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Timestamp: 2017-07-27 17:48:00+00:00

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Publicado en BOCL núm. 233 de 30 de Noviembre de 2001
Utilización compartida de las instalaciones de telefonía móvil
. NIVELES DE REFERENCIA EN CUANTO A EXPOSICIONES DE RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS NO IONIZANTES
. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS OPERADORES DE INSTALACIONES EXISTENTES
Documentación que deberán presentar todos los operadores de las instalaciones existentes a la Consejería de Fomento.
Documentación que deberán presentar los operadores de telefonía móvil de las instalaciones existentes en el suelo rústico y urbanizable no delimitado a la Consejería de Fomento.
. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LAS NUEVAS INSTALACIONES
Sentencia del TSJ Castilla y León de Valladolid, Sala de lo Contencioso-administrativo, 3 Sep. 2003 (Rec. 231/2002)
Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 7 anulado por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 945/2003, 3 septiembre (Sala de lo Contencioso-administrativo). Nulidad reiterada por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 1183/2003, 20 octubre (Sala de lo Contencioso-administrativo). Dichas sentencias fueron recurridas en casación, desestimándose por las correspondientes Sentencias del Tribunal Supremo (Sala 3ª. Sección 3ª) 3 abril 2007. Apartado segundo del número 1 del Anexo II anulado por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 945/2003, 3 septiembre (Sala de lo Contencioso-administrativo). Nulidad reiterada por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 1183/2003, 20 octubre (Sala de lo Contencioso-administrativo). Dichas sentencias fueron recurridas en casación, desestimándose por las correspondientes Sentencias del Tribunal Supremo (Sala 3ª. Sección 3ª) 3 abril 2007. -->
Sentencia del TSJ Castilla y León de Valladolid, Sala de lo Contencioso-administrativo, 20 Oct. 2003 (Rec. 857/2002)
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, 3 Abr. 2007 (Rec. 8817/2003)
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, 3 Abr. 2007 (Rec. 10180/2003)
Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 7 anulado por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 945/2003, 3 septiembre (Sala de lo Contencioso-administrativo). Nulidad reiterada por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 1183/2003, 20 octubre (Sala de lo Contencioso-administrativo). Dichas sentencias fueron recurridas en casación, desestimándose por las correspondientes Sentencias del Tribunal Supremo (Sala 3ª. Sección 3ª) 3 abril 2007. Apartado segundo del número 1 del Anexo II anulado por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 945/2003, 3 septiembre (Sala de lo Contencioso-administrativo). Nulidad reiterada por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 1183/2003, 20 octubre (Sala de lo Contencioso-administrativo). Dichas sentencias fueron recurridas en casación, desestimándose por las correspondientes Sentencias del Tribunal Supremo (Sala 3ª. Sección 3ª) 3 abril 2007. La Constitución Española atribuye al Estado en el articulo 149.1.21.ª, competencia exclusiva entre otras, en materias relativas al régimen general de comunicaciones y correos y telecomunicaciones. Por su parte, el artículo 148 del citado texto, señala que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda (1.3.ª) y sanidad e higiene (1.21.ª).
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, asume las competencias, con carácter exclusivo, en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda en su articulo 32.2.ª y las de desarrollo normativo y de ejecución en materia de sanidad e higiene; promoción, prevención y restauración de la salud en el articulo 34.1.1ª y de protección de medio ambiente y de los ecosistemas, así como la posibilidad de dictar normas adicionales de protección en el articulo 34.1.5.ª La liberalización del mercado de las telecomunicaciones y la rápida evolución de la tecnología de la telefonía móvil y las telecomunicaciones en general experimentada en los últimos años, junto con la aparición de nuevos servicios, está provocando la proliferación de instalaciones de radiocomunicaciones.
La inquietud suscitada sobre eventuales riesgos para las personas de las ondas electromagnéticas no ionizantes emitidas por los elementos radiantes de las infraestructuras de radiocomunicaciones, requiere la fijación de un marco jurídico para el establecimiento de niveles de emisión radioeléctrica tolerables, todo ello en aplicación del principio de precaución, por otra parte consustancial a la política del medio ambiente. La Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, en su artículo primero, párrafo segundo, previene la posibilidad de regulación en su seno de cualquier actividad susceptible de producir riesgo para las personas, regulación que se hará mediante Decreto, conforme dicta el punto segundo del articulo segundo de la citada Ley.
