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Timestamp: 2020-02-29 07:10:17+00:00

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Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche | Demanda judicial | Virtud
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CAMPECHE TÍTULO PRIMERO DE LAS ACCIONES Y DE LAS EXCEPCIONES CAPÍTULO I DE LAS ACCIONES Art. 1o.- Se llama acción el medio legal para hacer valer en juicio algún derecho.
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Oficialía Mayor Dirección de Estudios Legislativos
Sección Códigos
TÍTULO PRIMERO DE LAS ACCIONES Y DE LAS EXCEPCIONES
Art. 1o.- Se llama acción el medio legal para hacer valer en juicio algún derecho.
Art. 2o.- El ejercicio de las acciones civiles puede tener por objeto:
Reclamar la violación de un derecho o el cumplimiento de una obligación; o bien preservar un derecho, o hacer que se declare que se ha extinguido, o que no es válido algún acto.
Art. 3o.- Las acciones pueden ser personales, reales o de estado civil.
Art. 4o.- Son personales las acciones que tienen por objeto exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar, ya sea de hacer o de no hacer algún acto.
Art. 5o.- Son reales las acciones que tienen por objeto hacer valer derechos reales.
Art. 6o.- Cuando con arreglo a la ley se exija para la validez de un contrato traslativo de dominio, su otorgamiento en escritura pública, y extendida ésta, se niegue alguno de los contratantes a firmarla, podrá el otro obligarle a hacerlo.
Art. 7o.- Para que tenga lugar la acción a que se refiere el artículo anterior, bastará que los interesados firmen la minuta o borrador de la escritura, ante el notario.
Art. 8o.- En el caso del artículo 6º el procedimiento será sumario, y deberá probarse ante todo la existencia de la minuta que expresa el artículo 7º. Si después de pronunciada la sentencia que cause ejecutoria, la parte se opusiere a firmar la escritura, podrá el juez suplir su consentimiento, haciendo que se anote así en dicha escritura.
Art. 9o.- Para deducir las acciones mancomunadas de dominio o de cualquier otro derecho real, se considera parte legítima cualquiera de los condueños o titulares del derecho; salvo que del mismo título aparezca que alguno de ellos se ha reservado exclusivamente dicha facultad.
Art. 11.- En las acciones mancomunadas por título de herencia o legado, sean reales o
personales, se observarán las reglas siguientes:
II. Si se ha nombrado interventor o albacea, sólo a éstos compete la facultad de deducirlas en juicio, y sólo podrán hacerlo los herederos o legatarios cuando, requeridos por ellos, el albacea o el interventor se rehusen a hacerlo.
Art. 13.- Las acciones del estado civil tienen por objeto las cuestiones relativas al nacimiento, defunción, matrimonio o nulidad de éste, filiación, reconocimiento, emancipación, tutela, adopción, divorcio y ausencia. Las decisiones judiciales recaídas en el ejercicio de acciones del estado civil, perjudican aún a los que no litigaron. Las acciones del estado civil fundadas en la posesión de estado, producirán el efecto de que se ampare o restituya a quien la disfrute contra cualquier perturbador.
I. Cuando para garantía de una obligación personal se ha constituido hipoteca o prenda;
II. Cuando al que entabla una acción real, le compete igualmente el derecho para exigir indemnizaciones e intereses.
Art. 20.- El que tiene una acción, puede renunciarla: salvas las limitaciones establecidas por la ley.
Art. 26.- Cuando haya varias acciones contra una misma persona, respecto de una misma cosa y provengan de una misma causa, deben intentarse en una sola demanda, y por el ejercicio de una o más, quedan extinguidas las otras. Pueden acumularse en la misma demanda varias acciones contra una misma persona, siempre que sea procedente el ejercicio de ellas en la misma vía. En igual caso, pueden acumularse las acciones que se tengan contra varias personas, si se demanda una misma cosa, o si provienen las acciones de la misma causa.
Art. 27.- A nadie puede obligarse a intentar o proseguir una acción contra su voluntad, excepto en los casos previstos por la ley. Cuando alguno públicamente se jacte de que otro es su deudor, o de que tiene que deducir derechos sobre alguna cosa que otro posee, el poseedor, o aquél de quien se dice que es deudor, puede ocurrir al juez de su
propio domicilio, pidiéndole que señale un término al jactancioso para que deduzca la acción que afirme tener, apercibido de que, no haciéndolo en el plazo designado, se tendrá por desistido de la acción que ha sido objeto de la jactancia. Este juicio se sustanciará sumariamente. No se reputará jactancioso al que en algún acto judicial o administrativo se reserva los derechos que pueda tener contra alguna persona o sobre alguna cosa. La acción de jactancia prescribe a los tres meses desde la fecha en que tuvieron lugar lo dichos y hechos que la originan.
Art. 28.- Contestada la demanda, no podrá alterarse, ni modificarse. El desistimiento de la demanda solo importa la pérdida de la instancia y requiere el consentimiento del demandado. El desistimiento de la acción extingue ésta, aún sin consentirlo el reo. En todos los casos el desistimiento produce el efecto de que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la presentación de la demanda, y obliga al que lo hizo a pagar los gastos
y los daños y perjuicios a la contraparte, salvo convenio en contrario.
02/V/1981)
Se Modifica y Adiciona por Decreto No. 53 de fecha 30/IV/1981. (P.O. Segunda Época, Año XIV, No. 2946, de
Art. 30.- La acción procede en juicio, aún cuando no se exprese su nombre, con tal de
que se determine con claridad cual es la clase de prestación que se exige del demandado
y el título o causa de la acción.
CAPÍTULO II DE LAS EXCEPCIONES
I. La falta de personalidad o capacidad en el actor;
II. La falta de personalidad en el demandado, por no tener el carácter o representación con que se le demanda;
III. La falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que está sujeta la acción intentada;
IV. El defecto legal en la forma de la demanda;
V. La división;
VI. La excusión.
Art. 36.- Hay cosa juzgada respecto de alguna cuestión, cuando acerca de ella se ha dictado resolución judicial, que ha causado ejecutoria.
Art. 37.- La cosa juzgada deberá siempre hacerse constar por los autos originales o por certificaciones y testimonios expedidos en debida forma.
CAPÍTULO I DE LA PERSONALIDAD DE LOS LITIGANTES Y DE LA ASISTENCIA TÉCNICA
Rubro Reformado por Decreto No. 009 de fecha 23/X/1986. (P. O del 23/X/1986)
Art. 38.- Todo el que conforme al Código Civil, esté en el pleno ejercicio de sus derechos, puede comparecer en juicio.
Art. 39.- Por los que no estén en el ejercicio de sus derechos, comparecerán los representantes que les designa el expresado Código.
Art. 40.- Los interesados y sus representantes legítimos podrán comparecer en juicio por sí o por medio de un procurador con poder bastante.
La representación de las dependencias, entidades y autoridades, federales, estatales y municipales, estará a cargo de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos.
Párrafo segund o adicionado por Decreto No. 237 de la LIX Legislatura, P.O. No. 4317 de fecha 16/julio/2009.
Art. 41.- Los ausentes serán representados como se previene en el Título Undécimo, Libro Primero, del Código Civil.
Art. 42.- El que no estuviere presente en el lugar del juicio ni tuviere persona que legítimamente lo represente, será citado en la forma que previene el Capítulo Cuarto, Título Segundo de éste Código; pero si la diligencia de que se trata fuere urgente, o perjudicial la dilación a juicio del juez, el ausente será representado por el Ministerio Público.
Art. 43.- La gestión judicial es admisible para representar al actor, o al demandado. El gestor debe sujetarse a lo que dispone el Código Civil, y gozará de los derechos y facultades de un procurador.
Art. 44.- El gestor judicial, antes de ser admitido, debe dar fianza de que el interesado
pasará por lo que él haga, y de pagar lo juzgado y sentenciado e indemnizar los perjuicios
y gastos que se causen. La fianza será calificada por el Tribunal bajo su responsabilidad.
Art. 45.- El fiador del gestor judicial renunciará todos los beneficios legales; observándose en este caso lo dispuesto en los artículos del 2746 al 2751 del Código Civil.
Art. 46.- Siempre que dos o más personas ejercitan una misma acción u opongan la misma excepción deberán litigar unidas y bajo una misma representación. A este efecto deberán dentro de tres días nombrar un procurador judicial que los represente a todos, con las facultades necesarias para la continuación del juicio, o elegir de entre ellos
mismos un representante común. Si no nombraren procurador ni hicieran la elección de representante, o no se pusiere de acuerdo en ella, el juez nombrará al representante común escogiendo a alguno de los que hayan sido propuestos; y si nadie lo hubiere sido,
a cualquiera de los interesados. El procurador nombrado tendrá las facultades que en su
poder le hayan concedido. El representante común tendrá las mismas facultades que si litigara exclusivamente por su propio derecho, excepto, las de transigir y comprometer en árbitros, a menos de que expresamente le fuere también concedidas por los interesados.
Art. 47.- La aceptación del poder se tendrá por hecha, si usare de él el procurador.
Art. 48.- Los emplazamientos, citaciones y notificaciones que se hagan al apoderado o representante jurídico, tendrán la misma fuerza y validez que si se hubiesen hecho al representado, exceptuándose las diligencias que, por disposición de la ley, deben practicarse personalmente con el mismo interesado.
Art. 49.- En caso de impedimento legal o físico del procurador, o si éste abandona el juicio, se hará saber el impedimento o abandono al poderdante para que comparezca por sí o por medio de nuevo apoderado en el término que el juez señale. Si no comparece en el mismo término, podrá seguirse el juicio en rebeldía.
Art. 49-A.- La asistencia técnica a quienes comparezcan ante los tribunales del Estado sólo podrá prestarse por Licenciados en derecho o Abogados con título profesional registrado.
El asesor técnico se encuentra facultado para oír y recibir notificaciones en nombre de su asistido; formular peticiones de mero trámite; ofrecer pruebas e intervenir en el desahogo de ellas con las mismas facultades que la ley confiere a su asistido; formular alegatos; interponer recursos; y formular promociones para evitar la consumación de la caducidad de la instancia. El asesor técnico no podrá delegar en un tercero las anteriores facultades, ni podrá absolver posiciones en nombre de su asistido.
Art. 49-B.- En su caso el compareciente estará obligado a expresar por escrito el nombre, domicilio, número de cédula profesional y clave del Registro Federal de Causantes de su asesor técnico, quien firmará también el escrito. Art. 49-C.- Los tribunales, cuando lo consideren conveniente, quedan en aptitud de requerir la exhibición de la cédula y la ratificación de la firma del asesor técnico.
Art. 49-D.- Los pasantes de la carrera de Licenciado en Derecho y los estudiantes de los dos últimos años de la misma, podrán fungir como asesores técnicos cuando presten su servicio bajo el patrocinio de un organismo oficial de asistencia jurídica gratuita y así lo acrediten con la documentación respectiva.
CAPÍTULO II DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES
Art. 50.- Para la tramitación y resolución de los asuntos ante los tribunales se estará a lo dispuesto por este Código, sin que por convenio de los interesados puedan renunciarse los recursos ni el derecho de recusación, ni alterarse, modificarse o renunciarse las normas del procedimiento.
Art. 51.- Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena de nulidad por el funcionario público a quien corresponda dar fe o certificar el acto.
Art. 52.- Las actuaciones judiciales han de practicarse en días y horas hábiles bajo pena de nulidad.
Art. 53.- Son días hábiles todos los del año, exceptuándose los sábados y domingos, los que las leyes locales o federales declaren festivos y los que correspondan a vacaciones del personal de los tribunales de justicia conforme a las leyes de la materia. Se entiende horas hábiles las que medien desde las siete hasta las dieciocho horas.
Art. 54.- El juez puede habilitar los días y horas inhábiles, para actuar o para que se practiquen diligencias, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando ésta y haciendo constar la diligencia que haya de practicarse. Iniciada en horas hábiles una diligencia, podrá continuarse hasta terminarla, sin necesidad de previa habilitación.
Art. 55.- Las actuaciones judiciales y los ocursos deberán escribirse en castellano. Los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con la correspondiente traducción al castellano. Las fechas y cantidades se escribirán con letra.
Art. 56.- Ningún escrito se admitirá sin estar firmado por la parte que promueve. No sabiendo firmar, o estando impedido provisional o permanentemente para ello, el
promovente deberá imprimir al calce del escrito las huellas digitales de sus pulgares, en su caso, y presentarlo personalmente. Si el promovente carece de ambas manos el escrito deberá suscribirlo a su ruego, persona de su confianza y presentarlo ambos personalmente. Lo mismo se observará en el caso de que el promovente no sepa ni leer ni escribir, con la obligación adicional de que quien firme a su ruego protestará haberle leído a aquél, en forma íntegra, el texto del escrito.
Cuando el promovente se encuentre impedido para presentar personalmente el escrito, otra persona podrá presentarlo en su nombre. En este caso, si el escrito se contrae a una demanda o promoción inicial, contestación de demanda o desistimiento de la misma o de la acción intentada, el promovente deberá ratificar el contenido del ocurso así como la firma o huellas que lo calcen ante la Secretaría o Actuaría, a criterio del tribunal. El promovente y, en su caso, quien firme a su ruego deberán identificarse, a satisfacción de la autoridad judicial, en el momento de la presentación o de la ratificación del escrito.
No requerirán de presentación personal ni de ratificación los escritos u oficios suscritos por las autoridades a quienes se refiere el segundo párrafo del artículo 40, o por quien legítimamente los represente.
Reformado por Decreto No. 009 de fecha 23/X/1986. (P. O del 23/X/1986) Decreto 74 de fecha 23 de julio de 1998.
Párrafo tercero adicionado por Decreto No. 237 de la LIX Legislatura, P.O. No. 4317 de fecha 16/julio/2009.
Art. 57.- En la práctica de diligencias, en las declaraciones, decretos, autos y sentencias no se emplearán abreviaturas, ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que sólo se podrá una línea delgada que permita la lectura, salvándose al fin con toda precisión el error cometido.
Art. 58.- En el escrito se hará constar el día y la hora de su presentación, así como el número de copias y documentos anexos al mismo. El secretario dará cuenta con las promociones a más tardar dentro de veinticuatro horas, bajo pena de hacerse acreedor a una corrección disciplinaria.
Reformado por Decreto No. 53 de fecha 30/IV/1981. (P.O. Segunda Época, Año XIV, No. 2946, de 02/V/1981)
Reformado por Decreto No. 009 de fecha 23/X/1986. (P. O del 23/X/1986)
Art. 59.- Los Secretarios foliarán exactamente los autos, rubricarán todas las hojas al margen de lo escrito, y pondrán el sello de la Secretaría en el fondo del cuaderno, de manera que queden selladas las dos caras.
Art. 60.- Los interesados deberán presentar dos copias de sus escritos, a fin de que un tanto se les devuelva con la anotación de la fecha y hora de presentación, sellada y firmada por el empleado que la reciba en el Tribunal; y el otro tanto quedará en la Secretaría del Juzgado o Sala para la integración del legajo respectivo.
Art. 61.- Las frases "dar vista" o "correr traslado", sólo significan que los autos quedan en la Secretaría para que se impongan de ellos los interesados, o para que se les entreguen las copias. Las disposiciones de este artículo comprenden al Ministerio Público.
Art. 62.- DEROGADO
Derogado por Decreto No. 009 de fecha 23/X/1986. (P. O del 23/X/1986)
Art. 63.- Por ningún motivo se entregarán los autos a las partes, a sus representantes o a sus asesores técnicos, para extraerlos de las oficinas del tribunal. Esta prohibición comprende al Ministerio Público. El funcionario o empleado que infrinja esta disposición se hará acreedor a una corrección disciplinaria y será responsable de los daños y perjuicios que su conducta ocasione. Al que reincida se le destituirá del cargo o empleo.
Art. 64.- Los expedientes que se perdieren serán repuestos a costa del que fuere responsable de la pérdida, quien además pagará los daños y perjuicios, quedando sujeto a las disposiciones del Código Penal. Para la reposición del expediente se recurrirá a las constancias existentes en los archivos, libros y otros expedientes, y a todos los datos, que puedan aportarse. El juez ordenará de oficio la reposición, y si fuere solicitada por alguna parte, se dará a su instancia la tramitación de los incidentes.
Art. 65.- Para obtener cualquier constancia de los archivos se requiere decreto judicial, que se dictará con conocimiento de causa y audiencia de parte, o si no la hay, del Ministerio Público. El juez resolverá sin más trámites.
Art. 66.- La resolución será apelable; pero si se dicta por un Tribunal de segunda instancia, no procederá ningún recurso.
