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Timestamp: 2018-11-17 04:00:48+00:00

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JORNADA USO RACIONAL DE FITOSANITARIOS - ROJAS - PCIA BS AS
Aspectos tecnológicos y jurídicos sobre el uso racional y responsable de productos de acción química o biológica en zonas periurbanas. Las competenciasfederal, provincial y municipal. Ley 10699 y decreto reglamentario 499/91 - Proyecto de modificaciones reglamentarias del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires. Responsabilidad administrativa, civil y penal.
JORNADA USO RACIONAL DE FITOSANITARIOS - ROJAS - P...
1,2,3,4 UNIDAD Almacenes
Presentacion Laborde
Plan de Manejo Ambiental PECIG
CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN YUCATÁN
Diagnostico B.pa
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13-Silencio de Los Pajaros
La lucha antivectorial constituye un elemento fundamental de la actual estrategia mundial para combatir el paludismo.docx
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Acuña - Ponencia Encuentro Derecho Agrario - Colegio de Abogados de Rosario 2018- Contrato Agrario de Precio Mixto
EEA Pergamino – AER Rojas
Rural ROJAS
AER rO AER rO  Recaudos por deriva de pulverizaciones agrícolas. Ing.Agr. Pedro Daniel LEIVA – INTA AER rO Pergamino. …..2  Uso Racional de productos de acción química o biológica. Ley 10699, Decreto 499 y proyecto de modificaciones del Ministerio de Asuntos Agrarios. Abog. Juan Carlos ACUÑA – UNLP – CALP …………… 9
Recaudos por deriva en pulverizaciones agrícolas
Siete aspectos importantes para su manejo
Ing. Agr. Pedro Daniel LEIVA – INTA Pergamino 1. Introducción. La creciente utilización de plaguicidas alcanza cifras muy significativas, 250 millones de lt-kg/año que se distribuyen en una superficie cultivable de 30 millones de hectáreas, con el atenuante de estar conformado mayoritariamente por un herbicida de baja toxicidad utilizado en siembra directa. El constante avance de la ciudad hacia el campo incrementó los conflictos por denuncias de contaminación atribuibles a deriva de plaguicidas. La instalación de zonas buffer es una de las soluciones propuestas para limitar las posibilidades de contaminación, y donde no está permitido el uso de plaguicidas. Se está imponiendo el criterio de fijar distancias variables, acorde al sistema de aspersión (terrestre o aérea) y toxicidad del agroquímico para fijar la zona de exclusión. A continuación se describen las tecnologías básicas para atenuar los episodios de deriva. 2. La evaporación de la gota: terrestre vs avión. El tamaño o peso de la gota pulverizada cobra mucha importancia al momento de analizar su velocidad de caída o distancia la cual es arrastrada por el viento. Tal como hemos descripto en un trabajo previo (Mayo 2012, Visión Rural Nº 92, pg 43), el avión produce una gota de menor tamaño que un pulverizador terrestre y, en consecuencia dichos trabajos están más expuestos al fenómeno de deriva. Según cálculos teóricos, analizando velocidad de caída y altura de botalón, la gota generada por un avión cae a una velocidad 10 veces menor que la de un terrestre. Además, el ritmo de evaporación de una gota chica es mucho más intenso que otra de mayor tamaño. Como prueba de esta afirmación una fuente de referencia internacional (http://nac.unl.edu/buffers/guidelines/5_protection/3.html) asigna una distancia de seguridad en ríos y arroyos seis veces superior para trabajos con avión, 30 vs 180 m. 3. Factor condicionante: humedad relativa. Cuando la humedad relativa (HR%) es alta, la gota no evapora, lo que equivale a decir que no reduce su tamaño en el trayecto de caída. Como limite crítico de humedad establecemos 60% para trabajos con avión, con menos humedad se requiere el uso de antievaporante; cuando los trabajos se hacen por la vía terrestre el límite se establece en 50%. Con muy bajos registros de humedad relativa (menos de 40%), recomendamos suspender los tratamientos por considerar que no pueden mitigarse eficientemente con el uso de coadyuvantes. Respecto a la temperatura, existe una relación inversa con la HR% (Gráfico 1). La influencia negativa de las altas temperaturas se produce con menos del 40% de HR. En consecuencia el parámetro crítico es la HR%. Tanto a la mañana temprano como al atardecer se registran los valores más altos de humedad, no obstante a media mañana puede decender 30 puntos entre las 7 y las 9 hs, y recién se recupera sólo 12 puntos
entre las 17 y 19 horas. Esto quiere significar que baja rápido y se recupera lentamente, por lo tanto resulta crucial contar con un instrumento para medir HR% en tiempo real, ya que cuando el parámetro es inferior al 60% se requiere de la utilización de antievaporante. Un proceder equivocado, pero muy frecuente, es establecer restricciones de horario para los trabajos de pulverización. En el Gráfico 1 se observa que la HR% es menor al valor crítico a partir de las 9 hasta las 19 hs, y por lo tanto en esa franja horaria se podría trabajar usando antievaporante. En otras circunstancias podría trabajarse sin antievaporante a las 2 de la tarde mientras que la HR% supere el límite crítico.
Existe una paradoja importante de considerar. En ciertas circunstancias, tanto a las primeras horas de la mañana como durante el crepúsculo, hay alta HR% pero también se presenta un fenómeno peligroso, la inversión térmica, factor que analizaremos más adelante (detallado en Junio 2011, Visión Rural Nº 87, pg 21). 4. Factores de remediación: tipo de pastilla y altura de botalón. Comparando pastillas del mismo caudal, una tipo cono hueco y la otra abanico plano, la primera produce muchas gotas chicas, mientras que la segunda más grandes y en menor cantidad. En parte, esto se produce por la elevada presión de trabajo del cono (~5 kg/cm2). Sin dudas el pulverizado de un cono hueco genera mayor deriva que un abanico plano. Cuando en un tratamiento con un herbicida total (y más aún en situaciones de barbecho con mezcla de éste con hormonales) se combina cono hueco y bajo volumen el potencial de deriva se incrementa exponencialmente. Esta alternativa se ha difundido extensamente en el medio agropecuario argentino y constituye uno de los motivos principales de reclamos por deriva en tratamientos terrestres. En relación a la tecnología de insumo, las pastillas abanico plano antideriva (tanto convencional DG, como asistida por aire AI) reducen significativamente el potencial de deriva. Según ensayos conducidos bajo túnel de viento por el Instituto de Ingeniería Rural del INTA Castelar, comparando pastillas convencionales y antideriva con viento de 18 km/h, la deriva se redujo entre un 35 y 47%, 51 vs 27-33 metros (Gráfico 2). El ámbito de recomendación de estas pastillas es en bajos volúmenes de pulverización
(40-50 lt/ha) donde pastillas 015 (verde) en su versión convencional tienen una deriva potencial del 20%, mientras que las antideriva entre 9 a 4%, según se trate de DG o AI, respectivamente. En la medida que se incrementa el orificio de la pastilla la deriva se reduce, como así también las diferencias entre las antideriva y convencional. Para reducir deriva con equipos terrestres, describiremos una tecnología de proceso que permite aumentos en el tamaño de gota sin afectar la presión ni dosis de aplicación. Se trata de duplicar tanto el distanciamiento entre boquillas como el caudal de las pastillas. Para un equipo de 60 pastillas 015 (verde) a 35 cm, anulamos boquilla por medio y las reemplazamos por 03 (azul). Con este proceder mantenemos constante el volumen de pulverización, aumentando el tamaño de gota (aprox. de 240 a 300 µ, datos válidos para abanico plano y una presión de 40 lb/pg2). Los equipos automotrices, cuando pulverizan herbicidas, habitualmente trabajan a alta velocidad (17-20 km/h), situación que obliga a levantar mucho el botalón para evitar inconvenientes por su oscilación vertical. En pruebas realizadas por el IIR-INTA Castelar (Gráfico 3) se hallaron valores de deriva de 35 m para una altura de 85 cm, mientras que a 50 cm ese valor se redujo 63% (13 m). Por otro lado, comparando la deriva según dirección del viento, se observó que con viento la lateral resultó inferior que con viento frontal, 8 vs 13 m. Es decir que, para tratamientos de barbecho, es posible reducir un 77% la deriva ajustando la altura del botalón y la dirección de trabajo. 5. Deriva en trabajos con avión: efecto de vórtice. Ya hemos descripto en anteriores oportunidades las propiedades del avión como herramienta de pulverización (Mayo 2013, Visión Rural Nº 96, pg 28). Cuando el largo de la barra de aspersión y pastillas se aproxima a la envergadura del ala, se produce en los extremos del avión, un fenómeno conocido como vórtice. Este consiste en un remolino compuesto mayoritariamente por gotas pequeñas y orientadas hacia arriba. Por dicha condición, tamaño y dirección, esa parte del asperjado no llega al suelo y deriva. Datos de un proyecto de investigación conducido por el USDA-ARS determinó que cuando la barra de aspersión cubre en su integridad la envergadura alar la deriva toma un valor relativo de 2.5, cubriendo el 70% la deriva se reduce a 1, y cuando cubre el 60% toma un valor de 0.4; este último valor representa un reducción de más de 6 veces. En la práctica para conocer cómo el largo de la barra afecta la deriva, basta medir la distancia entre el extremo del ala y el primer aspersor. Por ejemplo en un avión de 14 m de envergadura, para que la cobertura sea 70%, esta distancia debe ser 2.1 m (=14-4.2/2). Habitualmente la barra cubre menos extensión cuando se pulveriza Glifosato o desecante, que cuando los trabajos se hacen con insecticidas o funguicidas (por que la deriva de herbicidas es incuestionable, sobre todo la de hormonales). Para reducir la deriva puede incrementarse fácilmente el tamaño de gota. Para realizar dicho ajuste, sin variar el volumen de pulverización, puede girarse el conjunto barrapicos hacia atrás respecto a la vertical, siempre y cuando el tipo de anclaje del botalón lo
permita. Dicho proceder da lugar a gotas de mayor tamaño cuando el aspersor se ubica hacia atrás, y de menor cuando lo hace hacia delante, como consecuencia del efecto de doble rotura del viento (Gráfico 4). Para el caso de barrales biselados dicho proceder no resulta posible y, deben implementarse articulaciones individuales para cada portapicos.
