Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-229-04.htm
Timestamp: 2018-12-10 17:41:11+00:00

Document:
C-229-04
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 641 y 642 del Decreto Ley 624 de 1989 “Estatuto Tributario”
Actor: Rodrigo Linero Barraza
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Rodrigo Linero Barraza demandó los artículos 641 y 642 del actual Estatuto Tributario.
El Magistrado Sustanciador, mediante Auto del quince de agosto de 2003, admitió la demanda instaurada, salvo lo referente a la expresión “Las personas o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporánea deberán liquidar y pagar una sanción”, contenida en el inciso primero del artículo 641 del Estatuto Tributario, y el inciso 3º de dicho artículo, toda vez que la Corte Constitucional se pronunció definitivamente sobre su constitucionalidad en la sentencia C-637 de 2000.
“por el cual se expide el estatuto tributario de los
de impuesto nacionales.”
Artículo 641.- “Extemporaneidad en la presentación.(Las personas o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción) por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria sin exceder del ciento por ciento ( 100% ) del impuesto o retención, según el caso.
Artículo 642.- “Extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento. El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al diez por ciento (10%) del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del doscientos por ciento (200%) del impuesto o retención, según el caso.
Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los interés que origine el incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, retenedor o responsable.”
Estima que las disposiciones acusadas “... castigan severamente a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, cuando los adocenan con agentes retenedores”. Del mismo modo señala que la sanción se aplica con el mismo rigor a los contribuyentes cuyo impuesto es igual o similar a las retenciones que les han practicado.
1. Intervención de la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales
En seguida, sostuvo que las obligaciones tributarias no se circunscriben a obligaciones de carácter sustancial, sino también al cumplimiento de obligaciones formales que facilitan la actividad fiscalizadora del Estado y permiten la efectiva contribución de los ciudadanos al financiamiento de los gastos e inversiones públicas. Por ello, el poder sancionatorio tributario ha sido dotado por el legislador de instrumentos que le imprimen fuerza vinculante a las declaraciones voluntarias y que lo facultan para sancionar el incumplimiento de los diferentes deberes jurídicos que subyacen a la obligación constitucional de tributar. Citando las sentencias C-690 de 1996 y C-160 de 1998 de esta Corporación, la interviniente defendió la titularidad del legislador para determinar los alcances y el contenido de la potestad sancionadora “que permiten recaudar aquellos impuestos, que debieron ingresar desde un principio.”
Señaló que el ciudadano Linero Barraza, se limita a plantear la que en su concepto debe ser la sanción aplicable por la extemporaneidad en la declaración tributaria, pero sin aportar argumentos orientados a demostrar en donde radica la inequidad y la vulneración al principio de proporcionalidad, en ausencia de los cuales su pretensión conduciría a una intromisión de la Corte en la competencia del Congreso para configurar las políticas tributarias.
Para ilustrar la situación inconstitucional que en su criterio se presenta con la aplicación de las normas demandadas, señala el evento de un contribuyente que a pesar de no haber presentado su declaración de renta, materialmente ha cumplido con su carga impositiva debido a que su impuesto de renta es aproximado o igual a la sumatoria de las retenciones en la fuente que se le han efectuado. En este caso, advierte que “el contribuyente no ha perjudicado al estado de disponer en forma oportuna de los recursos que le pertenecen”, sino simplemente ha incumplido las normas sobre la presentación de las declaraciones. A pesar de ello, el legislador lo sanciona de la misma manera que a aquellos contribuyentes que materialmente no han pagado sus impuestos.
“Ahora bien, el actor conjuga la situación de dos sujetos, ambos inscritos en el registro de vendedores y por tanto obligados a presentar declaración de ventas, pero solo uno sujeto al pago del impuesto. Justifica así su pretensión de que, en aplicación del principio de igualdad, el que no realizó transacciones generadoras de tributo, sea eximido de la obligación de presentar declaración; empero, ésta propuesta adolece del error de promover un juicio de igualdad entre dos vínculos con contenido propio e independiente, la obligación de pagar el impuesto y la obligación de presentar declaración de ventas.
Al comparar la situación en que se encuentran todos los inscritos en el registro de vendedores, respecto de la obligación de presentar declaración de ventas, en desarrollo del test de igualdad, se concluye que el cargo contra las disposiciones que imponen ésta obligación no procede, porque contrario a lo afirmado por el actor, obligar a todos los inscritos al suministro periódico de la información que la Administración requiere, realiza plenamente el principio de igualdad, así no surja la obligación material de pagar el tributo por ausencia de transacciones sujetas al gravamen.”
Para que fuese posible el juicio de equidad planteado por el actor sería necesario incorporar al análisis otras disposiciones, que no fueron demandadas, y en las cuales se contemplan las consecuencias por el incumplimiento de los deberes materiales a partir de los cuales se formula la demanda, entre ellas, por ejemplo las que establecen sanciones, incluso de carácter penal, a la omisión de consignar oportunamente los impuestos recaudados o retenidos en la fuente.[1]
El alcance de tales requisitos ha sido precisado por la jurisprudencia constitucional[2], la cual ha puesto de presente, entre otras consideraciones, que el actor no cumple con ellos cuando “... se limita a efectuar una formulación vaga, abstracta y global de los motivos de inconstitucionalidad, sin acusar específicamente la disposición, pues su omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.”[3]. Ha dicho también la Corte que como condición para el pronunciamiento de mérito, las razones que sustenten los cargos, además de claras, ciertas, específicas, pertinentes, deben ser suficientes, y por este último concepto la jurisprudencia ha entendido la necesidad de expresar las razones por las que la disposición acusada se estima contraria a la Constitución, de manera que genere una duda razonable en torno a la constitucionalidad de los preceptos acusados.
En el evento en que, en ausencia de tales requisitos de la acción -ha dicho la Corte- se decidiera asumir el conocimiento del asunto para proferir sentencia estimatoria, “... la litis constitucional afectaría el debido proceso constitucional, por cuanto se trabaría con uno de los extremos poco definidos.”[4] Y ello resultaría contrario a la dimensión participativa que por disposición de la Carta tiene el proceso de constitucionalidad, puesto que sería “... posible que tanto el Ministerio Público, como algunos ciudadanos intervinientes o no intervinientes, sean sorprendidos con una decisión de fondo, sin haber tenido la posibilidad de conocer o cuestionar los cargos respecto de los cuales se pronunciaría la Corte.”[5]
Sobre este particular, la Corte, en la Sentencia C-1256 de 2001, señaló que “[l]a decisión inhibitoria no hace tránsito a cosa juzgada y, por el contrario, permite que el actor, o cualquier otro ciudadano, pueda volver a presentar la demanda de inconstitucionalidad, teniendo la posibilidad de profundizar en el estudio del tema y hacer más fecundo el debate en una nueva oportunidad.”
[1] Así, por ejemplo en el artículo 634 del E.T. se establece la sanción por mora en el pago de impuestos, anticipos y retenciones, y en el artículo 402 del Código Penal, se establece la sanción penal para el agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente dentro de los dos meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente; para quien encargado de recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal y para el responsable del impuesto sobre las ventas que, teniendo la obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por dicho concepto, dentro de los dos meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración del impuesto sobre las ventas.
[2] Ver, entre otras, las Sentencias C-1193 de 2001 y C-403 de 2003..
[3] Sentencia C-447 de 1997
[4] Sentencia C-1256 de 2001

References: artículo 641

Artículo 641

Artículo 642
e contrario
 artículo 634
 artículo 402