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Timestamp: 2017-11-22 09:41:30+00:00

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Nr 2 tedh junio 2013 by Mark na - issuu
Issue 2 Junio 2013
Strassbourg: news on the Human Rights front in Spanish. Les entregamos ahora ls resumenes que hemos hecho en Español de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos durante el mes de junio 2013. Ruego nos contacten para cualquier aclaración. Gracias por leer esto – A100Plus, apdo 155, 03080 Alicante.
Martes	04	de	junio	2013	Vasilev	contra	Bulgaria	(solicitud.	No	7963/05)	El	solicitante,	Ivan	Stoyanov	Vasilev,	es	ciudadano	búlgaro	nacido	en	1959	y	vive	en	Burgas	(Bulgaria).	Su	empleo	como	oficial	de	policía	se	terminó	en	junio	de	2003	después	de	su	solicitud	de	jubilación	anticipada.	Según	el	Sr.	Vasilev,	que	había	hecho	esa	petición	en	contra	de	su	voluntad	bajo	la	amenaza	de	despido	disciplinario	por	haber	supuestamente	actuado	con	la	diligencia	necesaria	al	manejar	un	incidente	con	un	helicóptero.
Invocando	el	artículo	6	§	1	(derecho	a	un	juicio	justo)	del	Convenio	Europeo	de	Derechos	Humanos,	el	Sr.	Vasilev	se	queja	de	que	los	procedimientos	de	revisión	ante	el	Tribunal	Administrativo	Supremo,	que	finalmente	confirmó	la	decisión	de	terminar	su	trabajo	en	octubre	de	2004,	eran	injustas,	y	que	el	tribunal	se	negó	a	examinar	cuatro	testigos	en	su	favor.	Violación	del	art.6	§	1	Compensación	económica:	EUR	1,500
(daños	morales)	y	EUR	1,084	(gastos	y	honorarios	jurídicos)	Vukelić	v	Montenegro	(no.	58258/09)	El	solicitante,	Zvonimir	Vukelić,	es	ciudadano	croata	nacido	en	1963	y	en	Skopje	("la	ex	República	Yugoslava	de	Macedonia").	El	caso	se	refiere	a	la	no	ejecución	de	una	sentencia	a	su	favor,	que	se	convirtió	en	definitiva	en	marzo	de	1997,	ordenando	a	una	persona	privada	a	pagarle	una	indemnización.
Sr.	Vukelić	se	queja	de	que	el	incumplimiento	vulnera	sus	derechos	en	virtud	del	artículo	6	§	1	(derecho	a	un	juicio	justo)	de	la	Convención,	alegando	en	particular	que	las	autoridades	estaban	inactivos	durante	varios	períodos	largos	de	tiempo.	Violación	del	art.6	§	1	El	tema	es	importante	ya	que	el	Tribunal	también	indica	que	una	petición	de	revisión	tiene	que,	en	principio	cuando	posible	en	la	legislación	relevante,	ser	considerado	un	remedio	nacional	efectivo	dentro	del	sentido	del	art.	35	§	1	del	Convenio	en	respecto	de	las	aplicaciones	introducidas	contra	Montenegro	después	de	la	fecha	en	que	esta	sentencia	será	definitiva.	Compensación	económica:	EUR	3,600	por	daños	morales.	Kostecki	contra	Polonia	(no.	14932/09)	El	solicitante,	Rafał	Kostecki,	de	nacionalidad	polaca,	y	nacido	en	1974,	vive	en	Zambrów	(Polonia).	Fue	declarado	culpable	de	tráfico	de	drogas	y	condenado	a	cinco	años	y	seis	meses	de	prisión	en	un	juicio	que	se	hizo	definitivo	en	junio	de	2008.	Se	queja	de	que	su	juicio	fue	injusto	en	que	no	pudo	interrogar	a	los	testigos	cuyas	declaraciones	habían	servido	como	la	base	principal	de	su	condena	y	13	testigos	nombrados	por	él	no	fueron	escuchados	por	los	tribunales.	Se	basa	en	el	artículo	6	§	§	1	y	3	(d)	(derecho	a	un	juicio	justo	y	el	derecho	a	obtener	la	citación	y	el	interrogatorio	de	los	testigos).	No	Violación	del	art.6	§§	1	y	3	(d)	Hanu	contra	Rumania	(n	º	10890/04)	El	solicitante,	Marius	Hanu,	es	un	ciudadano	rumano	nacido	en	1973	y	vive	en	Constanza	(Rumania).	Acusado	de	corrupción	y	abuso	de	poder,	el	Sr.	Hanu	fue	inicialmente	absuelto	por	el	tribunal	de	primera	instancia,	pero	posteriormente	condenado	y	sentenciado	a	tres	años	de	prisión	suspendida	en	un	juicio	finalmente	confirmado	en	julio	de	2003.	Invocando	el	artículo	6	§	1	(derecho	a	un	juicio	justo),	se	queja	de	que	los	procedimientos	en	su	contra	eran	injustas	porque	los	tribunales	rumanos	no	examinaron	la	evidencia	directa	y	llegaron	a	completamente	diferentes	conclusiones	sobre	la	base	de	las	mismas	pruebas.	Violación	del	art.6	§	1
Compensación	económica:	EUR	3,000	(daños	morales)	y	EUR	180	(gastos	y	honorarios	jurídicos)
Violación	del	art.5	§	1 Violación	del	art.	5	§	5
Iulian	Popescu	contra	Rumania	(n	º	24999/04)	El	solicitante,	Iulian	Popescu,	es	ciudadano	rumano	nacido	en	en	1953	y	vive	en	Bucarest.	Fue	declarado	culpable	de	complicidad	en	un	robo	con	agravantes	y	condenado	a	cuatro	años	de	prisión	en	un	juicio	finalmente	confirmado	en	julio	de	2004.	Basándose	en	particular	en	el	artículo	34	(derecho	de	petición	individual),	se	queja	de	no	poder	obtener	los	documentos	de	su	expediente	penal	que	eran	pertinentes	para	su	demanda	ante	la	Corte	Europea	de	Derechos	Humanos.	Basándose	en	particular	en	el	artículo	6	§	1	(derecho	a	un	juicio	justo),	también	se	queja	de	que	el	proceso	penal	en	su	contra	era	injusto,	ya	que	no	hay	pruebas	sólidas	de	su	culpabilidad.	Violación	del	art.	34
Violación	del	art.13	en	combinación	con	el	art.	8
Compensación	económica:	no	se	hizo	por	el	demandante.	Stelian	Roşca	contra	Rumania	(n	º	5543/06)	El	solicitante,	Stelian	Roşca,	es	un	ciudadano	rumano	nacido	en	1940	y	vive	en	Constanza.	Fue	despedido	por	su	empleador,	la	autoridad	de	transporte	público	autónomo,	por	ausencia	repetida.	En	2000,	tras	una	disputa,	el	tribunal	de	distrito	anuló	la	decisión	de	despedirlo	y	ordenó	que	el	Sr.	Roşca	sea	reintegrado	en	su	puesto	anterior.	Su	empleador	se	negó	a	cumplir	con	la	decisión	de	la	corte.	El	18	de	octubre	2001	el	empresario	pidió	a	la	oficina	del	fiscal	para	ordenar	que	ser	hospitalizado	el	solicitante,	citando	su	exasperación	con	los	numerosos	procesos	judiciales	iniciados	contra	ella	o	sus	directivos	por	el	Sr.	Roşca.	La	fiscalía	pidió	al	instituto	de	medicina	forense	en	dos	ocasiones	examinar	el	solicitante.	A	la	tercera	ocasión,	el	tribunal	ordenó	que	se	elabore	un	nuevo	informe	psiquiátrico	para	evaluar	su	salud	mental.	El	instituto	encontró	que	el	solicitante	tenía	la	capacidad	psicológica	necesaria	para	evaluar	el	contenido	y	las	consecuencias	sociales	y	legales	de	su	propia	conducta	y	determinar	sus	propios	intereses	de	forma	totalmente	autónoma.	Basándose	en	el	artículo	5	§	1	(derecho	a	la	libertad	ya	la	seguridad),	el	Sr.	Roşca	alega	que	fue	detenido	ilegalmente	en	tres	ocasiones	con	el	fin	de	exámenes	psiquiátricos	injustificados.
Compensación	económica:	EUR	15,600	(daños	morales)	y	EUR	1,500	(gastos	y	honorarios	jurídicos)	Teodor	contra	Rumania	(n	º	46878/06)	El	solicitante,	Petru	Constantin	Teodor,	es	rumano,	nacido	en	1953	y	vive	en	Bacau.	El	24	de	abril	de	2001,	la	sociedad	mercantil	que	lo	contrató	como	director	ejecutivo	presentó	una	denuncia	contra	el	demandante	y	otros	ejecutivos	de	la	empresa,	acusándolo	de	haber	emitido	documentos	falsos	con	el	fin	de	obtener	el	reembolso	los	gastos	incurridos	mientras	en	viajes	de	negocios	al	extranjero.	El	05	de	mayo	2005	la	fiscalía	decidió	archivar	el	procedimiento	por	considerar	que	si	bien	no	hay	duda	de	que	el	solicitante	había	utilizado	documentos	falsos,	la	ley	de	prescripción	de	los	delitos	habían	expirado.	El	18	de	agosto	de	2005,	la	sociedad	mercantil	puso	fin	a	la	suspensión	del	contrato	de	trabajo	del	demandante,	pero	se	negó	a	pagar	su	salario	durante	el	período	cubierto	por	la	suspensión.	Invocando	el	artículo	6	§	2	(presunción	de	inocencia),	Sr.	Teodor	alega	que	los	tribunales	basaron	su	decisión	de	despedir	a	sus	demandas	civiles	en	un	veredicto	de	culpabilidad	derivada	de	la	decisión	de	la	oficina	del	fiscal	de	no	iniciar	el	procedimiento,	emitido	en	el	marco	de	un	proceso	penal	contra	él	que	había	sido	cerrada	debido	a	la	prescripción.	Violación	del	art.6	§	2	Compensación	económica:	EUR	3,500	(daños	morales)	y	EUR	1,000	(costes	y	gastos	jurídicos)	Çakır	y	otros	contra	Turquía	(no.	25747/09)	Los	solicitantes	son	40	ciudadanos	turcos,	nacidos	entre	1950	y	1985	y	viven	en	Sinop	(Turquía).	En	2005	y	2006,	empezaron	conjuntamente	procedimientos	contra	su	empleador	y,	en	sentencias	dictadas	en	2006,	2007	y	2008,	fue	condenado	el	empleador	por	una	indemnización	por	salarios	dejados	de	percibir.	Invocando	el	artículo	6	§	1	(derecho	a	un	juicio	justo),	el	artículo	1	del	Protocolo	n	º	1	(protección	de	la	propiedad)	y	el	artículo	13	(derecho	a	un	recurso	efectivo),	se	quejan	de	que	no	fueron	capaces	de	hacer	cumplir	las	sentencias	en	su	favor	,	debido	a	la
negativa	de	los	tribunales	turcos	de	proporcionarles	copias	de	las	resoluciones	judiciales	ya	que	la	otra	parte	dejó	de	pagar	las	tasas	judiciales	requeridas.	Violación	del	art.6	§	1 Violación	del	art.1	del	Protocolo	No.	1
que	no	hubo	ningún	caso	de	responder	emitido	por	el	presidente	del	tribunal	de	lo	penal,	y	la	falta	de	recursos	internos	efectivos.	Dos	violaciones	del	Artículo	3	(maltrato	e	investigación	inefectiva)	Violación	del	art.11
Compensación	económica:	no	se	pidió	por	los	demandantes
Compensación	económica:	EUR	5,000	(daños	morales)
Rifat	Demir	contra	Turquía	(N	º	24267/07)	El	solicitante,	Rifat	Demir,	es	ciudadano	turco	nacido	en	1973.	Actualmente	se	encuentra	recluido	en	la	prisión	de	Gümüşhane.	El	3	de	diciembre	de	2001	fue	detenido	y	puesto	bajo	custodia	policial	en	el	marco	de	una	operación	llevada	a	cabo	contra	la	organización	ilegal	Hizbullah.	Era	sospechoso	de	pertenecer	a	esa	organización	y	de	haber	cometido	delitos	en	su	nombre.	El	30	de	diciembre	de	2009,	el	Tribunal	de	lo	Penal	condenó	al	solicitante	de	los	cargos	en	su	contra	y	lo	condenó	a	cadena	perpetua.	Basándose	en	los	artículos	5	§	3	(derecho	a	la	libertad	ya	la	seguridad),	6	(derecho	a	un	juicio	justo)	y	13	(derecho	a	un	recurso	efectivo),	el	demandante	se	queja	de	la	duración	de	su	detención	preventiva,	y	alega	que	su	caso	no	fue	juzgado	dentro	de	un	plazo	razonable	y	que	no	había	ningún	recurso	interno	efectivo,	que	le	hubiera	permitido	a	impugnar	la	duración	del	proceso	penal	seguido	en	su	contra.	Violación	del	art.5	§	3	Violación	del	art.6	§	1
