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Timestamp: 2017-02-24 01:46:41+00:00

Document:
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención con arreglo al procedimiento simplificado de presentación de informes
Informes periódicos sexto y séptimo combinados que los Estados partes debían presentar en 2016
: El presente documento se publica únicamente en español, francés e inglés.
* El presente documento se publica sin revisión editorial.
[Fecha de recepción: 16 de septiembre de 2016]
El presente documento, en el que se responde a la lista de cuestiones y preguntas previas a la presentación de informes enviada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, engloba los informes periódicos sexto y séptimo combinados remitidos por Irlanda a dicho Comité. El informe se ha presentado acompañado de un anexo de información estadística.
Todos los departamentos gubernamentales competentes han participado en la preparación de material para la elaboración del presente informe, del cual se distribuyó un proyecto entre las organizaciones de la sociedad civil con anterioridad a la celebración de una consulta de trabajo de un día de duración organizada por el Departamento de Justicia e Igualdad el 19 de julio de 2016. Se inscribieron 106 personas para participar en la reunión, a la que asistieron 73 participantes. En el sitio web del Departamento de Justicia e Igualdad, www.justice.ie, se encuentra publicado un informe sobre las cuestiones examinadas y los puntos planteados en las comunicaciones escritas posteriores.
Respuesta núm. 1
Situación de las mujeres en Irlanda
Entre 2006 y 2015, el número de mujeres en Irlanda aumentó en más de un 10%, hasta alcanzar los 2,3458 millones, cifra equivalente al 50,6% de la población total de 4,635 millones. El mayor aumento proporcional se registró en los grupos de edad situados en los intervalos de 45 a 64 años y de 65 años en adelante. En ese mismo período, el número de hombres se incrementó en casi un 8%. En Irlanda, 1 de cada 8 mujeres tiene nacionalidad no irlandesa. Véanse los cuadros 1 y 2 del anexo para más información.
Los 65.909 nacimientos registrados en Irlanda en 2015 representan una tasa de natalidad anual de 14,2 nacimientos por cada 1.000 habitantes (cuadro 3), lo que supone un aumento del 8% con respecto al número de nacimientos registrados en 2005. En 2015 la tasa de fecundidad de las mujeres en Irlanda era de 1,9, es decir, la segunda más alta de la Unión Europea (UE). El promedio de edad de las madres primerizas fuera del matrimonio o la unión civil era de 28,1 años, mientras que el dato correspondiente a 2005 se situaba en 25,1 años.
Entre 2006 y 2011, la esperanza de vida al nacer se incrementó en 1,6 años para los hombres y 1,2 años en el caso de las mujeres y, en el período 2010-2012, esta se situó en 78,4 años en el caso de los hombres y 82,8 años en el de las mujeres (cuadro 4). Las enfermedades cardiovasculares constituyen la causa de muerte más frecuente entre las mujeres, seguidas del cáncer (cuadros 5 y 6).
Las niñas y las mujeres constituyen el 49,5% de todos los alumnos que cursan estudios a tiempo completo, así como el 48,7% de los de enseñanza primaria, el 50,3% de los de enseñanza secundaria y el 50,6% de los estudiantes de educación terciaria (cuadro 7). En el año escolar 2014/15, el número de mujeres con edades entre 15 y 19 años que cursaban estudios a tiempo completo se situaba en 131.206, lo que representaba aproximadamente el 95% de esta cohorte de edad. La tasa de abandono escolar prematuro de las niñas disminuyó del 8,1% en 2008 al 5,4% en 2015.
En el nivel correspondiente al Certificado de Estudios Secundarios, las mujeres representan más de la mitad de los estudiantes de Química y Biología y una cuarta parte de los estudiantes de Física (cuadro 9). Asimismo, existe un número similar de mujeres y hombres que cursan estudios universitarios de Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística y Ciencias Empresariales, Administración y Derecho (cuadros 10 a 12). Un 45% de las estudiantes accede a programas universitarios en los ámbitos de las artes y humanidades y la salud y el bienestar, frente al 23% de los estudiantes varones, lo que constituye un reflejo de los sectores económicos en que predominan las mujeres (véase el cuadro 16).
La tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo en 2016 se sitúa en torno al 53%, mientras que la proporción de mujeres que se dedican principalmente a tareas domésticas se ha reducido en más de 7 puntos porcentuales desde 2006. La tasa de participación en el mercado de trabajo más elevada, un 79,4%, se registra entre las mujeres solteras de 25 a 34 años de edad, mientras que en el caso de las mujeres casadas del mismo grupo de edad dicha tasa se sitúa en el 71,8% (gráfico 13, cuadros 14 y 15).
Casi la mitad del total de las mujeres que trabajan actualmente se concentra en tres sectores económicos: la salud, el comercio mayorista y minorista y la educación (cuadro 16).
En 2016 el 43% de las mujeres empleadas ha trabajado menos de 35 horas a la semana, frente al 13% de los hombres. Un 30% de las mujeres trabaja entre 35 y 39 horas semanales (cuadro 17).
Las familias recurren a los servicios oficiales de guardería en el caso del 28% de los niños menores de 3 años y el 89% de los niños con edades situadas entre los 3 años y la edad escolar (cuadro 18).
Se calcula que, entre 2006 y 2011, la diferencia salarial por razón de género en Irlanda disminuyó en 5,5 puntos porcentuales hasta situarse en el 11,7%. Según la estimación más reciente, correspondiente a 2012, dicha diferencia asciende al 14,4% (cuadro 19).
La proporción de mujeres empleadas que tenían previsto recibir una pensión de jubilación (de carácter profesional, privado o estatal) aumentó en más de 10 puntos porcentuales, hasta el 75,2%, entre 2009 y 2015 (cuadro 20).
El Tribunal de la Igualdad y la Comisión de Relaciones en el Lugar de Trabajo han establecido un importante corpus de jurisprudencia sobre la discriminación en el empleo y el acceso a bienes y servicios (cuadro 21).
Se ha establecido una meta nacional de reducción de la pobreza. Partiendo del porcentaje del 6,3% correspondiente a la base de referencia vigente en 2010, el objetivo es reducir la pobreza permanente al 4% hasta 2016 y a un porcentaje igual o inferior al 2% de aquí a 2020. El Plan de Acción Nacional para la Inclusión Social 2007-2016 se ha prorrogado recientemente hasta 2017 y se ha actualizado para plasmar mejor los problemas actuales y las intervenciones destinadas a combatir la pobreza y la exclusión social.
Desde la presentación de su último informe relativo a la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Irlanda ha atravesado por un período de crisis económica. El completo sistema de bienestar social del país ha desempeñado un papel fundamental en la protección de los desempleados y otros grupos vulnerables a raíz de la crisis económica. Un componente fundamental de la política de bienestar social del Gobierno desde 2011 ha sido el mantenimiento de los porcentajes básicos semanales correspondientes al pago de prestaciones sociales. Los requisitos impuestos a los beneficiarios de los planes de bienestar social supeditados a la comprobación de los medios de vida no se han restringido pese al aumento de la dependencia de esas ayudas. La actual fase de recuperación permitió al Gobierno introducir una serie de mejoras en materia de bienestar durante los años 2014 y 2015.
En 2014 se observó la primera disminución de las tasas nacionales de pobreza permanente e insatisfacción de necesidades básicas registrada durante el período 2010-2014, aunque las tasas correspondientes a las mujeres siguieron siendo más elevadas que las de los hombres. El aumento general del riesgo de pobreza se debió principalmente al aumento del umbral de ingresos fijado para determinar dicha situación, que a su vez se derivó de un incremento general de los ingresos (cuadro 22).
La actual fase de consolidación de la recuperación destaca por la disminución de la tasa de desempleo desde más del 15% en 2012 hasta el 8,3% registrado en julio de 2016. La evaluación de la repercusión social de las principales medidas fiscales y de bienestar introducidas en 2015 y 2016 muestra que los ingresos de los hogares situados en los dos quintiles inferiores en términos de pobreza han aumentado en aproximadamente un 2%. Los que más han mejorado su situación han sido los hogares con hijos, incluidos aquellos con un progenitor único y progenitores desempleados.
Los datos oficiales correspondientes a 2014 muestran que la tasa de pobreza se ha estabilizado por primera vez tras la crisis económica. Gracias al incremento adicional de la tasa de empleo y la repercusión de las nuevas medidas de bienestar social, se espera que el volumen de ingresos y el nivel de vida de los hogares sigan recuperándose.
Recopilación y análisis de datos a propósito de la Convención
En virtud de la legislación tanto nacional como de la UE, la Oficina Central de Estadística desempeña oficialmente un papel de coordinación extensivo a toda la función pública con respecto a la elaboración de estadísticas oficiales. La recopilación y utilización de datos con fines estadísticos en el ámbito de la función pública se rige por el Código de Prácticas para la Elaboración de Estadísticas Oficiales del Sistema Estadístico de Irlanda, publicado en 2013.
Desde 2004, la Oficina Central de Estadística ha publicado nueve ediciones de su informe periódico Women and Men in Ireland, la próxima de las cuales está previsto que vea la luz en 2017. Este informe utiliza 70 indicadores para detectar diferencias importantes en función del género.
Respuesta núm. 2
Conocimiento e invocación de los derechos contemplados en la Convención
En los párrafos 132 a 157 del documento básico común de Irlanda se describe el marco general de promoción de los derechos humanos a nivel nacional. Entre las funciones reglamentarias de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda se incluye promover la comprensión y la conciencia de la importancia de los derechos humanos y la igualdad en el Estado, en particular en lo que respecta a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y otros instrumentos de derechos humanos. Entre 1998 y 2014, esta función la desempeñaba la Dirección de Igualdad. La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda se creó el 1 de noviembre de 2014 a raíz de la fusión de la Dirección y la Comisión de Derechos Humanos para constituir un órgano de derecho público independiente encargado de proteger y promover la igualdad y los derechos humanos en Irlanda y crear una cultura de respeto de los derechos humanos, igualdad y comprensión intercultural en el conjunto de la sociedad irlandesa.
El Servicio de Información al Ciudadano es el órgano establecido por ley encargado de apoyar la prestación de servicios de información, asesoramiento y promoción sobre una gran variedad de servicios públicos y sociales. El Servicio proporciona información, asesoramiento y orientación a las correspondientes organizaciones. Su sitio web contiene información general sobre todas las formas de discriminación, así como enlaces a la legislación pertinente y las páginas web de diversas organizaciones. En 2015 la página sobre la igualdad en el lugar de trabajo recibió más de 80.000 visitas, la página sobre controversias relacionadas con la igualdad y la discriminación, casi 37.000, y la página sobre la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda, más de 10.000.
Casos de discriminación por razón de género
Las denuncias de discriminación por razón de género pueden interponerse en primera instancia ante la Comisión de Relaciones en el Lugar de Trabajo o ante los tribunales. La mayoría de las denuncias presentadas en virtud de la Ley de Igualdad se han interpuesto ante la Comisión, mientras que solo unos pocos casos se presentan ante los tribunales cada año.
Las denuncias presentadas a la Comisión se resuelven por mediación o sentencia. Los acuerdos a que llegan las partes por mediación son confidenciales y no se publican. Tras la sentencia se emiten y publican las decisiones por escrito, sin que se pueda identificar a las partes en la controversia. La base de datos de las decisiones, accesible para efectuar consultas, contiene los resultados de las denuncias resueltas desde 1996. Las decisiones de la Comisión se adoptan en virtud de una legislación específica, en particular las Leyes de Igualdad en el Empleo y sobre Igualdad de Condición; por consiguiente, no se plantea la cuestión de que se invoque la Convención. Las disposiciones de la Convención se han incorporado en la legislación irlandesa por medio de estas Leyes.
Se ha llevado a cabo un estudio encargado por la Dirección de Igualdad que abarca el análisis de casos de discriminación por razón de género. Entre 2005 y 2014, aproximadamente el 10% del número total de denuncias presentadas ante el Tribunal de Igualdad o la Comisión de Relaciones en el Lugar de Trabajo se interpusieron por cuestiones relativas al género (cuadro 21). De estas 775 denuncias, 714 estaban relacionadas con el empleo o las pensiones y 61, con la provisión de bienes y servicios. El Tribunal de Igualdad y la Comisión emitieron 2.140 decisiones por escrito entre 2005 y 2014, de las cuales 294 estaban relacionadas con denuncias basadas en discriminación por razón de género (262 se adoptaron en virtud de lo dispuesto en la Ley de Igualdad en el Empleo o la Ley de Pensiones y 32, en virtud de lo dispuesto en las Leyes sobre Igualdad de Condición). Las principales cuestiones planteadas en materia de discriminación por motivos de género se refieren a la igualdad de remuneración, el acceso al empleo y las oportunidades de promoción, la discriminación por razón de embarazo, incluidos los despidos a raíz de este, y el acoso sexual.
La información sobre la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité se difunde a través del sitio web www.genderequality.ie, creado en 2013 y administrado por el Departamento de Justicia e Igualdad.
El Comité de Estudios Judiciales facilita los medios necesarios para la capacitación y la formación continua de la judicatura. La formación se imparte a través de conferencias, seminarios y charlas y, desde 2013, ha venido ejecutándose un programa de orientación y mentoría dirigido a todos los jueces recién nombrados. La totalidad de los jueces tiene acceso a la guía judicial de referencia en materia de igualdad de trato titulada The Equal Treatment of Persons in Court - guidance for the judiciary, elaborada con la ayuda de la Dirección de Igualdad y actualizada recientemente.
Respuesta núm. 3
Política de Irlanda en materia de reservas
Aunque las reservas formuladas por Irlanda a los tratados de derechos humanos en que el país es parte están sometidas a un examen permanente, no se han planteado propuestas para retirar las reservas a la Convención.
Respuesta núm. 4
Incorporación de las obligaciones internacionales en el derecho interno
Dado que Irlanda es un Estado dualista con una tradición jurídica basada en el common law, existen diversas disposiciones de la Constitución y la legislación a través de las cuales se ha venido aplicando la Convención hasta la fecha de manera efectiva.
Las sanciones previstas en la legislación sobre igualdad son eficaces, proporcionadas y disuasorias, además de aplicables a los sectores público y privado. Es posible emitir fallos diferentes respecto de la discriminación, el hostigamiento, el acoso sexual y la victimización y se ha dictado un número considerable de órdenes de indemnización. La legislación sobre igualdad también contempla la imposición de órdenes para la adopción de medidas concretas justificadas en un determinado caso, por ejemplo, la aplicación de un código de prácticas o un plan de acción en favor de la igualdad, así como la impartición de formación al personal. Las funciones reglamentarias de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda abarcan la prestación de ayuda en la práctica a las personas para que reivindiquen sus derechos, lo que contribuye a hacer que estos medios de defensa resulten accesibles a los grupos desfavorecidos de mujeres.
Revisión del artículo 41.2 de la Constitución
En su Programa en favor de un Gobierno de Colaboración, publicado en mayo de 2016, el Gobierno ha propuesto celebrar un referéndum sobre el artículo 41.2.1 de la Constitución, relativo a “la vida de la mujer dentro del hogar”. Esta cuestión, entre otras, se sometió al examen efectuado por la Convención sobre la Constitución (integrada por parlamentarios y miembros del electorado seleccionados al azar), que presentó un informe al respecto en mayo de 2013.
En Irlanda existe una completa y sólida legislación sobre igualdad que prohíbe la discriminación por nueve motivos específicos, entre ellos el género. La legislación está orientada a promover la igualdad, prohibir la discriminación, el hostigamiento, el acoso sexual y la victimización y permitir la adopción de medidas positivas que garanticen la igualdad plena. Existe una definición amplia de la discriminación que abarca la prohibición de la discriminación directa e indirecta, la discriminación por asociación y la orden de discriminar.
Creación de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda
La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda cuenta con su propio presupuesto y, en 2016, recibió fondos públicos por importe de 6,306 millones de euros. La Comisión informa directamente al Oireachtas sobre los gastos, y su Director responde directamente ante el Comité de Cuentas Públicas, el órgano parlamentario responsable de supervisar el gasto público.
Como órgano independiente único, la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda tiene el mandato amplio de promover la igualdad y los derechos humanos con mayor eficacia, eficiencia y coherencia de lo que se hacía bajo la dirección de distintos órganos. La fusión de la antigua Dirección de Igualdad y la Comisión de Derechos Humanos supone reconocer que, si bien la igualdad y los derechos humanos son aspectos diferentes, puede existir una importante superposición y complementariedad entre ambos. La existencia de una única Comisión supone que las mujeres que solicitan asesoramiento o asistencia no tengan que determinar si una cuestión está sujeta a la legislación en materia de igualdad o al derecho de los derechos humanos y garantiza, por el contrario, que la organización examine la situación de la persona y brinde el asesoramiento adecuado, lo que permite facilitar una protección de los derechos de la persona centrada en esta y de carácter integral.
En enero de 2016 la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda presentó su primera declaración de estrategia para el período 2016-2018, definida a raíz de un proceso amplio de consulta llevado a cabo a nivel nacional. Entre las personas consultadas había jóvenes, particulares y miembros de grupos con experiencia directa en materia de discriminación y cuestiones de derechos humanos.
Obligación de la función pública
Una novedad importante de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda de 2014 fue la introducción de la obligación positiva por parte de los órganos públicos de tener debidamente en cuenta los derechos humanos y la igualdad en su labor y desempeñar sus tareas de forma respetuosa con tales derechos. La Comisión también ayudará a los órganos públicos a cumplir con esa obligación positiva, entre otras cosas elaborando directrices y códigos de práctica. Ello llevará a la integración sistemática de una perspectiva de igualdad y derechos humanos en el quehacer cotidiano de los órganos públicos. El cumplimiento de la obligación del sector público se ha incorporado como objetivo prioritario en el primer ciclo estratégico de la Comisión, y, como órgano público que es, esta ha incluido una declaración específica en su declaración de estrategia en relación con su propio cumplimiento de la obligación.
La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda y el Instituto de Administración Pública han diseñado un Diploma en Derechos Humanos e Igualdad destinado a los funcionarios y empleados públicos que hace especial hincapié en la obligación positiva; está previsto que la primera promoción de estudiantes comience sus estudios en septiembre de 2016.
Disposición constitucional sobre el derecho a la vida
El Gobierno ha establecido una Asamblea de Ciudadanos encargada de formular recomendaciones a la Dáil sobre cambios constitucionales, en particular sobre la Octava Enmienda.
Respuesta núm. 5
El Comité Interdepartamental encargado de esclarecer los hechos con respecto a la implicación del Estado en el caso de las Lavanderías de la Magdalena aprovechó la tesitura para elaborar un registro de las pruebas que pudieran arrojar luz sobre las acusaciones de abusos sistemáticos. En este contexto, 118 mujeres que habían estado internadas en estas instituciones aceptaron cumplimentar un cuestionario acerca de las condiciones de vida en aquellas o tratar estas cuestiones con el Presidente independiente del Comité, el Senador Martin McAleese.
