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Cartillas de Administración Pública - PDF
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Concepción Romero Ortega
1 Cartillas de Administración Pública Departamento Administrativo de la Función Pública Inhabilidades e 10 Incompatibilidades de los Servidores Públicos
2 Cartillas de Administración Pública Inhabilidades e Incompatibilidades de los Servidores Públicos Versión 2
4 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP CREADA MEDIANTE LEY 19 DE 1958 DIRECTIVAS ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ESAP Honorio Miguel Henríquez Pinedo Director Nacional Luz Amparo González Agudelo Subdirectora de Proyección Institucional Mauricio Villalobos Rodríguez Subdirector Académico María Magdalena Forero Moreno Subdirectora de Alto Gobierno Germán Insuasty Mora Subdirector Administrativo y Financiero Édgard Sierra Cardozo Secretario General Rubén Darío Calderón Jaramillo Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Ma. Eugenia Rodríguez Tovar Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Eurípedes González Ordóñez Jefe Control Interno Agradecimiento especial por la colaboraciòn y apoyo a: Marìa Juliana Ramirez Zea Ivàn Roberto Santoyo Pinzòn DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA Elizabeth Rodríguez Taylor Directora Carla Liliana Henao Carmona Subdirectora Claudia Patricia Hernández León Directora Jurídica María del Pilar Arango Viana Directora de Políticas de Control Interno y Racionalización de Trámites José Fernando Berrío Berrío Director de Desarrollo Organizacional Alberto Medina Aguilar Director de Empleo Público Celmira Frasser Acevedo Jefe Oficina Asesora de Planeación Dolly Amaya Caballero Jefe Oficina de Control Interno (e) Victoria Eugenia Díaz Acosta Jefe Oficina de Sistemas
6 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA Elizabeth Rodríguez Taylor Directora ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Honorio Miguel Henríquez Pinedo Director Nacional EQUIPO TÉCNICO DE TRABAJO SEGUNDA EDICIÓN ACTUALIZADA Claudia Patricia Hernández León Directora Jurídica Mónica Lilly Serrato Moreno Tatiana Agudelo Londoño Diego Francisco Pineda Plazas Ruth Manrique Manrique EJECUCIÓN Escuela Superior de Administración Pública Subdirección Académica Función Pública Dirección Jurídica Bogotá, D.C., 2009
8 TABLA DE CONTENIDO Págs. I. Introducción... 9 Inhabilidades Consecuencias de las Inhabilidades Formalidades que se deben cumplir para retirar del servicio a quien le sobrevenga una Inhabilidad Inhabilidades comunes a todos los servidores públicos Inhabilidad sobreviniente para el servidor público Ejercicio de empleos públicos por pensionados Inhabilidades de directores, gerentes y miembros de juntas directivas de entidades descentralizadas del orden nacional Inhabilidades para ser Presidente o Vicepresidente de la República Inhabilidades para ser Congresista Inhabilidades en época de elecciones de congresistas, Presidente y Vicepresidente.. 61 Inhabilidades según el cargo a ejercer en el nivel territorial Inhabilidades de los concejales del Distrito Capital Inhabilidades de las juntas administradoras locales del Distrito Capital Inhabilidades de los alcaldes locales del Distrito Capital Inhabilidades del Personero del Distrito Capital Inhabilidades del Contralor del Distrito Capital Inhabilidades del gobernador Inhabilidades de los diputados Inhabilidades del alcalde Inhabilidades de los concejales Inhabilidades miembros de juntas administradoras locales Inhabilidades del Contralor Departamental Inhabilidades del Contralor Municipal
9 Págs. Inhabilidades del Personero Municipal Prohibiciones de parientes de gobernador, diputado, alcalde, concejales y miembros de juntas administradoras locales para ser nombrados en la circunscripción territorial Inhabilidades de directores, gerentes y miembros de juntas directivas de entidades descentralizadas del orden territorial Régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los miembros particulares en las juntas directivas de entidades descentralizadas del orden nacional y territorial Incompatibilidades Incompatibilidades comunes a todos los servidores públicos Incompatibilidades de los congresistas Incompatibilidades del alcalde del Distrito Capital Incompatibilidades de los concejales del Distrito Capital Incompatibilidades de las juntas administradoras locales del Distrito Capital Incompatibilidades del Personero del Distrito Capital Incompatibilidades del Contralor del Distrito Capital Incompatibilidades de los gobernadores Incompatibilidades de los diputados Incompatibilidades de los alcaldes municipales Incompatibilidades de los concejales municipales Incompatibilidades de los miembros de las juntas administradoras locales Incompatibilidades de los contralores municipales Incompatibilidades de los personeros municipales Incompatibilidades miembros juntas directivas de establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta del orden territorial Inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado Inhabilidades e incompatibilidades en los servicios públicos domiciliarios
