Source: https://identidadbiologica.blogspot.com/2014/07/
Timestamp: 2017-05-24 00:38:32+00:00

Document:
Transcribo párrafos del Amicus Curae que presentamos algunas organizaciones en marzo de este año junto a
la fundadora de Abuelas que fue quien logró la creación del Banco, Chicha Mariani y al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel para que se entienda por qué se defiende al Banco, por qué deberíamos todos los ciudadanos defenderlo:
lesión al derecho universal a la identidad que cristalizala ley 26.548 se hace concreta en todas las personas que se ven impedidas a ingresar sus datos al Banco Nacional de Datos Genéticos, institución que nospertenece a todos en calidad de seres humanos y que debería tener las
puertas abiertas sin discriminación en torno a una fecha arbitraria, como el 10 dediciembre de 1983"
tanto, desde “¿Quienes Somos?” nos presentamos como un colectivo conformado por quienes hemos sido apropiados al nacer, esto es, hemos sufrido ysufrimos la sustitución de nuestra identidad.
Nuestras reivindicaciones están atravesadas fundamentalmente por la exigencia al Estado de garantizar los mecanismos administrativos, legislativos y judiciales que permitan, promuevan y faciliten la obtención de información veraz respecto a nuestro origen biológico. Pero además, en especial en el caso que nos ocupa, requerimos de los poderes públicos la
eliminación de todas aquellas barreras ilegítimas que obstan a la concreción de nuestros derechos y que se encuentran vigentes en su estructura jurídica.
Somos plenamente conscientes de los graves perjuicios que producen la violación del derecho a la identidad, la desidia del Estado en materia depolíticas eficaces a su garantía y operatividad, el desinterés y el ninguneo sistemático a nuestras proclamas y demandas; no obstante los distintos canales,institucionales o
no, a través de los cuales hemos expresado tales situacionesy exigido el acceso a la verdad respecto a las personas apropiadas ilegalmente,fuera o dentro de la época del terrorismo de Estado."
resulta inconcebible que desde los tribunales se avale el traslado de una herramienta con la historia y el prestigio del BNDG – que ha permitido encontrar 110 nietos e hijos- en el marco de tan fundadas sospechas,que van desde la voluntad de crear un negocio vinculado a la medicina genómica,hasta la intención de favorecer a los laboratorios privados mediante la utilización de losrecursos, humanos y materiales, para el desarrollo de una actividad comercial,que nada tiene que ver con
la intención subyacente en la creación del Banco."
de los casos de hijos de desaparecidos apropiados que el BNDG identificó y de esta manera dio la prueba clave para el esclarecimientode su identidad, el BNDG contribuyó a la filiación de varios hijos de desaparecidos que no fueron apropiados y que no contaban
con su filiación paterna o materna, por lo menos a 100 de ellos, los que bajo la limitación al objeto fundacional del BNDG que estipula la ley 26.548 no podrían haber accedido al BNDG. En estos casos los laboratorios comunes no podrían hacer las filiaciones ya que no cuentan con toda la experiencia del BNDG para trabajar en identificación con vínculos discontinuos. Por ejemplo, y mencionamos el caso por ser de
conocimiento público y estar en la página web de la Asociación Abuelasde Plaza de Mayo, la identificación del "Nieto 100", Matías EspinosaValenzuela pudo hacerse en junio de 2009, bajo el objeto amplio de la ley23.511 y no habría podido hacerse en el BNDG de haberse contemplado el objeto restrictivo de la ley 26.548 ya que esta persona nunca fue secuestrada ni nació en el cautiverio de su madre (art 2 inciso a)."
"no podemos dejar de mencionar que el juez, al momento de decidirla procedencia o no de la medida cautelar, no
ha tomado los recaudos necesarios para determinar si el espacio que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva pretende destinar al BNDG es adecuado y cumple con todos los recaudos que el mismo debe tener. Ni siquiera la Directora del BNG ha sido consultada al
Se trata de un BNDG pionero en el mundo, ¿cómo pretende el Estado cambiar su sede, arriesgar el material custodiado por el BNDG sin
justificación válida y efectuar el traslado sin mediar opinión de quienes llevan más de 20 años de experiencia en el BNDG?"
un Estado ha reconocido un derecho, no puede más que ampliarlo,mas nunca puede retroceder restringiéndolo, en esto consiste el Principio de
No Regresividad contemplado en la Constitución Nacional y en los pactos
internacionales de DD. HH., al establecer que toda regresividad es ilegítima."
"De igual manera, es de destacar que alrededor de 3 millonesde personas en Argentina no conocen su identidad biológica. Fueron víctimas de apropiacióny supresión de identidad, comprados y vendidos como mercadería, en su mayoría sustraídos a sus padres en hospitales o entregados por medio de engaños. El origen de la mayoría de estas personas se encuentra en la parte de la población más castigada y oprimida por el sistema capitalista que impera y se cristaliza en la burocracia de los organismos públicos, en la ausencia de mecanismos eficaces que impidan fraguar identidades en documentos públicos y registros nacionales,en la política pública inexistente para investigar y prevenir estos delitos. La
problemática social de la búsquedade estas identidades se banaliza, incluso, en los medios de comunicación donde el encuentro familiar de quienes buscan hijos/as, hermanos/as, nietos/as“perdidos” se presentan como casos aislados, de laboratorio y se cuentan con la finalidad de entretener al mismo nivel que las telenovelas." "El
tráfico de personas para cualquier finalidad es un delito que repugna a
la dignidad del ser humano y atenta contra todos sus derechos. No solo la ausencia de política respecto a su investigación y nulo acompañamiento al que ignora su origen biológico es una grave falta delEstado. La sanción y ejecución de una ley que agrava la situación de vulnerabilidad de quienes ya están al margen del acceso a todos sus derechos, desde que se les ha negado saber quiénes son, es una acción estatal repudiable por parte de quienes defendemos el estado democrático.
"Las personas que son víctimas de trata con fines de explotación sexual, reducidas a la servidumbre o esclavitud, compradas y vendidas como hijos por fuera del sistema de adopción, los que desaparecen en manos de la policía y del aparato represivo de la dictadura que continúa en funcionamiento de manera clandestina, ¿acaso nacieron en la época equivocada para hacer valer sus derechos? ¿Por qué un límite irrazonable cercena la posibilidad de identificarlos en vida o
existe en el país otro Banco Nacional de Datos Genéticos en paridad con
la experiencia, excelencia y calidad que permita responder a las necesidades que hasta aquí venimos manifestando. La identificación genética de estas personas, estando fuera del ámbito de actuación del BNDG, debe hacerse en laboratorios privados con un alto costo económico. Es decir, el derecho a la identidad biológica en estos casos solo puede ser efectivo para quienes tienen la posibilidad económica de pagarlo. La identidad de estas personas sigue siendo para el Estado Nacional un objeto de comercio. No debe olvidar V.E. que la ley26.548 y su reglamentación nacieron a la luz de una Comisión Asesora donde susmiembros son reconocidos dueños de laboratorios genéticos privados, a
los cuales debe acudir aquel que quedó fuera del BNDG."
La oposición presentó el pasado año un pedido de informes que se frenó en la Comisión de DDHH.Hoy
diputados y senadores de la oposición apoyan la defensa del Banco y reconocen la insconstitucionalidad de la Ley que presentó el Ejecutivo.Esto NO es un enfrentamiento entre unos y otros, es la defensa de un Derecho Humano que es para todos.El BNDG es un Patrimonio Nacional.Graciela Palma Arizaga
Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación: María Isabel Chorobik de Mariani, Elsa Beatriz Pavón, Mirta
Acuña de Baravalle, Rosaria Isabella Valenzi, Elsa Oshiro, Marcela Alejandra
Gudiño, María Teresa Fernández, Margarita Pinto, Victoria Prigione Greco, María
Isabel Prigione Greco, Gustavo Giménez todos por nuestros propios derechos,
Carlos Lordkipanidse, en representación de la Asociación Ex
Detenidos- Desaparecidos y, con el patrocinio letrado de los Dres. Liliana
Alaniz, abogada T° 79 F° 492 CPACF y Diego Aysine, abogado T° 113 F°521 CPACF,
todos manteniendo el domicilio legal en la calle Lavalle N° 2016, 1 “3” (Zona 87) de esta Ciudad y
domicilio electrónico en CUIT 20-29151971-8, en los autos caratulados “CHOROBIK
DE MARIANI, MARIA ISABEL y OT. C/ EN – PEN – MS CIENCIA TECNOLOGIA INNOVACION
S/ CONOCIMIENTO”, Expte N° 34598/2013, a V.E. respetuosamente dicen:
I.- OBJETO Que en
legal tiempo y forma, en orden a lo establecido por los arts. 14 de la ley 48,
arts. 256 y 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sus concordantes y
modificatorias, venimos a interponer recurso extraordinario federal contra la
resolución de fecha 5 de junio de 2014 de la Excma. Cámara
Contencioso Administrativo Federal- Sala V por rechazar la medida cautelar
requerida en virtud de la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 5 de la ley
26.548 y de las cuestiones de hecho y derecho que se esgrimen a continuación.
