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CODIGO PENAL COMENTADO Y CON JURISPRUENCIA - ESPAÑA | Derecho penal | Caso de ley
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COMENTADOCOMENTADO yy concon JURISPRUDENCIAJURISPRUDENCIA
AMPARO MARTÍNEZ GUERRA (Coordinadora)
Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria Joaquín Rodríguez de Miguel Ramos Pedro Colina Oquendo
Enrique ARNALDO ALCUBILLA (Secretario)
CÓDIGO PENAL Y LEYES PENALES ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS
(CONCORDADO Y COMENTADO CON JURISPRUDENCIASISTEMATIZADA)
Luis Rodríguez Ramos Catedrático de Derecho penal y Abogado
Amparo Martínez Guerra Doctora en Derecho y Profesora UPCO ICADE
Pedro Colina Oquendo Abogado
Joaquín Rodríguez de Miguel Ramos Teniente Coronel del Cuerpo Jurídico de la Defensa (reserva) y Abogado
Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria Abogado y Licenciado en ADE
Luis Rodríguez Ramos (Miembros de RODRÍGUEZ RAMOS ABOGADOS)
José Ignacio San Román Hernández Gloria Hernández Catalán César Abella Fernández Miriam Barca Soler Raquel Fernández Cestero
3.ª edición: Diciembre 2009
Edita: LA LEY Ediﬁcio La Ley C/ Collado Mediano, 9 28230 – Las Rozas (Madrid) Tel.: 902 42 00 10 – Fax: 902 42 00 12 http://www.laley.es
© Wolters Kluwer España, S.A., 2009
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ISBN: 978-84-8126-248-3 Depósito Legal:
Printed in Spain. Impreso en España por: Nueva Imprenta, S.A. Avda. de la Industria, 50 28108 Alcobendas (Madrid)
LIBRO I DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS DELITOS Y LAS FALTAS, LAS PER- SONAS RESPONSABLES, LAS PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DEMÁS CONSECUENCIAS DE LA INFRACCIÓN PENAL
TÍTULO V DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LOS DELITOS Y FALTAS Y DE LAS COSTAS PROCESALES
Del cumplimiento de la responsabilidad civil y demás responsabilida-
des pecuniarias
Del allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y esta-
blecimientos abiertos al público
De la suposición de parto y de la alteración de la paternidad, estado o
condición del menor
de menores al abandono de domicilio
De las defraudaciones de ﬂuido eléctrico y análogas
De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mer-
cado y a los consumidores
De la receptación y otras conductas aﬁnes
TÍTULO XIV DE LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y CONTRA LA SEGURI- DAD SOCIAL
TÍTULO XVI DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y LA PRO- TECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEL MEDIO AMBIENTE
Capítulo I De los delitos sobre la ordenación del territorio
De los delitos relativos a la protección de la ﬂora, fauna y animales
De los delitos de riesgo catastróﬁco
De los delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones
De otros delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agen-
De la falsiﬁcación de moneda y efectos timbrados
De la falsiﬁcación de documentos públicos, oﬁciales y mercantiles
y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunica- ción
De la falsiﬁcación de documentos privados
De la falsiﬁcación de certiﬁcados
De la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comporta-
mientos injustos
Del abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir deli-
De la inﬁdelidad en la custodia de documentos y de la violación de
Del tráﬁco de inﬂuencias
De las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios pú-
blicos y de los abusos en el ejercicio de su función
De los delitos de corrupción en las transacciones comerciales interna-
Capítulo VIII Del quebrantamiento de condena Capítulo IX De los delitos contra la Administración de Justicia de la Corte Penal
De los delitos contra las Instituciones del Estado y la división de po-
De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y
De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los dere-
chos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución
religiosos y el respeto a los difuntos
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las ga-
rantías constitucionales
De la tenencia, tráﬁco y depósito de armas, municiones o explosivos y
De la tenencia, tráﬁco y depósito de armas, municiones o explosivos
Del descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativos
a la defensa nacional
De los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de con- ﬂicto armado
Delitos relativos al control de cambios
§ Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre régimen jurídico de control de cambios
§ Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando
§ Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
Delitos relativos a la navegación aérea
§ Ley 209/1964, de 24 de diciembre, por la que establece la Ley penal y procesal, en materia de navegación aérea
Delitos de los jurados
§ Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado
§ Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Peni- tenciario
Ley reguladora de la gracia de indulto
§ Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto
§ 10. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
§ 11. Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre de 2006, por la que se modiﬁca la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
Legislación especial protectora de las víctimas
§ 12. Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual
§ 13. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
Las cada vez más lejanas expectativas de una próxima y profunda modiﬁcación del Código Penal, que aún no ha superado su fase de Anteproyecto y que ya se vio frustrada hace dos años cuando la LO 15/2007 limitó la reforma a los delitos contra la seguridad vial, aconsejan no dilatar más la tercera edición de este Código, cuya autoría sigue correspondiendo a los penalistas que conforman RODRÍGUEZ RAMOS ABOGADOS.
Esta tercera edición no se ha reducido a la correspondiente actualización legislativa y juris- prudencial, pues se ha revisado su contenido en la mayoría de las áreas (en particular en aquellas en las que ha cambiado el autor), completando las concordancias y la doctrina jurisprudencial y adecuando los comentarios a una mayor homogeneidad formal.
Se mantienen las Sentencias del TC y de la Sala 2.ª del TS como base prioritaria de la doc- trina jurisprudencial, pero en atención a la ausencia de pronunciamientos de este último órgano respecto a algunos delitos menos graves que resultan excluidos del recurso de casación, se han incrementado las Sentencias procedentes de las AA.PP. e incluso, en algunos casos, de los JJ.PP.
Los destinatarios de este Código siguen siendo tanto los prácticos del Derecho penal (Magis- trados y Jueces, Fiscales, Abogados) como los académicos (docentes y discentes), presentando una panorámica completa y rápida de los aspectos sobre los que se ha pronunciado en cada caso el orden jurisdiccional penal interpretando los preceptos punitivos, además de ofrecer una selección y clasiﬁcación de los contenidos de las resoluciones judiciales, reproduciendo literalmente las partes más relevantes de sus textos.
Se mantienen como apéndice de este Código los textos legales especiales y complementarios plenamente actualizados.
Finalmente, la autoría de las concordancias y resúmenes jurisprudenciales se ha distribuido del siguiente modo, siempre bajo la dirección y coordinación que ﬁguran en la portada:
— Pedro COLINA OQUENDO: arts. 27 a 31, 95-108; 163 a 177, 472-580, 629-637.
— Amparo MARTÍNEZ GUERRA: arts. 195-196, 197-233, 270-289, 351-358, 471, 581-616 bis
y 622.
— Joaquín RODRÍGUEZ DE MIGUEL RAMOS: arts. 109 a 126, 137-162, 234 a 269, 359-378, 404
a 445 bis, 617 a 620, 621 y 623-628.
— Gabriel RODRÍGUEZ-RAMOS LADARIA: Relato de reformas y artículos reformados, arts. 19- 23, 32 a 94, 70-94, 290-318 bis, 446-471, recopilación de leyes penales especiales y com- plementarias, e índice analítico.
— Luis RODRÍGUEZ RAMOS: arts. 1-18, 319-350, 379-385, 386-403, 638-639 y Disposiciones Adicionales, Transitorias, Derogatoria Única y Finales.
Código Civil (RD 24 de julio de 1889)
Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea, (CE) 2000/C
fundamentales Código Penal (LO 10/1995, de 23 de noviembre)
Código Penal Militar (LO 13/1985, de 9 de diciembre)
Disp. Tran.
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (L 50/1981, de 30 de diciembre)
Estatuto de los Trabajadores (L 8/1980, de 10 de marzo)
Junta General (pleno no jurisdiccional) de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
Ley de represión del contrabando (LO 12/1995, de 12 de diciembre)
Ley cambiaria y del cheque (L 19/1985, de 16 de julio)
Ley de contratos de seguro (L 50/1980, de 8 de octubre)
Ley de Enjuiciamiento Criminal (RD de 24 de septiembre de 1882)
Ley General Presupuestaria (RDLeg. 1091/1988, de 23 de septiembre)
Ley General Tributaria (L 58/2003, de 17 de diciembre)
Ley del indulto (L de 18 de junio de 1870)
Ley del Mercado de Valores (L 24/1988, de 28 de julio)
Ley Orgánica de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (LO 2/1986, de 13 de marzo)
Ley Orgánica General Penitenciaria (LO 1/1979, de 26 de septiembre)
Ley Orgánica del Poder Judicial (LO 6/1985, de 1 de julio)
Ley Orgánica de protección jurídica del menor (LO 1/1996, de 15 de enero)
Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana (LO 1/1992, de 21 de febrero)
Ley Orgánica de régimen electoral general (LO 5/1985, de 19 de junio).
Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores (LO 5/2000, de 12 de enero)
LPJDFP
Ley de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona (L 62/1978, de 26 de diciembre)
Ley de Procedimiento Laboral (RDLeg. 1568/1980, de 13 de junio)
Ley penal y procesal de la navegación aérea (L 209/1964, de 24 de diciembre)
Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (Texto Refundido aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de marzo)
Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común (L 30/1992, de 26 de noviembre)
Ley de régimen jurídico del control de cambios (L 40/1979, de 10 de diciembre)
Ley de SociedadesAnónimas (Texto refundido aprobado por RDLeg. 1564/1989, de 22 de diciembre)
Reglamento Penitenciario (RD 190/1996, de 9 de febrero)
Sentencias Siguientes
I. RELACIÓN DE SUCESIVAS REFORMAS
• Ley Orgánica 2/1998, 15 de junio, por la que se modiﬁca el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. BOE de 16 de junio de 1998, núm. 143/1998, página
• Ley Orgánica 7/1998, de 5 de octubre, que modiﬁca el Código Penal suprimiendo las penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obli- gatorio y prestación social sustitutoria y rebajando las penas de inhabilitación para dichos supuestos. BOE de 6 de octubre de 1998, núm. 239/1998, página 33194.
• Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, que modiﬁca el Título VIII del Libro II del Código Penal, relativo a los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. BOE de 1 de mayo de 1999, núm. 104/1999, página 16099.
• Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, por la que se modiﬁca el Código Penal en materia de protección a las víctimas de malos tratos y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. BOE de 10 de junio de 1999, núm. 138/1999, página 22251.
• Ley Orgánica 2/2000, de 7 de enero, que modiﬁca el Código Penal en materia de prohi- bición del desarrollo y empleo de armas químicas. BOE de 10 de enero de 2000, núm. 8/2000, página 881.
• Ley Orgánica 3/2000, de 11 de enero, que modiﬁca el Código Penal en materia de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales in- ternacionales. BOE de 12 de enero de 2000, núm. 10/2000, página 1139.
• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en Espa- ña y su integración social. BOE de 12 de enero de 2000, núm. 10/2000, página 1139.
• Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los meno- res. BOE de 13 de enero de 2000, núm. 11/2000, página 1422.
• Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo. BOE de 23 de diciembre de 2000, núm. 307/2000, de 22 de diciembre, página 45503.
• Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos de los extranjeros en España y su integración social. BOE de 23 de diciembre de 2000, núm. 307/2000, página 45508.
• Ley Orgánica 3/2002, de 22 de mayo, que modiﬁca el Código Penal y la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar, en materia de delitos relativos al servicio militar y a la prestación social sustitutoria. BOE de 23 de mayo de 2002, núm. 123/2000, página 18360.
• Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, que modiﬁca el Código Penal y el Código Civil, sobre sustracción de menores. BOE de 11 de diciembre de 2002, núm. 296/2002, página
• Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, sobre la garantía de la democracia en los Ayunta- mientos y la seguridad de los Concejales. BOE de 11 de marzo de 2003, núm. 60/2003, página 9456.
• Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. BOE de 1 de julio de 2003, núm. 156/2003, página 25274.
• Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, sobre medidas concretas en materia de segu- ridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. BOE de 30 de septiembre de 2003, núm. 234/2003, página 35398.
• Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que modiﬁca el Código Penal. BOE de 26 de noviembre de 2003, núm. 283/2003, página 41842.
• Ley Orgánica 20/2003, de 23 de diciembre, de modiﬁcación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal. BOE de 26 de diciembre de 2003, núm. 309/2003, página
• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. BOE de 29 de diciembre de 2004, núm. 313/2004, página 42166.
• Ley Orgánica 2/2005, de 22 junio, de modiﬁcación del Código Penal. BOE de 23 de junio de 2005, núm. 149/2005, página 21846.
• Ley Orgánica 4/2005, de 10 de octubre, de modiﬁcación del Código Penal en materia de delitos de riesgo provocados por explosivos. BOE de 11 de octubre de 2005, núm. 243/2005, página 33222.
• Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de la lucha contra el dopaje en el deporte. BOE de 22 noviembre de 2006, núm. 279, página 40856.
• Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modiﬁca la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial, BOE de 1 diciembre de 2007, núm. 288, página 49505.
II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS, ADICIONA- LES Y FINALES DE LAS REFORMAS MÁS RECIENTES
Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modiﬁca la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial
BOE 1 diciembre
LA LEY 11996/2007
Entre las resoluciones aprobadas como consecuencia del debate sobre el Estado de la Nación de 2006 se incluye la número diecinueve, en la que se declara, entre otros aspectos, que el Congreso de los Diputados considera oportuno impulsar la modiﬁcación del Código Penal [LA LEY 3996/1995], teniendo en cuenta las distintas propuestas que se están estudiando en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, con el objetivo de deﬁnir con mayor rigor todos los delitos contra la seguridad del tráﬁco y los relacionados con la seguridad vial, evitando que determinadas conductas caliﬁcadas como de violencia vial puedan quedar impunes.
