Source: https://www.scribd.com/document/146853877/01-Amparo
Timestamp: 2016-07-30 10:10:15+00:00

Document:
UploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicEditors' Picks BooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks AudiobooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks ComicsHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsValiant ComicsZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out morePromueve acción de amparo “Por medio de la prensa el país colabora y concurre a la gestión de su gobierno, junto a sus mandatarios.Es tan esencial al gobierno del país por el país, que abdicarla es lo mismo que abdicar su soberanía y renunciar al rango del país libre” (ALBERDI, Juan Bautista, América y su revolución. Obras Selectas, t. XVII, p. 242) Sres. Jueces: Eduardo E. SAINT MARTIN, abogado, T. 51, F. 228, Cámara Federal Bahía Blanca, con el patrocinio letrado de los Dres Hugo Mario WORTMAN JOFRÉ, Alberto BOVINO y Ariel GARRIDO, constituyendo domicilio en la calle Libertad 1213, piso 3° de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante V.E. respetuosamente me presento y digo:
I. OBJETO Vengo a promover acción de amparo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y la Ley Nacional N° 16.986 que la reglamenta, contra el Poder Ejecutivo de la PROVINCIA DE NEUQUÉN, cuyo ejercicio se encuentra a cargo del Sr. JORGE SOBISCH, con domicilio en Pte. Julio A. Roca y Rioja, de la ciudad de NEUQUÉN, a efectos de que se le imponga el cese de la arbitraria decisión de privar a mi cliente y sus lectores de la publicidad oficial de los actos de Gobierno de esa Provincia y restituya la distribución de la publicidad oficial que se atribuía normalmente a mi mandante para su publicación en el diario RIO NEGRO.Asimismo, y en virtud de la urgencia que amerita el caso, solicito expresamente la habilitación de la feria judicial para el tratamiento de la acción que en este acto se interpone.
II. LEGITIMACIÓN Y COMPETENCIA Como lo acredito con la copia simple de poder general judicial que acompaño soy apoderado de EDITORIAL RIO NEGRO S.A., con domicilio real en la calle 9 de julio 733, de la ciudad de General Roca.La acción de amparo, señala el artículo 1° de la ley n° 16.986, procede contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad individual tutelada por el habeas corpus.
EDITORIAL RIO NEGRO S.A. tiene su domicilio legal en la ciudad de Gral. Roca, hecho que surge de los instrumentos públicos que se citan en el texto del poder general adjunto.La acción de amparo se dirige contra un acto emanado del Poder Ejecutivo de la Provincia de Neuquén que ejerce en la actualidad el ciudadano Sr. Jorge SOBISCH.Las decisiones del Poder Ejecutivo de la Provincia de Neuquén tienen efecto sobre mi mandante como editora del diario RIO NEGRO, sobre su economía, y sobre el público lector que se encuentra tanto en la provincia de Río Negro como en la de Neuquén.Es por ello que, sin lugar a dudas, se trata de una demanda dirigida por una persona domiciliada en la Provincia de Río Negro, contra el Poder Ejecutivo de otra Provincia (CN 116)Al respecto, ha sostenido nuestra Corte Suprema que: “Siendo la demandada una sociedad anónima con domicilio legal en esta Capital, que ha sido llevada a juicio por un vecino de una provincia, procede el fuero federal, aun cuando aquélla realice negocios fuera de la Capital por medio de las administraciones locales respectivas que sólo pueden determinar la existencia de un domicilio especial a los efectos expresados en el art. 90, inc. 4 del C. Civil.” 1.En tal sentido, y conforme lo dispone expresamente la Constitución Nacional en su art. 117 última parte, estamos ante uno de los supuestos que ameritan la competencia originaria de esa Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto la demandada es el Poder Ejecutivo de la Provincia de Neuquén, quien ejerce ese cargo es Jefe de la Administración de la Provincia y ostenta la representación de esta, (art. 134 Const. de la Pcia. de Neuquén).La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho al respecto que: "La acción de amparo puede, de manera general, tramitar en la instancia originaria prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional, pero ello es así en la medida en que se verifiquen los presupuestos que la habilitan —entre otros—, que sea parte un Estado provincial, que se trate de una causa civil que vincule a un distinto vecino de la provincia, o que corresponda asignarle a la cuestión un carácter exclusivamente federal”2. Y también ha dicho que: "Corresponden a la competencia originaria de la Corte los casos en que una provincia sea parte, aunque el actor sea su vecino, siempre que se cuestione en el pleito directa y fundamentalmente la inteligencia y aplicación de principios, derechos y garantías de la Constitución Nacional” 3. Es por lo expuesto que, a fin de evitar dilaciones innecesarias, se presenta esta acción de amparo directamente ante V.E., a quienes nuestra constitución otorga competencia originaria y exclusiva en esta clase de sucesos.
