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Timestamp: 2017-04-26 15:44:28+00:00

Document:
HOMENAJE A ACADÉMICO SEÑOR JORGE PINTO RODRÍGUEZ, PREMIO NACIONAL DE HISTORIA 2012
ESTABLECIMIENTO DE PRINCIPIO DE FINALIDAD EN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
CONVENCIÓN SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD DE CRÍMENES DE GUERRA Y DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
NUEVA FÓRMULA DE CÁLCULO PARA INTERÉS MÁXIMO CONVENCIONAL - Relación
INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DE MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS PARA SUBVENCIÓN DE PEAJES EN RUTAS CONCESIONADAS DE REGIÓN DE ANTOFAGASTA. OFICIO
Sesión 52ª, en miércoles 3 de octubre de 2012
(De 16:21 a 18:14)
Concurrieron, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau, y el Subsecretario de Hacienda, señor Julio Dittborn Cordua.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 48ª, ordinaria, en 11 de septiembre, 49ª, especial, y 50ª, ordinaria, ambas en 12 de septiembre del año en curso, que no han sido observadas.
Con el primero retiró la urgencia, calificada de "suma", al proyecto de ley que faculta a los directorios de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derecho de aprovechamiento de aguas (boletín Nº 8.150-09).
--Se tiene presente el retiro y se manda agregar el documento a sus antecedentes. Con el segundo retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", para el tratamiento de las siguientes iniciativas:
Proyecto que modifica ley N° 18.290, de Tránsito, incorporando en el certificado de inscripción el kilometraje registrado en el dispositivo y sancionando a quienes lo adulteren (boletines Nos. 7.559-15 y 7.565-15, refundidos).
Con el último hace presente la urgencia, calificada de "simple", en la tramitación del proyecto de ley que faculta a los directorios de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derecho de aprovechamiento de aguas (boletín Nº 8.150-09).
Con el primero comunica que prestó su aprobación a las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto que establece el Sistema de Elecciones Primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República, Parlamentarios y Alcaldes (boletín N° 7.911-06).
Con el segundo informa que aprobó el proyecto de ley que declara feriado el día 7 de junio para la Región de Arica y Parinacota (boletín Nº 6.967-06).
Con el último comunica que dio su aprobación a las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que aumenta las subvenciones del Estado a los establecimientos educacionales, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín Nº 8.070-04).
Contesta petición, cursada en nombre del Senador señor Muñoz Aburto, sobre factibilidad de reponer el funcionamiento de un hospital psiquiátrico en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Responde solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor Prokurica, relativa al número de procedimientos que fueron anulados entre los años 2000 y 2006 y al monto de intereses y reajustes devengados.
Del señor Jefe de la División Atención y Servicios al Usuario, de la Superintendencia de Pensiones:
Responde consulta, cursada en nombre de la Senadora señora Rincón, respecto de procedencia de desafiliación al sistema de capitalización individual solicitada por señor Miguel Cofré Duarte, ex imponente de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.
A continuación, corresponde rendir homenaje al destacado académico señor Jorge Pinto Rodríguez, Premio Nacional de Historia 2012.
Señor Presidente, para mí es motivo de especial orgullo rendir homenaje, en nombre de los Senadores de las diversas bancadas presentes en la Sala, al Doctor en Historia don Jorge Pinto Rodríguez, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Historia, máxima distinción que la república entrega a los científicos, intelectuales y creadores en reconocimiento a su obra, a los aportes nuevos y sustantivos que han realizado en sus respectivas disciplinas y, sobre todo, a su contribución al desarrollo social y cultural del país.
Mayor orgullo sentimos al ser don Jorge profesor titular e investigador de la Universidad de La Frontera en Temuco, especialmente los Senadores que representamos a la Región de La Araucanía.
Don Jorge Pinto es un hombre de provincia, orgullosamente de provincia. Nacido en La Serena, la vida lo ha hecho peregrinar por buena parte del territorio nacional. Su niñez transcurrió entre Punitaqui y Pisco Elqui. El trabajo de su padre lo llevó hasta Antofagasta. Sus estudios universitarios de pregrado los cursó en la sede Valparaíso de la Universidad de Chile.
Tras regresar de Inglaterra, país en que cursó sus estudios de doctorado, fue Temuco donde instaló su casa y la Universidad de la Frontera, su refugio en la década de los ochenta, cuando aún hacer historia era una actividad intelectual sospechosa en un régimen ausente de democracia.
Tal vez este largo peregrinar por los paisajes y por la geografía humana chilena despertó en él tan tempranamente su interés por la identidad y la diversidad de Chile y de los chilenos.
Buena parte de su maciza obra historiográfica ha estado destinada a investigar la conformación de la nación y del Estado en nuestro país. "La invención de la nación" -como suele decir-, que no es otra cosa que un esfuerzo político por dotar de identidad cultural y sentido al ser nacional, ha sido el motivo de su observación y sus escritos.
Pinto es heredero natural de la obra de los historiadores franceses de la Escuela de los Annales (Fernand Braudel, Georges Duby, Lucien Febvre, los grandes renovadores de la historiografía de occidente) y también de historiadores sociales británicos como Edward Thompson y Eric Hobsbawm, este último fallecido hace pocos días. En ellos, sin duda, encontró su inspiración para dedicarse a la historia económica y social, donde descubrió un campo de investigación rico en preguntas, interrogantes y desafíos intelectuales.
Las preguntas clásicas sobre identidad, representación, nacionalidad, procesos de corta y larga duración, movimientos sociales, demografía, historia de las mentalidades, historias regionales, fueron impregnando sus investigaciones desde esa primera época en donde se concentró en los estudios coloniales, los cuales lo llevaron a conocer en profundidad la historia del pueblo mapuche, la vida en los territorios de La Frontera, el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche, que han sido su principal tarea y desvelo durante las últimas décadas. Cuando el jurado del Premio Nacional de Historia, compuesto mayoritariamente por sus pares, decidió distinguirlo tuvo en consideración, en especial, la actualidad de su obra, que no solo estriba en que sus aportes y descubrimientos permiten explicar mucho de lo que actualmente acontece en La Araucanía y en otros territorios indígenas, sino que también nos permite dar luces sobre las vías de superación del mismo.
Pero Jorge Pinto no solo ha sido un investigador severo e incansable, un investigador de archivos, buscador incesante de fuentes historiográficas, sino también un gran formador de nuevas generaciones profesionales. Investigación y docencia en materia de historia son una díada inseparable en su trabajo académico.
Los profesores de historia y geografía de La Araucanía formados en las últimas décadas han sido testigos de su trabajo de aula destinado a entusiasmar, a seducir a las nuevas generaciones para que sean mejores docentes e investigadores y asuman también la responsabilidad de ser los transmisores y formadores de la identidad nacional chilena.
La educación histórica, desde muy antiguo, ha sido empleada para moldear la identidad nacional y muchas veces para inventarla. El cómo se realice esta tarea es uno de los asuntos más delicados que existen. El viejo y equivocado discurso conservador de la excepcionalidad chilena en el concepto sudamericano, que tan caro nos cuesta a la hora de enfrentar las relaciones con nuestros vecinos, es motivo principal de sus preocupaciones.
En su obra, Chile y los chilenos somos parte integrante de ese subcontinente indígena, mestizo, de migrantes europeos recientes y antiguos. En sus artículos y libros aparece un Chile multicolor, multilingüe, pluricultural y heterogéneo. El profesor Jorge Pinto también es un ciudadano y un intelectual comprometido con su tiempo y su sociedad. Su palabra ha salido de las aulas universitarias para alertar a la comunidad nacional sobre los errores de las políticas que han conducido a agudizar conflictos. Su voz siempre firme, pero prudente, constituye una invitación a revisar nuestra historia, para descubrirnos en lo que realmente somos y, a partir de ello y de nuestra identidad mestiza e indígena, construir un futuro más justo.
Señor Presidente, estimados colegas, Chile será mejor cuando la ciencia y la tecnología ocupen un lugar de privilegio. Hace ya décadas hay conciencia de que no podemos seguir siendo solo un país monoproductor de materias primas. Tenemos que cambiar la matriz productiva de nuestra economía y pasar a una economía de la inteligencia. Los bienes y servicios que exportemos deben ser el resultado de la inteligencia y de la educación de nuestro pueblo.
Este distinguido académico es hijo de la educación pública, gratuita y de calidad que hubo en Chile hasta los años setenta del siglo recién pasado. No hay razón alguna, salvo los intereses de unos pocos pero poderosos mercaderes, para que no podamos, manteniendo la cobertura, reencontrarnos con nuestra historia, que es la historia de un Estado Docente fuerte, con universidades públicas comprometidas con la investigación científica y tecnológica.
Estimado profesor don Jorge Pinto: Tal vez el mejor homenaje que le podamos hacer a usted y a tantos de sus colegas que día a día acrecientan el acervo cultural de la patria, sea precisamente el hacer esfuerzos para buscar los consensos políticos que nos permitan reencontrar la senda perdida y permitir que nuestro país vuelva a ser un ejemplo de educación universitaria e investigación científica de calidad, pertinente, actual y al servicio de los intereses generales de la nación.
Esta tarde, profesor, reciba nuestro reconocimiento y admiración, así como nuestro saludo respetuoso y cariñoso para su familia y para los directivos, docentes y alumnos de la Universidad de La Frontera, que, satisfechos, sienten cómo comienza a reconocerse el aporte que las Regiones y sus universidades realizan al progreso intelectual del país.
Antes de ceder la palabra al siguiente orador, quiero saludar a la Agrupación "Los Girasoles", proveniente de Copiapó, que visita el Congreso Nacional. Ella está constituida por personas con capacidades especiales. Por lo tanto, les damos un fuerte abrazo al encontrarse esta tarde con nosotros.
¡De manera que se juntan las Regiones de La Araucanía y de Atacama a través del homenaje que estamos rindiendo al profesor Jorge Pinto...!
Señor Presidente, estimados colegas: esta tarde el Senado rinde un merecido homenaje al historiador y académico de la Universidad de La Frontera don Jorge Pinto Rodríguez, a quien honramos en forma muy especial no solo por su condición de serenense sino que, además, por haber recibido el vigésimo Premio Nacional de Historia en el año 2012.
