Source: http://espanito.com/de-10-de-julio-de-2007.html
Timestamp: 2020-01-28 17:09:56+00:00

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1. La Sentencia de fondo, reparaciones y costas emitida el 5 de julio de 2004 (en adelante “la Sentencia”) por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”).
2. La Resolución sobre cumplimiento de Sentencia que emitió el Tribunal el 2 de febrero de 2006, en la cual:
1. Que de conformidad con lo señalado en el Considerando noveno de la […] Resolución, el Estado ha cumplido con:
a) localizar a los familiares de la víctima Alberto Gómez, por lo que resta que les entregue las reparaciones que les correspondan (párrafo 233 de la Sentencia); y
b) “realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación con los hechos de este caso y de desagravio a la memoria de los 19 comerciantes” (punto resolutivo octavo y párrafo 274 de la Sentencia).
2. Que mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento en el presente caso, a saber:
a) “en un plazo razonable, investigar efectivamente los hechos del presente caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas en perjuicio de los 19 comerciantes, para los efectos penales y cualesquiera otros que pudieran resultar de la investigación de los hechos, y que el resultado de este proceso deberá ser públicamente divulgado” (punto resolutivo quinto y párrafos 256 a 263 de la Sentencia);
b) “efectuar, en un plazo razonable, una búsqueda seria, en la cual realice todos los esfuerzos posibles para determinar con certeza lo ocurrido con los restos de las víctimas y, en caso de ser posible, para entregarlos a sus familiares” (punto resolutivo sexto y párrafos 270 y 271 de la Sentencia);
c) “erigir un monumento en memoria de las víctimas y, mediante una ceremonia pública y en presencia de los familiares de las víctimas, […] poner una placa con los nombres de los 19 comerciantes” (punto resolutivo séptimo y párrafo 273 de la Sentencia);
d) “brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, el tratamiento médico y psicológico requerido por los familiares de las víctimas” (punto resolutivo noveno y párrafos 277 y 278 de la Sentencia);
e) establecer todas las condiciones necesarias para que los miembros de la familia de la víctima Antonio Flórez Contreras que están en el exilio puedan regresar a Colombia, si así lo desean, y cubrir los gastos en que incurran por motivo del traslado (punto resolutivo décimo y párrafo 279 de la Sentencia);
f) ocuparse particularmente de garantizar la vida, integridad y seguridad de las personas que rindieron declaración ante el Tribunal y sus familias, y de proveerles la protección necesaria frente a cualesquiera personas, tomando en cuenta las circunstancias de este caso (punto resolutivo undécimo y párrafo 280 de la Sentencia);
g) pagar las cantidades establecidas en la Sentencia por concepto de ingresos dejados de percibir por cada una de las 19 víctimas, gastos en que incurrieron los familiares de once víctimas, e indemnización del daño inmaterial (puntos resolutivos duodécimo, decimotercero, decimocuarto y decimoquinto y párrafos 230, 231, 233, 234, 235, 240, 243 242, 243, 248, 249, 250, 251 y 252 de la Sentencia);
h) consignar la indemnización ordenada a favor de los beneficiarios menores de edad en una inversión bancaria a nombre de éstos en una institución colombiana solvente, en dólares estadounidenses, y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancarias mientras sean menores de edad (punto resolutivo vigésimo segundo y párrafo 290 de la Sentencia);
i) adoptar las acciones necesarias para encontrar a los familiares de los señores Juan Bautista y Huber Pérez (posiblemente de segundo apellido Castaño) y entregarles las reparaciones que les correspondan (párrafo 233 de la Sentencia); y
j) reintegro de costas y gastos (punto resolutivo decimosexto y párrafo 285 de la Sentencia).
Y Res[o]lv[ió]:
2. Solicitar al Estado que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 24 de mayo de 2006, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir las reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el Considerando décimo y en el punto declarativo segundo de la […] Resolución.
3. Solicitar a los representantes de los familiares de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten observaciones al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior, en los plazos de cuatro y seis semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción del informe.
