Source: http://defiendomiderecho.blogspot.com/2015/04/luis-maduro-por-luis-escribano-quien-o.html
Timestamp: 2018-02-22 08:37:03+00:00

Document:
Defiendo mi derecho y la gestión pública: Luis Maduro, por Luis Escribano, ¿Quién o quiénes realmente son democráticos y defienden el Estado de Derecho? Los hechos siguen hablando......
Luis Maduro, por Luis Escribano, ¿Quién o quiénes realmente son democráticos y defienden el Estado de Derecho? Los hechos siguen hablando......
¿Quiebra irreversible del Estado de Derecho?
¿Y cada uno demuestra siempre, con hechos, quien es? ¿Los partidos de la oposición se callan, miran para otro lado y lo permiten?
¿Chapuza o alcaldada?
El estreno no ha podido ser más frustrante para quienes esperaban una etapa regeneracionista.
http://www.eldemocrataliberal.com/2015/04/luis-maduro.html
Luis Maduro, por Luis Escribano.
Ayer tuve la oportunidad de ver alguna imagen y escuchar en diferido lo que sucedió en las votaciones para la elección de los miembros de la Mesa del Parlamento de Andalucía, en la sesión constitutiva de la X Legislatura.
Al margen del bochornoso espectáculo que ofreció la "Mesa de edad", especialmente su presidente, Luis Pizarro (PSOE-A), tuvimos que sufrir dos muertes: por un lado, la de la democracia, que estaba enferma terminal hasta ayer; por otro lado, la de la Ley, la del Estado de Derecho, que estaba aún peor.
Encontrar alguna diferencia entre Maduro, el presidente venezolano, y Luis Pizarro, exceptuando el bigote, el acento y el chándal, se ha convertido en una tarea muy compleja, visto lo que ocurrió ayer. Que un diputado adopte arbitrariamente una decisión, es decir, por capricho, en contra de lo decidido por toda la Cámara (sus 109 diputados), sustituyendo su voluntad, es extremadamente grave. Pero que sólo dos diputados del PP se opusieran e intentaran explicarle al diputado Pizarro la barbaridad que estaba cometiendo, me parece tan grave como lo anterior. Aunque esos dos diputados, hay que reconocerlo, lo hacían en nombre del partido del PP.
Ningún diputado más pidió la palabra para defender lo que había elegido toda la Cámara. Ver a Susana Díaz, Teresa Rodríguez, Juan Marín y Antonio Maíllo, los candidatos del resto de partidos del arco parlamentario, callados, serios algunos y sonrientes otros, como mudos e inalterables espectadores, ante la decisión que había decidido adoptar el diputado Pizarro en contra de lo que habían elegido nuestros 109 representantes, es humillante e indigno para una Cámara que constituye el instrumento de participación de todos los electores. Y si así son los candidatos de cada partido, ¿cómo serán el resto de diputados? Por los hechos los conoceremos...vayan tomando nota, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Cayo Lara, por la cuenta que les trae en las próximas elecciones.
Al escuchar al diputado Pizarro, me sentí súbdito de un reino feudal, o disidente de un estado dictatorial. En cuanto volví a la realidad, me di cuenta que estaba en territorio comanche, el del Régimen andaluz, donde nada ha cambiado, donde todo sigue igual. Tanto, que hasta Susana Díaz, la presidenta en funciones, ha recurrido a los socios del Régimen....perdón, quería decir a distintos agentes sociales (organizaciones empresariales, sindicatos, Cámaras de Comercio, etc.) para apoyar la formación del nuevo gobierno, buscando la continuidad....de las subvenciones, premios, ayudas, autorizaciones, liberados sindicales, etc., es decir, de Susana como Presidenta.
¿Qué ocurrió exactamente ayer? Conforme al Reglamento de la Cámara andaluza, tras la elección de su Presidente y de los diputados que ocuparían las tres Vicepresidencias, llegaba la elección de los tres diputados que ocuparían las Secretarías de la Mesa. Para ello, presentaron sus candidaturas el PSOE, el PP, Ciudadanos e IU. Los 109 diputados ejercieron su derecho al voto, siendo el resultado: 47 votos al candidato del PSOE, 33 al del PP, 9 al de Ciudadanos y 5 al de IU.
Con arreglo al artículo 34 del Reglamento de la Cámara, sólo cabía hacer una cosa: nombrar Secretarios a los tres candidatos que más votos habían obtenido correlativamente: PSOE, primero; PP, segundo, y Ciudadanos, tercero. Sin embargo, el diputado Pizarro, de forma caprichosa y arbitraria, alejándose de lo elegido por toda la Cámara que representa a los ciudadanos andaluces, o más bien, sustituyendo la voluntad de toda la Cámara, decidió que la candidata del PP no ocupara su puesto, sino que lo hiciera el candidato de IU, alegando para ello que había que cumplir el artículo 36 del Reglamento.
