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Timestamp: 2020-01-24 08:43:55+00:00

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Articulo 1 y 14 - Página 8
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17.- Rogamos proporcionen información detallada sobre los esfuerzos realizados para cumplir con la recomendación del Comité sobre el deber del Estado de tomar todas las medidas necesarias para asegurar que el interesado tenga acceso a recursos judiciales para presentar oposición a la decisión de expulsión. En este sentido, sírvanse a proporcionar información detallada sobre el estado en que se encuentran las iniciativas de reforma a la constitución en materia de derechos humanos, en concreto, las que elevarían a rango constitucional la protección de los derechos fundamentales, incluido el recurso judicial para oponerse a la expulsión.
De acuerdo con el marco legal en México, corresponde al Ejecutivo federal determinar la expulsión de algún extranjero que incurra en las hipótesis previstas en el Artículo 33 de la Constitución y el artículo 125 de la Ley General de Población.
En la práctica, esta facultad se ejerce a través del Instituto Nacional de Migración, el cual se rige por el Reglamento de la Ley General de Población para llevar a cabo los procedimientos de expulsión, como se establece en la fracción VI, del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como su Reglamento Interior.
Cabe señalar que la diferencia entre el procedimiento de expulsión contemplado en el artículo 33 Constitucional y el del artículo 125 de la Ley General de Población es que el primero es un recurso excepcional que compete exclusivamente al Ejecutivo de la Unión y no proceden los recursos de amparo y revisión; en el segundo caso se trata de una cuestión administrativa en la cual se puede acudir a los recursos legales de amparo y revisión.
La SCJN ha señalado que incluso en la aplicación del artículo 33 constitucional, el titular del Ejecutivo federal está obligado a fundar y motivar, razón por la cual también procede el juicio de amparo. Al efecto señaló que:
“Si el artículo 33 de la propia Carta Fundamental, faculta al Ejecutivo de la Unión, en forma exclusiva, para hacer abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin necesidad de previo juicio, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente, no exime a dicho alto funcionario, de la obligación que tiene, como toda autoridad en el país, de fundar y motivar la causa legal de su procedimiento, por la molestia que causa con la deportación, ya que esa garantía está establecida por el artículo 16 de la propia Constitución. En consecuencia, sus actos no pueden ser arbitrarios, sino que deben estar sujetos a las normas que la misma Carta Fundamental y las leyes establecen. Siendo así, procede el juicio de garantías contra sus determinaciones, conforme al artículo 103, fracción I, expresados, para lo cual debe seguirse el procedimiento establecido por la ley reglamentaria respectiva.”9
Esta opinión ha sido refrendada en 2005 al tenor siguiente:
“… procede el juicio de nulidad…, aún cuando en él se ordene a un extranjero que abandone el país, lo anterior, en virtud de que tratándose de esos actos, la legislación fiscal federal no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para otorgar la suspensión del acto impugnado, pues sus consecuencias no deben confundirse con la expulsión aplicada por el presidente de la República, de conformidad al artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, caso en el que sí resultaría procedente el juicio de garantías sin necesidad de agotar algún recurso o medio legal de defensa, pues tratándose de tal determinación, la legislación de amparo, en su artículo 123, fracción I, prevé el otorgamiento de la suspensión de plano.”
En abril de 2009, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto que modifica la denominación del capítulo I y reforma diversos artículos de la Constitución en materia de derechos humanos, entre los que se encuentra el mencionado artículo 33. La reforma está en análisis de la Cámara de Senadores.
La propuesta de referencia es la siguiente:
“Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Gozan de los derechos que les reconoce la presente Constitución. Previa audiencia, el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional a toda persona extranjera cuya permanencia juzgue inconveniente. La ley regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y el tiempo que dure la detención. La resolución de este procedimiento será definitiva e inatacable.”
Cabe destacar que en caso de aprobarse la propuesta de modificación, el artículo Cuarto Transitorio señala que la legislación a que se refiere el artículo 33 constitucional deberá ser expedida en un plazo máximo de un año, contando a partir del inicio de la vigencia del respectivo decreto
18.-Por favor, proporcionen información actualizada sobre el número de solicitudes de análisis y refugio presentadas, otorgadas y denegadas en el periodo de consideración, así como estadísticas desagregadas por sexo, edad y origen étnico sobre los solicitantes de asilo y refugio y el número actual de personas asiladas y refugiadas en México.
Solicitantes por nacionalidad registrados en el periodo de 2004 – 2010:

References: Artículo 33
 artículo 125
 artículo 27
 artículo 33
 artículo 125
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 16
 artículo 103
 artículo 33
 artículo 123
 artículo 33
 artículo 30
 resolución 
 artículo 33