Source: https://www.scribd.com/document/111189436/Fallo-Ter-Rivera
Timestamp: 2018-04-27 05:52:51+00:00

Document:
Concepción, veinticuatro de Enero de dos mil doce.
Para los efectos del artículo 60 del texto refundido de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, certifique el Secretario-Relator si los comparecientes fueron proclamados Concejales de la I. Municipalidad de Hualpén y si constituyen el quórum exigido por la Ley Nº 18.695.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
CERTIFICO : Que de la Sentencia de Proclamación de Concejales, dictada con fecha 1º de Diciembre de 2008, en la causa rol 2.259-2008 del ingreso de este Tribunal, sobre Escrutinio General y Calificación de la elección de Concejales de la Comuna de Hualpén, consta que los señores Luis Alberto Isla Peña y Gabriel Torres Hermosilla fueron proclamados como dos de los seis Concejales definitivamente electos, en la Comuna de Hualpén.Concepción, veintiséis de Enero de dos mil doce.ROL Nº 2.771-2012.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, veintiséis de Enero de dos mil doce.Con el mérito de la Certificación que antecede, se provee la presentación de fojas 1 en la forma siguiente : Proveyendo la presentación de fojas 1 y siguientes, corregida por la de fojas 38 y siguientes; A lo principal, por formulada la petición de cesación, traslado por diez días para los efectos del artículo 19 de la Ley Nº 18.593.Encomiéndese la notificación personal a un receptor judicial de la Comuna de Talcahuano.Dése cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 18 de la Ley Nº 18.593 por medio de una publicación en el diario “El Sur” de esta ciudad.Al primer otrosí, por acompañados los documentos en la forma solicitada.Fórmese con el Nº 1 Cuaderno de Documentos.Al segundo otrosí, no ha lugar.Al tercer y quinto otrosí, téngase presente.Al cuarto otrosí, estése a lo resuelto a lo principal.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, veintiséis de Enero de dos mil doce.A lo principal, por complementado y ampliado el requerimiento de fojas 1 y siguientes y 38 y siguientes. Al primer y tercer otrosies, por acompañados los documentos en la forma solicitada, agréguense al Cuaderno de Documentos ordenado formar a fojas 83. Al segundo otrosí, téngase presente. Notifíquese la presente resolución, conjuntamente con la de fojas 83, de fecha de hoy, en la misma forma que ésta.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, siete de Febrero de dos mil doce.Por acompañada la publicación.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO, MIEMBRO TITULAR Y DON DANIEL CAMPOS STÖWHAS, MIEMBRO SUPLENTE.PEDRO R. VILLALÓN MORALES. SECRETARIO-RELATOR SUBROGANTE.
Concepción, catorce de Febrero de dos mil doce.Constituyendo un hecho público y notorio que el Alcalde reclamado, Marcelo Enrique Rivera Arancibia, a la fecha de la notificación estampada a fojas 91, el día 1º de Febrero de 2012, se encontraba y se encuentra actualmente sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva en el Complejo Penitenciario El Manzano de Concepción, notifíquesele personalmente del reclamo de autos en los términos ordenados en el inciso 2º del artículo 18 de la Ley sobre Tribunales Electorales Regionales, Nº 18.593. Encomiéndase la diligencia a un receptor judicial de Concepción. A la presentación de fojas 101, a todo, estése a lo resuelto. ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, veintiuno de Febrero de dos mil doce.En atención a que las fundamentaciones del recurso no logran desvirtuar lo resuelto a fojas 103, con fecha 14 de Febrero de 2012, no ha lugar a la reposición.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.PEDRO R. VILLALÓN MORALES. SECRETARIO-RELATOR SUBROGANTE.
Concepción, veintidós de Febrero de dos mil doce.Como se pide, notifíquese por un receptor de turno en lo penal, haciéndose presente que este Tribunal Electoral Regional carece de Ministro de Fe para notificaciones externas.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.PEDRO R. VILLALÓN MORALES. SECRETARIO-RELATOR SUBROGANTE.
Concepción, ocho de Marzo de dos mil doce.A lo principal, por contestada la reclamación.Al primer otrosí, téngase presente.Al segundo otrosí, téngase presente el patrocinio y, en cuanto al poder, venga en forma.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON CARLOS ALDANA FUENTES, PRESIDENTE SUPLENTE, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, quince de Marzo de dos mil doce.A lo principal, téngase presente.Al otrosí, por acompañado el documento.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON CARLOS ALDANA FUENTES, PRESIDENTE SUPLENTE, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, veinte de Marzo de dos mil doce.VISTOS : Se recibe la causa a prueba y se fijan como hechos sustanciales y pertinentes controvertidos los siguientes : 1) Efectividad de haber incurrido el Alcalde de la Municipalidad de Hualpén en omisiones relativas a implementación del Sistema de Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal establecido en la Ley Nº 19.803; a la no entrega de información sobre la materia a la Contraloría regional y al no pago de tales asignaciones a los funcionarios de la Municipalidad.2) Efectividad de haber incurrido el Alcalde reclamado en ilegalidades relativa a la celebración de conciliación judicial en causa RIT O-613-2011 del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción; a la aprobación de la dieta mensual a los Concejales de la Comuna de Hualpén; a su devolución y a horas extraordinarias y viáticos; al funcionamiento de locales sin patente comercial y con faltas en su fiscalización; en compras directas, sin licitación; a intervención electoral en elecciones de Presidente de la República, Senadores y Diputados; a la publicación del periódico “El Hualpenino”; a la contratación y pago de personal en la Dirección de Administración de Educación; en el uso y pago por estacionamientos ubicados en el sector Caleta Lenga; en la extracción de áridos en la Comuna; en concesiones de residuos sólidos domiciliarios, mantención de áreas verdes y ornato de la Comuna; en prórrogas del servicio de vigilancia; en el porcentaje de personal a contrata en la Municipalidad; en el pago de viáticos y gastos de traslados a Concejales y falta de reingreso de lo pagado en exceso; en el pago de horas extraordinarias y falta de reintegro de los recursos pagados a funcionarios municipales y en la ejecución de diversos actos en el desarrollo administrativo, financiero y de gestión de la Municipalidad de Hualpén en el período Julio 2010 a Julio 2011.3) Efectividad de haber incurrido el reclamado en la elaboración, presentación y tramitación ante el Gobierno Regional del Bío-Bío de dos proyectos a nombre de la Coordinadora de Organizaciones Sociales Acción Ciudadana Población Armando Alarcón del Canto, para obtener recursos estatales y, en la falta de inclusión, del bien inmueble contemplado en tales proyectos, en su Declaración de Intereses y Patrimonio.Notifíquese por un receptor judicial de Concepción. ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON CARLOS ALDANA FUENTES, PRESIDENTE SUPLENTE, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, veintidós de Mayo de dos mil doce.ARCHÍVESE por retardada.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, veinticuatro de Mayo de dos mil doce.Atendido el solo mérito de lo decretado por resolución de fojas 136, de 22 de Mayo de 2012, desarchívense estos antecedentes.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO MIEMBRO TITULAR Y DON DANIEL CAMPOS STÖWHAS, MIEMBRO SUPLENTE.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, doce de Junio de dos mil doce.A lo principal, por presentada la lista de testigos.Al otrosí, téngase presente.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, doce de Junio de dos mil doce.Traslado.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, diecinueve de Junio de dos mil doce.Por evacuado el traslado.Autos.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, veintiuno de junio de dos mil doce.VISTO : Resolviendo la reposición planteada por la parte reclamada mediante su presentación agregada a fojas 142 y siguiente, no ha lugar en la forma solicitada, teniéndose, además, presente que la alegación allí formulada mira al fondo de la controversia, cuya resolución se expedirá en el momento procesal oportuno. ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, veintiocho de Junio de dos mil doce.Fijase para la recepción de la prueba testimonial de la parte reclamante la audiencia del día martes 10 de Julio de 2012 a las 18,30 horas.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, cinco de Julio de dos mil doce.A lo principal, por acompañados los documentos en la forma solicitada.Fórmese con el Nº 2º Cuaderno de Documentos.Al primer otrosí, como se pide, fijándose la audiencia del día martes 24 de Julio de 2012 a las 18,30 horas.Guárdese el sobre en la Caja de Seguridad del Tribunal.Notifíquese por cédula al apoderado del reclamado.Al segundo otrosí, no ha lugar.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO, MIEMBRO TITULAR Y DON DANIEL CAMPOS STÖWHAS, MIEMBRO SUPLENTE.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, cinco de Julio de dos mil doce.Por acompañados los documentos en la forma solicitada.Fórmese con los Nºs 3º al 19º Cuadernos de Documentos.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO, MIEMBRO TITULAR Y DON DANIEL CAMPOS STÖWHAS, MIEMBRO SUPLENTE.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, cinco de Julio de dos mil doce.Por acompañados los documentos en la forma solicitada.Fórmese con los Nºs 20º al 25º Cuadernos de Documentos.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO, MIEMBRO TITULAR Y DON DANIEL CAMPOS STÖWHAS, MIEMBRO SUPLENTE.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, diez de Julio de dos mil doce.Para proveer, indique el peticionario el lugar donde el reclamado se encuentra actualmente cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, doce de Julio de dos mil doce.Atendido lo dispuesto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, no ha lugar.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBRO TITULAR Y DON DANIEL CAMPOS STÖWHAS, MIEMBRO SUPLENTE.PEDRO R. VILLALÓN MORALES. SECRETARIO-RELATOR SUBROGANTE.
Concepción, diecisiete de Julio de dos mil doce.Téngase por cumplido lo ordenado a fojas 176.Que siendo, efectivamente, un hecho público y notorio que el absolvente se encuentra sujeto a medida cautelar de arresto domiciliario total en su residencia de calle Bristol Nº 3159, Población Armando Alarcón del Canto, Hualpén, se hace lugar a la reposición deducida por la parte reclamada y en su lugar se declara que la diligencia ya mencionada se verificará en el expresado domicilio en el día y hora señalado en la resolución de fojas 153. Lo que se resuelve de conformidad a lo dispuesto en el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil. Cométese la diligencia –conforme lo faculta la citada disposición- al Presidente suplente don Carlos Aldana Fuentes.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, diecinueve de Julio de dos mil doce.Ofíciese al señor Presidente del Tribunal de Garantía de Talcahuano, en el cual se sigue un proceso criminal en contra del imputado Marcelo Enrique Rivera Arancibia, quien se encuentra actualmente sometido a la medida cautelar de arresto domiciliario, a fin de comunicarle que el día 24 de Julio de 2012, a las 18,30 horas, se llevará a cabo en su domicilio, diligencia de absolución de posiciones. Ello, para los fines que haya lugar.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.PEDRO R. VILLALÓN MORALES. SECRETARIO-RELATOR SUBROGANTE.
Concepción, veintiséis de Julio de dos mil doce.Autos en relación.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON CARLOS ALDANA FUENTES, PRESIDENTE SUPLENTE, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
TABLA.AUDIENCIA DÍA MARTES 31 DE JULIO DE 2012.19 HORAS.-
1.- CAUSA ROL 2.771-2012.- “TORRES HERMOSILLA, GABRIEL Y OTRO, CONCE JALES DE HUALPÉN CON RIVERA ARANCIBIA, MARCELO ENRIQUE, ALCALDE DE HUALPÉN.- RECLAMACIÓN.- PETICIÓN DE REMOCIÓN EN EL CARGO DE ALCALDE”.CONCEPCIÓN, VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DOCE.SECRETARIO- RELATOR.
Concepción, treinta y uno de Julio de dos mil doce.A lo principal, téngase presente.Al otrosí, como se pide.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, treinta y uno de Julio de dos mil doce.Téngase presente.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Se anunciaron, por los reclamantes el abogado señor Robert Andrés Contreras Reyes y por el reclamado el abogado señor Sebastián Urrutia Mendoza. Y alegaron.Concepción, treinta y uno de Julio de dos mil doce.ROL Nº 2.771-2012.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR. En acuerdo ante el Presidente titular don Renato Campos González y los miembros titulares don Eduardo Salas Cárcamo y don Armando Cartes Montory.Concepción, treinta y uno de Julio de dos mil doce.ROL Nº 2. 771-2012.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, diecisiete de Agosto de dos mil doce.Para mejor acierto del fallo, ofíciese al señor Intendente Regional a fin que se sirva disponer se informe a este Tribunal Electoral Regional sobre la efectividad que el reclamado, en su calidad de Alcalde de la I. Municipalidad de Hualpén, solicitó financiamiento para los proyectos relacionados con el organismo denominado “Coordinadora de Organizaciones Sociales Acción Ciudadana Población Armando Alarcón del Canto” y/o para el inmueble conocido como “Casa Ciudadana de Hualpén”. En caso positivo, se deberá remitir antecedentes sobre los proyectos mismos y su ejecución. Se suspende, entretanto, el estado de acuerdo.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES, MIEMBROS TITULARES.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, trece de Septiembre de dos mil doce.Téngase presente.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, veinte de Septiembre de dos mil doce.Por evacuado el informe, con citación.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, dos de Octubre de dos mil doce.Atendido el mérito de autos, rija el estado de acuerdo de fojas 196.ROL Nº 2.771-2012.PROVEYÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR.
