Source: http://espanito.com/corte-suprema-de-justicia-sala-de-casacin-penal-magistrado-pon-v67.html
Timestamp: 2019-03-25 20:51:58+00:00

Document:
Descargar 108.72 Kb.
Tamaño 108.72 Kb.
ASACIÓN 39160
LUCY EDILMA SUÁREZ SÁNCHEZ
Aprobado Acta No.300
Bogotá, D. C., catorce (14) de agosto de dos mil doce (2012).
Decide la Sala el recurso extraordinario de casación allegado por el defensor de LUCY EDILMA SUÁREZ SÁNCHEZ contra el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante el cual confirmó la pena de 25 años de prisión y 81 salarios mínimos legales mensua-les vigentes de multa que le impuso el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartago a dicha persona, después de aceptar cargos por las conductas punibles de proxenetismo con menor de edad y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de dieciocho años.
1. A raíz de la denuncia de la madre de una menor de edad, las autoridades descubrieron que en Cartago operaba una red de prostitución que traficaba con menores de dieciocho años. Quien coordinaba ese negocio era LUCY EDILMA SUÁREZ SÁNCHEZ, persona que por teléfono celular se comunicaba con las jóvenes y los clientes para acordarles citas, recoger a las primeras, llevarlas a moteles, fijar precios y cuotas, etc. Por tal razón, fue capturada en flagrancia el 18 de enero de 2011, mientras le ofrecía a un agente encubierto los servicios de dos adolescentes, una de quince años y la otra de dieciséis.
2. La Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra la aprehendida como autora responsable de los delitos de proxenetismo con menor de edad, en concurso homogéneo, y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofre-cer actividades sexuales con personas menores de dieciocho años, previstos en los artículos 213-A y 219-A de la Ley 599 de 2000, actual Código Penal (adicionado el primero por el artículo 2 de la Ley 1329 de 2009 y el segundo por el parágrafo transitorio del artículo 34 de la Ley 679 de 2001, modificado a su vez por el artículo 4 de la Ley 1329 de 2009).
3. Correspondió conocer al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartago. Instalado e iniciado el juicio oral, LUCY EDILMA SUÁREZ SÁNCHEZ aceptó los cargos imputados, a pesar de haber sido informada de la prohibición de rebajas y beneficios del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, cuando las víctimas son menores de edad en delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales.
Debido a ello, el funcionario la sentenció, por las conductas punibles atribuidas, a 25 años de prisión, 81 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción privativa de la libertad. Así mismo, le negó tanto la suspensión condicional de la ejecución de la pena como la prisión domiciliaria y dispuso la remisión de copias para que fuera investigada por el delito de concierto para delinquir.
4. Apelada la decisión por la defensa, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga la confirmó en los aspectos objeto de debate (referidos a la dosificación punitiva, la prohibición de exceso en la condena impuesta y la adecuación típica). De manera oficiosa, redujo la accesoria de ley al máximo legal permitido (20 años), en virtud del principio de legalidad.
5. Contra la decisión de segundo grado, el defensor de LUCY EDILMA SUÁREZ SÁNCHEZ interpuso el recurso extraordi-nario de casación.
Admitido el escrito de demanda, la Corte adelantó la audiencia de sustentación correspondiente.
1. Al amparo de la causal señalada en el numeral 1 del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, atinente a la violación directa de la ley sustancial, propuso el recurrente dos cargos. Los sustentó de la siguiente forma:
1.1. Concurso aparente de tipos entre los artículos 213-A y 219-A. Había unidad de acción, un único designio e identidad de bien jurídico afectado en las dos conductas imputadas por la Fiscalía. Para la realización de las actividades de proxeneta, era indispensable en el caso concreto el empleo de medios de comunicación como la telefonía celular. El comportamiento en el cual incurrió su protegida fue el estipulado en el artículo 213-A del Código Penal, dada su mayor riqueza descriptiva. Por lo tanto, no podía condenarse a LUCY EDILMA SUÁREZ SÁNCHEZ en razón de esa pluralidad de infracciones.