Art. 67.- Las audiencias en los negocios serán públicas, exceptuándose las que se refieren a divorcio y a nulidad del matrimonio, y las demás que conforme a la ley deban ser secretas. El acuerdo será reservado.
Art. 68.- Los jueces y magistrados recibirán por sí mismos y presidirán todos los actos de prueba; empero, atendiendo a la carga de trabajo del respectivo juzgado o sala, dichos jueces y magistrados podrán delegar esas funciones, mediante acuerdo que al efecto emitan, en alguno de los secretarios de acuerdos del juzgado o sala.
Artículo reformado por Decreto No. 237 de la LIX Legislatura, P.O. No. 4317 de fecha 16/julio/2009.
Art. 69.- Las diligencias que no puedan practicarse en el distrito en que se siga el juicio, deberán encomendarse a la autoridad judicial de aquél en que han de ejecutarse.
También puede un Tribunal, aunque la diligencia deba practicarse dentro de su propia jurisdicción, encomendarla a otro de inferior categoría, si por razón de la distancia resulta más expedito que éste la practique.
Los Tribunales superiores pueden encomendar la práctica de diligencias a los jueces inferiores de su jurisdicción.
Art. 70.- Ni los magistrados ni los jueces podrán encomendar estas diligencias a los secretarios o a los actuarios.
Art. 71.- En los juicios escritos no se admitirán peticiones en comparecencia, sino al contestar a una notificación, o cuando se conteste a una vista dentro del término prefijado; observándose en todo caso lo dispuesto en el artículo 118.
Art. 72.- Los jueces y magistrados verán por sí mismos los autos.
Art. 73.- Los tribunales no admitirán nunca recursos notoriamente frívolos o improcedentes, debiendo desecharlos de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a la otra parte, ni dar traslado, ni formar artículo.
Art. 74.- Los jueces y tribunales podrán, para mejor proveer:
I. Decretar que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de las partes;
II. Exigir confesión o declaración judicial a cualquiera de los litigantes sobre los hechos que estimen de influencia en la cuestión y no resulten probados;
III. Decretar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que reputen necesario;
IV. Traer a la vista cualesquiera autos que tengan relación con el pleito;
V. También podrán los jueces y tribunales, en cualquier estado del negocio, citar a las partes para las juntas que crean convenientes, ya para procurar su avenencia, ya para esclarecer algún punto, sin que se suspendan los términos que estén corriendo. Estas juntas y todas las diligencias se verificarán en el juzgado o Tribunal, a menos que por su propia naturaleza deben practicarse en otro lugar, o cuando se designe lugar diverso por razón del sexo, edad, enfermedad u otra circunstancia grave de las personas que deban intervenir.
Art. 75.- Los magistrados y los jueces tienen el deber de mantener el buen orden y de exigir que se les guarden el respeto y consideración debidos, corrigiendo en el acto las faltas que se cometieren, en la forma prevista por el artículo 79 de éste Código. También podrán hacer uso de la fuerza pública en caso de ser necesario.
Art. 76.- Si la falta llegare a constituir delito, se hará la correspondiente consignación a la autoridad competente.
Art. 77.- También podrán el tribunal superior y los jueces imponer correcciones disciplinarias a los abogados, secretarios, actuarios, testigos de asistencia, procuradores y dependientes de los tribunales y juzgados por las faltas que cometan en el desempeño de sus funciones respectivas.
Art. 78.- Contra la providencia en que se imponga una corrección disciplinaria será oído el interesado, si lo solicitare dentro de los tres días siguientes, y el Juez o el Tribunal resolverán en definitiva dentro de tres días. La resolución definitiva será apelable, en ambos efectos, o reclamable, según se trate de la dictada por un Juez o por el Presidente de la Sala Civil.
Art. 79.- Son correcciones disciplinarias:
II. La multa hasta por la suma de ciento cincuenta veces el salario mínimo diario aplicable en la región, según la gravedad del caso; y
III. La suspensión del cargo o empleo desde cinco días hasta tres meses, sin goce de sueldo.
Art. 80.- Los jueces para hacer cumplir sus determinaciones pueden emplear el apremio.
Art. 81.- Son medios de apremio:
I. La multa hasta por quinientas veces el salario mínimo diario aplicable en la región;
II. El auxilio de la fuerza pública; y
Quedan facultados los tribunales para ordenar la fractura de cerraduras, el violentar puertas y todas las medidas legales que resultaren necesarias para hacer cumplir sus determinaciones.
Art. 82.- Los exhortos que se reciban en el estado, se proveerán dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recepción, y se despacharán dentro de los tres días que sigan
a ésta a no ser que las diligencias que hayan de practicarse exijan necesariamente mayor tiempo.
Art. 83.- En el caso final del artículo anterior, el juez fijará el término que crea conveniente, con audiencia del interesado en el exhorto o del que le represente con arreglo a derecho; y a falta de uno y otro, con audiencia del Ministerio Público.
Art. 84.- En los despachos y exhortos expedidos por los tribunales del estado, no se requiere la legalización de las firmas de quienes los suscriban, a no ser que la exija el tribunal requerido, por ordenarlo así la ley a que esté sujeto.
Los exhortos provenientes de otras entidades federativas de la República, requieren, para
su tramitación, de la legalización de las firmas de las autoridades que los remitan.
Art. 85.- Los exhortos que se remitan al extranjero o se reciban de él, se sujetarán, en cuanto a sus formalidades, a las disposiciones relativas del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Art. 86.- Los exhortos que libren los jueces y magistrados del estado se remitirán a su destino por conducto de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado a su homóloga que corresponda.
Los exhortos provenientes de autoridades judiciales de otras entidades de la República se repelerán de oficio si son remitidos por conducto diverso de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia que corresponda.
Los despachos y exhortos que se cursen entre sí a las autoridades judiciales del estado no requieren de legalización de firmas y pueden ser enviados salvando el conducto de la presidencia del Tribunal Superior.
Art. 87.- Toda violación del procedimiento puede ser reclamada por la parte perjudicada, quien interpondrá al efecto el recurso que proceda contra la providencia violatoria; y si no obtuviere reparación por este medio, podrá pedirla nuevamente, al expresar agravios, en la apelación que interponga contra la sentencia definitiva, siempre que la infracción afecte
a las partes esenciales del procedimiento, privando de defensa al agraviado. La
resolución favorable al quejoso, anulará lo actuado desde que se cometió la violación.
CAPÍTULO III DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES
Art. 88.- Las resoluciones son:
I. Determinaciones de mero trámite, que se llaman decretos;
II. Decisiones que determinan sobre materia que no sea de puro trámite, y se llaman autos;
III. Decisiones que resuelvan un incidente, y se llaman sentencias interlocutorias;
IV. Sentencias definitivas, que resuelven el asunto principal.
Art. 89.- Todas las resoluciones judiciales deben ser firmadas por el juez o magistrado que las dicte y por el secretario.
Art. 90.- En las resoluciones judiciales debe hacerse constar el lugar, la fecha y el juez o tribunal que las pronuncie. Expresarán además, cuando el juez lo estime necesario, las personas que han de ser notificadas.
Art. 91.- Los decretos deben ser dictados dentro de veinticuatro horas después del último trámite, o de la promoción correspondiente; los autos dentro de tres días, y las sentencias dentro de ocho días, salvo los casos en que la ley fije otros términos.
Art. 92.- La nulidad de las resoluciones judiciales, por falta de las formalidades que expresan los artículos 89 y 90, debe solicitarse dentro de las cuarenta y ocho horas de notificadas, ante el mismo juez, quien resolverá de plano, ordenando o negando la reposición de la providencia objetada. Contra éste auto no cabe recurso alguno.
CAPÍTULO IV DE LAS NOTIFICACIONES
Art. 93.- Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán lo más tarde el día siguiente al en que se dicten las resoluciones que las prevengan, cuando el juez en éstas no dispusiere otra cosa.
Art. 94.- A los infractores del artículo anterior se les impondrá una corrección disciplinaria.
Art. 95.- El que al ser notificado, dijere que contestará por escrito, deberá hacerlo dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de la notificación, que no se repetirá, surtiendo los efectos que correspondan, conforme a la ley.
Art. 96.- Todos los litigantes en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar casa ubicada en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que se consideren necesarias. Igualmente deben designar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o señalar el lugar de su domicilio a donde deba dirigirse el exhorto o despacho correspondiente.
Art. 97.- Cuando un litigante no cumpla con lo dispuesto en la primera parte del artículo anterior, las notificaciones se le harán fijando cédula en los estrados del juzgado o tribunal. La cédula se ajustará, en lo conducente, a lo dispuesto por el artículo 102.
Si se faltare a la segunda parte del mismo artículo, no se hará notificación alguna a la persona contra quien se promueva, ni se librará el despacho o exhorto que proceda, mientras no se subsane la omisión, a no ser que se trate de ausentes e ignorados, en cuyo caso se seguirán las disposiciones del Título Undécimo, Libro Primero, del Código Civil.
Reformado por Decreto No. 108 de fecha 16/VI/1993. (P. O del 16/VI/1993)
Art. 98.- La primera notificación se hará personalmente al interesado por el Actuario o los testigos de asistencia en su caso, asentando en autos el día y la hora en que se verifique, leyendo íntegra la resolución al notificarla y dando copia al notificado si la pidiere.
Art. 99.- Cuando la notificación se haga personalmente, debe ser firmada por las personas que la hacen y por aquélla a quien se hace; si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el notificador, haciendo constar esa circunstancia.
Art. 100.- Si se prob are que el actuario no hizo la notificación personalmente, hallándose la parte en la casa, será responsable de los daños y perjuicios, y le será aplicada además una corrección disciplinaria.
Art. 101.- Toda diligencia de notificación o citación que se haga fuera del juzgado, no encontrándose a la primera busca la persona a quien deba hacerse, se practicará sin necesidad de nuevo mandato judicial, por medio de una cédula que se entregará a los parientes, familiares o domésticos del interesado, o a cualquiera otra persona que viva en la casa. Si ninguna persona quisiere recibir la cédula, o la casa estuviere cerrada, se fijará en la puerta de ésta dicha cédula.
Art. 102.- En la cédula a que se refiere el artículo anterior, se hará constar el nombre y apellido de los litigantes, el Juez o Tribunal que mande practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar, la fecha y hora en que se deja y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega, o la constancia de haberse fijado en la puerta de la casa.
Art. 103.- Si la cédula se expidiere con el objeto de notificar la demanda, contendrá una relación sucinta de ésta, y su copia se dejará en el juzgado, a disposición del demandado, haciéndolo constar en la cédula.
Art. 104.- En el expediente se pondrá copia de la cédula entregada y se asentará de todo
la correspondiente diligencia. Si el colitigante pidiere copia de la constancia relativa a la
notificación, el juez mandará dársela.
Art. 105.- Cuando haya de notificarse o citarse a una persona residente fuera del lugar del juicio, se hará la notificación o citación por medio de despacho o exhorto al juez de la población en que aquélla residiere.
Art. 106.- Si se ignora el lugar en que reside la persona que deba ser notificada, la primera notificación se hará publicando la determinación respectiva, por tres veces, en el espacio de quince días, en el Periódico Oficial del Estado. Si la notificación fuere de emplazamiento para comparecer en juicio, el término para contestar la demanda será de quince a treinta días, fijándolo el juez.
Art. 107.- La segunda y ulteriores notificaciones se harán personalmente por los actuarios
a los interesados o a sus representantes legítimos, si ocurren al tribunal o al juzgado
respectivo, en días y horas hábiles, dentro de los tres días siguientes de que se dicte la resolución que haya de notificarse.
Art. 108.- Si las partes o sus representantes legítimos no ocurren al tribunal o juzgado a notificarse dentro del término a que se refiere el artículo anterior, la notificación se hará fijando cédula en estrados.
Art. 109.- El actuario dejará en el expediente una copia de la cédula fijada en estrados.
Art. 110.- Los secretarios de acuerdos de la Sala Civil y Juzgados fijarán diariamente en estrados, al iniciarse las labores de la oficina, una relación de los negocios proveídos el día anterior.
Art. 111.- La notificación deberá hacerse personalmente, cuando deba entenderse con extraños al juicio o en casos muy urgentes, en concepto del juez.
Art. 112.- La infracción de las disposiciones anteriores se castigará imponiendo una corrección disciplinaria.
Art. 113.- Los emplazamientos, citaciones y demás notificaciones que deban hacerse a las dependencias y entidades, así como a las autoridades, federales, estatales y municipales, o a quienes jurídicamente tengan la representación de esas dependencias, entidades y autoridades, se harán por medio de oficio al que se acompañará una copia autorizada de la resolución que se les notifique y, en su caso, de los documentos con que se les corra traslado.
Se repone con nuevo texto el derogado articulo mediante Decreto No. 237 de la LIX Legislatura, P.O. de fecha 16/julio/2009.
Art. 114.- Todas las publicaciones que por mandato judicial o por disposición de la ley deban hacerse, serán por cuenta del interesado y precisamente en el Periódico Oficial. Sin este requisito no producirán efecto alguno.
Art. 115.- Las notificaciones que se hagan en forma distinta de la prevenida en este capítulo, serán nulas. La nulidad será declarada de oficio o a petición de la parte perjudicada, siempre que la objeción se haga dentro de las veinticuatro horas contadas desde la siguiente notificación. El juez resolverá sin sustanciar artículo.
Será nulo lo actuado con posterioridad a la notificación defectuosa, aunque se haya dictado sentencia definitiva.
Si fuesen varias las notificaciones defectuosas, deberán objetarse al mismo tiempo.
Art. 116.- La falta de notificación se reclamará y resolverá en la misma forma prevenida en el artículo anterior, y producirá la resolución los mismos efectos.
Art. 117.- No obstante lo prevenido en los dos artículos anteriores, si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, sin impugnarla, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha; mas no por ésto quedará relevado el actuario de la responsabilidad en que hubiese incurrido.
Art. 118.- Se prohíbe a los actuarios y testigos de asistencia recibir en el acto de la notificación, contestaciones difusas que excedan de diez renglones; debiendo las partes en este caso, hacerlas valer por medio de un escrito.
Art. 119.- Las sentencias, los autos y demás resoluciones judiciales no se entienden consentidos sino cuando, notificada la parte, contesta expresamente de conformidad.
CAPÍTULO V DE LOS TÉRMINOS JUDICIALES
Art. 120.- Los términos judiciales son improrrogables, salvo en los casos previstos por la ley. Los términos judiciales se computarán a partir del día siguiente a aquél en el que
haya tenido lugar la notificación y se incluirá en ellos el día del vencimiento.
Se deroga el segundo párrafo por Decreto No. 108 de fecha 16/VI/1993. (P. O del 16/VI/1993)
Art. 121.- Cuando fueren varias las partes, y el término fuere común a todas ellas, se contará desde el día siguiente a aquél en que todas hayan quedado notificadas.
Art. 122.- Transcurridos los términos judiciales, el juicio seguirá su curso y se perderá el derecho que debió ejercitarse dentro del término, sin necesidad de acusar la rebeldía.
Art. 123.- En ningún actuaciones judiciales.
término se contarán los días en que no puedan
Art. 124.- En el expediente se hará constar el día en que comienzan a correr un término o una prórroga, y aquél en que deben concluir.
Art. 125.- El funcionario que infrinja cualquiera de los dos artículos anteriores será castigado con una corrección disciplinaria.
Art. 126.- Los términos y las prórrogas que se concedan en los casos previstos por la ley serán comunes, cuando puedan ser aprovechados por las partes simultáneamente.
Art. 127.- Las prórrogas y nuevos términos no podrán exceder, unidos al término primitivo o al prorrogado, del tiempo fijado por la ley, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.
Art. 128.- Los términos no podrán suspenderse ni abrirse después de cumplidos, sino cuando se pruebe que ha habido imposibilidad absoluta para aprovechar el término, debida a fuerza mayor, pudiendo entonces el juez, si considera bien probada la causa, conceder la suspensión, la prórroga o una nueva dilación.
Art. 129.- Para fijar la duración de los términos, los meses se regularán por el número de días que les correspondan, y los días se entenderán de veinticuatro horas naturales contadas de las veinticuatro a las veinticuatro.
Art. 130.- Cuando la ley no señale término para la práctica de un acto judicial o para el ejercicio de un derecho, se tendrán por señalados los siguientes:
I. Ocho días para hacer uso del derecho del tanto;
II. Diez días, a juicio del juez, para pruebas;
III. Seis días para alegar tachas y seis para probarlas;
IV. Tres días para la celebración de juntas o para la práctica de cualquiera otra diligencia.
Art. 130 Bis.- La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, y se declarará por el juez o tribunal de oficio o a petición de parte interesada. Es de orden público, irrenunciable, y no puede ser materia de convenio entre las partes.
