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Timestamp: 2019-02-23 23:28:17+00:00

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﻿ SENTENCIA C-395 DE SEPTIEMBRE 8 DE 1994
SENTENCIA C-395 DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 1994
CONTENIDO:MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO, CONTROL DE LEGALIDAD
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, CONTROL DE LEGALIDAD, MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, CONTROL DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, PROCEDIMIENTO PENAL, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD, CÓDIGO PENAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:275 DE NOVIEMBRE DE 1994, PÁG.1475
Sentencia C-395 de septiembre 8 de 1994
EXTRACTOS: «Texto de la norma acusada. A continuación se transcribe el texto del artículo 414A del Código de Procedimiento Penal:
“Control de legalidad de las medidas de aseguramiento. Las medidas de aseguramiento proferidas por la Fiscalía General de la Nación o por sus agentes, una vez que se encuentren ejecutoriadas, podrán ser revisadas en su legalidad por el correspondiente juez de conocimiento, previa petición motivada del interesado, de su defensor o del Ministerio Público. La presentación de la solicitud y su trámite, no suspenden el cumplimiento de la providencia ni el curso de la actuación procesal.
Formulada la petición ante el fiscal, este remitirá copia del expediente al juez de conocimiento, previo el correspondiente sorteo. Si el juez encontrare infundada la solicitud la desechará de plano. En caso contrario, la admitirá y correrá traslado común a los demás sujetos procesales por el término de cinco (5) días. Vencido el término anterior, el juez decidirá dentro de los cinco (5) días siguientes. Las decisiones que tome el juez en desarrollo del presente artículo, no admiten ningún recurso”.
En primer término cabe precisar que los accionantes fundamentan la inconstitucionalidad en la presunta adopción por el constituyente de un sistema procesal penal de tipo acusatorio que, a su juicio, impone la división entre las etapas del proceso a tal punto que se torna imposible pasar por alto el incontrastable deslinde “so pena de desvertebrar la estructura procesal acusatoria y tornar el sistema procesal de naturaleza inquisitorio...”. Observa la Corte que a esta interpretación subyace el afán eminentemente formalista y purista de mantener inalterada la estructura del sistema que, según los demandantes, la Carta prefigura; se impone de ese modo un razonamiento orientado a fijar el alcance de los contenidos normativos partiendo exclusivamente de las reglas, características o principios que le otorgan identidad a un sistema determinado distinguiéndolo de los que le son opuestos o afines, y aun cuando las conclusiones que se deriven de un procedimiento semejante puedan acordarse cabalmente con los dictados de una lógica estricta, dichos resultados, por sí solos, no implican que ab initio, deba predicarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma por responder al esquema procesal contemplado o por apartarse de él, según el caso.
Lejos de pretender desvelar la naturaleza del sistema, por el solo prurito de tomarlo como referente para emitir un juicio sobre la validez de las consecuencias que los demandantes extraen con base en su particular comprensión del mismo, es preciso tener en cuenta que la preceptiva del artículo 250 superior indica, muy a claras, que el constituyente plasmó las bases de un sistema de tendencia acusatoria (o acusatorio) matizado, al encomendarle a la Fiscalía General de la Nación el cometido genérico de investigar y acusar ante los jueces a los presuntos infractores de la ley penal. Aun los mismos demandantes admiten que el nuevo sistema presenta “características sui generis” y que dada su particularidad “es el único existente en el ámbito procesal penal universal”; así las cosas, resulta problemático atribuirle implicaciones plenamente justificadas en el contexto de sistemas prohijados en otras latitudes, cuya transposición mecánica al estudio del ordenamiento jurídico colombiano podría desconocer justamente los pilares que sirven de soporte a la construcción de nuestro especial y “sui generis” sistema; un mimetismo acrítico cimentado en la preocupación de acomodar la ley o su correcta interpretación a modelos foráneos de presunta pureza, más que a soluciones claras fundadas en el derecho tal como se estableció, conduciría a fomentar un sinnúmero de dudas, y sobre la deleznable base de la incertidumbre no es correcto fundar juicios acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma.