1.2. Interpretación errónea del artículo 269 del Código Penal. Las instancias no reconocieron la rebaja por indemnización integral prevista en el estatuto sustantivo. La procesada no tenía antecedentes penales, estuvo dispuesta a colaborar con la justicia y, lo que es más importante, se mostró arrepentida. Además, si todo delito conlleva daños, cualquiera puede ser objeto de resarcimiento. Por eso mismo, no es aceptable el argumento de que tal disminución sólo sea aplicable para las afectaciones al patrimonio económico. El reconocimiento de la rebaja es asimismo aplicable en virtud de las circunstancias de menor punibilidad de los numerales 6 y 10 del artículo 55 de la Ley 599 de 2000. Y no fue excluido de manera taxativa por el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006.
2. En consecuencia, el demandante solicitó a la Sala revocar la condena para sustituirla por una más favorable o adoptar la decisión que en derecho corresponda.
1. El defensor de LUCY EDILMA SUÁREZ SÁNCHEZ reiteró los planteamientos de la demanda.
2. En su condición de no recurrente, la Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó casar parcialmente el fallo, por indebida aplicación del artículo 219-A del Código Penal, debido a que la descripción que contiene está recogida, en el caso concreto, en el artículo 213-A ibídem y, por lo tanto, es menester reducir la pena para imponer la que se ajuste en derecho. Pidió, así mismo, no casar por el segundo reproche.
2.1. Justificó la configuración de concurso aparente así:
2.1.1. La Ley 1329 de 2009, que adicionó o modificó los tipos de los artículos 213-A y 219-A del Código Penal, amplió el ámbito de protección punitivo. Pasó de las actividades propias del proxeneta a las de la llamada explotación sexual, lo que involucra la participación de intermediarios e incluso clientes abusadores en los comportamientos objeto de reproche.
2.1.2. El tipo del 213-A pretende abarcar a quienes participan de cualquier manera en el comercio carnal o lo facilitan, es decir, a los proxenetas. El tipo del 219-A, en cambio, incluye a quienes contribuyen de manera accesoria o no esencial a la prestación del servicio. En el 213-A, la forma como se llega a explotar sexualmente es irrelevante. En el 219-A, se castiga la concreta utilización de medios de comunicación.
2.1.3. LUCY EDILMA SUÁREZ SÁNCHEZ conseguía menores de edad para explotarlos sexualmente, es decir, para que prestaran servicios sexuales a terceros a cambio de dinero. Para ello, los contactaba mediante su celular. Adecuar esta conducta a ambos delitos implica la vulneración del principio de no sancionar dos veces lo mismo. La solución consiste en subsumir el comportamiento de menor gravedad en el que sanciona con mayor rigurosidad la transgresión del mismo bien jurídico y tiene mayor contenido de injusto.
2.2. En cuanto al segundo cargo, estimó que es irrelevante su revisión, pues lo que en últimas parece proponer el abogado es la rebaja de pena en virtud de la concurrencia de causales de menor punibilidad, aspecto que sí tuvo en cuenta el juez a quo al fijar la pena dentro del ámbito de movilidad del cuarto mínimo.
3. El representante del Ministerio Público pidió a la Corte no casar la sentencia impugnada por las siguientes razones:
3.1. Primer cargo. En la postura del demandante, la voluntad entendida como dirección del suceso hacia el fin de lesionar el bien jurídico sería el fundamento para la exclusión del delito de utilización o facilitación de medios de comunicación para ofre-cer actividades sexuales con personas menores de dieciocho años.
Esto era aceptable para el esquema finalista del delito. Pero para la visión normativista que domina la opinión jurídico-penal contemporánea, en el cual el elemento decisivo del dolo es el cognoscitivo, no es posible confundir el delito complejo con la conexidad de injustos, que implica la concurrencia sucesiva de ilícitos estrechamente relacionados con vínculos ideológicos o consecuenciales. En el presente caso, sucedió esto último.
Acudir a los medios de comunicación no siempre es necesario para inducir a la prostitución a las menores, sin perjuicio de que concurra de manera real con otros tipos previstos en el mismo capítulo. Cada actividad desplegada por la procesada en este caso conservaba su autonomía. Es decir, luego de la inducción de las menores a la explotación sexual, continuó el empleo de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales. En tales condiciones, el reproche no tiene vocación de éxito.
