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Timestamp: 2018-08-15 05:04:02+00:00

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﻿ Sentencia 2002-01329 de abril 5 de 2013
SENTENCIA 2002-01329 DE 05 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:REPARACIÓN POR LUCRO CESANTE DEBE CALCULARSE DE ACUERDO AL PLAZO RAZONABLE PARA QUE LA VÍCTIMA ACUDA A NUEVA ALTERNATIVA ECONÓMICA. EL DAÑO MATERIAL POR LUCRO CESANTE QUE PRODUZCA UN PERJUICIO ANTIJURÍDICO A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEBE COMPRENDER UN TÉRMINO RAZONABLE DURANTE EL CUAL SE CONSIDERE QUE LA VÍCTIMA HA DEBIDO ACUDIR A UNA SOLUCIÓN ECONÓMICA QUE LE PERMITA COMPENSAR LA PÉRDIDA. ES DECIR, ESTE TIPO DE RESARCIMIENTO NO PODRÍA ETERNIZARSE EN EL TIEMPO, EN TANTO QUE SE CONSIDERA QUE SI LA VÍCTIMA SUFRE UNA PÉRDIDA QUE LE IMPIDE OBTENER UNOS INGRESOS QUE RECIBÍA ANTES DE SUFRIR LA AFECTACIÓN, ESTE ACUDIRÁ A UNA ALTERNATIVA QUE LE PERMITA SUPLIR ESE DÉFICITEL CÁLCULO, POR TANTO, DEBE DARSE DE ACUERDO CON ESTE PLAZO RAZONABLE. CUANDO SE PRESENTEN COLISIONES DE COMPETENCIAS SE INTERRUMPEN LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, PERJUICIO MATERIAL
Sentencia 2002-01329 de abril 5 de 2013
Exp.: 26615
Rad. 07001233100020020132901
Actor: Aníbal Fuentes Sandoval
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 18 de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La sentencia será modificada.
El 5 de abril de 1995, el señor Aníbal Fuentes Sandoval, propietario del vehículo de placas XZ-0261, marca UAZ, sufrió un accidente en la carrera 24 con calle 17 en la ciudad de Arauca, al colisionar con una guaya que soportaba un cable de líneas telefónicas de propiedad de Telecom. Como consecuencia de lo anterior el automotor sufrió graves daños.
1. Mediante escrito presentado el 9 de marzo de 2001, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, el señor Aníbal Fuentes Sandoval, a través de apoderado judicial, interpuso demanda de reparación directa con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
“Primera: La empresa de telecomunicaciones, Telecom, regional Arauca, es responsable de la totalidad de los daños y perjuicios de orden material ocasionados al vehículo de mi poderdante distinguido con las siguientes características: clase campero de placas XZ-0261, marca UAZ Nº 025, modelo 1981, color rojo, motor Nº 451, MT-10806890-81-10, capacidad 8 pasajeros, Nº de chasis 469B-435681-81 en su condición de propietaria de las redes y cables que conducen las comunicaciones en esta ciudad, según hechos ocurridos el día 5 de abril de 1995, siendo las 5:10 a.m., mi poderdante transitaba por la carrera 24 con la calle 17 cuando en toda la esquina colisionó con un cable de comunicaciones que se encontraba a menos de un metro de altura sin ninguna señalización de parte de la entidad para prevenir accidentes a la comunidad o a los transeúntes y vehículos que frecuentan dicha vía, a pesar de estar enterados de la caída del cable ocurrida el día anterior y no tomó la empresa las medidas preventivas del caso.
Segunda: que como consecuencia de lo anterior mi poderdante dejó de percibir un ingreso mensual de $ 900.000, que es el producido del vehículo a título de lucro cesante, desde el día de la ocurrencia del accidente hasta la fecha de presentación de esta demanda inclusive, por carecer de los recursos necesarios para comprar los repuestos averiados y reparar los daños ocasionados al vehículo, y la empresa demandada no ha querido colaborarle en este sentido a pesar de acudir ante las dependencias de dicha entidad y plantear su lamentable situación, este ingreso constituía el sustento para su familia.
La empresa de telecomunicaciones, Telecom, regional Arauca pagará a la parte demandante señor Aníbal Fuentes Sandoval las siguientes cantidades por concepto de perjuicios materiales en modalidad de lucro cesante:
El ingreso que mensualmente arroja el vehículo según certificación de la Cooperativa Araucana de Transportes, Cootransarauca Ltda., es de $ 900.000 para la fecha de ocurrencia de los hechos, (abr. 5/95, hasta la fecha de presentación de esta demanda febrero del 2001 (sic) tenemos que han transcurrido 70 meses que multiplicados por el producido da un total de $ 63.000.000 valor en que se estima el lucro cesante, a efectos de determinar la cuantía al momento de admisión de la presente demanda; este valor se incrementa hasta el día en que se profiera el fallo correspondiente.