4. Continuar supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas de 5 de julio de 2004.
3. El escrito presentado el 24 de mayo de 2006 y sus anexos, mediante los cuales el Estado de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”) presentó un informe sobre cumplimiento de la Sentencia, en respuesta a lo solicitado en el punto resolutivo segundo de la anterior Resolución (supra Visto 2). El Estado indicó, en resumen, lo siguiente:
a) en cuanto a la obligación de investigar, informó que “respecto a los procesos penales que se adelantaron contra miembros de la fuerza pública en la Justicia Penal Militar, la Procuraduría General de la Nación promovió la Acción de Revisión ante la Corte Suprema de Justicia”. En dicha Acción se solicita “revisar la decisión tomada por la justicia penal militar y en consecuencia dejar sin efecto la cesación de procedimiento decretada el 18 de junio de 1997 por el juez de primera instancia, la cual fue refrendada en segunda instancia por el Tribunal Superior Militar, y ordenar[,] dentro del estricto respeto del principio del juez natural, la reanudación de la investigación” contra algunos militares. Está pendiente que se resuelva sobre la admisión de dicha Acción;
b) en cuanto a la búsqueda de los restos mortales de las víctimas, se refirió a una diligencia que se dispuso en noviembre de 2005, de prospección de la zona donde, según los elementos materiales de prueba, fueron arrojados los cuerpos de los 19 comerciantes. Asimismo, se refirió a quiénes habrían participado en la diligencia y al apoyo que se habría tenido en materia de seguridad;
c) respecto a la obligación de erigir un monumento en memoria de las víctimas, indicó que en una reunión realizada el 19 de mayo de 2006 “se logró acordar el procedimiento a seguir para la realización del monumento”, e informó sobre la ciudad escogida por los familiares de las víctimas para ubicar el monumento;
en cuanto al tratamiento médico y psicológico, señaló que durante la reunión realizada el 19 de mayo de 2006 “la Comisión Colombiana de Juristas entregó la información básica respecto a algunos familiares de las víctimas y manifestó que la red pública no está en capacidad de prestar la atención que [los familiares] requieren”, así como que se acordó la realización de una reunión con el señor Carlos Beristain, con vistas a “conocer de manera detallada qué tipo de atención psicológica necesitan las personas, para establecer si esa atención puede ser prestada a través de la red pública o [si] es necesario buscar colaboración de entidades privadas”;
e) respecto a ocuparse particularmente de garantizar la vida, integridad y seguridad de las personas que rindieron declaración ante el Tribunal y sus familias, manifestó que “no tiene conocimiento de que la vida de alguna de las personas que rindieron declaración ante la Corte […] se encuentre en peligro y necesite alguna medida especial de protección [y que] en caso de que se le informe tal situación[,] tomará las medidas correspondientes”;
f) en cuanto al pago de las cantidades establecidas en la Sentencia por conceptos de indemnizaciones, se refirió a las instituciones estatales que se han encargado de realizar los pagos e indicó que “por el difícil trámite presupuestal que implica para el Estado el pago de estas condenas[,] se encuentra pendiente el pago del 10%”;
g) en cuanto a la adopción de las acciones necesarias para encontrar a los familiares de los señores Juan Bautista y Huber Pérez (posiblemente de segundo apellido Castaño) y entregarles las reparaciones que les correspondan, no hizo referencia en el texto del informe; y
h) respecto del reintegro de las costas y gastos, indicó que el 7 de abril de 2006 se efectuó el pago a favor de la Comisión Colombiana de Juristas y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
4. El escrito presentado el 18 de julio de 2006 y sus anexos, mediante los cuales los representantes remitieron copia de una comunicación que les remitió el Ministerio de Defensa referente al pago de la indemnización a la compañera permanente de la víctima Carlos Arturo Riatiga Carvajal, y copia del escrito que remitieron en respuesta. En este último se indica, inter alia, que “desde el mes de febrero [de 2006 habían remitido] al [referido] Ministerio […], dos declaraciones extrajuicio que acreditan la condición de compañera permanente de la señora Rosmira Arias Ortega”.
5. Las notas de la Secretaría de la Corte de 4 y 16 de agosto de 2006, mediante las cuales, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó a los representantes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”) que presentaran, a la mayor brevedad, sus observaciones al informe estatal de 24 de mayo de 2006, debido a que los plazos para ello ya habían vencido (supra Vistos 2 y 3).