Hikmet	Yılmaz	contra	Turquía	(N	º	11022/05)	El	solicitante,	Hikmet	Yılmaz,	es	un	ciudadano	turco	nacido	en	1962	y	vive	en	Bélgica.	En	una	sentencia	confirmada	en	julio	de	2004,	los	tribunales	turcos	le	condenaron	por	pertenencia	al	PKK	(el	Kurdistan	Workers	'Party),	una	organización	ilegal,	y	le	condenaron	a	12	años	y	seis	meses	de	prisión.	Invocando	el	artículo	6	§	§	3	(c)	y	(d)	(derecho	a	la	asistencia	jurídica	de	su	propia	elección	y	el	derecho	a	obtener	la	asistencia	y	el	examen	de	los	testigos),	se	queja	de	que	se	le	negó	acceso	a	un	abogado	durante	su	detención	en	junio	de	2002	y	que	su	condena	se	basó	en	un	documento	clasificado	del	Ministerio	del	Interior.	Alega,	además,	que	no	tenía	la	oportunidad	de	interrogar	a	un	co-­‐ acusado,	que	había	hecho	declaraciones	incriminatorias	contra	él.	Violación	del	art.6	§	3	(c)	combinado	con	el	6	§	1	Compensación	económica:	EUR	1,500	(daños	morales)	y	EUR	1,000	(gastos	y	honorarios	jurídicos)	Özalp	Ulusoy	contra	Turquía	(núm.	9049/06)	El	solicitante,	Güllü	Özalp	Ulusoy,	es	ciudadano	turco	nacido	en	1972	y	vive	en	Estambul.	El	16	de	marzo	de	2004,	la	demandante	y	su	marido	participaron	en	una	manifestación	en	Estambul	para	protestar	por	los	asesinatos	cometidos	en	Siria	y	para	conmemorar	a	las	víctimas	de	la	masacre	de	Halabja	de	1988,	así	como	los	de	la	explosión	del	16	de	marzo	de	1978.	Basándose	en	los	artículos	3	(prohibición	de	la	tortura	y	los	tratos	inhumanos	y	degradantes),	6	(derecho	a	un	juicio	justo)	y	13	(derecho	a	un	recurso	efectivo),	la	demandante	alega	que	fue	objeto	de	malos	tratos	de	parte	de	las	fuerzas	de	seguridad	cuando	rompieron	la	manifestación.	Se	queja	de	la	insuficiencia	de	la	investigación	llevada	a	cabo	por	las	autoridades,	la	falta	de	motivación	de	la	decisión	de
Compensación	económica:	EUR	9,000	(daños	morales)	Jueves	06	de	junio	2013	Mohammed	contra	Austria	(n	º	2283/12)	El	solicitante,	Salaheldin	Mohammed,	es	un	ciudadano	sudanés	nacido	en	1981	y	actualmente	vive	en	Viena.	Al	llegar	a	Austria	a	través	de	Grecia	y	Hungría,	presentó	una	solicitud	de	asilo,	que	las	autoridades	austriacas	rechazaron	en	enero	de	2011	en	el	marco	del	Reglamento	de	Dublín	de	la	UE,	ordenando	su	traslado	a	Hungría.	El	Sr.	Mohammed	pasó	a	la	clandestinidad	y,	en	diciembre	de	2011,	fue	puesto	en	detención	con	miras	a	su	traslado	forzoso	a	Hungría.	A	continuación,	presentó	una	segunda	solicitud	de	asilo,	que	se	encuentra	pendiente.	En	enero	de	2012,	el	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos	aplicó	una	medida	provisional	en	virtud	del	Artículo	39	del
Reglamento	de	la	Corte	y	pidió	al	Gobierno	austriaco	no	transferir	el	Sr.	Mohammed	a	Hungría	hasta	nuevo	aviso.	Se	queja	de	que	su	traslado	forzoso	le	imponga	un	trato	contrario	al	artículo	3	(prohibición	de	la	tortura	y	de	los	tratos	inhumanos	o	degradantes),	porque	sería	detenido	en	las	instalaciones	inadecuadas	de	detención	a	largo	plazo,	que	sería	sometido	a	la	violencia	de	la	policía	y	la	medicación	forzada	con	tranquilizantes	y	que	carecería	de	la	posibilidad	de	apelación	en	los	procedimientos	de	asilo	en	Hungría.	También	hace	referencia	al	derecho	a	un	recurso	efectivo	del	artículo	13,	y	se	queja	de	que	su	segunda	solicitud	de	asilo	en	Austria	no	tiene	ningún	efecto	suspensivo	en	relación	con	la	orden	de	expulsión.	Violación	del	art.	13	(derecho	a	un	recurso	legal)	en	concordancia	con	el	art.	3	(prohibición	de	tortura	y	de	trato	inhumano)	del	Convenio	Europeo	de	Derechos	Humanos	y	Que	la	expulsión	del	Sr.	Mohammed	a	Hungría	no	violaría	el	art.	3	Compensación	económica	(Artículo	41)	El	Tribunal	consideró	que	el	hecho	de	encontrar	una	violación	del	Convenio	era	sufiente	Compensación	económica	por	los	daños	morales	sufridos	por	el	Sr.	Mohammed.	En	cuanto	a	gastos	y	honorarios	legales,	Austria	tiene	que	pagarle	Euros	4868.28	al	Mr	Mohammed.	M.E.	contra	Francia	(n	º	50094/10)	El	solicitante,	ME,	es	un	ciudadano	egipcio	nacido	en	1973	y	vive	en	Metz	Queuleu.	Cristiano	copto,	fue	criado	y	creció	en	la	comunidad	copta,	en	la	cual	se	convirtió	en	un	miembro	muy	activo.	Entre	mayo	de	2007	él	y	su	familia	fueron	atacados	a	causa	de	sus	creencias	religiosas.	Le	expulsaron	de	su	casa,	pero	cuando	ME	intentó	presentar	una	denuncia	a	la	policía,	esta	se	negó	a	registrarla.	Fue	seguido	en	varias	ocasiones	en	la	calle	cuando	se	iba	a	la	iglesia,	insultado	y	luego	golpeado	con	violencia.	En	agosto	de	2007	fue	acusado	de	participar	en	actividades	proselitistas	que	fueron	ofensivas	para	el	Islam	y	los	musulmanes.	Las	actuaciones	fueron	presentadas	contra	él,	pero	no	asistieron	al	tribunal	y	huyeron	de	Egipto.	A	su	llegada	a	Francia,	no	tomó	medidas	para	ponerse	en	contacto	con	las	autoridades	francesas,	ya	que	él	no	tenía	conocimiento	de	la	existencia	de	un	procedimiento	de	asilo.	Basándose	en	el	artículo	3	(prohibición	de	la	tortura	y	los	tratos	inhumanos	o
degradantes),	la	demandante	alega	que	iba	a	ser	sometido	a	un	trato	contrario	al	artículo	3,	si	llegara	a	ser	deportado	a	Egipto.	También	se	queja,	en	virtud	del	derecho	a	un	recurso	efectivo	del	artículo	13	conjuntamente	con	el	artículo	3	de	la	Convención,	que	no	hay	ningún	recurso	efectivo	disponible	para	él,	ya	que	su	solicitud	de	asilo	fue	examinada	por	el	procedimiento	acelerado.	Violación	del	Artículo	3	(prohibición	de	torura	y	trato	inhumano	o	degradante)	del	Convenio	si	la	decisión	de	expulsarle	a	Egipto	fuera	ejecutada.	no	violciónn	del	Artículo	13	(derecho	a	un	recurso	legal	efectivo)	considerado	en	combinación	con	el	art.	3	Compensación	económica	(Artículo	41)	En	cuanto	a	gastos	y	honorarios	jurídicos,	Francia	tiene	que	pagar	700	Euros	Avilkina	y	otros	contra	Rusia	(N	º	1585/09)	Los	solicitantes	son	una	organización	religiosa,	el	Centro	Administrativo	de	los	Testigos	de	Jehová	en	Rusia,	basado	en	San	Petersburgo,	y	tres	ciudadanos	rusos	que	son	Testigos	de	Jehová:	Yekaterina	Avilkina,	nacida	en	2006	que	vive	en	Nalchik,	Nina	Dubinina,	que	nació	en	1959	y	vive	en	Murmansk	y,	Valentina	Zhukova,	nacida	en	1956	y	que	vive	en	la	región	de	Leningrado.	El	caso	se	refiere	a	un	supuesto	acoso	de	los	Testigos	de	Jehová.	Basándose	en	el	derecho	al	respeto	de	la	vida	privada	y	familiar	del	artículo	8	y	la	prohibición	de	discriminación	del	artículo	14,	se	quejan	de	la	divulgación	de	su	expediente	médico	a	las	autoridades	judiciales	rusas	tras	su	negativa	a	recibir	transfusiones	de	sangre	durante	su	estancia	en	los	hospitales	públicos.	En	el	marco	de	una	investigación	sobre	la	legalidad	de	las	actividades	de	la	organización	solicitante,	las	autoridades	judiciales	habían	dado	instrucciones	a	todos	los	hospitales	de	San	Petersburgo	reportar	las	denegaciones	de	las	transfusiones	de	sangre	por	los	Testigos	de	Jehová.	Violación	del	Artículo	8	–	en	referencia	Ms	Avilkina	y	Ms	Zhukova	Compensación	económica:	EUR	5,000	(daños	morales)	a	Ms	Avilkina	y	Ms	Zhukova,	cada	una,	y	EUR	2,522	a	Ms	Avilkina	y	EUR	1,880	a	Ms	Zhukovaen	concepto	de	gastos	y	honorarios	jurídicos.
Maskhadova	y	otros	contra	Rusia	(no.	18071/05)	Sabanchiyeva	y	otros	contra	Rusia	(no.	38450/05)	Los	casos	se	refieren	a	la	negativa	de	las	autoridades	rusas	de	que	devuelvan	los	restos	del	presidente	separatista	de	Chechenia	y	los	insurgentes	chechenos	a	sus	familias.	Los	demandantes	en	el	primer	caso	son	Kusama	Maskhadova	y	sus	dos	hijos,	Fátima	Maskhadova	y	Anzor	Masjadov.	Son	ciudadanos	rusos	que	nacieron	en	1950,	1983	y	1975,	respectivamente,	y	viven	en	Azerbaiyán,	Noruega	y	Suecia.	El	caso	se	refiere	a	su	esposo	y	padre,	Aslán	Masjádov,	nacido	en	1951,	que	fue	uno	de	los	líderes	militares	y	políticos	del	movimiento	separatista	checheno	durante	y	después	del	conflicto	armado	de	1994	a	1996.	Fue	acusado	de	varios	delitos	de	terrorismo,	y	en	particular	de	planear	el	ataque	terrorista	escuela	Beslan	en	septiembre	de	2004,	que	dejó	a	334	personas	-­‐	incluyendo	niños	-­‐	86	muertos.	Vivió	en	la	clandestinidad	el	8	de	marzo	de	2005,	cuando	su	cuerpo	fue	encontrado	en	un	refugio	subterráneo	por	las	fuerzas	de	seguridad	rusas	durante	una	operación	especial.	Basándose	en	los	artículos	2	(derecho	a	la	vida)	y	13	(derecho	a	un	recurso	efectivo),	los	demandantes	alegan	que	Aslan	Maskhadov	fue	atrapado,	detenido	y	asesinado	por	las	fuerzas	de	seguridad	rusas	y	no	encontrado	muerto	como	se	alega.	También	se	quejan	de	que	la	investigación	que	siguió	a	su	muerte	fue	insuficiente.	Los	demandantes	en	el	segundo	caso	son	50	ciudadanos	rusos	que	viven	en	la	ciudad	de	Nalchik	(la	República	de	Kabardino-­‐Balkaria).	Son	los	familiares	de	55	insurgentes	que	murieron	durante	un	ataque	contra	las	fuerzas	del	orden	en	Nalchik	en	octubre	de	2005.	Basándose	en	el	artículo	3	(prohibición	de	tratos	inhumanos	o	degradantes),	los	demandantes	se	quejan	de	las	condiciones	en	que	las	autoridades	guardan	los	cuerpos	de	sus	familiares	para	su	identificación.	Alegan	en	particular	que,	durante	los	primeros	cuatro	días	después	del	ataque,	algunos	cuerpos	fueron	almacenados	fuera	de	la	morgue	de	la	ciudad	debido	a	la	falta	de	espacio	y,	después	de	eso,	fueron	apilados	uno	encima	del	otro	en	vagones	frigoríficos.	Basándose	además	en	el	artículo	38	§	1	(obligación	de	proporcionar	las	facilidades	necesarias	para	el	examen	de	los	casos),	los	demandantes	alegan	que	el	Gobierno	retiene	los	documentos	en	sus	autos	pertinentes	para	su	caso	ante	el	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos.
