Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en/Resolucion/Show/4757
Timestamp: 2020-02-19 00:20:14+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 221/2002
SENTENCIA 221/2002, de 25 de noviembre
(BOE (Official State Gazzete) number 304, of 20 December 2002)
ECLI:ES:TC:2002:221
1. El 24 de febrero de 2000 el Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó un escrito (que fue registrado con el núm. 1044-2000) por el que interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial de la que se hace mérito en el encabezamiento de esta Sentencia en defensa del derecho fundamental de la menor María Ángeles M. R. a su integridad moral (art. 15 CE). Mediante otrosí se interesaba la suspensión del Auto impugnado de la Audiencia Provincial de Sevilla.
2. El 26 de febrero de 2000 tuvo entrada en el Registro de este Tribunal la demanda de amparo interpuesta por doña María P. A. y don Manuel M. A., guardadores de hecho de la menor, contra el mismo Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla (demanda de amparo que fue registrada con el núm. 1089-2000). Los demandantes de amparo alegan que el Auto impugnado infringe el derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE), el derecho a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE) y el derecho al juez imparcial (art. 24.2 CE). Mediante otrosí se interesó la suspensión del Auto impugnado de la Audiencia Provincial de Sevilla.
3. Los hechos que sirven de base a ambos recursos de amparo son, en síntesis, los que siguen:
a) María Ángeles M. R., nacida el 19 de octubre de 1986, fue adoptada legalmente en 1987 por el matrimonio compuesto por la Sra. R. A. y el Sr. M. P. Con ocasión de una denuncia formulada por el Sr. M. contra la Sra. R. por la presunta comisión de maltrato a la menor, el Juez de Instrucción núm. 1 de Sevilla, en virtud de providencia de 24 de abril de 1989, remitió las diligencias incoadas al Instituto Andaluz de Servicios Sociales al desprenderse de ellas la presunta situación de desamparo de la aludida menor.
b) La Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía dictó Resolución el 22 de enero de 1993, en el expediente 41/603/88 sobre protección de menores, mediante la que acordó declarar la situación legal de desamparo de la menor (arts. 172 y ss. CC), asumir su tutela desde la fecha de esta Resolución, ingresar a la menor en un centro de acogida, bajo la guarda de su director y la vigilancia de la entidad, y limitar el régimen de relaciones familiares a visitas en dicho centro. Tal resolución fue ratificada por otra de 11 de junio de 1993. Este mismo día se formalizó un acogimiento familiar que duró hasta el año 1996, año en el que, fruto de las diligencias previas núm. 2698/96, abiertas como consecuencia de la denuncia por agresión sexual contra la familia que tenía a la menor en acogida, se revocó el aludido acogimiento familiar, ingresando la menor de nuevo en un centro de acogida.
c) La Sra. R. A., madre adoptiva de la menor, promovió un expediente de jurisdicción voluntaria de oposición a la declaración de desamparo legal (autos 469/93) ante el Juez de Primera Instancia núm. 7 de Sevilla, quien, por Auto de 28 de junio de 1994, estimó la oposición contra la declaración de desamparo de la menor efectuada por la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía de 22 de enero de 1993, ratificada el 11 de junio del mismo año, y ordenó la reinserción de la menor en la familia adoptiva con las cautelas que dispuso en el fundamento de Derecho sexto del mismo Auto.
d) La Junta de Andalucía apeló dicho Auto; el recurso fue desestimado por Auto de la Audiencia Provincial de 10 de abril de 1995, que hizo suyas las razones vertidas en el Auto del Juez de Primera Instancia. La Sra. R. A. solicitó la ejecución de esta resolución judicial el 7 de junio de 1995. El Juez acordó requerir a la Administración para que reintegrase a la menor en su familia. El 13 de julio de 1995 la Junta de Andalucía solicitó la suspensión de la ejecución del Auto, presentando diversos informes relacionados con el supuesto perjuicio que a la menor le produciría su ejecución. Por providencia de 27 de julio el Juez acordó no haber lugar a la petición deducida, ordenando requerir de nuevo a la Administración para el cumplimiento de la resolución legalmente adoptada. El 25 de octubre de 1995 la Junta de Andalucía comunicó al Juzgado que iniciaba el proceso de reinserción de la menor. Como consecuencia de ello tuvo lugar un primer encuentro de la menor con sus padres en presencia de una psicóloga del servicio de atención al menor.
