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Timestamp: 2018-09-23 19:44:45+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-1960-10905
Documento BOE-A-1960-10905
«BOE» núm. 176, de 23 de julio de 1960, páginas 10291 a 10299 (9 págs.)
BOE-A-1960-10905
La Ley de veintisiete de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete autorizó al Gobierno para aprobar y publicar un Código de Navegación Aérea, arreglado a las Bases contenidas en ella. El tiempo desde entonces transcurrido ha originado el nacimiento de nuevas necesidades que requieren una regulación urgente y ha motivado la pérdida de actualidad de los criterios en que se inspiraron los preceptos relativos a ciertas materias comprendidas en aquella soberana disposición.
De la soberanía sobre espacio aéreo, de las leyes aeronáuticas y de las reglas generales para su aplicación
Las demás aeronaves españolas estarán sometidas a las leyes españolas cuando vuelen por espacio libre o se hallen en territorio extranjero, o lo sobrevuelen, si a ello no se opusieran las leyes de Policía y Seguridad el país subyacente.
Primero. Las aeronaves militares, entendiéndose por tales las que tengan como misión la defensa nacional o estén mandadas por un militar comisionado al efecto. Estas aeronaves quedan sujetas a su regulación peculiar.
Segundo. Las aeronaves no militares destinadas exclusivamente a servicios estatales no comerciales.
Primero. Las pertenecientes a personas individuales o jurídicas que disfruten de la nacionalidad española.
Segundo. A instancia del arrendatario, las aeronaves arrendadas a quienes posean esa misma nacionalidad.
Primero. Certificación de matrícula en la que constará el título de propiedad.
Segundo. Certificado de aeronavegabilidad.
Tercero. Licencia de aptitud de cada uno de los tripulantes.
Cuarto. Cualquier otro documento que reglamentariamente pueda exigirse.
El Registro de matrícula de aeronave estará a cargo de personal perteneciente al Cuerpo Jurídico del Aire, auxiliado por el personal especializado que sea necesario.
En los Registros mercantiles donde exista sección destinada a la inscrición de las aeronaves y de los actos jurídicos referentes a las mismas, la inscripción será voluntaria, salvo en los casos en que las Leyes dispongan expresametne lo contrario. Cuando tenga lugar la inscripción, se estará a lo establecido en las Leyes y disposiciones vigentes en la materia.
Compete exclusivamente al Ministerio del Aire extender el certificado de aeronavegabilidad y determinar e inspeccionar para su aprobación las expresadas pruebas, tanto respecto de la aeronave en su conjunto, como de cada uno de sus elementos. El propio Ministerio expedirá, también, el certificado de aeronavegabilidad de todas las aeronaves militares.
Se entiende por aeródromo la superficie de límites definidos, con inclusión, en su caso, de edificios e instalaciones apta normalmente para la salida y llegada de aeronaves. El aeródromo será eventual cuando su establecimiento obedezca a necesidades transitorias o sea designado para una utilización particular en circunstancias especiales.
Los aeródromos por la naturaleza de sus servicios pueden ser militares o civiles, y estos últimos, así como los aeropuertos, públicos o privados.
Reglamentariamente se clasificarán los aeropuertos y aeródromos, según las dimensiones y la índole de sus instalaciones y de las aeronaves que hayan de utilizarlos y el carácter de los servicios que presten.
Requisas e incautaciones
Cuando lo aconsejen motivos de defensa nacional, orden público o sanitario, el Gobierno podrá limitar la actuación de empresas e intervenir la estancia y vuelo de aeronaves.
Corresponde al Ministerio del Aire el cumplimiento de aquellas disposiciones y hacer efectivas dichas servidumbres por sus propios medios, y si éstos fuesen insuficientes podrá recabar la cooperación y auxilio de otros Departamentos ministeriales y autoridades, incluso si fuese necesario para la inmediata demolición o desaparición de lo edificado, instalado o plantado, contraviniendo la servidumbre de que se trate.
