Source: https://honduprensa.wordpress.com/2013/12/21/
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21 | diciembre | 2013 | Honduprensa
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Conadeh: Más de 100 comunicadores y abogados murieron violentamente en gobierno de Lobo
Publicado por honduprensa en Proceso Digital el 21 diciembre, 2013
Tegucigalpa – Al menos 105 periodistas, comunicadores sociales y profesionales del derecho perdieron la vida violentamente durante la gestión del presidente Porfirio Lobo (27 enero 2010/ diciembre 2013), reveló un informe divulgado por el estatal, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
*En promedio, el CONADEH registró la muerte violenta de 26 víctimas anuales entre periodistas, comunicadores sociales y abogados, es decir, más de dos víctimas por mes.
De acuerdo al organismo, la situación es de tal magnitud que al acercarse a los 47 meses de la administración gubernamental de Lobo, han muerto en circunstancias violentas 72 profesionales del derecho y 33 periodistas y comunicadores sociales para totalizar 105, es decir, un promedio de 26 víctimas anuales o más de dos por mes.
El informe establece que el 97 por ciento de los casos se encuentran en la impunidad, que no se sabe si es por mala investigación o es porque ha habido un mal requerimiento por parte del Ministerio Público.
El ombudsman hondureño, Ramón Custodio, lamentó que en Honduras, tanto el ejercicio del derecho como la labor que realizan los periodistas y comunicadores sociales se hayan convertido en ocupaciones de alto riesgo para quienes la ejercen.
Abogados también en la mira
El defensor de los derechos humanos considera que es deber del Estado hondureño garantizar que los profesionales del derecho realicen su labor sin ningún tipo de intimidación y que cuando su seguridad esté amenazada por el ejercicio de su trabajo, es deber de las autoridades brindarles la protección para salvaguardar su integridad física y su vida.
Según estadísticas del Conadeh, en 2010 se registró la muerte de 16 abogados, 22 en el 2011, 15 en 2012 y 19 en lo que va de 2013, para totalizar 72.
En el registro pormenorizado que realizó el organismo, se destaca que entre los profesionales del derecho que murieron en forma violenta hay especialistas en derecho penal, en derecho mercantil, jueces de tránsito, de la niñez y de letras.
Además, fiscales del Ministerio Público, asesores legales de sindicatos, instituciones bancarias y de instituciones del Estado, así como otros que combinaban su profesión con otras actividades empresariales y religiosas.
La mayor parte de las víctimas fueron ejecutadas en el interior de sus vehículos, en algunos casos en compañía de sus hijos, esposa, de su trabajadora, de su conductor, de amigos e incluso de sus clientes. Otros fueron ultimados en su propia vivienda o a pocos pasos de la misma o en la vía pública.
De acuerdo al Conadeh, tres casos de abogados que murieron violentamente, fueron resueltos y sus victimarios, entre ellos tres miembros de la Policía, recibieron sentencia condenatoria.
Entre los casos más recientes figura la sentencia emitida en el 2012 por la sala quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula que condenó a Nelson Ubaldo Rivera Oviedo a 20 años de prisión por el delito de homicidio simple en perjuicio del abogado y pastor evangélico Carlos Roberto Marroquín, hecho ocurrido el 21 de febrero de 2011 en la colonia Aurora de San Pedro Sula.
En mayo del 2013, un tribunal con jurisdicción nacional encontró culpable a un ex detective de la Dirección Nacional de Investigación Criminal por el asesinato en contra el coordinador del Ministerio Público en Puerto Cortés, Raúl Enrique Reyes, registrado en la aldea Río Nance de Choloma, Cortés, el 27de mayo de 2011.
Periodistas y comunicadores ejecutados
En lo que respecta a los periodistas y comunicadores sociales, el Conadeh, registra la muerte de 33 en lo que va de este gobierno (2010/ 2013), cantidad que representa el 83 por ciento de las 40 muertes reportadas desde 2003.
Sólo en 2010 murieron en forma violenta 12 periodistas y comunicadores sociales; en 2011 la cifra fue de seis, un año después la cantidad subió a nueve y en lo que va del 2013 han muerto violentamente otros seis, para totalizar 33.
De los seis registrados en 2013, uno se desempeñaba como cronista deportivo en Olancho, otro como locutor de una estación radial en Choluteca, dos que prestaron sus servicios como camarógrafos en Tegucigalpa, uno como director de un programa de televisión en San Pedro Sula y un empresario de medios en El Paraíso, este del país.
