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Timestamp: 2019-01-17 20:03:05+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/1324/2003, 17-05-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1324/2003 de 17 de Mayo de 2006
Fecha: 17 de Mayo de 2006
Núm. Resolución: 00/1324/2003
La entidad no tiene establecimiento permanente en España, pues existen dos empresas, con personalidad jurídica independiente, ligadas por sendos contratos, uno de fabricación en virtud del cual una empresa establecida en Holanda encarga a otra española la fabricación y envasado de productos, partiendo de materia prima de su propiedad, que le envía desde otros Estados miembros de la Unión Europea. El otro es un contrato de suministro y distribución. Es decir, la entidad que encarga la realización del proceso de fabricación no se desprende de la propiedad de los elementos básicos que entran en dicho proceso y, desde luego, es propietario de los productos terminados o fabricados, por dicha razón ha de vender parte de los mismos a la entidad fabricante para que ésta adquiera su propiedad y a su vez los venda o distribuya en su mercado. Las instalaciones donde se fabrica el producto son propiedad de la entidad fabricante y la fabricación es fruto de un encargo remunerado, realizado por una empresa jurídicamente independiente. El almacenamiento de los productos es una consecuencia de ese contrato de fabricación y no se realiza en locales o instalaciones propiedad de la empresa holandesa o sobre los que ésta tenga un derecho real de uso o sea titular de un arrendamiento. Los empleados que actúan en los procesos de fabricación o de suministro, lo son de la empresa española y no dependen de la holandesa. Las adquisiciones y las ventas de los productos se realizan en nombre y por cuenta propios y no de la sociedad holandesa.
En la Villa de Madrid, a 17 de mayo de 2006 en el recurso ordinario de alzada que pende ante este Tribunal Central, en Sala, interpuesto por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con domicilio a efectos de notificaciones en c/ Infanta Mercedes nº. 37, 28020-Madrid, contra resolución nº..., del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de fecha 16 de diciembre de 2002, por la que se estima la reclamación interpuesta por X, B. V. (X) con CIF ..., contra el acuerdo dictado por la Oficina Técnica de la Inspección de la Delegación especial de la AEAT en ..., por el que se practicaba liquidación en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 1996 y 1997, por importe de 14.904.850,40 euros.
PRIMERO.- Con fecha 23 de julio de 1999, se incoó a X Acta con motivo de las actuaciones inspectoras llevadas a cabo en la que se hacía constar:
- Los libros registro de IVA aportados a la Inspección corresponden a los de facturas emitidas y recibidas.
-. Las actuaciones inspectoras se iniciaron el 15 de febrero de 1999 y en el curso de las mismas se extendieron diversas Diligencias.
- X ha presentado declaraciones-liquidaciones por este impuesto y periodo.
- El trámite de puesta de manifiesto del expediente se realizó el 16 de julio de 1.999, presentando alegaciones.
- X actúa en España mediante establecimiento permanente debiendo repercutir el IVA al tipo vigente del 4%.
- X lleva a cabo entrega de ... a Y ESPAÑA, S. A. (en adelante Y) para su distribución tanto en el mercado español como en el extranjero, el importe de la contraprestación fue de 24.517.319.566 ptas. en 1996 y 19.423.362.247 ptas. en 1997.
La liquidación propuesta contenía los siguientes datos: Cuota: 2.157.627.273 ptas. Intereses de demora: 322.331.164 ptas. Deuda a ingresar: 2.479.958.438 ptas. El Acta se calificó de definitiva y el obligado tributario manifiestó su disconformidad con el contenido de la misma, reservándose la formulación de alegaciones para el momento procesal oportuno.
SEGUNDO.- En el Informe ampliatorio de la Inspección, de fecha de 23 de julio de 1999, se contemplaban, en síntesis, los siguientes aspectos:
- La actividad desarrollada por la sociedad consiste en la adquisición de ... (...) y de ... a compañías proveedoras del grupo X y los aporta a Y para que esta fabrique y lo entregue y/o envase obteniendo los productos ... terminados. X es titular de los ... siendo, asimismo, titular de ... terminados y envasados. El destino de los productos fabricados o envasados será el de venta a la empresa española o envío bien a la compañía holandesa o a otra que ésta designe.
