Source: https://issuu.com/cejotabe/docs/rgto.medioambiental_2090_2008
Timestamp: 2017-01-22 10:37:04+00:00

Document:
Reglamento español sobre responsabilidad medioambiental by Biurrun Consulting SL - issuu
El importe de la subvención que se otorgará al IEMed
será de 100.000 Euros, que se financiará con cargo a los
créditos del Servicio 04 del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
El beneficiario de la subvención será el IEMed.
a) Realizar las actividades para las que se le concede
la presente subvención, de acuerdo con este real decreto
y en las correspondientes resoluciones de concesión, presentado las justificaciones correspondientes.
b) Comunicar a la Secretaría de Estado de Asuntos
Exteriores, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, la concesión de otras subvenciones de cualquier ente público o privado, para la misma finalidad.
c) Someterse a la normativa vigente sobre supervisión,
seguimiento y control de subvenciones, así como facilitar
toda la información requerida por los órganos competentes.
d) Indicar en los folletos, carteles y demás documentación y material utilizado en el desarrollo de la actividad
subvencionada que ésta se realiza en colaboración con el
e) El beneficiario quedará, en todo caso, sujeto a las
obligaciones impuestas por los artículos 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y concordantes del Real
Régimen de justificación y pago.
1. Los trámites para el pago de las cantidades previstas en el artículo 3 se iniciarán con la entrada en vigor de
este real decreto. Dicho pago se realizará, por el importe
total previsto, tras la firma de la resolución de concesión
contemplada en el artículo 2 de este real decreto.
2. La justificación, por parte del beneficiario, del cumplimiento de la finalidad de la subvención y de la aplicación
material de los fondos percibidos, se ajustará, en todo
caso, a lo señalado en los artículos 30 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y concordantes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y se efectuará dentro de los tres meses siguientes a la
realización de las actividades, con sujeción a los plazos y
condiciones que se establezcan en la correspondiente
resolución de concesión, sin perjuicio del sometimiento a
las verificaciones contables que fueran pertinentes.
3. El IEMed, dada la cuantía de la subvención, deberá
presentar un presupuesto desglosado del proyecto de
actuaciones a realizar, que recoja los gastos a los que se
destina la subvención. Este presupuesto deberá ser presentado ante la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores con anterioridad a la percepción de la subvención.
4. Dicha entidad, a la finalización de las actividades
objeto de la presente subvención, presentará una memoria
detallada de la totalidad de los gastos, incluyendo, como
mínimo, una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor, número
del documento justificativo, fecha de emisión y, en su caso,
fecha de pago, así como la relación de facturas originales o
documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación clasificada y, en su eficacia administrativa incorporados en la relación clasificada y, en su caso, la
documentación justificativa de los pagos.
Se exigirá el reintegro de la subvención, con el interés
de demora correspondiente, desde el momento del pago
de la subvención, en los casos y en los términos previstos
en los artículos 37 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
La subvención regulada en este real decreto se regirá,
además de por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, por lo establecido en
las demás normas de derecho administrativo que resulten
Modificaciones presupuesta-
Por el Ministerio de Economía y Hacienda se realizarán las modificaciones presupuestarias oportunas para
dotar al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de los créditos que permitan el cumplimiento de lo
Se faculta al Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación para adoptar las disposiciones necesarias
para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día
REAL DECRETO 2090 /2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental, por medio de la cual se incorpora al
ordenamiento jurídico interno la Directiva comunitaria
2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental
en relación con la prevención y reparación de daños
medioambientales, establece un nuevo régimen jurídico
de reparación de daños medioambientales de acuerdo
con el cual los operadores que ocasionen daños al medio
ambiente o amenacen con ocasionarlo deben adoptar las
medidas necesarias para prevenir su causación o, cuando
el daño se haya producido, para devolver los recursos
naturales dañados al estado en el que se encontraban
antes de la causación del daño. Con tal finalidad, la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, establece, en su anexo II,
un marco general de actuación que deberá observar la
administración competente a la hora de determinar de
qué manera se debe reparar el daño al suelo, al agua, a la
costa o a las especies silvestres y los hábitat, en función
del recurso natural de que se trate.
Por otra parte, la Ley 26/2007, de 23 de octubre, prevé
que los operadores previstos en su anexo III constituyan
garantías financieras con las que hacer frente a las responsabilidades medioambientales en las que puedan
incurrir. Para la fijación de la cobertura de tales garantías
se debe disponer de un método de cálculo eficaz y homogéneo, que no genere distorsiones en el funcionamiento
del mercado interior y permita definir con precisión y un
grado mínimo de certeza el montante económico del
riesgo ambiental al que está expuesto un operador en el
desarrollo de sus actividades económicas y profesionales. Así, el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
establece que el Gobierno deberá establecer los criterios
técnicos que permitan evaluar la intensidad y la extensión
del daño medioambiental y determinar el método que
garantice una evaluación homogénea de los escenarios
de riesgos y de los costes de reparación asociados a cada
uno de ellos y asegure una delimitación uniforme de la
definición de las coberturas que resulten necesarias para
cada actividad o instalación.
En relación con ambas cuestiones, la disposición final
tercera de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, contiene la
habilitación de desarrollo a favor del Gobierno, al cual
faculta para, previa consulta a las comunidades autónomas, dictar en su ámbito de competencias las disposiciones necesarias para el desarrollo y la ejecución del capítulo IV, relativo al régimen jurídico de las garantías
financieras, y de los anexos de la Ley, entre los cuales se
incluyen el anexo I sobre criterios para determinar la significatividad del daño en las especies silvestres o en los
hábitat, el anexo II sobre reparación del daño medioambiental y el anexo VI sobre la información que las administraciones públicas deben facilitar al Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino en materia de responsabilidad medioambiental. En definitiva, este reglamento
aborda un desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, cumpliéndose lo dispuesto en esa misma disposición final tercera respecto a la obligación temporal de
aprobarlo antes del 31 de diciembre de 2008.
El reglamento cuenta con un total de 46 artículos,
agrupados en tres capítulos, siete disposiciones adicionales y dos finales, así como dos anexos.
El capítulo I contiene las disposiciones generales e
incluye cuatro artículos sobre definiciones, cooperación
entre administraciones públicas, recopilación y difusión
de información relevante para la reparación del medio
ambiente y concurrencia de normas aplicables. En relación con la cooperación y colaboración entre administraciones públicas, se crea la Comisión técnica de prevención y reparación de daños medioambientales, que se
integra por representantes de la Administración General
del Estado y de las comunidades autónomas, y cuyo propósito general es facilitar el intercambio de información y
el asesoramiento en materia de responsabilidad medioambiental. En el diseño de esta Comisión se ha optado
por una configuración flexible, de manera que se incorporan al reglamento unos preceptos de carácter general que
permitan su puesta en marcha, tales como los relativos a
su composición y funciones, para que sea la propia Comisión quien concrete sus normas de funcionamiento y de
adopción de acuerdos. Sí se prevé, dado el carácter marcadamente técnico del órgano, que la Comisión acuerde,
con la finalidad de realizar los trabajos preparatorios de
los asuntos que aquella deba tratar, la creación de comi-
tés de composición especializada en los que participen,
entre otros, expertos de reconocido prestigio en función
de la materia de que se trate en cada caso.
El artículo 4 impone al Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino la política de facilitar al operador
el cumplimiento de sus obligaciones legales, en particular
en relación con la puesta a disposición del público de toda
aquella información necesaria para hacer frente a la reparación de los daños medioambientales, tales como la
relativa a la determinación del estado básico, a los umbrales de toxicidad o a los datos más relevantes sobre experiencias previas.
El capítulo I se cierra con un artículo sobre concurrencia de normas, el cual prevé que, en el momento en que
los operadores pongan en conocimiento de la autoridad
competente la información relativa a un daño ambiental,
dicha autoridad deberá valorar si la reparación se realiza
conforme al sistema previsto en la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, y el propio reglamento o se realiza conforme a lo
dispuesto en otra normativa sectorial, dentro del marco
que permite el artículo 6.3 de la citada Ley. Necesariamente este análisis jurídico requerirá en cada caso concreto una ponderación de los intereses implicados y la
interpretación de las reglas de concurrencia a la luz del
criterio de razonabilidad que inspira tanto la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, como la directiva que traspone. Como
supuestos de aplicación de este artículo, pueden citarse a
título de ejemplo, aquellos casos en los que el daño pueda
repararse de manera simplificada cuando éste revista
menor entidad o cuando proceda la aplicación de la legislación de emergencias. En estos casos será necesario que
existan servicios específicos y suficientes, así como procedimientos normalizados para atender a dicha reparación que en todo caso, deberá alcanzar resultados equivalentes a los que se hubieran obtenido al aplicar este
El capítulo II proporciona, en conjunción con los dos
anexos, un marco metodológico para determinar el daño
medioambiental que se ha producido y, en función de su
alcance, establecer las medidas de reparación necesarias
La determinación del daño medioambiental, que se
regula en la sección 1.ª, comprende la realización de una
serie operaciones encaminadas, en primer lugar, a identificar el agente causante del daño y los recursos naturales
y servicios afectados; en segundo lugar, a cuantificar el
daño en función de su extensión, intensidad y escala temporal y, finalmente, a evaluar su significatividad. El reglamento incluye en su anexo I una descripción pormenorizada de algunos aspectos técnicos asociados a este
proceso de determinación. Por otro lado, dado que la
determinación de la significatividad del daño es una operación crucial, puesto que sobre ella descansa la aplicabilidad del sistema de responsabilidad medioambiental, se
ha procurado recurrir a criterios que garanticen la objetividad en esa labor de apreciación. Por ello, cuando ha
sido posible, se ha optado referir dicha significatividad a
los estándares ya previstos en otras normas para cada
recurso natural, dado que reflejan lo debe entenderse por
un estado razonable conservación de cada uno de ellos, y
por ende, permiten calificar la alteración adversa de ese
estado como un daño significativo que debe repararse.
En relación con la significatividad del daño a las
aguas subterráneas, se fijan criterios en el artículo 16.2,
sin perjuicio de su revisión, si fuera necesario cuando
se promulguen las normas de transposición de la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las
aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
Además de los criterios de significatividad del daño
que toman como referencia el recurso natural afectado,
también se han incluido criterios basados en el tipo de
agente que lo genera, especialmente para aprovechar la
creciente información y experiencia que existe en el
campo de los agentes químicos. Asimismo, se incluye un
criterio subsidiario para determinar la significatividad de
los daños a las aguas y a los suelos ya contaminados en
aquellos casos en que no fuera posible determinarlo conforme a las reglas anteriores. Este criterio, que se basa en
servicio de acogida o de hábitat que prestan el suelo y las
aguas, presume que los daños a los citados recursos
naturales tendrán carácter significativo cuando lo sean
los daños a las especies silvestres que los habitan. Por
otro lado, la aplicación de este criterio a los suelos contaminados es necesaria puesto que en estos casos resultaría inoperante recurrir al criterio previsto en el artículo 16.3
del Reglamento, que remite a la normativa sobre suelos
contaminados y que parte de la hipótesis de que el suelo
estaba limpio antes del daño.
La sección se cierra con un artículo referido a la determinación del estado básico, entendido, conforme a la
definición recogida en la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
como aquel en el que, de no haberse producido el daño
medioambiental se habrían hallado los recursos naturales y los servicios en el momento en que sufrieron el
daño. Respecto a esta definición, el reglamento añade
una precisión importante para aclarar que el estado
básico debe determinarse en relación con el agente causante del daño y, por tanto, no hace referencia a un estado
ideal de conservación del medio receptor, sino a aquel
que presentara éste en el momento inmediatamente anterior a la actuación del agente. Serán, por tanto, las variables vinculadas a dicho agente las que habrá que analizar
antes y después del daño. Por otro lado, se prevén los
supuestos en los que la determinación del estado básico
deberá tener en cuenta la posible evolución que hubieran
tenido los recursos naturales de no haberse producido el
daño: cuando exista información histórica fehaciente que
demuestre la tendencia evolutiva de dichos recursos
naturales o la previsión de que exista un cambio de uso
del suelo en un instrumento de planeamiento con anterioridad a la producción del daño.
En la sección 2.ª se regulan las medidas de reparación
primaria, complementaria y compensatoria. Los preceptos sobre reparación primaria no entrañan mayor dificultad pues son reflejo de la reparación que tradicional y
principalmente se ha venido realizando de los daños al
medioambiente. Así, el reglamento expone las distintas
medidas que deben conducir a la restitución del estado
básico, tales como la eliminación, retirada o neutralización del agente causante del daño, la reposición del
recurso afectado o la recuperación natural y señala la
necesidad de estudiar distintas alternativas de reparación
primaria para seleccionar la más adecuada en cada caso.
Mayor novedad presentan las pautas que se prevén
para la determinación de las medidas de reparación complementaria y compensatoria y en cuya elaboración se
han tomado como referencia los trabajos y estudios elaborados por la Comisión Europea sobre la metodología
necesaria para aplicar la Directiva 2004/35/CE (Proyecto
REMEDE). Siguiendo los criterios que proporciona el
anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, se ha tratado
