Source: https://es.scribd.com/document/81186461/Boletin-95-Del-Consejo-de-Estado
Timestamp: 2017-06-26 21:13:26+00:00

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Boletin 95 Del Consejo de EstadoCargado por Andrés Jiménez SalazarRelated InterestsHabeas CorpusLiquidationColombiaState (Polity)Case LawRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDescargaShare or Embed DocumentInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentPublicación QuincenalBOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO
continúen con el desarrollo de las gestiones que conducirán a la formulación del Plan de Manejo del Área Marina Protegida.gov. M.co
errores y en todo caso el accionante demostró dentro de la oportunidad establecida por la reglamentación. Igualmente resaltó que el citado Ministerio es el órgano rector de la política ambiental y por tanto tiene un papel primordial en la adopción de las medidas de recuperación del área protegida. la acción popular interpuesta para la protección de los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo ante la ocupación ilegal y los daños ecológicos allí causados. la utilización sostenible de sus componentes y el cumplimiento de las normas ambientales de las zonas de protección de los Parques Nacionales Naturales. Considerando que es necesario implementar mecanismos encaminados a la efectiva protección de los derechos colectivos vulnerados. sobre baldíos ubicados en las diferentes islas que conforman el Archipiélago de las Islas del Rosario y San Bernardo. delimitada mediante Resolución num 679 de 2005 del Ministerio y al Plan de Manejo del Área Marina Protegida. la protección de la diversidad biológica. para lo cual contaban con un plazo de seis meses. razón por la cual resulta procedente el amparo. GERARDO ARENAS MONSALVE
1. Precisó la Sala que es indispensable que el Ministerio de Ambiente. Sentencia del 18 de enero de 2012. deteriorantes o destructivas del entorno del patrimonio natural.y el Distrito Turístico de Cartagena de Indias.y el Distrito Turístico de Cartagena de Indias y la Dirección Marítima General – DIMAR. la Sala dispuso que dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecutoria de la providencia. Vivienda y desarrollo territorial.PÁGINA 4
BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. cuando éste sea adoptado.. eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes. a fin de impedir.
. por cuanto las medidas adoptadas por las autoridades encargadas de la conservación y preservación de los recursos naturales de la mencionada área no han sido suficientes para la recuperación de la zona. especialmente en relación con la elaboración del Modelo de Desarrollo Sostenible para los Archipiélagos de Nuestra señora del Rosario y San Bernardo. la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CADIQUE.P. son responsables por el deterioro de los recursos naturales del área de los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo. la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CADIQUE. Vivienda y Desarrollo territorial y el INCODER para determinar si se ajustan a las disposiciones legales.. 25000-23-15-000-2011-02497-01(AC). haber cargado el documento soporte de los estudios formales requeridos. el Ministerio de Ambiente. Exp. así como a la zonificación interna del Área Marina Protegida.consejodeestado. Vivienda y Desarrollo territorial se reúna con el INCODER y evalúen el desarrollo de los contratos de arrendamiento suscritos con base en el Acuerdo 041 de 2006. el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER. b) Los contratos de arrendamiento de terrenos baldíos sobre algunos sectores de los Archipiélagos de Nuestra señora del Rosario y San Bernardo deben ser revisados por el Ministerio de Ambiente. la Sala indicó que existe responsabilidad de las demandadas en la vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y del espacio público. el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER. reprimir. a) El Ministerio de Ambiente. Al decidir en segunda instancia.. la defensa del patrimonio público y la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible. y determinen si se ajustan a los Acuerdos del instituto sobre aprovechamiento temporal de los terrenos mencionados. Concluyó la Sala que la protección efectiva de los derechos colectivos vulnerados requiere una solución integral con el concurso de todas las autoridades públicas que tienen competencias en el área. Vivienda y desarrollo territorial.
Pérdida de Investidura * Con salvamento de voto de los Consejeros de Estado William Girado Giraldo. 11001-03-15-000-2011-00515-00(PI). Oscar Mauricio Lizcano Arango. Martha Teresa Briceño de Valencia. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.consejodeestado. señaló que está demostrado que el padre del demandado antes. Danilo Rojas Betancourt. al ser elegido Representante a la Cámara por el Departamento del Magdalena para el período 2010-2014. en los términos señalados por la ley. dado que no incurrió en tráfico de influencias al postular una hoja de vida para el cargo de Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos. Finalmente. que se encuentra ubicado dentro de la Circunscripción Territorial del Magdalena. con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política en Municipios del mismo Departamento por el cual se inscribe. MP.gov. Mauricio Torres Cuervo. de la Constitución Política. ello no constituye ninguna irregularidad. ininterrumpidamente. Ruth Stella Correa Palacio y María Claudia Rojas Lasso * Con salvamento parcial de voto del doctor Luis Rafael Vergara Quintero * Con aclaración de voto del doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa. pues aduce que valiéndose de su investidura ejerció influencia sobre el Presidente. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
1. como Alcalde del Municipio de Fundación (Magdalena). siendo su padre Alcalde del Municipio de Fundación. por ello está inhabilitado para inscribirse como Representante a la Cámara quien tenga vínculos por matrimonio. La demandante solicita se decrete la pérdida de la investidura de Congresista del Senador de la República para el periodo 2010 . por el Secretario del Interior del Departamento del Magdalena. MP. 2.co
Sentencia de 24 de noviembre de 2011. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo denegó la solicitud al considerar que si bien el Senador Lizcano en su calidad de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias postuló la hoja de vida de Yilber Guependo Olarte a la Mesa Directiva del Senado de la República para su posible designación en el cargo de Coordinador de la mencionada Comisión. se adentró en los conceptos de autoridad civil y autoridad administrativa y su evolución jurisprudencial. o parentesco. Sentencia del 16 de noviembre de 2011. La Sala puntualizó los presupuestos para la configuración de la causal de inhabilidad por parentesco o vínculo con autoridad administrativa. pues la
. el Vicepresidente y el Director General Administrativo del Senado. Exp. con el fin de nombrar en su reemplazo a un simpatizante político del mencionado Congresista. numeral 5. Alfonso Vargas Rincón y Alberto Yepes Barreiro. No prospera la solicitud de la pérdida de investidura del Senador Oscar Mauricio Lizcano. si se tiene en cuenta que desde el 1° de enero de 2008 ha fungido.BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. conforme consta en la copia auténtica del acta de posesión y la certificación expedida el 22 de marzo de 2011. unión permanente. Decretada pérdida de investidura de Representante a la Cámara Libardo Enrique García Guerrero: Estaba inhabilitado por calidad de alcalde de su padre en municipio que pertenece al departamento para el que fue elegido El fundamento para solicitar la pérdida de investidura radicó en que el demandado incurrió en la causal de violación al régimen de inhabilidades consagrada en el artículo 179. 25000-23-25-000-2003-91193-01 (AP) REV. durante y después del día de su elección. ejerció autoridad civil y política. Exp. y respecto a la circunscripción territorial concluyó que los Municipios que integran un Departamento hacen parte de la misma circunscripción territorial y. para que la declararan insubsistente cuando se desempeñó como Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos.2014. en concordancia con el artículo 183. numeral 1. por haber incurrido en tráfico de influencias.
misma Ley plantea la posibilidad de que el Presidente postule a alguien para determinado cargo. 57 y 58 del Decreto 171 de 5 de febrero de 2001 “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera”. tal como se ha regulado en las Leyes 23 de 1991. sin que obligatoriamente deban anticipadamente estipularlo así en el Contrato de Vinculación. como lo sostiene la demanda.consejodeestado. b) La solicitud de desvinculación administrativa de un automotor ante el Ministerio de Transporte no procede por conflictos económicos derivados del incumplimiento de las partes en la ejecución del contrato de vinculación. expedido por el Presidente de la República. obviamente en armonía con lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 189 constitucional. Servicio público de transporte de pasajeros por carretera. Se demandan. Exp. situaciones que no tengan el carácter administrativo aludido por no referirse directamente a las condiciones de prestación del servicio. los artículos 53. tales como las que se establecen en los apartes demandados.PÁGINA 6
BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. concluyó que las afirmaciones esgrimidas por la solicitante carecen de la virtualidad suficiente para estructurar la causal de pérdida de investidura endilgada al senador demandado. por cuanto dado el desplazamiento del Juez Natural del conflicto.gov. 11001-03-15-000-2011-00615-00 (PI). CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ
1. quedan por fuera de la órbita y la
. por ello se declaró la nulidad del numeral 2 del artículo 56 y de los numerales 3 y 5 del artículo 57 del Decreto 171 de 2005 Extracto: La Sala observa que cuando los referenciados artículos 56 y 57 (Decreto 171 de 2001) estipulan ciertas causales que tanto el propietario del vehículo como el representante legal de la empresa. MP. a que se refiere el inciso primero del artículo 54 controvertido. La Sala igualmente señaló que de las pruebas documentales y demás elementos de juicio allegados al proceso no se infiere que el Senador Lizcano Arango haya influido en la designación de Yilber Guependo Olarte en el cargo de Coordinador de la Comisión mencionada. atribución que fundamenta que en el citado artículo 54 se exija un mínimo de condiciones en términos generales. Sentencia de 17 de enero de 2012. 54. en acción de nulidad. En este orden. Sin embargo. pueden invocar para solicitar ante el Ministerio de Transporte la Desvinculación Administrativa del automotor. a) La Sala declaró la nulidad del aparte del inciso primero del artículo 54 del Decreto 171 de 2005 que contempla que el contrato de Vinculación debe contener lo relativo a “…y los mecanismos alternativos de solución de conflictos al que se sujetarán las partes” Extracto: Tanto el artículo 983 como el 999 del Código de Comercio posibilitan la expedición de normas reglamentarias del Contrato de Vinculación. la utilización obligatoria de tales mecanismos se encuentra reservada a la potestad configurativa del Legislador. la Sala decretará la nulidad de la condición que se impone en el sentido de que el Contrato de Vinculación deberá contener lo relativo a “…y los mecanismos alternativos de solución de conflictos al que se sujetarán las partes”. 446 de 1998 y 640 de 2001. cuyo contenido y alcance debe ser pactado por las partes. de mutuo acuerdo. 56. que tiene que ver con el control de la capacidad transportadora que por mandato legal (artículo 22 de la Ley 336 de 1996) debe asignársele a cada empresa en beneficio de la adecuada prestación del servicio. Lo anterior no excluye que en cualquier momento las partes. dicha actuación ostenta un carácter eminentemente administrativo. Por lo tanto. puedan recurrir a la utilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.
un máximo de cuatro años. OSTAU DE LAFONT PIANETA.gov. para efectos de llevar a cabo la liquidación del INCORA. Extracto: El Decreto 1292 de 2003. que establecieron prórrogas para la liquidación de tal entidad. que le permite al propietario del vehículo solicitar la Desvinculación Administrativa del mismo. Si. y al mismo tiempo restringe el plazo allí previsto (de cuatro años). como tantas veces se ha dicho. por los cuales se prorrogó el término para liquidar al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA-. el Decreto 1292 de 2003. Exp. el Decreto-Ley 254 de 2000 señaló un plazo máximo hasta de cuatro años para llevar a cabo la liquidación de las entidades del orden nacional. debe la Sala inaplicarlo. este Decreto Ley en el parágrafo 1º del artículo 2º consagró para tal efecto un plazo de dos años. MP. Como ya quedó visto. RAFAEL E. Acción de nulidad 2. por una parte. se remite al Decreto Ley 254 de 2000. al establecer como inhabilidades para ser elegido Rector el no haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente ni en el ejercicio de su profesión sin límite temporal alguno
. la Sala decretará la nulidad del numeral 2 del artículo 56. en ejercicio de la acción de nulidad. dispuso la supresión del INCORA y en su artículo 1º previó que la liquidación de dicho establecimiento público se haría conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 254 de 2000. El ciudadano GUILLERMO FORERO ALVAREZ. lapso que corresponde a lo ordenado en el parágrafo 2º del artículo 16 de la Ley 790 de 2002. no adolecen del vicio de falta de competencia temporal que les endilga el actor. MP. no puede desconocer sus regulaciones y desde esta perspectiva. razón por la cual el Decreto 1492 de 2006 así como el 542 de 2007. El cobro de sumas de dinero por conceptos no pactados en el contrato de vinculación. Exp. expedido por el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana. presentó demanda contra los Decretos 1492 de 15 de mayo de 2006 y 542 de 27 de febrero de 2007. Se declara la nulidad del artículo 2 del Acuerdo 015 de 2004. para este caso concreto. señaló un término máximo de tres años a partir de su vigencia. antes de esta fecha preclusiva se expidió la Ley 1105 de 2006 que no consagró plazo preclusivo alguno para concluir el tramite de liquidación. consagró un término de 3 años “como plazo máximo y definido” para efectuar la liquidación. No obstante lo anterior. Acción de nulidad 3. En ese orden. prorrogables por el Gobierno Nacional hasta por un término igual. habiendo sido dispuesta la supresión del INCORA. como por ejemplo los conflictos económicos derivados del incumplimiento de las partes en la ejecución del contrato de vinculación.co
competencia de la Autoridad Transportadora. el 22 de mayo de 2003. imputándole al propietario del mismo: “…3.BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. los que en principio deberían ser asumidos por el Juez Natural del contrato. tal plazo máximo habría precluído el 22 de mayo de 2007. forzoso es concluir que siendo de menor jerarquía normativa que el Decreto Ley. Sentencia del 22 de septiembre de 2011. Sin embargo. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. también se decretará la nulidad de los numerales 3 y 5 del artículo 57 que le permiten a la empresa solicitar igualmente la Desvinculación Administrativa del vehículo. LIQUIDACIÓN DEL INCORA: Se negó la nulidad de los decretos por los cuales se prorrogó el término para liquidar el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA. De tal manera que si el pluricitado Decreto 1292.”. imputándole a la empresa: “… 2.y se inaplicó el Decreto 1292 de 2003. que en este caso es el ordinario. en cuanto restringió el plazo para la liquidación a tres años cuando el Decreto Ley 254 de 2000 había señalado un máximo de cuatro. 11001-03-24-000-2008-00199-00. al considerar que el Presidente de la República no podía establecer un término inferior a un año ni superior a tres para la liquidación del INCORA ya que el inciso 2º del artículo 1º del Decreto 1292 de 2003.” Sentencia del 22 de septiembre de 2011. No cancelar oportunamente a la empresa las sumas pactadas en el contrato de vinculación… 5. 11001-03-24-0000-2007-00233-00. No efectuar los aportes obligatorios al fondo de reposición de la empresa. es decir.consejodeestado.
Los veleros extranjeros y demás vehículos de turistas utilizados como medio de transporte privado deben ser autorizados en importación temporal (Decreto 2685/99 y Resolución 4240/00). no solo porque la ignorancia de la ley no sirve de excusa. estuviera habilitado por la DIAN para el ingreso de mercancías al territorio nacional según lo exige el artículo 43 del Decreto 2685 de 1999. Extracto: En el presente caso. En efecto. observa la Sala que dicha circunstancia no da lugar a la confianza legítima que alega el actor. MP. 123 y 150 núm. y además no se realizaron los trámites de importación temporal previstos en la ley. es claro que el acto acusado al fijar unas causales de inhabilidad para ejercer el cargo de Rector de la Universidad Surcolombiana desconoce lo dispuesto en los artículos 6. como la expedida por una autoridad universitaria. configurándose por ende el cargo de falta de competencia. OSTAU DE LAFONT PIANETA. armador y propietario era el señor Andrés Botero representado por la Agencia Marítima BUZ CO Y CIA.gov. como se dijo. demandó las resoluciones de la DIAN por las cuales se ordenó decomisar la embarcación de recreo Pestagua.
