Source: http://apconsultinggroupintegra.blogspot.com.es/2014/01/
Timestamp: 2017-07-27 16:50:43+00:00

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AP. Integra.: enero 2014
"Lo que no sabemos es mucho más importante que lo que sabemos. A menudo, lo racional es lo irrelevante; debemos preocuparnos por las cosas que realmente son de alto impacto: Lo Irracional. Porque su capacidad de ganancia está directa y proporcionalmente relacionada con el desarrollo de un elemento indispensable para el éxito: La Antifragilidad". Aura Marina Palermo. Análisis de Entorno y Evaluación de Riesgo en el contexto político, social, económico de Latinoamérica. @APIntegra
“Ley de Costos y Precios Justos es nuevo control a la actividad económica”
http://www.notitweets.com/vzla/10-economia/33588-ley-de-costo-y-precios-justos-aplica-a-toda-actividad-econ%C3%B3mica%E2%80%A6lea-aqu%C3%AD-los-art%C3%ADculos-m%C3%A1s-importantes.html
Escrito por Maoly Aldana Caracas, Maoly Aldana-Notihoy (Economía) - Caracas, Maoly Aldana-Notihoy (Economía) La Ley de Costos y Precios Justos ya está en vigencia y aún existen muchas interrogante en cuanto a esta normativa que aplica a toda actividad económica (importación, producción, comercialización), debido a que no existe reglamentos ni normas claras que le permita a las empresas trabajar sin riesgos. Esta normativa legal se acopla al Plan de la Patria.
Qué pasa con aquellas personas naturales y jurídicas que no están registradas en la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde). Si la persona natural o jurídica en alguna actividad económica no está registrada no tendrá certificado de precio justo; y ese documento será necesario para tener acceso a la divisa o para realizar otro trámite tal y como lo establece la ley en el artículo 33.
Esta nueva Ley crea tres controles: el control del precio, el control de márgenes máximos de ganancias y la creación de un nuevo Registro de Empresas y establece claramente cuáles son las sanciones que serán aplicadas a aquellos quienes incumplan con la normativa.
Por ejemplo, el artículo 7 de la Ley de Costos y Precios Justos señala que el Ejecutivo Nacional puede iniciar procedimiento expropiatorio cuando hayan cometido ilícitos. “Se declaran y por lo tanto son de utilidad pública e interés social, todos los bienes y servicios requeridos para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios”.
Asimismo, indica que “en todo caso, el Estado podrá adoptar medida de ocupación temporal e incautación de bienes mientras dure el procedimiento expropiatorio, la cual se materializará mediante la posesión inmediata, puesta en operatividad, administración y el aprovechamiento del establecimiento, local, bienes, instalaciones, transporte, distribución y servicios por parte del órgano o ente competente del Ejecutivo Nacional, a objeto de garantizar la disposición de dichos bienes y servicios por parte de la colectividad. El órgano o ente ocupante deberá procurar la continuidad de la prestación del servicio o de las fases de la cadena de producción, distribución y consumo, de los bienes que corresponda”.
En Venezuela, en estos 14 años, el gobierno nacional sin declarar la utilidad pública ha realizado varias expropiaciones. El artículo 7 deja claramente que ahora sí hay norma legal para hacerlo y que cualquier empresa desde un abasto hasta un establecimiento grande que no cumpla con la normativa podrá ser expropiada. Ahora bien, esta norma podría contrariar el artículo 115 de la Constitución que establece: “Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes” ya que la ley no contempla el pago oportuno antes de la pérdida de los derechos inherentes a la propiedad.
En entrevista a Notihoy, Aura Marina Palermo, la directora de la firma AP Consulting Group, advierte que La ley de Costos y Precios Justos es un nuevo control de la actividad económica. Cree que el Centro Nacional de Comercio Exterior es un nuevo control que se ha instalado sobre un control de cambio que tenía 10 años y además es un control de comercio exterior.
