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Timestamp: 2020-02-21 08:17:32+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 007/16 de Corte Constitucional, 21 de Enero de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 593702474
Sentencia de Constitucionalidad nº 007/16 de Corte Constitucional, 21 de Enero de 2016
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. OBLIGACIÓN DE TODOS LOS VARONES COLOMBIANOS DE DEFINIR LA SITUACIÓN MILITAR Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) de la Ley 48 de 1993, por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización. Considera el actor que la norma acusada contraviene los artículos 4, 13 y 43 de la Constitución, dado que establece un trato diferente entre hombres y mujeres, desconoce la prohibición general de discriminar por razones de sexo y el mandato específico conforme al cual los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades. La Sala constató la configuración del fenómeno de la cosa juzgada, en cuanto la Corporación se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo demandado y frente a los mismos cargos formulados en esta oportunidad. Así mismo, verificó que en la demanda actual no se sustentaron las razones por las cuales procedía un nuevo pronunciamiento de la Corporación. La Sala Plena decide ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-511/94.
Demandante: Y.P.E..
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Y.P.E. presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) de la Ley 48 de 1993 “Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización”, considerando que vulnera los artículos 4, 13 y 43 de la Constitución Política.
J.K.B.V. en su condición de Director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá y H.A.V.D., estudiante de la misma facultad, solicitan a la Corte declararse inhibida para pronunciarse sobre la demanda formulada.
G.P.R., C.D.V. y J.G.A. en su condición de miembros del Grupo de Acciones Públicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Javeriana, solicitan declarar la inexequibilidad de las expresiones “Todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad”. Igualmente señalan que la Corte debe declarar la exequibilidad condicionada del parágrafo del artículo 10º de la Ley 48 de 1993 “en el entendido que el servicio militar voluntario también aplica a los hombres colombianos.”
F.E.P.O. en su condición de profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana y los estudiantes de dicha facultad M.A.M., J.T.R.P. y S.A.M.B., solicitan a la Corte “declarar la cosa juzgada constitucional en relación con el cargo de violación del derecho a la igualdad por parte del artículo 10 de la Ley 48 de 1993 toda vez en la sentencia C-511 de 1994 se definió que la distinción varón / mujer se justifica (…).” En adición a ello la Corte “debe declarar la inconstitucionalidad de la posibilidad de ampliar la obligación de prestar servicio militar toda vez que vulnera el deber de especial protección a la mujer y el principio de reserva de ley para la limitación de los derechos constitucionales, en este caso la igualdad y la libertad personal.”
J.G.G. y Orlando de la Hoz, en su condición de miembros del Grupo de Litigio de Interés Público de la Universidad del Norte solicitan a la Corte, principalmente, declararse inhibida para tomar una decisión y, subsidiariamente, que se declare la exequibilidad de la disposición demandada.
Con fundamento en los artículos 242.2 y 278.5 de la Constitución, el Procurador General de la Nación emitió concepto en el que solicita a la Corte “ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-511 de 1994 que declaró la exequibilidad del artículo 10 de la Ley 48 de 1993”. En subsidio de ello solicita a este Tribunal declarar la EXEQUIBILIDAD de la disposición acusada.
Expone el concepto que la demanda presentada exige establecer si las disposiciones acusadas desconocen la prohibición de discriminación prevista en los artículos 13 y 43 de la Carta, al exigir a los varones y no a las mujeres definir su situación militar una vez cumplen la mayoría de edad. Esto impone establecer si existe una razón que pueda justificar el trato diferente.
En esta oportunidad, advierte el Procurador, existe cosa juzgada constitucional dada la decisión adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia C-511 de 1994. En efecto, en esa oportunidad dispuso declarar la exequibilidad del artículo ahora nuevamente acusado. Adicionalmente, los cargos examinados en esa ocasión y los ahora planteados por el demandante, tienen muy relevantes similitudes en tanto se refieren a la posible violación del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. A pesar de resultar posible que la Corte se pronuncie nuevamente en relación con una disposición previamente cuestionada, es indispensable plantear nuevos cargos, lo que no ocurre en esta ocasión.
Anota que en el evento de que la Sala Plena de la Corte considere procedente efectuar un nuevo pronunciamiento, debe tenerse en cuenta que la distinción efectuada por el legislador resulta razonable y se ajusta al contenido de los artículos 13 y 43 de la Constitución. En efecto, no obstante lo establecido en las citadas disposiciones entre los hombres y las mujeres existen diferencias que justifican el trato diverso fijado por el legislador.
La Constitución reconoce en los artículos 13 y 14 la igualdad ontológica o esencial entre varón y mujer -según la intervención “(…) las dos especies (modos de ser) del genero hombre”- de manera que ambos comparten la condición de tener la misma dignidad de persona. De acuerdo con ello, ninguna autoridad puede establecer respecto de los derechos y las oportunidades distinciones carentes de justificación.