10 I. INTRODUCCIÓN En la actualidad el Función Pública, en desarrollo de la política pública de instrumentalización y en razón a los avances Jurisprudenciales y el desarrollo legal que se ha dado en los últimos años, ha efectuado la actualización de la cartilla sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos. Debido al carácter taxativo y la interpretación restrictiva que conlleva este tema, la cartilla se ha elaborado con normas de rango constitucional, legal y reglamentario sobre las cuales las Altas Cortes han realizado el desarrollo jurisprudencial, así como con la incorporación de conceptos emitidos por la Dirección Jurídica de este Departamento. Por considerar de interés, nos permitimos expresar las razones que justifican la consagración de un Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades dentro del ordenamiento colombiano, en los siguientes términos: la consagración del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, se justifica en la prevalecía de los intereses estatales y en los principios y valores de igualdad, moralidad, ética, corrección, probidad, transparencia e imparcialidad que deben imperar en la actuación de los sujetos que desempeñan la función pública, o de quienes aspiran o pretendan acceder a la misma. En efecto, el desarrollo indigno del poder, la influencia negativa de la posición, el privilegio indebido con olvido del Interés público, de la legalidad, de la buena administración, del patrimonio público y de la probidad en las actuaciones, constituyen, sin duda, razones para establecer restricciones a la libertad y a los derechos de los sujetos en el ámbito del derecho público, tendientes a evitar la vinculación a la función pública o el ejercicio de ésta en las diferentes ramas del Poder público, de personas cuya conducta o situación pueda ser lesiva a esos intereses, principios y valores 1. Es así como, con el presente documento se busca informar, orientar, explicar y guiar a los lectores respecto a las Inhabilidades e Incompatibilidades teniendo en cuenta las normas que se encuentran vigentes, la jurisprudencia actual y los conceptos emitidos por el 1 Consejo de Estado. Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo Radicación <00581>00. Providencia de fecha veintiuno (21) de abril de dos mil nueve (2009). Consejero Ponente Dr. Mauricio Torres Cuervo. 9
11 DAFP, para que en su conjunto otorguen al lector una idea clara y concreta de dicho tema. De igual forma dentro de los propósitos de esta cartilla se encuentra guiar y orientar el desarrollo de las inhabilidades e incompatibilidades para evitar que los funcionarios por desconocimiento de este régimen incurran en errores que pueden traer graves consecuencias.
12 INHABILIDADES QUÉ SE ENTIENDE POR INHABILIDAD Inhabilidad es la incapacidad, ineptitud o circunstancias que impiden a una persona ser elegida o designada en un cargo público y, en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio. La jurisprudencia ha señalado que Las inhabilidades son restricciones fijadas por el constituyente o el legislador para limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos o funciones públicas. También han sido definidas por esta Corporación como aquellos requisitos negativos para acceder a la función pública, los cuales buscan rodear de condiciones de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y la permanencia en el servicio público, de tal suerte que las decisiones públicas sean objetivas y tengan como resultado el adecuado cumplimiento de los fines del Estado que asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo Cfr. Corte Constitucional 2. El ordenamiento jurídico consagra dos tipos de inhabilidades en consideración a la naturaleza y la finalidad de la limitación: Inhabilidades relacionadas directamente con la potestad sancionadora del Estado, la cual se aplica en los ámbitos penal, disciplinario, contravencional, correccional y de punición por indignidad política. Inhabilidades que no constituyen sanción ni están relacionadas con la comisión de faltas, sino que corresponden a modalidades diferentes de protección del interés general y obedecen a la efectividad de principios, derechos y valores constitucionales, como son la lealtad empresarial, moralidad, imparcialidad, eficacia, transparencia o sigilo profesional, entre otros postulados 3. Cabe resaltar que dado el carácter prohibitivo de las inhabilidades, estas son taxativas, es decir, están expresamente consagradas en una ley o en la Constitución Política. La Corte Constitucional ha expresado que el Legislador tiene un margen de discrecionalidad amplio para regular las inhabilidades e incompatibilidades para acceder a la función pública, dentro de las limitaciones que la propia Carta define. Diferente es la situación del operador jurídico, quien debe interpretar estricta y restrictivamente las causales de 11 2 Sentencias C , M. P. Hernando Herrera Vergara; C , M. P. Eduardo Montealegre Lynett y C , M. P. Jaime Araújo Rentería 3 Sentencia C-348/04, (20 de abril). M. P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.