Un ejemplo práctico para reducir deriva en trabajos con Glifosato, es optar por el uso de pastillas abanico plano orientado hacia atrás (180º), con lo cual se minimiza la doble rotura que produce el aire, lográndose gotas de mayor tamaño. Para incrementar aún más el tamaño de gota deben utilizarse volúmenes medios, no inferiores a 10 lt/ha, y presiones de trabajo que no superen 30 lb/pg2. Otro criterio para reducir deriva es la elección del tamaño del avión. Según trabajos realizados por el USDA-ARS (Kirk, I.; 1998), aviones de mayor porte requieren de motores de mayor potencia y desarrollan una velocidad de crucero más alta. Para una velocidad de 120 km/h el DVM de la gota será 275 micras y el porcentaje del volumen total con gotas menores a 100 micras el 8%; mientras que otro avión trabajando a mayor velocidad, 160 km/h, producirá una gota más chica, DVM =160 micras, y el potencial de deriva se incrementará 3.5 veces, con un porcentaje del volumen total compuesto por gotas menores a 100 micras que se incrementa al 28%. En consecuencia para trabajos con herbicidas y/o en zonas peri urbanas los aviones chicos son preferidos por un menor potencial de deriva, además de una notable mayor maniobrabilidad en cortas distancias y un mejor copiado de obstáculos. 6. Inversión térmica: su relación con el viento El fenómeno inversión térmica (IT) ha sido extensamente desarrollado en Visión Rural (Junio 2011, VR Nº 87, pg 21). Trabajos realizados en USA (Brooks, FA, 1947; EPA, 1976) informan incrementos en la deriva bajo condiciones de inversión, de 5 veces cuando los trabajos se realizan con equipos terrestres (3 vs 15 m) y entre 7 - 8 cuando se utiliza avión (7 vs 50 m para gotas de 150 micras; 16 vs 132 m para gotas de 100 micras). Una gota cae tanto por efecto de la gravedad condicionada a su peso, como por el peso de la columna de aire que se encuentra sobre ella, por eso bajo condiciones de inversión cae mucho más lentamente, y más aún aquellas de pequeño tamaño. Los factores predisponentes para la ocurrencia de IT los podemos dividir en geográficos y climáticos. El agua como factor moderador de la temperatura hace que durante la mañana el aire próximo al suelo se caliente más lentamente y por ende prolongue las condiciones de inversión. Por ese motivo la IT es más severa en campos bajo riego con pivot central, cultivos bajo riego por inundación como el arroz, lotes próximos a ríos y arroyos, y aquellos con una posición baja dentro del relieve. Las noches despejadas permiten una mayor pérdida por irradiación del suelo y por lo tanto intensifican la IT, como así también lo hacen los climas continentales (en La Pampa la IT es más severa que en la costa Bonaerense).
Dado que bajo IT las capas de aire se encuentran estratificadas de menor a mayor temperatura a partir del suelo, para que ello persista se deben dar condiciones de muy poco viento por períodos prolongados (Fotografía 1). Por ende, nunca realizar trabajos de pulverización con poco viento o ausencia total de mismo. Otro peligro implícito de una baja velocidad de viento es que en esas situaciones varía mucho la dirección, y por ende no resulta posible establecer hacia dónde va la deriva. Dado que la velocidad promedio del viento varía con la estación del año (mínimo en otoño y máximo en primavera), este factor con indicador de IT toma distintos valores críticos, como promedio 4 km/h resultan indicativos de condiciones de IT, para los meses más ventosos (agosto y septiembre) entre 5-8 km/h, y para los menos ventosos el valor crítico se reduce a 2 km/h. La inversión térmica es un fenómeno continuo que ocurre todos los días, y que se inicia por la tarde una hora antes de la puesta del sol, como promedio anual 18:00 ± 2:30 horas; y finaliza una hora después de la salida del sol, como promedio anual 8: 00 ± 1:30 horas. De este análisis se deduce que el fin de proceso es más predecible que su comienzo, y por lo tanto es más riesgoso, por peligro de IT, trabajar hacia finales de la tarde que a primeras horas del día. Esto no es un dato menor, ya que tanto en las primeras horas del día como en el crepúsculo se dan condiciones de alta humedad relativa ambiente, habitualmente recomendadas por su bajo potencial de evaporativo. Es importante trabajar bajo condiciones de alta humedad, pero sin la presencia de inversión térmica. En la situación inversa, cuando se registra un viento de intensidad mayor a 8 km/h y dirección bien definida, resulta sencillo controlar la deriva, ya sea evitando pulverizar o bien hacerlo cuando la dirección del viento es opuesta a zonas sensibles. Según recomendaciones de FAO, una condición de viento ideal se ubica entre 7 y 10 km/h, no recomendándose trabajos con herbicidas a más de 10 km/h (porque sus daños resultan evidentes) ni trabajar con más de 15 km/h, porque la Ley lo prohíbe expresamente. Las estaciones meteorológicas autónomas, en cuanto al parámetro viento, registran en forma horaria valores de intensidad promedio, máximo absoluto y dirección (en grados: 0=norte; 90=este, etc.), contando con transmisión remota a una PC. Debe prestarse especial atención a los valores máximos tanto a como a la dirección desde donde sopla el viento, ya que un viento promedio de 11 km/h, si incluye máximos de 20 km/h resulta más peligroso que otro de 12 km/h con máximos de 15 km/h. En grandes establecimientos resulta frecuente disponer de una estación meteorológica, y aún así se registran problemas de deriva por falta de seguimiento. Los daños a áreas sensibles se intensifican tanto en función de la superficie tratada, como por su proximidad a zonas críticas. 7. Zonas buffer y toxicología: distancias Considerando los distintos plaguicidas, como promedio de toxicidad para los 260 principios activos inscriptos en Argentina, los insecticidas resultan entre 7 y 8 veces más tóxicos que el promedio de herbicidas y funguicidas. Considerando ahora los activos utilizados con mayor frecuencia en agricultura extensiva, la toxicidad relativa se amplia
mucho más, 27:1. Podemos decir entonces que el verdadero problema de contaminación por deriva se registra con insecticidas, rubro donde existe una amplia variedad de alternativas y resulta posible la elección de aquellos productos de menor toxicidad. Más aún hoy, con la incorporación de reguladores de crecimiento (IQ y CAM) y diamidas antralínicas, ambas banda verde. Referencias bibliográficas recientes, publicadas en forma conjunta por asesores de contratistas de pulverización y representantes de fabricantes de plaguicidas (Etiennot, A. & Piazza, A; 2010), aportan valiosa información al respecto de restricciones que se sugiere establecer en cuanto a distancias de seguridad para pulverizaciones; discriminando tanto por sistema de trabajo (terrestre y aéreo) como por clase toxicológica del plaguicida (Cuadro 1). Dichos autores siguieren no hacer tratamientos fitosanitarios a menos de 100 m de zonas sensibles, y no establecen restricciones para aquellos trabajos realizados a más de 1500 m. Además no sugieren hacer trabajos con avión a menos de 200 m de zonas protegidas, ni tampoco establecen restricciones para trabajos con equipos terrestres a más de 1000 m. Dentro de los límites restringidos, para las menores distancias sugieren seleccionar los plaguicidas de menor toxicidad. La interpretación de la información contenida en dicho cuadro permite concluir que, tanto la industria como los servicios de pulverización reconocen que deben establecerse zonas de amortiguación mínimas, entre 100 y 200 m; que los trabajos con avión implican riesgos mayores que los realizados con equipos terrestres, y finalmente que la selección de alternativas terapéuticas debe hacerse en base a la toxicología del producto y en función de la distancia al área a proteger. 8. A modo de epílogo: la supervisión técnica. Resulta importante la comparación con la medicina humana. Hace poco tiempo recurrí al farmacéutico para solicitarle me inyectara un analgésico por un intenso dolor de cintura. La respuesta fue contundente: “Ud. necesita la receta de un médico, y yo debo asentar la práctica en un libro foliado para garantizar las buenas prácticas y evitar incurrir en una mala praxis”. Yo me pregunto: si algo que sólo afectaría a mi persona tiene estrictas restricciones, donde la venta, prescripción y administración del medicamento está sujeta a la intervención de más de un profesional (médico, farmacéutico y enfermera), ¿cómo puede ser que un plaguicida, con potencial efecto nocivo sobre terceros y el ambiente, se venda y aplique sin control profesional? Resulta imprescindible contar con el conocimiento profesional (tecnologías de procesos)