- X está establecida en España, debiendo tributar, por tanto, en este país.
TERCERO.- El 19 de agosto de 1999, la recurrente presenta ante la Oficina Gestora, escrito de Alegaciones solicitando se dicte acto administrativo declarando la nulidad de las actuaciones inspectoras, que no dispone de Establecimiento Permanente en España (EP), y que se anule la propuesta de liquidación; manifestando a lo largo del mismo, en síntesis:
Que es un sociedad con residencia en Holanda a efectos fiscales (certificado emitido por las autoridades fiscales holandesas) y cuyas actividades están recogidas en la Consulta evacuada por la Dirección General de Tributos, resuelta en ... de 1994.
En dicha Consulta, y sobre la base de los hechos y actividades a realizar relatados en el momento de plantear la consulta, se considera a X sujeto no establecido en el territorio de aplicación del I.V.A.
No siéndole de aplicación el art° 119 de la Ley del IVA, ha de someterse al régimen general para obtener la recuperación de las cuotas de este Impuesto y consecuentemente, ha debido nombrar un representante en España a efectos del IVA.
En 23 de diciembre de 1998, tras comprobar la naturaleza de las actividades desarrolladas en España a través de un establecimiento permanente, que van más allá de las manifestadas en la Consulta a efectos de I.V.A. antes mencionada, la Inspección incoa Acta por el Impuesto sobre Sociedades, manifestándose disconformidad con el resultado de las actuaciones.
CUARTO.- El día 30 de noviembre de 1999, la Oficina Técnica dicta Acuerdo en el que confirma la propuesta de liquidación formulada por la Inspección. El día 22 de diciembre de 1999, se notifica a la recurrente el Acuerdo de la Oficina Técnica.
QUINTO.- El 30 de diciembre de 1999, X interpone Reclamación Económico-Administrativa contra el mencionado Acuerdo. Los fundamentos de derecho en los que la reclamante basó la reclamación serían dos:
- En el orden procedimental, la negativa a la puesta de manifiesto del expediente. Que tras la firma de las actas no se ha puesto de manifiesto el expediente a pesar de que el informe ampliatorio señalaba que se iba a intentar depurar el mismo para excluir cierto material y que se incorporan al expediente dos documentos en inglés enviados por la Administración Holandesa.
- En el orden material, la controversia se suscita por la existencia de un EP en España de la reclamante. El Acuerdo de liquidación fundamenta la existencia de un EP en España, de X en que ésta utiliza las instalaciones y el personal de Y para funciones administrativas y contables, en primer lugar y además funciones de fabricación a través del Director Técnico.
La oficina del representante del IVA, como EP del representado. Y, representante a efectos del IVA de X, es una persona jurídica con empleados. Las actividades desarrolladas por la presunta oficina de X se realizan por empleados de Y, a los que no les une ningún vínculo con X, directa ni indirectamente, para cumplir las actividades propias del representante a efectos del IVA.
Utilización mediante apoderado, el Director Técnico de Y, de las instalaciones y personal de Y, por X. Estas dos sociedades han firmado un contrato de fabricación y de su contenido no puede deducirse que X utilice ni directa, ni indirectamente ni por apoderado las instalaciones de Y. Extremo no probado por la Inspección. La Administración presupone que el Director Técnico de Y tiene que actuar, forzosamente, como apoderado de la empresa holandesa en el proceso de fabricación. Afirmación no corroborada por la legislación sanitaria española, ya que X se limita a encargar la fabricación de productos a un empresa española a la que vende parte de esa misma producción y a la que ordena que remita el resto a otros países; labores que pueden realizarse sin que X ostente autorización administrativa como laboratorio farmacéutico y sin que disponga de Director Técnico en España. Se adjunta informe de letrado adverando esta afirmación.