No se encontraron pruebas fácticas que sustentasen las acusaciones de tortura o malos tratos sistemáticos de carácter delictivo en esas instituciones. La mayoría de las mujeres declaró haber sido víctima de agresiones verbales, si bien el carácter de estas no podría llegar a constituir un delito penal. No cabe duda de que las condiciones de trabajo eran duras y de que este exigía grandes esfuerzos físicos. Un reducido número de mujeres sí describió casos de castigo físico durante el tiempo que permaneció en estas instituciones. No obstante, la inmensa mayoría de las mujeres afirmó no haber sufrido maltrato físico ni haber visto a otras niñas o mujeres sufrirlo en las Lavanderías de la Magdalena.
Si bien no se puede descartar la existencia de casos aislados de conducta delictiva, a la luz de los hechos desvelados por el Comité Interdepartamental y en ausencia de pruebas de la comisión de actos de tortura o malos tratos de carácter delictivo y sistemático en las Lavanderías de la Magdalena, el Gobierno de Irlanda no ha planteado que se lleve a cabo una indagación o investigación específica sobre dichas instituciones. Dicho Gobierno considera que los mecanismos de investigación existentes son suficientes y que, cuando proceda, los mecanismos de enjuiciamiento de delitos penales permitirán atender las denuncias concretas de comportamientos delictivos en caso de que se presenten.
Si alguna mujer ha sido víctima de una conducta delictiva, deberá presentar una denuncia y se investigarán los hechos. En caso de que el presunto abuso constituya una conducta delictiva, la policía tendrá plenos poderes para llevar a cabo una investigación y el Director de la Fiscalía decidirá entonces si debe incoarse o no un proceso de enjuiciamiento penal.
La mayoría de las mujeres afectadas acogió positivamente el plan de pago de indemnizaciones globales y medidas de apoyo a las mujeres que estuvieron en las Lavanderías de la Magdalena. Hasta la fecha se ha resuelto más del 99% de las 810 solicitudes recibidas y se han abonado indemnizaciones globales fijas a 645 solicitantes (entre las que figuran 144 solicitantes del Reino Unido, 2 de Australia, 1 de Chipre, 1 de Suiza y 8 de los Estados Unidos de América), medida cuyo costo ha superado los 24 millones de euros. El resto de las solicitudes se está tramitando con la mayor diligencia posible y el plan sigue abierto a la admisión de nuevas solicitudes. Además de la suma fija, cada mujer tiene derecho a recibir un pago complementario que aumenta los ingresos semanales que recibe del Estado hasta una cantidad equivalente a la pensión contributiva (cuyo importe está establecido en 233,30 euros para las personas con edad igual o superior a 66 años y en 100 euros para quienes tienen edades inferiores), en reconocimiento del hecho de que las mujeres no recibieron pago alguno por el trabajo que hicieron en las lavanderías.
La Ley de 2015 sobre las Medidas de Reparación Destinadas a las Mujeres Residentes en Determinadas Instituciones contempla que la Dirección de Servicios de Salud ponga algunos servicios a disposición de las mujeres. Tales servicios son gratuitos y abarcan servicios de medicina general, prescripción de medicamentos, suministro de equipos y aparatos ortopédicos, odontología, oftalmología y otorrinolaringología, asistencia domiciliaria, enfermería a domicilio, asesoramiento, podología, pedicura y fisioterapia. La Dirección de Servicios de Salud está adoptando disposiciones administrativas en materia de servicios sociales y de salud para las mujeres que viven fuera de Irlanda.
Por otro lado, se ha creado una dependencia específica en el Departamento de Justicia e Igualdad para tramitar las solicitudes y prestar asistencia y asesoramiento a las solicitantes sobre cualquier aspecto del sistema. El Departamento de Protección Social, responsable de los pagos complementarios, ha designado una serie de personas de contacto con las que las mujeres pueden consultar de manera confidencial las prestaciones a las que tienen derecho. También es posible acudir a las personas de contacto designadas dentro de la Dirección de Servicios de Salud que se encargan de asesorar a las mujeres sobre su acceso a tales servicios.
Proyecto de ley de asistencia (a la capacidad) para la adopción de decisiones de 2013
La Ley de Asistencia (a la Capacidad) para la Adopción de Decisiones de 2015 se promulgó el 30 de diciembre de dicho año. Está previsto que la Ley entre en vigor en el segundo semestre de 2016.
Respuesta núm. 6
Mandato de la Comisión de Investigación de los Hogares para Madres y Bebés y Determinados Asuntos Conexos
La Comisión de Investigación de los Hogares para Madres y Bebés y Determinados Asuntos Conexos, integrada por tres personas, se creó en febrero de 2015 para proporcionar información exhaustiva sobre lo que sucedió a las mujeres y los niños residentes en esos hogares entre 1922 y 1998.
El alcance de la investigación de la Comisión es amplio y abarca siete cuestiones específicamente relacionadas con las prácticas y los procedimientos en materia de atención, bienestar, disposiciones de ingreso y vías de salida para las mujeres y los niños de estas instituciones.
El mandato de la Comisión no es limitado, sino amplio y exhaustivo. Su cometido es rendir cuentas completas de lo que sucedió a las mujeres y los niños residentes en 14 de los denominados “hogares para madres y bebés” y realizar un muestreo representativo de los hogares de los condados existentes durante el período transcurrido entre 1922 y 1998. También se le ha encargado examinar el contexto histórico y social general en el que existían esos hogares e investigar las relaciones que estos mantenían con otras instituciones y organizaciones con respecto a varios asuntos concretos. La Comisión dispone de amplias facultades que le permiten dar instrucciones para prestar asistencia y responder a preguntas, exigir a las personas que revelen información y aporten documentos y visitar e inspeccionar las instalaciones e incautarse de documentos y equipos. La Comisión lleva a cabo sus investigaciones con total independencia.
Las decisiones sobre la composición y las competencias del Comité de Confidencialidad son cuestiones que atañen a la Comisión.
Acceso a la información sobre adopciones
El proyecto de ley de 2015 sobre (información y localización de) adopciones establece que las personas adoptadas tendrán derecho por ley a acceder a cualquier tipo de información anónima que figure en el registro. La finalidad de la disposición que exige a los solicitantes de un certificado de nacimiento firmar una declaración en la que acuerden respetar la privacidad de sus padres biológicos y no ponerse en contacto con ellos, o pedir a otra persona que establezca contacto en su nombre, es asegurar un equilibrio entre el derecho de las personas adoptadas a obtener información sobre su identidad y el derecho de los padres biológicos a la privacidad. El derecho a la privacidad está reconocido por los tribunales como uno de los derechos de la persona amparados en términos genéricos por el artículo 40.3 de la Constitución.
Respuesta núm. 7
La sinfisiotomía era una intervención excepcional y poco frecuente en la práctica obstétrica de Irlanda que se practicó en menos del 0,05% de los partos registrados entre 1940 y 1985.
El Oficial Jefe del Servicio Médico del Departamento de Salud encargó un informe de investigación independiente sobre la práctica de la sinfisiotomía en Irlanda entre 1944 y 1984. En el informe se declaraba que los reconocimientos posnatales no habían puesto de manifiesto discapacidad alguna en el caso de algunas mujeres, si bien en otros casos se había constatado la existencia de discapacidades como incontinencia, dolor crónico, dificultad para caminar y disfunción sexual.
En 2013 el Gobierno encargó a la jueza jubilada Yvonne Murphy que realizara un nuevo examen independiente de los aspectos jurídicos de la sinfisiotomía en Irlanda.
El Gobierno ha publicado ambos informes y ha aplicado las correspondientes recomendaciones.
A juzgar por las pruebas de que dispone el Departamento de Salud, parece ser que en algunos casos el procedimiento se llevó a cabo sin el conocimiento o consentimiento de las mujeres. Sin embargo, no ocurrió así en todos los hospitales. También parece que el tiempo transcurrido, el fallecimiento de los médicos implicados y la escasez de registros pueden dificultar la tarea de determinar si se hicieron esfuerzos razonables por obtener el consentimiento. En algunos casos, los registros hospitalarios indican que se trataba de un procedimiento facultativo. Entre las sinfisiotomías practicadas en el Hospital Our Lady of Lourdes de la localidad de Drogheda, se incluye un gran número de procedimientos facultativos llevados a cabo con el consentimiento de las pacientes. Hasta la década de 1960 era habitual que muchas mujeres no acudieran a un hospital para dar a luz hasta que surgieran complicaciones. La jueza Murphy llegó a la conclusión de que probablemente un tribunal no estimaría necesario haber obtenido un consentimiento informado en situaciones imprevistas de emergencia vital por dificultades del parto.
No hay pruebas de que la sinfisiotomía se practicara en niñas sin el consentimiento de sus padres.
A raíz del examen de estos dos informes independientes, el Gobierno decidió en julio de 2014 establecer un Plan de Pago Graciable de Indemnizaciones por las Operaciones Quirúrgicas de Sinfisiotomía. El diseño del Plan fue fruto de la colaboración entre el Ministro de Salud y los 3 grupos de apoyo, 2 de los cuales acogieron satisfactoriamente su creación. El plan ofrece una alternativa no contenciosa a las mujeres sometidas a esta práctica, muchas de las cuales son ancianas que no desean llevar su caso ante los tribunales. También sortea los problemas derivados de la falta de acceso a historiales clínicos y el fallecimiento de los médicos en cuestión.
La acogida al Plan, que está destinado a las mujeres que se sometieron al procedimiento entre 1940 y 1990, tiene carácter voluntario. La encargada de evaluar las solicitudes es la jueza jubilada del Tribunal Superior Maureen Harding Clark. Las mujeres pueden desistir de acogerse al Plan en cualquier fase del proceso transcurrido hasta el momento de aprobación de su indemnización; solo entonces la solicitante deberá avenirse a abandonar la vía judicial.
El número de solicitudes admitidas asciende a 578 y, hasta el 21 de marzo de 2016, se habían hecho 400 ofertas de indemnización, de las cuales se aceptaron 386 y solo se rechazó 1. Las ofertas contemplan indemnizaciones por importes que oscilan entre los 50.000 y los 150.000 euros. Hasta mediados de abril de 2016, el importe de las indemnizaciones y las costas judiciales ascendía a aproximadamente 31 millones de euros. La evaluadora ya ha concluido todas las evaluaciones y está redactando el informe que presentará al Ministro.
El Gobierno ha declarado que lamenta profundamente las consecuencias graves y perjudiciales que ha tenido la sinfisiotomía para un gran número de mujeres y sus familias. El establecimiento del Plan, junto con la prestación de servicios médicos actualmente a cargo de la Dirección de Servicios de Salud, representa una respuesta integral a esta cuestión. Entre los servicios sociales y de salud proporcionados a las mujeres sometidas a la sinfisiotomía cabe incluir los siguientes: el suministro de tarjetas sanitarias; el asesoramiento y la evaluación clínica independiente (incluida la evaluación domiciliaria a cargo de un terapeuta ocupacional o un fisioterapeuta cuando se solicite); la disposición de un régimen adecuado de atención rápida complementaria en caso necesario; la prestación de servicios de asesoramiento, fisioterapia y ayuda a domicilio; y la realización de modificaciones en el hogar cuando proceda.
Respuesta núm. 8
Sinopsis del mecanismo nacional
Las instituciones y el mecanismo nacional de promoción de los derechos humanos y la igualdad entre mujeres y hombres en Irlanda están recogidos en el documento básico. Las últimas novedades en lo que respecta a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda se describen en las respuestas a los párrafos 2 y 4 de la lista de cuestiones.
La Comisión de Relaciones en el Lugar de Trabajo se creó el 1 de octubre de 2015 como órgano de derecho público independiente y asumió las funciones que previamente realizaban la Dirección Nacional de Derechos del Trabajo, la Comisión de Relaciones Laborales y el Tribunal de Igualdad. Sus servicios básicos abarcan la vigilancia del respeto de los derechos de los empleados, el suministro de información sobre la legislación en materia de igualdad y derechos laborales y la prestación de servicios de mediación, conciliación, facilitación y asesoramiento.
La División de Igualdad entre los Géneros del Departamento de Justicia e Igualdad constituye una entidad especializada encargada de desempeñar una función coordinadora respecto de la Estrategia Nacional sobre la Mujer 2007-2016, llevar a la práctica los compromisos concretos asumidos en el programa gubernamental sobre igualdad de género y velar por el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales. La División también tiene la responsabilidad de presupuestar medidas de acción afirmativa destinadas a la mujer.
Estrategia Nacional sobre la Mujer
Las iniciativas dirigidas a fomentar la igualdad de género, entre ellas la Estrategia Nacional sobre la Mujer 2007-2016, se exponen en el documento básico. A finales de 2016 se elaborará una nueva versión de la Estrategia partiendo de los logros hasta la fecha.
Los interlocutores sociales y la sociedad civil forman parte del comité de vigilancia encargado de supervisar la aplicación de la Estrategia. En el seguimiento de los progresos realizados, se presta especial atención a los grupos vulnerables de mujeres.
El Gobierno ha incluido en su Programa en favor de un Gobierno de Colaboración el compromiso de elaborar un marco integrado para la inclusión social en el que se expongan las medidas encaminadas a ayudar a eliminar cualquier discriminación persistente basada en motivos como el género. Este marco integrado se fundamentará en las estrategias tanto existentes como de nueva creación, en particular la nueva Estrategia Nacional sobre la Mujer que se publicará a finales de 2016.
Las medidas adoptadas para promover la incorporación de la igualdad, en particular la incorporación de la perspectiva de género, se exponen en el documento básico.
Análisis de las consecuencias de los presupuestos en función del género
El Departamento de Protección Social promueve la realización de evaluaciones de la repercusión social o en términos de pobreza de importantes propuestas de política, con miras a reducir este último fenómeno. En el marco de ambas evaluaciones se analizan las consecuencias relativas al género.
La evaluación de la repercusión en la pobreza constituye un requisito del Plan de Acción Nacional para la Inclusión Social 2007-2016 y las Directrices Reglamentarias Revisadas de Evaluación del Impacto de 2009.
El Gobierno se ha comprometido a desarrollar el proceso de verificación de la política y el presupuesto como medio de promover la igualdad, reducir la pobreza y afianzar los derechos económicos y sociales. Asimismo, velará por el establecimiento de mecanismos institucionales en apoyo de la garantía de la igualdad de género en el marco de una oficina fiscal y presupuestaria independiente, aún por crear, y dentro de los principales departamentos gubernamentales. Su intención es aprovechar los conocimientos técnicos de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda para respaldar el proceso de verificación. En cuanto al presupuesto de 2017, el Comité Parlamentario de Presupuesto y Finanzas se encargará de examinar las solicitudes y propuestas presupuestarias dirigidas a garantizar la igualdad de género en colaboración con expertos independientes (incluida la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda) con el fin de prestar asistencia en caso necesario.
Como se indica en el documento básico, la consulta con la sociedad civil constituye una parte fundamental del mecanismo de presentación de informes sobre derechos humanos.
Irlanda cuenta con una sociedad civil dinámica y activa cuyas organizaciones brindan una colaboración y una serie de aportaciones muy valoradas por el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones de presentación de informes sobre derechos humanos. En el marco de la elaboración y aplicación de la Estrategia Nacional sobre la Mujer 2007-2016 se celebraron consultas con la sociedad civil y los interlocutores sociales. Las contribuciones de la sociedad civil a la formulación de las respuestas a las preguntas del Comité (véase el párrafo 2) también serán útiles para orientar el diseño de la próxima Estrategia.
La Comisión de Relaciones en el Lugar de Trabajo, en su Declaración de Estrategia 2016-2018, indica que hará partícipes a las partes interesadas de los aspectos operacionales de sus servicios, mediante la creación y el mantenimiento de un marco de colaboración de estas, así como la realización y publicación de evaluaciones anuales de la eficacia y el grado de conocimiento de dichas partes.
Asimismo, se están llevando a cabo amplias consultas sobre los proyectos de las nuevas estrategias relativas a la población itinerante y romaní y a la inclusión de la discapacidad, que también se centran específicamente en las mujeres.
En el artículo 18 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda de 2014 se promueve la cooperación efectiva de la Comisión con representantes de los organismos pertinentes y la sociedad civil por medio de comités consultivos, redes, procesos de consulta pública y foros públicos. Al elaborar sus declaraciones de estrategia, la Comisión tiene también la obligación de celebrar consultas con los órganos y grupos que estime conveniente, incluida la sociedad civil. En su examen de la aplicación de determinadas disposiciones y la difusión de información al público en general, se exige a la Comisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 30, que celebre consultas con las personas, los grupos y las organizaciones que considere apropiado. El artículo 31 también contempla la celebración de consultas en relación con los códigos de práctica. Por último, la Comisión podrá celebrar consultas al examinar el cumplimiento de la obligación positiva establecida en el artículo 42.
El Departamento de Protección Social colabora con una amplia gama de partes interesadas en materia de políticas y prácticas de protección e inclusión sociales. Entre las partes interesadas nacionales y locales se incluyen personas afectadas por la pobreza, grupos de la sociedad civil, interlocutores sociales y expertos. Un ejemplo de la colaboración con dichas partes es la celebración de actos con carácter anual como el Foro Previo a la Elaboración del Presupuesto y el Foro de Inclusión Social. Las mujeres y los grupos que trabajan con mujeres vulnerables cuentan con un sólido historial de participación en estas actividades.
Actualmente prosiguen las conversaciones entre los departamentos gubernamentales competentes sobre los mecanismos institucionales más adecuados para las actividades de aplicación, seguimiento y examen en los planos nacional, regional y mundial relativas a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Dado que la aplicación efectiva y con perspectiva de género de la Agenda 2030 a nivel nacional exigirá una respuesta política interna amplia e integrada en los planos económico, social y ambiental del desarrollo sostenible, el marco de aplicación nacional deberá contemplar la participación coordinada de numerosas partes aparte del Gobierno, así como el establecimiento de contactos con un amplio grupo de partes interesadas.
Respuesta núm. 9
Medidas para acelerar el logro de una igualdad sustantiva
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2013 contemplaba una nueva medida de acción afirmativa específicamente orientada a promover la igualdad de género. La Iniciativa para la Igualdad de la Mujer 2008-2013 proporcionó fondos para promover la participación y el adelanto de la mujer en diversos sectores, prestando especial atención al acceso al empleo, el desarrollo del emprendimiento femenino y el fomento de la participación de las mujeres en la adopción de decisiones.
Las medidas destinadas a lograr la meta del Gobierno de promover el equilibrio de género en las Juntas Estatales se exponen en la respuesta a las preguntas planteadas en el párrafo 16 de la lista de cuestiones.
La adopción de medidas orientadas a aumentar el número de mujeres incluidas por los partidos políticos en las listas de candidatos a las elecciones generales se expone en la respuesta a las preguntas planteadas en el párrafo 17.
En respuesta al problema de la existencia de un escaso número de mujeres en las Fuerzas de Defensa (algo más del 6%), el Gobierno se ha comprometido a aumentar la presencia femenina en todas las categorías de personal. Hasta ahora, la prueba de aptitud física ha demostrado ser el principal obstáculo para las mujeres. Como medida de acción afirmativa, se ha incluido en la campaña de reclutamiento de 2016 la organización de una jornada de información sobre la aptitud física de las mujeres que tiene lugar entre 6 y 8 semanas antes de la fecha de la prueba. Las candidatas cursan un programa de formación adaptado a sus necesidades y mantienen encuentros con mujeres que prestan servicio en las Fuerzas de Defensa.