de reflejar los supuestos en que debe acometerse una
reparación complementaria, incidiendo en el supuesto de
que la reparación primaria no se considere razonable,
bien porque el plazo necesario para su efectividad, bien
porque su coste, resulten desproporcionados en relación
con el beneficio ambiental que se vaya a obtener. Además, con la finalidad de reducir el grado de indeterminación que pueda suponer la apreciación de dicho beneficio
ambiental, se prevé que se tenga en cuenta el valor social
de los recursos y servicios naturales perdidos, entendido
éste como expresión monetaria del bienestar o utilidad
que aquellos generan. No obstante, debe matizarse que
con la inclusión de esta alusión al valor social de los
recursos naturales no se pretende excluir otros criterios
que igualmente conduzcan a dicha apreciación. En todo
caso, el carácter desproporcionado del coste del proyecto
deberá acreditarse en una memoria económica que lo
justifique que tendrá carácter público y que deberá ser
especialmente analizada por la autoridad competente en
el momento de la aprobación del proyecto. Por otro lado,
la tipología de medidas de reparación se cierra con las
medidas compensatorias que se aplicarán para «compensar» las pérdidas provisionales de recursos naturales y
servicios desde que se produce el daño hasta que produce efecto la reparación primaria, o en su caso, complementaria.
Puesto que, tanto la reparación complementaria como
la compensatoria suponen la creación adicional de recursos naturales y de servicios, es necesaria la aplicación de
criterios de equivalencia que permitan calcular esos nuevos recursos que se van a generar con la reparación para
que sean del mismo tipo, calidad y cantidad que los dañados. El anexo II describe de forma pormenorizada los
supuestos en los que deberá aplicarse cada criterio de
equivalencia (recurso-recurso, servicio-servicio, valorvalor, valor-coste), siendo los criterios recurso-recurso y
servio-servicio los que tienen carácter prioritario, al
garantizar un mayor grado de sustitución entre los recursos y servicios dañados, y aquéllos que pueden obtenerse
a través de la reparación. Ambos criterios requieren la
aplicación de una metodología denominada Análisis de
Equivalencia de Recursos, que como se ha señalado, se
desarrolla siguiendo los trabajos del proyecto REMEDE.
Asimismo, este anexo contempla los supuestos en los
que será necesario acudir a los métodos de valoración
que ofrece el análisis económico.
En el ámbito de la reparación complementaria y compensatoria requiere una mención especial el lugar en el
que debe acometerse dicha reparación. Así, se opta por
acudir preferentemente al lugar donde se ha producido el
daño –o en el lugar más cercano a la ubicación de los
recursos naturales y servicios dañados–, aunque si esto
no resulta posible o adecuado, la autoridad competente
podrá acordar que la reparación se realice en un lugar
alternativo vinculado geográficamente a los citados
recursos naturales, entendiendo que existe dicha vinculación cuando pueda establecerse una conexión ecológica,
territorial o paisajística. En los casos en que la reparación
se efectúe en un lugar distinto al dañado, si bien se prevé
que el operador deberá tener en cuenta los intereses de la
población afectada, corresponde especialmente a la autoridad competente velar por la adecuada ponderación de
dichos intereses en el momento de la aprobación del proyecto.
La sección 2.ª finaliza con la previsión de que la autoridad competente, en aquellos casos en que los recursos
naturales se encontraran en un estado de conservación
no favorable o degradado en el momento anterior al
daño, pueda realizar directamente el proyecto de reparación o convenga con el operador la realización de un proyecto encaminado a mejorar el estado previo de los recursos naturales. Esta facultad de mejora del estado básico
tiene carácter potestativo para la autoridad competente,
de manera que no supondrá un coste adicional para la
misma si no opta por asumirlo y, en ningún caso, cuando
la reparación corresponda a otro sujeto conforme a la
Por otro lado, este capítulo también persigue, con la
finalidad de garantizar un mínimo de seguridad jurídica al
operador, trazar el esquema general de actuación en caso
de que se genere un daño, que básicamente consiste en
lo siguiente: una vez comunicado el daño a la autoridad
competente el operador deberá concretar en un proyecto
las medidas necesarias para reparar el daño. Dicho proyecto deberá ser valorado y aprobado por la autoridad
competente y, una vez concluida su ejecución, objeto de
un informe final de cumplimiento que elaborará el operador y que deberá presentara a la citada autoridad para
recabar su conformidad. Así, el capítulo II se cierra con la
sección 3.ª, que contiene una serie de preceptos relativos
al seguimiento y vigilancia del proyecto de reparación
durante la fase de ejecución y cuestiones relativas al
informe final de cumplimiento.
El capítulo III aborda los aspectos relativos a la garantía financiera obligatoria y se divide en tres secciones. La
sección 1.ª está dedicada a la determinación de la citada
garantía y el núcleo central de esta regulación es la descripción de los pasos necesarios para el cálculo de su
cuantía. Como prevé el artículo 24.3 de la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, dicho cálculo debe partir de una evaluación homogénea de los escenarios de riesgos y de los
costes de reparación por lo que es necesario que este
reglamento prevea el alcance y el contenido del correspondiente análisis de riesgos. Además, para proporcionar
seguridad a la determinación final de la cuantía de la
garantía se prevé que el análisis de riesgos deba ser verificado por un organismo acreditado.
Para la fijación de la cuantía de la garantía financiera
se tomará como punto de partida el análisis de riesgos
que deberá: Identificar los escenarios accidentales y su
probabilidad de ocurrencia; establecer el valor monetario
del daño asociado a cada escenario a partir de la cuantificación del daño y del coste de la reparación primaria; y
determinar el riesgo asociado a estos escenarios, entendido éste como producto de la probabilidad de ocurrencia
y el valor del daño de cada escenario; seleccionar los
escenarios accidentales de menor coste asociado que
agrupen el 95 por ciento del riesgo total y, en último lugar,
establecer como propuesta de cuantía de la garantía la del
daño medioambiental más alto entre los escenarios seleccionados. Este criterio de selección de los escenarios de
referencia pretende alcanzar un equilibrio entre los riesgos cubiertos y la cuantía de la garantía. Así se mantiene
un elevado nivel de cobertura, al quedar incluidos los
escenarios que agrupan el 95 por ciento del riesgo total, si
bien se excluyen del cálculo los escenarios más improbables y de coste manifiestamente más alto, puesto que su
inclusión sesgaría la cuantía de la garantía hacia un coste
excesivo para el operador.
Finalmente, la autoridad competente determinará la
cuantía de la garantía tras la comprobación del cumplimiento de los requisitos formales de la propuesta presentada por el operador en su análisis de riesgos.
Evidentemente, aunque este análisis de riesgos responde exclusivamente a las exigencias legales que configuran la garantía financiera, nada impide que, con carácter voluntario, este análisis pueda atender a otras
finalidades más amplias y habituales en el campo medioambiental, como pueda ser la prevención de los daños
ambientales que una determinada actividad pueda
En cuanto a la elaboración del análisis de riesgos, se
seguirá la metodología prevista en el propio reglamento y
en la norma UNE 150008 u otras equivalentes. Ahora
bien, con el objetivo de facilitar la realización de dicho
análisis, se flexibilizan las reglas aplicables a la determinación del daño, ya que podría resultar excesivo exigir el
mismo grado de detalle para determinar un daño hipotético que un daño que ya se ha producido. En todo caso, se
mantienen una serie de parámetros que deberán valorarse con el fin de asegurar una correspondencia entre la
cobertura de la garantía y el estudio que se realizará para
evaluar y reparar el daño. Asimismo, con la misma finalidad de flexibilización, se establecen dos reglas específicas para simplificar la cuantificación del daño. La primera
regla permite la utilización de modelos de simulación del
comportamiento del agente causante del daño; la segunda
establece unos valores concretos para la intensidad del
daño. Estos valores son calculados a partir de la regla
general sobre niveles de intensidad del daño prevista en
el artículo 2 e), y representan la media aritmética de los
límites establecidos para cada uno de los citados niveles.
Para facilitar la evaluación de los escenarios de riesgos así como para reducir el coste de su realización, el
Reglamento prevé distintos instrumentos de carácter
voluntario, tales como los análisis de riesgos medioambientales sectoriales y las tablas de baremos. Los análisis
sectoriales, que deberán ser particularizados para cada
caso concreto, pueden consistir bien en modelos de
informe de riesgos ambientales tipo –los denominados
MIRAT– bien en guías metodológicas cuando la heterogeneidad de las actividades que integren un mismo sector
así lo requiera. En ambos casos se requerirá informe de la
medioambientales y su difusión corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Ambos
instrumentos, tal y como se deriva de la disposición final
única del Reglamento, deberán estar elaborados antes de
la aprobación de las órdenes ministeriales previstas en la
disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, para la exigibilidad de la garantía financiera obligatoria. Las tablas de baremos están previstas para los sectores o pequeñas y medianas empresas que, por su alto
grado de homogeneidad, permitan la estandarización de
sus riesgos ambientales. Dichas tablas podrán incluirse
en las citadas órdenes ministeriales.
En esta misma sección, se establecen las reglas para
la actualización del análisis de riesgos y de la garantía
financiera, la continuidad de esta garantía y, por último,
se prevén los supuestos en que una pluralidad de actividades o instalaciones pueden garantizarse a través de
un único instrumento de garantía. El Reglamento permite que cuando un operador desarrolle su actividad en
más de una instalación pueda elegir entre instrumentos
de garantía independientes o una única garantía para
varias instalaciones. En este segundo caso, dado que
supone una flexibilización de la regla general de una
garantía por instalación o por actividad, para asegurar
que, si se produce un daño medioambiental en una instalación, la garantía no se agote para el resto y que se
mantenga un nivel de cobertura suficiente, se establece
una cláusula de reposición de la garantía. Además en
estos casos, se establece una regla de conexión territorial para determinar ante qué autoridad competente se
presentará la garantía.
En relación con la continuidad de la garantía financiera se prevé que deba mantenerse en vigor durante
todo el período de actividad, con independencia de que
pueda renovarse alguno de sus elementos, tales como la
modalidad de garantía por la que se opte o la entidad
financiera o aseguradora con la que se suscriba.
La sección 2.ª del capítulo III de las garantías financieras recoge las previsiones específicas de cada una de las
tres modalidades de garantía financiera: el aval, la reserva
técnica y la póliza de seguro. En relación con el aval se
establecen los requisitos para su constitución y reposición, remitiéndose para lo demás a su normativa reguladora específica. Respecto a la reserva técnica se regula su
constitución, su materialización en Deuda Pública para
garantizar la estabilidad de la inversión, así como su reposición. Y, por último, en cuanto al seguro, se desarrolla la
actuación del Fondo de compensación de daños medioambientales del Consorcio de Compensación de Seguros:
se determina la fijación del recargo sobre la prima por la
establecen las exclusiones y límites de la cobertura del
Fondo, y se prevé la obligación de las entidades de aseguradoras de conservación de la información relativa a los
contratos de seguro suscritos para dar cobertura a esta
garantía financiera obligatoria durante el ámbito de la
La sección 3.ª está dedicada a la verificación del análisis de riesgos medioambientales, y en ella se establecen
los aspectos que, al menos, deben comprobarse en el
proceso de verificación y los requisitos mínimos que han
de cumplir los verificadores.
Por último, respecto a las disposiciones de cierre
merecen un comentario cuatro de ellas. Las disposiciones adicionales tercera y sexta incluyen cláusulas de
adaptación de los seguros y de los análisis de riesgos
medioambientales ya existentes a la entrada en vigor
del reglamento para que se puedan sustituir o completar con la finalidad de que se cubran también las responsabilidad des que deriven del sistema de responsabilidad medioambiental. Además se ha considerado
oportuno incorporar, en la disposición adicional cuarta,
una cláusula de revisión de los métodos para la fijación
de la cuantía de la garantía financiera y para la reparación del daño medioambiental, cuando exista la suficiente experiencia en su aplicación como para evaluar
la idoneidad de dichas metodologías o, en todo caso, a
los cinco años de que se haya iniciado su exigibilidad
o su entrada en vigor, respectivamente. Finalmente,
por medio de la disposición adicional quinta, se da
cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, al reconocerse las garantías
financieras de responsabilidad medioambiental equivalentes a las previstas en la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, de que dispongan los operadores establecidos en otro Estado de la Unión Europea.
Esta regulación tiene carácter de normativa básica y
recoge previsiones de carácter exclusiva y marcadamente
técnico, por lo que la ley no resulta un instrumento idóneo para su establecimiento y se encuentra justificada su
aprobación mediante real decreto.
En la elaboración de esta norma se ha consultado,
entre otros, a las comunidades autónomas, al Consejo
Asesor de Medio Ambiente y a los sectores afectados, y
ha sido puesta a disposición del público en general.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, de acuerdo con el
Consejo de Estado, con la aprobación previa de la Ministra
de Administraciones Públicas y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de diciembre, de 2008,
Este real decreto tiene por objeto la aprobación del
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, cuyo
texto se inserta a continuación.
1. Este real decreto tiene el carácter de legislación
básica de protección del medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, salvo las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo III, las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta y final
segunda del Reglamento que se aprueba como anexo,
que constituyen legislación básica de seguros dictada al
amparo del artículo 149.1.11.ª
2. No tienen carácter básico los artículos 3, 4, 32.2
y 35.4 del Reglamento.
El presente real decreto entrará en vigor a los cuatro
meses de su publicación en el «Boletín Oficial del
REGLAMENTO DE DESARROLLO PARCIAL DE LA LEY
26/2007, DE 23 DE OCTUBRE, DE RESPONSABILIDAD
Este Reglamento tiene por objeto desarrollar parcialmente la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en lo relativo a su capítulo IV, en
particular al método para la evaluación de los escenarios
uno de ellos a los que se refiere el artículo 24, y a sus
anexos I, II y VI.
A efectos de lo establecido en este real decreto, además de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, se entenderá por:
a) «Elemento clave»: todo aquel componente o proceso natural, tanto biótico como abiótico, que desempeña
