Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-550845-d-18-2015-de-10-abr-ca-illes-balears-principios-generales-a-los-que-se-han.html
Timestamp: 2017-07-27 21:15:13+00:00

Document:
Decreto 18/2015, de 10 de abril de 2015, por el que se establecen los principios generales a los que se han de someter los conciertos sociales (Vigente hasta el 01 de Enero de 2016).
Publicado en BOIB núm. 54 de 16 de Abril de 2015
Vigencia desde 17 de Abril de 2015. Esta revisión vigente desde 17 de Abril de 2015 hasta 01 de Enero de 2016
Servicios que se pueden concertar
Sujetos que pueden concertar
TÍTULO II. CONTENIDO DE LOS CONCIERTOS SOCIALES
Disposición de plazas concertadas
CAPÍTULO I. Servicios concertados
Publicidad del procedimiento
Aprobación de los conciertos
CAPÍTULO II. Servicios de nueva creación
Solicitud de servicio de nueva creación
TÍTULO IV. EJECUCIÓN DEL CONCIERTO SOCIAL
Pago del coste del concierto
Reintegro de cantidades recibidas indebidamente
TÍTULO V. RENOVACIÓN, MODIFICACIÓN, REVISIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CONCIERTO SOCIAL
Requisitos de la renovación
Modificaciones de los conciertos
Ampliación del número de plazas
Revisión y modificación de las condiciones técnicas y económicas
TÍTULO VI. EXTINCIÓN DEL CONCIERTO SOCIAL
Diferenciación respecto al concierto previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
Primer régimen de concierto social
Determinación de los requisitos de acreditación de determinados servicios
L 12/2015 de 29 Dic. CA Illes Balears (presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2016) Ocultar / Mostrar comentarios Número 2 del artículo 2 redactado por el apartado 1 de la disposición final decimotercera de la Ley [BALEARES] 12/2015, 29 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2016 («B.O.I.B.» 30 diciembre).
Número 1 de la disposición transitoria primera redactado por el apartado 2 de la disposición final decimotercera de la Ley [BALEARES] 12/2015, 29 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2016 («B.O.I.B.» 30 diciembre).
El artículo 9.2 de la Constitución española, como manifestación del estado social, ordena a los poderes públicos «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».
El artículo 148.1.20a de la Constitución establece que las comunidades autónomas pueden asumir competencias en materia de asistencia social y, al amparo de este precepto, el artículo 30.15 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, reformado por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, otorga a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en acción social y bienestar social; políticas de protección y apoyo a las personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, y políticas de atención a las personas dependientes. El artículo 70.4 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears establece como competencias propias de los consejos insulares las siguientes materias: «Servicios sociales y asistencia social. Desarrollo comunitario e integración. Política de protección y atención a las personas dependientes. Complementos de la seguridad social no contributiva. Voluntariado social. Políticas de atención a las personas ya los colectivos en situación de pobreza o necesidad social». Sin embargo, en esta materia, de conformidad con el artículo 58.3, el Gobierno tiene la facultad de dictar los principios generales que deben constituir un mínimo denominador normativo común en todo el territorio autonómico, basado en aspectos de interés supra insular, de relaciones con el Estado y las comunidades europeas, de buena administración y de respeto a los derechos de los ciudadanos.
Por tanto, corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears la configuración del sistema propio de servicios sociales, y en uso de esta competencia se aprobó la Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales de las Illes Balears, reformada recientemente por la Ley 10/2013, de 23 de diciembre, aprobada por unanimidad del Pleno del Parlamento de las Illes Balears. En la exposición de motivos, la Ley 10/2013 estipula que «corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears la configuración del sistema propio de servicios sociales y, tal y como han hecho otras comunidades autónomas, mediante las respectivas leyes de servicios sociales, poder establecer un régimen de concierto diferenciado de la modalidad contractual recogida en la Ley de contratos del sector público, mediante el cual se dé respuesta a las necesidades de los colectivos más desfavorecidos, asegurando la participación y la colaboración de las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro de las Illes Balears en esta tarea, al tiempo garantizando el cumplimiento de los principios informadores de la normativa estatal y europea en materia de concertación entre la iniciativa pública y la privada».
