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Timestamp: 2020-05-30 05:12:11+00:00

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Resumen de derecho de familila parte 4
PROTECCIÓN A LA MUJER CABEZA DE FAMILIA.
DEFINICIÓN: Para efectos legales, el artículo 2° de la ley 82 de 1993, define la “mujer cabeza de familia” como aquella “quien siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica y socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar”.
PRUEBA: La condición de “mujer cabeza de familia” de bajos ingresos de prueba sumariamente por declaración ante notario, expresando las circunstancias básicas de su caso particular, Esta declaración notarial no causa emolumentos.
La ley 861 de 2003 dispuso la constitución de patrimonio de familia sobre el único bien inmueble, urbano o rural, perteneciente a la mujer cabeza de familia.
La Corte Constitucional en reiterados fallos ha extendido los beneficios consagrados para los hijos de la mujer cabeza de familia a los hijos de los varones que se encuentren en la misma situación de la mujer cabeza de familia, en sentencia C-722 de agosto 3 de 2004, con ponencia del Magistrado Rodrigo Escobar Gil; Así mismo, en sentencia C-034 de enero 27 de 1.999, con ponencia del Magistrado Alfredo Beltrán Sierra se afirma que la expresión “siendo soltera (…)” consagrada en la “ley mujer cabeza de familia”, incluye también a las mujeres viudas y divorciadas que estén en las mismas condiciones.
INGRESO DE LA MUJER CABEZA DE FAMILIA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, siempre buscando la protección integral, cuyos servicios se prestarán en forma efectiva, bien sea con sistemas prepagados, a crédito y por excepción de manera gratuita.
OBLIGACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS de prestar textos escolares a los menores dependientes de mujer cabeza de familia que lo necesiten, y mantendrán servicio de intercambio en sus bibliotecas a fin de garantizar el cumplimiento de esta obligación.
PROHIBICIÓN DE NEGAR ACCESO A LA EDUCACIÓN O A LA SALUD, a los hijos o demás personas dependientes de mujeres cabeza de familia.
PREFERENCIA DE INGRESO DE HIJOS A ESTABLECIIENTOS EDUCATIVOS, tanto de primaria como de secundaria, siempre y cuando cumplan con los requisitos y que los resultados de sus exámenes y pruebas sean por lo menos iguales a las de los demás aspirantes, a fin de no afectar el principio de igualdad.
CREACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS a través de los entes Estatales u otros establecimientos oficiales o particulares, se establecerán y ejecutarán planes y programas de capacitación gratuita y desarrollo de microempresas industriales, comerciales y artesanales; empresas de economía solidaria y empresas familiares, donde la mujer cabeza de familia realice una actividad rentable.
PRERROGATIVA EN EL CAMPO CULTURAL DEL DESARROLLO, el Gobierno Nacional, los Departamentos, los Municipios y el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, podrán establecer a favor de la mujer cabeza de familia o de quienes de ella dependan, acceso preferencial a los auxilios educativos, servicios básicos de textos y apoyo educativo, acceso a las entidades de economía solidaria integradas en su mayoría por mujeres cabeza de familia.
ESTIMULOS ESPECIALES para el sector privado que cree, promociones o desarrolle programas especiales de salud, educación, vivienda, seguridad social, crédito y empleo para las mujeres cabeza de familia.
FACTOR DE PONDERACIÓN EN LA ADQUISICIÓN Y VENTA DE BIENES ESTATALES que beneficie las propuestas de la mujer cabeza de familia o de las personas jurídicas en las cuales ella participe mayoritariamente, no solo en la adquisición y venta de bienes estatales, sino también en la contratación de servicios con el Estado. La propuesta de la mujer cabeza de familia o de la persona jurídica correspondiente se seleccionará, siempre y cuando sea, por lo menos, igual a la de los demás proponentes.
ESPECIAL ATENCIÓN DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES O DISTRITALES DE VIVIENDA, cuando reciban recursos del presupuesto nacional o participen en programas que tengan financiación de dicho origen; se prestarán especial atención para que las mujeres cabeza de familia constituyan o se asocien en organizaciones populares de vivienda; las asesorarán para que puedan adquirir a través de los diferentes planes ofrecidos como acceso a subsidios para obtener lotes con servicios.
OBLIGACIÓN DE LOS MUNICIPIOS QUE RECIBAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL para planea de vivienda de tener normas simplificadas que faciliten la contratación administrativa de prestación de servicios o ejecución de obras con entidades que estén integradas mayoritariamente por mujeres cabeza de familia. Dichas entidades serán asociaciones u organizaciones populares de vivienda o las que se constituyan dentro del sector de economía solidaria. Es condición para este tratamiento, que las utilidades o excedentes que se obtengan se destinen a la adquisición o mejoramiento de la vivienda de las mujeres asociadas que sean cabeza de familia.