La reforma sobre los delitos contra la seguridad vial cuenta con un amplio consenso de los grupos parlamentarios en torno a las propuestas formuladas ante la Comisión sobre Seguridad Vial. Por ello, se presenta esta Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código Penal en materia de Seguridad Vial, cuyo contenido básico persigue, de una parte, incrementar el control sobre el riesgo tolerable por la vía de la expresa previsión de excesos de velocidad que se han de tener por peligro- sos o de niveles de ingesta alcohólica que hayan de merecer la misma consideración. A partir de esa estimación de fuente de peligro se regulan diferentes grados de conducta injusta, trazando un arco que va desde el peligro abstracto hasta el perceptible desprecio por la vida de los demás, como ya venía haciendo el Código. Las penas y consecuencias se incrementan notablemente, en especial, en lo concerniente a la privación del permiso de conducir, y a ello se añade la no menos severa posi- bilidad de considerar instrumento del delito al vehículo de motor o ciclomotor, en orden a disponer su comiso.
Al igual que sucede en el derecho vigente, se ofrece una especíﬁca regla para salvar el concur- so de normas cuando se hubiera ocasionado además del riesgo prevenido un resultado lesivo. En tal caso se apreciará tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado. La negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para detectar el grado de alcoholemia o de impregnación tóxica, en cambio, pierde su innecesario caliﬁcativo de delito de desobediencia y pasa a ser autónomamente castigada.
Una criticada ausencia era la conducción de vehículos por quienes hubieran sido privados, ju- dicial o administrativamente, del derecho a hacerlo por pérdida de vigencia del mismo. Cierto que
algunos casos podrían tenerse como delitos de quebrantamiento de condena o de desobediencia, pero no todos; por ello se ha considerado más ágil y preciso reunir todas esas situaciones posibles en un solo precepto sancionador.
La creación del Centro de Tratamiento de Denuncias automatizadas, además de la práctica de la delegación con una casuística muy variada, así como la necesidad de acortar los plazos de tramitación de las sanciones, sin merma de las garantías del sancionado, urge a llevar a cabo una modiﬁcación del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráﬁco, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial [LA LEY 752/1990].
La modiﬁcación que se propone conlleva la supresión del párrafo tercero de la Disposición Adi- cional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administra- ción General del Estado [LA LEY 1292/1997], que es la que atribuye a los Delegados y Subdelegados del Gobierno la competencia para sancionar las infracciones previstas en la Ley de Seguridad Vial.
La modiﬁcación de la Ley de Seguridad Vial se reﬁere al art. 68 sobre Competencias, para atribuir la competencia sancionadora a los Jefes de Tráﬁco, previendo de manera expresa la posi- bilidad de que éstos deleguen en el Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automati- zadas en las infracciones detectadas a través de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la identiﬁcación del vehículo.
Como consecuencia de la modiﬁcación anterior, se modiﬁca también el art. 80, sobre Re- cursos, ya que, con la nueva atribución de la competencia, el Director General de Tráﬁco es el competente para resolver el recurso de alzada contra las resoluciones sancionadoras de los Jefes de Tráﬁco o del Director del Centro; así como el art. 82, sobre anotación y cancelación, para que la anotación de las sanciones ﬁrmes graves y muy graves en el Registro de conductores e infrac- tores, se haga por el órgano competente de la Jefatura Central de Tráﬁco, en unos casos, por la Jefatura de Tráﬁco instructora del procedimiento y, en otros, por el propio Centro.
Disposición Adicional. Revisión de la señalización vial y de la normativa reguladora de los límites de velocidad
1. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de la entrada en vigor de esta Ley se juzgarán
conforme a la legislación penal vigente en el momento de su comisión. No obstante lo anterior, se aplicará esta Ley, una vez que entre en vigor, si las disposiciones de la misma son más favorables para el reo, aunque los hechos hubieran sido cometidos con anterioridad a su entrada en vigor.
2. Para la determinación de cuál sea la Ley más favorable se tendrá en cuenta la pena que
correspondería al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas completas del Código actual y de la reforma contenida en esta Ley.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Revisión de Sentencias
art. 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial [LA LEY 1694/1985], podrá asignar a uno o varios de los Juzgados de lo Penal o secciones de las Audiencias Provinciales dedicados en régimen de exclusividad a la ejecución de Sentencias penales la revisión de las Sentencias ﬁrmes dictadas
antes de la vigencia de esta Ley.
Dichos Jueces o Tribunales procederán a revisar las Sentencias ﬁrmes y en las que el pena- do esté cumpliendo efectivamente la pena, aplicando la disposición más favorable considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. En las penas privativas de libertad no se considerará más favorable esta Ley cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo a esta reforma del Código. Se exceptúa el supuesto en que esta Ley contenga para el mismo hecho la previsión alternativa de una pena no privativa de libertad; en tal caso, deberá revisarse la Sentencia.
2. No se revisarán las Sentencias en que el cumplimiento de la pena esté suspendido, sin per-
juicio de hacerlo en caso de que se revoque la suspensión y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida.
Tampoco se revisarán las Sentencias en que, con arreglo a la redacción anterior de los artícu- los del Código y a la presente reforma, corresponda, exclusivamente, pena de multa.
3. No serán revisadas las Sentencias en que la pena esté ejecutada o suspendida, aunque se
encuentren pendientes de ejecutar otros pronunciamientos del fallo, así corno las ya totalmente ejecutadas, sin perjuicio de que el Juez o Tribunal que en el futuro pudiera tenerlas en cuenta a
efectos de reincidencia deba examinar previamente si el hecho en ellas penado ha dejado de ser delito o pudiera corresponderle una pena menor de la impuesta en su día, conforme a esta Ley.
4. En los supuestos de indulto parcial, no se revisarán las Sentencias cuando la pena resultante
que se halle cumpliendo el condenado se encuentre comprendida en un marco imponible inferior
respecto a esta Ley.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Reglas de invocación de la normativa aplicable en materia de recursos
En las Sentencias dictadas conforme a la legislación que se deroga y que no sean ﬁrmes por estar pendientes de recurso, se observarán las siguientes reglas:
a) Si se trata de un recurso de apelación, las partes podrán invocar y el Juez o Tribunal apli- cará de oﬁcio los preceptos de la nueva Ley, cuando resulten más favorables al reo.
c) Si, interpuesto recurso de casación, estuviera sustanciándose, se pasará de nuevo al recu- rrente, de oﬁcio o a instancia de parte, por el término de ocho días, para que adapte, si lo estima procedente, los motivos de casación alegados a los preceptos de la nueva Ley, y del recurso así modiﬁcado se instruirán las partes interesadas, el Fiscal y el Magistrado ponente, continuando la tramitación conforme a Derecho.
Queda derogado el párrafo tercero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado [LA LEY
1292/1997].
Ver norma afectada
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Reforma del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráﬁco, Circulación de Vehícu- los a Motor y Seguridad Vial.
Uno. El art. 68 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráﬁco, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial [LA LEY 752/1990] queda redactado de la forma siguiente:
«Art. 68. Competencias
1. La competencia para sancionar las infracciones de lo dispuesto en la presente Ley corresponde
al Jefe de Tráﬁco de la provincia en que se haya cometido el hecho. Si se trata de infracciones come-
tidas en el territorio de más de una provincia, la competencia para su sanción corresponderá, en su
caso, al Jefe de Tráﬁco de la provincia en que la infracción hubiera sido primeramente denunciada.
2. Los Jefes Provinciales podrán delegar esta competencia en la medida y extensión que esti-
men conveniente. En particular, podrán delegar en el Director del Centro de Tratamiento de De- nuncias Automatizadas la de las infracciones que hayan sido detectadas a través de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la identiﬁcación del vehículo.
3. En las Comunidades Autónomas que tengan transferidas competencias ejecutivas en materia
de tráﬁco y circulación de vehículos a motor, serán competentes para sancionar los órganos desig-
nados por sus respectivos Consejos de Gobierno.
4. La sanción por infracción de normas de circulación cometida en vías urbanas corresponderá
a los respectivos Alcaldes, los cuales podrán delegar esta facultad de acuerdo con la legislación
5. Los Jefes Provinciales de Tráﬁco y los órganos competentes que correspondan, en caso de
Comunidades Autónomas que tengan transferidas las competencias ejecutivas en materia de tráﬁco
y circulación de vehículos a motor, asumirán la competencia de los Alcaldes cuando, por razones justiﬁcadas o por insuﬁciencia de los servicios municipales, no pueda ser ejercida por éstos.
6. Las competencias municipales no comprenden las infracciones de los preceptos del Título
IV de esta Ley ni las cometidas en travesías en tanto no tengan el carácter de vías urbanas.
7. En los casos previstos en todos los apartados anteriores de este artículo, la competencia
para imponer la suspensión del permiso o licencia de conducción corresponde al Jefe Provincial
8. La competencia para sancionar las infracciones a que se reﬁere el art. 52 de esta Ley corres-
ponderá, en todo caso, al Director General de Tráﬁco o a su correspondiente en las Comunidades
Autónomas que tengan transferidas competencias ejecutivas en materia de tráﬁco y circulación de vehículos a motor, limitada al ámbito geográﬁco de la Comunidad Autónoma.
9. En las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, las competencias que en los apartados anterio-
res se atribuyen a los Jefes Provinciales de Tráﬁco, corresponderán a los Jefes Locales de Tráﬁco».
Dos. El art. 80 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráﬁco, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, queda redactado de la forma siguiente:
«Art. 80. Recursos
1. Contra las resoluciones de los expedientes sancionadores que sean competencia de los Jefes
Provinciales y Locales de Tráﬁco podrá interponerse dentro del plazo de un mes recurso de alzada ante el Director General de Tráﬁco.
Las resoluciones de los recursos de alzada serán recurribles ante el orden jurisdiccional conten- cioso-administrativo en los términos previstos en su Ley reguladora.
Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso de alzada sin que recaiga resolu- ción, se podrá entender desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
2. Contra las resoluciones de los expedientes sancionadores dictadas por los órganos compe-
tentes de las Comunidades Autónomas que tengan transferidas competencias ejecutivas en materia de tráﬁco y circulación de vehículos a motor, así como las dictadas por los Alcaldes, en el caso de las entidades locales, se estará a lo establecido en la normativa correspondiente».
Tres. El art. 82 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráﬁco, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, queda redactado de la forma siguiente:
«Art. 82. Anotación y cancelación
Las sanciones graves y muy graves una vez sean ﬁrmes en vía administrativa serán anotadas, por el órgano competente de la Jefatura Central de Tráﬁco que instruye el procedimiento, en el Registro de conductores e infractores, el día de su ﬁrmeza. Cuando dichas sanciones hayan sido impuestas por los Alcaldes o por la autoridad competente de las Comunidades Autónomas que tengan transferidas competencias ejecutivas en materia de tráﬁco y circulación de vehículos a motor, se comunicarán, para su anotación en el Registro referido, en el plazo de quince días siguientes a su ﬁrmeza.
Las autoridades judiciales comunicarán a la Dirección General de Tráﬁco, en el plazo de quince días siguientes a su ﬁrmeza, las Sentencias que condenen a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, a efectos de su anotación en el referido Registro.
Las anotaciones se cancelarán de oﬁcio, a efectos de antecedentes, una vez transcurridos tres años desde su total cumplimiento o prescripción».
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Naturaleza de la Ley
La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oﬁcial del Estado», salvo el párrafo segundo del art. 384 del Código Penal, recogido en el aparta- do octavo del artículo único de esta Ley, que entrará en vigor el 1 de mayo de 2008.
Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de la lucha contra el dopaje en el deporte
La aprobación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, cuyo Título VIII regula el control de las sustancias y métodos prohibidos en el deporte y la seguridad de la práctica depor- tiva, supuso un punto de partida en el establecimiento de un marco de represión del dopaje en el deporte, que estuvo acompañado de una política activa en la provisión de medios materiales y humanos, recursos presupuestarios, infraestructuras, procedimientos y normas de las que hasta entonces había carecido nuestro sistema deportivo.
La aplicación y desarrollo de la Ley supuso, también, la entrada en funcionamiento de la Comi- sión Nacional Antidopaje, que ha desempeñado desde entonces un papel central en elaborar y apli- car iniciativas en este ámbito, así como en velar por la correcta aplicación de la normativa vigente.
A lo largo de la década pasada, sucesivas normas, de carácter reglamentario, fueron regulando aspectos, tan delicados y complejos, como la realización de controles con garantías, las condi- ciones generales para la homologación y funcionamiento de laboratorios públicos y privados, el régimen de infracciones y sanciones, o la lista de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y de métodos no reglamentarios de dopaje en el deporte. Esta lista es elaborada por el Consejo
Superior de Deportes (CSD), siguiendo pautas de la vigente Convención contra el Dopaje en el Deporte del Consejo de Europa y los principios establecidos en el Código Mundial Antidopaje, que han sido recogidos en la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, aprobada en la 33.ª Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), celebrada en octubre de 2005. La lista es actualizada con perio- dicidad anual y se publica en el Boletín Oﬁcial del Estado. Con este conjunto normativo, España se incorporó al grupo de países que dispuso desde la década pasada de un sistema articulado de control y de represión del dopaje.