Los daños y perjuicios que se causen en los bienes afectados por las servidumbres a que se refieren los artículos cincuenta y uno y cincuenta y tres serán indemnizables si a ello hubiere lugar, aplicando las disposiciones sobre expropiación forzosa.
El Comandante de la aeronave es la persona designada por el empresario para ejercer el mando.
Habrá de ser de nacionalidad española, hallarse en pleno disfrute de sus derechos civiles y en posesión del título de piloto y licencia en aptitud correspondientes al tipo de aeronave utilizada.
Las funciones de ingeniería propias de la navegación aérea y las de meteorología en Organismos y Servicios del Estado o en cualquier Empresa concesionaria de tráfico aéreo serán desempeñadas, respectivamente, por quienes posean el título de Ingeniero Aeronáutico o de Meteorólogo.
Las de naturaleza jurídica en Organismos y Servicios del Estado concernientes a la expresada navegación serán desempeñadas por personal del Cuerpo Jurídico del Aire, dándose preferencias a los que ostenten el diploma de Estudios Superiores de Derecho Internacional, Aéreo e Industrial.
Los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno, para ser contratados, necesitarán acreditar la concesión de licencia por parte del padre, madre o tutor, otorgada ante la autoridad competente.
Los servicios de líneas regulares sólo podrán volar sobre las rutas establecidas en la concesión. Para efectuar servicios extraordinarios se requerirá autorización expresa de la Dirección General de Aviación Civil.
El Ministerio del Aire intervendrá en las Empresas concesionarias en la forma y condiciones que determine la propia concesión, con el fin de ejercer la inspección a que se refiere el artículo sesenta y nueve.
La tramitación de las concesiones corresponde al Ministerio del Aire y su aprobación al Consejo de Ministros.
Primera. Que el solicitante sea español y, si se trata de empresa colectiva, que su capital sea íntegramente nacional o que la participación de capital extranjero no exceda del veinticinco por ciento de aquél. Las sociedades anónimas emitirán nominativamente todos sus títulos.
Segunda. Acreditar que se dispone del material que en cada caso se fije para la prestación del servicio.
Tercera. Depositar una fianza cuya cuantía se determinará en cada caso por la Dirección General de Aviación Civil.
Cuarta. Que el personal directivo y de vuelo de la Empresa sea español y reúna las condiciones exigidas en esta Ley.
Sección 1.ª Del transporte de viajeros
Primero. Lugar y fecha de emisión.
Segundo. Nombre y dirección del transportista.
Tercero. Punto de salida y destino.
Cuarto. Nombre del pasajero.
Quinto. Clase y precio del transporte.
Sexto. Fecha y hora del viaje.
Séptimo. Indicación sumaria de la vía a seguir, así como de las escalas previstas.
Sección 2.ª Del transporte de mercancías
La recepción de las cosas transportadas, sin protesta por el destinatario, constituye presunción de que las mercancías han sido entregadas en buen estado, de acuerdo con el contrato de transporte. En caso de protesta por el destinatario se hará constar así en el talón de transporte o documento que lo sustituye, debiendo proceder a formalizar en plazo de ocho días, la correspondiente reclamación ante el propio transportista. Si ésta no se verifica en el termino dicho la responsabilidad de aquél se entenderá extinguida.
Primero. Por muerte, lesiones o cualquier otro daño corporal sufrido por el viajero.
Segundo. Por destrucción, pérdida, avería o retraso de las mercancías y de los equipajes, facturados o de mano.
Primera. Por muerte o incapacidad total permanente: doscientas mil pesetas (200.000 pesetas).
Segunda. Por incapacidad parcial permanente, hasta el límite de cien mil pesetas (100.000 pesetas).
Tercera. Por incapacidad parcial temporal, hasta el límite de cincuenta mil pesetas (50.000 pesetas).
Primera. Por pérdida o avería en la carga, hasta el límite de quinientas pesetas (500 pesetas) por kilogramo de peso bruto.
Segunda. Por pérdida o avería de equipajes, facturados o de mano, hasta el límite de diez mil pesetas (10.000 pesetas) por unidad.
Tercera. Por retraso en la entrega de la carga o equipaje facturado, hasta el límite de una cantidad equivalente al precio del transporte.
