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Timestamp: 2019-09-23 00:54:21+00:00

Document:
LEY 5/2018, de 19 de abril, del Taxi
Publicado en BOA núm. 87 de 08 de Mayo de 2018 y BOE núm. 131 de 30 de Mayo de 2018
Vigencia desde 08 de Junio de 2018
R Coordinación Territorial de 14 Feb. 2019 (Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley de Aragón 5/2018, de 19 Abr., del taxi)
Véase la Res. de 14 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley de Aragón 5/2018, de 19 de abril, del taxi («B.O.E.» 7 marzo).
a) Servicios de taxi: el transporte público, discrecional o regular, de viajeros con vehículos de turismo de una capacidad de hasta nueve plazas, incluida la persona que los conduce, que se efectúa por cuenta ajena mediante el pago de un precio.
b) Servicios urbanos de taxi: los servicios de taxi que transcurren íntegramente por un único término municipal. También tienen la consideración de servicios urbanos de taxi los que se prestan íntegramente en un área territorial de prestación conjunta.
c) Servicios interurbanos de taxi: los servicios de taxi que se realizan con origen en un municipio o área territorial de prestación conjunta y destino fuera de dicho ámbito territorial.
d) Servicios discrecionales de taxi: los servicios de taxi prestados sin sujeción a horario, calendario ni itinerario preestablecidos.
e) Servicios regulares de taxi: los servicios prestados dentro de itinerarios preestablecidos y con sujeción a calendario y horarios prefijados, pudiendo ser por su utilización de uso general o de uso especial.
f) Área territorial de prestación conjunta: área geográfica de carácter supramunicipal constituida de conformidad con la presente ley.
g) Vehículos de turismo: los vehículos automóviles distintos de las motocicletas, concebidos y construidos para el transporte de personas, con una capacidad igual o inferior a nueve plazas, incluida la del conductor.
h) Titular: Persona física, o jurídica en los casos previstos por esta ley, que dispone del título habilitante preciso para la prestación de los servicios de taxi.
i) Conductor de vehículos destinados a prestar servicios de taxi: persona física que guía un vehículo de turismo dedicado a la prestación de los servicios de taxi, bien por ser titular del título habilitante requerido en la presente ley, bien por ser asalariado de aquel, y que dispone del permiso de conducción exigido en la legislación vigente y cuenta con la correspondiente capacitación profesional que se establezca en las disposiciones de desarrollo de la presente ley.
a) La intervención administrativa, fundamentada en la necesaria garantía del interés público para la consecución, en la prestación del servicio, de un nivel óptimo de calidad, el respeto de los derechos de las personas usuarias, la incorporación de los avances técnicos, el incremento de la seguridad personal y la protección del medio ambiente.
d) La sostenibilidad medioambiental, fomentando el uso de vehículos que respeten el medio ambiente, que posibiliten el reciclado, que utilicen combustibles alternativos, los híbridos o cualesquiera otros que reduzcan la emisión de CO2 a la atmósfera.
1. Corresponde al Gobierno de Aragón la alta inspección, que consistirá en actuaciones de coordinación y la elaboración de planes de inspección de los servicios de taxi urbano e interurbano, objeto de esta ley.
2. Corresponde al departamento competente en materia de transporte la gestión de los servicios interurbanos de taxi. Dicha gestión comprende el otorgamiento, modificación y extinción del título habilitante, así como la inspección de los servicios, el ejercicio de la potestad sancionadora y la fijación de tarifas con sujeción a lo dispuesto en la legislación sobre control de precios.
3. Corresponde a los ayuntamientos la gestión de los servicios urbanos de taxi. Dicha gestión comprende el otorgamiento, modificación y extinción del título habilitante, así como la inspección de los servicios, el ejercicio de la potestad sancionadora, la fijación de tarifas con sujeción a lo dispuesto en la legislación sobre control de precios y la acreditación, en su caso, de la capacitación profesional para prestar, conduciendo, servicios de taxi.
1. Los usuarios de los servicios de taxi, sin perjuicio de aquellos que se determinen reglamentariamente, tienen los siguientes derechos:
a) Acceder al servicio en condiciones de igualdad. Los conductores que presten el servicio deberán proporcionar su ayuda a las personas con movilidad reducida, a las que vayan acompañadas de niños y a las mujeres gestantes, y deberán cargar y descargar el equipaje.
b) Ser atendidos con la disposición personal y la atención correctas por el conductor en la prestación del servicio.
c) Que el servicio se preste con vehículos que dispongan de las condiciones óptimas, en el interior y en el exterior, en cuanto a higiene, limpieza, comodidad y estado de conservación.
d) Subir y bajar del vehículo en lugares donde quede suficientemente garantizada la seguridad de las personas.
e) Seleccionar el recorrido que estimen más adecuado para la prestación del servicio, salvo que resulte contrario a las normas o a la regulación del tráfico. En el supuesto de que no ejercitasen el referido derecho, siempre deberá realizarse siguiendo el itinerario previsiblemente más favorable para el usuario.
f) Obtener información de la licencia de taxi, marca, matrícula del vehículo y las tarifas aplicables a los servicios, las cuales figurarán en lugar visible dentro del vehículo.
g) Poder ir acompañados de un perro guía en el caso de las personas ciegas o con deficiencia visual. Quedan exentos de esta obligación aquellos conductores que puedan acreditar, mediante certificado médico, alguna patología alérgica a los animales.
h) Transportar equipaje de conformidad con las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
i) Que se les facilite la posibilidad de pago por medios telemáticos y, en el caso de hacerlo en metálico, el cambio de moneda hasta la cantidad que reglamentariamente se establezca.
j) Determinar las condiciones de confort en el habitáculo, y a tal efecto requerir al conductor el encendido o apagado de la calefacción y del aire acondicionado, si el vehículo dispone de este; el cierre o apertura de los cristales de las ventanillas correspondientes a las plazas por los pasajeros; el encendido de la luz interior o el encendido y apagado de la radio u otros aparatos de reproducción de sonido instalados o que se baje su volumen.
k) Recibir un documento justificativo de la prestación del servicio, en el que conste el precio, origen y destino del servicio, el número de licencia del taxi y la identificación de la persona conductora.
l) Formular las reclamaciones que estimen oportunas en relación con la prestación del servicio, debiendo facilitar el conductor, a petición de la persona usuaria, hojas de reclamaciones.
