Source: http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com/2018/04/
Timestamp: 2019-12-06 05:09:46+00:00

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Noticias Ambientales de Argentina: abril 2018
"Teté, la yaguareté" se presentó en sociedad
Un libro para que los más chicos conozcan la fauna salteña. Fue declarado de interés cultural, educativo, científico y ambiental.
Como parte de un proyecto que se dio en llamar Amar lo nuestro y con el fin de cubrir un vacío en lo relacionado al patrimonio natural y cultural de Salta, Mariana Raposo se embarcó en la edición de Teté la yaguareté, su tercer libro.
“Surge por una inquietud personal como madre y profesional, para dar a conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de nuestra región”, dijo su autora a El Tribuno tras la presentación de la obra.
Esta edición pertenece a la colección de libros infantiles Amar lo nuestro - serie fauna nativa de la que también forman parte Nina la flamenco andina y Amir el tapir.
La propuesta no es cuento, es un relato del personaje que en primera persona se presenta y cuenta sus características generales, como su comportamiento, hábitat, especies con las que convive y cuáles son sus amenazas. Está totalmente ilustrado para hacer más amena su lectura y cuenta con el asesoramiento técnico de Pablo Perovich y María Soledad de Bustos, doctor y licenciada en Biología, respectivamente.
El texto se elaboró en base a información técnico científica sobre la vida del animal y consulta a especialistas sobre el tema. A partir de ello se hizo una adaptación del contenido a un lenguaje infantil y fue revisado por docentes de nivel inicial y primer ciclo de primaria, teniendo en cuenta las bases curriculares para esos niveles.
Incluye además juegos para que los niños puedas identificar las manchas, “que tienen forma de rosetas y son como huellas dactilares, así los identifican a cada uno de los ejemplares”, contó Raposo. Y recursos educativos para que los niños interactúen con el libro, como actividades para encontrar en la selva los jaguares ya que su pelaje también les sirve para camuflarse.
Mariana tiene 4 hijos de 13, 12, 6 y 1 año, es ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente y una enamorada de la provincia que lucha para que se valore y conserve el valioso patrimonio natural de la región norte de Argentina.
“Yo veía en mis hijos que, en la escuela y desde la parte formal, no aprendían demasiado de nuestro patrimonio. En lugar de quejarme me planteé empezar con esto, hacer algo para poder transmitirles de manera responsable, como mamá y como profesional, con el material que se genera desde distintos organismos y de los que yo tenía conocimiento”, comentó la profesional.
Y agregó: “La idea es comenzar desde abajo, desde los más chiquitos, en la edad en la que se les despierta el amor por los animales. Uno de mis hijos en la salita de jardín empezó a ver los animales porque las aulas llevaban como nombres ‘elefante’, ‘jirafa’ y ‘cebra’. Los niños en el nivel inicial tienen fascinación con los animales, pero era increíble que no conociera los nuestros”.
“Nadie ama lo que no conoce y nadie conoce lo que no se enseña”, fue la frase inspiradora de este proyecto.
El 11 de mayo se presentará en la Feria del Libro en Buenos Aires y brindará talleres para los niños, “así podré llegar no solo a los salteños sino a todos los argentinos, sobre todo con el yaguareté, que fue categorizado por la Sociedad Argentina para el estudio de los mamíferos como en peligro de extinción”, puntualizó la profesional y escritora.
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Un equipo de biólogos, pescadores y técnicos de CARU trabajaron en el en el tramo superior del Bajo Uruguay, área restringida de pesca de la Represa de Salto Grande, realizando la primera campaña marcación y colocación de radio transmisores en la especie dorado Salminus spp.
“Es un programa que desarrolla y financia la CARU, utilizando tecnología de punta para comprender los movimientos migratorios de los peces, trabajando con una de las especies icónicas del río Uruguay como es el dorado, que hoy tiene un proceso migratorio poco conocido”, explicó Claudio Baigún, uno de los responsables de la actividad que se encuentra enmarcado en el Programa de Conservación de la Fauna Ictica y Recursos Pesqueros del Río Uruguay.
La principal tarea en estas primeras jornadas de trabajo fue la captura y aplicación de 40 radios de telemetría. El proceso consiste en capturar de la forma más rápida posible al dorado para evitar el estrés del animal que es monitoreado a través del análisis de lactato y glucosa en sangre. Si el pez se encuentra en óptimas condiciones, sin riesgo de vida, es anestesiado en piletas, para luego realizar la cirugía en la que se implanta el radio transmisor, sobresaliendo apenas la entena del mismo. Una vez finalizada la cirugía es colocado en una pileta de recuperación para luego ser devuelto al río, momento en el que comienzan a ser monitoreado cada uno de sus movimientos.
1) Conocer la distribución y comportamiento de Salminus entre la represa de Salto Grande y la boya del Km 191 del Río Uruguay, incluyendo preferencia de hábitats y 2) integrar el conocimiento del pescador artesanal y deportivo. Este conocimiento es clave para evaluar las actuales medidas de uso y posibles estrategias de manejo, así como orientar trabajos de investigación y monitoreo de la especie.
En el caso de un pescador deportivo o artesanal capture una de estas especies señalizado, en lo posible debe tomarle una fotografía al animal marcado y a la marca, y liberarlo nuevamente al río.
Esta imagen debe ser enviada a CARU y desde el organismo entrarán en contacto con el pescador, pueden enviarla a info@caru.org.uy o whatsapp +598 98036435 y entraremos en contacto a la brevedad.
Todos los pescadores que colaboren con información, no sólo estarán haciendo un intercambio de información, sino colaborado con una investigación para la conservación de esta especie. Además, participarán de diversos sorteos en agradecimiento a la colaboración”, informó Marcelo Crossa, responsable técnico de la actividad.
Estos radios transmisores ya se encuentran generando información, “tenemos instalados dos bases fijas en la Represa, otra base en la desembocadura del río Dayman, otra en la desembocadura del río Queguay y una cuarta que será localizada por el arroyo Negro”, explicó Marcelo Crossa.
En la medida que los peces se movilicen generarán información continua de movimientos “además hemos instalados sensores de temperatura y profundidad, entonces podemos conocer en detalle cual es el movimiento y el hábitat utilizado”, confirmó Crossa.