Primero. Para aeronaves hasta de 1.000 kilos de peso bruto, seiscientas mil pesetas (600.000 pesetas).
Segundo. 600.000 pesetas, más 480 pesetas por kilo que exceda de los mil, para aeronaves que pesen más de mil y no excedan de seis mil kilogramos.
Tercero. 3.000.000 de pesetas, más 314 pesetas por kilogramo que exceda de los seis mil, para aeronaves que pesen más de seis mil y no excedan de veinte mil kilogramos.
Cuarto. 7.400.000 pesetas, más 186 pesetas por kilogramo que exceda de los veinte mil, para aeronaves que pesen m;as de veinte mil y no excedan de cincuenta mil kilos.
Quinto. 13.000.000 de pesetas, más 120 pesetas por kilogramo que exceda de los cincuenta mil, para aeronaves que pesen más de cincuenta mil kilogramos.
Las indemnizaciones por muerte o lesiones de personas se ajustarán a lo dispuesto en el artículo ciento diecisiete, incrementadas en un veinte por ciento. Si fuesen varios los perjudicados y la suma global de los daños causados excediera de los límites antes citados, se reducirá proporcionalmente la cantidad que haya de percibir cada uno.
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el transportista u operador responderán de sus propios actos y de los de sus empleados, y no podrán ampararse en los límites de responsabilidad que en este capítulo se establecen, si se prueba que el daño es el resultado de una acción u omisión suya o de sus dependientes, en la que exista dolo o culpa grave. En el caso de los empleados habrá de probarse, además, que éstos obraban en el ejercicio de sus funciones.
Si la persona que utiliza la aeronave lo hiciese sin el consentimiento del transportista o propietario, responderá aquélla ilimitadamente de los daños, y éste subsidiariamente, con los límites establecidos en este capítulo, si no se demuestra que le fue imposible impedir el uso ilícito.
La acción para exigir el pago de las indemnizaciones a que se refiere este capítulo, prescribirá a los seis meses, a contar desde la fecha en que se produjo el daño.
Para facilitar al acreedor hipotecario el ejercicio de sus derechos, el Juez ante quien se consigne la indemnización le notificará dicho siniestro, si fuere conocido según el Registro de aeronaves, y en todo caso se publicarán edictos en el Boletín Oficial del Estado en tres fechas distintas durante los tres meses siguientes al día en que tuvo lugar dicho siniestro.
En su condición de bienes muebles de naturaleza especial, las aeronaves serán susceptibles de hipoteca. También podrán ser objeto de arrendamiento, usufructo y demás derechos que las Leyes autoricen..
Para la validez de dichos actos será necesario que se haga asiento de ellos en el Registro de matrícula de aeronaves y que, además, se inscriban en el Registro mercantil cuando lo exija la Ley reguladora del acto de que se trate.
Se considerarán créditos preferentemente privilegiados sobre la aeronave o sobre la indemnización que corresponda, en caso de seguro, y por el orden que se relacionan, los siguientes:
Primero. Los créditos por impuestos, derechos y arbitrios del Estado, por la última anualidad y la parte vencida de la corriente.
Segundo. Los salarios debidos a la tripulación por el último mes.
Tercero. Los créditos de los aseguradores por las dos últimas anualidades o dividendos que se les adeuden.
Cuarto. Las indemnizaciones que esta Ley establece en concepto de reparación de daños causados a personas o cosas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de esta Ley, párrafo último.
Quinto. Los gastos de auxilio o salvamento de la propia aeronave, accidentada o en peligro.
Para la prelación de los demás créditos, se estará a lo dispuesto en la legislación común.
Para facilitar al propietario el ejercicio de sus derechos, se le notificará el hallazgo, si fuese conocido, y, en todo caso, se publicarán edictos en el «Boletín Oficial del Estado» en tres fechas distintas durante los tres meses siguientes al día en que tuvo lugar. Transcurrido el plazo de un año desde la fecha del hallazgo, sin que concurra reclamación del propietario, se estimará la presunción legal de abandono.