2. Sin perjuicio de los derechos contemplados en el apartado anterior, las personas que presten servicios de taxi pueden negarse a prestarlos en caso de que el servicio sea solicitado para finalidades ilícitas o concurran circunstancias de riesgo para la seguridad o integridad física de los usuarios, del propio conductor o de otras personas, o de riesgo de daños en el vehículo.
1. Los usuarios de los servicios de taxi, sin perjuicio de aquellos que se determinen reglamentariamente, tienen los siguientes deberes:
c) No subir o bajar del vehículo estando este en movimiento, ni realizar sin causa justificada acto alguno susceptible de distraer la atención del conductor o entorpecer su labor cuando el vehículo se encuentre en marcha.
d) No manipular, destruir o deteriorar ningún elemento del vehículo durante el servicio así como no causar suciedad en el vehículo.
e) Abstenerse de fumar, comer, beber o consumir cualquier tipo de sustancia estupefaciente en el interior del vehículo.
f) Transportar el equipaje en el maletero, con excepción de los pequeños bolsos de mano.
g) Respetar las instrucciones de la persona conductora en relación con la prestación del servicio en condiciones de seguridad.
a) Las licencias de taxi, que habilitan para la prestación de los servicios urbanos de taxi y son otorgadas por los ayuntamientos en los que se desarrolla la actividad.
b) Las autorizaciones interurbanas de taxi, que permiten la prestación de los servicios interurbanos de taxi y son otorgadas por el órgano competente del departamento que tenga atribuidas las competencias en materia de transporte.
4. La autorización interurbana de taxi se solicitará una vez obtenida la licencia para prestar los servicios urbanos de taxi, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente.
5. Excepcionalmente podrán otorgarse autorizaciones habilitantes para la prestación de servicios interurbanos de taxi, aun cuando el ayuntamiento competente no hubiese otorgado previamente la correspondiente licencia municipal, cuando la autorización vaya a domiciliarse en un municipio de menos de 2.000 habitantes.
1. El otorgamiento de las licencias de taxi corresponde a los respectivos ayuntamientos, en el ejercicio de su autonomía municipal, con los límites señalados en la presente ley, y vendrá determinado, en todo caso, por la necesidad y conveniencia del servicio a prestar al público, valorando los siguientes factores:
a) La demanda de servicios de taxi en el correspondiente término municipal.
c) Las actividades comerciales, industriales, turísticas o de otro tipo que se realizan en cada municipio y que puedan generar una demanda específica de servicios de taxi.
2. El número máximo de licencias existentes en un término municipal, en aplicación de los factores a los que se refiere el apartado 1, no podrá superar, con carácter general, las siguientes ratios:
a) Municipios con una población igual o inferior a 50.000 habitantes: 1 licencia de taxi por cada 2.000 habitantes, con un mínimo de 2 licencias por municipio.
b) Municipios con una población entre 50.001 y 100.000 habitantes: 1 licencia de taxi por cada 1.500 habitantes.
c) Municipios con una población superior a 100.000 habitantes: 1 licencia de taxi por cada 600 habitantes.
3. A los efectos de la aplicación de las determinaciones establecidas en el apartado anterior, la fijación del número máximo de habitantes se efectuará atendiendo a las cifras oficiales de población resultantes de la última revisión del padrón municipal establecidas por el Instituto Nacional de Estadística.
4. Las contingentaciones indicadas no llevarán aparejada la obligación de disminuir el número de licencias actualmente existentes.
1. Los ayuntamientos podrán establecer, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, una contingentación específica de licencias de taxi para su ámbito territorial, diferente de la prevista en el artículo anterior, mediante la tramitación de un procedimiento que se iniciará con la realización de un estudio previo de movilidad en el que se analicen aspectos relacionados con las condiciones de movilidad del correspondiente ámbito territorial, la calidad de la prestación del servicio existente y aspectos socioeconómicos.
2. El departamento competente en materia de transporte desarrollará reglamentariamente el procedimiento al que se refiere el apartado anterior y determinará el contenido mínimo del estudio previo de movilidad, en el que habrán de tenerse en cuenta, al menos, los factores señalados en el apartado 1 del artículo anterior.
3. En el procedimiento que a este efecto se tramite, se dará audiencia a las asociaciones representativas del sector del transporte en taxi, sindicatos y asociaciones de conductores de taxi, así como a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias de su ámbito territorial, y se recabará informe del Consejo Aragonés del Transporte. Cumplimentado el trámite de audiencia, el ayuntamiento formulará una propuesta de contingentación, que remitirá con copia del expediente para que el departamento competente en materia de transporte, teniendo en cuenta el estudio previo de movilidad, emita informe preceptivo, que habrá de ser evacuado en un plazo máximo de tres meses. A la vista de dicho informe, la entidad que haya promovido el procedimiento resolverá lo que proceda sobre el número máximo de licencias de taxi en su ámbito territorial.
4. En cualquier caso, las licencias de taxi que sean otorgadas de conformidad con este artículo gozarán de una vigencia temporal circunscrita a la concurrencia de las causas que motivaron una contingentación específica diferente de la prevista en el artículo anterior. El acuerdo de creación de las licencias de taxi conforme a este artículo concretará el periodo temporal de vigencia de las mismas.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de esta ley en relación con los municipios de menos de 10.000 habitantes, solo podrán ser titulares de licencia de taxi y de autorizaciones interurbanas de taxi las personas físicas que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:
b) Acreditar la titularidad del vehículo de turismo en cualquier régimen de utilización jurídicamente valido.
c) Justificar el cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social establecidas por la legislación vigente.
d) Acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos del vehículo de turismo que utilicen para la realización del transporte, que sean exigibles por la normativa vigente.
e) Disponer de la capacitación profesional que reglamentariamente pueda establecerse para prestar, conduciendo, servicios de taxi.
f) Tener cubierta la responsabilidad civil por los daños que pudieran ocasionarse en la prestación del servicio, según lo dispuesto en la normativa vigente.
