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Timestamp: 2019-07-23 13:44:43+00:00

Document:
Sentencia: CE SII E 1990-11 DE 2013
Presidente de la República mediante decreto reglamentario puede establecer el valor máximo que puede ser pagado en un contrato de prestación de servicios
CE SII E 1990-11 DE 2013
ACCIÓN DE NULIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 1737 DE 21 DE AGOSTO DE 1998
“Artículo 4º. Está prohibido el pacto de remuneración para pago de servicios personales calificados con personas naturales, o jurídicas, encaminados a la prestación de servicios en forma continua para atender asuntos propios de la respectiva entidad, por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad.
Parágrafo 1°. Se entiende remuneración total mensual del jefe de la entidad, la que corresponda a éste en cada uno de dichos períodos, sin que en ningún caso puedan tenerse en consideración los factores prestacionales.
Parágrafo 3°. De manera excepcional, para aquellos eventos en los que se requiera contratar servicios altamente calificados, podrán pactarse honorarios superiores a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad, los cuales podrán exceder del valor total mensual de remuneración del jefe de la entidad incluidos los factores prestacionales y las contribuciones inherentes a la nómina, relacionadas con seguridad social y parafiscales a cargo del empleador. En estos eventos el Representante Legal de la entidad deberá certificar el cumplimiento de los siguientes aspectos: 1) Justificar la necesidad del servicio personal altamente calificado; 2) Indicar las características y calidades específicas, altamente calificadas, que reúne el contratista para la ejecución del contrato; y 3) Determinar las características de los productos y/o servicios que se espera obtener.
Parágrafo 4°. Se entiende por servicios altamente calificados aquellos requeridos en situaciones de alto nivel de especialidad, complejidad y detalle”.
¿Puede el Presidente de la República mediante decreto reglamentario y como medida de austeridad y eficiencia en el uso del tesoro público establecer el valor máximo de los contratos de prestación de servicios que pueden suscribir las entidades públicas?
Potestad reglamentaria del Presidente de la República en materia de contratación pública. «(…)De conformidad con lo previsto en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, la potestad reglamentaria concedida al Presidente de la República, también incluye las normas relacionadas con la contratación estatal, lo cual no sólo constituye un mandato legal, sino que es necesario, puesto que el Estatuto Contractual no regula en forma integral el tema. (…)»
Límites de la potestad reglamentaria del presidente de la república en materia de contratación pública. «(…“ello no significa que esta labor no se encuentre sujeta a límites, pues, como ha dicho la Corte Constitucional en Sentencia C-508 de 2002, la potestad reglamentaria que el Presidente de la República ejercite para la cumplida ejecución y aplicación de la Ley 80 de 1993, se encuentra “…específicamente restringida por la Constitución en primer término, por las leyes como normas de jerarquía superior y necesariamente ha de ejercerse tomando en consideración como un todo jurídico la propia ley mencionada, que fija los parámetros dentro de los cuales debe circunscribirse la reglamentación que se dicte por el Ejecutivo, no para sustituir al legislador, ni como legislador paralelo, sino dentro de un ámbito estrictamente administrativo para no exceder las funciones y atribuciones que al Presidente de la República le señala el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política…”.[1] (…)»
Contrato de prestación de servicios. «(…)el contrato se perfecciona cuando se haya llegado a un acuerdo sobre el objeto, la contraprestación, y éste se eleve a escrito (…)»
La contratación pública no debe ser desarrollada en su totalidad por leyes expedidas por el congreso. «(…)Menos aún del precepto superior puede inferirse la obligación para el legislador de incorporar en un solo cuerpo normativo toda la legislación existente en materia contractual, pues si esta hubiera sido la voluntad del constituyente, en el artículo 150 Fundamental se habría autorizado al Congreso de la República para expedir un estatuto único de contratación para el Estado y no un estatuto general como finalmente quedó redactada la aludida competencia legislativa(…)»
Autonomía presupuestal de las entidades. «(…)“reside en la posibilidad que éstas tienen de ordenar y ejecutar los recursos apropiados conforme a las prioridades que ellas mismas determinen, y en armonía con los cometidos constitucionales y legales de la respectiva entidad.”[2] (…)»
El presidente de la republica mediante decreto reglamentario puede imponer medidas de austeridad y eficiencia en el manejo del tesoro público. «(…)la expedición de reglamentos relacionados con la austeridad y eficiencia en el manejo del Tesoro Público impuestas, no es un asunto vedado al Ejecutivo, puesto que debe garantizar el logro de las metas macroeconómicas y el equilibrio del sistema presupuestal, por lo que se infiere, que la reglamentación efectuada tiene sustento normativo, y que en esas precisas condiciones, no era potestad exclusiva del poder legislativo. (…)»
[1] CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C- 508 de 3 de julio de 2002.
