Source: http://www.rt-a.com/saldos/rosario20-7-01.htm
Timestamp: 2018-01-17 05:10:20+00:00

Document:
rosario20-7-01
Dra Magdalena Ferrreira
Coordinadora de radios. Tiene a su cargo las normalizaciones de FM y las adjudicaciones que quedaron pendientes de resolución de AM convocadas en 1999. Nos encargamos de las clandestinidades y del funcionamiento de las estaciones que operan con PPP.
Cuando encaramos la tarea de la normalización, en diciembre de 1999, lo primero que tuvimos que hacer fue revisar las 438 adjudicaciones que había de la administración anterior, de aquellas que se habían presentado al régimen de normalización. En total, entre los que se presentaron a concurso y los que se presentaron al régimen de adjudicación directa había aproximadamente 3500 expedientes de peticiones de licencias. De esas sólo fueron resueltas con anterioridad al 10 de diciembre de 1999, 438, y muchas de ellas fueron adjudicadas en los últimos días de la administración menemista.
Por eso fue que en función de las múltiples denuncias que recibimos, por la forma en que había sido llevado a cabo el proceso de normalización, es que la Secretaría de Cultura y Comunicación nos dio la tarea de revisar esas adjudicaciones.
Lo que hicimos fue no revisar todos los expedientes que se habían presentado a la normalización, sino sólo las 438 adjudicaciones. Lo hicimos con un plazo previsto y se terminó el 20 de septiembre pasado. Como consecuencia se confirmaron 157 licencias y revocamos 275 (muchas de estas estaban en lo que la CNC definió como “zonas conflictivas”).
Lo primero que nos pusimos a estudiar fue cómo se había resuelto el proceso de normalización. Y llegamos a la conclusión que, a raíz de lo que nos informó la secretaría de Comunicaciones, había lugares del país –entre ellos Rosario- donde la cantidad de frecuencias previstas en el Plan Nacional de Radiodifusión para el servicio de FM eran mucho menores que las ofertas que se presentaron por el sistema de adjudicación directa.
La diferencia que hay entre el concurso público y la adjudicación directa es que en el primero alguien se presenta a concursar un frecuencia determinada prevista en el Plan Nacional para una categoría, un canal y una frecuencia en una determinada localización. Se presentan uno o varios oferentes, el Comfer analiza la oferta y adjudica a aquel que reúna las condiciones establecidas en la legislación vigente y en el pliego de bases y condiciones de la forma más acabada.
En la adjudicación directa se establece el mismo mecanismo de adjudicación de licencias de circuito cerrado (cables, sistemas codificados). Alguien se presenta, acredita que reúne las condiciones legales y del pliego y se le adjudica. Sólo es válido si la cantidad de solicitudes efectuadas en una localización es igual o menor a la cantidad prevista en el Plan.
Había 17 zonas definidas como conflictivas donde la cantidad de frecuencias era mucho menor a las presentaciones que se habían hecho por el régimen de adjudicación directa. Por lo tanto era imposible que el Comfer pudiera haber resuelto válidamente por el proceso de adjudicación directa. Porque lo que había por repartir era mucho menor de las presentaciones y no se les podía dar frecuencias a todos.
Nosotros entendimos que lo que debería haberse hecho era el proceso de concurso público. Todos deberían haber llegado a la preadjudicación en el mismo estadio en el mismo momento. Y allí haberse analizado la cantidad total de solicitudes presentadas. Y en función de eso, elaborar un orden de mérito tal cual se hace en este tipo de procesos. Y si había 25 frecuencias para adjudicar, los primeros 25 en el orden de mérito eran aquellos a los que se les adjudicaba la licencia. Los que estaban hacia abajo, sus ofertas quedaban desestimadas. Pero ese procedimiento no se utilizó.
Por eso entendimos que se trataba de un procedimiento falso porque no se podía adjudicar en forma directa a todos los que se habían presentado. Esa posición que obtuvimos desde la asesoría jurídica del Comfer fue apoyada por la Procuración del Tesoro de la Nación y en función de eso el Comfer revocó las licencias adjudicadas en las 17 zonas conflictivas. Y eso lo hizo sin entrar a analizar las ofertas presentadas. Nosotros no desestimamos las ofertas como sí lo hicimos en los concursos públicos o en las adjudicaciones directas por el cumplimiento de las condiciones de la ley del empleo, sino porque la base era nula. El acto de adjudicación era nulo de nulidad absoluta insanable. De acuerdo con la ley de procedimientos administrativos, esos actos deberían ser revocados.
En el caso de los concursos públicos también se revocaron una gran cantidad de licencias. Pero ahí se hizo porque las sociedades o personas físicas que habían sido adjudicatarias de licencias no reunían las condiciones de la ley de radiodifusión ni del pliego de bases y condiciones que regía el concurso, de forma correcta. Lo mismo hicimos en el caso de adjudicaciones directas de zonas no conflictivas. Esto marca una diferencia en la forma de resolver los procedimientos: porque en un caso era nulo y en el otro analizamos si aquel que había sido adjudicado, había sido bien o mal adjudicado.
Cuando concluimos, tuvimos que resolver todo aquello que estaba pendiente de adjudicación. Porque más o menos había 3500 expedientes presentados al régimen y sólo habían sido resueltas 438 adjudicaciones. Por lo tanto, quedaba mucho por resolver.
La tarea que encaramos a partir de septiembre pasado fue empezar a analizar los expedientes que habían quedado sin resolver en adjudicación directa. Decimos hacerlo por provincias y por zonas. El gran problema del régimen de normalización y lo que generó tantos conflictos anteriores fue que cuando se pedían las asignaciones de frecuencias a la CNC, no se pedían por provincia o zona geográfica.
Se pedía determinada cantidad de expedientes dispersos. Por ejemplo para tres solicitudes de Jujuy, o 2 para Salta, etc. Y así no se podía llevar adelante una normalización, porque normalizar significa tratar de regularizar algo que está fuera de orden.
Así fue que le pedimos a la CNC, analizamos los expedientes y a su vez le vamos solicitando que nos asignen las frecuencias para toda la provincia donde se han presentado solicitudes por adjudicación directa. Los concursos que quedaron pendientes de resolución ya tienen una frecuencia y un canal determinado. Lo que hacemos es revisar el expediente, y si la oferta está bien, adjudicamos la licencia. En el caso de directa de zonas no conflictivas, una vez que tenemos la asignación dada por la CNC (el Plan Nacional es abierto y flexible: permite la inserción de nuevas frecuencias de acuerdo con los requerimientos y las posibilidades del espectro que es agotable).
Por ejemplo: hay dos frecuencias para una ciudad y se presentaron 4 oferentes. Entonces volvemos a la CNC para pedirle si existe factibilidad técnica para esas dos que piden. Si la CNC nos dice que sí, analizamos el expediente y adjudicamos el expediente.
A la fecha hemos normalizado las provincias del Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Santiago del Estero, el interior de Mendoza y San Juan. Allí hemos resuelto el 70% de las solicitudes efectuadas por el sistema de adjudicación directa. Nos hemos fijado un piso: a partir del 70% resuelto, vamos a la provincia, hacemos los actos de entrega –esto no significa que el 30% restante no va a tener su licencia-. Lo que ocurre es que en muchos casos son oferentes que no han reunido los requisitos que establecía el pliego. Lo que hacemos es solicitarle la revisión de la documentación que falta y, si cumplen con las condiciones, se les adjudica. Esto es posible sólo en los procesos de adjudicación directa de zonas no conflictivas. No en los concursos, donde el oferente se tiene que presentar con la totalidad de la documentación. No existe la posibilidad de mejoramiento de la oferta posterior. Hay pliegos de otras licitaciones de servicios públicos que lo prevé. Los de concesión de licencias para radiodifusión no. Si la presenta después se la considera extemporánea y no se la tiene en cuenta.
