Source: http://jvictorhp.blogspot.com/2011/01/regulacion-juridica-de-las-relaciones.html
Timestamp: 2017-07-21 02:48:58+00:00

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Si una persona tiene contratado un viaje al Caribe en una agencia de viajes y se sabe que un huracán va cruzar esa zona. No se puede evitar que el huracán devaste esa zona pero sí puede anular el viaje al cliente y devolverle el dinero. Si el suministro eléctrico falla debido a que queda estropeado un transformador por falta de mantenimiento. La avería era inesperada pero era debida a un mantenimiento negligente. Otra exclusión sería en el caso de que el origen del fallo fuera desconocido. No se podría apelar a la fuerza mayor, porque si no las empresas intentarían no descubrir u ocultar el origen del fallo. En cualquier caso, la cláusula de fuerza mayor es habitual en los contratos, y sirve para cubrir posibilidades fuera del control de las partes tales como desastres naturales, guerras, etc. Su interpretación tiene mucha importancia, porque hay muchos casos que están en el límite entre fuerza mayor y caso fortuito (como, por ejemplo, huelgas que impidan prestar los servicios).
Diferencias prácticas entre caso fortuito y fuerza mayor [editar]Doctrinariamente, en Derecho, el caso fortuito es el escalón posterior a la fuerza mayor, que es aquel evento que ni pudo ser previsto ni, de haberlo sido, podría haberse evitado. La ley habitualmente les da un tratamiento similar, e incluso a veces confunde ambos casos, pero existen diferencias. Si bien ambos conceptos son difusos y en muchos casos la legislación los confunde, la doctrina coincide en señalar que, si bien en ocasiones se puede obligar a un deudor a cumplir una obligación que incumplió por caso fortuito, no se puede exigir nunca una obligación que se incumplió por fuerza mayor.
Cuando la ecuación económico-financiera del contrato administrativo se altera por un acto imputable al Estado, da lugar al denominado hecho del príncipe. Esta denominación se acuñó en los albores de la formación del derecho público en la Europa del absolutismo y ha sido mantenida y repetida mecánicamente hasta nuestros días. Nuestro país, de indudable tradición republicana, nos impone ser consecuentes y por ello se propone denominar a esta teoría en forma acorde con lo que en realidad ocurre: se trata de hechos o actos del Estado. El acto lesivo emanado de cualquier órgano o repartición estatal, sea o no de la autoridad pública que celebró el contrato, habilita al contratista para requerir una reparación integral, invocando para ello la teoría del hecho o acto del Estado. Para configurarse la decisión debe provenir de cualquier autoridad pública y afectar el desarrollo del contrato. Así lo ha considerado la Procuración del Tesoro expresando que el hecho del príncipe se funda en el álea administrativa, proviene de actos o hechos de los órganos estatales y justifica una reparación integral. En el supuesto en que el acto lesivo a los derechos del contratista, provenga de una autoridad pública de una esfera de competencia distinta de la que celebró el contrato, v.gr., un contrato celebrado por una provincia que se vea alterado por resoluciones emitidas por la autoridad nacional, estaremos en presencia de la imprevisión, por ser el acto lesivo ajeno o extraño a la autoridad estatal que celebró el contrato, circunstancia que torna aplicable la teoría de la imprevisión. Esta teoría se aplica a toda clase de contrato administrativo, pero solamente en los casos de alteración contractual por actos de alcance general, ya que los de alcance particular dan lugar a la responsabilidad contractual del Estado. El hecho o acto del Estado se manifiesta a través de decisiones jurídicas o acciones materiales que pueden modificar las cláusulas contractuales o las condiciones objetivas o externas del contrato, lesionando los derechos del contratista. Los principios que fundamentan la responsabilidad del Estado en este caso, radican en los arts. 16 y 17 de la Constitución, en tanto garantizan la protección a los derechos, en especial la inviolabilidad de la propiedad (art. 17), por lo cual el contratista no podrá ver menoscabado su derecho o interés en función del interés público, a consecuencia de una norma o disposición de carácter general que altere la economía del contrato. Por ello, es que procede la indemnización pertinente en los casos de lesión patrimonial al particular. Sólo el acto de poder anormal o extraordinario que afecte la ecuación financiera del contrato da lugar a la aplicación de la llamada teoría del hecho del príncipe, para responsabilizar al Estado, pues el acto de poder normal u ordinario, aun en el caso de disposiciones generales, que sólo tornen un poco más gravoso el contrato, queda a cargo del contratista. Por otro lado, hay que diferenciar entre responsabilidad por hechos o actos del Estado y responsabilidad contractual del Estado. La primera supone una norma general emanada de la autoridad pública; la segunda supone una disposición o resolución específica relacionada con el contrato administrativo; por ello es que la responsabilidad por hecho del príncipe es indirecta o refleja, es un caso de responsabilidad extracontractual del Estado, a la que el contratista no puede renunciar anticipadamente. La aplicación de estos principios obliga a la Administración Pública, al Estado, a indemnizar íntegramente al contratista por los perjuicios que el acto estatal le haya causado al alterar el contrato. Como señaláramos la responsabilidad del Estado por hecho del príncipe se funda en el art. 17 de la Constitución, y de acuerdo a los principios que rigen la expropiación, el contratista tendrá siempre derecho a que se le restituya el valor del daño emergente. En cuanto al lucro cesante, el pago de éste no siempre es reconocido por las leyes que rigen la expropiación. Por lo tanto, el límite del deber del Estado de indemnizar íntegramente a su contratista en estos casos en relación al lucro cesante, dependerá del régimen específico que se aplique. El acto del Estado puede producir los efectos propios de la fuerza mayor, o sea que pueden ser definitivos o provisionales (resolutorios o dilatorios, respectivamente), dando lugar, según el caso, a la rescisión del contrato o a que se determine la suspensión o paralización de su ejecución. Para la procedencia de la indemnización se exige que el perjuicio exista efectivamente; y que tal perjuicio sea resarcible, en mérito a que: a. el daño se haya producido imprevistamente, sin que pudiera razonablemente haberlo tenido en cuenta en el momento de celebrar el contrato b. que la medida estatal determinante del daño haya sido de carácter general c. que tal medida provenga de cualquier autoridad pública, siempre que pertenezca a la misma esfera de competencia. Cuestiones interpretativas
I- Pagar por cuenta de otro y pagar en nombre de otro.
Para la doctrina española "pagar por cuenta de otro" y "pagar en nombre de otro" significa que el tercero realiza el pago no por sí sólo sino para el deudor, con la voluntad de extinguir la obligación. Claro está que cuando se actúa por cuenta de otro o en nombre de otro no hay ningún mandato en virtud de la cual otra persona distinta al deudor realiza el pago. En el mandato el que realiza el pago, es el deudor, aunque sea a través de otra persona, el mandatario cumple "por" el deudor. Por el contrario en el pago por tercero el solvens cumple la obligación ajena, si bien por cuenta de otro o en nombre del deudor. Tanto pago por mandato o pago por tercero, al acreedor le es indiferente una vez satisfecho su crédito. Por lo que se infiere al cumplimiento realizado efectos con respecto al deudor, así de esta manera las reglas específicas del mandato.
Si el tercero obró como mandatario del deudor, deberá realizar el mandante todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato; si se ha extralimitado sólo quedará obligado en caso de ratificación expresa o tácita, el pago anticipado da derecho al reembolso, el mandatario puede exigir indemnización por los daños causados por el mandato, (debemos tener en cuenta los art 61; 64 del C.C respectivamente, aunque no se analice de manera específica la figura de tercero propiamente dicho).