C.S.J. de la Nación en: Macedo de Cordero, Claudia Z. v. Cía. Argentina de Teléfonos. 01/01/33 T. 169, p, 192. (citado en LDTEXTOS de lex doctor). 2 Autos: Podestá, Arturo J. y Lopez de Belva, Carlos A. c/ Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires s/ acción de amparo. Tomo: 323 Folio: 1217 Ref.: Acción de amparo. 16/05/2000 3 Autos: Castro, Ramón Andrés c/ Provincia de Salta s/ acción de amparo. Tomo: 311 Folio: 2154 25/10/1988, citado en LD-TEXTOS de Lex Doctor.1
III. ANTECEDENTES III. 1. La difusión de las noticias El 7 de diciembre de 2002, el diputado provincial (Provincia de Neuquén) Jorge TAYLOR, convocó a una conferencia de prensa en el estudio “Moreno Ocampo & Wortman Jofré” ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para denunciar que el vicepresidente primero de la legislatura neuquina, Osvaldo FERREYRA, le había ofrecido $ 640.000, en un crédito del IADEP (Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo) a cambio de que diera quórum para permitir el tratamiento de las ternas propuestas por el gobernador Jorge SOBISCH para completar el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén con abogados de su confianza. "RÍO NEGRO", como otros medios nacionales y regionales, participó de esa conferencia de prensa y, como no podía ser de otro modo de acuerdo a su condición de medio independiente y pluralista, difundió en forma completa todo lo referente a tan grave denuncia, que involucra también en el presunto intento de soborno, al gobernador de Neuquén.Se ocupó del tema y de sus repercusiones, recogiendo todas las manifestaciones efectuadas, incluso de los denunciados cuando quisieron hacerlas. 4V.E. podrán apreciar que el tratamiento periodístico de mi mandante es amplio, objetivo y recoge, en los casos que los funcionarios se han prestado al reportaje, las opiniones contrarias al denunciante; incluso las vertidas en otros medios radiales y/o televisivos.III. 2. La reacción política I. Después de algunos días de silencio, y cuando la denuncia del diputado TAYLOR ya estaba siendo investigada por la Fiscalía Penal de Delitos Administrativos, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Neuquén, que encabeza el Sr. Jorge SOBISCH, definió como estrategia atacar y desprestigiar al denunciante TAYLOR y al diario “Río Negro”, aun cuando el tema había sido presentado en exclusiva por el canal nacional “América TV” y reflejado luego por medios nacionales como “La Nación”, “Clarín”, “Página/12”, el canal TN, y las radios capitalinas Continental, Rivadavia, Mitre y Radio 10, entre otras. En esa acción contra el diario “Río Negro”, el cese de la publicidad oficial no es más que la contraparte económica de las agresiones verbales impulsadas por altos funcionarios neuquinos que se expresan públicamente contra el diario. Así el diputado del Movimiento Popular Neuquino Julio FALLETI, expresó: “Toda esta campaña la lleva adelante el ‘Río Negro’ con absoluta impunidad porque quienes manejan los medios no tienen escrúpulos”, y se refirió al director de este diario señalando: “...un rionegrino como el doctor RAJNERI que intenta avanzar sobre un gobierno popular de la provincia de Neuquén”.
Se adjunta una colección de los diarios RIO NEGRO y LA MAÑANA DEL SUR del día 01/12/2002 al 10/01/2003.-
Para la mejor visualización de las noticias publicadas con relación al hecho denunciado por el diputado J. Taylor se agrega un juego de fotocopias con las publicadas desde el día 07/12/2002 al 10/01/2003 tanto de RIO NEGRO, como de LA MAÑANA DEL SUR.-
El ministro de Gobierno, Oscar GUTIÉRREZ, culpó también a “Río Negro” señalando que “lo único que han conseguido es despertar a la bestia” y también dijo que el director de ‘Río Negro’ vino a esta provincia a pedir más publicidad, pero como no encontró a un gobernador corrupto nos dijo que íbamos a pagar las consecuencias, pero se equivocó porque el pueblo va a defender al gobernador. Si creen que nos van a amedrentar se equivocan: nos sobran pelotas y ovarios para enfrentar a estos atorrantes”, lo que motivó un pedido de retractación por parte de este medio, (CD Nº 47410545 O AR) sin que el requerido lo hiciera, limitándose a desconocer al remitente (CD 31.572507 0 AR). El concejal Federico BROLLO aseguró que “nosotros --por el MPN--somos tipos pacíficos y buena gente, pero no nos busquen porque nos van a encontrar”. El presidente del Banco Provincia del Neuquén, Luis MANGANARO, puso lo suyo al afirmar el amenazador: “vamos a responder piña por piña”. El propio gobernador SOBISCH presentó el tema ante radios neuquinas como un intento de virtual “golpe de Estado” por parte del diario y de su director. Dijo que Julio RAJNERI “tiene poder y lo utiliza para perseguir gente como me está persiguiendo a mí... y quiere poner al gobernador de la provincia de Neuquén”. Como si todo esto fuera poco, el Sr. Jorge SOBISCH, dijo en un reportaje radial, dado a LU5 de Neuquén, que también recogió el RIO NEGRO, en su edición del 22/12/2002 donde fustigó especialmente al director de RIO NEGRO, Dr. Julio RAJNERI al que imputó haberse prestado a la difusión de los videos grabados por J. TAYLOR, en los que considera su participación está al margen de cualquier reproche deslizando una concreta amenaza hacia aquellos que en su concepto lo persiguen: “No se la agarren con mi familia, con mis hijos, porque yo no me las agarro con las familias de ellos, con sus hijos y tengo poder para hacerlo”. II. Frente a este panorama, que será debidamente probado en esta acción, resulta ineludible arribar a la única conclusión posible. Las autoridades provinciales neuquinas están molestas por el contenido de notas periodísticas publicadas en el diario “Río Negro”. Sus reacciones han sido de dos tipos, las primeras, más allá de su autoritarismo y falsedad, son el ejercicio del derecho a la libertad de expresión: una crítica a la crítica política de los actos de gobierno realizada desde los medios de comunicación social. La segunda, sin embargo, va mucho más allá, y representa la vulneración flagrante de ese mismo derecho que ellos ejercen frente a sus críticos. En efecto, a través del manejo discrecional de los fondos del gobierno provincial destinados a publicidad en los medios de comunicación social, se está presionando más allá de lo tolerable en los límites de un Estado de derecho democrático, con el exclusivo objeto de silenciar la crítica política. III. 3. El manejo de la publicidad oficial Desde el inicio de la actual gestión, el Gobernador Jorge SOBISCH se preocupó de controlar muy de cerca, por la dependencia funcional de la estructura responsable y por el mismo funcionario a cargo de la misma, la difusión de los actos de gobierno, institucionales, como de promoción de su gestión.Mantuvo la concentración de la contratación con los medios en la Subsecretaría General de la Gobernación y al frente de la misma designó a un sobrino, el Sr. Rodrigo SALVADÓ.