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Timestamp: 2018-02-24 14:07:58+00:00

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Sentencia A.P. Toledo 81/2010, de 19 de julio. Delito de lesiones. Aplicación correcta en la instancia de los artículos 148.1 y 147.1 del Código Penal - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Toledo 81/2010, de 19 de julio
Reclama la perjudicada se acuerde la existencia de un delito de lesiones producidas durante una discusión. Examinados los autos se constata que el informe médico forense es claro en determinar que para la sanidad de la paciente necesitó tratamiento médico consistente en puntos de sutura y su retirada posterior, tardando en sanar 9 días. En consonancia con tales datos, que tiene en cuenta el Juez de lo Penal se aplica correctamente el artículo 148,1 en relación con el artículo 147,1 del Código Penal, por lo que procede la desestimación del recurso.
SENTENCIA: 00081/2010
Rollo Núm.....................56/2010.-
Juzg. Penal Núm. 2 de Toledo.-
Juicio Oral Núm...........161/2009.-
En la Ciudad de Toledo, a diecinueve de julio de dos mil diez.
Visto en juicio oral y público el presente recurso de apelación penal, Rollo de la Sección núm. 56 de 2010, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Núm. 2 de Toledo, por lesiones, en el Procedimiento Abreviado núm. 28/08 del Juzgado de Instrucción Núm. 5 de Illescas, en el que han actuado, como apelante Felicidad, representado por el Procurador de los Tribunales Sra. Corcuera García-Tenorio y defendido por el Letrado Sr. Moreno Jiménez, y como apelado, Rosana, representada por el Procurador de los Tribunales Sra. Dorrego Rodríguez.
Primero.-Por el Juzgado de lo Penal Núm. 2 de Toledo, con fecha 5 de febrero de 2010, se dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este rollo, cuya PARTE DISPOSITIVA dice: "Que debo condenar y condeno a Felicidad -ya circunstanciado- como autor penalmente responsable de un delito de lesiones del art. 148.1 en relación con el art. 147.1 del C.P., a la pena de dos años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, al pago de las costas causadas y a que indemnice a Rosana en la cantidad de 1.974,20 €".-
Segundo.-Contra la anterior resolución y por Felicidad, dentro del término establecido, se interpuso recurso de apelación, y formalizado el recurso se remitieron los autos a esta Audiencia, donde personadas las partes, se formó el oportuno rollo y nombrado Magistrado-Ponente, quedaron vistos para deliberación y resolución.-
SE CONFIRMAN Y RATIFICAN los hechos probados, fundamentos de derecho y fallo de la resolución recurrida, en cuanto se entienden ajustados a derecho, por lo que, en definitiva, son
HECHOS PROBADOSSe declara probado que "La acusada Felicidad, mayor de edad y sin antecedentes penales, sobre las 17,30 horas del día 30 de marzo de 2.008, cuando se encontraba en el interior del bar denominado "Bar Sambaye", sito en la C/ Pedro Gumiel de Illescas, inicio una discusión con Rosana, ya que ésta estaba hablando con su novio y el primo de éste, en un momento dado y con la intención de menoscabar su integridad física y sin motivo alguno, arrojó un vaso de cristal que impacto en la cara de Rosana causándole heridas incisas en la frente, en el ojo y en la nariz que han necesitado tratamiento médico consistente en puntos de sutura con su retirada posterior y que tardara en curar 9 días estando impedida para sus quehaceres diarios los mismos días, quedándole secuelas consistentes en cicatrices de escasa dimensión que ni afean ni desfiguran.
La perjudicada reclama por las lesiones sufridas".-
Primero.-La representación procesal de Felicidad recurre la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal alegando varios motivos en su recurso.
Como primer motivo alega la infracción del art.120,3 de la CE, por falta de motivación e incongruencia omisiva en la sentencia dictada, ya que no se ha pronunciado sobre la petición subsidiaria a la absolución solicitada, al elevar las conclusiones a definitivas, en cuanto se solicitó que se consideraran los hechos como falta de lesiones.
Tiene declarado una reiterada jurisprudencia, y esta misma Audiencia, en numerosas resoluciones, entre otras la SAPT de fecha 8 de enero de 2002 que para que se produzca una incongruencia omisiva contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.) no basta cualquier ausencia de pronunciamiento expreso en la sentencia acerca de las cuestiones planteadas por las partes, pues tan sólo han de estimarse constitucionalmente relevantes, a estos efectos, aquellas incongruencias que hayan colocado a la parte en una situación de verdadera indefensión material. Sólo la omisión o la falta total de respuesta, y no la respuesta genérica y global a la cuestión planteada, entraña una vulneración del expresado derecho fundamental, e incluso el silencio puede constituir una desestimación tácita suficiente (SS.TC. 30 marzo 1988, 23 mayo 1990, 4 abril 1996 y 10 julio 2000). De ello se deriva la necesidad de distinguir entre congruencia y motivación, en virtud de la cual no cabe apreciar el vicio de incongruencia, entendida como desajuste esencial entre el fallo y el objeto del proceso, en la sentencia absolutoria (SS.TS Sala 1.ª 14 diciembre 1992, 25 marzo 1997 y 8 junio 2000).
