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Timestamp: 2020-06-02 03:48:57+00:00

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Creación de un instrumento europeo de apoyo a los estados miembros para atenuar los riesgos de desempleo a consecuencia de la crisis del COVID‐19 - El Derecho Local
Creación de un instrumento europeo de apoyo a los estados miembros para atenuar los riesgos de desempleo a consecuencia de la crisis del COVID‐19
DOUE 159/2020 de 20 de Mayo de 2020
El presente Reglamento establece las condiciones y los procedimientos por los que la Unión puede proporcionar asistencia financiera a un Estado miembro que sufra, o corra el riesgo de sufrir, una perturbación económica grave provocada por el brote de COVID‐19 para que financie, principalmente, regímenes de reducción del tiempo de trabajo o medidas similares destinadas a proteger a los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena y, de este modo, reducir la incidencia del desempleo y la pérdida de ingresos, así como para que financie, de manera accesoria, algunas medidas relacionadas con la salud, en particular en el lugar de trabajo.
Un Estado miembro puede solicitar asistencia financiera de la Unión en el marco del Instrumento cuando su gasto público real, y en su caso también el previsto, haya aumentado de forma repentina y grave desde el 1 de febrero de 2020.
La asistencia financiera se va a realizar por medio de un préstamo concedido por la Unión al Estado miembro de que se trate, y se va a desembolsar en varios plazos.
Los Estados miembros pueden contribuir al Instrumento con contragarantías del riesgo asumido por la Unión. Las contribuciones de los Estados miembros se deben realizar en forma de garantías irrevocables, incondicionales y a la vista. El Instrumento solo va a estar disponible una vez que todos los Estados miembros hayan contribuido al Instrumento.
(7) El artículo 220, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) establece que la asistencia financiera de la Unión a los Estados miembros puede revestir la forma de un préstamo. Esos préstamos deben concederse a los Estados miembros en los que el brote de COVID‐19 haya generado, desde el 1 de febrero de 2020, un aumento repentino y grave del gasto público real, y posiblemente también del previsto, debido a las medidas nacionales. Esta fecha garantiza la igualdad de trato entre todos los Estados miembros y permite cubrir los aumentos reales, y en su caso también los aumentos previstos, del gasto en que incurran en relación con los efectos sobre su mercado de trabajo, con independencia del momento en que se haya producido el brote de COVID‐19 en cada uno de los Estados miembros. Las medidas nacionales, que se consideran conformes a los principios de los derechos fundamentales pertinentes, deben estar directamente relacionadas con el establecimiento o la ampliación de regímenes de reducción del tiempo de trabajo y con medidas similares, incluidas las medidas en favor de los trabajadores por cuenta propia, o con otras medidas relacionadas con la salud. Los regímenes de reducción del tiempo de trabajo son programas públicos que, en determinadas circunstancias, permiten a las empresas que atraviesan dificultades económicas reducir temporalmente las horas trabajadas por sus empleados, los cuales reciben ayudas públicas a los ingresos en compensación de las horas no trabajadas. Existen regímenes similares de sustitución de ingresos para los trabajadores por cuenta propia. El Estado miembro que solicite asistencia financiera debe aportar pruebas de un aumento repentino y grave del gasto real, y posiblemente también del gasto público previsto, por los regímenes de reducción del tiempo de trabajo o medidas similares. En caso de que la asistencia financiera se conceda para medidas relacionadas con la salud, el Estado miembro que solicite asistencia financiera también debe aportar pruebas de los gastos reales o previstos relacionados con las correspondientes medidas relacionadas con la salud.
(8) Con el fin de dotar a los Estados miembros afectados de medios financieros suficientes y en condiciones favorables para permitirles afrontar el impacto del brote de COVID‐19 sobre su mercado de trabajo, resulta oportuno que las operaciones de empréstito y de préstamo de la Unión en virtud del Instrumento sean suficientemente amplias. La asistencia financiera concedida por la Unión en forma de préstamos debe, por tanto, financiarse mediante el recurso a los mercados internacionales de capitales.