tanto como con el instrumental de medición y los plaguicidas acordes a las situaciones dadas (tecnologías de insumo), todo a fin de garantizar riesgos mínimos al trabajar en la proximidad de zonas críticas. El Instituto de Ingeniería Rural del INTA Castelar ha desarrollado, conjuntamente con una empresa privada, una estación meteorológica móvil factible de instalar en los equipos de pulverización terrestre. Este insumo resulta de mucha importancia si se piensa en capacitar a un grupo de contratistas para trabajar en zonas próximas a centros urbanos, y a un profesional que los asesore y controle en forma remota desde una PC de escritorio. Este profesional podría ajustar la prescripción de pulverización acorde vaya cambiando cada situación particular, ya que dispondría de la información meteorológica y posicionamiento de cada equipo en tiempo real. La Ley de Agroquímicos de cada provincia establece la obligación de contar con un registro de profesionales inscriptos como asesores de la ley, y el registro de al menos las empresas contratistas de pulverización y sus equipos. Para los profesionales, los Colegios Profesionales tienen la obligación de organizar todos los años cursos de capacitación; y para las empresas de servicios existe la obligación de someter a sus equipos a una revisión técnica periódica y, a sus operarios a tomar cursos de capacitación sobre tecnología de pulverización y normas de seguridad. El presente trabajo constituye una síntesis práctica de tecnología de procesos para mitigar eventos de deriva de plaguicidas. No podemos garantizar que su instrumentación elimine totalmente el problema, pero si aseguramos que reducirá los casos de evidente negligencia o ignorancia. El estricto cumplimiento de la Ley de Agroquímicos es una condición primordial para cumplir el doble objetivo de resguardar la seguridad pública y garantizar resultados de control satisfactorios. Pergamino (BA), 19 de mayo de 2013
Uso Racional de Productos Químicos o Biológicos.
Ley 10.699, Decreto 499 y Proyecto de Reformas.
Aspectos jurídicos para regular eficaz y eficientemente todo el ciclo de los productos de acción química o biológica.
Abogado Juan Carlos ACUÑA – UNLP – CALP Juridico2741@yahoo.com.ar http://juridico2741.wordpress.com/
1. Introducción. Los conflictos vecinales, en la Provincia de Buenos Aires, especialmente por derivas en áreas periurbanas de productos genéricamente llamados “agroquímicos” pero que también reciben, a modo sinonímico, otras denominaciones como “plaguicidas”, “pesticidas”, “fitosanitarios”, “agrotóxicos”, han sido generados por factores concurrentes: a) Deficiente acción Municipal y Provincial de capacitación tecnológica de aplicadores en zonas periurbanas donde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dispone de técnicos en calidad y cantidad para el desarrollo de cursos de capacitación no solo para profesionales y aplicadores sino fundamentalmente para funcionarios públicos. b) Ausencia de completa información ambiental de carácter científico-tecnológico al servicio de la comunidad educativa y urbana que es función del Estado desarrollar. c) Equivocado enfoque legislativo municipal a través de ordenanzas que confunden los objetivos de protección, violan el principio constitucional de la estructura jerárquica de las normas al apropiarse de facultades regulatorias y de poder de policía que por ley le corresponde a la Provincia y desatienden legislativa y ejecutivamente las obligaciones materiales propias impuestas a los municipios bonaerenses en materia de ordenamiento territorial y uso del suelo y almacenamiento transitorio de envases usados. d) Inexistencia de acción pública, nacional, provincial y municipal, concreta y operativa, para ordenar un enfoque integral del ciclo de los productos químicos o biológicos, desde su elaboración hasta la disposición final de los envases vacíos, que no son inocuos aún con triple lavado y perforamiento1, y de productos vencidos o en desuso.2
De hecho los envases vacíos de productos químicos están contemplados como “residuo especial” en el marco de la ley provincial de Residuos Especiales nº 11.720, ley que tiene su correlato en la ley de Residuos Peligrosos nacional nº 24051. 2 Los productos químicos vencidos o en desuso es preocupación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que en su 126º Reunión recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud la necesidad de aplicar un Plan de Acción Mundial del
Si bien redundante debe señalarse que todos los productos de acción química o biológica para uso agrícola son autorizados y registrados por el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), es decir que no son productos “ilegales”. Respecto de la usual expresión “agroquímicos”3 para referirse a la vigente ley provincial nº 10.699 y su decreto reglamentario nº 499 debe decirse que es incompleta y defectuosa pues la ley no sólo se refiere a productos de uso agrícola de “acción química” sino también comprende los productos de “acción biológica”; también debe decirse que comprende los productos de “acción química” de uso doméstico y desinfección de lugares públicos como hospitales, escuelas, etc. y cuyos principios activos, especialmente insecticidas, son los mismos que los usados en la actividad agrícola si bien con distintos grados de concentración pero no menos letales ante su mal uso o almacenado en lugares inadecuados al alcance de los niños4. Si bien la problemática se ha concentrado en las aplicaciones, aéreas y terrestres, en cultivos agrícolas extensivos (cereales y oleaginosas), la ley es mucho más amplia pues está dirigida a la protección de la salud humana, de los recursos naturales y de la producción agrícola que no sólo comprende los cultivos de cereales y oleaginosos sino también los hortícolas, frutícolas y forestales, como también comprende a la producción animal respecto del uso de antibióticos, acaricidas, y otros productos sanitarios que residualmente pueden ser bioacumulativos en la cadena alimentaria. Pero hay algo más: La Ley 10699 no sólo comprende los productos de “acción química” y “acción biológica” para control de insectos, malezas, bacterias y hongos en las plantas o sus frutos, sino también queda comprendida en la ley “los fertilizantes químicos o biológicos” y “las prácticas y/o métodos de control de plagas que sustituyan total o parcialmente la aplicación de productos químicos y/o biológicos…” tal el caso de prácticas tecnológicas de “manejo integrado de plagas”5 (MIP), “producción agroecológica”6 y/o “producciones orgánicas”7 sobre las cuales está pendiente
Enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional. En la resolución para la gestión racional de plaguicidas en desuso INSTA a los Estados Miembros que “adopten y refuercen políticas y leyes racionales en el nivel nacional en materia de manipulación y eliminación seguras de plaguicidas en desuso y otras sustancias químicas en desuso.”; también en la resolución insta a los Estados Miembros “a que creen capacidad o refuercen la existente, para regular la gestión racional de los plaguicidas y otras sustancias químicas durante su ciclo de vida, como medida preventiva para evitar la acumulación de sustancias químicas en desuso.” 3 La expresión sólo aparece en el artículo 10º vinculado a gestionar, ante el Estado Nacional, la exclusión de productos autorizados por SENASA cuando “por su alta toxicidad, prolongado efecto residual y/o por cualquier otra causa que hiciere peligroso su uso” sea desaconsejable su empleo. En el artículo 11º la ley aplica la expresión “plaguicida” “especialmente aplicado a actividad “hortifrutícolas” determinando un período de “carencia” entre la aplicación y el consumo del producto. 4 Ministerio de Salud de la Nación. “Entre las plagas y los agroquímicos: un estudio sobre el uso doméstico de pesticidas.” (Amable, Digón, Rodríguez y García) 5 Prácticas que se basan en la utilización de información sobre el ciclo de vida de las plagas y sus interacciones con el medio ambiente procuran minimizar el uso de plaguicidas pero no los excluye; sólo en producciones orgánicas se procura el uso de plaguicidas de origen no químico; la práctica no sólo es aplicable a cultivos agrícolas sino también en el hogar, el jardín o el lugar de trabajo. Los programas de MIP enfocan cuatro etapas: a) Determinar el umbral de acción; b) Monitoreo e identificación de plagas; c) Prevención y d) Control. 6 Prácticas basadas en balances naturales de especies vegetales, rotación de cultivos, estrategia de policultivo; MIP; diversificación vegetal y animal. Esta corriente teórica fue originalmente impulsada desde la Universidad de California, Berkeley y encuentra un alto referente en Miguel A. Altieri. Profesor de Agroecología. (http://www.agro.unc.edu.ar/~biblio/AGROECOLOGIA2[1].pdf) .Si bien existen casos en desarrollo, los mismos se localizan en sectores campesinos o pequeños agricultores de Brasil, Perú, Méjico y Centroamérica, en estos casos si bien en distintos grados, los pequeños agricultores reciben estímulos estatales pues sus rentabilidades (superávit
profundizar la investigación y desarrollo tecnológico como también, especialmente en agroecológicas u orgánicas, mecanismos de estímulos estatales e incentivos, concretos y verificables, de carácter tributario, económico y financiero, para su adopción por los agricultores tal como lo aplican países que evidencian avances en este campo. Llamar a la Ley 10699 como “ley de agroquímicos” es una simplificación, no obstante hacemos uso de la expresión “agroquímicos” que se ha popularizado como concepto comunicacional y globalizador de todo producto de “acción química y/o biológica” que cumplen funciones insecticidas, herbicidas y fungicidas de uso agrícola o doméstico. 2. Los Organismos Internacionales, la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA) y el uso racional de productos químicos o biológicos. El primer aspecto jurídico a relevar son los convenios y tratados que, junto a la Constitución Nacional, están en la cumbre de la pirámide jurídica estatal, emanados de organismos internacionales, de los cuales Argentina es Estado Miembro, como así también sus recomendaciones, directivas y Guías de Buenas Prácticas ordenadoras de los ejes legislativos en el marco de la doctrina constitucional nacional. En 2002 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) publica una Guía para las Buenas Prácticas para la Aplicación Terrestre de Plaguicidas proponiendo método del proceso de toma de decisión sobre aplicaciones, aspectos de seguridad, aplicación, revisión previa equipos de aspersión (precauciones previas, aplicación a campo y recaudos después de la aplicación); medidas de seguridad para protección del operario; reparación y mantenimiento de equipos; etc. En el mismo año 2002 la FAO publica la Guía de Buenas Prácticas para la Aplicación Aérea de Plaguicidas, entre otros la Guía aborda cuestiones sobre adiestramiento de pilotos y de personal de apoyo terrestre; selección del equipo de aspersión; uso correcto de los pesticidas; evaluación de alternativas para el uso de plaguicidas; selección de productos; información de las etiquetas; mezcla en el tanque; seguridad para operarios; revisiones del equipo aspersor; calibración; operación en la pista de aterrizaje; contenedor de plaguicidas; etc. En el tema plaguicidas debe destacarse la labor conjunta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la FAO, a través del Código Internacional de Conducta sobre la Distribución y Utilización de plaguicidas (2009) generando “directrices para desarrollar un sistema de información de incidentes de salud y medioambientales causados por exposición a plaguicidas”.
comercial) no siempre son compensadas satisfactoriamente por el mercado de productos agrícolas con consumidores que, en alta medida, no diferencian precios entre un producto convencional y un producto agroecológico. (no hay identificación ni certificación que lo acredite que permita aumentar el valor del producto generado y su validación por el consumidor). – Se ha dicho que en el Sur de Brasil la experiencia de producto agroecológico tiene menor precio al convencional pero sólo alcanza ferias locales aledañas a su área de producción; la preferencia del consumidor está guiado por el precio y no por la valoración de un producto libre de pesticidas en la etapa de producción. 7 La “producción orgánica” está conectada con la “producción agroecológica” pero según Altieri no es lo mismo: a) la producción orgánica tiende al monocultivo – b) la producción agroecológica tiende al policultivo. c) La producción orgánica debe certificarse y etiquetarse para su ingreso al mercado (sus costos son altos)
Es la OMS quien determina la clasificación toxicológica, labor en permanente revisión y actualización8; también determina que los Estados Miembros deben reglar, conforme a las directrices de la OMS, las obligaciones de los fabricantes de publicitar en sus etiquetas o marbetes el color identificatorio de su clase toxicológica, principios activos de formulación, recomendaciones de correcto uso y procedimientos ante incidentes de intoxicación, no sólo para productos de acción química o biológica de uso agrícola, sino también para fines sanitarios o domésticos. Organización Mundial de la Salud (OMS) DL50
Banda Color ROJO ROJO AMARILLO AZUL VERDE
Categoría Toxicológica Ia Ib II III IV
Clasificación Peligrosidad Extremadamente Peligroso Altamente Peligroso Moderadamente Peligroso Ligeramente Peligroso Normalmente no Peligroso
La sigla “DL50” es una forma de explicar el grado de toxicidad ante el suministro oral de una determinada cantidad del producto, conceptualmente es la “dosis letal mediana para desarrollar una intoxicación aguda” que puede producir afecciones crónicas hasta la muerte; la unidad de medida surge experimentalmente al administrar oralmente dosis del producto que se trate, a un grupo de ratas albinas adultas jóvenes y cause la muerte de la mitad (50%) en un plazo de 14 días. Dentro de la familia de los denominados fitosanitarios o plaguicidas, y siguiendo la clasificación de la FAO, pueden identificarse tres grandes grupos:    Organoclorados. (a partir de 2001 en proceso de eliminación y prohibiciones.9 Organofosfatados. (extremadamente peligrosos).10 Piretroides Sintéticos. (menos tóxicos – más caros).11
La última se realizó en el año 2009. Contiene cloro y átomos de cloro mezclados; los Organoclorados no se descomponen fácilmente y pueden permanecer activos por mucho tiempo, pueden evaporarse y desplazarse por la atmósfera; debido a sus persistencia en el medio ambiente se los conoce como COP (contaminantes orgánicos persistentes), a Partir de la Convención de Estocolmo de 2001 sobre COP se identificaron 12 productos para su eliminación y están prohibidos (entre ellos el DDT, Mirex, aldrín, endrín, etc.), otros siguen utilizándose buscándose alternativas de reemplazo. 10 Plaguicidas menos persistentes en el tiempo que los Organoclorados pero pueden ser mucho más tóxicos. Son neurotoxinas que pueden afectar el sistema nervioso. Mucho de los fosfatados considerados más peligrosos han sido prohibidos como Paratión, Paratión Metilo, Fosfamidón, Metamidofos. Los organofosfatados tienen una vida útil más limitada en el tiempo que los Organoclorados. 11 Los piretroides sintéticos son químicos hechos a partir de insecticidas naturales fabricados con la flor del crisantemo; es una alternativa menos tóxica que los organofosfatados. Sólo tres piretroides han sido clasificados como altamente peligrosos por la OMS. En los países industrializados los piretroides sintéticos son más ampliamente usados que los plaguicidas organofosfatados. Su precio es mucho más alto lo que hace que en muchos países, especialmente en desarrollo o subdesarrollo, se siga recurriendo a los Organoclorados u organofosfatados, más baratos, si bien más peligrosos aún autorizados para la venta. En estos países es urgente la acción pública estatal para articular incentivos para una progresiva adopción de plaguicidas menos peligrosos.
