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Timestamp: 2019-12-13 12:54:11+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 776/10 de Corte Constitucional, 29 de Septiembre de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 231629158
Sentencia de Constitucionalidad nº 776/10 de Corte Constitucional, 29 de Septiembre de 2010
Ley 1257 de 2008 “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos penal, de procedimiento penal, la ley 924 de 1996 y se dictan otras disposiciones”, artículos 13 y 19, el artículo 13 regula las medidas que se deben tomar en el ámbito de la salud, en el caso de violencia contra las mujeres, el aparte demandado es el siguiente “reglamentará el plan obligatorio de salud para que incluya las actividades de atención a las víctimas que corresponden en aplicación de la presente ley, y en particular aquellas definidas en los literales a) b) y c) del artículo 19 de la misma”, y el artículo 19 regula las medidas de atención previstas en la ley para evitar que las atenciones que reciba la víctima y el agresor sean proporcionadas en el mismo lugar, los apartes acusados son los siguientes “a través del sistema general de seguridad social en salud. Las empresas promotoras de salud y las administradoras del régimen subsidiado” “la aplicación de estas medidas se hará con cargo al sistema general de seguridad social en salud”, la demandante considera que los apartes acusados vulneran los artículos 48, 49 y 209 de la constitución, ya que los gastos del sector de la salud tienen una sola destinación y las disposiciones demandas confieren a los recursos de salud una destinación diferente a la establecida en la constitución, ya que los servicios de hotelería y comida para la víctima de agresión sexual y sus familiares no guarda relación con la recuperación de la salud por lo tanto considera que el legislador violó la reserva constitucional establecida para los recursos de la seguridad social en salud. La corte se pronuncia sobre la violencia contra la mujer como fenómeno socio-jurídico, la protección a la mujer en el derecho internacional, la protección a la mujer en el derecho colombiano, el ámbito constitucional del derecho a la salud, la potestad de configuración legislativa en materia de seguridad social en salud y las prestaciones de alojamiento y alimentación, la sostenibilidad del sistema general de seguridad social en salud y su impacto en los proyectos de ley, se encuentra que los congresistas presentaron el proyecto de ley con argumentos económicos basados en distintas fuentes, sin embargo el ministerio de hacienda, se opuso a la viabilidad fiscal de la iniciativa, por lo que el congreso decidió disminuir el impacto fiscal mediante la adopción de medidas menos onerosas, los estudios y recomendaciones elaborados por el ministerio de hacienda y crédito público servirán al ministerio de la protección social para expedir los actos administrativos que, se requieren para la implementación de prestaciones de alojamiento y alimentación a favor de las mujeres víctimas de la violencia, se concluye que las expresiones impugnadas no desconocen las previsiones del los artículos 48 y 49 de la constitución política, por cuanto, las prestaciones de alojamiento y alimentación establecidas a favor de la mujer víctima de violencia hacen parte del derecho a la salud y el legislador en ejercicio legítimo de sus potestades, ha decidido que los recursos para proveer tales prestaciones estarán a cargo del sistema general de seguridad social en salud, se decide declarar las normas acusadas exequbiles.
Sentencia citada en: 25 sentencias, 6 artículos doctrinales, una disposición normativa
C-776-10 Sentencia C-776/10 Sentencia C-776/10
Referencia: expediente D-8027
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 13 (parcial) y 19 (parcial) de la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.
Actor: Y.Á.C.P.
Bogotá D. C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil diez (2010).
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad la ciudadana Y.Á.C.P. presentó demanda contra los artículos 13 (parcial) y 19 (parcial) de la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.
Mediante auto del 10 de marzo del presente año, la demanda fue inadmitida. El escrito de corrección fue presentado el 17 de marzo del año en curso; el Magistrado Sustanciador, a través de auto del 8 de abril de 2010, resolvió admitir la demanda, ordenar la fijación en lista de las normas acusadas, correr traslado del expediente al Procurador General de la Nación y comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, al Ministerio del Interior y de Justicia, al Ministerio de la Protección Social, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al F. General de la Nación y al Defensor del Pueblo para que intervinieran.
Finalmente, invitó a las facultades de derecho de las universidades Nacional de Colombia, Externado, Libre, Pontificia Universidad Javeriana, del Rosario, de los Andes, S.A. y de la Sabana, como también a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral ACEMI-, al Colectivo de Abogados J.A.R., al Centro de Estudios De Justicia, a la Red Nacional de M.es, a la Federación Nacional de Departamentos y a la Federación Nacional de Municipios para que emitieran su opinión sobre la demanda.
(diciembre 4)[1]
ARTÍCULO 13. MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD. El Ministerio de la Protección Social, además de las señaladas en otras L., tendrá las siguientes funciones:
Elaborará o actualizará los protocolos y guías de actuación de las instituciones de salud y de su personal ante los casos de violencia contra las mujeres. En el marco de la presente Ley, para la elaboración de los protocolos el Ministerio tendrá especial cuidado en la atención y protección de las víctimas.
Reglamentará el Plan Obligatorio de Salud para que incluya las actividades de atención a las víctimas que corresponda en aplicación de la presente Ley, y en particular aquellas definidas en los literales a), b) y c) del artículo 19 de la misma.
Contemplará en los planes nacionales y territoriales de salud un apartado de prevención e intervención integral en violencia contra las mujeres.
Promoverá el respeto a las decisiones de las mujeres sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
PARÁGRAFO 3o La ubicación de las víctimas será reservada para garantizar su protección y seguridad, y las de sus hijos e hijas.
Para la demandante, las disposiciones acusadas violan lo dispuesto en los artículos 48, 49 y 209 de la Constitución Política.
En relación con el artículo 48 superior, explica que la seguridad social y la atención de la salud como servicio público cuentan con especial amparo constitucional, correspondiendo al Estado garantizar el acceso a los servicios de salud y regular el conjunto de beneficios a que tienen derecho los afiliados por tratarse de un servicio público esencial, con el propósito de mantener o recuperar su salud y evitar el menoscabo de su capacidad económica derivada de incapacidad temporal por enfermedad general o maternidad.
En concepto de la actora, la Carta Política asigna una sola destinación a los recursos del sector de la salud, estipulando que tales recursos no podrán ser utilizados en gastos diferentes a su función esencial, la cual está representada en la prestación de los servicios de salud, la recuperación y/o la rehabilitación del paciente. Agrega que las disposiciones demandadas confieren a los recursos de la salud una destinación diferente a la establecida en la Constitución, toda vez que los servicios de hotelería y comida para la víctima de agresión sexual y sus familiares no guarda relación con la recuperación de la salud, por ser ésta una función a cargo del Estado a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La demandante no controvierte los beneficios que la Ley crea a favor de las víctimas de agresión sexual, sino el hecho de utilizar recursos de la salud para asuntos que están por fuera del ámbito y de la competencia establecida en el artículo 48 de la Carta Política. En criterio de la actora, el Estado ha encomendado a las EPS-S la función de prestar y velar por los servicios de salud de los colombianos tengan o no capacidad de pago, afirmación que funda en lo establecido por la sentencia T-606 de 1997.
La accionante recuerda cómo los recursos del sector de la salud se han destinado históricamente a cubrir gastos de este servicio, limitando las coberturas para evitar la indebida utilización de estos dineros, para dedicarlos de manera específica a las áreas dispuestas en la Constitución. Por esta razón, considera que las normas demandadas son inconstitucionales, por tanto el Legislador violó la reserva constitucional establecida para los recursos de la seguridad social en salud.
En cuanto al artículo 49 superior, señala la demandante que las normas impugnadas son inconstitucionales en cuanto el Legislador omitió asignar responsabilidad presupuestal al Estado, toda vez que si necesitaba recursos para la prevención del maltrato no consideró la cobertura económica para los costos de alojamiento y comida de las víctimas y sus familiares.
Agrega la demandante que con las normas impugnadas se genera un desequilibrio en las cargas que el sistema de salud debe afrontar, pues no se crea una asignación presupuestal frente a las contingencias de la agresión, circunstancia que pone en riesgo la estabilidad financiera del sistema de salud creado para atender a todos los colombianos.
