Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2016/as201620746.html
Timestamp: 2019-03-20 07:16:41+00:00

Document:
as201620746
Auto Supremo: 746/2016
Expediente: T-23-15-S Partes: Trifon Andrade Cruz. c/ CADEPIA Tarija y Gobierno Departamental
Autónomo de Tarija. Proceso: Nulidad de documentos. Distrito: Tarija.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 855 a 872, interpuesto por Trifón Andrade Cruz, contra el Auto de Vista Nº 55/2015 de fecha 24 de junio de 2015 de fs. 843 a 851 de obrados, pronunciado por la Sala Civil, Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia y violencia Familiar o Domestica y Publica Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso de Nulidad de Documentos seguido por Trifón Andrade Cruz contra CADEPIA Tarija y Gobierno Departamental Autónomo de Tarija; el Auto de concesión de fs. 884; los antecedentes del proceso, y:
Que la Juez de Partido Cuarto en lo Civil y Comercial de la ciudad de Tarija, dicta Sentencia de fecha 16 de agosto de 2013, por la cual, declara: “IMPROBADA la demanda de nulidad de resoluciones pronunciada por CADEPIA- Tarija que disponen la suspensión de su condición de socio de dicha institución, de la Escritura Publica Nº032/2004 de fecha 10 de marzo de 2004, de permuta suscrita entre la prefectura del Departamento de Tarija y la Cámara Departamento de la Pequeña industria y Artesanía la Nulidad de la Escritura Publica Nº 23/2004 de fecha 9 de julio de 2004 aclarativa de permuta suscrita por la Prefectura del Departamento de Tarija y la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía de Tarija y la nulidad de la escritura privada de compromiso de transferencia y entrega física de inmueble, suscrito por la Cámara Departamental de la pequeña Industria y Artesanía de Tarija y el Sra. Franz Miranda Rodríguez, incluida la pretensión accesoria de pago de daños y perjuicios planteada por Trifon Andrade Cruz en contra de la Cámara Departamental de la pequeña Industria y Artesania de Tarija CADEPIA TARIJA, la Gobernación del Departamento Autónomo de Tarija antes prefectura del Departamento Franz Miranda Rodríguez de fs. 117 a 131 vta y IMPROBADA la excepción de falta de acción y derecho planteada la excepción innominada de inaplicabilidad de la Ley al caso concreto interpuesto por el demandad de la reconvención Trifón Andrade Cruz en contra de CADEPIA en memorial de fs. 332 a 338 vta.
PROBADA EN PARTE la demanda reconvención de fs. 310 a 320 planteada por CADEPIA TARIJA, es decir, probada en cuanto a la pretensión reivindicatoria e improbada en cuanto al pago de daños y perjuicios demandados accesoriamente e Improbada la demanda reconvencional interpuesta por Franz Miranda Rodríguez y Aidee Alfaro Altamirano de Miranda, en consecuencia :
1.- Se Declara el mejor derecho de la Cámara departamental de la Pequeña Industria y Artesanía de Tarija CADEPIA TARIJA frente al ningún derecho del demandante ( demandado en la reconvención) Trifón Andrade Cruz en relación al lote de terreno sito en la zona Lourdes de esta ciudad, emplazada dentro el parque Industrial de CADEPIA TARIJA, que tiene las siguientes características esta signado como Nº2-j del manzano “J” del plano de loteamiento proyecto implementación Parque Industrial “CADEPIA”, tiene una superficie de 2-251,919 M2, el mismos que colinda al Norte con la Avenida sin nombre con 27.00 metros lineales, al Sud colinda con una parte del Lote No. 4-J con 27 metros lineales, al este colinda con el lote No.3-J con 83,45 metros lineales y al oeste con el lote No. 1-J con 83,36 metros lineales, fraccionamiento que se encuentra registrado en Derechos Reales registrado en la matricula de folio real Nº 6.01.1.27.0001454. Asiento A-1 el día 23/06/2004 y Asiente A-2 de fecha 29/07/2004 registrado a nombre de CADEPIA TARIJA.
