Source: http://definicionlegal.com/d-ley-24-2003-id61.html
Timestamp: 2018-11-21 17:40:31+00:00

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Publicado: 2004-01-16 00:00:00
en la presente ley, cuya urgencia viene justificada por la actual situación del mercado inmobiliario y la necesidad de establecer las medidas precisas para agilizar las actuaciones públicas en ejecución en materia de vivienda, se afronta la regulación de la política pública de vivienda clarificando la distribución de competencias en la materia y asignando un relevante papel a los municipios en el desarrollo de las políticas públicas de vivienda y suelo, la definición del concepto de vivienda protegida, el alcance de la participación privada en la promoción de viviendas protegidas, los procedimientos
de adjudicación o los regímenes de uso, disposición y extinción del régimen de protección. estas regulaciones, unidas a las que contiene la legislación urbanística, que no se ve sustancialmente afectada en sus contenidos sino para perfeccionar el régimen de reservas de terrenos destinadas a viviendas protegidas y los derechos de adquisición preferente, cuestiones ambas que ya se regularon en dicha norma, proporcionan a las administraciones aragonesas el marco jurídico indispensable para afrontar con garantías de éxito la gestión de la política de vivienda. se garantiza, además y muy especialmente, la agilidad y transparencia de los procedimientos, la participación de los afectados, la implicación y estrecha colaboración del sector privado de la promoción inmobiliaria y el cooperativismo y, conforme a los más elevados postulados constitucionales, la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos en el acceso a la vivienda protegida, con especial referencia a las familias numerosas, familias monoparentales, jóvenes y personas discapacitadas.
esta normativa aspira, de este modo, a garantizar la efectividad de las políticas públicas de intervención en el mercado del suelo y la vivienda. y es que, ciertamente, el problema de la vivienda, presente desde hace largo tiempo en nuestra sociedad, ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas, pues de la preocupación
por el mantenimiento de umbrales adecuados de calidad se ha pasado a la dificultad de las familias para acceder a la vivienda, ya sea en propiedad o en régimen de alquiler.
los agentes privados. así, se regula la programación pública de vivienda protegida, que corresponde establecer y desarrollar a las administraciones públicas competentes, y se refuerza la afección de los terrenos protegidos a la construcción de viviendas protegidas, ampliando, además, las reservas establecidas con tal fin en la legislación urbanística. constituye esta ampliación una de las claves de la nueva política de vivienda que, en combinación con el establecimiento de nuevos regímenes de protección, basados en la tasación del precio o rentas máximos de las viviendas sin los condicionantes de la actual normativa estatal sobre financiación de actuaciones protegibles, puede contribuir decisivamente a potenciar, desbloquear y agilizar actuaciones urbanísticas a gran escala, con implicación de la iniciativa privada sobre suelo privado, al limitar la carga financiera que provocan los actuales regímenes de protección. en todo caso, la exigencia de reservas se gradúa en función de la entidad de los municipios, distinguiendo, a tal efecto, las tres capitales de provincia, los municipios con población superior a cinco mil habitantes y los restantes.
el registro está concebido, en primer lugar, como una fuente permanentemente actualizada de información sobre la demanda de vivienda protegida, base fundamental para la programación pública de vivienda, de la que hoy desgraciadamente carece la administración.
pero, además, el registro es también el fundamental instrumento de gestión para hacer posible el nuevo sistema de adjudicación, ya que, cuando la adjudicación corresponda a la administración autonómica o a las entidades locales, será el propio registro el que facilite los datos precisos para realizar el procedimiento de adjudicación conforme a lo requerido por la administración competente, mientras que en los supuestos de adjudicación privada, el registro será el contraste que permitirá fiscalizar tales adjudicaciones.
en cualquier caso, toda persona que aspire a resultar adjudicataria de una vivienda protegida, ya sea por acuerdo de la administración autonómica, de una entidad local o de una entidad privada, deberá estar inscrita en el registro. la llevanza del registro corresponde a la admi nistración de la comunidad autónoma, que asume, de este modo, la fundamental carga de gestión en la materia, dejando a las entidades locales la adopción de las decisiones sustantivas sobre criterios de adjudicación y la adjudicación efectiva de las viviendas protegidas que promuevan conforme a su programación. se establece así un marco de colaboración administrativa en el que la comunidad autónoma asume la gestión más gravosa, sin merma alguna de la autonomía que corresponde a las entidades locales.
