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Timestamp: 2019-10-18 09:34:14+00:00

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﻿ Sentencia 2014-00006 de diciembre 4 de 2014
SENTENCIA 2014-00006 DE 04 DE DICIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:INCOMPATIBILIDAD -NULIDAD DE LA ELECCIÓN. LA INCOMPATIBILIDAD, ES DECIR, LA LIMITACIÓN PARA DESPLEGAR UNA ACTIVIDAD POR EL HECHO DE OCUPAR UN CARGO, NO GENERA LA NULIDAD DE UN ACTO ELECTORAL. LAS INHABILIDADES SON IMPEDIMENTOS PARA EJERCER UN EMPLEO, MIENTRAS QUE LAS INCOMPATIBILIDADES OCURREN LUEGO DE LA ELECCIÓN, NOMBRAMIENTO O POSESIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, UNIVERSIDAD, NULIDAD ELECTORAL, CAUSALES DE NULIDAD ELECTORAL, INCOMPATIBILIDAD ELECTORAL, CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, ELECCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD
Sentencia 2014-00006 de diciembre 4 de 2014
Expediente: 110010328000201400006 00
Demandante: Fernando Cruz Artunduaga
Demandado: Luis Eduardo Torres García, representante de los egresados ante el consejo superior universitario de la Universidad de la Amazonía
Se trata del “acta final de escrutinios de la jornada de elección de los representantes de los egresados ante el consejo superior universitario y consejo de facultad de ciencias contables, económicas y administrativas de la Universidad de la Amazonía”, de 26 de noviembre de 2013, únicamente en lo relacionado con la elección del señor Luis Eduardo Torres García, representante de los egresados ante el consejo superior de la mencionada universidad.
Determinar si el acto de elección del señor Luis Eduardo Torres García como representante de los egresados de la Universidad de la Amazonía contenido en el acta final de escrutinio de 26 de noviembre de 2013 es nulo por. 1. Violación a las normas constitucionales, legales y reglamentarias en las que debería fundarse y que fueron concretadas por el demandante en el concepto de violación citado; 2. Desviación de poder al establecer un sistema y procedimiento electoral amañado; 3. Falsa motivación al inscribir como candidato, hacerle campaña y elegir como representante a un egresado de la Universidad Surcolombiana; 4. Incumplimiento por el demandado del requisito contemplado en el artículo 39 del Acuerdo 62 de 2002 —Estatuto general— y; 5. Transgresión de la prohibición contenida en el artículo 10 del Decreto 128 de 1976 “Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las juntas directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de estas”.
Para mayor claridad se abordará cada uno de los cargos que en la audiencia inicial hicieron parte de la fijación del litigio.
1. Violación a las normas constitucionales, legales y reglamentarias en las que debería fundarse y que fueron concretadas por el demandante en el concepto de violación citado.
Respecto de este cargo el actor planteó las siguientes irregularidades:
1.1. Inexistencia de calendario electoral, situación que vulnera lo establecido en el inciso 2º del artículo 6º del Acuerdo 32 de 2009 “Por el cual se expide el estatuto electoral de la Universidad de la Amazonía”(2).
La norma presuntamente infringida dispone que:
“Lugar y fecha de votaciones. Las votaciones se realizarán en el campus de la Universidad de la Amazonía, en la fecha y hora señaladas, conforme a las reglas de este estatuto y demás disposiciones electorales reglamentarias.
La secretaría general de la universidad proyectará anualmente el calendario electoral, el cual será aprobado por el consejo electoral de la universidad y ejecutado por éste y demás autoridades electorales. En cualquier caso por circunstancias especiales, el consejo electoral de la universidad podrá modificar el calendario electoral, con base en las disposiciones del presente estatuto.
El consejo electoral de la universidad determinará el número de mesas que se instalarán en los lugares de votación” (resaltado fuera de texto).
El actor expone que, en su criterio, la omisión de proyectar y aprobar el calendario electoral atenta contra los principios de transparencia y publicidad del proceso electoral pues no se garantiza a los participantes su derecho a la igualdad, razón por la cual no se podía llevar a cabo las elecciones para elegir el representante de los egresados al consejo superior universitario.
