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Timestamp: 2019-09-23 15:23:14+00:00

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Ley numero: 426
ABORIGEN."Ley Integral del Aborigen"; deroga D.L. 1005/81 de creación del Instituto Provincial del Aborigen.-
LEY Nº 426
- LEY Nº 426 -
LEY INTEGRAL DEL ABORIGEN
TITULO I DE LAS COMUNIDADES ABORIGENES
Artículo 1º.- Esta ley tiene por objeto la preservación social y cultural de las comunidades aborígenes, la defensa de sus patrimonios y sus tradiciones, el mejoramiento de sus condiciones económicas, su efectiva participación en el proceso de desarrollo nacional y provincial; y su acceso a un régimen Jurídico que le garantice la propiedad de la tierra y otros recursos productivos en igualdad de derechos con los demás ciudadanos.
Art. 2º.- El respeto a los modos de organización tradicional no obstará a que en forma voluntaria y ejerciendo su derecho a la autodeterminación, las comunidades aborígenes adopten las formas de organización establecidas por las leyes vigentes.
Art. 3º.- En ningún caso se permitirá el uso de la fuerza y la coerción como medio de promover la integración de las comunidades aborígenes, ni de medida tendientes a una asimilación que no contemple los sentimientos o intereses de los mismos aborígenes.
Art. 4º.- Las comunidades aborígenes podrán aplicar para regular su convivencia, sus normas consuetudinarias en todo aquello que no sea incompatible con los principios del orden público.
Art. 5º.- En los procesos en que los aborígenes sean parte, los jueces tendrán en cuenta sus usos y costumbres, a cuyo efecto podrán solicitar informes al Instituto de comunidades aborígenes. El beneficio de la duda favorecerá al aborigen atendiendo a su estado cultural, cuando correspondiere.
Art. 6º.- El Estado reconoce la existencia legal de las comunidades aborígenes y les otorgará personería jurídica conforme a las disposiciones específicas en la materia.
Art. 7º.- El pedido de reconocimiento de la personería jurídica será presentado al Instituto por los caciques y/o delegados de la comunidad, con los siguientes datos:
Denominación de la comunidad, nómina de las familias y sus miembros, con expresión de edad, estado civil y sexo de sus integrantes.
Ubicación geográfica de la comunidad si ella es permanente, o de los sitios frecuentados por la misma, cuando no lo fuere; y
Nombre de los caciques y/o delegados y justificación de su autoridad.
Art. 8º.- El Instituto inscribirá el Decreto que reconozca la personería Jurídica de la comunidad aborigen en un libro que se llevará al efecto.
Art. 9º.- Los caciques y/o delegados ejercerán la representación legal de su comunidad. La nominación de los delegados será comunicada al Instituto el que la reconocerá en el plazo de treinta días, a contar desde la fecha que tuvo lugar dicha comunicación.
Art. 10º.- Si la comunidad revocare la nominación de sus delegados, se cumplirá respecto de los nuevos electos con las disposiciones del art. anterior.
DEL ASENTANIENTO DE LAS COMUNIDADES ABORIGENES
Art. 11º.- El asentamiento de las comunidades aborígenes atenderá con lo posible a la posesión actual o tradicional de las tierras. El consentimiento libre y expreso de la comunidad aborigen será esencial para su asentamiento en sitio distinto al de sus territorios habituales. Las comunidades que tienen títulos o decretos históricos, nacionales o provinciales que estén vigentes sobre tierras que les fueron desposeídas, tendrán derecho a intentar la recuperación de las mimas y el Instituto de Comunidades Aborígenes se ocupará realizar los trámites legales que correspondan.
Art. 12º.- La adjudicación de tierras fiscales a las comunidades aborígenes será gratuita y en forma individual o comunitaria, según el interés de cada grupo. La fracción no podrá ser embargada, enajenada, arrendada a terceros, ni comprendida en garantía legal de crédito alguno, en todo o en parte sin autorización expresa de la Asamblea Comunitaria, sin aprobación por el Instituto de Comunidades Aborígenes y ratificación de la Legislatura Provincial reunida en sesión ordinaria y extraordinaria al efecto, bajo pena de nulidad absoluta.