Es evidente que la Carta consagra las bases de un sistema procesal penal que los expertos han denominado acusatorio mixto, resaltando de paso sus específicos perfiles. Empero, como se anotó más arriba, la simple consideración de la estructura del sistema y de sus especiales connotaciones con absoluta prescindencia o abstracción de cualquiera otra pauta, puede no ser suficiente para adelantar el juicio acerca de la norma cuya validez se controvierte. Es indudable que esas bases constitucionales deben ser tomadas en cuenta para juzgar si el contenido de la disposición acusada se aviene, o no, a ellas; sin embargo, la mera confrontación de la norma con los postulados que edifican el sistema, dista mucho de arrojar claridad absoluta respecto a la situación del texto acusado. Es posible que una norma, a primera vista, aparezca en contradicción con los principios del sistema procesal, pero que analizada en un plano de mayor amplitud no solamente se avenga a él sino que contribuya, además, a configurar sus características especiales, adecuándose perfectamente.
Las premisas anteriores tienen cabal aplicación en el análisis del caso sub examine. Y es que las normas que integran el capítulo dedicado a la Fiscalía General de la Nación no integran una parcela aislada del resto de la Constitución; por el contrario, la Carta consagra fines, principios y valores que impregnan su propio contenido e informan el ordenamiento jurídico entero, constituyéndose en guías para su interpretación y desarrollo. La parte orgánica del estatuto superior no se encuentra al margen de la proclamación de esos fines, principios y valores, sino incorporada a su amplísimo marco de irradiación. El preámbulo de la Constitución da cuenta del propósito de asegurar la justicia, la igualdad y la libertad entre otros valores; el artículo 1º funda la organización republicana en el respeto de la dignidad humana; el artículo 2º erige como fin del Estado “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” y encarga a las autoridades de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”; de acuerdo con las voces del artículo 5º “El Estado reconoce, sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona...”. En indudable correspondencia con estos predicados el inciso final del artículo 250 superior dispone que la Fiscalía General de la Nación “está obligada” a respetar los derechos fundamentales del imputado y “las garantías procesales que le asisten”, mandato que revela cómo esos derechos y garantías han dejado de ser simples límites al ejercicio del poder político para devenir en objetivos y propósitos directivos de la acción positiva de los poderes públicos, cualquiera sea el conjunto de competencias que se les haya atribuido. Desde esta perspectiva es innegable que las funciones que la misma Carta asigna a la Fiscalía General de la Nación deben analizarse con especial referencia al haz de derechos que conforman el fuero del imputado; de ahí que esta Corporación insista en que la exclusiva ponderación del sistema procesal penal adoptado, para mantener incólume su estructura formal, es insuficiente para adelantar el juicio de constitucionalidad que los actores han promovido en contra el artículo 414A del Código de Procedimiento Penal, que corresponde al artículo 54 de la Ley 81 de 1993.
Lo anterior no significa que la Corte autorice el desconocimiento de las normas constitucionales que contribuyen a perfilar el sistema procesal penal. Lo que la Corporación pretende es desechar interpretaciones de cuño formalista que quizá con el propósito de preservar la estructura de ese sistema infieren consecuencias a partir de los principios que lo informan, con olvido total ya de las características especiales que ofrezca, ora del resto de normas constitucionales que, como se ha visto, en el caso colombiano propugnan una interpretación sistemática bajo el entendido de que la Constitución conforma una unidad dotada de coherencia a partir de los principios, fines y valores que contempla, especialmente en lo atinente a los derechos y garantías reconocidos a las personas. Una interpretación aislada o parcial de las funciones de la Fiscalía General de la Nación podría resultar contraria tanto a las normas que consagran esas funciones como a aquellas otras dejadas de lado. Contrario sensu, la interpretación sistemática procura un entendimiento cabal de la Carta y garantiza su efectiva integridad y supremacía (art. 241 C.N.).
Dentro de las funciones que se le atribuyen a la Fiscalía General de la Nación en el artículo 250 de la Carta, aparece en primer lugar la de “Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento”. El artículo 388 de la codificación procesal penal vigente enuncia las medidas de aplicación para los imputables: la conminación, la caución, la prohibición de salir del país, la detención domiciliaria y la detención preventiva; la norma en comento indica, además, que “En los delitos de competencia de los jueces regionales sólo procede como medida de aseguramiento, la detención preventiva”. El propósito que orienta la adopción de este tipo de medidas es de carácter preventivo y no sancionatorio. Por ello, no son el resultado de sentencia condenatoria ni requieren de juicio previo; buscan responder a los intereses de la investigación y de la justicia al procurar la comparecencia del acusado al proceso y la efectividad de la eventual sanción que llegare a imponerse. La detención persigue impedirle al imputado la fuga, la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir deformar o desvirtuar elementos probatorios importantes para la instrucción.