. 11001-03-24-000-2007-00073-00. En el anterior contexto. Se declara la nulidad del literal a) del artículo 14 del Decreto 3366 de 2003.consejodeestado. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. porque siendo el régimen sancionatorio en materia de transporte de reserva del legislador allí se establece como infracción para las empresas de transporte: Permitir la prestación del servicio en vehículos sin las necesarias condiciones de seguridad. en cuanto que en el acto demandado no tienen límite temporal alguno. donde se indica que se trata de un yate de recreación de bandera panameña cuyo capitán. el cual. no es absoluto. en tanto que encuentra precisos límites en el ordenamiento constitucional y legal. Empero. expedido por el Presidente de la República. Marina Todomar. 23 de la Constitución Política. sino porque mediante la Circular N° 1840 CP5-SEGEL-SENAVES-00 de 8 de septiembre de 2000 de la Armada Nacional Dirección General Marítima Capitanía de Cartagena. Acción de nulidad 4. capitaneada por Andrés Botero y que arribó al Puerto de Cartagena. MP. la DIMAR informó a las Agencias Marítimas. 13001-23-31-000-2002-00106-01. Marinas y Clubes Náuticos que los veleros extranjeros que en ese momento se encontraran en puerto sin haberse reportado a la DIAN y tuvieran menos de 6 meses debían solicitar la legalización de su arribo reportando copia auténtica del acta de visita oficial y que los que tuvieran más de 6 meses debían salir hacia puerto extranjero y volver a entrar si su deseo era permanecer más tiempo en el país. no se encuentra evidencia de que el lugar donde atracó la nave Pestagua. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.co
A juicio de la Sala el señalamiento de las inhabilidades referidas se hace en forma más gravosa frente a la fijación efectuada por el legislador. Exp. y dado que aún no se había expedido la Resolución 7002 de 2001. Es un hecho cierto que la embarcación Pestagua fue visitada por la autoridad marítima nacional el 1 de agosto de 2000 día de su arribo a Cartagena. RAFAEL E. por cuanto que tales impedimentos solo puede tener origen en la Constitución o en la ley. en el aparte normativo censurado las inhabilidades allí consagradas no tienen señalado un límite en el tiempo en cambio. Sentencia del 29 de septiembre de 2011.PÁGINA 8
BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. el cual sí es fijado expresamente por el legislador. Exp. Sentencia del 22 de septiembre de 2011. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 5. las cuales solo pueden señalar tales inhabilidades pero con estricto arreglo a lo dispuesto previamente por las citadas normas superiores. actuación que dicha autoridad dejó consignada en el Acta de Visita N° 10988 (1626). el artículo 38 de la Ley 734 de 2002 sí fija un carácter temporal a esas mismas causales de inhabilidad. sin que resulte válido afirmar que el principio general de la reserva de ley en esta materia tenga una excepción en el principio de la autonomía. y no en otras normas de carácter inferior. La empresa BUZ-CO Y COMPAÑÍA LTDA AGENTES MARÍTIMOS.
RAFAEL E. pues aunque es claro que el artículo 150 de la Carta establece la participación del Congreso. Para la Sala es totalmente claro. INVERSIONES DE CAPITAL EXTRANJERO. OSTAU DE LAFONT PIANETA.consejodeestado. Luego. una conducta sancionable que no está expresamente prevista por el legislador.BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. MP. a sujetos distintos de los autorizados por el legislador. al disponer la norma demandada como infracción la conducta consistente en “permitir la prestación del servicio en vehículos sin las necesarias condiciones de seguridad” y su correspondiente sanción.gov. ni pueden prevalerse tampoco de la amplitud de sus potestades regulatorias para ocuparse de otros temas. porque la regulación de la responsabilidad en materia cambiaria es competencia del Legislador y no del Gobierno Nacional Considera la Sala que el Presidente de la República sí incurrió en una flagrante violación del ordenamiento jurídico superior. máxima cuando varió los límites legales que graduaban la sanción por infracciones a la seguridad por parte de las empresas de transporte. a los apoderados de los inversionistas y a las empresas receptoras de la inversión extranjera. que ni la Junta Directiva del Banco de la República ni el Presidente de la República. mientras que el artículo 46 de la Ley 336 de 1996 establece un máximo y un mínimo para efectos de la graduación de la sanción de multa. MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO. MP. de la Junta Directiva del Banco de la República y del Gobierno Nacional en la regulación del régimen de cambios internacionales. A juicio de la Sala. resulta demasiada amplia y vaga. en primer lugar se está creando. una cosa es regular las operaciones de cambio internacional y otra muy distinta es establecer o modificar el régimen de responsabilidades establecido por la ley. haciendo menos gravosa la sanción sin ningún soporte legal en un aspecto tan sensible como el de la seguridad. esa misma facultad. se encuentran facultados por el ordenamiento jurídico para expedir regulaciones que desborden las normas generales contenidas en la ley marco que están llamados a desarrollar. de carácter general. 11001-03-24-000-2003-00432-01. entre uno (1) y dos mil (2000) salarios mínimos mensuales vigentes. en segundo lugar. Sentencia del 13 de octubre de 2011. En estas condiciones. Exp. la norma acusada varía esos límites de once (11) a quince (15) salarios mínimos mensuales vigentes. puesto que bajo ese criterio pueden considerarse múltiples situaciones que atentan contra la seguridad. que contempla que los representantes o apoderados del inversionista extranjero son solidariamente responsables por infracciones de su registro.co
La conducta prevista en el literal a) que se demanda. Acción de nulidad
. aún siendo mucha más amplia de la que se consagra en el artículo 189-11 constitucional. relativa a “permitir la prestación del servicio sin las necesarias condiciones de seguridad”. no puede ser empleada para extender la responsabilidad solidaria en materia cambiaria. 11001-03-24-000-2005-00206-01. el Presidente de la República se excedió en el ejercicio de la potestad reglamentaria. Se declara la nulidad del artículo 5 inciso 2 del Decreto 1844 de 2003. ajenos y distintos de los que pueden regular mediante la expedición de actos administrativos normativos. al hacer extensivo el ámbito subjetivo de aplicación de las consecuencias derivadas del incumplimiento de la obligación de registrar las operaciones cambiarias. Sentencia del 29 de septiembre de 2011. vía reglamento. impersonal y abstracto. puesto que la “seguridad” es un elemento que está involucrado en forma directa o indirecta en casi todas las conductas constitutivas de infracción y bajo ese supuesto podrán comprenderse varias de ellas y. Exp. Acción de Nulidad 6.
es evidente que la circular demandada carece de soporte legal ante la prohibición de efectuar descuentos de manera retroactiva. vulnera el derecho de defensa y contradicción. carecería de todo sentido sostener que al indiciado se le debe comunicar [notificar] de la apertura de la indagación preliminar si el ente o el funcionario investigador aún no tiene certeza del presunto responsable de la falta disciplinaria. por lo tanto. VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA. De manera que en sana lógica. el derecho del investigado a conocer las diligencias tanto en la indagación preliminar como en la investigación disciplinaria para controvertir las pruebas que se alleguen en su contra y solicitar la práctica de los medios de convicción que estime. por el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2008. era evidente la infracción que se estaba cometiendo al confrontarla con la Ley 1250 de 2008. 11001-03-25-000-2009-00050-00(0999-09). la etapa de indagación previa tiene como uno de sus propósitos identificar al(los) presunto(s) autor(es) de la falta cuando quiera que no está claro a quién o a quiénes se les ha de atribuir la comisión de la misma. la retroactividad de una contribución parafiscal. iniciada la indagación preliminar o la investigación disciplinaria se le comunicará al interesado para que ejerza sus derechos de contradicción y defensa. que NO se cumplió con los presupuestos señalados en la jurisprudencia transcrita. se ajusta a la norma que le sirvió de soporte. el 12. en cuanto estableció un porcentaje superior al indicado por el artículo 1º de la Ley 1250 de 2008. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. por tanto. por lo que procede la Sala a verificar si la circular demandada respecto de este item. pues el Ministerio de la Protección Social se limitó a dar cumplimiento a su circular 019 de 1991. 3.co
1. La indagación previa identifica el presunto autor de una falta disciplinaria. proferida por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social. ahora bien. 000002 de 8 de enero de 2009. esto es. que al haber sido declarado inexequible el siguiente aparte “la cual se hará efectiva a partir del primero de enero de 2008”.gov. el artículo 80 de la citada Ley 200. quedó incólume. prevé que el investigado tiene derecho a conocer las diligencias tanto en la indagación preliminar como en la investigación disciplinaria para controvertir las pruebas que se alleguen en su contra y solicitar la práctica de pruebas y que.5%. sin tener en cuenta que dentro de este periodo. La invitación a la junta directiva de un sindicato a participar en la elaboración de un acta de diligencia de constatación y la no comparecencia de éste. Sentencia de 3 de septiembre de 2011. En efecto. que contiene los requisitos mínimos y la forma como debe avanzar la diligencia de
. VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA. 2. el porcentaje establecido por el artículo 1º de la Ley 1250 de 2008 del 12%. Antes bien.PÁGINA 10
BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. pues no de otro modo podría ejercer dicha prerrogativa legal. en el periodo comprendido entre los meses de enero y noviembre de 2008. Sentencia de 3 de noviembre de 2011. violando con ello el artículo 29 de la Constitución Política sobre la garantía del debido proceso. opera una vez el ente o el funcionario investigador han identificado al presunto autor de la falta disciplinaria. Exp. la citada Ley dispuso que era solamente del 12%. Se declara la nulidad del inciso 4º de la Circular Conjunta No. MP. Exp. En efecto. 54001-23-31-000-2002-01827-01(0898-11). MP. Al momento en que se profirió el acto acusado suscrito por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social. De lo anterior se colige.consejodeestado. ya que se imponía al pensionado un gravamen más alto. Acción de nulidad. De conformidad con lo expuesto. una vez iniciada la indagación preliminar se le debe comunicar al funcionario para que ejerza sus derechos de contradicción y defensa. esto es.
GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN. sino desde una perspectiva aún más significativa y compleja que busca replantear viejos esquemas que colocaban al ciudadano en inciertas circunstancias que hacían dudar en ocasiones de la garantía de la justicia. Este propósito obedece a los presupuestos del Estado Social de Derecho que proclama la debida administración de justicia. De manera que quienes han de tener en sus manos la administración de justicia deben ser aquellos cuya idoneidad y probidad sean indiscutibles. 4. uno de los cuales es la justicia que ha de operar sobre la base de que los ciudadanos libres y racionales interesados en proteger sus intereses. transgrediendo con ello los postulados del artículo 29 de la Carta Política sobre la garantía del debido proceso que envuelve tanto a las actuaciones judiciales como a las administrativas. La Constitución de 1991 y las normas expedidas a partir de entonces han tenido como propósito cualificar este servicio público.co
constatación. aceptan así mismo la regulación y límite de sus derechos. sino que han debido brindarse las garantías constitucionales y legales a quienes podían resultar afectados con la decisión que habría de tomar.gov. Acción de nulidad. para garantizar un optimo desempeño de sus funciones y así cooperar con los jueces en busca de la protección de los derecho de los ciudadanos. 11001-03-25-000-2006-00140-00(2258-06). en cuanto se invitó a participar a los directivos del sindicato en la elaboración del acta como posibles afectados. 11001-03-25-000-2004-00140-01(2309-04). como lo hizo la Empresa. NOTA DE RELATORÍA: La sentencia es proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo del Estado Sentencia de 27 de octubre de 2011. en consecuencia. No bastaba. así mismo la de reglamentar la carrera judicial y cada una de las etapas del concurso para acceder a los cargos.
. y no en el procedimiento previo de constatación. asignó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura las funciones relacionadas con la determinación de las funciones de los cargos de la Rama Judicial y los requisitos para su desempeño. Actualmente se hace cada vez más evidente que las instituciones existen por y para el ciudadano. y finalmente a elaborar las actas respectivas. está relacionada con el procedimiento que desencadena la petición de declaratoria de ilegalidad del cese de actividades. MP. no puede pretenderse laxitud en los requerimientos que han de exigirse a quienes van a ingresar a cooperar con los jueces en la búsqueda de la aplicación de tan loable aspiración social. cuyas raíces filosóficas subyacen en el contrato social que requiere de una estructura básica fundada en la protección del bienestar colectivo.BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. 162 y 174.consejodeestado. Por su parte. se procedió a realizar el recorrido por la Empresa. 160. ALFONSO VARGAS RINCÓN. Exp. 5. Los requisitos para acceder a los diferentes cargos dentro carrera judicial están señalados en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y con ellos se busca vincular a servidores idóneos los cuales deben observar intachable conducta y tener un nivel de rendimiento satisfactorio. MP. Exp. no sólo desde la perspectiva de lograr mayor agilidad. con dejar constancia sobre la negativa de la junta directiva del sindicato de participar en la elaboración de las Actas. en cuanto no se escuchó a los posibles afectados y no se practicaron pruebas. no implica la alteración y ni la modificación de las bases del concurso. La reducción en el puntaje mínimo fijado por el Decreto 926 de 23 de marzo de 2007 para integrar la lista de elegibles en el concurso notarial. quienes adicionalmente deberán observar intachable conducta y tener un nivel de rendimiento satisfactorio. La omisión. como lo señala la jurisprudencia transcrita. que no hayan sido fijados por la ley. Por tanto. el artículo 157 de la misma Ley señaló que la administración de la carrera judicial tiene por finalidad la de vincular a los servidores más idóneos. siendo aquellas las que se encuentran al servicio de la colectividad. Así mismo. Acción de nulidad. Sentencia de 27 de octubre de 2011. la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en sus artículos 85.
objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. únicamente establece las normas. En primer lugar. o por lo menos establecidos los elementos básicos de la referida contribución parafiscal. que ordena al Consejo Superior de la Carrera Notarial fijar las bases del concurso. que el Concurso Notarial. como ya se dijo.7 Superior. la posibilidad de ingresar al concurso para la provisión de un cargo se sustenta en el derecho a la no discriminación y toma como fundamento el principio de igualdad de oportunidades. igualdad que se refleja en el derecho a participar en el reparto de los cargos públicos. que tal como lo prevé el artículo 125 de la Carta Fundamental. de tal suerte que. Como tampoco se evidencia. el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. el descuento establecido en el parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto 1091 de 1995 tiene el carácter de una contribución parafiscal.”. porque.gov. 11001-03-25-000-2007-00073-00(1423-07).PÁGINA 12
BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. que para el caso concreto la constituyen de una parte los miembros del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y. Lo anterior. debe importar el puntaje que obtiene en las diferentes etapas del proceso de selección. Acorde con lo anterior.consejodeestado. que no tuvieron variación alguna con ocasión de la reducción del puntaje mínimo para ingresar a la Lista de Elegibles. a favor del Instituto de Seguridad Social y Bienestar de la entidad. el calendario. implica que no toda aquella persona que concurra al mismo acreditando el cumplimiento de los requisitos. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN. entre otras razones por que la Ley 4 de 1992. Y en segundo lugar. De acuerdo a la cláusula general de competencia prevista en el numeral 12 del artículo 150 de la Constitución Política de 1991 la competencia para establecer contribuciones fiscales y excepcionalmente parafiscales únicamente le esta atribuida al Congreso de la República. tal como fue estructurado. Bajo el esquema unitario
. tal como lo señala el artículo 40. Y es que no puede olvidarse. con la fijación del puntaje mínimo en 60 puntos. se desconoce lo dispuesto por el artículo 165 del Decreto Ley 960 de 1970. que se haya alterado la evaluación de las condiciones personales. NOTA DE RELATORÍA: La sentencia es proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo del Estado Sentencia de 30 de junio de 2011. sin que en ella el legislador expresa o tácitamente hubiera creado. a saber: la obligatoriedad a un grupo específico y su destinación sectorial. de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. permitiendo una mayor participación de los aspirantes a ocupar el cargo de Notarios. Se suspende el parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto 1091 de 1995. 6. Acción de nulidad. objetivos y criterios que debe seguir el ejecutivo para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos. profesionales. los lugares de inscripción. Fue precisamente. los requisitos de admisión. la realización de factores y manera de acreditación. no encuentra la Sala fundamento alguno a la afirmación del demandante en el sentido de que con la variación del puntaje de 75 a 60 puntos. porque lo cierto es. MP. que para la expedición de la norma acusada el Presidente de la República invocó como fundamento la Ley 4 de 1992. los sistemas de calificaciones y la divulgación a la convocatoria. por cuanto al tener carácter parafiscal su creación es competencia del legislador y no del Presidente de la República. técnicas y académicas de los concursantes. cumple con la finalidad de seleccionar a quienes demuestren mayor mérito para acceder a la Carrera Notarial y el hecho de que se fije un puntaje mínimo. Exp.co
Encuentra la Sala. teniendo en cuenta las bases del Concurso. el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional. puede integrar dicha Lista de Elegibles. que el acto acusado. en la medida en que en él se observan a primera vista los elementos característicos de este tipo de contribuciones. por manera que se constituye en deber del Estado. esto bajo las condiciones que hubiera establecido la misma ley. por el cual se establece un descuento de la prima de vacaciones al nivel ejecutivo de la Policía Nacional. por la cual se “señalan las normas. que las mismas se encuentran claramente establecidas. la promoción de las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. siendo ellas: el señalamiento de las finalidades. amplió la cobertura para el ingreso a la Lista de Elegibles. de otra.
simplemente. de manera que los cargos a proveer sean provistos con las personas más honestas e idóneas. BERTHA LUCIA RAMÍREZ DE PÁEZ. tiene competencia para modificar la estructura de los Ministerios. MP. que con fundamento en el artículo 131 superior. Si bien es cierto. eso sí previa rendición de descargos. 11001-03-25-00-2004-00072-01(0804-09) y 11001-0324-000-2004-00259-01(0734-09). lo importante y lo sustancial es que dentro del procedimiento de formación y expedición del acto se respete el debido proceso y los principios que orientan la Convocatoria. pues la competencia del Ejecutivo para modificar la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro. Exp. de manera que no se filtren personas que estén inhabilitadas. también lo es que la administración en cualquier momento puede enmendar sus errores. Por tanto.BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. entre estos. Acción de nulidad 8. por considerar que dicha facultad se encuentra radicada en el Congreso de la República. el de transparencia. antes de la conformación de la lista de elegibles e independientemente de la etapa de cumplimiento de requisitos generales. Auto de 20 de octubre de 2001. Se niega nulidad del Acuerdo 79 de 12 de octubre de 2007. Acción de nulidad
. que el caso de autos pues el Consejo Superior de la Carrera Notarial no sólo se encontraba facultado para efectuar la verificación de inhabilidades para el ejercicio del cargo dentro del Concurso de Notarios. como lo exige el Legislador.consejodeestado. no es competente para modificar la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro. Sentencia de 27 de octubre de 2011. con sujeción a los principios y reglas generales definidas en el artículo 54 de la Ley 489 de 1998. Se niega nulidad de los Decretos 302 y 303 de 2004 por ser competencia del Presidente de la República la modificación de la planta de personal de la Superintendencia de Notariado y Registro.gov. entre los cuales se encuentra la Superintendencia de Notariado y Registro. No es que se cree una nueva “fase” o etapa. invocar para ello las normas generales previstas en la Ley 4 de 1992. GERARDO ARENAS MONSALVE. MP. no les asiste razón a los demandantes al afirmar. Además.co
que rige el sistema tributario en el país. 11001-03-25-000-2008-00080-00(2433-08). Sentencia de 27 de octubre de 2011. según lo preceptuado en la Constitución Política Conforme a lo previsto en el artículo 189-16 de la Carta Política. específicamente el Presidente de la República. Acción de nulidad 7. BERTHA LUCIA RAMÍREZ DE PÁEZ. que el Presidente de la República. fue ejercida con fundamento en lo dispuesto por el artículo 189-16 de la Constitución Política. y no termine designándose personal que tiene un impedimento para acceder al cargo. por considerar que al crear un procedimiento para la verificación de inhabilidades de los participantes en el proceso concursal ante entidades oficiales se garantiza el derecho al debido proceso y el principio de transparencia. sin que de ello se derive una etapa nueva en el proceso de selección. En esas condiciones no resulta válido aducir una extralimitación de funciones o invasión de competencias legislativas por parte del Gobierno Nacional. MP. la estructura del proceso concursal para proveer cargos no es rígida ni debe tomarse de manera exegética. en el caso concreto no le estaba dado al Presidente de la República establecer motu proprio mediante el Decreto 1091 de 1995 una contribución de naturaleza parafiscal y. Exp. se creó otro procedimiento para darle seguridad a la etapa de "Análisis de requisitos y antecedentes". sino que además tenía la obligación de hacerlo. Exp. expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial. pues dicha verificación de inhabilidades no se había hecho en el curso del proceso de selección y ello debía hacerse en el momento en que efectivamente se realizó. Departamentos Administrativos y demás Entidades u Organismos Administrativos de carácter Nacional. la Rama Ejecutiva. que el sistema reglado tiene estabilidad. mucho menos. 11001-03-25-000-2010-00282-00(2295-10).
201105001-23-31-000-2004-00724-01(2570-07). que suprimió 56 empleos de Auxiliar de Enfermería Nivel Auxiliar – Código 555 y autorizó la contratación de las funciones inherentes a estos. de forma permanente. no queda duda de que el acto administrativo por medio del cual se declaró insubsistente al actor. que hacían parte del “giro ordinario” de las labores de la E.consejodeestado. por cuanto la competencia para la modificación de la planta de personal de la Empresa Social del Estado Instituto de Salud del citado municipio se radica por consagración legal en dicha entidad y no en el Consejo Municipal. Por el contrario.co
9. en este caso a la Junta Directiva del Asilo de Ancianos. circunstancia que demuestra que el acto de retiro fue expedido sin justificación alguna. su ejercicio tiene unos fines delimitados en la Constitución Política. que adoptó la nueva planta de personal de la E.gov. no sólo porque desdibuja el concepto de contrato estatal. LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO. MP. a través de una Cooperativa de Trabajo Asociado. MP. a través de una Cooperativa de Trabajo Asociado. El simple hecho de “llevar un número grande años trabajando” no es una razón que haga parte del concepto de mejoramiento del servicio público.
. Hospital Manuel Uribe. Se ordenó la inaplicación del Acuerdo 014 de 15 de octubre de 2003. En este caso. Sentencia de 12 de octubre de 2001. busca como finalidad modificar la naturaleza de los contratos estatales de prestación de servicios y falsear las relaciones de trabajo.E.C.PÁGINA 14
BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. los servidores públicos no son “carga” como se dijo despectivamente en el acta de marras. LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO. Sentencia de 21 de noviembre de 2011. la experiencia laboral y la trayectoria en el servicio público supone que se trataba de un funcionario capacitado e idóneo para ejercer las labores a él encomendadas. Exp. Se declaró la nulidad del acto de insubsistencia de empleado de libre nombramiento y remoción por desbordar los límites de razonabilidad del ejercicio de la facultad discrecional. a) Se ordenó inaplicar el artículo 10 del Acuerdo No.A. este actuar constituye un claro proceso de “deslaboralización”.E. no constituyen motivo suficiente para disponer su retiro del servicio. En esta medida. Para la Sala. Es necesario manifestar. por lo que las obligaciones de índole laboral que la entidad pública tenga con un empleado. a pesar de que se utilizan formas asociativas legalmente válidas (Cooperativas de Trabajo Asociado). por desnaturalizar los contratos de prestación de servicios y falsear las relaciones de trabajo. para contratar. en este punto. las funciones inherentes a estos. expedido por el Consejo Municipal de Bucaramanga.S. desconociendo lo establecido en el artículo 36 del C. que la presunción de legalidad del acto de insubsistencia quedó demostrada con las motivaciones que se expusieron por parte de la entidad para darle viabilidad a la declaratoria de insubsistencia. al ser retirado del servicio en razón de la carga prestacional que representaba para la entidad en atención al tiempo de vinculación. sino porque constituye una burla para los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado. que el vínculo contractual para el desempeño de funciones permanentes y propias del objeto de la entidad contratante debe ser retirado de la dinámica laboral administrativa.S. Exp. 05001-23-31-000-1998-03358-01(0060-08). En esa misma dirección. Acción de nulidad y restablecimiento 10. pues las entidades públicas cumplen a raya y de manera estricta las afiliaciones y sus cuotas parte a la seguridad social integral (pensiones. se suprimieron 56 empleos de Auxiliar de Enfermería Nivel Auxiliar – Código 555. pues. Lo plasmado en el acta de la Junta Directiva es prueba suficiente para demostrar que el nominador excedió el ejercicio de la facultad discrecional que la ley le confiere. salud y riesgos profesionales). 031. Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado. desbordó los límites de razonabilidad en el ejercicio de la facultad discrecional que posee la entidad para retirar del servicio a un funcionario de libre nombramiento y remoción. Acción de nulidad y restablecimiento 11. Si bien la ley ha dotado a la autoridad nominadora de la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción. Así pues.
BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. en los términos del artículo 5 del Decreto 1876 de 1994. Instituto de Salud de Bucaramanga. sin que mediara justificación alguna.gov. al existir acto administrativo previo expedido por la entidad que garantizaba su permanencia hasta la definición de su situación pensional. por falsa motivación al argumentarse el vencimiento del término de la incapacidad médica para su expedición. esto por cuanto dispuso su retiro del servicio mediante Oficio de 9 de junio de 2000. sin que a esa fecha a la señora Nidía Celmira Gama le hubiera sido definida su situación pensional por invalidez. En el caso concreto debe decirse que la Empresa Social del Estado. Bajo las consideraciones que anteceden. Acción de nulidad y restablecimiento
. En concreto estima la Sala. esto es. deben diseñar programas dirigidos a proteger la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores sujetos de especial protección del Estado. por la cual. para presentar el proyecto de modificación de su planta de personal y decidir su aprobación o improbación. tal como lo exigía el artículo 7 de la Resolución No. Instituto de Salud de Bucaramanga. ISABU. MP. que la decisión de la administración de la Empresa Social de Estado. denominación. estima la Sala que el Oficio de 9 de junio de 2000.co
Las Empresas Sociales del Estado cuentan con la autonomía y capacidad de dirección. violó el principio de la confianza legítima y respeto del acto propio. 68001-23-31-000-2000-03063-01(1402-10). teniendo en cuenta las facultades conferidas previamente por la Junta Directiva. b) Se declaró la nulidad del acto de retiro del servicio por supresión de cargo de empleado provisional. su competencia se circunscribía a la creación y fijación de su estructura básica. 0057 de 2000. necesaria para darse su propia organización. que impliquen ajustes en sus plantas de personal. como quedó visto el Gerente y la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado. dispusiera su retiro del servicio en forma absoluta. no sólo sitúo a la demandante en una condición de absoluta desprotección e imposibilidad de contar con los recursos económicos necesarios para sufragar las necesidades propias y familiares sino que. Exp. modificó la planta de personal de la citada Empresa Social del Estado. integración de su patrimonio. que gozaba de estabilidad laboral reforzada por encontrarse en trámite el reconocimiento de la pensión de invalidez y por vulneración del principio de la confianza legitima. Tanto la jurisprudencia constitucional como la contencioso administrativa han coincidido en afirmar que la administración dentro de los procesos de modernización o reestructuración. entre ellos quienes han visto afectada su capacidad laboral. 0057 de 28 de febrero de 2000. GERARDO ARENAS MONSALVE. y señalamiento de los órganos superiores de dirección y administración.consejodeestado. Estima la Sala como acertada la decisión del Tribunal. lo que en el caso bajo examen se concretó mediante la expedición de la Resolución No. la sede. esto mediante el establecimiento de sus plantas de personal y adoptando sus manuales de funciones y reglamentos. contaban con la autonomía y capacidad de dirección suficientes. no respetó la protección que ella misma había establecido a favor de la demandante. el Gerente de la Empresa Social del Estado. ISABU. en el caso concreto. en cuanto inaplicó por vía de excepción el literal p. igualmente. sin la intervención del Concejo municipal de Bucaramanga dado que. en los términos del artículo 5 del Decreto 1876 de 1994. también. ISABU. Sentencia de 27 de octubre de 2011. entre otros aspectos. respectivamente. del artículo 10 del Acuerdo No. Instituto de Salud de Bucaramanga. con el argumento de que había vencido el término de la incapacidad médica que venía disfrutando. por el cual se dispuso el retiro del servicio de la demandante adolece del vicio de falsa motivación toda vez que. Instituto de Salud de Bucaramanga. ISABU. únicamente a la definición de su naturaleza jurídica. sus fundamentos no corresponden a la situación real de la señora Nidia Celmira Gama en tanto su situación pensional a la fecha de retiro no le había sido definida. en tanto le hizo creer que gozaba de una especial protección en atención a su delicado estado de salud para luego. 031 de 30 de julio de 1997 toda vez que.
