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Timestamp: 2019-09-19 03:09:30+00:00

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Diario de la Química Vasca: febrero 2015
La noche de los poetas asesinados y la seguridad jurídica
La noche del 12 de agosto de 1952 es conocida en Rusia como "La Noche de los Poetas Asesinados". Aquella noche culminó un proceso que había empezado 4 años antes, en septiembre de 1948, y que se cerraba con la ejecución de trece de los más destacados escritores, músicos y actores yidish de la Unión Soviética.
El yidish es el idioma milenario que usaban los judíos en el centro y este de Europa desde la alta Edad Media y que siguen usando los descendientes de aquellos en América e Israel. De raíz alemana en léxico y sintaxis, a lo largo de los años recibió mucha influencia del hebreo clásico, cuyo alfabeto es usado para escribirlo, y de las lenguas eslavas con las que convivía, pero es perfectamente reconocible como lengua germánica.
En abril de 1942, aquellas 13 personas, entre otros convencidos comunistas de nacionalidad rusa y etnia judía, habían creado el Comité Judío Antifascista, destinado a promover la causa soviética en su lucha contra los nazis, que habían iniciado la invasión de la URSS en junio del año anterior.
Las actividades de propaganda del Comité Judío Antifascista en yidish recaudaron dinero en todo el mundo, especialmente entre la comunidad judía de los Estados Unidos, con notable éxito. En su momento, fue especialmente celebrada por los medios soviéticos, la compra de 1.000 ambulancias para el Ejercito Rojo en verano de 1943.
Entre los poetas asesinados en aquella noche estaba Solomon Lozovsky, militante bolchevique desde mucho antes de la Revolución de 1917 y que había ostentado importantes cargos en la estructura del Partido Comunista y el Estado Soviético, además de haber sido secretario general del Profintern, la organización internacional de sindicatos comunistas, entre 1921 y 1937.
Lozovsky y sus compañeros fueron detenidos, torturados incansablemente, juzgados en una pantomima y ejecutados, acusados de actividades anti-revolucionarias y de conspirar contra Stalin. En concreto, de haber propuesto la creación de una República Socialista Soviética judía en los territorios de la península de Crimea, que el propio Stalin había dejado prácticamente deshabitados por la deportación masiva y el genocidio desatado contra los tártaros de esa zona de Ucrania, acusados de haber colaborado con los nazis durante la invasión. La propuesta se hizo en el marco de la constitución soviética, se hubiera tratado de una república plenamente integrada en la URSS y respondiendo a una de las esencias del leninismo, una de sus muchas traiciones contra el marxismo ortodoxo: la creación de entidades territoriales con identificación étnica-nacional dentro de la Unión Soviética.
Tanto es así, que en 1928, ya se había propuesto y creado, eso sí, en los confines de Siberia, junto a la frontera china, un oblast, es decir, una región autónoma dentro de la república rusa, llamado Oblast Autónomo Hebreo que, por cierto sigue existiendo y que es el único lugar del mundo donde el yidish es idioma oficial, a pesar de que hoy en día apenas tenga un 1,2% de población de origen judío.
¿Qué había cambiado, además de los niveles de paranoia conspiranóica del dictador, para que una organización alentada por el régimen y una propuesta de ésta, pasarán de ser celebradas y adoptadas como parte de la estructura del Estado, a un delito castigado con la muerte?
La respuesta es sencilla: en mayo de 1948 se había proclamado la independencia del estado de Israel y, a pesar de los denodados esfuerzos de la diplomacia y los servicios secretos de la URSS, el nuevo estado judío se había sumado casi de inmediato a los aliados de los Estados Unidos. Stalin, a pesar de todas las pruebas en contra, en una más de sus paranoias, se convenció de que las lealtades de aquellas personas se inclinarían más por su origen étnico que por su país, su ideología política o su clase.
A estas alturas, como por otro lado es habitual en este blog, ya se estarán ustedes preguntando a qué viene este rollo. La respuesta es sencilla, "La Noche de los Poetas Asesinados" es un caso extremo de inseguridad jurídica.