2.-Se ordena que el demandante Trifon Andrade Cruz proceda a la restitución de dicho bien a favor de su propietario CADEPIA TARIJA, en el plazo de 30 días de ejecutoriado el presente fallo.
3.- no se condena al pago de los daños y perjuicios demandados accesoriamente por ambas partes.
Por Auto de Vista Nº 55/2015 de fecha 24 de junio de 2015 de fs. 843 a 851 el Tribunal Ad quem, CONFIRMA la Sentencia, bajo los siguientes fundamentos – que se llega a la conclusión que la sentencia pronunciada se ajusta a lo que dispone la norma legal antes citada toda vez que está resolviendo con relación a lo pretendido en la demanda de nulidad de documentos de fs. 117 a 131 vta. Plateada por Trifón Andrade Cruz y demanda reconvencional de reivindicación y restitución de inmueble planteada por Luis Torrez Rivera en su calidad de presidente la Cámara Departamental de la pequeña industria CADEPIA y Franz Miranda Rodríguez y con relación a las excepciones planteada planetas por el demandante en contra de la demanda reconvencional por lo que concluye que no se puede considerar a la sentencia como incongruente.
Y en cuanto al derecho propietario refiere que la Cámara departamental de la pequeña Industria “CADEPIA TARIJA”, representada por Gregoria Viluyo Flores en su calidad de presidente Edith Tapia Solís secretaria General y Julián Rodríguez Cardozo tesorero, en fecha 11 de enero de 2006 suscriben la Escritura Publica Nº47/2006 de fraccionamiento de lote de terreno de propiedad de CADEPIA donde figura cl lote de terreno signado con el Nº 2F del manzano “F” con una superficie de 1.100.56 Mts.2 y que es objeto del presente proceso de reivindicación (ver clausula segunda de la escritura), escrituras que tienen la eficacia probatoria que les asigna el art. 1289 del Código Civil y mientas no sea declarados nulas mediantes una sentencia ejecutoriada tienen todo el valor legal y el solo hecho de invocar la nulidad de las escrituras no las invalida y además CADEPIA cuenta con planos de loteamiento debidamente APROBDAS por la dirección de Desarrollo Urbano.
Y sobre la excepción de falta de acción y Derecho refiere que de todos los documentos cuya nulidad se demanda interviene como parte contratante la CAMARA DEPARTAMENTAL DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE TARIJA, por lo que, estaría demostrada su legitimación para demanda la reivindicación del inmueble.-
Contra la referida resolución, la parte demandante por medio de su memorial de fs. 855 a 872 interpone recurso de casación, recurso que previa sustanciación y concesión se pasa analizar.
Refiere que los socios de ADEPI que fueron directos beneficiarios de la concesión por si, en ningún momento han consentido en la modificación, disolución o extinción del mismo, y el parque por la ley 2028 no puede ni debe ser objeto de fraccionamiento o de loteamiento, y de igual forma expresa que si CADEPIA expresa que su derecho nace de la resolución Nº15/93, y ese acuerdo prohíbe el fraccionamiento y al actuar o transgredir dicha condición actúa contra sus propios actos, y por tanto el Juez A quo desconoció su derecho propietario concedido en su favor, y no podía dejarse sin efecto su derecho propietario sino es a través de un proceso administrativo.
Aduce que debe declarase judicialmente la nulidad de los contratos enunciados en la demanda por que en su formación no concurren su consentimiento como uno de los requisitos ineludibles para su validez.
Refiere que no es la jurisdicción ordinario la que debe analizar sobre la sobre la ejecución o extinción del contrato de concesión del derecho de superficie con derecho a construir por ser un contario con un carácter netamente administrativo.
Contestación de CADEPIA. al recurso de casación.
Señala que los reclamos de forma, no han sido reclamados en las instancias correspondientes confirmando la competencia de los jueces de instancia en su momento, y sobre el fondo señala que no se indica que normas vulneradas puesto que el solo hecho de exponer que se trata de un acto administrativo no puede ser considerado como una vulneración de la norma.
