud derivados del consumo de drogas, la OMS ha señalado que la farmacodependencia consiste en “el estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco, caracterizado por modificaciones del comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por tomar el fármaco en forma continua o periódica a fin de experimentar sus efectos psíquicos y, a veces, para evitar el malestar producido por la privación” 76; mientras que la adicción a sustancias psicoactivas o estupefacientes la ha definido como una enfermedad de tipo mental, que además de ser una causa importante de discapacidad, exige una respuesta coordinada del sector de la salud y el sector social. 65ª Asamblea Mundial de la salud. Resolución 65.4. Punto 13.2.
77 Cfr. Sentencia T-814 de 2008.
78 Constitución Política, artículo 47, establece: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”.
79 Ver, Sentencia T-684 de 2002.
80 Ver, Sentencia T-634 de 2002. En ese sentido, se puede consultar la Ley 30 de 1986, la cual consagra que las medidas para el tratamiento y rehabilitación de una persona fármaco dependiente deberán procurar la reincorporación del individuo como persona útil a la comunidad. La ley mencionada también dispone que el Ministerio de Salud tendrá la obligación de incluir dentro de sus programas la prestación de estos servicios para la recuperación de los adictos a sustancias psicoactivas.
81 Ley 1566 de 2012, “Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional ‘entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias’ psicoactivas”.
82 Ley 1566 de 2012, artículo 2º.
83 Ver, Sentencia T-010 de 2016.
84 Según consta a fl. 57 del cdno. 2.
85 La desaparición de motivos que justificaron la vinculación, el cumplimiento por parte del programa de las obligaciones contraídas en los compromisos suscritos por el protegido y cuando el protegido es cobijado por una medida de aseguramiento privativa de la libertad.
86 Artículo 33 Resolución 0-1006 de 2016, que derogó la Resolución 0-5101 de 2008. “Control del caso. El Director Nacional de protección y asistencia delegará a un servidor para que realice una inspección trimestral a la investigación o proceso penal donde intervenga el beneficiario y verifique si se ha cumplido alguna causal de desvinculación o exclusión del programa…”
87 Artículo 53 de la Resolución 0-1006 de 2016, que derogó la Resolución 0-5101 de 2008.
88 Artículo 26 de la Resolución 0-1006 de 2016, la cual derogó la Resolución 0-5101 de 2008.
89 Resolución 0-5101 de 2008, artículo 27, numeral 1º.
90 Resolución 0-5101 de 2008, artículo 20, literales b, d, i.
91 Según consta a fls. 32 a 36 del cdno. 2.
92 Copia de la “solicitud del vinculado al programa de protección”, código FGN-25-F-27, caso número 210065, del 26 de agosto de 2015, suscrito por el accionante.
93 Según consta en el fl. 39 y 147 del cdno. ppal.
94 Según consta en el fl. 76 del cdno. ppal.
95 Según consta a fls. 143 a 157 del cdno. ppal.
96 Ver, Sentencia T-532 de 1995.
97 En lo que respecta al trámite de la desvinculación, es importante mencionar que la Resolución 0-1006 establece que esta medida comprende la terminación normal de las obligaciones del programa, y hace acreedor al protegido a una reubicación social definitiva, en caso de considerarse procedente (art. 127). Dispone la resolución precitada que la medida de reubicación definitiva y apoyo para la reincorporación en la sociedad se decidirá cuándo se acredite la ocurrencia de una causal de desvinculación del beneficiario, así como de sus familiares. En todo caso, advierte que no habrá reubicación definitiva cuando se acredite causal de exclusión (art. 100). Además, prescribe que en aquellos casos en los que sea procedente la reubicación, el programa iniciará y desarrollará una evaluación socioeconómica a fin de ejecutar un plan de acción, dirigido a facilitar la reinserción social y educativa del beneficiario, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del programa (art. 135).
98 Ver sentencias T-278 de 1994. Sentencia T-572 de 2009, entre otras.
99 Cfr. Sentencia T-213 de 2015.
100 Resolución 0-1006 de 2016, el artículo 2º establece: “(…) libertad en el consentimiento. Nadie será obligado a vincularse o a permanecer en el programa de protección a testigos, víctimas, intervinientes en el proceso penal y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. La decisión de incorporarse o retirarse del programa es voluntad del ciudadano o servidor, quien será informado de las condiciones y consecuencias de su determinación. El ingreso al programa de protección a testigos, víctimas, intervinientes en el proceso penal y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación implica una serie de limitaciones y deberes para el protegido, las cuales se justifican en el interés superior de proteger su vida e integridad personal. El individuo que ingresa al programa de protección a testigos, víctimas, Intervinientes en el proceso penal y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación debe considerar que se encuentra en una situación de especial sujeción ante el organismo estatal encargado de su amparo. Justamente ello implica que el beneficiario puede verse sometido a restricciones en el ejercicio de algunos de sus derechos fundamentales y libertades en general. Aun así de aclararse que dichas restricciones no afectan el núcleo esencial de los derechos y libertades, y se mantienen dentro de los cauces de lo razonable y lo proporcional. Cualquier restricción o limitación tendrá la finalidad de proteger la vida e integridad personal” (negrillas incluidas en el texto).
101 Ver, Sentencia C-574 de 2011.
102 Ver, Sentencia T-532 de 1995.

References: ARTÍCULO 250
 ARTÍCULO 116
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 artículo 4
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 artículo 8
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 artículo 30
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 artículo 95
 artículo 250
 artículo 116
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 artículo 16
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 artículo 49
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