La implicación creciente de los poderes públicos en el empeño por lograr un deporte limpio de dopaje se acentúa a partir del impacto internacional que tuvieron los positivos detectados en los Juegos Olímpicos de Seúl, en 1988. Así, cabe recordar que el instrumento jurídico en vigor de mayor alcance para la colaboración intergubernamental y la cooperación internacional en la lucha contra el dopaje en el deporte sigue siendo el Convenio Internacional, aprobado en 1989 por el Consejo de Europa, junto con un Protocolo adicional que, en buena medida, avanzó en la armonización de las políticas públicas y los procedimientos antidopaje seguidos por los 45 Esta- dos ﬁrmantes, en su gran mayoría europeos, entre ellos España.
No obstante, los primeros pasos para establecer controles antidopaje en nuestro sistema de- portivo se dieron en la década de los años 60 del pasado siglo. La adopción de iniciativas en este terreno por parte del Consejo de Europa y del Comité Olímpico Internacional (COI), impulsó la participación de España en la primera reunión del grupo de estudio especial sobre dopaje de los atletas, que se celebró en 1963 a propuesta del organismo europeo. Como consecuencia de ello, se creó el actual laboratorio del CSD para el control del dopaje, que comenzó a funcionar a ﬁnales de esa década, muy poco tiempo después de que iniciaran su actividad los primeros laboratorios europeos de control del dopaje en París, Roma y Londres. Homologado internacionalmente por el COI desde 1982, forma parte de la red internacional de 33 laboratorios de control del dopaje acreditados hasta ahora por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).
Por su parte, el laboratorio del Instituto Municipal de Investigación Médica de Barcelona obtuvo la homologación del COI en 1985 y también ha sido acreditado por la AMA. Además, ambos laboratorios españoles tienen la acreditación de calidad, según la norma ISO 17025, que certiﬁca la idoneidad y excelencia tecnológica de su personal, de sus instalaciones, así como de sus protocolos y procedimientos de actuación. De esta forma, España es uno de los tres países del mundo que cuenta con dos laboratorios para el control del dopaje, que están acreditados, interna- cionalmente, desde hace al menos 20 años.
Es cierto, sin embargo, que las acciones iniciadas por el movimiento deportivo y por algunos Estados, por separado y cada uno en el ámbito de sus competencias, se mostraron insuﬁcientes, pues la articulación de una adecuada lucha contra el dopaje supone la conﬂuencia de diversas medidas que corresponden, de forma diferenciada, a los países y a las organizaciones del movi- miento deportivo internacional.
La celebración en Lausana, en 1999, a iniciativa del COI, de la Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el Deporte, puso de maniﬁesto la necesidad de profundizar en la colaboración entre poderes públicos y organizaciones deportivas. Ello supuso un cambio de rumbo en la forma de abordar el problema del dopaje en el deporte, poniendo el acento en la necesidad de crear un or-
ganismo internacional independiente, que estableciera normas comunes para combatir el dopaje
y coordinara los esfuerzos de las organizaciones deportivas y de los poderes públicos.
Ese mismo año, se acordó constituir y poner en funcionamiento la AMA, en cuya estructura y ﬁnanciación participan de forma equitativa el COI y los gobiernos de un gran número de países, entre ellos España, preocupados cada vez más por el auge del dopaje y su rápida expansión más allá del ámbito de la alta competición deportiva.
La AMA es una fundación de Derecho privado, regida por el ordenamiento jurídico suizo y
cuya sede central está radicada en la ciudad canadiense de Montreal. Su Consejo está integrado
a partes iguales por representantes de organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y
deportivas. Esta estructura inusual es un reconocimiento a la necesidad de que los gobiernos y las
organizaciones, que conforman el sistema deportivo internacional, actúen de consuno en la lucha contra el dopaje, ya que ninguno de los dos logrará éxitos signiﬁcativos en este empeño sin la estrecha colaboración y cooperación del otro.
En 2003, la AMA elabora el Código Mundial Antidopaje y los estándares internacionales de procedimientos que lo complementan, que constituyen un conjunto de reglas y directrices de obligado cumplimiento para el movimiento deportivo internacional. Estas actividades exigen la elaboración de normas nacionales, simultáneamente al avance en una armonización normativa in- ternacional sobre aspectos clave para combatir el dopaje, como el funcionamiento de laboratorios con criterios homologables, el régimen de exenciones para el uso de determinadas sustancias con ﬁnes terapéuticos, los procedimientos para efectuar los controles de dopaje, así como la elabora- ción de una lista armonizada de sustancias y métodos prohibidos, que sea aceptada y respetada por el mayor número posible de países. La Comisión Nacional Antidopaje, como organismo es- pañol competente, ha aceptado la adhesión de nuestro país a las reglas y directrices establecidas en el Código.
Ciertamente, todavía hoy el Código Mundial Antidopaje carece de fuerza vinculante en el Derecho internacional público. Esta situación cambiará, previsiblemente, en los próximos meses tras la reciente aprobación y el proceso de ratiﬁcación, actualmente en curso, por parte de los países ﬁrmantes, entre ellos España, de la ya citada Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO, que incorpora los principios del Código Mundial y hace posible la armonización de la normativa internacional sobre esta materia. Por ello, con la presente Ley se trata, también, de armonizar la normativa estatal de lucha contra el dopaje con los principios que aquel Código proclama y adecuarla, al igual que han hecho algunos países de nuestro entorno, que han ido modiﬁcando y actualizando sus legislaciones de modo diverso, pero con una ﬁnalidad principal: alcanzar mayor eﬁcacia en combatir el dopaje en el deporte.
En este contexto, el régimen novedoso introducido en nuestro país por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, actualizada por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fisca- les, Administrativas y del Orden Social, ha permitido afrontar los nuevos retos del dopaje en el deporte de acuerdo con los estándares internacionales más exigentes establecidos por el COI y la AMA, además de modiﬁcar el funcionamiento de la Comisión Nacional Antidopaje a efectos de agilizar su eﬁcacia y capacidad de respuesta en la lucha contra el dopaje en el deporte. Asimismo, la aprobación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
del Comercio Electrónico, permitió el establecimiento de controles en la venta de medicamentos sin la correspondiente autorización.
No obstante, el régimen actual de lucha contra el dopaje está necesitado de reformas y ac-
tualizaciones, en cumplimiento del art. 43 de nuestra Constitución, que, después de reconocer el derecho a la protección de la salud, señala que compete a los poderes públicos organizar y tutelar
la salud pública a través de medidas preventivas, correspondiendo, igualmente, a los mismos, fo-
mentar la educación física y el deporte. Los poderes públicos obligados por este mandato consti- tucional son tanto la Administración General del Estado como las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, en los respectivos ámbitos de sus competencias exclusivas. En el marco de las competencias del Estado, inciden en esta Ley distintos títulos competenciales. Además de
la competencia autoorganizativa que al Estado le corresponde, así como aquella de que dispone
sobre los intereses que afectan, inseparablemente, al deporte español en su conjunto, concurren
en esta Ley diversas competencias especíﬁcas, entre las que cabría destacar las relativas a bases
y coordinación general de la sanidad, legislación penal, Administración de justicia, seguridad
pública, relaciones internacionales o estadística para ﬁnes estatales, todas ellas derivadas del art. 149.1 de la Constitución.
Esta Ley aspira a dar respuesta a estos objetivos. Sus líneas centrales pueden resumirse en dos enunciados: de una parte, actualizar los mecanismos de control y de represión del dopaje en
el ámbito del deporte de alta competición y, de otra, crear un marco sistemático y transversal de
prevención, control y represión del dopaje en general, considerado como una amenaza social, como una lacra que pone en grave riesgo la salud, tanto de los deportistas profesionales como de
los practicantes habituales u ocasionales de alguna actividad deportiva.
Partiendo de estas dos líneas centrales de regulación, algunas normas que la presente Ley introduce están afectas a la reserva de ley orgánica, proclamada en el art. 81 de nuestra Constitu- ción. Otras, menos sustanciales y que no afectan al contenido esencial de los derechos fundamen- tales, encuentran un camino adecuado de regulación en la Ley ordinaria.
La opción legislativa engloba en una sola norma la regulación general y horizontal a que se hacía referencia anteriormente y la que introduce un tipo especíﬁco entre los delitos contra la salud pública, con lo que se completa el régimen general de represión penal contra el dopaje.
Ambas regulaciones coadyuvan, conjuntamente, a la consecución del mismo ﬁn y, forman- do las mismas un todo inseparable, razones de sistemática y de técnica legislativa aconsejan su tratamiento en un sólo texto legislativo que debe revestir carácter de Ley Orgánica. Todo ello sin perjuicio, claro es, de que a través de la Disposición Final Quinta, se especiﬁquen aquellos preceptos y disposiciones, que deban tener la consideración de ordinarios, a efectos de evitar la congelación del rango.
En el título primero, las novedades que introduce la Ley pueden sistematizarse en las que se indican a continuación: un primer bloque de reformas afecta a la organización administrativa al servicio del control del dopaje en el deporte, conservando un modelo semejante al actual, basado en que el ejercicio de la potestad disciplinaria derivada del dopaje en el ámbito del deporte de competencia estatal se atribuye a las federaciones deportivas españolas, bajo la tutela efectiva de
la Administración General del Estado, a través del CSD.
En relación con la citada organización administrativa y en el marco de la norma reguladora de las Agencias Estatales, la Agencia Estatal Antidopaje (AEA), una vez culminado el proceso de su creación con la aprobación de su Estatuto, será el organismo que asuma un importante protago- nismo en el desempeño de diversos aspectos relacionados con una acción integral de los poderes públicos y de las organizaciones deportivas a favor de un deporte sin dopaje.
Por un lado, la AEA será el responsable material de la realización de los controles de dopaje que le sean encomendados por las instancias competentes del CSD, pudiendo a tal efecto disponer de estructura propia o concertada para la realización de dicha función material. Asimismo, le corres- ponderá la ejecución e impulso de una política de investigación en materia de prevención, de control del dopaje y de protección de la salud del deportista, que facilite un conocimiento actualizado de los avances cientíﬁcos y tecnológicos en este ámbito, que permita, por tanto, abordar de manera riguro- sa y eﬁciente la lucha contra un fenómeno complejo, difícil y en constante evolución.
La AEA se conﬁgura como una entidad de cooperación, de forma que el conjunto de Admi- nistraciones Públicas que tienen competencias en materia deportiva puedan disponer de un marco común de actuación, compartiendo recursos, infraestructuras, experiencias, avances cientíﬁcos
e iniciativas, destinadas a erradicar el dopaje del deporte, sancionando penalmente a quienes se
lucran con él, facilitando el aislamiento y rechazo de una lacra social, cuya sombra amenazante se proyecta mucho más allá de lo estrictamente deportivo.
El órgano de tutela del CSD para el ejercicio de estas competencias pasa a denominarse Comi- sión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje. Este órgano asume la mayor parte de las
competencias que, hasta este momento, estaban repartidas entre la Comisión Nacional Antidopaje
y la Comisión Nacional para la Protección de la Salud del Deportista. De esta forma, se intenta
facilitar a la nueva organización nacional contra el dopaje una visión de conjunto, consustancial al modelo que diseña la presente Ley. En él, los principios de rechazo y tolerancia cero hacia el dopaje en el deporte tienen, básicamente, un componente de salud individual y de salud pública, pero también una dimensión inequívoca de compromiso con los valores del juego limpio y la libre competición entre iguales, considerados como fundamentos del deporte actual.
Asimismo, el nuevo órgano del CSD asume funciones de gran relevancia en materia de pro- tección de la salud de los deportistas, tanto en lo referido al deporte profesional de alta compe- tición como a la práctica deportiva de base que, con carácter recreativo y saludable, desarrollan en nuestro país millones de personas. Vincular muy estrechamente la lucha contra el dopaje a la protección de la salud de los deportistas es una recomendación expresa de la AMA y la orien- tación seguida en los países de nuestro entorno cuando han abordado recientes reformas de sus respectivas legislaciones contra el dopaje en el deporte.
La Ley consolida el establecimiento de reconocimientos médicos de aptitud para la práctica deportiva federada e introduce la realización de controles de salud a los deportistas que participan en competiciones oﬁciales. Ante todo, el objetivo que se persigue es asegurar las mejores condi- ciones posibles de asistencia médica integral a los deportistas profesionales, que desarrollan su actividad en un marco tan exigente como es la alta competición y establecer, de manera gradual, pautas básicas de atención médica entre cuantas personas desarrollan, habitualmente, actividades físicas y deportivas.
A partir de este esquema general, la Ley arbitra fórmulas de ﬂexibilidad, como facilitar, por ejemplo, que las federaciones deportivas españolas establezcan convenios de colaboración con
la AEA, que les permita una organización más eﬁciente del sistema de controles de dopaje que son de su competencia y el estricto cumplimiento de todas sus responsabilidades y obligaciones en este ámbito.
El otro gran bloque de reformas, incluido en este título primero, implica una nueva conﬁgu- ración de la potestad sancionadora en la materia. Las novedades contempladas son muy diversas. En primer término, se garantiza el cumplimiento del principio de reserva de ley, en tanto en cuan- to todas las infracciones y sanciones, así como las causas modiﬁcativas de la responsabilidad se contemplan en la norma eludiendo la remisión reglamentaria, en una materia como la sanciona- dora, que puede ser ciertamente compleja en términos constitucionales. Asimismo, se desarrolla en este apartado una necesaria armonización de nuestras disposiciones legales con lo establecido al respecto por el Código Mundial Antidopaje y la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO. Esta medida se completa con el incremento y la redeﬁnición de los tipos infractores y sancionadores, además de ofrecer una deﬁnición más exacta del conjunto de obligaciones y derechos de los deportistas, pero también del conjunto de profesionales que intervienen desde su entorno más cercano.