Las funciones a que se refiere el precedente artículo serán ejercidas, según los casos, por los Jefes de demarcación aérea, por los Jefes de aeropuerto y por los Comandantes de aeronave.
Cualquier aeronave en vuelo dentro del espacio aéreo queda obligada a aterrizar, inmediatamente, en el aeropuerto que se le indique por la Autoridad que vigile la circulación aérea, así como a variar la ruta primitivamente elegida a requerimiento de dicha Autoridad.
La autorización de dichos servicios, igual que la de los de aeropuerto, será obligatoria, y se ajustará a las condiciones y tarifas que los Reglamentos determinen.
Las aeronaves de transporte privado de Empresas, las de Escuelas de Aviación, las dedicadas a trabajos técnicos o científicos y las de turismo y las deportivas, quedarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, en cuanto les sean aplicables, con las excepciones que a continuación se expresan:
Segunda. Podrán utilizar terrenos diferentes de los aeródromos oficialmente abiertos al tráfico, previa autorización de la Dirección General de Aviación Civil.
La utilización de las aeronaves a los fines del artículo anterior, excepto el de turismo y deportivo, requerirá autorización previa del Ministerio del Aire, a cuya inspección estarán sometidas, en los términos que figuren en la propia autorización o en disposiciones especiales.
Las sanciones que podrán imponerse en vía gubernativa por las infracciones de esta Ley y de sus Reglamentos en la navegación aérea civil serán las siguientes:
Primero. Apercibimiento.
Segundo. Suspensión de título profesional o aeronáutico hasta seis meses.
Tercero. Multa hasta 10.000 pesetas.
Cuarto. Suspensión de título profesional o aeronáutico y de profesión u oficio no titulados de seis meses a un año.
Quinto. Multa de 10.000 a 100.000 pesetas.
Sexto. Suspensión hasta seis meses de los derechos de tráfico otorgados a Empresas de transporte.
Séptimo. Privación de título profesional o aeronáutico.
Octavo. Revocación de los derechos de tráfico otorgados a Empresas de transporte.
Las sanciones de apercibimiento y multa hasta quinientas pesetas podrán imponerlas el Jefe del aeropuerto y el Comandante de la aeronave y contra su resolución se dará recurso de alzada ante la Dirección General de Aviación Civil.
La imposición de la comprendida en el número octavo, corresponderá a la misma Autoridad u Organismo que hubiere otorgado el derecho, previo expediente con iguales requisitos del párrafo anterior.
Contra las resoluciones del Ministerio del Aire imponiendo las sanciones quinta a octava, ambas inclusive, que sean de su competencia, se dará el recurso de alzada ante el Consejo de Ministros. Cuando la referida sanción hubiere sido impuesta por el Consejo de Ministros, por ser de su competencia, se dará el recurso de súplica contra el acuerdo del propio Consejo.
El procedimiento sancionador será el establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, con la salvedad de que las sanciones enumeradas en los apartados primero y tercero podrán imponerse, desde luego, sin necesidad de fomación de expediente.
Primero. Incumplimiento de las obligaciones impuestas en la concesión o permiso.
Segundo. Infracción de lo dispuesto sobre tarifas, itinerarios, utilización de aeropuertos, frecuencias de vuelo y horarios aprobados, salvo caso de fuerza mayor.
Tercero. Irregularidades en el cuidado de las aeronaves, equipos o instalaciones que menoscaben la seguridad y eficiencia del servicio.
Cuarto. Negar, sin fundamento, el libre acceso del público a la utilización de sus servicios.
Quinto. Expedir billetes con infracción de las disposiciones dictadas sobre moneda extranjera o de otras de obligatoria observancia.
Sexto. Utilizar aeronaves sin las marcas de nacionalidad o matrícula, o sin las instalaciones, documentación o licencias reglamentarias o alterar unas y otras sin la debida autorización.
Séptimo. No dar conocimiento inmediato de los accidentes ocurridos a sus aeronaves a la Autoridad aeronáutica.
Octavo. No poner la diligencia debida en las operaciones de búsqueda y salvamento.