“A partir de los datos se puede conocer la posición de los dorados, los desplazamientos, el comportamiento de la especie y sus áreas de cría. Esto nos permite conservar mayormente los hábitat y con ello la especie del dorado” confirmó la bióloga Mariel Bazzalo, quien participa desde la Comisión Administradora del Río Uruguay. Además acompañan el trabajo los consultores externos bajo la organización de la Dra. Lisiane Hahn.
Agradecemos la participación honoraria de pescadores de Paysandú y Montevideo, como el apoyo del Polo de Ecología Fluvial del CENUR Litoral Norte, la CTM, la PNA, como de empresa LaZona de Concordia.
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Unas 8.000 personas se manifestaron en contra del método de extracción de gas y petróleo en Mendoza. Exigen una ley que la prohíba.
Los alvearenses volvieron a la calle y de manera contundente volvieron a sentar posición en contra del fracking.
Pasadas las ocho de la noche más de 8.000 vecinos de ciudad y distritos colmaron la plaza Carlos María portando carteles, pancartas y banderas gigantes, con la consigna de “no al fracking”. El tema de las tarifas y la problemática del agro también fue parte de la jornada de protesta.
La convocatoria que surgió a través de las redes sociales y se fue magnificando con el correr de las horas tuvo como fin armar un plan de lucha con el objetivo de conseguir la derogación del decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo a principio de marzo y que le dio luz verde a la actividad.
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Además insistirán con la necesidad de que la Legislatura trate una norma que prohíba la fractura hidráulica en todo el territorio mendocino.
“Para que votamos a los legisladores si después nos van a gobernar por decreto”, dijo Bibiana Molina, una de las oradoras en la noche.
Entre las propuestas que lanzaron como medidas de acción y recibieron la aprobación de la multitud está el realizar cortes de ruta informativos para distribuir folletería.
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Después seguirán con una carpa de protesta en la plaza central de Alvear y como cierre de esta primera etapa de lucha, y la que consideraron más importante, será llevar el reclamo al gobernador Cornejo el 12 de mayo aprovechando la visita del mandatario mendocino al departamento sureño para la Fiesta nacional de la Ganadería. Será una concentración masiva en el ingreso al predio ferial.
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"La extracción de arenas silíceas solo nos dejará perjuicio en Chubut"
El senador nacional Alfredo Luenzo solicitó al Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña respuesta a la problemática, respecto del posible impacto del cuarzo en el ambiente y curso del río Chubut y su alcance en la salud humana por la explotación de las arenas silíceas que se llevan a cabo en Dolavon.
Recientemente el Concejo Deliberante de Rawson, Chubut, solicitó al Ejecutivo Municipal, información sobre los planes de contingencia y medidas de prevención y protección del medio ambiente y de los habitantes de la ciudad que se encuentran expuestos a sílice y cuyos efectos son perjudiciales para la salud.
En el mismo sentido, el senador nacional Alfredo Luenzo solicitó al Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña respuesta a la problemática, respecto del posible impacto del cuarzo en el ambiente y curso del río Chubut y su alcance en la salud humana por la explotación de las arenas silíceas que se llevan a cabo en Dolavon.
La extracción de las arenas silíceas que se llevan a cabo en la localidad de Dolavon y el Valle, se remiten a Vaca Muerta, en Neuquén, para el uso de la explotación de hidrocarburos no convencional. Cerca de 90 camiones diarios transportan arenas silíceas desde la cantera.
“La cantidad de camiones que a diario transitan las rutas, además de causar un serio deterioro a la infraestructura vial de la provincia, esparcen parte de la carga, provocando un importante impacto en la salud de las poblaciones cercanas, atribuidas a casos de #silicosis”, aseguró Luenzo.
“No nos olvidemos que la tonelada, YPF la paga entre 250 y 290 dólares, y la provincia recibe 16 centavos de dólar por cada tonelada en concepto de regalía, mientras que cuando la empresa la importaba desde Brasil, la pagaba 1200 dólares la tonelada. Razón por la cual la provincia debería actualizar la tasa”, continuó.
“Este es un mineral que debería considerarse estratégico dado que el 30% de la viabilidad del yacimiento Vaca Muerta depende de provisión de arena silícea. Y viendo los daños causados y lo poco que recibe la provincia en concepto de regalías, el resultado es solo perjuicio”, concluyó Luenzo.
Legislativamente avanza la incineración en Capital Federal
“El cianuro se puede beber”, infames palabras de Capello
Fuente: Revista Matices
“La insólita declaración, que provocaría carcajadas si no fuera trágica, se produjo quince días después de que la empresa canadiense Barrick Gold perpetrase dos nuevos derrames de agua cianurada”, escribe Miguel Bonasso.
“El cianuro es una sal. Lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos”, declaró textualmente al Diario de Cuyo, el Subsecretario de Minería de Argentina, Mario Capello. Y agregó: “No hay que asustarse, ni asustar a la gente”.
La insólita declaración, que provocaría carcajadas si no fuera trágica, se produjo quince días después de que la empresa canadiense Barrick Gold perpetrase dos nuevos derrames de agua cianurada, que mantuvo en secreto desde hace varios meses, hasta que el siniestro fue denunciado por la Asamblea Vecinal “Jáchal no se toca”, que lucha para evitar la contaminación de los ríos y las napas subterráneas, en la provincia andina de San Juan. Desde 2015, ya van -que se sepa- cinco derrames, uno de ellos superior al millón de metros cúbicos de agua con cianuro. Por un solo derrame de 100 mil metros cúbicos sobre el Danubio, Europa prohibió la megaminería del cianuro en todo su territorio.
La Barrick Gold, nacida como empresa de fachada de la CIA en tiempos del escándalo Irán-Contras (en los 80), ya había producido otros tres derrames de agua cianurada en su mina de Veladero, ubicada a 4 mil metros de altura, en la Cordillera de los Andes. Igual que ahora, la empresa mantuvo los desastres en riguroso secreto hasta que un trabajador de la mina, en un mensaje de texto, les avisó a sus familiares que no bebieran agua del río cercano porque estaba envenenada con cianuro y otros metales pesados.