2. El incumplimiento sobrevenido de estos requisitos dará lugar a la revocación del título habilitante, en la forma que reglamentariamente se establezca.
3. En los municipios con una población igual o superior a 20.000 habitantes, una misma persona no podrá ser titular de más de una licencia de taxi. En los municipios con una población inferior a 20.000 habitantes se podrá ser titular de más de una licencia de taxi cuando así se establezca por el ayuntamiento con objeto de favorecer la prestación del servicio de taxi ante la falta de oferta. No se podrá ser titular de licencias de taxi en distintos municipios.
1. Los ayuntamientos dispondrán de un registro público de licencias de taxi en el que figurará la identificación de la persona titular, el domicilio a efectos de notificaciones administrativas, el vehículo y los conductores adscritos, su vigencia o suspensión, las infracciones cometidas y cualquier otro dato o circunstancia que se considere procedente, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente.
2. El acceso, tratamiento o cesión de datos consignados en dicho registro se ajustará a la normativa vigente en materia de registros administrativos y protección de datos personales, y serán públicos, en todo caso, los datos referidos a la identificación del titular de las licencias de taxi y de los vehículos y conductores adscritos a las mismas, así como la vigencia, suspensión o extinción de las licencias.
1. Previa autorización de las administraciones competentes, los títulos habilitantes para la prestación de servicios de taxi serán transmisibles a cualquier persona física que lo solicite y acredite que cumple con los requisitos para ser titular de estos según lo establecido en la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 en relación con los municipios con una población inferior a 10.000 habitantes. Dicha transmisión no tendrá la consideración de otorgamiento de nuevos títulos.
2. En el supuesto de fallecimiento de la persona titular, sus herederos adquirirán los derechos y obligaciones inherentes a los títulos habilitantes, pudiendo figurar, en caso de que se constituyese, una comunidad de herederos como titular de dichos títulos habilitantes por un periodo máximo de dos años desde el fallecimiento del causante. Transcurrido ese periodo, los títulos deberán constar adscritos a nombre de una persona física, caducando en caso de no observar dicha obligación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 en relación con los municipios con una población inferior a 10.000 habitantes.
3. Para la transmisión de los títulos habilitantes, la persona interesada solicitará, en primer lugar, el de la licencia de taxi, y, una vez verificado por el órgano competente el cumplimiento de los requisitos para autorizar esta transmisión, dicho órgano competente remitirá una copia de la solicitud de transmisión y de la documentación existente a la dirección general competente en materia de transporte del Gobierno de Aragón, que emitirá informe, en el plazo de un mes, sobre la procedencia de transmitir la autorización interurbana de taxi.
4. La transmisión de la licencia de taxi no podrá autorizarse en las siguientes circunstancias:
b) Si el transmitente y el adquirente no estuviesen al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y de las relacionadas con la actividad propia del servicio de taxi.
c) Si no estuviesen satisfechas las sanciones pecuniarias que hayan podido ser impuestas, por resolución administrativa firme, al transmitente o al adquirente derivadas del ejercicio de la actividad como taxista.
d) Si el adquirente, como consecuencia de la transmisión, superase el límite máximo de concentración de licencias de taxi en un mismo titular, en el caso de que se hubiera establecido.
e) En caso de que el informe previsto en el apartado 3 de este artículo tuviera carácter desfavorable o hubiera transcurrido el plazo fijado en este informe para materializar la transmisión de la licencia de taxi.
5. La transmisión de la licencia de taxi estará condicionada, en su eficacia, al otorgamiento de la autorización interurbana de taxi al nuevo titular. A tal fin, una vez autorizada la transmisión de la licencia de taxi por el ayuntamiento y una vez inscrita la nueva titularidad en el Registro de Títulos Habilitantes, la persona interesada habrá de solicitar a la dirección general competente en materia de transporte del Gobierno de Aragón la transmisión de la autorización interurbana de taxi, que resolverá de manera congruente con el contenido del informe previsto en el apartado 3 de este artículo. En el plazo máximo de un mes desde la notificación de la autorización de transmisión de esta última habrá de darse inicio efectivo al ejercicio de la actividad.
6. Las solicitudes de transmisión se entenderán desestimadas si, en el plazo de tres meses, la Administración competente no hubiera dictado y notificado resolución expresa.
7. La persona que transmita una licencia de taxi no podrá volver a ser titular de otra licencia de taxi en el mismo municipio hasta que transcurra un periodo de cinco años desde la transmisión.
1. Las licencias de taxi se extinguirán por algunas de las siguientes causas:
a) Renuncia de la persona titular.
b) Fallecimiento de la persona titular sin herederos.
2. Procederá declarar revocada la licencia de taxi en los siguientes supuestos:
a) Incumplimiento por el titular de las condiciones que justificaron su otorgamiento.
b) Obtención, gestión o explotación de la licencia de taxi por cualquier forma no prevista en la presente ley y en su desarrollo reglamentario.
c) Por motivos de oportunidad de interés público, tales como circunstancias sobrevenidas no imputables al titular que aconsejen a la Administración reducir el número de licencias por caída de demanda, exceso de oferta o circunstancias justificadas. En este supuesto, su titular tendrá derecho a la correspondiente indemnización económica, que se calculará de conformidad con aquellos parámetros objetivos que determinen su valor real de mercado.
3. Los ayuntamientos arbitrarán el procedimiento para la extinción de las licencias de taxi, en las que habrá de quedar garantizada, en todo caso, la audiencia de las personas interesadas, asociaciones del sector y de usuarios del mismo.