Por otra parte, la implantación de estos servicios afecta directamente al paisaje rural y urbano, tanto en materia medioambiental como urbanística, haciéndose más importante cuando confluyen varias instalaciones de características parecidas en ubicaciones cercanas.
Por tanto, y al amparo de lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se hace necesaria la adopción de medidas reguladoras que prevengan las afecciones al paisaje, los espacios naturales y los conjuntos y bienes catalogados de interés histórico y cultural; y que fomenten, en la medida de lo posible, la utilización compartida de las infraestructuras cuando esta medida comporte la disminución del impacto visual. En tales circunstancias, se pretende evitar la proliferación incontrolada de nuevas infraestructuras de radiocomunicación que atenten de manera excesiva contra la calidad del paisaje rural y urbano, estableciendo las condiciones de su instalación y autorización sin perjuicio de la promoción de los servicios avanzados de telecomunicaciones en el ámbito de Castilla y León.
La incidencia que las instalaciones de radiocomunicación tienen sobre el territorio, el paisaje y el medio ambiente en general, exige una ordenación urgente con el fin de establecer las medidas de prevención y control necesarias.
Este Decreto toma como referencia los límites de exposición a emisiones radioeléctricas fijados en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos, límites recogidos, a su vez, por el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
En el plano de protección de la salud el texto legal de referencia es la Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario, de Castilla y León.
En virtud de lo anteriormente expuesto, a iniciativa de los Consejeros de Fomento, de Medio Ambiente y de Sanidad y Bienestar Social, y a propuesta del Consejero de Presidencia y Administración Territorial, y de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación de la Junta de Castilla y León en su reunión del día 29 de noviembre de 2001 DISPONGO Artículo 1
Objeto Este Decreto tiene por objeto regular la instalación de infraestructuras de radiocomunicaciones con el fin de evitar posibles daños sobre la salud de la población, la calidad ambiental y el paisaje de Castilla y León, teniendo en cuenta las definiciones que aparecen recogidas en el Anexo IV del mismo.
Ámbito de aplicación El ámbito de aplicación del Decreto abarcará todas las infraestructuras radioeléctricas utilizadas para el soporte de las redes y servicios de radio- difusión sonora y televisión, así como las redes y servicios ofrecidos por los titulares de licencias individuales de tipo B2 y C2, existentes o que se pretendan instalar en Castilla y León.
Actividad Clasificada Al amparo de lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de Castilla y León, y en aplicación del principio de precaución inspirador de la misma, se declara explícitamente que las infraestructuras de radiocomunicación se consideran como actividad clasificada sometidas a la citada Ley y a su Reglamento de Aplicación aprobado por Decreto 159/1994, de 14 de julio.
Autorizaciones 1.- La instalaciones de infraestructuras de radiocomunicación o sus modificaciones sustanciales requerirán la previa obtención de las siguientes autorizaciones o licencias, sin perjuicio de otras autorizaciones e informes sectoriales que resultasen procedentes:
- Licencia urbanística y, en suelo rústico, autorización excepcional de uso del suelo, conforme a lo dispuesto en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
- Licencias de actividad y apertura, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Actividades Clasificadas.
2.- La documentación que deberá acompañar la solicitud de licencia de actividad será la que aparece recogida en el Anexo III de este Decreto.
3.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99.1.c) de la citada Ley 5/1999, tanto la licencia urbanística como la licencia de actividad serán objeto de resolución única, sin perjuicio de la tramitación de piezas separadas. La propuesta de resolución de la licencia de actividad tendrá prioridad, por lo que si procediera denegarla se notificará sin necesidad de resolver sobre la licencia urbanística; en cambio, si procediera otorgar la licencia de actividad, se pasará a resolver sobre la urbanística, notificándose de forma unitaria.
Condiciones generales de instalación 1.- La instalación de infraestructuras de radiocomunicación deberá cumplir con la normativa que en cada caso incluya el planeamiento urbanístico, teniendo en cuenta las siguientes particularidades:
a) No será necesaria, mientras no se regule en el planeamiento urbanístico, la justificación que se establece en el artículo 25 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León del modo en que se resolverá la dotación de los servicios necesarios y las repercusiones que se producirán, en su caso, en la capacidad y funcionalidad de las redes de servicios e infraestructuras.
b) No se exigirá para la instalación de estas infraestructuras una parcela mínima.
c) La distancia, a los solos efectos urbanísticos, en este tipo de emplazamientos, cuando sea exigible ha de medirse desde el borde de los viales de acceso o linderos de parcela hasta la instalación y esta incluye el vallado ya que tanto el vallado como la antena y caseta forma parte de la misma instalación.
