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Resolución de TEAC, 00/134/2006, 11-07-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/134/2006 de 11 de Julio de 2007
Núm. Resolución: 00/134/2006
Los únicos actos anteriores al procedimiento de declaración de responsabilidad subsidiaria que son susceptibles de ser impugnados por el declarado responsable, son las liquidaciones cuyo ingreso se le exige, sin que dicha posibilidad de impugnación alcance a las distintas actuaciones del procedimiento inspector seguido con el deudor principal. La previa declaración de fallido no se ve afectada por el hecho de que con posterioridad a la misma algunos clientes hayan efectuado el ingreso de créditos pendientes, pues ello no significa que la sociedad sea solvente ni que tenga bienes suficientes para satisfacer las deudas devengadas, sino únicamente que se han satisfecho unos créditos pendientes para con la misma que han sido aplicados a la minoración de la deuda derivada.
En la Villa de Madrid, a 11 de julio de 2007, en el recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, promovido por X, S.L. y en su nombre y representación por D.ª ..., con domicilio a efecto de notificaciones en ..., contra acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de 31 de octubre de 2005, reclamaciones ... y ... a ..., en asunto relativo a responsabilidad por sucesión en la titularidad empresarial; cuantía: 348.655,38 €.
PRIMERO.- En fecha 26 de marzo de 2003, la entidad X, S.L. interpuso reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Regional de ... impugnando el acuerdo del Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación de ... de la Agencia Tributaria de fecha 13 de marzo de 2003 que declaró a la citada entidad sucesora en la explotación de la actividad económica de las deudas tributarias de la sociedad Y, S.L. sucesora a su vez Z, S.A. y responsable subsidiaria de las siguientes deudas tributarias devengadas por esta última sociedad: 1) Impuesto sobre Sociedades, Actas de Inspección de los ejercicios 1992, 1993 y 1994; 2) Expediente sancionador ejercicios 1992, 1993 y 1994; 3) IAE, cuota provincial ejercicios 2001 y 2002; 4) intereses de demora art 127 LGT, por un importe total de 348.655,38 €.
El 21 de abril de 2003, la entidad X, S.L. interpuso once reclamaciones más, impugnando las liquidaciones objeto del acuerdo de derivación.
SEGUNDO.- En fecha 31 de octubre de 2005, el Tribunal Regional mencionado procedió a resolver de forma acumulada las reclamaciones planteadas dictando un extensísimo acuerdo en el que, después de exponer las circunstancias de hecho concurrentes en el caso, consideró probada la existencia de responsabilidad por sucesión en la actividad económica y correcto el procedimiento seguido para su exigencia, dictando en consecuencia acuerdo en el que desestimó la reclamación planteada confirmando el acto impugnado.
TERCERO.- Contra el mencionado acuerdo, interpuso la entidad interesada recurso de alzada para ante este Tribunal Central en el que mostró su disconformidad con el acuerdo del Tribunal Regional en aquellos aspectos en que a su entender había resulto de forma errónea o no había entrado a conocer que, en síntesis, son los siguientes: 1) Incompetencia de la Administración para llevar a efecto de motu propio con independencia del Juez Civil actos de derivación de responsabilidad; 2) Existencia de vicios esenciales en el Acta referente al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 1992-1994, porque se incoó vigente ya la Ley 1/1998 y sin embargo no se dio trámite de audiencia; 3) Improcedencia de la derivación de las sanciones; 4) Inexistencia de actuaciones recaudatorias para con la entidad Y, S.L. una vez declarada la responsabilidad de la misma e inexistencia de insolvencia de dicha sociedad, por lo que también es improcedente la declaración de fallida de la misma; 5) Improcedencia de varias de las notificaciones edictales practicadas tanto a Z, S.A. como Y, S.L. por no haberse intentado previamente y de forma válida la notificación personal.
