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Timestamp: 2020-08-15 19:47:18+00:00

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Sentencia de Tutela nº 279/94 de Corte Constitucional, 16 de Junio de 1994 - Jurisprudencia - VLEX 43558245
Sentencia de Tutela nº 279/94 de Corte Constitucional, 16 de Junio de 1994
Der. De peticion. Reliquidacion pensional. Silencio admtivo. Concedida.
Actor: A.G.R. DE MOYA
En el proceso de tutela T-28943 promovido por A.G.R.D.M.. contra la Caja de Previsión Social de Santa Fe de Bogotá D.C.
A.G.R.D.M., por intermedio de apoderado, interpuso acción de tutela, con el fin de que se protegieran sus derechos constitucionales de petición, trabajo (CP art. 25), seguridad social (CP art. 48) y pago oportuno y reajuste periódico de la pensión (CP art. 53 CP), vulnerados por la Caja de Previsión Social de Santa Fe de Bogotá, que se abstuvo de resolver la solicitud de reliquidación de su pensión de jubilación, formulada desde el 6 de abril de 1989. La peticionaria solicitó se ordenara a la mencionada institución que "resuelva de manera inmediata dicha petición, reconociéndole y pagándole inmediatamente la reliquidación pensional solicitada".
Los hechos que dieron origen a la instauración de la acción de tutela fueron los siguientes:
2.1. La señora A.G.R. de M., actualmente de setenta y un (71) años de edad, se desempeñó como docente al servicio del Distrito Especial de Santa Fe de Bogotá, por un período de 26 años. La Caja de Previsión Social de esta ciudad, mediante Resolución 671de febrero 9 de 1976, reconoció a la petente el derecho a la pensión de jubilación, dado que cumplía los requisitos necesarios de tiempo de servicio y de edad (50 años).
2.2. La petente, no obstante, continuó laborando como profesora de primaria, adscrita al Distrito Especial de Santa Fe de Bogotá. El 6 de abril de 1989, con ocasión de su retiro definitivo del cargo, la señora R. de M. solicitó ante la Caja de Previsión Social, la reliquidación de su pensión de jubilación, con base en el sueldo devengado durante el último año de servicio, así como en el sobresueldo que le había sido reconocido mediante Resolución 3632 de 1981 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
El apoderado de la peticionaria invocó diversas sentencias de la Corte Constitucional en apoyo de su demanda, en las que se sostiene que "la omisión en que incurre la autoridad al no responder las peticiones con la necesaria prontitud es de por si una violación del derecho", con independencia del fenómeno jurídico del silencio administrativo que no releva a la administración del deber que se le impone de resolver la solicitud, pues "sería inaudito que precisamente la comprobación de su negligencia le sirviera para continuar violando el derecho" (Sentencia ST-242 de 1993).
A solicitud del juez de tutela, el J. de la Oficina de Asuntos Judiciales de la Caja de Previsión Social de Santa Fe de Bogotá, informó sobre la imposibilidad de resolver la petición de reliquidación elevada por la petente, por no disponer de la información necesaria y estar en espera de una contestación por parte del Fondo Educativo Regional.
"La solicitud de reliquidación presentada por la señora A.G.R.D.M., ante la entidad, hasta la fecha no ha sido resuelta en consideración que el certificado expedido por el Fondo Educativo Regional (F.E.R.) no establece el valor por concepto de prima de Navidad correspondiente al año 1987 (7/12).
El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá, mediante sentencia del 13 de diciembre de 1993, denegó la acción de tutela. Señaló que por haber transcurrido más de tres meses desde la presentación de la solicitud sin obtener respuesta, operó el silencio administrativo negativo, teniendo la interesada a su disposición las acciones contencioso administrativas correspondientes, razón por la cual la acción de tutela es improcedente de conformidad con el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
El apoderado de la petente interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia el 16 de diciembre de 1993, el que fue rechazado por extemporáneo.
La petente pretende que por vía de la acción de tutela se ordene a la Caja de Previsión Social de Santa Fe de Bogotá que resuelva la petición formulada hace más de 21 meses en relación con la reliquidación de su pensión de jubilación, la que asciende a la suma de $7.200 pesos mensuales, luego de que laborara por un período de 26 años al servicio del magisterio en el Distrito Especial. La entidad demandada, encargada del servicio público de seguridad social, justifica la no resolución de la solicitud elevada por la petente en su calidad de docente pensionada, aduciendo que otra dependencia de la administración - el Fondo Educativo Regional, F.E.R. - no ha expedido una certificación indispensable para poder tomar una determinación sobre lo solicitado. Adjunta como prueba de su dicho, copia informal de la comunicación enviada hace un año y tres meses - el 11 de marzo de 1993 - al jefe de novedades del Fondo Educativo Regional, solicitándole certificar el valor correspondiente a la prima de navidad del año 1987, pagada a la peticionaria.