Una de las novedades más importantes de la Ley es la conﬁguración de la potestad disciplinaria en materia de dopaje como una competencia concurrente sucesiva, de forma que la competencia inicial que corresponde a las federaciones deportivas españolas se transﬁera, por incumplimiento del plazo legalmente previsto, a la propia Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje, que actúa así como órgano disciplinario. De esta forma, se consigue un efecto esencial, como es no demorar la tramitación y resolución de los expedientes en materia de dopaje.
Asimismo, se deﬁne un régimen novedoso de revisión de las sanciones en la materia, que trata de dar satisfacción al conjunto de intereses que conviven en el ámbito deportivo, de forma que, sin merma alguna del derecho de defensa ni del derecho a la tutela efectiva, se busquen formas jurídicas diferentes a las del régimen revisor común, a efectos de conseguir que la revisión no su- ponga una mayor demora, que acabe perjudicando, gravemente, un valor de importancia decisiva:
la equidad de las reglas y de las condiciones de participación en la competición deportiva.
A este ﬁn, con el amparo previsto en el art. 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
la Ley instaura un sistema de revisión administrativa especial que, con la fórmula arbitral, sustitu-
ye al recurso administrativo clásico. Esta fórmula arbitral descansa, en el plano orgánico, en una sección especíﬁca del Comité Español de Disciplina Deportiva, órgano que por su independencia
funcional cumple los requisitos establecidos en la Ley procedimental común.
El procedimiento previsto para agilizar la revisión de los expedientes administrativos por
dopaje se completa con una prescripción esencial: la generalización del procedimiento abreviado
y en instancia única del conocimiento en el ámbito procesal de los recursos contencioso-adminis- trativos que pudieran plantearse contra las resoluciones dictadas por aquel órgano.
En otro orden de cosas, directamente relacionado con el conjunto de intereses en juego, la Ley prevé un régimen muy detallado de conﬁdencialidad en el tratamiento de la información relativa
al dopaje, con el objetivo de conseguir la identiﬁcación de las personas responsables de conocer
y tratar la información, determinando responsabilidades en caso de una incorrecta o inadecuada
custodia de una información y unos datos estrictamente conﬁdenciales. Se trata, en síntesis, de garantizar a los deportistas que las sanciones impuestas se correspondan, únicamente, con con- ductas tipiﬁcadas y que no se añada un efecto de publicidad, agravante de su situación de manera injusta e injustiﬁcable. En este punto, como en otros muchos, la Ley trata de establecer un marco de garantías muy exigente, acorde con nuestro Ordenamiento Jurídico sobre protección de datos de carácter personal, que preserve los derechos a la intimidad, al honor y al buen nombre de los deportistas hasta que, efectivamente, se haya acreditado la infracción.
El título segundo de la Ley se reﬁere a aspectos genéricos de control del dopaje en el deporte, ya sea éste el de competición o el de mera recreación. Se incluyen un conjunto de medidas, co- mo son la supervisión y revisión del contenido de los botiquines médicos en las competiciones deportivas, la determinación del seguimiento de los medicamentos y productos susceptibles de causar dopaje en el deporte, con el ﬁn de conocer en que momento se altera la cadena de distri- bución comercial, poniendo los medios para impedir que esos mismos productos o falsiﬁcaciones de ellos aﬂoren al mercado en condiciones distintas a las que establece la normativa vigente para su dispensación, o la ﬁjación de estrictas condiciones de comercialización y de control de los productos que pueden causar dopaje en el deporte.
Para intentar asegurar el cumplimiento de las medidas indicadas se arbitra, en el título tercero de esta Ley, un ámbito de tutela penal de la salud pública en actividades relacionadas con el dopa- je en el deporte. Se introduce un nuevo art. 361 bis en el Código Penal, cuya ﬁnalidad es castigar
al entorno del deportista y preservar la salud pública, gravemente amenazada por la comercializa-
ción y dispensación sin control de productos carentes de garantía alguna y dañinos para la salud.
Con el establecimiento de este nuevo ilícito penal, se completa el diseño integral de una políti- ca criminal contra el dopaje, iniciado en febrero de 2005 al dar luz verde el Consejo de Ministros
a la puesta en marcha de un Plan de Acción Integral contra el Dopaje en el Deporte. Entre las 59
medidas aprobadas, se incluía la puesta en marcha de un grupo operativo de intervención, en el seno de la Comisaría General de Policía Judicial, especializado en la persecución de las redes de dopaje, así como la creación por parte de la Fiscalía General del Estado de una unidad especiali- zada en la persecución de delitos relacionados con el dopaje en el deporte.
Por otro lado, se establece que el suministro, la dispensación o la prescripción de sustancias susceptibles de producir dopaje es responsabilidad de quienes, según el Ordenamiento, realizan estas acciones y que, en consecuencia, estas infracciones han de constituir también un grave quebranto de la deontología profesional, que debe tener sanciones especíﬁcas en sus respectivos regímenes colegiales.
En último término, con el objetivo de hacer efectiva la capacidad de investigación cientíﬁca en este ámbito y de preservar la salud en el deporte, la Ley prevé, en su título cuarto, la puesta en marcha de un sistema de información administrativa. Éste tiene por objeto poner a disposición de las Comunidades Autónomas la información disponible más relevante y contrastada, de forma que cada Comunidad Autónoma pueda utilizar estos datos, si así lo desea, en el desarrollo de políticas públicas para la promoción de un deporte saludable y limpio de dopaje en el ejercicio de sus competencias.
En este aspecto, la Ley también contempla la creación de una tarjeta de salud del Deportista, que permitirá acumular, de forma exhaustiva, conﬁdencial y segura, de acuerdo con la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, un conjunto de informaciones relevantes sobre el deportista, a efectos de realizar un seguimiento preventivo de la evolución de su salud y de sus parámetros vitales más importantes, máxime tras una dedicación tan exigente como la impuesta por la alta competición a la elite deportiva profesional.
La regulación propuesta, con el reforzamiento de la tutela penal, la sistematización de los procedimientos disciplinarios, la determinación de las responsabilidades en su tramitación, la aclaración del sistema de infracciones y sanciones en su conjunto, permite actualizar la normativa preexistente, adecuar nuestro régimen sancionador al recogido en la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO y ponerlo en sintonía con el de los países que, en los últimos años, han reformado sus políticas para conseguir una mayor eﬁcacia en la represión del dopaje en la actividad deportiva.
Por lo demás, las Disposiciones Adicionales, Transitorias, Derogatoria y Finales de este texto obedecen a las ﬁnalidades que les son propias. Así, las Disposiciones Transitorias recogen los principios clásicos del Derecho transitorio y las ﬁnales se orientan, en su mayoría, a la armo- nización de textos legales que permita el conocimiento y aplicación de la presente norma con seguridad jurídica.
En síntesis, se trata de establecer un conjunto de medidas, que se justiﬁcan para conseguir los siguientes objetivos: preservar la salud pública e individual en el deporte y la adopción de medidas efectivas contra un peligro cierto y contrastado, como es el dopaje, que puede compro- meterlas o afectarlas, hasta el punto de poner en serio riesgo la vida misma de los deportistas, así como asegurar el juego limpio en la competición. El marco diseñado cumple con todos los requi- sitos y exigencias establecidos por nuestro Ordenamiento constitucional en materia de derechos fundamentales y de reparto competencial entre las Administraciones Públicas, por los Tratados Internacionales ﬁrmados y pendientes de ratiﬁcar por España en materia de lucha contra el dopa- je en el deporte, así como por las reglamentaciones del COI y de las organizaciones deportivas internacionales.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Protección, control y sanción del dopaje en ani- males.
Sin perjuicio de lo anterior, se habilita al Gobierno para dictar las disposiciones que fueran necesarias en la adaptación o aplicación de las previsiones recogidas en la presente Ley al ámbito especíﬁco de la protección, control y sanción por la administración o utilización de sustancias y métodos prohibidos a animales, que intervienen en actividades y competiciones deportivas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Controles de dopaje en los campeonatos deporti- vos juveniles y universitarios de ámbito estatal.
La Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje podrá ordenar la realización de controles de dopaje durante las fases ﬁnales de los campeonatos deportivos juveniles y universita- rios de ámbito estatal, en la forma que, reglamentariamente, se determine. A efectos legales, para la realización de estos controles, el título de inscripción en los correspondientes campeonatos tendrá la consideración de licencia deportiva.
A los efectos contemplados en esta disposición, los reglamentos de los citados campeonatos
contemplarán el dopaje en el deporte, de forma especíﬁca, como falta grave o muy grave, de conformidad con los mismos criterios establecidos en la presente Ley.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Aplicación efectiva del sistema de información ad- ministrativa y de la tarjeta de salud del deportista.
El Consejo Superior de Deportes acordará con las Comunidades Autónomas el calendario pa-
ra la implantación efectiva y coordinada del sistema de información administrativa y de la tarjeta de salud del deportista, en función de las disponibilidades presupuestarias y de los convenios que puedan suscribirse para implementar estas iniciativas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Realización de controles de salud a deportistas pro- fesionales.
Con independencia de lo previsto en el art. 8.2 de esta Ley, cuando las empresas realicen controles de salud a los deportistas profesionales resultará de aplicación la normativa sobre pre- vención de riesgos laborales.
A los efectos de dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el art. 43 de la presente Ley, los
Colegios Profesionales afectados deberán modiﬁcar sus Estatutos y normas reglamentarias para tipiﬁcar, expresamente, las responsabilidades previstas en la citada disposición. Esta adaptación estatutaria deberá realizarse en el plazo máximo de un año.
Los poderes públicos de las distintas Administraciones establecerán un régimen de ﬁnancia- ción de los controles antidopaje en las actividades deportivas objeto de esta Ley, con el ﬁn de que los mismos se realicen con las máximas garantías tecnológicas y de procedimiento.
El Estado y las Comunidades Autónomas podrán establecer a través de los correspondientes
instrumentos de colaboración fórmulas para la expedición, reconocimiento y realización conjunta
o recíproca de la tarjeta de salud de los deportistas.
Los procedimientos disciplinarios en materia de represión del dopaje en el deporte, que hayan sido iniciados al tiempo de la entrada en vigor de esta Ley, se regirán por la normativa anterior. No obstante, contra el acto que agote la vía administrativa procederá la aplicación de lo estable- cido en la Disposición Final Segunda de la presente Ley.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Procedimientos ﬁnalizados cuya resolución no sea ﬁrme.
Los procedimientos sancionadores ultimados en vía administrativa pero cuya resolución no sea ﬁrme, se regirán por la norma procesal contencioso-administrativa que proceda y sin que sea de aplicación lo dispuesto en la Disposición Final Segunda.
Uno. Quedan derogados los siguientes preceptos de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte: arts: 56, 57 y 58, art. 76.1.d).
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modiﬁcación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
Uno. Se modiﬁca el apartado 4 del art. 32 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, cuya redacción queda establecida en los siguientes términos: «4. Para la participación en com-
peticiones deportivas oﬁciales, de ámbito estatal, será preciso estar en posesión de una licencia deportiva, expedida por la correspondiente federación deportiva española, según las condiciones
y requisitos que se establecerán reglamentariamente. Las licencias expedidas por las federaciones de ámbito autonómico habilitarán para dicha participación cuando éstas se hallen integradas en
las federaciones deportivas españolas, se expidan dentro de las condiciones mínimas de carácter económico que ﬁjen éstas y comuniquen su expedición a las mismas.
Estarán inhabilitados para obtener una licencia deportiva que faculte para participar en las competiciones a las que hace referencia el párrafo anterior los deportistas que hayan sido san- cionados por dopaje, tanto en el ámbito estatal como en el internacional, mientras se encuentren cumpliendo la sanción respectiva. Esta inhabilitación impedirá, igualmente, que el Estado reco-
nozca o mantenga la condición de deportista de alto nivel. El Consejo Superior de Deportes y las Comunidades Autónomas acordarán los mecanismos que permitan extender los efectos de estas decisiones a los ámbitos competenciales respectivos, así como dotar de reconocimiento mutuo
a las inhabilitaciones para la obtención de las licencias deportivas que permitan participar en competiciones oﬁciales.
Los deportistas que traten de obtener una licencia deportiva estatal o autonómica homologada podrán ser sometidos, con carácter previo a su concesión, a un control de dopaje, con el ﬁn de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta normativa.
Asimismo, no podrán obtener licencia federativa estatal o autonómica homologada aquellas personas que se encuentren inhabilitadas, como consecuencia de las infracciones previstas en los arts. 14 y 15 de la Ley Orgánica de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte».
Dos. Se añade un apartado octavo al art. 76 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que tendrá la siguiente redacción: «8. Se consideran infracciones muy graves y graves en materia de dopaje en el deporte las contempladas en la normativa sobre protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte, que se regirán por su legislación especíﬁca, sin perjuicio de la aplicación supletoria, en su caso, de las disposiciones de esta Ley».
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Modiﬁcaciones de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regu- ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Uno. Se adiciona una letra f) en el art. 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Art. 9. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo conocerán de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto:
«f) En única o primera instancia, de las resoluciones que, en vía de ﬁscalización, sean dictadas por el Comité Español de Disciplina Deportiva en materia de disciplina deportiva».
Dos. Se introduce una nueva redacción al apartado primero del art. 78 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Art. 78. «1. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los Juzgados Cen- trales de lo Contencioso-Administrativo de este Orden Jurisdiccional conocen, por el procedi-
miento abreviado, de los asuntos de su competencia que se susciten sobre cuestiones de personal
al servicio de las administraciones públicas, sobre extranjería y sobre inadmisión de peticiones de
asilo político, asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, así como todas aquellas cuya cuantía no supere los 13.000 euros».