11001-03-26-000-2001-00030-01(20410). encuentra la Sala que hay una ineptitud sustantiva de la demanda. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2. en razón a que había un enorme hueco en la vía y no existía señalización que alertara sobre el peligro.co
1. La falencia advertida en la demanda que dio origen al presente proceso impide decidir sobre las pretensiones. MP. El Consejo de Estado se declaró inhibido de fondo para fallar. colisionó con el automóvil Renault 21 en la carretera que conecta los municipios de Marsella con Pereira. de no hacerlo debe soportar las consecuencias de los defectos que ella contenga. por ineptitud sustantiva de la demanda. no puede el juez modificar lo pedido. la cual en todo caso subsistiría como acto presuntamente legal. Exp.PÁGINA 16
BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. por lo tanto el juez debe pronunciarse con fundamento en las pretensiones expresamente planteadas en la demanda y los hechos descritos en la misma. o cuando deja de pronunciarse sobre cuestiones sujetas al proceso (infra o citra petita). dicha decisión fue objeto de recurso en la vía gubernativa y el mismo fue resuelto a través de la resolución 03195 del 3 de noviembre de 2000. debiendo existir una adecuación o perfecta simetría entre lo pedido y lo resuelto. pues no contiene la decisión de fondo que origina la inconformidad del actor. sin atentar contra el principio de congruencia Extracto: “De acuerdo con el principio de congruencia de las sentencias. resulta imposible proferir una decisión de fondo sin transgredir el principio de congruencia de las sentencias.gov. oficiosamente. en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que comunica los municipios de Pereira y Marsella en el departamento de Risaralda Síntesis del caso: El 20 de mayo de 997. Le corresponde al demandante asumir la carga procesal de presentar la demanda en debida forma. toda vez que no fue individualizado en debida forma el acto administrativo objeto de la demanda y en consecuencia. DANILO ROJAS BETANCOURTH. en razón a que el actor no individualizó las pretensiones y únicamente demandó el acto que resolvió los recursos en su contra y no el acto definitivo. En tales condiciones. consagrado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el artículo 1° numeral 135 del Decreto 2282 de 1989). razón por la cual se proferirá un fallo inhibitorio. que resulta afectada cuando el juez concede más allá de lo pedido (ultra petita). pronunciarse sobre la validez de un acto administrativo que no fue demandado y resultaría inane el estudio de la resolución que sí lo fue. pues no puede el juzgador. lo que impide un pronunciamiento de fondo. consonante y concordante con los hechos y las pretensiones formuladas en la demanda. la decisión del juez debe resultar armónica.” Sentencia de diciembre 9 de 2011. Se declaró administrativa y patrimonialmente responsable al departamento de Risaralda de los perjuicios ocasionados con motivo de la muerte y lesiones padecidas por dos ciudadanos.
. conducido por el señor Ever Ocampo Collazos.o 01743 del 30 de junio de 2000. limitándose el actor a demandar este último acto.consejodeestado. el señor José Carlos Tobón Echeverri resultó lesionado y el señor Fabio Loaiza falleció como consecuencia de un accidente de tránsito que ocurrió cuando el camión Ford. mediante el cual el departamento de Caldas negó una licencia especial de explotación de materiales de construcción Síntesis del caso: Mediante resolución n. o cuando concede puntos no sometidos al litigio (extra petita). el departamento de Caldas le negó al señor Mario Pineda Betancourt una licencia especial de explotación de materiales de construcción en un predio de su propiedad ubicado en jurisdicción del municipio de La Victoria.
sin que la Administración Pública hubiere efectuado algún tipo de mantenimiento. MAURICIO FAJARDO GÓMEZ. tiempo y lugar que rodearon el accidente. manifiestan que sí se había suscrito un contrato para la adecuación de la carretera. (ii) que el día 18 siguiente el Juzgado Veintiuno Ambulante de Instrucción Criminal declaró formalmente abierta la investigación penal y el 2 de junio del mismo año profirió en su contra detención carcelaria que sustituyó en domiciliaria el 22 de diciembre de 1993. la Administración tenía un deber de efectuar las reparaciones de la carretera. ocurrió el hecho dañoso por el cual se demandó dentro del presente proceso. a. sobre la tipicidad de la conducta. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA 3. ha dicho la Sala que la conservación de carreteras significa el mantenimiento rutinario y periódico de las mismas. lo cual llevó a que se le “despínara el acople que va de la barra de la caña de la dirección a la punta del sinfín de la caja de la dirección”. (…) encuentra la Sala que las pruebas recaudadas en el proceso resultan coherentes entre sí al sostener que la vía en la cual se accidentaron los vehículos se encontraba en pésimas condiciones. 66001-23-31-000-1998-00496-01(22745). (…) Tales testimonios constituyen un elemento probatorio claro y suficiente respecto de las circunstancias de modo. Sentencia de septiembre 14 de 2011. para tener pleno conocimiento de las circunstancias de tiempo. (…) concluye la Sala que en el caso concreto dicha omisión del deber de efectuar la señalización mínima de la zona constituye una evidente falla del servicio.gov. lo cierto es que de conformidad con los otros medios probatorios. si bien los testimonios rendidos por los ingenieros Alberto Moreno Urrea y José Fanor Pantoja Bastidas. por que frecuentaban con regularidad la carretera en la que ocurrió el accidente. (…) los testigos afirman que las precarias condiciones de la carretera llevaba un largo tiempo sin que el ente encargado. Ahora bien. aún cuando algunos de ellos emanan de personas conocidas de los heridos y fallecidos.co
El daño antijurídico se encontró acreditado y la entidad debe responder a título de falla del servicio por la omisión en el deber de efectuar mantenimiento y señalización en la vía Extracto: “En relación con el deber de mantenimiento de la infraestructura vial. realmente. lo cual incluye arreglar los baches que en ésta se encontraban. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de que fue objeto un indígena que se dedicaba a la recolección de hoja de coca Síntesis del caso: (i) El 12 de mayo de 1992 fue capturado por la Policía Nacional -junto con su hermano menor de edad Luis Gerónimo Quiguanas Cometa. tomado para ello las medidas preventivas con el fin de evitar un accidente. modo y lugar en que. pues existían abundantes baches y que la causa determinante para que se produjera el accidente fue la caída del vehículo camión Ford en un hueco de considerable dimensión. al concluirse que dada su condición cultural. las obras que se habían realizado. en todo caso. MP. de conformidad con la obligación impuesta a ella de asegurar el mantenimiento de la vía con el fin de que dicha carretera pudiera funcionar adecuadamente y que no constituyera un peligro para todo aquel que la transitara. Departamento de Risaralda. (…) los testimonios resultan coincidentes al afirmar que el mencionado hueco llevaba un tiempo considerable en la carretera.consejodeestado. están dotados de seriedad. (iii) que el 25 de mayo de 1994 se profirió resolución de acusación por infracción de la Ley 30 y (iv) que el 19 de agosto de 1997 fue absuelto. por cuanto estuvieron presentes en el momento de la ocurrencia de los hechos y. precisión y coincidencia. Por otro lado. no fueron suficientes.en el sitio “El Pajarito” de la vereda “El Credo”. El Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial. Exp. razón por la cual resulta obvio concluir que estas declaraciones resultan suficientes. estaba incurso en causal de inculpabilidad por “error invencible”. Si la investigación penal concluye por ausencia de cualquiera de los elementos estructurales de la conducta punible. en momentos en los que se dedicaba a recolectar “hoja de coca”. puesto que existían abundantes baches y huecos en la vía. no se constituye delito y se configura la responsabilidad estatal
. jurisdicción del municipio Caloto (Cauca). lo arreglara. pues los mismos. ni mucho menos que se hubiere puesto señal alguna de precaución o desvío sobre éste.BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www.
se debe colegir que la conducta no constituyó delito y. pues aunque el ejercicio de tal actividad lo expuso a la detención que padeció -con consecuencias desproporcionadas que se trataran ulteriormente-.consejodeestado. Es que desde el inicio de la actuación punitiva se desprendía.” c. cosmovisión y costumbres indígenas el cultivo y recolección de la hoja de coca no constituía ilícito. tomando en cuenta los derechos de la comunidades indígenas involucradas y la protección del medio ambiente”. (…) Cabe recordar la proclama solemne de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. pues el Estado colombiano. lo cierto tiene que ver con que la causa culminó con la absolución del sindicado. teniendo en cuenta que desde su identidad. fue afectado con una enfermedad respiratoria aguda que lo mantiene en estado de invalidez. acuerdos y otros arreglos constructivos con los Estados”.gov. era una actividad lícita en el marco de su cosmovisión y de la cultura ancestral del pueblo indígena al que el mismo pertenece. en razón a que el cultivo de hoja de coca como infracción penal debe armonizarse tomando en cuenta los derechos de las comunidades indígenas. integrante del pueblo indígena PÁEZ e inculpado de una conducta lícita en su cultura ancestral. (ii) no le procuró la defensa técnica que su situación demandaba y (iii) le hizo soportar condiciones de reclusión contrarias a la dignidad humana. Colombia entiende que el tratamiento que la Convención da al cultivo de la hoja de coca como infracción penal debe armonizarse con una política de desarrollo alternativo. El delito de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Independientemente del pago de perjuicios morales y materiales. tiene lugar la responsabilidad estatal prevista en el art. que el detenido obró con la convicción invencible de que la recolección de hoja de coca. por el desconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación y el desconocimiento de los Tratados Internacionales sobre Derecho Internacional Humanitario Extracto: “la Sala adoptará medidas especiales de reparación integral. o sea. constituye una de las reservas que el Estado sostuvo frente a la Convención de las Naciones Unidas. en relación con la comisión de la conducta delictiva prevista en el art. cosmovisión y costumbres indígenas el cultivo y recolección de la hoja de coca no constituye ilícito Extracto: “Una de las reservas que el Estado Colombiano sostuvo frente a la Convención de las Naciones Unidas “contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”. culpabilidad y antijuridicidad. como finalmente se concluyó en las sentencias proferidas en ambas instancias.co
Extracto: “Con independencia de las consideraciones expuestas por la Fiscalía General de la Nación para fundamentar la medida de aseguramiento -sin beneficio de libertad provisional. por la que fue capturado. reprocharle tal conducta sería tanto como desconocer la identidad cultural. y reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas.impuesta al demandante Luciano Quiguanas Cometa. motivada. el reciente precedente de la Sección ha sido consistente en definir que si la investigación concluye con ausencia de cualquiera de los elementos estructurales de la conducta punible.
. 414 del Decreto 2700 de 1991. entre otras razones por “la urgente necesidad de respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas afirmados en tratados.” b.PÁGINA 18
BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. por ausencia de culpa. el Pacto Internacional de Derechos Económicos. en consecuencia. desconociendo la diversidad étnica y cultural de la nación y dejando a un lado sus compromisos internacionales que prohíben los tratos crueles y lo obligan a adoptar medidas para desterrar de su territorio todas las formas de discriminación racial (i) capturó. pues debido a la situación carcelaria. 32 de la Ley 30 de 1986. se ordenaron medidas especiales de reparación integral por la violación de los Derechos Humanos. sino también para descartar que el ejercicio de tal actividad configure “hecho de la víctima”. en el marco de la protección contra las graves violaciones de los derechos humanos. aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007. tipicidad. pues el Congreso de la República advirtió “2. En este sentido. no solo para apoyar la decisión de absolver en sede penal al señor Luciano Quiguana Cometa toda vez que desde su identidad. (…) Lo anterior resulta suficientemente revelador. procesó y mantuvo privado de la libertad al señor Luciano Quiguanas Cometa.
Sociales y Culturales. a profesar y practicar su propia religión. la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional. el Juzgado 8° Penal lo condenó por el homicidio de Huertas Vargas a la pena de prisión de 20 años y 10 meses.consejodeestado. por cuanto no puede ser considerado una prueba testimonial ya que no cumple con los requisitos establecidos en la ley procesal (Artículo 228). posteriormente fue capturado Libardo Prado Bayona a quien se sindicó como autor material del homicidio. Señala el numeral 2 del art. sindicado por los homicidios de Yezid Guzman Lezmes y Esteban Huertas. dado su carácter de elementos fundantes de la nacionalidad -artículos 1° y 7° C.P. constituyen compromisos internacionales que no pueden suspenderse ni aún en situaciones excepcionales. al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. el delincuente en 1995 estaba recluido en la Cárcel “Rodrigo Bastidas” de Santa Marta. social y cultural.co
Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Desde esta perspectiva prevé el derecho de los pueblos indígenas “como pueblos” o “como personas”. reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas. constituye un mandato imperativo del derecho internacional de los derechos humanos” Sentencia de noviembre 15 de 2011. Se dará valor probatorio a los recortes de prensa. De
. desde la perspectiva del respeto por la diversidad cultural. a emplear su propio idioma y a vivir de acuerdo con sus costumbres. 19001-23-31-000-1999-01134-01(21410) MP. Sin embargo. de su condición política y su desarrollo económico. a cuyo tenor los integrantes de las minorías étnicas. omitiéndose por parte de los funcionarios de la cárcel revisar la cartilla biográfica del condenado en el que estaba incluida la pena de prisión de 20 años y 10 meses a. Amparo Leonor Jiménez Pallares. Y particularmente con la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Así mismo se ha determinado que las informaciones de prensa pueden constituirse en un indicio contingente. El Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. afirman la importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre determinación. Sin embargo. 2 de la convención. los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos. es necesario considerar racionalmente su valor probatorio como prueba de una realidad de la que el juez no puede ausentarse. La periodista fue asesinada por un recluso que se había fugado de la cárcel Rodrigo Bastidas de la ciudad de Santa Marta Síntesis del caso: El 11 de agosto de 1998 fue asesinada con arma de fuego la periodista y Delegada Departamental para el programa presidencial para la Reinserción y Coordinadora de REDEPAZ en el Cesar. aprobado mediante la Ley 21 de 1991. además de integrar el bloque de constitucionalidad en sentido estricto. en otras ocasiones se ha establecido que sólo pueden ser apreciadas como prueba documental de la existencia de la información y no de la veracidad de su contenido. Exp. en calidad de indicio contingente Si bien en algunos pronunciamientos de la Sala se han orientado a no reconocerle el valor probatorio a los recortes de prensa. por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la muerte de la Delegada Departamental para el Programa Presidencial de Reinserción y Coordinadora de REDEPAZ en Valledupar. (…) Antes el Convenio 169 de la OIT. (…) Postulados que. frente a su residencia ubicada en la urbanización el cerrito de Valledupar. acorde con la Declaración de los Derechos Humanos. 006 se le concedió la libertad. ni puede obviar en atención a reglas procesales excesivamente rígidas. el 16 de noviembre del mismo año el Juzgado 1° Penal del Circuito absolvió al señor Prado Bayona del homicidio de Yesid Guzmán Lezmes y mediante boleta No. decisión que fue notificada a las autoridades carcelarias y al reo el 1° de noviembre de 1995.gov. abordó el derecho de los pueblos indígenas a la igualdad y a la no discriminación. allegados al proceso. cuando se disponía a bajar de un vehículo de su propiedad. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA 4. religiosas o lingüísticas tienen derecho a su propia vida cultural. STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO. estando recluido en el centro carcelario. así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena..BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www.y en consideración a que la protección en contra del etnocidio.