En los procesos de adjudicación directa, como no hay afectados derechos de terceros porque existe la posibilidad de adjudicar a todos los presentados, sí le damos la posibilidad de mejorar la oferta, de acompañar aquello que no se presentó.
Si nos regimos al estricto cumplimiento de la ley y el pliego, quizás éstos deberían quedar afuera porque no se permite, pero este régimen se llama de normalización. Lo que queremos es que la mayoría de aquellos que se presentaron en su oportunidad, pagaron el pliego, hicieron su oferta, contrataron un seguro de caución y cumplieron mínimamente las condiciones de la ley y del pliego, tengan su licencia. Porque queremos que la mayor cantidad de radiodifusores operen en forma legal. La manera de combatir la radiodifusión ilegal es poner del lado de la legalidad a la mayor parte.
En las provincias normalizadas se hace paralelamente frente a la entrega de las licencias, es habilitar un registro de preinscripción. Porque el régimen de normalización tuvo vigencia durante un período del año 99. Todos aquellos que no presentaron quedaron afuera y en este momento no existe posibilidad de adjudicar las licencias porque, según la ley 22285, las licencias se adjudican por concurso público.
El decreto 310 dio la posibilidad que las licencias fueran adjudicadas por el Comfer. Ahora se modificó en cuanto a quién es el órgano competente para adjudicar las licencias. Estamos normalizando en función del 310, modificado ahora por el 883/01. En aquellas provincias normalizadas, el registro de preinscripción tiene por objeto que los que no se presentaron al régimen de 1999 y tienen intención de instalar una FM, nosotros sepamos cuál es la potencial demanda de frecuencias en una localización. Por el término de 60 días abrimos un registro que no da derecho a la instalación de la estación, no implica el reconocimiento de una estación que opera al margen de las normas legales y de derechos a presente ni a futuro. Es simplemente un censo. Y es la única forma que el Comfer tiene de saber cuál es la potencial demanda. Con ese censo, solicitamos a la CNC la posibilidad de ampliar el Plan Técnico.
Con el decreto 883 lo que se hizo fue modificar el sistema de adjudicación de licencias para las emisoras A, B, C y D. Las categorías A y B serán asignadas por el Presidente, quien recupera la competencia estipulada en la ley de radiodifusión. Las C y D las adjudica el Comfer con la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación. Y las categorías E, F y G de aquellas zonas que no sean conflictivas, las adjudica el Comfer previa intervención de la secretaría general de la Presidencia. Las de áreas conflictivas serán a través del Comfer pero por concurso público.
Hemos llamado a concurso a 89 frecuencias. A las que fueron revocadas, el valor de los pliegos será igual al estipulado en 1999 porque no podemos bajarlo en virtud de que se pueden presentar los anteriores y nuevos. Si bajamos el valor, deberíamos devolverle a quienes se presentaron a concurso y no resultaron adjudicatarios el valor de los pliegos.
En cambio, en aquellos concursos que corresponden a frecuencias desiertas, hemos bajado le valor al 50% y en localizaciones de menos de 100 mil habitantes el valor es de un 25%.
Seguramente muchos pensarán que los cambios son meras cuestiones burocráticas. Pero en realidad no es así. Esto se hizo para garantizar la transparencia y la credibilidad de los procedimientos de adjudicación de licencias. Para que la autoridad que tramita los concursos públicos y elabora los pliegos no sea la misma que después los aprueba, sino que exista otra en el proceso que pueda aprobarlos.
Los nuevos pliegos tienen algunas diferencias sustanciales respecto de los anteriores. Se bajó el piso mínimo de exigencia de capacidad patrimonial. Pero lo más importante es que pusimos hincapié en que solamente va a ser motivo de puntación o puntaje a los efectos de la elaboración del orden de mérito por parte de la Comisión de Preadjudicación, la propuesta cultural que haga cada oferente.
El gran problema del régimen de normalización de 1999 es que no existían en ningún lado sobre qué bases se adjudicaban los puntajes tanto en los concursos como en los procesos de adjudicación directa con más oferentes que frecuencias a adjudicar. No se sabía nada.
Hemos establecido requisitos de admisibilidad y solamente se va puntuar la propuesta cultural que haga cada oferente. Ahí no solo se incluye la programación o el proyecto, sino los antecedentes en medios de comunicación y otras actividades que tengan. Los otros requisitos que fija el pliego son los de admisibilidad: requisitos personales, antecedentes patrimoniales y las condiciones técnicas. No va a ser adjudicatario de una licencia quien tenga la mayor capacidad patrimonial, sino aquel que acredite la mejor propuesta cultural.
En este proceso hemos adjudicado en total 356 licencias correspondientes a localizaciones de provincias normalizadas y a otras áreas que vamos a normalizar próximamente.
Estamos muy cerca de normalizar la provincia de La Pampa, San Luis, Salta y Jujuy (interior), el municipio de la costa y la provincia de Buenos Aires. La provincia de Santa Fe también es prioridad igual que las otras. Lo que quiero aclarar es que este proceso de normalización lo llevamos adelante con recursos humanos limitados. Estamos enmarcados dentro del proceso de restricción del gasto público y hemos pedido aumento de partida presupuestaria para poder resolver la normalización con una diligencia mayor. Pero no llegó, por lo que todavía seguimos resolviendo los concursos y las adjudicaciones directas con un plantel mínimo de 6 abogados, tres contadores y 2 sociólogos. Con ese personal tenemos que adjudicar todas las licencias que quedaron pendientes y además resolver los concursos. Querríamos ser más rápidos y que el régimen de normalización estuviera terminado a esta altura. Pero tratamos de hacer las cosas de manera más justa y clara.
En el Comfer habrán visto que recibimos a todo el mundo y aclaramos las dudas. Quizás muchas veces nos equivocamos. Pero admitimos que alguien nos lo diga y que existe la posibilidad de subsanar ese error dentro de un marco de legalidad.
No ha quedado claro en el texto si la radiodifusión se considera un servicio público o uno de interés público. En ese caso los recursos jurídicos para la adjudicación de licencias cambiarían. Dada la estrechez económica, analiza usted las posibilidad de que sean las provincias las que puedan acceder a regularizar más de 5000 radios que existen en el país.
Ferreira: La radiodifusión es un servicio de interés público. No es un servicio público porque en el pliego de bases y condiciones para los nuevos concursos, no se aplica el régimen de contrataciones del Estado, que se aplica en aquellos casos en los cuales el Estado compre o venda bienes del dominio público. Las frecuencias no son eso, sino que son de dominio público del Estado que administra en función de las asignaciones que hace la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
La actual ley vigente y el proyecto caracteriza a los servicios de radiodifusión en la competencia federal. Unicamente puede Estado nacional adjudicar las licencias. Las provincias no tienen facultades para ni legislar ni adjudicar. Y no pueden ser delegadas por el PEN. La delegación de las competencias está dada por la Constitución Nacional. No solucionaríamos el problemas dándoles a las provincias estas atribuciones.
Sería esperable y deseable que estas propuestas de debate se multiplicaran en todo el país porque los temas de la radiodifusión no tienen que ver sólo con quienes estamos ligados directamente, sino que impactan a diario en el conjunto de la sociedad, en la opinión pública, en la producción de información, cultura y entretenimiento.
El impacto de los medios de comunicación es determinante y decisivo en lo que tiene que ver con la formación de opiniones, la transmisión de informaciones, el esquema de poder, la toma de decisiones diarias, y la posibilidad de que el idioma, las costumbres y las obras humanas puedan llegar a distintos públicos.
Hay un par de ejes que hay que poner sobre la mesa. Por un lado saber cuál es el esquema de medios que hoy tiene la Argentina. Por otro lado cuál es la legislación al respecto.
