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Timestamp: 2019-03-20 17:41:46+00:00

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CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
Alejandro Tello Cristerna Gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 82 y 85 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y con lo dispuesto en los artículos primero, 2º, 3º, 6º y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; y
El artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace mención que todo servidor público tendrá que salvaguardar la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.
El artículo 150 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, establece que se debe salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas en su artículo 5°establece que es responsabilidad de los servidores públicos, cumplir las obligaciones o prohibiciones previstas en esta Ley, independientemente de las específicas que correspondan en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones, a fin de salvaguardar los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que rigen en el servicio público.
Con el propósito de salvaguardar la homogeneidad en los ordenamientos que regulan las responsabilidades de los servidores públicos del Gobierno del Estado, se propone adoptar el modelo de Código de Ética y Reglas de Integridad de los Servidores Públicos de la Federación expedido por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de la República el día 19 de agosto del 2015.
En la administración pública, se contempla el fortalecimiento a las dependencias y entidades, para hacer eficiente su desempeño mediante la promoción de la capacitación y actualización en materia de transparencia y en la cultura de ética entre los servidores públicos estatales y recuperar la confianza ciudadana mediante procesos administrativos de calidad y profesionales, comprometidos socialmente, que redunden en una mejor administración pública.
Los verdaderos cambios se gestan a partir de que los servidores públicos de manera individual y en su conjunto, asumen una verdadera cultura ética y de servicio a la sociedad, convencida de la dignidad e importancia de su tarea.
En congruencia con lo antes expuesto, es necesario expedir reglas para garantizar que los servidores públicos se conduzcan y administren los recursos de que dispone el Gobierno del Estado, conforme a principios y valores éticos, toda vez que los servidores públicos provistos de principios éticos y valores depende, en gran medida, la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos, a fin de satisfacer las demandas sociales.
La ética es la parte de la filosofía que estudia la conducta humana; por ello, el Código de Ética es el documento que fija las normas tendientes a regular el comportamiento de las personas dentro de un determinado contexto.
Derivado de lo anterior, se realizaron estudios orientados a fortalecer el contenido de un Código de Ética al que deberán sujetarse los servidores públicos del Gobierno del Estado de Zacatecas.
Artículo primero. Las disposiciones del presente Código de Ética, establecen normas de conducta a todos los servidores públicos de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas.
Art. 2º En el presente Código se establece que el servicio y la calidad son condicionantes que deben prevalecer y permanecer en cada uno de los servidores públicos.
Bajo esta premisa es imprescindible retomar preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia del Estado, en coherencia con la obligación que todo servidor público debe salvaguardar la eficiencia, economía, transparencia, honradez, imparcialidad, legalidad y lealtad en el desempeño de sus empleos, cargos o comisión, anteponer los principios y valores dejando atrás el egoísmo y el interés propio; combatir negligencias, abandonos, perezas y engaños; logrando con ello procesos administrativos de calidad, funcionarios públicos profesionales y comprometidos socialmente, cuya actuación se refleje en una mejor administración pública y en la satisfacción de la ciudadanía.
Art. 3º El presente Código de Ética de los Servidores Públicos, tiene como propósito principal ser el instrumento que sirva de base en el desempeño de sus actividades; en él se define la dirección institucional a través de un conjunto de principios, valores y conductas éticas y morales que conducen al trabajador al respeto de normas laborales jurídicas dispuestas para dirigir su actuación en un sentido recto, en el quehacer del empleo, cargo o comisión que le ha sido conferido.
Lo establecido en este Instrumento, representa la primera obligación para el servidor público, quien debe, en todo momento, enaltecer y honrar con lealtad a la Institución que le está brindando la oportunidad de contar con un empleo.
Art. 4º El objetivo es instituir las reglas de conducta profesional, valores y reglas de integridad a las que debemos sujetarnos todos los servidores públicos de Gobierno del Estado, para que el desempeño de nuestras funciones sea con la competencia, integridad y profesionalismo que demanda la sociedad.
