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Timestamp: 2019-03-19 02:01:05+00:00

Document:
Sentencia de Tutela nº 282/16 de Corte Constitucional, 1 de Junio de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 643582829
Actor: CRISTELA SIERRA CHAVARRO
Demandado: BANCO BBVA S.A. Y OTRO
Fecha de Resolución: 1 de Junio de 2016
Expediente: T-5357716
ACCION DE TUTELA CONTRA ASEGURADORA. OBLIGACION DE PROBAR NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE LA PREEXISTENCIA ALEGADA Y LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO. La vulneración de derechos fundamentales por parte de la Aseguradora y Banco accionados se atribuye, respectivamente en su orden, a la negativa de pagar la póliza correspondiente al contrato de seguro suscrito con la accionante y; al inicio de un proceso ejecutivo para hacer efectivo el cobro de las obligaciones crediticias adquiridas por ésta. La Aseguradora adujo que la actora omitió dar información completa de su estado de salud, particularmente, de una cirugía de columna lumbar que le fue practicada antes de firmar el contrato, lo cual configuraba una reticencia. Esto lo aseveró, a pesar de que la causa de la pérdida de capacidad laboral estaba relacionada con la ocurrencia de un Accidente Cerebro Vascular. El Banco por su parte argumentó, que el proceso ejecutivo se debió al incumplimiento de la peticionaria frente a las obligaciones adquiridas con la entidad financiera. Se aborda el análisis de los siguientes temas: 1º. Verificación de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. 2º. Vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, en virtud de las actuaciones desplegadas por las demandadas y, 3º. La obligación de las aseguradoras de probar el nexo de causalidad entre la preexistencia alegada y la ocurrencia del siniestro. Se CONCEDE la protección solicitada y se ordena a la Aseguradora efectuar el trámite necesario para pagar al Banco BBVA S.A. el saldo insoluto de las obligaciones crediticias adquiridas por la demandante. Se ordena comunicar esta decisión al juzgado que adelanta el proceso ejecutivo, para que suspenda el trámite del mismo y, para que una vez la seguradora cancele la deuda al banco, solicita a la Oficina de Instrumentos Públicos de Neiva, la cancelación de la medida cautelar de embargo correspondiente.
Bogotá, D.C., primero (1º) de junio de dos mil dieciséis (2016).
a Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados J.I.P.P. y J.I.P.C., y la Magistrada G.S.O., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
El 5 de agosto de 2015[1], a través de apoderada judicial, la señora C.S.C. presentó acción de tutela en contra de la Aseguradora BBVA Seguros de Vida S.A. y el Banco BBVA S.A. La accionante considera que sus derechos fundamentales al mínimo vital, vida digna, el principio de dignidad humana y el derecho al debido proceso fueron vulnerados por las instituciones accionadas, las cuales se negaron a pagar la póliza del seguro de deudores adquirido por ésta, y, adicionalmente, iniciaron un proceso ejecutivo en su contra.
El 30 de mayo de 2012, la señora C.S.C., quien se desempeñaba como cantante en la ciudad de Neiva, adquirió un crédito hipotecario para adquisición de vivienda por una suma de cuarenta y dos millones de pesos ($42.000.000) con el Banco BBVA S.A.
El 6 de junio de 2012, adquirió un crédito para mejora de vivienda con la misma entidad financiera, por valor de treinta millones de pesos ($30.000.000).
La accionante suscribió un contrato de seguro con la aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. con el fin de garantizar el cumplimiento de cada una de las obligaciones crediticias anteriormente descritas[2]. El cubrimiento de la póliza comprendía los riesgos de muerte por cualquier causa, incluyendo el suicidio y el homicidio; incapacidad total y permanente, desmembración o inutilización e incapacidad total temporal del contrayente.
La señora C.S.C. manifiesta que no le fueron aplicados los cuestionarios de declaración de asegurabilidad, razón por la cual no efectuó ningún tipo de pronunciamiento sobre ello. No obstante, expresa que el representante legal de la aseguradora avaló con su firma el certificado de ingreso a la póliza[3].
La accionante menciona que el 12 de junio de 2012 le fue comunicado que no iba a ser contratada como cantante por parte de la Alcaldía de Neiva, y como consecuencia de ello, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV). Afirma que los honorarios que iba a recibir por el referido contrato estaban destinados al pago del crédito con la entidad financiera accionada.