La caducidad de la instancia solo procederá a virtud de la inactividad procesal por falta de promoción de las partes, ya sea en el expediente principal o en cualquier incidente. Caducado el expediente principal caducan los incidentes; la caducidad del incidente sólo produce la del principal cuando haya suspendido el procedimiento de éste.
El plazo de la caducidad se interrumpe cuando por causa de fuerza mayor los tribunales no puedan actuar, y en los casos en que es necesario esperar la resolución de una cuestión principal, previa o conexa, por el mismo juez o por otra autoridad judicial.
Los actos o promociones de mero trámite, que no impliquen ordenación o impulso al procedimiento, no se considerarán como actividad procesal de las partes ni impedirán que la caducidad se consume, particularmente aquellas por las cuales el interesado solamente se limite a manifestar su voluntad de no dejar caducar el proceso.
En primera instancia, la caducidad operará cualquiera que sea el estado del proceso, desde el emplazamiento hasta la citación para oír sentencia, si la inactividad comprende un lapso continuo e ininterrumpido de noventa días hábiles naturales. La caducidad de la primera instancia convierte en ineficaces las actuaciones del proceso, con las excepciones que más adelante se consignan, y consecuentemente las cosas deben volver al estado que guardaban con anterioridad a la demanda, por lo que deberán levantarse los embargos y cancelarse las inscripciones hechas en los registros públicos respectivos con motivo del proceso, así como las medidas precautorias decretadas con motivo de aquellas.
La extinción de la instancia deja sin efectos la interrupción de la prescripción operada por la demanda. La caducidad extingue el proceso pero no la acción; en consecuencia se puede iniciar un nuevo proceso en el cual las pruebas confesional y testimonial rendidas en el proceso caduco, podrán ser invocadas de nuevo si se ofreciesen oportunamente como pruebas instrumentales, aunque serán valoradas conforme a su propia naturaleza procesal. También se exceptúan de la susodicha ineficacia, las resoluciones firmes sobre competencia, personalidad y capacidad de los litigantes, las que regirán en el proceso ulterior si se promovieren oportunamente.
En segunda instancia, la caducidad operará cualquiera que sea el estado de la alzada, desde la admisión del recurso hasta la citación para oír sentencia, si la inactividad se surte en un lapso continuo e ininterrumpido de sesenta días hábiles naturales. La caducidad de la segunda instancia deja firmes las resoluciones recurridas, implicando cuando se trate de sentencias definitivas que las mismas han causado ejecutoria. La declaración respectiva la hará la presidencia de la Sala.
No operará la caducidad de la instancia en los juicios universales de concursos y sucesiones, pero si en los juicios con ellos relacionados que se tramiten independientemente, que de ellos surjan o por ellos se motiven. Tampoco operará en los procesos que versen sobre alimentos, ni en la ejecución de sentencias, ni en los actos de jurisdicción voluntaria.
Los lapsos a que este artículo se refiere, se computarán a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la última determinación judicial o al de la fecha de recepción de la última promoción presentada por las partes, en su caso.
CAPÍTULO VI DE LOS GASTOS DEL JUICIO
Art. 131.- Por ningún acto judicial se cobrarán costas.
Art. 132.- Cada parte será inmediatamente responsable de los gastos que originen las diligencias que promueva; en caso de condenación en gastos, la parte condenada indemnizará a la otra de todos los que hubiere anticipado. La condenación en gastos no comprenderá la remuneración del procurador ni del patrono, sino cuando estén legalmente autorizados para ejercer.
Art. 133.- Cuando un litigante proceda con temeridad o mala fe, será condenado al pago de los gastos que haya causado a su contrario.
Art. 134.- La calificación de la temeridad o mala fe queda al juicio del juez, quien siempre declarará temerario;
I. Al que intente acciones u oponga excepciones o defensas improcedentes, promueva incidentes o interponga recursos con notorio afán de demorar el trámite y resolución de un proceso;
II. Al que presentare instrumentos o documentos falsos; o testigos falsos o sobornados; sin perjuicio de la responsabilidad penal en que por esos hechos incurra;
III. Al que fuere condenado, en primera y segunda instancias, por dos sentencias conformes de toda conformidad;
IV. Al que fuere condenado en juicio Ejecutivo o Hipotecario, o en los interdictos de recuperar y de retener la posesión, y a que promueva alguno de éstos juicios, si no obtiene sentencia favorable.
Art. 135.- Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubiesen decretado. De la regulación se correrá traslado por tres días a la parte condenada, para que alegue, y el
juez resolverá dentro de tres días, con alegación o sin ella. Si fuesen impugnados los gastos por razón de honorarios no sujetos a arancel, el juez, para mejor proveer, oirá el dictamen de dos peritos, y resolverá en justicia en el término antes fijado.
Art. 136.- La resolución que se dicte en primera instancia es apelable. Contra la dictada en segunda instancia, no procederá ningún recurso.
TÍTULO TERCERO DE LAS COMPETENCIAS
Art. 137.- Toda demanda debe interponerse ante juez competente.
Art. 138.- Cuando en el lugar donde se ha de seguir el juicio, hubiere varios jueces competentes, conocerá del negocio el que elija el actor.
Art. 139.- Es juez competente aquél a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente.
Art. 140.- Hay sumisión expresa, cuando los interesados renuncian clara y terminantemente el fuero que la ley les concede y designan con toda precisión el juez a quien se someten.
Art. 141.- Se entienden sometidos tácitamente:
I. El demandante, por el hecho de ocurrir al juez entablando su demanda, no sólo para ejercitar su acción, sino también para contestar a la reconvención que se le oponga;
II. El demandado, por contestar la demanda, por oponer excepciones o por reconvenir a su colitigante; a no ser que al ejecutar éstos actos se reserve el derecho de solicitar la inhibitoria, o proteste expresamente no reconocer en el juez más jurisdicción que la que por derecho le compete;
III. El que habiendo promovido una competencia, desiste de ella;
IV. El tercer opositor y el que por cualquier otro motivo viniere al juicio en virtud de un incidente.
Art. 142.- Sólo la jurisdicción por razón del territorio puede prorrogarse, expresa o tácitamente.
Art. 143.- Las competencias sólo pueden promoverse por inhibitoria.
Art. 144.- Todo juez o tribunal está obligado a suspender sus procedimientos luego que
expida la inhibitoria y luego que en su caso la reciba, salvo lo dispuesto en el artículo 149.
Art. 145.- La infracción de lo dispuesto en el artículo anterior producirá la nulidad de lo actuado.
Art. 146.- El tribunal que reconozca la jurisdicción de otro por providencia expresa no puede sostener su competencia. Si el acto del reconocimiento consiste sólo en la cumplimentación de un exhorto, el tribunal exhortado no estará impedido para sostener su competencia.
Art. 147.- Las cuestiones de tercería deben sustanciarse y decidirse por el juez que sea competente para conocer del asunto principal. Cuando el interés de la tercería que se interponga exceda del que la ley somete a la competencia del juez que está conociendo del negocio principal, se remitirá lo actuado en éste y la tercería al que designe el tercer opositor y sea competente para conocer de la cuestión por razón de la materia, del interés mayor y del territorio.
Art. 148.- Las competencias negativas, que consisten en que dos jueces o tribunales se nieguen a conocer de determinado asunto, se resolverán del mismo modo, en iguales términos y por los tribunales establecidos respecto de las demás cuestiones jurisdiccionales.
Art. 149.- Aún cuando dos jueces compitan sobre conocer o no conocer de un negocio, podrá cada uno de ellos dictar las providencias urgentes o precautorias; las que quedarán pendientes en cuanto a su subsistencia del resultado de la cuestión jurisdiccional.
Art. 150.- Los jueces no pueden sostener competencia con su superior inmediato; pero sí con otro juez o tribunal, que aunque sea superior en su clase, no ejerza jurisdicción sobre el juez que suscite la competencia.
Art. 151.- Si un juez inferior ejerce atribuciones propias de su superior o éste las de aquél, la cuestión será decidida por el Tribunal Pleno, sin más trámites que los informes respectivos y el dictamen del Ministerio Público, previa vista que se le dará del asunto para que dictamine en el término de tres días. La resolución se dictará dentro de cuarenta y ocho horas.
Art. 152.- El juez o tribunal que legítimamente ha conocido de un asunto, está facultado para llevar a efecto su sentencia, y para resolver los incidentes que se promuevan en su ejecución.
Art. 153.- Las cuestiones de competencia sólo podrán entablarse a instancia de parte cuando se refieran a jurisdicción territorial. En los demás casos podrán promoverse de oficio, a solicitud de parte o a instancia del Ministerio Público, quien siempre será oído en los mismos casos.
Art. 154.- Las partes pueden desistirse de la competencia antes o después de la remisión de los autos al superior, si se trata de jurisdicción territorial.
Art. 155.- En los demás casos, una vez aceptada la competencia, se llevará adelante hasta su terminación, aunque las partes se desistan, oyéndose al Ministerio Público.
Art. 156.- El juez que tenga razón fundada para creer que conforme a derecho es incompetente, debe inhibirse del conocimiento del asunto, cuando no se trate de jurisdicción territorial. La resolución que dicte el juez es apelable.
Art. 157.- Aunque ninguna de las partes haya promovido la competencia, debe ser oída la que lo solicite.
Art. 158.- Es nulo todo lo actuado por el Juez que fuere declarado incompetente.
CAPÍTULO II REGLAS PARA DECIDIR LAS COMPETENCIAS
Art. 159.- Sea cual fuere la naturaleza del juicio, serán preferidos a cualquier otro juez:
Art. 160.- Si no se ha hecho la designación que indica el artículo anterior, es juez competente el del lugar en que está ubicada la cosa, si la acción ejercitada es real sobre bienes inmuebles. Lo mismo se observará respecto de las acciones derivadas del contrato de arrendamiento de inmuebles. Cuando los bienes se encuentren en distintos lugares, será competente el juez de cualquiera de éstos, a prevención.
Art. 161.- Si la acción es real sobre bienes muebles, personal o de estado civil, será juez competente el del domicilio del demandado. Cuando sean varios los demandados y tengan distintos domicilios, será competente el juez del domicilio que elija el actor.
Art. 162.- En los juicios hereditarios es juez competente aquél en cuya jurisdicción haya tenido su último domicilio el autor de la herencia; a falta de éste domicilio, lo será el de la ubicación de los bienes raíces que formen la herencia, y si estuvieren en varios distritos, el juez de cualquiera de ellos, a prevención; y a falta de domicilio y de bienes raíces, el del lugar del fallecimiento del autor de la herencia. Lo mismo se observará en los casos de ausencia.
Art. 163.- El juez del lugar en que esté radicado el juicio hereditario, es el competente para conocer de las acciones de petición de herencia y de las demás que ejerciten los herederos o legatarios, o que contra ellos se deduzcan, con respecto a los bienes
hereditarios. También es competente para conocer de las acciones que se ejerciten contra la sucesión, antes de la partición y adjudicación de los bienes, salvo cuando la acción sea real sobre inmuebles, o cuando se haya hecho la designación que autoriza el artículo 159.
Art. 164.- De los interdictos conocerán siempre los jueces de primera instancia de la ubicación de la cosa.
Art. 165.- Es competente en los juicios de concurso de acreedores el juez del domicilio del deudor.
Art. 166.- En los negocios relativos a suplir el consentimiento de quien ejerce la patria potestad, o a impedimentos para contraer matrimonio, el del lugar donde se hayan presentado los pretendientes.
Art. 167.- Para decidir las diferencias conyugales y los juicios de nulidad de matrimonio y de divorcio, es juez competente el del domicilio conyugal.
Art. 168.- En los negocios relativos a la tutela de menores e incapacitados, es juez competente el de la residencia de éstos, para la designación del tutor; y en los demás casos, el del domicilio de éste.
En la adopción plena el impedimento se extiende sin limitación de grado en linea recta ascendente y descendente. En linea colateral igual se extiende a quienes por la adopción sean hermanos; y en la colateral desigual solamente a quienes por la adopción sean tios o sobrinos, siempre que estén en tercer grado y no hubieren obtenido dispensa.
Art. 169.- Para los actos de jurisdicción voluntaria es juez competente el del domicilio del que promueve; pero si se trata de bienes raíces, lo será el del lugar donde estén ubicados.
Art. 170.- Para los actos preparatorios de los juicios, es competente el juez que lo fuere para el negocio principal.
Art. 171.- Para dictar providencias precautorias será juez competente, el que lo fuere para el negocio principal. Si los autos estuvieren en segunda instancia, será competente para dictar la providencia precautoria el juez que conoció de ellos en primera instancia. En caso de urgencia, puede dictarla el del lugar donde se halla la persona o la cosa, objeto de la providencia, y efectuada se remitirán las actuaciones al competente.
Art. 172.- Para decretar la cancelación de un registro, o la rectificación de actos del estado civil, es competente el juez del lugar en donde estuviese ubicado el Registro; pero si la cancelación en el primer caso, se pidiere como incidental de otro juicio o acción, podrá ordenarla el juez que conoció del negocio principal.
Art. 173.- En las contiendas sobre propiedad o posesión de un inmueble, la competencia se determinará por el valor que tenga. Si se trata de usufructo o derechos reales sobre inmuebles, por el valor de la cosa misma.
Art. 174.- En la reconvención, es juez competente el que lo sea para conocer de la demanda principal, aunque el valor de aquélla sea inferior a la cuantía de su competencia, pero no a la inversa.
Art. 175.- Para determinar la competencia por razón de la cuantía del negocio, se tendrá en cuenta lo que demande el actor. Los réditos, daños y perjuicios no serán tenidos en consideración si son posteriores a la presentación de la demanda, aún cuando se reclamen en ella.
Cuando se demande el cumplimiento de una obligación consistente en prestaciones periódicas, se computará el importe de las pensiones en un año.
El juez que en principio conozca de la demanda, por disponerlo así la Ley, mantendrá su competencia hasta la conclusión del proceso, aun cuando por fluctuaciones salariales posteriores a la presentación de la demanda varíe la situación que imperaba en el momento de aquélla.
Art. 176.- De las actuaciones sobre estado o capacidad de las personas, sea cual fuere el interés pecuniario que de ellas dimanare, conocerán los jueces de primera instancia.
CAPÍTULO III DE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Art. 177.- La parte que promueva una competencia, excitará por medio de un escrito, en que exponga las razones legales en que la funde, la jurisdicción del juez que en su concepto sea el competente, pidiéndole que declare serlo y se avoque al conocimiento del negocio.
Art. 178.- El juez dentro de tres días decidirá estableciendo o negando su competencia. La resolución negativa es apelable.
Art. 179.- El juez inferior, ya sea que él mismo haya declarado su competencia, ya sea que ésta haya sido declarara en la segunda instancia, dirigirá oficio inhibitorio al juez que conozca del negocio, exponiendo las razones en que funde su jurisdicción, y acompañando copia de su sentencia o de la superior en su caso.
Art. 180.- El juez requerido resolverá en el término de tres días si se inhibe o sostiene su competencia. La primera de estas resoluciones es apelable.
Art. 181.- Consentida la sentencia en que el juez inferior haya accedido a la inhibitoria, o
ejecutoriada la que en la segunda instancia se haya dictado en ese sentido, el juez requerido remitirá al requerente copia autorizada de esas sentencias en su respectivo caso, y los autos de que se trate, a fin de que el juicio siga su curso legal.
Art. 182.- Si el juez requerido sostiene su competencia, lo manifestará por oficio al requerente y remitirá sus actuaciones, con citación de las partes, al Tribunal Pleno que dirimirá la competencia. Lo mismo hará el requerente tan luego reciba el oficio del requerido.
Art. 183.- Cada juez al remitir los autos, expondrá al Tribunal las razones en que se funde; sin que baste referirse a las constancias del expediente respectivo.
Art. 184.- El juez que no remita el informe prevenido en el artículo anterior, incurrirá en una corrección disciplinaria que le será impuesta por el Tribunal Superior.
Art. 185.- Recibidos los autos en el Tribunal de competencias, se pondrán a la vista de las partes por tres días, y si fuese necesaria la prueba, se concederá para recibirla un término de diez días. Concluido este plazo, se citará para la audiencia, que deberá celebrarse en el término de tres días, resolviendo el tribunal dentro de otros tres días. Si no fuere necesaria la prueba, se celebrará la audiencia antes expresada. Contra la resolución que se dicte, no cabe ningún recurso.
Art. 186.- El tribunal remitirá certificación de la sentencia y los autos que haya tenido a la vista para resolver la cuestión de competencia, al juez o autoridad que haya declarado competente, comunicando también el fallo al otro competidor.