En su elección participaron -y votaron por él- el Ministro de Educación, señor Harald Beyer, y el Premio Nacional 2010 don Bernardino Bravo Lira, entre otros destacados profesionales y académicos.
Don Jorge Pinto ha descollado en ámbitos importantes de la vida académica, que lo llevaron a obtener, con todo derecho, este galardón. Es un destacado profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica de la Universidad de la Frontera y se ha especializado en Historia Social y Demografía Histórica. Además, es Doctor en Filosofía con mención en Historia, de la Universidad de Southhampton, Inglaterra.
Don Jorge Pinto ha hecho un aporte muy valioso en temas mapuches; pertenece a sociedades científicas de Chile, Argentina, Inglaterra y Estados Unidos, todas vinculadas a la Historia Latinoamericana e Historia Económica.
Asimismo, ha sido miembro del Consejo Nacional del Libro y la Lectura; del grupo de historia de la Comisión Verdad y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas; del grupo de trabajo de historia del Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, y consultor de la Cámara de Diputados.
También ha escrito importantes libros: a) La población de la Araucanía en el siglo XX. Crecimiento y distribución espacial, y b) La formación del Estado y la Nación, y el pueblo Mapuche.
Por estas razones, nuestro Gobierno destacó la carrera académica de don Jorge Pinto, señalando que el jurado decidió otorgarle el Premio Nacional de Historia tomando especialmente en consideración su brillante y dilatada trayectoria académica y su aporte a la historia regional, realizada en universidades regionales, con énfasis en los problemas demográficos y los sectores que caracterizan su cultura.
Por todo lo anterior, en nombre del Comité Unión Demócrata Independiente, nos sumamos a este homenaje, en el entendido de que don Jorge Pinto Rodríguez merecía ampliamente la obtención del Premio Nacional de Historia y mucho más.
De esta forma, le hacemos llegar a don Jorge y, por cierto, a su familia nuestras más sinceras felicitaciones, en la esperanza de que continúe con su valiosa labor y aportes a la grandeza del país.
Reiteramos al profesor Jorge Pinto el saludo y las felicitaciones del Senado de la República por su importante contribución al estudio de la historia, de la cultura y de la identidad de nosotros, los chilenos y las chilenas.
Muchas gracias, profesor, por acompañarnos esta tarde.
Antes de pasar al Orden del Día, deseo saludar a los profesores de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología que nos acompañan en las tribunas, por invitación de la Senadora señora Alvear.
8222-11
En primer lugar figura el proyecto, en segundo trámite constitucional, que adecua el DFL N° 1, de Salud, de 2006, a la ley N° 20.575, que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales, con informe de la Comisión de Salud y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8222-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 22ª, en 5 de junio de 2012.
Salud: sesión 51ª, en 2 de octubre de 2012.
-Establecer la prohibición para los prestadores privados de salud de consultar sistemas de información comercial de un paciente para los efectos de condicionar o restringir una atención de urgencia.
-Impedir que los prestadores de salud públicos y privados, y otras entidades que elaboren, procesen o almacenen datos de orden sanitario, puedan vender, ceder o transferir, a cualquier título, bases de datos que contengan información sensible respecto de sus usuarios, beneficiarios o pacientes, sin contar con el consentimiento del titular de tales datos.
La Comisión discutió el proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chahuán, Rossi y Uriarte.
El proyecto fue aprobado en particular, con modificaciones, por la misma unanimidad recién consignada. Con posterioridad, y reabierto reglamentariamente el debate, se aprobaron nuevas enmiendas formales y de adecuación, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, esta vez los Senadores señores Chahuán, Girardi, Ruiz-Esquide y Uriarte.
El texto que se propone aprobar aparece en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Señor Presidente, en pocos minutos voy a complementar lo que ya fue profusamente explicado y muy bien dicho por el señor Secretario General.
Efectivamente, la Comisión de Salud aprobó tanto en general como en particular el proyecto en análisis, cuyos objetivos son generar una simetría en los derechos de las personas que acceden a las prestaciones de salud por medio del establecimiento de la prohibición, para los prestadores privados de salud, de consultar sistemas de información comercial de un paciente para los efectos de condicionar o restringir una atención de urgencia. Igual prohibición ya existía para las entidades de salud públicas.
Asimismo, la iniciativa busca proteger los datos sensibles de las personas en materia de salud, impidiendo que los prestadores públicos y privados y otras entidades que elaboren, procesen o almacenen datos de orden sanitario vendan, cedan o transfieran, a cualquier título, bases de datos que contengan información delicada respecto de sus usuarios, beneficiarios o pacientes, sin contar con el consentimiento del titular de tales datos. La fiscalización y sanción a la infracción de estas prohibiciones quedan sujetas a las atribuciones de la Superintendencia de Salud, por medio de la Intendencia de los Prestadores de Salud, la que puede aplicar multas, según la gravedad de la infracción, en un rango de 10 hasta 1.000 unidades tributarias mensuales.
La Comisión de Salud, por la unanimidad de sus integrantes presentes, efectuó diversas modificaciones al texto despachado por la Cámara de Diputados con la finalidad de adecuar apropiadamente las disposiciones aprobadas por dicha instancia, ubicando su contenido en el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, del año 2006, según se trate solamente de prestadores privados de salud o de prestadores públicos y privados en conjunto.
En consecuencia, señor Presidente, solicito a la Sala que apruebe la iniciativa en los términos propuestos por nuestra Comisión especializada.
Señor Presidente, ya se ha explicado aquí la importancia de este tema, en el cual, efectivamente, debemos avanzar, ojalá otorgando las máximas facultades fiscalizadoras a la Superintendencia del ramo para que en materia de salud se respete el tratamiento de los datos personales, muchas veces delicados y, evidentemente, con un objetivo muy específico, y que bajo ninguna circunstancia debieran ser trasladados a otras áreas que no sean las estrictamente necesarias y profesionales.
Por lo tanto, es importante que también se establezca, respecto de los prestadores privados de salud, la prohibición de consultar sistemas de información comercial si eso va a significar restringir o condicionar, por ejemplo, una atención de urgencia.
Lo que se busca es impedir que los prestadores de salud, sean públicos o privados, u otras entidades procesen o almacenen antecedentes de orden sanitario para después vender, ceder o transferir, a cualquier título, bases de datos que contengan información sensible sobre sus usuarios, beneficiarios o pacientes.
Esto es muy relevante, porque hemos visto -incluso a través de la prensa, muchas veces- que se hace uso irresponsable de datos confidenciales que, si bien son necesarios profesionalmente, sobre todo en el área de la salud, no pueden ser utilizados para otros fines.
Me parece muy bien que se hable de robustecer las facultades fiscalizadoras de la Superintendencia, pero, para que la ley no sea letra muerta, se deben proveer recursos -ahora que vamos a estudiar la Ley de Presupuestos- y suministrar el personal y los activos informáticos suficientes para que de verdad se pueda cumplir con aquello que se está tratando de cautelar.
Por eso, considero fundamental esta iniciativa y desde ya anuncio mi voto favorable, aun cuando quizás quede pendiente la extensión del principio de finalidad a otros ámbitos donde también se debería establecer la prohibición de consultar información comercial -por ejemplo, en procesos de selección de personal, de admisión preescolar, escolar o de educación superior, de postulación a cargos públicos-, pues, lamentablemente, allí se observa lo contrario y, por ende, tendríamos que ser cuidadosos a ese respecto.
Pero este es un paso que vale la pena dar, para que en el futuro, espero yo, se siga teniendo mucha precaución con el empleo de ciertos antecedentes.
Termino, señor Presidente, agradeciéndole que haya saludado a la Agrupación "Los Girasoles", compuesta por las familias y los tutores de jóvenes con talentos especiales y determinadas discapacidades, que hoy, a través de la exhibición que están realizando en el Congreso, nos están demostrando cómo con oportunidades ellos pueden superarse y ser capaces de ser muy creativos. Es un orgullo que hayan venido desde tan lejos (Copiapó) y que nos estén escuchando en este momento desde las tribunas del Senado.
Tiene la palabra el señor Secretario, para dar cuenta de un asunto que ha llegado a la Mesa.
En este momento han llegado sendos informes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.305, sobre condiciones de retiro de los funcionarios públicos con bajas tasas de reemplazo en sus pensiones, reconoce pagos y otorga beneficios, que el Ejecutivo ha calificado con urgencia de "discusión inmediata".
Si le parece a la Sala, se agregará al Orden del Día de hoy, debido a que la urgencia vence antes de la próxima sesión.
Está bien, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Entonces, así se procederá.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general y en particular el proyecto que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales.
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto, y queda despachado en este trámite.
Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución N° 2.391 (XXIII) el 26 de noviembre de 1968, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1265-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 10ª, en 6 de julio de 1994.
Relaciones Exteriores: sesión 51ª, en 2 de octubre de 2012.
El objetivo principal del proyecto es afirmar el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad y asegurar la aplicación universal de la Convención.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió la iniciativa en general y en particular, y la aprobó por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Kuschel, Letelier, Orpis, Pizarro y Tuma.
7786-03
NUEVA FÓRMULA DE CÁLCULO PARA INTERÉS MÁXIMO CONVENCIONAL El señor ESCALONA (Presidente).-
Proyecto de ley, iniciado en mociones de los Senadores señores Tuma y Zaldívar, y señores Bianchi, Escalona y Letelier (boletín N° 7.786-03); señores Chahuán y Prokurica (boletín N° 7.890-03), y en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República (boletín N° 7.932-03), en primer trámite constitucional, sobre interés máximo convencional, con segundo informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre los proyectos (7786-03, 7890-03 y 7932-03, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto, boletín N° 7786-03 (moción de los Senadores señores Tuma, Bianchi, Escalona, Letelier y Zaldívar (don Andrés):
En primer trámite, sesión 34ª, en 13 de julio de 2011.
Economía: sesión 56ª, en 27 de septiembre de 2011.
Economía (segundo): sesión 51ª, en 2 de octubre de 2012.
Sesión 63ª, en 18 de octubre de 2011 (se aprueba en general); 64ª, en 19 de octubre de 2011 (se fija plazo para presentar indicaciones).