4. Producida la extinción de una licencia de taxi en un municipio con una población igual o inferior a 50.000 habitantes, el ayuntamiento, tras valorar los factores a los que se refiere el apartado 1 del artículo 8, podrá iniciar el procedimiento para la adjudicación de dicha licencia, aunque esta supere las ratios establecidas en el apartado 2 del referido artículo.
1. Los vehículos dedicados a la actividad de taxi habrán de estar clasificados como turismo y deberán cumplir como mínimo los requisitos técnicos fijados para el otorgamiento de las autorizaciones interurbanas y, además, aquellos requisitos que determinen los ayuntamientos en cuanto a sus condiciones de seguridad, antigüedad máxima, confort y prestaciones adecuadas al servicio al que estén adscritos.
2. Los vehículos dedicados a la actividad de taxi podrán ser usados para actividades particulares de su titular cuando no presten los servicios regulados en esta ley.
1. Las licencias de taxi y autorizaciones interurbanas de taxi se otorgarán para vehículos con una capacidad mínima de cinco y máxima de hasta nueve plazas, incluida la persona conductora.
2. En todo caso, los vehículos contarán con un espacio dedicado a maletero, totalmente independiente y diferenciado del habitáculo destinado al pasaje, donde deberá transportarse su equipaje.
1. Los vehículos para los que se hayan obtenido las licencias y autorizaciones podrán ser sustituidos por otros vehículos, previa autorización del ente concedente, siempre que el vehículo sustituto tenga una antigüedad menor que la del vehículo que se pretende sustituir y que se cumpla la totalidad de requisitos y características que pueden exigirse para la prestación de los servicios.
2. Los ayuntamientos establecerán el procedimiento para autorizar la sustitución de vehículos y también para una adscripción temporal en el supuesto de avería o inutilización por un periodo de tiempo determinado.
1. Los ayuntamientos regularán la imagen y rotulación del exterior del taxi, que deberán contener como mínimo los signos distintivos del ayuntamiento correspondiente y el número de licencia de taxi al que se encuentre afecto, así como una placa con dicho número en el interior del vehículo.
2. Con sujeción a la legislación vigente en materia de publicidad, tráfico y seguridad vial, los ayuntamientos o la dirección general competente en materia de transporte, en los casos en los que se hubiera otorgado una autorización interurbana de taxi sin licencia urbana, regularán las autorizaciones para colocar anuncios publicitarios en el interior y el exterior de los vehículos, siempre que se conserve su estética, no impidan la visibilidad ni generen peligro y respeten los requisitos establecidos en las respectivas ordenanzas municipales.
3. Queda prohibida toda publicidad sexista o que atente contra los derechos de las personas.
1. Los ayuntamientos promoverán la progresiva implantación de las innovaciones tecnológicas precisas para mejorar las condiciones de prestación y seguridad de los servicios de taxi y de las personas conductoras, la incorporación de sistemas automáticos de pago y facturación del servicio, sistemas de navegación, la progresiva reducción de las emisiones sonoras de los vehículos, la potenciación de vehículos de baja contaminación, la optimización del reciclaje de los materiales utilizados y cualquier otra innovación que se introduzca en el sector.
2. Las administraciones públicas instrumentalizarán ayudas y subvenciones para la implementación de nuevas tecnologías.
1. Los vehículos que presten los servicios de taxi, urbano e interurbano, en los municipios de Zaragoza, Huesca y Teruel deberán estar equipados con un aparato taxímetro debidamente precintado, homologado y verificado de acuerdo con las normas establecidas por el órgano competente en materia de metrología.
2. En todo caso, los vehículos deberán estar equipados también con un módulo luminoso exterior que señale claramente, de acuerdo con la normativa técnica de aplicación, tanto la disponibilidad del vehículo para prestar el servicio como la tarifa que resulte de aplicación.
1. Los titulares de licencias de taxi y autorizaciones interurbanas habrán de prestar el servicio personalmente.
2. Excepcionalmente, se podrá contratar un solo conductor asalariado en los siguientes supuestos:
a) Adquisición de una licencia y autorización mediante transmisión mortis causa a favor de persona que carezca de las condiciones necesarias para la conducción de un taxi.
b) Enfermedad o incapacidad.
c) Embarazo y permiso de maternidad o paternidad.
d) Pérdida del permiso de conducción necesario, indefinida o temporal.
e) Excedencia temporal del titular de licencia en los términos previstos en el artículo siguiente.
f) Jubilación, cuando el titular de la licencia decida mantener la misma.
3. En los supuestos previstos en el apartado anterior podrá explotarse la licencia mediante la contratación de un único conductor por cada licencia, extinguiéndose dicha relación contractual cuando desaparezca la causa que justificó su contratación.
4. En aquellos municipios con una población inferior a 20.000 habitantes en los que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 10 de esta ley, una misma persona física sea titular de más de una licencia de taxi, podrá contratar un conductor para la prestación de los servicios de taxi con la segunda o sucesivas licencias.
5. La relación entre el conductor asalariado y el titular de la licencia de taxi será de carácter laboral. La persona titular de la licencia de taxi, siempre que le fuese requerido, habrá de justificar ante la entidad que la otorgó el cumplimiento de las prescripciones legales en materia laboral y de Seguridad Social relativas a las personas asalariadas.
6. Cuando el servicio se preste por un conductor asalariado, el vehículo deberá llevar en un lugar visible, durante su jornada laboral, una tarjeta identificativa que contendrá los datos que reglamentariamente sean determinados y en todo caso su nombre, apellidos, identificación de su licencia municipal y horario de trabajo.
4. La solicitud de la excedencia y, en su caso, la prórroga de la misma deberá dirigirse al ayuntamiento correspondiente, haciendo constar los siguientes extremos: duración, fecha de inicio y si se va a contratar conductor asalariado o se va a dar de baja el vehículo, para lo que se deberán eliminar todos los distintivos y aparatos necesarios para desarrollar las actividades de taxi.
