Source: https://www.slideshare.net/delDespojoCrnicas/fidh-colombia-la-guerra-se-mide-en-listos-de-sangre
Timestamp: 2017-04-25 03:45:34+00:00

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Fidh colombia la guerra se mide en listos de sangre
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Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre Falsos positivos, crímenes de lesa humanidad: más altos responsables en la impunidadArtículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e igualesen dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color,sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquierotra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio decuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria,no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertady a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a Mayo 2012 / N°589e-© Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - Movice 2.
2 / Titre du rapport – FIDH 3.
Introducción: ¿por qué este informe?-------------------------------------------------------------------4I. Las Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia y el Fenómeno de los Falsos Positivos--------7 A. Contexto político y móvil de los autores: baja de civiles inocentes para mostrar resultados y obtener beneficios---------------------------------------------------------------------8 1. El sistema de incentivos y recompensas: el negocio de los falsos positivos- ----------9 - 2. La presión por resultados positivos, medidos por “número de bajas” (body count)- -9 - B. Las Ejecuciones Extrajudiciales: Delitos Internacionales- ------------------------------- 10 - 1. Falsos positivos: ¿crímenes de guerra?---------------------------------------------------- 10 2. Falsos positivos: crímenes de lesa humanidad- ------------------------------------------ 12 - C. Indicios de Responsabilidad de los Altos Mandos Militares- ---------------------------- 22 - 1. Responsabilidad Penal Individual en Derecho Penal Internacional- ------------------ 22 - 2. La Responsabilidad de los Superiores Militares en los casos de Falsos Positivos--- 23II. Administración de Justicia por Falsos Positivos: Impunidadde los Máximos Responsables------------------------------------------------------------------------- 31 A.Investigaciones Individuales y Ausencia de investigación de Patrones- ---------------- 32 - B. Impunidad de Altos Mandos Militares ------------------------------------------------------ 34 C. Ausencia de Independencia: el Tema del Fuero Penal Militar---------------------------- 37 D. Obstrucción de la justicia- -------------------------------------------------------------------- 44 - 1. Presión sobre operadores judiciales, abogados y organizaciones de derechos humanos- ----------------------------------------------------------------------------------------- 44 - 2. Amenazas sobre testigos y víctimas-------------------------------------------------------- 45 3. Retardo excesivo de los procesos, maniobras dilatorias y pérdida de pruebas------- 46 4. Ausencia de investigación de delitos contra la administración de justicia: falta de incentivos para decir y descubrir la verdad-------------------------------------------------- 49 E. Otras observaciones---------------------------------------------------------------------------- 49Conclusiones--------------------------------------------------------------------------------------------- 52 Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre / 3 4.
Introducción: ¿por quéeste informe?Colombia atraviesa un conflicto armado de carácter interno desde hace 50 años. En el conflictose han enfrentado miembros de los grupos insurgentes (la guerrilla), con el Ejército Nacionaly grupos paramilitares. En este marco, se han cometido graves violaciones de derechoshumanos y delitos internacionales. Desde el 1 de noviembre de 2002, Colombia es parte alEstatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional (CPI)1. Según el principio decomplementariedad establecido por dicho Estatuto, corresponde a Colombia investigar yenjuiciar a los responsables de los delitos contemplados por el mismo, a saber: genocidio,crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra2. La CPI entró en funcionamiento en julio de2002, al entrar en vigor su estatuto. Desde que el Fiscal General de la CPI tomó posesión de sucargo en junio de 20033, Colombia ha estado en “análisis preliminar”4 pero esto se hizo públicorecién en el año 2006.La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), junto con una de susorganizaciones miembro en Colombia, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo(CAJAR)5, vienen realizando una labor de investigación, incidencia y apoyo a víctimas dedelitos internacionales, frente a la CPI desde el año 2005. Según el artículo 15 del Estatuto deRoma, los interesados (víctimas, organizaciones no gubernamentales, etc) pueden presentara la Fiscalía de la CPI, comunicaciones que den cuenta de crímenes de competencia de laCorte. La FIDH y el CAJAR han sometido, desde junio de 2005, 12 comunicaciones de estetipo a la Fiscalía de la CPI.La FIDH y el CAJAR realizaron también durante este período, y continúan realizando, unalabor de diálogo con la Fiscalía de la CPI. Esta comunicación, así como el seguimientominucioso de la política de la Fiscalía con respecto a las situaciones bajo análisis preliminary particularmente la situación colombiana, ha permitido a la FIDH hacer un monitoreo de laevolución del análisis efectuado por la Fiscalía de la CPI. Una de las observaciones que hasurgido de manera reiterada durante el diálogo entablado entre la FIDH y la Fiscalía de laCPI, ha sido la necesidad de identificar a los más altos responsables de los delitos más gravescometidos en Colombia y que se encuentran bajo jurisdicción de la CPI. Es oportuno recordar1. El Estado Colombiano subscribió en 2002 el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el cual entró para Colombia el 1 deNoviembre de dicho año en relación con los crímenes de genocidio y de lesa humanidad (entre los cuales es posible enmarcarla práctica sistemática de ejecuciones arbitrarias de civiles a manos de miembros de la Fuerza Pùblica).Sin embargo, dadoque Colombia firmó la reserva de 7 años establecida en el artículo 124 del Estatuto, la vigencia para Colombia en relacióncon los crímenes de guerra comenzó formalmente el 1 de Noviembre de 2009.2. El Estatuto de Roma también atribuye a la CPI jurisdicción para juzgar el crimen de agresión; sin embargo, la misma no esaún operativa. Ver Conferencia de Revisión del Estatuto de la CPI, Resolución RC/Res. 6, 11 de junio de 2010.3. “Upon taking Office, the Prosecutor conducted a review of information on crimes collected under article 15. The Officeidentified the situations in the DRC, Uganda and Colombia as containing the gravest occurrence of crimes within its treatyjurisdiction”, Fiscalía de la CPI, Draft Policy Paper on Preliminary Examinations, La Haya, 4 de octobre de 2010, párr.57, disponible en: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/9FF1EAA1-41C4-4A30-A202-174B18DA923C/282515/OTP_Draftpolicypaperonpreliminaryexaminations04101.pdf (último acceso: 6 de mayo de 2012).4. El “análisis preliminar” es la etapa previa a la apertura de una investigación por parte de la CPI. Durante esta etapa, elFiscal de la CPI debe llevar a cabo un estudio a efectos de verificar que se cumplen los requisitos establecidos en la artículo53, párrafo 1º del Estatuto, a saber: “a) La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se hacometido o se está cometiendo una crimen de la competencia de la Corte; b) La causa es o sería admisible de conformidad conel artículo 17; c) Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los interesesde las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.”5. Las organizaciones miembro de la FIDH en Colombia son: la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”,el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un DerechoAlternativos y la Organización Femenina Popular.4 / Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre 5.
aquí que la Fiscalía de la CPI ha hecho de la investigación y enjuiciamiento de los más altosmandos un elemento primordial de su política6. Es en este contexto que la FIDH transmitióeste informe a la Fiscalía de la CPI junto con dos anexos confidenciales que identifican a losmás altos responsables.El análisis preliminar es regido por el artículo 53, párrafo 1º del Estatuto de la CPI. Conformea esta disposición, el Fiscal de la CPI, realiza un análisis en tres etapas y en el siguiente orden:en primer lugar, se debe determinar si se han cometido delitos de competencia de la CPI; ensegundo lugar, se realiza el análisis de admisibilidad, que comprende el análisis de la gravedaddel fenómeno y el test de complementariedad; finalmente, se establece si la apertura de unainvestigación es en interés de la justicia en el caso particular tratado7.Cabe recordar que en un informe de diciembre de 2011, la Fiscalía de la CPI confirmó que, deacuerdo a la evaluación efectuada por la misma, se han cometido en Colombia crímenes delesa humanidad y crímenes de guerra. El análisis preliminar se encuentra entonces en la fase deestudio de complementariedad consistente en determinar si el Estado colombiano ha adelantadoinvestigaciones y procedimientos judiciales contra los responsables de dichos actos8.La FIDH y el CAJAR han expresado sus preocupaciones al respecto en numerosas ocasiones. Sibien en Colombia se adelantan procesos por hechos que, en principio, entrarían en la jurisdicciónde la CPI, la FIDH y el CAJAR han considerado que en el caso de los altos mandos militareso paramilitares o no existen esos procesos o no revisten el carácter genuino que deben asumirde conformidad a los requisitos del artículo 17 del Estatuto . Así, por ejemplo, la FIDH y elCAJAR expresaron serias preocupaciones al ser extraditados los más altos jefes paramilitaresa los Estados Unidos, substrayéndolos así prácticamente de los procesos que se adelantaban enColombia por delitos de lesa humanidad bajo el régimen de la Ley 975 de 2005, conocida comola Ley de Justicia y Paz9, igualmente en octubre del 2010 la FIDH enfoco su presentación en lareunión de las ONGs con el Fiscal de la CPI10 en la necesidad de abrir una investigación sobrelos altos mandos militares responsables de ejecuciones extrajudiciales.En efecto, en los últimos años, muchas organizaciones de la sociedad civil han denunciado conaguda preocupación el aumento y generalización de las ejecuciones extrajudiciales en todo elterritorio colombiano. Preocupada por la respuesta dada al fenómeno de los llamados falsospositivos por el aparato judicial colombiano, la FIDH decidió llevar a cabo junto con la Mesasobre Ejecuciones Extrajudiciales (la Mesa) de la Coordinación Colombia-Europa-EstadosUnidos (CCEEU) este estudio, enfocándose particularmente en la responsabilidad de los altosmandos militares y en la complementariedad de la justicia colombiana.El presente informe se estructura en dos partes: la primera parte analiza la práctica de ejecucionesextrajudiciales por agentes del Estado en el período 2002-2008, destacando sus característicasde sistematicidad y generalidad; la segunda parte se concentra sobre la administración dejusticia en este tipo de casos por parte de los tribunales colombianos, con particular énfasis enla responsabilidad de los altos mandos militares.6. Fiscalía de la CPI, Prosecutorial Policy 2009-2012, The Hague - 1 February 2010, párr. 19, disponible en http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/66A8DCDC-3650-4514-AA62-D229D1128F65/281506/OTPProsecutorialStrategy20092013.pdf(último acceso: 3 de mayo de 2012).7. Fiscalía de la CPI, Draft Policy Paper on Preliminary Examinations, La Haya, 4 de octubre de 2010, disponibleen: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/9FF1EAA1-41C4-4A30-A202-174B18DA923C/282515/OTP_Draftpolicypaperonpreliminaryexaminations04101.pdf (último acceso: 6 de mayo de 2012).8. Fiscalía de la CPI, Report on Preliminary Examination activities, 13 de diciembre de 2011, p. 14-18,disponible en http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/63682F4E-49C8-445D-8C13-F310A4F3AEC2/284116/OTPReportonPreliminaryExaminations13December2011.pdf (último acceso: 3 de mayo de 2012).9. Véase: Comunicado de Prensa de la FIDH, Gobierno colombiano consolida la impunidad de los crímenes de lesa humanidady los crímenes de guerra cometidos en Colombia, 14 de mayo de 2008, disponible en http://www.fidh.org/Gobierno-colombiano-consolida-la (último acceso: 7 de mayo de 2012).10. Reunión de las ONgs con el Fiscal General de la CPI celebrada en La Haya en octubre de 2010. Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre / 5 6.