Art. 5º El presente Código de Ética es de observancia obligatoria para todos los servidores públicos del Gobierno del Estado de Zacatecas.
El lenguaje utilizado en el presente Código de Ética, marca igualdad entre hombres y mujeres, por lo que las alusiones en la redacción incluyen a ambos sexos.
Art. 6º Los principios constitucionales que todo servidor público debe observar en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función son:
I. Legalidad: los servidores públicos hacen sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;
II. Honradez: los servidores públicos se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio;
III. Lealtad: los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población;
IV. Imparcialidad: los servidores públicos dan a los ciudadanos y a la población en general el mismo trato, no conceden privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva;
V. Eficiencia: los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.
Art. 7º Los valores que todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o funciones:
I. Interés público: los servidores públicos actúan buscando en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva;
II. Respeto: los servidores públicos se conducen con austeridad y sin ostentación y otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público;
III. Respeto a los derechos humanos: los servidores públicos respetan los derechos humanos y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conformidad con los principios de:
a) Universalidad que establece que los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo;
b) Interdependencia que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí;
c) Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son complementarios e inseparables; y
d) Progresividad que prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección;
IV. Igualdad y no discriminación: los servidores públicos prestan sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo;
V. Equidad de género: los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales;
VI. Entorno cultural y ecológico: los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades evitan la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras.
VII. Integridad: los servidores públicos actúan siempre de manera congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vincule u observen su actuar;
VIII. Cooperación: los servidores públicos colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones;
IX. Liderazgo: los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores del Código de Ética y las Reglas de Integridad; fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los principios que la Constitución y la ley les impone, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función pública;
X. Transparencia: los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones protegen los datos personales que estén bajo su custodia; privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto;
XI. Rendición de cuentas: los servidores públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus decisiones y acciones y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.
Reglas de integridad para el ejercicio
Art. 8º En la actuación pública el servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, conduce su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara orientación al interés público.
Art. 9º Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:
I. Abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades que le impone el servicio público y que le confieren los ordenamientos legales y normativos correspondientes;
II. Adquirir para sí o para terceros, bienes o servicios de personas u organizaciones beneficiadas con programas o contratos gubernamentales, a un precio notoriamente inferior o bajo condiciones de crédito favorables, distintas a las del mercado;
III. Favorecer o ayudar a otras personas u organizaciones a cambio o bajo la promesa de recibir dinero, dádivas, obsequios, regalos o beneficios personales o para terceros;
IV. Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo, comisión o funciones para beneficio personal o de terceros;
V. Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos protectores de los derechos humanos y de prevención de la discriminación, u obstruir alguna investigación por violaciones en esta materia;
VI. Hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar su desempeño laboral hacia preferencias político-electorales;
VII. Utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines distintos a los asignados;
VIII. Obstruir la presentación de denuncias administrativas, penales o políticas, por parte de compañeros de trabajo, subordinados o de ciudadanos en general;
IX. Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las disposiciones normativas aplicables;
X. Permitir que servidores públicos subordinados incumplan total o parcialmente con su jornada u horario laboral;
XI. Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos, como a toda persona en general;
XII. Actuar como abogado o procurador en juicios de carácter penal, civil, mercantil o laboral que se promuevan en contra de instituciones públicas de cualquiera de los tres órdenes y niveles de gobierno;
XIII. Dejar de establecer medidas preventivas al momento de ser informado por escrito como superior jerárquico, de una posible situación de riesgo o de conflicto de interés;
XIV. Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar a personal subordinado o compañeros de trabajo;
XV. Desempeñar dos o más puestos o celebrar dos o más contratos de prestación de servicios profesionales o la combinación de unos con otros, que contravengan las disposiciones normativas vigentes en el Estado;
XVI. Dejar de colaborar con otros servidores públicos y de propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales;
XVII. Obstruir u obstaculizar la generación de soluciones a dificultades que se presenten para la consecución de las metas previstas en los planes y programas gubernamentales;
XVIII. Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y uso apropiado de los bienes y medios que disponga con motivo del ejercicio del cargo público; y
XIX. Conducirse de forma ostentosa, incongruente y desproporcionada a la remuneración y apoyos que perciba con motivo de cargo público.
