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Timestamp: 2020-05-27 03:51:36+00:00

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Primero.—La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación ocasionada por el COVID-19 de emergencia de salud pública a pandemia internacional. Desde entonces, e incluso con carácter previo a tal declaración, dada la rapidez en la evolución de los hechos, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en coordinación con la Consejería de Salud, ha elaborado recomendaciones, protocolos y llevado a cabo medidas de actuación en el ámbito de los servicios sociales para hacer frente a esta coyuntura, ya que las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud por el muy elevado número de ciudadanos afectados y por el extraordinario riesgo para sus derechos.
Segundo.—A continuación, y ante la gravedad de la situación, el Acuerdo de 12 de marzo del Consejo de Gobierno sobre medidas preventivas y recomendaciones relacionadas con la infección del SARS CoV-2 (COVID-19) supuso un paso más en las medidas de protección en los servicios sociales, llegando a suspender aquellos que entrañaban más riesgo para las personas usuarias y los profesionales.
Tercero.—Finalmente, el Consejo de Ministros en su reunión de fecha 14 de marzo de 2020 acuerda mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declarar el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en cuyo preámbulo, se dice que “las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico”. Desde entonces, el estado de alarma ha sido prorrogado en cuatro ocasiones, la última con ocasión del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, hasta las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020, en los términos expresados en dicha norma.
Cuarto.—En lo que a la Administración Pública se refiere, el artículo 6 del citado Real Decreto, al tratar de la gestión ordinaria de los servicios, dispone que “cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5.”
Quinto.—El pasado 28 de abril de 2020 el Consejo de Ministros adoptó el Plan para la transición hacia una nueva normalidad que establece los principales parámetros e instrumentos para la consecución de la normalidad. Este proceso articulado en cuatro fases, fase 0 a fase 3, ha de ser gradual y adaptable a los cambios de orientación necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas. El objetivo fundamental del citado Plan para la transición es conseguir que, preservando la salud pública, se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo que representa la epidemia para la salud de la población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud se puedan desbordar.
Sexto.—En el marco de dicho Plan, se dicta la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, cuyo ámbito de aplicación se extiende al territorio del Principado de Asturias según lo dispuesto en su artículo 2. El artículo 17 de la Orden SND/399/2020, modificado por la disposición final quinta de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, señala que “Los servicios sociales deberán garantizar la prestación efectiva de todos los servicios y prestaciones recogidos en el Catálogo de Referencia de Servicios Sociales, aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia. Para ello, las autoridades competentes de las comunidades autónomas podrán determinar la reapertura al público de los centros y servicios donde se presten dichos servicios y prestaciones, atendiendo a la situación epidemiológica de cada centro o servicio, y a la capacidad de respuesta del sistema sanitario concernido.(…)”
Séptimo.—La Disposición final quinta de la precitada Orden SND399/2020, así como la Orden SND 414/2020 en su Disposición final cuarta señalan que las medidas dispuestas por las mismas “(…) podrán ser completadas por planes específicos de seguridad, protocolos organizativos y guías adaptados a cada sector de actividad, que aprueben las Administraciones Públicas o sus organismos dependientes o vinculados, una vez oídas las partes implicadas, así como por aquellos que sean acordados en el ámbito empresarial entre los propios trabajadores, a través de sus representantes, y los empresarios o asociaciones y patronales de cada sector.”
Octavo.—Por su parte, la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 dispone ya en su artículo 20 para las unidades territoriales que pasen a esta situación menos restrictiva que “Las comunidades autónomas y las ciudades autónomas podrán permitir en su ámbito territorial la realización de visitas a los residentes de viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores. En este último caso, estas visitas se realizarán preferentemente en supuestos excepcionales, tales como el final de la vida o el alivio de descompensación neurocognitiva del residente”.