- Desde su oficina se maneja todo lo que tenga que ver con pautas oficiales, destinos, medios e importes
tanto de los organismos centralizados como de los descentralizados. Desde allí se emiten las órdenes de publicidad.El diario RIO NEGRO mantuvo una participación, aunque menor a otros medios gráficos regionales, pero creciente, en los años 2000, 2001 y 2002, en la publicidad oficial de la Subsecretaría General de la Gobernación -Dirección General de Medios y ComunicaciónDirección de Difusión, del Gobierno de Neuquén.Esa participación significó, para EDITORIAL RIO NEGRO S.A., en los años 2000, 2001 y 2002, respectivamente $ 369.535; $ 368.680 y $ 521.562 lo que representó el 3,77 %; 4,50 % y 8,98 % de su venta neta de publicidad.De esos importes la Lotería de la Provincia de Neuquén participó en esos mismos años, respectivamente con $ 187.235; $ 180.000 y $ 146.132.Por su parte, el Banco de la Provincia de Neuquén disminuyó sus pautas publicitarias solicitadas directamente por el Banco o por intermedio de Agencias Publicitarias, en el Río Negro en el mismo período, año 2000, $ 199.728; 2001, $ 74.587; y 2002, $ 23.447.III. 4. La concreta sanción económica Sin embargo, y a partir de que se brindara la información del caso dado en llamarse, "el escándalo de las cámaras ocultas" , (diario LA NACION, 10/01/03, "Sobisch canceló avisos en el diario Río Negro") el Gobernador de la Provincia dispuso o admitió, que para el caso es lo mismo, castigar a RIO NEGRO, privándola totalmente de la publicidad oficial, no solamente del área centralizada sino de los organismos que no lo son, pero que obviamente, responden a conducciones pertenecientes a la misma facción política que el Sr. Jorge SOBISCH.La publicidad gráfica se dirigió entonces, exclusivamente al diario LA MAÑANA DEL SUR.5 Así se determina que RIO NEGRO tuvo en el período que abarca desde el 01 al 31 de diciembre de 2002 un total de 782 cm. y 154 líneas, y el otro medio 1.968 cm. y 1371 líneas.Lo relevante del caso es la notoria relación de causalidad entre la publicación de la investigación periodística cuestionada y la merma en la publicidad oficial, lo que se evidencia a través del cuadro que se adjunta como prueba6. Así las cosas, lo que demuestra que el corte publicitario es consecuencia única de la represalia y discriminación adoptada contra RIO NEGRO es que hasta el día 13/12/2002 se publicaron 684 cm 96 líneas y desde allí solamente 98 centímetros, 58 líneas, mientras que LA MAÑANA DEL SUR, hasta ese día había publicado 644 centímetros, 653 líneas, y de allí en adelante 1324 centímetros, 718 líneas.75
Para ilustrar al Tribunal sobre lo que aquí se afirma, se adjuntan las publicaciones efectuadas por los Entes Oficiales de la Provincia de Neuquén, que dependen del Poder Ejecutivo provincial, desde el 01 al 31/12/2002 de los diarios RIO NEGRO y LA MAÑANA DEL SUR.6
Se adjunta un cuadro resumen de la publicidad originada en esos Entes Oficiales en el mes de diciembre de 2002, en el que se ha resumido esa información.- El cuadro permite visualizar, por fecha, organismo, medida del aviso, si este es en color o no, tamaño en cm. y página de inserción en cada uno de los medios.- Las partes grisadas del cuadro corresponden a los avisos publicados en LA MAÑANA y no en RIO NEGRO y allí se aprecia nítidamente las consecuencias de la represalia.
La última orden de publicidad fue la Nº 7362, del 16/12/2002, avisos publicados los días 17, 18 y 19 de diciembre; el aviso publicado el 23/12/2002 se encontraba dispuesto por la orden de publicidad Nº 7038, del 05/12/02).-
Para completar lo que aquí se afirma, resta comentar que en el otro medio (LA MAÑANA DEL SUR), siguen anunciando el Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN), el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), el Consejo Provincial de Educación (CPE), dirección provincial de Vialidad, la subsecretaría de Energía y el Banco Provincia del Neuquén (BPN). El titular de esta última entidad, Luis MANGANARO, ya había decidido desde abril hasta octubre cortar de cuajo al "Río Negro" no sólo el suministro de publicidad sino la información de los actos del banco estatal y de su Fundación. El Presidente de la Lotería Neuquina, Sr. Alfredo MÓNACO, mediante nota del 30/12/2002, comunicó al diario su decisión de interrumpir la publicidad que mantuvo durante años y que viene colocando en los demás medios de comunicación de la región, sumando y haciendo expresa una decisión similar, no escrita, pero concretada por otros organismos y empresas del Estado neuquino, con lo cual la administración SOBISCH termina reduciendo a cero el centimetraje de toda su publicidad oficial en el "Río Negro", (de sus organismos y de los autárquicos) manteniendo en cambio la pauta en el diario "La Mañana del Sur" y otros medios. El Sr. Alfredo MÓNACO, no sólo se ha sustentado en una insólita justificación presupuestaria -inexistente ya que en el otro diario se mantuvo la de La Lotería y se aumentó la cantidad de cm. totales- sino que además dice: " A pesar de ello (el corte de la publicidad) , hemos puesto oportunamente en conocimiento de esta situación a la Lotería de Río Negro, con la que se comparte tanto la pauta publicitaria como los costos que la misma demanda, y