5. Los ayuntamientos, cuando concurran motivos de interés público que aconsejen reducir el número de licencias, como circunstancias sobrevenidas no imputables al titular de la licencia, caída de la demanda, exceso de oferta u otras causas justificadas, podrán anular la posibilidad de contratar un conductor.
1. Los conductores deberán poseer el correspondiente permiso de conducción establecido en la legislación vigente y disponer de la pertinente capacitación profesional que, en su caso, reglamentariamente se establezca.
2. Las disposiciones de desarrollo de la presente ley podrán establecer unos requisitos mínimos de capacitación profesional para la prestación, conduciendo, de servicios de taxi, que vendrán determinados por la acreditación de conocimientos relativos a la normativa aplicable al servicio de taxi, itinerarios y, en general, sobre las necesidades para la adecuada atención a las personas usuarias y correcta prestación del servicio.
1. En los municipios de menos de 10.000 habitantes podrán ser titulares de licencia de taxi y de autorización interurbana de taxi personas físicas y jurídicas, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 10 de esta ley.
2. En los municipios a los que se refiere este artículo, los títulos habilitantes para la prestación de servicios de taxi podrán ser transmitidos a cualquier persona física o jurídica que lo solicite y acredite que cumple los requisitos establecidos en esta ley, conforme al procedimiento fijado en el artículo 14 de esta ley.
3. Cuando el titular de una licencia de taxi y una autorización interurbana de taxi sea una persona jurídica, podrá contratar un único conductor para prestar los servicios de taxi.
1. Con carácter general, el titular de los títulos habilitantes para la prestación de servicios de taxi deberá iniciar dicha prestación en el plazo máximo de un mes desde la notificación del otorgamiento de la autorización interurbana de taxi en caso de disponer también de la licencia de taxi o, en caso de ser otorgada solo una, desde su notificación.
1. Los servicios de taxi se prestarán ordinariamente a las personas con sus equipajes.
1. Los servicios de taxi deberán prestarse obligatoriamente, siempre que la solicitud de los mismos se acomode a las obligaciones previstas para los usuarios.
2. Los servicios de taxi no podrán transportar un número de viajeros superior al de las plazas autorizadas al vehículo.
3. Reglamentariamente se determinará la cantidad en moneda metálica o billetes hasta la que exista obligación de garantizar el cambio, por parte del prestador, por el pago del servicio por el usuario.
1. La concertación de los servicios discrecionales de taxi se efectuará a petición de la persona usuaria:
a) En las paradas establecidas.
b) Mediante su llamada en la vía pública.
c) Mediante su reserva previa, por medios telemáticos o emisoras de taxi.
d) Por otros modos que pudieran ser establecidos por la normativa de desarrollo de la presente ley.
2. La contratación de los servicios, con carácter general, se llevará a cabo mediante la contratación de la capacidad total del vehículo. Se determinarán reglamentariamente los supuestos excepcionales en los que podrá autorizarse la contratación de servicios de taxi por plaza con pago individual, particularmente para atender a zonas de baja accesibilidad y tráfico débil.
1. Las personas usuarias podrán concertar los servicios de taxi en la vía pública mediante el aviso de detención del taxi libre de servicio, que vendrá obligado a atender dicha solicitud siempre y cuando no se vulneren las disposiciones sobre tráfico y seguridad vial o afecte gravemente a la fluidez del tráfico. El servicio se considerará iniciado en el lugar y momento en el que el vehículo reciba el aviso de detención del vehículo.
2. No podrá utilizarse este modo de concertación si la persona peticionaria del servicio estuviese en las cercanías de una parada donde hubiera taxis u otras personas usuarias en espera del servicio, pudiendo establecerse reglamentariamente unas distancias mínimas, salvo para personas de movilidad reducida cuando solicitasen un taxi adaptado.
1. El departamento competente en materia de transportes promoverá las actuaciones oportunas para facilitar la contratación de los servicios de taxi mediante cualquier sistema tecnológico y, particularmente, aquellos que se estimen adecuados para atender a personas con algún tipo de discapacidad.
2. Las disposiciones de desarrollo de la presente ley establecerán los requisitos y condiciones de contratación de los servicios de taxi mediante medios telemáticos, así como las condiciones para determinar el momento y lugar en que habrá de ponerse en funcionamiento el taxímetro.
2. El número mínimo de taxis adaptados deberá ser suficiente para atender a las necesidades existentes en función del tamaño de la población y las circunstancias socioeconómicas de la zona, debiendo garantizarse el porcentaje mínimo de vehículos adaptados que establezca la legislación sectorial específica.
3. Los taxis adaptados darán servicio preferente a las personas con movilidad reducida, pero no tendrán ese uso exclusivo. Los conductores serán los responsables de la colocación de los anclajes y cinturones de seguridad y de la manipulación de los equipamientos instalados que faciliten el acceso a los vehículos y la salida de ellos de las personas con movilidad reducida.
4. Las administraciones públicas instrumentalizarán ayudas y subvenciones para la puesta en marcha o renovación de estos vehículos adaptados.
1. Los servicios interurbanos de taxi, con carácter general, han de iniciarse en el término del municipio de expedición de la licencia de taxi del vehículo o en el del municipio de expedición de la autorización de transporte interurbano, en caso de que esta autorización haya sido expedida sin la previa licencia municipal. A este efecto, debe entenderse, en principio, que el origen o inicio del transporte tiene lugar donde los pasajeros son recogidos.
2. Los servicios se contratarán en circuito cerrado hasta el punto de partida por el itinerario más corto, si no se conviniera expresamente lo contrario.
3. El órgano competente para otorgar la autorización de transporte interurbano puede determinar en qué supuestos y en qué condiciones los vehículos que previamente han sido contratados pueden prestar, en el territorio de su respectiva competencia, servicios de recogida de pasajeros fuera del término del municipio para el cual se les ha otorgado la licencia o en el que, si procede, hayan sido expedidas las pertinentes autorizaciones para la prestación de servicios de carácter interurbano.