Señala que el 17 de junio de 2014, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del H. la calificó con una pérdida de capacidad laboral del setenta y ocho punto ochenta y cinco por ciento (78,85%), como resultado de un accidente cerebrovascular y depresión, ambas enfermedades calificadas como de origen común[4]. De acuerdo con lo consagrado en el dictamen, la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral fue el 17 de junio de 2012[5].
El 18 de junio de 2014, la accionante remitió el dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación del H. al Banco BBVA, y solicitó requerir a la aseguradora el pago de la obligación crediticia.
El 29 de agosto de 2014, la compañía aseguradora BBVA Seguros de Vida S.A. negó el pago de la póliza, toda vez que, a juicio de la institución, la señora C.S.C. omitió declarar que tenía antecedentes de hernia discal con cirugía de columna lumbar al momento de tomar el seguro. Esta situación, en opinión de la institución accionada, constituyó “reticencia” en los términos del artículo 1058 del Código de Comercio. La entidad indicó:
“Por medio de la presente le informamos que después del análisis de la reclamación presentada directamente por la asegurada en referencia el pasado 20 de junio, afectando el amparo de incapacidad total y permanente; por presentar Accidente Cerebrovascular (ACV) Y Depresión, según el dictamen de calificación de Perdida (sic) de Capacidad Laboral (PCL) DEL 78.85% emitido por Junta Regional de Calificación de Invalidez del H. el 17 de junio de 2014, encontramos que la señora C.S.C. tiene antecedentes de Hernia Discal con Cirugía de Columna Lumbar en historia clínica del 28 de marzo de 2011 de la SC Central de Especialistas Las Ceibas.
La referida decisión fue objeto de los recursos de reposición y apelación por parte de la accionante[7], los cuales fueron desestimados por la institución accionada. Así, mediante comunicación del 6 de octubre de 2014, la compañía BBVA Seguros de Vida S.A. refirió:
El Banco BBVA inició un proceso ejecutivo en contra de la accionante, con el fin de obtener el pago de las cuotas vencidas, que a la fecha de la presentación de la tutela eran doce (12), y cuyo valor ascendía a catorce millones setecientos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta pesos ($14.758.840,28). Señala que el eventual embargo de la vivienda en la que actualmente reside generaría un perjuicio irremediable, tanto para ella como para su compañero permanente, quien actualmente no labora por cuanto se dedica a su atención y cuidado, y los dos (2) hijos con los que convive[9].
La accionante manifiesta que el crédito de mejoras adquirido el 6 de junio de 2012 fue utilizado para sufragar los gastos médicos derivados del accidente sufrido por ésta y para el pago de las obligaciones con el Banco BBVA. Asimismo, indica que su única fuente de ingreso es un modesto auxilio por enfermedad catastrófica que le otorga la Organización Sayco-Acinpro, el cual no tiene carácter pensional, y resulta insuficiente para el cubrimiento de sus necesidades básicas.
La accionante resalta que el accidente que originó la pérdida de capacidad laboral tuvo lugar después de la suscripción del contrato de seguro, y que incluso la entidad aseguradora reconoció esta situación. En consecuencia, solicita que i) se ordene a la aseguradora el pago insoluto de las obligaciones contraídas por la accionante con el Banco BBA, por razón de la ocurrencia del siniestro previsto en la póliza, y ii) que se ordene al banco abstenerse de realizar el trámite ejecutivo en su contra, o que éste se dé por terminado en caso de que hubiese iniciado.
Actuaciones procesales en sede de tutela.
El 6 de agosto de 2015[10], a través de apoderada judicial[11], la señora C.S.C. presentó acción de tutela en contra de la Aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y el Banco BBVA Colombia S.A., y alegó la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, mínimo vital, vida digna, dignidad humana y debido proceso.
Respuesta de Banco BBVA Colombia
Respuesta de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.