Proyecto, boletín N° 7890-03 (moción de los Senadores señores Chahuán y Prokurica):
En primer trámite, sesión 48ª, en 31 de agosto de 2011.
Economía: sesión 35ª, en 17 de julio de 2012.
Sesión 44ª, en 29 de agosto de 2012 (se aprueba en general).
Proyecto, boletín N° 7932-03:
En primer trámite, sesión 52ª, en 13 de septiembre de 2011.
Economía: sesión 63ª, en 18 de octubre de 2011.
Sesión 64ª, en 19 de octubre de 2011 (se aprueba en general).
La Comisión deja constancia de que las iniciativas refundidas se discutieron siguiendo la estructura y disposiciones contenidas en el último de los boletines mencionados (vale decir, el N° 7.932-03), por lo que las modificaciones que se proponen están referidas a él.
Asimismo, la Comisión deja constancia, para efectos reglamentarios, de que el artículo 1° -números 1); 3), letra b); y 6- y los artículos 2° permanente y 2° transitorio, no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que deben darse por aprobados, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión o votación.
Si le parece a la Sala, se darán por aprobadas las normas que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
--Quedan aprobadas reglamentariamente.
La Comisión realizó diversas enmiendas al texto aprobado en general, las cuales acordó por unanimidad, con excepción de dos, que serán puestas en discusión y votación oportunamente.
Cabe recordar que las modificaciones unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.
Si le parece a la Sala, se aprobarán las enmiendas acogidas por unanimidad en la Comisión.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado en que se consignan, en la tercera columna, las modificaciones introducidas por la Comisión de Economía en el segundo informe, y en la cuarta columna, el texto como quedaría al aprobarlas.
Ahora bien, la primera enmienda no acordada por unanimidad recae en el artículo 1°, número 4), del proyecto, que inserta un artículo 6° bis, nuevo, a la ley N° 18.010. Fue aprobada por 4 votos a favor y la abstención del Senador señor Novoa.
¡Yo voté en contra!
Se puntualiza que el Honorable señor Novoa votó en contra. Es decir, se registraron 4 votos a favor y uno en contra.
Efectivamente, de acuerdo al informe, Su Señoría se pronunció por la negativa.
En discusión la enmienda relativa al artículo 6° bis, nuevo.
Señor Presidente, deseo fundamentar mi voto en contra de la disposición.
El artículo 6° bis, en realidad, fue consensuado por el Gobierno, los parlamentarios que presentaron las distintas mociones y también por el Senador García. No obstante ese acuerdo, yo voté en contra, porque estimo necesario enviar una señal de alerta sobre los posibles efectos negativos que puede acarrear la fijación de tasas de interés.
Lo cierto es que el texto aprobado supone considerar una tasa de mercado referida a operaciones superiores a 200 UF e inferiores a 5 mil, y luego aplicar un factor aditivo fijo.
En mi opinión, al menos, cada vez que se establecen precios -y aquí se está fijando una fracción muy importante de un precio: gran parte de la tasa de interés-, se corre el riesgo de que se produzcan distorsiones importantes. Y la principal, en este caso, podría ser que muchas personas -normalmente las de menos recursos- quedaran al margen del sistema financiero, ya sea del relativo a la banca o del referido al retail, que es, probablemente, el sector que da más crédito a los consumidores de menores ingresos.
Eso me preocupa porque, en definitiva, la ley no puede impedir situaciones indeseadas, como el que gente marginada del sistema financiero formal caiga en manos de prestamistas o de otra vía informal. Ello ya ha ocurrido en muchos países. Por ejemplo, se mencionó lo sucedido en Colombia, donde, debido a una situación similar, se organizaron verdaderas bandas que cobraban cuotas semanales por la plata que prestaban, y quienes no las pagaban sufrían consecuencias bastante dolorosas en el ámbito de sus vidas y sus familias.
Durante la discusión del proyecto el Banco Central hizo presente que numerosas personas podrían quedar al margen del sistema financiero.
Desde ese punto de vista, yo preferí votar en contra de la norma en debate. Además, hice una proposición en la cual, manteniendo un sistema de tasa promedio calculada sobre la base de operaciones donde las partes realmente pueden negociar la tasa -o sea, de 200 a 5 mil UF-, el factor aditivo no fuera un guarismo fijo, sino uno proporcional. Y presenté dos opciones: que el aditivo fuera un porcentaje similar a la variación de otras tasas, o bien fijar un 70 por ciento de la tasa observada. Y esto, considerando lo ocurrido en situaciones pasadas. Por ejemplo, en la crisis económica del año 2009, con la fórmula aprobada se habría llegado a una tasa máxima de 40 por ciento -según creo-; sin embargo, se alcanzó una tasa máxima convencional de 60 puntos.
Pues bien, ese diferencial, de 20 puntos, podría significar que numerosas personas quedaran fuera del mercado financiero, con las consecuencias que describí anteriormente.
Quiero finalizar señalando que hubo un argumento que a mí me pareció francamente inaceptable. Se afirmó que sería bueno que muchas personas no tuvieran acceso al crédito, porque quedan endeudadas y después tienen problemas para su manejo diario.
Creo que si nosotros intentamos regular la vida de la gente desde el Congreso vamos a cometer bastantes más errores que los que pueden cometer personas que voluntariamente quieran endeudarse.
Por eso voté en contra de la disposición, señor Presidente.
El Ejecutivo solicita autorización para que pueda ingresar a la Sala el señor Subsecretario de Hacienda.
Señor Presidente, en la Comisión tuvimos un debate bastante intenso sobre este tema, donde, en mi opinión, se halla la médula del proyecto.
Este punto ha preocupado a muchos parlamentarios. En tal sentido, el Honorable señor Tuma ha estado a la cabeza de la discusión. Y además recientemente se aprobó una iniciativa de los colegas Prokurica y Chahuán y se presentaron indicaciones de los Senadores señora Allende y señor Ruiz-Esquide.
¿Por qué preocupa el asunto? Porque la tasa máxima convencional muchas veces llega a márgenes de tal naturaleza que hacen imposible a los deudores realizar los pagos. Por eso, se consideró necesario efectuar una regulación. Actualmente, la tasa máxima convencional puede llegar a ser hasta 50 por ciento superior al interés corriente. Y hace poco la tasa de interés convencional casi se empinó al 56 por ciento.
Ahora, es efectivo lo que dice el Senador Novoa y lo tomamos en cuenta en la discusión. También escuchamos al Banco Central, a la Superintendencia y a los actores que participan en este tipo de operaciones. Y está claro que uno no puede lograr una tasa de interés óptima, que sea lo suficientemente baja como para dar acceso a todas las personas, porque el costo de un crédito pequeño es bastante diferente del costo de un crédito de mayor cantidad.
También es muy distinta la capacidad de negociación de una tasa de interés que tiene una persona que acude a los bancos por un crédito de 1.000, 2.000 o 3.000 UF, porque existe una situación mucho más regulada donde la tasa es bastante más baja que la máxima convencional. Eso está demostrado y, de hecho, el mismo proyecto hace una diferenciación entre los distintos créditos dependiendo de su monto: los inferiores a 50 UF; los de 50 a 200 UF, y luego los superiores a 200 UF.
Ahora, seguramente para muchos puede que lo planteado acá no sea lo óptimo: hacemos posible una rebaja de la tasa de interés convencional de 14 puntos porcentuales en los créditos superiores a 200 unidades de fomento, y de 21, en aquellos cuyo monto sea entre 0 y 50 UF.
Y hay que tener mucho cuidado -tiene razón en su planteamiento el Senador Novoa, y debemos considerarlo-, pues si se llega a tasas convencionales excesivamente bajas, un número de....
Ruego a quienes nos visitan mantener el silencio que se precisa en la Sala.
Continúa con la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.
Señor Presidente, decía que si se llegara a tasas convencionales excesivamente bajas, podría ocurrir que un número importante de pequeños deudores quedara fuera del sistema crediticio, quienes muchas veces piden créditos en las casas comerciales. Porque si el costo del crédito no alcanza a cubrir la capacidad de operación de estas últimas, sencillamente se les negará el crédito.
De acuerdo con los estudios que nos entregó el Banco Central, que son bastante tentativos, pues tampoco hay muchos elementos como para arribar a algo concluyente, si dejáramos la tasa máxima convencional en 42 por ciento, que era lo que habíamos pensado como límite más o menos razonable para los créditos de 0 a 50 unidades de fomento, quedarían sin acceso al crédito cerca de 700 mil personas.
Y ello debe preocupar -el Senador Novoa tiene razón al respecto-, porque si esa gente queda excluida del crédito formal, caerá en el sistema informal, en la llamada "desbancarización".
Por tal razón, hemos sido cuidadosos en todo lo que hemos hecho acerca de esta legislación.
Se fijaron tres tramos para definir la tasa máxima convencional, poniendo especial esmero en el que va de 0 a 50 UF. En este segmento se establece una rebaja de 21 puntos porcentuales, cuya aplicación será gradual. La reducción partirá con 6 o 7 puntos hasta entrar en régimen, lo cual demorará entre 16 y 20 meses.
Asimismo, se instauró una norma de salvaguardia. Esta dispone que, en el evento de que una cantidad importante de personas quede marginada de la posibilidad de acceder al crédito regular, automáticamente se produce, por medio de la Superintendencia, la suspensión del sistema, a fin de congelarlo y evitar así un daño mayor.
Entonces, a mi juicio, lo que logramos -el Senador Tuma puede abundar sobre lo que estoy explicando- ha sido lo óptimo, dentro de lo que podía hacerse con cierta racionalidad y bastante cuidado.
Hemos escuchado -ya lo dijimos- a la Superintendencia, al Banco Central, a los propios actores del crédito.
La rebaja de 21 puntos porcentuales, en un caso, y de 14, en el otro, que significará una tasa máxima convencional del orden de 36 por ciento para los créditos superiores a 200 UF, y de 39 por ciento para aquellas operaciones entre 0 y 50 unidades de fomento, constituye un avance importante. Ello, por un lado, protegerá a los deudores, y por otro, impedirá que se produzca el efecto negativo señalado por el Senador Novoa, esto es, que un contingente de chilenos que hoy día participa de los créditos que otorga el sistema financiero quede sin poder acceder a préstamos regulares.