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Modiﬁcación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febre- ro, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Uno. Se incorpora una letra p) al art. 23, con la siguiente redacción: «p) El depósito, comer- cialización o distribución, bajo cualquier modalidad, en establecimientos dedicados a actividades deportivas, de productos que contengan sustancias prohibidas en el deporte por ser susceptibles de producir dopaje, declaradas como tales de conformidad con su legislación especíﬁca».
Dos. Se incorpora una letra q) al art. 23, con la siguiente redacción: «q) La incitación al consumo, en establecimientos dedicados a actividades deportivas, de productos que contengan sustancias prohibidas en el deporte por ser susceptibles de producir dopaje, declaradas como tales de conformidad con su legislación especíﬁca».
Tres. El art. 24 queda redactado del siguiente modo: «Art. 24. Gradaciones. Las infracciones tipiﬁcadas en los apartados a), b), c), d), e), f), h), i), l), n), p) y q) del anterior artículo, podrán ser consideradas muy graves, teniendo en cuenta la entidad del riesgo producido o del perjuicio causado, o cuando supongan atentado contra la salubridad pública, hubieran alterado el funciona- miento de los servicios públicos, los transportes colectivos o la regularidad de los abastecimien- tos, o se hubieran producido con violencia o amenazas colectivas».
Sin perjuicio de la competencia del Estado para dictar aquellos preceptos relativos a su propia organización y los que se reﬁeren a los intereses que afectan al deporte federado estatal en su con- junto, la presente Ley se dicta al amparo del art. 149.1.16.ª de la Constitución, a excepción de los siguientes preceptos: a) El art. 44, que se dicta al amparo del art. 149.1.6.ª de la Constitución. b) El art. 47, que se dicta al amparo del art. 149.1.31.ª de la Constitución. c) El art. 43 y la Disposición Adicional Sexta, que se dictan al amparo del art. 149.1.18.ª de la Constitución. d) La Disposición Final Segunda, que se dicta al amparo del art. 149.1.5.ª de la Constitución. e) Los arts. 39, 40, 42 y la Disposición Final Tercera, que se dictan al amparo del art. 149.1.29.ª de la Constitución.
Arts. 1 al 4, ambos inclusive.
Art. 6, párrafos 4.º y 5.º, excepto los párrafos 1.º al 3.º que tienen carácter orgánico, art. 7, art. 8, excepto el apartado primero que tiene carácter orgánico.
Arts. 9 al 35, ambos inclusive, excepto el párrafo primero del art. 12, que sí tiene carácter orgánico.
Arts. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 49.
Las Disposiciones Adicionales Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava y Novena.
Las Disposiciones Finales Primera, Segunda, Tercera —salvo en su apartado tres, que sí tiene rango orgánico—, Cuarta, Sexta, Séptima y Octava.
Uno. En el plazo de tres meses desde la publicación de la presente Ley, el Gobierno aprobará el Reglamento de composición y régimen de funcionamiento de la Comisión de Control y Segui- miento de la Salud y el Dopaje.
Tres. Se habilita al Gobierno para aprobar, cuando proceda, cuantas normas sean precisas para garantizar la eﬁcacia de las previsiones de la presente Ley.
A los efectos previstos en esta Ley y, especialmente, de lo previsto en el art. 14 de la presente, las federaciones deportivas españolas procederán, en el plazo máximo de seis meses, a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, a la adaptación y modiﬁcación de sus esta- tutos y reglamentos.
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses desde su íntegra publicación en el Boletín Oﬁcial del Estado.
Ley Orgánica 4/2005, de 10 de octubre, de modiﬁcación del Código Penal en materia de delitos de riesgo provocados por explosivos
El Gobierno ha elaborado un conjunto de medidas antiterroristas para impulsar la lucha contra las bandas armadas tanto originarias de nuestro país como aquellas otras organizaciones crimina- les de ámbito internacional. Frente a la amenaza terrorista se hace preciso introducir mejoras en el ordenamiento sancionador con las que nuestro Estado Social y Democrático de Derecho pueda responder a esta amenaza de forma garantista, legítima y eﬁcaz.
A tal efecto, la actual reforma trata de reforzar la intervención sancionadora en un ámbito susceptible de mejorar, como es el de la utilización de sustancias explosivas que puedan causar estragos, con el objetivo de elevar el reproche penal del tráﬁco indebido y el incumplimiento de los deberes relativos a la seguridad colectiva en la tenencia de tan peligrosas sustancias.
La presente reforma adopta como ineludible punto de partida la necesidad de tutelar la vida
y la integridad física de las personas, que encuentran su referente constitucional en los derechos
fundamentales del art. 15 de la Constitución Española, frente a cualesquiera atentados contra la seguridad colectiva, entre otros bienes jurídicos.
Al dotar al ordenamiento jurídico de nuevas medidas para intensiﬁcar el control y la seguridad de los explosivos que pueden causar estragos se pretende evitar que esas bandas armadas puedan apoderarse de ellos de forma ilícita y puedan, así, cometer gravísimos atentados contra la vida y la integridad física de las personas. La potestad sancionadora administrativa se revela como in- suﬁciente para atajar la conducta de quienes estando obligados a ello no observan las medidas de vigilancia y control de los explosivos. Es evidente que las normas penales vigentes no permiten sancionar estas conductas que pueden coadyuvar en ocasiones a que los terroristas puedan dispo- ner de los explosivos con los que cometen sus actos criminales.
En consecuencia, las mejoras de la legislación penal que ahora se introducen se justiﬁcan en
la protección de bienes como la vida y la integridad física y, en última instancia, en la protección
de la seguridad colectiva frente a infracciones de extremada gravedad realizadas empleando ins- trumentos explosivos.
Se introducen, por consiguiente, tres nuevos apartados, numerados como 2, 3 y 4, en el art. 348 del Código Penal, con los que se trata de endurecer la respuesta sancionadora frente a con- ductas ilícitas de los responsables de la vigilancia, el control y la utilización de explosivos.
En primer lugar, se trata ahora de incriminar expresamente la conducta de los sujetos obligados legal o contractualmente a la vigilancia, la custodia y el consumo de sustancias explosivas que pue- dan causar estragos que contravengan la normativa de explosivos, básicamente el Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, y las disposiciones generales que lo desarrollan. Se requiere, en todo caso, que dicho incumplimiento haya facilitado la efectiva pérdida o sustracción de los explosivos, lo que permite diferenciar esta conducta penalmente rele- vante del correspondiente ilícito administrativo, que quedará restringido a los casos no comprendi- dos en la descripción típica, entre otros, la vulneración imprudente del deber de vigilancia o la vul- neración dolosa o imprudente de la vigilancia de artefactos pirotécnicos y cartuchería en general.
En segundo lugar, se castigan determinadas infracciones que, en la práctica, impiden consta- tadamente un control eﬁcaz de los explosivos, como son las obstaculizaciones a la actividad ins- pectora de la Administración, la falsedad u ocultación de información relevante en el ámbito de medidas de seguridad y la desobediencia expresa a las órdenes de la Administración que obliguen
a subsanar importantes defectos denunciados en materia de seguridad.
Por otra parte, se aumentan las penas previstas en el apartado 1 del art. 348 del Código Penal, para equiparar las consecuencias jurídicas de este delito a aquellas con las que se conminan los ilícitos del nuevo apartado 2 del mismo artículo. De este modo, las conductas referidas en ambos apartados se castigan con idéntica pena conjunta de prisión, multa e inhabilitación especial, penas que se impondrán en su mitad superior cuando las conductas se cometan por personas que tengan
responsabilidad sobre las empresas o sociedades que manejan y utilizan explosivos. En este últi- mo caso, se incluye, como eﬁcaz previsión, la posibilidad de imponer alguna de las consecuencias accesorias del art. 129 del Código Penal.
Por su parte, los delitos del nuevo apartado 4 serán castigados con pena de prisión de 6 meses
a un año, así como con multa e inhabilitación especial de duración inferior a las previstas en los apartados 1 y 2.
Lógica consecuencia de las anteriores reformas es, por último, la modiﬁcación de la rúbrica de la sección 3 del capítulo I del título XVII del libro II, que ahora pasa a denominarse «De otros delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes», con lo que se trata de destacar que en la ratio legis o ﬁnalidad objetiva que informa la interpretación de estos preceptos cobra relevancia la idea de la peligrosidad de las sustancias explosivas que puedan causar estragos, por cuanto pueden pertur- bar gravemente la seguridad colectiva y poner en riesgo bienes jurídicos individuales tan esenciales para la convivencia en nuestra sociedad democrática como son la vida o la integridad física.
La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial del Estado.
Ley Orgánica 2/2005, de 22 junio, de modiﬁcación del Código Penal
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgá-
La Ley Orgánica 20/2003, de 23 de diciembre, de modiﬁcación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal, en su artículo segundo, modiﬁcó el Código Penal introduciendo en él
los arts. 506 bis, 521 bis y 576 bis. El art. 506 bis castiga con penas de tres a cinco años de prisión
e inhabilitación a la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por vía
de referéndum, careciendo de competencias para ello. Este artículo y el 521 bis también penalizan
a quienes facilitaran, promovieran o aseguraran la realización de tales procesos o consultas. Por
su parte, el art. 576 bis castiga con pena de prisión a la autoridad o funcionario que allegara fon-
dos, bienes, subvenciones o ayudas públicas a asociaciones o partidos disueltos o suspendidos por su relación con delitos de la sección segunda del capítulo V del título XXII del Código Penal.
Los artículos anteriores, cuya derogación se lleva a cabo por la presente Ley, se reﬁeren a conductas que no tienen la suﬁciente entidad como para merecer el reproche penal, y menos aún si la pena que se contempla es la prisión.
En cuanto a las ayudas públicas a asociaciones o partidos disueltos o suspendidos, el or- denamiento ya prevé una sanción penal si constituyeran actos de participación en asociación ilícita.
En suma, las conductas que se contemplan en estos tipos penales no presentan las notas exigidas para proceder a su incriminación. La Constitución y el conjunto del ordenamiento jurídico ya cuentan con los instrumentos suﬁcientes y adecuados para asegurar el respeto a la legalidad y a las instituciones democráticas y garantizar la convivencia pacíﬁca de todos los ciudadanos.
ARTÍCULO ÚNICO. Modiﬁcación del Código Penal.
Quedan suprimidos los arts. 506 bis, 521 bis y 576 bis del Código Penal.
Ley Orgánica 20/2003, de 23 de diciembre, de modiﬁcación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgá- nica
El artículo primero de esta Ley Orgánica entrará en vigor el mismo día en que lo haga la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la reforma concursal, por la que se modiﬁca la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y su artículo segundo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial del Estado.
Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que modiﬁca el Código Penal
El vigente Código Penal fue aprobado mediante la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. El tiempo transcurrido desde entonces ha puesto de maniﬁesto que es preciso llevar a cabo su actua- lización para abordar nuevas necesidades surgidas con la experiencia obtenida con su aplicación.
Asimismo, el Presidente del Gobierno, en su discurso de investidura ante el Congreso de los Dipu- tados, celebrado el día 25 de abril de 2000, anunció la reforma del proceso penal, del sistema de penas y del control de su cumplimiento, y la intención del Gobierno de encomendar a una comisión técnica el correspondiente estudio previo. En cumplimiento de este compromiso ante la Cámara, se consti- tuyó, por Orden del Ministro de Justicia de 14 de julio de 2000, una Comisión Técnica de Reforma del Sistema de Penas en el seno del Ministerio de Justicia, para realizar un estudio sobre el sistema de penas contenido en el Código Penal, su grado de aplicación y eﬁcacia, y la formulación, en su caso, de una propuesta de reforma legal. La propuesta elevada por dicha Comisión Técnica fundamenta muchas de las reformas del articulado del Código Penal que se contienen en esta Ley Orgánica.
Junto a esta propuesta, que tiene por objeto, esencialmente, el régimen de penas y su aplica- ción, la reforma del Código Penal pretende la adaptación de los tipos ya existentes y la introduc- ción de nuevas ﬁguras delictivas, en los términos que se desprenden de las diferentes propuestas parlamentarias y de acuerdo con las más acuciantes preocupaciones sociales, con el ﬁn de conse- guir que el ordenamiento penal dé una respuesta efectiva a la realidad delictiva actual.