Antes de entrar en el análisis concreto de lo que ha ocurrido, transcribiré literalmente lo que dice el Título Preliminar del Reglamento de la Cámara, que se refiere a la sesión constitutiva, por la importancia que tiene en la cuestión:
Celebradas las elecciones al Parlamento de Andalucía, éste se reunirá, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 104.3 del Estatuto de Autonomía, en sesión constitutiva el día y hora señalados en el Decreto de Convocatoria.
La sesión constitutiva será presidida, inicialmente, por el Diputado o Diputada electo de mayor edad de los presentes, asistido, en calidad de Secretarios, por los dos más jóvenes.
1. El Presidente o Presidenta declarará abierta la sesión y un Secretario o Secretaria dará lectura al Decreto de Convocatoria, a la relación de Diputados electos y a los recursos contencioso-electorales interpuestos, con indicación de quienes pudieran quedar afectados por la resolución de los mismos.
2. Se procederá seguidamente a la elección de la Mesa del Parlamento, de acuerdo con el procedimiento regulado en los artículos 33 y 34 de este Reglamento.
1. Concluidas las votaciones, quienes resulten elegidos ocuparán sus puestos. El Presidente o la Presidenta electo prestará y solicitará de los demás Diputados el juramento o la promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía; a tal efecto serán llamados por orden alfabético. A continuación declarará constituido el Parlamento de Andalucía y levantará la sesión.
2. La constitución del Parlamento será comunicada por su Presidente o Presidenta al Rey, al Senado, al Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación.”
A continuación les transcribo los artículos 33 y 34 del Reglamento, citados por el artículo 3 del Reglamento al establecer cómo debe elegirse la Mesa, como el así como los artículos 35 y 36, por su relación con lo ocurrido:
2. Se procederá a una nueva elección de los miembros de la Mesa cuando las sentencias recaídas en los recursos contencioso-electorales supusieran cambios en la titularidad de más del 10% de los escaños de la Cámara, o la pérdida de la mayoría absoluta para un Grupo parlamentario. Dicha elección tendrá lugar una vez que los nuevos Diputados hayan adquirido la plena condición de tales.
2. Para la elección de los tres Vicepresidentes, cada Diputado o Diputada escribirá un nombre en la papeleta y resultarán elegidos quienes por orden correlativo obtengan la mayoría de votos.
Una vez concluidas las votaciones, las personas elegidas ocuparán sus puestos.
Todos los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurrido a las anteriores elecciones, hubieran obtenido en las mismas representación suficiente para constituir Grupo parlamentario, tendrán derecho a estar presentes en la Mesa.”
Me he tomado la libertad de subrayar lo que creí necesario destacar. Si observan el orden establecido en el Reglamento de la Cámara para elegir la mesa, cabe señalar lo siguiente:
a) Una vez terminada la elección de los Secretarios, todos los elegidos para los distintos puestos deben ocuparlos inmediatamente, según se establece en los artículos 4.1 y 35 del Reglamento. Esto incluía, por tanto, al recién elegido Presidente de la Cámara, debiendo salir el que presidía la “Mesa de edad”. Asimismo, la Diputada del PP que fue elegida Secretaria en segundo lugar también debía ocupar su puesto, democráticamente obtenido por decisión de toda la Cámara.
b) Acto seguido, el nuevo Presidente debía prestar y solicitar de los demás Diputados el juramento o la promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
c) El artículo 36 exclusivamente reconoce un derecho, el de estar presente en la Mesa, pero no dice que deban ocupar algún puesto de los siete previstos para la Mesa. Podría entenderse que estar presente es formar parte de la Mesa sin ocupar ninguno de los siete puestos, y sin derecho a votar las decisiones de la misma. Si no fuera así, ¿qué hubiera pasado si en vez de salir elegidos cinco partidos en la Cámara hubieran salido ocho, nueve o diez partidos con derecho a formar grupo parlamentario cada uno? ¿Acaso la Mesa debe constituirse en función del número de Grupos parlamentarios presentes en la Cámara? No tiene ningún sentido, es absurdo.
d) La Mesa tenía que haberse constituido con los diputados elegidos por toda la Cámara. Luego, si IU entendiera que se incumple el artículo 36, tendría que adoptar las medidas oportunas para que se restablezca su derecho, pero una vez constituida la Mesa conforme al Reglamento y violar derechos fundamentales.
Yo no voté al PP en las últimas elecciones autonómicas, pero eso no es óbice para reconocer que la LEY no puede quebrantarse. La flagrante violación de los derechos fundamentales que ayer se produjo debería causar, como poco, el sonrojo de cualquier político con un mínimo de “decencia democrática”. Ni eso parece que ocurrió ayer.