Concepción, veinticinco de octubre de dos mil doce.VISTOS: A fojas 1 y 38, comparecen los señores Gabriel Mauricio Torres Hermosilla y Luis Alberto Isla Peña, Concejales de la I. Municipalidad de Hualpén y solicitan la destitución del Alcalde de dicha Comuna don Marcelo Enrique Rivera Arancibia por haber incurrido, según ellos, en la causal de notable abandono de sus deberes contemplado en la letra c) del artículo 60 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. La petición se fundamenta en las normas pertinentes de las Leyes Nºs 18.575, 18.883, 18.695, 19.602, 19.653 y 10.336. Los hechos en que se basa la solicitud son agrupados por los recurrentes en veintiún cargos, según el orden siguiente: 1) No implementar el sistema de asignación de mejoramiento de la Gestión Municipal establecido en la Ley Nº 19.803 y sus modificaciones.- A pesar de los reiterados oficios de la Contraloría Regional del Bío-Bío ordenando al Alcalde de Hualpén dar cumplimiento a la asignación de mejoramiento contemplada en la ley ya señalada, éste no lo ha hecho. El año 2007 respondió al Órgano Contralor señalando que el Municipio “no tiene los recursos presupuestarios suficientes para implementar esta asignación, toda vez que desde la creación de la comuna en el año 2005, la insolvencia presupuestaria y financiera, determinó establecer como objetivo principal de la gestión del municipio, disminuir las situaciones deficitarias en la Dirección de Educación y Salud”. Esta argumentación es rebatida por los actores ya que en los Informes de la Contraloría existe un Certificado del Director de Administración y Finanzas del Municipio de Hualpén que da cuenta de un superávit en la Municipalidad -en todos los años- en el período 2005 al 2009. Agregan los reclamantes que el Alcalde acusado no podría alegar desconocimiento de la situación debido a los múltiples requerimientos de la Contraloría Regional, así como, de informes que le hicieron llegar, en su oportunidad, distintos funcionarios municipales que estudiaron el tema (Asesor Jurídico y Director de Control), todos los cuales hacían ver que era obligatorio implementar la Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal establecida en la Ley Nº 19.803. Pese a esto el Alcalde recurrido se ha negado a ello, incurriendo con ello, según los actores, en una “vulneración y transgresión flagrante” de las normas legales que detallan. 2) Celebrar conciliación judicial en causa RIT O-613-2011, del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, caratulados “Fierro con I. Municipalidad de Hualpén” sin contar con la aprobación previa del Concejo Municipal de Hualpén.- Habiendo sido demandada laboralmente la Municipalidad de Hualpén por un trabajador que había sido despedido, la abogada contratada a honorarios por el Municipio contesta el líbelo desconociendo los cargos y señalando que el despido se fundó en el artículo 160 Nº 3 del Código del Trabajo, por inasistencia injustificada del demandante y que, por lo tanto, no tenía derecho a las indemnizaciones solicitadas. Sin embargo, en la Audiencia Preparatoria y sin que existiera un acuerdo del Concejo Municipal que le permitiera avenir, conciliar o transigir, la apoderada del Municipio procedió a suscribir un acuerdo de conciliación que compromete el patrimonio municipal al acordar cancelar al actor la cantidad de $ 1.500.000. Posteriormente, acompaña finiquito laboral suscrito de puño y letra por el Alcalde de Hualpén don Marcelo Rivera y visado por el asesor jurídico subrogante don Nelson Cuevas, que deja constancia del pago de la cantidad ya señalada y que la causal de término del contrato es el artículo 161 inciso 1º del Código de Trabajo. Esta forma de finalizar el proceso judicial vulnera, según los actores, el artículo 65 letra h) de la Ley Nº 18.695, que exige que el Alcalde requiera el acuerdo del Concejo para transigir judicial y extrajudicialmente, lo que no ocurrió en este caso. 3) Aprobar ilegalmente el pago de la dieta mensual a los Concejales de la Comuna de Hualpén, por cuanto éstos no habrían permanecido la totalidad del tiempo que duran las sesiones del Concejo Municipal.- Este organismo realiza 3 sesiones ordinarias al mes y según el Reglamento interno éstas se dividen en 5 segmentos. En 7 sesiones comprendidas entre los meses de agosto de octubre del año 2009 algunos Concejales abandonaron las sesiones antes de su finalización y el Presidente del Concejo debió darlas por terminadas por falta de quórum, por lo que de acuerdo al artículo 88 del la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades éstas debieron ser consideradas como sesiones no celebradas, ya que no ejecución efectiva implica su realización íntegra desde el inicio y hasta su hora de término. El Alcalde, sin embargo, contraviniendo la normativa legal canceló la dieta mensual completa a los Concejales.
Esta situación fue investigada y comprobada por la Contraloría Regional del Bío-Bío y su Informe Final puesto en conocimiento del Alcalde recurrido en las sesiones respectivas del Concejo Municipal, sin que éste depusiera sus actuaciones u omisiones ilegales en este caso. 4) Permitir y autorizar expresamente el funcionamiento de locales comerciales que no contaban con patente comercial ni con requisitos contemplados en la normativa legal vigente en infracción expresa a normas legales y reglamentarias y sus faltas de fiscalización.- Ello, no obstante lo señalado previamente por el Asesor Jurídico del Municipio que expresa que “no concurren los presupuestos básicos para otorgar una patente comercial provisoria para su funcionamiento” la Municipalidad de Hualpén otorgó mediante Decreto Alcaldicio patente comercial por un año a la empresa comercial Poseidón Ltda. para el giro comercializadora de productos del mar y acopio de madera. El Alcalde recurrido, al autorizar dicha patente, vulnera la normativa legal vigente por cuanto no se ha acreditado contar con la autorización sanitaria correspondiente y, además, no ordena las respectivas fiscalizaciones tendientes a subsanar las citadas irregularidades. Todo ha sido observado por la Contraloría Regional. 5) Efectuar compras directas por parte de la Municipalidad de Hualpén, sin licitación a través del Portal de Chile Compras y autorizadas expresamente mediante Decretos Alcaldicios por le Municipio de Hualpén, en plena infracción a la Ley de Probidad Administrativa y Ley Nº 19.886.- La Contraloría Regional del Bío-Bío constató que durante al año 2008 la Municipalidad pagó por servicios de ampliación, iluminación y producción de eventos para la realización de diversas actividades municipales mediante trato directo, sin efectuar cotizaciones abiertas a todos los proveedores a través del Portal Chile Compras, como lo ordena la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. El Alcalde recurrido, justifica sus Decretos Alcaldicios, aduciendo que la ley señalada permite el trato directo en las compras cuando existe emergencia, urgencia o imprevistos, situación que, estiman los recurrentes, no se da, por cuanto se trata de adquisiciones que se realizan con motivo del desarrollo de actividades programadas con la debida anticipación. Agregan los actores que en el programa “Despidiendo el verano con los adultos mayores de Hualpén”, el Municipio realizó diversas compras con valores inferiores a 3 U.T.M., con la finalidad de evitarse las cotizaciones a través del sistema exigido por la Ley Nº 19.886. 6) Intervención electoral por parte de la autoridad comunal y de algunos funcionarios del Municipio de Hualpén, con motivo de las elecciones de Presidente de la República, Senadores y Diputados. – 7) Ilegalidad en la publicación y funcionamiento del periódico “El Hualpenino”.8) No implementación en la Municipalidad de Hualpén, del Sistema de Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal establecido en la Ley N 19.803 y sus modificaciones, y la no entrega de información sobre la materia a la Contraloría Regional.9) Actuar ilegal del Alcalde de la Comuna de Hualpén en la Dirección de Administración de Educación respecto a la contratación de personal que no cumpliría con la normativa legal y diversas asignaciones remunerativas impagas a docentes.En el Informe Final Nº IF. VE-23/10, de la Contraloría Regional del Bío-Bío, se constata una serie de hechos irregulares, ilegales y antirreglamentarios, entre los cuales se cuenta: la falta de Director titular en el Departamento de Educación Municipal; la contratación plazo fijo de Concejala Fabiola Lagos Lizama como docente de enseñanza media, sin haber concursado; contratación de Ruth Cruz, quien carecería de título docente y no cumpliría requisito de experiencia para desempeñar cargo; Contratación de Marco Jara para trabajar en Administración y Finanzas sin ser proveído por concurso público; el pago de montos de bonos de reconocimiento que no corresponden; no mantener actualizado el pago de perfeccionamiento a todos los docentes de la Comuna; no tener actualizado el pago de bienios a todos los docentes de la Comuna; Mantener un 35% de docentes a contrata sin llamar a concurso y estar sobre el 20% del presupuesto de planta, vulnerando normativa legal; mantener como Directora reemplazante del DAEM a Cecilia Sandoval, profesional docente, vulnerando así disposición legal; mantener la Escuela Lucila Godoy Alcayaga sin Director por más de 2 años; e impartir en la misma Escuela enseñanza media sin tener reconocimiento oficial del Ministerio de Educación.
10) Ilegalidad cometida en el otorgamiento a partir del mes de enero del año 2009 por parte de la Municipalidad de Hualpén, de un permiso para administrar, cobrar y percibir dineros por el uso de estacionamientos ubicados en el sector Caleta Lenga.- Se concedió un permiso al particular señor Julio Sepúlveda Fuentes para realizar las actividades señaladas, puesto que el Director del Tránsito de la Municipalidad estableció que se trataba de permiso precario o de uso por el cual, según el artículo 63 de la Ley Nº 18.695, el Alcalde podía otorgarlo sin que tuviera que pedir permiso al Concejo Municipal. Sin embargo, según los actores, el Municipio no se encuentra facultado para ello, siendo sólo posible hacerlo mediante mecanismo de concesión, previa licitación, y con acuerdo favorable del Concejo Municipal. Además, la Municipalidad no ha hecho efectiva las Boletas de Garantía. 11) Ilegalidad en la extracción de áridos en la Comuna de Hualpén, al no dar cumplimiento a la normativa de carácter ambiental, permitiendo y/o autorizando extracciones por sobre los volúmenes permitidos, y en algunos casos, en forma clandestina y sin autorización de los organismos competentes.- La extracción de áridos se debe efectuar previo otorgamiento de permisos o concesiones mediante Decretos Alcaldicios. Sin embargo, en el caso de cuatro empresas (Compañía Minera Tridente Ltda., Empresa Electra Price Fabri y Cía. Ltda., Empresa Berta Quiero Saavedra y Arenera del Pacífico Ltda., éstas no han obtenido los permisos requeridos y, por lo tanto, se encuentran efectuando extracciones ilegales que no pagan los derechos municipales correspondientes. Señalan que el Alcalde les ha dado un plazo de 90 días para regularizar su situación sin ser clausuradas, cosa que ha efectuado con algunas empresas que sí contaban con las autorizaciones correspondientes, pero que estaban atrasadas en el pago de los derechos de extracción. Todo ello, sostienen los actores, ha producido una situación de desigualdad entre las empresas. Además, explican que la Municipalidad no ha hecho observaciones a la obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que ha causado un perjuicio a la comunidad. 12) Otorgamiento por parte de la autoridad edilicia de concesiones de residuos sólidos domiciliarios, mantención de áreas verdes y ornato de la Comuna de Hualpén en contravención a la normativa legal vigente.- El Informe Final Nº 62/2011, de fecha 22 de Diciembre de 2011, de la Contraloría Regional del Bío-Bío señala varias irregularidades en estas materias entre las cuales se cuentan: a) No formalizar administrativamente las funciones que desempeñan desde su ingreso a la Municipalidad de los funcionarios que sirven los cargos de Jefe (s) de Ornato y Jefe (s) de Aseo en la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente de la Municipalidad de Hualpén; b) Se han renovado contratos para las concesiones de residuos sólidos domiciliarios, de ornato y de mantención de áreas verdes sin sujetarse a las normas legales respectivas y a los Dictámenes de Contraloría; y c) Se han cancelado diversos montos para mantención de áreas verdes en sectores en que se proyecta su existencia o en otros que están cerrados o no existen. 13) Prórrogas ilegales autorizadas por el señor Alcalde de la Comuna de Hualpén, originadas por no haber licitado oportunamente el servicio de vigilancia.- Contraviniendo diversos cuerpos legales, la Municipalidad de Hualpén ha prorrogado dos veces el contrato suscrito con la Empresa RAM y Cía. Ltda., siendo que no se permite las prórrogas automáticas de contratos de prestación de servicios licitados públicamente. 14) Actuar ilegal del señor Alcalde de la Comuna de Hualpén en el pago de horas extraordinarias efectuado a algunos funcionarios de la Municipalidad de Hualpén.- Durante el año 2009 se pagó irregularmente horas extraordinarias al Secretario Municipal, en cuyo caso se constató adulteración en su registro de asistencia. Al Asesor Jurídico y al Director de Aseo y Ornato se les pagó horas extraordinarias que no se encontraban registradas en los Libros de Asistencia Personales. En todos estos casos debieron reintegrar diversos montos al Municipio. En este mismo sentido, agregan los actores, los Decretos Alcaldicios y las autorizaciones para efectuar los trabajos extraordinarios y sus respetivos pagos se emitieron con posterioridad a la realización de los mismos. 15) Incumplimiento del señor Alcalde de la Comuna de Hualpén al no respetar el porcentaje legal de personal a contrata en el Municipio de Hualpén. Al 31 de marzo de 2011 el monto cancelado por remuneraciones del personal a contrata asciende al 53% del total del gasto por sueldos del personal de planta de la Municipalidad de Hualpén, siendo que el artículo 2º, inciso 4º de la Ley Nº 18.883 establece que el gasto
no debe excede del 20%. Esto, agregan los reclamantes, ha causado un perjuicio para los intereses municipales. 16) Omisión ilegal del señor Alcalde de la Comuna de Hualpén en el NO pago de la asignación de mejoramiento de la gestión municipal a los funcionarios de planta y contrata del Municipio.- Este cargo que es similar al Nº 1 se refiere que hasta la fecha de la presentación del líbelo el Municipio de Hualpén no ha pagado a sus funcionarios de planta y a contrata la asignación de mejoramiento de la gestión municipal correspondiente. 17) Pago indebido de viáticos y gastos de traslado en cometidos de Concejales del Municipio de Hualpén y la falta de reingreso de recursos de viáticos pagados en exceso.- Se ha constatado por Control Interno del Municipio que los Concejales han reintegrado menos dineros que los que correspondía que lo hicieran. 18) Incumplimiento por parte del señor Alcalde de la Comuna de Hualpén del cobro por parte de dicho Municipio, en la cobranza judicial para obtener sumas impagas al Municipio de Hualpén por los derechos de propaganda y publicidad de las empresas Sociedad de Inversiones BIG Marketing Limitada e Inmobiliaria PY S.A.- De conformidad a lo investigado por la Contraloría Regional del Bío-Bío –Informe Final IF. VE-56/10- las empresas mencionadas mantenían a diciembre de 2010 una deuda con el Municipio por $ 45.866.313 y $ 11.098.376, respectivamente por concepto de derechos de publicidad y propaganda. Al término del proceso indagatorio de la Contraloría Regional del Bío-Bío, aún el Municipio no había iniciado las acciones de cobranza judicial ordenadas por el Órgano Contralor. Agregan los actores que la propaganda publicitaria de la empresa BIG Marketing Limitada fue en beneficio del Diputado señor Cristián Campos Jara. 19) Ejecución de diversos actos ilegales y antirreglamentarios en el desarrollo administrativo, financiero y de gestión de la Municipalidad de Hualpén, ello en el período Julio año 2010 a Junio del año 2011, conforme lo señala Informe Final de la Contraloría Regional Nº 78/11, de 29 de Diciembre de 2011.- Detallan los reclamantes diversas irregularidades que dividen en : a) Trabajos de implementación y arrendamiento de red de fibra óptica e instalación de equipos switch, encomendados por el Municipio mediante trato directo, no ajustándose a la Ley Nº 19.886; b) Deficiente control interno; c) Apropiación indebida de fondos fiscales; y d) Cheques emitidos por el Municipio y no cobrados que se encuentran caducos. 20) Comisión de irregularidades en la administración municipal y de gestión de la Municipalidad de Hualpén relativas al pago indebido de horas extraordinarias y la falta de reintegro de los recursos pagados por este concepto respecto de los funcionarios municipales. Terminan los actores solicitando que el Tribunal acoja la reclamación y ordene la remoción del Acalde recurrido. A fojas 84, el abogado señor Max Cornejo Valdés, apoderado de la parte reclamante, amplía y complementa el requerimiento agregando un nuevo cargo que es el siguiente: 21) Graves Faltas a la Probidad Administrativa. El Alcalde recurrido junto con otras personas adquirió en el mes de noviembre de 2008 un inmueble ubicado en calle Finlandia Nº 1404 de la Comuna de Hualpén. A partir del terremoto de 27 de febrero de 2010 el Alcalde Rivera junto con otros funcionarios municipales con quienes compartían el inmueble ya individualizado idearon la reconstrucción de dicha vivienda conocida como “Casa Ciudadana” y para ello prepararon, presentaron y tramitaron dos proyectos a nombre de una entidad social “de papel” denominada “Coordinadora de Organizaciones Sociales Acción Ciudadana Población Armando Alarcón del Canto”. Agregan los actores que el Alcalde requerido ordenó al Secretario Comunal de Planificación confeccionar dos proyectos de construcción de obra gruesa y terminaciones por un valor total aproximado de $ 94.000.000 y al Secretario Municipal de la Comuna extender certificado que acreditara que en la propiedad de calle Finlandia funcionaba la sede de la Organización ya señalada, haciendo presente que ambos funcionarios eran copropietarios del inmueble referido. Asimismo, le solicitó al señor Bernardo Daroch, Jefe de Gabinete del Alcalde y Consejero Regional del BíoBío, que patrocinara estos proyectos ante el Gobierno Regional del BíoBío. Por último, expresan los requirentes, el Alcalde reclamado nunca ha declarado esta propiedad en su Declaración de Intereses y Patrimonio.