Eso es lo que trata el artículo en discusión, que tiene relación con las otras disposiciones que votaremos posteriormente.
Señor Presidente, estimados colegas, en este proyecto se parte de un juicio ideológico: que es bueno para el país -me gustaría que alguien me explicara quiénes lo componen- bancarizar a todos los chilenos.
La verdad es que en el Chile real, compuesto por personas de carne y hueso, cerca del 84 por ciento gana menos de 584 mil pesos al mes; un porcentaje muy grande de la llamada "clase media emergente" se halla en condiciones de precariedad tremenda, y algunos, a través de su bancarización y del costo del dinero, le han hecho pensar que accediendo a bienes de consumo se encuentra -más allá de lo que yo estime al respecto- bien, satisfecha.
Ciertamente, el sector financiero, más que las empresas del retail, que de hecho han cambiado su rubro, saca utilidades enormes, desmedidas, de la clase media emergente y del mundo popular.
¿Cómo lo hacen? Cobrándoles más caro por el dinero a los pobres que a los ricos.
A cualquiera de nosotros nos sale mucho más barato el costo de un crédito. Es más, esta iniciativa de ley no nos afecta en lo más mínimo, porque no pagamos las exorbitantes tasas de intereses que pagan la clase media y los sectores más empobrecidos.
Y ese problema no es solo de las grandes empresas del retail. Es también del sector financiero en su conjunto, tanto de la banca como de quienes están detrás de las empresas del retail, que se dicen medianas, e incluso, pequeñas.
Señor Presidente, en lo particular, cuando me presenté a Senador por la Región de O'Higgins tomé el compromiso de representar a la gente, a los ciudadanos, a quienes pagan estas tasas usurarias. Porque no tengo otro adjetivo para describir el cobro de intereses por sobre el 50 por ciento de la tasa media convencional. Y aquí, en una transacción, a mi juicio absolutamente insuficiente, muy por debajo de las expectativas de varios, se establece el criterio de dos categorías para créditos de entre 0 y 50 UF y de más de 50 UF hasta 200.
Yo me pregunto dónde está la ética de la cual habla la Conferencia Episcopal en relación con el orden económico en que vivimos; dónde queda la discusión del combate contra la desigualdad. Acá tenemos un proyecto de ley, con un origen absolutamente bien intencionado, para poner límites al abuso de algunos; fijar algún techo a la tasa máxima convencional que se puede cobrar (su promedio).
Pero me asiste una tremenda interrogante: ¿A quiénes estamos defendiendo? ¿De quiénes son los intereses que se quiere equilibrar aquí? ¿Queda bien equilibrado el interés del consumidor versus el de quienes dan los créditos?
Como el interés de muchos es abusar del estado de necesidad de un espectro muy amplio de chilenos, quienes precisan del crédito para acceder a bienes de consumo porque sus niveles de ingresos son bajos, insuficientes y precarios, aquí se aceptan el lobby y la presión de algunos que ciertamente ven en este proyecto la amenaza de perder enormes márgenes de utilidades.
Señor Presidente, quiero reconocer el esfuerzo hecho por los Senadores Tuma y Zaldívar en esta materia. Pero yo soy de aquellos que creen que la propuesta del Ejecutivo, que algunos han querido aplaudir como una gran transacción, es del todo insuficiente. Y entiendo que lo es porque el Gobierno parte del principio -y vuelvo al punto con que inicié mi intervención- de que es bueno que todo el mundo se bancarice. Los pobres pagan más por la plata que los ricos -y aquí la brecha no se acorta- y se dice que se debe a que son más riesgosos. La considero una afirmación absolutamente discutible. Conozco a gente modesta, esforzada, que se priva de muchos bienes para pagar sus deudas, a diferencia de lo que pasa con quienes poseen mayores recursos.
La iniciativa que nos ocupa significa un avance parcial. Y, a mi juicio, beneficia más a algunos poderosos que a las personas que realmente queríamos privilegiar. Aquí se parte de un juicio: cómo evitar quitarles un negocio a aquellos que participan del retail. Yo fui objeto -por eso lo puedo decir- de muchos llamados telefónicos reclamando por "¡cómo esto iba a afectar a cierto sector de la industria!". Mi compromiso está con los consumidores en la presente materia. Estimo que dicha industria se puede salvar solita. Si bien el proyecto implica un paso adelante, resulta del todo insuficiente para lo que está clamando la clase media emergente de nuestro país, que se halla en condiciones de tremenda precariedad, en un estado de necesidad producto de la distribución del ingreso y de los malos sueldos que les pagan.
Insisto en que lo considero un avance, pero no es lo que muchos esperábamos cuando comenzamos el debate.
Señor Presidente, recientemente la Conferencia Episcopal ha interpelado a la sociedad chilena. Uno de los aspectos que aborda en forma directa se relaciona con que tenemos un "lucro" desregulado, en el que advierte "connotaciones de usura", y que "aparece como la raíz misma de la iniquidad, de la voracidad, del abuso, de la corrupción y en cierto modo del desgobierno".
Los obispos advierten con claridad que "Chile ha sido uno de los países donde se ha aplicado con mayor rigidez y ortodoxia un modelo de desarrollo excesivamente centrado en los aspectos económicos y en el lucro", sin tomar en cuenta la felicidad de las personas. Y se han aceptado criterios "sin poner atención a consecuencias que hoy son rechazadas" en todo el territorio nacional y en el mundo entero, "puesto que han sido causa de tensiones y desigualdades escandalosas entre ricos y pobres".
Quiero señalar que el escándalo habido en el último tiempo con La Polar nos reveló -a través del debate en la Sala- cómo un retail que prestaba a intereses del orden del 56 por ciento anual (ese es el nivel que hoy alcanza la tasa máxima convencional que nos rige) obtenía recursos de los fondos de los trabajadores en las AFP a un costo de 6 por ciento anual.
¡Ese es el escándalo al que debemos ponerle atajo! Durante años el Congreso Nacional nunca había legislado al respecto.
Desde el año 2004, cuando era Diputado, que vengo presentando proyectos de ley para modificar el modo en que se calcula la tasa máxima convencional, que constituye un abuso, una usura, un incentivo al sobrendeudamiento. Porque aquí se habla mucho del sobrendeudamiento, y este tiene que ver con los niveles de la tasa de interés.
Esa ha sido, en parte, la historia de la materia en análisis. Ahora presentamos una moción junto a varios colegas -entre los cuales se incluyen el propio Senador señor Letelier, el señor Presidente de la Corporación, el Senador independiente señor Bianchi y el Honorable señor Zaldívar- con la que hemos puesto el tema sobre la mesa: qué medidas debemos adoptar para no seguir con una legislación que permite la legalización de la usura, y donde se señala que para el promedio de los créditos de 0 a 200 unidades de fomento, que existen en el mercado, más de 50 por ciento va a constituir el techo para hacer legal la usura.
Nosotros creemos que eso es absolutamente inaceptable. Y lo que habíamos propuesto en nuestro proyecto de ley, ahora lo hemos consensuado con el Ejecutivo. En este aspecto, me alegro de que el Gobierno haya tomado una posición en esta materia, y de que con posterioridad a la presentación de la iniciativa de los Senadores haya formulado otro texto legal, que en las cifras se hallaba bastante lejos de lo que aspirábamos. Sin embargo, en el debate de la Comisión y en la discusión parlamentaria hemos logrado un consenso que se sitúa entre las dos posiciones aquí escuchadas: Una, representada por el Honorable señor Novoa, quien dice que no se puede rebajar tanto la tasa de interés (la hemos disminuido de 56 a 35 por ciento, en promedio, para los sectores que piden créditos de 0 a 200 unidades de fomento). Y la otra posición extrema es la sustentada por el Senador señor Letelier, para quien esto resulta insuficiente.
Bueno, para llegar a acuerdo, había que conciliar ambas posturas, tanto la del Gobierno como la de los parlamentarios que presentamos el proyecto. Y lo logramos. El Senador señor García participó en representación de la Alianza.
El acuerdo alcanzado a lo mejor no es lo ideal, pero sí corresponde a una cifra razonable, que va a permitir créditos más justos. El 57 por ciento de tasa máxima convencional que hoy se está pagando lo vamos a reducir a un promedio de 35 por ciento.
Esos resultados esperan los ciudadanos de nosotros -también soy su representante-: que tengamos legislaciones que los protejan.
Cuando presentamos el proyecto de ley sobre protección de los derechos de los consumidores se dijo que estábamos promoviendo la industria del reclamo. Y lo que hemos visto en estos años es...
Se le concederá un minuto adicional
Como decía, lo que hemos visto en estos años es que se ha promovido la industria del abuso.
La presente iniciativa va en la línea de terminar con el abuso en materia de créditos, de proteger a los sectores más vulnerables y de permitir que sean compatibles los intereses de quienes prestan con los intereses de quienes reciben. No queremos terminar con el crédito, pero tampoco que se continúe abusando de aquellos que no negocian.
Por tal razón, el núcleo del proyecto en examen contiene una disposición que permite que las tasas de interés aplicables a las personas de menores ingresos sean las de mercado y no las de pizarra o de imposición que colocan los acreedores que poseen una posición dominante en el mercado.
Señor Presidente, estimo que la iniciativa constituye un gran avance, aunque no es lo ideal, por lo que podemos manifestar que después de su aprobación los sectores más vulnerables van a disponer de créditos justos.
Señor Presidente, los parlamentarios que han presentado estos proyectos de ley -incluyo, por supuesto, a los Senadores señores Chahuán y Tuma, quienes han iniciado la discusión- recogen un sentimiento de la opinión pública. Y como lo ha planteado aquí, muy bien, el Honorable señor Zaldívar: nadie quisiera meterle mano a un tema delicado de solucionar por la vía legislativa. Porque, por un lado, estamos siendo llamados permanentemente por los abusos que se producen en el cobro de intereses, y por otro, se establece una regulación que puede terminar con la posibilidad de acceso al crédito para las personas de menores ingresos, quienes presentan mayor riesgo -por ello se les cobran altos intereses- y pueden caer en manos de los que se dedican al préstamo irregular, lo que es aún peor, pues se verán obligados a pagar intereses más elevados y más rígidos.