3.2. Segundo cargo. La extinción de la acción penal o la rebaja de la pena por reparación integral sólo proceden para ciertos delitos, en virtud del principio de reserva legal. La política del legislador del momento estipuló que la disminución del artículo 269 del Código Penal únicamente procedía para delitos contra el patrimonio económico. Por lo tanto, este reproche tampoco está llamado a prosperar.
De ahí que, por razones metodológicas, la Sala se ocupará en primer lugar del segundo cargo planteado por el censor, de acuerdo con el cual los juzgadores debieron aplicar la rebaja del artículo 269 del Código Penal, entre otras razones, por analogía con las circunstancias de los numerales 6 y 10 del artículo 55 ibídem. Como el problema jurídico allí propuesto no es en realidad tal, la improcedencia de este reproche es fácil de advertir.
Como el reproche tiene vocación de éxito, la Corte se ocupará de los temas en los cuales verá apoyada su decisión de casar parcialmente. Primero, la protección de garantías conculcadas a raíz de errores judiciales en las aceptaciones de cargos o manifestaciones de culpabilidad. Segundo, la razón de ser y el contenido de los delitos de proxenetismo con menor de edad y de utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de diecio-cho años. Y, tercero, el presente caso.
2. De la rebaja punitiva por indemnización
Ninguno de los argumentos que al respecto expuso en el escrito el demandante tiene fuerza alguna de convencimiento para superar la aludida objeción. Que todos los delitos sean en la práctica susceptibles de reparación no significa que siempre procederá la rebaja del artículo 269 en comento, pues en este sentido debe prevalecer el principio de reserva legal. Que las prohibiciones del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 no incluyan la disposición referida es obvio, ya que aquéllas sólo operan cuando se trata de delitos sexuales o contra la vida, libertad e integridad personal. Que LUCY EDILMA SUÁREZ SÁNCHEZ no tiene antecedentes penales, estuvo dispuesta a colaborar con la justicia y mostró arrepentimiento también son datos irrelevantes en lo que a los aspectos debatidos atañe. Es más, estados de ánimo como el señalado por el profesional del derecho han sido descartados de vieja data por la Sala, incluso para un eventual reconocimiento de la rebaja por reparación integral. En palabras de la Corte:
“[…] esa clase de argumentos, de exigir del procesado que la indemnización integral sea un acto de contrición y con propósito de enmienda, son requisitos de contenido moral, propios de ciertas prácticas religiosas, pero sin efectos frente a la redacción del texto legal, que consagra un supuesto de hecho puramente objetivo que verificado impone la concesión de la reducción punitiva”1.
Por otro lado, las circunstancias de mayor y menor punibilidad tienen incidencia en el proceso de imposición de la pena en la medida en que le permiten al funcionario ubicarse en uno de los ámbitos de movilidad (mínimo, intermedios y máximo) a partir de los cuales fijará la pena, tal como se desprende del inciso 2º del artículo 61 del Código Penal. De ahí la dificultad de establecer una correspondencia analógica de aplicación con el artículo 269 ibídem, que consagra una disminución de la mitad a las tres cuartas partes de la pena cuando ésta ya ha sido debidamente individualizada.
En el presente caso, el juez a quo estableció como ámbitos de movilidad el cuarto mínimo, porque, según sus palabras, “se evidencia una circunstancia de menor punibilidad, como lo es la ausencia de antecedentes, […] y en consideración a que en la formulación de imputación no se le reseñó ninguna circunstancia de mayor punibilidad”2. Por su parte, el Tribunal recordó de manera acertada que no podía aplicar la rebaja del artículo 269 de la Ley 599 de 2000, por cuanto ésta “no opera de cara a los delitos objeto de sanción en este proceso, cuyo bien y objeto jurídico, por ser de carácter personal, no admite transacción”3. Estas posturas, por lo expuesto en precedencia, son ajustadas a derecho.
