Source: http://www.urru.org/MesaNogociacion/DocTripartito/DocTripartito_2003_OEA_LibertadExpresion_InformeAnual2002.htm
Timestamp: 2017-09-20 12:44:21+00:00

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EVALUACION SOBRE EL ESTADO DE LA
LIBERTAD DE EXPRESION EN EL HEMISFERIO
A. Introducción. Metodología
1. Este Capítulo contiene una descripción sobre algunos aspectos vinculados a la situación de la libertad de expresión en los países del hemisferio. Siguiendo la tradición de informes anteriores, contiene además un cuadro que refleja el número de asesinatos de periodistas ocurridos en el 2002, las circunstancias y presuntos motivos por los que ocurrieron y el estado de las investigaciones.
2. A efectos de exponer la situación específica de cada país, la Relatoría estableció una clasificación sobre los distintos métodos utilizados para coartar el derecho a la libertad de expresión e información. Vale destacar que estos actos son todos incompatibles con los Principios sobre Libertad de Expresión, aprobados por la CIDH. La clasificación incluye tanto asesinatos, como otro tipo de agresiones entre las que se incluyen amenazas, detenciones, acciones judiciales, intimidaciones, censura y legislación contraria a la libertad de expresión. También se ha incluido en algunos casos las acciones positivas que han tenido lugar, incluido la sanción de leyes de acceso a la información, la derogación de las leyes de desacato en un país del hemisferio y la existencia de proyectos legislativos o decisiones judiciales favorables al pleno ejercicio de la libertad de expresión.
3. En este Capítulo están reflejados los datos correspondientes al año 2002. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibe de distintas fuentes[1] información que da cuenta de las situaciones relacionadas con la libertad de expresión en los Estados del hemisferio. Una vez recibida la información, y, teniendo en cuenta la importancia del asunto, se procede a su análisis y verificación. Finalizada esta tarea, se la agrupa de acuerdo a las categorías antes señaladas y la Relatoría, a los efectos de este Informe, reduce la información a una serie de ejemplos paradigmáticos que buscan reflejar la situación de cada país vinculada al respeto y ejercicio a la libertad de expresión, señalando también las acciones positivas encaradas y los retrocesos en esta materia. En la mayoría de los casos citados, se citan las fuentes que los originaron. Es pertinente aclarar que la situación en los Estados cuyo análisis se ha omitido se debe a que la Relatoría no ha recibido información al respecto, por lo que su omisión sólo debe ser interpretada en ese sentido.
4. Por último, la Relatoría desea, por un lado, agradecer la colaboración de cada uno de los Estados y de la sociedad civil de las Américas en su conjunto en el envío de información sobre la situación del ejercicio de la libertad de expresión. Pero, por otro lado, la Relatoría insta a que en el futuro se continúe y aumenten estas prácticas para enriquecer los futuros informes.
5. La libertad de expresión y el acceso a la información son particularmente importantes para el fortalecimiento de las democracias en el hemisferio. Es a través de la libre expresión y el acceso a la información que los miembros de la sociedad pueden vigilar la conducta de sus representantes electos. Esta función fiscalizadora cumple un papel fundamental para prevenir la impunidad en los abusos contra los derechos humanos.
6. La libertad de expresión y el acceso a la información son también decisivos para el desarrollo económico de un país. La corrupción en el gobierno es el mayor obstáculo para un desarrollo económico equitativo, y la mejor manera de luchar contra la corrupción es exponer las prácticas corruptas a la luz del escrutinio público y garantizar la participación de todos los sectores de la sociedad en decisiones de carácter público que afectan diariamente sus vidas.
7. Es en virtud de su función de fiscalizadores públicos que los comunicadores sociales a menudo se convierten en blanco de la violencia y la intimidación con el propósito de silenciarlos. Los asesinatos, ataques, amenazas e intimidaciones no sólo silencian al comunicador social, también tienen un profundo efecto sobre sus colegas generando un clima de temor y autocensura. El asesinato de trabajadores de medios de comunicación sigue representando un problema grave en esta materia: durante el año 2002 fueron asesinados 10 de ellos en el hemisferio como consecuencia del ejercicio de su profesión. Esta cifra es sensiblemente superior en comparación a la publicada por la Relatoría en el Informe anual anterior.[2] Por ello es necesario insistir que el asesinato de trabajadores en medios de comunicación en ocasión del ejercicio de su profesión, refleja no sólo la violación del derecho fundamental a la vida sino que además expone al resto de los comunicadores sociales a una situación de temor que podría llevarlos a la autocensura.[3]
8. Por otro lado, es importante resaltar que, tal como lo expresa el Principio No. 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión[4], no sólo el asesinato genera consecuencias nocivas para el ejercicio de la libertad de expresión; también las agresiones las provocan. En muchos países del hemisferio, tal como se evidencia en el informe, estos actos siguen ocurriendo, incrementándose de manera peligrosa en alguno de ellos.
9. Pero si es preocupante este tipo de actos que afectan la integridad física de las personas, igualmente lo es la impunidad en que se mantienen en muchos casos estos delitos, ya fueran consumados o ideados por agentes del Estado o por particulares. La CIDH ha establecido que la falta de investigación seria, imparcial y efectiva y la sanción de los autores materiales e intelectuales de estos crímenes constituye no sólo una violación a las garantías del debido proceso legal sino también una violación al derecho a informar y expresarse pública y libremente, generando por lo tanto responsabilidad internacional del Estado.[5]
10. Además de este tipo de actos de violencia física, la normativa de la mayoría los países del hemisferio permite otro tipo de métodos cuyo objetivo es silenciar el trabajo de los periodistas, los medios de comunicación y personas en general. La Relatoría manifiesta su seria preocupación por la utilización de acciones judiciales por parte de autoridades o personajes públicos con el propósito de silenciar a los que se expresan críticamente.
11. Teniendo en cuenta lo dicho con anterioridad, la Relatoría manifiesta que los avances en materia de libertad de expresión en el hemisferio durante el 2002 han sido poco significativos. Continúan existiendo obstáculos legales para el pleno ejercicio de la libertad de expresión, tanto de periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios en general, como de defensores de derechos humanos y otras personas a los que se les ve coartado, de manera directa o indirecta, su libertad de expresión.
12. Tal como se expone en el Capítulo V de este Informe anual, y como queda evidenciado de la información recibida en la Relatoría, la utilización arbitraria de los tipos penales de calumnias e injurias, con el fin de acallar la crítica contra funcionarios públicos o personas públicas, continuó utilizándose contra periodistas de investigación durante el 2002 en varios países. Se suma a ello que en muchos otros, salvo las excepciones que se destacan más abajo, siguen vigentes las leyes de desacato, las cuales son ilegítimamente utilizadas para silenciar a la prensa.
13. En materia de acceso a información pública, en muchos países continuaron los debates sobre la necesidad e importancia de contar con legislación específica al respecto.
14. El derecho de acceso a la información es prioritario no sólo desde un punto de vista teórico; lo es también desde una perspectiva eminentemente pragmática: el efectivo ejercicio de este derecho contribuye a combatir la corrupción, que es uno de los factores que puede afectar seriamente la estabilidad de las democracias en los países del hemisferio. La falta de transparencia en los actos del Estado ha distorsionado los sistemas económicos y contribuido a la desintegración social. La corrupción ha sido identificada por la Organización de Estados Americanos como un problema que requiere una atención especial en la Américas. Durante la Tercera Cumbre de las Américas, los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron la necesidad de reforzar la lucha contra la corrupción puesto que ésta "menoscaba valores democráticos básicos representando una amenaza a la estabilidad política y al crecimiento económico". Asimismo, en el Plan de Acción de la Tercera Cumbre se promueve la necesidad de apoyar iniciativas que permitan una mayor transparencia para asegurar la protección del interés público e impulsar a los gobiernos a que utilicen sus recursos efectivamente en función del beneficio colectivo.[6] La corrupción sólo puede ser adecuadamente combatida a través de una combinación de esfuerzos dirigidos a elevar el nivel de transparencia de los actos del gobierno.[7] La transparencia de los actos del gobierno puede ser incrementada a través de la creación de un régimen legal que permita que la sociedad tenga acceso a información.
15. Si bien es auspicioso que la discusión se encuentre instalada en la agenda de prioridades de algunos Estados, no muchos avances se han registrado en cuanto a la promulgación de leyes que amparen este derecho vital para la transparencia de los actos de gobierno y la protección del derecho de acceso a información de las sociedades. Pocos han sido los países que durante este año han aprobado legislación al respecto. La Relatoría seguirá observando estos procesos, así como la implementación y aplicación que se haga de leyes que reglamenten el acceso a la información.
16. La Relatoría ha recibido de algunos Estados y miembros de la sociedad expresiones de preocupación ante la posibilidad de que los medios de comunicación no siempre actúen responsable o éticamente. En primer lugar, la Relatoría resalta una vez más que los medios de comunicación son principalmente responsables ante el público y no ante el Gobierno. La función principal de los medios de comunicación consiste en informar al público, entre otras, las medidas adoptadas por el Gobierno. Esta es una función primordial en una democracia, por lo que la amenaza de imposición de sanciones legales por la adopción de decisiones periodísticas basadas esencialmente en cuestiones subjetivas o juicios profesionales suscitaría también un efecto inhibitorio en los medios, impidiendo la divulgación de información de legítimo interés público.
17. El hecho de que los Gobiernos no deban regular la responsabilidad de los medios de comunicación o la ética de su proceder, no implica que no haya manera de lograr un comportamiento más ético en los medios. Sin embargo, se debe resaltar que los medios de comunicación se harán más responsables si se les da libertad para elegir la manera de informar y el contenido de la información, así como la educación necesaria para adoptar decisiones éticas.
18. Los periodistas y los propietarios de los medios de comunicación deben tener presente tanto la necesidad de mantener su credibilidad con el público, factor esencial para su perdurabilidad, como el importante rol que la prensa cumple en una sociedad democrática. En el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas celebrada en abril de 2001, en la ciudad de Québec, Canadá, los Jefes de Estado y de Gobierno expresaron que los Gobiernos fomentarán la autorregulación en los medios de comunicación.
19. “Bajo el concepto de autoregulación de la comunicación se agrupan toda una serie de mecanismos e instrumentos relacionados con la actividad de los medios que comparten el objetivo de garantizar que su actuación se ajuste a los valores y normas de dicha actividad. Lo distintivo de la autoregulación es que tanto su puesta en marcha, como su funcionamiento y su efectividad depende de la libre iniciativa y el compromiso voluntario de los tres sujetos de la comunicación: los propietarios y gestures de las empresas de comunicación, los profesionales que realizan los medios y el público que los recibe o protagoniza.” La autorregulación se realiza a través de diferentes mecanismos e instrumentos: códigos deontológicos, libros de estilo, estatutos de redacción, defensores del público, consejos de información, etc.[8] La Relatoría entiende que los medios de comunicación deben afrontar el desafío de la autorregulación que tienda a un comportamiento ético y responsable.
20. Por otro lado, la Relatoría ha recibido expresiones de preocupación por parte de la sociedad civil, incluso medios de comunicación, acerca de que se podrían estar consolidando prácticas que impiden la expresión plural y diversa de opiniones dada la concentración en la propiedad de los medios de comunicación, tanto impresos como de radio y televisión. En este sentido, la Relatoría recuerda que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, elaborada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[9] es muy clara en ese sentido: los monopolios u oligopolios en los medios de comunicación afectan la libertad de expresión. El Principio 12, expresamente señala que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. Sin embargo, también aclara este principio que en ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. La Relatoría seguirá esta problemática con atención a fin de elaborar las recomendaciones que puedan corresponder de acuerdo a cada una de las particularidades del fenómeno en los distintos Estados miembros.
21. Finalmente, y tal como ha sido señalado en informes anteriores, la Relatoría sigue considerando que es necesaria una mayor voluntad política por parte de los Estados miembros para llevar adelante reformas en sus legislaciones que garanticen a las sociedades un amplio ejercicio de la libertad de expresión e información. La democracia requiere de una amplia libertad de expresión y ésta asimismo no puede profundizarse si continúan vigentes en los Estados mecanismos que impiden su amplio ejercicio. La Relatoría reitera la necesidad de que los Estados asuman un compromiso más sólido con el respeto a este derecho para de esta manera lograr la consolidación de las democracias del hemisferio.
