Source: https://edwinfigueroag.wordpress.com/2010/12/
Timestamp: 2020-01-27 21:03:15+00:00

Document:
diciembre | 2010 | Pensamientos de Derecho Constitucional
Sentencias constitucionales. Proceso de cumplimiento. Pago de intereses
EXPEDIENTE: 152-2008
DEMANDANTE: JULIO CORREA CHÁVEZ
DEMANDADO: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
RESOLUCIÓN NÚMERO: DOCE
Recurso de apelación interpuesto por la UGEL de Lambayeque contra la sentencia de fecha veintisiete de febrero de dos mil nueve, que DECLARA FUNDADA la demanda de cumplimiento de autos.
Con fecha veintiocho de marzo de dos mil ocho, Julio César Correa Chávez interpone proceso de cumplimiento contra el Director de la Unidad de Gestión Administrativa Local Lambayeque y el Procurador Público encargado de los asuntos del Ministerio de Educación, y solicita que se efectivice el cumplimiento de la bonificación especial dispuesta por el Decreto de Urgencia 037-94, con retroactividad al uno de julio de mil novecientos noventa y cuatro.
La emplazada contesta la demandada deduciendo la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, la cual es declarada infundada a folios cincuenta y ocho. Pide a su vez que se declare infundada la demanda, en atención a que el actor ha recibido los aumentos dispuestos por el D.S. 019-94-PCM y otros.
El Juzgado Mixto de Lambayeque declara fundada la demanda alegando que a los auxiliares y técnicos les asiste el derecho a percibir la bonificación dispuesta por el D.U. 037-94. Acota que debe tenerse en cuenta que el actor ha sido servidor administrativo en la categoría de auxiliar del sector Educación. Por tanto, corresponde amparar la pretensión.
La apelación de folios ochenta y cinco a noventa centra sus fundamentos impugnatorios en que la pretensión de autos ha sido interpuesta en una vía que no corresponde y reproduce la sentencia 07705-2006-PC/TC que en un caso referencialmente similar, declara improcedente la demanda de cumplimiento.
§ Fundamentos del proceso de cumplimiento
1. Desde la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional CPC, se establece la aplicación procesal orgánica de distintos procesos constitucionales, los cuales, antes de la herramienta procesal que implica el nuevo Código adjetivo, eran regulados por leyes dispersas. Uno de los nuevos procesos incursos en nuestro sistema procesal constitucional, es precisamente el proceso de cumplimiento. La institución que más se le asemeja es el Writh of Mandamus, remedio jurídico que se interponía contra el abuso del poder estatal que se negaba a ejecutar o hacer algo de su competencia. Hoy en día, la Corte Suprema de EE.UU. se encuentra facultada para dictar mandatos contra cualquier autoridad o funcionario estatal, siendo el antecedente latinoamericano más cercano de esta institución la Constitución Colombiana de mil novecientos noventa y uno, la cual refiere en su artículo ochenta y siete que la acción de cumplimiento procede para hacer efectivo una ley o un acto administrativo.
2. A nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional en la sentencia del proceso de cumplimiento derivada del expediente número 168-2005-PC/TC publicada en el diario oficial “El Peruano” el día siete de de octubre de dos mil cinco, ha precisado que, para que el cumplimiento de la norma legal o la ejecución de un acto administrativo sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquéllos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes:
§ Procedencia de la bonificación del D.U. 037-94 a nivel jurisprudencial
3. En la sentencia expedida en el expediente número dos mil seiscientos dieciséis guión dos mil cuatro guión AC oblicua TC, en los seguidos por don Amado Nelson Santillán Tuesta contra la Dirección Regional de Educación del Consejo Transitorio de Administración Regional de Amazonas, el Tribunal Constitucional realiza un análisis interpretativo de la procedencia de aplicación del Decreto Supremo número 019-PCM y Decreto de Urgencia número 037-94, elaborando la tabla comparativa de las escalas remunerativas de los servidores de la Administración Pública.
4. Determina el Tribunal, en la sentencia aludida, la interpretación restrictiva del beneficio a aplicar respecto de las categorías excluidas[1], validando la concesión de la bonificación sub judice para servidores que acrediten la condición de administrativos[2] y condiciones similares.
5. Del estudio y análisis de la incoada y anexos que se acompañan, específicamente de la resolución de folios cinco vuelta y boleta de pago de folios seis, se advierte que el recurrente Julio César Correa Chávez cesó con el cargo de Trabajador de Servicio II, evidenciándose que ha cesado en plaza administrativa; por lo que resulta ajustado a derecho determinar que el mismo se encuentra en la escala número ocho del Decreto de Urgencia 037-94, que corresponde a los técnicos.
6. Consecuentemente, le asiste el derecho a gozar de la bonificación prevista por el Decreto de Urgencia antes acotado, resultando manifiestamente insuficiente el único argumento de la apelación respecto a que corresponda a otra vía la dilucidación de esta causa.