Que la Dirección General de Tributos ha reconocido expresamente el carácter de no establecido en consulta planteada ante la misma, señalando que, a pesar de eso si realiza entregas con destino a otro estado miembro que impiden la aplicación del art, 119 deberá utilizarse el procedimiento general para recuperar las cuotas soportadas.
SEXTO.- El Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... (TEAR-...), mediante la resolución ahora recurrida estima la reclamación, anulando la liquidación practicada al interesado, en base a las consideraciones siguientes:
- Respecto a la falta del trámite de puesta de manifiesto del expediente, irregularmente denegado por la Inspección, se rechazaba en el fundamento de derecho segundo la alegación presentada, no habiéndose creado indefensión y considerando la actuación de la inspección conforme con la Ley 1/1998 y el R.D. 1930/1998.
- Respecto a la existencia de EP en España de X, en el fundamento de derecho tercero, se resolvía estimando la reclamación dado que las actividades de X en España no determinan la existencia de un EP en nuestro país. Concretamente, el fundamento disponía lo siguiente:
"Por lo que se refiere a nuestro caso, la Ley 37/92 del Impuesto sobre el Valor Añadido, en su artículo 69, dispone: (...)
El Inspector actuario afirma, que no prueba, en la forma que requiere el art 114 de la Ley General Tributaria, LGT, que las instalaciones sitas en la calle ..., son utilizadas por el contratista, X, para el cumplimiento de determinadas obligaciones lo que se lleva a cabo no sólo por el representante fiscal de la recurrente, sino también por el personal contratado que realiza funciones administrativas y contables para la Entidad domiciliada en Holanda.
Existe un solo Director Técnico, del fabricante, sin que aparezca el que exige el RD 1564/1992 al sujeto pasivo, el contratista. La existencia de un solo Director Técnico, el del fabricante, lleva a la conclusión, por parte de la Inspección, de que éste asume también las funciones y responsabilidades que corresponden al Director Técnico del contratista, por lo que X actúa en España a través del director Técnico del fabricante, utilizando así, las instalaciones y personal del apoderado.
Del contrato de fabricación firmado entre X y Y, con efectos desde 1 de septiembre de 1994, no se deduce que la primera utilice ni directa ni indirectamente, ni por apoderado, las instalaciones de la segunda. La Administración presume que el Director Técnico de Y tiene que actuar, forzosamente, como apoderado de la empresa holandesa en el proceso de fabricación: Esta aseveración no se corrobora en la legislación ... española. De acuerdo con la Directiva ..., los Estados Miembros de la UE vienen obligados a que la fabricación de ... e importación de ... estén sometidas a una autorización administrativa. Para obtener dicha autorización, conocida como ..., el solicitante debe disponer al menos de una persona cualificada, art. ... de la Directiva, denominada en español como Director Técnico. La Ley dispone que las personas que se dediquen a la fabricación de ... o a cualquiera de sus procesos, incluso los de envasado, acondicionamiento y presentación para la venta, deberán estar autorizados previamente por el Ministerio de... Esta Ley ..., es desarrollada por el RD ... de ... La Circular de la Dirección General de ...,..., clasifica los... en ... categorías: ... El R.D. impone a todo ..., la obligación de contar con un Director Técnico.
Del apartado anterior se derivan las siguientes conclusiones:
La normativa comunitaria y la nacional impone la obligación de tener un Director Técnico responsable únicamente a las entidades que pretenden obtener o mantener vigente una autorización administrativa para operar como ...
Las actividades mercantiles que realiza X no se corresponden con las de los ... El R.D. ..., no es de aplicación a X.
X, en definitiva, no precisa de Director Técnico en España.
Por cuanto hemos expuesto, se estima que las actividades de X en España no determinan la existencia de un EP en nuestro país.