MetodologíaPara este informe en particular la FIDH estableció un acuerdo de cooperación con la Mesa dela CCEEU11. Entre julio de 2011 y abril de 2012, dos consultoras llevaron a cabo un trabajode investigación documental, seguimiento de investigaciones y juicios, y entrevistas conabogados representantes de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en casos llevados ante lajusticia colombiana. La FIDH aprovecha esta ocasión para rendir homenaje a los defensoresy defensoras de derechos humanos de Colombia, por su incansable lucha por el respeto delos derechos humanos y contra la impunidad, en un contexto hostil de amenazas, atentados eintimidación.11. Hacen parte de la Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales las siguientes organizaciones: El Observatorio de Derechos Humanosde la CCEEU, la Corporacion Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC),El Banco de Datos del Cinep,la Corporación Sembrar, El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), El Centro Cristiano para Justicia, Pazy Acción no Violenta – Justapaz, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, el Centro Alternativo de Investigación yProtección de los Derechos Fundamentales en Colombia (CINPRODEC), la Corporación de Desarrollo Regional (CDR), laAsociación para la Promoción Social Alternativa – MINGA, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Corporación JurídicaLibertad, Corporación Jurídica Yira Castro, Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – CorporacionReiniciar, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, Colecitvo Socio-jurídico Orlando Fals Borda, Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) y Humanidad Vigente, acompañadospor Peace Brigades International.6 / Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre 7.
I. as Ejecuciones L Extrajudiciales en Colombia y el Fenómeno de los Falsos PositivosEntre diciembre de 2007 y agosto de 2008, al menos 16 hombres jóvenes desaparecieron enextrañas circunstancias del municipio de Soacha (Cundinamarca). Algunos de ellos informarona sus familias que partían a atender una oferta de trabajo a Santander. Otros, simplemente noregresaron a sus casas. Todos ellos fueron reportados posteriormente como muertos en combatepor tropas del Batallón Francisco de Paula Santander o por la Brigada Móvil 15, ambas unidadesadscriptas a la Segunda División del Ejército Nacional12. El escándalo estalló en agosto de 2008,cuando las madres de los jóvenes de Soacha se unieron para reclamar por sus hijos, luego devarios meses de incertidumbre sobre su paradero, de búsquedas infructuosas, de la indiferenciay la falta de respuesta por parte de las autoridades del Estado. Los cuerpos de los jóvenesaparecieron, inexplicablemente, a 700 kilómetros de distancia de Soacha, enterrados comoN.N. (sin nombre), en una fosa común de Ocaña (Norte de Santander), reportados falsamentepor el Ejército como delincuentes, paramilitares o guerrilleros muertos en combate. Cuandoesos reclamos tomaron notoriedad pública, familias de todo el país comenzaron a denunciar ladesaparición y homicidio de seres queridos en circunstancias similares.Aunque no se trata de algo novedosos pues, se conocen históricamente casos de personasasesinadas por la Fuerza Pública y luego presentadas como muertes en combate, durante elperíodo comprendido entre 2002 y 2008, esa práctica se convirtió en un fenómeno sin precedentes,con características específicas, patrones claros y un alto grado de organización que nos obligana estudiarlas como un conjunto de hechos relacionados entre sí. Es esa práctica la que ha dadoen llamarse comúnmente como falsos positivos, denominación técnica generalmente utilizadapara designar “el asesinato a sangre fría y predeterminado de civiles inocentes, con fines debeneficio”13.Durante su visita a Colombia en 2009, el Relator de Naciones Unidas sobre EjecucionesExtrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias advirtió que “[e]l enfoque en torno al caso de Soacha fomentala percepción de que se trata de un fenómeno limitado, tanto geográficamente como en el tiempo.Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que12. Las Divisiones constituyen las unidades operativas mayores y tienen a su cargo la dirección de las operaciones en losdepartamentos del país. La Segunda Divisón tiene jurisdicción en el Nordeste del país, con puesto de mando en la ciudadde Bucaramanga, capital de Santander. Cubre un área de 68.757 kilómetros cuadrados, correspondientes a 145 municipioscomprendidos entre los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Norte de Santander y Santander. Por su parte, lasBrigadas Móviles son unidades tácticas de alta capacidad ofensiva. La Móvil 15 fue creada en enero de 2006, bajo el mandooperativo de la Segunda División. A raíz del escándalo desatado por los hechos de Soacha, esta unidad fue desactivada.13. Así lo definió Philip Alston, Relator Especial de Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias,durante su visita a Colombia en 2009. Ver: Declaraciones del Profesor Philip Alston, Boletín de prensa, Bogotá, 18 de juniode 2009, disponible en http://www.nacionesunidas.org.co/index.shtml?apc=i1-----s=nx=58590 (último acceso: 4 de mayode 2012). Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre / 7 8.
son simplemente la punta del iceberg. He entrevistado a testigos y supervivientes que describieronmatanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare,Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada”14.En efecto, como se verá más abajo, los casos fueron numerosos y la práctica adquirió caráctersistemático. Como estudiaremos, hay una relación directa entre las ejecuciones y las políticasimplementadas por el gobierno del Presidente Alvaro Uribe Vélez a partir del año 2002. En suinforme ante Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2010, Philip Alston destacó que laspruebas documentales indican que los casos de falsos positivos empezaron a ocurrir con unafrecuencia alarmante en todo el territorio del país a partir de 200415. A su vez, es relevanteobservar que la publicidad que adquirieron los episodios de Soacha, relatados en este apartado,determinó que el gobierno Colombiano tomara, a partir del año 2008, una serie de medidas quecontribuyeron a reducir el número de ejecuciones extrajudiciales de este tipo16.El Observatorio de Derechos Humanos de la CCEEU atribuye 3.345 ejecuciones extrajudicialesa la Fuerza Pública entre los años 2002 y 2008. Más abajo estudiaremos en más detalle elcarácter generalizado de las ejecuciones en todo el país y las cifras por región. En efecto, ensu informe de 2010, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas paralos Derechos Humanos estimó “que más de 3.000 personas pudieron haber sido víctimas deejecuciones extrajudiciales, atribuidas principalmente al Ejército. La gran mayoría de casosocurrió entre los años 2004 y 2008”17.Así es que dada la gravedad que los hechos tomaron entre 2002 y 2008, hemos decididoconcentrarnos en este informe en ese período. Sin embargo, nos parece importante destacar que,en su último informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia (correspondienteal año 2011), la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos observó que lapráctica de las ejecuciones extrajudiciales no se ha erradicado totalmente y destacó que talesviolaciones continuaban cometiéndose en Arauca, Bogotá, Cauca y el Cesar18.A. Contexto político y móvil de los autores: baja de civiles inocentespara mostrar resultados y obtener beneficiosA efectos de entender el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, es precisosituarlas en el contexto político de la época. Cuando el señor Alvaro Uribe Vélez asumió comopresidente de la República en el año 2002, hizo de la lucha contrainsurgente el eje principal desu gobierno. Así es que a partir de agosto de 2002, el Gobierno colombiano tomó un conjunto demedidas en el marco de la llamada Política de Seguridad Democrática. Esas medidas otorgabanuna serie de facultades a las Fuerzas Militares19.Para el propósito de este informe, hacemos referencia a dos ejes altamente relevantes queconllevaron a la implementación de la política de los falsos positivos. Ellos son: un sistema deincentivos y recompensas; y la presión por generar resultados.14. Id.15. Documento de la ONU A/HRC/14/24/Add.2, Informe del Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrariasy Sumarias, Philip Alston, relativo a su misión a Colombia (8 a 18 de junio de 2009), 31 de marzo de 2010, (en adelante“Informe del Relator”), párr. 10.16. Id., párr. 16-17.17. Documento de la ONU Nº A/HRC/16/22, Informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para losDerechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia, 3 de febrero de 2011, párr. 26.18. Id., párr. 30.19. El estado de excepción se declaró mediante el decreto 1837 del 11 de agosto de 2002. Posteriormente, mediante el decreto2002 de 2002 se crearon las zonas de rehabilitación y consolidación con poderes extraordinarios a la Fuerza Militar pararealizar operaciones militares y restringir o limitar los derechos a la libertad, al debido proceso y la circulación de la poblacióncivil dado que se la vinculaba o asociaba con grupos guerrilleros.8 / Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre 9.
