Source: http://derechodeportivocolombiano.com.co/repository/sentenciasce-11001031500020140087801.php
Timestamp: 2019-09-22 22:54:42+00:00

Document:
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Procedencia excepcional de la acción de tutela cuando la providencia judicial vulnera derechos fundamentales / VULNERACION DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO DE LA CORPORACION DEPORTES QUINDIO S.A. - La providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo / DEPORTE PROFESIONAL - Fútbol profesional / CLUBES DEPORTIVOS PROFESIONALES - Expresa prohibición legal: entidades públicas no pueden tener derechos o ser propietarias de clubes deportivos profesionales / SOCIEDAD ANONIMA - Club Deportes Quindío / REQUISITOS PARA ESTAR AFILIADO A LA DIMAYOR - Cumplimiento por parte del Club Deportes Quindío / REQUISITOS LEGALES PARA SER EQUIPO PROFESIONAL DE FUTBOL - Club Deportes Quindío satisface todos los requisitos
La Sala procede a estudiar el fondo del asunto a efectos de determinar si en el presente caso las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora, al conceder las pretensiones de la acción popular instaurada en su contra por el señor Obando Roa y, especialmente, al ordenar la restitución de los bienes entregados en comodato por parte de la Corporación Deportes Quindío a la Empresa Industrial y Comercial del orden municipal denominada Club Deportivo Atlético Quindío o, en su defecto, al municipio de Armenia, entidad territorial de derecho público… Analizados los hechos que fundamentan esta acción y las pruebas obrantes en el expediente, la Sala encuentra que el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Armenia y el Tribunal Administrativo del Quindío, al dictar los fallos de 28 de febrero y 18 de diciembre de 2013, vulneraron el derecho al debido proceso de la Corporación Deportes Quindío S.A., en razón a que desconocieron los siguientes argumentos: Que el Club Deportes Quindío actualmente está constituido como una sociedad anónima, tal y como lo exigen las disposiciones estatutarias y legales para acceder a la afiliación a la DIMAYOR, de manera que ningún objeto tendría una orden en el sentido de cambiar la naturaleza jurídica o el tipo societario, desconociendo la expresa prohibición legal. Que existe una prohibición expresa de que los municipios, así como cualquier entidad pública sean propietarios de clubes deportivos profesionales, por lo que el cumplimiento de una orden judicial de restituir el derecho de afiliación a una Empresa Industrial o Comercial de orden municipal o al ente territorial municipio de Armenia, no sólo implicaría el desconocimiento de la ley sino que impondría a la DIMAYOR la carga de afiliar y dar participación en los torneos a un equipo sin el lleno de los requisitos establecidos por la ley y por los estatutos de dicha entidad, lo cual resulta contrario a los claros principios constitucionales y legales que se dejaron expuestos. Descendiendo al caso objeto de análisis, se advierte sin lugar a dudas que las autoridades accionadas desconocieron claras normas jurídicas de orden público, tomando una decisión abiertamente contraria al ordenamiento, con lo cual indudablemente incurrieron en defecto sustantivo… de conformidad con las pruebas documentales allegadas a la actuación, el Club Deportes Quindío actualmente cumple con los requisitos establecidos para estar afiliado a DIMAYOR como son: (i) estar constituido como corporación o sociedad anónima; (ii) estar constituido como organización deportiva; (iii) haber obtenido reconocimiento deportivo; (iv) sostener un equipo de futbol profesional y (v) haber sido aprobado por la Asamblea de la DIMAYOR como miembro. Adicionalmente, cumple con los requisitos legales para ser equipo profesional de fútbol, tales como tener capital suscrito y pagado mínimo de 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y su propietario no es una entidad del orden territorial, toda vez que los clubes deportivos profesionales son organismos de derecho privado…observa la Sala que en el sub examine el fallador de primera instancia no tuvo en cuenta que el Club Deportes Quindío actualmente cumple todos los requisitos exigidos por los estatutos de la DIMAYOR y las leyes reguladoras de la materia, en cuanto a su naturaleza jurídica, y por lo