a la que se propuso que ella continúe con la misma mientras que nuestra institución afronte los gastos en el diario de esta provincia".El párrafo, escrito bajo la apariencia de una razón presupuestaria, describe con perversidad una política oficial que se sustenta en la discriminación y se encuentra expresamente corroborado por las expresiones públicas del Ministro de Hacienda, A. PUJANTE.En primer lugar, remite a Lotería de Río Negro, a sabiendas de que ese organismo también cortó la publicidad a "Río Negro" -no así el resto de las reparticiones y empresas del gobiernoinmediatamente después de publicada una investigación acerca de supuestos sobornos pagados a altos funcionarios rionegrinos en el negocio del juego. Pero, sobre todo, al señalar que la decisión de La Neuquina es -desde ahora- destinar su presupuesto al diario "de" Neuquén, está utilizando una "chicana" para decir que "Río Negro" no es un diario neuquino, lo que se tratará mas adelante.-. Resta afirmar que la decisión de Lotería La Neuquina de interrumpir la publicidad en "Río Negro", que aparece firmando Alfredo MÓNACO, como Presidente de la Lotería, de ninguna manera puede entenderse como autónoma. De hecho, las órdenes de publicidad de la Lotería, al igual que el resto de la publicidad oficial, se ordena a través de la subsecretaria General de la Gobernación a cargo del sobrino de SOBISCH, Rodrigo SALVADÓ.8En síntesis, la existencia del hecho -privación arbitraria de la publicidad oficial- que da sustento a este amparo surge con tal contundencia de la prueba aportada que me exime de mayores argumentaciones.Los hechos, que hablan por sí solos, quedan expuestos en sus verdaderos fundamentos con las declaraciones del Ministro Sr. PUJANTE, que recogió Rio Negro, en su edición del 12/01/03,
Los avisos publicados por la lotería en ambos medios surgen de las colecciones de ambos medios correspondientes a diciembre de 2002 y para facilitar el cotejo las páginas donde se insertaron los avisos en ambos diarios.- Mi mandante contestó al Sr. Alfredo MONACO, rechazando las razones invocadas el día 07/01/03.-
La razón de la reducción a cero del centrimetraje de publicidad oficial del Gobierno de Neuquén, Poder Ejecutivo, organismos centralizados y descentralizados, tiene una sola justificación escrita que es evidentemente falsa y en realidad encubre una represalia por no ser del agrado del Sr. Jorge SOBISCH, a cargo de la Gobernación, la información publicada por RIO NEGRO en torno al escándalo de las cámaras ocultas. Dicho suceso puso bajo sospecha al diputado Osvaldo FERREYRA y al propio gobernador Jorge SOBISCH en la denuncia de intento de soborno realizada por el legislador Jorge TAYLOR.- Para el Sr. SOBISCH Rio Negro "ha sobrepasado ciertos líneas" al decir de su Ministro PUJANTE.III. 5. La incidencia del “Río Negro” en la Pcia. de Neuquén: Al señalar que la decisión de La Neuquina y, de todo el Gobierno, es -desde ahora- destinar su presupuesto al diario "de" Neuquén, se está afirmando también, a contrario sensu, que "Río Negro" no es un diario neuquino. En realidad el "Río Negro" es neuquino, no por que lo digan sus periodistas, ni por lo que diga o no el gobierno de SOBISCH, sino porque los lectores lo han determinado así. Aun cuando el domicilio legal y la planta impresora están en la ciudad de General Roca, el "Río Negro" es, por lejos, el diario de mayor circulación en Neuquén, vendiendo –según datos propioscasi el 80 % de todos los diarios que se distribuyen en la provincia, incluidos los nacionales. La capital neuquina es la plaza de mayor distribución de este matutino entre todas las ciudades de la región.Además, "Río Negro" está en Neuquén desde sus mismos inicios. En los albores del siglo XX no sólo lo recibían en la ciudad de Neuquén sino que también en distantes parajes del territorio neuquino, donde llegaba por correo. De lo aquí afirmado en torno a la fuerte incidencia del Río Negro en la provincia neuquina, da cuenta incluso el ex Ministro de Economía de Neuquén, Contador Oscar Alberto ZALAZAR, quien al comentar lo actuado por el gobierno provincial del que supo formar parte, afirmó: “Pero lo que provoca asombro y es en mi opinión incomprensible que ese desconocimiento provenga de un alto funcionario, bajo cuya responsabilidad política funciona todo el sistema de administración financiera y control del Estado provincial neuquino, y ello es así por cuanto resulta obvio que uno de los diarios de mayor difusión en la zona -si no el mayor- es el "Río Negro". Es decir, pretender excluir de la lista de potenciales contratistas de publicidad oficial a dicho diario, no solamente significa estar castigando arbitrariamente un accionar periodístico con el que no se está de acuerdo, sino también incumpliendo un precepto legal que tiene su sustento en el principio de transparencia y publicidad” 9 Asimismo, resta afirmar que la editora de "Río Negro" -entre periodistas, administrativos, promotores y vendedores- da 57 empleos directos y 363 indirectos en Neuquén, una magnitud comparable con las más grandes pymes del comercio y la industria de esa provincia.Los gastos de Editorial Río Negro en la provincia de Neuquén se sitúan en $ 4.880.000 anuales, discriminados en fletes de distribución (240.000), utilidad de distribuidores (550.000), utilidad de
Se adjunta artículo de opinión titulado “Transparencia y Publicidad” suscrito por el Cdor. Oscar Alberto Zalazar, y publicado en el Diario Río Negro con fecha 20 de enero de 2003.
vendedores (2.540.000), 74 proveedores locales (450.000) y salarios (1.100.000, que dan un ingreso mensual promedio de 1.493 pesos).De modo que el "Río Negro" es tan neuquino como cualquier empresa de esa provincia.No es la primera vez que la administración SOBISCH plantea una discriminación respecto del "Río Negro". El propio gobernador lo ha insinuado públicamente tras el escándalo de las cámaras ocultas y todo indica que ésta ha sido la estrategia elegida a futuro. Paradójico ciertamente, en un político que hizo punta en la idea de la integración regional entre Neuquén y Río Negro.
