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Timestamp: 2019-10-14 15:23:57+00:00

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BOE i notícies del 23 d'abril de 2019
NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 19 AL 23 D’ABRIL DE 2019
Orden PCI/462/2019, de 17 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2019, por el que se crea el Observatorio de Salud de las Mujeres.
(BOE, 23-04-2019)
Revisión salarial para el año 2019 del Convenio colectivo nacional para las industrias de hormas, tacones, cuñas, pisos y cambrillones de madera y corcho
Resolución de 4 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el año 2019 del Convenio colectivo nacional para las industrias de hormas, tacones, cuñas, pisos y cambrillones de madera y corcho.
(BOE, 22-04-2019)
Resolución de 18 de abril de 2019, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 18 de abril de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
Resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 4 de abril de 2019
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 4 de abril de 2019.
Resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 12 de abril de 2019
Resolución de 11 de abril de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 12 de abril de 2019.
Resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 11 de abril de 2019
Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 11 de abril de 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/index.php?d=97&s=3
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/index.php?d=96&s=3
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/20/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/20/index.php?d=95&s=3
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/index.php?d=94&s=3
RECULL DE PREMSA DEL 19 AL 23 D’ABRIL DE 2019
El 71% de los contribuyentes se fían del borrador
De hecho, el 77,2% de los contribuyentes afirma que ha recibido información suficiente sobre este importante documento a través del cual se determina el IRPF que cada uno de ellos debe al erario, y que este año se puede presentar hasta el 26 de junio para declaraciones a ingresar y hasta el 1 de julio para las demás. Pero lo que realmente parece faltar es la formación, ya que más de la mitad admite no tener los conocimientos fiscales necesarios para cumplimentarla. Así, la gran mayoría se fía de los datos que encuentra en el borrador que le entrega Hacienda y cuatro de cada 10 presenta la declaración personalmente, sin pedir ayuda a nadie. Este es el perfil mayoritario del contribuyente frente al acontecimiento tributario anual más trascendente, según una encuesta del comparador bancario iAhorro a más de 3.000 personas en todo el territorio español.
“¿Qué dificultades se encuentra a la hora de hacer la declaración?”, preguntaron a los participantes del estudio. El 56,2% contestó que no tiene suficientes conocimientos fiscales. Por rangos de edad, el porcentaje más alto –65,2%– se encontró entre los más jóvenes, de 18 a 24 años, seguidos por los de entre 35 y 44 años (63,2%). “Me parece difícil”, respondió otro 33,2%, y “No me fio de los datos de la Agencia Tributaria”, indicó el restante 10,6%.
“Todo ello denota claramente el déficit en formación financiera, incluso en temas básicos como puede ser la cumplimentación de una declaración sencilla”, constata Antonio Gallardo, experto en finanzas. Los encuestados indicaron también cómo o dónde, en su opinión, se debería aprender todo lo relacionado con la Renta. Para casi un tercio de ellos, sería en la educación secundaria, mientras que el 28,2% cree que debería ser la Agencia Tributaria quien se debería encargar de lanzar planes informativos más completos sobre esta materia. El 21,9% considera que esta formación podría ser impartida a sus trabajadores por las empresas. Por el contrario, el quinto remanente sostiene que cada ciudadano es responsable de su propia formación.
Pese a las dificultades que encuentra, el 43% de los contribuyentes presenta personalmente su propia declaración a través del servicio de tramitación del borrador. Es decir, ni pide cita en la Agencia Tributaria (lo que sí hace el 28,8%), ni encarga la declaración a un amigo o un familiar (opción escogida por el 19,6%), ni contrata a un profesional con este objetivo, como dice el 8,2%. Los que más autonomía reivindican son los contribuyentes de entre 45 y 55 años de edad (69,2%), seguidos por los de entre 35 y 44 años (67,2%). En el otro extremo, entre los mayores de 65 años, se dispara al máximo el porcentaje de quienes recurren al apoyo de la Agencia Tributaria (un 63,2%).