Al respecto, debe precisarse que la Sala ha manifestado que “El calendario electoral puede definirse como la distribución de las actividades que se deben realizar durante el procedimiento electoral en distintas fechas a lo largo de un período determinado y cuya finalidad es determinar las condiciones para el ejercicio de las competencias, obligaciones y facultades tanto de las autoridades que intervienen en el procedimiento electoral como de los ciudadanos que ejercen sus derechos políticos”(3).
De acuerdo con lo anterior, se tiene que la finalidad del calendario electoral es que las partes interesadas en el proceso electoral tengan pleno conocimiento, desde su inicio, de las instancias, fechas y del procedimiento bajo el cual se llevará a cabo las elecciones.
Debe destacarse que del estudio del expediente se advierte que existe una norma especial que regula las elecciones de los representantes ante el consejo superior universitario y que no contiene la obligación de fijar el calendario electoral que extraña el actor.
En efecto, el Acuerdo 31 de 2010 “Por el cual se expide el reglamento que determina el proceso de integración, designación y elección de los representantes ante el consejo superior universitario y demás instancia de la institución”(4) en su artículo 6º dispone:
Requisitos para las convocatorias electorales
ART. SEXTO.—Competencia y condiciones. La resolución de convocatoria en cada caso deberá ser expedida por el funcionario competente por lo menos con dos (2) meses de antelación a la fecha de vencimiento del período respectivo y en dicho acto administrativo se consignarán, las siguientes condiciones, que serán definidas por el consejo electoral de la universidad mediante convocatoria electoral, conforme a la normativa vigente:
Representación a proveer
Acto de inscripción de candidatos y fechas
Designación de jurados y escrutadores
Fecha y lugar de la elección
Expedición de listados
Mecanismos de escrutinio
Fecha de promulgación de resultados
Notificación y nombramientos de elegidos
Mecanismos de difusión”.
Nótese que de los requisitos antes enlistados en ningún aparte se establece como obligación la existencia del calendario electoral, por lo que el cargo endilgado en este sentido no estaría llamado a prosperar.
Sin perjuicio de lo anterior, y en gracia de discusión, resulta pertinente destacar que como antes se explicó la finalidad del plurimencionado calendario es que las partes interesadas tengan pleno conocimiento de la forma como se surtirá el proceso eleccionario.
En este caso para la Sala los principios de publicidad y transparencia están preservados con la convocatoria 005 de 10 de octubre de 2013(5) de la cual se estableció que, además, de cumplir con los requisitos señalados en el artículo 6º del Acuerdo 31 de 2010, con total claridad fijó las fechas para que los candidatos y testigos electorales se inscribieran como también para para que se llevara a cabo la publicación de los listados de los candidatos y los testigos inscritos, asimismo, determinó la fecha y el procedimiento que se surtiría en la citada elección.
Así las cosas, queda probado que la norma que se cita como inobservada, por ser general, no aplica para la elección, que tiene disposición especial, de la cual resultó ganador el señor Torres García, por lo que por esta razón el acto acusado no podría ser anulado. Como también se evidenció que con las disposiciones dictadas para convocar al proceso eleccionario se estableció el procedimiento a surtir en procura de los principios de publicidad y transparencia que según el demandante no se atendieron.
Razones estas suficientes para negar este cargo.
1.2. No verificación de los requisitos de los aspirantes.
Se funda este cargo en dos aspectos a saber: a) que el demandado carece del requisito de ser egresado de la Universidad de la Amazonía toda vez que el señor Torres García obtuvo su título de la Universidad Surcolombiana y; b) teniendo en cuenta que el acusado se desempeña como docente de la Universidad de la Amazonía está incurso en la causal de inhabilidad contenida del artículo 10 del Decreto 128 de 1976.