1. El sistema de incentivos y recompensas: el negocio de los falsos positivosEl otorgamiento de recompensas no era algo novedoso, pues se venían implementando medidasdesde años atrás20. Sin embargo, a partir de la Política de Seguridad Democrática ese sistemase perfeccionó, otorgándole un rol central en la estrategia de lucha contra la insurgencia.El programa de recompensas del Gobierno se afianzó con la política de desmovilización yreincorporación a la vida civil de integrantes de grupos paramilitares que se insertaron comoinformantes en las labores de inteligencia de la Fuerza Pública21.Se creó así un sistema de estímulos a civiles que proporcionaran información que condujese a la capturao el abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley o cabecillasdel narcotráfico22. El dinero para tales recompensas procedía de un rubro presupuestal específicamentedestinado a estos efectos. Estos fondos eran independientes de otros recibidos en calidad de “gastosreservados”23. Estos últimos eran utilizados con gran discreción por parte de los comandantes24.Ambas categorías de fondos fueron utilizados para compensar a los reclutadores, que eran civiles quecontribuían a la actividad delictiva atrayendo o reclutando a las víctimas con información falsa paraluego entregarlas al Ejército que se encargaba de la ejecución y de simular la baja en combate.Paralelamente al sistema de incentivos monetarios, y dada la presión por resultados quedescribiremos a continuación, existían recompensas para los miembros del ejército que consistíansobre todo en licencias para los soldados, y felicitaciones, condecoraciones, traslados, ascensosy hasta capacitaciones en el exterior del país para los miembros de más alto rango.Este sistema generó una fuerte competencia entre las unidades militares por mostrar los mejoresresultados en términos de número de golpes a los grupos subversivos. Así ha sido reconocido endistintos testimonios que han sido rendidos por miembros del Ejército Nacional procesados por casosde falsos positivos: “uno de los incentivos que nos otorgaban a los comandantes de contraguerrillade cada batallón era una licencia por todo el mes de diciembre a los pelotones que más sumaranmuertos en el año, o sea que si mi pelotón del Batallón Calibío era el que más había dado muertosen el año, yo y mi gente salíamos todo el mes de diciembre […] También se dijo que el soldado quemás diera bajas sería incentivado con enviarlo al Sinaí o a un curso fuera del País”25.Los sistemas de recompensas existen también en otros países. Lo que preocupa en el caso colombianoes que esta política se implementó sin los necesarios controles ni la transparencia requerida, lo cualllevó a las irregularidades descriptas. Como señaló el Relator Especial de Naciones Unidas sobreEjecuciones Extrajudiciales: “En general, hubo una falta fundamental de rendición de cuentas yproblemas en todas las etapas de los procesos disciplinarios y de investigación”26.2. La presión por resultados positivos, medidos por “número de bajas” (body count)Los grandes operativos militares que se desplegaron a partir de la Política de SeguridadDemocrática y la consecuente inversión sin precedentes, exigían resultados rápidos, tangibles20. El Gobierno colombiano ha mantenido una política de recompensas que se remota, al menos, a la ley 418 de 1998, bajola cual se ofrecían este tipo de incentivos a quien colaborara con la justicia. Posteriormente, la ley 548 de 1999, agregó quese podría dar recompensas a quien colaborara con los organismos de inteligencia del Estado.21. La ley 782 de 2002 creó el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para operaciones de redes de inteligenciay recompensas a desmovilizados que colaboraran con la justicia. El Decreto 128 de 2003 estableció bonificaciones porcolaboración, al igual que el decreto 2767 de 2004 y se reforzó con las directivas del Ministerio de Defensa Nº 029 de 2005 y015 y 016 de 2007, completadas por el decreto 1400 del 5 de mayo de 2006, por el cual se creó la bonificación por operacionesde importancia nacional, Boina; y por el decreto 1058 de 2008.22. Directiva del Ministerio de Defensa Nº 29 de 2005.23. Id.24. Informe del Relator, op.cit., párr. 26.25. “La directiva ministerial 029 de 2005”, El Espectador, 1º de noviembre de 2008, p. 2A.26. Informe del Relator, op.cit., pág. 2. Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre / 9 10.
y mesurables. El resultado fue una fuerte presión para demostrar lo que la Fuerza Públicadenomina bajas en combate o positivos. Para la época, cinco oficiales del Ejército llegarona declarar públicamente: “la gente no llega a imaginarse la tortura sicológica de tener queentregar resultados todos los días”27. De acuerdo con un ex asesor del entonces Ministrode Defensa, Juan Manuel Santos28, existió “una insaciable presión por bajas [...] Y por esotambién resultan verosímiles las afirmaciones de que no todas las bajas de la IV Brigada hansido hombres con fusil”29. En opinión de un ex asesor de Seguridad Nacional, en el Ejército “se[implantó] un problemático esquema de evaluación [de desempeño]: valora excesivamente -y,a veces, exclusivamente- las bajas del oponente, y castiga desproporcionadamente los propiosfracasos operacionales. Consecuencia: tendencia a lograr bajas sin asumir riesgos, sin exponersedemasiado o, mejor, nada. Resultados: civiles indefensos que aparecen muertos en combatesque nunca existieron”30.Los testimonios de algunos de los implicados en casos de falsos positivos, dan cuenta de laspresiones a las que fueron sometidos los miembros del Ejército Nacional en relación con losresultados operacionales: “Nos dijo mi Coronel Ramírez, cada comandante de compañía medebe responder por un muerto en combate cada mes y la sección segunda me debe responderpor tres muertos al mes, en este momento la guerra se mide en litros de sangre, el comandanteque no tenga resultados de muertos por mes, tendrá la sanción correspondiente y se veráreflejado en su folio de vida [...] En otra ocasión a principios de 2008, cuando tomó el mandode la Brigada el Coronel Juan Carlos Barrera Jurado, en un programa radial le dijo a todos loscomandantes de batallón que el batallón que en noventa días no tuviera bajas o combates, haceechar del Ejército al comandante por su negligencia o incapacidad operacional [...] La presiónse empezó a poner cada vez más dura, hasta un nivel que nos contaban los días que llevábamossin combatir, en el centro de operaciones táctico, existía un tablero en el cual se llevaban lasestadísticas de las compañías donde se sumaban los muertos y se contabilizaban los días quellevábamos sin combates y sin muertos”31.B. Las Ejecuciones Extrajudiciales: Delitos InternacionalesComo se expone en este informe, las ejecuciones extrajudiciales alcanzaron un alto nivelde gravedad durante el período de estudio (2002-2008). En este apartado estudiaremos lacalificación de este fenómeno como delito internacional.Ante todo, es importante recordar que un mismo hecho puede ser calificado simultáneamentecomo crimen de guerra y crimen de lesa humanidad. Es decir que estos conceptos no sonexcluyentes, sino que se plantea una situación de concurso ideal de delitos. Así cuando un mismohecho o conjunto de hechos responde a ambas calificaciones, son punibles los responsablestanto por crimen de guerra como por crimen de lesa humanidad. La práctica y jurisprudencia delos tribunales internacionales es uniforme al respecto.1. Falsos positivos: ¿crímenes de guerra?Como se explicó más arriba, en Colombia se desarrolla un conflicto armado desde hacevarias décadas. A pesar de que ello ha sido negado por anteriores jefes de gobierno, esto esactualmente reconocido y, en todo caso, la existencia de un conflicto armado no depende de sureconocimiento por el gobierno respectivo sino de las circunstancias de hecho.27. “Cada día se van unos 17 hombres del Ejército”, El Tiempo, Bogotá, 2 de julio de 2006, pág. 1-2.28. Juan Manuel Santos es actualmente el presidente de Colombia.29. Sergio Jaramillo, “La crisis del Ejército”, Periodico El Tiempo, Bogotá, 11 de junio de 2006, pág. 1-7.30. Alfredo Rangel, “¿Qué pasa en el Ejército?”, Revista Cambio, Bogotá, nº 677, 19 al 25 de junio de 2006, pág. 27.31. Procuradoría General de la Nación, Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, Unidad de Derechos Humanos,Diligencia de queja suscrita por el señor Edgar Iván Flórez Maestre, Medellín, 15 de diciembre de 2009.10 / Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre 11.
Los conflictos armados tanto de carácter internacional como interno son regidos por el DerechoInternacional Humanitario (DIH). El DIH prohíbe una serie de conductas en el marco de unaguerra. Entre dichas conductas, todas ellas punibles en Derecho Penal, se encuentra el homicidiode no combatientes, es decir de personas civiles que no participan en las hostilidades y decombatientes que se encuentran “Hors de Combat”. Los crímenes de guerra están regulados enel artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Dicho artículo establece: “c) En casode conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de lossiguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades[…]: i) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todassus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura…”También se hallan regulados en el Título II del Código Penal colombiano, referido a los delitoscontra los bienes y personas protegidos por el DIH. El artículo 135 establece: “Homicidio enpersona protegida. El que con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muertede persona protegida conforme a los Convenios Internacionales sobre Derecho Humanitarioratificados por Colombia, incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años, multa de dosmil (2.000) a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitaciónpara el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años.”Cabe recordar que Colombia hizo una salvaguarda cuando adoptó el Estatuto de Roma,valiéndose del artículo 124 de dicho instrumento que permitía a un Estado, al hacerse parte delEstatuto, declarar que, durante un período de siete años contados a partir de la fecha de entradaen vigor a su respecto, no aceptaría la competencia de la CPI sobre los crímenes de guerra.Esta salvaguarda expiró el 31 de Octubre de 2009. La declaración de retiro excepcional de lacompetencia de la CPI por estos delitos, no tiene efecto alguno en derecho interno. Colombiatiene el deber de investigar y enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra, como loestipulan los convenios de Ginebra de los cuales es parte el Estado colombiano, que estánintegrados a la normativa interna colombiana a través del bloque de constitucional, según loestablecido por el artículo 93 de la Constitución colombiana.Asimismo, debe señalarse que si bien tal declaración imposibilita una investigación de la CPIsobre crímenes de guerra, la misma no tiene ningún efecto en el caso que los mismo actospuedan calificarse como crímenes de lesa humanidad.Ahora bien, corresponde analizar si los casos de falsos positivos entrarían en la categoría decrímenes de guerra. Durante la investigación llevada a cabo para la redacción de este informe,se encontraron posturas diversas al respecto, incluso entre organizaciones de defensa devíctimas, abogados, fiscales y jueces. Tales posturas diversas se evidencias en actos procesalesde imputación y sentencias, ya que mientras algunos califican las falsas bajas de civiles encombate como homicidio agravado32 (es decir, homicidio de derecho común con circunstancias32. Las circunstancias de agravación establecidas en Derecho Penal colombiano, son las siguientes (artículo 104 del CódigoPenal):“1. En la persona del ascendiente o descendiente, cónyuge, compañero o compañera permanente, hermano, adoptante oadoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad.2. Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible; para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad, para sío para los copartícipes.3. Por medio de cualquiera de las conductas previstas en el capítulo II del título XII y en el capítulo I del título XIII, del librosegundo de este código.4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil.5. Valiéndose de la actividad de inimputable.6. Con sevicia.7. Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación.8. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas.9. En persona internacionalmente protegida diferente a las contempladas en el título II de este Libro y agentes diplomáticos,de conformidad con los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Colombia.10. Si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, dirigente sindical, político o Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre / 11 12.