no podrán ser valoradas en éste. La prueba trasladada del proceso penal puede ser valorada. es decir. El incumplimiento de las obligaciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC respecto a su posición de garante. debe reiterarse lo expuesto por la Sala en el sentido de que aquellos medios que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil. d. puesto que las mismas se surtieron sin el lleno de los requisitos establecidos por artículo 298 del Código de Procedimiento Civil. en la redacción del Decreto 2282 de 1989. Sin duda.(…) Dentro de la política criminal de nuestro ordenamiento jurídico. para lo cual cuenta con la pena como instrumento que dentro del ius puniendi permite la efectiva protección de los derechos constitucionales y humanos de todos los ciudadanos. por cuanto le asiste la sujeción especial del recluso con respecto al Estado (…) ii) por otra parte.consejodeestado. ponderada y conjunta del acervo probatorio. configura una falla del servicio. no ocurre lo mismo con las declaraciones extraproceso. resulta contrario a la lealtad procesal que las partes soliciten que la prueba haga parte del acervo probatorio. teniendo en cuenta que “(…) la pena no solamente tiene que ser justa sino que debe ser respetuosa de la legalidad existente. que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con su audiencia. el Estado al controlar el cumplimiento de la pena. la Sala tendrá en cuenta la información consignada en los recortes de prensa y allegada al proceso. También ha establecido la Sala que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas rendidas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes. la protección de todas las personas residentes en Colombia.1). aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo.co
acuerdo con los anteriores argumentos. considerando que. debiendo asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. esto es.” c. honra.PÁGINA 20
BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. en tales casos. pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses invoquen las formalidades legales para su inadmisión. la que se irradia hacia la sociedad como garantía de eficacia de la pena como elemento de protección de los derechos de los administrados y de sacrificio socialmente útil.gov. que en el proceso penal se predican con igual énfasis tanto a favor del procesado como de las víctimas y la sociedad (…)” . de donde su legitimidad dependerá del respeto a los límites que disponga el orden jurídico en tanto expresión de una razonable determinación y concreción de los derechos fundamentales . Obligaciones y fines del Estado El Estado dentro de las obligaciones y fines que la Carta Política le impone. en su vida. en calidad de indicio contingente para que obre dentro de la valoración racional. y demás derechos y libertades. se debe soportar en los axiomas de efectividad («facticidad») y normatividad («validez») del derecho. porque este medio de prueba permaneció a disposición de las partes en el curso del proceso y ninguna de ellas controvirtió su autenticidad. se encuentra aquella consagrada en el artículo 2°. bienes. pese a que el daño antijurídico haya sido causado por un tercero
. está en cabeza del Estado la obligación de seguridad. desempeña a su vez el ejercicio de la función de seguridad desde dos puntos de vista: i) respecto de la persona privada de la libertad. o que en su defecto no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen. 128 a 131 C. creencias. dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo sin limitaciones. por no cumplir con los requisitos establecidos por artículo 298 del Código de Procedimiento Civil Extracto: “En lo que se refiere a la prueba trasladada. el Estado está obligado a ejercer un control social de carácter formal y a hacer cumplir la pena impuesta a quien ha cometido un delito. b.” (…) La Sala advierte que no tendrá en cuenta las declaraciones extra proceso efectuadas ante notaría de las señoras Maribel Barroso Suárez y Olga Barroso Jiménez y allegadas con la demanda (Fls.
la entidad demandada deberá pagar la suma de $8’986. y los funcionarios que intervinieron en permitir la libertad del señor Prado Bayona. modo y lugar (…) la entidad demandada incumplió expresos y preceptivos mandatos normativos. planos y/o especificaciones de construcción y bajo las condiciones estipuladas en el contrato. pese a que el daño antijurídico haya sido causado por un tercero.(sin constituirse en una cláusula de aseguramiento universal).997 al contratista. existían graves problemas de orden público y seguridad para la época de los hechos. se concreta en incumplimiento de los deberes normativos como factor determinante para la producción del daño antijurídico. ya que con base en el acervo probatorio se puede determinar las circunstancias de tiempo. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA 5. Registro (…) Artículo 70. 105 de 1989. conforme a las obligaciones de seguridad y protección en cabeza del Estado. como es verificar la hoja de vida. por el Juzgado 8° Penal del Circuito de Santa Marta (30 de octubre de 1995). esto es. Se declaró la nulidad parcial de la Resolución No. Se acordó que el contratista debía asumir el cuidado de la obra.: 68001-23-15-000-1999-00606-01(20861). de conformidad con los requisitos y especificaciones indicados en los pliegos de condiciones de la licitación. los antecedentes penales o judiciales del sindicado poniendo en peligro la seguridad de la sociedad en general.consejodeestado. para conservarla y evitar daños. suscribieron un contrato de obra cuyo objeto fue ejecutar a precio unitario la construcción de obras necesarias para la construcción de la segunda etapa de la escuela Sierra Morena en la ciudad de Bogotá. Exp.BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. a suscribir actas de pago y a prorrogar las garantías. daño antijurídico que se verifica con lo decidido por el Tribunal del Distrito Judicial de Valledupar en sentencia del 20 de junio de 2002. Sentencia de octubre 19 de 2011. con relación a sus labores como comunicadora social y como miembro de REDEPAZ en una zona del país en donde. implica que éste. de manera inexcusable. en este caso. MP.
. Por lo tanto. La materialización del riesgo en el daño antijurídico causado. Reclusión en un establecimiento penitenciario y carcelario (…) Artículo 56. Amparo Leonor Jiménez Pallares. suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y el señor Aníbal Franco Gómez. Síntesis del caso: El 17 de octubre de 1989. es la creación o exposición al riesgo lo determinante para imputar al Estado la responsabilidad y. Libertad. en razón a que no le fue reconocido el pago de mayor cantidad de obra. el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y el señor Aníbal Franco Gómez. la atribución jurídica de la responsabilidad al Estado –INPEC. que revocó la decisión de primera instancia y en su lugar condenó al Libardo Prado Bayona por ser el autor doloso del homicidio agravado de la periodista y delegada de REDEPAZ. de la que derivaban deberes jurídicos (normativos y positivos) de protección consistentes en la precaución y prevención del riesgo (social e individualmente concebido) que representaba para la señora Jiménez Pallares la libertad de Prado Bayona.co
Extracto: “Se encuentran consagradas en la ley 65 de 19 de agosto de 1993 (…) Artículo 54.(…) Examinada la base normativa. posteriormente surgieron obras no previstas en el contrato por el robo de cables y problemas sanitarios.gov. el juicio de imputación debe orientarse hacia la atribución de la responsabilidad por falla del servicio consistente en el incumplimiento de los deberes normativos (siendo el sustento la imputación normativa) a los que estaba llamado el INPEC. 524 de 17 de octubre de 2001 y el incumplimiento del contrato No. el IDU liquidó unilateralmente el contrato pero el contratista se negó a entregar las obras. cuyo objeto era la construcción de la segunda etapa de la escuela Sierra Morena. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. debía asumir una posición de garante (…) En este específico y concreto caso. específicamente en la vida e integridad de la víctima. consistía y se manifestaba en una “posición de garante institucional”. para el caso en concreto. como hecho notorio. si bien la producción del daño es causado por un tercero. incumpliendo así los deberes constitucionales y legales antes referidos que debieron observar los funcionarios del INPEC. flagrante y grosera al haber concedido la libertad al señor Prado Bayona cuando éste estaba condenado con anterioridad a la boleta de libertad impartida por el Juzgado 1° Penal del Circuito de Santa Marta (16 de noviembre de 1995).
Esta circunstancia no tiene por qué alterarse con la interpretación que una parte haga de sus obligaciones –salvo el ejercicio de los poderes exorbitantes de modificación unilateral o de interpretación unilateral. 1). e imponer a la otra la carga de recibir un pago menor o la de hacer uno mayor. y Cía. único medio de prueba para acreditar la existencia del contrato. la aseguradora expidió la póliza No. en aquellos casos en que considera que lo acordado es insuficiente para dar cumplimiento a sus obligaciones. con vigencia hasta el 31 de diciembre de ese año. La aseguradora no aportó a la demanda original o copia auténtica de la póliza de seguro estudiantil. la expedición de una póliza de seguro estudiantil para amparar a 25. 19 c.” Sentencia de octubre 19 de 2011. esta sola circunstancia impide que sea válidamente apreciado por el juez. con el medio idóneo. la Sala debe recordar que el principio con el cual se cumplen las obligaciones de un negocio jurídico es aquél que dispone que las partes quedan forzadas a cumplir los acuerdos en los términos en que fueron establecidos.co
El Estado no puede pagar obras no pactadas en el contrato. El contrato es ley para las partes.. y como se expuso en el capítulo anterior de este proveído al ser aportado en copia simple (fl. en razón a que la aseguradora no aportó a la demanda original o copia auténtica del contrato. que autorice exigir de la otra parte el cumplimiento de nuevas prestaciones.A. insinuado o exhortado al contratista a que adelantara las obras no pactadas en el contrato. ni entregar menos de lo pactado. No cabe duda que para hacerlo se necesita llegar a un nuevo acuerdo de voluntades. MP. de la misma manera que no es posible exigir más de lo acordado. Las copias para que tengan valor probatorio deben ser auténticas. ACCIÓN CONTRACTUAL 6. Extracto: “La Sala observa que el actor no demostró que la entidad pública haya propiciado. el principio según el cual se cumplen las obligaciones de un negocio jurídico es aquél que dispone que las partes deben cumplir los acuerdos tal cual fueron establecidos.A. sin que estuviera acreditado que la entidad sugiriera su ejecución.A. solicitó a la PREVISORA S. El Consejo de Estado decidió no declarar el incumplimiento del contrato de seguro estudiantil contenido en la póliza No 022948 de 24 de junio de 1998. Como ya se precisó de conformidad con el marco legal aplicable. único medio de prueba para acreditar la existencia del mismo Síntesis del caso: El Alcalde de Tierralta (Córdoba) mediante oficio de marzo 2 de 1998. Ltda. el escrito y su prueba son inseparables.344 estudiantes de distintas escuelas y colegios del municipio de Tierralta (Córdoba). suscrito entre el Municipio de Tierralta (Córdoba) y la Previsora S.000 niños. a ninguna parte le es permitido adicionar o suprimir el alcance de las obligaciones –se insiste. de manera que por este sólo aspecto la sentencia apelada tendrá qué modificarse. y que nadie está forzado a ejecutar una prestación distinta. de acuerdo al convenio pactado con la Agencia Myriam Valencia G. la parte demandada no realizó los pagos convenidos. ante la ausencia de la prueba del contrato no es posible analizar y determinar el incumplimiento reclamado por el demandante Extracto: “se encuentra que no se acreditó el contrato de seguro educativo que se aduce celebraron el municipio de Tierra Alta y La Previsora S. cuyos beneficiarios fueron 16.consejodeestado. (…) el actor justificó la ejecución de estos trabajos en la razón técnica de que se trataba de “obras indispensables” para el desarrollo del contrato.PÁGINA 22
BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. 022948 de junio 24 de 1998. la decisión de constitucionalidad con efectos de cosa juzgada absoluta ampliamente
. Sin embargo. según el caso.A. En estos términos. porque el a quo condenó al pago de una parte de estos trabajos. so pretexto de ejecutar las suyas. porque desconocería el acuerdo de voluntades que comprometía al otro a actuar en un sentido distinto. salvo el ejercicio de los poderes exorbitantes de modificación unilateral o de interpretación unilateral-. toda vez que el contrato. Con el cumplimiento de los requisitos exigidos.gov. cuando proceda-. Exp. ENRIQUE GIL BOTERO. porque esto se convierte en ley para las partes. razón por la cual la Previsora S. 25000-23-26-000-1992-07954-01(18082). demandó el incumplimiento del contrato y para el efecto aportó copia simple de la póliza de seguro.
consejodeestado. de ahí que riñe con los principios. para el caso. dado que. En el sub examine el demandante incumplió con esta carga y al hacerlo también pasó por alto lo ordenado por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. como que constituye el fundamento y razón de ser de las mismas. La Sala reitera que es fundamental y presupuesto sine qua non para la prosperidad de las pretensiones de incumplimiento del contrato que se acredite el mismo dentro del proceso. si pretende hacerlo valer frente a su cocontratante. de P.gov. reus absolvitur). esto es. que quien invoque un negocio jurídico como fuente de obligaciones tiene la carga de probar su existencia con arreglo a lo preceptuado por la ley. lo expuesto no opera para los documentos de naturaleza privada. que de no adelantarse deberá acarrear las consecuencias adversas que ella apareja. un contrato de seguro sujeto a las reglas de la contratación estatal. no es posible para la Sala analizar y determinar el incumplimiento reclamado por el demandante. porque se encuentra en copia simple. dada la naturaleza ad sustanciam actus que los reviste. conforme a la normatividad que rige las relaciones contractuales estatales. Artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil Extracto: “los documentos públicos. esto es. deducir responsabilidad patrimonial de tipo contractual cuando no se demuestra la existencia del contrato. Regla que lleva consigo que el demandado ha de ser absuelto de los cargos. si el demandante no logró probar los hechos constitutivos de la demanda (actore non probante. que el contenido de aquél se encuentre ajustado a la ley. o si el mismo se cumplió o no se cumplió.BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www.C. pues al respecto resultan íntegramente aplicables las previsiones del artículo 253 del C. deben reunir las exigencias contenidas en el artículo 254 ibídem. Esta omisión constituye por sí sola razón para considerar que las pretensiones no están llamadas a prosperar en tanto no se acreditó la existencia del contrato que sustenta la causa de la acción y por lo mismo la Sala confirmará la decisión impugnada. Exp. o que los hechos que se presenten en su ejecución y cumplimiento y los actos contractuales que se expidan con motivo del mismo estén acordes con lo pactado y con las disposiciones jurídicas a él aplicables.co
reseñada y la jurisprudencia reiterada de esta Sala no es posible admitir como prueba del contrato estatal el documento que aportó la parte actora. pueden ser aportados a los procesos judiciales en original o en copia. Preceptos que son desarrollo del principio de auto responsabilidad de las partes que impone al interesado una conducta procesal. y menos aún. a cuyo tenor la interpretación de la ley procesal deberá propender por la efectividad de los derechos sustantivos en condiciones de igualdad.C. Empero. como ha indicado la Sala. sobre la base de que las relaciones de los asociados con las autoridades públicas se rigen por el principio de la buena fe y sus actuaciones se sujetan al debido proceso. Siendo así lo transcendente tiene que ver no con que los documentos se aporten en copia o en original. Por manera que no se puede valorar. No debe perderse de vista que con arreglo al artículo 1757 del Código Civil incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. es el que permite que el juzgador pueda analizar la materia. como fuente generadora de los derechos y obligaciones de las partes. allegados al proceso en copia para ser valorados como medio de prueba. y no las del 254 ibídem. de conformidad con el artículo 253 del C. RUTH STELLA CORREA PALACIO. en vigencia del artículo 11 de la Ley 1395 de 2010. MP. 23001-23-31-000-1999-00355-01 (21128).” Sentencia de septiembre 19 de 2011. al amparo del artículo 11 de la Ley 446 de 1998 y acorde con las reglas de interpretación constitucional y legal. valores y postulados constitucionales y bien puede calificarse de exceso de rigor manifiesto desconocer el valor probatorio de un documento privado. último evento en que. para ser valorados.P. requisito imprescindible para que el juzgador acceda a las reclamaciones del actor. ACCIÓN CONTRACTUAL * Con aclaración de voto de la doctora Stella Conto Díaz del Castillo Se puede aportar copia del contrato de seguro sujeto a las reglas de la contratación estatal y procederá su valoración siempre y cuando reúna los requisitos dispuestos en la Ley. con el deleznable
. según el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (onus probandi incumbit actori). toda vez que ante la ausencia de prueba del contrato. sino con que se controviertan efectivamente. en términos del artículo 254 CPC.