PRIMERO.- Concurren en el presente recurso de alzada, los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, exigibles para la admisión a trámite del mismo, en el que, en último término se cuestiona la adecuación o no a derecho del acuerdo del Tribunal Regional de ... antes referido, que desestimó la reclamación promovida por la entidad interesada, considerando procedente la declaración de responsabilidad subsidiaria por sucesión en la actividad empresarial a los efectos del artículo 72 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963.
SEGUNDO.- Alega en primer lugar la entidad recurrente la incompetencia de la Administración para llevar a efecto de motu propio con independencia del Juez Civil actos de derivación de responsabilidad.
En cuanto a ello es de indicar que el artículo 72 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, de pertinente aplicación, establece que "Las deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de explotaciones y actividades económicas por personas físicas, sociedades y entidades jurídicas serán exigibles a quienes le sucedan por cualquier concepto en la respectiva titularidad...". Por otra parte, el artículo 37 de la misma Ley dispone en su apartado 1 que "La Ley podrá declarar responsables de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos o deudores principales, a otras personas, solidaria o subsidiariamente" y el apartado 4 del citado artículo determina que "...la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare su responsabilidad y se determine su alcance". De lo así establecido se deduce la posibilidad y procedencia de que, en aquellos casos en que se den las circunstancias legalmente previstas, la Administración tributaria dicte actos de derivación de responsabilidad, tesis que por otra parte es pacíficamente aceptada por los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, razón por la cual no procede estimar lo alegado al respecto por la entidad recurrente.
TERCERO.- Se alega por otra parte en el recurso, la existencia de vicios esenciales en las Actas referentes al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 1992-1994, porque se incoaron estando ya vigente la Ley 1/1998 y sin embargo no se dio con anterioridad trámite de audiencia a la entidad para formular alegaciones.
A tal respecto es de señalar que según se deduce de lo dispuesto en el artículo 14.2 b) del Reglamento General de Recaudación de 20 de diciembre de 1990, aplicable a este caso, el acto administrativo de derivación de responsabilidad subsidiaria deberá ser notificado al declarado responsable con expresión de los elementos esenciales y de la liquidación, del texto íntegro de acuerdo declarando la responsabilidad subsidiaria y de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos por el responsable subsidiario tanto contra la liquidación practicada, como contra la extensión y fundamento de su responsabilidad. De ello se deduce que los únicos actos anteriores al procedimiento de declaración de responsabilidad subsidiaria que son susceptibles de ser impugnados por el declarado responsable, son las liquidaciones cuyo ingreso se le exige, sin que dicha posibilidad de impugnación alcance por tanto a las distintas actuaciones del procedimiento inspector seguido para con el deudor principal, deudor que, por otra parte, y según consta en el expediente, estuvo representado ante la Inspección por representante autorizado que firmó las Actas de conformidad, por lo que habiendo tenido conocimiento la entidad deudora principal de las liquidaciones dictadas, tuvo también evidentemente la posibilidad de haberlas impugnado en su momento, lo cual impide apreciar la existencia de posible indefensión al respecto.
CUARTO.- Manifiesta también la entidad recurrente su disconformidad con la exigencia al declarado responsable de las sanciones impuestas al deudor principal, a cuyo respecto es de indicar que es criterio de este Tribunal Central, manifestado en la resolución de recursos de unificación de criterio, el de que al sucesor en la actividad le son exigibles las sanciones que se concretan en un porcentaje de la cuota devengada por los tributos que recaen sobre la actividad, su ejercicio, o el rendimiento que produce, pero no las que derivan de una conducta o incumplimiento personales del obligado principal, porque éstas no pueden considerarse en sentido estricto "deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de explotaciones y actividades económicas".
En el presente caso, y según resulta del expediente, las sanciones impuestas al responsable principal como consecuencia de los expedientes sancionadores derivados de las Actas del Impuesto sobre Sociedades del periodo 1992-1994, tuvieron su origen en no haber declarado la sociedad el total de los ingresos obtenidos, y por tanto en haber dejado de ingresar la cuota tributaria correspondiente a lo no declarado, concretándose las sanciones impuestas en el incremento de un porcentaje de la cuota devengada por los tributos que recaen sobre la actividad, su ejercicio, o el rendimiento que produce, por lo que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, dichas sanciones son exigibles al declarado sucesor.