IV. LA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBRE EXPRESIÓN IV. 1. El alcance de la protección a la libertad de expresión I. Como demostraremos en esta presentación, la parte actora ha recibido presiones y recortes de publicidad oficial que, en sí mismos, representan medios ilegítimos de restringir un derecho como el de la libertad de expresión. Respecto al primero de estos puntos, ha dicho el Relator de la Comisión Americana de Derechos Humanos —en adelante, la Comisión, la Comisión Interamericana o la CIDH—: “... Con respecto a Venezuela, el Relator Especial manifiesta su preocupación por algunas expresiones emitidas por altas autoridades del Estado hacia la prensa. Según dice el informe, ‘el debate público sin restricciones de ideas y opiniones es fundamental para el fortalecimiento democrático. El debate se enriquece aún más cuando los funcionarios públicos participan en forma activa del mismo, colaborando con sus expresiones a que la sociedad conozca las ideas y opiniones de sus mandatarios. Sin embargo, la Relatoría considera que en algunas circunstancias, las expresiones de los funcionarios públicos pueden contribuir a crear un ambiente contraproducente para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Las expresiones hostiles y agraviantes en contra de comunicadores sociales en forma reiterada y prolongadas en el tiempo pueden tener un efecto amedrentador sobre periodistas y medios de comunicación y pueden conducir a la autocensura ”, Según el Relator Especial, “ algunas expresiones de altas autoridades podrían estar creando un ambiente de hostilidad que constituirían mecanismos de presión directa e indirecta sobre los medios de comunicación ” (CIDH, Relatoría de Libertad de Expresión, Comunicado de Prensa 41/01, Washington, 26 de abril, 2001, destacado agregado). II. Nuestro sistema jurídico otorga jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los cuales se halla la Convención Americana sobre Derechos Humanos —en adelante, la Convención Americana, la Convención, o la CADH—, según el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional. Más allá de ello, esta Corte Suprema ha sentado el principio, en el caso “Giroldi”: “Que la ya recordada ‘jerarquía constitucional’ de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente ‘en las condiciones de su vigencia’ (artículo 75, inc. 22, 2º párrafo), esto es, tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia
deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana (cf. arts. 75 de la Constitución Nacional, 62 y 64 Convención Americana y artículo 2 ley 23.054)” “Giroldi, H. s/recurso de casación”, CSJN, sentencia del 7 de abril de 1995, en “Jurisprudencia Argentina”, t. 1995-III). Veamos ahora, entonces, el alcance que le brinda a la protección de la libertad de expresión la Corte Interamericana. En este sentido, se pronunció ya hace varios años de manera contundente: “46. Es importante destacar que la Corte Europea de Derechos Humanos al interpretar el artículo 10 de la Convención Europea, concluyó que ‘necesarias’, sin ser sinónimo de ‘indispensables’, implica la ‘existencia’ de una ‘necesidad social imperiosa’ y que para que una restricción sea ‘necesaria’ no es suficiente demostrar que sea ‘útil’, ‘razonable’ u ‘oportuna’. (Eur. Court H. R., The Sunday Times case, judgment of 26 April 1979, Series A Nº 30, párr. Nº 59, págs. 35-36). Esta conclusión, que es igualmente aplicable a la Convención Americana, sugiere que la ‘necesidad’ y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el artículo 13.2, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la Convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en el artículo 13. Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo. (The Sunday Times case, supra, párr. Nº 62, pág. 38; ver también Eur. Court H. R., Barthold judgment of 25 March 1985, Series A Nº 90, párr. Nº 59, pág. 26). 47. El artículo 13.2 tiene también que interpretarse de acuerdo con las disposiciones del artículo 13.3, que es el más explícito en prohibir las restricciones a la libertad de expresión mediante ‘vías o medios indirectos... encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones’. Ni la Convención Europea ni el Pacto contienen una disposición comparable. Es, también, significativo que la norma del artículo 13.3 esté ubicada inmediatamente después de una disposición —el artículo 13.2— que se refiere a las restricciones permisibles al ejercicio de la libertad de expresión. Esa circunstancia sugiere el deseo de asegurar que los términos del artículo 13.2 no fuesen mal interpretados en el sentido de limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión. 48. El artículo 13.3 no sólo trata de las restricciones gubernamentales indirectas, sino que también prohíbe expresamente ‘controles... particulares’ que produzcan el mismo resultado. Esta disposición debe leerse junto con el artículo 1.1 de la Convención, donde los Estados Partes ‘se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos (en la Convención)... y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción...’. Por ello, la violación de la Convención en este ámbito puede ser producto no sólo de que el Estado imponga por sí mismo restricciones encaminadas a impedir indirectamente ‘la comunicación y la circulación de ideas y opiniones’, sino también de que no se haya asegurado que la violación no resulte de los
‘controles... particulares’ mencionados en el párrafo 3 del artículo 13 [Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, destacado agregado]. Queda claro, entonces, que según la propia Corte IDH la protección a la libertad de expresión en el sistema interamericano prohíbe aun las “vías o medios indirectos”, sea que provengan de particulares como del Estado, en la medida en que restrinjan la libre circulación de ideas. También queda claro que el sistema interamericano contiene vallas de protección tales como las de las “vías o medios indirectos”, y otras diferencias con los demás sistemas regionales de protección de los derechos humanos que brindan la más amplia protección posible a la libertad de expresión. III. También es necesario comprender los dos aspectos que la libertad de expresión regulada en el artículo 13 de la Convención Americana, que, como veremos, están en juego en este caso concreto. Sobre este punto, la Corte Interamericana ha distinguido de manera harto clara: “30. El artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión ‘comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole...’. Esos términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a ‘recibir’ informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión . En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. 31. En su dimensión individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. Cuando la Convención proclama que la libertad de pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir informaciones e ideas ‘por cualquier... procedimiento’, está subrayando que la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. De allí la importancia del régimen legal aplicable a la prensa y al status de quienes se dediquen profesionalmente a ella. 32. En su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia.
33. Las dos dimensiones mencionadas (supra 30) de la libertad de expresión deben ser garantizadas simultáneamente. No sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor. Como tampoco sería admisible que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas, se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de vista. 34. Así, si en principio la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto de éstos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla. Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas” [Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana Sobre Derechos Humanos) , Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, destacado agregado]. IV. Hasta aquí, entonces, podemos afirmar con certeza las siguientes conclusiones: • La actitud hostil de los funcionarios hacia determinados medios de comunicación social por el contenido de su crítica política ya puede ser considerado como un clima propicio para limitar la libertad de expresión. Pero esta parte actora no pretende limitar — como sí lo han hecho las autoridades provinciales, independientemente de la falsedad de sus dichos— el ejercicio del derecho a expresarse libremente. • Según la jurisprudencia conteste de esta Corte Suprema, la jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano debe servir de “guía para la interpretación de los preceptos convencionales”. • La doctrina de la Corte Interamericana ha afirmado de manera consistente que cualquier control, estatal o particular, que aun por “vías o medios indirectos” restrinjan la libertad de opinión, constituye una violación a las obligaciones internacionales asumidas por los Estados parte de la Convención Americana y establecidas en su artículo 13. • Según esa misma doctrina, el derecho garantizado en el art. 13 de la Convención Americana no sólo se refiere a la libre difusión de información, hechos y opiniones, sino, además y especialmente, al derecho del público a recibirlas. IV. 2. Publicidad oficial y avasallamiento a la libre expresión I. En lo que se refiere a las diversas maneras de restringir indebidamente el derecho a la libertad de expresión, se puede leer, en el documento que describe la competencia de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH: “3. En lo que se refiere específicamente a la libertad de expresión, la Comisión ha tratado este tema a través de su sistema de peticiones individuales, en los cuales se ha 2 pronunciado sobre casos de censura , crímenes contra periodistas y otras restricciones