13 inelegibilidad, en tanto y cuanto son excepciones legales al derecho de las personas a acceder a los cargos públicos 4. La finalidad de las inhabilidades es garantizar la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio de cargos o funciones públicas. De igual forma son una garantía de que el comportamiento anterior o el vínculo familiar no afectarán el desempeño del empleo o función. A continuación se presenta en forma gráfica los grados de parentesco que se establecen en la Constitución y en la ley y que nos interesan a propósito de las inhabilidades, en especial los grados a que se refiere el artículo 126 de la Constitución Política. Para tal efecto resulta preciso indicar de manera previa los conceptos sobre grados de parentesco que establece el Código Civil Colombiano en sus artículos 35 y siguientes, así: ARTÍCULO 35. Parentesco de consanguinidad. Parentesco de consanguinidad es la relación o conexión que existe entre las pe rsonas que descienden de un mismo tronco o raíz o que están unidas por los vínculos de la sangre. Nota General. De consanguinidad en línea recta(bisabuelo, abuelo, padre, hijo, nieto, bisnieto) puede ser ascendiente y descend iente. Cada generación representa un grado. Para calcular los grados de la línea colateral, es decir, la existente entre dos parientes que no descienden de un tronco común, se cuentan y suman las generaciones que hay desde cada uno de los dos parientes hasta el ascendiente común. ARTÍCULO 37. De los grados de consanguinidad. Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generacion es. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí. ARTÍCULO 47. Afinidad legítima. (Afinidad legítima es la que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos legí timos de su marido o mujer. La línea o grado de afinidad legítima de una persona con un consanguíneo de su marido o mujer, se califica por la línea o grado de consanguinidad legítima de dicho marido o mujer con el dicho consanguíneo. Así un varón está en primer grado de afinidad legítima, en la línea recta con los hijos habidos por su mujer en anterior matrimonio; en segundo grado de afinidad legítima, en la línea transversal, con los hermanos legítimos de su mujer.) Nota. El texto entre paréntesis se declaró Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-595 de noviembre 6 de Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía. Conc: Artículos 35, 37, 41, 42, Sentencia C M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
14 ARTÍCULO 48. Afinidad ilegítima. (Es afinidad ilegítima la que existe entre una de las personas que no han contraído matrimonio y se han conocido carnalmente, y los consanguíneos legítimos o ilegítimos de la otra, o entre una de dos personas que están o han estado casadas y los consanguíneos ilegítimos de la otra.) Nota Jurisprudencial. Este artículo se declaró Inexequible por la Corte Constitucional Sentencia C-595 de noviembre 6 de 1996, pues el texto se prestaba para equívocas interpretaciones de la expresión ilegítimo y desvirtuaba toda la jurisprudencia sobre la imposibilidad de tratos discriminatorios por razón del origen familiar, es por ello que la Corte declaró su inconstitucionalidad, entre otras razones, porque el inciso primero del artículo 42 de la Constitución reconoce igualdad entre la familia natural y la jurídica, de tal suerte que no existe consanguinidad ilegítima a causa de la inexistencia del matrimonio. Osea ésta como ilícita....se advierte que la declaración de inexequibilidad del artículo 48 no implica la desaparición de la afinidad extramatrimonial, es decir, la originada en la unión permanente a que se refieren los artículos 126 y 179 de la Constitución, entre otros. Para todos los efectos legales, la afinidad extramatrimonial sigue existiendo. ARTÍCULO 50. Parentesco civil. Parentesco civil es el que resulta de la adopción, mediante la cual la ley estima que el adoptante, su mujer y el adoptivo se encuentran entre sí, respectivamete, en las relaciones de padre, de madre, de hijo. Este parentesco no pasa de las respectivas personas. 13
15 GRADOS DE PARENTESCO PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD PADRES 1ER GRADO CANDIDATO HIJOS 1ER GRADO HERMANOS 2º GRADO SOBRINOS TÍOS 3er. GRADO PRIMOS 4º GRADO 14 9
16 PARENTESCO POR AFINIDAD CANDIDATO PADRES (suegros) 1ER GRADO CÓNYUGE HERMANOS (cuñados) 2º GRADO SOBRINOS 3er. GRADO PRIMOS 4º GRADO 15
17 PARENTESCO POR ADOPCIÓN CANDIDATO HIJOS ADOPTIVOS ÚNICO CIVIL 16
