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Timestamp: 2019-11-17 13:15:38+00:00

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PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 160 del 30/05/2001
Dictamen : 160 del 30/05/2001
Consultante: Guillermo Vargas Salazar
Texto Dictamen 160
C-160-2001 30 de mayo del 2001
C-160-2001
Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, me es grato referirme a su oficio sin número de fecha 19 de abril del 2001, recibido en la Procuraduría el día 11 de mayo del año en curso, y asignado a la suscrita el día 14 de los corrientes, dando respuesta en los siguientes términos:
En su misiva, solicita se rinda el dictamen a que hace referencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, dentro del expediente N°0334-00 tramitado para determinar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo que otorgó Grupo Profesional MT-5 en puesto administrativo docente al servidor XXX.
1- VICIOS EXISTENTES EN EL EXPEDIENTE ENVIADO A NOMBRE DEL FUNCIONARIO XXX.
Según se desprende del expediente administrativo, el procedimiento seguido al funcionario XXX tiene como finalidad anular la asignación al grupo profesional MT-5 en puesto administrativo docente otorgado a ese servidor; sin embargo en ningún momento se individualiza el acto administrativo que efectivamente realiza dicha asignación. En ese sentido, es importante acotar que ninguno de los documentos que conforman el expediente es el acto administrativo que realiza la asignación en el puesto en estudio al señor XXX.
Por otra parte, hasta el día de la audiencia oral y privada se le hacer ver al servidor a partir de qué fecha ostenta la asignación al referido grupo profesional MT-5 (folios 66 a 68).
Por consiguiente, deviene indispensable que desde su inicio el interesado tenga pleno conocimiento del acto declaratorio de derechos, debidamente individualizado y que conste fehacientemente en el expediente, que se pretende declarar su nulidad absoluta, evidente y manifiesta, de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. Por lo tanto, si no habido una debida intimación del acto que se pretende anular, es de rigor devolver el expediente sin el dictamen que fuera requerido en aplicación del propio artículo 173, que establece que en el respectivo procedimiento administrativo ordinario se deben observar los principios y las garantías del debido proceso.
Por otra parte, es de advertir que ni en la resolución que da inicio al procedimiento, N° 0132-2001 de las diez horas del dieciséis de enero del dos mil uno (folios 41 y 42), ni en la que se cita al servidor XXX a la comparecencia oral y privada, N° 0306-2001 de las nueve horas del veintiuno de febrero del dos mil uno (folios 54 y 55), se le previene que debe señalar lugar para oír notificaciones.
Mediante resolución N° 0982-2000 del Despacho del Ministro de Educación Pública, de las doce horas del diecisiete de octubre del dos mil, se designa como órgano director al Departamento de Procedimientos Legales de ese Ministerio de Educación Pública (folios 27 y 28); no obstante, en la primera resolución que emite ese Departamento, a saber la supracitada resolución N° 0132-2001, no se indica si el órgano es unipersonal o colegiado, y mucho menos el funcionario o funcionarios (personas físicas) que van a llevar a cabo el procedimiento.
Amén de lo anterior, en el acta de la audiencia legal firma la Licda. Mercedes Mejía Saénz en representación del órgano director (folios 66 a 68); sin embargo tanto en la mencionada resolución que da inicio del procedimiento administrativo, como en la que cita a la comparecencia oral y privada, la única que firma en calidad de representante del órgano director es la Licda. Zeydi Palma Grijalba, Directora del Departamento de Procedimientos Legales.
Es claro entonces que no se le pone en conocimiento oportunamente al interesado sobre quiénes son los miembros del órgano director que estará a cargo de la tramitación del desarrollo del procedimiento administrativo, siendo importante a efectos de que ese interesado tenga la posibilidad de hacer uso del instituto jurídico de carácter procesal como es la recusación, a tenor de los numerales 230 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. Valga acotar que, en cuanto a los motivos o causales para que proceda la recusación, la Ley General de Administración Pública remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial y ésta al Código Procesal Civil en sus artículos 53 y siguientes.
No se omite indicar que, si bien es cierto el servidor XXX en la comparecencia oral y privada no recusó a ninguna de las funcionarias, y por consiguiente en ese sentido la omisión señalada no da lugar a una nulidad absoluta del procedimiento, ello no impide que esta Procuraduría recomiende la aplicación correcta del procedimiento administrativo en aras de un debido proceso.