una función especialmente relevante para la recuperación
y posterior conservación del receptor o receptores afectados, al influir decisivamente, de forma directa o indirecta,
sobre el sustento de otros recursos o servicios que pertenecen al mismo conjunto. Se incluyen dentro de este
concepto las especies clave.
b) «Escala temporal»: caracterización de la reversibilidad y de la duración de los efectos adversos que experimentan los receptores hasta que éstos recuperan su
estado básico.
c) «Estado básico de tipo dinámico»: aquel que
prevé la posible evolución de los recursos naturales y los
servicios que éstos prestan desde que se produce el daño
hasta que surte efecto la reparación. Por el contrario, el
«Estado básico de tipo estático» no prevé dicha evolución.
d) «Extensión»: cantidad de recurso o servicio
El nivel de intensidad consistirá en la clasificación de
la severidad de los efectos ocasionados por el agente causante del daño atendiendo a parámetros como la mortalidad, la inmovilidad, la inhibición del crecimiento, la mutagenicidad, la teratogenicidad y carcinogenicidad, entre
1.º «Agudo»: nivel de intensidad que representa
efectos adversos claros y a corto plazo sobre el receptor,
con consecuencias evidentes sobre los ecosistemas y sus
hábitat y especies. Los efectos agudos suponen una afec-
ción sobre al menos el 50 por ciento de la población
expuesta al agente causante del daño.
2.º «Crónico»: nivel de intensidad que indica posibles efectos adversos a largo plazo para un porcentaje de
la población expuesta al agente causante del daño comprendido entre el 10 y el 50 por ciento.
3.º «Potencial»: nivel de intensidad que corresponde
a efectos que superan el umbral ecotoxicológico y afectan
al menos al 1 por ciento de la población expuesta al daño,
pero no alcanzan los efectos de los niveles crónicos o
agudos. El término «nivel de concentración admisible»
hace referencia al umbral ecotoxicológico.
f) «Lugar alternativo vinculado geográficamente al
lugar dañado»: lugar diferente al dañado que mantiene
una conexión ecológica, territorial o paisajística con los
recursos naturales y los servicios de los recursos naturales que han sido afectados.
g) «Receptor»: recurso natural en su consideración
de elemento que recibe el daño y no en su calidad de
vehículo de transmisión.
h) «Reversibilidad»: capacidad de un receptor para
recuperar, en relación con su ciclo de vida o expectativas
de uso, su estado básico en determinada escala temporal.
j) «Umbral de toxicidad»: valor mínimo de concentración de determinada sustancia química a partir del cual
se observan efectos adversos en un medio receptor determinado.
k) «Valor social»: es la expresión monetaria del bienestar o de la utilidad que generan los recursos naturales o
los servicios ambientales que éstos prestan.
l) «Vía de exposición»: mecanismo por el cual una
sustancia química entra en contacto con los seres vivos.
Las vías de exposición a una sustancia química más
comunes son la ingestión, la absorción y la inhalación.
Artículo 3. Comisión técnica de prevención y reparación
1. Se crea la Comisión técnica de prevención y reparación de daños medioambientales como órgano de
cooperación técnica y colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas
para el intercambio de información y el asesoramiento en
materia de prevención y de reparación de los daños
2. La Comisión técnica de prevención y reparación
de daños medioambientales queda adscrita al Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a través de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y
a) Emisión de recomendaciones y elaboración de
guías metodológicas sobre análisis de riesgos, prevención y reparación de daños medioambientales.
b) Evacuación, a propuesta de la autoridad competente, de dictámenes periciales sobre determinación de
los daños medioambientales, sobre su reparación y sobre
su monetización.
c) Propuesta de designación del órgano u órganos
competentes para la tramitación de expedientes administrativos de exigencia de responsabilidad medioambiental
cuando concurran las circunstancias a las que se refiere el
artículo 7.4 de la Ley 26/2007, de 23 octubre, y así lo acuerden las administraciones públicas afectadas.
d) Propuesta de modificación y adecuación de la
normativa sobre responsabilidad medioambiental derivada del progreso técnico, científico, económico o legal.
e) Elaboración de estudios sobre implantación de
análisis de riesgos ambientales y sistemas de gestión de
esos riesgos, sobre ejecución de proyectos de restaura-
ción de daños medioambientales y sobre evolución del
mercado de las garantías financieras en el campo del
f) Recopilación de datos estadísticos sobre daños
medioambientales y sobre proyectos de restauración
g) Impulsar la cooperación y colaboración entre las
administraciones públicas con competencias en materia
de reparación de responsabilidad medioambiental y proponer los protocolos de colaboración recogidos en la
disposición final quinta de la Ley 26/2007, de 23 de
h) Informar los modelos de informe de riesgos
ambientales tipo («MIRAT») a los que se refiere el
i) Mantenimiento de un listado actualizado de verificadores de acuerdo con la información proporcionada
j) Cualquier otra de intercambio de información o
asesoramiento en cuestiones relacionadas con la materia
regulada en este reglamento que pudieran serle encomendadas por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino o las comunidades autónomas.
3. La Comisión técnica de prevención y reparación
de daños medioambientales estará presidida por el Director General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, vicepresidida por uno de los representantes de las
comunidades autónomas e integrada por los siguientes
a) Por la Administración General del Estado, dieciseis vocales, con categoría de subdirector general o equivalente y designados por el Subsecretario correspondiente. Once de los vocales serán designados, dos por
cada uno de los siguientes ministerios: Economía y
Hacienda, Sanidad y Consumo, Industria, Turismo y
Comercio, Fomento e Interior; y uno por el Ministerio de
Los otro cinco serán designados por el Ministerio de
Medio Ambiente, y de Medio Rural y Marino: dos por
la Secretaría General de Medio Rural, uno de ellos por la
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal;
uno por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa
y del Mar; uno por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y otro por la Dirección General del
c) Un vocal designado por cada una de las Ciudades
d) Un vocal representante de las entidades locales,
designado por la asociación de ámbito estatal con mayor
4. Para cada uno de los miembros de la Comisión
técnica de prevención y reparación de daños medioambientales se designará un suplente. Actuará como
suplente del Presidente, un Subdirector General del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y
como suplente del Vicepresidente, un representante de la
Actuará como secretario, con voz y sin voto, un funcionario del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
5. Con la finalidad de realizar los trabajos preparatorios necesarios para el ejercicio de sus funciones, la Comisión podrá acordar la creación de comités de composición
especializada en la que participen expertos de reconocido
prestigio y representantes de las organizaciones empresariales, sindicales y organizaciones no gubernamentales
cuyo objeto sea la defensa del medio ambiente, en atención a la materia de que se trate en cada caso.
6. La Comisión aprobará sus normas de funcionamiento, que se ajustarán a las previsiones contenidas en
el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino recopilará, sistematizará y pondrá a disposición
del público, aquella información, incluida la información
geográfica, que pueda facilitar a los operadores el cumplimiento de sus obligaciones en materia de responsabilidad medioambiental, tales como la relativa a la determinación del estado básico, a los umbrales de toxicidad y
otros indicadores cualitativos y cuantitativos para la
determinación del daño, a la valoración del daño, así
como los datos más relevantes sobre experiencias previas de reparación.
Especialmente, el Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino recopilará, sistematizará y pondrá a
disposición del público la información que le remitan las
comunidades autónomas y demás administraciones
públicas, conforme a lo establecido en la disposición adicional quinta y en el anexo VI de la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, para hacer frente a las obligaciones de información establecidas en la normativa comunitaria.
Concurrencia de normas aplicables.
Cuando los operadores pongan en conocimiento de la
autoridad competente la información relativa a un daño
medioambiental generado por su actividad, según lo previsto en el artículo 17.4 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
dicha autoridad motivadamente decidirá, en aplicación de
lo previsto en el artículo 6.3 de la citada ley, si la reparación del daño se realiza conforme a lo dispuesto en este
Reglamento o en otra normativa sectorial mediante la que
se alcancen resultados equivalentes en cuanto a la reparación del daño y siempre que la autoridad competente
disponga de los servicios suficientes y procedimientos
normalizados para acometer dicha reparación.
1. Cuando se produzca un daño, y paralelamente a la
ejecución de las medidas de evitación de nuevos daños
que, en su caso hubieran de adoptarse, los operadores
recopilarán la información necesaria para determinar la
b) El foco de contaminación y el agente causante del
f) Los objetivos y las posibles técnicas de reparación
primaria que se deban aplicar.
g) Otros indicadores de la calidad ambiental que
obren o debieran obrar en poder del operador, o que le
solicite la autoridad competente.
2. En los supuestos en los que se haya constatado la
existencia de una amenaza inminente de daño, y paralelamente a la ejecución de las medidas preventivas que en
su caso hubieran de adoptarse, los operadores recopilarán la información a la que se refiere el apartado 1 cuando
ello fuera necesario para la correcta definición de las
3. El operador pondrá en conocimiento de la autoridad competente la información recopilada con arreglo a
los apartados anteriores a los efectos de la obligación
de comunicación establecida en el artículo 17.4 de la
Determinación del daño medioambiental.
Para la determinación del carácter significativo al que
se refiere el artículo 2 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
a fin de apreciar que existe daño medioambiental, el operador realizará las siguientes actuaciones:
a) Identificación del agente causante del daño, y de
los recursos naturales y servicios afectados
El operador identificará el agente causante del daño y
lo clasificará en alguno de los siguientes tipos:
a) Químico, asociado a la liberación de una sustancia en una concentración superior al umbral de toxicidad
de dicha sustancia en determinado medio receptor.
b) Físico, referido al exceso o defecto de una sustancia que no tiene asociado un nivel de toxicidad, tales
como el agua, los residuos inertes, la tierra, la temperatura o los campos electromagnéticos.
c) Biológico, entre otros, los organismos modificados genéticamente, las especies exóticas invasoras y los
Una vez clasificado el agente causante del daño, el
operador lo caracterizará a partir de la mejor información
disponible, conforme a las siguientes variables:
a) En caso de que el agente sea de tipo químico, se
identificará la cantidad de sustancia derramada, sus propiedades toxicológicas y ecotoxicológicas, y otras propiedades físico-químicas que pudieran condicionar su peligrosidad, transporte y persistencia.
b) En caso de que el agente sea de tipo físico, se
identificará la cantidad, calidad o densidad del agente
implicado en el daño, así como cualquier otra propiedad
necesaria para caracterizarlo.
c) En caso de que el agente sea de tipo biológico, se
considerará el organismo causante del daño, su definición
taxonómica o su nomenclatura específica, según el caso,
así como otros parámetros, atendiendo a la normativa
vigente y a las recomendaciones técnicas emitidas, en su
caso, por entidades acreditadas u organismos oficiales.
Algunos de los parámetros a considerar, en función
del tipo de agente biológico, son:
1.º Organismo modificado genéticamente: se estudiará, caso por caso, la modificación genética del organismo y cómo se ha llevado a cabo, así como su nomenclatura específica, capacidad de supervivencia, forma de
diseminación, dominancia y su evolución genética al interactuar con otros organismos vivos.
2.º Especies exóticas invasoras: se considerará,
entre otros aspectos, la especie introducida, la cantidad y
la capacidad de amenaza a la diversidad biológica autóctona por interferencia en la dinámica de las poblaciones,
incluido, en su caso, la capacidad para contaminar química o genéticamente, competir, depredar o transmitir
enfermedades a las especies autóctonas.
3.º Microorganismos patógenos: se analizará, entre
otros aspectos, su especie, su peligrosidad, su estabilidad
genética y su capacidad de interacción con otras especies
de fauna y flora autóctonas.
Artículo 10. Identificación de los recursos naturales y
1. Los operadores identificarán todos los recursos naturales afectados, por el agente causante del daño de forma
directa o indirecta. Para ello, se incluirán en el análisis tanto
los medios de difusión a través de los cuales se libera el
agente causante del daño, como sus potenciales receptores.
En particular, se realizará un análisis de los recursos
más vulnerables o sensibles a la modificación de su
entorno o que afecten a la estabilidad del ecosistema.
2. Los operadores identificarán el nivel de provisión
de servicios que proporcionan los recursos naturales
afectados a los que se refiere el apartado anterior. En
dicha tarea, se deberá evitar la duplicidad en la identificación de los servicios ambientales que puedan afectar a
varios receptores.
3. La identificación de los recursos naturales y de los
servicios afectados se realizará conforme a lo dispuesto
en el epígrafe I del anexo I.
1. Los operadores cuantificarán el daño. La cuantificación consistirá en estimar el grado de exposición por
parte de los receptores afectados al agente causante del
daño y en la medición de los efectos que éste produce
sobre aquéllos.
2. Para cuantificar el daño los operadores identificarán, describirán y evaluarán la extensión, la intensidad y
la escala temporal del daño.
1. La extensión del daño se determinará mediante la
medición de la cantidad de recurso o de servicio afectado.
En su determinación se tendrán en cuenta las siguientes
c) Cualquier cambio que los medios de difusión y
receptores pudieran experimentar debido a la acción del
agente causante del daño.
2. La determinación de la extensión del daño se
realizará conforme a lo dispuesto en el epígrafe II del
Intensidad del daño.
1. La intensidad del daño se estimará mediante el
establecimiento del grado de severidad de los efectos
ocasionados por el agente causante del daño a los recursos naturales o servicios afectados.
2. Con el fin de establecer los efectos sobre el conjunto de recursos naturales y los servicios que éstos
prestan, el operador tomará en consideración, entre
otros, los criterios que se contemplan en el anexo I de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, y cuando sea posible en
función de la información disponible, los efectos que el
agente causante del daño genere sobre las especies clave
de los recursos naturales afectados.
Escala temporal del daño.
Para determinar la escala temporal del daño se estimará la duración, la frecuencia y la reversibilidad de los
efectos que el agente causante del daño ocasiona sobre el
Evaluación de la significatividad del daño.