18 CONSECUENCIAS DE LAS INHABILIDADES Jurisprudencialmente se ha establecido que la configuración de las inhabilidades acarrea lo siguiente: a) Para quien aspira a ingresar o acceder a un cargo público, no podrá ser designado ni desempeñar dicho cargo. b) Para quien sin haberse configurado alguna de las causales de inhabilidad mencionadas, es nombrada para ocupar un cargo o empleo en la Rama Jurisdiccional, o cuando encontrándose en ejercicio del cargo, incurre en alguna de ellas, será declarado insubsistente. En todos estos eventos, la persona nombrada deberá ser declarada insubsistente mediante providencia motivada, aunque el funcionario o empleado se encuentre escalafonado en la carrera judicial 5. Respecto de lo anterior, el artículo 6º de la Ley 190 de 1995 señala: En caso de que sobrevenga al acto de nombramiento o posesión alguna inhabilidad o incompatibilidad, el servidor público deberá advertirlo inmediatamente a la entidad a la cual preste el servicio. Si dentro de los tres (3) meses siguientes el servidor público no ha puesto fin a la situación que dio origen a la inhabilidad o incompatibilidad, procederá su retiro inmediato, sin perjuicio de las sanciones a que por tal hecho haya lugar. Frente al tema, la Corte Constitucional señaló que El artículo 6 de la Ley 190 de 1995, tras ordenar al servidor público informar de inmediato sobre la ocurrencia de inhabilidades o incompatibilidades sobrevenidas con posterioridad al acto de nombramiento o posesión, prescribe que si dentro de los tres meses siguientes el servidor público no ha puesto fin a la situación que dio origen a la inhabilidad, procederá su retiro inmediato, sin perjuicio de las sanciones a que por tal hecho haya lugar 17 5 Sentencia C-509 de 1994.
19 Se pregunta la Corte si los principios de servicio a los intereses generales, igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad (C.P. art. 209), los cuales garantizan un determinado régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, se desconocen si la ley, en lugar de optar por autorizar el retiro inmediato de un funcionario público incurso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes, otorga a éste un plazo de tres meses para poner fin a la situación que les ha dado origen. 7. Dos precisiones deben hacerse antes de ahondar en el análisis. La primera, no cabe plantear una relación de igualdad y, por ende, una vulneración al mismo, si se toman como términos de comparación las personas que no han podido acceder a la administración en razón de una específica inhabilidad que las cobija de un lado y, de otro, las personas nombradas o posesionadas que con posterioridad resultan afectadas por una inhabilidad o incompatibilidad. Se trata de situaciones diferentes y, por consiguiente, su tratamiento legal puede no ser análogo. La segunda, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, por tutelar los principios en los que se inspira la función administrativa, no solamente es un requisito ex ante, sino también ex post. Con otras palabras, definido el ingreso de una persona a la administración, sigue sujeta al indicado régimen. 8. La Corte considera que es importante efectuar una distinción. Si la inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes, se originan en causas imputables al dolo o culpa del nombrado o al funcionario, no cabe duda de que la norma examinada es inconstitucional. Los principios en los que se basa la función pública, quedarían sacrificados si no se optara, en este caso, por el retiro inmediato del funcionario o la negativa a posesionarlo. Si por el contrario, en la inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes, no se ha incurrido por el dolo o culpa del nombrado o al funcionario, y siempre que éstos en sus actuaciones se ciñan a la ley y eviten los conflictos de interés, puede considerarse razonable que se disponga de un término de tres meses para poner fin a la situación. De esta manera se preserva el derecho al trabajo, su estabilidad, y el acceso al servicio público, sin que por este hecho se coloque a la administración en trance de ver subvertidos sus principios medulares. 18 En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad del precepto acusado, pero bajo el entendido de que la norma se refiere únicamente al nombrado o al funcionario que no haya dado lugar por su dolo o culpa a la causal de inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes 6. 6 Corte Constitucional, Sentencia C-038/96, M. P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
