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Timestamp: 2019-08-19 20:44:35+00:00

Document:
10. El 17 de marzo de 2003 la Comisión Interamericana presentó la demanda ante la Corte, a la cual adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial. De conformidad con el artículo 22 del Reglamento, la Comisión designó como Delegados a los señores José Zalaquett y Santiago Canton, y como asesores a la señora Isabel Madariaga y a los señores Ariel Dulitzky e Ignacio Álvarez. Asimismo, de conformidad con el artículo 33 del Reglamento, la Comisión informó que las presuntas víctimas estarían representados por CEJIL y Tierraviva (en adelante “los representantes”). El 11 de abril de 2003 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), una vez realizado el examen preliminar de la demanda por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), notificó ésta junto con sus anexos al Estado, y le informó sobre los plazos para contestarla y designar su representación en el proceso. Ese mismo día la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado de su derecho a designar un juez ad hoc para que participara en la consideración del caso. Igualmente, el 10 de abril de 2003 la Secretaría, según lo dispuesto en el artículo 35.1.e del Reglamento, notificó la demanda a los representantes, y les informó que contaban con un plazo de 30 días para presentar su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.
11. El 22 de mayo de 2003, luego de una prórroga concedida, los representantes presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), al cual acompañaron prueba documental y ofrecieron prueba testimonial y pericial.
12. El 23 de mayo de 2003 el Estado designó como Agente al señor Oscar Martínez Pérez, y como Agente Alterno al señor Mario Sandoval. Asimismo, designó como Juez ad hoc al señor Ramón Fogel Pedroso. El 23 de julio de 2003, luego de una prórroga concedida, el Estado presentó su escrito de contestación a la demanda y de observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación a la demanda”), al cual adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial.
13. El 10 de diciembre de 2004 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó a la Comisión Interamericana, a los representantes y al Paraguay la remisión de las listas definitivas de testigos y peritos propuestos por cada uno de ellos.
14. El 31 de enero de 2005 el Presidente dictó una Resolución, mediante la cual convocó a las partes a una audiencia pública que se celebraría en la sede de la Corte, a partir del 4 de marzo de 2005, para escuchar sus alegatos finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas; las declaraciones testimoniales de los señores Esteban López, Tomás Galeano, Inocencia Gómez, Stephen William Kidd y Rodrigo Villagra Carron, propuestos por la Comisión Interamericana y por los representantes; la declaración pericial del señor Bartomeu Melia i Lliteres, propuesto por la Comisión y por los representantes, así como la declaración pericial del señor Pablo Balmaceda, propuesto por los representantes. Asimismo, en esta Resolución el Presidente requirió la presentación, mediante declaración rendida ante fedatario público (affidávit), del testimonio del señor Albino Fernández, propuesto por la Comisión y por los representantes; del testimonio de los señores Oscar Centurión, Teresa Vargas y Pedro Martínez, propuestos por el Estado; de los peritajes de los señores Enrique Castillo, José Antonio Aylwin Oyarzún y José Alberto Braunstein, ofrecidos por la Comisión y por los representantes, y de los peritajes de los señores Fulvia Esther Prieto, Bernardo Jaquet y César Escobar Cattebecke, propuestos por el Estado. Además, en esta Resolución el Presidente informó a las partes que contaban con plazo hasta el 4 de abril de 2005 para presentar sus alegatos finales escritos en relación con el fondo y las eventuales reparaciones y costas.
15. Los días 12, 14 y 15 de febrero de 2005 la Comisión y los representantes presentaron las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits) por los testigos y peritos por ellos propuestos. El 22 de febrero de 2005 el Estado remitió los affidávits de dos testigos y de dos peritos, en respuesta a la citada Resolución del Presidente (supra párr. 14).
16. El 25 de febrero de 2005 el Estado informó sobre el “desistimiento de la testigo Teresa Vargas y de la perito Esther Prieto, la primera en razón de su incomparecencia ante el Escribano Mayor del Gobierno dentro del plazo establecido para tal efecto y la segunda por su desistimiento a participar en tal carácter por motivos particulares”.