Art. 13º.- Exceptúese de las prohibiciones a que se refiere el art. anterior, las transferencias necesarias a entes nacionales, provinciales, o municipales, para la ejecución de planes de servicios de infraestructura para las comunidades aborígenes respectivas que podrán disponerse por simple mayoría del Instituto de Comunidades Aborígenes.
Art. 14º.- La comunidad podrá otorgar a sus miembros el uso de parcelas para sus necesidades. En caso de abandono de las mismas la comunidad dejará dicha concesión sin efecto y determinará su nuevo destino.
Art. 15º.- Cuando una comunidad aborigen tuviera reconocida su personería jurídica, se le transferirá la tierra en forma gratuita, libre de todo gravamen. La escritura traslativa de dominio se hará conforme a la instrucción del articulo 12 de ésta ley por la Escribanía Mayor de Gobierno, también en forma gratuita.
Art. 16º.- El asentamiento de las comunidades aborígenes se realizará en tierras fiscales conforme a las siguiente indicaciones:
Facúltese al Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales a transferir en favor de las comunidades que indique el Instituto de Comunidades Aborígenes las reservas aborígenes, cuya ubicación, superficie y mensura se detallan en planilla anexa número 1.
En las mismas condiciones del apartado anterior, se faculta al Instituto Provincial De Colonización y Tierras Fiscales a transferir a las comunidades que indique el Instituto de Comunidades Aborígenes las reservas aborígenes y ocupaciones existentes a la fecha detallada en la planilla anexa número 2; y cuyas superficies estarán sujetas a lo que en definitiva resulten de la ejecución y aprobación de los trabajos de mensura y amojonamiento a realizarse.
Cuando la existencia de limitados recursos naturales para la subsistencia de la comunidad del lugar lo justifique, queda autorizado el Instituto de Comunidades Aborígenes a efectuar estudios y proponer al Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales las ampliaciones necesarias de los inmuebles que figuran en la planilla anexa antes indicada. A tal fin se afectarán tierras fiscales aledañas libres de ocupantes, se arreglará con terceros la cesión o compra de derechos y mejoras de su propiedad. En caso de no llegar a un acuerdo, el Instituto de Comunidades Aborígenes efectuará los trámites pertinentes para promover a través del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo las acciones que correspondiera.
Para el real justiprecio de las cesiones de derechos a efectuarse con terceros conforme con la parte infine del apartado anterior, deberá expedirse el Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales a través de su departamento técnico y el Colegio de Martilleros por intermedio de su Presidente, como carga pública. Los montos obtenidos servirán de cifras indicativas al Instituto de Comunidades Aborígenes para el acuerdo con el tercero ocupante respecto de las mejoras mencionadas en el art. anterior.
A pedido de las comunidades interesadas o de oficio, el instituto de Comunidades Aborígenes comunicará al Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales, a los efectos de su encuadramiento y posterior mensura, la existencia de una comunidad aborigen con indicación de la superficie de tierras fiscales ocupadas pacíficamente y la reclamada adicionalmente para atender sus necesidades económicas y expansión.
El Instituto de Colonización y Tierras Fiscales deberá destinar mensualmente como mínimo el 5% de la totalidad de las sumas destinadas a gastos de traslados, viáticos, combustibles, etc. para encuadernamientos y mensuras en el terreno, los estudios de los trabajos solicitados por el Instituto de Comunidades Aborígenes para esos fines mientras existan medidas pendientes. Deberá elevar asimismo un informe mensual al Directorio del Instituto de Comunidades Aborígenes, sobre ambos montos bajo responsabilidad solidaria del Director de Administración y Presidente del Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales a sus cargos equivalentes.