agravantes), otros lo hacen por homicidio en persona protegida (es decir, como violación delDIH o crimen de guerra).Algunos consideran que se debe juzgar por homicidio agravado porque, en la práctica,los hechos no tuvieron relación alguna con verdaderos combates. Argumentan que no todohomicidio cometido en un país en conflicto es un crimen de guerra, así como tampoco lo estoda actividad delictiva llevada a cabo por miembros del ejército. Otros, por su parte, exponenque se trata de crímenes de guerra pues los autores se han valido del conflicto armado paramatar civiles inocentes, y esto ha sido incentivado por un sistema de beneficios y recompensas,causado por la presión por resultados y respaldado por documentos internos del Ejército, comolas respectivas órdenes de operaciones.Sin tomar partido en este debate, es importante destacar que sea cual sea la calificación quese adopte, estos hechos deben ser juzgados por la justicia ordinaria y no por la justicia penalmilitar, como se verá más adelante en este informe. Más allá de la discusión sobre la calificaciónde estos hechos como crímenes de guerra o violación de DIH en el marco del sistema jurídicointerno, reiteramos que los mismos hechos pueden calificar a la vez de crímenes de guerray crímenes de lesa humanidad. Nuestras investigaciones nos permiten afirmar que los falsospositivos configuran crímenes de lesa humanidad (como se verá en el apartado siguiente) ydeben ser juzgado como tales por el aparato judicial colombiano o, en su defecto, por la CPI.2. Falsos positivos: crímenes de lesa humanidadEncontramos la definición de crímenes de lesa humanidad en el artículo 7 del Estatuto de Roma,que establece: “[s]e entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientescuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil ycon conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; […] i) Desaparición forzada de personas…”Como Estado Parte al Estatuto de Roma, Colombia está en la obligación de perseguir penalmenteesta conducta punible. Se observa, sin embargo, que Colombia no ha introducido legislaciónque incorpore específicamente este tipo penal en derecho interno. Sin embargo, correspondedestacar que la Corte Constitucional ha reconocido que el Estatuto de Roma integra el bloque deconstitucionalidad33, confirmando que Colombia está en la obligación de tipificar las conductasdefinidas en dicho instrumento internacional. Las ejecuciones extrajudiciales perpetradas porlas fuerzas de seguridad han sido en algunas sentencias aisladas relacionadas con crímenes delesa humanidad, aunque muchas veces con una concepción errónea o sin la fundamentacióncorrespondiente.Sostenemos que los falsos positivos que fueron cometidos en Colombia durante el período objetode esta investigación constituyen crímenes de lesa humanidad. A continuación realizaremos unanálisis basado en la jurisprudencia internacional en la materia, en particular la jurisprudenciade la CPI que detalla los requisitos que deben reunirse para darse por configurado dicho tipode delito.En el análisis de los elementos de los crímenes se distinguen los elementos generales (en estecaso, los que permiten configurar los crímenes de lesa humanidad) y los elementos específicos(que se refieren a los actos específicos enumerados en el artículo 7 del Estatuto de la CPI:asesinato, exterminio, desaparición forzada, etc). La configuración de los elementos específicosque permiten concluir que se han cometido homicidios no es objeto de disputa. Por lo tanto, nosconcentraremos aquí en los elementos generales de la definición de crímenes de lesa humanidadque permiten determinar que los casos de falsos positivos pueden ser calificados como tales.religioso en razón de ello.”33. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-488 de 2009, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio.12 / Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre 13.
Al interpretar el párrafo 1º del artículo 7 del Estatuto, la CPI ha establecido que se debenconfigurar los siguientes elementos para la calificación de crímenes de lesa humanidad: a)	Ataque dirigido contra una población civil; b)	Política de Estado o de una organización; c)	Carácter generalizado y sistemático del ataque; d)	Nexo entre los actos criminales y el ataque; y e)	Conocimiento del ataque34.a) Ataque dirigido contra una población civilEl párrafo 2º del artículo 8 del Estatuto de Roma establece: “a) Por ataque contra una poblacióncivil se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionadosen el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de unaorganización de cometer ese ataque o para promover esa política.”Se refiere a una campaña u operación lanzada contra la población civil, sin que sea necesario quese trate de un ataque militar35. Este requisito significa que la población civil debe ser el objetivoprincipal del ataque, y no una simple víctima incidental36. No es necesario probar que la poblaciónentera del área geográfica donde se llevó a cabo el ataque era el objetivo del mismo37. El ataque seprueba justamente con la comisión de los crímenes de que se trata; así se entiende que no se necesitaprueba adicional a la comisión de los crímenes para dar por configurado el elemento “ataque” .La población civil en Colombia ha sido indudablemente el objetivo de ataques en el marco delconflicto armado interno. En sus declaraciones luego de su visita a Colombia en 2009, el RelatorEspecial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales destacó que las ejecucionescometidas por las fuerzas de seguridad, paramilitares y otros agentes armados no estatales“repercuten de manera desproporcionada en las poblaciones rurales y pobres, pueblos indígenas,afrocolombianos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, y líderes comunitarios”38.Como veremos más abajo, al tratar los perfiles de las víctimas de casos de falsos positivos, ellasentran sin duda en la categoría de miembros de poblaciones rurales y pobres.Se ha sostenido asimismo que la Doctrina de Seguridad Nacional que sustenta la Políticade Seguridad Democrática, que a su vez -como hemos estudiado más arriba- respaldalas ejecuciones extrajudiciales objeto de este informe, propicia la concepción el enemigointerno. Este concepto sugiere que son enemigos del Estado y de la sociedad toda persona uorganización que asuman posturas democráticas, críticas y diferentes a las del modelo que sequiere imponer desde el poder39.Las medidas que se tomaron a partir del año 2002 en el marco de la Política de Seguridad Democráticaotorgaban una serie de facultades a las Fuerzas Militares, con el fin de dirigir la lucha antiterrorista o lalucha contrainsurgente, basadas en la idea de quitarle el agua al pez. De acuerdo con ese planteamiento,la principal ventaja militar de los grupos subversivos eran los vínculos que supuestamente mantenían34. CPI, Documento Nº ICC-01/09-19, Situación en la República de Kenia, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statuteon the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, Sala de Cuestiones Preliminares II, 31 demarzo de 2010, disponible en www.icc-cpi.int/NR/exeres/422F24A9-5A0F-4FD0-BC3E-9FFB24EC7436.htm (último acceso:6 de mayo de 2012) (en adelante “Documento Nº ICC-01/09-19”), párr. 79. Traducción no oficial.35. CPI, Elementos de los Crímenes, artículo 7, párr. 3º.36. CPI, Documento Nº ICC-01/05-01/08-424, Fiscal c. Jean-Pierre Bemba, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) ofthe Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba Gombo, Sala de Cuestiones preliminares II, 15de junio de 2009, disponible en http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/269A305D-4F4F-4BF0-8F66-9B96B157DDC1.htm (últimoacceso: 6 de mayo de 2012) (en adelante “Documento Nº ICC-01/05-01/08-424”), párr. 76. Traducción no oficial.37. CPI, Documento Nº ICC-01/09-19, op.cit., párr. 82. Traducción no oficial.38. Declaraciones del Profesor Philip Alston, Boletín de prensa, Bogotá, 18 de junio de 2009, disponible en http://www.nacionesunidas.org.co/index.shtml?apc=i1-----s=nx=58590 (último acceso: 4 de mayo de 2012).39. Entrevista con Liliana Uribe Tirado, miembro de la Corporación Jurídica Libertad, del 26 de abril de 2012, en posesiónde la FIDH. Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre / 13 14.
con la población civil y que adoptaban la forma de complicidad u ocultamiento. En consecuencia,uno de los principales objetivos de las acciones militares emprendidas en el marco de la Políticade Seguridad Democrática, fue el aislamiento de esos grupos, cuyo principal soporte de acción, deacuerdo con el Gobierno, era “la mimetización de sus integrantes dentro de la población civil”40. Deesa forma, la Política de Seguridad Democrática generó un ambiente de sospecha generalizado hacialas personas campesinas, habitantes de las zonas controladas o de transito de las guerrillas41.Vale la pena recordar que, históricamente, hemos visto en el marco del conflicto colombianocómo se ha asimilado a la población civil de regiones donde opera la guerrilla a integrantes dedicha organización, siendo así el objetivo de ataques militares y paramilitares42.Todas estas consideraciones nos permiten concluir que los falsos positivos se dieron como partede un ataque dirigido contra la población civil.b) Política de Estado o de una Organización“Se entiende que la política de cometer ese ataque requiere que el Estado o la organizaciónpromueva o aliente activamente un ataque de esa índole contra una población civil”43. “Lapolítica […] se ejecutaría mediante la acción del Estado o de la organización. Esa política, encircunstancias excepcionales, podría ejecutarse por medio de una omisión deliberada de actuary que apuntase conscientemente a alentar un ataque de ese tipo”44.En su informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el RelatorEspecial sobre Ejecuciones Extrajudiciales afirmó: “Aunque al parecer estos llamados falsospositivos no respondían a una política de Estado, tampoco fueron hechos aislados. Esos homicidiosfueron cometidos por un gran número de unidades militares y en todo el país. Se produjeron porquelas unidades militares se sintieron presionadas para demostrar que su lucha contra las guerrillastenía resultados positivos a través del número de bajas. Hubo además algunos alicientes: unsistema oficioso de incentivos ofrecidos a los soldados para que produjeran bajas y un sistemaoficial de incentivos ofrecidos a los civiles para que proporcionaran información que condujera ala captura o muerte de guerrilleros. Este último sistema careció de supervisión y transparencia. Engeneral, hubo una falta fundamental de rendición de cuentas y problemas en todas las etapas delos procesos disciplinarios y de investigación […] Ha habido demasiados asesinatos de caráctersimilar para caracterizarlos como incidentes aislados perpetrados por apenas algunos soldados ounidades renegados, o manzanas podridas”45.40. Tercer considerando del Decreto 2002 de 2002. En la sentencia mediante la cual se decidió sobre la constitucionalidadde todas y cada una de las disposiciones contenidas en ese decreto, la Corte Constitucional advirtió que ese considerandono podía ser considerado como un fundamento jurídico aceptable, por dos razones: i) aceptarlo como fundamento jurídicoimplicaría “presumir la pertenencia de todos los habitantes civiles de Colombia, sin distinciones de ninguna especie, a dichasorganizaciones [armadas al margen d ella ley], con lo cual se crea para todos una inseguridad jurídica generalizada”; y ii)aceptarlo como fundamento jurídico representaría una negación absoluta del principio de distinción entre combatientes y nocombatientes. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-1024 de 2002, Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra.41. Las medidas adoptadas por el Gobierno colombiano en materia de seguridad y defensa nacional fueron fuertementecuestionadas en su momento por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, señalandoque era “fundamental que las políticas y medidas adoptadas por el Estado colombiano, incluyendo las de seguridad, [fueran]compatibles con las normas y los principios internacionales y [estuvieran] rodeadas de los controles adecuados e independientesque [garantizan] el respecto de los derechos y libertados fundamentales de las personas”. Reproducido en la Ponencia delseñor Amerigo Incalcaterra, Director Adjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para losDerechos Humanos, 25 de julio de 2003, disponible en http://www.hchr.org.co/publico/pronunciamientos/ponencias/ponencias.php3?cod=26cat=24 (último acceso: 9 de mayo de 2012).42. Ver informes del Grupo de Trabajo sobre Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR, En concreto el informe « San Carlos, Memorias del Éxodo en la Guerra», 2011, p.108 y ss cuando relata cómo «lasórdenes de desalojo, los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas y la extorsión fueron acciones dirigidas a personasy sectores específicos de la población a quienes se consideraba militantes, colaboradores o base social del bando enemigo »,En línea: http://www.memoriahistorica-cnrr.org.co/s-informes/informe-21/43. CPI, Elementos de los Crímenes, artículo 7 párr. 3º.44. CPI, Elementos de los Crímenes, nota al pie de página Nº 6.45. Informe del Relator, op.cit., párr. 14.14 / Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre 15.