Art. 187.- Las competencias pueden promoverse en cualquier estado del juicio, mientras no se haya ejecutado la sentencia definitiva. Cuando se trate de jurisdicción territorial, no podrán promoverse sino antes de la citación para sentencia.
Art. 188.- DEROGADO
TÍTULO CUARTO DE LOS IMPEDIMENTOS, RECUSACIÓN Y EXCUSAS
CAPÍTULO I DE LOS IMPEDIMENTOS
Art. 189.- Todo magistrado, juez o secretario, se tendrá por forzosamente impedido para conocer en los casos siguientes:
I. En negocio que tenga interés directo o indirecto;
II. En los negocios que interesen de la misma manera a su cónyuge o a sus parientes consanguíneos en la línea recta sin limitación de grados, a los colaterales dentro del tercer grado y a los afines dentro del segundo;
III. Siempre que entre el funcionario de que se trate, su cónyuge o sus hijos y algunos de los interesados, haya relación de intimidad nacida de algún acto civil o religioso, sancionado y respetado por la costumbre;
V. Cuando él, su cónyuge o alguno de sus hijos sea heredero, legatario, donante, donatario, socio, acreedor, deudor, fiador, fiado, arrendador, arrendatario, principal, dependiente o comensal habitual de alguna de las partes o administrador actual de sus bienes;
VI. Si ha hecho promesas o amenazas, o ha manifestado de otro modo su odio o afecto por alguno de los litigantes;
VII. Si asiste o ha asistido a convites que especialmente para él diere o costeare alguno de los litigantes, después de comenzado el pleito, o si tiene mucha familiaridad con alguno de ellos, o viva con él, en su compañía, en una misma casa;
VIII. Cuando después de comenzado el pleito haya admitido él, su cónyuge o alguno de sus hijos, dádivas o servicios de alguna de las partes;
X. Si ha conocido del negocio como juez, árbitro o asesor, resolviendo algún punto que afecte a la substancia de la cuestión, en la misma instancia o en otra;
XI. Cuando él, su cónyuge o alguno de sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados, de los colaterales dentro del segundo, o de los afines en el primero, siga contra alguna de las partes, o no haya pasado un año, de haber seguido un juicio civil o una causa criminal, como acusador, querellante o denunciante, o se haya constituido parte civil en causa criminal seguida contra cualquiera de ellas;
XII. Cuando alguno de los litigantes o de sus abogados es o ha sido denunciante, querellante o acusador del funcionario de que se trate, de su cónyuge o de alguno de sus expresados parientes, o se ha constituido parte civil en causa criminal seguida contra cualquiera de ellos;
XIII. Cuando el funcionario de que se trate, su cónyuge o alguno de sus expresados parientes sea contrario a cualquiera de las partes en negocio administrativo que afecta a sus intereses;
XIV. Si él, su cónyuge o alguno de sus expresados parientes sigue algún proceso civil o criminal en que sea juez, agente del Ministerio Público, árbitro o arbitrador, alguno de los litigantes;
Art. 190.- Los magistrados, jueces y secretarios tienen el deber de excusarse del conocimiento de los negocios en que ocurra alguna de las causas expresadas en el artículo anterior, aún cuando las partes no los recusen.
CAPÍTULO II DE LAS RECUSACIONES
Art. 191.- Las recusaciones podrán proponerse libremente cualquiera que sea su número, y siempre se fundarán en causa legal.
Art. 192.- En los concursos solo podrá hacer uso de la recusación el representante legítimo de los acreedores en los negocios que afecten al interés general.
Art. 193.- En los negocios que afecten al interés particular de alguno de los acreedores, podrá el interesado hacer uso de la recusación; pero el juez no quedará inhibido más que en el punto de que se trate.
Art. 194.- Cuando en un negocio intervengan varias personas sosteniendo una misma acción o derecho, o ligadas en la misma defensa, se tendrán por una sola para el efecto de la recusación.
Art. 195.- En el caso del artículo anterior se admitirá la recusación cuando la proponga la mayoría de los interesados en cantidades; y si entre ellos hubiere empate, decidirá la mayoría de personas.
Art. 196.- Son causas de recusación las que constituyen impedimento, según el artículo 189, y las fundadas en causas análogas o de igual o de mayor entidad.
CAPÍTULO III NEGOCIOS EN QUE NO TIENE LUGAR LA RECUSACIÓN
Art. 197.- No se admitirá recusación:
I. En los actos prejudiciales;
II. Al cumplimentar exhortos o despachos;
III. En las demás diligencias cuya práctica se encomiende por otros jueces o tribunales;
IV. En las diligencias de mera ejecución; más si en las de ejecución mixta, o sea cuando el juez ejecutor deba resolver sobre las excepciones que se opongan;
V. En los demás actos que no radiquen jurisdicción, ni importen conocimiento de causa.
Art. 198.- En los juicios ejecutivos, hipotecarios y en los procedimientos de apremio, tampoco se dará curso a las recusaciones, sino hecho el embargo, registrada la demanda del juicio hipotecario o practicado el acto de aseguramiento.
CAPÍTULO IV DEL TIEMPO EN QUE DEBE PROPONERSE LA RECUSACIÓN
Art. 199.- Las recusaciones se harán valer en el primer escrito que presente el recusante o en la primera diligencia que con él se practique.
Art. 200.- Después de contestada la demanda no se admitirá la recusación, sino cuando la causa que la motive fuere superveniente, o cuando antes no hubiera tenido conocimiento de ella el recusante.
Art. 201.- Si hubiere variación en el personal del juzgado o tribunal, podrá hacerse valer la recusación en la primera diligencia que se practique con el interesado.
Art. 202.- Ninguna recusación es admisible después de la citación para sentencia; pero si variare el personal del juzgado o tribunal, después de dicha citación, se hará saber el cambio a los litigantes, para el efecto de la recusación.
CAPÍTULO V DE LOS EFECTOS DE LA RECUSACIÓN
Art. 203.- La recusación propuesta suspende la jurisdicción del funcionario recusado, entretanto se califica y decida, salvo lo dispuesto en el artículo 198.
Art. 204.- Declarada procedente la recusación, termina la jurisdicción del funcionario en el negocio de que se trate.
Art. 205.- Una vez admitida la recusación, las partes no podrán alzarla en ningún tiempo, para que las personas recusadas vuelvan a conocer e intervenir en el mismo negocio.
CAPÍTULO VI REGLAS PARA LA SUSTANCIACIÓN Y DECISIÓN DE LAS RECUSACIONES
Art. 206.- Los jueces y magistrados desecharán de plano toda recusación que no estuviere hecha en tiempo y forma, o que sea improcedente, conforme al Capítulo III de este Título.
Art. 207.- Toda recusación se interpondrá ante el juez o tribunal que conozca del negocio, expresándose la causa en que se funde. La recusación se interpondrá verbalmente o por escrito, según la naturaleza del juicio en que se haga valer.
Art. 208.- La recusación hecha en tiempo hábil, debe decidirse sin audiencia de la parte contraria, a no ser que la pida.
Art. 209.- Para justificar la causa de la recusación son admisibles todos los medios de prueba, y además la confesión del funcionario recusado y de la parte contraria.
Art. 210.- Contra los fallos sobre recusación no cabe ningún recurso.
Art. 211.- El juez que conozca de una recusación, es irrecusable para sólo éste efecto.
Art. 212.- DEROGADO
Art. 213.- Admitida una recusación, se remitirán los autos al tribunal que deba conocer de ella, el cual declarará dentro de tres días si la causa es admisible. En caso afirmativo, se recibirá el negocio a prueba por un término de ocho días, si fuese necesario, y fenecido el término, quedarán los autos por dos días a disposición de las partes para tomar apuntes. Concluido éste término se citará para una audiencia que deberá celebrarse dentro de tres días, y se resolverá dentro de otros tres días.
Art. 214.- Si no fuere necesaria la prueba, se celebrará la audiencia y se resolverá en los términos que expresa el anterior artículo.
Art. 215.- Propuesta la recusación de un secretario, pasará éste los autos a quien deba sustituirlo conforme a la ley. El tribunal que conozca de la recusación, recibirá el negocio a prueba y oirá a los interesados, sujetándose a lo que previene las dos disposiciones anteriores.
Art. 216.- Si el tribunal superior califica de inadmisible o no probada la recusación devolverá los autos al funcionario recusado e impondrá al recusante una multa hasta de cien veces el salario mínimo diario aplicable en la región en la fecha de la calificación.
Art. 217.- Si la resolución hubiere sido declarando probada la causa, el juez recusado quedará inhibido y pasará los autos al juez que corresponda conforme a la ley. En este caso quedará también inhibido el Secretario del funcionario y recusado y será sustituido por el del Magistrado o Juez llamado a conocer del asunto.
CAPÍTULO VII DE LAS EXCUSAS
Art. 218.- Los magistrados, jueces y secretarios tienen la obligación de excusarse en los casos previstos por el artículo 189. La excusa deberá ser propuesta por el funcionario en seguida que se avoque el conocimiento del negocio, o dentro de veinticuatro horas de que ocurra el hecho que origine el impedimento o de que tenga conocimiento de él.
Art. 219.- La excusa se calificará con vista de la exposición del funcionario que la proponga. Si fuese necesaria la prueba, se concederá para recibirla el término de ocho días; en todo caso, se oirá a las partes y al funcionario interesado, dentro de tres días, y dentro de otro tres se dictará la resolución.
Art. 220.- La calificación de la excusa se hará por el funcionario o funcionarios que deban conocer de la recusación.
Art. 221.- De la resolución que se dicte, no habrá recurso alguno.
TÍTULO QUINTO ACTOS PREJUDICIALES
CAPÍTULO I MEDIOS PREPARATORIOS DEL JUICIO EN GENERAL
Art. 222.- El juicio podrá prepararse:
I. Pidiendo declaración bajo protesta el que pretende demandar, a aquel contra quien se propone dirigir la demanda, acerca de algún hecho relativo a su personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia, y cuyo conocimiento sea necesario para dar a la acción su debido curso;
II. Pidiendo la exhibición de la cosa mueble que en su caso haya de ser objeto de la acción real que se trate de entablar;
III. Pidiendo el legatario o cualquiera otro que tiene derecho de elegir una o más cosas entre varias, la exhibición de ellas;
IV. Pidiendo el que se crea heredero, coheredero o legatario, la exhibición de un testamento;
V. Pidiendo el comprador al vendedor, o éste a aquél, en el caso de evicción, la exhibición de títulos u otros documentos que se refieran a la cosa vendida;
VI. Pidiendo un socio o comunero la presentación de los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, al consocio o condueño que los tenga en su poder.
Art. 223.- Puede también prepararse el juicio con información de testigos, cuando concurran las circunstancias siguientes:
I. Que no se pueda deducir aún la acción por depender su ejercicio de un plazo o de una condición que no se hayan cumplido todavía;
II. Que para sostener en juicio la acción, sea necesaria la deposición de los testigos;
III. Que éstos sean de edad avanzada o que se hallen en peligro eminente de perder la vida, o próximos a ausentarse a un lugar con el cual sean tardías o difíciles las comunicaciones.
Art. 224.- Puede también pedirse la información de testigos para probar alguna excepción, siempre que la prueba sea indispensable y los testigos se encuentren en alguno de los casos señalados en la fracción III del artículo anterior.
Art. 225.- Al promoverse la diligencia preparatoria, debe expresarse el motivo por que se solicita y el litigio que se trata de seguir o que se teme.
No procede el medio preparatorio de juicio para acreditar la existencia del contrato de arrendamiento.
Se Adiciono un segundo párrafo por Decreto No. 108 de fecha 16/VI/1993. (P. O del 16/VI/1993)
Art. 226.- Contra la resolución que ordene la diligencia preparatoria no habrá ningún recurso. Contra la resolución que la niegue habrá el de apelación en ambos efectos, si fuere apelable la sentencia en el juicio que se prepara.
Art. 227.- La acción que puede ejercitarse conforme a las fracciones II, III y IV del artículo
222 procede contra cualquiera persona que tenga en su poder las cosas que en ellas se
Art. 228.- Cuando se pida la exhibición de un protocolo o de cualquier otro documento archivado, la diligencia se practicará en el oficio del notario o en la oficina respectiva, sin que en ningún caso salgan de ellos los documentos originales.
Art. 229.- Las diligencias preparatorias de que tratan las fracciones II, III y IV del artículo
222 se practicarán con citación de la parte contraria, a quien se le dará copia de la
solicitud; y las que autoricen los artículos 223 y 224, se llevarán a efecto conforme a las disposiciones relativas a la prueba testimonial.
Art. 230.- Si la parte contraria no estuviere presente, hará sus veces el representante del Ministerio Público.
Art. 231.- Si el tenedor del documento o cosa mueble se negara a exhibirlos, sin causa justificada, se le apremiará por los medios legales; y si aún así no cumpliere, o destruyere, deteriorare u ocultare aquellos, o con dolo o malicia dejare de poseerlos, satisfará todos los daños y perjuicios que se hayan causado, quedando además sujeto a la responsabilidad penal consiguiente. También se hará uso de los medios de apremio, cuando el obligado a declarar conforme a la fracción I del artículo 222 se negare a
comparecer o se resistiere a rendir su declaración.
Si se alegare alguna causa para no hacer la exhibición, se tramitará la oposición como incidente.
CAPÍTULO II MEDIOS PREPARATORIOS DEL JUICIO EJECUTIVO
Art. 232.- Pude prepararse la acción ejecutiva, pidiéndose el reconocimiento de la firma del documento suscrito por el deudor.
Art. 233.- Reconocida la firma, quedará preparada la ejecución, aunque se niegue la deuda.
Art. 234.- Se dará por reconocida la firma del deudor, a petición del promovente de la diligencia, cuando citado aquél por dos veces para el reconocimiento no comparezca o cuando requerido por dos veces en la misma diligencia, rehuse contestar si es o no suya la firma, siempre que la segunda citación o el segundo requerimiento se le hayan hecho con apercibimiento.
CAPÍTULO III DE LAS PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS
Art. 235.- Las providencias precautorias podrán dictarse:
I. Cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien debe entablarse o se haya entablado una demanda;
II. Cuando se tema que se oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una acción real. Cuando el deudor no tuviere otros bienes, procederá la providencia precautoria, aunque la acción sea personal.
Art. 236.- La providencia precautoria deberá pedirse por escrito o verbalmente, según fuere la naturaleza del juicio que se siga o deba seguirse.
Art. 237.- Las providencias precautorias consisten en el arraigo de la persona en el caso de la fracción I del artículo 235 y en el embargo o intervención de los bienes en el caso de la fracción II.
Art. 238.- El que pida la providencia precautoria, deberá acreditar el derecho que tiene para gestionar y la necesidad de la medida que solicita.
Art. 239.- La prueba puede consistir en documentos o en testigos idóneos y conocidos, que serán por los menos tres.
Art. 240.- Si el arraigo de una persona, para que conteste en juicio, se pide al tiempo de entablar la demanda, bastará la petición del actor para que se haga al demandado la correspondiente notificación.
Art. 241.- En el caso del artículo anterior, la providencia se reducirá a prevenir al demandado que no se ausente del lugar del juicio sin dejar representante legítimo, suficientemente instruido y expensado para responder de las resultas del juicio.
Art. 242.- Si la petición de arraigo se presenta antes de entablar la demanda, además de la prueba que exige el artículo 238, el actor deberá dar una fianza a satisfacción del juez, de responder de los daños y perjuicios que se sigan si no se entabla la demanda.
Art. 243.- El arraigado que quebrante el arraigo, será castigado con la pena que señala el Código Penal, sin perjuicio de ser compelido, por los medios de apremio, a volver al lugar del juicio.
Art. 244.- Cuando se solicite el embargo preventivo, se expresará el valor de la demanda que va a entablarse, o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión.
Art. 245.- Cuando se pida un secuestro provisional, sin fundarlo en título ejecutivo, el actor dará fianza de responder por los daños y perjuicios que se sigan, ya porque se revoque la providencia, ya porque, entablada la demanda, sea absuelto el reo.
Art. 246.- Si el demandado consigna el valor u objeto reclamado, si da fianza bastante a juicio del juez, o prueba tener bienes raíces suficientes para responder del éxito de la demanda, no se llevará a cabo la providencia precautoria, o se levantará la que se hubiere dictado.
Art. 247.- Ni para recibir la información, ni para dictar una providencia precautoria se citará la persona contra quien ésta se pida.
Art. 248.- De toda providencia precautoria queda responsable el que la pide: Por consiguiente, son de su cargo los daños y perjuicios que se causen.