Creo que las iniciativas de los Senadores señores Chahuán y Tuma abren un debate y presentan una propuesta bastante conservadora y moderada, que impide que se produzca alguno de los dos efectos negativos que se han mencionado.
Por eso, considero que hay que aprobarla.
El proyecto que nos ocupa ha abierto una discusión que se nos ha estado reclamando. Y ha sido un llamado público el fallo del Tribunal Constitucional de hace unos días, que recoge una iniciativa que presentamos con los Senadores señores Carlos Larraín y Horvath, y otros. Porque aquí estamos mirando solo para un lado: los intereses que cobran los privados. ¿Pero dónde se toca lo que cobra el Fisco por intereses moratorios? Eso se nos olvidó. Criticamos a La Polar, criticamos a las empresas y a los bancos, y no decimos nada del Fisco. Pero sucede que en Chile los deudores de impuestos muchas veces no pueden pagarlos producto del alto interés moratorio que aquel les cobra: más de 18 por ciento. Y es el Tribunal Constitucional quien, pese a que hace casi un año presentamos con los Senadores Carlos Larraín y Antonio Horvath la iniciativa que mencioné, ha venido a llamar la atención y a poner el dedo en la llaga respecto a los altos intereses aplicados por concepto de morosidad tributaria.
Espero, señor Presidente, que el Ejecutivo patrocine el proyecto que formulamos, porque es de su iniciativa exclusiva, si bien en algún minuto lo discutimos. Y quiero destacar que en su oportunidad hubo colegas, como el Senador Vásquez, del Partido Radical, que apoyaron la idea en comento.
No queremos que para los contribuyentes sea un negocio deberle al Fisco. Pero tampoco deseamos que, cada vez que uno de ellos se atrase en el pago de sus impuestos, los intereses que cobra aquel le hagan cuesta arriba solventar su deuda tributaria y lo lleven a no pagarla y, por ende, a quedar con sus bienes embargados.
Corresponde poner en votación la norma.
El señor Ministro quiere intervenir, señor Presidente.
Es el señor Subsecretario, señor Senador.
¿Por qué no está el Ministro y sí se encuentra presente el Subsecretario?
La Sala autorizó el ingreso del señor Subsecretario, Su Señoría.
Pero con el Ministro presente.
Ya fue autorizado.
Echo de menos al Ministro.
Tiene la palabra el señor Subsecretario de Hacienda.
El señor DITTBORN (Subsecretario de Hacienda).-
Señor Presidente, en forma muy breve, quiero explicarle a la Sala el origen de la iniciativa en debate.
Hubo inicialmente dos mociones.
La primera, presentada por los Senadores señores Tuma, Zaldívar, Escalona, Letelier y Bianchi (boletín Nº 7.786-03), planteaba un texto que proponía fijar la tasa de interés máximo convencional en tres veces la tasa de política monetaria del Banco Central.
La segunda, de los Senadores señores Chahuán y Prokurica (boletín Nº 7.890-03), proponía fijar la tasa de interés máximo convencional en dos veces la tasa de política monetaria del Instituto Emisor.
Ante tales proyectos, y considerando que él también estaba preocupado por los niveles que alcanzaba la tasa en comento y por la (digámoslo) falta de conocimiento financiero de que adolecen muchos chilenos, en especial los más modestos, quienes se endeudan a tasas altísimas sin calibrar el impacto de las obligaciones contraídas, particularmente en caso de mora, el Gobierno decidió presentar una tercera iniciativa, la que de alguna forma refundió las dos anteriores, e inició un diálogo muy fructífero, fundamentalmente con los Senadores señores Tuma y García, quienes representaron a las dos coaliciones. Y se logró redactar un texto que deja -creo- a todos satisfechos, y a lo mejor, también insatisfechos. Porque, de alguna manera, el articulado que se redactó es un punto medio, prudente, razonable, que significa un avance en la idea de proteger a los chilenos que no tienen educación financiera y no reaccionan a las tasas de interés propias de un mercado en movimiento.
Existe mucha evidencia en tal sentido, señor Presidente. Pero no quiero explicar hoy en detalle la iniciativa en referencia, pues los Senadores la conocen.
Deseo, sí, manifestar que estamos atacando fundamentalmente un tramo de deudas: las comprendidas entre 0 y 200 unidades de fomento, en pesos, a más de 90 días. Solo en este tramo estaba actuando la tasa de interés máximo convencional, y nos pareció que allí debíamos introducir un elemento de mercado, pero de las personas que se endeudaban a niveles superiores y, por lo tanto, tenían poder de negociación.
Por eso planteamos que para los créditos chicos, de 0 a 200 UF, a más de 90 días, se calculara la tasa máxima convencional como el promedio de créditos de mayor nivel: de entre 200 y 5 mil UF. Pero a esa tasa promedio le sumamos factores que básicamente compensan por el costo de prestar y por el riesgo que significan los deudores. Así, se llegó a esta especie de equilibrio, que significa respetar el mercado. Porque, evidentemente, la tasa de mercado que va a regir para los créditos chicos estará ligada al mercado nacional del crédito, pero respecto a los deudores con mayor poder de negociación, como lo son aquellos que obtienen montos de entre 200 y 5 mil UF, y sumándole un factor fijo que acepta que el costo de prestar es mayor para los créditos chicos que para los grandes y mayor para ciertos deudores y menor para otros.
Dicho eso, debo expresar que se llegó al proyecto que ocupa esta tarde al Senado. Contiene muchos elementos, pero los principales son aquellos de que hice mención. Y creemos que, si se aprueba, constituirá un poderoso alivio para los chilenos que, lamentablemente, hoy día se endeudan a tasas altísimas, como lo es la de interés máximo convencional, que se encuentra en un nivel de alrededor de 56 por ciento anual.
Por lo tanto, esperamos la aprobación del Senado.
Este proyecto considera además una serie de seguros para el caso de que notemos que, como consecuencia de su aplicación, los montos de crédito otorgados disminuyen.
Creemos que se trata de una iniciativa prudente, que aliviará en especial a los chilenos sobreendeudados y que no tendrá un impacto importante en el mercado del crédito.
En votación el numeral 4) del artículo 1º, mediante el cual se introduce un artículo 6º bis, nuevo, en la ley Nº 18.010.
--Se aprueba el numeral 4) del artículo 1º (23 votos a favor, 1 en contra, 2 abstenciones y un pareo).
Votaron a favor las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Larraín (don Hernán), Letelier, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó en contra el señor Novoa.
Se abstuvieron la señora Von Baer y el señor Coloma.
No votó, por estar pareada, la señora Pérez (doña Lily).
Corresponde pronunciarse acerca de la segunda enmienda que en la Comisión de Economía no fue objeto de aprobación unánime, pues hubo cuatro votos a favor y una abstención.
Se trata de la incorporación de un artículo 6º ter, nuevo, a la ley N° 18.010.
Si Sus Señorías lo estiman necesario, puedo leerlo El señor ESCALONA (Presidente).-
En discusión el numeral 5) del proyecto, mediante el cual se incorpora el artículo que individualizó el señor Secretario.
Señor Presidente, yo me abstuve porque estimo que el precepto sugerido es esencialmente reglamentario.
La idea es consignar en la ley N° 18.010 un sistema que hoy se aplica y que la Superintendencia de Bancos bien podría regular, ya que no es necesario que en las normas legales sobre interés máximo convencional aplicables a las tarjetas de créditos se establezca cuál es el tramo, etcétera.
Mi objeción principal apuntaba al numeral anterior.
En el caso del artículo 6° ter me abstuve por considerar que implica rigidizar en la legislación antes individualizada un sistema que siempre se ha aplicado sin necesidad de ley.
Por eso, mantengo mi abstención, que no se debió a dificultades de fondo sobre la materia.
¡Pero apliquemos aquello de que lo que abunda no daña...!
En votación el numeral 5) del artículo 1º, que introduce un artículo 6º ter, nuevo, en la ley Nº 18.010.
Para fundar su voto, tiene la palabra el Senador señor Espina.
Señor Presidente, a mí me correspondió presentar la indicación mediante la cual se incorporó el artículo 6° ter, norma que considero fundamental a los efectos de regular la tasa de interés que se cobra por el uso de las tarjetas de crédito.
Para la historia fidedigna de la ley, entonces, me parece muy importante leerlo.
En su inciso primero dice: "La tasa máxima convencional a aplicar a los créditos que se originen en la utilización de tarjetas de crédito mediante una línea de crédito previamente pactada, se establecerá en función del monto máximo autorizado para dichas operaciones en la convención que les dio origen, y del tiempo que se hubiere pactado en ella para hacer uso de la línea rotativa o refundida, según sea el caso, y corresponderá a aquella vigente al momento a partir del cual se devengan los respectivos intereses".
Hay que recordar que la tasa máxima cambia en las operaciones de más de 90 días y en las de menos de 90 días.
Ahora bien, ¿cuál es el criterio con que, en las tarjetas de crédito, se fija la tasa máxima posible de pagar?
Ya sabemos que este proyecto modifica el monto de la tasa máxima convencional hasta las operaciones que fluctúan en alrededor de 4 millones de pesos. Hubo sobre el particular una disminución considerable, lo que me parece absolutamente razonable. Y fui parte de la Comisión de Economía, donde logramos un amplio acuerdo en la materia.
Pero el artículo 6° ter dispone cómo se va a establecer la tasa máxima convencional en las tarjetas de crédito. Porque con estas las personas pueden realizar muchas operaciones, por distintos conceptos, y cada una de ellas puede ser por un monto distinto y por un plazo diferente para el pago. Y el precepto individualizado precisamente protege a los usuarios de tales tarjetas al dejar claro cómo se determina la tasa máxima que es factible cobrar.
En consecuencia, me parece esencial dejar aquello en la ley, para evitar discrecionalidades y la aplicación errada de la tasa máxima convencional en las tarjetas de crédito.
Por lo expuesto, señor Presidente, solicito aprobar el artículo 6° ter.
Para fundar su voto, tiene la palabra el Honorable señor García.