1) Somos ex detenidos- desaparecidos y/o familiares de
personas detenidas- desaparecidas que buscamos los restos de nuestros
desaparecidos y/o a nuestros familiares nacidos en centros clandestinos de
detención, tortura y exterminio y apropiados durante la última dictadura militar
argentina. Además, somos titulares de muestras genéticas otorgadas en custodia
del Banco Nacional de Datos Genéticos y/o el Equipo Argentino de Antropología
Forense. 2) En agosto 2013 hemos promovido una acción declarativa de
inconstitucionalidad de los artículos 2 y 5 de la ley 26.548 y su decreto
reglamentario N° 38/2013 por lesionar nuestros derechos a la identidad, verdad,
justicia, garantía de no repetición, reparación y principio de no regresividad
de los derechos humanos consagrados en el artículo 75 inc. 22 y 23 de la Constitución Nacional
Asimismo, hemos solicitado una medida cautelar de no innovar
contra el Poder Ejecutivo Nacional- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva con el fin de
impedir el traspaso y reubicación del Banco Nacional de Datos Genéticos que
funciona en la actualidad y desde su creación en el Hospital General de Agudos
“Carlos G. Durand”, dependiente de la Ciudad Autónoma de
3) Que, aun habiendo planteado la inconstitucionalidad de
los artículos 2° inciso 2; 4°, 5°, 9°, 10°, 13° incisos 1, 2, 3; 14° y 15° de
la ley 26.854, se procedió a requerir a la demandada el informe previo al
otorgamiento de la medida cautelar establecido en dicha normativa. Previo a la
remisión de dicho informe por parte del PEN- Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, el Juez de primera instancia en lo Contencioso
Administrativo ponderó que estaban dadas la circunstancias graves y
objetivamente impostergables para el dictado de la medida interina a la que
refiere el artículo 4 de la ley 26.854 por lo que decretó la prohibición de
innovar hasta resolver la procedencia de la cautelar requerida.
4) Que la demandada presentó el informe del artículo 4 de la
ley 26.854 y acompañó documental. Asimismo, en septiembre de 2013 solicitó
intervención como tercero la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
5) Que en fecha 15 de octubre de 2013 se procedió a
contestar e impugnar el informe presentado por la demandada y la presentación
realizada por la tercera coadyuvante.
Que ante el pedido de la demandada de desglosar el escrito
anteriormente mencionado, en resolución de fecha 25 de octubre de 2013 se
dispuso no ha lugar por improcedente.
6) Que en noviembre de 2013 se dictó resolución en primera instancia
y se rechazó la medida cautelar de no innovar requerida por esta parte. No
obstante, el juez de grado dispuso la continuidad de la cautela en relación a
las muestras genéticas obrantes en el Banco Nacional de Datos Genéticos que no
corresponden a causas de lesa humanidad y que deben seguir el destino de la
institución. Consecuentemente, la totalidad de las muestras deberán ser
trasladadas, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
7) Que en diciembre de 2013, la resolución fue apelada ante la Excma. Cámara
Contencioso Administrativo Federal, Sala V y se acompañó memorial de agravios a
fs. 296/304 lo cual fue replicado por la contraria a fs. 306/309.
8) Que en marzo de 2014 tuvo lugar una presentación en
calidad de Amicus Curiae de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz; Luis Manuel Verdina,
presidente de la organización ¿Quiénes Somos?; Elba Elia Espen y María Esther
Biscayart de Tello, Madres de Plaza de Mayo y más de 50 representantes y
personalidades de trascendencia y trayectoria en la lucha por los derechos
humanos, todos ellos solicitando se declare la inconstitucionalidad de la ley
26.548 y se conceda la medida cautelar contra el traslado del Banco Nacional de
Datos Genéticos. La misma fue rechazada por la Excma. Cámara
Contencioso Administrativo Federal. 9) Que en fecha 5 de junio de 2014, la Cámara Contencioso
Administrativo Federal resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto
por esta parte y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento de fs. 280/289
con costas de la alzada a cargo de esta parte. Para así decidir sostuvo que a)
de acuerdo a lo apreciado por el juez de grado, la documentación aportada por
la demandada que consistió en el proyecto de Convenio de Colaboración y
Confidencialidad elaborado entre el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a
fs. 135/141, resulta un elemento de juicio suficiente como para asegurar que
con el traspaso del BNDG a la órbita del Estado Nacional en nada se
malograrían, en principio, el estado de las muestras, documentos y registros
asentados en dicha institución; b) ponderó lo detallado en la resolución
recurrida, respecto al informe preliminar que dispone el proyecto de convenio
acerca de las especificaciones de las causas judiciales donde haya intervenido
el BNDG; c) valoró lo estipulado en la cláusula quinta del proyecto de convenio
respecto al Protocolo de transferencia de Muestras- Documentación – Registros,
donde se establece que para asegurar la integridad de las muestras el
Ministerio puede invitar a participar del procedimiento de traslado a
representantes de organismos de derechos humanos, entre otros, en calidad de
veedores para verificar la regularidad e idoneidad de las medidas correctamente
adoptadas; d) resaltó el deber de confidencialidad que tendrán las partes
intervinientes en el traslado según las cláusulas séptima y octava del proyecto
de convenio; e) teniendo en cuenta los preceptos de la ley 26.548 y las
condiciones del proyecto de convenio, cuya firma está pendiente, consideró que
esta parte no cuenta con la suficiente verosimilitud del derecho; f) recordó
que la resolución recurrida ordenó el traslado de todas las muestras obrantes
en el BNDG, aún cuando no se trate de aquellas ordenadas en causas ajenas al
esclarecimiento de delitos de lesa humanidad iniciados en el ámbito del Estado
Nacional hasta el 10 de diciembre de 1983.
El Recurso Extraordinario que se plantea es admisible, ya
que si bien en principio no se trata de una sentencia definitiva, es equiparable a un fallo de dicha naturaleza, ya
que produce un agravio de tardía o insuficiente reparación posterior, razón por
lo cual resulta asimilable al definitivo a los efectos del art. 14 de la ley
48. Además, se encuentra involucrada la constitucionalidad de una Ley Federal,
26.548. III.a- LA DECISIÓN APELADA PROVIENE DEL SUPERIOR TRIBUNAL
DE LA CAUSA Y
RESULTA EQUIPARABLE A UNA SENTENCIA DEFINITIVA.-
Que es competencia originaria de esta Corte el conocimiento
y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos sobre la Constitución, leyes
por los Tratados internacionales (Artículo 116 y 117 de la Constitución Nacional).
Asimismo, conforme lo establece el artículo 4 de la ley 48, deberá entender en
aquellas causas en instancia de apelación de una sentencia definitiva de los
jueces nacionales. Por otro lado, corresponde a la jurisdicción federal ratione
personae. Ello es así, dado que VE tiene dicho que si la demanda se instaura
por o contra la Nación
o una entidad nacional, el fuero federal surte por razón de la persona, en
virtud de lo dispuesto por el art. 116, CN, y por los arts. 2, inc. 6 y 12, ley
48 (doctrina de Fallos 308:2033; 310:2340; 312:592, entre otros). Que ante la existencia de cuestión federal, arbitrariedad y
gravedad institucional resulta formalmente procedente el recurso extraordinario
debido a que el agravio del recurrente pone en cuestión la inteligencia que
cabe atribuir a la ley 26.548 y los derechos a la identidad, verdad, justicia,
garantía de no repetición, reparación y principio de no regresividad de los
derechos humanos consagrados en el artículo 75 inc. 22 y 23 de la Constitución Nacional
y Pactos internacionales siendo la decisión recurrida contraria a la validez de
los derechos que se fundaron en ella y es materia de litigio (art. 14, inc. 3°,
de la ley 48). Que cabe mencionar conforme al fallo Halabi (332:111) “que
el tema planteado tiene repercusión institucional, en la medida en que excede
el mero interés de las partes y repercute en un importante sector de la
comunidad por haberse sometido a debate la legitimidad de medidas de alcance
general que interesan a actividades cuyo ejercicio no es ajeno al bienestar
común (confr. doctrina de Fallos: 247:601 y, entre otras, causa F.1074.XLI
"Fecred S.A. c/ Mazzei, Osvaldo Daniel y otro s/ ejecución
hipotecaria", sentencia del 6 de mayo de 2008). Es pertinente recordar
que, según lo ha sostenido invariablemente en sus pronunciamientos esta Corte,
en la tarea de establecer la inteligencia de preceptos constitucionales y de
normas federales no se encuentra limitada por las posiciones del tribunal
apelado ni por los argumentos de las partes sino que le incumbe efectuar una
declaración sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente
les otorgue” (Fallos: 326:2880; 328:2694; 329:2876 y 3666, entre muchos otros).