el régimen de protección de estas viviendas consistirá,
como mínimo, en la tasación de la renta o precio máximo de venta por la administración de la comunidad autónoma y su sujeción a derechos de adquisición preferente a favor de la administración conforme a lo establecido en esta ley.
con carácter general, no se autorizará la realización de mejoras que impliquen un sobrecoste para los destinatarios de la vivienda. no obstante, la administración de la comunidad autónoma, al calificar provisionalmente, podrá autorizar la realización de mejoras en elementos privativos de las viviendas protegidas, por importe total no superior al cinco por ciento del precio máximo de la vivienda que resulte aplicable conforme al acuerdo de calificación provisional. el solicitante de la calificación provisional deberá someter a autorización administrativa la oferta valorada de las mejoras a los adjudicatarios de las viviendas, quienes podrán aceptarla o rechazarla voluntariamente conforme a lo que se establezca reglamentariamente, comunicándolo a la administración.
transcurrido el plazo para resolver y notificar, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud.
4. previamente a la celebración de contratos de arrendamiento de viviendas protegidas y anejos vinculados, el arrendador deberá presentar el modelo de contrato que se disponga a utilizar para su autorización.
el plazo para dictar y notificar la resolución de autorización será de quince días a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. la falta de resolución expresa, en dicho plazo, tendrá efectos estimatorios. una vez suscritos los correspondientes contratos, deberán presentarse para su visado acreditando que el arrendatario cumple los requisitos de acceso a la vivienda y que se halla inscrito en el registro de solicitantes de vivienda protegida. la tramitación del visado podrá ser conjunta con la del pago de las ayudas que en su caso correspondan. el plazo para dictar y notificar la resolución de visado será de quince días a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
la falta de resolución expresa, en dicho plazo, tendrá efectos estimatorios. esta obligación se extenderá a los garajes o trasteros no vinculados que se arrienden o enajenen a arrendatarios de viviendas protegidas situados en el mismo edificio, unidad edificatoria o promoción.
d) cuando el titular de la vivienda acredite suficientemente, a juicio del departamento competente en mate ria de vivienda, una alteración sustancial de sus circunstancias económicas que determine la imposibilidad de continuar haciendo frente a la amortización de los préstamos con garantía hipotecaria concertados para la adquisición de la vivienda.
2. las unidades administrativas correspondientes del departamento competente en materia de vivienda informarán las reclamaciones o impugnaciones que haya de conocer la comisión de reclamaciones sobre vivienda protegida, que podrán interponerse en el plazo de un mes desde las fechas de notificación de las resoluciones sobre gestión del registro o de publicación que señale la resolución que dé inicio al correspondiente procedimiento de adjudicación de los listados de posibles adjudicatarios o de quienes resulten serlo como consecuencia de dicho procedimiento. la interposición de recursos ante la comisión de reclamaciones no suspen derá la eficacia de las resoluciones impugnadas. las resoluciones de la comisión de reclamaciones pondrán fin a la vía administrativa conforme a lo establecido en la normativa básica de régimen jurídico de las administraciones públicas.
b) tres expertos en materia de vivienda designados por el titular del departamento competente en materia de vivienda: el primero, a propuesta de las asociaciones de consumidores ; el segundo, de las organizaciones de cooperativas de viviendas ; y el tercero, de las organizaciones empresariales de la promoción de viviendas.
para la efectividad de las medidas adoptadas conforme a los artículos anteriores, el órgano competente interesará, cuando sea necesaria, la colaboración de la fuerza pública. finalizado el plazo determinado por la administración para la ejecución de las medidas adop tadas sin que el interesado la haya llevado a efecto, se procederá a su ejecución forzosa mediante apremio sobre el patrimonio o la imposición de multas coercitivas en la forma establecida en el artículo 61 de esta ley .
4. serán igualmente responsables los gestores de comunidades de bienes, cooperativas de viviendas protegidas o entidades o personas jurídicas cuya naturaleza determine que sus socios o partícipes resulten adjudicatarios de las viviendas, además de en los supuestos establecidos en el apartado anterior, cuando hayan actuado en ausencia o en contra de acuerdos adoptados
por los órganos de gobierno de la correspondiente entidad o, en todo caso, sin estar habilitados para ello. serán también responsables dichos gestores cuando transmitan a las entidades cuya gestión asuman suelo calificado por el planeamiento para la promoción de vivienda protegida por precio superior al de adquisición incrementado con los costes financieros y cargas urbanísticas correspondientes a la finca.