Las medidas de aseguramiento comportan la afectación de la libertad de la persona y esa constatación evidente llevó al legislador a rodear su aplicación de una serie de requisitos de orden sustancial y formal. En el primer caso se exige “por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso” y en el segundo evento se prevé una providencia interlocutoria que contenga mención de los hechos investigados, su calificación jurídica y la pena respectiva; así como de los elementos probatorios acerca de la existencia del hecho y de la probable responsabilidad del sindicado como autor o partícipe, y finalmente, que exprese las razones por las cuales no se comparten los alegatos de los sujetos procesales (art. 389 C. de P.P.). Los requisitos que en forma tan sucinta se relacionan, tienen un soporte jurídico innegable en el artículo 28 de la Constitución Política que exige el “mandato escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”, para cuando se trate de disponer la privación de la libertad individual.
La referencia a la autoridad judicial que contiene el artículo 28 constitucional obviamente comprende a la Fiscalía General de la Nación que conforme al artículo 116 del estatuto superior administra justicia, y la aplicación de una medida de seguridad es un acto procesal de carácter jurisdiccional que dispone relevantes restricciones a la libertad personal para los fines de la investigación.
El carácter judicial de la Fiscalía General de la Nación, la interferencia de derechos fundamentales que el cumplimiento de sus funciones puede acarrear; el objetivo, patente en la intención del constituyente y del legislador, de brindar adecuada protección y efectividad a los derechos, ponen de presente la ineludible necesidad de que el órgano encargado de adoptar medidas susceptibles de afectarlos, no sea omnímodo o arbitrario en el ejercicio de sus competencias sino sometido al imperio de la Constitución y de la ley y, por lo mismo, garante del derecho a la libertad, de la observancia del debido proceso (art. 29 C.N.), del respeto a los demás derechos, en actitud que se relaciona directamente con los postulados de un Estado social y democrático de derecho, celoso de las prerrogativas del individuo, guardián de la dignidad humana y promotor de la consolidación de ciertos valores que, como la justicia, la igualdad o la libertad, impregnan el contenido del ordenamiento jurídico. Esta Corte, en otra oportunidad, ha destacado que: “La función que cumple la Fiscalía durante la etapa investigativa del proceso no se reduce a la inculpación, tal como se establece en los sistemas acusatorios de otros países. Durante la investigación el Fiscal cumple una labor eminentemente judicial, con todas las exigencias que de ella se derivan en términos de imparcialidad. Está por lo tanto obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado (C.P. art. 250 inc. último) y, en términos generales, a respetar en sus actuaciones los derechos fundamentales y las garantías procesales consagradas en la Constitución Política y en la ley penal” (Sentencia Nº 055/94, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Ahora bien: no solamente la Constitución y la ley se ocupan de enunciar los derechos y las garantías que tienen relevancia dentro del proceso penal; también los tratados internacionales recogen aspectos de esta materia, con notable incidencia sobre las medidas de aseguramiento; es oportuno recordar que conforme al artículo 93 superior, “los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. Baste mencionar a este respecto el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968 (art. 9º) y la Convención americana sobre derechos humanos o Pacto de San José, aprobada por la Ley 16 de 1972 (art. 7º).
El plexo normativo que en los apartes anteriores se ha citado, revela los dos extremos entre los cuales se mueve la decisión que haya de adoptarse sobre la disposición acusada: de un lado, muestra a la Fiscalía General de la Nación constitucionalmente facultada para dictar medidas de aseguramiento y, del otro, recaba sobre la protección de los derechos fundamentales tan caros al modelo institucional introducido por la Carta de 1991. En concordancia con lo anotado en otros acápites de esta providencia, la Corte considera que las labores de investigación, de acusación, y también las de juzgamiento, deben contribuir a otorgar efectiva vigencia a los derechos fundamentales, porque el proceso penal no agota el conjunto de sus objetivos en la sola satisfacción de un propósito de eficacia, sino que está abocado a cumplir la doble misión de dotar al poder estatal de medios adecuados para establecer la verdad y administrar pronta y cumplida justicia, garantizando, a la vez, el respeto de la dignidad humana y de los derechos fundamentales. La Fiscalía General de la Nación está obligada a respetar esos derechos y garantías en los términos del artículo 250 constitucional, y esa obligación adquiere singulares connotaciones frente a la aplicación de medidas de seguridad, dado que estas comprometen en grado sumo la libertad.
