Source: http://www.mundovideo.com.co/seccion-juridica/concepto-previo-como-solicitarlo-y-que-hacer-en-caso-de-que-se-lo-nieguen
Timestamp: 2019-03-24 03:04:59+00:00

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Concepto previo Alcaldia. Apreciados(as) lectores(as) a propósito de toda la problemática que viene presentándose en diversas ciudades del país sobre los denominados “Conceptos Previos Favorables de los Alcaldes” o “Conceptos de Ubicación” usualmente confundidos con los llamados “Usos del Suelo”, en el trámite de autorización de la actividad de juegos de suerte y azar localizados. Hoy nos pareció de Vital importancia guiarlos y explicarles como y que deben hacer en caso de tener que solicitar un concepto previo y el paso a seguír en caso de que sea negado.
Por favor tomése el tiempo necesario para leer esta noticia y compartála pues para su elaboración contamos con la valiosa colaboración del Dr León Dario Montoya muy conocído en la industría de Juegos de suerte y azar y que ha escrito muchas columnas de opinión en esta, su casa.
Es bueno que los empresarios conozcan cuáles son sus derechos y cuáles los deberes de las Alcaldías en ese asunto para que sepa cómo solicitarlo, ante quién y sobre todo, qué puede hacer cuándo le sea negado por primera vez o incluso cuando le sea negada la renovación
Pero antes es bueno conocer la naturaleza de dichos Conceptos Previos así como su régimen normativo.
La naturaleza jurídica del Concepto Previo Favorable del Alcalde es muy clara, gracias a la abundante jurisprudencia que se ha expedido sobre esta materia en los Altos Tribunales, especialmente la Corte Constitucional ha sido reiterativa en definir claramente sobre dichos conceptos lo que parece ser un poco confuso en la Ley y en la misma Constitución.
Por ejemplo en la Sentencia C-173 de 2006, con Ponencia del Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, la Corte ha dejado clara la naturaleza de los Conceptos Previos Favorables que han sido contemplados por la Ley 643 de 2001, como un requisito previo necesario para el establecimiento, instalación y explotación de juegos de suerte y azar localizados (máquinas y juegos de casinos, entre otros). En este importante fallo el máximo tribunal constitucional ha dicho:
En tal sentido, la expedición de un dictamen previo y favorable, en tanto que elemento constitutivo de un acto administrativo complejo, no constituye una mera formalidad, sino un acto de contenido material, y por ende, debe ser motivado. En suma, el concepto previo y motivado que debe rendir el alcalde en cuanto a la instalación de juegos localizados en su respectivo municipio es un acto de contenido material, que debe contener consideraciones fácticas y jurídicas, y por ende, puede ser susceptible de ser controvertido judicialmente.[1]
Con el reconocimiento de su naturaleza de acto administrativo se le atribuyen a estos conceptos previos calidades muy importantes a saber:
1. Deben ser motivados, es decir, que cuando se conceden y, sobre todo, cuando se niegan, las Alcaldías deben sustentar claramente dicha negativa, exponiendo los motivos de hecho y de derecho por los cuales lo niegan, así mismo señalar las normas en las que se sustentan.
2. Debe permitírsele al solicitante o interesado controvertir, esto es, interponer los denominados recursos de vía gubernativa, reposición y apelación o solo reposición según el caso. En aquellos casos en que la negativa venga directamente del Alcalde o su Delegado, solo admite recurso de reposición, en caso contrario, debe admitir apelación ante el Alcalde.
3. El Concepto Previo Negativo o Positivo, puede ser un acto simple como cuando un solo funcionario responde desde su competencia (puede ser el mismo Alcalde o el Secretario de Planeación por ejemplo) o puede ser un acto complejo, como cuando es el Inspector u otro funcionario que realiza una visita y emite un concepto, luego otro funcionario como el Secretario de Gobierno o Planeación emite un visto bueno y luego el Alcalde o su Delegado firman o emiten el concepto previo definitivo, en este caso, dicho procedimiento así como las competencias para actuar en la expedición del concepto, se encuentra establecido en las normas municipales (Acuerdo Municipal, Manual de Funciones, o similares).
