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Timestamp: 2018-03-17 20:44:32+00:00

Document:
Ley 9/2016, de 12 de diciembre, de modificación de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura
Artículo único Modificación de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura
Res Presidencia y Administraciones Territoriales 12 Jul. 2017 (Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación AG-CA Extremadura en relación con la L 9/2016, de 12 Dic., de modificación de la L 13/2015, de 8 Abr., de Función Pública)
Véase la Res. de 12 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con la Ley 9/2016, de 12 de diciembre, de modificación de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura («B.O.E.» 26 julio).
El legislador cuenta con un explícito mandato constitucional para promover que la igualdad de los individuos sea real y efectiva y el apoyo por los poderes públicos a las personas con discapacidad para que los amparen en el disfrute de los derechos que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas, en consonancia con el carácter social y democrático del Estado consagrado en el artículo 1.1 del propio texto constitucional. En este sentido, hay que recordar los siguientes artículos de la Constitución:
Artículo 9 apartado 2. «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».
Artículo 23 apartado 2: «Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes».
Artículo 49: «Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».
Asimismo, la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura establece en su artículo 7 apartado 15 que los poderes públicos regionales «Promoverán la autonomía, la igualdad de oportunidades y la integración social y laboral de las personas con discapacidad, con especial atención a su aportación activa al conjunto de la sociedad, a la enseñanza y uso de la lengua de signos española y a la eliminación de las barreras físicas».
De igual modo, la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, reconocen la importancia de combatir toda forma de discriminación y, especialmente, la necesidad de adoptar medidas adecuadas para la integración social y económica de las personas con discapacidad.
Por último, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social vuelve a incidir en la idea de que las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación, incluida la promoción profesional.
La normativa extremeña en materia de función pública con respecto a las personas con discapacidad, aunque tiene ciertos avances y a falta de un nuevo desarrollo reglamentario, presenta ciertas carencias y aspectos que son mejorables.
Así, el empleo público debe regular también los sistemas de promoción y provisión de puestos de trabajo para personas con discapacidad, con un cupo de reserva de las plazas para este colectivo, a semejanza de como se establece al acceso al empleo público, respetando lógicamente los principios de mérito y capacidad consagrados en el artículo 103 de la Constitución. En este aspecto, aunque la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público no establece previsiones específicas, sí lo hace el vigente Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, referente a la Administración estatal. A ello hay que añadir que ya el Tribunal Constitucional tuvo ocasión de manifestarse al respecto en la Sentencia 269/1994, de 3 de octubre, que la reserva porcentual de plazas en una oferta de empleo, destinadas a un colectivo con graves problemas de acceso al trabajo, no vulnera el artículo 14 de la Constitución.
Por otro lado, procede mejorar el derecho de la formación de los empleados públicos con discapacidad. En el artículo 70 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, se establece que para garantizar el acceso a la formación de todos sus empleados públicos, las Administraciones Públicas de Extremadura potenciarán todas aquellas iniciativas que tiendan a favorecer la participación de empleados con cualquier tipo de discapacidad y el Decreto 47/2003, de 22 de abril, incide en esta idea. Sin embargo, como se mencionaba, se puede mejorar y concretar esta cuestión con medidas tales como establecer reservas para personas con discapacidad en los cursos de formación y asimismo la posibilidad de realizar cursos de formación destinados únicamente a personas con discapacidad.
De igual modo, hay que abordar el asunto de la discapacidad sobrevenida y el deterioro progresivo, es decir, los casos de los empleados públicos que acceden a su puesto de trabajo sin tener ninguna discapacidad y ésta les sobreviene durante el ejercicio de su profesión o de repente, sin estar asociada a su trabajo, con el fin de buscar fórmulas que aseguren la permanencia voluntaria en la Administración pública de estas personas, dado que la actual regulación, que supone en ocasiones la extinción o suspensión automáticas de la relación del empleado público por los motivos apuntados, choca con los principios de igualdad de trato en el empleo.
Se modifican y añaden los siguientes artículos de la referida ley, en los términos que a continuación se detallan:
Uno. Se modifica el artículo 70, en su párrafo tercero, que queda redactado en los siguientes términos:
«3. Para garantizar el acceso a la formación de todos sus empleados públicos, las Administraciones Públicas de Extremadura potenciarán todas aquellas iniciativas que tiendan a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, así como la participación de empleados públicos con cualquier tipo de discapacidad y otros colectivos que puedan tener mayores dificultades en la realización de las acciones formativas.
A tal efecto se adoptarán las medidas necesarias relacionadas con la territorialización de las acciones formativas o el impulso y desarrollo de las nuevas tecnologías para la formación a distancia.
La Administración podrá realizar cursos de formación destinados únicamente a personas con discapacidad intelectual. Estos cursos, que habrán de ofrecerse en condiciones de accesibilidad, estarán dirigidos a la formación de los trabajadores para el mejor desempeño de su puesto de trabajo o a la formación para apoyar la promoción desde puestos de trabajo reservados para personas con discapacidades».
Dos. Se añade un nuevo artículo, con la siguiente redacción:
«Artículo 87 bis Discapacidad sobrevenida y deterioro progresivo
Cuando al empleado público se le dictamine una incapacidad que le impida el desempeño habitual de su puesto de trabajo, tendrá derecho y podrá pasar, a petición propia, a ocupar un puesto de trabajo de los reservados a personas con discapacidad dentro de las ofertas de empleo público o, en su caso, del turno de promoción, cuando no sea posible su adaptación o la reubicación en otro para el que reúna las condiciones de su nueva situación.»
Tres. Se añade un nuevo Capítulo dentro del TÍTULO VII. Promoción profesional y evaluación del desempeño, con el siguiente tenor literal:
bis. Carrera profesional y promoción de los empleados públicos con discapacidad
Artículo 112.bis Carrera profesional y promoción de los empleados públicos con discapacidad
1. Dentro del cupo de reserva establecido para procesos de promoción interna en cada oferta de empleo público, se reservará un número de plazas no inferior al diez por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas.
2. Las pruebas selectivas tendrán idéntico contenido para todos los aspirantes, independientemente del turno por el que se opte, sin perjuicio de que soliciten las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su realización, para asegurar que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad. Asimismo, no podrán ser alterados los requisitos de titulación exigibles, debiendo quedar en todo caso acreditada su capacidad para el desempeño de las funciones propias de los cuerpos, especialidades, agrupaciones profesionales o categorías profesionales a que los aspirantes pretendan acceder.
3. En el supuesto de que el aspirante del turno de discapacidad superase los ejercicios correspondientes, no obtuviera plaza y su puntuación total fuere superior a la obtenida por otros aspirantes del turno libre, será incluido, por orden de puntuación, en la relación de aprobados del turno libre.
Las plazas que queden vacantes del turno de discapacidad se acumularán a las convocadas por el turno libre».
Los procesos de selección y las acciones formativas actualmente en curso se regirán por la normativa vigente en el momento de publicarse la respectiva convocatoria.

References: artículo 1

Artículo 9

Artículo 23

Artículo 49
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 103
 Real Decreto 
 artículo 14
 artículo 70
 artículo 70

Artículo 112