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Timestamp: 2018-10-15 19:40:46+00:00

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﻿ SENTENCIA 2013-06276 DE JUNIO 15 DE 2016
SENTENCIA 2013-06276 DE 15 DE JUNIO DE 2016
CONTENIDO:FISCALES SERÁN SANCIONADOS DISCIPLINARIAMENTE POR NO ESTUDIAR LOS ELEMENTOS PROBATORIOS QUE APORTAN AL JUICIO AL COMPARECER A LAS AUDIENCIAS. LA SALA RECUERDA QUE SOBRE LOS FUNCIONARIOS RECAE UNA DOBLE EXIGENCIA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD, YA QUE NO SOLO SON RESPONSABLES POR INFRINGIR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY, SINO ADEMÁS POR LA OMISIÓN Y/O EXTRALIMITACIÓN EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES QUE LA MISMA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES LES IMPONEN, EN VIRTUD DE UNA ESPECIAL RELACIÓN DE SUJECIÓN QUE OSTENTAN FRENTE AL ESTADO, POR OPOSICIÓN A LAS RELACIONES DE SUJECIÓN DE LOS PARTICULARES FRENTE AL MISMO ENTE, QUE COMO SE OBSERVA ES MENOS RIGUROSA QUE LA DE LOS PRIMEROS. ES POR ELLO QUE ANTE LA FALTA DE PROFESIONALISMO DE UN TOGADO AL NO ME PREPARAR SUS CASOS, SEÑALA LA CORPORACIÓN QUE SE ESTÁ INCUMPLIENDO CON EL DEBER CONTEMPLADO EN EL NUMERAL 2º DEL ARTÍCULO 153 DE LA LEY 270 DE 1996, QUE EXIGE DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA JUSTICIA “DESEMPEÑAR CON HONORABILIDAD, SOLICITUD, CELERIDAD, EFICIENCIA, MORALIDAD, LEALTAD E IMPARCIALIDAD LAS FUNCIONES DE SU CARGO".
TEMAS ESPECÍFICOS:FISCAL DELEGADO ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ABOGADO, FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, ESTATUTO DEL ABOGADO, FALTAS DEL ABOGADO, FALTAS DISCIPLINARIAS DEL ABOGADO
Sentencia 2013-06276 de junio 15 de 2016
Rad.: 11001110200020130627601
Registra proyecto: catorce de junio de dos mil dieciséis
Aprobado según Acta Nº 56 de la misma fecha
Conforme a lo dispuesto en los artículos 256 numeral 3 de la Constitución Política; 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la doctora Gloria Margarita Gómez Ramírez, en su condición de fiscal 166 delegada ante los jueces penales municipales de Bogotá, contra la decisión proferida por la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de Bogotá, del 13 de marzo de 2015, por medio de la cual declaró disciplinariamente responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, al haber infringido el numeral 2º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 4º de la misma ley, y el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, con suspensión de un mes en el ejercicio de la profesión.
Ahora bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada equilibrio de poderes, en lo concerniente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, el cual señaló “(…) los actuales magistrados de la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.
Así mismo, Aunado a lo anterior, la Sala plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, analizando este aspecto, consideró:
“De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela” (resaltado nuestro).
Así mismo, la H. Corte Constitucional reiteró que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, lo siguiente: “los actuales magistrados de la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme a las medidas transitorias previstas en el citado acto, estimó la Guardiana de la Constitución Nacional, que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional Disciplinaria, no se posesionen, los magistrados de la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deberán continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente ésta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre diferentes jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.
El problema jurídico a dilucidar consiste en determinar si la decisión del a quo estuvo ajustada a derecho y conforme a la realidad probatoria o si por el contrario, merece ser revocada para que en su lugar absolver a la disciplinada.
Considera esta superioridad necesario señalar que la Constitución Política en el artículo 6º establece lo siguiente: artículo 6º “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Losservidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitaciónen el ejercicio de sus funciones” (subrayado fuera de texto).
Por lo anterior, resulta claro que una doble exigencia en materia de responsabilidad recae sobre los funcionarios públicos, ya que no solo son responsables por infringir la Constitución y la ley, sino además por la omisión y/o extralimitación en el ejercicio de las funciones que la misma Constitución y las leyes de la República les imponen, en virtud de una especial relación de sujeción que ostentan frente al Estado, por oposición a las relaciones de sujeción de los particulares frente al mismo ente, que como se observa es menos rigurosa que la de los primeros.