7. Es necesario dejar en claro, igualmente, que no podemos acoger el argumento de la improcedencia del beneficio por haber sido el actor beneficiario del Decreto Supremo 019-94-PCM, precisamente por cuanto el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia 547-2000-AA/TC, de fecha veintisiete de enero de dos mil cuatro, ha determinado que de haberse percibido la bonificación 019-94-PCM, corresponde la deducción de dicho pago, resultando procedente el abono de la bonificación prevista por el Decreto de Urgencia 037-94.
8. En cuanto se refiere al pago de intereses, el Colegiado se remite a la resolución emitida en el proceso 2008-4113[3] Sala Constitucional de Lambayeque, caso Manuel Matute Quindes, en el cual se sustenta el cambio de posición respecto al pago de intereses en los procesos de cumplimiento, por constituir doctrina constitucional reciente del Tribunal Constitucional, expresada así en los casos STC N.° 0350-2005-PC/TC caso César García de los Santos, de fecha diecisiete de marzo de dos mil cinco y STC N. º 02090-2008-PC/TC caso Banco Continental, de fecha diez de octubre de dos mil ocho. En tal sentido, resulta razonable el reconocimiento de intereses.
9. Por último la ejecutoria presentada en la apelación, con el debido respeto que merece la alta investidura del Tribunal Constitucional, no resulta lo suficientemente clara respecto a si se trata de un servidor sin derecho, como jurisprudencialmente se ha establecido respecto a directores, subdirectores y profesores, entre otras categorías, o si pertenece en concreto a un servidor administrativo al cual se le deniega la bonificación solicitada. En tal sentido, no sirve de elemento de juicio para fallar sobre el fondo de este asunto.
Por estos fundamentos, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia contenida en la resolución número ocho, de fecha veintisiete de febrero de dos mil nueve, de folios setenta a setenta y nueve, que declara Fundada la demanda de cumplimiento interpuesta por Julio César Correa Chávez contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Lambayeque, en consecuencia ordena que la demandada cumpla con cancelar a favor del demandante, la bonificación especial otorgada por Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM; REVOCA en cuanto declara IMPROCEDENTE el pago de intereses legales; REFORMÁNDOLA, DECLARA PROCEDENTE dicho extremo, en consecuencia dispone que la emplazada pague al actor los intereses legales correspondientes; consentida o ejecutoriada que sea la presente, dispusieron su publicación en el diario oficial “El Peruano” con arreglo a ley, y los devolvieron.
[1] F.J. 11. “ No se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia N.º 037-94, los servidores públicos que regulan su relación laboral por sus respectivas leyes de carrera y tienen sus propias escalas remunerativas, que son los ubicados en:
a) La Escala N.º 2: Magistrados del Poder Judicial;
b) La Escala N.º 3: Diplomáticos;
c) La Escala N.º 4: Docentes universitarios;
d) La Escala N.º 5: Profesorado;
e) La Escala N.º 6: Profesionales de la Salud,
f) La Escala N. º 10 Escalafonados, administrativos del Sector Salud.”
[2] F.J. 10 “En virtud del Decreto de Urgencia N.º 037-94, corresponde el otorgamiento de la bonificación especial a los servidores públicos:
a) Que se encuentren en los niveles remunerativos F-1 y F-2 en la Escala N.º 1.
b) Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del grupo ocupacional de los profesionales, es decir, los comprendidos en la Escala N.º 7.
c) Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del grupo ocupacional de los técnicos, es decir, los comprendidos en la Escala N.º 8.
d) Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del grupo ocupacional de los auxiliares, es decir, los comprendidos en la Escala N.º 9.
e) Que ocupen el nivel remunerativo en la Escala N.º 11, siempre que desempeñen cargos directivos o jefaturales del nivel F-3 a F-8, según anexo del Decreto de Urgencia N.º 037-94.”
[3] Fundamentos Jurídicos 5 a 8
“5. El emplazante solicita el pago de intereses respecto a la obligación primigenia a cargo de la emplazada. Este Colegiado, en atención a los antecedentes enunciados, considera viable lo pedido vía un cambio de posición del suscrito, dado el criterio cronológico posterior que representan las dos decisiones más recientes del Tribunal Constitucional sobre esta materia. Por consiguiente, corresponde la revocatoria de este extremo de la apelada.
6. Los enunciados que anteceden varían mi criterio con relación a los votos desestimatorios sobre intereses antes emitidos, y constituyen la posición a futuro a asumir respecto al pago de intereses en los procesos de cumplimiento.
7. A ello me permito sumar el precepto de que si en los procesos de amparo esta Sala viene asumiendo la posición de reconocimiento de intereses, de igual forma, y por equidad, correspondería el pago de intereses en los procesos de cumplimiento, a fin de no efectuar distinciones innecesarias.
8. De la misma forma, estimo que resulta oneroso para el justiciable iniciar un proceso por pago de intereses en la vía civil, cuando esta vía constitucional prima facie está habilitada para discernir, bajo el principio de prevención, los alcances de sus decisiones y modular las consecuencias de las mismas. “
El Derecho Constitucional y los Tratados Internacionales. Artículo
EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES
La relación entre el Derecho Constitucional y los principales instrumentos existentes en el sistema interamericano y europeo de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, es muy estrecha.
