Source: http://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/d3172008.html
Timestamp: 2019-10-18 11:21:44+00:00

Document:
Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [DECRETO_3172_2008]
Artículo 1A 2A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23
DECRETO 3172 DE 2008
(agosto 27)
Diario Oficial No. 47.094 de 27 de agosto de 2008
Por medio del cual se promulga la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown - Barbados el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
en uso de las facultades que le otorga el artículo 189 numeral 2 de la Constitución Política de Colombia y en cumplimiento de la Ley 7a de 1944, y
Que la Ley 7a del 30 de noviembre de 1944, en su artículo 1o dispone que los Tratados, Convenios, Convenciones, Acuerdos, Arreglos u otros actos internacionales aprobados por el Congreso, no se considerarán vigentes como leyes internas, mientras no hayan sido perfeccionados por el Gobierno en su carácter de tales, mediante el canje de ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación, u otra formalidad equivalente;
Que la misma ley en su artículo 2o ordena la promulgación de los tratados y convenios internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacional que ligue a Colombia;
Que el Congreso Nacional, mediante la Ley 1108 del 27 de diciembre de 2006, publicada en el Diario Oficial número 46.494 del 27 de diciembre de 2006, aprobó la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown - Barbados el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos;
Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-537 del 28 de mayo de 2008, declaró exequible la Ley 1108 del 27 de diciembre de 2006 y la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown - Barbados el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos;
Que el 14 de julio de 2008, el Gobierno de Colombia depositó ante la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos el Instrumento de Ratificación de la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown - Barbados el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. En consecuencia, el citado instrumento internacional entró en vigor para Colombia el 15 de agosto de 2008 de acuerdo a lo previsto en su artículo 22;
Que al momento de depositar el Instrumento de Ratificación, el Gobierno Nacional formuló la siguiente declaración interpretativa:
“En la aplicación del instrumento internacional a Colombia, no se considerarán incluidos dentro del párrafo 1o del artículo 2o de la Convención, el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988 y el Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988, hasta tanto |el Estado colombiano no llegue a ser Parte de esos tratados internacionales”,
ARTÍCULO 1o. Promúlgase la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown - Barbados el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
Para ser transcrito en este lugar, se adjunta fotocopia del texto de la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown - Barbados el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
ARTÍCULO 2o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2008
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA A TODOS LOS QUE LAS PRESENTES VIEREN,
POR CUANTO se ha de proceder a la Ratificación de la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown - Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
POR CUANTO el Congreso Nacional aprobó el citado Instrumento Internacional por medio de la Ley 1108 del 27 de diciembre de 2006, publicada en el Diario Oficial número 46.494 del 27 de diciembre de 2006 y la Corte Constitucional declaró exequibles la Convención, como su ley aprobatoria mediante la Sentencia C-537 de 2008, he venido en aceptarlo, aprobarlo y en disponer que se tenga como Ley de la República, comprometiéndose para su observancia el Honor Nacional, a cuyo efecto expido el presente Instrumento de Ratificación, el cual será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, junto con la siguiente declaración Interpretativa:
Declaración: En la aplicación del instrumento internacional a Colombia, no se considerarán incluidos dentro del párrafo 1o del artículo 2o de la Convención, el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988 y el Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988, hasta tanto el Estado colombiano no llegue a ser parte de esos tratados internacionales.
DADAS y firmadas de mi mano, selladas con el sello de la República y refrendadas por el Ministro de Relaciones Exteriores, en la ciudad de Bogotá, D. C., a (24) días del mes de junio del año dos mil ocho (2008).
FERNANDO ARAÚJO PERDOMO.
LEY 1108 DE 2006
Diario Oficial número 46.835 de 7 de diciembre de 2007.
por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. <Resumen de Notas de Vigencia>
Notas de vigencia:
- Convenio y ley aprobatoria declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-537-08 según Comunicado de Prensa de la Sala Plena de 28 de mayo de 2008, Magistrado Ponente, doctor Jaime Córdoba Triviño.
- Esta Ley fue publicada originalmente en el Diario Oficial número 46.494 de 27 de diciembre de 2006.
La Corte Constitucional, mediante Auto A-232-07 de 5 de septiembre de 2007, Magistrado Ponente, doctor Jaime Córdoba Triviño, la devuelve a la Cámara de Representantes con el fin de que tramite la subsanación del vicio de procedimiento.
Visto el texto de la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que a la letra dice: (para ser transcrito: se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado).
MISION PERMANENTE DE COLOMBIA
ANTE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
1008/516
Washington, D. C., julio 14 de 2008
FERNANDO ARAUJO PERDOMO
Attn. doctor Edgar Iván Ramírez Ángel
Ref. Certificación Depósito del Instrumento de Ratificación de la Convención Interamericana Contra el Terrorismo
En atención a la Nota OAJ.CAT número 33869 del pasado 3 de julio, de la manera más atenta me permito informarle que el día de hoy se depositó en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos el Instrumento de Ratificación de la Convención Interamericana Contra el Terrorismo, cuya Certificación se anexa a la presente.
CAMILO OSPINA,
Embajador, Representante Permanente.
Anexo: Lo anunciado.
C.C. Dra. Adriana Mejía, Viceministra de Asuntos Multilaterales.
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS WASHINGTON, D. C.
Luis Toro Utillano, Oficial Jurídico Principal del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General.
CERTIFICA QUE:
1. En virtud del artículo 112.f de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Secretaría General de la Organización sirve de depositaria de los tratados y acuerdos interamericanos, así como de los instrumentos de ratificación de los mismos.
2. La Convención Interamericana contra el Terrorismo, se adoptó en Bridgetown, Barbados, el tres de junio de dos mil dos, en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
3. El 14 de julio de 2008, Colombia depositó copia original del instrumento de ratificación de la Convención Interamericana contra el Terrorismo.
4. El instrumento de ratificación fue recibido por Luis Toro Utillano, Oficial Jurídico Principal del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, y depositado de conformidad con el artículo 21 de la Convención Interamericana contra el Terrorismo.
El suscrito emite la presente certificación a la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos.
Washington, D. C., 14 de julio de 2008.
Luis Toro Utillano,
Asesor Jurídico Principal,
Departamento de Derecho Internacional.
c.c. Oficina del Secretario General
CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO
INTER-AMERICAN CONVENTION AGAINST TERRORISM
CONVENÇÃO INTERAMERICANA CONTRA O TERRORISMO
CONVENTION INTERAMÉRICAINE CONTRE LE TERRORISME
LOS ESTADOS PARTE EN LA PRESENTE CONVENCIÓN,
TENIENDO PRESENTE los propósitos y principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta de las Naciones Unidas;
CONSIDERANDO que el terrorismo constituye una grave amenaza para los valores democráticos y para la paz y la seguridad internacionales y es causa de profunda preocupación para todos los Estados Miembros;
REAFIRMANDO la necesidad de adoptar en el sistema interamericano medidas eficaces para prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo mediante la más amplia cooperación;
RECONOCIENDO que los graves daños económicos a los Estados que pueden resultar de actos terroristas son uno de los factores que subrayan la necesidad de la cooperación y la urgencia de los esfuerzos para erradicar el terrorismo;
REAFIRMANDO el compromiso de los Estados de prevenir, combatir, sancionar y eliminar el terrorismo; y
TENIENDO EN CUENTA la resolución RC.23/RES. 1/01 rev. 1 corr. 1, “Fortalecimiento de la cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo”, adoptada en la Vigésima Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores,
HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:
OBJETO Y FINES.
La presente Convención tiene como objeto prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo. Para tal efecto, los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias y fortalecer la cooperación entre ellos, de acuerdo con lo establecido en esta Convención.
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES APLICABLES.