directas e indirectas a la libertad de expresión . Asimismo, se ha pronunciado sobre las amenazas y restricciones a los medios de comunicación social por medio de informes 3 especiales, como fue por ejemplo, el Informe sobre leyes de desacato , De igual manera, la Comisión ha analizado la situación de la libertad de expresión e información 4 en sus diversas visitas in loco y en sus informes generales . Por último, la Comisión ha adoptado medidas cautelares con el objetivo de actuar de manera urgente a fin de evitar 5 daños irreparables a las personas . Estas medidas se adoptaron para posibilitar el 6 pleno ejercicio de la libertad de expresión y proteger a periodistas ” (CIDH, Mandato y competencia de la Relatoría para la Libertad de Expresión , notas omitidas, destacado agregado). Más allá de ello, la Comisión Interamericana hizo suya la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión10, donde no se hace más que desarrollar en forma de reglas los principios estructurales de la doctrina del sistema interamericano desde sus primeros pronunciamientos en materia de libertad de expresión. En esta declaración, resultan vitales para comprender el significado de las accciones de las autoridades provinciales que aquí denunciamos, transcribir dos de ellos: “1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”. “13. La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública ; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión” (destacado agregado). II. Resulta claro, en consecuencia, que los gobiernos —provinciales o nacionales— no pueden, según la Convención Americana, utilizar el dinero de los contribuyentes para presionar a los medios de comunicación cuya crítica política les resulta molesta a través de la asignación “arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial”. En este sentido, se ha pronunciado esa Corte Suprema de Justicia de la Nación. La importancia del aspecto económico que se asigna a los medios de prensa para garantizar su existencia, fue reconocido por esa Corte cuando, en el caso registrado en E.D. 158-434, confirmó el levantamiento de la clausura temporal dispuesta por la D.G.I. a las oficinas comerciales, de venta de avisos clasificados y de ejemplares, del diario La Nación, allí dijo el Alto Tribunal "aún cuando la clausura se limita a los sectores en que se desarrolla la actividad comercial de la empresa periodística, es decir, a las oficinas de venta de avisos, es evidente la directa influencia que ella tendría sobre la posibilidad de publicación del diario, ya que afectaría de manera sustancial y necesaria su base económica de sustentación" ... "el diario se vería privado de una
Durante el 108° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en Washington D.C. se aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
importante fuente de ingresos durante los tres días de clausura, ya que en las dependencias clausuradas se desarrollan todos los aspectos notoriamente escenciales para su actividad comercial, sin los cuales la difusión de las ideas se convertiría en un objetivo de cumplimiento ilusorio". Los Ministros Fayt, Levene, Nazareno y Moline O' Connor dijeron también "... los perjuicios y atentados a la libertad de prensa hallan orígenes diversos. Pueden desprenderse no solo de violaciones groseras al derecho de expresar las ideas por ese medio, sino también de perturbaciones más delicadas pero no menos efectivas, como la manipulación de las materias primas para las publicaciones, la limitación al acceso a las fuentes de información, la creación de monopolios estatales o privados en el área, o el acorralamiento impositivo". IV. 3. El Caso BRONSTEIN I. Además de los principios ya citados, existe un precedente aplicable a este caso concreto. Nos referimos al caso en el cual la Corte Interamericana falló a favor del peticionario y en contra del Estado del Perú. En ese caso, la autoridad pública también usó un medio indirecto para afectar la libertad de expresión en sus dos dimensiones: “156. En el caso que nos ocupa, se ha establecido que en el año 1997 el señor Ivcher era el accionista mayoritario de la Compañía, empresa operadora del Canal 2 de la televisión peruana; asimismo, era Director y Presidente del Directorio de dicha Compañía y se encontraba facultado para tomar decisiones editoriales respecto de la programación. En abril de 1997, el Canal 2 difundió, en su programa Contrapunto, reportajes de interés nacional, como las denuncias sobre las posibles torturas cometidas por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército en contra de la agente Leonor La Rosa, el supuesto asesinato de la agente Mariela Barreto Riofano y los supuestos ingresos millonarios percibidos por el señor Vladimiro Montesinos Torres, asesor del Servicio de Inteligencia del Perú. ... 162. En el contexto de los hechos señalados, esta Corte observa que la resolución que dejó sin efecto legal el título de nacionalidad del señor Ivcher constituyó un medio indirecto para restringir su libertad de expresión, así como la de los periodistas que laboraban e investigaban para el programa Contrapunto del Canal 2 de la televisión peruana. 163. Al separar al señor Ivcher del control del Canal 2, y excluir a los periodistas del programa Contrapunto, el Estado no sólo restringió el derecho de éstos a circular noticias, ideas y opiniones, sino que afectó también el derecho de todos los peruanos a recibir información, limitando así su libertad para ejercer opciones políticas y desarrollarse plenamente en una sociedad democrática. 164. Por todo lo expuesto, la Corte concluye que el Estado violó el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13.1 y 13.3 de la Convención, en perjuicio de Baruch Ivcher Bronstein” (Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein contra Perú, Sentencia de 2 de febrero de 2001). Lo importante de este caso es que la Corte Interamericana reconoce que la cuestión de la nacionalidad del peticionario fue manejada como un medio para impedir su legítimo ejercicio de expresarse libremente. Así, la violación al artículo 13 no se vincula con alguna medida referida
directamente a la actividad periodística del peticionario, sino a un derecho autónomo que nada tiene en común con aquella actividad. Pero para la Corte, lo decisivo es que la medida del Estado referida a la nacionalidad del peticionario fue utilizada con el exclusivo fin de afectar su actividad periodística y, por lo tanto, vulnerar las libertades protegidas en el artículo 13 de la Convención Americana. Y esto es, exactamente, lo que sucede en este caso. Más allá de la legitimidad del gobierno provincial para decidir cómo pautar su publicidad oficial, en el momento que utiliza los recursos de los contribuyentes cuya administración le es confiada, con el objeto de restringir el libre ejercicio de la libertad de expresión de un medio de comunicación social, tales medidas dejan de ser medidas legítimas de gobierno para transformarse en herramientas de cercenamiento de la libertad de difundir y recibir información. En consecuencia, la política de las autoridades provinciales, cuyo cambio abrupto no puede ser explicado sino sólo como un acto de “sanción” a un medio de comunicación que “molesta” a la administración, resulta un medio indirecto e ilegítimo que vulnera el derecho garantizado en el artículo 13 de la Convención Americana.