En cuanto al sistema interamericano, el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH es el nivel de un órgano cuasi jurisdiccional, cuyas decisiones- en estricto Recomendaciones- en principio no son vinculantes para los Estados parte del sistema de protección y sin embargo, no puede negarse la importancia extraordinaria que ostentan las mismas, en la medida que pueden habilitar los mecanismos de inicio de demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH.
Y aún cuando la decisión de la CIDH no representa vinculatoriedad para el Estado parte, los Estados que no acaten una decisión de la CIDH, eventualmente podrán verse emplazados ante la Corte IDH. Por tanto, la opinión de la CIDH sí representa liminarmente un grado de vinculación que los Estados pueden objetar pero no ignorar.
Por otro lado, si bien es cierto que en gran medida la Corte IDH acoge las demandas de la CIDH, es importante advertir que en determinados casos la Corte IDH puede declarar, como en efecto lo ha hecho, que no existe violación de algunas de las garantías objeto de demanda, escenario que constituye una figura de vinculación parcial.
En relación a la Corte IDH, nos parece necesario destacar la vinculatoriedad de sus decisiones para los 25 Estados parte del sistema interamericano (Trinidad y Tobago ha denunciado la Convención). Los países conformantes del sistema no pueden invocar el Derecho Interno en caso de contradicción con los fallos supranacionales sobre derechos humanos. A este respecto, el sustento normativo no solo lo constituye la propia Convención sino el artículo 27 de la Convención de Viena- conocida como el Tratado de los Tratados- en cuanto los Estados, en su política de implementación de los derechos humanos en el Derecho Interno, no pueden objetar el fallo de un órgano de justicia supranacional. Sin embargo, el Estado parte sí puede maximizar el uso de los mecanismos de defensa en los procedimientos al interior del alto Tribunal: podrá ejercer el derecho de defensa, sustentar pruebas que conciernan a su derecho, ejercer el contradictorio dentro de los cauces de la Convención, etc. y sin embargo, el fallo de la Corte IDH es in toto vinculante y el Estado está obligado a acatar la decisión emitida por los jueces supranacionales.
En adición a lo señalado, revisten interés las medidas provisionales contempladas por el artículo 63 de la Convención, en tanto pueden ser declaradas por el Presidente de la Corte así como en casos de urgencia, pueden ellas ser dictadas a petición de la CIDH. Ahora bien, si la CIDH pide la medida, ello dice claramente que no hay proceso. Entonces ¿puede habilitarse una medida sin proceso? He allí una peculiaridad del sistema interamericano que justifica actuaciones sin proceso en casos de urgencia.
Por su lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos TEDH representa un mecanismo de dilucidación sobre dd.hh. para los 47 Estados parte del Consejo de Europa, el cual representa a 800 millones de habitantes. Y no deja de sorprender lo interesante del mecanismo europeo el cual, a diferencia del sistema interamericano, no goza con un filtro de pretensiones, como en efecto sí sucede con el sistema interamericano, en el cual solo a través de la CIDH son admisibles demandas ante la Corte IDH.
Los países europeos han logrado articular un mecanismo intra-proceso y ello es realmente interesante, a través del cual Comités de 3 Jueces pueden decidir si el caso puede ingresar a ser conocido por el TEDH. De otro lado, la experiencia europea viene implementando, a través del denominado Protocolo 14, una forma de complemento del Convenio Europeo, el mecanismo de los jueces singulares, es decir, un juez puede asumir competencia respecto a varios países y sobre los cuales debe dilucidar si la demanda puede ser o no conocida por la Corte. Ahora bien, en caso que la demanda sea admitida, resuelve una Sala de 7 jueces y un detalle particular está representado por el hecho de que determinados casos, muy especiales, pueden ser conocidos por una Gran Sala de 17 jueces.
En consecuencia, representa un trabajo muy exigente en el TEDH la dilucidación previa de si un caso pasa a Sala o Gran Sala, dados los detalles adicionales de un ingreso de 60,000 demandas por año así como que para los procesos en materia de derechos humanos en Europa existen más de 20 idiomas distintos en los cuales se puede litigar. En el caso interamericano, solo existen 4 idiomas oficiales: español, inglés, francés y portugués.
Apreciamos pues singularidades en ambos sistemas de protección.
Publicado en JURIDICA 332, El Peruano, 07 de diciembre de 2010
Revista virtual IPSO JURE No. 10
PALABRAS DEL DIRECTOR edición 10, agosto 2010
El día del juez representa para IPSO JURE una oportunidad especial a fin de poner de relieve el contraste marcado que diferencia al juez del siglo XXI de aquel que en su momento perfiló Montesquieu en el siglo XVIII.