4. Debe haber un fundamento normativo expreso para la negativa y dicho fundamento debe ser específico, es decir, en el respectivo Acuerdo Municipal por medio del cual se expidió el Plan de Ordenamiento Territorial o POT (EOT ó PBOT según la cantidad de habitantes) debe señalarse claramente en qué casos y en qué zonas se permite la operación de Juegos de Suerte y Azar, y cuáles son sus condiciones y requisitos.
5. En caso que dichas normas de Ordenamiento Territorial (OT) no establezcan una prohibición o normas o requisitos que impliquen la negativa, NO PUEDE POR NINGÚN MOTIVO diferente existir una negativa por parte del Alcalde o la Administración Municipal.
Ahora bien, de los anteriores aspectos que derivan de la naturaleza de acto administrativo de que gozan los Conceptos Previos Favorables para Juegos de Suerte y Azar Localizados, nos permitimos hacer varias recomendaciones prácticas que pueden ser de mucha utilidad para Operadores Concesionarios de dicha actividad:
1. Solicite el Concepto Previo Favorable con suficiente anticipación porque en algunos casos pueden las Alcaldías tardarse o simplemente porque es posible que le toque controvertir o interponer recursos cuando se lo nieguen y esto lleva tiempo (normalmente 2 ó 3 meses).
2. Cuando ya posea un concepto previo favorable, al solicitar su “renovación” tal como lo sugiere algunas veces COLJUEGOS, no lo solicite como “Renovación” o “Prorroga” o como si fuera uno nuevo, solicite más bien que le certifiquen si el concepto ya otorgado a un determinado establecimiento, tiene vigencia o si han variado las condiciones de acuerdo con las normas actuales de OT. Es de anotar que esta pregunta es exigua o inocua, pero hay que hacerla, porque así hayan variado las normas del OT, existe un “uso establecido” que la municipalidad debe respetar, sólo le puede ser revocado mediante un proceso que implica contar con el consentimiento del mismo interesado, por lo tanto, la Alcaldía sólo deberá responder que dicho concepto permanece mientras no se interrumpa la actividad, no varíen las condiciones o no se transgredan las normas generando un impacto negativo en la zona donde está ubicado.
“Sin embargo de lo anterior, COLJUEGOS ha forzado que cada que se vaya a suscribir contrato, a pesar de no existir solución de continuidad o interrupción de actividad, se acuda a las alcaldías cada 3 ó 5 años”
3. Verifique que le expliquen claramente los motivos por los cuales se niega el concepto, indicando igualmente las normas que presuntamente permiten negarlo, en caso contrario dentro de los siguientes cinco (5) días, ojalá menos, presente un nuevo escrito interponiendo recursos de reposición y apelación (no importa que solo le concedan el de reposición en algunos casos, nunca está de más, pedir más que menos en este tipo de procesos). Con dicho escrito deberá allegar toda la documentación, y explicar por qué no se encuentra de acuerdo con la negación, y exigiendo que le indiquen la norma o normas concretas por las cuales le están negando. Con esta respuesta como mínimo se puede interponer una tutela u otras acciones judiciales incluso indemnizatorias que pueden prosperar.
4. En el caso que el establecimiento no sea nuevo, que venga funcionando desde antes, debe acogerse a la norma de OT más favorable que hayan estado vigentes desde que se concedió por primera vez, así la Alcaldía está en la obligación de aplicarle dichas normas, esas normas de prohibición o congelación deben ser anteriores al inicio de la actividad, y esto se puede demostrar con la fecha de registro mercantil y con el contrato, y en estos casos siempre que haga la solicitud o interponga el recurso debe hacerse saber que el establecimiento viene funcionando desde antes, que no ha interrumpido actividad y que cuenta con todos los requisitos de Ley.
“Como ve señor(a) operador(a) existen muchos mecanismos a los que puede recurrir y la ley es clara, como aquí le explicamos. Lo que si les recomiendo es no dejar todo para última hora pues este tipo de trámites toman tiempo”
Si desea una asesoria personalizada puede contactar a: León Darío Montoya Piedrahita | Consultor Jurídico | Cel: 313 731 51 95 | leon.abogado@une.net.co
[1] Corte Constitucional, Sentencia C-173 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
Deudas de Tarjetas de crédito también prescriben
Estimados(as) lectores(as) es muy probable que este artículo le tome por sorpresa pues los bancos y en general el sistema Financiero no “socializan este tipo de información” so pretexto que el(la) tarjetahabiente debe ser quien se documente antes de aceptar el plástico.
