Source: http://www.libertadidioma.com/2002/20020528.htm
Timestamp: 2020-04-06 23:54:51+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Martes 28 Mayo 2002
El Supremo interpreta al Parlamento
Editorial La Razón 28 Mayo 2002
La ley de los jueces
Editorial ABC 28 Mayo 2002
JAIME CAMPMANY ABC 28 Mayo 2002
EL SUPREMO Y EL TERRORISMO
Editorial El Mundo 28 Mayo 2002
Los jueces, siempre ayudando
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 28 Mayo 2002
El talón de Aquiles de la reforma
Enrique de Diego Libertad Digital 28 Mayo 2002
Jueces independientes... de la ley
EDITORIAL Libertad Digital 28 Mayo 2002
XABIER GURRUTXAGA, Ex-parlamentario vasco de Euskadiko Ezkerra La Voz 28 Mayo 2002
El Supremo obvia el nuevo Código Penal y archiva la querella contra Otegui por gritar «¿Viva Eta!»
J. Prats - Madrid.- La Razón 28 Mayo 2002
El juicio por la retirada de la cátedra de Edurne Uriarte se celebrará en octubre
Agencias Libertad Digital 28 Mayo 2002
El Parlamento español, a propuesta del Gobierno, decidió recientemente una modificación del Código Penal con objeto, entre otras cosas, de facultar a los jueces para que persigan, en el contexto de la lucha antiterrorista, el delito hasta ahora virtualmente impune de apología del terrorismo. Así aparece formulado en el artículo 578 del Código Penal, que dicta: «El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código [los delitos de terrorismo] o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares se castigará con la pena de prisión de uno a dos años».
Pues bien, el Tribunal Supremo, por su Sala de lo Penal, ha decidido que la apología del terrorismo realizada por el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegui, que gritó en un mitin en Francia «Gora Euskadi Ta Askatasuna», que en sus siglas corresponde a la denominación de la banda terrorista Eta, no es un delito específico de terrorismo, sino sólo de apología del mismo, y, por lo tanto, no puede ser perseguido fuera de España, aunque en nuestro país sí entraría dentro de lo previsto en el citado artículo 578. Es decir, reconoce el Supremo que el legislador ha incluido la apología del terrorismo dentro del epígrafe del Código Penal que lo persigue, pero matiza que no es así para otros países, como Francia, y se inclina por interpretar, en definitiva, que no se trata de terrorismo.
Parece bastante obvio que el Supremo ha buscado un argumento técnico para evitar el espíritu de las disposiciones del legislador, que era, inequívocamente, perseguir la apología como delito de terrorismo. Se hace, pues, necesario, que el Poder Legislativo, burlado en sus propósitos de cerrar todos los resquicios de impunidad a los terroristas, precise aún más, si cabe, la norma. Porque lo que ha conseguido el Tribunal Supremo es, de hecho, legalizar la apología del terrorismo cuando este delito se cometa fuera de nuestras fronteras. Sin considerar que un delito que se realiza a través de la difusión pública, sea en el lugar del mundo que sea, evidentemente resulta repercutido de forma casi instantánea en España.
El Tribunal Supremo ha rizado el rizo garantista. Tiene sus razones técnicas, pero vulnera la intención de los otros poderes del Estado. Esa actitud permitió, durante mucho tiempo, dotar de parcelas de impunidad a los terroristas, como, por ejemplo, con la «kale borroka». Es su decisión soberana, como máximo órgano del Poder Judicial. Pero casa mal con la percepción social de los ciudadanos, que entienden que hay que luchar con firmeza contra el conglomerado terrorista que está en parte (el brazo político de Eta, Batasuna) infiltrado y consentido por el Estado de Derecho pero que tiene el simple objetivo de acabar con la democracia mediante la persecución de ciudadanos y bienes. Y que considera una parte sustancial de su estrategia, alrededor de la acción puramente violenta, la manipulación social para legitimarla a través de la propaganda.