El Decreto 6/2013, del presidente, de 2 de mayo, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, atribuye a la Consejería de Familia y Servicios Sociales, a través de la Dirección General de Servicios Sociales, la planificación de la política de servicios sociales, elaboración de normativa, evaluaciones de planes y programas de servicios sociales, registro, autorización e inspección de servicios y centros de servicios sociales de ámbito autonómico.
Por todo ello, a propuesta de la consejera de Familia y Servicios Sociales, de acuerdo con el Consejo Consultivo de las Illes Balears, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión de 10 de abril de 2015,
Objeto 1. Este decreto tiene por objeto regular los principios generales a los que deben someterse los conciertos sociales en el ámbito territorial de las Illes Balears, de acuerdo con lo previsto en el apartado 5 del artículo 89 bis de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales de las Illes Balears.
Servicios que se pueden concertar 1. Los poderes públicos, a fin de garantizar la prestación de los servicios sociales y dentro de las consignaciones presupuestarias fijadas al efecto, suscribirán conciertos sociales con las entidades de iniciativa privada que sean titulares de los servicios que quieran sostener con fondos públicos, siempre que cumplan los requisitos a que se refiere el capítulo III del título VII de la Ley 4/2009.
Número 2 del artículo 2 redactado por el apartado 1 de la disposición final decimotercera de la Ley [BALEARES] 12/2015, 29 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2016 («B.O.I.B.» 30 diciembre).
Órganos competentes Corresponde a cada Administración pública con competencias en materia de servicios sociales, determinar el órgano que tiene que aprobar y formalizar los conciertos.
Sujetos que pueden concertar 1. Están facultados para formalizar conciertos sociales con la Administración las personas físicas o jurídicas de carácter privado, nacionales de los estados miembros de la Unión Europea, que sean titulares de los servicios a que se refiere el artículo 2.2 de este decreto.
Requisitos de las entidades 1. Para poder acogerse al régimen de concierto social, las entidades de iniciativa privada deben cumplir los requisitos mínimos que se establezcan en desarrollo del título VII de la Ley 4/2009, someterse a las normas que dispone dicho título de la Ley 4/2009 y asumir las obligaciones derivadas del concierto de acuerdo con este Decreto.
Duración de los conciertos El concierto social debe tener una duración máxima de cuatro años y se puede renovar de acuerdo con lo previsto en este decreto. Sin embargo, el concierto social puede ser objeto de revisión y, en su caso, de modificación, antes de que acabe la vigencia.
Resolución de conflictos Las cuestiones litigiosas derivadas de la aplicación del régimen de concierto serán resueltas por el órgano competente de la administración concertante, sin perjuicio de que, una vez agotada la vía administrativa, puedan someterse a la jurisdicción contencioso administrativa.
TÍTULO IICONTENIDO DE LOS CONCIERTOS SOCIALES
Formalización En el documento administrativo por el que se formaliza el concierto social deben constar los derechos y obligaciones de ambas partes, con sujeción a lo establecido en el presente decreto y demás disposiciones reguladoras del régimen de concierto social, de acuerdo con lo dispuesto los artículos 89 bis y 89 ter de la Ley 4/2009.
Financiación 1. El concierto social obliga a la Administración a asignar fondos públicos para el sostenimiento de los servicios concertados.
Obligaciones de las entidades 1. El concierto social obliga a la entidad de iniciativa privada a prestar gratuitamente los servicios del concierto al usuario de acuerdo con los pliegos técnicos correspondientes y con sujeción a las normas vigentes, a menos que estas normas prevean la participación económica de la usuario; en este caso, la entidad solo puede percibir las cuotas que haya fijado reglamentariamente la Administración pública.
Servicios complementarios 1. Los servicios complementarios deben ser voluntarios, no deben tener carácter discriminatorio para los usuarios y deben carecer de carácter lucrativo.
Disposición de plazas concertadas Mediante el concierto social, la entidad de iniciativa privada se obliga a tener en funcionamiento el número total de plazas objeto del concierto. Asimismo, se obliga a tener una relación media de usuarios y profesionales para módulo de servicio no inferior a la que se determine en el pliego de condiciones técnicas.
Distribución de plazas 1. Mediante el concierto social, la entidad de iniciativa privada se obliga a atender a los usuarios que hayan solicitado el acceso al servicio y tengan asignada una plaza por parte de la administración competente.