En Colombia, las deudas originadas en la utilización de las tarjetas de crédito(TC) prescriben como cualquier otra deuda u obligación que no se cobra oportunamente. Aunque popularmente se asume que las deudas prescriben a los 5 años, este no es el caso de las tarjetas de crédito, que prescriben tan sólo a los 3 años.
Cuando el banco hace entrega de una tarjeta de crédito (TC) a un cliente, le hace firmar un pagaré, de manera que la prescripción de las deudas está sujeta a la prescripción de la acción cambiaria del pagaré. Y el artículo 789 del código de comercio señala que la acción cambiaria prescribe a los 3 años, de suerte que si la tarjeta de crédito(TC) no se paga en ese tiempo, ocurre el fenómeno de la prescripción.
MUCHA ATENCIÓN al momento de usar la TC, por cada compra, estamos firmando adicionalmente otro pagaré, que llamaremos para no confundirnos, pagaré de compra, el cual diferimos pagar entre una y treinta seis cuotas-en algunos casos más-, de tal forma que al final del mes tendremos en la billetera cero billetes y un mínimo de copias de diez pagares de compra a diferentes plazos.
Si usted o alguien cercano ha sido abordado para cancelar una tarjeta de crédito(TC) es muy probable que de un total que se sabe es la deuda solo le cobren una parte y el comentario es “se equivocaron,paguemos antes que se den cuenta” , pues no hay tal equivocación , es solo que los otros pagares( voucher / comprobantes firmados) ya prescribieron.
Téngase en cuenta que las tarjetas tienen una particularidad, y es que por cada avance o pago que se haga, se cuenta la prescripción, pues ese cada pago o uso de la tarjeta genera una deuda para la que se cuenta el término de prescripción individualmente, y adicional a ello, cada pago que se hace se difiere a muchas cuotas.
Empero, hay que tener en cuenta la carta de instrucciones que el banco adjunta al pagaré, pues en el se pueden incluir condiciones que pueden llevar a que el tiempo de prescripción cambie en la medida en que el término de prescripción se inicia a contar en un tiempo diferente, como puede ser la fecha de diligenciamiento del pagaré que se firma en blanco como garantía para el banco, por lo que en cada caso en particular hay que evaluar las condiciones que se firmaron al solicitar la tarjeta de crédito,
En todo caso, la prescripción es de 3 años, sólo que los tres años pueden iniciar su conteo una fecha diferente al vencimiento de la cuota o pago de la tarjeta de crédito
Aportes a seguridad social: se debe informar del pago una vez terminado el contrato del trabajador
Estimados(as) lectores(as) cuando se despide o se le termina el contrato de trabajo a un(a) empleado(a), la empresa se limita a pagarle su liquidación y se desentiende de todo asunto con el trabajador, olvidando que tiene la obligación legal de entregarle un informe sobre el estado del pago de las cotizaciones a seguridad social y parafiscales, omisión que puede resultarle costosa.
El parágrafo primero del artículo 65 del código sustantivo del trabajo exige que el(la) empleador(a) informe al(la) trabajador(a) dentro de los 60 días siguientes a la terminación del contrato de trabajo, el estado del pago de las mencionadas cotizaciones correspondientes a los últimos tres meses anexando los comprobantes respectivos.
La simple omisión respecto al referido informe es suficiente para que el trabajador pueda demandar al(la) empleador(a), y aunque con ello no consigue que se le reintegre al trabajo, sí puede conseguir que el empleador sea condenado a pagarle la indemnización moratoria a que se refiere el artículo 65 del código sustantivo del trabajo, lo cual sucederá si el(la) empleador(a) no acredita el pago de dichas cotizaciones con los respectivos intereses moratorios si a ello hubiere lugar, dentro del plazo que el mismo parágrafo del artículo 65 del código sustantivo del trabajo fija.
Como se puede observar, no basta con que el(la) empleador(a) pague hasta la última cotización a seguridad social, y al sistema parafiscal cuando sea necesario hacerlo, sino que debe informar al trabajador que hizo ese pago.