El Relator plantea así una observación preliminar sobre la ausencia de una política de Estado encuanto tal. Sin embargo, estas observaciones deben re-evaluarse -en el marco del análisis que nosocupa- a la luz de teorías de Derechos Penal Internacional. Según la jurisprudencia de la CPI, elrequisito de la existencia de un plan implica que el ataque reviste un patrón regular (estudiaremosen detalle más adelante el patrón regular de las ejecuciones). Esta política de ataque puede serconcebida por grupos de personas que gobiernan un territorio o por una organización que tienela capacidad de cometer un ataque generalizado o sistemático contra la población civil46. Unataque que es planeado, dirigido y organizado (contrariamente a actos de violencia espontáneos yaislados) satisface el criterio de la existencia de un plan o política. En definitiva, el plan o políticahace referencia a que los actos se encuentren rigurosamente organizados y responden a un ciertopatrón47. En cuanto a la política de Estado, la CPI considera que la política no debe necesariamentehaber sido concebida al más alto nivel del Estado. Así, puede tratarse por ejemplo de una políticaadoptada por un gobierno regional o incluso órganos locales del Estado48.Al analizar la jurisprudencia internacional y confrontarla con los datos recogidos sobre los falsospositivos, observamos lo siguiente. En el marco de la lucha contrainsurgente y la llamada Políticade Seguridad Democrática, se diseñaron y pusieron en práctica entre 2002 y 2008, una serie dedispositivos normativos ordinarios y de excepción, administrativos y operacionales que estimularony propiciaron la comisión a gran escala de las ejecuciones extrajudiciales en todo el territorionacional, con la participación activa de múltiples unidades del Ejército Nacional, principalmente delas Brigadas Cuarta, Segunda y Vigésimo Novena. Aunque el sistema de incentivos por sí sólo noconstituye un plan de ataque, la combinación de esa política unida al sistema de recompensas porinformación, la creciente presión por resultados y la falta de control adecuado, sí estuvo a la basede la comisión de las ejecuciones extrajudiciales. Por lo tanto, existen razones para pensar que lasejecuciones no fueron actos aislados cometidos exclusivamente por miembros del Ejército Nacionalde menor graduación, sino que existió un alto grado de organización y coordinación – respaldadopor documentos oficiales del Ejército falsificados a dicho efecto tal como las órdenes de inteligenciaque ordenaban la ejecución. La planificación se demuestra asimismo por la existencia de patronesclaros para cometer los ataques, como se verá en el próximo sub-apartado.c) Carácter Generalizado y Sistemático del AtaqueComo se señaló más arriba, las ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes se enmarcanen un cuadro de un ataque la población civil en el contexto del conflicto colombiano que seha traducido en una serie de actos delictivos que incluyen masacres, desplazamiento forzado,desapariciones forzadas y otros hechos de similar gravedad.Nuestra lectura de la jurisprudencia internacional en la materia indica que la naturalezageneralizada o sistemática se refiere al ataque en el que se enmarcan los delitos de que se trata,en este caso las ejecuciones extrajudiciales. El estudio del conjunto de actos de que ha sidovíctima la población civil colombiana supera el objetivo de este informe y ha sido ampliamentedocumentada por diversos informes conjuntos de las redes y plataformas colombianas dederechos humanos a las que nos remitimos49.Para los efectos de este trabajo, analizaremos46. CPI, Documento Nº ICC-01/05-01/08-424, op.cit., párr. 81. Traducción no oficial.47. CPI, Documento Nº ICC-01/04-01/07-717, Fiscal c. Katanga Ngudjolo, Decision on the confirmacion of charges, Salade Cuestiones Preliminares I, 30 de septiembre de 2008, disponible en http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/0BCE59D4-4498-4846-BFD2-E165E0DB0A33.htm (último acceso: 6 de mayo de 2012) (en adelante “Documento Nº ICC-01/04-01/07-717”),párr. 396. Traducción no oficial.48. CPI, Documento Nº ICC-01/09-19, op.cit., párr. 89. Traducción no oficial.49. Ver por Ejemplo, La situación de los Derechos Humanos en Colombia 2002-2008. Informe para el Examen PeriódicoUniversal de Colombia. Julio de 2008, Presentado de manera conjunta por la Coordinación Colombia – Europa – EstadosUnidos, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democraciay Desarrollo, y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines y diversas redes nacionales e internacionales de derechoshumanos junto con 1214 organizaciones sociales de Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.En: http://ddhhcolombia.org.co/files/file/Publicaciones/informe_EPU_2008_espa%C3%B1ol.pdfMás recientemente ver: Tiempos de Sequía. Situación de Derechos Humanos y Derecho Humanitario en Colombia. 2002-2009.Informe Alternativo al Sexto Informe Periódico del Estado de Colombia, presentado al Comité de Derechos Humanos de la Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre / 15 16.
aquí el carácter generalizado y sistemático de los falsos positivos, entendiendo que los casosindividuales de ejecuciones de civiles inocentes se enmarcan en el cuadro de una serie deejecuciones de idéntica o similar naturaleza constitutivos en sí de un ataque.De acuerdo con la definición de los delitos de lesa humanidad, el ataque puede ser generalizadoo sistemático. El carácter disyuntivo de los adjetivos que caracterizan el ataque ha sidoconfirmado por la jurisprudencia de la CPI50. En el caso de los falsos positivos que se dieron enColombia durante el período de estudio, afirmamos que los mismos revistieron tanto un caráctergeneralizado como sistemático, como se verá a continuación.i) Generalidad de los casos de falsos positivos“Generalizado” en el sentido de la definición de los delitos de lesa humanidad significa unataque a gran escala, es decir masivo, frecuente y lanzado de manera colectiva y dirigido amúltiples víctimas51. En este sentido, el carácter generalizado se refiere tanto a la naturalezade gran escala del ataque como al número de víctimas que resultaron de dicho del ataque.Implica un ataque llevado a cabo en un área geográfica grande, o bien un ataque en un áreageográfica pequeña dirigido a un gran número de civiles52. No es solo una cuestión territorial ocuantitativa, se deben tener en cuenta las circunstancias del caso53.En el caso de las ejecuciones extrajudiciales por miembros del Ejército colombiano, es posibleidentificar un incremento notable entre los años 2002 y 2008, y que contrasta drásticamentecon lo ocurrido durante los años anteriores. Según las cifras del Observatorio de la CCEEU,entre 1996 y 2001, se le atribuyeron a la Fuerza Pública 664 ejecuciones extrajudiciales deciviles, que corresponden a un promedio de 132 personas cada año. Esa cifra pasó a ser más delcuádruple entre 2002 y 2008. En esos años en total, a la Fuerza Pública se le atribuyeron 3.345ejecuciones extrajudiciales, es decir, más de 557 cada año (ver figura 1)54. ONU por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, Junio 2010. 326 pags.50. CPI, Documento Nº ICC-01/09-19, op.cit., párr. 94. Traducción no oficial.51. CPI, Documento Nº ICC-01/05-01/08-424, op.cit., párr. 83. Traducción no oficial.52. CPI, Documento Nº ICC-01/04-01/07-717, op.cit., párr. 395. Traducción no oficial.53. CPI, Documento Nº ICC-01/09-19, op.cit., párr. 95. Traducción no oficial.54. Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), Mesa detrabajo sobre Ejecuciones Extrajudiciales.16 / Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre 17.
Aunque existen discrepancias entre las diferentes fuentes de datos sobre el número de personasmuertas a causa de los llamados falsos positivos, hay acuerdo en señalar el período 2002 a2008 como especialmente crítico. Un informe elaborado por el Banco de Datos del Centro deInvestigación y Educación Popular (CINEP), reporta un total de 1.741 víctimas de ejecucionesextrajudiciales ocurridas entre 1984 y 2011. De ellas, 1.189 ocurrieron entre 2002 y 2008, lo cualcorresponde al 68% de los casos registrados55. Esos datos, coinciden con el drástico aumentode las ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares, reportado por el Observatorio de laCCEEU. En todo caso, esas cifras constituyen un subregistro en relación con la totalidad de lasejecuciones extrajudiciales cometidas en Colombia durante esos años. Es probable que muchosde los hechos no hayan sido nunca denunciados por temor a represalias, así como también esprobable que muchas de las víctimas de falsos positivos permanezcan aún hoy con paraderodesconocido, debido a que fueron inhumadas como N.N. (sin nombre) y puede ser que susfamiliares continúen buscándolos. . Por su parte, con fecha de 15 de diciembre de 2010, laFiscalía General de la Nación reportó estar conociendo de 1,571 casos en la Unidad Nacionalde Derechos Humanos, procesados tanto por el procedimiento de la Ley 600 de 2000 como porel de la ley 906 de 2004, de los cuales 1509 se habrían cometido entre 2002 y 2010 (el 96,1%de los casos)56- Estos casos, que representan a 2.67957 víctimas, no incluyen los que se tramitanen las fiscalías seccionales, ni en las fiscalías locales, ni mucho menos las que se tramitan en laJurisdicción Penal Militar.Para tener una idea del subregistro, conviene tener en cuenta las cifras oficiales de muertesen combate. Según el Ministerio de Defensa Nacional entre 2002 y 2008, fueron abatidos encombate 12.713 personas pertenecientes a las guerrillas, y 2.602 integrantes de los gruposparamilitares. El Ministerio reportó además, 49.523 capturas, de las cuales 32.335 correspondena grupos guerrilleros y 13.456 a paramilitares58. Eso significa que en total, entre 2002 y 2008,45.048 miembros de los grupos guerrilleros y 16.058 miembros de los grupos paramilitares,debieron salir de la confrontación armada a raíz de la acción de la Fuerza Pública. No obstante,los datos no concuerdan con los informes oficiales que daban cuenta de un número de 20 milguerrilleros y 12 mil paramilitares al comienzo del Gobierno de Uribe Vélez59. Esas cifras ponenen evidencia serias inconsistencias en los reportes oficiales sobre resultados operacionales dela Fuerza Pública y es probable que en ellas se hayan incluido casos de civiles ejecutadosextrajudicialmente.La información de la Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la CCEEU, da cuenta de lamanera generalizada en que ocurrieron los crímenes en todo el territorio nacional pues, seregistraron casos en 32 de los 33 departamentos del país, con excepción del departamentodel Amazonas, en donde no se llevaron a cabo operaciones militares sostenidas. Sólo en eldepartamento de Antioquia ocurrieron casi el 30% de los hechos reportados, seguido de losdepartamentos del Meta, Huila, Cesar, Caquetá y Norte de Santander, en donde se concentraronla gran mayoría de los casos(ver Figura nro. 1).	55. Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Sociopolítica de CINEP, Programa por la Paz (PPP), Deuda con laHumanidad 2: 23 años de falsos positivos (1988-2011), Bogotá, 2011, Tabla 1, pág. 325.56. Fiscalía General de la Nación. Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Estadísticasde Homicidios cometidas por agentes del Estado. Actualización a 15 de Diciembre de 2010. Oficio en poder de la CCEEU57. Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Presentación del Informe Anual de la AltaComisionada de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas correspondiente al año 2010. Bogotá, Febrero 24 de 2011,En: http://www.hchr.org.co/publico/pronunciamientos/ponencias/ponencias.php3?cod=133cat=24. Página 12.58. Ministerio de Defensa de la República de Colombia, Logros de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática,Septiembre de 2008, disponible en http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Sobre_el_Ministerio/Planeacion/ResultadosOperacionales/Resultados Operacionales Ene - Sep 2008.pdf (último acceso: 6 de mayode 2012).59. Estos datos fueron analizados por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES),dando cuenta de las inconsistencia de las cifras oficiales en relación con los resultados operacionales de la Fuerza Pública.Ver: CODHES, Las cifras no cuadran, Boletín Especial, Bogotá, 12 de noviembre de 2008. Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre / 17 18.