Las diferencias resultan notorias y contextualmente marcadas en la medida que el Juez de la entonces novísima Revolución Francesa, estaba impedido de interpretar la ley y debía ceñirse al rol de aplicador. Más aún, si el juez de la Revolución apreciaba un conflicto en la mera aplicación de la ley, debía ceñirse al procedimiento denominado “referé legislativo”, el cual consistía en la necesaria y obligatoria remisión del expediente al legislador a fin de que, planteado el conflicto de aplicación entre normas y hechos, fuera el mismo creador de la norma-regla, esto es el legislador, quien definiera la precisa solución del conflicto jurídico. El juez de entonces se arriesgaba incluso a sufrir pena de prisión si excedía de alguna forma el rol de aplicador. Sin embargo, desde los mismos esbozos de la Revolución y sus escenarios posteriores, ya existía la percepción de que el juez no podía decirlo todo en la solución de las controversias jurídicas. Cambaceres ya se persuadía de esta realidad y de la imposibilidad de “decirlo todo” y postulaba que había necesidad de aplicar una interpretación más amplia.
En este siglo XXI, en el cual hablamos marcadamente del juez constitucional y del Estado Democrático y Social de Derecho, perfilando entre líneas la existencia de un Estado neoconstitucional, el rol del juez resulta sustantivamente distinto. Hoy el Derecho es una ciencia y el juez defiende los derechos fundamentales en la percepción de que en el Estado neoconstitucional existen más principios que reglas, más ponderación que subsunción, no hay zonas exentas de control constitucional, se postula una constelación plural de valores en lugar de homogeneidad ideológica de la norma y finalmente asumimos un rol prevalente del juez frente al legislador. Hoy decimos, en alguna forma en modo contrario a lo que proclama Eugenio Buligyn, que los jueces crean derecho y no sólo crean reglas al interior de los procesos.
En este siglo XXI vía control difuso el juez puede inaplicar una ley si ésta colisiona con el principio de supremacía normativa de la Constitución. A su vez, la interpretación del juez constitucional hogaño goza de preferencia frente al mecanismo de interpretación autentica del legislador, convirtiéndose en un extraordinario mecanismo de defensa de los derechos fundamentales. Apreciamos, entonces, una diferencia de carácter relevante entre ambos tipos de jueces en tanto el juzgador del frío silogismo, como diría García Figueroa, asume un rol marcadamente distinto respecto al decisor que hoy trabaja todo un capítulo en la argumentación constitucional, restando fuerza a aquellas posiciones que postulan las libertades públicas subjetivas como derechos absolutos. Asumimos, en es orden de ideas, que Zagrebelsky no se equivocaba cuando aseveraba la ductibilidad de los derechos fundamentales en el Estado Constitucional de Derecho. O a su vez, debemos visualizar en el nuevo contexto de argumentación hoy, que los derechos fundamentales pueden presentar una gradación a fin de esclarecer en cuál nivel se ven afectados, situación que a su vez no se presentaba con la norma jurídica, cuando ésta representaba sólo un valor absoluto para la teoría del positivismo jurídico.
Resulta válido preguntarnos respecto a lo señalado: ¿cuál es el rol que hoy día les compete a los jueces de la justicia ordinaria frente a este cambio de rol de orden trascendente? La respuesta es taxativa: hoy el juez es creador del derecho, es defensor de los derechos fundamentales y es sujeto de un rol relevante en ese denominado activismo judicial que identifica a esa tarea de dimensión amplia que significa la defensa de los derechos fundamentales en los Estados, así como de los derechos humanos en el plano jurídico supranacional.
IPSO JURE pretende poner de relieve en este Día del Juez, el rol distinto que hoy les compete a los jueces en el Estado Constitucional. Es ese orden de ideas, creemos que la famosa polémica de los años treinta entre Hans Kelsen, quien desconfiaba de labor de los jueces, y Karl Schmitt, quien proponía la existencia de un Estado Jurisdiccional en el cual los jueces gobernaban con su decisiones sin ser gobernantes, se ha inclinado nítidamente a favor de éste último en tanto los jueces son capaces de decirles a otros poderes del Estado que ciertas decisiones suyas pueden contravenir la Carta Magna. La precisión aludida resulta de primer orden en tanto la primigenia tesis de Montesquieu, respecto a la separación de poderes, luego refaccionada con la tesis de Manuel Aragón con el aporte del equilibrio de poderes, hoy deviene en una proclama de intercontrol de poderes, con lo cual a los jueces constitucionales les corresponde un rol muy especial, cual es la tarea de que, en defensa de la Constitución, sus actos de interpretación constitucional, puedan prevalecer, vía interpretación, sobre los actos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Cada cuatro de agosto resulta, en el orden de ideas señalado, una oportunidad de carácter especial para reflexionar hasta dónde hoy el juez representa un sujeto de protagonismo relevante en el Estado de Derecho. Atrás queda el oscurantismo de la Edad Media en el cual la tarea de decisión se traducía en la única voluntad del monarca de impartir justicia conforme a su libre arbitrio. Queda atrás, de manera marcada, también, el rol del juez como escrupuloso aplicador de la norma para quien la ley y sólo la ley era el punto de partida, la consecución y el destino de llegada de las decisiones jurídicas, para trascender a otro escenario en el cual la ley es una de las varias fuentes del derecho. Queda atrás, de la misma forma, el juez positivista kelseniano para el cual la norma, como expresión sustantiva de la Teoría Pura del Derecho, debía expresar un blindaje en la aplicación del derecho. Hoy esos esquemas han quedado definitivamente atrás cuando hogaño referimos, con énfasis, la relevancia de los axiomas como expresión de los principios, valores y directrices que representan las Cartas Fundamentales de los Estados contemporáneos, marcadamente Estados Constitucionales de Derecho.