Incurrirán en multa hasta cien mil pesetas, suspensión o revocación de los derechos de tráfico, los propietarios de aeronaves de transporte privado de Empresas, o destinadas a trabajos técnicos o científicos, que los efectúen sin el permiso correspondiente o con infracción de las condiciones señaladas.
Incurrirán en multa hasta diez mil pesetas, suspensión o pérdida del título aeronáutico, el Comandante de aeronave que incurra en ninguno de los casos siguientes:
Primero. Tripular la aeronave sin llevar las licencias de personal en forma reglamentaria.
Segundo. Permitir a sus subordinados que presten servicio hallándose en estado de embriaguez alcohólica o estupefaciente.
Tercero. Permitir la intervención en operaciones de vuelo a persona ajena a la tripulación.
Cuarto. Abandonar la aeronave, su carga o pasaje, antes de la terminación del viaje.
Quinto. Prescindir de los servicios o instalaciones de ayuda a la navegación que sean de utilización obligatoria o necesaria.
Sexto. Incumplir las órdenes que reciba emanadas de los Organismos de policía de la circulación aérea.
Octavo. Realizar vuelos de prueba o demostración sin el debido permiso.
Noveno. Transportar cadáveres o enfermos mentales o contagiosos sin la debida autorización.
Diez. Permitir el uso de aparatos de fotografía aérea a bordo de la aeronave en vuelo sin la debida autorización.
Once. Arrojar o permitir que se lancen objetos o lastre desde la aeronave en vuelo sin causa justificada.
Doce. No poner la debida diligencia en las operaciones de búsqueda y salvamento.
Trece. Emprender el vuelo sin la presentación y autorización del plan correspondiente o variarlo después sin justificación.
Catorce. Iniciar el vuelo con exceso de carga o con mala distribución de la misma, sin riesgo para la seguridad de la aeronave.
Quince. Realizar el vuelo sin cumplir las disposiciones reglamentarias sobre aduana, policía y sanidad.
Diecisiete. No presentar, después de aterrizar, la documentación reglamentaria a las autoridades del aeropuerto.
Incurrirá en multa hasta diez mil pesetas, suspensión o privación de título aeronáutico, según los casos, el personal técnico aeronáutico de los servicios de tierra por todo acto u omisión relacionado con sus funciones que, sin constituir delito, ponga en peligro la seguridad de las aeronaves, de las instalaciones de los aeródromos o de las ayudas a la navegación, conforme a las disposiciones de los Reglamentos.
Quedan excluidas del Seguro Obligatorio de Viajeros, ampliado por Ley de veintiséis de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, las Empresas de transporte aéreo que acrediten tener constituido el correspondiente Seguro de Viajeros conforme al artículo ciento veintisiete de la presente Ley, deduciéndose, en este supuesto, del precio del billete en el transporte aéreo nacional, el importe de la prima del indicado Seguro Obligatorio.
En relación con el párrafo tercero del artículo quinto de esta Ley se declaran expresamente de aplicación a la navegación aérea militar los artículos octavo, once, diecisiete, treinta y cuatro a treinta y ocho, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cincuenta y uno a cincuenta y ocho, sesenta y uno, ciento treinta y cuatro y todo otro que en particular así lo disponga.
En tanto se fijen por el Ministerio del Aire las Demarcaciones a que se refiere el artículo noveno, las mismas coincidirán con las actuales regiones y zonas aéreas.
y establece el marco jurídico para aeoronaves de control remoto (RPA), no sujetas a la normativa de la UE: Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre (Ref. BOE-A-2017-15721).
con el art. 144, y aprueba el reglamento de la circulación aérea operativa: Decreto 601/2016, de 2 de diciembre (Ref. BOE-A-2016-11481).
con el art. 36 y aprueba el Reglamento de Aeronavegabilidad de la Defensa: Real Decreto 866/2015, de 2 de octubre (Ref. BOE-A-2015-11426).
y aprueba el Reglamento de matriculación de aeronaves civiles: Real Decreto 384/2015, de 22 de mayo (Ref. BOE-A-2015-6704).
