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Sentencia T.S.J. Andalucía 1586/2013 de 24 de octubre. Despido por causas económicas. Despido improcedente. Indemnización - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Andalucía 1586/2013 de 24 de octubre
Despido por causas objetivas y económicas: Descenso de ventas que afecta a la viabilidad de la empresa. Rebaja de la indemnización por improcedencia de despido. Inexistencia de entrega a los representantes de los trabajadores de una copia de la comunicación escrita del despido al demandante. Improcedencia por motivos formales: Falta de cumplimiento de la expresión de la causa en la carta de despido y de la puesta a disposición de la indemnización.
Sent. núm. 1586/2013
Iltma. Sra. D.ª Rafaela Horcas Ballesteros
En la Ciudad de Granada, a veinticuatro de octubre de dos mil trece.
En el recurso de Suplicación núm. 1586/2013, interpuesto por ALMERISAN S.A. contra Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de los de Almería, de fecha 8 de mayo de 2013, en Autos núm. 986/2012, ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Fernando Oliet Palá.
Primero.—En el Juzgado de referencia tuvo entrada demanda interpuesta por D.ª Concepción, sobre Despido frente a la empresa ALMERISAN S.A., siendo parte el Ministerio Fiscal y admitida a trámite y celebrado juicio se dictó Sentencia el 8 de mayo de 2.013, por la que se estimaba en parte la demanda interpuesta por el actor.
1.- La parte actora, D.ª Concepción, mayor de edad, con DNI núm. NUM000, ha venido prestando sus servicios para la empresa Almerisan SA, dedicada a la actividad de Venta de vehículos, automóviles, autocares, accesorios y repuestos y taller de reparaciones, en el centro de trabajo sito en la localidad de Huercal de Almería (Almería), desde el 9-1-06, con la categoría profesional de Oficial Administrativo y percibiendo un salario mensual de 1.116,25 €, incluida la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias.
2.- La empresa demandada entregó al actor una carta el día 26-10-12 cuyo tenor literal es el siguiente:
La Dirección de esta empresa ha tomado la decisión de extinguir el contrato que nos une con efectos al 30 de Junio de 2012, todo ello conforme a lo establecido en el articulo 52 c) del Estatuto de los trabajadores, en concreto la concurrencia de causas objetivas y más concretamente por causas económicas.
Efectivamente, de los resultados de la empresa se desprende una situación económica muy negativa, ya que en los últimos tres años la empresa a la cual usted pertenece ha tenido un descenso en las ventas cercano al 40 por ciento, estando el descenso en el volumen de ventas en el presente ejercicio 2012 cercano a un 50%, todo ello afecta gravemente a la viabilidad de la empresa y a su capacidad de mantener el empleo actual en la empresa.
Por esta causa, la empresa se ven en la necesidad de extinguir el contrato celebrado con Vd. ya que es inviable en la actualidad, la posibilidad de hacer frente a las obligaciones saláriales y de seguridad social derivadas del mismo.
En el presente caso, la extinción de contratos por causas objetivas en un periodo sucesivo de noventa días ha afectado amenos de 10 trabajadores.
En el acto de entrega de la presente comunicación la empresa pone a su disposición una indemnización equivalente a veinte días de salario por año de servicio con el límite de doce mensualidades, prorrateándose por meses los periodos inferiores al año, que en este caso asciende a la cantidad de 4.819,44 euros, conforme a lo establecido en el articulo 53.1 b) del Estatuto de los Trabajadores.
Así mismo se adjunta propuesta detallada de la liquidación de haberes y finiquito, cuya cuantía se pondrá a su disposición en su centro de trabajo en la fecha de extinción, advirtiéndole que puede Vd. solicitar la presencia de un representante legal de los trabajadores al firmar su recibo, en el cual, haga o no uso de su derecho, se hará constar uno u otro extremo expresamente conforme establece el articulo 49.2 de aquella misma norma.
La presente comunicación respeta el plazo de preaviso de quince días a contar desde la fecha de su entrega establecido en el articulo 53.1c) del Estatuto, durante el cual tiene derecho a una licencia de seis horas semanales retribuidas para buscar un nuevo empleo.
Del presente escrito se ha dado copia a los representantes legales de los trabajadores a los fines informativos establecidos en el mismo articulo 53.1c).
Le saluda atentamente, en Huercal de Almeria, a 15 de Junio de 2012."
