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Timestamp: 2019-12-12 19:31:46+00:00

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Baremo Accidentes 2014. Cuantías Indemnizatorias fijadas para el 2014 por Resolución de 5 de marzo de 2014
Baremo Indemnizatorio fijado para el Año 2014 para hechos específicamente derivados en Accidentes de Tráfico y que analógicamente se aplica a otros muchos supuestos.
El Tribunal Supremo (9/01/13), el plazo del año para reclamar computa desde que el perjudicado en el accidente tuvo un conocimiento cierto, seguro y exacto de las secuelas, en este caso desde el reconocimiento de la Incapacidad laboral
El Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, por esta Sentencia de 9 de enero de 2013, reitera su doctrina sobre el cómputo del plazo para reclamar por los perjuicios sufridos a consecuencia de accidente de circulación, cuando es declarada la Incapacidad Permanente en sede Social.
El plazo de prescripción de un año se debe computar desde que el perjudicado pudo tener conocimiento del efecto de invalidez de sus secuelas, llegando dicho conocimiento cierto, seguro y exacto con la resolución que le concedió la Incapacidad Permanente declarada en Proceso Laboral. Se devuelven por el Tribunal Supremo las actuaciones para que se entre a conocer el fondo del asunto al rechazarse la prescripción acordada en las resoluciones precedentes.
Os transcribimos el fundamento tercero de la sentencia en los que se motiva la decisión:
"TERCERO.- Fijación del dies a quo [día inicial] del plazo de prescripción en supuesto de secuelas que determinan una posterior declaración de invalidez en vía laboral.
Según reiterada jurisprudencia ( SSTS de 27 de mayo de 2009, RC. nº 2933/2003 ; 7 de octubre de 2009, RC n.º 1207/2005 ; 25 de mayo de 2010, RC n.º 2036/2005 ; 26 de mayo de 2010, RC n.º 764/2006 ; 31 de marzo de 2010, RC n.º 310/2006 ; 16 de junio de 2010, RC n.º 939/2006 , 29 de noviembre de 2010, RC n.º 1032/2007 ; 11 de febrero de 2011, RC n.º 1418/2007 y 12 de diciembre de 2011, RC n.º 2017/2008 ), la determinación del dies a quo [día inicial] para el cómputo del plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones presenta una doble dimensión, fáctica y jurídica. El juicio fáctico, ligado a la valoración probatoria, corresponde en principio a la AP, en ejercicio de sus facultades exclusivas, y no es revisable en casación. Por el contrario, la apreciación de la prescripción desde el plano jurídico, permite a esta Sala revisar la decisión de instancia por razones de correcta aplicación e interpretación de la normativa y jurisprudencia aplicables.
El anterior criterio jurisprudencial ha permitido a esta Sala analizar en casación la controversia aquí suscitada respecto de la fijación del día inicial del cómputo del plazo de prescripción, en particular si la determinación del alcance de las secuelas en orden a la declaración de invalidez resultante de las mismas, debe hacerse coincidir con una fecha concreta entre varias posibles que hayan sido objeto de debate por las artes litigantes, en función de la jurisprudencia sentada sobre que el dies a quo [día inicial] para el ejercicio de la acción es aquel en que puede ejercitarse, según el principio actio nondum nata non praescribitur [la acción que todavía no ha nacido no puede prescribir]. ( SSTS de 27 de febrero de 2004 , 24 de mayo de 2010, RC n.º 644/2006 y 12 de diciembre de 2011, RC n.º 2017/2008 ) y, por ende, sobre la necesidad de que el plazo de prescripción no comience a correr en contra de la parte que propone el ejercicio de la acción mientras esta no disponga de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar (es decir, hasta el efectivo conocimiento por el perjudicado del alcance o grado del daño corporal sufrido).
Cuando de secuelas se trata, el referido criterio jurisprudencial derivado del principio indicado se traduce en que la prescripción de la acción para reclamar por secuelas solo se inicia con la determinación de su alcance o de los defectos permanentes originados, pues hasta que no se determina ese alcance no puede reclamarse por ellas ( SSTS de 20 de mayo de 2009 , 14 de julio de 2008 y 13 de julio de 2003 ).
Por regla general, el conocimiento del daño sufrido que ha de determinar el comienzo del plazo de prescripción lo tiene el perjudicado al producirse el alta definitiva, en la medida que en esta fecha se declaran estabilizadas las lesiones y se concretan las secuelas o, lo que es igual, se determina en toda su dimensión el daño personal y los conceptos objeto de indemnización. Así resulta de las SSTS, de Pleno, de 17 de abril de 2007, RC n.º 2908/2001 y de 17 de abril de 2007, RC n.º 2598/2002 , así como de las dictadas con posterioridad ( SSTS de 19 de mayo de 2011, RC n.º 1783/2007 ; 28 de junio de 2011, RC n.º 1968/2007 ; 20 de julio de 2011, RC n.º 820/2008 ; 19 de septiembre de 2011, RC n.º 1232/2008 ; 27 de septiembre de 2011, RC n.º 562/2008 y 26 de octubre de 2011 , RCIP n.º 1345/2008 , entre las más recientes), las cuales, al referirse a la distinción entre sistema legal aplicable para la determinación del daño y cuantificación económica del mismo refrendan el criterio de que el daño queda concretado, como regla general, con el alta médica definitiva, y que esto obliga a valorarlo con arreglo a las cuantías actualizadas vigentes para todo el año en que ésta se produjo.
Ahora bien, compatible con dicha doctrina es también la que ha venido y viene considerando en la actualidad ( SSTS de 11 de febrero de 2011, RC n.º 1418/2007 ; 20 de septiembre de 2011, RC n.º 792/2008 ; 22 de febrero de 2012 , RCIP n.º 522/2009 ; 25 de mayo de 2010, RC n.º 2036/2005 ; 26 de mayo de 2010, RC n.º 764/2006 , entre las más recientes) que si de las lesiones causadas por el hecho generador de la responsabilidad civil extracontractual que se reclama se derivan secuelas determinantes de incapacidad permanente, cuya fijación no se concreta en el momento del alta definitiva sino que se precisa una resolución posterior, el plazo anual de prescripción de dicha acción aquiliana no ha de comenzar a computarse hasta que no recae resolución firme (ya sea en vía administrativa, si no se impugna, o en vía judicial, si fue necesario agotar esta para dilucidar definitivamente la contienda al respecto) concretando tal situación de invalidez, en el grado que corresponda, por ser entonces, y no en la fecha del alta, cuando el perjudicado tiene perfecto conocimiento del daño sufrido. En aplicación de este último criterio jurisprudencial, esta Sala ha declarado que si se ha seguido expediente para dirimir definitivamente cuáles han sido las consecuencias de repercusión de las lesiones en la capacidad laboral del trabajador o si el demandante no se hubiera conformado en su día con la resolución administrativa correspondiente sobre el grado de su incapacidad, el día inicial del plazo de prescripción es aquel en que se resuelva definitivamente la reclamación del perjudicado contra la decisión administrativa sobre el grado de su incapacidad, pues sólo entonces podrá detallar en su demanda civil el definitivo daño sufrido ( SSTS de 22 de noviembre de 1999 , 21 de diciembre de 1999 , 22 de enero de 2003 , 13 de febrero de 2003 , 1 de febrero de 2006 , 20 de septiembre de 2006 ; 7 de febrero de 2007, RC n.º 1435/2000 ; 7 de octubre de 2009, RC n.º 1207/2005 ; 24 de mayo de 2010, RC n.º 644/2006 y 25 de mayo de 2010, RC n.º 2036/2005 ).
Esta doctrina es coherente con la que impone interpretar restrictivamente la prescripción, al no estar basada en principios de estricta justicia, sino de seguridad jurídica y de presunción de abandono del ejercicio del derecho ( SSTS de 14 de marzo de 2007, RC n.º 262/2000 ; 6 de mayo de 2009, RC n.º 292/2005 ; y 24 de mayo de 2010, RC n.º 644/2006 ), y obedece, en atención al principio de indemnidad, a la necesidad de preservar el derecho del perjudicado a ser íntegramente resarcido en situaciones en que no ha podido hasta entonces conocer en su totalidad el alcance de su daño, por causas no imputables a su persona o comportamiento ( SSTS 2 de enero de 1991 , 6 de octubre de 1992 , 30 de noviembre de 1999 , 3 de marzo de 1998 , 12 de junio de 2009, RC n.º 2287/2004 y 25 de mayo de 2010, RC n.º 2036/2005 ).
De conformidad con esta doctrina la STS de 7 de octubre de 2009, RC n.º 1207/2005 , fijó el día inicial del cómputo en la fecha de notificación al demandante de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia que desestimó su recurso de suplicación; la de 24 de mayo de 2010, RC n.º 644/2006, en la fecha del auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que declaró la firmeza de la sentencia de suplicación; y la de 25 de mayo de 2010, RC n.º 2036/2005 en la fecha de la sentencia firme que puso fin al procedimiento laboral.
