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Timestamp: 2018-03-23 04:51:15+00:00

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Blog de Romina Prado Fernández | Página 2
Publicado en noviembre 26, 2013 por roprafer
Nuevo trabajo como modelo de peluquería, esta vez en un master de color, para Montibello.
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Control del estrés: el ejercicio físico
Publicado en noviembre 15, 2013 por roprafer
En la publicación anterior hicimos referencia a uno de los temas, normalmente poco abordados, para controlar nuestro estrés derivado de nuestro entorno, puesto que no solamente el exceso de ocupaciones o trabajo pueden hacer mella en nuestra psique.
En esta ocasión analizaremos la actividad física más o menos moderada (todo en demasía es malo) como medio de controlar e incluso disminuir nuestro nivel de estrés.
Como antigua practicante de diversas artes marciales, tengo claro que el autocontrol es una cuestión de suma importancia, pero en ocasiones el estar continuamente con el “freno de mano puesto” puede causar más estrés que tener demasiado que hacer en demasiado poco tiempo. En este sentido, hay ocasiones en las cuales resulta necesaria alguna forma de poder explotar toda esa energía negativa de forma constructiva y el deporte nos ofrece una herramienta inestimable para ello.
La actividad física puede generar bienestar, como consecuencia de la liberación de las endorfinas, al mismo tiempo que relajamos o expulsamos esas tensiones de nuestro interior. Ya sea a través de largos paseos o footing, hacer pesas, practicar artes marciales, nadar o cualquier otra actividad física que nos guste, estamos beneficiando claramente a nuestra salud física y psíquica, puesto que no sólo nos abstraemos aunque sea brevemente de nuestro quehacer diario y canalizamos la energía de forma constructiva, sino que incluso podemos llegar a sentir ese “subidón” de alegría y vitalidad que producen las mencionadas endorfinas.
Una razón más para hacer deporte……………….. a qué esperas?
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Así se cumple con la transparencia en la Diputación de Lugo
Publicado en octubre 27, 2013 por roprafer
El discurso de apertura del año judicial por parte del Fiscal Superior de Galicia, D. Carlos Varela, así como la actitud mostrada hacia mi persona por parte de algún funcionario de la Diputación de Lugo, me ha animado a sacar a la palestra una nueva ocasión en la cual me veo abocada a acudir a los tribunales ante los desmanes de determinados funcionarios públicos y la denegación de derechos que, como ciudadanos, tenemos plena facultad de ejercer en un sistema supuestamente democrático.
En este sentido, para no poder salirnos de lo que ya parece ser una costumbre con algunos funcionarios cuando realizamos reclamaciones (aunque afortunadamente no todos), de nuevo nos encontramos denunciando un caso en el cual se están negando derechos en mi reclamación contra lo que considero como una presunta actuación arbitraria de una administración, en este caso de determinados funcionarios de la Diputación de Lugo en su gestión de la concesión de una bolsa para un sociólog@ en el Área de Empleo, Economía Sostenible y Demografía.
Enlace al BOP de la convocatoria (pp. 5-ss):
https://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_8354_1.pdf
En julio de este año se convocó dicha bolsa, a la cual nos presentamos, encontrando ya en la misma con diversas cuestiones que no cuadraban en la convocatoria de una bolsa competitiva:
1. El baremo a aplicar para la selección del bolser@ dejaba una arbitrariedad notable a quienes realizaban la selección difícilmente justificable:
i. Expediente académico: hasta un máximo de 1 puntos;
ii. Curriculum vitae de la persona solicitante: hasta un máximo de 2 puntos;
iii. Memoria descriptiva a través de la que se acredite el cumplimiento de los objetivos previstos en esta convocatoria: hasta un máximo de 2 puntos; y
iv. Entrevista personal: hasta un máximo de 5 puntos.
Si hacemos cuentas, se destaca ya que hasta 7 puntos se pueden otorgar de forma arbitraria, máxime cuando no se puede hacer una memoria descriptiva que acredite el cumplimiento de los objetivos previstos en la convocatoria por ser el tutor asignado quién los habría de establecer en su momento. En todo caso, se aportaron en el resumen del currículo las características que nos hacía plenamente idónea para realizar esa ampliación de la formación práctica, como son:
– Participación en varios proyectos relacionados con la políticas públicas y la administración a través de un grupo de investigación, incluyendo los papeles oficiales que señalaban las actividades investigadoras realizadas. Con lo cual ya se demostraba la formación en temas como demografía, investigación, políticas públicas,… Se ha de destacar que en la propia convocatoria se señalaba que los méritos no probados fehacientemente a través de documentación acreditativa no serían tomados en cuenta. Lo que nos hace plantearnos si dicha cuestión la han aplicado también para el caso de la memoria descriptiva, pues como socióloga conozco el dato de que alrededor del 33% de los currículos (y eso antes de la “cosa”) suelen contener falsedades o exageraciones.
– Experiencia como docente en la materia de Sociología Rural, con lo que también se demostraría la experiencia ampliada en este campo, sumada al previo estudio realizado de la misma en nuestra carrera. Con lo que nos adaptábamos de forma notable a un ámbito de carácter eminentemente rural como es la provincia de Lugo.
2. En la propia convocatoria se señala el juzgado en el cual se podría establecer, en su caso, el proceso contencioso administrativo, señalando al respecto que: “perante o Xulgado Contencioso Administrativo de Lugo“. Sin embargo, no creo que vaya a ser este el caso, puesto que ese Juzgado no es el que me toca naturalmente por no residir en esa ciudad y no tener porqué asumir costes por lo que consideramos una presunta actuación arbitraria de determinados funcionarios de la Diputación de Lugo.