La Seguridad Jurídica, un concepto quizás no tan nombrado como la igualdad, la libertad, el respeto a los derechos individuales o el imperio de la ley,pero es también una de los fundamentos de la democracia.
La Seguridad Jurídica es el derecho que asiste a los ciudadanos de estar razonablemente seguros de las normas que les son de aplicación y de conocer las consecuencias que sufrirán si las incumplen.
Como es lógico, la Seguridad Jurídica puede ser vulnerada por lo poderes públicos intencionadamente y por mero desprecio a los derechos de sus ciudadanos, como en la Rusia de Stalin, o por simple incompetencia. Para su efectivo ejercicio, es necesaria una producción normativa ordenada, bien planificada y transparente... algo de lo que, por desgracia, en este país carecemos.
Un sistema de garantías democráticas bien asentado, a pesar de todo, protege nuestros derechos ciudadanos en un grado transigible, pero en las esquinas del BOE, esas que solamente leemos los frikis de la normativa industrial, florecen ejemplos de inseguridad jurídica que, si bien no afectan a los derechos fundamentales, generan grandes dosis de incertidumbre y problemas para la inversión y la creación de empleo y riqueza.
El gobierno de José María Aznar, especialmente durante sus últimos 4 años con mayoría absoluta, adoptó la poco democrática costumbre de agrupar ingentes cantidades de normas con rango de ley y reformarlas todas mediante artículos sueltos y disposición adicionales de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de cada año. Así, por ejemplo, la Ley 50/1998 de 30 de diciembre, tiene 44 disposiciones adicionales que, sin ningún debate parlamentario, reformaron desde la Ley de Envases hasta los Estatutos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que tanto había protestado por esta práctica cuando estaba en la oposición, no se quiso quedar atrás y, por ejemplo, la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, tiene 71 disposiciones adicionales. Aún así, era casi peor, cuando el gobierno del PSOE reformaba normas en leyes que poco tenían que ver con la temática de las reformadas, colando de rondón disposiciones adicionales o finales. Por ejemplo, cuando reformaron la Ley 16/2002 IPPC mediante la Disposición Final Sexta de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Una de las garantía de la Seguridad Jurídica que aporta la Constitución de 1978, en concreto en su artículo 25, es el dedicado al "principio de legalidad" y reserva de ley para normas sancionadoras. Interpretó el Tribunal Constitucional en su día que los delitos y las faltas penales solamente se pueden regular por Ley Orgánica y que las normas sancionadoras administrativas, solamente pueden ser establecidas por ley, aunque en este caso baste con una ley ordinaria. Es bien cierto que las mayorías absolutas desvirtúan un tanto este derecho de los ciudadanos, pero toda norma jurídica necesita de una sanción asociada a su incumplimiento para que pueda ser considerada obligatoria y, en España, las sanciones tiene que ser creadas por norma con rango de Ley.
Dentro de esta dinámica de constante improvisación, y es a lo que realmente venía esta entrada, creo que hemos superado un nuevo hito. Un hecho, hasta donde yo sé, insólito.
No es nada nuevo que las directivas europeas se implementen con retraso, la Directiva 96/35/CE de Consejeros de Seguridad no fue una excepción y se publicó como Real Decreto 1566/1999 a sólo dos meses de que la "obligación" de nombrar los consejeros fuera efectiva.
Nosotros nos esforzamos e hicimos todo lo que pudimos... pero era evidente que no iba a dar tiempo a que los gobiernos autonómicos convocaran y publicaran los resultados de los exámenes en tan breve plazo y nadie llegó a tiempo.
Ese breve incumplimiento temporal solamente pareció preocuparnos a nosotros porque, en realidad, las obligaciones del RD 1566/1999 adolecieron de norma sancionadora hasta la reforma de la LOTT publicada en octubre de 2003 (Ley 29/2003) es decir, durante esos 4 años, si una empresa hubiera decidido no nombrar consejero de seguridad, simplemente porque no le apetecía, nadie podría haberle reprochado nada por ello.
