Source: https://tc.vlex.es/vid/1-stc-52-f-j-4-15356277
Timestamp: 2019-12-13 09:03:52+00:00

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STC 47/1993, 8 de Febrero de 1993 - Jurisprudencia - VLEX 15356277
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 2.730/1990
1. En la línea de la doctrina formulada por la STC 222/1992, que declaró inconstitucional el art. 52 de la Ley de Arrendamientos Urbanos «en la medida en que excluye del beneficio de la subrogación «mortis causa» a quien hubiera convivido de modo marital y estable con el arrendatario fallecido», se afirma ahora que a los fines de la protección constitucional de quienes conviven «more uxorio» es suficiente la existencia de una unión estable, pues al ser el elemento esencial la libre voluntad de sus componentes, hace que sean irrelevantes las circunstancias o motivaciones que han podido determinar tanto la constitución como el mantenimiento de esa unión no matrimonial [F.J. 4].
Sentencia citada en: 6179 sentencias, 43 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo núm. 2.730/90, interpuesto por don Alfredo M. L. representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Pilar García Gutiérrez, bajo la dirección del Letrado don Francisco Gracia Carabantes, contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 29 de octubre de 1990, desestimatoria del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Zaragoza, dictada en autos sobre resolución de contrato de arrendamiento urbano. En el proceso de amparo ha comparecido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Julio Diego González Campos, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito que tiene entrada en este Tribunal el 23 de noviembre de 1990, la Procuradora de los Tribunales doña María Pilar García Gutiérrez, en nombre y representación de don Alfredo M. L. interpone recurso de amparo contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 29 de octubre de 1990, que desestimó la apelación contra la dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Zaragoza, que decretó el desahucio en autos de resolución de contrato de arrendamientos urbanos.
A) El hoy recurrente en amparo convivía desde 1971 con doña María V. I. A. viuda, y con los cinco hijos de ésta, sin existir vínculo matrimonial entre ellos. En estas circunstancias, el 14 de febrero de 1974 los antes indicados fijaron su domicilio en una vivienda propiedad de don Mariano A. G. sita en la calle Castelar, núm. 16, entresuelo derecha, de Zaragoza, con quien la señora I. A. suscribió el correspondiente contrato de arrendamiento.
B) Doña María V. I. A. falleció el 7 de junio de 1989. El 31 de julio de 1989, el arrendador señor A. G. requirió al hoy recurrente en amparo mediante carta por correo certificado con acuse de recibo para que desocupase la vivienda y el 4 de diciembre de 1989 el señor A. G. presentó demanda de desahucio por precario contra el señor M. L., por estimar que ocupaba un piso de su propiedad sin tener título para ello ni relación de parentesco con la inquilina fallecida. A ello se opuso el hoy recurrente en amparo alegando en primer lugar su condición de arrendatario, pues al suscribirse el contrato constaba su convivencia estable con la fallecida doña María V. I. A. y los hijos de ésta y, en segundo término, su derecho a subrogarse en el arrendamiento de conformidad con el art. 58 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos (L.A.U.) en relación con los arts. 14 y 39.1 C.E.
C) El Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Zaragoza, por Sentencia de 6 de marzo de 1990, consideró que de la prueba practicada se desprendía que el señor M. L. convivió con la arrendataria y con los hijos de ésta «a lo largo de un amplio lapso de tiempo, y hasta el fallecimiento de esta última, formando una unidad familiar estable, y ocupándose del mantenimiento y educación de los hijos como si fueran propios»; y que si bien el art. 39.1 C.E. establece la protección social, económica y jurídica de la familia, sin distinguir en él la unión matrimonial de la unión de hecho, al aplicar dicho principio al caso concreto de la prueba practicada también se desprende que el señor M. L. y la arrendataria «no contrajeron matrimonio con el fin de liberar a los hijos del cumplimiento del servicio militar, como así ocurrió», por lo que la conducta del demandado no podía quedar amparada por el principio de buena fe que el art. 1 L.A.U. establece como base para el ejercicio de los derechos; acordando en definitiva estimar la demanda, declarando haber lugar al desahucio solicitado y condenando a don Alfredo M. L. a que desaloje y deje libre la vivienda a disposición del propietario, con apercibimiento de lanzamiento si no lo verifica dentro del término legal.
En virtud de todo ello solicita de este Tribunal que se dicte Sentencia por la que se declare la nulidad de la dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza en 29 de octubre de 1990, que confirma la del Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de la misma ciudad, y se declare el derecho del recurrente en amparo a subrogarse en el contrato de arrendamiento concertado por su esposa de hecho doña María V. I. A.