Explicó que los precedentes contenidos en las Sentencias T-222 de 2014 y T-490 de 2009 no resultaban aplicables al caso concreto, como equivocadamente pretendía la apoderada de la accionante. Manifestó que, a diferencia de las situaciones fácticas analizadas en las mencionadas providencias, la señora C.S.C. sí diligenció el cuestionario propuesto. En este sentido, resaltó:
La apoderada de la accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia[14]. Así, se opuso a los argumentos esgrimidos por el juez, y manifestó que la pretensión de la acción de tutela no era la obtención de un beneficio patrimonial, sino la protección inmediata de los derechos fundamentales al mínimo vital, vida y vivienda dignas de la señora C.S.C., los cuales se encontraban amenazados por razón del proceso ejecutivo adelantado por el banco en su contra.
Así, el juez de segunda instancia indicó que además de no cumplirse con el requisito de subsidiariedad, tampoco existía certeza de la presunta obligación de la aseguradora de pagar la póliza respectiva. Por ello, confirmó la decisión de primera instancia, e indicó que la jurisdicción ordinaria era la competente para analizar y resolver la controversia planteada por la accionante.
H.P. en el expediente
Condiciones generales de la póliza No. 0110043 (Folios 26 y 27 del Cuaderno No. 1)
Certificado individual de seguro de vida de deudores (Folios 24 y 25 del Cuaderno No. 1)
Dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral No. 5009 del 17 de junio de 2014, cuyo resultado es 78,85% de pérdida de capacidad laboral (Cuaderno No. 1, F. 19 a 21)
Objeción de la aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. a la reclamación de la señora Cristela Sierra Chavarro (Folio 14 del Cuaderno No. 1)
Recurso de reposición y en subsidio de apelación presentado por la accionante en contra de la objeción de la aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. (Folio 15 del Cuaderno No. 1)
Documentos médicos relacionados con el accidente cerebrovascular (Cuaderno No. 1, F. 28 a 32)
Comunicaciones de la sociedad “Abogados Especializados en Cobranzas S.A.”, en la que se informa que de no llegar a un acuerdo de pago, se iniciaría el proceso ejecutivo (Cuaderno No. 1, F. 36 y 37)
Valoración socio-familiar efectuada por la trabajadora social en la que se pone de presente el estado de depresión de la accionante (Cuaderno No. 1, Folios 33 a 35)
Adicionalmente, la apoderada de la señora C.S.C. remitió los siguientes documentos a la Corte Constitucional en el trámite de revisión:
Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble de la accionante, con folio de matrícula inmobiliaria No. 200-98240, en cuya anotación 20 consta la medida de embargo ejecutivo (Cuaderno 3, F. 21 y 22)
Copia del auto en el que se ordena la diligencia de secuestro del inmueble de propiedad de la accionante (Cuaderno 3, Folio 23)
Copia de acuerdo en el que se aplaza la diligencia de secuestro por el término de dos meses (Cuaderno 3, folio 24)
Corresponde a la Corte Constitucional analizar, en Sala de Revisión, las sentencias proferidas dentro de la acción de tutela en referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Como se señaló en el acápite de hechos, la accionante considera que sus derechos fundamentales al debido proceso y mínimo vital fueron vulnerados por la aseguradora BBVA Seguros de Vida S.A. y el Banco BBVA. La primera entidad se negó a pagar la póliza correspondiente al contrato de seguro suscrito con la accionante, pese a que, en opinión de la señora C.S.C., se cumplieron los requisitos contractuales para ello. Por su parte, el Banco BBVA inició el cobro de las obligaciones crediticias a través de un proceso ejecutivo, lo cual amenazó su mínimo vital, teniendo en cuenta que éste recayó sobre el inmueble destinado a vivienda de la accionante y su familia.
No obstante, las entidades aducen que no son responsables de la vulneración que se les endilga. De un lado, la Aseguradora BBVA manifiesta que la accionante omitió dar información completa de su estado de salud, y particularmente, de una cirugía de columna lumbar que le había sido practicada antes de firmar el contrato. Esto, a juicio de la aseguradora, configuraría “reticencia” en los términos del artículo 1058 del Código de Comercio, pese a que la causa de la pérdida de capacidad laboral no estaba relacionada con dicho evento. Por otro lado, el Banco BBVA afirma que es una entidad distinta a BBVA Seguros de Vida y que por lo tanto, no ha efectuado ninguna de las acciones u omisiones alegadas por la accionante en lo relativo al contrato de seguro. Ademas, señala que, en todo caso, el desarrollo del proceso ejecutivo se debió al incumplimiento de la accionante frente a las obligaciones adquiridas con la entidad financiera, lo cual no implica una violación de derechos fundamentales.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, para verificar la procedencia de la acción de tutela deberá demostrarse el cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) legitimidad activa y pasiva; (ii) vulneración o amenaza de un derecho constitucional fundamental; (iii) subsidiariedad; e (iv) inmediatez.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona puede acceder a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales afectados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los particulares, en los casos que determine la ley.