Violando expresamente la Ley de Ambiente y la Ley de Glaciares, el gobierno de Mauricio Macri no expulsó de la Argentina a la Barrick Gold, medida que sí tomó recientemente el gobierno de Chile a raíz de un incidente similar en la zona de Pascua, donde se iba a construir una gigantesca mina al aire libre, chileno-argentina (Pascua-Lama). Por el contrario, el gobierno Macri ha salido a promocionar el cianuro como bebida refrescante. Es que la Barrick reina en San Juan y en toda la Argentina, desde los tiempos de Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo fluida relación con el fallecido Peter Munk, ex capo de la megaminera y socio del expresidente George Herbert Walker Bush y del conocido traficante de armas saudita, Adnan Kashoggi.
Por eso el presidente municipal de Jáchal, Miguel Vega, se negó inicialmente a ordenar un examen minucioso en la cuenca del río Jáchal y recién lo pidió 15 días después de que se denunciara el derrame, presionado por la lucha de los vecinos.
El alcalde Vega pertenece al partido peronista, igual que la ex Presidenta, el ex gobernador de San Juan José Luis Gioja y el actual mandatario provincial Sergio Uñac. Todos de estrecha relación con la peligrosa corporación. En cambio, el subsecretario de Minería que propone un coctel de cianuro, es radical y macrista, lo cual prueba que el encanto aurífero de las megamineras es transpartidario.
Mientras tanto, un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo, realizado el 27 de diciembre de 2017, detectó valores de mercurio 53 veces superiores al máximo tolerable para la vida acuática. Pero la alarma crecería de manera exponencial en febrero de este año, cuando un nuevo estudio en aguas del río Jáchal constató 1.992 milímetros de aluminio por litro de agua, amén de altísimos niveles de otros minerales como mercurio, manganeso, bario, cadmio, cobalto, cobre, cromo, níquel, plata, plomo, zinc y arsénico. Todo en proporciones muy superiores a los valores establecidos para el riego y el consumo del ganado. Diga lo que diga el Subsecretario de Minería.
El resultado de los análisis ha trascendido el ámbito universitario, alimentando la creciente indignación de los jachaleros, hacia esa megaminería que les prometía instalarse en la región para crear empleo y bienestar y les está envenenando el agua y diseminando el cáncer. Su lucha ha encontrado un eco penal en el ámbito nacional, con la causa sobre los derrames de cianuro que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello. Para el propio presidente Macri esa causa judicial y la Ley de Protección de los Glaciares, impulsada como diputado nacional por el autor de este artículo, constituyen dos serios escollos a salvar para concretar en los Andes 44 nuevos proyectos de megaminería a cielo abierto. Para el poder, un maná del cielo que rondaría los 18 mil millones de dólares de inversiones extranjeras; para los ciudadanos argentinos una pérdida total de soberanía en el tema decisivo del agua.
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El juez de primera instancia de Córdoba Esteban José Díaz Reyna envió a juicio a los exsecretarios de Ambiente de la Provincia Raúl Omar Costa y Luis Federico Bocco, acusados de abuso de autoridad, en el marco de una causa por la autorización de construcciones en la localidad de San Antonio de Arredondo, según el fallo al que accedió La Voz.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Hugo Amayusco.
Raúl Costa, quien estuvo en el cargo entre 2007 y 2011, fue acusado de haber dictado una resolución contraria a normas provinciales y nacionales de protección ambiental al autorizar a la constructora Gama SA a realizar un loteo para el barrio privado Dorado II, entre el kilómetro 40 de la ruta 14 y el río San Antonio, en la localidad homónima.
La construcción implicaba el desmonte en un terreno que se encuentra dentro de un área natural protegida conocida como la Reserva Recreativa Natural Valle del Cóndor sin que se hubiese exigido a Gama la presentación el estudio de impacto ambiental.
Además, en el terreno existía un bosque nativo por lo que el área de emplazamiento era objeto de protección de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (LOTBN), según lo dispuesto por la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos 26.331.
A su turno, Costa indicó que fue "absolutamente riguroso al momento de aprobar todo tipo de expediente, es decir, que hasta que no se cumplieran todos los pasos legales, no los autorizaba".
"Con lo cual, no puede recordar con precisión detalles de esta imputación, pero, seguramente al haberlo autorizado, fue porque se cumplían todos los pasos legales”, indicó.
A su vez, Costa fue imputado además por haber dictado una resolución contraria a normas provinciales y nacionales de protección ambiental al autorizar el aviso de proyecto presentado por la Empresa Provincial de Energía (Epec), en 2009, para la construcción de la estación transformadora Carlos Paz Sur, en San Antonio, y la edificación del campo de salida de la Estación Transformadora Falda del Cañete sin que presuntamente cumplimentara debidamente la evaluación de impacto ambiental, otorgando la licencia ambiental.
La acusación contra Bocco
Por otro lado, Bocco fue imputado por haber dictado una resolución contraria a normas provinciales y nacionales de protección ambiental al autorizar la realización del condominio cerrado Dorado III (22 departamentos a los pies de una falda de montaña), en San Antonio.
La construcción implicaba el desmonte de bosque nativo en un terreno que se encuentra dentro de la misma área natural protegida.
En este caso, Gama sí presentó un estudio de impacto ambiental y, de él, "y del procedimiento llevado a cabo ante la Secretaría de Ambiente para su aprobación, surge que la construcción del Dorado III implicaba la eliminación de la cubierta vegetal existente dentro del predio, encontrándose previstas tareas desmonte y el consecuente cambio de uso de suelo", según la acusación.
Esas tareas, según las disposiciones de la ley provincial de bosques, se encontraban prohibidas, en tanto el área ha sido caracterizada como zona roja (categoría I) y/o amarilla (categoría II).
El fiscal del caso había pedido que ambos exfuncionarios fueran enjuiciados por "abuso de autoridad", resolución que el juez Díaz Reyna confirmó bajo la misma figura. La medida del magistrado podrá apelarse por las defensas de ambos imputados, según se informó desde la Justicia.
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El glifosato podría prohibirse en el partido de La Plata
En diálogo con Info BLANCO SOBRE NEGRO, el concejal de Unidad Ciudadana que impulsa esta iniciativa, Cristian Vander, explicó: “En la Universidad Nacional de La Plata tenemos a un investigador que realizó un gran aporte en Concejo Deliberante de Gualeguaychú para que el glifosato sea prohibido en esa ciudad, y me pareció importante replicarlo en nuestra ciudad”.
Tal como publicó este portal en una nota anterior, el investigador platense Damián Marino cumplió un rol fundamental en el debate del proyecto que terminó con la prohibición del uso del glifosato en todo el territorio de Gualeguaychú.