A nivel nacional, por decreto nº21/2009 del Ministerio de Salud de la Nación, se crea la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos12 (CNIA); que inició un relevamiento de la legislación provincial en materia de registro de productos, de asesores, de aplicadores, de tratamiento de envases, sobre comercialización, gestión de envases; también presentó un proyecto piloto sobre gestión de envases de agroquímicos y sus contenidos residuales; expuso una experiencia de Planta de Tratamiento de envases de agroquímicos a pequeña escala; también presentó un proyecto de resolución conjunta entre los Ministerio de Salud y el de Agricultura, Ganadería y Pesca que proponen denominar “Programa Federal para el Fortalecimiento de los Sistemas Locales (provinciales) de control de Plaguicidas”. Uno de los productos que concentró la atención de la CNIA fue el glifosato, un herbicida de difundido uso y objeto de creciente objeción social movilizado por percepciones más que por la realidad científico-tecnológica, de hecho hasta se registraron iniciativas legislativas en la provincia, partir de 2008, para establecer su prohibición en territorio provincial en un contexto contaminado por tensiones sociales entre productores y gobiernos absolutamente ajenas a las cuestiones ambientales y a la salud humana. La CNIA produjo un informe (julio 2009) que en gran medida aplacó el alarmismo que había provocado la difusión del informe de Andrés Carrasco del Laboratorio de Embriología Molecular sobre los efectos del glifosato en la salud humana; las conclusiones del Informe Carrasco fue centro de algunos reparos metodológicos y objeciones en los procedimientos científicos no sólo de la comunidad científica nacional sino también internacional, si bien Carrasco señaló en las conclusiones de su informe que se trata de un enfoque “experimental” que no pretende ser un estudio “ecotoxicológico” del glifosato, sino que su propósito es “encarar con marcadores moleculares y otras técnicas, la investigación de los mecanismos celulares propios del desarrollo embrionario normal, que pudieran estar involucrados en su alteración.” El informe de la CNIA coloca al herbicida en un punto de racionalidad sin desconocer que se trata de un producto de acción química cuyo estudio y seguimiento no debe abandonarse y que ningún producto de “acción química o biológica” puede ser considerado de “riesgo 0” sea su uso agrícola, sanitario o doméstico. En este sentido, respecto del glifosato, el informe de la CNIA, entre sus conclusiones, expresa en forma terminante: “En base a la información relevada a la fecha del presente estudio, cabe concluir que bajo condiciones de uso responsable (entendiendo por ello la aplicación de dosis recomendadas y de acuerdo con buenas prácticas agrícolas) el glifosato
En su composición hay representantes del Ministerio de Salud; de Agricultura, Ganadería y Pesca; del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; del Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria; de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; del Instituto Nacional de Alimentos; del Instituto Nacional de Tecnología Industrial; de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; del Ministerio de Trabajo; de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo; de la Cámara de Diputados de la Nación; de la Cámara de Senadores de la Nación y de la representación argentina de la Organización Panamericana de la Salud.
y sus formulados implicarían un bajo riesgo para la salud humana o el ambiente.”; agregando “…Ello sin perjuicio de la necesaria ejecución sostenida en el tiempo de controles sistemáticos…” controles científicos-tecnológicos que es deber del Estado diseñar, implementar y ejecutar. Entre los Acuerdos e instrumentos internacionales vinculados a la temática del presente pueden citarse:       Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de deshechos y otras materias de 1972 y su Protocolo de 1996 (1972. Londres) Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Deshechos Peligrosos y su Eliminación. (1989). La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.(1992 – “Declaración de Río” – Brasil) El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. (“COP” – Organoclorados)(2001) Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. (2002 – Sudáfrica) Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimientos fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. (2004 – revisado en 2008) Reglamento Sanitario Internacional (2005). Conferencia Internacional sobre la gestión de los Productos Químicos. Enfoque Estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional. (2006 – Dubai) La Declaración de Bali sobre la gestión de los deshechos en pro de la salud y los medios de vida humana.(2008)
3. La competencia federal en materia normativa. Con relación a la comercialización de productos químicos o biológicos y coadyuvantes para control y protección de cultivos desde 1958, por Decreto 3489 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), está sometida al contralor y reglamentación de la clasificación de los productos bajo la jurisdicción del PEN a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación Por decreto 5769/59 del PEN se reglamentaron las categorías y registro de productos como también aspectos vinculados a la composición, dosis y proyecto de marbete para su inscripción en el registro de productos con intervención de profesional de la agronomía en carácter de asesor técnico de la empresa solicitante de inscripción. Por ley 18073/69 y 18796/70 el PEN prohibió el uso de algunas sustancias y fijó límites máximos de residuos de plaguicidas en los productos y subproductos agropecuarios; asimismo se reserva el PEN la facultad de establecer normas para el uso, elaboración, industrialización, venta, transporte y almacenamiento de los plaguicidas, como así también las referentes al tránsito, faenamiento de los animales e industrialización de productos y subproductos de origen animal o vegetal en su relación con los plaguicidas.
Por resolución nº 440/1998, y su modificatoria nº350/1999 de la ex – SAGPyA, se aprobó la aplicación en todo el territorio nacional del “Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro de Productos Fitosanitarios”, adoptando las recomendaciones de la FAO y armonización normativa en el seno del Grupo Mercado Común del MERCOSUR. A partir del 2001 el SENASA inicia, a través de la Dirección de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos, una intensa acción normativa en la elaboración, seguimiento, aplicación y supervisión de las normas y reglamentaciones que hacen a la producción, comercialización y uso de productos agroquímicos y biológicos utilizados para la producción y comercialización agrícola y en el control de plagas; entre las acciones a su cargo se indican: 1) Elaborar y proponer las normas técnicas y los requisitos para la producción, comercialización y “uso” de productos agroquímicos y biológicos; 2) Intervenir en la aprobación, restricción o prohibición de la producción, comercialización o el uso de los productos agroquímicos y biológicos; 3) Colaborar en las tareas de fiscalización y cumplimiento de las normas técnicas-administrativas de la producción, comercialización y “uso” de productos agroquímicos y biológicos. En setiembre de 2012 el SENASA actualiza y publica el Manual para la Aplicación de Fitosanitarios en el marco de la misión asignada al organismo nacional para establecer normas en materia de sanidad y calidad animal y vegetal, entender en la fiscalización de la calidad agroalimentaria asegurando la aplicación del Código Alimentario Argentino, en el control del tráfico federal, importaciones y exportaciones de productos, subproductos o derivados de origen animal y vegetal, productos agroalimentarios, fármaco-veterinarios y agroquímicos, fertilizantes y enmiendas. El Manual contiene, entre otras, normas técnicas y recomendaciones para ser incorporadas en las normas provinciales que no la tuvieran contempladas y adopción por los usuarios para la utilización de productos fitosanitarios, responsabilidades, etiquetas o marbetes, elementos de protección personal, registro de aplicaciones, preparación del caldo de aplicación, recaudos para antes de la aplicación, condiciones ambientales de aplicación, aplicación, período de carencia, período de reingreso al lote, post aplicación, precauciones de exposición y vigilancia de la salud, control de exposición, trabajadores, transporte, almacenamiento y disposición final de envases de agroquímicos. Por el principio de organización política federal, la Nación dispone de competencia normativa pero la aplicación y ejecución de las normas nacionales es competencia de las provincias por aplicación de la Constitución Nacional; a nivel nacional en materia vegetal, animal y recursos naturales, rige el principio de “leyes o normas convenio” o también llamadas “de adhesión”, es decir que una norma nacional será operativa en la provincia previa validación por las legislaturas provinciales u organismos de aplicación provincial; también puede decirse que, como principio general, los particulares bonaerenses, en materia de fitosanitarios, estarán obligados por una norma nacional siempre que previamente, la norma nacional, haya sido convalidada por la adhesión del Estado Provincial mediante ley provincial o resolución de la autoridad provincial.