La actora sostiene que los servicios de habitación y alimentación para las personas víctimas de agresión física y verbal están excluidos del plan obligatorio de salud, toda vez que los mismos no son servicios médicos asistenciales ni medicamentos.
Como concepto de violación del artículo 209 de la Carta Política, la demandante señala que las normas atacadas desconocen los principios de igualdad, moralidad, celeridad e imparcialidad, toda vez que el Legislador implementó beneficios para las víctimas de agresión sexual, sin atender la asignación presupuestal y el impacto que dicha asignación podría causar en el sector de la salud.
1.1. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar intervino para solicitar a la Corte que declare exequibles las normas acusadas, por considerar que los cargos formulados por la demandante son indeterminados o indirectos en cuanto no están encaminados a atacar el contenido material de la disposición impugnada.
Según la interviniente, el artículo 13 de la Ley 1257 de 2008 establece medidas en el ámbito de la salud que tienen que ver con protocolos y guías de actuación de las instituciones de salud ante casos de violencia contra mujeres con énfasis en la atención y protección de las víctimas, actividades de atención a las víctimas de agresión sexual, acciones de prevención e intervención integral en violencia contra las mujeres, la promoción al respeto a las decisiones a las mujeres en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, y la asignación de recursos para prevenir la violencia contra las mujeres como un componente de las acciones de salud pública.
Explica que el artículo 19 de la misma Ley refiere a las medidas de atención que deben brindarse a las mujeres víctimas de violencia, medidas que van dirigidas a las mujeres en situación de especial riesgo, como una manera de proteger la vida y la integridad física de la mujer, garantizando la habitación y la alimentación de la víctima a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para lo cual las Empresas Promotoras en Salud y las Administradoras de Régimen Subsidiado prestarán servicios de alimentación y habitación en las instituciones prestadoras de salud, siendo ésta disposición concordante con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1257 de 2008, en tanto se señalan como servicios de salud que deben ser incluidos en el plan obligatorio de salud y prestados por las empresas promotoras de salud y las administradoras de régimen subsidiado.
Continúa su explicación señalando que el literal c) del artículo 19 dispone que las empresas promotoras de salud y las administradoras del régimen subsidiado serán las encargadas de la prestación de servicios de asistencia médica, sicológica y siquiátrica de las mujeres víctimas de violencia, de sus hijos e hijas y los tres parágrafos complementan la finalidad de la norma, el primero estableciendo un plazo máximo de seis meses, prorrogables por un término igual cuando la situación lo amerite, para la prestación de los servicios; el segundo, estipulando que las medidas se llevarán a cabo con cargo al Sistema General de Seguridad Social en Salud; y el tercero, precisando que la ubicación de la víctima será reservada para garantizar su protección y seguridad y la de sus hijos e hijas.
En concepto de la interviniente, la demanda está fundada en una errónea interpretación de las normas atacadas, ya que se considera que los servicios de hotelería y alimentación, no hacen parte de las prestaciones médicas, cuando verdaderamente se trata de medidas para atender la salud de la víctima y sus allegados, de manera similar a lo que ocurre cuando se ordena internar a un paciente en un hospital o clínica para la adecuada atención y seguimiento de una enfermedad.
Tratándose de recursos para la salud, la finalidad establecida en el artículo 48 superior se mantiene y los mismos deben estar contenidos en el plan obligatorio de salud de acuerdo con protocolos establecidos, en los términos expresados por la Ley 1257 de 2008. En esta medida los gastos no son banales y suntuosos sino que responden y coinciden con las medidas de promoción y prestación de los servicios de salud.
R. al artículo 49 de la Constitución, la interviniente considera que la norma acusada no genera desequilibrios sino que acompasa con lo establecido en la norma superior, pues ella manifiesta expresamente que la aplicación de las medidas se hará con cargo al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Entre los principios de este Sistema, agrega el interviniente, se cuentan el de universalidad y solidaridad, los cuales denotan que las políticas públicas en materia de salud tienen como fundamento beneficiar a toda la población.
2.2. Universidad del Rosario
La universidad interviene a través de uno de sus profesores de planta para solicitar que sean declaradas exequibles las expresiones demandadas. R. al derecho internacional, empieza el interviniente por recordar cómo el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, mediante la observación general 14, ha establecido que el derecho a la salud debe entenderse como el derecho al disfrute de toda gama de facilidades, bienes, servicio y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.
Además, cita el representante de la Universidad la jurisprudencia de la Corte que lo lleva a manifestar que en nuestro país el concepto de salud es amplio y comprende las consecuencias del maltrato a las mujeres, ya que de esta manera pueden ser afectadas la salud física, sicológica y siquiátrica de la víctima.
Añade que el principio de progresividad se aplica a la protección del derecho a la salud, para proporcionar una mayor cantidad de garantías que tiendan a la máxima satisfacción en el menor tiempo. En esta medida el Legislador sólo está sometido a las legislaciones anteriores para no disminuir las garantías previamente reconocidas, pero no para restringir la creación de nuevas.
2.3. Universidad Externado de Colombia
En nueve (9) folios y sin que aparezca la conclusión ni la firma de la persona que elaboró el documento, el mencionado centro académico presentó su intervención solicitando a la Corte que declare inconstitucionales las expresiones demandadas.
Luego de reiterar los argumentos de la demanda, el interviniente explica la violación del artículo 48 superior recordando que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado con sujeción del principio de eficiencia y, por lo mismo, considera que los recursos de la seguridad social no se les podrá dar una destinación para fines diferentes.
Considera igualmente que las expresiones demandadas no están relacionadas con la salud y no corresponde al Sistema General de Seguridad Social, por cuanto se emplearían recursos necesarios para garantizar el derecho a la salud de otros usuarios  y dar alojamiento y alimentación en las instituciones prestadoras del servicio de salud, disminuiría la capacidad del sistema para albergar a enfermos, personas en tratamiento o en espera de intervenciones quirúrgicas o de otro orden.
Si bien la mujer víctima, al igual que sus hijas e hijos, deben tener derecho a una atención digna que cubra servicios como el alojamiento y la alimentación necesarios para aislarla del agresor, al igual que el servicio de transporte, no correspondería al Sistema de Seguridad Social en Salud cubrir los gastos que ello implica.
En cuanto a los cargos fundados en el artículo 49 de la Constitución Política, el interviniente estima que al no crear el Legislador una asignación presupuestal para el alojamiento y la alimentación, se disminuyen los recursos que efectivamente corresponden a la atención de la salud y no se podrán garantizar los servicios de alojamiento y alimentación pretendidos por la norma. En el escrito enviado por la universidad se lee:
Los recursos para la salud no son suficientes, de manera que se deben crear fuentes para financiarla, buscando no debilitar los existentes con destinaciones que no corresponden. La crisis presupuestal del sistema de salud se ha hecho evidente en los últimos años, dando lugar incluso a la promulgación del decreto legislativo 128 del 21 de enero de 2010, en desarrollo del estado de emergencia social declarado por el decreto 4965 de 2009.
Respecto de la violación del artículo 209 de la Carta Política, la Universidad considera que no hay cargos debidamente expuestos.
En cuanto al cargo fundado en la falsa motivación, considera el interviniente que ella es predicable de actos administrativos y no de L. del Congreso.
3.1. Red nacional de mujeres
La representante de la Red Nacional de M.es solicita a la Corte que se declare inhibida para decidir respecto de los cargos fundados en los artículos 49 y 209 de la Carta Política, por ineptitud sustantiva de la demanda, ya que no están presentes las razones claras, ciertas, específicas y pertinentes requeridas para esta clase de juicio.
Frente al artículo 48 superior, considera la interviniente que siendo la atención de la salud un servicio público a cargo del Estado, cuyo acceso se garantiza a todas las personas para la promoción, protección y recuperación de la salud y tratándose de un derecho fundamental, es lógico que el Legislador haya dispuesto las prestaciones de alojamiento y alimentación para víctimas de violencia intrafamiliar.
Explica la interviniente que las prestaciones de habitación y alimentación hacen parte de la atención en salud en ciertos casos, toda vez que el derecho a la salud no supone únicamente la provisión de las prestaciones para atender aspectos relacionados con la integridad física. En su criterio, dentro del marco de un derecho integral a la salud son relevantes las condiciones en las que las personas nacen, viven y trabajan.