1. Tomando en consideración los resultados de las
actuaciones realizadas para la identificación del agente
causante del daño y de la cuantificación del daño y con
arreglo a los criterios establecidos en los artículos 16 y 17,
el operador evaluará la significatividad del daño.
2. La evaluación de la significatividad del daño
requerirá el análisis de la variación que hayan experimentado, entre otros, los siguientes parámetros:
b) El estado ecológico, químico y cuantitativo del
recurso afectado.
e) Los riesgos para la salud humana o para el medio
ambiente asociados al recurso afectado.
3. Los daños con efectos demostrados en la salud
humana tendrán en todo caso carácter significativo, conforme a lo dispuesto en el anexo I.1 de la Ley 26/2007,
de 23 octubre.
Artículo 16. Significatividad del daño por referencia al
recurso natural afectado.
1. Los daños ocasionados a las especies silvestres y
a los hábitat serán significativos cuando los cambios
experimentados por el receptor produzcan efectos adversos que afecten al mantenimiento de un estado favorable
de conservación o a la posibilidad de que éste sea alcanzado. La evaluación de la significatividad de estos daños
se realizará conforme a los criterios establecidos en el
anexo I de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y deberá tener
en cuenta cualquier información disponible de carácter
local, regional, nacional y comunitario de la especie o del
hábitat afectado que resulte relevante.
2. Los daños ocasionados a las aguas serán significativos si la masa de agua receptora experimenta un
efecto desfavorable de su estado ecológico, químico o
cuantitativo, en el caso de aguas superficiales o subterráneas, o de su potencial ecológico, en el caso de aguas
artificiales y muy modificadas, que traiga consigo, en
ambos casos, un cambio en la clasificación de dicho
estado en el momento de producirse la afectación, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Planificación Hidrológica aprobado mediante el Real
Decreto 907/2007, de 6 de julio, y demás legislación aplicable.
3. Los daños ocasionados al suelo serán significativos si el receptor experimenta un efecto adverso que
genere riesgos para la salud humana o para el medio
ambiente, de manera que aquél pueda ser calificado
como suelo contaminado en los términos establecidos en
4. Los daños ocasionados a las riberas del mar y de
las rías serán significativos en la medida en que lo sean
los daños experimentados por las aguas, por el suelo o
por las especies silvestres y los hábitat, de conformidad
con lo establecido en los apartados anteriores.
Artículo 17. Significatividad del daño por referencia al
1. En caso de que el agente causante del daño sea de
tipo químico, la significatividad del daño se determinará
mediante el cálculo del cociente de riesgo entre la concentración que alcanza la sustancia en el receptor y el
umbral de toxicidad para un nivel concreto de intensidad.
Se considerará que el daño es significativo cuando el
cociente de riesgo sea superior a uno.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
la autoridad competente podrá establecer el nivel de significatividad para daños ocasionados por un agente químico en un cociente de riesgo menor que 1 en el caso de
que el daño sea acumulable.
El daño podrá ser acumulable debido tanto a la sensibilidad del medio receptor, como a la existencia de dos o
más focos de contaminación que puedan mermar a corto,
medio y largo plazo la capacidad de recuperación del
3. La significatividad del daño causado por un
organismo modificado genéticamente se determinará
mediante un análisis, caso por caso, acreditado por un
organismo oficialmente reconocido.
Artículo 18. Otros criterios para la determinación de la
significatividad del daño.
Cuando no resulte posible determinar la significatividad del daño con arreglo a los criterios establecidos en
los artículos 16 y 17, o cuando el suelo tuviera la calificación de contaminado, el carácter significativo de los
daños ocasionados a las aguas y al suelo podrá establecerse analizando la afección que el daño haya ocasionado
al servicio de acogida o de hábitat que tales recursos
prestan a las especies silvestres. A tal efecto, se presumirá que los daños a las aguas y al suelo tienen carácter
significativo cuando el daño que experimenten las especies silvestres que habitan en tales recursos como consecuencia de la acción del mismo agente puedan ser calificados de significativos.
1. De conformidad con el artículo 2.19 de la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, se entiende por estado básico aquel en
el que, de no haberse producido el daño medioambiental,
se habrían hallado los recursos naturales y los servicios
de recursos naturales en el momento en que sufrieron el
daño, considerado a partir de la mejor información disponible.
2. Para determinar el estado básico se analizarán los
cambios que se hayan producido en el receptor como
consecuencia de la acción del agente causante del daño.
Podrá expresarse en términos de cambios experimentados por el receptor, con ayuda de indicadores ecológicos,
como los días de uso del hábitat y la densidad de población, entre otros.
En todo caso, la determinación del estado básico se
realizará atendiendo a las fuentes de información que se
enumeran en el epígrafe IV del anexo I y comprenderá
una identificación de los elementos clave del conjunto de
los recursos naturales y de los servicios dañados.
3. Se seleccionará un estado básico de tipo estático,
salvo que concurran las siguientes circunstancias, en
cuyo caso se seleccionará un estado de tipo dinámico:
a) La existencia de información histórica fehaciente
que demuestre la tendencia, positiva o negativa, de la
evolución de los recursos naturales o de los servicios
afectados. En ningún caso se podrá extrapolar al futuro
un cambio globalmente mayor en un periodo de tiempo
superior al revelado por la serie histórica.
b) La existencia de un cambio de uso del suelo que
implique la pérdida a corto plazo de los recursos o servicios afectados y que esté previsto en un instrumento de
planeamiento ya aprobado o bien en tramitación, cuando
éste hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o, de no ser ésta exigible, si ya hubiera sido sometido
al trámite de información pública.
Finalidad de la reparación.
1. La reparación del daño medioambiental tendrá
como finalidad devolver los recursos naturales y los servicios de los recursos naturales dañados a su estado básico,
para lo cual se identificarán el tipo, la cantidad, la duración
y la ubicación de las medidas reparadoras necesarias.
En el caso de la reparación de los daños al suelo, se
adoptarán las medidas necesarias para garantizar, como
mínimo, que se eliminen, controlen o reduzcan las sustancias, preparados, organismos o microorganismos
nocivos de que se trate, de modo que el suelo contaminado deje de suponer una amenaza significativa de que
se produzcan efectos adversos para la salud humana o
para el medioambiente. Si en dicha reparación no se
alcanzara el estado básico, deberá llevarse la recuperación hasta dicho estado.
2. La determinación de las medidas reparadoras se
concretará en un proyecto de reparación que será elaborado conforme a los criterios que establece el anexo II de
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, esta sección, el anexo II
de este reglamento y la normativa autonómica aplicable.
El proyecto de reparación podrá contemplar uno o
más tipos de medidas reparadoras primarias, compensatorias o complementarias.
3. Los elementos clave del conjunto de los recursos
naturales dañados y de servicios de recursos naturales
constituirán objetivos ineludibles de la reparación.
Artículo 21. Identificación de las medidas de reparación
1. En la reparación primaria, se restituirán o aproximarán al máximo los recursos naturales y los servicios
que éstos prestan, a su estado básico, en el lugar en el
que se produjo el daño.
La reparación primaria podrá consistir, entre otras, en
una o varias de las siguientes actuaciones:
a) Eliminar, retirar o neutralizar el agente causante
c) Reponer o regenerar, según el caso, el recurso
afectado con el fin de acelerar su recuperación hasta el
2. A los efectos del epígrafe 1.2.1 del anexo II de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, el operador deberá identificar diferentes alternativas de reparación primaria. Éstas
deberán incorporar una referencia al menos, a los siguientes factores:
a) Las consideraciones ecológicas necesarias para la
conservación de los recursos naturales y los servicios de
los recursos naturales que han sido afectados.
b) El grado de intervención asociado a cada técnica
de reparación. Dicho grado de intervención podrá ser
total, parcial o basarse en la recuperación natural. Su
determinación se hará atendiendo a aspectos referentes a
la sensibilidad del medio, el horizonte temporal de recuperación y el coste de la medida de reparación, entre
c) Estimación previa de la pérdida provisional de
recursos o servicios asociada a cada alternativa de reparación.
Artículo 22. Supuestos para la aplicación de las medidas
de reparación complementaria y compensatoria.
1. Procederá aplicar una reparación complementaria
en el supuesto de que se cumpla alguna de las siguientes
a) Que no sea posible devolver los recursos naturales o los servicios de recursos naturales a su estado
básico sólo mediante la reparación primaria.
b) Que la reparación primaria no se considere razonable, atendiendo a los criterios del epígrafe 1.3.1 del
anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y, en todo
caso, cuando el periodo de tiempo necesario para su efectividad o su coste sean desproporcionados en relación
con los beneficios ambientales que se vayan a obtener. La
determinación de dichos beneficios ambientales se realizará teniendo en cuenta el valor social de los recursos o
servicios perdidos.
El carácter desproporcionado del coste del proyecto
deberá acreditarse por el operador mediante una memoria económica justificativa que tendrá carácter público.
2. Además de las medidas de reparación primaria y
complementaria que procedan, el operador, aplicará una
reparación compensatoria para compensar la pérdida
provisional de recursos naturales o servicios de recursos
naturales durante la recuperación.
Cuando las medidas de reparación primaria no puedan aplicarse en un determinado periodo de tiempo, el
plazo que transcurra hasta su efectiva aplicación se computará en las pérdidas provisionales a efectos de calcular
la correspondiente medida compensatoria.
Artículo 23. Identificación de las medidas de reparación
complementaria y compensatoria.
1. Con el fin de determinar las medidas de reparación complementaria y compensatoria, el operador, una
vez que hayan sido identificadas las diferentes alternativas de reparación primaria, deberá estimar para cada una
de ellas las pérdidas de los recursos naturales y de los
servicios que éstos prestan, acaecidas desde el momento
en el que se pusieran en marcha las medidas de reparación primaria hasta el momento en que los recursos o
servicios alcanzaran el estado básico.
2. Las medidas de reparación complementaria y
compensatoria consistirán en la creación adicional de
nuevos recursos naturales o servicios de recursos naturales que no existían antes de producirse el daño medioambiental y que sean equivalentes a los dañados.
3. Las medidas de reparación complementaria y
compensatoria podrán consistir en la extensión de la
reparación primaria a recursos o servicios adicionales y
equivalentes a los previstos en ella. Asimismo, ambos
tipos de reparación podrán consistir en una sola actuación o en una combinación de varias actuaciones.
4. El operador deberá identificar las diferentes alternativas de reparación complementaria y compensatoria y
seleccionar, en cada caso, el criterio de equivalencia que
deba aplicarse para estimar la pérdida de recursos o servicios experimentada en el lugar del daño y la generación
de los que deberán obtenerse a través del proyecto de
5. Las medidas de reparación complementaria y
compensatoria podrán ser extensibles al suelo.
Lugar de reparación.
1. Las medidas de reparación complementaria y
compensatoria podrán realizarse en el lugar del daño o en
un lugar alternativo vinculado geográficamente al lugar
2. Preferentemente se optará por acometer la reparación en el lugar dañado o lo más cerca posible de la
ubicación de los recursos naturales y los servicios de
recursos naturales afectados.
3. En caso de que no sea posible o adecuado llevar a
cabo las medidas de reparación complementaria o compensatoria en el lugar del daño, la autoridad competente
alternativo vinculado geográficamente al receptor afectado cuando exista una conexión ecológica, territorial o
paisajística, entre los recursos naturales o los servicios de
los recursos naturales dañados y el lugar donde se llevará
a cabo la reparación.
La aplicación de una medida reparadora en un lugar
distinto al que se produjo el daño deberá en todo caso
redundar en la mejora de los servicios que proporcionan
los recursos naturales en el lugar dañado.
4. En el supuesto de que la reparación no se realice
en el lugar dañado, el operador deberá tener en cuenta, al
a) La intensidad, la extensión y la dimensión temporal del daño medioambiental, incluida, en su caso, la
capacidad de recuperación de los receptores afectados.
b) Los servicios que el recurso prestaba en su estado
básico para que se garantice su reparación mediante la
aplicación de las medidas de reparación complementaria
o compensatoria en la nueva ubicación. Para evitar que
surjan problemas de fragmentación de hábitat, dicha
actuación se realizará aun a costa de incrementar la cantidad de recursos naturales o de servicios de los recursos
naturales que se deba generar mediante el proyecto de
c) Los intereses de la población afectada, en particular, los de aquélla afectada por el daño y los de la que se
vería beneficiada por la reparación.
Contenido del proyecto de reparación.
1. El proyecto de reparación estará debidamente justificado y tendrá el siguiente contenido mínimo, además
del que, en su caso, puedan establecer las comunidades
c) Una exposición de las principales alternativas de
reparación estudiadas y una justificación de las razones
que fundamentan la selección del proyecto de reparación
y las medidas que lo integran, conforme a los criterios del
anexo II.1.3.1 de la Ley 26/2007 de 23 octubre.
d) Descripción general de la alternativa elegida para
el proyecto de reparación y, al menos, de los siguientes
1.º Objetivos de reparación y actuaciones en que
consisten las medidas de reparación primaria, complementaria y compensatoria.
2.º Tipo y calidad de recursos naturales o servicios
de los recursos naturales generados mediante la reparación.
3.º Ritmo y grado de recuperación de los recursos
naturales o servicios de los recursos naturales dañados.
4.º Horizonte temporal hasta que los recursos naturales o servicios de los recursos naturales recuperan su
2. Para la fijación de la responsabilidad mancomunada de todos los operadores que contribuyeron a causar
un determinado daño medioambiental en sus diversas
fases, podrá definirse un solo proyecto de reparación en
función de sus respectivas cuotas de contribución a la
causación de dicho daño.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, teniendo en cuenta la
información que pudiera derivarse del trámite establecido en el artículo 42.3 de la misma, la autoridad competente valorará y aprobará, en su caso, el proyecto de
2. En los casos en los que la reparación deba realizarse en lugar distinto del dañado, la autoridad competente velará especialmente porque se tengan en cuenta
los intereses de la población afectada.
Asimismo, la autoridad competente analizará especialmente los supuestos en los que el operador alegue la
existencia de un coste desproporcionado para no adoptar