V. MEDIDA DE NO INNOVAR V. 1. Su procedencia En tanto se tramite y resuelva este amparo, a efectos de que la demora no haga ilusorio el amparo planteado, ante la medida dispuesta y la urgencia en evitarla que ocasiona daños irreparables a mi mandante, pido se decrete medida de no innovar, para que la situación se retrotraiga al estado anterior a la fecha en que se dispuso el cese de la publicidad oficial de la provincia de Neuquén en el diario “Río Negro”.En este sentido, luego de constatado el dictado de la medida y a los efectos de que la acción peticionada no devenga en abstracta por su materialización entiendo que, de conformidad con el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se debe dictar una medida de no innovar, lo que se peticiona en este acto. Ello evitará que, mientras se resuelve sobre el fondo del asunto, el derecho de mi mandante se torne abstracto. En este sentido, solicito que se arbitren los medios necesarios para que se retrotraiga la situación al estado anterior a la fecha en que tuvo lugar el acto lesivo. O, en otras palabras, que se ordene al Poder Ejecutivo Provincial mantener las pautas publicitarias oficiales en el diario “Río Negro” de manera idéntica a como lo venía haciendo hasta el mes de diciembre del año 2002, sin efectuar merma alguna motivadas en razones de discriminación política o de otra naturaleza. En cuanto a los requisitos previstos para la procedencia de estas medidas, debo señalar que, en primer lugar, la verosimilitud en el derecho ha sido claramente acreditada en los capítulos pertinentes (III y IV); el peligro en la demora es evidente en tanto la situación planteada agrava día a día las finanzas del diario y pone en dificultades su operación, imposibilitando que siga trabajando de la misma forma en que lo venía haciendo hasta antes de la decisión del Gobierno Provincial, afectando a su vez el derecho de los lectores a recibir información; y la cautela no puede obtenerse por medio de otra medida precautoria. Y ello así por cuanto la medida cautelar de no innovar tiende a evitar un daño: en tal sentido se ha dicho que lo que realmente interesa es el concepto de “ irreparable perjuicio” en orden a otorgar la cautela en cuestión, o bien que la finalidad última de la misma es evitar que la sentencia pueda resultar ilusoria en cuanto que, intentado alterar el estado de cosas existente al iniciar el juicio se produzca un daño irremediable (ST Chaco, 9.6.82, El Derecho Tomo 101-159; ídem CJ Salta, 12.2.88, El Derecho 128-274). Conforme a lo expuesto se observa que la medida tiene un objeto inmediato, a saber: que no se modifique ni altere la situación fáctica o jurídica . Y un objeto mediato: evitar que se torne ilusorio el derecho que le corresponde a quien solicita la medida cautelar, impidiendo así un perjuicio irreparable. Para evitar esa situación extrema, fin último de la cautela ha de disponerse ante el peligro de que ello suceda, la inmovilización fáctica o jurídica, a determinado momento, constituyéndose ello en el medio (objeto inmediato) en orden a que el perjuicio irreparable, casi de seguro a producirse sea conjurado (Arazi, Roland; Medidas Cautelares; Astrea; Buenos Aires; 1997; pag.258, 259). Vasta ha sido la Jurisprudencia en cuanto a la procedencia de la cautelar solicitada: “Como todas las instituciones procesales, la prohibición de innovar tiene su fundamento básico en el artículo 18 de la Constitución Nacional, cuando asegura la defensa en juicio de la persona y de los derechos y en el 16 que preconiza la igualdad ante la ley” (C5°CC, febrero 16-981; La Ley 1981-C, 157).
“La prohibición de innovar constituye una medida cautelar reglada por el art. 230 del Código Procesal, fundada esencialmente en el principio de inalterabilidad de la cosa litigiosa y cuya finalidad es mantener el “statu quo” inicial o impedir que durante el transcurso del pleito se modifique o altere la situación de hecho o derecho existente al tiempo de la promoción del litigio, tornando a la Sentencia futura en ilusoria y con el fin de evitar perjuicios irreparables” (1° Instancia, Civil Juzgado 4, Capital, firme, marzo 8-983; La Ley 1983-C, 572) En el caso de autos, se encuentra reunidos los requisitos para la procedencia de la medida cautelar solicitada: a) Verosimilitud del derecho: De los hechos relatados y la documental obrante en las actuaciones, surge la verosimilitud del derecho que se invoca. b) Peligro en la demora: El peligro en la demora constituye la razón de ser de estas medidas pues el peligro está en el grave perjuicio económico causado al medio de prensa, y que, de no habilitarse la cautelar que se solicita, la situación agravará día a día las finanzas del diario, poniendo en dificultades su operación, e imposibilitando que siga trabajando de la misma forma en que lo venía haciendo hasta antes de la decisión del Gobierno Provincial. Incluso, tal situación podría conllevar irremediablemente a la consecuente privación de la fuente de trabajo para un número importante de familias y la afectación al derecho a la información de un número más que significativo de ciudadanos. c) Inexistencia de otra medida para obtener el fin perseguido : Establece el art. 230 inciso 3 del Código Procesal de la Nación que la prohibición de innovar resulta admisible en tanto la cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria. En el caso de autos, no existe otra medida tendiente a obtener la finalidad que se persigue con ella, esto es la evitación de un daño irreparable, por lo que se encuentra reunido el requisito invocado. d) Contracautela: A fin de dar cumplimiento con el recaudo citado, se ofrece caución juratoria la que procede en casos como en los que nos ocupa pues se encuentra acreditado la verosimilitud del derecho invocado y peligro en la demora (C.N.Civ. Sala D, junio 7-983, La Ley 1983-D,213; idem Sala D, octubre 23-985, La Ley 1986-A,465 DJ 986-I-649; C.N.Civ. Sala B, agosto 28-984; La Ley 1985-B,39 DJ 985-24-754). En consecuencia, a fin de evitar la frustración de los derechos invocados, resulta necesario que se haga lugar a la medida cautelar solicitada.