Pero, como les decía, este es un hecho relativamente frecuente: que una norma reglamentaria articule obligaciones y haya que esperar un tiempo hasta que otra, con rango de ley, regule las sanciones asociadas.
Pero durante estos meses se está produciendo un fenómeno extraño e, insisto, para mí insólito:
El plazo de implementación marcado por la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética venció el pasado 5 de junio de 2014 y aún no ha sido traspuesta. (La Comisión Europea ya estará preparando la multa correspondiente.... nada nuevo).
En lo que a nosotros respecta, lo más destacado de esta norma es la obligación que impone a empresas no-pymes de realizar auditorias energética anuales, con unos requisitos en el proceso bastante determinados o, alternativamente, certificarse según norma ISO-50.001.
Pues, aún sin que las obligaciones se hayan concretado, resulta que el Real Decreto Legislativo 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia se descolgó con el siguiente párrafo en su exposición de motivos:
Finalmente, se determina el régimen de sanciones aplicable en caso de incumplimiento de las disposiciones adoptadas para la transposición de la citada Directiva 2012/27/UE, en concreto, aquellas adoptadas en el ámbito del sistema de obligaciones de eficiencia energética. En materia de auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia del suministro de energía y contabilización de consumos energéticos, la instrucción y resolución de los expediente sancionadores que se incoen corresponderá a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
El plazo de transposición de la Directiva venció con carácter general el 5 de junio de 2014, por lo que es necesario completar la transposición de la Directiva con la mayor urgencia.
Y así seguimos.... "con la mayor urgencia" porque tenemos habilitado el sistema de graduación y cuantificación de sanciones, en concreto en los artículos 80 y 82... para unas obligaciones que aún no existen.... lo que les decía, un nuevo hito en nuestra ancestral profusión jurídica.
Por cierto, la norma califica no hacer la auditoria energética estando obligados a ello como falta muy grave y gradúa la sanción entre 10.000 € y 60.000 €... solamente espero que no hagan algo parecido a lo que sucedió con los consejeros de seguridad y nos encontremos con 2 meses para evitar una sanción que, en este caso, sí que existe...
Eso sí, ahora no podemos decir que no hemos tenido tiempo para prepararnos... nosotros estamos con ello.
(Muchas gracias a Iñigo Arechabala y a CREARA por su ayuda con este tema y descubrirnos que, a pesar de nuestra experiencia, en materia de energía, aún nos queda "mucho BOE por descubrir")
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Etiquetas: aveq-kimika, consejero de seguridad, creara, directiva 2012/27/UE, energía, Iñigo Arechabala, lott, luis blanco urgoiti, transporte mercancías peligrosas
Hay un principio de la gestión de la seguridad y, no sé si también de la física, que dice que velocidad y riesgo son magnitudes con una relación proporcional. Es decir, en cualquier aspecto de la vida, si lo hacemos más deprisa, hay más probabilidades de errar.
Si andamos deprisa tropezamos en más ocasiones y si escribimos deprisa se nos cuelan más erratas... de perogrullo, vaya.
La llegada de Internet, de los móviles y las redes sociales ha incrementado la velocidad de la comunicación a un grado inimaginable hace poco años y, no sólo la velocidad, la profusión, la difusión y el alcance de las informaciones, y también la diversidad de fuentes y emisores provocan, no sólo que la información viaje rápido, también que la leamos muy rápido.... si la leemos.
Cualquier persona, con un móvil común puede, de forma inmediata, convertirse en la fuente de una foto difundida a, practicante, todo el mundo.
Pero, la velocidad, la inmediatez y la enorme variedad de fuentes hacen que nos acerquemos, si no superamos, un nivel cercano a la saturación y a los receptores de toda esa información nos cuesta mucho procesarla.
En la era de Wassap apenas leemos el titular de todas las informaciones que nos llegan.
