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Timestamp: 2020-04-04 18:21:16+00:00

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Sentencia de Tutela nº 690/14 de Corte Constitucional, 11 de Septiembre de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 539767066
La Vulneración De Derechos Por Parte De Colpensiones Se Predica De La Falta De Reconocimiento De La Pensión De Vejez Solicitada Por El Actor, Alegando El Incumplimiento De Los Requisitos Establecidos En Cuanto Al Número De Semanas, Toda Vez Que Varias De Las Cotizaciones Registradas Como Realizadas, No Fueron Canceladas Por El Empleador, Por Lo Que Le Resultaba Necesario Al Afiliado Asumir Dicha Responsabilidad. Se Realiza Un Análisis De La Jurisprudencia Relacionada Con El Derecho A La Seguridad Social, Su Concepto, Naturaleza Y Protección Constitucional. Igualmente, Sobre El Derecho A La Pensión De Vejez Y La Obligación De Pago De Cotización Y, La Procedencia Excepcional De La Acción De Tutela Cuando Existen Mecanismos Ordinarios De Protección. Se Concede El Amparo De Los Derechos Fundamentales Al Mínimo Vital, A La Seguridad Social Y A La Vida En Condiciones Dignas.
Sentencia T-690/14
Referencia: expediente T-4.346.424.
Acción de tutela instaurada por G.C.M. contra COLPENSIONES
Bogotá, D.C., once (11) de septiembre de dos mil catorce (2014).
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados L.E.V.S., M.V.C.C. y M.V.S.M., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, así como en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente:
En el proceso de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por el Juzgado Tercero de Familia de Barranquilla el dieciocho (18) de noviembre de dos mil trece (2013) y, en segunda instancia, por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014), en la acción de tutela interpuesta por el ciudadano G.C.M. en contra de COLPENSIONES.
El veintiocho (28) de octubre de dos mil trece (2013), el ciudadano G.C.M. interpuso acción de tutela por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, vida en condiciones dignas y seguridad social en virtud de la negativa de COLPENSIONES en el reconocimiento del derecho pensional al que estima tener derecho.
1.1. El ciudadano G.C.M., de 74 años de edad, durante su vida laboral estuvo vinculado tanto al sector público como al privado y afirma contar actualmente con más de 1000 semanas cotizadas al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
· Copia de la cédula de ciudadanía del señor G.C.M.-
· Copia de los certificados de información laboral de todas las entidades del sector público en las que prestó sus servicios durante su vida.
· Copia de la comunicación de la sentencia de tutela instaurada por el señor G.C.M. en contra de COLPENSIONES, en la cual se ampara el derecho de petición del actor y se ordena que su solicitud sea efectivamente resuelta.
· Copia de la Resolución GNR 230870 del 09 de septiembre de 2013 mediante la cual se niega el reconocimiento del derecho pensional del actor.
· Copia de un informe realizado por el médico radiólogo del actor en el que se concluye que éste padece de cardiopatía, bronquitis crónica y ateromatosis.
El señor G.C. decide acudir nuevamente a la acción de amparo con el objetivo de conseguir la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y vida digna, entre otros, pues estima que la conducta asumida por COLPENSIONES se constituye en un “irrespeto a [su] humanidad” y desconoce el ordenamiento jurídico vigente en cuanto éste ha previsto distintos mecanismos a través de los cuales es posible que las entidades administradoras de pensiones hagan cobro de las cotizaciones adeudadas y no transfieran esta responsabilidad a sus usuarios.
A continuación se plantea la situación jurídica del ciudadano G.C.M. quien afirma haber cotizado más de las 1000 semanas requeridas a efectos de adquirir el derecho a la pensión de vejez que pretende, pero el cual le fue negado en cuanto se consideró por parte de COLPENSIONES, que al existir un incumplimiento por parte de uno de sus empleadores en el pago de las cotizaciones, era necesario que él asumiera dicha responsabilidad, de forma que le fuera posible entrar a disfrutar de su pensión.