En primer lugar nos referiremos a los argumentos expuestos en el recurso de apelación por la investigada al impetrar se decrete la nulidad del pliego de cargos, por las siguientes razones:
Considera que se le debe dar una respuesta cabal y concreta, que ante todos esos argumentos expuestos desde los alegatos pre-calificatorios, como cordial disenso con la sentencia motivo de recurso de apelación, sea absuelta de toda responsabilidad atribuida en el pliego de cargos como en la sentencia recurrida.
A efectos de abordar la situación planteada, recuérdese que la nulidad es la máxima sanción que establece el ordenamiento jurídico, en caso de una tramitación irregular dentro de una actuación procesal, en la medida en que esa institución desviada quebrante de alguna manera la estructura del proceso o desconozca los lineamientos y pautas fijadas tanto por el derecho sustancial como por el procedimental en detrimento de los sujetos procesales. Y es así como podemos afirmar que las nulidades son una medida extrema para subsanar una irregularidad, que están taxativamente enumeradas en el ordenamiento jurídico y que requieren obviamente de un pronunciamiento expreso.
El artículo 143 numerales 2º y 3º de la Ley 734 de 2002, consagra como causales de nulidad: “La violación del derecho de defensa del investigado y la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”.
Así entonces, en el presente caso al analizar el proceso, ésta Sala encuentra que no se ha configurado causal alguna para decretar la nulidad de lo actuado, en virtud a que cierto es que el 22 de agosto de 2014, se formuló pliego de cargos en contra de la doctora Gloria Margarita Gómez Ramírez, en su condición de fiscal 166 delegada ante los jueces penales municipales de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, al haber infringido el numeral 2º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 4º de la misma ley, y el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal.
Para la anterior decisión, el a quo tuvo como sustento que la investigada como lo señaló en su exposición espontanea, el proceso le fue asignado a la fiscalía 166 delegada ante Los jueces penales municipales de Bogotá, el 14 de enero de 2013 (fl. 20 c.o.).
No obstante, el 30 de enero de 2013, a la aquí disciplinada junto con el abogado defensor del acusado, solicitó al juzgado 33 penal municipal con funciones de conocimiento el aplazamiento de la audiencia preparatoria a realizarse el 1º de febrero de 2013, a lo cual la juez penal de conocimiento accedió, esta audiencia preparatoria fue suspendida el 1º de abril por inasistencia del defensor; el 22 de abril nuevamente a solicitud del defensor y en razón de la renuncia del anterior apoderado, el 27 de mayo de por incapacidad otorgada al defensor, el 31 de mayo nuevamente a solicitud del defensor y el 26 de junio de 2013 respectivamente a solicitud del defensor por cuanto el acusado tenía programada una cirugía.
Posteriormente, el 21 de agosto de ese año, se llevó a cabo la audiencia preparatoria presidida por la juez 33 penal municipal con funciones de conocimiento, a la cual acudió como representante de la fiscalía la doctora Gloria Margarita Gómez Ramírez.
De otra parte, y, como quiera que pese haber sido asignado el proceso desde el mes de enero de 2013, al interior del mismo, ya había sido celebrada la audiencia de formulación de acusación, no se preocupó por estudiar el caso como en efecto lo mencionó la señora juez, labor que le hubiere permitido advertir y subsanar los errores presentados tanto en el escrito de acusación como en la audiencia respectiva.
Para soportar lo dicho, basta establecer una confrontación entre el escrito de acusación, y la audiencia celebrada el 21 de agosto de 2013, de cuya escucha se determina que la fiscalía no preparó la audiencia que trata el artículo 355 del Código de Procedimiento Penal, ya que se conformó con leer el listado de testigos de cargo que contenía el defectuoso escrito de acusación, sin detectar que del mismo no le era posible extraer la pertinencia y conducencia de los elementos materiales probatorios que introduciría en el juicio y más aún, cuando sobre ellos cimentaría la teoría del caso.
Así mismo, “la disciplinable, pasó por alto la lectura de las actas, y la escucha del CD de la audiencia de acusación, porque si hubiera preparado para la audiencia en cita, sin duda no habría llegado a dicha audiencia preparatoria con falencias como efectivamente se evidencia en el CD; a raíz de esta inconsistencia, ocasionó que la jueza le reclamara, y no solo ella, sino los demás sujetos intervinientes, por lo inconcebible de sus trabajo, pues sin ninguna preparación asistía a un acto tan importante, en el que debía soportar probatoriamente la teoría del caso, sino respetar las víctimas. De ahí que no es, como lo dice de manera enérgica la disciplinada, que la jueza la maltratara y la pusiera en condiciones de no poder sostener la conducencia de la prueba, sino que precisamente su precaria intervención, hizo reaccionar a la jueza, de manera seria, ponderada, jurídica, pero dura, ante tal indiligencia.
