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El ingreso en prisión por una nueva condena firme solo tiene incidencia en la libertad condicional si los hechos se cometieron durante dicho período de libertad
La nueva condena no tiene ninguna incidencia en la libertad condicional ya concedida, cuando se aplica la legislación tras la entrada en vigor de la LO 1/2015. No procede ni la suspensión ni la revocación de la libertad condicional concedida si los hechos por los que ingresa en prisión son anteriores a dicho otorgamiento, porque es perfectamente compatible estar cumpliendo una causa en prisión y tener otra u otras causas suspendidas.
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 5 Madrid, Autos 1 de Octubre de 2018 y 14 Enero 2019. Proc. 609/2010
Concedida a un penado la libertad condicional y la suspensión de la ejecución del resto de la pena, por su baja peligrosidad y su extraordinaria evolución penitenciaria, surge la duda de cuál es legislación aplicable tras la entrada en vigor de la L.O. 1/2015, de modificación del Código Penal, porque ésta no contiene ninguna norma transitoria referente a las normas de ejecución, duda que el Juzgado resuelve entendiendo que la aplicación de la norma vigente al momento de la toma de decisión sobre la concesión de la libertad condicional, no supone la aplicación retroactiva de ley penal desfavorable porque las previsiones sobre libertad condicional no forman parte de la pena.
Así se ha pronunciado el TEDH al señalar que cuando la naturaleza y finalidad de la medida se refieren a la remisión de una condena o el cambio del régimen de excarcelación anticipada, no forman parte de la “pena”.
Dicho de otro modo, la libertad condicional es una modalidad de cumplimiento de la pena de prisión, cuyas circunstancias y características pueden ser moduladas por el legislador, porque no constituyen una redefinición de la pena.
Pretender aplicar una norma derogada, supondría hacer prevalecer la voluntad del juez sobre la del legislador ante una modificación legislativa que no gusta, apartando al Juez de su función de aplicación de las leyes.
Esta puntualización es importante porque conforme al artículo 90 del Código Penal, en la redacción dada al mismo por la L.O. 1/2015, el juez de vigilancia penitenciaria puede acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y conceder la libertad condicional valorando la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, o su conducta durante el cumplimiento de la pena, entre otros extremos, y en el caso se llega a una valoración positiva para conceder la libertad condicional.
Ahora bien, tras concederse la libertad condicional, se comunica una nueva causa ejecutoria por hechos anteriores, ingresando voluntariamente el penado en prisión para el cumplimiento de esta pena.
El Juzgado determina que la incidencia que puede tener el ingreso en prisión del liberado condicional por una nueva condena firme es distinta según se haya concedido ésta con arreglo a la legislación anterior a la L.O. 1/2015, o a ésta, porque el cambio de naturaleza jurídica que se ha producido en la libertad condicional determina una solución distinta al problema.
Con arreglo a la legislación anterior la libertad condicional se configuraba como un último grado de cumplimiento que se caracterizaba por ser una ficción jurídica al ser un período de cumplimiento de condena, pero que tiene lugar en libertad. Mientras se está en libertad condicional se está cumpliendo condena y dura esta situación hasta la fecha del licenciamiento definitivo. En este caso, el ingreso en prisión por una nueva condena firme podía dar lugar a la revocación de la libertad condicional, si los hechos por los que resultó condenado el liberado condicional habían tenido lugar durante dicho período, a la ampliación de la libertad condicional, previa refundición, si los hechos por los que resultó condenado son anteriores a la libertad condicional y con la nueva condena se siguen cumpliendo los requisitos temporales de la libertad condicional (es decir, se cumplen los 2/3 o 3/4), o bien a la suspensión de la libertad condicional si con la nueva condena no se cumplen esos requisitos temporales, siendo la suspensión una figura de creación jurisprudencial ante la imposibilidad de cumplir la libertad condicional en prisión pero no proceder la revocación al no concurrir causa legal, pudiendo dar lugar una vez cumplidos los requisitos temporales a una ampliación posterior de la libertad condicional.
Como consecuencia de la reforma operada en el Código Penal por la L.O. 1/2015, en vigor desde el 1 de Julio de 2015, la libertad condicional ha pasado a ser un supuesto más de suspensión de condena durante un plazo fijado por la ley, y durante la suspensión no se está cumpliendo condena, por lo que dicho periodo no se computa como de cumplimiento de condena, situación que durará hasta que finalice el plazo fijado, finalizando esta situación en el mejor de los casos en la fecha prevista de licenciamiento definitivo. Como durante el plazo de suspensión, que se computa desde que la libertad condicional se hace efectiva, no se está cumpliendo condena, el ingreso en prisión por una nueva condena firme sólo tiene incidencia en la libertad condicional si los hechos por los que ha ingresado en prisión se cometieron durante la libertad condicional, pudiendo dar lugar a su revocación, siempre que con la comisión del nuevo delito se ponga de manifiesto que la expectativa en que se fundaba la suspensión no pueda ser mantenida, pudiendo, por tanto, no revocarse a pesar de la comisión del nuevo delito.
Sin embargo, si los hechos por los que ingresa en prisión son anteriores a la libertad condicional, no queda afectada ésta, porque es perfectamente compatible estar cumpliendo una causa en prisión y tener otra u otras suspendidas, sin que pueda refundirse la nueva causa con las de la libertad condicional porque la refundición exige que se están cumpliendo las causas que se refunden, y las causas suspendidas no se están cumpliendo, ni, por tanto, plantearse una posible ampliación o suspensión de la libertad condicional.
En el caso de autos, el Centro donde ha ingresado el interno deberá proceder a su clasificación inicial, porque desde el momento en que se hace efectiva la libertad condicional, con la naturaleza de suspensión de condena, el interno queda desclasificado, pero sin que ello tenga el efecto de la revocación de la libertad condicional.