Alertó que actualmente las importaciones en Venezuela son un deporte extremo, porque “tenemos dos gacetas que hablan de un contrato de fiel cumplimiento para acceder a las divisas. Tenemos la gaceta de Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), que pone como requisito indispensable para importar no discrimina si Cadivi o Sicad, posteriormente te ponen un modelo de fianza y tampoco aclara si es Cadivi o Sicad, posteriormente tenemos una Gaceta de Ley y Precios Justos que también te habla de un contrato de fiel cumplimiento para importaciones y tampoco me dice cómo hacerlo y en qué mecanismo”.
Palermo, cree que debe existir una transitoriedad donde proteja por escrito a las empresas mientras se establezcan los mecanismos y reglamentos. “Las empresas están viendo los riesgos que existen y muchos estaban esperando la ley para reponer inventarios sin tomar en cuenta la deuda que tenga Cadivi, proveedores están cerrando las líneas de créditos. Existe una migración de data de Cadivi al Cencoex que ha hecho lenta la autorización para la adquisición de divisas”.
El presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, indicó a GMT radio por el circuito kiss fm, que se “trata de una ley peligrosísima que va a tener graves consecuencias para la economía. No las metieron de contrabando. Tenemos mucha frustración porque vemos como las sociedades están avanzando hacia la apertura de una economía. Aquí se busca la centralización de la economía”.
Por otra parte, Aura Marina Palermo, insiste en la necesidad de un mercado lícito que ampare la necesidad que no será abarcada ni por la tasa a 6.3 ni por Sicad. “Los empresarios deberían pedir un mercado lícito, controlado a la tasa de cambio que al ejecutivo le sea conveniente, pero lícito. La apertura del mercado cambiario es contraria a los objetivos del Plan de la Patria de allí mi tesis de que no vuelve el permuta. El Sicad es un mecanismo para unas cosas puntuales no me ampara todo. Lo grave del cupo viajero no es que te bajaron el monto es que, si yo tengo necesidad de más a qué mercado legal voy a comprarlo”, indicó.
Luego de ser absorbida la SUNDECOP y el INDEPABIS, esta ley será aplicada por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), la cual contará con dos Intendencias, encargadas respectivamente del control de precios, costos y ganancias, y de la defensa de los consumidores y usuarios.
Artículos que usted debe leer:
Artículo 32: El margen máximo de ganancia será establecido anualmente, atendiendo criterios científicos, por la SUNDDE, tomando en consideración las recomendaciones emanadas de los Ministerios del Poder Popular con competencia en las materias de Comercio, Industrias y Finanzas. En ningún caso, el margen de ganancia de cada actor de la cadena de comercialización excederá de treinta (30) puntos porcentuales de la estructura de costos del bien o servicio.
La SUNDDE podrá determinar márgenes máximos de ganancia por sector, rubro, espacio geográfico, canal de comercialización, actividad económica o cualquier otro concepto que considere, sin que éstos superen los máximos establecidos en el presente artículo.
A fin de favorecer las industrias nacientes, o fortalecer alguna industria existente, el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros, podrá revisar y modificar el margen máximo de ganancia regulado en esta Ley, considerando las recomendaciones de la Vicepresidencia Económica de Gobierno o de la SUNDDE.
Aura Marina Palermo, considera que este artículo se trabaja bajos supuestos debido a que no aclara a que se refieren al margen de ganancias.
Artículo 12: Considerado grave pues violaría del debido proceso, establece que se pueden “practicar inspecciones de oficio o por denuncias, a los inmuebles destinados a la producción, importación, distribución, comercialización, almacenamiento, acopio, recintos aduanales o depósito de bienes propiedad de los sujetos de aplicación, así como en los destinados a la prestación de servicios” y “requerir el auxilio de la fuerza pública cuando lo considere necesario para la ejecución y trámite de los procedimientos de Inspección y cumplimiento de la presente ley”.
Artículo 34: La funcionaria o el funcionario competente, bien de oficio o con fundamento en denuncia que hubiere sido interpuesta ante la oficina a su cargo, podrá ordenar y dar inicio a la inspección para el cumplimiento de las regulaciones en materia de precios y márgenes razonables de ganancia.