ii) Sistematicidad con que se cometieron los falsos positivosEn el análisis de la definición de crímenes de lesa humanidad, la CPI ha establecido que eltérmino “sistemático” es un elemento cualitativo que hace referencia al carácter organizadode los actos de violencia, y la improbabilidad de que se produjeran por mera coincidencia60.Se demuestra con patrones en la comisión de crímenes: la repetición no accidental de unaconducta criminal similar sobre una base regular61. Los patrones se determinan en función delas circunstancias del caso62.En todos los casos de falsos positivos en Colombia, se pudieron identificar los mismos patronesde acción por parte de las unidades militares involucradas, a pesar de que los hechos ocurrieronen zonas a veces muy distantes las unas de las otras, y a pesar de que fueron perpetrados porunidades militares que respondían a comandantes diferentes (quienes reportan, sin embargo, almismo comando central).Esos patrones se pueden analizar bajo los siguientes tópicos:	Perfil de la víctimaEl perfil de las víctimas es coincidente en todos los casos reportados:	Se trata en su gran mayoría de hombres jóvenes pues solo ellos correspondían al perfilde los guerrilleros o combatientes del que se los disfrazaría. Si bien no fue una generalidad, seconocieron varios casos de menores de edad, especialmente jóvenes de alrededor de 16 años.	Una de las características principales es la de ser campesinos o habitantes de zonasrurales a donde iban dirigidas las operaciones militares.	A menudo provenían de familias de escasos recursos económicos, y/o se encontrabandesempleados, con lo cual eran fáciles de atraer bajo el señuelo de promesas laborales. Erafrecuente que los jóvenes desaparecieran luego de acudir a una oferta de trabajo, de manera queal principio los familiares no tuvieron sospechas sobre lo que ocurría.	En algunos casos, se trataba de jóvenes que habían tenido problemas menores dedelincuencia o que habían participado de falsas desmovilizaciones.	En otros casos, se optó por personas indigentes o marginadas socialmente, de quienesno se esperaba que nadie fuera a reclamar por su destino, o cuyas familias desconocían cómoacceder a medios de denuncia.	Estas acciones revestían muchas veces el carácter de acciones de “limpieza social”,siendo las víctimas personas consideradas indigentes, drogadictas o discapacitados63.60. CPI, Documento Nº ICC-01/09-19, op.cit., párr. 96. Traducción no oficial.61. CPI, Documento Nº ICC-01/04-01/07-717, op.cit., párr. 397. Traducción no oficial.62. Por ejemplo, en el caso Fiscal c. Ruto Sang, la Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI dio por probado el caráctersistemático del ataque al comprobar los siguientes elementos: i) los atacantes se aproximaron a los grupos visados en grandesgrupos y proviniendo de distintas direcciones; ii) se bloquearon caminos en torno a esas localidades; iii) en preparacióndel ataque, se identificaron las propriedades que pertenecían a los que apoyaban el campo enemigo; y iv) se usó gasolina yotros materiales inflamables para quemar propiedades de aquellos que apoyaban al bando enemigo. Ver: CPI, Documento NºICC-01/09-01/11-01, Fiscal c. Ruto Sang, Decision on the Prosecutor’s Application for Summons to Appear for WilliamSamoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang, Sala de Cuestiones Preliminares II, 8 de marzo de 2011, párr.19, disponible en http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/E0EB838E-59AA-4F92-9B6D-E66DD194050E.htm (último acceso: 6 demayo de 2012). Traducción no oficial. Ver también: CPI, Documento Nº ICC-01/09-01/11-373, Fiscal c. Ruto Sang, Decisionon the Confirmation of Charges Pursuant to Article 67(a) and (b) of the Rome Statute, Sala de Cuestiones Preliminares II, 23de enero de 2012, párr. 179, disponible en http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/E987F04C-CE75-4CB8-BC75-091AA838D21E.htm (último acceso: 6 de mayo de 2012). Traducción no oficial.63. Documento de la ONU Nº E/CN.4/2006/009, Informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanossobre la situación de derechos humanos en Colombia (referente a la situación en 2005), 20 de enero de 2010, párr. 28. Vertambién: Documento de la ONU Nº A/HRC/4/48, Informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanossobre la situación de derechos humanos en Colombia (referente a la situación en 2006), 5 de marzo de 2007, párr. 6.18 / Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre 19.
	Modus operandiLa gran mayoría de las ejecuciones extrajudiciales respondieron al siguiente patrón común64:	Las ejecuciones ocurrieron en zonas rurales apartadas, en donde se desarrollaronoperaciones militares contrainsurgentes ordenadas por la Política de Seguridad Democrática.	En algunos casos, se detuvo arbitrariamente a las víctimas en sus lugares de residencia olabores agrícolas o cuando se dirigían de o hacia alguna de éstas. Estas detenciones se realizabansin orden judicial de autoridad competente, y sin que medie la situación de flagrancia, lo quedaba lugar a la desaparición forzada65.	En su variante más organizada, las víctimas eran previamente señaladas y/o seleccionadaspor un informante o un reclutador que solía acompañar los operativos militares que culminaban enfalsos positivos y que era remunerado por tal trabajo (lo cual se hacía pasar como una recompensaen el marco de las directivas que incentivaban la entrega de información sobre miembros de lasorganizaciones armadas al margen de la ley que permitieran su captura o muerte).	El reclutador engañaba a la víctima con falsas pretensiones (por ejemplo: ofrecimiento detrabajo) y la trasladaba largas distancias, para evitar la posible identificación por testigos del lugar.	Al poco tiempo de llegar allí, miembros del Ejército mataban al individuo. En muchoscasos se llevaban y ejecutaban a más de una víctima al mismo tiempo.	Una vez cometido el asesinato se manipulaba la escena del crimen para simular unabaja legítimamente producida en el fragor de un combate: las víctimas eran vestidas con prendasmilitares, armamento y munición previamente preparados para tal fin. En algunas ocasiones seentregaban las armas a las víctimas con alguna excusa con anterioridad al combate simuladopara que sus huellas digitales quedaran registradas en el armamento.	Las simulaciones resultaban usualmente muy burdas. Por ejemplo, se conocieron casosen los que el supuesto guerrillero vestía prendas de una talla muy superior a la que su contexturafísica indicaba, o calzaban dos botas izquierdas, o siendo zurdo portaba el arma en la manoderecha. A pesar de tratarse de un combate, nunca resultaba herido un miembro del Ejército. Lamanera tosca en que se manipulaba la escena del crimen puede tomarse como indicio de que losperpetradores tenían una cierta seguridad de que los hechos quedarían en la impunidad.	Al manipular la escena del crimen, los cuerpos eran despojados de los documentos de identidady las víctimas eran enterradas de manera anónima (como NN), algunas veces en fosas comunes.	Las primeras diligencias sobre la escena del crimen eran realizadas por los mismosmilitares implicados en los hechos, que tomaban fotografías de las escenas simuladas una vezque se había producido el montaje.	Las víctimas eran así presentadas como combatientes muertos durante un operativo militar.	Una vez producida la baja se informaba el resultado positivo de la operación alcomando del batallón del que dependía la unidad militar.	Las operaciones eran respaldadas por órdenes de inteligencia fraguadas (en ocasionesproducidas incluso con posterioridad al hecho delictivo).	Los responsables de la operación recibían beneficios, algunos de ellos económicos,y generalmente consistentes también en permisos para los soldados y felicitaciones66 quefigurarían en la hoja de vida de los comandantes.64. Sobre el modus operandi, ver por ejemplo: Informe del Relator, op.cit., párr. 11; Observatorio CCEEU, Ejecucionesextrajudiciales: el caso del oriente antioqueño, marzo de 2007, pág. 35-37; Fundación para la Educación y el Desarrollo(FEDES), Soacha: La Punta del Iceberg – Falsos Positivos e Impunidad, 2010, pág. 33-37.65. Surge de nuestras investigaciones que este modo operativo fue utilizado sobre todo durante los primeros años objeto deeste estudio, hasta 2005/2006. Luego, el modo de comisión de crimen adquirió más complejidad y organización, presentándoselos casos en los que se identificaba previamente a la víctima, se la engañaba y se la trasladaba conjuntamente con otras a otralocalidad.66. El Coronel Luis Fernando Borja Aristizabal ha declarado: “Eso era un negocio para ellos [sus subalternos]; yo comocomandante me usufructuaba, no económicamente, sino con felicitaciones”, Editorial: “La verdad, aunque sea dolorosa”,Periódico El Tiempo, 19 de marzo de 2012, disponible en http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11385365.html (último acceso: 8 de mayo de 2012). Ver también: Fundación para la Educación yel Desarrollo (FEDES), Soacha: La Punta del Iceberg – Falsos Positivos e Impunidad, 2010, pág. 34-35. Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre / 19 20.
