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Timestamp: 2019-05-20 03:34:41+00:00

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Ejecución – El Blog de Jaume Alonso-Cuevillas
Nueva sentencia de cláusula suelo con plena retroactividad
29 junio, 2015 29 junio, 2015 Jaume Alonso-Cuevillas1 comentario
Como es sobradamente conocido, la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 9 de mayo de 2013, estableció la retroactividad parcial de la devolución de cantidades indebidamente cobradas en aplicación de cláusulas suelo luego consideradas nulas. La posterior Sentencia de la propia Sala Primera de fecha de 25 de marzo del presente 2015 fijó como doctrina general limitar el efecto retroactivo a la citada fecha de la anterior Sentencia de 9 de mayo de 2013.
Desde entonces, aunque la mayoría de tribunales de instancia y apelación han seguido la doctrina fijada por la Sala Primera –algunos con crítica expresa de la doctrina fijada– se ha producido un goteo de resoluciones que, en aplicación del art. 1303 del Código Civil, decretan la retroactividad de los efectos de la nulidad ex tunc, es decir, acordando la íntegra devolución de la totalidad de cantidades indebidamente cobradas por la entidad financiera en méritos de la cláusula suelo anulada.
En esta línea se inscribe la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Oviedo, de fecha 22 de junio de 2015, que decreta la nulidad ex tunc, con íntegra devolución de las cantidades indebidamente percibidas, con fundamento principal, entre otros, en la falta de buena fe en el caso concreto, argumento al que el Magistrado añade el “carácter político” de las referidas Sentencias del Tribunal Supremo
Así, respecto dela buena fe, razona el Magistrado de Oviedo:
<<La sentencia de 9.5.13, tal como es explicada por la de 25.3.15, basa el límite a la retroactividad en la buena fe de los “círculos” concernidos, en la protección de la seguridad jurídica y en la defensa del orden público económico, en riesgo de grave quebranto en caso de dar a la nulidad un efecto retroactivo normal. Pues bien, en nuestro caso la buena fe, que el TS define de forma abstracta y despegada de las circunstancias del caso concreto, es indefendible, pues hay prueba insobornable de que la entidad financiera “camufló” la “cláusula suelo” sin informar previamente sobre ella al cliente del modo en que estaba obligada a hacerlo. Además, no se comprende por qué aplicar el Art. 1303 CC en sus propios términos, como siempre se ha hecho, es contrario a la seguridad jurídica. El argumento debe ser invertido. Lo que es contrario a la seguridad jurídica es no hacerlo. Y lo que no resulta de recibo es escudarse en el orden público económico para no aplicar la Ley. El TS en ningún momento define este “etéreo” concepto, aunque parece identificarlo con el sector financiero o las cuentas de resultados de los Bancos. Sobre esto hemos de decir que la sentencia de 9.5.13, a la que la de 25.3.15 pretende dar un alcance general, es muy contraria a la realidad social, con clara vulneración del Art. 3.1 CC porque, como el todo mundo conoce, tras la inyección de miles de millones de euros a nuestras entidades financieras, procedentes de caudales públicos, los Bancos han cerrado el ejercicio de 2012 con beneficios cuantiosos, lo han vuelto hacer en mayor medida en el ejercicio de 2013, lo mismo sucede, aunque en mayor cuantía todavía, en el ejercicio de 2014, y, como colofón, el balance de situación del primer trimestre de 2015, ha arrojado para nuestros principales Bancos unos brillantes beneficios. Así las cosas, ¿dónde está el riesgo para el orden público económico?. Es obvio que la devolución de todo lo que se ha cobrado de más puede reducir discretamente los beneficios de alguna entidad financiera, pero es bien evidente que no está en riesgo, de ninguna manera, el orden público económico. De ahí que las sentencias de 9.5.13 y 25.3.15 sean contrarias a la realidad social.>>
Y, respecto del carácter político de las Sentencias del Tribunal Supremo, argumento que, sin duda, es el que más poderosamente llama la atención de la Sentencia de Oviedo, razona el Magistrado Raposo:
<<Se trata de fallos “políticos” e ideologizados, en los que prima el argumento económico, sobre el argumento técnico-jurídico, que pasa a un segundo plano, y además pretenden realizar una modificación normativa introduciendo en el Art. 1303 CC una excepción a la retroacción de los efectos de la nulidad en favor de las entidades financieras, sobrepasando el TS las competencias que el Art. 117, apartados 3 y 4, CE, asigna a todo órgano jurisdiccional, que circunscribe la función de los tribunales a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es decir, a la aplicación e interpretación de la normas, sin poder crear normas nuevas, lo que es competencia exclusiva del Poder Legislativo. Asimismo pretende el TS con estos fallos preservar el orden público económico ignorando que la acción de gobierno en materia económica y financiera está constitucionalmente reservada para el Poder Ejecutivo, a quien compete dicha función (cfr. Art. 97 CE); 5). Las sentencias comentadas ni aplican el Art. 83 del Real Decreto Legislativo 1/07, que obliga a expulsar desde el inicio la cláusula abusiva sin que pueda tener efecto alguno en perjuicio de los consumidores, lo que cierra la posibilidad de limitar los efectos de la nulidad en el tiempo, y tampoco aplica la Directiva 13/93/CEE y las sentencias TJUE, ya aludidas, y sobre las que más tarde volveremos, que la interpretan, y que establecen idéntica doctrina, autorizando al juez nacional a dejar sin efecto la cláusula abusiva ab initio, quedando expulsada del contrato, con efectos a la fecha del otorgamiento y no a fecha 9.5.13 ni a ninguna otra fecha distinta de la inicial. Nótese que limitar la devolución de los excesos de pago a los acontecidos después del 9.5.13 implica que se está diciendo que la “cláusula suelo” es nula porque así se declara y, al mismo tiempo, se está diciendo que es válida al producir plenos efectos para los perjudicados desde la fecha del contrato hasta el día 9.5.13, lo que es una contradicción en sus propios términos. Por todas las razones expuestas se abre una separación y un neto
* enfrentamiento entre, por un lado, el principio constitucional de preeminencia del Derecho Comunitario sobre el interno, la Directiva 13/93/CEE, la jurisprudencia del TJUE que la interpreta, el Art. 83 del Real Decreto legislativo 1/07, el Art. 1303 CC y el principio pro consumidor, consagrado en los Arts. 5 de la Directiva 13/93/CEE y 80.2 del Real Decreto Legislativo 1/07, y, por otro lado, las SSTS de 9.5.13 y 25.3.15. Nosotros optamos por lo primero, es decir, por aplicar la Ley, lo que conlleva que la nulidad ha de tener un efecto retroactivo absoluto, lo que también se defiende en el voto particular a la sentencia de 25.3.15, suscrito por dos de los magistrados de la Sala.>>
Como ya se comento en un anterior post, pese a la fijación de doctrina por la Sala Primera, la cuestión seguirá dando mucho de qué hablar durante los próximos tiempos.
SENTENCIA-cláusulas-suelo-Oviedo
Cláusula suelo, Contatos bancarios, Dret, Ejecución, Justicia, Proceso civil
Concursal: El TS prohíbe los embargos públicos por créditos contra la masa
16 enero, 2015 16 enero, 2015 Jaume Alonso-CuevillasDeja un comentario
Según publica hoy el diario Expansión, el Tribunal Supremo ha prohibido que las administraciones públicas puedan practicar embargos para cobrar sus créditos contra la masa concursal.
Hasta hoy, era relativamente frecuente que alguna administración pública (las más frecuentes la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, pero también Diputaciones y Ayuntamientos) ante el impago de sus créditos contra la masa (esto es, los devengados tras la declarción del concurso) procediera a embargar el saldo de cuentas intervenidas por la administración concursal.
Para ello, se amparaban en la dicción literal del segundo inciso del art. 84.4 LC que, recordemos, con respecto a los créditos contra la masa establece que “no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos”. Interpretando este precepto contrario sensu, las administraciones públicas han venido entendiendo que, abierta la liquidación (o transcurrido un año dese la declaración del concurso), ya podían proceder a iniciar ejecuciones y embargar bienes para cobrar sus créditos post-concursales.
Estos embargos podían llegar a distorsionar gravemente la marcha del concurso, por ejemplo al impedir hacer frente a la nómina delos trabajadores o pagar suministros básicos para la continuidad de la actividad. Téngase en cuenta que la apertura formal de la fase de liquidación no supone el cese automático de la actividad; en ocasiones, deben acabarse los pedidos o obras en curso o se pretende vender la unidad productiva aún en funcionamiento. Los ingresos que produce la actividad de la concursada se integran en la masa activa del concurso y están destinados al pago prioritario de los créditos contra la masa. La Ley Concursal prevé como regla general que los créditos contra la masa se paguen por orden de vencimiento, pero permite también que, cumpliéndose determinados requisitos, la administración concursal pueda alterar dicho orden en interés del concurso, por ejemplo, anteponiendo el pago del alquiler o suministros básicos para poder continuar la producción. Los Juzgados Mercantiles han venido interpretando con amplitud esta flexibilidad para favorecer el interés de concurso.
Cuando, en dichas circunstancia, se producía pues un embargo de la AEAT, la TGSS (los más frecuentes) o de alguna otra administración pública, las consecuencias prácticas podían y solían ser letales para la continuidad de la actividad.
La Sentencia del Tribunal Supremo interpreta que esta práctica, aun amparada en la literalidad de la ley, es contraria al espíritu de la misma y por tanto no debe ser permitida. La STS abre asimismo la puerta a reclamar la devolución de las cantidades indebidamente embargadas en contravención de la nueva doctrina. Convendrá empero esperar el texto de la resolución para aquilatar su exacto alcance.
TS. Embargos masa AT.Expansion16012015_1
Concursal, Ejecución
Sentencia sobre nulidad de ejecución hipotecaria
29 diciembre, 2014 Jaume Alonso-CuevillasDeja un comentario
Interesante Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona sobre la posible nulidad de una previa ejecución hipotecaria.
La Sentencia, de fecha 15 de diciembre de 2014, ha sido dictada por la Sección Quince (es decir, la especializada en asuntos mercantiles) y revoca parcialmente la previa Sentencia dictada por un Juzgado Mercantil de Barcelona.
En ella se analizan las posibles consecuencias jurídicas que puede desplegar ejercitar la acción prevista en el artículo 698.1 LEC, tras la finalización o de forma paralela al procedimiento de ejecución hipotecaria.
Esta acción, encaminada principalmente a lograr la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria, según explica la propia Sala, consiste en el “último remedio cuya justificación se encuentra en la limitación de los motivos de oposición en el propio procedimiento”, erigiéndose como “un proceso declarativo aparentemente autónomo” pero que verdaderamente consiste en “un proceso declarativo claramente dependiente o interrelacionado con el previo proceso de ejecución”. Dicha instrumentación, permite analizar dentro del nuevo juicio declarativo la posible abusividad de todas aquellas cláusulas del contrato de préstamo hipotecario.
Sin embargo, la citada resolución deja bien claro que los elementos a oponer en el seno de este nuevo procedimiento son aquellos que no se hayan podido aducir dentro del proceso ejecutivo, ya que en ese caso los efectos de la cosa juzgada impedirían su tratamiento.
Merece la pena destacar el excelente análisis que la Sentencia realiza de las cláusulas de vencimiento anticipado, intereses moratorios y liquidación unilateral incorporadas en la hipoteca, haciendo especial énfasis a la primera de ellas y a su conjunción con el incumplimiento contractual previsto en el artículo 1.124 CC. En síntesis, viene a afirmarse que, pese a las estipulaciones expresas de la hipoteca, no basta un simple incumplimiento para poder reclamar anticipadamente la totalidad del crédito garantizado con hipoteca, siendo necesario que el incumplimiento pueda ampararse en la general facultad resolutoria prevista en el citado art. 1.124 CC: “Para la resolución por incumplimiento no basta con el simple impago sino que es preciso que el mismo revista un plus, esto es, sea de tal entidad que pueda razonablemente pensarse que es indicativo de la frustración de los derechos de la adversa”.
La Sentencia (suscrita como Ponente por el Presidente de la Sección D. Juan Garnica y el Magistrado D. José María Ribelles) contiene asimismo un interesante voto particular del Magistrado Ramón Foncillas, evidencia de que el debate no está aún ni mucho menos ¡cerrado y que, a buen seguro, seguirán recayendo nuevos pronunciamientos judiciales.
SAP Bcn ejec. hipotec.
Administración de Justicia, Ejecución, Proceso civil

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 698
 resolución 
 artículo 1
 resolución