Artículo 35: La notificación se efectuará en alguno de los responsables o representantes de los sujetos de aplicación de esta Ley. En todo caso, la ausencia de la interesada o interesado o sus representantes, o la imposibilidad de efectuar la notificación, no impedirá la ejecución de la inspección ordenada, dejándose constancia por escrito de tal circunstancia, entregando copia del acta y la notificación al que se encuentre en dicho lugar.
Artículo 44: Para los efectos de la presente Ley se entenderán como infracciones, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en ella, su Reglamento, y demás normas dictadas por la SUNDDE, de conformidad con lo dispuesto en el presente Capítulo. Aun no existe reglamento.
Artículo 45: Las sanciones aplicables a las infracciones de la presente Ley son las siguientes:
1. Multa, la cual será calculada sobre la base de Unidades Tributarias.
2. Suspensión temporal en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas.
3. Ocupación temporal con intervención de almacenes, depósitos, industrias, comercios, transporte de bienes, por un lapso de hasta ciento ochenta (180) días.
4. Cierre temporal de almacenes, depósitos o establecimientos dedicados al comercio, conservación, almacenamiento, producción o procesamiento de bienes, por un lapso de hasta ciento ochenta (180) días.
5. Clausura de almacenes, depósitos y establecimientos dedicados al comercio, conservación, almacenamiento, producción o procesamiento de bienes.
6. Confiscación de bienes, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
7. Revocatoria de licencias, permisos o autorizaciones, y de manera especial, los relacionados con el acceso a las divisas.
Para la imposición de las sanciones, se tomarán en cuenta los principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad; considerándose a estos efectos la gravedad de la infracción, la dimensión del daño, los riesgos a la salud, la reincidencia y la última declaración del ejercicio fiscal anual.
Las sanciones aquí previstas no eximirán a las infractoras o los infractores sancionados, de su responsabilidad civil, penal o administrativa.
En el caso de la imposición de la sanción de cierre temporal, la infractora o el infractor continuará pagando los salarios a las trabajadoras o trabajadores y demás obligaciones laborales y de la seguridad social por el tiempo en que se mantenga la medida..
La suspensión del Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas, se realizará por un período de tres (03) meses a diez (10) años, según la gravedad del caso. Esta sanción implicará también la suspensión de las demás licencias, permisos, prohibición de acceso de divisas y autorizaciones emitidas por otros órganos y entes de la Administración Pública, por el mismo período.
Artículo 46: A los efectos de la gradación de las multas a imponer a los sujetos de aplicación, la SUNDDE, tomará en cuenta las siguientes circunstancias. Se considerarán circunstancias atenuantes de la multa a imponer, las siguientes:
1. El reconocimiento de la comisión del ilícito administrativo en el decurso del procedimiento de inspección o fiscalización o el procedimiento administrativo sancionatorio.
2. La iniciativa del sujeto de aplicación de subsanar el ilícito administrativo cometido.
3. El suministro de información relevante sobre la materialización de otros ilícitos vinculados o no al sujeto de aplicación.
4. Los bajos niveles de ingreso del infractor.
Se considerarán circunstancias agravantes de la multa a imponer, las siguientes:
1. La reincidencia en la comisión del ilícitos administrativo.
2. La magnitud del daño causado a la población que accede a los bienes o servicios.
3. El número de personas afectadas por la comisión del ilícito administrativo.
4. La obstaculización a las actuaciones de las autoridades competentes en el ejercicio de sus atribuciones.
5. Los altos niveles de ingreso del infractor.
Artículo 51: De conformidad con el artículo 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quienes vendan bienes o presten servicios a precios superiores a los fijados o determinados por la SUNDDE, serán sancionados por vía judicial con prisión de ocho (08) a diez (10) años.
Igualmente serán sancionados con ocupación temporal del almacén, depósito, unidad productiva o establecimiento, hasta por ciento ochenta (180) días, más multa de un mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) Unidades Tributarias.