4. Por providencia de 11 de febrero de 1991, la Sección Tercera de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo presentada y tener por parte actora al señor M. L., representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Pilar García Gutiérrez, y de conformidad con el art. 51 LOTC interesar la remisión de las actuaciones correspondientes al recurso de apelación (rollo núm. 475/90) de la Audiencia Provincial de Zaragoza, así como de las actuaciones correspondientes a los autos tramitados bajo el núm. 900/89 del Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Zaragoza, emplazando para que puedan comparecer, si lo desean, dentro del término legal a quienes hubiesen sido parte en la vía judicial, con excepción del hoy demandante de amparo.
6. En su escrito de alegaciones de 24 de abril de 1991 la representación del solicitante de amparo, señor M. L., invocó la doctrina sentada por este Tribunal en su STC 209/1988, sobre el principio de igualdad, alegando que en el presente caso ello significa el derecho de la familia, en relación con el art. 39.1 C.E. A su juicio la aplicación del art. 58.1 L.A.U. por las Sentencias impugnadas ha producido una discriminación entre las parejas de hecho y las unidas por vínculo matrimonial, reiterando los argumentos ya expuestos en el escrito de interposición del recurso de amparo.
7. En su escrito de alegaciones, presentado el 27 de abril de 1991, el Ministerio Fiscal estima que procede denegar el amparo solicitado por don Alfredo M. L. Admitido que es posible acudir en amparo cuando la resolución judicial que se supone vulnera el derecho fundamental no hace sino cumplir el mandato contenido en una Ley, es preciso determinar si las resoluciones impugnadas vulneran el art. 14 C.E. por estar basadas en el art. 58.1 L.A.U. que es, como sostiene el recurrente, contrario al principio de igualdad ante la Ley.
En los AATC 156/1987 y 788/1987, citados por la Sentencia de la Audiencia, se dice, en efecto, que el matrimonio y la convivencia en una relación extramatrimonial no son situaciones equivalentes y por ello es constitucionalmente legítimo que el legislador, dentro de su amplísima libertad de decisión, deduzca razonablemente consecuencias diversas de la diferente situación de hecho tomada como punto de partida. Más recientemente la STC 184/1990, resolviendo la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el art. 160 de la Ley General de la Seguridad Social y la Disposición adicional décima , 2, de la Ley 30/1981, de 7 de julio, también pone de relieve cómo la convivencia extramatrimonial no equivale al matrimonio al establecer aquella disposición especial protección a las uniones extramatrimoniales que tuvieran su causa en la imposibilidad de contraer matrimonio como consecuencia de la legislación anterior a la Ley 30/1981, en la que el divorcio era inexistente. El matrimonio es una institución social garantizada por la Constitución, y el derecho del hombre y la mujer a contraerlo es un derecho constitucional (art. 32.1). En cambio, la unión more uxorio ni es una institución jurídicamente garantizada, ni hay un derecho constitucional a su establecimiento. Es decir, la Constitución no reconoce en ningún caso el derecho a la unión de hecho con idéntico o similar tratamiento jurídico que el matrimonio. Esto es bastante para que el legislador pueda establecer un régimen jurídico diferenciado entre la unión matrimonial y la no matrimonial, sin que vulnere el principio de igualdad y no discriminación consagrado en el art. 14 C.E. Así lo ha reiterado el Tribunal Constitucional en numerosas Sentencias en las que se cuestionaban las resoluciones que denegaron pensión de viudedad a quien no tenía la condición de cónyuge del causante, sino de mero conviviente, citándose, por todas, la STC 77/1991, en la que se citan otras anteriores, coincidentes en proclamar que el matrimonio y la convivencia no son situaciones equivalentes.
1. La presente demanda de amparo se dirige contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Zaragoza de 6 de marzo de 1990, que estimó la demanda de desahucio por precario presentada por el propietario de la vivienda don Mariano A. G. contra el hoy recurrente en amparo, don Alfredo M. L. así como la Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 29 de octubre de 1990, que confirmó en apelación la resolución de instancia.
En relación con este precepto constitucional, la STC 222/1992 ha considerado, en tercer lugar, que en esta materia «es discernible un elemento objetivo, de carácter fáctico, que impone la comparación entre dos usuarios legítimos de la vivienda arrendada, el viudo del arrendatario fallecido y quien con él haya convivido more uxorio, pues la Ley (art. 58.1, in fine) condiciona la subrogación del cónyuge supérstite a la convivencia con el fallecido»; siendo este elemento fáctico el que la norma toma en consideración «para hacer posible, mediante la subrogación, una continuidad en la ocupación de la vivienda arrendada» (fundamento jurídico 5.). Y finalmente, todo lo anterior ha llevado a estimar que el mencionado precepto de la Ley de Arrendamientos Urbanos no se atempera al principio constitucional de igualdad pues «la diferenciación que introduce entre el miembro supérstite de la pareja matrimonial y el que lo sea de una unión de hecho no sólo carece de un fin aceptable desde la perspectiva jurídica constitucional que aquí importa, sino que entra en contradicción, además, con fines o mandatos presentes en la propia norma constitucional», como es el caso, en particular, de los contenidos en los arts. 39.1 y 47 C.E. (fundamento jurídico 6.).
