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Autor Tema: Comités de ética y leyes de policía (Leído 41638 veces)
« Respuesta #360 en: 12 de Junio de 2014, 22:16:46 pm »
Cita de: 47ronin en 02 de Junio de 2014, 14:47:33 pm
una institución clave para los planes de mas
Interior cuela un artículo para que la Policía acoja a los 'mossos' anti-independencia
El Ministerio del Interior ha introducido una cláusula en el Anteproyecto de la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional que permitirá que los mossos d'esquadra contrarios a la deriva independentista de Cataluña puedan pasarse a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Aunque la normativa será de aplicación para los funcionarios de todas las policías autonómicas y locales, fuentes cercanas a la tramitación de la ley aseguran que el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz ha introducido esta opción con el único objetivo de ofrecer una salida a los mossos que no deseen seguir las instrucciones de los Gobiernos catalanes de turno en caso de que el proyecto soberanista prosiga su rumbo.
Hasta ahora, la legislación no contemplaba la posibilidad de que la Policía Nacional pudiera asumir casi automáticamente a agentes de otros cuerpos. Sin embargo, la Dirección General de la Policía ha aprovechado la tramitación de la ley encargada de regular el ingreso, formación, promoción y retiro de los agentes para introducir y regular ese supuesto.
Los dos artículos de la disposición adicional cuarta de la nueva Ley de Personal, a la que ha tenido acceso El Confidencial, se centran por entero en esta cuestión. En concreto, en el borrador más reciente de la norma, el artículo primero de esa disposición establece que los funcionarios de carrera de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales podrán ingresar en la Policía Nacional, en la escala y categoría equivalente a la que ostenten en su cuerpo de procedencia, en los términos y conforme a las condiciones que reglamentariamente, y con participación de las organizaciones sindicales representativas, se determinen.
Protesta de Mossos d'Esquadra en un acto oficial de Artur Mas. (Efe)
Un reglamento especificará los detalles
Ese reglamento al que se refiere el artículo deberá ser aprobado posteriormente para establecer los requisitos del ingreso en la Policía de un agente de otro cuerpo. No obstante, el texto aclara que todos los candidatos deberán cumplir las condiciones mínimas que el artículo 26 de la misma norma impone a cualquier aspirante, como tener nacionalidad española, tener cumplidos los 18 años de edad y no haber sido condenado por delito doloso, entre otras obligaciones.
Por su parte, el segundo artículo de la disposición adicional cuarta especifica que, para determinar la equivalencia entre las escalas y categorías de los distintos cuerpos policiales, () habrá de tenerse en cuenta la escala o categoría en la que se encuentre el aspirante en su cuerpo de origen, grado personal consolidado y nivel de complemento de destino del último puesto desempeñado. El objetivo es que los mossos que deseen pasarse a la Policía lo hagan sin perder la categoría que tengan en ese momento y con la menor reducción posible de salario, un asunto crucial porque el sueldo de los policías autonómicos supera ampliamente al de los funcionarios de la Policía Nacional.
La iniciativa se ha mantenido hasta ahora en el más absoluto secreto. De hecho, se ha camuflado en el articulado de una Ley de Personal
La iniciativa se ha mantenido hasta ahora en el más absoluto secreto. De hecho, se ha camuflado en el articulado de una Ley de Personal que en teoría sólo tiene como objetivo regular la organización, formación, ascenso y retiro de los agentes de la Policía. La norma empezó a confeccionarse el pasado mes de noviembre y, tras numerosos cambios, será presentada oficialmente a los sindicatos este martes. El calendario de Interior contempla que sea aprobada por el Consejo de Ministros antes de las vacaciones de agosto para que pueda iniciar su tramitación parlamentaria al comienzo del próximo periodo de sesiones.
La institución que debe garantizar la consulta
Interior pretende con esta cláusula abrir una grieta en una de las instituciones fundamentales en la estrategia soberanista que ha trazado Artur Mas. A falta por ahora de Ejército propio, los planes del presidente autonómico de CiU reservan a los Mossos d´Esquadra la defensa de la independencia de Cataluña desde el primer minuto en que esta sea supuestamente declarada. Pero antes de llegar a ese punto del relato, los mossos serán teóricamente los encargados de garantizar la celebración del referéndum independentista que el Gobierno catalán ha convocado unilateralmente para el próximo 9 de noviembre, en el caso de que finalmente se celebre. Es decir, que la independencia parece imposible sin los mossos. Y ese el motivo por el que los policías autonómicos suelen amenazar al Gobierno nacionalista que les paga con cánticos de ¡Viva España! cuando reclaman mejoras en sus condiciones laborales.
La medida impulsada por Interior ofrecerá una vía de escape a los mossos contrarios a esa deriva, más allá de cuáles sean sus condiciones económicas. Aunque la disposición adicional ha figurado en el anteproyecto de la Ley de Personal desde el inicio de su tramitación, la Dirección General de la Policía ha incluido algunos cambios en los últimos días a petición de los sindicatos, que ven con recelo la posibilidad de que cualquier policía autonómico o local pueda pasarse a su cuerpo de forma casi inmediata y sin perder categoría. En la última versión de la ley, firmada el pasado 22 de mayo, la Dirección General ha matizado que la asimilación de esos funcionarios se realizará con participación de las organizaciones sindicales representativas de la Policía, una fórmula que pretende aplacar ese descontento.
Esta es la mayor barbaridad que ha hecho el PP en relación con el CNP, se van a echar a todo el Cuerpo encima... y con TOOOOODA la razón.
« Respuesta #361 en: 13 de Junio de 2014, 01:42:42 am »
. . . inspector/inspectora . . . comisario/comisaria . . . policía/policio . . . miembros/miembras . . . con cuantas gilipolleces se pierde el tiempo . . .
Mensajes: 173336
« Respuesta #362 en: 14 de Junio de 2014, 16:11:09 pm »
El Constitucional anula preceptos de la ley de Seguridad Pública de Euskadi
El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y anulado varios preceptos de la ley vasca de Seguridad pública de Euskadi al considerar que "en algunos aspectos invade la competencia estatal" en esta materia. En una sentencia firmada el pasado 29 de mayo, cuyo ponente ha sido el magistrado Pedro González-Trevijano, el alto tribunal establece que el Estado no está obligado a integrarse en el Consejo de Seguridad Pública de Euskadi, impide que municipios vascos con menos de 20.000 habitantes se asocien para prestar servicios policiales conjuntos y concede todas las potestades normativas sobre seguridad privada al Estado.