3. Del concurso aparente de tipos
3.1. Cuestión previa. Las manifestaciones de responsabilidad penal, ya sean el producto de un acto unilateral o negociadas con la Fiscalía, deben ser sometidas al control judicial, no sólo en cuanto a la obligación legal de verificar que el imputado o acusado actúe de manera libre, voluntaria e informada, así como asesorado por su defensor, tal como se desprende de los artículos 8 literal l), 131, 283 y 368 inciso 1º de la Ley 906 de 2004, sino además al deber de protección de garantías judiciales, según lo preceptúan los artículos 10 inciso final, 138 numeral 1, 351 inciso 4º y 368 inciso 2º del referido estatuto.
De ahí que en materia de allanamientos y preacuerdos la Sala, desde el fallo de 19 de octubre de 20064, ha sido enfática en señalar que en ejercicio de esta última función el juez tiene que velar por el estricto acatamiento de principios como los de legalidad y jurisdiccionalidad, entre cuyas implicaciones se encuentra la de impedirle al Fiscal “imputar la acción realizada por el procesado de modo que desconozca, desborde o no abarque en estricta correlación todos los aspectos que integran la conducta fáctica”5. Es decir, que haya consonancia entre la situación de hecho y la atribución jurídica que forman parte de la manifestación de responsabilidad.
En principio, el incumplimiento de este deber le representaba a la Corte en casación decretar la nulidad, en el entendido de que la actuación correcta por parte del juez era rechazar en todos los casos el consenso o la declaración unilateral ante la imposibilidad de dictar sentencia en los términos aceptados. Sin embargo, en la sentencia de 8 de julio de 20096, precisó que todo error de juicio que signifique la vulneración de una garantía judicial podrá subsanarlo esta Corporación casando la decisión impugnada y dictando la de remplazo, que incluso puede ser una absolución:
“[…] cuando se trate de la protección de garantías fundamentales de repercusiones sustanciales que se hubieren materializado como errores in iudicando, la Sala Penal de la Corte, cuando se trate de sentencias anticipadas que se impugnen en vía extraordinaria deberá casar la sentencia, ya sea de manera rogada u oficiosa […]
”Pueden darse los casos, por ejemplo, entre otros: que la sentencia anticipada se hubiere proferido con violación al principio del derecho penal de acto, al principio de legalidad del delito o de la pena (necesaria, proporcional y razonable), o del principio de favorabilidad sustancial, por violación del principio de prohibición de analogía in malam partem, por desconocimiento del principio de cosa juzgada y del nom bis in ídem, o en la que se hubiere consolidado una violación manifiesta por indebida aplicación sustancial referida a la adecuación del injusto típico, formas de participación o de las expresiones de culpabilidad atribuidas, o por menoscabo del principio de antijuridicidad material y ausencia de lesividad, […] o del principio de culpabilidad subjetiva en la que se evidencia una ausencia de responsabilidad penal dada la presencia de alguna de las causales que la excluyen y se hubiere condenado con criterios de responsabilidad objetiva, o por desconocimiento del principio in dubio pro reo.
”En las sentencias anticipadas proferidas tras la vía de la política del consenso, esto es, de los preacuerdos y negociaciones, o al declararse culpable al inicio del juicio oral, exclusivamente se renuncia por parte del imputado o acusado a los ejercicios de práctica de pruebas y de contradicción probatoria, pero no se renuncia a ninguno de los derechos y garantías fundamentales de lo debido sustancial y debido probatorio (necesidad, licitud, legalidad de la prueba), postulados que en un Estado constitucional, social y democrático de derecho de manera imperativa deben ser objeto de protección, máxime al haberse concebido a la casación penal como un control de constitucio-nalidad y legalidad de las sentencias de segundo grado”7.
En este orden de ideas, si el Fiscal, ya sea en la formulación de imputación o en la acusación correspondiente, le achaca al procesado la realización de conductas punibles que no están en adecuada consonancia con las circunstancias de hecho también atribuidas, o le agrega en detrimento del principio de no recaer dos veces sobre lo mismo otras ya comprendidas en la calificación o en pretéritas actuaciones procesales, la Corte en sede de casación tiene el deber de ajustar a la legalidad la correlación entre lo fáctico y lo jurídico, pese a la aceptación de responsabilidad o a la renuncia de derechos que en materia de justicia abreviada aquél haya efectuado de manera libre, consciente, informada y debidamente asesorada.