El derecho a la seguridad social, concepto, naturaleza y protección constitucional
En desarrollo de esas obligaciones, la seguridad social, concebida como un instituto jurídico de naturaleza dual, esto es, que tiene la condición tanto de derecho fundamental, como de servicio público esencial bajo la dirección, coordinación y control del Estado[1]; surge como un instrumento a través del cual se le garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos subjetivos fundamentales cuando se encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a través del trabajo.
Esta Corporación, en sentencia T-628 de 2007, estableció que la finalidad de la seguridad social guarda “necesaria correspondencia con los fines esenciales del Estado social de derecho como el servir a la comunidad; promover la prosperidad general; garantizar la efectividad de los principios y derechos constitucionales; promover las condiciones para una igualdad real y efectiva; adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados; proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta; y reconocer sin discriminación alguna de la primacía de los derechos inalienables de la persona como sujeto, razón de ser y fin último del poder político[2]http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-628-07.htm - _ftn11, donde el gasto público social tiene prioridad sobre cualquier otra asignación[3] [sic].”
Adicional a lo expuesto, es necesario destacar que el concepto de “seguridad social” hace referencia a la totalidad de las medidas que propenden por el bienestar de la población en lo relacionado con la protección y cobertura de unas necesidades que han sido socialmente reconocidas, por ello, con respecto al contenido de este especial derecho, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General No. 19 destacó que:
En reiteradas ocasiones, esta Corporación ha señalado que la fundamentalidad de este especial derecho encuentra sustento en el principio de dignidad humana y en la satisfacción real de los derechos humanos, pues a través de éste resulta posible que las personas afronten con decoro las circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan ejercer sus derechos subjetivos.[4]
En la misma línea, esta Corporación, en sentencia T-200 de 2010, destacó que la importancia de este derecho radica en que “su máxima realización posible es una condición ineludible de la posibilidad real de goce del resto de libertades inscritas en el texto constitucional” y, por tanto, se constituye en un elemento esencial para la materialización de modelo de Estado que hemos acogido y que nos define como una sociedad fundada en los principios de dignidad humana, solidaridad, trabajo y prevalecía del interés general[5].
Derecho a la pensión de vejez y obligación de pago de cotizaciones. Reiteración de jurisprudencia
El derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, como medio a través del cual se materializa el derecho fundamental e irrenunciable a la seguridad social en un caso específico, se constituye en un salario de carácter diferido que se reconoce a favor de una persona a quien los efectos de la edad le han empezado a hacer mella en su capacidad para procurarse, en forma autónoma, su sustento y el de su núcleo familiar a través del trabajo. En este sentido, debe ser entendido como el producto del ahorro forzoso que una persona realizó durante toda su vida laboral y, en consecuencia, no como una dádiva o regalo conferido por el Estado, sino que se constituye en la debida remuneración que surge como consecuencia del ahorro anteriormente enunciado[6].
Por lo anterior, se ha reconocido por esta Corporación que quien ha cumplido los requisitos de edad y tiempo de servicios exigidos por la Ley para acceder a una pensión de vejez, por ese solo hecho goza a su favor de un derecho adquirido a disfrutar de la misma[7] y éste no le puede ser restringido ni obstaculizado por cuestiones ajenas a sus obligaciones y responsabilidades.
Ahora bien, para los trabajadores dependientes, el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (S.G.S.S.P.) ha establecido una forma específica de realizar los aportes, esto es, dividiendo la carga de asumirlos entre el trabajador y su empleador[8] y estableciendo en cabeza de este último la responsabilidad de pagar, mediante el correspondiente descuento del salario del trabajador, estos dineros ante la entidad encargada de administrarlos.[9]
Adicionalmente, la Ley 100 de 1993 ha consagrado en cabeza de las Entidades Administradoras de Pensiones (EAP) diversos mecanismos a través de los cuales les es posible asegurar el pago de los aportes que por alguna razón no les han sido efectivamente cancelados por los empleadores[10], de forma que ante el incumplimiento o mora de estos, las EAP están facultadas por la Ley para imponer sanciones, así como para liquidar los valores adeudados[11] y para realizar el cobro coactivo de sus créditos.[12] Por lo anterior, se ha sostenido en forma reiterativa por la jurisprudencia de esta Corporación[13], que resulta inaceptable que ante la negligencia en el efectivo ejercicio de sus funciones, las EAP trasladen al trabajador (parte más débil entre los sujetos que participan en el S.G.S.S.P.) la carga de asumir el cobro de los dineros adeudados, o aún peor, el pago de estos; pues dicha conducta equivaldría a imputar al trabajador las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones legales del empleador, así como la correlativa omisión de la EAP en su cobro[14].