VI. LA PRUEBA: A los efectos de corroborar los hechos expuestos en los capítulos precedentes, ofrecemos la prueba que se detalla a continuación: VI. 1. Documental 1º) Colección del diario RIO NEGRO desde el 01/12/02 al 10/01/03, de los que requiero se me exima de acompañar copias ya que se adjuntan a efectos de ser tenidos por originales (C.P.C.C.N., 121).-
2º) Colección del diario LA MAÑANA DEL SUR desde el 01/12/02 AL 10/01/03, de los que requiero se me exima de acompañar copias ya que se adjuntan a efectos de ser tenidos por originales (C.P.C.C.N., 121).3º) Fotocopias de las páginas que contienen las noticias publicadas por RIO NEGRO respecto del caso denunciado por el diputado J. TAYLOR y las reacciones de los funcionarios de Neuquén y otras personas desde el 07/12/02 al 10/01/03.4º) Fotocopias de las páginas que contienen las noticias publicadas por LA MAÑANA DEL SUR respecto del caso denunciado por el diputado J. TAYLOR y las reacciones de los funcionarios de Neuquén y otras personas desde el 07/12/02 al 10/01/03.5º) Fotocopia de las páginas del diario RIO NEGRO desde el 01/12/02 al 31/12/02, donde se han publicado avisos requeridos desde la Subsecretaria Gral. de la Gobernación de Neuquén Dirección General de Medios y Comunicación Dirección de Difusión.6º) Fotocopia de las páginas del diario LA MAÑANA DEL SUR desde el 01/12/02 al 31/12/02, donde se han publicado avisos que requiere la Subsecretaría Gral. de la Gobernación de Neuquén Dirección General de Medios y Comunicación Dirección de Difusión.7º) Cuadro demostrativo de la cantidad de cm. y líneas publicadas en ambos diarios entre el 01/12/02 y el 31/12/02.8º) Cuadro demostrativo de la cantidad de cm. y líneas publicadas en ambos diarios entre el 18/12/02 y el 23/12/02 por el Banco de la Provincia de Neuquén.9º) Fotocopia de las páginas del diario LA MAÑANA DEL SUR desde el 01/12/02 al 31/12/02, donde se han publicado avisos requeridos por o para la Lotería de Neuquén.10º) Fotocopia de las páginas del diario RIO NEGRO desde el 01/12/02 al 31/12/02, donde se han publicado avisos requeridos por o para la Lotería de Neuquén.11º) Nota del 30/12/02 del Sr. Alfredo MÓNACO, presidente de la Dirección de Lotería Neuquina cancelando la pauta publicitaria en el diario RIO NEGRO.12º) Respuesta de EDITORIAL RIO NEGRO S.A. al Sr. Alfredo MÓNACO, rechazando las razones de su nota del 30/12/02.13º) Veinticuatro (24) fotocopias certificadas por escribano público, de las órdenes de publicidad requeridas por el Gobierno de Neuquén para ser publicadas en diciembre de 2002.14º) Fotocopia del decreto Nº 764 del año 1996 que dispone el modo en que se efectuará la publicidad de los organismos centralizados y descentralizados del P.E. de Neuquén.15º) Carta documento Nº 47410545 0 AR del 10/12/02 dirigida al Ministro de Gobierno de la Provincia de Neuquén.16º) Carta documento Nº 31.572.507 0 AR del 13/12/02 Ministro en respuesta a la del 10/12/02.17°) Copia simple del artículo de opinión titulado “Transparencia y Publicidad” suscrito por el Cdor. Oscar Alberto ZALAZAR, y publicado en el Diario Río Negro con fecha 20 de enero de 2003. 18°) Cassette de audio con las declaraciones vertidas por el Ministro de Hacienda de Neuquén, A. PUJANTE, al programa “Sin Pelos” de LU 5, efectuadas el día 11 de enero de 2003. 19°) Certificación contable sobre la facturación del “Río Negro” a la Subsecretaría General de la Gobernación de la Provincia de Neuquén, durante los años 2000, 2001 y 2002.
20°) Certificación contable sobre la facturación del “Río Negro” a la Subsecretaría General de la Gobernación de la Provincia de Neuquén - Lotería La Neuquina, durante los años 2000, 2001 y 2002. 21°) Certificación contable sobre la facturación del “Río Negro” al Banco Provincia de Neuquén, durante los años 2000, 2001 y 2002. 22°) Minuta contable titulada “Participación ‘Río Negro’ en Pcia. de Neuquén” con información detallada sobre la inserción económica del diario “Río Negro” en la Provincia de Neuquén. VI. 2. Testimonial Se ofrece asimismo el testimonio del Contador Público Guillermo Yedra, a los fines de que ilustre a ese tribunal sobre la incidencia económica de las pautas publicitarias de la Provincia de Neuquén en el Diario “Río Negro”.
VII. PETITORIO: 1) Se tenga por presentado esta acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y su ley reglamentaria. 2) Se haga lugar a la prohibición de innovar solicitada y se arbitren los medios necesarios para interrumpir y hacer cesar sus efectos hasta tanto se resuelva sobre el fondo de la cuestión. 3) Se haga lugar a la acción de amparo intentada en resguardo de las garantías constitucionales invocadas. Proveer de conformidad, ES DERECHO
01. Amparo by ABovino774 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
RelatedAmpliación Habeas Corpus Fontby ABovinoPrólogo del libro ¨Los Blogs jurídicos y la Web 2.0 para la difusión y la enseñanza del derecho¨by ABovinoEl caso del "secretario natural" - Comentario al fallo "Jaime"by ABovinoEl Debido Proceso en las Decisiones de la Corte Inter American a de Derechos Humanosby Escuela Nacional de la JudicaturaUn voto cínico. A propósito del voto de Riggi en el caso Chaban - Alberto Bovinoby ABovinoImpugnación Concurso fiscal de cámara Claudia Barciaby ABovinoTeoría Jurídicas Alternativas, por Carlos Cárcova, en Revista "No Hay Derecho" impresaby ABovino01. REF Caso Carreraby ABovinoSimilar to 01. AmparoAmpliación Habeas Corpus FontPrólogo del libro ¨Los Blogs jurídicos y la Web 2.0 para la difusión y la enseñanza del derecho¨El caso del "secretario natural" - Comentario al fallo "Jaime"El Debido Proceso en las Decisiones de la Corte Inter American a de Derechos HumanosUn voto cínico. A propósito del voto de Riggi en el caso Chaban - Alberto BovinoImpugnación Concurso fiscal de cámara Claudia BarciaTeoría Jurídicas Alternativas, por Carlos Cárcova, en Revista "No Hay Derecho" impresa01. REF Caso CarreraSolicitan excarcelación y recusan2.Discusiones Central Hilb

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 resolución 
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 230
 artículo 18
 artículo 43