Las reformas del Código Penal que se contienen en esta Ley Orgánica se han abordado en el marco de una revisión parcial, pero sistemática y coherente, del actual Código Penal. Por ello, se ha respetado la estructura y los principios del mismo, la unidad y el sistema del Código Penal de 1995. Por ello, las modiﬁcaciones operadas en un importante número de artículos responden exclusivamente a la inclusión de determinadas novedades de carácter técnico como son la susti- tución de las denominaciones en pesetas por euros, la inclusión de nuevas penas, la mejora de la sistemática, entre otras.
a. La duración mínima de la pena de prisión pasa de seis a tres meses, con el ﬁn de que la pena de privación de libertad de corta duración pueda cumplir su función de prevención general adecuada respecto de los delitos de escasa importancia. Al mismo tiempo, esta duración mínima permite estructurar de forma más adecuada la relación existente entre faltas y delitos y la escala de penalidad aplicable a ambos. b. Se establece en cinco años la duración de la pena que permite distinguir entre la grave de prisión y la menos grave, con lo que se consigue una regulación armo- nizada con la distribución de competencias entre el Juzgado de lo Penal y la Audiencia Provincial prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de modo que la Audiencia Provincial conocerá de los delitos castigados con penas graves y los Juzgados de lo Penal de los delitos castigados con
penas menos graves. c. Se suprime la pena de arresto de ﬁn de semana, cuya aplicación práctica no ha sido satisfactoria, sustituyéndose, según los casos, por la pena de prisión de corta duración —de tres meses en adelante en los delitos—, por la pena de trabajo en beneﬁcio de la comunidad
o por la pena de localización permanente, que se crea en esta Ley Orgánica. d. La pena de loca-
lización permanente es una importante novedad que trata de dar una respuesta penal efectiva a determinados tipos delictivos y que se basa en la aplicación de nuevas medidas que proporciona el desarrollo de la tecnología. La conﬁguración de esta pena permite su aplicación con éxito para prevenir conductas típicas constitutivas de infracciones penales leves, al mismo tiempo que se evitan los efectos perjudiciales de la reclusión en establecimientos penitenciarios. En relación con su aplicación, se prevé que se cumpla en el domicilio o en otro lugar señalado por el Juez o Tribu- nal por un período de tiempo que no puede exceder de doce días, ya sean consecutivos o los ﬁnes de semana, si el Juez o Tribunal sentenciador lo considera más procedente. e. Se potencia y me- jora sustantivamente la eﬁcacia de la pena de trabajos en beneﬁcio de la comunidad, no sólo por su aplicación a un mayor número de delitos y faltas, sino también por la incorporación al Código Penal del régimen jurídico de su incumplimiento. f. Se amplía la duración máxima de las penas de alejamiento y de no aproximación a la víctima, incluyéndose la previsión de su cumplimiento simultáneo con la de prisión e incluso concluida la pena, para evitar el acercamiento durante los permisos de salida u otros beneﬁcios penitenciarios o después de su cumplimiento. Se establecen por separado las tres modalidades existentes en la actualidad, con el ﬁn de que se pueda imponer la que corresponda a la verdadera naturaleza del delito: la prohibición de residir y acudir a deter- minados lugares, la prohibición de aproximación a la víctima u otras personas y la prohibición de comunicación con la víctima u otras personas. Y, por último, se mejora técnicamente para que
sirva con más eﬁcacia a la prevención y represión de los delitos y, en especial, a la lucha contra la violencia doméstica, estableciéndose la posible suspensión del régimen de visitas, comunicación
y estancia de los hijos, así como la prohibición de comunicaciones por medios informáticos o
telemáticos. Esta misma reforma se hace en la regulación de la medida de seguridad equivalente.
g. Se introducen otras novedades como la ampliación de la duración máxima de la pena de priva- ción del derecho a la tenencia de armas, que pasa de 10 a 15 años, o la aclaración de la pena de privación del permiso de conducir vehículos a motor de modo que se especiﬁca que el condenado no podrá conducir ni vehículos ni ciclomotores cuando se le imponga dicha pena. h. Se modiﬁca
delito continuado, de modo que el autor de un delito o falta continuados podrá ser castigado con
pena en su mitad superior, como en la actualidad, pero pudiendo llegar a imponerse la pena en
grado superior en su mitad inferior, atendiendo a las circunstancias del delito. i. En relación con la suspensión de la ejecución, se introduce la novedad de excluir, a estos efectos, del conjunto de
la pena o penas impuestas, la pena derivada del impago de la multa. j. Se introducen importan- tes medidas tendentes a favorecer la rehabilitación de aquellos que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de drogas, alcohol o sustancias psicotrópicas. Para ello, se permite obtener el beneﬁcio de la suspensión cuando las penas impuestas sean hasta de cinco años, y no sólo hasta tres como ocurría hasta el momento. Además, con objeto de que la medida
sea eﬁcaz, se mejora el régimen de los requisitos que ha de cumplir el condenado, del tratamiento
a que ha de someterse y de su supervisión periódica. De forma coordinada se prevé que, cuando
esté próximo el vencimiento de la medida de internamiento para tratamiento médico o educación especial o de deshabituación, se comunique al ministerio ﬁscal para que inste, si fuera proceden- te, la declaración de incapacidad ante la jurisdicción civil. k. En relación con la sustitución de las penas se incluye como novedad que, en el caso de que las penas no excedan de dos años en relación con los reos no habituales, puedan ser sustituidas por multa y trabajos en beneﬁcio de la comunidad, con la ﬁnalidad de potenciar la aplicación de esta última modalidad penológica y
conseguir un claro efecto resocializador y reeducativo. l. Se aborda la responsabilidad penal de
las personas jurídicas, al establecerse que cuando se imponga una pena de multa al administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica por hechos relacionados con su actividad, ésta será responsable del pago de manera directa y solidaria. Asimismo, en los supuestos de tráﬁco de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, se prevé la posibilidad de que si el delito se ha cometido a través de una sociedad u organización ésta, además de poder ser clausurada, suspen- dida en su actividad, disuelta o intervenida, pueda ser privada del derecho a obtener beneﬁcios ﬁscales y puedan ser sus bienes objeto de comiso. m. Se modiﬁca el ámbito y alcance del comiso, con el ﬁn de evitar que la comisión del delito pueda producir el más mínimo enriquecimiento para sus autores y partícipes, así como mejorar la represión de los delitos, en especial de narcotráﬁco
y blanqueo de dinero. Para ello se extiende el comiso a los bienes, medios o instrumentos con
los que se haya preparado el delito así como a las ganancias provenientes del mismo, cuales- quiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar, incluso si se hubieran transmitido a un tercero, salvo que éste los hubiera recibido legalmente de buena fe. También se incorpora el comiso de bienes por valor equivalente, así como se prevé la posibilidad de acordarlo por el Tribunal, incluso cuando no se imponga pena a alguno de los imputados por estar exento de responsabilidad criminal. n. En relación con la multa se introducen diversas modiﬁcaciones, que tienen como principales objetivos su coordinación con la pena de prisión, su adaptación a la ver- dadera situación económica y familiar del condenado y su imposición atendiendo a la verdadera naturaleza del delito. Estas modiﬁcaciones respetan el modelo del Código Penal actual, tanto, en términos generales, en cuanto a los supuestos en que conﬁgura la multa como una alternativa a la prisión, como en cuanto a la proporcionalidad de dos días de multa por uno de prisión. ñ. Por último, se introducen determinadas reformas técnicas que afectan, entre otros, al concepto de reo
habitual, a la extinción de responsabilidad criminal, a los plazos de prescripción de los delitos y
a la cancelación de los antecedentes penales.
Por lo que se reﬁere a la reforma de la parte especial del Código Penal, las modiﬁcaciones pueden estructurarse en torno a dos categorías: aquellas que se reﬁeren a los criterios generales sobre la penalidad a imponer en cada caso, que son, principalmente, consecuencia de las anterio- res modiﬁcaciones de la parte general, y aquellas que se reﬁeren a tipos delictuales nuevos.
Las primeras se han introducido teniendo en cuenta los principios de proporcionalidad, cohe- rencia y respeto a la sistemática que presiden esta reforma, teniendo en cuenta, en casos concretos, para imponer la penalidad correspondiente las circunstancias sociales, económicas y culturales.
En cuanto a los delitos, cabe destacar las siguientes modiﬁcaciones:
a. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual se modiﬁcan para impedir interpreta- ciones que impidan penar determinadas conductas de una especial gravedad. b. Respecto a los delitos relativos a la corrupción de menores, se ha abordado una importante reforma del delito de pornografía infantil, endureciendo las penas, mejorando la técnica en la descripción de las conductas e introduciendo tipos como la posesión para el propio uso del material pornográﬁco en el que se hayan utilizado menores o incapaces o los supuestos de la nominada pornografía infantil virtual. c. En los delitos de injurias y calumnias contra funcionario público o autoridad administrativa o agente de la misma se ha establecido, de acuerdo con un importante sector de la doctrina, que puedan ser perseguidas de oﬁcio cuando sea sobre hechos concernientes al ejerci- cio de sus cargos. d. Los delitos de incumplimiento de obligaciones derivadas de los convenios judicialmente aprobados o resoluciones judiciales en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de ﬁliación o proceso de alimentos a favor de los hijos se mantienen y se incorpora una falta para el caso de las conductas de ínﬁma gravedad, en este último caso incluyendo cualquier incumplimiento de obligaciones no sólo aquellas que tengan contenido económico. e. Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial son objeto de una agravación de la pena y, en todo caso, de la mejora técnica de su tipiﬁcación, de acuerdo con la realidad social, la conﬁguración del tipo delictivo y su repercusión en la vida económica y social. Por ello, desaparece también el requisito de la persecución de estos delitos a instancia de la víctima, de modo que a partir de ahora podrán perseguirse de oﬁcio. f. Se incorporan las ﬁguras delictivas relacionadas con el acceso a los servicios de radiodifusión sonora o televisiva o servi- cios interactivos prestados a distancia por vía electrónica, haciendo una minuciosa regulación de las conductas que atentan directa y gravemente contra la prestación de estos servicios, y castigan- do la manipulación de los equipos de telecomunicación, como en el caso de los teléfonos móviles. Con ello se trata de dar respuesta a los fenómenos delictivos surgidos en torno al fenómeno de la incorporación masiva de las tecnologías de la información y de la comunicación a todos los sectores sociales. g. Se realizan determinadas modiﬁcaciones en los tipos delictivos que afectan al medio ambiente, bienes jurídicos especialmente protegidos y objeto de una creciente preocu- pación social. h. El maltrato de animales domésticos se conﬁgura como delito cuando la conducta sea grave, manteniéndose la falta únicamente para los supuestos leves. Asimismo, se introduce como falta el abandono de animales. i. Los delitos contra la salud pública han sido objeto de una mejora técnica, modiﬁcándose su descripción, la determinación de los distintos supuestos agrava- dos y atenuados, con sus correspondientes consecuencias en la pena, y la ampliación del alcance de la ﬁgura del comiso. Se amplía sensiblemente la proyección de la responsabilidad penal sobre las personas jurídicas y se establece un agravamiento de la pena cuando las conductas tengan lugar en centros docentes, en centros, establecimientos o unidades militares, en establecimientos penitenciarios o en centros de deshabituación o rehabilitación o en sus proximidades, así como cuando el culpable empleare violencia o exhibiere o hiciese uso de armas para cometer el hecho. j. Las alteraciones del orden con ocasión de la celebración de eventos o espectáculos con asisten- cia de un gran número de personas son objeto de una especial atención, estableciéndose tipos es- pecíﬁcos y previéndose la imposición de la pena de privación de acudir a eventos o espectáculos de la misma naturaleza de aquellos en los que hubiera intervenido el condenado, por un tiempo
superior hasta tres años a la pena de prisión impuesta. k. Se deﬁnen y regulan los delitos que per- miten coordinar nuestra legislación interna con las competencias de la Corte Penal Internacional. l. En materia de faltas la reforma ha tenido por objeto, principalmente, sustituir la desaparecida pena de arresto de ﬁn de semana. Como ya se ha dicho, esta sustitución se ha realizado mediante la nueva pena de localización permanente, que tiene su origen en el antiguo arresto domiciliario, la pena de realización de trabajos para la comunidad y la pena de prisión de corta duración. m. Se establece, como se ha señalado, una falta de maltrato de animales cuando la conducta fuese muy leve y no tuviese las consecuencias previstas para el delito. Lo mismo ocurre en relación con la perturbación del orden en los actos públicos o espectáculos deportivos o culturales y con determinadas conductas leves contrarias al medio ambiente.
Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, sobre medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros
Esta Ley Orgánica viene a completar el conjunto de medidas legislativas que sirven de desa- rrollo a dicho plan y, por ello, no debe considerarse aisladamente, sino en el conjunto de inicia- tivas del Gobierno para mejorar la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente frente a las agresiones de la delincuencia.
Alcanzar estos objetivos exige abordar una serie de reformas en las materias mencionadas para lograr un perfeccionamiento del ordenamiento jurídico, cuyos elementos esenciales se ex- ponen a continuación.
La realidad social ha puesto de maniﬁesto que uno de los principales problemas a los que tiene que dar respuesta el ordenamiento jurídico penal es el de la delincuencia que reiteradamente comete sus acciones, o lo que es lo mismo, la delincuencia profesionalizada. Son numerosos los ejemplos de aquellos que cometen pequeños delitos en un gran número de ocasiones, delitos que debido a su cuantía individualizada no obtienen una respuesta penal adecuada.
El presente texto establece, en primer lugar, medidas dirigidas a dar una respuesta adecuada a aquellos supuestos en que los autores ya han sido condenados por la realización de actividades
delictivas, a través de la aplicación de la agravante de reincidencia, en este caso cualiﬁcada por el número de delitos cometidos, siguiendo un criterio ya establecido en nuestra doctrina y en nuestros textos legales.
Se introduce, por tanto, una nueva circunstancia agravante de reincidencia cuando se dé la cualiﬁcación de haber sido el imputado condenado ejecutoriamente por tres delitos, permitién- dose, en este caso, elevar la pena en grado. Dicha circunstancia de agravación es compatible con el principio de responsabilidad por el hecho, siendo el juzgador el que, ponderando la magnitud de pena impuesta en las condiciones precedentes y el número de éstas, así como la gravedad de la lesión o el peligro para el bien jurídico producido por el nuevo hecho, imponga, en su caso, la pena superior en grado.
Por otra parte, se recogen medidas dirigidas a mejorar la aplicación de la respuesta penal a la habitualidad de la conducta cuando los hechos infractores del Código Penal cometidos con ante- rioridad no hubieran sido aún juzgados y condenados. Así, los arts. 147, respecto a las lesiones; 234, respecto al hurto, y 244, respecto a la sustracción de vehículos, establecen una pena de delito para la reiteración en la comisión de faltas, siempre que la frecuencia sea la de cuatro conductas constitutivas de falta en el plazo de un año, y en el caso de los hurtos o sustracción de vehículos de motor el montante acumulado supere el mínimo exigido para el delito.