Un victimario condenado
De los 40 casos registrados, desde noviembre del 2003 a la fecha, apenas uno obtenido sentencia condenatoria.
El 11 de septiembre de 2012, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula condenó a Jonathan Cockborn Delgado, a purgar una pena de 28 años de cárcel por los delitos de homicidio simple y robo cometido en perjuicio del periodista Georgino Orellana, hecho ocurrido el 20 de abril de 2010.
La impunidad y sus causas
Custodio explicó que la impunidad consiste en dejar sin castigo y sin pena a quien comete un delito, sea éste de orden público o privado.
Señaló que esta situación es motivo de mayor preocupación cuando un Estado no tiene la adecuada investigación para determinar la autoría directa o indirecta de esas muertes y se sigue en la incertidumbre de ver caer a más personas asesinadas.
El ombudsman hondureño considera que la entrada e invitación para que el delincuente continúe delinquiendo, es la impunidad, la que no es resultado de una sola causa.
Explicó que en Honduras, la impunidad empieza porque el delito no es debidamente investigado por dos de los competentes del sistema de justicia penal, la policía de investigación y la misma Fiscalía.
Agregó que cuando no se investiga ni se presentan las pruebas adecuadamente, no se sabe si la falla es del policía o del fiscal, pero al final se le echa la culpa al juez y se debe entender que el juez, para juzgar y sentenciar, tiene que tener pruebas.
Apuntó que cuando no existen las pruebas de convicción debidamente trabajadas contra una persona detenida, el juez se ve obligado a ponerlo en libertad.
“Lo esencial, es que cada uno de los componentes de justicia funcione adecuadamente, porque cuando uno de ellos no funciona se echa a perder todo el sistema de justicia”, comentó.
Añadió que los componentes del sistema de justicia penal, deben de funcionar eficientemente para tener resultados positivos.
Reiteró que la impunidad es una manera de estimular la comisión de delitos, porque si el delincuente sabe que existen pocas probabilidades de que se le castigue y se juzgue adecuadamente, prácticamente se le está diciendo, siga delinquiendo sin el menor riesgo posible.
Fuente: http://www.proceso.hn/2013/12/21/Nacionales/Conadeh.A.M/79861.html
abogados, Asesinatos, CONADEH, Estadísticas, Impunidad, Lobo, periodistas
Habrá persecución implacable contra el delito: Sabillón Pineda
Publicado por honduprensa en La Tribuna el 21 diciembre, 2013
Lo más reciente 21 diciembre, 2013 – 12:35 AM
Una lucha implacable contra la delincuencia promete el recién nombrado director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Sabillón en su primera aparición ante los medios de comunicación.
Ramón Antonio Sabillón
El comisionado general de la quinta promoción se desempeñaba como inspector general de la Secretaría de Seguridad, pero a partir del jueves en horas de la noche pasó a ser el director de la Policía Nacional, en sustitución del general Juan Carlos “El Tigre” Bonilla.
Sabillón Pineda ha sido comandante de la Academia Nacional de Policía, jefe de operaciones de la Policía Nacional en San Pedro Sula, director de Servicios Especiales de Investigación, director de personal, coordinador del directorio estratégico, asesor de la policía dominicana y vicerrector del sistema de educación policial.
Además es graduado de la Academia Nacional de Policía, tiene una licenciatura en ciencias policiales, es abogado y tiene una maestría en políticas públicas y gestión de la seguridad.
-¿Cómo sobrellevará este cargo?
Bajo la conducción y la dirección de Dios con mucha fe y fuerza y con muy buena esperanza, sé que el equipo de trabajo que tengo va saber de él el talento humano, porque basta dar lo mejor de sí para crear un ambiente de paz y esperanza y desarrollo de nuestra sociedad. Nuestra intención es de un trabajo tenaz para el tratamiento del delito, una persecución implacable para el tratamiento del delito y aquella forma que resulte inseguridad humana.
-¿Cómo encuentra la Policía Nacional?
Yo creo que la Policía Nacional está llena de un recurso humano y un talento humano bastante fuerte que hay que gratificarlo, estimularlo, hay una gama de profesionales en diferentes disciplinas científicas que yo sé que van hacer el mejor concurso y sacarán lo mejor de sí para la población hondureña.
-¿Le hubiese gustado tomar el mando de la Policía en otras circunstancias?