El Constitucional zanja así las discrepancias abiertas entre la Administración del Estado y el País Vasco sobre el alcance de la ley vasca de Seguridad Pública de Euskadi, aprobada por el Parlamento autonómico en 2012 y recurrida por el presidente del Gobierno en abril de 2013 al considerar inconstitucionales algunos de sus artículos.
Antes de examinar el contenido de los cuatro artículos impugnados por la Abogacía del Estado, el máximo tribunal realiza un análisis ponderado de las competencias de ambas administración sobre seguridad pública, y llega a un punto intermedio entre el criterio de máximos defendido por el País Vasco y el restrictivo de las primeras sentencias del tribunal. Estas limitaban el alcance de las competencias autonómicas a funciones de organización de la policía y mantenimiento del orden público.
Al respecto, el tribunal sostiene que el Estado tiene "todas las potestades normativas y ejecutivas, salvo las que se deriven de la creación de policías autonómicas", pero añade que las Comunidades Autónomas pueden ampliar su capacidad en "materias que inciden en el ámbito de protección de las personas y los bienes" cuando tengan carácter "inherente o complementario" a aquellas.
Respecto a los artículos recurridos por el Estado, el Constitucional declara inconstitucional el precepto según el cual las poblaciones vascas limítrofes que no superen los 20.000 habitantes o no sumen más de 50.000 en conjunto podrán asociarse "para la prestación de servicios policiales cuando no dispongan separadamente de recursos suficientes". El tribunal considera que este artículo 49.1 de la norma vasca "excede de las competencias autonómicas", que son exclusivas del Estado.
Aunque reconoce muchas competencias autonómicas en materia de seguridad privada, la sentencia declara inconstitucional el artículo 50, que atribuye al Gobierno vasco la capacidad de desarrollar “los requisitos y condiciones exigibles para el ejercicio por personas y empresas privadas de funciones de seguridad e investigación en Euskadi”. En el ámbito de la seguridad privada, señala, todas las potestades normativas corresponden al Estado.
A la misma conclusión, y por las mismas razones, llega el tribunal respecto del primer párrafo del artículo 55, que atribuye al Gobierno vasco la ejecución de “la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de seguridad privada”. El Pleno anula el inciso “y de la Comunidad Autónoma de Euskadi” por cuanto que “la potestad normativa en materia de seguridad privada corresponde en exclusiva al Estado”.
« Respuesta #363 en: 28 de Junio de 2014, 13:55:18 pm »
Dos Cuerpos...dependientes de una misma Administración.....DOS leyes de personal.
Grupo Popular y Ministerio del Interior, enfrentados por la Ley de la Guardia Civil
El PP vuelve a prorrogar el periodo de enmiendas hasta el próximo martes para tener más tiempo para negociar con el Gobierno cambios en el texto. La negativa a que 800 tenientes y 350 alféreces se integren en la nueva escala hasta que asciendan a capitanes es uno de los puntos más polémicos, ya que condenaría a parte de estos mandos a trabajar sin aspiraciones profesionales.
Seguridad y Tribunales | 26/06/2014 - 18:56
El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha vuelto a pedir una prórroga. Es la segunda desde que comenzó el periodo de enmiendas a la Ley de Personal de la Guardia Civil, una norma que tiene en vilo a más de 2.000 jefes del instituto armado, los que ascienden por promoción interna. Los populares han solicitado ahora un aplazamiento hasta el próximo martes con el fin de seguir avanzando en las negociaciones con el Gobierno respecto a los temas más espinosos de la nueva ley.
En concreto, la conversaciones entre el Grupo Popular y el Gobierno se centran en qué categorías profesionales se van a integrar en la nueva y única escala de oficiales que prevé crear la ley. En el texto original –válido por el momento–, más de mil mandos (los 800 tenientes y los 350 alféreces de promoción interna) están obligados a ascender a capitán además de realizar un curso de un año para integrarse en la nueva escala.
Esta restricción, según entienden desde la Unión de Oficiales de la Guardia Civil –asociación que más ha combatido la ley–, hará que haya cientos de jefes que se queden en una escala a extinguir, ya que a muchos les quedan años para ascender, otros ni siquiera están interesados en hacerlo y algunos podrían no superar el curso.
Según fuentes parlamentarias, el PSOE podría proponer que la integración se lleve a cabo desde la categoría de teniente, con lo que la propuesta socialista estaría más cerca a las reivindicaciones de los oficiales de la Guardia Civil. Esta iniciativa encabezada por el diputado Antonio Trevín podría haber hecho reaccionar al grupo popular, ya que a nadie se le oculta que no es bueno ponerse en contra a los mandos del instituto armado.
Las mismas fuentes explican que el Grupo Popular estaría presionando al Gobierno para que ceda en este punto y también en que la ley recoja la concesión de un presupuesto para las escalas que no se integren.
Además, el Grupo Popular está estudiando la posibilidad de que el texto tenga en cuenta la experiencia, la antigüedad y la formación de cada mando de la Guardia Civil “individualizadamente” –según fuentes parlamentarias– a la hora de determinar qué tipo de contenidos necesita para adaptarse a la nueva escala. Las mismas fuentes apuntan que el desarrollo reglamentario establecerá el contenido de ese curso en función de esas experiencia, antigüedad y formación que tenga cada oficial.
Esto beneficiaría al propio Ministerio del Interior, ya que desde el punto de vista económico a la Dirección General de la Guardia Civil le interesa convalidar asignaturas a los mandos y acortarles así la duración del curso, cuya realización requiere de la concesión de dietas a cada oficial (días libres, estancias, etc.). Aunque también sería bueno para los propios oficiales, para quienes el curso se adaptaría a sus circunstancias.
La Ley de Personal prevé que todos los jefes del instituto armado –salvo los que estudian en la Academia General Militar de Zaragoza– hagan un curso de formación de un año para integrarse en la nueva y única escala de oficiales que resultará tras la aprobación de la norma, siempre que tengan un rango igual o superior al de capitán.
