Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520821.html
Timestamp: 2019-03-20 15:54:21+00:00

Document:
Auto Supremo: 821/2015 - L Sucre: 16 de Septiembre 2015 Expediente: SC - 15 - 11 – S Partes: Carlos Carrasco Escobar y Kathyuska Cueto de Carrasco c/ Silvia
Jaqueline Rojas García y Lucy Patricia Rojas García
Proceso:Resolución de contratos de compra venta
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 299 a 302 y vta., interpuesto por Carlos Carrasco Escobar y Kathyuska Cueto de Carrasco contra el Auto de Vista Nº 337, de 22 de diciembre de 2010, cursante a fs. 296 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de resolución de contrato de compra y venta seguido por los recurrentes contra Silvia Jaqueline Rojas García y Lucy Patricia Rojas García; memorial de contestación al recurso de casación de fs. 304 y vta., Auto de concesión del recurso de fs. 305, los antecedentes del proceso; y:
Que, tramitado el proceso señalado al exordio, por Sentencia Nº 2,de fecha 18 de febrero de 2010 cursante a fs. 258 a 268 y vta., el Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, declaró:
Improbadas la demanda principal de fs. 11 a 13; Improbada la excepción de oscuridad e impresión en la demanda reconvencional de fs. 100 a 105; Improbada la excepción perentoria opuesta por las demandadas en su memorial de fs. 81 a 84; Probada la demanda reconvencional de fs. 81 a 84, respecto a la resolución del contrato de fecha 10 de octubre de 2007, por estar subordinado a un acontecimiento futuro e incierto; Probada la demanda reconvencional de fs. 81 a 84 en lo concerniente a la restitución que deben efectuar los demandantes a la demanda Silvia Jaqueline Rojas García.
Ordenando que los demandantes restituyan a Silvia Jaqueline Rojas García el monto de $us. 30.000 a tercero día de ejecutoriada la presente sentencia. Así como los pagos efectuados por esta última a favor de la operación Nº 302-701-8104591 a ser cuantificados en ejecución de Sentencia.
Sentencia que fue recurrida de apelación por los actores Carlos Carrasco Escobar y Kathyuscka Cueto de Carrasco a través del memorial de fs. 273 a 278 y vta., misma que fue resuelta por Auto de Vista Nº 337 de fecha 22 de diciembre de 2010, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que confirmó totalmente la Sentencia apelada.
Contra el referido Auto de Vista, los actores, interponen recurso de casación en el fondo, que es motivo de Autos.
1.- Que la prueba cursante a fs. 114 a 115 hace referencia a un documento privado de devolución del inmueble suscrito por Raymon Andrade devolviendo el inmueble que le fue dado en calidad de alquiler por Lucy Patricia Rojas García, quien no era propietaria, que motivo la interposición de un proceso penal en su contra (fs. 134 a 137)documental que no fue objeto de pronunciamiento por el por el Juez ni el Tribunal de Alzada, como tampoco se pronunciaron sobre las tachas opuestas contra los testigos como las atestaciones prestadas por estos.
2.- Que los recibos de pago presentadas por las demandadas fueron valoradas dentro de los alcances del art. 1307 del Código Civil,norma que no es aplicable al presente caso por no tratarse de una relación comercial sino un acto civil, al margen de que dichos recibos hubieran sido entregados por el Banco a las demandadas a efectos de viabilizar su crédito bancario.
Que no existiría prueba a efectos de acreditar el pago de $us 30.000 por las demandadas a favor de los actores, por una eventual venta del inmueble, motivo por el cual al haberse incumplido con los arts. 636 de 639 con relación al 568 del Código Civil, solicitan la resolución de los contratos.
3.- Que se suscribió dos contratos, el primero con Silvia Jaqueline Rojas García que no pudo ser cumplido por la misma, quien sugirió la firma de un segundo con su hermana Lucy Patricia Rojas García que tampoco fue cumplido debido a que no pagaron por la venta del inmueble y tampoco se subrogaron la deuda de lospropietarios, no siendo objeto de consideración y pronunciamiento el primer contrato como tampoco la demanda de resarcimiento de pago de daños y perjuicios.