Ahora bien, el artículo 86 de la Constitución prevé que la acción de tutela puede interponerse contra cualquier autoridad pública que por su acción y omisión amenace o dañe derechos fundamentales. No obstante, la misma norma señala que la acción de tutela es procedente contra particulares en cuatro eventos, principalmente: i) cuando éstos prestan un servicio público, ii) cuando su actuar afecte el interés colectivo, iii) cuando éstos actúan frente a ciudadanos que se encuentran en estado de subordinación o, iv) en estado de indefensión.
La Sala advierte que con respecto a BBVA Seguros de Vida S.A. se configura el requisito de legitimidad por pasiva, dada su calidad de compañía aseguradora y prestadora de un servicio público. A su vez, la Corte advierte la asimetría de la relación negocial entre la señora C.S.C. y la institución, y por ende, la situación de indefensión de la accionante, en tanto el contrato de seguro firmado era de adhesión. A su vez, la accionante le endilga la renuencia a pagar el seguro adquirido por ésta, pese a que, en su parecer, se cumplen todos los requisitos contractuales para el cumplimiento de la obligación por parte de la aseguradora.
Los derechos involucrados en el presente caso, a saber, debido proceso y mínimo vital, tienen el carácter de fundamentales, y pueden ser reclamados en sede de tutela.
La Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela debe ser instaurada en un término razonable, para evitar que la incongruencia entre el medio judicial utilizado y el fin perseguido con la misma, devenga en la imposibilidad de proteger los derechos alegados como violados, o que se configure una violación de derechos de terceros.[17]Sin embargo, la Corte Constitucional no ha establecido un término perentorio, siendo deber del juez ponderar, en cada caso concreto, la razonabilidad del término transcurrido entre la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, y la fecha de presentación de la acción constitucional.
Teniendo en cuenta lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política y 6º del Decreto 2591 de 1991, la subsidiariedad es un requisito de la acción de tutela, lo que implica que sólo será procedente cuando el accionante carezca de otro medio de defensa judicial provisto en el ordenamiento jurídico colombiano. Sin embargo, será necesario que el juez constitucional evalúe la idoneidad y eficacia del medio de defensa judicial para la protección de los derechos fundamentales alegados como violados, situación que deberá ser estudiada en cada caso concreto, con el fin de establecer la procedencia de la acción de tutela.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha señalado que, en principio, el juez de tutela no es competente para analizar asuntos de materia contractual cuya pretensión sea puramente económica, como es el caso de las controversias relacionadas con el pago de seguros por ocurrencia del siniestro, toda vez que éstos deben ser estudiados y resueltos por la jurisdicción ordinaria[18]. No obstante, la Corporación ha aceptado la procedencia de la acción de tutela de forma excepcional, especialmente en aquellos casos en que se pueda configurar una afectación a derechos fundamentales por razón de la falta de reconocimiento de la prestación económica[19].
Finalmente, es pertinente resaltar que el requisito de subsidiariedad debe ser analizado de acuerdo con las particularidades de cada caso, especialmente cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional, por ejemplo, en los casos en que se encuentra en estado de indefensión[21]. En efecto, la Corte ha indicado que el juez de tutela puede declarar la procedencia de la acción constitucional, incluso si no se han ejercido los mecanismos judiciales ordinarios, cuando el accionante, por su especial condición de debilidad con motivo de una grave enfermedad o situación de discapacidad, por ejemplo, no se encuentra en condiciones de adelantar este tipo de procesos y de atender a su resolución[22].