Por último debe señalarse que es criterio reiterado de la Dirección General de Tributos que las empresas No Establecidas, a las que no sea de aplicación el artículo 119 de la Ley del impuesto (como es el caso), podrán solicitar la devolución de las cuotas de IVA soportadas a través de declaraciones presentadas de acuerdo con el Régimen General".
SÉPTIMO.- Con fecha 2 de abril de 2003 el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT interpuso el presente recurso de alzada que nos ocupa. De forma sucinta y por lo que aquí interesa, las alegaciones venían a expresar lo siguiente:
1. Considera que X actúa en España mediante un establecimiento permanente en base a las argumentaciones siguientes:
Existencia de indicios de que la entidad se encuentra domiciliada en las oficinas sitas en ... (oficinas de Y vinculada con X) X ejerce una serie de actividades de carácter fiscal (facturación, contabilidad, declaraciones-liquidaciones etc.) y otras de carácter puramente comercial y administrativas (contratación de transportes, operaciones de tesorería por las compras y ventas, adquisiciones intracomunitarias, operaciones bancarias etc.). Así, la sociedad está establecida en Holanda, Estado en que tiene su domicilio fiscal, pero, independientemente de ello, actúa en España a través de un EP, considerando como tal, en virtud del artículo 69.5 de la LIVA, cualquier lugar fijo de negocios en el que una empresa realiza toda o parte de su actividad.
Existencia de indicios de que en el contrato de fabricación suscrito entre X (contratista) y Y (fabricante) la primera utiliza las instalaciones y al Director técnico de la segunda para el desarrollo de las obligaciones que se le imponen como contratista por la normativa reguladora de medicamentos, y que superan el mero suministro de materias primas y la recepción del producto terminado, realizando además distribución de los medicamentos fabricados, retirada en caso de caducidad etc.
Existencia de indicios de que respecto del contrato de distribución en exclusiva de los productos designados en el mismo suscrito entre X y Y la primera entrega los productos a la segunda para su venta en el mercado español o en el exterior. La puesta a disposición se ha llevado a cabo en el territorio de aplicación del IVA, en los almacenes de Y, trasladando con dicha puesta a disposición el riesgo al comprador y el devengo del IVA. El sujeto pasivo sería X, por ser una entidad establecida en el territorio de aplicación, que realiza una entrega sujeta.
No aplicabilidad al caso de la Consulta de la DGT de ..., realizada por X y en la que se determinaba que, a efectos de IVA la entidad no poseía en España establecimiento permanente ya que las circunstancias expuestas por el consultante en dicha consulta no coinciden plenamente con las que concurren en este caso concreto ya que se omite que los productos fabricados en España son posteriormente distribuidos en dicho territorio por la entidad holandesa. Además la DGT, en una consulta de 16-02-1996, mantiene en un caso similar al que nos ocupa una postura contraria a la consulta de ...
2. Considera que cabe afirmar la existencia de precios de transferencia (superiores a los de mercado) en las adquisiciones de principios activos realizadas a entidades vinculadas ya que la comparación de precios no tiene que ser necesariamente sobre el mismo producto sino que cuando esto no sea posible (caso de importación exclusiva) deberá compararse con productos o mercancías similares que sean comercialmente intercambiables.
CUARTO.- Alega X frente a las alegaciones formuladas ante este Tribunal por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT, de forma sucinta y por lo que aquí interesa, lo siguiente:
1. La entidad no tiene en España establecimiento permanente ya que:
No tiene fundamento legal la afirmación de la Inspección de que una cosa es ser una entidad no establecida y otro no tener un EP en España. Según el artículo 84.dos de la LIVA están establecidos en el territorio de aplicación del impuesto los sujetos pasivos que o bien tengan un EP o la sede de su actividad económica o su domicilio fiscal. Por tanto, al concluir en su consulta la DGT que la entidad no estaba establecida, está manifestando que no concurren ninguno de los requisitos anteriores.
No puede aceptarse que la empresa tenga su domicilio en la calle ..., quién está domiciliado en esa dirección es su representante a efectos del IVA.