1.2.1. En relación con el cargo según el cual el señor Torres García no es egresado de la Universidad de la Amazonía pues obtuvo su título de la Universidad Surcolombiana de las pruebas obrantes en el plenario se advierte que:
Según el numeral 3º, del artículo 3º del Acuerdo 31 de 2010(6) los requisitos exigidos para los candidatos a ser elegidos como representantes de los egresados ante el consejo superior universitario deberá, entre otros, “ser egresado[s] de uno de los programas propios de la Universidad de la Amazonía”.
Ahora bien, de acuerdo con el Acuerdo 62 de 2002 “Por el cual se deroga el Acuerdo 64 de 1993, y se adopta el estatuto general de la Universidad de la Amazonía”(7) en su artículo 39 define quienes son egresados, así:
ART. 39.—Egresados. Es egresado de la Universidad de la Amazonía, la persona que haya obtenido un título en cualquiera de los programas de formación superior propios o en convenio que ofrezca la institución.
PAR.—Las relaciones entre la universidad y los egresados, estarán determinadas por la reglamentación correspondiente que para el efecto expida el consejo superior universitario” (fl. 62).
Así mismo, el actor con su demanda allegó el original de la comunicación del 9 de diciembre de 2013 por medio de la cual el rector de la Universidad de la Amazonía, en respuesta a una petición que le presentara el presidente de ASPU - Seccional de la Universidad de la Amazonía en la que se indagó respecto de si el demandado tenía la calidad de egresado de la Universidad de la Amazonía, se dijo:
“…la calidad de egresado de Torres García, surge con diáfana claridad y es innegable habida cuenta que la Universidad de la Amazonía, nació a la vida jurídica bajo la denominación de Universidad Surcolombiana, regional Florencia, y tras su reconocimiento institucional su esencia se mantuvo y continuó prestando los mismos servicios educativos, solo que bajo una nueva denominación” (fls. 117-119).
Considera la Sala pertinente, para resolver este cargo, analizar la normativa en la que se funda la anterior conclusión.
Mediante la Ley 13 de 1976(8) el Instituto Universitario Surcolombiano “Itusco”, creado por la Ley 55 de 1968, pasó a denominarse Universidad Surcolombiana. Posteriormente, el artículo 1º de la Ley 60 de 1982(9) dispuso que en adelante la regional Florencia de la Universidad Surcolombiana “se denominará” Universidad de la Amazonía “…una vez sea reconocida institucionalmente como universidad” lo que ocurrió mediante la Resolución 6533 de 1983 expedida por el Ministerio de Educación Nacional.
Conviene precisar que de conformidad con el diccionario de la Real Academia de la Lengua por denominar debe entenderse:
“1. tr. Nombrar, señalar o distinguir con un título particular a alguien o algo. U. t. c. prnl”.
Así las cosas, lo único que hizo la Ley 60 de 1982 fue nombrar de manera diferente a la entonces regional Florencia de la Universidad Surcolombiana, la que luego de su reconocimiento como universidad pasaría a llamarse Universidad de la Amazonía. Razón por la cual en los artículos siguientes de la misma norma se dispuso, entre otras, que el patrimonio de la Universidad de la Amazonía estaría conformado por “…los derechos y obligaciones, bienes y acciones así como las apropiaciones establecidas por leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos o por cualquier disposición o providencia oficial o privada que figuren a nombre de la regional Florencia de la Universidad Surcolombiana”. Por lo que no hay que recurrir a figuras como la subrogación ni “ficciones jurídicos” pues se insiste es claro que se trata de la misma institución con diferente nombre.
Ahora bien, el demandado Luis Eduardo Torres García para acreditar su calidad de egresado aportó el diploma que le fue conferido por “La Universidad Surcolombiana, regional de Florencia” como licenciado en ciencias de la educación con especialidad en matemáticas y física (fl. 140).