C. Situación de la libertad de expresión en los Estados miembros
22. Durante el año 2002, la Relatoría para la Libertad de Expresión recibió aproximadamente 30 alertas sobre amenazas y agresiones a periodistas. La mayoría de esos casos tuvieron lugar en las ciudades del interior del país y muchos de ellos también durante la cobertura de protestas y manifestaciones ciudadanas en la vía pública.[10]
23. Durante el año 2002 la periodista Carla Britos, directora del diario La Tapa, en Guernica, provincia de Buenos Aires, sufrió una intensa campaña de hostigamiento como consecuencia de las investigaciones periodísticas publicadas en su medio. En el mes de junio, la periodista era vigilada y seguida por un auto que se encontraba estacionado en la puerta de su casa. En tres oportunidades, el chofer de ese auto amenazó de muerte a la periodista por las investigaciones publicadas en La Tapa relacionadas con irregularidades cometidas por el ex-intendente de la ciudad. Asimismo, también fue amenazada por teléfono y a través de correos electrónicos.[11]
24. En enero del año 2002 el periodista Martín Oeschger de la radio FM Paraná Radio San Javier de Capitán Bermúdez fue interceptado por un vehículo desde donde cinco personas le dispararon. A raíz del hecho, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Capitán Bermúdez, Jesús Monzón, permaneció detenido por unos días. Anteriormente, el mismo Monzón había causado destrozos en la radio en donde trabaja Oeschger y también lo había amenazado de muerte. Asimismo, en años anteriores la casa del periodista fue baleada, y sufrió amenazas de muerte y agresiones físicas.[12]
25. El 1 de abril: la periodista Maria Mercedes Vásquez, de la emisora LT7 Radio Corrientes fue golpeada en la cara, una semana después de acusar a algunos miembros del Partido Nuevo de haber introducido armas al país clandestinamente. En febrero, Vásquez y su esposo Silvio Valenzuela, también periodista de LT7 Radio Corrientes, fueron acusados por el delito de difamación por Manuel Sussini, senador y miembro del Partido Autonomista, debido a la difusión de noticias donde se le involucraba en actos de corrupción. Hace pocos meses, en octubre, desconocidos tiraron una bomba molotov en la casa de la periodista, presuntamente en represalia por haber difundido una grabación de conversaciones telefónicas que comprometen a legisladores nacionales, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Corrientes y a varios dirigentes locales, en una aparente conspiración contra el gobernador Ricardo Colombi.[13]
26. El 29 de abril de 2002 Roberto Mario Petroff del diario Tiempo Sur de la provincia de Chubut, fue agredido físicamente por personas desconocidas días después de haber publicado una nota sobre incidentes ocurridos durante protestas callejeras. Según el Sindicato de Prensa de Santa Cruz periodistas y reporteros gráficos son amenazados a diario en esa provincia.[14]
27. También se ha recibido información sobre agresiones contra periodistas y camarógrafos por parte de colaboradores del ex presidente Carlos Menem. El 3 de mayo de 2002 custodios del ex mandatario encerraron, golpearon y amenazaron con armas de fuego al periodista Daniel Malnatti, del programa Caiga quien Caiga, en la provincia de Tucumán. El 23 de junio de 2002 periodistas del canal Todo Noticias y un fotógrafo del diario Clarín fueron atacados por un grupo de individuos con rostros cubiertos en momentos en que se encontraban cubriendo una manifestación de asambleas barriales en contra del ex presidente. El 26 de septiembre del 2002 la periodista Zaida Pedroso de Radio Ciudad y otros dos periodistas de FM Metro y del diario Clarín fueron insultados, agredidos físicamente e impedidos de realizar su trabajo por un grupo de individuos que controlaban el lugar. El 30 de septiembre del 2002 fueron nuevamente agredidos los periodistas y camarógrafos que cubrían el ingreso del ex mandatario a los tribunales de justicia. La reiteración de estas agresiones al trabajo de la prensa refleja la intolerancia y el uso de la violencia de algunos sectores políticos en respuesta reclamos y manifestaciones ciudadanas. En noviembre del año 2002, periodistas del Canal 13 y el canal de cable Todo Noticias de Buenos Aires fueron físicamente agredidos por un grupo de simpatizantes del ex presidente Carlos Menem durante un acto de campaña. De acuerdo a la información recibida, los organizadores impidieron a los periodistas ingresar al acto sin dar ninguna explicación y permitiendo sólo la entrada a un canal de televisión. [15]
28. El 7 de julio del 2002 Alberto Lamberti, concejal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut declaró que “haría un José Luis Cabezas (reportero gráfico asesinado en enero de 1997) de cada hombre de prensa local, porque no informan o hacen notas sobre lo que a su juicio es noticia.” Las declaraciones del funcionario provocaron la reacción y condena de organizaciones locales de periodistas que interpretaron como una intimidación las expresiones del concejal. Horas más tarde, el concejal aclaró que sus palabras habían sido dichas en tono de broma. A pesar de la aclaración, el Sindicato de Trabajadores de Prensa Local de Chubut exigió que Lamberti fuera separado de su cargo. [16]
29. En septiembre del año 2002 un juez federal ordenó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) la confección de una lista con todas las llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas del periodista Thomas Catan corresponsal del diario Financial Times en Argentina en el marco de una investigación de corrupción en el Senado. El periodista publicó en agosto un artículo referente a la denuncia de un grupo de banqueros extranjeros ante las embajadas de Gran Bretaña y Estados Unidos sobre un supuesto pedido de coimas por parte de legisladores argentinos. Tras ser citado a declarar, el 17 de septiembre el periodista dio su testimonio ante la justicia y brindó la información que le solicitaron pero se negó a identificar a sus fuentes de información. Como resultado de la resolución tomada por el juez federal, el periodista presentó un recurso de amparo ante la Cámara Federal con el fin de evitar que se hiciera efectiva la medida. El escrito presentado por el periodista alegó que la orden del juez vulneraba la protección constitucional de las fuentes de información, establecida en el artículo 43 y 18 de la Constitución Nacional que garantiza la privacidad del domicilio, la correspondencia y los papeles privados de las personas. Finalmente, la Cámara Federal declaró nula la resolución del juez y ordenó que se proceda a la destrucción de los listados telefónicos en presencia del periodista y sus abogados.
30. En octubre del 2002 desconocidos lanzaron un explosivo en el domicilio de la periodista María Mercedes Vázquez en la ciudad de Corrientes produciendo daños materiales a la vivienda. La periodista realizó la denuncia ante las autoridades y le fue asignada custodia policial. Vásquez es integrante del programa radial En el aire de Radio Corrientes, en el cual días antes del ataque difundió grabaciones telefónicas que comprometían a varios funcionarios locales. La periodista había sufrido anteriormente otras intimidaciones a raíz de su trabajo periodístico. Entre febrero y marzo del 2002 un senador de la provincia solicitó su arresto y el de su colega Silvio Valenzuela por desacato, figura legal que aún permanece vigente en la constitución de la provincia. Ambos periodistas habían difundido información sobre un presunto cobro de coimas entre legisladores provinciales. Vásquez presentó un hábeas corpus ante la justicia, la cual determinó que el artículo 8 de la constitución provincial invocada por el senador era inconstitucional. Días más tarde, la periodista recibió amenazas telefónicas en su casa y en la radio. Una de las llamadas fue recibida por su hija, a quien le explicaron cómo iban a matar a su madre. En otra de las llamadas le dijeron: “Vas a terminar como Cabezas (reportero gráfico argentino asesinado en enero de 1997) con seis tiros en la cabeza y adentro de un baúl.” El 1 de abril María Mercedes Vásquez fue atacada en la calle por dos individuos que la amenazaron y la golpearon en la cara. En ese momento, la periodista realizó la denuncia ante las autoridades y le fue asignada una custodia policial.[17]
31. El 26 de octubre de 2002 agentes policiales dispararon balas de goma contra los periodistas Alberto Recanatini Méndez y Tomás Eliaschev de la agencia Indymedia Argentina. Los periodistas se encontraban cubriendo una manifestación frente al Congreso de la Nación y en el momento de la agresión estaban filmando el momento en que la policía apuntaba contra los balcones de un edificio desde donde un hombre les había arrojado una maceta. La policía disparó a pesar de que los periodistas estaban identificados como trabajadores de prensa y cargaban sus equipos de trabajo. Recanatini recibió un impacto en la cabeza y otro en el codo.”[18]
32. El 13 de noviembre del año 2002 los integrantes del programa Telenoche Investiga del Canal 13 de Buenos Aires denunciaron una serie de actos de intimidación en su contra. Los mismos comenzaron tras la investigación periodística difundida en dicho programa sobre casos de abuso de menores por parte de un sacerdote de la Iglesia Católica miembro de en una institución benéfica. En una de las emisiones del programa, los conductores informaron a la audiencia que miembros del programa estaban siendo objeto de seguimientos, actos intimidatorios y otras presiones. Los periodistas no quisieron brindar mayores detalles por temor a su integridad física.[19]
33. El 19 de noviembre: en un acto proselitista, un grupo de simpatizantes del ex presidente Carlos Menem agredió con golpes de puño y patadas al periodista Martín Cicioli, al productor Nicolás Chausovsky y al camarógrafo Sergio Di Nápoli, del programa "Kaos en la Ciudad" del Canal 13 de televisión de Buenos Aires. Mientras los periodistas esperaban detrás de una valla de contención, un grupo de simpatizantes del ex presidente se acercó a los profesionales de prensa y comenzó a insultarlos, para luego atacarlos a golpes y patadas. Miguel Santiago, productor del canal de cable Todo Noticias (TN) y su compañero Ignacio Marcalain, fueron también agredidos.
34. El 26 noviembre del año 2002 uno de los custodios del periodista Miguel Bonasso fue atacado con disparos de bala en la puerta del domicilio de Bonasso por un grupo desconocido. El periodista atribuyó el ataque a la investigación que está realizando relacionada con los sucesos del 20 de diciembre del año 2001 en Argentina tras la caída del presidente Fernando de la Rúa. Bonasso declaró en un programa de televisión que la intención de este ataque ha sido intimidarlo para evitar que publique sus investigaciones.[20]
35. De acuerdo a información recibida, la Relatoría para la Libertad de Expresión tomó conocimiento de que el Gobierno de Neuquen ordenó cancelar toda la publicidad oficial en el diario “Río Negro” luego de que dicho diario difundiera reportajes sobre tráfico de influencias y presiones en la legislatura local. Cabe recordar que el Principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.[21] La Relatoría seguirá atentamente el desarrollo de la situación antes señalada respecto al diario “Río Negro”.
36. El 2 de junio de 2002, el periodista investigador Tim López, de TV Globo desapareció y más tarde fue encontrado asesinado. Según informes periodísticos fue visto por última vez en misión en los suburbios de Río de Janeiro en una comunidad empobrecida de las denominadas favelas. El 12 de junio la Policía encontró restos humanos en avanzado estado de descomposición, junto con la cámara y el reloj de López, en un cementerio clandestino en Favela da Grota. Tras la realización de pruebas de ADN, la Policía confirmó, el 5 de julio, que los restos pertenecían a López.
37. En la fecha referida López había viajado a la Favela Vila do Cruzeiro. Fue su cuarta visita a la misma, y en esa oportunidad llevaba una cámara oculta. Según TV Globo, se decía que López trabajaba en un informe sobres fiestas con drogas y explotación sexual de menores. La periodista Cristina Guimarães, coproductora del informe con López y otros colegas, recibió amenazas de muerte en septiembre de 2001, y según O Estado de Sao Paulo tuvo que abandonar el Estado de Río de Janeiro. El diario Jornal do Brasil informó que López había recibido amenazas por el informe.[22]
38. El 19 de septiembre de 2002, la Policía brasileña capturó a un narcotraficante local que era el principal sospechoso de la desaparición y el asesinato de Tim López. Elias Pereira da Silva, conocido también como Elías el Loco, fue capturado en una de las favelas de Río de Janeiro. Según la Policía Civil de Río de Janeiro, dos sospechosos, ambos miembros de la banda encabezada por Pereira da Silva, fueron arrestados en la mañana del 9 de junio. Ambos dijeron haber oído que López había sido asesinado, pero negaron toda participación en el crimen. Según las declaraciones de los sospechosos, después que López les dijo que era cronista de TV Globo, los traficantes llamaron a Pereira Da Silva, que estaba en una favela cercana. A López le ataron las manos, lo metieron a la fuerza en un automóvil y lo llevaron a la favela, donde lo golpearon y lo balearon en los pies para impedirle la fuga. Luego realizaron un simulacro de juicio y lo sentenciaron a muerte. Según los sospechosos, Pereira da Silva mató a López con una espada, y su cadáver fue quemado y enterrado en un cementerio clandestino.
39. El 30 de septiembre de 2002 fue asesinado el periodista Domingo Sávio Brandão Lima Júnior. Brandão era el propietario, publicista y columnista del diario Folha do Estado, con sede en la Ciudad de Cuiabá, en el Estado de Mato Grosso, en el centro de Brasil. A Brandão le efectuaron por lo menos cinco disparos dos hombres no identificados que viajaban en una motocicleta, según varios informes periodísticos.[23] Los dos hombres lo esperaban cerca de las nuevas oficinas del periódico, que están en construcción. Según la información recibida hubo varios testigos del asesinato. Según la información periodística, la muerte de Brandão guarda relación con la amplia cobertura realizada por el periódico sobre tráfico de drogas, juego clandestino y actos de corrupción con participación de funcionarios públicos, pero además el periodista era un empresario que poseía compañías de construcción y publicaciones. Brandão no había recibido ninguna amenaza de muerte, según el periódico. Las investigaciones policiales dijeron que las pruebas recogidas indicaban que su asesinato era por encargo, pero los móviles no se han aclarado.[24]
40. El 1 de octubre, 2002, Hércules Araújo Coutinho, cabo de la policía militar, y Célio Alves de Souza, ex agente de la policía militar, fueron detenidos por su supuesta participación en el crimen. Hércules Araújo Coutinho fue reconocido por algunos testigos, como uno de los asesinos. Le implican también el examen de los expertos en balística y una identificación de huellas digitales, relacionándole con otros cinco asesinatos, ocurridos en la región durante este año.[25]
41. En septiembre de 2002, los periodistas Saulo Borges y Joana Queiroz, del diario "A Crítica" de la ciudad de Manaus, estado norteño de Amazonas, y Jutan Araújo, cronista de la emisora de televisión TV Camaçari, de la localidad del mismo nombre en el estado nororiental de Bahia informaron haber sido objeto de amenazas. Según la informado suministrada, desde la semana del 26 al 30 de agosto, los periodistas de "A Crítica" denunciaron recibir llamadas intimidatorias, luego de haber iniciado una investigación sobre homicidios cometidos por un grupo que, según indicaron, estaba dedicado al exterminio de personas en Amazonas. Por su parte, Araújo, informo haber recibido amenazas de muerte por teléfono luego de haber hecho a principios de julio una nota sobre personas que invadían terrenos en un barrio de Camaçari, localidad cercana a Salvador, capital del estado de Bahia. Araújo agregó que en la última llamada un desconocido le aseguró que conocía bien su itinerario diario y que todos sus pasos estaban siendo seguidos.[26]
42. La Relatoría para la Libertad de Expresión fue informada por el Estado brasileño que el 25 de octubre de 2002 el Tribunal Superior Electoral de Brasil decidió, en forma expedita y por voto unánime, dejar sin efecto la censura previa que pesaba sobre el diario “Correio Braziliense” relacionadas con la publicación del contenido de unas grabaciones telefónicas que vincularían al gobernador de Brasilia, Joaquim Roriz a Roriz, con empresarios acusados de delitos contra el estado. Cabe recordar que el 24 de octubre un juez del Tribunal Regional Electoral de Brasil había ordenado que un oficial de justicia y el abogado de la agrupación política del gobernador supervisaran todas las páginas de la edición del diario Correio Braziliense del día 24 de octubre.