La representante de la entidad que interviene considera que la violencia contra las mujeres también es un problema de salud, en cuanto el derecho a la salud comprende conceptos más amplios que el relacionado con la ausencia de enfermedad; estima que de él hacen parte las prestaciones relacionadas con alimentación y habitación en determinados casos, ya que todo no puede estar relacionado con la integridad física de la persona afectada.
El presidente ejecutivo de ACEMI, entidad que agremia a varias Entidades Promotoras de Salud E.P.S.-, interviene para solicitar que se declaren inexequibles las expresiones demandadas. Empieza por explicar la vulneración al principio de unidad de materia consagrado en el artículo 158 superior, por cuanto, en su criterio, el contenido de los apartes atacados está relacionado con la prestación de servicios de alojamiento y alimentación para las mujeres víctimas de violencia, valiéndose de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando estos no tienen relación con los servicios que se pretende garantizar.
Explica que tal carga económica es desproporcionada si se tiene en cuenta que los recursos del SGSSS son finitos y que su finalidad no responde a mecanismos de sensibilización, prevención y sanción de formas violencia y discriminación contra las mujeres. El interviniente expone que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación -U.P.C.-, tienen carácter de parafiscales y, por lo tanto, no pueden ser utilizados para fines diferentes a la seguridad social.
Continúa el interviniente manifestando que los servicios de alimentación y alojamiento a las mujeres víctimas de violencia, están relacionados con gastos complementarios que no integran la seguridad social en su componente de salud, con violación del artículo 48 superior, según el cual está prohibido desviar recursos del sistema hacia otros propósitos.
4.1. L.M.C.P. y G.S.F.
4.2. D.Y.V.P.
Para la ciudadana V.P. las normas parcialmente demandadas deben ser declaradas exequibles, por cuanto los recursos destinados a atención, alimentación y hospedaje de las víctimas de maltrato intrafamiliar no afectan el Sistema General de Seguridad Social en Salud, sino que corresponden a una función social mediante la cual se protege a la mujer en estado de indefensión.
4.3. G.F.O.T. y M.M.M.S.
El jefe del Ministerio Público solicita a la Corte declarar exequibles el numeral 2º del artículo 13 y las expresiones a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Las Empresas Promotoras de Salud y las Administradoras del Régimen Subsidiado, contenidas en el literal a); las Empresas Promotoras de Salud y las Administradoras del Régimen Subsidiado, contenidas en el literal c); y el parágrafo 2 del artículo 19, únicamente por los cargos analizados y bajo el entendido que sólo las actividades y medidas encaminadas a la atención de la salud de las víctimas de la violencia contra la mujer, incluidos sus hijos e hijas, son las que deben ser cubiertas con los recursos destinados a la Seguridad Social en Salud.
Luego de transcribir el texto de las normas demandadas y de presentar distintos conceptos relacionados con la violencia contra la mujer, la Vista F. explica que la mayor parte de las causas tiene origen en el núcleo familiar y están relacionadas con factores socioeconómicos, señalando que en estos casos lo prioritario es separar físicamente a la víctima de su agresor, lo que implica replantear el proyecto vital de la mujer y de sus dependientes, para que después de un período de transición le sea posible retomar su vida sin riesgo para su existencia o su integridad física.
Para el Ministerio Público, la separación física es lo más urgente y el período de transición requiere de coberturas económicas, es decir de apoyos que le permitan a la mujer y a sus dependientes afrontar el desamparo económico que aparece como consecuencia de la ruptura de la convivencia, siendo natural que se deba cubrir el hospedaje, la alimentación, el transporte, la educación y la capacitación adecuada para insertarse en la vida económica.
El jefe del Ministerio Público se pregunta si es aceptable asumir el costo de soluciones diferentes a las de atención en salud, para responder a fenómenos de violencia contra la mujer, con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respondiendo él mismo que no, porque por expreso mandato constitucional los recursos de seguridad social tienen destinación específica, lo cual impide que sean utilizados para finalidades diferentes.
Considera la Vista F. que la violencia contra las mujeres no es un problema exclusivo de la Seguridad Social y que los recursos de la salud tienen destinación específica por mandato constitucional. Sin embargo, luego de adelantar una explicación basada en el texto de los artículos 19 y 22 de la Ley 1257 de 2008, que establecen dos tipos de medidas de atención, concluye el Procurador que todas las medidas allí previstas deben ser tomadas con cargo a los recursos de la Seguridad Social en Salud, a pesar de lo dispuesto en el artículo 48 superior.
De lo anterior concluye que con cargo a los recursos de la Seguridad Social en Salud sólo es posible cubrir las actividades y las medidas encaminadas a la atención de la salud de las víctimas de la violencia contra la mujer, incluidos sus hijos e hijas; es decir, las medidas dirigidas a atender problemas diferentes a la salud, tales como hospedaje, alimentación, transporte, educación, capacitación y demás, deben ser asumidas por el Estado a través de instancias gubernamentales distintas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en la medida en que éstas tengan una misión funcional y presupuestal que les permita hacerse cargo de dichas medidas.
Cuestión preliminar. Aptitud de los cargos formulados en la demanda
Situación distinta se presenta en relación con los cargos fundados en el artículo 209 superior que consagra los principios funcionales de la actividad administrativa, pues la actora no expresa razones claras ni pertinentes[2] que demuestren la contradicción entre los apartes demandados y el mencionado precepto de la Carta Política.
Al corregir la demanda la actora se limitó a expresar:  el Legislador decidió implementar una serie de beneficios para las víctimas de agresión sexual, sin atender la asignación presupuestal y el impacto que dicha asignación podría causar en el sector de la salud, que ya se encuentra ampliamente agredido, y que inclusive se ha decretado emergencia social con el fin de evitar que se desplome por la falta de recursos, para que en su lugar se sigan creando nuevas cargas que afectan su flujo de caja y desmantelan las arcas de sus limitados recursos[3].
Para resolver el asunto planteado la Sala (i) abordará el fenómeno de la violencia contra la mujer desde una perspectiva socio-jurídica; (ii) hará alusión a la protección de la mujer en el derecho internacional; (iii) estudiará la protección a la mujer en el derecho colombiano; (iv) reiterará la jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la salud; (v) fijará el contenido y el alcance de las expresiones demandadas; (vi) estudiará las prestaciones de alojamiento y alimentación para las mujeres víctimas de la violencia como parte de la potestad del Legislador para configurar el régimen de la seguridad social; (vii) examinará estas prestaciones como parte del derecho a la salud; y (viii) se ocupará de la sostenibilidad financiera de las medidas de alojamiento y alimentación previstas en la Ley 1257 de 2008.
La violencia contra la mujer como fenómeno socio-jurídico
4.1. Los actos de agresión pueden provenir de agentes estatales o de particulares, afectar la vida pública o privada de la mujer, presentarse en sus relaciones laborales, familiares, afectivas, como también por fuera de éstas, tener consecuencias para su integridad física, moral o sicológica y, en algunos casos, producir secuelas para las personas que conforman su unidad doméstica. En esta medida, corresponde al Estado y a la familia procurar mecanismos destinados a evitar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, teniendo los órganos estatales que asumir la mayor responsabilidad, debido a su naturaleza, estructura y funciones.
Los órganos internacionales que agrupan a la mayoría de los Estados han comprendido la dimensión y las consecuencias de la violencia contra la mujer; por esta razón, en los últimos años han celebrado convenios y tratados destinados a erradicar tanto la violencia como la discriminación contra la mujer.
El objeto de esta Ley, según su artículo 1º, es  la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización.
4.3. La misma Ley, en el artículo 2º, define la violencia contra la mujer bajo el entendido que se trata  de cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.
4.4. La Ley 1257 de 2008 distingue entre distintas clases de violencia contra mujer; así, el artículo 17 trata de las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar, al paso que el artículo 18 regula las medidas de protección en casos de violencia en ambientes diferentes al familiar.