En cuanto a la obligación de motivar las sentencias (art. 120.3 C.E.), la misma no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado, que dé respuesta explícita a todas las alegaciones vertidas en el proceso, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en fundamentos que permitan conocer cuales han sido los criterios jurídicos esenciales de la decisión, aunque la argumentación sea escueta y se conteste genéricamente a las pretensiones que vertebran el procedimiento (SS.TC. 28 enero 1991, 25 marzo 1996, 28 septiembre 1998 y 10 julio 2000).
Traída esta doctrina al primer motivo del recurso de apelación interpuesto por la denunciada contra la sentencia del Juzgado, debe tenerse en cuenta que tal cuestión no fue objeto de debate en el presente juicio, ya que como la misma parte reconoce, se propuso de forma subsidiaria al elevar a definitivas sus conclusiones, por lo que es lógico la falta de pronunciamiento al respecto.
Como segundo motivo se alega el error en la valoración de la prueba e infracción del principio de presunción de inocencia.
Con carácter previo es preciso recordar a la parte recurrente que el invocar conjuntamente error en la apreciación de la prueba y vulneración principio de presunción de inocencia resulta conceptualmente incompatible, toda vez que denunciar un error es partir de la existencia de una mínima, al menos, probanza incriminatoria, y sabido es que la esencia del derecho fundamental a la susodicha presunción de inocencia lo constituye justamente el impedimento de una condena que no se asiente en una prueba de cargo suficiente y obtenida en forma regular en su acepción procesal.
De ahí que sea el error en la apreciación de la prueba donde se ha de centrar, principalmente, el objeto del debate de este recurso; de esta forma la pretensión sustentada por la parte recurrente radica en sustituir el criterio imparcial del Juzgador "a quo", obtenido de la apreciación en conciencia de la pruebas practicadas, plasmada como conclusión fáctica en los hechos probados que son premisa del fallo recurrido, por su propia, subjetiva y necesariamente interesada apreciación de la prueba, pretensión que no es acogible en esta alzada toda vez que la relación histórica de hechos enjuiciado no debe ser sustituida ni modificada en apelación, salvo cuando concurra alguno de los supuestos:1.- Que se aprecie manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba. 2.- Que el relato fáctico sea incompleto incongruente o contradictorio.3.- Que sea desvirtuado por nuevos elementos de prueba practicados en segunda instancia.
Al no haberse dado ninguno de los expresados supuestos en el caso enjuiciado, se estima que el Sr. Juez de lo Penal ha valorado correctamente la prueba a la vista de lo obrante en el acta del juicio verbal, y ha plasmado adecuadamente su convicción en un relato histórico preciso y congruente, por lo que procede la confirmación del mismo, tal como se expresa en la sentencia apelada, en base a la facultad otorgada al Juzgador en los artículos 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117.3 de la Constitución Española, y a la más reiterada y unánime Doctrina emanada por la Sala 2.ª del Tribunal Supremo (STS entre muchas, la núm. 272/1998, de 28 de Febrero).
En efecto, del análisis de la prueba desplegada en la causa,se aprecia como es la declaración de las partes implicadas en la riña, así como los informes médicos forenses, sobre la que se asienta la formación de la convicción del Juez del Juzgado de lo Penal, sin que exista, a juicio de ésta Sala, error en su valoración, de forma que, en cuanto a lo que ahora interesa, lo cierto es que la construcción argumental del Juez "a quo" se apoya, con observancia de todas las garantías fundamentales, como prueba de cargo, en la manifestación directa de la denunciante y la denunciada, y tras confrontar dichas declaraciones, tras ser sujetas a contradicción y adecuada publicidad, teniendo en cuenta también los informes médicos referidos anteriormente, y no otorgando credibilidad al dueño del bar, en uso de sus facultades como soberano para valorar la prueba practicada, seleccionó la versión que consideró más espontánea y concorde a la realidad, sin que se aprecie ningún error en tal valoración.
Subsidiariamente alega la infracción del art.147 del CP, por su indebida aplicación, en el sentido antes expuesto, de ser considerado los hechos, en todo caso, como falta de lesiones, ya que considera que los puntos de sutura dados a al víctima no pueden ser considerados como tratamiento.
Como dijimos al comienzo de esta resolución, tal cuestión no fue objeto de debate en el presente juicio. En todo caso el motivo debe ser desestimado. La Sala, con la finalidad de ratificar la tipicidad de la conducta, en la forma que se reseña por el Juez de lo Penal, recuerda, siguiendo la S. de 2.10.95, de esta propia Sección, qué se viene entendiendo por tratamiento médico y quirúrgico, y primera asistencia a los efectos que se traen a la presente alzada.
En una primera diferenciación entre el delito y falta de lesiones, en simplificación quizá excesiva, se fija la tilde en un criterio de graduación de la gravedad, de tal forma que si la lesión exige como máximo una primera asistencia facultativa, descartado el delito, constituirá la falta (o infracción venial), mientras que si requiere tratamiento médico o quirúrgico, y la lesión resultara lo suficientemente grave, la norma la considera constitutiva de delito.