Así pues , es mejor regirse por esta minucia pues si bien es cierto que la mayoría de empresarios(as) son muy cumplidos(as) no falta el(la) empleado(a) que quiere causar daño
Que hacer si su empresa se encuentra en una causal de disolución por perdidas, sabe como?
Apreciados(as) lectores(as), ¿la perdida que genera su empresa superó el 50% del capital de la sociedad?, no se preocupe, la legislación mercantil permite a las sociedades comerciales reducir su capital para evitar caer en disolución por pérdidas.
Aquí le explicamos como implementar dicho mecanismo y cuando es o no necesaria la autorización para el efecto por parte de la Superintendencia de Sociedades.
Como primera medida la causal de disolución por pérdidas que reduzcan el capital neto por debajo del 50%, se encuentra regulada y establecida en el Código de Comercio, según el tipo de sociedad ya sea una sociedad anónima S.A., una en comandita simple o por acciones, una sociedad limitada LTDA, o la muy común una S.A.S., es decir en cualquier tipo de sociedad existe legalmente la causal de disolución por pérdidas que superen el 50% del capital de la sociedad.
Ahora bien, para evitar la disolución de una sociedad comercial por dicho porcentaje de pérdidas, el artículo 459 del Código de Comercio autoriza a la asamblea para tomar las decisiones pertinentes en cuanto al restablecimiento del patrimonio en un monto superior al 50 % del capital suscrito, entre las que se encuentran:
- La venta de bienes sociales valorizados (locales comerciales, maquinaría, establecimientos de comercio entre otros).
- Reducción del capital suscrito.
- Emisión de nuevas acciones.
- Cualquier otra medida que consideren pertinente para la recuperación del capital, evitando de esta forma que la sociedad sea declarada disuelta.
La Supersociedades establece que la reducción del capital se entiende como una reforma del contrato social, razón por la cual debe ser elevada a escritura pública e inscrita en el registro mercantil, de no ser así, dicha reducción no podrá ser oponible a terceros, por ejemplo, ante los acreedores que representan el pasivo externo. De manera que toda reducción del capital debe ser protocolizado y debidamente registrado en cámara de comercio.
¿Pero esta reducción requiere permiso de la Supersociedades?
La Supersociedades ha dispuesto que cuando se trate de la reducción de capital por pérdidas no es necesaria tal autorización. Así lo dispone mediante el Oficio 220-002698 de 2019; lo anterior, dado a que la entidad establece que dicho permiso debe ser solicitado cuando la disminución del capital se deba a un reembolso de aportes, situación que tiene lugar cuando:
- Se compruebe que la sociedad no tiene pasivos externos.
- La reducción del activo social representa más del doble del pasivo externo.
- Los acreedores sociales, de manera expresa y por escrito, acepten la reducción del capital, cualquiera que sea al monto de este.
- El valor total de los aportes que van a ser reembolsados represente el 50 % o más de la totalidad de los activos.
Es importante precisar que La reducción del capital solo es procedente en la medida en que la sociedad se halle de forma efectiva en una casual de disolución por pérdidas, es decir, que pueda demostrar contablemente dichas pérdidas. La disminución del capital para cubrir pérdidas se autoriza de forma excepcional para el restablecimiento del patrimonio de la empresa; la reducción del capital por pérdidas supone, a su vez, que cada socio reduzca el capital en la proporción que corresponda, sin que pueda por esta vía perder tal calidad de socio o accionista.
¿Existe un plazo para que sea adoptada la medida de reducción de capital?
En el caso de las S.A.S., esta cuenta con un plazo de dieciocho meses para adoptar la medida de reducción del capital por pérdidas, el resto de las sociedades con un término de 6 meses según el artículo 220 del Código de comercio; tiempo que se contabiliza a partir de la ocurrencia del hecho y no a partir de que se percaten de dicha situación los administradores o el máximo órgano social.
Para concluir, es importante precisar que las empresas que estén en causal de disolución por perdidas acumuladas, pueden realizar una disminución del capital de la sociedad, no necesitan autorización de la superintendencia de sociedades, debe realizarse por medio de escritura pública y registrarla, y no pude superar un termino de 18 meses para las SAS y de 6 meses para el resto de sociedades, una vez acontece la perdida contablemente.