Protección a la mujer en el derecho internacional
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la M. (1967);
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la M. (1981);
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la M. (1993);
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994);
Cuarta Conferencia Mundial sobre la M. (Beijing, 1995);
En América Latina: Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia Contra la M. (1995); y
Resolución del Fondo de Población de Naciones Unidas, en la que se declara la violencia contra la mujer como una Prioridad de Salud Pública (1999).
Además se pueden considerar la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948[4]; la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), 1969[5]; y la Recomendación número 19 del Comité de Expertas de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, 1992.
Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la M. (CEDAW), aprobada mediante la Ley 51 de 1981;
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada en Beijing, China, 1995;
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la M. Convención de Belem do Pará, aprobada mediante la Ley 248 de 1995;
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, adoptada por el Consejo de Seguridad el 31 de octubre de 2000;
Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente M.es y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobado mediante Ley 800 de 2003;
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobado mediante la Ley 984 de 2005.
5.3. Entre las obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano relacionadas con la protección a la mujer, se cuenta la de abstenerse de ejercer violencia contra ella a través de sus agentes, como también la de garantizarle una vida libre de violencia en todos los espacios público y privado-, sin importar que el agente sea un particular, a lo cual se suma el deber de adoptar medidas positivas en favor de la mujer.
En este sentido, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la M. Convención de Belem do Pará, aprobada mediante la Ley 248 de 1995, establece:
DEBERES DE LOS ESTADOS
ARTÍCULO 8o. Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:
i) Promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia. (Destaca en esta oportunidad la Sala).
5.4. Así mismo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la M. (CEDAW), aprobada mediante la Ley 51 de 1981, establece en sus artículos 2º y 3º:
ARTICULO 2o. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto se comprometen a:
ARTICULO 3o. Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas políticas social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.
5.5. En concordancia con lo anterior, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la M. -CEDAW-, en la Recomendación General número 19, numeral 7, estableció:
7. La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación, como la define el artículo 1 de la Convención. Esos derechos y libertades comprenden:
h) El derecho a condiciones de empleo justas y favorables.
24. A la luz de las observaciones anteriores, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la M. recomienda que:
iii) Servicios, entre ellos, refugios, asesoramiento y programas de rehabilitación, para garantizar que las víctimas de violencia en la familia estén sanas y salvas.
5.6. Una materia común en los textos de los acuerdos internacionales es la relacionada con el propósito de procurar ambientes específicos dentro de los cuales los Estados realicen eficazmente los derechos humanos de las mujeres, en especial los vinculados con su protección contra las diversas formas de violencia a las cuales son sometidas.
La eficacia y realización de estos tratados y acuerdos internacionales necesitan en cada Estado de políticas públicas e instrumentos jurídicos de derecho interno que los desarrollen, pues sólo de esta manera las mujeres, consideradas sujetos de especial protección constitucional en varios ámbitos de su actividad, verán colmados sus anhelos de amparo y trato digno.
Protección a la mujer en el derecho colombiano
La Constitución Política de 1991 trajo varios elementos útiles para reforzar el propósito de avanzar en el campo de protección a la mujer en las distintas áreas dentro de las cuales ella actúa. Los cambios en la estructura del Estado permitieron la aparición de la Defensoría del Pueblo, dentro de ésta entidad fue creada la Defensoría Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la M.; así mismo, en la Procuraduría General de la Nación entró en funcionamiento la Procuraduría Delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia.
Como parte del Ministerio Público estas dependencias deben coordinar sus actuaciones para brindar protección integral a la mujer, teniendo en cuenta que ella es actor principal dentro de la sociedad, como también dentro de la familia.
En la Rama Ejecutiva fue creada la Consejería Presidencial para la Equidad de la M.[6] como dependencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El interés del Legislador en el sentido de garantizar la coordinación entre órganos estatales para la adecuada protección de la mujer queda en evidencia con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 1257 de 2008. El texto de esta norma es el siguiente:
ARTÍCULO 35. SEGUIMIENTO. La Consejería para la Equidad de la M. en coordinación[7] con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo crearán el comité de seguimiento a la implementación y cumplimiento de esta ley que deberá contar con la participación de organizaciones de mujeres.
La Consejería presentará un informe anual al Congreso de la República sobre la situación de violencia contra las mujeres, sus manifestaciones, magnitud, avances y retrocesos, consecuencias e impacto.
Las entidades comprometidas fueron las siguientes: F.ía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Instituto de Medicina Legal, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Cultura, Comisarías de Familia y Jueces civiles municipales y de familia, entre otras autoridades.
() las mujeres están también sometidas a una violencia, si se quiere, más silenciosa y oculta, pero no por ello menos grave: las agresiones en el ámbito doméstico y en las relaciones de pareja, las cuales son no sólo formas prohibidas de discriminación por razón del sexo (CP art. 13) sino que pueden llegar a ser de tal intensidad y generar tal dolor y sufrimiento, que configuran verdaderas torturas o, al menos, tratos crueles, prohibidos por la Constitución (CP arts 12, y 42) y por el derecho internacional de los derechos humanos. Así, según la Relatora Especial de Naciones Unidas de Violencia contra la M., "la violencia grave en el hogar puede interpretarse como forma de tortura mientras que las formas menos graves pueden calificarse de malos tratos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.[8]
Además, el artículo 42 superior protege a la familia, entendiéndose que las relaciones que en ella se dan están basadas en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. También la Carta dedica varios apartes a garantizar trato diferencial y preferencial a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como ocurre en los casos de los niños, los jóvenes, los adultos mayores y las mujeres cabeza de familia[9].
6.3. De su parte, el Legislador ha venido implementando políticas públicas y expidiendo normas destinadas a prevenir y erradicar toda forma de violencia intrafamiliar, con especial protección para la mujer. Entre las L. expedidas con este propósito aparecen:
Ley 294 de 1996, por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar;
Ley 360 de 1997, por medio de la cual se modifican algunas normas del título XI del Libro II del Decreto-Ley 100 de 1980 (Código Penal), relativo a los delitos contra la libertad y pudor sexuales, y se adiciona el artículo 417 del Decreto 2700 de 1991 (Código Procedimiento Penal) y se dictan otras disposiciones.
Ley 497 de 1999, establece la jurisdicción de jueces de paz como mecanismo alternativo a la solución de conflictos, entre ellos la violencia intrafamiliar.
Ley 575 de 2000, por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996, traslada la competencia en materia de violencia intrafamiliar de los jueces de familia a los comisarios de familia y a la falta de estos a los Inspectores de Policía. Otorga asistencia a las víctimas de maltrato, consagra delitos contra la armonía y la unidad familiar (maltrato físico, psíquico o sexual).
Ley 640 de 2001, modifica las normas relativas a la conciliación. El Capítulo VII se dedica a la conciliación extrajudicial en materia de familia.
Ley 742 de 2002, aprueba el Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional, 1998), incluye delitos relacionados con violencia basada en el género. Ley 599 de 2004, por la cual se expide el Código Penal; Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal; y Ley 882 de 2004, aumenta la pena para el delito de violencia intrafamiliar. Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.
Ámbito constitucional del derecho a la salud
7.1. De su parte, la jurisprudencia ha definido el derecho a la salud como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser. Implica, por tanto, una acción de conservación y otra de restablecimiento[10].http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-195-10.htm - _ftn3#_ftn3
El derecho a la salud como derecho fundamental
El derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental. La Corte lo ha protegido por tres vías. La primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo cual le ha permitido a la Corte identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y admitir su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial protección, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de servicios de salud requeridos sea efectivamente garantizado; la tercera, es afirmando en general la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la Ley y los planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna[11].
() considerando que son fundamentales (i) aquellos derechos respecto de los cuales existe consenso sobre su naturaleza fundamental y (ii) todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo, la Corte señaló en la sentencia T-859 de 2003 que el derecho a la salud es un derecho fundamental, de manera autónoma, cuando se puede concretar en una garantía subjetiva derivada de las normas que rigen el derecho a la salud, advirtiendo que algunas de estas se encuentran en la Constitución misma, otras en el bloque de constitucionalidad y la mayoría, finalmente, en las L. y demás normas que crean y estructuran el Sistema Nacional de Salud, y definen los servicios específicos a los que las personas tienen derecho. (Destaca en esta oportunidad la Sala).