43. Correio Braziliense, entre otros medios, había difundido información sobre grabaciones telefónicas que realizó la Policía Federal en el marco de una causa judicial donde se investiga a dos empresarios hermanos de apellido Passos bajo la sospecha de maniobras irregulares en el parcelamiento de tierras. Según se supo, algunas de esas conversaciones interceptadas vincularían al gobernador Roriz con los empresarios. A fines de septiembre el juez Meguerian, del Tribunal Regional Electoral (TRE), había ordenado que nadie publicara el contenido de las escuchas, pero luego dio marcha atrás pues las cintas ya se habían hecho públicas por televisión e Internet. Tres semanas más tarde, el juez avanzó sobre la edición del Correio, haciendo lugar al reclamo del gobernador. Incluso, según informó el matutino, el juez prohibió la publicación de una nota de 35 líneas titulada "Influencia en el gobierno", en la que apenas se hacía una referencia a las cintas cuestionadas y no reproducía tramo de conversaciones entre Roriz y uno de los hermanos Passos.[27]
44. En julio de 2002, la Real Policía Montada de Canadá obtuvo una orden de allanamiento y una orden de asistencia contra el National Post, para requerir al editor jefe del mismo que entregara documentos referentes a una controversia con respecto a un préstamo que involucraba al Primer Ministro. El periódico impugnó la legalidad de la orden. El 3 de octubre de 2002, un juez de la Corte Superior de Ontario hizo lugar a la solicitud de dos organizaciones periodísticas adicionales, la CBC (Canadian Broadcast Corporation) y Globe and Mail, que promovieron su intervención en el caso, estableciendo que los límites de las facultades policiales en la investigación de un delito representan un "importante asunto de interés público" que requiere una "audiencia plena".[28]
45. El 4 de noviembre de 2002 la Policía de Toronto incautó las cintas no corregidas de una entrevista realizada por "W-5", un programa de CTV. La entrevista que aún no había salido al aire a la fecha de la incautación, se había realizado con Salim Danji, que estaba a la espera del juicio en un caso de supuesto fraude en inversiones. La Policía obtuvo una orden de incautación de las cintas que establecía que el material podía ser útil para su investigación del caso.[29]
46. El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Eduardo A. Bertoni, visitó Chile los días 16 y 17 de diciembre de 2002 a invitación del Gobierno chileno. Comprobó cierto progreso en la adaptación de la legislación interna de ese país a las normas internacionales que garantizan la observancia del ejercicio de la libertad de expresión. A ese respecto es importante subrayar que recientemente se sancionó la Ley de Clasificación Cinematográfica que implica la abolición de la censura en el marco constitucional, lo que es un importante avance para la observancia de la libertad de expresión en Chile.
47. No obstante, el Relator expresa preocupación con respecto a ciertas decisiones judiciales que van en detrimento del derecho a la libertad de expresión. Recibió información sobre casos referentes a periodistas y personas que han criticado a funcionarios gubernamentales o a personas públicas. El Relator realizará un cuidadoso seguimiento de esos y otros casos, y señala que una de las principales preocupaciones de la Relatoría para la Libertad de Expresión se refiere a la utilización del sistema judicial, en muchos países del Hemisferio, como herramienta de intimidación, lo que en la práctica se convierte en un instrumento de restricción de la libertad de expresión.
48. Durante su visita, el Relator reunió también información sobre un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento sobre la abolición de las leyes de desacato que figuran en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar de Chile. El Relator recomienda que el Congreso analice esta promisoria iniciativa y sancione prontamente la ley, para que culmine el proceso comenzado con la abolición de la Sección 6 b de la Ley de Seguridad Interna del Estado. Si no se sanciona ese proyecto Chile seguirá manteniendo leyes sobre desacato, en contravención de las leyes internacionales establecidas universalmente, tal como lo señaló la Relatoría en sus informes anteriores.
49. El 15 de enero de 2002, Carlos Pinto, periodista y anfitrión del programa "El día menos pensado" de Televisión Nacional, y René Cortázar, Director Ejecutivo de la estación de televisión referida, fueron acusados por Carmen Garay, Jueza del 19h Juzgado del Crimen de Santiago, del delito de "libelo grave". "El día menos pensado" es un programa popular en que se presentan relatos sobre fenómenos paranormales teatralizados. Los cargos provinieron de una teatralización presentada en el programa del Sr. Pinto, en que un individuo poseedor de facultades psíquicas paranormales tenía una "visión" de que una mujer que supuestamente se había suicidado en realidad había sido asesinada por su esposo. Aunque no figuraban los nombres reales de las partes, el empresario Alejo Véliz Palma comprendió que el relato se basaba en una "visión" sobre la muerte de su esposa. El Sr. Véliz presentó su denuncia como "libelo grave".[30]
50. El 18 de enero de 2002, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló una sentencia favorable en el caso de la periodista Paula Afani, de La Tercera, para la que se pedía una sentencia de cinco años y un día. La Sra. Afani había sido acusada en 1999 en relación con la publicación de informes en La Tercera y La Hora sobre una investigación de narcotráfico y lavado de dinero conocida como "Operación Océano". Los informes fueron publicados durante la fase inquisitiva de la investigación, en que los procedimientos judiciales son secretos. El objetivo de la denuncia contra la Sra. Afani consistió en obligarla a revelar sus fuentes periodísticas, a lo que ella se rehusó. Como consecuencia, fue encarcelada el 15 de enero de 1999. Fue liberada pocos días después, pero el proceso contra ella prosiguió. El 13 de diciembre de 2001 fue absuelta por el Juez del Sexto Juzgado del Crimen del Valparaíso, sentencia que está siendo apelada por el CDE.[31]
51. El 30 de septiembre de 2002, el abogado Jorge Balmaceda presentó una acción judicial por libelo contra Víctor Gutiérrez, del diario La Nación, quien había escrito una serie de artículos sobre los juicios contra militares y ex militares, por violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. En uno de los artículos, el Sr. Gutiérrez dio cuenta de una entrevista con un ex oficial de las Fuerzas Armadas, quien expresó que el Sr. Balmaceda, en el curso de su defensa de los acusados en los juicios por derechos humanos, había cometido irregularidades para beneficiar a quienes habían participado de las violaciones de derechos. Además de ser denunciado, el Sr. Gutiérrez sufrió amenazas de muerte como consecuencia de sus informes sobre los juicios.[32]
52. El 15 de octubre de 2002 el Coronel Patricio Provoste, Subdirector de Contrainteligencia de la Fuerza Aérea chilena, presentó acciones penales por libelo y demanda de daños y perjuicios conexos contra el director de La Nación, Alberto Luengo. Al igual que en la acción contra Víctor Gutiérrez, la dirigida contra el Sr. Luengo se refirió a las circunstancias de los juicios por violaciones de derechos humanos contra ex oficiales de la dictadura de Pinochet. El Sr. Luengo escribió un artículo sobre un grupo de oficiales militares que supuestamente procuraban impedir las investigaciones judiciales de las violaciones de derechos humanos. Según las fuentes del periodista, el Coronel Provoste integraba este grupo, lo que fue negado por el Coronel.[33]
53. En 2002 continuaron los procedimientos contra el empresario Eduardo Yáñez, por el delito de desacato, o sea falta de respecto a la autoridad. Tal como surge del Informe Anual de 2001 de la Relatoría Especial, el 28 de noviembre de 2001 Sr. Yáñez compareció como panelista en el canal de televisión Chilevisión, en el programa El Termómetro, y criticó a la Corte Suprema chilena por errores cometidos en dos casos. Como resultado de las declaraciones de Yáñez, la Corte inició juicio conforme a las disposiciones sobre desacato del Artículo 263 del Código Penal. El 15 de enero de 2002 el Sr. Yáñez fue arrestado y acusado ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Al día siguiente se le permitió dar fianza y fue liberado provisionalmente. El Sr. Yáñez impugnó las acusaciones ante un tribunal superior, pero la apelación fue rechazada el 29 de octubre de 2002.[34] La sentencia fue apelada nuevamente y la apelación volvió a ser rechazada, el 18 de diciembre de 2002.[35] Beatriz Pedralds, Fiscal de la Corte de Apelaciones, recomendó imponer a Yáñez una multa por el equivalente de 541 días.[36] Si es condenado por las imputaciones contra él formuladas, podría ser condenado a un máximo de cinco años de prisión. La Relatoría Especial ha expresado repetidamente su preocupación por estos procedimiento y ha recomendado que el Estado de Chile derogue las disposiciones del Artículo 263 del Código Penal que establecen el delito de desacato.
54. El 3 de diciembre de 2002, el Primer Juzgado del Crimen de Santiago ordenó la incautación de todos los ejemplares del libro "Cecilia, la vida en llamas", como respuesta a una denuncia formulada por Cecilia, una cantante popular, contra Cristóbal Peña, el autor de la biografía no autorizada sobre ella. La cantante presentó una denuncia de libelo contra el Sr. Peña, estableciendo que el contenido de la obra dañaba su honor.[37] En una carta fechada el 18 de diciembre de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Gobierno de Chile que dentro de un plazo de 15 días proporcionara a la Comisión información referente a este caso. A solicitud del Estado, la Comisión prorrogó el plazo hasta el 25 de enero de 2003. A la fecha la Comisión no ha recibido ninguna respuesta del Gobierno chileno. El 13 de enero de 2003, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la orden de incautación del libro.[38]
55. En octubre de 2002, la Comisión recibió información sobre intentos de impedir la exhibición de "Prat", obra de Manuela Infante sobre Arturo Prat, un héroe chileno de la Guerra del Pacífico. En primer lugar, el Presidente de la Corporación 11 de septiembre presentó una denuncia conforme a la Ley de Seguridad del Estado, que fue rechazada por la Corte por razones procesales. Un ciudadano privado planteó otra acción, un recurso de protección, denunciando que la obra lesionaba el honor y la imagen de Prat. Además cinco parlamentarios pidieron al Ministro de Educación que suspendiera la primera exhibición de la obra, sosteniendo que viola el Artículo 19(10) de la Constitución, que dispone que el Estado debe proteger el patrimonio cultural de la Nación. Esos mismos parlamentarios presentaron al Congreso un proyecto de acuerdo tendiente a impedir la exhibición de la obra porque consideraban que en ella se presenta a Prat como "cobarde, irracional, ebrio y homosexual".[39] El Relator Especial para la Libertad de Expresión expresó su preocupación por la posible utilización de la censura previa, y por carta fechada el 16 de octubre de 2002 solicitó al Gobierno chileno que proporcionara información adicional referente a esta situación. El Estado replicó mediante una carta fechada el 21 de octubre de 2002, señalando que la moción presentada al Congreso fue rechazada por 43 votos contra 40, y que aunque hubiera sido aprobada, habría tenido el carácter de recomendación, y no de instrumento jurídicamente vinculante. El Estado afirmó que la acción presentada por la Corporación 11 de septiembre había sido rechazada por los tribunales. El Estado no poseía ninguna información sobre las acciones judiciales incoadas por personas privadas, pero señaló que la obra se había representado en un festival teatral el 18 de octubre de 2002.
56. En abril de 2002, la Corte de Apelaciones de Santiago dispuso que las estaciones de televisión de Chile deben proporcionar interpretación en lenguaje de signos durante uno de los noticieros de mayor audiencia. Esta decisión fue el resultado de un recurso de protección presentado por dos sordos, quienes sostuvieron que el lenguaje de signos es el único medio de comunicación del 90% de la población sorda de Chile. Sin interpretación en lenguaje de signos este amplio sector de la población no tendría acceso a las noticias.[40]
57. El 3 de mayo de 2002, Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Gobierno de Chile anunció que presentaría un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, tendiente a derogar las leyes sobre desacato y despenalizar la difamación.[41] Además, en mayo de 2002, el Diputado Víctor Barrueto, miembro de la Cámara de Diputados, presentó el Proyecto de Ley 2929-07, que eliminaría las restantes leyes sobre desacato.[42] En septiembre de 2002, el Presidente Ricardo Lagos presentó el Proyecto de Ley Presidencial 212-347, que al igual que el Proyecto de Ley 2929-07, eliminaría todas las restantes disposiciones sobre desacato de la legislación chilena.[43]
58. El 30 de octubre de 2002, el Senado chileno sancionó la Ley de Clasificación Cinematográfica, que sustituiría el sistema de censura previa de películas por un sistema de clasificación cinematográfica basada en la edad de los espectadores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido observando el avance de este proyecto desde que fue propuesto por el Presidente Ricardo Lagos el 5 de marzo de 2001, en el contexto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Gobierno de Chile en el caso "La última tentación de Cristo". La CIDH y la Relatoría Especial habían expresado satisfacción por el sistema de clasificaciones cinematográficas para proteger a los menores impidiendo que ingresaran a salas de exhibición de películas inapropiadas para su nivel etario.[44] La ley fue promulgada por el Presidente de la Republica a finales de 2002, y entro en vigencia a partir de su publicación el 5 de enero de 2003.