La empresa de telecomunicaciones, Telecom, pagará a mi poderdante la indemnización por daño emergente los siguientes valores cotizados para la fecha de la ocurrencia del accidente:
— $ 920.000 que corresponden al valor total de los repuestos averiados con la colisión.
— $ 450.000 valor estimado de la mano de obra para la reparación total del vehículo” (fls. 2-14, cdno. 1).
2. En respaldo de sus pretensiones, la parte actora expuso que el 5 de abril de 1995, en la “... carrera 24 y en la intersección con la calle 17” el señor Aníbal Fuentes Sandoval, propietario del vehículo de placas XZJ-0261, colisionó con un cable de comunicaciones de Telecom “... el cual se encontraba a muy baja altura en plena vía pública, sin ninguna señalización por parte de la empresa en prevención de accidentes”, pese a haber tenido conocimiento previo de esa situación.
2.1. Afirmó que el accidente le produjo graves daños al automotor en el marco del parabrisas, vidrios, parrilla delantera, varillaje de carpa, carpa, plumillas, carrocería y latonería en general, los cuales ascienden a la suma de $ 920.000 —valor de repuestos— y $ 450.000 —mano de obra—.
Adujo que, como consecuencia de lo sucedido, el vehículo se encuentra inmovilizado desde el 5 de abril de 1995, “... en razón a no tener medios económicos suficientes (...) para cubrir el valor de los repuestos y el arreglo total”, lo que además le ha “... perjudicado gravemente los intereses de la familia en consideración al ingreso que mensualmente aportaba el vehículo y además que es la única herramienta de trabajo de la cual depende”.
3. En el escrito de contestación de la demanda, Telecom se opuso a las pretensiones por carecer de sustento jurídico y fáctico. Adujo que “... de haber existido los hechos incoados de acuerdo a la narrativa, estos tuvieron ocurrencia en abril de 1995, siete años nueve meses atrás, a la fecha no existe facultad para pretender una reparación directa por parte de Telecom. Por haber expirado la oportunidad para hacerla, y por ser este un hecho debatido y juzgado en otras instancias”. Además de la caducidad de la acción, alegó como excepciones la inexistencia de la obligación y la inexistencia de derecho (fls. 126-129, cdno. 1).
4. Surtido el trámite de rigor y practicadas las pruebas decretadas, el Tribunal Administrativo de Arauca profirió sentencia de primera instancia el 18 de septiembre de 2003, mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, en los siguientes términos (fls. 308-320, cdno. 1):
“Primero: Declarar no probadas las excepciones planteadas por el apoderado de la parte demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Ordenar a Telecom, o la persona a quien se le hayan sustituido sus obligaciones, a pagar a favor del señor Aníbal Fuentes Sandoval, la suma de dos millones cuatrocientos setenta mil quinientos treinta y dos pesos ($ 2.470.532) m/cte., por concepto de reparación del vehículo, suma que debe ser indexada de acuerdo con la fórmula establecida en la parte motiva.
Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda, interpuesta por el señor Aníbal Fuentes Sandoval con la empresa de telecomunicaciones Telecom, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia (...)”.
4.1. En cuanto a la caducidad de la acción de reparación directa, consideró que esta se ejerció oportunamente, por cuanto “... la demanda inicial fue presentada por el accionante ante la jurisdicción ordinaria el 8 de agosto de 1995 y que entre ires y venires entre dicha jurisdicción y la contencioso administrativa, este fue remitida de una a otra alegando cada una de ellas falta de jurisdicción, conflicto que finalmente fue resuelto por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante providencia del 29 de agosto de 2002. Ordenando a esta corporación conocer del asunto”. Es decir, que la acción se impetró “... dentro de los dos años contados a partir de la ocurrencia del hecho, sin que se le pueda imputar al accionante medida alguna, por el conflicto de competencias suscitado entre las dos corporaciones”.
4.2. Por otro lado, encontró acreditada la responsabilidad de la demandada, dado que el vehículo de propiedad del actor “... se estrelló con el cable o red de Telecom (guaya), sin que existiera señalización que advirtiera el peligro (...) sufriendo dicho bien, daños materiales”. Además, evidenció que el día del accidente se reportó el daño a Telecom y que esta no retiró el cable ni instaló señalización para advertir sobre el peligro.