3. A la luz de la doctrina que se acaba de exponer debe examinarse la demanda de amparo formulada por don Alfredo M. L. contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Zaragoza y, en apelación, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de la misma ciudad, confirmatoria de la anterior.
Al respecto, debe partirse de los hechos declarados probados en la Sentencia de instancia, aceptados por la dictada en apelación, donde se afirma que «de la prueba practicada se desprende que el señor M. L. convivió con la arrendataria (por contrato de 14 de febrero de 1974) doña María V. I. A. de estado viuda, y con los hijos de ésta, a lo largo de un amplio lapso de tiempo, y hasta el fallecimiento de esta última, formando una unidad familiar, estable, y ocupándose del mantenimiento y educación de los hijos como si fueran propios». Existió pues, durante un período de tiempo prolongado, una convivencia more uxorio del hoy solicitante de amparo con la arrendataria de la vivienda. Lo que entraña, en primer lugar, que esta unión no matrimonial, cuya estabilidad es evidente, constituía una familia a los fines del art. 39.1 C.E. y, consiguientemente, al fallecimiento de la arrendataria de la vivienda gozaba de la protección social, económica y jurídica que el citado precepto consagra como mandato o directriz constitucional que ha de informar la actuación de todos los poderes públicos; pues en correspondencia con el pluralismo de opciones personales existente en la sociedad española y la preeminencia que posee el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 C.E.), la Constitución no sólo protege a la familia que se constituye mediante el matrimonio -aunque a ésta la proteja especialmente (STC 45/1989)- sino también a la familia como realidad social, entendida por tal la que se constituye voluntariamente mediante la unión de hecho, afectiva y estable, de una pareja.
En segundo lugar, como se ha dicho en la STC 222/1992, el mandato de protección de la familia del art. 39.1 C.E. constituye el fundamento constitucional sobrevenido del derecho de subrogación mortis causa del art. 58.1 L.A.U., precepto cuya redacción es anterior a la Constitución. Por tanto, ha de estimarse que el señor M. L., por convivir more uxorio con la arrendataria de la vivienda, al fallecimiento de ésta gozaba del beneficio de subrogación en el contrato de arrendamiento, sin que pueda ser discriminado en el ejercicio de ese derecho por el carácter no matrimonial de su unión, como han hecho las resoluciones judiciales impugnadas en el presente recurso. Pues como se ha declarado en la citada STC 222/1992, la diferenciación que se deriva del tenor literal del art. 58.1 L.A.U. entre las uniones matrimoniales y las constituidas por quienes conviven more uxorio no posee una justificación objetiva y razonable y, además, contradice lo dispuesto en el art. 14 en relación con los mandatos y principios de los arts. 39.1 y 47 C.E.
4. En relación con el carácter no matrimonial de la unión a la que se refiere el presente caso se ha sostenido por la Sentencia de instancia aquí impugnada que si el solicitante de amparo y quien con él convivía more uxorio no contrajeron matrimonio, ello se debió exclusivamente al deseo de que los hijos de la arrendataria, viuda, pudieran ser dispensados del servicio militar. Lo que en dicha resolución ha sido considerado contrario al principio de buena fe, al que debe acomodarse el ejercicio de los derechos previstos en la Ley de Arrendamientos Urbanos y, en concreto, el de la prórroga mortis causa en el arrendamiento por parte del señor M. L..
En segundo término no cabe olvidar que la protección constitucional de la familia que consagra el art. 39.1 C.E. y de la que deriva la extensión del derecho a la prórroga mortis causa del arrendamiento por imperativo del art. 14 C.E., según se ha dicho antes, se extiende no sólo al matrimonio sino a las uniones no matrimoniales como la formada por el señor M. y la señora I. A.. Por consiguiente, a los fines de la protección constitucional de quienes conviven more uxorio es suficiente la existencia de una unión estable; pues al ser el elemento esencial la libre voluntad de sus componentes, ello hace que sean irrelevantes las circunstancias o motivaciones que han podido determinar tanto la constitución como el mantenimiento de esa unión no matrimonial.
Otorgar el amparo pedido por don Alfredo M. L. y, en consecuencia:
2. Declarar la nulidad de las Sentencias dictadas por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza el 29 de octubre de 1990, en recurso de apelación, y la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Zaragoza de 6 de marzo de 1990, en autos de desahucio por precario núm. 900/89, a instancia de don Mariano A. G. contra el hoy recurrente en amparo.