Respuesta núm. 10
Varias de las iniciativas emprendidas por la Dirección de Igualdad (actualmente integrada en la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda), así como por otras organizaciones, se han centrado en abordar los estereotipos tanto de género como de otra índole. Entre ellas se incluyen la investigación de la presencia de estereotipos de género en los productos y artículos destinados al público infantil y el diseño de paquetes de recursos para hacer frente a los estereotipos dirigidos a los docentes, los estudiantes de enseñanza secundaria y otros jóvenes. También se ha abordado la cuestión de los estereotipos de género en las campañas orientadas a convertir las escuelas en un lugar seguro para las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans, así como en la labor realizada con las jóvenes en relación con el desarrollo de una imagen corporal positiva.
Las Fuerzas de Defensa se han comprometido a aumentar la presencia de mujeres en su organización. Se ha nombrado a un Asesor en Cuestiones de Género del Cuartel General de las Fuerzas de Defensa cuya función es asesorar al Estado Mayor a nivel estratégico. Las medidas en curso abarcan la campaña de reclutamiento de 2016 dirigida a mujeres deportistas y llevada a cabo tanto a través de los medios sociales como mediante publicidad en línea y en salas de cine. Las reuniones informativas organizadas en centros de enseñanza secundaria y con padres y orientadores se centran en que el desempeño de todas las funciones de las Fuerzas de Defensa, incluidas las labores operacionales, se encuentra abierto sin restricciones a hombres y mujeres, así como en la existencia de una variada oferta de oportunidades de carrera.
Respuesta núm. 11
Estrategia Nacional sobre la Violencia Doméstica, Sexual y de Género
Pese a la presión sobre los recursos existente durante su período de ejecución, la Primera Estrategia Nacional alcanzó importantes logros. Entre ellos cabe mencionar los siguientes: la actualización de las políticas policiales relativas a la violencia doméstica y sexual; el establecimiento de una oficina de evaluación de riesgos relacionados con los delincuentes sexuales; la incorporación de servicios de apoyo prestados por el sector del voluntariado y destinados a las víctimas de la violencia doméstica en los tribunales de familia de Dublín; el diseño constante de programas orientados a los autores de este tipo de actos; la organización de campañas de sensibilización a nivel nacional y local financiadas por la Cosc; la publicación por la Dirección de Servicios de Salud de una guía de políticas y prácticas nacionales en materia de violencia doméstica y sexual; y la creación de Tusla (el Organismo para la Infancia y la Familia), cuyo cometido es financiar y coordinar en el plano nacional los servicios de atención a las víctimas de la violencia doméstica y sexual.
Elaborada tras la celebración de amplias consultas, la Segunda Estrategia Nacional sobre la Violencia Doméstica, Sexual y de Género 2016-2021 contempla un conjunto de medidas adoptadas por el Estado y las organizaciones voluntarias y del sector comunitario con el fin de prevenir los actos de violencia doméstica, sexual y por razón de género y responder frente a ellos. La Estrategia contempla también un plan de acción para la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), así como los elementos necesarios para trasponer la Directiva de la UE relativa a las víctimas a la legislación irlandesa y una serie de prácticas y medidas derivadas de la Primera Estrategia Nacional que merecía la pena mantener.
Enmiendas a la legislación sobre violencia doméstica
En 2011 se amplió el ámbito de aplicación de la Ley sobre la Violencia Doméstica de 1996. En la actualidad, un progenitor puede solicitar una orden de protección contra el otro progenitor de su hijo, aun cuando ambos progenitores no residan conjuntamente o no hayan vivido nunca juntos. Esto garantiza la posibilidad de aplicar plenamente los mecanismos de protección legal en caso de que el contacto con un hijo se convierta en una ocasión para la comisión de actos de intimidación o incluso violencia entre los progenitores que mantienen un litigio. Los mecanismos de protección de la Ley son igualmente aplicables a aquellas parejas no casadas, tanto de distinto sexo como del mismo sexo, que no se hayan registrado como unión civil. Ya no es necesario que las parejas que no hayan contraído matrimonio o no estén registradas como unión civil hayan residido conjuntamente durante un período mínimo para que se pueda conceder a un miembro de la pareja una orden de protección contra el otro. A raíz de ello, se ha registrado un aumento del número de órdenes solicitadas y concedidas por motivos de violencia doméstica.
En julio de 2015 el Gobierno publicó una serie de propuestas para la elaboración de un nuevo proyecto de ley sobre la violencia doméstica orientado a mejorar las medidas de protección destinadas a las víctimas de este tipo de violencia, con el fin de facilitar a estas la obtención de órdenes provisionales de alejamiento y lograr que los procesos judiciales tuvieran más en cuenta las necesidades de las víctimas. El cónyuge, la pareja o la persona que conviva en una relación íntima y estable puede solicitar una orden de protección, sin que se exija un período mínimo concreto para ello. Se protegerá la intimidad de la víctima y existirá la posibilidad de que un tribunal prohíba al autor de los hechos que se comunique con la víctima por vía electrónica. Está previsto que la correspondiente publicación tenga lugar en el período de sesiones de otoño.
Incidentes, enjuiciamientos y condenas registrados
Las estadísticas sobre el número de delitos, enjuiciamientos y condenas e infracciones de órdenes dictadas por violencia doméstica no están desglosadas por género. Las estadísticas sobre delitos muestran que el número de delitos sexuales registrado anualmente aumentó en un 30% entre 2005 y 2015 (cuadro 29). Durante este período, los incidentes relativos a infracciones de órdenes dictadas por violencia doméstica denunciados ante la An Garda Síochána (la policía irlandesa) aumentaron en un 42% (cuadro 30).
En 2014 se enjuiciaron ante el Tribunal Penal Central 468 delitos de violación y 824 delitos de atentado al pudor o agresión sexual. El número total de casos juzgados por los tribunales fue de 670 y se presentaron declaraciones de culpabilidad en relación con 178 de ellos: 62 relativas a delitos de violación y 116 relacionadas con delitos de atentado al pudor o agresión sexual. Se registraron condenas en relación con 125 delitos de violación y 229 delitos de atentado al pudor o agresión sexual, así como sentencias absolutorias respecto de 37 delitos de violación y 137 delitos de atentado al pudor o agresión sexual.
En 2008 la Cosc inició una investigación para analizar las percepciones y actitudes respecto de la violencia doméstica entre la población general de Irlanda, cuyos resultados se utilizaron en el diseño de la campaña de sensibilización de dicha oficina titulada “Tu silencio alimenta la violencia”.
Actualmente se están elaborando leyes con carácter prioritario para trasponer a la legislación irlandesa la Directiva de la UE relativa a las víctimas. Los organismos de justicia penal han estado trabajando para prestar servicios de acuerdo con la norma fijada en la Directiva, que establece la posibilidad de que las víctimas de delitos se sometan a una evaluación individual para determinar sus necesidades especiales de protección, acceder a servicios de apoyo a las víctimas, gozar de garantías en el contexto de los servicios de justicia reparadora, obtener protección y disfrutar de intimidad en el contexto de los procesos penales. Entre las diversas medidas adoptadas por la An Garda Síochána para mejorar la experiencia de quienes denuncian delitos cabe mencionar la creación de su nueva Oficina Nacional de Servicios de Protección, así como de una nueva red nacional de Oficinas de Servicios para las Víctimas gestionadas por este cuerpo policial en sus 28 distritos. Asimismo, se ha revisado la Política de Intervención en Caso de Violencia Doméstica de la An Garda Síochána en consulta con las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Las mujeres que acudan a alguna Unidad de Tratamiento en Caso de Agresión Sexual tienen la opción de recibir únicamente atención médica o bien de obtener pruebas forenses para denunciar un delito a la policía. Puesto que se ha proporcionado financiación para la compra, la vigilancia y el mantenimiento de equipos de depósito de pruebas forenses en dichas Unidades, las víctimas pueden aplazar su decisión de denunciar un delito a la policía hasta un año mientras las pruebas permanecen en depósito.
La Oficina de Víctimas de la Delincuencia destinó una financiación de algo más de 1,2 millones de euros a las organizaciones de víctimas en 2015.Gran parte de ella se utilizó para facilitar a las víctimas de la violencia doméstica y sexual y de la delincuencia en general un servicio de acompañamiento ante los tribunales y la An Garda Síochána. Una de las organizaciones, Victim Support at Court, brinda apoyo a las víctimas de delitos graves en el Complejo de Justicia Penal de Dublín. El Gobierno ha aportado financiación durante los últimos dos años para ampliar estos servicios a todo el territorio de Irlanda.
En el proyecto de ley sobre el derecho penal (delitos sexuales) de 2015 se reconocen las necesidades de las víctimas de delitos sexuales y de las personas que las asisten. En él se incluyen disposiciones reguladoras que aportarán cierto grado de seguridad con respecto a la divulgación de historiales de asesoramiento y terapia en los juicios por delitos sexuales. Otras enmiendas de la legislación sobre pruebas penales reconocen que un proceso judicial puede suponer una experiencia difícil para las víctimas de delitos sexuales. Está previsto que la correspondiente promulgación se produzca este año.
Tras la promulgación de la Ley de Justicia Penal (Pruebas Forenses y Sistema de Base de Datos de ADN) de 2014, se ha establecido un sistema de este tipo. La legislación sustituye disposiciones anteriores que regulaban la toma de muestras de los sospechosos a fin de realizar análisis forenses encaminados a obtener pruebas para las investigaciones y los procesos penales.
Accesibilidad y financiación de los servicios de apoyo
La ley encomienda a Tusla (el Organismo para la Infancia y la Familia) la responsabilidad de atender y proteger a las víctimas de la violencia doméstica o por razón de género tanto en el contexto de la familia como en cualquier otra situación. Existe una red de 60 organizaciones encargada de prestar servicios a las víctimas de la violencia doméstica, sexual o por razón de género en Irlanda, en la que se incluyen 20 instituciones que proporcionan servicios de acogida de emergencia a mujeres y niños y otras 24 que prestan servicios comunitarios destinados a las víctimas de la violencia doméstica.
Tusla ha creado un sistema más coordinado para la prestación de estos servicios, a los que se ha asignado un presupuesto de 20,4 millones de euros en 2016 y se ha proporcionado una línea única de responsabilidad jerárquica y mayor apoyo y supervisión en la prestación de los servicios mediante la designación de un equipo nacional especializado en servicios destinados a las víctimas de la violencia doméstica y sexual. Este sistema permitirá aclarar y respaldar en mayor medida las funciones de las organizaciones proveedoras de servicios y ayudará a prestar servicios eficaces, de gran calidad y accesibles de manera más equitativa en diferentes zonas geográficas y a distintos grupos de población.
En 2016 se incrementó la financiación destinada a servicios de apoyo a las víctimas de la violencia doméstica a fin de incrementar la disponibilidad de unidades adicionales de alojamiento de emergencia y aumentar el acceso a este tipo de servicios por parte de tales víctimas. La oferta actual de centros de acogida a nivel nacional se compone de 145 unidades familiares que abarcan 428 centros destinados a los niños. Empleando la metodología de cálculo del número de centros de acogida establecida por el Consejo de Europa, obtenemos que en todo el país existe aproximadamente 1 centro por cada 9.000 mujeres adultas, cifra acorde con las normas mínimas recomendadas para los países que cuentan con iniciativas comunitarias integradas contra la violencia doméstica.
Servicios de apoyo a las mujeres itinerantes y romaníes
La Segunda Estrategia Nacional sobre Violencia Doméstica, Sexual y de Género contiene medidas encaminadas a aumentar el número y la especialización de los servicios prestados a las víctimas de la violencia doméstica, entre ellas medidas específicas de intervención en las comunidades especialmente vulnerables, en particular las mujeres migrantes, itinerantes y romaníes.
Respuesta núm. 12
Protección de los grupos desfavorecidos de mujeres frente a la violencia
Las comunidades itinerante y romaní han contado con representantes en el Comité Directivo Nacional contra la Violencia de Género y formarán parte de los mecanismos de vigilancia orientados a garantizar la aplicación satisfactoria de la Segunda Estrategia Nacional sobre Violencia Doméstica, Sexual y de Género.
En virtud de la nueva Estrategia, la An Garda Síochána se ha comprometido a lograr que diversas comunidades, como la itinerante y la romaní, confíen más en la forma en que gestiona la violencia doméstica y los abusos sexuales mediante el apoyo a asociaciones interinstitucionales y comunitarias a nivel local y nacional. La Dirección de Servicios de Salud y Tusla diseñarán intervenciones específicas contra la violencia doméstica y sexual en las comunidades especialmente vulnerables, entre ellas las comunidades de migrantes, itinerantes y romaníes.
Se ha financiado una serie de proyectos dirigidos a las mujeres con discapacidad y las comunidades de itinerantes y migrantes con cargo al programa de subvenciones de iniciativas de sensibilización de la Cosc en relación con la violencia doméstica, sexual y por razón de género. Estos proyectos han abarcado, entre otras, las siguientes actividades: la elaboración de folletos informativos sobre la violencia doméstica orientados a mujeres itinerantes y migrantes, de un folleto informativo sobre la agresión sexual destinado a las personas con discapacidad intelectual y de vídeos en lengua de señas irlandesa con información sobre la violencia doméstica; la celebración de consultas comunitarias dirigidas a mujeres con discapacidad y defensores de derechos de las personas con discapacidad; y la ejecución de proyectos de colaboración con hombres para poner fin a la violencia contra la mujer en las comunidades de itinerantes y migrantes.
La Cosc y el Subcomité de Sensibilización Pública del Comité Directivo Nacional han elaborado una serie de orientaciones sobre enfoques encaminados a sensibilizar y aumentar el grado de conocimiento acerca de la violencia doméstica, sexual y por razón de género. Estas orientaciones plantean estrategias dirigidas a concienciar sobre la violencia doméstica y sexual a la población en general, en particular a las víctimas y los profesionales, así como a tres grupos de población específicos, a saber: las personas con discapacidad, los miembros de la comunidad itinerante y los miembros de las comunidades de migrantes.
La Segunda Estrategia Nacional pretende establecer una “regla de oro” en cuanto a los resultados del proceso de recopilación y análisis de datos llevado a cabo por todos los organismos que trabajan en la esfera de la violencia doméstica y sexual, según la cual todos los conjuntos de datos deberán estar desglosados por edad, sexo y origen étnico de la víctima y del agresor, tipo de relación existente entre ambos y presencia de cualquier tipo de discapacidad por parte de cualquiera de ellos. La Cosc ha determinado una serie de esferas en las que se podría mejorar la recopilación de datos sobre la violencia doméstica y sexual, labor que está promoviendo por medio de la colaboración de su Comité de Datos con los organismos y departamentos estatales competentes del sector, así como a través de su participación en el Grupo de Expertos sobre Estadísticas de Delitos presidido por la Oficina Central de Estadística. En particular, este grupo examinará las normas de cómputo, registro y detección de delitos, teniendo en cuenta las mejores prácticas aplicadas en jurisdicciones similares. Está previsto que de aquí a 2019 haya concluido la elaboración de estadísticas más detalladas relacionadas con la violencia doméstica y sexual a partir de la realización de encuestas sobre delincuencia y victimización.
Estatus migratorio y condición de residencia habitual
Anteriormente, uno de los obstáculos con los que se topaban las víctimas de la violencia doméstica para acceder a la asistencia social previa comprobación de sus medios de vida se daba en aquellas situaciones en que su derecho a residir en el Estado se derivaba de la situación de la pareja maltratadora. Cuando esas víctimas solicitaban el pago de determinadas prestaciones sociales, no lograban cumplir el requisito necesario para el reconocimiento del derecho de residencia contemplado en las disposiciones legales relativas a la residencia habitual ni podían trabajar debido a la situación en que se encontraban con respecto a su permiso de residencia, que a menudo era la de una persona a cargo de un trabajador autorizado. Esta circunstancia ya no se da. Se han adoptado disposiciones que garantizan a las víctimas de la violencia doméstica la concesión de un permiso provisto del denominado “Sello 4”, que autoriza a su titular a residir en el Estado por derecho propio, así como a acceder al mercado laboral sin restricciones y sin necesidad de disponer de un permiso de trabajo. Las personas solicitantes de asistencia social tienen, lógicamente, la obligación de cumplir los requisitos habituales del programa de prestaciones cuyo pago solicita.
Capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los miembros de la judicatura
En la Segunda Estrategia Nacional se incluyen compromisos relativos a la capacitación de los funcionarios del sector público que se ocupan de dar respuesta al problema de la violencia doméstica y sexual, entre ellos la policía, el personal judicial y el personal encargado de vigilar la libertad condicional, así como la determinación de contribuir a la sensibilización de los miembros de la judicatura mediante una labor de enlace con el Comité de Estudios Judiciales en relación con las disposiciones en materia de violencia doméstica y sexual de la Directiva de la UE relativa a las víctimas.
Respuesta núm. 13
La mutilación genital femenina se señala como una forma de abuso de menores en la publicación de 2011 Children First: National Guidance for the Protection and Welfare of Children (Los niños primero: directrices nacionales en favor de la protección y el bienestar del niño). La omisión del deber de informar sobre este tipo de delitos constituye en sí un acto delictivo.
Se han elaborado guías informativas sobre la mutilación genital femenina destinadas a los profesionales de la salud y la educación que han sido objeto de una amplia difusión. En mayo de 2014, se creó en la clínica de la ONG Irish Family Planning Association (IFPA) de Dublín el primer Servicio de Tratamiento de la Mutilación Genital Femenina de Irlanda, encargado de facilitar atención médica especializada y asesoramiento con carácter gratuito a las mujeres y las niñas del país que hayan sido víctimas de esta práctica. Para dar a conocer mejor el Servicio, IFPA se ocupa de realizar una labor de divulgación entre las mujeres de las comunidades afectadas, los profesionales médicos y los proveedores de servicios, como los orientadores y trabajadores comunitarios y sociales.
Una de las medidas previstas en el Plan de Acción de la Segunda Estrategia Nacional sobre Violencia Doméstica, Sexual y de Género 2016-2021 consiste en legislar en favor de la aplicación de la jurisdicción extraterritorial en el caso de aquellos delitos cometidos por un ciudadano irlandés o una persona con residencia habitual en Irlanda. En este sentido, las disposiciones relativas a los delitos de mutilación genital femenina se consideran de aplicación extraterritorial.
Respuesta núm. 14
Plan de Acción Nacional de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas en Irlanda 2009-2012
El Plan de Acción Nacional 2009-2012 contemplaba la creación de estructuras que respaldasen la aplicación de un enfoque holístico en la lucha contra la trata de personas en Irlanda. El Plan detallaba el proceso que posibilitaría la identificación de las víctimas de la trata. También definía un marco integral de ayudas para las víctimas que permitía garantizarles el ejercicio de su derecho a un permiso de residencia, un alojamiento adecuado, asesoramiento jurídico, atención médica y psicológica, formación lingüística y profesional y protección. El Plan impulsó la elaboración de un marco consultivo que ha redundado en el desarrollo y la mejora de este tipo de marcos de ayudas. Asimismo, establecía las estructuras que debían crearse para que Irlanda contara con un marco legislativo y administrativo adecuado que le permitiera ratificar todos los instrumentos internacionales pertinentes. Desde la publicación del Plan, el Estado irlandés ha creado un sistema integral de protección de las víctimas tanto presuntas como potenciales de la trata de personas y ha adoptado varias medidas importantes orientadas a localizar, investigar, enjuiciar y condenar de manera efectiva a los delincuentes.