e) El 6 de febrero la madre adoptiva presentó un escrito ante el Juzgado poniendo de manifiesto que, a pesar de que habían transcurrido casi diez meses desde que se dictó el Auto de la Audiencia Provincial que confirmó el Auto del Juez de Primera Instancia por el que se estimó la oposición contra la declaración de desamparo incoada y se ordenó la reinserción de la menor en la familia adoptiva, todavía no se había cumplido lo dispuesto en las invocadas resoluciones. El Juez, mediante providencia de 8 de febrero, volvió a requerir a la Administración que cumpliera inmediatamente lo dispuesto en el Auto de la Audiencia.
f) El 19 de febrero de 1996 la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales volvió a enviar un nuevo escrito al Juzgado en el que se hacía constar que el primer contacto de la menor con los padres había sido traumático, por lo que solicitaba la suspensión del proceso. Por providencia de 15 de marzo se acordó requerir de nuevo a la Administración para que cumpliera lo acordado.
g) El Fiscal, al conocer los informes que enviaba la Administración dando cuenta de cómo se habían ido desarrollando las visitas de la menor con sus padres, y al advertir que, de acuerdo a lo que en ellos se exponía, se estaba produciendo una involución en el proceso de reinserción de la menor con su familia, solicitó un informe del psicólogo adscrito al Juzgado, así como la exploración judicial de la menor. El Juez acordó lo interesado en providencia de 16 de septiembre.
h) Mediante escrito de 9 de enero de 1997 la Junta de Andalucía solicitó de nuevo ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Sevilla la suspensión de la ejecución del Auto por el que se revocó la Resolución de desamparo legal de la menor y ordenó la reinserción de ésta en la familia de adopción, haciendo valer el interés prevalente de la menor (tal petición se apoyaba en diversos informes). El Fiscal solicitó también la suspensión de la ejecución del Auto.
i) El Juez, por Auto de 19 de marzo de 1997, y tras una nueva exploración de la menor, acordó declarar imposible de ejecutar en sus propios términos su Auto de 28 de junio de 1994, en atención al interés preferente de la menor y a los perjuicios que le causaría dicha ejecución en las actuales circunstancias, acordando también la procedencia de la ejecución por equivalente, mediante indemnización económica que la Junta de Andalucía debía satisfacer a la madre adoptiva.
j) La Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía comunicó al Juzgado el 13 de mayo de 1997 el ingreso de la menor en un centro de acogida, y mediante acta de acogimiento familiar de 19 de marzo de 1998 se formalizó el acogimiento de dicha menor por el matrimonio formado por la Sra. P. A. y el Sr. M. A.
k) El Auto del Juez de 19 de marzo de 1997 fue recurrido en apelación por la Junta de Andalucía y por los padres adoptivos de la menor. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial resolvió estos recursos en Auto de 18 de septiembre de 1998, desestimando el interpuesto por la Junta de Andalucía y estimando el formulado por la madre adoptiva, por lo que revocó el Auto impugnado y ordenó que se diera cumplimiento al dictado el 28 de junio de 1994, que había sido confirmado en apelación por otro de la Audiencia de 10 de mayo de 1995.
l) El 6 de noviembre de 1998 el Juez dictó una providencia por la que ordenó a la Administración que procediera a dar exacto cumplimiento a lo acordado, requiriéndola para que dejara sin efecto la situación de acogimiento en la que pudiera encontrarse la menor y procediera a reiniciar el proceso de reinserción familiar con sus padres adoptivos.
m) Por providencia de 3 de diciembre de 1998 el Juez de Primera Instancia núm. 7 de Sevilla acordó citar a todas las partes a una comparecencia, en virtud de lo previsto en el art. 158.3 CC, y, a tenor de las nuevas circunstancias, dejar sin efecto la providencia de 6 de noviembre de 1998.
