Source: https://sergiobahr.wordpress.com/2011/06/30/%E2%80%9Cde-10-a-15-anos-si-la-tortura-fuere-grave-de-5-a-10-si-no-lo-fuere%E2%80%9D-tortura-en-honduras-2-de-3/
Timestamp: 2017-07-25 02:48:39+00:00

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“De 10 a 15 años si la tortura fuere grave. De 5 a 10 si no lo fuere” (Tortura en Honduras, 2 de 3) | Honduras: En Stultifera Navis
“De 10 a 15 años si la tortura fuere grave. De 5 a 10 si no lo fuere” (Tortura en Honduras, 2 de 3)
Aguan CPTRT Honduras resistencia tortura tratos crueles
Dibujo elaborado por niño del Aguan, Honduras 2010
Los necesarios cambios en la legislación, y la necesaria refundación del Estado de Honduras para eliminar la tortura.
Con motivo de la celebración en junio como Día Internacional a favor de las víctimas de la tortura y sus familiares, el CPTRT realiza una reflexión en 3 partes sobre la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes en Honduras: La existencia de la tortura y su uso como mecanismo fundamental de la estrategia represiva desde el poder (1), la tipificación legal internacional de la tortura y los cambios necesarios en la legislación hondureña (2) y la recuperación, esperanza, la enorme fuerza de las víctimas en su proceso de recuperación (3).
Como hemos visto en la primera parte, en Honduras no solamente existe la tortura: ha aumentado su práctica en el país a partir del golpe de Estado de 2009.
I. Pero, ¿qué entendemos exactamente por tortura?. La definición universalmente aceptada se refiere a los sufrimientos graves que se aflijan a una personal, sufrimientos que pueden ser físicos o sicológicos, cuando sean infligidos por un funcionario público o persona en el ejercicio de funciones públicas.
Art. 1 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “Tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.” Por Tratos crueles, inhumanos y degradantes (TCID) entendemos: aquellos que deliberadamente causa un severo sufrimiento mental o psicológico, el cual, dada la situación particular, es injustificable y que el tratamiento o castigo de un individuo puede ser degradante si se le humilla severamente ante otros o se le compele a actuar contra sus deseos o su conciencia.
En Honduras, mediante el decreto legislativo No 191-96 del 31 de octubre de 1996 se adicionó el artículo 209-A al código penal, según el cual: “comete delito de tortura el empleado o funcionario público, incluidos los de instituciones penitenciarias o centros de protección de menores que, abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, la somete a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral”.
En Honduras se plantea que el culpable de tortura será castigado con una pena de 10 a 15 años “si el daño producido por la tortura fuere grave”. De 5 a 10 años “si no lo fuere”, más inhabilitación absoluta para ejercer empleos públicos por el doble de tiempo que dure la reclusión. Estas penas se entenderán sin perjuicio de las que sean aplicables a las lesiones o daño a la vida, integridad corporal, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero.
En sus observaciones finales relativas al examen del informe inicial de Honduras, adoptadas el 14 de mayo de 2009[1], el Comité contra la Tortura expresó la siguiente preocupación en relación con el artículo 209-A: “el Comité considera preocupante que la legislación nacional todavía no esté plenamente armonizada con la Convención, puesto que el artículo 209-A del Código Penal de Honduras no abarca la intimidación o coacción de la víctima o de una tercera persona y la discriminación de todo tipo como motivo o razón para infligir la tortura. También carece de disposiciones en que se tipifique como delito la tortura infligida por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de un funcionario público o de otra persona que ejerza una función oficial. El Comité también observa que, contrariamente al artículo 1 de la Convención, el Código Penal de Honduras permite hacer ajustes en la sanción según el dolor o sufrimiento causados. El Comité observa que los delitos de coacción, discriminación y malos tratos están prohibidos en otros artículos del Código Penal; sin embargo, expresa su inquietud por las diferencias entre las penas previstas para esos delitos”. El SPT[2] hace notar que la discrepancia entre la definición de tortura prevista en el Código Penal y la del artículo 1 de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes puede abrir la vía a situaciones de impunidad.
II. Para el CPTRT (y muchas otras organizaciones del pueblo hondureño) es urgente realizar cambios en la legislación nacional, particularmente en un contexto que ha demostrado que desde el poder hay una clara voluntad política para utilizar la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes como herramienta para enfrentar el descontento popular.
La propuesta de reformas al código penal que hacen varias organizaciones (entre ellas el CPTRT) plantea que la legislación hondureña debe ser armonizada a la legislación internacional en materia de tortura y TCID[3]:
1. La tortura NO puede ser un delito prescriptible. En Honduras existe una regla de caducidad o prescriptibilidad de los delitos de acuerdo a la cual se aplica la pena máxima más la mitad de la pena mínima como tiempo de caducidad o prescriptibilidad de un delito, tiempo después del cuál sería imposible someter a un juicio a la persona responsable. Así, si un delito es castigado con una pena de 10 a 15 años de cárcel, su persecución prescribiría después de 15(pena máxima) + 5 (mitad de la pena mínima) = 20 años.