QUINTO.- Alega por otra parte la entidad recurrente la inexistencia de actuaciones recaudatorias para con la entidad Y, S.L. una vez declarada la responsabilidad de la misma y la inexistencia de insolvencia de dicha sociedad como lo demuestra el hecho de que después de haber sido declarada fallida, y ya derivada la responsabilidad a X, S.L. ingresó a nombre de esta sociedad la cifra de 83.132,55 €, por lo que también considera improcedente la declaración de fallido de dicha sociedad.
En cuanto a lo así alegado es de observar que según se deduce de los documentos obrantes en el expediente de gestión (páginas 135 a 226), con anterioridad a pronunciar la declaración de fallido de Y, S.L. la Administración tributaria dictó diversas diligencias de embargo de cuentas corrientes de la citada entidad con resultado negativo, así como numerosas diligencias de embargo de créditos dirigidas a variados clientes de la sociedad, que a excepción de una de ellas también dieron resultados negativos. Por último se procedió al embargo de un bien inmueble propiedad de la entidad que finalizó en la subasta de dicho bien, cuyo importe, al igual que el obtenido del embargo de créditos, se aplicó a la satisfacción de parte de la deuda pendiente, no conociéndose la existencia de otros posibles bienes. Por consiguiente, la declaración de fallido dictada una vez efectuados los trámites descritos, debe considerarse correcta y ajustada a derecho sin que obste a ello el hecho de que con posterioridad a la declaración de fallido, dos de los clientes hayan efectuado el ingreso de créditos pendientes, pues ello no significa que la sociedad sea solvente ni que tenga bienes suficientes para satisfacer las deudas devengadas, sino únicamente que se han satisfecho unos créditos pendientes para con la misma que han sido aplicados a la minoración de la deuda derivada.
SEXTO.- Alega también la entidad recurrente la existencia de defectos en la notificación personal de distintos actos del procedimiento recaudatorio seguido contra Z, S.A. y contra Y, S.L. que, a su entender, invalidan las notificaciones practicadas por edictos.
En cuanto a ello debe indicarse, que aun como se ha dicho en el Fundamento de Derecho Tercero de la presente resolución, los únicos actos anteriores al procedimiento de declaración de responsabilidad subsidiaria que son susceptibles de ser impugnados por el declarado responsable, son las liquidaciones cuyo ingreso se le exige, el tema de la posible falta de notificación personal de las liquidaciones sí debe ser objeto de examen ya que dicha falta, en caso de haberse producido, puede imposibilitar la impugnación de las liquidaciones y del propio acto de declaración de responsabilidad. Y a tal respecto es de indicar que según se deduce del expediente de gestión, tanto el acto de declaración de responsabilidad por sucesión como las actuaciones del procedimiento recaudatorio seguido para con la citada entidad hasta la declaración de fallida de la misma, se efectuaron de conformidad con lo determinado en el artículo 105 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, constando por otra parte (folio 190) notificada personalmente una diligencia de embargo de bienes en fecha 15 de noviembre de 2001, en el mismo domicilio en que se intentó de forma infructuosa realizar el resto de las notificaciones, momento en el cual la entidad tuvo la oportunidad de impugnar dicho embargo alegando la falta de notificación de las actuaciones anteriores.
Como consecuencia de lo expuesto procede también la desestimación de lo alegado al respecto por la entidad reclamante, lo cual conduce a la desestimación total del presente recurso.
ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN, en el presente recurso de alzada, ACUERDA: Desestimarlo.
Sentencia Administrativo Nº 145/2016, AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 7, Rec 233/2015, 28-03-2016
Orden: Administrativo Fecha: 28/03/2016 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Lopez Candela, Javier Eugenio Num. Sentencia: 145/2016 Num. Recurso: 233/2015

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 72
 artículo 72
 artículo 37
 artículo 14
 resolución 
 artículo 105