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Timestamp: 2020-06-06 05:17:00+00:00

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Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio – Codigo-civil.net
admin agosto 27, 2013 prelex
En España, el matrimonio canónico fue forma exclusiva y excluyente de cualquier otra desde la introducción de los Decretos del Concilio de Trento hasta la Ley del Matrimonio Civil de 1870 y, tras la breve vigencia de ésta, fue forma prevalente hasta 1932. Incluso las Leyes de la II República del Matrimonio Civil y del Divorcio de 1932 mantuvieron el carácter institucional del matrimonio y patriarcal de las relaciones familiares. Derogada la legislación republicana y restablecida la vigencia del Derecho anterior, con las adaptaciones derivadas del Concordato de 1953 y de la Ley de 24 de abril de 1958, coexistieron dos clases de matrimonio, el canónico y el civil, cada uno con normativa, forma, efectos y jurisdicción propias. Ambas clases de matrimonio eran indisolubles por divorcio. Los conflictos matrimoniales se sustanciaban por la vía de la separación o de la nulidad.
Esta situación, incompatible con nuestra Constitución de 1978, basada en los principios de libertad, igualdad, justicia y pluralismo, motivó la reforma del Código Civil mediante la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio, la Ley 30/1981, 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio y la Ley 13/1983, de 24 de octubre, de Reforma del Código Civil en materia de tutela que obtuvieron muy amplio consenso político.
El marco institucional del matrimonio ha quedado fundamentalmente modificado por las Leyes 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio y 15/2005, de 8 de julio, por la se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. Esta última modifica los artículos 81 y 86 del Código Civil, estableciendo que se decretará la separación o el divorcio a petición de ambos cónyuges o de uno solo de ellos, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. Se deroga el artículo 82 del Código Civil, eliminando todo elemento causal, sea por hechos culposos o por cese de la convivencia.
También en el ámbito de las relaciones paterno-filiales, el marco legal ha quedado afectado por leyes como la 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción; la Ley 11/1990, de 15 de octubre, sobre reforma del Código Civil, en aplicación del principio de no discriminación por razón del sexo; la Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos; la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil; además de las leyes que afectan al Código Penal y sus reformas en materia de violencia de género, sustracción de menores u otros delitos contra las relaciones familiares, contenidos en el Título XII del Libro II del Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal.
La segunda, derivada de las leyes de 1981, que partían de un sistema de divorcio basado en una única causa, el cese efectivo de la convivencia conyugal, unido al transcurso de unos plazos; y de la definición de la patria potestad conjunta, ejercitada por ambos cónyuges. Este sistema relegó a un segundo plano el tema de la culpabilidad, que sin embargo afloró a través del doble proceso de separación-divorcio -establecido el primero como periodo de reflexión-. Y, si bien en la redacción inicial del artículo 92 del Código Civil no se mencionó expresamente estos elementos de culpabilidad a la hora de determinar la guarda y custodia, la jurisprudencia los tuvo en cuenta. Tal precepto disponía: “Podrá también acordarse cuando así convenga a los hijos que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por uno de los cónyuges o que el cuidado de ellos corresponda a uno u otro procurando no separar a los hermanos”. Una norma de este tipo hacía referencia tácita a un principio, el de que a una patria potestad conjunta corresponde un ejercicio conjunto. La especialidad estaría en que la custodia o cuidado de los hijos fuera ejercida total o parcialmente por uno solo de los cónyuges, cuando así convenga a los hijos. No obstante, la especialidad conceptual de esta modalidad de custodia o cuidado por uno de los cónyuges, se convirtió en la práctica en la forma usual. Y este “uno de los cónyuges” ha sido mayoritariamente la madre, según reiterada jurisprudencia, como así está confirmado por las estadísticas.