2.- Con objeto de prevenir el posible efecto sobre la salud de la población, garantizando los niveles más bajos de exposición posible, en las zonas de uso continuo para las personas se deberán cumplir los niveles de referencia fijados en el Anexo I de este Decreto, teniendo en cuenta todas las emisiones radioeléctricas provenientes de otras fuentes del entorno.
Los citados niveles de referencia se verán reducidos en un 25% en aquellos espacios sensibles que, a título orientativo, se refieren a centros sanitarios, escolares y centros asistenciales de personas mayores.
3.- Las infraestructuras de radiocomunicación habrán de utilizar la mejor tecnología disponible en el mercado que comporte el menor impacto paisajístico en el entorno: mínimos volúmenes, armonía en las formas, colores blanco-grisáceos, mate u otros que consigan una mayor homocromía, así como, en su caso, el enterramiento de las líneas, integrar las vallas, casetas y otros posibles, todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la legislación sectorial aplicable y, en especial, la relativa a seguridad de la navegación aérea.
4.- Con objeto de que pueda ser planteada la utilización compartida de infraestructuras, en la elección del emplazamiento se deberá dar prioridad, por parte de los operadores, a su instalación en terrenos de titularidad pública.
5.- Para la elección concreta de cada uno de los emplazamientos se deberán contemplar varias alternativas, debiéndose escoger aquélla que, cumpliendo con los niveles de referencia fijados en el Anexo I, minimice el impacto paisajístico. En esta elección se deberá valorar, entre otras circunstancias, la preferencia por la ubicación en zonas industriales o degradadas paisajísticamente, la no interferencia con las visuales a bienes del patrimonio cultural, la posible mimetización con arbolado u otros elementos existentes, la no alteración de vistas características en espacios naturales, y otras.
6.- Con carácter general queda prohibida su instalación en las Zonas de Reserva de los Espacios Naturales Protegidos; en el resto de zonas de dichos Espacios se estará a lo previsto en los correspondientes Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión. Con el mismo carácter queda prohibida su instalación en los Bienes de Interés Cultural, así como en el entorno de éstos últimos afectado por la declaración.
7.- Así mismo queda a cargo del operador de infraestructura el desmantelamiento de la instalación y reponer a su estado anterior el terreno, la construcción o el edificio del soporte, cuando quede obsoleta o por el cese definitivo de la actividad.
8.- De conformidad con la normativa estatal vigente, por el órgano competente deberán garantizarse las medidas de control de las instalaciones para comprobar la adaptación de las mismas a lo previsto en la citada normativa.
9.- Las instalaciones a las que se refiere el presente Decreto serán inscritas en el Registro de Actividades Clasificadas del correspondiente Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.° del Decreto 159/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley de Actividades Clasificadas.
A tal efecto, la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones y Transportes de la Consejería de Fomento solicitará de la Administración del Estado la información relativa a la instalación o revisión de las instalaciones objeto de este Decreto. Recibida dicha información se dará traslado de los datos necesarios a los Ayuntamientos para que los anoten en el Registro de Actividades Clasificadas.
Instalaciones existentes 1.- Las instalaciones que se encuentren en construcción o funcionamiento a la entrada en vigor de este Decreto, deberán presentar ante la Consejería de Fomento en el plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha de su entrada en vigor, la documentación que se relaciona en el Anexo II. Dicha documentación deberá entregarse en papel y en formato electrónico y se procederá a su estudio por la Ponencia Técnica prevista en este Decreto. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la responsabilidad determinada por la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas y normativa concordante.
2.- Las instalaciones que no cumplan los niveles de referencia recogidos en el Anexo I, deberán adoptar las medidas correctoras pertinentes en el plazo de un mes contado a partir de la fecha en la que tenga entrada el certificado en la Administración. En el supuesto de que no sea posible su cumplimiento, deberán reubicarse y, si ello no fuera posible, proceder al cese de la actividad y al desmantelamiento de las instalaciones.