El legislador entendió que había que poner coto a esta cobertura moral del terrorismo, considerándola indisolublemente imbricada con ese fenómeno y fundamental para que se eternice. Parece que no lo ha dejado suficientemente claro, al menos para el Supremo.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha rechazado, sin admitirla a trámite, la querella del fiscal contra Arnaldo Otegi con unos argumentos que merecen una serena reflexión. Para los magistrados, el grito «Gora Euskadi ta Askatasuna» («Viva ETA»), aun cuando se considerara enaltecimiento del terrorismo, no sería un delito de terrorismo y, por tanto, como Otegi lanzó esa arenga en Francia, los Tribunales españoles no tienen jurisdicción para enjuiciar al líder de Batasuna y tampoco tendría competencia la Audiencia Nacional para juzgar por este delito a cualquier otro juglar del terror. La decisión, por tanto, no se basa en la inexistencia de prueba sobre los hechos, o en la duda sobre la calificación penal de los mismos. Ambos extremos no son discutidos por la Sala. Lo inadmisible del auto de desestimación es que se basa en una flagrante desvinculación del Tribunal respecto del mandato del legislador. En diciembre de 2000, el Congreso aprobó una modificación del Código Penal para reforzar la acción legal contra el terrorismo en la que se incluía la tipificación del «enaltecimiento o la justificación» de los delitos terroristas, lo que dio lugar a la nueva redacción del artículo 578, incluido en la sección referida a «los delitos de terrorismo». La exposición de motivos de la Ley concretaba que la razón de la reforma es perseguir acciones que refuerzan y apoyan la violencia terrorista. Por tanto, la voluntad del legislador es que el enaltecimiento de ETA sea tratado como delito de terrorismo, superando las estrecheces de la apología, que fue convertida por el Código Penal de 1995 en una especie de inducción imposible de castigar. Además, la reforma de 2000 era coherente con lo que la Sala Segunda dijo en una sentencia de 1996, que ratificó la condena por delito de apología del terrorismo la realización de dos pintadas con las expresiones «ETA jotake» («ETA adelante») y «ETA». Entonces, la Sala declaró que tales expresiones implicaban «la aprobación y exaltación» de los delitos terroristas. Ahora, la misma Sala dice que «Gora Euskadi ta Askatasuna» es, a lo sumo, un delito de opinión, ignorando incomprensiblemente que una soflama de tal naturaleza, en un mitin político, busca la legitimación del terror en un sector de la sociedad vasca, lo que constituye una necesidad absoluta de ETA para el sostenimiento de su actividad criminal.
La Sala Segunda, utilizando «la clave interpretativa contextual» (sic), no sólo ha desconocido la simbiosis entre el terrorismo armado y el terrorismo verbal -imprescindible para la generación del miedo colectivo-, sino también ha quebrado el principio constitucional de sumisión a la ley (artículo 117.1 de la Constitución) que rige la actividad jurisdiccional. Ningún juez, incluidos todos los del Supremo, en Pleno o por separado, tiene autoridad para variar la voluntad de legislador cuando ésta es inequívoca y sin tacha de inconstitucionalidad. Ahora, como los jueces son, además de independientes, responsables, que el Poder Judicial explique a la sociedad de forma inteligible por qué Otegi no tendrá que rendir cuentas de sus palabras.
Por JAIME CAMPMANY ABC 28 Mayo 2002
Florida empieza la semana, que es la última de mayo. Florece en el Supremo la doctrina de los sabios jueces. Dicen los jurisprudentes que la apología del terrorismo no es terrorismo, y por tanto hay que resignarse a que Arnaldo Otegui siga gritando «Gora Euskadi ta askatasuna» allí por donde pase, tierras de Francia o de España. Claro está que animar a los terroristas no es terrorismo, lo mismo que animar a los asesinos no es asesinato. La inducción al homicidio no es el homicidio ni el incitar al robo es el robo. A los sabios magistrados no se les habrá secado el «celebro» como a don Quijote.