con la disposición final 4, y se regula la licencia y hablilitaciones del piloto de ultraligero : Real Decreto 123/2015, de 27 de febrero (Ref. BOE-A-2015-2670).
los arts. 11, 150 y 151 y SE AÑADE la disposición transitoria 3, por Ley 18/2014, de 15 de octubre (Ref. BOE-A-2014-10517).
los arts. 11, 150 y 151 y SE AÑADE la disposición transitoria 3, por Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio (Ref. BOE-A-2014-7064).
el art. 133, según la redacción dada a la disposición final 30 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, BOE-A-2003-13813, por Ley 38/2011, de 10 de octubre (Ref. BOE-A-2011-15938).
los arts. 16, 18 a 20, 22 y 97, por Ley 1/2011, de 4 de marzo (Ref. BOE-A-2011-4116).
el art. 4, por Ley 5/2010, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2010-4503).
el art. 151, por Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-20725).
aprobando normas técnicas y regulando la certificación de los aeropuertos del estado: Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo (Ref. BOE-A-2009-9043).
sobre la acreditación de compañías aéreas de terceros países: Real Decreto 1392/2007, de 29 de octubre (Ref. BOE-A-2007-19816).
con el art. 38, sobre aeronavegabilidad de la defensa: Real Decreto 2218/2004, de 26 de noviembre (Ref. BOE-A-2004-20120).
SE MODIFICA el art. 133, por Ley 22/2003, de 9 de julio (Ref. BOE-A-2003-13813).
SE DEROGA los arts. 8, el párrafo 1 del art. 32, 152 a 159 y se modifica el art. 58, por Ley 21/2003, de 7 de julio (Ref. BOE-A-2003-13616).
SE MODIFICA el art. 43, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-25412).
sobre técnicos de mantenimiento de las aeronaves civiles: Real Decreto 284/2002, de 22 de marzo (Ref. BOE-A-2002-6471).
sobre certificados de aeronavegabilidad de las aeronaves de construcción por aficionados: Real Decreto 282/2002, de 22 de marzo (Ref. BOE-A-2002-6469).
aprobando el Reglamento de circulación aérea: Real Decreto 57/2002, de 18 de enero (Ref. BOE-A-2002-1097).
SE DICTA DE CONFORMIDAD regulando la certificación y los productos y piezas de las aeronaves civiles: Real Decreto 660/2001, de 22 de junio (Ref. BOE-A-2001-13367).
SE ACTUALIZA las cuantías de los arts. 117, 118 y 119, por Real Decreto 37/2001, de 19 de enero (Ref. BOE-A-2001-2343).
los arts. 36, 145, 151 y se añade la disposición adicional única, por Ley 55/1999, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-1999-24786).
los arts. 59 y 60, por Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril (Ref. BOE-A-1999-8577).
sobre título profesional y licencia de controlador de tránsito aéreos: Real Decreto 2030/1995, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-1996-1006).
aprobando el Reglamento de circulación aérea: Real Decreto 73/1992, de 31 de enero de 1992 (Ref. BOE-A-1992-3899).
SE DEROGA lo indicado de la disposición final IV y modifica lo indicado de los arts. 152 y 154 a 157 , por Ley Orgánica 1/1986, de 8 de enero (Ref. BOE-A-1986-904).
los arts. 117, 118 y 119, por Real Decreto 2333/1983, de 4 de agosto (Ref. BOE-A-1983-23967).
los arts. 33 y 130, por Ley 113/1969, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1969-1571).
SE DICTA DE CONFORMIDAD aprobando el Reglamento del registro de matricula de aeronaves, por Decreto 416/1969, de 13 de marzo (Ref. BOE-A-1969-357).
SE MODIFICA la denominación del capítulo VIII y el art.50. por Ley 53/1968, de 27 de julio (Ref. BOE-A-1968-905).
SE DICTA DE CONFORMIDAD publicando Ley Penal y Procesal de Navegación aérea: LEY 209/1964, de 24 de diciembre (Ref. BOE-A-1964-21509).
Comisión de Codificación Aeronáutica

References: resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
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 Real Decreto 
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