B) En aplicación de esta doctrina, ha lugar a estimar el recurso, pues no fue con el alta médica, ni con el informe forense, ni con el título ejecutivo elaborado con base en este informe, cuando el perjudicado pudo tener conocimiento del efecto de invalidez de sus secuelas, sino que tal conocimiento cierto, seguro y exacto de la entidad de los perjuicios lo obtuvo con la resolución judicial firme que agotó la vía jurisdiccional laboral ( sentencia de 12 de diciembre de 2003 ), dado que fue esta resolución la primera que se pronunció a favor de ligar el cuadro clínico del lesionado, integrado por múltiples patologías, con un agravamiento de las secuelas iniciales y con una incapacidad permanente absoluta desde la perspectiva laboral, más allá de que también sea objeto de discusión en este procedimiento civil -como cuestión de fondo, que procede dilucidar mediante la prueba obrante en autos-, la vinculación causal de esa invalidez laboral declarada, con el accidente de circulación sufrido por el recurrente el día 10 de noviembre de 1999, toda vez que la propia resolución del TSJ admite su origen diverso, postraumático pero también endógeno (FD Tercero).
Fijado así el día inicial del plazo de prescripción, no se discute que fue válidamente interrumpido mediante sucesivos requerimientos extrajudiciales a la entidad aseguradora demandada, (burofaxes de 17 de noviembre de 2004, 11 de noviembre de 2005, y 7 de noviembre de 2006), realizados antes de la expiración del mismo."
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 9 de enero de 2013, que establece el plazo prescriptivo de un año comienza a computarse desde que se dictó la resolución que concedía la Incapacidad Permanente al perjudicado.
Baremo Accidentes 2013. Cuantías Indemnizatorias fijadas para el 2013 por Resolución de 21 de enero.
Baremo Indemnizatorio fijado para el Año 2013 para hechos específicamente derivados en Accidentes de Tráfico y que analógicamente se aplica a otros muchos supuestos.
Baremos Indemnizaciones Accidentes de Tráfico y análogos del año 2013. Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Publicado en Textos Legales Mercantiles
Habida cuenta que según datos del Instituto Nacional de Estadística, el índice general de precios al consumo se incrementó en el 2,9 por ciento en el periodo de referencia, procede actualizar en tal cuantía para el ejercicio de 2013 el sistema de valoración citado. A estos efectos se toman como base las cifras contenidas en el anexo del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, una vez incrementadas en las actualizaciones correspondientes a los años 2005 a 2012.
Sobre la base de cuanto antecede, esta Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha acordado:
Madrid, 21 de enero de 2013.–La Directora General de Seguros y Fondos de Pensiones, María Flavia Rodríguez-Ponga Salamanca.
ANEXO 2013
Perjudicados/beneficiarios (1) de la indemnización (Por grupos excluyentes)
114.691,14
86.018,34
57.345,56
47.787,97
19.115,19
7.168,20
9.557,59
4.778,80
172.036,68
133.806,31
A un solo hijo.
124.248,72
71.681,95
95.575,94
28.672,78
14.336,39
38.230,38
105.133,53
76.460,74
Hasta 28.672,79 euros (1)
De 28.672,80 a 57.345,56 euros
De 57.345,57 hasta 95.575,94 euros
Más de 95.575,94 euros
Cualquier otro perjudicado/beneficiario.
Si es mayor, con menos de veinticinco años.
Si es mayor, con más de veinticinco años .
Sin hijos menores de veinticinco años .
Elementos correctores del apartado primero. 7 de este anexo
723,70
666,23
596,31
876,07
809,25
742,42
684,67
899,61
829,36
759,07
701,13
920,48
773,62
715,61
620,47
862,39
625,75
954,18
738,61
629,65
892,95
993,16
908,77
824,32
766,04
1.009,67
835,89
777,51
649,07
1.024,15
935,02
787,51
653,48
1.203,65
1.101,73
999,79
927,20
729,24
1.368,51
1.254,84
1.141,16
1.055,52
798,44
1.533,05
1.407,53
1.282,03
1.183,52
869,11
1.687,08
1.550,51
1.413,94
935,04
1.830,85
1.683,98
1.537,10
1.415,26
996,38
1.964,67
1.808,22
1.651,77
1.519,38
1.053,26
2.088,76
1.923,45
1.758,15
1.615,95
1.105,76
2.203,42
2.029,93
1.856,44
1.705,20
2.355,96
2.171,28
1.986,59
1.823,73
1.222,58
2.505,50
2.309,86
2.114,22
1.939,94
1.289,78
2.652,14
2.445,73
2.239,33
2.053,89
1.355,69
2.795,89
2.578,93
2.362,00
2.165,59
1.420,29
2.936,80
2.709,52
2.482,26
2.275,11
1.483,62
3.074,98
2.600,15
2.382,50
1.545,72
3.210,41
2.963,08
2.715,75
2.487,74
1.606,61
3.343,23
3.086,15
2.590,95
1.666,30
3.473,42
3.206,79
2.940,16
2.692,17
Más de 95.575,94 euros .
Hasta 95.575,94
De 95.575,95 a 191.151,88
Personas afectadas con secuelas permanentes que requieren la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, como vestirse, desplazarse, comer o análogas (tetraplejías, paraplejías, estados de coma vigil o vegetativos crónicos, importantes secuelas neurológicas o neuropsiquiátricas con graves alteraciones mentales o psíquicas, ceguera completa, etc.)
Hasta 382.303,74
Hasta 143.363,91
Hasta 14.336,40
Hasta 38.230,38
Hasta 9.557,59
Hasta 28.672,78
Hasta 28.672,79 euros
Responsabilidad Objetiva en las Colisiones Mutuas. Cada compañía de seguros debe abonar el 100 de los daños del otro. STS de 10 de septiembre de 2012.
Importantísima Sentencia dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo el día 10 de septiembre de 2012, por la que se fija como doctrina jurisprudencial que ante la falta de acreditación de la participación causal de los vehículos implicados en el accidente, cada conductor debe responder íntegramente, al 100% del daño causado al otro.
Se opta por aplcar a rajatabla el régimen de responsabilidad objetiva expresado en el artículo 1.1 de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la conducción de vehículos a motor.
No procede como se venía haciendo acudir a la conpensación de culpas, como venían entendiendo algunas audiencias, pues a falta de posibilidad de concretar las culpas debe mantenerse el régimen objetivo de responsabilidad, postura que además es la seguida en otros países de nuestro entorno.
Hemos de aplaudir la decisión del Tribunal Supremo, que provocará que muchas víctimas no queden desamparadas por el mero hecho de desconocerse el desenlace concreto del accidente.
Os transcribimos los fundamentos tercero y cuarto de la sentencia en los que se argumenta pormenorizadamente la decisión:
"TERCERO.- Enunciación del motivo único de casación.
El motivo se introduce con la fórmula: «Motivo único. Infracción legal por aplicación indebida del art. 1902 del Código Civil y del art. 1.1 de laLey sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (RDL 8/2004 ), respecto a la octrina jurisprudencial sobre imputación de la responsabilidad civil en materia de daños corporales derivados de la circulación de vehículos a motor».
Sobre la base de la posible integración de los hechos por el tribunal de casación, cuando no se hayan definido en la instancia con suficiente claridad y extensión, la parte demandante-recurrente insiste en la responsabilidad del demandado con el argumento principal de que en supuestos de daños personales, el artículo 1.1 TRLRCSCVM 2004 establece como criterio de imputación el riesgo derivado de la conducción de un vehículo de motor, de tal manera que aquella existe a menos que el demandado pruebe -con inversión de la carga de la prueba- que los daños personales fueron consecuencia exclusiva de la propia negligencia de la víctima o de la incidencia de fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo.
Este argumento lleva al recurrente a concluir que la falta de prueba del lugar del accidente y respecto de cuál fue el vehículo que invadió el carril contrario no puede comportar la desestimación de su demanda, pues ha de presumirse, por aplicación de la doctrina del riesgo, que el accidente fue ocasionado por la conducta del demandado, habida cuenta que este no probó que estuviera amparado por alguna de las causas de exoneración legalmente establecidas. El motivo debe ser estimado con las consecuencias que se dirán.
CUARTO.- Recíproca colisión entre dos vehículos de motor sin prueba de la contribución causal de cada uno de ellos.
A) De acuerdo con la constante doctrina de esta Sala, que atribuye a la casación la exclusiva función de contrastar la correcta aplicación de la norma jurídica sustantiva, civil o mercantil, a la cuestión de hecho, tal y como fue definida por el tribunal de instancia ( SSTS de 25 de marzo de 2011, RC n.º 754/2007 ; 19 de mayo de 2011, RC n.º 1783/2007 y 20 de julio de 2011, RC n.º 1496/2008 , entre las más recientes), es preciso partir de los hechos declarados probados por la sentencia recurrida, en los que se destaca, en línea con lo afirmado por el Juzgado y antes, en sede penal, que, aunque el demandante sufrió lesiones a consecuencia de la colisión de su vehículo con el vehículo conducido por el demandado que circulaba en sentido contrario, del análisis de la prueba practicada en el proceso civil -donde se valoraron libremente los medios de prueba aportados al pleito penal, como el atestado y las declaraciones de los agentes- no resulta posible conocer ni el punto de colisión entre ambos ni, por consiguiente, cual fue el vehículo que invadió el carril opuesto y provocó el accidente.
La responsabilidad que se atribuye al conductor demandado por los daños corporales sufridos por el demandante debe examinarse partiendo de esta base fáctica, que ha de permanecer inalterada en casación, lo que veda la aceptación de hechos distintos de los acreditados, como la supuesta velocidad excesiva del vehículo conducido por aquel.