mismo, ostenta la calidad de afiliado. En consecuencia, resultaría totalmente contrario al ordenamiento jurídico superior y vulneratorio de la teleología de las normas jurídicas que inspiraron la reforma legal que dispuso la naturaleza jurídica que deben tener los clubes que tengan deportistas profesionales, por lo que la orden no puede cumplirse… para la Sala es claro que también se desconoció el derecho al debido proceso de la DIMAYOR, toda vez que no sólo se le dio una orden directa en un proceso en el cual ni siquiera fue vinculada, sino que se le impone aceptar un equipo de fútbol en el torneo, desconociendo que para ello existen unos requisitos y exigencias cuyo cumplimiento debe verificar la Asamblea General de Afiliados… Es así como, teniendo en cuenta la situación fáctica analizada y el marco normativo y jurisprudencial expuesto, la Sala considera que en el presente caso concurren los requisitos para revocar la decisión objeto de impugnación, para en su lugar, conceder el amparo deprecado por la actora.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 52 / DECRETO 2845 DE 1984 - ARTICULO 23 / LEY 181 DE 1995 - ARTICULO 29 / LEY1445 DE 2011 - ARTICULO 1
NOTA DE RELATORIA: Sobre la figura de la coadyuvancia en la acción de tutela, analizar la sentencia T-269 de 2012. En relación con el derecho constitucional al deporte, consultar: sentencia C-758 de 2002. En lo atinente a la naturaleza jurídica de las asociaciones deportivas, ver sentencia T-320 de 1997, todas de la Corte Constitucional.
Radicación número: 11001-03-15-000-2014-00878-01(AC)
Actor: CORPORACION DEPORTES QUINDIO S.A
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO Y OTRO
Tal derecho lo considera vulnerado con ocasión de las sentencias proferidas por las mencionadas autoridades judiciales el 28 de febrero y el 18 de diciembre de 2013, asi como el auto de 2 de abril de 2014[1], dentro de la acción popular promovida por el señor Jesús Antonio Obando Roa contra el municipio de Armenia, el Concejo Municipal, la Personería Municipal, la Contraloría Municipal y la Corporación Deportes Quindío.
· La Corporación Deportes Quindío S.A.[2] suscribió en 1985 un contrato de comodato con el municipio de Armenia, en el que éste cedió a la corporación mencionada el uso y goce de la “ficha deportiva”[3] correspondiente a la empresa comercial del orden municipal Club Deportivo Atlético Quindío[4], por el término de dos (2) años.
· Al vencimiento del plazo pactado la Corporación Deportes Quindío S.A. no restituyó el bien cedido, ni la administración municipal requirió su devolución.
· El 20 de noviembre de 2009, el señor Jesús Antonio Obando Roa presentó demanda en ejercicio de la acción popular contra el municipio de Armenia, el Concejo Municipal, la Personería Municipal, la Contraloría Municipal de Armenia y la Corporación Deportes Quindío S.A., al considerar que con la cesión de la “ficha deportiva”, se habían vulnerado los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público y a la libre competencia económica[5].
· La demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo de Armenia que, en sentencia de 28 de febrero de 2013, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
· El Juzgado estimó que no era procedente la restitución de los bienes dados en comodato al municipio, pues ello desconocería el derecho de dominio de los actuales asociados del Deportes Quindío S.A. y además, la legislación deportiva actual no permite la concentración de un club de futbol en cabeza de una persona y menos si se trata de una entidad estatal.
Sin embargo, como medida de reparación, ordenó a la Corporación Deportes Quindío entregar a la comunidad de Armenia, a modo de reparación y a través de los aficionados del Deportes Quindío, los títulos de propiedad o participación accionaria en la corporación “… a través de un mecanismo que garantice que los hinchas más fieles del equipo de la región sean quienes representen los intereses de la comunidad en el club profesional que rige los destinos del equipo de la ciudad de Armenia”. (Folio 18 vuelto).
· Los demandados, inconformes con la decisión, interpusieron recurso de apelación que correspondió al Tribunal Administrativo del Quindío; autoridad que, mediante sentencia de 18 de diciembre de 2013, modificó el fallo de primera instancia.
· El ad quem limitó el ámbito de protección, al derecho colectivo “a la defensa del patrimonio público”. Además, consideró que la fórmula de reparación ordenada por el Juez en la primera instancia no es precisa ni apegada a derecho, por lo que ordenó la restitución de los bienes entregados en comodato a la empresa comercial Club Deportivo Atlético Quindío o, en su defecto, al municipio de Armenia, quien debería adoptar las medidas necesarias para cumplir los requerimientos de la Ley 1445 de 2011[6], para acceder a la afiliación a la DIMAYOR.
Para arribar a la citada resolutiva, consideró que se defraudó el patrimonio público del municipio de Armenia, al pretender despojarlo vía de hecho de “bienes imprescriptibles e inembargables” que le corresponden “… y en definitiva bienes que serían de su plena propiedad en el evento de que dicha empresa comercial hubiera sido disuelta y liquidada, conforme quedó analizado líneas atrás”[7].
· El Tribunal, mediante auto de 2 de abril de 2014, resolvió las solicitudes de aclaración, adición y revisión eventual que fueron presentadas por las partes. Complementó la decisión de segunda instancia en el sentido de precisar que es posible interponer acciones populares por hechos ocurridos con anterioridad a la vigencia de la Ley 472 de 1998, dando aplicación al régimen procesal contenido en ella, siempre y cuando con ellos se hubieren vulnerado derechos o intereses colectivos y dicha vulneración persista.
· Asimismo, accedió a las aclaraciones solicitadas en cuanto tiene que ver con el concepto de “ficha deportiva”, la persona jurídica que suceda a la Corporación Deportes Quindío y la restitución de un equipo profesional de fútbol en la misma cantidad y calidad en que se recibió.
1.3. Fundamento de la vulneración
De igual forma, consideró que se configuró un defecto sustantivo toda vez que estimó que la ficha deportiva es un bien patrimonial de carácter fiscal y, por lo tanto, imprescriptible; cuando al momento de celebrarse el contrato de comodato se encontraba vigente el “anterior Código de Procedimiento Civil, Decreto 1400 de 1970 que permitía la prescripción de los bienes fiscales”. (Fl. 90).
En consecuencia, que se ordenara al mencionado Juzgado proferir una nueva decisión en la que se vincule a los accionistas de la Corporación Deportes Quindío y se tenga en cuenta que “se trata de bienes fiscales sujetos a prescripción”[8].
Frente a la medida provisional solicitada, se negó por cuanto se encontró que la parte actora no expuso argumentos que sustentaran su petición ni obró prueba en el expediente que demostrara la existencia de un perjuicio que hiciera más gravosa la presunta violación del derecho fundamental[9] y que no pudiera ser resuelto con la sentencia definitiva.
1.6. Contestación de las autoridades accionadas
1.6.1. Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Armenia
1.6.2. Tribunal Administrativo del Quindío
En cuanto a que la acción popular fue adelantada sin la comparecencia del titular del derecho, Club Deportivo Atlético Quindío, consideró que en nada se afecta la decisión de segunda instancia con dicha vinculación, “por cuanto lo que interesa en el asunto en atención a su naturaleza colectiva, como lo fue la defensa del patrimonio público del municipio de Armenia, es la restitución de los bienes dados en comodato a la Corporación Deportes Quindío al Club Deportivo Atlético Quindío o en su defecto, al MUNICIPIO DE ARMENIA, que si intervino en la acción popular”[10].
Frente a la reclamación del tutelante, según la cual los bienes en mención son de carácter fiscal y sujetos a prescripción, concluyó que “… los bienes dados en comodato a la Corporación Deportes Quindío no podían ser objeto de adquisición por el fenómeno de la prescripción, en atención a la naturaleza pública que los cobijaba y que los hace imprescriptibles, inembargables e inalienables”.
1.7. Intervención de los terceros interesados
1.7.1. Personería Municipal de Armenia
Precisó que las autoridades judiciales accionadas “… vincularon y escucharon todos los argumentos de las partes que debían intervenir dentro de la acción popular[11]”. Asimismo, aseveró “… que una cosa son los derechos que tengan los accionistas de la Corporación (…) con todos los bienes que correspondan a ésta y otra cosa muy distinta los bienes que pertenezcan al Municipio de Armenia”.
1.7.2. Municipio de Armenia
Sostuvo que el “contrato de comodato terminó en febrero de 2001, no fue prorrogado por cuanto no se probó en ninguna de las instancias y se descarta una prórroga automática por cuanto las partes así lo determinaron en una cláusula del contrato, en la cual se estipuló que las prórrogas he (sic) efectuarían por escrito y se indicó que se descarta una prórroga verbal[12]”.
En lo atinente a que el proceso se adelantó sin la comparecencia del titular del derecho (Empresa Industrial y Comercial Club Deportivo Atlético Quindío), aseguró “que dicha circunstancia no puede ser alegada por el accionante, esta facultad se encuentra reservada (…) para la parte afectada, (…) quien tendría la calidad de sujeto pasivo (…) en la acción popular y por ende solo ella estaría legitimada para solicitar su vinculación[13]”.
1.6.4. Jesús Antonio Obando Roa
1.7. Sentencia impugnada
1.8. Impugnación
Expuso que la Sección Cuarta del Consejo de Estado motivó indebidamente la sentencia, toda vez que si se “entró en el fondo- es decir, se examinó si los derechos fundamentales habían sido violados o no, resolviendo que no lo fueron- no se ha debido declarar improcedente “la acción de tutela instaurada”, sino que ha debido negarse[14]”.
1.9. Coadyuvancia
En escrito[15] presentado el 7 de noviembre de 2014, el Representante Legal de la División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, manifestó coadyuvar la acción de tutela presentada por la Corporación Deportes Quindío S.A. por violación del derecho fundamental al debido proceso.
Aclaró que la coadyuvada Corporación Deportes Quindío S.A. tiene la condición de club afiliado a la DIMAYOR, y ésta “ha sido compelida inconstitucionalmente a cancelar dicha afiliación”.
Reiteró que la DIMAYOR, entidad que no fue convocada a la acción popular, no puede traspasar unos supuestos derechos de afiliación existentes en un titular y menos vincular como afiliado a una persona que no cumple con los requisitos legales y estatutarios a efectos de su participación en el torneo rentado profesional, con las correspondientes prerrogativas jurídicas, deportivas y económicas que ello genera[16].
Adicionalmente a estas condiciones el Deportes Quindío cumple con los requisitos legales para ser equipo profesional de fútbol, tales como (i) tener capital suscrito y pagado mínimo de 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que su propietario no sea una entidad del orden territorial, toda vez que los clubes deportivos profesionales son organismos de derecho privado.
2.1. Cuestión Previa - Coadyuvancia en la acción de tutela
Sobre la figura de la coadyuvancia en la acción de tutela la Corte Constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos (Sentencia T-269 de 2012):
Partiendo de lo anterior, la Sala estima que como la División Mayor del Fútbol Colombiano - DIMAYOR es el órgano encargado de la administración y organización de los torneos y campeonatos de nivel profesional en esta disciplina, y sería el llamado a admitir un nuevo club a las competiciones, tiene un interés directo en el resultado del presente trámite, razón suficiente para aceptar su coadyuvancia a la acción de tutela instaurada por la Corporación Deportes Quindío S.A.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Esta Sección, mayoritariamente[17], venía considerando que la acción de tutela era improcedente cuando se dirigía contra una decisión judicial. Sólo en casos excepcionales se admitía su procedencia, eventos éstos que estaban relacionados con un vicio procesal ostensible y desproporcionado que lesionara el derecho de acceso a la administración de justicia en forma individual o en conexidad con el derecho de defensa y contradicción.
Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallos de 31 de julio de 2012[18] y 12 de agosto de 2014[19] unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema[20].
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales[21].
“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”[22] (Negrilla fuera de texto).
Siguiendo la línea trazada por la Corte Constitucional, son requisitos o causales especiales para la prosperidad de la acción de tutela, los siguientes[23]:
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[24] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión[25].
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[26].
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia[27] a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuales dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -improcedencia sustantiva- y cuales impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -improcedencia adjetiva-.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.6. Del derecho al deporte
La Corte Constitucional ha destacado que el deporte profesional, muy especialmente el fútbol, es “… un espectáculo, un oficio, una forma de realización personal para el deportista profesional, y una actividad empresarial que mueve grandes capitales anualmente”.