6. El escrito de 26 de septiembre de 2006, mediante el cual los representantes remitieron sus observaciones al informe estatal de 24 de mayo de 2006. Indicaron, en resumen, lo siguiente:
a) en cuanto a la obligación de investigar, que la “acción de revisión impulsada por la Procuraduría General de la Nación” fue admitida por la Corte Suprema de Justicia el 19 de mayo de 2006; sin embargo, aún no se la ha notificado a los militares. Manifestaron que, no obstante el hecho de que “el trámite [de dicha acción sea] aún muy largo y pendiente de varios pasos que implican términos extensos[, dicha acción] podría permitir la efectiva y seria investigación de los agentes del Estado que participaron en estos hechos[, lo cual es] una de las medidas que con mayor esperanza aguardan los familiares de las víctimas”. Asimismo, señalaron que “el informe rendido por el Estado en esta materia es insuficiente”, ya que los representantes manifestaron “desconoce[r] qué avances se ha[bría]n presentado” en las demás investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos;
b) en cuanto a la búsqueda de los restos mortales de las víctimas, “asisti[eron] a la diligencia de búsqueda que por primera vez se realizó en este caso, en el mes de noviembre de 2005”. “La comisión judicial y quienes participa[ron] en la diligencia recorri[eron] la finca y los lugares [en que posiblemente se realizaría una] búsqueda o retrospección en una próxima diligencia”. Los representantes señalaron que a pesar de que se acordó la necesidad de conseguir los registros inmobiliarios de la finca, la Fiscalía aún no lo ha hecho. “[La] diligencia de prospección no se ha realizado hasta la fecha y se ha argumentado por parte de la Fiscalía que no se cuenta con recursos para hacerlo”. Los familiares dirigieron a la Fiscalía General de la Nación una comunicación “a fin de insistir directamente la continuación de la diligencia de búsqueda”, la cual, para la sorpresa de los representantes, “fue remitida [al Fiscal 17 de Bucaramanga, es decir,] un funcionario distinto a aquel que conoce de la investigación y tampoco [entienden los representantes] por qué se abrió una investigación nueva y para qué”;
c) en cuanto al monumento en memoria de las víctimas, indicaron que el 5 de octubre de 2006 se realizaría una reunión para conocer la propuesta de un artista que en una reunión anterior recogió las “34 propuestas de los familiares” respecto del monumento, y que la Alcaldía de Bucaramanga informó “el sitio donde podría instalarse el monumento”;
en cuanto al tratamiento médico y psicológico:
el 27 de junio de 2006 se realizó una reunión con representantes del Ministerio de Protección Social, la Vicepresidenta de la República, los representantes de los familiares de las víctimas y el perito Carlos Martín Beristain, quien señaló los requisitos con los que debe cumplir la atención brindada, con vistas a alcanzar su objetivo de medida de reparación;
“[l]os representantes del Ministerio de Protección Social reconocieron que los programas básicos en salud eran muy precarios en la atención psicosocial, que el personal del Ministerio requería capacitación y que era necesario conformar un equipo coordinador pero que ahora no lo tenían y no disponían de recursos” para hacerlo. La Comisión Colombiana de Juristas realizó algunas propuestas respecto de cómo se podría hacer un diagnóstico sobre los beneficiarios de la medida con la finalidad de determinar cómo se llevaría a cabo;
en reunión de 18 de septiembre de 2006 los representantes del Ministerio de Protección Social informaron a los representantes de las víctimas que se iniciaría la atención psicosocial en el municipio de La Dorada, donde había un grupo familiar grande y que “no se habían optado por la reunión con todos los familiares porque no tenían recursos”. Los representantes expresaron su “preocupación porque el método que pretendía ponerse en práctica no permitía a los profesionales [de salud] tener un contexto completo del caso y de los familiares para poder diseñar una estrategia de atención integral y adecuada”. Indicaron que el mencionado Ministerio se comprometió a varias gestiones que no ha realizado;
e) en cuanto al establecimiento de las condiciones de regreso de la familia del señor Flórez Contreras, los representantes manifestaron que es necesario que el Estado cumpla lo acordado en la primera reunión de seguimiento respecto del estudio de riesgo y nivel de amenaza sobre determinada ciudad de Colombia. Asimismo, indicaron que coinciden con la Comisión Interamericana en que solamente la eficacia y conclusión de las investigaciones por lo sucedido en este caso “incidirán de manera sustantiva sobre los factores de riesgo que […] llevaron [a dichos familiares] a [exiliarse]”;
f) en relación con las medidas de protección para las personas que declararon ante la Corte, manifestaron que “es sorprendente” lo indicado por el Estado (supra Visto 3.e), dada la vigencia y ampliación de las medidas provisionales; y
g) en cuanto al pago de las indemnizaciones a los familiares de las víctimas, los representantes señalaron que “el 90% efectivamente fue pagado a los beneficiarios y ellos ya lo recibieron”, y que se encuentra pendiente el pago del restante 10% de la indemnización.