En el caso de la tortura, que en Honduras NO tiene un carácter claramente imprescriptible (a diferencia de la legislación internacional), estaríamos hablando de un tiempo de 10 a 15 años, es decir, una caducidad de 20 años que a estas alturas estaría dificultando el proceso de justicia que algún día le haremos (y de eso no tengan ninguna duda) a aquellos que torturaron, secuestraron, desaparecieron y asesinaron a nuestros compatriotas durante la represión de los años 80.
Por supuesto, las familias de las víctimas y las organizaciones de DDHH pueden (y lo hacen) recurrir a la legislación internacional, que priva sobre la legislación nacional en materia de derechos humanos y ciertamente en materia de tortura.
El verdadero problema es que, como hemos podido observar con prístina claridad desde junio de 2009, este tipo de vacíos en nuestra ley puede ser aprovechado por aquellos que con un discurso patriotero hipócrita pueden argumentar que nuestro “orgullo patrio” de viva Honduras! viva Honduras y Viva Honduras! está por encima de la legislación internacional que castigaría a los responsables.
Por otro lado, no hay que asignar mala fe a lo que puede explicarse por simple ignorancia: es sorprendente la cantidad de operadores de justicia en nuestro país que simple y sencillamente desconoce la existencia de la legislación internacional, de los tratados firmados por el Estado de Honduras, y de la característica de imprescriptibilidad que tiene la tortura en los mismos.
2. La pena por tortura debe aumentar, ya que actualmente se encuentra entre 10 y 15 años (lo que le daría una “caducidad” de 20 años). En materia de legislación internacional en Derechos Humanos, la tortura no es un delito menor. Todo lo contrario, es un delito de lesa humanidad que se considera en el mismo campo en el que se habla de, por ejemplo, genocidio. Tratándose de un delito tan grave, la pena debe ser severa.
3. La pena NO puede depender de la “gravedad del sufrimiento de la víctima”. Queremos erradicar la tortura, no erradicar la “tortura más severa” o “menos humana”. Se trata de evitar que los estados a través de sus fuerzas de seguridad consideren como válida la práctica de la tortura, de causar sufrimiento a otros seres humanos por cualquier motivo. Así que en Honduras no podemos tener una ley que considere, vergonzosamente, aplicar una pena máxima o mínima de acuerdo a “qué tanto lo torturaron” o “qué métodos se usaron” para torturar a una persona: debe castigarse el uso de la tortura como un absoluto.
Dibujos elaborados por niños del Aguan, Honduras 2010
4. De acuerdo al código penal hondureño, un funcionario estatal que sea acusado de tortura tendrá inhabilitación absoluta de funciones una vez que exista una sentencia. Sin violar el principio de presunción de inocencia, el CPTRT considera que debe existir una suspensión temporal del cargo a partir de la presentación de una denuncia, y proceder a la inhabilitación absoluta una vez que el proceso jurídico muestre la culpabilidad de las y los imputados.
5. El delito tiene distintos supuestos, y entendemos que no todo uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios públicos es tortura (existen otras categorías para esos casos). Ahora, uno de las categorías que se aplica en Honduras al concepto de tortura es “el uso excesivo de la fuerza para conseguir información, para castigar a alguien por el delito cometido o del que se sospecha ha cometido”. Para CPTRT, es necesario incluir y hacer evidente en la ley nacional que la tortura también puede ser el uso excesivo de la fuerza por motivo de discriminación, coacción y amenaza, actualmente no previstos en nuestra ley.
Recientes propuestas de reforma elaboradas desde el congreso nacional –en atención a las observaciones de instancias internacionales- han aceptado incluir el supuesto de discriminación en el concepto, pero no coacción y amenaza.
6. Deben existir instancias y criterios claros de reparación a las víctimas de tortura y otras violaciones graves de derechos humanos, empezando por resarcir a las víctimas del golpe de Estado de 2009 (que no fueron beneficiarias de ningún acuerdo…)
III. Cambios en las leyes, cambios en el Estado
Las experiencias de incidencia política de los últimos 30 años y el mismo golpe de Estado nos han enseñado duras lecciones a las organizaciones de Derechos Humanos en Honduras. Una de ellas es que las transformaciones jurídicas son necesarias, pero no son suficiente: se necesita una transformación profunda, una refundación digamos, de los valores y estructura misma del Estado hondureño.
Estamos hablando de realizar cambios que aseguren no solamente la reparación a las víctimas, sino el castigo a los culpables: a quienes torturaron, a quienes permitieron la tortura, a quienes la ordenaron.
Estamos hablando de un Estado en el que no sea siquiera considera la idea de torturar a las personas, en el que se le dé la justa dimensión de monstruosidad a esa práctica, en el que sea inaceptable e inadmisible.
Estamos diciendo pues que aunque es necesario luchar por lograr las transformaciones jurídicas que aquí y ahora son necesarias para ofrecer justicia a las víctimas de tortura no podemos desconectar ese esfuerzo de la lucha más global: la de transformar profundamente las estructuras de poder de este país.
Fin artículo 2 de 3
CPTRT junio 2011
[1] CAT/C/HND/CO/1.
[2] Subcomité para la prevención de la tortura, Naciones Unidas.
[3] Gracias a MJ del equipo de Seguridad y Justicia del CPTRT por su explicación y aclaraciones sobre los aspectos jurídicos de la tortura en Honduras.

References: artículo 209
 artículo 209
 artículo 209
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2