Art. 249.- En la ejecución de las providencias precautorias no se admitirá excepción alguna.
Art. 250.- En caso de embargo precautorio, el depositario será nombrado por el juez.
Art. 251.- Si los bienes que se mandan asegurar son dinero, alhajas, o muebles de otra especie, se depositarán en poder de una persona que nombrará el juez conforme al artículo 250, y que tenga las condiciones requeridas en el artículo 923.
Art. 252.- Si los bienes fueren raíces, sólo se nombrará un interventor por el juez. Lo
mismo se hará cuando se trate de una casa de comercio o de una negociación industrial.
Art. 253.- Ejecutada la providencia precautoria, el que la pidió deberá entablar su demanda dentro de tres días, si el juicio hubiere de seguirse en el lugar en que aquella se dictó. Si debiere seguirse en otro lugar, el juez aumentará a los tres días señalados uno por cada veinte kilómetros, y otro por la fracción que exceda de diez kilómetros.
Art. 254.- Si el actor no cumpliere con lo dispuesto en el artículo anterior, la providencia precautoria se revocará luego que lo pida el demandado.
Art. 255.- La persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria puede reclamarla en cualquier tiempo, pero antes de que se dicte la sentencia definitiva. La reclamación se sustanciará en forma incidental.
Art. 256.- Las providencias precautorias establecidas por este código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado el juicio respectivo; en este segundo caso, la providencia se substanciará en incidente por cuerda separada, y conocerá de ella el juez que, al ser presentada la solicitud, esté conociendo del negocio.
Art. 257.- Cuando la providencia precautoria se dicte por un juez que no sea el que deba conocer del negocio principal, se remitirán a éste las actuaciones, que en todo caso se unirán al expediente, para que en él obren los efectos que correspondan conforme a derecho.
Art. 258.- Las fianzas de que se trata en este capítulo, se otorgarán ante el juez.
TÍTULO SEXTO DEL JUICIO ORDINARIO
CAPÍTULO I DE LA DEMANDA Y EMPLAZAMIENTO
Art. 259.- Todas las contiendas entre partes, que no tengan señalada en este código tramitación especial, se ventilarán en juicio ordinario.
Art. 260.- Las reglas del juicio ordinario se observarán en los demás juicios, a falta de disposiciones especiales.
Art. 261.- El juicio ordinario principiará por demanda; en la cual, expuestos sucintamente y numerados los hechos y los fundamentos de derecho, se fijará con precisión lo que se pida determinando la clase de acción que se ejercite y la persona contra quien se proponga.
Art. 262.- A toda demanda deberá acompañarse:
I. El documento o documentos que acrediten la personalidad con que el litigante se presenta al juicio, en el caso de tener la representación de alguna persona o corporación;
II. El documento o documentos en que el demandante funde su derecho. Si no los tuviere a su disposición, designará el archivo o lugar en que se encuentren los originales, para que a su costa se mande expedir copia o testimonio de ellos. Se entenderá que el actor tiene a su disposición los documentos, siempre que existan los originales en un protocolo o archivo y pueda obtener copia autorizada de ellos;
III. Copia simple de la demanda, y la de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, la cual no será necesario presentar cuando éstos exceden de veinticinco hojas, pues entonces quedarán en la Secretaría los originales para que se instruyan las partes.
Lo dispuesto en esta última fracción se observará también respecto de los escritos en que se opongan excepciones, y de aquellos en que se promueva algún incidente.
Art. 263.- Entablada la demanda, no se admitirán al actor otros documentos que los que fueren de fecha posterior, a menos que proteste, si fueren anteriores, que no tenía conocimiento de ellos, o que no los pudo haber oportunamente.
Art. 264.- Los jueces desecharán de oficio las demandas no formuladas con claridad o que no se acomoden a las reglas establecidas, precisando en su resolución los defectos de la demanda.
Art. 265.- Las providencias que dictaren sobre esto, serán apelables en ambos efectos.
Art. 266.- De la demanda presentada y admitida se correrá traslado a la persona contra quien se proponga, entregándole las copias a que se refiere el artículo 262, y se le emplazará para que dentro de seis días la conteste.
Art. 267.- Cuando la persona que deba ser emplazada no resida en el lugar en que se le demanda, el juez ampliará el término del emplazamiento a todo el que considere necesario, atendidas las distancias y la mayor o menor facilidad de las comunicaciones, pero si su residencia se encuentra ubicada dentro del territorio nacional dicha ampliación no excederá de treinta días.
Art. 268.- DEROGADO
Derogado por Decreto No. 53 de fecha 30/IV/1981. (P.O. Segunda Época, Año XIV, No. 2946, de 02/V/1981)
Art. 269.- Cuando no fuere conocido el domicilio del demandado, se hará el emplazamiento en la forma prevenida en el artículo 106, dejándose en la Secretaría del
Juzgado a disposición de aquél, las copias de la demanda y de los documentos presentados por el actor.
Art. 270.- Sin perjuicio de lo prevenido en el artículo que precede, se practicará la diligencia en cualquier lugar en que fuere habido el demandado.
Art. 271.- Los efectos del emplazamiento son:
II. Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el juez que lo emplazó, siendo competente al tiempo de la citación, aunque después deje de serlo con relación al demandado, porque éste cambio de domicilio o por otro motivo legal;
III. Obligar al demandado a contestar ante el juez que lo emplazó; salvo siempre el derecho de provocar la inhibitoria.
Art. 272.- Transcurrido el término del emplazamiento sin que haya comparecido el demandado, a petición del actor, se dará por contestada negativamente la demanda.
Art. 273.- Si fueren varios los demandados y tuvieren intereses opuestos, podrán litigar separadamente, y entonces se otorgará a cada uno de ellos el término para contestar.
CAPÍTULO II DE LAS EXCEPCIONES DILATORIAS
Art. 274.- Solo son admisibles antes de la contestación de la demanda las excepciones dilatorias a que se refiere el artículo 34. Cualesquiera otras de la misma naturaleza las que no se hubiesen opuesto oportunamente, deberán alegarse al contestar la demanda, y no producirán el efecto de suspender el curso del juicio.
Art. 275.- Las excepciones dilatorias sólo pueden oponerse dentro de tres días, contados desde el siguiente a la notificación del decreto en que se mande contestar la demanda. Si fuesen varias deberán oponerse al mismo tiempo, y se formará con ellas un solo artículo.
Art. 276.- El artículo sobre excepciones dilatorias se tramitará conforme a las reglas establecidas para los incidentes.
Art. 277.- Cuando en la sentencia definitiva se declare procedente alguna excepción dilatoria, que no fue de previo pronunciamiento, se abstendrá el juez de fallar la cuestión principal, reservando el derecho del actor.
CAPÍTULO III DE LA CONTESTACIÓN
Art. 278.- Resuelto el artículo sobre excepciones dilatorias y admitida la demanda, el
demandado la contestará en el término del emplazamiento, sujetándose a las reglas establecidas en los artículos 261 y 262.
Art. 279.- En la contestación de la demanda, deberá oponer el demandado las excepciones perentorias que tuviere y la reconvención.
Art. 280.- Del escrito de contestación en que se opongan excepciones, se dará traslado al demandante, siguiendo el juicio su curso legal. Si la excepción fuere de reconvención o de compensación, el traslado se correrá por seis días, término en que el demandante podrá replicar.
Art. 281.- Las excepciones opuestas al contestarse la demanda se decidirán al mismo tiempo que el negocio principal, y se decidirán en la misma sentencia que éste.
Art. 282.- Después de contestada la demanda no puede el demandado oponer ninguna excepción.
CAPÍTULO IV DE LA PRUEBA. REGLAS GENERALES
Art. 283.- El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones.
Art. 284.- El que niega no está obligado a probar sino en el caso de que su negación envuelva afirmación de un hecho.
Art. 285.- También está obligado a probar el que niega, cuando al hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a su favor el colitigante.
Art. 286.- Solo los hechos están sujetos a prueba:
El derecho lo estará únicamente cuando se funde en leyes extranjeras o de otro estado de la República; pues entonces debe probarse la existencia de éstas y que son aplicables al caso.
Art. 287.- El juez debe recibir todas la pruebas que se le presenten, a excepción de las que fueren impertinentes, contra derecho o contra la moral.
Art. 288.- El juez recibirá el pleito a prueba en el caso de que los litigantes lo hayan solicitado o de que él la estime necesaria.
Art. 289.- Los litigantes pueden pedir que el negocio se reciba a prueba, dentro de los tres días siguientes a la contestación de la demanda o a la que diere el actor al escrito en que se opongan las excepciones de reconvención o compensación, o bien al vencimiento de los términos señalados para éstos trámites.
Art. 290.- El auto en que se manda a recibir el negocio a prueba, no admite ningún recurso, el que niega este trámite es apelable en ambos efectos.
Art. 291.- Las diligencias de prueba sólo podrán practicarse dentro del término probatorio y deberán promoverse dentro de los primeros diez días del mismo. Transcurrido este plazo sin que ninguna de las partes hubiese ofrecido pruebas, se dará por fenecido el término probatorio. Si sólo una de las partes las hubiese ofrecido, ella únicamente podrá aprovecharlo.
Art. 292.- Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior, las diligencias que, pedidas en tiempo legal, no hayan podido practicarse por causas que además de ser independientes del interesado, provengan de caso fortuito, o de fuerza mayor, o de dolo del colitigante, o de omisión del juez. Si para acreditar la causa del impedimento fuere necesario rendir pruebas, se concederá con este fin un término de ocho días.
Art. 293.- En los casos de excepción a que se refiere el artículo anterior, el juez podrá autorizar la conclusión de la prueba pendiente, señalando al efecto el término de ocho días.
Art. 294.- Fuera de los casos de excepción señalados en el artículo 292, sólo son admisibles después del término probatorio, y antes de la citación para sentencia, las pruebas siguientes:
II. Las escrituras y documentos justificativos de hechos ocurridos con posterioridad;
III. Los documentos que no hubiesen podido adquirirse con anterioridad;
IV. Los que hubieren sido solicitados y expedidos dentro del término, pero que no hayan sido remitidos al juzgado sino después de concluido dicho término;
V. Los relativos a hechos anteriores, cuya existencia haya ignorado el que los presenta. En este último caso, el promovente deberá de protestar que ignoraba la existencia de los documentos.
Art. 295.- Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria.
Art. 296.- La ley reconoce como medios de prueba:
I. Confesión, ya sea judicial, ya extrajudicial;
II. Instrumentos públicos y solemnes;
IV. Juicio de peritos;
V. Reconocimiento judicial;
VII. Las fotografías, la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología y, en general, todos
aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; y
VIII. Presunciones.
Se reforma la fracción VII por decreto No. 64 de fecha 2 2/VI/2007. (P.O. Tercera Época, Año XVI, No.3835 de
fecha 04/VII/2007.) Se adiciona una fracción VIII por decreto No. 64 de fecha 22/VI/2007. (P.O. Tercera Época, Año XVI, No.3835 de fecha 04/VII/2007.)
Art. 297.- Los autos en que se niegue la admisión de una prueba son apelables; los en que se admita la prueba, no tienen ningún recurso. La apelación no suspende el curso del juicio; y si se revoca la resolución denegatoria de la prueba, se concederá para recibirla un término igual al que faltaba para vencerse el término probatorio, contado desde el momento en que se promovió la prueba.
Art. 298.- Lo dispuesto en la primera parte del artículo anterior, se observará también respecto de las prórrogas y nuevos términos que se concedan en los casos expresamente previstos por la ley.
Art. 299.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y el juez puede invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes.
CAPÍTULO V DEL TÉRMINO PROBATORIO
Art. 300.- El término ordinario de prueba será de treinta días, y el juez al concederlo deberá fijar todo el plazo.
Art. 301.- El término extraordinario de prueba se otorgará si hubiere de recibirse alguna fuera del estado.
Art. 302.- El término extraordinario de prueba será de sesenta días, si hubiere de practicarse la prueba fuera del Estado pero dentro del territorio nacional; y de ciento veinte días, si hubiere de rendirse en el extranjero.
Art. 303.- Para que pueda otorgarse el término extraordinario se requiere:
I. Que se solicite dentro de los ocho días siguientes al en que se notifique el auto de prueba;
II. Que se indique la residencia de los testigos que hayan de ser examinados, cuando la prueba sea testimonial;
III. Que se designen en el caso de ser prueba instrumental, los archivos públicos o particulares donde se hallan los documentos que han de testimoniarse o presentarse originales.
Art. 304.- El juez resolverá sobre el término extraordinario y determinará el monto de la cantidad, que el promovente deberá depositar en concepto de sanción, para el caso en que no rindiese la prueba. Si no se constituye el depósito no producirá efectos el término concedido.
Art. 305.- De la pretensión sobre que se conceda el término extraordinario, se correrá traslado por cuarenta y ocho horas a la parte contraria; y conteste o no, el juez fallará con arreglo a derecho.
Art. 306.- El juez, teniendo en consideración las distancias y la facilidad o dificultad de las comunicaciones, señalará dentro de los plazos fijados en el artículo 302, el término que crea bastante para la prueba.
Art. 307.- El término extraordinario correrá desde el día siguiente a la notificación del auto en que se conceda, sin perjuicio de que el ordinario se dé por concluido al terminar el plazo.
Art. 308.- El término extraordinario concluirá luego que se rindan las pruebas para que se pidió, aunque no haya expirado el plazo señalado.
Art. 309.- El litigante a quien se hubiere concedido la dilación extraordinaria y no rindiese las pruebas que hubiere propuesto, sin justificar que para ello tuvo impedimento bastante
a juicio del juez, al extinguirse el período probatorio, será sancionado en términos de la fracción I del artículo 81.
Art. 310.- El término ordinario y el extraordinario podrá suspenderse, de común consentimiento de los interesados.
Art. 311.- Si todos los interesados en el juicio piden que el término legal se prorrogue, el juez así lo decretará de plano.
Art. 312.- Cuando se pida por ambas partes que se dé por concluido el término aunque no se haya vencido el plazo señalado, también lo decretará así el juez de plano.
Art. 313.- Las diligencias de prueba practicadas en otros juzgados en virtud de requerimiento del juez de los autos, durante la suspensión del término, surtirán sus efectos mientras el requerido no tenga aviso para suspenderlas.
Art. 314.- Puede el juez, aún después de la citación para sentencia, ordenar de oficio la práctica de las pruebas que sean necesarias para la aclaración de los hechos, con arreglo
al artículo 74.
CAPÍTULO VI DE LA CONFESIÓN
Art. 315.- La confesión puede ser judicial o extrajudicial.
Art. 316.- Es judicial la confesión que se hace ante juez competente.
Art. 317.- Es extrajudicial la confesión que se hace ante juez incompetente, en testamento o ante testigos.
Art. 318.- Todo litigante está obligado a declarar bajo protesta en cualquier estado del juicio, contestada que sea la demanda, hasta la citación para definitiva, cuando así lo exigiere el contrario.
Art. 319.- Para articular posiciones se necesita poder o cláusula especial.
Art. 320.- Pueden articularse posiciones al abogado y al procurador sobre hechos personales y que tengan relación con el asunto.
Art. 321.- No pueden articularse posiciones al abogado sobre hechos de su cliente; pero sí al procurador que tenga poder especial para absolverlas, o general con cláusula terminante para hacerlo.
Art. 322.- La parte está obligada a absolver personalmente las posiciones cuando así lo exige el que las articula y cuando el apoderado ignora los hechos.
Art. 323.- El causahabiente se considera como representante de su causante para los efectos del artículo que precede.
Art. 324.- Si el que debe absolver las posiciones estuviere ausente, el juez librará el correspondiente exhorto u oficio, acompañando cerrado y sellado el pliego en que consten las preguntas; pero del cual deberá sacar previamente una copia, que autorizada conforme a la ley con su firma y la del secretario, quedará en el archivo del tribunal.
Art. 325.- El juez exhortado practicará todas las diligencias que correspondan, conforme a este capítulo; pero no podrá declarar confeso a ninguno de los litigantes, si no fuere expresamente facultado por el exhortante.
Art. 326.- El que articula las preguntas, ya sea la parte misma, ya sea su apoderado, tiene derecho de asistir al interrogatorio y de hacer en el acto las nuevas preguntas que le convengan.
Art. 327.- Las posiciones deben articularse en términos precisos: no han de ser insidiosas; no ha de contener cada una más que un solo hecho, y éste ha de ser propio del que declara.
Art. 328.- Se tienen por insidiosas las preguntas que se dirigen a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, con el objeto de obtener una confesión contraria a la verdad.
Art. 329.- La confesión sólo produce efecto en lo que perjudica al que la hace, no en lo que le favorece.