Señor Presidente, me interesa dejar en claro que el artículo 6° ter procura justamente proteger a los deudores. Porque si, por ejemplo, yo tengo en mi tarjeta una línea de crédito de un millón de pesos pero he ocupado 200 mil, es mejor, atendidos los tramos en que se dividieron los créditos de 0 a 200 unidades de fomento, que se cobre en función del monto máximo autorizado, pues ello significará una tasa menor, y en función del tiempo pactado, ya que también esto va a implicar una tasa más reducida. En la medida que se cobre en función de un monto menor, tal como está el proyecto, la tasa es más alta.
Por eso, deseo simplemente puntualizar que el artículo 6° ter persigue proteger a los deudores sobre la base de que se les cobre una tasa de interés acorde con el límite máximo autorizado, lo hayan ocupado o no.
Puede fundar su voto el Honorable señor Carlos Larraín.
Señor Presidente, yo quería reforzar la argumentación del Senador señor García, pero creo que no hace falta.
En todo caso, debo decir que no coincido con la alusión hecha aquí a la bancarización como una especie de conspiración maléfica o de plaga. En mi concepto, es muy bueno que el comercio minorista, ahora llamado "retail" -¡tenemos muchos anglosajones entre nosotros...!-, se ordene, se enmarque, se encuadre. Y la distinción efectuada en materia de los montos de los créditos convenidos por las casas de comercio debe aplicárseles asimismo a ellas. De ese modo podrá existir un comercio de dinero -este se presta y se arrienda por una tasa- mejor regulado, más ordenado.
Yo no le temo a la bancarización de dichas operaciones. Considero que lo más peligroso es la informalidad del mercado del dinero.
Ojalá, eso sí, las pequeñas casas de comercio se sientan también aludidas. Porque cuando se habla del "gran comercio", del "comercio de las grandes superficies", se tiende a olvidar las operaciones que hacen aquellas en Regiones, con bastante más autonomía y menos control.
Los Senadores de Regiones vemos que aquello ocurre cotidianamente. Y muchas veces las familias más sencillas son abusadas por casas de comercio distintas de las que salen en los diarios.
Ojalá la norma que estamos votando, que en teoría se halla bien diseñada, logre percolar -por así decirlo- en las prácticas de todo el comercio detallista y no solo en el que se realiza en las grandes superficies.
El Fisco también debiera dar un ejemplo en esta materia. Un Senador acaba de hacer aquí una referencia muy explícita en el sentido de que el Fisco es el acreedor más oneroso y más implacable, a tal punto que logra la quiebra de muchos deudores -al fin y al cabo, son fuente de trabajo- que a veces tropiezan con normas tributarias muy oscuras y de difícil interpretación. Y ello, con una connotación peculiarísima: el acreedor fija el monto de la acreencia unilateralmente, no en virtud de una convención.
Por consiguiente, a mi entender, todas las advertencias que hemos oído sobre la inconveniencia de un costo del dinero muy exagerado son importantes y debieran llegar tanto al más grande acreedor de la república, el Fisco, cuanto a los acreedores chicos. Los que se encuentran entremedio, en general, suelen observar normas más racionales.
Los Honorables señores Novoa y Tuma son dos protagonistas muy relevantes de este proyecto.
Está inscrito primero el Senador señor Novoa, quien tiene la palabra.
Señor Presidente, después de las explicaciones que he escuchado, voy a cambiar mi abstención y votaré en contra.
¡Fue provocado...!
Y voy a explicar por qué. Como señalé, esta materia tiene hoy día aplicación de acuerdo a las normas generales. Y, en cuanto a las tarjetas de crédito, uno ve que en los estados de cuenta que recibe se le informa cuál es la tasa de interés por las compras con cuotas; cuál la tasa de interés por los retiros hechos, y cuál la tasa de interés en una tercera situación. Son tres conceptos distintos.
Ahora, con el artículo 6° ter se expresa que la tasa de interés se calculará sobre el monto máximo autorizado, de manera que sea la más baja posible. ¡Muy loable la intención! Entonces, ¡los montos autorizados serán los más bajos posibles, para que cobren las tasas más altas...!
Desgraciadamente, de esa manera opera el mercado. Así las cosas, si se autorizan 10 millones de pesos y este monto se halla en el tramo en que la tasa máxima convencional es de 15 por ciento, ningún banco va a autorizar tal cantidad, por no estar en condiciones de prestar a ese porcentaje. Yo no dudo de las buenas intenciones que hay detrás del precepto en cuestión. Pero debo puntualizar que muchas veces las buenas intenciones provocan efectos bastante dañinos.
En mi opinión, las normas sobre interés máximo, tal como se modificaron ahora, debieran servir para que la Superintendencia del ramo las aplicara a los emisores de tarjetas de crédito. Porque, de aprobarse el artículo 6° ter, a lo mejor vamos a rigidizar el sistema y a provocar un efecto indeseado, como el de que a nadie le autoricen un monto máximo por sobre equis cantidad.
Luego de las últimas intervenciones, hay un renovado interés por intervenir. Tiene la palabra el Senador señor Tuma. El señor TUMA.-
Señor Presidente, si bien el Senador Novoa tiene inquietudes en torno a las interpretaciones sobre el artículo 6° ter, para mí es claro que con él evitamos la discrecionalidad del acreedor, para que este, cuando otorgue un monto inferior al autorizado como mayor, dentro del margen de la línea de crédito, no aplique la tasa máxima de un techo más alto, sino la correspondiente al total.
En esa forma prevenimos el abuso, lo que es muy importante, porque hay más de 7 millones de usuarios de tarjetas de crédito y muchos de ellos las utilizan para actos de consumo, de alimentación. Por tanto, es preciso procurar que las tasas de interés para estas familias sean las más bajas posibles. Por ello hemos aprobado el artículo, no obstante las dudas de Su Señoría, que son legítimas, en cuanto a la interpretación de la ley.
--Se aprueba el número 5), nuevo, propuesto por la Comisión de Economía y queda despachado en particular el proyecto (24 votos a favor, uno en contra, 3 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Novoa.
Se abstuvieron la señora Von Baer y los señores Kuschel y Orpis.
En este momento ha llegado a la Mesa el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo de Relaciones de Socios entre la República de Chile y la Federación de Rusia, suscrito en Yokohama, Japón, el 13 de noviembre de 2010.
8059-13
Conforme a lo acordado por la Sala, corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.305, sobre condiciones de retiro de los funcionarios públicos con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones; reconoce pagos y otorga beneficios, con informe de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
Regularizar la situación de aquellas personas a las que les fue rechazado o suspendido el pago del denominado "bono poslaboral" en el período comprendido entre el 1° de enero de 2009 y la fecha de publicación de la ley.
Establecer que el pago del bono se realizará a contar del día primero del mes subsiguiente de la dictación del decreto o resolución respectivos.
Posibilitar, en forma excepcional, la presentación de la solicitud de acceso al bono en el caso de las personas que obtuvieron pensión de invalidez o de vejez y que no postularon a tiempo, como también en el de los funcionarios que la formularon oportunamente y en el de los profesionales de la educación.
Establecer la responsabilidad administrativa de la autoridad que no efectúe o que realice extemporáneamente las gestiones para acceder al bono.
Disponer la prevalencia de las normas legales que establezcan plazos especiales para solicitar el beneficio del bono por sobre los plazos contemplados en la ley N° 20.305.
La Comisión de Trabajo discutió el proyecto solamente en general y, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Rincón y señores Bianchi, Kuschel, Muñoz Aburto y Uriarte, acogió la idea de legislar.
La Comisión de Hacienda, por su parte, lo debatió en general y en particular, y, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señora Rincón y señores Eduardo Frei, García y Pérez Varela, lo aprobó en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados. Ello, con relación a la calificación de "discusión inmediata" de que fue objeto la iniciativa.
El texto propuesto se consigna en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Ahora bien, los Senadores señora Lily Pérez y señor Ignacio Walker han presentado una indicación para suprimir, en el artículo primero transitorio, la frase "que acrediten haber presentado en el plazo legal la solicitud al referido bono, mediante copia timbrada y firmada de la misma,".
Señor Presidente, iba a solicitar que se efectuara la votación. No sabía lo de la indicación a que se ha hecho referencia.
En la Comisión de Hacienda revisamos el proyecto hoy día y acordamos aprobarlo en general y en particular. Venía acogido por la unanimidad de la Comisión de Trabajo.
El beneficio dice relación con ciertas situaciones registradas con motivo de la ley Nº 20.305. La cantidad de recursos es bastante menor, del orden de 300 o 400 millones de pesos anuales, y son alrededor de 300 o 400 los funcionarios comprendidos durante ese mismo período.
Reitero que iba a pedir un pronunciamiento en general y en particular, por la calificación de "discusión inmediata". Desconozco el cambio planteado por la indicación y si esta necesita o no patrocinio del Ejecutivo. Que la expliquen los autores para poder aprobarla.
Procederemos a la votación, mas existe una lista de inscritos. Esta última es limitada, pero constituye una lista, al fin y al cabo.
Tiene la palabra el Honorable señor Ignacio Walker.
Es preciso inscribirse.
Se trata de una cuestión de Reglamento.
Con la Senadora señora Pérez hemos presentado una indicación muy sencilla. Los artículos primero y segundo transitorios dan 90 días adicionales -la primera disposición, desde la fecha de publicación del cuerpo legal en proyecto- para acogerse a los beneficios. Ello está muy bien y no se discute. Pero, si Sus Señorías se fijan, mientras uno se refiere a los funcionarios que hayan "cesado en funciones con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley", el otro menciona a los "profesionales de la educación que desde la entrada en vigencia de la presente ley sean beneficiarios".
¿Qué es lo que ha ocurrido en el primer caso? Es algo que nos ha tocado observar con la Honorable señora Pérez y el Diputado señor Cerda en muchas comunas de nuestra circunscripción. Que, por los funcionamientos internos de los Departamentos de Administración de Educación Municipal, la verdad es que no se orientó bien a los profesores que querían hacerse acreedores al beneficio.
En consecuencia, de despacharse el texto tal como está, ellos tendrán una posibilidad teórica de acogerse a lo que estamos aprobando y, en el fondo, no van a contar con acceso alguno al beneficio. ¿Por qué? Porque el artículo primero transitorio dice: "que acrediten haber presentado en el plazo legal la solicitud al referido bono, mediante copia timbrada y firmada de la misma,".