En	ambos	casos,	todos	los	demandantes	se	quejan	de	la	negativa	de	devolverles	las	autoridades	los	cuerpos	por	la	legislación	contra	el	terrorismo	y	alegan	que	esta	legislación	es	discriminatoria,	ya	que	se	dirige	exclusivamente	a	los	seguidores	de	la	fe	islámica	y	la	comunidad	de	etnia	chechena.	Se	basan,	en	particular,	en	los	artículos	8	(derecho	al	respeto	de	la	vida	privada	y	familiar),	9	(libertad	de	religión),	13	(derecho	a	un	recurso	efectivo)	y	14	(prohibición	de	discriminación).	Con	cinco	votos	contra	tres,	el	Tribunal	decidió	que	hubo	violación	del	art.	8	(derechoa	al	respeto	de	la	vida	privada	y	familiar)	y	del	artl	13	(recurso	a	un	medio	jurídico	efectivo)	en	cominación	con	el	art.	8	del	Convenio	de	Derechos	Humanos,	y,	de	forma	unánime,	que	no	hubo	violación	del	art	14	(derecho	a	no	discriminación)	combinado	con	el	art.	8	(ref.	a	la	negativa	de	las	autoridades	a	devolver	a	los	demandantes	los	cuerpos	de	sus	familiares	muertos)	De	forma	unánime,	en	el	caso	de	Moskhadova	y	otros	que	no	hubo	violación	de.	Art.	2	(derecho	a	la	vida	e	investigación)	con	referencia	a	la	muerte	de	Aslan	Maskhadov,	el	Presidente	Chechen	muerto,	o	de	la	investigación	en	su	muerte;	y,	De	forma	unánime	en	el	caso	de	Sabanchiyeva	y	Otros	que	no	hubo	violación	del	art.	3	(prohibición	de	trato	inhumano	o	degradante)	con	la	forma	en	que	se	habían	almacenado	los	cuerpos	sin	vida	para	identificación	y	no	violación	del	art.	38	§	1	(a)	(obligación	de	facilitar	ls	medios	necesarios	para	la	examinación	del	caso).	Artículo	41	(Compensación	económica)	En	ambos	casos,	El	Tribunal	ha	decidido	que	el	encontrar	una	violación	constituye	suficiente	compensación	por	el	daño	moral	sufrico	por	los	demandantes.	Asimismo	declara	que	Rusia	tiene	que	pagar	18.000	Euros	en	el	caso	Maskhadova	y	otros	y	15.000	Euros	en	el	caso	de	Sabanchyeva	y	otros	en	respecto	a	gastos	y	honorarios	jurídicos.	Las	quejas	sobre	la	reducción	de	las	pensiones	de	los	ex-­‐empleados	de	la	policía	secreta	comunista	polaco	son	inadmisibles	En	su	decisión	en	el	caso	de	Cichopek	1627	y	otras	aplicaciones	contra	Polonia	(aplicación	nos.15189/10,	16970/10,	17185/10,	18215/10,	18848/10,	19152/10,	19915/10,	20080/10	,	20705/10,	20725/10,	21259/10,	21270/10,	21279/10,	21456/10,	22603/10,	22748/10	y	23217/10),	el	Tribunal	Europeo	de
Derechos	Humanos	ha	declarado	por	unanimidad	la	inadmisión	del	recurso.	La	decisión	es	final.	El	Tribunal	consideró	que,	en	general	el	sistema	de	reducción	de	pensiones	no	impone	una	carga	excesiva	a	los	solicitantes:	no	sufren	una	pérdida	de	medios	de	subsistencia	o	de	una	privación	total	de	los	beneficios	y	el	plan	era	aún	más	ventajoso	que	otros	regímenes	de	pensiones.	También	encontró	que	el	servicio	de	las	demandantes	en	la	policía	secreta,	creada	para	infringir	los	mismos	derechos	humanos	protegidos	por	la	Convención	Europea,	debe	considerarse	como	una	circunstancia	relevante	para	la	definición	y	justificación	de	la	categoría	de	personas	a	ser	afectados	por	la	reducción	de	las	prestaciones	de	jubilación.	Las	autoridades	polacas	no	amplían	el	ámbito	de	aplicación	personal	de	estas	medidas	más	allá	de	lo	necesario	para	alcanzar	el	objetivo	legítimo	perseguido,	poniendo	fin	a	los	privilegios	de	pensiones	que	disfrutan	los	miembros	de	la	antigua	policía	política	comunista,	con	el	fin	de	garantizar	una	mayor	equidad	del	sistema	de	pensiones.	Ref.	Art.	1	del	protocolo	1	(derechos	a	la	propiedad)	Martes	11	de	junio	2013	Prizzia	contra	Hungría	(solicitud.	No	20255/12)	El	solicitante,	Gary	Prizzia,	es	nacional	de	los	Estados	Unidos	de	América,	nacido	en	1962	y	vive	en	Glen	Allen	(Virginia,	EE.UU.).	El	caso	se	refiere	a	los	derechos	de	visita	a	su	hijo,	nacido	en	2000,	tras	su	divorcio	de	su	esposa	húngara.	La	familia	vivía	en	Virginia,	EE.UU.,	hasta	el	año	2003	cuando	el	ex	esposa	del	Sr.	Prizzia	fue	a	Hungría	con	su	hijo	y,	instituyendo	procedimientos	de	divorcio,	no	volvió.	El	divorcio	fue	pronunciado	en	2005	y	otorgaba	la	custodia	a	la	madre.	Basándose	en	el	derecho	al	respeto	de	la	vida	privada	y	familiar	del	artículo	8	del	Convenio	Europeo	de	Derechos	Humanos,	el	Sr.	Prizzia	se	queja	de	la	subsiguiente	falta	de	aplicación	de	las	resoluciones	firmes	acerca	de	sus	derechos	de	acceso,	lo	que	sobre	todo	le	concedió	el	derecho	de	llevar	a	su	hijo	a	los	EE.UU.	durante	las	vacaciones	de	verano.	En	particular,	lamenta	que	su	ex	esposa	se	ha	negado	a	cumplir	con	estos	juicios	a	pesar	de	ser	condenada	a	pagar	las	multas	y	que,	como	resultado,	su	hijo	se	ha	convertido	en	alienado	de	él	y	reacio	a	reunirse	con	él.	Debido	a	esta	situación,	los	tribunales	húngaros	han	modificado	sus	derechos	de	acceso	en	mayo	de	2011,	limitándolas	a	las	vacaciones	de	verano	en	Hungría	hasta	el	16
cumpleaños	de	su	hijo.	Basándose	en	el	artículo	6	§	1	(derecho	a	un	juicio	justo	en	un	plazo	razonable),	el	Sr.	Prizzia	también	se	queja	de	la	excesiva	duración	de	los	procedimientos	ante	los	tribunales	húngaros.	Violación	del	art.	8	Indemnización:	Euro	12.500	(daños	morales)	y	Euros	10.000	(gastos	y	honorarios	jurídicos)	Bannikov	v	Letonia	(no.	19279/03)	El	solicitante,	Igor	Bannikov,	es	un	ciudadano	ruso	nacido	en	1966	y	actualmente	está	cumpliendo	una	sentencia	de	cárcel	de	16	años	en	Rusia	por	homicidio	agravado	y	vandalismo	cometidos	en	Letonia.	El	caso	se	refiere	a	la	denuncia	del	Sr.	Bannikov	sobre	su	detención	preventiva	en	Letonia,	donde	fue	detenido	en	mayo	de	2002	y	condenado	en	mayo	de	2004.	A	solicitud	del	propio	Sr.	Bannikov,	fue	trasladado	a	Rusia	en	junio	de	2011	para	continuar	cumpliendo	su	condena.	Basándose	en	el	artículo	5	§	3	(derecho	a	la	libertad	ya	la	seguridad)	y	el	derecho	al	respeto	de	la	vida	privada	y	familiar	del	artículo	8	de	la	Convención,	se	queja	de	la	excesiva	duración	de	la	prisión	preventiva	en	Letonia,	así	como	de	la	negativa	de	las	autoridades	de	la	prisión	a	concederle	las	visitas	de	hasta	48	horas	de	su	pareja	y	su	hija,	a	quien	consideraba	su	única	familia	en	Letonia.	Violación	del	art.	5	§	3	Indemnización:	el	apelante	no	hizo	reclamación	alguna	por	indemnización	económica.	Marin	Vasilescu	contra	Rumania	(n	º	62353/09)	El	solicitante,	Marin	Vasilescu,	es	un	ciudadano	rumano	que	nació	en	1970	y	vive	en	Wommelgem	(Bélgica).	Fue	condenado	en	junio	de	2007	a	cinco	años	de	prisión	por	un	delito	financiero.	Cumplió	parte	de	su	condena	y	fue	puesto	entonces	en	arresto	domiciliario	bajo	vigilancia	electrónica.	En	marzo	de	2009	huyó	a	Rumania.	El	Tribunal	de	Amberes	emitió	una	orden	de	detención	europea	(Euroorden)	contra	el	solicitante	y,	en	aplicación	de	esta	orden,	la	oficina	del	fiscal	de	Craiova	ordenó	que	fuera	puesto	bajo	custodia	policial.	El	19	de	agosto	de	2009	el	tribunal	de	apelación	ordenó	que	fuera	puesto	en	detención.	Él	estuvo	en	los	locales	de	la	Inspección	de	Policía	del	Condado	de	Dolj	antes	de	ser	entregado	a	las	autoridades	belgas,	el	9	de	octubre	de	2009.	Basándose	en	el	artículo	3	(prohibición	de	la	tortura	y	tratos	inhumanos	o	degradantes),	el	demandante	alega	que	las	condiciones	de	detención	en	las	celdas	de	la	policía	Craiova	constituían	un	trato	inhumano	o	degradante.	También	se	queja	de	una
violación	de	los	artículos	5	(derecho	a	la	libertad	ya	la	seguridad),	6	(derecho	a	un	juicio	justo)	y	13	(derecho	a	un	recurso	efectivo).	Violación	del	art.	3	Indemnización:	3000	Euros	(daños	morales)	y	800	Euros	(gastos	y	honorarios	jurídicos)	Hasanbasic	contra	Suiza	(no.	52166/09)	Los	demandantes,	Nusret	Hasanbasic	y	lazenka	Hasanbasic-­‐Zucko,	son	ciudadanos	de	Bosnia	y	Herzegovina.	Sr.	Hasanbasic	nació	en	1956	y	vive	en	Bosnia	y	la	Sra.	Hasanbasic-­‐Zucko	nació	en	1951	y	vive	en	Berna	(Suiza).	En	1979	la	señora	Hasanbasic-­‐Zucko	obtuvo	un	permiso	de	residencia	a	Suiza.	En	1982	el	Sr.	Hasanbasic	tuvo	un	hijo	con	ella,	y	se	casaron.	Inicialmente	se	dió	un	permiso	de	residencia	temporal,	a	continuación,	un	permiso	de	residencia.	En	agosto	de	2004	se	informó	a	las	autoridades	que	tenía	la	intención	de	regresar	definitivamente	a	su	país	de	origen,	y	su	permiso	de	residencia	caducó.	Regresó	en	diciembre	de	2004	con	un	visado	de	turista,	luego	dejó	Suiza	a	raíz	de	una	sentencia	del	Tribunal	Federal	en	su	contra.	Su	esposa	presentó	una	solicitud	de	reagrupación	familiar	a	favor	de	su	marido,	pero	esa	petición	fue	rechazada.	Esa	decisión	fue	confirmada	por	el	Tribunal	Federal,	que	señaló	que	el	primer	demandante	había	sido	condenado	por	delitos	comunes,	que	la	pareja	había	adquirido	deudas,	que	habían	recibido	cantidades	importantes	de	las	prestaciones	sociales,	y	que	era	probable	que	vivirían	en	el	estado	de	subsitir	a	base	de	acciones	de	seguridad	social	en	el	futuro.	Basándose	en	el	artículo	8	(derecho	al	respeto	de	la	vida	privada	y	familiar	y	para	el	hogar),	los	demandantes	alegan	que	la	negativa	de	las	autoridades	a	conceder	al	Sr.	Hasanbasic	un	permiso	de	residencia	en	Suiza	era	desproporcionada	y	que	no	era	"necesaria	en	una	sociedad	democrática".	Violación	del	Art.	8	Indemnización:	los	apelantes	no	pidieron	indemnización	por	los	daños	sufridos;	el	Tribunal	ha	otorgado	Euro	9.000	a	ambos	por	gastos	y	honorarios	jurídicos.	Casos	repetitivos	Los	siguientes	casos	plantean	cuestiones	que	ya	han	sido	presentados	a	la	Corte.	Kowalski	contra	Polonia	(no.	43316/08)	El	demandante	en	este	caso,	se	queja	de	que	a	causa	de	la	negativa	de	un
tribunal	nacional	de	concederle	la	justicia	gratuita	para	la	preparación	de	un	recurso	de	casación,	se	le	privó	efectivamente	el	acceso	a	la	Corte	Suprema.	Se	basa	en	el	artículo	6	§	§	1	y	3	(c)	(derecho	a	un	juicio	justo	y	el	derecho	a	la	asistencia	jurídica	de	la	propia	elección).	Namaz	y	Senoglu	contra	Turquía	(N	º	69812/11)	Los	dos	demandantes	en	este	caso,	que	eran	sospechosos	de	pertenecer	a	una	organización	armada	ilegal,	fueron	arrestados	en	septiembre	de	2006	y	entraron	en	prisión	preventiva.	Su	juicio	se	inició	ante	un	tribunal	de	lo	penal	el	26	de	octubre	de	2007.	Al	final	de	la	audiencia	el	6	de	septiembre	de	2012,	el	tribunal	de	lo	penal	ordenó	que	la	segunda	demandante	quede	en	libertad	y	se	amplió	la	detención	preventiva	del	primer	demandante.	Basándose	en	los	artículos	5	§	§	3	y	4	(derecho	a	la	libertad	ya	la	seguridad	y	derecho	a	la	pronta	revisión	de	la	legalidad	de	la	detención)	y	la	prohibición	de	discriminación	del	artículo	14,	el	primer	demandante	se	queja	de	la	duración	de	su	detención	preventiva,	y	el	hecho	de	que	no	fue	llevado	ante	un	juez	durante	la	detención	policial,	ni	durante	el	período	entre	estar	en	prisión	preventiva	y	la	primera	audiencia	del	tribunal	de	lo	penal.	También	se	queja	de	las	deficiencias	procesales	en	el	marco	de	un	procedimiento	de	oposición	contra	la	continuación	de	su	detención	y	la	falta	de	efectividad	de	dichos	procedimientos.	Por	último,	los	solicitantes	alegan	que	fueron	objeto	de	discriminación	con	respecto	a	la	duración	de	la	detención	en	relación	con	los	delitos	que	se	les	imputaban.	Tur	contra	Turquía	(N	º	13692/03)	El	demandante	en	este	caso,	se	queja	de	la	injerencia	de	las	autoridades	de	la	prisión	en	el	derecha	al	respeto	de	su	correspondencia.	Se	basa	en	los	artículos	8	(derecho	al	respeto	de	privado	y	vida	familiar),	9	(derecho	a	la	libertad	de	pensamiento,	de	conciencia	y	de	religión)	y	10	(libertad	de	expresión).	Casos	por	exceso	de	plazo	de	los	procedimientos	En	los	siguientes	casos,	los	demandantes	alegan,	en	particular,	sobre	la	duración	excesiva	de	los	procedimientos	(no	penales).	Baksa	contra	Hungría	(no.	44880/08)	Invitado	Zrt	contra	Hungría	(no.	36999/08)	Szepes	contra	Hungría	(no.	77669/12)	Mehmet	Erkek	(no.	45070/05)	Revisión
SC	Aectra	Agroquímicos	SA	y	Munteanu	contra	Rumania	(n	º	18780/04	y	13111/05)	En	su	sentencia	capital	de	27	marzo	2012	el	Tribunal	de	Justicia	consideró	que	había	habido	una	violación	del	artículo	6	§	1	(derecho	a	un	juicio	justo)	y	el	artículo	1	del	Protocolo	n	º	1	(protección	de	la	propiedad)	en	relación	con	las	denuncias	de	los	demandantes	de	que	las	decisiones	finales	dado	a	su	favor	en	una	serie	de	procedimientos	civiles	se	habían	hecho	a	solicitud	de	la	Procuraduría	General	de	Rumanía.	Basándose	en	los	Artículos	80	y	81	del	Reglamento	de	la	Corte,	el	representante	de	la	empresa	solicitante	en	la	solicitud	no.	18780/04	ha	solicitado	la	revisión	de	la	presente	sentencia,	con	el	argumento	de	que,	contrariamente	a	lo	que	se	indica	en	la	sentencia,	que	la	demanda	de	indemnización	fue	presentada	dentro	del	plazo	y	fue	acompañada	por	los	documentos	justificativos.	Arif	Erden	contra	Turquía	(N	º	37171/04)	En	una	sentencia	sobre	el	fondo	del	23	de	marzo	de	2010,	el	Tribunal	consideró	que	se	había	producido	una	violación	del	artículo	1	del	Protocolo	n	º	1,	por	razón	de	que	el	solicitante	haya	sido	privado	de	sus	bienes	sin	indemnización.	En	una	sentencia	de	una	satisfacción	de	22	de	febrero	de	2011,	la	Corte	decidió	conceder	al	demandante	400.000	euros	en	concepto	de	daño	material	y	760	euros	en	concepto	de	costas	y	gastos.	El	representante	de	la	demandante	informó	al	Tribunal	que	se	había	enterado	de	que	la	demandante	había	muerto	el	9	de	septiembre	de	2008,	y	solicitaba	la	revisión	por	consiguiente	de	la	sentencia	en	el	sentido	del	artículo	80	del	Reglamento	de	la	Corte.	Jueves	13	de	junio	2013	A.F.	contra	Grecia	(no.	53709/11)	El	solicitante,	AF,	es	un	ciudadano	iraní	nacido	en	1986	y	vivía	en	Atenas	cuando	se	presentó	la	solicitud.	El	21	de	agosto	de	2010,	el	demandante	entró	en	Grecia	y	fue	detenido	por	las	autoridades	policiales	en	el	puesto	fronterizo	Feres.	Las	autoridades	presuntamente	se	negaron	a	registrar	su	solicitud	de	asilo	político.	Se	le	mantuvo	en	los	locales	de	la	policía	de	fronteras	de	Feres	entre	octubre	de	2010	y	enero	de	2011.	El	expediente	indica	que	el	solicitante	se	marchó	de	Grecia	en	fecha	no	determinada	y	que	se	encuentra	actualmente	en	el	Reino	Unido,	donde	ha	solicitado	asilo.	Basándose	en	el	artículo	3	(prohibición	de	la	tortura	y	los	tratos	inhumanos	o	degradantes),	el	demandante	se	queja
de	las	condiciones	en	que	se	encontraba	detenido	en	las	instalaciones	de	la	policía	de	fronteras	Feres.	Violación	del	art-­‐	3	Indemnización:	8.000	Euros	(daños	morales)	Romenskiy	contra	Rusia	(no.	22875/02)	El	solicitante,	Andrey	Romenskiy,	es	de	nacionalidad	rusa,	nacido	en	1984	y	vive	en	la	región	de	Krasnodar.	En	marzo	de	2001	se	vio	involucrado	en	una	pelea	de	borrachos	cuando	estaba	fuera	con	amigos.	Uno	de	los	hombres	que	participaban	en	la	pelea	fue	apuñalado	y	murió	en	el	hospital.	El	Sr.	Romenskiy	fue	arrestado	y	acusado	de	asesinato	del	hombre	y,	tras	ser	declarado	culpable	en	diciembre	de	2001	por	el	tribunal	de	primera	instancia,	fue	condenado	a	seis	años	de	prisión.	A	continuación,	esta	sentencia	fue	confirmada	en	apelación	en	marzo	de	2002,	y	sus	denuncias	de	parcialidad	del	tribunal	de	primera	instancia	se	desestimaron	sumariamente.	Invocando	el	artículo	6	§	§	1	y	2	(derecho	a	un	juicio	justo	y	a	la	presunción	de	inocencia),	alega	que	el	proceso	penal	en	su	contra	era	injusto,	en	particular,	debido	a	que	el	tribunal	de	primera	instancia	que	le	declaró	culpable	había	le	rechazado	su	petición	de	libertad	provisional	en	noviembre	de	2001,	sobre	la	base	de	que	había	cometido	un	delito	grave,	lo	que	equivalía	a	admitir	que	el	tribunal	ya	lo	consideró	"culpable".	Violación	del	art.	6	–	1	(falta	de	imparcialidad	del	Juzgado)	Compensación:	el	demandante	no	formuló	reclamación	económica	alguna	Sivograk	y	Zenov	contra	Rusia	(no.	14758/08)	Los	demandantes,	Igor	Sivograk	y	Valeriy	Zenov,	son	ciudadanos	rusos	que	han	nacido	rusos,	nacieron	en	1969	y	1968,	y	viven	en	Starodub	(la	región	de	Bryansk)	y	Saratov,	respectivamente.	Invocando	el	artículo	6	§	1	(derecho	a	un	juicio	justo)	y	el	artículo	1	del	Protocolo	n	º	1	(protección	de	la	propiedad),	los	demandantes	se	quejan	de	que	los	juicios	de	noviembre	2005	y	mayo	de	2006	a	la	concesión	de	derechos	por	combatir	en	participación	en	la	lucha	contra	el	terrorismo	en	la	operación	en	el	Cáucaso	del	Norte	nunca	se	han	aplicado.	Violación	del	art.	6-­‐1	Violación	del	art.	1	del	Protocolo	nª	1	Indemnización:	Euros	14,015	al	Sr.	Sivograk	y	Euros	8.468	al	Sr.	Zenov	)daños	materiales)	y	Euros	3.000	cada	uno	por	daños	morales.