20 FORMALIDADES QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA RETIRAR DEL SERVICIO A QUIEN LE SOBREVENGA UNA INHABILIDAD Estima la Corte que, desde luego, la insubsistencia o remoción del empleado o funcionario de la Rama Jurisdiccional, cuando se configure alguna de las causales de inhabilidad enumeradas en el artículo 3o. del Decreto 1888 de 1989, deberá estar precedido de la observancia del debido proceso a través del cual el inculpado previamente tendrá derecho como ocurre en los procesos disciplinarios, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra a fin de que pueda ejercer plenamente el derecho de defensa como lo determina el artículo 29 de la Constitución Política. Se trata por tanto de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, con antelación al acto de insubsistencia, no pudiendo quedar sin efecto el nombramiento recaído en el funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional, sin que previamente se le haya comprobado plenamente que con respecto al mismo se ha configurado alguna de las causales consagradas en el artículo 3o. del Decreto 1888 de 1989, pues en el fondo de lo que se trata en el presente caso, no obstante lo deficiente de la redacción de la norma acusada es aplicar una sanción al servidor público de la Rama Jurisdiccional, a título de destitución por los motivos indicados, la cual debe estar revestida de las formalidades propias del juicio que garantice el derecho de defensa del inculpado. De esta manera, el acto de insubsistencia requiere para su validez de la configuración del presupuesto descriptivo de la inhabilidad y de la comprobación por parte de la autoridad correspondiente, previamente a su expedición. Así mismo, el empleado o funcionario de la Rama Jurisdiccional a quien se le ha retirado del servicio por supuesta inhabilidad comprobada, tendrá derecho como reza la última parte de la disposición acusada, a ejercer las acciones contencioso-administrativas pertinentes contra la providencia respectiva para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara las decisiones adoptadas por los organismos o autoridades competentes, lo cual permite revisar las actuaciones y decisiones adoptadas en su contra, con la salvedad establecida en la sentencia No. C-417 de octubre 4 de 1993, proferida por esta Corporación, con ponencia del Magistrado Dr. José Gregorio Hernández Galindo, al decidir acerca de la exequibilidad del artículo 51 del mismo Decreto 1888 de
21 Por lo tanto, la norma demandada a juicio de la Corporación no viola el debido proceso ni la presunción de inocencia de que trata el artículo 29 de la Constitución Nacional, pues previamente a la declaratoria de insubsistencia, se le garantiza a quien se encuentra incurso en supuesta inhabilidad, la plena observancia de las formalidades propias del respectivo proceso y del derecho de defensa, que una vez finalizado, conduzca a absolverlo de los cargos formulados en su contra o a la insubsistencia motivada, frente a las causales de que trata el precepto demandado 7. Por su parte el Consejo de Estado, frente al mismo tema expresó: A términos del artículo 126 de la Carta los servidores públicos, entre ellos los de elección popular, no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o con quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente 8, prohibición reiterada en el artículo 292 ibídem específicamente en relación con los diputados. Las finalidades de la prohibición general son evitar que los servidores investidos del poder de nominación lo utilicen para favorecer los intereses de personas con quienes tienen lazos de parentesco en los grados señalados en la Carta, o vínculo matrimonial o extramatrimonial permanente, conducta que, de no ser prevenida, comprometería de manera grave el derecho a la igualdad de oportunidades para acceder al ejercicio de funciones y cargos públicos, circunstancia que impone límites a este derecho en aras del interés público, todo lo cual se traduce en una restricción perentoria de la facultad nominadora de los servidores investidos de ella. El alcance del artículo 126 está determinado por la locución no podrán nombrar, que da contenido a la prohibición: impedir que el nominador vincule a la administración a las personas que estén dentro de los grados de parentesco señalados, lo cual implica una restricción a la utilización de la potestad nominadora, sin perjuicio de la facultad de libre remoción, conforme a la ley. En relación con los parientes del nominador, se origina una inhabilidad para que éstos accedan al servicio público, una vez éste tome posesión del cargo, formalidad 7 Corte Constitucional, Sentencia C-509 de La Asamblea Nacional Constitucional, Comisión 3ª, debatió el tema a propuesta del constituyente Abel Rodríguez y de la verificación de los debates quien en la sesión plenaria de mayo 22/91 sostuvo que la norma perseguía desnepotizar la administración pública o el servicio público, impedir que las familias se tomen los empleos ( ) aquí buscamos evitar que los funcionarios que ejercen la autoridad comiencen a nombrar a sus familiares. Revisada la transcripción de las seis sesiones en que se discutió el asunto, se constata que la finalidad del precepto se contrae exclusivamente a la actividad nominadora.