3.2. De los tipos de los artículos 213-A y 219-A del Código Penal. 3.2.1. Desde un punto de vista jurídico, el ejercicio de la prostitución está descrito de la siguiente manera en el artículo 178 del Decreto 1355 de 1970, Código Nacional de Policía:
“Artículo 178 [modificado por el artículo 120 del Decreto 522 de 1971]-. Ejerce la prostitución la persona que trafica habitualmente con su cuerpo, para satisfacción erótica de otras varias, con el fin de asegurar, completar o mejorar la propia subsistencia o la de otro”.
Según la jurisprudencia constitucional, el derecho no prohíbe la prostitución en sí misma considerada, es decir, “que haya personas que presten servicios sexuales por contraprestación económica, ni que a su vez haya personas interesadas en pagar sumas de dinero u otra prestación valorable económica-mente por tener trato sexual de cualquier naturaleza”8. Por el contrario, ha reconocido, entre otras cosas, que la prostitución (i) “debe considerarse prima facie una actividad lícita”9, (ii) es una opción de vida sexual válida dentro de un Estado social de derecho10, (iii) obedece al ejercicio de libertades económicas11 o puede ser objeto de iniciativa empresarial12 y (iv) no es posible apelar a conceptos como ‘buenas costumbres’, ‘moral pública’ o ‘moral social’ para proscribirla13.
“Artículo 213-. Inducción a la prostitución (modificado por el artículo 8 de la Ley 1236 de 2008). El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, induzca al comercio carnal o a la prostitución a otra persona incurrirá en prisión de diez (10) a veintidós (22) años y multa de sesenta y seis (66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
“Artículo 213-A-. Proxenetismo con menor de edad (adicionado por el artículo 2 de la Ley 1329 de 2009). El que con ánimo de lucro para sí o para un tercero, o para satisfacer los deseos sexuales de otro, organice, facilite o participe de cualquier forma en el comercio carnal o la explotación sexual de otra persona menor de 18 años incurrirá en prisión de catorce (14) a veinticinco (25) años y multa de sesenta y siete (67) a setecientos cincuenta salarios mínimos”.
El fundamento para la punición de ambas conductas tiene respaldo en los instrumentos internacionales. El Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, suscrito por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1949, señala en su artículo 1 lo siguiente:
”1-. Concertase la prostitución de otra persona, la indujere a la prostitución o la corrompiere con objeto de prostituirla, aun con el consentimiento de tal persona.
”2-. Explotare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona”.
El artículo 4, así mismo, establece que “será también punible la participación intencional en los actos delictuosos menciona-dos” en el artículo anterior.
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 consagra en su artículo 6:
”a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal.
”b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales”.
Adicionalmente, el Convenio 182 de la Organización Interna-cional del Trabajo (OIT), de 1999, incluye a “la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución” como una de las manifestaciones de “la expresión peores formas de maltrato infantil” (artículo 3 literal b del instrumento).
Por último, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que com-plementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional de 2000 reconoce como formas de explotación sexual recurrir “al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recep-ción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra” (artículo 3 literal a). Así mismo, dispone que la aquiescencia de la víctima en esos casos será irrelevante (literal b) y, frente a los menores de edad, consagra:
”d) Por ‘niño’ se entenderá toda persona menor de 18 años”.
El artículo 213 del Código Penal fue declarado exequible por la Corte Constitucional en el fallo C-636 de 2009. Allí sostuvo la alta corporación que el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración, “puede penalizar las conductas dirigidas a promover, estimular y patrocinar la explotación sexual del ser humano”14. Lo anterior, por cuanto las actividades propias de la prostitución pueden acarrear “graves consecuencias para la integridad de la dignidad de las personas, pese a la tolerancia jurídica de que es objeto”15, y porque es fuente de expansión de otros delitos de igual o superior gravedad16.