Podrán ser objeto de reubicación aquellas otras que, a juicio de las Comisiones Provinciales de Actividades Clasificadas, aun cumpliendo las prescripciones del Anexo I, provoquen un impacto paisajístico crítico.
3.- A todas las instalaciones a las que se refiere el presente artículo les será de aplicación el régimen de inspección y funcionamiento, así como el régimen sancionador previstos en los Capítulos V y VI de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas.
Los distintos operadores de telefonía móvil estarán obligados a compartir las infraestructuras, siempre que sea técnicamente viable. Se deberán compartir los siguientes elementos: terrenos, accesos, edificios, torres de soporte de las antenas así como las líneas eléctricas y centros de transformación, incluidas las instalaciones en baja tensión que fuese preciso utilizar.
En el ámbito del suelo rústico o suelo urbanizable no delimitado, la compartición deberá realizarse con cualquiera de las infraestructuras ya existentes en un radio de 2 kilómetros.
Con el objeto de que la compartición sea factible, las nuevas infraestructuras de radiocomunicación deberán estar diseñadas para soportar al menos las instalaciones radioeléctricas de 4 operadores o sistemas en conjunto.
No obstante, dichas obligaciones no serán exigibles si se justificase debidamente la imposibilidad técnica o jurídica de la utilización compartida, si se sobrepasen los niveles de referencia o si se considerase que el impacto visual fuese superior al provocado por las instalaciones de forma separada.
Los operadores de telefonía móvil que utilicen infraestructuras existentes, serán eximidos de la licencia de actividad. No obstante, deberán certificar por técnico competente, en el plazo de un mes, teniendo en cuenta la emisión redioeléctrica global resultado de la ampliación, el cumplimiento de los niveles de referencia ante el Ayuntamiento que otorgó la primera licencia de actividad para que dé traslado a la Consejería de Fomento.
Para que se pueda realizar una adecuada ordenación de los emplazamientos, la Ponencia Técnica prevista en este Decreto, estará facultada para solicitar a cada uno de los operadores información escrita y gráfica, en papel y en formato electrónico, de los planes futuros de implantación para cada una de las provincias de Castilla y León.
Artículo 7 anulado por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 945/2003, 3 septiembre (Sala de lo Contencioso-administrativo). Nulidad reiterada por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 1183/2003, 20 octubre (Sala de lo Contencioso-administrativo). Dichas sentencias fueron recurridas en casación, desestimándose por las correspondientes Sentencias del Tribunal Supremo (Sala 3ª. Sección 3ª) 3 abril 2007. -->Sentencia del TSJ Castilla y León de Valladolid, Sala de lo Contencioso-administrativo, 3 Sep. 2003 (Rec. 231/2002) -->Sentencia del TSJ Castilla y León de Valladolid, Sala de lo Contencioso-administrativo, 20 Oct. 2003 (Rec. 857/2002) -->Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, 3 Abr. 2007 (Rec. 8817/2003) -->Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, 3 Abr. 2007 (Rec. 10180/2003) Artículo 8
Suministro de energía eléctrica Cuando un nuevo usuario precise suministro de energía eléctrica en un lugar aislado en el medio rural en donde ya existe una instalación eléctrica en alta tensión de propiedad particular, y su propietario no quiera cederla para posibilitar el suministro a nuevos usuarios, la empresa distribuidora de energía eléctrica en la zona podrá cambiar el punto de conexión existente, de forma que posibilite el suministro al nuevo usuario.
Régimen sancionador Será de aplicación el régimen sancionador, de inspección y de responsabilidad establecido en la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, así como en la legislación urbanística y en el resto de la legislación vigente que resulte de aplicación.
Ponencia Técnica El Presidente de la Comisión Regional de Actividades Clasificadas deberá designar una Ponencia Técnica que, presidida por el Director General de Calidad Ambiental, estará compuesta por técnicos cualificados nombrados al efecto en representación de las Consejerías de Fomento, Medio Ambiente, Sanidad y Bienestar Social e Industria, Comercio y Turismo, y de la que podrán formar parte otros expertos en la materia.
A la citada Ponencia Técnica le corresponderá el seguimiento de la aplicación del presente Decreto, así como el asesoramiento técnico en relación con las infraestructuras de radiocomunicación.