Beneficios tributarios para deudores de la UGPP
UGPP Mucha atención! Los beneficios fueron aprobados en la Ley de Financiamiento (consulte los artículos 100 y101), expedida el 28 de diciembre de 2018 y están representados en importantes reducciones de sanciones e intereses. Lea este artículo:
Aplica a los(las) aportantes, a quienes la UGPP les haya notificado actos administrativos antes del 28 de diciembre de 2018, fecha en que entró en vigencia la Ley 1943.
Para ser sujeto de este beneficio, el(la) aportante deberá presentar solicitud antes de que el acto administrativo adquiera firmeza o que venza el término para demandarlo, es decir que la solicitud deberá presentarse dentro del término para interponer recurso (2 meses), o para demandar ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (4 meses).
Para disfrutar el anterior beneficio, entre otros, el(la) obligado(a) debe realizar el pago a más tardar el 31 de octubre de 2019. No obstante, se recomienda que estos pagos sean atendidos con suficiente antelación para evitar situaciones que no puedan ser enmendadas oportunamente y pierdan el beneficio.
Los pagos deberá realizarlos así:
CONCILIACIÓN JUDICIAL, 1° y 2° instancia. Aplica a los(las) aportantes, que antes del 28 de diciembre de 2018 hayan presentado demanda contra las actuaciones de fiscalización y sancionatorias adelantadas por la UGPP.
El(la) obligado(a) deberá realizar el pago de:
Esta es una información muy importante ya que la condonación de intereses es sustancial , y recuerde que unos cuantos millones en ahorro nunca están de mas , pero mejor aún es el evitar costosos procesos que muy seguramente terminan en sanción.
Lo mas leído del 2018 #1 Juegos de suerte y azar y venta de licores en un mismo local, que impuesto paga?
Hoy traemos a ustedes esta pregunta de un operador sobre juegos de suerte y azar, la respuesta es extensa pero vale la pena leerla , justo ahora que iniciaran las máquinas en ruta:
“BUENAS TARDES. ME DIRIJO A USTEDES MUY RESPETUOSAMENTE CON EL FIN DE SOLICITAR INFORMACION DE CARACTER JURIDICO. EL CASO ES DE UN LOCAL CON DOS ACTIVIDADES COMERCIALES, FUENTE DE SODA Y JUEGOS DE AZAR, MI INQUIETUD ES SI LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO ESTA FACULTADA PARA COBRAR UN IMPUESTO A LAS MAQUINAS ESTANDO ESTAS PAGANDO IMPUESTO A COLJUEGOS. GRACIAS POR SU ATENCION PRESTADA.”
Al respecto me permito manifestarle que las sociedades legalmente constituidas que tienen por objeto social, la explotación de juegos de suerte y azar, actividad la cual se rige por lo dispuesto en la Ley de Monopolio Rentístico, Ley 643 de 2001, que desarrolló lo contemplado en el art. 336 de Constitución Política Colombiana, para lo cual se le ha establecido un régimen especial, prohibiendo por ley la imposición de los impuestos de carácter municipal, distrital y departamental, ya que estos impuestos no pueden ser exigidos a la operación legal de juegos de suerte y azar.
La Constitución Política de Colombia, Articulo. 336. Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley.
La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental. Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud. Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación.
La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios rentísticos será sancionada penalmente en los términos que establezca la ley. El gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en los términos que determine la ley.
Al efecto la Ley de Monopolio Rentístico Ley 643 de 2001, que desarrollo lo contemplado en el art. 336, señala en su articulo 49;“ARTICULO 49. PROHIBICION DE GRAVAR EL MONOPOLIO. Los juegos de suerte y azar a que se refiere la presente ley no podrán ser gravados por los departamentos, distrito o municipios, con impuestos, tasas o contribuciones, fiscales o parafiscales distintos a los consagrados en la presente ley. La explotación directa o a través de terceros de los juegos de suerte y azar de que trata la presente ley no constituye hecho generador del Impuesto sobre las Ventas IVA.
Los Juegos de Suerte y Azar cuyos derechos de explotación no hayan sido establecidos en esta ley, causarán derechos de explotación equivalentes por lo menos, al diecisiete por ciento (17%) de los ingresos brutos.” (Negrillas y subrayado no originales).