La acción de tutela, concebida como un mecanismo jurisdiccional que tiende por la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales de los individuos, se caracteriza por ostentar un carácter residual o subsidiario y, por tanto, excepcional, esto es, parte del supuesto de que en un estado social de derecho como el que nos circunscribe, existen mecanismos ordinarios para asegurar la protección de estos intereses de naturaleza fundamental. En este sentido, resulta pertinente destacar que el carácter residual de este especial mecanismo obedece a la necesidad de preservar el reparto de competencias establecido por la constitución a las diferentes autoridades y que se fundamenta en los principios de autonomía e independencia judicial.[15]
En este sentido, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido ciertos criterios con base en los cuales es posible determinar la ocurrencia o no de un perjuicio que pueda tildarse de irremediable. Entre ellos se encuentran: (i) debe estarse ante un perjuicio inminente o próximo a suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; (ii) de ocurrir la vulneración, no existiría forma de repararla; (iii) el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de un bien susceptible de determinación jurídica que se estima como altamente significativo para la persona; (iv) se requieran medidas urgentes para superar la condición de amenaza en la que se encuentra, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y (v) las medidas de protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.[16]
La presente providencia centra su análisis en la resolución de la situación jurídica en que se encuentra el ciudadano G.C.M., de 74 años de edad y objeto de numerosas patologías, quien afirma haber cumplido a cabalidad con la totalidad de los requisitos que le eran exigibles a efectos de hacerse acreedor al derecho a una pensión de vejez, pero que ésta le ha sido denegada por la omisión de su empleador en el pago de las cotizaciones y la correlativa negligencia de la entidad administradora de fondos pensionales en el ejercicio de sus potestades legales para obtener la efectiva materialización de dicho pago.
Análisis de la vulneración iusfundamental
2.1. De acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales expuestos en la parte considerativa de la presente providencia, así como con los supuestos fácticos que circunscriben la presente litis, se procederá a estudiar el caso particular del señor G.C.M., con el objeto de determinar si existe o no, la presunta vulneración iusfundamental por él alegada.
Tal y como se indicó con anterioridad, por regla general, la acción de tutela solo es procedente cuando ésta se constituye en el único mecanismo de defensa que permite la protección de las garantías iusfundamentales del individuo, pero esto encuentra una excepción cuando se evidencia que, tras un estudio de las condiciones fácticas del actor, se materializa al menos uno de los supuestos que permiten la flexibilización del estudio de este requisito, esto es, (i) que se prevea la inminente materialización de un perjuicio de carácter irremediable que haga necesaria la intervención provisional o transitoria del juez constitucional, o (ii) que se estime que el medio ordinario de defensa existente no resulta lo suficientemente eficaz o idóneo como para permitir la eventual definición de la controversia planteada y la consecuente protección de los derechos fundamentales objeto de discusión.
Ahora bien, en lo relacionado con la titularidad del derecho reclamado, se evidencia que al ciudadano G.C.M. le fue reconocido por COLPENSIONES, mediante Resolución No. GNR 230870 del nueve de septiembre de 2013, que (i) por cumplir los requisitos legalmente establecidos, tiene derecho al régimen de transición; (ii) que tras descontar los tiempos trabajados en el SENA y en la Contraloría Distrital de Barranquilla (los cuales no le serán tenidos en cuenta por cuestiones de índole administrativa), ostenta un total de 894 semanas cotizadas en el transcurso de su vida laboral; y (iii) que, si lo considera pertinente, puede asumir la mora de su empleador y sufragar el valor adeudado a efectos de que éstas le sean tenidas en cuenta.