El modus operandi que aquí recapitulamos requería evidentemente un alto grado desincronización interna para la realización de los asesinatos, incluyendo la asignación de tareasy roles específicos a las personas involucradas en los operativos militares organizados para esefin. En efecto, los testimonios de distintos miembros del Ejército involucrados en los llamadosfalsos positivos, dan cuenta de un alto grado de coordinación y preparación del crimen, quedenota la existencia de un plan premeditado.Por ejemplo, en el caso de las ejecuciones cometidas por la Décimo Cuarta Brigada del EjércitoNacional, “El soldado llegaba con los siguientes argumentos: él llegaba al centro de Medellíny buscaba vendedores ambulantes, o por ahí personas que no tuvieran familia, les comprabaropa, les ofrecía plata y trabajo en Puerto Berrío en una finca y les decía que tenían que viajara Puerto Berrío y cuando ya iban a llegar a Puerto Berrío, en un lugar llamado Puerto Nare, losbajaba del bus [...] ahí en ese lugar los esperaba en algunas ocasiones un cabo tercero en unamoto particular, en otras ocasiones los recogían soldados profesionales de la sección segundadel Batallón Calibío”67. Similarmente, en el caso de los jóvenes de Toluviejo, ejecutados por laFuerza de Tarea Conjunta de Sucre, la Fiscalía señaló que “la empresa criminal nació al parecerde la necesidad de presentar personas muertas en combate por parte del Ejército nacional, para locual se dieron a la tarea de hacer contactos con individuos no pertenecientes a la tropa (civiles)que se encargaban de reclutar o conseguir personas para este fin, disponiendo de incentivoseconómicos para quien los consiguiera [...] cuando las víctimas estaban seleccionadas y listaspara viajar, le avisaban al Gringo y este a su vez al contacto del Ejército, quien indicaba en quélugar y sitio las recogería y de allí las transportaba hacia el supuesto lugar donde prestarían susservicio [...] el reparto de funciones sólo era una manera de distorsionar la realidad, cumpliendouna función específica en aras de lograr un fin común”68.El testimonio de uno de los reclutadores del caso de Soacha, también da cuenta de la divisióndel trabajo y la asignación de tareas específicas: “Tengo conocimiento de que la personas quevoy a nombrar son las que hicieron el reclutamiento: Eder Obeso, conocido en el barrio como“El costeño” o “Pique”, Alex Díaz de igual manera el costeño y dueño de la tienda y DairoPalomino, tengo conocimiento que Pique era el que hacía las propuestas de trabajo [...] lo únicoque sé es que se contactaba con un soldado profesional Dairo Palomino, yo conocí a DairoPalomino, yo me encontré con Dairo hace como dos meses y me dijo que había pedido la bajay que trabajaba con el B2 del Batallón de Ocaña”69.Una vez que las víctimas eran entregadas al Ejército se ponía en marcha un amplio dispositivopara llevar a cabo las ejecuciones, simulando la realización de operativos militares, debidamentedocumentados e informados. Por ejemplo, en el caso de la Décimo Cuarta Brigada, “Ya cuandose tenía asegurada a la víctima procedían el oficial de inteligencia, o sea el Capitán Alarcón y elteniente Rodríguez, que era el comandante de compañía a entrevistarse con el comandante deBatallón, que era mi Coronel Camelo Piñeros, para que diera el aval de la operación, luego enla sección de operaciones, que estaba al mando de mi Mayor Fonseca, se elaboraba la misióntáctica para que la desarrollara el grupo especial en la que incluía la cantidad de militares queiban a participar, pero que en realidad esto era falso, porque por ejemplo, se decía que iba 01-02-10, o sea, un oficial, dos suboficiales y diez soldados, esto era falso porque solamente ibanlos que iban a hacer el trabajo, que en ocasiones hasta se iban de civil. Luego que reportaban labaja, mi Coronel Camelo coordinaba con las autoridades judiciales para lo del levantamientoy él personalmente iba a todos los lugares donde se presentaron los hechos”70. Por su parte67. Diligencia de queja suscrita por el Teniente efectivo, Edgar Iván Flórez Maestre, ante la Procuradoría General de la Nación,en el caso de la ejecución extrajudicial del líder campesino del Valle del Río Cimitarra Aicardo Antonio Tobón Ortíz, ocurridael 8 de julio de 2008 entre las veredas de Jabonal y Puerto Matilde de Yondó (Antioquía).68. Fiscalía General de la Nación, Fiscal 2do. Especializado de Sincelejo, Diligencia de formulación y aceptación de cargospara sentencia anticipada, proceso 4540C.69. Fiscalía General de la Nación, escrito de acusación, Radicado 11001600009920080033-01. Víctima: Julián OviedoMonroy.70. Diligencia de queja suscrita por el Teniente efectivo, Edgar Iván Flórez Maestre, ante la Procuradoría General de la Nación,en el caso de la ejecución extrajudicial del líder campesino del Valle del Río Cimitarra Aicardo Antonio Tobón Ortíz, ocurrida20 / Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre 21.
la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre “escogía los puntos críticos desde la información querealmente estaba en la sección, sobre los lugares donde la guerrilla había hecho cosas, de estainformación se partía para dar las bajas, esa información se cogía para dar el resultado pero, sehacía lo más fácil, se traía a una persona para dar la baja […] en el 2 se recogía la informaciónde la población y ellos hacían el informe de inteligencia y se lo pasaban al Coronel Borja y yaél organizaba todo”71.Ese alto grado de coordinación también requirió del uso significativo de recursos económicospara el pago de guías e informantes, así como para la adquisición del material de intendencia(uniformes, armas y munición) con en el cual eran presentados los cuerpos una vez cometidoslos asesinatos. Sobre la manera en que se coordinaban estas operaciones en la Fuerza de TareaConjunta de Sucre, el testimonio de uno de los suboficiales del Ejército implicado en el caso deToluviejo señala: “Yo recibía la orden de mi Coronel Borja de conseguir pelaos para mostrarloscomo falsos positivos. Entonces si una escuadra o una contraguerilla iba a dar una baja, yo meentendía con el comandante de esa escuadra o de esa contraguerrilla, de ahí se cuadraba cuántovalía el paquete, es decir, la víctima y el armamento que se requería, yo le transmitía la ordenal soldado profesional Iván Contreras, y él ya sabía qué tenía que hacer para dar un resultadocomo falso positivo. Iván se encargaba de conseguir los reclutadores, y la plata se conseguíaasí: la mitad la ponía la patrulla que iba a dar la baja y el resto la daba mi Coronel […] paraconseguir las armas a veces la contraguerrilla reunía un dinero y compraban las armas, en otrasocasiones la plata salía de la Fuerza de Tarea Conjunta, esa plata la daba el Coronel Borja a unfuncionario de la Sección Segunda, al que fuera a hacer los contactos”72.El dinero provenía del fondo para gastos reservados asignado a cada unidad militar, de dondesalían los recursos para el pago de informantes. Según explica el Teniente Flórez de la IVBrigada, había dos modalidades para hacer la justificación de los gastos imputados a ese fondo:“le conseguimos el guía, usted consigue la plata para comprar el KIT de legalización, se establecela misión táctica en la orden de operaciones y ya se hace la operación y usted recupera la platacon el pago de información, usted habla con el guía, lo cuadra y le dice que le da $200.000 paraque firme y el resto de la plata la coge usted para que recupere, o la otra es que usted mismoconsiga todo: guía, KIT e información pero eso sí, usted nos consigue a alguien que venga afirmar, le da $100.000 y listo”73.Finalmente, las unidades militares se encargaban de preparar adecuadamente la escena delcrimen, de manera que pareciera que efectivamente había ocurrido un combate. Para eso, sevestía a las víctimas, se le ponía armamento y munición e incluso realizaban disparos.Hayabundantes testimonios que dan cuenta de la manera en que se realizaban los montajes: “yo lesdije a los soldados que organizaran un campamento en la parte alta, y que organizaran para quela escena quedara bien montada. Llegó el helicóptero del CTI y con el sargento Soler que traíauna bolsa blanca con uniformes camuflados, con panfletos de las Farc, un radio comunicacionesy unos brazaletes de las Farc”74. En muchas ocasiones las tropas salían ya desde el batallón conlas armas y las prendas necesarias para vestir a las víctimas que serian presentadas luego comomuertos en combate.Los elementos anteriormente expuestos muestran que al interior de las unidades militaresinvolucradas en casos de falsos positivos existió un importante nivel de organización y deplanificación de los crímenes que no puede considerarse como fruto del azar.el 8 de julio de 2008 entre las veredas de Jabonal y Puerto Matilde de Yondó (Antioquía).71. Fiscalía General de la Nación, Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Fiscalía 36Especializada, Resolución de situación jurídica, radicado 4540E.72. Id.73. Diligencia de queja suscrita por el Teniente efectivo, Edgar Iván Flórez Maestre, ante la Procuradoría General de la Nación,en el caso de la ejecución extrajudicial del líder campesino del Valle del Río Cimitarra Aicardo Antonio Tobón Ortíz, ocurridael 8 de julio de 2008 entre las veredas de Jabonal y Puerto Matilde de Yondó (Antioquía).74. Id. Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre / 21 22.
d) Nexo entre los actos criminales y el ataqueEste requisito se refiere al término “como parte de”, es decir que los crímenes deben ser cometidoscomo parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Por eso se habla denexo entre los actos criminales y el ataque. Para dar por configurado este criterio, se consideran lascaracterísticas, el objetivo, la naturaleza y las consecuencias del acto criminal. Así, actos aisladosque difieren en cuanto a su naturaleza, objetivo y consecuencias de otros actos que forman partedel ataque, quedarían fuera del alcance de la definición de crímenes de lesa humanidad75.No nos extenderemos sobre este punto pues consideramos que las informaciones reproducidas eneste informe dan suficiente cuenta del nexo entre las ejecuciones individuales y el fenómeno delos falsos positivos a nivel nacional. Nos referimos en lo que a esto respecta a las observacionescontenidas más arriba en este informe.e) Conocimiento del ataqueEl autor de los crímenes debe saber que hay un ataque dirigido contra la población civil y quesus actos forman parte de este ataque. Sin embargo, no es necesario probar que el autor conocíatodas las características del ataque o los detalles precisos de la política o plan del Estado o laorganización76. Basta evidencia circunstancial, por ejemplo: posición del sospechoso en la jerarquíamilitar; la asunción de un rol importante en la campaña criminal; su presencia en la escena delcrimen, referencias sobre la superioridad de su grupo por sobre el grupo enemigo; y la que se deduceglobalmente del contexto histórico y político en el que se cometieron los crímenes77.Por tener relación directa con la responsabilidad de los autores de los hechos, nos referimos alanálisis presentado más abajo en este informe en relación con la responsabilidad de los altosmandos militares.C. Indicios de Responsabilidad de los Altos Mandos MilitaresDurante la investigación que dio origen a este informe, notamos una falta de comprensiónde ciertos conceptos de Derecho Penal Internacional entre operadores judiciales e inclusoabogados. Se ha reconocido que “[e]n Colombia apenas se está gestando el debate en torno ala responsabilidad de los jefes de organizaciones criminales”78. Se comienza a citar la “teoríade los aparatos organizados de poder”79. No es nuestro objetivo en este informe referirnosespecíficamente a la teoría que debiera ser utilizada, pero deseamos señalar que la misma debepermitir la investigación de los más altos responsables de conformidad con el compromiso deColombia como Estado Parte del Estatuto de la CPI.A modo de referencia explicamos aquí los tipos de responsabilidad penal aceptados por la CPI,concentrándonos en particular en la responsabilidad del superior jerárquico, por su posibleaplicabilidad al caso de los falsos positivos.1. Responsabilidad Penal Individual en Derecho Penal InternacionalEl artículo 25 del Estatuto de la CPI establece la responsabilidad penal individual, que puedeconfigurarse en distintas formas de comisión. Ellas son la autoría individual y la coautoría (con75. CPI, Documento Nº ICC-01/09-19 , op.cit., párr. 97-98. Traducción no oficial.76. CPI, Elementos de los Crímenes, artículo 7 párr. 2.77. CPI, Documento Nº ICC-01/04-01/07-717, op.cit., párr. 402. Traducción no oficial.78. Fiscalía General de la Nación, Revista Huellas, Nº 72, julio de 2011, pág. 6079. Id.22 / Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre 23.