La Corte considera que en el caso analizado se cumplen las características que la jurisprudencia ha establecido con respecto al requisito de subsidiariedad. En primer lugar, si bien la demanda se dirige a cuestionar un aspecto, en principio, de carácter contractual, lo cierto es que éste tiene una incidencia directa en los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y vivienda digna de la accionante, los cuales no son susceptibles de ser protegidos de forma eficaz en un proceso ordinario. Pese a que la petición principal es el reconocimiento y pago de un seguro de vida, lo cierto es que la omisión de la aseguradora supone una amenaza del mínimo vital de la accionante, toda vez que actualmente se adelanta un proceso ejecutivo sobre la vivienda en la que habita junto con su familia, la cual, además, ya es objeto de embargo. Adicionalmente, la Sala resalta que la accionante se encuentra en una situación de debilidad manifiesta, por razón de la pérdida de su capacidad laboral en un setenta y ocho punto ochenta y cinco por ciento (78,85%), en el hecho de que no cuenta con pensión de vejez y de que los ingresos de su familia son modestos e insuficientes para el pago de la deuda y el tratamiento de su enfermedad, y, al mismo tiempo, la subsistencia del núcleo familiar.
El derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en principio, se predica de toda actuación judicial y administrativa. No obstante, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el alcance de esta garantía constitucional, y ha establecido que éste también debe ser observado en las relaciones entre particulares[23]. En particular, la garantía del debido proceso cobra mayor relevancia en aquellos casos en que el ciudadano se encuentra en una situación de indefensión o subordinación frente al particular, el cual puede incurrir en un abuso del derecho en virtud de su posición dominante o de su facultad de imponer algún tipo de restricción o sanción. Al respecto, en la Sentencia T-796 de 2005[24] la Corte indicó:
La Corte Constitucional ha establecido la existencia de la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y mínimo vital en diversos casos que involucran contratos de seguro de vida de deudores. Tal y como se indicó en el acápite de procedencia, en este tipo de negocios jurídicos existe una relación de asimetría entre las partes, caracterizada, de un lado, por la posición dominante de la aseguradora, y de otro, por la indefensión del tomador, quien se obliga a aceptar en su totalidad las cláusulas del contrato de seguro para garantizar el crédito adquirido con una entidad financiera. En tanto este tipo de relaciones puede devenir en la grave afectación de los derechos fundamentales de los tomadores, la Corte Constitucional ha definido una línea jurisprudencial sólida frente a las prácticas abusivas adelantadas por las aseguradoras en detrimento de las garantías constitucionales de los usuarios.
De los pronunciamientos de la Corte Constitucional anteriormente esbozados se pueden extraer los principios y criterios a tener en cuenta para determinar la vulneración de los derechos fundamentales del tomador, cuando la aseguradora alega reticencia. En consecuencia, i) en virtud del principio de buena fe, las aseguradoras tienen la obligación de redactar precisa y taxativamente todas las exclusiones posibles; ii) las aseguradoras tienen la obligación de realizar exámenes médicos con anterioridad a la suscripción del contrato, con el objetivo de determinar de forma real y objetiva la situación de salud del tomador; iii) en caso de que no se practiquen los exámenes médicos, la aseguradora tiene la obligación de probar la mala fe del tomador, y iv) si el asegurador conocía, podía conocer o no demuestra los hechos que dan lugar a la supuesta reticencia, no podrá eximirse de la obligación del pago del seguro.
La Sala advierte que las cargas impuestas a las aseguradoras tienen como finalidad proteger los derechos fundamentales de los tomadores, quienes, en su mayoría, son usuarios del sistema financiero que se ven compelidos a garantizar un crédito a través de la suscripción de un contrato de seguro de vida, el cual es un negocio jurídico adicional al contrato principal del usuario con el banco.