Y, si apenas dedicamos tiempo a leer, escuchar o sencillamente ver cada información, mucho menos a analizarla con cierto espíritu crítico.
Este fenómeno llega a su paroxismo absoluto en las redes sociales, donde los propios receptores de la información son, a la vez, emisores de la misma. Personas que me merecen el máximo de los respetos intelectual y moral hacen de altavoces, involuntarios o no, he ahí una de las claves de la cuestión, de informaciones que no resisten el más mínimo análisis crítico. Análisis para el que, por otro lado, estarían perfectamente preparadas si le dedicaran unos minutos.
Pues bien, en nuestra sociedad hay emisores que han comprendido la situación perfectamente y se han especializado en simplificar sus mensajes e informaciones hasta un nivel que los convierten en simples mentiras, o como mucho medias verdades interesadas, pero que muestran una efectividad brutal, una enorme capacidad "vírica".
Estos emisores pueden tener fines socialmente beneficiosos, que incluso podríamos calificar de "buenos" pero, en mi humilde opinión, utilizar determinados métodos de comunicación descalifican sus mensajes y, con ello, la credibilidad de la propia organización... incluso de sus fines.
Pero quizás lo más sencillo sea poner algún ejemplo:
En los últimos meses, la Comisión Europea y los Estados Unidos están negociando un acuerdo de liberalización de barreras comerciales: el Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones (conocido como TTIP, por sus siglas en inglés: Transatlantic Trade and Investment Partnership).
Se trata de un ambicioso proyecto hacia la globalización y el libre intercambio comercial entre la Unión Europea y la primera economía del mundo... con todos los efectos favorables de la globalización y todos sus defectos, algo que merece un estudio detallado y concienzudo antes de tomar una postura. Por desgracia, en la realidad, no hay una línea que divida el bien del mal con sencillez, precisión y claridad, es necesario buscarla.
Hay mucho grupos del ámbito de la izquierda, y algún medio de comunicación, que ya se han posicionado en contra. Están en su perfecto derecho... pero, claro, explicar al público los efectos perniciosos de la globalización es complejo.... y se platean, ¿cómo lo hacemos?....
Marquémonos un enemigo, fácilmente identificable (en este caso los Estados Unidos) y atribuyámosle una conspiración secreta para perjudicarnos... ¿a quiénes?... a nosotros, ¡qué más da quién sea "nosotros"!, si la gente percibe una amenaza que suene temible y secreta, con palabras como lobby y multinacional, salud, seguridad, hijos o pensiones en riesgo.... entreveradas en la información, lograremos que se posicionen en contra.... incluso que se movilicen cuando se lo pidamos.
Un titular: "El plan secreto para dar entrada a EEUU en el negocio de los servicios públicos de Europa"... y uno se pregunta ¿secreto?.... en cinco minutos y usando solamente Google, se encuentra la página de la Comisión Europea y la del Departamento de Comercio norteamericano que publican todos los planes, objetivos y los documentos que la información en cuestión calificaba de "secretos".
El mismo medio, unos meses después, insiste: "Bruselas admite que el TTIP permitirá a EE UU vender más de 1.000 cosméticos prohibidos en la UE"... y la propia información enlaza con un documento de la Comisión Europea que abordando el tema del capítulo de los cosméticos y el TTIP que, en inglés, detalla los aspectos que deben tratarse y armonizarse antes de poder llegar a un acuerdo, señala las diferencias de criterio legal en este capítulo de la normativa y cómo, efectivamente, la normativa de cosméticos es más restrictiva en la UE.
¿Es esa política más restrictiva, de prohibiciones y listas positivas, la mejor?... bueno, pues todo tiene pros y contras... una vez más, pero, permítanme que les diga que la FDA (U.S. Food and Drug Administration) ha sido y sigue siendo la mejor referencia mundial en la regulación de alimentos, medicinas, tabaco y.... sí, efectivamente, cosméticos... ¿será que a la FDA no le importa que las "malvadas multinacionales" envenenen a los norteamericanos?... y, claro,de inmediato me asalta otra duda: ¿por qué querrían las "malvadas multinacionales" envenenar a sus clientes?.