La aseveración que hacemos respecto a los valores axiológicos representa un cambio de tesis fundamental en la forma de ver el derecho hoy. En efecto, si bien Kant propuso la moral como mecanismo base en el entendimiento del derecho, Kelsen representó una separación estricta entre el derecho y la moral. Sin embargo, si tomamos como punto de partida la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, advertimos una reconciliación sustantiva entre el derecho y la moral. Expresiones relevantes de esta idea también se ven reforzadas con la Carta Fundamental de Bonn en los artículos 19 y 20, los cuales enuncian la existencia del Estado Democrático y Social así como la prohibición de regular en contrario al contenido esencial de los derechos fundamentales.
Estas características se ven reforzadas con la Constitución francesa de 1958, la Constitución de España de 1978, la Constitución colombiana de 1991, y las Cartas Fundamentales de Perú de 1979 y 1993, que en conjunto enuncian una nueva forma de ver el derecho en tanto los jueces se ven provistos de nuevas herramientas para discernir las colisiones entre principios y derechos fundamentales.
Podemos apreciar, en conclusión, que el juez deja de ser un mero aplicador del derecho, que se abandona ese concepto nunca realmente admitido de “simple operador” de la ley y que su rol hoy asume una dimensión sustancialmente diferente. Advertimos, en consecuencia, que los dos modelos enunciados representan extremos opuestos y que las diferencias de roles exigen pues un análisis como el que sumariamente hemos efectuado.
Estas reflexiones, válidas por cierto en una ocasión como la del Día del Juez, apuntan a identificar las nuevas tareas reservadas a los jueces y en ese ideal, es nuestro objetivo contribuir, con la difusión de ideas desde esta modesta tribuna que IPSO JURE representa en 2 años en el espacio virtual.
Director IPSO JURE
LOS GRADOS DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, TEORÍA Y PRÁCTICA
INTERVENCIÓN FISCAL EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN E INCORPORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL
ALEJANDRO LAMADRID UBILLÚS.
LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
JULIO ENRIQUE MORALES SALDAÑA
EL DELITO DE COACCIÓN EN EL CÓDIGO PENAL PERUANO A PROPÓSITO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS POR EL ÓRGANO PERSECUTOR DEL DELITO
JOSÉ ANTONIO DÍAZ MURO
NOCIONES DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO
VILLALOBOS OBANDO WILMER ALEXANDER
IL FATTO E L’INTERPRETAZIONE
RAZONAMIENTO Y ARGUMENTACIÓN JUDICIAL: ANÁLISIS DE DOS CASOS
JULIO LEONARDO CEVALLOS REAÑO
ÉTICA Y RESPONSABILIDAD JURIDICA EN LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
MÁXIMO UGARTE VEGA CENTENO.
http://historico.pj.gob.pe/cortesuperior/Lambayeque/documentos/REVISTA%20IPSO%20JURE%20N°%2010.pdf
Revista virtual IPSO JURE N. 9
PALABRAS DEL DIRECTOR edición 9, mayo 2010
IPSO JURE cumple con esta edición de 2 años. Se trata de un nuevo aniversario que de suyo representa un contexto muy especial en la medida que mantenernos en el espacio virtual ha significado un conjunto de retos, exigencias y sacrificios, que bien valen hoy la pena recordar pues la aventura de escribir, producir, armar, diagramar representa un esfuerzo conjunto que sin la ayuda de un equipo de trabajo sería una empresa casi imposible.
De otro lado, la internacionalización de IPSO JURE como medio de difusión electrónica es una exigencia impostergable en la medida que la comunicación de ideas hoy no admite fronteras, más aún si éstas son virtuales. Si hace 50 años, conocer las ideas del viejo continente europeo acarreaban meses de diagramación, imprenta y distribución, hoy los enlaces virtuales que permite internet, hacen posible la divulgación de ideas en cuestión de segundos. Hoy IPSO JURE llega a 19 países a través de la Red Latinoamericana de Jueces REDLAJ y nuestro formato e ideas, modestamente, al menos son conocidas en casi toda Iberoamérica.