Estos cambios, sin embargo, aún no se han puesto negro sobre blanco, debido a que el grupo popular ha prorrogado por segunda vez el plazo de presentanción de enmiendas.
La Unión de Oficiales considera que la norma tal y como está redactada ahora supone un trato discriminatorio para los mandos de promoción interna, sobre todo teniendo en cuenta que a los que salen de la Academia General Militar no se les exigirá ningún curso ni ninguna exigencia y que, para más inri, un gran número de jefes afectados ya son licenciados e incluso tienen un máster o un doctorado, por lo que no tendría sentido hacer ninguna formación complementaria, cuya finalidad en el fondo es la adaptación a Bolonia.
A los oficiales que estudian en Zaragoza se les considera integrados en la nueva escala porque el título propio de la Guardia Civil ya está convalidado como equivalente a una licenciatura, por lo que se convertiría directamente en un grado, en terminología de Bolonia.
La Unión de Oficiales ha criticado que con las nuevas exigencias del texto original aprobado por el Gobierno muchos de los jefes de promoción interna se verán abocados a no integrarse y, por lo tanto, a la desmotivación profesional, ya que entre otras cosas no tendrían apenas posibilidades de conseguir un ascenso.
« Respuesta #364 en: 02 de Julio de 2014, 14:14:36 pm »
Montoro se opone a los cambios que quiere hacer el PP en la Guardia Civil
El Grupo Popular en el Congreso ya ha pedido dos prórrogas en la presentación de enmiendas porque no termina de ponerse de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, que se ha opuesto a dotar de plantilla a la actividad de cientos de mandos del instituto armado que podrían verse abocados a trabajar en una escala sin recursos presupuestarios.
Roberto R. Ballesteros | 30/06/2014 - 16:46
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es el principal muro que tiene que superar el Grupo Parlamentario Popular en su intento de modificar la Ley de Personal de la Guardia Civil salida del Gobierno. El responsable económico se ha opuesto a reservar una partida para mantener los recursos de los mandos del instituto armado que no se integren en la nueva escala de oficiales que crea la norma.
La negativa de Montoro ha generado tensión entre los populares del Congreso de los Diputados, encabezados por Conrado Escobar, y los responsables del Ministerio de Hacienda. De hecho, los primeros ya han solicitado dos prórrogas para la presentación de enmiendas, algo que no suele ser habitual que lo haga el partido que sostiene al Gobierno, que es del que parte la iniciativa legislativa.
Pero no es al Grupo Popular al único al que ha molestado la decisión de Montoro. La oposición del ministro también ha provocado el enfado generalizado de los más de 2.000 jefes de la Guardia Civil a los que afecta la Ley de Personal, muchos de los cuales ven cómo llueve sobre mojado, ya que no es la primera vez en la tramitación de esta normativa que Hacienda actúa contra sus intereses.
En concreto, el departamento de Montoro ya se opuso a que los alféreces –primera categoría de la escala de oficiales– cobraran en arreglo a su categoría profesional. Un primer borrador del proyecto de Ley de Personal propuesto por el Gobierno, que no llegó al Consejo de Ministros, reconocía que, como oficiales, estos profesionales deberían pertenecer al grupo A1 de funcionarios, con lo que les correspondería un aumento de sueldo, ya que actualmente no se les considera dentro de este nivel.
Tras conocer ese texto previo, el Ministerio de Hacienda se opuso a que los alféreces fueran incluidos en ese grupo A1. El departamento de Montoro argumentó que no había presupuesto y volvió a pasar a los oficiales afectados al grupo A2 de la Administración del Estado, de donde nunca han salido.
El presidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, Francisco García, llegó a calificar de “vergonzoso” el hecho de que estos funcionarios sufran esta discriminación. “Son oficiales, trabajan como tales y ejercen las funciones propias de los oficiales; sin embargo, no tienen el mismo sueldo”, criticó.
De hecho, el propio director general del instituto armado, Arsenio Fernández de Mesa, admitió que la situación era injusta durante una sesión del Consejo de la Guardia Civil celebrada el 17 de diciembre, tres meses antes de la aprobación del proyecto de ley. “Hay que luchar porque se mantenga el empleo de alférez y que se atienda como requiere el primer empleo de la escala de oficiales”, señaló en el citado foro Fernández de Mesa, quien añadió que la Ley de Personal podría ser un buen momento para arreglar el problema.
El texto elevado a Las Cortes por el Consejo de Ministros el pasado 21 de marzo, sin embargo, no contenía la propuesta de los alféreces. Tampoco la de la partida reservada a las escalas destinadas a extinguirse. Aunque este último punto está actualmente en plena discusión entre Grupo Popular y Ministerio de Hacienda. La duda de si finalmente la ley dota de plantilla (y por lo tanto de presupuesto) a las citadas escalas se resolverá previsiblemente mañana, que es cuando termina la segunda prórroga de presentación de enmiendas solicitada por los populares.
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha reivindicado en las reuniones mantenidas con el Grupo Popular y el resto de partidos del arco parlamentario que no tiene sentido condenar a cientos de mandos del instituto armado a los que les quedan aún 20 o 30 años de carrera profesional. La asociación ha llevado a cabo una campaña a través de las redes sociales con el fin de reclamar al Gobierno y al PP una reflexión.
La Ley de Personal unifica las cuatro escalas de oficiales en una sola, aunque impone condiciones para integrarse en ella a todas menos a la que agrupa a los mandos que salen de la Academia General Militar de Zaragoza y que actualmente ocupan todos los puestos de la cúpula de la Dirección General de la Guardia Civil. Estos últimos representan un tercio del total de mandos del instituto armado y son unos mil oficiales. El resto son mandos que ascienden por promoción interna.
Los primeros, por supuesto, no se han quejado de los requisitos que impone la ley, ya que ellos se integran directamente en la nueva y única escala de oficiales resultante. Los demás han mostrado públicamente su enfado tanto en las citadas redes sociales como a través de las asociaciones de la Guardia Civil, especialmente por medio de la Unión de Oficiales y de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
Los mandos de promoción interna están obligados, según el nuevo texto –aún en trámite parlamentario–, a realizar un curso de un año y a ascender a capitán si quieren integrarse. Actualmente hay más de mil oficiales por debajo de la categoría de capitán (800 tenientes y 350 alféreces) que no saben qué va a ser de su futuro, ya que sus posibilidades profesionales se verán seriamente mermadas en el caso de que se vean abocados (bien porque no hagan el curso bien porque no asciendan) a permanecer en una escala a extinguir. Así lo ha denunciado, de hecho, la Unión de Oficiales, que llegó a amenazar con llevar a cabo medidas de protesta presenciales a través de un comunicado.