B) En supuestos de colisión recíproca de vehículos constituye jurisprudencia de esta Sala, a partir de la STS de 16 de diciembre de 2008, RC n.º 615/2002 , que el artículo 1.1 I y II LRCSVM 1995 (norma aplicable al presente supuesto por razones temporales, dado que cuando se produjo el accidente no estaba en vigor el texto del 2004, citado por el recurrente) establece un criterio de imputación de la responsabilidad derivada de daños a las personas causados con motivo de la circulación fundado en el principio objetivo de la creación de riesgo por la conducción. Este principio solamente excluye la imputación (artículo 1.1 II) cuando se interfiere en la cadena causal la conducta o la negligencia del perjudicado (si los daños se deben únicamente a ella) o una fuerza mayor extraña a la conducción y al funcionamiento del vehículo, salvo, en el primer caso, que concurra también negligencia del conductor, pues entonces procede la equitativa moderación de la responsabilidad y el reparto de la cuantía de la indemnización (artículo 1.1 IV LRCSVM 1995). El riesgo específico de la circulación aparece así contemplado expresamente en la ley como título de atribución de la responsabilidad, frente a la tradicional responsabilidad por culpa o subjetiva en que el título de imputación es la negligencia del agente causante del resultado dañoso. Esto es así tanto en el supuesto de daños personales como de daños materiales, pues en relación con ambos se construye expresamente el régimen de responsabilidad civil por riesgo derivada de la conducción de un vehículo de motor («daños causados a las personas o en los bienes»: artículo 1.1 I LRCSCVM ). Respecto de los daños materiales, sin embargo, la exigencia, que también establece la LRCSCVM, de que se cumplan los requisitos del artículo 1902 CC ( artículo 1.1 III RCSCVM) comporta que la responsabilidad civil por riesgo queda sujeta al principio, clásico en la jurisprudencia anterior a la LRCSCVM sobre daños en accidentes de circulación, de inversión de la carga de la prueba, la cual recae
sobre el conductor causante del daño y exige de ese, para ser exonerado, que demuestre que actuó con plena diligencia en la conducción.
De esta forma, como declara la citada sentencia, en el caso de que el accidente de circulación se produzca entre dos vehículos, como aquí sucede, debe interpretarse que el principio de responsabilidad objetiva por riesgo comporta el reconocimiento de la responsabilidad por el daño a cargo del conductor del vehículo que respectivamente lo ha causado y en la proporción en que lo ha hecho, pues resulta evidente que en este supuesto no puede hablarse con propiedad de compensación de culpas, sino que únicamente puede examinarse la concurrencia de causas en la producción del siniestro por parte de los conductores de los vehículos implicados. Esto es así porque cada conductor es artífice del riesgo creado por la conducción de su propio vehículo -título de atribución de su responsabilidad- y como tal, no pudiendo cada uno acreditar la existencia de causa de exoneración (esto es, que entre su conducta y el accidente se interfirió la culpa exclusiva del otro conductor o fuerza mayor extraña a la conducción y al funcionamiento del vehículo o, en el caso de daños materiales, que se actuó con plena diligencia), ha de afirmarse la recíproca responsabilidad civil por el accidente en la proporción en que cada conductor haya contribuido a causarlo. También, como se afirma en dicha sentencia, lo que se infiere de la doctrina fijada es que la particularidad de la recíproca colisión entre los vehículos de motor no reside en una supuesta alteración de las reglas sobre carga de la prueba (la inversión de la carga de la prueba es aplicable solo para probar la concurrencia de causas de exoneración y, en el caso de daños materiales, que el conductor ha actuado de manera plenamente diligente) o en la alteración de los criterios de imputación establecidos en la LRCSVM 1995, sino en la necesidad de determinar a cuál de los dos corresponde la eficiencia causal en la producción del daño, o si esta debe ser distribuida proporcionalmente entre ambos por haber actuado concurrentemente. En suma, una recíproca colisión de vehículos no supone excepción alguna a la aplicación del principio de responsabilidad objetiva por el riesgo de la circulación que establece la LRCSVM 1995 y la vigente en la actualidad.
Por tanto, en el régimen de responsabilidad civil fundado en el riesgo creado por la circulación (una vez constatado que el accidente tuvo lugar en la circulación y, por consiguiente, es imputable al riesgo creado por uno y otro conductor que intervinieron en él), el mero hecho de que no haya podido constatarse en autos que solo una de las conductas generadoras del riesgo ha sido la única relevante, desde el punto de vista causal, para la producción del resultado -excluyendo así la del otro conductor- o que no haya sido posible probar la proporción en que cada una de ellas ha contribuido a causar el accidente -excluyendo así parcialmente la contribución causal del otro conductor- (cuando se discuta que solo una de las conductas ha sido causalmente relevante o que ambas lo han sido en distinta proporción) no es razón que permita soslayar la aplicación de los referidos criterios de imputación a ambos conductores ni constituye tampoco razón para no aplicar la regla de inversión de la carga de la prueba en pro de las reglas tradicionales sobre el onus probandi [carga de la prueba], características de los regímenes de responsabilidad objetiva y especialmente aplicables, cuando se trata de daños materiales, al conductor que alega que actuó con plena diligencia. En este sentido se pronuncia, por ejemplo, la SAP Asturias, Sección 7.ª, de 20 de abril de 2010 .
Esta interpretación no permite aceptar la solución que sigue la sentencia recurrida, que negó el derecho a la indemnización solicitada con fundamento en que en supuestos de colisión recíproca no rige la inversión de la carga de la prueba -cuyas consecuencias se anulan-, sino las tradicionales reglas que obligan a cada parte a demostrar los hechos constitutivos de su pretensión. De esta forma se atribuirían al demandante todas las consecuencias negativas de la falta de prueba sobre la incidencia causal de la conducta del demandado en el accidente y en el resultado lesivo. Tal solución, obtenida mediante la aplicación estricta de los criterios clásicos de la responsabilidad subjetiva (independientemente de la opinión que merezca en relación con las soluciones que se ofrecen en Derecho comparado para garantizar la efectividad del sistema de responsabilidad civil subjetiva en situaciones de incertidumbre causal relativa), no es acorde con las exigencias del principio de responsabilidad objetiva proclamada en el artículo 1.1 LRCSCVM , la cual es aplicable a los daños personales dimanantes de la circulación (y, con la especialidad que se ha indicado, a los daños materiales), de forma que cada conductor responde del riesgo creado por la conducción de su vehículo, a menos que pueda acreditar la concurrencia de alguna de las causas legales de exoneración -caracterizadas en nuestra jurisprudencia como causas excluyentes de la imputación-. El principio de responsabilidad objetiva -en cuya legitimidad constitucional no es necesario entrar aquí-, en efecto, no solo supone el establecimiento de criterios de imputación ajenos a la concurrencia de culpa o negligencia, sino que comporta también establecer una presunción de causalidad entre las actividades de riesgo y la consecuencias dañosas que aparezcan como características de aquellas, como ocurre con los daños derivados de una colisión cuando se trata de la responsabilidad objetiva por el riesgo creado por la conducción de un vehículo de motor. Esta presunción solo puede enervarse demostrando que concurren las causas de exoneración configuradas por la ley como excluyentes del nexo de causalidad entre la acción y el daño.
La aplicación de esta doctrina al caso de autos determina la declaración de responsabilidad del demandado. Puesto que es un hecho acreditado que en el siniestro se vieron implicados los dos vehículos, este dato es suficiente para presumir la vinculación causal de su actuación generadora del riesgo y el resultado característico. Como regla de principio, ambos conductores deben, en consecuencia, responder del daño corporal causado a los ocupantes del otro vehículo en atención al riesgo creado por su propio vehículo. En particular el demandado debe responder, por el riesgo por él generado mediante la conducción, de los daños personales causados al demandante. No puede exonerarse al demandado, pues no se ha probado que entre su actuación y el resultado se interfiriese causalmente un elemento extraño (como la culpa exclusiva del demandante o la fuerza mayor ajena al funcionamiento del vehículo del demandado y a la conducción) apto para excluir su imputación.
C) La solución apuntada traslada la controversia al tema de si procede o no que cada conductor resarza por completo los daños corporales causados a los ocupantes del otro vehículo implicado en la colisión (lo que en caso afirmativo se traduciría en la obligación de resarcir todos los daños personales acreditados por el demandante, por los que reclama).
La tesis favorable al resarcimiento pleno de los daños corporales recíprocos sin culpas probadas (aunque frecuentemente se ha fundado en el principio, un tanto artificioso, de la doble inversión de la carga de la prueba), ha sido acogida por varias audiencias provinciales (a modo de ejemplo, las SSAP de Badajoz, Sección 2.ª, de 10 de septiembre de 1998 y Baleares, Sección 3.ª, de 22 de junio de 2004 , 4 de marzo de 1997 , 13 de enero de 1998 y 18 de julio de 2006 ). Este criterio, también conocido por la doctrina científica como método de condenas cruzadas, acogido en el sistema francés como supuesto de doble responsabilidad, supone que cada parte responda íntegramente (al 100%) del daño ocasionado a la otra parte interviniente en el accidente, y, entre otros argumentos, se apoya en el régimen de responsabilidad objetiva del artículo 1 LRCSCVM , en la inexistencia de soporte legal para apreciar una especie de compensación de culpas en casos de colisiones recíprocas, y en que la solución de la distribución por mitad implica necesariamente que ninguno de los implicados obtenga la reparación íntegra de su perjuicio.