4.3. Frente a los perjuicios reclamados, reconoció la suma de $ 2.470.532 por concepto de daño emergente consistente en el valor de la reparación del vehículo. En cuanto al lucro cesante, adujo que no se “... demostró ni documental ni testimonialmente que el carro quedó inmovilizado, el tiempo que dejó de producir y la suma que dejó de percibir”.
5. Contra la anterior decisión, la demandante interpuso y sustentó oportunamente recurso de apelación (fls. 324-325, cdno. ppal.) con el fin de que se acceda al reconocimiento del lucro cesante solicitado en la demanda. En tal sentido cuestionó que el tribunal incurrió en “... una grave equivocación por cuanto del proceso sí existen documentos que prueban a grosso modo que el vehículo estuvo inmovilizado por espacio de 18 meses (interrogatorio de parte a Aníbal Fuentes Sandoval), que obra dentro del proceso y la factura 0038 de octubre 27 de 1996, expedida por Talleres Garciautos correspondiente a la reparación del vehículo (...), esto es, desde la fecha de ocurrencia del accidente (abr. 5/95 hasta oct. 27/96) fecha en la cual el taller hizo entrega del vehículo reparado, para lo cual en lo atinente a la razonabilidad del tiempo necesario para la reparación del vehículo y por supuesto para la indemnización del lucro cesante hay que analizarlo en cada caso concreto, no en el plano de lo teórico y abstracto”. Puntualizó que el automotor duró siete meses en la casa del actor mientras consiguió el dinero para su reparación y el resto del tiempo lo pasó en el taller para su reparación.
6. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios materiales, supera la exigida por la norma para el efecto(1).
6.1. Precisa la Sala que como la parte actora es apelante único, en virtud del principio de la non reformatio in pejus, solo se decidirá sobre los aspectos controvertidos por dicha parte en el recurso de apelación, esto es, si es procedente o no el reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante; por lo tanto, la responsabilidad de la entidad demandada declarada por el a quo y el reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente son temas que escapan a la competencia de esta instancia y frente a los cuales no se hará pronunciamiento de fondo alguno.
7. Obra dentro del proceso la prueba trasladada del proceso que se adelantó ante el juzgado primero promiscuo de Arauca y remitida en copia auténtica por ese despacho, previo a que se decidiera por parte del Consejo Superior de la Judicatura el conflicto negativo de competencias suscitado entre aquel y el Tribunal Administrativo de Arauca (ver infra 10.). Dicha prueba consiste en testimonios, una inspección judicial, un dictamen pericial(2) y documentos, la cual podrá ser valorada en tanto se practicó a instancias de la entidad demandada de manera que en ningún caso podrá alegar su desconocimiento(3) (fls. 169-298, cdno. 1). No obstante no podrá valorarse el interrogatorio de parte practicado al representante legal de Telecom, de conformidad con el artículo 199 del Código de Procedimiento Civil que consagra que: “... no vale la confesión espontánea de los representantes judiciales de la Nación, los departamentos, las intendencias, las comisarías, los distritos especiales, los municipios y los establecimientos públicos. Tampoco podrá provocarse confesión mediante interrogatorio de dichos representantes, ni de las personas que lleven la representación administrativa de tales entidades” (fls. 38-41, cdno. 1). En cuanto al interrogatorio practicado al señor Aníbal Fuentes Sandoval, solo será valorado en lo que le resulte desfavorable (CPC, arts. 194 y 195).
III. Cuestión previa-caducidad de la acción
8. El artículo 136 Código Contencioso Administrativo —previo a su modificación por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998(4)—, establecía que el término para presentar demanda en ejercicio de la acción de reparación directa es dos (2) años “contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”(5).
9. La entidad demandada alegó en el escrito de contestación de la demanda la caducidad de la acción de reparación directa, en tanto los hechos objeto de la litis ocurrieron el 5 de abril de 1995 y afirma que la demanda se impetró el 9 de marzo de 2001, es decir, por fuera del término previsto por esa norma.