En un auténtico Estado de derecho, la coacción que el poder público ejerce, en cuanto involucra la afectación de derechos individuales, debe estar lo suficientemente justificada. El acto que a primera vista tenga potencialidad para infringir un derecho, debe tomarse con la mayor cautela, cuidando de que efectivamente se configuren las condiciones que lo autorizan y atendiendo los requisitos señalados para su procedencia; en otras palabras: la actuación procesal debe interferir el ámbito de la libertad lo menos que le sea posible, atendidas las circunstancias del caso concreto.
Esa delicada área que impone la salvaguardia de los derechos, autoriza, y con creces, la razonable previsión de controles tanto internos como externos a las tareas que realiza la Fiscalía General de la Nación. No se trata, ciertamente, de poner en duda la rectitud personal de los funcionarios judiciales que adelanten la instrucción ni de desconfiar de su sometimiento a la Constitución y a la ley, como insinúan los actores cuando manifiestan que el fundamento político e ideológico de la existencia de la norma acusada “no es otro que la desconfianza que el legislador colombiano tiene en la capacidad jurídica de los funcionarios al servicio de la Fiscalía General de la Nación, capacidad que considera sólo se encuentra en poder de los jueces, en el miedo al ejercicio del poder jurisdiccional llevado a cabo por la Fiscalía General que ha hecho temblar a los corruptos, o en el desconocimiento de que la Fiscalía General de la Nación, como órgano integrante de la rama judicial, también está sometida al imperio de la Constitución y de la ley, lo que comporta el presumir legales y constitucionales sus decisiones”. No, se trata de propender la observancia de los derechos del sindicado, y esa finalidad esencial, que se desprende del contexto de la Carta, es indicativa de la constitucionalidad del artículo 414A del Código de Procedimiento Penal que permite al interesado, al defensor o al Ministerio Público, elevar petición motivada solicitando la revisión de la legalidad de las medidas de aseguramiento proferidas por la Fiscalía General de la Nación. Se asegura así, la participación del individuo destinatario de la medida en el debate desatado alrededor de la procedencia de la misma, y se confiere oportunidad al Estado de justificar la decisión o de rectificarla si a ello hubiere lugar.
El control que la norma atacada prevé, actualiza el ideal que el jurista Carlos Santiago Nino reconoce a la democracia liberal, esto es, que “entre el individuo y la coacción estatal se interponga siempre un juez”. No sobra recordar la advertencia de Carrara en contra del “empleo inútil e insensato de la detención preventiva”, del “fanatismo de los investigadores” y de “la falta de control de la investigación”, ni las esclarecedoras palabras de Vincenzo Manzini: “...puesto que la pretensión, finalidad del proceso penal, es la de comprobar el fundamento de la potestad punitiva del Estado en el caso concreto y no la de hacerla a toda costa realizable, es natural que, junto a los medios encaminados a declarar la certeza, la culpabilidad, se dispongan otros para evitar el error y la arbitrariedad y que por tal camino junto al interés represivo, encuentre tutela en el Estado libre también el interés, eventualmente en peligro, de la libertad individual”.
Los argumentos que los accionantes esgrimen para cuestionar la validez del artículo 414A, adolecen de excesiva preocupación por aspectos formales con notable sacrificio de cuestiones sustanciales. El deseo de mantener inalterado, a ultranza, el sistema procesal penal de tendencia acusatoria que la nueva Constitución configura, los aparta del análisis de otras normas superiores contentivas de los derechos y garantías que tanta influencia tienen para fijar el sentido del texto acusado, confinándolos al examen aislado de ese sistema procesal, sin parar mientes en la efectividad de los derechos y en que, justamente, los sistemas acusatorios o con tendencia acusatoria son los que exhiben mayor afinidad con las constituciones democráticas porque, según expresión de Carrara, ofrecen “en grado máximo, las garantías de la libertad civil”; no se entiende entonces por qué se insiste en incorporar un control diseñado para la protección de los derechos, en total discordancia con el sistema procesal de tendencia acusatoria. Insistentes en su empeño, los actores olvidan que la Carta confiere prevalencia al derecho sustancial (art. 228). Pretenden además, establecer una separación absoluta entre las dos fases del proceso penal, ignorando que ambas forman parte de una misma realidad jurídica y que los funcionarios que adelantan cada etapa deben colaborar para el cumplimiento de los fines de la administración de justicia, pese a tener funciones separadas. Las reflexiones que el Honorable Magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Gómez Velásquez plasmó en juicioso salvamento de voto al auto proferido por la Sala Penal el 3 de marzo de 1994, sirven para confirmar este aserto(*).