Contestación de fs. 880 a 881 al recurso de casación.
De igual forma expresa que el reclamo inherente a la competencia no ha sido debidamente reclamado, y en cuanto al fondo su recurso es improcedente debido a que el recurrente se ha limitado en referir normas pero no señala de qué forma fueron vulneradas dichas normas.
III.1.- Ante la interposición del recurso de casación en la forma y fondo, es primordial en primer lugar resolver los reclamos de forma.
Sobre este punto, corresponde señalar lo expresado en la doctrina aplicable contenida en el AS 203/2016 de fecha 11 de marzo 2016, que de forma clara se ha expresado: “En principio corresponde orientar que conforme establece el art. 274 del Código Procesal Civil, el recurso de casación puede ser interpuesto tanto en la forma como en el fondo; norma que posee un contenido análogo con lo que establecía el art. 258 num. 2) del Código de procedimiento Civil, tipo de recursos que tiene relación con la forma de resolución que ha de emitirse, en vista de que el recurso de casación en la forma, es el mecanismo recursivo, mediante el cual se acusan aspectos inherentes a la forma de la tramitación de la causa, cuya finalidad es anular obrados y el recurso de casación en el fondo, es el mecanismo recursivo idóneo para observar la errónea aplicación, violación o interpretación de la ley realizado por los jueces de instancia y la finalidad de la misma es casar el Auto de Vista, y debido a esta notoria diferenciación, es que de principio y por metodología estructural corresponde pronunciarse en un primer momento, sobre los reclamos de forma, puesto que de ser evidente los mismos, la resolución a emitirse como se expuso es una anulatoria y no corresponderá realizar un análisis en cuanto a los reclamos de fondo, entonces debido a ese antecedente, es que en principio corresponde realizar un análisis de los reclamos inherentes a la forma del proceso.”
III.2.- De la acción personal y de la acción real.
Sobre el tema el AS Nº67/2015 de fecha 30 de enero de 2015 ha orientado: “De acuerdo a la doctrina, una acción es personal (actio in personam) cuando reclamamos frente a quien está obligado con nosotros como consecuencia de un contrato o de un delito, por ejemplo una deuda, si el deudor no paga el acreedor inicia un proceso ejecutivo. Una acción es real (actio in rem) cuando decimos que un objeto es de nuestra propiedad o que un derecho nos compete. Las acciones personales sirven para proteger un derecho de obligación, y las acciones reales para proteger un derecho real. Así, por la acción real pedimos como nuestra una cosa corporal o vindicamos un derecho real que nos compete sobre una cosa ajena; y por la acción personal vindicamos el derecho que tenemos a la cosa, esto es de las obligaciones, bien sean estos nacidos de un hecho lícito en que hayamos prestado nuestro consentimiento o en que la ley lo presuma, bien de un hecho ilícito, es decir, de delito o culpa, concluyendo que la división de acciones en reales, personales y mixtas se limita solamente a la vindicación de los derechos civiles que han sido violados.”
III.3.- De la reivindicación
Sobre el tema este Tribunal Supremo en la doctrina aplicable contenida en el AS 207/2016 de fecha 11 de marzo se ha expuesto : “En cuanto al tema corresponde referir que doctrinariamente la reivindicación es -Aquella que tiene por objeto el ejercicio, por el propietario de una cosa, de los derechos dominiales, a efectos de obtener su devolución por un tercero que la detenta-, de esta definición, se puede extraer un punto esencial para su procedencia: .- Ser propietario, y a efectos de seguir desmembrando este punto es primordial señalar que significa propiedad, según EL DICCIONARIO DE DERECHO OMEBA TOMO III el término PROPIEDAD significa: “ Facultad legitima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del arbitrio ajeno y reclamar su devolución cuando se encuentre indebidamente en poder de otro” y en el mismo sentido podemos expresar la doctrina expresada por CAPITANT, el cual sobre el tema expresa, que es el:” Derecho de usar, gozar y disponer de una cosa en forma exclusiva y absoluta”.