10. Sin embargo, la Sala comparte las razones esgrimidas por el a quo y encuentra que la acción de reparación directa fue presentada oportunamente. En el proceso se acreditó que el 8 de agosto de 1995, el actor presentó demanda ante la jurisdicción ordinaria, en contra de Telecom y por los mismos hechos que se debaten en este proceso, en el que se declaró probada la excepción de falta de jurisdicción, pues se consideró que el asunto era de conocimiento de los tribunales administrativos (copia auténtica del acta de conciliación - fl. 67, cdno. 1). También se demostró que para el 21 de enero de 1997, cursaba ante Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca una demanda de reparación directa formulada por el actor en contra de Telecom por estos mismos hechos, la cual fue inadmitida en esa fecha al considerar que esta no era la jurisdicción competente (copia auténtica del auto que inadmite la demanda - fls. 68-70, cdno. 1). Por tal razón, el señor Aníbal Fuentes formuló nuevamente demanda ante el juzgado primero promiscuo del circuito de Arauca, el 11 de abril de 1997 (copia auténtica de la demanda - fls. 256-261, cdno. 1), proceso en el cual se declaró la nulidad de lo actuado al considerar que la jurisdicción civil no era la compete para conocer del asunto, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Civil Familia (copia auténtica del auto de jul. 9/99 proferido por el juzgado primero promiscuo de Arauca - fls. 173-175, cdno. 1; copia auténtica del auto de feb. 29/2000).
11. Nuevamente el 9 de marzo de 2001, el actor presentó escrito de demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, quien declaró, en auto de 6 de diciembre de 2001, que la jurisdicción contencioso administrativa no era la competente para conocer sobre las pretensiones incoadas (original del auto - fls. 97-99, cdno. 1) y ordenó remitir el expediente al juzgado promiscuo del circuito de Arauca Reparto, el cual, a través de auto de 5 de julio de 2002, declaró la falta de jurisdicción y ordenó remitir el conflicto negativo de competencias al Consejo Superior de la Judicatura (original del auto - fl. 106, cdno. 1), que resolvió que el a quo era el competente para conocer del presente asunto (fl. 16, cdno. 3).
12. Esta corporación ha considerado, en casos similares, que cuando se presenten conflictos negativos de competencia entre diferentes jurisdicciones y en aras de no afectar el derecho de acceso a la justicia, “... las demandas presentadas ante esta jurisdicción, aún después de vencido el término de caducidad, se considerarían oportunamente interpuestas, cuando descontado el lapso dentro del cual el proceso fue adelantado por la justicia ordinaria, no hubiere transcurrido el término establecido en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo para presentar la acción de reparación directa”(6). Precisó la Sala que:
“... un demandante no tiene porqué asumir la carga de las diferencias generadas por tal situación, por lo que la razón alegada por la actora encuentra plena justificación; así se reiteró en sentencia del cuatro de diciembre de 2006:
‘Así, en la providencia del 27 de febrero de 1997 (Exp. 12.356), la Sala analizó la caducidad de la acción declarada por el tribunal de instancia por cuanto los demandantes habían instaurado la acción de reparación directa en contra del Instituto de Seguros Sociales, dos años después de haber acontecido el daño cuya indemnización reclamaban. Para el a quo la circunstancia alegada por los demandantes de que esa misma demanda ya había sido presentada en tiempo y que posteriormente se decretó la nulidad del proceso por falta de jurisdicción, al estimarse con base en la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado que quien debía conocer era la jurisdicción ordinaria por haberse transformado el ISS de establecimiento público en empresa industrial del Estado y que después haya cambiado de criterio, según el auto de la misma Sección del 20 de febrero de 1996, no revivía los términos o plazos de caducidad.
‘La Sala consideró que en ese caso no se configuró la caducidad de la acción, así hubieren transcurrido más de dos años de ocurridos los hechos que habían dado lugar a la demanda cuando esta volvió a presentarse ante esta jurisdicción, como quiera que ‘los demandantes no tienen nada que ver con el cambio de jurisprudencia, ellos simplemente se rigen por las pautas señaladas por el juez, sin que ello obstruya la reclamación de sus derechos’.
‘También se dijo que ‘bajo estas circunstancias, mal podría decirse que la acción instaurada en el presente caso está caducada, pues además de ser una aberrante denegación de justicia, no tendría ninguna presentación que después de haberse presentado el libelo en tiempo y haberse admitido, ahora se le diga que ya no tiene derecho a reclamar”.
“En cualquier caso, lo cierto —según las pruebas que obran en expediente—, es que los hechos que constituyen la causa petendi de la demanda que ahora se estudia ocurrieron entre los días 11 y 25 de agosto de 1993; que el actor acudió ante la rama jurisdiccional del Estado para promover su acción indemnizatoria el día 1º de agosto de 1994 —según consta a folio 15 del cuaderno principal del proceso que cursó inicialmente ante el juzgado segundo civil del circuito de Pereira. A partir de esta fecha y hasta el día 30 de agosto de 1996, se tramitó la litis primera referida en precedencia, cuyo desenlace fue el también ya aludido —declaratoria de nulidad de todo lo actuado y consecuente rechazo de la demanda, más de dos años después de haber sido admitida—, cuestión que obedeció a las oscilaciones jurisprudenciales en punto a la jurisdicción competente para conocer de este tipo de litigios, cuestiones que, como se ha dicho, igualmente, no dependen de la voluntad, ni son imputables a la responsabilidad de los demandantes. (...).