Pero, entonces, ¿qué es la apología del terrorismo? Bueno, en primer lugar es apología, claro, hasta ahí se llega fácilmente. ¿Y después? Porque no será lo mismo, creo yo, la apología de Sócrates, escrita por Platón, o la otra que hizo Jenofonte, ni la que dedicó Arístides a los cristianos, que la apología que Otegui hace de la banda etarra, que es, en definitiva, la apología de sí mismo. Ni merece el mismo trato y consideración el apologista del crimen que el apologista de la Justicia. Alguna diferencia tiene que haber desde una consideración penal entre hacer la apología de la Música, de la Caridad o de la Ley, y hacer la apología del tiro en la nuca o de la bomba contra el gentío.
Ya sabemos por los jueces que la apología del terrorismo no es terrorismo. Y ahora volvemos a preguntar: ¿Y qué es? Los sabios jueces no lo dicen. Tampoco parece que la apología del terrorismo sea literatura, ni historia, ni geología ni teodicea. Habrá que terminar por definir la apología del terrorismo por el mismo método teológico con que se define a Dios. O sea, no reconociéndole atributos sino negándole imperfecciones. Y mientras encontramos el método adecuado para abordar la definición de la apología del terrorismo, que el ilustre apologista Arnaldo Otegui continúe tranquilamente dando vivas a «Euskadi ta askatasuna».
A Heráclito, el efesino, le llamaron el Oscuro, pero dejó dicha una cosa muy clara. Dijo Heráclito que los ímpetus de una injuria deben apagarse más que los de un incendio. Y no creo pecar de ignorancia o arbitrariedad si defiendo que son los padres de las leyes y los administradores de la justicia quienes deben apagar esos «ímpetus de la injuria». Algún recurso tendrán nuestras leyes para defendernos de quienes animan, incitan, empujan, jalean y enardecen a los terroristas y les inducen a cometer nuevos crímenes para alzar aún más alto la pirámide de los muertos del terror.
También dijo Heráclito que el pueblo debe defender las leyes lo mismo que los muros. ¿Pero qué ley podemos defender aquí, si ni siquiera los jueces nos explican lo que es «apología del terrorismo»? Aplaudamos a Otegui, a Heráclito que le den masculillo y nosotros, a preparar la nuca.
El Tribunal Supremo acaba de decidir que no se puede actuar en España contra Arnaldo Otegi, el dirigente de Batasuna, por haber gritado Gora Euskadi ta Askatasuna (¡Viva ETA!) en un frontón de San Juan de Luz. Y así lo determina porque, según un auto de la alta corte, no se trata de un delito de terrorismo, que estaría en la breve lista de los que pueden ser perseguidos por un tribunal español cuando hayan sido cometidos fuera de nuestras fronteras, sino de un delito de apología del terrorismo. Es decir, para los tres magistrados del Supremo, se trata de un delito de opinión que, por haber sido cometido en Francia, escapa a su jurisdicción.
Es muy posible que otra opinión, la pública, se sienta desconcertada ante este auto. En efecto, va en contra de toda la tendencia española y europea a las definiciones más amplias del terrorismo, que pretenden cubrir los ámbitos cada vez más anchos y variados en los que se mueve este tipo de delitos. El Código Penal fue modificado hace menos de dos años para incluir, dentro de su apartado Delitos de terrorismo, el de «enaltecimiento del terrorismo» (art. 578), que es el que el fiscal atribuía a Otegi. No es así, replica el Supremo: aplicando la «clave interpretativa contextual», se trata de una forma «diferente de delinquir», ya que no se comete ningún acto terrorista, sino que se alaba a quienes sí que los cometen, y eso es mera opinión.
Muchos juristas estarán de acuerdo, pero otros discreparán, como sin duda lo hará buena parte de la ciudadanía: la intención del legislador del 2000 era sumar el enaltecimiento a los delitos de terrorismo, y el Supremo lo descarta. Cita una sentencia del Constitucional que se dictó 13 años antes de la reforma del Código Penal, y también un texto de la Unión Europea que, en realidad, al hablar del apoyo al terrorismo como delito terrorista, parece ir en sentido opuesto a este auto del Supremo...