Un ejemplo reciente, de lo que acabamos de comentar, lo encontramos en la Resolución 299 del 2 de julio de 2013 del SENASA creando el Sistema Federal Integrado de Registro de Aplicadores de Productos Fitosanitarios con el básico objetivo de crear una única base de datos de carácter público, sin duda un importante, trascendente y útil objetivo, no obstante el artículo 5º de la resolución, textualmente expresa: “Invitación de adhesión al Sistema Federal. Se invita a los Organismos competentes Provinciales a adherirse al Sistema Federal Integrado de Registro de Aplicadores.” 4. La competencia provincial en materia ejecutiva. La materia temáticamente abordada en el presente está específicamente regulada por normas provinciales, asignando al Ministerio de Asuntos Agrarios el Poder de Policía y determinando que la sustanciación de procedimientos y regímenes de sanción a las transgresiones estarán bajo su órbita en su carácter de autoridad de aplicación de la ley 10.699 y en el marco de la Ley Provincial de Faltas Agrarias. 4.1. La ley 10.699/88 de Protección de la Salud Humana, recursos Naturales y la Producción Agrícola mediante el Uso Racional de Productos Químicos o Biológicos.
Es por Ley 10.699/88 que se establece como objetivos la protección de la salud humana, los recursos naturales y la producción agrícola a través de dos acciones: a) correcta y racional utilización de agroquímicos y b) evitar la contaminación de los alimentos y del medio ambiente. En el artículo 2º establece que “quedan sujetos a la disposiciones de esta ley y sus normas reglamentarias dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires” las siguientes actividades: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Elaboración Formulación Fraccionamiento. Distribución. Transporte. Almacenamiento. Comercialización o entrega gratuita. Exhibición. Aplicación y locación de aplicación.
Tal puede inferirse de la redacción de la ley 10.699 la jurisdicción sobre estas actividades es una atribución de la Provincia, no de los municipios; y designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Asuntos Agrarios a través de la Dirección de Fiscalización Vegetal, debiendo coordinar su acción (artículo 3º) con el Ministerio de Salud de la Provincia; se faculta al Ministerio de Asuntos Agrarios a coordinar su acción con otras reparticiones estatales.
Por el artículo 4º de la ley se ordena al Ministerio de Asuntos Agrarios la creación, organización y actualización de “registros de inscripción obligatoria” de fabricantes, formuladores, fraccionadores, distribuidores, expendedores, aplicadores por cuenta de terceros, transportistas y depósitos o almacenamiento. Es decir que en el Registro Provincial deben inscribirse las empresas de prestación de servicios de aplicación terrestres a terceros (léase productores que contratan los servicios), a ello se agregaría los servicios de aplicación aérea que adicionalmente deberán cumplir con los requisitos y exigencias de los organismos nacionales de navegación y control aéreo. En el artículo 5º establece, “con excepción” de transportistas, locadores de aplicación (léase productores agrarios) y depósitos o empresas de almacenamiento, la obligación de contar con “un asesor o director técnico profesional ingeniero agrónomo u otro título habilitante matriculado…” En el artículo 7º la ley establece una clasificación de los agroquímicos en: a) De uso y venta libre; b) de uso y venta profesional y d) de uso y venta registrado. En el artículo 8º dispone que para los agroquímicos de uso y venta profesional y registrado deberá expedirse “Receta Agronómica Obligatoria” (RAO). 4.2. Decreto Reglamentario 499/91 de la Ley 10699
La ley 10.699 fue reglamentada por el decreto 499/91 vigente; reitera la disposición legal de atribución de competencia a la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Asuntos Agrarios (art.1º); reglamenta los Registros de Inscripción (arts. 4º a 11º) para los formuladores, fabricantes, fraccionadores, distribuidores, expendedores y depósitos de agroquímicos, que lleva el Ministerio de Asuntos Agrarios a través de la Dirección de Fiscalización Vegetal; sólo contempla entre los requisitos, de jurisdicción municipal, que los solicitantes de inscripción deberán presentar “permiso municipal de radicación” por su calidad de “comercio” sujeto a habilitación municipal. En los artículos 16º a 20º reglamenta los “Centros Apícolas” determinando como función del Ministerio de Asuntos Agrarios su promoción e inscripción en un registro provincial; otorga al Ministerio la facultad de “promover acuerdos zonales y regionales entre los centros apícolas y empresas aplicaderas” para articular “sistemas de aviso más dinámicos y más seguros” (art.20º). El decreto 499/91 dedica los artículos 21º a 38º la reglamentación de las “Empresas de Aplicación de Agroquímicos”, reconociendo “como tales aquellas empresas comerciales que realicen aplicación o locación de equipos dedicados a ello, tanto aéreas como terrestres” (art.21º). A esos efectos, establece requisitos de inscripción, que tendrá vigencia anual, ante la autoridad de aplicación de la ley que es el Ministerio de Asuntos Agrarios – Dirección de Agricultura y Sanidad Vegetal – Dirección de Fiscalización Vegetal, declarar el personal operativo y acreditar el cumplimiento de cursos de capacitación; acreditación de
contratación de seguro de responsabilidad civil hacia terceros; de extensión del certificado de habilitación; obligación de las empresas aplicaderas, “como también los productores con equipos propios” al suministro de equipos de protección al personal (art.27º).Además de las empresas, el decreto reglamentario 499/91 exige habilitación del “operario de aplicación” debiendo inscribirse, cumplimentar cursos de capacitación y presentar certificado de salud. Se dispone la realización de “actas de trabajo” por triplicado, una para cada una de las partes y el original debe ser remitido a la Dirección de Fiscalización Provincial; para la validez del “acta de Trabajo” deberá constar la firma del productor o persona autorizada por éste. En el artículo 34º el decreto reglamentario dispone recaudos de circulación de equipos por centros poblados y la inscripción de los equipos terrestres de aplicación que deberán reunir los requisitos de equipamiento y funcionamiento que la autoridad de aplicación provincial determine. El apartado 2. Del artículo 34º prescribe: para “la realización de tratamientos de control de plagas en el radio urbano deberán contar con autorización del organismo municipal competente y la receta agronómica correspondiente“ En el artículo 35º reglamenta los requisitos para la aplicación aérea, disponiendo la acreditación del cumplimiento previo de la inscripción ante la Dirección General de Aeronáutica Civil. En el artículo 37º establece “cuando las empresas –de aplicación aérea- deban realizar trabajos que revistan carácter masivo (uno o más cuarteles por partido) deberán requerir la aprobación previa de la Dirección de Agricultura y Sanidad Vegetal” En el artículo 38º del decreto reglamentario 499/91, establece una restricción para la aplicación aérea que “deberán operar a una distancia no menor de 2 km de centros poblados, no pudiendo sobrevolarlos aún después de haber agotado su carga…” En los artículos 39º a 49º, el decreto 499/91 reglamenta confección, distribución y venta de la Receta Agronómica Obligatoria. En los artículos 55º a 57º se faculta a la provincia la celebración de convenios con el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires; podrá requerir la colaboración de los municipios “siempre que cuenten con la infraestructura necesaria, previa capacitación del personal afectado al servicio.”; también faculta al Ministerio de Asuntos Agrarios para coordinar acciones de implementación de la ley a través de convenios con las autoridades competentes de la Nación y otras Provincias. 4.3. Proyecto de modificaciones al decreto reglamentario 499/91.
Producto de un prolongado proceso de consultas impulsadas por el Ministerio de Asuntos Agrarios, se elaboró un proyecto de modificaciones reglamentarias que esquemáticamente propone:
TEMA Registro e Inscripción de Fábricas, Formuladoras y Fraccionadoras Expendedoras y Depósitos.