II- Interés en el cumplimiento de la obligación:
Es indiferente que el tercero actúe por un interés en el cumplimiento de la obligación para que su pago pueda producir el efecto principal: la liberación del deudor. Es impensable que cuando se paga no sea por algún interés, que necesariamente estará relacionada con la obligación, pues se pretende extinguir la obligación ajena. Es presumible la subrogación de un tercero en la relación obligacional cuando comparte directa o indirectamente la responsabilidad con el deudor. Cuando falta esta relación de responsabilidad no es lógico que un tercero, a pesar de su interés en el cumplimiento de la obligación, pueda ingresar por subrogación presunta en una relación obligatoria ajena.
Para Rapa (1991), la falta de interés en el cumplimiento de la obligación, el tercero que paga, solo quedará investido de una acción personal de reembolso, el Código Civil cubano no contiene precepto expreso como el derogado Código Civil español, que concedía este beneficio al que pagara por cuenta de otro, según nuestro código este principio debe ser resuelto conforme a los principios del enriquecimiento indebido, que se violarían si se permitiera la existencia de un elemento pasivo del patrimonio del deudor sin conceder nada al que empobreció realizando el pago.
Afirma Ojeda (2003), que toda persona que paga sin ser deudor tiene algún interés, aún cuando lo haga con el propósito de beneficiar al deudor mediante un acto de liberalidad. El solvens es un tercero con interés en un caso concreto.
El deudor solidario (art. 248.1 del C.C.) es para el acreedor un verdadero deudor ya que por el vínculo que une a todos los deudores solidarios, el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de ellos para exigir íntegramente el cumplimiento de la obligación, además, el deudor solidario podrá utilizar contra las reclamaciones del acreedor todas las excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que le sean personales.
El deudor solidario que cumple íntegramente con la obligación paga también la deuda de cada uno de los restantes deudores que forman parte de la solidaridad pasiva. Por tanto el codeudor solidario que paga totalmente la deuda tanto propia como ajena, le da derecho a subrogarse en la relación obligatoria.
Nuestro código establece en su art. 251.2 que el pago hecho por uno de los deudores extingue la obligación con respecto a los demás, exponiendo luego en el art. 251.3 los derechos que le competen.
Como el pago por tercero aquí también surgen problemas en cuanto a la compatibilidad de las acciones de regreso y de subrogación. El deudor solidario puede ejercitar sólo estas acciones con respecto a la parte de la deuda que no le corresponde, por lo pactado previamente y adherirse al criterio de partes iguales.
La acción de regreso que posee el deudor solidario es de contenido más amplio que la acción de reembolso que tiene el tercero, pues no sólo le comprende el débito ajeno, sino también los intereses del anticipo y gastos extrajudiciales (en el caso que el deudor solidario sea demandado, se incluye también los gastos judiciales).
Otra cuestión que es necesario analizar en la figura de tercero es el llamado fiador (art 280 del C.C.); ya que para algunos el fiador no es un tercero, sino un verdadero deudor. El fiador tiene un vínculo muy estrecho con la relación obligatoria hasta el punto que cuando extingue la obligación garantizada es porque se supone que tiene un interés en el cumplimiento de la obligación, pero aún así no se puede identificar al fiador con el deudor, ni siquiera cuando el fiador es solidario o tiene un interés directo.
En cualquier fianza, mientras no sea independiente, rige el principio de la accesoriedad, lo que significa que la obligación que asume el fiador está en una relación de dependencia con la obligación garantizada. La prestación que realiza el fiador en ningún momento puede equipararse a la asumida por el deudor aunque exista una identidad entre ambas. Para el acreedor el fiador es un deudor alcanzable, puede dirigirse contra él una vez de compeler al deudor al pago de su obligación (afirma así el art. 282 del C.C.).
Como el tercero el fiador tiene a su alcance las acciones de subrogación y reembolso cuando ha pagado por el deudor. Aunque hay una diferencia entre ambas figuras. El tercero paga siempre una deuda ajena, mientras el fiador cuando paga cumple su propia obligación (obligación fideiusoria). Con el cumplimiento de la obligación fideiusoria se extingue la obligación del fiador, pero no necesariamente la del deudor. El fiador que paga por el deudor tiene a su favor los derechos que no tiene el tercero, por haberse ofrecido como garante de la obligación ajena mientras que el tercero interfiere espontáneamente en una relación totalmente ajena. Para una parte de la doctrina española la acción de reembolso a favor de tercero tiene base en el enriquecimiento indebido, pero de alcance más limitado que la acción de reembolso del fiador. Cuando el pago ha sido contra de la voluntad del deudor, el tercero sólo puede exigir la cantidad que ha pagado y los intereses legales desde que el deudor incurra en mora, pero no podrá exigir como el fiador, el pago de los gastos ocasionados con motivo del cumplimiento, ni posibles daños y perjuicios. Ante los derechos que le corresponden al fiador, en caso de cumplir la obligación, nuestro código cuando regula específicamente la fianza, ha sido muy claro al reflejarlo en el art. 284 del C.C., concediéndole al fiador el derecho de subrogarse.
Cabe analizar también dentro de la figura de tercero el gestor de negocios. Del mismo modo que el pago por tercero, la gestión de un negocio ajeno es un acto voluntario; es propio que el gestor no actúa nunca en nombre del dominus negotii, como tampoco cuando un tercero paga por otro. La gestión puede comprender perfectamente un acto de cumplimiento para extinguir una obligación ajena. Casi siempre habrá algún interés por parte del gestor, siempre y cuando no actúe contra la voluntad del dominus negotii.
El gestor tiene una serie de deberes que no tiene el tercero: el deber de conducir la gestión, informar y rendir cuentas, un deber de diligencia en su actuación, deber de resarcimiento… Puede ser ratificado en su gestión lo cual produce los efectos del mandato expreso. El gestor después de concluir la gestión tiene derecho a ser reembolsado, alcanzando claramente indemnización (de esta forma queda al amparo de lo regulado por la gestión sin mandato a partir del art. 416 del C.C.).
Es necesario hacer referencia al socio de una sociedad (art. 396 del C.C.), dentro de la figura de tercero. Es imprescindible que el socio haya cumplido una obligación social, sea de buena fe y que su actuación haya beneficiado a la sociedad.
Como en el pago por tercero, el socio que paga las deudas sociales puede actuar por cuenta de la sociedad, sin ser mandatario de la misma. La implicación directa que tiene el socio en la sociedad impide cualquier aproximación a la figura del pago por tercero, aun cuando al socio que cumple la obligación social tiene también la acción de reembolso. Distinto es cuando el socio paga en calidad de tercero la deuda de la sociedad, como no lo realizó en el concepto de socio, sino con la cualidad de tercero, siendo merecedor de la acción de reembolso.
Juristas españoles abogan por el criterio que no solamente el mero conocimiento, para que el tercero pueda subrogarse, sino que hace falta que el deudor lo apruebe. Para superar esta posible discordancia entre el conocimiento y la aprobación, algún sector de la doctrina española, como Montés (1988), no es necesario hacer hincapié en esta distinción, dado que el primer término engloba al segundo, ya que el que conoce no se opone, aprueba o autoriza tácitamente. Por la trascendencia que pueda tener para el deudor la subrogación, parece lógico que no basta el mero conocimiento, sino que de sus actos debe colegirse que autoriza el pago, aunque no de forma expresa. Para otros autores, consideran que es suficiente el conocimiento para que el tercero pueda subrogarse. Nuestra legislación toma en consideración el conocimiento así sea con o sin el consentimiento del deudor para que pueda realizarse la cesión de crédito (art. 257.1 del C.C.).