La tercera etapa es la vigente. Vino precedida por las Leyes citadas en el apartado I de esta Exposición y especialmente por la Ley 11/1990, de 15 de octubre, sobre reforma del Código Civil, que afectó a aquellos preceptos que subsistían y cuyo contenido era contrario a la plena efectividad del principio de igualdad entre las personas de distinto sexo; y por la Ley 15/2005, de 8 de julio, modificativa del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, que dio nueva redacción en las materias que nos ocupan a los artículos 90 del Código Civil (convenio regulador), 92 (efectos de la separación, nulidad y divorcio), 97 (pensión compensatoria) y 103 (medidas provisionales). De todo este conjunto normativo, conviene destacar el contenido del artículo 92 del Código, siendo los principios que lo informan los siguientes:
– La separación, divorcio y nulidad no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos (1º).
– El derecho de los hijos a ser oídos (2º).
– La privación de la patria potestad solo cuando en el proceso se revele causa para ello (3º).
– La posibilidad de los padres de acordar en el convenio regulador o el Juez decidir, en beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por uno de los cónyuges (4º).
– La posibilidad de acordar los padres el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos (5º).
– El Juez adoptará la medida de guarda y custodia compartida, previo informe del Ministerio Fiscal (no vinculante), tras oír a los menores que tengan suficiente juicio y valorar las alegaciones y pruebas realizadas (6º).
– La exclusión del ejercicio de la guarda y custodia conjunta por quien incurra en las causas previstas en el apartado 7º.
– La posibilidad de establecer la guarda y custodia compartida excepcionalmente por el Juez, a instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco, fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor (8º).
– La posibilidad de intervención de especialistas debidamente cualificados para dictaminar sobre la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia de los menores (9º).
La cuarta etapa es la que se pretende con esta reforma, en respuesta a determinadas disfunciones que el régimen vigente está provocando en la práctica y que han tenido notorio alcance social. Para acometer la misma se han tenido en consideración la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo y las normativas de las Comunidades Autónomas que recogen la custodia compartida en sus leyes, como las de Aragón y Valenciana, que establecen la preferencia de la guardia y custodia conjunta por los progenitores, salvo que la custodia individual sea más conveniente para el hijo, teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares que debe presentar cada uno de ellos; o la de Navarra que no se posiciona preferentemente por ningún modelo de custodia, con lo cual deja plena libertad al Juez o Tribunal para decidir, en interés de los hijos, si es más conveniente establecer la custodia individual o compartida; o la de Cataluña que tampoco establece literalmente preferencia por la guardia y custodia compartida, acordándose si los cónyuges en el plan de parentalidad así lo solicitan, salvo que resulte perjudicial para los hijos, debiendo la autoridad judicial en el resto de las ocasiones determiner la forma de ejercer la guarda, compartida o individual, atendiendo al interés del hijo.
En el Derecho de los Estados Unidos de América, con ya una dilatada experiencia divorcista, se ha producido un gran debate doctrinal relativo a las diferentes posiciones de los ordenamientos de cada Estado Federado, así como de la jurisprudencia. Se desarrollaron temporalmente cuatro grandes debates: el de “los años tiernos”, con manifiesta preferencia por los cuidados de la madre; el mejor interés de los hijos; la custodia compartida; y finalmente, el dador de los cuidados básicos. Los debates se originaron primeramente desde grupos feministas que reclamaban, en un principio, la igualdad con el varón en las responsabilidades familiares. Actualmente estos grupos feministas lo fundan en superar las dificultades que para la mujer ya integrada en la vida laboral y profesional supone la conciliación con su responsabilidad familiar; a estas peticiones se han unido los varones que pretenden corresponsabilizarse con las necesidades de sus hijos. Cuando hay acuerdos entre los padres, la intervención judicial es mínima, se respeta la vida privada y se critica incluso la efectividad de la mediación y de la intervención de expertos. No sucede así cuando hay dejación de funciones o conflicto abierto. Entonces la decisión judicial está fundada en criterios que pretenden ser objetivos. Salvo algún caso excepcional, ninguna ley estatal establece presunciones de custodia conjunta, compartida o separada y las nuevas tendencias van por la vía de atender a la presunción del dador de cuidados básicos o del cuidador principal.