Normativa que en forma clara, señaló que los impuestos de carácter municipal, distrital y departamental no pueden ser exigidos a la operación legal de juegos de suerte y azar, precepto ya discutido por la Corte Constitucional la cual en decisión
C-1191 de 2001 señaló:
“La protección que el artículo 362 de la Carta confiere a las rentas de los monopolios de las entidades territoriales, cuando el legislador les atribuya la titularidad de algunas de ellas, recae sobre los recursos que efectivamente se obtienen. Esto significa que una vez han ingresado esos dineros al patrimonio de la entidad territorial, no podría la ley, salvo los casos excepcionales previstos por la propia Carta, despojar al departamento o al municipio respectivo de esos recursos para trasladarlos a la Nación.
Pero eso no significa que esa renta proveniente de un monopolio de la entidad territorial escape a la regulación legal y sea de disposición plena por las entidades territoriales, pues no sólo corresponde a la ley fijar el régimen propio de dichos monopolios sino que, además, la propia Carta determina ciertos elementos de ese régimen. Pero es más: esos dineros, en la medida en que tienen la protección propia de la propiedad privada, quedan también sujetos a sus cargas y limitaciones, como lo prevé el artículo 58 de la Carta”
Finalmente, la Corte destaca que “la atribución a una entidad territorial de una renta derivada de uno de estos monopolios no excluye el respeto al principio democrático y a la competencia funcional del Congreso, quien en determinado momento puede introducir modificaciones, restricciones, o incluso suprimir la titularidad de las rentas o de la explotación de aquellos, de manera análoga a como opera en el ámbito tributario.”
Por lo que las restricciones al manejo del sistema tributario impuestas por el Congreso al mismo son constitucionales, ya que tal ejercicio es una facultad del legislador nacional.
En cuanto al porque es procedente no cobrar a los juegos de suerte y azar los impuestos conocidos como de carácter municipal, distrital y departamental la alta corporación agrego:
“75- Entra por último la Corte a examinar la acusación contra el aparte demandado del artículo 49, según el cual, los juegos de suerte y azar regulados por esta ley 643 de 2001 "no podrán ser gravados por los departamentos, distrito o municipios, con impuestos, tasas o contribuciones, fiscales o parafiscales distintos a los consagrados en la presente ley".
Según el actor, esa norma interfiere con la autonomía municipal y es discriminatoria, pues conduce a que los municipios no puedan cobrar el impuesto de industria y comercio por los ingresos que los empresarios derivan de su actividad.
76- La Corte considera que el anterior cargo no es de recibo, pues en ya en anteriores oportunidades esta Corporación había concluido que la ley puede limitar la posibilidad de que las entidades territoriales graven los monopolios rentísticos.
De un lado, las sentencias C-573 de 1995 y C-587 de 1995 analizaron la objeción según la cual estos monopolios de juegos de suerte y azar no pueden ser gravados por ninguna contribución fiscal, por cuanto la imposición de un impuesto implicaría una desviación de estos dineros hacia actividades distintas a la salud, mientras que la Carta ordena que las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud ( CP art. 336).” (Negrilla y subrayado fuera de texto)
La conclusión de la Corte fue sencilla, las rentas del monopolio de juegos de suerte y azar tienen destinación especifica en función de la prestación de los servicios de salud, permitir terceros impuestos es ir en contra de la Constitución, pues desmembraría la renta y permitiría que parte de los recursos de los juegos de suerte y azar se destinaran a otras actividades distintas que nada tienen que ver con la salud.
Como se puede ver en el párrafo 75 anterior, el tema se analizó no solo en forma general, sino en dirección especifica al IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO reiterándose que la imposibilidad de su cobro era constitucional.
juridico@mundovideo.com.co
Concepto previo Alcaldia. Apreciados(as) lectores(as) a propósito de toda la proble...
LO MAS LEÍDO DEL 2017 #5 , CONCEPTO PREVIO COMO SOLICITARLO Y QUE HACER EN CASO DE QUE SE LO NIEGUEN

References: artículo 789
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 459
 artículo 220
 artículo 362
 artículo 58
 artículo 49