(9) El brote de COVID‐19 ha tenido un impacto masivo y perjudicial sobre el sistema económico de cada uno de los Estados miembros. Por consiguiente, exige contribuciones colectivas de los Estados miembros en forma de garantías que respalden los préstamos con cargo al presupuesto de la Unión. Dichas garantías son necesarias para que la Unión pueda conceder préstamos de magnitud suficiente a los Estados miembros, en apoyo a políticas del mercado de trabajo que están sometidas a una tensión máxima. A fin de garantizar que el pasivo contingente derivado de los préstamos sea compatible con el marco financiero plurianual (MFP) aplicable y los límites máximos de recursos propios, las garantías aportadas por los Estados miembros deben ser irrevocables, incondicionales y a la vista, debiendo preverse al mismo tiempo salvaguardas adicionales para reforzar la solidez del sistema. En consonancia con el papel complementario de dichas garantías, y sin perjuicio de su carácter irrevocable, incondicional y a la vista, se espera que la Comisión, antes de solicitar la ejecución de las garantías proporcionadas por los Estados miembros, se sirva del margen disponible para los créditos de pago dentro del límite máximo de los recursos propios, en la medida en que la Comisión lo considere sostenible, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el total de pasivos contingentes de la Unión, incluidos los correspondientes al mecanismo de ayuda financiera a las balanzas de pagos establecido por el Reglamento (CE) n.º 332/2002 del Consejo . (2) En la ejecución de garantías pertinente, la Comisión debe informar a los Estados miembros de la medida en que se ha recurrido al margen disponible. La necesidad de garantías previstas por parte de los Estados miembros podría revisarse si se alcanzara un acuerdo sobre la revisión del límite máximo de los recursos propios.
(10) Las salvaguardas adicionales destinadas a reforzar la solidez del sistema deben consistir en una gestión financiera prudente, una exposición anual máxima y una diversificación suficiente de la cartera de préstamos.
(11) Los préstamos concedidos en el marco del Instrumento deben constituir asistencia financiera en el sentido del artículo 220 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046. De conformidad con el artículo 282, apartado 3, letra g), de dicho Reglamento, el artículo 220 del citado Reglamento se aplicará a los préstamos concedidos en el marco del Instrumento únicamente a partir de la fecha de aplicación del MFP posterior a 2020. No obstante, conviene que los requisitos establecidos en el artículo 220, apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 se apliquen a las operaciones de empréstito y de préstamo concedidos en el marco del Instrumento desde el momento en que entre en vigor el presente Reglamento.
(12) A fin de velar por la compatibilidad del pasivo contingente derivado de los préstamos concedidos en el marco del Instrumento con el MFP aplicable y los límites máximos de recursos propios, es preciso establecer normas prudenciales, incluida la posibilidad de renovar los empréstitos contraídos en nombre de la Unión.
(13) Dadas sus particulares implicaciones financieras, las decisiones de conceder asistencia financiera en virtud del presente Reglamento requieren el ejercicio de competencias de ejecución que deben conferirse al Consejo. Al decidir sobre el importe de un préstamo, el Consejo, a propuesta de la Comisión, debe tener presente las necesidades existentes y previstas del Estado miembro solicitante, así como las solicitudes de asistencia financiera en virtud del presente Reglamento que otros Estados miembros ya hayan presentado o tengan previsto presentar, teniendo en cuenta los principios de igualdad de trato, solidaridad, proporcionalidad y transparencia, y de manera que se respeten plenamente las competencias de los Estados miembros.
(14) El artículo 143, apartado 1, del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (3) (en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada») limita la responsabilidad del Reino Unido por su cuota en los pasivos financieros contingentes de la Unión a aquellos pasivos financieros contingentes de la Unión que se deriven de operaciones financieras emprendidas por la Unión antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Retirada. Todo pasivo financiero contingente de la Unión que se derive de la asistencia financiera prevista en el presente Reglamento sería posterior a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Retirada. Por consiguiente, el Reino Unido no debe participar en la asistencia financiera en virtud del presente Reglamento.
(15) Dado que el Instrumento es de carácter temporal, al estar destinado a afrontar el brote de COVID‐19, la Comisión debe evaluar cada seis meses si las circunstancias excepcionales que causan las graves perturbaciones económicas en los Estados miembros todavía persisten e informar de ello al Consejo. En consonancia con la base jurídica para la adopción del presente Reglamento, no debe facilitarse asistencia financiera en virtud del presente Reglamento una vez superada la emergencia de la COVID‐19. A tal fin, conviene limitar en el tiempo la disponibilidad del Instrumento. El Consejo debe estar facultado para prorrogar, a propuesta de la Comisión, el período de disponibilidad del Instrumento en caso de que persistan las circunstancias excepcionales que justifiquen la aplicación del presente Reglamento.
(16) El Banco Central Europeo emitió su dictamen el 8 de mayo de 2020.