No, me gusta como está, si hay retos y desafíos que cumplir, si hay algún aspecto por mejorar, si hay algún aspecto para planificación a corto, mediano y largo plazo, me gustan los retos porque el reto permite una oportunidad para el éxito.
-¿Cómo hará la depuración de la Policía?
Estamos en un programa de fortalecimiento ya planteado por los mandos supremo institucional, dentro de eso está el proceso de reclutamiento del talento humano y eso es lo que se llama depuración, pero eso es más que todo sacar de nuestras filas a aquel elemento que por a o b circunstancias no llena las expectativas para la prestación del servicio policial. El profesionalismo que vamos a imprimir a todos los elementos bajo la óptica de un servicio policial orientado a la comunidad y a la protección ciudadana y el otro pilar que vamos a imprimir es procedimientos policíacos bastante fuertes y delineados para tener resultados.
-¿Qué pasará con quienes no cumplan?
Si la persona le damos una guía de actuación y no tiene una productividad en sus funciones también va hacerse de los procedimientos administrativos correspondientes, entonces no solo estamos hablando de un espacio de depuración, sino también de un contexto del reclutamiento.
-Y el crimen organizado ¿Cómo combatirlo?
Está hablando de carácter transnacional de una estructura criminal de apoyo de una estructura profesional interdisciplinaria y del campo y por eso se llama crimen organizado, por eso tenemos que verlo así y si el policía es parte de esa organización no es solo el policía el problema sino los otros actores de mucho mayor envergadura que podrían estar, estoy hablando de punto de vista conceptual. Tenemos que deshacer la organización completa, no solo el policía sino otras instancias.
-¿Puede meter las manos al fuego por quienes lo acompañan en su cargo?
El mando supremo ha sido bastante enfático, va a ser una escogencia al detalle, viendo todos los factores de las personas, también están sometidos a un proceso interno permanente, comenzando desde mi persona y los otros miembros no digamos.
-¿Deberán someter a las pruebas de confianza?
Eso siempre ha sido desde el inicio y ha sido una herramienta de clasificación del talento humano y eso será permanente y no solo las pruebas de confianza, sino también los resultados ante la comunidad, porque necesitamos que la población se sienta segura, que la gente no esté extorsionada, atemorizada por un secuestro o diferente gama de delitos. (NJA)
Fuente: http://www.latribuna.hn/2013/12/21/habra-persecucion-implacable-contra-el-delito-sabillon-pineda/
crimen organizado, Depuración de la Policía, Policía Nacional, Ramón Antonio Sabillón
Fredy Santiago Díaz: La ruta es terminar con el crimen organizado
Lo más reciente 21 diciembre, 2013 – 12:30 AM
El recién nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Fredy Santiago Díaz Zelaya, se comprometió a cumplir con los intereses de la nación, a la vez que agradeció la confianza que depositó en su persona el presidente electo, Juan Orlando Hernández.
Luego de su juramentación la noche del jueves, por el Presidente Porfirio Lobo Sosa, tildó la función del jefe saliente, René Osorio Canales, como dinámica y entusiasta y que será difícil superar, pero eso constituye un reto.
El currículo de Díaz Zelaya es amplio. En primera instancia se graduó de la Academia Militar General Francisco Morazán como subteniente de Artillería, es licenciado en Ciencias Militares, tiene una maestría en Defensa y Seguridad Centroamericana y ha recibido un sinnúmero de capacitaciones.
Entre otros cargos asumidos figura la Comandancia de la 101 Brigada de Infantería, la jefatura del Departamento de Organización, Operaciones y Adiestramiento, además de director de Recursos Humanos.
Desde hace algunos días se mencionaba el nombre de Díaz Zelaya para la Comandancia General; sin embargo, fue hasta el miércoles que fue notificado y este jueves fue juramentado por el presidente saliente, Porfirio Lobo Sosa.
El jerarca militar será acompañado en su misión por el vicealmirante Rigoberto Espinoza, quien será el subjefe del Estado Mayor.
¿Qué puede esperar el pueblo del nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto?
Lo que puede esperar nuestro pueblo de nuestra persona es un servidor a los más sagrados intereses de la nación.
¿Cómo será el trabajo con la Policía Militar?