De conformidad con lo expuesto la Sala concluye que, en efecto, el título obtenido por el demandado el 27 de junio de 1980, en ese entonces otorgado por la Universidad Surcolombiana, regional de Florencia, le otorga sin lugar a dudas la calidad de egresado de la Universidad de la Amazonía pues como ya se precisó la primera de las instituciones, mediante la Ley 60 de 1982, es decir con posterioridad a que el demandado recibiera el título, dejó de denominarse Universidad Surcolombiana y pasó a llamarse Universidad de la Amazonía, por lo que, contrario al dicho del actor, el acusado sí tiene la calidad de egresado que exige el numeral 3º, del artículo 3º del Acuerdo 31 de 2010(10). Por lo que el cargo se declara infundado.
1.2.2. Toda vez que el acusado se desempeña como docente de la Universidad de la Amazonía está incurso en la causal de “inhabilidad” contenida del artículo 10 del Decreto 128 de 1976 “Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las juntas directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de estas”.
ART. 10.—De la prohibición de prestar servicios profesionales. Los miembros de las juntas o consejos, durante el ejercicio de sus funciones y dentro del año siguiente a su retiro, y los gerentes o directores, dentro del período últimamente señalado, no podrán prestar sus servicios profesionales en la entidad en la cual actúa o actuaron ni en las que hagan parte del sector administrativo al que aquélla pertenece.
“ART. 1º—Del campo de aplicación. Las normas del presente decreto son aplicables a los miembros de las juntas o consejos directivos de los establecimientos públicos, de las empresas industriales o comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta en las que la Nación o sus entidades posean el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, y a los gerentes, directores o presidentes de dichos organismos”(11) (resaltado fuera de texto).
De la anterior transcripción queda claro que el decreto se dirige “…a los miembros de las juntas o consejos directivos de los establecimientos públicos, de las empresas industriales o comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta…”. Por su parte la elección cuestionada se trata de la del representante de los egresados ante el consejo superior de la Universidad de la Amazonía.
Para establecer la naturaleza jurídica de la Universidad de la Amazonía basta con remitirnos al artículo 1º del Acuerdo 62 de 2002(12), según el cual:
“La Universidad de la Amazonía, es una institución estatal de educación superior, del orden nacional, organizada como ente universitario autónomo, de carácter investigativo, docente y de proyección social, con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional…”.
Resulta evidente que los miembros que hagan parte del consejo superior universitario de la Universidad de la Amazonía no son destinatarios del Decreto 128 de 1976 pues la naturaleza jurídica de dicha institución educativa no tiene el carácter de establecimiento público, ni de empresa industrial o comercial del Estado y tampoco se trata de una sociedad de economía mixta, razón por la cual el régimen de inhabilidad allí contenido no puede ser aplicado al caso del demandado. Situación que obliga a negar el cargo formulado por la parte actora.
Aclara la Sala que no hay lugar a realizar la integración normativa que requiere el demandante con el contenido del artículo 67 de la Ley 30 de 1992 pues, como bien lo señala en sus alegaciones, dicho precepto alude “a los integrantes de los consejos superiores de los consejos directivos y al rector de las universidades públicas o estatales, como la Universidad de la Amazonía”. Mientras que el citado decreto, nuevamente se repite, se dirige “…a los miembros de las juntas o consejos directivos de los establecimientos públicos, de las empresas industriales o comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta…” y no a miembros de consejos superiores universitarios.
Sin perjuicio de lo anterior, no escapa a la Sala que en la hipótesis de ser aplicable esta norma lo cierto es que dicha circunstancia no podría ser objeto de estudio del medio de control electoral, pues la situación aducida por el demandante —que el demandado además de hacer parte del consejo superior universitario de la Universidad de la Amazonía se desempeña como docente de esa misma universidad— en realidad se trata es de una incompatibilidad, entendida como limitación para desplegar una actividad por el hecho de ocupar un cargo, circunstancia que en criterio de la Sala(13) NO genera la nulidad de un acto electoral, pues a diferencia de las inhabilidades, que constituyen impedimentos para el ejercicio de un empleo, las incompatibilidades son circunstancias que ocurren con posterioridad a la elección, el nombramiento o la posesión.
Es por lo anterior, que el numeral 5º del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que: “[l]os actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este código y, además, cuando: (…) 5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad”, con lo que excluyó las incompatibilidades como causal de nulidad de la elección.