En sentido contrario, la doctrina de algunas audiencias provinciales ha acogido en varias ocasiones la tesis del resarcimiento proporcional y no íntegro de los daños corporales recíprocos sin culpas probadas, por el efecto compensatorio de la inversión de la carga de la prueba (entre otras, SSAP de Baleares, Sección 4.ª, de 6 de mayo de 2003 y Pontevedra, Sección 3.ª, de 15 de octubre de 1997 y 16 de enero de 1998 ). Entre las razones que llevan a esta solución se encuentra la de entender que en este tipo de supuestos procede apreciar una concurrencia de causas, de tal manera que su resolución ha de ser la prevista legalmente para los casos de concurrencia de culpas de igual grado (artículo 1.1 IV TRLRCSCVM) al no contarse con datos que permitan, desde un punto de vista causal, atribuir mayor participación a uno de los conductores en detrimento del otro. Esta postura considera, en suma, que los dos conductores implicados en la colisión mutua han de ser considerados co-causantes del accidente, en cuanto que ambos contribuyen causalmente al resultado, entendido como la materialización del riesgo movilizado por cada uno de ellos. Y que, a falta de prueba sobre el concreto porcentaje de participación causal de cada uno, ha de entenderse que los dos contribuyeron en la misma proporción (al 50%).
D) Esta Sala -aunque, como se verá seguidamente, no la acepta- considera dignos de consideración los argumentos en que se funda la doctrina de la indemnización proporcional en caso de una recíproca colisión de vehículos sin causas probadas, pues no resultaría irrazonable entender que ambos conductores, en tal caso, puede presumirse que han contribuido a causar el accidente en un 50% cada uno de ellos, para evitar el paradójico efecto de las condenas cruzadas, que supone el teórico desdoblamiento de un único siniestro en dos accidentes separados. Esta doctrina tendría, además, la ventaja práctica de proporcionar una solución equilibrada para los supuestos de ausencia de prueba frente a aquellos supuestos en que se acredite la proporción en que ambos conductores han contribuido a causar el accidente.
Sin embargo, en trance de unificar la doctrina existente con efecto de fijación de jurisprudencia, dada la divergencia existente entre las distintas audiencias provinciales, nos inclinamos por entender que la solución del resarcimiento proporcional es procedente solo cuando pueda acreditarse el concreto porcentaje o grado de incidencia causal de cada uno de los vehículos implicados y que, en caso de no ser así, ambos conductores responden del total de los daños personales causados a los ocupantes del otro vehículo con arreglo a la doctrina llamada de las condenas cruzadas. Las razones en que se funda esta conclusión son las siguientes:
(a) Esta es la doctrina seguida por un número considerable de audiencias provinciales.
(b) Constituye una solución aceptada expresamente por alguna de las legislaciones de Derecho comparado, como se ha expuesto.
(c) Es una doctrina próxima, aunque no coincida con ella, a la que inspira la jurisprudencia de esta Sala tendente a proclamar la solidaridad impropia entre los agentes que concurren a causar el daño cuando no puede establecerse la proporción en que cada uno de ellos ha contribuido a su producción.
(d) Es acorde con la tendencia que se registra en el Derecho comparado a atribuir responsabilidad plena a los causantes simultáneamente de un daño por una pluralidad de actividades (v. gr., PETL, artículo 3:102, según el cual: «En caso de una pluralidad de actividades, si cada una de ellas hubiera causado el daño por sí sola al mismo tiempo, se considerará que cada actividad es causa del daño de la víctima»).
(e) Es la doctrina más acorde con la presunción de causalidad, que rige en el sistema de responsabilidad objetiva por riesgo, en relación con el agente de la actividad peligrosa que interviene en la producción del daño característico de dicha actividad de riesgo. Estimamos que, cuando, por falta de datos, no resulta posible destruir la presunción fundada en el riesgo creado por cada conductor respecto de los daños personales causados a los ocupantes del otro vehículo (supuesto a que se contrae el caso enjuiciado), el principio de responsabilidad objetiva puede resultar dañado si, sin otro fundamento que haber existido otra posible causa concurrente, presuntivamente se restringe la causalidad imputable a cada conductor en la producción de los daños al otro vehículo a una proporción del 50% (esta reducción sí sería procedente si se probase que ambos causaron el accidente en dicha proporción).
Entendemos, en suma, que el criterio más acorde con el principio de responsabilidad objetiva del agente por el riesgo creado y con la presunción de causalidad respecto de los daños característicos correspondientes a la actividad de riesgo (por falta de prueba al respecto de la concurrencia de una causa legal de exoneración o disminución), debe conducir a la conclusión de que cada conductor, y por tanto, cada vehículo, es responsable del 100% de los daños causados a los ocupantes del otro vehículo interviniente en la colisión.
En consecuencia, encontrándonos ahora en este último caso de incertidumbre causal, en que no se ha podido acreditar el concreto porcentaje en que ha contribuido el riesgo de cada vehículo al resultado producido, procede declarar a cada uno de sus conductores plenamente responsable de los daños sufridos por los ocupantes del otro vehículo implicado en la colisión, de tal manera que corresponde al demandado abonar el 100% de los daños personales reclamados por el recurrente que resulten acreditados.
E) Los anteriores razonamientos comportan que proceda estimar el recurso y revocar la sentencia recurrida. No discutida la realidad del siniestro y del daño, y apreciada por las razones expuestas la responsabilidad del demandado, la controversia queda reducida a la determinación y valoración económica de los daños personales cuya indemnización se reclama.
Siguiendo el criterio establecido en STS de 29 de abril de 2009, RC n.º 325/2006 , refrendado por las SSTS de 25 de mayo de 2010, RC n.º 1020/2005 ; 3 de marzo de 2011, RC n.º 2180/2006 y 18 de julio de 2011, RC n.º 2103/2007 , en la medida que estamos ante un recurso formulado por razón de la cuantía al amparo del ordinal 2.º del artículo 477.2 LEC , no procede asumir la instancia y sí devolver las actuaciones a la AP para que dicte nueva sentencia en relación con la citada pretensión, con plena jurisdicción a la hora de valorar la prueba, pues esta solución no está excluida del artículo 487.2 LEC para los recursos de casación fundados en el artículo 477.2.2.º LEC , y, se estima en este caso necesaria para evitar que la decisión del asunto se vea privada de una instancia. "
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 10 de Septiembre de 2012, por la que se fija la docrina jurispurdencial de aplicar la responsabilidad objetiva a los casos de colisiones en las que no se acredita la participación de cada uno de los implicado, debiendo por ello responder cada uno del 100% de los daños generados al otro.
Nota de Prensa de la Dirección General de Tráfico para reducir los accidentes de tráfico intensificando los Controles a los Conductores de Consumo del Alcohol y Drogas. Diciembre de 2012
Un año más por Navidad Tráfico intensifica los Controles a los Conductores para Detectar el Consumo de Alcoho y Drogas.
Es interesante la lectura del Comunicado de Prensa al ofrecer una información bastante completa, que además de las habituales estadísticas añade otra adicional sobre la forma de realizar las tomas de muestras o las consecuencias del consumo con referencia expresa a la legislación aplicable, tanto adminsitrativa como penal.
Nota de Prensa de la Dirección General de Tráfico sobre la Campaña de Sensibilización para evitar el Consumo de Alcohol y Drogas. Aumento de los Controles en periodo navideño.
Compatibilidad de las Indemnizaciones por incapacidad temporal, lesión permanente y daño a los familiares por fallecimiento. STS 535/2012 Indemnizaciones por Accidentes de Tráfico
Novedosa e interesantísima Sentencia del Tribunal Supremo por la que se salva la laguna legal existente, acordando la compatibilidad de las Indemnizaciones que corresponderían al lesionado por un accidente con las derivadas por los daños ocasionados a sus familiares por su fallecimiento, si fue consecuencia directa del accidente.
Lo que llama inicialmente la atención en esta resolución es la escasa cuantía indemnizatoria concedida que supera en poco los 16.000 euros, por el fallecimineto de un hijo por un accidente de tráfico. Es palmario que en este caso concreto la resolución puede llegar a considerarse moralmente injusta.
Pero lo verdaderamente importante es la compatibilidad que expresa la Sala Primera del Tribunal Supremo entre las indemnizaciones que correspoderían al lesionado fallecido por las lesiones y secuelas, ponderadas en función de tiempo de vida efectivo, y las que se derivarían a su padres por el dolor que acarrea la muerte de su hijo.
Se colma así la laguna legal existente, abriendose una nueva vía de reclamación en estos casos, que podrá propiciar el resarcimiento de distintos daños que deben ser considerados compatibles.
Son esenciales los dos últimos párrafos del fundamento jurídico cuarto de la resolución para comprender el argumento seguido, siendo su tenor literal el siguiente:
Lo que aquí sucede es que también el derecho incorporado al patrimonio del perjudicado por una lesión permanente es una indemnización fijada a priori con sujeción a parámetros determinados (gravedad fisiológica de la lesión, edad y progresión por gravedad y acumulación de lesiones), cuya consideración excluye la de cualquier otro, como la esperanza de vida. Ocurre, sin embargo, que en este supuesto el fallecimiento no se refiere a la esperanza de vida. Se trata de un fallecimiento que trae causa del propio accidente y es un efecto más del mismo, contemplado como tal en la ley. Por tanto debe ser considerado a todos los efectos relacionados con la fijación de la indemnización, tanto en sí mismo (daños a familiares) como en relación con el alcance de la lesión permanente sufrida. Ahora bien, como la ley solo regula el fallecimiento, pero no su incidencia sobre el resto del daño, aunque no la excluye, como en el caso anterior, debe resolverse la laguna legal aplicando los principios de compatibilidad de indemnizaciones por distintos conceptos (incapacidad temporal, lesión permanente y daño a los familiares por fallecimiento) y proporcionalidad de la indemnización por lesión permanente con respecto al tiempo que medió desde el accidente hasta la muerte, durante la cual esta se ha sufrido.