Hemos estado trabajando desde su creación en la Policía Militar y del Orden Público, hemos cumplido con la ley que ha dado el Congreso Nacional y vamos a seguir trabajando para que esta nueva unidad, que nace en el seno de las Fuerzas Armadas, cumpla con la ley y el mandato y las expectativas de nuestro pueblo. Haremos todo lo posible, pondremos todos los recursos disponibles para que esta unidad pueda tener el éxito para la que fue creada.
¿Siente que es una papa caliente este cargo en el que ha sido nombrado?
Todas las manifestaciones del crimen son parte de una tarea, independientemente de cuál sea. Estaremos listos para hacer lo correcto y adecuado para hacer frente a estos flagelos y sabemos que al final de la jornada vamos a poder sentirnos satisfechos de un deber cumplido.
¿Cómo enfrentar frontalmente al crimen organizado?
No es fácil relevar la gestión de mi general Osorio o mantener los estándares que él ha alcanzado. Tenemos un reto en primer lugar, seguir con ese dinamismo y ese entusiasmo que mi general Osorio ha imprimido a la institución, y gracias a Dios la institución va a contar con un mejor equipo para poder hacer frente a estas amenazas. Necesitamos hombres dispuestos, llenos de principios y valores, hombres fortalecidos; pero también necesitamos un equipo adecuado, y en eso hemos estado trabajando para tener el equipo y el personal listo para poder hacerle frente. Podemos decir con toda certeza que la institución está fortalecida y con todo este equipo que va a venir, será el equipo idóneo para dar la respuesta que nuestros gobernantes quieren, que nuestras autoridades quieren y que nuestro pueblo está esperando.
¿Va con su propio equipo?
Yo puedo asegurar de que en la institución hay un grupo de oficiales certificados, calificados, un cuerpo de suboficiales profesionales y listos para trabajar, y un personal de tropa igual, personal técnico igual. Todo el equipo de trabajo que va estar conmigo es de mi entera confianza, son soldados profesionales y sabemos que las órdenes emanadas por el mando van a ser cumplidas y estaré allí para motivarles, facilitarles los recursos, para darles el apoyo para cumplir con la misión que se nos encomiende.
¿En qué momento se dio cuenta que sería el número uno de las Fuerzas Armadas?
Bueno, el día miércoles fui notificado de mi nuevo cargo; es un cargo que todos los soldados aspiramos, es el más alto que los soldados tenemos en nuestra mente. Quiero decirle que hemos sentido satisfacción, alegría por esa confianza que ha depositado el Presidente Juan Orlando Hernández, por esa confianza depositada en mi persona. Y esa confianza creo que es un impulso fuerte para poder hacer todos los trabajos que se nos encomienden de la mejor manera posible. (NJA)
Fuente: http://www.latribuna.hn/2013/12/21/fredy-santiago-diaz-la-ruta-es-terminar-con-el-crimen-organizado/
crimen organizado, Fredy Díaz Zelaya, Fuerzas Armadas, Policía Militar, René Osorio Canales
Policía Militar quedaría sin base de sustentación legal
21 diciembre, 2013 – 12:25 Am
El diputado por el Partido Innovación y Unidad (PINU), German Leitzelar, declaró que la Policía Militar quedaría en un limbo si se eleva a garantía constitucional por el actual Congreso Nacional y no es ratificado en la siguiente legislatura.
Leitzelar no cree conveniente elevar a garantía constitucional a la Policía Militar, sino únicamente reformar la Ley Orgánica de las FF AA.
Leitzelar comentó que si se toma en cuenta la Constitución, las Fuerzas Armadas están facultadas para formar la Policía Militar, pero no cree conveniente elevarlo a garantía o norma constitucional.
De acuerdo a su análisis, desde el contexto jurídico constitucional la nueva Policía Militar del Orden Público (PMOP) es un órgano interno de las Fuerzas Armadas.
En ese sentido, explicó que la Constitución de la República en su artículo 273, establece que las FF AA están constituidas por la Naval, el Ejército y la Fuerza Aérea, así como por todos aquellos órganos que cree la Ley Orgánica de esa institución.
De igual forma en el artículo 274, la carta magna señala que las Fuerzas Armadas tienen las atribuciones de participar en las actividades de la seguridad ciudadana o interna del país y que para tal propósito la Constitución los faculta a ejercer funciones policiales.
“Por tanto las Fuerzas Armadas a mi criterio, tienen que tener un cuerpo entrenado para ejercer funciones policiales, porque no tendría sentido llamar a las Fuerzas Armadas a ayudar, sino tienen capacidad, ni conocimiento, ni tienen un cuerpo adecuado para contribuir”, expresó.