“La Sala insiste, no obstante lo recién explicado, en que con la solución adoptada en este caso no se está introduciendo un tratamiento exceptivo o excepcional frente a la regla general que, en materia de caducidad de la acción de reparación directa, prevé el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. De hecho, lo que aquí se efectúa es una aplicación rigurosa de dicha previsión legal, simplemente descontando —al momento de computar si en el presente caso transcurrieron, o no, los 2 años que el precepto legal establece, antes de ser incoada la acción—, el lapso durante el cual se prolongó un proceso judicial que resultó inane dadas las mutaciones en la jurisprudencia que más atrás se puntualizaron, oscilaciones cuyos efectos desfavorables no pueden ser, de ningún modo, atribuidos a los particulares, como quiera que obedecen, exclusivamente, al proceder de diversos órganos de la rama jurisdiccional del poder público”(7).
“Lo dicho confirma lo alegado por el apoderado de la demandante, en cuanto a la incertidumbre creada por la jurisprudencia de Consejo de Estado acerca de la jurisdicción competente para conocer de casos relacionados con el Instituto de Seguros Sociales, situación que fue resuelta mediante auto del 20 de febrero de 1996, razón por la cual la presentación de la demanda, el 24 de abril siguiente, se realizó en el término previsto en la ley”(8).
13. De acuerdo con lo anterior, el hecho de que la demanda hubiera sido presentada en varias oportunidades ante las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa y de que en las mismas se hubiera inadmitido o declarado la nulidad de lo actuado al considerar que la otra era la jurisdicción competente, son situaciones que no le son imputables al actor, en tanto se trató de un conflicto negativo de competencias que sólo fue promovido por el juez de primera instancia de este proceso y resuelto por el Consejo Superior de la Judicatura.
14. Así las cosas, encuentra la Sala que entre el momento de la ocurrencia de los hechos —5 de abril de 1995— y la fecha en la que se presentó esta demanda —9 de marzo de 2001— transcurrieron 5 años, 11 meses y 4 días (71.13 meses) y al descontar el lapso que corrió entre el 8 de agosto de 1995 —fecha de presentación de la primera demanda ante la jurisdicción ordinaria— y el 29 de febrero de 2000 —día en el que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta confirmó la decisión del juzgado primero promiscuo del circuito de Arauca de declarar la nulidad de todo lo actuado—, es decir, 4 años, 6 meses y 21 días (54.7 meses), se concluye que transcurrieron 16.43 meses, esto es, no más de dos años y por tanto no operó la caducidad.
15. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tiene probado que el señor Aníbal Fuentes Sandoval, propietario del vehículo marca UAZ, de placas XZ-0261, sufrió un accidente de tránsito en ese automotor, el día 5 de abril de 1995, concretamente en la carrera 24 con calle 17 en la ciudad de Arauca, al chocar con una guaya que soportaba el cable de las líneas telefónicas de propiedad de Telecom, por cuanto la misma “... se encontraba por fuera de su sitio original” y no contaba con señalización que permitiera advertir a los transeúntes del peligro. Con el accidente se causaron daños a la carrocería del citado vehículo (copia auténtica de la tarjeta de propiedad - fl. 255, cdno. 1; original del acta de inspección judicial practicada por el juzgado primero promiscuo municipal de Arauca, el 30 de julio de 1998 - fls. 18-19, cdno. 1; dictamen pericial practicado ante ese mismo juzgado por dos peritos avaluadores - fls. 28-40, cdno. 1; testimonios practicados por ese juzgado a los señores Walter Peña Wolff - fls. 31-32, cdno. 1, Lelio Amézquita Suárez - fls. 32-34, cdno. 1, Salomón Rincón Santiago - fls. 35-36, cdno. 1, Aquilino Hernández Hernández - fls. 36-37, cdno. 1).
16. Procede la Sala a determinar si en el presente caso, es procedente el reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante en favor del actor, en virtud del accidente de tránsito ocurrido el 5 de abril de 1995, en el que el vehículo de propiedad del actor, de placas XZ-0261, resultó averiado, o si por el contrario, tales perjuicios no se encuentran acreditados en el proceso y no hay lugar a efectuar una condena en ese sentido, tal como lo estimó el a quo.