Aunque los actos de la Cámara poseen una eficacia meramente interna, no excluye en absoluto la posibilidad de que dichos actos estén sujetos al control del Tribunal Constitucional. Esta es la eficacia que cabe imputar, en primer lugar, a los actos que conducen a la formación de órganos (como las Comisiones, la Mesa de la Cámara, la Junta de Portavoces y el Presidente) a los que, además, se atribuyen determinadas competencias. Los actos a los que se hace referencia inciden de manera contundente en el estatus jurídico de los miembros de la Cámara y si se realizan en contra de lo establecido en la Constitución y en las disposiciones de naturaleza reglamentaria, pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de los parlamentarios. Y fue lo que pasó ayer en el Parlamento andaluz.
Como dice el Tribunal Constitucional, si un acto parlamentario afecta a un derecho o libertad de los tutelables mediante el amparo constitucional, desborda la esfera de la inmunidad jurisdiccional inherente a los interna corporis y se convierte en un acto sometido, en lo tocante a ese extremo, al enjuiciamiento del mismo.
Es numerosa la jurisprudencia del TC en esta materia. Entre ellas, destacar las SSTC 118/1988 y 161/1988, así como la STC 23/1990, de 15 de febrero de 1990, explícitas y terminantes al ratificar y consagrar la doctrina expuesta.
El acuerdo o acto de la “Mesa de edad”, negando el derecho a la candidata del PP a ocupar el puesto de la Secretaría segunda, puede ser impugnado ante el TC mediante el correspondiente recurso de amparo, encuadrable en la vía impugnatoria del artículo 42 de la LOTC, es decir, frente a “decisiones o actos sin valor de Ley”, emanados de los órganos parlamentarios, “que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional”. Por consiguiente, no se trata aquí de la posibilidad de control jurisdiccional del procedimiento legislativo, sino de una decisión singular de la “Mesa de edad” de la Cámara a la que es reprochable una lesión en el ejercicio de derechos fundamentales, no por una simple infracción de las normas reglamentarias de la Cámara.
En mi opinión, se han vulnerado especialmente los artículos 14 y 23 de la Constitución:
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.”
En favor de la eficacia externa del acto en cuestión es posible argumentar incluso la conexión que existe entre el art. 23.2 y el art. 23.1 de la Constitución, por medio de la cual las facultades de los parlamentarios se identifican con los derechos de los representados, ya que los primeros, considerados como Parlamento en su conjunto, son el instrumento de participación en los asuntos públicos de quienes hemos sido sus electores. Si se ha sustraído a la candidata del PP la ocupación de una Secretaría (la segunda), no sólo se estaría vulnerando el artículo 23.2 CE, sino también el 23.1 CE, pues se ha cercenado nuestro derecho a participar en los asuntos públicos por medio de nuestros representantes en la elección de los tres diputados para ocupar las Secretarías.
Además, se ha mutilado a casi todos los diputados el ejercicio completo de la facultad de elegir a los componentes de la Mesa de la Cámara, reglamentariamente prevista, que se integra en el status del cargo público que desempeñan, así como el derecho de la diputada del PP a acceder al puesto que le correspondía como Secretaria. El derecho fundamental infringido (ejercicio del cargo público) no cabe ejercitarlo sino dentro del cauce legal o reglamentario. Hay que añadir que el derecho que se consagra en ese precepto constitucional (art. 23.2) es un derecho de configuración legal, como indica el mismo artículo, con lo cual no se lesionaría tal norma si la exigencia de los requisitos establecidos con carácter general por las Leyes, se aplica según criterios razonables que excluyan toda idea de discriminación. Y ninguna de esas condiciones se ha dado en la decisión del diputado Pizarro: no han existido criterios razonables que excluyan la discriminación, pues por la misma razón que le ha quitado el puesto a la candidata al PP se lo podía haber quitado al del PSOE. La discriminación es patente, manifiesta, clara.
A efectos de legitimación procesal, el recurso de amparo puede ser interpuesto por cualquiera de los Grupos Parlamentarios, o por todos sus componentes personalmente individualizados, por el Ministerio Fiscal e incluso el Defensor del Pueblo. Según como actúen estos órganos, en las próximas elecciones algunos ciudadanos cambiarán el voto con casi toda probabilidad.
La democracia exige actuar siempre dentro de la Ley, porque de lo contrario, nuestras libertades se verán minimizadas o eliminadas. Aún están a tiempo los Grupos parlamentarios de corregir el tremendo error cometido en la Cámara, al igual que el Ministerio Fiscal o el Defensor del Pueblo. ¿Quién dará el primer paso? ¿Quién o quiénes realmente son democráticos y defienden el Estado de Derecho?

References: artículo 34
 artículo 36
 artículo 104
 resolución 
 artículo 3
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 42
 artículo 23