1.3. La falta de publicación de los listados de sufragantes vulneró el artículo 5º del Acuerdo 32 de 2009 - Estatuto electoral de la Universidad de la Amazonía.
El actor en este caso se limitó a manifestar que no se publicaron los listados de sufragantes e incluso el censo electoral, situación que le impidió conocer el número de personas habilitadas para votar, en qué puestos de votación, el potencial por mesa, el número de mesas que se instalarían y la dirección de los sitios de votación, además, que con esta omisión se infringió el artículo 5º del estatuto electoral de la Universidad de la Amazonía, que dice:
“Delimitación de las circunscripciones. En atención al tipo de elección o consulta, la autoridad electoral con antelación no menor a cinco (5) días hábiles a la realización de elecciones delimitará y publicará la lista de quienes tienen derecho a participar en las mismas, en los diferentes sitios de votación que se dispongan”.
Conviene recordar que de conformidad con lo expuesto en el aparte 1.1 de la parte considerativa de la presente sentencia, la norma que cita vulnerada por el actor, no resulta aplicable para la elección del señor Torres García pues existe una norma especial —Acuerdo 31 de 2010(14)— que regula las elecciones de los representantes ante el consejo superior universitario y que no contiene la obligación de publicar los listados de sufragantes, por lo que no se puede aducir la violación de una norma que no regula la elección cuestionada.
No obstante lo anterior, conviene precisar que en sus alegaciones finales el demandante aseveró que “…no es admisible que se pueda afirmar que como en efecto lo hace constar la Universidad, que se publicó en su página web en un sitio que solo ellos conocen, o el hecho de que los jurados de votación tuviese el listado para su uso, se torne público por solo esta circunstancia”.
La anterior afirmación genera una clara contradicción del demandante que primero aduce que no se publicaron los listados de sufragantes y luego cuestiona que dicha publicación se dio en la página web oficial de la Universidad de la Amazonía. La que permite establecer que el actor en últimas lo que cuestiona no es la omisión de la publicación sino que se hubiese hecho en la web de la universidad.
En relación a este asunto, analizado el artículo 9º(15) del Acuerdo 31 de 2010(16) y la misma convocatoria 005 de 2013, artículo 12(17), se advierte que en ambos actos al referirse a la necesidad de efectuar publicaciones éstas se harán en la página web de la Universidad de la Amazonía por lo que resulta inadmisible aducir que la página web de la universidad es un sitio que solo la institución conoce, pues como queda demostrado este medio de publicación —la página web de la universidad— fue anunciado como tal desde la misma convocatoria del proceso electoral, por lo que era de conocimiento público de los interesados.
1.4. Desconocimiento del principio de la confianza legítima porque se cambiaron las condiciones dictadas en la convocatoria 005 de 2013, con la adenda 1 de 18 de noviembre de 2013, la cual: i) cambió el lugar de votación del municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo) al municipio de Mocoa (Putumayo), ii) creó como lugar de votación el municipio de Albania (Caquetá), y iii) modificó los horarios de votación y los delegados electorales - circunstancias que, alega el actor, afectaron las condiciones bajo las cuales se había inscrito como candidato lo que en su criterio convierte en “…inciertas las reglas de la elección, con claro desconocimientos de mis derechos y en ejercicio de abuso de poder”.
En este aspecto la Sala comparte la conclusión a la que arribó el señor agente del Ministerio Público al manifestar que “…no explicó el demandante en qué medida estas modificaciones incidieron en el resultado final del proceso de elección y es claro que las modificaciones efectuadas, por sí solas, no tienen por virtud ni pueden alterar el resultado final de la elección lo cual basta para desestimar este aspecto del cargo”.