1. Para los propósitos de esta Convención, se entiende por “delito” aquellos establecidos en los instrumentos internacionales que se indican a continuación:
a) Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970;
b) Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971;
c) Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973;
d) Convención Internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979;
e) Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares, firmado en Viena el 3 de marzo de 1980;
f) Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988;
g) Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988;
h) Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988;
i) Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997;
j) Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999.
2. Al depositar su instrumento de ratificación a la presente Convención, el Estado que no sea parte de uno o más de los instrumentos internacionales enumerados en el párrafo 1o de este artículo podrá declarar que, en la aplicación de esta Convención a ese Estado Parte, ese instrumento no se considerará incluido en el referido párrafo. La declaración cesará en sus efectos cuando dicho instrumento entre en vigor para ese Estado Parte, el cual notificará al depositario de este hecho.
3. Cuando un Estado Parte deje de ser parte de uno de los instrumentos internacionales enumerados en el párrafo 1 de este artículo, podrá hacer una declaración con respecto a ese instrumento, tal como se dispone en el párrafo 2 de este artículo.
MEDIDAS INTERNAS.
Cada Estado Parte, de acuerdo con sus disposiciones constitucionales, se esforzará por ser parte de los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de los cuales aún no sea parte y por adoptar las medidas necesarias para la aplicación efectiva de los mismos, incluido el establecimiento en su legislación interna de penas a los delitos ahí contemplados.
MEDIDAS PARA PREVENIR, COMBATIR Y ERRADICAR LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
1. Cada Estado Parte, en la medida en que no lo haya hecho, deberá establecer un régimen jurídico y administrativo para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo y para lograr una cooperación internacional efectiva al respecto, la cual deberá incluir:
a) Un amplio régimen interno normativo y de supervisión para los bancos, otras instituciones financieras y otras entidades consideradas particularmente susceptibles de ser utilizadas para financiar actividades terroristas. Este régimen destacará los requisitos relativos a la identificación del cliente, conservación de registros y comunicación de transacciones sospechosas o inusuales;
b) Medidas de detección y vigilancia de movimientos transfronterizos de dinero en efectivo, instrumentos negociables al portador y otros movimientos relevantes de valores. Estas medidas estarán sujetas a salvaguardas para garantizar el debido uso de la información y no deberán impedir el movimiento legítimo de capitales;
c) Medidas que aseguren que las autoridades competentes dedicadas a combatir los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 tengan la capacidad de cooperar e intercambiar información en los niveles nacional e internacional, de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno. Con ese fin, cada Estado Parte deberá establecer y mantener una unidad de inteligencia financiera que sirva como centro nacional para la recopilación, el análisis y la difusión de información relevante sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo. Cada Estado Parte deberá informar al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos sobre la autoridad designada como su unidad de inteligencia financiera.
2. Para la aplicación del párrafo 1 del presente artículo, los Estados Parte utilizarán como lineamientos las recomendaciones desarrolladas por las entidades regionales o internacionales especializadas, en particular, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, cuando sea apropiado, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).
EMBARGO Y DECOMISO DE FONDOS U OTROS BIENES.
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los procedimientos establecidos en su legislación interna, adoptará las medidas necesarias para identificar, congelar, embargar y, en su caso, proceder al decomiso de los fondos u otros bienes que constituyan el producto de la comisión o tengan como propósito financiar o hayan facilitado o financiado la comisión de cualquiera de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de esta Convención.
2. Las medidas a que se refiere el párrafo 1 serán aplicables respecto de los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte.
DELITOS DETERMINANTES DEL LAVADO DE DINERO.
1. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para asegurar que su legislación penal referida al delito del lavado de dinero incluya como delitos determinantes del lavado de dinero los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de esta Convención.
Los delitos determinantes de lavado de dinero a que se refiere el párrafo 1 incluirán aquellos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte.
COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO FRONTERIZO.
1. Los Estados Parte, de conformidad con sus respectivos regímenes jurídicos y administrativos internos, promoverán la cooperación y el intercambio de información con el objeto de mejorar las medidas de control fronterizo y aduanero para detectar y prevenir la circulación internacional de terroristas y el tráfico de armas u otros materiales destinados a apoyar actividades terroristas.
2. En este sentido, promoverán la cooperación y el intercambio de información para mejorar sus controles de emisión de los documentos de viaje e identidad y evitar su falsificación, alteración ilegal o utilización fraudulenta.
3. Dichas medidas se llevarán a cabo sin perjuicio de los compromisos internacionales aplicables al libre movimiento de personas y a la facilitación del comercio.
COOPERACIÓN ENTRE AUTORIDADES COMPETENTES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY.
Los Estados Parte colaborarán estrechamente, de acuerdo con sus respectivos ordenamientos legales y administrativos internos, a fin de fortalecer la efectiva aplicación de la ley y combatir los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2. En este sentido, establecerán y mejorarán, de ser necesario, los canales de comunicación entre sus autoridades competentes a fin de facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de esta Convención.
ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA.
Los Estados Parte se prestarán mutuamente la más amplia y expedita asistencia jurídica posible con relación a la prevención, investigación y proceso de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 y los procesos relacionados con estos, de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables en vigor. En ausencia de esos acuerdos, los Estados Parte se prestarán dicha asistencia de manera expedita de conformidad con su legislación interna.
TRASLADO DE PERSONAS BAJO CUSTODIA.
1. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para fines de prestar testimonio o de identificación o para que ayude a obtener pruebas necesarias para la investigación o el enjuiciamiento de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:
a) La persona presta libremente su consentimiento, una vez informada, y;
b) Ambos Estados están de acuerdo, con sujeción a las condiciones que consideren apropiadas.
2. A los efectos del presente artículo:
a) El Estado al que sea trasladada la persona estará autorizado y obligado a mantenerla detenida, salvo que el Estado desde el que fue trasladada solicite o autorice otra cosa;
b) El Estado al que sea trasladada la persona cumplirá sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado desde el que fue trasladada según convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados).
c) El Estado al que sea trasladada la persona no podrá exigir al Estado desde el que fue trasladada que inicie procedimientos de extradición para su devolución;
d) Se tendrá en cuenta el tiempo que haya permanecido detenida la persona en el Estado al que ha sido trasladada a los efectos de descontarlo de la pena que ha de cumplir en el Estado desde el que haya sido trasladada;
3. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar una persona de conformidad con el presente artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera sea su nacionalidad, no será procesada, detenida ni sometida a cualquier otra restricción de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado desde el que fue trasladada.
INAPLICABILIDAD DE LA EXCEPCIÓN POR DELITO POLÍTICO.
Para los propósitos de extradición o asistencia jurídica mutua, ninguno de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 se considerará como delito político o delito conexo con un delito político o un delito inspirado por motivos políticos. En consecuencia, una solicitud de extradición o de asistencia jurídica mutua no podrá denegarse por la sola razón de que se relaciona con un delito político o con un delito conexo con un delito político o un delito inspirado por motivos políticos.
DENEGACIÓN DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO.
Cada Estado Parte adoptará las medidas que corresponda, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho interno e internacional, para asegurar que la condición de refugiado no se reconozca a las personas respecto de las cuales haya motivos fundados para considerar que han cometido un delito establecido en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de esta Convención.
DENEGACIÓN DE ASILO.
Cada Estado Parte adoptará las medidas que corresponda, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho interno e internacional, a fin de asegurar que el asilo no se otorgue a las personas respecto de las cuales haya motivos fundados para considerar que han cometido un delito establecido en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de esta Convención.
Ninguna de las disposiciones de la presente Convención será interpretada como la imposición de una obligación de proporcionar asistencia jurídica mutua si el Estado Parte requerido tiene razones fundadas para creer que la solicitud ha sido hecha con el fin de enjuiciar o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política o si el cumplimiento de la solicitud causaría un perjuicio a la situación de esa persona por cualquiera de estas razones.