La nueva condena no tiene ninguna incidencia en la libertad condicional ya concedida, por lo que no procede ni la suspensión ni la revocación de la libertad condicional.
Vigente entonces la libertad condicional por las penas para las que se concedió, deberá tener en cuenta el centro penitenciario para la nueva clasificación, la buena conducta del penado durante la libertad condicional, que en el caso ha accedido a un puesto de trabajo, y que ha emprendido un prometedor proceso de reinserción, debiendo valorar la posibilidad de clasificarlo en el tercer grado para que no pierda su puesto de trabajo porque además la condena por la que ingresa es solo de 3 meses y 15 días de prisión.
La exposición del trabajador a los campos electromagnéticos en su puesto es de entidad suficiente para considerarlo como causa de la patología, sin necesidad de que concurran otras exposiciones necesariamente más leves, ajenas a ese ámbito, de magnitudes en absoluto comparables. LEER MÁS “Se reconoce como accidente laboral la electrohipersensibilidad padecida por un trabajador” →
No está incluido en los supuestos de jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador, pero el acceso a esta situación no es voluntario por el trabajador, sino impuesta por la situación económica del empresario. Se equipara al despido objetivo.
TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sentencia 436/2018, 24 Ene. Rec. 6785/2017
Aunque efectivamente la extinción decidida por el trabajador, consecuencia de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, no está expresamente prevista como uno de los supuestos que permite acceder a la jubilación anticipada “por causa no imputable al trabajador”, en el caso, sigue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la doctrina del TJUE para declarar que se trata de un cese involuntario, asimilable a un despido y como tal, puede acceder a la jubilación anticipada.
La extinción no responde a la libre voluntad del empleado, sino que surge en un contexto de reestructuración empresarial y, por estar basada en causas objetivas de carácter económico, sería asimilable al despido objetivo individual.
Insiste el INSS en que el TJUE ha dictaminado la equiparación de la extinción por modificación sustancial al despido en el marco de un despido colectivo, para incluir así estas extinciones en el cómputo de los afectados. Pero remarca que esta doctrina comunitaria no puede aplicarse a un supuesto de Seguridad Social en cuyo ámbito los Estados son competentes para legislar siempre y cuando no vulneren los principios básicos.
Para el Tribunal sin embargo estas consideraciones son extrapolables al ámbito de la seguridad social, porque el ordenamiento jurídico no puede tener contradicciones de este tipo. Y si se admite que la extinción contractual por modificación sustancial equivale a un despido en el marco de un despido colectivo, también lo debe ser así en materia de seguridad social. Lo contrario sería arbitrario.
Para evitar dilación de plazos e inseguridad jurídica, el Fondo ha de dictar la resolución en el plazo de 3 meses, pero además, la notificación al interesado debe ser a los diez días como máximo de haberla dictado. Si no es así, el silencio será positivo.
TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO SOCIAL, SENTENCIA 27 SEPTIEMBRE 2018
Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sentencia 871/2018, 27 Sep. Rec. 3540/2017
En esta sentencia, el Supremo solventa la laguna jurídica existente en el cómputo del plazo para notificar a los interesados las resoluciones expresas dictadas por el FOGASA para que opere o no el instituto del silencio positivo. Porque el artículo 28.7 del Real Decreto 505/1985, de 6 Mar., sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, si bien dispone que el plazo máximo para dictar resolución en primera instancia es de tres meses, no contiene referencia alguna a las obligaciones de notificar o de cursar la notificación ni a los plazos para efectuarlas.
A los efectos de determinar si el silencio derivado de la falta de notificación tiene carácter positivo o negativo, se decanta el Supremo por una tesis intermedia entre la seguida por la sentencia recurrida, – para la que lo relevante es la fecha de notificación del acto expreso al interesado, por lo que la notificación debe efectuarse también dentro de los tres meses-; y la sentencia de contraste, – que defiende que debe estarse a la fecha en que se dicte la resolución, con independencia del instante en que se notifica-.
Para el Supremo, en la medida en que las prestaciones de garantía salarial son un remedio frente a situaciones de necesidad de los trabajadores, derivadas de incumplimientos empresariales, agravadas en las situaciones de insolvencia y que exigen una rápida respuesta, no debe quedar sin fijar un límite de tiempo en que debe ser notificada la resolución al interesado, ello aun cuando la resolución sí se haya dictado dentro del plazo de tres meses.
Por todo ello, en atención a los principios propios de la normativa administrativa tras la reforma de las reglas del silencio positivo, y en aras de evitar la dilación de los plazos y permitir al interesado conocer la aplicación, en su caso y con seguridad jurídica, de los efectos del silencio positivo, se concluye que el plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud es únicamente para dictar la resolución expresa por parte del FOGASA. Pero además, para evitar que se produzcan los efectos del silencio positivo, este Instituto debe notificar al solicitante su dictamen a los diez días como máximo después de haberse dictado. Y en suma, cuando el interesado reciba la notificación más allá de los tres meses, deberá acreditar el FOGASA haber cursado de forma idónea la notificación del acto expreso en ese plazo de diez días.
La aplicación de esta doctrina implica en el caso que, atendida la fecha en que fue dictada la resolución administrativa expresa denegatoria por el FOGASA, la misma fue notificada al actor una vez pasado el plazo máximo de diez días a partir de aquella fecha, por lo que surte los efectos del silencio positivo y lleva a confirmar, aunque por distintos argumentos jurídicos, la sentencia recurrida que condenó al FOGASA al pago de la cuantía reclamada por el trabajador.

References: artículo 90
 resolución 
 artículo 28
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución