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Timestamp: 2019-03-19 17:55:50+00:00

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Interposición y trámite del recurso de casación no impiden la ejecución del decomiso | Legis.pe
En consecuencia, el decomiso decretado no puede escapar a dicha regla general, por lo que resulta inadmisible condicionar su ejecución hasta que se resuelva el recurso extraordinario de casación, bajo el argumento de no haber alcanzado la decisión del órgano jurisdiccional, la calidad de “cosa juzgada”, pues no hace falta esperar la firmeza de la sentencia condenatoria para comenzar a ejecutar dicha consecuencia accesoria.
2.1. En la resolución materia de recurso, el Juez se pronunció declarando la improcedencia de la ejecución del decomiso. Este, tiene por objeto diversos bienes, los cuales fueron señalados por la sentencia condenatoria de primera instancia, en que se dejó establecido que serían los “bienes especificados a partir de la página noventa y tres hasta la página ciento cinco, incluso de dicha sentencia.
2.3. Dicho juicio se desprende, de acuerdo con los fundamentos de la resolución, de lo prescrito en el artículo 425°, inciso 5, del Código Procesal Penal (en adelante CPP), el cual señala que “una vez leída y notificada la sentencia de segunda instancia, luego de vencerse el plazo para intentar recurriría, el expediente será remitido al Juez” a quien corresponde la ejecución. Agrega también una referencia al artículo 8º del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios General, el cual señala que las inscripciones ordenadas judicialmente serán efectuadas cuando la decisión constituya cosa juzgada.
6.1. El fundamento jurídico 8 del Acuerdo Plenario N° 10-2009/CJ-116, de fecha trece de noviembre de dos mil nueve, con relación al sistema que ha asumido nuestro CPP en materia de recursos, señala que la legislación procesal penal ha adoptado tanto el sistema de ejecución provisional como el sistema suspensivo, precisando que “si se examina el régimen del NCPP, podrá advertirse, en el caso de la sentencia condenatoria, la inclinación por el primer modelo: la impugnación no tiene efectos suspensivo -así lo dispone el artículo 402°.1 NCPP como regla específica frente a la genérica del artículo 412°.1 NCPP- (…)”.
6.2. La regla genérica en materia de recursos la encontramos consagrada en el artículo 412°.1, sección I (Preceptos Generales), Libro Cuarto (La Impugnación) del CPP, en los siguientes términos: “Salvo disposición contraria de la Ley, la resolución impugnada mediante recurso se ejecuta provisionalmente, dictando las disposiciones pertinentes si el caso lo requiere”. En eso orden de ideas, queda claro que en materia de recursos, el legislador .procesal peruano ha adoptado el sistema no suspensivo, lo que trae como ineludible consecuencia la ejecución provisional de la decisión jurisdiccional, aunque se interponga recurso contra ella, salvo que por mandato expreso de la ley, y en forma excepcionalísima, se ordene la suspensión de sus efectos.
6.3. El profesor Ibérico Castañeda, sostiene que: “El artículo 412 del CPP recoge el efecto no suspensivo de los recursos (…) Ello significa que la regla general es que la interposición de los recursos no suspende la ejecución de lo decidirlo, salvo mandato expreso de la ley que disponga el efecto suspensivo del recurso“[3]. Las excepciones a esta regla -es decir, el efecto suspensivo de los recursos-, las encuentra en los artículos 418°.1 (cuando se interpone recurso de apelación contra las sentencias y los autos de sobreseimiento, así como de los autos que pongan fin a la instancia), 418°.2 (cuando a criterio del órgano de revisión decide suspender la ejecución de la sentencia condenatoria a pena privativa de libertad efectiva), 402°,1 (cuando la pena sea de multa o limitativa de derechos) y 402°.2 del CPP (cuando el juez a quo, decide no ejecutar la condena a pena privativa de la libertad efectiva a un acusado que se hallaba en libertad, hasta que se resuelva la impugnación planteada).