Lo que proponemos es eliminar esa frase, a fin de que la utilidad de los 90 días adicionales sea real para las personas a las que, por obstáculos, información insuficiente -nunca mala fe- y mala orientación del DAEM, no les fue posible acceder, en su momento, al beneficio de la ley y que tampoco podrían acogerse al nuevo.
Ese es el sentido de la indicación.
El Senador señor Letelier pidió la palabra por un asunto de Reglamento.
Puede hacer uso de ella.
Señor Presidente, lo que sucede es que se nos están haciendo dos peticiones: aprobar en general y en particular a la vez la iniciativa, a lo que se suma una indicación.
Soy bien reacio a dar la unanimidad, porque no me gusta ver este tipo de indicaciones a la carrera.
Es más, lamento que estemos discutiendo en general el proyecto, porque pensábamos que el bono poslaboral no iba a significar una dificultad para nadie. Entiendo que el Diputado señor Cerda ha estado insistiendo mucho en la materia por la situación de un grupo de profesores. Ignoro si hay otros interesados. Esa es mi inquietud. Entonces, no sé si tiene sentido despachar en general y en particular la normativa en estudio, sin darle una mirada un poco más detenida para asegurarnos de que ningún peticionario del bono poslaboral quedará fuera. Por eso, tengo reservas en cuanto a aprobar la iniciativa en particular.
Propongo que la enviemos a Comisión para intentar que nadie sea excluido del beneficio por aspectos burocráticos. Me parece que ese es el espíritu. Pienso que una semana no afectará en nada. La idea es despachar el texto de la mejor manera posible, como es la voluntad de todos.
Estoy seguro de que en todas las Regiones hay casos. Sabiendo que el proyecto se aprueba en general, otras personas se nos van a acercar, y podremos despejar cualquier duda.
Pido votar solo la aprobación de la idea de legislar, sin abocarnos a la indicación.
Formularé algunas observaciones al respecto, señor Senador.
Primero, no se necesita unanimidad, porque el Reglamento dispone que, cuando el Ejecutivo califica la urgencia de "discusión inmediata", se debe proceder primero a un pronunciamiento en general y después a otro en particular. No es "a la vez", sino que constituye una secuencia. De manera que no estamos solicitando un consenso, sino procediendo de acuerdo con ese texto.
En segundo lugar, Su Señoría llevó a cabo una intervención. No expuso una cuestión de Reglamento propiamente tal.
Los señores Senadores que deseen hacer uso de la palabra se deben inscribir. Hay tres más.
Procederemos a la discusión general, a la votación y...
La otra alternativa es que usted convenza al Ejecutivo de retirar la urgencia. Eso es también plausible. Pero de ella se dio cuenta ayer.
¡Usted puede ayudarnos, señor Presidente...!
De acuerdo con el orden de los inscritos, tiene la palabra el Honorable señor García.
Señor Presidente, conforme a su planteamiento, debo referirme al proyecto solo en general.
Sin duda, este último es necesario después de establecerse el bono poslaboral en consideración a la tasa de reemplazo, la cual se entiende como el porcentaje que representa la pensión en lo que fue el ingreso en servicio activo. Y puede resultar muy baja, básicamente, producto del llamado "daño previsional", fruto de décadas de hacerse imposiciones solo por un tercio de la remuneración real.
Porque las cotizaciones previsionales se realizaban -permítame recordarlo, señor Presidente- solo por el sueldo base, y bonos, bonificaciones, ciertos reajustes, etcétera, conformaban parte importante del ingreso, pero no eran imponibles. En consecuencia, al momento de retirarse se registraba un bono de reconocimiento muy reducido y, por lo tanto, se obtenía una pensión de la misma característica. Para compensar, en parte -y solo en parte-, se estableció el bono poslaboral.
Sin embargo, transcurridos ya un par de años del otorgamiento del beneficio, nos hemos dado cuenta de que han ocurrido algunas situaciones lamentables. Por ejemplo, ciertos empleadores no enviaron el certificado de las últimas 12 remuneraciones del funcionario mientras estuvo en servicio activo, y, por no recibir la Tesorería General de la República ese importantísimo documento, que permitía determinar cuál era la tasa de reemplazo, la persona quedó simplemente al margen. Ello, no por falta de interés ni por no realizar el trámite, sino por no haberse remitido el documento respectivo. El afectado no tuvo ninguna responsabilidad.
Y eso sucedió precisamente en muchos departamentos de administración de educación municipal. Por eso, me hace fuerza lo que se plantea respecto al caso de los profesores.
El proyecto corrige tales situaciones, y, en mi opinión, lo más relevante se encuentra en sus artículos primero y segundo transitorios, que establecen un nuevo plazo de 90 días para acogerse a estas normas.
En cuanto al artículo primero transitorio, que señala que los funcionarios deben contar con la copia timbrada de su solicitud presentada anteriormente, creo que es bastante difícil, en efecto, que ella exista.
Por lo tanto, soy partidario de que se cuente con algún tiempo para que el Ejecutivo presente una indicación o, por último, se comprometa a enviar un veto.
A mi juicio, si vamos a otorgar un nuevo plazo, permitamos que lo aprovechen las personas que cumplían los requisitos legales para acceder al beneficio y no determinemos exigencias meramente administrativas que van a terminar frustrando peticiones bastante legítimas.
Por supuesto, voto a favor del proyecto en general.
Señor Presidente, manifiesto mi complacencia, desde luego, por la iniciativa en debate, la cual, como se ha expresado, le hace justicia a un gran número de servidores públicos que entregaron su vida al servicio de la patria, muchos de ellos enseñando, y que se retiraron en condiciones muy desmedradas, con pensiones realmente disminuidas por el daño previsional que se les ocasionó al verse obligados a traspasarse a otro sistema previsional y no registrar en este una cantidad importante de años. Esas personas reciben montos bajísimos, lo que a todos nos consta al visitar nuestras comunas y Regiones.
Hace pocos días leímos en la prensa que el sector minero estaba pidiendo, por término de conflicto -¡al que no se llegó!-, veinte millones de pesos por dos años. ¡Veinte millones de pesos! ¡Cuando los jubilados que nos ocupan recibieron 6, 8, 10 millones de pesos, se fueron felices...!
Ahora les estamos dando algo mínimo, y, para ello, se les pone la condición de "que acrediten haber presentado en el plazo legal la solicitud al referido bono, mediante copia timbrada y firmada de la misma,".
¿Es uno solo el empleador? ¡Son 345 las municipalidades, algunas de ellas muy eficientes, muy al día, y otras, muy atrasadas, que no tenían idea del beneficio, muchas veces, y ni siquiera extendieron los documentos correspondientes! Ahora, por no contar con el papel, será preciso deambular nuevamente de un lado a otro y soportar un suplicio para que la pensión aumente en una pequeña cantidad.
Como todos conocemos la realidad de nuestro país y de la injusticia cometida con estos servidores públicos, soy partidario, por supuesto, de sancionar el proyecto en general y en particular, y también la indicación presentada por los Senadores señora Pérez y señor Ignacio Walker.
Ojalá aprobemos la iniciativa hoy día, lo cual constituiría un broche de oro. Y deseo llamar la atención al respecto. En la sesión ordinaria recién pasada y la presente hemos despachado todos los proyectos de ley y de acuerdo que estaban en tabla, con el récord de que en la primera de ellas registraron unanimidad en circunstancias de que eran 35. El broche de oro -repito- sería que hiciéramos otro tanto con la normativa de que se trata, en beneficio de los servidores públicos.
Solo quisiera precisar que ayer, en una hora y media, se trataron 32 proyectos de acuerdo y 3 proyectos de ley y que, además, se conmemoró el Día Internacional de la No Violencia.
Fue una gran labor, señor Presidente. Lo felicito a usted y a todos mis colegas.
Señor Presidente, le agradezco al Honorable señor Sabag el apoyo a la indicación que presentamos con el Senador señor Ignacio Walker, y también al Honorable señor García, quien es Presidente de la Comisión de Hacienda y maneja bastante bien estas materias.
Aquí hubo errores administrativos -es preciso decirlo- de parte de quienes tienen en sus manos la gestión municipal, en especial con relación a los profesores que han cesado en sus cargos. A ello apunta la indicación que hemos formulado. No es que ellos hayan dejado de cumplir los requisitos. ¡Los cumplen! Hicieron lo que tenían que hacer. El problema obedeció a errores administrativos.
Por lo tanto -por su intermedio, señor Presidente-, pedimos al Ministro Larroulet, quien nos acompaña esta tarde en la Sala, que el Ejecutivo patrocine nuestra indicación; así, despachamos hoy día la iniciativa.
Es muy importante resolver eso. Son señales públicas que debemos dar a personas que han hecho todo correctamente. Y ello no se ha realizado cuando correspondía.
Por ello, pido encarecidamente someter a votación ahora esta indicación.
Señora Senadora, desde el punto de vista de la Mesa, la indicación planteada es admisible, porque no aumenta ningún beneficio. Según lo que establece, solamente suprime una exigencia administrativa, lo cual no dice relación con los beneficios contemplados en el proyecto.
Lo tenemos inscrito, señor Senador.
¡Entonces alguien se inscribió por mí...!
En todo caso, señor Presidente, aprovecho de decir que soy partidario de despachar ahora la iniciativa.
¡Sí, hay que despacharla!
Señor Presidente, solo deseo que se me aclare en qué consiste la indicación. Porque, si ella busca suprimir la frase que dice "que acrediten haber presentado en el plazo legal la solicitud...", se ampliará el beneficio, ya que la norma abarcaría a quienes presentaron la solicitud y, también, a los que no lo hicieron.
¡No es tan así!
Señor Presidente, se contempla un requisito para acceder al beneficio: haber hecho la petición en su debido tiempo. Si se elimina tal exigencia, aquel se extendería a todos los funcionarios, hayan presentado o no la solicitud.
Afortunadamente, el Ejecutivo manifiesta su buena voluntad con relación al tema. De manera que...
Eso es perfecto. Deseo precisar que no estoy en contra de la indicación. Pero me interesa que quede claro que el Ejecutivo la patrocinará.
La Mesa mantiene su criterio. Por fortuna, no tendremos que recurrir al Tribunal Constitucional porque el Ministro me ha informado que retirará la urgencia; de manera tal que podremos tratar este asunto el próximo martes o miércoles.