Voto particular que formula el Magistrado excelentísimo señor don Alvaro R. B. a la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 2.730/90
Discrepo de la Sentencia porque, en mi opinión, de la Constitución (arts. 14 y 39.1) no se deriva «un derecho a la equiparación», a efectos del derecho a la subrogación en el contrato de arrendamiento, de la unión de hecho more uxorio con el matrimonio, que convierta en inconstitucional -por discriminación arbitraria y no razonable- la diferenciación establecida por el legislador civil en el art. 58.1 de la L.A.U.
En mi opinión, las circunstancias concretas del caso objeto del presente recurso de amparo debería conducir -y si cabe con mayor fuerza- a estimar que no ha existido lesión alguna del invocado derecho a la igualdad del art. 14 C.E. (en relación con el art. 39.1 C.E.) por las resoluciones judiciales aquí impugnadas, y por tanto a la denegación del amparo. No lo entiende así la mayoría de la Sala, en aplicación mecánica de la doctrina sentada por la reciente Sentencia del Pleno, STC 222/1992, de la cual he disentido radicalmente por las razones ya expuestas en mi Voto particular incorporado a dicha Sentencia y al que ahora, necesariamente, he de remitirme.
Porque, a fin de cuentas, más allá del caso la interrogante que cabe suscitar es si legítimamente es posible, invocando el derecho constitucional a la igualdad ante la Ley y el principio constitucional de protección a la familia, exigir la equiparación de las uniones de hecho con las uniones matrimoniales cuando de manera manifiesta se pretenda tal equiparación sólo en lo que toca a los beneficios o ventajas que se derivan de su régimen jurídico, pero no en los inconvenientes (cargas y deberes). Y ello, cuando quien pudiendo haber contraido matrimonio y libremente permanece unido de hecho a otra persona, no quiso tal equiparación precisamente para quedar excluido de la disciplina matrimonial (pluralidad de derechos y deberes que establece el ordenamiento jurídico), y más concretamente de determinadas consecuencias jurídicas (v. gr., en el caso, la alteración del estado civil de viudedad de uno de los miembros de la pareja) que habría de conllevar efectos indeseados (v. gr., en el caso, la pérdida de la condición de hijos de viuda a los efectos, entre otros, del derecho a la exención del servicio militar que ello reportaba).
¿Es posible al mismo tiempo ser «cónyuge» y no serlo a los efectos, no ya de las normas del «círculo interior» de la relación de convivencia más específicamente propios del régimen jurídico matrimonial (normas de Derecho matrimonial y de familia), sino de aquellas otras normas que partiendo del matrimonio como un presupuesto, tratan de regular aspectos distintos de la relación de convivencia en cuanto tal (como es, en el caso, la norma de subrogación en el arrendamiento o la de exención del servicio militar a los hijos de viuda)?
Y si para evitar situaciones, difícilmente admisibles, de posibilidad de una especie de «matrimonio a la carta», se pensase que la equiparación de las uniones de hecho more uxorio (¿y, por qué no, también las que no aparecen adornadas por las notas de convivencia y estabilidad o voluntad de permanencia? y ¿quid las parejas de hecho homosexuales?) con las matrimoniales ha de serlo a todos los efectos, en los beneficios pero también en los inconvenientes que se derivan de dicha situación jurídica reonocida y garantizada constitucionalmente (art. 32 C.E.), ¿no estaremos, acaso, «inventando» «otro» matrimonio?
En nada, pues, han vulnerado el art. 14 C.E. las resoluciones judiciales al distinguir, en su aplicación del art. 58.1 de la L.A.U., entre ambas situaciones, pues el diferente tratamiento ante la Ley no puede tacharse de arbitrario, irrazonable o carente de justificación objetiva atendiendo a la finalidad de la norma (que tiene un claro fundamento en la protección a la familia constituida mediante el vínculo matrimonial) si se tiene en cuenta que tal diferencia de trato en la relación arrendaticia entre las uniones de hecho y las parejas casadas en nada atentaba al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 C.E.), coartando una libre elección de estado civil que había sido tomada por ambos miembros de la pareja por razones de oportunidad y conveniencia, perfectamente atendibles y respetables, que ponían de manifiesto bien a las claras su voluntad de no constituirse en matrimonio, con las ventajas (conservar ella su condición de viuda; derecho a la exención del servicio militar para sus hijos...) y los inconvenientes (no poder acogerse el «esposo de hecho», que no cónyuge, al derecho de sucesión en la relación arrendaticia que contempla el art. 58.1 de la L.A.U.).
Voto particular que formula el Magistrado don José Gabaldón López a la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 2.730/90
Congruentemente con el Voto particular que formulé en la STC (Pleno) 222/1992, debo insistir ahora en sus fundamentos, aunque sólo como punto de partida de mi opinión sobre la constitucionalidad del art. 58.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en cuanto ahora la insconstitucionalidad del mismo es determinante de la estimación del amparo. Y también respecto de la procedencia en este recurso de dictar un fallo desestimatorio.
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