Tanto las presiones realizadas por esta asociación sobre el Grupo Popular como el rumor de que el PSOE estaría dispuesto a hacer concesiones a algunas de las demandas del colectivo (entre ellas, permitir que la integración en la nueva escala tenga lugar desde el empleo de teniente) han provocado la reacción del equipo de Conrado Escobar, que esta pasada semana negociaba con el Gobierno (ministerios de Hacienda e Interior) el contenido de las enmiendas.
« Respuesta #365 en: 07 de Julio de 2014, 16:20:09 pm »
Los guardias civiles indignados protestarán de forma “llamativa” contra la ‘ley de castas’
Las enmiendas del PP en la Ley de Personal no satisfacen a los más de 2.000 mandos del instituto armado que se consideran perjudicados por la norma. El Grupo Popular, sin embargo, asegura que los cambios mejoran las "expectativas profesionales" de los oficiales que, por el momento, solo han alzado la voz en las redes sociales.
Roberto R. Ballesteros | 04/07/2014 - 11:41
La Ley de Personal de la Guardia Civil está siendo un dolor de cabeza tanto para los funcionarios a los que perjudica (los 2.000 oficiales del cuerpo de promoción interna) como para el Grupo Parlamentario Popular, que parece haber entendido sus reclamaciones, pero que también está condicionado por las limitaciones presupuestarias impuestas por Hacienda y por otros mandos del instituto armado, los que ingresan como jefes directamente desde la Academia General Militar de Zaragoza y que actualmente dominan la cúpula de la Dirección General y del Ministerio del Interior.
Estos últimos son los claros beneficiados del citado precepto propuesto por el Gobierno y que ha pretendido modificar el Grupo Parlamentario Popular sin demasiado éxito. El texto, que prevé cohesionar a todos los jefes de la Benemérita en una única escala –actualmente hay cuatro–, concede a los mandos procedentes de Zaragoza (Escala Superior de Oficiales) el privilegio de ser los únicos que se integran directamente en la nueva categoría. El resto, las otras tres escalas –todas conformadas por funcionarios que ascienden por promoción interna–, tendrán que cumplir varios requisitos y superar un curso.
El PP ha presentado 21 enmiendas al texto original que van en la línea de lo demandado por la promoción interna, la perjudicada, y que, según los populares, mejoran las “expectativas” de estos profesionales. Sin embargo, los afectados las han calificado de “insuficientes” y han tachado de “migajas” las propuestas de elevar ligeramente el presupuesto destinado a la creación de plazas para las tres escalas perjudicadas.
Los mandos indignados, encabezados por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) –asociación más activa contra la Ley de Personal–, critican que las enmiendas del PP no van encaminadas a que los perjudicados se integren en la nueva y única escala de oficiales que se creará tras la entrada en vigor de la ley, como pretende la norma. Por contra, según el presidente de la asociación de oficiales, Francisco García, “incentivan a los que se quedan en las escalas a extinguir para que continúen en ellas” y dificultan especialmente la integración a los alféreces y tenientes, que están obligados a ascender a capitán antes de aspirar a incorporarse.
Cohesionar el cuerpo
“El objetivo de la ley, como dice la exposición de motivos, es cohesionar la Guardia Civil uniendo a las escalas de mandos en una nueva y única escala, pero esto no se consigue con estas propuestas”, aclara García. “El funcionario que promocione a alférez en 2017, año en el que entra en vigor el texto, tendrá primero que ascender a teniente y luego a capitán para tener posibilidad de integrarse en la nueva escala de mandos, lo que no tendría lugar hasta después del 2027 o más”, añade a modo de ejemplo.
Por otro lado, “si lo que quieren es que los mandos de promoción interna sigamos en las escalas a extinguir, no nos pueden dar tan pocas plazas”, protesta García en referencia a unos de los puntos más peleados entre el Grupo Parlamentario Popular y punto sobre el que ha incidido directamente el Ministerio de Hacienda, ya que la dotación de plantillas lleva aparejada la asignación presupuestaria. “La oferta que propone el PP es insuficiente”, añade el presidente de UO, que asegura que esta modificación planteada por los populares dotaría únicamente de 57 tenientes coronoles a la condenada a desaparecer Escala de Oficiales, que cuenta con 1.867 funcionarios en activo.
Para la Escala Superior de Oficiales –conformada por los de la Academia General Militar–, sin embargo, se reservan 214 plazas de teniente coronel para sus apenas 936 efectivos. Es decir, cuatro veces más para la mitad de funcionarios. “Ni tan siquiera tenemos una dotación proporcional”, se queja García en nombre de los 1.867 oficiales indignados de la discriminada, según él, Escala de Oficiales, que se suman a los también tratados como guardias de segunda de la Escala Facultativa Superior y de la Escala Facultativa Técnica. En total, más de 2.000 mandos del instituto armado que conforman los oficiales de promoción interna y que siguen indignados por el tratamiento que les dispensa el Gobierno en comparación con sus ‘hermanos’ de la Academia de Zaragoza. “Si hay poco dinero, habrá que limitarlo para todos, no solo para nosotros”, protesta García.
“Nos sentimos decepcionados y defraudados”, explica. “Aún nadie del PP nos ha explicado por qué un teniente de promoción interna no tiene posibilidad de integrarse en la nueva escala de mandos mientras uno de acceso directo, recién salido de la academia, con un solo día de antigüedad, lo hace automáticamente sin tener que cumplir ningún otro requisito”, insiste. “Lo estamos leyendo en las redes sociales –subraya–, donde esta norma ha sido calificada como una ley de castas”. “Si el PP la aprueba sin admitir mejoras sustanciales, tendrá que cargar con la responsabilidad electoral de haber despreciado al 70% de los mandos de la Guardia Civil y a todos aquellos que tienen aspiraciones de llegar a serlo”, desafía.