III.3.- Del acto administrativo.
Sobre el tema se puede citar el Auto Supremo Nº 376/2015 de fecha 2 de Junio 2015 que ha orientado: “el art. 27 de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo que establece lo siguiente: "Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo".
Como se podrá advertir, el acto administrativo es una declaración unilateral del funcionario o autoridad pública de cualquiera de los niveles de la Administración Pública y que al emerger del ejercicio de una potestad administrativa plasma una decisión que genera efectos o consecuencias jurídico-administrativas directas e inmediatas.
a.-) De esta manera se tiene que la competencia para la sustanciación emergente de la contención de actos administrativos emergentes de los Entes Municipales.-Siendo el derecho una ciencia que evoluciona, es la jurisprudencia la que orienta el desarrollo de la aplicación del derecho, en ese sentido corresponde citar que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido la Sentencia Constitucional Nº 0693/2012 de 2 de agosto de 2012 que señala: “Pese a identificarse con claridad la vía impugnativa pertinente corresponde hacer referencia a la SCP 0371/2012 de 22 de junio, que precisó que: “…ni la Constitución Política del Estado vigente, ni la Ley del Órgano Judicial, le asignan esa facultad al Tribunal Supremo de Justicia ni a los Tribunales Departamentales de Justicia en su Sala Plena, respectivamente -art. 184 de la Constitución Política del Estado y art. 50 de la Ley de Organización Judicial-. Esta ausencia normativa ocasiona un vacío jurídico, provocando que los administrados no tengan la vía jurisdiccional para que se dirima una determinada situación jurídica; al respecto, es importante precisar que las características de dicho proceso son las de un ordinario en todas sus etapas. En ese sentido, de acuerdo al art. 158 núm. 3 de la Constitución Política del Estado, será la Asamblea Legislativa Plurinacional, quien deberá pronunciarse a la brevedad posible sobre la regulación y/o reglamentación de los procesos contencioso-administrativos”.
Sin embargo, la justicia Constitucional a través de la acción de amparo Constitucional no puede sustituir a la jurisdicción contenciosa administrativa en el control de legalidad que realiza la referida jurisdicción, máxime si se considera que el amparo Constitucional: “…es un mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la Resolución de una controversia sobre los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el reconocimiento de derechos por vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos…” (SC 0278/2006-R de 27 de marzo).
Entonces para no dejar en indefensión al ciudadano frente al poder público y específicamente los actos administrativos independientemente a efectivizar la exhortación contenida en la SCP 0371/2012, debe entenderse que a efectos del resguardo de derechos, valores y principios Constitucionales, y hasta mientras se desarrolle la legislación respectiva por el legislador ordinario los Tribunales Departamentales continúan teniendo la competencia para conocer el recurso contencioso administrativo en la materia.
La interpretación antes dicha emerge de la interpretación del art. 10 de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011, referido a las causas contenciosas administrativas, el cual dispone en su parágrafo primero lo siguiente: “La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosas - administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada”.
Es decir, que en tanto no exista la jurisdicción especializada se debe precautelar que el justiciable tenga la posibilidad de impugnar haciendo uso de los mecanismos establecidos y que aún no han sido sustituidos, en este caso, resulta aplicable lo dispuesto en el mencionado art. 778 del Código de Procedimiento Civil”.