Tenemos un esquema de medios bastante cuestionable. Hay un panorama de la radiodifusión sonara caótico, anárquico, desarrollado en los márgenes de la legalidad en los casos de las radios FM. La ausencia de vocación y voluntad política para administrar el espectro por parte del Estado Nacional en las distintas administraciones que se sucedieron.
Alguna cuota de responsabilidad de los radiodifusores que llegaron primero a las licencias y que luego pretendieron que no se otorgaran más. Y una serie de factores que provocaron que en el área de la frecuencia modulada se generaran verdaderos caos en el espectro con más del 80% de irregularidad y de ilegalidad.
Esto generó problemas tanto para quienes decidieron ser radiodifusores y encuadrarse legalmente y no pudieron hacerlo hasta la fecha. Pero también para el Estado y la administración porque al estar estos medios fuera de la ley se tornaba imposible hacer un trabajo de fiscalización, cobrar gravámenes. Y también significa un perjuicio para las audiencias en la medida que estos medios también están sometidos diariamente a situaciones de precariedad, inestabilidad, de imposibilidad de saber cómo va a ser la situación el día de mañana. De manera que una de las prioridades que encaramos fue tratar de aportar todo lo posible para tratar de normalizar esta situación.
Nunca en la historia argentina se entregaron licencias de frecuencia modulada. Y a decir verdad, en la legislación que todavía está vigente, las radios de FM aparecen apenas como un apéndice o una cuestión subordinada a las radios AM. En realidad las únicas que tenían licencia hasta ahora son las que venían adosadas a una licencia en AM. De esa magnitud es el atraso jurídico, político, social, económico y administrativo que tenemos en la materia.
En el tema de televisión no nos va mucho mejor. Tenemos 40 años de atraso. La mayoría de las capitales provinciales del interior tienen un solo medio de TV abierta y gratuita a disposición. Y en pocas es posible acceder a más de una oferta. Hace más de 40 años que no se entregan licencias de televisión ni se generan posibilidades de apertura.
Esto nos da un mapa bastante particular, con una oferta de contenidos concentrada en Capital Federal. Está entre el 78 y el 80% de lo que se ve a nivel nacional. No hay producción importante en el interior ni una sola hora de ficción producida fuera de Buenos Aires en TV abierta. Hay escasez de contenidos regionales, de producción local. Y pensamos que hacen falta tomar iniciativas y generar marcos de referencia jurídicos que alienten esta posibilidad de desarrollo de una industria que está bastante paralizada.
Ni que hablar en materia de cable y TV satelital, cosas que apenas estaban esbozadas en los años ´80 cuando se dictó la ley de radiodifusión con todo un sistema posterior de enmiendas y parches jurídicos que trataron de aportar alguna legalidad a un sector que avanzó al ritmo de la innovación tecnológica y del cambio, pero que quedó suspendido en el tiempo en materia jurídica.
Por ejemplo, todas las señales que se ven por el sistema de cable y de la TV satelital están fuera del esquema de fiscalización y de aplicación de infracciones y multas y que tampoco realicen ningún aporte en materia de pagos por gravámenes o contribuciones por el tema de la publicidad.
Actualmente, todas las infracciones que generan las señales -el 60% son generadas fuera del país- sean afrontadas por los distribuidores de las señales locales. En estas condiciones jurídicas y de desarrollo de la actividad es bastante imposible imaginar la posibilidad de un marco jurídico que además nos sumerja en el escenario de la convergencia tecnológica y la fusión de las actividades vinculadas con los medios de comunicación, las telecomunicaciones, Internet, etc.
Si a esto le sumamos que además la concepción de esta legislación tiene que ver básicamente con la doctrina de la seguridad nacional, que tiene una visión autoritaria del manejo de la comunicación y piensa al Estado con un rol subsidiario -es decir que donde está el sector privado no tiene sentido que esté el Estado- y en donde además se plantean mecanismos que han sido superados por la realidad como la multiplicidad de licencias, cuánto y cómo se puede tener, las reglas de juego entre capital nacional y extranjero.
Creo que podemos llegar al menos a la conclusión de la urgencia y la imperiosa necesidad de tener un marco legislativo más actual, más moderno, más democrático para regular el funcionamiento de los medios de comunicación.
El otro punto de la ley que ha venido desde hace muchos años consagrando una discriminación y una exclusión importante tiene que ver con el artículo 45 y la imposibilidad de que la entidades jurídicas sin fines de lucro puedan ser titulares de licencias.
Los que analizamos el funcionamiento del sistemas de medios en otros países vemos con mucha claridad la enorme debilidad que tiene el sistema público en la Argentina, en materia de producción y de contenidos como en materia de presupuesto y recursos. Advertimos la ausencia de una radiodifusión de carácter social y que permita a las entidades educativas, ongs, organizaciones civiles, cooperativas, etc., acceder a medios. Esto atenta contra la convención del Pacto de San José de Costa Rica. Son cuestiones que debe empezar a resolver la sanción de un nuevo proyecto de ley.
Marque algunos puntos interesantes de la propuesta que tiene el Congreso.
-Definición inicial de considerar la comunicación como un bien social: sabemos que hay quienes creen que la única visión posible de la comunicación es la que tiene que ver con la actividad comercial. Y en ningún país desarrollado es esa la única dimensión que tiene la comunicación.
-Debe haber un ámbito de participación federal en la materia y creemos que el indicado es el Consejo Federal de Radio y Televisión donde las provincias deben intervenir activamente en la formación de los planes técnicos. Es de alguna manera lo que permite proyectar el mapa de medios en cada región. Por una cuestión de carácter técnico debe seguir siendo una autoridad nacional y federal la encargada de aplicar ese plan técnico a la adjudicación de licencias. Hace falta una coordinación territorial y nacional porque básicamente las frecuencias no reconocen las fronteras geográficas.
-Aspiramos a que todos puedan ser titulares de licencias en la medida que cumplan con la ley.
-Es necesario promover una apertura ordenada de la radiodifusión hacia los capitales extranjeros. Debe haber muy pocos países que prevean una participación de capital extranjero superior al 40%. En la mayoría de los más desarrollados no excede del 25%. Estamos planteando que sea del 40 en los servicios básicos y un poco superior en los complementarios. También la posibilidad que haya una cotización en bolsa de las acciones para que las empresas tengan mecanismos genuinos de financiación.
Llegamos a este debate con severos cuestionamientos que tienen que ver algunos tratados internacionales que ya firmó la Argentina y que han sido incorporados a la Constitución Nacional en 1994, que nos obliga a nosotros, como autoridad de aplicación, a considerar como nacional algún capital nacional firmante de estos acuerdos, como es el caso de Estados Unidos. Es decir que cualquier inversor norteamericano que decida presentarse a participar en la oferta de medios de comunicación estamos obligados a considerarlo como capital local.
-Hay una parte de inhabilitaciones en materia de quiénes pueden ser titulares de licencias. Se mantiene el criterio que los funcionarios nacionales o los magistrados, integrantes de las Fuerzas no puedan acceder a la licencia. Y luego una segunda restricción para que las grandes empresas de servicios públicos privatizadas puedan por lo menos en lo inmediato competir o acceder a este sector. Es para preservar a los radiodifusores que están en proceso de normalización y de desarrollo y que podrían ser incluidos en un proceso de concentración, compras y fusiones lo que atentaría contra el derecho a la información. Esta restricción es sobre todo para las empresas con redes establecidas en el sistema público nacional de telecomunicaciones. Lo que queremos es que se desarrolle la actividad antes de la convergencia. Este esquema se aplicó en muchos países de Europa.