PROGRAMAS Y PLANES SOCIALES DE VIVIENDA QUE DEBE PROMOVER EL Gobierno Nacional, los departamentos, los municipios y el Distrito Capital de Santafé de Bogotá que otorguen oportunidades de acceso a las mujeres cabeza de familia, así mismo el acceso de éstas a los planes de vivienda de las Cajas de Compensación Familiar y a los que se desarrollen con el apoyo empresarial.
OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES OFICIALES DE CRÉDITO o de aquellas en las que el estado tenga participación, de organizar programas especiales de crédito, asesoramiento técnico y vigilancia para las empresas y programas que tenga por objeto apoyar a la mujer cabeza de familia.
PROMOCIÓN, FINANCIACIÓN Y CREACIÓN DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO por parte de los departamentos, los municipios y el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, para que coordinen las estrategias locales o regionales para apoyar la mujer cabeza de familia.
PLANES DE DESARROLLO SOCIAL DE ENTIDADES PÚBLICAS, dentro del principio de igualdad, deberán en su formulación y ejecución considerar lo que fuera procedente en relación con las mujeres cabeza de familia.
Los beneficios de las mujeres cabeza de familia no las excluye de las obligaciones, de diversa índole, que a su favor deban cumplir personas naturales o jurídicas, ni exime de las acciones para exigirlas.
Se establece el derecho de exigir, judicial y legalmente que un porcentaje del salario, de los ingresos o del patrimonio de quien sea económica y civilmente responsable de la mujer cabeza de familia o de alguien a su cargo, se destine a atender sus necesidades básicas.
EN MATERIA DE PRISIÓN DOMICILIARIA, la ley 750 de 2002, establece que “La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá, cuando la infractora sea mujer cabeza de familia, en el lugar de su residencia o en su defecto en el lugar señalado por el juez en caso de que la victima de la conducta punible resida en aquel lugar, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: Que el desempeño personal, laboral, familiar o social de la infractora permita a la autoridad judicial competente determinar que no colocará en peligro a la comunidad o a las personas a su cargo, hijos menores de edad, o hijos con incapacidad mental permanente.
Este beneficio no se aplica a las autoras de delitos de genocidio, homicidio, delitos contra las cosas o personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, extorsión, secuestro o desaparición forzada o quienes registren antecedentes penales, salvo delitos culposos o delitos políticos.
Se debe garantizar bajo caución el cumplimiento de esta obligaciones: a. Cuando sea el caso, solicitar al funcionario judicial autorización para cambiar de residencia; b. Observar buena conducta en general y en particular respecto de las personas a su cargo; c. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerida para ello; d. Permitir la entrada a la residencia, a los servidores públicos encargados de la vigilancia del cumplimiento de la reclusión y cumplir las demás condiciones de seguridad impuestas en la sentencia, por el funcionario judicial encargado de la vigilancia de la pena y cumplir la reglamentación del Impec.
LA JURISDICCIÓN DE FAMILIA
La jurisdicción de Familia se organizó por decreto 2272 de 1989, el cual tuvo origen en las facultades conferidas al Presidente de la República por ley 30 de 1997.
La Corte Suprema de Justicia en la Sala Civil – Familia y Agraria, conoce de los asuntos a los cuales se refiere el artículo 25 del Código de Procedimiento Civil.
En los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales se creó una Sala de Familia y donde ésta no funciona, ejerce las funciones la Sala de Civil, tal es el caso del Tribunal Superior de Antioquia. Conoce de estos asuntos:
De la apelación de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces de familia, y los recursos de queja, cuando se niegue la apelación.
De las apelaciones que se formulen contra los autos interlocutorios dictados por los jueces de familia, promiscuos de familia o, en su caso, Civiles del Circuito o Promiscuos del circuito, en los casos señalados por la ley.
De las consultas de las sentencias dictadas por los jueces de familia, promiscuos de familia o, en su caso, Civiles del Circuito o Promiscuos del circuito, en los casos señalados por la ley.
Del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por los jueces de familia, promiscuos de familia o, en su caso, Civiles del Circuito o Promiscuos del circuito.
Jueces de familia o promiscuos de familia y donde estos no estén funcionando, los jueces civiles del circuito o promiscuos del circuito son competente. Conocen de los asuntos a los cuales se refiere el artículo 5° del Decreto 2272 de 1989, así:
En Única Instancia:
De la protección del nombre
De la separación de cuerpo y del divorcio por mutuo acuerdo, sin perjuicios de la competencia atribuida por la ley a los notarios.