Art. 17º.- Para el asentamiento de comunidades aborígenes en tierras fiscales se seguirá el siguiente procedimiento:
Comunicación del Instituto de Comunidades Aborígenes al Instituto de Colonización y Tierras Fiscales de la Provincia, sobre la existencia de una comunidad aborigen con expresión del número de sus integrantes, lugar donde se encuentra, tiempo de permanencia en el mismo, extensión ocupada de acuerdo a sus tradiciones, costumbres, formas de vida y modos de uso de los recursos de la naturaleza.
Inspección, relevamiento de ocupación en el terreno de la fracción de tierras solicitadas para su registro en el Catastro del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales deberá indicarse en un plazo no mayor a los veinte días de su presentación y se ejecutará en forma coordinan entre el personal técnico del Instituto de Comunidades Aborígenes y el Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales.
Elevación del informe al Directorio del Instituto de Comunidades Aborígenes en un plazo de veinte días de concluidos los trabajos especificados en el inciso anterior en forma solidaria por parte del personal técnico del Instituto de Comunidades Aborígenes y del Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales afectados a esas tareas.
Aprobado el informe de los trabajos de campaña especificados en el inciso b) por el Directorio del Instituto de Comunidades Aborígenes y luego de su presentación al Instituto Provincial de Colonización de su presentación al Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales, éste deberá autorizar legalmente su ocupación en un plazo de treinta días de la Comunidad Aborigen que la solicitó.
La mensura, deslinde y amojonamiento definitivo se ejecutará en forma coordinada entre los equipos técnicos del Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales y del Instituto de Comunidades Aborígenes, debiendo aprobarse ésta en un plazo de sesenta días a partir de su presentación a la Dirección Provincial de Catastro.
Los trabajos de inspección, relevamientos y definitivos de mensura en las tierras solicitadas para su asentamiento por parte de las comunidades aborígenes se ejecutarán en el plazo factible de acuerdo a las disponibilidades de los recursos económicos en el artículo anterior de la presente Ley u otros fondos que el Poder Ejecutivo deberá destinar a ese fin. En ningún caso dicho plazo deberá exceder seis meses salvo que por circunstancias especiales que imposibiliten su cumplimiento en término, el Poder Ejecutivo autorice su prórroga por única vez y por un nuevo plazo que no exceda el anterior.
Resolución del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, previo dictamen favorable del Instituto de Comunidades Aborígenes, por lo que habilita el asentamiento de la comunidad aborigen en el término de sesenta días.
TITULO II DE LA CREACION DEL INSTITUTO DE COMUNIDADES ABORIGENES
Art. 18º.- Crease el Instituto de Comunidades Aborígenes como persona de derecho público y por competencia para actuar en el campo del derecho privado, el que mantendrá sus relaciones con el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado de Acción Social.
Art. 19º.- En las materias de su competencia el Instituto desarrollará su acción en todo el territorio de la Provincia, pudiendo establecer agencias, delegaciones o corresponsalías en cualquier parte del país, si resultare necesario para el cumplimiento de sus fines. Los Tribunales de la Primera Circunscripción Judicial de la Capital de Formosa entenderán en los juicios en que la entidad sea parte como actora o demanda, salvo que ella prefiera deducir acciones ante otras circunscripciones territoriales provinciales o nacionales, conforme a las leyes procesales vigentes.
Art. 20º.- El Instituto de Comunidades Aborígenes tendrá por objetivos generales los siguientes:
Promoverá la organización de cada comunidad y del conjunto de los pueblos aborígenes, tanto para el trabajo como para su propio desarrollo como grupo social conforme con su cultura y costumbre.
Promoverá la autogestión de las comunidades para decidir sobre su propio destino, conforme con el principio de la autodeterminación.
Incentivará la capacitación en todas las instancias del trabajo, en especial la de los jóvenes de las comunidades.
Promoverá el rescate de la cultura aborigen, su patrimonio moral, espiritual y material.
Promoverá el otorgamiento de tierras en propiedad a los aborígenes en forma comunitaria o individual.
Incentivará el dictado de leyes específicas y de acciones de amparo en las áreas de salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad social y justicia.
Asistirá a las comunidades aborígenes en los aspectos técnicos y dará apoyo económico para el mejoramiento de la producción y la comercialización mediante crédito de bajos intereses y otros medios.