PONDRAN EN RIESGO LAS FF AA
“Si el sentido es para blindarlo, a mi criterio es poner en riesgo un cuerpo tan importante como lo es las Fuerzas Armadas, porque la población cree en esa institución y contribuye a las medidas de seguridad, por esa misma confianza que le tiene ”, apuntó el congresista.
“Si lo eleva a garantía constitucional, no tiene validez jurídicamente hasta que lo ratifique una nueva legislatura y eso nadie lo garantiza, entonces quedaría en un limbo, porque al elevarlo a garantía constitucional no queda con base de sustentación legal”, enfatizó.
Explicó que una norma constitucional la garantía que da es que no puede ser modificada, sino es con el consenso de las dos terceras partes de los diputados y por dos legislaturas.
Considera que lo más lógico para blindar a la PMOP, que actualmente está vigente, es crearle dentro de su misma ley una norma que prohíba que ese cuerpo pueda ser derogado, sino es a través de una mayoría especial calificada, que podría ser del 90 por ciento de todo el Congreso Nacional.
Fuente: http://www.latribuna.hn/2013/12/21/policia-militar-quedaria-sin-base-de-sustentacion-legal/
Congreso Nacional, Constitución, Fuerzas Armadas, German Leitzelar, Pinu, Policía Militar
Congreso de Honduras aprueba paquete de medidas económicas
Publicado por honduprensa en El Heraldo el 21 diciembre, 2013
12:25 am – Redacción
Con la dispensa de debates, diputados aprobaron la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que crea nuevos impuestos, deroga exoneraciones y fija la canasta básica exenta.
El Congreso Nacional -con la mayoría de diputados del Partido Nacional- aprobó la noche del viernes el decreto que contiene la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión.
La aprobación de los 51 artículos se dio en medio de un fuerte debate con los diputados de los diferentes partidos políticos.
A la sesión de la cámara legislativa se hizo presente el ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, para dar explicaciones del fondo de la ley.
La bancada nacionalista justificó que la crisis fiscal del Estado es insostenible, por lo que las medidas para encausar el país y sus finanzas eran ineludibles.
+ Descargue el documento de las medidas fiscales
En el artículo 1 se aprobó derogar todas las exoneraciones y franquicias aduaneras a la importación de mercancías con dispensa… incluyendo las emitidas a favor de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las Fuerzas Armadas, las instituciones descentralizadas y las empresas estatales.
Asimismo, quedan derogadas todas las exoneraciones aduaneras otorgadas a las organizaciones privadas voluntarias de interés público sin fines de lucro, independientemente de las actividades que realice.
Están exentas de las disposiciones anteriores las otorgadas por mandato de la Constitución, por Tratados y Convenios Internacionales y decretos a favor de hondureños residentes en el exterior, Régimen del viajero descrito en el Código Aduanero Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento.
Asimismo, las otorgadas a delegaciones deportivas, iglesias, al Fondo Cafetero Nacional, personas con discapacidad y las otorgadas por Ley de Emisión del Pensamiento, entre otras.
El precio de los combustibles también ha sido impacto mediante la reforma del impuesto a la importación del petróleo y sus derivados.
En el artículo 4 se aprobó “reformar el Artículo 40 del Decreto No. 131-98 del 30 de abril de 1998, contentivo de la Ley del Estímulo a la Producción a la Competitividad y al Desarrollo Humano y sus reformas, en el sentido de reformar únicamente el tributo denominado Aporte para la Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial.
El Proyecto no informa de cuánto era el aporte por galón, pero sí se establece que de ahora en adelante quedará de la siguiente forma: gasolina superior, 1.40 dólares; gasolina regular, 1.24 dólares; diésel, 0.86 dólares; bunker, 0.42 dólares; querosene, 0.15 dólares; LPG, 0.15 dólares; AvJet, 0.03 dólares.
Las bancadas opositoras coincidieron que este aumento al aporte impactará en los bolsillos de cada hondureño y generará un inmediato clamor de los transportistas para que se revisen sus tarifas.
En el artículo 5 se aprobó derogar todas las exoneraciones otorgadas en concepto de Impuesto sobre la Renta establecidas mediante decretos y leyes especiales.
Quedaron exentas las otorgadas por la Constitución (incluidos los maestros) y tratados o convenios internacionales.