7. Los escritos de 16 de agosto y 6 de octubre de 2006, mediante los cuales la Comisión Interamericana presentó sus observaciones al informe estatal de 24 de mayo de 2006 (supra Visto 3). Indicó, en resumen, lo siguiente:
a) respecto de la obligación de investigar, “llama la atención que en el período cubierto por el informe (de más de un año) [la interposición de la acción de revisión ante la Corte Suprema de Justicia] sea la única incidencia significativa provocada por los medios comprometidos por el Estado para satisfacer su obligación de investigar”. Lo anterior “permite suponer que es insatisfactorio el nivel de cumplimiento” de dicha obligación, y que la misma no será cumplida dentro de un plazo razonable;
respecto de la obligación de búsqueda y entrega de los restos mortales de las víctimas, señaló que la gestión realizada en noviembre de 2005 “no arrojó resultados conclusivos, y ninguna medida de seguimiento se ha concretado después de casi un año”, por lo que “las gestiones realizadas no revisten ni la intensidad ni la naturaleza que parecen necesarias para que la obligación sea descargada dentro de un plazo razonable”;
c) respecto al establecimiento de las condiciones para el regreso de los familiares de la víctima Flórez Contreras, ”lament[ó] la ausencia en el informe estatal de los estudios que particularicen las características del riesgo a que esta familia estaría sujeta, así como una propuesta técnica para enfrentar dicho riesgo”, ya que sin tales elementos la familia no podrá “tomar una decisión informada sobre su regreso”;
d) respecto del levantamiento de un monumento en memoria de las víctimas, “valor[ó] las gestiones realizadas y el particular énfasis dado a la coordinación con la parte lesionada; y espera que el cumplimiento sea inminente”;
e) respecto de la colocación de una placa conmemorativa, manifestó “ent[…]end[er] que […] es vista por las partes como subsidiaria a la del levantamiento del monumento”;
f) respecto del tratamiento médico y psicológico a los familiares de las víctimas, “lament[ó] que el cumplimiento de esta importante obligación no haya registrado avances significativos”, y señaló que “la naturaleza del daño a ser reparado por esta medida no es compatible con el nivel de avance que revela el informe estatal”;
g) respecto de las obligaciones de búsqueda de los familiares de tres víctimas, observó que “el Estado no inform[ó]” sobre medidas que hubiesen sido adoptadas para la ubicación de los familiares de dos de las víctimas, que faltan por localizar;
h) respecto de los pagos de las indemnizaciones ordenados a favor de los familiares de las víctimas, tomó nota de que “[la] parte lesionada confirma que el pago del 90% de las indemnizaciones ha sido hecho efectivo”, y de que el Estado se encuentra “realizando su mejor esfuerzo para solventar algunos inconvenientes” en relación con el pago del 10% restante de las indemnizaciones;
i) respecto de la constitución de inversiones bancarias a favor de los beneficiarios menores de edad, señaló que el Estado no se manifestó al respecto en su informe; y
j) respecto del pago de costas y gastos, manifestó que “el Estado expresó que [el mismo] fue realizado el 7 de abril de 2006”.
8. Los escritos de 11 de agosto y 26 de septiembre de 2006, mediante los cuales los representantes remitieron copia de comunicaciones que enviaron a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Protección Social en relación con la reparación referente al tratamiento médico y psicológico a los familiares de las víctimas.
9. El escrito de 3 de julio de 2007 y su anexo, mediante los cuales la Comisión Colombiana de Juristas realizó una consulta en relación con “el pago de la indemnización reconocida a favor de Jorge Enrique Pineda Bedoya, hermano de la víctima R[U]BEN EMILIO PINEDA BEDOYA”, quien es beneficiario de indemnizaciones ordenadas por la Corte en la Sentencia. Los representantes indicaron que el señor Jorge Enrique Pineda Bedoya falleció el 15 de noviembre de 2005, con posterioridad a la emisión de la Sentencia, y que la indemnización correspondiente a este señor “ya fue entregada por el Estado colombiano a la Comisión Colombiana de Juristas para su correspondiente pago”. Los representantes manifestaron que, de acuerdo a los párrafos 230 y 231 de la Sentencia, consideran que “si alguno de los beneficiarios de la indemnización hubiere fallecido para el momento de la sentencia, se entendía que su parte se distribuía entre los demás beneficiarios de la misma categoría[; e]n este caso, entre los hermanos”. Los representantes preguntaron “cuál es la interpretación adecuada de la sentencia en relación con la distribución de la indemnización reconocida a favor de Jorge Enrique Pineda Bedoya”, y “si incrementa la indemnización de sus hermanos como lo prevé el párrafo 231 de la sentencia o si debe distribuirse entre sus herederos, que correspondería a quienes demuestren ser sus hijos”.
2. Que Colombia es Estado Parte en la Convención Americana desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985.
4. Que en virtud del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte, según lo establecido en al artículo 67 de la Convención Americana, éstas deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra.
5. Que la obligación de cumplir lo dispuesto en las sentencias del Tribunal corresponde a un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aquellos no pueden por razones de orden interno dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida2. Las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado.
6. Que los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, tales como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos3.
7. Que los Estados Partes en la Convención que han reconocido la jurisdicción obligatoria de la Corte tienen el deber de acatar las obligaciones establecidas por el Tribunal. En este sentido, Colombia debe adoptar todas las providencias necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la Corte en la Sentencia de 5 de julio de 2004 (supra Visto 1), así como en la presente Resolución sobre el estado de cumplimiento de la mencionada Sentencia. Esta obligación incluye el deber del Estado de informar sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal en dichas decisiones. La oportuna observancia de la obligación estatal de indicar al Tribunal cómo está cumpliendo cada uno de los puntos ordenados por éste es fundamental para evaluar el estado del cumplimiento del caso4.