4. En todo caso y mediante su concertación previa, el acceso de las personas usuarias al vehículo podrá efectuarse en distinto término municipal a aquel en el que esté domiciliada la licencia de taxi, siempre que se cumpla alguna de las siguientes condiciones:
a) Que el transporte sea contratado por entidades u organismos públicos, o por entidades privadas, constituidas mediante autorización administrativa e inscritas en el correspondiente registro especial y que actúen bajo la dirección del órgano que autoriza, para el desplazamiento de usuarios relacionados con el ejercicio de las competencias propias de las citadas entidades, organismos o entidades.
b) Que el servicio concertado tenga por destino efectivo el municipio en el que está domiciliada la licencia de taxi.
c) Que se trate de un servicio de taxi para personas usuarias de movilidad reducida y en silla de ruedas, siempre y cuando en los municipios de origen y destino no existan vehículos de taxi adaptados de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
d) Que el servicio concertado tenga por origen o destino efectivo un municipio donde no esté domiciliada licencia de taxi o autorización interurbana alguna.
5. En los supuestos previstos en los apartados a) y b) anteriores, el contrato de transporte deberá llevarse en un lugar visible del vehículo durante el servicio, y estar a disposición de la inspección de transportes en cualquier momento de la prestación de este, sin perjuicio del establecimiento de medios electrónicos para su acreditación.
1. En las zonas en las que exista una influencia recíproca entre los servicios de taxi de varios municipios con continuidad geográfica y siempre que la adecuada ordenación de tales servicios trascienda del interés de cada uno de ellos, podrán crearse áreas territoriales de prestación conjunta, en las que los vehículos con licencia de taxi estarán facultados para la prestación de los servicios de taxi que se realicen íntegramente dentro de dichas áreas o se inicien en el interior de ellas.
2. El establecimiento de las áreas territoriales de prestación conjunta podrá realizarse por el departamento competente en materia de transporte de oficio o a instancia de los ayuntamientos de los municipios integrados en ellas.
3. El establecimiento de oficio deberá contar con el acuerdo favorable de las dos terceras partes de los municipios que se proponga incluir en ella y que representen, como mínimo, un setenta y cinco por ciento del total de la población del área territorial de prestación conjunta. Asimismo, deberá justificarse la existencia de una influencia recíproca de los servicios de taxi.
4. Cuando el establecimiento sea a instancia de los ayuntamientos de los municipios que pretendan constituirse, deberá contar con el acuerdo favorable de todos ellos.
5. En el procedimiento que se instruya para su establecimiento, habrá de figurar una memoria en la que se justifique la interacción o influencia recíproca del ámbito afectado, la propuesta de designación del órgano o entidad que asumiría la gestión del área territorial de prestación conjunta y una propuesta de normas de funcionamiento.
1. El precio de los servicios discrecionales de taxi se regirá por el sistema de tarifas obligatorias.
2. Las tarifas de los servicios urbanos de taxi serán aprobadas por el ayuntamiento correspondiente, y las tarifas aplicables a los servicios interurbanos de taxi, por el departamento responsable en materia de transporte.
3. Las tarifas de los servicios interurbanos de taxi serán de aplicación al ámbito de los servicios de transporte público interurbano de viajeros por carretera en vehículos de turismo que se desarrollen íntegramente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
4. Las tarifas interurbanas tendrán el carácter de máximas, por lo que podrán reducirse en su cuantía por mutuo acuerdo de las partes del contrato de transporte, con excepción del importe correspondiente al mínimo de percepción, cuya exigencia será imperativa.
5. Las tarifas deberán garantizar la cobertura del coste real del servicio en condiciones normales de productividad y organización, y permitir una adecuada amortización y un razonable beneficio industrial. Podrán ser revisadas periódicamente o de manera excepcional cuando se produzca una variación en los costes que altere significativamente el equilibrio económico. Las tarifas serán objeto de actualización mediante orden del Consejero competente en materia de transporte. En la tramitación de la referida orden será oído el Consejo Aragonés del Transporte.
6. El cuadro de tarifas, que se ajustará al modelo oficial contenido en la orden de actualización, deberá situarse en lugar visible del interior del vehículo con el que se preste el servicio.
7. La normativa de desarrollo de esta ley podrá establecer las condiciones específicas de cobro anticipado total o parcial de los servicios cuando existan circunstancias que así lo aconsejen.
1. Las actividades reguladas en esta ley se someterán al pertinente control administrativo por la sección de Transportes de la Diputación General de Aragón.
2. El control al que se refiere el apartado anterior garantizará la adecuada protección de los usuarios de acuerdo con la legislación vigente, facilitando los medios oportunos para que estos no vean vulnerados sus derechos.
3. La inspección de los servicios regulados en esta ley será ejercida por los órganos administrativos competentes, siendo en este caso la Diputación General de Aragón.
1. La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras de la prestación de los servicios de taxi corresponderá:
a) En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de servicios de taxi amparados en la preceptiva licencia o autorización, al titular de esta.
b) En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de servicios de taxi amparados en una licencia o autorización a nombre de otra persona, a las personas que utilicen dichos títulos y a la persona a cuyo nombre se hayan expedido estos, salvo que demuestre que no ha dado su consentimiento.
c) En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de servicios de taxi sin la cobertura de la correspondiente licencia o autorización, a la persona que tenga atribuida la facultad de uso del vehículo, bien sea a título de propiedad, alquiler, arrendamiento financiero, renting o cualquier otra forma admitida por la normativa vigente.
d) En las infracciones cometidas por los usuarios y, en general, por terceros que, sin estar comprendidos en los apartados anteriores, realicen hechos que constituyan infracciones contempladas en la presente ley, a la persona física o jurídica a la que vaya dirigido el precepto infringido o a la que las normas correspondientes atribuyan, específicamente, la responsabilidad.