Según pudimos averiguar con diferentes ingenieros agrónomos, en La Plata este herbicida no es utilizado en forma intensiva ya que es trata de una zona donde la producción de soja y maíz no es relevante. “En el cordón fruti-hortícola se usa pero de forma manual para el control de malezas, no se puede comparar con lo que sucede en otras localidades”, explicó el profesional.
“Acá el uso de agrotóxicos está más vinculado al cordón fruti-hortícola, se necesita mayor capacitación sobre el uso de pesticidas. Los productores hacen lo que les recomiendan en las químicas y no tienen demasiadas alternativas”, aseguró Vander.
Además del sector productivo, la utilización de glifosato se popularizó dentro de las ciudades en patios y parques. Jardineros y empresas de mantenimiento suelen aplicarlo porque elimina todo tipo de hierbas.
Por su parte, el titular de la Comisión de Medio Ambiente, Gastón Crespo (GEN), señaló: “En el cordón fruti hortícola se utilizan mucho más otros agro químicos”.
Y agregó: “A fines del 2015 habíamos presentado una ordenanza para regular la utilización de todos los agro-químicos en la zona, actualmente no hay controles y en el Mercado Regional no funciona el área de laboratorio por lo que no se controla la cantidad de las frutas y verduras que llegan”.
La minera analizaba seguir con el proyecto de manera subterránea, pero finalmente lo congeló "por un tema netamente económico", dijo. Sin embargo fuentes del sector aseguran que la Ley de Glaciares fue un factor decisivo.
Barrick informó esta tarde que suspende por completo la actividad en el proyecto Pascua Lama, el cual analizaba desarrollar de forma subterránea.
La alternativa se discutía desde hace más de una año pero finalmente la minera canadiense desistió "por un tema netamente económico" según lo dijo de manera oficial, aunque fuentes del sector revelaron a Diario de Cuyo que mucho tiene que ver la Ley de Glaciares.
"Desde el año pasado, Barrick ha estado estudiando la optimización del proyecto Pascua-Lama. El trabajo hasta la fecha sobre el estudio de prefactibilidad para un posible proyecto subterráneo indica que, si bien el concepto puede ser factible desde un punto de vista técnico, no cumple con los criterios de inversión de Barrick", indicó la minera canadiense, en el marco de la entrega de sus resultados del primer trimestre.
"En base a esto, y tomando en consideración otros factores de riesgo, la Compañía ha suspendido el trabajo sobre el estudio de prefactibilidad y se enfocará en ajustar el plan de cierre del proyecto de la infraestructura de superficie en el lado chileno del proyecto, en línea con los requerimientos legales", agregó la compañía.
Esto, no obstante, no significa que la concreción de Pascua Lama queda desechada de forma definitiva, pues según la empresa, esta continuará evaluando oportunidades para reducir el riesgo del proyecto "mientras mantiene Pascua-Lama como una opción de desarrollo en el futuro si mejoran sus indicadores económicos y los riesgos relacionados puedan ser mitigados". En tanto que la Provincia apuntaría a exigir el cierre definitivo del proyecto.
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Presentaron la Marcha al Puente Internacional del próximo domingo 29
Además de miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental estuvieron presentes el Intendente Martín Piaggio y varios funcionarios municipales
Integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental anunciaron formalmente la realización de la 14° Marcha al Puente Internacional para el próximo domingo 29 de abril, en una Conferencia de Prensa que se realizó en el Hotel Aguay.
Estuvieron presentes el Intendente y el Vice Intendente Martín Piaggio y Jorge Maradey, respectivamente como así también la Directora de Ambiente, Susana Villamonte y por parte de la Asamblea participaron sus miembros permanentes Juan Veronesi, Martín Alazard, Carlos Goldaracena, Julio Rivero y Javier Pretto. Destacaron que la convocatoria para este próximo 29 de abril tiene un componente adicional que es “la probabilidad de que se instale una nueva pastera en Fray Bentos, como se ha revelado recientemente. El contenido de los documentos que avalan dicha posibilidad como cierta son muy fuertes y contundentes”.
El asambleísta Carlos Goldaracena precisó en RADIO MAXIMA que “no nos olvidemos que los que van a las reuniones de la Asamblea que se hacen todos los miércoles del año son 20 personas, son los que realmente, de una forma admirable, le ponen el cuerpo y las ganas, cada uno de esos 20 desde su lugar y hay que reconocerlos, porque son los que en estos tiempos mantienen encendida la pequeña luz de la lucha que Gualeguaychú contra la presencia de Botnia y toda contaminación que nos afecta”.
Goldaracena manifestó enfáticamente que “este año, en esta nueva Marcha al Puente del domingo 29 de abril, con mucha más razón no podemos dejar de estar presentes los gualeguaychuenses, teniendo en cuenta que se está hablando de volver a instalar una nueva pastera en Fray Bentos. Sería una hecatombe para Gualeguaychú, porque si ya estamos con muchas enfermedades respiratorias, conjuntivales por el aire contaminado, sin tener en cuenta el penoso estado físico químico del río, es inimaginable lo que puede suceder si terminan instalando una nueva planta en los terrenos donde en una época pensó instalarse ENCE. Esta tiene que ser una Marcha especial por la importancia que tiene este tema y creo que Gualeguaychú tiene que decir presente y gritar que no vamos a permitir que se instale otra pastera”.
Por su parte, Piaggio, destacó la importancia “de estar trabajando todos juntos en la lucha de Gualeguaychú por un ambiente sano con la Asamblea Ciudadana Ambiental, por una comunidad libre de agrotóxicos y reafirmando que no queremos ni la presencia de la actual pastera de Botnia ni que instalen ninguna otra más. Esto reafirma que el conflicto está plenamente vigente y también lo tiene que estar nuestra lucha como pueblo de Gualeguaychú”.
En tal sentido, Piaggio expresó que “tenemos la necesidad de obtener más información ante lo hace muy pocas semanas hemos conocido sobre la perspectiva bastante concreta de que en Fray Bentos se pueda instalar una nueva pastera. Queremos llevar nuestra voz y nuestra preocupación a quienes tienen la responsabilidad ante semejante posibilidad. En Gualeguaychú siempre hemos dicho que no queremos a Botnia, pero también ahora debemos decir que tampoco queremos ni una Botnia más. Esta lucha pacífica, que sigue vigente de después de tantos años, requiere una contundente presencia, por eso les pido a todos los vecinos, que este domingo marchemos todos al Puente Internacional”.