8. Que al supervisar el cumplimiento integral de la Sentencia emitida en el presente caso, y después de analizar la información aportada por el Estado, los representantes y la Comisión sobre el cumplimiento de las reparaciones, la Corte ha constatado los puntos dispuestos en dicha Sentencia que han sido cumplidos parcialmente por Colombia, así como las reparaciones que continúan pendientes de cumplimiento.
9. Que Colombia ha cumplido con pagar “el 90%” de las cantidades (supra Vistos 3 y 6.g) establecidas en la Sentencia por concepto de ingresos dejados de percibir por cada una de las 19 víctimas, gastos en que incurrieron los familiares de once víctimas, e indemnización del daño inmaterial (puntos resolutivos décimo segundo a décimo quinto de la Sentencia y párrafos 230, 231, 233, 234, 235, 240, 243 242, 243, 248, 249, 250, 251 y 252 de la misma), por lo que resta que haga efectivo el pago del 10% faltante de las indemnizaciones, según corresponda.
10. Que además, esta Corte hace notar que en su informe (supra Visto 3.g) el Estado indicó que ya efectuó el pago por concepto de reintegro de costas y gastos a favor de la Comisión Colombiana de Juristas y de CEJIL, y los representantes en sus observaciones no hicieron referencia alguna a dicho cumplimiento. Este Tribunal considera pertinente requerir a los representantes que se refieren al cumplimiento de este punto, en aras de darlo por totalmente cumplido por el Estado.
11. Que la Corte considera indispensable que el Estado le presente información actualizada sobre los siguientes puntos pendientes de cumplimiento:
a) en un plazo razonable, investigar efectivamente los hechos del presente caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas en perjuicio de los 19 comerciantes, para los efectos penales y cualesquiera otros que pudieran resultar de la investigación de los hechos, y que el resultado de este proceso deberá ser públicamente divulgado (punto resolutivo quinto y párrafos 256 a 263 de la Sentencia). La Corte valora positivamente los avances logrados a través de la decisión que resolvió la acción de revisión impulsada por la Procuraduría General de la Nación, en relación con la investigación de posibles responsabilidades de miembros de la Fuerza Pública (supra Vistos 3.a y 6.a). El Tribunal estima necesario que Colombia informe sobre los trámites y resultados alcanzados con posterioridad a esa decisión y que presente información detallada y completa sobre las demás acciones que se estén realizando con vistas a la investigación de los hechos. Con respecto a la forma de dar cumplimiento a esta obligación la Corte reitera lo resuelto en los párrafos 256 a 263 de la Sentencia;
b) efectuar, en un plazo razonable, una búsqueda seria, en la cual realice todos los esfuerzos posibles para determinar con certeza lo ocurrido con los restos de las víctimas y, en caso de ser posible, para entregarlos a sus familiares (punto resolutivo sexto y párrafos 270 y 271 de la Sentencia). La Corte requiere al Estado que remita información sobre los resultados concretos de la diligencia de búsqueda realizada en noviembre de 2005 (supra Vistos 3.b y 6.b), y sobre las medidas adoptadas con posterioridad a aquella;
c) erigir un monumento en memoria de las víctimas y, mediante una ceremonia pública y en presencia de los familiares de las víctimas, […] poner una placa con los nombres de los 19 comerciantes (punto resolutivo séptimo y párrafo 273 de la Sentencia). La Corte valora positivamente los avances logrados en aras de hacer efectiva esta medida, los cuales inclusive han implicado diversas reuniones y coordinación entre las autoridades estatales y los representantes (supra Vistos 3.c y 6.c), y espera que prontamente se de total cumplimiento a esta reparación;
d) brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, el tratamiento médico y psicológico requerido por los familiares de las víctimas (punto resolutivo noveno y párrafos 277 y 278 de la Sentencia). El Tribunal nota con preocupación que los familiares de las víctimas todavía no hayan empezado a recibir el tratamiento médico y psicológico que permita contribuir a la reparación de los daños ocasionados. La Corte valora como positivo que el Estado haya realizado una reunión con la participación del señor Carlos Beristain, experto que ha evaluado o tratado a muchos de los familiares de las víctimas, con el fin de conocer con mayor detalle las características de la atención psicológica que requieren los familiares de las víctimas. La Corte recuerda que, tomando en cuenta la opinión de dicho experto, dispuso en la Sentencia que “es necesario que al proveer el tratamiento psicológico se consideren las circunstancias particulares de cada familiar, las necesidades de cada uno de ellos, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de una evaluación individual”. La Corte reitera que, para cumplir adecuadamente con esta medida, el Estado debe recoger las inquietudes de los familiares y asegurarse de la capacidad específica requerida en los profesionales a cargo de brindar los tratamientos. Asimismo, la falta de recursos disponibles no puede ser alegada por el Estado como un impedimento para cumplir adecuadamente con la reparación ordenada por la Corte;