Alegan los accionantes el posible “enfrentamiento de los órganos jurisdiccionales” y la pérdida del sentido del principio de la doble instancia. Sobre el particular cabe resaltar, una vez más, la colaboración e intercomunicación entre fiscales y jueces que como miembros de la rama judicial no se excluyen, pudiendo estos últimos intervenir en la fase instructiva, sin desconocer, claro está, las competencias señaladas a los primeros. La inclusión de la Fiscalía General de la Nación dentro de los órganos que administran justicia, permite aseverar la existencia de la unidad de jurisdicción, razón de más para sostener que el control de legalidad previsto en el artículo 414A del Código de Procedimiento Penal, no constituye una injerencia indebida en las actuaciones de la fiscalía sino que obedece a la complementariedad de las labores que desempeñan distintos funcionarios judiciales, al principio de economía procesal, ya que va a permitir subsanar posibles fallas y desaciertos, garantizando una etapa de juzgamiento depurada de vicios, y, por contera, al propósito inabdicable de proteger celosamente los derechos del procesado.
Resulta conveniente puntualizar a este propósito, que el control de legalidad de las medidas de aseguramiento no opera de manera oficiosa, sino que requiere petición del interesado, de su defensor o del Ministerio Público; que supone la ejecutoria de la respectiva decisión, y que su promoción no suspende el cumplimiento de la providencia ni el curso de la actuación; se prevé el rechazo de plano para solicitudes infundadas y la no admisión de recurso alguno para evitar innecesarias tardanzas. No son de recibo, entonces, los comentarios que hacen énfasis en el entrabamiento de la investigación generado por el trámite del control de legalidad de las medidas de aseguramiento, que tampoco es tercera instancia ni recurso adicional encaminado a una nueva valoración de la prueba; se repite que se trata de un control que apunta a la protección de los derechos fundamentales, y que sólo procede respecto de las providencias que efectivamente contengan medidas de aseguramiento, es decir, que cuando éstas se dejan de imponer, el juez no está llamado a dictar la que considere pertinente so pretexto de ejercer el control de legalidad. No se advierte en esto desplazamiento del fiscal, ni desconocimiento de su independencia, porque estando sujeto únicamente a la Constitución y a la ley (arts. 228 y 230), tal independencia se predica delante de otras ramas del poder público para desautorizar controles o injerencias originados en ellas; tampoco es patente el desdibujamiento de sus competencias o la alteración de las funciones básicas de acusación y juzgamiento como lo creen los actores.
Puede afirmarse entonces que la norma acusada no contradice los pilares del sistema procesal de tendencia acusatoria que la Carta diseña, pues las competencias de la Fiscalía General de la Nación permanecen inalteradas y, fuera de este aspecto que favorece su validez, contribuye a realizar el propósito trascendental de conferirles vigencia a los derechos fundamentales sustanciales y procesales, lo cual aparta toda sombra de duda que sobre su constitucionalidad pueda cernirse.
Finalmente, vale la pena anotar que el hecho de que la Asamblea Nacional Constituyente haya desechado una propuesta del gobierno que ponía en manos de los jueces la adopción de las medidas de aseguramiento, no respalda una interpretación dirigida a negar toda intervención de los jueces de la República en la fase investigativa; más que la intención del autor de la Carta, cuenta en este caso la que se extrae del propio texto constitucional, que se encauza en sentido contrario al que favorecen las consecuencias que, sin mayor rigor, se quiere derivar de la voluntad del constituyente.
1. Declarar exequible el artículo 414A del Código de Procedimiento Penal en la forma que fue modificado por el artículo 54 de la Ley 81 de 1993.
(Sentencia C-395 de septiembre 8 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).

References: artículo 414
 artículo 250
sui generis
sui generis
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 250
 artículo 414
 artículo 54
 artículo 250
 artículo 388
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 116
 artículo 93
 artículo 250
 artículo 414
 artículo 414
 artículo 414
 artículo 414
 artículo 54