Mas lo trascendente y allí coincidimos en lo relevante de este mensaje de saludo, a propósito de la internacionalización, es que la coordinación con varios profesores de prestigio de universidades europeas y prestigiosos académicos de nuestro continente, hace posible una nueva edición de IPSO JURE con marcados alcances internacionales. Así en esta oportunidad, tenemos el honor de hacer saber que el profesor Michelle Taruffo, de la Universidad de Pavia, Italia, nos envía una investigación intitulada “Osservazioni sulla prova per indizi”. De la misma forma, el profesor Luis Prieto Sanchís, de la Universidad de Castilla La Mancha, España, nos alcanza un trabajo denominado “Constitucionalismo y globalización”. A su turno, José Eduardo de Resende Chaves Júnior, magistrado de Brasil, trabaja un tema de suma actualidad intitulado “El fallo oral y el expediente electrónico”. Y entre profesores nacionales de trayectoria, tenemos una investigación del Dr. César Landa Arroyo, también magistrado del Tribunal Constitucional de Perú, denominada “Autonomía procesal del Tribunal Constitucional: la experiencia del Perú”.
Se trata, en suma, de varios trabajos que engalanan esta edición por el XC aniversario de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y que permiten a 2 años de nuestra primera edición, reafirmarnos como la primera revista virtual del Poder Judicial.
Que sean muchos años si El Altísimo lo permite.
PLURALISMO, TOLERANCIA Y APERTURA COMO VALORES BASE EN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
ANTE EL DESPIDO EN EL RÉGIMEN DE LA ACTIVIDAD PRIVADA: ¿PROCEDE EL AMPARO LABORAL ANTE LOS JUZGADOS CIVILES O EL PROCESO ORDINARIO LABORAL ANTE LOS JUZGADOS LABORALES?
JACQUELINE RODAS SÁNCHEZ
POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENCIÓN DE DELITO
LA COMPLICIDAD EN EL DERECHO PENAL UNA VISIÓN PANORÁMICA DESDE EL CONTEXTO PERUANO Y EUROPEO
EL RETIRO DE LA ACUSACIÓN FISCAL
OSSERVAZIONI SULLA PROVA PER INDIZI
CONSTITUCIONALISMO Y GLOBALIZACIÓN
AUTONOMÍA PROCESAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: LA EXPERIENCIA DEL PERÚ
ALCANCES DE LA OTRORA “PROTECCIÓN MÍNIMA” CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO LA FUNCIÓN TUTELAR DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL VERSUS LA LÓGICA TERRIBLE DE HENRY FORD
LAS INCIDENCIAS DEL NUEVO MODELO PROCESAL LABORAL
http://historico.pj.gob.pe/cortesuperior/Lambayeque/documentos/IPSO_JURE_25-05-10%20NUEVA.pdf
El trabajo de estos meses en este sencillo blog solo apunta a destacar las líneas de reflexión, vinculación y estrecha conexión entre el Derecho Constitucional y la judicatura, en la previsión de que existe un ir y venir de ideas y conceptos relevantes entre la hoy disciplina matriz del Derecho y el trabajo de los jueces. Y de allí que hayamos optado por nuestro emblemático nombre “Pensamientos de Derecho Constitucional” y que precisamente nuestro primer post fuera “Reflexiones en la magistratura constitucional”.
Haciendo un alto en esas tareas, valgan estas pequeñas líneas para desearles efusivamente a todos nuestros lectores una Feliz Navidad como expresión de paz, unión y solidaridad entre todos los seres humanos y al mismo tiempo, desearles un venturoso 2011, lleno de prosperidad, desarrollo y realizaciones familiares, personales y profesionales.
El tiempo transcurre sin prisa y sin pausa, advirtámoslo así, somos solo sujetos del tiempo y no es él aquello que se va sino nosotros, nuestras vidas transcurren sin cesar y en la fórmula del gran Herodoto de Halicarnaso, jamás llegamos a ser los mismos transcurridos unos segundos más allá de nuestras vidas, el tiempo cambia, deviene y horada las murallas de la aparente quietud de nuestras vidas.
Siendo así, qué mejor que la Navidad para reflexionar sobre la paz espiritual necesaria en nuestro existir y en su mensaje de corazones abiertos entre todos nosotros. Y sin duda el Año Nuevo es la oportunidad más valiosa del calendario gregoriano que hoy usamos, para definir cuánto de bueno hemos hecho en nuestras vidas y qué tenemos aún de otras muchas otras cosas positivas por hacer.
En esa fervorosa reflexión, que la Navidad y el Año Nuevo sean espacios de reencuentro con nosotros mismos y aquellos que más queremos, apreciamos y amamos, y de retos por reafirmar y alcanzar para el segmento aún por completar de nuestras vidas.
En cuanto a nuestro blog, creemos que aún resta mucho por trabajar en nuestro campo y sin embargo, debemos estimar que el panorama de los derechos fundamentales va siendo un espacio de progresiva, paulatina y común construcción de conocimientos en el trabajo de los jueces. Es entonces su afianzamiento un reto de Hércules que no podemos dejar pasar y resta el 2011, apenas ad portas, para seguir trabajando febrilmente en esa línea de tareas. Nuestro diccionario personal ha prohibido la expresión “cejar en el empeño” y todo cuanto se vincule a paralizar el universo pleno de ideas que representa trabajar con derechos fundamentales. Mens sana in corpore sano decían los griegos. La expresión es más que válida: nuestros derechos bien configurados, respetados y observados, son aguda expresión de salud democrática!!!