Art. 10. En cuanto a la información pública, el servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, conduce su actuación conforme al principio de transparencia y resguarda la documentación e información gubernamental que tiene bajo su responsabilidad.
Art. 11. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:
I. Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que requieren de orientación para la presentación de una solicitud de acceso a información pública;
II. Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y expedita las solicitudes de acceso a información pública;
III. Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud de acceso a información pública, a pesar de contar con atribuciones o facultades legales o normativas;
IV. Declarar la inexistencia de información o documentación pública, sin realizar una búsqueda exhaustiva en los expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo;
V. Ocultar información y documentación pública en archivos personales, ya sea dentro o fuera de los espacios institucionales;
VI. Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información pública;
VII. Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida de información o documentación pública;
VIII. Proporcionar indebidamente documentación e información confidencial o reservada;
IX. Utilizar con fines lucrativos las bases de datos a las que tenga acceso o que haya obtenido con motivo de su empleo, cargo, comisión o funciones;
X. Obstaculizar las actividades para la identificación, generación, procesamiento, difusión y evaluación de la información en materia de transparencia y gobierno abierto; y
XI. Difundir información pública en materia de transparencia y gobierno abierto en formatos que, de manera deliberada, no permitan su uso, reutilización o redistribución por cualquier interesado.
Art. 12. En las contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, el servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función o a través de subordinados, participa en contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, se conduce con transparencia, imparcialidad y legalidad; orienta sus decisiones a las necesidades e intereses de la sociedad y garantiza las mejores condiciones para el Estado.
Art. 13. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:
I. Omitir declarar conforme a las disposiciones aplicables los posibles conflictos de interés, negocios y transacciones comerciales que de manera particular haya tenido con personas u organizaciones inscritas en el padrón de proveedores y contratistas del Gobierno del Estado;
II. Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia que debe prevalecer entre los participantes dentro de los procedimientos de contratación;
III. Formular requerimientos diferentes a los estrictamente necesarios para el cumplimiento del servicio público, provocando gastos excesivos e innecesarios;
IV. Establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias que representen ventajas o den un trato diferenciado a los licitantes;
V. Favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los requisitos o reglas previstos en las invitaciones o convocatorias cuando no lo están; simulando el cumplimiento de éstos o coadyuvando a su cumplimiento extemporáneo;
VI. Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en las solicitudes de cotización;
VII. Proporcionar de manera indebida información de los particulares que participen en los procedimientos de contrataciones públicas;
VIII. Ser parcial en la selección, designación, contratación y en su caso, remoción o rescisión del contrato, en los procedimientos de contratación;
IX. Influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficie a un participante en los procedimientos de contratación o para el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones;
X. Evitar imponer sanciones a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones jurídicas aplicables;
XI. Enviar correos electrónicos a los licitantes, proveedores, contratistas o concesionarios a través de cuentas personales o distintas al correo institucional;
XII. Reunirse con licitantes, proveedores, contratistas y concesionarios fuera de los inmuebles oficiales, salvo para los actos correspondientes a la visita al sitio;
XIII. Solicitar requisitos sin sustento para el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones;
XIV. Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la gestión que se realice para el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones;
XV. Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión que se realice para el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones;
XVI. Dejar de observar el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y sus prórrogas; y
XVII. Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad y segundo grado por afinidad, de contratos gubernamentales relacionados con la dependencia o entidad que dirige o en la que presta sus servicios.
Art. 14. En los programas gubernamentales, el servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función o a través de subordinados, participa en el otorgamiento y operación de subsidios y apoyos de programas gubernamentales, garantiza que la entrega de estos beneficios se apegue a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y respeto.