Cuando observamos los resultados, ya nos convencimos de la que la situación no cuadraba:
https://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/…/0_8498_1.pdf ‎
Tras una conversación telefónica realizada para consultar las condiciones que darían lugar a esas cuestiones tan paradójicas en las puntuaciones objetivas y subjetivas contenidas en el baremo, en la cual también se traslucía una cierta animadversión hacia mí por reclamar las fallas que estaban detectándose, se decide realizar el necesario recurso de reposición.
La resolución del recurso, después de tener que insistir en muchas ocasiones de modo telefónico (e incluso enviarle un mensaje a través de Twitter al Presidente de la Diputación, Sr. Besteiro) para que resolviesen en un plazo razonable el recurso de reposición, tampoco tiene desperdicio por no encontrarse fundamentado con argumentos legales adecuados y hacer referencia a un criterio que, en puridad, cojea por todos los lados.
Ante esta situación, se solicitaron copias del expediente y de los currículos presentados del candidato seleccionado (que había sido investigado previamente en la red y que tenía su currículo en la red social Linkedin) así como el mío propio. Incluso, como podrían haber respondido, se llegó a pedir copia del contrato del candidato seleccionado, al cual no se tenía derecho, pero si ya se hubiera celebrado nos interesaba especialmente un dato (que prefiero guardar para mí hasta la interposición del contencioso administrativo, aunque no hace falta ser un gran jurista o sociólogo para intuir de cuál se trata).
De nuevo nos encontramos con una respuesta del funcionario que no tiene desperdicio, por cuanto vulnera nuestro derecho a solicitar las copias del expediente en el cual estamos involucrados y que nos permiten realizar una argumentación todavía más completa en la interposición del contencioso administrativo contra la resolución de la convocatoria de la bolsa para un sociólog@ en el Área de Empleo, Economía Sostenible y Demografía. Pues el día en que se solicitó la copia de los expedientes también se acudió con el papel en que se solicitaban para poder realizar una primera inspección de la documentación, pero se nos denegó también el acceso a dicha documentación alegando que primero tenía que permitirlo el secretario, a lo que se respondió que a ese respecto poco o nada tendría que decir por lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y que ya se me realizaría una llamada telefónica para darme día y hora en la cual podría acudir para revisar esos documentos. Pero como se puede comprobar en el siguiente escrito del Secretario Xeral, se cumplen nuestras sospechas de que no iban a permitirme el acceso a la documentación.
De nuevo nos encontramos con un ente en el cual parece que los derechos de los ciudadanos no se tienen en cuenta cuando se trata de reclamaciones, pues lo que establece realmente el artículo 48 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es la posibilidad, que no necesidad, de que el Secretario judicial requiera a la Administración el expediente administrativo, sobre todo porque es anterior a la LOPD (diciembre de 1999).
Enlace de la Ley mencionada (29/1998): http://www.boe.es/boe/dias/1998/07/14/pdfs/A23516-23551.pdf
Es decir, nos remiten a la legislación que señala cómo se establece un recurso contencioso-administrativo, pero realmente no dan ningún tipo de argumento legal para denegarnos el acceso al expediente administrativo al que tenemos derecho en virtud del artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Si hubiese hecho referencia a la LOPD y su conflicto con el mencionado artículo 35 aún podría salvarse algo de su argumentación, puesto que los otros candidatos podrían negarse a que su documentación pudiese ser vista por terceros, si no fuese porque todos los que participamos en el proceso de selección tuvimos que firmar un papel del anexo I en el cual se señala que:
Aunque no es exactamente el caso, por lo menos hay una serie de datos objeto de protección que pueden ser publicados, por lo que hace necesaria la firma, con lo que nos encontramos con una situación paradójica: quieren cumplir con la legislación de transparencia y buenas prácticas en la Administración Pública pero denegándome como participante en el proceso nuestro derecho a la información sobre el mismo, que podemos incluso invocar como derecho fundamental recogido en el artículo 20 de nuestra Constitución, a fin de entorpecer nuestra reclamación ante la justicia y, como suele ocurrir con los plazos legales para realizar alegaciones o recursos ante la justicia, con muy poco tiempo para realizar la investigación pormenorizada de los documentos y redactar los necesarios para el juzgado.
En conclusión, resultan muy acordes las palabras del Fiscal Superior de Galicia al respecto de la tolerancia ante determinado tipo de prácticas y su puesta del foco de atención sobre la administración local.
Y por si se diese el caso de que en algún momento se me quiera señalar como una persona que “guerrea por guerrear”, una de las ventajas de Internet para quienes dominamos mínimamente las búsquedas es que se puede encontrar información interesante y poder utilizarla para poder argumentar aún mejor nuestras reclamaciones. En este caso, un foro en el cual se señala que mi lucha por unas becas competitivas realmente transparentes y con unos criterios claros y objetivos no es el único que se va denunciando públicamente a través de la red, pero queda dar el paso al siguiente nivel, esto es, la denuncia en los juzgados. Para ver los comentarios y la documentación del mencionado foro sigan el siguiente enlace:
http://foros.vogue.es/viewtopic.php?f=69&t=200004
Veremos si este tipo de denuncias permiten que, poco a poco, vayamos avanzando hacia una sociedad y unas instituciones cada vez más transparentes.
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References: resolución 
 resolución 
 artículo 35
 artículo 48
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 20