Promoverá, por los medios de comunicación masiva, campañas de difusión de las culturas aborígenes tendiendo a un mayor entendimiento y respeto hacia el pueblo aborigen.
Art. 21º.- A los efectos indicados en el artículo precedente, el Instituto de Comunidades Aborígenes tendrá las siguientes atribuciones:
Coordinar y evaluar las actividades con los sectores público y privado.
Establecer y aplicar programas de trabajo que respeten las costumbres aborígenes, previa consulta de la comunidad de que se trate.
Prestar asistencia científica, técnica, jurídica, administrativa y económica a las comunidades aborígenes por cuenta propia o en coordinación con otras Instituciones, y gestionar la asistencia de Entidades Provinciales, Nacionales e Internacionales.
Realizar el censo de la población aborigen en coordinación con las comunidades aborígenes y promover su identificación personal.
Patrocinar las gestiones y reclamos aborígenes ante entidades gubernamentales y privadas mediante el Departamento Jurídico del Instituto.
Promover la formación técnico profesional del aborigen, especialmente para la producción agropecuaria, forestal, pequeña industria artesanal, y capacitarlo para la organización, administración y dirección de las comunidades y del Instituto de las Comunidades Aborígenes.
Revitalizar el sistema de trueque y feria ante las comunidades e incentivar la producción tradicional
El Instituto implementará departamentos técnicos, específicos en las áreas de salud, educación, trabajo, vivienda, asistencia, seguridad social, jurídicos y de tierras; cada Departamento implementará los proyectos del área especifica respetando la cultura y costumbre del aborigen.
EN EL AREA SALUD
Educación del aborigen para preservar su salud.
Formación de agentes sanitarios aborígenes.
Puesta en funcionamiento de Salas de Primeros Auxilios y provisión de ambulancias y equipos odontológicos en las distintas comunidades.
Erradicación de las enfermedades endémicas que le afligen y campañas masivas de vacunación.
EN EL AREA DE EDUCACION
El Instituto, el Ministerio de Educación y El Consejo General de Educación, en coordinación, elaborarán
Una enseñanza bilingüe (castellano - lenguas aborígenes).
Planes específicos reformulando los contenidos pedagógicos conforme con la cosmovisión e historia aborigen.
Un plan de ampliación del sistema de auxilio docente aborígenes en el ciclo primario.
Un sistema de becas estímulo para los aborígenes en condiciones de acceder al ciclo secundario y terciario, siendo Organismo de aplicación el Instituto.
Los planes necesarios para la formación de docentes aborígenes lo que reemplazarán en los establecimientos especiales, a los suplentes, interinos o ex- titulares, debiendo el Ministerio de Educación organizar un sistema de traslado de los afectados para permitir a los futuros docentes aborígenes el inmediato ingreso a sus funciones.
Planes de estudios primarios y secundarios en las materias que se consideren pertinentes por las áreas específicas que contemplen temas encaminados a difundir el conocimiento de la cultura, cosmovisión e historia aborigen en todos los educandos de la Provincia.
Planes de estudio de termino reducido con salida laboral.
Los instrumentos legales y materiales necesarios para iniciar y continuar en las medidas de las necesidades, educación secundaria bilingüe de los niños aborígenes.
EN EL AREA TRABAJO
El Instituto controlará el cumplimiento de las leyes laborales en vigencia, para lo cual requerirá el auxilio de la Policía el Trabajo, debiendo asistir jurídicamente el aborigen en los reclamos laborales judiciales y extrajudiciales por medio de su departamento jurídico.
Gestionará la creación de fuentes de trabajo. Llevará un libro en el que se vertirá el numero de aborigen sin ocupación y sus respectivos oficios.
Podrá solicitar a las respectivas dependencias del Estado Provincial el estudio de factibilidad de proyectos con salida laboral para los aborígenes. Estos estudios tendrán prioridad obligatoria dentro de las tareas normales de las distintas áreas de la administración.