El juez de tutela aborda la cuestión desde una perspectiva eminentemente legal y deniega la tutela de los derechos constitucionales invocados, con fundamento en la improcedencia de la acción cuando existen otros medios de defensa judicial. En efecto, estima que la reticencia de la administración en resolver la petición formulada en interés particular, vencido el término legal, hace operar el fenómeno del silencio administrativo negativo, debiendo el interesado ejercer las acciones contencioso administrativas contra el acto ficto o presunto, de manera que pueda pretender el reconocimiento judicial de sus derechos.
Corresponde a la Corte Constitucional, en ejercicio de sus funciones (CP art. 241-9), revisar la sentencia de tutela que denegó el amparo solicitado. Con tal fin, se fijarán algunas pautas que permitan distinguir los asuntos constitucionales y los de orden legal, en materia del ejercicio del derecho de petición. Luego, se establecerá cuándo la omisión en resolver una petición por parte de la administración vulnera derechos fundamentales. Por último, se establecerá si en el caso concreto fue correctamente denegada la acción de tutela interpuesta por A.G.R. DE MOYA contra la Caja de Previsión Social de Santa Fe de Bogotá D.C.
El artículo 45 de la Constitución anterior fue recogido en su integridad en el actual artículo 23 de la Carta de 1991, que amplía incluso su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. El Código Contencioso Administrativo, por su parte, reglamenta el ejercicio del derecho de petición, particularmente en lo que concierne a las consecuencias de la inacción de las autoridades en resolver sobre peticiones de los particulares. A este respecto, el artículo 40 del Decreto 001 de 1984 prevé que transcurridos tres meses desde la presentación de una petición se entenderá que ésta ha sido negada pudiendo el interesado hacer uso de los recursos de la vía gubernativa contra el acto presunto. Por su parte, los artículos 41 y 42 ibídem, consagran el silencio administrativo positivo para casos expresamente previstos en disposiciones especiales, y que consiste en la ficción legal que atribuye al silencio de la administración en resolver una específica petición, el sentido de una decisión positiva.
La Corte Constitucional ha resaltado la importancia del derecho de petición en el Estado democrático moderno, como instrumento para la realización de los demás derechos fundamentales:
"Este derecho muestra tal vez más que ningún otro derecho fundamental, la naturaleza de las relaciones de los asociados con el poder público en el Estado Liberal. Es, junto con los derechos políticos, el mecanismo de participación democrática más antiguo en esa forma del Estado. En efecto, allí las relaciones entre la sociedad y el Estado, permiten a la primera, con la consagración del Derecho de petición, solicitar de éste proveimiento en interés particular o general, imponiéndole al aparato institucional la obligación de atender esas solicitudes de acuerdo con las posibilidades que le otorga la ley. Este especial tipo de "relación política" no es propio de otras formas del Estado que atienden las peticiones de los asociados como una respuesta a título de "gracia" (monarquía), o cuya legitimación resulta precaria en razón de que el poder estatal no busca satisfacer el interés general, sino el de una determinada clase (período de la "dictadura del proletariado"). En el sistema político demo-liberal, por el contrario, el individuo es personero de intereses propios y de la sociedad en general, lo que es reflejo de la aspiración democrática que contiene el modelo político. En esto justamente se encuentra el contenido autónomo del derecho humano que se comenta, que además tiene el contenido de los derechos que se piden mediante su ejercicio, los cuales son de la naturaleza más general, públicos o privados, absolutos o relativos, subjetivos y objetivos, lo cual ha llevado a sustentar la aseveración de que es un derecho que sirve de instrumento para lograr la protección de los demás derechos de los individuos."Corte Constitucional. Sentencia T-452 de 1992 M.P.Dr. F.M.D.
Por otra parte, la Corte ha expuesto reiteradamente que el deber de la administración de responder prontamente las peticiones elevadas ante ella en razón de sus funciones, no cesa por el hecho de que el interesado pueda ejercer los recursos o acciones judiciales correspondientes.
"Y si bien la omisión de la autoridad genera la ocurrencia del fenómeno jurídico del silencio administrativo, que puede ser demandable ante la jurisdicción contenciosa, éste no exime a la administración del deber de resolver la solicitud y no puede ésta protegerse bajo la égida de su inercia."Corte Constitucional. Sentencia T-567 de 1992 M.P.D.J.G.H.G.