La Constitución de la Organización Mundial de la Salud[12] define la salud de la siguiente manera:
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.
En correspondencia con esta definición, la Constitución Política colombiana adopta un concepto amplio de la seguridad social, que explicado por la Corte incluye el mayor número de servicios, auxilios, asistencias y prestaciones en general, diferenciándose de la escuela que la limita a lo básico. Un conjunto de derechos cuya eficacia compromete al Estado, la sociedad, la familia y la persona[13].
Los derechos a la seguridad social y a la salud en el ámbito internacional de los derechos humanos parten de una concepción universal y expansiva, en cuanto abarcan un gran cuerpo de servicios y asistencias a cargo del Estado, la sociedad y la familia.
7.7. Lo anterior explica porque el derecho fundamental a la salud comprende algunas prestaciones que prima facie podrían ser consideradas desproporcionadas o, inclusive, ajenas al deber de garantizar a la persona el bienestar que caracteriza a este derecho, pero que analizadas dentro de un determinado contexto médico y terapéutico resultan lógicas, razonables, necesarias y conducentes para la adecuada atención de la persona afectada.
() la tarea de asegurar protección a la salud constituye una labor de permanente actualización y perfeccionamiento, razón por la cual los Estados no pueden justificar el alcance de un determinado grado de satisfacción del derecho para cesar los esfuerzos que permitan un mejor cumplimiento. Tal es el sentido según el cual debe comprenderse El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Aunado a lo anterior, dicha estructura del derecho se ajusta al mandato de progresividad señalado en el artículo 2° de la Convención, el cual prescribe a las organizaciones estatales el deber de adoptar las medidas que sean necesarias hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
En este entendido, la salud no ha de ser comprendida de manera exclusiva como la facultad de goce de un determinado conjunto de condiciones biológicas que permita la existencia humana, pues esta garantía abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano. De ahí resulta que el derecho a la salud ha de ser considerado dentro de un complejo contexto en el cual se observan los vínculos que guarda esta garantía con otros derechos fundamentales -como el derecho a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la dignidad humana, la vida, entre otros-. (Destaca la Sala).
8.1. Tratándose de las mujeres[14] en general, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belén Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994[15], aprobada mediante la Ley 248 de 1995, estipula:
Los Estados Partes de la Presente Convención,
Recordando la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la M., adoptada por la Vigesimoquinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de M.es, y afirmando que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases.
Convencidos de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas .
ARTÍCULO 7o. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
(i) que la mujer se encuentre en situación especial de riesgo;
(ii) que se hayan presentado hechos de violencia contra ella;
(iii) que la violencia contra la mujer implique consecuencias para su salud física o mental;
(iv) que la mujer requiera atención, tratamiento o cuidados especiales para su salud;
(v) que el agresor permanezca o insista en permanecer en el mismo lugar de ubicación de la agredida;
(vi) que quien esté a cargo de la atención en salud para la víctima y el agresor, sea una misma persona;
(vii) que la víctima acuda ante un comisario de familia, a falta de este ante un juez civil municipal o un juez promiscuo municipal, para que éste evalúe la situación y decida si hay mérito para ordenar la medida;
(viii) que la víctima acredite ante los servicios de salud que la orden ha sido impartida por la autoridad competente; y
(ix) que las prestaciones de alojamiento y alimentación sean temporales, es decir, por el lapso que dure la transición de la agredida hacia un estatus habitacional que le permita retomar y desarrollar el proyecto de vida por ella escogido.
La autoridad encargada de decidir sobre el reconocimiento de las prestaciones podrá ordenar otras medidas alternativas acordes con la situación particular que se plantea[16]. Así, cuenta con la posibilidad de ordenar al agresor que desaloje el lugar compartido con la víctima; prohibirle el ingreso al mismo y ordenar al agresor que cubra los gastos de la medida adoptada. Se trata, entonces, de prestaciones sujetas a condiciones determinadas en la Ley y que deberán ser precisadas en el reglamento que expedirá el Ministerio de la Protección Social.
Las Empresas Promotoras de Salud y las Administradoras de Régimen Subsidiado, prestarán servicios de habitación y alimentación en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud; o
8.7. En suma, los textos demandados hacen parte de las garantías generadas por el Legislador en favor de la mujer víctima de violencia, están ubicados bajo el acápite de medidas de atención, se limitan a las prestaciones de alojamiento y alimentación para la persona afectada, estarán económicamente a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, los servicios correspondientes serán asumidos por las Empresas Promotoras de Salud y las Administradoras de Régimen Subsidiado, serán brindados en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, o se contratarán servicios de hotelería para los fines previstos en la Ley.
b) Cuando la víctima decida no permanecer en los servicios hoteleros disponibles, o estos no hayan sido contratados, se asignará un subsidio monetario mensual para la habitación y alimentación de la víctima, sus hijos e hijas, siempre y cuando se verifique que el mismo será utilizado para sufragar estos gastos en un lugar diferente al que habite el agresor. Así mismo este subsidio estará condicionado a la asistencia a citas médicas, sicológicas o siquiátricas que requiera la víctima.
PARÁGRAFO 1o. La aplicación de las medidas definidas en los literales a) y b) será hasta por seis meses, prorrogables hasta por seis meses más siempre y cuando la situación lo amerite.
Potestad de configuración legislativa en materia de seguridad social en salud. Prestaciones de alojamiento y alimentación.
La supremacía de la Constitución Política, principio básico del Estado de derecho, implica que los actos de los poderes públicos no pueden rebasar los límites en ella establecidos; en esta medida, el Legislador no detenta poderes omnímodos, sino que, en todas las áreas a su cargo, está sometido al texto de la Carta. En materia de seguridad social, si bien es cierto el Congreso de la República cuenta con la potestad para configurar la estructura jurídica del sistema, también lo es que, como lo ha explicado la Corte,[17] tiene áreas vedadas.
Esta Corte ha señalado que si bien la Constitución señala unos principios que gobiernan los derechos a la seguridad social y a la salud, el Legislador goza de una amplia libertad para regular la materia, pues la Carta establece que la seguridad social se presta con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. (...) La amplia libertad del Legislador en la configuración de la seguridad social no significa obviamente que cualquier regulación legislativa sea constitucional, pues no sólo la Carta señala unos principios básicos de la seguridad social y del derecho a la salud, que tienen que ser respetados por el Congreso, sino que además la Ley no puede vulnerar otros derechos y principios constitucionales. (S. no originales).
() lo anterior no significa que la decisión legislativa sea completamente libre, ni que la reglamentación adoptada esté ajena al control constitucional, pues es obvio que existen límites, tanto de carácter formal (competencia, procedimiento y forma) como de carácter material (valores y principios en que se funda el Estado Social de Derecho), señalados directamente por el Constituyente y que restringen esa discrecionalidad[18]. Por consiguiente, si el Legislador opta, por ejemplo, por una regulación en virtud de la cual las personas pueden escoger entre afiliarse o no a la seguridad social, ese diseño sería inconstitucional por desconocer el carácter irrenunciable de la seguridad social. Lo mismo ocurriría si el Estado se desentendiera de las funciones de dirección, coordinación y control a la seguridad social, porque esas fueron precisamente algunas de las tareas expresamente asignadas en la Carta del 91.[19]
En el mismo sentido, la Corte, en sentencia C-336 de 2008, manifestó:
() esta Corte ha insistido, en que el control de la Corte sobre medidas relacionadas con la seguridad social debe ser riguroso, cuando a pesar de que la medida legislativa corresponde a una materia de contenido económico y social, la misma (i) incorpora una clasificación sospechosa, como ocurre con aquellas que están basadas en las categorías prohibidas para hacer diferenciaciones según lo previsto en el inciso 1° del artículo 13 Superior; (ii) afecta a personas que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, a grupos marginados o a sujetos que gozan de especial protección constitucional; (iii) desconoce prima facie el goce de un derecho constitucional fundamental; o finalmente, (iv) incorpora -sin causa aparente- un privilegio exclusivo para un sector determinado de la población.