Preocupante situación de los trabajadores aceiteros
El estudio se hizo a partir de las bases de datos de la obra social (Osiad), e incluyó a la totalidad de los afiliados, trabajadores activos y jubilados.
Los trabajadores de la industria aceitera del polo sojero del Gran Rosario tienen una incidencia acumulada de cáncer que duplica a la de la población general del Cordón industrial, según denunciaron en un informe publicado hace pocas semanas dos médicos que asesoran al Sindicato de Aceiteros de Rosario .
En el trabajo "Morbilidad y mortalidad por cáncer en población trabajadora aceitera de la provincia de Santa Fe, 2003-2015" el médico epidemiólogo Mariano Mussi y el psicólogo Esteban Fridman compararon datos entre la población trabajadora aceitera y habitantes de diferentes localidades del Cordón. Tras el análisis de los datos, encontraron que mientras la tasa ajustada de personas afectadas por la enfermedad es de 170,16 para la población en general, esa cifra trepa hasta el 351,88 para los operarios de las cerealeras santafesinas.
Ante esta situación decidieron convocar a una actividad pública para esta tarde frente a la planta de Cargill en Villa Gobernador Gálvez para exponer los problemas de salud que padecen los trabajadores de uno de los sectores más rentables de la economía nacional.
También buscarán el apoyo y la solidaridad de vecinos y grupos ambientalistas de la región para alertar sobre "los modos criminales de acumulación del capitalismo" que el agronegocio propone como modelo de producción en la zona núcleo agropecuaria argentina.
"Detectamos que los trabajadores aceiteros tienen un perfil de mortalidad diferente al del resto de la población, ya que sólo el aceite mineral y la radiación solar están tipificados como causales de enfermedad, pero ellos manipulan diariamente otras sustancias como el hexano, así como glifosato, además de insecticidas", detalló Mussi.
A renglón seguido, el profesional agregó que los aceiteros "son los que están en el pico del embudo de este modelo trabajando todos los días en contacto con esos elementos", y advirtió que "el movimiento sindical aceitero de la región también quiere discutir los efectos sobre la salud del modelo agroindustrial".
Según detalló Mussi, en primera instancia se identificó a los trabajadores aceiteros de la provincia de Santa Fe a través de las bases de datos de la obra social (Osiad), para lo cual se incluyeron a la totalidad de afiliados titulares (activos y dados de baja) y jubilados.
Luego el padrón fue remitido al Ministerio de Salud de la provincia, que realizó una búsqueda de casos de cáncer en el Registro Provincial de Tumores para el período 2003-2015. Con esos datos en mano se comparó (utilizando la prueba de CHI2) la tasa de incidencia acumulada para los aceiteros con la de los habitantes del Cordón, según publicación del Ministerio de Salud para el período 2005-2009.
Los resultados son elocuentes: en un estudio de 177 casos sobre una población "aceitera" de 19.325 personas (en el período 2003/2015) la tasa bruta de cáncer fue de 915,91 con una tasa ajustada de 351,88.
Para la población en general se tomaron 1.268 casos sobre 745.183 habitantes en un período comprendido entre los años 2005 y 2009, con una tasa ajustada de 170,16.
La tasa ajustada es una manera de comparar dos poblaciones diferentes estudiadas en períodos diferentes. Es un número que expresa la cantidad de personas que contraen la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de los aceiteros, encontraron 351,8 casos cada 100 mil personas, mientras que para el resto de la población es de 170 casos cada 100 mil.
En otras palabras, se enferman de cancer 4 de cada mil trabajadores aceiteros, y dos por cada mil en el resto.
Es decir que quienes trabajan en las más de 30 plantas aceiteras que se reparten sobre la costa del Paraná tienen una chance de contraer cáncer más de dos veces mayor a la de aquellos que viven en las localidades de la zona, sentencia la investigación.
Pero además, los médicos constataron que los aceiteros son propensos a desarrollar determinados tipos de enfermedades no tan frecuentes en el resto de la población del polo agroexportador sojero.
Si se toma la distribución de los diferentes tipos de cáncer en los trabajadores aceiteros se constata que los dos primeros puestos coinciden con los de la población general "siendo los cánceres de pulmón y colon los más frecuentes".
Sin embargo, mientras que en la población el tercer lugar es para próstata/riñón y vías urinarias, en aceiteros el tercer tipo de cáncer —en frecuencia— es el de piel, algo que consideraron como "llamativo" ya que se trata de un tipo de neoplasia poco frecuente. "Es coherente con el hecho constatado en las licencias de frecuentes casos de dermatopatías entre los aceiteros", agregaron los médicos.
Desconocimiento del Estado
En cuanto a los riesgos, Mussi explicó que el único cancerígeno denunciado y aceptado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo es el aceite mineral, mientras que el hexano "es aceptado como cancerígeno por la Iarc (organismo internacional a cargo de la materia) pero el Estado argentino desconoce este hecho".
"Existe una proliferación de químicos y agroquímicos no denunciados, como es el caso del glifosato, que es un reconocido teratógeno (inductores de esterilidad y malformaciones) y cancerígenos", dijeron los expertos. Y subrayaron que en los grupos focales realizados con los trabajadores quedó en evidencia "la ausencia o destrato en el control a la exposición de aceite mineral", un "cancerígeno que debe ser controlado con exámenes de orina y dosaje de 1-hidroxipireno urinario, una situación de los trabajadores desconocen".
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Gualeguaychú aprobó la prohibición de uso en el ejido y se suma a las ciudades y pueblos que buscan alejar las pulverizaciones de los centros urbanos. Rosario, capital de la soja, hizo lo mismo en diciembre. Expertos alertan sobre la explosión en los indicadores de cáncer y otras dolencias
Se trata del plaguicida clave para el cultivo de la soja transgénica aunque, por presión comercial de compañías como su creadora Monsanto, las pulverizaciones con el químico se han vuelto una constante en las últimas dos décadas incluso en plazas, parques, vías y predios en general del grueso de las poblaciones agrícolas del interior de la Argentina.
El principal argumento al que apeló la mayoría de los legisladores de Gualeguaychú para vetar las aplicaciones con el herbicida radica el dictamen de marzo de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.