Las consecuencias lesivas ya no atienden al futuro, porque desaparecieron con el fallecimiento, por lo que aquellos parámetros temporales y personales considerados en abstracto dejan de serlo porque se conocen los perjuicios, reales y ciertos, que ha sufrido desde la fecha del siniestro y que no quedan absorbidos por la muerte posterior por cuanto tienen entidad propia e independiente y han generado hasta ese momento unos perjuicios evidentes a la víctima susceptibles de reparación en un sistema que indemniza el daño corporal en razón de la edad y a las expectativas de vida del lesionado, y estas expectativas no se han cumplido por el fallecimiento anticipado de la víctima debido al accidente de tráfico. Salvo el daño que resulta del fallecimiento, compatible con los anteriores, pero que no se reclama, ya no hay incertidumbre alguna sobre la duración de las lesiones y secuelas, por lo que el crédito resarcitorio que se transmite por herencia deberá hacerse en razón del tiempo transcurrido desde el accidente hasta su fallecimiento, y no por lo que le hubiera correspondido de haber vivido conforme a las expectativas normales de un joven de quince años, puesto que aquello que se presumía como incierto dejó de serlo a partir de ese trágico momento."
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 13 de Septiembre de 2012, por la que se dispone la compatibilidad de las indemnizaciones por lesiones y secuelas con las correspondientes a los familiares por el fallecimiento del lesionado.
Es una de las Sentencias que no podemos perder de vista en asuntos derivados de accidentes de tráfico en los que se pretenda reclamar por el Lucro Cesante, es decir, por el dinero dejado de ganar a raiz del siniestro. Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 25 de Marzo de 2010.
Esta resolución abrió definitivamente la puerta a reclamar los importes dejados de ganar, pretensión que hasta entonces era casi sistemáticamente denegada por considerarse que las indemnizaciones dispuestas en el baremo de la LRCSCVM ya comprendían este concepto.
Se debe acreditar una efectiva pérdida de ingresos buscando un reparación íntegra del daño aunque sea preciso superar las cuantías expresadas en el sistema aplicable.
Es demandante a fecha del accidente percibía casi 1.800 euros y tras el accidente quedó con una pensión de sólo 608 euros, el menoscabo era evidente e incontestable y acudir a la aplicación rigurosa generaba una situación objetivamente injusta.
En el Fundamento Jurídico Cuarto nos puntualiza la Sentencia del Tribunal Supremo los requisitos que deben concurrir, expresando que:
"CUARTO . - Requisitos para la indemnización del lucro cesante.
De lo razonado se sigue que el factor de corrección de la Tabla IV que permite tener en cuenta los elementos correctores del Anexo, primero, 7, debe aplicarse siempre que:
1) Se haya probado debidamente la existencia de un grave desajuste entre el factor de corrección por perjuicios económicos y el lucro cesante futuro realmente padecido.
2) Este no resulte compensado mediante la aplicación de otros factores de corrección, teniendo en cuenta, eventualmente, la proporción en que el factor de corrección por incapacidad permanente pueda considerarse razonablemente que comprende una compensación por la disminución de ingresos, ya que la falta de vertebración de la indemnización por este concepto de que adolece la LRCSCVM no impide que este se tenga en cuenta.
A juicio de esta Sala, la aplicación del expresado factor de corrección debe sujetarse, además, a los siguientes principios:
3) La determinación del porcentaje de aumento debe hacerse de acuerdo con los principios del Sistema y, por ende, acudiendo analógicamente a la aplicación proporcional de los criterios fijados por las Tablas para situaciones que puedan ser susceptibles de comparación. De esto se sigue que la corrección debe hacerse en proporción al grado de desajuste probado, con un límite máximo admisible, que en este caso es el que corresponde a un porcentaje del 75% de incremento de la indemnización básica, pues éste es el porcentaje máximo que se fija en el factor de corrección por perjuicios económicos.
4) La aplicación del factor de corrección de la Tabla IV sobre elementos correctores para la compensación del lucro cesante ha de entenderse que es compatible con el factor de corrección por perjuicios económicos, en virtud de la regla general sobre compatibilidad de los diversos factores de corrección.
5) El porcentaje de incremento de la indemnización básica debe ser suficiente para que el lucro cesante futuro quede compensado en una proporción razonable, teniendo en cuenta que el sistema no establece su íntegra reparación, ni ésta es exigible constitucionalmente. En la fijación del porcentaje de incremento debe tenerse en cuenta la suma concedida aplicando el factor de corrección por perjuicios económicos, pues, siendo compatible, se proyecta sobre la misma realidad económica.
6) El porcentaje de incremento sobre la indemnización básica por incapacidad permanente no puede ser aplicado sobre la indemnización básica concedida por incapacidad temporal, puesto que el Sistema de valoración únicamente permite la aplicación de un factor de corrección por elementos correctores de aumento cuando se trata de lesiones permanentes a las que resulta aplicables la Tabla IV."
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 25 de marzo de 2010, por la que se estima procedente la reclamación del lucro cesante aunque supere el importe resultante de la aplicación del Baremo.
Si no puede acreditarse que la ingesta de alcohol es anterior al accidente no puede condenarse por Delito Contra la Seguridad Vial. Sentencia de la Sección 6ª de la A.P. de Madrid, de 25 de abril de 2012
Publicado en Juicios Rápidos
La Sentencia nº 159/2012, dictada por la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 25 de abril de 2012, aceptando los argumentos esgrimidos por el acusado, considera que no queda acreditado que la ingesta de alcohol fuese anterior al accidente, por lo que le Absuelve del Delito Contra la Seguridad Vial.
En el fundamento jurídico primero se analizan las pruebas practicdas en las instancia, considerando la Audiencia Provincial que no puede tenerse por probada que la toma del alcohol fuese anterio al accidentes, y así lo raona:
En definitiva, la versión del acusado referida a que la ingestión de las bebidas alcohólicas había tenido lugar después de la conducción ha venido corroborada por otras pruebas, como es fundamentalmente el testimonio en el juicio oral de Amalia al manifestar ésta que el acusado no presentaba síntomas de embriaguez tras la colisión, apareciendo tales síntomas una hora después, cuando el acusado volvió desde su domicilio al lugar de la colisión, y las declaraciones de los policías municipales al afirmar éstos que el acusado no estaba en el lugar de los hechos cuando ellos llegaron al mismo, apareciendo el acusado posteriormente. No habiéndose practicado en el juicio oral pruebas que desvirtúen la versión del acusado. Sin que esta versión pueda ser tachada de imposible. Por lo que este Tribunal de apelación considera que las pruebas practicadas ofrecieron un resultado dudoso acerca de si el acusado había ingerido o no bebidas alcohólicas cuando condujo el vehículo. Debiéndose resolver las dudas en el resultado de las pruebas en el sentido más favorable para el acusado en virtud del principio in dubio pro reo , lo que supone que no se deba tener como probada la comisión por el acusado del delito contra la seguridad del tráfico por el que viene condenado en la sentencia recurrida, debiéndose revocar consecuentemente dicha sentencia para absolver al acusado en esta segunda instancia respecto de tal delito."
Juicios por Alcoholemia
Sentencia nº 159/2012, dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid el 25 de abril de 2012. por la que se absuleve al no quedar acreditado el momento en el que se tomó el alcohol.
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Los resultado arrojados por un etilómetro de mano no son válidos para sustentar una sentencia condenatoria por Delito contra la Seguridad Vial. Sentencia de la Secc. 2ª de la A.P. de Madrid, de 16 de Abril de 2012
No es suficiente la constantación del grado de impregnación alcohólica obtenido con un etilómetro manual, pues ofrece resultados méramente provisionales que a posteriori deben ser corroborados con los apartatos de precisión. La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en su Sentencia nº 198/2012, de 16 de abril así lo expresa.
El argumento de la indicada resolución es:
Respecto a la prueba de alcoholemia, los propios agentes de la Guardia Civil que declararon como testigos en el plenario explicaron hasta la saciedad, que la prueba que se practicó al acusado fue con un aparato manual que arroja un resultado provisional que en caso de dar positivo debe ser corroborado con la práctica de las correspondientes pruebas de alcoholemia con un etilómetro evidencial o de precisión, que en este caso no pudieron llegar a practicar porque el acusado fue trasladado a un Hospital, precisando el agente de la Guardia Civil NUM001 , que aunque se personaron en el mismo para intentar practicar esas pruebas los médicos que atendían al acusado no lo autorizaron por razones médicas.
Esto implicaba, que el único resultado obtenido a partir de la practica de la prueba con un etilómetro, si bien sirve como mero muestreo o filtro para determinar si un conductor ha podido ingerir o no alcohol, en ningún caso presenta las garantías suficientes para poder ser utilizado como prueba de cargo. Ello lleva a la conclusión de que no se ha practicado prueba de cargo para considerar que la actuación del acusado cumplía con los elementos del tipo previsto en el párrafo segundo del número 2 del artículo 379 del Código Penal por conducir un vehículo de motor con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro, o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 ramos por litro.
Sentencia nº 198/2012, de 16 de abil de 2012, por la que se desecha el resultado arrojado por un etilómetro manual al ser provisional.