En autos, la medida cautelar denegada por la Justicia viene a lesionar
nuestros derechos pero además afecta de manera necesaria a toda persona y/o
grupo familiar que ha dejado en custodia del Banco Nacional de Datos Genéticos
su muestra genética y que no ha sido debidamente informado y/o solicitado su
consentimiento informado para efectuar el traspaso. Asimismo, a todas aquellas
personas que en virtud de la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 5 de la
ley 26.548 a
partir del año 2009 no pueden tener acceso al Banco genético para determinar su
identidad biológica y/o para identificar los restos de sus familiares víctimas
de desaparición forzada en democracia. 1.- Tribunal Superior
En el caso de autos, la Sala V de la Excma. Cámara
Contencioso Administrativo Federal es el tribunal superior de la causa (art.
6°, Ley Nº 4055).
Si bien el decisorio impugnado no reviste estrictamente las
características propias de una sentencia definitiva, a los efectos de su
consideración por intermedio de un recurso extraordinario, la misma resulta
equiparable en virtud de la naturaleza de los derechos controvertidos y en
razón de que una eventual decisión contraria resultaría susceptible de generar
agravios cuyas dimensiones resulten de reparación tardía, insuficiente e incluso,
imposible. Así lo ha entendido la jurisprudencia: “Las resoluciones sobre medidas cautelares, sea que las ordenen, modifiquen o levanten, no revisten en principio carácter de sentencias definitivas en los términos que exige el art. 14 de la ley 48 para la procedencia del recurso extraordinario. Sin embargo, tal doctrina cede en los supuestos en que aquéllas causen un agravio que, por su magnitud y circunstancias de hecho, pueda ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior” (CSJN, abril
5-1991, TySS, T. XVIII-305). En igual sentido: “Si bien en principio, las resoluciones sobre medidas cautelares no constituyen sentencia definitiva o equiparable a ésta, a fines del recurso
extraordinario, cabe obviar esta regla general cuando con la disposición
precautoria se ocasiona un agravio de insuficiente, tardía o dificultosa reparación ulterior y se advierte cuestión federal suficiente para
admitir la vía del art. 14 de la ley 48, toda vez que lo resuelto no constituye derivación razonada del derecho vigente con particular aplicación a las circunstancias de la causa” (CSJN, diciembre 26-1991,
TySS, T. XIX-303).
A través del fallo “Grupo Clarín S.A. y otros s/medidas
cautelares”, del 22-05-2012, la
CSJN ha dejado establecido que:
* El recurso extraordinario planteado por el Estado Nacional
resulta procedente, pues el principio que indica que las resoluciones que
ordenan medidas cautelares no revisten el carácter de sentencias definitivas en
los términos del art. 14 de la Ley
48 no constituye un postulado absoluto. * Cuando las medidas cautelares causen un agravio de tal
magnitud que pueda ser de imposible reparación posterior, podrán ser revisadas
por la Corte en
la instancia extraordinaria. En similares términos se ha resuelto: “Si bien
las resoluciones que decretan medidas
cautelares no constituyen, en principio, sentencia definitiva en e! sentido de! artículo 14 de la ley 48, esa regla cede cuando la medida ordenada pueda originar un agravio de insuficiente, tardía o dificultosa reparación ulterior” (S.c., M.641, L. XLVII “Márquez
Alfredo Jorge el ANSeS si incidente"). OTRO: “La excepción se circunscribe a los supuestos en que aquéllas causen agravio que, por su
magnitud y circunstancias de hecho, puedan ser de tardía, insuficiente o de
imposible reparación ulterior. Tales son aquellos casos en que la entidad del daño reviste carácter de excepción que determina la necesidad de habilitar la instancia.” (Fallos 321:1187; "Defensor del Pueblo de la Nación c/ Poder Ejecutivo", mayo 7 de
1998). Es requisito legal para la admisibilidad del Recurso
Extraordinario Federal que la sentencia que se recurre sea definitiva
(artículos 4to. de la Ley
48 y 257 del CPCyCN). Así las cosas, se considera que “a efectos de habilitar
la instancia extraordinaria, el recurso debe dirigirse contra una sentencia
definitiva o equiparable” (CSJN, F. 75. XLIV; REX, Autos: “F.A.C.A c/EN - PJN –
Consejo Magist. – Jurado Enjuicia. – resolución 317/06 S/Amparo”, 10/04/2012).
El recaudo mencionado, en el párrafo anterior, se encuentra cumplido, porque
que de producirse el traspaso del BNDG nuestros derechos serán afectados de
manera irremediable, ya que se realizará un acto administrativo de disposición
de nuestras muestras genéticas sin nuestro consentimiento informado teniendo
como sustento normativo una ley que reputamos inconstitucional y regresiva de
los derechos humanos. Es decir, esta resolución es equiparable a definitiva
porque: a) priva al interesado de otros medios legales para obtener la tutela
de sus derechos; b) causa gravamen de imposible, insuficiente o tardía
reparación ulterior; c) impide de modo palmario el replanteo de la cuestión en
otro juicio. Así las cosas, se advierte que no habrá otra ocasión para discutir
la materia controvertida ya que producido el traslado físico y concretada la
desnaturalización del objeto del BNDG denunciada en autos nuestros derechos se
habrán transformado en meras ilusiones.
-III .b– CIRCUNSTANCIAS DE LA CAUSA RELACIONADAS
involucrada en el caso es de carácter federal. Cuando en el marco de una
controversia esté involucrada una Ley Federal resulta admisible la
interposición del Recurso Extraordinario Federal. Lo señalado ha sido
pacíficamente receptado por la
Excma. Corte Suprema de la Nación, la que, en numerosos pronunciamientos,
sostuvo que es formalmente procedente el recurso extraordinario si se encuentra
controvertida la interpretación de una ley federal (Fallos: 331:132; 330:29).
La ley 26.548 regula una materia de naturaleza federal, como lo es la búsqueda
e identificación genética de hijos y/o hijas de personas desaparecidas y
auxiliar a la justicia y/o a organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales especializadas en la identificación genética de los restos de
personas víctimas de desaparición forzada, pues se aplica en todo el territorio
nacional, con el límite temporal inconstitucional del 10 de diciembre de 1983,
limitación repugnante a los derechos humanos y regresiva según puede
constatarse en el articulado y espíritu de la ley 23.511, que creó el BNDG.
Es importante resaltar que, en los presentes actuados,
existe cuestión federal suficiente, en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Ello es así, pues
se rechazó una medida cautelar de no innovar tendiente a preservar la
indemnidad de la institución del BNDG y de las muestras que custodia,
patrimonio y equipo de trabajo especializado teniendo como fundamento una ley
inconstitucional, lo cual es de carácter federal y de orden público.
A los fines de adoptar su decisión, la Excma. Cámara, ha
ponderado de manera exclusiva las afirmaciones de la demandada y el tercero
coadyuvante sin contar con ningún elemento que permita refutar las denuncias
que esta parte llevó a cabo en la demanda y sostuvo a lo largo de las apelaciones
realizadas en esta causa. Es decir, la interpretación ha sido parcial e
inconexa respecto a los pedidos de inconstitucionalidad del articulado de la
ley 26.548, norma regresiva en materia de derechos humanos, cuya aplicación en
el caso de marras ha desequilibrado de manera esencial la igualdad de las
partes dejando al Estado Nacional en mejor condición para vulnerar nuestros
Asimismo, las particularidades de la presente cuestión
exceden el interés individual y conllevan un supuesto de gravedad
institucional, ya que se desconoce el derecho de quienes hemos dejado muestras
en el BNDG de conocer y prestar consentimiento acerca de las acciones del
Estado respecto del organismo que las custodia, se ha cercenado el acceso al BNDG
a una fecha arbitraria que impide la eficaz investigación e identificación de
la identidad biológica de personas nacidas en democracia o víctimas de
desaparición forzada posterior al 10 de diciembre de 1983. Tal circunstancia
habilita, por sí sola, la instancia extraordinaria, conforme lo ha sostenido la Excma. CSJN en forma
reiterada (Fallos: 248:119, 189 y 503, entre muchos otros).