La indignación es tal que los más de 2.000 mandos del instituto armado estarían dispuestos no solo a castigar en las urnas a los populares, sino a mostrar su malestar públicamente y no únicamente a través de las redes sociales. “Si no se transacciona sobre las enmiendas, habrá protestas”, advierte el presidente de UO, quien matiza que su colectivo está pensando en formas imaginativas de expresar su malestar, ya que los guardias civiles tienen prohibido manifestarse. “Estamos estudiando alternativas que por el momento no queremos desvelar, pero que serán creativas y llamativas, siempre dentro del respeto al ordenamiento jurídico”, adelanta.
El PP cuenta con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y en la Comisión de Interior, donde se tramita actualmente la Ley de Personal, por lo que podría aprobar la norma sin necesidad de buscar consensos. Sin embargo, fuentes parlamentarias aseguran que los populares no quieren cargar con la imagen de sacar adelante por sí solos un precepto que ya en las redes sociales, como ha recordado García, denominan ley de castas.
La Escala Superior de Oficiales (los de Zaragoza) está conformada por unos mil efectivos, un tercio del total de mandos que conforman la Guardia Civil, y sus miembros se integrarán directamente en la nueva escala. Los oficiales de promoción interna, sin embargo, tendrán que ascender a capitán y afrontar un curso antes de incorporarse a la citada escala si no quieren quedarse en un nivel a extinguir y con limitadas aspiraciones profesionales. Estos últimos representan dos tercios del total de mandos (unos 2.000) y se incardinan actualmente en tres grupos: Escala de Oficiales, Escala Facultativa Superior y Escala Facultativa Técnica.
Además de la cohesión de mandos, la Ley de Personal pretende equiparar con Bolonia la titulación de todos los oficiales, cosa que también ha levantado polvareda entre el colectivo. El espíritu de la norma entiende que los oficiales de Zaragoza se integran directamente en la escala porque la Ley 42/1999 de Régimen de Personal (predecesora de la actual que se están tramitando) equiparó sus estudios a los de licenciado. Sin embargo, no tiene en cuenta que gran parte de los mandos de la Guardia Civil del resto de escalas también tienen titulación, tanto de los que pertenecen a la Escala de Oficiales –donde hay incluso funcionarios con postgrados– como de los que están incardinados en alguna de las dos escalas facultativas –donde el cien por cien han hecho una carrera universitaria, ya que era el requisito para acceder–.
La Ley ha generado un aluvión de protestas a través de las redes sociales por parte de perfiles de usuarios vinculados a la Unión de Oficiales. Los funcionarios, visiblemente indignados, han arremetido en Twitter y en Facebook tanto contra los miembros del Grupo Parlamentario Popular como contra los representantes de los ministerio del Interior y de Hacienda, los dos que han tenido algo que decir en la materia. Este último departamento, el dirigido por Cristóbal Montoro, ha puesto serios impedimientos sobre todo en la asignación de plantillas para las escalas a extinguir.
« Respuesta #366 en: 13 de Julio de 2014, 15:57:28 pm »
La Ley de la Guardia Civil, más cerca del consenso entre PP y PSOE
Socialistas y populares, dispuestos a entenderse en los aspectos fundamentales de la norma. El aumento de la edad de acceso al cuerpo y facilitar la integración de los oficiales de promoción interna, principales puntos de encuentro.
Seguridad y Tribunales | 11/07/2014 - 11:59
La Ley de Personal de la Guardia Civil es un juego a cuatro bandas entre el Ministerio del Interior, el de Hacienda y los grupos parlamentarios popular y socialista. El resto de formaciones y las asociaciones de guardias civiles no puede más que sentarse a ver el ‘partido’ y, como mucho, hablar con los cuatro actores mencionados.
El interés del PP por hacer que esta ley salga con una imagen de consenso ha provocado que los populares concedan al PSOE un papel importante en la redacción del texto, ya que los primeros tienen mayoría absoluta y, si quisieran, podrían sacar adelante la norma sin requerir el apoyo de ningún otro grupo. Esta última actitud, sin embargo, no beneficiaría la imagen de los populares, sobre todo en una reforma legislativa que está siendo tan duramente criticada por la mayoría de los oficiales de la Guardia Civil, ya que es a los que más afecta.
De ahí que ambas formaciones se hayan reunido varias veces para negociar cuál va a ser el texto definitivo que saldrá de las Cortes y que el PSOE esté en disposición de establecer ciertas condiciones. Por ahora, según fuentes parlamentarias, ambas partes han acercado posturas en temas tan importantes para los funcionarios y la sociedad como desde qué categoría profesional se integrarán los oficiales o hasta qué edad podrá un ciudadano acceder al cuerpo.
El primer tema era una línea roja para los socialistas, que desde el principio han considerado innegociable que todos los tenientes puedan integrarse en la nueva y única escala de oficiales que se creará tras la entrada en vigor de la ley, a pesar de que el texto propuesto por el Gobierno exigía ser capitán antes de poder formar parte del nuevo modelo.
Este punto resulta de enorme trascendencia para los oficiales de la Guardia Civil, ya que –de entrar en funcionamiento como plantean los populares–, según algunas asociaciones del instituto armado, la norma provocaría la desmotivación de cientos de mandos afectados, que verían cómo se limitan sustancialmente sus posibilidades profesionales dentro de la corporación.
Entrar en la Guardia Civil con 40 años
Asimismo, las fuentes parlamentarias consultadas aseguran que PP y PSOE también están avanzando en las negociaciones relativas a la edad de acceso al cuerpo, que en estos momentos se sitúa en los 30 años y que podría incrementarse. Los socialistas propusieron aumentarla hasta los 45 años e incluir en la ley un punto que así lo estableciera, ya que actualmente el texto legislativo vigente no aborda la cuestión expresamente y lo deja para una norma de rango menor.
El Grupo Popular está dispuesto a negociar también este asunto y elevar la edad, aunque posiblemente no sea hasta los 45 años planteados inicialmente por los socialistas.
La reforma de la Ley de Personal de la Guardia Civil mantiene en vilo a miles de oficiales, mandos intermedios y agentes de base de la corporación, ya que regula aspectos que son trascendentales para la vida profesional de los funcionarios, como los ascensos –que se ralentizarán en las escalas más bajas–, los requisitos para entrar y salir del cuerpo o las titulaciones académicas que obtendrán los agentes, entre otros.