A pesar la dignidad ontológica referida, no resulta posible desconocer “las evidentes diferencias que en diversos niveles se dan por naturaleza (es decir, basadas en su ser) entre el hombre y la mujer.” Conforme a ello, lo constitucionalmente correcto es afirmar que en la dimensión constitucional “hombres y mujeres son iguales y diferentes simultáneamente, aunque en sentidos diferentes.” De acuerdo con ello “son iguales por participar en igual modo e intensidad en la dignidad de persona, pero diferentes en aspectos como el biológico (que incluye las diferencias a nivel genético y biológico), el psicológico, el cultural y el sociopolítico.”
Estas diferencias permiten entonces justificar la distinción efectuada por el legislador en relación con la obligación de prestar el servicio militar. En efecto, dadas las diferencias existentes puede señalarse que “el hombre está mejor preparado para la guerra y la actividad militar (…).” La distinción del legislador también encuentra apoyo en razones jurídico políticas relacionadas con el hecho de que la prestación del servicio militar no constituye el ejercicio de un derecho ni una oportunidad, sino que se trata de una restricción o carga fundada en el deber de solidaridad. Así entonces, la diferenciación que introduce el legislador es en realidad una acción afirmativa establecida para favorecer a las mujeres en su condición de sujetos de especial protección constitucional.
De acuerdo con el Procurador, la disposición acusada no establece un trato diferenciado que resulte contrario a la Constitución. Lo que en ella se prescribe tiene apoyo en las diferencias que existen entre los hombres y las mujeres y, en modo alguno, afectan los derechos derivados de su igual dignidad.
Primera cuestión preliminar: la aptitud de los cargos planteados
Segunda cuestión preliminar: análisis de la cosa juzgada
“La segunda razón tiene que ver con lo que la jurisprudencia ha denominado cambio del contexto normativo. Este concepto hace referencia a que si bien el juez constitucional está obligado a respetar y estarse a lo que en su momento se resolvió sobre un determinado tema, también debe ser consciente de que en la sociedad se presentan cambios culturales, políticos, normativos que, en un momento determinado, lo deben llevar a efectuar un nuevo análisis sobre normas que fueron consideradas exequibles en un tiempo pero que a la luz de la nueva realidad pueden no serlo (…). Este argumento fue expuesto por el ciudadano M.A. tanto en su escrito de demanda como en el que sustentó la impugnación contra el auto de rechazo, para señalar que desde el año 1996 a la fecha han transcurrido quince años en los que la jurisprudencia constitucional y la civil han extendido una serie de derechos, beneficios y prerrogativas a los compañeros y compañeras permanentes que obligan al juez constitucional a reconsiderar las razones que tuvo en la sentencia C-174 de 1996 para declarar de forma pura y simple la constitucionalidad de los preceptos relativos a la porción conyugal.
"El principio de igualdad vincula a todos los poderes públicos y en especial a la rama legislativa, cuya actuación queda entonces sometida a un control de constitucionalidad que debe tomar en cuenta la igualdad como parámetro para enjuiciar la correspondencia de las leyes con el Estatuto Superior. El legislador, en consecuencia, está obligado a observar el principio, de modo que las diferencias normativas por él establecidas encuentren un fundamento justificado y razonable y por otra parte, se orienten a la consecución de un fin constitucionalmente lícito. Empero, el asunto que ahora ocupa la atención de la Corte, si bien comporta un tratamiento distinto a situaciones efectivamente distintas, implica, en un plano adicional, el otorgamiento de relevancia jurídica a las diferencias sociales de las mujeres para elevar su condición mediante la adopción de una medida compensatoria de las dificultades que enfrentan en virtud de su vinculación al mercado laboral; aspecto este último que se ubica dentro de la perspectiva de la igualdad sustancial que, acorde con los postulados del Estado Social de Derecho, no se detiene en la mera función de garantía o tutela sino que avanza hacia una función promocional que se realiza normalmente a través de medidas positivas en favor de grupos sociales discriminados o marginados. Proceder de manera neutral ante la realidad social entrañaría el desconocimiento de los valores, principios y fines que la Constitución consagra, abandonar la búsqueda de una sociedad justa, respetuosa de la dignidad humana y vaciar de todo contenido las normas constitucionales que prohíben la discriminación de la mujer y que disponen su especial protección (arts. 43 y 53)." (Corte Constitucional, sentencia No. C-410 de 1994. M.P.D.C.G.D.. (…)” (S. no hacen parte del texto original)
Así las cosas, las medidas que tengan por objeto compensar previas desventajas soportadas por determinados grupos sociales y en particular las que buscan paliar o remediar la tradicional inferioridad de la mujer en el ámbito social y en el mercado de trabajo, no pueden reputarse, en principio, contrarias a la igualdad; empero, su validez depende de la real operancia de circunstancias discriminatorias. No basta la sola condición femenina para predicar la constitucionalidad de supuestas medidas protectoras en favor de las mujeres; además de ello deben concurrir efectivas conductas o prácticas discriminatorias que las justifiquen. (…)” (S. no hacen parte del texto citado)[42]
[4] O. del fundamento de la cosa juzgada se encuentran, entre muchas otras, las sentencias C-600 de 2010 C-241 de 2012 y C-462 de 2013.