EN EL AREA DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL
El Instituto realizará mensualmente un cuadro de situación en las distintas comunidades, a través de sus asistentes sociales, quienes en su informe producirán el diagnostico de las posibles soluciones a los problemas de la comunidad.
Gestionará a través de su departamento jurídico acceder a la jubilación y/o pensión según los casos particulares.
Se promoverá el establecimiento de un régimen especial de jubilaciones y pensiones nacionales y/o provinciales, a fin de amparar a un muy elevado porcentaje de mujeres y hombres que nunca han tenido acceso a los beneficios de seguridad social.
EN EL AREA TIERRA
El Instituto brindará todo el apoyo técnico necesario para traspaso definitivo de las tierras a los aborígenes de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley.
EN EL AREA JURIDICA
El Instituto arbitrará los medios para asistir al aborigen brindándole en forma gratuita atención profesional en derecho en todas las circunstancias, comprendiendo las instancias extrajudiciales o judiciales cuando el aborigen sea parte en un proceso.
EN AREA VIVIENDA
El Instituto gestionará la realización de viviendas en todas las comunidades conforme a las posibilidades máximas de las distinta reparticiones con partidas que puedan ser destinadas al área; y en el caso de ser necesario propiciará la modificación de la legislación en vigor para permitir se destinen fondos al Instituto.
Art. 22º.- El Instituto de Comunidades Aborígenes será administrado por un Directorio que designará el Poder Ejecutivo, compuesto por cinco miembros, a saber:
Un presidente que será aborigen y deberá reunir las mismas condiciones que para ser Diputado de la Provincia, y será propuesto por las tres Etnias;
Un director propuesto por cada Etnia, (Vichi, Pilagá Y toba).
Un director gremial designado conforme al art. 1º de la ley Nº 374, que deberá ser aborigen.
También deberá proponerse para los cargos de Directores los respectivos suplentes.
Art. 23º.- El Presidente, los Directores y sus respectivos Suplentes propuestos por cada Etnia serán elegidos en asamblea de acuerdo con sus costumbres. El Presidente y los Directores durarán en sus mandatos el término de dos años, pudiendo ser reelegido. Para ser reelegido por tercera vez en el cargo se requiere el voto unánime de la asamblea de la Etnia respectiva. El Directorio en su primera reunión procederá a cumplimentar en lo establecido en artículo 24 inciso I.
Art. 24º.- Son deberes y atribuciones de Directorio:
Proponer al Ejecutivo el Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos y someter a su consideración la memoria y balance anual.
Disponer la designación, contratación, promoción o remoción del personal del Instituto.
Aceptar subsidios, donación con o sin cargo, y legados. Para aceptar donaciones con cargo, previamente deberá dictaminar Fiscalía de Estado.
Ejecutar y/o coordinar con los Organismos Provinciales competentes la realización de obras y prestación de servicios.
Contraer empréstito con entidades financieras públicas o privadas, con autorización del Poder Ejecutivo o Legislativo, según corresponda.
Aprobar los programas financieros de producción, comercialización y acción social del Organismo.
Celebrar convenios con otros Organismos Internacionales, Nacionales, Provinciales y Municipales, que tengan por objeto el cumplimiento de funciones vinculadas al Instituto sujeta a la aprobación legislativa que corresponda.
En general, ejecutar toda clase de actos y celebrar los contratos necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus funciones.
Dictar su reglamento de funcionamiento.
Art. 25º.- Son derechos y atribuciones del Presidente:
Ejercer la representación legal del Instituto, otorgar mandatos especiales o generales.
Adoptar decisiones respecto de todos los asuntos administrativos y técnicos que fueran de competencia del Directorio cuando razones de urgencia lo exijan, debiendo dar cuenta a aquel en la primera reunión que celebre.
Ejecutar y controlar el cumplimiento de las resoluciones que adopte el Directorio.
Proponer al Directorio la designación, contratación, promoción o remoción del personal.
Proponer al Directorio los precios de compra y venta de los distintos bienes de producción aborigen.
Informar al Directorio sobre la marcha de las actividades del Instituto.