n) El Juez, de conformidad a lo dispuesto en el art. 158.3 CC, el 11 de enero de 1999 dictó un Auto en el que, apreciando circunstancias sobrevenidas, estimó que el retorno de la menor con su familia adoptiva era gravemente dañoso, pernicioso y contraproducente para su integridad psíquica, por lo que acordó adoptar una serie de medidas respecto de la menor (atribuir a la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía su guarda, disponiendo que se realizara manteniendo la situación de guarda de hecho en la que se encontraba en aquel momento, todo ello sin perjuicio de que se pusieran en marcha otras actuaciones de protección que se considerasen pertinentes).
o) Don Mauricio Gordillo Cañas, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de la Sra. P. A. y el Sr. M. A., guardadores de hecho de la menor, el 10 de febrero de 2000 presentó un escrito en el Registro de la Audiencia Provincial de Sevilla por el que solicitaba que se le tuviera por personado y parte en el rollo de apelación 1500/99 a efectos de solicitar la suspensión del Auto de 3 de febrero de 2000 (aun cuando en su escrito se refiere al Auto de 4 de febrero de 2000) hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la suspensión de dicha resolución, que iba a ser recurrida en amparo. Por Auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla, de 11 de febrero de 2000, se denegó la personación solicitada. Este Auto fue recurrido en súplica, recurso que fue desestimado por Auto de 12 de abril de 2000.
p) Por Auto del Juez de Primera Instancia núm. 7 de Sevilla, de 28 de marzo de 2000, se acordó suspender cautelarmente la ejecución ordenada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la admisión de los recursos de amparo planteados y sobre la interesada suspensión de la ejecución referida.
4. El Fiscal aduce en su recurso de amparo que el Auto de la Audiencia impugnado ha vulnerado la integridad moral de la menor (art. 15 CE) en relación con su derecho al libre desarrollo personal (art. 10.1 CE).
5. La Sra. P. A. y el Sr. M. A., que interpusieron el recurso de amparo registrado con el núm. 1089-2000, invocan en su demanda que a la menor se le han vulnerado sus derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), al juez imparcial (art. 24.2 CE), a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE) y a la integridad moral (art. 15 CE).
6. Por providencia de la Sala Segunda de 6 de julio de 2000 se acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 LOTC, admitir a trámite el recurso de amparo núm. 1044-2000 y, en aplicación del art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla, así como al Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de la misma localidad, a fin de que remitiesen certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al rollo de apelación 1500/99 y al juicio incidental 469/93, respectivamente, previo emplazamiento de las partes en el proceso, con excepción del recurrente en amparo, para que, en caso de que lo desearan, pudiesen comparecer en este recurso. Asimismo se concedió al Ministerio público un plazo de diez días para que alegase lo que estimara conveniente sobre la acumulación a este recurso de amparo del tramitado en esta misma Sala bajo el núm. 1089-2000.
7. En providencia de la misma fecha la Sala Segunda acordó también, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 LOTC, admitir a trámite el recurso de amparo núm. 1089-2000, y, en aplicación del art. 51 LOTC, interesada ya la copia de las actuaciones en el precedente amparo núm. 1044-2000, dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Sevilla a fin de que se emplazara a las partes en el proceso, con excepción de los recurrentes en amparo, para que, en caso de que lo desearan, pudiesen comparecer en este recurso. Asimismo se concedió al Fiscal un plazo de diez días para que alegara lo que estimase conveniente sobre la acumulación de este recurso de amparo al tramitado en esta misma Sala bajo el núm. 1044-2000.
8. Por sendas providencias de 6 de julio de 2000 la Sala acordó formar las oportunas piezas separadas para la tramitación de los referidos incidentes sobre suspensión, y, en virtud de lo dispuesto en el art. 56 LOTC, conceder un plazo a los recurrentes y al Fiscal para que alegasen lo que estimaren oportuno sobre dicha suspensión.