6. cuando en la comisión de infracciones graves o muy graves concurra la atenuante muy cualificada de cumplimiento voluntario de las medidas de reparación de daños o restablecimiento de la legalidad infringida,
en atención a las circunstancias concurrentes, la administración podrá imponer la multa correspondiente a las infracciones de gravedad inmediatamente inferior.
cuando en la comisión de infracciones leves concurra dicha circunstancia, la multa se impondrá en su cuantía mínima.
3. cuando en cualquier estado del procedimiento hubiere de repetirse el intento de notificación personal o procederse a la notificación mediante edictos por causa
imputable a los interesados, se suspenderá el cómputo del plazo para resolver desde el momento del primer intento de notificación o del inicio de los trámites para la notificación mediante edictos hasta el momento en que quede acreditada la práctica de la notificación.
4. transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar sin que se dictase y notificase la resolución, se entenderá caducado el procedimiento y se procederá al archivo de las actuaciones. para computar el plazo máximo para resolver y notificar, deberán tenerse en cuenta las posibles interrupciones por causas imputables a los interesados o por la suspensión del procedimiento.
en el supuesto de que la infracción no hubiera prescrito, deberá iniciarse un nuevo procedimiento sancionador.
1. se añade un nuevo apartado tercero al artículo 2 de la ley 10/1992, de 4 de noviembre, de fianzas de arrendamientos y otros contratos, redactado del siguiente modo: 3. en los contratos de arrendamientos de viviendas protegidas, únicamente podrá pactarse como garantía adicional la prestación por el arrendatario de un aval por importe no superior a cuatro mensualidades de la renta pactada.
2. se añade un nuevo apartado quinto al artículo 19 de la ley 10/1992, de 4 de noviembre, de fianzas de arrendamientos y otros contratos, redactado del siguiente modo: 5. cuando en la comisión de infracciones graves o muy graves concurran una atenuante muy cualificada o dos o más, en atención a las circunstancias concurrentes, la administración podrá imponer la multa correspondiente a las infracciones de gravedad inmediatamente inferior. cuando en la comisión de infracciones leves concurra dicha circunstancia, la multa se impondrá en su cuantía mínima.
f) reservas de terrenos con destino a la construcción de viviendas protegidas conforme a la legislación de vivienda.
f) reserva de terrenos con destino a la construcción de viviendas protegidas, en su caso, conforme a la legislación de vivienda.
h) reserva de terrenos con destino a la construcción de viviendas protegidas conforme a la legislación de vivienda.
f) reserva de terrenos con destino a la construcción de viviendas protegidas conforme a la legislación de vivienda.
1. en todo caso, la enajenación o cesión de los bienes de los patrimonios públicos de suelo deberá efectuarse en condiciones que aseguren, cuando proceda, los plazos máximos de urbanización y edificación y los precios finales de las viviendas. 2. estarán sujetas al derecho de tanteo y, en su caso, de retracto a favor de la administración enajenante, las transmisiones onerosas y gratuitas de los bienes inmuebles, sean terrenos o edificaciones, provenientes de los patrimonios públicos de suelo. no obstante, las viviendas protegidas conforme a la normativa de vivienda les será de aplicación el régimen en ella establecido. 4. los propietarios afectados deberán notificar al ayuntamiento, a través del registro administrativo del apartado anterior, la decisión de enajenar estos bienes con expresión del precio y forma de pago proyectados y las restantes condiciones esenciales de la transmisión a los efectos del posible ejercicio de tanteo. el precio no podrá ser superior al precio de adquisición actualizado conforme al índice de precios al consumo en aragón. este derecho de tanteo podrá ejercitarse durante el plazo de sesenta días naturales a contar desde el día siguiente al que se haya producido la notificación. 7. estarán también sujetos al derecho de tanteo y retracto a favor del patrimonio municipal del suelo los bienes inmuebles que tengan la condición de bienes de interés cultural o estén situados en conjuntos histórico-artísticos. disposición adicional cuarta. protección de datos de carácter personal.
2. los plazos establecidos a efectos de descalificación y limitaciones al poder de disposición se com putarán desde la fecha de la escritura de declaración de obra nueva o, en su defecto, desde la fecha del acta de recepción provisional de las obras y, en defecto de ésta, desde la fecha en que recayó la calificación provisional.
(publicado en el boletín oficial de aragón número 156, el 31 de diciembre de 2003)

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 61
 artículo 2
 artículo 19