La resolución de la alzada es arbitraria. Por ello existe,
también, cuestión federal que habilita la interposición del presente recurso,
esto en orden a la extendida jurisprudencia de la Corte Suprema de
(Fallos: 334: 852, 332:1210, 332:466).
En tal sentido, ha indicado la doctrina que: “…la noción de
“sentencia arbitraria” o, mejor dicho la procedencia del recurso en los casos
en que se trata de rever pronunciamientos susceptibles de ser así rotulados, se
funda directamente en la Constitución Nacional y, en especial en la
garantía de la defensa en juicio establecida por el artículo 18. Una sentencia
arbitraria no es una sentencia judicial a los fines de este precepto. El
“cuarto inciso” del art. 14, ley 48, está en cierto modo escrito en la Constitución”
(CARRIÓ, Genaro R. y CARRIÓ Alejandro D.; “El Recurso Extraordinario por
Sentencia Arbitraria en la
Jurisprudencia de la Corte Suprema”, página 40, Ed. Abeledo Perrot,
tercera edición actualizada, Bs. As., 1987).
La resolución de la Excma. Cámara resulta arbitraria: a) Por carecer
de fundamentación, ya que toma como verdad objetiva los dichos de la demandada
y como irrefutable un proyecto de convenio que no tiene validez legal al no
estar firmado por ambas partes (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
Gobierno Nacional) y cuyo contenido ha sido objetado por esta parte por
resultar lesivo a los derechos de los administrados. Por lo tanto las
argumentaciones de la resolución resultan sesgadas y parciales e insuficientes
para sustentar la postura adoptada (Fallos: 332: 885; 331: 636; 331:373); b)
Por asentarse en meras afirmaciones de naturaleza dogmática, que no se basan en
consideraciones jurídicas de carácter objetivo (Fallos: 315:1026).
Además la resolución en crisis ha incurrido en lo que la
doctrina especializada denomina sentencias arbitrarias por estar
deficientemente fundadas, categoría que integra la causal de arbitrariedad
normativa (cfr. SAGÜÉS, Néstor Pedro; “DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL –
Recurso Extraordinario”, Tº 2, página 248 y siguientes, Ed. Astrea, Buenos
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha descalificado por
pronunciamientos como el de autos, en los cuales se
efectuaban afirmaciones dogmáticas, carentes de sustentación objetiva, que
constituían fundamento sólo aparente de la decisión (Fallos: 250:152; 252:40;
314:1764). Al respecto sostuvo, en concreto, que: “Por medio de la doctrina de
la arbitrariedad se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y
el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una
derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias
comprobadas de la causa” (Fallos: 326:3180). Sin perjuicio de ello, se resalta
que la resolución en cuestionamiento incurrió en causales de arbitrariedad, en
atención a los fundamentos que se detallan a continuación.
omitió el tratamiento de cuestiones oportunamente introducidas en los agravios
formulados por esta parte contra el decisorio de primera instancia, conducentes
para la solución del litigio (Fallos 239:126): La sentencia ha incurrido en lo
que la doctrina especializada denomina sentencias arbitrarias por
incongruencia, por omisión de cuestiones articuladas. La referida causal es
englobada por Sagües dentro de la llamada arbitrariedad normativa (conf.
Sagües, Nestor Pedro; “Derecho Procesal Constitucional – Recurso Extraordinario”,
Tº 2, pág. 231 y ss., Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992).
Destacamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que: “Debe
descalificarse como acto judicial la sentencia que carece de un análisis
razonado de problemas conducentes para la decisión del pleito con menoscabo de
garantías constitucionales” (Fallos 311:955).
En el presente caso, la resolución recurrida no analiza, de
modo completo, las causas que deben fundar la procedencia de la medida
cautelar. Por el contrario, el resolutorio sólo se limita a receptar
parcialmente algunos argumentos de la actora y dar legitimidad probatoria a lo
alegado por la demandada. En este contexto destacamos que el rechazo de la medida
cautelar no es una decisión ajustada a derecho, pues de la lectura de lo
resuelto surge de manera evidente que la resolución da por probadas las
circunstancias alegadas por la demandada y la tercera interesada sin haberse
previsto una apertura a prueba que valore de igual manera la documental
acompañada por esta parte tanto en ocasión de presentar la demanda, como al
contestar el traslado del Informe y la presentación de la tercera interesada. La decisión de la
Cámara que desestima la medida cautelar que hemos requerido
no tiene sustento firme, toda vez que toma el principio de legitimidad de los
actos del Estado al extremo de considerar verdadero todo lo alegado por la
demandada sin apertura a prueba. Cabe recordar, como menciona el doctrinario
Eduardo Mertehikian que “una anacrónica visión del proceso administrativo ofrenda
al administrado que promueve una acción procesal administrativa la enorme carga
formal y sustancial de echar por tierra la presunción de legitimidad de la
actuación administrativa, presunción que siempre admite prueba en contrario y
que, por ello, no desliga a la Administración pública, cuando está en juicio, de
la carga jurídica de probar la legalidad de su actuación. La más calificada
doctrina ha señalado que la presunción de validez de la que se beneficia la
actuación administrativa, y que sólo cesa con la sentencia que le ponga fin al
proceso, constituye el más formidable privilegio posicional del que goza la Administración
pública frente a los administrados, y de allí que, así presentada la cuestión,
no consideremos exagerada la calificación de falaz que le asignamos a la
creencia de que existe paridad entre las partes en el proceso administrativo”.
(Mertehikian, Eduardo; “La prueba en el proceso administrativo a la luz de la
garantía constitucional a la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad”;
Revista de Estudios Jurídicos Nº 8/2008 -Segunda Época)
La igualdad o paridad de las partes en el proceso
contencioso administrativo que afrontamos se encuentra quebrada, desde que es
el Estado Nacional quien se encuentra en mejor posición de probar que lo
alegado por la actora no resulta verdadero, es por eso que cuestionamos que la Excma. Cámara no ha
considerado esta resolución a la luz del principio de la carga dinámica de la
prueba sino en virtud de la presunción de legitimidad del acto administrativo.