En efecto, de la revisión de la citada adenda se tiene que se dictó:
“En procura de garantizar el ejercicio del derecho constitucional al sufragio de los egresados de la Universidad de la Amazonía y teniendo en consideración que en la convocatoria 005 de 2013, no se incluyeron los lugares de Albania y Mocoa, como puestos de votación, sitios en los cuales existe gran número de egresados de esta institución de educación superior, el consejo electoral se reunió en forma extraordinaria el día 18 de noviembre de 2013 y consideró viable hacer un nuevo ajuste que garantice la integralidad de la contienda electoral, en consecuencia, se determinó en reemplazo del Ceres Puerto Leguízamo, un puesto de votación ubicado en el Instituto Tecnológico del Putumayo, en Mocoa, ciudad capital del departamento de Putumayo, de tal forma que se garantice una mayor concentración de electores y se permita la representatividad de ambos municipios en los cuales existen egresados de esta alma mater.
Así mismo, esta instancia universitaria, determinó la necesidad de modificar el horario del proceso democrático en los distintos lugares de votación previstos según la convocatoria antes referida, teniendo en cuenta criterios de movilidad laboral por parte de los electores habilitados en su calidad de egresados de esta institución de educación superior, estableciéndose un horario excepcional en relación con los demás lugares previstos como puestos de votación, para el Ceres San Vicente del Caguán, como medida preventiva para asegurar el normal desarrollo del proceso democrático y la integridad de los participantes en la jornada electoral, debido a la situación de orden público particular del municipio en el que se encuentra ubicado el mencionado Ceres”.
De los antecedentes de la mentada adenda contrario a advertir alguna conducta atentatoria contra los derechos de los interesados y participantes en la elección del representante de los egresados ante el consejo superior universitario, se observa que lo pretendido era adicionar puestos de votación que se dejaron de incluir y modificar el horario de votación en algunos lugares, para facilitar la participación de los sufragantes, situación que evidencia que el proceso eleccionario se adelantó en debida forma.
En conclusión, por la falta de sustentación del cargo por parte del actor y en la medida que del contenido de la adenda no es posible inferir violación o amenaza alguna a los derechos de los interesados y participantes en el proceso eleccionario, resulta procedente negar este cargo.
1.5. Omisión de realizar el sorteo de los jurados de votación y delegados electorales con lo cual se vulneró el principio de imparcialidad y transparencia consagrados en los literales b) y e) del artículo 2º del Acuerdo 32 de 2009 - Estatuto electoral de la Universidad de la Amazonía.
Reitera la Sala que es el Acuerdo 31 de 2010 el que regula de las elecciones de los representantes ante el consejo superior universitario y no como lo quiere hacer ver el actor el del Acuerdo 32 de 2009, pues esta última es el estatuto electoral de la Universidad de la Amazonía que tiene carácter general mientras que como ya se explicó en citado Acuerdo 31 es la norma especial que rige para las elecciones ya descritas.
Además de lo anterior y solo para efectos de mayor precisión la Sala considera pertinente manifestar que el sorteo de jurados de votación y de delegados electorales al que alude el actor, no está establecido en el trámite de las elecciones de los representantes ante el consejo superior pues dicha actuación ni siquiera se menciona en el Acuerdo 31 de 2010 “Por el cual se expide el reglamento que determina el proceso de integración, designación y elección de los representantes ante el consejo superior universitario y demás instancia de la institución”. Tampoco se regula el tema en la convocatoria en la que se fijó el procedimiento de la elección, ahora cuestionada.
Incluso no sobra agregar que el mencionado sorteo tampoco está descrito en el estatuto electoral de la Universidad de la Amazonía —Acuerdo 32 de 2009— que al respecto se limita a manifestar que los delegados electorales y los jurados son designados por el consejo electoral de la universidad, artículos 11 y 12; sin precisar la manera en que se deberá realizar dicha designación.
Por lo expuesto, al no estar regulado el sorteo que dice el demandante se omitió en el proceso electoral que cuestiona, el cargo será despachado de manera desfavorable pues como se demostró no existe regla positiva que imponga esa determinada ritualidad.