El fenómeno de la violencia doméstica tiene un alcance ciertamente pluridisciplinar. Es preci- so abordarlo con medidas preventivas, con medidas asistenciales y de intervención social a favor de la víctima, con medidas incentivadoras de la investigación, y también con medidas legislativas orientadas a disuadir de la comisión de estos delitos.
En esta línea, en primer lugar, las conductas que son consideradas en el Código Penal como falta de lesiones, cuando se cometen en el ámbito doméstico pasan a considerarse delitos, con lo cual se abre la posibilidad de imponer pena de prisión y, en todo caso, la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas. Por esta razón se ajusta técnicamente la falta regulada en el art. 617.
En segundo lugar, respecto a los delitos de violencia doméstica cometidos con habitualidad,
se les dota de una mejor sistemática, se amplía el círculo de sus posibles víctimas, se impone, en todo caso, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas y se abre la posibilidad de que
Juez o Tribunal sentenciador acuerde la privación de la patria potestad, tutela, curatela, guarda
Nuestro ordenamiento jurídico proporciona una adecuada respuesta y protección a los ex- tranjeros que residen legalmente en España. Sin embargo, también es cierto que la experiencia
acumulada frente a un fenómeno cada vez más importante exige abordar reformas desde diversas perspectivas:
La respuesta penal frente a los extranjeros no residentes legalmente en España que come- ten delitos. Se introducen cambios en los apartados 1, 2 y 3 del art. 89, en coherencia con la reforma de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, para dar adecuado cauce a que el Juez Penal acuerde la sustitución de la pena impuesta
al extranjero no residente legalmente en España que ha cometido un delito, por su expulsión.
En concreto, se establece que, en el caso de extranjeros que, además de no ser residentes legalmente en España, cometan un delito castigado con pena de prisión inferior a seis años,
la regla general sea la sustitución de la pena por la expulsión. Si la pena de prisión es igual
o superior a seis años, una vez que cumpla en España las tres cuartas partes de la condena o
alcance el tercer grado de tratamiento penitenciario, se acordará, también como regla general, la expulsión. De esta forma se logra una mayor eﬁcacia en la medida de expulsión, medida
que, no podemos olvidar, se alcanzaría de todas maneras por la vía administrativa al tratarse de personas que no residen legalmente en España y que han delinquido. En deﬁnitiva, se trata de evitar que la pena y su cumplimiento se conviertan en formas de permanencia en España quebrantando así de manera radical el sentido del ordenamiento jurídico en su conjunto. Pa- ralelamente se reforma el art. 108 del Código Penal para establecer, con carácter general, la expulsión de los extranjeros no residentes legalmente en España en sustitución de las medidas de seguridad aplicadas por el Juez o Tribunal a consecuencia de la comisión de un delito.
La respuesta penal frente a las nuevas formas de delincuencia que se aprovechan del fenó- meno de la inmigración para cometer sus delitos. La modiﬁcación de los arts. 318 y 318 bis del Código Penal (y la necesaria adaptación técnica a los mismos del 188) tienen como ﬁnalidad combatir el tráﬁco ilegal de personas, que impide la integración de los extranjeros en el país de destino. La Unión Europea ha desplegado un notable esfuerzo en este sentido, ya que el Tratado establece, entre los objetivos atribuidos a la Unión, la lucha contra la trata de seres humanos, aproximando cuando proceda las normas de Derecho penal de los Estados miembros. La prio- ridad de esta acción se recordó en el Consejo Europeo de Tampere, y se ha concretado en las recientes iniciativas del Consejo para establecer un marco penal común de ámbito europeo relativo a la lucha contra la trata de seres humanos y a la lucha contra la inmigración clandesti- na. Nuestro ordenamiento jurídico ya recogía medidas para combatir este tipo de delincuencia, realizando la presente reforma una tarea de consolidación y perfeccionamiento de las mismas. El nuevo texto contiene un importante aumento de la penalidad al respecto, estableciendo que el tráﬁco ilegal de personas —con independencia de que sean o no trabajadores— será casti- gado con prisión de cuatro a ocho años. Con ello, los umbrales de penas resultantes satisfacen plenamente los objetivos de armonización que se contienen en la Decisión marco del Consejo de la Unión Europea destinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entra- da, a la circulación y a la estancia irregulares. En aras a una efectiva protección de las personas mediante la prevención de este tipo de conductas, se agravan las penas cuando el tráﬁco ilegal, entre otros supuestos, ponga en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas, o la víctima sea menor de edad o incapaz. Por último, se ha incluido en el art. 318 la posibilidad de que los Jueces o Tribunales impongan alguna o algunas de las medidas previstas en el art. 129 del Código Penal.
La existencia de formas delictivas surgidas de prácticas contrarias a nuestro ordenamiento jurídico. Por otro lado, la reforma se plantea desde el reconocimiento de que con la integra-
ción social de los extranjeros en España aparecen nuevas realidades a las que el ordenamiento debe dar adecuada respuesta. Así, como novedad igualmente reseñable, se tipiﬁca el delito de mutilación genital o ablación. Y ello porque la mutilación genital de mujeres y niñas es una práctica que debe combatirse con la máxima ﬁrmeza, sin que pueda en absoluto justiﬁcarse por razones pretendidamente religiosas o culturales. Esta reforma ya había sido planteada en el seno de las Cortes a través de una proposición de ley que pretendía introducir una cláusula interpretativa sobre la represión de la mutilación genital femenina. En la actual reforma se modiﬁca el art. 149 del Código Penal, mencionando expresamente en su nuevo apartado 2 la mutilación genital, en cualquiera de sus manifestaciones, como una conducta encuadrable entre las lesiones de dicho artículo, castigadas con prisión de seis a 12 años. Se prevé, además, que, si la víctima fuera menor de edad o incapaz, se aplicará la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, si el Juez lo estima adecuado al interés del menor. En la mayoría de las ocasiones, son los padres o familiares directos de la víctima quienes la obli- gan a someterse a este tipo de mutilaciones aberrantes, por lo cual la inhabilitación especial resulta absolutamente necesaria para combatir estas conductas y proteger a la niña de futuras agresiones o vejaciones.
La adecuación de las instituciones civiles a las nuevas culturas que conviven en nuestro país. Con el objetivo de mejorar la integración social de los inmigrantes en España y de garan- tizar que disfrutan de semejantes derechos a los nacionales, se aborda una reforma del Código Civil en materia de separación y divorcio para garantizar la protección de la mujer frente a nuevas realidades sociales que aparecen con el fenómeno de la inmigración. En concreto, se modiﬁca, siguiendo los trabajos realizados por la Comisión General de Codiﬁcación, el art. 107 del Código Civil para solventar los problemas que encuentran ciertas mujeres extranjeras, fundamentalmente de origen musulmán, que solicitan la separación o el divorcio. El interés de una persona de lograr la separación o el divorcio, por ser expresión de su autonomía personal, debe primar sobre el criterio que supone la aplicación de la Ley nacional. Y sucede que, en estos casos, la aplicación de la Ley nacional común de los cónyuges diﬁculta el acceso a la separación y al divorcio de determinadas personas residentes en España. Para ello, se reforma el art. 107 del Código Civil estableciendo que se aplicará la Ley española cuando uno de los cónyuges sea español o residente en España, con preferencia a la Ley que fuera aplicable si esta última no reconociera la separación o el divorcio, o lo hiciera de forma discriminatoria o contraria al orden público.
Por último, la adaptación de la Ley de extranjería a la realidad delictiva y procesal existente. Esta Ley Orgánica reforma también la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, ya fue modiﬁcada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, para mejorar el régimen jurídico de entrada y permanencia en territorio español de los extranjeros. Se trata ahora, mediante la reforma de los apartados 4 y 7 del art. 57 y del art. 62.1, de mejorar la regulación actual en materia de expulsión para lograr una coordinación adecuada cuando se produce la tramitación simultánea de procedimientos administrativo y penal. Con la nueva redacción del apartado 4 del art. 57 se me- jora el texto actual, aclarando que la expulsión, además de conllevar en todo caso, la extinción de cualquier autorización para permanecer en España de la que fuese titular el extranjero expulsado, implicará también el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España. Igualmente, esta Ley Orgánica, al modiﬁcar el art. 57.7 de la
Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, trata de hacer frente a los problemas que se derivan de los supuestos en que los extranjeros se encuentran sujetos a uno o varios procesos penales. La solución que se adopta consiste en prever que cuando un extranjero se encuentre procesado o inculpado en un procedimiento judicial por delito o falta castigado con una pena privativa de libertad inferior a seis años, si existe orden de expulsión debidamente dictada, se autorice judicialmente la expulsión. La nueva redacción del art. 57.7 establece un procedimiento especialmente ágil y urgente para ello. En él, la autoridad gu- bernativa solicita la autorización judicial para llevar a cabo la expulsión acordada en un expedien- te administrativo cuando el extranjero se encuentre incurso en un procedimiento penal. El plazo para dictar dicha resolución judicial es muy breve, pues no podrá pasar de los tres días. Con ello se garantiza la eﬁcacia de la orden de expulsión incluso en los supuestos de coincidencia con pro- cesos penales. También se prevé el modo de actuar cuando sean varios los órganos judiciales que están conociendo procesos penales contra un mismo ciudadano extranjero. En este caso, como es lógico, se impone a la autoridad gubernativa el deber de solicitar la autorización de la expulsión a todos esos órganos jurisdiccionales. Por último, esta reforma también mejora la regulación de la resolución judicial que dispone el ingreso del extranjero en un centro de internamiento. Con ella se trata de garantizar que las resoluciones administrativas o judiciales de expulsión no queden sin efecto por la imposibilidad de hallar al extranjero.
El artículo tercero de esta Ley tiene carácter ordinario y se dicta al amparo de la com- petencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil, conforme al art. 149.1.8 de la Constitución.
La Constitución, en sus arts. 9.3 y 25, establece los principios de legalidad y tipicidad co- mo fundamentos del ordenamiento jurídico penal, principios que la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional ha concretado y desarrollado de manera muy clara. Ambos principios tienen como ﬁnalidad garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, a la que hace expresa mención tam- bién el art. 9.3 de la Constitución.
De acuerdo con ellos, el ciudadano tiene derecho a saber con certeza jurídica qué es delito o falta y qué no lo es. El mismo derecho tiene a saber cuál es la pena que le corresponde a la acción tipiﬁcada en la norma penal como delito o falta.
Consecuencia lógica de estos derechos y exigencia necesaria del principio de seguridad ju- rídica que rige nuestro ordenamiento, es el derecho del ciudadano a conocer con certeza cuál es la forma en la que se van a aplicar las penas, a saber, en deﬁnitiva, en qué se va a traducir en la práctica la pena o sanción impuesta.
La realidad diaria y la experiencia ponen de maniﬁesto cómo en el cumplimiento de las penas existen amplios ámbitos de discrecionalidad, ámbitos variables en los que resulta opor- tuno, según la mejor doctrina, establecer reglas para hacer un pronóstico más certero de la pena a cumplir.
Esta Ley Orgánica se dirige a perfeccionar el ordenamiento jurídico con el ﬁn de concretar la forma del cumplimiento de las penas para conseguir que se lleve a cabo de manera íntegra y efectiva y, en consecuencia, dar mayor protagonismo al principio de seguridad jurídica en esta materia, siempre desde el escrupuloso respeto a los principios contenidos en el art. 25 de la Cons- titución.
Pero, además de asegurar este derecho, la ley persigue un claro objetivo, conforme con su propia naturaleza penal: el de lograr una lucha más efectiva contra la criminalidad. Como ha señalado autorizada doctrina penal, el mayor freno de los delitos no es la dureza de las penas, sino su infalibilidad, de modo que la certeza de un castigo, aunque éste sea moderado, surtirá más efecto que el temor de otro más severo unido a la esperanza de la impunidad o de su in- cumplimiento.
La sociedad demanda una protección más eﬁcaz frente a las formas de delincuencia más graves, en concreto, los delitos de terrorismo, los procedentes del crimen organizado y los que revisten una gran peligrosidad, protección que el Estado de Derecho no sólo puede sino que tiene la obligación de proporcionar. La ﬂexibilidad en el cumplimiento de las penas y los bene- ﬁcios penitenciarios tienen su razón de ser en el ﬁn de reinserción y reeducación del delincuente constitucionalmente consagrado, pero, precisamente por ello, la legislación debe evitar que se conviertan en meros instrumentos al servicio de los terroristas y los más graves delincuentes para lograr un ﬁn bien distinto.
En primer lugar, se reforma el art. 36 del Código Penal para introducir en nuestro orde- namiento el conocido como período de seguridad en otros derechos europeos, el cual, en síntesis, signiﬁca que en determinados delitos de cierta gravedad el condenado no podrá acceder al tercer grado de tratamiento penitenciario hasta que haya cumplido la mitad de la pena impuesta.
Esta reforma procede de las propuestas elevadas por la comisión técnica para el estudio de
la reforma del sistema de penas. Se considera necesaria la introducción de esta ﬁgura en nuestro
ordenamiento penal, que sirve de puente entre este ordenamiento y el penitenciario, ya que, a la
hora de determinar la proporcionalidad de las penas, su concreta extensión y su adecuación a los ﬁnes de prevención general y especial, no pueden hacerse propuestas al margen de la legislación penitenciaria.