-El tema de la multiplicidad de licencias, mantenemos el tope de las 24 que planteó el decreto 1005/99 con las limitaciones que no pueden ser más de 12 si son de TV abierta. Y que no puede haber en una misma área de cobertura más de 4 de radiodifusión sonora siempre a condición de que la acumulación de esas 4 no supere el 25% de las localizaciones existentes en el área.
En el caso de aprobarse esta ley, para que alguien pudiera tener 2 radios AM debiera haber por lo menos 8 en funcionamiento. Y si hay cuatro, el máximo que podrá instalar será de una.
-También estamos estableciendo el criterio de la aprobación previa para las transferencias de licencias y el establecimiento de un plazo mínimo de operación de servicio antes de poder proceder a transferir la titularidad. Este criterio tiene que ver con la idea de limitar el manejo inmobiliario de las licencias que se viene haciendo desde hace tiempo.
-El derecho a la información de la gente debe tener un reaseguro que es el Registro Público de Licencias, de manera que todos los ciudadanos puedan saber quién es el titular de los medios o cuántos medios tiene, cuál es su condición, si está al día con los gravámenes, si tiene multas. Es esencial para llegar a la transparencia y para saber quién es el que le está informando y poder sacar sus propias conclusiones.
-Establecimos para el desarrollo de una industria audiovisual nacional, una cuota pantalla de cine nacional obligatoria para los canales de TV abierta que diferencia entre localidades grandes y chicas con niveles mayores y menores exigencias. Apunta a la necesidad de pasar una cantidad de películas anuales adquiridas durante el rodaje en el año anterior al de exhibición. La cuota la establecimos en un piso del 51%. Y hemos planteado el criterio de 3 horas mínimas diarias de producción propia para TV abierta que en principio podría manejarse con un poco menos durante los primeros cuatro años de vigencia de la ley.
También una cuota de producción nacional para los canales de cable y TV satelital y en el caso de la radiodifusión sonora, un 70% de producción nacional y un 35% de obras compuestas, ejecutadas e interpretadas por músicos argentinos. Planteamos una reserva del 10% en TV para producciones independientes.
-El tema de las redes de televisión quiero aclarar que el decreto 1005/99 transformó la letra de la ley que decía que las redes de televisión o las cadenas de televisión están prohibidas, por otra redacción que dice que están permitidas. Pero la reglamentación todavía está pendiente de ejecución que vino a consagrar algunas operaciones de adquisiciones de medios que se realizaron en la Argentina y determinaron la existencia de algunas cadenas, básicamente una con cabecera en Telefé y otra un poco más chica con cabecera en Canal 9, donde coinciden la propiedad de las empresas y por supuesto el 80% de la programación que circula por la red. Estamos planteando mantener en 12 el número máximo de canales que pueden asociarse a una red de programación. Es el mismo número que vimos para el esquema de licencias nacionales de televisión. En todos los casos tienen exigencias de producción propia superiores a las que fija la ley. La ley hoy plantea un 10% como exigencia básica de producción propia y local (significa 1 hora y media). Y ahora planteamos de 2 a 3, requisito que también es obligatorio para quienes integren una red o una licencia nacional.
-Nos parece más abierto, con participación legislativa y de los usuarios en cuanto a la Conarte y en el Sistema Nacional de Medios. Creemos que el Estado Nacional debe garantizar la existencia de un sistema de medios públicos y hemos previsto un esquema de financiamiento que tiene que ver con el gravamen a la radiodifusión. Proponemos que el mismo se asigne para el sostenimiento del SNMP. Mantener las cuotas que se destinan al cine y al teatro nacional y el 15% restante es lo que usa el Comfer para su funcionamiento.
Vemos un aspecto unitario en lo que respecta a las emisiones nacionales. En detrimento de un concepto federal. ¿Vemos que se centra todo en Buenos Aires. ¿Qué está haciendo el Comfer para que esto cambie?
O creemos que esto se trata solamente de un negocio, o incorporamos la noción de que además de los negocios, acá están en juego otras cuestiones que tienen que ver con el patrimonio cultural, la identidad como país, la creación de fuentes de trabajo, con el derecho a la información.
Por estas razones, en toda la legislación internacional, hay exigencias de producción propias que son obligatorias. De las últimas grandes multas que se han aplicado en España y Francia a los canales, han tenido que ver con el incumplimiento de las cuotas de producción nacional. Hay algunos que se esconden de estas obligaciones tratando de invocar la libertad de mercado, la desregulación. Nosotros necesitamos clarificar este punto, buscar un equilibrio entre la rentabilidad de los negocios y la necesidad de que esto sea considerado de manera integral como medio de comunicación que es. Los radiodifusores tienen que asumir esta responsabilidad. Por ahora sólo podemos aplicar la ley vigente que tiene una exigencia básica de 1 hora 20 minutos diaria de producción nacional como mínimo. Estamos tratando de elevar todo esto, pero hasta que no se convierta en ley lamentablemente no vamos a tener la posibilidad de aplicarlo.
Néstor Zapata, de Argentores
Nuestra palabra de aliento, apoyo de una gran alegría para que después de tantos años los argentinos nos devolvamos ese derecho que tenemos de gozar de una ley de radiodifusión.
Desde hace mucho estamos luchando para que exista una consistencia constitucional y jurídica de esta ley que lamentablemente nos avergüenza todavía con criterios y decretos que provienen de gobiernos de facto.
Nuestra entidad fue fundada hace más de 90 años y defiende los derechos de los autores en nuestro país y que tiene en esta ley intereses muy profundos que tienen que ver con la producción cultural, con la producción de carácter nacional y con la defensa del autor y su problemática.
Lázaro hablaba de una de las ramas que nos ocupa, que es el teatro y la cinematografía. Argentores nuclea a los autores en todas sus expresiones y fundamentalmente en cuatro ramas, que es teatro, cine, televisión y radiofonía. Sabemos que con fondos provenientes del aporte de los medios se podrá mantener la posibilidad de una producción nacional de cine.
Nuestro aporte al proyecto que está en discusión contemple algunos aspectos que no han sido previstos en su versión original o tal vez que no estén lo suficientemente consustanciados en 2 o 3 temas.
-Primero la defensa del autor nacional. Planteamos que si hay un hecho cultural, si las evaluaciones en los medios se van a hacer sobre propuestas culturales, es fundamental que estemos en la producción misma de la obra, en todo aquello que el autor, sin el cual no existe la obra, posea para ser el partícipe real en este tipo de producción.
-La segunda tiene que ver con lo que hace a la participación de aquellas organizaciones y organismos profesionales dentro de la estructura misma de la ley.
-La tercera tiene que ver con el criterio fundamental de la programación. Tiene que ver con la idea de velar por una programación con profundo contenido nacional y de autores argentinos.
Pensamos que es necesario agregar dentro del artículo 3, que son los objetivos de la ley, un punto más que diga que esos objetivos enumerados tendrán en cuenta la necesaria protección de los derechos de autor de las obras incluidas en la programación, así como la necesidad de promover el enaltecimiento de la producción del autor destinada a los servicios comprendidos.
La segunda propuesta que hacemos tiene que ver con los contenidos de las emisiones. En el artículo 54 se debería agregar la producción y difusión de obras televisivas de autores dramáticos domiciliados en el país.
Nos preocupa muchísimo que la producción nacional esté contemplada a partir de una defensa declarada de que esos autores sean argentinos, que estén con nosotros, que conozcan nuestras realidades. Es decir que no sólo sean nacidos en la Argentina, sino que también ejerzan su profesión aquí.
En el artículo 57, que habla de protección al derecho de autor, queremos agregarle que diga sin perjuicio de los que surja de la ley de propiedad intelectual.
En el artículo 60 hay una falta que no sabemos si es técnica o qué pasó, porque da porcentajes respecto de la defensa y obligación de programación de la música. Creemos que hay un error, que también estamos hablando no solo del compositor, sino también del autor dramático. Cuando dice del 35% de obras compuestas, escritas y ejecutadas e interpretadas por músicos. Nosotros ponemos compuestas o escritas, ejecutadas o interpretadas....