Ahora bien, este tipo de privilegios otorgados por el sistema jurídico a las entidades financieras, en principio, no es inconstitucional. No obstante, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido de forma pacífica que dichas facultades o privilegios no son omnímodos. En efecto, en la Sentencia T-738 de 2011[32] la Corte señaló que un incorrecto ejercicio de las facultades otorgadas a las entidades del sistema financiero, como es el caso de los bancos y de las aseguradoras, puede devenir en un abuso de la posición dominante de dichas entidades, y en la consecuente vulneración de derechos fundamentales de los usuarios. Al respecto, indicó:
En efecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el alcance del derecho fundamental al debido proceso en materia de contrato de seguros. Así, ha señalado que en virtud de este derecho constitucional fundamental, las aseguradoras tienen la obligación de realizar un análisis adecuado de las condiciones del marco legal para determinar la procedencia del pago de la indemnización. Al respecto, en la Sentencia T-902 de 2013[33] manifestó:
“El derecho fundamental al debido proceso (art. 29, C.P.), como lo ha entendido la Corte para los casos en los cuales se examina la actuación de una aseguradora, estipula que las determinaciones acerca de si se reconoce o no un derecho deben estar basadas en las condiciones previamente pactadas, sin desconocimiento del marco legal. En este caso, la demandada utilizó una interpretación particular del contrato de seguro para afirmar que la accionante debía acudir a la Junta Regional de Calificación para demostrar el siniestro, pero no observó que en realidad esa restricción probatoria no estaba consagrada, ni podía imponerse partiendo de una lectura favorable al usuario. La S. en esta ocasión considera que el derecho fundamental al debido proceso de la tutelante fue vulnerado”. (Subraya y negrilla fuera del texto)
En consecuencia, la obligación de las aseguradoras para determinar el pago o no de una indemnización excede la de demostrar la ocurrencia de una presunta preexistencia no comunicada por el tomador. En virtud del derecho fundamental al debido proceso y del principio de responsabilidad en la valoración de las pruebas, la entidad también deberá valorar las pruebas aportadas en el trámite adelantado por el tomador a la luz de los principios de la sana crítica.
Es por esto que, en caso de que la aseguradora alegue la existencia de la figura de la “reticencia”, deberá demostrar el nexo de causalidad entre la preexistencia aludida y la condición médica que dio origen al siniestro, de forma clara y razonada, y con fundamento en las pruebas aportadas en el expediente. De esta manera, la aseguradora es la parte contractual que tiene la carga de probar dicho elemento objetivo para efectos de exonerarse de su responsabilidad en el pago de la indemnización.
Ahora bien, la Sala resalta que, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la aseguradora que alega reticencia, además de probar este elemento objetivo: a saber, el nexo de causalidad entre la preexistencia alegada y la ocurrencia del siniestro, tiene la obligación de probar el elemento subjetivo, esto es, la mala fe del tomador. En consecuencia, la aseguradora tiene una doble carga: i) por un lado, probar que existe una relación inescindible entre la condición médica preexistente y el siniestro acaecido, y ii) por otro, demostrar que el tomador actuó de mala fe, y que voluntariamente omitió la comunicación de dicha condición.
En similar sentido, en virtud del deber de solidaridad, y atendiendo a su posición dominante en el mercado, las entidades financieras tienen la obligación de analizar la procedencia de iniciar un proceso ejecutivo en aquellos casos en los que un crédito se encuentre amparado en un seguro de vida de grupo de deudores. Para ello, deberán estudiar no sólo el cumplimiento de las causales contenidas en el contrato celebrado con el usuario, sino que deberán analizar con detenimiento las pruebas aportadas por éste, previamente a la iniciación de un trámite ejecutivo.
La Sala encuentra que en el caso analizado la accionante tomó un seguro de vida de grupo de deudores con la aseguradora BBVA Seguros de Vida S.A., requisito indispensable para adquirir cada uno de los créditos de vivienda y mejoras con el Banco BBVA S.A del 30 de mayo y 6 de junio de 2012. Como se deduce del clausulado del contrato de seguro, el cubrimiento de la póliza comprendía los riesgos de “muerte por cualquier causa, incluyendo el suicidio y el homicidio; incapacidad total y permanente, desmembración o inutilización e incapacidad total temporal del contrayente”[34].
Asimismo, el 17 de junio de 2014, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del H. dictaminó que la señora C.S.C. había perdido su capacidad laboral en un setenta y ocho punto ochenta y cinco por ciento (78,85%), como resultado de un accidente cerebrovascular y depresión[35]. Igualmente, estableció que la fecha de estructuración era del 17 de junio de 2012[36].
La Corte advierte que la aseguradora BBVA Seguros de Vida S.A. omitió el deber de probar el nexo de causalidad entre la ocurrencia del siniestro (relacionado con un accidente cerebrovascular y un cuadro de depresión) y las condiciones médicas preexistentes de la señora C.S.C., a saber, la hernia discal y la cirugía de columna lumbar. Esta obligación, como se indicó previamente, es una garantía esencial del derecho fundamental al debido proceso de los tomadores de seguros de vida, razón por la cual la objeción al pago de la indemnización no resulta procedente.