La misma sanción será aplicable a quienes vendan bienes o presten servicios a precios superiores a los que hubieren informado a la SUNDDE.
La reincidencia en la infracción establecida en el presente artículo será sancionada con la clausura de los almacenes, depósitos o establecimientos del sujeto Infractor, así como la suspensión del RUPDAE, en los términos previstos en la presente Ley y su Reglamento.
Artículo 60 Usura: Quien por medio de un acuerdo o convenio, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disminuirla, obtenga para sí o para un tercero, directa o indirectamente, una prestación que implique una ventaja notoriamente desproporcionada a la contraprestación que por su parte realiza, incurrirá en delito de usura y será sancionado con prisión de cuatro (04) a seis (6) años. A los propietarios de locales comerciales que fijen cánones de arrendamiento superiores a los límites establecidos por la SUNDDE, así como otras erogaciones no autorizadas, que violenten el principio de proporcionalidad y equilibrio entre las partes contratantes, se le aplicará la pena contemplada en este artículo, así como la reducción del canon de arrendamiento y eliminación de otras erogaciones, a los límites establecidos por la SUNDDE.
En la misma pena incurrirá quien en operaciones de crédito o financiamiento, obtenga a título de intereses, comisiones o recargos de servicio, una cantidad por encima de las tasas máximas respectivas fijadas o permitidas por el Banco Central de Venezuela.
Adicionalmente la SUNDDE podrá imponer la sanción de suspensión del Registro Único, en los términos previstos en la presente Ley y desarrollados en su reglamento.
Artículo 5 divisas: Las divisas que sean asignadas por parte de la autoridad competente en el marco del régimen de administración de divisas, serán estrictamente supervisadas y controladas a fin de garantizar se cumpla el objeto y uso para el cual fueron solicitadas y otorgadas.
Artículo 6 : A quien se le otorgue divisas para cualesquiera de las actividades económicas señaladas en la presente ley, deberá suscribir un contrato de fiel cumplimiento, que contendrá la obligación de cumplir estrictamente con el objeto y uso para el cual fueron solicitadas, así como las consecuencias en caso de incumplimiento.
Los bienes adquiridos o producidos con divisas otorgadas por la República, deberán ser identificados mediante etiqueta, que permita informar al consumidor sobre la procedencia de las divisas.
La Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Andreína Tarazón, indicó este lunes que en la primera providencia que publicará su despacho se definirán los elementos de la estructura de costos de quienes ejerzan actividades económicas en el país, en función de la cual se definirán el margen de ganancia y los precios justos de los bienes y servicios en el país.
La Ley Orgánica de Costos, Ganancias y Precios Justos indica que la ganancia de empresas, comercios y industrias no podrá exceder 30%, en función de la estructura de costos de cada una. Además, se podrán determinar márgenes por sector, rubro, espacio geográfico, canal de comercialización, actividad económica u otros conceptos.
Explicó que por rubro y sector "puede haber un tope menor (a 30%), de acuerdo con la estructura de costos".
"La Ley establece que este tipo de medidas se irá tomando progresivamente, de manera que la primera providencia administrativa que va a publicar la Superintendencia, esperamos que en las próximas horas, va a ser para clarificar qué entiende la Superintendencia como estructura de costos", explicó.
La Superintendencia publicará progresivamente las providencias por cada uno de los sectores, en función de su carácter prioritario para el pueblo.
Mientras tanto, el margen máximo de ganancia que cada empresa puede obtener es ese 30% y se mantienen los precios fijados por el Ejecutivo durante las inspecciones que efectuó en noviembre pasado para enfrentar la especulación que caracterizó la guerra económica de la derecha contra la Revolución.
En 2013 muchos comercios fueron fiscalizados para acabar contra la especulación y la usura. Para algunos economistas generó inflación y ese tipo de medidas ahuyentan la inversión en Venezuela. Aunque con la aplicación de esta medida el gobierno buscaría promover la inversión.