Además el tercero puede actuar en virtud de un mandato, pero en este caso son de aplicación las normas de la figura del mandato. Una forma de pago distinta puede ser la delegación de pago, que tampoco nada tiene que ver con pago por tercero.
Previo acuerdo con el deudor el tercero puede asumir también la deuda, lo cual implicaría una asunción de deudas; en este caso hace falta la aceptación expresa o tácita del acreedor, de lo contrario la sunción de deudas no produce efecto alguno. Así se pronuncia nuestro código al reflejar en el art. 263 que es necesario el consentimiento del acreedor para realizar la asunción de deudas.
El solvens se subroga en la posición jurídica del acreedor satisfecho, adquiriendo su derecho de crédito en el estado actual con todas sus garantías y accesiones, siendo este un efecto principal de la aprobación del deudor. Esta subrogación supone una especie de modificación en los sujetos, puesto que persiste la relación obligatoria a pesar del cambio de los sujetos. Mientras que en el pago por tercero, por su propia naturaleza extingue la obligación ajena, si bien puede persistir la misma relación obligatoria si al tercero le interesa hacer valer su derecho en el seno de esa relación; aunque el tercero tiene derecho a reembolso, pudiendo así reclamar lo que hubiese pagado.
Otro punto que es necesario analizar es cuando el pago se realiza con ignorancia del deudor, equiparando esta ignorancia a la falta de conocimiento, uniéndose también la falta de autorización por parte del deudor del pago que realiza el acreedor.
El pago por un tercero ignorándolo el deudor, tiene como principal efecto que sólo tiene a su alcance la acción de reembolso. En el caso que el pago efectuado por un tercero sin la aprobación e ignorancia del deudor, la subrogación puede tener lugar mientras haya interés en el cumplimiento de la obligación. Sería suficiente para el tercero probar que hay algún interés en el cumplimiento de la obligación, para que pueda subrogarse.
Puede suceder también que una persona totalmente extraña a la obligación efectúe el cumplimiento, sin ponerlo en conocimiento del deudor, resultando que el deudor cumpla también con la obligación. Por consiguiente el deudor que antes de tener conocimiento de la cesión satisfaga al acreedor, quedará libre de la obligación, protegiendo de esta manera al deudor cedido cuando no tiene conocimiento de la cesión de crédito. Al amparo del art. 261 del C.C. si el deudor no es notificado de la cesión o del pago de la deuda hecho por tercera persona, su cumplimiento con respecto al acreedor original lo libera en cuanto al nuevo.
Es totalmente legítima la iniciativa de un tercero pagar la deuda ajena, pero cuando el pago realizado no lo pone en conocimiento inmediato del deudor se entiende que el tercero debe cargar todas las consecuencias negativas. Si el tercero hubiera puesto en conocimiento al deudor el pago realizado, el problema estaría resuelto, aun cuando el deudor cumpliera nuevamente la obligación ya extinguida. De tal manera aunque no tiene derecho de reembolso, el tercero tiene al menos siempre a su alcance la acción de enriquecimiento indebido contra el acreedor (ya que este se ha enriquecido admitiendo dos pagos, si bien no en el momento cuando el tercero realiza el pago, sí después cuando paga el deudor). La imposibilidad del tercero de reclamar lo que el ha cumplido ante el deudor debe ser resuelta en este sentido ya que el deudor puede defenderse al tercero excepcionando el pago. En este sentido como nuestro código no posee precepto específico (referido a la figura de tercero), podemos inferir del art. 258.2 que cuando se refiere a: "…sin la aprobación del deudor…", está asumiendo el conocimiento del deudor, además de mostrar en el art. 261 lo que sucede cuando no sea conocido por el deudor el pago de su deuda realizado por tercera persona.
El pago contra la voluntad del deudor es otra cuestión que necesita ser analizada. Para que la oposición al pago pueda producirse se tienen que dar tres requisitos:
1. Es necesario el previo conocimiento del deudor que un tercero tiene la intención de pagar su deuda 2. El deudor debe oponerse de una manera clara, negándose a que un tercero cumpla la obligación, lo cual requiere un acto volitivo. 3. La oposición al pago se tiene que manifestar antes o en el mismo momento en que el tercero lleve a cabo el cumplimiento. El efecto principal es que el tercero tiene a su alcance exclusivamente una acción de repetición, pudiendo reclamar sólo lo que le ha sido útil al deudor. No parece que el tercero pueda subrogarse aún teniendo interés en la obligación cuando el deudor se ha opuesto al pago. Aunque a través de los art. 262 del C.C. (en caso de que ocurra una cesión de crédito) y art. 265 del C.C. (tratándose de un asunción de deudas) el deudor tiene la posibilidad a oponer todas las excepciones al acreedor según sea el caso, pero no se precisa en ningún precepto en el supuesto que se haya actuado en contra de la voluntad del deudor.
El principal efecto del pago por tercero es la extinción de la obligación ajena, produciéndose al mismo tiempo otros efectos que tienen origen en ese pago. Cuando el tercero no tiene interés en subrogarse o no ha sido aprobado el pago por el deudor, nace un derecho de crédito a su favor, el cual constituye la base de la acción de reembolso. El pago contra de la voluntad del deudor permite al tercero recuperar sólo lo que al deudor le hubiera sido útil. Muy distinto es el alcance de la acción subrogatoria, requieren que se den además los presupuestos del pago con subrogación, ya que en virtud de esta acción el tercero pretende entrar en la relación obligatoria para ocupar el lugar del acreedor.
I-El pago sin subrogación Hay supuestos en los que el tercero no tiene ninguna posibilidad legal de subrogarse en el crédito ajeno, cuando no tiene interés en el cumplimiento de la obligación y la falta de aprobación, expresa o tácita del deudor, al igual que cuando se paga sin saberlo el deudor; según el Código Civil cubano en su art. 258.2 cuando refleja: "…sin la aprobación del deudor..."; y cuando no es conocido por el deudor al amparo del art. 261.
No es admisible que pueda hacerse valer derechos que concede el pago por tercero, si con este pago se ha querido perjudicar al deudor, en este caso el deudor puede y debe defenderse alegando excepciones ante el acreedor.
II- El pago con subrogación
El pago con subrogación sólo desde la perspectiva del pago por tercero, es cuando el tercero puede subrogarse en la relación obligatoria formada entre el antiguo acreedor y el deudor. A falta de un convenio entre el acreedor y un tercero, la subrogación si no es por ley, sólo puede tener lugar cuando el tercero tiene interés en el cumplimiento de la obligación ajena o realiza el pago con autorización expresa o tácita del deudor.
Mediante la acción subrogatoria el tercero quiere hacer valer su derecho de ocupar la posición del acreedor, colocándose en la relación obligatoria constituida previamente entre este y el deudor para ello deben darse las circunstancias siguientes: pago a acreedor preferente, pago con aprobación expresa o tácita del deudor o pago con interés en el cumplimiento de la obligación.
El crédito del nuevo acreedor, ostenta los privilegios del antiguo acreedor y de la misma manera le perjudicarán las excepciones provenientes del crédito antiguo.
En el pago con subrogación el tercero tiene interés en ocupar el lugar del acreedor, pero no hay ninguna voluntad en él de querer constituir una nueva relación jurídica, por lo que no hace valer para subrogarse el crédito antiguo, sino su propio crédito. Con la subrogación se transfiere al subrogado el crédito con los derechos a él anexos, ya contra el deudor, ya contra terceros. Como ha sido insuficiente la regulación de nuestra legislación ante la figura de pago por tercero, a través del art.258.2 se le concede a esta persona que paga el derecho de subrogarse en el lugar y grado del acreedor original. El tercero no puede reclamar al deudor más de lo que haya pagado por cuenta de él, a pesar de haber ingresado en la relación obligatoria.