”II. Si se trata de proxenetismo en menores de 18 años, la pena se aumenta. Esto con el fin de proteger a las personas que están entre los 14 y los 18 años que en la actualidad resultan desprotegidas, ya que en el artículo sobre las circunstancias de agravación punitiva (artículo 216 C. P.) sólo se estipula una pena mayor cuando la conducta recae sobre una persona menor de 14 años”17.
3.2.2. En cambio, el tipo de utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con perso-nas menores de dieciocho años tiene origen distinto.
“Artículo 219-A. Utilización o facilitación de medios de comunica-ción para ofrecer servicios sexuales de menores. El que utilice o facilite el correo tradicional, las redes globales de información, o cualquier otro medio de comunicación para obtener contacto sexual con menores de dieciocho (18) años, o para ofrecer servicios sexuales con éstos, incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a diez (10) años, y multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
”Las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán hasta la mitad (1/2) cuando las conductas se realizaren con menores de doce (12) años”.
De acuerdo con la exposición de motivos del correspondiente proyecto de ley, la intención del legislador era combatir “la explotación sexual de la infancia ligada al turismo sexual”18:
”En el informe de la UNICEF se dice que, a través de Internet, redes de pedófilos colocan imágenes de niños en actitudes sexuales o publicidad con ‘paquetes turísticos’ que incluyen compañía sexual con menores de edad. Se trata de defender en sus derechos a quienes no tienen autonomía personal para defender por sí mismos su libertad y el respeto de sus derechos. Se trata de actuar con dureza para prevenir que se corrompa y prostituya a nuestra infancia. Dentro de las capacidades actuales de intervención y de interdicción sobre tales canales de comunicación, el proyecto propone las medidas posibles con esa intención y por ello debe respaldarse”19.
“Artículo 219-A. Utilización o facilitación de medios de comunica-ción para ofrecer actividades sexuales con personas menores de dieciocho años (modificado por el artículo 4 de la Ley 1329 de 2009). El que utilice o facilite el correo tradicional, las redes globales de información, telefonía o cualquier medio de comunica-ción, para obtener, solicitar, ofrecer o facilitar contacto a actividad con fines sexuales con personas menores de 18 años de edad, incurrirá en pena de prisión de diez (10) a catorce (14) años y multa de sesenta y siete (67) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
”Las penas señaladas en el inciso anterior se aumentarán hasta en la mitad (1/2) cuando las conductas se realizaren con menores de 14 años”.
El propósito explícito fue ampliar “el alcance de este delito a su autor (cliente o abusador) y a su coautor (proxeneta o inter-mediario)”20. Igualmente, “agregar los verbos obtener, que implicaría al que demanda el contacto, y ofrecer o facilitar, si se trata de intermediario”21. Por último, se incluyó el término telefonía “como medio de comunicación utilizado regularmente por los autores de este delito para contactar a sus víctimas”22.
3.2.3. El problema, entonces, ocurre cuando una idéntica situación fáctica parece adecuarse a los tipos del artículo 213-A y 219-A, a modo de dos predicados jurídicos concurrentes. Esto sólo se presenta si al mismo sujeto agente se le atribuye haber actuado como proxeneta (es decir, como promotor del ejercicio de la prostitución) de menores de edad e, igualmente, como intermediario que se valió de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de dieciocho años.
La solución consiste en aplicar el principio de consunción, que rige en el concurso aparente de tipos, según el cual el juicio de desvalor de una conducta punible ya está comprendido en el juicio de desvalor de otra, que es aplicable en razón de su mayor riqueza descriptiva, contenido, etc. En otras palabras, el injusto más complejo absorbe los otros que en aquél se hayan consumado23. De esta manera, para poner un ejemplo, todos los actos sexuales abusivos deberán verse subsumidos en la complejidad de una acción de acceso carnal con menor de catorce años, debido a la mayor relevancia de este último para efectos del menoscabo del bien jurídico.
En el presente evento, el tipo del artículo 213-A del Código Penal contiene elementos de los cuales carece el del artículo 219-A y viceversa. Éste, por ejemplo, cuenta como elemento central del comportamiento la utilización del “correo tradicional, las redes globales de información, la telefonía o cualquier medio de comunicación”; en aquél, en cambio, se incurre “de cualquier forma” en la organización, facilitación o participación para “el comercio carnal o la explotación sexual” del menor de dieciocho años.