Desde 2009, los datos sobre las víctimas de la trata de personas se han recopilado de fuentes como la Dependencia de Coordinación e Investigación de la Trata de Personas de la An Garda Síochána, el Servicio Irlandés de Inmigración y Naturalización (INIS, por sus siglas originales) del Departamento de Justicia e Igualdad y las ONG Ruhama, Immigrant Council of Ireland, Migrants Rights Centre, Stop Sex Trafficking Cork y Doras Luimní. El enfoque adoptado se inspira en gran medida en sistemas similares diseñados y aplicados de manera experimental en otros Estados miembros de la UE, con pequeñas modificaciones para su adaptación al contexto irlandés. Las principales estadísticas correspondientes a cada año se han venido publicando anualmente desde 2009 en www.blueblindfoldie.ie.
Por otro lado, se ha elaborado un segundo Plan de Acción Nacional en colaboración y consulta con los asociados nacionales e internacionales de Irlanda. Teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el país en virtud de los instrumentos internacionales y las novedades en materia de trata de personas surgidas en el ámbito de la UE y el Consejo de Europa, el Plan pretende aprovechar los progresos realizados y abordar las cuestiones planteadas en las evaluaciones internacionales independientes de las iniciativas de respuesta de Irlanda. El proyecto del Plan se publicó y se sometió a una consulta con las organizaciones de la sociedad civil que trabajaban en esta esfera en 2015, a raíz de lo cual se recibieron propuestas de 13 organizaciones y 1 particular. A continuación, se celebró una mesa redonda con diversas ONG en torno a sus prioridades, de la que surgió un consenso sobre las medidas a las que debía concederse más peso y prioridad en las primeras fases de ejecución. El nuevo Plan establece un programa de trabajo claro para la colaboración entre las autoridades estatales competentes, la sociedad civil y los organismos de otras jurisdicciones en la promoción de la lucha contra la trata de personas y el aumento de la protección de las víctimas. Con sujeción a la aprobación del Gobierno, el nuevo Plan se publicará en los próximos meses.
Ley de Derecho Penal (Trata de Personas) de 2008
La Ley de Derecho Penal (Trata de Personas) de 2008 tipificó expresamente como delito la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral o de extracción de sus órganos. Hasta 2008, los enjuiciamientos de delitos contra víctimas infantiles de la trata se incoaban en virtud de lo dispuesto en la Ley sobre la Trata de Niños y la Pornografía Infantil de 1998.
En 2015 se registró un aumento del número de casos de trata de personas detectado en Irlanda, dado que se incoaron 91 nuevas causas relacionadas con este delito. A raíz de las 62 investigaciones llevadas a cabo al respecto, se logró identificar a un total de 78 víctimas, frente a las 46 víctimas identificadas en 2014. En el cuadro 32 se presenta un resumen de los datos relativos a enjuiciamientos, condenas e identificación de víctimas registrados entre 2009 y 2015.
Cuando la policía localiza a las víctimas o estas se remiten a la An Garda Síochána, tales víctimas acceden, a través del mecanismo nacional de remisión, a una amplia gama de servicios de atención prestados tanto por el Estado como por diversas ONG. Entre ellos se incluyen los siguientes: servicios de salud (mental, emocional y física), servicios jurídicos, alojamiento, asistencia material (pago de alquileres y prestaciones complementarias de asistencia social), acceso al mercado de trabajo, formación profesional y educación, servicios policiales, repatriación, servicios de traducción e interpretación y acceso de los hijos a cargo a la educación.
Las víctimas carentes de permisos de inmigración válidos reciben los correspondientes permisos de conformidad con lo establecido en las Disposiciones Administrativas de Inmigración Aplicables a las Víctimas de la Trata de Personas (en las que se contempla un plazo de recuperación y reflexión de 60 días y períodos de residencia temporal de 6 meses prorrogables).
Dentro de la Dirección de Servicios de Salud existe un Equipo Especializado en Atención a las Víctimas de la Trata de Personas que también ofrece apoyo y servicios de planificación personalizados y de carácter integral a las víctimas de la trata con fines de explotación sexual y laboral.
La Dependencia de Lucha contra la Trata de Personas proporciona financiación directa a dos ONG, Ruhama y Migrant Rights Centre Ireland, para que presten servicios de apoyo a las víctimas de esta práctica. Las ONG no facilitan alojamiento a las víctimas de la trata de personas a través del mecanismo nacional de remisión, si bien pueden hacerlo al margen de este. Ruhama también ha recibido financiación de la Dirección de Servicios de Salud para facilitar asesoramiento y apoyo social, impartir cursillos de capacitación no académica y proporcionar orientación profesional a dichas víctimas.
El Gobierno ofrece alojamiento y apoyo gratuitos a todas las víctimas de la trata de personas en Irlanda, con independencia de su nacionalidad. Las víctimas irlandesas reciben tales servicios a través de la Dirección de Servicios de Salud. El Organismo de Acogida e Integración (RIA por sus siglas originales) proporciona alojamiento en alguno de sus 34 centros de acogida a las víctimas que se encuentran en régimen de asilo. También facilita alojamiento a aquellas víctimas no irlandesas que no se encuentren en régimen de asilo durante el período transcurrido hasta que se decida si se concede a la víctima un plazo de recuperación y reflexión de 60 días y, de ser así, durante dicho período.
Cooperación bilateral y regional para hacer frente a la trata
La Dependencia de Lucha contra la Trata de Personas desempeña asimismo un papel de coordinación de la respuesta del Estado frente a la trata, siendo una de sus principales funciones la de ayudar a resolver los problemas que surjan entre los organismos estatales encargados de prestar servicios a las víctimas. En 2015 la Jefa de la An Garda Síochána ordenó la creación de una nueva Oficina Nacional de Servicios de Protección gestionada por dicho cuerpo policial y responsable de supervisar a la Dependencia Especial de Coordinación e Investigación de la Trata de Personas.
Irlanda colabora periódicamente en investigaciones relacionadas con la trata de personas de alcance internacional. La An Garda Síochána utiliza el canal de asistencia mutua y la información facilitada por INTERPOL y Europol en sus investigaciones de este tipo de delitos. Irlanda también forma parte activa del Grupo de Santa Marta, una alianza de jefes de la policía, miembros de la sociedad civil y obispos de todo el mundo establecida en 2014 a raíz de una iniciativa papal orientada a erradicar la trata de personas y la esclavitud moderna.
El Congreso de los Estados Unidos, conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de 2000 en su forma enmendada, exige al Secretario de Estado que le presente un informe anual sobre la trata de personas. En dicho informe figuran los países considerados como países de origen, tránsito o destino de las víctimas de las modalidades más graves de este delito. Tales países se clasifican según un sistema de niveles que va del nivel 1 al nivel 3, en el que aquellos países que se considera que cumplen las normas mínimas para la eliminación de las modalidades graves de la trata establecidas en la mencionada Ley se asignan al nivel 1. Esta es la calificación más alta que puede recibir un país. En los últimos siete informes de los Estados Unidos sobre la trata de personas (que abarcan el período 2010-2016), Irlanda ha recibido una calificación de nivel 1, lo que indica que ha cumplido las normas mínimas para la eliminación de las modalidades graves de esta práctica. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su exposición sobre Irlanda incluida en el informe, ha formulado una serie de recomendaciones que se han examinado durante la elaboración del Segundo Plan de Acción Nacional, cuya publicación está prevista para los próximos meses.
Respuesta núm. 15
Prevalencia de la explotación de la prostitución
Recientemente se ha registrado un incremento significativo del número de víctimas identificadas de la explotación sexual. En 2015 se identificó a 48 víctimas de la trata con fines de explotación sexual, lo que supuso un aumento con respecto a las 32 identificadas en 2014.
Medidas para abordar el problema de la explotación de la prostitución
El incremento del número de víctimas identificadas de la explotación sexual puede atribuirse en parte a la constante y estrecha colaboración entre la An Garda Sίochána, los organismos estatales y la sociedad civil, así como al programa permanente de formación y sensibilización llevado a cabo por la Dependencia de Coordinación e Investigación de la Trata de Personas de la An Garda Sίochána y sus asociados. Prueba de ello es que la identificación de las víctimas se está realizando en todo el país y no solo en los principales núcleos urbanos. El aumento del número de víctimas identificadas también puede deberse en cierta medida a la denominada “Operación Búsqueda” del mencionado cuerpo policial que, en estrecha colaboración con la Dependencia de Coordinación e Investigación de la Trata de Personas, se encarga de investigar la prostitución y la delincuencia que rodea a esta actividad.
En 2015 la Dependencia de Coordinación e Investigación de la Trata de Personas y Ruhama concluyeron con éxito un proyecto de sensibilización cofinanciado por la UE y dirigido a las mujeres y las niñas de Irlanda e Irlanda del Norte que habían estado sometidas a la trata o se hallaban expuestas al riesgo de trata con fines de prostitución. La campaña REACH se llevó a cabo tras un singular proceso de consulta con mujeres que habían tenido experiencias en la industria del sexo. Su propósito era informar a las mujeres y las niñas del apoyo existente a su disposición y los lugares a los que podían acudir para solicitar ayuda. La financiación proporcionada por el Departamento de Justicia e Igualdad (275.000 euros en 2016) ayuda a Ruhama a prestar servicios de primera línea a las víctimas de la trata con fines de explotación sexual.
El Servicio de Salud de la Mujer de la Dirección de Servicios de Salud es un servicio de divulgación y apoyo en materia de salud sexual destinado a las mujeres afectadas por la prostitución y las víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Se trata de un servicio de salud sexual integral y gratuito que abarca tanto la realización de pruebas relacionadas con este tipo de salud como el suministro de tratamientos y anticonceptivos. Asimismo, incluye la ejecución de actividades de divulgación a pie de calle y a domicilio, la organización de talleres de educación y capacitación y la asistencia a las mujeres que deseen abandonar la prostitución.
Consultas sobre la legislación en materia de prostitución
El Departamento de Justicia e Igualdad inició una serie de consultas amplias en 2012 sobre la futura orientación de la legislación irlandesa en materia de prostitución, a raíz de la publicación de un documento de debate en el que se examinaban los enfoques legislativos aplicados en otras jurisdicciones. El documento se remitió al Comité Parlamentario de Justicia, Igualdad y Defensa, que llevó a cabo un proceso de consulta pública en el que se analizaron las exposiciones de 26 organizaciones y particulares y se examinaron más de 800 comunicaciones escritas. En su informe de 2013, dicho Comité recomendó tipificar como delito la contratación de servicios sexuales y reiteró la recomendación formulada en un informe de 2014 sobre la violencia doméstica y sexual (véase el párrafo 96 relativo al proyecto de ley sobre el derecho penal (delitos sexuales) de 2015).
Transmisión del VIH/SIDA entre las mujeres que ejercen la prostitución
Los órganos de representación de los profesionales de la medicina en Irlanda pusieron de relieve, en las comunicaciones escritas y orales presentadas ante el Comité Parlamentario de Justicia, Defensa e Igualdad y las comunicaciones escritas presentadas al Departamento de Justicia e Igualdad, la marginación que sufrían las personas dedicadas a prestar servicios sexuales y el gran alcance de las consecuencias sanitarias derivadas de la prostitución, que abarcan una amplia gama de problemas de salud física y mental, incluido el VIH/SIDA. Estas organizaciones (la Organización de Médicos de Irlanda y la Organización Irlandesa de Personal de Enfermería y Atención Obstétrica) respaldan la necesidad de centrarse en la demanda de servicios de prostitución para contener la proliferación de esta actividad y los problemas de salud conexos.
Respuesta núm. 16
Participación de la mujer en tareas de gobierno
Las mujeres constituyen el 22% de los miembros de la Dáil Éireann (Cámara Baja del Parlamento) y el 30% del Seanad (Cámara Alta) (cuadros 23 y 24).
Existen varios grupos no partidistas de la sociedad civil que se dedican a actividades de promoción y capacitación encaminadas a impulsar un aumento de la participación de la mujer en la política. Entre ellos cabe mencionar a The 5050 Group y Women for Election, cuyos programas “Inspirar”, “Equipar” e “Informar” ofrecen a las mujeres la posibilidad de integrarse en la vida política y las dotan de los instrumentos necesarios para hacer campaña.
De los 15 miembros del Gobierno que entró en funciones en mayo de 2016, 4 (un 26%) son mujeres. Se trata de la Tánaiste (Vice Primera Ministra), que también ocupa el cargo de Ministra de Justicia e Igualdad, la Ministra de Empleo, Empresas e Innovación, la Ministra de Asuntos de la Infancia y la Juventud y la Ministra de Desarrollo Regional, Asuntos Rurales, Artes y Gaélico. De los 18 Ministros de Estado nombrados por el Gobierno, 4 (un 22%) son mujeres. Tales Ministras son responsables de las carteras de la Jefatura de Grupo Parlamentario del Gobierno, Salud Mental y Personas de Edad, Promoción de la Salud y Estrategia Nacional sobre Drogas e Intervención Comunitaria.
Participación de la mujer en el sistema de justicia y las fuerzas de defensa
En la actualidad, el 34% de quienes ocupan cargos de juez en Irlanda son mujeres. En el ámbito del Tribunal de Distrito, 19 de los 61 jueces existentes (es decir, el 31%) son mujeres. Por su parte, el Tribunal de Circuito cuenta con una representación femenina del 43%. Las mujeres constituyen el 26% de los jueces del Tribunal Superior y el 44% de los de la Corte Suprema (cuadro 26); de los 9 jueces que componen la Corte Suprema, 4 son mujeres, entre ellas la Presidenta. El número de juezas prácticamente se ha triplicado en los últimos dos decenios.
Otros cargos superiores del sistema de justicia actualmente ocupados por mujeres son los de Fiscal General, Procurador General Principal, Director del Ministerio Público Fiscal, Patólogo del Estado, Director General del Departamento de Ciencias Forenses de Irlanda, Jefe de la An Garda Síochána y Presidente de la Autoridad Policial.
Como ya se ha indicado, el 6% del personal de las Fuerzas de Defensa Permanente (552 de un total de 9.147 miembros) son mujeres. La proporción de mujeres en la An Garda Síochána (la policía irlandesa) aumentó del 14% en 2002 al 26% en 2015 y este cuerpo cuenta actualmente con una Jefa al frente (cuadro 27).
Participación de la mujer en el servicio diplomático
La representación femenina entre el personal diplomático superior del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio ha aumentado del 16% en 2002 al 29% en 2016 (cuadro 28).
Medidas adoptadas para aumentar el número de mujeres que ocupan cargos superiores en la administración pública
La proporción de mujeres contratadas en puestos de las categorías máximas de la administración pública (jefatura y superiores), aumentó del 23,6% en 2006 al 33,3% en 2014 (cuadro 25).
El documento básico recoge información preliminar sobre la base jurídica del sistema irlandés de administración pública y la contratación de funcionarios en Irlanda. El Servicio de Nombramientos Públicos es el proveedor centralizado de servicios de contratación, evaluación y selección de personal de la administración pública y presta asimismo servicios de contratación y consultoría a las autoridades locales y otros órganos públicos. Dicho Servicio se encarga de velar por que el proceso de contratación se desarrolle sin que exista discriminación de ningún tipo.
El Departamento de Justicia e Igualdad, junto con la entidad Ibec y la ONG National Women’s Council of Ireland (NWCI) en calidad de asociados y beneficiarios conjuntos, obtuvo financiación en el marco del programa de la UE PROGRESS 2013-2015 para sufragar un proyecto destinado a promover un aumento del equilibrio de género en los procesos de adopción de decisiones de los sectores público y privado de Irlanda. Entre las medidas adoptadas cabe señalar un programa piloto de mentoría y desarrollo del liderazgo orientado a mujeres oficiales principales que el Departamento de Gasto Público y Reforma está pendiente de incorporar en sus actividades y la elaboración de un módulo de capacitación destinado a los sectores público y privado y orientado a abordar el problema del sesgo de género inconsciente.
El Plan de Renovación de la Administración Pública acordado por el Gobierno en octubre de 2014 incluye una medida para aumentar el equilibrio de género en todos los niveles mediante la revisión de las ayudas y las políticas a fin de asegurar que estas sean eficaces y mensurables. Esta medida se está aplicando en la Junta de Gestión de la Administración Pública. El Gobierno ha aprobado una serie de iniciativas en este sentido que el Ministro de Gasto Público y Reforma anunciará más adelante en el presente año.
Participación de la mujer en las Juntas Estatales
El documento básico recoge información preliminar sobre la representación de las mujeres en las Juntas Estatales.
En 2014 el Gobierno acordó un nuevo modelo y una serie de directrices para los nombramientos de la Junta Estatal. En virtud de este enfoque, que reafirmaba la meta del 40% relativa al equilibrio de género, el Servicio de Nombramientos Públicos garantiza la existencia de un proceso abierto encaminado a seleccionar a las personas más cualificadas a fin de que los ministros las tomen en consideración para su nombramiento en los puestos de las Juntas Estatales. Además de publicar las vacantes para posibilitar la presentación de candidaturas, el portal de las Juntas Estatales permite a los aspirantes registrarse para dejar constancia de sus intereses generales y envía avisos de vacantes, a medida que estas vayan surgiendo, a los usuarios registrados. Se ha alentado a las mujeres a solicitar el alta en el sistema de avisos de las Juntas Estatales y, en febrero de 2016, estas constituían el 40% de las 4.757 personas registradas. De los 211 candidatos seleccionados hasta febrero de 2016 para su nombramiento en cargos de las Juntas mediante este proceso, aproximadamente un tercio se presentó registrándose en el sistema de avisos y, de ellos, 33 (el 46%) eran mujeres.
El desglose por género de la composición de miembros de las Juntas en diciembre de 2015 reflejaba la presencia de un 37,5% de mujeres y un 62,5% de hombres. El 43% de las 219 Juntas Estatales con miembros activos había cumplido la meta definida por el Gobierno de lograr un 40% de representación de cada género, si bien el promedio de la representación femenina entre los miembros de las Juntas era del 37,5%, porcentaje que se situaba en el 25,7% entre los presidentes.
El Programa en favor de un Gobierno de Colaboración renueva el compromiso de incrementar la representación femenina en las Juntas Estatales al 40%, y solicitará al Servicio de Nombramientos Públicos que tenga en cuenta los principios de diversidad y equilibrio, incluido el de género, en sus consideraciones. De los 53 nombramientos efectuados en el tercer trimestre de 2016, 23 (un 43%) se referían a mujeres. Desde el examen de las Juntas Estatales realizado en noviembre de 2014, se han efectuado 259 nombramientos de miembros de estas, de los cuales 115 (un 44%) corresponden a mujeres.