con oficio 0574 de 21 de septiembre de 1993 la demandada manifestó su voluntad de no firmar la prórroga. configure un verdadero incumplimiento contractual. En ese orden de ideas. como lo señalan las reglas de la sana crítica. cuando terminante el 9 del Decreto 1988 de 1987. que en este caso se procediera a la prórroga del contrato de concesión. desconociendo que la parte contra quien se alega conoció de la prueba en tiempo y no lo contradijo en oportunidad o. por la consideración que los actos y negocios jurídicos que celebren las entidades públicas. La parte demandante solicitó la nulidad de los actos administrativos. la relación negocial. más allá del acto de disposición de intereses objeto de regulación. (…)Vistas e interpretadas adecuadamente las estipulaciones contractuales. no demostró la contradicción con la suficiencia requerida. por medio de las cuales se revocó la decisión de prorrogar el contrato de concesión para la explotación del juego de apuestas permanentes (Chance). el juzgador habrá de adquirir certeza sobre quién suscribió el documento. El artículo 9 del Decreto 1988 de 1987. adquiere particular relevancia. el contratista presentó la solicitud de prórroga del contrato. la Beneficencia del Huila y la Sociedad de Apuestas Permanentes del Huila Ltda. difícil resulta aceptar.P. en concordancia con el art. vigente para el momento de celebración del negocio jurídico. no pueden las partes del negocio jurídico celebrado. suscrito entre la Beneficencia del Huila y la Sociedad de Apuestas Permanentes del Huila Ltda. seguridad a la que se puede llegar directamente.gov. que en materia contractual administrativa. implicaba para el demandado el deber de prorrogar el plazo indefinidamente como para predicar que el no haberlo hecho. violar abiertamente el estatuto
. No resulta admisible entonces. Es de observar que. están sujetos de ordinario al cumplimiento de precisos requisitos de naturaleza legal. la existencia de una obligación indefinida a cargo del ente demandado. no pueden aspirar las partes a derivar efectos vinculantes del negocio celebrado.co
argumentó de que no fue aportado en original. pues no debe perderse de vista que bajo el manto de la aplicación de dicho principio. 58 del decreto 222 de 1983 las prórrogas automáticas se encontraban expresamente prohibidas. con los elementos allegados al proceso. Síntesis del caso: El 2 de mayo de 1991.PÁGINA 24
BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. es decir por el comportamiento procesal de la parte contra quien se alega o analizando el escrito en conjunto. si lo hizo. una estipulación de tal naturaleza devendría completamente ineficaz pues con arreglo al artículo antes citado. dispone que el contrato de concesión tiene un término de duración no superior a dos años. norma aplicable al contrato que ha originado el presente proceso. el 16 de septiembre de 1993 la Junta Directiva de la Beneficencia del Huila accedió a la solicitud mediante acta 021. suscribieron un contrato de concesión cuyo objeto era “la explotación del juego de apuestas permanentes Chance” en todo el territorio del departamento del Huila. que el principio de la buena fe. prohibía expresamente su prorroga. toda vez que a la luz de la cláusula segunda ella quedó supeditada al previo estudio de su conveniencia por parte de la Beneficencia del Huila.C. de prorrogar la ejecución del contrato más allá del término previsto. y aunque lo hubiese pactado. en ningún momento la entidad estatal se obligó a prorrogar indefinidamente el contrato Extracto: “el ejercicio de la autonomía privada implica para las partes del negocio la observancia de la carga de claridad y precisión. previa solicitud efectuada con dos meses de antelación a su vencimiento. para el efecto expidió la resolución 1007 de la misma fecha y la resolución 069 de 31 de enero de 1994 que la confirmó.” 7.consejodeestado. lo cual es muy diferente a pretender encontrar por la vía de la interpretación.. El 7 de junio de 1993. establecidos como una necesaria garantía de la claridad y transparencia que debe mediar en todo el proceso de contratación y sin los cuales. no prorrogables. El Consejo de Estado decidió no declarar la nulidad de los Acuerdos 030 de 29 de diciembre de 1993 y 006 de 18 de febrero de 1994 y de las Resoluciones 1007 de diciembre 29 de 1993 y 069 de enero 31 de 1994. conforme a lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 252 del C. y profirió el acuerdo 030 de 29 de diciembre de 1993 por el cual revocaba la decisión contenida en el acta 021. en momento alguno la entidad demandada se obligó a prorrogar indefinidamente mediante el instrumento de los contratos adicionales. el término de duración del contrato se estipuló en dos años y podría ser prorrogado..
OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ. por regla general se acude a la aplicación de la teoría del riesgo excepcional. circunstancia que permite asumir que el presente caso habrá de gobernarse por el régimen objetivo de riesgo excepcional derivado de una actividad peligrosa. hiriendo de gravedad a Serrano Rodríguez. ACCIÓN CONTRACTUAL 8. como lo es la manipulación de las armas de fuego de las cuales están dotadas algunas autoridades por razón de las funciones a ellas encomendadas. pero si los elementos de la falla del servicio se encuentran acreditados. por el daño causado a los demandantes como consecuencia de la muerte de un ciudadano. quien. Cuando se debate la responsabilidad del Estado por daños causados por el uso de armas de dotación oficial.gov.Ministerio de Defensa – Policía Nacional. el D. en un cruce de disparos ocurrido entre miembros de la Policía Nacional y un delincuente. (…) en aplicación del título de imputación objetiva del riesgo excepcional que regula el caso.la parte demandante probó la existencia del daño antijurídico imputable a la entidad demandada..y. Ciertamente que.”
. que se les enfrentó con arma de fuego.BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www.co
contractual. dentro de las cuales. quien fue trasladado por la misma Policía al Hospital Local y de ahí remitido al Hospital Universitario de Cali en donde falleció en las primeras horas del año 1999. pues si bien es cierto que los Agentes de Policía se encontraban en cumplimento de un deber legal al perseguir a una persona involucrada en un delito.consejodeestado. o el Ejército Nacional. se lesionó un bien jurídico protegido como era la vida de Serrrano Rodríguez. haciendo turno para aprovisionar de combustible el camión que conducía. la aplicación de la buena fe en materia negocial implica para las partes la observancia de una conducta enmarcada dentro del contexto de la corrección. cuando se debate la responsabilidad del Estado por daños causados con el uso de armas de fuego de dotación oficial. ocupa lugar preponderante las que regulan los mecanismos de selección y la forma de ejecución de los contratos estatales. Síntesis del caso: El día 31 de diciembre de 1998.” Sentencia de enero 18 de 2012. en este sentido la jurisprudencia de la Sala ha señalado que la Administración debe responder siempre que produzca un daño con ocasión del ejercicio de actividades peligrosas o la utilización de elementos de la misma naturaleza. MP.A. a eso de las 7:30 de la noche.S. 41001-23-31-000-1994-07682-01(20461). por regla general.y la imputación de ese daño antijurídico a la entidad demandada – al haber sido causada por arma de fuego en un cruce de disparos entre miembros de la Policía Nacional y delincuentes. Se declaró la responsabilidad extracontractual de la Nación . en el cual -como ya se anotó. desde luego. Cauca. la entidad demandada no probó la existencia de ninguna causal que exonerara su responsabilidad bajo dicha perspectiva. en hechos ocurridos en una estación de gasolina ubicada en el municipio de Puerto Tejada (Cauca). por lo tanto. Exp. debe convenirse en que la parte demandante cumplió con su carga procesal de probar la existencia del daño antijurídico -muerte de Serrano Rodríguez. momento en el cual llegaron varios miembros de la Policía Nacional que perseguían a unos delincuentes y dispararon sus armas de dotación oficial en dirección a la estación de gasolina. la claridad y la recíproca lealtad que se deben los contratantes. tales como la Policía Nacional. pues el Estado asume los riesgos a los cuales expone a la sociedad con la utilización de tales artefactos peligrosos (…) se encuentra plenamente acreditado en el proceso que la muerte de Walter Serrano Rodríguez fue consecuencia de las heridas producidas con arma de fuego. Pero ello es bien diferente a pretender derivar conductas y deberes que se concretarían en una violación manifiesta de las normas de orden público que disciplinan la actividad negocial de las entidades públicas. ocasionada en un cruce de disparos entre miembros de la Policía Nacional y unos delincuentes. persona ajena a los hechos. no tenía el deber de soportar el daño. por su parte. el título jurídico de imputación aplicable. es la teoría del riesgo excepcional. para permitir la realización de los efectos finales buscados con el contrato. se encontraba Walter Serrano Rodríguez en una estación de gasolina ubicada en el Municipio de Puerto Tejada. éste será el régimen bajo el cual debe responder la administración Extracto: “En la actualidad.
Se entiende por deudas manifiestamente perdidas o sin valor aquellas cuyo cobro no es posible hacer efectivo por insolvencia de los deudores y de los fiadores. La sola circunstancia de encontrarse vinculada a la cartera vencida y que el convenio no fuera potestativo. así: “Artículo 79 . por lo cual. pues una y otra se deben mirar como equivalentes". que se haya contraído con justa causa y a título oneroso. Exp. Para la Sala no se puede reconocer la deducción de pérdida en recuperación de cartera con fundamento en el artículo 146 del Estatuto Tributario. La sola circunstancia de encontrarse las perdidas por dación de bienes vinculadas a la cartera vencida y que el convenio no fuera potestativo.gov. de acuerdo con una sana práctica comercial”. 19001-23-31-000-1999-00386-01(21382). El Decreto Reglamentario 187 de 1975 definió el concepto de “deudas manifiestamente perdidas o sin valor”. previo acuerdo con el accipiens. que son aquellas “cuyo cobro no es posible hacer efectivo por insolvencia de los deudores y de los fiadores. d) El contribuyente debe justificar el descargo o cancelación de la deuda. y se acredite el cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 80 del Decreto 187 de 1975. situación no prevista en el
. por falta de garantías reales o por cualquier otra causa que permita considerarlas como actualmente perdidas. de acuerdo con criterios comerciales. debe cumplir los requisitos establecidos en las normas transcritas: a) En primer lugar. de suyo. mediante un abono o crédito de la cuenta incobrable y un débito directo a pérdidas y ganancias. por falta de garantías reales o por cualquier otra causa que permita considerarlas como actualmente perdidas. de acuerdo con una sana práctica comercial”. sino obligatorio. b) Las deudas deben haberse “descargado” durante el año o período gravable. no implica que deba aceptarse dicha pérdida fiscalmente como deducción. independiente de extinguir las obligaciones (negocio solutorio). interese si dicha cosa es de igual o de mayor valor de la debida. debe tratarse de deudas manifiestamente perdidas o sin valor. que contempla la deducción por deudas manifiestamente perdidas o sin valor. esto es. sin que. contenido en el artículo 146 del Estatuto Tributario. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
1. en virtud del cual el solvens. conforme lo establece el artículo 79 del Decreto Reglamentario 187 de 1975. toda vez que la pérdida en bienes recibidos en dación en pago no corresponde a bienes usados en el negocio o actividad productora de renta del contribuyente. por falta de garantías reales o por cualquier otra causa que permita considerarlas como actualmente perdidas. En el caso concreto se trata de pérdidas originadas por circunstancias económicas en el sistema de financiación de vivienda. le entrega a éste un bien diferente para solucionar la obligación. para los efectos extintivos aludidos. se debe demostrar que la deuda se originó en actividades productoras de renta. o que se trata de créditos que hayan producido rentas declaradas en tales años.consejodeestado.co
Sentencia de septiembre 29 de 2011. cuyo cobro no es posible hacer efectivo por insolvencia de los deudores y de los fiadores. la dación en pago debe ser entendida como aquel “modo o mecanismo autónomo y. para la procedencia de la deducción por deudas perdidas o sin valor. no implica que deba aceptarse dicha pérdida fiscalmente como deducción Extracto: La sociedad actora está obligada a llevar contabilidad por el sistema de causación. se justifique su descargo y se pruebe que se han originado en operaciones productoras de renta. Las deudas manifiestamente perdidas son deducibles siempre que se demuestre la realidad de la deuda. HERNÁN ANDRADE RINCÓN. sino obligatorio.PÁGINA 26
BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. explicando las razones para considerar que la deuda está manifiestamente perdida o sin valor. En el caso concreto no es deducible la pérdida alegada. y e) Por último. y debió tenerse en cuenta al computar la renta declarada en años anteriores. Por otra parte. toda vez que la deducción solicitada por el Banco no se enmarca dentro de los supuestos previstos en dicha norma. c) Debe demostrarse la realidad de la deuda en el momento del descargo. MP.
2. en el numeral 9. nota característica a las regulaciones aduaneras y del Código del Comercio vistas.consejodeestado. Exp. Concretamente se analizará si el pago efectuado por la sociedad a las empresas panameñas. o mandato. El contrato se ejecuta fuera del territorio nacional.BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www.gov. Se recuerda. obran por su cuenta y riesgo propios. si se violaron normas cambiarias y del Código Civil y. sin vínculo laboral. Por los argumentos expuestos. la representación. por los cuales la DIAN modificó las declaraciones de importación. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho MP. no le asiste razón a la actora para afirmar que la Administración vulneró. b. es decir. Las acepciones de agencia comercial. En consecuencia. el mandato con representación que se convierte en contrato de representación.co
artículo 146 del Estatuto Tributario.A. dado que en éste no se impone sanciones Para el desarrollo del período probatorio se tiene como referencia directa el artículo 511 del mismo decreto. 25000-23-27-000-2005-00480(17430) GIRALDO GIRALDO. de manera que es válido acudir a las definiciones que la Ley tuviera sobre dichos institutos. como las normas aduaneras reseñadas no definen. no puede pasarse por alto que si el contrato es ley para las partes.A. que abarcaron las posibles vinculaciones tanto en materia laboral como mercantil. el análisis probatorio efectuado al cual se suman las respuestas evasivas del representante legal de la sociedad. Sentencia de 16 de junio de 2011. no están definidas por las normas aduaneras pero sí por las mercantiles. la agencia comercial. representación o mandato y en últimas tanto One Three Hill S. tampoco se demostró el cumplimiento de los supuestos consagrados en los artículos 79 y 80 del Decreto Reglamentario 187 de 1975. se concluye que estos contratos son de intermediación sin representación. c. que en este último
. como efectivamente lo entendió el a quo. sino por mandato del artículo 28 del Código Civil. para su interpretación ha de acudirse a la herramienta hermenéutica anotada. El oferente en consideración a sus conocimientos del mercado. y en tal virtud el estipendio pagado por el importador o comprador al intermediario corresponden a comisiones de un contrato de corretaje. ofrece unos servicios de intermediación por lo cuales cobra una remuneración. etc. La prestación se realiza por el oferente de forma independiente a Metrokia S. siendo en definitiva de corretaje. como la edad de la cartera. aspecto que comparte la Sala teniendo en cuenta las siguientes características: a. las garantías que respaldaban los créditos. en el contrato de corretaje el corredor obra con independencia de las partes. que centró su atención entre otras. no por un fenómeno de remisión normativa del Estatuto Aduanero. Por el contrario. para evitar que el intermediario de negocios actuara a nombre del comprador o importador de las mercancías. para concluir que dichos contratos eran de corretaje y no de comisión de compra. que autoriza la ordenanza de pruebas a solicitud de parte o de oficio. b) Para efectos de la caducidad de la acción sancionatoria aduanera se cuenta es la notificación de la liquidación oficial de valor. a) Las comisiones pagadas dentro de un contrato de corretaje debe conformar la base para liquidar los tributos aduaneros Se decide la legalidad de los actos. Sin lugar a dudas. si fue oportuna la imposición de la sanción aduanera del numeral 3° del artículo 499 del Decreto 2685 de 1999. es resultado de un contrato de comisión o de corretaje. que este tipo de contrato rehúsa como elemento de su esencia la representación. Aún en el evento de estimarse que el artículo 146 del Estatuto Tributario regula la deducción alegada. ni la existencia de cobros jurídicos. relación de agencia comercial. no la del requerimiento especial. que en cuanto exista definición legal para ciertas materias se le deberá dar el significado contenido en la ley. las cuales debieron sumarse al valor de aduanas de la mercaderías importadas para el cálculo correcto de los tributos aduaneros. las partes pactaron un grado de autonomía en el servicio de intermediación. la comisión mercantil y la representación en si misma. las reglas especiales de valoración aduanera y los artículos 1618 a 1620 del Código Civil. Extracto: Tal fue el efecto útil de las reglas del contrato. y Kia Maintenance Inc. Además.
