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Timestamp: 2018-07-23 07:39:56+00:00

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Algunas reflexiones sobre los derechos de imagen de los deportistas
En nuestro país la imagen constituye parte del ser personal y social de cada individuo. Y la protección a la imagen una demanda, conformada por un derecho fundamental. El artículo 18 de nuestra Constitución «garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen».
De hecho, su protección está, en el ámbito personalísimo, depositada en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Una Ley que, de acuerdo a lo establecido en el referido artículo 18 de la Constitución, señala que «el respeto de tales derechos constituye un límite al ejercicio de las libertades de expresión, que el propio precepto reconoce y protege con el mismo carácter de fundamentales».
En el ámbito del deporte, donde los derechos de imagen tienen un proceso de bifurcación entre el que la explota y el queda subsumido a esa explotación, observamos que, según el artículo 7 (Derechos y obligaciones de las partes), apartado 3, del Real Decreto 1006/1985, que regula la relación de los deportistas profesionales, «en lo relativo a la participación en los beneficios que se deriven de la explotación comercial de la imagen de los deportistas se estará a lo que en su caso pudiera determinarse por convenio colectivo o pacto individual, salvo en el supuesto de contratación por empresas o firmas comerciales previsto en el número 3 del artículo 1 del presente Real Decreto».
Bajo estos dos cuestiones-reflexiones, una no puede por menos, que sentirse interesada y con curiosidad manifiesta, acerca de posibles acciones de carácter mercantil, de unos terceros, donde entran en juego esos derechos de imagen, tanto de carácter individuales, como colectivos, que prevé comercializarlo bajo un operador. ¿Y cómo se va a diligenciar esta operación? Concretamente, en lo que ha aparecido en prensa sobre una supuesta operación de mercantilización, por streaming de eventos deportivos, a un canal, y con el acuerdo directo de las Federaciones, de forma individualizada, que ha planteado la Liga de Fútbol Profesional –que al paso que va, va a monopolizar, bajo el trazado del dinero, el deporte en nuestro país–.
Y la pregunta que surge, a la que consecutivamente llevan otras serían: ¿qué título habilitante tienen las Federaciones para ceder los derechos, sobre determinadas ventanas, con determinados sponsors?, ¿qué retorno económico, sobre esa cesión, que según Real Decreto 1006, viene vía contrato o convenio, se adquiere, en nombre del deportista?, esto es, ¿dónde está la cesión de uso indeterminado de ese deportista? Y más, cuando por medio hay cantidades económicas, que aventuran causa-efecto de carácter lucrativo. O todo ello, es encuadrable en lo que podríamos llamar, ¿expropiación de derechos de imagen, por un bien mayor? que, entiendo, no se conoce. Y asumo, desde ya, que el deportista no es consciente de este uso, de cualificación económica, que se hace bajo el objeto de su participación en competición.
Y es que este tema ya empieza a doler al deportista, porque a falta de reiteración no se consigue resultado, cuando no se ha desarrollado la Ley del Juego de 3/ 2011, en su disposición adicional 6.ª, sobre el retorno de las apuestas, en el juego on line, o el reglamento que debería desarrollarse por el Real Decreto 2015 de los derechos de retrasmisión deportiva fútbol, con efecto a los deportista de alto nivel. En demasía, los verdaderos protagonistas, los deportistas, se ven sin cierto amparo, ante la fluctuación de negocios, y uso de su imagen, que sin que para ellos vean resarcidos sus esfuerzos, y el uso ante un no retorno de sus derechos de imagen.
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References: artículo 18
 artículo 18
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 1
 Real Decreto 
 Real Decreto