Si en alguna ocasión mis hermanos y yo nos peleábamos, mi padre nos decía:
- Se puede debatir e incluso discutir pero no se puede insultar y no se puede pegar.
- Ya.... pero es que yo tenía razón - decía uno de nosotros.
- Se puede tener la razón y perderla.
Pues, sinceramente, algunas organizaciones y algunos medios, insultando a nuestra inteligencia, pierden la razón.
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Perdidos en la galaxia normativa
Durante la mañana de ayer, jueves 12 de febrero, en las oficinas de AVEQ-KIMIKA en Bilbao, celebramos una jornada informativa sobre el proceso de modificación legislativa de la normativa APQ que está en pleno proceso de redacción. (Aquí hay más información).
La jornada ha resultado francamente bien (coordinados por Nerea Ruiz y con la inestimable colaboración del equipo de eventos de CEBEK), les confieso que es una auténtica gozada liarse la manta a la cabeza y convocar a 70 profesionales de la industria, técnicos de gran nivel. Es bastante trabajo, no se lo niego, pero somos una máquina muy bien engrasada y resulta muy satisfactorio compartir un rato, en vivo y en directo, con tantas personas tan bien preparadas.
Esta jornada concreta ha resultado especialmente productiva. Las explicaciones de, Ana Fortea y Marta Mendoza, dos de las personas que colaboran en los trabajos de revisión de las normas, han complementado muy bien con la visión y experiencia de Juanjo Dúcar, detallando un proceso de APQ, desde su concepción hasta su puesta en servicio, algo quizás ya conocido por muchas empresas pero que, especialmente para las pymes y micro-pymes, tratamos de desmitificar.
Uno de los aspectos de la jornada que me ha dejado mejor sabor de boca es que los técnicos de las empresas, los humildes y finales sufridores de la normativa técnica, han podido expresar sus dudas y preocupaciones de forma directa y me consta que tanto Marta como Ana han tomado nota de muchas de las sugerencias y aportaciones.
Nosotros ya lo hacemos, claro, recogemos muchos comentarios y los hacemos llegar al mismo grupo de trabajo a través de la siempre eficaz Laura Merino, que nos representa bajo el paraguas de FEIQUE, pero poder hacerlo en directo, reconocer que las personas que escriben las normas tienen cara y ojos, que se toman su trabajo con mucho interés y seriedad y que, aunque en ocasiones pueda ser que no acierten, son personas normales, con sus mismas preocupaciones e inquietudes que los profesionales de la industria, ha resultado muy tranquilizador.
El título de esta entrada se lo he medio robado a Marta Mendoza que con la comparación ha querido recomendar a las empresas e ingenierías presentes que no pierdan la perspectiva, que no se obcequen y que, en el regate corto, no pierdan de vista que la normativa APQ es solamente una pequeña porción de la enorme galaxia de la normativa de seguridad industrial.
Me ha gustado el símil, sinceramente, y en ese instante, he recordado algunas de las cosas en las que andamos trabajando.
Marta, que por cierto también escribe un blog muy interesante y que me permito recomendarles: RunAwayReactions (con ese título, supongo que ya se imaginan de qué trata....), es una experta en seguridad industrial ha citado APQ, Seveso, Alta y Baja Tensión, el Reglamento de Incendios y otras referencias pero, aunque tiene un detallado conocimiento de la normativa de su área de especialidad, quizás no sea del todo consciente de la profundidad y alcance real de su comparación.
La normativa de seguridad industrial es una enorme galaxia, sin duda, pero no más grande que las de medio ambiente, transporte de mercancías peligrosas, seguridad laboral o tutela de producto que, cuando se encuentran en un punto de fricción entre ellas pueden provocar cataclismos planetarios... (vale, bueno, me he dejado llevar por el símil y quizás me haya pasado, pero preocupación, incertidumbre y trabajo, mucho trabajo, sí que provocan).