En el artículo 105 queremos agregar, cuando habla de las políticas públicas que establece el Estado en general, y en esto hacemos una defensa de todo lo que es autoría nacional, los textos radiales, los libros, la música misma por cierto. Ponemos: respetar el derecho de los autores, tal como lo consagra la Constitución Nacional, la ley de propiedad intelectual, los tratados internacionales sobre derechos humanos, los relativos a la propiedad literaria y artística.
En el artículo 124 que habla del control de la ilegalidad, sumamos un pequeño agregado en defensa nuestra, que se considere aquello que lesione los contenidos que transgredan la ley de derechos de autor.
Los dos últimos tienen que ver con la participación profesional en aquellas posibilidades y dentro del manejo mismo de la estructura de la ley. El artículo 137, que habla de la comisión revisora de las sanciones, nosotros pedimos que entre los miembros que la integran, figure un miembro elegido dentro de una terna propuesta por las entidades de gestión colectiva de derechos de autor e intérpretes.
Y en el artículo 163, por último, que habla de la compra de películas nacionales, antenas para Canal 7, repetidoras y demás, nosotros también proponemos que se integre un miembro de la presidencia de la sociedad general de autores de la Argentina para efectuar ese comité de selección de películas y las comisiones de compra de ese material que hace a la programación.
Queremos que la producción nacional sea esencial, que tenga que ver con lo cultural fundamentalmente. Coincidimos totalmente con la aplicación e instrumentación de un criterio federal. Hemos padecido, como autores del interior en carne propia, la falta de una verdadera obligatoriedad de producción local en el interior argentino. Y si hoy vemos los porcentajes de producción y de audiencia, no son más que un reflejo de una situación que excede a nuestra capacidad de producción. Donde se respete estos porcentajes y donde existe una concentración muy grande a nivel cultural, es dentro de Capital Federal, ajenos al resto. Además, padecemos que dentro de una ciudad se produzca el 99% de la información, producción, criterios de ficción y los contenidos que consume la totalidad de la ciudadanía argentina.
Quiero saber si ha llevado sus producciones a los canales de Rosario y cuál ha sido las respuestas de los empresarios a las emisiones artísticas que usted ofrecía?
En 1966 hice el primer programa de teatro en vivo en Canal 5 de Rosario (Tiempos de Máscaras). De ahí en más me prohibieron la entrada en el 76 hasta que volvió la democracia. En el 96 gané un martín Fierro a la mejor producción televisiva y me cobraron por pasarlo. No hay producción protegida en el interior argentino de autores del interior. No hay nada que promueva al autor seas exitoso o no. Recorrí el mundo con mis obras, pero acá si quiero pasarlas debo pagar el espacio.
Daniel García, de la asociación civil, Movimiento cristiano y misionero al Comfer:
La normalización sigue adelante con las restricciones, la discriminación del famoso artículo 45. El Comfer dijo que iba a proponer una norma transitoria. Pero todavía seguimos siendo discriminados. ¿Por qué no firmó el Presidente el expediente 1612/00 y qué va a hacer el Comfer?
Lázaro: Cumplimos el compromiso. Elevamos el proyecto decreto, pero no está entre nuestras facultades obligar a un Presidente a que firme decretos. Compartimos la inquietud, pero en lo que respecta al organismo, hicimos todo lo que teníamos que hacer y seguimos esperando que se resuelva.
Ferreira: El régimen de normalización lo tenemos que resolver en base a la legislación vigente, que no contempla la posibilidad que las personas jurídicas no comerciales tengan licencia.
Daniel Acevedo, locutor: Cómo se pueden combatir tantas ilegales, que además son evasores.
Ferreira: Si, es así. Hay creo que 5500 radios clandestinas. De esas, muchas han sido declaradas clandestinas. Actuamos por denuncias de particulares, interesados. Fijamos un procedimiento para denunciar, porque hay una avalancha de denuncias todo el tiempo. Para que las denuncias tengan consistencia y podamos actual tenemos que tener datos mínimos de frecuencia, domicilio, etc.
Ante una denuncia, se pide una radiolocalización a la CNC y una inspección de servicios a la dirección (Lázaro) para que se verifique el funcionamiento de la estación. Una vez que lo verificamos se declara clandestina por resolución. La declaración de clandestinidad en realidad no es necesaria, porque el artículo 28 de la ley es operativo por si mismo: la mera instalación sin autorización legal para funcionar es clandestina. Pero nosotros lo hacemos porque los jueces federales necesitan la declaración por acto administrativo. Una vez declarada, pedimos a la CNC el decomiso.
Hay emisoras que tienen pedido de decomiso desde hace 5, 4 años reiterados y no se han hecho. Nosotros nos hacemos cargo de lo que nos corresponde a nosotros como organismo, pero no de lo que no hacen otros organismos.
Pero tendrían que pedirle colaboración a las municipalidades: están hechas con chapas y no tienen baños
Eso es problema de las municipalidades. El Comfer no se fija si tiene matafuego o no.
Mónica Colidora, de la localidad de Bulrai??? Me preocupa el proyecto cultural que tienen que tener los medios. ¿Cómo se va a evaluar este proyecto cultural?
Lázaro: Las zonas por adjudicación directa no se va a mirar el proyecto cultural exactamente, sino el cumplimiento de los requisitos básicos que exige la ley para que puedan acceder a la licencia. Después va a depender del trabajo que hará el área de fiscalización en función de verificar y exigencias técnicas para mejorar los servicios.
En cuanto a las zonas conflictivas, vamos a trabajar la cuestión del puntaje en dos aspectos que son centrales. Los antecedentes, la trayectoria cultural y si tiene PPP y el proyecto cultural o de programación que propone. Para eso hay gente del área de evaluaciones del organismo (como otras está resentida cuantitativamente, es decir con poca gente). Se van considerar una serie de items desde lo informativo hasta lo social, música, producción propia. En los puntajes va a haber mayor puntuación para aquellos que tengan más producción propia. En el caso de los concursos de las radios grandes, además va a haber una comisión externa.
Ferreira: En la resolución 180 de la Secretaría General se establecen cuatro puntos para la evaluación y puntaje:
-características de la población y de la audiencia
-de la programación
-antecedentes artísticos de la emisora
Licenciado Bicciré:
Me parece importante remarcar cuál es la situación general del mundo de las telecomunicaciones para comprender cómo desde ahí pensar una estrategia y una política de comunicación.
Hay un contexto mediático y comunicacional altamente concentrado, con una centralización del poder en grandes grupos monopólicos que actúan a nivel internacional y van minando todo lo que puede ser diversidad y una mayor democracia en el sistema comunicacional.
Estos mercados oligopólicos tienen alianzas estratégicas, propiedades cruzadas. Está emparentado con lo que significa la fenomenal revolución de las telecomunicaciones. En la era digital, esta posibilidad que brinda la fibra óptica de transmitir por un mismo recurso físico una señal de voz, de imagen, de video, ha posibilitado que se constituyan los enormes monstruos de la comunicación.
Hay datos que certifican qué dimensión del negocio manejan estos sectores también en lo referido a la construcción del poder en la sociedad: destaco la megafusión de AOL con la Warner (270 mil millones de dólares) Es la fusión más de la historia en cualquier tipo de empresas y rubros. Eso certifica lo que significa hoy la trasnacionalización de la comunicación y el peso político de poder que van construyendo en la sociedad y en la opinión pública.