4.- Dicha empresa no puso a disposición del trabajador las cantidades estipuladas en la carta antes referida como indemnización por despido objetivo y finiquito, ni tampoco se las ha abonado hasta la fecha.
Igualmente tampoco entregó a los representantes de los trabajadores una copia de la comunicación escrita dada al demandante.
5.- El volumen de ventas de la empresa demandada declarado en los correspondientes impuestos de sociedades ascendió en el ejercicio 2008 a 17.844.769,57 €, en el ejercicio 2009 a 7.609.249,63 €, en el ejercicio 2010 a 9.333.600,34 € y en el ejercicio 2011 a 6.698.845,75 €.
6.- El demandante no ostenta ni ha ostentado cargo de representación sindical alguno.
7.- La empresa demandada ha dejado de abonar a la actora los salarios del mes de junio y la parte proporcional de las pagas extras de beneficios y de verano del año 2012.
8.- Intentada la preceptiva conciliación ante el CMAC en fecha 24-7-12, la misma concluyó con el resultado de intentada sin efecto por incomparecencia de la parte demandada.
9.- En el acto del juicio la parte actora desistió de la petición de nulidad de su despido manteniendo la solicitud de improcedencia.
Tercero.—Notificada la Sentencia a las partes, se anunció recurso de suplicación contra la misma por ALMERISAN S.A., recurso que posteriormente formalizó, siendo en su momento impugnado de contrario por la representación D.ª Concepción. Recibidos los Autos en este Tribunal, se acordó el pase de los mismos al Ponente, para su examen y resolución.
Primero.—Contra la Sentencia de instancia dictada el 8 de mayo de 2013 que ha estimado en parte la demanda interpuesta por la actora contra la empresa ALMERISAN SA sobre despido y cantidad, al declarar de un lado la improcedencia por motivos formales del despido objetivo del que fue objeto con efectos del 30 de junio de 2012, en concreto por la falta del cumplimiento de la expresión de la causa en la carta de despido, del de la puesta a disposición de la indemnización y de la falta de notificación del despido a los representantes de los trabajadores, sin entrar en el fondo. Y, de otro condenando a la citada empresa a que abone a la actora la cantidad de 2207,44 euros por los salarios dejados de percibir en el mes de junio de 2012 y la parte proporcional de las pagas extras de beneficio y de verano de 2012, se alza dicha empresa en suplicación, habiendo sido el recurso impugnado de contrario.
El primer motivo que se dice al amparo del articulo 193 b), aunque pretende a través del mismo la nulidad de la Sentencia por vulneración del articulo 97.2 de la LPL, tiene por objeto denunciar la errónea valoración de la prueba practicada en relación con la conformación del hecho probado cuarto y lo expuesto en el fundamento de derecho 2 en el lugar del mismo en que expresa que "...en el presente caso la parte demandada no ha presentado prueba alguna para acreditar tal pago puesto que únicamente se ha limitado a presentar unos pagares de fecha 30-06-12 que dice que estaban a disposición de la demandante", aduciéndose para ello que no se ha tenido en cuenta ni la carta de despido objetivo, ni las pruebas aportadas por la empresa y en concreto los folios 406 y 407 que revelan la existencia de dos cheques y no pagarés, fechados no solo el 30 de junio de 2012, sino también el día 15 de junio, siendo en este que obra al folio 407 de la entidad UNICAJA y que tiene el n.º de serie NUM001 en el que se puso a disposición de la trabajadora la suma de 6084,72 euros, a razón de 4819 de indemnización por el despido, 429,58 euros por la parte proporcional de la paga extra de beneficios y 861,52 euros por la de verano, tal y como viene detallado al folio 421 y correspondiendo el cheque que obra al folio 406 de la entidad CAJAMAR datado en 30 de junio y que tiene el n.º de serie NUM002 por importe de 916,34 euros a la mensualidad de junio, tal cual viene en la carta. En segundo lugar porque no se ha tenido en cuenta que fue la actora la que el día en que se le entrego la carta de despido no acepto y firmo la entrega de la misma como no conforme según obra al folio 399 de las actuaciones, siendo la demandante la que se negó a aceptar el cheque, lo que no se recoge por el Magistrado. Es mas sigue indicando la empresa, que en la demanda no solo no se recoge hecho alguno referente al incumplimiento del requisito de la puesta a disposición, sino que se recoge expresamente por su letrado en el hecho cuarto que "en el sentido de obligar a la trabajadora a que vuelva a la empresa, de la que tan solo hace unos días ha sido despedida, y someterla al estrés de semejante situación" como justificación del porque su representada no quiso aceptar la indemnización y finiquito.
Y para resolver el motivo, en primer lugar cabe apuntar que para que el efecto de nulidad pretendido se produzca es necesario, según la norma que ampara el motivo de impugnación que se aduce, que se produzca indefensión para la parte, lo que no ocurre en este caso, dado que la empresa recurrente ha podido solicitar la censura de hecho, modificando en lo que ha considerado necesario la relación histórica, haciendo uso de la facultad que le confiere el apartado b) del Art. 193 de la LRJS y así lo ha hecho, consideración que cabe hoy aun más reafirmada tras la redacción dada por el legislador al artículo 202.2 de la LRJS. Pero es que además, no se observa la infracción de las normas procesales citadas, ya que la conformación del hecho probado cuarto no esta apoyada en una concepción voluntarista del Magistrado de instancia, sino que esta argumentado sobre la convicción del mismo una vez analizadas las diversas pruebas documentales y de interrogatorio de la representación de la empresa que obran en el proceso, de manera que quede patente que la plasmación de lo probado responde a unos criterios lógicos, acertados o no, y no a un mero acto volitivo del juzgador, exigencia que es este caso se cumple. Por estas razones, ha de concluirse que no procede acceder a la anulación que se solicita.
Segundo.—En el correlativo ordinal la empresa, al amparo del artículo 193 b) solicita que se modifique la fecha en la que fue entregada la carta, puesto que en el hecho probado segundo consta que fue el día 26 de octubre de 2012, revelando el folio 399 de las actuaciones en el que consta la segunda página de la carta de despido al pie de la misma como fecha la de 15 de junio de 2012, por lo que no existe inconveniente en acceder a lo que se pide al revelarse la existencia de un mero error en la trascripción de este dato.
Tercero.—Al amparo del articulo 193 b) de la LRJS se solicita que se suprima del hecho probado cuarto la frase en la que se contiene que: "Dicha empresa no puso a disposición del trabajador las cantidades estipuladas en la carta antes referida como indemnización" y sea sustituida por otra en la que se indique que: "Se procedió a la puesta a disposición de la trabajadora de las cantidades correspondientes a indemnización y parte proporcional de pagas extraordinarias mediante un talón bancario nominativo de fecha 15 de junio de 2012", revisión a la que no puede accederse al no invocarse en este motivo prueba documental determinada tal y como exige el articulo 196.3 de la LRJS, sino las pruebas practicadas en la vista, junto a una prueba inhábil ex articulo 193 b) al no ser documental ni pericial como es el interrogatorio de la demandada lo que no es viable para la revisión suplicacional dada la naturaleza extraordinaria de dicho recurso que no es una apelación.
Cuarto.—Al amparo del articulo 193 b) de la LRJS se solicita que se complemente el hecho probado quinto con el siguiente texto:
"Se ha producido la disminución de ventas desde el ejercicio 2008 a 2011 recogido de los datos correspondientes a los impuestos de sociedades de los referidos ejercicios, ha supuesto para la empresa una disminución en sus ingresos superior al 40 por ciento (aunque por error figure en la propuesta por cierto) como se expresa en la carta de despido", adición a la que no puede accederse al no cumplir con el requisito de que la prueba sea determinada, siendo una exigencia que viene impuesta por el artículo 196.3 de la LRJS, que establece que se señalen de manera suficiente para que sean identificados los documentos o pericias en que se base el motivo de la revisión de los hechos probados que se aduzca. Ello significa en la practica la cita del documento o documentos, mediante la referencia a la numeración de la prueba o al folio o folios en que se encuentra, y si el documento es de mucha extensión hay que hacer referencia en concreto al punto especifico de cada documento que ponga de manifiesto el error denunciado, y estas previsiones han sido omitidas por la empresa en su recurso completamente. Además la revisión seria irrelevante por cuanto el Magistrado lo que manifiesta en el fundamento de derecho primero párrafo penúltimo es la falta de datos económicos concretos en la carta de despido objetivo, por lo que junto a la falta de cumplimiento de la puesta a disposición de la indemnización y del de la notificación del mismo a los representantes de los trabajadores, declara el despido objetivo como formalmente improcedente, no efectuando por esta razón al no entrar en la procedencia o improcedencia por razones de fondo, ningún calculo comparativo en relación con los porcentajes que se estampan en la carta de despido.