Korostylyov	contra	Ucrania	(no.	33643/03)	El	solicitante,	Nikolay	Korostylyov,	es	un	ciudadano	de	Ucrania	que	nació	en	1956	y	actualmente	está	cumpliendo	una	condena	de	cadena	perpetua	en	Dniepropetrovsk	en	una	colonia	penitenciaria	de	bandidaje,	por	posesión	ilegal	de	armas	de	fuego,	robo	y	asesinato.	El	caso	se	refiere	esencialmente	a	la	queja	de	que	la	policía	lo	maltrató	en	enero	de	2000	durante	tanto	su	detención	y	posterior	interrogatorio	con	el	fin	de	obtener	una	confesión	de	él	y	que	el	proceso	penal	en	su	contra	eran	injustas.	Se	apoya	en	la	prohibición	de	tratos	inhumanos	y	degradantes	del	artículo	3	y	del	artículo	6	§	§	1	y	3	(c)	(derecho	a	un	juicio	justo).	Además	se	apoya	en	el	artículo	34	(derecho	de	petición	individual),	también	se	queja	de	que	las	autoridades	se	negaron	a	proporcionar	copias	de	los	documentos	de	su	expediente	del	caso	que	sea	necesario	para	fundamentar	su	demanda	ante	el	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos.	Violación	del	art.	34	Indemnización:	Euros	3.000	(daños	morales)	Vasylchuk	contra	Ucrania	(no.	24402/07)	La	solicitante,	Yeva	Vasylchuk,	es	un	nacional	de	Ucrania	que	nació	en	1947	y	vive	en	la	ciudad	de	Novomyrhorod,	Ucrania.	Ella	está	mal	de	salud	y	no	puede	caminar	sin	la	ayuda	de	un	bastón.	El	caso	se	refiere	a	la	queja	de	la	Sra.	Vasylchuk	sobre	la	entrada	de	su	casa	en	febrero	de	2005	por	la	policía	que	investiga	un	robo	y	su	sospecha	de	ocultar	propiedad	robada	y	su	afirmación	de	que	se	utilizó	un	uso	innecesario	de	la	fuerza	contra	ella.	Basándose	en	el	artículo	3	(prohibición	de	tratos	inhumanos	o	degradantes),	alega,	en	particular,	que	un	policía	le	quitó	el	bastón	durante	la	búsqueda	y	la	empujó	al	suelo,	obligándola	a	arrastrarse	después	que	entrara	la	policía	en	su	casa.	También	alega	que	la	investigación	subsiguiente	sobre	sus	denuncias,	que	tardó	casi	cinco	años,	y	que	resultó	en	su	caso	de	ser	anulada	por	falta	de	pruebas,	fue	ineficaz.	Basándose	adelante	en	el	derecho	al	respeto	de	la	vida	privada	y	familiar	y	el	hogar	del	artículo	8	y	en	el	artículo	1	del	Protocolo	n	º	1	(protección	de	la	propiedad),	también	alega	que	la	entrada	de	su	casa	era	ilegal	y	desproporcionada,	ya	que	más	policías	participaron	en	la	entrada	de	lo	permitido	en	la	orden	de	allanamiento	y	su	casa	fue	saqueada,	con	elementos	de	mobiliario	rotos.
No	violación	del	art.	3	(maltrato)	Violación	del	art.	3	(investigación	inefectiva)	Violación	del	art.	8	Indemnización:	Euros	5000	(daños	morales)	Casos	repetitivos	El	siguiente	caso	plantea	cuestiones	que	ya	han	sido	presentados	a	la	Corte.	Kiselyov	contra	Ucrania	(no.	42953/04)	Este	caso	se	refiere	a	la	aplicación	de	retraso	de	los	juicios	y	la	supuesta	excesiva	duración	de	los	procesos	judiciales.	La	demandante	invoca	el	artículo	6	§	1	(derecho	a	un	juicio	justo	en	un	plazo	razonable),	y	el	artículo	1	del	Protocolo	n	º	1	(protección	de	la	propiedad).	Violación	del	art.	6	–	1	y	violación	del	art.	1	del	protocolo	1	(retraso	en	ejecución	y	duración	exagerada	del	procedimiento)	Violación	del	art.	6	–	1	(duración	del	procedimiento)	Martes	18	de	junio	2013	Nencheva	y	otros	contra	Bulgaria	(solicitud.	No	48609/06)	Los	solicitantes	son	un	número	de	ciudadanos	búlgaros	que	viven	en	Dragor	(Bulgaria),	y	una	asociación	de	derechos	humanos.	El	caso	se	refiere	a	una	denuncia	presentada	por	la	asociación	y	por	los	padres	de	siete	de	los	15	niños	que	murieron	durante	el	invierno	de	1996-­‐1997	tras	el	deterioro	de	las	condiciones	en	el	hogar	donde	viven	las	personas	con	discapacidad,	donde	habían	sido	colocados.	Durante	el	período	en	cuestión,	Bulgaria	estaba	pasando	una	grave	crisis	económica,	con	una	inflación	superior	al	1.000%.	El	presupuesto	destinado	a	la	casa,	que	estaba	a	cargo	del	alcalde,	perdió	una	parte	significativa	de	sus	recursos,	con	el	resultado	de	que	las	autoridades	municipales	no	fueron	capaces	de	cubrir	los	costos	de	los	alimentos	y	suministros	básicos.	El	gerente	de	la	casa	alertó	repetidamente	a	todas	las	instituciones	públicas	responsables	de	la	financiación	de	la	casa	a	la	situación,	sin	éxito.	15	niños	murieron	durante	el	invierno.	Basándose	en	particular	en	el	artículo	2	(derecho	a	la	vida),	(prohibición	de	la	tortura	y	los	tratos	inhumanos	o	degradantes)	del	artículo	3	y	el	artículo	13	(derecho	a	un	recurso	efectivo),	los	demandantes	alegan,	en	particular,	que	el	Estado	no	cumplió	con	su	deber	de	proteger	el	vida	de	las	personas	bajo	su	cuidado,	en	circunstancias	que	crean	una	amenaza	inminente	a	la	salud	y	la
vida.	Además	se	quejan	de	la	falta	de	realizar	una	investigación	efectiva	el	objetivo	de	identificar	a	los	responsables	de	las	muertes	de	los	niños.	Violación	del	art.	2	del	Convenio	Bor	contra	Hungría	(no.	50474/08)	El	solicitante,	László	Bor,	es	un	nacional	húngaro	que	nació	en	1954,	y	vive	en	Zalaegerszeg	(Hungría).	Su	casa	está	situada	en	la	calle	de	una	estación	de	ferrocarril.	Basándose	en	el	artículo	8	(derecho	al	respeto	de	la	vida	privada	y	familiar	y	en	el	hogar),	se	queja	de	la	perturbación	extrema	del	ruido	provocado	por	los	trenes	desde	que	las	máquinas	de	vapor	fueron	reemplazados	por	motores	diesel	en	1988,	y	la	abstención	de	las	autoridades	para	hacer	cumplir,	de	manera	efectiva	y	oportuna,	la	obligación	de	la	compañía	de	ferrocarriles	para	mantener	el	nivel	de	ruido	bajo	control.	En	particular,	aunque	el	Sr.	Bor	había	interpuesto	un	recurso	en	1991	para	obligar	a	la	empresa	a	construir	una	barrera	contra	el	ruido,	las	primeras	medidas	de	reducción	de	ruido	sólo	se	hicieron	realmente	en	2010.	Sr.	Bor	se	queja	además	de	la	duración	de	los	procedimientos	relacionados	con	la	violación	del	artículo	6	§	1	(derecho	a	un	juicio	justo	en	un	plazo	razonable).	Violación	del	art.	6	–	1	Violación	del	art.	8	Compensación	económica	9.500	Euros	por	daños	morales	y	2.500	Euros	por	gastos	y	honorarios	jurídicos.	Banel	contra	Lituania	(N	º	14326/11)	El	solicitante,	Venata	Banel,	es	la	viuda	de	un	nacional	de	Lituania,	que	nació	en	1970	y	en	Vilnius.	Su	hijo,	de	13	años	en	ese	momento,	murió	en	junio	de	2005,	de	las	lesiones	que	sufrió	cuando	parte	de	un	balcón	que	se	había	roto	de	un	edificio	cayó	sobre	él	mientras	jugaba	con	otros	niños.	Basándose	en	el	artículo	2	(derecho	a	la	vida),	la	Sra.	Banel	se	queja	de	que	las	autoridades	no	protegieron	la	vida	de	su	hijo,	ya	que	no	cumplen	con	su	obligación	de	inspeccionar	los	edificios	para	garantizar	su	seguridad,	y	que	la	investigación	de	la	muerte	de	su	hijo	no	fue	efectivo,	en	particular	porque	era	excesivamente	largo,	como	resultado	de	la	persecución	que	se	convirtió	en	prescrito.	Violación	del	art.	2	Compensación	económica:	8.135	Euros	(daños	materiales)	y	20.000	Euros	(daños	morales)
Constantin	Tudor	contra	Rumania	(n	º	43543/09)	El	solicitante,	Constantin	Aurelian	Tudor,	es	un	ciudadano	rumano	que	nació	en	1975	y	se	encuentra	actualmente	detenido	en	la	prisión	de	Rahova	(Rumanía),	donde	cumple	una	condena	de	12	años	impuesta	en	2004	por	tráfico	de	personas.	Basándose	en	el	artículo	3	(prohibición	de	tratos	inhumanos	o	degradantes),	se	queja	de	las	condiciones	materiales	de	la	prisión	de	Jilava,	donde	estuvo	detenido	durante	casi	diez	meses	en	2008,	en	particular,	las	condiciones	de	higiene,	hacinamiento	y	la	falta	de	tratamiento	médico	adecuado	por	su	hernia	de	disco	espinal.	Violación	del	art.	3	(condiciones	de	detención)	Compensación	económica:	3.000	Euros	(daños	morales)	Pleşca	contra	Rumania	(n	º	2158/08)	El	solicitante,	Mihai	Pleşca,	es	ciudadano	rumano	que	nació	en	1956	y	vive	en	Hârlău	(Rumania).	El	caso	se	refiere	a	una	denuncia	que	presentó	alegando	deficiencias	en	la	investigación	de	la	muerte	de	su	hija.	Poco	después	de	informar	de	su	desaparición,	el	solicitante	encontró	a	su	hija	que	yacía	muerto	en	el	balcón	de	su	apartamento,	con	un	cinturón	alrededor	de	su	cuello	y	huellas	de	barro	en	sus	piernas.	La	investigación	policial	reveló	altos	niveles	de	alcohol	en	la	sangre	de	la	chica.	Dos	de	sus	amigos	posteriormente	testificaron	que	habían	estado	en	una	excursión	con	ella	a	una	presa	en	la	noche	de	su	desaparición.	También	dijeron	que	la	hija	de	la	demandante	había	estado	deprimido	debida	a	sus	resultados	escolares	pobres	y	los	conflictos	con	su	padre.	Por	tanto,	los	policías	llegaron	a	la	conclusión	de	que	se	había	suicidado	y	la	oficina	del	fiscal	suspendió	el	procedimiento	en	diciembre	de	2005.	Sin	embargo,	la	investigación	fue	reabierta	a	petición	del	Sr.	Pleşca	y	su	esposa.	En	agosto	de	2006	el	fiscal	suspendió	nuevamente	el	procedimiento.	Sr.	Pleşca	apeló	contra	esta	decisión	ante	los	tribunales	rumanos,	pero	el	recurso	fue	rechazado	en	julio	de	2007	por	una	sentencia	definitiva	de	la	Corte	de	Apelaciones.	Se	basa,	fundamentalmente,	en	el	artículo	2	de	la	Convención	(derecho	a	la	vida).	Violación	del	art.	2	(falta	de	investigación)	Compensación	económica:	El	Tribunal	ha	considerado	que	encontrar	una	violación	ya	es	compensación	sufiente	por	los	daños	morales	sufridos	por	el	demandante.