59. El 30 de enero de 2002, Orlando Sierra Hernández, Subdirector del diario La Patria, de Manizales, Departamento de Caldas, fue baleado frente a las oficinas de su periódico y falleció dos días después. El Sr. Sierra era uno de los periodistas más influyentes de la región. Escribía una columna llamada Punto de encuentro, en que analizaba en forma crítica cuestiones de interés nacional y regional, incluidos casos de corrupción. En sus columnas semanales, el Sr. Sierra también criticaba a rebeldes de izquierda y a un grupo paramilitar de derecha. Luis Fernando Soto finalmente se declaró culpable del asesinato y fue condenado por un Juez Especializado de Manizales a 19 años y medio de prisión. En mayo de 2002, las autoridades arrestaron también a Luis Arley Ortiz Orozco, sospechoso de haber sido el intermediario entre quienes habían ordenado el crimen y quienes lo perpetraron. La Fiscalía General también está investigando a Francisco Antonio Quintero Torres, por sospechas de que sea el jefe de la banda de asesinos de la que formaba parte el Sr. Soto. No han sido aprehendidos los autores intelectuales del crimen.[45]
60. El 11 de abril de 2002, dos miembros de un equipo periodístico de RCN Televisión fueron baleados mientras realizaban la cobertura de combates entre el Ejército colombiano y rebeldes de izquierda. Wálter López, chofer del equipo, falleció en la escena del crimen, y Héctor Sandoval, un camarógrafo, falleció al día siguiente, por las heridas recibidas. El equipo periodístico fue baleado en una región montañosa en las afueras de la ciudad sudoccidental de Cali, en que el Ejército estaba atacando a combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según un testigo de otra empresa periodística, los periodistas habían decidido retirarse cuando un helicóptero del Ejército que sobrevolaba la zona abrió fuego contra su vehículo, hiriendo a López. El testigo señaló que en el techo y a ambos lados del vehículo estaban pintadas en grandes caracteres y en colores brillantes las letras "RCN". Los periodistas trataron de hacer señas al helicóptero pidiendo ayuda, sacudiendo camisetas blancas. Quince minutos después de que López fuera baleado, un disparo del helicóptero hirió a Sandoval. El Ejército ha abierto una investigación sobre los asesinatos. El jefe del comando antisecuestros, Coronel Carlos Arévalo niega que el Ejército sea responsable y sostiene que los periodistas fueron atacados por las FARC.[46]
61. El 28 de junio de 2002 fue asesinado Efraín Varela Noriega, propietario de Radio Meridiano 70. El Sr. Varela volvía a su hogar conduciendo un vehículo; regresaba de un acto de graduación universitaria en el Departamento de Arauca, junto con su hermana y su cuñado, cuando su automóvil fue interceptado por una camioneta blanca. Varios hombres fuertemente armados lo obligaron a salir de su vehículo, que estaba identificado con la insignia de Radio Meridiano 70, y lo balearon en la cara y el pecho. La hermana y el cuñado del Sr. Varela quedaron ilesos. El Sr. Varela era el Director de dos programas noticiosos y de comentarios de Radio Meridiano 70, en que formulaba frecuentes críticas a todos los bandos que combaten en el conflicto civil de Colombia, de 38 años de duración. Menos de una semana antes del asesinato, Varela dijo a la audiencia, durante su noticiero de la mañana, que combatientes paramilitares de las Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) habían llegado a Arauca y patrullaban las calles de la ciudad, que está en la frontera con Venezuela. Además de periodista, el Sr. Varela era abogado, maestro y líder social, con especial interés en la paz y la resolución de conflictos y los derechos humanos. Sus actividades profesionales lo habían hecho frecuente objeto de amenazas de los paramilitares y de la guerrillas. Su nombre apareció en una lista de personas declaradas "objetivos militares" por los paramilitares de las AUC. En los meses que precedieron a su muerte, Varela había comenzado a advertir a su familia y a sus colegas de que su vida podía estar en peligro. Según su viuda, el Sr. Varela había recibido amenazas, apenas dos días antes de su muerte. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía de la Nación se ha hecho cargo de la investigación del caso.[47]
62. El 11 de julio de 2002, Mario Prada Díaz, fundador y director del periódico mensual Horizonte Sabanero (más tarde rebautizado Horizonte del Magdalena Medio), en el Departamento de Santander de la región nororiental de Colombia, fue secuestrado de su domicilio en la Municipalidad de Sabana de Torres. A la mañana siguiente su cadáver fue encontrado acribillado a balazos no lejos de su hogar. Los motivos del asesinato y la identidad de los posibles perpetradores del mismo no son claros. No existen indicios de que el periodista haya recibido amenaza alguna antes de su muerte. Su periódico realiza la cobertura de asuntos culturales, sociales y de desarrollo comunitario. En él había aparecido, apenas una semana atrás, una crónica sobre irregularidades financieras relativas a la administración municipal de Sabana de Torres. Además, una semana antes del asesinato de Prada, el jefe de las fuerzas paramilitares de derecha de la región había advertido que su grupo comenzaría a matar periodistas. El lugar en que se encontró su cadáver está ubicado en una zona en constante disputa por parte del Frente 22 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Frente Vásquez Chacón del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Bloque Central de las Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia (AUC).[48]
63. El 11 de julio de 2002 fue baleada Elizabeth Obando, responsable de la distribución del periódico regional El Nuevo Día de la Municipalidad de Roncesvalles, Departamento de Tolima. Obando viajaba en un autobús en Playarrica, Departamento de Tolima, cuando desconocidos armados interceptaron al vehículo, la obligaron a bajarse, y minutos más tarde le dispararon tres balazos que le causaron la muerte dos días después. Ángela Yesenia Bríñez, portavoz de la municipalidad, también resultó muerta. Se cree que la 21 División de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es responsable del ataque. La Sra. Obando había sido amenazada anteriormente por "Donald", jefe de esa división, debido a un artículo publicado el 21 de septiembre de 2001 en El Nuevo Día, en que criticaba a las FARC.[49]
64. El 30 de enero de 2002 estalló un coche bomba frente a los estudios de la estación de televisión Canal Caracol, en el vecindario de La Soledad de Bogotá, lo que provocó amplios daños en la estación y en los edificios de los alrededores. Nadie resultó lesionado. El incidente ocurrió a las 4:15 a.m. (hora local), cuando tres hombres abandonaban el vehículo cargado con aproximadamente 30 kilogramos de dinamita. Según el Coronel de la Policía Rubén Jaramillo, los agresores dispararon contra un puesto de Policía local antes de realizar el ataque. Se afirma que el movimiento guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia es el probable responsable del ataque.[50]
65. En marzo de 2002, siete periodistas de grandes medios de prensa colombianos que habían cubierto investigaciones penales importantes fueron amenazados de muerte y se les dio tres días para abandonar el país. Las amenazas fueron difundidas en dos cartas presentadas como aviso fúnebre que contenían los nombres de todos los periodistas. La primera carta fue recibida por la RCN Televisión el 1 de marzo. Caracol Televisión recibió una carta idéntica tres días después. Los periodistas amenazados eran: Jairo Lozano, cronista del diario El Tiempo; Juan Carlos Giraldo, corresponsal principal de RCN Televisión; Julia Navarrete, corresponsal de Caracol Televisión; Jairo Naranjo, corresponsal de RCN Radio; Hernando Marroquín, corresponsal de Caracol Radio; Marilyn López, corresponsal de Noticias Uno, y José Antonio Jiménez, ex corresponsal de TV Hoy, que recientemente cerró. Los siete periodistas habían realizado la cobertura de importantes investigaciones sobre drogas para sus medios de prensa. La Fiscalía General está investigando las amenazas. Los periodistas han sido dotados de guardaespaldas a través del Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales del Ministerio del Interior. Por lo menos tres de ellos se encuentran actualmente escondidos en Colombia, y algunos han abandonado temporalmente el país.[51]
66. En marzo de 2002, la Relatoría Especial recibió información según la cual el columnista Fernando Garavito había huido recientemente de Colombia tras una serie de hechos que le hicieron temer por su vida. Garavito, que escribe una columna dominical en el periódico El Espectador, con oficinas centrales en Bogotá, partió de Colombia hacia Estados Unidos el 21 de marzo. En una serie de columnas, Garavito atacaba a las fuerzas de orientación derechista Autodefensa Unida de Colombia (AUC). También escribió sobre la venidera elección presidencial de mayo de 2002, describiendo al entonces candidato presidencial con mayores posibilidades, Álvaro Uribe, como candidato ultraderechista cuya elección sería peligrosa para el país. Garavito comenzó a tener problemas poco después de la aparición de las columnas. Su nombre apareció en un comunicado publicado por las AUC, en que se criticaba a la prensa colombiana.[52]
67. El 25 de marzo de 2002 Cesar Mauricio Velásquez, Decano de la Facultad de Periodismo y Comunicaciones de la Universidad de Sabana, recibió una llamada telefónica en que se le advertía de un ataque programado contra algunos periodistas en Bogotá. La persona que llamaba, que se identificó como un sargento retirado del Ejército, dijo que quería alertar a Velásquez sobre un plan de asesinato de periodistas considerados "enemigos de Colombia". El nombre de Velásquez figuraba en una de las listas de periodistas que iban a ser asesinados. El nombre del periodista Carlos Pulgarín también figura en la lista. Velásquez recibió otra llamada similar el 8 de abril. Velásquez informó de las amenazas y también del hecho de que el 6 de abril, cuando se dirigía a su hogar, un vehículo trató de impedirle el paso y acorralarlo. Un incidente similar ocurrió el 8 de abril, pero en ambas ocasiones logró escapar a sus perseguidores. Velásquez no tiene certeza de las razones por las que fue incluido en la lista. Como Decano universitario, Velásquez supervisa el proyecto Observatorio de Medios, en que se analizan diversos temas que afectan a los medios de difusión. Uno de los informes del proyecto, publicado en el semanario Semana en la primera semana de febrero, contenía una reseña de los periodistas que cubren el conflicto, reflexionando sobre quiénes son responsables de intimidar a la prensa colombiana. Velásquez es también cronista del programa de noticioso televisivo Hora Cero, y denunció el supuesto complot a las autoridades y a los otros periodistas. El Programa de Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales del Ministerio del Interior le proporcionó un guardaespaldas.[53]
68. El 4 de abril de 2002 Carlos José Lajud, que trabajaba en la estación de Bogotá Citytv, recibió una carta amenazante en las oficinas de la estación: "Sinceras condolencias…por la muerte de Carlos Lajud" rezaba la nota. En ella se acusaba al periodista de servir los intereses de la clase gobernante de Colombia, y lo declaraba, al igual que a su familia, objetivos militares, y le exigía que dejara el país dentro de un plazo de tres días. Desde febrero, Lajud ha elaborado alrededor de 20 informes de investigación en que sostiene que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo más pequeño, han organizado células armadas en la capital. La carta es la más grave de varias amenazas contra Lajud que comenzaron a fines de febrero, apenas tres días después de que salieran al aire sus informes sobre los nuevos grupos de guerrilla urbana. Lajud afirma no conocer la fuente de las amenazas. El periodista fue dotado de un guardaespaldas por el Programa de Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales del Ministerio del Interior. Lajud y su esposa, Patricia Busigo, dejaron Colombia el 16 de julio, como medida de precaución. Lajud es el hijo del difunto periodista radial Carlos Alfonso Lajud Catalán, quien fue muerto a balazos en 1993 tras acusar públicamente de corrupción a un alcalde local.[54]
69. El 7 de abril de 2002 explotaron dos bombas cerca de la estación Radio Super, en Villavicencio, capital del Departamento de Meta. Las explosiones mataron a 12 personas, hirieron a 70 y causaron daños materiales en la estación y en otros edificios de las cercanías. Las autoridades sospechan que el ataque fue perpetrado por guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). No resulta claro si el ataque fue dirigido contra la estación radial o contra el público en general. El candidato presidencial Álvaro Uribe señaló que la explosión estaba dirigida contra la estación Radio Super, por haber transmitido sus discursos. La estación radial fue contratada para transmitir la visita en vivo de Uribe y comenzó a recibir amenazas tras haber salido al aire avisos promocionales anunciando la emisión en los próximos días. La estación radial llevó adelante las emisiones pese a las amenazas.[55]
70. El 12 de abril de 2002 estalló un cohete cerca de los estudios de RCN Televisión, en Bogotá. Las autoridades locales dijeron que el ataque contra la estación fue intencional. La explosión destrozó una pared de ladrillo que rodeaba a un edificio ubicado a menos de 40 pies de la estación, en un vecindario industrial del Sur de Bogotá, según un portavoz del Departamento de Policía de la municipalidad. No hubo víctimas. Al parecer el cohete fue disparado a una distancia de menos de 1.000 pies (300 metros) de la estación por un hombre que llegó al lugar en la parte trasera de una motocicleta. Nadie fue lesionado en el ataque, que las autoridades imputaron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de tendencia izquierdista (FARC).[56]
71. Los días 22 y 23 de abril, hombres no identificados pronunciaron amenazas de muerte contra el periodista de televisión Daniel Coronell y su hija de tres años de edad. Coronell, director de noticieros de Noticias Uno, un programa de actualidades de la estación de TV de Bogotá, Canal Uno, recibió llamadas amenazantes en su teléfono celular, en su domicilio y en su oficina tras haber sacado al aire un informe de investigación en que se examinan posibles vínculos entre el candidato presidencial principal del país, Álvaro Uribe Vélez, y narcotraficantes. En el informe se preguntaba también si Uribe había dado tratamiento preferencial a su padre cuando era director del Departamento de Aeronáutica Civil a través de la aceleración del otorgamiento de una licencia para un helicóptero que pertenecía a una compañía de la que era copropietario su padre. Además de las amenazas recibidas por Coronell, Ignacio Gómez, director de investigaciones de Noticias Uno, recibió numerosas amenazas de muerte después que salieron al aire los informes. Coronell dio cuenta de las amenazas a la Policía y sacó del país a su hija y a otros parientes.[57]