9. En la pieza abierta en el recurso de amparo registrado con el núm. 1044- 2000 se adujo por el Ministerio público que la resolución judicial cuya suspensión se pretende es aquélla de la Audiencia Provincial que ordenaba la ejecución de un anterior Auto de la propia Audiencia, que a su vez ordenaba la reintegración de la menor en su familia adoptiva y con arreglo a las pautas procedimentales fijadas en el propio Auto. Para el Fiscal procede la suspensión de la ejecución de dicho Auto, pues en otro caso se consumaría la lesión constitucional que, justamente, se trata de evitar con el recurso de amparo interpuesto (sin que esto signifique que el referido recurso resulte ser meramente cautelar). Además la suspensión no supondría una grave perturbación del interés general en la ejecución de las resoluciones judiciales, ya que esta regla no debe poseer tal alcance que impida de hecho la suspensión de las resoluciones judiciales dejando sin efectos la previsión del art. 56 LOTC. También alega que la suspensión no afectaría a los derechos fundamentales de terceros, puesto que los padres adoptivos sólo esgrimen su interés legítimo en la reinstauración de su vida familiar, debiendo primar, en cualquier caso, los intereses de la menor. Por otra parte, añade el Ministerio público, ni con la suspensión se estaría anticipando el fallo de la futura Sentencia que ha de resolver el presente recurso de amparo, ni tampoco empece a la suspensión lo acordado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Sevilla mediante su Auto de 28 de marzo de 2000, por el cual acordó suspender la ejecución del Auto de la Audiencia objeto del amparo en tanto se pronuncie este Tribunal Constitucional sobre la admisión y posible suspensión de dicha ejecución.
10. En la pieza abierta en el recurso de amparo registrado con el núm. 1089- 2000 se recibieron las alegaciones de la Sra. P. A. y del Sr. M. A., registradas en este Tribunal el 11 de julio de 2000, en las cuales interesan la suspensión del Auto recurrido aduciendo que con dicha suspensión, ni se perturbaría gravemente interés general alguno, ni tampoco los derechos fundamentales de un tercero, derechos que en todo caso nunca deben prevalecer a costa de arriesgar la integridad física y moral de la menor.
Se alega, además, que la tardanza en la resolución del recurso de amparo haría perder a éste su finalidad, pues el daño ocasionado en la menor sería ya irreparable, a lo que nada empece la circunstancia de que el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 haya acordado mediante Auto suspender la ejecución del de la Audiencia en espera de lo que se resuelva por el Tribunal Constitucional en este trámite.
11. La Sala Segunda, por Auto de 18 de septiembre de 2000, acordó suspender la ejecución de la resolución judicial impugnada.
12. Por otro Auto de esta misma fecha, la Sala, conforme a lo dispuesto en el art. 83 LOTC, acordó acumular el amparo registrado bajo el núm. 1089-2000 al registrado con el núm. 1044-2000.
13. El 15 de septiembre de 2000 la Letrada de la Junta de Andalucía presentó un escrito por el que solicita ser parte, en nombre y representación de la Junta de Andalucía, en el recurso de amparo interpuesto por el Ministerio Fiscal (recurso núm. 1044-2000) y en el recurso de amparo interpuesto por la Sra. P. A. y el Sr. M. A. (recurso núm. 1089-2000).
14. Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Segunda se tuvo por personada en los referidos recursos de amparo a la Letrada de la Junta de Andalucía en la representación que ostenta. En la misma diligencia se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que, dentro de dicho plazo, pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes.
15. El 7 de noviembre de 2000 la Letrada de la Junta de Andalucía presentó su escrito de alegaciones. Tras poner de manifiesto que las que formula en el presente recurso de amparo coinciden en cierta medida con las que efectuó en el recurso de amparo núm. 996-2000 (recurso que fue inadmitido por providencia de la Sección Cuarta de este Tribunal, inadmisión que fue confirmada en ATC 310/2000, de 18 de diciembre, por el que se resolvió el recurso de súplica que interpuso el Fiscal contra la providencia citada) y efectuar algunas precisiones al relato de los hechos expuestos por el Ministerio público, aduce que está completamente de acuerdo con el Fiscal en la consideración de que la puesta en peligro de la integridad moral equivale a la propia lesión del derecho fundamental, y por ello entiende que la protección que ofrece la Constitución ha de incluir, no sólo una vertiente negativa, sino también una positiva de protección ante el riesgo jurídicamente relevante. Por ello sostiene que la Audiencia Provincial, al entender que sólo cabe la protección de los derechos fundamentales en los casos en los que el peligro se haya convertido en daño efectivo, ha efectuado una interpretación de los derechos fundamentales que no resulta conforme a la Constitución.