“ARTICULO 52. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo No. 02 de 2000, el nuevo texto es el siguiente: El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano.
El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas”. (Resaltado de la Sala)
Esta consagración quedó expresada claramente en la sentencia C-758 de 2002[28], en la cual la Corte explicó el alcance y contenido del artículo 52 de la Constitución, en los siguientes términos:
Destacó igualmente que la norma constitucional establece, de manera expresa un límite para la potestad de configuración del legislador para regular la estructura y propiedad de las organizaciones deportivas, el cual consiste en el deber de asegurar que éstas sean democráticas.
2.7. De los clubes deportivos y su participación en el fútbol profesional colombiano
“El fútbol es un deporte que cumple simultáneamente varias funciones: recrea a los espectadores, genera una actividad económica y hace posible la realización personal del jugador. Como juego de competición, el fútbol es un medio de esparcimiento de multitudes, que gracias a los avances tecnológicos en el área de las comunicaciones, tiende a universalizarse y a estrechar los vínculos entre los diferentes países. Su internacionalización, por otra parte, ha llevado a que sea también un negocio atractivo para los inversionistas. El fútbol, concebido como empresa, al igual que otros deportes, es un negocio en el que se invierten grandes cantidades de dinero, en parte debido a las altas sumas en que se cotizan los jugadores[29]”.
Sobre la naturaleza jurídica de las asociaciones deportivas precisó, en sentencia T-320 de 1997, que si bien tales asociaciones no tienen ánimo de lucro, y no son sociedades comerciales[30], ejercen una actividad económica, puesto que contratan jugadores, reciben ingresos por concepto de ventas de entradas a los espectáculos y derechos de transmisión, promocionan marcas y realizan actividades conexas, por lo que “son verdaderas empresas, en el sentido constitucional del término, por lo cual su actividad recae bajo las regulaciones de la llamada Constitución económica”.
Sobre las formas asociativas, sostuvo la Corte en Sentencia T-498 de 1994[31]:
"El deporte del fútbol se organiza y funciona en torno a organismos deportivos - clubes, ligas, federaciones -.Los clubes deportivos son organismos de derecho privado que cumplen funciones de interés público y social, constituidos por un número plural de socios con el objeto de fomentar la práctica de un deporte, con deportistas aficionados o profesionales. Las ligas, constituidas por clubes, tienen la misma naturaleza jurídica e intereses sociales que éstos, pero su objeto es la organización técnica y administrativa del respectivo deporte en su jurisdicción (Ibíd., art. 11). Por último, las federaciones comparten las características de los clubes y de las ligas, y su tarea es organizar, a nivel nacional, con deportistas aficionados o profesionales, la práctica del deporte (ibíd., art. 14)"
En este orden de ideas, consideró que “… el ejercicio de las facultades de los clubes deportivos, que derivan de la libre asociación y la libertad de empresa, están garantizadas constitucionalmente, sin perjuicio de los límites que generan los derechos fundamentales de las personas y la finalidad social que están llamados a cumplir”.
Es así como en la exposición de motivos de la Ley 1445 de 2011, se consignó como desarrollo de la libertad de empresa que: “
2.8. De la DIMAYOR y la forma asociativa de organización de los clubes deportivos
Descendiendo al ordenamiento jurídico colombiano en la materia y a la forma de organización asociativa expuesta, se tiene que para cumplir las finalidades establecidas, se creó la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR), fundada el 26 de junio de 1948, la cual, de conformidad con su objeto estatutario, es la entidad que se encarga de organizar, administrar y reglamentar los campeonatos del Fútbol Profesional Colombiano.
La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, de conformidad con sus estatutos[32], es una asociación sin ánimo de lucro, de carácter civil, con personería jurídica, otorgada por Resolución No. 115 de 25 de mayo de 1949, emanada del Ministerio de Justicia que tiene por objeto, directamente y por conducto de sus afiliados, fomentar, promover, desarrollar, comercializar, estimular, dirigir y administrar técnicamente las actividades relacionadas con este deporte.