S.	C.	Complejo	Herta	Import	Export	S.R.L.	Lipova	contra	Rumania	(n	º	17118/04)	El	solicitante,	SC	Complejo	Herta	Import	Export	SRL	Lipova,	era	una	empresa	de	distribución	de	combustibles	según	derecho	rumano.	El	caso	se	refiere	a	las	multas	supuestamente	excesivas	de	unos	14.000	euros	(EUR)	y	los	850	euros	que	se	le	imponen	por	no	cumplir	con	ciertos	requisitos	legales	con	respecto	a	la	presentación	información	legal.	En	febrero	de	2003	los	inspectores	de	la	brigada	financiera	impusieron	dos	multas	a	la	empresa	solicitante,	el	primero	por	no	mostrar,	de	conformidad	con	una	orden	de	2003,	el	nombre	del	productor	y	proveedor	de	combustible,	y	la	segunda	por	no	registrar	el	pago	en	relación	con	una	venta	de	combustible	en	sus	cuentas.	La	demandante	impugnó	el	informe	de	la	brigada	financiera	ante	los	tribunales,	que	sustituyó	las	multas	con	una	advertencia.	La	Brigada	apeló	contra	dicha	sentencia	y	la	multa	se	confirmó	en	la	sentencia	definitiva	de	fecha	septiembre	de	2003.	La	empresa	solicitante	ha	pagado	las	sumas	en	cuestión	en	noviembre	de	2003,	antes	de	su	disolución	y	ha	sido	eliminada	del	registro	de	sociedades	en	el	año	2011,	ya	que	había	dejado	de	operar.	Basándose	en	el	artículo	1	del	Protocolo	n	º	1	(protección	de	la	propiedad),	la	demandante	se	queja	de	injerencia	en	su	derecho	al	disfrute	pacífico	de	sus	posesiones,	con	el	argumento	de	que	la	multa	que	se	le	impuso	por	no	mostrar	información	era	incompatible	con	el	principio	de	proporcionalidad.	Violación	del	art.	1,	protocolo	1	Sereny	contra	Rumania	(n	º	13071/06)	El	solicitante,	Ştefan	Sereny,	es	un	ciudadano	rumano	que	nació	en	1953	y	vive	en	Viena.	En	una	sentencia	que	adquirió	firmeza	en	noviembre	de	2005	fue	declarado	culpable	de	varios	delitos,	en	particular	de	un	fraude,	y	condenado	a	tres	años	y	seis	meses	de	prisión.	Sufre	de	una	afección	cardíaca	grave,	se	queja	de	la	falta	de	atención	médica	adecuada	durante	su	detención	y	de	la	duración	del	procedimiento	relativo	a	la	solicitud	de	suspensión	temporal	de	la	ejecución	de	la	condena	por	razón	de	su	condición	médica.	Se	basa	en	el	artículo	3	(prohibición	de	la	tortura	y	de	los	tratos	inhumanos	o	degradantes).	Confiando	además	en	el	artículo	6	§	1	(derecho	a	un	juicio	justo	en	un	plazo	razonable),	se	queja	de	que	el	proceso	penal	en	su	contra	-­‐	que	fue	empezado	en	junio	de	1998	-­‐	era	excesivamente	largo.	Violación	del	art.	6	–	1
Compensación	económica:	1.800	Euros	(daños	morales)	y	3.000	Euros	(gastos	y	honorarios	jurídicos)	r.m.s.	v	España	(n	º	28775/12)	El	demandante,	RMS,	es	un	ciudadano	español	nacido	en	1979	y	en	La	Porrosa,	Chiclana	de	Segura,	Jaén	(España).	El	caso	se	refiere	a	la	colocación	de	su	hija	con	una	familia	de	acogida	por	los	servicios	sociales	en	contra	de	los	deseos	de	la	demandante,	un	trabajador	agrícola	que	vive	en	pobreza	extrema.	Mientras	que	la	demandante	y	su	hija	vivían	juntos	dentro	de	su	familia	extensa,	a	la	chica	se	lo	llevaron	de	su	madre,	a	petición	de	un	trabajador	social	y	fue	colocado	en	un	hogar	de	niños.	Las	visitas	del	solicitante	a	su	hija	se	interrumpieron	a	causa	de	su	presunta	conducta	violenta	y	el	niño	fue	trasladado	a	la	casa	de	unos	primos	de	los	niños,	cuya	ubicación	no	se	dio	a	conocer	al	solicitante.	En	febrero	de	2006,	las	autoridades	declararon	que	el	niño	habá	sido	abandonado	y	se	puso	a	buscar	una	familia	de	acogida,	con	miras	a	su	posterior	adopción.	Mientras	tanto,	la	demandante	presentó	apelaciones	sin	éxito	en	contra	de	la	declaración	de	desamparo,	la	suspensión	de	las	visitas	y	de	la	decisión	de	poner	a	su	hija	en	una	familia	de	acogida.	El	procedimiento	de	adopción	se	inició	en	2011,	pero	el	Tribunal	no	ha	sido	informado	de	su	evolución	posterior.	Según	información	proporcionada	a	la	Corte	el	5	de	febrero	de	2013,	la	niña	aún	no	había	sido	adoptada.	Basándose	en	particular	en	el	artículo	8	(derecho	al	respeto	de	la	vida	privada	y	familiar),	RMS	se	queja	sobre	todo	de	ser	privados	de	todo	contacto	con	su	hija	y	está	separado	de	ella	sin	una	buena	razón.	Violación	del	art.	8	Compensación	económica:	30.000	Euros	por	daños	morales,	y	188	Euros	por	gastos	y	honorarios	jurídicos.	Gün	y	otros	contra	Turquía	(núm.	8029/07)	Los	demandantes,	Ravşan	Gün,	Özlem	Güven,	Behice	Tanrıverdi,	Abdurrazzak	Tul,	Bahaeddin	Yağarcık,	Ali	Güven,	Sabri	Dal,	Seyfeddin	Didmin	y	Hüseyin	Afşar,	son	ciudadanos	turcos	que	nacieron	en	1986,	1982,	1964,	1980,	1944,	1978,	1982	,	1979	y	1945,	respectivamente,	y	vivir	en	Cizre	(Turquía).	El	caso	se	refiere	a	la	pena	de	prisión	y	la	multa	impuesta	a	cada	uno	de	ellos	por	participar	en	una	manifestación	ilegal	para	conmemorar	el	aniversario	de	la	detención	del	jefe	de
la	organización	terrorista	PKK.	Aunque	las	autoridades	han	suspendido	todas	las	manifestaciones	del	14	y	20	de	febrero	de	2005,	un	grupo	de	personas	se	reunieron	frente	a	las	oficinas	del	partido	en	el	poder	en	el	momento	y	uno	de	ellos	leyó	en	público	un	comunicado	en	homenaje	a	la	ex	dirigente	del	PKK.	Según	un	informe	elaborado	por	las	fuerzas	de	seguridad,	los	enfrentamientos	se	produjeron	entre	los	manifestantes	y	los	agentes	de	policía	en	el	lugar,	dos	de	los	cuales	resultaron	levemente	heridos	cuando	se	arrojaron	piedras	contra	ellos.	Los	agentes	de	policía	implicados	presentaron	una	denuncia	contra	los	organizadores	de	la	manifestación.	Después	de	ser	detenidos	y	entrevistados	por	la	policía,	los	demandantes	fueron	condenados	en	2005	a	un	año	y	seis	meses	de	prisión	y	al	pago	de	una	multa.	En	una	sentencia	de	2006,	el	Tribunal	de	Casación	redujo	la	cuantía	de	la	multa,	pero	confirmó	la	duración	de	la	pena	de	prisión.	Basándose,	entre	otras	disposiciones,	el	la	libertad	de	reunión	y	de	asociación	del	artículo	11,	los	demandantes	alegan,	en	particular,	la	violación	de	su	derecho	a	la	libertad	de	expresión	y	la	libertad	de	protestar.	También	se	quejan	de	que	su	condena	era	desproporcionada.	Violación	de.	Art.	11	Compensación	económica:	7.500	Euros	(daños	morales)	y	2.000	Euros	(gastos	y	honorarios	jurídicos)	Jueves	20	de	junio	2013	Wallishauser	v	Austria	(N	º	2)	(n	º	14497/06)	La	solicitante,	Roswitha	Wallishauser,	es	de	nacionalidad	austriaca	y	nació	en	1941	y	vive	en	Viena.	Fue	contratada	por	la	embajada	de	Estados	Unidos	en	Viena	como	fotógrafo	desde	1978	hasta	su	despido	en	1987	después	de	un	accidente	de	trabajo.	Más	tarde	obtuvo	el	pago	de	los	sueldos	atrasados	de	los	Estados	Unidos	para	el	período	comprendido	entre	septiembre	1988	a	junio	1995	en	los	procedimientos	ante	los	tribunales	austriacos,	que	habían	declarado	su	despido	improcedente.	Basándose	en	particular	en	el	artículo	1	del	Protocolo	n	º	1	(protección	de	la	propiedad),	se	queja	de	que,	en	los	procedimientos	posteriores,	fue	condenada	a	pagar	la	totalidad	de	las	contribuciones	de	seguridad	social	-­‐	el	del	empleado	y	la	parte	del	empleador	-­‐	para	los	pagos	de	salarios	que	ella	había	reclamado	con	éxito	de	los	Estados	Unidos.	Ella	sostiene	que	la	disposición	en	cuestión,	en	virtud	del	cual	un	empleador	con	estatuto	extraterritorial	no	puede	ser	obligado	a	pagar	contribuciones	de	seguridad	social,	le	impone	una	carga
desproporcionada.	No	violación	de	Artículo	1	del	Protocolo	No.	1 No	violación	del	Artículo	14	tomado	conjuntamente	con	el	Artículo	1	del	Protocolo	No.	1	o	Artículo	6	Abdulgadirov	v	Azerbaiyán	(no.	24510/06)	El	solicitante,	Rizvan	Mammad	oglu	Abdulgadirov,	es	nacional	de	Azerbaiyán,	que	nació	en	1958	y	vive	en	Bakú.	Arrestado	en	septiembre	de	2004	bajo	la	sospecha	de	estar	vinculado	a	un	grupo	terrorista,	el	Sr.	Abdulgadirov	fue	declarado	culpable	de	posesión	ilegal	de	armas	y	condenado	a	tres	años	de	prisión	en	un	juicio	confirmado	por	el	Tribunal	Supremo	en	noviembre	de	2005.	Sr.	Abdulgadirov	se	queja	de	que	sus	derechos	en	virtud	del	artículo	6	§	§	1	y	3	(c)	(derecho	a	un	juicio	justo	y	el	derecho	a	la	asistencia	jurídica	de	propia	elección)	se	violó,	ya	que	estaba	ausente	de	las	audiencias	ante	la	Corte	de	Apelaciones	y	la	Corte	Suprema	.	Violación	del	Artículo	6	§§	1	y	3	(c)	Compensación	económica:	EUR	2,400	(Daños	morales)	y	EUR	1,000	(Gastos	jurídicos	y	honorarios)	Revisión	Eremiášová	y	Pechová	contra	la	República	Checa	(n	º	23944/04)	Los	demandantes	en	este	caso	fueron	Petra	Eremiášová	y	Katarina	Pechová,	nacionales	checos	nacidos	en	1978	y	1938	respectivamente.	Ms	Pechová	murió	en	noviembre	de	2010.	El	caso	se	refería	a	la	muerte	de,	respectivamente,	su	pareja	y	su	hijo,	VP,	de	origen	gitano,	después	de	su	supuestamente	saltar	a	través	de	una	ventana	del	primer	piso	de	la	comisaría	de	Brno-­‐Královo	donde	había	sido	tomado	por	sospechoso	de	robo.	En	su	sentencia	de	la	Sala	de	16	de	febrero	de	2012,	el	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos	consideró	que	se	habían	producido	violaciónes	del	artículo	2	(derecho	a	la	vida),	tanto	en	la	cuenta	de	"fracaso	para	salvaguardar	el	derecho	a	la	vida	de	los	solicitantes	por	las	autoridades	como	para	llevar	a	cabo	una	investigación	efectiva	sobre	las	circunstancias	que	rodearon	su	muerte.	El	Tribunal	consideró	además	que	la	República	Checa	había	que	pagar	a	cada	solicitante	€	10,000	(EUR)	en	concepto	de	daños	morales	y	2.000	euros,	de	forma	conjunta,	por	los	costes	y	gastos.	Después	de	que	la	sentencia	era	firme,	el	Gobierno	checo	informó	a	la	Corte	que	se	habían	enterado	de	la
muerte	de	la	Sra.	Pechová	y	pidió	revisión	de	la	sentencia,	que	habían	sido	incapaces	de	hacer	cumplir.	Esta	solicitud	se	decidirá	en	sentencia	el	20	de	junio	de	2013.	El	Tribunal	decidió	no	estimar	en	su	sentencia	la	aplicación	por	lo	que	se	refiere	a	las	quejas	de	la	Sra.	Katarína	Pechová.	Compensación	económica:	EUR	10,000	(Daños	morales)	y	EUR	2,000	(Gastos	jurídicos	y	honorarios)	a	Ms	Eremiášová	Lavrechov	contra	la	República	Checa	(n	º	57404/08)	El	solicitante,	Evgueni	Lavrechov,	es	un	ciudadano	ruso	que	nació	en	1952	y	vive	en	Udomlya	(Rusia).	El	caso	se	refiere	a	la	pérdida	de	su	libertad	bajo	fianza	después	de	haber	sido	absuelto	por	los	tribunales	checos.	Sr.	Lavrechov	era	representante	de	una	empresa	rusa	que	compró	una	participación	en	una	compañía	checa	que	posteriormente	se	declaró	insolvente.	En	junio	de	2001,	fue	acusado	en	la	República	Checa	de	información	privilegiada	y	fraude,	es	decir,	con	la	celebración	de	contratos	desventajosos	para	la	empresa	checa,	y	puesto	bajo	custodia	preventiva.	En	febrero	de	2002,	fue	puesto	en	libertad	bajo	fianza.	Después	de	su	absolución	de	todos	los	cargos,	confirmada	en	sentencia	en	junio	de	2007,	los	tribunales	checos	dictaminaron	que	la	libertad	bajo	fianza	de	400.000	euros	del	Sr.	Lavrechov	se	pierde,	ya	que	había	roto	las	condiciones	de	la	fianza	al	permanecer	fuera	del	país	y	no	asistir	a	las	audiencias	judiciales.	El	Sr.	Lavrechov	se	queja	de	que	la	pérdida	de	su	libertad	bajo	fianza	violó	sus	derechos	en	virtud	del	artículo	1	del	Protocolo	n	º	1	(protección	de	la	propiedad).	Él	sostiene	que	no	había	sido	informado	adecuadamente	sobre	la	posibilidad	de	caducidad,	que	no	había	estado	en	la	clandestinidad	y	que	el	tribunal	Checa	no	había	entregado	la	correspondencia	a	su	dirección	correcta	en	Rusia.	No	violación	del	Artículo	1	del	Protocolo	No.	1	Sidikovy	contra	Rusia	(no.	73455/11)	Los	demandantes,	Farrukh	Sidikov	y	Umedakhon	Sidikova,	marido	y	mujer,	son	ciudadanos	tayikos	que	nacieron	en	1972	y	1976,	respectivamente,	y	viven	en	Moscú.	Una	vez	llegados	se	instalaron	en	Rusia	en	2005,	y	el	Sr.	Sidikov	fue	detenido	en	Moscú	en	diciembre	de	2010	y	puesto	en	detención	en	espera	de	extradición	a	Tayikistán,	donde	era	buscado	por