AP. Consulting Group- Aura M. Palermo
Centro Nacional de Comercio Exterior CADIVI SICAD CONTROL DE CAMBIO VENEZUELA,
Ley de Precios Justos acopla economía al Plan de la Patria
http://www.notitarde.com/Economia/Ley-de-Precios-Justos-acopla-economia-al-Plan-de-la-Patria/2014/01/25/299370
25/01/2014 11:17:00 p.m.
A juicio de la economista Aura Marina Palermo (www.previsionfinanciera.com / )
Caracas, enero 25 (Marlene Monsalve).- Aura Marina Palermo, la directora de la firma AP Consulting Group, alertó que toda la actividad económica del país está ahora en manos del ente regulador denominado Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).
"Es importante leer el contexto de todas las normativas que se están implementando, que se estudien las gacetas. Los empresarios deben caer en cuenta de la realidad las nuevas normativas que se enmarcan para establecer el Plan de la Patria en el país. Recomiendo a gente tomar en cuenta las alocuciones del presidente Nicolás Maduro", sentenció Palermo.
Palermo señaló que la Ley de Comercio Exterior, que exige de los empresarios deberán tener un contrato de fiel cumplimiento para poder importar, "en el cual han sido convocadas 300 y tantas empresas por el organismo, llama la atención que no ha sido masiva la convocatoria". Denunció que no aún no hay un procedimiento publicado. "Existe un secretismo sobre el tema y lo que extraoficialmente conocemos es que llaman personalmente a las empresas y las invitan a firmar. Si antes existía un vacío normativo, ahora tenemos dos grandes leyes que son la Ley de Comercio Exterior, que crea la Corporación Venezolana de Exportaciones, y la recién creada Ley de Costos y Precios. Pero además tenemos la Ley de Ilícitos Cambiarios, que sigue a la anterior y entonces esto indica que tenemos un nuevo marco jurídico que engloba a cualquier actividad económica del país, ya sea para persona natural o jurídica". Palermo señala que el Ejecutivo primero publicó la ley de Comercio Exterior y este viernes la Ley de Costos y Precios, pero que cuando se analiza esta última normativa aprobada, se vuelve a nombrar el tema del contrato de fiel cumplimiento. "Quien esté importando o haya importado algo estaría en riesgo, porque ya por Ley necesitas tener un contrato firmado. Ninguna de las dos normas habla de que el contrato tiene que ser únicamente para las operaciones de Cadivi o Sicad, habla de todas las importaciones deben estar bajo la firma del contrato de fiel cumplimiento". Exigen fianza
Palermo recordó que antes de la salida de la Ley de Costos y Precios ya existía el modelo de la fianza. "¿Cuál es la operatividad para usar esta fianza? No ha sido publicada. ¿Se pedirá para Cadivi o Sicad? Simplemente publicó un modelo de fianza que es como letra muerta, pero existe. Pero ¿cómo se pone en práctica, si no existe una norma?", cuestionó. Asimismo, critica que se publiquen dos leyes como grandes columnas vertebrales de la economía, pero "no tengo como ponerlas en práctica".
Se reafirma el control de cambio
La experta asegura que con la creación de la Ley de Comercio Exterior, se establece un nuevo control de cambio que se establece sobre uno que ya tiene 10 años en práctica. "Es un control de cambio nuevo. Cadivi no muere, no desapareció, sólo lo estaban remodelado, vino con más fuerzas, porque ahora tiene el control sobre el tema cambiario y sobre el comercio exterior. Con mayor fiscalización y más control. Pero si creíamos que la Ley de Comercio Exterior tenía poder, ahora es la nueva Ley de Costos y Precios la que tiene el gran poder", afirmó.
Explica que la nueva normativa obliga a la gente a obtener el Certificado de Precios Justos, y que para ello los empresarios deben estar inscritos en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (Rupdae). "Este es el encargado de coordinar todos los registros que manejen información del Estado, este nuevo registro manejará entes como el Seniat, entre otros. Si el empresario no está en el registro y si no tiene el certificado, no se puede participar en ninguna actividad económica en Venezuela", recordó.