[2] Sentencia C-101/96. MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento Jurídico No 6.
«(…)Se puede decir entonces, no sólo, que dicha autoridad tenía competencia, sino que la reglamentación se realizó de manera responsable con el fin de adoptar medidas en materia de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, conforme a parámetros legales, como son los salarios y prestaciones que devenga el jefe de la entidad, y que sirvió para fijar el límite máximo de los honorarios que pueden ser cancelados para el pago de servicios personales calificados y altamente calificados comprendidos en el concepto de “remuneración servicios técnicos” desarrollado en el decreto de liquidación del presupuesto general de la Nación.
En este aspecto, comparte la Sala el criterio expresado por las entidades demandadas, según el cual, se hizo una reglamentación racional tomando como límite el salario y las prestaciones sociales del jefe de la entidad. Por lo expuesto, tampoco se están creando categorizaciones y clasificaciones de los contratos de prestación de servicios profesionales, que no estén incluidos en la ley, sino que simplemente se está reglamentando la materia.
el Presidente de la República, no vulneró la autonomía de las demás entidades del Estado, porque, en su condición de responsable del manejo fiscal del Estado y al ser suprema autoridad administrativa, realizó la regulación de manera uniforme para todas las entidades que manejan recursos del Tesoro Público (Decreto 1737 de 1998), y por ende conservan su autonomía orgánica, presupuestal y contractual, no obstante lo cual, en virtud del principio de coordinación, las demás entidades estatales también deben acatar dichos reglamentos.
No debe perderse de vista que el propósito del Decreto 1737 de 1998, fue el de expedir medidas de austeridad y eficiencia y someter a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público, lo cual, en aplicación del principio de legalidad, debe entenderse que fue expedido en favor del interés general, aspecto que no fue desvirtuado. (…)»
El Presidente de la República puede mediante decreto reglamentario y como medida de austeridad y eficiencia en el uso del tesoro público establecer el valor máximo de los contratos de prestación de servicios que pueden suscribir las entidades públicas, porque:
El Presidente de la República puede adoptar medidas en materia de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos siempre en un marco de legalidad.
Al establecer medidas de austeridad y eficiencia en las entidades que manejen tesoro público no se está comprometiendo su autonomía orgánica, presupuestal y contractual.
Nota del Editor. El decreto objeto de demanda ha sido modificado por los decretos: Decreto 1743 de 2013, Decreto 984 de 2012, Decreto 2785 de 2011, Decreto 1598 de 2011, Decreto 966 de 2007, Decreto 4561 de 2006, Decreto 3667 de 2006, Decreto 2672 de 2001, Decreto 1094 de 2001, Decreto 2465 de 2000, Decreto 2445 de 2000, Decreto 950 de 1999, Decreto 212 de 1999, Decreto 2209 de 1998.
NIÉGASE la pretensión de la demanda en la que se solicitó decretar la nulidad del artículo 4º del Decreto No. 1737 de 21 de agosto de 1998, expedido por el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda y Crédito Público, “por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público”, modificado por el artículo 2° del Decreto 2209 de 1998, y a su vez modificado por el Artículo 1° del Decreto No. 2785 de 4 de agosto de 2011, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CE SIII E acumulados 24.715, 25.206, 25.409, 24.524, 27.834, 25.410, 26.105, 28.244, 31.447 de 2007
Artículos 150 y 189 numeral 11 de la Constitución Política.
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Presidente de la República mediante decreto reglamentario puede establecer el valor máximo que..

References: ARTÍCULO 4
 artículo 189
 artículo 189
 artículo 150
 artículo 4
 artículo 2
 Artículo 1