() Esta corporación ha considerado, que la potestad de configuración del Legislador debe someterse, entre otras, a un catálogo de reglas generales como son: (i) el reconocimiento de la seguridad social como un derecho irrenunciable de todos los habitantes del territorio nacional y, a su vez, (ii) como un servicio público obligatorio cuya dirección, control y manejo se encuentra a cargo del Estado. Adicionalmente, (iii) se admite la posibilidad de autorizar su prestación no sólo por entidades públicas sino también por particulares; (iv) el sometimiento del conjunto del sistema a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. A los que el Acto legislativo 01 de 2005 añadió en materia de pensiones el principio de sostenibilidad financiera (C.P. art. 48).
Como se ha dicho, la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado, que se presta a todos lo habitantes conforme a los principios de eficiencia y universalidad (C. Po. Art. 49). Estos principios y los demás aplicables a la seguridad social, han sido definidos en el artículo 2º de la Ley 100 de 1993[20].
PRINCIPIOS. La interpretación y aplicación de esta Ley se hará de conformidad con los siguientes principios:
Integralidad. La atención a las mujeres víctimas de violencia comprenderá información, prevención, orientación, protección, sanción, reparación y estabilización.
La integralidad del derecho a la salud.
Sobre este aspecto, en sentencia T-278 de abril 20 de 2009 con ponencia del Magistrado N.P.P., la Corte recordó:
 la salud como derecho integral, implica que la atención deba brindarse en la cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia requeridas, lo cual conlleva ofrecer, de acuerdo con la Ley y la jurisprudencia, todo cuidado, medicamento, intervención quirúrgica, rehabilitación, diagnóstico, tratamiento y procedimiento que se consideren necesarios para restablecer la salud de los usuarios del servicio.
Por ello, en coordinación con el principio de dignidad humana, el derecho a la salud implica la conservación, recuperación y el restablecimiento del estado normal de una persona enferma, a quien se le debe ofrecer un tratamiento oportuno, eficiente y suficiente, tendiente a proporcionar el nivel de vida acorde con su dignidad, que no puede escatimarse por las entidades promotoras de salud[21].
Las prestaciones de alojamiento y alimentación hacen parte de la atención en salud para las mujeres víctimas de violencia
En esta medida, en aras de proteger adecuadamente el derecho a la salud, el Legislador puede permitir que determinados tratamientos y prestaciones hagan parte de las garantías consagradas en favor del paciente o de quien resulte víctima de actos violentos. Así, las relacionadas con alojamiento y alimentación durante el periodo de transición requerido por las mujeres víctimas de agresiones físicas o psicológicas, no pueden ser consideradas como sinónimo de hotelería turística y gastronomía, sino como ayudas terapéuticas propias del tratamiento recomendado por personal experto y requerido por las personas que resultan afectadas, resultando indispensable la reubicación temporal de quienes razonablemente, según la Ley y el reglamento, ameritan un tratamiento preferencial y especial.
10.1. El principio de progresividad viene siendo aplicado en la protección del derecho a la salud, acompasando con la ampliación de las prestaciones reconocidas legal y jurisprudencialmente a quienes necesitan atención para el restablecimiento de sus condiciones físicas, mentales o sociales. Así, al reconocer el transporte como prestación a favor del paciente y de un acompañante, la Corte manifestó en la sentencia T-834 de 2009, que:
() las EPS deben garantizar la posibilidad de que se brinden los medios de transporte y traslado a un acompañante cuando este es necesario. La regla jurisprudencial aplicable para la procedencia del amparo constitucional respecto a la financiación del traslado del acompañante ha sido definida en los siguientes términos, (i) el paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento, (ii) requiera atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado.
10.2. El concepto amplio e integral[22] del derecho a la salud, aunado al principio de progresividad aplicable al mismo, como también las circunstancias dentro de las cuales se ampara este derecho, permiten considerar que el reconocimiento de las prestaciones de alojamiento y alimentación para las mujeres víctimas de violencia, no significa vulneración de lo establecido en el artículo 49 de la Carta Política, pues, como se ha dicho, el Legislador cuenta con atribuciones para extender la protección a estas áreas, siempre y cuando se encuentren directa e inescindiblemente ligadas al restablecimiento de la salud de la afectada.
10.3. Excepcionalmente la Corte ha ampliado las medidas de protección en favor de determinadas personas y con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud[23]; así lo hizo, por ejemplo, en el caso de algunas mujeres desplazadas que requerían transporte y alojamiento para acceder a los servicios que estaban solicitando. Se trata del asunto resuelto mediante la sentencia T-045 de 2010, en la cual la Corte dijo:
() la prestación de los servicios de salud a las víctimas del conflicto armado interno que además ostentan la calidad de desplazados no puede limitarse únicamente a los planes básicos que se contemplan en cada uno de los regimenes, es decir, en el Régimen Contributivo y en el Subsidiado, debido a que en el diseño de estos programas no se contemplaron las especificidades que se derivan de la condición de víctima del conflicto interno. Como lo señaló el Ministerio de la protección Social en su intervención, estos planes no contemplan, entre otras cosas, atención psicológica y psiquiatrica de mediana y alta complejidad así como la implementación efectiva de un enfoque psicosocial, elementos necesarios para la prestación de los servicios de salud a las víctimas integralmente.
Ellas se han visto expuestas a graves situaciones marcadas por la violencia, la discriminación y la exclusión que en sí mismas constituyen hechos traumáticos que requieren elaboración para así favorecer el proceso de reconstrucción del proyecto de vida. Las mujeres víctimas tienen fuertes necesidades de atención en salud mental debido a las presiones y cargas psicológicas derivadas de esta condición, aunadas a la ruptura de los imaginarios sociales, redes de apoyo sociocultural y a la experiencia de la pobreza y la violencia, cuyo procesamiento debe verse aplazado o evadido ante la necesidad apremiante de responder por sus familias.
3. Como es probable que las tutelantes deban movilizarse o deban ser trasladadas hacia la cabecera municipal o hacia ciudades capitales para practicarse exámenes especializados, el sistema general de salud debe cubrir los gastos que por este concepto se generen para las accionantes y sus acompañantes (uno por persona). Igualmente si deben permanecer en una ciudad diferente a la de su residencia habitual, y no se requiere la hospitalización, la institución prestadora del servicio de salud a la que corresponda, correrá con todos los gastos de alojamiento y alimentación. (Subraya la Sala)
Sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Prestaciones de alojamiento y alimentación en la Ley 1257 de 2008.
Ante esta posibilidad, es conveniente que el Congreso de la República y el Gobierno, al concurrir en la tarea de elaborar las L. que implican gasto, tengan en cuenta la necesidad de coordinar sus actuaciones para evitar que el esfuerzo del Legislador se diluya o, en algunas ocasiones, resulte inane por falta de recursos financieros.
11.2. No basta, entonces, con limitar el trabajo de las Cámaras Legislativas a la citación del Ministro o del funcionario público respectivo, sino que ambas partes deben exponer sus argumentos en forma pública, transparente, responsable y cierta, por cuanto en las L. que generan gasto están de por medio intereses financieros de toda la comunidad; en esta medida, la gestión estatal ha de satisfacer los requerimientos éticos y de moralidad pública propios del Estado social y democrático de derecho.
El cumplimiento de las L. depende en grado importante de los recursos económicos que se obtengan para la ejecución de las mismas; por ende, toda actividad del Legislador y del Gobierno eficazmente encaminada a la realización práctica de las normas jurídicas que impliquen gasto, necesita de actuaciones concurrentes y coordinadas que, atendiendo a la realidad fiscal, permitan la realización de los fines esenciales previstos para el Estado.
VI. SOPORTE PRESUPUESTAL Y ANALISIS DEL IMPACTO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
El Plan Nacional de Desarrollo, PND 2002-2006 hacia un Estado Comunitario, prevé dentro de sus objetivos:
Brindar seguridad democrática.
Impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo.
Construir equidad social.
Incrementar la eficiencia y la transparencia del Estado.
Prevención y atención de la violencia intrafamiliar. El programa H.P. quedará institucionalizado en el ICBF. Se continuará el desarrollo de herramientas técnicas y operativas que permitan el avance de los objetivos propuestos a través de los componentes de prevención, detección temprana, atención y transformación institucional. Así mismo, se dará impulso a un modelo de vigilancia en salud pública alrededor de la violencia intrafamiliar en el nivel territorial, que permita tener información útil para adecuar las políticas y programas.