en ella se propone al importador la modificación de las declaraciones de Importación y se le anuncian las sanciones por infracciones al régimen de aduanas. pues el legislador no consideró su procedencia. De otra parte. se busca “el cabal cumplimiento de las obligaciones tributarias”. en ella se propone al importador la modificación de las declaraciones de Importación y se le anuncian las sanciones por infracciones al régimen de aduanas. se recuerda como los artículos 469 y 470 (literal i) del Estatuto Aduanero. Aunado a lo anterior. es decir. la Administración profiere un requerimiento especial. con lo cual. establece únicamente la procedencia del recurso de reposición contra el auto que deniegue las pruebas. ordena una sanción. por cuanto se ha definido que la conducta del declarante o importador es contraria a derecho. se dicta Liquidación Oficial de Revisión de Valor. el tiempo que la Administración tomó para resolver el recurso de reconsideración. prescriben fines y medios específicos para el ejercicio de la fiscalización aduanera. Ello. que se enerva la caducidad de la acción administrativa sancionatoria. resulta claro que el auto que ordena la práctica de pruebas de oficio no es recurrible. que representa la voluntad de la Administración que modifica las declaraciones de importación e impone las sanciones del caso. siendo el momento de notificación de dicho acto. En consecuencia. previa a la expedición de la Liquidación Oficial. es que sólo con la expedición de la liquidación oficial de revisión de valor. En consecuencia. que tiene por efecto impedir la firmeza de la declaración de importación. con lo cual. que autoriza la ordenanza de pruebas a solicitud de parte o de oficio. es decir. establece únicamente la procedencia del recurso de reposición contra el auto que deniegue las pruebas. y ante la negativa de aceptar las modificaciones y sanción propuestas por la entidad. El requerimiento.gov. es un acto de tramite que no obliga al importador o declarante.PÁGINA 28
BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. mediante la verificaciones de rigor que demandan entre otros. Aunado a lo anterior. es un acto de tramite que no obliga al importador o declarante. como efectivamente sucedió. resulta claro que el auto que ordena la práctica de pruebas de oficio no es recurrible. se dicta Liquidación Oficial de Revisión de Valor. y no con la notificación del requerimiento especial que se insiste no fija o impone sanciones aduaneras. se recuerda como los artículos 469 y 470 (literal i) del Estatuto Aduanero. que modifica el valor declarado en aduanas. pero no contra el que las decreta bien sea a instancia de parte o de oficio. y además. pero no contra el que las decreta bien sea a instancia de parte o de oficio. c) Cuando se trate de infracciones continuadas el término de caducidad de la facultad sancionatoria empieza a correr a partir de la comisión del último hecho constitutivo de infracción Para el desarrollo del período probatorio se tiene como referencia directa el artículo 511 del mismo decreto. El requerimiento. La Sala precisa. si bien en el requerimiento especial se anuncian sanciones aduaneras. que representa la
. mediante la verificaciones de rigor que demandan entre otros. “efectuar todas las diligencias y practicar las pruebas necesarias para la correcta y oportuna determinación de los tributos aduaneros y la aplicación de las sanciones a que haya lugar”.consejodeestado. La norma en cita. se busca “el cabal cumplimiento de las obligaciones tributarias”. por cuanto el acto que impone la sanción es el inicial (liquidación oficial de revisión de valor). como efectivamente sucedió. que por cierto se limitó a reconfirmar la voluntad de la Administración contenida en el primer acto referido. resulta inviable pretender introducir un mecanismo de defensa inexistente en vía gubernativa aduanera. que en este último caso procederán siempre que sean pertinentes y necesarias. La norma en cita. y ante la negativa de aceptar las modificaciones y sanción propuestas por la entidad. resulta inviable pretender introducir un mecanismo de defensa inexistente en vía gubernativa aduanera. evento este último que permite afirmar que se ha ejercido la facultad sancionatoria. que no puede incluirse para el conteo del término de los 3 años que trata el artículo 478 del Decreto 2685 de 1999. previa a la expedición de la Liquidación Oficial. y no el que resuelve el recurso de reconsideración. por ello.co
caso procederán siempre que sean pertinentes y necesarias. De otra parte. que tiene por efecto impedir la firmeza de la declaración de importación. prescriben fines y medios específicos para el ejercicio de la fiscalización aduanera. la Administración profiere un requerimiento especial. pues el legislador no consideró su procedencia. Por tanto. “efectuar todas las diligencias y practicar las pruebas necesarias para la correcta y oportuna determinación de los tributos aduaneros y la aplicación de las sanciones a que haya lugar”.
como lo ha expresado el legislador en el artículo 478 del Estatuto Aduanero. y no el que resuelve el recurso de reconsideración. proporcionalidad y razonabilidad de la multa impuesta a la demandante. que pretende salvaguardar un interés jurídico. que no puede incluirse para el conteo del término de los 3 años que trata el artículo 478 del Decreto 2685 de 1999. En ese sentido. si la infracción se consumó en un sólo momento. La Sala precisa. por cuanto el acto que impone la sanción es el inicial (liquidación oficial de revisión de valor). que es la no inclusión del valor real del bien en aduanas. y no con la notificación del requerimiento especial que se insiste no fija o impone sanciones aduaneras. cohesionados por un designio que vulnera en diferentes oportunidades un interés jurídico tutelado por la norma. por una supuesta infracción del parágrafo 5º del artículo 79 de la Resolución No. y además. motivo por el cual. el término de caducidad debe contarse a partir de la ocurrencia del último hecho lesivo al régimen de aduanas y constitutivo de sanción. con la presentación de cada una de las declaraciones de importación. y como lo manifiesta la Administración en los actos acusados. originada en la utilización de la cuenta de compensación especial. 25000-23-27-000-2008-00048 01(17970) MP. Ahora bien. si bien en el requerimiento especial se anuncian sanciones aduaneras. el instrumento de materialización de la importación es independiente por cuanto son 160 declaraciones de importación. MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA. es que sólo con la expedición de la liquidación oficial de revisión de valor. los cuales tienden a una misma y única finalidad. evento este último que permite afirmar que se ha ejercido la facultad sancionatoria. independientemente de las razones que la motivaron. puesto que. ello no impide que la conducta se repita en el tiempo como en este caso. a) La utilización indebida de las cuentas de compensación especial generan infracción cambiaria Se dilucida la legalidad. 8 de 2000. donde los intervinientes no cambian. la infracción se configura por la indebida utilización de la cuenta de compensación especial para operaciones diferentes a las autorizadas. así como el origen de sus recursos y la utilización de ellos en el mercado cambiario. y como lo manifiesta la Administración en los actos acusados. el tiempo que la Administración tomó para resolver el recurso de reconsideración. siendo el momento de notificación de dicho acto. uno de los cuales es la cuenta de compensación especial. Ello. se realiza de la misma forma. que se enerva la caducidad de la acción administrativa sancionatoria. estableciendo unas cuentas que sólo pueden ser utilizadas para ciertas operaciones. ello no sirve de base para desvirtuar una conducta reiterada en el tiempo. En ese sentido. que por cierto se limitó a reconfirmar la voluntad de la Administración contenida en el primer acto referido. ordena una sanción. puesto que. por ello. es decir. en operaciones diferentes a las autorizadas para ésta en el régimen cambiario. no se encuentra en discusión si la actuación de la compañía se realizó de buena fe. Para el logro de estos objetivos la normativa aplicable desarrolló un esquema para el manejo de las operaciones que implican ingresos y egresos de divisas en el país. que permita conocer la situación real de la misma. Extracto: La razón de ser de la sanción la constituye la necesidad de que los residentes en el país utilicen adecuadamente los medios de canalización de divisas en el mercado cambiario.co
voluntad de la Administración que modifica las declaraciones de importación e impone las sanciones del caso. Si bien es cierto. con la subsecuente disminución de la base gravable de los tributos aduaneros. Sentencia del 29 de septiembre de 2011. se configura una conducta continuada porque existe una pluralidad de comportamientos. * Aclaración de voto del doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas 3. Por tanto. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. no se encuentra en discusión si la actuación de la compañía se realizó de buena fe. por cuanto se ha definido que la conducta del declarante o importador es contraria a derecho.consejodeestado. con igualdad de medios y fines e infringiendo varías veces la misma regla de derecho.gov.BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. que modifica el valor declarado en aduanas. cuya destinación específica posibilita un control. Exp. la infracción se configura por la indebida utilización de la cuenta de compensación especial para
. independientemente de las razones que la motivaron.
al expedir el Concepto No. cuando señaló “CONDICIONES ESPECIALES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS. y de larga trayectoria-. definida en el artículo 1º del Estatuto Tributario. esto es. de manera. pues así se indicó en la exposición de motivos y quedó plasmado. a) Las sanciones no son objeto del beneficio de reducción de intereses moratorios de la Ley 1175 de 2007 dado que aquéllas no los generan Se estudia la legalidad del Concepto No. Así. es preciso aclarar que la expresión “obligación principal“. precisa la Sala que cuando el legislador establece tarifas fijas para tasar las multas.gov. sin que exceda de 200 salarios mínimos legales.máxime tratándose de una importante empresa. utilizar los procedimientos establecidos en la ley para los fines que fueron creados. Así las cosas. en el texto de la norma. Así. 76001-23-31-000-2006-03572-01(17729) MP. si el legislador no estableció parámetros para el efecto. el 20% del valor de la operación respectiva. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 4. que estimulaban a los deudores de los impuestos. no le era dable a la Administración tasar la sanción. WILLIAM GIRALDO GIRALDO. la finalidad de la norma fue la de establecer condiciones especiales para el pago de impuestos. Esto en aplicación del principio de eficiencia que rige el sistema tributario y con la finalidad de lograr el saneamiento de la cartera de las entidades que administran los recursos públicos. teniendo en cuenta que la aludida restricción está prevista. Exp.PÁGINA 30
BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. además del pago de los intereses y sanciones respectivos. era deber de la sociedad Incauca S. . cuando solo el Congreso de la República tenía dicha competencia. tasas y contribuciones a realizar su pago. Sentencia de 13 de octubre de 2011. sin que supere el límite impuesto por el legislador. requiere únicamente el pago de la obligación principal. la obligación tributaria sustancial deriva de una relación jurídica obligacional ex lege. no es pertinente que la entidad competente las gradúe. la norma exige el pago de una obligación principal. y para efectos de la facilidad de pago contemplada en el literal b). proferida por la División de Normativa y Doctrina Tributaria de la DIAN. Para la Sala es claro que. En este caso se debe determinar si la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. 026940 del 13 de marzo de 2008.A. expresa en el régimen de cambios. En ese sentido. para resultar beneficiado con la reducción de intereses moratorios dispuesta en el literal a) del artículo 1º de la ley 1175 de 2009. en la efectividad de sus normas descansa. sanciones independientes y devoluciones improcedentes. Con fundamento en lo anterior. utilizada en la disposición estudiada.”. y dado que la ley se presume conocida por todos. las sanciones no están comprendidas dentro de las obligaciones susceptibles del beneficio en mención. desde una interpretación literal e histórica de la norma. para entender cualquier deber que surja entre el contribuyente y el fisco. TASAS Y CONTRIBUCIONES. tasas y contribuciones. teniendo en cuenta que el artículo 3º del Decreto 1074 de 1999 establece una tarifa fija. 026940 del 13 de marzo de 2008. al excluir de la aplicación del mismo las deudas que corresponden exclusivamente a sanciones e intereses. Este es el criterio que orienta la legislación cambiaria. Extracto: De esta manera el legislador sustentó la creación de las condiciones especiales del artículo 1º de la Ley 1175 de 2007 como una medida para acelerar la obtención de los recursos públicos. la economía del país. pues. sino que. Ahora bien. teniendo en cuenta el contexto en que fue utilizada. desde el inicio del trámite legislativo. en buena parte. un vínculo jurídico que emana
. no puede interpretarse de manera general. y modificó dicho precepto.consejodeestado. esto es. de manera expresa. Por consiguiente.co
operaciones diferentes a las autorizadas. b) La administración no está facultada a graduar las sanciones cuando la ley ha establecido tarifas fijas En cuanto a que la sanción es desproporcionada. limitó el alcance del beneficio consagrado en el artículo 1º de la Ley 1175 de 2007. la sanción impuesta es proporcional por cuanto el valor establecido en los actos demandados fue determinado conforme lo dispone la norma. ésta hace referencia a la denominada “obligación tributaria sustancial”.