Pero lo ocurrido en la ciudad en cuestión lejos está de representar un evento aislado. Muy por el contrario, la prohibición fijada se inscribe dentro de una ola de cuestionamientos y límites a la utilización del químico que ya suma varias plazas en provincias como Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe o la misma Buenos Aires.
Según sendos especialistas del sector sanitario y legal consultados por iProfesional, en la actualidad cerca de 400 ciudades y pueblos del país mantienen vigentes o discuten limitaciones a la aplicación de plaguicidas dentro o cerca de núcleos urbanos.
La gran "peso pesado" en dar el primer paso en términos de veto a la aplicación de glifosato fue Rosario, la capital nacional de la soja.
En diciembre pasado, el Concejo Municipal de esa ciudad dio luz verde a un proyecto de prohibición concebido por Osvaldo Miatello, legislador por el bloque Compromiso con Rosario, y la normativa quedó firme precisamente durante los últimos días de 2017.
"La normativa establece un precedente tanto para la provincia como para toda la región. La ordenanza fija pautas, obligaciones, sanciones, que deberá coordinar Ambiente. Ahora lo que queda es ver de qué manera se llevarán a cabo los controles", comentó Miatello, en diálogo con iProfesional.
El texto desarrollado por el funcionario fija sanciones por hasta 500.000 pesos para quienes incumplan la ordenanza. Al mismo tiempo, erradica la comercialización del glifosato en supermercados, una práctica denunciada por el mismo legislador.
"Si bien Rosario no es el primer distrito que fija una prohibición así, lo impuesto tiene una enorme potencia simbólica por todo lo que significa la ciudad para el modelo agroindustrial. Por algo los actores que promueven el uso de glifosato ejercieron presión sobre los ediles para que no se apruebe la ordenanza. Sabían que luego se iba a dar lo que ahora ocurre: una ola de contagio", sostuvo ante iProfesional el doctor Damián Verzeñassi, titular de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario (UNR).
Ya en febrero, Sergio Varisco, intendente de Paraná, promulgó una normativa que también prohíbe las pulverizaciones con el herbicida aunque, conviene aclararlo, el mandatario vetó un artículo que inhibía la venta y el traslado del compuesto dentro del ejido de la capital entrerriana.
El texto de la ordenanza, según pudo constatar iProfesional, destierra el uso total de "agroquímicos biológicos de uso agropecuario destinados a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal, y/o espacios verdes, que contengan glifosato y agroquímicos derivados".
Pocas semanas después, en marzo, el sector político de la localidad de Marcelino Escalada, ubicada en el departamento santafesino de San Justo, puso en vigencia la prohibición de las pulverizaciones con agroquímicos a menos de 500 metros de cualquier zona habitada.
El antecedente a dicha decisión hay que ubicarlo en lo sufrido por Diógenes Chapelet, un vecino de 75 años fallecido en enero último luego de una extensa agonía. Chapelet fue rociado dos veces con plaguicidas en el transcurso de noviembre de 2017.
Chapelet habitaba una vivienda lindera a dos campos que fueron fumigados en la previa al verano. La última de las pulverizaciones lo sorprendió en el patio de su casa. Luego llegaron los broncoespasmos, las manchas en la piel, y el traslado a un centro de salud en el marco de un sufrimiento que concluyó con una falla multisistémica, según los reportes médicos.
Marzo también fue el mes elegido por el Concejo de la ciudad santafesina de San José del Rincón para erradicar la posibilidad de uso del glifosato en todo el ejido municipal. En esa misma provincia, ahora discuten la imposición de una medida similar la capital Santa Fe, Recreo, Esperanza y Pueblo Esther.
Durante abril, en tanto, Concordia estableció un veto al mismo producto que incluye entre sus argumentos el vínculo entre el herbicida y la proliferación del cáncer demostrada por IARC.
En uno de sus artículos, la legislación fijada en esa ciudad impone, además, la obligación municipal de "realizar campañas de concientización sobre los tratamientos alternativos para el control de malezas e insectos tendientes a lograr una mejor calidad de vida de los habitantes...".
En otras palabras, sienta las bases para la migración a métodos que excluyan de plano las mezclas de agroquímicos.
"Lo que viene sucediendo confirma que, cuando se organizan y movilizan, las sociedades pueden instalar en el sector político preocupaciones como el control de los agroquímicos. En Entre Ríos, por ejemplo, se vienen realizando rondas todos los martes en casi todas las ciudades pidiendo el freno a las fumigaciones. Son herramientas de resistencia que explican los grandes avances que se dan en estos días", aseguró Verzeñassi.
Contactados por este medio, ejecutivos tanto de la multinacional Monsanto como de CASAFE, la cámara que aglutina a los fabricantes de plaguicidas en la Argentina, quedaron en pronunciarse respecto del impacto de estas medidas en sus respectivas estrategias de negocios.
El glifosato, según la definición de la misma CASAFE, "se utiliza para eliminar la competencia de malezas en los cultivos por luz, agua y nutrientes". El herbicida, autorizado por primera vez en Norteamérica en 1974, combina elementos químicos que inhiben el trabajo de enzimas que permiten a las plantas llevar a cabo procesos esenciales para la supervivencia.
A la par del vínculo con el cáncer, distintas experiencias científicas comprobaron que el plaguicida atraviesa la placenta.
La investigación de Carrasco reportó estos daños, con el agravante de que la experiencia científica se llevó a cabo sobre concentraciones de glifosato mucho menores a las que hoy se aplican en los campos.
"Trabajamos en células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El Roundup programa la muerte de esas células en pocas horas", indicó el profesional galo, especialista en biología molecular.
En la actualidad, los efectos nocivos sobre la salud humana y el medioambiente en general derivados de la aplicación de glifosato pueblan las páginas de más de 600 trabajos científicos independientes desarrollados alrededor del mundo.
Medida celebrada
En sintonía con el reclamo popular devenido en ley en buena parte de los distritos agrícolas, representantes de la salud como el doctor Medardo Ávila Vázquez, experto de la Universidad Nacional de Córdoba y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, destacaron como "sumamente positivo" el incremento en las restricciones al uso de glifosato.
Consultado por iProfesional, el especialista sostuvo que las ordenanzas que se multiplican son el "reflejo de un reclamo que viene de la gente y en defensa del derecho a la vida y la salud. Un reclamo en contra de un modelo de agricultura sustentado en las fumigaciones con agrotóxicos".