Respuesta núm. 17
Enmienda a la Ley Electoral (Financiación Política) de 2012
La disposición relativa a la garantía de un equilibrio de género del 30%, contemplada en la Enmienda a la Ley Electoral (Financiación Política) de 2012 por la que se establece que los partidos beneficiarios de financiación estatal se exponen a ver esta reducida a la mitad en caso de no contar al menos con un 30% de mujeres y un 30% de hombres candidatos, estaba en vigor durante las elecciones generales celebradas en febrero de 2016. A tales elecciones se presentaron como candidatas 163 mujeres, que constituían el 30% de los 551 candidatos presentados en total. Este dato refleja un aumento considerable con respecto a las elecciones generales de 2011, en las que solo el 15% de los candidatos eran mujeres. En 2016 resultaron elegidas 35 mujeres, lo que supone un 22% del total, frente al 15% registrado en 2011.
Participación de la mujer en el gobierno local
En las elecciones locales de 2014, 441 de los 2.037 candidatos (un 22%) eran mujeres. Estas obtuvieron el 21% (197) de los escaños de las 31 autoridades locales, lo que supone un avance con respecto a las anteriores elecciones locales (2009), en las que las mujeres constituían el 19% de los candidatos y obtuvieron el 19% de los escaños.
El documento básico recoge información preliminar sobre el gobierno local y los cambios introducidos mediante la Ley de Reforma del Gobierno Local de 2014.Cada autoridad local debe elaborar un marco de participación pública en el gobierno local. Las directrices legislativas publicadas en 2014, que proporcionan un marco para el establecimiento y funcionamiento de los Comités Locales de Desarrollo Comunitario, exigen que se haga todo lo posible por garantizar un equilibrio de género equitativo entre los miembros de la autoridad local de dichos Comités, así como entre el conjunto de los miembros de estos en general. En la actualidad, el 26% de los miembros de la autoridad local de los 33 Comités Locales de Desarrollo Comunitario y el 36% del conjunto de los miembros de tales Comités son mujeres.
Medidas para promover la participación de las mujeres itinerantes y romaníes en la vida política y pública
Este tipo de medidas se está examinando en el contexto de la elaboración de la nueva Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Itinerante y Romaní que se someterá a la aprobación del Gobierno en 2016. El Departamento de Justicia e Igualdad financia las actividades de la organización nacional de población itinerante Minceirs Whiden destinadas a promover un aumento de la participación de la comunidad itinerante en la vida política.
Respuesta núm. 18
Irlanda aplica la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante planes de acción nacionales relativos a la mujer, la paz y la seguridad en los que se aborda la política interior y exterior y se incluye a las mujeres afectadas por los conflictos en la isla de Irlanda. El primero de estos planes se ejecutó entre 2011 y 2014.
Se ha incrementado la atención prestada al empoderamiento y la participación de las mujeres en la solución de conflictos y la consolidación de la paz en el Segundo Plan de Acción Nacional correspondiente al período que transcurrirá de aquí a 2018, cuya redacción se efectuó tras la celebración de amplias consultas en las que se recibieron 37 comunicaciones escritas y se organizó un taller con fines consultivos que contó con la participación de 100 representantes de organizaciones académicas, de derecho público y de la sociedad civil. El Plan se basa en la propia experiencia del país en materia de mantenimiento de la paz, asistencia externa para el desarrollo y contribución a la reconciliación con posterioridad a los conflictos registrados en la isla de Irlanda.
El Segundo Plan de Acción Nacional aborda las siguientes cuestiones: la prevención de los conflictos, en particular la violencia por razón de género y la explotación y los abusos sexuales; la participación y representación de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones; la protección frente a la violencia por razón de género, la explotación y los abusos sexuales y otras violaciones de los derechos humanos de la mujer y el derecho internacional humanitario, así como las actividades de socorro, recuperación y rehabilitación; y la promoción de la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad en los ámbitos internacional, regional y nacional.
Los agentes de todas las instancias gubernamentales y el sector público son responsables de atender los compromisos asumidos en virtud del Plan. Existe un Grupo de Supervisión integrado por 18 miembros que se reúne trimestralmente para efectuar un seguimiento de los progresos realizados por los órganos oficiales en la aplicación del Segundo Plan de Acción Nacional. Dicho Grupo está compuesto por un presidente independiente, 9 representantes legales y 8 expertos independientes de organizaciones académicas y de la sociedad civil. En 2016 se llevará a cabo un examen de mitad de período del Plan.
Participación de la mujer en la prevención, gestión y solución de los conflictos
El Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio ha creado un equipo especializado en situaciones de conflicto y fragilidad cuyo cometido es formular una política más coherente aplicable a este tipo de situaciones que abarque su prevención. Esta política se basa en lo contemplado en la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad, así como en la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Irlanda proporciona apoyo financiero a las iniciativas dirigidas a aumentar la participación de la mujer y su inclusión en funciones decisorias en los ámbitos de la prevención, gestión y solución de conflictos. En consonancia con la recomendación general núm. 30 del Comité, el Departamento prestó apoyo a una investigación sobre el escaso grado de participación de las mujeres en Irlanda del Norte durante la situación posterior al conflicto.
Irlanda es uno de los países donantes del Instrumento de Aceleración Mundial para la Mujer, la Paz y la Seguridad y la Acción Humanitaria, mecanismo de financiación común recomendado a raíz del estudio mundial realizado en 2015 sobre la resolución 1325.
Explotación sexual de mujeres y niñas
El Cuerpo de Respuesta Rápida de Irlanda despliega personal altamente cualificado, incluidos expertos en cuestiones de género y protección, durante las crisis humanitarias y situaciones de emergencia como capacidad auxiliar de refuerzo de los asociados de las Naciones Unidas. Además de recibir formación específica en materia de género y de explotación y abusos sexuales, los miembros de la lista de despliegue deben firmar un código de conducta que establece que el agente participante en las actividades de respuesta es consciente de la vulnerabilidad adicional que experimentan las mujeres en situaciones de crisis. Este código también establece claramente la obligación de no tolerar la explotación y los abusos sexuales, así como la posibilidad de rescindir el contrato del personal desplegado en caso de que este incumpla de algún modo las disposiciones del código.
El personal de la An Garda Síochána desplegado en misiones en el extranjero, ya sea en colaboración con las Naciones Unidas, la UE o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), sigue estando sujeto al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (de Disciplina) de dicho cuerpo policial irlandés. Las actividades de los efectivos desplegados en el extranjero pueden ser objeto de investigación en caso de sospecharse la comisión de algún tipo de falta disciplinaria, entre cuyas sanciones cabe incluir el despido. Si la Dirección del Ministerio Público Fiscal así lo ordena, también pueden incoarse procesos penales en Irlanda e imponerse penas por delitos cometidos en otras jurisdicciones.
En el plano internacional, Irlanda apoya plenamente el llamamiento al fin de la impunidad de los delitos de violencia sexual y por razón de género y defiende firmemente el enjuiciamiento de los autores de tales delitos, ya sean agentes estatales o no estatales, o bien personal de organizaciones multilaterales. El país respalda la aplicación de normas más rigurosas al personal de las Naciones Unidas que trabaja en las operaciones de paz y el enjuiciamiento a nivel nacional de los culpables de delitos de impunidad, además de alentar la práctica de señalar la nacionalidad de los autores de este tipo de delitos.
Irlanda también financia la iniciativa “Justice Rapid Response” y el Proyecto sobre Capacidad en materia de Género, ambos centrados en la esfera de la violencia sexual y por razón de género.
El sistema de inmigración de Irlanda no discrimina por razón de género. Todos los canales de migración abiertos a los migrantes que tratan de llegar a Irlanda son accesibles a hombres y mujeres por igual. En cada solicitud se analiza el fondo del asunto de conformidad con la legislación pertinente.
Respuesta núm. 19
Opciones educativas de mujeres y hombres
En el marco de política nacional sobre infancia y juventud correspondiente al período 2014-2020 y titulado “Mejores resultados, mejor futuro” se reconoce la necesidad de prestar una atención especial al desarrollo de las competencias en matemáticas y ciencias de las niñas para optimizar las opciones de carrera, en particular en los sectores de CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y TIC (tecnología de la información y las comunicaciones), en los que existe una gran demanda.
El Departamento de Educación y Formación Profesional está decidido a consolidar la oferta relativa a CTIM en el sistema educativo y se están introduciendo progresivamente novedades para mejorar el desempeño y aumentar la participación. El Consejo Nacional de Planes de Estudio y Evaluación está examinando el plan de estudios de matemáticas en la enseñanza primaria, implantado en 1999. En septiembre de 2016 se ha establecido un nuevo plan de estudios de ciencias correspondiente al ciclo inferior, cuyo objetivo es alentar a los estudiantes a disfrutar del aprendizaje de la ciencia, desarrollar los conocimientos científicos y aplicarlos al análisis de cuestiones científicas de interés para la sociedad, el medio ambiente y la sostenibilidad. Asimismo, se han presentado al Ministro de Educación y Formación Profesional los nuevos requisitos para la obtención del Certificado de Estudios Secundarios de Física, Química y Biología, que se someterán a una fase de prueba antes de su implantación a nivel nacional.
Uno de los principales retos a los que se enfrenta el sistema educativo al promover la matriculación en cursos y carreras de CTIM es aumentar el número de niñas que elige determinadas materias de este bloque en el nivel superior del examen final de su ciclo académico. En este sentido, la adquisición de conocimientos de matemáticas de nivel superior resulta especialmente importante, por lo que se han emprendido diversas iniciativas para alentar a los estudiantes de ambos sexos a presentarse al examen de matemáticas de dicho nivel. Los resultados son alentadores: el porcentaje general de alumnos que se presentan a la prueba de nivel superior aumentó del 15,8% en 2011 al 27% en 2015. Además, el número de niñas que se presentaron al examen se incrementó en un 86% entre 2011 y 2015.
La Fundación para la Ciencia de Irlanda es la institución nacional por excelencia dedicada a la inversión en investigación científica y de ingeniería. Su programa “Smart Futures” (“Futuros inteligentes”) es una iniciativa conjunta del Gobierno y el sector industrial que promueve las carreras de CTIM entre los alumnos que cursan estudios de nivel posterior a la enseñanza primaria. En el sitio web Smartfutures.ie se pone de relieve la amplia gama de oportunidades al alcance de los alumnos que cursan materias de CTIM en los ciclos intermedio y superior y se incluye información centrada específicamente en los perfiles profesionales de las mujeres. Una de las metas del principal indicador del desempeño de la Fundación es aumentar el porcentaje de mujeres beneficiarias de su subsidio de investigación al 25% de aquí a 2020. En 2014 la Fundación puso en marcha un programa de posdoctorado dirigido solo a mujeres, el “SFI Advance Award”, y, en el último año, ha venido aplicando una política de pago de prestaciones complementarias por maternidad o adopción y procedimientos flexibles de gestión de subsidios a las beneficiarias solicitantes de una licencia de maternidad. En 2015 la Fundación adoptó medidas de incorporación de la perspectiva de género en su programa de concesión de subvenciones a investigadores en la fase inicial de su carrera (programa SIRG), a fin de promover un aumento del número de mujeres solicitantes.
El Centro para la Mujer en la Investigación Científica y de Ingeniería del Trinity College de Dublín, establecido en 2006, también está contribuyendo de manera importante a corregir el desequilibrio de género en las disciplinas de CTIM, mediante la promoción de prácticas orientadas a contratar y mantener en plantilla a las mujeres y fomentar su adelanto en los ámbitos de la ciencia, la ingeniería y la tecnología a nivel académico. Del mismo modo, el proyecto “Towards Women in Science and Technology” (TWIST), financiado por la Comisión Europea, y el proyecto “Institutional Transformation for Effective Gender Equality in Research” (INTEGER), financiado por el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (7PM), tienen como objetivo promover la igualdad de género en las disciplinas de CTIM.
Medidas de lucha contra los estereotipos de género en los ámbitos educativo y profesional
Los programas de aprendizaje constituyen el medio oficial por el que las personas adquieren las competencias para desempeñar los oficios de artesanía en Irlanda. La participación de las mujeres en este tipo de programas ha sido históricamente escasa. Se ha llevado a cabo un estudio nacional independiente de amplio alcance a fin de determinar las reformas necesarias para reorientar la formación de aprendices como vía alternativa de acceso al tercer nivel de educación por parte de quienes abandonan la escuela. En el informe de 2014 “Review of Apprenticeship Training in Ireland”, centrado en el análisis de la formación de aprendices en Irlanda, se señalaba una serie de deficiencias, entre ellas la existencia de un planteamiento excesivamente basado en el género que fomentaba una escasa participación de las mujeres y la dependencia excesiva de un pequeño conjunto de oficios, principalmente en el sector de la construcción, debido a que el hundimiento del sector había provocado el despedido de un gran número de aprendices. Por recomendación del grupo encargado de este estudio, se estableció en 2014 un Consejo de Aprendices. Asimismo, se ha organizado una licitación de programas de aprendizaje en nuevos sectores de la economía en cuyo marco se han recibido más de 80 propuestas, muchas de las cuales se refieren a sectores donde existe un mayor equilibrio de género.
La Estrategia Nacional de Formación Profesional 2025 de Irlanda fomenta el aumento de la participación femenina en los programas de aprendizaje mediante su ampliación a nuevos ámbitos. La Estrategia incluye el compromiso de examinar los niveles y las tendencias de la participación femenina en tales programas en 2018.
La educación en materia de relaciones y sexualidad está integrada en la educación social, personal y sanitaria, que constituye un programa obligatorio de la enseñanza primaria. A nivel de primaria, la educación social, personal y sanitaria ofrece oportunidades concretas de promover el desarrollo personal, la salud y el bienestar de cada niño, con el fin de ayudarlo a crear y mantener relaciones solidarias y convertirse en un miembro activo y responsable de la sociedad. La aplicación de un programa de educación social, personal y sanitaria planificado y coherente en todo el sistema escolar posibilita que los niños adquieran un conjunto de valores, actitudes, conocimientos y aptitudes que les permita decidir y actuar tanto en el momento actual como en el futuro. A medida que los niños avancen en dicho programa, se irá abordando una amplia gama de cuestiones, como las relaciones, la sexualidad y la prevención del abuso de menores. El plan de estudios en materia de educación social, personal y sanitaria está estructurado de manera que estas cuestiones no se estudien de forma aislada, sino que se haga hincapié en la adquisición de aptitudes, valores, actitudes y conocimientos básicos en relación con todas las cuestiones, además de ofrecerse información concreta en caso necesario.
El programa de educación social, personal y sanitaria también es obligatorio en el primer ciclo de la enseñanza posterior a la primaria. Las escuelas de enseñanza posterior a la primaria deben programar 1 período lectivo semanal de educación social, personal y sanitaria y, al año, deben dedicarse 5 o 6 períodos lectivos programados de esta materia a la educación sobre relaciones y sexualidad.
A partir de septiembre de 2017, la educación social, personal y sanitaria, la educación física y la educación cívica, social y política se integrarán, junto con las correspondientes orientaciones, en una nueva esfera de aprendizaje: el programa de bienestar del primer ciclo de la enseñanza posterior a la primaria. El programa escolar de bienestar brindará oportunidades de aprendizaje que aumentarán el bienestar físico, mental, emocional y social de los estudiantes.
Dentro del nuevo Marco para el Primer Ciclo (2015), en el que se hace un claro hincapié en la salud y el bienestar generales de los alumnos, se ha diseñado un nuevo curso de corta duración sobre educación social, personal y sanitaria que abarca la educación en materia de relaciones y sexualidad. En el caso de las escuelas que decidan impartir este curso de corta duración, se aumentará el tiempo dedicado a la educación social, personal y sanitaria hasta 100 horas durante los 3 años de duración del primer ciclo, frente a las 70 horas recomendadas (1 clase semanal) que deben dedicarse a lo largo de los 3 años según lo señalado actualmente en las circulares.
Las escuelas cuentan asimismo con un marco para la educación social, personal y sanitaria de ciclo superior y, aunque su aplicación no es obligatoria, están obligadas a impartir un programa de educación en materia de relaciones y sexualidad en dicho ciclo. Este último tipo de educación engloba la adquisición tanto de conocimientos como de capacidad de comprensión, así como el desarrollo de actitudes, creencias y valores con respecto a las relaciones, la identidad sexual y la intimidad. El objetivo de la educación en materia de relaciones y sexualidad es que los jóvenes dispongan de la capacidad de comprensión y los conocimientos necesarios para poder hacer frente a los problemas y aumentar su resiliencia en situaciones difíciles.
Según la última encuesta sobre el comportamiento en materia de salud de los niños en edad escolar, el porcentaje total de niños que declararon haber mantenido relaciones sexuales aumentó entre 2010 y 2014.El uso de anticonceptivos entre los menores de 18 años sexualmente activos era relativamente alto. En total, el 73% de los chicos de 15 a 17 años y el 73% de las chicas del mismo intervalo de edad declararon haber utilizado preservativos como método anticonceptivo en la última relación sexual. Asimismo, los encuestados declararon que, en términos generales, las parejas del 31% de los chicos de 15 a 17 años y el 35% de las chicas del mismo grupo de edad habían hecho uso de la píldora anticonceptiva en la última relación sexual.
La Estrategia Nacional de Salud Sexual, puesta en marcha en octubre de 2015, contiene una serie de medidas prioritarias dirigidas específicamente a mejorar la salud sexual y el bienestar de los jóvenes. Además, está previsto generar recursos destinados a los jóvenes y sus padres con miras a fomentar una buena comunicación sobre el sexo, así como establecer un programa básico de educación social, personal y sanitaria relativo a la promoción de la salud sexual con carácter de programa nacional de formación en salud sexual de la Dirección de Servicios de Salud. La Estrategia contempla tres ámbitos generales: promoción, educación y prevención en materia de salud sexual; servicios de salud sexual; e información sobre salud sexual.
Desde la creación del Programa de Asistencia para la Prevención del Embarazo No Deseado, el número total de partos de madres adolescentes ha disminuido considerablemente de 3.078 casos en 2001 a 1.187 en 2015, lo que supone una reducción del 61%.
El Departamento de Educación y Formación Profesional ofrece un subsidio de escolarización a domicilio por un período máximo de 10 semanas a las niñas que tengan una plaza en los centros de enseñanza posterior a la primaria y no puedan asistir a clase por motivos relacionados con la maternidad. Este plan establece que los padres contraten a uno o varios tutores por un período máximo de nueve horas semanales en total en caso de que su hija no pueda asistir a clase, con sujeción a determinadas condiciones. En el año escolar 2014/15 se aprobó la concesión de 51 subsidios de este tipo.
Entre los programas existentes de apoyo a los padres jóvenes que deseen proseguir sus estudios o su formación figura el Programa de Apoyo a Padres Adolescentes, financiado por Tusla y la Dirección de Servicios de Salud. Se trata de un servicio de apoyo comunitario, confidencial y gratuito, destinado a las madres jóvenes, los padres jóvenes y sus familias desde el momento del embarazo hasta que el bebé cumple los dos años de edad.