16. Por escrito presentado en el Juzgado de guardia el 10 de noviembre de 2000 la representación procesal de doña María P. A. y don Manuel M. A. formuló alegaciones solicitando que se tuvieran por reproducidas las efectuadas en su demanda de amparo y se dicte Sentencia estimando el amparo en los términos que solicitaban en su demanda.
17. El 16 de noviembre de 2000 el Ministerio público presentó su escrito de alegaciones.
18. Por providencia de 21 de noviembre de 2002 se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 25 del mismo mes y año.
1. En los recursos de amparo núms. 1044-2000, interpuesto por el Ministerio Fiscal, y 1089- 2000, promovido por doña María P. A. y don Manuel M. A., guardadores de hecho de la menor María Ángeles M. R. (recurso este último que se encuentra acumulado al primero por ATC 205/2000, de 18 de septiembre), se impugna el Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla de 3 de febrero de 2000 por el que se estima la apelación interpuesta contra el dictado por el Juez de Primera Instancia núm. 7 de la misma localidad de 11 de enero de 1999, recaído en autos del juicio incidental de oposición a la declaración de desamparo de la menor María Ángeles M. R., núm. 469/93, anulando dicha resolución y ordenando al Juez titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Sevilla que proceda a ejecutar y dar debido cumplimiento al Auto de la Audiencia de 18 de septiembre de 1998.
2. Antes de entrar a analizar las vulneraciones de los derechos fundamentales que se alegan en estos recursos de amparo es preciso examinar si el interpuesto por la Sra. P. A. y el Sr. M. A. incurre en la causa de inadmisibilidad aducida por el Ministerio público. Como se ha indicado al exponer los antecedentes, el Fiscal considera que los indicados recurrentes carecen de legitimación para demandar el amparo que interesan. En su opinión esta falta de legitimación no viene determinada porque no ostenten más que la guarda de la menor en virtud de un acogimiento simple de carácter temporal (la conclusión de que tal es la condición de los recurrentes la fundamenta en la existencia de un "acta de formalización de acogimiento familiar" de 19 de marzo de 1998), sino por no haber sido parte en el proceso judicial, a pesar de que, según su opinión, hubieran podido serlo. En efecto, considera que, aun cuando no sean tutores ni representantes legales de la menor, el ejercicio de las funciones tuitivas sobre ésta que les corresponde podría conllevar el reconocerles legitimación para defender sus intereses.
3. Una vez descartadas los causas de inadmisibilidad alegadas por el Fiscal en relación con el recurso de amparo núm. 1089-2000 debemos examinar si concurren las infracciones de los derechos fundamentales que se invocan en los presentes recursos de amparo. Como se ha señalado en los antecedentes, el Ministerio público fundamenta su recurso de amparo en que la resolución judicial impugnada vulnera el derecho a la integridad moral de la menor (art. 15 CE) en relación con el libre desarrollo de la personalidad (art. 10 CE). Y una de las vulneraciones constitucionales que se aduce en el recurso de amparo interpuesto por los guardadores de hecho de la menor es la del derecho a la integridad moral de ésta.