Expresó que la sanciones de la normativa son graves y duras, pero alerta que más difícil es el marco normativo, porque coloca al empresario o practicante de cualquier actividad económica al margen del incumplimiento, porque la Ley está vigente, ya que todavía no existe un reglamento. "Hay un secretismo informativo", agregó.
Destacó que ya es público y notorio que grandes corporaciones han firmado el contrato de fiel cumplimiento, "pero salvo las notas de prensa, ¿cuál es el procedimiento? No hay algo publicado y al parecer trabajan bajo ensayo y error, ante un marco jurídico tan complejo. Esto es grave, porque incrementan los riesgos y ya estamos a un máximo de riesgo en el país", acotó.
Palermo expresó que todas aquellas empresas que no han firmado el contrato de fiel cumplimiento estarían en riesgo, y que una muestra de ello es "el artículo 7 o Declaratoria de Utilidad Pública, que reza: se declaran y por lo tanto son de utilidad pública e interés social, todos los bienes y servicios requeridos para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios. El Ejecutivo nacional puede iniciar el procedimiento expropiatorio cuando se haya cometido ilícitos económicos y administrativos, de acuerdo al artículo 114 de la Constitución Bolivariana. En todos caso el Estado podrá adoptar medida de ocupación temporal, incautación de bienes mientras dure el procedimiento expropiatorio". En este sentido, alerta que en Venezuela cualquier unidad productiva, natural o jurídica estaría en problemas de no cumplir con los procedimientos, por lo cual podría se intervenida.
"Se da el caso que si durante una inspección el funcionario de Sundde detecta indicios de incumplimientos de la Ley de Costos y Precios, podrá ejecutar medidas preventivas, como decomiso, ocupación temporal, cierre del establecimiento, suspensión de licencias, ajuste inmediatos de los precios y todas las medidas que no vulneren los derechos de los ciudadanos", ejemplificó.
Asimismo, Palermo marca como importante el hecho de que el comerciante quede expuesto al criterio de un funcionario de la Sundde, "bajo indicios o porque el funcionario presume. Es una norma muy grave que va más allá de las funciones. Otra situación difícil es que obligan al empleador a seguir costeando los gastos del personal, nómina y atender todo el tema laboral". Según la opinión de la analista, la antigua Sundecop es un "niño de pecho", ante la fortaleza de nueva Sundde. "Es el ente supremo porque maneja hasta el acceso a las divisas. No sólo es la multa, las infracciones, te pueden suspender por un proceso de investigación y mientras estés en este caso no puedes tener ninguna actividad económica".
Centro Nacional de Comercio Exterior CADIVI SICAD CONTROL DE CAMBIO VENEZUELA
Venezuela Bonds Plunge After Bolivar Weakened for Travel
http://www.bloomberg.com/news/2014-01-22/venezuela-devalues-bolivar-for-airlines-remittances.html
By Anatoly Kurmanaev Jan 23, 2014 3:38 PM GMT-0430 Photographer: Leo Ramirez/AFP via Getty Images Economy Vice President Rafael Ramirez said yesterday airlines, Venezuelans traveling... Read More Venezuelan bonds plunged to the lowest in more than two years after the government announced the latest partial devaluation of the bolivar, this time for airlines and foreign direct investment. Venezuelans traveling abroad, airlines and foreigners sending remittances home must use a secondary exchange rate determined at weekly auctions, Economy Vice President Rafael Ramirez said yesterday. The rate set at the latest auction was 11.36 bolivars per dollar, compared with the official rate of 6.3. Airlines operating in Venezuela fell and one carrier suspended flights. The partial devaluation comes as the government attempts to halt a hemorrhaging of dollars that has pushed international reserves to a 10-year low. The announcement came on the same day that the country’s largest private food producer, Empresas Polar SA, said it can’t import more raw materials because authorities are delaying the release of dollars. “The government has done too little and too late to reduce the currency distortions,” Alejandro Grisanti, economist at Barclays Plc said by telephone from New York yesterday. “This partial devaluation means more money printing by the central bank to finance the government.” Yield on Venezuela’s benchmark 9.25 percent securities due in 2027 rose to