Más de 2.000 mandos del instituto armado han mostrado durante las últimas semanas su desacuerdo con varios puntos del texto. Lo han hecho a través de las asociaciones profesionales; en particular a través de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que ha lanzado una campaña por medio de las redes sociales con el fin de presionar a los parlamentarios. Esta agrupación, además, ha anunciado que llevará a cabo actos de protesta “imaginativos” y “llamativos” para expresar su malestar con la tramitación del precepto.
Estos actos, han matizado los oficiales, serán siempre acordes con las limitaciones impuestas por el ordenamiento jurídico español, ya que actualmente hay una norma que prohibe las manifestaciones reivindicativas de los funcionarios del cuerpo.
La Ley de Personal podría acabar su primera fase en el Congreso de los Diputados a finales de este mes de julio. Luego iría al Senado y, si ahí se proponen nuevos cambios, volvería a la Comisión de Interior de la cámara baja, que tiene capacidad legislativa y que aprobaría definitivamente la norma ya en el inicio del próximo curso.
« Respuesta #367 en: 21 de Noviembre de 2014, 08:36:47 am »
Cita de: 47ronin en 30 de Mayo de 2014, 16:37:56 pm
Anteproyecto de Ley de Personal de CNP
http://www.policias-cop.es/media/kunena/attachments/44/218575207-Borrador-Ley-de-Personal-09-04-14.pdf
El Consejo de Ministros aprueba hoy el proyecto de ley de Régimen del personal del Cuerpo Nacional de Policía
Hace 1 horas - EUROPA PRESS, MADRID
El Gobierno tiene previsto aprobar durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes el proyecto de ley de Régimen de Personal del Cuerpo Nacional de Policía, que potenciará la seguridad jurídica a los miembros del Cuerpo.
La reunión del Consejo de Ministros de este viernes estará presidido por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y contará con la asistencia de todos los miembros del Gabinete, a excepción del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que se encuentra en Bogotá en visita oficial a Colombia.
El proyecto de ley de Régimen de Personal del Cuerpo Nacional de Policía busca potenciar la seguridad jurídica a los miembros del Cuerpo y que, entre otras cosas, regulará la edad de jubilación de los policías. La propuesta es reconocer a los agentes de policía la posibilidad de permanecer en activo hasta los 65 años antes de pasar a la segunda actividad.
Asimismo, esta previsto que el Ejecutivo de luz verde al decreto sobre valoración y equivalencia de títulos universitarios.
« Respuesta #368 en: 19 de Enero de 2015, 14:55:31 pm »
Guardias civiles exigen a Interior que corrija la discriminación con policías
Agencia EFEAgencia EFE – Hace 56 minutos..
Madrid, 19 ene (EFE).- Cinco asociaciones de guardias civiles han enviado una carta al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que convoque un pleno extraordinario del Consejo de este cuerpo y explique la "flagrante discriminación" de estos agentes respecto a los policías nacionales y corrija esas diferencias.
En concreto, estas asociaciones se refieren a las diferencias que, según ellas, han quedado patentes en la Ley de Personal de la Guardia Civil, ya aprobada por las Cortes, y en la misma normativa de la Policía Nacional, que ha entrado ya en el Congreso.
La tramitación de esta última ha puesto "en pie de guerra" a los guardias y cinco de sus asociaciones -AUGC, UniónGC, UO, AEGC y ASESGC-, que han visto discriminados a sus agentes en ámbitos sociales, económicos, profesionales y de derechos, según subrayan en un comunicado conjunto.
Así, "observan con perplejidad" cómo el proyecto de ley de la Policía obliga a contratar un seguro de responsabilidad civil para los agentes, mientras que para los guardias civiles en su Ley "se asegura que no hay dinero".
Una "injustificada discriminación que de ningún modo puede ampararse en el carácter militar de la Guardia Civil", añaden.
Las asociaciones exigen que en la Ley de Personal de la Policía Nacional se incorporen las enmiendas necesarias para que, modificando a su vez la nueva Ley de Personal de la Guardia Civil, se corrija la discriminación existente.
Pese a que en un principio ambas normas iban a tramitarse de forma conjunta, finalmente se las dio curso de manera independiente porque, según estas asociaciones, "las diferencias y la discriminación habrían sido mucho más evidentes de haberlo hecho fe forma simultánea".
A su juicio, esto es una muestra de la "poca consideración" del PP hacia los guardias civiles, porque primero "se quitan de encima" la ley del instituto armado "sin admitir" las medidas de mejora y modernización de su régimen estatuario y de personal que pidieron, para "impulsar acto seguido la aprobación de la Ley de la Policía Nacional, incluyendo parte de estas cuestiones".
En su misiva, las asociaciones recuerdan al ministro que ya en diciembre solicitaron ese pleno extraordinario al Consejo, que lo denegó "sin más explicaciones".
Ahora, los representantes de los agentes del instituto armado quieren que Fernández Díaz comparezca ante el Consejo y explique por qué los guardias "no tienen derecho a disponer de seguro, por qué no se les reconoce la compatibilidad como a los policías, o por qué no se les reconoce una compensación en casos de baja por enfermedad que palíe la pérdida retributiva".
Y recuerdan que a los guardias no se les permite manifestarse ni reclamar ni casi expresarse en libertad, por lo que "el único medio" por el que pueden exponer formalmente su quejas e inquietudes profesionales es ante el Consejo.
"Si éste no se convoca, se cercenan los mecanismos que los guardias civiles tienen para la defensa de sus intereses sociales y profesionales", aseguran las asociaciones, que se preguntan si el titular de Interior "dará la cara o se esconderá tras cualquier maniobra de interpretación de las normas para no convocar el Consejo".
« Respuesta #369 en: 25 de Abril de 2015, 09:15:09 am »
PP: La Ley de Régimen Personal de la Policía Nacional es “uno de los mayores avances en décadas”
Federico Cabello de Alba subraya que “era necesario actualizar y fijar en una norma el régimen estatutario del CNP”, pues desde 1986 toda la normativa específica se encontraba dispersa en diversos cuerpos legales
Destaca el gran paso adelante en cuanto a adaptación a la realidad social y en cuanto a actualización normativa de nuestra Policía
El diputado del Grupo Popular Federico Cabello de Alba afirmó este jueves que el Proyecto de Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional es “uno de los mayores avances en las últimas décadas” para el Cuerpo Nacional de Policía (CNP).