De fojas 165 a 173, 186 a 190 del Cuaderno Principal, y en los Cuadernos de Documentos Nºs 1 y 2 se encuentra la prueba testimonial, confesional y documental ofrecida por la parte reclamante. A fojas 109, rola contestación del Alcalde reclamado señor Marcelo Enrique Rivera Arancibia, la cual la divide en objeciones formales y de fondo. En cuanto a las primeras señala: a) Falta de Legitimación Activa de los requirentes para solicitar la destitución edilicia. Los Concejales requirentes han comparecido otorgando mandato judicial a los abogados señores Robert Contreras Reyes y Max Cornejo Valdés, en consecuencia, debe entenderse que los reclamantes carecen de legitimación activa ya que la jurisprudencia mayoritaria del Tribunal Calificador de Elecciones establece que un requerimiento formulado a través de un simple mandato no debe admitirse a tramitación por carecer del requisito señalado, puesto que los Concejales al deducir un requerimiento lo hacen en el ejercicio de una función pública que por su naturaleza no puede ser delegada en mandatario alguno. Por lo tanto la solicitud de destitución alcaldicia debe ser rechazada; y b) Falta de Legitimación Activa de los mandatarios para complementar y ampliar el requerimiento. A fojas 84 el abogado señor Max Cornejo Valdés, presenta un escrito por el cual solicita tener por complementado y ampliado el requerimiento acompañado una reclamación corregida, la cual, según el reclamado, debe ser desestimada por el Tribunal ya que en esta complementación se modifica sustancialmente el requerimiento agregando una nueva causal para solicitar la destitución del reclamado, puesto que al notable abandono de sus deberes agrega graves faltas a la probidad administrativa lo que cambia el fundamento del requerimiento original. En cuanto a los errores de compaginación o de edición sólo se puede entender como descuido o falta de acuciosidad de los reclamantes que no pueden ser corregidos por el mandatario. Señalan jurisprudencia sobre la materia. En cuanto a las objeciones de fondo las divide en: A) Improcedencia de considerar ciertos hechos como constitutivos de abandono notable de los deberes en la actual administración edilicia, por haberse realizado hechos supuestamente ilícitos en una administración anterior a la actual. En cuanto al cargo 7) de la acusación referida al financiamiento y legalidad del periódico “El Hualpenino”, éste funcionó en los años 2006 y 2007, dentro de una administración anterior del Alcalde requerido, por lo que no pueden ser objeto de fiscalización durante el actual período. B) Improcedencia de considerar ciertos hechos como constitutivos de abandono notable de los deberes en la actual administración edilicia, por tratarse de infracciones u omisiones administrativas subsanadas durante la administración presente del edil o por ser fácilmente subsanables durante el término de su administración. Con respecto a los cargos 1), 8) y 16) señala que la responsabilidad administrativa de la implementación del sistema de asignación de mejoramiento de la Gestión Municipal quedó radicada en los Administradores Municipales señores Cristián Campos Jara (2005-2010) y César Arriagada Lira (2010 hasta la fecha), según consta en documentos que menciona. No es efectivo que el requerido no haya considerado los diversos oficios de la Contraloría Regional y cita los oficios por los cuales dio respuesta. Asimismo, da a conocer diversos antecedentes que dan cuenta que el Alcalde requerido ha manifestado su firme voluntad de implementar el Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal, llegando incluso a plantear el pago de la asignaciones correspondientes a años anteriores. En cuanto al cargo 3) de la acusación expresa que el incumplimiento de las sesiones ordinarias se debe al desconocimiento de los Concejales de la normativa legal para el ejercicio de los cargos que ostentan. Dicha ilegalidad en las actuaciones de los ediles está corroborada en el Informe Final de la Contraloría General de la República Nº IF VE-51-10. El requerido al considerar que los Concejales incurrieron en un error de buena fe y con el objeto de no perjudicar la función municipal decidió pagar la dieta íntegra a todos los miembros del Concejo Municipal. Hace presente que a los Concejales reclamantes igual se les pagó sin que hasta la fecha hayan reintegrado las sumas. En lo que respecta al cargo 12) precisa que el Tribunal sólo puede revisar las renovaciones de contratos posteriores al 6 de Diciembre de 2008, puesto que los anteriores, según lo ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Calificador de Elecciones, no son justiciables por este Tribunal Electoral. En cuanto a los contratos renovados con posterioridad a la fecha señalada el Alcalde recurrido reconoce que si bien se vulneraron disposiciones legales, ello fue sin
mala fe, ya que las renovaciones fueron aprobadas por el Concejo Municipal y contaron con el visto bueno de la Unidad Jurídica de la Municipalidad de Hualpén. Asimismo, señala, la “pugna” entre las renovaciones y la Ley General de Bases de la Administración se encuentra en proceso de normalización ya que todos los contratos señalados se encuentran en proceso de licitación. Por último, expresa la Contraloría General de la República levantó en su investigación algunos reparos referentes a la falta de formalización administrativa de las funciones de aseo y ornato. Con respecto a los cargos 20), 17) y 14), señala que a pesar de la falta de prolijidad de los actores, ya que los cargos asignados con los Nºs 20 y 14 son los mismos, contesta señalando que los Concejales y funcionarios identificados han hecho reintegro total de las sumas pagadas en exceso y los otros Concejales o miembros del Municipio han solicitado la devolución de los montos excesivamente pagados en su totalidad o en cuotas por lo que la supuesta irregularidad no es imputable al Alcalde sino a los propios Concejales, la cual, además, se encuentra ampliamente subsanada o al menos en proceso de regularización. En lo que dice relación al cargo 9) señala que el Municipio ha tomado todas las providencias para modificar las circunstancias de nombramientos contrarios a la normativa legal y al pago de las asignaciones a los profesores de la Comuna de Hualpén por lo que dichos defectos se encuentran en vías de ser subsanados. Con respecto al cargo 10) expresa que al señor Julio Sepúlveda Fuentes solo se le otorgó un permiso precario o de uso, situación en que de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades el Alcalde está facultado para otorgar dichos beneficios sin necesidad de aprobación del Concejo Municipal, pues nunca se trató de la implementación de un sistema de control de estacionamiento y por lo tanto no era necesaria la licitación. Con posterioridad, cuando el Municipio se enteró del uso que se le estaba dando al permiso por parte del beneficiario se le revocó por completo, por lo que la aparente irregularidad se encuentra subsanada. En relación al cargo 11) dice que con el objeto de regularizar el funcionamiento de las empresas areneras realizó con ellas reuniones para hacerlas ingresar al sistema de evaluación ambiental y, además, se les requirió subsanar su situación con la obtención de diversos permisos, dándoles un plazo de noventa días para ello, bajo pena de clausurarlas. Debido a ello se ha procedido a cerrar las empresas areneras Quiero y Sociedad de Servicios de Transporte y Extracción de Arenas. A partir del 2010 el Municipio ha adoptado todas las medidas para que las empresas areneras obtengan los permisos ambientales, por lo que este problemática se encuentra en vías de ser subsanadas. Con respecto al cargo 13) señala que en virtud del Acta de Evaluación Técnica y de oficio remitido por SERPLAC el Alcalde solicitó el visto bueno para adjudicar a la empresa RAM y Cía. el contrato de Servicio de Vigilancia Municipal, lo que fue aprobado por el Concejo Municipal, en razón de haberse declarada desierta la Licitación Pública y la necesidad imperiosa del Municipio de contar con vigilancia en razón de los hechos posteriores al terremoto del 27 de febrero de 2010. En la actualidad, agrega el reclamado, el Sistema de Vigilancia Municipal se encuentra en proceso de licitación por lo que las infracciones a las normas administrativa establecidas en la Ley Nº 19.880 se encuentran en proceso de ser subsanadas. En relación al cargo 15) el reclamado deja constancia que una vez acreditado el hecho el Municipio tomó las medidas necesarias para que las remuneraciones del personal a contrata no superen el 20% de los montos total de los sueldos, por lo que esta circunstancia estaría en proceso de subsanarse. C) Improcedencia de considerar ciertos hechos como constitutivos de abandono notable de los deberes en la actual administración edilicia, por no ser contrarios a la legalidad vigente. Con respecto al cargo 2), el requerido sostiene que los actores lo acusan de haber vulnerado la letra h) del artículo 65 de la Ley Nº 18.695 que señala que el Alcalde requerirá el acuerdo del Concejo para transigir judicial y extrajudicialmente y luego de una lata exposición jurídica termina señalando que lo que requiere el acuerdo del Concejo es la celebración de un contrato de transacción y no la conciliación en juicio, que es lo que ocurrió en la situación a que se refiere este cargo. Añade el Alcalde reclamado que la Contraloría General de la República, en sus Dictámenes, ha señalado que el acuerdo del Concejo sólo se constituye como requisito tratándose de transacciones judiciales o extrajudiciales de un litigio pendiente o precaviendo uno eventual de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2466 del Código Civil,
así como, un Alcalde no vulnera la letra h) del artículo 65 de la Ley Nº Orgánica Constitucional de Municipalidades al no pedir acuerdo del Concejo Municipal para establecer un convenio de pago de una sentencia judicial ejecutoriada de un juicio de término de un contrato de arrendamiento. Por último, señala el reclamado, la conciliación por él celebrada en el juicio motivo de este cargo de la acusación, no causa daño patrimonial al Municipio ya que la suma de $ 1.500.000 pagada al demandante es notablemente inferior a lo que éste pretendía en el juicio por lo que el patrimonio municipal se ve beneficiado. En relación al cargo 4), señala que efectivamente se le concedió, con fecha 24 de marzo de 2008, una patente provisoria a la empresa Poseidón Limitada, sin perjuicio de informe del Asesor Jurídico del Municipio, de fecha 28 de enero del mismo año, que estimaba que no concurrían los presupuestos básicos para tal otorgamiento. Agrega, el Alcalde reclamado, que los actores obviaron que con fecha 4 de marzo de 2012 el asesor Jurídico del Municipio en un nuevo informe establece que en el caso de la empresa en cuestión concurren los presupuestos básicos para otorgarle patente comercial provisoria en base a diversos antecedentes que detalla. Por lo tanto, termina diciendo, en ninguna parte se vulnera el artículo 26 de la Ley de Rentas Municipales, ni menos se habría incurrido en notable abandono de deberes. Con respecto al cargo 7) expresa que la empresa Trama S.A., encargada por el Municipio de recolectar los residuos domiciliarios, retira una cantidad promedio de 200 litros diarios de desechos lo que no altera la cantidad máxima de 1.400 litros semanales que el Municipio está obligado a retirar según la Ordenanza Municipal Nº 9, de 2005, y, asimismo, la empresa encargada no presenta exceso de desechos. D) Improcedencia de considerar ciertos hechos como constitutivos de abandono notable de los deberes en la actual administración edilicia, por no ser imputables a acciones u omisiones imputables a responsabilidad personal del señor Rivera. Con respecto al cargo 5), que se refiere a compras directas efectuadas mediante Decretos Alcaldicios para la realización de diversas actividades en la Comuna como por ejemplo “Celebración de Aniversario de Clubes de Adultos Mayores de Hualpén”, “Día de Oración por Chile” o “Atención a participantes Parque Criollo 2009” ,expresa que si bien, al parecer, se vulneraron normas establecidas en la Ley Nº 19.886 la naturaleza de las compras efectuadas -300 colaciones frías, 52 botellas de tres litros de bebida y 3.000 empanadas de pino- no tiene la envergadura para considerarlas como constitutivas de notable abandono de deberes. Por otra parte, agrega, el sumario administrativo efectuado por la Contraloría señala en su parte considerativas que la ilegalidad cometida no es imputable al Alcalde sino a dos funcionarias. En relación a los cargos 6) y 18), expresa que en el caso de intervención electoral por parte suya, no existen pruebas de dicha circunstancia y la Contraloría General de la República no efectuó ninguna investigación al respecto. Sí el Alcalde recurrido dio cumplimiento a lo dispuesto en el Informe Final VE-56-10 del Órgano Contralor, ya que por Decreto Alcaldicio Nº 426, de fecha 4 de febrero de 2011, la Administración Municipal había ordenado un Sumario Administrativo para investigar posibles actividades políticas de diversos funcionarios municipales. En relación al cargo de ilegalidad del Municipio por no haber iniciado cobranza judicial por deuda mantenida con ellos por parte de las empresas BG Marketing Ltda. e Inmobiliaria PY S.A., señala que ninguna responsabilidad recae en el Alcalde reclamado ya que la Contraloría Regional del Bío-Bío determinó que la responsabilidad administrativa recaía en el Abogado del Municipio, habiéndosele aplicado a dicho funcionario la sanción correspondiente. Termina el requerido solicitando el rechazo, con costas, de la reclamación por no haberse configurado la causal de “Notable Abandono de Deberes”. En los Cuadernos de Documentos Nºs 3 a 25 se encuentra la prueba documental ofrecida por la parte reclamada. A fojas 135, se recibió la causa a prueba. A fojas 136 se archivo la causa por retardada habiéndose, a fojas 138, procedido a desarchivarla, a petición de la parte reclamante. A fojas 191, se trajeron los autos en relación.