Art. 330.- Cuando los litigantes presenten las preguntas en pliego cerrado, deberá guardarse así en el secreto del tribunal.
Art. 331.- El que debe absolver posiciones será citado con anticipación de veinticuatro horas, por lo menos, haciéndole saber el objeto de la diligencia y la hora en que ha de practicarse. Dicha citación solo se hará después de que el articulante presente el pliego de posiciones. Si no comparece, se le volverá a citar, en la misma forma, con el apercibimiento de que si no se presenta a declarar se le tendrá por confeso.
Art. 332.- Si el citado comparece, el juez en su presencia abrirá el pliego o se impondrá de las posiciones cuando se articularen verbalmente; y antes de proceder al interrogatorio, calificará las preguntas y desechará las que no sean admisibles de acuerdo con la ley.
Art. 333.- Hecha la protesta de decir la verdad, el juez procederá al interrogatorio, asentando literalmente las respuestas.
Art. 334.- En ningún caso se permitirá que la parte que ha de absolver un interrogatorio de posiciones, esté asistida por su abogado, procurador ni otra persona; ni se le dará traslado ni copia de las posiciones, ni término para que se aconseje.
Art. 335.- Si fueren varios los que hayan de absolver posiciones, las diligencias se practicarán separadamente y en un mismo día, evitando que los que absuelvan primero, se comuniquen con los que han de absolver después.
Art. 336.- Las contestaciones deberán ser afirmativas o negativas, pudiendo agregar el que las dé, las explicaciones que estime convenientes o las que el juez le pida.
Art. 337.- En el caso de que el declarante se negare a contestar, el juez le apercibirá en el acto de tenerle por confeso si persiste en su negativa.
Art. 338.- Si la negativa se fundare en la ilegalidad de las posiciones, el juez decidirá en el acto, a reserva de la apreciación que se haga de la prueba en la sentencia definitiva.
Art. 339.- Si las respuestas del que declare fueran evasivas, el juez le apercibirá de tenerle por confeso sobre los hechos respecto de los cuales sus respuestas no fueren categóricas o terminantes.
Art. 340.- El que haya sido llamado a declarar, deberá firmar su declaración después de leerla por sí mismo; y si no quisiere o no pudiere hacerlo, después de leérsela el Secretario. Si no supiere o no quisiere firmar, lo harán el Juez y el Secretario, haciéndose constar esta circunstancia.
Art. 341.- La declaración una vez firmada, no puede variarse ni en la sustancia ni en la redacción.
Art. 342.- A los ancianos de más de setenta años y a los enfermos y a las mujeres que deban absolver posiciones, podrá el juez, según las circunstancias, recibirles la declaración en sus casas.
Art. 343.- El que debe absolver posiciones, será declarado confeso:
I. Cuando sin justa causa no comparezca a la segunda citación;
Art. 344.- En el primer caso del artículo anterior, el juez abrirá el pliego, o hará constar por escrito las posiciones y las calificará antes de hacer la declaración.
Art. 345.- No podrá ser declarado confeso el llamado a absolver posiciones, si no hubiere sido apercibido legalmente.
Art. 346.- La declaración se hará cuando la parte contraria lo pida, después de contestada la demanda hasta la citación para sentencia.
Art. 347.- El juez resolverá acerca de la declaración solicitada, a reserva de lo que se decida sobre ella en la sentencia definitiva.
Art. 348.- Las autoridades, las corporaciones oficiales y los establecimientos que formen parte de la administración pública no absolverán posiciones en la forma que establecen los artículos anteriores; pero la parte contraria podrá pedir que se les libre oficio, insertando las preguntas que quiera hacerles para que, por vía de informe, sean contestadas dentro del término que designe el tribunal y que no excederá de ocho días. En el oficio se apercibirá a la parte absolvente de tenerla por confesa sino contestare dentro del término que se le haya fijado, o si no lo hiciere categóricamente afirmando o negando los hechos.
Art. 349.- Se tendrá por confeso al articulante respecto de los hechos propios que afirmare en las posiciones, y sobre ellos no se le admitirá prueba testimonial.
Art. 350.- De toda confesión judicial se dará traslado sin dilación al que la hubiere
solicitado, quien podrá pedir se repita para aclarar algún punto, dudoso sobre el cual no se haya respondido categóricamente, o que se declare confeso al colitigante, si se halla en alguno de los casos de que habla el artículo 343.
CAPÍTULO VII DE LOS INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS
Art. 351.- Son instrumentos públicos:
I. Las escrituras públicas y los testimonios de las mismas, expedidos conforme a derecho;
III. Los documentos auténticos, libros de actas, estatutos, registros y catastros que se hallen en los archivos públicos o dependientes de los Ayuntamientos, del Estado, de la Federación de los demás Estados y del Distrito o Territorios Federales;
IV. Las certificaciones de constancias existentes en los archivos parroquiales y que se refieran a actos pasados antes del establecimiento del Registro Civil, siempre que fueren cotejadas por Notario Público o quien haga sus veces con arreglo a derecho;
V. Las certificaciones de actas del estado civil expedidas por los oficiales del Registro Civil, respecto a constancias existentes en los libros correspondientes;
VI. Las actuaciones judiciales de toda especie;
VII. Los demás a los que se reconozca por la ley el carácter de documentos públicos.
Art. 352.- Por testimonio original de una escritura pública se entiende la primera copia de ella, expedida por el notario ante quien se otorgó el contrato o pasó el acto.
Art. 353.- Auténtico se llama todo instrumento que está autorizado y firmado por funcionario público que tenga derecho de certificar y que lleve el sello correspondiente.
Art. 354.- Documento privado es el que carece de los requisitos que expresan los artículos anteriores.
Art. 355.- Siempre que uno de los litigantes pidiere copia o testimonio de parte de un documento o pieza que obre en los archivos públicos, el contrario tendrá derecho a que se adicione, a su costa, con lo que crea conducente del mismo documento.
Art. 356.- Los documentos existentes en partido judicial distinto del en que se siga el juicio, se compulsarán a virtud de exhorto que dirija el juez de los autos al del lugar en que aquellos se encuentren.
Art. 357.- Los documentos privados procedentes de uno de los interesados, que se presenten por el otro, se reconocerán por aquél para hacer fe. Cuando hecha la citación correspondiente al interesado, éste no compareciere, o requerido por dos veces en la misma diligencia, rehusare contestar si es o no suya la firma, deberá darse esta por reconocida, si lo pidiere la parte contraria, siempre que la segunda citación o el segundo requerimiento se hayan hecho con apercibimiento.
Art. 358.- Para el efecto del reconocimiento se manifestará el documento original, y al interesado se le dejará ver todo su contenido, no sólo la firma.
Art. 359.- Son aplicables al reconocimiento las disposiciones de los artículos 322, 323, 324, 326 y 442, fracciones I y II.
Art. 360.- Sólo pueden reconocer un documento privado el que lo firma, el que lo manda extender o el legítimo representante de ellos con poder o cláusula especial.
Art. 361.- El documento privado presentado en juicio por vía de prueba, y no objetado por la parte contraria, se tendrá por admitido y surtirá sus efectos como si hubiera sido reconocido.
Art. 362.- Las partes solo podrán objetar los documentos dentro de los tres días siguientes a la apertura del término de prueba, tratándose de los presentados hasta entonces. Los exhibidos con posterioridad podrán ser objetados en igual término, contado desde la notificación del auto que ordene su recepción.
Art. 363.- Los documentos públicos expedidos por autoridades federales o funcionarios de los Estados, harán fe en el Estado sin necesidad de legalización.
Art. 364.- Para que hagan fe en el estado los instrumentos públicos procedentes del extranjero, deberán llenar los requisitos que determina el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Art. 365.- Todo instrumento redactado en el extranjero, se presentará original, acompañado de su traducción en castellano, y se mandará dar vista de ella a la parte contraria, para que dentro de tres días manifieste si está conforme. Si lo estuviere o no dijere nada, se pasará por la traducción; en caso contrario, el Tribunal nombrará traductor.
Art. 366.- Si hubiere de darse testimonio de documentos privados que obren en poder de particulares, se exhibirán al secretario de los autos, y éste los testimoniará en lo que señalen los interesados, previa citación.
Art. 367.- No se obligará a los que no litiguen, a la exhibición de documentos privados de su propiedad exclusiva, salvo el derecho que tenga el que los necesitare, del cual podrá usar en juicio diverso.
Art. 368.- Si los documentos no fueren propios de la persona en cuyo poder se hayan, habrá derecho para exigir su exhibición, compulsándose en los autos y devolviéndose los originales.
Art. 369.- Si el documento se encuentra en libros o papeles de casa de comercio o de algún establecimiento industrial, el que pide el documento o la constancia, deberá fijar con precisión cual sea, y la copia testimoniada se tomará en el escrito del establecimiento, sin que los directores de él estén obligados a llevar al juzgado los libros de cuentas, ni a más que a presentar las partidas o documentos designados.
Art. 370.- Cuando los documentos privados forman parte de un libro, expediente o legajo, se exhibirán para que se compulse la parte que señalen los interesados.
Art. 371.- Podrá pedirse el cotejo de letras siempre que se niegue o se ponga en duda la autenticidad de un documento privado. En este cotejo procederán los peritos con sujeción a lo que se previene en el Capítulo VIII de este título.
Art. 372.- La persona que pida el cotejo, designará el documento o documentos con que deba hacerse.
Art. 373.- Se considerarán indudables para el cotejo:
II. Los documentos privados cuya letra o firma hayan sido reconocidas en juicio por aquél a quien se atribuye la dudosa;
III. El escrito impugnado en la parte en que reconozca la letra como suya, aquél a quien perjudique.
Art. 374.- El juez debe hacer por sí mismo la comprobación después de oír a los peritos revisores; no tiene obligación de sujetarse a su dictamen y puede ordenar que se repita el cotejo por otros peritos.
Art. 375.- Cuando alguna de las partes sostenga la falsedad de un documento que pueda ser de influencia en el pleito, el juez hará la consignación correspondiente al Ministerio Público, y no alegarán los litigantes sino hasta que se decida sobre la falsedad por la autoridad competente. Si el procedimiento penal concluye sin decidir respecto de la falsedad o autenticidad del documento, el juez resolverá sobre el valor probatorio de aquél en la sentencia definitiva, teniendo en cuenta las pruebas constantes en los autos del juicio penal, que serán apreciadas conforme al Código de Procedimientos Penales.
CAPÍTULO VIII DE LA PRUEBA PERICIAL
Art. 376.- El juicio de peritos tendrá lugar en los negocios relativos a alguna ciencia o arte,
y en los casos en que expresamente lo prevengan las leyes.
Art. 377.- Cada parte nombrará un perito, a no ser que se pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo.
Art. 378.- Si fueren más de dos los litigantes, nombrarán un perito los que sostuvieren unas mismas prestenciones, y otro los que las contradigan.
Art. 379.- En los casos en que los litigantes deben tener un representante común, éste nombrará el perito que a aquellos corresponda.
Art. 380.- Si los que deben nombrar un perito no pudieren ponerse de acuerdo, el juez insaculará a los que propongan los interesados; y el que designare la suerte, practicará la diligencia.
Art. 381.- Al hacerse el nombramiento de los peritos, las partes de acuerdo nombrarán un tercero para el caso de discordia.
Art. 382.- Si las partes no se pusieren de acuerdo, el nombramiento será hecho por el juez.
Art. 383.- El nombramiento de los peritos y el del tercero se harán dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto en que aquél se prevenga.
Art. 383 Bis.- Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el juez deberá excusarse de conocer cuando en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 189 del presente Código.
Art. 384.- Los peritos deben tener título en la ciencia o arte a que pertenezca el punto sobre que ha de oírse su juicio, si la profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados.
Art. 385.- Si la profesión o el arte no estuvieren legalmente reglamentados, o estándolo, no hubiere peritos en el lugar, podrán ser nombrados cualesquiera personas entendidas, aún cuando no tengan títulos.
Art. 386.- El juez nombrará los peritos que correspondan a cada parte en los siguientes casos:
I. Si alguno de los litigantes dejare de hacer el nombramiento en el término señalado por la ley;
II. Cuando el designado por la parte no aceptare dentro de las cuarenta y ocho horas que sigan a la notificación de su nombramiento;
III. Cuando habiendo aceptado no rindiere su dictamen dentro del término fijado o en la diligencia respectiva;
IV. Cuando el que fue nombrado y aceptó el cargo lo renunciare después;
V. Si el designado por los litigantes no se encontrare en el lugar del juicio o en el que deba practicarse la prueba, o no se hubiere señalado su domicilio.
Art. 387.- El juez señalará lugar, día y hora para la práctica de la diligencia.
Art. 388.- El perito que dejare de concurrir, sin causa justa calificada por el juez, será sancionado en términos de la fracción I del artículo 81 de este Código e indemnizará de los daños y perjuicios que por su falta se hayan causado, nombrándose otro perito.
Art. 389.- Los peritos nombrados practicarán unidos la diligencia.
Art. 390.- Las partes pueden concurrir al acto y hacer a los peritos cuantas observaciones quieran; pero deberán retirarse para que discutan y deliberen solos.
Art. 391.- Los peritos emitirán inmediatamente su dictamen, a presencia del juez, siempre que lo permita la naturaleza del asunto; de lo contrario se les señalará un término prudente para que lo rindan. Cuando discordaran los peritos, dictaminará el tercero, solo o asociado a los otros.
Art. 392.- Los peritos que estén conformes, extenderán su dictamen en una sola declaración firmada por todos; los que no lo estuvieren, lo extenderán separadamente.
Art. 393.- El perito que nombre el juez, puede ser recusado con expresión de causa, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que se notifique el nombramiento a los litigantes.
Art. 394.- Son causas legítimas de recusación:
I. Consanguinidad dentro del tercer grado, o afinidad dentro del segundo;
II. Tener interés directo o indirecto en el pleito o en otro semejante;
III. Ser socio, amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes.
Art. 395.- El juez calificará de plano la recusación, y las partes deben presentar las pruebas al hacerla valer. Contra el auto en que se admita o deseche la recusación no procede recurso alguno. Admitida, se nombrará nuevo perito en los mismo términos que el recusado.
Art. 396.- El juez puede asistir a la diligencia que practiquen los peritos, pedirles todas las aclaraciones que estime conducentes y exigirles la práctica de nuevas diligencias. De todo lo dicho quedará constancia expresa y autorizada legalmente en los autos.
Art. 397.- El honorario de cada perito será pagado por la parte que lo nombró, o en cuyo defecto lo hubiere nombrado el juez, y el tercero, por ambas partes, sin perjuicio de lo que
disponga la resolución definitiva sobre condenación en costas.
CAPÍTULO IX DEL RECONOCIMIENTO JUDICIAL
Art. 398.- El reconocimiento judicial puede practicarse a petición de parte o de oficio, si el juez lo cree necesario.
Art. 399.- El reconocimiento judicial se hará siempre con citación previa de las partes, fijándose día, hora y lugar. Podrán concurrir peritos a la diligencia, los cuales serán nombrados con las formalidades que se indican en el capítulo anterior.
Art. 400.- Las partes y sus representantes y abogados podrán concurrir a la diligencia de reconocimiento y hacer al juez de palabra las observaciones que estimen oportunas.
Art. 401.- Del reconocimiento se levantará una acta, que firmarán todos los que a él concurran, y en la que se asentarán con exactitud los puntos que lo hayan provocado, las observaciones de los interesados, las declaraciones de los testigos y peritos, si los hubiere, y todo lo que el Juez creyere conveniente para esclarecer la verdad.
Art. 402.- Cuando fuere necesario, se levantarán planos o se sacarán vistas fotográficas del lugar u objeto inspeccionado.
CAPÍTULO X DE LA PRUEBA TESTIMONIAL
Art. 403.- Todo el que no tenga justo impedimento está obligado a comparecer ante el juez a declarar como testigo. A los ancianos de más de setenta años, a los enfermos y a las mujeres podrá el juez, según las circunstancias, recibirles la declaración en sus casas.
Art. 404.- No pueden ser testigos:
I. El menor de catorce años, sino en casos de imprescindible necesidad, a juicio del juez;
II. Los dementes y los idiotas;
III. Los ebrios consuetudinarios;
IV. El que haya sido declarado testigo falso o falsificador de letra, sello o moneda;
V. El tahúr de profesión;
VI. Los parientes por consanguinidad dentro del tercer grado y por afinidad dentro del segundo, a no ser que el juicio verse sobre edad, parentesco, filiación, divorcio o nulidad de matrimonio;
VII. Un cónyuge a favor del otro;
VIII. Los que tengan interés directo o indirecto en el pleito;
IX. El que viva a expensas o sueldo del que le presenta;
X. El enemigo capital;
XI. El juez en el pleito que juzgó;
XII. El abogado y el procurador en el negocio en que lo sean o lo hayan sido;
XIII. El tutor y el curador por los menores y éstos por aquéllos, mientras no fueren aprobadas las cuentas de la tutela.
Art. 405.- El examen de testigos se hará con sujeción a los interrogatorios que presenten las partes.