De otra parte, se observa dentro del dossier la despreocupación en su gestión judicial, por cuanto, fue reconocida por la misma funcionaria cuando en su escrito defensivo asintió que por la carga laboral, la audiencia la preparó momentos antes de su iniciación, conducta que en efecto pone entre dicho la responsabilidad con que asume su rol para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado como ente que representa al Estado.
Tampoco se realizó la audiencia que se encontraba fijada para el 1º de abril de 2013, porque no asistió el defensor del acusado en la cual se dejó constancia de que si asistió la fiscal, lo que hace aún más inconcebible su actitud, porque no era la primera vez que asistía, audiencia que por lo visto tampoco preparó, porque no tenía ni idea del asunto como lo reconoció en la audiencia que originó esta investigación.
Se tiene igualmente que, de las justificaciones esgrimidas por la fiscal, tampoco se advierte la enrostrada animadversión o actitud atemorizante de la juez 33 penal municipal con función de conocimiento, con la fuerza suficiente para generarle inseguridad y recelo a la investigada, pues la intervención de aquella se produjo acorde con sus funciones y dentro del límite del respeto y la consideración debida, ya que los cuestionamientos que le hizo a la funcionaria aquí disciplinada, fueron para hacer transitar el trámite por la senda del debido proceso y acorde con las obligaciones que incumben a cada uno de los actores, en especial el de ella en representación del ente acusador, como se ha manifestado anteriormente.
En consecuencia con lo anterior, y como quiera que las causales de la nulidad están claramente señaladas por la ley y al no observarse incursión en alguna de ellas a lo largo de la presente actuación pues no se evidencia violación al derecho de defensa de la investigada ya que está fue escuchada en versión libre, solicitó y refuto pruebas al interior de la investigación presentó descargos lo cual se enmarca dentro de una adecuada defensa de acuerdo con el numeral 3º del artículo 92 del Código Único Disciplinario, por lo que deberá negarse su solicitud, del estudio anteriormente efectuado.
De las faltas endilgadas.
La doctora Gloria Margarita Gómez Ramírez, en su condición de fiscal 166 delegada ante los juzgados penales municipales de Bogotá, fue hallada disciplinariamente responsable por haber incurrido con su conducta en falta grave culposa al desatender los deberes contemplados en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, al haber infringido el numeral 2º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 4º de la misma ley, y el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal.
Dichas normas preceptúan:
Ley 734 de 2002 artículo 196 establece:
“Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la ley estatutaria de la administración de justicia y demás leyes (…)”.
Con lo cual, infringió el deber contemplado en el numeral 2º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el numeral 4 que a la letra dice:
2. Desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo
“ART. 4º—Celeridad y Oralidad. La administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación injustificada constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Lo mismo se aplicará respecto de los titulares de la función disciplinaria”.
En concordancia con lo dispuesto en el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, que dice:
“ART. 363.—Suspensión. La audiencia preparatoria, además de lo previsto en este código, según proceda, solamente podrá suspenderse:
2. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditadas, siempre que no puedan remediarse sin suspender la audiencia”.
Previo a desatar el recurso de apelación impetrado por la funcionaria sancionada, mediante escrito de 7 de mayo de 2015, evidencia esta Sala que el mismo se presentó oportunamente, encontrándose que el mismo fue presentado en término, siendo procedente el correspondiente estudio.
En consecuencia con lo anterior, procede esta colegiatura a emitir el pronunciamiento, circunscribiéndose el mismo al objeto de la apelación de conformidad con el artículo 171 de la Ley 734 de 2002.
Ahora bien, tal como se indicó, la Sala de primea instancia sancionó a la doctora Gloria Margarita Gómez Ramírez, en su condición de fiscal 166 delegada ante los juzgados penales municipales de Bogotá, imponiéndole como sanción de suspensión en el cargo por el término de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, al haber infringido el numeral 2º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 4º de la misma ley, y el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal.