Más aún, la igualdad en el proceso se ha visto quebrada ante la admisión de la
tercera interesada cuando es de público conocimiento que el cuerpo jurídico de la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo se encuentra inserto en el Estado Nacional, ya sea en la Unidad fiscal de
investigación de causas de apropiaciones de niños, en la Comisión Nacional
por Derecho a la Identidad
(Conadi) o como candidatos a ser parte de la magistratura. En este sentido,
cabe mencionar que “no se trata de olvidar que el interés público que orienta
la función administrativa justifica –en ciertos casos– la adaptación de las
reglas del proceso judicial con el propósito de hacer prevalecer ese interés
por sobre el interés particular (verbigracia, la exigencia de requisitos más rigurosos
tratándose de la procedencia de medidas cautelares dirigidas a la suspensión de
los efectos del acto administrativo; embargos), sino de aprehender en su exacta
dimensión que la exageración de esos principios pulveriza la garantía del
debido proceso y el equilibrio de las partes frente al juez. Así las cosas, a
la luz del derecho constitucional de la tutela judicial efectiva, el desarrollo
del proceso judicial, en lo que a la prueba se refiere, se encuentra
fuertemente influido por la necesidad de hacer efectivo ese derecho, lo cual no
sólo impone a la
Administración pública el deber de colaborar en la búsqueda
de la verdad material u objetiva, sino que incardina la labor del juez hacia
ese propósito”. (Mertehikian, Eduardo, Obra citada)
La tutela judicial efectiva de nuestra pretensión se ha
visto menoscabada por la ausencia de valoración de nuestra prueba y de la
presentación realizada en fecha 15 de octubre de 2013, donde cada una de las
argumentaciones de la demandada, que tanto la resolución de primera instancia
como la de Cámara consideran legítimas, han sido refutadas acompañando
elementos probatorios. La resolución que nos agravia sostiene que con la
documentación agregada a la causa y también reservada en Secretaría se halla
suficientemente acreditado, considerando la etapa preliminar en la que transita
el proceso, que la demandada se encuentra abocada a dotar el traslado del BNDG
de adecuadas medidas de seguridad y transparencia; sobre todo en cuanto
respecta a las muestras, documentos y registros. De ello se desprende, no sólo
que se ha soslayado ponderar la prueba aportada por esta parte, sino que se ha
atribuido a la documentación acompañada por la demandada una entidad
asimétrica, aun cuando el proyecto del convenio de transferencia no se encuentra
suscripto por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Conforme a lo expresado, nos agravia de manera especial que la Justicia considere que no
hemos logrado acreditar suficientemente la existencia de pretendidas maniobras
ocultas al conocimiento público y dirigidas a la desviación del objeto y
funciones que legalmente incumben al BNDG, ni una situación de peligro respecto
de la integridad del material y las muestras, documentación y registros que
deben ser trasladados, toda vez que en autos se han acompañado una cantidad
importante de notas e informes periodísticos, así como datos y testimonios que
conducen a presumir un interés del Estado sobre el BNDG por fuera del objeto
por el que ha sido instituido con la finalidad específica de involucrar al
Banco en la creación de un Instituto de Genómica Humana (producción de
medicamentos personalizados) en su órbita y haciendo uso de su patrimonio,
maquinaria y equipo de trabajo especializado. A partir de las constancias de autos, el Estado Nacional es
el que debe probar fehacientemente que el interés en realizar la mudanza no
guarda ningún tipo de relación con el desarrollo comercial de medicina
genómica, u otra actividad mercantil que exceda el funcionamiento específico
del banco; esta parte ha introducido documentación suficiente, así como ha
Justicia circunstancias que permiten colegir que el traslado
del banco carece de transparencia. A partir de allí, es el Estado el que debe
contribuir, conforme el principio de la carga dinámica de la prueba,
suficientes elementos para dirimir las presunciones suscitadas y probadas por
Nos agravia que la Justicia afirme que el traslado conlleva, en sí
mismo, un cierto margen de riesgo, en razón de los imprevisibles y/o
imponderables que puedan tener lugar en la ocasión, pero en base a cuya
consideración no es posible impedirlo, puesto que entonces se debería concluir
que en ningún caso aquel podría ser realizado, lo cual es manifiestamente
inaceptable. Nuestro derecho a la identidad, verdad, justicia, reparación y
garantía de no repetición de las violaciones a los derechos humanos que hemos
sufrido por parte del terrorismo de estado hacen que el riesgo en este traslado
nos perjudique de manera permanente e irreparable. Las muestras genéticas e
información confidencial que custodia el BNDG bajo nuestro consentimiento son
elementos cruciales e irremplazables para identificar a nuestros desaparecidos
con vida, apropiados y víctimas de sustitución y supresión de identidad. Han pasado 37 años desde el último golpe de estado. La
dictadura que no solo se llevó a nuestros seres queridos a campos de
concentración y los desapareció sino que se apropió de nuestros niños, toda vez
que parte de la pretensa eliminación de la vanguardia trabajadora y estudiantil
que luchaba por un sistema social distintos, se exacerbó al extremo de
apropiarse de sus hijos, como parte de un plan sistemático de exterminio que la
dictadura genocida pretendió llevar adelante. Esa misma dictadura, a pesar del
tiempo transcurrido desde su supresión, puede continuar perpetuando sus
crímenes si tan solo una de las muestras se pierde y no logramos recuperarla
para poder compararla con el universo de personas que dudan de su identidad. Es
de destacar que muchos de los titulares de las muestras han fallecido y que
tras los años transcurridos, habiéndose identificado a 109 personas como
nacidas en cautiverio y/o apropiadas por el gobierno genocida, creemos que
muchos de nosotros partiremos de este mundo sin verlos restituidos. En este
estado de las cosas tenemos un derecho legítimo a requerir que el Estado
argentino garantice que ningún “imponderable o imprevisible” dañe la
posibilidad y esperanza de nuestros familiares de encontrar su identidad. Tiene
el Estado argentino, sin importar las personas físicas que ejerzan su gobierno,
un deber de la memoria que se traduce en hacer efectivas nuestras garantías
constitucionales y las consagradas en el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos. Nuestro derecho a que no se repitan estas violaciones a los derechos
humanos implica que no puede ponerse en riesgo el material que el BNDG
custodia. Su manipulación en cualquier sentido (físico y respecto a su objeto)
que desvirtúe la finalidad de encontrar a nuestros desaparecidos es una
revictimización de quienes sufrimos estos perjuicios y abre el camino para
perpetuar el desconocimiento de la identidad de más de 400 personas apropiadas
en dictadura y de millones sin identidad biológica con motivo de la trata y
tráfico de niños y niñas. De esta manera, como se ha expuesto, depositar la
carga absoluta de la prueba sobre los demandantes, se incurre en una
arbitrariedad manifiesta. En este sentido “conviene recordar, como ya lo hemos
expresado al referirnos a la carga de la prueba, que la presunción de
legitimidad del acto administrativo importa en todo caso una relevatio ad onere
agendi, pero nunca una relevatio ad onere probandi, de allí se sigue que de por
sí la presunción de legitimidad no es suficiente para formar la convicción del
juez en caso de falta de elementos instructorios y que no puede en modo alguno
sentarse un principio de en la duda a favor del Estado, sino a todo evento y
parejamente al proceso penal, cuya similitud en cuanto proceso inquisitivo es
evidente, in dubio pro libertate”. (Gordillo, Agustín, “Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Ed. Macchi, 1974, Reimpresiones varias). De igual
manera “se considera regla de distribución de la carga de la prueba, el colocar
la carga respectiva en cabeza de la parte que se encuentre en mejores
condiciones de producirla”. (Peyrano J, Comprendio de Reglas Procesales. Ed.
Ratificamos lo solicitado en la demanda; insistimos en que
debe suspenderse la mudanza del BNDG hasta tanto se haya dirimido la cuestión
de fondo respecto a la constitucionalidad de la ley que modificó el status
jurídico del BNDG y que el Estado Nacional aporte de manera indubitable
elementos probatorios conducentes a manifestar la verdad acerca de la
desnaturalización del Banco en las circunstancias vertidas en la demanda y que
no ha sabido dirimir con su presentación en autos. En virtud que la Excma. Cámara omitió la realización de un estudio
profundo de los serios y conducentes elementos que se aprecian en la causa, lo
que importa de por sí una ligera actividad analítica que dista de ser la que
exige el deber jurisdiccional, corresponde declarar arbitraria a la resolución
(Fallos: 328: 3864).
b) La Cámara
inaplicó en forma infundada la normativa constitucional y federal que rige el
no ponderó ni la letra ni el espíritu del artículo 75 incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional,
norma que guarda directa vinculación con las normas federales involucradas
(Leyes 23.511, 26.548, 26.854, decreto reglamentario 38/2013) y la flagrante
regresividad de los derechos humanos que se consagra en la normativa 26.548 lo
que motivó la solicitud de la medida cautelar de no innovar.
Según lo manifestado en el considerando XIII del fallo, la Excma. Cámara toma
en cuenta los preceptos de la ley 26.548 y las condiciones que da por válidas
del proyecto de convenio para manifestar que esta parte carece de suficiente
verosimilitud del derecho. Sin embargo, extiende la cautela a la muestras que
obran en el BNDG aún cuando sean ajenas a causas de lesa humanidad y dispone
que debe procederse a su traslado. Esta parte no advierte cómo la Excma. Cámara puede
valorar que la verosimilitud de nuestro de derecho no es suficiente cuando
existe un proyecto de convenio que no involucra nuestro consentimiento y es
nuestra sangre y la de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos la que
está en juego; cuando no existe una respuesta concreta que refute las pruebas
brindadas al interponer la demanda respecto a las maniobras de
desnaturalización del BNDG; cuando el Estado nacional no ha probado de manera
suficiente por qué debe mudarse el BNDG del Hospital donde funciona desde su
creación; cuando hemos objetado el proyecto de convenio por avasallar el
derecho a la identidad y a la intimidad de los titulares de las muestras;
cuando, en fin, se valoran los dichos de la contraria como veraces, por
ejemplo, al mencionar que el nuevo edificio emplazado para el BNDG triplica el
espacio del actual cuando no se aportaron pruebas al respecto.