Cabe destacar que el “reconocimiento deportivo” que se le realiza a un club es, de conformidad con las normas que actualmente regulan el deporte en Colombia, en especial la Ley 181 de 1995[33], modificada por la ley 494 de 1999 y la 582 de 2000, el conjunto de derechos y prerrogativas que se le confieren en virtud de pertenecer a la DIMAYOR, previo cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios y que implica, especialmente, el derecho de participar en campeonatos nacionales e internacionales y utilizar los escenarios deportivos, teniendo como deber correlativo el cumplimiento de las normas que rigen la asociación.
A su turno, el artículo 23 del Decreto 2845 de 1984 había consagrado como regla de obligatorio cumplimiento que “… los clubes con deportistas profesionales no podrán admitir como poseedores de acciones o derechos, a entidad pública alguna, dentro de los dos (2) años siguientes a la vigencia de este decreto, los clubes que en la actualidad registren una situación que contravenga esta prohibición, deberán adecuar debidamente su composición de capital”.
Cabe resaltar que la Ley 1445 de 2011 se expidió con el fin de evitar mal manejo que se venía haciendo de los clubes y la falta de control sobre los equipos de fútbol profesional colombiano que se evidenció en el país y que hacía necesario buscar los correspondientes correctivos, tal como quedó plasmado en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 077 de 2010 – Cámara (Ley 1445 de 2011):
Se entiende por clubes con deportistas profesionales a los organismos de derecho privado que cumplen funciones de interés público y social, organizados como corporaciones o asociaciones deportivas sin ánimo de lucro o sociedades anónimas, constituidos por personas naturales o jurídicas, para el fomento, patrocinio y práctica de uno o más deportes, con deportistas bajo remuneración, de conformidad con las normas de la Ley 181 de 1995 y de la respectiva federación nacional y hacen parte del sistema nacional del deporte (Decreto-ley 1228 de 1995, artículo 14).
Ahora bien, la constitucionalidad de la Ley 1445 de 2011 “Por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las disposiciones que resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en relación con el deporte profesional”, fue abordada por la Corte Constitucional en sentencia C- 287 de 2012, en la cual, previo análisis del articulado, se concluyó que:
f) Los demás que le otorguen las disposiciones legales, estatutarias, reglamentarias, los acuerdos de la asamblea y las resoluciones del órgano de administración”[34]. (Negrillas fuera del texto).
De lo expuesto se extrae que actualmente ningún equipo profesional de fútbol en Colombia puede participar en los torneos oficiales sin estar afiliado a la División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, para lo cual, tanto los estatutos de la mencionada entidad como las leyes reguladoras del deporte, exigen que se constituyan como corporaciones o asociaciones sin ánimo de lucro o sociedades anónimas, entre otros requisitos, forma societaria que se adecúa a los contenidos constitucionales analizados en precedencia.
De igual forma, previa solicitud del Club deportivo y con la obtención del reconocimiento deportivo por parte de COLDEPORTES[35], es la Asamblea General de Afiliados de la DIMAYOR quien debe decidir acerca del ingreso o no de un club como miembro de la División Mayor del Fútbol Colombiano y como tal, de su participación en los campeonatos y torneos oficiales a nivel nacional, continental e internacional, competencia que por demás es reglada en tanto la ley exige el cumplimiento de parámetros mínimos de conformidad con los cuales le es dable otorgar o no el reconocimiento, sin que, en consecuencia, dependa de su arbitrio o capricho.
2.9. Análisis del caso concreto referido a los argumentos expuestos en la solicitud de amparo
Que el Club Deportes Quindío actualmente está constituido como una sociedad anónima, tal y como lo exigen las disposiciones estatutarias y legales para acceder a la afiliación a la DIMAYOR, de manera que ningún objeto tendría una orden en el sentido de cambiar la naturaleza jurídica o el tipo societario, desconociendo la expresa prohibición legal.