De conformidad con lo anterior, la encartada presentó recurso de apelación contra la decisión del a quo sustentando su inconformidad en los siguientes términos:
“No se me formuló pliego de cargos, porque yo no hubiera podido pedir la suspensión de la multicitada audiencia preparatoria, sino porque mis deberes, pues la audiencia no se suspendió por las circunstancias que lo permitía la ley (sic) sino por mi negligencia al comparecer sin ninguna preparación previa, al punto de no haber leído las actas ni escuchado el CD de la audiencia de acusación”.
Sobre este aspecto, encuentra la Sala que, de conformidad al material probatorio obrante que, la audiencia no fue suspendida por las circunstancias que lo permitía la Ley sino por la negligencia al comparecer la disciplinada sin ninguna preparación previa, al punto de no estudiar el caso, pues obraba actas, CD de la audiencia de acusación en la que claramente quedó consignado por escrito y verbalmente que la acusación tenía graves falencias, y ella, quien remplazó a quien lo hizo, continuo con la misma falencia al punto de tener que suspenderse la misma por cuanto carecía de preparación de la misma.
De otra parte habrá de decirse que, si bien existieron 6 suspensiones de audiencia aclarando la Sala no atribuibles a la disciplinada, pero se itera, ha debido acudir debidamente preparada en su rol de ente acusador, y al pasar varios meses después ni siquiera había estudiado el caso de marras como debió hacerse en su momento, por cuanto debió soportar probatoriamente la teoría del caso, misma que brillo por su ausencia en ese estadio procesal.
En cuanto a lo mencionado por la disciplinada que “dando aplicación a tal artículo, accedió a la suspensión y fijo nueva fecha, porque otra no podía ser su conducta como directora del proceso. Entonces la audiencia si se suspendió, por circunstancias o causales que permitía y permite la ley, honorable magistrado, a quien corresponda conocer de este asunto, dando la señora juez, aplicación al artículo 158 citado, del Código de Procedimiento Penal, tal como se reconoce de manera expresa en el injusto fallo”.
De la anterior inconformidad, habrá de señalarse que si bien, el artículo 158 de la Ley 906 de 2004, permite para lograr una mejor preparación del caso al ente acusador, también lo es, que la fiscalía en representación de la doctora Gloria Margarita Gómez, tenía el proceso de marras desde enero de 2013 también lo es, que para la fecha de la audiencia preparatoria esto es, 21 de agosto de ese mismo año, como quedó demostrado por el a quo, no estudio en su momento el caso, como debe ser , sino que, pretendió llegar a leer el escrito de acusación y a replicar los elementos probatorios que allí se señalaban, continuando con la falta de preparación, siendo por ello, que la juez 33 aquí quejoso, dando aplicación a dicho artículo, accedió a la suspensión y fijo nueva fecha, como directora del proceso, en aras de proteger el derecho fundamental de la víctima y así poder en su momento sustentar en debida forma su teoría del caso; es necesario resaltar, que no es como lo quiere dejar entre ver la disciplinada, no porque se justificara una suspensión para preparar la audiencia en cita, de conformidad al artículo 158 —prorroga de términos— que ha debido ser preparada con suficiente antelación como se ha mencionado con anterioridad, sino porque a la juez de Conocimiento no le quedara otro camino distinto.
Respecto al punto en que señala la recurrente, en cuanto a “la actitud soberbia, dictatorial e intransigente de la señora juez que presidía la audiencia, ante las falencias de que adolecía el escrito de acusación, como lo reconoce la misma Magistrada, todo en aras precisamente de salvaguardar o proteger los intereses de las víctimas del delito y los derechos del acusado, con lo cual, no se le causaba daño a nadie, como lo pretende hacer ver la magistrada, para justificar la “gravedad” de la falta a mi atribuida, con argumentos retóricos y sofísticos, de que es que con la suspensión que yo podía, por única vez, se lesionaran los intereses de la sociedad, que exige de una rápida y pronta justicia con calidad y por cuanto la justicia está señalada por la Ley 270 de 1995 como un servicio público esencial”.
Al respecto, habrá de decirse que, de conformidad a la audiencia motivo de estudio de esta Sala, la señora juez 33 penal municipal con función de conocimiento, —aquí quejosa— su intervención se produjo acorde a sus funciones y dentro del límite de respeto y la debida consideración dentro de la audiencia, en cuanto a los señalamientos cuestionados por la funcionaria, se hicieron en aras de dar trámite al debido proceso, así mismo, sobre la conducencia y pertinencia de lo solicitado se dio en términos normas y acordes, requerimiento que se encuentra ajustado en derecho, por cuanto es precisamente esta audiencia la que, como su nombre lo indica, allana válidamente el camino a la etapa de juicio oral y por ende, es donde se debe perfeccionar la etapa de la acusación.