1. Las medidas adoptadas por los Estados Parte de conformidad con esta Convención se llevarán a cabo con pleno respeto al estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales.
2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención se interpretará en el sentido de que menoscaba otros derechos y obligaciones de los Estados y de las personas conforme al derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los Refugiados.
3. A toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual se adopte cualquier medida o sea encausada con arreglo a la presente Convención se le garantizará un trato justo, incluido el goce de todos los derechos y garantías de conformidad con la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre y las disposiciones pertinentes del derecho internacional.
1. Los Estados Parte promoverán programas de cooperación técnica y capacitación, a nivel nacional, bilateral, subregional y regional y en el marco de la Organización de los Estados Americanos, para fortalecer las instituciones nacionales encargadas del cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente Convención.
2. Asimismo, los Estados Parte promoverán, según corresponda, programas de cooperación técnica y de capacitación con otras organizaciones regionales e internacionales que realicen actividades vinculadas con los propósitos de la presente Convención.
COOPERACIÓN A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS.
Los Estados Parte propiciarán la más amplia cooperación en el ámbito de los órganos pertinentes de la Organización de los Estados Americanos, incluido el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), en materias relacionadas con el objeto y los fines de esta Convención.
CONSULTA ENTRE LAS PARTES.
1. Los Estados Parte celebrarán reuniones periódicas de consulta, según consideren oportuno, con miras a facilitar:
a) La plena implementación de la presente Convención, incluida la consideración de asuntos de interés relacionados con ella identificados por los Estados Parte; y;
b) El intercambio de información y experiencias sobre formas y métodos efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar el terrorismo.
2. El Secretario General convocará una reunión de consulta de los Estados Parte después de recibir el décimo instrumento de ratificación. Sin perjuicio de ello, los Estados Parte podrán realizar las consultas que consideren apropiadas.
3. Los Estados Parte podrán solicitar a los órganos pertinentes de la Organización de los Estados Americanos, incluido el CICTE, que faciliten las consultas referidas en los párrafos anteriores y preste otras formas de asistencia respecto de la aplicación de esta Convención.
EJERCICIO DE JURISDICCIÓN.
Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro Estado Parte ni para realizar en él funciones que estén exclusivamente reservadas a las autoridades de ese otro Estado Parte por su derecho interno.
DEPOSITARIO.
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
FIRMA Y RATIFICACIÓN.
1. La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos.
2. Esta Convención está sujeta a ratificación por parte de los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
ARTÍCULO 22. ENTRADA EN VIGOR.
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el sexto instrumento de ratificación de la Convención en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
2. Para cada Estado que ratifique la Convención después de que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado el instrumento correspondiente.
1. Cualquier Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General de la Organización.
2. Dicha denuncia no afectará ninguna solicitud de información o de asistencia hecha durante el período de vigencia de la Convención para el Estado denunciante.
THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,
BEARING IN MIND the purposes and principles of the Charter of the Organization of American States and the Charter of the United Nations;
CONSIDERING that terrorism represents a serious threat to democratic values and to international peace and security and is a cause of profound concern to all member states;
REAFFIRMING the need to adopt effective steps in the inter-American system to prevent, punish, and eliminate terrorism through the broadest cooperation;
RECOGNIZING that the serious economic harm to states which may result from terrorist acts is one of the factors that underscore the need for cooperation and the urgency of efforts to eradicate terrorism;
REAFFIRMING the commitment of the states to prevent, combat, punish, and eliminate terrorism; and
BEARING IN MIND resolution RC.23/RES. 1/01 rev. 1 corr. 1, “Strengthening Hemispheric Cooperation to Prevent, Combat, and Eliminate Terrorism”, adopted at the Twenty-third Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs,
HAVE AGREED TO THE FOLLOWING:
Object and purposes
The purposes of this Convention are to prevent, punish, and eliminate terrorism. To that end, the states parties agree to adopt the necessary measures and to strengthen cooperation among them, in accordance with the terms of this Convention.
Applicable international instruments
1. For the purposes of this Convention, “offenses” means the offenses established in the international instruments listed below:
a) Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on December 16, 1970.
b) Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on September 23, 1971.
c) Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 14, 1973.
d) International Convention against the Taking of Hostages, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 17, 1979.
e) Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, signed at Vienna on March 3, 1980.
f) Protocol on the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on February 24, 1988.
g) Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, done at Rome on March 10, 1988.
h) Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, done at Rome on March 10, 1988.
i) International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 15, 1997.
j) International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 9, 1999.
2. Upon depositing its instrument of ratification to this Convention, a state party that is not a party to one or more of the international instruments listed in paragraph 1 of this article may declare that, in application of this Convention to such state party, that particular instrument shall be deemed not to be included in that paragraph. The declaration shall cease to have effect as soon as that instrument enters into force for that state party, which shall notify the depositary of this fact.
3. When a state party ceases to be a party to one of the international instruments listed in paragraph 1 of this article, it may make a declaration, as provided in paragraph 2 of this article, with respect to that instrument.
Domestic measures
Each state party, in accordance with the provisions of its constitution, shall endeavor to become a party to the international instruments listed in Article 2 to which it is not yet a party and to adopt the necessary measures to effectively implement such instruments, including establishing, in its domestic legislation, penalties for the offenses described therein.
Measures to prevent, combat, and eradicate the financing of terrorism
1. Each state party, to the extent it has not already done so, shall institute a legal and regulatory regime to prevent, combat, and eradicate the financing of terrorism and for effective international cooperation with respect thereto, which shall include:
a) A comprehensive domestic regulatory and supervisory regime for banks, other financial institutions, and other entities deemed particularly susceptible to being used for the financing of terrorist activities. This regime shall emphasize requirements for customer identification, record-keeping, and the reporting of suspicious or unusual transactions.
b) Measures to detect and monitor movements across borders of cash, bearer negotiable instruments, and other appropriate movements of value. These measures shall be subject to safeguards to ensure proper use of information and should not impede legitimate capital movements.
c) Measures to ensure that the competent authorities dedicated to combating the offenses established in the international instruments listed in Article 2 have the ability to cooperate and exchange information at the national and international levels within the conditions prescribed under its domestic law. To that end, each state party shall establish and maintain a financial intelligence unit to serve as a national center for the collection, analysis, and dissemination of pertinent money laundering and terrorist financing information. Each state party shall inform the Secretary General of the Organization of American States of the authority designated to be its financial intelligence unit.
2. When implementing paragraph 1 of this article, states parties shall use as guidelines the recommendations developed by specialized international and regional entities, in particular the Financial Action Task Force and, as appropriate, the Inter-American Drug Abuse Control Commission, the Caribbean Financial Action Task Force, and the South American Financial Action Task Force.
Seizure and confiscation of funds or other assets
1. Each state party shall, in accordance with the procedures established in its domestic law, take such measures as may be necessary to provide for the identification, freezing or seizure for the purposes of possible forfeiture, and confiscation or forfeiture, of any funds or other assets constituting the proceeds of, used to facilitate, or used or intended to finance, the commission of any of the offenses established in the international instruments listed in Article 2 of this Convention.
2. The measures referred to in paragraph 1 shall apply to offenses committed both within and outside the jurisdiction of the state party.
Predicate offenses to money laundering
1. Each state party shall take the necessary measures to ensure that its domestic penal money laundering legislation also includes as predicate offenses those offenses established in the international instruments listed in Article 2 of this Convention.
2. The money laundering predicate offenses referred to in paragraph 1 shall include those committed both within and outside the jurisdiction of the state party.
Cooperation on border controls
1. The states parties, consistent with their respective domestic legal and administrative regimes, shall promote cooperation and the exchange of information in order to improve border and customs control measures to detect and prevent the international movement of terrorists and trafficking in arms or other materials intended to support terrorist activities.