Intervenir en el manejo de los fondos del Instituto con sujeción a las normas de la presente ley y las que establezca el Directorio llevando al inventario general de los bienes pertenecientes al Instituto.
Proponer al Directorio las operaciones financieras que sean necesarias o convenientes para el cumplimiento de los objetivos del Instituto.
Dirigir y ejercer el control del personal de la dependencia y actividades del Instituto.
Proponer al Directorio la estructura orgánica funcional del Instituto.
Art. 26º.- El Instituto organizará delegaciones en el territorio de la Provincia, conforme en el artículo 19, llamadas Centros Comunales, que abarcarán integralmente las necesidades de los aborígenes en las áreas de educación, económica, de trabajo, social, de salud y vivienda, debiendo encarar toda planificación bajo tres aspectos: Organización, Participación y Capacitación aborigen.
Art. 27º.- El Personal no aborigen que preste servicios en el Instituto deberá estar al servicio de los aborígenes, conforme con los fines del mismo, y deberá reemplazarse paulatinamente en sus funciones por personal aborigen, paralelamente al cumplimiento de los objetivos de participación y capacitación aborigen, y por el cual el Instituto de Comunidades Aborígenes coordinará con los distintos Organismos del Gobierno Provincial un sistema de reabsorción del personal no aborigen no afectado, para permitir su inmediata reubicación, respetando los derechos adquiridos y normas legales vigentes en materia de estabilidad del personal.
Art. 28º.- Asesorará al Directorio un Consejo de Asesores Aborígenes, que estará integrado por un representante por cada comunidad, electo anualmente por éstos en asambleas, conforme con sus costumbres, desempeñándose ad honorem.
Art. 29º.- El Consejo Asesor Aborigen tendrá las siguientes funciones:
Proponer anualmente la política a seguir por el Directorio en las distintas áreas enmarcadas en la letra y espíritu de la presente Ley y la política general del Gobierno Provincial.
Reunirse toda vez que lo convoque el Directorio por lo menos una vez al año a pedido de un tercio de sus miembros para tratar en los temas que se consideren de urgencia.
Analizar y evaluar en la reunión anual las tareas cumplidas por el Directorio.
Art. 30º.- El Patrimonio del Instituto estará compuesto por:
Los bienes inmuebles, muebles, automotores y semovientes determinados en el inventario que deberá ser practicado con la intervención de la Contaduría General de la Provincia con aprobación del Poder Ejecutivo, perteneciente actualmente al I.P.A. (Instituto Provincial del Aborigen).
Los demás bienes que se adquieran por compra, permuta, cesión, donación o cualquier otra forma jurídica.
El 20% de los fondos que el Instituto de Asistencia Social destine para fines de asistencia y Promoción Social.
El 10% del total que corresponda al Gobierno de la Provincia por aporten en concepto por regalías por extracción de petróleos.
Art. 31º.- El Instituto dispondrá de los siguientes recursos:
Las Partidas que les sean asignadas anualmente en el Presupuesto General de al Administración Provincial.
Los ingresos provenientes de la venta de piezas artesanales o productos realizados por el Instituto.
Los fondos provenientes de las leyes especiales, subsidios o aportes del Gobierno Nacional, de la Provincia o de fuentes Internacionales.
Art. 32º.- Con los recursos del artículo anterior se creará una cuenta especial que será administrada conforme con el artículo 25, inciso h de ésta Ley.
Art. 33º.- El Instituto de Comunidades Aborígenes solo podrá ser intervenido por Ley sancionada por la Honorable Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo. Esta intervención no podrá superar el término de noventa días. En caso de receso de la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo procederá a convocarlas a sesiones extraordinarias al efecto.
Art. 34º.- Derógase el Decreto - Ley 1005 y todas las Disposiciones que se opongan a la presente Ley.
La totalidad de lo enunciado en el artículo 21 -subtítulo área educación- deberá implementarse a partir del año lectivo 1985.
Art. 35º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y archívese.

References: Artículo 1

Resolución 
 artículo 24
 artículo 19
 artículo 25
 artículo 21