4. Al realizar el enjuiciamiento que nos corresponde hemos de partir de la observación básica de que no entra en la esfera de nuestras competencias el pronunciarnos sobre el extremo de si la reinserción de la menor con su familia adoptiva puede o no causarle los daños psíquicos alegados, pues ni este Tribunal puede entrar a conocer de los hechos que dieron lugar al proceso [art. 44.1 b) LOTC], ni le corresponde efectuar la ponderación de cuál sea el interés de la menor, al ser ésta una cuestión de legalidad ordinaria que, como tal, este Tribunal no puede revisar (ATC 28/2001, de 1 de febrero). De ahí que nuestra función deba limitarse únicamente a verificar si la decisión de la Audiencia Provincial de revocar el Auto que dictó el Juzgado de Primera Instancia como consecuencia de la petición de auxilio formulada con el fin de evitar el posible daño psíquico que podía ocasionar a la menor el retorno con su familia adoptiva se ha justificado debidamente en orden a salvaguardar la integridad moral de aquélla.
5. Debemos apreciar, en consecuencia, que tal forma de razonar de la Audiencia Provincial vulnera el derecho que consagra el art. 24.1 CE, pues, como ha quedado expuesto en el fundamento jurídico anterior, la fundamentación del Auto impugnado no puede considerarse respetuosa de las exigencias constitucionales de motivación, por la insuficiencia de la argumentación que la sustenta, carente del rigor lógico reclamable a una resolución judicial, máxime estando en juego la salvaguarda del derecho fundamental de la menor a la integridad moral (art. 15 CE), circunstancia que la hace lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el art. 24.1 CE (por todas STC 214/1999, de 29 de noviembre, FJ 4).
6. No cabe decir lo mismo respecto de la alegación por la que se aduce que se ha vulnerado el derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley (art. 24.2 CE) al haber remitido la Sección Segunda de la Audiencia Provincial el conocimiento del recurso de apelación a la Sección Sexta en virtud de lo dispuesto en las normas de reparto por existir antecedentes del asunto debe rechazarse, al ser doctrina de este Tribunal que la predeterminación legal del juez que debe conocer de un asunto está referida al órgano jurisdiccional y no a las diversas Salas o Secciones de un mismo Tribunal (dotadas ex lege de la misma competencia material), en relación con las cuales basta con que existan y se apliquen normas de reparto que establezcan criterios objetivos y de generalidad (STC 205/1994, de 11 de julio, FJ 3). Consiguientemente, al haberse remitido el conocimiento del asunto a otra Sección distinta de aquella a la cual inicialmente le había correspondido en virtud de lo establecido en una norma de reparto de carácter general y que tiene carácter objetivo, no puede apreciarse la vulneración del derecho al juez predeterminado por la Ley invocada.
7. Debe indicarse por último que, como además de la vulneración del art. 24.1 CE hemos apreciado también la existencia de un posible riesgo para la integridad moral (art. 15 CE) de la menor si cambia su situación, la tutela efectiva de los derechos fundamentales de la menor determina que, dadas las circunstancias concurrentes, debamos limitarnos a anular la resolución judicial impugnada sin que, en este caso, resulte procedente acordar la retroacción de actuaciones.
1º Declarar que se ha vulnerado el derecho de la menor María Ángeles M. R. a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en los términos indicados en los fundamentos jurídicos 4, 5 y 7.
2º Anular el Auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla de 3 de febrero de 2000, recaído en el rollo de apelación 1500/99.
BOE (Official State Gazzete) number and date [Num, 304 ] 20/12/2002
Type and record number Recurso de amparo 1044-2000, 1089-2000
Date of the decision 25/11/2002
Promovidos por el Ministerio Fiscal ante el Tribunal Constitucional y otros frente al Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla que ordenó la reinserción en su familia adoptiva de la menor María Ángeles.
Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la integridad moral: resolución sobre guarda de una menor en ejecución de un Auto dictado dieciséis meses antes, que había anulado la declaración administrativa de desamparo, sin valorar el riesgo para su salud psíquica por nuevas circunstancias, y sin oírla personalmente.
El órgano judicial debe comprobar si en el momento en el que ha de pronunciarse, y con independencia de lo que hubiera podido resolver en el pasado, se ha producido un cambio de circunstancias que determine que el retorno de la menor con su familia adoptiva pueda ocasionarle daños psicológicos [FJ 4].