Quinto.—Al amparo del articulo 193 b) de la LRJS denuncia la vulneración de los artículos 51, 52 y 53 del ET. Se aduce para ello que al estar en presencia de un despido individual y no colectivo y dado el numero de trabajadores en la empresa no es preceptivo la existencia de delegado sindical, máxime cuando en la demanda la actora no hizo alusión a la infracción del articulo 53.1 c) del ET citando la STS 2648/2011 y la 3527/2011 de la Sala de Social del TSJ de la Comunidad Valenciana, para concluir solicitando en el motivo la nulidad de la Sentencia al no haber existido a la vista de los hechos probados y fundamentos de derecho una valoración de la prueba practicada.
Pues bien el motivo adolece de la técnica suplicacional exigible, al mezclar los tres posibles objetos del recurso de suplicación previstos en las letras a), b) y c) volviendo al redactarlo a confundirlo con el de apelación, pues el de suplicación obliga al recurrente a expresar, con manifiesta precisión y claridad, la revisión fáctica que interesa y la norma o normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que se reputen infringidas, planteando por separado los diferentes motivos previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 193, razonando la pertinencia y fundamentación de cada uno de ellos. Además no cabe acceder a la nulidad, pues se insiste que para que el efecto de nulidad pretendido se produzca es necesario, según el artículo 193 a) de la LRJS, que se produzca indefensión para la parte, lo que no ocurre en este caso, dado que la empresa recurrente ha podido solicitar la censura de hecho, modificando en lo que ha considerado necesario la relación histórica, haciendo uso de la facultad que le confiere el apartado b) del Art. 193 de la LRJS y así lo ha hecho, consideración que cabe hoy aun más reafirmada tras la redacción dada por el legislador al artículo 202.2 de la LRJS. Pero es que además, no se observa la infracción de las normas procesales citadas, ya que la conformación del hecho probado cuarto no esta apoyada en una concepción voluntarista del Magistrado de instancia, sino que esta argumentado sobre la convicción del mismo una vez analizadas las diversas pruebas documentales y de interrogatorio de la representación de la empresa que obran en el proceso, de manera que quede patente que la plasmación de lo probado responde a unos criterios lógicos, acertados o no, y no a un mero acto volitivo del juzgador, exigencia que es este caso se cumple. Por otro lado aun cuando en la demanda no se hiciera alusión expresa al incumplimiento del requisito establecido en el articulo 53.1 c) del ET, no lo es menos que en la misma se solicitaba la declaración de improcedencia del despido tanto por razones de forma como de fondo, concretándose los incumplimientos en el acto del juicio y entre ellos la falta de entrega de la copia del despido a los representantes de los trabajadores, sin formularse en dicho acto por la empresa que se había producido un modificación sustancial de la demanda. Además como se desprende de la parte final de la propia carta de despido que se ha reproducido en el hecho probado segundo en la misma se hacia referencia a "que se había dado copia a los representantes legales de los trabajadores a los fines informativos establecidos en el articulo 53.1c) "y este traslado no ha quedado probado tal y como se desprende del incólume hecho probado cuarto, siendo ajustada la decisión judicial de instancia a lo establecido en STS de 7 de marzo de 2011, al no haber acreditado la empresa en relación con el despido objetivo impugnado el cumplimiento del requisito del artículo 53.1 c) tal y como fue entendido por dicha jurisprudencia siguiendo la doctrina contenida en la anterior STS de 18 de abril de 2007 y contemplando la exigencia del requisito de comunicación del despido objetivo a la representación de los trabajadores en supuesto al que le era de aplicación la normativa anterior a la Ley 35/2010 de 17 de septiembre señala que el requisito formal se cumple sólo con la entrega de la copia de la comunicación del despido los representantes de los trabajadores, y que el no cumplimiento del requisito conduce a que proceda declarar nulo el despido. El hecho de que la normativa aplicable al despido que aquí enjuiciamos es la posterior a la ley 35/2010 que ha dado una nueva redacción al art. 53 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997), idéntica en lo que aquí interesa y más concretamente en cuanto a la exigencia del requisito de comunicación del despido a los representantes de los trabajadores para lo que debe atenderse a la jurisprudencia más arriba relacionada, pero distinta en cuanto a la consecuencia del incumplimiento del requisito que no dará lugar a la nulidad del despido, sino a la improcedencia "La decisión extintiva se considerará improcedente cuando no se acredite la concurrencia de la causa en que se fundamentó la decisión extintiva o cuando no se hubieren cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo." Por todo ello el motivo debe ser desestimado.