Ahora bien, en tanto no se cumple el elemento objetivo de la reticencia, esto es, una preexistencia cuya relación con la ocurrencia del siniestro esté debidamente probada, la Corte se abstendrá de realizar el análisis del elemento subjetivo, a saber, la buena fe del tomador.
En consecuencia, la decisión deliberada, arbitraria y abusiva de negar el pago del seguro, sin acreditar debidamente la relación de causalidad entre la preexistencia alegada y la ocurrencia del siniestro, devino en la vulneración del derecho al debido proceso de la accionante por parte de BBVA Seguros de Vida S.A. Sin embargo, aunado a esto, esta actuación irregular por parte de la aseguradora configuró una vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital y vida digna de la accionante, como pasará a explicarse a continuación.
Para la Sala es claro que la omisión de la aseguradora amenaza de forma actual y concreta el derecho fundamental al mínimo vital de la accionante, especialmente dadas sus condiciones de indefensión por razón de la pérdida de capacidad laboral que soporta, la cual es de casi un ochenta por ciento (80%). No obstante, es importante acotar que el Banco BBVA también ha incidido en la afectación de este derecho fundamental. En efecto, la Corte resalta que fue esta entidad financiera la que, de un lado, solicitó que se amparara el crédito a través de una póliza de seguros de vida, la cual constituyó un contrato de adhesión frente al cual la accionante no pudo oponerse. A su vez, como consta en el expediente, la accionante solicitó al banco la suspensión del proceso ejecutivo, sin recibir una respuesta positiva a sus requerimientos. En este sentido, la Corte considera que el desarrollo de un proceso ejecutivo en las circunstancias particulares en las que se encuentra la señora C.S.C. vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y vivienda digna.
En consecuencia, la Corte Constitucional ordenará a la aseguradora BBVA Seguros de Vida S.A. a pagar al Banco BBVA S.A. los saldos insolutos de las obligaciones crediticias adquiridos por la señora C.S.C., en virtud del contrato de seguro adquirido con la referida compañía y de la indemnización resultante de la ocurrencia del siniestro. Asimismo, comunicará la presente providencia al Juzgado Noveno Civil Municipal de Neiva, despacho que actualmente tramita el proceso ejecutivo, con el objeto de que suspenda el proceso ejecutivo iniciado por el Banco BBVA S.A. en contra de la accionante. El funcionario judicial, a su vez, solicitará el levantamiento de la medida cautelar de embargo sobre el bien inmueble a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva, una vez sean pagadas las obligaciones crediticias.
Segundo.- ORDENAR a la aseguradora BBVA Seguros de Vida S.A. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia efectúe el trámite necesario para pagar al Banco BBVA S.A. el saldo insoluto de las obligaciones crediticias adquiridas por la señora C.S.C..
Tercero.-- COMUNICAR la presente providencia al Juzgado Noveno Civil Municipal de Neiva, con el objeto de que suspenda el trámite del proceso ejecutivo iniciado por el Banco BBVA S.A en contra de la accionante. Una vez la aseguradora cancele la deuda con el Banco, el Juzgado Noveno Civil Municipal de Neiva deberá solicitar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva, la cancelación de la medida cautelar de embargo que consta en la anotación No. 20 del folio de matrícula inmobiliaria No. 200-98240.
C., notifíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. C..
[6] La respuesta a la solicitud de la señora C.S.C. se encuentra en el folio 14 del Cuaderno No. 1.
[16] M.P.E.C.M..
[19] Al respecto, ver Sentencia T-865 de 2014, M.P.G.S.O.D..
[20] Sentencia T-751 de 2012. M.P.M.V.C.C..
[21] Sentencia T-342 de 2013. M.P.N.P.P..
[23] Al respecto, ver Sentencia T-470 de 1999, M.P.J.G.H.G..
[24] M.P.C.I.V.H..
[25] M.P.M.V.C.C..
[26] M.P.N.P.P..
[27] M.P.M.V.C.C..
[29] M.P.L.E.V.S..
[30] J.I.P.P..
[31] M.P.M.Á.R..
[32] M.P.M.G.C..
[33] M.P.M.V.C.C..
Sentencia nº 68001-23-31-000-2011-00722-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Primera, de 18 de Octubre de 2012
Sentencia nº 110013103033200107026 01 de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, 27 de Julio de 2005

References: artículo 1058
 artículo 1058
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 29