Tampoco es admisible que la administración holandesa haya concluido que la empresa está establecida en España. El escrito de solicitud de información sólo se refiere a las operaciones realizadas en España, y los desplazamientos físicos de mercancías no presuponen el establecimiento del mismo a efectos del IVA en otro país miembro de la UE.
2. Respecto a los precios de transferencia, la resolución del TEAR no hace pronunciamiento alguno sobre este punto. Por tanto, no cabe plantear cuestión alguna sobre ello.
PRIMERO.- El presente recurso ordinario de alzada ha sido promovido en tiempo y forma por persona legitimada para hacerlo y este Tribunal Económico-Administrativo Central es competente para conocerlo de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, aprobado por Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, aplicable a este procedimiento.
La cuestión a resolver en el presente recurso versa sobre si X tiene o no establecimiento permanente en España.
SEGUNDO.- Sobre esta cuestión, esto es, sobre si X tiene o no establecimiento permanente en España, entendemos que procede hacer las consideraciones que se exponen a continuación.
Como datos básicos en el caso presente se tiene la existencia de dos empresas, con personalidad jurídica independiente, ligadas por sendos contratos. Uno de ellos es un contrato de fabricación y envasado de productos ... que realiza la entidad española (Y) en sus instalaciones, partiendo de las sustancias ... que le envía la sociedad holandesa (X) desde otro Estado miembro de la Unión Europea y de acuerdo con las instrucciones que le facilita, y el otro es un contrato de distribución. Como cláusulas mas importantes de ellos señalamos las siguientes:
a) Del contrato de fabricación
- partiendo de que con el término "producto" se denominan ciertos productos ... para uso humano, productos ... o productos ..., que contengan la "..." correspondiente como único ..., y cualesquiera adiciones o supresiones que, en cada caso, puedan establecer las partes, la entidad X encarga a Y su fabricación.
- todo el producto fabricado de acuerdo con este contrato será entregado a X o a cualquier persona o entidad designada por escrito por X.
- "las partes acuerdan que el título sobre el producto y sobre la ... pertenece y pertenecerá en todo momento durante la vigencia de este contrato, a X".
- "X suministrará ... al fabricante (Y) en cantidades adecuadas para la fabricación del producto".
- "el producto se entregará en los términos designados e indicados por X".
- "la relación entre X y el fabricante (Y) es de cliente a contratista independiente, respectivamente, sin que pueda, en ningún caso, considerarse a ninguna de las partes, ni a sus agentes o empleados, como agentes o representantes de la otra. Ninguna de las partes tendrá derecho, en modo alguno, a celebrar contratos o adquirir compromisos en nombre o representación de la otra. Ninguna de las partes podrá presentarse o aparentar de cualquier forma ante terceros tal autoridad con respecto a la otra".
- "el fabricante remitirá las facturas a X al término de cada mes natural por el importe de la tarifa de fabricación correspondiente a las cantidades de producto fabricado durante dicho período. El pago de estas facturas vencerá a los sesenta días de su entrega por el fabricante".
b) Del contrato de suministro y distribución
- "X se compromete a suministrar o a disponer lo necesario para que una filial o tercero suministre al distribuidor (Y), y el suministrador se compromete a adquirir a X o a su filial o a un tercero designado para ello, una cantidad de producto igual a las necesidades del distribuidor en el territorio".
- "la obligación de X, que aquí se establece, de suministrar productos, estará en todo momento sujeta a la condición de que pueda obtener una cantidad suficiente de productos para vender al distribuidor o pueda producirla de otra manera".
- "el distribuidor hará los pagos a X con fondos de inmediata disposición, de acuerdo con los términos de la factura".
- "el título y el riesgo de pérdida del producto pasarán al distribuidor cuando las mercancías hayan sido entregadas en el almacén del distribuidor. X reembolsará al distribuidor el precio de compra del producto que por cualquier razón fuera devuelto por el mercado".