cargos	de	participación	en	una	organización	criminal	a	causa	de	sus	supuestas	actividades	de	la	organización	islámica	Hizb	ut-­‐Tahrir.	Su	extradición	fue	ordenada	en	una	decisión	finalmente	confirmada	por	el	Tribunal	Supremo	en	diciembre	de	2011.	Sin	embargo,	la	orden	no	fue	aplicada	en	vista	de	su	solicitud	de	asilo	temporal	presentada	a	su	salida	de	prisión	en	diciembre	de	2011.	En	agosto	de	2012,	se	le	concedió	asilo	temporal	en	Rusia.	Ms	Sidikova,	que	se	había	unido	a	su	marido	en	Rusia	en	2006	con	sus	tres	hijos	menores	de	edad,	también	fue	puesta	en	detención	de	mayo	de	2011	con	vistas	a	su	extradición	a	Tayikistán,	donde	fue	acusada	de	un	delito	penal.	En	noviembre	de	2011,	el	Fiscal	General	de	Rusia	rechazó	la	petición	de	las	autoridades	Tajikistanies	para	su	extradición	y	fue	puesto	en	libertad.	Su	solicitud	de	asilo	temporal	en	Rusia	está	pendiente.	Basándose	en	la	prohibición	de	la	tortura	y	de	los	tratos	inhumanos	o	degradantesdel	artículo	3	y	el	derecho	a	un	recurso	efectivo	del	artículo	13,	el	Sr.	Sidikov	se	queja	de	que	su	extradición	a	Tayikistán	le	expondría	a	un	riesgo	real	de	tortura	y	malos	tratos.	También	se	queja	de	que	su	arresto	y	detención	en	espera	de	la	extradición	estaban	en	violación	del	artículo	5	§	1	(f)	(derecho	a	la	libertad	y	a	la	seguridad)	y	que	fue	incapaz	de	obtener	una	revisión	judicial	efectiva	de	la	detención,	en	violación	del	artículo	5	§	4	(	derecho	a	que	la	legalidad	de	la	detención	sea	decidida	rápidamente	por	un	tribunal).	Por	otra	parte,	sostiene	que	sus	derechos	en	virtud	del	artículo	6	§	2	(presunción	de	inocencia)	fueron	violados	por	el	hecho	de	que	los	tribunales	rusos,	cuando	hizo	defensa	de	la	orden	contra	su	extradición,	hacen	referencia	a	su	presunta	pertenencia	a	Hizb	ut-­‐Tahrir.	Basándose	en	especial	en	el	artículo	5	§	§	1	y	4,	la	Sra.	Sidikova	se	queja	de	que	su	dentención	del	día	19	de	mayo	de	2011,	(no	reconocida	por	el	Servicio	Federal	de	Seguridad	(FSB)),	con	vistas	a	su	extradición	era	ilegal,	y	que	había	sido	privada	de	un	recurso	efectivo	para	impugnar	la	legalidad	de	su	detención.	Violación	Artículo	3	(caso	de	ser	extraditado	el	Sr.	Sidikov	a	Tajikistan)	No	violación	de	Artículo	5	§	1	(f)	(en	el	caso	tanto	del	Sr.	Sidikov	y	de	la	Sra.	Sidikova)	No	violación	del	Artículo	5	§	4	(en	el	caso	tanto	del	Sr.	Sidikov	y	de	la	Sra.	Sidikova))
(Gastos	jurídicos	y	honorarios)	al	Sr	Sidikov	Turluyeva	contra	Rusia	(no.	63638/09)	La	solicitante,	Raisa	Turluyeva,	es	una	ciudadana	rusa	que	nació	en	1970	y	vive	en	Goyty,	Urus-­‐Martan	Distrito,	Chechenia,	Rusia.	El	21	de	octubre	de	2009,	su	hijo,	Sayd-­‐Salekh	Ibragimov,	de	19	años	en	ese	momento,	fue	detenido	por	la	policía	en	Grozny	después	de	una	escaramuza	armada	en	su	casa	en	Goyty.	Fue	visto	por	última	vez	en	ese	día	por	su	tío	y	su	primo	en	las	instalaciones	de	la	unidad	policial,	con	señales	de	golpes	en	la	cara.	La	familia	no	ha	tenido	noticias	de	Sayd-­‐ Salekh	Ibragimov	desde	entonces.	Basándose	en	el	artículo	2	(derecho	a	la	vida),	la	Sra.	Turluyeva	sostiene	que	su	hijo	fue	asesinado	por	los	militares	rusos	y	se	queja	de	que	las	autoridades	no	investigaron	esta	denuncia.	Se	queja	además	de	una	violación	del	artículo	3	(prohibición	de	la	tortura	y	de	los	tratos	inhumanos	o	degradantes)	y	del	artículo	5	§	1	(derecho	a	la	libertad	ya	la	seguridad),	a	causa	de	su	sufrimiento	mental	causado	por	la	desaparición	de	su	hijo	y	a	cuenta	de	la	ilegalidad	de	su	detención.	Finalmente,	se	queja	de	que	ella	no	tenía	la	tutela	judicial	efectiva	en	relación	con	sus	quejas,	en	contra	del	derecho	a	un	recurso	efectivo	del	artículo	13.	tres	violaciones	del	Artículo	2	(derecho	a	la	vida)	del	Convenio	Europeo	de	Derechos	Humanos	a	cuenta	de	la	muerte	presumida	de	Sayd-­‐Salekh	Ibragimov,	a	cuenta	de	la	falta	de	investigación	por	parte	de	proteger	su	vida	y	a	cuenta	de	la	falta	de	hacer	una	investigación	efectiva	en	su	desaparición.	una	violación	del	artículo	3	(prohibition	de	tortura	y	trato	inhumano	o	degradante),	a	cuenta	de	la	Sra.	Turluyeva’s	por	su	sufrimiento	por	su	imposibilidad	de	saber	lo	que	pasó	con	su	hijo	una	violación	del	artículo	5	(derecho	a	la	vida	y	a	la	seguridad),a	cuenta	de	la	detención	ilegal	de	Sayd-­‐Salekh	Ibragimov	y,	una	violación	del	artículo	13	(derecho	a	un	remedio	efectivo)	de	forma	conjunta	con	el	Artículo	2.	Compensación	económica	(Artículo	41)
Medidas	Urgentes	(Rule	39	de	las	normas	del	Tribunal)	–	para	que	el	Sr	Sidikov	no	sea	extraditado	–	se	mantiene	hasta	decisión	en	apelación	o	hasta	nueva	orden.
El	Tribunal	decició	que	Rusia	tiene	que	pagar	a	la	Sra.	Turiyeva	60.000	Euros	por	daños	morales	y	3.000	Euros	por	gastos	jurídicos	y	honorarios.
Compensación	económica:	EUR	3,400
Martes	25	de	junio	2013	Kaçiu	y	Kotorri	v	Albania	(aplicaciones	núms.	33192/07	y	33194/07)	Los	demandantes,	Olsi	Kaçiu	y	Elidon	Kotorri,	son	ciudadanos	albaneses	que	nacieron	en	1979	y	1975	respectivamente.	El	Sr.	Kaçiu	vive	en	Tirana	y	el	Sr.	Kotorri	está	cumpliendo	una	sentencia	de	cadena	perpetua	en	la	prisión	de	alta	seguridad	de	Peqin	(Albania)	por	tres	asesinatos.	El	caso	se	refiere	esencialmente	a	la	alegación	del	Sr.	Kaçiu	que	fue	brutalmente	golpeado	durante	el	interrogatorio	policial	en	abril	de	2000	con	el	fin	de	hacerle	confesar	su	participación	y	la	del	Sr	Kotorri	en	los	asesinatos.	Sr.	Kaçiu	fue	posteriormente	encontrado	culpable	de	no	denunciar	un	delito	y	condenado	a	tres	años	de	prisión	y	el	Sr.	Kotorri	fue	declarado	culpable	de	asesinato	premeditado	y	condenado	a	cadena	perpetua.	Había	dos	nuevos	juicios,	en	la	que	los	dos	hombres	fueron	condenados	de	nuevo.	Sus	condenas	fueron	confirmadas	por	el	Tribunal	Supremo	en	recurso	de	casación	y,	en	última	instancia,	en	febrero	de	2007	se	desestimaron	sus	recursos	de	inconstitucionalidad.	Basándose	en	la	prohibición	de	tratos	inhumanos	o	degradantes	del	artículo	3	del	Convenio	Europeo	de	Derechos	Humanos,	Sr.	Kaçiu	en	particular	alega	que	fue	golpeado	brutalmente	por	la	policía	durante	el	interrogatorio.	Se	queja	también	de	conformidad	con	el	artículo	3,	que	la	consiguiente	investigación	sobre	sus	denuncias	de	malos	tratos	era	inadecuada.	Ambos	hombres	también	hacen	una	serie	de	denuncias	en	virtud	del	derecho	a	un	juicio	justo	del	artículo	6	sobre	la	parcialidad	del	proceso	en	su	contra,	en	particular	debido	a	la	admisión	de	las	declaraciones	obtenidas	por	el	Sr.	Kaçiu	bajo	coacción	que	luego	se	utilizaron	para	condenarlos.	Sr.	Kaçiu	se	queja	además	de	que	se	le	negó	acceso	a	un	abogado	durante	su	detención,	en	violación	del	artículo	6	§	3	(derecho	a	la	asistencia	jurídica	de	la	propia	elección).	Por	último,	los	demandantes	reprochan	en	virtud	del	artículo	6	§	1,	el	derecho	a	un	juicio	justo	en	un	plazo	razonable	por	la	excesiva	duración	de	los	procesos	penales	en	su	contra.	Violación	del	Artículo	3	(tortura,	investigación	inadecuada)	-­‐	en	el	caso	del	Sr.	Kaçiu	Violación	del	artículo	6	§	1	en	relación	con	el	Sr.	Kaçiu	-­‐	en	cuanto	a	la	admisión	y	el	uso	de	declaraciones	obtenidas	en	violación	del	artículo	3	Violación	del	artículo	6	§	1	en	relación	con	el	Sr.	Kotorri	-­‐	en	cuanto	a	la	admisión	y	el	uso	de	declaraciones	obtenidas	del	Sr.	Kaçiu	en	violación	del	artículo	3	Violación	del	artículo	6	§	3	(c)	en	relación	con	el	Sr.	Kaçiu	-­‐	en	cuanto	a	la	denegación	de	acceso	a	un
abogado	cuando	estaba	bajo	custodia	policial	Violación	del	artículo	6	§	1	(duración	excesiva	de	los	procesos	penales)	con	respecto	a	los	solicitantes	Satisfacción	equitativa:	15	600	EUR	(daño	moral)	al	Sr.	Kaçiu;	además	el	Tribunal	de	Justicia	declaró	que	el	hallazgo	de	violaciónes	constituía	una	satisfacción	equitativa	suficiente	en	relación	con	el	Sr.	Kotorri	Satisfacción	equitativa	Trévalec	contra	Bélgica	(no.	30812/07)	El	caso	se	refiere	a	un	periodista	que	fue	herido	en	la	pierna	por	disparos	de	la	policía	durante	una	operación	que	estaba	filmando.	La	policía	le	había	autorizado	previamente	grabarla.	En	una	sentencia	de	14	de	junio	de	2011,	el	Tribunal	consideró	que	se	había	producido	una	violación	del	derecho	a	la	vida	del	artículo	2	de	la	Convención	Europea,	porque	la	vida	de	la	demandante	se	había	puesto	en	peligro.	Llegó	a	la	conclusión	de	que	las	autoridades,	que	fueron	responsables	de	la	seguridad	del	solicitante	en	un	contexto	en	el	que	su	vida	era	potencialmente	en	peligro,	no	habían	utilizado	toda	la	vigilancia	que	razonablemente	podría	esperarse	de	ellos.	En	cuanto	a	la	cuestión	de	la	aplicación	del	artículo	41	(satisfacción	justa),	en	cuanto	a	los	daños	sufridos,	no	estaba	listo	para	sentencia,	y	el	Tribunal	se	reservó	la	cuestión	y	se	pronunciará	al	respecto	en	su	sentencia	de	25	de	junio	de	2013.	Satisfacción	equitativa:	50	000	EUR	(daño	moral)	Gáll	contra	Hungría	(no.	49570/11)	El	solicitante,	Eszter	Mária	Gáll,	es	un	nacional	húngaro	que	nació	en	1954	y	vive	en	Szolnok	(Hungría).	Era	funcionario	de	la	Administración	Tributaria	de	Hungría	durante	más	de	30	años	hasta	ser	destituida	en	marzo	de	2011.	Basándose	en	el	artículo	1	del	Protocolo	n	º	1	(protección	de	la	propiedad)	y	el	derecho	a	un	recurso	efectivo	del	artículo	13	de	la	Convención,	se	queja	de	que	parte	de	su	indemnización	por	despido	se	aplica	un	tipo	impositivo	del	98%.	Se	basa	también	en	la	prohibición	de	discriminación	del	artículo	14	en	relación	con	el	artículo	1	del	Protocolo	n	º	1,	en	que	también	alega	que	el	impuesto	es	discriminatorio,	ya	que	sólo	se	impuso	a	los	que	fueron	despedidos	de	ciertos	segmentos	del	sector	público.	Satisfacción	equitativa:	16	000	EUR	(daños	morales)	y	900	euros	(costos