una determinada medida o alternativa de reparación.
En los casos en los que el proyecto de reparación
deba ser sometido a evaluación de impacto ambiental, el
operador deberá adoptar las medidas de evitación de
mayores daños necesarias y podrá solicitar la tramitación
urgente de dicha evaluación basándose en razones de
interés público que valorará la autoridad competente.
1. La resolución podrá acordar que la ejecución del
proyecto se realice, bien de manera global, bien por fases,
cuando la determinación de las medidas de reparación de
cada fase dependa del resultado obtenido en la ejecución
de la fase precedente.
Cuando la ejecución del proyecto se realice por fases,
la autoridad competente, previa audiencia al operador y a
los demás interesados y evacuados los informes que
resulten pertinentes, aprobará las medidas de reparación
del proyecto que hayan de ejecutarse en cada una de las
fases sucesivas.
2. En caso de que el desarrollo de un proyecto de
reparación quede interrumpido por un suceso extraordinario ajeno al operador que afecte al proyecto de reparación, los objetivos perseguidos por el proyecto de reparación se podrán ajustar a las nuevas condiciones ecológicas
experimentadas por los recursos naturales y los servicios
de los recursos naturales perdidos y ganados durante la
ejecución de dicho proyecto de reparación.
Artículo 29. Generación de un estado de conservación
superior al estado básico.
1. Cuando el estado básico de los recursos naturales o servicios de los recursos naturales dañados se
encontrara en un estado de conservación no favorable,
inferior a su potencial ecológico o degradado, la autoridad competente, al amparo del artículo 23 de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, podrá realizar directamente
el proyecto de reparación que devuelva unos y otros a
un estado de conservación superior al estado básico o
convenir con el operador que éste realice dicho proyecto de reparación.
2. Los costes adicionales vinculados a la consecución de un estado de conservación superior al estado
básico serán asumidos por la autoridad competente,
siempre que por aplicación de otras normas sectoriales el
operador u otros sujetos no estén obligados a dicha reparación.
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DEL PROYECTO
Seguimiento del proyecto de reparación.
1. El operador deberá realizar el seguimiento del proyecto de reparación con el fin de determinar su grado de
cumplimiento y de identificar los problemas que pudieran
surgir durante su ejecución y las posibles medidas correctoras.
En el caso de que la ejecución del proyecto se realice
por fases, en las labores de seguimiento deberá comprobarse que en cada fase se han ejecutado las medidas
2. El operador deberá proporcionar información
relevante sobre la ejecución del proyecto de reparación a
la autoridad competente con la periodicidad que establezca el programa de seguimiento.
3. La autoridad competente pondrá a disposición de
las personas interesadas y del público en general, al
a) El grado de cumplimiento de los objetivos de
recuperación por parte del proyecto de reparación.
b) La justificación de las modificaciones sustanciales
que se hayan efectuado sobre el proyecto de reparación.
d) La existencia o ausencia de riesgos potenciales
sobre la salud humana, y específicamente, la de los trabajadores de la empresa.
1. El operador estará obligado a elaborar un informe
final de cumplimiento que remitirá a la autoridad competente una vez concluida la ejecución del proyecto de reparación.
2. El informe final de cumplimiento deberá incluir, al
menos, los siguientes contenidos:
a) Declaración del operador de haber cumplido el
contenido de la resolución por la que se aprueba el proyecto de reparación conforme se dispone en el artículo 26.
b) Los resultados obtenidos en el programa de
seguimiento y de comunicación.
c) Las modificaciones y contingencias que hayan
afectado al proyecto de reparación, incluida en su caso la
aplicación de las medidas correctoras correspondientes.
Artículo 32. Cumplimiento de la ejecución del proyecto
1. Una vez analizado el informe final de cumplimiento, la autoridad competente manifestará motivadamente su conformidad o disconformidad con la ejecución
del proyecto de reparación, en los términos que disponga
la normativa autonómica.
2. Transcurridos tres meses desde la recepción del
informe final de cumplimiento sin que la autoridad competente haya manifestado de modo expreso su conformidad o disconformidad, se entenderá que aquella otorga
su conformidad con la ejecución del proyecto de reparación. Dicho plazo deberá computarse desde la recepción
completa del informe final de cumplimiento.
3. El informe final de cumplimiento y la decisión de
la autoridad competente sobre la ejecución del proyecto
de reparación se pondrá a disposición de las personas
interesadas y del público en general, conforme a lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio.
DETERMINACIÓN DE LA GARANTÍA FINANCIERA OBLIGATORIA
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, los operadores de las
actividades incluidas en su anexo III deberán disponer de
una garantía financiera que les permita hacer frente a la
responsabilidad medioambiental inherente a su actividad.
2. La determinación de la cuantía de la garantía
financiera partirá del análisis de riesgos medioambientales de la actividad, previsto en el artículo 24.3 Ley 26/2007,
de 23 de octubre, y que se desarrolla en los artículos 34 y
siguientes de este reglamento. Este análisis de riesgos
deberá ser verificado y contendrá, con la finalidad de fijar
la citada cuantía, las siguientes operaciones:
2.º En segundo lugar, se monetizará el daño medioambiental generado en cada escenario, cuyo valor será
igual al coste del proyecto de reparación primaria.
e) Establecer como propuesta de cuantía de la
garantía financiera el valor del daño medioambiental más
alto entre los escenarios accidentales seleccionados.
3. Una vez determinada la cuantía de la garantía
financiera obligatoria, se procederá a calcular los costes
de prevención y evitación del daño, a cuyos efectos el
operador podrá:
a) Aplicar un porcentaje sobre la cuantía total de la
b) Estimar tales costes de prevención y evitación a
través del análisis de riesgos medioambientales.
En todo caso, la cuantía de los gastos de prevención y
evitación del daño será, como mínimo, el diez por ciento
del importe total de la garantía determinada de acuerdo
con los apartados precedentes.
4. La autoridad competente, a partir de la propuesta
de cuantía presentada por del operador en el análisis de
riesgos, determinará, tras comprobar formalmente que se
han realizado las operaciones previstas en este artículo, la
cantidad que se deba garantizar. Dicha cantidad tendrá
carácter de mínima y no condicionará ni limitará en sentido alguno la facultad del interesado de constituir una
garantía por un importe mayor, mediante el mismo u
1. El análisis de riesgos medioambientales será
realizado por el operador o un tercero contratado por
éste, siguiendo el esquema establecido por la norma
UNE 150.008 u otras normas equivalentes. Asimismo, con
un grado de detalle adecuado al carácter hipotético del
daño, en la elaboración del análisis de riesgos deberán
utilizarse los criterios recogidos en el capítulo II respecto
a) La caracterización del entorno donde se ubica la
b) La identificación del agente causante del daño y
de los recursos y servicios afectados.
c) La extensión, intensidad y escala temporal del
e) La identificación de las medidas de reparación
No obstante, para la cuantificación se tendrán en
a) La incertidumbre asociada a la estimación de la
magnitud del daño medioambiental de una hipótesis de
accidente, se delimitará preferentemente con la utilización de modelos de simulación del comportamiento del
agente causante del daño medioambiental.
b) Los daños agudo, crónico y potencial equivalen a
una pérdida de recurso natural o servicio de recurso natural de un 75, 30 y 5 por ciento, respectivamente.
2. Los análisis de riesgos tendrán en cuenta en qué
medida los sistemas de prevención y gestión de riesgos
adoptados por el operador reducen el potencial daño
medioambiental que pueda derivarse de la actividad.
3. El operador actualizará el análisis de riesgos
medioambientales siempre que lo estime oportuno y en
todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales en la actividad, en la instalación o en la autorización
1. Los análisis de riesgos medioambientales podrán
elaborarse tomando como base los modelos de informe
de riesgos ambientales tipo («MIRAT») o, en su caso, las
guías metodológicas previo informe de la Comisión técnica de prevención y reparación de riesgos medioambientales para cada sector.
2. Los modelos de informe de riesgos ambientales
tipo incorporarán todas las tipologías de actividades e
instalaciones del sector en todos los escenarios accidentales relevantes en relación con los medios receptores.
3. Los criterios y guías recogidas en los modelos de
informe de riesgos ambientales tipo deberán particulari-
zarse para la realidad del entorno y emplazamiento específico donde se ubique la instalación o actividad.
4. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino difundirá los modelos de informe de riesgos
ambientales tipo o las guías metodológicas que informe
la Comisión técnica de prevención y reparación de riesgos medioambientales.
Artículo 36. Cálculo de la garantía financiera mediante
1. En el cálculo de la cuantía de la garantía financiera
obligatoria para sectores o subsectores de actividad o
para pequeñas y medianas empresas que, por su alto
grado de homogeneidad permitan la estandarización de
sus riesgos medioambientales, por ser estos limitados,
identificables y conocidos, las ordenes ministeriales a las
que se refiere la disposición final cuarta de la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, podrán contener tablas de baremos.
En todo caso, los parámetros que se utilicen para elaborar dichas tablas de baremos deberán establecerse en
relación con la intensidad y extensión del daño que la
actividad del operador pueda causar. Asimismo, el
método de cálculo deberá asegurar la cobertura del coste
de reparación primaria.
2. En caso de que se acuda a las tablas de baremos,
para el cálculo de la garantía financiera no será necesario
realizar el análisis de riesgos que se regula en este reglamento.
Para determinar los supuestos de exención de la obligación de constituir garantía financiera se utilizarán cualquiera de los instrumentos de análisis de riesgos y de
cálculo de la cuantía de la garantía financiera previstos en
Artículo 38. Actualización de la cuantía mínima de la
La cuantía mínima que se haya de garantizar se actualizará en los términos en que se indique en la póliza o en
el correspondiente instrumento de constitución de garantía financiera. En todo caso, el operador podrá solicitar la
actualización de la cuantía cuando actualice su análisis de
Artículo 39. Continuidad de la cobertura de la garantía
1. La garantía financiera deberá quedar constituida
desde la fecha en la que surta efecto la autorización necesaria para el ejercicio de la actividad, y conforme a los
requisitos y al calendario previsto en la disposición final
cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre. El operador
deberá mantener una garantía en vigor durante todo el
periodo de actividad hasta que ésta pueda considerarse
finalizada conforme a lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable, independientemente de los posibles cambios que puedan producirse en la modalidad de la garantía o en la entidad financiera o aseguradora con que ésta
se suscriba. La autoridad competente establecerá los
correspondientes sistemas de control que permitan constatar la vigencia de tales garantías, a cuyo efecto las entidades aseguradoras, las entidades financieras y los propios operadores deberán proporcionar a la autoridad
competente la información necesaria.
2. A estos efectos, y cuando la garantía se contrate a
través de un seguro de responsabilidad medioambiental,
la autoridad competente podrá exigir al operador autorizado una justificación de los siguientes extremos:
a) La efectiva vigencia de la garantía financiera y su
renovación al final del periodo de validez, mediante la
presentación del recibo de prima inicial y los recibos
correspondientes a los sucesivos periodos de cobertura.
b) La inexistencia, en caso de reemplazo de un contrato por otro, de desajuste en los periodos de cobertura
que dé lugar a que un suceso pueda no encontrarse
cubierto ni por la póliza reemplazada ni por la reemplazante.
c) La inexistencia, al finalizar la actividad autorizada,
de lagunas de cobertura entre la fecha en que finaliza la
garantía del seguro y aquélla a partir de la cual otorga
cobertura el Fondo de indemnización regulado en el
artículo 33 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre.
En cualquier caso, las entidades aseguradoras emitirán un certificado de seguro de responsabilidad medioambiental, siempre que la administración se lo requiera al
3. En los supuestos de aval o reserva técnica, la
autoridad competente podrá exigir al operador la documentación que permita comprobar la vigencia y cuantía
de la garantía financiera.
Artículo 40. Garantía financiera en caso de pluralidad de
actividades o instalaciones.
1. La garantía financiera por responsabilidad medioambiental se establecerá por cada actividad económica o
profesional, o autorización relacionadas en el anexo III de
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes apartados.
2. Cuando el operador desarrolle su actividad en
más de una instalación, con independencia de que esté
sujeta a la misma o a distintas autorizaciones, podrá elegir entre estas dos opciones:
b) La inclusión en un mismo instrumento de garantía de la actividad desarrollada por todas las instalaciones. El análisis de riesgos que sirva de punto de partida
para la fijación de la cuantía de este instrumento de
garantía deberá realizarse para cada instalación o, si se
opta por un único documento, particularizarse para cada
instalación, conforme a todos los requisitos establecidos
en este reglamento para el análisis de riesgos.
c) Excepcionalmente, cuando el grado de homogeneidad de las instalaciones y de sus riesgos asociados lo
permitan, y así se derive de su análisis de riesgos, un operador podrá garantizar un conjunto de instalaciones de las
que sea titular, a través de un único instrumento de garantía, cuya cuantía será la más alta de las resultantes tras
calcular la garantía que corresponda a cada una de dichas
En los supuestos de los apartados b) y c), el instrumento de garantía incorporará una cláusula con el objeto
de asegurar que por ocurrir un siniestro en alguna de las
instalaciones, las garantías no quedan reducidas o agotadas para el resto. Asimismo, en estos casos la propuesta
de garantía financiera se podrá presentar ante la autoridad competente de la comunidad autónoma en que se
encuentre el domicilio social del operador o en que se
ubique la instalación con la cuantía de garantía financiera
más alta. El operador comunicará a la autoridad competente en el territorio de las restantes instalaciones la constitución de la garantía financiera.
3. Cuando el operador desarrolle en una sola instalación distintas actividades del anexo III podrá cubrir sus
responsabilidades con un solo instrumento de garantía
En este caso, la garantía financiera también incorporará una cláusula con el objeto de asegurar que por acaecer un siniestro en alguna de las actividades cubiertas, las
garantías no quedan agotadas ni reducidas para el resto.
4. Cuando un operador desarrolle actividades incluidas en el anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y
otras que no lo estén, utilizando para ambas las mismas
instalaciones, medios de transporte o personal, podrá