La escasez de conocimientos en ámbito fiscal no es óbice a que la confianza en los datos fiscales personales recopilados por Hacienda en el borrador de la declaración sea extremadamente alta. O, tal vez, la aliente. El 71% de los participantes en la encuesta declaró fiarse del borrador y solo el 15,4% consulta a un experto para comprobarlo. El 13,6% prefiere rehacer los cálculos por sí mismo. “Los esfuerzos de la Agencia Tributaria para hacer más accesible la declaración explica que sean sobre todo los mayores y los que presentan declaraciones más complejas, como los autónomos, quienes recurren más a los asesores fiscales”, explica Gallardo. No obstante, para este experto “es vital que a ello se acompañe una mejora del conocimiento general sobre la declaración”.
Si los expertos aconsejan mejorar algunos aspectos de la fiscalidad a lo largo del año o, al menos, revisarla durante el mes de diciembre –el último del ejercicio– con el objetivo de pagar menos IRPF en la siguiente declaración, solo la mitad de los contribuyentes los escucha (el 25,9% y el 27%, respectivamente). Por el contrario, el 47,1% se preocupa por este impuesto solo una vez que la campaña de recaudación ya ha empezado, a toro pasado. Los que más descuidan este aspecto son los jóvenes de 18 a 24 años (tres cuartas partes de ellos declaran mirar cuánto tendrá que pagar de IRPF solo cuando les toca hacer la declaración). Procuran hacerlo a lo largo del año sobre todo los contribuyentes que tienen entre 56 y 64 años (48,2%). El porcentaje más ingente de quienes revisan su fiscalidad a final de año se registra en el rango que va de los 35 a los 44 años (41,7%).
(El País, 22-04-2019)
El último informe anual que elaboran los tesoreros de los programas de Seguridad Social y el servicio de salud Medicare en Estados Unidos ofrece un panorama sombrío sobre las finanzas de ambos. Según señalan los autores del documento publicado el lunes, ambos programas enfrentan "un déficit de financiación a largo plazo en virtud de los beneficios y la financiación actual".
Una situación que comenzará a pasar factura tan pronto como el próximo año, en el caso de la Seguridad Social, cuando sus costes superarán los ingresos por primera vez desde 1982, dos años más tarde de lo previsto en el informe anterior. Durante los 84 años de historia, la Seguridad Social estadounidense ha recaudado cerca de 21,9 billones de dólares y desembolsado alrededor de 19 billones de dólares, dejando sus reservas a finales de 2018 en los 2,9 billones de dólares.
A partir de 2020, no quedará más remedio que acceder a la hucha de casi 3 billones de dólares con las que cuentan los dos fondos que componen el sistema a este lado del Atlántico: el Old-Age and Survivors Insurance (OASI, por sus siglas en inglés), centrado en las pensiones, y el Disability Insurance Trust Fund (DI, por sus siglas en inglés) que costea los programas de discapacidad.
Las proyecciones apuntan que, si no se realizan cambios, a partir de 2035 estas reservas se agotarán y ya no se podrá pagar los planes de forma completa. De este modo, el fondo OASI desembolsará a tiempo todos sus compromisos hasta 2034. Por su parte, el fondo DI lo hará hasta 2052, dos décadas más tarde de los previsto anteriormente dada la caída en las aplicaciones e incidentes.
El informe señala que el fondo de seguro hospitalario del Medicare, programa que ofrece atención médica a mayores de 65 años y discapacitados, se agotará en 2026, notando así la bajada de los impuestos sobre la nómina. "A pesar de la suposición de una desaceleración sustancial del crecimiento del gasto en salud per cápita, las proyecciones indican que el Medicare todavía enfrenta un déficit de financiación importante que deberá ser abordado con más legislación", recomiendan los tesoreros que supervisan tanto la Seguridad Social como el Medicare.
Como porcentaje del PIB, el coste anual de la Seguridad Social en EEUU ascenderá del 4,9% en 2019 hasta el 5,9% en 2039 mientras que los costes del Medicare aumentarán del 3,7% al 5,7% en 2035. Este año, el coste combinado será del 8,7%, un porcentaje que incrementará hasta el 11,6% en 2035.