72. El 6 de mayo de 2002, Mauricio Amaya y Diego Burgos, choferes de la estación de televisión Caracol, fueron secuestrados en la Municipalidad de Santa Cecilia, cerca del límite de los Departamentos de Chocó y Risaralda. Ambos conducían vehículos pertenecientes a Caracol e iban a recoger a un equipo de periodistas. Los captores se identificaron como miembros del Ejército Revolucionario Guevarista, grupo disidente del Ejército de Revolución Nacional (ELN), y acusaron a las estaciones de televisión de pertenecer a grupos económicamente poderosos del país y señalaron: "la guerra está cambiando y todos tienen que cumplir su papel en ella". Ambos secuestrados fueron liberados 48 horas después.[58]
73. El 14 de mayo de 2002, Carlos Pulgarín, profesor de periodismo de la Universidad de La Sabana, en Bogotá, abandonó el país temiendo por su seguridad. Había sido objeto de repetidos incidentes de amenazas e intimidación resultantes, al parecer, de sus denuncias de actos de violencia perpetrados por las facciones en guerra en Colombia. El 14 de marzo de 2002, día de su cumpleaños, Pulgarín recibió una llamada telefónica de un nombre no identificado que le dijo que disfrutara de su cumpleaños, porque sería el último. El 19 de marzo, Pulgarín recibió una llamada telefónica de quien que se identificó como sargento retirado de las Fuerzas Armadas y le advirtió de un plan para asesinarlo al igual que a otros periodistas. Más tarde recibió otra llamada; en esta oportunidad su interlocutor dijo que el complot estará a cargo de paramilitares y miembros del Ejército. Recibió otra llamada similar el 8 de abril. El 8 de mayo de 2002 fue amenazado por dos hombres que se aproximaron a él cuando caminaba hacia la parada de autobuses para ir a trabajar y le pidieron que entregara un mensaje amenazante a César Mauricio Velásquez, decano del Departamento de Comunicaciones Sociales y Periodismo de la Universidad de La Sabana. Pulgarín dijo que esos mismos hombres lo habían acosado y amenazado en varias ocasiones anteriores desde 2001.[59]
74. El 16 de mayo de 2002, los periodistas Nidia Álvarez Mariño y Ramón Vásquez Ruiz, del diario Hoy Diario del Magdalena, con sede en Santa Marta, y su chofer, Vladimir Revolledo Cuisman, fueron secuestrados en Magdalena por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de tendencia izquierdista. Los periodistas se dirigían a un pueblo situado al Sur de Santa Marta para cubrir un caso ventilado ante un tribunal de justicia local referente a sectas satánicas, cuando en forma imprevista se enfrentaron con un bloqueo de rutas establecido por los rebeldes cerca de Ciénaga, a unas 420 millas (670 kilómetros) de Bogotá. Los rebeldes secuestraron a otras nueve personas, además de los periodistas y del chofer. Álvarez fue liberado ileso a la mañana siguiente, pero los rebeldes siguieron reteniendo a Vásquez y Revolledo. Varios días después del secuestro el periódico recibió una demanda por el equivalente de US$250.000 y la publicación de un comunicado de cuatro páginas a cambio de la liberación de Vásquez y Revolledo. En el comunicado al parecer se analizaba la situación política imperante en Colombia y se hacían acusaciones contra las fuerzas paramilitares. El periódico no cumplió las exigencias de los secuestradores, sino que ofreció en cambio publicar una entrevista con un comandante de las FARC. No obstante, tanto Vásquez como Revolledo fueron finalmente liberados ilesos sin que la estación accediera a lo exigido. Revolledo fue liberado el 24 de mayo y Vásquez el 28 de mayo.[60]
75. El 29 de junio de 2002, la estación radial Meridiano 70, de la ciudad de Arauca, capital del Departamento de Arauca, recibió dos llamadas telefónicas con amenazas de muerte contra el periodista Josédil Gutiérrez. Esas amenazas llegaron apenas 19 horas después del asesinato del director y propietario de la estación, Efraín Alberto Varela Noriega.[61] La persona que llamaba se identificó como miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y dio al periodista 24 horas para salir de la ciudad. El Sr. Gutiérrez prefirió quedarse, por temor de que sus familiares pudieran correr riesgos de represalias si él se marchaba. Solicitó protección al Estado, pero la Relatoría Especial no tiene información de si le fue otorgada o no. El Sr. Gutiérrez, que tenía más de diez años de experiencia como periodista en medios de difusión locales y nacionales, trabajaba con el Sr. Varela en un programa, Hablemos de Política, que en el curso del mes presentaba diferentes puntos de vista sobre los candidatos a gobernador del departamento.[62]
76. El 30 de junio de 2002, Luis Eduardo Alfonso, otro periodista de Meridiano 70, llegó a la conclusión de que le era preciso abandonar la ciudad, cuando su nombre apareció en una lista de personas cuyo asesinato había sido resuelto por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El 9 de marzo había recibido además una llamada telefónica amenazante de alguien que dijo ser miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al parecer en relación con la cobertura de las relaciones presidenciales realizada por la estación.[63]
77. El 3 de julio de 2002, Astrid María Legarda Martínez, corresponsal que cubre el conflicto en Colombia para la emisora independiente RCN Televisión, huyó del país tras enterarse de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se proponían matarla como represalia por su cobertura del conflicto. La periodista había informado sobre la lucha entre paramilitares y grupos guerrilleros y realizó entrevistas con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Legarda se enteró del supuesto plan a través de una fuente en una prisión de alta seguridad de Bogotá. Se rehusó a identificar a su fuente, pero la describió como confiable y dijo que tiene conexiones con las FARC.[64]
78. El 8 de julio de 2002, cuatro empleados de las estaciones RCN Radio y Radio Caracol fueron secuestrados, supuestamente por las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los trabajadores de los medios de difusión secuestrados fueron Luis Eduardo Perdomo y José Rodríguez, chofer y técnico de RCN Radio, respectivamente, junto con Oscar González y Elio Fabio Giraldo, técnico y chofer de Radio Caracol. El incidente ocurrió cuando estaban informando sobre una carrera ciclística nacional de larga distancia, en el Departamento de Tolima. Los cuatro fueron liberados ilesos el 11 de julio, pero no les fueron devueltos ni sus equipos ni sus vehículos.[65]
79. También el 8 de julio de 2002, los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) amenazaron a los periódicos publicados en Barrancabermeja, Departamento de Santander. Las amenazas fueron efectuadas por el Comandante "Alex", del bloque central de la AUC, quien manifestó en una entrevista en la edición del 8 de julio de Vanguardia Liberal: "O [la prensa] deja de jugar con el dolor de la comunidad, o nos veremos en la lamentable situación de tener que ejecutar a alguien, para que comprendan el dolor del pueblo". Según "Alex" las amenazas obedecen a la manera "sensacionalista" con que informan los medios de difusión locales en el puerto de Barrancabermeja. Esta región productora de petróleo es un territorio en disputa entre las AUC y las guerrillas. En Barrancabermeja se publican cuatro semanarios: La Noticia, El Vocero, La Tarde de Santander y Periódico 7 días.[66]
80. El 9 de julio de 2002, dos pistoleros no identificados abordaron a Anyela Muñoz, propietaria del semanario El Vocero, en una calle de Barrancabermeja. Uno de ellos le dijo que si se publicaba la edición del periódico de esa semana alguien iba a morir. Ella se rehusó a frenar el proceso de producción del periódico, y denunció el incidente a la defensoría del pueblo local y a la Policía Nacional. La Policía colocó una guardia fuera de las oficinas del periódico y proporcionó protección personal a Muñoz.[67]
81. El 19 de julio de 2002 se entregó una carta con amenazas en las oficinas del programa de noticias de RCN en Cali, Departamento del Valle del Cauca. En ella se mencionaba a ocho periodistas a los que se daban 72 horas para abandonar la ciudad, para no ser declarados "objetivos militares". La carta estaba firmada por la división occidental de las milicias urbanas Manuel Cepeda Vargas de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los periodistas mencionados en la carta eran Albeiro Echavarría, del equipo noticioso de la estación de televisión Noti5; Álvaro Miguel Mina, periodista de Radio Caracol; Luis Eduardo Reyes, director de un programa transmitido por RCN Radio; Diego Martínez Lloreda, subdirector del diario El País; Humberto Briñez y Wilson Barco, corresponsales de la estación de televisión RCN; Hugo Palomar, de Caracol Televisión, y el columnista Mario Fernando Prado. Los periodistas fueron acusados de ser "títeres del régimen militar del Presidente Pastrana" y "enemigos del pueblo, que defienden los intereses de la oligarquía". La carta termina refiriéndose a los periodistas como "mentirosos que carecen de ética profesional". Algunos periodistas de la lista habían recibido anteriores amenazas o habían sido víctimas de intimidación. Además de las amenazas contra los periodistas, la carta reiteraba amenazas contra varias autoridades locales. Las autoridades no creen que la carta sea auténtica. En un incidente similar, el 18 de julio de 2002, se recibió en las oficinas Radio Super, en Bogotá, una carta firmada: "Secretaría de las FARC". En ella se sostenía que los equipos noticiosos de las estaciones radiales y televisivas de Caracol y RCN habían sido declaradas "objetivos militares". Las autoridades no confirmaron ni desmintieron la autenticidad de esta carta.[68]
82. El 23 de julio de 2002 los periodistas Jorge Carvalho Betancur, ex director de Todelar, en Antioquia, y Fernando Vera Ángel, director del Radioperiódico Clarín, programa noticioso regional especializado en noticias políticas, resultaron heridos en un atentado con explosivos en una cafetería en Medellín. En el mismo ataque fue muerto Hildebrando Giraldo Parra, ex parlamentario y ex gerente de la Empresa de Energía de Medellín. Además resultaron lesionados el Concejal Fabio Estrada Chica y otras cuatro personas. La cafetería era un lugar de reunión frecuentado por políticos y periodistas, incluidos Carvahalo y Vera, quienes se reunían diariamente para dialogar sobre cuestiones de política local. El motivo del ataque aún no resulta claro, aunque se cree que estaba dirigido contra ciertos políticos presentes ese día.[69]
83. El 29 de julio de 2002 fue enviado un mensaje con amenazas a Radio Meridiano-70 y al corresponsal de Caracol Televisión, Rodrigo Ávila. En él se acusaba a los periodistas y propietarios de medios de difusión del Departamento de Arauca de burlarse de la justicia, a quienes se advertía que podrían ser declarados "objetivos militares". Firmaba el mensaje el Bloque de Libertadores de Arauca de las fuerzas paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Ávila, corresponsal de Caracol en Arauca, dijo que había recibido por lo menos diez amenazas telefónicas la semana anterior, y que había contratado a un guardaespaldas con ayuda financiera de una entidad privada de defensa de los derechos humanos de Colombia. Dijo que repetidos pedidos de protección dirigidos al Gobierno anterior y al nuevo Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, que asumió sus funciones el 7 de agosto, habían quedado sin respuesta. Evelyn Varela, gerente de Meridiano-70 e hija del difunto periodista Efraín Varela, asesinado el 28 de junio de 2002, dijo que había denunciado el mensaje de correo electrónico a las autoridades locales, que no habían respondido.[70]
84. El 6 de agosto de 2002, un equipo noticioso de El Tiempo fue secuestrado en la Municipalidad de Mistrató, Departamento de Risaralda. Fueron secuestrados el director de asuntos jurídicos Iván Noguera, el fotógrafo Héctor Fabio Zamora y el chofer de ambos, John Henry Gómez. El equipo noticioso viajaba a la zona para informar sobre grupos indígenas locales atrapados en el conflicto entre rebeldes izquierdistas y paramilitares de derecha en la región. Los periodistas fueron interceptados en la carretera por guerrilleros fuertemente armados de la división del Frente Aurelio Rodríguez de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes los obligaron a caminar por las montañas durante dos horas, reteniéndolos en esa zona durante la noche. Las guerrillas reprocharon a los terroristas el hecho de que los medios de difusión los describieran como terroristas. Fueron liberados al día siguiente pero recién el 8 de agosto llegaron a Pereira, donde están las oficinas del periódico.[71]
85. El 17 de septiembre de 2002, Edgar Buitrago Rico, fundador y director de la publicación mensual Revista Valle 2000, huyó de la Ciudad de Cali temiendo por su vida tras recibir repetidas amenazas de muerte a partir de mayo. La amenaza más reciente se produjo a fines de agosto, a través de una carta remitida a la prensa y a los políticos locales en Cali. Estaba firmada por el Comité de Rescate de Cali, grupo que las autoridades creen fue inventado por los individuos no identificados responsables de las amenazas. En la carta se acusaba a Buitrago de publicar mentiras en apoyo del alcalde de Cali a quien los periodistas respaldaban públicamente debido a su supuesta campaña contra la corrupción. En la carta se advertía a Buitrago y a otras diez personas que serían declarados "objetivos militares" a menos que abandonaran la ciudad de inmediato. En mayo Buitrago recibió dos amenazas de muerte por correo electrónico. Más tarde, en junio, hombres armados confundieron con Buitrago al vendedor de publicidad de la revista, lo obligaron a entrar en un vehículo y lo amenazaron de muerte; luego advirtieron su error y lo liberaron. Sobre la base de esos incidentes, Buitrago procuró la protección del Ministerio del Interior el 21 de agosto. Al no recibir respuesta durante varias semanas, decidió abandonar la ciudad. En 1998 Buitrago inició la publicación de la Revista Valle 2000, destinada a investigar y denunciar casos de corrupción política en el Valle del Cauca. Amenazas de muerte recibidas en los últimos años obligaron a renunciar a cuatro de sus corresponsales voluntarios. Antes de fundar la revista, Buitrago había sido subdirector de El Caleño y cronista de El País.[72]
