Source: https://www.advisoria.cat/es/2020/06/el-credito-publico-en-el-mecanismo-de-la-segunda-oportunidad-a-la-luz-del-nuevo-texto-refundido-de-la-ley-concursal-2/
Timestamp: 2020-07-03 12:56:06+00:00

Document:
El crédito público y la segunda oportunidad en la nueva Ley Concursal | Advisoria
por Advisoria | Jun 12, 2020 | Jurídico | 0 Comentarios
El Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), ha venido a modificar el mecanismo de “segunda oportunidad” para particulares. Dicho mecanismo fue introducido por el Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, con finalidad de condonar las deudas de empresarios y particulares de buena fe que no pudieran pagarlas.
El mecanismo se inicia con un Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP) y en caso que éste no se alcance o incumpla, se tramitará el concurso de acreedores consecutivo con la liquidación de los bienes del deudor, para obtener en última instancia el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI). Dicho BEPI puede obtenerse por dos vías: la exoneración directa o diferida. La exoneración directa se obtiene siempre que se haya intentado el AEP y se haya abonado los créditos contra la masa (posteriores a la declaración de concurso) y los privilegiados. Conforme al artículo 280 4º TRLC, el 50% del crédito público es privilegiado, por lo tanto, deberá necesariamente abonarse la mitad del crédito público para obtener dicha exoneración. La exoneración diferida tiene lugar cuando el deudor no puede pagar las deudas anteriores, es decir, créditos contra la masa y privilegiado, y conlleva la propuesto de un plan de pagos a cinco años.
Si bien el artículo 178bis 5 LC establece que los créditos de derecho público no pueden ser exonerados por dicha vía, desde la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019, núm. 381/2019, los créditos públicos en su totalidad deben incluirse en el plan de pagos y, por lo tanto, quedan finalmente extinguidos con base a la exoneración definitiva prevista en el art. 178 bis 8 LC. Dicho precepto concede al Juez la facultad de exonerar definitivamente al deudor, aunque incumpla el plan de pagos, si durante los cinco años de cumplimiento ha efectuado un importante esfuerzo para cumplir el plan de pagos, destinando al menos la mitad de los ingresos percibidos durante estos cinco años que no tuviesen la consideración de inembargables, según el art. 1 RDL 8/2011, de 1 de julio, o bien la cuarta parte si son deudores con especial vulnerabilidad, a los efectos del RDL 6/2012.
Pues bien, el artículo 491.1 del TRLC ha modificado el sistema de exoneración directa vigente hasta ahora, excluyendo de la exoneración el crédito público, tanto el privilegiado, como ordinario o subordinado. Es decir, a pesar de haber satisfecho los créditos contra la masa y privilegiados, la exoneración no alcanza a los créditos de derecho público, debiendo abonarse por lo tanto los ordinarios y subordinados.
Asimismo, se ha modificado la exoneración diferida y el artículo 495.1 TRLC ahora establece que, respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirá por su normativa específica. Por lo tanto, conforme a la normativa actual no se permite que el plan de pagos incluya ningún tipo de crédito público, sino que obliga a que el deudor solicite el aplazamiento ante las administraciones públicas correspondientes, sin que los acreedores públicos se vean vinculados por la aprobación judicial del plan de pagos.
En conclusión, el TRLC no sólo ha armonizado la normativa vigente sino que ha modificado completamente el sistema hasta ahora aplicable respecto a la exoneración del crédito público por la aprobación de un plan de pagos, y obliga a que el deudor pague la totalidad del crédito público, también el calificado como ordinario y el subordinado, aunque consiga la exoneración definitiva del resto de créditos en principio no exonerarles, condenándole a perpetuidad a pagar los créditos públicos aunque se trate de un deudor de buena fe.
Archivos Elegir el mes julio 2020 junio 2020 mayo 2020 abril 2020 marzo 2020 febrero 2020 enero 2020 diciembre 2019 noviembre 2019 octubre 2019 septiembre 2019 julio 2019 junio 2019 mayo 2019 abril 2019 marzo 2019 febrero 2019 enero 2019 diciembre 2018 noviembre 2018 octubre 2018 septiembre 2018 agosto 2018 julio 2018 junio 2018 mayo 2018 abril 2018 marzo 2018 febrero 2018 enero 2018 diciembre 2017 noviembre 2017 octubre 2017 julio 2017 junio 2017 mayo 2017 abril 2017 marzo 2017 enero 2017 diciembre 2016 noviembre 2016 octubre 2016 septiembre 2016 agosto 2016 julio 2016 junio 2016 mayo 2016 abril 2016 marzo 2016 febrero 2016 enero 2016 diciembre 2015 noviembre 2015 octubre 2015 septiembre 2015 julio 2015 junio 2015 mayo 2015 abril 2015 marzo 2015 febrero 2015 enero 2015 diciembre 2014 noviembre 2014 octubre 2014 septiembre 2014 julio 2014 mayo 2014 abril 2014 marzo 2014 febrero 2014 enero 2014 diciembre 2013 noviembre 2013
Categorías Elegir la categoría Actualitat Advisoria Autónomos Bancario Fiscal Jurídico Laboral Mercantil Novedades legislativas Sin categoría
por Manuel Fernández Trenas | Actualitat, Advisoria | 0 Comentario
por Rocío Gómez Ballesteros | Actualitat, Novedades legislativas | 0 Comentario
por Jaume Rovira | Jurídico | 0 Comentario
por Manuel Fernández Trenas | Actualitat, Advisoria, Jurídico | 0 Comentario
por Advisoria | Fiscal, Jurídico, Novedades legislativas | 0 Comentario
por Helena Novellas | Jurídico, Laboral | 0 Comentario
por Valentí Sánchez Díaz | Laboral | 0 Comentario
por Jaume Rovira | Jurídico, Novedades legislativas | 2 Comentario

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 280
 artículo 178
 artículo 491
 artículo 495