2. La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas físicas a las que se refiere el apartado anterior, sin perjuicio de que estas puedan deducir las acciones que resulten procedentes contra las personas a las que sean materialmente imputables las infracciones.
1. Son infracciones administrativas las acciones y omisiones que contravengan las obligaciones establecidas por la presente ley y demás normativa reguladora del transporte urbano e interurbano de viajeros a título de dolo o culpa.
3. Las normas de desarrollo de la presente ley podrán concretar las infracciones que esta establece y efectuar las especificaciones que, sin constituir nuevas infracciones ni alterar la naturaleza de las ya tipificadas, permitan una mejor identificación de las conductas sancionables.
1. La realización de servicios de taxi careciendo de los preceptivos títulos habilitantes o con estos suspendidos, anulados, caducados, revocados, sin haber realizado el visado correspondiente o carentes de validez por cualquier otra causa o circunstancia.
2. La prestación de los servicios de taxi mediante un conductor que no esté debidamente autorizado para la conducción y habilitado para la prestación del servicio.
4. El falseamiento de los títulos habilitantes o de los datos en ellos contenidos, así como de cualquier documento que tuviera que ser presentado como requisito para la obtención de aquellos.
5. La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de Inspección del Transporte Terrestre o de las fuerzas y cuerpos de seguridad encargados de la vigilancia de este, que imposibiliten, total o parcialmente, el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan atribuidas, así como la desatención total o parcial a sus instrucciones o requerimientos o el quebrantamiento de la orden de inmovilizar un vehículo.
7. No llevar el aparato taxímetro, en el caso de que fuera exigible, su manipulación, hacerlo funcionar de manera inadecuada o impedir su visibilidad al usuario, así como cuantas acciones tuvieran por finalidad alterar su normal funcionamiento, y la instalación de elementos mecánicos o de otra naturaleza destinados a alterar el correcto funcionamiento del taxímetro o modificar sus mediciones, aun cuando este no se encontrase en funcionamiento en el momento de realizarse la inspección.
8. La realización de servicios de transporte de personas mediante cobro individual, excepto que se haya autorizado tal posibilidad, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 31 de esta ley.
9. La prestación de servicios con vehículos distintos a los adscritos a los títulos habilitantes, salvo en los casos de sustitución de vehículo por avería, debidamente autorizados o comunicados.
10. Abandonar un servicio antes de su finalización, salvo que concurran causas justificadas.
11. Cualquier otra infracción no incluida en los apartados anteriores que la legislación sobre transporte urbano e interurbano de viajeros califique como muy grave, de conformidad con los principios del régimen sancionador establecidos en esta ley y en la legislación sobre el régimen jurídico del sector público.
1. Incumplir las condiciones esenciales de la licencia o autorización, o las condiciones de prestación de los servicios de taxi, en los términos que se determinan por esta ley, y que no estén tipificados expresamente por ningún otro apartado del presente artículo ni sean calificados de infracción muy grave, de acuerdo con el artículo 43.
2. No atender la demanda de servicio de taxi por parte de un usuario, salvo que concurra causa debidamente justificada.
3. Realizar servicios de transporte iniciados en un término municipal distinto del que corresponde a la licencia de taxi, salvo en los supuestos legalmente exceptuados.
4. La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de Inspección del Transporte Terrestre o de las fuerzas y cuerpos de seguridad encargados de la vigilancia de este, cuando no se impida el ejercicio de las funciones que legalmente tengan atribuidas.
6. Prestar el servicio con un número de ocupantes del vehículo que supere el número de plazas autorizadas en la licencia o autorización.
7. Realizar servicios de taxi por itinerarios inadecuados que sean lesivos económicamente para los intereses de los usuarios o desatendiendo sus indicaciones, sin causa justificada para la persona conductora o daños para el vehículo de turismo.
8. Retener objetos abandonados en el vehículo sin dar cuenta a la autoridad competente.
9. Incumplir el régimen de horarios, calendario, descansos y vacaciones o de los servicios obligatorios que en su caso se establezcan.
10. Poner en marcha el taxímetro antes de que el servicio deba considerarse iniciado.
12. Falsear la documentación obligatoria de control.
13. No llevar el preceptivo documento de formulación de reclamaciones de los usuarios; negar u obstaculizar su entrega, y ocultar las reclamaciones o quejas que se consignen en este, o demorarse injustificadamente al efectuar su comunicación o traslado a la Administración correspondiente.
14. Incumplir los servicios obligatorios que puedan establecerse.
15. Cualquier otra infracción no incluida en los apartados anteriores que la legislación sobre transporte urbano e interurbano de viajeros califique como grave, de conformidad con los principios del régimen sancionador establecidos en esta ley y en la legislación sobre el régimen jurídico del sector público.
16. Cualesquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior, cuando, por su naturaleza, ocasión o circunstancias, no deban ser calificadas como muy graves. Deberá justificarse la existencia de dichas circunstancias y motivarse la resolución correspondiente.
1. Realizar servicios de taxi sin llevar a bordo la documentación formal que acredite la posibilidad de prestarlos o que resulte exigible para la correcta acreditación de la clase de transporte que se está realizando.
3. Tratar con desconsideración a los clientes, así como no prestar el servicio en las condiciones de higiene o calidad exigibles.
5. Incumplir las normas sobre publicidad en los vehículos afectados por esta ley.
7. Incumplir por parte de los usuarios los deberes que les corresponden, recogidos en el artículo 6.
8. No exponer al público los cuadros de tarifas autorizados o tenerlos en lugares no visibles.
9. No llevar o llevar fuera de servicio el módulo luminoso exterior indicativo de la tarifa que resulte de aplicación.
10. No comunicar el cambio de domicilio de los titulares de las licencias, así como cualquier otro dato o circunstancia que deba figurar en el registro regulado en la presente ley.