La Junta de Castilla y León adaptará el Anexo I de este Decreto, en el que se fijan los valores de referencia, a los avances científicos y tecnológicos que garanticen la salud y seguridad de las personas.
Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
ANEXO I: NIVELES DE REFERENCIA EN CUANTO A EXPOSICIONES DE RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS NO IONIZANTES Intervalos de frecuencia
Intensidad del campo E V/m
Intensidad del campo H A/m
Campo B μT
Densidad de potencia S W/m²
3,2.10 [4]
4.10 [4]
3,2.10 [4]/f²
4.10 [4]/f²
0,0025-0,8 kHz
0,15-1 kHz
87/f½
10-400 kHz
400-2000 kHz
1,375.f½
0,0037.f½
0,0046.f½
En los espacios sensibles a los que hace referencia el artículo 5.2 del Decreto los niveles de referencia establecidos en el cuadro superior se verán reducidos en un 25%. Para todo lo no contemplado en esta norma, se tendrá en cuenta la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (L. 199/59). Abreviaturas A = Amperio. MHz = Megahercio. Hz = Hercio. GHz = Gigahercio. KHz = Kilohercio. m = metro. m² = metro cuadrado. S = Densidad de potencia expresada en Watios/m ². V = Voltio. W = Watio.
ANEXO II: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS OPERADORES DE INSTALACIONES EXISTENTES 1.-
Documentación que deberán presentar todos los operadores de las instalaciones existentes a la Consejería de Fomento. - Certificación, realizada por técnico competente, del cumplimiento de los niveles de referencia según lo establecido en el Anexo I.
Certificación del cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 7.1 del Decreto, justificando en su caso por qué no es posible la utilización compartida de la instalación.
Apartado segundo del número 1 del Anexo II anulado por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 945/2003, 3 septiembre (Sala de lo Contencioso-administrativo). Nulidad reiterada por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 1183/2003, 20 octubre (Sala de lo Contencioso-administrativo). Dichas sentencias fueron recurridas en casación, desestimándose por las correspondientes Sentencias del Tribunal Supremo (Sala 3ª. Sección 3ª) 3 abril 2007. -->Sentencia del TSJ Castilla y León de Valladolid, Sala de lo Contencioso-administrativo, 3 Sep. 2003 (Rec. 231/2002) -->Sentencia del TSJ Castilla y León de Valladolid, Sala de lo Contencioso-administrativo, 20 Oct. 2003 (Rec. 857/2002) -->Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, 3 Abr. 2007 (Rec. 8817/2003) -->Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, 3 Abr. 2007 (Rec. 10180/2003) 2.-
La documentación que se presentará por parte de estos operadores referente a sus instalaciones de radiocomunicaciones existentes antes de la entrada en vigor del presente Decreto incluirá como mínimo los siguientes aspectos: a) Descripción de la instalación. b) Localización de la instalación en coordenadas UTM:
· Plano de emplazamiento de la infraestructura sobre cartografía de escala 1:10.000, donde se señale claramente la ubicación de la instalación y también otras fuentes emisoras que se encuentren en un radio de 2 kilómetros.
· Plano a escala adecuada que exprese la situación relativa a las educaciones y/o espacios colindantes, indicando, en su caso, otras instalaciones de radiocomunicación.
c) Información sobre la clasificación urbanística del suelo.
d) Documentación gráfica que represente el entorno de su ubicación y las afecciones que produce la instalación en el paisaje urbanístico o rural.
e) Datos técnicos: frecuencia de funcionamiento, potencia de emisión, diagramas de radiación y cuantos otros datos puedan ser de interés. f) Planos a escala adecuada que expresen gráficamente la potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE) expresada en W en todas las direcciones del diseño.
g) Certificación, realizada por técnico competente, del cumplimiento de los niveles de referencia según lo establecido en el Anexo I.
h) Estudio de la posibilidad técnica de futuras utilizaciones conjuntas con otras instalaciones, informe que refleje el grado de dependencia del emplazamiento con las necesidades de servicio del operador, y estudio de la posibilidad de desplazamiento de la infraestructura en ubicaciones próximas en un radio de 2 kilómetros compatibles con el servicio y coberturas ofrecidas.