A fojas 196 consta que se lleva a efecto la vista de la reclamación en audiencia legalmente fijada, con la comparecencia de los abogados de las partes, quienes alegaron. A fojas 197, para mejor acierto del fallo, se ordenó oficiar al señor Intendente Regional a fin que se sirviera disponer se informara a este Tribunal Electoral Regional sobre la efectividad que el reclamado, en su calidad de Alcalde de la I. Municipalidad de Hualpén, solicitó financiamiento para los proyectos relacionados con el organismo denominado “Coordinadora de Organizaciones Sociales Acción Ciudadana Población Armando Alarcón del Canto” y/o para el inmueble conocido como “Casa Ciudadana de Hualpén”. En caso positivo, se debería remitir antecedentes sobre los proyectos mismos y su ejecución. A fojas 201, se dio cumplimiento a lo ordenado. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, como se ha expuesto, dos concejales de la I. Municipalidad de Hualpén se presentan intentando, según la suma de la presentación de fs. 1 y siguientes, “Solicitud de remoción del Sr. Alcalde de la Municipalidad de Hualpén. Art. 60 letra c) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades” , demandando, en lo petitorio, que, en base de esa ley y demás disposiciones vigentes y aplicables, acoger la reclamación y ordenar la remoción y cese de funciones del mencionado alcalde, restituyendo así el imperio del derecho, con costas. Tal requerimiento es adicionado mediante presentación agregada a fs.84 y siguientes, en cuya parte petitoria se deja solicitado que, con el mérito de lo expuesto y de lo que se previene por el artículo 60 letra c) de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, N° 18.695, se ordene la remoción y cese de funciones del reclamado. Ello, por el cargo que se formula constitutivo de contravención grave a las normas sobre probidad administrativas. SEGUNDO.- Que en esos libelos y en pos del acogimiento de la pretensión recién acotada, formulan los requirentes, respecto del reclamado, veintiún cargos, los cuales, previo el debido examen de los mismos, quedan reducidos solamente a diecisiete, dado que los signados con los números 8° y 16° se comprenden en los hechos contenidos en el N° 1°; el señalado con el N°18 se entiende con el n° 6°; y lo propio ocurre con el N° 20 con relación al N° 14. TERCERO.- Que el alcalde reclamado, al contestar la reclamación a fs. 109 y siguientes, formula previamente objeciones formales al requerimiento impetrado por los concejales señores Torres e Isla, al comparecer otorgando mandato judicial a los letrados Robert Contreras Reyes y Max Cornejo Valdés, al fundamentar las cuales entienden que los referidos ediles, al obrar de esa forma, lo hacen desprovistos de legitimación activa, por cuanto, al deducir un requerimiento lo efectúan en el ejercicio de una función pública, la que, por su naturaleza, no puede ser delegada en mandatario alguno; habiendo hecho lo propio -y con iguales consecuencias- al ampliar, complementar y corregir el requerimiento original, mediante su presentación de fs. 84 y siguientes. CUARTO.- Que semejante planteamiento no puede ser acogido, dado que del simple examen de los libelos correspondientes se puede comprobar que los aludidos requirentes lo efectuaron personalmente y en el ejercicio de las potestades de que se encuentran legalmente investidos, y que al otorgar poder y patrocinio a los abogados precedentemente nombrados, no hicieron más que cumplir con la obligación establecida en la Ley N° 18.120 sobre Comparecencia en Juicio, artículos 1° y 2°, a virtud de la cual la primera presentación de cada parte o interesado en asuntos contenciosos o no contenciosos ante cualquier tribunal de la República deberá ser patrocinada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Se previene, asimismo, en tal normativa, que ninguna persona, salvo en los casos de excepción que ella misma establece, podrá comparecer en los asuntos y ante los tribunales antedichos, sino representados por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y por los demás personeros mencionados en el primer inciso del ya citado artículo 2° de la ley referida recién. No constituye óbice para ello la circunstancia que en la parte final del inciso penúltimo del referido artículo 60 de la Ley de Municipalidades se exprese que en, en todo caso, las reclamaciones como la presente se tramitarán observándose el procedimiento del artículo 17 y siguientes de la ley N° 18.593, sobre Tribunales Electorales Regionales y que para estos efectos no se requerirá el patrocinio de abogado, puesto que tal caso de excepción legal no tiene el alcance que estima el reclamado, al no
constituir el otorgamiento de poder y patrocinio a un letrado, un acto prohibido por la ley; más aún en un caso de la complejidad, envergadura y trascendencia que son propias de la presente causa. QUINTO.- Que la misma parte plantea adicionalmente, que el escrito continente de ampliación, corrección y complemento del requerimiento original -de fs. 84 y siguientes- no puede ser acogido a tramitación, por cuanto al atribuir, además, al alcalde de Hualpén, hechos constitutivos de graves faltas a la probidad administrativa, “viene en cambiar el fundamento del requerimiento original”, modificándose sustancialmente la causa agregando un nuevo motivo para solicitar la destitución del reclamado. SEXTO.- Que semejante postura tampoco puede ser admitida, habida cuenta que, conforme a los que se dispone por el artículo 261 del Código de Procedimiento Civil, “Notificada la demanda a cualquiera de los demandados y antes de la contestación, podrá el demandante hacer en ella las ampliaciones o rectificaciones que estime convenientes” (inciso primero). SEPTIMO.- Que consta de autos que las señaladas ampliaciones o rectificaciones se realizaron aún antes de notificarse el reclamo, y que tanto el requerimiento original como su ampliación fueron puestos en noticia personal del alcalde cuestionado, como consta de la actuación del correspondiente ministro de fe, estampada a fs. 108 vta. de estos autos; por lo que ningún agravio puede divisarse para el reclamado que pueda atribuirse a la forma como se obró en la especie, debiendo tenérsele, en consecuencia, como debidamente emplazado de todos los cargos que se han venido formulando. OCTAVO.- Que conforme se previene en el artículo 56 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695, “El alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad y en tal calidad le corresponderá su dirección y administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento” (inciso primero). Según la disposición del artículo 57 de la misma ley, “El alcalde será elegido por sufragio universal, en votación conjunta y cédula separada de la de concejales, en conformidad con lo establecido en esta ley. Su mandato durará cuatro años y podrá ser reelegido” (inciso primero). NOVENO.- Que el requerimiento de autos se ha fundamentado, como se dijo, en la causal de cesación establecida en la letra c) del artículo 60 de la ley citada, que a la letra dice: “Artículo 60.- El alcalde cesará en el cargo en los siguientes casos: “c) Remoción por impedimento grave, por contravención de igual carácter a las normas sobre probidad administrativa, o notable abandono de sus deberes”. En el ejercicio de sus funciones el alcalde cuenta con atribuciones que se fijan en el artículo 63 y otras para cuyo ejercicio requiere el acuerdo del concejo, enumeradas en su artículo 65 DECIMO.- Que la forma normal o natural de la cesación en el cargo de alcalde la constituye el transcurso del cuadrienio para el cual fue elegido, establecido en el artículo 57 de la ley del ramo, salvo el evento de reelección, siendo formas anticipadas de cesación las contempladas en el precedentemente citado artículo 60 de la misma ley. UNDECIMO.- Que la última disposición aludida es del tenor siguiente: “Artículo 60.- El alcalde cesará en su cargo en los siguientes casos: a) Pérdida de la calidad de ciudadano; b) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente; c) Remoción por impedimento grave, por contravención de igual carácter a las normas sobre probidad administrativa, o notable abandono de sus deberes; y d) Renuncia por motivos justificados, aceptada por los dos tercios de los miembros en ejercicio del concejo. Con todo, la renuncia que fuere motivada por la postulación a otro cargo de elección popular no requerirá de acuerdo alguno.”. DUODECIMO.- Que tanto el requerimiento como su complemento los actores los fundamentan en los hechos y circunstancias que vierten en veintiún cargos, veinte de los cuales son propuestos en su libelo de fs. 1 y siguientes, y, el restante, que se agregó como complemento o adición, en el que corre a fs. 84 y siguientes. Se califica los primeros como constitutivos de “notable abandono de deberes y, el último, como configurativo de “contravención grave a las normas sobre probidad administrativa”, en los términos de lo establecido en la letra c) del artículo 60 de la ley del ramo, tantas veces citado, cuyo texto se ha transcrito en el fundamento precedente. DECIMOTERCERO.- Que la Constitución Política de la República ni la Ley han entregado un concepto de lo que debe entenderse por “notable abandono de
deberes”, en subsidio de lo cual tanto la jurisprudencia electoral como la doctrina se han preocupado de delimitarlo. Así, se ha fallado que “a juicio de este tribunal y conforme a una interpretación finalista, un alcalde incurre en notable abandono de sus deberes cuando se aparta de las obligaciones esenciales que se le imponen por la Constitución y las leyes de la República, especialmente de la Ley Orgánica de Municipalidades, de un modo tal que con su actuar u omisión imputable paralice la constante actividad municipal tendiente a dar satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad local, causando con ello una notoria preocupación pública y un grave perjuicio al desarrollo de la comuna” (causa rol N° 8-94, Tribunal Calificador de Elecciones). Por su parte, en sentencia de 23 de mayo de 1994, expedida por el Tribunal Regional Electoral de la IX Región, confirmada por el Tribunal Calificador de Elecciones, se señala que “nuestra labor no es en caso alguno la calificación de un buen o mal alcalde, sino el notable abandono de su deber, que debe referirse a hechos probados y demostrados que hagan inoperante la función alcaldicia por faltas de tal gravedad que sean dañinas o perjudiciales para la comunidad” (causa rol N° 49.793). Además, con respecto del mismo concepto de notable abandono de los deberes, por sentencia de 29 de mayo de 1996, el 2° Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, dictada en el rol 3/96, confirmada por el Tribunal Calificador, expresó sobre el punto que ello “significa la dejación del cargo de alcalde de un modo no común, que se hace notar”. Para el autor José Fernández Richard, en su obra “Derecho Municipal Chileno”, Editorial Jurídica de Chile, pp. 64 -de la cual se ha extraído las citas jurisprudenciales precedentes- el concepto de “notable abandono de deberes” existe “cuando el alcalde voluntariamente hace un abandono de sus funciones, no desempeñando el cargo personalmente y en forma regular y continua, provocando una gran perturbación o paralización de las actividades municipales”. DECIMOCUARTO.- Que, en cambio, en lo relativo a la conceptualización de la figura de “probidad administrativa”, la ley sí se refiere determinadamente a ella, lo que ocurre en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, constituyendo la “Administración del Estado” los Ministerios, las Intendencias y los demás organismos que se mencionan en el inciso segundo de su artículo 1°, entre los que se incluye a las Municipalidades, siéndoles, por ende, para éstas, de plena e imperativa aplicación la normativa de esta ley. DECIMOQUINTO.- Que en este orden de ideas, cabe consignar que la ley referida dedica todo su Título III a la probidad administrativa, previniendo en su artículo 52 lo que a continuación se trascribe: “Artículo 52.- Las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa. El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4° de este Título, en su caso”. DECIMOSEXTO.- Que, de otro lado, su artículo 53 precisa que: “Artículo 53.- El interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de los recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley”. DECIMOSEPTIMO.- Que sobre la base de las precedentes reflexiones, corresponde ahora emitir consideraciones sobre el fondo de la cuestión controvertida respecto de la cual el tribunal está llamado a pronunciarse, la cual se origina en la reclamación que dos concejales de la Municipalidad de Hualpén -los señores Gabriel Mauricio Torres Hermosilla y Luis Alberto Isla Peña- han formulado en contra del alcalde de esa comuna, don Marcelo Enrique Rivera Arancibia, con el fundamento fáctico y normativo y el propósito que quedaron consignados en lo expositivo y reseñado en el
fundamento primero de esta resolución; y, todo ello en atención, además, a los descargos expuestos por el reclamado en su presentación de fs. 109 y siguientes, confrontando sus respectivas posturas, con el material probatorio allegado al proceso, en ponderación del cual -en condición de jurado- habrá de librarse la decisión final. DECIMOCTAVO.- Que el primer cargo que se formula al reclamado consiste en “No implementar el sistema de asignación de mejoramiento de la gestión municipal (PMG) establecido en la ley N° 19.803”. Lo fundan, en síntesis, los concejales requirentes, afirmando que ello ha acecido a pesar de reiterados oficios de Contraloría Regional del Bio-Bío instando al Alcalde para dar cumplimiento a ese sistema, no obstante contar al efecto de un superávit de fondos en todos los años del período 2005-2009, circunstancia que desmienten las excusas del reclamado en orden a no contar con financiamiento para ello. Agregan que otros personeros, como el Asesor Jurídico Municipal y el Director de Control, le representaban el incumplimiento de la obligación de implementar el sistema señalado. Hacen presente que el referido obrar es constitutivo de notable abandono de deberes, precisamente, por incumplir las disposiciones de la Contraloría Regional, que son legalmente imperativas para el municipio, infringiendo asimismo la propia ley que estableció el sistema, N°19.803, y lo establecido en el artículo 68 N°8 de la ley perjudicando con ello al personal municipal, de planta y a contrata. Infringe igualmente los artículo 6 y 7 de la Constitución Política, 62 N°8 de la ley 18.575 en relación con la letra g del artículo 58 de la ley 18.883; letra c del artículo 58 a) del artículo 61 y e) del artículo 82, todos de la ley 18.883 Estatuto Para Funcionarios Municipales en relación con el inciso 1° del artículo 56 de la ley de Municipalidades y artículo 2 de la ley de Bases de Administración del Estado. Respondiendo el cargo a fs. 109 –que refunden con los números octavo y decimosexto- el reclamado formula previamente objeciones formales al requerimiento, respecto de las cuales ya se reflexionó en lo precedente, y sobre el cargo mismo precisa que atendió los Oficios de la Contraloría, mediante los propios que singulariza. Refiere también que, por medio de los antecedentes que indica, ha manifestado su voluntad de implementar el Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal, planteando el pago de las asignaciones correspondientes a los años anteriores y demás acciones que describe, tendientes todas a concretar el acabado cumplimiento de lo establecido en la ley 19.803. Lo anterior significa que ha manifestado reiteradamente su voluntad de implementar el sistema referido incluso para proceder al pago retroactivo de la asignación correspondiente a años anteriores, por lo que es posible concluir que sobre este punto no ha incurrido en ningún caso en notable abandono de deberes, ya que se ha implementado una serie de medidas para subsanar las omisiones que le fueron imputadas. Explica también que la responsabilidad final sobre la falta de implementación de sistema no es suya, sino de los personeros correspondientes que no formularon las propuestas del caso y no las concretaron. DECIMONOVENO.- Que la Ley N° 19.803, de 27 de Abril de 2002, establece efectivamente una asignación de mejoramiento de la gestión municipal, en los términos de lo prevenido en el artículo 1, que a la letra dice: “Establécese en las municipalidades una asignación de mejoramiento de la gestión municipal, a otorgarse a los funcionarios municipales regidos por la ley Nº 18.883, a contar del 1º de enero de 2002. La asignación será pagada a los funcionarios municipales de planta y a contrata, en servicio a la fecha de pago, en cuatro cuotas, en los meses de mayo, julio, octubre y diciembre de cada año. El monto a pagar en cada cuota será equivalente, respectivamente, al valor acumulado entre los meses de enero a marzo, abril a junio, julio y septiembre y octubre a diciembre, como resultado de la aplicación mensual de esta asignación. El funcionario que haya dejado de prestar servicios antes de completarse el trimestre respectivo, tendrá derecho a la asignación en proporción a los meses completos efectivamente trabajados. La asignación será tributable e imponible para efectos de salud y pensiones. Para determinar las imposiciones e impuestos a que se encuentra afecta esta asignación, se distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda el período que corresponda y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales. Con todo, las imposiciones se deducirán de la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda del límite máximo de imponibilidad.” Por su parte, el artículo 2 de la misma ley dispone: “La asignación establecida en el artículo anterior, considerará los siguientes componentes:
a) Incentivo por gestión institucional, vinculado al cumplimiento eficiente y eficaz de un programa anual de mejoramiento de la gestión municipal, con objetivos específicos de gestión institucional, medible en forma objetiva en cuanto a su grado de cumplimiento, a través de indicadores preestablecidos. b) Incentivo de desempeño colectivo por área de trabajo, vinculado al cumplimiento de metas por dirección, departamento o unidad municipal, según se establece en el artículo 9º. Las municipalidades deberán aprobar en su presupuesto el monto total anual para el pago de estas asignaciones. Sin perjuicio de lo anterior, las municipalidades no podrán destinar al incentivo de desempeño colectivo o de desempeño individual, según corresponda, más de un tercio del monto señalado en el presente inciso.” Por su parte el artículo 6 de la citada ley señala: “El alcalde someterá a acuerdo del concejo, conjuntamente con el proyecto, el programa de mejoramiento de la gestión municipal. Dicho programa determinará, a lo menos, los objetivos específicos de gestión, de eficiencia institucional y las metas a alcanzar por las diversas direcciones, departamentos y unidades de trabajo del municipio durante el año siguiente.” Para los efectos de lo que se viene diciendo, es útil señalar que, sobre el referido cargo existe abundante material probatorio, cuya consideración global se hace, por lo mismo, dificultoso, y tal vez, sobreabundante, por lo que atendida la naturaleza y características de la justicia electoral, basta para dejar por establecido los hechos en que el cargo se funda, en las siguientes consideraciones: a) El propio contenido de la Ley N° 19.803 y sus modificaciones posteriores, que establece la Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, de 27 de marzo de 2002; b) Lo informado por el Asesor Jurídico Municipal, don Jorge L. Wong Barreda en su Informe N° 63, de 23 de julio de 2009, agregado a fojas 129 y siguientes del cuaderno de documentos N° 20, en uno de cuyos acápites refiere que “El régimen legal previsto en la Ley recién citada es de carácter obligatorio e imperativo, lo que arranca precisamente de la utilización de la expresión “establécese””. Más adelante dice que “Asimismo, el texto legal en análisis no condiciona bajo ningún respecto el establecimiento de esta asignación y su procedimiento de determinación y calculo futuro a la circunstancia o realidad financiera del Municipio en cuestión, solo se prevé de la prerrogativa de la autoridad municipal de ajustar los recursos…” de la manera que indica. c) La obligación del Alcalde de llevar a cabo o de cumplir el sistema establecido en la Ley, está clara y en términos perentorios en su artículo 6° recién transcrito y, conforme a lo dispuesto en el artículo 8° del Código Civil –que consagra la presunción de derecho de conocimiento de la ley- la cual debe aplicarse con mayor razón tratándose autoridades de la República, no justifica las respuestas dadas por el reclamado al declarar ante Contraloría, con fecha 12 de Enero de 2011, conforme consta a fojas 246 y siguientes del cuaderno de documentos número 21, en cuanto señala que “no implementó el PMG “porque nunca nadie en el Municipio me lo ha planteado””; cuando dice no haber autorizado reuniones de los Directores de la Municipalidad de Hualpén para estos mismos efectos; cuando desconoce haber recibido informaciones sobre estas materias del Director de Control; cuando señala no recordar informaciones y de actos relacionados con la implementación de este plan, como tampoco de la urgencia de dicha implementación; cuando responde que no conocía los oficios de Contraloría que decían relación con la ejecución de este sistema y por último, cuando señala desconocer el texto del informe jurídico del abogado Wong ya señalado y relacionado, precisamente, con este tema. VIGÉSIMO.- Que sobre la base del material probatorio que se ha mencionado y descrito, fluye que el alcalde reclamado incurrió, efectivamente, en la omisión de la obligación legal que le era propia en su condición de tal, de llevar a cabo el Sistema de Asignación de Mejoramiento de la Función Municipal establecido en la ley 19.803 , perjudicando con ello, de modo indirecto a la comunidad que le tocaba servir, al haberse visto privada, precisamente, de un mejoramiento en la gestión municipal, y de manera directa al personal de la Municipalidad de Hualpén, en lo que concierne a la no recepción por éste del beneficio pecuniario establecido en su artículo 1°; no constituyendo justificación suficiente ni razonable la adicionalmente proporcionada en términos de
haber ejecutado las acciones pertinentes para el acabado cumplimiento de la obligación legal que se viene refiriendo. Lo anterior, no obstante las reiteradas instrucciones formuladas por la Contraloría Regional del Bío-Bío para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley citada, e, igualmente, por propios organismos internos. VIGÉSIMO PRIMERO.- Que aparece así, entonces, determinada la existencia de este primer cargo, cuyos hechos son, efectivamente, constitutivos de notable abandono de deberes por el alcalde requerido, en los términos reflexionados en el motivo decimotercero de la presente sentencia, en los términos reflexionados VIGESIMO SEGUNDO.- Que el segundo cargo formulado consiste en imputar al reclamado “Celebrar conciliación judicial en causa rit O-613-2011 del Juzgado del Trabajo de Concepción, caratulada “Fierro con Ilustre Municipalidad de Hualpén” sin contar con aprobación previa del Concejo Municipal”. Se expresa al efecto que la Municipalidad fue demandada por un trabajador previamente despedido, contestándose que tal despido fue justificado, pero más adelante se suscribió una conciliación por $1.500.000, con cargo al patrimonio municipal, que fue pagada, vulnerándose con ello el artículo 65 letra h) de la ley 18.695, que requiere acuerdo del Concejo para transigir judicial y extrajudicialmente. Contestando el cargo a fs. 109 y siguientes, el reclamado emite consideraciones en base de las cuales estima y concluye que, en la especie, existió una conciliación entre las partes, y como tal, al no haber existido propiamente una “transacción”, como lo exige la ley, la obligación legal que se plantea como vulnerada no reviste los caracteres de tal. VIGESIMO TERCERO.- Que no se atisba disparidad de criterios entre los litigantes en lo que respecta a la real existencia, en la causa laboral relacionada, de un acuerdo dirigido a ponerle fin mediante el pago al demandante de una cierta suma de dinero; y cualquiera que sea la denominación que a dicho acuerdo pudiere dársele, lo cierto es que la falta de procuración de la anuencia del Concejo para arribar a dicho acuerdo, no puede, por su naturaleza, conferirse a esa omisión el carácter de notable abandono de deberes por parte del requerido; más aún si se tiene en consideración que el encargado directo y orientador en la tramitación de la causa era el abogado correspondiente y no el reclamado. El acta correspondiente en que consta lo anterior rola a fs. 205 del cuaderno de documentos N° 1. VIGESIMO CUARTO.- Que se tiene así, en consecuencia, por no configurado el segundo cargo imputado. VIGESIMO QUINTO.- Que el tercer cargo consiste en “Aprobar ilegalmente el pago de la dieta mensual a los Concejales de la Comuna de Hualpén, por cuanto éstos no habrían permanecido la totalidad del tiempo que duran las sesiones del Concejo Municipal”. Afirman los requirentes que en siete sesiones realizadas durante el período comprendido entre los meses de agosto a octubre de 2009, algunos concejales procedieron a retirarse antes de su término, por lo que su presidente debió darlas por finalizadas por falta de quórum y considerarlas como no celebradas, de acuerdo al artículo 88 del Reglamento. Agregan que no obstante ello, el reclamado procedió al pago íntegro de la dieta mensual. Tal hecho fue comprobado por la Contraloría Regional y consta en el Informe Final correspondiente. Contestando el cargo a fs. 109 y siguientes, el requerido previene que -tal como lo informó al Contralor General de la República- tal hecho se habría debido al desconocimiento de los concejales de la normativa para el ejercicio del cargo, por lo que la Municipalidad habría resuelto la devolución de los dineros indebidamente percibidos, de lo cual los concejales deben responsabilizarse. Tal acción la consideró, sin embargo, como error de buena fe y por esta razón decidió efectuar el pago integro de la dieta, agregando que la Contraloría constató la actuación de algunos concejales como ilegal (IF VE 51-10). Precisa también que en iguales conductas incurrieron los requirentes concejales Sres. Islas y Torres, quienes hasta la fecha del informe adeudan la cantidad de $1.027.236. VIGESIMO SEXTO.- Que de lo anterior surge que el Alcalde cuestionado reconoció el hecho del pago indebido a distintos concejales que no tenían derecho a ello, al no tener asistencia completa en algunas de las sesiones del Concejo Municipal de Hualpén. No obstante, del documento de Contraloría Regional agregado a fs. 214 del cuaderno de documentos N° 1, aparece que uno de tales concejales reintegró lo recibido indebidamente y que el mismo Alcalde autorizó el reintegro en cuotas por otros, por lo
que al efecto no se divisa perjuicio pecuniario al Municipio, no habiéndose, asimismo, formulado reparos al respecto por el organismo contralor. VIGESIMO SEPTIMO.- Que, por lo expuesto, no se tiene por configurado el tercer cargo atribuido al reclamado. VIGESIMO OCTAVO.- Que el cuarto cargo consiste en “Permitir y autorizar expresamente el funcionamiento de locales comerciales que no contaban con patente comercial ni con requisitos contemplados en la normativa legal vigente en infracción expresa a normas legales y reglamentarias y sus faltas de fiscalización”. Se fundamenta de la manera consignada en lo expositivo, lo que se realizó sin considerar la opinión en contrario del Asesor Jurídico del Municipio, que hacía saber que no concurrían los presupuestos básicos necesarios para un funcionamiento provisorio del mismo local, como el contar con el permiso sanitario correspondiente. Al efecto se menciona el caso de la empresa comercial “Poseidón”, del giro comercializadora de productos del mar y acopio de maderas. Ello fue observado por Contraloría Regional (Informe Final VE-1-10, de 13 de septiembre de 2010). Contestando el cargo a fs. 109 y siguientes, el requerido expuso que los denunciantes omiten señalar que al efecto, con fecha 04 de marzo de 2008, se emitió un nuevo Informe Jurídico, el N° 029, por el cual el Asesor Legal de la Municipalidad estableció que en el caso de Poseidón Limitada existían, por el contrario, los presupuestos básicos para el otorgamiento de patente provisoria, de manera que al efecto no existe infracción al artículo 26 de la Ley de Rentas Municipales. VIGESIMO NOVENO.- Que atento al contenido del descargo recién reseñado, se infiere que el denunciado no niega haber autorizado la patente comercial al local denominado Poseidón, pero se excusa manifestando que ello lo realizó sobre la base de lo orientado por el informe del Asesor Jurídico que singulariza, pero resulta del caso hacer presente que en el documento de Contraloría que corre a fs. 4 del cuaderno de documentos N° 6, aparece consignado que no obstante existir un informe del asesor jurídico, de 28 de enero de 2008, “que manifestaba que no correspondía el otorgamiento de la patente comercial provisoria a la empresa Comercial Poseidón Ltda. por cuanto no había acreditado contar con la autorización sanitaria correspondiente, la entidad edilicia otorgó dicha patente contraviniendo la normativa legal vigente.”. Agrega el organismo contralor que ordenó instruir sumario administrativo en relación con estos antecedentes, el que, incoado, al 13 de septiembre de 2011 se encontraba en espera de las observaciones a la vista fiscal. Además, instruyó a la Municipalidad para que a futuro se atenga a lo establecido en la Ley de Rentas Municipales, en cuanto al cumplimiento de requisitos para el otorgamiento de patentes comerciales, debiendo estar a la espera de lo que se resuelva en el antedicho sumario. TRIGESIMO.- Que no obstante lo anterior, de la revisión de los antecedentes aparece a fojas 94 y siguiente del cuaderno de documentos N° 20 el Informe Jurídico mencionado por el reclamado, n° 029 de 4 de marzo de 2008 emitido por el asesor jurídico de la Municipalidad de Hualpén don Jorge Wong Barreda, en el que concluye, por las consideraciones que expone la procedencia de otorgar patente comercial provisoria al establecimiento antedicho –comercial Poseidón Ltda.- de forma tal que, en atención a esta precisa circunstancia, debe concluirse que no resulta, en el obrar del reclamado, un proceder constitutivo de abandono de deberes. TRIGESIMO PRIMERO.- Que el quinto cargo se hace consistir en el hecho de “Efectuar comprar directas por parte de la Municipalidad de Hualpén sin licitación, a través del portal de Chile Compra, y autorizadas expresamente mediante Decretos Alcaldicios por el Municipio de Hualpén, en plena infracción a la Ley de Probidad administrativa y Ley 19.886 “ Se expresa que la Contraloría Regional del Bio-Bio constató que durante el año 2008 la Municipalidad pagó por servicios de ampliación, iluminación y producción de eventos relacionados con diversas actividades municipales, operando mediante trato directo y sin efectuar cotizaciones abiertas a todos los proveedores a través del portal Chile Compras , como lo ordena la ley 19.886, De Bases Sobre Contratos Administrativos y Suministros y Prestación de Servicios, cosa que, según los mismos recurrentes, el Alcalde justificó manifestando que la ley señalada permite el trato directo cuando existe emergencia o imprevisto, lo cual, según los mismos recurrentes, no se da, al tratarse de compras realizadas con motivos de actividades programadas con anticipación. Señalan como ejemplo de lo anterior, lo acaecido en el Programa “Despidiendo el Verano con los adultos mayores de Hualpén”.