El interés en la obligación puede deberse a que el tercero esté más interesado en aprovechar el marco jurídico comercial que ofrece la relación obligatoria que reclamar solo el crédito satisfecho al acreedor. El propio deudor puede estar interesado en otra persona ocupe el lugar del acreedor cuando autoriza que este cumpla la obligación ajena.
CAPÍTULO II: El Pago a Tercero
1- La incapacidad del acreedor
Cuando exista una incapacidad inicialmente que subsista en el momento del pago, el contrato surgido en su entorno será anulable y si se impugna, la relación jurídica en su totalidad devendrá ineficaz y el pago, como parte de la misma, no producirá efecto alguno, no por ser inválido por sí mismo, sino por ser indebido, por no existir una obligación que lo justifique, salvo que exista la convalidación del mismo por caducidad de la acción de impugnación en cuyo caso el pago quedará también convalidado. Si la inicial incapacidad del contratante desaparece al tiempo pagado, la aceptación del mismo por parte del acreedor ya capaz purifica el vicio originario, operando a modo de ratificación tácita. Mientras si se produce la situación contraria, es decir, devendría la incapacidad en el momento del pago, operaría la validez del pago en la prueba de la utilidad, produciéndose en caso contrario, no la ineficacia del contrato sino la invalidez del pago, persistiendo en ese caso la obligación del deudor que no ha sido debidamente extinguida.
Para la legislación española la anulabilidad derivada de la incapacidad de uno de los contratantes, no obliga a este a restituir, sino en cuanto se haya enriquecido con la cosa o precio que recibiera.
Díaz (1945) entiende que el pago hecho a un incapaz es nulo (reflejado así en el art. 67.b del C.C. cubano, ya que al ser un acto nulo no produce efectos jurídicos), por lo que no libera al deudor que podrá ser obligado a pagar nuevamente: "quien paga mal, paga doble". 2- El pago hecho a tercero legitimado
I- El pago hecho al representante.
La validez del pago ya se derive de simple autorización o mandato expreso permite efectuar el pago a un tercero que siempre que redunde en utilidad del acreedor, con mayor razón podrá realizarse a persona unida con el mismo valor por el vínculo que otorgue a la relación, al menos una apariencia de legitimación para la realización del cobro.
En el caso de la autorización para cobrar una deuda en representación del acreedor, puede derivarse de mandato aunque no vaya aparejada a la representación voluntaria o legal.
Mediante la representación legal el que ostenta dicha representación está legitimado para recibir pagos en interés de quien representa, así le sucederá al padre o a la madre que posea la patria potestad del hijo menor, quienes precisarán, si el crédito, deriva un acto de disposición la misma autorización judicial que precisan para realizarlo. Nuestro código admite dicha representación a través del art.57 y art. 59.
A través de la representación voluntaria, surgen dudas respecto a su amplitud o la precisión con que ha de ser conferida, para entender eficaz el pago hecho al mandatario se derivará directamente de los términos en los que esté configurado el mandato, mientras que la forma para ello utilizada, será determinante desde el punto de vista probatorio, para acreditar su existencia (art. 57 y 64 del C.C.).
Cualquier supuesto concreto debe recibir, en nombre de otro, el pago de una deuda, no entraña en principio, atentado alguno contra los intereses del acreedor, por lo que puede admitirse la extinción de la obligación por el propio apoderado (manifestación expresa en el art. 65 del C.C.).
II- El pago a tercero designado de común acuerdo por el acreedor y el deudor.
El adiectus solutionis causa es una persona designada de común acuerdo por el deudor y el acreedor, al tiempo de constituirse la obligación o en un momento ulterior.
El indicatario como lo denominan otros autores en atención a su función, no es estrictamente un representante del acreedor, es una persona autorizada para recibir el pago en nombre de la persona a cuyo favor estuviere constituida la obligación. Lo que lo separa de la figura del propio acreedor es que la función que ejerce el indicatario es meramente pasiva, en su estricta legitimación para recibir el pago, pero no para exigirlo.
Pérez y Alguer (1933), introducen el concepto de la buena fe y lo utilizan para resolver aquellos supuestos por haber caído el adjectus en concurso, haber alcanzado la ruina o encontrarse en situación análoga, el pago a aquel devendrá desancosejable para el acreedor y afirma que en estos casos, aquella exige que se le de al acreedor la facultad de prohibir ese pago y de exigir que se le pague personalmente, siempre que a la vez ofrezca al deudor compensación de todas las desventajas que con ello se causan. Nuestro código no hace referencia alguna del indicatario, aunque puede ser analizado dentro de las obligaciones solidarias.
III- El ingreso en cuenta corriente bancaria como medio de pago
El ingreso en cuenta corriente bancaria constituye un modo normal de extinguir las obligaciones. Su eficacia depende del pago hecho de lo que hubiese convenido entre el acreedor y el deudor, de la conducta de aquel y de la relación que existe entre el acreedor y la persona autorizada.
Si los contratantes han acordado la extinción habrá de producirse acudiendo a este mecanismo, existirá una mera indicación de pago. Si nada ha convenido, ni se ha ratificado la referida indicación y el deudor ingresa en la cuenta el importe de la deuda, la legitimación del pago estará condicionada a la cumplida acreditación de utilidad que el mismo haya presentado para el acreedor. La extinción no se producirá por el mero hecho del ingreso, aunque tampoco se requiere la conformidad expresa del acreedor, ya que basta para ello su abstención, lo que introduce la interesante teoría del silencio, como medio de prestar el consentimiento, acerca de la cual la doctrina española es unánime, al otorgarle valor a la declaración de voluntad, si se ve rodeado de ciertas condiciones.
Von Tuhr (1934), reclama la aceptación del acreedor para predicar el ingreso en cuenta corriente un pago válido, toda vez que aquellos ingresos no confieren al accipiens el dinero, sino un crédito contra el banco, postura con la que se muestra de acuerdo Pascual Estevill (1986) que afirma que puede existir una infracción al pretender obligar al acreedor a recibir un "aliud pro alio" sin su consentimiento, por lo que bien puede basar su oposición en la trasgresión de los requisitos objetivos del pago, tales como la integridad y la identidad dado que no se entregó completamente la cosa en la que la obligación consistía.
Ahora bien, si privamos a la entidad bancaria de aquella cualidad y la reputamos como un tercero, ajeno a la relación inicial accipiens solvens, nos hallaremos, ante una novación del primitivo contrato, que precisará para su perfección el consentimiento del acreedor, lo cual no puede presumirse.
3 - El pago hecho a tercero no legitimado
I- El pago hecho a tercero no legitimado cuando redunda en utilidad de acreedor.
No cabe duda cuando hablamos de tercero debe ser una persona completamente ajena a la relación jurídica existente entre el solvens y el accipiens. Ha de ser una persona diferente del acreedor y sin especial legitimación, por ello no podrá ser un mandatario, un representante, un indicatario, un apoderado, ni un cedente cuando ha existido una cesión de crédito no notificada al deudor, ni conocida por este o por cualquier otra causa.
Existen supuestos en los que el pago a tercero y la consecución de la utilidad que con ello se persigue, transcurre un lapso de tiempo, en estos casos ¿cuándo se entenderá efectuado el pago? Para la jurisprudencia española repercute en la carga probatoria que recae sobre quien paga, que ha de ser quien acredite que el pago se convirtió en utilidad del acreedor.