Los intereses del Artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro deben ser aplicados de oficio por el Juzgado o Tribunal aunque no hayan sido pedidos por la parte. STS 623/2012
Dedica la Sentencia el Tercero de sus Fundamentos Jurídicos a analiar la cuestión, manifestando lo siguiente:
"TERCERO .- Motivo segundo. Infracción del art. 20 de la Ley de Contratos de Seguro y de constante y consolidada jurisprudencia de este Alto Tribunal . Se estima el motivo-
Plantea la recurrente que no se debió tomar como dies a quo el de interposición de la demanda y que no se debió aplicar el interés legal más el 50%.
El actor en la demanda solicitó los intereses legales desde la interposición de la demanda, que fue la cantidad concedida en la sentencia del Juzgado. En la sentencia de la Audiencia Provincial, que ahora se recurre, en virtud del recurso de apelación se fija el interés del art. 20 de la LCS con respecto a la aseguradora, desde la interposición de la demanda, por ser esa la fecha que se pedía como inicial para los intereses legales. En auto de complemento de sentencia se aclara que será el legal incrementado en un 50% durante los dos primeros años computados a partir de la presentación de la demanda y a partir de ese momento pasarían a ser los del 20 % anual.
La demandante, hoy recurrente, interpuso la demanda contra MAPFRE en base, entre otros, al contrato de seguro a la construcción que la propia recurrente había concertado, siendo tomador y asegurado.
El art. 20 de la LCS , en su apartado 1 establece que la mora no solo se predica del tercero perjudicado, sino también del tomador y asegurado, mientras que el apartado 4 fija que la indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 por 100 ...No obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20 por 100. En el apartado 6 concreta que será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro.
De lo referido se puede concluir que:
1. Los intereses del art. 20 de la LCS , se aplican de oficio.
2. Benefician no solo al tercero perjudicado sino también al tomador y/o asegurado.
3. Se computan desde la fecha del siniestro.
En la sentencia recurrida se computan desde la interposición de la demanda, pues esa es la fecha para la que se solicitaron los intereses legales, pero la naturaleza de estos y los del art 20 de la LCS son esencialmente diferentes, por lo que no se puede extender lo peticionado para unos intereses resarcitivos como los legales ( art. 1108 del C.Civil ), a otros que se aplican de oficio porque no solo suponen un intento de restauración económica sino de penalización extraordinaria del incumplimiento del asegurador.
Según el artículo 20.8 de la LCS , el recargo de los intereses por mora del asegurador tiene lugar cuando no se produce el pago de la indemnización por causa no justificada o imputable a la aseguradora. En su interpretación, tanto en su primitiva redacción, como en el texto vigente dado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, esta Sala ha declarado en reiteradas ocasiones que la indemnización establecida en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro tiene desde su génesis un marcado carácter sancionador y una finalidad claramente preventiva, en la medida en que sirve de acicate y estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que pesa sobre el asegurador, cual es la del oportuno pago de la correspondiente indemnización capaz de proporcionar la restitución íntegra del derecho o interés legítimo del perjudicado. La mora de la aseguradora únicamente desaparece cuando de las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la póliza surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro que hace precisa la intervención del órgano jurisdiccional ante la discrepancia existente entre las partes al respecto, en tanto dicha incertidumbre no resulta despejada por la resolución judicial, nada de lo cual se da en el caso ( SSTS 13 de junio de 2007 ; 26 de mayo y 20 de septiembre 2011 ). STS, Civil del 25 de Enero del 2012, recurso: 455/2008
La diferente naturaleza de dichos intereses nos lleva a la aplicación de los intereses del art. 20 de la LCS , desde la fecha del siniestro, pues no pueden derivarse a la interposición de la demanda, pues dicha concreción temporal no fue solicitada en la demanda para el recargo, pues ni siquiera se postuló en la demanda. Como fecha del siniestro más objetiva es la solicitada en el recurso, de 11 de julio de 2006, en la que los daños fueron evaluados por el perito Sr. Abelardo .
Por tanto, procede estimar en este motivo el recurso de casación fijando la condena con respecto a la aseguradora MAPFRE en el interés legal más el 50% desde el 11 de julio de 2006, y el 20% desde el 12 de julio de 2008 hasta su pago."
Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, nº 623/2012, de 19 de octubre, por la que se recuerda que los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de seguro se imponen de oficio.
Más información sobre Accidentes de Tráfico >>>
Márgenes de Error de los Aparatos Etilómetros. Absolución de Acusado por Delitos contra la Seguridad Vial al no haber se descontado del resultado el porcentaje de error aplicable
Los Etilómetros con los que se practican las Pruebas para determinar el grado de alcoholemia tienen un pequeño margen de error que necesariamente debe ser tomado en consideración para determinar el resultado definitivo. Os adjuntamos la Sentencia 371/2012, de 24 de septiembre, dictada por al Sección 30, de la Audiencia Provincial de Madrid.
La Audiencia Provincia del Madrid Absuelve al condenado en primera instancia por considerar que el resultado arrojado por el etilómetro debe minorarse en el 7,5% (o multiplicar por 0,925 el indice obtenido), lo que debe provocar la absolución. La fundamentación se expresa en el párrafo segundo del fundamento único de la resolución que literalmente dice:
La sentencia de instancia fundamenta la condena del acusado Horacio , de forma exclusiva, en la presencia de una tasa de alcohol superior a la legalmente permitida, sin referencia a su sintomatología externa, forma de conducción ni otras circunstancias concurrentes y acreditativas de una negativa influencia del alcohol en el apelante. En el caso a Horacio le fue practicada correctamente y con las exigencias legales la prueba de alcoholemia con el etilómetro Drager Alcotest 7110-E que arrojó sendos resultados finales de 0.63 mg/l de alcohol (el etilómetro en la primera y segunda prueba practicada. Entre una y otra prueba de alcoholemia mediaron dieciocho minutos como consta en los tickets unidos al folio 12.
El recurrente alude en su recurso a los errores de los instrumentos de medida utilizados para los controles de velocidad y de concentración de alcohol en el aire espitado. En efecto, para los etilómetros que llevan más de un año en servicio y, o, que han sido reparados o modificados (el etilómetro había sido reparado y verificado posteriormente mediante ensayo realizado el 04-02-08, según figura en el certificado unido al folio 15 de la causa), los errores y desviaciones típicas máximos permitidos, establecidos en el anexo III de la orden ministerial 3707/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado, son los siguientes: Para concentraciones > 0,400 mg/L y 1 mg/ L; EMP = 7,5 % del valor de la concentración; s < 0,007 mg/L. Esto significa que si la lectura del instrumento declarado conforme resulta mayor que 0,400 mg/L y menor o igual que 1 mg/L se puede garantizar que la concentración real de alcohol en el aire espirado por el sujeto sometido al control de alcoholemia es de, al menos, el resultado de multiplicar 0,925 por el valor de lectura obtenido. Por tanto, en el caso, aplicando tal margen de error, el resultado sería de 0,582 con lo que no nos encontraríamos en presencia del novedosos supuesto introducido por el legislador sino en el primero es decir, aquel que exige no solo la detección de una tasa de alcohol superior a la permitida sino una negativa influencia del alcohol en quien lo ingiere. Como quiera que no se analiza en sentencia esta negativa influencia en el acusado, la sentencia ha de revocarse y absolvemos a Horacio del delito por el que ah resultado condenado en la instancia declarando de oficio las costas de la primera y segunda instancia."
Sentencia nº 371/2012, de 24 de Septiembre, dictada por la Sección 30ª, por la que absuelve al acusado del delito contra la Seguridad Vial al tener que considerar los márgenes de error del etilómetro con el que fue practicada la prueba.
Los ocupantes de vehículos accidentados y que hayan sufrido daños personales y/o materiales tienen derecho a reclamar por los perjuicios independientemente de quién sea el responsable del accidente. Os aportamos copia de denuncia que presenta el pasajero de un vehículo que es impactado cuando se encuentra detenido en un semáforo.
Las personas que ocupan un vehículo como pasajeros siempre tienen derecho a ser resarcidas por los daños y perjuicios que puedan sufrir en un accidente de tráfico, pues nada tienen que ver en la dinámica del siniestro.
Nos encotramos a menudo con personas reacias a presentar denuncia por ser el conductor un allegado o inclusive familiar, al desconocer que hay mecanimos que permiten reclamar sin causar un perjuicio a dicha persona.
Inclusive si fuere preciso interponer denuncia por la vía penal, en la gran mayoría de los casos, la pena sería mínima, una multa de escasa cuantía y sin que se generen antecedentes penales.
Los ocupantes, cuando hay seguro voluntario, suelen tener además tener cubierta la elección de abogado y el pago de sus honorarios hasta una determinada cuantía, por lo que ni siquiera será preciso adelantar oarriesgar cantidad alguna.
Si finalmente no se iniciara acción la única beneficiada sería la Compañía Aseguradora que se ahorraría un desembolso que por Ley len es exigible.
Modelo de Denuncia presentada por el Ocupante de un Vehículo que es alcanzado cuando estaba detenido ante un Semáforo.
El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 20 de Abril de 2009, nos vuelve a recordar la forma de calcular los intereses de demora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.
El tenor literal del precepto en cuestión es:
1.º Afectará, con carácter general, a la mora del asegurador respecto del tomador del seguro o asegurado y, con carácter particular, a la mora respecto del tercero perjudicado en el seguro de responsabilidad civil y del beneficiario en el seguro de vida.
2.º Será aplicable a la mora en la satisfacción de la indemnización, mediante pago o por la reparación o reposición del objeto siniestrado, y también a la mora en el pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber.
3.º Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro.
4.º La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 por 100; estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial.
No obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20 por 100.