Detrás de la legítima polémica en torno a una decisión que rebaja el listón de la lucha antiterrorista puede intuirse otro posible elemento: al negarse a ver en las manifestaciones de Otegi un delito tipificado como de terrorismo, el tribunal podría estar enviando al Gobierno y al Parlamento una advertencia sobre su posible rigor a la hora de aceptar en su día solicitudes de ilegalización de Batasuna. Es, pues, un asunto de calado, a seguir de muy cerca, ya que los magistrados parecen encararlo con un espíritu diferente del de los legisladores.
No es de extrañar que de la Sala Segunda del Supremo, do mora Bacigalupo, ataque frontalmente con sus sentencias la política del Gobierno y de la inmensa mayoría del Parlamento contra el terrorismo en todas sus variantes. No es de extrañar que desde ese lugar, precisamente, ése, no sólo se sentencia en contra explícitamente del Código Penal recientemente endurecido para luchar contra los delitos de exaltación del terrorismo, como la misma sentencia reconoce o exhibe a modo de cabellera recién cortada a los rostros pálidos parlamentarios. Y tampoco puede extrañar que toda la doctrina elaborada por Garzón sobre la unidad esencial de la banda etarra por encima de la diversificación de funciones que la propia eficacia del crimen demanda, sea desechada despectivamente por estos jueces que no vacilan en poner la zancadilla al Gobierno, a la oposición y a toda la sociedad española en su renovada y actualizada lucha contra el terrorismo en todas sus manifestaciones.
Y es que hay jueces-políticos en los altos Tribunales cuya politización es tan intensa que son ya incapaces de aplicar la Ley, sin más, como sería su obligación, y siguen haciendo política a través de sus sentencias, casualmente nunca en el sentido de endurecer las penas de los terroristas sino de minusvalorar su gravedad o sencillamente descartarla. Es un escándalo más de la Justicia que recuerda la politizada sentencia del Constitucional excarcelando a la Mesa de HB y que demuestra que en la lucha contra el terrorismo con los jueces hay que contar poco, y si son de procedencia política, menos, y si algunos son de la secta progre y el ámbito de su pronunciamiento es nada menos que la Sala Bacigalupo, absolutamente nada. Los batasunos, el PNV y Llamazares están contentos y felices. Enhorabuena a los magistrados. ¿Por cierto ¿ha renunciado ya su compañero de sala y del alma Bacigalupo? ¿O es que el fraude fiscal también puede interpretarse al margen de lo que diga la Ley? En todo caso, queda claro que la Sala Cuarta o de Puertas abiertas de la Audiencia ha sido cerrada, pero su labor seguirá siendo asumida por otros jueces de la misma cuerda y al máximo nivel. Heroico.
El Tribunal Supremo viene manteniendo, de manera constante, una doctrina laxa respecto a las cuestiones relacionadas con el terrorismo y su apología. El momento cumbre de tal estrategia condescendiente fue la puesta en libertad de la encarcelada dirección de Herri Batasuna. Su ingreso en prisión, por un vídeo en el que se hacía clara apología del terrorismo, fue uno de los detonantes de la tregua. Y su puesta en libertad significó, por el contrario, el retorno al asesinato. Según el uso alternativo del Derecho, culminación pseudoprogresista del positivismo jurídico, nuestros magistrados quisieron, sin embargo, contribuir al proceso de paz, obteniendo un efecto perverso.
Hasta el momento nadie quiere pensar en el hecho de que la reforma de la Ley de Partidos depende en último término de la decisión de la Sala Especial del Tribunal Supremo, formado por su presidente, los de Sala, y el mayor y más joven magistrado de cada una de ellas. El Supremo no ha hecho otra cosa, hasta el momento, que boicotear la estrategia antiterrorista del Gobierno. ¿Cambiará esa línea cuando se trate de ilegalizar a Batasuna? Los miembros del gabinete, implicados en la reforma, consideran que las pruebas son abrumadoras, pero no las tienen todas consigo. Alguno, de manera significativa, dice que, en caso de sentencia en contra, “tendríamos que irnos a Turquía”.
Es sabido que el “celo garantista” de algunos jueces autodenominados progresistas —que ascendieron meteóricamente al Olimpo judicial en la época felipista— ha malogrado alguna que otra instrucción —quizá no todo lo escrupulosa y fundamentada que exigiría la perfección olímpica— contra etarras y similares. La tristemente célebre Sección Cuarta de la Audiencia Nacional fue un buen ejemplo de ello.