Publicidad Las entidades de iniciativa privada acogidas al régimen de concierto social deben hacer constar junto a su denominación, en su documentación y en su publicidad la condición de entidad perteneciente a la Red Pública de Servicios Sociales.
Capítulo IServicios concertados
Plazo de presentación de la solicitud 1. Las entidades de iniciativa privada que cumplan lo dispuesto en el artículo 5 de este decreto y se quieran acoger al régimen de concierto social para un servicio concreto a partir de un año natural determinado, lo han de solicitar a la administración competente en materia de servicios sociales durante el mes de junio del año anterior.
Criterios de preferencia 1. Los conciertos sociales se regirán por los principios de atención personalizada e integral, arraigo de la persona en el entorno de atención social, elección de la persona, continuidad en la atención y calidad, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo 89 bis de la Ley 4/2009.
d. Finalmente, cuando haya condiciones de eficacia, calidad y rentabilidad social análogas, el órgano competente ha de acoger en el apartado 4 del artículo 89 quinquies de la Ley 4/2009 a la hora de fijar la prioridad y el reparto ponderado en la concesión
Listas de espera Mediante una disposición administrativa de carácter general se regulará la gestión por parte de la administración concertando de la lista de espera de asignación de plazas en servicios concertados.
Publicidad del procedimiento La convocatoria, la concesión y el seguimiento de los conciertos sociales de conformidad con este decreto se rigen por criterios de transparencia y publicidad, de modo que todo el proceso se hará público por las vías que cada órgano competente considere convenientes y suficientes para garantizarlos.
Aprobación de los conciertos 1. Los órganos a que se refiere el artículo 3 de este decreto deben aprobar o denegar los conciertos previa comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos y de acuerdo con los criterios de preferencia correspondientes.
Formalización Los conciertos sociales se formalizarán en documento administrativo en que se hagan constar los derechos y obligaciones recíprocos, así como las características concretas del servicio y otras circunstancias derivadas de la Ley 4/2009, de los decretos de desarrollo y de aplicación de esta ley y de los pliegos técnicos del concierto. Esta formalización se realizará antes del 15 de enero del año correspondiente, sin perjuicio de que se atribuyan efectos retroactivos a 1 de enero.
Capítulo IIServicios de nueva creación
Solicitud de servicio de nueva creación Las entidades de iniciativa privada que creen nuevos servicios o las entidades de iniciativa privada de nueva creación que tengan que prestar servicios sociales comprendidos en la cartera de servicios sociales y/o en la planificación autonómica o insular y se quieran acoger al régimen de concierto social, lo han de solicitar al iniciarse el procedimiento de acreditación administrativa del servicio de nueva creación.
Procedimiento La suscripción del concierto social se someterá al procedimiento previsto para los centros ya acreditados establecidos en el capítulo I del título III de este decreto.
TÍTULO IVEJECUCIÓN DEL CONCIERTO SOCIAL
Pago del coste del concierto 1. La Administración tramitará mensualmente la orden de pago de los precios por plaza o servicio que se hayan establecido, de acuerdo con los módulos económicos a que hace referencia el artículo 9 de este decreto, previa presentación de una factura mensual, por parte de las entidades, de las plazas ocupadas o los servicios prestados.
Deber de comunicación A efectos del abono de las cantidades correspondientes a los servicios concertados, las entidades deben facilitar a la Administración competente la relación de los usuarios que hayan ocupado la plaza cada mes y las comunicaciones de altas o bajas de estos usuarios.
Justificación Las cantidades abonadas por la Administración por el servicio concertado deben justificarse anualmente mediante la aportación por parte del titular de un informe de auditoría externa de las cuentas de las entidades o del servicio del año anterior, así como de un informe de auditoría externa relativa a la aplicación de los fondos percibidos por parte de la entidad en concepto de abono de conciertos.
Reintegro de cantidades recibidas indebidamente La percepción indebida de cantidades por parte del titular del servicio, de acuerdo con lo previsto en este decreto, supone la obligación de reintegro de estas cantidades, previa tramitación del procedimiento que corresponda, con audiencia de la persona interesada.
Inspección y control Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los servicios concertados quedan sujetos al control de carácter financiero, y a las funciones inspectoras y sancionadoras de las administraciones competentes en la materia.