86. El 14 de octubre de 2002, periodistas y camarógrafos de varios medios de prensa fueron blanco de disparos de armas de fuego al cubrir confrontaciones entre la Policía y las milicias urbanas en el vecindario Comuna 13, al Oeste de Medellín. Claudia Garro, de Caracol TV, Javier Arboleda, de El Colombiano, Víctor Vargas, de Teleantioquia, Fernando Cifuentes, de Noticias Uno, y Carlos Franco, de RCN TV, junto con sus camarógrafos, estaban parapetados detrás de un muro cerca del lugar donde se estaban produciendo las confrontaciones y trataban de filmar parte de las mismas. Contra ellos se efectuaron varios disparos, y los periodistas se retiraron de inmediato a una clínica de las cercanías. Todos ellos salieron ilesos.[73]
87. El 13 de noviembre de 2002, una bomba colocada dentro de un vehículo explotó frente a los estudios de la radiodifusora RCN, en Cúcuta. Fueron heridas cuatro personas, incluidos un oficial de Policía, un guardia de seguridad y dos residentes locales, y resultaron dañados algunos edificios de las cercanías, incluida la casa del Comandante de Policía de Norte de Santander, Coronel Carlos Alberto Barragán. Ningún periodista de RCN u otro trabajador de los medios de difusión fue herido en el estallido. No se habían recibido amenazas en la radiodifusora desde fines de mayo, en las semanas que precedieron a las elecciones presidenciales. Las autoridades manifestaron que a su juicio el Comandante de la Policía era el objetivo real del ataque, pero que un perímetro de seguridad establecido en torno a su hogar impidió a los culpables estacionar el vehículo en las proximidades de la casa. Se afirma que antes de la explosión los asaltantes habían disparado contra los guardias estacionados fuera de la casa del Comandante de la Policía y luego huyeron, dejando tras sí un taxímetro con 40 kilogramos de explosivos en su interior frente a los estudios de RCN.[74]
88. El 19 de noviembre de 2002, una bomba escondida dentro de una maleta fue dejada frente a las oficinas del periódico regional La Opinión, ubicado en Cúcuta, en la región septentrional de Santander. Los atacantes trataron de ingresar en las oficinas del periódico, pero los guardias les impidieron el acceso. Como los perpetradores del hecho no pudieron ingresar en el edificio, dejaron la maleta que contenía la bomba en el exterior de la entrada principal y huyeron de la escena de los hechos. Un guardia percibió la bomba e informó a la Policía. Una unidad antiexplosivos desactivó el artefacto, que contenía 30 kilos del explosivo Anfo, el mismo utilizado en el atentado con bombas del 13 de noviembre efectuado frente a la estación de radio RCN. Ni el periódico ni los periodistas habían recibido ninguna amenaza reciente. El Jefe de Policía del Norte de Santander, Coronel Barragán, atribuyó al ELN el ataque a las oficinas de La Opinión.[75]
89. El 26 de noviembre de 2002, un mensaje en cinta magnetofónica, supuestamente grabado por guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue entregado en la estación de Radio Catatumbo, una filial de Ocaña de la red de radiodifusoras RCN. En el mensaje, el ELN insta a los medios de prensa de la municipalidad a "informar imparcialmente, para no sufrir ataques", en un texto similar al de las amenazas efectuadas contra la radio RCN y el diario La Opinión, en Cúcuta. El ELN menciona también varias quejas del ELN contra el Ejército. El gerente de Radio Catatumbo, Agustín McGregor, señaló que después de la entrega de la cinta recibió una llamada telefónica de un portavoz del Comandante "Raúl" de las divisiones Armando Cauca Guerrero y Camilo Torres, del ELN. El jefe guerrillero lo amenazó con sufrir represalias si no hacía salir al aire la cinta en su totalidad y daba a conocer el mensaje del ELN a otros medios de prensa de Ocaña y del Departamento de Cesar meridional. La cinta fue difundida al día siguiente.[76]
90. En diciembre de 2002, la Relatoría Especial fue notificada de que los periodistas Rocío Silva, de Emisora ABC, y Hernando Lozano, de Radio Reloj Caracol, habían sufrido continuas amenazas y hostigamiento, de parte de Miriam Llanos, presidenta del Consejo Municipal de Galapa, y su madre, Yolanda Matera, como represalia por los informes en que los periodistas criticaban algunos actos del Consejo Municipal.[77]
Seguimiento con relación al asesinato del periodista Guzmán Quintero Torres
91. En enero de 2002, el juez penal del circuito especializado de Valledupar, absolvió a Jorge Eliécer Espinel Velásquez y Rodolfo Nelson Rosado, sospechosos del asesinato del periodista Guzmán Quintero Torres. Quintero Torres fue asesinado el 16 de septiembre de 1999. Era el director del diario El Pilón. Poco antes de su muerte había publicado una serie de artículos en que denunciaba homicidios y abusos cometidos por miembros del Ejército Nacional. La decisión de absolver a los dos sospechosos fue apelada por el Fiscal. La apelación está en trámite.[78]
92. En 2002 se produjeron novedades en el caso del asesinato del periodista Jaime Garzón, asesinado el 13 de agosto de 1999. Era un popular periodista y humorista crítico de Colombia, que denunciaba y criticaba el tráfico de drogas, la corrupción política y militar y las actividades paramilitares. Además había tomado parte en negociaciones tendientes a la liberación de personas secuestradas por las FARC y había participado como mediador en conversaciones de paz con la guerrilla el ELN. El 13 de enero se cerró la fase de investigación del caso, prematuramente según algunos grupos de defensa de la libertad de prensa, ya que no se había investigado plenamente la posible participación de algunos integrantes del Ejército. En marzo se llevó a juicio del caso de Garzón, cuando la Fiscalía General consideró que había pruebas suficientes para juzgar a Carlos Castaño Gil, jefe de las fuerzas paramilitares de Colombia, como supuesto autor intelectual del delito. Juan Pablo Ortiz Agudelo, alias "El Bochas", y Edilberto Sierra Ayala, alias "Toño", se mencionaban como autores materiales del asesinato. El 16 de septiembre de 2002, el juez séptimo de la Corte Especializada de Bogotá manifestó que no podría pronunciarse sobre el caso por ser incompetente por razón de materia. Según el Código Penal, un caso debe ser juzgado en una corte especializada si se cree que un homicidio ha sido cometido "con fines terroristas o en el marco de actividades terroristas", o si la víctima "era un funcionario público, periodista, juez de paz, dirigente sindical, político o dirigente religioso". El juez de la corte especializada concluyó que en ese caso el asesinato no se había producido mientras la víctima estaba actuando como periodista, y que el móvil no estaba vinculado con actividades terroristas, por lo cual carecía de jurisdicción en el caso y debía entender en el mismo una corte ordinaria. El 23 de octubre la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión del juez de la Corte Especializada, concluyendo que ésta debía entender en el caso porque el delito había sido cometido con "fines terroristas"[79]
93. El 2 de octubre de 2002, la Corte Penal Especializada de Barranquilla absolvió a Alfredo de Jesús Liévano Alcocer en relación con el asesinato del periodista Carlos Lajud Catalán, ultimado el 19 de marzo de 1993 en la Ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico. Se ha sostenido que el móvil del crimen consistía en silenciar sus críticas sobre cuestiones de corrupción en la administración regional y tráfico de drogas. Otras dos personas eran sospechosas de haber participado en el asesinato: Enrique Sornoza, alias Garnacha, y Bernardo Hoyos Montoya, un sacerdote, alcalde de Barranquilla en dos ocasiones y actual senador. No obstante, Sornoza fue asesinado en 1994 y la investigación de la participación de Hoyos Montoya en el crimen fue cerrada el 5 de junio de 2002. En consecuencia, ninguna persona está siendo investigada en relación con el crimen. El 11 de octubre de 2002, la Fiscalía General apeló la sentencia de la Corte Penal Especializada. El asesinato de Lajud Catalán es uno de los casos que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).[80]
94. El 11 de agosto de 2002, el Presidente Álvaro Uribe declaró estado de “Conmoción Interior”. Conforme a la Constitución colombiana, esa declaración confiere al Presidente la potestad de dictar decretos con fuerza de ley suspendiendo las normas incompatibles con los mismos. La declaración se efectuó como reacción frente a las graves perturbaciones del orden público causadas por el conflicto armado interno. En septiembre de 2002 el Presidente Uribe dictó un decreto presidencial designando a 27 localidades de tres departamentos diferentes de las zonas septentrional y noroccidental de Colombia como zonas de seguridad, lo que confiere al Estado la facultad de actuar con mayor energía en su lucha contra los paramilitares y las guerrillas izquierdistas. El decreto disponía también que todos los extranjeros que viajaran a la zona de seguridad debían obtener permiso previo del Gobierno. El 24 de octubre el Gobierno aclaró el trámite de obtención de esos permisos. Los periodistas extranjeros están obligados a remitir por fax una solicitud al Ministerio del Interior, indicando la empresa para la que trabajan, los lugares que se proponen visitar y la duración de su estadía. Los extranjeros que se encuentren en la zona sin permiso pueden ser deportados. Según un vocero del Gobierno, los periodistas no están obligados a revelar lo que se proponen informar dentro de las zonas de seguridad. El portavoz agregó que autoridades del Ministerio del Interior estarían disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, para tramitar solicitudes en alrededor de una hora si fuera necesario. Estas normas estaban destinadas a impedir el ingreso de extranjeros disimulados como periodistas para entrenar a grupos armados. El 25 de noviembre la Corte Constitucional revocó ciertas secciones del decreto. La Corte dispuso que la obligación de los periodistas que viajaran a las zonas en cuestión, de obtener permiso previo del Gobierno, no era aplicable a los periodistas ya acreditados. También dispuso que otras disposiciones clave del decreto, como la admisibilidad de allanamientos sin orden judicial, los arrestos y la intercepción de comunicaciones, violan la Constitución colombiana.[81]
95. El 24 de septiembre de 2002 la Fiscalía General anunció que asignaría 12 nuevos fiscales a una unidad dedicada a investigar ataques contra la prensa. La unidad, que forma parte de la Fiscalía General encargada de investigar ataques contra la prensa, fue creada en mayo de 1999. Anteriormente tenía cuatro fiscales con oficinas en Bogotá. Al agregarse esos nuevos fiscales, la unidad dispondrá de seis fiscales en Bogotá y once más que trabajan en otros siete pueblos y ciudades distribuidos por todo el país. La Fiscalía General adoptó esta medida frente al creciente número de delitos cometidos contra periodistas en Colombia.[82]
Seguimiento con relación al asesinato del periodista Parmenio Medina
96. De acuerdo a información pública dos individuos fueron incluidos en la causa penal que la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) están llevando a cabo como parte de la investigación por el asesinato del periodista Parmenio Medina ocurrido el 7 de julio de 2001. La fuente indica que los presuntos autores materiales del crimen han sido identificados como Luis Aguirre Jaime y Andrés Chávez Matarrita.[83]
97. En marzo de 2002 la Asamblea Legislativa de Costa Rica eliminó el Artículo 309 del Código Penal que consideraba un crimen “insultar” la dignidad del presidente y otros funcionarios públicos.
98. El 25 de abril de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expreso, mediante comunicado de prensa, su complacencia por la decisión de la Asamblea Legislativa costarricense.
99. Cuba sigue preocupando a la Relatoría para la Libertad de Expresión por la falta de una democracia pluralista que se traduce en la práctica en la violación sistemática a la libertad de expresión. Asimismo, el sistema jurídico establece numerosas restricciones a la capacidad de recibir y difundir información. Las autoridades cubanas siguen utilizando prácticas de intimidación y hostigamiento dirigida a los periodistas independientes con el fin de acallar las críticas al gobierno.
100. El 27 de febrero de 2002, agentes policiales y de seguridad del Estado atacaron con palos a los periodistas de Reuters, Alfredo Tedeschi y Andrew Cawthorne, cuando cubrían un incidente frente a la Embajada mexicana en La Habana.
101. Según la información recibida de crónicas internacionales, un grupo de ciudadanos cubanos utilizaron un autobús para estrellarlo contra las puertas de la Embajada con la esperanza de obtener asilo. La Policía persiguió, golpeó y detuvo a varios circunstantes que se habían congregado en las afueras de la Embajada. En la refriega fueron capturados dos periodistas de Reuters: Tedeschi, un camarógrafo, fue arrojado al suelo por la Policía, y le quitaron la cámara. Cawthorne, corresponsal de Reuters en Cuba, fue golpeado en el brazo y en la espalda.[84]
102. El 4 de marzo de 2002 el corresponsal de CubaPress Jesús Álvarez Castillo daba cobertura informativa a una protesta de la Fundación Cubana de Derechos Humanos (FCDH) en la ciudad de Ciego de Ávila cuando un policía le aplicó una llave de estrangulación y le lesionó el cuello.
103. En camino a la estación de policía, Álvarez Castillo perdió el conocimiento y tuvo que ser llevado a un hospital local donde le hicieron radiografías, las que revelaron que había sufrido un esguince en una vértebra cervical.[85]
104. El mismo día, varios periodistas y activistas de la FCDH se congregaron en el hospital para protestar el ataque contra Álvarez Castillo. Durante dicha congregación varias personas fueron golpeados por la policía, obligados a entrar en autos policiales y llevados a la unidad local del Departamento Técnico de Investigaciones, la policía criminal cubana. En el grupo se encontraban Léster Téllez Castro, director del servicio noticioso independiente Agencia de Prensa Libre Avileña y secretario organizativo de la FCDH, y Carlos Brizuela Yera, reportero de la agencia de noticias independiente Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey.[86]
105. Según la información recibida el mismo día, Téllez Castro, director de la Agencia de Prensa Libre Avileña (APLA), y Brizuela Yera, que trabaja en el Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey, fueron golpeados por la Policía el 4 de marzo, y luego detenidos, junto con ocho activistas de los derechos humanos. Dichas personas fueron arrestadas cuando iban a visitar a Jesús Álvarez Castillo, corresponsal de la agencia CubaPress en Ciego de Ávila (zona central de Cuba), que había sido hospitalizado por haber sido golpeado el mismo día por la Policía.