Que existe una prohibición expresa de que los municipios, así como cualquier entidad pública sean propietarios de clubes deportivos profesionales, por lo que el cumplimiento de una orden judicial de restituir el derecho de afiliación a una Empresa Industrial o Comercial de orden municipal o al ente territorial municipio de Armenia, no sólo implicaría el desconocimiento de la ley sino que impondría a la DIMAYOR la carga de afiliar y dar participación en los torneos a un equipo sin el lleno de los requisitos establecidos por la ley y por los estatutos de dicha entidad, lo cual resulta contrario a los claros principios constitucionales y legales que se dejaron expuestos.
(i) La organización y administración de los torneos y campeonatos de fútbol a nivel profesional en Colombia está en cabeza de la División Mayor del fútbol Colombiano – DIMAYOR.
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1° de la referida ley que establece: “Organización de los clubes con deportistas profesionales. El artículo 29 de la Ley 181 de 1995, quedará así:
“Artículo 29. Organización de los clubes con deportistas profesionales. Los clubes con deportistas profesionales deberán organizarse o como Corporaciones o Asociaciones deportivas, de las previstas en el Código Civil, o como Sociedades Anónimas, de las previstas en el Código de Comercio, conforme a los requisitos que se establecen en la presente ley.
Parágrafo 3°. Los clubes con deportistas profesionales que decidan inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) o inscribir sus valores en el mismo, estarán sujetos a las normas propias del mercado de valores en su condición de emisor”.
Adicionalmente, cumple con los requisitos legales para ser equipo profesional de fútbol, tales como tener capital suscrito y pagado mínimo de 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y su propietario no es una entidad del orden territorial, toda vez que los clubes deportivos profesionales son organismos de derecho privado.
A su turno, el Tribunal Administrativo del Quindío incurrió en defecto sustantivo, por cuanto desconoció las disposiciones de la Ley 1445 de 2011 y el Decreto 2845 de 1984 en cuanto a que los clubes deportivos profesionales deben estar constituidos como corporaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, o bien como sociedades anónimas, y que en ningún caso las entidades públicas podrían tener participación en éstos.
En efecto, tal defecto se evidencia en la indebida aplicación del artículo 2 de la Ley 1445 de 2011, que fijó un número mínimo de socios para aquellos clubes constituidos como sociedades anónimas[36].
Por otra parte, para la Sala es claro que también se desconoció el derecho al debido proceso de la DIMAYOR, toda vez que no sólo se le dio una orden directa en un proceso en el cual ni siquiera fue vinculada, sino que se le impone aceptar un equipo de fútbol en el torneo, desconociendo que para ello existen unos requisitos y exigencias cuyo cumplimiento debe verificar la Asamblea General de Afiliados.
Si bien la sentencia de segunda instancia sólo menciona que debe informarse a la DIMAYOR del cambio de titular de la “ficha deportiva”, lo cual como se determinó al establecer el marco teórico con fundamento en el cual se abordó el caso concreto, toda vez que se trata en realidad de derechos de afiliación que involucran una serie de prerrogativas, como la de participar en los torneos de fútbol, tanto nacionales como internacionales, lo cierto es que ello implicaría que dicha asociación cancele la afiliación actualmente reconocida a la Corporación Deportes Quindío S.A. y afilie a un equipo de fútbol en cabeza del municipio de Armenia y le de participación en los torneos, sin el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios.
Por lo expuesto anteriormente, para la Sala es claro que los fallos emitidos por las autoridades accionadas incurrieron en defecto sustantivo, por cuanto no estuvieron conformes con la normativa aplicable, la cual es de orden público y de ineludible cumplimiento y además se encuentra acorde con los valores y principios reconocidos constitucionalmente y, por ende, desconocieron el derecho al debido proceso de la Corporación Deportes Quindío S.A. y de la División Mayor del Fútbol Colombiano DIMAYOR.
En efecto, esta Sección ha considerado que cuando la causa, motivo o razón a la que se atribuye la transgresión es de tal entidad que incide directamente en el sentido de la decisión, resulta necesario amparar los derechos fundamentales involucrados en la demanda y tal situación ocurre indudablemente cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática[37] y se aplican normas jurídicas en contradicción con su contenido expreso y su teleología, como acaeció en el sub lite.