Decr. 499/91
Proyecto Incluye Constancia de Aptitud Ambiental Ley 11.459 Establece pautas para adecuar sus instalaciones y operatoria. Idem, Incluye reconocimiento oficial de progra mas y evaluaciones. Identificación de equipos. Obligación de los productores para inscripción de equipos propios Prohíbe la aplicación de plaguicidas en cualquier medio de transporte terrestre Establece pautas claras sobre sus funciones Receta “digital”. Cuaderno de campo para producciones intensivas (hortícolas, frutícolas, etc.) Certificado de tratamiento para empresas de control de plagas urbanas Responsabilidad primaria de los municipios ley 8912 para el ordenamiento territorial. Establece restricciones y prohibiciones. Terrestres: - Exclusión 100 mts. – Amortiguamiento: 300 mts – Notificación previa a la autoridad escolar – aplicación fuera de horario de clases Franjas de exclusión (cursos de agua, perforaciones para consumo humano. Prohíbe cargar o lavar equipos sobre cursos de aguas.) Contempla sólo lavado y perforamiento de envases usados (Art.91º a 93º) Art.100º Convenios. No menciona a los municipios
Requisitos Varios. No contempla requisitos edilicios ni de funcionamiento Obliga a todos los Actores a capacitarse y actualizarse. Inscripción de empresas de servicios a terceros.
Omite la capacitación de FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y PROVINCIALES. (rol de fiscalización)
Equipos de Aplicación Terrestre (autopropulsadas y de arrastre).
No contempla funciones específicas
Algunos roles resultan jurídicamente opinables por cierta ambigüedad.
Receta Agronómica y Domisanitaria
Receta (papel) y Acta de condiciones de trabajo (papel)
De las aplicaciones en Zonas Periurbanas o Periresidenciales (Extra Urbanas.)
Aplicaciones terrestres sin restricciones. Establece restricción de 2 km para aéreas.
Restricción aplicaciones Establecimientos educativos en áreas rurales
No establece restricciones
Aplicaciones en área aledaña a cursos de aguas.
Almacenaje transitorio y disposición final de envases usados y productos vencidos o en desuso Coordinación Poder de Policía de Provincia con el Municipio
Omite la implementación de la Ley de Residuos Especiales nº 11.720 (responsabilidad estatal Provincia y Municipio) Omite reglamentar claramente el art.16º de la ley 10.699
“colaboración” previa capacitación de los funcionarios.
El esquema expositivo precedente, basado en información del sitio web oficial del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, nos indica que el proyecto actualiza e integra adecuadamente normas y recomendaciones de organismos internacionales posteriores a la sanción de la ley 10.699 y su decreto reglamentario. Respecto de los aplicadores, el proyecto agrega, al registro de los prestadores de servicios a terceros, el registro de equipos autopropulsados o de arrastre propios y que se utilizan en parcelas rurales propias, un vacío vigente que el proyecto propone reparar. El proyecto innova reglamentariamente (artículos 72º a 79º) incorporando dos conceptos centrales: “zona de amortiguamiento” y “zona de exclusión”, para delimitar áreas periurbanas de aplicaciones terrestres y mantiene la restricción para las aplicaciones aéreas vigente de una distancia no inferior a los 2000 metros tomados desde el límite de la zona urbana. Debe anticiparse que la regulación de zonas de amortiguamiento y de exclusión, estarían vinculadas únicamente a los llamados “plaguicidas” químicos/ sintéticos (Arts. 72º a 79º del proyecto - insecticidas, herbicidas y fungicidas -); por la redacción de las normas sí podrían aplicarse fertilizantes líquidos o productos de origen biológico o naturales. Desde un concepto jurídico se trataría de “restricciones administrativas” por motivos de interés general y “no indemnizables” sin bien puede abrirse un razonable planteamiento, ante ámbitos administrativos o jurisdiccionales, de pequeños propietarios rurales o de la pequeña agricultura familiar, aledaños a zonas urbanas o residenciales extraurbanas o de establecimientos educativos, cuyos predios rurales y su viabilidad social-económica-productiva pudiera verse severamente limitadas por quedar comprendidos en una zona de “amortiguamiento” o “exclusión”; esta posibilidad puede verificarse especialmente en las áreas perimetrales de pequeños pueblos rurales del interior bonaerense o de agricultura intensiva (hortifrutícolas) en áreas periurbanas del tercer cordón del Gran Buenos Aires o de localidades como Mar del Plata o La Plata. La reflexión compartida abre un razonable marco de análisis para incorporar, en estos casos, mecanismos de exención, parcial o total, de impuestos provinciales, tasas municipales y asignación de compensaciones económicas bajo el concepto y como retribución a lo que las normas internacionales denominan “servicios ambientales” en beneficio de la sociedad. La “zona de amortiguamiento” no impide aplicaciones terrestres de plaguicidas, sólo las limita a las clases toxicológicas (OMS) III y IV, es decir pueden aplicarse agroquímicos “banda azul” (ligeramente peligrosos) y “banda verde” (normalmente no peligrosos); prohíbe en la zona de amortiguamiento los agroquímicos “Banda Roja” (extremadamente peligrosos); “Banda Naranja” (altamente peligrosos) y “Banda Amarilla” (moderadamente peligrosos). La “zona de exclusión” prohíbe toda aplicación terrestre cualquiera sea la clase de fitosanitarios en un radio de 100 metros perimetrales a los Establecimientos Educativos,
con la sola excepción de las destinadas a control de plagas autorizadas por el organismos municipal u otros organismos oficiales (si bien la redacción no lo expresa debe inferirse que se refiere a la aplicación de los llamados “domisanitarios” y no de plaguicidas de uso agrícola) En materia de aplicaciones terrestres en áreas periurbanas, residenciales extraurbanas y establecimientos educativos, se definen distancias como “zonas de amortiguamiento” de 500 metros para las dos primeras áreas y de 300 metros, contados a partir de la zona de exclusión (100 metros) para el caso de establecimientos educativos y que deben practicarse fuera del horario de clases. Respecto a los establecimientos educativos no surge de la redacción si se trata de “rurales”: debe advertirse que sumadas la zona de exclusión de 100 metros más los 300 metros de zona de amortiguamiento, nos dejaría una zona de restricción total de 400 metros, inferior a los 500 metros dispuestos para las áreas urbanas o residenciales extraurbanas. El comentario anterior nos deja en la puerta de interpretaciones conflictivas para el caso de establecimientos educativos ubicados en pueblos rurales separados de la zona rural por un camino rural, si aplicamos el artículo 73º tendremos una restricción de 400 metros, pero si aplicamos el artículo 72º tendremos una restricción de 500 metros; de tal modo que quedaríamos atrapados en una contradicción: se hace una más severa restricción “excluyendo” toda posibilidad de aplicación, en un radio de 100 metros, cuando se trata de establecimientos educativos, pero aplicando las distancias acumuladas totales de “zona de exclusión” y “zona de amortiguamiento” nos dejaría en 400 metros, distancia inferior a la dispuesta, de 500 metros, como zona de amortiguamiento de zona urbana general o residencial extraurbana. Estas disposiciones deben armonizarse para evitar potenciales conflictos en su aplicación. Complementariamente debemos señalar algunos vacíos, lagunas y cierta ambigüedad, en algunas disposiciones reglamentarias propuestas, que pueden hacer naufragar el esfuerzo al momento de hacer concretamente operativas las normas proyectadas para resolver anticipadamente eventuales conflictos y lograr un uso racional de agroquímicos La cuestión central no sólo es el rol de profesionales y operadores, sino el rol del Estado en todo el ciclo del producto de acción química o biológica, especialmente en la labor de “fiscalización” una actividad estatal indelegable y las idoneidades funcionales comprometidas en los niveles provincial y municipal, no sólo en “capacidades y formación” sino fundamentalmente personal en cantidad suficiente que permitan una acción capacitadora y fiscalizadora eficaz y eficiente. Estas cuestiones adquieren particular relevancia cuando se trata de aplicaciones terrestres o aéreas en áreas periurbanas o residenciales extra urbanas. Con relación a la responsabilidad de los ingenieros agrónomos, en “zonas de amortiguamiento”, una disposición que ofrece ambigüedad es la prevista en el inciso d) del artículo 74º del proyecto con relación al rol de los ingenieros agrónomos;