VI. Análisis de la Sala y liquidación de perjuicios
17. El a quo negó el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, en atención a que los mismos no se habían acreditado. Por su parte, el actor afirmó en la demanda y en el recurso de apelación que como consecuencia del accidente su automotor estuvo inmovilizado por 18 meses, por lo que se perjudicaron “... gravemente los intereses de la familia en consideración al ingreso que mensualmente aportaba el vehículo y además que es la única herramienta de trabajo” de la cual depende.
18. Al respecto, se considera que no le asiste razón al tribunal a quo y por el contrario sí es procedente acceder al reconocimiento del lucro cesante, como quiera que el mismo se encuentra acreditado en el plenario pero bajo las consideraciones que pasan a exponerse.
19. Al respecto obran las declaraciones rendidas ante el juzgado primero promiscuo municipal de Arauca por los señores Walter Peña Wolff (fls. 31-32, cdno. 1), Lelio Amézquita Suárez (fls. 32-34 cdno. 1), Salomón Rincón Santiago (fls. 35-36, cdno. 1) y Aquilino Hernández Hernández (fls. 36-37, cdno. 1), quienes afirmaron que conocían al señor Fuentes Sandoval porque eran también transportadores y que dan cuenta de que el actor utilizaba el vehículo accidentado para el transporte de pasajeros, actividad de la cual percibía unos ingresos permanentes.
20. Además, se allegó la constancia emitida por la Cooperativa Araucana de Transportadores Ltda. en la que se afirmó que “... el señor Aníbal Fuentes Sandoval (...), es asociado de esta empresa, y posee un vehículo de su propiedad, vinculado con el cupo #25, del cual devenga un ingreso mensual de novecientos mil pesos m/cte. ($ 900.000), con las siguientes características: marca: UAZ, placas: XZJ-261 (sic) motor: 451MT-10806890-81” (original de la constancia - fl. 16, cdno. ppal.).
21. De lo anterior se infiere que ante la ocurrencia del accidente del 5 de abril de 1995, en el que resultó averiado el vehículo de propiedad del señor Fuentes Sandoval, el demandante sí sufrió una disminución en los ingresos que recibía de su actividad como transportador, pues esta era su herramienta de trabajo.
22. No obstante, en el plenario no obra prueba que dé cuenta de la inmovilización del vehículo por el tiempo que alega el actor. Si bien se aportó la factura de venta 0038 de 27 de octubre de 1996, expedida por el taller Garciautos, de la ciudad de Arauca, en la que se describieron los arreglos efectuados a un vehículo, por un valor de $ 1.370.000 (original de la factura - fl. 15, cdno. 1), el hecho de que esta se haya emitido con una fecha posterior a los hechos no acredita que el automotor haya estado inmovilizado, pues es posible que el mismo no hubiera sido arreglado con anterioridad por causas que le sean imputables al actor. Por otro lado, las afirmaciones esgrimidas por el señor Aníbal Fuentes Sandoval en el interrogatorio de parte en relación con este aspecto, no pueden ser valoradas, en tanto las mismas no lo perjudican sino que, por el contrario, lo benefician. Una interpretación en contrario, iría en desmedro de lo preceptuado en los artículos 194 y 195 del Código de Procedimiento Civil(9).
23. En este orden de ideas, la Sala tendrá en cuenta la constancia emitida por la Cooperativa Araucana de Transportadores Ltda., para efectos de determinar el ingreso base de liquidación, esto es, la suma de $ 900.000 mensuales, pero se reconocerá una indemnización por un periodo de 6 meses “... en aplicación del criterio sostenido por la Sala, con apoyo en la doctrina, de que la indemnización en este tipo de eventos deber abarcar un término razonable, durante el cual la víctima debe buscar soluciones económicas diferentes para compensar la pérdida que sufrió(10)”(11), es decir, que se considera un término razonable para que el señor Fuentes Sandoval consiguiera los recursos destinados a arreglar el automotor de su propiedad que resultó averiado en el accidente del 5 de abril de 1995. El ingreso base de liquidación deberá ser actualizado a la fecha en que se profiera esta providencia, así:
I. final = índice de precios al consumidor al momento de esta sentencia
I. inicial = índice de precios al consumidor de la fecha en la que ocurrió el accidente, esto es, el 5 de abril de 1995.
Ra = es la renta o ingreso mensual, es decir $ 3.505.705
n= número de meses que comprende el período indemnizable, desde la fecha de los hechos y por 6 meses más.
24. Total lucro cesante en favor del señor Aníbal Fuentes Sandoval: veintiún millones doscientos noventa y un mil ochocientos treinta y un pesos ($ 21.291.831).