Por desgracia, parece que la “fiebre garantista” en lo relativo al terrorismo etarra ha migrado en forma aún más virulenta a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde tampoco faltan magistrados “progresistas” como el defraudador Bacigalupo, Perfecto A. Ibáñez (cofundador de “Jueces para la Democracia”) y García Delgado (partidario de la redención de penas por el trabajo). Hasta el otrora ponderado Luis Román Puerta (que en su día votó a favor de la imputación de Felipe González en el caso GAL) parece que también se ha contagiado de esta extraña fiebre que ya padecían sus colegas Perfecto A. Ibáñez y García Delgado, con quienes ha firmado el auto de archivo de la querella contra Otegui por apología del terrorismo presentada por la Fiscalía del Tribunal Supremo.
El Art. 578 del Código Penal deja bien claro que “el enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código [delitos de terrorismo] o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares se castigará con la pena de prisión de uno a dos años”. No obstante, estos tres magistrados consideran que, como los vítores a ETA de Arnaldo Otegi se produjeron en territorio francés (San Juan de Luz), el delito cae fuera de la jurisdicción española.
Sin embargo, el Art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (invocado por la fiscalía y el mismo en el que se basó Garzón para procesar a Pinochet) declara de forma nítida que “igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley penal española, como alguno de los siguientes delitos”, entre los que se incluye el de terrorismo.
Pero Román Puerta, Perfecto A. Ibáñez y García Delgado insisten en que la apología del terrorismo no es el mismo delito que el terrorismo en sí. Puede ser, pero ambos forman parte de la misma categoría y del mismo fin, como demuestra el hecho de que durante el mitin de Otegi subieran al estrado dos encapuchados que desplegaron un logotipo de ETA y distribuyeron un comunicado de la banda donde ésta se reafirmaba en su voluntad de seguir matando. A lo que cabe añadir los antecedentes del propio Otegi: una condena a 6 años de cárcel (de los que cumplió 3) por colaborar en el secuestro del empresario Luis Abaitúa, así como su procesamiento por el secuestro de Javier Rupérez y por el intento de secuestro de Gabriel Cisneros, sin olvidar su pertenencia a ETA político militar desde 1977 a 1981, de la que habría formado parte del comité ejecutivo, para ingresar después en ETA militar. No parece que haya sido la intención de los legisladores españoles perseguir la apología del terrorismo (recientemente incorporada al Código Penal) y aprobar una ley que permita ilegalizar un partido político que la practica a diario, para dejar después de perseguirla cuando ésta se produce fuera de nuestras fronteras. Y esta es, precisamente, la labor de un juez: interpretar rectamente cuál ha sido la voluntad y la intención de los legisladores, representantes de la voluntad popular. El Poder Judicial ha de ser independiente, pero no hasta el punto de rescribir la ley o rehuir su aplicación, como pone de manifiesto una de las frases del escrito por el que archivan la querella: la apología del terrorismo “a veces es impune y con frecuencia conoce sólo formas atenuadas de persecución”. En otras palabras: como la ley no se cumple, dejemos de aplicarla. Eso es, precisamente, lo que quieren oír Otegi y los suyos.
Aunque en la exposición de motivos del proyecto de ley orgánica de partidos políticos que se discute en estos momentos en el Congreso se dice que la finalidad esencial es mejorar y fortalecer el estatuto jurídico de los partidos políticos, es un hecho incontrovertido que la verdadera y única razón de ser de esta iniciativa es conseguir la ilegalización de Batasuna, si bien, abierto el portillo, las consecuencias también las pueden sufrir otros que no tienen nada que ver con la izquierda abertzale. Ese es su objetivo y así es como se ha presentado este proyecto en sociedad por parte de Aznar.