consejodeestado. 11001-03-27-000-2009-00021-01(17660) MP. al expedir el Concepto No. que solo existe en la medida en que se incumplan las obligaciones tributarias. anticipos y retenciones a cargo del contribuyente. por cuanto aquellas son la consecuencia o la respuesta jurídica al incumplimiento de la obligación tributaria o infracción a la ley. como correspondía. La cuenta corriente de compensación especial sólo puede constituirse con recursos que provengan de operaciones obligatoriamente canalizables en el mercado cambiario. no cabe duda de que las condiciones especiales de pago establecidas en esta norma fueron instituidas únicamente para el pago de impuestos. no incurrió la actora en infracción cambiaria alguna que mereciera ser sancionada y que. una vez se cumplan los presupuestos (elementos de la obligación) establecidos en ella. según el cual la liquidación y pago de intereses moratorios (los que son objeto del beneficio). para el error correspondiente a los egresos. 026940 del 13 de marzo de 2008.BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. En efecto.000. De lo expuesto puede concluirse que los registros cuestionados no corresponden a operaciones indebidamente canalizadas a través del mercado cambiario y que. por lo tanto. y únicamente pueden ser utilizados para efectuar esta clase operaciones. durante el mes de diciembre de 2004. Entonces. no es procedente que en ellas se incluyan recursos o se realicen pagos de operaciones cuya canalización sea voluntaria.032. surgen del retardo en el pago de impuestos. casi de manera inmediata por la actora. como lo advirtió el a quo. en la forma como lo hizo la actora. en el Formulario 10. para efectos del error relacionado con los ingresos y bajo el numeral 2904. no es procedente que en ellas se incluyan recursos o se realicen pagos de operaciones cuya canalización sea voluntaria. según los cargos de nulidad propuestos. los numerales 1601 y 2904 pueden ser utilizados para reportar los errores en que los titulares de las cuentas de compensación puedan llegar a incurrir. evidencia que tales movimientos no correspondieron en realidad a operaciones por transacciones efectuadas sino a errores que fueron revertidos. esto es. Exp. no limitó el alcance del beneficio establecido en el artículo 1º de la Ley 1175 de 2007.890. sí estaba contemplada en la legislación cambiaria la posibilidad de la ocurrencia de errores bancarios y la manera de enmendarlos. Surgen como una herramienta correctiva. esta interpretación encuentra respaldo en el artículo 634 del Estatuto Tributario. ésta no es la clase de obligación a que se refiere la norma que. Acción de nulidad. Según lo anterior. 5. Otros Conceptos. e informados al Banco de la República oportunamente. bajo el Numeral 1601. y únicamente pueden ser utilizados para efectuar esta clase operaciones. es decir. WILLIAM GIRALDO GIRALDO. la cuenta corriente de compensación especial sólo puede constituirse con recursos que provengan de operaciones obligatoriamente canalizables en el mercado cambiario. No se genera infracción cambiaria cuando a través de las cuentas de compensación especial se corrigen errores bancarios Se decide si es procedente la sanción impuesta a la sociedad demandante por. tal circunstancia consta en el estado de Cuenta del Bancolombia Cayman. la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. se presentaron ciertos unos errores que la actora revirtió en la forma permitida por la legislación
. Relación de Operaciones Cuenta Corriente de Compensación. Lo informado por la sociedad. reportando el total de la suma de los dos registros erróneamente efectuados. por lo tanto. presuntamente. según lo autoriza el Anexo 3 de la Circular Externa 30 de 2003. el valor de $US2. como se observó. utilizar la Cuenta Corriente de Compensación Especial para realizar operaciones diferentes a las autorizadas por el régimen de cambios. De acuerdo con la explicación contenida en el Anexo 3 de la Circular Externa DCIN 30 del 8 de julio de 2003.gov. en consecuencia. Extracto: De acuerdo con la relación anterior. Por lo tanto. Sentencia del 27 de octubre de 2011. que los intereses moratorios no proceden respecto de las sanciones. tasas y contribuciones. que tiene por objeto el pago del tributo. que la demandante envió con la respuesta al requerimiento de información. así mismo. y tampoco modificó dicho precepto. Si bien las sanciones tributarias generan una obligación a favor del fisco. la sociedad reportó lo sucedido en el Formulario 10.co
de la ley. lo que constituye una infracción cambiaria a la luz del parágrafo 5 del artículo 79 de la Resolución Externa 8 de 2000. esto es. Cabe aclarar que las sanciones tributarias no hacen parte de este tipo de obligaciones. otros Conceptos.
el régimen sancionatorio por la no legalización de tornaguías Dispone el artículo 651 del Estatuto Tributario que las personas y entidades obligadas a suministrar informaciones tributarias. es una función pública en cuanto proviene del ejercicio del poder fiscalizador del departamento frente a la determinación del tributo territorial en alusión de acuerdo con lo señalado en los artículos 185 y 199 de la Ley 223 de 1995. como en efecto lo hizo. que no las suministren dentro del plazo establecido para ello. puesto que la Asamblea Departamental del Tolima no tenía competencia para establecer. El ente territorial antes de establecer el régimen sancionatorio por la no legalización de las tornaguías en el plazo establecido en el artículo 18 -I de la Ordenanza 025 de 1998. CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ. porque distribuir implica necesariamente transportar En esa medida. el régimen sancionatorio por la no legalización de tornaguías. * Aclaración de voto del doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
. Lo anterior porque desde el año 1997. o pruebas. y al jefe de rentas o funcionario competente de la entidad territorial a donde se destinan. el artículo demandado desconoce los artículos 199 y 221 de la Ley 223 de 1995. toda vez que la autorización y control de la entrada. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 6. Por tanto.co
Sentencia del 13 de diciembre de 2011. como se precisó. modificado por el artículo 18 de la Ordenanza 057 del 18 de diciembre de 1998. por medio del cual se establece una sanción por no legalización de las tornaguías Extracto: queda claro que la expedición y legalización de tornaguías compete exclusivamente a las autoridades departamentales o distritales de donde se despachan las mercancías transportadas. dichos certificados deben expedirlos las autoridades departamentales. Exp. es decir. exportadores o transportadores de bienes gravados con el impuesto al consumo. a) La legalización departamentales de las tornaguías compete exclusivamente a las autoridades
Se decide sobre la pretensión de nulidad del artículo 330 del Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima. o cuyo contenido presente errores. En ese orden. y menos aún. Acción de nulidad. Sentencia del 16 de diciembre de 2011. para el caso en estudio la sanción por no suministrar información. como lo ha precisado la Sala.PÁGINA 32
BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. a través de una ordenanza. debía analizar las sanciones que para el efecto había establecido el legislador. CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ.consejodeestado. el transporte de los productos gravados con impuesto al consumo es una actividad inherente a la distribución de los mismos. importadores o al transportador de bienes gravados con el impuesto al consumo. salida y movilización de productos gravados con impuestos al consumo. una sanción tan desproporcionada. se les aplicará una multa que dependerá de factores determinados por la misma norma. les asiste razón a los demandantes en cuanto que el tema de la legalización de las tornaguías compete exclusivamente a las autoridades departamentales. situación que no fue aplicada por el Departamento del Tolima. Y. o no corresponda a lo solicitado. 76001-23-31-000-2007-00931-01(17644) MP. Exp. b) La asamblea del Tolima no tenía competencia para establecer. no puede considerarse que sea ésta una obligación de los productores. Por ello concluye la Sala que los departamentos deben adoptar los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional para el impuesto al consumo. con el Decreto Reglamentario 3071. no es una actuación atribuible al productor.gov. expedida por la Asamblea departamental del Tolima. y aquellas a las que se les haya solicitado informaciones. o por no presentarla en debida forma o cuando se suministre por fuera del término establecido. 73001-23-31-000-2004-01574-01 (17561) MP. a través de una ordenanza.
por un valor inferior a su costo fiscal. la finalidad del avalúo técnico no era la de fijar el precio de enajenación sino la de demostrar que la realidad económica del predio no correspondía al costo fiscal. dentro de su amplia facultad de configuración en materia tributaria.consejodeestado. por ello estableció ésta prueba específica a fin de constatar los valores de referencia para efectos fiscales. Industria y Turismo. de las pruebas relacionadas se observa que el contribuyente presentó un avalúo técnico para demostrar que la enajenación de los inmuebles era procedente realizarla por precios inferiores al costo fiscal de los mismos. En ese sentido. permitiendo que el contribuyente demostrara la procedencia de un menor valor. En el caso de los inmuebles la norma es clara en disponer que no se aceptará un precio inferior al: i) costo del inmueble. de manera categórica. en los
. Sentencia del 28 de julio de 2011. es importante precisar que si bien la norma establece. ii) avalúo catastral del inmueble. al autoavalúo y al avalúo. 1512 del 25 de mayo de 2007. el cual no puede diferir notoriamente del precio comercial promedio para bienes de la misma especie. si el Director de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio. No obstante lo anterior el legislador. al avalúo catastral o al autoavalúo. Para el efecto se debe determinar. que el precio de enajenación no puede ser inferior en más de un 50% del valor comercial. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 8. la norma permite que podrá aceptarse un precio inferior al costo. la existencia de un menor valor del costo fiscal en la venta del inmueble Extracto: De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto Tributario. la fórmula para determinar la pérdida proveniente en la enajenación de activos es el resultado de la diferencia entre: i) el precio de la enajenación y. El artículo 13 de la Resolución 1512 de 2007 del Ministerio de Comercio no estableció un nuevo requisito para la importación de vehículos. iii) autoavalúo mencionado en el artículo 72 del Estatuto Tributario. Industria y Turismo con autonomía administrativa y financiera. servicios y tecnologías. al crear nuevos requisitos para la importación de bienes.BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. Exp. y del artículo 16 de la Resolución No. El avalúo así efectuado sólo podrá ser cuestionado fiscalmente por la DIAN mediante peritaje técnico autorizado por la Lonja de Propiedad Raíz. y conforme lo dispuso el artículo 90 ibídem. Extracto: La Dirección de Comercio Exterior es una dependencia del Ministerio de Comercio. 25000-23-27-000-2006-01354-01(17080) MP. El precio de enajenación se establecerá conforme al valor comercial señalado por las partes. ha desbordado el ámbito de su competencia y transgredido la facultad reglamentaria. la norma en comento determinó como regla especial para el caso de la venta en inmuebles. Es así como. que el precio de venta de los bienes raíces no puede ser inferior al costo. al expedir los artículos 13 (apartes demandados) y el artículo 16 de la Resolución No.co
7. con base en un avalúo técnico. Para efectos de la pérdida en la enajenación de inmuebles el avalúo técnico tiene como finalidad demostrar que la realidad económica del predio no correspondía al costo fiscal Se estudia si procede la deducción por concepto de pérdidas en la enajenación de activos fijos al encontrarse demostrado. sin personería jurídica. de manera excepcional. a la luz de la demanda y de la contestación a la misma. previó que puede originarse una pérdida en la enajenación de activos cuando se vende un bien. Industria y Turismo. es claro que la norma vigente para la época de estudio previó una excepción a la regla general. proferida por el Director de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio. en especial en cuanto al trámite de licencia previa para la importación de vehículos automotores. De esta manera. ii) el costo del activo enajenado. mediante avalúo técnico.gov. que hace parte del activo del contribuyente.A ese respecto. dado que se aplica lo señalado en el Convenio de Complementación en el Sector Automotor Se estudia la legalidad de los apartes acusados del artículo 13. cuando se demuestre la procedencia de un menor valor con base en un avalúo técnico realizado por un perito autorizado por la Lonja de Propiedad Raíz o del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. WILLIAM GIRALDO GIRALDO. Así las cosas. 1512 del 25 de mayo de 2007.
Sentencia del 1° de septiembre de 2011. respecto de cuyas normas demandadas el actor no asumió. 1512 de 2007. lo hizo en desarrollo de las funciones a él encomendadas. que las solicitudes de importación de vehículos se evaluarán por el régimen de libre importación cuando el año de fabricación y modelo correspondan al año en que se presenta la solicitud o cuando el modelo corresponda al año siguiente. a la normativa estipulada en el Decreto 3803 de 2006 y en el artículo 6º del Convenio de Complementación. como quiera que no se estableció en los actos acusado nuevos requisitos para la importación de vehículos. que la norma impugnada fue expedida dentro de las funciones de ejecución.co
términos del literal j) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998. es dable predicar. al señalar el artículo 13. se encuentra obligado a cumplir los compromisos que en tal calidad contraiga. no puede argumentarse que el Director de Comercio Exterior actuó sin competencia al proferir dicha norma. por el contario. WILLIAM GIRALDO GIRALDO. la carga de desvirtuar la presunción de legalidad que las ampara. con capacidad para pactar y ratificar convenios internacionales. Exp. cuando. Siendo el Estado Colombiano sujeto de derecho internacional. b) Las excepciones al trámite de licencia de importación contempladas en el artículo 16 de la Resolución 1512 de 2007 corresponden a la normativa estipulada en el Convenio de Complementación Respecto a la nulidad del artículo 16 de la Resolución No. Por último. y fue implementado o desarrollado por la Resolución 1512. encuentra la Sala que las excepciones a la exigencia de licencia de importación allí determinadas. ya conocida. toda vez que el artículo 6º del Convenio de Complementación en el Sector Automotor es claro en establecer que “los Países Participantes sólo autorizarán la importación de vehículos nuevos. Acción de nulidad
. Al corresponder las excepciones al trámite de licencia de importación contempladas en el artículo 16 ibídem.gov. Por tanto. la cual está a cargo de un Director. De acuerdo con la normativa supranacional y nacional analizada.consejodeestado. control y vigilancia de la política de comercio exterior que le corresponden al Director de Comercio Exterior.PÁGINA 34
BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. legislación vigente que debe acatarse. tan solo hace aplicable el Convenio. el artículo 13 de la Resolución 1512 de 2007 no estableció nuevos requisitos para la importación de vehículos. y que las solicitudes que no cumplan dichas condiciones deberán ser tramitadas por el régimen de licencia previa. calificado como suficiente por el accionante. no es dable hacer el análisis que propone el actor respecto del artículo 2º numeral 20 del Decreto 210 de 2003. corresponden a la normativa establecida en el Decreto 3803 de 2006 y en el artículo 6º del Convenio de Complementación en el Sector Automotor. y en acatamiento de normativa supranacional. sin mayores discusiones. Ahora bien. por lo que. a las importaciones que se realicen en el país les es aplicable la norma internacional dispuesta en el convenio. 11001-03-27-000-2008-00034-01 (17378) MP. del año-modelo en que se realiza la importación o siguiente”. a cabalidad. contiene reglas sobre licencia de importación. Agréguese a lo anterior que el Decreto 3803 de 2006.
Casanare.gov. Su experiencia profesional la ha desarrollado en la rama Judicial en la que se ha desempeñado como Juez Promiscuo Municipal de Pesca. Modernización del Estado y Desarrollo Institucional.co
El 30 de enero de 2012 fue elegido el Doctor Gustavo Gómez Aranguren como Presidente del Consejo de Estado. opción CONSULTAR. Jefe de Prensa Teléfono: (1) 3506700 Ext. Boyacá.consejodeestado.gov. Juez Promiscuo de Menores en Yopal.consejodeestado. consultor de diversas entidades nacionales y locales. entra a reemplazar al Doctor Mauricio Fajardo Gómez.co. Ingresó al Consejo de Estado de Colombia en diciembre de 2007 como Magistrado de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Juez Civil del Circuito en Soatá.gov.ramajudicial.Fabiana De La Espriella S. Desde 1988 y por 19 años ejerció la dignidad de Magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá. Juez de Instrucción Penal Militar. Ha sido investigador del Centro de Estudios y de Investigaciones en Ciencia Administrativa (CERSA) de la Universidad de París II. de la Sala de Consulta y Servicio Civil de la Corporación.
. William Zambrano Cetina Abogado de la Universidad del Rosario de Bogotá. abra el boletín y descárguelas haciendo clic sobre los datos del expediente que aparecen al final de cada reseña. el Doctor William Zambrano Cetina. En el año 2007 fue nombrado como Magistrado en la Sección Segunda del Consejo de Estado. fue elegido como Vicepresidente.BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO www. opción 2011. y Fiscal Superior en Tunja. 2052 . Boyacá. opción BOLETINES. 2117
Si desea obtener las sentencias a las que se hace referencia en cada número del BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO.co
. En el poder Judicial se desempeñó durante 6 años como Magistrado Auxiliar de la Corte Constitucional. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren: El Doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. el Magistrado. ingrese a la página Web de la Corporación www. boyacense de origen (Cuitiva) es Abogado de la Universidad del Cauca. quien se venía desempeñando como Vicepresidente y Consejero de la Sección Segunda de la Corporación. asesor de las Consejerías Presidenciales de Desarrollo Constitucional. Para cualquier inquietud escríbanos a: boletince@consejoestado.Luz Aida García Secretaria Privada de Presidencia Teléfono: (1) 3506700 Ext. Por su parte.
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 artículo 189
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 artículo 57
 artículo 54
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 artículo 983
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 artículo 56
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 2
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 artículo 189
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