"En este momento en la Argentina se están usando más de 400 millones de litros de agrotóxicos por año, de los cuales 320 millones son de glifosato. En nuestro país, al año, se da una exposición promedio de 7 litros de glifosato por habitante. Pero en torno a ciudades como Concordia o Gualeguaychú, la tasa llega a 50 litros de glifosato por persona", alertó.
A los ojos de Ávila Vázquez, las nuevas ordenanzas muestran cómo las poblaciones asumen la necesidad de protegerse ante un modelo de agronegocios que atenta contra la seguridad sanitaria de esas sociedades.
"El aumento en las tasas de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos, hipotiroidismo, asma, que se está dando en nuestros pueblos es indiscutible. Es la consecuencia de la exposición a los plaguicidas que propone el agronegocio", dijo.
Para luego concluir: "Con respecto a lo que manifiestan la Sociedad Rural y la Federación Agraria, nosotros decimos que estas prácticas productivas envenenan y enferman a la población. Y lo hacen mientras estas organizaciones se benefician económicamente. El agronegocio se apropia de una renta sustentada en la enfermedad".
Enrique Viale es referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. En diálogo con este medio, el especialista destacó que las normativas vigentes demuestran que "los graves efectos de los agroquímicos sobre la salud y el ambiente ya no pueden ser ocultados".
"Siempre los cambios vienen desde lo local. Los pueblos, más cercanos y afectados, son los primeros en tomar conciencia y exigir a sus autoridades leyes u ordenanzas protectoras. Esperemos que esto que ocurre sirva, además, para poder debatir la totalidad del modelo del agronegocio", finalizó.
Etiquetas: agricultura industrial, agroquímicos, contaminación, legislación y derecho ambiental, Monsanto, Nacional | 0 comentarios
La Pampa insistirá ante la Corte por el caudal de 4,5 m3 del Atuel
El secretario de Recursos Hídricos pampeano, Javier Schlegel, afirmó ayer que “desde el gobierno provincial pedimos un caudal mínimo de 4,5 metros cúbicos” del río Atuel, al plantear la postura oficial para la audiencia de conciliación citada por la Corte Suprema de Justicia para el 9 de mayo, con la participación de Mendoza y la Nación, a raíz del conflicto que mantiene desde hace décadas nuestra provincia con la vecina La Pampa.
Sobre la propuesta de su provincia, agregó que La Pampa pide “un caudal medio de entre 7 y 9,5 metros cúbicos por segundo, con un régimen hidrológico que se corresponda con la fusión de la nieve y 4,5 metros cúbicos por segundo como mínimo”, a partir de un estudio realizado “con solidez” por especialistas de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).
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La audiencia fue convocada por la Corte Suprema ante la demanda presentada por el gobierno pampeano en mayo de 2014 y ante la falta de acuerdo en el ámbito de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) entre los gobiernos de La Pampa y Mendoza, en la fijación de un caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema afectado en el noreste pampeano por el corte del río Atuel aguas arriba.
A la audiencia fueron convocados ambos gobernadores, así como los respectivos fiscales de Estado. También fue citado el secretario de Infraestructura y Política Hídrica dependiente del Ministerio del Interior, Pablo Bereciartúa.
Misiones: detectan velocidades de casi 200 Km/h en reservas
Radares detectan vehículos a 180 y 195 kilómetros por hora en Parques Provinciales y áreas protegidas con 60 de máxima
En el marco de las tareas conjuntas realizadas por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Ecología de Misiones en la jornada de éste jueves 19 y viernes 20 del corriente se continuó con los controles con radar móvil con integrantes de la Policía de Misiones con asistencia de Guardaparque provinciales sobre la ruta nacional Nº 12 dentro del Parque Provincial Puerto Península.
Durante las jornadas se registraron más de 300 infractores a la Ley Nacional de Tránsito y a la Ley Provincial de Áreas Naturales Protegidas, por violación de la velocidad máxima permitida para la circulación en los parques provinciales de 60 km/h. Nuevamente llamó la atención la imprudencia y temeridad de algunos conductores, que arriesgando su propia vida, la de otras personas y de la fauna silvestre, superaron todos los límites permitidos para circular por rutas.
Este es el caso de dos vehículos, una motocicleta de alta cilindrada que el día jueves registró una velocidad de 195 km/h, y de una camioneta que ese mismo día circuló a 180 km/h, en tramos de alta circulación de fauna.
Con la información provista por los radares certificados se iniciarán los sumarios ambientales por violación a la Ley de Áreas Protegidas. Estas acciones continuarán en preservación de la seguridad de las personas en el tránsito vial y la prevención de daños a la fauna misionera presente en las unidades de conservación provinciales.
Hasta investigadores del INTA advierten de los agroquímicos
Un informe contra corriente
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es el máximo espacio técnico-científico del país dedicado al campo. Su consejo directivo está integrado por el sector privado (Mesa de Enlace) y durante décadas impulsó el modelo transgénico. A contra corriente, una reciente investigación del mismo instituto cuestiona duramente al agronegocio: afirma que el uso de transgénicos no produce mayores rendimientos, advierte que la aplicación masiva de agroquímicos llevó a una situación de “vulnerabilidad” y reafirmó la necesidad de otro modelo agropecuario (agroecología).
Hoy discuten la incineración en Diputados de la CABA
La incineración se realizaría en "hornos controlados" y bajo el concepto de "valoración energética", según prevé el proyecto, que plantea plazos para que en la Ciudad disminuya la cantidad de desechos que destina a los rellenos sanitarios.
El encuentro será a las 9.30 en el salón Montevideo con la participación de los diputados de las comisiones de Ambiente, que preside la legisladora Mercedes de las Casas; y de Obras y Servicios Públicos, que encabeza Gastón Blanchetiere.
La reunión está convocada para el tratamiento de la propuesta presentada a fines de marzo por el Gobierno de la Ciudad ante la Legislatura para reformar la ley denominada "Ley de Basura Cero", del 2005.
Chubut: proyecto para prohibir la minera metalífera y nuclear
Buscan que la actividad minera sea prohibida en Chubut por una ley que suplante a la 5.001
En la Legislatura se presentó ayer un proyecto de ley que apunta a prohibir la actividad minera metalífera y nuclear en Chubut. La iniciativa ya ha tomado estado parlamentario y con su aprobación se debería derogar la Ley 5.001 por lo que los proyectos mineros, que están en actividad, deberían cerrar. Además, la nueva legislación solo se podría derogar con una consulta popular.