3. Introducción del planteo federal La cuestión federal fue oportunamente planteada por esta
parte al iniciar la demanda. Reiteramos que el pronunciamiento de la Excma. Cámara -del
05/06/2014- desconoció principios y garantías constitucionales como las
previstas en el Preámbulo y artículos 75 incisos 22 y 23, entre otros, de la Carta Magna Federal.
- IV. EL GRAVAMEN QUE PRODUCE A LA PARTE ACTORA LA DECISION APELADA
(Acordada N° 4/07, artículo 3°, inciso c)
En el caso resulta evidente que el decisorio recurrido
ocasiona a esta parte un gravamen concreto y actual, al rechazar –con sustento
en una interpretación arbitraria- la medida cautelar de no innovar requerida.
Tal proceder -además de afectar el derecho defensa en juicio
y del debido
proceso de nuestra parte- lesiona en forma directa y
manifiesta diversos derechos y garantías constitucionales a la identidad,
verdad, justicia, garantía de no repetición y reparación, así como el principio
de no regresividad en materia de derechos humanos como también los intereses de
quienes buscan su identidad biológica y/o buscan identificar los restos de
personas víctimas de desaparición forzada en fecha posterior a la fijada por la
ley 26.548, el 10 de diciembre de 1983, la cual es irracional e
Tal como se ha citado en la demanda, la responsabilidad del
Estado Nacional se encuentra comprometida en el objeto de estas actuaciones:
“El Estado está en el deber jurídico de prevenir razonablemente las violaciones
de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance
las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, a
fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes
y de asegurar a la víctima una adecuada reparación” (CIDH Caso Velásquez
Rodríguez., 1988; párr. 174). Existen dos derechos fundamentales involucrados en estas
actuaciones, cuyas violaciones dan lugar a una interpelación del Estado
Nacional, en tanto se erige como transgresor y garante de impunidad ante el
avasallamiento de aquellos. En primer lugar, (a) el derecho a la identidad. La Corte Interamericana
de Derechos Humanos entiende que el derecho a la identidad “puede ser
conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y características
que permiten la individualización de la persona en sociedad y, en tal sentido,
comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y
las circunstancias del caso. Respecto de los niños y niñas, el derecho a la
identidad comprende, entre otros, el derecho a la nacionalidad, al nombre y a
las relaciones de familia”. También se refiere allí la Corte a la existencia del
“derecho a conocer la verdad sobre su propia identidad”. Asimismo, entiende que
“es un derecho humano que comprende derechos correlacionados: el derecho a un
nombre propio, a conocer la propia historia filial, al reconocimiento de la
personalidad jurídica y a la nacionalidad. Como todos los derechos humanos, el
derecho a la identidad se deriva de la dignidad inherente al ser humano, razón
por la cual le pertenece a todas las personas sin discriminación, estando
obligado el Estado a garantizarlo, mediante la ejecución de todos los medios de
los que disponga para hacerlo efectivo”. Que “Se desdobla en derecho a la
propia herencia genética y derecho al hábitat natural que como ser humano le es
propio. Todo individuo tiene derecho a su identidad personal, que es el núcleo
o esencia específica de lo humano. La identidad de un individuo la constituye
el genoma en diálogo con el ambiente, porque son los estímulos y respuestas del
hábitat quienes descifran el mensaje genético. La biología, proporciona las
estructuras que interactúan recíprocamente con el mundo cultural. Éste
transmite por instrucciones y aprendizaje, no sólo formas de vida, sino también
los elementos que descodifican el mensaje genético”. El Comité Jurídico Interamericano, a instancias de una
consulta formulada Presidencia del Consejo Permanente de la OEA en el año 2007, dictaminó
que el derecho a la identidad es un derecho humano fundamental oponible erga
omnes como expresión de un interés colectivo de la Comunidad Internacional
Convención de los Derechos del Niño, que cuenta con rango
constitucional a partir de la sanción de la ley 23.849, establece, en relación
al derecho a la identidad que: “1. El
niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho
posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 2. Los Estados
Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su
legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los
niño resultara de otro modo apátrida.”(artículo 7 de la Convención). A su vez,
en relación a la responsabilidad de los Estados suscriptores, estable que: “1.
Los Estados Partes se comprometen a respetar, el derecho del niño a preservar
su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares
de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un niño sea
con miras a restablecer rápidamente su identidad.” Otro de los derechos
fundamentales involucrados en este litigio es el derecho a la intimidad. En
este caso, relacionado con la cuestión genética. La
Declaración Universal de los Derechos Humanos estatuye en su
artículo 12 el derecho a la intimidad, en tanto "nadie será objeto de
correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación". El derecho a la intimidad genética es el derecho o facultad
con la que cuenta toda persona a fin de mantener su bioautonomía libre de
intromisiones, restringiendo el acceso a este tipo de información. Es un
derecho que protege la intangibilidad de su patrimonio genético.
Recordemos que genéticamente no hay dos sujetos iguales, por
lo que el carácter personal del genoma lo hace inviolable. El genoma individual
otorga al individuo una identificación e individualización como sujeto
biológico y unidad genésica dentro del orden jurídico. El derecho a la
intimidad genética implica que este derecho debe ser ejercido y resguardado sin
injerencias ni intromisiones que pueden provenir de la autoridad o de terceros.
Puede ser definido como el derecho a determinar las condiciones de acceso a la
Este carácter especial de la información genética fue
de la UNESCO, del 16 de octubre de 2003. Esta
Declaración reconoce que “los datos genéticos humanos son singulares
por su condición de datos sensibles, toda vez que pueden indicar predisposiciones genéricas de los individuos, y que esa
capacidad predictiva que presenta cualquier tipo de datos puede ser mayor en el caso de los datos genéticos, que no debemos de
olvidar que es un determinado tipo de datos sanitarios, y esta especial
importancia que presentan los datos genéticos, pasa porque su conocimiento puede tener consecuencias importantes para la familia, ya que pueden contener
información cuya relevancia no se conozca necesariamente en el momento de
extraer las muestras biológicas, y que pueden ser de vital importancia desde el
punto de vista cultural para personas o grupos”
Nuestro sistema constitucional garantiza desde sus orígenes
una esfera individual de autonomía privada en la que ni el Gobierno ni el resto
de los individuos puede entrar o interferir sin una debida justificación. Ahí
anida el derecho a la privacidad o intimidad de la información genética. En
consecuencia, toda iniciativa legislativa, sea provincial o federal, que se
refiera a cuestiones relacionadas con el genoma humano debe reflejar siempre un
adecuado tratamiento y protección de esa información. Siendo el genoma humano,
un conjunto de información vinculada a la esencia propia del individuo, merece
un resguardo especial por parte del derecho, pues no existe nada más
confidencial, privado, reservado, secreto o interno que los datos genéticos de
una persona, por esta razón actualmente se habla de un nuevo ámbito del derecho
a la intimidad: el genético. Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto, no
podemos dejar de considerar que con la documentación acompañada en la demanda
por esta parte se ha dado cuenta de: I) la participación del primer coordinador, Dr. Hernán
Javier Dopazo, junto con el actual Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, en reuniones con autoridades del Centro de Investigación Príncipe
de España con el objetivo de establecer las bases de un acuerdo entre el CIPF y
el BNDG de Argentina para la puesta en marcha de un Instituto ARG-ESP de
Medicina Genómica para ser gestionado por ambas instituciones y permitiría,
entre otras cosas, el desarrollo de soluciones bioinformáticas en el ámbito de la Genómica Médica y
II) pusimos de relieve que la Comisión Asesora
para la implementación de la reglamentación de la ley 26.548, que dio lugar al
decreto 38/2013, reunió a profesionales de marcada trayectoria, propietarios de
laboratorios genéticos privados. III) que la
Dra. Mariana Herrera Piñero, del Laboratorio Genda, fue
denunciada por graves irregularidades en el análisis de las muestras de ADN en
un juicio por petición de herencia, según consta en la noticia publicada en la
web www.mercadoytransparecia.org de fecha 23 de mayo 2013 y ha participado de
la discusión parlamentaria de la referida ley.