- X garantiza que los productos vendidos al distribuidor serán, en el momento de la entrega, conformes a las normas y especificaciones de X o sus filiales".
Por tanto, nos encontramos con la aportación a la entidad española por parte de la holandesa de lo que en el contrato se denomina "...", como elemento básico para fabricar el "producto", con la realización de esa fabricación en España, y con la entrega de ese producto a la misma Sociedad fabricante española -Y-, que lo adquiere para distribuirlo en el territorio que se designa en el contrato. El Informe Ampliatorio de la Inspección reconoce que X es titular o propietaria de los ... semielaborados y que, una vez realizado el proceso de fabricación, vende todos o parte de los ... terminados a Y para que los distribuya en el territorio antes citado.
Por otro lado, el artículo 69.Cinco de la Ley del Impuesto establece la definición legal a efectos del IVA de Establecimiento permanente, concepto que ha suscitado la presente controversia: "A efectos de este Impuesto, se considerará establecimiento permanente cualquier lugar fijo de negocios donde los empresarios o profesionales realicen actividades económicas.
g) Los bienes inmuebles explotados en arrendamiento o por cualquier título".
En el caso presente, y como se ha dicho, se tiene la existencia de dos empresas, con personalidad jurídica independiente, ligadas por sendos contratos, uno de fabricación en virtud del cual una empresa establecida en Holanda encarga a otra española la fabricación y envasado de productos ..., partiendo de ..., de su propiedad, que le envía desde otros Estados miembros de la Unión Europea. El otro es un contrato de suministro y distribución. Es decir, la entidad que encarga la realización del proceso de fabricación no se desprende de la propiedad de las elementos básicos que entran en dicho proceso y, desde luego, es propietario de los productos terminados o fabricados; por eso ha de vender parte de los mismos a la entidad fabricante para que ésta adquiera su propiedad y a su vez los venda o distribuya en su mercado. Las instalaciones donde se fabrica ... son propiedad de la entidad fabricante y la fabricación es fruto de un encargo remunerado, realizado por una empresa jurídicamente independiente; el almacenamiento de los productos es una consecuencia de ese contrato de fabricación y no se realiza en locales o instalaciones propiedad de la empresa holandesa o sobre los que ésta tenga un derecho real de uso o sea titular de un arrendamiento; los empleados que actúan en los procesos de fabricación o de suministro, lo son de la empresa española y no dependen de la holandesa; las adquisiciones y las ventas de los productos se realizan en nombre y por cuenta propios y no de la sociedad holandesa.
Por otro lado, desde un punto de vista estructural o funcional, establecimiento permanente y representación fiscal, como ha afirmado la Dirección General de Tributos, son figuras que obedecen a conceptos jurídicamente diferentes.
Otro de los argumentos que utilizó la inspección para dictar el acto administrativo de liquidación que la entidad X, de conformidad con la Ley ... de ... y con el R.D. ..., tiene obligación de contar en España con un Director Técnico para operar como ..., y del hecho de no tenerlo deduce que ello se debe a que había asumido sus funciones el Director Técnico de la entidad fabricante Y, el cual, para desarrollar su función, utilizaba las instalaciones de la misma. Sin embargo, como se pone de relieve en la resolución del Tribunal Regional, la citada normativa ha de ponerse en relación con los contenidos de los contratos de fabricación y de suministro, porque de ellos se desprende que, efectivamente, para desarrollar las funciones que corresponden a la empresa fabricante ésta ha de contar con la autorización administrativa "..." y con un Director Técnico responsable, pero que no requieren tales requisitos unas actividades que, aunque se relacionen con ..., sean de naturaleza mercantil, como las realizadas en España por X.