El diputado de Chubut Somos Todos, Alejandro Albaini, presentó ayer un proyecto que busca prohibir completamente la actividad minera en Chubut.
El diputado Alejandro Albaini presentó ayer un proyecto que busca prohibir la actividad minera en Chubut. La iniciativa también abarca los proyectos que actualmente están activos. En el texto, que cuenta con seis páginas de fundamentos, se destaca la falta de licencia social y se deja en claro que en caso de aprobarse la legislación, se deroga la actual Ley 5.001 y regirá también para los proyectos mineros que actualmente se encuentran en funcionamiento.
En su artículo 1º se establece la prohibición de “la actividad minera de sustancias metalíferas correspondientes a la primera categoría establecidas en el inciso ‘A’ del artículo 3º del Código de Minería, con la utilización de cianuro y toda otra sustancia química, contaminante y toxica o peligrosa para el ambiente, la salud pública y que haga peligrar la provisión de agua dulce”.
Mientras que en el artículo 2º se establece que se prohíbe la actividad minera de minerales nucleares como uranio, torio y plutonio. Además, en este punto se aclara que la legislación regirá para las minas actualmente concedidas, que deberán cerrar y remediar, componer y restituir los elementos necesarios.
Según el artículo 3º, la prohibición abarca todo el proceso minero, que está constituido por el “cateo, prospección, exploración, desarrollo, preparación, extracción y explotación de sustancias minerales”.
Asimismo, el artículo 4º del proyecto se propone derogar la denominada ley 5.001 y “toda otra norma que se oponga a la presente”.
Además, en su artículo 5º este proyecto de ley establece que, en caso de aprobación, la misma solo podrá ser derogada mediante “la utilización del mecanismo de Consulta Popular vinculante, previsto en la Ley XII nº 6, ex Ley 4.564, abarcando la misma todo el territorio de la provincia del Chubut”.
Mientras que en su artículo 6º se faculta al Poder Ejecutivo provincial a “adecuar las disposiciones reglamentarias vigentes a lo establecido en la vigente Ley”.
La iniciativa fue presentada por el diputado Alejandro Albaini, quien sostuvo que el proyecto, acompañado por la firma de varios diputados, “ya ha tomado estado parlamentario”, por lo que deberá ser tratado por la Comisión de Recursos Naturales.
Asimismo, el legislador de Chubut Somos Todos manifestó que comenzarán una ronda de debates por toda la provincia en busca de adhesiones al proyecto de Ley.
En este marco, el diputado destacó que en caso de no obtener los votos de la Comisión correspondiente, “vamos a buscar el consenso de la sociedad”.
Veladero: denuncian dos grandes derrames que fueron ocultados
El yacimiento que opera la multinacional minera Barrick Gold en San Juan habría sufrido dos nuevos incidentes de proporciones. La presencia de metales pesados en el río Jáchal fue en febrero hasta 28 veces mayor que en 2015.
Nada de esto tuvo mayor repercusión. Y cuando las aguas parecían apaciguarse, un nuevo estudio encendió la alerta en Jáchal: en muestras tomadas el 28 de febrero se detectaron niveles alarmantes de contaminación. Por caso, en la muestra identificada como "M14-Cauce del río Jáchal" se detectaron 1992 miligramos de aluminio por litro, casi 400 mil veces más de lo que la legislación aconseja para la vida acuática y 400 veces por encima de lo recomendado para el agua para consumo de ganado y riego. También se encontraron niveles muy elevados de mercurio y manganeso, además de bario, cadmio, cobalto, cobre, cromo, níquel, plata, plomo, zinc y arsénico.
"Es igual que en los otros derrames. Primero es un rumor del que nos enteramos por WhatsApp, lo denunciamos y recién ahí aparecen los comunicados oficiales. Acá no hay otra explicación posible: hubo dos derrames en Veladero que se mantuvieron ocultos", declaró a Tiempo Saúl Zeballos, uno de los referentes de la Asamblea Jáchal No Se Toca.
La respuesta que suelen dar desde el sector minero es que la cuenca del Jáchal siempre tuvo agua de mala calidad. Por eso son clave las "líneas de base", las mediciones que Barrick Gold hizo antes de comenzar a explotar la zona y que deberían servir para comparar. Sin embargo, en su momento el hidrogeólogo Robert Moran –el único perito independiente que visitó Veladero– explicó que esos análisis están mal hechos, ya que tienen escasas referencias.
Con los resultados en la mano, el abogado Enrique Viale, que representa a la asamblea de vecinos, adelantó a Tiempo que se presentará mañana ante el juez federal Sebastián Casanello, quien lleva parte de la investigación de los anteriores derrames. "El desamparo es total. Barrick no tiene ningún tipo de control", advirtió.
Dos sugestivos datos finales. Primero: el gobierno busca modificar la Ley de Glaciares para habilitar 44 proyectos mineros. La noticia de dos nuevos derrames complicaría esas intenciones. Segundo: el Código de Minería establece que "en caso de tres infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento" minero. Veladero tuvo seis incidentes confirmados, tres muy graves. Por eso la Asamblea Jáchal No Se Toca volvió a pedir el inmediato cierre de la mina. Se ampara en la ley.
"Jáchal tiene históricamente valores altos en varios metales y sales (pero en forma natural), cuyos parámetros no guardan relación con la actividad de Veladero. Hay estudios del Departamento de Hidráulica desde 1943, que dan cuenta de esto y de los perjuicios a la actividad económica del departamento. De hecho, se han escrito libros con todos estos antecedentes como Las aguas salobres del río Jáchal. Allí no sólo se da cuenta de la mala calidad del agua en ese departamento, sino que se hicieron análisis de cómo se podía corregir esa situación, llegando a la conclusión de que es imposible corregir esa contaminación natural. No conocemos en detalle los estudios que se mencionan, ni cómo se hicieron, ni los estándares de los mismos. Ni mucho menos si se han comparado sus resultados con la línea base y calidad histórica de las aguas en esos lugares. Estamos al tanto de que el gobierno de la Provincia –no Barrick– ha desmentido en varias oportunidades estos estudios. Pero no los conocemos en general, ni en particular".
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