Así las cosas, lo procedente es revocar la decisión impugnada y, en su lugar, amparar el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora. En consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia de 18 de diciembre de 2013 y se ordenará al Tribunal Administrativo del Quindío que, en el término de 20 días a partir de la ejecutoria de este proveído, se pronuncie nuevamente sobre el asunto sometido a su consideración, teniendo en cuenta los lineamientos anteriormente expuestos y con la comparecencia de la División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR.
PRIMERO.- REVOCAR LA SENTENCIA DE 31 DE JULIO DE 2014, PROFERIDA POR LA SECCIÓN CUARTA DE ESTA CORPORACIÓN, QUE NEGÓ “POR IMPROCEDENTE” EL AMPARO. EN SU LUGAR, CONCEDER LA TUTELA DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO DE LA CORPORACIÓN DEPORTES QUINDÍO S.A.
SEGUNDO. EN CONSECUENCIA, DEJAR SIN EFECTOS LA SENTENCIA DE 28 DE DICIEMBRE DE 2013, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, Y ORDENAR A ESTA AUTORIDAD QUE DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, PROFIERA UNA NUEVA DECISIÓN EN LA QUE TENGA EN CUENTA LOS CRITERIOS TRAZADOS POR LA SALA EN ESTA DECISIÓN.
TERCERO. ACEPTAR LA COADYUVANCIA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA DIVISIÓN MAYOR DEL FÚTBOL COLOMBIANO – DIMAYOR.
CUARTO. NOTIFÍQUESE a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
[1] Proferido por el Tribunal ad quem, “… que resuelve sobre solicitudes de aclaración y adición y eventual revisión.” Folio 68.
[2] Antes Corporación Centenario Deportes Quindío.
[3] Derecho de afiliación y participación en los torneos organizados por la División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR.
[4] Creada mediante el Acuerdo No. 025 de 22 de septiembre de 1982, expedido por el Concejo Municipal de Armenia.
[6] “Por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las disposiciones que resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en relación con el deporte profesional”.
[7] Folio 58.
[8] Folio 93
[9] Folio 102
[10] Folio 132
[12] Folio 135
[13] Folio 138
[14] Folio 241
[15] Folios 253 a 315.
[16] Folio 262.
[17] Sobre el particular, el Consejero Ponente mantuvo una tesis diferente sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial que se puede consultar en los salvamentos y aclaraciones de voto que se hicieron en todas las acciones de tutela que conoció la Sección. Ver, por ejemplo, salvamento a la sentencia Consejera Ponente: Dra. Susana Buitrago Valencia. Radicación: 11001031500020110054601. Accionante: Oscar Enrique Forero Nontien. Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, y otro.
[18] Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
[19] Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Accionante Alpina S.A. contra Nestle S.A. Magistrado Ponente Dr. Jorge Octavio Ramírez.
[20] El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
[21] Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
[24] Sentencia T-522/01.
[25] Esta situación se evidencia cuando el juez adopta una decisión y la actuación judicial tiene su fundamento en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso.
[26] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y T-1031/01.
[27] Entre otras, en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
[28] CORTE CONSTITUCIONAL. Magistrado Ponente. Dr. Álvaro Tafur Galvis.
[29] Sentencia T-498 de 1994 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento Jurídico No 3.
[30] En la actualidad pueden tener la calidad de sociedades comerciales con ánimo de lucro.
[31] Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[32] Los Estatutos de la entidad y sus correspondientes modificaciones y reformas se encuentran debidamente aprobadas por el Ministerio de Justicia.
[33] “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte”
[34] Artículo 19 de los Estatutos de la DIMAYOR.
[35] Cabe destacar que COLDEPORTES es el “Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre”, creado como como organismo principal de la administración pública, del nivel central, rector del sector y del Sistema Nacional del Deporte, tal como lo establece el Decreto 4133 de 2011.
[36] “Número mínimo de socios o asociados y capital social. los clubes con deportistas profesionales organizados como sociedades anónimas, deberán tener como mínimo cinco (5) accionistas”.
[37] CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. T-071 de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

References: e contrario
 artículo 52
 Resolución 
 artículo 23
 artículo 14
 Artículo 1
 artículo 29
 artículo 2
 artículo 30
 Artículo 19