Mujeres en puestos directivos del sector de la educación: el sector de la enseñanza superior
La Ley de Universidades de 1997 y la Ley de Institutos Tecnológicos de 2006 exigen que las instituciones de enseñanza superior promuevan el equilibrio de género y la igualdad de oportunidades entre los estudiantes y el personal, así como que elaboren y apliquen declaraciones de política en materia de igualdad, incluida la igualdad de género, en todas sus actividades. Además, el Organismo de Enseñanza Superior, oficialmente responsable de la gobernanza y la regulación del sistema de enseñanza superior de Irlanda, ha promovido activamente la igualdad mediante una serie de iniciativas.
En febrero de 2015, las 7 universidades, los 14 institutos tecnológicos y el Real Colegio de Cirujanos de Irlanda firmaron la Carta Athena SWAN, por la que se comprometieron a promover las perspectivas de carrera de las mujeres en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y la medicina dentro del mundo académico. Dicha Carta es una iniciativa impulsada por el mundo académico que se puso en marcha en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en 2005 para hacer frente a la pérdida de talento femenino en las disciplinas científicas, tecnológicas y de ingeniería.
La Estrategia y Plan de Acción en materia de Género 2013-2020 del Consejo de Investigación de Irlanda, publicada en diciembre de 2013, pretende aumentar al máximo la base conjunta de inteligencia investigadora del país apoyando la igualdad de género en las carreras de investigación, animando al personal investigador a integrar el análisis de las cuestiones de género en su labor y velando por garantizar la igualdad de género en las políticas y los procedimientos del propio Consejo.
Pese a la repercusión positiva de estas iniciativas, persiste un desequilibrio de género en la dotación de personal de las instituciones de enseñanza superior de Irlanda, especialmente en los puestos de las categorías superiores. Si bien se da un equilibrio de género en las categorías de puestos académicos correspondientes a las fases iniciales de la carrera profesional, el 81% de los puestos de profesor universitario están ocupados por hombres. Aunque el 62% de la totalidad del personal no académico son mujeres, los hombres representan el 72% del personal de este tipo con mayor remuneración. Mientras que no ha habido nunca mujeres presidentas en ninguna de las siete universidades de Irlanda, en la actualidad 4 de los 14 presidentes de los institutos tecnológicos son mujeres. Los cuadros 33 a 35 muestran los datos desglosados por género correspondientes a 2014 y relativos al personal del Organismo de Enseñanza Superior, las universidades, las escuelas superiores y los institutos tecnológicos.
En este contexto más amplio, el Organismo de Enseñanza Superior emprendió en septiembre de 2015 un análisis en todo el sistema de los perfiles de género y las políticas de igualdad de género de las instituciones de enseñanza superior llevado a cabo por un grupo de expertos presidido por Máire Geoghegan-Quinn, ex Comisaria Europea de Investigación, Ciencia e Innovación. El informe del grupo de expertos, publicado en junio de 2016, concluyó que las mujeres se enfrentaban a diversos obstáculos que les impedían progresar en el mundo laboral, obstáculos cuya magnitud era menor en el caso de sus colegas varones, así como que la organización y la cultura en las instituciones de enseñanza superior hacían que el talento por sí solo no fuera siempre suficiente para garantizar el éxito. En sus recomendaciones, el grupo pide que se establezcan prioridades en la asignación de los recursos y se movilice a todos los interesados para hacer frente a la desigualdad entre los géneros en relación con la cultura y las estructuras institucionales, así como para respaldar y promover los avances en la carrera profesional. A partir de ahora, los funcionarios del Departamento de Educación y Formación Profesional colaborarán con el Organismo de Enseñanza Superior, las instituciones de este ámbito, los organismos encargados de financiar la investigación y otras partes interesadas fundamentales en la elaboración de un plan de ejecución detallado que incluya un sistema sólido de evaluación de seguimiento y supervisión de resultados en materia de financiación.
Mujeres en puestos directivos del sector de la educación: el sector de la enseñanza primaria y la enseñanza posterior a esta
En el año escolar 2015/16, el 67% de los directores de centros de enseñanza primaria y el 49% de los de centros de enseñanza posterior a esta eran mujeres. En cuanto al año académico 2014/15, el 21% de los presidentes de las juntas escolares encargadas de la gestión de los centros de enseñanza primaria eran mujeres.
Acceso de las mujeres y niñas itinerantes, romaníes y migrantes a la educación
El funcionamiento del sistema educativo de Irlanda se basa en el principio de inclusión y los principios de igualdad establecidos en la legislación pertinente.
En consonancia con este principio de inclusión, la educación facilitada actualmente a los alumnos itinerantes y romaníes se centra en el desarrollo de un entorno escolar más inclusivo en todos los ámbitos del proceso de planificación escolar, la práctica pedagógica, las políticas de admisión de alumnos, los códigos de conducta y la evaluación escolar en su conjunto. Los recursos adicionales que se ofrecen se asignan sobre la base de la necesidad educativa detectada o no en cada caso y no en función del origen étnico o cultural.
Las disposiciones relativas a la transferencia de información sobre los alumnos por parte de los centros educativos exigen que todos los centros de enseñanza primaria proporcionen información sobre los estudiantes que acceden al segundo ciclo. El objetivo de esta medida es obtener un panorama completo de la capacidad y los logros de cada niño en la enseñanza primaria, aspecto que resulta especialmente importante en el caso de los niños pertenecientes a la población itinerante, cuya transición de la enseñanza primaria a la enseñanza posterior a esta puede constituir un problema.
Proyecto de ley sobre la admisión de alumnos en los centros educativos
El nuevo Gobierno se ha comprometido en su programa gubernamental a publicar nuevas leyes en materia de admisión de alumnos en los centros educativos que tengan en cuenta las propuestas planteadas actualmente y aborden cuestiones como la publicación de las políticas de matriculación escolar, la eliminación de las listas de espera, la creación de mecanismos de matriculación anual y la garantía de la transparencia y la equidad en el proceso de admisión de cara a los alumnos y sus padres. El proyecto de ley de educación (admisión de alumnos en los centros educativos) de 2016 fue aprobado por el Gobierno el 5 de julio de este mismo año y se publicó posteriormente. Su tramitación en las Cámaras del Oireachtas se producirá durante la próxima legislatura según lo previsto.
Respuesta núm. 20
Igualdad de remuneración y baja remuneración
Las prácticas de discriminación salarial por motivos de género son ilegales y pueden denunciarse a la Comisión de Relaciones en el Lugar de Trabajo. El Tribunal de Trabajo conoce de los recursos de apelación de las decisiones de dicha Comisión.
El establecimiento de la Comisión sobre Salarios Bajos como entidad de derecho público en 2015 encargada de examinar y formular recomendaciones anuales sobre el salario mínimo nacional, así como el aumento de la remuneración mínima por hora en el país a partir del 1 de enero de 2016 a 9,15 euros en el caso de los trabajadores adultos, han dado lugar a condiciones salariales más favorables para los trabajadores que perciben retribuciones mínimas. El salario mínimo nacional se aplica a todos los empleados, incluidos los empleados con contratos a tiempo completo, a tiempo parcial, temporales y ocasionales, con excepción de aquellos que son familiares cercanos del empleador o están realizando determinados tipos de cursos de formación estructurada. En la actualidad, la gran mayoría de las personas que cobran el salario mínimo nacional son mujeres. Dado el predominio de las mujeres en empleos con escasa remuneración, se ha pedido a la Comisión sobre Salarios Bajos que estudie la cuestión y analice las causas subyacentes. Las recomendaciones que esta considere apropiadas para resolver dicha situación se presentarán a la Ministra de Empleo, Empresas e Innovación en octubre de 2016.
En el cuadro 16 se muestran los datos estadísticos relativos al empleo desglosados por género y sector.
La “prohibición del matrimonio”
En relación con las mujeres afectadas por la denominada “prohibición del matrimonio” en el ámbito de la función pública, cabe señalar que en 1994 se estableció un plan para personas que realizan actividades domésticas a fin de facilitar la concesión del derecho a la pensión estatal contributiva a aquellas personas que abandonan su empleo para dedicarse al cuidado de otras. Este plan permite excluir un período máximo de 20 años dedicados al cuidado de niños menores de 12 años o el cuidado de personas con discapacidad del cómputo de las contribuciones al seguro social para determinar sus derechos al cobro de una pensión. Dicha medida reduce el número de años en que se dividen las cotizaciones de las personas, aumentando así su promedio anual y facilitando a tales personas el cumplimiento de los requisitos para obtener la concesión del importe máximo de la pensión estatal contributiva. No obstante, el plan no otorga por sí mismo el derecho a percibir la pensión, sino que también deben cumplirse los requisitos básicos para ello.
Medidas de protección de los empleados domésticos inmigrantes
Las Leyes de Igualdad en el Empleo no se aplican al proceso de contratación de un trabajador para prestar un servicio de atención individual en el domicilio de una persona (por ejemplo, servicios de atención o cuidado de niños) en aquellos casos en que el empleo afecte a la vida privada o personal de quienes residan en el hogar en cuestión, ya que una mujer, por ejemplo, tal vez prefiera que sea otra mujer quien se ocupe de desempeñar la tarea de cuidado de personas en su domicilio. Sin embargo, está prohibida la discriminación de este tipo de trabajadores una vez contratados. En el Código de Prácticas de aplicación voluntaria elaborado en el marco de la Ley de Relaciones Laborales de 1990 se alienta a los empleadores a adoptar prácticas contra la discriminación y cumplir la ley. Dicho Código de Prácticas establece una serie de derechos y mecanismos de protección laboral destinados a las personas empleadas en el domicilio de otras personas y sus disposiciones resultan admisibles en los procesos incoados ante los tribunales o los órganos de solución de controversias en materia de relaciones en el lugar de trabajo.
Promoción del reparto de las tareas domésticas y asistenciales entre mujeres y hombres
Las políticas en beneficio de la familia se sustentan en la legislación relativa a la licencia de maternidad, la licencia por adopción y la licencia parental. Las Leyes de Protección de la Maternidad de 1994 y 2004 contemplan una serie de prestaciones mínimas reglamentarias en relación con la conciliación de maternidad y trabajo, incluida la licencia de maternidad de 26 semanas. En virtud de lo dispuesto en la Ley de Licencia por Adopción de 1995 modificada por la Ley de Licencia por Adopción de 2005, la madre adoptiva tiene derecho a disfrutar de una licencia laboral por adopción de 24 semanas. Las Leyes de Licencia Parental permiten a los padres hacer uso de la licencia laboral parental para el cuidado de determinados hijos. La duración de la licencia parental para cada uno de los progenitores se aumentó a 18 semanas por hijo con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de la Unión Europea (Licencia Parental) de 2013. Está previsto consolidar las licencias de maternidad, por adopción, parental y para el cuidado de otras personas mediante un único instrumento legislativo: el proyecto de ley de licencia familiar.
La Ley de Licencia y Prestaciones de Paternidad de 2016 establece el derecho a solicitar, a partir de septiembre de 2016, una licencia de paternidad remunerada de dos semanas de duración y el pago de una prestación por este concepto.
En el programa gubernamental también se plantea aumentar considerablemente, a lo largo de un período de cinco años, la duración de la licencia parental existente para que abarque el primer año de vida del hijo. Asimismo, está prevista la publicación del Plan Nacional de Apoyo a la Paternidad, que incluirá diversas medidas prácticas y de ayuda orientadas a todos los padres.
El Grupo Interdepartamental de Trabajo sobre la Inversión Futura en el Cuidado del Niño en Irlanda presentó un informe en 2015. El Grupo llegó a la conclusión de que la inversión en medidas relativas a la oferta de servicios en este ámbito resultaba óptima desde el punto de vista estratégico para lograr los objetivos conjuntos de asequibilidad, accesibilidad y calidad. El Departamento de Asuntos relativos a la Infancia y la Juventud está trabajando en favor de la reforma de los programas de financiación estatal específicos para integrarlos en un único Programa de Cuidado Infantil Asequible que se presentará en 2017.
Dicho Departamento destina una financiación de más de 250 millones de euros anuales a respaldar la ejecución de diversos programas de apoyo al cuidado del niño. Esta financiación, que se suma a los pagos de prestaciones por hijos a cargo, permite ayudar a más de 100.000 niños cada año.
El Programa de Atención y Educación en la Primera Infancia ofrece este tipo de servicios con carácter gratuito durante un año a todos los niños en edad preescolar. El Departamento de Asuntos relativos a la Infancia y la Juventud paga una tasa de capitación a los servicios de primera infancia que participan en el Programa. A cambio, estos ofrecen un servicio gratuito de educación preescolar a todos los niños situados en el intervalo de edad requerido con una duración de 15 horas a lo largo de 38 semanas. Gracias a la ampliación del Programa a partir de septiembre de 2016, los niños podrán optar a plazas de educación preescolar financiadas por el Estado desde la edad de tres años hasta que empiecen la escuela, lo que reducirá en unos 1.500 euros adicionales el promedio de gastos anuales por cuidado de hijos asumidos por los padres.
Además de esta ayuda universal, hay una serie de programas que prestan apoyo específico a las familias de entornos desfavorecidos o con bajos ingresos. El más importante de ellos es el Programa de Subvención Comunitaria del Cuidado del Niño, en cuyo marco los padres desfavorecidos y aquellos que reciben formación, estudian o trabajan en empleos de escasa remuneración pueden acceder a servicios de cuidado del niño a un precio reducido y con una subvención máxima de 95 euros semanales.
Otros planes a través de los que se proporcionan servicios de cuidado del niño gratuitos o subvencionados son el Plan de Apoyo a la Educación y Formación para el Cuidado del Niño, que ofrece servicios de este tipo con carácter gratuito a determinados participantes en cursos de capacitación; el Programa de Cuidado del Niño en Horario Extraescolar, que ofrece a determinadas categorías de padres que se reincorporan al mercado laboral servicios gratuitos de atención extraescolar para niños del nivel de enseñanza primaria; y los planes de cuidado del niño para padres que buscan empleo y participan en planes de empleo comunitario.
En el presupuesto de 2016 se anunció un conjunto de inversiones adicionales por valor de 85 millones de euros destinadas al sector de servicios de cuidado del niño. Ello permitirá introducir una serie de mejoras importantes en los programas de apoyo al respecto. Entre tales mejoras cabe mencionar la ampliación del Programa de Atención y Educación en la Primera Infancia y el aumento de la prestación de servicios en el marco del Programa de Subvención Comunitaria del Cuidado del Niño.
Asimismo, se ha implantado un nuevo modelo para posibilitar el acceso y la participación de los niños con discapacidad en el Programa de Atención y Educación en la Primera Infancia. Se trata del Modelo de Acceso e Inclusión, un modelo centrado en el niño que contempla siete niveles de apoyo progresivo que abarcan desde un apoyo universal hasta un apoyo específico y basado en las necesidades tanto del niño como del proveedor de servicios de educación preescolar.
Régimen de prestaciones a familias monoparentales
Los progenitores sin cónyuge, entre otros beneficiarios del sistema de bienestar social, siguen teniendo acceso a planes de cuidado del niño creados con el fin de que puedan trabajar, en particular el Programa de Cuidado del Niño en Horario Extraescolar y el Plan de Cuidado del Niño en Caso de Empleo Comunitario.
El 2 de julio de 2015 se hizo efectiva la fase final de las reformas del régimen de prestaciones a familias monoparentales, con la reducción a 7 años del límite máximo de edad del hijo menor acogido al régimen. Los usuarios afectados por las reformas relativas a la edad pasaron a acogerse, según el caso, a otras prestaciones de apoyo a los ingresos. Entre ellas figuran el Pago de Transición a Solicitantes de Empleo, la Prestación para Solicitantes de Empleo y el Suplemento de Ingresos Familiares, prestaciones que pueden solicitar las personas cuyo hijo menor tenga una edad entre 7 y 13 años, ambos límites incluidos, y que estén criando a sus hijos ellas solas. Estos beneficiarios están exentos de cumplir los requisitos para la concesión de la Prestación para Solicitantes de Empleo, según los cuales se les exige estar dispuestos a aceptar un trabajo a tiempo completo y buscarlo activamente. Por definición, el progenitor sin cónyuge cuyo hijo menor tenga una edad inferior a 14 años ha de aceptar un empleo para poder recibir ayuda del Departamento de Protección Social en concepto de apoyo a los ingresos.
Los progenitores sin cónyuge también pueden ser beneficiarios de otro tipo de prestaciones de bienestar social y medidas de activación.
Respuesta núm. 21
Marco legislativo relativo a la interrupción del embarazo
El artículo 40.3.3 de la Constitución de Irlanda, tal como lo interpreta la Corte Suprema, establece la legalidad de la interrupción del embarazo en Irlanda cuando se determina en términos probabilísticos la existencia de un riesgo real y sustancial para la vida de la madre, y no solo para su salud, que únicamente puede evitarse poniendo fin a dicho embarazo. La Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo de 2013 regula el acceso a la interrupción del embarazo cuando existe un riesgo real e importante para la vida de la mujer derivado de su embarazo. La Ley entró en vigor el 1 de enero de 2014 y el documento de orientación relativo a su aplicación se publicó unos meses después ese mismo año. En la Ley se regula la práctica de la interrupción legal del embarazo de conformidad con la causa X y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto A, B y C c. Irlanda. Su propósito es conceder derechos procesales a las mujeres que crean que su vida corre peligro, de manera que puedan determinar con certeza si necesitan o no ese tratamiento.
Cabe observar que el Comité de Ministros del Consejo de Europa se declara satisfecho de que el Gobierno haya dado efecto a la decisión en el asunto A, B y C c. Irlanda mediante el establecimiento de la Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo de 2013, así como de la normativa y el documento de orientación conexos. El Comité de Ministros archivó la causa el 4 de diciembre de 2014.
En los casos en que el riesgo para la vida se derive de un problema de salud física, dos médicos deberán certificar que la mujer cumple los requisitos para someterse a una interrupción del embarazo, de los cuales uno deberá ser un obstetra o ginecólogo que ejerza en una institución competente. En situaciones de emergencia inmediata derivada de un trastorno de salud física, la opinión de un médico colegiado será suficiente para que la interrupción sea legal. Cuando corra peligro la vida de la mujer embarazada a causa de ideas suicidas, la necesidad del procedimiento deberá quedar certificada conjuntamente por tres médicos. Uno de ellos deberá ser un obstetra o ginecólogo que ejerza en una institución competente y los otros dos serán psiquiatras, de los cuales uno deberá ejercer su profesión asimismo en una institución competente y el otro, en un centro autorizado o bien en representación de la Dirección de Servicios de Salud, en nombre de esta o en ambos supuestos.
En situaciones que no se consideren emergencias, la legislación también contempla la consulta con el médico de cabecera de la mujer durante el proceso de diagnóstico, siempre que sea factible y con el consentimiento de esta. Una mujer puede someter su caso a revisión en un plazo determinado si desea que se revise la evaluación clínica realizada por el equipo que la trató inicialmente o si no ha podido obtener el correspondiente dictamen. A tal efecto, la Dirección de Servicios de Salud constituirá, con arreglo a un plazo concreto, un Comité de Revisión integrado por especialistas competentes, nombrados por los órganos profesionales independientes que corresponda y por la propia Dirección. Esta vía formal de revisión se suma, y no sustituye, a la posibilidad de que la mujer solicite una segunda opinión, tal como ocurre en la práctica médica ordinaria. El proceso oficial de revisión reproduce nuevamente el proceso de evaluación expuesto con anterioridad: en casos relacionados con trastornos de salud física, serán dos los médicos que se encarguen de la evaluación, mientras que en los casos de riesgo de suicidio será necesaria la intervención de tres médicos.