IV) que el 27 de junio de 2013 se anunció a la prensa
nacional el traspaso físico del BNDG a un edificio ubicado en calle Córdoba N°
831 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Que Según lo expresado por la Agencia de Noticias Télam:
“una vez que se efectúe el traslado del Banco, cuya directora actual es María
Belén Rodríguez, se procederá a elegir a sus directivos por concurso público
entre las capacidades de investigación en genómica”, en este sentido, la prensa
del ministerio anunció “una vez que se efectúe el traslado del BNDG, liderado
por los doctores Víctor Penchaszadeh y Héctor Manuel Targovnik, coordinadores
Técnicos Científicos responsables de este proceso, el Banco comenzará una etapa
signada por la modernización de sus instalaciones, la elección de sus
directivos por concurso público y la suma de capacidades de investigación en
genómica. Comunicado de prensa que fue publicado por la Secretaría de
Comunicación Pública de Presidencia de La Nación en fecha 12 de julio de 2013. Ante esta
serie de circunstancias, detalladas en profundidad en la demanda, es que
queremos hacer prevalecer nuestro derecho a la intimidad genética, que no se
encuentra garantizada a las luces de las sospechas que surgen de dichos
elementos aportados. El Estado, al contestar demanda, no ha dado ningún tipo de
respuestas en torno a dichas sospechas y sobre los acontecimientos acreditados
con la documentación acompañada en la demanda. Existe un riesgo claro, ante la
ausencia de respuestas, de avasallamiento de nuestro derecho a la intimidad
genética y, por supuesto, al derecho a la identidad.
Todavía más: no sólo no se encuentra garantizada la
preservación de las muestras y el objeto del Banco Nacional de Datos Genéticos,
sino que el proyecto de colaboración para el traslado (que no se encuentra
firmado), establece en su cláusula séptima que todo informe que se entregue
será confidencial y no se divulgará, con excepción de la Oficina Nacional
de Empleo Público de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Dirección de
Recursos Humanos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
así como de cualquier otro órgano del Poder Ejecutivo Nacional y de la Ciudad que deba necesariamente
participar del traspaso. Ahora bien,
insistimos, el traslado de nuestras muestras y el acceso a la información por
parte de los órganos precedentemente mencionados, fue dispuesto en forma inconsulta respecto de los
titulares de las muestras. En ese sentido, teniendo en cuenta lo sensible de
dicha información, existe un atropello a nuestro derecho a la intimidad, que
resulta evidente, manifiesto. A eso, debe sumarse que el traslado se realiza en
un contexto de sustentables sospechas de desnaturalización del objeto del
Banco. Por eso recurrimos a los estrados, a fin que se impida el traspaso del
BNDG hasta tanto no estén dadas las garantías suficientes de preservación de
nuestra intimidad genética.
Concluyendo sobre este punto, resulta patente que las
maniobras ocultas detrás del BNDG que aún no han sido disipadas, comprometen la
responsabilidad internacional del Estado, en tanto se encuentran en juego
derechos fundamentales contemplados y protegidos por el derecho internacional
1. No se ha refutado la denuncia de maniobras realizadas por
funcionarios del Estado respecto a la manipulación y vaciamiento del BNDG: En primer término, esta parte considera pertinente destacar
que lo que ha motorizado la búsqueda de la verdad y el pronunciamiento de la Justicia es la falta de
garantías que el Estado Nacional ha soslayado presentar para la realización del
traslado de las muestras que se encuentran en el BNDG. Fundamentalmente, a
partir de las circunstancias en torno a las cuales se ha tomado la decisión de
realizar la mudanza y que han configurado el contexto de sospechas sobre la
manipulación de los recursos destinados al funcionamiento del banco.
Insistimos y ratificamos lo expresado en la demanda: con la
documental acompañada en autos y los extremos invocados, ha quedado revelada
una manifiesta intención y acciones concretas del Gobierno Nacional de destinar
los recursos materiales y el personal de BNDG al desarrollo de medicina
genómica en asociación con laboratorios privados.
No obstante ello, en relación al traslado del banco, no se
ha solicitado el consentimiento de los titulares de las muestras ni se ha
sometido, siquiera, a consulta. En efecto, los actores oportunamente
presentamos elementos probatorios tendientes a acreditar las gestiones que
hemos realizado, previas a esta presentación judicial para que se nos explique
la situación del BNDG. Como surge de la documentación acompañada el 15 de
octubre de 2013 y respecto al informe presentado por la demandada, el Estado
Nacional pretende justificar que los perjuicios que devienen de la falta de
garantía de indemnidad de la cadena de custodia de las muestras que resguarda
el BNDG ante su inminente traslado son producto de algún prejuicio. ¿Cómo puede
el Estado preguntarse cuál es el reproche cuando todo lo que se alega en esta
demanda le fue expresado personalmente al ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva? El informe es totalmente negador del ejercicio que
hicimos de pedido de información en ocasión de la audiencia que mantuvimos con
el ministro Lino Barañao el 10 de enero del año en curso. El 17 de diciembre de
2012, después de haber tomado conocimiento por medio de noticias periodísticas
acerca del inicio de acciones respecto al traspaso físico del BNDG, se presentó
por expediente N° 2332/2012 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva una solicitud de audiencia. Fuimos nosotros quienes en dicha
oportunidad requerimos del ministro y sus asesores legales, Alan Temiño y
Rodolfo Blasco, se nos explique cómo sería el proceso de traslado y cuáles eran
las garantías respecto a la seguridad e inalterabilidad de la cadena de
custodia de las muestras. Fuimos nosotros, asimismo, quienes requerimos del
Estado nacional, representado en el ministro Barañao, una respuesta respecto al
destino y custodia de las muestras que posee el BNDG y que no tienen origen en
causas de lesa humanidad en defensa del derecho universal a la identidad.
Nuestra petición quedó plasmada en una presentación que tuvo ingreso oficial en
este ministerio por medio del expediente N° 44/2013. En esta oportunidad,
fuimos nosotros quienes instamos y exigimos que la reglamentación de la ley
26.548 fuera promulgada y publicada, ante la pasividad de una Comisión asesora,
creada a estos efectos por Resolución 224/10 de este organismo, que después de
casi cuatro años no había concluido sus labores. Oportunidad en la que
reclamamos como esencial que esta reglamentación supliera parte de la
insuficiencia de la ley 26.548 y estableciera la ampliación del BNDG con las
muestras que custodia el Equipo Argentino de Antropología Forense. Nuestra petición, plasmada por escrito, jamás fue
contestada. Mayor fue la sorpresa cuando semanas después descubrimos que
durante la audiencia nos fueron presentadas dos personas como parte del equipo
de trabajo del ministro y que resultaron ser el Dr. Hernán Javier Dopazo y la Dra. Carolina
Álvarez, ambos ya involucrados en la “coordinación de traspaso”, lo que no nos
No siendo esto suficiente para la demandada, cabe resaltar
que no solo mantuvimos una audiencia con el ministro Barañao. Movidos por la
sincera preocupación de custodiar el BNDG y por obtener del Estado nacional una
respuesta clara a nuestro reclamo, solicitamos en reiteradas oportunidades
audiencias con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda,
que nunca nos fue concedida. El 2 de enero del presente año fuimos atendidos
por su asesora legal, Ana Oberlin, quien nos manifestó su desconocimiento y una
franca falta de interés en la situación integral del BNDG y de nuestro reclamo.
Miente el Estado Nacional cuando afirma que nadie, ni
organismos de derechos humanos, ni legisladores, ni las propias autoridades del
Banco, ni ningún otro particular han solicitado información o presentado alguna
queja. No obstante lo relatado, cabe destacar que el 25 de marzo de 2010 por
medio del Proyecto de Comunicación (pedido de informe) S-578/10 le fue
preguntado al Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, acerca de las implicancias
del proyecto de ley que modificó la naturaleza del BNDG, lo que fue plasmado en
el Informe de Jefe de Gabinete de Ministros N° 76 del mes de noviembre de 2010.