Bajo esa interpretación Constitucional, es que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ha emitido el Auto Supremo Nº 115/2013 de 10 de abril de 2013, expresando lo siguiente:“La ratio decidendi extractada de las referidas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, tienen carácter vinculante y son de cumplimiento obligatorio conforme lo establecen los arts. 203 de la CPE y 15.II del Código Procesal Constitucional, y aplicable por analogía al caso presente; toda vez que la presente demanda trata de un proceso contencioso administrativo en materia Municipal, donde se demanda a una autoridad edil, impugnando la Resolución Ejecutiva Nº 199/2012, por lo que, siguiendo la línea jurisprudencial, estos procesos deben seguir siendo de conocimiento de los Tribunales Departamentales de Justicia mientras no exista una regulación y/o reglamentación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en atención a los argumentos anteriormente expuestos, anula obrados hasta fs.15 inclusive y se declara SIN COMPETENCIA para conocer la presente causa, debiendo remitirse obrados a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz…”; consiguientemente se ha sentado línea jurisprudencial para el conocimiento de la contención de actos administrativos que hayan emergido de un ente Municipal, por lo que en base a la jurisprudencia señalada en el presente fallo, resulta ser vinculante para todos los órganos de administración de justicia, siendo competencia de la Sala Plena de los Tribunales Departamentales de Justicia, el conocimiento y sustanciación de la contención emergente de los actos administrativos.
Así de esta manera conforme a los arts. 775 y 778 del Código de Procedimiento Civil, vigente desde el 02 de abril de 1976, la vía contencioso y contencioso- administrativo para la impugnación de actos administrativos evacuados por la administración Publica se atribuía a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, disposiciones que fue sustentada posteriormente por el art. 55 núm. 10 de la Ley del Órgano Judicial Ley 1455,en ese sentido el artículo 10 parágrafo I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, determina que “La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosas - administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada”.
De acuerdo a la relación cronológica de antecedentes legales que sustentan la vía del proceso contencioso y contencioso-administrativo, el legislador ha promulgado la Ley Nº 620 de fecha 29 de diciembre de 2014, que en su art. 3, cita: “(SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE LOS TRIBUNALES DEPARTAMENTALES DE JUSTICIA).Se crea la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, como parte de la estructura de los Tribunales Departamentales de Justicia, con las siguientes atribuciones:
Conocer y resolver las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones o concesiones de los gobiernos autónomos departamentales, municipales, indígena originario campesinos y regionales; universidades públicas, y demás instituciones públicas o privadas que cumplan roles de administración estatal a nivel departamental.
Conocer y resolver las demandas contenciosas administrativas a nivel departamental, que resultaren de la oposición del interés público y privado”, el cual establece una modificación en cuanto al conocimiento y sustanciación de este proceso contencioso, y contencioso-administrativo, emergentes de los actos evacuados por el Gobierno Municipal, que actualmente son de conocimiento especializado de los Tribunales Departamentales de Justicia,”.
III.4.- Del per saltum.
El per saltum (pasar por alto), es una locución latina que significa pasar por alto las formas regulares de impugnación de las resoluciones judiciales, saltando etapas en las cuales correspondía hacer valer el derecho a la impugnación respectiva, toda vez que los reclamos deben ser acusados en forma vertical, este entendimiento ya fue vertido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el A.S. Nº 154/2013 de fecha 08 de abril, el cual estableció que: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 núm. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem.”
IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.-
Conforme a lo expuesto en la doctrina aplicable al caso III.1, corresponde resolver los agravios de forma:
Refiere que no es la jurisdicción ordinaria la que debe analizar sobre la ejecución o extinción del contrato de concesión del derecho de superficie con derecho a construir por ser un contrato con un carácter netamente administrativo.
En principio es menester expresa que de la revisión del ampuloso recurso se advierte que todo su reclamo en la forma, se encuentra únicamente dirigido a observar la incompetencia de los jueces de instancia debido a que al provenir el derecho propietario de un acto administrativo, los tribunales ordinarios carecen de competencia para su ejecución, para lo cual citan abundante jurisprudencia referida al tema.