11. Incumplir la distancia establecida reglamentariamente en relación con la concertación del servicio en la vía pública respecto de una parada donde hubiera vehículos autorizados para la prestación del servicio u otras personas usuarias en espera.
12. Cualquier otra infracción no incluida en los apartados anteriores que la legislación sobre transporte urbano e interurbano de viajeros califique como leve, de conformidad con los principios del régimen sancionador establecidos en esta ley y en la legislación sobre el régimen jurídico del sector público.
13. Cualesquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior cuando, por su naturaleza, ocasión o circunstancias, no deban ser calificadas como graves. Deberá justificarse la existencia de dichas circunstancias y motivarse la resolución correspondiente.
3. Las sanciones deberán graduarse teniendo en cuenta la repercusión social de la infracción, la intencionalidad, el daño causado y la reincidencia.
4. Las sanciones establecidas en el apartado 1 se entienden sin perjuicio de que, en su caso, se pueda declarar la revocación del correspondiente título habilitante en los casos en que esta proceda, por incumplir las condiciones que justificaron su otorgamiento o las que resulten necesarias para el ejercicio de sus actividades.
5. Cuando se detecten infracciones que consistan en la prestación de un transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo sin disponer de la pertinente autorización, licencia o habilitación administrativa, independientemente de que las personas responsables tengan la residencia en territorio español o dispongan de la documentación acreditativa de la identidad, se procederá a la inmediata inmovilización del vehículo, que se mantendrá hasta que se efectúe el depósito regulado en este apartado.
6. La inmovilización se realizará en un lugar que reúna condiciones de seguridad suficientes y que garantice la efectividad de la medida adoptada.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde el día en que la infracción se hubiese cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora.
1. La competencia para la imposición de las sanciones previstas en esta ley respecto a la prestación de los servicios urbanos de taxi corresponderá a los órganos que expresamente determinen los ayuntamientos.
2. La competencia para la imposición de las sanciones previstas en esta ley respecto a la prestación de los servicios interurbanos de taxi corresponderá al departamento competente en materia de transporte del Gobierno de Aragón.
1. El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en esta ley se ajustará a lo dispuesto en las normas reguladoras del procedimiento administrativo común, así como en la normativa procedimental sancionadora que se dicte en materia de transporte.
2. El plazo máximo en que deberá notificarse la resolución del procedimiento sancionador será de un año contado desde la fecha del acuerdo de incoación del procedimiento, sin que en ningún caso pueda entenderse iniciado el procedimiento mediante la formulación del correspondiente boletín de denuncia o acta de inspección.
3. En relación con la ejecución de las sanciones, serán de aplicación las reglas generales contenidas en la legislación del Procedimiento Administrativo Común y en la normativa sobre recaudación de tributos.
4. El pago de las sanciones pecuniarias impuestas por resolución que ponga fin a la vía administrativa será requisito necesario para que proceda la realización del visado y la autorización administrativa, tanto a la transmisión de licencias como a la renovación de los vehículos con los que se hayan cometido las infracciones.
5. En todos aquellos supuestos en que el interesado decida, de forma voluntaria, hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los treinta días siguientes a la notificación de la incoación del expediente sancionador, la cuantía pecuniaria se reducirá en un 30%. Este pago implicará la conformidad con los hechos denunciados, la renuncia a presentar alegaciones y la terminación del procedimiento, debiendo, no obstante, dictarse resolución expresa y sin perjuicio de los recursos que pudieran interponerse.
1. Las personas titulares de licencias de taxi que en el momento de la entrada en vigor de esta ley superen los límites máximos de licencias establecidos conforme a ella podrán seguir manteniendo su titularidad hasta que efectúen la transmisión de alguna de dichas licencias.
2. El criterio establecido en el apartado anterior será de aplicación para quienes en el momento de la entrada en vigor de esta ley sean titulares de licencias de taxi en más de un ayuntamiento.
1. Todas las licencias de taxi existentes conservarán su validez siempre que estas se encuentren en plena explotación en el momento de entrada en vigor de la presente ley. A estos efectos, los ayuntamientos podrán exigir a las personas titulares de licencias de taxi la aportación de documentos y justificaciones que acrediten dicha explotación.
2. En caso de que no quedase acreditada la explotación efectiva de las licencias de taxi en el momento de la entrada en vigor de la presente ley, las personas titulares de estas, en el plazo de dos meses desde dicha entrada en vigor, podrán solicitar su rehabilitación siempre que se acredite que dichas licencias de taxi han estado en explotación efectiva durante, al menos, dos años en los cinco últimos. De no cumplir los anteriores requisitos, dichas licencias de taxi se entenderán caducadas automáticamente, sin más trámite.
1. Las personas titulares de licencias de taxi que en el momento de la entrada en vigor de esta ley no dispongan de autorización interurbana de taxi y dispongan o rehabiliten la licencia de taxi en los términos de la disposición anterior habrán de solicitar dicha autorización interurbana de taxi al departamento competente en materia de transportes, en el plazo de seis meses desde dicha entrada en vigor. La autorización interurbana de taxi así otorgada no podrá ser objeto de transmisión inter vivos hasta que haya transcurrido un periodo mínimo de cinco años de explotación efectiva por el titular.
2. En el supuesto de que no pudiera acreditarse la explotación de la licencia de taxi en los términos de la disposición anterior, la expedición de autorización interurbana de taxi estará condicionada a que se disponga de licencia municipal y no se superen los límites máximos de autorizaciones interurbanas de taxi que resulten de lo dispuesto en la presente ley, resultando igualmente aplicable la prohibición de transmisión inter vivos hasta que haya transcurrido un periodo mínimo de cinco años de explotación efectiva por el titular.
a) El capítulo II del título III de la Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) El artículo 10 y la letra b) del artículo 12 del Decreto 24/2008, de 12 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas para el mantenimiento y mejora de los servicios de transporte interurbano de viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma de Aragón.

References: e contrario
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 14
 artículo 31
 artículo 43
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 10
 artículo 12