En efecto, la ley distingue entre primera asistencia facultativa, tratamiento médico, y/o tratamiento quirúrgico, que la jurisprudencia pretende matizar con el fin de fijar el posible contenido de cada uno de esos términos, pues ante la imposibilidad de determinar con criterios estrictamente legales qué se debe de entender por tratamiento médico o quirúrgico, se hace necesario acudir a criterios interpretativos lo más ajustados posible a módulos o pautas marcados por las ciencias médicas, ya que en cada caso concreto, la naturaleza de la lesión aconsejará o exigirá un tratamiento médico o una intervención quirúrgica, y corresponde a los facultativos expresar claramente, en sus diagnósticos, si una persona ha sanado con la primera cura, y no necesita un posterior tratamiento, o si la intervención ha tenido carácter quirúrgico de forma que difícilmente podrá sanar en un solo día.
Primera asistencia facultativa viene a ser algo así como el inicial diagnóstico de la existencia de una lesión, y en él se incluyen las curas locales, vendajes, suturas primarias, retirada de puntos, antibióticos y profilaxis con vacunas, como los medios diagnósticos habituales (RX, analítica de sangre, Scanner, ecografías, resonancias magnéticas, etc.), aunque se realicen en días sucesivos o precisen internamiento en observación, lesiones nimias, así como escoriaciones, simples hematomas, rasguños y otros de carácter levísimo. Implica "per se" una asistencia o cura de urgencia de primeros auxilios y de orientación (S.T.S. 1 de Julio de 1.992), o que pueda consistir en prescribir una intervención quirúrgica mediata o inmediata (S. 6-2-93). Fuera de los supuestos de pura y simple prevención u observación, toda lesión que requiera una intervención activa, médica o quirúrgica, será ya tratamiento, debiéndose entender que la necesidad de tratamiento es de carácter objetivo, es decir, que habrá delito aunque no se hubiera hecho tratamiento si éste era imprescindible (por ejemplo, en caso de una Fractura).
Por tratamiento médico se entiende aquel sistema que se utiliza para curar una enfermedad o para tratar de reducir sus consecuencias, si aquella no es curable (S. 6-2-93), una serie de prescripciones de personas autorizadas a ello, o de acciones realizadas directamente por dicha persona sobre otra, con el fin de recuperar la salud o la integridad de esta (S. 2 de Julio de 1.992). Significa tanto como la acción prolongada más allá del primer acto médico, y supone una reiteración de cuidados que se continúa por dos o más sesiones hasta la curación total (S.S. 28-2-92 y 3-4-92).
Tratamiento quirúrgico, es aquel que, por medio de la cirugía, tiene por finalidad curar una enfermedad a través de operaciones de esta naturaleza, cualquiera que sea la importancia de ésta, cirugía mayor o cirugía menor (S. 6-2-93 y 1-7-92), tratamiento reparador del cuerpo para restaurar o corregir cualquier alteración funcional u orgánica, producida como consecuencia de la lesión Así, cualquier operación que necesite de cirugía reparadora, y que suponga la necesidad de aplicar puntos de sutura, es y constituye un tratamiento quirúrgico (S. 28-2-92); o cualquier acto quirúrgico, de cirugía mayor o menor, que fuera necesario para curar en su más amplio sentido, bien entendido que la curación siempre se realice conforme a la "lex artis", requiriendo distintos actos (diagnóstico, asistencia preparatoria, para "ex ante", exploración quirúrgica en un caso, intervenciones de recuperación "ex post", etc. (S. 30-XI-92).
Por tanto, si se examinan los presentes autos, se constata que el informe médico forense es claro en determinar que para la sanidad de la paciente necesitó tratamiento médico consistente en puntos de sutura y su retirada posterior, tardando en sanar 9 días. En consonancia con tales datos, que tiene en cuenta el Juez de lo Penal se aplica correctamente el art.148,1 en relación con el art.147,1 del CP.
Segundo.-En méritos a lo que se acaba de exponer, procede ratificar íntegramente la resolución recurrida, con desestimación del recurso que ha sido interpuesto.-
Tercero.-Las costas procesales se impondrán al recurrente, por aplicación del art. 240-2.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.-
Que DESESTIMANDO el recurso de apelación que ha sido interpuesto por la representación procesal de Felicidad, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Núm. 2 de Toledo con fecha 5 de febrero de 2010 en el Procedimiento Abreviado núm. 28/2008, del Juzgado de Instrucción Núm. 5 de Illescas, del que dimana este rollo, imponiendo las costas procesales causadas en esta segunda instancia al recurrente.
Publicación.-Leída y publicada la anterior resolución mediante su lectura íntegra por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. ALFONSO CARRIÓN MATAMOROS, en audiencia pública. Doy fe.-En Toledo, a veintiuno de julio de dos mil diez.

References: artículo 148
 artículo 147
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