2. In this context, they shall promote cooperation and the exchange of information to improve their controls on the issuance of travel and identity documents and to prevent their counterfeiting, forgery, or fraudulent use.
3. Such measures shall be carried out without prejudice to applicable international commitments in relation to the free movement of people and the facilitation of commerce.
Cooperation among law enforcement authorities
The states parties shall work closely with one another, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, to enhance the effectiveness of law enforcement action to combat the offenses established in the international instruments listed in Article 2. In this context, they shall establish and enhance, where necessary, channels of communication between their competent authorities in order to facilitate the secure and rapid exchange of information concerning all aspects of the offenses established in the international instruments listed in Article 2 of this Convention.
The states parties shall afford one another the greatest measure of expeditious mutual legal assistance with respect to the prevention, investigation, and prosecution of the offenses established in the international instruments listed in Article 2 and proceedings related thereto, in accordance with applicable international agreements in force. In the absence of such agreements, states parties shall afford one another expeditious assistance in accordance with their domestic law.
Transfer of persons in custody
1. A person who is being detained or is serving a sentence in the territory of one state party and whose presence in another state party is requested for purposes of identification, testimony, or otherwise providing assistance in obtaining evidence for the investigation or prosecution of offenses established in the international instruments listed in Article 2 may be transferred if the following conditions are met:
a) The person freely gives his or her informed consent; and
b) Both states agree, subject to such conditions as those states may deem appropriate.
2. For the purposes of this article:
a) The state to which the person is transferred shall have the authority and obligation to keep the person transferred in custody, unless otherwise requested or authorized by the state from which the person was transferred.
b) The state to which the person is transferred shall without delay implement its obligation to return the person to the custody of the state from which the person was transferred as agreed beforehand, or as otherwise agreed, by the competent authorities of both states.
c) The state to which the person is transferred shall not require the state from which the person was transferred to initiate extradition proceedings for the return of the person.
d) The person transferred shall receive, for time spent in the custody of the state to which he or she was transferred, credit toward service of the sentence being served in the state from which he or she was transferred.
3. Unless the state party from which a person is to be transferred in accordance with the present article so agrees, that person, whatever his or her nationality, shall not be prosecuted or detained or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in the territory of the state to which that person is transferred in respect of acts or convictions prior to his or her departure from the territory of the state from which said person was transferred.
Inapplicability of political offense exception
For the purposes of extradition or mutual legal assistance, none of the offenses established in the international instruments listed in Article 2 shall be regarded as a political offense or an offense connected with a political offense or an offense inspired by political motives. Accordingly, a request for extradition or mutual legal assistance may not be refused on the role ground that it concerns a political offense or an offense connected with a political offense or an offense inspired by political motives.
Denial of refugee status
Each state party shall take appropriate measures, consistent with the relevant provisions of national and international law, for the purpose of ensuring that refugee status is not granted to any person in respect of whom there are serious reasons for considering that he or she has committed an offense established in the international instruments listed in Article 2 of this Convention.
Each state party shall take appropriate measures, consistent with the relevant provisions of national and international law, for the purpose of ensuring that asylum is not granted to any person in respect of whom there are reasonable grounds to believe that he or she has committed an offense established in the international instruments listed in Article 2 of this Convention.
None of the provisions of this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to provide mutual legal assistance if the requested state party has substantial grounds for believing that the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin, or political opinion, or that compliance with the request would cause prejudice to that person's position for any of these reasons.
1. The measures carried out by the states parties under this Convention shall take place with full respect for the rule of law, human rights, and fundamental freedoms.
2. Nothing in this Convention shall be interpreted as affecting other rights and obligations of states and individuals under international law, in particular the Charter of the United Nations, the Charter of the Organization of American States, international humanitarian law, international human rights law, and international refugee law.
3. Any person who is taken into custody or regarding whom any other measures are taken or proceedings are carried out pursuant to this Convention shall be guaranteed fair treatment, including the enjoyment of all rights and guarantees in conformity with the law of the state in the territory of which that person is present and applicable provisions of international law.
1. The states parties shall promote technical cooperation and training programs at the national, bilateral, subregional, and regional levels and in the framework of the Organization of American States to strengthen the national institutions responsible for compliance with the obligations assumed under this Convention.
2. The states parties shall also promote, where appropriate, technical cooperation and training programs with other regional and international organizations conducting activities related to the purposes of this Convention.
Cooperation through the Organization of American States
The states parties shall encourage the broadest cooperation within the pertinent organs of the Organization of American States, including the Inter-American Committee against Terrorism (CICTE), on matters related to the object and purposes of this Convention.
Consultations among the parties
1. The states parties shall hold periodic meetings of consultation, as appropriate, with a view to facilitating:
a) The full implementation of this Convention, including the consideration of issues of interest relating thereto identified by the states parties; and
b) The exchange of information and experiences on effective means and methods to prevent, detect, investigate, and punish terrorism.
2. The Secretary General shall convene a meeting of consultation of the states parties after receiving the 10th instrument of ratification. Without prejudice to this, the states parties may hold consultations as they consider appropriate.
3. The states parties may request the pertinent organs of the Organization of American States, including CICTE, to facilitate the consultations referred to in the previous paragraphs and to provide other forms of assistance with respect to the implementation of this Convention.
Exercise of jurisdiction
Nothing in this Convention entitles a state party to undertake in the territory of another state party the exercise of jurisdiction or performance of functions that are exclusively reserved to the authorities of that other state party by its domestic law.
The original instrument of this Convention, the English, French, Portuguese, and Spanish texts of which are equally authentic, shall be deposited with the General Secretariat of the Organization of American States.
Signature and ratification
1. This Convention is open for signature by all member states of the Organization of American States.
2. This Convention is subject to ratification by the signatory states in accordance with their respective constitutional procedures. The instruments of ratification shall be deposited with the General Secretariat of the Organization of American States.
1. This Convention shall enter into force on the 30th day following the date of deposit of the sixth instrument of ratification of the Convention with the General Secretariat of the Organization of American States.
2. For each state ratifying the Convention after deposit of the sixth instrument of ratification, the Convention shall enter into force on the 30th day following the deposit by such state of its instrument of ratification.
1. Any state party may denounce this Convention by written notification to the Secretary General of the Organization of American States. Denunciation shall take effect one year following the date on which notification is received by the Secretary General of the Organization.
2. Such denunciation shall not affect any requests for information or assistance made during the time the Convention is in force for the denouncing state.
CONVENÇÁO INTERAMERICANA CONTRA O TERRORISMO OS ESTADOS PARTES NESTA CONVENÇÃO,
TENDO PRESENTE os propósitos e princípios da Carta da Organização dos Estados Americanos e da Carta das Nações Unidas;
CONSIDERANDO que o terrorismo constitui uma grave ameaça para os valores democráticos e para a paz e a segurança internacionais e é causa de profunda preocupação para todos os Estados membros;
REAFIRMANDO a necessidade de adotar no Sistema Interamericano medidas eficazes para prevenir, punir e eliminar o terrorismo mediante a mais ampla cooperaço;
RECONHECENDO que os graves danos econõmicos aos Estados que podem resultar de atos terroristas são um dos fatores que reforçam a necessidade da cooperaêção e a urgência dos esforços para erradicar o terrorismo;
REAFIRMANDO o compromisso dos Estados de prevenir, combater, punir e eliminar o terrorismo; e
LEVANDO EM CONTA a resolução RC.23/RES. 1/01 rev. 1 corr. 1, “Fortalecimento da cooperação hemisférica para prevenir, combater e eliminar o terrorismo”, adotada na Vigésima Terceira Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores,
Objeto e fins
Esta Convenço tem por objeto prevenir, punir e eliminar o terrorismo. Para esses fins, os Estados Partes assumem o compromisso de adotar as medidas necessárias e fortalecer a cooperação entre eles, de acordo com o estabelecido nesta Convenção.