Agregan que el expresado hecho ilegal fue investigado y constatado por el Informe Final N° IFVE-2/10, de 28 de Septiembre de 2010. Con relación a este cargo el requerido expresa que si bien y al parecer, se vulneraron normas de la ley 19.886, la naturaleza de las compras efectuadas- 300 colaciones frías, 52 botellas de 3 litros de bebidas y 300 empanadas de pino- no tienen la envergadura necesaria como para considerarlas constitutivas de notable abandono de deberes, refiriendo el sumario administrativo instruido al efecto por Contraloría que la ilegalidad cometida no es imputable al alcalde, sino a dos funcionarios. TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Que, de la revisión de los antecedentes contenidos en el cuaderno de documentos N° 1, aparece a fojas 12 y siguientes el Informe Final IF VE 2/10 sobre denuncias por presuntas irregularidades en materia de compras a que se refiere el cargo de que se trata, fechado al 28 de septiembre de 2010, en cuya conclusión se dice que se instruirá un sumario administrativo para investigarlas. TRIGESIMO TERCERO.- Que, del examen de los antecedentes que componen el cuaderno de documentos N° 22 “Sumario Administrativo Municipalidad de Hualpén”, aparecen a fojas 493, 508, 509 y 510 emitidos por el Alcalde reclamado, disponiendo la compra directa de variados insumos, hecho que por su naturaleza no corresponde, en opinión de estos sentenciadores, ser indagada y reprimida por la Justicia Electoral, lo cual ha sido, en cambio, por la vía administrativa, según se infiere de lo que se viene diciendo, constituyendo además, un hecho público y notorio que en la actualidad se sigue por los órganos del caso un juicio de carácter criminal que presumiblemente está referido a estos mismos sucesos con los objetivos que le son propios. TRIGESIMO CUARTO.- Que el sexto cargo formulado- que es replicado en el cargo N° 18- se hace consistir en “La intervención electoral por parte de la autoridad comunal y de algunos funcionarios del municipio de Hualpén, con motivo de las elecciones de Presidente de la República, Senadores y Diputados”.Se expresa al efecto que tal hecho fue investigado por informe final N° IF.VE-5610, de 19 de octubre de 2010, de la Contraloría Regional, por el cual se establece que la deuda que mantienen las empresas de inversiones BG Marketing Ltda. y la Inmobiliaria PY S.A. por derechos de publicidad y propaganda con la Municipalidad de Hualpén, equivalentes a $45.866.313 y $ 11.098.376, respectivamente, no obstante que, el Director de Administración y Finanzas les envió una notificación de cobro, y al término de la etapa indagatoria de la Contraloría, no se iniciaban aun las acciones de cobranza judicial, a pesar de las instrucciones dadas al efecto en el informe respectivo del órgano contralor. Agregan que la propaganda publicitaria de la primera empresa mencionada se acreditó que lo fue en beneficio del candidato a diputado Cristian Campos. Ello evidencia el detrimento económico en perjuicio del municipio. Respondiendo el cargo el recurrido, señala que no ha incurrido en la atribuida intervención electoral, que no existe prueba al efecto y que la Contraloría no efectuó investigación alguna sobre este punto. Añade que solo dio cumplimiento a lo dispuesto en el Informe Final VE-56-10 del órgano contralor por cuanto por Decreto 426, de 4 de febrero de 2011, la administración municipal había ordenado un sumario administrativo por posibles actividades políticas de funcionarios municipales. En cuanto al cargo de no iniciar cobranza judicial por deuda al Municipio de las empresas VG Marketing Ltda. e Inmobiliaria PY S.A., previene que ninguna responsabilidad le cabe, puesto que Contraloría determinó responsabilidad administrativa en el Abogado del Municipio, que fue sancionado, sin que por estos motivos pueda configurarse la causal de notable abandono de deberes. TRIGESIMO QUINTO.- Que el contenido del hecho por el que se formula este cuarto cargo, calificado por los requirentes como constitutivo de “intervención electoral”, no lo constituye, o, por lo menos, no aparece patente de los antecedentes como medio utilizado por la autoridad –con ocasión del ejercicio de su cargo- para participar en la promoción de una candidatura determinada; sino que es más bien propio de estimar como la inactividad de la Corporación Municipal para ejercitar las acciones del caso tendientes a obtener el pago de derechos de publicidad presuntivamente adeudados por las empresas que se mencionan - que fue materia, por lo demás, de otro cargo, de manera que, por lo expuesto, debe tenerse por no comprobada la imputación que se ha venido analizando.TRIGESIMO SEXTO.- Que el séptimo cargo atribuye “Ilegalidad de la publicación y financiamiento de un periódico de circulación local denominado “El Hualpenino” que comenzó a circular el año 2007 y cuyo representante legal es el Alcalde señor Rivera y, su Director el Administrador Municipal, señor Cristian Campos Jara”
Se refiere que el hecho fue investigado por Informe Final N° IF.VE-6208, de 19 de marzo de 2009, de la Contraloría Regional del Bio-Bio, por el cual se verificó el pago por extracción de basura y derechos de publicidad de las empresas Distribuidora y Servicios & DyS S.A., Administradora de Créditos comerciales Presto Ltda., Empresa Crónica, Empresa Nacional del Petróleo y Empresa Trama Impresores S.A., pudiendo constatarse que a esta última se le retira basura por sobre la cantidad de 60 litros diarios, vulnerando la Ordenanza Municipal N° 9 del año 2005 sobre Aseo de la Comuna, al no haberse pagado los derechos adicionales correspondientes. Se añade que el Municipio recibió valores en donación de particulares, lo que se encuentra limitado, por cuanto ello puede restar a la autoridad imparcialidad al tomar decisiones en que tengan interés los donantes, pudiéndole afectar el principio de probidad administrativa. Se hace además presente que las donaciones, de ser aceptadas y recibidas, deben contar con anuencia del Concejo Municipal, lo que no ocurrió, tal como lo refiere el Informe Final de Contraloría, ya citado. Respondiendo, el reclamado manifiesta que el periódico “El Hualpenino” funcionó durante los años 2006 y 2007, dentro de su administración anterior del Alcalde requerido, lo cual no puede ser objeto de fiscalización durante el actual periodo. TRIGESIMO SEPTIMO.- Que la mixtura de imputaciones formuladas en el cargo de que se trata, implica incumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 3° y 5° del artículo 17 de la Ley N° 18.593 de los Tribunales Electorales Regionales, de manera que, por lo expuesto, se tendrá por no establecido el señalado cargo. TRIGESIMO OCTAVO.- Que, en relación al octavo cargo, este se hace consistir en “No implementación en la Municipalidad de Hualpén, del Sistema de Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal establecido en la Ley N 19.803 y sus modificaciones, y la no entrega de información sobre la materia a la Contraloría Regional” TRIGESIMO NOVENO.- Que, como se ha indicado precedentemente, este cargo se encuentra vinculado con las imputaciones números 1 y 16, de modo que a su preciso respecto, se deberá estar a lo reflexionado con relación al señalado cargo número 1. CUADRAGESIMO.- Que con relación al noveno cargo se atribuye “Actuar ilegal del señor Alcalde de la comuna de Hualpén en la Dirección de Administración de Educación de la Municipalidad de Hualpén respecto a la contratación de personal que no cumpliría con la normativa legal y diversas asignaciones remunerativas impagas a docentes”. Tal hecho fue investigado por Informe Final N° IF.VE 23/10, de 2 de octubre de 2010, de la Contraloría Regional del Bio-Bio, por el cual se constata una serie de hechos irregulares, ilegales y antirreglamentarios, como los siguientes: Falta de Director titular en el Departamento de Administración de Educación Municipal, por encontrarse don Luis Andrades Jara con licencia médica por casi 3 años y es el encargado el Colodyr, entidad que recibe subvención de la Municipalidad de Talcahuano; contratación a plazo fijo de la concejala Fabiola Lagos Lizama, como docente de enseñanza media desde el 5 de diciembre de 2008, siendo en realidad Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica del Liceo Pedro del Rio Zañartu A-87, sin haber concursado, siendo además, desde el 6 de diciembre de 2008, y en la actualidad, concejala de la comuna; contratación de doña Ruth Eliana Cruces Sánchez, quien carecería de titulo docente, de competencia y, además no cumpliría el requisito legal de años de experiencia para desempeñarse como coordinadora básica; contratación de don Marco Antonio Jara Arias para trabajar en la sección de Administración y Finanzas, cargo que no fue proveído por concurso público conforme la ley 19.070; pagar montos de bono de reconocimiento profesional que no corresponde, tanto en titulo como en mención; no mantener actualizado el pago de perfeccionamiento a todos los docentes de la comuna, constatándose atraso en dicho pago, situación que se mantiene inalterable desde el comienzo del funcionamiento del DAEM de Hualpén; no tener actualizado el pago de los bienios a todos los docentes de la comuna; mantener alrededor de un 35% de docentes a contrata de la comuna y encontrarse sobre el 20% del presupuesto de planta, sobrepasando dicho porcentaje, lo que vulnera la normativa legal; mantener como reemplazante del DAEM a doña Cecilia Sandoval Pérez, profesional no docente, violando el artículo 34 de la ley 18.575; mantener sin Director a la Escuela Lucila Godoy Alcayaga y, como encargado al docente Guido Lillo González, por más de 2 años; impartir en dicha Escuela enseñanza media sin reconocimiento oficial del Ministerio de Educación y, por algún tiempo, sin autorización de la Seremi de Educación del Bio-Bio, perjudicando a la comunidad educacional de Hualpén.
Respondiendo dicho cargo a fojas 109 y siguientes, el reclamado señala que el Municipio ha tomado todas las providencias para modificar las circunstancias de nombramientos contrarios a la normativa legal y al pago de las asignaciones a los profesores, por lo que dichos defectos se encuentran en vías de ser subsanados. CUADRAGESIMO PRIMERO.- Que con relación a este mismo cargo – continente de múltiples imputaciones al obrar del alcalde- consta en autos – en el cuaderno N° 1 de documentos- el Informe Final IF.VE 23/10, agregado a fojas 46 y siguientes, emitido por la Contraloría Regional del Bio-Bio, en cuyas conclusiones se tienen por acreditados las siguientes irregularidades, que si corresponden con algunos de los hechos que son propios del cargo formulado. 1) La municipalidad de Hualpén no ha provisto de un número importante de cargos directivos y técnicos pedagógicos en el departamento de administración de educación municipal y en establecimientos educacionales de la comuna mediante concursos publico de conformidad con la ley 19.070, estatuto de los profesionales de la educación” Además se verifico que la docente doña Ruth Cruz Sánchez fue nombrada en el año 2007 como coordinadora de educación básica en la unidad educativa de D-471, en circunstancias que no cumplía con el requisito de contar con una experiencia docente de 5 años, conforme l dispone el artículo 24 de la ley 19.070. 2) Se establecieron diferencias entre los valores pagados a los docentes por bonificación de reconocimiento profesional. 3) El Municipio de Hualpén no ha pagado la totalidad de la asignación de perfeccionamiento que adeuda a los docentes. Se instruye al alcalde al efecto. 4) Que en relación al exceso de porcentaje del 20% de horas contratadas respecto de la dotación docente, se imparten instrucciones. CUADRAGESIMO SEGUNDO.- Que se tiene presente para los efectos de lo que se viene resolviendo, que el reclamado no controvierte las precedentes imputaciones e implícitamente los acepta al manifestar que “dichos defectos se encuentran en vías de ser subsanados”, lo que significa que reconoce su intervención en los mismos, por lo que, es dable tener por establecidas las irregularidades descritas y la participación en ellas del alcalde reclamado, de manera que al efecto estos sentenciadores concluyen que su proceder es también constitutivo de notable abandono de deberes. CUADRAGESIMO TERCERO.- Que el décimo cargo atribuye al reclamado “Ilegalidad cometida en el otorgamiento a partir del mes de enero del año 2009 por parte de la Municipalidad de Hualpén, de un permiso para administrar, cobrar y percibir dineros por el uso de los estacionamientos ubicados en el sector caleta Lenga”. Tal hecho fue investigado por Informe Final N° VE 3/10, de 16 de agosto de 2010, de la Contraloría Regional del Bio-Bío, relacionado con el otorgamiento, a partir de enero de 2009, de un permiso al particular Julio Sepúlveda Fuentes para administrar, cobrar y percibir dineros por el uso de los estacionamientos ubicados en el sector antedicho, permiso que se trataría, según el Director de Tránsito, de uno de carácter precario o de uso, conforme al artículo 63 de la Ley de Municipalidades, que faculta al Alcalde para otorgarlo sin el conocimiento del Concejo Municipal. Afirman que el Municipio no se encuentra legalmente facultado para otorgar el permiso de ocupación del indicado bien nacional de uso público por cuanto la implementación de un sistema de control de estacionamiento constituye un servicio municipal por el mecanismo de concesión, conforme a los artículos 8 y 65 letra i) de la ley citada, previa licitación y anuencia del Concejo. Tampoco la Municipalidad ha hecho efectiva las boletas de garantía que caucionan el fiel cumplimento del contrato, lo cual contractualmente procede en caso de retraso en el ingreso de los derechos Municipales. Contestando, el requerido expone a fojas 109 y siguientes que, al señor Sepúlveda Fuentes solo se le otorgó un permiso precario o de uso, el que conforme a la Ley de Municipalidades puede concederlo el Alcalde sin necesidad de aprobación del Concejo, ya que, en la especie, no se trató de implementar un sistema de control de estacionamiento. Posteriormente, cuando el Municipio se enteró del uso que se estaba dando al permiso por el beneficiario, se revocó la autorización, por lo que la aparente irregularidad se subsanó. CUADRAGESIMO CUARTO.- Que si bien el referido cargo se encuentra establecido con el antecedente consistente en el informe final N° VE 3/10, de 16 de agosto de 2010 que corre a fojas 71 y siguientes del cuaderno de documentos N° 1 y ordenarse en él incoar sumario administrativo para deslindar responsabilidades de ese carácter, puede