Por utilidad debemos entender provecho, fruto o interés que se obtiene de una cosa ya sea pecuniario o de cualquier otra clase. Para reputar existente el requisito de la utilidad, el cumplimiento realizado por el deudor a un tercero, el pago efectuado aquel a este, ha de reportarle al acreedor los mismos beneficios que si se entendiera con él directamente. Por lo que estos efectos liberatorios del pago estarán en íntima relación y derivarán del grado de satisfacción experimentado por el mismo, que si es incompleto no extinguirá de modo pleno el crédito subsistente y el deudor quedará vinculado en la medida que falte por cumplir aquel. No cabe duda que el solvens al pagar de ese modo a un acreedor de su acreedor, no perseguirá defraudar los intereses de este, sino que su acción va dirigida a otra cosa que a la liberación de su deuda.
Otros autores sostienen que el pago hecho a tercero en las circunstancias y condiciones anteriormente analizadas, puede tener eficacia aún cuando no concurra el requisito de la utilidad, en dos casos: primero cuando el tercero después de recibido el pago, se convierte en heredero del acreedor cesionario de su crédito; segundo cuando el acreedor ratifique o apruebe el cobro hecho por tercero.
II- El pago al acreedor aparente.
Para que el pago sea liberatorio es preciso que la persona que recibe el mismo, se comporte como verdadero acreedor y sea tenido por tal por el deudor, exigiendo un requisito objetivo, cuál es la posesión del crédito que desemboca en una apariencia respecto a la cualidad del acreedor, ya que este ostenta el soporte documental del crédito, ya porque el deudor lo tenga por tal en el supuesto que dicha condición se haya perdido; y un requisito subjetivo que no es más que la buena fe del deudor, en la creencia equivocada de que la persona que se comporta como acreedor efectivamente lo es.
Además la figura que estamos tratando posee diferente elementos como: la posesión del crédito, la protección a la apariencia, la buena fe, supuestos en que surge el acreedor aparente.
El poseedor del crédito no será quien detente materialmente el soporte documental en el que se consta aquel, sino que ostente la cualidad externa del acreedor, el que aparezca a los ojos del deudor como legítimo para recibir el cobro, siempre que tenga razones evidentes para creerlo titular del crédito.
Se considera a la apariencia como el ejercicio de hecho de un derecho de crédito que da lugar al efecto liberatorio cuando el pago se efectúa de buena fe, sin que exista verdadera posesión, identificándose con varios autores con la legitimación. La apariencia se identifica, indebidamente con la ficción jurídica, además equivale y conlleva realidad, externa y necesariamente discrepante con la del fondo. Cuando entra en juego la figura de la apariencia y el deudor paga a quien cree verdadero acreedor sin serlo, el derecho no precisa acudir a una ficción, porque los efectos liberatorios del pago se producen ipso iure.
Se plantea que la apariencia es lo mismo que la publicidad nada más lejos de la realidad. Esta concurre cuando se utiliza medios específicos para hacer llegar a conocimientos de los terceros la existencia de una realidad jurídica. La publicidad posee efectos para los terceros y su instauración responde a la defensa de sus intereses, por lo que en muchos casos se requiere como elemento constitutivo del correspondiente negocio jurídico. Mientras que la apariencia conlleva una falta de correlación entre lo conocido, produciéndose una desvirtuación determinante de una falsedad que el ordenamiento debe prever, para tratar de impedir que de la misma se sigan perjuicios a los terceros.
La legislación española sostuvo en la sentencia del 28 de febrero de1896 que:
"… la entrega de lo adecuado hecha a un tercero, siquiera se haga por mero error y de buena fe, no libera al deudor de su obligación de pagar, ni perjudica al acreedor en su derecho a cobrar, y que si por imposibilidad de recuperar lo indebidamente pagado resultasen perjuicios irreparables, recaen estos sobre el deudor engañado, como único responsable de sus propios actos, a no mediar sobre este punto, pacto en contrario o culpabilidad por parte del acreedor que origina responsabilidades al mismo imputables…",
"… el pago hecho sobre cualquiera de esos documentosautorizados con firma falsificada no libera al banco de su deuda para con el verdadero acreedor, porque el pago se hizo a quien no estaba autorizado para recibirlo". Se trata de un intento de extremar la exigencia del actuar diligente que debe acompañar a todo deudor, impidiendo que por negligencia o por no adoptar todas las garantías exigibles en cada caso al acreedor puede ver frustradas las legítimas expectativas que ostenta para la satisfacción de su crédito.
Otro elemento que no se debe obviar en la figura que estamos analizando es la buena fe. Tradicionalmente se han venido distinguiendo dos acepciones del término posesión, la subjetiva que consiste en la creencia del individuo de estar ejercitando un derecho conforme a la ley; y la objetiva, se identifica con la ética, carece de formulación positiva concreta y es correlativa a una serie de principios que la conciencia social considera necesario en le cumplimiento de las obligaciones.
Algunos autores piensan que la buena fe subjetiva no es patrimonio único del campo de los derechos reales, o más concretamente de la posesión, y que tampoco la buena fe objetiva funciona con exclusividad en lo que se refiere a contratos o a los actos jurídicos.
Para otros autores lo exigido por el tráfico jurídico no es la buena fe, sino la diligencia exigible al deudor. En fin el solvens habrá realizado la más elemental actividad en orden a cerciorarse de que el que aparece como acreedor lo es en realidad. Como nuestro código no hace referencia a la figura de tercero específicamente, atendiendo a lo planteado en el atr.261 el deudor obtiene un derecho (liberarse en cuanto al nuevo deudor) al no tener conocimiento de la modificación realizada pagando al que supuestamente es su acreedor.
Surge también la necesidad de mostrar los diferentes supuestos donde aparece el acreedor aparente:
a. Ineficacia del contrato: La característica de la inexistencia de los contratos es precisamente la carencia de efectos específicos, no puede proclamarse aquí un error en la dirección del pago. Por tanto el solvens realiza un pago que nunca se debió realizar, por lo que no existe acreedor aparente ni verdadero, ni el deudor, puede quedar librado de su crédito porque no existe. Se trata de un supuesto del cobro de lo indebido y a sus reglas debemos remitirnos para resolver los litigios entre quien pagó por error algo que nunca debió o que ya estaba pagado y quien recibió erróneamente dicho prestación.
Se libera al deudor si reúne los requisitos que exigen además de nacer una acción de enriquecimiento sin causa (al amparo del art. 101 del C.C.) entre el acreedor verdadero que no cobró y el aparente que recibió la satisfacción del crédito.
b. La cesión de crédito no notificada al deudor: La cesión de crédito no es más que el contrato por el que el titular del crédito se obliga a trasmitirlo al cesionario, de forma que este pueda exigir del deudor la prestación la prestación debida ejercitando según su naturaleza o hacerla valer jurídicamente, mediante el pago de un precio cierto.
Los elementos personales que intervienen en un negocio, cedente, cesionario y cedido que equivalen a acreedor aparente (el cual se ha desprendido del crédito), el verdadero acreedor (ha adquirido la expectativa del cobro), y el deudor. La perfección del negocio, para la legislación española, no exige forma alguna, ni tampoco requiere el consentimiento y conocimiento del deudor cedido, donde este se obliga respecto al nuevo acreedor. Nuestra legislación hace referencia que no hace falta el consentimiento del deudor para realizar la cesión, afirmado así en el art. 257.1 del C.C.