Resultando este el agravio, sobre el tema conforme se ha referido en la doctrina aplicable al caso en lo inherente a la diferencia entre las acciones reales y personales, las acciones reales son medios de protección del Derecho propietario de las personas frente a un tercero, y dentro de este tipo de acciones se encuentra inmersa la acción reivindicatoria establecida en el art. 1453 del CC, de acuerdo a lo detalladamente expuesto en la doctrina aplicable este instituto jurídico, tiene por fin la protección del propietario frente a terceros, por la vulneración de ese derecho, limitando a ejercer todas las facultades o derechos que emergen de su derecho propietario como ser la posesión, en si este tipo de acciones no se analiza la formación del título como tal, esto a diferencia de una acción de carácter personal, sino que ha de defender el derecho propietario, siendo viable la misma para el propietario, por cuanto resulta errado lo señalado por el recurrente en sentido de que este tipo de acciones reales sea de competencia administrativa, debido y siendo reiterativos no se está analizando la formación del título o derecho propietario en si o sus efectos, como para pretender que este sea de competencia administrativa, sino que se está ante una acción que defiende el derecho propietario únicamente, por lo que, la alegación que este sea de competencia administrativa, carece de asidero, con la aclaración que la jurisprudencia citada, no hace hincapié o reflejan que este tipo de acciones puedan corresponder al ámbito de los procesos contenciosos administrativos, como para pretender su aplicación por analogía.
Refiere que los socios de ADEPI fueron los directos beneficiarios de la concesión realizada a su favor, y en ningún momento han consentido en la modificación, disolución o extinción del mismo, y el parque por la ley 2028 no puede ni debe ser objeto de fraccionamiento o de loteamiento, y de igual forma expresa que si CADEPIA expresa que su derecho nace de la resolución Nº15/93, y ese acuerdo prohíbe el fraccionamiento y al actuar o transgredir dicha condición actúa contra sus propios actos, y por tanto el Juez A quo desconoció su derecho propietario concedido en su favor, y no podía dejarse sin efecto su derecho propietario sino es a través de un proceso administrativo, por cuanto debería declarase judicialmente la nulidad de los contratos enunciados en la demanda por que en su formación no concurren su consentimiento como uno de los requisitos ineludibles para su validez.
Del contenido de su extenso recurso de casación en la forma, el mismo a prima facie resulta inentendible, repetitivo en todo su contexto, empero, se puede advertir que su fundamento se encuentra dirigido en primer momento a cuestionar la resolución o los contratos sobre el bien inmueble objeto de Litis suscrito por la prefectura ahora gobernación y CADEPIA.
En cuanto a los dos primeros es decir, la escritura pública N. 32/2004 y 23/2004, los mismos de los cuales pretende su declaratoria de invalidez, conforme se ha detallado en la doctrina aplicable al caso, estos emanan de una ley, este proviene de actos son considerados como actos administrativos, y al poseer tal calidad, la jurisdicción ordinaria no tiene competencia para dejar sin efecto los mismos, criterio que fue correctamente asimilado por el Juez de la causa al determinar que: “Cabe destacar que la pretensión de nulidad de documentos en la que se incluye a la prefectura del Departamento es impertinente respecto a esta, toda vez que la Prefectura ha permutado los terrenos tal cual se tiene determinado, es cumplimiento de una ley que por su naturaleza es de cumplimiento obligatorio, no siendo la jurisdicción ordinaria competente para determinar ni resolver la idoneidad o no de una ley”, por lo que, no corresponde el análisis de ese punto.
Y en cuanto a que los contratos fueron realizados sin su consentimiento, sobre el tópico conforme a la doctrina aplicable III.4, este punto no ha sido tema de debate en el recurso de apelación, debido a que en apelación se ha analizado otros temas inherentes a su legitimación, empero, su reclamo de forma textual sobre la falta de consentimiento en el contrato unilateral, no fue tema de debate en esa instancia, entonces por per saltum este Tribunal se ve impedido de su análisis y consideración.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de fecha 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 855 a 872, interpuesto por Trifón Andrade Cruz, contra el Auto de Vista Nº 55/2015 de fecha 24 de junio de 2015 de fs. 843 a 851 de obrados, pronunciado por la Sala Civil, Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia y violencia Familiar o Domestica y Publica Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, con costas y costos.
Se regula honorario profesional en la suma Bs. 1.000.-

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 Resolución 
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 artículo 10
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