El mercado argentino de las telecomunicaciones mueve más de 15 mil millones al año. Esto se da en un contexto que se califica las culturas a domicilio. Las nuevas tecnologías generan un cambio en los hábitos de consumo y en las prácticas culturales muy importantes. Hoy las personas se encuentran en muy pocos espacios públicos. Hoy desde la casa le llega todo y está informado, aunque no se si comunicado. La persona tiene una profunda saturación de datos.
La mayoría de la población de América Latina se informa y se entretiene por las culturas electrónicas. Y en particular, acá tiene una hegemonía la televisión como formador de opinión y que instala la agenda de discusión en la sociedad. Esto implica cambios en la política, en la elección de los candidatos, como así también en las formas de apropiación culturales que se hacen de determinados productos comerciales.
La Argentina es el tercer país de toda América, después de EE.UU. y Canadá que más abonados tiene al sistema de cable, más que el teléfono. Esto señala lo que significa el control, el manejo de todo el aparato de la industria cultural en cuanto a quién construye el sentido social que circula en la gente.
De esto se desprenden dos cuestiones fundamentales. La cultura mediática conforma la cultura predominante en la sociedad. Y son estas las que conforman el sentido social. En este tiempo histórico, es impensable la formación de la opinión pública, las decisiones políticas, sin interpretar cómo funciona todo el circuito de la comunicación que tiene esta hegemonía.
La concentración de los grandes grupos trae aparejada una restricción, una limitación a las expresiones culturales. Porqué no hay más presencia de las producciones locales. Porque esto está invadido por estos grandes factores de poder que construyen su oferta cultural y homogenizan el mercado de las comunicaciones. Esto restringe la vida democrática y limita la participación ciudadana. Circula una única visión del mundo.
Ante este panorama que parece bastante difícil de erradicar, creo que sin embargo si aspiramos a construir una sociedad más democrática.
A pesar de los márgenes restringidos, hay posibilidades de elucubrar otro tipo de sistema de comunicación a nivel general. La propuesta de ley de radiodifusión, si bien tiene cosas que podrían ser más democráticas (en el sentido de apuntalar más las producciones locales e independientes) es un avance significativo en todo el circuito de las comunicaciones. Si uno analiza el extenso articulado de la nueva propuesta, puede comprobar que en términos comparativos, es un gran avance.
Para pensar una política de comunicación hay que hacerlo con la perspectiva de salir de esa vieja lógica de pensar en una radiodifusión en manos del Estado -que históricamente en nuestro país significó en manos del gobierno de turno- o pensar en una radiodifusión con la lógica del sistema comercial privado.
Creo que esto de incorporar como posibles licenciatarios a las ongs es un avance estratégico destacado. Que puedan exponer sus ideas y sus criterios es una de las apuestas a las que debe dirigirse una ley.
Me parece importante que sea el Estado el que tenga la dirección y la planificación estratégica para el desarrollo. Una ley de radiodifusión hay que comprenderla articulada con una política en telecomunicaciones, informática, de las redes de datos, de la telemática. No se los puede pensar a estos estamentos en forma aislada. La Argentina tiene que pensar que para desarrollarse independientemente hay que invertir en tecnologías de punta.
Para fomentar las producciones regionales y locales, hay medidas concretas en esta propuesta como la de fijar cuotas mínimas de pantalla. Esto no significa atentar contra la libertad de expresión, sino todo lo contrario. Posibilitar esto es una manera de equilibrar la comunicación.
Hay que establecer políticas tendientes a formar mercados comunes en Latinoamérica. En video, cine, televisión. No debe ser un mero negocio, sino que el Estado mismo la promueva. La unidad regional debe ser pensada desde la misma comunidad.
Aspirar a descentralizar el sistema de radiodifusión. Que las provincias y los municipios puedan tender a posibilitar frecuencias.
Regular el capital extranjero es muy importante. Limitar la cuota para evitar el control sea hace en muchos países. No significa cerrarse ni mucho menos, sería como hasta anacrónico.
Por último la creación de entes públicos. Que no sean controlados por empresas o por el gobierno de turno. Creo que deben tener un profundo sentido federal de integración territorial donde estén presentes las instituciones intermedias, las provincias, los municipios.
En este sentido, la propuesta tiene avances significativos con la creación del Consejo Federal de Radio Y Televisión, con la participación de los organismos de control y gestión en donde está el Parlamento y otras organizaciones.
Se podría incentivar y promover más. Los porcentajes para promover la producción nacional deberían ser mayores. En definitiva creo que es un avance muy significativo en todo el conjunto de las comunicaciones. Y si todavía no tenemos una ley esto demuestra lo que significa discutir esto y a los poderes que implica y la posibilidad estratégica de otro tipo de desarrollo.
Contador Guillermo Alvarez, de Aruna
En nombre de la Asociación de radiodifusores de universidades nacionales, (ARUNA) y en mío propio como director de Radio Universidad del Litoral es comentarles algunas cuestiones de la actividad.
La Argentina fue pionera en materia de radiodifusión universitaria. La primera emisora mundial se creó en 1923 en la Universidad de La Plata. Nuestra emisora cumple el mes que viene 70 años. Hoy existen 35 y más de 100 en América Latina.
De hecho en muchas regiones la radio universitaria es la única alternativa que hay en medios de comunicación de carácter público. Por su historia, arraigo y presencia, este modelo comunicativo ha merecido un reconocimiento que le otorga el proyecto oficial. Esperemos que esta iniciativa de robustezca. Nunca antes se había sido planteado como capítulo de la ley el tratamiento de esta parte de la radiodifusión argentina. Ahora ha sido planteado en distintos encuentros que hizo la asociación y que contó con un expreso respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional, en un acuerdo de diciembre de 2000.
Estamos convencidos del aporte que este modelo realiza y puede realizar aún más condiciones de mejorar en beneficio de la sociedad. El conjunto de radios universitarias alienta a la vocación de contribuir a crear espacios de relaciones más solidarias, de manifestaciones culturales menos alienadas o de valores y creencias básicas orientadas a la construcción de una sociedad mejor, de servir a sus respectivas comunidades que están estrechamente relacionadas, y de contar con una presencia federal extendida a lo largo del país.
Su principal objetivo es difundir la actividad creativa del hombre poniendo en común experiencias culturales generadas en ámbitos diversos, recuperándolas, potenciándolas, ampliando el conocimiento de nuestra gente.
El tema de la cultura no es un dato menor. Muchas veces un viejo prejuicio ha existido en los debates sobre radiodifusión la teoría de decir que la radiodifusión universitaria o estatal que se encargue de tener una programación cultural y no financiamiento externo. Esto suena a un desconocimiento de la realidad. Suena a querer poner a la cultura como un residuo patológico que hay que aislar y ponerla en un lugar donde no contamine a los medios de comunicación. Y si es posible además, conociendo las estrecheces presupuestarias, que esté en un lugar asfixiado de forma tal de que no se desarrolle.
Creemos que la sociedad necesita de los valores de una identidad nacional, de un pluralismo, de un derecho a la información y que cultura no es solamente un concierto de música clásica o un comentario de un libro. Cultura es mucho más amplio. Y es importante que los valores implicados en ella estén al alcance de la mayor parte de los ciudadanos. Que se diera cultura solamente en medios de poca audiencia sería como crear escuelas donde vayan pocos alumnos.
Nuestra radio (LT10 de Santa Fe) ha planteado que es posible que la programación integral contenga cultura en todos los aspectos. Nuestra producción en AM y FM es 100% propia. Nos planteamos toda la defensa de la producción local de cultura y que esta debe integrarse en toda la programación. Hasta si hacemos un concurso, que en vez de ser una cuestión de sorteo, debe propender a la cultura. Esto ha empezado a tener reconocimiento. Hemos tenido 5 nominaciones para el Martín Fierro.