1.6. La parcialización de la institución de educación superior que organizó las elecciones que se cuestionan, con fundamento de este cargo el actor manifestó que la Universidad de la Amazonía utilizó sus recursos para apoyar al candidato Luis Eduardo Torres García pues algunos funcionarios vistieron camisetas alusivas al candidato, se otorgó y negó la posibilidad de votar a las personas que no aparecían en los listados para sufragar según si eran o no simpatizantes del mencionado candidato, lo que en su criterio vulnera los principios de igualdad e imparcialidad establecidos en el Acuerdo 32 de 2009.
El actor para fundar el anterior cargo manifestó que el día de las elecciones la universidad “suspen[dio] sus labores habituales, dedicando personal de planta, como de contrato”.
Lo primero que debe advertirse es que no existe regla positiva aplicable, al proceso eleccionario en cuestión, que imponga o limite el uso de la propaganda electoral el día de los comicios como si ocurre en la normativa que regula las elecciones populares en nuestro territorio, por lo que de entrada se avizora la improsperidad del cargo al no vulnerar alguno de los actos que regulan el procedimiento establecido para las elecciones cuestionadas.
Sin embargo, como el demandante alude a la afectación de los principios de igualdad e imparcialidad contenidos en el estatuto general, resulta imperioso precisar que la conducta endilgada a la Universidad de la Amazonía —parcialización a favor del candidato electo— no está probada en el plenario.
En efecto, la parte actora se limitó a allegar como pruebas unas fotografías y un video, de las cuales solo es posible advertir a un grupo de personas con publicidad a favor del candidato que resultó ganador; sin embargo, las mismas resultan inconducentes e insuficientes para demostrar la presunta injerencia de la Universidad de la Amazonía para favorecer al candidato Torres García pues se repite de su revisión solamente se logra avizorar a algunas personas haciendo publicidad a favor del entonces candidato Torres García pero no es posible inferir que lo hicieron por presión, orden o sugerencia de la mencionada institución educativa o funcionarios de la universidad.
Advierte la Sala que en la audiencia inicial celebrada el 28 de julio de 2014(18), si bien se negaron algunos testimonios, dicha decisión se fundó en la falta de los requisitos legalmente establecidos para que fueran decretados y no fue recurrida por el interesado.
Razones que resultan suficientes para negar este cargo.
1.7. Según el dicho de la parte actora el acta de escrutinios final se expidió en indebida forma porque en ella no se menciona: a) cuántos votos obtuvo cada candidato en los respectivos sitios de votación; b) no se fijó el período de los elegidos y; c) no se hizo la declaratoria del candidato elegido omisiones que vulneran lo establecido en el artículo 2º literales e) (principio de transparencia) y f) (principio de publicidad) del Acuerdo 32 de 2009 —Estatuto electoral de la Universidad de la Amazonía—.
Además, adujo que tampoco hubo quórum en el Consejo Electoral para efectuar el escrutinio, pues solo se reunieron tres (3) de los ocho (8) miembros, cuando según el artículo 10 del mismo estatuto electoral debieron comparecer todos o la mitad más uno de sus integrantes.
Para resolver este cargo, la Sala reitera que por contrario a lo afirmado por el demandante el acuerdo que regula es el 31 de 2010 y no el que se cita como infringido —Acuerdo 32 de 2009—, como ya se explicó con antelación.
A pesar de lo anterior y para claridad del demandante se expresa que ninguno de los requisitos que pretende el actor contenga el acto de elección del demandado figuran en los citados acuerdos ni el especial para las elecciones de los representantes ante el consejo superior universitario —Acuerdo 31 de 2010— como tampoco en el estatuto electoral de la Universidad de la Amazonía Acuerdo 32 de 2009.
Por las anteriores razones se negará el cargo formulado.
2. Los cargos relacionados con la presunta desviación de poder fundado en que se estableció un procedimiento electoral amañado y de falsa motivación por la inscripción de un candidato egresado de una universidad diferente a la de la Amazonía carece de todo fundamento pues como ya se estudió y concluyó, de los cargos antes analizados, que no se encontró ninguna de las irregularidades aducidas en la demanda, asimismo, quedó desvirtuado el argumento del actor según el cual el demandado no es egresado de la Universidad de la Amazonía. Razones suficientes para negar dichas acusaciones.