Revista virtual IPSO JURE No. 8
PALABRAS DEL DIRECTOR edición 8, febrero 2010
IPSO JURE considera necesario hacer eco de las buenas nuevas judiciales en cuanto ellas redundan en una mejor imagen de la impartición de justicia.
Nos ha llegado la buena noticia, hace pocos días, de una serie de conferencias réplica en distintos lugares del país, a cargo de los colegas Emilia Bustamante Oyague, Carlos Arias Lazarte y Aldo Figueroa Navarro, Jueces Superiores Titulares de la Corte Superior de Justicia de Lima, quienes participaron entre octubre y noviembre de 2009 en el Curso “Retos para una nueva Organización de la Justicia en los Procesos Penales y Civiles”.
Las ponencias réplica a cargo de los colegas aludidos, becarios, constituyen una exposición a propósito del Curso “Hacia una propuesta de justicia para el siglo XXI: Los retos de la integración jurídica y de los procesos civil y penal en el espacio judicial Iberoamericano”, llevado a cabo en la Escuela Judicial de Barcelona como parte del Programa Aula Iberoamericana del Consejo General del Poder Judicial de España.
Para quienes conocemos de cerca a estos magistrados, es motivo de honda satisfacción que las conferencias de réplica, constituyan una iniciativa en extremo positiva a fin de difundir las experiencias adquiridas en cursos de alto entrenamiento en Europa, y precisamente dichas oportunidades traen a debate la necesidad de que los magistrados participen y se involucren en el perfeccionamiento de sus competencias jurisdiccionales en el exterior, sobre todo cuando éstas constituyen un intercambio de conocimientos con reconocidos profesores españoles que traducen la experiencia europea en impartición de justicia así como un quehacer de compartir experiencias con otros jueces de Iberoamérica, igualmente becarios del curso.
Los beneficios sin duda son encomiables pues este tipo de experiencias “abren” la visión de los jueces peruanos a otras experiencias de aquello que otros países manejan muchas veces con mayor eficiencia y eficacia respecto a nuestro ordenamiento jurídico. Y por ello, es sumamente positivo que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID así como el Consejo General del Poder Judicial CGPJ de España, hagan posible estas convocatorias a las cuales tienen acceso todos aquellos jueces que hubieren cumplido 5 años de servicios en su institución, aunque este requisito no resulta taxativo.
Las becas integrales de España, como las referidas respecto a la AECID y el CGPJ, representan un desafío de interrelación para los beneficiarios, plantean de suyo un tren de clases exigente y constituyen un reto integral para los magistrados participantes. El año 2009 la oferta de becas para magistrados iberoamericanos ascendió a 5 cursos en total en diversos ámbitos del Derecho y la selección ha venido siendo muy rigurosa en cuanto al orden de méritos para el acceso en condición de beneficiario.
Y quizás nuestros magistrados amigos, una vez ya ex participantes de retorno en Perú, pudieron haber guardado celosamente las competencias adquiridas. Sin embargo, ello no ha sido así y en un gesto de desprendimiento, han programado hasta 3 conferencias en distintas partes del país respecto de las experiencias adquiridas. Vaya por ello nuestro reconocimiento sincero, en la medida que el resto de magistrados del país podrán acceder a los planteamientos del curso español.
Esa feliz iniciativa, creemos firmemente, debería servir de marco de referencia para que todo curso en el exterior, implique la exigencia complementaria de una conferencia de réplica y la distribución de materiales, cuando ello sea posible. ¿Nos podríamos imaginar una excelente experiencia como becario, multiplicada por cien?
Bien por nuestros becarios y su desprendimiento en aportar, contribuir y sumar por el Perú!!!
INEFICACIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO LABORAL
MIGUEL ÁNGEL LOZANO GASCO
ACERCA DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL
ANÍBAL BALCÁZAR ZELADA
ROSA BANCES GUEVARA.
¿CÓMO INICIAR LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL?
CÉSAR ALBERTO ARCE VILLAR
¿HA DEBIDO EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXCLUIR DE UNA INVESTIGACION JUDICIAL A UN PROCESADO?
OLÍN FLORIÁN FLORIÁN
APLICACION DEL D.U 037-94 ANALISIS DESDE LA OPTICA DEL SECTOR SALUD
WASHINGTON LUIS BRAVO MONTALVO
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Revista virtual IPSO JURE No. 7
PALABRAS DEL DIRECTOR edición 7, noviembre 2009
Permítasenos esta vez ser gremialistas, en el mejor sentido del término, cuando nuestra sétima edición virtual nos encuentra en plena efervescencia institucional en atención a los Plenos Jurisdiccionales a nivel nacional promovidos por el Poder Judicial( Penal, de Familia, Constitucional y en las próximas semanas, Civil), así como por encontrarnos ad portas del Tercer Congreso Nacional de Magistrados.