admitirse que quede incluida en la garantía la responsabilidad que pueda generarse con el conjunto de actividades
en las que se dé dicha circunstancia.
REGLAS ESPECÍFICAS PARA LAS DIFERENTES
1. La garantía financiera podrá constituirse mediante
aval otorgado por bancos, cajas de ahorro, cooperativas
de crédito, sociedades de garantía recíproca o establecimientos financieros de crédito.
2. Cuando esta garantía se constituya a favor de la
Administración General del Estado, se depositará en la
Caja General de Depósitos o en alguna de sus sucursales,
encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda
y se ajustará a los requisitos previstos en su Reglamento,
aprobado por el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero.
3. Cuando la garantía se constituya a favor de una
comunidad autónoma, se depositará en el órgano que
disponga la comunidad autónoma y se ajustará a los
requisitos previstos en su normativa reguladora.
1. El operador podrá constituir la reserva técnica prevista en el artículo 26.c) de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, en el plazo máximo de cinco años desde que la
garantía financiera sea exigible. Hasta dicha fecha la responsabilidad medioambiental se cubrirá con cualquiera
de las otras dos modalidades previstas en dicho artículo.
2. Esta reserva se reflejará en la contabilidad de
la empresa en una cuenta denominada «Reserva técnica de responsabilidad medioambiental prevista en el
artículo 26.c) de la Ley 26/2007, de 23 de octubre».
3. La materialización de la reserva técnica tendrá que
garantizar el valor de la cuantía de la garantía en términos
La garantía mediante aval o reserva técnica solamente
podrá reducirse o cancelarse por aplicación a la reparación de los daños medioambientales y su reposición se
realizará conforme al artículo 31.2 de la Ley 26/2007, de 23
de octubre, mediante un nuevo aval, una nueva reserva
técnica o acudiendo a cualquiera de las otras modalidades de garantía.
Artículo 44. Fondo de compensación de daños medioambientales del Consorcio de Compensación de
1. Los titulares de actividades que, estando obligados a constituir una garantía financiera opten por la alternativa de contratar un seguro de responsabilidad medioambiental, deberán complementar dicha cobertura con la
contribución al Fondo de compensación de daños medioambientales que será gestionado y administrado por el
Consorcio de Compensación de Seguros. Dicha contribución se recaudará por las entidades aseguradoras junto
con sus primas mediante un recargo en la prima del
seguro, que será ingresado al Consorcio de forma mensual. La cuantía de la contribución se fijará mediante las
tarifas que se aprueben por resolución de la Dirección
2. El Fondo estará destinado a prolongar la cobertura del seguro para las responsabilidades aseguradas en
la póliza original y en sus mismos términos, por aquellos
daños que, habiendo sido causados por las actividades
autorizadas durante el periodo de vigencia del seguro, se
manifiesten o reclamen después del transcurso de los
plazos de manifestación o reclamación admitidos en la
póliza, y se reclamen en el transcurso, como máximo, de
un número de años igual a aquel durante el cual estuvo
vigente la póliza de seguro, contados desde que ésta terminó y con el límite de 30 años.
No obstante, dado que los plazos de manifestación y
reclamación admitidos en la póliza incluyen los tres años
siguientes a la terminación de la vigencia del seguro, el
límite de la cobertura del Consorcio de Compensación de
Seguros nunca sería superior a 27 años.
En el supuesto de que en algún momento el seguro
fuese interrumpido por no haberse procedido a su renovación, este período de interrupción será excluido a efectos de la cobertura del Fondo.
b) Los daños que hayan sido generados después de
cesar la actividad, por haberse abandonado instalaciones
con potencial contaminante, sin cumplir con las medidas
obligatorias para evitar dicho riesgo.
c) Los hechos, daños o responsabilidades que no
hubieran tenido cobertura en el seguro si hubiera estado
la póliza en vigor.
d) Los episodios de contaminación que sean descubiertos de forma fehaciente por primera vez, antes de
transcurrir tres años desde que tuvo lugar el cese de la
actividad asegurada. A estos efectos, se considera la
fecha de cese de la actividad asegurada aquélla en la que
concluyeron las operaciones preceptivas para el saneamiento o desmantelamiento de las instalaciones a efectos
de prevención de contaminaciones futuras, o bien aquella
en la que el asegurado dejó de llevar a cabo cualquier tipo
de actividad en la instalación.
e) Los episodios de contaminación que sean reclamados por primera vez después de transcurrido el plazo
de aplicación previsto en el artículo 4 de la Ley 26/2007,
El Consorcio atenderá con cargo al mismo Fondo las
obligaciones que, en los términos y con los límites de la
póliza de seguro, correspondan a aquellos operadores
que la hayan suscrito, y cuya entidad aseguradora hubiera
sido declarada en concurso o, habiendo sido disuelta, y
encontrándose en situación de insolvencia, estuviese
sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o
ésta hubiera sido asumida por el propio Consorcio de
4. Las responsabilidades del Fondo se corresponderán en cada caso con los importes que, según cada tipo de
actividad, hayan sido determinadas de conformidad con
lo previsto en el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, y en el caso de las mencionadas en el primer
apartado de este artículo quedarán limitadas, además, al
importe total constituido en el mismo.
En el caso de que durante el periodo de vigencia del
seguro o los seguros sucesivos, la suma asegurada se
haya modificado, el Fondo cubrirá una suma asegurada
equivalente a la media aritmética de las sumas aseguradas durante los últimos cinco años, como máximo, en
que los seguros han estado vigentes, contando desde el
año en que se produjo el daño medioambiental.
5. No se atenderán con cargo al Fondo las exclusiones de cobertura contempladas en la póliza de seguro, ni
las establecidas en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y en
las disposiciones que la desarrollan.
6. Las entidades aseguradoras vendrán obligadas a
conservar la información relativa a los contratos de seguros suscritos para dar cobertura a la garantía financiera
obligatoria, durante el ámbito temporal de la responsabilidad medioambiental, debiendo poner a disposición del
Consorcio esta información cuando le sea solicitada. La
información deberá contener los siguientes datos:
b) Nombre del tomador, del operador y el NIF de
Disposición adicional primera. Remisión de información
a la Comisión técnica de prevención y reparación de
adicional quinta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, las
comunidades autónomas informarán a la Comisión técnica de prevención y reparación de daños medioambientales, con una periodicidad anual, de los daños medioambientales ocurridos en su territorio y de los proyectos de
reparación aprobados para llevar a cabo su reparación.
Disposición adicional segunda. Régimen económico de
la Comisión técnica de prevención y reparación de
La constitución y funcionamiento de la Comisión técnica de prevención y reparación de daños medioambientales regulada en este reglamento no supondrá incremento alguno del gasto público y se atenderá con los
recursos personales y materiales existentes en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
ros existentes.
1. El operador deberá someter el análisis de riesgos
medioambientales a un procedimiento de verificación,
conforme a lo dispuesto en esta sección y demás normativa aplicable.
2. El proceso de verificación deberá constatar como
mínimo, los siguientes aspectos:
a) El cumplimiento de la norma UNE 150.008 o
norma equivalente, que sirva como referencia.
b) La trazabilidad de los datos de partida empleados
para la elaboración del análisis de riesgos.
c) La garantía de que los modelos, las herramientas
y las técnicas utilizadas en el marco del método establecido por los estándares citados en letra a), gozan de reconocimiento internacional por parte de la comunidad técnico-científica, o son considerados como solventes para
el ámbito de aplicación del análisis.
1. Aquellos titulares de actividades económicas o
profesionales que por disposiciones medioambientales
anteriores a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, estén sujetos a la obligación de prestar fianzas o contratar seguros
de responsabilidad que cubran daños a las personas, a
las cosas y a la restauración de los recursos naturales
podrán, bien sustituir dichas fianzas y seguros por otras
mediante los que se cubran también las responsabilidades que deriven de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, o
complementarlas con esta misma finalidad.
2. Para la fijación de las cuantías que se deban asegurar conforme a la citada ley, la autoridad competente
utilizará los criterios fijados en este real decreto.
El método establecido en el artículo 33 de este reglamento para la fijación de la cuantía de la garantía financiera del daño y la metodología de reparación se revisará
por el Gobierno a la luz de la experiencia derivada de su
aplicación cuando haya transcurrido un plazo suficiente
para evaluar su idoneidad, y en todo caso, transcurridos
cinco años computados desde que la garantía financiera
obligatoria sea exigible, en el primer caso, y desde la
entrada en vigor del reglamento, en el segundo caso.
c) Conocer la normativa y las directrices pertinentes
en materia de responsabilidad medioambiental y análisis
de riesgos, en particular:
2.º Las directrices, recomendaciones o resoluciones
interpretativas sobre prevención y reparación de daños
ambientales que en su caso elabore la Comisión técnica
de prevención y reparación de daños medioambientales.
3.º Las normas y directrices pertinentes adoptadas
d) Estar acreditado por el órgano competente en
materia de acreditación.
2. Tanto las actividades de verificación como de
acreditación serán compatibles con las exigencias que
derivan de la aplicación de la Directiva 2006/123/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
Adaptación de los segu-
Disposición adicional cuarta. Revisión de los métodos
para la fijación de la cuantía de la garantía financiera y
para la reparación del daño medioambiental.
Disposición adicional quinta. Reconocimiento de las
garantías financieras de responsabilidad medioambiental de otro Estado miembro de la Unión Europea.
1. En aplicación del principio de libre prestación de
servicios transfronterizos recogido en el art. 49 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea, se reconocerán
las garantías financieras de responsabilidad medioambiental equivalentes a las previstas en la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, y desarrolladas en este real decreto, de
que dispongan los operadores de las actividades incluidas en el anexo III de la citada Ley establecidos en otros
Estados de la Unión Europea.
El depósito de estas garantías ante la autoridad competente española deberá ser acompañado de traducción a
una lengua oficial en el ámbito territorial de aquélla, y de
una declaración, formulada bajo la responsabilidad de
quien la emita, de cumplir con los requisitos del presente
2. Las garantías financieras de responsabilidad
medioambiental previstas en la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, y desarrolladas en este reglamento, otorgadas
por entidades equivalentes a bancos, cajas de ahorro,
cooperativas de crédito, sociedades de garantía recíproca
o establecimientos financieros de crédito, así como por
entidades de seguro existentes en otro Estado de la Unión
Europea y autorizadas para operar en España en régimen
de derecho de establecimiento o de libre prestación de
servicios, deberán quedar sujetas a la legislación española y sometidas a la jurisdicción y competencia de los
juzgados y tribunales de la localidad donde tenga su sede
la autoridad competente para su depósito.
industrias extractivas, en el marco de lo dispuesto en la
Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los
residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE, de forma que no se produzca solapamiento o descubierto.
2. El operador podrá integrar en una sola todas las
garantías financieras a que se refiere el apartado anterior, incluyendo la obligatoria en concepto de rehabilitación del espacio afectado por la propia explotación y
sus servicios e instalaciones anejos. En tal caso, la cantidad destinada a hacer frente a cada uno de los riesgos
deberá quedar claramente delimitada y fácilmente disponible del resto de la garantía.
Disposición adicional sexta. Adaptación de análisis de
riesgos ambientales existentes.
Aquellos titulares de actividades económicas o profesionales que por disposiciones medioambientales anteriores a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, estén sujetos a la
obligación de realizar análisis de riesgos ambientales,
podrán realizar un solo análisis de riesgos siempre que
cumpla los objetivos y los requisitos exigidos tanto en el
régimen de responsabilidad medioambiental como en las
normas sectoriales que los prevean.
En el caso de los operadores dispongan ya de análisis
de riesgos ambientales podrán adaptarlos a las exigencias de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y a lo dispuesto
Aspectos técnicos de la determinación
del daño medioambiental
Realización de los análisis los
1. La realización de los análisis de los riesgos
medioambientales necesarios para el cálculo de la cuantía de la garantía financiera prevista en el capítulo III no
deberá llevarse a cabo con carácter obligatorio hasta que
se publiquen las órdenes ministeriales a las que se
refiere la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23
tipo de cada sector o, en su caso, la guía metodológica
correspondiente deberán estar elaborados antes de las
citadas órdenes ministeriales.
Disposición final segunda. Garantías financieras obligatorias por explotación de instalaciones de residuos de
1. La garantía financiera obligatoria regulada en el
Capítulo III de este reglamento deberá tener en cuenta la
cobertura otorgada por las garantías financieras obligatorias a constituir por los titulares de las entidades
explotadoras de las instalaciones de residuos de las
Identificación de los recursos naturales
1. Cuando para la identificación de los recursos
naturales sea necesario acudir a modelos de simulación que permitan determinar el comportamiento del
agente en los medios de difusión y valorar la exposición de los recursos, se utilizarán documentos de referencia acreditados o emitidos por organismos oficiales.
Tendrán dicha condición, entre otros, la Technical Guidance Document on Risk Assessment (CE, 2003) y la
Guidance on Information Requirements and Chemical
Safety Assessment (ECHA, 2008).
Los recursos identificados determinarán la escala
de estudio relevante para la cuantificación del daño.
Para definir la escala de estudio deberá tenerse en
cuenta la afección del ecosistema a nivel de individuo,
población, hábitat o comunidad.
Dicha definición condicionará la unidad o unidades
de medida a partir de las cuales se cuantificarán los
recursos naturales afectados y que deberán ser generados a través de la reparación.
2. Para la identificación de los servicios se utilizarán inventarios de servicios amparados en marcos de
referencia objetivos y contrastados científicamente.
Tendrá esta condición, entre otros, el inventario de servicios propuesto por la Evaluación de los Ecosistemas
del Milenio, en el que se basa, a modo de ejemplo, la
Productos que se obtienen de los ecosiste- Beneficios que se obtienen de la regulación Beneficios intangibles que se obtienen de los
de los procesos de los ecosistemas:
Productos bioquímicos, medicinas naturales, Purificación del agua y tratamiento de aguas