VII. La actualización de la condena por daño emergente
25. En consideración a que el tribunal a quo reconoció la indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, y, que la sentencia no fue apelada en este punto, la Sala actualizará los valores sin hacer más gravosa la condena al apelante único, de acuerdo con la siguiente fórmula:
I. inicial = índice de precios al consumidor de la fecha de la sentencia de primera instancia (sep. 18/2003).
26. Total daño emergente en favor del señor Aníbal Fuentes Sandoval: tres millones seiscientos noventa y siete mil novecientos veinte pesos ($ 3.697.920).
27. Por último, precisa la Sala que el gerente operativo de la Fiduciaria la Previsora S.A., informó a los despachos judiciales que mediante Decreto 1615 de 12 de junio de 2003 se dispuso la liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones —Telecom— y que dicha fiduciaria asumió la función de Iiquidadora (copia auténtica de la circular sin fecha suscrita por el señor Alejandro Guayara M., liquidador de Telecom - fls. 303-305, cdno. 1) por tal razón, las condenas impuestas en esta sentencia deberán ser asumidas por la entidad que se haya hecho cargo de las obligaciones de esa entidad.
28. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
MODIFICAR la sentencia apelada, esto es, la proferida el 18 de septiembre de 2003, por el Tribunal Administrativo de Arauca, la cual quedará así:
1. DECLARAR a Telecom o a la entidad que haya asumido sus obligaciones, administrativamente responsable por los daños causados al señor Aníbal Fuentes Sandoval, en el accidente de tránsito ocurrido el 5 de abril de 1995, en la ciudad de Arauca —Arauca—.
2. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a Telecom, o a la entidad que haya asumido sus obligaciones, a pagar los perjuicios materiales causados a Aníbal Fuentes Sandoval, así: por lucro cesante la suma de veintiún millones doscientos noventa y un mil ochocientos treinta y un pesos ($ 21.291.831), y por daño emergente la suma de tres millones seiscientos noventa y siete mil novecientos veinte pesos ($ 3.697.920).
Magistrados: Danilo Rojas Betancourth, Presidente—Stella Conto Díaz del Castillo, aclaración.
(1) La pretensión mayor, correspondiente a los perjuicios materiales, fue estimada $ 63.000.000, monto que supera la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 2001 fuera de doble instancia ($ 26.390.000). Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo en este punto el numeral 10 del artículo (sic) 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo.
(2) En este proceso el a quo corrió traslado del dictamen pericial, en los términos del artículo 243, inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, pero las partes guardaron silencio (fls. 165 y 299, cdno. 1).
(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 21 de febrero de 2002, Expediente 12.789, C.P. Alier Eduardo Hernández; 25 de enero de 2001, Expediente 12.831, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 3 de mayo de 2007, Expediente 25.020, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; 18 de octubre de 2007, Expediente 15.528, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.
(4) Se observa que la modificación en comento no se encontraba vigente para el momento de ocurrencia de los hechos y, por consiguiente, no resulta aplicable al cómputo de la caducidad de la acción en estudio. Efectivamente, comoquiera que el respectivo término de caducidad ya había comenzado a correr, este se rige de acuerdo a lo señalado por la ley vigente al tiempo de su iniciación —Decreto 2304 de 1989—, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.
(5) Esta norma fue subrogada por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 que dispuso que el plazo debe comenzar a contarse a partir del día siguiente de la ocurrencia “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.
(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, Expediente 19074, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. En el mismo sentido ver: Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, Expediente 14773, M.P. Mauricio Fajardo Gómez y Subsección C, sentencia de 6 de marzo de 2013, Expediente 25621, M.P. Enrique Gil Botero, entre otras.
(7) [1] Sentencia de 4 de diciembre de 2006, Expediente. 14.773.
(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de mayo de 2007, Expediente 16098, M.P. Enrique Gil Botero.
(9) “... ART. 194.—Confesión judicial. Confesión judicial es la que se hace a un juez, en ejercicio de sus funciones; las demás son extrajudiciales. La confesión judicial puede ser provocada o espontánea. Es provocada la que hace una parte en virtud de interrogatorio de otra parte o del juez, con las formalidades establecidas en la ley, y espontánea la que se hace en la demanda y su contestación o en cualquier otro acto, del proceso sin previo interrogatorio.