En consecuencia, si el deudor paga al acreedor antiguo (aparente), antes de tener conocimiento de la cesión realizada queda liberado (según art. 261 del C.C.), si aquella le ha sido notificada o tiene conocimiento de ella por cualquier causa deberá pagar al cesionario, pues el pago hecho al cedente no extinguirá el crédito del nuevo acreedor, salvo que se haya convertido en utilidad del nuevo acreedor. En el primer caso deberá utilizar una acción de cobro de lo indebido contra el primitivo acreedor (según art. 101), además de la pretensión indemnizatoria por haber incumplido el cedente el deber accesorio que le incumbía de omitir cualquier conducta que pudiera lesionar el derecho del cesonario y este podrá ejercitarla por la vía de la subrogación.
c. El pago al mandatario aparente: La jurisprudencia española, abundando esta idea, ha entendido que el pago hecho a mandatario aparente libera al deudor, si este no tiene conocimiento de la inexistencia o extinción de poder.
Para que el pago hecho por el deudor sea válido y conlleve a efectos liberatorios debe ser realizado con buena fe e ignorando que el apoderado ha extralimitado los términos del mandato.
Son predicables igualmente los supuestos de inexistencia del contrato, por ejemplo, cuando entre el acreedor y el presumible mandatario exista una relación de confianza que su notoriedad lleve a creer al deudor que existe un encargo en tal sentido.
Puede concurrir en determinados casos el conocimiento del deudor de la extinción del mandato y aun así paga al mandatario o el mandatario conoce de la conclusión de su mandato, pero en ambos casos debe predicarse la buena fe, entendiendo que si falta esta, al ser requisito básico para la subsistencia de la relación de mandato, el pago solamente tendrá efectos liberatorios si revierte en utilidad del acreedor (será entonces necesario analizar los artículos concernientes a la gestión sin mandato del Código Civil cubano)
d. El pago al heredero aparente: Se introduce la posibilidad de que entre en juego la figura del heredero aparente cuando una persona, sobre la base de un error acepte expresa o tácitamente una herencia a la que se crea llamado, apareciendo con posterioridad otra persona de mejor derecho.
La posesión de los bienes, en este caso del patrimonio hereditario o de alguna parte del mismo, con animus domini crea, con relación al tercero, la presunción iuris tantum de que efectivamente se es propietario de ella.
Se han visto hipótesis como tal la del heredero aparente, en el caso del "ausente", aunque más bien ha de entenderse producido con la declaración de fallecimiento, que es lo que provoca la cesación de la situación de ausencia legal y cuya firmeza da lugar a la apertura de la sucesión del declarado fallecido (según art. 36 y art. 37 respectivamente del C.C.) siendo llamados a la misma sus causahabientes, a quienes adjudicarán los bienes que conformen al patrimonio hereditario, posesionándose de los mismos. Por lo que si el declarado fallecido reaparece, quienes pagaron sus deudas a los que creyeron sus herederos se proclama la validez de su pago.
• Durante el estudio realizado a la figura de tercero en la teoría general del pago analizamos cuán compleja es dicha figura. Pues es criterio generalizado de que cualquiera puede pagar una deuda, surgiendo aquí diferentes vicisitudes, como aquel tercero totalmente extraño a la relación preexistente, aquellos terceros que han mantenido una relación previa, como el fiador el deudor solidario, entre otros. Derivándose del pago efectuado por tercero efectos jurídicos, siendo la extinción de la obligación el principal de ellos, ya sea haya realizado el pago con o sin interés para que se cumpla la misma, además le concede el derecho al tercero de subrogarse, en dependencia del caso y las diferentes acciones de las que se puede valer. • Abordamos también aquella persona legitimada para recibir el pago, apareciendo en distintas formas como el cesionario, por el tercero haberse colocado en el lugar del antiguo acreedor con o sin el conocimiento del deudor, etc. Momentos en que surge el acreedor aparente en relación al deudor, ha sido una de los puntos que hemos analizado por su importancia en el tráfico jurídico, determinando la liberación del deudor o no, según la situación que se muestre, extinguiendo luego la deuda. • Por lo que nuestro objetivo, unido a la hipótesis planteada, ha quedado resuelto al lograrse una sistematización de conocimientos acerca de la figura de tercero en la teoría general del pago. LIBRO CUARTO.
2. Si la cosa se perdió por culpa del deudor, éste queda obligado al resarcimiento de daños y perjuicios.
3. Cuando la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el menoscabo es de cuenta del acreedor.
4. Deteriorándose por culpa del deudor, el acreedor podrá optar entre la resolución de la obligación y su cumplimiento, con la indemnización de perjuicios en ambos casos.
5. Si la cosa se mejora por su naturaleza, o por el tiempo, las mejoras ceden en favor del acreedor.
6. Si se mejora a expensas del deudor, no tendrá éste otro derecho que el concedido al usufructuario.
1. Si alguna de las cosas se hubiese perdido por caso fortuito, cumplirá entregando la que el acreedor elija entre las restantes, o la que haya quedado, si una sola subsistiera.
2. Si la pérdida de alguna de las cosas hubiese sobrevenido por culpa del deudor, el acreedor podrá reclamar cualquiera de las que subsistan, o el precio de la que, por culpa de aquél, hubiera desaparecido.
• Por el pago o cumplimiento.
• Por la pérdida de la cosa debida.
• Por la condonación de la deuda.
• Por la confusión de los derechos de acreedor y deudor.
• Por la compensación.
• Por la novación.
Artículo 1249. Artículo 1250. Artículo 1251. Artículo 1252. Artículo 1253. La culpa del acreedor
Articulo 1961. El que se ha obligado a diversas cosas o hechos, conjuntamente, debe dar todas las primeras y prestar todos los segundos. Articulo 1962. Si el deudor se ha obligado a uno de los hechos, o a una de dos cosas, o a un hecho o a una cosa, cumple presentando cualquiera de esos hechos o cosas; mas no puede, contra la voluntad del acreedor, prestar parte de una cosa y parte de otra, o ejecutar en parte un hecho. Articulo 1963. En las obligaciones alternativas la eleccion corresponde al deudor, si no se ha pactado otra cosa. Articulo 1964. La eleccion no producira efecto sino desde que fuere notificada. Articulo 1965. El deudor perdera el derecho de eleccion cuando, de las prestaciones a que alternativamente estuviere obligado, solo una fuere realizable. Articulo 1966. Si la eleccion compete al deudor y alguna de las cosas se pierde por culpa suya o caso fortuito, el acreedor esta obligado a recibir la que quede. Articulo 1967. Si las dos cosas se han perdido, y una lo ha sido por culpa del deudor, este debe pagar el precio de la ultima que se perdio. Lo mismo se observara si las dos cosas se han perdido por culpa del deudor, pero este pagara los danos y perjuicios correspondientes. Articulo 1968. Si las dos cosas se han perdido por caso fortuito, el deudor queda libre de la obligacion. Articulo 1969. Si la eleccion compete al acreedor y una de las dos cosas se pierde por culpa del deudor, puede el primero elegir la cosa que ha quedado o el valor de la perdida, con pago de danos y perjuicios. Articulo 1970. Si la cosa se pierde sin culpa del deudor, estara obligado el acreedor a recibir la que haya quedado. Articulo 1971. Si ambas cosas se perdieron por culpa del deudor, podra el acreedor exigir el valor de cualquiera de ellas con los danos y perjuicios, o la rescision del contrato. Articulo 1972. Si ambas cosas se perdieren sin culpa del deudor, se hara la distincion siguiente: I. Si se hubiere hecho ya la eleccion o designacion de la cosa, la perdida sera por cuenta del acreedor; II. Si la eleccion no se hubiere hecho, quedara el contrato sin efecto. Articulo 1973. Si la eleccion es del deudor y una de las cosas se pierde por culpa del acreedor, podra el primero pedir que se le de por libre de la obligacion o que se rescinda el contrato, con indemnizacion de los danos y perjuicios. Articulo 1974. En el caso del articulo anterior, si la eleccion es del acreedor, con la cosa perdida quedara satisfecha la obligacion. Articulo 1975. Si las dos cosas se pierden por culpa del acreedor y es de este la eleccion, quedara a su arbitrio devolver el precio que quiera de una de las cosas. Articulo 1976. En el caso del articulo anterior, si la eleccion es del deudor este designara la cosa cuyo precio debe pagar, y este precio se probara conforme a derecho en caso de desacuerdo. Articulo 1977. En los casos de los dos articulos que preceden, el acreedor esta obligado al pago de los danos y perjuicios. Articulo 1978. Si el obligado a prestar una cosa o ejecutar un hecho se rehusare a hacer lo segundo y la eleccion es del acreedor, este podra exigir la cosa o la ejecucion del hecho por un tercero, en los terminos del articulo 2027. Si la eleccion es del deudor, este cumple entregando la cosa. Articulo 1979. Si la cosa se pierde por culpa del deudor y la eleccion es del acreedor, este podra exigir el precio de la cosa, la prestacion del hecho o la rescision del contrato. Articulo 1980. En el caso del articulo anterior, si la cosa se pierde sin la culpa del deudor, el acreedor esta obligado a recibir la prestacion del hecho. Articulo 1981. Haya habido o no culpa en la perdida de la cosa por parte del deudor, si la eleccion es suya, el acreedor esta obligado a recibir la prestacion del hecho. Articulo 1982. Si la cosa se pierde o el hecho deja de prestarse por culpa del acreedor, se tiene por cumplida la obligacion. Articulo 1983. La falta de prestacion del hecho se regira por lo dispuesto en los articulos 2027 y 2028.