Art.406.- Los jueces calificarán los interrogatorios, y suprimirán las preguntas que a su juicio, fueren contra derecho o contra la moral; mandarán dar copia de ello a la otra parte, citándola, así como a los testigos, a más tardar el día anterior a aquel en que deba practicarse la diligencia.
Art. 407.- Los litigantes podrán presentar interrogatorios de repreguntas antes del examen de los testigos.
Art. 408.- Los interrogatorios de preguntas y repreguntas deberán formularse de una manera afirmativa y especificando en cada pregunta un solo hecho.
Art. 409.- Sobre los hechos probados por confesión judicial no podrá el que los haya confesado, rendir prueba de testigos.
Art. 410.- Lo dispuesto en el artículo anterior, comprende al actor en el caso del artículo
Art. 411.- Los interrogatorios de repreguntas quedarán reservados en poder del juez y bajo su más estrecha responsabilidad, hasta el momento del examen de los testigos.
Art. 412.- El juez puede emplear los medios de apremio cuando los testigos, sin causa legal, se nieguen a declarar.
Art. 413.- A los altos Funcionarios de la Federación y de los Estados, primeras autoridades del Distrito y Territorios Federales, magistrados, jueces, generales con mando y jefes superiores de las oficinas federales, se les pedirá su declaración por oficio, y en esta misma forma la rendirán.
Art. 414.- Si el testigo no reside en el lugar del juicio, será examinado por el juez de su domicilio, a quien previa citación de la parte contraria, se librará exhorto, en que se incluirán en pliego cerrado las repreguntas que se hubieren presentado.
Art. 415.- Antes de declarar los testigos, el juez les recibirá protesta de decir verdad y de no revelar a las partes la declaración que dieren. A los menores de catorce años, cuando hayan de declarar, no se les exigirá dicha protesta; pero se les advertirá que deben decir
verdad y guardar reserva.
Art. 416.- La parte contraria puede asistir al acto de la protesta.
Art. 417.- Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin que unos puedan presenciar las declaraciones de los otros. A este efecto el juez podrá exigir que en un solo día se presenten los testigos.
Art. 418.- El juez, al examinar a los testigos, puede hacerles las preguntas que estime convenientes, siempre que sean relativas a los hechos contenidos en el interrogatorio, y sin extenderse a otros puntos en que, aunque sean concernientes al pleito, no se refieran a lo interrogado por las partes.
Art. 419.- Si el testigo no sabe el idioma, rendirá su declaración por medio de intérprete, que será nombrado por el Juez. Si el testigo lo pidiere, además de asentarse su declaración en castellano, podrá escribirse en su propio idioma por él o por el intérprete. Todo intérprete protestará previamente cumplir bien su encargo y guardar reserva, como los testigos.
Art. 420.- Las respuestas de los testigos se asentarán en su presencia, literalmente y sin abreviaturas, pudiendo ellos mismos escribirlas o dictarlas; también pueden rubricar las páginas en que se hallan.
Art. 421.- El testigo podrá leer por sí mismo su declaración; y deberá firmarla notificando antes su contenido. Si no puede o no sabe leer o escribir, la declaración será leída por el secretario, y firmada por éste y por el juez, haciéndose constar esta circunstancia.
Art. 422.- Una vez firmada la declaración, no podrá variarse.
Art. 423.- Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, y el juez deberá exigirla aunque no se pida en el interrogatorio.
Inmediatamente que el testigo conteste al interrogatorio, lo hará a las
Art. 425.- Siempre se preguntará a los testigos sobre los puntos siguientes, aunque no se comprendan en el interrogatorio:
I. Su nombre, apellido, edad, estado, profesión y domicilio;
II. Si son parientes consanguíneos o afines de alguno de los litigantes y en qué grado;
III. Si tienen interés directo o indirecto en el pleito o en otro semejante;
IV. Si son amigos íntimos o enemigos de alguno de los litigantes.
Art. 426.- Los nombres de los testigos que presente alguna de las partes, su profesión y
domicilio, se comunicarán a la otra parte al notificársele el auto en que se mande recibir la prueba. Dentro de los tres días siguientes, podrá tacharse a los testigos.
Art. 427.- Sobre los hechos que han sido objeto de un interrogatorio evacuado ya, no puede presentarse otro en ninguna instancia del juicio.
Art. 428.- Los gastos que hicieren los testigos y los perjuicios que sufran por presentarse
dar declaración, serán satisfechos por la parte que los llamare a declarar, salvo siempre
que se decida sobre condenación en gastos y perjuicios.
Art. 429.- Cada uno de los litigantes puede presentar hasta veinte testigos.
Art. 430.- Cuando hecha la publicación de las pruebas se observare que al examinar al testigo, el juez incurrió en alguna omisión, la parte que ofreció la prueba tiene derecho de pedir que el testigo sea examinado nuevamente, sólo para el efecto de subsanar la omisión cometida.
Art. 431.- En el caso del artículo anterior, al juez, se le impondrá una corrección disciplinaria, sin perjuicio de la responsabilidad a que haya lugar.
Art. 432.- Los testigos pueden ser tachados por las causas que expresa el artículo 404 y por cualesquiera otras que afecten la credibilidad del testigo, siempre que no hayan sido expresadas en la declaración.
Art. 433.- Con la petición sobre tachas se formará incidente, que se tramitará por cuaderno separado, reservándose la resolución para la sentencia definitiva.
Art. 434.- No es admisible la prueba testimonial para tachar a los testigos que hayan declarado en el incidente de tachas.
CAPÍTULO XI DE LAS PRESUNCIONES
Art. 435.- Presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. La primera se llama legal y la segunda, humana. Art. 436.- Hay presunción legal:
I. Cuando la ley la establece expresamente;
II. Cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la ley.
Art. 437.- Hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado, se deduce otro que es consecuencia de aquél.
Art. 438.- El que tiene a su favor una presunción legal, solo está obligado a probar el hecho en que se funde la presunción.
Art. 439.- No se admite prueba contra la presunción legal:
I. Cuando la ley lo prohíbe expresamente;
II. Cuando el efecto de la presunción es anular un acto o negar una acción.
Art. 440.- Se exceptúa de lo dispuesto en la fracción II del artículo anterior, el caso en que la ley haya reservado el derecho de probar.
Art. 441.- Contra las demás presunciones legales y contra las humanas es admisible la prueba.
CAPITULO XI-BIS FOTOGRAFIAS, INFORMACION QUE CONSTE EN MEDIOS ELECTRONICOS, Y EN GENERAL, TODOS AQUELLOS ELEMENTOS APORTADOS POR LOS DESCUBRIMIENTOS DE LA CIENCIA
Nota: Se adiciona el Capitulo XI-Bis con los artículos 441 bis, 441 bis-1, 441 bis-3 y 441 bis 4, por decreto No. 64 de fecha 22/VI/2007. (P.O. Tercera Época, Año XVI, No.3835 de fecha 04/VII/2007.)
Art. 441-bis.- Para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el negocio que se ventile, pueden las partes presentar fotografías.
Art. 441-bis 1.- Como medio de prueba deben admitirse también los registros fonográficos y demás elementos que produzcan convicción en él ánimo del Juez. La parte que presente esos medios de prueba deberá ministrar al tribunal los aparatos ó elementos necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros y reproducirse los sonidos y figuras.
Art. 441-bis 2.- Los escritos y notas taquigráficas pueden presentarse por vía de prueba, siempre que se acompañe la traducción de ellos, haciéndose especificación exacta del sistema taquigráfico empleado.
Art. 441-bis 3.- Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología.
Art. 441-bis 4.- En todo caso en que se necesiten conocimientos técnicos especiales para la apreciación de los medios de prueba a que se refiere este capítulo, oirá el tribunal el
parecer de un perito conveniente.
nombrado por él,
lo pidan
CAPÍTULO XII DEL VALOR DE LAS PRUEBAS
Art. 442.- La confesión judicial hace prueba plena cuando concurren en ella las circunstancias siguientes:
IV. Que se haya hecho conforme a las prescripciones de este Código. Cuando se impugne la confesión por falta de alguno de los requisitos que se expresan en las fracciones I y II, la tramitación se sujetará a las reglas de los incidentes, reservándose la resolución para la sentencia definitiva.
Art. 443.- La confesión hecha en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará prueba plena sin necesidad de ratificación ni ser ofrecida como prueba.
Art. 444.- Cuando la confesión haga prueba plena y afecte a toda la demanda, cesará el juicio ordinario, si el actor lo pidiere y se procederá conforme a las disposiciones del juicio ejecutivo.
Art. 445.- Para que se consideren plenamente probados los hechos sobre que ha sido declarado confeso un litigante, se requiere:
I. Que el interesado sea capaz de obligarse;
II. Que los hechos sean suyos y concernientes al pleito;
III. Que la declaración sea legal.
Art. 446.- La declaración de estar confesa una parte, releva a la contraria de la obligación de probar lo hechos que eran materia de la confesión. El declarado confeso puede rendir prueba en contrario.
Art. 447.- La confesión extrajudicial hará prueba plena:
I. Si el juez incompetente ante quien se hizo, era reputado competente por las dos partes, en el acto de la confesión;
II. Si cuando se hace ante testigos, ha estado además presente la parte contraria y se ha hecho con palabras precisas y terminantes;
III. Cuando se hace en testamento legítimo, salvo los casos de excepción señalados por la ley.
Art. 448.- Fuera de los casos expresados en el artículo anterior, la confesión extrajudicial sólo produce presunción humana.
Art. 449.- La confesión solo puede dividirse contra el que la hizo, cuando se refiere a hechos diferentes, aunque constituyan excepción. Esta regla se observará también respecto de la confesión contenida en documentos públicos y privados.
Art. 450.- Los instrumentos públicos hacen prueba plena, salvo siempre el derecho del colitigante para redargüirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los originales existentes en los protocolos y archivos.
El cotejo deberá solicitarse dentro de tres días contados desde la presentación del documento. Si se hubiese presentado antes del término probatorio, se pedirá el cotejo dentro de los primeros diez días del mismo término.
Art. 451.- Los documentos públicos sólo podrán ser redargüidos de falsedad dentro de los términos expresados en el artículo anterior, o dentro de tres días después de haberse hecho el cotejo. El incidente sobre falsedad de un instrumento público se tramitará por cuerda separada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 375. Si el juez que conozca del asunto penal resuelve declarando la autenticidad o falsedad del documento, el juez de lo civil se sujetara a esta declaración y se sobreseerá en el incidente que esté tramitando.
Art. 452.- Las partidas expedidas por los párrocos relativas a actas anteriores al establecimiento del Registro Civil, no harán prueba plena si no están cotejadas por Notario Público.
Art. 453.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena.
Art. 454.- Los documentos privados hacen prueba plena contra su autor, cuando han sido reconocidos en la forma legal. Para que los documentos privados hagan prueba plena contra tercero, se requiere: que en ellos se consignen hechos propios de su autor o contratos celebrados por él; y que tengan fecha cierta, de acuerdo con el artículo 1928 del Código Civil.
Art. 455.- Lo dispuesto en el artículo 451 es aplicable, en lo conducente, cuando sea privado el documento que se objete por falsedad.
Art. 456.- El reconocimiento hecho por el albacea general, hace prueba plena y también la hace el hecho por un heredero en lo que a él concierna.
Art. 457.- Los documentos privados no suscritos, comprobados por medio de testigos, valdrán como si hubieran sido reconocidos.
Art. 458.- El documento que una parte presenta, prueba plenamente en su contra, aunque
la otra parte no lo reconozca.
Art. 459.- Los documentos privados no suscritos, reconocidos por su autor, sólo producen presunción humana.
Art. 460.- Los libros de contabilidad llevados en debida forma por particulares, asociaciones o sociedades civiles, prueban contra éstos; pero los asientos que le sean favorables no podrán desecharse, y se estará al contenido íntegro de la cuenta, tal como conste.
Art. 461.- Los telegramas, radiogramas o telefonemas se tendrán como documentos públicos o privados, según que estén firmados por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o por particulares. Si se negare la autenticidad del documento, se procederá al cotejo con el original, y en su caso, al reconocimiento de la firma constante en aquél.
Art. 462.- Cuando se ofrezcan como pruebas escritos o notas taquigráficas, se acompañará su traducción, expresándose el sistema taquigráfico empleado.
Art. 463.- El reconocimiento judicial hará prueba plena cuando se haya practicado en objetos que no requieran conocimientos especiales o científicos.
Art. 464.- Los avalúos practicados por peritos se tendrán como precio de la cosa avaluada.
Art. 465.- La fe de los demás juicios periciales, incluso el cotejo de letras, será calificado por el juez según las circunstancias.
Art. 466.- El valor de la prueba testimonial queda al prudente arbitrio del juez, quien nunca considerará probados los hechos sobre los cuales ha versado, si no hay, por lo menos, dos testigos en quienes concurran las siguientes condiciones:
I. Que sean mayores de toda excepción;
II. Que convengan en lo esencial del acto que refieren, aunque difieran en los accidentes;
III. Que declaren de ciencia cierta, esto es, que hayan oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el hecho material sobre que deponen;
IV. Que den fundada razón de su dicho.
Art. 467.- Los testigos varios, que son los que no convienen en la substancia, solo producen presunción humana.
Art. 468.- Los testigos de oídas solo hacen fe respecto de hechos antiguos, y su dicho valdrá como presunción humana.
Art. 469.- Un solo testigo, por caracterizado que sea, no hace prueba plena sino cuando ambas partes personalmente y siendo mayores de edad, convengan en pasar por su dicho; fuera de este caso, la declaración de un testigo solo produce presunción humana.
Art. 470.- Al estimar la prueba testimonial, el juez tendrá en cuenta las circunstancias siguientes:
I. Que el testigo no sea inhábil por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 404;
II. Que por su edad, su capacidad y su instrucción, tenga el criterio necesario para juzgar del acto;
III. Que por su probidad, por la independencia de su posición, y por sus antecedentes personales, tenga completa imparcialidad;
IV. Que el hecho de que se trate sea susceptible de ser conocido por medio de los sentidos, y que el testigo lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni referencias a otras personas;
V. Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la substancia del hecho, ya sobre las circunstancias esenciales;
VI. Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno. El apremio judicial no supone fuerza.
Artículo 470 bis.- El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial.
Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el artículo 441 bis-3, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta.
Nota: Se adiciona el artículo fecha 04/VII/2007.)
470-bis por decreto No. 64 de fecha 22/VI/2007. (P.O. Tercera Época, Año XVI, No.3835 de
Art. 471.- Producen presunción humana las declaraciones de testigos singulares, con
singularidad acumulativa, que consiste en que cada uno declare sobre hecho diverso, siendo sucesivos todos los hechos y conducentes para probar el principal.
Art. 472.- Las presunciones legales de que trata el artículo 439, hacen prueba plena.
Art. 473.- Las demás presunciones legales hacen prueba plena, mientras no se prueba lo contrario.
Art. 474.- Los jueces, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos, el enlace natural y necesario o más o menos lógico que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciarán en justicia el valor de las presunciones humanas.
Art. 475.- Derogado.
Nota: Se deroga el artículo 475 por decreto No. 64 de fecha 22/VI/2007. (P.O. Tercera Época, Año XVI, No.3835 de fecha
04/VII/2007.)
CAPÍTULO XIII DE LA PUBLICACIÓN DE LAS PRUEBAS
Art. 476.- Si antes de concluir el término de prueba, se hubieren rendido las promovidas, las partes de acuerdo pueden pedir la publicación y el juez deberá decretarla.
Art. 477.- Concluido el término probatorio, el secretario lo hará constar en los autos; y el juez, aunque no haya gestión de los interesados, mandará hacer la publicación, fijando un término, que no exceda de dos días, durante el cual queden las pruebas en la secretaría para que las partes puedan verlas. Pasado dicho término, se tendrán por publicadas, aunque las partes no hayan ocurrido a imponerse de ellas.
Art. 478.- En seguida, el secretario cumplirá lo mandado por el juez y asentará en el expediente el número de cuadernos que forman las pruebas de cada parte, con expresión de la prueba que en cada uno se contiene y de las fojas de que se compone; poniendo nota en que dé fe del día en que concluye la publicación. La misma nota pondrá en cada uno de los cuadernos de pruebas. Art. 479.- Lo dispuesto en el artículo anterior se observará también en la prueba de tachas y en las que se rindan sobre excepciones o cualquier otro incidente.