La senadora Norma Morandini reiteró su preocupación respecto de la falta de
garantía del derecho universal a la identidad a partir de la sanción de la ley
26.548 durante la presentación del informe del Jefe de Gabinete de Ministros el
2 de junio de 2010. Asimismo, el 11 de septiembre del corriente año, realizó un
Información Pública al Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva en el marco del Decreto 1172/03, respecto de las acciones
llevadas a cabo por las autoridades de este organismo con motivo (o excusa) del
traspaso. De igual manera, el 20 de octubre de 2009 por medio de Carta
Documento N° 05070773 2, la preocupación en torno a la modificación del marco
legal de BNDG le fue expresada al entonces Presidente de la Honorable Cámara
de Diputados, Eduardo Fellner. De manera simultánea, organizaciones de Derechos
Humanos realizaron una campaña al respecto e hicieron entrega de notas a los
miembros del Poder Legislativo. Lo expresado fue acompañado de manera oportuna
y, sin embargo, no fue valorado por el a quo quien además dio por sentado los
dichos de la tercera interesada, que falta a la verdad cuando afirma que el
contenido de la norma 26.548 fue objeto de un pronunciamiento y aval específico
Interamericana de Derechos Humanos. Este supuesto puede
corroborarse de la lectura de la solución amistosa invocada por la tercera
interesada. Asimismo, nos agravia que los dichos de la tercera interesada
acerca de que “impulsa y celebra el nuevo marco regulatorio del BNDG y su
mudanza” y “niega que el traslado pueda poner en riesgo la cadena de custodia y
la integridad de las muestras genéticas allí almacenadas” sean tomados como
parte de la valoración del juez para negar la medida cautelar, toda vez que la Asociación no es una
persona jurídica experta en la materia para emitir válida opinión acerca de la
indemnidad de las muestras en un traslado de este tipo de Banco genético. Asimismo,
no solo nos agravia sino que nos genera una profunda desazón que la Asociación exprese, y
que el juez valore en su decisión, que han sido informados de que “se están
adoptando todas las medidas de rigor para que no exista el más mínimo riesgo en
la mudanza”. Esta parte, según se viene expresando, ha realizado diversas
acciones tendientes a ejercer su derecho a la información respecto a lo que
sucede con el BNDG. ¿Por qué el Estado nacional considera que el derecho de la Asociación a ser
informada es mejor que el nuestro? ¿Por qué, si también somos titulares de las
muestras que resguarda el BNDG y bregamos por encontrar a nuestros
desaparecidos no se nos ha consultado acerca de la disposición de nuestras
muestras? Máxime, teniendo en cuenta que ha sido de público conocimiento la
participación de “asesores” de laboratorios privados durante la discusión
parlamentaria de la ley 26.548, circunstancia que jamás ha sido refutada por el
Estado, ni en la demanda, ni en los hechos.
Vale destacar que la resolución misma refiere a un
“proyecto” de convenio de transferencia que aún no ha reunido las firmas de
ambos gobiernos, de lo que se deduce que a la fecha el Estado Nacional cuenta
con un simple “proyecto” elaborado unilateralmente. A su vez, dicho proyecto ha
sido elaborado sin la concurrencia de los interesados, es decir, los titulares
de las muestras depositadas en el BNDG. Es de destacar que hasta la
interposición de esta demanda judicial, ninguno de nosotros conocíamos la
existencia de este proyecto de convenio ni su contenido. Sin embargo, a partir
del texto del mismo, se revela la intención de proceder a manipular el BNDG que
resguarda nuestras muestras genéticas, sin ningún tipo de explicación o mecanismos
de información que permitieran un consentimiento informado. Cabe señalar, como
lo hicimos en la presentación del 15 de octubre de 2013, que objetamos muchos
de los artículos del proyecto de convenio que tienden a menoscabar la
confidencialidad del material obrante en el BNDG y del procedimiento allí
dispuesto. Este proyecto de convenio no es una prueba indubitable o eficaz para
presumir la legitimidad de las acciones del Estado para con el BNDG ni mucho
menos evidencia que el riesgo en el traspaso sea inexistente. Las fotografías
acompañadas y los dichos de la demandada acerca de que “la sede de Av. Córdoba
831 triplica la superficie cubierta que ocupa hoy el Banco” no son prueba
suficiente de que esto sea efectivamente cierto. Dentro de las garantías que
exigimos sean acreditadas para que se realice el traslado del banco y nuestras
muestras, deberían encontrarse, al menos, la presentación de los planos y la
explicación clara y precisa de cómo se utilizarían los espacios, sus
condiciones (que desde ya deben ser óptimas respecto de las existentes
actualmente en el Hospital Durand), así como la cantidad de personal destinado
a operar en las nuevas instalaciones.
Lo que solicitamos a V.E. es que considere que esta demanda
y la medida cautelar requerida excede la solicitud misma de una negativa a un
traslado físico. El BNDG ha funcionado históricamente, sin ningún reparo a la
excelencia de su trabajo en la sede del Hospital Durand. Solicitamos que sea el
Estado quien pruebe por qué debe mudarse y poner en riesgo la indemnidad de
nuestras muestras y las de nuestros compañeros, muchos de ellos fallecidos,
además de las de otras personas que dirimieron allí su filiación. En autos se cuestiona la ausencia de garantías sobre la
preservación del objeto del BNDG y de la integridad de las muestras, en tanto
de las pruebas acompañadas por la actora surgen evidentes acciones e interés de
parte del Estado Nacional de desvirtuar el fin por el que se ha creado dicha
institución. Esas pruebas acompañadas, no han sido valoradas en absoluto.
Insistimos, el Banco Nacional de Datos Genéticos no puede
ser trasladado hasta tanto no estén dadas las garantías debidas por parte del
-VI – EFECTO SUSPENSIVO QUE DEBE OTORGARSELE AL PRESENTE
sostuvo que: “El Tribunal estima que se desprende del
principio general en materia de efectos de la concesión del recurso
extraordinario, decisión que, conforme al art. 258 del Código Procesal Civil y
y a la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, tiene efectos suspensivos sobre la
ejecución del pronunciamiento impugnado hasta tanto la Corte se pronuncie al respecto…”,
Expediente Nro. 10.836/00, autos “Alcoba, Rubén Antonio y otros C/Estado
Nacional -ME S/ Proceso de Conocimiento”, fallo del 20/03/2007.
Consideramos que en virtud del orden público comprometido en
autos, y de la situación de gravedad institucional que emerge, ya que se
encuentran comprometidas la operatividad de garantías constitucionales y ante
la posibilidad de que mientras se dirima el presente se produzcan acciones por
parte de la contraria que conviertan en ilusorio nuestro derechos a la defensa
concretándose un daño irreparable a nuestros derechos, se solicita que se
conceda el presente Recurso Extraordinario Federal, otorgándosele a la
resolución de fecha 05 de junio de 2014 efectos suspensivos.
1. Tenga por presentado, en legal tiempo y forma, el
Extraordinario Federal, deducido contra la resolución de la Sala V de la Excelentísima Cámara
Contencioso Administrativo Federal del 05 de junio de 2014 que confirma el rechazo
de la medida cautelar de autos.
2. Conceda el presente recurso extraordinario con efecto
suspensivo, de
conformidad a lo expuesto en estos actuados y se eleven los
autos al más Alto Tribunal.
3. Oportunamente, solicito a la CSJN revoque el decisorio apelado,
y considere la procedencia de la medida cautelar de no innovar solicitada con
de la fecha se presentó recurso extraordinario federal contra la resolución de
fecha 5 de junio de 2014 de la
Excma. Cámara Contencioso Administrativo Federal- Sala V por
rechazar la medida cautelar requerida en virtud de la inconstitucionalidad de
los artículos 2 y 5 de la ley 26.548 y de las cuestiones de hecho y derecho En marzo de
2014 tuvo lugar una presentación en calidad de Amicus Curiae de Adolfo Pérez
Esquivel, premio Nobel de la Paz;
Luis Manuel Verdina, presidente de la organización ¿Quiénes Somos?; Elba Elia
Espen y María Esther Biscayart de Tello, Madres de Plaza de Mayo y más de 50 representantes
y personalidades de trascendencia y trayectoria en la lucha por los derechos
Datos Genéticos. No puede
ponerse en riesgo el material que el BNDG custodia. Su manipulación en
cualquier sentido (físico y respecto a su objeto) que desvirtúe la finalidad de
encontrar a nuestros desaparecidos es una revictimización de quienes sufrimos
estos perjuicios y abre el camino para perpetuar el desconocimiento de la
identidad de más de 400 personas apropiadas en dictadura y de millones sin
identidad biológica con motivo de la trata y tráfico de niños y niñas.
Nacional de Datos Genéticos es Patrimonio Nacional.
Palma Arizaga (ciudadana sin identidad)
DNI (con
datos falsos) 16.496.527

References: resolución 
 artículo 75
 artículo 4
 artículo 4
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución

 resolución 
 artículo 4
 artículo 75
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
 artículo 14
 resolución 
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in dubio
 resolución

 artículo 75
 artículo 3

artículo 12
 Resolución 
 resolución 

resolución 
 resolución 
 resolución