En su intervención, el diputado popular hizo hincapié en que desde 1986 toda la normativa específica sobre Cuerpo Nacional de Policía “se encontraba dispersa en diversos cuerpos legales” y subrayó que “se hacía necesario actualizar y fijar, mediante una norma con el rango legal adecuado, el régimen estatutario del CNP adecuándolo a sus necesidades organizativas, funcionales y a las demandas del colectivo”.
Por estas razones, Cabello de Alba indicó que esta ley supone un gran avance “en cuanto a adaptación a la realidad social y a actualización normativa de nuestra Policía” y que su resultado final “es una buena ley”, que reúne todos los aspectos esenciales del régimen de personal de la Policía.
Entre ellos, destacó la definición de la línea marcada por el estatuto básico del empleado público adaptándose a la realidad actual, el avance en cuanto a igualdad de trato entre mujeres y hombres, la relación detallada de derechos individuales y derechos de ejercicio colectivo o el hecho de que, por primera vez, se lleve a cabo la ordenación de los derechos individuales en virtud de la relevancia constitucional de los bienes jurídicos protegidos, destacando el respeto a la dignidad en el trabajo y las situaciones de acoso sexual o laboral.
Además, incorpora a su régimen estatutario el derecho a que la Administración adopte medidas para la conciliación familiar y laboral y acoge derechos de representación colectivos en relación con la constitución de sindicatos de ámbito nacional.
También se ve reforzada la protección jurídica y económica de los funcionarios con la contratación de un seguro de responsabilidad civil para cubrir las indemnizaciones y cuantías derivadas de las exigencias de responsabilidad de los policías con motivo de las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de sus funciones, se flexibiliza el régimen de incompatibilidades permitiendo realizar un segundo trabajo, se mejora el sistema de formación de los procesos de promoción, se hace una merecida referencia al sistema de evaluación del desempeño, novedad incorporada por el estatuto del empleado público, y se contempla la regulación de la segunda actividad.
« Respuesta #370 en: 22 de Septiembre de 2015, 16:16:02 pm »
CERMI pide a la Defensora del Pueblo que recurra al TC el nuevo régimen de personal de la Policía por "discriminatorio"
21/09/2015 - EUROPA PRESS, MADRID
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que recurra ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional por contener algunos preceptos "discriminatorios por razón de discapacidad", bien por la tipología de la misma o por su origen.
Así lo recoge en un informe que el CERMI que ha enviado a la Defensora, en el que se explica que algunos artículos no respetan la Constitución Española ni la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Esta organización pide analizar el encaje constitucional del artículo 5.2 c), artículo 6; artículo 46.2; artículo 68.1 y el artículo 73.1 de la Ley Orgánica 9/2015. A su juicio, el nuevo texto legal "incurre en una confusión, por equiparación entre incapacidad permanente y jubilación, cuando la primera responde al análisis de capacidad en relación a un puesto de trabajo y por tanto, no puede ser causa de jubilación".
El informe indica también que "no se puede impedir el pase a segunda actividad de quienes estén en situación de incapacidad permanente, sin que sus capacidades hayan sido valoradas en relación a otros puestos y/o funciones", pues todo ello "incumple", a su juicio, el principio constitucional de que los poderes públicos deben trabajar para eliminar obstáculos que dificulten la igualdad de todas las personas.
El CERMI considera que no se puede producir "ningún tipo de discriminación" salarial ni de asignación de destino cuando una persona que adquiere una discapacidad es derivada a una segunda actividad.
En este sentido, el informe recuerda que la Convención de la ONU recoge que "los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad".
La Convención indica también que "Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación".
« Respuesta #371 en: 28 de Septiembre de 2015, 15:55:12 pm »
Fue ya aprobada la nueva ley de personal de la Policia nacional y finalmente añadieron la clausula de las Policias Autonomicas.
Alguién sabe como va a funcionar esta "pasarela" y como se debe tramitar?
« Respuesta #372 en: 28 de Septiembre de 2015, 17:44:24 pm »
Hemos de suponer que la norma necesita de un Reglamento que la desarrolle que a estas alturas no se ha aprobado.
« Respuesta #373 en: 14 de Octubre de 2015, 08:58:14 am »
Alguien sabe como se encuentra el proceso para pasar de Policia Autonomica a Policia Nacional?
Se que la ley fue aprobada pero no he encontrado nada mas sobre las bases.
« Respuesta #374 en: 14 de Octubre de 2015, 09:02:07 am »
Todavía no hay nada, lo que recoge la Ley de Personal es la posibilidad, que deberá desarrollarse reglamentariamente...
« Respuesta #375 en: 27 de Abril de 2016, 18:13:53 pm »
Policía Municipal tendrá un comité ético que investigará intervenciones donde se hayan producido lesiones graves
MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) - El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha anunciado este martes en el Pleno la creación del comité ético de la Policía Municipal, que tendrá entre sus funciones investigar de oficio incidentes en los que una intervención policial pudiera haber contribuido, directa o indirectamente, a la muerte de una persona o a producir lesiones graves.
También supervisará el funcionamiento del tratamiento de quejas referidas a la Policía Municipal con fuerte impacto en la confianza de la ciudadanía y las investigará. El comité se reunirá periódicamente con autonomía de funcionamiento con respecto a la Policía aunque tendrá podrá reunirse de manera excepcional ante la gravedad de los hechos a analizar. Estará compuesto por personas especializadas.￼ El objetivo de este organismo híbrido de control externo, de carácter permanente y consultivo, pasa por garantizar los derechos ciudadanos y aumentar la proximidad entre la ciudadanía y el Cuerpo. Funcionará sobre la base de la Recomendación del Consejo de Europa relativa al Código Europeo de Ética de la Policía.