y	gastos)	Anghel	contra	Italia	(n	º	5968/09)	El	solicitante,	Aurelian	Anghel,	es	un	ciudadano	rumano	que	nació	en	1961	y	vive	actualmente	en	Qatar.	El	caso	se	refiere	a	la	denuncia	del	Sr.	Anghel	sobre	el	procedimiento	que	empezó	en	virtud	de	la	Convención	de	La	Haya	sobre	los	Aspectos	Civiles	por	la	Sustracción	Internacional	de	Menores	en	la	que	trató	de	que	su	hijo,	nacido	en	marzo	de	2003,	regresara	a	él	desde	Italia,	adonde	su	madre	lo	había	llevado	en	enero	2007.	Invocando	el	artículo	6	§	1	(derecho	a	un	juicio	justo),	alega	que	no	podía	impugnar	efectivamente	la	decisión	de	los	tribunales	italianos	en	julio	de	2007	en	la	que	se	niega	su	solicitud	para	la	devolución	de	su	hijo,	a	causa	de	los	retrasos	en	concederle	asistencia	jurídica,	así	como	que	le	dieron	una	información	engañosa	sobre	el	procedimiento	de	apelación.	Confiando	además	en	el	artículo	8	(derecho	al	respeto	de	la	vida	privada	y	familiar),	también	se	queja	de	que	el	proceso	fuera	injusto	y	no	tenía	en	cuenta	los	mejores	intereses	de	su	hijo.	Por	último,	alega	que	los	tribunales	italianos	no	dieron	a	sus	presentaciones	y	las	pruebas	el	mismo	peso	que	su	entonces	esposa,	dando	así	más	derechos	vis-­‐à-­‐ vis	su	hijo	que	q	él,	en	violación	de	la	prohibición	de	discriminación	del	artículo	14,	el	artículo	1	del	Protocolo	N	º	12	(prohibición	general	de	la	discriminación)	y	el	artículo	5	del	Protocolo	N	º	7	(igualdad	entre	los	cónyuges).	Violación	del	artículo	6	§	1	No	violación	del	artículo	8	Satisfacción	equitativa:	14	000	EUR	(daño	moral)	y	3.000	euros	(costes	y	gastos)	Grimailovs	v	Letonia	(n	º	6087/03)	El	solicitante,	Artemijs	Grimailovs,	es	un	'no	ciudadano	residente	permanente´de	la	República	de	Letonia,	que	nació	en	1957	y	vive	en	Jelgava	(Letonia).	El	Sr.	Grimailovs	hace	una	serie	de	quejas	en	virtud	del	artículo	3	(prohibición	de	tratos	inhumanos	o	degradantes)	tras	su	detención	el	10	de	septiembre	2001,	después	de	una	persecución	con	la	policía.	En	primer	lugar,	alega	que	durante	su	detención	la	policía	lo	arrastró	fuera	de	su	coche	y	le	dio	una	patada	en	la	espalda,	hiriéndolo	gravemente	y	desalojando	un	implante	de	metal	que	sostenía	su	columna	vertebral	en	su	lugar.	También	afirma	que	la	investigación	subsiguiente	de	sus	denuncias	por	este	maltrato	era	inadecuada.	Por	último,	se	queja	de	que	quedó	parapléjico	y	confinado	a	una
silla	de	ruedas	como	consecuencia	de	la	inadecuada	atención	médica	durante	su	detención,	en	las	instalaciones	inadecuadas	en	las	prisiones	de	Pärlielupe	y	Valmiera	donde	estuvo	detenido	para	cumplir	su	sentencia	de	cinco	y	medio	años	después	de	su	condena	por	una	carga	de	posesión	de	armas	de	fuego,	así	como	distintos	otros	cargos	de	lesiones	y	violación	de	un	menor.	Violación	del	artículo	3	-­‐	debido	a	una	investigación	ineficaz	sobre	las	alegaciones	del	solicitante	de	malos	tratos	policiales	el	10	de	septiembre	2001	Violación	del	artículo	3	-­‐	a	causa	de	la	insuficiencias	en	las	instalaciones	en	la	prisión	de	Valmiera	Satisfacción	equitativa:	6.000	EUR	(daño	moral)	Asociación	de	las	víctimas	de	la	SC	Rompetrol	SA	y	SC	Geomin	SA	y	otros	contra	Rumania	(no.	24133/03)	La	asociación	demandante	fue	creada	en	1993	y	tiene	su	sede	en	Bucarest.	En	marzo	de	1992,	un	economista	de	la	SC	Rompetrol	SA	supuestamente	informó	a	los	empleados	de	la	compañía	que	podrían	invertir	en	las	operaciones	en	el	extranjero	de	SC	Rompetrol	SA	y	SC	Geomin	SA	y	varios	miles	de	personas	-­‐	incluidos	los	solicitantes	–	lo	hicieron.	En	febrero	de	1993,	el	pago	de	intereses	y	la	devolución	del	capital	cesó	antes	de	que	los	demandantes	habían	recuperado	sus	inversiones.	Un	número	de	denuncias	fué	presentada	a	partir	de	marzo	1993.	El	proceso	terminó	con	una	sentencia	firme	de	20	de	diciembre	de	2002.	Basándose	en	particular	en	(derecho	a	un	proceso	equitativo)	del	artículo	6,	los	demandantes	alegan	que	ha	habido	una	violación	de	su	derecho	de	acceso	a	un	tribunal	y	de	su	derecho	a	obtener	una	decisión	sobre	sus	solicitudes	en	un	plazo	razonable.	Violación	del	artículo	6	§	1	(duración	de	las	actuaciones)	en	relación	con	el	Sr.	Ioan	Guşeilă,	la	aplicación	se	deja	por	el	momento	con	respecto	a	otros	tres	candidatos	y	se	declara	inadmisible	con	respecto	a	los	solicitantes	restantes	Satisfacción	equitativa:	2.250	EUR	(daño	moral)	y	50	EUR	(costos	y	gastos)	al	Sr.	Ioan	Guşeilă	Gheorghe	Cobzaru	contra	Rumania	(n	º	6978/08)	El	solicitante,	Gheorghe	Cobzaru,	es	un	ciudadano	rumano	que	nació	en	1957	y	vive	en	Bucarest.	Tras	el	robo	de	un	coche	y	persecución	en	coche	por	la	policía	durante	la	noche,	el	hijo	del	Sr.
Cobzaru	fue	alcanzado	por	una	bala	en	la	garganta	y	murió	de	sus	heridas.	Basándose	en	el	artículo	2	(derecho	a	la	vida),	el	Sr.	Cobzaru	se	queja	de	que	su	hijo	fue	asesinado	por	un	oficial	de	la	policía	y	que	no	había	ninguna	investigación	efectiva	con	el	fin	de	castigar	a	los	responsables.	Basándose	en	la	prohibición	de	discriminación	del	artículo	14	en	relación	con	el	artículo	2,	se	queja	de	la	discriminación	en	razón	de	que	las	autoridades	que,	según	él,	se	negaron	a	investigar	la	muerte	de	su	hijo,	y	no	tomaron	ninguna	medida	en	razón	de	la	etnia	gitana	de	la	familia.	Violación	del	artículo	2	(muerte	+	investigación	ineficaz)	Satisfacción	equitativa:	30	000	EUR	(daño	moral)	Niculescu	v	Rumania	(no.	25333/03)	Valentino	Acatrinei	contra	Rumania	(n	º	18540/04)	Ambos	casos	surgen	de	un	procedimiento	penal	contra	un	ex	abogado	y	juez	por	corrupción	a	raíz	de	las	escuchas	telefónicas	por	el	servicio	de	inteligencia	rumano.	La	demandante	en	el	primer	caso,	Lidia	Niculescu,	es	un	ciudadano	rumano	que	nació	en	1956	y	vive	en	Bucarest.	Era	un	ex	abogado	en	el	Colegio	de	Abogados	de	Bucarest.	Fue	declarado	culpable	y	condenado	a	seis	años	de	prisión	en	noviembre	de	2002	por	sobornar	a	los	jueces,	el	tráfico	de	influencias	y	de	huir	del	país	en	un	intento	de	escapar	de	la	acción	penal	en	su	contra.	Sirvió	su	condena	y	fue	liberado	en	marzo	de	2005.	La	demandante	en	el	segundo	caso,	Valentino	Acatrinei,	es	un	ciudadano	rumano	que	nació	en	1947	y	vive	en	Bucarest.	Fue	juez	inspector	en	el	Tribunal	de	Apelación	de	Bucarest.	Fue	declarado	culpable	en	noviembre	de	2002	de	tráfico	de	influencias	y	de	complicidad	en	el	soborno	y	fue	sentenciado	a	cinco	años	de	prisión.	Fue	puesto	en	libertad	en	última	instancia	después	de	un	indulto	presidencial.	Ambos	demandantes	alegan	que	el	proceso	penal	seguido	en	su	contra	era	injusto	y	alegan	que	la	intervención	telefónica	de	sus	conversaciones	utilizados	como	evidencia	para	condenarlos	era	ilegal.	Se	basan	en	el	artículo	6	§	§	1	y	3	(derecho	a	un	juicio	justo)	y	el	artículo	8	(derecho	al	respeto	de	la	vida	privada	y	familiar	y	de	la	correspondencia)	Ms	Niculescu	hace	más	quejas,	en	virtud	del	artículo	6,	de	que	no	fue	informado	de	los	cargos	formulados	en	su	contra	y	no	fue	asistido	por	un	abogado	durante	su	interrogatorio	inicial	y,	en	virtud	del	artículo	8,	que	sus	llamadas	telefónicas	desde	la	prisión	fueron	controlados.	Sr.	Acatrinei	hace	una	nueva	denuncia	en	virtud	del	artículo	6,	que	la	calificación	jurídica	de	los	presuntos
delitos	se	cambió	sin	discusión	entre	las	partes.	Por	último,	basándose	en	el	artículo	3	(prohibición	de	tratos	inhumanos	o	degradantes),	la	Sra.	Niculescu	se	queja	de	las	condiciones	de	su	detención	en	la	cárcel	a	partir	de	diciembre	de	2001,	cuando	fue	detenida	hasta	su	liberación	en	marzo	de	2005,	principalmente	a	causa	del	hacinamiento	y	la	falta	de	higiene.	Violación	del	artículo	8	en	relación	con	los	solicitantes	No	hay	violación	del	artículo	6	§	§	1	y	3	en	relación	con	la	Sra.	Niculescu	No	hay	violación	del	artículo	6	§	§	1	y	3	en	relación	con	el	Sr.	Acatrinei	Violación	del	artículo	3	en	relación	con	la	Sra.	Niculescu	-­‐	relativa	a	las	condiciones	de	detención	en	Rahova	Satisfacción	equitativa:	9.000	euros	a	la	Sra.	Niculescu	y	4.500	euros	al	Sr.	Acatrinei	(daño	moral),	y	2.000	euros	a	la	Sra.	Niculescu	(costes	y	gastos)	Iniciativa	de	Jóvenes	por	los	Derechos	Humanos	contra	Serbia	(no.	48135/06)	La	demandante,	Iniciativa	Juvenil	por	los	Derechos	Humanos,	es	una	organización	no	gubernamental	creada	en	2003	y	con	sede	en	Belgrado.	Efectuó	un	seguimiento	de	la	aplicación	de	las	leyes	de	transición	con	el	fin	de	garantizar	el	respeto	de	los	derechos	humanos,	la	democracia	y	el	Estado	de	Derecho.	Basándose	en	el	artículo	10	(libertad	de	expresión)	y	el	artículo	6	§	1	(derecho	a	un	juicio	justo),	la	organización	demandante	reprocha	a	la	Agencia	de	Inteligencia	serbia	de	negarle	el	acceso	a	la	información	sobre	la	cantidad	de	personas	que	habían	sido	sometidas	a	vigilancia	electrónica	en	el	año	2005,	a	pesar	de	una	decisión	final	y	vinculante	que	la	ordena	hacer	esa	información	disponible.	Violación	de	(libertad	de	expresión)	del	artículo	10	del	Convenio	Europeo	de	Derechos	Humanos.	Satisfacción	equitativa	(artículo	41)	El	tribunal	sostuvo	que	la	agencia	tiene	que	proporcionar	la	ONG	solicitante	la	información	solicitada	y	que	eso,	así	como	la	constatación	de	la	violación	constituye,	es	satisfacción	equitativa	suficiente	por	cualquier	daño	moral	sufrido.	Abdülsitar	Akgül	contra	Turquía	(N	º	31595/07)	El	solicitante,	Abdulsıtar	Akgül,	es	un	nacional	turco	que	nació	en	1986	y	vive	en	Diyarbakir.	El	caso	se	refiere	a	las	denuncias	del	Sr.	Akgül	bajo	el	derecho	a	la	libertad	ya	la	seguridad	del	artículo	5	después	de	su	arresto	en
enero	de	2007	bajo	sospecha	de	asesinato.	El	14	de	enero	de	2007	fue	detenido	y	el	juez	de	paz	él	en	prisión	preventiva	en	espera	de	su	oportuna	aparición	ante	el	Tribunal	de	lo	Penal.	Él	solicitó	su	puesta	en	libertad	y	el	Tribunal	de	lo	Penal	celebró	una	audiencia	en	su	ausencia,	en	la	que	prorrogó	su	detención,	que	fue	nuevamente	confirmado	y	ampliado	el	25	de	enero	de	2007.	En	septiembre	de	2007,	el	Tribunal	de	lo	Penal	ordenó	su	puesta	en	libertad	en	espera	de	juicio	y	fue	absuelto	en	última	instancia,	en	julio	de	2008.	Basándose	en	el	artículo	5	§	§	1	y	2,	el	artículo	6	§	3	(derecho	a	un	juicio	justo)	y	el	artículo	13	(derecho	a	un	recurso	efectivo),	el	Sr.	Akgül	se	queja	de	que	estaba	en	prisión	preventiva	sobre	la	base	de	una	orden	de	detención	y	sin	haber	podido	defenderse.	Acusa	al	Tribunal	de	lo	Penal	de	rechazar	su	apelación	y	ordenar	la	prórroga	de	su	detención	sin	darle	la	oportunidad	de	ser	escuchados.	Afirma	que	no	se	le	informó	de	los	motivos	de	su	detención	ni	los	cargos	en	su	contra	hasta	la	audiencia	de	25	de	enero	de	2007.	Violación	del	artículo	5	§	3	Violación	del	artículo	5	§	4	Satisfacción	equitativa:	el	solicitante	no	ha	presentado	una	reclamación	de	indemnización.	Mustafa	Tunç	y	Fecire	Tunç	contra	Turquía	(no.	24014/05)	Los	solicitantes,	Mustafa	Tunç	y	Fecire	Tunç,	marido	y	mujer,	son	ciudadanos	turcos	que	nacieron	en	1946	y	1952	respectivamente,	y	viven	en	Estambul.	Son	el	padre	y	la	madre	de	Cihan	Tunç,	quien	nació	en	1983	y	murió	el	13	de	febrero	de	2004,	mientras	estaban	haciendo	el	servicio	militar	en	Kocaköy,	en	el	sitio	de	una	empresa	petrolera	privada	cuyo	servicio	de	seguridad	fue	dirigido	por	la	gendarmería	nacional.	Fue	uno	de	los	gendarmes	de	guardia	y	fue	herido	de	bala.	Murió	poco	después	de	su	llegada	al	hospital.	Basándose	en	los	artículos	2	(derecho	a	la	vida),	6	(derecho	a	un	juicio	justo)	y	13	(derecho	a	un	recurso	efectivo),	los	demandantes	se	quejan	de	que	las	autoridades	no	llevaron	a	cabo	una	investigación	efectiva	sobre	la	muerte	de	su	hijo.	Violación	del	artículo	2	(investigación	ineficaz	sobre	la	muerte	del	hijo	de	los	demandantes)	Satisfacción	equitativa:	10.000	euros	a	los	solicitantes	de	forma	conjunta	(daño	moral)	y	2000	euros	conjuntamente	(costes	y	gastos)	Solimán	Ege	contra	Turquía	(no.	45721/09)
