Source: http://www.cda.org.ar/detalle_normativa.php?id=2654
Timestamp: 2020-02-27 04:40:55+00:00

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Residuos peligrosos - Derogación
Deróganse el Dec.591/19 del 26 de agosto de 2019 y la Resolución Conjunta Res.SADS 3/19 del 12 de noviembre de 2019 de la entonces Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Dec. 148/20
13/02/2020 (BO 14/02/2020)
VISTO el Expediente N° EX-2020-03481505-APN-DRIMAD#SGP, las Ley 23.922, Ley 24.051 y Ley 25.675, los Dec.181/92 del 24 de enero de 1992, Dec.831/93 del 23 de abril de 1993 y Dec.591/19 del 26 de agosto de 2019, la Resolución Conjunta Res.SADS 3/19 del 12 de noviembre de 2019 de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y
Que en este marco nuestro país aprobó mediante la Ley 23.922 el CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN, suscripto en la Ciudad de Basilea (CONFEDERACIÓN SUIZA) el 22 de marzo de 1989.
Que en la Décima Reunión de la Conferencia de las Partes Integrantes del citado Convenio se aprobó la Decisión BC-10/2 "Marco estratégico para la aplicación del Convenio de Basilea correspondiente a 2012-2021", donde se establece el principio de responsabilidad extendida del productor como instrumento de la política de gestión de los desechos; y el de reconocer la jerarquía de gestión de los desechos (prevención, minimización, reutilización, reciclado, otro tipo de recuperación, incluida la recuperación de energía, y la eliminación final) y al hacerlo, alentar las opciones de tratamiento que obtengan los mejores resultados ambientales generales para tener en cuenta el enfoque del ciclo de vida.
Que en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en la Ciudad de RÍO DE JANEIRO en el año 2012 y conocida como Río+20 se consensuó el Documento final de la Conferencia "El Futuro que Queremos", posteriormente adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución No A/RES/66/288, el 27 de julio de 2012.
Que, asimismo, en el mencionado documento se establecieron los lineamientos del principio de no regresión de la protección ambiental al reconocerse que "desde 1992, en algunos aspectos de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, los avances han sido insuficientes y se han registrado contratiempos, agravados por las múltiples crisis financieras, económicas, alimentarias y energéticas, que han puesto en peligro la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible. A este respecto, es esencial que no demos marcha atrás a nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo".
Que, por otro lado, mediante la Ley 24.051 se reguló lo relativo a la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos; y se estableció la definición de residuos peligrosos y el procedimiento para su identificación.
Que posteriormente, por el Dec.181/92 se prohibió el transporte, la introducción y la importación definitiva o temporal al Territorio Nacional, al Área Aduanera Especial y a las Áreas Francas creadas o por crearse incluidos sus espacios aéreos y marítimos de todo tipo de residuo, desecho o desperdicio procedente de otros países.
Que, luego, mediante el Dec.831/93 se reglamentó la citada Ley 24.051, y se dispuso en su artículo 3° que se encontraban comprendidos en la prohibición establecida en el artículo 3° de la citada ley, aquellos productos procedentes del reciclado o recuperación material de residuos que no fueran acompañados de un certificado de inocuidad sanitaria y/o ambiental, según el caso, expedido previo al embarque por la autoridad competente del país de origen, y ratificado por la Autoridad de Aplicación, previo al desembarco y que aquello concordaba con lo normado por el Dec.181/92, el que, junto con la Ley 24.051 y ese reglamento, regiría la prohibición de importar residuos peligrosos.
Que por la Ley General del Ambiente Ley 25.675 se establece la política ambiental nacional.
Que, asimismo, por el artículo 4o de la citada Ley se establecieron los Principios rectores de la política ambiental nacional entre los cuales se destacan los Principios precautorio y de progresividad.
Que en este marco normativo se dictó el Dec.591/19 por el cual se modifica el régimen dispuesto por los referidos Dec.181/92 y Dec.831/93.
Que, en virtud de ello, por el artículo 1o del Dec.181/92 se prohíbe el tránsito, la introducción y la importación definitiva o temporal al Territorio Nacional, al Área Aduanera Especial y a las Áreas Francas creadas o por crearse incluidos sus espacios aéreos y marítimos, de todo tipo de residuo procedente de otros países.
Que, asimismo, el artículo 2o del citado Dec.181/92, también modificado, establece que quedan comprendidos en lo dispuesto en el artículo 1o de dicha norma, aquellas sustancias u objetos que, obtenidos a partir de la valorización de residuos, no se ajusten a las exigencias y al procedimiento de importación establecidos por la entonces Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN de manera conjunta con el entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que dicha modificación -junto con la del artículo 3° del Dec.831/93- dejó sin efecto la exigencia de contar con un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental expedido previo al embarque por la autoridad competente del país de origen y/o procedencia y ratificado por la autoridad de aplicación nacional.
Que, asimismo, el citado artículo 2° del Dec.181/92 dispone una serie de condiciones a cumplimentarse a efectos de proceder a la importación de sustancias u objetos, las cuales bien podrían encontrarse presentes en aquellos, considerados por la normativa nacional, como residuos peligrosos.
Que, como consecuencia de tales modificaciones, el 12 de noviembre de 2019 la entonces Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y el entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO dictaron la Resolución Conjunta Res.SADS 3/19.
Que por las razones expuestas precedentemente el Dec.591/19, lejos de alinearse con los presupuestos de la gestión integral de los residuos en el marco de una economía circular, implica reducir el nivel de protección que el artículo 41 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y la normativa dictada en la materia confieren al ambiente al flexibilizar el ingreso al país de sustancias u objetos obtenidos a partir de la valorización de residuos.
Que de acuerdo al Informe del Estado del Ambiente 2018 tan sólo la COORDINACIÓN ECOLÓGICA ÁREA METROPOLITANA SOCIEDAD DEL ESTADO (CEAMSE) en el año 2018, procesó SIETE MILLONES DOS MIL (7.002.000) toneladas de residuos sólidos urbanos, cerca de un TRES POR CIENTO (3%) más que en el año 2017.
Que, en dicha línea, resulta vital internalizar las variables social, ambiental y económica en la promoción de una industria del reciclado, circunstancia que no solo no ha sido considerada, sino que se ha visto menoscabada por el dictado del Dec.591/19.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes en virtud de lo dispuesto por el artículo 7° inciso d) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Ley 19.549.
ARTÍCULO 1°.- Deróganse el Dec.591/19 del 26 de agosto de 2019 y la Resolución Conjunta Res.SADS 3/19 del 12 de noviembre de 2019 de la entonces Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
ARTÍCULO 2°.- Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días posteriores a la entrada en vigencia del presente Decreto, los MINISTERIOS DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y DE DESARROLLO PRODUCTIVO deberán formular una propuesta normativa para regular la temática, que promueva una gestión integral de los residuos en el marco de una economía circular.
ARTÍCULO 3°.- Hasta tanto se apruebe la normativa correspondiente en la materia resultarán de aplicación, en lo pertinente, el Dec.181/92 del 24 de enero de 1992 y el Dec.831/93 del 23 de abril de 1993, ambos en su redacción original.
ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Juan Cabandie - Matías Sebastián Kulfas
Dumping - Chapas de aluminio de CHINA - Derecho antidumping AD VALOREM definitivo.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 41
 artículo 7

ARTÍCULO 1
 Resolución 

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4