Un verdadero problema es la cuestión de los ilegales. No creo en la pelea y el debate de radios públicas versus privadas. Es una mentira que se trata de plantear. La radiodifusión es una sola y se debe unir. Desde nuestra radio dimos el ejemplo y somos socios de ARPA. Fuimos a plantear que se debe hacer una sola asociación de radios en el país que defienda a todos, que no debe haber segmentos ni sectores. Que cuando una radio no puede vender publicidad no es porque haya otra que si. La publicidad que no capte una emisora también compite con cualquier medio. Es un error creer que sólo en la decisión de la inversión en publicidad entre las radios.
Debemos unirnos para fomentar el empleo y las utilidades de la publicidad en radio que todavía muchos inversores no conocen. La radio es el método más inmediato e interactivo que existe y es el medio que sobre todo en el interior, da respuesta a la gente. Y esto es algo que debemos valorar, saber defender y utilizar.
Es un instrumento muy importante en el que no caben las peleas. Cabe la integración para potenciarnos, para crecer y sobre todo en el interior. Porque en muchos tratados y convenios en materia de radiodifusión se priorizan intereses de medios de Buenos Aires sobre el interior. Esto también debe ser debatido. Esta clase de reuniones son históricas. Por primera vez los funcionarios salen al interior a tomar opiniones y posiciones sobre lo que tiene que ser un proyecto de ley. No crean que es poco importante y que sólo importa al sector la regularización o el otorgamiento de una licencia. De nada sirve tener una radio si en el contexto en que se genera se permite monopolios, empresas extranjeras, o determinadas normas que hagan que luego ese negocio sea inviable y acosado por el desarrollo de los grandes monopolios.
Todos los radiodifusores debemos agradecer esta apertura, pero además saber utilizarla. Es una puerta y depende de nosotros que la sepamos cruzar.
Dr. Ricardo Porto, secretario de la Comisión de Comunicaciones del Senado
La primera vez que trabajé en un proyecto sobre radiodifusión fue en diciembre de 1983. Hace 18 años, con lo cual alguna experiencia hice en este tema y también me corresponde en cuanto al fracaso de tener desde 1980 hasta ahora una ley sin poder modificar.
Desde 1983 hasta la fecha, en Diputados se presentaron 36 proyectos, en el Senado 7. Hubo proyectos del Ejecutivo. Lo presentó Alfonsín, también Menem. Y nunca hemos podido sentar una ley.
No sólo no se sancionó una ley, sino que tampoco ningún proyecto tuvo sanción de una cámara. Y son contados con los dedos de una mano los que alcanzaron dictamen en alguna comisión. De modo que esto nos permite hablar de una gravísima debilidad institucional. En la Argentina reformamos la Constitución Nacional, cambiamos dos veces el signo monetario, terminamos el servicio militar obligatorio, privatizamos Aerolínea, el Correo y los ferrocarriles, pero todavía no pudimos sacar una nueva ley de radiodifusión. Algo pasó. Me parece que una de las tareas que uno debiera darse y en lo que a mi respecta voy a acercar algunas ideas y reflexiones, es tratar de entender porqué pasó lo que pasó.
Tengo la esperanza que esto no sea una reunión más. Y que sea en serio e histórico que los funcionarios del Comfer y la Comisión de Comunicaciones de Diputados salgan al interior, escuchen y participen. Esto nos hace pensar que esta vez puede ser la definitiva.
Quiero hacer una brevísima referencia de porqué no tuvimos hasta ahora una ley de radiodifusión. Creo que en este mundo conviven traumáticamente tres sectores. Por un lado los grandes medios de comunicación y por el otro lado el sector político: oficialismo por un lado, oposición por otro.
Si uno analiza la legislación que se fue dictando en materia de radiodifusión de 1983 a la fecha, -que ha sido mucha- eso refleja en cierta forma las distintas alianzas que se han dado entre algunos de estos tres sectores a lo largo del tiempo.
Dentro de estos sectores también existe a veces una cierta dualidad en el discurso o complicaciones al momento de precisar las cosas. Es muy difícil cuando los medios plantean temas en los cuales son protagonistas. Son a la vez el ámbito de discusión de los temas de radiodifusión, pero también son protagonistas centrales de este tema.
Y a veces también hay una dificultad de entender el discurso político cuando los partidos de la oposición suelen querer que los medios tengan control parlamentario y sean del Estado y no del gobierno de turno. Pero esos mismos partidos cuando asumen el poder quieren que sean del poder de turno y tratan de desviar el control parlamentario. El tema de RTA es el ejemplo más claro.
Las alianzas que se han dado en estos últimos años y que se han transformado en normas.
Cuando el oficialismo se alió con los grandes medios había normas jurídicas. No se si es producto de una alianza, pero lo cierto es que hay coincidencias objetivas. Si uno toma por ejemplo dos decretos: el de necesidad y urgencia 1062/98 y el 1005/99 puede ver que hay una coincidencia fáctica entre el oficialismo y los medios, por lo menos en cuanto a lo que se resolvió en términos jurídicos. Transferencias sin esperar una determinada cantidad de años, ampliar la cantidad de medios de un mismo grupo, permitir la conformación de redes, eliminar restricciones en materia de contenidos y de publicidad.
Ahora, cuando la alianza es solamente entre el oficialismo y los medios alcanza hasta ahí. No da para sacar una nueva ley de radiodifusión. A veces también hubo alianzas entre oposición y oficialismo en materia de medios y de políticas de comunicación social. Si recordamos la ley por la cual se dispone la televisación obligatoria de los partidos de la selección argentina en forma directa y por TV abierta, ahí uno ve que hubo confluencia, acuerdo entre oficialismo y oposición que se materializó en una ley. Ahora, el acuerdo entre ambos da hasta ahí y no para una nueva ley de radiodifusión.
Pero hay otro tipo de alianzas internas. Cuando los medios tuvieron distintas posturas y significó división en el campo de la política. Todos recordamos cuando, desde la Cámara de Diputados se hacía un proyecto que coincidía con las posturas políticas de los cableros, y por el lado del Senado se hacían proyectos que coincidían con la filosofía de las telefónicas.
También ahí la duplicación de esfuerzos se neutralizó y ni alcanzó para la nueva ley. Razón por la cual me parece que estas tres experiencias nos estarían diciendo que para que exista una ley de radiodifusión y para que no sea un encuentro más, tenemos que sacar lecciones del pasado.
Habrá una nueva ley si los tres grandes sectores que convergen en esta cuestión logran acuerdos básicos. Las posturas políticas del oficialismo y la oposición presenten el sentir de la sociedad.
¿Cómo hacer para lograr este acuerdo básico entre estos grupos? Uno debiera tratar de ir reduciendo algunos temas. Cuanto mayor es la cantidad de temas que aborda una ley, se reducen las posibilidades de lograr un acuerdo. Estos debates y las audiencias públicas son muy útiles para tratar de encontrar esos consensos básicos y así sumar a todos los participantes que intervienen.
Uno estaría llegando por este camino a una suerte de ley marco con grandes principios generales. Y como todas las cosas, las leyes marco tienen aspectos positivos y negativos. Por lo pronto me parece que una ley marco tiene como positivo en el sentido de permitir más fácilmente la canalización de estos acuerdos. También, teniendo en cuenta que la radiodifusión es una materia muy dinámica, tener principios generales y que sea el PEN, a través de decretos que vaya reglamentando las distintas modificaciones que la tecnología produce, no parece una mala técnica legislativa.
Pero también existen muchos problemas para la ley marco. El primer problema es que deja en manos del PEN una gran discrecionalidad para tomar medidas sobre la base de la generalidad de la ley. Y en segundo lugar, me parece que los grandes grupos de presión prefieren la ley marco porque la lógica del grupo es: “tengamos una ley general que diga definiciones globales, genéricas y después es más fácil sacar un decreto que sacar una ley” en términos de presión corporativa. Con lo cual también hay una coincidencia filosófica y operativa de las leyes marco.