Sobre el particular, el jurista español Jesús González Pérez, en su obra "EL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL", afirma que la "citada audiencia da al interesado la posibilidad de aportar al expediente su versión de los hechos (en la doble versión fáctica y jurídica) que, como elemento de juicio más, resulta en todo caso indispensable para que la autoridad decidente resuelva conociendo los datos o argumentos que legalmente pueda aportar el administrado con la finalidad de contrarrestar una prueba o posición que prima facie o presuntivamente se manifiesta para el de forma adversa." (Madrid, Editorial Civitas S.A, 1989, pp. 176-177).
EXPEDIENTE CON FOTOCOPIAS SIN CERTIFICAR.
En el expediente administrativo en estudio se vislumbra que no está el documento en el que conste el acto que realiza la asignación en el puesto de marras al señor XXX (tal y como se indicó líneas arriba). Por otra parte, existen diversos documentos que son simples fotocopias no certificadas como en Derecho corresponde, verbigracia folios 11 a 15.
De otro lado, existen otros documentos que presentan la omisión de que no están firmados como es el caso del que consta a folio 13.
Así, si bien existe libertad de prueba dentro del procedimiento administrativo, la Administración y los interesados, deben velar porque éstas sean emitidas de la forma más veraz posible. De ahí que, estudiar el asunto con simples fotocopias, puede inducir a cometer errores a la hora de valorar los hechos del caso (tómese en cuenta la diferencia, en cuanto a su valor probatorio, entre los documentos públicos y privados –artículos 369, 370 y 379 del Código Procesal Civil–)". (Dictamen C-060-2001 del 6 de marzo del 2001).
declarado previamente que el acto es lesivo a los intereses públicos, económicos o de otra naturaleza (artículos 10.4 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Empero, dicha regla conoce una excepción, establecida en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública. A su tenor, queda la Administración autorizada a declarar, en la vía administrativa y sin necesidad de recurrir al contencioso de lesividad, la nulidad de un acto declaratorio de derechos, cuando la misma, además de ser absoluta, sea evidente y manifiesta. Aún así y también en garantía del administrado, en el procedimiento respectivo subsiste la intervención de un órgano ajeno al autor del acto en cuestión: la Procuraduría General de la República. Su actuación en estas hipótesis, se plasma mediante la emisión de un dictamen vinculante, que reviste la naturaleza de un acto de control preventivo de legalidad; lo anterior, en el tanto que dicho dictamen, que ha de rendirse antes de dictar el acto final del procedimiento, debe ser favorable a la pretensión anulatoria de la Administración, en el sentido de acreditar que en la especie los vicios del acto son efectivamente de tal magnitud" .(Dictamen Nº C-080-94 del 17 de mayo de 1994).
En relación con lo expuesto, en el dictamen C-044-95 del 8 de marzo de 1995, esta Procuraduría precisó:
Bajo ese contexto, también en el dictamen C-295-2000 del 4 de diciembre del 2000, esta Procuraduría argumentó:
Aunado a ello, téngase en cuenta que el acto mediante el que se acuerda iniciar un procedimiento administrativo tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto declaratorio de derechos, es un acto preparatorio del final que será aquel en que se decida sobre la existencia de la nulidad. Unicamente con la emisión de ese acto final es que se evita el acaecimiento del plazo de caducidad de cuatro años establecido en el mencionado inciso 5) del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. En ese sentido, se reitera que por tratarse de un plazo de caducidad, éste es ininterrumpible, por lo que la decisión de la Administración de iniciar el procedimiento administrativo tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto administrativo, no puede tener el efecto de interrumpir el plazo previsto en el inciso 5) del artículo 173.
Bajo este contexto, téngase presente que en su misiva en el punto cinco de la relación de hechos se consigna que el servidor XXX ostenta el grupo profesional MT-5 en puesto administrativo docente a partir de la fecha dos de mayo de mil novecientos noventa; sin embargo se reitera que no consta en el expediente el acto administrativo que realiza la asignación en el puesto en estudio al señor XXX. Conforme se podrá apreciar, si se corrobora que esa es la fecha del acto administrativo que se pretende declarar su nulidad absoluta, evidente y manifiesta han transcurrido más de cuatro años desde la adopción del acto, razón por la cual, la gestión de nulidad cuyo dictamen afirmativo se nos solicita emitir, resulta a todas luces extemporánea.
De conformidad con lo expuesto, al existir vicios substanciales en la instrucción del procedimiento administrativo relacionado con el servidor XXXX, este órgano se encuentra imposibilitado para emitir dictamen sobre la eventual existencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, hasta tanto se subsanen por parte de la administración activa los vicios apuntados, y en el tanto se esté dentro del plazo de los cuatro años a que alude el inciso 5) del supracitado numeral 173.

References: artículo 173
 artículo 173
 artículo 173
 resolución 
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 resolución 
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 artículo 173
 artículo 173