106. Téllez Castro fue trasladado a una prisión en Cienfuegos (al Oeste de Ciego de Ávila) el 11 de marzo y Brizuela Yera fue enviado a un centro de detención en la provincia oriental de Holguín. Se prevé que ambos sean acusados de "comportamiento insultante" y de "causar perturbación en un servicio médico" y "rehusarse a obedecer instrucciones". El director de APLA, Téllez Castro, está en huelga de hambre desde el 5 de marzo. Los cinco activistas de los derechos humanos también fueron llevados a centros de detención.[87]
107. Según la información recibida, el 21 de marzo de 2002, oficiales de la Policía de Seguridad del Estado impidieron la continuación de las clases de periodismo que impartía la asociación en La Habana. Se impidió el paso de tres periodistas independientes, Jorge Olivera Castillo, Dorka Céspedes Vela y Omar Rodríguez Saludes, cuando se dirigían al domicilio de Ricardo González Alfonso, presidente de la asociación. Otros dos periodistas, Carmelo Díaz Fernández y Víctor Manuel Domínguez García, que ya estaban en el domicilio de González Alfonso, fueron parados cuando salían por un Policía que les advirtió que las clases eran ilegales. Esa misma noche el miembro de la asociación, Iván García Quintero, fue interrogado por oficiales de la Policía de Seguridad del Estado acerca de las actividades de la asociación.[88]
108. El 23 de febrero de 2002 fue arrestado el periodista cubano Carlos Alberto Domínguez, de la agencia de prensa independiente Cuba Verdad. Según la información recibida, Domínguez fue arrestado en su hogar por cuatro policías de seguridad del Estado y encarcelado, primero en La Habana, en un centro dirigido por el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) que forma parte del Ministerio del Interior y que es notorio por maltratar a los prisioneros. La salud del periodista, que sufre migraña y alta presión arterial, sufrió un grave quebranto, y desde marzo está recluido en el Hospital Militar de Mariana. Se afirma que Domínguez ha sido acusado de "perturbar el orden público" y "rehusarse a obedecer instrucciones".[89]
109. El 3 de mayo de 2002, Garcell Pérez, de la agencia noticiosa Agencia de Prensa Libre Oriental (APLO), fue detenido y golpeado durante una hora. El incidente ocurrió en el Hospital Juan Paz Camejo, Municipalidad de Sagua de Tánamo, en la Provincia de Holguín, zona oriental de Cuba. En esa ocasión el periodista estaba grabando una entrevista con la madre de uno de los pacientes para un artículo que estaba redactando. Según la información proporcionada por Raúl Rivero, vicepresidente regional en Cuba del Comité de Libertad de Prensa e Información de la SIP, oficiales de la Policía Nacional y de Seguridad del Estado allanaron la casa de Garcell Pérez en la medianoche del viernes 3 de mayo. Los oficiales incautaron cinco libros de prácticas periodísticas, documentos, cartas, revistas y los archivos del periodista. Éste es el representante en Holguín de la Sociedad Manuel Márquez Sterling, asociación no reconocida por las autoridades cubanas que dicta cursos de capacitación para periodistas independientes. Garcell Pérez fue liberado en la tarde el sábado y se le impuso una multa de 400 pesos. Se le formuló una advertencia y se le entregó una tarjeta oficial que lo identifica como "persona muy propensa a delinquir".[90]
110. El 30 de julio de 2002, el periodista Ángel Pablo Polanco, del Servicio Noticuba, fue arrestado en su hogar en La Habana el 30 de julio de 2002. Oficiales de Seguridad del Estado llegaron a su domicilio en las primeras horas de la mañana y lo revisaron durante varias horas. Según la esposa de Polanco, Ángela Salinas, los oficiales de seguridad incautaron material técnico, muchos documentos y dinero. Finalmente, alrededor de las 9 p.m., arrestaron a Polanco sin presentar la orden de arresto pertinente. Cuando Polanco se rehusó a acompañarlos lo llevaron por la fuerza. Permanece detenido en el edificio del servicio de Seguridad del Estado, en Villa Maristas, en La Habana. Su esposa, que fue autorizada a visitarlo el 6 de agosto, dijo que no sabe de qué ha sido acusado su esposo. El arresto de Polanco, precedido el día anterior por el de dos opositores al Gobierno, se produce tras la jornada de protesta contra el Gobierno de Castro convocada para el 5 de agosto por organizaciones de oposición. Polanco fue arrestado anteriormente por dos oficiales de seguridad del Estado, el 23 de febrero de 2000, tras haber publicado informes sobre las actuaciones realizadas contra el Dr. Oscar Elias Biscet, presidente de la Fundación Lawton. Anteriormente Polanco había sido detenido por períodos breves en cinco oportunidades en 1999, para ser interrogado.[91]
111. El 16 de enero de 2002 por un decreto aprobado por el Ministerio del Comercio Interior se prohibió la venta de ordenadores personales a los particulares. Según un artículo publicado el 25 de marzo en el periódico digital wired.com, el decreto n' 383/2001 prohíbe "la venta de ordenadores, impresoras, máquinas de policopiar, fotocopiadoras y cualquier otro instrumento de impresión masiva" a cualquier asociación, fundación, organización civil sin interés de lucro y a los particulares. En el caso de que se considere indispensable la compra del equipo, o de sus piezas sueltas o accesorios, deberá solicitarse una autorización al Ministerio del Comercio Interior.
112. Según la información recibida, la prohibición se habría producido después del lanzamiento de una página web del Instituto Cubano de Economistas Independientes -ilegal- (www.cubaicei.org), dirigido por la economista disidente Marta Beatriz Roque. El acceso a la página desde Cuba fue bloqueado el 7 de diciembre, antes de cumplirse una semana de su lanzamiento. De acuerdo a la información suministrada en Cuba el acceso a la red se encuentra estrictamente regulado. Su utilización está sometida al respeto "a los principios morales de la sociedad cubana y a las leyes del país". Solo pueden acceder las empresas extranjeras y las instituciones gubernamentales. Aunque existen dos cibercafés, el primero de ellos está reservado para los turistas, y al segundo solo pueden acceder los miembros de la asociación oficial de escritores y artistas cubanos, la UNEAC.
113. Desde septiembre de 2001, cuatro oficinas postales de La Habana ofrecen a los cubanos la posibilidad de crearse una dirección electrónica y de acceder a la red. Sin embargo, la navegación está limitada a las páginas aprobadas por las autoridades, denominadas "la Intranet".[92]
114. El 5 de mayo de 2002 el escritor disidente Vladimiro Roca Antúnez fue liberado 70 días después de haber completado su condena a cinco años de reclusión.
115. Roca Antúnez, de 59 años de edad, miembro honorario de English PEN, fue arrestado el 16 de julio de 1997, un mes después de publicar un panfleto titulado "La Patria es de Todos". En él los coautores, Roca Antúnez, Félix Bonne Carcasses, René Gómez Manzano y Marta Roque Cabello, instaban al Gobierno cubano a realizar elecciones democráticas, liberalizar la economía y mejorar la situación de los derechos humanos. En marzo de 1999 los cuatro fueron declarados culpables de "sedición y otros actos contra la seguridad del Estado". Roca Antúnez fue el que recibió la condena más larga, presumiblemente por ser el más importante de los cuatro, ya que es el hijo de Blas Roca, uno de los fundadores del comunismo en Cuba. Roca Antúnez es el último de los cuatro en ser liberado.[93]
116. En noviembre de 2002 la autoridades cubanas confiscaron los archivos y fotografías de la periodista francesa Catherine David, que había ingresado en Cuba con visa de turista para informar sobre la situación de los derechos humanos y de los disidentes.
117. David, que trabaja para el semanario francés Le Nouvel Observateur, fue interceptada en el aeropuerto internacional de La Habana el 8 de octubre, cuando pasaba por la Aduana con un amigo que es escultor y fotógrafo. Ambos fueron conducidos a una sala del sótano del aeropuerto, en que sus maletas fueron registradas cuidadosamente.
118. Fueron copiados todos los archivos de la computadora de David. Sus cintas de audio, que contenían entrevistas con disidentes, y todas sus notas le fueron confiscadas. También fueron incautados todos los rollos de películas y varios libros e informes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Además los funcionarios aduaneros copiaron todas las páginas de la libreta de direcciones de David. En Cuba, la Ley 88, de marzo de 1999, prevé hasta ocho años de prisión para toda persona que ayude a los medios noticiosos extranjeros.
119. Tras perder su vuelo debido a la larga duración de la revisación, ambos fueron finalmente autorizados a salir de Cuba, dos días después. Hasta la fecha han sido en vano los pedidos de David a los servicios aduaneros cubanos, de que se le devuelva su material.[94]
120. El 18 de septiembre de 2002, el Congreso de Ecuador aprobó una serie de reformas a la Ley de Radio y Televisión. En esas reformas se reconoce el derecho de las radiodifusoras comunitarias a operar en las mismas condiciones que las radiodifusoras comerciales.[95] Esta ley fue promulgada el 7 de noviembre de 2002.
121. En octubre de 2002, la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió a Jorge Vivanco Mendieta, subdirector del diario Expreso, de Guayaquil, de los cargos criminales de difamación e injurias contra el honor en un caso planteado contra él por Fernando Rosero, Diputado del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), en julio de 2001. Esta acción judicial se basó en un informe en que el periodista había criticado a generales de las Fuerzas Armadas por no ejercer su derecho de defensa contra las acusaciones de Rosero referentes al escándalo que rodeaba a la compra de armas a Argentina en 1995, cuando Ecuador estaba en guerra con Perú. Además de la acción penal, el Sr. Rosero presentó una acción civil por libelo e insultos, promoviendo la reparación de daños y perjuicios por un total de US$1.000.000. La acción civil está pendiente de sentencia definitiva.[96] El Sr. Vivanco informó también que había recibido amenazas mientras esperaba el fallo en esos casos, y solicitó protección al Gobierno.[97]
122. El 15 de agosto de 2002 la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la nueva Ley de Defensa Nacional que tiene por objeto "establecer las bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación y ejecución de la defensa nacional". El Art. 25 de la citada Ley dispone que "los funcionarios, las autoridades públicas o municipales y las personas naturales o jurídicas deberán proporcionar en lo que corresponda, la información requerida de manera oficial por la autoridad competente para los fines de la defensa nacional". Según la información recibida, el 20 de agosto, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y PROBIDAD dirigieron una carta al Presidente de la República, Lic. Francisco Flores, en la que expusieron que el artículo en cuestión atenta contra el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa, especialmente, porque en nombre de la "defensa nacional" podrá obligarse a los periodistas a revelar sus fuentes de información.[98]
123. Según la información recibida por esta Relatoría, en carta dirigida al primer mandatario el 20 de Agosto y suscrita por APES, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y PROBIDAD, se le solicitaba que sugiriera a los legisladores, modificar el Art. 25, que obligaba a los periodistas a revelar sus fuentes de información, en nombre de la "defensa nacional". Según la información subministrada por estas organizaciones, en octubre de 2002, el Presidente Francisco Flores, presento sus observaciones a la Asamblea Legislativa respecto el recién aprobado proyecto de Ley de Defensa Nacional, sugiriendo a los legisladores, que se excluya del texto de la ley a las personas naturales o jurídicas de la obligación de entregar información a las autoridades para fines de la defensa.[99]
124. El 26 de septiembre de 2002 la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un paquete de reformas a la Ley de la Corte de Cuentas (la principal institución fiscalizadora de El Salvador), que incluye la modificación del Art. 46 en el sentido que "los informes de auditorías (...) tendrán carácter público, una vez se haya emitido resolución exonerando de responsabilidades o haya sido declarada ejecutoriada la sentencia en el juicio de cuentas". Anteriormente el referido artículo no imponía ninguna restricción jurídica para que los informes de auditoría fueran del conocimiento de los periodistas y de los ciudadanos inmediatamente después de su emisión. Según la información recibida, con la reforma aprobada, los informes de auditoría tendrán carácter secreto mientras no concluya la fase de determinación de responsabilidades o de juicios de cuentas, que normalmente demoran varios años. El 16 de octubre de 2002 el Presidente Flores aprobó las reformas a la mencionada Ley.[100] Esta reforma podría dificultar el acceso a información en tiempo oportuno.
125. El 9 de enero de 2002, Dolia Estévez, corresponsal en Washington, D.C. del diario mexicano El Financiero, recibió una orden del Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito Oriental de Virginia de que entregara el material que utilizó para la redacción de un artículo en 1999 sobre una familia mexicana supuestamente vinculada con el tráfico de drogas. El 19 de marzo de 2002, el Juez Federal Welton Curtis Sewell otorgó a Estévez su petición de anular la orden de comparecencia en juicio, testificar o presentar documentación u otros elementos probatorios.[101] El demandante en el caso apeló el fallo del Juez Sewell. En el momento de redacción de este informe, la apelación todavía estaba pendiente. La Oficina del Relator Especial expresó su preocupación con respecto a este caso en un comunicado de prensa el 21 de febrero de 2002.[102]
126. El 17 de julio de 2002, David W. Carson y Edward H. Powers, Jr., editor y redactor, respectivamente, del The New Observer, fueron declarados culpables de siete acusaciones de difamación penal en un juicio por jurado en Kansas por las declaraciones publicadas en el The New Observer sobre Carol Marinovich, la alcaldesa/jefa ejecutiva del Gobierno Unificado del Condado de Wyandotte/Kansas City, y sobre su esposo, Ernest Johnson, un juez de tribunal de distrito.[103] Los señores Carson y Powers fueron cada uno sentenciado a pagar una multa de $700 y a un año de libertad condicional. La sentencia ha sido suspendida hasta que se resuelva la apelación del caso.[104] La Oficina del Relator Especial expresó su preocupación por este caso en su Informe Anual de 2001.[105]
127. El 2 de agosto de 2002, la Juez Gladys Kessler del Tribunal de Distrito de Estados Unidos emitió un fallo en una demanda entablada por más de dos docenas de organizaciones de derechos civiles y de interés público de acuerdo con la Ley de Libertad de la Información (FOIA). Los grupos apelaban contra el rechazo del Departamento de Justicia (DOJ) a las solicitudes presentadas a organismos de dicho Departamento con el fin de obtener información sobre casi 1.000 individuos que fueron detenidos por acusación de un delito, mediante orden judicial como testigos esenciales y por violaciones de la ley de inmigración como parte de las investigaciones del 11 de septiembre. Los demandantes procuraron dicha información, así como los nombres de los detenidos, las circunstancias de su arresto y detención, incluidas las fechas de detención y puesta en libertad, los lugares donde fueron arrestados y detenidos, la naturaleza de las acusaciones presentadas y los nombres de los abogados. La Juez Kessler ordenó al DOJ que diera a conocer los nombres de los detenidos, o que demostrara la legitimidad de mantener dicha información en secreto, y los nombres de sus abogados, pero indicó que el DOJ tenía motivos válidos para mantener en secreto otra información relativa a los arrestos.[106] La orden de la juez de hacer públicos los nombres de los detenidos ha sido suspendida pendiente de apelación.[107]
128. El 26 de agosto de 2002, el Tribunal de Apelación del Sexto Circuito de Estados Unidos emitió un fallo sobre la impugnación a una directiva que requería que las audiencias de deportación en "casos de especial interés" estuvieran cerradas a la prensa y al público, incluidos los familiares y amigos. La cuestión del caso era el Memorando Creppy, una directiva emitida por el Jefe de Inmigración, el Juez Michael Creppy a todos los Jueces de Inmigración de los Estados Unidos el 21 de septiembre de 2001. El Memorando tenía por objeto prevenir la revelación de información que podía poner en peligro la seguridad nacional después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. El Tribunal decidió que el Memorando Creppy era una limitación inconstitucional al derecho de la libertad de expresión. Indicando que el acceso público desempeña un papel significativo y positivo en las audiencias de deportación ya que es el principal medio con el supervisar la imparcialidad de dichos procedimientos, el Tribunal decidió que debe presumirse que estos procedimientos están abiertos al público. Las preocupaciones del gobierno con respecto a la seguridad nacional eran válidas, sin embargo, debía decidirse caso por caso si se cerraba el acceso a tales procedimientos, mediante la determinación de una cuestión de hecho particularizada en cuanto a la necesidad de que las audiencias sean cerradas al público. El gobierno no cumplió con este requisito porque la directiva Creppy no estableció las normas que debían utilizarse para clasificar un caso como "de especial interés".[108] El 8 de octubre de 2002, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos también falló en un caso que objetaba el Memorando Creppy y llegó a la conclusión de que no había un derecho constitucional que garantice el acceso a las audiencias de deportación debido a que se trata de procesos administrativos, en vez de penales, y no ha habido ningún "antecedente sin interrupción y consistente” de acceso al público en dichos casos.[109] Debido al conflicto entre los fallos de los dos Tribunales de Circuito, es probable que esta cuestión sea considerada por el Tribunal Supremo. Según algunos defensores de la libertad de prensa, ha habido por lo menos 600 procesos de inmigración secretos desde que el Memorando Creppy fue emitido.[110]
129. El Relator Especial reconoce la grave amenaza que representan las actividades terroristas y la obligación del gobierno de prevenir y sancionar tales actividades. No obstante, el Relator Especial también reitera que, cuando se llevan a cabo iniciativas para prevenir y sancionar el terrorismo, los estados deben seguir respetando los derechos humanos y libertades fundamentales. En su Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el acceso a la información que tiene el gobierno debe estar regido por el principio de "máxima divulgación", lo cual significa que debe presumirse que la información será revelada por el gobierno.[111] Para no revelar información, el gobierno debe demostrar que dichas restricciones son necesarias para proteger un objetivo legítimo, como la seguridad nacional.[112] El acceso a las reuniones de los órganos gubernamentales, tales como los procedimientos judiciales, también debe estar regido por la presunción de que dichas reuniones son abiertas al público.[113]
[1] La Relatoría recibe información enviada por organizaciones independientes de derechos humanos y de defensa y protección de la libertad de expresión, periodistas independientes directamente afectados, e información solicitada por la Relatoría a los representantes de los Estados miembros de la OEA, entre otros.