Art. 15. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:
I. Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad y segundo grado por afinidad, de programas de subsidios o apoyos de la dependencia o entidad que dirige o en la que presta sus servicios;
II. Permitir la entrega o entregar subsidios o apoyos de programas gubernamentales, de manera diferente a las establecidas en las reglas de operación;
III. Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales a personas, agrupaciones o entes que no cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación;
IV. Proporcionar los subsidios o apoyos de programas gubernamentales en periodos restringidos por la autoridad electoral, salvo casos excepcional por desastres naturales o de otro tipo de contingencia declarada por las autoridades competentes;
V. Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la gestión del subsidio o apoyo del programa, lo cual incluye el ocultamiento, retraso o entrega engañosa o privilegiada de información;
VI. Discriminar a cualquier interesado para acceder a los apoyos o beneficios de un programa gubernamental;
VII. Alterar, ocultar, eliminar o negar información que impida el control y evaluación sobre el otorgamiento de los beneficios o apoyos a personas, agrupaciones o entes, por parte de las autoridades facultadas; y
VIII. Entregar, disponer o hacer uso de la información de los padrones de beneficiarios de programas gubernamentales diferentes a las funciones encomendadas.
Art. 16. En los trámites y servicios, el servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función participa en la prestación de trámites y en el otorgamiento de servicios, atiende a los usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial.
Art. 17. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:
I. Ejercer una actitud contraria de servicio, respeto y cordialidad en el trato, incumpliendo protocolos de actuación o atención al público;
II. Otorgar información falsa sobre el proceso y requisitos para acceder a consultas, trámites, gestiones y servicios;
III. Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, retrasando los tiempos de respuesta, consultas, trámites, gestiones y servicios;
IV. Exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones adicionales a los señalados por las disposiciones jurídicas que regulan los trámites y servicios;
V. Discriminar por cualquier motivo en la atención de consultas, la realización de trámites y gestiones y la prestación de servicios;
VI. Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión que se realice para el otorgamiento del trámite o servicio.
Art. 18. En recursos humanos, el servidor público que participa en procedimientos de recursos humanos, de planeación de estructuras o que desempeña en general un empleo, cargo, comisión o función, se apega a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas.
Art. 19. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:
I. Dejar de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito;
II. Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, comisión o función, a personas cuyos intereses particulares, laborales, profesionales, económicos o de negocios puedan estar en contraposición o percibirse como contrarios a los intereses que les correspondería velar si se desempeñaran en el servicio público;
III. Proporcionar a un tercero no autorizado, información contenida en expedientes del personal y en archivos de recursos humanos bajo su resguardo;
IV. Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes elaborados para la ocupación de plazas vacantes a personas ajenas a la organización de los concursos;
V. Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no cuenten con el perfil del puesto, con los requisitos y documentos establecidos o que no cumplan con las obligaciones que las leyes imponen a todo ciudadano;
VI. Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o indirectamente como subalternos a su cónyuge, concubina o parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grados; en línea colateral, hasta el cuarto grado; por afinidad, hasta el segundo grado, y parientes por adopción;
VII. Inhibir la elaboración o presentación de inconformidades o recursos que se prevean en las disposiciones aplicables para los procesos de ingreso;
VIII. Otorgar a un servidor público subordinado, durante su proceso de evaluación, una calificación que no corresponda a sus conocimientos, actitudes, capacidades o desempeño;
IX. Disponer del personal a su cargo en forma indebida, para que le realice trámites, asuntos o actividades de carácter personal o familiar ajenos al servicio público;
X. Presentar información y documentación falsa o que induzca al error, sobre el cumplimiento de metas de su evaluación del desempeño;
XI. Remover, cesar, despedir, separar, dar o solicitar la baja de servidores públicos, sin tener atribuciones o por causas y procedimientos no previstos en las leyes aplicables;
XII. Omitir excusarse de conocer asuntos que puedan implicar cualquier conflicto de interés;
XIII. Evitar que el proceso de evaluación del desempeño de los servidores públicos se realice en forma objetiva y en su caso, dejar de retroalimentar sobre los resultados obtenidos cuando el desempeño del servidor público sea contrario a lo esperado; y
XIV. Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuración de áreas identificadas como sensibles o vulnerables a la corrupción o en las que se observe una alta incidencia de conductas contrarias al Código de Ética y las Reglas de Integridad.