– Cabe por convenio de los padres, homologado judicialmente, si no vulnera el principio del “bonum filii”.
– Cabe la posibilidad de decretarla judicialmente (España y Francia).
– Tan solo Bélgica ha configurado de modo general una custodia por periodos alternos; cargando al cónyuge que se opone la prueba del perjuicio al hijo.
– La legislación más minuciosa a la hora de precisar los criterios para que el Juez la decrete es la de la República Checa.
– En general, se recomienda, pero no se impone, la figura de la mediación.
– La audiencia del menor es contemplada en todos los indicados ordenamientos.
La Convención sobre los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, obliga a los Estados a respetar el derecho del niño a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo que fuera contrario al interés superior del niño. Este derecho se pone más de manifiesto en los casos de ruptura de la convivencia de los padres, en los que éstos no están eximidos de sus obligaciones para con los hijos, es decir, de su corresponsabilidad parental, lo que lleva a adoptar determinadas medidas para la protección del menor y de sus derechos, respetando también los derechos que tienen ambos progenitores.
La presente reforma pretende asumir plenamente los presupuestos antes mencionados, sin perjuicio de las especialidades de las Comunidades Autónomas en las que exista un Derecho Civil Foral propio y, para garantizarlos adecuadamente, se considera necesario concienciar a los progenitores sobre la necesidad de presentar y la importancia de pactar, en caso de ruptura o de no convivencia, un plan de ejercicio de la patria potestad, como corresponsabilidad parental, en relación con los hijos. Ese plan debe incorporarse al proceso judicial (artículos 770 y 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y será un instrumento para concretar la forma en que los progenitores piensan ejercer sus responsabilidades parentales, en el que se detallarán los compromisos que asumen respecto a la guarda y custodia, el cuidado y la educación de los hijos, así como en el orden económico. Sin imponer una modalidad concreta de organización, con ello se alienta a los progenitores, tanto si el proceso es de mutuo acuerdo como si es contencioso (artículos 90 y 91 del Código Civil), a organizar por sí mismos y responsablemente el cuidado de los hijos con ocasión de la ruptura, de modo que deben anticipar los criterios de resolución de los problemas más importantes que les afecten. Quiere favorecerse así la concreción de los acuerdos, la transparencia para ambas partes y el cumplimiento de los compromisos conseguidos.
En cuanto a la patria potestad, se introduce como norma que el ejercicio de la patria potestad será conjunto, aún cuando vivan separados, con lo que no se alteran las responsabilidades parentales respecto a los hijos (artículos 90, 92 y 156). Será la autoridad judicial quien determine, atendiendo al interés superior del menor, bien aprobando los acuerdos de los padres, bien adoptando sus propias decisiones, cómo debe ejercerse esa corresponsabilidad parental en los supuestos de ruptura.
Una de las medidas más delicadas a adoptar es la de la guarda y custodia (términos que se complementan y que no se excluyen) o régimen de convivencia y el de las relaciones familiares de los progenitores con los hijos. La introducción del artículo 92 bis del Código Civil tiene como objeto introducir los cambios necesarios para conseguir un sistema legal donde desaparezcan las rigideces y las preferencias por la custodia monoparental del actual artículo, pero sin establecer la custodia y guarda compartida como preferente o general, debiendo ser el Juez en cada caso concreto, y siempre actuando, no en interés de los progenitores, sino en interés del menor, quien determine si es mejor un régimen u otro, y quien regule los distintos aspectos y el contenido de las relaciones parentales, sin que la guarda y custodia compartida implique necesariamente una alternancia de la residencia de los hijos con sus progenitores en periodos iguales, pero sí en un tiempo adecuado para el cumplimiento de la finalidad de la custodia. Se regula, pues, la guarda y custodia compartida, no como un régimen excepcional, sino como una medida que se puede adoptar por el Juez, si lo considera conveniente, para la protección del interés superior del menor, tanto cuando lo solicitan los progenitores de mutuo acuerdo o uno con el consentimiento del otro, o cuando, no mediando acuerdo, cada uno de ellos insta la custodia para ambos o exclusiva para sí.