Más de la mitad de las pensiones por jubilación son inferiores al SMI
Un total de 3.135.378 pensiones por jubilación en España, el 52,2% del total de estas pensiones, son inferiores a 900 euros, y, por tanto, al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fijado en dicha cuantía para este año.
Así lo reflejan los últimos datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social actualizados a 1 de marzo de 2019. Por tramos de cuantía, hasta los 899,99 euros mensuales en los que se encuadran estas algo más de tres millones de pensiones de jubilación destaca el tramo de 600,01 a 650 euros, que concentra el mayor número de pensiones, con 754.219.
Le sigue la horquilla de 650,01 a 700 euros, en la que se contabilizan 516.254 prestaciones de este tipo, y la de 800,01 a 850 euros, donde se encuadran 408.948. A partir de los 900 euros de pensión, cifra en la que está fijada el SMI, se engloba el 47,8% restante, equivalente a 2.875.599 prestaciones.
En esta parte destacan por concentrar las mayores cifras el tramo de 1.000,01 a 1.100 euros, en el que se encuadran 262.422 prestaciones, y el tramo de 2.659,4 a 2.659,42 euros, con 251.149 pensiones. Por su parte, en los extremos se contabilizan 89.217 pensiones de jubilación de hasta 150 euros mensuales, y 39.123 superiores a 2.659,42 euros.
(El País, 21-04-2019)
Una empresa no puede eliminar el regalo que da a sus empleados en Navidad para donar el importe a una ONG
Así lo determina la Audiencia Nacional (AN) en una reciente sentencia en la que estima que, al tratarse de una costumbre que se lleva haciendo los últimos quince años, la decisión de suprimirla no corresponde únicamente a la compañía, sino que “debe ser consultada con los representantes de los trabajadores”.
(Expansión, 19-04-2019)
Las empresas no están preparadas para el control horario de sus trabajadores
El próximo día 12 de mayo entra en vigor la obligatoriedad para las empresas de instalar sistemas de registro y control horario de los trabajadores. Hay sanciones por los incumplimientos y la gran mayoría de las empresas desconocen lo que tienen que hacer. Un panel de abogados analiza la nueva normativa, en el que destaca el consenso que hay sobre que la empresa española no está preparada para aplicar la medida. Además, subraya que para las medianas y pequeñas empresas supondrá un aumento de la carga de trabajo administrativo, y podrá ocasionar un aumento de gasto y molestias.
El registro diario del horario se incluye en un paquete de reformas para luchar contra la precariedad en el ámbito laboral. Se ha modificado el artículo 34 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y añadido un nuevo apartado 9.
La norma obliga a registrar la hora de inicio y finalización de la jornada de todos los trabajadores; a almacenar los registros cuatro años; y a que éstos sean accesibles a trabajadores, a sus representantes legales y a la Inspección.
Según un amplio reportaje que publica la revista 'Buen Gobierno, Iuris&Lex y RSC' en el que un nutrido plantel de abogados explica las claves de esta nueva obligación, las empresas piensan que es complicado controlar a quienes trabajan fuera de la sede de la empresa, desconocen los métodos de control que pueden aplicar y miran con recelo las sanciones que conllevará incumplir la norma.
(El Mundo, 19-04-2019)
(Expansión, 23-04-2019)
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha propuesto al próximo Gobierno que surja tras las elecciones que ponga en marcha un plan de incentivo a la adquisición de vehículos de combustión, con un presupuesto anual de 50 millones de euros y que se complemente con uno de impulso a la movilidad alternativa, con 150 millones de euros anuales.
En el marco de la presentación del plan de Movilidad de Anfac, el vicepresidente ejecutivo de la organización, Mario Armero, afirmó que desde la organización han propuesto a los partidos un plan de renovación del parque de tres años, con un presupuesto anual de 200 millones de euros.
Este monto se dividirá, según Armero, en "un mínimo" de 150 millones de euros para impulsar la movilidad de vehículos de cero y de bajas emisiones, y en otro programa anual de 50 millones de euros en este período, que se destinarán a incentivar la adquisición de vehículos con sistemas de propulsión de combustión.