CAPÍTULO XIV DE LOS ALEGATOS
Art. 480.- Hecha la publicación de pruebas, se correrá traslado de los autos al actor y al demandado, por seis días a cada uno, para que aleguen por su orden.
Art. 481.- Si por el volumen de los autos, por la complicación del asunto o por la dificultad
de la cuestión, no bastare el término señalado en el artículo anterior, podrá el juez fijar término mayor, que no excederá de doce días para cada parte.
Art. 482.- Transcurrido el término para alegar, se citará a las partes para sentencia, que se dictará dentro de ocho días.
TÍTULO SÉPTIMO DE LAS SENTENCIAS
Art. 483.- Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.
Art. 484.- No podrán bajo ningún pretexto los jueces ni los tribunales aplazar, dilatar ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el juicio.
Art. 485.- Cuando el litigante fuere condenado en lo principal, y además al pago de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará el importe de éstos en cantidad líquida, o se establecerán por lo menos las bases, con arreglo las cuales deberá hacerse la liquidación cuando se ejecute la sentencia. Si no fuere posible lo uno ni lo otro, se reservarán a la parte acreedora sus derechos para que los haga valer al ejecutarse la sentencia, o en juicio aparte.
Art. 486.- Si transcurriese el término legal sin dictarse sentencia, se hará nueva citación, y los superiores respectivos corregirán disciplinariamente a los jueces que hayan incurrido en semejante falta.
Art. 487.- En la redacción de las sentencias se observarán las reglas siguientes:
I. Se expresará el lugar, la fecha, los nombres y apellidos de los litigantes y de sus representantes, si los tuvieren, el objeto y la naturaleza del juicio;
II. En los "Resultandos", en párrafos separados, se consignarán los hechos contenidos en los escritos de demanda y contestación, así como los puntos referentes a la reconvención, compensación y demás excepciones opuestas, haciéndose la enumeración de las pruebas presentadas;
III. En los "Considerandos", en párrafos separados, se apreciarán los puntos de derecho alegados por las partes, exponiéndose las razones y fundamentos legales que se estimen procedentes y citándose las leyes o doctrinas que se consideren aplicables para fundar el fallo. Se estimará asimismo el valor de las
pruebas, fijando los hechos que resulten probados; IV. Finalmente, se resolverán los puntos litigiosos, condenándose o absolviéndose al demandado, y decidiéndose todas las cuestiones que hayan sido objeto del juicio, con expresión de si se condena o no en los gastos del mismo.
Art. 488.- DEROGADO.
Art. 489.- DEROGADO.
Art. 490.- DEROGADO
Art. 491.- DEROGADO
Art. 492.- DEROGADO.
Art. 493.- DEROGADO
Art. 494.- DEROGADO.
Art. 495.- DEROGADO.
Se Derogan los artículos del 488 al 495 por Decreto No. 108 de fecha 16/VI/1993. (P. O del 16/VI/1993)
CAPÍTULO II DE LA ACLARACIÓN DE SENTENCIA
Art. 496.- La aclaración de sentencia sólo procede respecto de las sentencias definitivas o interlocutorias contra las cuales no proceda ningún recurso. Los jueces pueden pedir de oficio la aclaración de las sentencias superiores al tiempo de ejecutarlas.
Art. 497.- La aclaración se pedirá al mismo juez que hubiere dictado la sentencia, dentro del término improrrogable de tres días, contados desde la fecha en que se haya notificado el fallo al que pida la aclaración.
Art. 498.- Al solicitarse la aclaración se expresará claramente la contradicción, ambigüedad u oscuridad de las cláusulas o palabras cuya aclaración se solicita, o el punto que se haya omitido y cuya falta se reclame.
Art. 499.- El juez, en vista de lo expuesto por el solicitante, y sin otro trámite, dentro de tercero día, aclarará la sentencia, o decidirá no haber lugar a la aclaración solicitada, o resolverá lo que proceda en derecho acerca del punto omitido.
Art. 500.- El juez al aclarar las cláusulas o palabras contradictorias, ambiguas u oscuras de la sentencia, no puede variar la sustancia de ésta.
Art. 501.- La resolución que recaiga, se notificará a las partes; y de ella no se admitirá ningún recurso, ni se podrá pedir nueva aclaración.
Art. 502.- El auto que aclare la sentencia, se reputará parte integrante de ésta.
Art. 503.- Siempre que los jueces y tribunales resuelvan no haber lugar a la aclaración perdida, y juzgaren que el solicitante procedió maliciosamente, le impondrán una multa en términos de la fracción I del artículo 81.
CAPÍTULO III DE LA SENTENCIA EJECUTORIADA
Art. 504.- La cosa juzgada es la verdad legal y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo en los casos expresamente determinados por la ley.
Art. 505.- Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria por ministerio de la ley o por declaración judicial.
Art. 506.- Causan ejecutoria por ministerio de la ley:
II. Las sentencias de segunda instancia.
IV. Las que diriman una competencia;
V. Las demás que se declaren irrevocables por prevenciones expresas de éste Código o del Civil, así como aquellos respecto de las cuales no se admita ningún recurso.
Se derogan las fracciones I y III por Decreto No. 009 de fecha 23/X/1986. (P. O del 23/X/1986)
Art. 507.- Causan ejecutoria por declaración judicial:
I. Las sentencias consentidas expresamente por las partes, por sus representantes legítimos o por sus apoderados con poder o cláusula especial;
II. Las sentencias de que, hecha notificación en forma, no se interpone recurso en el término señalado por la ley;
III. Las sentencias que luego de haber sido impugnadas en apelación el recurrente se desiste del recurso.
Art. 508.- La declaración de estar ejecutoriada una sentencia, se hará sustanciando el
artículo con un escrito o comparecencia en su caso, de cada parte. Los términos serán:
tres días para contestar y otros tres para dictar la resolución.
Art. 509.- La declaración será hecha por el juez que hubiese pronunciado la sentencia. En el caso que previene la fracción III del artículo 507, la declaración la hará la Presidencia de la Sala Civil al acordar sobre el desistimiento.
Art. 510.- La resolución en que se declara que una sentencia ha causado o no ejecutoria, no admite ningún recurso.
TÍTULO OCTAVO DE LOS JUICIOS SUMARIOS
Art. 511.- Se tramitarán en la vía sumaria los juicios siguientes:
I. Los de alimentos y aseguración de ellos;
II. Los que se versen sobre pagos de rentas, desocupación de predios rústicos o urbanos, o sobre cualquiera otra cuestión relacionada con el contrato de arrendamiento;
III. Los relativos a servidumbre, cuando no se discute sobre su constitución o extinción;
IV. Los de consignación, que se hagan para extinguir una obligación;
V. Los que se refieren a los contratos de aparcería rural, hospedaje, transporte y alquiler;
VI. Los relacionados con las precaucaciones que deban tomarse cuando la viuda quede encinta;
VII. Los que tengan por objeto exigir el cumplimiento de formalidades externas para la validez de algún contrato;
VIII. Los que se promuevan exigiendo el pago de honorarios debidos a peritos y a los abogados, médicos, notarios y demás personas que ejerzan una profesión;
IX. Los que se inicien con respecto al patrimonio de familia;
X. Los que se promuevan por diferencias que surjan entre marido y mujer sobre administración de bienes comunes, educación y cuidado de los hijos; y por oposiciones de maridos, padres y tutores;
XI. Los relativos a rendición de cuentas por tutores, administradores y por todas aquellas personas a quienes la ley o el contrato imponen esa obligación;
XII. Aquellos en que se ejercite cualquier acción referente a hipotecas;
XIII. Los que se versen sobre división de cosa común y diferencias entre copropietarios, socios, o asociados en lo tocante a la administración, disfrute y disposición de las cosas comunes;
XIV. Los que tengan por objeto el cobro de pensiones, con tal que la cuestión no verse sobre el mismo capital, imposición o gravamen por los que se adeude la pensión;
XV. Los que se sigan para la calificación de algún impedimento para el matrimonio;
XVI. Los demás que por disposición de la ley deban tramitarse sumariamente.
Art. 512.- DEROGADO.
Derogado por Decreto No. 108 de fecha 16/VI/1993. (P. O del 16/VI/1993)
Art. 513.- El procedimiento en los juicios sumarios se arreglará a lo que disponen los siguientes artículos.
Art. 514.- Los términos judiciales serán de cuatro días para contestar la demanda, de veinte días para pruebas, de cuatro días para oponer las excepciones dilatorias; de tres días para la audiencia de alegatos y de diez días para dictar sentencia definitiva.
El juez no podrá bajo ninguna circunstancia, dictar un acuerdo en el cual solamente exprese que se está en estudio de la sentencia, sino que deberá dictar la misma dentro del término establecido.
En los juicios sumarios, salvo las disposiciones del juicio hipotecario, todos los días de que conste el período probatorio son comunes para ofrecer y desahogar pruebas. Empero, aquellas cuyo perfeccionamiento requiera la citación de alguna persona, la constitución del personal del juzgado fuera de las oficinas del mismo o la intervención de peritos, deberán ofrecerse con la suficiente anticipación para que dicho perfeccionamiento tenga lugar sin exceder el período, de no ser así el juez las desechará de plano.
Se Adiciono un segundo párrafo por Decreto No. 108 de fecha 16/VI/199 3. (P. O del 16/VI/1993) Decreto 145 de fecha 22 de diciembre de 1998
Art. 515.- Las excepciones dilatorias se opondrán al contestar la demanda y se decidirán en la sentencia definitiva.
Art. 516.- La reconvención no es admisible sino cuando la acción en que se funde esté sujeta a juicio sumario. Art. 517.- Cada parte no podrá presentar más de diez testigos.
Art. 518.- Hecha la publicación de probanzas, se citará para la audiencia de alegatos, en que podrán las partes alegar, verbalmente o por escrito, lo que a sus derechos convenga.
Art. 519.- Los incidentes que no tengan señalada tramitación especial en éste código, se sustanciarán en pieza separada.
Art. 520.- En el caso de la fracción XV del artículo 511, una vez recibida por el juez el acta levantada por el oficial del Registro Civil, que contenga la denuncia del impedimento, se
citará al denunciante, a los pretendientes y al Ministerio Público para una audiencia, en que expresarán lo que convenga a sus respectivas pretensiones. En caso necesario se recibirá a prueba el juicio por diez días, ajustándose la tramitación a las disposiciones de este capítulo.
CAPÍTULO II DEL JUICIO SUMARIO DE DESAHUCIO
Se reforma el titular y los artículos del 521 al 531 instaurando el llamado juicio sumario de desahucio como juicio especial, por Decreto No. 155 de fecha 27/IV/1971. (P.O. Segunda Época, Año X, No. 1476, de 27/IV/1971)
Art. 521.- La demanda de desocupación debe fundarse en la falta de pago de dos o más mensualidades y se acompañará precisamente con el contrato escrito del arrendamiento y los correspondientes recibos de renta adeudada.
Art. 522.- Presentada la demanda con el contrato respectivo, el juez dictará auto mandando requerir al arrendatario para que en el acto de la diligencia justifique con el recibo correspondiente estar al corriente en el pago de las rentas, y no haciéndolo, se le
prevenga que dentro de veinte días si la finca sirve para habitación, o dentro de cuarenta días si sirve para giro mercantil o industrial, o dentro de noventa si fuere rústica, proceda
a desocuparla y entregarla al arrendador, apercibido de lanzamiento a su costa si no lo
verifica. En el mismo acto se le emplazará para que dentro de tres días ocurra a oponer las excepciones que tuviere.
Art. 523.- Si en el acto de la diligencia justificare el arrendatario, con los recibos correspondientes, haber hecho el pago de las pensiones reclamadas, o exhibiere su importe o copia sellada por un juzgado de escritos de ofrecimiento de pago a los que hubiere acompañado los certificados de depósito respectivos, se suspenderá la diligencia, asentándose constancia de estas circunstancias en el acta y agregándose los justificantes que se presenten, para dar cuenta al juzgado.
Si se exhibiere el importe, se mandará entregar al actor sin más trámite y se dará por terminado el procedimiento. Si se exhibieren copias de escritos de ofrecimiento de pago, se pedirán en su caso, los originales por oficio al juzgado en que se encuentren, así como los correspondientes certificados. Recibidos éstos se dará por terminado el procedimiento
y se entregarán los certificados al arrendador a cambio de los recibos correspondientes.
En caso de presentarse recibos de pago, se mandará dar vista al actor por el término de tres días; si no los objeta, se dará por concluido el juicio; si los objeta, se citará para la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el artículo 526.
Art. 524.- Cuando durante el plazo fijado para el desahucio, exhiba el inquilino el recibo de las pensiones debidas o el importe de ellas, dará el juez por terminada la providencia de lanzamiento sin condenación en costas.
Si el recibo presentado es de fecha posterior a la exhibición o la exhibición del importe de las pensiones se hace fuera del término señalado para el desahucio, también se dará por concluida la providencia de lanzamiento, pero se condenará al inquilino al pago de las costas causadas.
Art. 525.- Los beneficios de los plazos que éste capítulo concede a los inquilinos, no son renunciables.
Art. 526.- En caso de que se opongan otras excepciones por el inquilino, se mandará dar vista con ellas al actor, citándose para audiencia de pruebas y alegatos dentro de los ocho días siguientes, teniendo en cuenta que esta audiencia debe efectuarse antes del vencimiento del término fijado para el lanzamiento.
El juez debe desechar de plano las excepciones diversas a las que el Código Civil, en los artículos 2,335 a 2,338 y 2,348 concede al inquilino para no pagar la renta, siendo éstas inadmisibles si no se ofrecen con sus pruebas.
Art. 527.- DEROGADO
Art. 528.- Si las excepciones fueren declaradas procedentes en la misma resolución, dará el tribunal por terminada la providencia de lanzamiento. En caso contrario, en la sentencia se señalará el plazo para la desocupación, que será el que falte para cumplirse el señalado por el artículo 522.
Art. 529.- La diligencia de lanzamiento se entenderá con el ejecutado o en su defecto con cualquiera persona de la familia, doméstico, portera o portero, agente de la policía o vecinos, pudiéndose romper las cerraduras de la puerta si necesario fuere. Los muebles u objetos que en la casa se encuentren, si no hubiere persona de la familia del inquilino que los recoja u otra autorizada para ello, se remitirán por inventario a la primera autoridad municipal correspondiente o al local que designe la autoridad administrativa, dejándose constancia de esta diligencia en autos.
Art. 530.- Al hacer el requerimiento que se dispone en el artículo 522, se embargarán y depositarán bienes bastantes para cubrir las pensiones reclamadas si así se hubiere decretado. Lo mismo se observará al ejecutarse el lanzamiento.
Art. 531.- Para la ejecución del desahucio se tiene como domicilio legal del ejecutado, la finca o departamento de cuya desocupación se trata.
Art. 532.- DEROGADO.
Art. 533.- DEROGADO.
Art. 534.- DEROGADO.
Art. 535.- DEROGADO.
Art. 536.- DEROGADO.
Art. 537.- DEROGADO.
Los artículos del 532 al 537 fueron derogados por Decreto No. 155 de fecha 27/IV /1971. (P.O. Segunda Época, Año X, No. 1476, de 27/IV/1971)
CAPÍTULO III DEL JUICIO HIPOTECARIO
Art. 538.- Se tramitará en la vía especial hipotecaria todo juicio que tenga por objeto el pago o la prelación del crédito que la hipoteca garantice.

References: artículo 6
 artículo 7
 resolución 
 resolución 
 artículo 40
 resolución 
 artículo 118
 artículo 79
 resolución 

resolución 
 artículo 102
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 149
 resolución 
 resolución 
 artículo 159
 resolución 
 resolución 
 artículo 189
 artículo 198
 resolución 
 artículo 189
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo
222
 artículo
222
 artículo 222
 artículo 235
 artículo 238
 artículo 250
 artículo 923
 resolución 
 artículo 262
 artículo 106
 artículo 34
 artículo 292
 resolución 
 artículo 302
 artículo 81
 artículo 74
 artículo 343
 artículo 189
 artículo 81
 resolución 
 artículo 404
 resolución 
 resolución 
 artículo 375
 artículo 1928
 artículo 451
 artículo 404

Artículo 470
 artículo 441
 artículo 439
 artículo 475
 resolución 
 resolución 
 artículo 81
 artículo 507
 resolución 
 artículo 511
 artículo 526
 artículo 522
 artículo 522