Y como colofón, es de destacar la regulación realizada en el artículo 94 respecto a las medidas a adoptar en relación con los hijos con la capacidad completada judicialmente a los que se les ha nombrado alguna institución de protección y apoyo, nueva terminología utilizada para referirse a las personas “incapacitadas judicialmente”, en adaptación a la nueva concepción recogida en la Convención de Naciones Unidas de 13 de diciembre de 2006 sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad, que ha sido ratificada por España el 23 de noviembre de 2008 y publicada en el BOE de 21 de abril de 2008, por lo que forma parte del ordenamiento jurídico interno, de conformidad con el artículo 96.1 de la Constitución Española y el artículo 1.5 del Código Civil. Se establece la posibilidad de aplicar a los hijos mayores con la capacidad judicialmente completada en el momento de la ruptura de sus padres, o que lo fueran con posterioridad, las mismas medidas que a los hijos menores, en
la medida que fueran procedentes, siempre en atención a su capacidad.
– La disposición adicional primera regula la normalización en cuanto a la igualdad de género.
– La disposición adicional segunda busca establecer, junto a las Comunidades Autónomas, unas directrices en las políticas de vivienda de alquiler social y de protección oficial para los cónyuges en situación de ruptura de las relaciones familiares.
– La disposición transitoria primera prevé que esta ley no será aplicable a los procedimientos judiciales que estén pendientes de resolución en el momento de su entrada en vigor.
– La disposición transitoria segunda establece que las partes y el Ministerio Fiscal, a partir de la entrada en vigor de la ley, podrán solicitar la revisión judicial de las medidas definitivas adoptadas conforme a la legislación anterior en un procedimiento de separación, nulidad o divorcio, conforme al procedimiento de modificación de medidas.
– La disposición derogatoria única deja sin efecto el artículo 159 del Código Civil y todas aquellas normas que sean contrarias a lo regulado por ésta.
– La disposición final primera regula el ámbito competencial en virtud del cual se realiza la presente reforma, sin perjuicio de las especialidades en Derecho Foral Civil allí donde existan.
– La disposición final segunda dispone la entrada en vigor de la ley al mes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, tiempo suficientemente amplio para que pueda conocerse adecuadamente el contenido de las novedades que supone.
«1. El convenio regulador a que se refieren los artículos 81 y 86 deberá contener, al
menos, los siguientes extremos:
a) El plan de ejercicio de la patria potestad conjunta, como corresponsabilidad
parental, respecto de los hijos, si los hubiera, con inclusión de los pactos sobre:
4. El Juez podrá establecer las garantías reales o personales que requiera el cumplimiento del convenio. »
No se le atribuirá la guarda y custodia, ni individual ni compartida, cuando esté incurso en un proceso penal iniciado por la presunta comisión de violencia doméstica, de género o de cualquiera de los atentados antes referidos, y se haya dictado resolución judicial motivada en la que se constaten indicios fundados y racionales de criminalidad. La Sentencia absolutoria o elsobreseimiento libre firme dictado en el referido proceso penal será causa de revisión del régimen de guarda y custodia a petición de parte. Y tampoco procederá cuando el Juez del procedimiento civil advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de la comisión de tales hechos por el progenitor, siempre que el delito no estuviera prescrito.
8. Las medidas establecidas en los artículos anteriores y en este, se podrán modificar o suspender si se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos a los progenitors y así lo aconseje el interés superior del menor. »
Si la sentencia de nulidad declarara la mala fe de uno solo de los cónyuges, el que hubiere obrado de buena fe podrá optar por aplicar en la liquidación del régimen económico matrimonial las disposiciones relativas al régimen de participación y el de mala fe no tundra derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte. »
5ª La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o
«1. Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, se producirán, por ministeriode la Ley, los efectos siguientes:
2º.Quedarán revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro.