4.- Que la Resolución recurrida no consideró los daños y perjuicios que sufrimos al no haber podido disponer del inmueble por el plazo de 22 meses desde la suscripción del contrato, pues el cambio de nombre y la compra de la deuda debía efectuarse dentro del plazo de 2 a 3 meses, tiempo en el cual la compradora se comprometió a realizar los pago de las cuotas correspondientes al financiamiento original de los propietarios al banco de Crédito.
5.- Que la Resolución tampoco se pronunció sobre la subrogación de la deuda,señalando la Sentencia que: “dada la subrogación contemplada en la cláusula tercera del contrato de compra venta suscrito por la Srta. Lucy Patricia García no reúne los requisitos del Art. 325 del Código Civil, es nula y por lo tanto la resolución del contrato de 10 de octubre de 2007 por incumplimiento voluntario de la demanda es improcedente” sin considerar que en la suscripción de ambos contratos no interviene la entidad bancaria, contratos en los cuales las demandadas en forma voluntaria se subrogaron la deuda que tenían los vendedores a favor del Banco, quienes podían recurrir a otros financiamientos para cumplir con el contrato y no lo hicieron.
6.- Que existeuna serie de fundamentos que sustentan la demanda y posterior recurso de apelación que no fueron objeto de pronunciamiento por el Juez de partido y por la sala Civil, correspondiendo al Tribunal Supremo pronunciarse sobre estos aspectos.
6 (bis).- Alegan que el Auto de Vista refirió que Silvia Jaqueline y Lucy Patricia siguen la demanda contra sus personas cuando ellas son las demandadas, confundiendo los sujetos procesales.
En la parte de su petitorio los recurrentes alegan la falta de motivaciónde las resoluciones a la que están constreñidas los juzgadores desobedeciendo el art. 3 del Código de Procedimiento Civil, quienes están obligados a cuidar que el proceso se lleve sin vicios de nulidad, para concluir su petitorio solicitando se case la resolución recurrida y declara probada la demanda principal.
En ese sentido, cabe precisar que la finalidad del recurso de casación en el fondo es la de unificar la interpretación de las normas jurídicas de nuestro país creando la jurisprudencia correspondiente. En tanto que la finalidad del recurso de casación en la forma, es la de anular la resolución recurrida o un proceso cuando en su sustanciación se violan formas esenciales sancionadas con nulidad por la Ley, por ello, la interpretación de las leyes que regulan las nulidades debe ser uniforme. En ambos casos, son de inexcusable cumplimiento los requisitos establecidos en el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, señalar en forma clara y precisa qué disposiciones legales se han infringido en la tramitación de la causa y cuáles son las causales de nulidad que invoca dentro de las permisiones legales que el ordenamiento procesal señala; asimismo, debe indicar en forma puntual qué disposiciones legales se han violado, aplicado indebidamente o interpretado en forma errónea en la Resolución de fondo, es más, cuando de prueba se trata, el recurrente debe identificar a ésta e indicar cómo debía apreciarse o valorarse con arreglo a la ley, no siendo suficiente citar determinadas disposiciones como infringidas sin la debida fundamentación.
Respecto a los agravios contendidos en los puntos 1, 3, 5 y 6, referidos a la falta de consideración y pronunciamiento por el Tribunal de alzada respecto a la documental de fs. 114 a 115 (documento privado de devolución del inmueble por un tercero a favor del demandante), 134 a 137 (fotocopias de proceso penal instaurado contra la demandada Lucy Patricia Rojas García), sobre las tachas interpuestas contra los testigos y la falta de valoración de las testificales; así como sobre el primer contrato de compra venta de inmueble de 10 de octubre de 2007; sobre la subrogación de la deuda que asumieron las demandadas;reclamos que son replicados en el punto seis, añadiendo que al no haber sido objeto de pronunciamiento ni consideración por el Juez ni por el Tribunal de alzada correspondería a este Tribunal su pronunciamiento sobre las mismas; al respecto y conforme la lectura de estos agravios se tiene que los reclamos están orientados a reclamar la falta de valoración de la prueba descrita, aspectos que necesariamente debieron ser acusados dentro de los alcances del art. 254 del Código de Procedimiento Civil, es decir, dentro de los alcances del recurso de casación en la forma y no en el fondo comoerradamente pretenden los recurrentes, toda vez que dichos agravios atacan la estructura de la Resolución y no el fondo de la misma debido a que no se cuestiona la errónea valoración de hecho o de derecho de dicha documental, sino su falta o ausencia de valoración por los jueces de instancia tiempo de pronunciar las resoluciones que resolvieron el fondo de la controversia, pretendiendo que estas omisiones o falta de pronunciamiento en que hubieran incurridos los jueces de grado sean subsanadas por este Tribunal.