e) establecer todas las condiciones necesarias para que los miembros de la familia de la víctima Antonio Flórez Contreras que están en el exilio puedan regresar a Colombia, si así lo desean, y cubrir los gastos en que incurran por motivo del traslado (punto resolutivo décimo y párrafo 279 de la Sentencia). La Corte hace notar que el Estado no se refirió al cumplimiento de esta medida en su informe (supra Visto 3). El Tribunal reitera lo señalado en su Resolución de 2 de febrero de 2006, en el sentido de que es necesario que el Estado informe sobre la realización del estudio de nivel de riesgo y de amenaza, de manera que determine las medidas que implementará, necesarias para el regreso de los miembros de dicha familia que así lo deseen. Al respecto, los representantes indicaron que se habría acordado con el Estado cuál es la ciudad de Colombia respecto de la que habría que hacer el estudio y los representantes habrían informado al Estado en cuál país se encuentran actualmente los referidos familiares de la víctima Flórez Contreras (supra Visto 6.e). Asimismo, los representantes han manifestado que consideran como fundamental la investigación de los hechos de este caso como factor determinante para la disminución del riesgo y posible regreso de tales familiares (supra Visto 6.e);
f) ocuparse particularmente de garantizar la vida, integridad y seguridad de las personas que rindieron declaración ante el Tribunal y sus familias, y de proveerles la protección necesaria frente a cualesquiera personas, tomando en cuenta las circunstancias de este caso (punto resolutivo undécimo y párrafo 280 de la Sentencia). Al respecto, los representantes se remitieron a su manifestación en el ámbito de las medidas provisionales ordenadas en el caso por la Corte;
g) pagar las cantidades establecidas en la Sentencia por concepto de ingresos dejados de percibir por cada una de las 19 víctimas, gastos en que incurrieron los familiares de once víctimas, e indemnización del daño inmaterial (puntos resolutivos duodécimo, decimotercero, decimocuarto y decimoquinto y párrafos 230, 231, 233, 234, 235, 240, 243 242, 243, 248, 249, 250, 251 y 252 de la Sentencia). Según lo indicado en el Considerando 9 de la presente Resolución, resta que el Estado haga efectivo el pago del 10% faltante de las indemnizaciones, según corresponda. Por otra parte, esta Corte ha constatado que se han presentado algunas dificultades para realizar el pago a la compañera permanente de la víctima Carlos Arturo Riatiga Carvajal (supra Visto 4) y que en la comunicación que los representantes remitieron al Estado se afirma que la compañera permanente de dicha víctima es la señora “Rosmira Arias Ortega”. Debido a que en la Sentencia que emitió este Tribunal se consignó que el nombre de la compañera permanente de la víctima Carlos Arturo Riatiga Carvajal era “Luz Marina (o María) Arias Ortega”5, esta Corte estima necesario que tanto los representantes como el Estado indiquen si existe alguna controversia al respecto.
h) consignar la indemnización ordenada a favor de los beneficiarios menores de edad en una inversión bancaria a nombre de éstos en una institución colombiana solvente, en dólares estadounidenses, y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancarias mientras sean menores de edad (punto resolutivo vigésimo segundo y párrafo 290 de la Sentencia). La Corte hace notar que en los dos informes que el Estado ha presentado en la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia no ha incluido información específica sobre este punto6, y en sus observaciones al informe estatal de 24 de mayo de 2006 los representantes tampoco hicieron referencia a este punto (supra Visto 6); e
i) adoptar las acciones necesarias para encontrar a los familiares de los señores Juan Bautista y Huber Pérez (posiblemente de segundo apellido Castaño) y entregarles las reparaciones que les correspondan. Para ello Colombia deberá, entre otras gestiones, publicar en un medio de radiodifusión, un medio de televisión y un medio de prensa escrita, todos ellos de cobertura nacional, un anuncio mediante el cual se indique que se está intentando localizar a los familiares de dichas víctimas, para otorgarles una reparación en relación con los hechos de este caso (párrafo 233 de la Sentencia). La Corte hace notar que el Estado no hizo referencia a este punto en el texto del informe de 24 de mayo de 2006 (supra Visto 3), así como tampoco hicieron referencia los representantes (supra Visto 6). Sin embargo, este Tribunal ha constatado que en resoluciones emitidas el 22 y 24 de febrero de 2006 por los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior y Justicia, cuyas copias fueron aportadas por el Estado como anexos a dicho informe, consta que “una vez realizadas las publicaciones ordenadas en la sentencia para la identificación de los familiares de las víctimas JUAN BAUTISTA y HUBER PEREZ, no compareció persona alguna acreditando legitimación, razón por la cual se reconocerá la parte de la indemnización correspondiente a la víctima y se dará aplicación a lo ordenado en el numeral 21 de la parte resolutiva de la sentencia” de la Corte. Al respecto, el Tribunal estima necesario que el Estado informe sobre el cumplimiento de este punto, y en particular que presente información precisa sobre la realización de las referidas publicaciones ordenadas en el párrafo 233 de la Sentencia.