”Entonces por eso la Fiscalía dice que se trata de un concurso homogéneo y heterogéneo sucesivo de conductas punibles, porque ella todo el tiempo está realizando estas llamadas telefónicas, donde la están contactando los diferentes clientes para poder tener el comercio carnal con estas menores de edad, donde ella las está ofreciendo y está explicando en qué cuantía lleva ella… Ella se gana diez mil pesos por cada menor y las menores reciben una paga de cincuenta mil pesos. Cuando el servicio es completo, pues se sube a noventa mil pesos o cien mil pesos, dependiendo de la clase de servicio sexual que vayan a presentar”24.
4. Dosificación punitiva
En la providencia de primer grado, el juez individualizó la pena por el delito de proxenetismo con menor de edad en 15 años de prisión y 67 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa25.
Sin embargo, no individualizó, a pesar de que era su deber hacerlo, la pena por el delito de utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de dieciocho años. Simplemente, detalló los ámbitos de movilidad respectivos, entre ellos, el del cuarto mínimo, que estableció correctamente de 10 a 11 años de prisión y de 67 a 237 salarios mínimos de multa26.
A la hora de incrementar la pena en razón del concurso homogéneo con el delito de proxenetismo con menor de edad y del heterogéneo con el de utilización de medios de comuni-cación (…), no precisó en qué montos o proporciones lo haría para cada comportamiento. Tan solo señaló que en virtud de las conductas concurrentes aumentaría la sanción en 10 años de prisión y 14 salarios mínimos de multa27.
Si esto es así, el incremento de pena por el delito de utilización (…) debió corresponder, de esos 10 años y 14 salarios, a 4 años y 7 salarios mínimos. De ahí que ahora sólo hay que aumentar la pena de 15 años y 67 salarios mínimos en 6 años y 7 salarios mínimos por el concurso homogéneo, para un total de 21 años de prisión y 74 salarios mínimos legales mensua-les vigentes de multa como autora de dos delitos de proxene-tismo con menor de edad.
4. CONFIRMAR la decisión del ad quem en todo lo demás que no fue objeto de modificación.
 Sentencia de 12 de diciembre de 2002, radicación 13745.
 Folio 64 del cuaderno I de la actuación principal.
3 Folio 126 ibídem.
 Radicación 25724.
5 Sentencia de 27 de octubre de 2008, radicación 29979.
 Radicación 31531.
 Sentencia de 8 de julio de 2009, radicación 31531.
 Corte Constitucional, sentencia T-629 de 2010. En este fallo en sede de revisión de tutela, esta corporación amparó los derechos de igualdad, vida digna, no discriminación, trabajo, seguridad social, fuero materno y mínimo vital de una trabajadora sexual que fue despedida de un establecimiento en donde ejercía la prostitución, luego de que se hizo evidente su estado de embarazo. Para ello, entonces, tuvo que partir de la base de que la prostitución se trataba de una actividad económica lícita y, como tal, susceptible de protección jurídica.
9 Ibídem: “Pues, aparte de la imposibilidad, o al menos grandiosa dificultad de eliminar dicha práctica, ante su existencia efectiva y su inserción en el mercado, en el que obtienen los recursos de subsistencia y desarrollo económico un incierto número de personas, la prostitución no se excluye del tráfico jurídico y en ese orden puede desplegarse en el margen de acción regulado, controlado, limitado, pero en todo caso permitido”.
 Corte Constitucional, sentencia C-507 de 1999. En esta providencia, el máximo tribunal de control de la Carta Política analizó disposiciones que catalogaban como faltas al honor militar mantener relaciones personales con prostitutas (entre otros “antisociales”, como drogadictos y homosexuales) o propiciar la prostitución durante el servicio activo. Declaró exequible la segunda (porque se trataba de un conducta equivalente al proxenetismo) e inexequible la primera. Al respecto, sostuvo: “La prostitución y la homosexualidad son, en efecto, opciones sexuales válidas dentro de nuestro Estado social de derecho, razón por la cual aquellos que las han asumido como forma de vida, sin afectar derechos ajenos, no pueden ser objeto de discriminación alguna”.