otro o por medio de otro). Estas formas de comisión se pueden presentar así80:(i) ordenar, proponer, inducir la comisión de crímenes (ya sea consumado o en grado detentativa);(ii) facilitar la comisión en calidad de cómplice, encubridor o colaborando de algún otro modoen la comisión o tentativa, incluso suministrando medios para su comisión; o(iii) contribuir de algún otro modo en la comisión o tentativa por medio de un grupo de personasque tengan una finalidad común. En este caso la contribución debe ser intencional.Las diferentes formas de comisión tienen diferentes elementos. Por ejemplo, para probar lacoautoría, hay que probar los siguientes elementos:(i) que el sospechoso es parte de un plan común o un acuerdo con una o más otras personas; y(ii) que el sospechoso y el coautor hicieron contribuciones esenciales en una manera coordinadaque resultaron en la realización de los elementos materiales del crimen.Además, en la interpretación del artículo 25, la CPI ha indicado que la autoría y coautoríaimplican que los sospechosos tenían “control” sobre el acto criminal81.La responsabilidad penal de superiores jerárquicos está codificada en el artículo 28 del Estatutode Roma. Entran en esta categoría dos tipos de superiores: “jefe militar” y “otros superiores”.La CPI ha identificado los siguientes elementos de la responsabilidad para que se configure laresponsabilidad del jefe militar82:(i) El sospechoso tiene que ser jefe militar o actuar efectivamente como jefe militar.(ii) El sospechoso debe tener mando y control efectivo, o autoridad y control efectivo sobre lasfuerzas (subordinados) que cometieron uno o más de los crímenes de competencia de la CPI;(iii) Los crímenes fueron cometidos por las fuerzas (subordinados) en razón de que el sospechosono ejerció un control apropiado sobre ellos;(iv) El sospechoso sabía o, de acuerdo a las circunstancias del momento, debería haber sabidoque las fuerzas (subordinados) estaban cometiendo uno o más de los crímenes de competenciade la CPI, o se proponían cometerlos; y(v) El sospechoso no adoptó todas las medidas necesarias y razonables que estaban a su alcancepara prevenir o reprimir la comisión de esos crímenes, o no puso el asunto en conocimiento delas autoridades competentes para investigar y procesar a los subordinados responsables.2. La Responsabilidad de los Superiores Militares en los casos de Falsos PositivosSin entrar en un análisis de la teoría aplicable, pero a la luz de los principios expuestos en elapartado anterior, procederemos ahora a detallar los elementos que apuntan fuertemente a laresponsabilidad de los jefes militares con relación a los casos de ejecuciones extrajudicialescometidas durante el período de estudio.a. El mismo carácter generalizado y sistemático apunta a una responsabilidad situada“más arriba”Recordamos que, en su informe de 2010, el Relator Especial de Naciones Unidas para lasEjecuciones Extrajudiciales manifestó: “No he visto ninguna prueba que indique que la comisiónde esos homicidios formara parte oficial o hubiera sido ordenada por altos funcionarios delGobierno. Sin embargo, recibí informes detallados y creíbles de ejecuciones de ese tipo en todoel país, cometidas en numerosos departamentos y por un gran número de unidades militaresdiferentes. De mis investigaciones se desprende claramente que los miembros de las fuerzas deseguridad de Colombia han cometido un número considerable de ejecuciones ilegales y que elcuadro sistemático de falsos positivos se ha repetido en todo el país83”.80. Simplificamos aquí los conceptos. Para una formulación exacta, ver Artículo 25 del Estatuto de la CPI.81. CPI, Documento Nº ICC-01/05-01/08-424, op.cit., párr. 350. Traducción no oficial.82. Id., párr. 407.83. Informe del Relator, op.cit., párr. 14. Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre / 23 24.
El alto grado de organización y coordinación para cometer los crímenes, la manera premeditadaen que se escogieron las víctimas y la existencia de patrones claros para cometer los ataquesque se repitieron en diversas regiones del país son indicios claros de que las decisiones no erantomadas de manera aislada por las brigadas y apuntan al menos a un conocimiento por parte delas instancias superiores.A modo de ejemplo, citamos el caso del Coronel Luis Fernando Borja Aristizabal, quiencomandara la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre y ha aceptado responsabilidad por casos defalsos positivos perpetrados por dicha Fuerza. El Coronel Borja ha declarado que cuando él llegóa Sucre en 2007, el montaje de bajas en combate a través del homicidio de civiles inocentes seencontraba ya en operación. A su vez, antes de llegar a la Fuerza de Tarea Conjunta, Borja eraComandante en Sumapaz, departamento de Cundinamarca, donde hay fuertes sospechas queél hubiera ordenado casos de falsos positivos en 200684. Este caso sugiere que, por un lado,que la sistematicidad de patrones era independiente de quién comandara la unidad respectiva.Por otro lado, es probable que la movilidad de comandantes de una unidad militar a otra hayareforzado tal modo operativo. Como se verá más abajo, el alto número de bajas presentadas enuna determinada unidad o brigada, les valía a los comandantes de las mismas ascensos en lugarde investigaciones penales, lo cual incentivaba, expandía, perpetuaba y acentuaba la impunidadde la actividad delictiva de los falsos positivos. Al respecto de los ascensos, cabe destacar elcaso del Coronel Juan Carlos Barrera Jurado, quien fue comandante del Batallón Jorge EduardoRodriguez, adscrito a la Cuarta Brigada del ejército, (la cual se ha visto altamente vinculadaa casos de ejecuciones extrajudiciales), y pasó luego a ser Comandante de la Décimo CuartaBrigada, también vinculada con casos de falsos positivos.La figura siguiente (figura 2) muestra la distribución de las ejecuciones extrajudicialespor brigadas entre los años 2002 y 2008, según registros sistematizados por la CCEEU. 84. Ver: “Sobreviviente de ‘falso positivo’ relata su experiencia”, El Tiempo, 5 de mayo de 2012, disponible en http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11728441.html (último acceso: 9 de mayo de 2012).24 / Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre 25.
La distribución geográfica de las ejecuciones permite conocer cuáles fueron las unidadesmilitares involucradas en los hechos. Las Brigadas Cuarta (perteneciente a la séptimadivisión), Segunda (perteneciente a la primera división) y Vigésima Novena (perteneciente a latercera división), del Ejército Nacional, concentraron casi el 40% del total de las ejecucionesextrajudiciales ocurridas durante el período en estudio. Aunque se registraron casos similaresen las siete Divisiones del Ejército Nacional existentes en ese momento85, llama la atención esaimpresionante concentración de casos en unas pocas unidades operativas. Cualquier observadorque fuere presentado con información, no tardaría en concluir que los jefes de dichas unidadestuvieron algún tipo de responsabilidad en las ejecuciones, sea por conocimiento directo, sea porhaber sido presentados con semejante número repentino de bajas, sea simplemente por haberomitido controlar a sus inferiores frente a esta situación inusual.b. Una Institución Altamente Jerarquizada en el Marco de la Presión por ResultadosLa Fuerza Pública colombiana tiene un mando centralizado. La Constitución colombiana, en suartículo 189.3 señala al Presidente del República como el Comandante Supremo de las FuerzasArmadas de la República. El Decreto Número 1512 de 2000 determinó la naturaleza, competencia,funciones y estructura del Ministerio de Defensa Nacional. Allí se plantea que El Ministerio deDefensa Nacional tendrá a su cargo la orientación, control y evaluación del ejercicio de las funcionesde los organismos y entidades que conforman el Sector Administrativo Defensa Nacional, sinperjuicio de las potestades de decisión que les correspondan así como de su participación en laformulación de la política, en la elaboración de los programas sectoriales y en la ejecución de losmismos86. Dispone que la Dirección del Ministerio de Defensa Nacional está a cargo del Ministro,quien la ejerce con la inmediata colaboración del Comandante General de las Fuerzas Militares, losComandantes de Fuerza, el Director General de la Policía Nacional y el Viceministro87.Cada uno de los comandantes de Fuerza Pública ejerce control y mando directo sobre todossus miembros. El comandante del Ejército da órdenes directas a los comandantes de las ochodivisiones que cubre todo el territorio nacional. Asimismo, los comandantes de división delEjército imparten las órdenes a las brigadas adscritas a cada división y estas a su vez a loscomandantes de batallón, que se encuentran divididos en compañías de tres o cuatro pelotones.Por último, los pelotones son de aproximadamente 40 personas, en las que existe un comandantede escuadra por cada diez soldados.Un principio del funcionamiento de la institución militar lo constituye el de la claridad de lasórdenes y el conocimiento de las mismas por todos los miembros que la conforman. En estesentido existe una clara división de las funciones dentro de la institución y muchos nivelesde mando entre los militares de mayor jerarquía y los de más bajo nivel con el propósito dealcanzar los objetivos de la Fuerza Pública como institución. Cada unidad de mando cuenta conuna autoridad limitada para tomar decisiones, pues se ejerce un mando único y centralizadoen el que los niveles superiores, empezando por el Presidente de la república y el Ministro deDefensa, toman el mayor número de decisiones estratégicas y las más importantes en términosde política, misión, objetivos y métodos.Las organizaciones militares se caracterizan por tener tramos de control estrechos, es decir,con un número limitado y pequeño de subordinados inmediatos que reportan directamenteal superior y con una supervisión minuciosa y constante del cumplimiento de las órdenes,que pueden ser dictadas verbalmente. Aunque el superior en la línea de mando no controledirectamente a todos los subordinados, todas las decisiones que este toman en la cúpula de lainstitución vinculan a todos los miembros y van a ser cumplidas, a primera vista, debido a lafuerte disciplina que implica este modelo de organización y al principio de obediencia debida.85. La Octava División del Ejército fue creada en Noviembre del 2009 con, con jurisdicción territorial en los departamentosde Arauca, Casanare, Guainía y Vichada, y los municipios boyacenses de Cubará, Pisba, Paya, Labranzagrande y Pajarito86. Presidencia de la República. Decreto 1512 de 2000 (Agosto 11). Artículo 1- .87. Ibid. Artículo 2. Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre / 25 Recommended
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