Lander Antepara y yo llevamos un par de semanas trabajando en una interacción entre el reglamento de explosivos y la normativa de residuos que no sabemos dónde terminará.
Borja Fernández Almau anda peleando sobre algo que, en principio puede parecer muy sencillo de formular pero que, en la práctica, es harto complicado de precisar: ¿hasta que punto las Fichas de Datos de Seguridad extendidas y, específicamente, sus escenarios de exposición deberían condicionar, o incluso hacer desaparecer la normas de exposición a agentes químicos o las normas técnicas de seguridad industrial?.
Y, bueno, creo aún tengo alguna cicatriz de lo que nos costó al maestro Antonio Gómez, al propio Borja y a mí, desentrañar un cruce entre el ADR y el CLP, al respecto de la revisión de la clasificación de un catalizador gaseoso.
Pero creo que no he sido justo. Creo que Marta sabe bien de lo que habla lo que pasa es que no ha querido a asustar a nadie... quizás ha pensado que enfrentar a alguien a la inmensidad podía provocar algún episodio de ansiedad.... lo creo porque, tanto Ana Fortea como ella, han puesto sobre la mesa un tema que traerá cola sobre el que no han querido insistir mucho: "¿están los almacenamientos de residuos obligados a cumplir las prescripciones técnicas y los requisitos administrativos de las APQs?"... y, si la respuesta es "no"... la pregunta inmediata debía ser "¿por qué no?".
Que quede entre ustedes y yo: ayer por la mañana hubo un pregunta, no exenta de cierta maldad, que me vino sola a la boca pero que conseguí contener: ¿un laboratorio tiene que legalizar su estantería por tener 5 litros de butadieno y 10 toneladas de residuos inflamables, quizás no tan inflamables, claro, pero 10 toneladas, se despachan con una recomendación?.
El Ministerio de Industria está en Nuevos Ministerios y el de Medio Medio Ambiente, desde que lo agruparon con Agricultura, en Atocha. No sería malo que alguien recorriera las decenas de años luz que los separan y descubriera que hay vida inteligente al otro lado de la galaxia. Depende del tráfico, pero la línea 27 de la EMT de Madrid los recorre en apenas media hora.
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¿Qué fue de la Ley de Responsabilidad Medioambiental?
Esta entrada tenía un titulo alternativo: "¿Sabe cuánto vale su nariz?, al final de esta entrada se lo cuento...", pero, siendo un título intrigante (¿verdad que sí?), no iba a orientarles mucho sobre el tema qué trataba. Luego pensé: "¿Qué fue de la Ley de Responsabilidad Medioambiental? o de aquellos polvos vinieron estos lodos..." pero, a pesar de ser un refrán muy propio para hablar de daños ambientales, era un poco largo.
Ya les he aburrido alguna vez con mis batallitas del abuelo contándoles que la primera Jornada Kimika sobre Responsabilidad Ambiental la hicimos allá por 1998 sobre el borrador de la entonces llamada Ley Tocino (por el apellido de la ministra de medio ambiente de la época).
Fue la primera jornada de la que me hice cargo directamente y, cuando la recuerdo, aún me duele la torticolis que sufrí, agarrotado por los nervios y que apenas me dejó dormir desde 48 horas antes.
Y es que nos lanzamos a la piscina directamente: trajimos un auditor de riesgos ambientales del pool de aseguradoras de Londres e instalamos una cabina de traducción simultánea y todo... llenamos el salón de actos y .... pero les he prometido que no les iba a aburrir...
El Gobierno del reino de España tomaba la iniciativa en esta materia empujado por los sinsabores que había dejado el accidente de Aznalcóllar en aquel mismo año.
Aquel proyecto de Ley se paró porque, en paralelo, la Comisión Europea había iniciado el proceso de redacción de una directiva y, con buen criterio, se decidió esperar a que Europa marcara las pautas mínimas. No tenía sentido sacar una ley que podría tener que ser revisada.