Instrumentos internacionais aplicáveis
1. Para os propósitos desta Convenção, entende-se por “delito” aqueles estabelecidos nos instrumentos internacionais a seguir indicados:
a) Convenção para a Repressão do Apoderamento Ilícito de Aeronaves, assinada na Haia em 16 de dezembro de 1970.
b) Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil, assinada em Montreal em 23 de dezembro de 1971.
c) Convenção sobre a Prevenção e Punição de Crimes contra Pessoas que Gozam de Proteção Internacional, Inclusive Agentes Diplomáticos, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 14 de dezembro de 1973.
d) Convenção Internacional contra a Tomada de Reféns, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 17 de dezembro de 1979.
e) Convenção sobre a Proteção Física dos Materiais Nucleares, assinada em Viena em 3 de dezembro de 1980.
f) Protocolo para a Repressão de Atos Ilícitos de Violência nos Aeroportos que Prestem Serviços á Aviação Civil Internacional, complementar á Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil, assinado em Montreal em 24 de dezembro de 1988.
g) Convenção para a Supressão de Atos Ilegais contra a Segurança da Navegação Marítima, feita em Roma em 10 de dezembro de 1988.
h. Protocolo para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança das Plataformas Fixas Situadas na Plataforma Continental, feito em Roma em 10 de dezembro de 1988.
i) Convenção Internacional para a Supressáo de Atentados Terroristas a Bomba, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 15 de dezembro de 1997.
j) Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 9 de dezembro de 1999.
2. Ao depositar seu instrumento de ratificação desta Convenção, o Estado que náo for parte de um ou mais dos instrumentos internacionais enumerados no parágrafo 1 deste artigo poderá declarar que, na aplica ção desta Convenção a esse Estado Parte, aquele instrumento nã se considerará incluido no referido parágrafo. A declaração cessará em seus efeitos quando aquele instrumento entrar em vigor para o Estado Parte, o qual notificará o depositário desse fato.
3. Quando deixe de ser parte de um dos instrumentos internacionais enumerados no parágrafo 1 deste artigo, um Estado Parte poderá fazer uma declaracáo relativa áquele instrumento, em conformidade com o disposto no parágrafo 2 deste artigo.
Cada Estado Parte, em conformidade com suas disposições constitucionais, esforçar-se-á para ser parte dos instrumentos internacionais enumerados no Artigo 2, dos quais ainda não seja parte e para adotar as medidas necessárias á sua efetiva aplicação, incluindo o estabelecimento em sua legislação interna de penas aos delitos ai contemplados.
Medidas para prevenir, combater e erradicar o financiamento do terrorismo
1. Cada Estado Parte, na medida em que não o tiver feito, deverá estabelecer um regime jurídico e administrativo para prevenir, combater e erradicar o financiamento do terrorismo e lograr uma cooperação internacional eficaz a respeito, a qual deverá incluir:
a) Um amplo regime interno normativo e de supervisão de bancos, outras instituições financeiras e outras entidades consideradas particularmente suscetíveis de ser utilizadas para financiar atividades terroristas. Este regime destacará os requisitos relativos á identificação de clientes, conservação de registros e comunicação de transações suspeitas ou incomuns.
b) Medidas de detecçáo e vigilância de movimentos transfronteiriços de dinheiro em efetivo, instrumentos negociáveis ao portador e outros movimentos relevantes de valores. Estas medidas estarão sujeitas a salvaguardas para garantir o devido uso da informação e não deverão impedir o movimento legítimo de capitais.
c) Medidas que assegurem que as autoridades competentes dedicadas ao combate dos delitos estabelecidos nos instrumentos internacionais enumerados no Artigo 2 tenham a capacidade de cooperar e intercambiar informaçóes nos planos nacional e internacional, em conformidade com as condições prescritas no direito interno. Com essa finalidade, cada Estado Parte deverá estabelecer e manter uma unidade de inteligência financeira que seja o centro nacional para coleta, análise e divulgação de informações relevantes sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Cada Estado Parte deverá informar o Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos sobre a autoridade designada como sua unidade de inteligência financeira.
2. Para a aplicação do parágrafo 1 deste artigo, os Estados Partes utilizarão como diretrizes as recomendações desenvolvidas por entidades regionaís ou internacionais especializadas, em particular, o Grupo de Ação Financeira (GAFI) e, quando for cabível, a Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas (CICAD), o Grupo de Ação Financeira do Caribe (GAFIC) e o Grupo de Ação Financeira da América do Sul (GAFISUD).
Embargo e confisco de fundos ou outros bens
1. Cada Estado Parte, em conformidade com os procedimentos estabelecidos em sua legislaço interna, adotará as medidas necessárias para identificar, congelar, embargar e, se for o caso, confiscar fundos ou outros bens que sejam produto da comissão ou tenham como propósito financiar ou tenham facilitado ou financiado a comissão de qualquer dos delitos estabelecidos nos instrumentos internacionais enumerados no Artigo 2 desta Convençãcáo.
2. As medidas a que se refere o parágrafo 1 seráo aplicáveis aos delitos cometidos tanto dentro como fora da jurisdição do Estado Parte.
Delitos prévios da lavagem de dinheiro
1. Cada Estado Parte tomará as medidas necessárias para assegurar que sua legislação penal relativa ao delito da lavagem de dinheiro inclua como delitos prévios da lavagem de dinheiro os delitos estabelecidos nos instrumentos internacionais enumerados no Artigo 2 desta Convenção.
2. Os delitos prévios da lavagem de dinheiro 'a que se refere o parágrafo 1 incluiráo aqueles cometidos tanto dentro como fora da jurisdição do Estado Parte.
Cooperaçãâççãão no âmbito fronteiriçço
1. Os Estados Partes, em conformidade com seus respectivos regimes jurídicos e administrativos internos, promoverão a cooperação e o intercâmbio de informações com o objetivo de aperfeiçoar as medidas de controle fronteiriço e aduaneiro para detectar e prevenir a circulaço internacional de terroristas e o tráfico de armas ou outros materiais destinados a apoiar atividades terroristas.
2. Neste sentido, promoverão a cooperação e o intercâmbio de informações para aperfeiçoar seus controles de emissão dos documentos de viagem e identidade e evitar sua falsificação, adulteração ou utilização fraudulenta.
3. Essas medidas serão levadas a cabo sem prejuízo dos compromissos internacionais aplicáveis ao livre movimento de pessoas e á facilitação do comércio.
Cooperacão entre autoridades competentes para aplicação da lei
Os Estados Partes colaboraráo estreitamente, de acordo com seus respectivos ordenamentos legais e administrativos internos, a fim de fortalecer a efetiva aplicação da lei e combater os delitos estabelecidos nos instrumentos internacionais enumerados no Artigo 2. Neste sentido, estabelecerão e aperfeiçoarão, se necessário, os canais de comunicação entre suas autoridades competentes, a fim de facilitar o interçãmbio seguro e rápido de informações sobre todos os aspectos dos delitos estabelecidos nos instrumentos internacionais enumerados no Artigo 2 desta Convenção.
Assistência judiciária mútua
Os Estados Partes prestar-se-ão mutuamente a mais ampla e expedita assistência judiciária possível com relação á prevenção, investigação e processo dos delitos estabelecidos nos instrumentos internacionais enumerados no Artigo 2 e dos processos a eles relativos, em conformidade com os acordos internacionais aplicáveis em vigor. Na auséncia de tais acordos, os Estados Partes prestar-se-ão essa assistência de maneira expedita em conformidade com sua legislação interna.