Sexto.—Al amparo del articulo 193 a.b) de la LRJS denuncia la vulneración de los artículos 51, 52 y 53 del ET, aduciéndose que al contrario de lo que figura en el fundamento de derecho primero de la Sentencia la carta esta redactada cumpliendo los requisitos legales y que no puede hablarse de indefensión en la trabajadora, puesto que ha quedado acreditado documentalmente el descenso de ventas desde el ejercicio 2008 a 2011 de un 40% y no la previsión sino la precisión de que las ventas estaban bajando un 50% durante el 1.º trimestre del año 2012, como lo revela el hecho probado quinto. Además los folios 400 a 403 de las actuaciones revelan la existencia de muchas comunicaciones entre empresa y trabajadora para que la misma tuviese acceso a la información que estimase oportuna, no obstante ser conocedora de primera mano de la situación al trabajar la actora en la administración. Pues bien, la lectura del particular de la Sentencia que se censura jurídicamente revela que se ataca la improcedencia del despido objetivo por defectos formales, atinentes a la falta del cumplimiento de la expresión de la causa en la carta de despido, (art. 53.1 a) del vigente ET). Y el Tribunal Supremo en las sentencias de 30 de marzo y 1 de julio de 2010 analiza si la escueta referencia al tipo de la causa de despido objetivo por necesidades de la empresa integra el requisito del art. 53,1 a) del ET o si por el contrario, la exigencia de expresión de la causa va mas allá, exigiendo una mención no ya del tipo de causa que se invoca sino de los hechos que la actualizan en el caso concreto del despido enjuiciado, señalando el Tribunal Supremo para dar solución al caso, que: "El significado de la palabra "causa" en el contexto de la regulación de las causas del despido objetivo por necesidades de la empresa se refiere normalmente no al tipo genérico de causa de despido (por ejemplo, la reestructuración de la plantilla, el cambio en los productos o en los procesos de producción) o a la causa remota que genera las dificultades o situaciones negativas de la empresa en la que se produce el despido (por ejemplo, la crisis económica o las nuevas tecnologías) sino precisamente, como dice repetidamente el art. 51 ET, a las concretas dificultades o situaciones económicas negativas de la empresa alegadas por el empresario para justificar su decisión extintiva. Son estas dificultades o situaciones económicas negativas las que constituyen, en terminología del art. 51 ET [al que, como ya se ha dicho, remite este aspecto de la regulación el art. 52 c) ET sobre el despido objetivo] las "causas motivadoras" (art. 51.3 ET, art. 51.4 ET art. 51.12 ET) que pueden justificar el acto de despido. Por tanto, no es solamente una causa abstracta la que tiene que expresarse en la carta de despido, sino también la causa concreta y próxima motivadora de la decisión extintiva, que refleja la incidencia en la empresa de un determinado tipo de causa o de una posible causa remota. Así lo entendió tradicionalmente la jurisprudencia sobre causas de despido disciplinario (STS 3-11-1982 (RJ 1982, 6482); STS 10-3- 1987 (RJ 1987, 1371), R.º 1100/1986), y así lo ha entendido en general la doctrina científica en lo que concierne al despido objetivo por necesidades de la empresa.
Por lo que en aplicación de esta doctrina, en contra de lo que se esgrime en la Sentencia en el cese litigioso se guardó la exigencia formal del artículo 53.1 a) del ET consistente en la expresión de la causa del despido objetivo con el requisito de suficiencia de los datos de hecho necesarios para que la trabajadora sepa la situación por la que atraviesa la empresa y por ello sea necesario amortizar su puesto de trabajo, no pudiendo hablarse pues de incumplimiento del mismo, conclusión a la que se llega a la vista de la reproducción que se hace en el probado segundo de la Sentencia de instancia de la carta de despido, en la medida, que resulta de la misma, su suficiencia conforme a la "ratio" del precepto que es semejante a la información que, también con suficiente plenitud, debe facilitarse al trabajador en caso de despido disciplinario; información que si cabe ha de ser aún más plena, pues en este último tipo de despidos, el trabajador ya conoce las imputaciones, en cuanto supuesto autor de los hechos, lo que no acaece en la extinción por causas objetivas, en principio desconocidas por el trabajador en cuanto insitas en el ámbito funcional de la empresa y ajenas a su quehacer, pues en la misma con lo que de esta manera debe entenderse que se cumplió con la obligación que recae sobre el empresario en dicho trámite de comunicación escrita, de "expresar la causa" de su decisión, al haberse especificado los hechos que conforman la causa extintiva, condición necesaria para que el trabajador pueda si le interesa a su derecho ejercer con garantías el derecho a reclamar contra la decisión empresarial.