El comité ético evaluará anualmente el grado de cumplimiento del código precisando el alcance de las quejas y denuncias ciudadanas sobre la actuación policial viendo cuáles son los ámbitos más afectados. Se trata de conocer así la "calidad democrática del servicio policial" en la ciudad, explican desde el área. El Ayuntamiento se compromete a ponerlo en conocimiento de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
« Respuesta #376 en: 27 de Abril de 2016, 18:56:49 pm »
Si es de control externo . . . qué capacidad de investigación tiene? . . . porque si hay lesiones graves, muertes o cualquier otro tipo de ilícito penal será el juez de instrucción al que le toque en el reparto quien entienda del asunto . . . si hay infracciones administrativas será AA.II. y G.D. los encargados de sustanciar el expediente . . . y la externalización no cabe ya que ha de ser un funcionario el responsable de asumir las funciones de Instructor y Secretario respectivamente . . . así que . . . dónde encuadramos este comité de ética externalizado? . . .
« Respuesta #377 en: 27 de Abril de 2016, 19:09:22 pm »
Cita de: Heracles_Pontor en 27 de Abril de 2016, 18:56:49 pm
En tiempos de Mora de la Cruz, alias donresolucionesnegativas, se abría expediente en el inmediato momento de conocer la existencia de una denuncia contra un funcionario, quedando dicho expediente a la espera de resolución judiciai...eso desapareció a raíz de......no les voy a contar ese "a raíz de" al no tener autorización de la persona que propició esa desaparición dado que es parte de este foro...ahora nos encaminamos hacia un comité de ética que valorará al margen de Gestión Disciplinaria en una apertura de expediente que servirá para...?
« Respuesta #378 en: 27 de Abril de 2016, 19:33:34 pm »
Se personaran contra el para policía actuante?
Esa es la confianza que tienen en sus policías?
Me parece que no vamos por ahí ni matando ni apalizando gente.
« Respuesta #379 en: 27 de Abril de 2016, 19:36:46 pm »
Cita de: Celestino en 27 de Abril de 2016, 19:33:34 pm
Y no solamente eso...sino que el Comité de ética creado en Cataluña de poco o nada ha servido para evitar que no se produjesen los hechos conocidos por todos y en el que se han visto involucrados varios Mossos.
Mire la fecha de la creación de ese Comité y cuente los casos que desde ese año han salpicado a los Mossos.
Un Comité de ética, sin capacidad para sancionar, por que no la puede tener, no frenará al policía que se excede, y de excederse para eso está el Juez.
Cita de: 47ronin en 17 de Julio de 2009, 11:22:53 am
El Comité de Ética de los Mossos también vigilará a las policías locales
Un informe anual evaluará el cumplimiento de un código de buenas prácticas
ORIOL GÜELL - Barcelona - 17/07/2009
El Comité de Ética del Departamento de Interior, creado tras el escándalo de las palizas en la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Les Corts, también vigilará a todas las policias locales de Catalu?a. Así lo establece el proyecto definitivo del Código de Ética de la Policía de Catalu?a, que ultima el departamento de Joan Saura (ICV) y en cuya redacción se ha tardado casi un a?o.
El organismo no tendrá poder para sancionar a los agentes
El código da al comité un poder suave que, al estilo del Síndic de Greuges, influya sobre la
actuación de los Mossos y las policías locales sin tener autoridad ni poder sancionador real sobre ellos. La herramienta para lograrlo será el informe anual que elaborará el comité, en el que se recogerán las malas prácticas en las que puedan incurrir los agentes. Interior confía en que dar publicidad a esas actuaciones -"un reproche moral", según el texto del código- servirá para que los responsables policiales tomen medidas para acabar con ellas. El comité no intervendrá en el caso de irregularidades graves o actuaciones delictivas, que seguirán su trámite actual en los tribunales y los órganos disciplinarios internos.
Las cuestiones éticas en las actuaciones policiales tienen una especial relevancia porque los agentes son los ejecutores del "monopolio legítimo de la violencia" que se reserva el Estado, recuerda el texto. Los agentes guían sus actuaciones según la formación y las instrucciones recibidas, y dentro de los límites marcados por la ley. Pero en ese marco, afirma el proyecto, cuentan "con un notable grado de discrecionalidad" que ejercen "en momentos críticos o conflictivos" para los que "no existen reglas predeterminadas".
Las recomendaciones del código pretenden lograr un doble objetivo. A nivel individual, dar a los agentes un marco de referencia que les sirva de guía para enfrentarse a esas situaciones. A nivel colectivo, "si las policías catalanas ajustan su comportamiento profesional a los deberes establecidos por este código, se verá reforzada su identidad como policía democrática".
Los 128 artículos del código se dividen en cuatro grandes bloques. El primero establece los principios generales que deben guiar la actuación de los agentes, como el de imparcialidad, no discriminación, sumisión al interés general y respeto a los derechos de los ciudadanos, entre otros. El segundo entra a explicar cómo deben actuar los policías en situaciones concretas. Algunos ejemplos son reservar el uso de la violencia para cuando sea necesario, la discreción a la hora de esposar y detener a los acusados, y las buenas formas para identificar y registrar a un sospechoso.
Los dos últimos bloques se centran en la formación de los agentes (que debe estar impregnada de los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos) y la responsabilidad y el control sobre sus actuaciones que deben asumir los agentes.
El proyecto ha sufrido notables cambios durante su redacción. Algunos de ellos han estado motivados por las aportaciones hechas por los sindicatos, el Colegio de Abogados de Barcelona, el Síndic de Greuges y las federaciones de municipios, entre otros agentes consultados. Pero los mayores obstáculos han venido de la dificultad de encajar en el marco jurídico un texto sin precedentes y con una frontera no siempre clara con los reglamentos y protocolos policiales. Un ejemplo es el primer borrador del Código de Ética, que establecía que no deben utilizarse armas de fuego "en los casos en los que pueda generarse un riesgo para personas no involucradas". El proyecto final, sin embargo, obvia este punto al asumir que la intervención de los cuerpos de élite en situaciones extremas, como la liberación de rehenes, tiene su propio funcionamiento y "siempre supone algún tipo de riesgo", según fuentes de Interior.
El Código de Ética será remitido ahora a la Comisión Jurídica Asesora antes de su aprobación por el Consell Executiu, previsiblemente antes de finales de a?o. La gran incógnita es cómo será recibido por algunos responsables de policías locales y alcaldes, que podrían interpretarlo como una injerencia por parte de Interior.
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 resolución