6.3. En la doctrina nacional, el doctor San Martín Castro, al desarrollar el concepto del recurso de casación penal, sostiene: “Es un medio de impugnación extraordinario, que produce los efectos devolutivo, no suspensivo -salvo el caso de libertad: artículo 412 NCPP- y extensivo en lo favorable, mediante el cual se somete a la Sala Penal de la Corte Suprema el conocimiento, a través de motivos o causales tasadas, de determinadas sentencias y autos definitivos dictados en apelación por las Cortes Superiores con el fin de lograr la anulación de la recurrida, todo ello con fundamento en la existencia de vicios en la aplicación e interpretación de las normas de Derecho material o procesal, aplicable al caso”[4]. Más adelante, al desarrollar una de las notas esenciales de este recurso, sostiene que su carácter no suspensivo “Deriva del carácter general que se atribuye a los recursos: artículo 412 NCPP; el recurso no impide la ejecución provisional de la resolución impugnada, salvo las disposiciones sobre libertad“[5].
6.5. En la misma línea, el profesor Ibérico Castañeda, al referirse al recurso de casación, afirma que “es un medio impugnatorio extraordinario, de competencia exclusiva de la Sala Penal de la Corte Suprema, tal como lo establece el artículo 141 de la Constitución Política del Estado. Tiene efecto devolutivo, por cuanto su conocimiento es de cargo del órgano superior del que dictó la providencia jurisdiccional cuestionada. Pero no tiene efecto suspensivo, es decir, que su interposición no impide la ejecución de la decisión jurisdiccional impugnada“[6].
6.9. En el análisis del presente caso, conviene destacar siguiendo a Gimeno Sendra, que: “En la ejecución de la sentencia penal convergen el interés público a la pronta ejecución de la pena, como el interés privado del penado a no dilatar la definitiva conclusión del procedimiento y del perjudicado a obtener una pronta reparación de los daños y perjuicios sufridos“[8]. Luego agrega: “El derecho a una tutela judicial efectiva de estos últimos podrá verse así vulnerado cuando se produzca una injustificada dilación en la ejecución de la sentencia“[9].
6.11. En el Libro Sexto, Sección I del CPP, referido a la ejecución de la sentencia, encontramos el artículo 494° que en su inciso 1 prescribe: “Cuando en la sentencia se ordene el comiso de algún bien, el Juez de la Investigación Preparatoria, de no estar asegurado jurídicamente, dispondrá su aprehensión. A los bienes materia de comiso se le dará el destino que corresponda según su naturaleza, conforme a las normas de la materia“.
6.15. En consecuencia, el decomiso decretado, no puede escapar a la regla general de ejecución provisional de la sentencia condenatoria, que en segunda instancia ha sido confirmada por esta Sala, resultando inadmisible condicionar su ejecución hasta que se resuelva el recurso extraordinario de casación, bajo el argumento de no haber alcanzado la decisión del órgano jurisdiccional, la calidad de “cosa juzgada”, pues no hace falta esperar la firmeza de la sentencia condenatoria que imponga dicha consecuencia accesoria para comenzar a ejecutarla.
6.18. No está de más señalar que la defensa de Luis Rafael García Carcelén y Jezzy SAC ha sostenido que aun cuando sus recursos de casación han sido declarados improcedentes por extemporáneos, sí tienen en trámite dos recursos de queja (640-2017 y 641-2017) ante la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, lo que quiere decir que todavía existe la posibilidad de que la resolución de segunda instancia sea mutable. Al respecto como va se ha dicho, no se discute que se encuentren en trámite recursos impugnatorios (de casación o de queja) y que esté pendiente la decisión del Supremo Tribunal conforme a sus competencias, sino el carácter suspensivo o no de los recursos en trámite. En el caso del recurso de queja, el legislador procesal, y aun cuando la regla general del artículo 412°.1 del CPP es clara, ha reafirmado en el artículo 437°.4 de dicho Código que “la interposición del recurso no suspende la tramitación del principal, ni la eficacia de la resolución denegatoria“.
[4] SAN MARTÍN CASTRO, César Eugenio. “Recursos de Apelación y de Casación Penal”, en Teoría de la impugnación. Karla Videla Carbajal (coordinadora), facultad de derecho de la Universidad de Piura, Primera edición, Palestra Editores, 2009, p. 29.
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Legis.pe - octubre 12, 2018

References: resolución 
 artículo 425
 artículo 8
 artículo 402
 artículo 412
 artículo 412
 resolución 
 artículo 412
 artículo 412
 artículo 412
 resolución 
 artículo 141
 artículo 494
 resolución 
 artículo 412
 artículo 437
 resolución