Y ello es así porque la lectura de la carta de despido objetivo expresa aunque sea de manera concisa con suficiencia la causa económica, al revelar como hecho esencial definitorio de la decisión, que la empresa estampa unos datos reveladores de la evolución económica negativa de la empresa referida a los años 2008 hasta el 2011 y hasta el primer trimestre del año 2012, teniendo en cuenta que el despido se produjo en junio de 2012, expresándose en la carta que el principal origen de esta situación se debe al descenso de las ventas en los años 2008 a 2011 en un porcentaje cercano al 40% y en lo que va del ejercicio de 2012 al 50%. Por ello este motivo debe prosperar.
Séptimo.—Al amparo del articulo 193 a.b) de la LRJS denuncia la vulneración de los artículos 51, 52 y 53 del ET. Y esta Sala no puede entrar en el mismo al atacarse en este motivo las razones de fondo acerca de la procedencia o improcedencia, al no prosperado la denuncia acerca de los referidos incumplimiento formales.
Octavo.—Aunque por error se enumera como séptimo, al amparo del articulo 193 a.b) de la LRJS, interesa que se modifique el hecho probado primero a la vista de los folios 13 y 14 para que se tenga en cuenta que la actora ha venido prestando sus servicios por cuenta de ALMERISAN SA bajo la modalidad contractual 109, pues transformó su contrato a tiempo completo con bonificación estableciéndose en la cláusula octava que: "cuando el contrato se extinga por causas objetivas y la extinción sea declarada improcedente, la cuantía de la indemnización a la que se refiere el art 53.5 del Estatuto de los Trabajadores, en su remisión a los efectos del despido disciplinario en el art 56 del mismo texto legal, será de 33 de días de salario". Y al desprenderse de la referida documental la existencia en la cláusula octava de la conversión del contrato temporal en indefinido el indicado calculo indemnizatorio de 33 días de salario por año de servicio y no de 45 días cuando el contrato se extinga por causas objetivas y la extinción sea declarada improcedente, es lo visto que el motivo debe ser estimado al rebajarse la indemnización fijada en instancia en la cantidad de 10734,50 euros a la suma de 7981,19 euros. Por todo ello el recurso se estima parcialmente.
Estimando en parte el recurso de suplicación interpuesto por ALMERISAN SA contra la Sentencia dictada el 8 de mayo de 2013 por el Juzgado de lo Social num. Tres de los de Almería en Autos 986/12 seguidos a instancia de D.ª Concepción contra la mencionada empresa recurrente, sobre despido y cantidad, debemos revocar la misma en el solo particular de rebajar la indemnización por la improcedencia del despido a la suma de 7981,19 euros y manteniendo inalterados los demás pronunciamientos. Sin costas. Una vez que sea firme la presente sentencia devuélvase el depósito a la empresa recurrente y la consignación en la cuantía que corresponda a la diferencia de las dos condenas.
Notifíquese la presente Sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, con advertencia de que contra la misma puede interponerse Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina que previene el art. 218 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y que habrá de prepararse ante esta Sala dentro de los DIEZ DÍAS siguientes al de su notificación, debiendo el recurrente que no ostente la condición de trabajador, causa-habiente suyo o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita efectuar el depósito de 600 €, en impreso individualizado en la cuenta corriente que más abajo se indica, así como que deberá consignar la cantidad objeto de condena, o de manera solidaria, si no estuviera ya constituida en la instancia, en la cuenta de "Depósitos y Consignaciones" de esta Sala abierta con el núm. 1758.0000.80.1586.13 Grupo Banesto, en el Banco Español de Crédito S.A., Oficina Principal (Código 4052), c/ Reyes Católicos, 36 de esta Capital y pudiendo sustituir tal ingreso por aval bancario solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito, sin cuyos requisitos se tendrá por no preparado el recurso.
Igualmente se advierte a las partes que para la formulación del recurso de casación para la unificación de doctrina deberán presentar con la interposición del mismo debidamente cumplimentado y validado el modelo oficial que corresponda de los indicados en la Orden HAP/2662/12, de conformidad con lo establecido en la Ley 10/12, de 20 de Noviembre.

References: e contrario
e contrario
 artículo 202
 artículo 193
 artículo 196
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 202
 artículo 53
 artículo 53