INTRODUCCIÓN Comenzaremos haciéndonos algunas preguntas. ¿Tienen el padre y la madre la obligación legal de alimentar y educar a sus menores hijos? ¿Tengo yo la obligación legal de no matar a mi vecino? ¿Tiene mi vecino la obligación legal de no consumir drogas prohibidas? ¿Tiene un conductor la obligación legal de no conducir su vehículo a exceso de velocidad o bajo la influencia del alcohol? ¿Tenemos los contribuyentes la obligación legal de pagar correctamente los impuestos al Fisco Nacional? ¿Tienen los ciudadanos la obligación legal de respetar los símbolos patrios? Las respuestas a todas estas preguntas obviamente, y sin excepción, son afirmativas. Lo interesante, y fundamental, es saber por qué. Si yo afirmo que tengo la obligación legal de alimentar y educar a mi menor hijo, simple y llanamente tengo esa obligación legal porque hay una norma jurídica que me impone esa obligación. Existe en algún texto jurídico (ley, reglamento, decreto, código, etc.) una norma que me impone la obligación de desplegar (o no desplegar) una determinada conducta o actividad. De ahí que la función de las leyes es básicamente generar deberes u obligaciones, así como imponer sanciones en caso de incumplimiento, estableciendo, correlativamente, derechos. No tendría sentido una obligación legal sin su correspondiente sanción. Pero para no desviarnos del tema podemos afirmar que para que haya obligación o deber estrictamente legal tiene que haber una norma jurídica que imponga la obligación. Puesto en pocas palabras: no hay obligación o deber legal si no hay norma jurídica que la sustente. Tener este punto claro es realmente fundamental. Si yo, cuando voy a la playa, no tengo la obligación legal de meterme en el agua es simple y llanamente porque no existe una norma jurídica que me imponga tal obligación. Si yo no tengo la obligación legal de transcurrir todo el día domingo en Maracay es porque no hay una norma jurídica que me imponga tal obligación. Ahora, si mañana se sanciona una ley (imaginémonos la «Ley sobre dónde se debe transcurrir el día domingo») en la cual se establece que todos los ciudadanos que viven en el estado Aragua tienen que pasar todo el día domingo en maracay , yo sí tendría entonces la obligación legal de transcurrir todo el día domingo en Maracay. Tendría tal obligación en la medida en que existiera una norma jurídica que me la impusiera. El tener o no una determinada obligación o deber legal depende simplemente de la existencia o no de una norma jurídica que imponga el deber u obligación. Así de sencillo, al menos desde un punto de vista estrictamente jurídico. Pero no es de pasar por alto que las normas jurídicas no son las únicas normas que regulan nuestra conducta. Paralelamente a las normas jurídicas, y no siempre en armonía, encontramos las normas morales, las normas sociales y, para la mayoría de nosotros, las normas religiosas. Todas tienen en común el carácter normativo (imponen deberes), todas tienen en común la posibilidad de una sanción (coactividad), pero sólo las normas jurídicas son coercibles, en el sentido de que son las únicas en que se puede aplicar la sanción por medio de la fuerza pública en caso de incumplimiento (de ahí que se afirme que el Derecho asume el monopolio de la fuerza) y las obligaciones un cararter de coaccion para regular el comportamiento y desenvolvimiento del hombre dentro de la sociedad . Efectos de las obligaciones Obligación solidaria: Aquella cuyo objeto, por expresa disposición del título constitutivo o por precepto de la Ley, puede ser demandado totalmente por cualquiera de los acreedores o a cualquiera de los deudores. La solidaridad puede ser: Efectos:
• Pago: el pago realizado por uno extingue la obligación.
• mora: es común para todos los obligados y si uno de los deudores entra en mora los demás se verán en el mismo estado.
• Prescripción: el computo es común. Los hechos de interrupción o suspensión van a ser personales.
• Cosa juzgada: va a ser inoponible a los deudores no presentados en juicio a raíz del principio de defensa en juicio, sin embargo si la cosa juzgada les fuera ventajosa, los deudores no presentados en juicio podrán invocarla.
• puede oponer un modo de extinguir las obligaciones. En este último caso el modo de extinguir puede decir relación con el objeto de la obligación, o con la persona del deudor requerido de pago. Si el modo de extinguir las obligaciones dice relación con el objeto mismo de la obligación y el codeudor logra acreditar su concurrencia, entonces esta obligación se extingue y esta extinción aprovecha a todos los demás codeudores. Si el modo de extinguir las obligaciones dice relación con la persona del codeudor demandado, dicho modo de extinguir no beneficia a los demás codeudores
Mixta: si existe pluralidad de acreedores y de deudores. Solidaridad Activa.
• Cada uno de los acreedores puede dirigirse en contra del deudor para exigirle el pago del total de la deuda.
• El deudor puede pagar la totalidad de la deuda a cualquiera de los acreedores de manera de que el pago hecho a uno de ellos extingue la deuda.
• Utilidad de la solidaridad activa: por la existencia de varios acreedores facilita el pago, pero es más usada la accesio.
Obligaciones Conjuntivas: Es conjuntiva la obligación en que el deudor está obligado a prestar varios hechos o entregar varias cosas a la vez y no se liberta de su compromiso mientras no cumpla todas las conductas requeridas. Debe prestar todo un conjunto de comportamientos y por eso se llaman conjuntivas las obligaciones que tienen tal contenido. El código civil señala, en el artículo 1961 que: "El que se ha obligado a diversas cosas o hechos conjuntamente debe dar todas las primeras y prestar todos los segundos". Clasificación: Las obligaciones conjuntivas pueden ser de contenido homogéneo o de contenido heterogéneo. Las primeras son aquellas en las cuales todas las prestaciones por cumplir son de la misma naturaleza: lo serán la entrega de varias cosas o la prestación de varios hechos o a observancia de varias abstenciones. Serán heterogéneas cuando el contenido de las diversas prestaciones sea de distinta cualidad: el deudor se obliga a entregar una cosa y a prestar un hecho, o a observar una abstención y entregar una cosa...