En 2015 se practicaron 26 interrupciones del embarazo con arreglo a la Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo de 2013. De ellas, 14 se debieron al riesgo para la vida de la madre por una enfermedad física, 9 al riesgo para la vida de la madre por una urgencia derivada de una enfermedad física y 3 al riesgo para la vida de la madre por ideas suicidas.
Demanda de servicios de aborto y costo de estos
El Programa de Prevención del Embarazo No Deseado de la Dirección de Servicios de Salud, cuya denominación anterior era Centro de Prevención del Embarazo No Deseado, se creó en 2001 para que colaborara estrechamente con los departamentos y organismos gubernamentales con el propósito de reducir el número de casos de embarazo no deseado, así como de abortos, entre las mujeres residentes en Irlanda. Este Programa realiza inversiones estratégicas en investigación para entender el contexto en que se producen los embarazos no deseados. Hasta la fecha se han publicado más de 35 informes de investigación sobre temas muy diversos relacionados con el embarazo no deseado y la salud y el comportamiento sexuales, incluidas investigaciones con mujeres jóvenes migrantes en torno al sexo, la fecundidad y la maternidad.
El sistema de seguimiento diseñado por el Programa de Prevención del Embarazo No Deseado con el fin de comprobar el número de mujeres que proporcionaba una dirección situada en Irlanda en las clínicas de otras jurisdicciones puso de manifiesto que el número de mujeres que viajaban desde Irlanda hasta el Reino Unido para acceder a servicios de aborto se había reducido en un 40%, de 6.673 en 2001 a 3.982 en 2012. El estudio sobre la anticoncepción y el embarazo no deseado en Irlanda Irish Contraception and Crisis Pregnancy Study, publicado en 2012, concluyó que el 94% del total de mujeres residentes en Irlanda que se habían sometido a un aborto había viajado al Reino Unido para que se le practicara.
Respuesta núm. 22
Atención posaborto gratuita
Los servicios de atención posaborto, entre los que se incluyen los chequeos médicos y el asesoramiento posaborto, se encuentran, de forma gratuita, a disposición de todas las mujeres residentes en Irlanda. La campaña “Abortion Aftercare”, diseñada por el Programa de Prevención del Embarazo No Deseado, pretende concienciar sobre la existencia de servicios gratuitos de asesoramiento y chequeo médico posaborto financiados por el Estado, los cuales se dan a conocer a través de www.abortionaftercare.ie.
Ley de Regulación de la Información de 1995
La libertad para desplazarse a otro Estado a fin de interrumpir un embarazo y obtener información en relación con este servicio está garantizada en el artículo 40.3.3 de la Constitución. Las condiciones en las que se puede facilitar en Irlanda información relativa a los servicios prestados legalmente en otro Estado están contempladas en la legislación. En la actualidad no se ha planteado introducir ningún cambio en esta regulación.
Servicios de planificación familiar y de salud sexual y reproductiva
La creación del Programa de Prevención del Embarazo No Deseado en 2001 contribuyó de manera decisiva a reducir la tasa de natalidad correspondiente a niños nacidos de madres adolescentes, que pasó de 20 casos registrados en 2001 por cada 1.000 mujeres de la población de Irlanda con edades entre 15 y 19 años a 9,3 casos registrados en 2014 por cada 1.000 mujeres de dicha población pertenecientes al mismo grupo de edad.
Si bien la disponibilidad de métodos anticonceptivos para las personas de todas las edades en Irlanda y su acceso a estos resultan adecuados, la Estrategia Nacional de Salud Sexual hace especial hincapié en la impartición de educación en materia de relaciones y sexualidad a fin de garantizar que los niños y los adolescentes adquieran la capacidad de comprensión, las actitudes, las aptitudes y los conocimientos necesarios para poder expresar su sexualidad de manera saludable a lo largo de la vida, tal como se señaló anteriormente en el presente informe.
En la Estrategia Nacional de Maternidad 2016-2026, publicada en enero de este año, se reconoce que el embarazo y el parto plantean a las mujeres una oportunidad única para centrarse en su salud y bienestar. La Estrategia subraya la importancia de atender las necesidades en materia de bienestar y salud sexual de la madre en ese momento, incluidas las de información sobre los tipos de métodos anticonceptivos existentes. El nuevo Programa Nacional de Salud de la Mujer y los Niños Menores de Un Año, una vez establecido, orientará la gestión, la organización y la prestación de servicios de maternidad, ginecología y atención neonatal dentro de la Dirección de Servicios de Salud.
Prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles que afectan en mayor medida a las mujeres, medidas preventivas y tratamiento
El desarrollo de los servicios de oncología en Irlanda se ha regido por un enfoque programático de las iniciativas de lucha contra el cáncer que abarca la prevención, la detección temprana, el seguimiento y la investigación y centralización basadas en datos empíricos obtenidos a nivel internacional para mejorar los resultados. El Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer ha reestructurado la prestación de servicios de cirugía oncológica en torno a ocho centros oncológicos especializados a fin de garantizarles un nivel de actividad suficiente que les permita mantener y ampliar constantemente su grado de especialización quirúrgica. Un elemento importante de las iniciativas de lucha contra el cáncer en Irlanda son los programas de diagnóstico del cáncer basados en datos empíricos y orientados a la detección temprana de células cancerosas o precancerosas para reducir la mortalidad causada por esta enfermedad.
En 2013 la incidencia del cáncer de mama en Irlanda era de 122,6 casos por cada 100.000 mujeres y el número de estas que vivía con la enfermedad era de 1.399,6 por cada 100.000. Desde 2000, el programa nacional de diagnóstico del cáncer de mama “BreastCheck” ha ofrecido a las mujeres de 50 a 64 años la posibilidad de someterse a mamografías bienales para diagnosticar esta enfermedad. En 2015 se decidió ampliar el programa de diagnóstico a las mujeres de 65 a 69 años, decisión que ya ha comenzado a llevarse a la práctica. Se han creado consultorios de diagnóstico sintomático del cáncer de mama en los ocho centros para facilitar el diagnóstico precoz. Tales servicios están dirigidos por un responsable clínico en cada uno de los centros oncológicos especializados y cuentan con el apoyo de un equipo multidisciplinario de especialistas en oncología. El grupo de responsables clínicos actúa como una red nacional cohesionada de profesionales médicos a través de la que se definen y difunden modelos de mejores prácticas para garantizar la normalización y la mejora de los servicios a nivel nacional.
En 2013 la incidencia del cáncer cervicouterino en Irlanda era de 12,4 casos por cada 100.000 mujeres y el número de estas que vivía con la enfermedad era de 140,4 por cada 100.000. El programa nacional de diagnóstico del cáncer cervicouterino “CervicalCheck” lleva en funcionamiento desde septiembre de 2008. Dicho programa ofrece a las mujeres de 26 a 60 años la posibilidad de someterse a pruebas diagnósticas de esta enfermedad. Por otro lado, desde 2010 existe un programa nacional de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), en cuyo marco se administran vacunas a las niñas que están cursando el primer año de la enseñanza posterior a la primaria.
La prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares en hombres y mujeres es un aspecto abordado en la política del Departamento de Salud denominada “Evolución de la Salud Cardiovascular: Política Nacional de Salud Cardiovascular 2010-2019”. Esta política hace más hincapié en las medidas preventivas de carácter primordial. La mortalidad femenina por cardiopatía isquémica en Irlanda se redujo en un 59% entre 1990 y 2010.
Asimismo, durante el presente año se pondrá en marcha una política y un plan de acción sobre la obesidad. La Encuesta de Salud de Irlanda (Healthy Ireland Survey) indica que el 60% de la población irlandesa padece sobrepeso u obesidad. En el intervalo de edad de 25 años en adelante, encontramos un 31% de mujeres con sobrepeso y un 22% con obesidad, lo que suma un porcentaje total del 53%. En cuanto a las mujeres con edades entre 15 y 24 años, el sobrepeso y la obesidad afectan de manera conjunta al 27%.
El presupuesto total de salud para este año calculado a partir de junio de 2016 asciende a 13.649 millones de euros (13.235 millones de euros con cargo a la cuenta corriente y 414 millones con cargo a la cuenta de capital).
Situación sanitaria de los grupos de mujeres vulnerables: mujeres itinerantes, romaníes, migrantes, de edad y con discapacidad
Es necesario contar con elementos de integración y enfoques específicos que garanticen la igualdad de todos los grupos en términos de acceso a servicios, participación y resultados. Si bien la atención sanitaria convencional es el principal mecanismo a través del que todos los usuarios de servicios, incluida la población itinerante y romaní, acceden a los servicios de atención y apoyo, es preciso diseñar nuevos programas que den respuesta a las necesidades específicas de este grupo.
Se espera que el diseño constante de elementos de identificación de origen étnico aplicables a todos los servicios de salud ayude a mejorar el seguimiento de la utilización de los servicios y proporcione información sobre las nuevas tendencias.
Se han logrado avances positivos hacia la mejora de los resultados en materia de salud de la comunidad itinerante. El estudio sobre la salud de la población itinerante en todo el territorio de Irlanda titulado All-Ireland Traveller Health Study y publicado en 2011 facilitó una sinopsis basada en datos empíricos del estado de salud de los miembros de dicha población, tanto mujeres como hombres. Las principales conclusiones de este estudio reflejaban la existencia de una diferencia en aumento entre el estado de salud de la comunidad itinerante y el de la población asentada, con cifras de mortalidad y morbilidad especialmente preocupantes en el caso de la primera en comparación con la segunda. El citado estudio también demostró que el acceso de la población itinerante a los servicios de salud era adecuado y que dicha población lo percibía como, al menos, tan bueno como el del resto de la población. Este hecho es digno de mención, ya que el acceso a los servicios sanitarios de atención primaria constituye un elemento importante de la prestación de servicios de salud. Para más información sobre el acceso de las mujeres itinerantes a los servicios de salud, véanse las respuestas a las preguntas planteadas en el párrafo 24.
Más del 94% de la población itinerante dispone de tarjetas sanitarias, porcentaje que llega hasta el 99% en el grupo de más edad. Aproximadamente el 97% está inscrito asimismo en el registro de algún médico de cabecera. Sin embargo, los resultados de la labor de investigación indican que la experiencia relacionada con la atención médica recibida no es tan buena como la del resto de la población; en este sentido, tanto la población itinerante como los proveedores de servicios señalan la comunicación como el principal problema.
La labor en relación con la salud de la población itinerante desempeñada por la Dirección de Servicios de Salud se basa en las conclusiones del estudio mencionado anteriormente; al mismo tiempo, existen estrategias conexas como la Estrategia de Atención Primaria y la Estrategia Nacional de Salud Intercultural de dicha Dirección que proporcionan marcos para atender eficazmente las necesidades de atención y apoyo. El Grupo de Atención para la Inclusión Social creado dentro de la División de Atención Primaria de la Dirección de Servicios de Salud es el que tiene la competencia en materia de salud de la comunidad itinerante y romaní. La estructura general del Foro Nacional Consultivo sobre la Salud de la Población Itinerante, compuesto por personal de los servicios de salud, representantes de las dependencias de salud que se ocupan de la población itinerante y representantes de dicha población, sigue constituyendo un marco estratégico y operacional para promover la aplicación de un enfoque coherente en el conjunto de tales dependencias capaz de atender las prioridades de salud de la comunidad itinerante detectadas en el estudio señalado con anterioridad. Asimismo, se están adoptando medidas específicas con respecto a esferas clave como el asma, la diabetes, la prevención del suicidio, las toxicomanías y otras adicciones.
El Proyecto de Integración de la Población Romaní de Tallaght, en colaboración con la organización Safetynet Primary Care Network y el Hospital Tallaght de Dublín, se encarga de prestar el servicio móvil de atención primaria de Safetynet orientado a la comunidad romaní, la mayor parte de la cual procede de Tallaght y de la zona circundante del suroeste de Dublín. El dispensario de atención primaria a la comunidad romaní se ocupa de numerosas cuestiones sanitarias, en particular el diagnóstico de enfermedades crónicas y agudas, la vacunación infantil y la atención prenatal.
Se han destinado al Departamento de Salud 1,46 millones de euros más para crear una Unidad Móvil de Reconocimiento Médico a partir del período 2016-2017. El objetivo de esta medida es ofrecer un servicio de reconocimiento médico y atención primaria accesible y especializado a una amplia gama de usuarios en situación de marginación en entornos como albergues, cárceles y centros de acogida. La medida beneficiará a un conjunto diverso de grupos marginados, entre ellos los constituidos por personas sin hogar, migrantes, solicitantes de asilo, romaníes e itinerantes, así como por aquellas personas que padecen algún tipo de adicción.
Para más información sobre la situación sanitaria de las mujeres detenidas, véase la respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta 24.
El Estudio Longitudinal Irlandés sobre el Envejecimiento (TILDA, por sus siglas originales) es un estudio longitudinal a gran escala, representativo de la población nacional, para cuya realización el Estado aportó una financiación considerable.
El primer conjunto de datos del Estudio TILDA indica que las mujeres manifiestan una calidad de vida mayor que los hombres y tienen más probabilidades de experimentar un incremento de esta a lo largo del tiempo. Sin embargo, las mujeres ven más afectada su calidad de vida a raíz del aumento progresivo de la discapacidad. Puede que, como principales cuidadoras de la familia, las mujeres reciban menos apoyo social a medida que su salud se debilita. Según se desprende del Estudio TILDA, la probabilidad de que las mujeres casadas declaren tener una pareja que les ayuda es menor en comparación con la de los hombres casados y, conforme la salud se debilita, el hecho de tener pareja es más beneficioso para la calidad de vida de los hombres que para la de las mujeres. Además, las mujeres casadas que cuidan de su cónyuge también tienen más probabilidades de presentar más síntomas de depresión que los hombres.
La Ley relativa a la Discapacidad de 2005 constituye una medida de acción afirmativa que proporciona una base legal para aumentar la accesibilidad de los servicios públicos, incluidos los servicios de salud pública y los servicios sociales individuales. La Ley aplica de manera efectiva el principio subyacente de que los servicios convencionales que se prestan al público en general también deben contemplar, como elemento constitutivo, la utilidad para las personas con discapacidad. El servicio de salud tiene la obligación de velar por que sus instalaciones, los servicios y la información que proporciona y la forma de comunicarse con las personas resulten accesibles para las personas con discapacidad. El documento National Guidelines on Accessible Health and Social Care Services facilita orientación práctica a todo el personal de atención sanitaria y social sobre la manera de prestar servicios accesibles.
Respuesta núm. 23
No existe diferencia alguna entre las zonas rurales y urbanas en cuanto a las prestaciones de seguridad social y otras ayudas que se destinan a las personas.
El Departamento de Asuntos Artísticos, Patrimoniales, Regionales, Rurales y de las Zonas Gaeltacht (zonas de habla mayoritariamente gaélica) está elaborando un nuevo Plan de Acción para las Zonas Rurales de Irlanda encaminado a promover el progreso económico y social de estas. El Plan de Acción constituirá una estructura general de ejecución de nuevas iniciativas gubernamentales capaces de beneficiar a las zonas rurales del país, así como de ejecución de los planes y las estrategias existentes, como el Informe de la Comisión para el Desarrollo Económico de las Zonas Rurales y la Carta para las Zonas Rurales de Irlanda.
El Plan de Acción definirá una serie de medidas sujetas a plazos que contemplarán productos concretos y medibles y coordinará la aplicación de esas medidas para asegurar que todas las zonas de Irlanda reciban el mismo apoyo y se favorezca su desarrollo en el futuro. Está previsto que el Plan se publique a finales de 2016.
Garantizar la contemplación de una dimensión de género en el desarrollo rural
Cada uno de los ocho planes de acción regionales para el empleo incluye objetivos específicos relativos a la participación de las mujeres en programas de formación básica de la Oficina Local de Empresa. Los planes también facilitarán la ampliación de las redes creadas entre diversas empresarias en las regiones.
En las directrices relativas a la elaboración de planes comunitarios y económicos a nivel local, se alienta a los Comités Locales de Desarrollo Comunitario y a las autoridades de este ámbito a evaluar los efectos del plan propuesto con arreglo a una serie de prioridades horizontales, incluida la igualdad. Para determinar las prioridades y hacer partícipes a las mujeres de la adopción de decisiones en el plano local, el diseño de estos planes se basó en una considerable labor de consulta, en particular con los grupos locales de mujeres. Por otro lado, en aquellos casos en que la responsabilidad del plan recae en el Grupo de Acción Local con arreglo a los fines contemplados en el componente LEADER del Programa de Desarrollo Rural, las normas del Programa exigen que cada Grupo de este tipo garantice una representación de género equilibrada.
Al elaborar el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de Irlanda, se analizaron detenidamente las cuestiones de la igualdad y la lucha contra la discriminación. Entre las esferas contempladas en el Programa de Desarrollo Rural que promueven la igualdad de género figuran el apoyo a la agricultura de colaboración y el reconocimiento de la contribución cada vez más importante que realizan las mujeres que trabajan en la agricultura en Irlanda al desarrollo de prácticas innovadoras, los avances empresariales y la asimilación tecnológica.
En 2015 y 2016, se proporcionó financiación con cargo al Fondo de Innovación y Desarrollo Rural de la Comisión para el Desarrollo Económico de las Zonas Rurales a fin de sufragar un programa de desarrollo empresarial. Asimismo, la iniciativa ACORNS desarrolla el potencial de las mujeres rurales que acaban de crear una empresa o han realizado los trámites concretos para ello, dotándolas de conocimientos adecuados, confianza y acceso a redes mediante actividades de mentoría y aprendizaje entre iguales.
La declaración sobre la política de turismo del Gobierno “People, Place and Policy - Growing Tourism 2025”, publicada en 2015, señala que en las regiones más rurales el porcentaje de mujeres empleadas en los servicios de hostelería y restauración se sitúa entre el 50% y el 62%, lo que indica que el sector del turismo constituye una valiosa fuente de empleo para las mujeres. El turismo se ha beneficiado de diversas iniciativas del Gobierno, entre ellas la aplicación de un tipo de IVA reducido (un 9%) a los servicios de dicho sector.
El Departamento de Transporte, Turismo y Deporte ha proporcionado financiación y ha establecido un marco de política para la ejecución del Programa de Transporte Rural a través de la Autoridad Nacional de Transporte. A partir del 1 de abril de 2012, se encomendó a dicha Autoridad la responsabilidad nacional relativa a la integración del transporte local y rural, incluida la gestión del Programa mencionado. Esta nueva función, junto con el mandato nacional de la Autoridad Nacional de Transporte de garantizar la prestación de servicios de transporte público de pasajeros, permite establecer mejores conexiones entre los servicios de transporte local y rural y los servicios programados de autobús y ferrocarril. El Programa de Transporte Rural presta servicio a personas cuyas necesidades de desplazamiento no quedan cubiertas por los servicios de autobús o ferrocarril y pretende mejorar y mantener, mediante la participación comunitaria, la accesibilidad en todo el país, en particular para las personas en riesgo de exclusión social y las personas con deficiencias de movilidad, sensoriales y cognitivas. Este Programa desempeña un papel importante en la lucha contra el aislamiento de las zonas rurales.