En consecuencia, se someterá a votación en general la iniciativa.
--Se aprueba en general el proyecto (17 votos a favor y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Escalona, García, Gómez, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Sabag, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
Agregue mi voto favorable, señor Presidente.
Y el mío, señor Presidente.
Se deja constancia en la Versión Oficial de la intención de voto favorable de los Senadores señores Letelier, Tuma y Horvath.
¿Habría acuerdo para fijar como plazo para presentar indicaciones el lunes 8 de octubre, a las 12, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, considerando que en la de Hacienda será prácticamente imposible hacerlo, por los proyectos que debe analizar además del relacionado con el Presupuesto?
¿Nuestra indicación se entendería ya entregada o habría que llevarla de nuevo a la Comisión de Trabajo?
Está presentada.
Se da por entregada, señora Senadora. De manera que el Ejecutivo la puede patrocinar.
Pido la palabra, señor Presidente, para referirme a otra materia. Es una moción de orden reglamentario.
En ese caso, tiene la prelación el Honorable señor Zaldívar, quien la había solicitado primero.
Señor Presidente, el sector interesado en este proyecto estaba absolutamente convencido de que, con la calificación de "discusión inmediata", íbamos a despachar el proyecto el día de hoy. Pero, debido a las razones que se han dado, ello será imposible.
En consecuencia, pido que le fijemos un plazo a la Comisión de Trabajo para analizar dicha iniciativa. Considerando el plazo sugerido para presentar indicaciones, tal vez el miércoles podríamos debatir la materia en la Sala. Propongo darle tratamiento preferente al proyecto para su despacho poniéndolo en el primer lugar de la tabla.
¿Habría acuerdo, entonces, para fijar plazo para formular indicaciones hasta el lunes 8 de octubre, a las 12, y para incluir la iniciativa en la tabla de la sesión del próximo miércoles?
Como Presidente de las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas, debo señalar que estas acordaron pedir que se establezca un plazo de un par de horas para formular indicaciones al proyecto sobre televisión digital terrestre. Sin embargo, los Comités decidieron ampliarlo a una semana.
En consecuencia, solicito que se recabe la unanimidad de la Sala para revocar el acuerdo de Comités en esta materia y que se fije para ello un plazo de dos horas solamente.
Señor Senador, lamento manifestarle que, habiendo acuerdo unánime de los Comités, este no se puede modificar.
¡Pero sí, con la unanimidad de la Sala!
Reitero: hubo acuerdo unánime de Comités. Solo con otro acuerdo igual se puede enmendar lo resuelto.
Señor Presidente, entiendo que hay un conflicto relacionado con dos peticiones distintas. Las Comisiones unidas decidieron -entiendo que ello se formalizó (puedo estar equivocado en mi afirmación)- que el plazo para presentar indicaciones, dado que se logró construir un acuerdo en ellas, fuera acotado.
Es cierto que podemos rechazar todas las indicaciones que lleguen y que no se relacionen con lo acordado. Pero sería impropio generar la expectativa de que estamos abriendo un debate nuevo.
El plazo que las referidas Comisiones necesitan es solo para ratificar lo convenido al interior de ellas con el Ejecutivo.
Esa es nuestra inquietud.
Quiero plantearla en términos reglamentarios.
Los órganos técnicos mencionados pidieron que dicho plazo fuera acotado. Entiendo que los Comités son los únicos que pueden revocar lo resuelto, dado que hubo unanimidad a ese efecto. Sin embargo, junto con dejar constancia de lo que hicieron las Comisiones unidas, yo por lo menos voy a hacer valer el compromiso adoptado en su seno.
Senador señor Letelier, es muy importante lo que usted ha manifestado. Tomamos nota de su constancia. Pero la Mesa está en la obligación de recordar a la Sala el artículo 19 del Reglamento, que es inequívoco y expreso: "Ningún Senador podrá oponerse a los acuerdos adoptados, dentro de su competencia, por la unanimidad de los Comités".
Señor Presidente, sólo quiero decir que el artículo señala a continuación que, si algún Comité no ha participado en el acuerdo, puede pedir que este se revoque. Yo, como Comité Radical, no formé parte de él. Por tanto, si al Senado le interesa modificar lo resuelto, no tengo problema en pedir que la materia se revise. Reitero: yo no participé en ese acuerdo unánime.
Señor Senador, lamento indicarle que, para efectos reglamentarios, no corre lo que usted acaba de decir, debido a que se dio cuenta ayer del asunto y no en la sesión de hoy; de manera que el acuerdo de Comités ya se implementó.
Y con respecto al párrafo siguiente del artículo que leí, aludido por Su Señoría, le aclaro que dice: "La oposición que se haga se tendrá por no formulada y no será admitida a debate".
El señor GÓMEZ.- Revisaré esa norma.
Tiene la palabra el Senador señor Tuma para plantear una cuestión reglamentaria.
Señor Presidente, la Comisión de Economía en el día de hoy analizó en su segundo informe, por mandato de la Sala, el proyecto que regula la venta de videojuegos excesivamente violentos a menores de 18 años.
Hoy recibimos a diversos sectores que nos habían solicitado ser escuchados.
Los miembros del órgano técnico, con el apoyo de los Diputados autores de la iniciativa, acordamos, por unanimidad, introducir una indicación al texto de dicha iniciativa legal.
Con ese fin, señor Presidente, solicito que recabe la anuencia de la Sala para ampliar hasta el lunes 8 de octubre, a las 12, el plazo para formular indicaciones.
Al señor Ministro de Educación, consultándole por PARTICIPACIÓN DE MINEDUC EN CONFLICTO DE UNIVERSIDAD DEL MAR, ESPECIALMENTE EN SEDE DE PUNTA ARENAS.
Al señor Contralor General de la República, para que informe en Derecho sobre VIGENCIA DE QUINQUENIOS PENITENCIARIOS PARA GENDARMERÍA DE CHILE.
Al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole MEDIDAS LEGALES CON RELACIÓN A LEVANTAMIENTO DE BARRERAS EN CARRETERAS CONCESIONADAS EN CASO DE TACOS O EMERGENCIAS y para que dé a conocer si su Cartera tiene contemplada para el 2013 una LICITACIÓN DE DISEÑO O CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LONQUÉN EN CONVERGENCIA DE COMUNAS DE PORTEZUELO, SAN NICOLÁS Y NINHUE (Octava Región); al señor Ministro de Salud, pidiéndole remitir ESTADÍSTICAS DE ÚLTIMOS TRES AÑOS RESPECTO DE PERSONAS INFECTADAS CON VIH EN REGIÓN DEL BIOBÍO, POR COMUNA; al señor Subsecretario de Pesca, para que entregue antecedentes relativos a SOLICITUD DE CONCESIÓN DE ACUICULTURA Nº 203081013, DE 2003, EN COMUNA DE HUALPÉN (Región del Biobío); a la señora Directora del Trabajo, para que informe sobre DENUNCIA DE FEDERACIÓN Nº 3 DE TRABAJADORES DE SQM ANTOFAGASTA CONTRA EMPRESA SQM SALAR S.A. POR PRÁCTICAS ANTISINDICALES; al señor Director del Servicio de Registro Civil e Identificación, solicitándole información relacionada con CÉDULAS DE IDENTIDAD NO RETIRADAS Y DESTRUCCIÓN DE ELLAS; a la señora Directora Nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, requiriéndole antecedentes sobre APORTES ESTATALES PARA APOYO A ORGANIZACIONES EN SU LABOR REHABILITADORA; al señor Intendente del Biobío, para que remita información sobre DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL 2012 (FRIL) PARA CADA COMUNA DE OCTAVA REGIÓN; al señor Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, para que envíe antecedentes sobre JUICIO EN CONTRA DE EMPRESA SQM POR DEMOLICIÓN -AUTORIZADA POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ANTOFAGASTA EN 2008- DE "CASA DE HUÉSPEDES", INMUEBLE AMPARADO POR DECRETO SUPREMO Nº 1170, DE 1985, y al señor Rector de la Universidad de Concepción, pidiéndole remitir copia de CONVENIO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA SUSCRITO ENTRE LA REFERIDA UNIVERSIDAD Y EL PODER JUDICIAL EL 15 DE JUNIO DE 2012.
En los tiempos de los Comités Independientes, MAS, Socialista, Demócrata Cristiano y Partido Por la Democracia, ningún señor Senador hará uso de la palabra.
En el turno del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
Señor Presidente, hace casi un año, cuando usted presidía la Comisión de Obras Públicas, iniciamos el debate sobre el proyecto que regula el cobro por uso de vías y carreteras concesionadas.
El Ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, se comprometió en dicho órgano -también lo hizo en la Región de Antofagasta- a formular una indicación a la iniciativa que nosotros presentamos para evitar que, en las rutas concesionadas donde no existan caleteras, se obligue a los usuarios que viven en comunas aledañas a pagar el valor del peaje. Ello, porque se trata de montos muy altos, y ya existe una diferenciación en el resto del país.
Tal es el caso de la vía concesionada entre Antofagasta y Mejillones. Muchas personas viven en Antofagasta y trabajan en Mejillones; por tanto, a raíz de dicho proceso de concesión, verán aumentado el costo del traslado.
Aquí hubo un compromiso del Ministro, que no ha cumplido hasta el día de hoy.
Por ello, solicito que se oficie al Ministro Laurence Golborne, para que cumpla la promesa que efectuó en la Comisión de Obras Públicas: formular la indicación respectiva al proyecto ya mencionado. Incluso, usted mismo, señor Presidente, le propuso que ello se hiciera a través de los recursos asimilados a los del Transantiago en Regiones. Hasta el día de hoy no ha existido respuesta alguna.
El Ministro se comprometió a esto también públicamente en la ciudad de Antofagasta.
¡No ha cumplido!
En consecuencia, pido que se oficie al Ministro de Obras Públicas para que cumpla su palabra. Porque en pocos días más empezarán a operar los peajes de las vías concesionadas en la Región de Antofagasta.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor Gómez, conforme al Reglamento.
En los tiempos de los Comités UDI y Renovación Nacional, ningún señor Senador intervendrá.
--Se levantó a las 18:14.

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