17. El 28 de febrero de 2005 los representantes señalaron que la razón dada por el Estado para desistir de la declaración de la señora Teresa Vargas era “insuficiente”, por lo cual solicitaron a la Corte Interamericana que requiriera al Estado la presentación de una ampliación del fundamento de dicho desistimiento. Asimismo, los representantes señalaron que no tienen objeciones en cuanto al desistimiento del peritaje de la señora Fulvia Esther Prieto realizado por el Paraguay.
18. El 28 de febrero de 2005 el Estado presentó una nota, mediante la cual solicitó la inclusión del testigo Oscar Centurión en la programación de la audiencia pública convocada por la Corte. Ese mismo día la Secretaría, siguiendo instrucciones del Pleno de la Corte, informó al Estado que ésta no consideraba “necesario escuchar una nueva declaración por parte del señor Oscar Centurión, por lo que […] rechaz[ó] la solicitud del Estado por considerarla extemporánea e innecesaria en el presente caso”.
19. El 1 de marzo de 2005 la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) presentó un escrito en calidad de amicus curiae en el presente caso.
20. El 2 de marzo de 2005 el Estado presentó el affidávit de la testigo Teresa Vargas e indicó las razones por las cuales dicha declaración testimonial no había podido ser presentada ante la Corte dentro del plazo otorgado. Ese mismo día, la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó a la Comisión y a los representantes que presentaran las observaciones que estimaran pertinentes a la declaración de la señora Teresa Vargas. En dicha nota, la Secretaría señaló que “el Tribunal evaluará oportunamente la admisibilidad de dicha declaración”.
21. Los días 4 y 5 de marzo de 2005 la Corte recibió, en audiencia pública sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas, las declaraciones de los testigos y los dictámenes de los peritos propuestos por las partes. Además, la Corte escuchó los alegatos finales orales de la Comisión, de los representantes y del Estado. Durante dicha audiencia el perito Bartomeu Meliá i Lliteres y el Estado presentaron documentación diversa.
Lilly Ching, asesora, y
Juan Pablo Albán, asesor.
Andrés Dejesús Ramírez, representante;
Oscar Ayala Amarilla, representante;
Viviana Krsticevic, representante;
Tatiana Rincón, representante, y
Liliana Tojo, representante.
Oscar Martínez Pérez, Agente;
Edgar Taboada, asesor;
Felipe Mendoza, asesor, y
Julio Duarte Van Humbeck, asesor.
Esteban López,
Tomás Galeano,
Inocencia Gómez,
Stephen William Kidd, y
perito propuesto por la Comisión y los representantes:
Bartomeu Melia i Lliteres.
perito propuesto por los representantes:
Pablo Balmaceda.
22. El 9 de marzo de 2005 la Comisión y los representantes presentaron sus observaciones a la declaración testimonial de la señora Teresa Vargas y solicitaron a la Corte que la misma sea tomada en consideración.
23. El 15 de marzo de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó a los representantes y al Estado la remisión de varios documentos como prueba para mejor resolver, de conformidad con el artículo 45.1 del Reglamento.
24. El 4 de abril de 2005 la Comisión, los representantes y el Estado presentaron, respectivamente, sus alegatos finales escritos sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas. Adjunto a sus alegatos finales escritos, los representantes presentaron anexos en calidad de prueba documental.
25. El 15 de abril de 2005 los representantes de las presuntas víctimas presentaron parte de “los documentos que [les] fueron solicitados como prueba para mejor resolver”, en relación con el presente caso. Asimismo, los representantes presentaron sus aclaraciones respecto de la prueba para mejor resolver solicitada por la Secretaría, que no había podido ser remitida.
26. El 22 de abril de 2005 el Estado solicitó una prórroga al plazo otorgado para la presentación de la prueba para mejor resolver e impugnó la documentación presentada por los representantes como prueba para mejor resolver, así como la documentación referente a costas y gastos presentada por éstos junto a sus alegatos finales escritos (supra párrs. 24 y 25).
27. Los días 4, 17 y 20 de mayo de 2005 el Estado remitió parte de la documentación solicitada como prueba para mejor resolver, de conformidad con el artículo 45.1 del Reglamento de la Corte (supra párr. 23).

References: artículo 22
 artículo 33
 artículo 35
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 45
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