Además, está exento el BCIE, la Escuela Agrícola Panamericana; cuerpo diplomático, consular; el Estado, las municipalidades y demás instituciones autónomas y semiautónomas, excepto las empresas públicas a que se refiere el Artículo 53 de la Ley General de la Administración Pública.
Además están exentos los contratos suscritos con el Estado, que otorguen la exoneración y que se encuentren aprobados por el Congreso Nacional; empresas que operan en el Régimen contenido en la Ley de Zonas Libres (Zoli), Zonas Industriales de Procesamientos (ZIP); iglesias, jubilados o pensionados, créditos concedidos al adulto mayor, asociaciones gremiales, asociaciones patronales y organizaciones sindicales, partidos políticos, proyectos hidroeléctricos Patuca I, II y III.
En el sector de comidas rápidas y bebidas, las personas jurídicas deben pagar el Impuesto sobre la Renta conforme al vencimiento de sus beneficios otorgados de conformidad a la Ley de Incentivos al Turismo.
El 1.5% a las empresas
En el artículo 9 se aprobó reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta contenida en el Decreto No. 25 del 20 de diciembre de 1963 y sus reformas, en el sentido de adicionar el Artículo 22-A, el que debe leerse así:
“ARTÍCULO 22-A. Las personas naturales o jurídicas domiciliadas en Honduras pagarán el uno punto cinco por ciento (1.5%) sobre los ingresos brutos iguales o superiores a tres millones de lempiras (L 3,000,000.00) del período impositivo cuando la aplicación de las tarifas señaladas en los incisos a) y b) del Artículo 22 de la presente Ley, resultare menor al uno punto cinco por ciento (1.5%) de los ingresos brutos declarados.
La tasa se reducirá al cero punto setenta y cinco por ciento (0.75%) en los siguientes productos y servicios:
Producción y distribución de cemento, servicios públicos prestados por las empresas estatales, productos y medicamento farmacéuticos para uso humano, ingresos por producción, venta y distribución de petróleo y sus derivados.
No estarán sujetos a este pago del 1.5% las personas naturales que obtengan ingresos provenientes de sueldos y salarios, los contribuyentes cuyos ingresos brutos anuales sean menores a tres millones de lempiras, las empresas durante los primeros dos años de su constitución o en periodo pre-operativa después de la vigencia de esta ley, y las personas naturales o jurídicas que incurran en pérdidas, por caso fortuito o fuerza mayor, derivados de desastres naturales, catástrofes, guerras, estado de excepción, debidamente acreditable ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos, hasta dos (2) ejercicios fiscales desde que ocurran.
La presente ley no especifica un aumento del 12 al 15 por ciento del Impuesto sobre Ventas, pero en el artículo 13 (capítulo IV Contribuciones Especiales para el fortalecimiento de la Inclusión Social) se establece: “Crease una contribución especial del tres por ciento (3%) sobre las ventas netas de bienes o servicios realizados por personas naturales o jurídicas en el mercado nacional”.
El ministro de Finanzas Wilfredo Cerrato reconoció que sí es una contribución sobre ventas netas, cuyos fondos serán orientados a programas sociales. Se estima que dejará 4,500 millones de lempiras.
Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Congreso-de-Honduras-aprueba-paquete-de-medidas-economicas
Congreso Nacional, Economía, Exoneraciones Fiscales, Impuesto Sobre la Venta, Impuestos, Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas
In Post-Election Honduras, Challenges and Opportunities for the Resistance
Publicado por honduprensa en prensa internacional el 21 diciembre, 2013
On December 12, the Supreme Electoral Tribunal (TSE) announced the final results of Honduras’s contested election, awarding the presidency to ruling National Party candidate Juan Orlando Hernández with 37% of the vote. Despite evidence of significant irregularities, the TSE refused to conduct a partial ballot recount as demanded by LIBRE (the Freedom and Refoundation Party) and PAC (the Anti-Corruption Party), whose candidates finished second and fourth, respectively, with a combined total of 42% of the vote. National Party campaign propaganda. Credit: Judy Somberg, NLG
While LIBRE has petitioned the Supreme Judicial Court to nullify the election, few expect this to happen, given the current regime’s recent stacking of the Court with conservative members—an initiative led by Hernández himself, as president of the national Congress. Meanwhile, Hernández, whose party has consolidated broad control over government institutions since the 2009 coup, is gearing up to lead what has been described as the most authoritarian Honduran administration in memory.