3. Finalmente, y solo para atender el orden dispuesto en la fijación del litigio la Sala, con fundamento en lo ya expuesto, se reitera que se negarán los cargos relacionados con que el demandado: i) no es egresado de Universidad de la Amazonía y; ii) el que alude a la supuesta inhabilidad en la que incurre por ser docente y hacer parte del consejo superior universitario de la misma universidad.
Lo anterior porque como ya lo expuso a la Sala el señor Torres García sí tiene la calidad de egresado de la Universidad de la Amazonía que exige el numeral 3º, del artículo 3º del Acuerdo 31 de 2010(19), pues como se expuso a folios 24 a 26 de la presente providencia, el título obtenido por el demandado el 27 de junio de 1980 lo recibió de la Universidad Surcolombiana, regional de Florencia, y luego la Ley 60 de 1982, dejó de denominarse Universidad Surcolombiana y pasó a llamarse Universidad de la Amazonía. Así las cosas, resulta claro que se trata de la misma institución educativa pero que en 1982 cambió su nombre.
En lo referente a la presunta inhabilidad a folios 26 al 29 de la presente providencia se aclaró que la norma en la que se funda el cargo —artículo 10 del Decreto 128 de 1976— no es aplicable al presente caso. Además, se precisó que la situación alegada en realidad no se trata de una inhabilidad, como lo afirma el demandante, sino de una presunta incompatibilidad, la cual no genera la nulidad del acto de elección.
Las razones antes esbozadas resultan suficientes para negar el cargo objeto de estudio.
2. NOTIFICAR a las partes de conformidad con el artículo 289 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
4. ADVERTIR que contra la presente providencia no procede recurso alguno.
(2) Folios 74 al 84.
(3) Providencia del 28 de agosto de 2013, M.P. Alberto Yepes Barreiro, expediente 2013-00017-00.
(4) Folios 67 al 73.
(5) Por la cual se convocó a la elección ahora acusada.
(6) “Por el cual se expide el reglamento que determina el proceso de integración, designación y elección de los representantes ante el consejo superior universitario y demás instancia de la institución”.
(7) Folios 42 al 66.
(8) “Por la cual el Instituto Universitario Surcolombiano - Itusco, creado por la Ley 55 de 1968, se transforma en la Universidad Surcolombiana, y se dictan otras disposiciones”.
(9) “Por la cual la regional de Florencia de la Universidad Surcolombiana, se transforma en la Universidad de la Amazonía”.
(10) “Por el cual se expide el reglamento que determina el proceso de integración, designación y elección de los representantes ante el consejo superior universitario y demás instancia de la institución”.
(11) La expresión subrayada fue declarada exequible mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-736 de 2007.
(12) “Por el cual se deroga al Acuerdo 64 de 1993, y se adopta el estatuto general de la Universidad de la Amazonía”.
(13) Sentencia de 21 de abril de 2005, radicación 63001-23-31-000-2004-00052-01(3528).
(14) Por el cual se expide el reglamento que determina el proceso de integración, designación y elección de los representantes ante el consejo superior universitario y demás instancia de la institución”.
(15) “Difusión. Para garantizar la transparencia de los procesos democráticos en la elección de los representantes que se convocan, la convocatoria se publicará y divulgará a través de la página web y la emisora de la universidad”.
(16) “Por el cual se expide el reglamento que determina el proceso de integración, designación y elección de los representantes ante el consejo superior universitario y demás instancia de la institución”.
(17) “Publicidad. Para garantizar la transparencia del proceso democrático que por este acto se convoca se deberá (…) publicar en la página web y en las carteleras de la institución…”.
(18) Folios 468 al 482.
(19) “Por el cual se expide el reglamento que determina el proceso de integración, designación y elección de los representantes ante el consejo superior universitario y demás instancia de la institución”.

References: artículo 39
 artículo 10
 artículo 6
 artículo 6
 resolución 
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 3
 artículo 39
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 67
 artículo 275
 artículo 137
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 10
 artículo 3
 artículo 289