12. Que la Corte considerará el estado general del cumplimiento de la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas de 5 de julio de 2004, una vez que reciba la información pertinente sobre las medidas pendientes de cumplimiento.
13. Que los representantes han realizado una consulta al Tribunal en relación con “la distribución de la indemnización reconocida a favor de Jorge Enrique Pineda Bedoya”, quien falleció con posterioridad a la emisión de la Sentencia y era hermano de la víctima Rubén Emilio Pineda Bedoya (supra Visto 9).
14. Que la Corte estima conveniente dilucidar el asunto planteado por los representantes en aras de coadyuvar a la adecuada ejecución de la Sentencia. Para responder a la consulta, el Tribunal se referirá a: 1) la distribución de la indemnización dispuesta por la Corte por el daño material e inmaterial de la víctima Rubén Emilio Pineda Bedoya7, y lo que procede hacer con la cantidad que habría correspondido entregar al señor Jorge Enrique Pineda Bedoya, en su calidad de hermano de dicha víctima; y 2) la distribución de la indemnización que la Corte dispuso a favor de Jorge Enrique Pineda Bedoya por concepto de su propio daño inmaterial8. Al contestar dicha consulta la Corte se basa en lo dispuesto en los párrafos 230 y 231 de la Sentencia.
15. Que en cuanto al referido punto 1), el párrafo 230 de la Sentencia dispone cómo “distribui[r …] las indemnizaciones entre los familiares de los 19 comerciantes, por concepto de ingresos dejados de percibir y del daño inmaterial correspondiente a las 19 víctimas”. En la Sentencia el Tribunal estableció que los familiares de la víctima Rubén Emilio Pineda Bedoya eran su madre, padre y once hermanos, siendo uno de ellos el señor Jorge Enrique Pineda Bedoya9; es decir, el señor Rubén Emilio no tenía esposa ni hijos. Por ello, para distribuir la cantidad correspondiente a la suma de las indemnizaciones por concepto de ingresos dejados de percibir y del daño inmaterial del señor Rubén Emilio, se debe observar lo dispuesto en el inciso d) del párrafo 230 de la Sentencia que estipula que “en el caso de que la víctima no tuviere hijos ni cónyuge ni compañera permanente, la indemnización se distribuirá así: el cincuenta por ciento (50%) se les entregará a sus padres, y el restante cincuenta por ciento (50%) se repartirá por partes iguales entre los hermanos de dicha víctima”. La pregunta que se plantea entonces es qué pasa con el monto que le habría correspondido recibir al señor Jorge Enrique, al repartirse ese 50% entre los 11 hermanos. Los representantes afirmaron en su escrito que entienden que su parte se distribuiría entre los demás hermanos (supra Visto 9). Sin embargo, ello no se desprende de ninguno de los incisos del párrafo 230, como sí sucede por ejemplo tratándose de la muerte del padre o la madre, respecto de lo cual expresamente se estipula que “[s]i uno de los padres ha muerto, la parte que le corresponde acrecerá a la del otro”. En cuanto a lo que dispone el inciso e) del párrafo 230, ello es aplicable “en el evento que no existieren familiares en alguna o algunas de las categorías definidas en los literales anteriores”, lo cual no sucede en este caso, ya que la víctima Rubén Emilio Pineda Bedoya tenía familiares tanto en la categoría de “padres” como en la categoría de “hermanos”. Por consiguiente, para determinar qué hacer con el monto que le habría correspondido recibir al señor Jorge Enrique, al repartirse el referido 50% entre los 11 hermanos, es preciso recurrir a lo dispuesto en el párrafo 231 de la Sentencia.
16. Que el párrafo 231 de la Sentencia dispone qué hacer si alguno de los familiares de las víctimas acreedor de indemnización “hubiere fallecido”, en el entendido de que “hubiere fallecido” se refiere a antes de que se le pagara la indemnización respectiva y no se limita a los familiares que hubieren fallecido antes de la emisión de la Sentencia de la Corte. Dicho párrafo estipula que “se aplicarán los mismos criterios de distribución de la indemnización indicados en el párrafo 230 de la […] Sentencia”.