Los servicios identificados determinarán, al igual que
en el caso de los recursos, la escala de estudio que es
relevante para la cuantificación del daño.
1. La extensión del daño se medirá en unidades biofísicas del recurso afectado relativas a la superficie, la
masa, el volumen, o el tamaño de la población, entre
El operador podrá utilizar en dicha tarea modelos de
simulación del transporte y del comportamiento del
agente causante del daño en los medios de difusión y en
2. Para la determinación de la extensión del daño a
las especies silvestres se considerará tanto su exposición
directa al agente causante del daño, vía inhalación o
ingestión, como su exposición indirecta a través de la
cadena trófica, la atmósfera, el hábitat, el suelo, las aguas
y la ribera del mar y de las rías, entre otros.
3. En caso de que el agente causante del daño sea de
tipo químico, el operador determinará la concentración
que puede alcanzar dicha sustancia en el medio receptor.
En la medida de lo posible, el operador establecerá la distribución de dicha concentración en la superficie afectada.
4. En caso de que el agente causante del daño sea un
organismo modificado genéticamente, la determinación
de la extensión del daño se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos
modificados genéticamente y en el Real Decreto 178/2004,
de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
general para su desarrollo, mediante un análisis al efecto,
caso por caso, acreditado por un organismo oficialmente
En la determinación de la extensión del daño ocasionado por organismos genéticamente modificados se considerará tanto su exposición directa al agente causante del
daño como su exposición indirecta a través de mecanismos tales como la interacción con otros organismos, la
transferencia de material genético o los cambios en el uso
o la gestión. Asimismo se considerarán los efectos acumulados a largo plazo en los términos en los que se describen
en el anexo IV del Real Decreto 178/2004, de 30 de enero.
La estimación de la intensidad del daño se realizará a
partir de indicadores cuantitativos y cualitativos. En caso
de no encontrar un indicador adecuado al efecto, podrá
diseñarse una escala que represente en términos de porcentaje las variaciones de calidad experimentadas por los
recursos o servicios afectados.
Para la valoración de forma específica de los efectos
sobre las especies silvestres y la salud humana se considerará cualquier vía de exposición a través del aire, el
agua y el suelo, incluyendo la ingestión, la inhalación y la
1. Intensidad del daño ocasionado por un agente de
1.1 En caso de que el agente causante del daño sea
una sustancia química, el nivel de intensidad se medirá
en relación con la concentración o dosis límite. Para ello
se considerarán, entre otros aspectos, la concentración
que alcanza dicha sustancia en el receptor afectado, el
tiempo de exposición del receptor a dicha sustancia y la
relación de ambos con el umbral de toxicidad.
Con este fin, y en la medida en que técnicamente sea
posible, se obtendrá información sobre los umbrales de
toxicidad de los recursos que puedan verse afectados y
que se asocian al agente químico. Dicha información,
podrá obtenerse, entre otras fuentes, de las bases de
datos de sustancias químicas que proporcionan la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA),
el Instituto para la Salud y Protección del Consumidor
(Institute for Health and Consumer Protection) perteneciente al Centro Común de Investigación de la Comisión
Europea (European Commission’s Joint Research Centre),
tales como IUCLID (International Uniform Chemical Information Database), SRC (Syracuse Research Corporation),
Chemfinder, IPCS (International Programme on Chemical
Safety) y OECD Existing Chemicals.
En la determinación de la intensidad del daño se distinguirá entre niveles agudos, crónicos y potenciales, con
arreglo a lo establecido en el artículo 2.e).
1.2 En caso de disponer de más de un umbral de
toxicidad que permita evaluar el mismo nivel de intensidad para el mismo receptor y tiempo de exposición, se
escogerá el indicador de menor valor de acuerdo con el
1.3 En los casos en los que no exista información
acerca del umbral de toxicidad del agente químico, el
operador optará justificadamente por una de las siguientes soluciones:
a) Se realizará un estudio experimental que permita
establecer los umbrales de daño para la sustancia y el
receptor que son objeto de estudio, el cual deberá ser de
similares características a las que se contemplan en la
legislación vigente de regulación productos químicos.
b) Se utilizarán los valores umbrales o de concentración límite que se contemplan en la legislación vigente
referente a derrames, vertidos o niveles de inmisión, en el
caso de que no afecten a la salud humana.
c) Se aplicarán valores de otras sustancias cuyas
propiedades físicas y químicas afecten de manera similar
al mismo recurso.
2. Intensidad del daño ocasionado por un agente de
tipo físico o biológico.
2.1 En caso de que el agente causante del daño sea
de tipo físico, para determinar la intensidad del daño se
utilizarán tanto índices como indicadores de calidad
ambiental que permitan estimar la severidad de los efectos ocasionados sobre el receptor. La determinación de la
intensidad del daño podrá establecerse a partir del coeficiente de variación de dicho indicador antes y después del
daño. En dicha tarea el operador distinguirá, cuando sea
posible, entre los efectos de tipo agudo, crónico y potencial, atendiendo, en el caso de las especies, al porcentaje
de población expuesta al daño que se ha visto afectada.
2.2 En caso de que el agente causante del daño sea
un organismo modificado genéticamente, la intensidad
del daño se caracterizará en función de su peligrosidad,
atendiendo a los siguientes criterios, y a lo establecido en
la Ley 9/2003, de 25 de abril, y en el Real Decreto 178/2004,
de 30 de enero:
a) Nivel de intensidad alto: cuando el organismo
modificado genéticamente sea de tipo 3 ó 4, es decir,
aquellos que deben utilizarse con un grado de confinamiento alto o moderado.
b) Nivel de intensidad medio: cuando el organismo
modificado genéticamente sea de tipo 2, es decir, lleve
asociado un grado de confinamiento de tipo medio.
c) Nivel de intensidad bajo: cuando el organismo
modificado genéticamente sea de tipo 1, es decir, cuya
manipulación requiera un grado de confinamiento de tipo
En el caso de las liberaciones voluntarias, la intensidad del daño se determinará mediante un análisis, caso
por caso, acreditado por un organismo oficialmente reconocido.
Fuentes de información para la determinación
del estado básico
1. La determinación del estado básico constituirá el
nivel de referencia al que se debe llegar mediante la
puesta en práctica de las correspondientes medidas de
reparación. El estado básico se determinará a partir de
datos de tipo histórico, de referencia, de control o de cambios experimentados por el receptor a consecuencia del
daño. Los datos podrán emplearse solos o combinados,
a) Información recabada sobre el lugar afectado en
un periodo de tiempo anterior a la ocurrencia del daño.
Puede comprender, entre otros aspectos, descripciones
ecológicas y geológicas, listas de especies o información
cartográfica y fotográfica.
b) Información que contenga patrones históricos o
tendencias en cuanto a la estructura y funciones del conjunto de los recursos naturales afectados.
c) Información procedente de otras áreas que no
están ni se verán afectadas por el daño, similares y preferentemente adyacentes al lugar afectado, con respecto a
las condiciones fisicoquímicas y a los parámetros ecológicos que son objeto de estudio.
d) Información relacionada con el lugar afectado
procedente de otros proyectos de reparación sobre los
mismos recursos naturales o los servicios de los recursos
naturales que han sido afectados.
Metodología para el cálculo de las medidas de reparación
complementaria y compensatoria
1. La aplicación de las medidas de reparación complementaria y compensatoria implicará la utilización de
criterios de equivalencia, conforme a lo dispuesto en el
anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de octubre. Los criterios
de equivalencia permiten calcular los recursos naturales y
servicios de recursos naturales que deben generarse
mediante la reparación. Se distinguen cuatro tipos de criterios de equivalencia:
Recurso-recurso: criterio que valora los recursos naturales dañados a partir del proyecto que proporcione
recursos del mismo tipo, cantidad y calidad que los dañados. La unidad de medida utilizada para determinar los
recursos naturales dañados y los que podrán obtenerse a
través de la reparación, es el propio recurso, al asumir
que existe un pleno grado de sustitución entre una unidad
de recurso dañada y la que puede obtenerse mediante la
Servicio-servicio: criterio que valora los recursos
naturales o servicios de recursos naturales dañados a
partir del proyecto que proporcione servicios del mismo
tipo, cantidad y calidad, o calidad ajustable, que los dañados. La unidad de medida utilizada para determinar los
recursos naturales o servicios de los recursos naturales
dañados y aquéllos que podrán obtenerse a través de la
reparación, se expresa en relación con el volumen, la
superficie o el hábitat del recurso afectado y con un parámetro que represente la variación de la calidad o el nivel
de provisión de servicios de dicho recurso en el tiempo.
En este caso, la extensión dañada y la que es objeto de
reparación pueden ser diferentes dado que la finalidad es
ajustar el nivel de provisión o la diferencia de calidad de
los servicios entre los recursos dañados y los que se
generen a través de la reparación.
Valor-valor: valoración monetaria que presume que el
valor social de los recursos naturales y los servicios de los
recursos naturales dañados es equivalente al valor social
de los beneficios ambientales de otros recursos o servicios generados a través del proyecto de reparación.
Valor-coste: valoración monetaria que presume que el
valor social del daño medioambiental equivale al coste
del proyecto de reparación.
2. La selección del criterio de equivalencia se hará
conforme al siguiente orden de preferencia:
3. Cada criterio de equivalencia describirá un grado
de sustitución entre los recursos naturales o servicios de
los recursos naturales que se han perdido y los que se
pretenden generar mediante la reparación. Su aplicación
requerirá utilizar la misma unidad de medida para determinar, por un lado, la pérdida de recursos o servicios
dañados y, por otro, la ganancia de recursos o servicios
obtenida a través de las medidas de reparación.
Selección del criterio de equivalencia
1. La selección del criterio de equivalencia se ajustará a lo establecido en este apartado II y tendrá en cuenta
a) El tipo de los recursos naturales o servicios de los
recursos naturales que se han perdido y se pueden ganar
mediante la reparación.
b) La calidad de los recursos naturales o servicios de
pueden ganar mediante la reparación.
c) La posibilidad de utilizar la misma unidad de
medida para estimar las pérdidas y las ganancias de los
recursos naturales y los servicios de los recursos naturales.
2. Se aplicará un criterio de equivalencia de tipo
recurso-recurso o servicio-servicio cuando sea posible
proporcionar a través de la reparación el mismo tipo y la
misma calidad, o una calidad ajustable, de recursos o servicios que los que se han perdido a consecuencia del
A efectos de lo dispuesto en este anexo, por calidad
de los recursos naturales se entiende la variación del
nivel de provisión de servicios generado por dichos recursos. Dicha calidad será ajustable cuando pueda incrementarse la cantidad de recurso para obtener el mismo nivel
de provisión de servicios.
2.1 Se aplicará un criterio de equivalencia recursorecurso cuando exista un grado de sustitución pleno entre
el tipo y la calidad de los recursos naturales dañados y los
que podrán obtenerse a través de la reparación complementaria o compensatoria.
La equivalencia recurso-recurso podrá realizarse en
caso de que no sea necesario computar la variación en el
tiempo de la calidad o del nivel de provisión de servicios
de los recursos naturales afectados y los que podrán
obtenerse a través de la reparación.
La aplicación de un criterio de equivalencia recursorecurso requerirá disponer de información relativa a la
extensión del recurso natural afectado, a la duración del
daño medioambiental y, en su caso, a las consecuencias
sobre la dinámica de la población afectada y al tiempo
hasta que surte efecto la reparación.
2.2 Se utilizará un criterio de equivalencia servicioservicio en caso de que se dé alguna de las siguientes
a) Que los recursos naturales dañados y aquéllos
que se obtengan a través de la reparación complementaria o compensatoria sean de calidad significativamente
diferente o de calidad no ajustable.
b) Que la reparación complementaria o compensatoria genere recursos naturales o servicios de recursos
naturales de distinto tipo pero comparables a los dañados. A estos efectos, los recursos serán comparables en
caso de que sea posible estimar la tasa de intercambio
entre los recursos naturales o servicios de los recursos
naturales dañados y los que podrán obtenerse a través de
la reparación, conforme establece el epígrafe VIII.
3. Para la aplicación del criterio servicio-servicio será
necesaria, además de la información exigida para aplicar
una equivalencia de tipo recurso-recurso, la relativa a la
variación de la calidad o del nivel de provisión de servicios de los recursos dañados y de los que se podrán obtener a través de la reparación.
4. Se aplicará un criterio de equivalencia de tipo
valor-valor en los siguientes supuestos:
5. Se aplicará un criterio de equivalencia de tipo
valor-coste en caso de que no sea posible estimar el valor
social de los recursos naturales o los servicios de los
recursos que podrán generarse a través del proyecto de
reparación o cuando dicha valoración no pueda realizarse
en un plazo o con unos costes razonables.
1. Los criterios de equivalencia recurso-recurso y
servicio-servicio se aplicarán mediante el método basado
en el análisis de equivalencia de recursos.
El Análisis de Equivalencia de Recursos es una herramienta metodológica para calcular la cantidad de recursos y servicios similares a los dañados que deben generarse a través de la reparación complementaria y
La pérdida de recursos y servicios que sea reversible
se compensará mediante una reparación compensatoria
y las pérdidas irreversibles o cuya reparación no pueda
llevarse a cabo en un periodo de tiempo razonable, se
repararán mediante medidas complementarias.
El análisis de equivalencia de recursos recibe el nombre de análisis de equivalencia de hábitat cuando la unidad de medida utilizada para estimar las pérdidas y las
ganancias de recursos naturales o servicios se exprese en
función de la cantidad de hábitat de los servicios que éste
2. El operador determinará tanto las pérdidas provisionales como las e irreversibles de recursos naturales o
servicios de los recursos naturales acaecidas a consecuencia del daño medioambiental hasta que alcancen el
estado básico, y las ganancias de recursos o servicios
obtenidas mediante la reparación.
se identificarán una o más unidades de medida a partir de
las cuales el operador estimará las pérdidas en el lugar
del daño de los recursos naturales o de los servicios, y las
ganancias de dichos recursos o servicios en el lugar
donde se lleve a cabo la reparación. Las unidades de
medida empleadas para estimar dichas pérdidas y ganancias serán las mismas y podrán consistir en un indicador
ecológico cuantitativo, cualitativo, mono-atributo o multiatributo, según el caso, debiendo coincidir, en la medida
en que sea posible y adecuado, con los indicadores que
han sido empleados para caracterizar el daño durante el