estimarse también, con los propios dichos del reclamado, que este no tuvo conciencia de su irregularidad, por lo que, pudiendo calificarse el hecho como abandono de deberes del alcalde imputado, éste no tiene el carácter de notable, en atención de tratarse de un hecho aislado y de relativa trascendencia. CUADRAGÉSIMO QUINTO.- Con relación al cargo undécimo, consistente en “Ilegalidad en la extracción de áridos en la comuna de Hualpén, al no dar cumplimiento a la normativa de carácter ambiental, permitiendo y/o autorizar extracciones por sobre los volúmenes permitidos, y en algunos casos, en forma clandestina y sin autorización de los organismos competentes” Se señala al respecto que la extracción de áridos se debe efectuar previo otorgamiento de permisos o concesiones mediante Decretos Alcaldicios. Sin embargo, en el caso de cuatro empresas (Compañía Minera Tridente Ltda., Empresa Electra Price Fabri y Cía. Ltda., Empresa Berta Quiero Saavedra y Arenera del Pacífico Ltda.), éstas no han obtenido los permisos requeridos y, por lo tanto, se encuentran efectuando extracciones ilegales que no pagan los derechos municipales correspondientes. Señalan que el Alcalde les ha dado un plazo de 90 días para regularizar su situación sin ser clausuradas, cosa que ha efectuado con algunas empresas que sí contaban con las autorizaciones correspondientes, pero que estaban atrasadas en el pago de los derechos de extracción. Todo ello, sostienen los actores, ha producido una situación de desigualdad entre las empresas. Además, explican que la Municipalidad no ha hecho observaciones a la obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que ha causado un perjuicio a la comunidad. Contestando el cargo a fojas 109 y siguientes, el requerido dice que, con el objeto de regularizar el funcionamiento de las empresas areneras, realizó con ellas reuniones para hacerlas ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y además se les requirió subsanar su situación con la obtención de diversos permisos para lo cual les otorgó un plazo de 90 días, bajo pena de clausura. Debido a ello se ha procedido a cerrar las empresas areneras Quiero y Sociedad de Servicios de Transporte y extracción de arenas. El municipio, a partir de 2010, ha adoptado todas las medidas para que las empresas areneras obtengan los permisos ambientales, por lo que esta problemática se encuentra en vías de ser subsanada. Concluyendo a fojas 112 del mismo cuaderno que existen empresas que han realizado extracción de áridos por años, sin autorización; que no se ha dado igualdad de trato a las empresas areneras, por haberse clausurado algunas que presentan deudas por derechos de extracción. CUADRAGESIMO SEXTO.- Que al respecto la Contraloría Regional emitió el informe final N° IF VE 05/10, de 12 de noviembre de 2010, que corre a fojas 104 del cuaderno N° 1 de documentos, sobre investigación especial relativa a denuncia sobre empresas de extracción de áridos con desarrollo eventualmente irregular, determinando al efecto los mismos cargos que fueron materia de los reproches que se vienen analizando, en razón de lo cual, las referidas imputaciones ellos se tienen por establecidos por este tribunal. CUADRAGESIMO SEPTIMO.- Que en el referido antecedente de Contraloría constan las explicaciones que al efecto formuló el Sr. Alcalde, que son las mismas que proporcionara en este proceso, respecto de todo lo cual el organismo contralor no efectuó reparos expresos a la conducta de la autoridad, sin perjuicio de ordenar instruir sumario administrativo para los fines del caso. CUADRAGESIMO OCTAVO.- Que en estas circunstancias no cabe calificar el proceder del alcalde como constitutivo de notable abandono de deberes, puesto que respecto de la situación planteada aparece haber tomado las resoluciones que, dada la naturaleza de los hechos, aparecían como oportunas y atinentes. CUADRAGÉSIMO NOVENO.- Que, con relación al cargo duodécimo, consistente en “Otorgamiento por parte de la autoridad edilicia de concesiones de residuos sólidos domiciliarios, mantención de áreas verdes y ornato de la Comuna de Hualpén en contravención a la normativa legal vigente”. Se expresa que, el Informe Final Nº 62/2011, de fecha 22 de Diciembre de 2011, de la Contraloría Regional del Bío-Bío señala varias irregularidades en estas materias entre las cuales se cuentan: a) No formalizar administrativamente las funciones que desempeñan desde su ingreso a la Municipalidad de los funcionarios que sirven los cargos de Jefe (s) de Ornato y Jefe (s) de Aseo en la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente de la Municipalidad de Hualpén; b) Se han renovado contratos para las concesiones de residuos sólidos domiciliarios, de ornato y de mantención de áreas verdes,
sin sujetarse a las normas legales respectivas y a los Dictámenes de Contraloría; y c) Se han cancelado diversos montos para mantención de áreas verdes en sectores en que se proyecta su existencia o en otros que están cerrados o no existen. Respondiendo este cargo el recurrido precisa que el Tribunal solo puede revisar las renovaciones de contratos posteriores al 6 de diciembre de 2008, puesto que los anteriores, según lo ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Calificador de Elecciones, no son justiciables por este Tribunal Electoral. En cuanto a los contratos renovados con posterioridad a la fecha señalada, el Alcalde recurrido reconoce que, si bien se vulneraron disposiciones legales, ello fue sin mala fe, ya que las renovaciones fueron aprobadas por el Concejo Municipal, y contaron con el visto bueno de la Unidad Jurídica de la Municipalidad de Hualpén, Asimismo señala la pugna entre las renovaciones y la Ley General de Bases de la Administración, están en vías de normalización, y que todos los contratos señalados se encuentran en proceso de licitación. Por último expresa que, la Contraloría General de la República levantó en su investigación algunos reparos referentes a la falta de formalización administrativa de las funciones de aseo y ornato. QUINCUAGESIMO.- Sobre este cargo existe material probatorio consistente en el Informe Final N° 62/11 que se agregó a fojas 115 y siguientes de cuaderno n° 1 de documentos en cuyas conclusiones se consigna que al respecto hubo renovación de contratos sin licitación; insuficiencia documental respecto de pagos efectuados por la concesión de mantención, reposición y riego de las áreas verdes; pago de $2.059.211.correspondiente a 11.402 mts2 cuadrados por áreas verdes que no habían sido mantenidas y la no aplicación de multas a la empresa concesionaria, haciendo mención, a otros hechos similares. Se insta al municipio a adoptar las medidas pertinentes para corregir y regularizar las situaciones referidas, otorgando plazo para informar de su cumplimiento. QUINCUAGESIMO PRIMERO.- Que no obstante que el Alcalde manifestó que su proceder se encontraba justificado de la manera que expuso, en atención a la data del informe de Contraloría recién referido, no puede estimarse que la formulación de este cargo se refiera a hechos anteriores a su actual mandato, y atento también al contenido de su respuesta de descargo, se tiene por establecida las irregularidades denunciadas y por comprobada la acción del Alcalde como notable abandono de deberes. Cabe agregar que no obstante que el reclamado justificó su obrar aludiendo al efecto a medios probatorios que mencionara, el reclamado, sin embargo, no hizo mención suficiente de esos antecedentes exculpatorios respecto de los cuales este Tribunal hubiere podido efectuar su debida ponderación y así emitir un pronunciamiento en contrario. QUINCUAGESIMO SEGUNDO.- Que, el decimotercer cargo formulado dice relación con “Prorrogas ilegales autorizadas por el señor alcalde de la comuna de Hualpén, por no haber licitado oportunamente el servicio de vigilancia”. Los recurrentes manifiestan que con ello se contraviene el artículo octavo de la ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que impone a los órganos de la administración pública la obligación de actuar por propia iniciativa, como a sí mismo el artículo séptimo de la Ley 19.880, que establece Bases de Los procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, relativo al principio de celeridad por el cual las autoridades deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites pertinentes. Se señala que con relación al contrato con empresa RAM y Cía. Ltda., suscrito el 1 de diciembre de 2008 al cual rigió el 30 de noviembre de 2010 (sic) el cual el 18 de noviembre de 2011 se autorizó prorrogarlo hasta el 31 de enero de 2011, autorizándose una nueva prórroga del contrato por el periodo 1 al 28 de febrero de 2011. Se señala también que la jurisprudencia y la legalidad vigente no permiten prórrogas automáticas de contratos de prestación de servicios licitados públicamente lo cual hasta la fecha ocurre en el municipio de Hualpén. Respondiendo al cargo a fojas 109 y siguientes el reclamado manifiesta que en virtud del Acta de Evaluación Técnica y de Oficio remitido por SERPLAC, el Alcalde solicitó el visto bueno para adjudicar a la empresa RAM y Cía. el contrato de Servicio de Vigilancia Municipal, lo que fue aprobado por el Concejo Municipal, en razón de haberse declarada desierta la Licitación Pública y la necesidad imperiosa del Municipio de contar con vigilancia en razón de los hechos posteriores al terremoto del 27 de febrero de 2010. En la actualidad, agrega el reclamado, el Sistema de Vigilancia Municipal se encuentra en
proceso de licitación, por lo que las infracciones a las normas administrativa establecidas en la Ley Nº 19.880 se encuentran en proceso de ser subsanadas. QUINCUAGESIMO TERCERO.- Que el fundamento de este cargo no se encuentra explicitado de la manera exigida por los antes citados numerales 3° y 5° del artículo 17 de la ley N° 18.593 sobre Tribunales Electorales Regionales, dado que no consigna con claridad cuáles son los antecedentes probatorios precisos y determinados que sirven para demostrarlo, mas aun si al efecto cita el Informe Final de Contraloría N° VE 51/10 que corre agregado a fojas 97 y siguientes del Cuaderno de Documentos N° 1, fechado el 13 de septiembre de 2010 el cual dice relación con eventual incumplimiento de sesiones ordinarias del concejo municipal de Hualpén, de modo que, por la razón expuesta, se tiene por no comprobado el referido cargo y menos que los hechos relacionados sean constitutivos –de parte del alcalde- de notable abandono de deberes. QUINCUAGESIMO CUARTO.- Que en relación al decimocuarto cargo se atribuye “Actuar ilegal del señor Alcalde de la Comuna de Hualpén en el pago de horas extraordinarias efectuado a algunos funcionarios de la Municipalidad de Hualpén”. Al efecto se señala que se realizaron pagos por horas extraordinarias desde Febrero a Mayo y Julio y Agosto de 2009 a determinados funcionarios, constatándose adulteración en el registro de asistencia del secretario municipal, don Nelson Cuevas Muñoz, debiendo reingresar al municipio la suma de pesos 779.647, correspondiente al pago improcedente de horas extraordinarias en tales meses. Del mismo modo, se pagó al asesor jurídico Jorge Wong Barreda y al director de aseo y ornato, don Patricio Garrido Valenzuela. Horas extraordinarias que no se encontraban registradas en los libros de asistencia personales por los meses de Febrero de 2009 (sic), debiendo reingresar 73.806 pesos y 311.859 respectivamente. Se constató también que la emisión de decretos alcaldicios que autorizaron la realización de trabajos extraordinarios y el pago de ellos, se efectuó en fechas posteriores a la realización efectiva de las labores, lo mismo la autorización de dichos trabajos extraordinarios, omitiendo reiteradamente el cumplimiento de sus obligaciones, derivándose de ello perjuicio para los intereses del municipio y de la Municipalidad. Respondiendo el cargo -dentro del cual incluye los signados con los números 14, 17- señala que los concejales y funcionaros identificados han hecho reintegro total de las sumas pagadas en exceso y los otros Concejales o miembros del Municipio han solicitado la devolución de los montos excesivamente pagados en su totalidad o en cuotas por lo que la supuesta irregularidad no es imputable al Alcalde sino a los propios Concejales, la cual, además, se encuentra ampliamente subsanada o, al menos, en proceso de regularización. QUINCUAGESIMO QUINTO.- Que, al efecto debe señalarse que no existen antecedentes que apunten a la participación directa y personal en estos hechos del referido alcalde, ni menos es posible determinar en su obrar un propósito dirigido directa y conscientemente a la utilización de medios ilícitos y fraudulentos para perjudicar el patrimonio municipal, mas aun si, teniendo en consideración que la labor de que se trata es de alta complejidad y de responsabilidad de una pluralidad de funcionarios, y teniendo, asimismo, en cuenta la relativamente baja cantidad pagada a los señores Wong y Garrido asiste a estos sentenciadores la convicción que, en la especie, no existe un hecho producido como consecuencia de un abandono notable de deberes propios del Alcalde imputado, sino, más bien, una irresponsabilidad indeterminada de muchos que derivó en los pagos irregulares referidos. QUINCUAGESIMO SEXTO.- Que en relación al decimoquinto cargo se atribuye “Incumplimiento del señor Alcalde de la Comuna de Hualpén en no respetar el porcentaje legal de personal a contrata en el Municipio de Hualpén”. Se señala al efecto que los gastos en remuneración del personal a contrata al 31 de marzo de 2011 ascienden al 53% del total del de remuneraciones de la planta municipal, contraviniendo el articulo 2 inciso cuarto de la ley 18.803, que señala que los cargos a contrata en su conjunto no podrán presentar un gasto superior al 20% del de remuneraciones de la planta municipal, por lo que el señor alcalde incurrió en un notable abandono de sus deberes al dejar de cumplir obligaciones esenciales que le imponen la Constitución y la ley, omitiendo reiteradamente el cumplimiento de sus obligaciones, derivándose de ello perjuicio para los intereses del municipio y de la comunidad al contravenir la normativa legal vigente. Respondiendo el cargo, el reclamado deja constancia que una vez acreditado el hecho, el Municipio tomó las medidas necesarias para que las remuneraciones del
personal a contrata no superen el 20% de los montos total de los sueldos, por lo que esta circunstancia estaría en proceso de subsanarse. QUINCUAGESIMO SEPTIMO.- Que de la respuesta del reclamado se infiere que este acepta el cargo, también, como en ocasiones anteriores de modo tácito o implícito, al explicar que tomó las medidas necesarias para que las remuneraciones del personal a contrata no superen el porcentaje legal. QUINCUAGESIMO OCTAVO.- Que los requirentes al plantear el cargo, no indican determinada ni precisamente el material probatorio en que apoyan su aserto, pero el Tribunal ha ubicado el Ordinario N° 53, de 27 de enero de 2012, que corre a fojas 1 y siguientes del cuaderno de documentos N° 16, por el cual el Alcalde (s) de Hualpén, don César Arriagada Lira, proporciona a Contraloría la respuesta a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 78/11 del Organismo Contralor. Ese Informe Final rola a fojas 266 y siguientes del cuaderno de documentos N° 1 y en él, en sus conclusiones vertidas a fojas 292 del mismo cuaderno, no existe referencia a los hechos que dan contenido a este decimoquinto cargo. Sin embargo, en la aludida respuesta del subrogante se precisa, frente al problema de exceso de gastos en personal a contrata, que se han tomado las medidas necesarias para revertir dichos egresos y ajustarlos a la Ley. Que de lo anterior se sigue que la imputación señalada no aparece comprobada en estos antecedentes y, por consecuencia, no resulta posible atribuirlo al reclamado, en su proceder funcionario, como un abandono notable de sus deberes. QUINCUAGESIMO NOVENO.- Que el decimosexto cargo se hace consistir en “Omisión ilegal del señor Alcalde de la Comuna de Hualpén en el no pago de la asignación de mejoramiento de la gestión municipal a los funcionarios de planta y contrata del Municipio” SEXAGESIMO.- Que, como se ha indicado precedentemente, este cargo se encuentra vinculado con las imputaciones números 1 y 8, de modo que a su preciso respecto, se deberá estar a lo reflexionado con relación al señalado cargo número 1. SEXAGESIMO PRIMERO.- Que, el decimoséptimo cargo se hace consistir en el “Pago indebido de viáticos y gastos de traslado en cometidos de Concejales del Municipio de Hualpén y la falta de reingreso de recursos de viáticos pagados en exceso.” En relación a este cargo, debe decirse que su fundamentación no se encuentra concebida en términos conducentes que permitan a estos sentenciadores comprender el contenido del cargo formulado, por lo que, en estas circunstancias, no les resulta posible librar una decisión a este preciso respecto, para calificar o no esa imputación como notable abandono de deberes de parte del alcalde cuestionado, más aun si no señala prueba específica que permita al tribunal la determinación de tales hechos. Lo anterior produjo del reclamado una respuesta también inadecuada al referir solo que se “ha constatado por control interno del Municipio que los concejales han reintegrado menos dinero que los que correspondía que lo hicieran” SEXAGESIMO SEGUNDO.- Que, en relación con el decimoctavo cargo, que se hace consistir en “Incumplimiento por parte del señor Alcalde de la Comuna de Hualpén del cobro por parte de dicho Municipio, en la cobranza judicial para obtener sumas impagas al Municipio de Hualpén por los derechos de propaganda y publicidad de las empresas Sociedad de Inversiones BIG Marketing Limitada e Inmobiliaria PY S.A” SEXAGESIMO TERCERO.- Que, como se ha indicado precedentemente, este se encuentra vinculado con la imputación número 6, de modo que a su preciso respecto, se deberá estar a lo reflexionado con relación al señalado cargo número 6. SEXAGESIMO CUARTO.- Que, en relación al decimonoveno cargo, este se hace consistir en la “Ejecución de diversos actos ilegales y antirreglamentarios en el desarrollo administrativo, financiero y de gestión de la Municipalidad de Hualpén, ello en el período Julio año 2010 a Junio del año 2011, conforme lo señala Informe Final de la Contraloría Regional Nº 78/11, de 29 de Diciembre de 2011” Detallan los reclamantes diversas irregularidades que extraen del Informe Final referido, las cuales desglosan en: a) Trabajos de implementación y arrendamiento de red de fibra óptica e instalación de equipos switch, encomendados por el Municipio mediante trato directo, no ajustándose a la Ley Nº 19.886; b) Deficiente control interno; c) Apropiación indebida de fondos fiscales; y d) Cheques emitidos por el Municipio y no cobrados que se encuentran caducos.