Para los populares está claro que la ilegalización de Batasuna es un hecho políticamente ya decidido, que no admite ninguna duda razonable. Hay que ilegalizar lo que se considera políticamente ilegítimo. Una tesis francamente peligrosa desde el punto de vista de la salud democrática de una sociedad abierta, si no se ponen límites a tal pretensión, y que no sólo defienden los populares, sino también por los socialistas de Zapatero. Hace diez años era ilegítimo promover desde las asociaciones civiles y desde los partidos políticos la insumisión al servicio militar obligatorio. Y era ilegítimo porque ello representaba la incitación a la comisión de un delito. Es decir, de conformidad con el artículo 515 del Código Penal y también con la vigente ley de partidos políticos, todos los grupos políticos y asociaciones que promoviesen, alentasen, defendiesen o justificasen los actos de insumisión al servicio militar podrían haber sido objeto de un proceso de disolución judicial, tanto civil como penal. Sin embargo a nadie de los de ahora se les ocurrió la brillante idea de iniciar un procedimiento de ilegalización de IU, BNG o de colectivos como el MOC. Y sin embargo, para la doctrina oficial, promocionar la insumisión era un acto no sólo incorrecto, sino también ilegítimo. Dejando a un lado el caso especial que representa Batasuna, no todo lo que en un momento histórico aparezca como ilegítimo políticamente debe tener como respuesta del Estado de Derecho la ilegalización. Sin embargo, para los que así piensan, el trámite que resta es el de la formalidad judicial de la disolución.
¿Y si, aprobada la ley, además sin la retroactividad y con una mayor concreción de los hechos que son causa de ilegalización, e instado el procedimiento judicial, los magistrados no se pronuncian a favor de la disolución porque la actividad pública desplegada por Batasuna se ha adaptado cual camaleón al nuevo terreno de juego? No hace muchos años, cuando con la modificación de los reglamentos del Congreso y del Senado se intentó dejar a HB de facto sin representación institucional en las Cortes Generales a cuenta de la exigencia del acatamiento constitucional, esa formación supo adaptarse a la nueva exigencia con la ocurrente fórmula de «por imperativo legal, acato la Constitución». No pasó nada en HB, y sus integrantes siguieron mofándose de la Constitución, pero con la agravante de que después lo hacían con mucho más recochineo. Mucho me temo que ahora nos vamos a encontrar ante situaciones parecidas. Batasuna se adaptará a la situación, adecuará su discurso y en su actividad propia de partido no habrá nada que suponga promover, apoyar o alentar la violencia. Una cosa es ser desalmado, otra bien distinta es ser tonto, y éstos tontos no son. Formalmente nunca habrá una prueba que dé certeza judicial de que Batasuna apoya y alienta directamente la violencia. Como partido no la han apoyado ni han incitado a la comisión de actos violentos, sino que han justificado políticamente a ETA y su violencia terrorista. Distinción que, si bien en el ámbito político resulta irrelevante, es importante a nivel judicial. Nunca la han condenado pero si hace falta, hasta la reprobarán. Y eso a ETA ni le molestará, ni le perjudicará. Dirán en relación a la violencia de ETA cosas más suaves que las dichas por el Sinn Feinn sobre la violencia del IRA. Si les sale bien, estupendo, y en caso contrario recurrirán ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y alegarán en su defensa la legalidad de Batasuna en el Estado francés.
Llegados a tal situación probablemente ganarán, y entonces nuevamente habrá que recordar a algunos que la vía más certera y eficaz para combatir la actitud subordinada de Batasuna ante ETA reside en la unidad y en los acuerdos entre los partidos democráticos. Hoy la propuesta de la ilegalización no sólo es un obstáculo infranqueable para la unidad democrática, sino que además se la percibe como un instrumento central del Gobierno Aznar en su estrategia de confrontación y disputa con el PNV, y particularmente con el lehendakari Ibarretxe.