17. Que en consecuencia es preciso aplicar los criterios de distribución establecidos en el mencionado párrafo 231 tanto para determinar qué hacer con el monto que le habría correspondido recibir al señor Jorge Enrique, al repartirse el referido 50% entre los 11 hermanos, como para distribuir la indemnización que la Corte dispuso a favor del señor Jorge Enrique por concepto de su propio daño inmaterial. Por ello, deberá determinarse si el señor Jorge Enrique tenía hijos, cónyuge o compañera permanente y si sus padres se encuentran con vida, para proceder a distribuir dichas cantidades conforme a lo dispuesto en los incisos a), b), c) y e) del párrafo 230 de la Sentencia; y sólo si el señor Jorge Enrique no tuviere hijos ni cónyuge o compañera permanente, se procederá a aplicar el inciso d) del párrafo 230 de la Sentencia que estipula que la indemnización se repartirá entre los padres y hermanos.
en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión del cumplimiento de sus decisiones, de conformidad con los artículos 33, 62.1, 62.3, 65, 67 y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25.1 y 30 del Estatuto y 29.2 de su Reglamento,
1. Que de conformidad con lo señalado en el Considerando noveno de la presente Resolución, el Estado ha cumplido con pagar el 90% de las cantidades establecidas en la Sentencia por concepto de ingresos dejados de percibir por cada una de las 19 víctimas, gastos en que incurrieron los familiares de once víctimas, e indemnización del daño inmaterial (puntos resolutivos duodécimo a decimoquinto y párrafos 230, 231, 233, 234, 235, 240, 243 242, 243, 248, 249, 250, 251 y 252 de la Sentencia), por lo que resta que haga efectivo el pago del 10% faltante de las indemnizaciones, según corresponda.
a) en un plazo razonable, investigar efectivamente los hechos del presente caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas en perjuicio de los 19 comerciantes, para los efectos penales y cualesquiera otros que pudieran resultar de la investigación de los hechos, y que el resultado de este proceso deberá ser públicamente divulgado (punto resolutivo quinto y párrafos 256 a 263 de la Sentencia);
b) efectuar, en un plazo razonable, una búsqueda seria, en la cual realice todos los esfuerzos posibles para determinar con certeza lo ocurrido con los restos de las víctimas y, en caso de ser posible, para entregarlos a sus familiares (punto resolutivo sexto y párrafos 270 y 271 de la Sentencia);
c) erigir un monumento en memoria de las víctimas y, mediante una ceremonia pública y en presencia de los familiares de las víctimas, […] poner una placa con los nombres de los 19 comerciantes (punto resolutivo séptimo y párrafo 273 de la Sentencia);
d) brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, el tratamiento médico y psicológico requerido por los familiares de las víctimas (punto resolutivo noveno y párrafos 277 y 278 de la Sentencia);
3. Que, en cuanto a la consulta realizada por los representantes, estos deben distribuir las indemnizaciones que la Corte dispuso por el daño material e inmaterial de la víctima Rubén Emilio Pineda Bedoya, y la que dispuso a favor de Jorge Enrique Pineda Bedoya por concepto de su propio daño inmaterial, de conformidad con lo indicado en los Considerandos 13 a 17 de la presente Resolución.
1. Requerir al Estado que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efecto y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento que fueron ordenados por el Tribunal en la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas de 5 de julio de 2004, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2. Solicitar al Estado que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 28 de septiembre de 2007, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir las reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el Considerando 11 de la presente Resolución.
3. Solicitar a los representantes de los familiares de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten observaciones al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior, en los plazos de cuatro y seis semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción del informe, tomando en consideración lo indicado en los Considerandos 10 y 11.g) y en el punto declarativo tercero de la presente Resolución.
5. Solicitar a la Secretaría de la Corte que notifique la presente Resolución al Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de los familiares de las víctimas.
* El Juez Diego García-Sayán se excusó de conocer el presente caso, de conformidad con los artículos 19 del Estatuto y 19 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que no participó en la emisión de la Sentencia ni de la presente Resolución.
1 Cfr. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de febrero de 2007, Considerando segundo; Caso Yatama. Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de noviembre de 2006, Considerando tercero, y Caso Cesti Hurtado. Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2006, Considerando tercero.
2 Cfr. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. Cumplimiento de Sentencia, supra nota 1, Considerando tercero; Caso Yatama. Cumplimiento de Sentencia, supra nota 1, Considerando quinto, y Caso Cesti Hurtado. Cumplimiento de Sentencia, supra nota 1, Considerando séptimo.
3 Cfr. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. Cumplimiento de Sentencia, supra nota 1, Considerando cuarto; Caso Yatama. Cumplimiento de Sentencia, supra nota 1, Considerando sexto, y Caso Cesti Hurtado. Cumplimiento de Sentencia, supra nota 1, Considerando octavo.
4 Asamblea General, Resolución AG/RES. 2292 (XXXVII-O/07) aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2007, titulada “Observaciones y Recomendaciones al Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
5 Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 108.b.
6 Cfr. Caso 19 Comerciantes. Cumplimiento de Sentencia. Resolución emitida por la Corte Interamericana el 2 de febrero de 2006, Considerando 10.h.
7 Cfr. Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 240, 243 y 252.
8 Cfr. Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 252 in fine.
9 Cfr. Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 235.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 67
 artículo 27
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 68
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
in fine