En efecto, el sistema de progresión de grados, permisos, régimen abierto y concesión de li- bertad condicional puede hacer que la pena prevista por el Código Penal y ﬁjada en la Sentencia quede muy distante de la efectivamente cumplida.
A ﬁn de resolver esta situación, al menos en lo tocante a los delitos de mayor gravedad, se establece en el art. 36 del Código Penal la precisión de que, cuando se imponga una pena de pri- sión superior a cinco años, el condenado no podrá ser clasiﬁcado en el tercer grado hasta haber cumplido la mitad de la pena impuesta. Ello no obstante, se introduce la previsión de que el Juez de vigilancia podrá acordar bien su mantenimiento, bien la aplicación del régimen general de cumplimiento.
En segundo lugar, se reforma el art. 76 del Código Penal para modiﬁcar el límite máximo de cumplimiento de las penas elevándolo a 40 años para los supuestos en que se cometan dos
o más delitos de terrorismo, estando alguno de ellos castigado con pena de prisión superior a
20 años, lo que encaja en los casos en que se cometen atentados terroristas causando la muerte de personas.
La reforma supone ampliar el límite máximo de cumplimiento de penas a 40 años, desde el respeto escrupuloso al principio de que el cumplimiento de todas las penas correspondientes a todos los delitos cometidos por el mismo autor podría privar en algunos supuestos de efectos a los principios constitucionales de cumplimiento de las penas. Sin embargo, también es cierto que existen determinados delitos que por su especial gravedad, la naturaleza del bien jurídico lesio- nado, la reincidencia con que los cometen sus autores, así como por el hecho de que puedan lle- varse a cabo por bandas organizadas con el único ﬁn de subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública o atemorizar con estos ﬁnes a los habitantes de una población o a los miembros de un colectivo social, político o profesional, exigen una respuesta más contundente del ordenamiento jurídico penal.
Más aún cuando, en la práctica, las reglas que el Código Penal estableció con el ﬁn consti- tucional de dar cumplimiento a principios generales del ordenamiento jurídico penal se están utilizando, precisamente, para vulnerar dichos principios, convirtiéndose en instrumentos que los terroristas utilizan en su beneﬁcio en su constante vulneración de las reglas y principios del Estado de Derecho.
La Ley reforma el art. 78 del Código Penal para que los beneﬁcios penitenciarios, los permi- sos de salida, la clasiﬁcación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional en los supuestos de crímenes especialmente graves se reﬁeran siempre a la totalidad de las penas impuestas en las Sentencias.
Se trata de activar una respuesta penal más efectiva frente a los autores de crímenes muy graves, que además han cometido una pluralidad de delitos, es decir, frente a aquellos que se encuentren en los límites máximos señalados por el art. 76 del Código Penal (25, 30 ó 40 años de cumplimiento efectivo de condena a pena de prisión) y siempre que la pena a cumplir resulte inferior a la mitad de la suma total de las impuestas. Cuando no lleguen a entrar en juego estos límites máximos, debe mantenerse plenamente la facultad decisoria del Juez o Tribunal ya seña- lada al principio.
Con esta regla, y frente a supuestos de condenas a 100, 200 ó 300 años, el delincuente cum- plirá en la práctica de forma íntegra y efectiva el límite máximo de condena.
Además, se incorporan igualmente los períodos mínimos de cumplimiento efectivo de las condenas que permitirían acceder a los beneﬁcios penitenciarios, siempre que concurran las condiciones que con carácter general se precisan en la ley. En los casos de delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales, el Juez de Vigilancia penitenciaria podrá acordar la concesión de un tercer grado cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo de cumplimiento de la condena impuesta, y podrá acordar la concesión de la libertad condicional cuando quede por cumplir una octava parte del mencionado límite.
Se modiﬁcan, igualmente, en el Código Penal los arts. 90 y 91 relativos a la libertad condi- cional. Con esta modiﬁcación se trata de mejorar técnicamente los supuestos de otorgamiento de dicha libertad condicional y su adaptación a las distintas modalidades delictivas.
Así, se refuerza la necesidad de valorar en su conjunto todas las circunstancias a las que hace referencia el artículo antes de adoptar la decisión de conceder la libertad condicional. De este modo, el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena no es el único requisi- to determinante, sino que debe ser valorado junto con las demás circunstancias contempladas en el precepto. Igualmente, se introduce el criterio de la satisfacción de las responsabilidades civiles en los supuestos y en los términos previstos en la Ley Orgánica General Penitencia- ria. Por último, también se explicitan las circunstancias que deben considerarse a la hora de conceder la libertad condicional en los casos de delitos de terrorismo y criminalidad orga- nizada.
Con todo ello se consigue dotar de una mayor seguridad jurídica a la virtualidad de este be- neﬁcio penitenciario.
Asimismo, se modiﬁca el art. 93 del Código Penal, con el ﬁn de que en caso de incumpli- miento de las condiciones y reglas de conducta que permitieron obtener la libertad condicional, cuando se trate de delitos de terrorismo, el penado cumpla el tiempo que reste del cumplimiento de condena con pérdida del tiempo pasado en libertad condicional.
Se introduce un nuevo apartado en la Disposición Adicional Quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que se establece el efecto suspensivo del recurso contra resoluciones en materia de clasiﬁcación de penados o concesión de libertad provisional para evitar la posibilidad de que la excarcelación se produzca sin la intervención del órgano jurisdiccional ad quem, en los casos de delitos graves, para evitar que una excarcelación inmediata por una decisión de libertad condicional haga ineﬁcaz la resolución que en virtud de un recurso de apelación pueda dictarse.
No se desconoce con esta previsión la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la eﬁcacia inmediata de las resoluciones que acuerdan la libertad provisional. Sin embargo, el supuesto normado es distinto, pues no se parte de una situación de libertad que ha quedado interrumpida por una decisión judicial que no ha recaído sobre el fondo, sino de una situación de cumplimiento de pena por resolución judicial de condena que puede verse interrumpida por un cambio en el régimen de aplicación de la pena. La diferencia es que en este caso la falta de libertad es la con- secuencia inherente a la pena impuesta y la libertad supone una excarcelación anticipada como consecuencia de una progresión de grado o un acuerdo de libertad condicional. Por otro lado, con el ﬁn de asegurar que el efecto suspensivo del recurso dure lo menos posible, se prevé que el órgano ad quem pueda pronunciarse sobre la puesta en libertad y que la tramitación del recurso sea preferente y urgente.
En la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, se introducen dos nuevos apartados en el art. 72, en cuya virtud la clasiﬁcación o progresión al tercer grado de tra- tamiento requerirá, además de los requisitos previstos por la ley, que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito y que muestre signos inequívocos de haber abandonado la actividad terrorista, colaborando activamente con las autoridades en la lucha contra el terro- rismo.
El primer apartado exige la satisfacción de la responsabilidad civil como requisito para al- canzar el tercer grado, teniendo en cuenta que el pronóstico favorable de reinserción social que preside la concesión de este grado de tratamiento debe considerar la conducta efectivamente ob- servada por el penado en orden a restituir lo sustraído, reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales, así como las garantías de que las satisfaga con el patrimonio que pudiese llegar a adquirir en tanto no haya satisfecho su responsabilidad.
Esta exigencia se justiﬁca plenamente en aquellos delitos que han permitido al culpable ob- tener un importante enriquecimiento ilícito y no se satisfacen las responsabilidades pecuniarias ﬁjadas en Sentencia a causa de haber ocultado el penado su patrimonio. Por ello, se aplicará esta norma, singularmente, cuando el interno hubiera sido condenado por la comisión de delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico que hubieran revestido notoria gravedad y hubieran perjudicado a una generalidad de personas, por delitos contra los derechos de los tra- bajadores, por delitos de terrorismo, por delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, así como delitos contra la Administración Pública comprendidos en los capítulos V al IX del título XIX del libro II del Código Penal.
En el segundo apartado, la clasiﬁcación en el tercer grado penitenciario en el caso de pe- nados por delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales exige que
los terroristas hayan satisfecho su responsabilidad civil en los términos del apartado anterior, así como que hayan abandonado la actividad terrorista y hayan colaborado activamente con las autoridades para la obtención de pruebas o la identiﬁcación de otros terroristas, en los términos previstos en la Decisión marco del Consejo de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo.
Dentro de la misma ﬁlosofía de garantizar la seguridad jurídica en el cumplimiento efectivo del contenido de las Sentencias penales, se reforma el art. 989 de la Ley de Enjuiciamiento Cri- minal para dotar a la Administración de Justicia de más medios legales que le permitan una eﬁcaz ejecución de las Sentencias.
A tal ﬁn, los Jueces y Tribunales podrán encomendar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria o, en su caso, a los organismos tributarios de las haciendas forales las actuaciones de investigación patrimonial necesarias para poner de maniﬁesto las rentas y el patrimonio presentes
y que vaya adquiriendo en el futuro el condenado hasta tanto no se haya satisfecho la responsabi- lidad civil determinada en Sentencia.
Por último, mediante la Disposición Transitoria Única, la Ley establece que los criterios ob- jetivos de acceso a los beneﬁcios penitenciarios se apliquen a quienes cumplen en el momento de su entrada en vigor penas de prisión por delitos de terrorismo sin que se modiﬁquen, en estos casos, los plazos y demás condiciones por las que hasta ese momento se regían las condiciones de dichos beneﬁcios.
Lo dispuesto, conforme a esta Ley, en los arts. 90 y 93.2 del Código Penal, respecto a las circunstancias para acceder a la concesión de la libertad condicional, y en el art. 72.5 y 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria respecto a la clasiﬁcación o progresión al tercer grado de tratamiento penitenciario, será aplicable a las decisiones que se adopten sobre dichas materias desde su entrada en vigor, con independencia del momento de comisión de los hechos delictivos
o de la fecha de la resolución en virtud de la cual se esté cumpliendo la pena.
Esta Ley tiene carácter de Ley Orgánica, salvo el artículo cuarto que modiﬁca la Ley de En- juiciamiento Criminal.
III. RELACIÓN DE ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL DE 1995 MODIFICADOS
Y ADICIONADOS CON INDICACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE REFORMA
Disposición Final Séptima LO 5/2000
LO 11/2003
LO 15/2003
LL.OO. 14/1999 y 15/2003
LL.OO. 7 y 15/2003
LL.OO. 7/2000 y 15/2003
“ LO 15/2007
“ LL.OO. 11 y 14/1999 y 15/2003
“ LO 11/2003
“ LO 7/2003
“ LO 15/2003
LL.OO. 11/1999 y 15/2003
LL.OO. 14/1999, 15/2003 y 1/2004
LO 15/2003 y 1/2004
LO 15/2003 y 1/2004 Disposición Adicional Segunda LL.OO. 8/2000, y 11/2003 LO 7/2003 “ LO 15/2003 LO 7/2003 LO 15/2003 “ “ “ “ “ “ LL.OO. 11 y 14/1999 y 15/2003 LO 11/2003 LO 15/2003 “ “ “ LL.OO. 11 y 14/1999 y 15/2003 LO 15/2003 “ “
LL.OO. 11 y 15/2003 y LO 1/2004 LO 11/2003 LO 15/2003 LL.OO. 14/1999, 11/2003 y 1/2004 LO 15/2003 “ “ “ “ LL.OO. 2/1998 y 15/2003 LL.OO. 15/2003 y 1/2004 “ LO 11/2003 LO 15/1999 LO 11/1999 LL.OO. 11/1999 y 15/2003 LO 11/1999 “
Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 195 Art. 206 Art. 215 Art. 221 Art. 224 Art. 225 Art. 225 bis Art. 226 Art. 227 Art. 234 Art. 236 Art. 244 Art. 246 Art. 247 Art. 248 Art. 249 Art. 252 Art. 253 Art. 254 Art. 255 Art. 256 Art. 259 Art. 260 Art. 261 Art. 262 Art. 263 Art. 266 Art. 267 Art. 270 Art. 271 Art. 273 Art. 274 Art. 276
LL.OO. 11/1999 y 15/2003 “ “ “ “ LO 11/1999 LL.OO. 11/1999 y 11/2003 LL.OO. 11/1999 y 15/2003 LO 11/1999 LO 15/2003 “ “ “ LO 9/2002 LO 15/2003 LO 9/2002 LO 15/2003 “ LL.OO. 11 y 15/2003 LO 15/2003 LL.OO. 11 y 15/2003 LO 15/2003 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ LO 7/2000 LO 15/2003 “ “ “ “ “
Art. 282 Art. 284 Art. 285 Art. 286 Art. 287 Art. 289 Art. 298 Art. 299 Art. 301 Art. 302 Art. 305 Art. 306 Art. 307 Art. 308 Art. 309 Art. 310 Art. 312 Art. 314 Art. 318 Art. 318 bis Art. 324 Art. 325 Art. 328 Art. 332 Art. 333 Art. 334 Art. 335 Art. 336 Art. 337 Art. 346 Art. 348 Art. 351 Art. 361 bis Art. 369 Art. 370 Art. 371 Art. 374 Art. 376 Art. 379 Art. 380 Art. 381 Art. 382
“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ Disposición Final Primera LO 4/2000 LO 15/2003 LO 11/2003 Disposición Final Segunda LL.OO. 4/2000 y 11/2003 LO 15/2003 “ “ “ “ “ “ “ “ LL.OO. 7/2000 y 15/2003 LO 4/2005 LO 7/2000 LO 7/2006, 21 noviembre LO 15/2003 “ “ “ “ LO 15/2007 LL.OO 15/2003 y 15/2007 LL.OO 15/2003 y 15/2007 LL.OO 15/2003 y 15/2007

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