ANEXO III: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LAS NUEVAS INSTALACIONES a) Denominación social y NIF. b) Dirección. c) Representante legal. d) Localización de la instalación en coordenadas UTM:
· Plano de emplazamiento de la infraestructura sobre cartografía de escala 1:10.000 en el Suelo Rústico y Urbanizable No Delimitado ó 1:1.000 en el Suelo Urbano o Urbanizable Delimitado, donde se señale claramente la ubicación de la instalación y también otras fuentes emisoras que se encuentren en un radio de 2 kilómetros para la primera categoría y de 200 m. para la segunda. · Plano a escala adecuada que exprese la situación relativa a las educaciones y/o espacios colindantes, indicando, en su caso, otras instalaciones de radiocomunicación.
e) Proyecto técnico de las instalaciones que incluya memoria, presupuesto, pliego de condiciones y planos, con una descripción de todas las instalaciones y equipos, de las obras de fábrica si fueran necesarias y la justificación del cumplimiento de la correspondiente normativa sectorial, incluyendo las medidas protectoras y correctoras necesarias. Este proyecto contendrá, además, los siguientes datos técnicos: frecuencia de funcionamiento, potencia de emisión, diagramas de radiación y cuantos otros puedan ser de interés.
f) Planos a escala adecuada que expresen gráficamente la potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE) expresado en Watios, en todas las direcciones del diseño.
g) Justificación de la utilización de la mejor tecnología disponible, técnica y económicamente viable, en cuanto a la tipología y características de los equipos, en aras a conseguir el menor impacto visual sobre el paisaje y el patrimonio. h) Estudio de alternativas de localización viables. i) Información sobre la clasificación urbanística del suelo.
j) En el caso de instalaciones de telefonía móvil en el ámbito del suelo rústico o suelo urbanizable no delimitado, relación de infraestructuras existentes en un radio de 2 kilómetros, justificando para cada una de ellas por qué no es posible la utilización compartida de la misma.
k) Estudio de visibilidad mediante la determinación de cuencas visuales, con. indicación de las zonas de interés paisajístico o de patrimonio cultural, así como los lugares desde donde puedan ser vistas, tales como núcleos urbanos, carreteras, ferrocarriles, zonas de uso público, miradores y otros de similar naturaleza. Este estudio incluirá un montaje fotográfico con las vistas más características que pudieran verse afectadas por la instalación.
l) Estudio de ruidos ajustado al artículo 19 del Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se establecen las condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas por sus niveles sonoros y de vibraciones.
m) Descripción del sistema de refrigeración de los equipos eléctricos y justificación del cumplimiento de la normativa aplicable sobre aceites dieléctricos.
n) Compromiso de desmantelamiento de las instalaciones en el momento en que pierdan su utilidad.
ñ) Para la obtención de la preceptiva licencia de apertura, certificación, realizada por técnico competente, del cumplimiento de los niveles de referencia del Anexo I.
ANEXO IV: DEFINICIONES a) Operador: la entidad o empresa titular de las instalaciones de soporte físico de antenas y equipos de radiocomunicación (mástil, caseta y equipos de suministro eléctrico), en cuyo caso hablaremos de operador de infraestructura; o bien la entidad o empresa titular del servicio de radiocomunicación o los usuarios de las instalaciones de radiocomunicación de titularidad propia o ajena, en cuyo caso hablaremos de operadores de servicios.
d) Densidad de potencia (S): es la potencia radiante que incide perpendicular a una superficie, dividida por el área de la superficie, que se expresa en Watios por metro cuadrado (W/m. ²).
e) Pire: potencia isotrópica radiada equivalente, producto de la potencia suministrada a la antena multiplicada por su ganancia con relación a una antena isótropa, en una dirección dada (ganancia isótropa o absoluta).
f) Niveles de referencia: son los valores máximos permitidos de exposición a los campos electromagnéticos para el público en general en las zonas de uso continuo para las personas.
g) Impacto visual o paisajístico: es el impacto ambiental que afecta al paisaje y que se manifiesta principalmente por un excesivo contraste de color, forma, tamaño, etc...
h) Impacto visual o paisajístico crítico: es el impacto ambiental que afecta al paisaje en la forma arriba expresada, cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad del paisaje, sin recuperación posible, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.

References: Artículo 7
 Artículo 7
 artículo 148
 Real Decreto 
 Artículo 1
 artículo 2
 artículo 99
 resolución 
 resolución 
 artículo 25
 artículo 2

Artículo 7
 Artículo 8
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 19