Con esos antecedentes, cuando el Gobierno español inicia la transposición de la Directiva 2004/35/CE, deciden que habiendo sido pioneros en la materia, no iban a quedarse atrás y se sintieron en la obligación de ir algo más allá de lo que decía la directiva... y, claro, tanto más allá se fueron... que se pasaron de frenada considerablemente.
No volveré a contarles los defectos de la Ley 26/2007 (ya les conté mi opinión aquí y, bueno, en toooodas estas entradas) pero es sencillamente, el paradigma de cómo la ignorancia de los políticos, agravada por no escuchar a los técnicos, disfrazada de concienciación medioambiental produce monstruos. De cómo cuando los legisladores tratan de parecer ecologistas sin saber en realidad que es el medio ambiente y la Sostenibilidad, minan la competitividad de las empresas sin, por supuesto, conseguir la más mínima mejora ambiental.
Las ideas centrales de la Directiva, es decir: la instauración de una responsabilidad objetiva (si usted es titular del riesgo, ya puede tener la empresa mejor gestionada del mundo, que no será necesario probar su negligencia para que tenga obligación de reparar) y que dicha responsabilidad se extiende hasta la restitución completa del estado ambiental previo a los daños, están plenamente en vigor desde la entrada en vigor de la Ley. Es todo lo demás, todo lo que se "inventó" en la transposición de la directiva lo que está pendiente.
Todos esos añadidos, como la obligación de realizar una evaluación de riesgos ambientales de todas las empresas de su ámbito de aplicación (que eran prácticamente todas...), utilizando unas reglas fijadas según sectores, la necesidad de homologar dichos análisis antes de presentarlos a la Autoridad Ambiental, la monetización del riesgo según reglas fijas y alguna otra cosa, quedaba a la espera de que se concretara reglamentariamente cómo hacerlo y, especialmente, a disponer de un complejo sistema de aprobación de las propuestas de metodologías de análisis de riesgos en las que los sectores ya estábamos trabajando y que serían finalmente publicadas, mediante orden ministerial, que incluiría un plazo ya concretado, dando con ello el banderazo de salida a las empresas de ese sector para ponerse en marcha... pero hasta entonces, tocaba esperar.
En junio de 2011, Rosa Aguilar, entonces ministra de Medio Ambiente, firma la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de prioridad y el calendario para la aprobación de las órdenes ministeriales a partir de las cuales será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria, previstas en la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, confirmando lo que habíamos visto en borradores unos meses antes y que no terminábamos de creer: ordenaba todos los sectores afectados en 3 categorías y, para algo que todos pensábamos inminente, se fijaba como plazo más corto, el 30 de junio de 2014.
Las empresas afectadas por la normativa Seveso y dos grupos IPPC (Combustión más de 50MWy valorización de residuos más de 10Tm/día) serían los primeros... pero esa fecha no era el límite para que las empresas presentaran nada... era el límite para que el Ministerio aprobara la orden que recogería la herramienta de análisis y.... ¡el plazo para aplicarlas!: "un tiempo suficiente para la elaboración de los correspondientes análisis de riesgos sectoriales o tabla de baremos", decía la exposición de motivos.
Esa orden, a día de hoy, sigue en vigor.
Desde hace algunas semanas, algunos técnicos y directivos de empresas industriales me han llamado para hacerme la pregunta que da título a la entrada y a todos, comenzando mi discurso con la frase "me alegro que me hagas esa pregunta..." les cuento, básicamente, el mismo rollo.
Cuando, muy empujado por Gobierno Vasco y Generalitat de Cataluña, el Ministerio de Medio Ambiente fue consciente del absurdo al que conducía la Ley, tal y como estaba, a las decenas de miles de empresas afectadas y a los órganos ambientales de las Comunidades Autónomas y se dispuso a reformarla, el presiente del gobierno, Rodríguez Zapatero, ya había disuelto el congreso y convocado elecciones. Elecciones que, en noviembre de aquel mismo 2011, ganó el Partido Popular por mayoría absoluta, hace algo más de tres años.