Translado de pessoas sob custódia
1. A pessoa que se encontrar detida ou cumprindo pena em um Estado Parte e cuja presençaseja solicitada em outro Estado Parte para fins de prestar testemunho, ou de identificação, ou para ajudar na obtenção de provas necessárias para a investigação ou o processo de delitos estabelecidos nos instrumentos internacionais enumerados no Artigo 2, poderá ser transladada se forem atendidas as seguintes condições:
a) A pessoa dê livremente seu consentimento, uma vez informada; e
b) Ambos os Estados estejam de acordo, segundo as condições que considerem apropriadas.
2. Para os efeitos deste artigo:
a) O Estado a que a pessoa for transladada estará autorizado e obrigado a mantê-la sob detenção, a não ser que o Estado do qual foi transladada solicite ou autorize outra medida.
b) O Estado a que a pessoa for transladada cumprirá sem delonga sua obrigação de devolvê-la á custódia do Estado do qual foi transladada, em conformidade com o que as autoridades competentes de ambos os Estados tiverem acordado de antemão ou de outro modo.
c) O Estado a que a pessoa for transladada não poderá exigir do Estado do qual foi transladada que inicie procedimentos de extradição para sua devolução.
d) O tempo que a pessoa permanecer detida no Estado a que foi transiadada será computado para fins de dedução da pena que está obrigada a cumprir no Estado do qual tiver sido transladada.
3. A menos que o Estado Parte do qual uma pessoa vier a ser transladada em conformidade com este artigo esteja de acordo, esta pessoa, qualquer que seja sua nacíonalidade, não será processada, detida ou submetida a qualquer outra restrição de sua liberdade pessoal no território do Estado a que seja transladada, por atos ou condenações anteriores á sua saída do território do Estado do qual foi transladada.
Inaplicabilidade da exceçáo por delito político
Para os propósitos de extradiêção ou assistência judiciária mútua, nenhum dos delitos estabelecidos nos instrumentos internacionais enumerados no Artigo 2 será considerado delito político ou delito conexo com um delito político ou um delito inspirado por motivos políticos. Por conseguinte, não se poderá negar um pedido de extradiêção ou de assistência judiciária mútua pela única razão de que se relaciona com um delito político ou com um delito conexo com um delito político ou um delito inspirado por motivos políticos.
Denegaçãçããda condiçãde refugiado
Cada Estado Parte adotará as medidas cabíveis, em conformidade com as disposições pertinentes do direito interno e internacional, para assegurar que náo se reconheca a condição de refugiado a pessoas com relação ás quais haja motivos fundados para considerar que cometeram um delito estabelecido nos instrumentos internacionais enumerados no Artigo 2 desta Convenção.
Denegacáo de asilo
Cada Estado Parte adotará as medidas cabíveis, em conformidade com as disposições pertinentes do direito interno e internacional, a fim de assegurar que não se conceda asilo a pessoas com relação ás quais existam motivos fundados para se considerar que cometeram um delito estabelecido nos instrumentos internacionais enumerados no Artigo 2 desta Convenção.
Não-discriminaçã
Nenhuma das disposições desta Convenção será interpretada como imposição da obrigaçêão de prestar assistência judiciária mútua se o Estado Parte requerido tiver razões fundadas para crer que o pedido foi feito com o fim de processar ou punir uma pessoa por motivos de raga, religião, nacionalidade, origem étnica ou opinião política, ou se o cumprimento do pedido for prejudicial á situação dessa pessoa por qualquer destas razões.
1. As medidas adotadas pelos Estados Partes em decorréncia desta Convenção serão levadas a cabo com pleno respeito ao Estado de Direito, aos direitos humanos e ás liberdades fundamentais.
2. Nada do disposto nesta Convenção será interpretado no sentido de desconsiderar outros direitos e obrigações dos Estados e das pessoas, nos termos do direito internacional, em particular a Carta das Nações Unidas, a Carta da Organização dos Estados Americanos, o direito internacional humanitário, o direito internacional dos direitos humanos e o direito internacional dos refugiados.
3. A toda pessoa que estiver detida ou com relação á qual se adote quaisquer medidas ou que estiver sendo processada nos termos desta Convenção será garantido um tratamento justo, inclusive o gozo de todos os direitos e garantias em conformidade com a
Legislação do Estado em cujo território se encontre e com as disposições pertinentes do direito internacional.
1. Os Estados Partes promoveráo programas de cooperacáo técnica e treinamento em nivel nacional, bilateral, sub-regional e regional e no âmbito da Organizacão dos Estados Americanos, para fortalecer as instituições nacionais encarregadas do cumprimento das obrigações emanadas desta Convenção.
2. Os Estados Partes também promoveráo, quando for o caso, programas de cooperação técnica e treinamento com outras organizações regionais e internacionais que realizem atividades vinculadas com os propósitos desta Convenção.
Cooperao por meio da Organizaãdos Estados Americanos
Os Estados Partes propiciarão a mais ampla cooperação no âmbito dos órgãos pertinentes da Organização dos Estados Americanos, inclusive o ComitêInteramericano contra o Terrorismo (CICTE), em matérias relacionadas com o objeto e os fins desta Conven?ção.
Consulta entre as Partes
1. Os Estados Partes realizarão reuniões periódicas de consulta, quando as considerarem oportunas, com vistas a facilitar:
a) a plena implementação desta Convenção, incluindo a consideração de assuntos de interesse a ela relativos identificados pelos Estados Partes; e
b) o intercâmbio de informações e experiências sobre formas e métodos eficazes para prevenir, detectar, investigar e punir o terrorismo.
2. O Secretário-Geral convocará uma reunião de consulta dos Estados Partes
depois de receber o décimo instrumento de ratifica?ção. Sem prejuízo disso, os Estados Partes poderáo realizar as consultas que considerarem apropriadas.
3. Os Estados Partes poderão solicitar aos órgãos pertinentes da Organização dos Estados Americanos, inclusive ao CICTE, que facilitem as consultas mencionadas nos parágrafos anteriores e proporcionem outras formas de assistência no tocante á aplicação desta Convenção.
Exercício de jurisdicão
Nada do disposto nesta Convenção facultará um Estado Parte a exercer jurisdição no território de outro Estado Parte nem a nele exercer funções reservadas exclusivamente ás autoridades desse outro Estado Parte por seu direito interno.
O instrumento original desta Convenção, cujos textos em espanhol, francês, inglês e português são igualmente autênticos, será depositado na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos.
Assinatura e ratificação
1. Esta Convenção está aberta á assinatura de todos os Estados membros da Organização dos Estados Americanos.
2. Esta Convenção está sujeita a ratificação por parte dos Estados signatários, de acordo com seus respectivos procedimentos constitucionais. Os instrumentos de ratificação serão depositados na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos.
1. Esta Convenção entrará em vigor no trigésimo día a contar da data em que tiver sido depositado o sexto instrumento de ratificação da Convenção na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos.
2. Para cada Estado que ratificar a Convenção após ter sido depositado o sexto instrumento de ratificação, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a contar da data em que esse Estado tiver depositado o instrumento correspondente.
1. Qualquer Estado Parte poderá denunciar esta Convenção mediante notificação escrita dirigida ao Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos. A denúncia surtirá efeito um ano após a data em que a notificação tiver sido recebida pelo Secretário-Geral da Organização.
2. Essa denúncia nao afetará nenhum pedido de informação ou de assistência feito no período de vigência da Convenção para o Estado denunciante.