Still, Hernández faces formidable obstacles. He will assume control of a nation struggling with major security and economic crises, under the cloud of a tainted election. He will confront a changing political and social landscape, including a fragmented Congress, a potentially powerful opposition party in the form of LIBRE, and a resilient grassroots resistance movement.
In this context, continued conflict and repression is virtually guaranteed. But with a coordinated oppositional strategy both in the “halls of power” and in the streets, the anti-coup resistance may have an opportunity to curtail the most egregious abuses of economic and political power, and even to advance its own agenda.
As commentator Kevin Lees has noted, Hernández is a president “without mandate, majority, or money.” He will preside over a severely divided electorate, with more than 60% of the voters rejecting his approach and two parties, representing more than 40% of the vote, challenging the legitimacy of his election.
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Despite the supportive pronouncements of high-level international observer missions (such as the OAS and EU) that found the election to be generally “free and fair,” the mounting evidence of voter intimidation, suppression, coercion, and fraud, and of politically-targeted violence against LIBRE supporters, has succeeded in casting a cloud over the vote. Other prominent voices, such as those of dissenting EU delegate Leo Gabriel and Spanish ex-judge Baltasar Garzón, bolstered by the reports of numerous human rights and solidarity organizations, have lent credence to LIBRE’s allegations that as many as 20% of the voting table tabulations are suspicious.
In fact, even the OAS and EU reports, upon careful reading, document numerous irregularities and systemic flaws in the electoral process. Whether or not LIBRE’s nullification strategies prevail, doubts about the legitimacy of Hernandez’s presidency will likely persist for some time, at home and abroad.
Militarization on Election Day. Credit: Judy Somberg, NLG.With this weakened mandate, tackling Honduras’s twin security and economic crises will be no small challenge for Hernández. Honduras faces record-high levels of violence, with 20 murders per day and the highest homicide rate in the world, fueled by drug trafficking, street gangs, paramilitary activity, and police/government corruption. The controversial domestic military police force created by Hernández, as president of the Congress, has not succeeded in addressing these problems, but has bolstered large landholders and businesses in their efforts to suppress popular resistance to corporate land grabs.
Closely linked to the security crisis is Honduras’s ongoing economic and fiscal crisis. With a budget deficit of 4% in 2012, the post-coup government has continued to wrack up public debt, now equal to 35% of GDP. With anti-crime measures consuming another 10% of GDP, the government can barely afford to pay its public employees, let alone fund desperately needed anti-poverty and economic development programs.
Since the 2009 coup, poverty levels and the gap between rich and poor have increased dramatically, with Honduras now showing the greatest wealth disparities (and the lowest per capita income) in Latin America. Hernández has promised to continue the post-coup government’s austerity and privatization policies, allowing the plundering of natural resources by transnational corporations that have driven the economy to the brink of disaster.
Faced with these giant problems, Hernández will confront the most divided Congress in Honduran history. The emergence of LIBRE (and to a lesser extent, PAC) has broken the traditional dominance of the elitist National and Liberal parties, the conservative duopoly that has governed Honduras for more than a century. Unlike the current Congress, where the National Party’s 71 votes (out of 128 total) have assured majority control for the ruling party, with 45 Liberal Party votes providing a ready margin for constitutional changes that require a 2/3 vote, in the new Congress power is fragmented. The National Party has only 47 seats and the Liberals 26, while LIBRE has 39 and PAC 13 (with 3 small parties having 1 vote each).
While the National and Liberal parties still jointly control more than a majority (57%) of the Congress, an alliance between LIBRE and PAC, representing 41% of the votes, should at least be able to block the most egregious initiatives requiring a constitutional amendment. Alliances with the smaller parties and some Liberals could create a bloc large enough to push the Congress in a different direction—including, for example, electoral reform, and perhaps a rollback of some blatantly illegal judicial and executive appointments.