Pasado muy poco tiempo desde su toma de posesión, el nuevo ministro de medio ambiente, Arias Cañete, hizo expresa referencia al asunto y anunció su intención de reformar la ley y revisar tanto su ámbito de aplicación, sus requisitos, como los procedimientos.
Y así parecía que iba ser, algo inminente.... pero tardaron y tanto tardaron, que no fue hasta julio de 2014 cuando, proclamada y firmada por un rey diferente, el BOE publicó la esperada modificación mediante la Ley 11/2014.
La nueva ley venía a poner un poco de orden, con no demasiado éxito, no se vayan a creer, y simplificaba los trámites, eliminaba las herramientas fijas, la monetización encorsetada, sustituía la revisión por una entidad externa de los análisis por una "declaración responsable" del industrial y, por fin, usando una fórmula un tanto rebuscada, venía a reducir a ámbitos racionales la obligación de remitir los análisis de riesgos a la Administración:
d) Los operadores de las actividades que se establezcan reglamentariamente atendiendo a su escaso potencial de generar daños medioambientales y bajo nivel de accidentalidad, quedando igualmente exentos de efectuar la comunicación prevista en el artículo 24.3."
A día de hoy, de ese reglamento, seguimos sabiendo lo mismo que sabíamos en 2012... solamente borradores.
¿A día de hoy, tienen todas las empresas afectadas por la Ley la obligación de realizar análisis de riesgos ambientales conforme a la Ley de Responsabilidad Ambiental?: no, las órdenes que concretarían los plazos no han salido y una obligación administrativa sin plazo, no es una obligación.
¿Ni si quiera las "empresas Seveso"?: no.
¿Conviene que los hagan?: Sí, absolutamente.
Se habrán fijado, si han llegado hasta aquí, que en toda la entrada no he citado la palabra "seguro".
No la he citado porque, como les decía la gran, la enorme alteración que la Ley 26/2007 introdujo fue la declaración de la responsabilidad objetiva en los daños ambientales y la extensión dicha responsabilidad hasta la restauración completa del estado ambiental.
Eso significa aplicar las misma sistemática de atribución de responsabilidades que rigen en accidentes de trabajo y accidente de tráfico: en la práctica, es indiferente lo que haya hecho el trabajador, en cualquier caso, será indemnizado por la empresa si sufre daños en su puesto de trabajo.
Sucede, sin embargo, que los daños derivados de accidentes laborales son daños tasados. Utilizando por analogía la normativa de accidentes de tráfico, la ley valora (y limita "incluidos daños morales" afirma rotundamente) el precio de cada lesión.
Sin embargo, ¿sabrían valorar cuánto valdría restituir completamente a su estado ambiental los bienes ambientales que pueden ser afectados por los riesgos generados en su empresa?... pues, en todo caso, será suficiente para provocar la quiebra de su negocio. Les interesa tener seguro y uno bueno. Y para contratarlo, haber realizado un buen análisis de riesgo.
¿Saben cuánto vale su nariz?
El Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor estableció, en la tabla IV de su anejo, que la pérdida completa de la nariz equivale a "25 puntos".
La Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2013 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (la última publicada, que yo sepa....) actualizó los valores y determinó que cada punto, entre 25 y 29, equivalía a las siguientes cifras en euros, según la edad de la persona lesionada:
Hasta 20 años: 1.533,05 €
De 21 a 40 años: 1.407,53 €
De 41 a 55 años: 1.282,03 €
De 56 a 65 años: 1.183,52 €
Más de 65 años: 869,11 €
Ya puede calcular lo que vale su nariz. Tengo 44 años, la mía vale 32.050,75 €... al menos si la pierdo en un accidente de circulación o en un accidente de trabajo.
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La noche de los poetas asesinados y la seguridad j...
¿Qué fue de la Ley de Responsabilidad Medioambient...

References: artículo 25
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 24
 Real Decreto 
 Resolución