Dice que ensalzar a la banda no es delito en Francia, por lo que no es perseguible en nuestro país Se escuda en que, en 1987, el TC le dio la razón al diario «Egin» en una situación similar Cardenal ordena recurrir la decisión
La Sala Segunda del Supremo archivó ayer la querella presentada por la Fiscalía contra el portavoz de Batasuna y parlamentario vasco, Arnaldo Otegui, quien el pasado 30 de marzo gritó «Gora Eta» durante un mítin celebrado en Francia. El Tribunal, en contra del espíritu de la reforma del Código Penal de 2000, que incluyó en el capítulo de los delitos de terrorismo el enaltecimiento o justificación de dichos delitos, afirma en su resolución que «las conductas denotadas como apología del terrorismo, con independencia de la ubicación que decida darles el legislador cuando opte por su incriminación, no son delitos de terrorismo», por lo que se declara incompetente para investigar al dirigente batasuno.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dio ayer una respuesta contundente a la reforma del Código Penal aprobada en 2000 sobre el delito de enaltecimiento o justificación de los delitos de terrorismo, rechazando el espíritu con el que el Poder Legislativo impulsó la redacción del artículo 578 del Código Penal.
En un auto notificado ayer, por el que se rechaza la admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía contra Arnaldo Otegui por gritar «vivas a Eta» durante un mítin celebrado en Francia, los magistrados afirman que la «apología del terrorismo» no puede considerarse como un delito de terrorismo. De este modo, como en Francia el enaltecimiento del terrorismo no está contemplado como delito, sino que se perseguiría en todo caso como un delito de opinión, la Justicia española no es competente para investigar este hecho. Por ello, el Supremo archivó la querella contra Otegui.
La Fiscalía presentó su querella por un supuesto delito tipificado en el artículo 578 del Código Penal, contenido bajo el epígrafe «De los delitos de terrorismo», que pena con entre uno y dos años de cárcel el «enaltecimiento o justificación» de las acciones terroristas descritas en el mismo capítulo.
A pesar de ello, el Supremo establece que «las conductas denotadas como apología del terrorismo, con independencia de la ubicación que decida darles el legislador cuando opte por su incriminación, no son delitos de terrorismo. Y esto, tanto en el plano conceptual y doctrinal como también, claramente, en la vigente legislación española». Los magistrados que han firmado la resolución, el presidente de la Sala, Luis Román Puerta, y los magistrados Joaquín Delgado y Perfecto Andrés Ibáñez, utilizan para reforzar sus argumentos la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional de diciembre de 1987 por la que amparó al diario Egin, condenado por los tribunales ordinarios por apología del terrorismo por la publicación en sus páginas de un comunicado de Eta. En dicha sentencia, el TC señaló que «la manifestación pública, en términos de elogio o exaltación, de un apoyo o solidaridad moral o ideológica con determinadas acciones delictivas, no puede ser confundida con tales actividades». La Sala alude también al Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, suscrito en enero de 1977, donde se consideran delitos terroristas perseguibles en el ámbito internacional «los atentados graves contra la vida y la libertad de las personas y la utilización de explosivos». Expone además que los mismos términos han sido utilizados por el Consejo de la UE para su definición de terrorismo aprobada en diciembre del año pasado.
Según el Alto Tribunal, en el Código Penal se distingue entre lo que son actos de terrorismo y aquellos otros que, «sin pertenecer a esta categoría clasificatoria», expresan alguna forma de apoyo a los mismos.
«Y la diferencia es tan clara ¬dice¬ que mientras la primera clase de acciones se ha perseguido y se persigue siempre en todas sus modalidades, la segunda a veces es impune, y con frecuencia conoce sólo formas atenuadas de persecución». «De no ser así, esto es, si la apología del terrorismo fuera también delito de terrorismo, tendría que ser tratada de igual modo como delito la apología de la apología, lo que conduciría directamente al absurdo», concluye el Supremo.
Por su parte, el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, dio ayer órdenes a la Fiscalía del Supremo de estudiar la posible interposición de un recurso de súplica ante la Sala.
Prudencia de los partidos
Por otra parte, el PP y PSOE coincidieron en desvincular esta decisión del Alto Tribunal con la tramitación de la reforma de la Ley de Partidos Políticos, que servirá de base para la deslegalización de Batasuna. Ambos partidos consideran que la decisión tiene «lógica jurídica».
Desde el Gobierno, el vicepresidente primero y ministro de Interior, Mariano Rajoy, manifestó que respeta las decisiones judiciales, «coincidan o no con lo que a mí me parece». Según dijo, la decisión del Supremo «no tiene nada que ver con mi convicción de lo que es Otegui y la organización del señor Otegui», en relación a Batasuna, a la que encuadró en la infraestrucutra de la organización terrorista Eta.