textualmente la norma establece: “…d) Hacer uso de receta específica para esta área (receta agronómica de aplicación en zonas de amortiguamiento) prescripta por el ingeniero agrónomo inscripto en el Organismo de Aplicación, quien verificará las condiciones ambientales (temperatura, humedad, velocidad y orientación del viento) y supervisará la correcta tecnología de aplicación.” De la lectura de la disposición transcripta queda duda sobre quién debe verificar las condiciones ambientales y supervisión; si nos atenemos a la redacción indicaría que es el Organismo de Aplicación, interpretación que es coherente en el contexto normativo del rol de fiscalización como función estatal indelegable que corresponde a la autoridad de aplicación, en el caso el Ministerio de Asuntos Agrarios a través de la Dirección de Fiscalización Vegetal o de los funcionarios públicos municipales que por convenio de coordinación sean investidos de las atribuciones conferidas por el artículo 16º de la ley 10699. En la práctica, hoy esta función es de cumplimiento imposible por la escasa estructura de personal técnico de fiscalización que hoy dispone la Dirección de Fiscalización Vegetal pero también debe advertirse que para resolverla es un absurdo recurrir a la “privatización” de la función de fiscalización, en las personas de los ingenieros agrónomos, aun cuando se la declare de “carga pública” (algo que no surge de la ley y es inadecuado asignarla por reglamentación) de una función pública en el control y aplicación de las normas técnicas y de procedimiento; las obligaciones de los profesionales de la agronomía se desenvuelve en el área del asesoramiento, expedición de recetas con recomendaciones de condiciones ambientales de aplicación, identificación de productos, principios activos de los químicos, dosis, caudales de agua, recaudos para el caldo de aplicación, medidas de seguridad y método tecnológico de aspersión. La consideración compartida más allá de lo jurídico, es un ejercicio del sentido común pues es como exigirle por ley a un médico que receta un medicamento con indicación de frecuencia y condiciones de ingesta de los comprimidos diarios y se le obligue a la “supervisión” del paciente para que lo haga fielmente tal como le ha sido prescripto. La disposición, del inciso d) del artículo 74º del proyecto, debe ser revisada y clarificada en el contexto regulador que a la autoridad de aplicación le compete y sus responsabilidades públicas de fiscalización. El uso y aplicación de las facultades de “coordinación” de la Provincia con los municipios prevista en la ley, es de trascendente importancia para lograr niveles de eficiencia y eficacia operativa en la implementación y control de cumplimiento de las normas; sin la función de “colaboración” de los municipios, más allá que se adopte el mejor diseño del proyecto de reglamentación estará condenada al fracaso operativo y sólo se convertirá en un texto de “letra muerta”. Preocupa que no se reglamente con mayor claridad las condiciones y requisitos necesarios para la celebración de convenios de cooperación o “coordinación del Poder de Policía provincial” que establece el artículo 16º de la ley 10699, con los Municipios;
debe considerarse sustancial la participación municipal, dentro de su ámbito jurisdiccional, en funciones de colaboración definiendo reglamentariamente cual debería ser la “infraestructura necesaria” del municipio para coordinar el poder de policía, tanto de infraestructura física como de las cualidades e idoneidades profesionales que deberían reunir los funcionarios municipales para ejecutar la labor de “colaboración” y “coordinación” del municipio con la provincia en función fiscalizadora. Si bien el proyecto apropiadamente incorpora requisitos dispuestos por la ley nº 11459 de radicación industrial con relación a la previa emisión de “certificado de aptitud ambiental” (elaboradoras, fraccionadoras, formuladoras de productos fitosanitarios); omite la incorporación de la ley de residuos especiales nº 11720 especialmente los vinculados a envases vacíos usados, los cuales aún con triple lavado y perforamiento, tanto la ley 11.720 como la ley nacional de residuos peligrosos 24051 los sigue considerando “residuos peligrosos” que deben someterse a tratamiento y disposición final; en este proceso es central la responsabilidad establecida por ley para los Municipios y la Provincia y que en el proyecto de modificaciones se omite. La correcta precaución de aplicaciones en áreas de cursos o cuerpos de agua, o vertido de lavado de equipos en ellas, será incompleta si no se aborda el tema de los envases usados vacíos, aún con triple lavado y perforamiento, que pueden ir a aquéllos cursos que se proponen proteger; otro aspecto no menor, y que es preocupación de la OMS, es el destino final de envases vencidos, recientemente prohibidos, o en desuso más allá que la sociedad en general pueda relativizar su importancia. 5. A modo conclusivo. De lo compartido, a lo largo del presente, surge que la ley 10699 de 1988 es una norma que, además de su plena vigencia jurídica, ofrece un enfoque integral de protección de la salud humana, los recursos naturales y la producción agrícola en la que los llamados “agroquímicos” es sólo una parte y, si bien sustancial, no agota la ley. Del mismo modo su decreto reglamentario 499/91 regula aspectos de implementación que no han podido ser desarrollados completamente; aún sin modificaciones reglamentarias la ley es hoy aplicable y de implementación viable; el problema es la barrera operativa por falta de estructura provincial apropiada y la ausencia de articulación con los municipios para coordinar actividades de capacitación, no sólo a profesionales y operadores, sino fundamentalmente a funcionarios públicos municipales y provinciales para el ejercicio del poder de fiscalización que por la ley corresponde a la Provincia. Resulta jurídicamente reprochable las iniciativas legislativas municipales que se apropian “de facto” de las competencias que la ley otorga al Ministerio de Asuntos Agrarios a través de la Dirección de Fiscalización Vegetal; el reproche más allá de lo jurídico se extiende a la inoperatividad generalizada de ordenanzas municipales que, bajo el pretexto de protección de la salud y el ambiente, agotan su finalidad en objetivos recaudatorios vía cobro de derechos, tasas, aranceles y multas municipales, de manifiesta ilegalidad, duplicando inscripciones, habilitaciones y registros que son
competencia de la Provincia como así también el ilegal desplazamiento jurisdiccional de la Ley Provincial de Faltas Agrarias reemplazándola por “Faltas Municipales”. Paralelamente se advierte, salvo honrosas excepciones, la inoperatividad generalizada de los Municipios bonaerenses en el cumplimiento de sus obligaciones materiales propias como es su responsabilidad primaria en el Ordenamiento Territorial y Uso de Suelos, planificando racionalmente las zonas urbanas, rurales y complementarias También se advierte la ausencia del Municipio en la implementación de lugares de almacenamiento transitorio para envases vacíos usados que la ley 11.720 califica como “residuo especial” que debe someterse a transporte, tratamiento y disposición final en plantas que es deber de la Provincia autorizar. Sobre estos aspectos y respecto del proyecto de modificaciones al decreto reglamentario de la ley, si bien por un lado avanza positivamente en la incorporación de recaudos de prevención dispuestos por normas posteriores a la sanción de la ley 10699, por otro lado se omiten aspectos que deberían ser contemplados:   La regulación más clara y precisa de los objetivos y destinatarios de capacitaciones como el caso de funcionarios públicos municipales y provinciales. La expresa incorporación reglamentaria de los recaudos y responsabilidades dispuestas por la ley 11720 con relación a almacenamiento transitorio, transporte, tratamiento y disposición final de envases vacíos usados, productos vencidos y/o en desuso. La expresa reglamentación de las condiciones de infraestructura exigidas a los Municipios para la celebración de convenios de coordinación del Poder de Policía previsto por el artículo 16º de la ley 10699. La armonización y clarificación de las distancias de zonas de exclusión y amortiguamiento para el caso de establecimientos educativos e identificación si se trata para el caso de “rurales” o es genérica para todo establecimiento esté localizado en zona rural, urbana o residencial extraurbana. El tratamiento de los casos de pequeños propietarios o pequeña agricultura familiar en zonas aledañas a zonas urbanas o residenciales extraurbanas que puedan quedar comprendidas en las zonas de exclusión o amortiguamiento y limitar severamente su viabilidad social, económica y productiva futura. (implementación de mecanismos de exenciones tributarias y compensaciones económicas por “servicios ambientales” en beneficio de la sociedad) La clarificación del rol de fiscalización y supervisión de aplicaciones, en zonas de amortiguación, superando la ambigüedad y confusa redacción del inciso d) del artículo 74º del proyecto.
Para lograr un uso racional y responsable de agroquímicos deben sancionarse normas racionales con claras asignaciones de responsabilidades para la acción privada pero también y fundamentalmente para la acción pública a nivel provincial y municipal. La Plata, 10 de agosto de 2013
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