 Desarrollo de zonas deprimidas y de conflicto.
 Reiniciación del proceso de rediseño del programa de promoción del desarrollo empresarial de las mujeres en las Pymes junto con entidades del Estado, organismos multilaterales y empresas privadas.
 Revolución educativa.
 Violencia de Género.
El Plan Colombia a través de:
 Derechos Humanos y Atención Humanitaria.
 Difusión de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
 Fortalecimiento del capital social y desarrollo institucional.
Recursos de organismos internacionales y convenios de tratados internacionales vigentes aceptados por Colombia.
Presupuesto de Inversión por Resultados 2006-Recursos de Inversión por Objetivos del PND: sector Educación, sector Protección Social, sector Presidencia, sector Comunicaciones, sector Economía Solidaria.
Plan de Reactivación Social.
Política de Seguridad Democrática.
R.D., sector Educación.
Planes y Programas de la Consejería Presidencial para la Equidad de la M..
Convenio de Colaboración de la Comunidad de Madrid con el Gobierno Colombiano en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid[24].
11.4. En el documento enviado el 10 de diciembre de 2007 por el Ministro de Hacienda y Crédito Público al Presidente de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes, relacionado con el proyecto de Ley 302 de 2007 Cámara, 171 Senado, acumulado con el 98 de 2006 Senado, por la cual se dictan normas para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres, se reforman los códigos penal, de procedimiento penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones,en cuanto al impacto fiscal de las medidas allí establecidas, se lee:
() es importante señalar que el proyecto de Ley no prevé las responsabilidades de cofinanciación tanto del Gobierno Nacional como de las entidades territoriales, se establece de manera general y no determina el porcentaje con el cual cada uno participa en la financiación del mencionado proyecto. En este sentido, no es posible en este momento determinar el impacto fiscal concreto para la Nación y las entidades territoriales, hasta tanto no se defina el porcentaje de cofinanciación correspondiente.
Las situaciones normativas anteriormente aludidas como se dijo, generan un impacto fiscal incuantificado, razón por la cual es preciso solicitar a los Honorables Congresistas, proponer fuentes de financiación para sufragar los costos de la puesta en marcha de la iniciativa, por cuanto se vulnera lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, teniendo en cuenta que se genera un impacto fiscal y no se dispone de fuente de financiación para acompañar el proyecto[25].
Como la Ley no precisa las fuentes de financiación de dichos servicios, esta Dirección considera que por lo menos los mismos no pueden ser pagados con recursos de la Seguridad Social en Salud o del Fosyga. De igual manera no conocemos un reglamento de recobro al Fosyga por ese concepto pues los recursos de dicho fondo tiene por otras L. destinaciones especificas[26].
El requisito establecido en el artículo 7º de la Ley 819[27] de 2003 ha sido explicado por la Corte,[28] precisando en la sentencia C-856 de 2006 que el mismo sólo es aplicable para los proyectos de Ley que ordenen gasto o que otorguen beneficios tributarios.
Evidentemente, las normas contenidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un importante instrumento de racionalización de la actividad legislativa, con el fin de que ella se realice con conocimiento de causa de los costos fiscales que genera cada una de las L. aprobadas por el Congreso de la República. También permiten que las L. dictadas estén en armonía con la situación económica del país y con la política económica trazada por las autoridades correspondientes. Ello contribuye ciertamente a generar orden en las finanzas públicas, lo cual repercute favorablemente en la estabilidad macroeconómica del país.
De la misma manera, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mencionado art. 7° ha de tener una incidencia favorable en la aplicación efectiva de las L., ya que la aprobación de las mismas solamente se producirá después de conocerse su impacto fiscal previsible y las posibilidades de financiarlo. Ello indica que la aprobación de las L. no estará acompañada de la permanente incertidumbre acerca de la posibilidad de cumplirlas o de desarrollar la política pública en ellas plasmada. Con ello, los instrumentos contenidos en el artículo 7 analizado pueden contribuir a la superación de esa tradición existente en el país  de efectos tan deletéreos en el Estado Social de Derecho - que lleva a aprobar L. sin que se incorporen en el diseño de las mismas los elementos necesarios administrativos, presupuestales y técnicos- para asegurar su efectiva implementación y para hacer el seguimiento de los obstáculos que dificultan su cabal, oportuno y pleno cumplimiento.
Así, pues, el mencionado art. 7° de la Ley 819 de 2003 se erige como una importante herramienta tanto para racionalizar el proceso legislativo como para promover la aplicación y el cumplimiento de las L., así como la implementación efectiva de las políticas públicas. Pero ello no significa que pueda interpretarse que este artículo constituye una barrera para que el Congreso ejerza su función legislativa o una carga de trámite que recaiga sobre el legislativo exclusivamente.
Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las L. que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda. Y en ese proceso de racionalidad legislativa la carga principal reposa en el Ministerio de Hacienda, que es el que cuenta con los datos, los equipos de funcionarios y la experticia en materia económica. Por lo tanto, en el caso de que los congresistas tramiten un proyecto incorporando estimativos erróneos sobre el impacto fiscal, sobre la manera de atender esos nuevos gastos o sobre la compatibilidad del proyecto con el Marco F. de Mediano Plazo, le corresponde al Ministro de Hacienda intervenir en el proceso legislativo para ilustrar al Congreso acerca de las consecuencias económicas del proyecto. Y el Congreso habrá de recibir y valorar el concepto emitido por el Ministerio. No obstante, la carga de demostrar y convencer a los congresistas acerca de la incompatibilidad de cierto proyecto con el Marco F. de Mediano Plazo recae sobre el Ministro de Hacienda. (Destaca la sala).
En la sentencia C-315 de 2008, se sistematizaron los elementos jurisprudenciales referentes a la previsión del impacto fiscal de las L.. En esta providencia se dijo:
Las obligaciones previstas en el artículo 7º de la Ley 819/03 constituyen un parámetro de racionalidad legislativa, que está encaminado a cumplir propósitos constitucionalmente valiosos, entre ellos el orden de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica y la aplicación efectiva de las L.. Esto último en tanto un estudio previo de la compatibilidad entre el contenido del proyecto de Ley y las proyecciones de la política económica, disminuye el margen de incertidumbre respecto de la ejecución material de las previsiones legislativas.
El mandato de adecuación entre la justificación de los proyectos de Ley y la planeación de la política económica, empero, no puede comprenderse como un requisito de trámite para la aprobación de las iniciativas legislativas, cuyo cumplimiento recaiga exclusivamente en el Congreso. Ello en tanto (i) el Congreso carece de las instancias de evaluación técnica para determinar el impacto fiscal de cada proyecto, la determinación de las fuentes adicionales de financiación y la compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo; y (ii) aceptar una interpretación de esta naturaleza constituiría una carga irrazonable para el Legislador y otorgaría un poder correlativo de veto al Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, respecto de la competencia del Congreso para hacer las L.. Un poder de este carácter, que involucra una barrera en la función constitucional de producción normativa, se muestra incompatible con el balance entre los poderes públicos y el principio democrático.
Si se considera dicho mandato como un mecanismo de racionalidad legislativa, su cumplimiento corresponde inicialmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez el Congreso ha valorado, mediante las herramientas que tiene a su alcance, la compatibilidad entre los gastos que genera la iniciativa legislativa y las proyecciones de la política económica trazada por el Gobierno. Así, si el Ejecutivo considera que las cámaras han efectuado un análisis de impacto fiscal erróneo, corresponde al citado Ministerio el deber de concurrir al procedimiento legislativo, en aras de ilustrar al Congreso sobre las consecuencias económicas del proyecto. (N. no originales).