Ambas facetas- los Plenos y los Congresos- resultan de suma y cabal importancia para la legitimidad del Poder Judicial como institución, en la medida que los Plenos precisamente apuntan a lograr una mayor predictibilidad de las decisiones judiciales. Un Pleno Jurisdiccional, propiamente, representa la decisión autónoma de los jueces a efectos de que un tema judicial que viene siendo resuelto de modo controversial y no uniforme, merezca una respuesta que apunte a los rasgos de unidad, coherencia y plenitud a que aspira el ordenamiento jurídico en su conjunto, en expresión de Norberto Bobbio. Y es precisamente a través de la predictibilidad que la tarea judicial se convierte en confiable y goza de mayor credibilidad. E inclusive, el Pleno va a representar la expresión de democracia representativa en tanto el asunto sometido a controversia y posiciones dispares, es objeto de una elección de argumentos y la mayor de las veces, en sana votación, triunfa una tesis sobre otra u otras en el entendido de que todas las proposiciones quedan abiertas al debate, pero es solo una respuesta jurídica la que debe finalmente prevalecer como criterio consensuado de expresión de legitimidad.
En ese aspecto, expresa el principio stare decisis que involucra la observancia de las decisiones conforme deciden los órganos jerárquicamente superiores. Y si se configurara que el caso a resolver no es sustancialmente idéntico a aquel que contempla el precedente que establece el Pleno Jurisdiccional, pues queda siempre el mecanismo de distinguishing, o de diferenciación, que el derecho anglosajón y el Common Law contemplan como fórmulas de apartamiento del precedente.
Creemos que el fomento de Plenos, tanto nacionales como regionales, como este año ha sucedido en el Perú, incentiva el debate democrático en tanto los jueces alegan posiciones y sustentan los argumentos que apoyan una forma de resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, y ello es garantía de legitimidad en tanto se producen consensos abiertos.
En cuanto se refiere a los Congresos Nacionales de Magistrados- el tercero a nivel nacional se lleva a cabo en Piura, norte de Perú, en este mes de noviembre- creemos de igual forma que los mismos constituyen expresiones tangibles de diagnósticos de la marcha de nuestra institución, respecto de aquello que hemos avanzado, de en dónde nos encontramos y de los retos por culminar. De entre varios temas gravitantes como independencia judicial, reforma del Poder Judicial, control disciplinario y eficiencia y eficacia, es nuestra posición que los retos de hacer más eficiente a nuestra institución y que la comunidad jurídica se persuada de que progresivamente llegamos a ser una institución eficaz, constituyen verdaderos planteamientos de gestión para los jueces. Ambos retos son una expresión suprema de lo que busca toda institución persuadida de la misión, visión y los valores que representa una entidad de servicio como lo es el Poder Judicial. Así, desde la pregunta sencilla “¿Qué puedo hacer por mejorar mi Despacho Judicial?” hasta” ¿ Qué debemos hacer como Corte Suprema o Corte Superior de un departamento para que el ciudadano confíe más en nuestra institución?”, constituyen esencialmente líneas de reflexión a nivel macro de los Congresos de Magistrados. Y estamos convencidos de que el Poder Judicial como tal va a seguir propiciando una filosofía de trabajo progresista, humanista y consecuente con los valores constitucionales. Y hechos como estos Congresos, cuyos resultados son tangibles, y no meras palabras como la buena expresión de que solo debemos ser mejores, dignifican la labor del juez en nuestro país.
SOBRE EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
RICARDO PONTE DURANGO
LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES EN LOS SISTEMAS INTERAMERICANO Y EUROPEO, APROXIMACIONES Y DIFERENCIAS
DANIEL MEZA HURTADO
ACERCA DE LA INDEPENDENCIA DEL JUEZ
CARLOS ALFONSO SILVA MUÑOZ
EL RAZONAMIENTO JURÍDICO EN PERSPECTIVA
ACERCA DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL IMPUTADO
ERWIN GUZMAN QUISPE DÍAZ
CRITERIOS QUE DIFERENCIAN EL CAMBIO Y RECTIFICACIÓN DE NOMBRE
ROSA MARÍA MEJÍA CHUMÁN
DECLARATORIA JUDICIAL DE AUSENCIA EN EL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL
VÍCTOR MONTEZA BASAURI
RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA LEY QUE REGULA EL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO COMERCIAL NO SOLICITADO (SPAM)
MARCO ANTONIO CARDOSO TORRES
LA FIGURA DEL ARRESTO CIUDADANO EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
ELVIS ELÍAS VALLEJOS BAUTISTA
ROLANDO MURGAS TORRAZZA
JOSÉ EDUARDO DE RESENDE CHÁVES JUNIOR
BUENAS PRÁCTICAS PROCESALES EN LOS DELITOS CONTRA EL HONOR
EDHÍN CAMPOS BARRENZUELA
LA VÍCTIMA EN EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL :AGRAVIADO – ACTOR CIVIL
MARIBEL RIVERA ORTEGA
DIANA HOYOS DÍAZ
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