El	solicitante,	Süleyman	Ege,	es	un	nacional	turco.	El	26	de	enero	2001	el	hermano	del	Sr.	Ege	fue	al	Hospital	de	Gazi	en	Ankara.	Después	de	examinarlo	los	médicos	sugieren	que	podría	tener	enfermedad	de	la	neurona	motora	y	comenzó	a	tratarlo	en	espera	del	diagnóstico	final.	El	25	de	febrero	de	2001	fue	admitido	en	el	servicio	de	urgencias	del	Hospital	de	Gazi	por	insuficiencia	respiratoria,	en	una	condición	que	amenaza	la	vida.	Los	médicos	diagnosticaron	el	síndrome	de	Guillain-­‐Barré,	una	enfermedad	inflamatoria	autoinmune	del	sistema	nervioso	periférico.	Hermano	del	señor	Ege	murió	el	9	de	marzo	de	2001.	Se	alega	que	las	circunstancias	de	la	muerte	de	su	hermano	en	el	Hospital	de	la	Universidad	de	Ankara	implicó	una	violación	del	artículo	2	(derecho	a	la	vida).	Basándose	en	el	artículo	3	(prohibición	de	tratos	inhumanos	o	degradantes),	se	queja	de	que	su	hermano	estaba	unido	por	las	muñecas	a	la	cama	en	la	unidad	de	cuidados	intensivos.	Invocando	el	artículo	6	§	1	(derecho	a	un	juicio	justo),	alega	que	el	proceso	penal	seguido	contra	el	personal	médico	fueron	injustas	y	que	la	duración	de	los	procedimientos	de	compensación	era	excesiva.	Violación	del	artículo	2	(investigación	ineficaz)	Satisfacción	equitativa:	20	000	EUR	(daño	moral)	Casos	repetitivos	Los	siguientes	casos	plantean	cuestiones	que	ya	han	sido	presentados	a	la	Corte.	Enver	Kaplan	contra	Turquía	(N	º	40343/08)	En	este	caso,	la	demandante,	que	fue	detenido	y	puesto	bajo	custodia	policial	en	el	marco	de	una	operación	contra	una	organización	ilegal	armada,	se	queja	de	la	duración	de	su	detención	previa	al	juicio	y	alega	que	la	duración	del	procedimiento	fue	razonable.	Violación	del	artículo	6	§	1	(duración	de	la	acción	penal)	por	la	duración	del	procedimiento	de	los	casos	Casos	por	tiempo	de	los	procedimientos	En	los	siguientes	casos,	los	demandantes	alegan,	en	particular,	acerca	de	la	excesiva	duración	de	los	procedimientos	relativos	a	la	ejecución	del	cobro	y	un	conflicto	laboral.	Csákó	contra	Eslovaquia	(no.	47386/07)	Sika	contra	Eslovaquia	(n	º	7)	(n	º	1640/07)	En	el	siguiente	caso,	la	demandante	se	queja,	en	especial,	acerca	de	la	excesiva	duración	de	los	procesos	penales	en	su
contra	por	contrabando	de	equipos	agrícolas	en	Rumania.	Violación	del	artículo	6	§	1,	en	ambos	casos	Violación	del	artículo	13	en	relación	con	el	artículo	6	§	1,	en	el	caso	Csákó	Violación	del	artículo	13	en	el	caso	Sika	(n	º	7)	Schuller	contra	Rumania	(n	º	4801/04)	Violación	del	artículo	6	§	1	Jueves	27	de	junio	2013	Vassis	y	otros	contra	Francia	(n	º	62736/09)	Los	solicitantes	son	Sokratis	Vassis	y	Dimitrio	Bardoulis,	ciudadanos	griegos,	Alusine	Kamara,	Harry	Michael	Taylor,	Samuel	Silvanus	Thomas	y	Steven	Nabbie,	nacionales	de	Sierra	Leona,	y	Manuel	Da	Costa	Ardiles,	nacional	de	Guinea.	En	enero	de	2008	los	investigadores	de	la	Oficina	Central	Francés	para	la	prevención	del	tráfico	de	drogas	se	dieron	cuenta	de	que	un	número	de	individuos	sospechosos	de	tráfico	de	drogas	fueron	pasando	por	el	aeropuerto	de	Roissy.	El	7	de	febrero	de	2008,	un	buque	de	la	marina	interceptó	el	Junior,	un	barco	fletado	por	uno	de	los	sospechosos	que	habían	estado	bajo	vigilancia	de	la	Agencia	Antidrogas	de	EE.UU.	desde	hace	varios	meses.	Después	de	la	operación,	los	nueve	miembros	de	la	tripulación	se	reunieron	en	la	cubierta	para	un	control	de	identidad	y	la	Marina	llevó	a	cabo	registros	e	incautaciones.	La	tripulación	fue	entonces	custodiada	por	doce	fusileros	navales	y	el	buque	fue	escoltado	hasta	Brest.	Basándose	en	el	artículo	5	§	3	(derecho	a	la	libertad	y	a	la	seguridad),	los	demandantes	se	quejan	de	que	no	fueron	llevados	sin	demora	ante	un	juez	u	otro	funcionario	autorizado	por	la	ley	para	ejercer	funciones	judiciales,	con	el	argumento	de	que	habían	sido	puestos	bajo	custodia	durante	48	horas	antes	de	la	su	primera	aparición,	y	que	ya	habían	sido	detenidos	en	alta	mar	durante	18	días	sin	la	supervisión	de	esta	autoridad	o	sin	circunstancias	excepcionales	que	justifiquen	una	tan	larga	espera.	Violación	del	art.	5	§	3	(derecho	a	la	libertad	y	a	la	seguridad)	Compensación	económica:	El	Tribunal	ha	dictaminado	que	Francia	tiene	que	pagar	el	Sr.	Vassis,	el	Sr.	Baroulis,	el	Sr.	Kamara,	el	Sr.	Taylor	y	el	Sr.	Thomas	5.000	Euros	cada	uno,	mas	impuestos,	por	daños	morales,	y	2.750	Euros	al	Sr.	Kamara	y	2.990	Euros	al	Sr.	Vassis.	Asimismo	también	6.000	Euros	de	forma	conjunta	por	gastos	y	honorarios	jurídicos.
Abashev	contra	Rusia	(n	º	9096/09)	El	solicitante,	Oleg	Abashev,	es	un	ciudadano	ruso	que	nació	en	1967	y	vive	en	Nizhnevartovsk	(Rusia).	El	caso	se	refiere	a	la	detención	del	Sr.	Abashev	el	3	de	abril	de	2006	por	no	asistir	a	una	audiencia	en	los	procedimientos	contra	él	por	denuncia	falsa.	Fue	puesto	en	libertad	bajo	fianza	el	21	de	abril	de	2006.	Su	solicitud	de	indemnización	por	detención	ilegal	fue	posteriormente	denegada.	Basándose	en	el	artículo	5	§	§	1	y	5	(derecho	a	la	libertad	ya	la	seguridad),	se	queja	de	que	fue	detenido	sin	ninguna	sospecha	razonable	de	que	huiría	y	se	le	niega	el	derecho	a	una	indemnización	por	la	detención	del	3	al	21	abril	de	2006.	Violación	de.	Art.	5	§	5	Compensación	económica:	5.000	Euros	(daños	morales)	Gorovoy	contra	Rusia	(no.	54655/07)	El	solicitante,	Sergey	Gorovoy,	es	de	nacionalidad	rusa,	nació	en	1970	y	está	cumpliendo	una	condena	de	12	años	en	la	región	de	Kemerovo	(Rusia)	por	ser	miembro	de	una	banda	criminal	y	por	posesión	ilegal	de	armas	de	fuego.	El	sr.	Gorovoy	fue	detenido	en	enero	de	2005	bajo	sospecha	de	extorsión.	La	acusación	de	extorsión	fue	posteriormente	no	prosperó	y	fue	finalmente	declarado	culpable	en	septiembre	de	2008	de	pertenencia	a	banda	criminal	y	con	cargos	por	armas	de	fuego.	Basándose	en	la	prohibición	de	tratos	inhumanos	o	degradantes	del	artículo	3	y	el	artículo	5	§	3	(derecho	a	la	libertad	y	a	la	seguridad),	se	queja	de	la	excesiva	duración,	así	como	las	pésimas	condiciones	-­‐	sobre	todo	a	causa	del	hacinamiento	-­‐	de	su	detención	previa	al	juicio	.	Violación	del	art.	3	–	por	las	condiciones	de	detención	entre	2005	y	2007	Violación	del	art.	5	§	3	Compensación	económica:	5.000	Euros	(daños	morales)	Pletmentsev	contra	Rusia	(n	º	4157/04)	El	solicitante,	Yevgeniy	Pletmentsev,	es	ciudadano	ruso	nacido	en	1962	y	vivió,	antes	de	su	detención,	en	la	ciudad	de	Taganrog,	en	la	región	de	Rostov	(Rusia).	El	caso	se	refiere	a	la	supuesta	ilegalidad	de	las	resoluciones	que	ordenan	la	detención	del	Sr.	Pletmentsev	el	15	de	abril	de	2002	y	posteriormente	entre	el	20	de	noviembre	2003	y	el	31	de	marzo	de	2004	en	relación	con	las	acusaciones	de	fraude.	El	caso	será	examinado	en	virtud	del	artículo	5	§	§	1	y	3	(derecho	a
la	libertad	ya	la	seguridad).	Violación	del	art.	5	§	1	–	detención	ilegal	del	20	de	noviembre	2003	hasta	el	31	de	marzo	2004	Compensación	económica:	7.000	Euros	(daños	morales)	Yepishin	contra	Rusia	(no.	591/07)	El	demandante,	Vladimir	Yepishin,	es	de	nacionalidad	rusa,	nació	en	1970	y	vive	en	Moscú.	El	caso	se	refiere	a	la	denuncia	del	Sr.	Yepishin	sobre	las	condiciones	de	su	detención	y	una	atención	médica	inadecuada	en	una	colonia	penitenciaria	en	Tambov	de	abril	2004	a	diciembre	2009,	donde	fue	enviado	a	servir	a	un	mes	de	prisión	de	11	años	y	siete	meses	por	robo	y	homicidio.	Se	basa	en	la	prohibición	de	tratos	inhumanos	o	degradantes	del	artículo	3	y	el	derecho	a	un	recurso	efectivo	del	artículo	13.	También	se	queja	en	virtud	del	artículo	34	(derecho	de	petición	individual)	ya	que	las	autoridades	de	la	colonia	penal	de	Tambov	se	negaron	a	ayudar	con	los	gastos	de	correo,	ya	que	no	podía	permitirse	el	lujo	de	sufragar	la	correspondencia	con	el	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos.	Violación	del	art.	3	por	las	condiciones	de	la	detención	del	denunciante	Violación	del	art.	13	por	falta	de	un	remedio	efectivo	y	accesible	en	derecho	nacional	para	que	pueda	hacer	quejas	sobre	las	condiciones	generales	de	su	detención	No	violación	del	art.	34	Compensación	económica:	19.000	Euros	(daños	morales)	y	38	Euros	(gastos	y	honorarios	jurídicos)	A.G.A.M.	contra	Suecia	(no.	71680/10)	D.N.M.	contra	Suecia	(no.	28379/11)	M.K.N.	contra	Suecia	(no.	72413/10)	M.Y.H.	y	otros	contra	Suecia	(N	º	50859/10)	N.A.N.S.	contra	Suecia	(no.	68411/10)	N.M.B.	contra	Suecia	(no.	68335/10)	N.M.Y.	y	otros	contra	Suecia	(N	º	72686/10)	SA	contra	Suecia	(N	º	66523/10)	Los	ocho	casos	se	refieren	a	la	deportación	de	solicitantes	de	asilo	fallidos	a	Irak.	Los	solicitantes	son	diez	ciudadanos	iraquíes	vienen	principalmente	de	Bagdad	o	Mosul	(Iraq)	y	en	la	actualidad	viven	en	Suecia.	Los	dos	demandantes	en	los	asuntos	D.N.M.	y	SA	alegan	en	especial	que,	si	son	expulsados	a	Irak,	estarían	en	riesgo	de	ser	víctimas	de	la	delincuencia	relacionada	con	el	honor	después	de	sus	relaciones	con	sus	mujeres	ya	que	se	habían	hecho	con	la	desaprobación	de	sus	familias.	Los	demandantes	en	los	otros	seis	casos	alegan	que,	si	son	expulsados	a	Irak,
estarían	en	riesgo	de	persecución	a	causa	de	su	ser	cristianos,	una	minoría	religiosa	en	el	país.	Todos	ellos	se	basan,	en	particular,	en	el	artículo	2	derecho	a	la	vida	y	/	o	el	artículo	3	(prohibición	de	la	tortura	y	de	los	tratos	inhumanos	o	degradantes).	No	violación	del	art.	2	(derecho	a	la	vida)	y/o	art.	3	(prohibición	de	trato	inhumano	o	degradante).	Kirovogradoblenergo,	PAT	contra	Ucrania	(no.	35088/07)	La	empresa	solicitante,	Kirovogradoblenergo,	PAT,	es	una	empresa	de	suministro	eléctrico	privada	conjunta	de	Ucrania.	La	empresa	se	queja	de	que,	de	acuerdo	con	la	legislación	nacional,	los	jueces	sólo	están	obligados	a	pagar	el	50%	de	sus	facturas	de	electricidad	y	que	el	Estado	se	niega	a	reembolsar	a	la	empresa	el	50%	restante.	La	sociedad	demandante	invoca	el	artículo	1	del	Protocolo	n	º	1	(protección	de	la	propiedad).	Violación	del	art.	1	del	Protocolo	1	Compensación	económica:	95,67	Euros	(daños	materiales)
Nr 2 tedh junio 2013
Strassbourg, human rights, derechos humanos, europa, españa, derecho penal, derecho penitenciario

References: artículo	6
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