4ª La fijación, atendidas las circunstancias, de los bienes gananciales o comunes que, previo inventario, se hayan de entregar a uno u otro cónyuge y las reglas que deban observer en la administración y disposición de los mismos, así como sobre la rendición de cuentas. »
6ª. Las partes de común acuerdo podrán solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4 de esta Ley, para someterse a mediación. Asimismo, el Juez podrá proponer una solución de mediación si, atendiendo a las circunstancias concurrentes, estima posible que lleguen a un acuerdo.
De esta resolución dará cuenta en el mismo día al Tribunal para que pueda acordar de inmediato, si la urgencia del caso lo aconsejare, los efectos a que se refiere el artículo 102 del Código Civil y lo que considere procedente en relación con la guarda y custodia de los hijos y uso de la vivienda y ajuar familiares. Contra esta resolución no se dará recurso alguno. »
« 4. En defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, el Tribunal determinará, en la propia sentencia, las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con el ejercicio de la patria potestad de los hijos, su guarda y custodia, el régimen de estancia, relación y comunicación con ellos, la atribución de la vivienda familiar, la contribución a las cargas familiares y alimentos, la disolución del regimen económico y las cautelas o garantías respectivas, estableciendo las que procedan si para alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado ninguna. »
«Los pronunciamientos sobre medidas se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el
Libro III de esta Ley, con las especialidades siguientes:
4ª. Cuando deban ser objeto de ejecución forzosa gastos extraordinarios, no expresamente previstos en las medidas definitivas o provisionales, deberá solicitarse previamente al despacho de ejecución la declaración de que la cantidad reclamada tiene la consideración de gasto extraordinario. Del escrito solicitando la declaración de gastoe xtraordinario se dará vista a la contraria y, en caso de oposición dentro de los cinco días siguientes, el Tribunal convocará a las partes a una vista que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 440 y siguientes y que resolverá mediante auto.»
5. Si hubiera hijos menores o con la capacidad judicialmente completada, el Tribunal recabará informe del Ministerio Fiscal sobre los términos del convenio relativos a los hijos y oirá a los hijos si tuvieran suficiente juicio cuando se estime necesario, de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial o del propio menor. Estas actuaciones se practicarán durante el plazo a que se refiere el apartado anterior o, si éste no se hubiera abierto, en el plazo de cinco días.
«1.- A la vista de la solicitud a que se refiere el artículo anterior, si se hubiera realizado en el procedimiento matrimonial, el Secretario judicial, en la misma resolución en la que admita la demanda, dejará constancia de la suspensión de los efectos del régimen económico matrimonial y ordenará la apertura de una pieza separada para la formación del inventario y la liquidación del régimen económico matrimonial, así como la anotación de la demanda en el Registro Civil a los efectos del artículo 102 del Código Civil, sin perjuicio de que cualquiera de las partes podrá instar la oportuna anotación, en su caso, en los Registros de la Propiedad y Mercantil.
1. El procedimiento judicial o gubernativo entablado que pueda afectar al contenido del Registro, incluidas las demandas relativas a procedimientos de determinación del complemento de la capacidad.
« La presente Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil reconocida por el artículo 149.1.8.ª de la Constitución Española sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan y de las normas aprobadas por éstas en desarrollo de sus competencias en Derecho Civil. Se exceptúan de lo anterior los artículos tercero y cuarto, que se dictan al amparo de la competencia que el artículo 149.1.8ª de la Constitución Española atribuye al Estado en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos, y los artículos segundo y quinto, que lo hacen con base en el artículo 149.1.6ª de la Constitución Española que atribuye al Estado competencia exclusiva para dictar la legislación procesal. »

References: artículo 82
 artículo 92
 artículo 92
 resolución 
 artículo 92
 artículo 94
 artículo 96
 artículo 1
 resolución 
 artículo 159
 resolución 
 artículo 19
 resolución 
 artículo 102
 resolución 
 resolución 
 artículo 102
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149