as much as 15.2 percent today in New York, the biggest increase since the post-election violence in April. Bond’s price fell 1.76 cent to 68.17 cents on the dollar at 2:38 p.m. in New York, the lowest since November 2011. Acute Imbalances “The market has been hoping for a more clear-cut devaluation that showed the government is serious about addressing the increasingly acute macroeconomic imbalances,” Ben Ramsey, an economist at JPMorgan, said yesterday in an e-mailed response to questions. “The implementation of a multi-tiered, discretionary system has been difficult to decipher, especially with the government trying to emphasize that they are maintaining the 6.3 rate.” Since taking office in April, President Nicolas Maduro has struggled to boost growth and rein in inflation in a country with the world’s biggest oil reserves. Consumer prices rose 56 percent last year even as government price regulators backed by troops forced more than 1,000 businesses to cut prices on everything from toys to electronics. The country’s international reserves fell to $20.5 billion this month from more than $28 billion a year ago. Black Market Without access to dollars at the official rate, many companies and individuals turn to the illegal black market, where the bolivar weakened from 74 to 79 per dollar after yesterday’s announcements, according to dolartoday.com, a website that tracks the exchange rate on the Colombian border. If the dollars sold at auctions don’t damp the black market, the government may amend laws and enable people to bring more money in via “swaps,” Ramirez said today on the Venevision television network, without giving details. Maduro’s government sold $8.6 billion last year to finance travel, airlines and remittances, 19 percent more than in 2012, according to Ramirez. Still, measured at the official rate, airlines have an equivalent of $3.3 billion in bolivars trapped in Venezuela that they can’t expatriate because of exchange controls, according to the International Air Transport Association. Awaiting Clarification “We’re still waiting to hear regarding yesterday’s announcement from the government if the cash that we have there can be repatriated at the older rate or if it’s got to be repatriated at the new rate,” James Compton, chief revenue officer at United Continental Holdings Inc. (UAL), said in a conference call today. United has about $80 million trapped in Venezuela, the Chicago-based airline said. Ecuador’s state-owned Tame Linea Aerea suspended indefinitely all of its seven weekly flights from Caracas today because of payment delays, the company said in a statement. Other companies have slashed sales in bolivars. After previous devaluations, the government honored the old rates for existing debts with carriers, said Humberto Figuera, president of the Venezuelan Airline Association. Ramirez said the government will review the rates for its debts with the private sector. Airline Shares Publically traded airlines with the heaviest relative dependence on Venezuela, Colombia’s Avianca Holdings SA and Panama City-based Copa Holdings SA (CPA), fell fell 6.1 percent and 4.7 percent respectively as of 2:30 p.m. in New York. Food producer Polar said yesterday that authorities are delaying the release of $643 million dollars. In total, the government owns private companies $10 billion in foreign currency, according to Venezuelan business chamber Fedecameras. “The companies will be lucky if the government pays them at all, at any exchange rate,” said Aura Palermo, currency controls specialist at Caracas-based AP Consulting Group. “Businesses can’t plan in any way now, as they don’t know when they can participate in the auctions and at what rate.” To contact the reporter on this story: Anatoly Kurmanaev in Caracas at akurmanaev1@bloomberg.net
To contact the editor responsible for this story: Andre Soliani at asoliani@bloomberg.net
“Ley de Costos y Precios Justos es nuevo control a...
Ley de Precios Justos acopla economía al Plan de l...
Venezuela Bonds Plunge After Bolivar Weakened for ...
AP. Consulting Group, C.A RIF: J-40059154-6 Caracas-Venezuela

References: artículo 33
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 115

Artículo 32

Artículo 12

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 51
 artículo 114

Artículo 60

Artículo 5

Artículo 6
 artículo 7
 artículo 114