While continuing to challenge the electoral results, LIBRE is moving on to negotiate its role as a major opposition party in this new Congressional landscape, led by ex-president and Party chief Mel Zelaya, the newly elected deputy from Olancho. Within LIBRE, there is ongoing debate about the relative merits of participating in the Congressional executive junta (to be appointed in January) vs. remaining as a pure opposition party. Sources indicate that Zelaya will cede the presidency of the Congress (if offered) to the Liberals, with the goal of creating a united opposition. As well, ongoing tensions between the Party’s social movement and ex-Liberal Party constituencies, and now delegates, are likely to play out in the Congressional arena. FNRP Assembly. Credit: laprensa.hn
Meanwhile, the National Popular Resistance Front (FNRP), the broad-based coalition of social movements that gave birth to LIBRE in 2011, is struggling to redefine its relationship to the political arm that has now become a formal opposition party. In the days immediately following the election, tension arose between some grassroots constituencies who wanted to mobilize against electoral fraud, and Party leaders who restrained their actions until a more politically opportune moment. Inside the movement, LIBRE’s unsuccessful (for the moment) presidential campaign has reopened an old tactical schism between those who have promoted the electoral strategy, and others who want to keep the movement’s energies focused in the streets and communities, deepening the process of change and avoiding the liabilities of political compromise, manipulation, and failed expectations.
Despite the repression unleashed by the post-coup government—including the murders of at least 22 LIBRE candidates, activists, and supporters since May 2012, and politically-targeted violence against popular organizations, journalists, and human rights defenders, the resistance movement has endured and grown. In the Aguán Valley, campesinos continue to occupy 26 farms on 3,000 acres of contested land appropriated by palm oil magnates. In Rio Blanco, indigenous groups have maintained a blockade for eight months protesting construction of a hydroelectric dam that will destroy their communities. Thousands of teachers have mobilized against the privatization of education, and have gone on strike, along with doctors and other public sector workers, when the government failed to pay them for months at a time.
Protesting electoral fraud. Credit: AlJazeeraIn the wake of the elections, university students have emerged as a newly-energized component of the resistance. On Election Day, thousands of students sacrificed their right to vote to serve as polling table custodians, a function previously carried out by the Church. Many became disillusioned, enraged, and radicalized as they witnessed first- hand the irregularities and abuses documented by many observer reports. Students were the first to take to streets, ahead of LIBRE party directives, to protest electoral fraud. Although they were violently repressed by police, they continued to demonstrate throughout the week.
Also since the election, the post-coup regime has stepped up its efforts to ram a few more controversial laws through the National Party-controlled Congress while it still has the votes. These include provisions granting constitutional standing to Hernández’s new domestic military police force (which currently operates in violation of the Constitution), facilitating the latest version of Economic Development and Employment Zones (sovereign districts to incentivize transnational investment, that bypass labor and environmental protections), and authorizing more bonds to keep the government afloat (even though it has no way of paying the debt it currently owes). Next up on the agenda could be an austerity and tax package to cement desperately needed financing from the International Monetary Fund.
Whether Honduras’s social movements can succeed in curtailing these and other punitive measures, through the combined efforts of a viable political opposition and massive popular resistance, is the challenge that lies ahead.
Emily Achtenberg is an urban planner and the author of NACLA’s biweekly blog Rebel Currents, covering Latin American social movements and progressive governments (nacla.org/blog/rebel-currents). She was a credentialed election observer in Honduras with the National Lawyers Guild.
Fuente: http://nacla.org/blog/2013/12/21/post-election-honduras-challenges-and-opportunities-resistance
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HONDURAS: En protesta los empleados de la UNAH exigen sueldo
Publicado por honduprensa en Tierra libre el 21 diciembre, 2013
Los empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) reclaman ante el Ministerio Público que no les han cancelado el salario correspondiente al mes de diciembre ni el aguinaldo.
Tiempo.hn / Tegucigalpa, Honduras / Viernes, 20 Diciembre 2013 -22:57
Exigiendo el pago del aguinaldo y el del salario llegaron ayer los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), a las instalaciones del Ministerio Público (MP).
Según el asesor de la junta directiva del SITRAUNAH, Wilfredo Zelaya, a cerca de 6 mil trabajadores a nivel nacional les adeudan más de 300 millones de lempiras por concepto de salarios y unos 10 millones de lempiras al sindicato.
“En el mes de diciembre tiene que entregar los aguinaldos y una bonificación en concepto de vacaciones, pero solo nos dicen que están esperando las transferencias de la Secretaría de Finanzas y no pagan”, subrayó.
Señaló que desde el mes de mayo están reteniendo las cuotas sindicales deducidas a todos los empleados universitarios que hasta el momento asciende a una cantidad cerca de los 10 millones de lempiras.
Publicado por Américo Roca Dalton en 20:12
Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2013/12/honduras-en-protesta-los-empleados-de.html
Manifestaciones, Sindicatos, SITRAUNAH, UNAH
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 artículo 274
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 artículo 5
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 Artículo 22
 Artículo 22
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