22 con la que se asume plenamente la función pública, lo cual significa que los parientes nombrados con anterioridad no están cobijados por la prohibición, puesto que su designación proviene de un acto que no solo ha sido expedido por quien, en principio, no estaba impedido para vincularlos, sino que goza de presunción de legalidad. Como la conducta prohibida es la de nombrar, debe entenderse que la potestad nominadora sólo es viable ejercerla por el funcionario elegido hacia el futuro, luego de la asunción del cargo, lo que no es predicable de quien ya está prestando sus servicios; por tanto, tal facultad no es posible retrotraerla en el tiempo para darle un alcance que no se desprende de la norma constitucional, razón por la cual el funcionario o empleado vinculado con anterioridad a la posesión de su pariente investido de la potestad mencionada sólo tendría que retirarse del servicio, por el arribo de aquel a la administración, si así estuviera previsto en una norma legal que estableciera una inhabilidad sobreviniente. Si bien el artículo 6 de la ley 190 de 1995, prevé la obligación del servidor de advertir inmediatamente a la entidad a la cual presta servicios que le ha sobrevenido al acto de nombramiento una inhabilidad o incompatibilidad, con la consecuencia de que si pasados tres meses no pone fin a la situación que la origina, cuando a ello hubiere lugar, procederá el retiro inmediato del servidor, su hipótesis normativa no es aplicable al caso en estudio puesto que no existe norma expresa que establezca una inhabilidad que determine la desvinculación. Como no existe que se conozca tal precepto y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades es de aplicación restrictiva y respecto del mismo está proscrita la analogía y la extensión de las causales a casos no previstos en la ley, no resulta procedente interpretar la norma constitucional en el sentido que el servidor deba retirarse ante una relación de parentesco que no existía al momento de su nombramiento y que por lo mismo es anterior a la posesión del pariente, cónyuge o compañero permanente, titular actual de la potestad nominadora. Así, no se está en presencia de una inhabilidad sobreviniente, pues además de no estar prevista por el legislador, la establecida en el artículo 126 constitucional está referida al nombramiento o designación por el nominador recién posesionado y no a la efectuada con anterioridad a este hecho Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero ponente. Flavio Augusto Rodríguez Arce. Radicación 1347 del 26 de abril de 2001.
24 INHABILIDADES COMUNES A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS Sin distinción de cargo o funciones el constituyente y el legislador han consagrado las siguientes inhabilidades: CAUSA CONSECUENCIA DURACIÓN JURISPRUDENCIA Haber sido condenado por delitos contra el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior. Y el servidor público que con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, dé lugar a que condenen al Estado a una reparación patrimonial salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño. No podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la Comisión de Delitos que afecten el patrimonio del Estado: los que producen de manera directa lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor público. Para estos efectos, la sentencia condenatoria deberá especificar si la conducta objeto de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado a saber: Peculado por apropiación (artículo 397) Peculado por uso (artículo 398) Peculado por aplicación oficial diferente (artículo 399) Peculado culposo (artículo 400) Tampoco quien haya dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño. Intemporal. FUNDAMENTO LEGAL - Corte Constitucional C-374/97, C-948/02, C-209/00, C-1212/01, C-952/01, C-373/02, C-948/02, y C-037/03, la inhabilidad contenida en el artículo 122 de la Carta es una inhabilidad sin término, que impide al servidor público afectado por ella volver a ejercer función pública alguna. Artículo 122 Constitución Política modificado por el Acto legislativo 01 de 2009 del 14 de julio. - Consejo de Estado. Sentencia Radicación número: (AI) del 25 de mayo de 2004 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: la consagración de inhabilidades para el ejercicio de determinados cargos públicos sin límite de tiempo, no es inconstitucional, pues, el fundamento de su previsión reposa en la manifiesta necesidad de garantizar y de hacer prevalecer el interés general. 23

References: artículo 126
 ARTÍCULO 35
 ARTÍCULO 37
 ARTÍCULO 47
 ARTÍCULO 48
 artículo 42
 artículo 48
 ARTÍCULO 50
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 29
 artículo 3
 artículo 51
 artículo 29
 artículo 126
 artículo 292
 artículo 126
 artículo 6
 artículo 126
 artículo 122
 Artículo 122