El directivo afirmó que este plan orientado a los motores de combustión se ha convertido en necesario, a raíz de la caída de las ventas de automóviles que se está experimentando en los últimos meses y por la incertidumbre generada por la campaña contra el diésel o la gasolina. "El cliente no sabe qué vehículo comprarse", indicó.
Asimismo, Armero apuntó que los planes de incentivo a la adquisición de vehículos en España "son autosuficientes", ya que generan mayor recaudación de lo que cuestan, tal y como se ha demostrado con iniciativas anteriores como los planes Pive o 2000E.
Al mismo tiempo, destacó que la propuesta de Anfac de suprimir el impuesto de matriculación para crear uno de circulación vinculado al uso y no a la compra tendría un efecto "neutro" sobre la recaudación fiscal nacional, pero ayudaría a mejorar la calidad del aire y a aumentar la seguridad vial.
Por otro lado, el presidente de la organización, José Vicente de los Mozos, aseguró que sin que haya un mercado fuerte en España de movilidad de cero emisiones, no tiene sentido que se fabriquen vehículos eléctricos en el territorio nacional.
"Hay que avanzar en las infraestructuras, hay que generar confianza en el cliente, sin eso no es posible que el mercado sin emisiones sea potente y si no es potente, ¿para qué se van a fabricar coches eléctricos en España?", ha preguntado De los Mozos.
Por otro lado, el directivo subrayó que, respecto al diésel, los modelos actuales tienen unas emisiones mucho menores que los antiguos, por lo que demandó un apoyo "más comprometido" por parte de las administraciones para una movilidad eficiente de bajas y cero emisiones, pero reforzando una "neutralidad tecnológica", sin que se penalice ninguna.
Según un estudio de la jurisprudencia dictada desde 2015 (año en que entra en vigor el nuevo régimen de responsabilidad penal de las empresas) hasta finales de 2018, elaborado por Wolters Kluwer, el total de las mismas supera los 2.400 millones de euros. En todo caso, para una correcta interpretación de esta cifra es necesario tener en cuenta que la práctica totalidad de esa cantidad responde a un único proceso penal, en el que se impuso a tres empresas una multa de 775 millones de euros a cada una, al considerarlas culpables de varios delitos de tráfico de drogas.
De las 48 sentencias condenatorias dictadas contra personas jurídicas, 19 corresponden a delitos contra la Hacienda pública y el conjunto de sus sanciones asciende 43,3 millones de euros. Con el paso del tiempo se aprecia, además, una mayor severidad en la persecución de las infracciones de tipo fiscal. De las 19 condenas, 13 fueron dictadas el año pasado. El segundo delito que más multas acapara es la estafa, con siete.
Conviene recordar que, para proteger específicamente de los riesgos fiscales se ha aprobado recientemente la norma UNE 19602, cuyo certificado pretende servir para a las empresas para un doble fin. Por un lado, poner en marcha un sistema que minimice el peligro de cometer algún tipo de infracción tributaria (no solo delitos); y, por otro, servir de prueba ante Hacienda y los tribunales de que no ha existido voluntad defraudatoria.
Por tribunales, el mayor número de condenas (36) proviene de las audiencias provinciales; por su parte, el Tribunal Supremo ha dictado cuatro; la Audiencia Nacional y los juzgados, tres, respectivamente; y los tribunales superiores de justicia, dos.
Conviene recordar que las empresas no pueden ser condenadas por cualquier delito que cometan sus empleados, sino que es necesario que el Código Penal especifique, expresamente, que ese tipo puede provocar su responsabilidad criminal.
Además de por los delitos mencionados, se han dictado sanciones por blanqueo, asociación ilícita, delitos medioambientales, infracciones urbanísticas, contrabando, insolvencias punibles y apropiación indebida. En otros casos, como en los delitos contra los derechos de los trabajadores, si bien no puede declararse a la empresa penalmente responsable, sí cabe imponerle "accesoriamente" las mismas sanciones (artículo 129 del Código Penal).
(Cinco Días, 20-04-2019)

References: Resolución 

Resolución 
 artículo 36

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 artículo 34