proceso de cuantificación.
4. La estimación de las pérdidas de los recursos
naturales o de los servicios se realizará descontando al
año de referencia (entendiendo por tal el año de reclamación) el flujo de pérdidas y el flujo de ganancias de dichos
recursos o servicios generadas por el proyecto de reparación.
A tal efecto, y con carácter general, el operador tomará
un valor de referencia de la tasa de descuento del 75 por
ciento del tipo de interés medio de la última subasta de
obligaciones del Estado a 10 años, anterior al momento
de la reclamación. En ningún caso el valor de referencia
de la tasa de descuento podrá ser inferior al 1 por ciento.
En caso de que el horizonte temporal de reparación
sea superior a 30 años, se empleará un método de descuento de tipo hiperbólico, es decir, basado en una tasa
de descuento variable y decreciente con el tiempo.
Estimación de las pérdidas de recursos naturales
1. El operador deberá estimar el nivel de los recursos
naturales o de los servicios dañados desde que se produce el daño medioambiental hasta el momento previsto
para que la reparación primaria surta efecto, incluida en
su caso la estimación de las pérdidas irreversibles de
recursos o servicios si el estado básico no puede ser
alcanzado. Dicha tarea se realizará para la extensión del
medio receptor afectado, generalmente medida en unidades de recurso o por unidad de volumen, superficie o
hábitat perdido, con el fin de obtener el nivel de pérdida
de recursos o servicios del lugar dañado descontado en el
tiempo, de acuerdo con la tasa prevista en este anexo.
Esta estimación recibirá el nombre de débito medioambiental, siendo el débito medioambiental total el resultado de sumar los débitos de todos los años desde que
tiene lugar el daño medioambiental hasta que los recursos naturales o los servicios de los recursos naturales
recuperan su estado básico.
2. Para el cálculo del débito medioambiental se
determinará la tasa de recuperación de los recursos naturales o de los servicios que éstos prestan hasta que surte
efecto la reparación primaria. La selección de la tasa de
recuperación dependerá de la unidad de medida que se
haya escogido para la estimación en el tiempo de las pérdidas de los recursos naturales o de los servicios. Para
realizar calcular dicha tasa, el operador podrá optar por
utilizar un análisis probabilístico de los factores ambientales que influyen en el cálculo del débito o considerar el
peor escenario posible, de acuerdo con el principio de
precaución, entre otras posibilidades.
3. En caso de que la reparación primaria no esté
basada en la recuperación natural, el cálculo del débito
medioambiental total incluirá, la posible pérdida de calidad ambiental que pudiera experimentar el receptor afectado, a consecuencia de la intervención en el lugar del
4. El cálculo del débito medioambiental total deberá
tener en cuenta tanto el escenario basado en un horizonte
de recuperación limitado en el tiempo hasta que los
recursos naturales o los servicios recuperen su estado
básico, como el escenario basado en una pérdida irreversible de recursos naturales o de servicios de los recursos
naturales dañados, en el caso de que el estado básico no
pueda ser alcanzado.
V. Estimación de las ganancias de recursos naturales o
de servicios de los recursos naturales obtenidas mediante
la reparación complementaria o compensatoria
naturales o de los servicios que se generarán a través de
la reparación complementaria y compensatoria. Dicha
estimación representará los beneficios potenciales, en
términos biofísicos, que podrá generar cada alternativa
de reparación en el tiempo.
En dicha tarea se deberán concretar los siguientes
a) El momento a partir del cual empezarán a computarse las ganancias de los recursos naturales o de los
servicios que éstos prestan. Se podrá elegir, entre otras
opciones, por el momento en el que se ha culminado la
reparación primaria, el momento en que comienza la
reparación complementaria o la compensatoria, o cuando
dichas medidas reparadoras empiezan a surtir efecto.
b) El perfil de generación de los recursos naturales o
de los servicios de los recursos naturales durante la reparación complementaria y compensatoria, y el horizonte
temporal hasta que surten efecto dichas medidas. A estos
efectos, el operador podrá apoyarse, entre otras opciones, en modelos de «puntos de paso» para determinadas
fechas o ajustar el perfil a una función de tipo logística,
lineal o exponencial, según el caso.
c) El tiempo en el que se mantiene el nivel de recursos naturales o de servicios de los recursos naturales
generados a través de la reparación complementaria o
2. Las ganancias de recursos naturales o de servicios
que se generen mediante la reparación complementaria o
compensatoria deberán ser descontadas en el tiempo y
estimadas en unidades de recurso o por unidad de volumen, de superficie o de hábitat creado, según el caso. Su
estimación recibirá el nombre de crédito medioambiental.
El crédito medioambiental total el resultado de sumar los
créditos de todos los años desde que empiezan a computarse las ganancias de recursos o servicios, hasta que el
beneficio acumulado de dichos recursos o servicios, sea
igual a la pérdida de recursos naturales o de servicios de
los recursos naturales ocasionada por el daño medioambiental. Dicho beneficio acumulado se representa generalmente mediante un porcentaje calculado respecto al
total del servicio que hay que generar a través de esta
En dicha tarea se utilizará la misma tasa de descuento
y el mismo año base (que será el año de reclamación)
empleados para estimar la pérdida de recursos o servi-
cios a los que se refiere los apartados IV y VI de este
3. La previsión del crédito medioambiental generado
por la reparación complementaria o compensatoria se
realizará tomando como referencia la misma unidad de
medida que se haya escogido para la estimación en el
tiempo de las pérdidas de los recursos naturales o de los
servicios. A estos efectos, su estimación vendrá dada por
la variación que experimente la unidad de medida a consecuencia de la acción reparadora, en relación con el nivel
de recursos naturales o de servicios de los recursos naturales que existiría en el lugar donde se lleva a cabo la
reparación en caso de que el daño medioambiental no se
hubiera producido.
Ajuste de las pérdidas y las ganancias de recursos
naturales o de servicios de los recursos naturales
1. El operador deberá ajustar las pérdidas de los
recursos naturales o de servicios de los recursos naturales acaecidas en el lugar del daño con las ganancias de
dichos recursos o servicios que podrían obtenerse, por
proyecto o unidad de superficie reparada, mediante la
reparación complementaria o compensatoria. El objetivo
de dicha tarea será estimar la cantidad de reparación
requerida para compensar el daño medioambiental.
2. El ajuste de la reparación vendrá determinado por
el cociente entre el débito medioambiental total y el crédito medioambiental total.
El resultado del cociente indicará la cantidad de reparación complementaria o compensatoria requerida en
unidades de recurso o por unidad de volumen, de superficie o de hábitat creado, según el caso.
1. La aplicación de los criterios de equivalencia valorvalor y valor-coste se llevará a cabo mediante el empleo
de las técnicas de valoración que ofrece el análisis económico. A estos efectos y en caso necesario, se podrá aplicar el método de transferencia de resultados, que permite
adaptar experiencias de valoración ya existentes al caso
la aplicación de un criterio de equivalencia valor-valor y
valor-coste podrá realizarse siguiendo la metodología del
análisis de equivalencia, siempre que la unidad de medida
utilizada para cuantificar el débito medioambiental y el
crédito medioambiental sea monetaria.
3. Las técnicas de valoración alternativas pueden ser
directas, como es el caso de la valoración contingente, o
indirectas, tales como las basadas en el coste de reposición, la función de producción, el coste de viaje y los precios hedónicos, entre otros.
Las técnicas de valoración indirecta o de preferencias
reveladas permiten medir la importancia que se concede
a la variación en la calidad de un determinado servicio
ambiental, dependiendo de la relación entre los bienes y
servicios ambientales objeto de valoración y otros bienes
y servicios o insumos productivos que circulan en el mercado.
Las técnicas de valoración directa o de preferencias
declaradas buscan acceder al valor de los servicios
ambientales cuando no es posible determinar la relación
entre la valoración que hace una persona de un bien o
servicio ambiental y el comportamiento en mercados reales de los bienes y servicios con los que está relacionado
dicho bien o servicio. Estas técnicas consisten en preguntar directamente a las personas afectadas por el valor que
otorgan a los cambios en su bienestar asociados a la
modificación en las condiciones de oferta de un bien o
servicio ambiental.
VIII. Tasa de intercambio entre recursos o servicios
perdidos y los ganados a través de la reparación
1. El operador determinará la tasa de intercambio
para ajustar los recursos naturales o servicios de los
recursos naturales perdidos y los que se obtendrán a través de la reparación complementaria o compensatoria,
cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) que los recursos o servicios obtenidos a través de
la reparación sean de distinto tipo a los dañados. En el
supuesto de que en este caso sea posible identificar la
tasa de intercambio, los recursos o servicios obtenidos
mediante la reparación serán diferentes, pero comparables, a los dañados.
b) que el proyecto de reparación conlleve la generación de varios recursos naturales o servicios de recursos
naturales que alcancen su estado básico en diferente
momento del tiempo o en diferente proporción a la perdida originalmente. En este supuesto la tasa de intercambio estará dirigida a homogeneizar los recursos o servicios que se obtengan a través de la reparación.
2. La metodología para calcular las tasas de intercambio entre los recursos o servicios perdidos y los que
se obtendrán mediante la reparación podrá basarse tanto
en criterios biofísicos, como por ejemplo la productividad
del hábitat, como en estudios que reflejen las preferencias sociales. Se entenderá por preferencias sociales el
conjunto de satisfacciones, deseos o valores por los que
las personas y, por extensión, la sociedad se inclina, en lo
relativo a los recursos naturales y los servicios ambientales que éstos prestan. En supuesto de que se opte por la
utilización de estudios que reflejen las preferencias sociales, la estimación de la tasa de intercambio se realizará
mediante las siguientes técnicas de valoración económica, atendiendo al siguiente orden de preferencia:
3. El cálculo de las tasas de intercambio basado en el
coste de reposición se realizará atendiendo al coste de
proyectos de reparación conocidos, de forma que el
número de proyectos duplique, al menos, el número de
tasas de intercambio de distintas combinaciones de
recursos naturales o servicios de recursos naturales que
se hayan de estimar. Dicha tarea se realizará mediante la
resolución del sistema de ecuaciones sobredimensionado
resultante, es decir que tenga un mayor número de ecuaciones que de incógnitas.
Se trata de un sector de gran importancia, tanto por el
elevado número de puestos de trabajo que generan las
casi mil explotaciones de tomate repartidas por municipios de todas las islas, como por su trascendencia económica, no sólo para dicha Comunidad sino también para el
conjunto del Estado español, al ser el segundo cultivo en
importancia de Canarias y tener consolidado un mercado
internacional históricamente.
Por ello, se considera necesaria la concesión en el
año 2009 de una ayuda económica a los productores afectados, a gestionar por la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta ayuda se acoge al régimen de minimis contemplado en el Reglamento (CE) n.º 1535/2007, de 20 de
diciembre de 2007 de la Comisión, relativo a la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas mínimis en el sector de la producción de productos agrícolas.
En la elaboración de la presente disposición han sido
consultadas las comunidades autónomas y los sectores
Ambiente, y Medio Rural y Marino, previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de
REAL DECRETO 2091/2008, de 22 de diciembre,
por el que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva al sector tomatero
en 2009, acogidas al régimen de minimis contemplado en el Reglamento (CE) 1535/2007,
de 20 de diciembre de 2007.
Los productores de tomate en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias se encuentran en una difícil
situación de endeudamiento que amenaza la viabilidad de
este sector de tanta importancia económica para el territorio insular.
Las medidas contenidas en este real decreto pretenden apoyar y reactivar económicamente a las explotaciones tomateras canarias, con el fin de coadyuvar a la superación de las graves dificultades financieras coyunturales
Este real decreto tiene por objeto regular la concesión,
en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones durante el ejercicio 2009, al sector productor de
tomate en la Comunidad Autónoma de Canarias, con el
fin de contribuir a la recuperación de su competitividad,
disminuyendo sus dificultades financieras.
Artículo 2. Beneficiarios y requisitos para la obtención
Podrán ser beneficiarios de esta ayuda los titulares de
explotaciones productoras de tomates que reúnan los
a) Que se trate de titulares de producciones tomateras ubicadas en ámbito de la Comunidad Autónoma de
b) Que tengan suscrito un préstamo, o una póliza de
crédito, destinado a sufragar costes relacionados con la
producción, con anterioridad a la finalización del plazo de
Cuantía de la ayuda y compatibilidad.
1. La cuantía de la ayuda será del 5 por ciento del
capital del préstamo suscrito pendiente de amortizar a la
entrada en vigor de este real decreto, por titular de explotación, que no podrá ser inferior a 300 euros ni superior a
7.500 euros, computando dentro de dicho límite máximo
los importes ya percibidos en concepto de ayuda de mínimis, en su caso, en los dos ejercicios anteriores, en aplicación del Reglamento (CE) n.º 1535/2007 de 20 de diciembre de 2007.
2. Esta ayuda de minimis no se acumulará con ninguna ayuda correspondiente a los mismos gastos subvencionables si dicha acumulación da lugar a una intensidad de ayuda superior a la establecida para las
circunstancias concretas por la normativa comunitaria.
3. En caso de que una vez estudiadas las solicitudes
presentadas la ayuda total a transferir supere el presupuesto disponible establecido en el artículo 6, se procederá al prorrateo de las mismas hasta ajustarse a dicho
Reglamento español sobre responsabilidad medioambiental
desarrolla la ley 26_2007

References: real decreto

 artículo 3
 resolución 
 artículo 2
 Real Decreto 

resolución 
 real decreto 
 Real Decreto

 real decreto 

REAL DECRETO 
 artículo 24
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 24
 artículo 2
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 149
 artículo 149
 real decreto 
 artículo 24
 artículo 2

Artículo 3

artículo 7
 artículo 17
 artículo 6
 artículo 17
 artículo 2

Artículo 10

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18
 artículo 2

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23
 artículo 45
 artículo 42
 resolución 

Artículo 29
 artículo 23
 resolución 
 artículo 26

Artículo 32
 artículo 24
 artículo 24

Artículo 36

Artículo 38

Artículo 39

artículo 33

Artículo 40
 Real Decreto 
 artículo 26

artículo 26
 artículo 31

Artículo 44
 resolución 
 artículo 4
 artículo 24
 artículo 33
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 

resolución 

REAL DECRETO 
 real decreto 
 real decreto 

Artículo 2
 artículo 6