Art. 20. En la administración de bienes muebles e inmuebles, el servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, participa en procedimientos de baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles o de administración de bienes inmuebles, administra los recursos con eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.
Art. 21. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:
I. Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes, cuando éstos sigan siendo útiles;
II. Compartir información con terceros ajenos a los procedimientos de baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes públicos o sustituir documentos o alterar éstos;
III. Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo, a cambio de beneficiar a los participantes en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles;
IV. Intervenir o influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficie a algún participante en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles;
V. Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles, anteponiendo intereses particulares que dejen de asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio disponible en el mercado;
VI. Manipular la información proporcionada por los particulares en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles;
VII. Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de carácter oficial o arrendado para este propósito, para uso particular, personal o familiar, fuera de la normativa vigente;
VIII. Utilizar los bienes inmuebles para uso ajeno a la normatividad aplicable; y
IX. Disponer de los bienes y demás recursos públicos sin observar las normas a los que se encuentran afectos y destinarlos a fines distintos al servicio público.
Art. 22. En los procesos de evaluación el servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, participa en procesos de evaluación, se apega en todo momento a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas.
Art. 23. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:
I. Proporcionar indebidamente la información contenida en los sistemas de información de la Administración Pública Estatal o acceder a ésta por causas distintas al ejercicio de sus funciones y facultades;
II. Transgredir el alcance y orientación de los resultados de las evaluaciones que realice cualquier instancia externa o interna en materia de evaluación o rendición de cuentas;
III. Dejar de atender las recomendaciones formuladas por cualquier instancia de evaluación, ya sea interna o externa;
IV. Alterar registros de cualquier índole para simular o modificar los resultados de las funciones, programas y proyectos gubernamentales.
Art. 24. En relación al control interno, el servidor público que en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función, participa en procesos en materia de control interno, genera, obtiene, utiliza y comunica información suficiente, oportuna, confiable y de calidad, apegándose a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas.
Art. 25. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:
I. Dejar de comunicar los riesgos asociados al cumplimiento de objetivos institucionales, así como los relacionados con corrupción y posibles irregularidades que afecten los recursos económicos públicos;
II. Omitir diseñar o actualizar los procedimientos necesarios en materia de control interno;
III. Generar información financiera, presupuestaria y de operación sin el respaldo suficiente;
IV. Comunicar información financiera, presupuestaria y de operación incompleta, confusa o dispersa;
V. Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su cargo, en su caso, las actividades y el cumplimiento de las funciones del personal que le reporta;
VI. Dejar de salvaguardar documentos e información que se deban conservar por su relevancia o por sus aspectos técnicos, jurídicos, económicos o de seguridad;
VII. Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control que le correspondan;
VIII. Omitir modificar procesos y tramos de control, conforme a sus atribuciones, en áreas en las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética y las Reglas de Integridad;
IX. Dejar de implementar, en su caso, de adoptar, mejores prácticas y procesos para evitar la corrupción y prevenir cualquier conflicto de interés;
X. Inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan a mejorar o superar deficiencias de operación, de procesos, de calidad de trámites y servicios o de comportamiento ético de los servidores públicos; y
XI. Eludir establecer estándares o protocolos de actuación en aquellos trámites o servicios de atención directa al público o dejar de observar aquéllos previstos por las instancias competentes.
Art. 26. En el procedimiento administrativo, el servidor público que en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función, participa en procedimientos administrativos tiene una cultura de denuncia, respeta las formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia conforme al principio de legalidad.