• Pago: el pago realizado por cada deudor de su parte de la deuda lo libera.
• Insolvencia: va a estar soportada por el acreedor.
• si la cosa debida es un inmueble o una cosa cierta ella debe entregarse en el lugar en que se encuentre.
• si se trata de una cosa incierta o un hecho la obligación debe cumplirse en el domicilio del deudor.
• a plazo suspensivo en favor del acreedor: este puede exigir en cualquier momento el cumplimiento de la obligación.
• a plazo suspensivo en favor del deudor: el acreedor solo puede exigir el pago vencido una vez que sea el plazo.
• si la obligación condicional es en virtud de una condición suspensiva el acreedor solo puede demandar el cumplimiento una vez cumplida la condición.
• condición resolutoria, el acreedor puede demandar el cumplimiento mientras la condición no se haya cumplido.
El incumplimiento involuntario es debido a causas independientes de la voluntad del obligado no imputables al deudor y la doctrina moderna las ha calificado de causa extraña no imputable. En cambio la inejecución voluntaria denominada culposa es el incumplimiento por causas que le son imputables a la propia persona del deudor y comprende las derivadas del dolo o de la culpa.
• El incumplimiento está previsto en el artículo 1271 del Código Civil.
• Mora Accipiendi, llamada también mora credendi o mora del acreedor
• Mora Solvendi, llamada mora del deudor. En la mora solvendi a su vez se distingue: • La Mora Solvendi ex-re
• La Mora Solvendi ex-personam
• Mora ex-lege: consiste en el retraso culposo en el cumplimiento de una obligación derivada de la ley.
• Un retardo en el cumplimiento de la obligación.
• La obligación objeto de la mora debe ser civil, válida, líquida y exigible. • Que el retardo en que incurre el deudor sea doloso o culpable.
• Que el acreedor reclame el pago (interpellatio) que puede ser judicial o extrajudicial.
• Deja los riesgos a cargo del deudor (mora perpetuat obligationem).
• Hace exigibles los frutos de las cosas y corren los intereses de la suma de vida en los contratos de buena fe.
• En los contratos de estricto derecho, los frutos son exigibles a partir de la “litis contestatio”. No existen inetereses por suma prometida.
• El acreedor puede reclamar la resolución del contrato. • El deudor queda inhabilitado para poner en mora al acreedor.
• La pérdida de la facultad de arrepentirse en función de la seña penitencial.
• Cuando se cumple la prestación
• Convenio de las partes
• Oferta real de pago al acreedor en caso de negativa de éste a recibirlo.
• Que la oferta de pago se realice por quien tiene derecho y sea capaz, y en cuanto al acreedor se permite rehusarla legalmente.
• Que la prestación sea ofrecida íntegramente tal como es debida en el tiempo y lugar que debe ser cumplida la obligación.
• Que el acreedor al rehusar la prestación lo haga sin justa causa, ya que puede probar que por fuerza mayor no pudo ocurrir al cumplimiento de la obligación.
o Disminución de la responsabilidad del acreedor que solo responde del dolo.
o Los riesgos del deudor se invierten y se trasladan al acreedor.
o Los gastos ocasionados al deudor deben ser reembolsados por el acreedor.
o El acreedor debe indemnizar los daños y perjuicios que experimente el deudor por la negativa de recibir el pago que éste le ofrece.
• Cuando se da el recibimiento del pago acordado.
• Manifestación de aceptación
• Cuando existe un convenio entre las partes involucradas
Culpa civil y culpa penal El concepto de culpa penal es semejante al de culpa civil: en ambos casos la culpa se define por una omisión de la conducta debida para prever y evitar el daño. Se manifiesta por la imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos o deberes. Sin embargo, en la apreciación de la culpa a los fines del resarcimiento del daño, en un caso, y de la represión del delito, en el otro, existen pautas diversas: en el primer caso la culpa se aprecia como un criterio muy afinado para no dejar a la víctima sin reparación; en el segundo, existe mayor rigor para valorar las circunstancias constitutivas de la culpa con el propósito de no condenar a un inocente. De allí que: la más leve culpa impone responsabilidad civil al autor de un daño y, por consiguiente, una absolución penal por falta de culpa no hace cosa juzgada en lo civil. Corolario del mismo principio es que puede fundarse la responsabilidad civil en una simple culpa en la vigilancia y que aun ésta se presuma, lo que no se admite, en principio, en materia penal
Delito culposo En Derecho se define al delito culposo como el acto u omisión que produce un resultado descrito y sancionado en la ley penal, a causa de no haber previsto ese resultado siendo previsible, o se previó confiando en que no se produciría, en virtud de no observar un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales.
Diferencia con el dolo La culpa en sentido amplio abarca la culpa en sentido estricto, y el dolo. La culpa en sentido estricto es definida como la falta de intención en el sujeto activo de provocar las consecuencias que el acto que emprende suscita -por lo que se dice que no se representó mentalmente el resultado de su accionar-, mientras que el dolo es la intención de cometer el acto en cuestión y consecuentemente, causar sus consecuencias -por lo que previamente se representó mentalmente el resultado de su acto-. La culpa entonces es el actuar imprudente, negligente, en otras palabras la conducta atrevida o descuidada del sujeto activo. El límite entre culpa y dolo -límite entre el actuar culposo y el doloso-, está dado por la culpa consciente y el dolo eventual. Así, en la culpa consciente hay representación mental del resultado que conlleva el acto efectuado, pero se suma a ello el criterio del sujeto activo de que tal resultado perjudicial, finalmente delictual, no se concretará por una mala valoración de las circunstancias del hecho -que podría calificarse generalmente como un exceso de confianza-, no susceptible de ocurrir si se actuara con un criterio estándar de cuidado y atención. Por otra parte, en el dolo eventual, como en el directo, hay una representación del resultado disvalioso, pero difiere de éste, del dolo eventual, en que a ello se le suma el desinterés de si tal resultado se produce o no. Un ejemplo de lo expuesto se daría si consideramos a una persona que conduce un automóvil a gran velocidad por una calle céntrica y atropella a un peatón que cruzaba dicha arteria. Habrá conducta culposa si lo hizo pensando en que no se produciría el accidente por su habilidad para el manejo, y habrá conducta dolosa si condujo en tal forma sin importarle el atropellar o no a alguien. Tal diferencia, a todas luces subjetiva, es de difícil valoración y aún más difícil prueba en la práctica judicial.
Formas de la culpa Negligencia.- Descuido en el actuar. Omisión consciente, descuido por impericia o dejar de cumplir un acto que el deber funcional exige. En materia penal, es punible.
Clasificación de la culpa por su gravedad Es muy importante la clasificación de la culpa por su gravedad, dado que en muchas ocasiones los contratos eximen de responsabilidad para ciertos grados de culpabilidad. Es habitual la distinción entre:
• Culpa grave o lata. • Culpa leve. • Culpa levísima. En muchos casos la jurisprudencia hace equivaler la culpa grave al dolo. Realmente, no se está haciendo equivaler ambos conceptos pero, en la práctica, y dado que probar la intención es sumamente difícil, se entiende que una culpa grave o muy grave se asemeja demasiado a una actuación intencionada, dado que es difícil comprender que se haya hecho de forma involuntaria.
Jesús Dávila donkansystem01@hotmail.com
Profesor: Cesar Aranguren

References: resolución 
 resolución 

Artículo 1249
 Artículo 1250
 Artículo 1251
 Artículo 1252
 Artículo 1253
 artículo 1961
 artículo 1271
 resolución