() en forma reiterada la Corte ha dicho que la obligación en comento se manifiesta en dos momentos. El primero, a cargo del Legislador, con la exposición de motivos o con las ponencias para debate, las cuales deberán incluir el análisis de los costos fiscales y la fuente de ingresos de la iniciativa, pues de esta manera se busca que los congresistas conozcan perfectamente las implicaciones de su voto y midan las verdaderas posibilidades de que la medida se cumpla. El segundo, a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público, a quien corresponderá rendir concepto en relación con los costos fiscales estimados para el proyecto, así como sobre la fuente de ingresos para cubrirlos y sobre su compatibilidad con el Marco F. de Mediano Plazo. De esta forma, consideró la Corte que los instrumentos contenidos en el artículo 7 analizado pueden contribuir a la superación de esa tradición existente en el país  de efectos tan deletéreos en el Estado Social de Derecho - que lleva a aprobar L. sin que se incorporen en el diseño de las mismas los elementos necesarios administrativos, presupuestales y técnicos- para asegurar su efectiva implementación y para hacer el seguimiento de los obstáculos que dificultan su cabal, oportuno y pleno cumplimiento.
No obstante lo anterior, la Corte también ha dicho que la intervención del Ministro de Hacienda y Crédito Público en el trámite de los proyectos de Ley no condiciona la validez de la normativa, pues dicho concepto no puede entenderse como un veto sobre la actuación del Congreso ni puede convertirse en una barrera para que el Legislador ejerza su función legislativa. Así, en sentencia C-731 de 2008, sentencia que en esta oportunidad se reitera en su totalidad, este Tribunal dijo que, para evitar la afectación al principio de separación de las Ramas del Poder Público y la autonomía del Legislador, no es posible aceptar que el concepto sobre la viabilidad financiera de un proyecto de Ley y su compatibilidad con el Marco F. de Mediano Plazo a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público, constituya un requisito de trámite de la Ley, porque afectaría grave y desproporcionadamente la capacidad legislativa del Congreso.
Que la intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público es un mecanismo de racionalización de los recursos, para informar técnicamente al Legislador sobre los alcances fiscales de las normas que elabora;
Que el concepto del Ministerio constituye un instrumento de colaboración entre ramas del poder público, teniendo el Ministro la carga de convencer al Legislador sobre la conveniencia o inconveniencia fiscal de la iniciativa;
Que el concepto del Ministro de Hacienda y Crédito Público no es obligatorio, es decir, las Cámaras Legislativas no están en el deber de acoger los criterios del Ejecutivo, pues se estaría ante el poder de veto del Gobierno respecto de todos los proyectos de Ley que impliquen gasto.
Sin embargo, atendiendo a lo expuesto en esta providencia sobre los principios de coordinación y concurrencia[29] aplicables a las actuaciones que mancomunadamente deben adelantar el Congreso de la República y el Gobierno, ambos deben procurar que el ejercicio de sus competencias desemboque en la elaboración de normas financieramente sostenibles y fiscalmente realizables.
Que siendo el Gobierno quien ordena el gasto, a él corresponde arbitrar las partidas e incluirlas en el respectivo presupuesto para el adecuado cumplimiento de las L. elaboradas por el Congreso de la República. En todo caso, el Ejecutivo sólo podrá atender a las obligaciones derivadas de L. que impliquen gasto, dentro de parámetros fiscales racionales y eficientes.
11.10. En el presente caso, los congresistas presentaron el proyecto de Ley con argumentos económicos basados en distintas fuentes[30]; sin embargo, el Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, presentó el respectivo concepto oponiéndose a la viabilidad fiscal de la iniciativa.
Concluye la Sala que las expresiones impugnadas no desconocen las previsiones de los artículos 48 y 49 de la Constitución Política, por cuanto (i) las prestaciones de alojamiento y alimentación establecidas en favor de la mujer víctima de violencia hacen parte derecho a la salud; (ii) el Legislador, en ejercicio legítimo de sus potestades, ha decidido que los recursos para proveer tales prestaciones estarán a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por ésta razón, tampoco se viola el principio de especificidad de los recursos del Sistema de Seguridad Social.
Declarar EXEQUIBLES los artículos 13 (parcial) y 19 (parcial) de la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones, sólo por los cargos examinados en esta providencia.
[1] Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial No. 47.193 de 4 de diciembre de 2008
[2] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001.
[3] Escrito de corrección de la demanda, folio 51 del expediente.
[4] Allí quedó consagrado:
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
[5]Aprobado mediante la Ley 16 de 1972, publicada en el Diario oficial número 33.780 del 5 de febrero de 1973.
[6] La Consejería Presidencial para la Equidad de la M., cuenta con el Observatorio de Asuntos de Género -O.A.G.- creado para investigar, documentar, sistematizar, analizar y hacer visible la situación de las mujeres y de la equidad de género en Colombia, con el objeto de formular recomendaciones en materia de políticas, planes, programas y normas, que contribuyan a cerrar las brechas de equidad de género en el país.
[7] El artículo 6º de la Ley 1257 de 2008, sobre principios de interpretación a y aplicación, establece:
Coordinación. Todas las entidades que tengan dentro de sus funciones la atención a las mujeres víctimas de violencia deberán ejercer acciones coordinadas y articuladas con el fin de brindarles una atención integral.
[8] Corte Constitucional, sentencia C-408 de 1996.
[9] Constitución Política, artículo 43, inciso final:
El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.
[10]Corte Constitucional, sentencia T-597 de 1993.
[11]Corte Constitucional, sentencia T-760 de 2008.
[12]La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados y entró en vigor el 7 de abril de 1948.
[13] Corte Constitucional, sentencias C- 408 de 1994 y C-107 de 2002.
[14] La violencia contra la mujer ha sido definida en el artículo 2º de la Ley 1257 de 2008, de la siguiente manera:
Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.
[15] Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial No. 42.171., de 29 de diciembre de 1995.
[16] Sobre los poderes de la autoridad encargada de conceder las medidas, el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, establece:
ARTÍCULO 17. El artículo 5º de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 2o de la Ley 575 de 2000 quedará así:
Artículo 5o. Medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. Si la autoridad competente determina que el solicitante o un miembro de un grupo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del grupo familiar. El funcionario podrá imponer, además, según el caso, las siguientes medidas, sin perjuicio de las establecidas en el artículo 18 de la presente Ley:
f) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición la autoridad competente ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de policía tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo si lo tuviere;
h) D. provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas si los hubiere, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;
j) D. provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;
k) D. provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;
n) Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. (S. no originales).
[17] Cfr. Sentencias C-1089 de 2003, C-623 de 2004, C-516 de 2004 y C-543 de 2007.
[18] Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-616 de 2001 y C-130 de 2002.
[19] Sentencia C- 791 de 2002, reiterada en la sentencia C-543 de 2007
[20]El servicio público esencial de seguridad social se prestará con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación:
[21] Corte Constitucional, sentencia T-647 de 2009.
[22] El derecho a la salud como concepto integral ha sido explicado por la Corte, entre otras, en las sentencias T-248 de 1998, T-414 de 1999, T-409 de 2000, T-307 de 2006 y T-508 de 2008.
[23]Acerca de la ampliación de las medidas adoptadas como parte del derecho a la salud y que comprenden los gastos de transporte y alimentación con cargo al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pueden ser consultadas, entre otras, las sentencias T-571 de 2009, T-019 de 2010 y T-189 de 2010.
[24] Gaceta del Congreso número 308 del jueves 24 de agosto de 2006, página 11.
[25] Concepto UJ-1164-07, enviado el 10 de diciembre de 2007 al Presidente de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes.
[26] Ministerio de la Protección Social, Dirección General de Gestión de la Demanda en Salud, octubre 30 de 2009, oficio 344888. Respuesta a C.S., representante de Legal Salud EPS.
[27] La Ley 819 de 2003, establece en su artículo 7º:
ARTÍCULO 7o. ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de Ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco F. de Mediano Plazo.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del Marco F. de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso.
En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces.
[28] Cfr. Entre otras las sentencias C-729 de 2005, C-072 de 2006, C-929 de 2006, C-577 de 2009 y C-662 de 2009.
[29] Cfr. Fundamento jurídico número 11, 11.1. y 11.2. de esta providencia.
[30] Cfr. Fundamento jurídico número 11.3 de esta providencia.
Providencia nº 08001110200020110055601 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria de 9 de Junio de 2011

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 artículo 19
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 artículo 49
 artículo 209
 artículo 13
 artículo 19
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 artículo 158
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