5.º En la reparación o reposición del objeto siniestrado la base inicial de cálculo de los intereses será el importe líquido de tal reparación o reposición, sin que la falta de liquidez impida que comiencen a devengarse intereses en la fecha a que se refiere el apartado 6.º subsiguiente. En los demás casos será base inicial de cálculo la indemnización debida, o bien el importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber.
6.º Será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro.
7.º Será término final del cómputo de intereses en los casos de falta de pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber, el día en que con arreglo al número precedente comiencen a devengarse intereses por el importe total de la indemnización, salvo que con anterioridad sea pagado por el asegurador dicho importe mínimo, en cuyo caso será término final la fecha de este pago. Será término final del plazo de la obligación de abono de intereses de demora por la aseguradora en los restantes supuestos el día en que efectivamente satisfaga la indemnización, mediante pago, reparación o reposición, al asegurado, beneficiario o perjudicado.
8.º No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable.
9.º Cuando el Consorcio de Compensación de Seguros deba satisfacer la indemnización como fondo de garantía, se entenderá que incurre en mora únicamente en el caso de que haya transcurrido el plazo de tres meses desde la fecha en que se le reclame la satisfacción de la indemnización sin que por el Consorcio se haya procedido al pago de la misma con arreglo a su normativa específica, no siéndole de aplicación la obligación de indemnizar por mora en la falta de pago del importe mínimo. En lo restante, cuando el Consorcio intervenga como fondo de garantía, y, sin excepciones, cuando el Consorcio contrate como asegurador directo, será íntegramente aplicable el presente artículo.
10.º En la determinación de la indemnización por mora del asegurador no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 1108 del Código Civil, ni lo preceptuado en el párrafo cuarto del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo las previsiones contenidas en este último precepto para la revocación total o parcial de la sentencia.
La Sentencia que traemos a colación en su Fundamento Jurídico Quinto expresa:
"El cuarto motivo invoca la vulneración del artículo 20 LCS sobre intereses de demora, defendiendo que no procede la aplicación del interés del 20% desde la fecha del siniestro, sino que el interés durante los dos primeros años debe ser el que marca la ley, esto es, el legal incrementado en un 50%, aplicándose aquel tipo agravado tan sólo al finalizar este segundo año.
El motivo se estima en atención a que, tras la Sentencia de Pleno de fecha 1 de marzo de 2007 , es doctrina pacífica (plasmada, entre otras, en Sentencias de 11 de diciembre de 2007, recurso 5525/2000 y 1 de julio de 2008, recurso 372/2002 ) que han de diferenciarse dos tramos, un primer tramo, durante los dos años siguientes al siniestro, en que la indemnización por mora consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero al tipo vigente cada día , que será el correspondiente a esa anualidad incrementado en un 50 %, y un segundo tramo, que comenzará a partir del concluir la segunda anualidad, en el que el interés se devengará de la misma forma, siempre que supere el 20%, pero con un tipo mínimo del 20%, si no lo supera, y sin modificar por tanto los ya devengados diariamente hasta dicho momento. En su virtud, la estimación del motivo conlleva la casación y anulación en parte de la sentencia recurrida en el sentido de establecer que el interés de demora a satisfacer por la aseguradora recurrente debe calcularse, durante los dos primeros años siguientes al siniestro, al tipo legal más su 50% y, a partir de ese momento, al del 20% si aquel no resulta superior."
Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, nº 283/2009, por la que se reitera la forma de calcular los intereses del Artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro en las indemnizaciones derivadas de accidentes de tráfico.
El baremo que se debe tomar en cuenta para determinar la indemnización por las Lesiones y Secuelas derivadas de un Accidente de Tráfico es el correspondiente al del Año en que se alcance el Alta Médica.
A los efectos de la aplicación de las tablas, la edad de la víctima y de los perjudicados y beneficiarios será la referida a la fecha del accidente. La doctrina sentada en la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2.007, luego confirmada por otras entre por la que os adjuntamos de 20 de abril de 2.009, dicen que la fecha del accidente determina el régimen legal aplicable al que habrá de estarse para concretar el daño, de forma que la cuantificación de los puntos debe producirse en el momento del accidente, pero su valoración ha de hacerse en el momento en que las secuelas han quedado determinadas con el alta médica.
Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2009, por la que se reitera la doctrina existente sobre el momento determinante para concretar el Baremo aplicable.
Os acompañamos un formulario de denuncia por Accidente de Circulación provocado por otro vehículo que no respetó una señal que le obligaba (Stop / Ceda el Paso / Semáforo). Para que prospere la vía penal es necesario que se hayan causado lesiones que precisen además de una primera asistencia al menos un tratamiento médico posterior.
La denuncia se tiene que interponer ante la Policía, Guardia Civil o Juzgado en el Plazo de 6 meses.
Tras la denuncia se llamará al denunciante para ser reconocido por el Médico Forense y con ello determinar las lesiones que sufrió y las secuelas que pudiesen quedar, además de valorar los daños materiales ocasionados.
Una vez concretados los anteriores extremos se citará a las partes a Juicio, salvo que previmente se alcance un acuerdo. la duración del proceso dependerá en gran medida del tiempo que precise el perjudicado en alcanzar la sanidad.
Si no hubiese daños personales habría que acudir, si no se alcanza un acuerdo con la compañía contraria para que atienda al pago de los daños materiales, a la vía civil.
Modelo de Denuncia por Accidente de Tráfico causado por vehículo que no respetó señal o semáforo que le obligaba.
Este modelo de denuncia es de los que más utilizamos pues es el tipo de Accidente más habitual, un choque en línea al no lograr frentar el vehículo que precedía al del denunciante.
Los hechos si no hay circunstancias especiales son tramitados por Juicio de Faltas, en el que es preciso sea interpuesta denuncia en el Plazo de 6 meses.
El artículo que regula esta falta es el 621 del Código Penal, que dispone:
1. Los que por imprudencia grave causaren alguna de las lesiones previstas en el apartado 2 del artículo 147, serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses.
2. Los que por imprudencia leve causaren la muerte de otra persona, serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses.
5. Si el hecho se cometiera con arma podrá imponerse, además, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de tres meses a un año.
Tras la denuncia se llamará al denunciante para ser reconocido por el Médico Forense y con ello concretar las lesiones que sufrió y las secuelas que pudiesen quedar, además de valorar los daños materiales ocasionados.
Una vez determinados los anteriores extremos se citará a las partes a Juicio, salvo que previmente se alcance un acuerdo. la duración del proceso dependerá en gran medida del tiempo que precise el perjudicado en alcanzar la sanidad.
Modelo de Denuncia por Accidente de Tráfico por colisión por la parte trasera de dos vehículos al no frenar a tiempo el segundo.
Esta denuncia fue utilizada en un caso real en el que un padre y un hijo fueron atropellados en un paso de cebra y el conductor se fugó, siendo posteriormente detenido por la Policía.
A fecha de interposición de la denuncia se deconocían los datos del conductor, lo que no es obstáculo para poner la denuncia pues el Juzgado tiene la obligación de invertigar los hechos.
Si el conductor responsable hubiese parado, el asunto se habría tramitado por un sencillo juicio de faltas, pero al huir cometió un delito de Omisión del Deber de Socorro, lo que provocó se llevase el asunto por el Procesimiento Abreviado.
La denuncia puede presentarse ante la Policía, Guardia civil o Juzgado. El Juzgado que debe conocer estos asuntos es el del Partido Judicial en el ocurrió el hecho y se dirigirá frente a la persona responsable y su compañía de seguros.
Modelo de Denuncia por Atropello en Paso de Peatones.
Ley de Contrato de Seguro / Ley 50/1980 Actualizada a 2012
Ley de Contrato de Seguro, Ley 50/1980, de 8 de octubre.
Texto vigente a 2012
SECCIÓN PRIMERA. PRELIMINAR
Artículos 1, 2, 3 y 4
SECCIÓN SEGUNDA. CONCLUSION, DOCUMENTACION DEL CONTRATOY DEBER DE DECLARACION DEL RIESGO
Artículos 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
SECCIÓN TERCERA. OBLIGACIONES Y DEBERES DE LAS PARTES
Artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21.
SECCIÓN CUARTA. DURACION DEL CONTRATO Y PRESCRIPCION
Artículos 22, 23 y 24.
TÍTULO II. Seguros contra daños
Artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 a), 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44.
SECCIÓN SEGUNDA. SEGURO DE INCENDIOS
Artículos 45, 46, 47, 48 y 49.
SECCIÓN TERCERA. SEGURO CONTRA EL ROBO
Artículos 50, 51, 52 y 53.
SECCIÓN CUARTA. SEGURO DE TRANSPORTES TERRESTRES
Artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62
SECCIÓN QUINTA. SEGURO DE LUCRO CESANTE
Artículos 63, 64, 65, 66 y 67.
SECCIÓN SEXTA. SEGURO DE CAUCION
SECCIÓN SEPTIMA. SEGURO DE CREDITO
Artículos 69, 70, 71 y 72
SECCIÓN OCTAVA. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Artículos 73, 74, 75 y 76.
SECCIÓN NOVENA. SEGURO DE DEFENSA JURÍDICA
Artículo 76 a), 76 b), 76 c), 76 d), 76 e), 76 f) y 76 g).
SECCIÓN DÉCIMA. REASEGURO
Artículos 77, 78 y 79.
TÍTULO III. Seguro de personas
SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES COMUNES
Artículos 80, 81 y 82
SECCIÓN SEGUNDA. SEGURO SOBRE LA VIDA
Artículos 83, 83 a), 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99.