Conocimiento por parte de las mujeres rurales de los derechos contemplados en la Convención
El marco de promoción de los derechos humanos en el plano nacional atiende asimismo las necesidades de información de las mujeres rurales.
Respuesta núm. 24
Protección de los grupos desfavorecidos de mujeres frente a la violencia y los abusos sexuales
Véanse las respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 12.
Acceso de las mujeres de edad a los servicios de salud
Los servicios de medicina general se ofrecen de forma gratuita a todos los residentes mayores de 70 años. En la actualidad, la Dirección de Servicios de Salud emplea a 71 consultores médicos de medicina geriátrica, lo que supone un aumento del 6,7% desde diciembre de 2014.
El número total de personas con edad igual o superior a 70 años que dispone de tarjetas de visita para acceder a servicios de medicina general asciende actualmente a 87.559, de las cuales 43.188 son mujeres.
El Plan Nacional de Apoyo a las Residencias de Ancianos pretende garantizar que la atención a largo plazo en tales residencias sea accesible y asequible para todo aquel que la necesite, así como que se atienda a las personas en los entornos más adecuados. El Plan ofrece apoyo financiero para sufragar el costo de los servicios de asistencia residencial a largo plazo en las residencias de ancianos. El solicitante puede elegir cualquier residencia pública, gestionada por entidades benéficas o gestionada por empresas privadas autorizadas, siempre y cuando dicha residencia tenga plazas disponibles y sea capaz de atender sus necesidades. En virtud del Plan, los residentes de hogares de ancianos contribuyen a sufragar el costo de la atención que reciben en función de sus medios y la Dirección de Servicios de Salud asume los gastos restantes. La comprobación de los medios de vida no se aplica en el caso de la atención domiciliaria; el servicio se presta de forma gratuita y se basa en la evaluación de las necesidades de asistencia de la persona. El presupuesto neto del Plan de Apoyo a las Residencias de Ancianos correspondiente a 2016 asciende a 940 millones de euros. El Plan brindará ayuda a un promedio de 23.450 personas a la semana durante el presente año.
La Dirección de Servicios de Salud ofrece una serie de servicios comunitarios para garantizar que las personas de edad reciban atención y tratamiento de manera segura, oportuna y adecuada, con el menor grado de complejidad y lo más cerca posible de su domicilio. El Plan Nacional de Servicios correspondiente a 2016 de la Dirección de Servicios de Salud establece como objetivo destinar 2.005 camas a asistencia residencial a corto plazo, más de 300 camas a asistencia de transición y 10,4 millones de horas a ayuda a domicilio, así como la prestación de un conjunto de servicios de atención domiciliaria a 15.540 personas. Además, está previsto facilitar un conjunto de servicios de atención domiciliaria intensiva a 130 personas entre aquellas con necesidades más complejas. También se ayudará a otros 60 usuarios diagnosticados con demencia mediante la cofinanciación de Atlantic Philanthropies en el marco de la Estrategia Nacional Irlandesa contra la Demencia publicada en diciembre de 2014.
Los servicios de apoyo domiciliario se prestan en función de una evaluación de necesidades de atención sanitaria y se examinan periódicamente. Actualmente estos servicios se están viendo desbordados por el aumento de la demanda de personas y horas, a veces fuera del horario normal, por las noches y los fines de semana, todo lo cual supone un incremento del costo. El Gobierno ha respondido a esta demanda destinando una suma adicional de 40 millones de euros a la atención domiciliaria durante 2016. Gracias a ello, se logrará no solo mantener los servicios de apoyo domiciliario prestados en 2015 sino incrementarlos. Por otro lado, existe una Estrategia Nacional para el Envejecimiento Positivo que se encuentra en proceso de aplicación.
La Estrategia Nacional relativa a los Cuidadores, que se publicó en julio de 2012, establece la orientación estratégica de las políticas, los servicios y las ayudas que se destinarán en el futuro a los cuidadores. El tercer informe anual sobre la aplicación de la Estrategia se publicó en enero de 2016.
El documento básico recoge información general sobre la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
El Departamento de Justicia e Igualdad, junto con la Autoridad Nacional para la Discapacidad y el Grupo Nacional de Aplicación de la Estrategia contra la Discapacidad, está llevando a cabo un amplio proceso de consulta orientado a poner en marcha una Estrategia Nacional Revisada de Inclusión de las Personas con Discapacidad. El proceso de consulta brinda a las partes interesadas la oportunidad de formular recomendaciones en esferas fundamentales como la prestación de servicios, la vivienda, la salud, el empleo y la educación. Está previsto que la versión revisada de la Estrategia se ponga en marcha a finales de este año y se aplique hasta 2020.
La situación de las mujeres migrantes se ha abordado en diversos apartados del presente informe.
Mujeres itinerantes y romaníes
Se está llevando a cabo un amplio proceso de consulta en tres fases, dirigido por el Departamento de Justicia e Igualdad, para elaborar una nueva Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Itinerante y Romaní a fin de mejorar la situación de estas comunidades en Irlanda. A raíz de este proceso se establecerá un nuevo conjunto de medidas concretas que deberán adoptarse para conseguir mejoras reales en la calidad de vida de dicha población. En septiembre de 2016 se celebrará una serie de consultas públicas en relación con la tercera fase. La cuestión del reconocimiento de la población itinerante como grupo étnico se sigue examinando en el marco de la elaboración de la Estrategia de Inclusión. Otro tema clave de esta Estrategia de Inclusión son los problemas a los que se enfrentan los miembros de la comunidad itinerante en materia de vivienda, educación, empleo, interacción con la An Garda Síochána, salud y discriminación en la vida cotidiana.
Los sucesivos Gobiernos han reconocido la situación especial de la población itinerante en diversas disposiciones legislativas, administrativas e institucionales destinadas a proteger sus derechos y mejorar dicha situación. La alta prioridad otorgada por los sucesivos Gobiernos de Irlanda a la mejora de la situación de la comunidad itinerante queda reflejada en los recursos destinados a programas dirigidos específicamente a esta, en particular en las esferas de la vivienda y la salud, así como en el hecho de que en la legislación irlandesa sobre igualdad se los mencione como grupo al que es necesario brindar una protección específica.
Vivienda para la comunidad itinerante
En el documento básico figura un resumen de la evolución de la situación relativa a la vivienda para la comunidad itinerante hasta febrero de 2014. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Vivienda (Alojamiento de la Población Itinerante) de 1998, las autoridades competentes en dicha materia tienen la responsabilidad legal de evaluar las necesidades de vivienda de la comunidad itinerante, así como de diseñar, aprobar y ejecutar programas plurianuales de vivienda en sus correspondientes zonas. En 2013 se constituyó el quinto Comité Consultivo Nacional de Vivienda para la Comunidad Itinerante, cuyo mandato tendrá una duración de cuatro años. El cuarto conjunto de programas de vivienda para la población itinerante se aprobó en abril de 2014 y establecía una guía de planificación de las prioridades de inversión de las autoridades locales en la vivienda destinada a dicha población durante el período 2014-2018. Este tipo de programas deberá diseñarse en consulta con otras autoridades públicas, la comunidad y otros organismos, la población itinerante a través de su Comité Consultivo Local, y la población en general.
El cómputo anual correspondiente a 2015 de familias itinerantes residentes en viviendas proporcionadas por las autoridades municipales o con ayuda de estas y en campamentos no autorizados reflejaba que, de las 6.109 familias itinerantes contabilizadas en total, 5.575 residían en viviendas del primer tipo. De ellas, 3.229 se alojaban en viviendas estándar facilitadas por las autoridades locales, 762, en alojamientos grupales gestionados por las autoridades locales, 450 se encontraban en casas particulares con asistencia de dichas autoridades, 199 residían en viviendas proporcionadas por organismos de voluntariado con ayuda de las autoridades locales y 935 estaban alojadas en campamentos gestionados por tales autoridades. Las 534 familias restantes residían en campamentos no autorizados.
Mujeres y niñas internadas en cárceles y establecimientos penitenciarios
El documento “An Effective Response to Woman Who Offend”, relativo a la estrategia conjunta del Servicio de Vigilancia de la Libertad Condicional y el Servicio Penitenciario Irlandés correspondiente al período 2014-2016, establece los términos de la colaboración de ambos organismos con otros asociados del sector público, la comunidad y el sector del voluntariado en la ejecución de intervenciones centradas en las mujeres y más adecuadas a las necesidades de estas, la reducción de la delincuencia, el aumento de las oportunidades de reintegración y la obtención de resultados más positivos en general.
A fecha de 30 de abril de 2016 existía un total de 147 mujeres reclusas; de ellas, 36 estaban siendo juzgadas o se encontraban en prisión preventiva y 111 se hallaban cumpliendo condena. En cuanto a su perfil de edad, el 43% se encontraba en el grupo de edad de 30 a 40 años, el 30%, en el intervalo de edad de 18 a 30 años y el 27% tenía una edad igual o superior a 40 años. En el cuadro 34 se especifica el tipo de delitos cometidos por quienes cumplen penas de prisión; los datos indican que el porcentaje más alto (un 38%) corresponde a delitos de robo y otros delitos conexos (cuadro 36).
El número de órdenes de reclusión dictadas anualmente contra mujeres aumentó de 1.497 en 2010 a 2.644 en 2014. Este incremento se ha visto impulsado en gran medida por el considerable aumento del número de penas impuestas por delitos de tráfico y seguridad vial (gráfico 37).
Niñas detenidas
Desde 2007, el centro de detención de menores de Oberstown constituye el centro de internamiento penitenciario de todas las niñas detenidas menores de 18 años. No existen niñas internadas en el sistema penitenciario de adultos. En 2015 se efectuaron 11 internamientos de niñas en régimen de detención o prisión preventiva en Oberstown, referentes a 8 personas, por delitos de robo y fraude, alteración del orden público, agresión y violación de la libertad bajo fianza. No se condenó a ninguna niña a penas de reclusión en Oberstown en 2015.
El número de personas encarceladas por impago de multas constituye una fracción minúscula dentro del total de la población penitenciaria. Desde el 30 de abril de 2016, solo una mujer permanece detenida por impago de multas.
Siguen buscándose medidas alternativas a la privación de libertad y se han promulgado diversas leyes a este respecto. Entre ellas cabe señalar la Ley de Justicia Penal (Servicio Comunitario) (Modificación) de 2011, que exige que el juez de la causa estudie la posibilidad de imponer una pena de servicios comunitarios cuando la pena de privación de libertad que esté considerando sea equivalente o inferior a 12 meses de prisión. La Ley de Multas (Pago y Cobro) de 2014, que entró en vigor el 11 de enero de 2016, se refiere al impago de multas por parte de una persona o su negativa a pagarla y establece que la pena de prisión solo se aplicará como último recurso cuando no resulte apropiado dictar una orden de embargo, una orden de cobro o una orden de trabajo comunitario, o cuando se dicte una orden de trabajo comunitario y la persona la incumpla. El tribunal que imponga una multa habrá de tener en cuenta la situación económica de la persona. La Ley también establece que, si una persona deja de pagar una multa, el tribunal puede proceder al embargo de sus ingresos para remediar el impago. Se espera que a raíz de la aplicación de esta legislación se reduzca el número de condenas a penas de prisión de breve duración.
La Ley de Deudas Civiles (Procedimiento) de 2015 contempla la abolición de la pena de cárcel para los deudores en caso de impago de deudas civiles y también permite embargar los ingresos o practicar deducciones en los pagos de la asistencia social.
Mujeres y niñas itinerantes reclusas
El estudio sobre la salud de la población itinerante en todo el territorio de Irlanda al que se ha hecho referencia anteriormente concluyó que el riesgo relativo de encarcelamiento de las mujeres itinerantes se situaba en una cifra entre 9,8 y 11,5 casos por cada 10.000 y era entre 18 y 22 veces mayor que en el caso de las mujeres no itinerantes. Uno de los posibles centros de atención de la Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Itinerante y Romaní es la gestión y la solución de conflictos. El Grupo de Atención para la Inclusión Social de la Dirección de Servicios de Salud financia específicamente la investigación sobre las necesidades especiales y los problemas de las mujeres itinerantes en régimen de privación de libertad.
La situación sanitaria de las reclusas
Las mujeres encarceladas suelen tener necesidades complejas en materia de atención sanitaria. El consumo y el abuso de drogas a menudo perjudican su capacidad para obtener beneficio de los programas de prisiones. Es posible que las reclusas tengan un historial de desatención del cuidado personal, lo que puede constituir un problema para empoderarlas en este sentido.
No obstante, la calidad general de la atención sanitaria dispensada a las mujeres reclusas es, como mínimo, similar a la de la atención prestada a la comunidad. Si bien la prevalencia del VIH en las cárceles de Irlanda sigue siendo baja, el personal sanitario mantiene una actitud vigilante para fomentar la realización de pruebas diagnósticas y el tratamiento precoz, ya que una intervención temprana da lugar a mejores resultados. Cuando se detectan casos de abusos sexuales, las mujeres reciben la ayuda del personal de asistencia médica y psicológica en un primer momento y su caso se deriva a los servicios de orientación en casos de violación. Entre las prácticas innovadoras introducidas se incluyen el establecimiento de vínculos con programas nacionales de diagnóstico del cáncer de mama y el cáncer cervicouterino, la aplicación de una política general de no prescripción o desintoxicación de ansiolíticos e hipnóticos y la puesta en marcha de una iniciativa orientada a promover un estilo de vida saludable en virtud de la que se alienta a las mujeres a asumir la responsabilidad de cuidar su salud mediante un programa de educación y ejercicio.
En 2015 se diseñó un programa de capacitación en salud mental dirigido a todo el personal penitenciario que se ejecutará a lo largo de un período de tres años. A raíz de un estudio de 2015 realizado por el Servicio de Psicología del Servicio Penitenciario Irlandés, se ha definido un papel más integrado de dicho Servicio, haciendo especial hincapié en su función de gestión de los reclusos con un largo historial delictivo. Se están haciendo progresos para aplicar las recomendaciones de dicho estudio, que se refieren a delincuentes con problemas de adaptación, problemas relacionados con el uso indebido de sustancias y problemas de salud mental, así como a reclusos condenados a cadena perpetua. El personal de enfermería que se incorpora al servicio penitenciario sigue un programa específico de capacitación en prestación de servicios de enfermería en las prisiones. Se han elaborado los Programas de Sensibilización del Personal sobre la Salud Mental y sobre la Situación Particular de las Mujeres y todo el personal que trabaja con mujeres participa en este último, en el que se abordan cuestiones específicas relacionadas con las mujeres reclusas, como los factores que posiblemente las han llevado a incurrir en una conducta delictiva, los problemas a los que se enfrentan cuando están en la cárcel y las consecuencias de la encarcelación para las madres y sus hijos.
Respuesta núm. 25
La Ley de Protección de la Vivienda Familiar de 1976 modificada por la Ley de Derecho de Familia de 1995 establece la protección del domicilio familiar de las parejas casadas. La Ley de las Uniones Civiles y Determinados Derechos y Obligaciones de los Convivientes de 2010 otorga una protección similar al domicilio común de los miembros de las uniones civiles. Esta legislación impide a un cónyuge o un miembro de una unión civil vender, hipotecar, arrendar o enajenar el domicilio familiar o común sin el consentimiento del otro cónyuge o miembro de la unión civil. Los tribunales pueden prescindir del consentimiento del otro cónyuge o miembro de la unión civil cuando se considere que la denegación del consentimiento no obedece a motivos razonables. Un cónyuge o un miembro de una unión civil también puede solicitar a los tribunales órdenes que impidan al otro cónyuge o miembro de la unión civil realizar actos que puedan mermar su interés en el domicilio común o hacer que este resulte inhabitable.
Si bien algunos domicilios familiares están registrados exclusivamente a nombre de uno de los cónyuges, muchos están registrados a nombre de ambos cónyuges como tenencia conjunta, ya que esta suele ser una condición de la hipoteca contratada para comprar la vivienda. Mediante la exención del pago de derechos de timbre o registro por la transferencia de la propiedad de un domicilio familiar o domicilio común en tenencia conjunta, el Gobierno alienta a los cónyuges y los miembros de las uniones civiles a registrar dicho domicilio a nombre de ambos.
En virtud de la Ley de Derecho de Familia de 1995, el tribunal encargado de pronunciarse sobre el derecho a ocupar el domicilio familiar con motivo de una separación judicial o un divorcio tendrá en cuenta el bienestar de los cónyuges y de cualquier miembro a cargo de la familia y velará por que se disponga lo necesario a tal efecto, teniendo en cuenta especialmente los ingresos, los bienes y las necesidades de las partes.
En un estudio de 2011 realizado por la Oficina de la Ministra de Asuntos relativos a la Infancia y la Juventud se analizaron los acuerdos de separación y divorcio concertados ante los Tribunales de Circuito de Familia y se tomó nota de las órdenes dictadas respecto de la vivienda familiar. Entre los 63 propietarios de las viviendas incluidas en el análisis, las madres (33) tenían más probabilidades que los padres (7) de permanecer en el domicilio familiar. A cerca de la mitad de estas madres, en su mayoría con hijos, se les concedió la vivienda familiar como parte de un conjunto de medidas compensatorias en sustitución de la pensión de alimentos o debido al abandono de la familia por su cónyuge.
Reparto de bienes tras el divorcio o la disolución de las uniones de hecho
La Ley de las Uniones Civiles y Determinados Derechos y Obligaciones de los Convivientes de 2010 estableció un plan de compensación destinado a las parejas no casadas o registradas como unión civil, a fin de brindar protección a los miembros de este tipo de parejas en situación de dependencia financiera en caso de disolverse la relación de convivencia a largo plazo, ya fuera a causa de fallecimiento o por separación. El plan entró en vigor el 1 de enero de 2011 y contempla la posibilidad de que un conviviente en situación de dependencia financiera acuda a los tribunales para obtener una compensación mediante el dictado de órdenes de pago de la pensión de alimentos, conclusión y liquidación de la sociedad de bienes gananciales, ajuste de pensión y decisiones conexas, o bien para que se establezcan las disposiciones necesarias en relación con los bienes del conviviente fallecido. Hasta la fecha existe escasa jurisprudencia sobre estas disposiciones, si bien los tribunales ya han comenzado a aplicarlas.
Situación económica de las mujeres y los niños tras un divorcio
Las consecuencias económicas de la separación y el divorcio siguen siendo una esfera en desarrollo dentro de la labor de investigación y estudio sobre la exclusión social y la pobreza.
Respuesta núm. 26
En octubre de 2015 el Gobierno publicó una guía para la ratificación por Irlanda de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que se exponen los considerables cambios legislativos necesarios para superar los obstáculos que dificultan dicha ratificación. Actualmente se está redactando legislación en este sentido. Irlanda tiene el propósito de ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo a finales de 2016.

References: artículo 18
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 40
 artículo 18
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 42
 resolución 
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 artículo 40
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