Con relación a este determinado cargo, de la revisión del escrito de contestación del requerimiento agregado a fojas 109 y siguientes, se comprueba que la defensa del reclamado no lo respondió, en razón de lo cual no cabe sino prescindir de dicho trámite en la emisión del pronunciamiento que resulta imperativo emitir a este tribunal, conforme al principio de inexcusabilidad establecido en el inciso segundo del artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales. SEXAGESIMO QUINTO.- Que de la revisión del contenido del cargo de que se trata se constata que este contiene la imputación de una pluralidad de irregularidades, sin que al efecto se proporcione o se indique los medios probatorios en que se apoya, habiéndose podido inferir además que se imputa al reclamado una serie de conductas de forma genérica, que impide a estos sentenciadores dar forma y contenido a los mismos. A lo anterior se añade, que el requerido no formuló descargos respecto de las imputaciones, lo que acentúa la dificultad para plasmar en esta sentencia, del modo exigido por la ley, la realidad de la ilicitud que se atribuye y la eventual participación en ellas del funcionario reclamado, ni menos se puede calificar ésta como notable abandono de deberes. SEXAGESIMO SEXTO.- Que, en relación al vigésimo cargo como se ha indicado precedentemente, este se encuentra vinculado con la imputación número 14, de modo que a su preciso respecto, se deberá estar a lo reflexionado con relación al señalado cargo número 14. SEXAGESIMO SEPTIMO.- Que en relación al vigésimo primer cargo lo formulan con el rótulo de “Graves Faltas a la Probidad Administrativa” En fundamentación de él, expresan que el Alcalde recurrido, junto con otras personas, adquirió en el mes de noviembre de 2008, un inmueble ubicado en calle Finlandia Nº 1404 de la Comuna de Hualpén. A partir del terremoto de 27 de febrero de 2010 el Alcalde Rivera, junto con otros funcionarios municipales con quienes compartían el dominio del inmueble ya individualizado, idearon la reconstrucción de dicha vivienda conocida como “Casa Ciudadana” y para ello prepararon, presentaron y tramitaron dos proyectos a nombre de una entidad social “de papel” denominada “Coordinadora de Organizaciones Sociales Acción Ciudadana Población Armando Alarcón del Canto”, bajo cuyo patrocinio presentaron al Gobierno Regional del Bio-Bio proyectos a fin de postular a la obtención de recursos estatales por la vía de fondos regionales de iniciativa local, FRIL. Señalan los actores que el Alcalde requerido ordenó al Secretario Comunal de Planificación confeccionar dos proyectos de construcción de obra gruesa y terminaciones por un valor total aproximado de $ 94.000.000 y al Secretario Municipal de la Comuna extender certificado que acreditara que en la propiedad de calle Finlandia funcionaba la sede de la Organización ya señalada, haciendo presente que ambos funcionarios eran copropietarios del inmueble referido. Asimismo, solicitó al señor Bernardo Daroch, Jefe de Gabinete del Alcalde y Consejero Regional del Bío-Bío, que patrocinara estos proyectos ante el Gobierno Regional. Por último, expresan los requirentes, que el Alcalde reclamado nunca ha incorporado esta propiedad en su Declaración de Intereses y Patrimonio. Agregan que el Alcalde cuestionado, co-dueño del inmueble, por oficio N° 494 de septiembre de 2010, dirigido a la entonces intendenta del Bio-Bio señora Van Rysselberghe, los antecedentes de los dos proyectos de construcción del inmueble de Finlandia 1404 con la documentación aludida, la que fue ingresada a las postulaciones de Fondos Regionales de Iniciativa Local, lo cual se mantiene hasta la fecha. Infieren que los hechos aludidos constituyen una conducta que atenta contra la probidad administrativa, que se concretó al utilizar una organización social y en nombre de ella, postular al financiamiento económico por cantidades cuyo monto total asciende a la suma de $94.836.000, los cuales no irían en beneficio de la comunidad, por cuanto el inmueble que en dicho proyecto se indicó como beneficiario, corresponde, en parte a su dominio y no al de la mencionada organización social. Como segundo sub-cargo, por así decirlo, indican que el reclamado estaba obligado a cumplir lo previsto en el articulo 60-A de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración el Estado, debiendo haber declarado sus propiedades en la declaraciones de intereses y patrimonio que la norma exige a los jefes superiores de servicio, no habiendo incorporado en ella el dominio del bien antedicho. SEXAGESIMO OCTAVO.- Que, del atento examen del libelo por el cual el Alcalde reclamado contesta los cargos que le han sido formulados, se comprueba que, de
igual modo, omitió formular los descargos que estimare conveniente a sus derechos, y en consonancia con ello procede imperativamente que este tribunal se pronuncie al respecto en acatamiento del antes citado principio de inexcusabilidad establecido en el segundo inciso del artículo décimo del Código Orgánico de Tribunales. SEXAGESIMO NOVENO.- Que en relación a este cargo veintiuno y final se han reunido los siguientes antecedentes probatorios: a) Escritura pública de 27 de agosto de 2010, suscrita ante el Notario Público de Talcahuano don Waldo Eduardo Fernández Nome, suplente del titular don Ernesto Valenzuela Norambuena, ante el cual comparecieron, de una parte, como vendedora, doña Frida Elizabeth Arriagada Figueroa y doña Nancy Rosabeth Arriagada Figueroa, y, por la otra, como compradores, Marcelo Enrique Rivera Arancibia, Nelson Mauricio Cuevas Muñoz, Sebastián Marcelo Rivera Yáñez, Patricio Andrés Garrido Valenzuela y Mario Antonio Gutiérrez Pastorini, y manifiestan que las primeras venden, ceden y transfieren a los compradores quienes compran y aceptan para sí y en partes iguales el inmueble de calle Finlandia N° 1404 de la Población Armando Alarcón del Canto, con los deslindes que de indican y ubicado en la actual comuna de Hualpén, conforme el documento agregado a fojas 122 y siguientes del cuaderno de documentos N° 2. El referido título se encuentra inscrito, en el registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano, don Jorge Condeza Neuber con fecha 19 de octubre de 2010, b) Copia de instrumento del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano de fojas 125, en el que se refiere que la compraventa recién singularizada, con una anotación de medida precautoria de fojas 694 n° 403, del año 2012, no menciona registro. c) Declaración de Patrimonio del Alcalde Rivera, fechada el 15 de septiembre de 2010, de fojas 126 y siguientes del mismo cuaderno, en la que no se incluye el inmueble recientemente aludido. d) Oficio N° 494, Ant. Proceso FRIL 2010, Mat. “Remite Proyecto de iniciativas a financiar vía fondo regional de iniciativa local-FRIL año 2010”, sin fecha, dirigido por el Alcalde de la I. Municipalidad de Hualpén, Sr. Marcelo Rivera Arancibia, a Intendenta de la Región del Bio-Bio Sr. (sic) Jacqueline Van Rysselberghe Herrera, solicitando la cantidad de M $ 47.965 para la “construcción obra gruesa cede coordinadora de organizaciones sociales, acción ciudadana, población armando Alarcón del canto; y otros M $ 47.871 para proyecto de “Construcción terminaciones sede coordinadora de organizaciones sociales. Acción Ciudadana. Población Armando Alarcón del Canto” e) Oficio N° 2060, de 10 de septiembre de 2012, agregado a fojas 201 como medida para mejor acierto del fallo, en que el señor Intendente Regional de la Región del Bio-Bio, don Víctor Lobos del Fierro, informa la efectividad de haberse recibido una solicitud de la Municipalidad de Hualpén por medio de la cual postuló al financiamiento del fondo regional de iniciativa local los dos proyectos acotados en el Orden 494, de 7 de septiembre de 2010, signado con la letra d) precedente, agregando que “El municipio no pudo salvar las observaciones que derivaron de su revisión técnica, por la cual no obtuvo el financiamiento al que postulaba.” Agrega que “Los proyectos citados tampoco han sido postulados al proceso de financiamiento del presente ejercicio presupuestario”. SEPTUAGESIMO.- Que, para los efectos de lo que habrá de resolverse sobre este preciso cargo, se dan por reproducidas las reflexiones emitidas en el octavo acápite del motivo decimonoveno precedente de esta resolución, determinándose así como efectivamente establecidos los hechos que dan contenido al vigesimoprimero de los atribuidos al Alcalde reclamado. Queda éste, por lo expuesto, englobado en las consideraciones emitidas en los razonamientos formulados en los considerandos decimoquinto y decimosexto de esta sentencia, debiendo tenerse presente al respecto que la frustradas pretensiones del reclamado en pos de obtener financiamiento del tesoro estatal para la ejecución de obras en un inmueble parcialmente suyo, resultan plenamente encuadrables para estimarlo como infracción flagrante a la exigencia constitucional y legal de imprimir a los actos de la autoridad componente éticos, dignos y con prevalencia del interés público sobre el particular.
SEPTUAGESIMO PRIMERO.- Que la Constitución Política de la República en su artículo 96 inciso penúltimo, previene –refiriéndose a los Tribunales Electorales Regionales- que “Estos Tribunales procederán como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciarán conforme a derecho”. Este precepto se reproduce en la Ley 18.593 –Ley de los Tribunales Electorales Regionales de 9 de enero de 1987- la cual en su artículo 24 inciso tercero expresa que: “El tribunal procederá como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciará con arreglo a derecho. SEPTUAGESIMO SEGUNDO.- Que al sistema de jurados “la ley no les pide cuenta de la forma como adquieren su convicción, sólo les exige estar presentes y atentos a lo que sucede en el debate argumental y probatorio y que, luego, se interroguen a sí mismos en silencio y en recogimiento y que busquen determinar, en la sinceridad de su conciencia qué impresión ha causado en sus razonamientos las pruebas aportadas contra el acusado y los medios de defensa” (De la obra “La Valoración de la Prueba. Sana Crítica”. Del autor Rodrigo Cerda San Martín. Librotecnia, página 27.) SEPTUAGESIMO TERCERO.- Que por todo lo que se ha venido razonando, la reclamación intentada en estos antecedentes deberá ser acogida en la forma que se dirá. Por estos fundamentos, las disposiciones constitucionales y legales citadas y lo prevenido también en los artículos 17 y siguientes de la ley N° 18.593, Ley sobre Tribunales Electorales Regionales, se declara: Que, SE HACE LUGAR al requerimiento formulado a fojas 1 y siguientes de estos autos y ampliado, corregido y complementado a fojas 84 y siguientes por los concejales de la I. Municipalidad de Hualpén, Gabriel Mauricio Torres Hermosilla y Luis Alberto Isla Peña, ya individualizados, formulado en contra del Alcalde de esa Corporación Marcelo Enrique Rivera Arancibia, también individualizado, por haber éste incurrido en actos constitutivos de notable abandono de sus deberes y de contravención grave a las normas sobre probidad administrativa, en los términos de lo preceptuado en la letra c) del artículo 60 de la ley N° 18.695, de 27 de Julio de 2006, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y, por consecuencia, se declara también que este personero queda removido de su aludido cargo de Alcalde de la I. Municipalidad de Hualpén, que actualmente ostenta. Se le impone además la sanción de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público por el término de cinco años. La sanción de remoción operará, ejecutoriada que sea la presente sentencia definitiva, conforme lo que se dispone en el inciso final del artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, quedando el sancionado suspendido de su cargo tan pronto le sea notificada esta misma resolución, en los términos de la disposición legal que acaba de citarse. Comuníquese lo resuelto a la Contraloría General de la República y al Concejo de la Municipalidad precedentemente mencionada. Notifíquese esta sentencia en la forma señalada por el artículo 25 inciso 2º de la Ley Nº 18.593. Para los efectos del aviso, éste deberá ser publicado en el Diario “El Sur” de Concepción. La notificación personal o por cédula se practicará por un receptor judicial de la jurisdicción de Concepción. Se deja constancia que no firma el Integrante titular señor Armando Cartes Montory, quien concurrió a la vista y al acuerdo, por encontrarse ausente del país. Redacción del Presidente del Tribunal Electoral de la Región del Bio- Bio, Ministro señor Renato Alfonso Campos González. Regístrese y archívese en su oportunidad, conjuntamente con sus agregados. ROL Nº 2.771-2012.DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA VIII REGIÓN DEL BÍO-BÍO, INTEGRADO POR DON RENATO CAMPOS GONZÁLEZ, PRESIDENTE TITULAR, DON EDUARDO SALAS CÁRCAMO Y DON ARMANDO CARTES MONTORY, MIEMBROS TITULARES.SERGIO CARRASCO DELGADO. SECRETARIO-RELATOR. (Información de cortesía. No fija derechos permanentes en favor de las partes ni constituye notificación)
DECLARACIÓN PÚBLICA (250418)
Reunión Piñera Con Empresarios

References: artículo 60
 artículo 19
 artículo 18
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 artículo 341
 resolución 
 artículo 389
 artículo 60
 artículo 160
 artículo 161
 artículo 65
 artículo 88
 artículo 63
 artículo 2
 artículo 65
 artículo 2466
 artículo 65
 artículo 26
 artículo 60
 artículo 2
 artículo 60
 artículo 17
 artículo 261
 artículo 56
 artículo 57
 artículo 60
 artículo 63
 artículo 65
 artículo 57
 artículo 60
 artículo 60
 artículo 1
 artículo 52
 artículo 53
 artículo 68
 artículo 6
 artículo 58
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 artículo 61
 artículo 82
 artículo 56
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 65
 artículo 88
 artículo 26
 artículo 17
 artículo 34
 artículo 24
 artículo 63
 artículo 17
 artículo 10
 artículo 96
 artículo 24
 artículo 60
 artículo 60
 artículo 25