[11] En la sentencia C-1024 de 2004 la Corte señaló: “En sentencia C-774 de 2001 (M.P.R.E.G.) esta Corporación estableció que se presenta el fenómeno de la cosa juzgada constitucional absoluta, cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, tanto en su parte resolutiva como motiva, es decir, se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto Constitucional. (…) Dichas decisiones tienen un alcance absoluto de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, pues (i) sólo a esta Corporación le compete determinar los efectos de sus fallos en cada sentencia (…); de suerte que, (ii) cuando la Corte no fija expresamente el alcance de sus decisiones, en principio, se entiende que las mismas hacen tránsito a cosa juzgada constitucional absoluta, pues está Corporación está obligada a confrontar las disposiciones demandadas con la totalidad de la Constitución.”
[15] Sobre el particular la sentencia C-245 de 2009 indicó: “A este respecto, debe la Sala resaltar que el principio de cosa juzgada constitucional absoluta cobra mayor relevancia cuando se trata de decisiones de inexequibilidad, por cuanto en estos casos las normas analizadas y encontradas contrarias a la Carta Política son expulsadas del ordenamiento jurídico, no pudiendo sobre ellas volver a presentarse demanda de inconstitucionalidad o ser objeto de nueva discusión o debate. Lo anterior, máxime si se trata de una declaración de inexequibilidad de la totalidad del precepto demandado o de la totalidad de los preceptos contenidos en una ley. En tales casos, independientemente de los cargos, razones y motivos que hayan llevado a su declaración de inconstitucionalidad, no es posible emprender un nuevo análisis por cuanto tales normas han dejado de existir en el mundo jurídico.” (S. no hacen parte del texto) En esa misma dirección se encuentra, por ejemplo, la sentencia C-255 de 2014.
[19] En efecto el tratamiento de la cosa juzgada material apoyándose en la doctrina del precedente no fue siempre la tesis jurisprudencial dominante. En esa dirección, una primera perspectiva reconocida en algunas providencias –C-301 de 1993 y C-1216 de 2001- sugería que la cosa juzgada material, con independencia de que se tratara de decisiones de inexequibilidad o exequibilidad, debía ser aplicada de la misma forma con fundamento en el artículo 243 de la Carta. Esta perspectiva, a juicio de algunos de los Magistrados de la Corte Constitucional, resultaba particularmente rígida y podía entonces afectar la posibilidad de que la Corte rectificara sus propias posiciones doctrinales. Una primera variante de tal posición, defendida en la aclaración de voto a la sentencia C-1046 de 2001 por los Magistrados Cepeda Espinosa, C.T., M.L. y T.G., sostenía que sin abandonar el concepto de cosa juzgada, debía admitirse que en algunos casos era posible adoptar una decisión diferente a la exequibilidad cuando, por ejemplo, la Corte considerara que las decisiones eran equivocadas. La segunda variante de esta perspectiva, sostenida por el Magistrado Uprimny Yepes en la aclaración de voto a la sentencia C-1216 de 2001, indicaba que procedía abandonar la doctrina de la cosa juzgada material y, en su lugar, “intentar desarrollar una doctrina y una práctica más rigurosa de respeto a sus propios precedentes.” Finalmente, la tercera perspectiva reconocida en la actualidad por la Corte Constitucional, ha consistido en aceptar la vigencia de la categoría cosa juzgada material estableciendo la distinción entre cosa juzgada material en sentido estricto y en sentido amplio, advirtiendo que la configuración de la segunda da lugar a que el pronunciamiento anterior se erija en un precedente relevante respecto del cual, por razones poderosas, la Corte Constitucional podría separarse.
[38] Luego del análisis correspondiente la Corte decidió lo siguiente: “Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de los artículos 5, 7 y 15 de la Ley 975 de 2005, 11 de la Ley 589 de 2000, 14 y 15 de la Ley 971 de 2005 y 2º de la Ley 387 de 1997, siempre que se entienda que, cuando corresponda, sus previsiones, en igualdad de condiciones, se aplican también a los integrantes de las parejas del mismo sexo.” (S. no hacen parte del texto original)
[43] La precisión que en esta oportunidad efectúa la Corte se apoya en la regla que enunció la Corte en la sentencia C-006 de 2003: “(…) Cuando la sentencia previa es de exequibilidad, la Corte puede estarse a lo resuelto en virtud de la cosa juzgada en sentido lato, complementar los argumentos con planteamientos adicionales, reenfocar su análisis constitucional o, si encuentra razones poderosas, apartarse del fallo precedente.” (S. no hacen parte del texto).

References: artículo 10
 artículo 241
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
e contrario
 artículo 243