CONVENTION INTERAMÉRICAINE CONTRE LE TERRORISMELES ÉTATS PARTIES á LA PRÉSENTE CONVENTION,
TENANT COMPTE des buts et principes énoncés dans la Charte de l'Organisation des États Américains et la Charte des Nations Unies,
CONSIDÉRANT que le terrorisme constitue une grave menace pour les valeurs démocratiques et pour la paix et la sécurité internationales, et qu'il est une cause de préoccupation profonde pour tous les États membres,
RÉAFFIRMANT la nécessité d'adopter au sein du Systéme interaméricain des mesures efficaces pour prévenir, sanctionner et éliminer le terrorisme aux termes de la coopération la plus large,
RECONNAISSANT que les graves dommages économiques causés aux États qui peuvent résulter d'actes terroristes représentent l'un des facteurs qui sous-tendent la nécessité de la coopération et l'urgence des efforts á déployer pour éliminer le terrorisme,
RÉAFFIRMANT l'engagement pris par les États de prévenir, de combattre, de sanctionner et d'éliminer le terrorisme,
TENANT COMPTE de la résolution RC.23/RES.1/01 rev. 1 corr. 1 “Renforcement de la coopération continentale pour prévenir, combattre et éliminer le terrorisme”, adoptée á la vingt-troisiéme Réunion de Consultation des Ministres des relations extérieures,
Objet et buts
La présente Convention a pour objet de prévenir, de sanctionner et d'éliminer le terrorisme. á cet effet, les États parties s'engagent á adopter les mesures nécessaires et á renforcer la coopération entre eux, conformément aux dispositions de la présente Convention.
Instruments internationaux applicables
1. Aux fins de la présente Convention sont considérés comme “délits” ceux qui sont prévus par les instruments internationaux indiqués ci-aprés:
a) Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée á La Haye, le 16 décembre 1970.
b) Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée á Montréal, le 23 septembre 1971.
c) Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 14 décembre 1973.
d) Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 17 décembre 1979.
e) Convention pour la protection physique des matériaux nucléaires, signée á Vienne le 3 mars 1980.
f) Protocole pour la répression des actes de violence illicites dans les aéroports servant á l'aviation civile internationale, complémentaire á la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé á Montréal, le 24 février 1988.
g) Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite á Rome, le 10 mars 1988.
h) Protocole relatif á la répression d'actes illicites perpétrés contre la sécurité des plate-formes fixes placées sur le Plateau continental, fait á Rome le 10 mars 1988.
i) Convention internationale pour la repression des attentats terroristes á l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 15 décembre 1997.
j) Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 9 décembre 1999.
2. En déposant son instrument de ratification de la présente Convention, l'État qui n'est pas Partie á un ou plusieurs des instruments internationaux énumérés au paragraphe 1 du présent article, peut déclarer que, dans l'application de cette Convention á cet État partie, cet instrument ne sera pas considéré comme inclus dans ledit paragraphe. Cette déclaration cessera de produire ses effets lorsque ledit instrument entrera en vigueur á l'égard de cet État partie, lequel notifiera ce fait au dépositaire.
3. Lorsqu'un État partie cesse d'être partie á un des instruments internationaux énumérés au paragraphe 1 du présent article, il pourra faire une déclaration au sujet dudit instrument, conformément au prescrit du paragraphe 2 de cet article.
Chaque État partie, conformément á ses dispositions constitutionnelles, s'efforce de devenir partie aux instruments internationaux énumérés á l'article 2, s'il ne l'est pas encore, et d'adopter les mesures nécessaires pour la mise en application effective de ces instruments, notamment l'incorporation dans sa législation interne de peines imposées pour les délits qui y sont prévus.
Mesures pour prévenir, combattre et éliminer le financement du terrorisme
1. Chaque État partie, dans la mesure oú il ne l'aurait pas encore fait, doit établir un régime juridique et administratif pour prévenir, combattre et éliminer le financement du terrorisme et parvenir á une coopération internationale effective qui doit comporter:
a) Un régime interne normatif et de supervision complet pour les banques, autres institutions financiéres et autres entités jugées particuliérement susceptibles d'être utilisées pour financer des activités terroristes. Ce régime soulignera les conditions relatives á l'identification du client, l'importance de la conservation des registres et de la divulgation des transactions suspectes ou inhabituelles.
b) Des mesures de détection et de surveillance de mouvements transfrontaliers d'argent en espéces, d'instruments négociables au porteur et d'autres mouvements pertinents de valeurs. Ces mesures sont assorties de sauvegardes destinées á garantir l'utilisation correcte des informations et ne devront pas empêcher le mouvement légitime de capitaux.
c) Des mesures assurant que les autorités compétentes engagées dans la lutte contre les délits prévus par les instruments énumérés á l'article 2 soient en mesure de coopérer et d'échanger des informations aux niveaux national et international, conformément aux conditions prescrites dans leur législation interne. á cette fin, chaque État partie doit établir et maintenir une unité de renseignements financiers qui serve de centre national pour la collecte, l'analyse et la diffusion d'informations pertinentes sur le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme. Chaque État partie doit informer le Secrétaire général de l'Organisation des États Américains de l'identité de l'autorité désignée comme son unité de renseignements financiers.
2. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 1 du présent article, les États parties utilisent comme directives les recommandations formulées par les organismes régionaux ou internationaux spécialisés, notamment le Groupe d'action financiére sur le blanchiment de capitaux (GAFI), et le cas échéant, la Commission interaméricaine de lutte contre l'abus des drogues (CICAD), le Groupe d'action financiére aux Caraïbes (GAFIC) et le Groupe d'action financiére sur le blanchiment de capitaux en Amérique du Sud (GAFISUD).
Saisie et confiscation de fonds ou d'autres biens
1. Chaque État partie, conformément aux procédures établies par sa législation interne, adopte les mesures nécessaires pour identifier, geler ou saisir, aux fins de confiscation éventuelle ou confisquer les fonds ou autres biens qui constituent le produit de la perpétration d'un des délits prévus par les instruments internationaux énumérés á l'article 2 de la présente Convention ou qui visent á financer ou qui ont servi a faciliter ou á financer leur perpétration.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont applicables aux délits commis dans le cadre aussi bien qu'en dehors de la juridiction de l'État partie.
Délits sous-jacents au blanchiment de l'argent
1. Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour assurer que sa législation pénale interne relative au délit du blanchiment de l'argent comporte, comme délits sous-jacents au blanchiment de l'argent, ceux qui sont définis dans les instruments internationaux énumérés á l'article 2 de la présente Convention.
2. Les délits sous-jacents au blanchiment de l'argent visés au paragraphe 1 comprendront ceux commis dans le cadre aussi bien qu'en dehors de la juridiction de l'État partie.
Coopération dans le domaine frontalier
1. Les États parties, conformément á leurs régimes juridiques et administratifs internes respectifs, encouragent la coopération et l'échange d'informations afin d'améliorer les mesures de contrôle frontalier et douanier visant á détecter et á prévenir la circulation internationale de terroristes et le trafic d'armes ou d'autres matériels destinés au soutien d'activités terroristes.
2. Dans cette perspective, ils encouragent la coopération et l'échange d'information pour améliorer les contrôles qu'ils exercent sur l'émission des documents de voyage et piéces d'identité et éviter leur falsification, altération illégale ou utilisation frauduleuse.
3. Ces mesures seront mises en oeuvre sans porter atteinte aux engagements internationaux applicables portant sur le libre mouvement des personnes et la facilitation du commerce.
Coopération entre les autorités compétentes pour l'application de la loi
Les États parties collaborent étroitement, conformément á leurs procédures juridiques et administratives internes, afin de renforcer l'application effective de la loi et de combattre les délits par les instruments internationaux énumérés á l'article 2. á cette fin, ils établissent et améliorent, au besoin, les filiéres de communication entre leurs autorités compétentes, afin de faciliter l'échange sûr et rapide de renseignements sur tous les aspects des délits prévus par les instruments internationaux, énumérés á l'article 2 de la présente Convention.
Entraide juridique
Les États parties se prêtent l'entraide juridique la plus ample et expéditive possible dans le cadre de la prévention, de l'enquête et de la poursuite des délits prévus par les instruments internationaux visés á l'article 2 et des procédures connexes, conformément aux accords internationaux applicables en vigueur. En l'absence de ces accords, les États parties se prêtent cette assistance de maniére expéditive conformément á leur législation interne.