(17) Dados el impacto del brote de COVID‐19 y la necesidad de una respuesta urgente a las consecuencias de dicho brote, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
1. Para combatir el impacto del brote de COVID‐19 y responder a sus consecuencias socioeconómicas, el presente Reglamento establece el instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE) (en lo sucesivo, «Instrumento»).
2. El presente Reglamento establece las condiciones y los procedimientos por los que la Unión podrá proporcionar asistencia financiera a un Estado miembro que sufra, o corra el riesgo de sufrir, una perturbación económica grave provocada por el brote de COVID‐19 para que financie, principalmente, regímenes de reducción del tiempo de trabajo o medidas similares destinadas a proteger a los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena y, de este modo, reducir la incidencia del desempleo y la pérdida de ingresos, así como para que financie, de manera accesoria, algunas medidas relacionadas con la salud, en particular en el lugar de trabajo.
El Instrumento complementará las medidas nacionales adoptadas por los Estados miembros afectados, proporcionando asistencia financiera para ayudar a dichos Estados miembros a hacer frente al aumento repentino y grave del gasto público real, y posiblemente también del gasto previsto, destinado a atenuar las repercusiones económicas, sociales y sanitarias directas del acontecimiento excepcional causado por el brote de COVID‐19.
1. Un Estado miembro podrá solicitar asistencia financiera de la Unión en el marco del Instrumento (en lo sucesivo, «asistencia financiera») cuando su gasto público real, y en su caso también el previsto, haya aumentado de forma repentina y grave desde el 1 de febrero de 2020 debido a las medidas nacionales directamente relacionadas con regímenes de reducción del tiempo de trabajo y medidas similares que tengan por fin hacer frente a las repercusiones económicas y sociales del acontecimiento excepcional causado por el brote de COVID‐19.
2. Antes de presentar una propuesta al Consejo, la Comisión consultará al Estado miembro de que se trate, sin demora injustificada, para verificar el aumento repentino y grave del gasto real, y en su caso también del gasto público previsto, directamente relacionado con regímenes de reducción del tiempo de trabajo y medidas similares, así como, en su caso, con las correspondientes medidas relacionadas con la salud, en el Estado miembro solicitante de la asistencia financiera que sean consecuencia del acontecimiento excepcional causado por el brote de COVID‐19. A tal fin, el Estado miembro deberá aportar a la Comisión pruebas suficientes. Además, la Comisión verificará el cumplimiento de las normas prudenciales establecidas en el artículo 9.
a) el importe del préstamo, el vencimiento medio máximo, la fórmula de fijación del precio, el número máximo de plazos, el período de disponibilidad y las demás normas de desarrollo necesarias para la concesión de la asistencia financiera;
b) una evaluación del cumplimiento por parte del Estado miembro de las condiciones contempladas en el artículo 3, y
c) una descripción de los regímenes nacionales de reducción del tiempo de trabajo o de medidas similares, así como, en su caso, de las correspondientes medidas relacionadas con la salud, que puedan ser objeto de financiación.
El préstamo concedido en virtud del Instrumento (en lo sucesivo, «préstamo») se desembolsará en varios plazos.
2. El Estado miembro beneficiario y la Comisión acordarán por medio de un acuerdo de préstamo las características del préstamo (en lo sucesivo, «acuerdo de préstamo»). Dichos acuerdos incorporarán las disposiciones establecidas en el artículo 220, apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.
1. El Instrumento solo estará disponible una vez que todos los Estados miembros hayan contribuido al Instrumento conforme al artículo 11 por un importe que represente al menos el 25 por cien del importe máximo mencionado en el artículo 5, siempre que la contribución relativa de cada Estado miembro al total aportado por los Estados miembros corresponda a su contribución relativa a la renta nacional bruta total de la Unión, como resulta de la columna 1 del cuadro 3 de la parte A («Financiación del presupuesto general: Introducción») del estado general de ingresos del presupuesto para 2020 establecido en el presupuesto general de la Unión para el ejercicio 2020, adoptado el 27 de noviembre de 2019 . (4)
4. Cuando la Comisión haya concluido en el informe al que se hace referencia en el artículo 14 que persiste la grave perturbación económica causada por el brote de COVID‐19 que afecte a la financiación de las medidas contempladas en el artículo 1, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá decidir prorrogar el período de disponibilidad del Instrumento, cada vez por un período adicional de seis meses.
Hecho en Bruselas, el 19 de mayo de 2020.

References: artículo 220
 artículo 220
 artículo 282
 artículo 220
 artículo 220
 artículo 143
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 220
 artículo 11
 artículo 5
 artículo 14
 artículo 1