Todas estas son circunstancias que llevan a la conclusión de que no se está ante un establecimiento permanente o, al menos, a la presunción de ello, lo que conduce a la inversión de la carga de la prueba; es decir, debe ser la Administración tributaria la que pruebe o demuestre lo contrario. Así se desprende de lo que expresaba el artículo 114 de la Ley 230/1963, General Tributaria, cuando decía que "tanto en el procedimiento de gestión, como en el de resolución de reclamaciones, quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo". No es ésta una regla excepcional propia del ámbito tributario como lo demuestra que está asumida por la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando proclama en el apartado 2 del artículo 217, dedicado a la "carga de la prueba", que "corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención". Lo ha proclamado igualmente el Tribunal Supremo, cuando afirma que "cada parte ha de probar el supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor" (S. de 27 de enero de 1992), y que "en el ámbito tributario, la prueba de la existencia del hecho imponible y su magnitud económica son carga de la Administración, mientras que al contribuyente le corresponde acreditar los hechos que le favorecen tales como exenciones, bonificaciones, deducciones de cuota, requisitos de deducibilidad de gastos, etc." (SS. de 5 de enero de 1995 y de 1 de octubre de 1997). Rige, por tanto, en el ámbito tributario el principio procedimental del "interés de la prueba" consistente en que, en términos generales, las consecuencias jurídicas desfavorables de la falta o insuficiencia de la prueba deben ir a cargo de la parte a la que favorecería la existencia de tal hecho y su demostración. En el caso presente estimamos que las pruebas ofrecidas por la Inspección no son suficientes para demostrar la existencia del establecimiento permanente o, en otros términos, para destruir la presunción contraria.
Debe por tanto desestimarse en cuanto a esta cuestión el recurso planteado por el Director del Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria.
TERCERO.- En cuanto a la segunda de las cuestiones planteadas en las alegaciones inherentes al recurso, esto es, determinar la existencia de precios de transferencia (superiores a los de mercado) en las adquisiciones de principios activos realizadas a entidades vinculadas, debemos resaltar que la resolución del TEAR no se refería a esta cuestión, simplemente porque la reclamante no cuestionó en su reclamación nada relacionado con ello. En consecuencia, este Tribunal no puede entrar a resolver ninguna controversia, dado que el TEAR no se ha pronunciado sobre esta cuestión
El Tribunal Económico Administrativo Central, en Sala, en el recurso ordinario de alzada interpuesto por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con domicilio a efectos de notificaciones en c/ Infanta Mercedes nº. 37, 28020-Madrid, contra resolución nº. ... del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de fecha 16 de diciembre de 2002, por la que se estima la reclamación interpuesta por X, B. V. (X), con CIF ..., contra el acuerdo dictado por la Oficina Técnica de la Inspección de la Delegación especial de la AEAT en ..., por el que se practicaba liquidación en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 1996 y 1997, por importe de 14.904.850,40 euros. ACUERDA: Desestimarlo confirmando la resolución del TEAR de ...
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 10270/2004, 29-10-2008
Orden: Administrativo Fecha: 29/10/2008 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Garzon Herrero, Manuel Vicente Num. Recurso: 10270/2004
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 7103/2004, 18-02-2009
Orden: Administrativo Fecha: 18/02/2009 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Garzon Herrero, Manuel Vicente Num. Recurso: 7103/2004
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 10285/2004, 25-02-2009
Orden: Administrativo Fecha: 25/02/2009 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Garzon Herrero, Manuel Vicente Num. Recurso: 10285/2004
Resolución de TEAC, 00/4517/2000, 19-02-2003
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 19/02/2003 Núm. Resolución: 00/4517/2000
Resolución No Vinculante de DGT, 2073-97, 14-10-1997
Órgano: Sg De Relaciones Fiscales Internacionales Fecha: 14/10/1997 Núm. Resolución: 2073-97
Resolución No Vinculante de DGT, 0296-97, 17-02-1997
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 17/02/1997 Núm. Resolución: 0296-97
Resolución de TEAC, 00/349/2005, 28-03-2007
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 28/03/2007 Núm. Resolución: 00/349/2005
Resolución Vinculante de DGT, V1361-16, 01-04-2016
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 01/04/2016 Núm. Resolución: V1361-16

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