De todas formas, sigo prefiriendo las leyes con definiciones generales. Porque estos defectos que las generales tienen pueden ser subsanados en gran parte. Por ejemplo fortaleciendo y democratizando al ente de contralor. Más allá de la enorme buena voluntad del Comfer, que es gente de bien, bien intencionado, transparente y con las mejores intenciones de resolver las cosas, todos saben que hoy el Comfer lo único que no tiene es federal. Desde 1983 está intervenido y las provincias nunca han tenido nada que ver con el tema. Hay que federalizar verdaderamente al Comfer.
Por qué tienen tantos problemas las radios de las provincias? Entre otras cosas porque el proceso de normalización se hizo sin siquiera consultar a ninguna autoridad local. Por eso en Entre Ríos hubo una posición de la provincia en contra. Por eso el procurador de Misiones planteó una acción de no innovar, por eso Río Negro se opuso, por eso hubo decenas de procesos judiciales en contra del plan.
La federalización conviene operativamente. Hay que democratizarlo. Parece bien la propuesta del PEN sobre el Comfer, pero se puede avanzar. Se podrían elegir los funcionarios por un sistema de concursos abiertos. E inclusive que tengan el acuerdo del Congreso, lo que le daría una fortaleza institucional. Si el Comfer tiene que ser el ente que se planta para gobernar un tema tan complejo, tiene que tener una fortaleza institucional que hoy, más allá de la enorme buena voluntad de Gustavo López y de la excelente persona que es, le falta por una cuestión de debilidad jurídica que hereda. Y como bien dice, si el Comfer tendría que funcionar como la ley lo prevé, estarían presentes la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina.
En muchas áreas que se han privatizado, servicios públicos, telecomunicaciones, funciona razonablemente bien el sistema de audiencias públicas. Antes de que se tome una medida, se somete a consideración el proyecto para que se opine. Hay muchísimas formas. Existen remedios institucionales para evitar la discrecionalidad del PEN y para evitar las presiones de grandes grupos frente a las medidas que puede tener una ley marco.
Mi gran ambición es que esta vez sí tengamos ley. Se lo merece la gente de la Comisión de Comunicaciones de Diputados que está haciendo un gran esfuerzo y que está abriendo como nunca antes el debate en el interior. Se lo merece la gente del Comfer que participa activamente y que ha tenido una conducta muy democrática y abierta para elaborar el proyecto. Se lo merecen ustedes, los radiodifusores que hacen años que están esperando la normalización. Como decía el contador (ARUNA) de nada sirve una normalización si no tenemos un contexto jurídico nacional. Y fundamentalmente quien se merece una nueva ley es la sociedad argentina que desde 1980 sigue teniendo una ley dictada en un gobierno de facto que es una herramienta jurídica obsoleta y además con una concepción autoritaria que nada tiene que ver con la comunicación a fines de siglo.
Dr. Guillermo Straza
Existen puntos que a nuestro entender son quizás un poco a contramano de lo que la misma sociedad estaría pidiendo. Porque legislar cuando en el mundo moderno se está hablando de un apagón analógico para el 2010. Las nuevas tecnologías están avanzando de una manera importantísima.
En un mundo en el que la convergencia tecnológica es una realidad, se puede dejar de considerar esto en un texto legal?
La primera inquietud es si no sería prudente que a través de este mecanismo que abre el Comfer y la Comisión de Comunicaciones de Diputados, de empezar a pensar que el marco de una legislación que contemple a la radiodifusión, a las telecomunicaciones y a las nuevas tecnologías, debería ser quizás el más adecuado para no quedarnos a contramarcha de los procesos y legislar siempre con una legislación que es antigua en el momento en que se debate y entonces ya nos encontramos con una dinamización de los conflictos.
Me parece importante destacar el tema de las posiciones dominantes de los mercados. Se ha dejado deslizar la problemática política y vemos que esto tiene mecanismos distintos aparentemente.
Yo le preguntaría a Porto qué efectos tienen estas reuniones y audiencias cuando se habla de un proyecto que estaría a punto de aprobarse. El diputado Etchevehere afirmó que estarían dispuestos a darle aprobación explícita. Entonces, resulta que para qué estamos haciendo debates y audiencias si prácticamente ya está la decisión tomada en este sentido.
Quizás sea también hora de que el mismo Comfer sea cuestionado en su propia existencia. Porque parecería ser que fuera como el papá de todo este régimen y durante 20 años ha ejercido un poder sobre la sociedad. Existen mecanismos para salir un poco de las presiones de los lobbies empresarios.
El Comfer no es el mejor instrumento para regular las posiciones dominantes de algunos frente a los competidores. Quizás si lo sea para otorgar licencias y mirar la compatibilidad de los radiodifusores. Yo me pregunto quién juzga la competencia de los funcionarios que llegan al Comfer mientras sean asignados por el PEN.
En Estados Unidos y en Europa sus funcionarios son elegidos por concurso, elegidos a través de severos análisis de su idoneidad. Compite gente que sepa, no que responda a una idea política.
Es necesario que exista un organismo independiente de los lobbies empresarios y de los poderes políticos. Y yendo al tema de las FM, lamentablemente no coincido con la Dra. Ferreira porque ella misma acaba de generar la propia inconstitucionalidad del decreto que mencionó. Porque si el 883/01, dándole facultades al Comfer, bien sabemos que no tiene la entidad para dar concesiones en ninguna categoría, y muy por el contrario, cuando se le preguntó sobre las delegaciones en las provincias, éstas tendrían como órgano descentralizado, la misma facultad si el Estado Nacional así lo permite. Creo que en la crisis que existe en estos momentos, debería analizarse seriamente que en vez de ir y resolver los problemas todos judicialmente, empiecen a analizarse las soluciones de consenso.
Guillermo Alvarez sobre la programación de las universitarias que dijeron no tenían mucha producción y sólo música como la de Rosario: Desde la Asociación, uno de los puntos que se ha tomado es la capacitación para las distintas radios. Es obvio que entre las radios que nos componen existan desniveles, es desparejo, más o menos falencias. Pero la intención es tratar de nivelar, trasladar conocimiento. Porque falta formación profesional en muchos lados. Es lo que vamos a lograr integrados. La gestión va a cambiar de raíz para que se tengan en cuenta propuestas netamente culturales y comunicacionales y no meros concepciones políticas.
Porto sobre consulta por demasía de regulación en los contenidos: Me parece que es demasiado. Por eso yo abono la tesis de leyes más reducidas que puedan ser efectivamente cumplidas. Cómo es fácticamente posible controlar miles de medios. Es imposible.
También me pregunto si deben ser iguales los contenidos en Buenos Aires y en Purmamarca. Hay que legislar menos y ser más eficientes en lo que se pone.
Manuel Rosero de la CARCO: Tendría que ser una ley marco y no una reglamentarista como esta que toca cuestiones que después no se cómo se van poder resolver. Hay que considerar que el sujeto de la ley es el ciudadano. Entonces los legisladores, el PEN tienen que pensar en lo que piensa el ciudadano. Si no partimos de esa base y todo se maneje por lo que piensan los grupos, las cooperativas y el resto no vamos a tener ley.
Un radiodifusor: quiero saber cuándo se termina la fiesta.
Porto: tiene que haber competencia leal, y eso supone que todos ustedes paguen sus impuestos, tengan los empleados en blanco, paguen al Comfer, SADAIC. De nada va a servir tener una licencia si no se resuelve el tema de la ilegalidad. Cuanto más nos acerquemos al campo de la legalidad, mejor vamos a combatir lo otro.

References: resolución 
 resolución 
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in fine
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 artículo 57
 artículo 60
 artículo 105
 artículo 124
 artículo 137
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 artículo 45
 artículo 28
 resolución