“ART. 195.—Requisitos de la confesión. La confesión requiere:
(10) [8] Por ejemplo, en sentencias de 25 de febrero de 1999, Expediente 14.655 y de 12 de septiembre de 2002, Expediente 13.395 dijo la Sala: “En relación con el daño sufrido por la pérdida o deterioro de las cosas materiales, se considera que la víctima debe desarrollar una actividad tendente a limitar en el tiempo dicho perjuicio. Cuando no se conoce con certeza su duración, ese límite debe ser apreciado y determinado en cada caso concreto por el fallador, ya que “la lógica del juez colombiano en este aspecto es la de impedir que la víctima se quede impasible ante su daño. Se parte, pues, de un principio sano en el sentido de que no se avala la tragedia eterna y, por el contrario, se advierte a la víctima que su deber es reaccionar frente al hecho dañino y sobreponerse (...) Llegar, en efecto, a la posibilidad de que las consecuencias de la situación dañina se extiendan indefinidamente sería patrocinar la lógica de la desesperanza, de la tragedia eterna y de un aprovechamiento indebido (Juan Carlos Henao Pérez. El Daño. Santafé de Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998. págs. 156-157). En este mismo sentido, sentencia de 11 de mayo de 2006, Expediente 14.694.
(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2006, Expediente 19432, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
En la sentencia aprobada, se resolvió el tema de la caducidad de manera favorable al actor, con el argumento de que los conflictos de competencia no pueden atribuirse a las partes, pues, de ser ello así, se vulneraría el derecho de acceso a la justicia. En el fallo se precisó que: “De acuerdo con lo anterior, el hecho de que la demanda hubiera sido presentada en varias oportunidades ante las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa y de que en las mismas se hubiera inadmitido o declarado la nulidad de lo actuado al considerar que la otra era la jurisdicción competente, son situaciones que no le son imputables al actor, en tanto se trató de un conflicto negativo de competencias que sólo fue promovido por el juez de primera instancia de este proceso y resuelto por el Consejo Superior de la Judicatura”.
No obstante, para determinar la competencia, se recurrió a la demanda presentada en el año 2001, aspecto que no comparto y por el cual aclaro mi voto, por las razones que expondré a continuación.
El artículo 31 de la Constitución Política de 1991 consagra el principio de la doble instancia, como el mecanismo de revisión de las decisiones judiciales y administrativas por parte del superior jerárquico de quien la profirió. Al respecto la Corte Constitucional sostiene(1) “[q]ue la doble instancia surgió ante la necesidad de preservar el principio de legalidad y la integridad en la aplicación del derecho, ya que asegura la posibilidad de corregir los errores en que pueda incurrir el juez o fallador en la adopción de una decisión judicial o administrativa, y permite enmendar la aplicación indebida que se haga por parte de una autoridad de la Constitución o la ley. Con este propósito, el citado principio, se constituye en una garantía contra la arbitrariedad, y en mecanismo principal; idóneo y eficaz para la corrección, de los yerros en que pueda incurrir una autoridad pública”.
Dicha norma se encuentra supeditada a las excepciones consagradas en la ley, dentro de las cuales se encuentra la cuantía para efectos de determinar si un proceso tiene o no vocación para ser conocido por el superior de quien profirió la decisión objeto de impugnación.
En ese orden de ideas, el Código Contencioso Administrativo en el título XIV regula el tema relacionado con la determinación de competencias y en el artículo 129 establece que el Consejo de Estado conocerá, en segunda instancia, entre otros, de las apelaciones de sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, aspecto este que se determina por la cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 ibídem.
Teniendo en cuenta que es la cuantía de una demanda la que determina la competencia de los jueces para conocer de los asuntos sometidos a su consideración y que en el presente caso la primera demanda fue presentada en el año 1995, situación de conocimiento de la Sala, al punto que para determinar que no operó el fenómeno de la caducidad se argumentó dicha situación, fue la cuantía señalada en la demanda en mención y no la que figura en la presentada en el año 2001, la que debió tenerse en cuenta para determinar la competencia, pues, en el año 1995 el demandante estableció a través de la estimación razonada de sus pretensiones la cuantía del proceso, la cual establece la competencia de acuerdo con lo señalado en la ley.
No se puede, entonces, como resolvió la sentencia, pasar por alto que era la demanda del año 1995 la que determinaba la competencia de todos los jueces que conocieron de la misma.
Ahora bien, lo anterior no significa que el hecho de no conocer la plurimencionada demanda desplace la competencia de la corporación para avocar el estudio del asunto, porque siempre deberá privilegiarse el derecho de acceso a la administración de justicia, elevado a rango constitucional en el artículo 229; echo de menos sí la mención que para el efecto se hace del año 2001.
Con lo expuesto, dejo sentadas las razones por las que aclaro el voto, sin perjuicio de que comparto la decisión.
(1) Sentencia C-718 de 18 de septiembre de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

References: ARTÍCULO 136
 artículo 199
 artículo 136
 artículo 44
 artículo 136
 artículo 136
 artículo 132
 artículo 243
 artículo 40
 artículo 44
 artículo 31
 artículo 129
 artículo 132
 artículo 229