Se llama la atención en que el actor, mediante certificados de información laboral del 22 de febrero de 2011 y de 19 de junio de 2012, acredita haber laborado tanto en el SENA, como en la Contraloría Distrital de Barranquilla un total de 120,83 semanas, las cuales, sumadas con las que le fueron previamente reconocidas por COLPENSIONES, otorga como resultado un gran total de 1014,83 semanas cotizadas al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, de forma que a la luz de lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990[17], aprobado por el Decreto 758 de 1990, el actor satisface a cabalidad la exigencia de las 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo y, por tanto, al cumplir también con el requisito de edad, se hace acreedor al derecho pensional que reclama.
Conforme a lo expuesto, la Sala revocará las sentencias proferidas en primera instancia el dieciocho (18) de noviembre de 2013 por el Juzgado Tercero de Familia de Barranquilla y en segunda instancia el treinta (30) de enero de 2014, por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y, en su lugar, concederá el amparo a los derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y vida en condiciones dignas del ciudadano G.C.M.. Por esta razón, se ordenará al representante legal de la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), que si aún no lo ha hecho, reconozca y pague la pensión de vejez a la que éste tiene derecho y realice el pago del retroactivo pensional al que en igual manera se hizo acreedor. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de la prescripción trienal que tiene lugar para este tipo de derechos.
PRIMERO.- REVOCAR los fallos proferidos en primera instancia el dieciocho (18) de noviembre de dos mil trece (2013) por el Juzgado Tercero de Familia de Barranquilla y, en segunda instancia, el treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014), por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por el ciudadano G.C.M. en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), y en consecuencia CONCEDER el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y a la vida en condiciones dignas.
SEGUNDO.- ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a expedir un acto administrativo mediante el cual reconozca y empiece a pagar la pensión de vejez del ciudadano G.C.M., desde la fecha en que cumplió el estatus pensional, sin exigir requisitos adicionales que no estén previstos en la Constitución o en la Ley y sin perjuicio de la prescripción trienal de la que habla el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, para efectos de reconocer y pagar las sumas adeudas a la accionante por concepto del retroactivo.
[1] Artículo 48 de la Constitución Política de Colombia.
[2] “Artículos 2, 13, 5 de la Constitución. Véase la sentencia C-575 de 1992.”
[3] “Artículo 366 de la Constitución.”
[4] Ver, entre otras, las sentencias T-032 de 2012; T-072 de 2013 y T-146 de 2013.
[5] Constitución Política de Colombia, Artículo 1.
[6] Corte Constitucional. Sentencia C-546 de 1992, reiterada en la sentencia C-177 de 1998, entre otras.
[7] Corte Constitucional. Sentencia C-177 de 1998.
[8] Artículo 20 de la Ley 100 de 1993.
[9] Artículo 22 de la Ley 100 de 1993
[10] Artículos 23, 24, 53 y 57 de la Ley 100 de 1993
[11] Liquidación que a la luz del artículo 24 de la Ley 100 de 1993 presta merito ejecutivo.
[12] Artículo 57 de la Ley 100 de 1993.
[13] Corte Constitucional. Sentencias C-177 de 1998, T-363 de 1998, T-106 de 2006, T-920 de 2010, T-855 de 2011 y T-726 de 2013.
[14] Corte Constitucional. Sentencia T-726 de 2013.
[15] Corte Constitucional. Sentencia T-063 de 2013. Magistrado Ponente: L.G.G..
[16] Consultar entre otras sentencias: T-132 de 2006, T-463 de 2012, T-706 de 2012, T-063-13 y T-090 de 2013,
[17] “Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y, b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.”
Tutela de Corte Suprema de Justicia - nº 11001020300020130182200 de 22 de Agosto de 2013

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 12
 artículo 488
 Artículo 48
 Artículo 1
 Artículo 20
 Artículo 22
 artículo 24
 Artículo 57