De la suspensión y restablecimiento de la vida en común de los cónyuges.
De la custodia y cuidado personal, visita y protección legal de los menores.
De la aprobación del desconocimiento de hijo de mujer casada en los casos previstos en la ley (Art. 214del Código Civil).
De la designación de curador ad – hoc para la cancelación de patrimonio de familia inembargable.
De la citación judicial para el reconocimiento de hijo extramatrimonial prevista en la ley (Art. 10 del decreto 2737 de 1989, inciso 2 del numeral 4 del artículo 2 de la ley 45 de 1936. modificado por el artículo 1 de la ley 75 de 1968).
De los permisos a menores de edad para salir del País, cuando haya desacuerdo respecto de sus representantes legales, o entre éstos y quienes detecten la custodia y cuidado personal.
De los procesos de alimentos, de la ejecución de los mismos y de su oferta.
De la declaración de abandono prevista en el decreto 2737 de 1989, Art. 57 y siguientes, siempre y cuando esta no se haya homologado. Esta resolución la dicta el defensor de familia y para los efectos de la homologación remitirá al juez e familia o promiscuote familia del domicilio de la persona o entidad a cuyo cargo se encuentre el menor, tanto el expedient6e como las nuevas alegaciones, si se hubieren presentado, para que éste dentro de los quince (15) días siguientes dicte de plano la sentencia de homologación. Pero si estima que no se cumplieron los requisitos, mediante auto resolverá la actuación del defensor de familia para que subsane los defectos que hubiere advertido.
En estos asuntos procederá acumulación de pretensiones y de los procesos verbales, cuando fuere el caso, conforme a la ley.
De la nulidad y divorcio de matrimonio civil.
De la investigación e impugnación de la paternidad y maternidad legítimas o extramatrimoniales que regula la ley 75 de 1968 y de los demás asuntos referentes al estado civil de las personas.
De la separación de cuerpos de matrimonio civil o canónico cuando haya contención.
De la separación de bienes y de la liquidación de sociedades conyugales por causa distinta de la muerte de los cónyuges, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios.
De la pérdida, suspensión y rehabilitación de la patria potestad y de la administración de los bienes de los hijos.
De la designación y remoción de guardador.
De la aprobación de las cuentas rendidas por el guardador.
De la interdicción del disipador, demente o sordomudo y de su rehabilitación.
De la rendición de cuentas sobre la administración de los bienes del pupilo.
De las diligencias de apertura y publicación del testamento cerrado y de la reducción a escrito de testamento verbal.
De los procesos de sucesión de mayor cuantía sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios.
De los procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y derechos sucesorales.
De la licencia para grabar o enajenar bienes, en los casos exigidos por la ley.
De la declaración de muerte por desaparecimiento.
De la corrección, sustitución o adición de partidas del estado civil, cuando se requiere intervención judicial.
De los procesos contenciosos sobre el régimen económico de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes y derechos sucesorales de los mismos.
De los recursos de apelación que se interpongan en el procesos atribuidos a los jueces civiles y promiscuos municipales en primera instancia y los de queja cuando se niegue el de apelación.
Los jueces promiscuos de familia conocerán de los asuntos antes citados y además, en única instancia de las infracciones a la ley penal en que incurran los menores entre 12 y 16 años.
Competencia de los jueces civiles y promiscuos municipales.
También conocen de los siguientes asuntos:
De los procesos de sucesión de mínima cuantía sin perjuicios de la competencia atribuida la ley a los notarios. Las sucesiones de mínima cuantía las pueden tramitar los herederos mayores de edad o los representantes legales de los herederos menores de edad, personalmente, sin la intervención de abogado titulado.
De la celebración de matrimonio civil, sin perjuicios de la competencia atribuida la ley a los notarios.
De los procesos atribuidos a los jueces de familia en única instancia cuando en el municipio no exista juez de familia o promiscuo de familia (Art. 4°-5 de la ley 794 de 2003).
De los procesos de sucesión de menor cuantía.
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN FAMILIA.
DEFENSORES DE FAMILIA: dependen del I.C.B.F.
COMISARIOS DE FAMILIA: Son designados por el Alcalde Municipal.
LOS INSPECTORES DE POLICÍA de los Corregimientos.
EN ALGUNOS sectores, tratándose de violencia intrafamiliar, los JUECEZ DE PAZ Y LOS CONCILIADORES EN EQUIDAD.

References: artículo 2
 artículo 25
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 1
 resolución