SECCIÓN TERCERA. SEGURO DE ACCIDENTES
Artículos 100, 101, 102, 103 y 104.
SECCIÓN CUARTA. SEGUROS DE ENFERMEDAD Y DE ASISTENCIA SANITARIA
Artículos 105 y 106.
TITULO IV. Normas de Derecho Internacional Privado
Artículos 107, 108 y 109.
Disposición adicional primera. Soporte duradero.
Disposición adicional segunda. Contratación a distancia.
Disposición adicional tercera. Contratación electrónica.
Disposición adicional cuarta. No discriminación por razón de discapacidad.
Baremos Indemnizaciones Accidentes de Tráfico y análogos del año 2012. Resolución de 24 de enero de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
>>>>>>>>>> Novedad - Publicado el Baremo para el 2013
Boletín Oficial del Estado, núm. 31 de 6 de febrero de 2012, páginas 10394 a 10399
Baremos Indemnizaciones Accidentes de Tráfico y análogos del año 2011. Resolución de 20 de enero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Resolución de 20 de enero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2011 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
Boletín Oficial del Estado, núm. 23 de 27 de enero de 2011, páginas 8884 a 8889
Habida cuenta que según datos del Instituto Nacional de Estadística, el índice general de precios al consumo se incrementó en el 3 por ciento en el periodo de referencia, procede actualizar en tal cuantía para el ejercicio de 2011 los importes en euros del sistema de valoración citado. A estos efectos se toman como base las cifras contenidas en el anexo del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, una vez incrementadas en las actualizaciones correspondientes a los años 2005 a 2010.
Dar publicidad a través de esta Resolución a las indemnizaciones, vigentes durante el año 2011, para caso de muerte, lesiones permanentes e incapacidades temporales, que resultan de aplicar el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, recogido en el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, incorporándose como anexo las cuantías actualizadas.
Madrid, 20 de enero de 2011.–El Director General de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano Aragüés.
108.846,51
81.634,87
54.423,25
45.352,71
18.141,08
6.802,91
9.070,54
4.535,27
163.269,75
126.987,59
117.917,05
68.029,06
90.705,42
27.211,62
13.605,81
36.282,17
99.775,96
72.564,33
A cada hermano menor de edad en convivencia con la víctima en los dos casos anteriores .
Hasta 27.211,63 euros (1)
De 27.211,64 a 54.423,25 euros
De 54.423,26 hasta 90.705,42 euros
Más de 90.705,42 euros
Euros 2011
806,54
746,69
686,82
632,28
565,92
831,43
768,01
704,59
649,78
574,89
853,77
787,10
720,39
665,40
583,95
873,57
803,91
734,20
890,83
818,45
691,01
700,97
925,02
769,84
862,46
958,21
737,89
971,96
887,37
1.142,31
1.045,59
948,84
692,08
1.298,77
1.190,90
1.083,01
1.001,73
1.454,92
1.216,70
1.123,21
1.601,10
1.471,49
1.341,88
887,39
1.737,55
1.598,16
1.458,77
1.343,13
945,61
1.864,55
1.716,07
1.567,60
1.441,95
999,59
1.982,31
1.825,43
1.668,55
1.533,60
1.049,41
2.091,13
1.926,48
1.761,84
1.618,30
1.095,20
2.235,90
2.060,63
1.885,35
1.730,79
1.160,27
2.377,82
2.192,15
2.006,48
1.841,08
1.224,05
2.516,99
2.321,09
2.125,21
1.949,23
2.653,41
2.447,51
2.241,63
2.055,23
1.347,91
2.787,14
2.571,44
2.355,76
2.159,17
1.408,02
2.918,28
2.692,95
2.467,65
2.261,08
1.466,95
3.046,81
2.812,08
2.577,35
2.360,97
3.172,86
2.928,88
2.684,89
2.458,92
1.581,39
3.043,37
2.790,33
2.554,98
1.636,92
Hasta 90.705,42.
Hasta 18.141,08.
De 18.141,09 a 90.705,42.
De 90.705,43 a 181.410,84.
Hasta 362.821,67.
Hasta 136.058,13.
Hasta 13.605,82.
Hasta 36.282,17.
Hasta 9.070,54.
Hasta 27.211,62.
Hasta 27.211,63 euros
Baremos Indemnizaciones Accidentes de Tráfico y análogos del año 2010. Resolución de 31 de enero de 2010, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Resolución de 31 de enero de 2010, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2010 el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
Boletín Oficial del Estado, núm. 31 de 5 de febrero de 2010, páginas 10491 a 10497
Habida cuenta que según datos del Instituto Nacional de Estadística, el índice general de precios al consumo se incrementó en el 0,8 por ciento en el periodo de referencia, procede actualizar en tal cuantía para el ejercicio de 2010 el sistema de valoración citado. A estos efectos se toman como base las cifras contenidas en el anexo del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, una vez incrementadas en las actualizaciones correspondientes a los años 2005 a 2008.
Dar publicidad a través de esta Resolución a las indemnizaciones, vigentes durante el año 2010, para caso de muerte, lesiones permanentes e incapacidades temporales, que resultan de aplicar el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, recogido en el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, incorporándose como anexo las cuantías actualizadas.
Madrid, 31 de enero de 2010.–El Director General de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano Aragüés.
Eurosding: 0.2em 0.4em;
105.676,22
79.257,16
52.838,11
44.031,76
17.612,70
6.604,76
8.806,35
4.403,18
158.514,32
123.288,92
A cada padre con o sin convivencia con la victima...........................
114.482,57
66.047,63
88.063,51
26.419,05
13.209,53
35.225,41
96.869,86
70.450,81
Hasta 26.419,06 euros (1)
De 26.419,07 a 52.838,11 euros
De 52.838,12 hasta 88.063,51 euros
Más de 88.063,51 euros
724,94
666,82
549,44
807,21
745,65
828,90
764,17
699,41
646,02
848,13
780,49
659,36
864,88
794,62
724,31
670,89
879,18
733,88
580,15
898,08
747,42
693,88
587,08
915,10
837,34
759,52
705,83
850,26
770,18
716,40
943,65
861,53
779,41
725,61
1.109,04
1.015,13
854,32
1.260,94
1.156,21
1.051,47
972,55
1.412,55
1.296,89
1.181,26
1.090,49
800,79
1.554,46
1.428,63
1.302,80
1.200,91
1.551,61
1.416,28
1.304,01
918,07
1.810,24
1.666,09
1.521,94
1.399,96
1.924,58
1.772,26
1.488,93
1.018,85
2.030,22
1.870,37
1.710,52
1.571,16
1.063,30
2.170,77
2.000,61
1.830,44
1.680,38
1.126,47
2.308,57
2.128,30
1.948,04
1.787,46
1.188,40
2.443,68
2.063,31
1.892,46
1.249,13
2.576,13
2.376,22
2.176,34
1.995,37
1.308,65
2.705,96
2.496,55
2.287,15
2.096,28
1.367,01
2.833,28
2.614,52
2.395,78
2.195,22
1.424,23
2.958,07
2.730,18
2.502,28
2.292,21
1.480,33
3.080,45
2.843,57
2.606,69
2.387,30
1.535,33
3.200,41
2.954,73
2.709,06
2.480,57
1.589,24
Hasta 88.063,51
Hasta 17.612,70
De 17.612,71 a 88.063,51
De 88.063,52 a 176.127,03
Hasta 352.254,05
Hasta 132.095,27
Hasta 13.209,53
Hasta 35.225,41
Hasta 8.806,35
Hasta 26.419,05
A. Indemnización básica (incluidos daños morales):
B. Factores de corrección:
Hasta 26.419,06 euros
Baremos Indemnizaciones Accidentes de Tráfico y análogos del año 2009. Resolución de 20 de enero de 2009, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Boletín Oficial del Estado, núm. 28 de 2 de febrero de 2009, páginas 10831 a 10837
Habida cuenta que según datos del Instituto Nacional de Estadística, el índice general de precios al consumo se incrementó en el 1,4 por ciento en el periodo de referencia, procede actualizar en tal cuantía para el ejercicio de 2009 el sistema de valoración citado. A estos efectos se toman como base las cifras contenidas en el anexo del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, una vez incrementadas en las actualizaciones correspondientes a los años 2005 a 2008.
Dar publicidad a través de esta Resolución a las indemnizaciones, vigentes durante el año 2009, para caso de muerte, lesiones permanentes e incapacidades temporales, que resultan de aplicar el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, recogido en el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, incorporándose como anexo las cuantías actualizadas.
Madrid, 20 de enero de 2009.–El Director General de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano Aragüés.
A cada hijo mayor de veinticinco añ
os que concurra con menores de veinticinco años
A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima …
Cuando se trate de hijos, se incluirán también los adoptivos.
Cuando se fijen cuantías distintas según la edad del perjudicado o beneficiario se aplicará la edad que tuviese éste en la fecha en que se produjo el accidente de la víctima.
De 52418,77 hasta 87364,59
Si es có
nyuge o hijo menor
Víctima embarazada con pé
rdida de feto a consecuencia del accidente

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 artículo 1
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 artículo 1902
 artículo 1
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 artículo 3
 artículo 477
 artículo 487
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in dubio
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 artículo 379
 Artículo 20
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 artículo 20
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 artículo 20
 artículo 1108
 artículo 921
 artículo 20
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 artículo 147

Artículo 76
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 Real Decreto 
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