Transférement de personnes en détention
1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un État partie dont la présence dans un autre État partie est requise aux fins de témoignage ou d'identification ou en vue d'apporter son concours á l'obtention de preuves dans le cadre de l'enquête ou des poursuites engagées pour des délits prévus par les instruments internationaux énumérés á l'article 2, peut faire l'objet d'un transférement si les conditions ciaprés sont réunies:
a) Ladite personne donne librement son consentement en toute connaissance de cause;
b) Les deux États y consentent, sous réserve des conditions qu'ils peuvent juger appropriées.
2. Aux fins du présent article:
a) L'État vers lequel le transférement est effectué a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en détention, sauf si l'État á partir duquel le transférement a été effectué demande ou autorise autre chose;
b) L'État vers lequel le transférement est effectué s'acquitte sans retard de l'obligation de remettre l'intéressé á la garde de l'État a partir duquel le transférement a été effectué, conformément á ce qui aura été convenu au préalable ou autrement par les autorités compétentes des deux États;
c) L'État vers lequel le transférement est effectué ne peut exiger de l'État á partir duquel le transférement est effectué qu'il engage une procédure d'extradition concernant l'intéressé;
d) Il est tenu compte de la période que l'intéressé a passée en détention dans l'État vers lequel il a été transféré afin de déduire ce temps de la durée de la peine á purger dans l'État á partir duquel le transférement a été transféré.
3. á moins que l'État partie á partir duquel une personne doit être transférée, conformément aux dispositions du présent article, ne donne son accord, ladite personne, quelle qu'en soit la nationalité, ne peut poursuivie ou détenue ou soumise á aucune autre restriction de sa liberté de mouvement sur le territoire de l'État vers lequel elle a été transférée en raison d'actes ou condamnations antérieures á son départ du territoire de l'État á partir duquel le transférement a été effectué.
Inapplicabilité de l'exception au titre d'un délit politique
Aux fins d'extradition ou d'entraide judiciaire, aucune des délits prévus par les instruments internationaux énumérés á l'article 2 n'est considéré comme un délit politique, un délit connexe á une infraction politique ou un délit inspiré par des motifs politiques. En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire ne peut être refusée pour la seule raison qu'elle concerne un délit politique, un délit connexe a un délit politique, ou un délit inspiré par des motifs politiques.
Refus de l'octroi du statut de réfugié
Chaque État partie adopte les mesures appropriées, conformément aux dispositions pertinentes du droit interne et international, afin d'assurer que le statut de réfugié ne soit pas accordé á des personnes au sujet desquelles it existe des motifs raisonnables de croire qu'elles ont commis un des délits prévus par les instruments internationaux énumérés á l'article 2 de la présente Convention.
Rejet de l'asile
Chaque État partie adopte les mesures appropriées, conformément aux dispositions pertinentes du droit interne et international, afin d'assurer que l'asile ne soit pas accordé á des personnes au sujet desquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu'elles ont commis un des délits défini dans les instruments internationaux énumérés á l'article 2 de la présente Convention.
Aucune des dispositions de la présente Convention ne saurait être interprétée comme imposant une obligation de fournir une entraide juridique si l'État partie requis a des motifs bien fondés de croire que la demande a été formulée dans le but poursuivre ou de punir une personne pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinion politique ou si l'exécution de la demande pourrait porter préjudice á la situation de cette personne pour n'importe laquelle de ces raisons.
1. Les mesures adoptées par les États parties conformément á la présente Convention sont mises en oeuvre dans le cadre du respect intégral de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2. Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme portant atteinte á d'autres droits et obligations des États et des personnes en vertu du droit international, en particulier la Charte des Nations Unies, la Charte de l'Organisation des États Américains, le droit international humanitaire, le droit international lié aux droits de l'homme et le droit international des réfugiés.
3. Toute personne en état de détention ou á l'égard de laquelle est adoptée une mesure quelconque, ou qui est poursuivie conformément á la présente Convention, jouit des garanties d'un traitement équitable, notamment la jouissance de tous les droits et garanties, conformément au droit interne de l'État sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions pertinentes du droit international.
1. Les États parties encouragent la réalisation de programmes de coopération technique et de formation aux échelons national, bilatéral, sous-régional et régional et dans le cadre de l'Organisation des États Américains, en vue de renforcer les institutions nationales chargées de veiller au respect des obligations émanant de la présente Convention.
2. De même, les États parties encouragent, s'il y a lieu, la mise en oeuvre de programmes de coopération technique et de formation avec d'autres organisation régionales et internationales qui ménent des activités liées aux buts de la présente Convention.
Coopération par l'intermédiaire de l'Organisation des États Américains
Les États parties encouragent la plus ample coopération dans le cadre des organes pertinents de l'Organisation des États Américains, notamment le Comité interaméricain contre le terrorisme (CICTE), au sujet des questions liées á l'objet et aux buts de la présente Convention.
Consultation entre les Parties
1. Les États parties tiennent périodiquement les réunions de consultation qu'ils jugent opportunes, afin de faciliter:
a) La mise en oeuvre intégrale de la présente Convention, notamment l'examen de questions d'intérêtliées á la Convention et identifiées par les États parties;
b) L'échange de renseignements et de données d'expérience sur les méthodes et moyens effectifs pour prévenir, détecter, sanctionner le terrorisme et mener des enquêtes á ce sujet.
2. Le Secrétaire général convoque une réunion de consultation des États parties aprés le dépôt du dixiéme instrument de ratification. Sans préjudice de ce qui précéde, les États parties pourront mener les consultations qu'ils jugent appropriées.
3. Les États parties pourront demander aux organes pertinents de l'Organisation des États Américains, notamment au CICTE, de faciliter les consultations visées aux paragraphes antérieurs et de fournir d'autres formes d'assistance en ce qui concerne la mise en oeuvre de la présente Convention.
Exercice de juridiction
Aucune des dispositions de la présente Convention n'habilite un État partie á exercer sa juridiction sur le territoire d'un autre État partie, ni á y accomplir les fonctions que le droit interne de cet autre Partie réserve exclusivement á ses propres autorités.
L'instrument original de la présente Convention, dont les textes espagnol, français, anglais et portugais font également foi, est déposé auprés du Secrétariat général de l'Organisation des États Américains.
Signature et ratification
1. La présente Convention est ouverte á la signature de tous les États membres de l'Organisation des États Américains.
2. La présente Convention sera ratifiée par les États signataires conformément á leurs procédures constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés au Secrétariat général de l'Organisation des États Américains.
1. La présente Convention entre en vigueur le trentiéme jour á partir de la date du dépôt du sixiéme instrument de ratification de la Convention au Secrétariat général de l'Organisation des États Américains.
2. Pour chaque État qui ratifie la Convention aprés le dépôt du sixiéme instrument de ratification, la Convention produit ses effets le trentiéme jour á partir de la date á laquelle cet État a déposé son instrument de ratification.
1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention moyennant notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des États Américains. La dénonciation prend effet un an aprés la date á laquelle la notification écrite a été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation.
2. Cette dénonciation n'aura aucune incidence sur toute demande de renseignements ou d'assistance présentée durant la période de validité de la Convention á l'égard de l'État qui l'a dénoncé.
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANO
Certifico que el documento adjunto, es copia fiel y exacta de los textos auténticos en español, inglés, portugués y francés de la CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002, en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, y que los textos firmados de dichos originales se encuentran depositados en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Se expide la presente certificación a solicitud de la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos.
18 de junio de 2002
Director Departamento de Derecho Internacional,
JEAN MICHEL ARRIGÍ.
"Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación"
Última actualización: 20 de septiembre de 2019

References: Artículo 1
 artículo 189
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 22
 artículo 2

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2
 artículo 2
 artículo 112
 artículo 21
 resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
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 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
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 artículo 2

ARTÍCULO 22