TÍTULO VRENOVACIÓN, MODIFICACIÓN, REVISIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CONCIERTO SOCIAL
Renovación 1. Las entidades de iniciativa privada que quieran renovar un concierto social para un determinado servicio lo han de solicitar a la Administración durante el mes de enero del año correspondiente a su finalización.
Requisitos de la renovación 1. Los conciertos se renovarán siempre que la entidad y el servicio continúen cumpliendo los requisitos que determinaron la aprobación, y haya consignaciones presupuestarias disponibles.
Procedimiento y resolución La aprobación y la formalización de la renovación de los conciertos sociales, así como la denegación, en todo lo no previsto en este título, se regirán por las normas contenidas en el título tercero, capítulo primero, de este decreto.
Modificaciones de los conciertos 1. Las variaciones que puedan producirse en los servicios para la alteración del número de plazas, por circunstancias derivadas de las necesidades de atención de los usuarios o por otras circunstancias individualizadas, darán lugar a la modificación del concierto social siempre que no afecten a los requisitos que origina la aprobación.
Ampliación del número de plazas 1. Atendiendo a la disponibilidad presupuestaria, anualmente se pueden incrementar el número de plazas objeto del concierto social durante la vigencia, siempre que haya demanda de usuarios acreditados en la lista de espera de la Administración para ese determinado servicio objeto del concierto social.
Revisión y modificación de las condiciones técnicas y económicas 1. La Administración competente podrá revisar los pliegos de condiciones técnicas y los módulos económicos de oficio o a instancia de una o más entidades titulares del servicio objeto del concierto social que representen la mayoría de las plazas concertadas.
TÍTULO VIEXTINCIÓN DEL CONCIERTO SOCIAL
Causas de extinción 1. Son causas de extinción del concierto social:
Extinción de la personalidad jurídica La extinción de la persona jurídica titular del servicio concertado produce la extinción del concierto, a menos que la organización y el patrimonio pasen a ser de titularidad de otra persona jurídica que cumpla los requisitos establecidos en este decreto y asuma las obligaciones correspondientes al concierto.
Cese voluntario En el supuesto de cese voluntario de la actividad del servicio, los efectos de la extinción tendrán lugar a partir de la fecha prevista en la resolución que acuerde el cese de la actividad.
Principios generales Este decreto en su conjunto y el contenido se consideran principios generales que la Administración autonómica puede establecer, de acuerdo con el artículo 58.3 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, con el fin de posibilitar la ejecución de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los habitantes de las Islas, con independencia de la isla de residencia, en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española. Así, se garantizan la unidad y la plenitud del ordenamiento jurídico autonómico, se evita la existencia de lagunas legales y se posibilita uniformar los aspectos básicos a los que deben someterse los conciertos sociales.
Diferenciación respecto al concierto previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público El régimen de concierto regulado en este decreto se establece como diferenciado de la modalidad contractual de concierto que regula el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y, por tanto, está excluido del ámbito de aplicación de este texto refundido.
Primer régimen de concierto social 1. Las entidades de iniciativa privada que hayan obtenido la acreditación definitiva para sus servicios y tengan servicios concertados, contratados o subvencionados, podrán acogerse al régimen de concierto social en el plazo de 6 meses desde la aprobación de la disposición administrativa de carácter general a que se refiere el artículo 2.2 de este decreto, por el mismo número de plazas o usuarios atendidos en ese momento.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la administración puede suscribir conciertos con las entidades de iniciativa privada que hayan solicitado la acreditación de los servicios y atiendan necesidades urgentes que no se puedan satisfacer de otra manera. Estos conciertos se celebrarán por un año y se pueden renovar si, en este periodo, los servicios obtienen la acreditación o si subsisten las necesidades que motivaron la suscripción.
Determinación de los requisitos de acreditación de determinados servicios Mientras no se produzca el desarrollo reglamentario de los servicios objeto de concierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 a, las condiciones y exigencias del servicio se fijarán en el pliego de condiciones técnicas.
Normas que se derogan Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior que se opongan a este decreto.
Entrada en vigor Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

References: artículo 2
 artículo 9
 artículo 148
 artículo 30
 artículo 70
 artículo 58
 artículo 89
 artículo 2
 artículo 2

Resolución 
 artículo 5
 artículo 89
 artículo 89
 artículo 3
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 artículo 58
 artículo 14
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 5