"De acuerdo con lo atrás expuesto, no se debe confundir el derecho de petición - cuyo núcleo esencial radica en la posibilidad de acudir ante la autoridad y en obtener pronta resolución - con el contenido de lo que se pide, es decir con la materia de la petición. La falta de respuesta o la resolución tardía son formas de violación de aquel y son susceptibles de la actuación protectora del juez mediante el uso de la acción de tutela, pues en tales casos se conculca un derecho constitucional fundamental. En cambio, lo que se debate ante la jurisdicción cuando se acusa el acto, expreso o presunto, proferido por la administración, alude al fondo de lo pedido, de manera independiente del derecho de petición como tal."Corte Constitucional. Sentencia T-242 de 1993 M.P.D.J.G.H.G.
El derecho a obtener una pronta resolución hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental de peticiónCorte Constitucional. Sentencia T-426 de 1992 M.P.D.E.C.M.. La falta de un pronunciamiento de la administración o la dilación indebida en resolver sobre una determinada solicitud son conductas que vulneran el derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Carta Política.
"El término "pronta resolución" fue objeto de debates en la Asamblea, pues se quiso en algún momento sustituir por el término "pronta respuesta". Finalmente se determinó su alcance. El Constituyente J.A.L., en la Comisión Primera dijo:
"Es que respuesta puede ser simplemente decir: recibimos su petición de tal fecha y queda radicada, etc.; eso es una respuesta, pero resolución, quiere decir resolver sobre la petición (...) Es un término mucho más amplio y así lo ha entendido la jurisprudencia"Corte Constitucional. Sentencia T-495 de 1992 M.P.D.C.A.B..
Cabe advertir que la administración está obligada a "resolver", esto es, a dar contestación sustantiva a las peticiones formuladas por los particulares y no, simplemente, a responder sin referirse de manera directa a lo solicitado. Los pronunciamientos evasivos o meramente formales encubren una actuación omisiva que compromete la responsabilidad del servidor público y del Estado (CP arts. 6º y 90) y vulneran o amenazan los derechos fundamentales. La jurisprudencia constitucional ha rechazado determinadas razones esgrimidas por la administración - deficiencias de personal, volumen de expedientes, orden de las solicitudes, reestructuración de los sistemas de trabajo - para justificar la desatención del deber de resolución oportunaVer Sentencia T-426 de 1992 .
No sólo la ausencia de resolución configura una vulneración del derecho de petición. La pronta resolución es un elemento esencial de este derecho que pretende impedir la ocurrencia de dilaciones indebidas de las autoridades en el trámite de los asuntos de su competencia. Es por ello que la jurisprudencia constitucional se ha preocupado por precisar lo que debe entenderse por un término razonable para resolver una petición, a la luz de los principios de celeridad, economía y eficiencia que deben caracterizar el desempeño de la función pública (CP art. 209, C.C.A. art. 3º).
"Fuera del incumplimiento del plazo legal establecido para resolver una petición ante la entidad respectiva, de suyo ya reprobable y sancionable en los términos de la ley, un retraso no justificado en la tramitación de una solicitud se hace patente, entre otros casos de flagrante y exorbitante conducta morosa no compatible con un Estado social de derecho eficiente y célere, cuando la duración promedio para resolver se excede en el doble del tiempo requerido para evacuar dicho trabajo en la entidad, o cuando el responsable para resolver se aparta del rendimiento medio de los funcionarios que desempeñan un trabajo similar."idem.
La petente, de 71 años de edad, en su calidad de docente pensionada, pretende que se ordene, por vía de la acción de tutela, a la entidad de previsión encargada de reajustar periódicamente y pagar oportunamente su pensión de jubilación, resolver sobre la petición de reliquidación de la misma, formulada hace más de cinco años - en abril de 1989 -.
SEGUNDO.- CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales de petición, a la seguridad social, al pago oportuno y al reajuste periódico de la pensión a la peticionaria A.G.R.D.M.. En consecuencia, se ordena a la Caja de Previsión Social de Santa Fe de Bogotá D.C, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contados a partir de la notificación de la presente providencia, resuelva definitivamente sobre la petición formulada por la petente el día 6 de abril de 1989, relativa a la reliquidación de su pensión de jubilación.
Sentencia nº 11001-03-06-000-2015-00009-00(C) de Consejo de Estado - Sala de Consulta, de 26 de Febrero de 2015

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 6
 resolución 
 artículo 45
 artículo 23
 artículo 40
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 resolución