Para poder apreciar la vulneración del art. 15 CE aducida no es preciso que la lesión de la integridad moral se haya consumado, sino que a efectos de que el derecho invocado se estime lesionado basta con que exista un riesgo relevante de que la lesión pueda llegar a producirse (SSTC 35/1996, 207/1996, 5/2002) [FJ 4].
Cuando un órgano judicial adopta una decisión que puede afectar a derechos fundamentales o libertades públicas de una persona no basta con que adopte dicha decisión de forma razonada y motivada, sino que es preciso que identifique adecuadamente el contenido del derecho o libertad y examine las circunstancias concurrentes en el caso (STC 5/2002) [FJ 4].
La Audiencia Provincial debió otorgar un trámite específico de audiencia a la menor antes de resolver el recurso de apelación interpuesto, por lo que también por este motivo debe apreciarse la vulneración del art. 24.1 CE [FJ 5].
La menor, por la edad que tenía, gozaba ya del juicio suficiente para deber ser oída en cualquier procedimiento judicial en que esté directamente implicada ( art. 9 de la Ley de protección jurídica del menor y art. 12 de la Convención de la Naciones Unidas sobre los derechos del niño) [FJ 5].
La predeterminación legal del juez que debe conocer de un asunto está referida al órgano jurisdiccional y no a las diversas Salas o Secciones de un mismo Tribunal [FJ 6].
Que la Audiencia Provincial haya tenido que resolver en anteriores ocasiones recursos de apelación interpuestos contra diversas resoluciones, dictadas como consecuencia del proceso de oposición a la declaración de desamparo de la menor, no vulnera el derecho al juez imparcial [FJ 6].
Los guardadores de hecho están legitimados para recurrir en amparo una resolución judicial que consideran lesiva de los derechos fundamentales de la menor que tienen a su cargo (STC 124/2002) [FJ 2].
Tienen un interés legítimo para recurrir en amparo todos aquellos a quienes la supuesta lesión del derecho fundamental invocado les haya podido ocasionar un perjuicio (SSTC 214/1991, 74/2002) [FJ 2].
No resulta exigible, a efectos de considerar legitimados a los guardadores de hecho para recurrir en amparo, el haber sido parte en el proceso judicial precedente, ya que los intereses de la menor se encontraban debidamente defendidos [FJ 2].
Este Tribunal no puede entrar a conocer de los hechos que dieron lugar al proceso, ni le corresponde efectuar la ponderación de cuál sea el interés de la menor (art. 44.1.b LOTC, ATC 28/2001) [FJ 4].
La existencia de un posible riesgo para la integridad moral de la menor, si cambia su situación, determina que debamos limitarnos a anular la resolución judicial impugnada sin que, en este caso, resulte procedente acordar la retroacción de actuaciones [FJ 7].
Artículo 158.3, ff. 1, 3, 4
Artículo 15, ff. 1, 3 a 5, 7
Canon de motivación reforzadoCanon de motivación reforzado, f. 4
Derecho a la integridad física y moralDerecho a la integridad física y moral, ff. 4, 7
Derecho a un juez imparcialDerecho a un juez imparcial, Respetado, f. 6
Derecho al juez predeterminado por la leyDerecho al juez predeterminado por la ley, Respetado, f. 6
Momento relevante para el control de medidas restrictivas de derechos fundamentalesMomento relevante para el control de medidas restrictivas de derechos fundamentales, f. 4
Ponderación de interesesPonderación de intereses, f. 4
Reparación de derechos fundamentalesReparación de derechos fundamentales, f. 7
Reparto de asuntosReparto de asuntos, f. 6
Riesgo relevante de la vulneración de derechos fundamentalesRiesgo relevante de la vulneración de derechos fundamentales, ff. 4, 7
Convivencia familiarConvivencia familiar, f. 4
Guarda de menoresGuarda de menores, ff. 4, 5
Guardadores de hechoGuardadores de hecho, f. 2
MenoresMenores, ff. 4, 5
Sucesión de recursos dimanantes del mismo procesoSucesión de recursos dimanantes del mismo proceso, f. 6
Trámite de audienciaTrámite de audiencia, f. 5

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 158

Artículo 15