11 Corte Constitucional, sentencia T-629 de 2010: “[…] la prostitución, en los contornos delimitados por el derecho, constituye una actividad económica que hace parte de los mercados de servicios existentes, sometidos a sus propias reglas de oferta y demanda, y en el que un cierto número de actores procuran alcanzar un beneficio económico para subsistir, proveerse el mínimo vital o desarrollarse económicamente” (negrillas en el texto original).
12 Ibídem: “[…] la imposibilidad de promover el ejercicio del trabajo sexual como forma de activar el funcionamiento del negocio propio no significa eliminar por entero el ejercicio de la actividad empresarial […]. Significa, simplemente, el someterla a una restricción adicional frente al recurso humano que desarrolla la actividad propiamente dicha, restando en lo demás todas las facultades del empresario que, dentro de sus límites, le son propias”.
13 Ibídem: “como el derecho sí ha regulado el fenómeno, lo reconoce, lo regla y ordena, y como la prostitución puede hacer parte del libre desarrollo de la personalidad y del vivir como se quiera y del vivir bien (el ganarse la vida), no es admisible disponer ex novo, a partir de una moralidad de jueces, la ilicitud de aquellos acuerdos, cuando en la obligación o prestación que se analice se han cumplido a cabalidad con los principios y reglas que la someten, cuando no hay coacción, ni inducción, cuando se pacta en libertad, como decisión propia, autónoma, sin afectación de la integridad física y moral”.
 Corte Constitucional, sentencia C-636 de 2009.
16 Ibídem: “es constitucional que el legislador combata penalmente el negocio de la prostitución mediante el castigo a quienes lo promueven con fines de explotación, pues las consecuencias sociales de dicha actividad suponen una agresión grave a los derechos individuales y una afrente a la dignidad humana, cuando no una fuente de privaciones más severas de la autonomía y la libertad personales”. “Más allá del dilema moral que implica el aprovechamiento comercial de la genitalidad y la sexualidad, la prostitución está asociada con el delito de trata de personas, expresamente condenado por la Organización de las Naciones Unidas […] como fuente de esclavitud”.
 Informe de ponencia segundo debate proyecto de ley 181 de 2007 Senado, por medio de la cual se modifica el Título IV de la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para contrarrestar la explotación sexual, Gaceta del Congreso 358 de 2008. En el mismo sentido, Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 181 de 2007 Senado, Gaceta 257 de 2008.
 Ibídem.
 Informe de ponencia segundo debate proyecto de ley 181 de 2007 Senado, por medio de la cual se modifica el Título IV de la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para contrarrestar la explotación sexual, Gaceta del Congreso 358 de 2008.
21 Ponencia para segundo debate al proyecto de ley 146 de 2008 Cámara, 181 de 2007 Senado, por medio de la cual se modifica el Título IV de la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para contrarrestar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, Gaceta del Congreso 463 de 2009.
 Al respecto, cf., entre otras providencias, fallos de 18 de febrero de 2000, radicación 12820; 28 de julio de 2004, radicación 21520; 9 de marzo de 2006, radicación 23755; y 25 de julio de 2007, radicación 27383.
 Archivo de audio y video ‘76147600017020090036200_761473109003_FORM. DE ACUSACIÓN 22-3-11’, 22’20’’-24’19’’.
 Folio 65 del cuaderno I de la actuación principal.
26 Folio 64 ibídem.
27 Folio 65 ibídem.

References: artículo 2
 artículo 34
 artículo 4
 artículo 199
 artículo 181
 artículo 213
 artículo 269
 artículo 55
 artículo 199
 artículo 219
 artículo 213
 artículo 269
 artículo 269
 artículo 55
 artículo 269
 artículo 199
 artículo 61
 artículo 269
 artículo 269
in dubio
 artículo 178
 artículo 120
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 213
 artículo 4
 artículo 213
 artículo 213
 artículo 219