¿Por qué no se imputa a Otegui?
1. El Supremo entiende que, a pesar de que el artículo 578 del Código Penal (enaltecimiento de los delitos de terrorismo) está incluído bajo el epígrafe «de los delitos de terrorismo», no puede considerarse como tal.
2. Si la Sala hubiese considerado que era delito de terrorismo no habría problema para juzgar a Otegui en España, porque dicho delito está perseguido tanto en Francia como en nuestro país.
3. Sin embargo, el delito de enaltecimiento del terrorismo no existe en Francia, por lo que no es perseguible en nuestro país.
4. La reforma del Código Penal en el año 2000 provocó el rechazo del órgano de gobierno de los jueces, que en su informe sobre el anteproyecto de ley de reforma del Código Penal expresó la necesidad de que se produjese alguna conducta concreta de incitación a la violencia para que fuese perseguido.
¿Una cuestión de interpretación?
J. P. - Madrid.-
La decisión del Tribunal Supremo provocó ayer reacciones contrapuestas en todos los medios jurídicos consultados. En el seno del órgano de gobierno de los jueces, que oficialmente expresó su respeto por las decisiones jurisdiccionales, los vocales no se pusieron de acuerdo en la interpretación de la reforma del Código Penal aprobada en 2000. Un sector se mostró de acuerdo con el criterio de la Sala Segunda al entender que, aunque formalmente el artículo 578 está incluido entre los delitos de terrorismo (Sección 2ª del capítulo V, del título XXII del libro II del Código Penal), sustancialmente no puede entenderse de este modo aunque el Legislativo así lo haya establecido, porque no supone la comisión de una acción terrorista. Desde otro sector, la decisión se interpretó como un varapalo a la reforma legal: «El Supremo ha actuado como si no existiese la reforma», aseguró un vocal; «Tira por tierra la reforma y tendrá unos efectos muy contraproducentes», advirtió otro. Por otra parte, fuentes de la Audiencia Nacional admitieron que el enaltecimiento del terrorismo «no es un delito puro de terrorismo», pero es un «delito asimilado» a éste y debería haberse contemplado como tal a efectos de asumir la investigación. «Va en contra del espíritu de la reforma», insistieron. «Es lo mismo que ocurrió con la kale borroka, que antes era juzgada como un delito común sin conexión con Eta», concluyeron.
La profesora Edurne Uriarte tendrá finalmente un juicio para revisar la retirada de su cátedra de Ciencia Política por parte de la Universidad Pública del País Vasco (UPV), que tomó esta decisión al aceptar una reclamación del otro aspirante al puesto, el ex diputado de HB Francisco Letamendía.
Según informa Servimedia, que cita fuentes de la defensa de Uriarte, los juzgados de Bilbao han fijado para el próximo mes de octubre la vista oral por uno de los dos recursos que se presentaron contra la decisión de la UPV.
La defensa de Edurne Uriarte considera que se vulneraron derechos fundamentales amparados por la Constitución al retirársele la cátedra de Ciencia Política por la reclamación del otro aspirante a la plaza, el ex diputado de HB Francisco Letamendía. En su recurso, el letrado de Uriarte, Jesús Sánchez, expone que la Comisión de Reclamaciones que dio la razón a Letamendía vulneró el principio de igualdad y el artículo 103 de la Carta Magna, sobre el “sometimiento pleno a la ley y al Derecho” que debe regir en la Administración. Además, la demanda intenta rebatir otro de los argumentos principales de la resolución que suspendió la plaza, que se refiere a la falta de motivación de los apoyos recibidos por Edurne Uriarte.
El recurso también sostiene que Letamendía debería haber quedado eliminado en una de las fases, ya que se negó a explicar en persona su proyecto docente a los miembros del tribunal.

References: artículo 578
 artículo 578
 artículo 578
 artículo 515
 resolución 
 artículo 578
 artículo 578
 artículo 578
 artículo 578
 artículo 103
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