[2] En el Informe correspondiente al año 2001, la Relatoría informó sobre el asesinato de 9 periodistas. Este año la cifra asciende a 10 trabajadores de medios de comunicación social asesinados, entre ellos, 1 fotógrafo, 1 cameraman, 1 distribuidor de diarios, 1 conductor de un móvil de televisión y 6 periodistas.
[3] A este respecto, la Relatoría recuerda lo establecido en el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión: El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.
[4] Ibídem, Principio 9.
[5] CIDH, Informe Nº 50/99, Caso 11.739 (México), 13 de abril de 1999. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo: “El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que la violación quede impune y no se restablezca en cuanto sea posible, a la víctima la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención”.
[6] Véase Tercera Cumbre de las Américas, Declaración y Plan de Acción. Quebec, Canadá, 20-22 de abril de 2001.
[7] Véase Convención Interamericana Contra la Corrupción del Sistema Interamericano de Información Jurídica, OEA.
[8] Ver, Hugo Aznar, “Etica y Periodismo”, Ed. Paidos, Papeles de Comunicación 23, Barcelona, 1999, pag. 42.
[9] La idea de desarrollar una Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión nació en reconocimiento a la necesidad de otorgar un marco jurídico que regule la efectiva protección de la libertad de expresión en el hemisferio, incorporando las principales doctrinas reconocidas en diversos instrumentos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la Declaración elaborada por la Relatoría durante su 108° período ordinario de sesiones en octubre del año 2000. Dicha declaración, constituye un documento fundamental para la interpretación del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su aprobación no sólo es un reconocimiento a la importancia de la protección de la libertad de expresión en las Américas sino que además incorpora al sistema interamericano los estándares internacionales para una defensa más efectiva del ejercicio de este derecho. (ver http://www.cidh.org/relatoria/Spanish/Declaracion.htm )
[10] Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS).
[11] Periodistas frente a la Corrupción (PFC), World Association of Newspapers (WAN) y Writers in Prison Committee (WiPC).
[12] Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS).
[13] Periodistas Frente a la Corrupción, 29 de diciembre de 2002.
[16] Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS).
[17] Id. y Reporteros sin Fronteras (RSF).
[18] Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS).
[19] Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS).
[20] Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS) y Comité para la Protección de Periodistas, 11 de diciembre de 2002.
[21] Periodistas frente a la Corrupción, 9 de enero de 2003, Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 29 de enero de 2003, Reporteros Sin Fronteras, 10 de enero de 2003,
[22] Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 5 de junio de 2002.
[23] La Relatoría para la Libertad de Expresión emitió un comunicado de prensa condenando el asesinato del periodista Domingos Sávio Brandão Lima Júnior e instó al Estado brasileño a realizar inmediatamente una investigación efectiva de este asesinato.
[24]Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, 1 de octubre de 2002.
[25]Reporteros Sin Fronteras (RSF), 9 de octubre de 2002.
[26]Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS), 17 de septiembre de 2002.
[27] La Relatoría había condenado públicamente mediante comunicado de prensa esta decisión judicial. Véase anexos.
[28] Canadian Journalists for Free Expression (CJFE), 7 de octubre de 2002.
[29] Ibídem, 6 de noviembre de 2002.
[30] Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), 15 de enero de, 2002.
[31] Ibídem, 23 de enero de 2002.
[32] La Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS), 4 de octubre de 2002.
[33] Ibídem, 21 de octubre de 2002.
[34] Ibídem, 12 de noviembre de 2002; véase también CPJ, 19 de noviembre de 2002.
[35] Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 18 de diciembre de 2002.
[36] La Semana Jurídica: Abogados de Yáñez denuncian error judicial. 27 de diciembre de 2002.
[37] Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), 3 de diciembre de 2002. La Comisión fue además notificada al respecto directamente por los peticionarios en una comunicación de diciembre de 2002.
[38] Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), 14 de enero de 2003
[39] Comisión del Foro Chileno para la Libertad de Expresión, en carta fechada el 14 de octubre de 2002.
[40] Red de Derecho de Interés Publico, 9 de abril de 2002.
[41] Comité Mundial de Libertad de Prensa (World Press Freedom Committee), 8 de mayo de 2002; Comité para la Protección de Periodistas, 7 de mayo de 2002; IpyS, 7 de mayo de 2002.
[42] Comité Mundial de Libertad de Prensa, 16 de mayo de 2002.
[43] La Relatoría Especial recibió una copia de este proyecto de ley durante la visita del Relator Especial a Chile, en diciembre de 2002. Véase también, Comité Mundial de Libertad de Prensa (CPJ), 11 de septiembre de 2002.
[44] Véase Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2001, Capítulo V, párrafo 7.
[45] IPyS, 30 de enero de 2002; IPyS/IFEX, 14 de febrero de 2002, 23 de mayo de 2002; Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 31 de enero de 2002; Reporteros Sin Fronteras (RSF), 31 de enero de 2002; Asociación Mundial de Periódicos (WAN), 1 de febrero de 2002; Sociedad Interamericana de Prensa/Inter-American Press Association (SIP-IAPA), 1 de febrero de 2002; Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 18 de abril de 2002; Centro Análisis de Información, 18 de abril de 2002.
[46] SIP/IAPA, 12 de abril de 2002; CPJ, 12 de abril de 2002; RSF, 12 de abril de 2002; Asociación Nacional de Periodistas (ANP), 13 de abril de 2002.
[47] IPyS, 29 de junio de 2002; RSF, 1 de julio de 2002; CPJ, 1 de julio de 2002; SIP/IAPA, 2 de julio de 2002.
[48] Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 12 de julio de 2002; CPJ, 12 de julio de 2002; IPyS, 12 de julio de 2002; RSF, 15 de julio de 2002; Canadian Journalists for Free Expression (CJFE), 16 de julio de 2002; SIP/IAPA, 17 de julio de 2002; Asociación Mundial de Periódicos (WAN), 17 de julio de 2002; Writers in Prison Committee (WiPC) de International PEN, 17 de julio de 2002.
[49] Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 25 de julio de 2002; RSF, 26 de julio de 2002.
[50] SIP/IAPA, 30 de enero de 2002; Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 31 de enero de 2002; Asociación Mundial de Periódicos (WAN), 1 de febrero de 2002; RSF, 1 de febrero de 2002.
[51] IPyS, 8 de marzo de 2002; CPJ, 11 de marzo de 2002; RSF, 12 de marzo de 2002.
[52] CPJ, 29 de marzo de 2002.
[53] IPyS, 29 de abril de 2002; CPJ, 9 de mayo de 2002.
[54] CPJ, 11 de abril de 2002; IPyS, 24 de abril de 2002; Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 19 de julio de 2002.
[55] IPyS, 11 de abril de 2002; CPJ, 19 de abril de 2002
[56] CPJ, 15 de abril de 2002; Centro Análisis de Información, 13 de abril de 2002; Asociación Nacional de Periodistas, 13 de abril de 2002.
[57] CPJ, 26 de abril de 2002; IPyS/IFEX, 26 de abril de 2002; RSF, 6 de mayo de 2002.
[58] IPyS, 7 de mayo de 2002; Centro de Análisis de Información, 7 de mayo de 2002; SIP/IAPA, Informes de la Asamblea General, octubre de 2002.
[59] CPJ, 9 de mayo de 2002; IPyS, 20 de mayo de 2002.
[60] IPyS, 20 de mayo de 2002, 29 de mayo de 2002; CPJ, 21 de mayo de 2002, 24 de mayo de 2002; Writers in Prison Committee (WiPC) of International PEN, 22 de mayo de 2002, 6 de junio de 2002.
[61] Véase supra con respecto al asesinato de Efraín Alberto Varela Noriega.
[62] IPyS, 1 de julio de 2002.
[63] IPyS, 1 de julio de 2002.
[64] CPJ, 12 de julio de 2002; FLIP, 19 de julio de 2002.
[65] IPyS, 8 de julio de 2002, 12 de julio de 2002; RSF, 10 de julio de 2002; Asociación Mundial de Periódicos, 15 de julio de 2002.
[66] RSF, 10 de julio de 2002; IPyS, 8 de julio de 2002; Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 9 de julio de 2002.
[67] IPyS, 9 de julio de 2002; CPJ, 12 de julio de 2002; FLIP, 12 de julio de 2002.
[68] IPyS, 23 de julio de 2002; Centro de Análisis de Información, 23 de julio de 2002.
[69] FLIP, 23 de julio de 2002.
[70] CPJ, 14 de agosto de 2002; IPyS, 30 de julio de 2002.
[71] IPyS, 8 de agosto de 2002; FLIP/IFEX, 9 de agosto de 2002; CPJ, 9 de agosto de 2002.
[72] CPJ, 17 de septiembre de 2002; IPyS/IFEX, 21 de agosto de 2002.
[73] FLIP, 16 de octubre de 2002; WAN, 21 de octubre de 2002.
[74] IPyS, 14 de noviembre de 2002; FLIP, 15 de noviembre de 2002; SIP/IAPA, 15 de noviembre de 2002; Centro de Análisis de Información, 20 de noviembre de 2002.
[75] FLIP, 20 de noviembre de 2002; IPyS, 19 de noviembre de 2002; Centro de Análisis de Información, 20 de noviembre de 2002.
[76] FLIP, 29 de noviembre de 2002; RSF, 5 de diciembre de 2002.
[77] IPyS, 5 de diciembre de 2002; Centro de Análisis de Información, 20 de noviembre de 2002.
[78] IPyS, 7 de febrero de 2002, 13 de marzo de 2002.
[79] IPyS, 13 de marzo de 2002, 24 de octubre de 2002; Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 13 de agosto de 2002, 26 de septiembre de 2002; SIP/IAPA, 27 de septiembre de 2002.
[80] IPyS, 13 de junio de 2002; SIP/IAPA, 16 de octubre de 2002.
[81] IPyS, 12 de agosto de 2002; RSF, 18 de septiembre de 2002, 26 de octubre de 2002; 12 de agosto de 2002; Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 20 de septiembre de 2002, CPJ, 25 de octubre de 2002, 3 de diciembre de 2002.
[82] CPJ, 30 de octubre de 2002; IPyS, 11 de octubre de 2002.
[83]La Nación de Costa Rica, en www.nacion.co.cr, 22 de enero de 2003.
[84]Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), 1 de marzo de 2002.
[85]Ibídem, 14 de marzo de 2002.
[86]Ibídem, 1 de marzo de 2002.
[87]Reporteros Sin Fronteras (RSF), 15 de marzo de 2002 y The Writers in Prison Committee (WiPC) de International PEN).
[88]RSF, 28 de marzo 2002.
[89]Ibídem, 15 de marzo de 2002.
[90]Sociedad Interamericana de Prensa (SIP/IAPA), 7 de mayo de 2002.
[91]Reporteros Sin Fronteras, 2 de agosto de 2002.
[92]Ibídem, 29 de marzo de 2002.
[93] Writers in Prison Committee (WiPC), International PEN, Londres, 15 de mayo de 2002.
[94]Reporteros Sin Fronteras, 22 de noviembre de 2002.
[95] CORAPE (Coordinadora de Radios Populares de Ecuador) y Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, 4 de octubre de 2002.
[96] Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), 15 de octubre de 2002, 29 de mayo de 2002, 5 de febrero de 2002.
[97] Ibídem, 23 de abril de 2002.
[98] Probidad. San Salvador, y Reporteros sin fronteras, 22 de agosto de 2002.
[99] Ibídem, 22 de agosto de 2002.
[100] Periodistas Contra la Corrupción, 8 de octubre de 2002
[101] Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), 2 de abril de 2002.
[102] Véanse anexos, PREN/53/02.
[103] CPJ, 18 de julio de 2002; Sociedad Interamericana de Prensa, 19 de julio de 2002.
[104] CNN.com, 9 de diciembre de 2002.
[105] CIDH, Informe Anual de 2001, vol. II, Informe de la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión, OEA/Ser.L/V/II.114, Doc. 5 rev. 1, Cap. II, párr. 193.
[106] Centro de Estudios para la Seguridad Nacional contra el Departamento de Justicia, Acción Civil No. 01-2500 (D.D.C. presentada el 15 de agosto de 2002), http://www.dcd.uscourts.gov/district-court-2002.html.
[107] Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, 15 de agosto de 2002.
[108] Detroit Free Press contra Ashcroft, No. 02-1437 (Sexto Circuito, 26 de agosto de 2002), http://www.findlaw.com/casecode/courts/6th.html.
[109] North Jersey Media Group, Inc. contra Ashcroft, No. 02-2524 (Tercer Circuito, 8 de octubre de 2002), http://www.findlaw.com/casecode/courts/3rd.html.
[110] Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, Homefront Confidential, Segunda edición, Septiembre de 2002, pág. 20.
[111] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.116, Doc. 5 rev. 1, 22 de octubre de 2002, párr. 284.
[112] Id. párr. 286.
[113] Id. párr. 287.
http://www.cidh.org/Relatoria/Spanish/InformeAnual/InfAnRel02/CapII2002-1.htm

References: resolución 
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 artículo 8
 Artículo 263
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