Con relación al segundo y cuarto agravio relativo a que los recibos de pago presentados por las demandadas hubieran sido valoradas dentro de los alcances del art. 1307 del Código Civil, norma que no sería aplicable al caso por no tratarse de una relación comercial sino un acto civil, al margen de que dichos recibos fueron entregados por el Banco a las demandadas a efectos de viabilizar el crédito bancario; así como el reclamo en sentido de que en el proceso no cursaría documental alguna que acredite el pago de los $us. 30.000 por parte de las demandadas a favor de los actores por una eventual venta del inmueble, y el referido a la falta de consideración de los daños y perjuicios que hubieran sufrido al no haber podido disponer del inmueble por el lapso de 22 meses desde la suscripción del primer contrato, cuando el trámite del cambio de nombre y la compra de la deuda no debía sobre pasar de 2 a 3 meses; agravios que conforme la lectura de la Resolución recurrida no fueron objeto de consideración por el Tribunal de Alzada a tiempo de confirmar la Sentencia, aspecto que correspondía a los ahora recurrentes reclamar la falta de pronunciamiento dentro de los alcances del recurso de casación en la forma al considerar que el Tribunal hubiera omitido pronunciarse sobre agravios deducidos en su apelación, previa solicitud de complementación respecto al punto o puntos que según los mismos no fueron objeto de pronunciamiento sea cual fuera el fundamento del Tribunal de Alzada para no considerarlos y emitir pronunciamiento, conforme la facultad que le otorga el art. 239 con relación al art. 196 del Código de Procedimiento Civil, pues si consideraba que se ha generado una irregularidad o un vicio procesal sancionado con nulidad, al haberse vulnerado derechos fundamentales como componentes del debido proceso ante la falta de pronunciamiento, debieron hacer notar dicho aspecto en su debida oportunidad y no en etapa del recurso de casación, como erradamente pretenden los recurrentes, habiendo precluido su derecho de conformidad a lo dispuesto por los arts. 16de la Ley del Órgano Judicial, norma legal que dispone que los Tribunales deben conservar los actos procesales procediendo a la anulación solo cuando dicho vicio procesal afecte al debido proceso y el derecho a la defensa reclamados en el plazo oportuno reconocido por ley a los litigantes, de lo contrario quedará cubierta por el consentimiento tácito de las partes, como sucedió en el caso de Autos.
6(bis).- Respecto a la confusión de sujetos procesales en que hubiera incurrido el Ad quem, refiriendo que Silvia Jaqueline y Lucy Patricia Rojas García serían las demandantes, cuando las mismas son demandadas dentro de la presente causa; dicho agravio al margen de carecer de relevancia por no afectar a la decisión asumida, se tiene que las misma ostentan doble calidad en la presente causa al haber reconvenido la acción principal por extinción de la obligación de compra por imposibilidad sobreviniente y restitución de los pagos efectuados a nombre de Carlos Carrasco Escobar, que también es un aspecto de forma y no de fondo, máxime si los propios recurrentes solicitan se case la Resolución recurrida, interponiendo recurso de casación en el fondo empero alegando aspectos que hacen a la forma como se refirió precedentemente.
Por lo referido precedentemente, corresponde a este Tribunal fallar de conformidad a lo dispuesto por los arts. 271 num. 1) y 272 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de fecha 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 num. 1) y 272del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Carlos Carrasco Escobar y Kathyuscka Cueto de Carrasco, contra el Auto de Vista Nº 337, de fecha 22 de diciembre de 2010, cursante a fs. 296 y vta. Con costas.
Se regula el honorario profesional de las demandadas en la suma de Bs. 1.000.

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