Art. 27. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:
I. Omitir notificar el inicio del procedimiento y sus consecuencias;
II. Dejar de otorgar la oportunidad de ofrecer pruebas;
III. Prescindir el desahogo de pruebas en que se finque la defensa;
IV. Excluir la oportunidad de presentar alegatos;
V. Omitir señalar los medios de defensa que se pueden interponer para combatir la resolución dictada;
VI. Negarse a informar, declarar o testificar sobre hechos que le consten relacionados con conductas contrarias a la normatividad, así como al Código de Ética y las Reglas de Integridad;
VII. Dejar de proporcionar o negar documentación o información que la autoridad competente requiera para el ejercicio de sus funciones o evitar colaborar con éstos en sus actividades; y
VIII. Inobservar criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad y discreción en los asuntos de los que tenga conocimiento que impliquen contravención a la normatividad, así como al Código de Ética y las Reglas de Integridad.
Art. 28. En el desempeño permanente con integridad, el servidor público que cumple con un empleo, cargo, comisión o función, conduce su actuación con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad.
Art. 29. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:
I. Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los protocolos de actuación o atención al público y de cooperación entre servidores públicos;
II. Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos como a toda persona en general;
III. Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y expedita al público en general;
IV. Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a compañeros de trabajo o personal subordinado;
V. Ocultar información y documentación gubernamental, con el fin de entorpecer las solicitudes de acceso a información pública;
VI. Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de trámites y servicios;
VII. Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que contravengan las medidas aplicables para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos;
VIII. Omitir excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar, de negocios o cualquier otro en el que tenga algún conflicto de interés;
IX. Aceptar documentación que no reúna los requisitos para la comprobación de gastos de representación, viáticos, pasajes, alimentación, telefonía celular, entre otros, conforme a la normatividad vigente;
X. Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de carácter oficial o arrendado para este propósito, para uso particular, personal o familiar, fuera de la normatividad vigente;
XI. Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles, cuando éstos sigan siendo útiles;
XII. Obstruir la presentación de denuncias, acusaciones o delaciones sobre el uso indebido o de derroche de recursos económicos que impidan o propicien la rendición de cuentas;
XIII. Evitar conducirse con criterios de sencillez, austeridad y uso adecuado de los bienes y medios que disponga con motivo del ejercicio del cargo público; y
XIV. Conducirse de manera ostentosa, inadecuada y desproporcionada respecto a la remuneración y apoyos que se determinen presupuestalmente para su cargo público.
Art. 30. En la cooperación con la integridad, el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, coopera con la dependencia o entidad en la que labora y con las instancias encargadas de velar por la observancia de los principios y valores intrínsecos a la función pública, en el fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la sociedad.
Art. 31. Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen posible propiciar un servicio público íntegro, las siguientes:
I. Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción e informar a su superior jerárquico para la instalación de los controles correspondientes;
II. Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y procesos a fin de inhibir ineficiencias, corrupción y conductas antiéticas; y
III. Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor del servicio público.
Art. 32. En la divulgación y transparencia, corresponderá a la unidad administrativa de cada una de las dependencias y entidades, publicar en sus páginas de internet el presente Código de Ética y adoptar las medidas necesarias para asegurar la difusión del mismo, vigilando su observancia por parte de los Servidores Públicos.
Art. 33. Los servidores públicos que no cumplan con los valores y principios señalados en el presente Código, pueden incurrir en faltas e infracciones, por lo que se harán acreedores a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.
Artículo primero. El presente Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Gobierno del Estado, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado.
Art. 2º Corresponde a la Secretaría de la Función Pública, en colaboración con las dependencias y entidades, llevar acabo las acciones que permitan la aplicación del presente Código de Ética.
Art. 3º Para el cumplimiento de sus funciones se apoyará con los recursos humanos financieros y materiales con que cuenten las dependencias y entidades.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y para su debida publicación y observancia, expido el Presente Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Gobierno del Estado. Dado en el despacho del Poder Ejecutivo en la ciudad de Zacatecas, a los 29 días del mes de septiembre del año 2016. El Gobernador del Estado de Zacatecas. Alejandro Tello Cristerna. La Secretaria General de Gobierno. Fabiola Gilda Torres Rodríguez. La Secretaria de la Función Pública. Paula Rey Ortiz Medina. Rúbricas.

References: artículo 109
 artículo 150
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 artículo 85