Se itera, el comportamiento de parte de la directora de la audiencia, fue simplemente el producto del cumplimiento a su rol de sus deberes, responsabilidades y facultad que le otorga la constitución y la ley, esto es, de conformidad al artículo 139 de la Ley 906 de 2004, brillando por su ausencia lo manifestado por la recurrente.
En cuanto a que la magistrada ponente no recepcionó los testimonios de los señores Sabino Pulgarín, y Manuel Antonio Alarcón, quienes al parecer estuvieron presentes en la audiencia cuya suspensión solicitó la funcionaria investigada, habrá de decirse que revisado el material probatorio, en Auto de 9 de octubre de 2014, en el que se señaló que encontrándose el expediente al despacho para decretar pruebas en causa, solicitó pruebas el apoderado de la investigada. Entre ellas en el numeral 5º decretó los testimonios de los abogados señalados en el recurso de alzada por parte de la investigada fijando como fecha 22 de octubre de 2014 a las 9:30 a.m., citándose por intermedio de la funcionaria investigada, a quién se le comunico la fecha y hora igualmente, por si era su deseo asistir, los oficios fueron librados por la Secretaría judicial de la Sala jurisdiccional disciplinaria del consejo seccional de la judicatura de Bogotá, el día 10 de octubre de ese mismo año, vislumbrándose que los mismos no fueron recepcionados, ni alegados en forma oportuna al no llegar con antelación dicha citación.
De lo anteriormente expuesto, se colige sin hesitación alguna que afloran ampliamente las pruebas que demuestran la responsabilidad disciplinaria por parte de la fiscal 166 delegada ante los jueces penales municipales de Bogotá, con relación a su proceder en relación a la función que ejerce en representación de la Fiscalía General de la Nación, no le permiten este tipo de actuaciones, esto es, presentarse a la audiencia preparatoria sin el debido preparamiento para tal caso, como se ha mencionado con anterioridad dentro de la presente providencia.
Así las cosas, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia apelada proferida el 13 de marzo de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinara del consejo seccional de la judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con SUSPENSIÓN EN EL CARGO por el término de un mes, a la doctora Gloria Margarita Gómez Ramírez, en su condición de fiscal 166 delegada ante los jueces penales municipales de Bogotá, D.C., por haber incurrido con su conducta en falta grave culposa al desatender sus deberes previstos en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, al haber infringido el numeral 2º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 4º de la misma ley, y el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal.
En mérito de lo expuesto, la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia ene l nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. NEGAR LA NULIDAD solicitada por la disciplinada, respecto a la providencia proferida por la Sala jurisdiccional disciplinaria del consejo seccional de la judicatura de Bogotá, por lo expuesto en la parte motiva.
2. CONFIRMAR la decisión apelada del trece (13) de marzo de 2015, por medio de la cual la Sala jurisdiccional disciplinaria del consejo seccional de la judicatura de Bogotá, con ponencia de la Magistrada Paulina Canosa Suárez, resolvió sancionar con SUSPENSIÓN EN EL CARGO por el término de un mes a la doctora Gloria Margarita Gómez Ramírez, en su condición de fiscal 166 delegada ante los jueces penales municipales de Bogotá, D.C., por haber incurrido con su conducta en falta grave culposa al desatender los deberes contemplados en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, al haber infringido el numeral 2º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 4º de la misma ley, y el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
3. Por la SECRETARÍA JUDICIAL de esta Sala, notifíquese a las partes de la presente decisión. Efectuado lo anterior, remítase la actuación al Consejo Seccional de origen, para los fines pertinentes.

References: ARTÍCULO 153
 artículo 196
 artículo 153
 artículo 4
 artículo 363
 artículo 19
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 143
 artículo 196
 artículo 153
 artículo 4
 artículo 363
 artículo 355
 artículo 92
 artículo 196
 artículo 153
 artículo 4
 artículo 363
 artículo 196
 artículo 153
 artículo 363
 artículo 171
 artículo 196
 artículo 153
 artículo 4
 artículo 363
 artículo 158
 artículo 158
 artículo 158
 artículo 139
 artículo 196
 artículo 153
 artículo 4
 artículo 363
 artículo 196
 artículo 153
 artículo 4
 artículo 363