Noveno.—Atendiendo a lo anterior, con el objeto de adaptar las medidas de flexibilización adoptadas por el Gobierno de la Nación a la realidad y características de los servicios sociales del Principado de Asturias, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha elaborado un “Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad del Sistema Asturiano de Servicios Sociales”, que cuenta con la validación de la Consejería de Salud y basado en el principio de precaución y prudencia en el diseño de la hoja de ruta. Este Plan aboga por una transición gradual, asimétrica y adaptativa en la que se ha de aplicar la óptica de la singularidad a la hora de evaluar los riesgos en función de la tipología de recurso, población destinataria y situación epidemiológica.
Décimo.—En la elaboración de dicha propuesta se ha dado una amplia participación al sector de los servicios sociales, así como a las Entidades Locales y entidades sin ánimo de lucro más representativas, con el objetivo de lograr una transición hacia la normalidad común, homogénea y coordinada, ya que la experiencia de las medidas articuladas en los centros residenciales para personas mayores o dependientes ha demostrado que la unidad de actuación y criterios por parte de todos los agentes implicados es esencial para controlar las situaciones que puedan surgir y evitar riesgos para salud de las personas.
Undécimo.—Por último, atendiendo al principio de transparencia de la Administración Pública, corresponde dar la oportuna publicidad al “Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad del Sistema Asturiano de Servicios Sociales”, los protocolos, recomendaciones y medidas adoptadas en desarrollo del mismo, así como a las entidades privadas que hayan presentado sus propios planes de contingencia acordes con lo dispuesto en los mismos, a través del portal “Socialasturias.es”.
Primero.—En cuanto a la competencia para dictar la presente Resolución, lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, el Decreto 13/2019, de 24 de julio, de Reestructuración de las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma, así como el Decreto 84/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.
Segundo.—Por lo que se refiere a lo material, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declarar el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, así como la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales del Principado de Asturias y la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés.
Primero.—Aprobar el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad del Sistema Asturiano de Servicios Sociales, cuyo texto se acompaña como anexo I, basado en un proceso gradual, asimétrico y adaptativo de apertura de los servicios sociales, bajo la óptica de la singularidad a la hora de evaluar los riesgos en función de la tipología de recurso, población destinataria y situación epidemiológica.
Segundo.—Ordenar el cumplimiento de los protocolos que se dicten en desarrollo del Plan para la prestación de los servicios públicos (de gestión directa o indirecta) del Catálogo de Referencia de Servicios Sociales, en el ámbito del Sistema Público de Servicios Sociales del Principado de Asturias.
Tercero.—Recomendar a las entidades privadas de servicios sociales el cumplimiento de los protocolos que se dicten en desarrollo del Plan. En este sentido, las entidades privadas podrán adherirse al Plan mediante la presentación de sus propios planes de contingencia acordes a los protocolos y medidas que se deriven del mismo.
Cuarto.—Abrir espacios de participación en la elaboración de los protocolos que se deriven del Plan y dar la debida publicidad de los mismos en el portal “Socialasturias.es”, así como de las entidades privadas que se haya adherido al mismo, conforme a lo dispuesto en el resuelvo tercero.
Quinto.—Asegurar, asimismo, la debida consulta y participación a los Comités de Seguridad y Salud en la adopción y seguimiento de los protocolos que se deriven de la presente Resolución que resulten de aplicación en cada momento, conforme a lo señalado en la instrucción sexta de la Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las Instrucciones de medidas preventivas y organizativas con motivo de la reincorporación del personal de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos.
Sexto.—Mantener la suspensión de la actividad del servicio de centro de día público cuando éste se preste en centros que cuenten también con atención residencial y se compartan espacios entre ambos.
Séptimo.—Los efectos de la presente resolución se producirán desde su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y se extenderá durante el tiempo de vigencia del estado de alarma.
Oviedo, 21 de mayo de 2020.—La Consejera de Derechos Sociales y Bienestar.—Cód. 2020-03504.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 17
 artículo 20
 artículo 38
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución