Source: https://www.slideshare.net/Nicoagus/ini-legipe-senpan260314
Timestamp: 2017-10-24 01:21:16+00:00

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1. 1 Sen. Raúl Cervantes Andrade Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, PRESENTE. Las y los suscritos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numerales 1 y 3, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente Iniciativa con Aval de Grupo por la que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo anterior, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La ruta que México ha tomado para transitar hacia un sistema político democrático se ha caracterizado por ser gradual y por acontecer, principalmente, dentro del marco legislativo. Es decir, si consideramos el año de 1917, a partir de la promulgación de la Constitución, como el que dio por concluido el movimiento revolucionario, podemos afirmar que en el proceso de democratización de la nación no ha habido mayores rompimientos en el diseño institucional; no nos hemos visto ante la exigencia de refundar el Estado mexicano. La democratización mexicana, distinguida por la estabilidad y continuidad, ha hecho uso de las propias reglas sobre las que alguna vez se asentó y desenvolvió el régimen hegemónico. El arreglo institucional y las reglas del autoritarismo se han desempeñado como el principal instrumento utilizado por las fuerzas de oposición para llevar a cabo cambios en la naturaleza del régimen político. La democracia mexicana, por sus particularidades, continúa en proceso de construcción, perfeccionamiento y consolidación. Es un proyecto inacabado que ha requerido de numerosas reformas de carácter político: (i) La de 1963, que fue posible gracias a las intensas presiones del Partido Acción Nacional, mediante la cual se concretó la figura de “diputados de partido”. Si bien no logró pluralizar por completo la Cámara de Diputados, sí abrió algunos espacios a la oposición en la máxima tribuna de nuestro país y representó una válvula de escape que impidió una ruptura. (ii) La de 1977 tuvo lugar durante el sexenio de José López Portillo, ante el riesgo de que el PAN, que por décadas había venido desempeñando el papel de “oposición leal”, dejara de jugar el juego impuesto por el partido oficial y que con esta conducta se deslegitimara al régimen. Esta reforma, a grandes rasgos, derivó en la expedición de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE); abrió el sistema de partidos a organizaciones que habían sido históricamente marginadas;
2. 2 ofreció subsidios económicos; e introdujo en la Cámara de Diputados un sistema de representación proporcional paralelo al sistema de mayoría relativa.1 (iii) La de 1990, precedida por severas crisis de legitimidad derivadas del deterioro de la economía mexicana y de las polémicas elecciones presidenciales de 1988, culminó con la sustitución del Código Federal Electoral de 1986 por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y con la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) en lugar de la Comisión Federal Electoral, como institución responsable de la organización y calificación de las elecciones. Se da vida al servicio profesional electoral para la integración de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto. Se creó el Tribunal Federal Electoral, encargado de la justicia electoral. En este proceso de reforma también se fijó un límite máximo de 350 asientos que un partido político podía ocupar, por ambos principios, en la Cámara de Diputados. (iv) La de 1993-1994, por la cual el IFE adquiere un carácter ciudadano. La reforma política de este año también implicó una conformación más plural de la Cámara de Senadores, a la que tenían acceso cuatro senadores por entidad federativa: tres del partido mayoritario y uno de la primera minoría. En la Cámara de Diputados el límite superior de escaños por ambos principios pasó a ser de 300 y se eliminó la cláusula de gobernabilidad. (v) La reforma de 1996, por la cual se le dio plena autonomía constitucional al IFE; se excluyó al Secretario de Gobernación de la Presidencia del Consejo General de dicho instituto; se fortaleció al Tribunal Electoral y se le adscribió al Poder Judicial; se generaron condiciones de competencia electoral más equitativas a través del financiamiento público con un componente más igualitario (30 por ciento); se prohibieron ciertas fuentes de financiamiento de campañas (recursos del gobierno y de iglesias, por ejemplo); y se facultó a la autoridad electoral para ejercer una fiscalización más efectiva.2 Así mismo, se forzó a las entidades federativas a alinear sus leyes electorales conforme a los estándares de la Federación; (vi) La reforma política de 2007 indudablemente fue producto de las dificultades a las que se enfrentó la autoridad electoral en las elecciones federales de 2006. Así pues, el producto reflejó mayores controles, para lo cual se engrosaron las facultades del IFE. Se estableció que éste sería autoridad única en la administración de los tiempos en radio y televisión que corresponden al Estado; y se asignaron parámetros claros para que los partidos políticos accedan a estos medios en precampañas, campañas y épocas no electorales. Se prohibió la adquisición de tiempos en radio y televisión para apoyar a candidatos. Por otro lado, se prohibieron expresamente las campañas negativas que denigren o calumnien a instituciones, partidos o personas, así como la difusión de propaganda gubernamental por el tiempo que duren los procesos comiciales. (vii) La reforma política de 2012, impulsada por el Presidente Felipe Calderón, fortaleció la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos del país. Eliminó disposiciones que dotaban a los partidos políticos del derecho exclusivo a postular candidatos a 1 Molinar Horcasitas, Juan. El tiempo de la legitimidad. Elecciones, autoritarismo y democracia en México. México: Cal y arena, 1991. 2 Muruyama, Ciro. «Las condiciones de la competencia. Dinero, medios y elecciones.» En Elecciones inéditas 2006. La democracia a prueba, de Varios, 123-143. México: Norma, 2006.
3. 3 cargos de elección popular y dio vida a las figuras de iniciativa ciudadana y consulta popular. El recuento de reformas de carácter político-electoral que aquí se ha presentado permite ver, en primer lugar, la naturaleza gradual de la democracia mexicana. En segundo lugar, permite examinar las formas a las que las instituciones han tenido que ir responder debido a los constantes cambios políticos y sociales. Nuestra democratización ha sido, en gran medida, reactiva. El decreto promulgado el 10 de febrero de 2014 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se suma a la larga lista de reformas en materia político-electoral de gran calado. Éste, a su vez, respondió a nuevas dificultades en materia de fiscalización, pero sobre todo, a las complicaciones derivadas de la heterogeneidad en el ejercicio de derechos políticos entre los ciudadanos mexicanos. Se encontró que el goce de estos derechos humanos está en función de la entidad en la que se reside; que la democratización a nivel local ha sido desigual; que, a nivel subnacional, permanecen arraigados varios enclaves autoritarios que nos impiden afirmar que la transición democrática es cosa del pasado. Las modificaciones realizadas en 2014 por el Constituyente Permanente procuraron abonar en esos cuatro elementos; sin duda, representaron un importante avance para la vida democrática del país. Algunos de los objetivos de dicha reforma, entre muchos otros, fueron: profundizar las libertades políticas de los ciudadanos; fomentar una mayor rendición de cuentas de los legisladores hacia sus representados; generar condiciones de equidad entre los diversas fuerzas políticas en los comicios federales y locales; aumentar la correspondencia entre votación y representación; y mejorar y consolidar las instituciones administrativas y jurisdiccionales en materia electoral de todas y cada una de las entidades que integran a la República Mexicana, produciendo escenarios que impidan la injerencia de otros poderes públicos en los comicios. En otras palabras, se buscó establecer, desde nuestra Carta Magna, un esquema institucional que asegure que todos los mexicanos, independientemente de la entidad en la que habiten, gocen de una democracia de calidad. De tal forma, mediante las enmiendas más recientes de contenido político y electoral a nuestra norma fundamental: 1. Se creó el Instituto Nacional Electoral (INE), órgano público autónomo que sustituye al Instituto Federal Electoral (IFE) y al resto de las autoridades electorales administrativas locales. Esta transformación acarreó muchas otras: cambios en la composición del Instituto, un método diferente de nombramiento de los consejeros electorales y consejeros presidentes, homologación de estándares y de procesos entre los órganos electorales locales, nuevas atribuciones al INE y una redistribución de las competencias ya existentes; 2. Se concibió un Servicio Profesional Electoral Nacional mediante el cual se llevará a cabo la selección, capacitación, profesionalización, evaluación, rotación y permanencia de los servidores públicos del INE y de los órganos públicos electorales locales;
4. 4 3. Las autoridades electorales jurisdiccionales de las entidades también fueron homologadas en algunos aspectos. Se establecieron como organismos con autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Por ejemplo, se determinó que deberán estar compuestas por un número impar de magistrados, los cuales serán nombrados por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado; 4. Se elevó el umbral (3 por ciento del total de la votación válida emitida) que un partido político nacional o local debe de alcanzar para conservar su registro y para tener derecho a diputados de representación proporcional; 5. La adquisición de tiempos en radio y televisión fuera de la norma, la recepción o utilización de recursos públicos o de procedencia ilícita en campañas y los excesos superiores al 5 por ciento de los topes de gastos de campaña fueron incorporados como causales de nulidad en procesos electorales federales y locales; 6. Se autorizó la reelección consecutiva de legisladores federales (hasta por dos períodos en el caso de los senadores y hasta por cuatro períodos para los diputados), de diputados locales (hasta por cuatro períodos) y de miembros de los ayuntamientos (hasta por dos períodos, siempre que cada período no dure más de tres años); 7. Se recorrió la fecha en la que habrán de celebrarse los procesos comiciales tanto federales como locales, del primer domingo de julio al primer domingo de junio del año que corresponda; 8. En aras de darle viabilidad a las candidaturas independientes como una forma de hacer valer el derecho ciudadano a ser votado, se determinó que quienes participen por esta vía en las campañas para cargos de elección popular, deberán tener garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión. La Carta Magna considera que los candidatos independientes, en su conjunto serán considerados como un partido político en la distribución del componente igualitario del financiamiento público. Para que todos estos cambios constitucionales se plasmen en la realidad y se vuelvan operativos, el Constituyente Permanente también adicionó una fracción XXIX-U al artículo 73 para facultar al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de organismos y procesos electorales. El decreto del 10 de febrero de 2014 incorporó un transitorio por el que se obliga al Poder Legislativo Federal a expedir dicha legislación, a más tardar, el 30 de abril de 2014. Bien dice el politólogo Jesús Silva-Herzog que el corazón del discurso del Partido Acción Nacional ha sido desde siempre el reclamo democrático, con todo lo que ello implica: elecciones auténticas, legalidad y división de poderes. Es por ello que, para abonar al fortalecimiento institucional y para cumplir con el mandato constitucional, Acción Nacional
5. 5 presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE). Dado el amplio contenido de la propuesta y por cuestiones metodológicas, se procede a hacer una exposición temática de la Ley. I. Ley General Las leyes generales, en el ordenamiento jurídico mexicano, son aquellas elaboradas por el Congreso de la Unión, que distribuyen competencias y obligaciones entre los órdenes de gobierno que integran al Estado. Éstas, debido a su naturaleza singular, deben de tener fundamento constitucional. Cuando se habla de que las leyes generales tienen un carácter singular, quiere decir que versan sobre asuntos estratégicos para la Nación. Además, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representan una excepción al artículo 124 de la Constitución.3 Por otro lado, son una peculiaridad en el sistema legal mexicano, en virtud de que permiten que la Federación y los demás órdenes jurídicos parciales actúen respecto de una misma materia. Es decir, aluden a facultades concurrentes, sobre las que establecen los términos de participación de las autoridades federales y locales. A partir de la reforma en materia política y electoral de febrero de 2014, el Constituyente Permanente insertó en la Carta Magna la obligación del Congreso de la Unión de emitir legislación de carácter general en materia de procesos y órganos electorales. Esto se debió a que la función estatal de organizar elecciones fue identificada como de particular relevancia, por lo que requiere de la intervención y coordinación de los diferentes órdenes de gobierno. Por otro lado, la expedición de legislación general en la materia responde a la necesidad de comprender al sistema electoral como un todo que abarca a un conjunto de instituciones y de procesos que no se desempeñan de manera aislada, sino que se relacionan entre sí, interactúan y se asisten. Es decir, la reforma constitucional en materia político-electoral implica concebir el sistema electoral mexicano como un modelo de interacción dual entre un instituto nacional y los organismos correspondientes en las entidades federativas. De ahí que, para volver más eficiente esta función del Estado, es necesaria una particular coordinación entre las autoridades federales y locales en la materia; de esta forma se evita la duplicación de tareas y se prevén mecanismos subsidiarios en la organización de los procesos comiciales. La Ley General que se propone expedir conducirá y regulará las competencias por el poder en todos los niveles y contendrá disposiciones de orden público aplicables en todo el territorio nacional. Con convicción, hacemos propia la enseñanza del doctor Robert A. Dahl en el sentido de que toda democracia debe estar basada en los ejes del Derecho de los ciudadanos a participar en el debate público, en las elecciones y en el gobierno y que para 3 Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.
6. 6 lograr ello, es menester contar con un conjunto de reglas claras que otorguen seguridad jurídica a todos los actores y permitan la vigilancia de los recursos invertidos para lograrlo. En ese sentido, este ordenamiento regula la función estatal de preparar, organizar y conducir las elecciones mediante las cuales se renuevan los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación y de las entidades, así como los Ayuntamientos y las Jefaturas Delegacionales. Dichos procesos electorales serán libres, auténticos y periódicos. En ellos, los ciudadanos ejercerán el sufragio universal, libre, directo y secreto. Cabe señalar que el referido artículo Segundo Transitorio establece que la ley general que regule los procedimientos electorales a expedirse establecerá, al menos, lo siguiente: a) La celebración de elecciones federales y locales el primer domingo de junio del año correspondiente, a partir del 2015, salvo aquellas que se verifiquen en 2018, las cuales se llevarán a cabo el primer domingo de julio; b) Los mecanismos de coordinación entre los órganos del Ejecutivo Federal en materia de inteligencia financiera y el Instituto Nacional Electoral, que permitan reportar a éste las disposiciones en efectivo que realice cualquier órgano o dependencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios durante cualquier proceso electoral, cuando tales operaciones se consideren relevantes o inusuales de conformidad con los ordenamientos aplicables; c) Las reglas aplicables para transparentar el financiamiento, la metodología y los resultados de las encuestas que se difundan, relativas a las preferencias electorales, así como las fechas límite para llevar a cabo su difusión; d) Los términos en que habrán de realizarse debates de carácter obligatorio entre candidatos, organizados por las autoridades electorales, sin que la negativa a participar de cualquiera de los candidatos en ningún caso será motivo para la cancelación o prohibición del debate respectivo; y, las reglas aplicables al ejercicio de la libertad de los medios de comunicación para organizar y difundir debates entre candidatos a cualquier cargo de elección popular, sin que la realización o difusión de debates en radio y televisión, salvo prueba en contrario, sea considere como contratación ilegal de tiempos o como propaganda encubierta; e) Las modalidades y plazos de entrega de los materiales de propaganda electoral para efectos de su difusión en los tiempos de radio y televisión; f) Las sanciones aplicables a la promoción de denuncias frívolas, es decir, aquellas que se promuevan respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia; g) La regulación de la propaganda electoral y la restricción de que los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil; h) Las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales, e
7. 7 i) Las reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancionar violaciones en los procedimientos electorales. En cumplimiento del mandato dado por el constituyente permanente, suscribimos esta iniciativa de ley que: - Comprende disposiciones a través de las cuales se regula lo relativo a la participación ciudadana: consulta popular, iniciativa ciudadana y otros mecanismos que se encuentren previstos por las legislaciones locales. - Define conceptos: o Votación total emitida: la suma de todos los votos depositados en las urnas. o Votación válida emitida: es la votación total emitida, menos los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados. o Votación nacional emitida: es el resultado de restar a la votación válida emitida los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación y los votos a candidatos independientes. - Establece parámetros mínimos de integración de los ayuntamientos y de las legislaturas de todas las entidades federativas, para lo que se prevé un sistema de elección mixto de mayoría relativa y representación proporcional. - Fija plazos y calendarios para los procesos locales y federales, en concordancia con el mandato constitucional por el que se determina que éstos habrán de celebrarse el primer domingo de junio de los años que en cada caso corresponda. - Determina qué aspectos han de quedar en manos de las constituciones y leyes locales: o Número de personas que integrarán tanto los congresos locales como los ayuntamientos. o Plazos para la emisión de convocatorias de elecciones locales extraordinarias, en caso de que una elección haya sido anulada. o Mecanismos para ocupar las vacantes que se produzcan en la legislatura local. - Reparte competencias entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Electorales Locales, y define su relación y mecanismos de coordinación. El Estado de Derecho parte de que en los gobernantes estén realmente representadas las voces ciudadanas, lo cual se ha planteado históricamente a través de los partidos políticos, a quienes se les debe garantizar la mayor igualdad en los procesos electorales para acceder al poder, pues no puede considerarse una verdadera democracia sin la inclusión de las oposiciones en el poder público. No obstante, se deben contemplar los Derechos individuales de participar en el gobierno, por lo que el derecho a ser electo de todo ciudadano no debe estar ligado al ejercicio o no de su libertad de asociación, por lo que en la presente Ley, se garantiza también la inclusión de los candidatos independientes, que sean avalados por un porcentaje de la ciudadanía. Lo anterior, no sería posible sin el otorgamiento de recursos públicos y la vigilancia en su ejecución, así como la repartición igualitaria y respetuosa de los tiempos en los medios de comunicación masiva a los partidos políticos y a los candidatos.
8. 8 Por eso la importancia planteada en la fiscalización de las campañas y los procesos electorales, de la misma forma, en las sanciones al rebase de topes de campaña, así como al uso indebido de propaganda gubernamental. También se garantiza el derecho de la ciudadanía a una participación informada en las elecciones presidenciales, no guiada por el simple carisma o empatía hacia un candidato, sino mediante el conocimiento de sus propuestas reales a través de los debates transmitidos en todo el país, en horarios de alta audiencia. Para evitar la manipulación de las preferencias electorales de la ciudadanía también debe regularse la contratación y transmisión de las encuestas durante los tiempos de campaña. Los sistemas de partidos políticos y electorales de nuestro país deben garantizar al pueblo, como lo concibe nuestra Carta Magna, la alternancia que él haya elegido mediante un proceso electoral legal, transparente y confiable para todos. Lo cual, como lo plantea el Doctor Juan José Russo, necesita de las condiciones procedimentales que brindan las normas legales a todos los opositores para participar y competir por el gobierno; la condición substancial de la distribución de los recursos políticos, como son los medios masivos de comunicación y los recursos económicos indispensables, y la condición de acceso efectivo al gobierno del partido político ganador en el proceso electoral. Condiciones, todas, contempladas y reguladas en la presente ley. II. Autoridades electorales administrativas En México, a nivel nacional, hemos alcanzado escenarios de pluralidad política y de auténtica competencia partidista que nos permiten afirmar que vivimos en un sistema democrático. La condición de la democracia a nivel federal, como se ha dicho previamente, es perfectible en muchos sentidos y requiere de reformas que permitan su consolidación. Sin embargo, ésta ya es absolutamente funcional gracias a dos elementos que se han conjugado: el fortalecimiento electoral de las alternativas al partido que fue hegemónico y el robustecimiento de las instituciones que velan por la imparcialidad en la organización, celebración y calificación de las elecciones.4 Cada uno de estos elementos es causa y efecto del otro, se retroalimentan: a medida que las instituciones imparciales se fortalecen, la competencia electoral se vuelve más genuina e incrementa; asimismo, una oposición robusta cuenta con el suficiente poder de negociación para promover la independencia de la autoridad electoral. La situación a nivel entidad federativa es diametralmente distinta. Muchos estados conservan su condición de guarida de enclaves autoritarios, en los que las elecciones están lejos de ser libres y auténticas, producto de la ausencia de instituciones electorales autónomas en la práctica. La minada confianza en las autoridades y procesos electorales agota la legitimidad del régimen y desincentiva la participación ciudadana. Son hechos que van desde una descarada designación de consejeros electorales cómodos para el gobernador, hasta 4 Silva-Herzog Márquez, Jesús. El antiguo régimen y la transición en México. México : Planeta, 1999.
9. 9 retrasos en la apertura de casillas los que desgastan la reputación de los árbitros comiciales, obligados a un desempeño profesional e imparcial. La reforma constitucional de 2014 pretende corregir esta problemática y recuperar las experiencias exitosas a nivel federal para minimizar dos tipos de riesgos a nivel subnacional: (1) la injerencia ilegal de los poderes públicos o de facto en el actuar y en la toma de decisiones de las autoridades locales; y (2) errores de procedimiento durante los períodos electorales, derivados de la inexperiencia, que susciten cuestionamientos y suspicacias sobre los propios resultados comiciales. Para estos fines, el Constituyente Permanente determinó aprovechar el conocimiento acumulado por el Instituto Federal Electoral y aplicarlo para el contexto estatal y del Distrito Federal, tomando en cuenta que había tareas, como lo referente a medios de comunicación, que el IFE ya realizaba a nivel local. Satisfacer esta aspiración requirió de un cambio institucional profundo, que implicó la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Estas transformaciones, por lo tanto, no significan la desaparición del IFE y de su experiencia, sino su renovación, fortalecimiento y perfeccionamiento, a través de lo cual aspiramos a construir una auténtica democracia en las entidades federativas, así como a la consolidación de ésta en el ámbito federal, que elimine toda posibilidad de regresión autoritaria. III. Instituto Nacional Electoral Esta Ley, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución, reconoce en el INE – órgano constitucional público autónomo y permanente – al único depositario de la autoridad electoral, por lo que es responsable de la función del Estado de preparar, desarrollar, organizar y conducir los procesos electorales tanto federales como locales. De igual forma, le corresponde la dirección de las actividades relativas a mecanismos de participación ciudadana comprendidos en los marcos normativos federales y locales, como la consulta popular y la iniciativa ciudadana. Todo esto, estableciendo una debida coordinación con los órganos electorales de las entidades federativas. Resulta de fundamental importancia que el nuevo órgano genere certidumbre y abone a la confianza en la democracia, tanto en su componente de participación directa, como en el representativo. Por ello, esta iniciativa, que el Partido Acción Nacional somete a consideración, delimita de modo claro la estructura orgánica del Instituto, sus atribuciones y las previsiones necesarias en cuanto a métodos y procedimientos para la celebración de las elecciones para la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo de la Federación y de las entidades, así como de ayuntamientos y de jefes delegacionales. Un reparto claro y armónico de competencias es piedra angular de esta reforma. a) Atribuciones del INE Como se ha señalado anteriormente, la reforma constitucional en materia político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 en ningún momento
10. 10 transgrede la soberanía de las entidades federativas. En concordancia con ello, en el Apartado B, de la fracción V del artículo 41 constitucional se establecieron claramente las competencias del Instituto Nacional Electoral respecto de sus funciones federales y locales. En ese sentido, se estableció que, para los procesos electorales tanto federales como locales, el INE tendrá a su cargo:  La capacitación electoral;  La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales;  El padrón y la lista de electores;  La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;  Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales; y  La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos. De igual forma, se contempla que en el caso de los procesos electorales federales, le corresponde al Instituto:  Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;  La preparación de la jornada electoral;  La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;  Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;  La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores; y  El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales. De conformidad con lo establecido en la Constitución, en esta propuesta de Ley General se contemplan los procedimientos y los requisitos para hacer valer las atribuciones del INE referidas. Con ello se pretende evitar la duplicidad y posibles imprecisiones en relación con las funciones entre el Instituto y los Organismos Públicos Locales en Materia Electoral. b) Estructura orgánica del INE El Instituto Nacional Electoral, reproduciendo la estructura del instituto que lo precedió (el IFE) estará integrado por órganos desconcentrados, que aseguren una cobertura geográfica por parte de esta autoridad, y por órganos centrales. Por la relevancia que tiene el modo de organización de la Institución en sus resultados, aquí exponemos la estructura, a grandes rasgos, que el proyecto de decreto que se presenta dispone puntual y coherentemente. Órganos centrales:
11. 11 A. Consejo General. El Consejo General es el órgano superior de dirección del INE, el cual cuenta con facultades específicas que le permiten velar por los principios generales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad en el ejercicio de la función electoral del Estado. Éste está compuesto por un Consejero Presidente, diez Consejeros Electorales, Consejeros del Poder Legislativo (uno por cada grupo parlamentario, no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras), representantes de los partidos políticos con registro nacional y el Secretario Ejecutivo. El Consejero Presidente, así como los Consejeros Electorales, son nombrados por dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de conformidad con el apartado A, base V del artículo 41 de la Constitución, mediante convocatoria pública y con la participación de un comité técnico. En la disposición constitucional de que se hace mención también se prevé la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el nombramiento, en caso de vencimiento de los plazos fijados. El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales duran en su encargo nueve años sin posibilidad de ser reelectos. Se prevé su renovación escalonada. Por su parte, los Consejeros del Legislativo, que cuentan con voz pero sin voto, son nombrados por los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión y que se encuentran constituidos en grupos parlamentarios. Cada grupo parlamentario podrá designar únicamente a un consejero, independientemente de que tenga presencia en las dos Cámaras. Los representantes de los partidos tampoco cuentan con derecho a voto – sólo voz – en las sesiones del Consejo General. Son elegidos y removidos libremente por el órgano competente de cada partido político. Mientras que el Secretario Ejecutivo es nombrado y removido con el voto de las dos terceras partes del Consejo General. La Ley General que se propone prevé la existencia de comisiones permanentes, integradas por un máximo de cinco Consejeros Electorales que el Consejo General designe, para un análisis y una labor más especializados en los siguientes rubros: Capacitación Electoral y Educación Cívica, Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral Nacional; Registro Federal de Electores; Fiscalización de los Recursos de los Partidos; Quejas y Denuncias; Procesos Electorales Locales; y Radio, Televisión y Medios de Comunicación. En dichas comisiones, con excepción de las del Servicio Profesional Electoral Nacional, la de Quejas y Denuncias y la de Fiscalización, los Consejeros del Poder Legislativo pueden participar con derecho a voz, pero sin derecho a voto. Este órgano, en términos generales, es responsable (i) de la expedición de estatutos y reglamentos que normen la vida interna del Instituto; (ii) de velar por el cumplimiento de la Constitución y de la Ley General en la materia que se expida por parte de todos los actores y
12. 12 organizaciones que intervengan en los procesos electorales; (iii) de la emisión de lineamientos en temas clave como el Registro Federal de Electores, los materiales y documentación electorales, los programas de resultados preliminares, encuestas y sondeos de opinión y conteos rápidos, ya sea para elecciones federales o locales; (iv) de la aprobación de los planes y rutas críticas a seguir para la celebración de comicios federales y para la coordinación con los OPLES para el caso de los procesos locales; (v) del registro de partidos políticos y agrupaciones políticas de carácter nacional; (vi) del registro de candidaturas para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales; (vii) de la resolución sobre convenios de fusión, frente y coalición entre partidos políticos, tanto nacionales como locales; (viii) del cómputo total de las elecciones federales; (ix) de la asignación de legisladores por el principio de representación proporcional; (x) del nombramiento de los titulares de puestos directivos (que no están en manos del Servicio Profesional Electoral Nacional) como el Secretario Ejecutivo, el Secretario Jurídico, los directores ejecutivos, el Director General de la Unidad de Fiscalización y el Oficial Electoral; y (xi) de la designación y remoción de los presidentes de los consejos locales y distritales, así como de los miembros que integren los consejos generales de los Organismos Públicos Locales Electorales y a sus secretarios ejecutivos, entre otros. B. Junta General Ejecutiva Este órgano central que forma parte medular del Instituto Nacional Electoral estará integrado por el Consejero Presidente, el Secretario Ejecutivo, el Secretario Jurídico y por los directores ejecutivos de Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Radio, Televisión y Medios de Comunicación y de Procesos Electorales Locales y de Administración. La Junta General Ejecutiva es la encargada de supervisar el buen funcionamiento administrativo del Instituto, para lo cual debe de dar puntual seguimiento a los programas que el Consejo General aprueba. Asimismo, es el órgano comisionado para la realización de estudios técnicos que sirvan de apoyo para la toma de decisiones del órgano superior de dirección de la autoridad electoral nacional. Este último aspecto es particularmente relevante para escenarios en los que el INE se arrogue la organización de procesos locales, para lo cual la Junta deberá de analizar las condiciones, los costos y los plazos. C. Secretaría Ejecutiva El titular de este órgano es electo por las dos terceras partes del Consejo General y participa sólo con derecho a voz en las sesiones de éste. Además, coordina la Junta General Ejecutiva, en la que prepara el orden del día de las sesiones, y representa legalmente al Instituto Nacional Electoral. Esta importante entidad tiene funciones cruciales, en virtud de que se hace cargo de la coordinación entre las diferentes direcciones ejecutivas que se desempeñan al interior del Instituto. También coordina las acciones de las juntas locales y
13. 13 distritales y designa a los integrantes de éstas de entre los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (con excepción de los presidentes que, como ya se ha dicho, son nombrados por el Consejo General directamente). D. Otros La estructura orgánica también prevé la existencia de direcciones ejecutivas que coadyuvan de manera especializada con las labores de la Junta General Ejecutiva. La Ley reparte de manera clara y puntual las competencias de cada una de éstas, las cuales, a grandes rasgos, conservan el esquema del IFE, pero con un ámbito de competencia nacional. De entre los cambios más trascendentes en el esquema de las direcciones ejecutivas, se destaca la inserción de una Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales Locales, la cual, al igual que las demás, auxilia a la Junta General Ejecutiva y depende de ésta. De entre las principales atribuciones que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales le concede están las de emitir lineamientos que los organismos locales en la materia habrán de cumplir cabalmente (relativos a programas de resultados preliminares, encuestas, sondeos de opinión y conteos rápidos); integrar las propuestas de integración de los Consejos Generales de los OPLES; elaborar planes de coordinación para la celebración de procesos locales; recopilar la información sobre el registro de candidaturas para las elecciones locales; y elaborar los acuerdos de coordinación entre la autoridad electoral central y los entes estatales. Por otro lado, se contempla la existencia de Unidades técnicas. En este sentido, vale la pena resaltar que el proyecto de decreto que Acción Nacional pone a consideración inserta en la estructura orgánica del Instituto una Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos Locales en Materia Electoral en las entidades federativas. Dadas las atribuciones de carácter nacional con las que el Instituto cuenta, que lo hacen depositario único de la función electoral del Estado mexicano con la posibilidad de delegación de ciertas funciones a los OPLES, resulta menesteroso un órgano de vinculación de la autoridad central con las de las entidades, a fin de garantizar la eficiencia en la relación y el estricto cumplimiento de los lineamientos impuestos por el INE por parte de los órganos locales. Así pues, la Unidad de Vinculación con los OPLES, que está adscrita a la Secretaría Ejecutiva para auxiliarla en sus responsabilidades de coordinación, habrá de: (1) Elaborar los proyectos de convenio pertinentes entre el INE y el organismo público local en materia electoral que solicite que la autoridad central asuma la organización integral de los procesos electorales locales; (2) Someter a consideración del Consejo General los dictámenes para que el INE asuma la organización integral de los comicios locales en las entidades en las que no existan condiciones que garanticen la imparcialidad y el desempeño profesional de los órganos locales electorales; (3) Elaborar los dictámenes que la Secretaría Ejecutiva presentará al Consejo General en los que se delimiten las funciones electorales que se entenderán como delegadas por
14. 14 parte del INE al Organismo Público Local correspondiente, y las que sí serán asumidas por el primero en los procesos locales. (4) Proponer asuntos de competencia de los organismos locales que por su trascendencia deban ser atraídos por el Instituto Nacional Electoral. (5) Ejecutar el procedimiento de remoción de los Consejeros Presidentes o Consejeros Electorales, por las causas y conforme al procedimiento que la propia Ley General establece. Órganos desconcentrados: A. Órganos en las delegaciones (locales) El Instituto Nacional Electoral contará con una delegación en cada una de las 32 entidades federativas. Ésta estará compuesta por: (1) Una Junta Local Ejecutiva, de carácter permanente, en cuya integración participarán el Vocal Ejecutivo y los vocales de Organización Electoral, Registro Federal de Electores, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Enlace y Coordinación, un Vocal Secretario y un funcionario de enlace con la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos. En gran medida, se pretende que este órgano mantenga una estrecha vinculación y coordinación con el organismo público local electoral de la entidad que corresponda, en lo que se refiere a acceso a tiempos en radio y televisión, fiscalización, capacitación y organización electoral. (2) Un Consejo Local, de carácter temporal, por lo que funcionarán exclusivamente durante los procesos electorales federales. Estarán integrados por un Consejero Presidente designado directamente por el Consejo General del INE y que funge como Vocal Ejecutivo en la Junta Local, por seis Consejeros Electorales y por representantes de partidos políticos con derecho a voz, pero sin voto. B. Órganos distritales El Instituto Nacional Electoral contará con una Junta Distrital Ejecutiva, un Vocal Ejecutivo y un Consejo Distrital, en cada uno de los 300 distritos uninominales en los que se divide el territorio nacional. En la misma línea que los órganos locales, la Junta será de carácter permanente, mientras que el Consejo Distrital funcionará en tanto hayan elecciones federales. C. Oficinas municipales El Consejo General del Instituto podrá ordenar la instalación de oficinas en determinados municipios, que por su relevancia así lo ameriten. Para ello, la Junta General Ejecutiva, a
15. 15 partir de un proyecto formulado por la Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales Locales, determinará su estructura, funciones y ámbito territorial de competencia. IV. Organismos Públicos Locales en materia electoral Como se ha mencionado en numerosas ocasiones a lo largo de esta exposición de motivos, una de las más importantes transformaciones que implicó la reciente reforma constitucional, publicada en el DOF en febrero de este año, es precisamente la que se refiere a los cambios estructurales sufridos por las instituciones electorales del país. El IFE pasó a ser el INE, y las autoridades electorales administrativas de las entidades fueron traspasadas, aunque no integran orgánicamente a la autoridad nacional en la materia, si están supeditadas a ella. Lo anterior, con el fin de generar confianza en los actos de los órganos que se encarguen de la organización y celebración de los comicios en cada una de las entidades federativas, los que deberán de satisfacer los controles de calidad de una institución como el INE (antes IFE), de excelente reputación y probada experiencia. Ello, a su vez, dotará de mayor legitimidad a los gobiernos que emanen de elecciones indiscutiblemente auténticas. Adicionalmente, los organismos de las entidades en la materia fueron homogeneizados en cuanto a su composición. El artículo 116 de la Carta Magna, en su fracción IV, inciso c), dispone que las autoridades administrativas en materia electoral de los estados gozarán de una condición permanente y deberán contar con un Consejo General, que fungirá como el órgano superior de dirección, el cual, en sintonía con su homólogo a nivel nacional, estará compuesto por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales (todos designados por el Consejo General del INE, con duración en el cargo de siete años sin posibilidad de reelección) con voz y voto; un Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos, los cuales únicamente tendrán derecho a voz. El proceso de nombramiento, así como las causas graves que ameriten su remoción, vienen detallados en el párrafo sexto del artículo 33 de la Ley. La Ley General en materia de procedimientos e instituciones electorales señala la relación jerárquica que existirá entre el INE y los Organismos Públicos Locales en Materia Electoral. En su Libro Segundo indica que éstos estarán bajo la dirección del Instituto y deberán apegarse en todo momento a los lineamientos que la autoridad nacional emita para las elecciones de carácter local. a) Atribuciones de los Organismos Públicos Locales en materia electoral En este inciso nos referiremos a las atribuciones conferidas a los Organismos Públicos Locales Electorales de manera expresa por la Ley General que se propone. Esto, sin embargo, no excluye las facultades que, en su momento, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral decida delegarles, cuando su capacidad – material, humana y presupuestal – y su profesionalismo hayan sido debidamente evaluados y acreditados. En
16. 16 ese entendido, la Ley General faculta a los OPLES de las entidades para, de conformidad con los lineamientos expedidos por el INE: (1) Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos locales, así como los candidatos independientes que hayan reunido los requisitos para participar en los procesos de la entidad de que se trate; (2) Diseñar e implementar los programas de educación cívica; (3) Coordinarse con el Instituto Nacional Electoral en la preparación de la jornada electoral (el cual en todo momento podrá asumir la organización integral de los procesos, por las causas que la Ley determine); (4) Imprimir la documentación y los materiales que se utilizarán para los comicios locales, conforme a los criterios que el INE disponga; (5) Hacerse cargo del escrutinio y cómputo total de las elecciones de carácter local, y expedir las constancias de mayoría correspondientes; (6) Efectuar la asignación de diputados e integrantes de ayuntamientos de representación proporcional; (7) Difundir los resultados preliminares y llevar a cabo los conteos rápidos, en concordancia con los criterios que el INE establezca al respecto; (8) Velar por el estricto cumplimiento de los lineamientos que el INE haya emitido en materia de encuestas y sondeos de opinión; (9) Hacerse cargo de los procesos de participación ciudadana que las constituciones estatales o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal prevean, desde su preparación y organización, hasta el cómputo de votos y la declaración de resultados. b) Estructura orgánica de los Organismos Públicos Locales en materia electoral La Ley General que es causa de esta exposición de motivos establece las bases mínimas de la estructura organizacional que los Organismos Públicos Locales Electorales habrán de respetar. El esquema planteado, reproduce aquél planteado para el Instituto Nacional Electoral. Así pues, en primer lugar, y de acuerdo con lo establecido en el texto constitucional, se prevé la existencia de un Consejo General que tanto en el organigrama como en la práctica se desempeñe como el órgano superior de dirección. En segundo lugar, y para la operación de las acciones correspondientes a la organización comicial local, se precisa de una Junta Ejecutiva Estatal. Por último, con el objetivo de garantizar una cobertura territorial por parte de estos organismos, se contempla la existencia de una subdelegación en cada uno de los distritos electorales locales en que se divida la demarcación territorial sobre la que tengan competencia. Al igual que el Instituto, los OPLES podrán contar con oficinas municipales temporales, cuando el órgano de dirección superior lo estime conveniente. V. Relación del INE con los OPLES
17. 17 Como se ha mencionado, la Ley preverá que el Instituto Nacional Electoral cuente con estructuras en su interior responsables de mantener una estrecha vinculación y de desempeñarse como canales de comunicación entre la autoridad central y los organismos estatales en materia electoral. Dado que el INE es autoridad única depositaria de la función electoral del Estado y de que los organismos en la materia de las entidades tienen la función de asistir a éste para la consecución de sus fines, la relación que guardan es estrecha y debe de ser diseñada con la mayor pulcritud posible, a fin de que no existan complicaciones en su implementación. Para ello, se distribuyen competencias y se diseñan mecanismos adecuados para el flujo de información entre ambos niveles. La Unidad de Vinculación es el lazo entre los máximos órganos de dirección de los OPLES, con el órgano superior de dirección del INE. Por su parte, el enlace de ambas estructuras en su componente técnico será la Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales Locales. En virtud de que la Ley General establecerá claramente la primacía del Instituto Nacional sobre los organismos electorales locales, estos últimos habrán de ceñirse a los lineamientos, esquemas de coordinación y calendarios de actividades que el Consejo General del INE fije para cada proceso electoral a nivel local. De la arrogación del INE de los comicios locales La autoridad central podrá asumir la organización integral de los procesos electorales locales por dos vías. En primer lugar, cuando los organismos públicos de referencia así lo soliciten. Tal solicitud debe de estar debidamente justificada. Para ello, ambas instituciones celebrarán un convenio. La otra vía por la que el INE puede atribuirse el control absoluto de los procesos locales es cuando, ocho de once consejeros así lo estimen conveniente, por las siguientes causas: - El órgano de dirección o los órganos ejecutivos de los OPLES no garanticen el adecuado desarrollo de las elecciones; - Existan indicios de injerencia por parte de los gobiernos locales; o - Existan indicios de que organizaciones gremiales, empresariales, personas físicas o morales nacionales o extranjeras y asociaciones religiosas están interviniendo y afectando la equidad de las contiendas. De la delegación de facultades del INE a los OPLES El Instituto Nacional Electoral, previo análisis de suficiencia técnica, presupuestal y de recursos humanos, podrá delegar algunas de las atribuciones que esta Ley y la Constitución le confieren. De la designación y remoción de los consejeros que integran los órganos de dirección superior de los Organismos Públicos Locales en Materia Electoral La reforma constitucional de 2014 tuvo entre sus propósitos centrales el de combatir la subordinación de la que eran objeto las autoridades electorales de las entidades, con respecto a los poderes públicos de éstas. Las experiencias a nivel subnacional durante la renovación de los cargos reflejaban actitudes por parte de gobernadores que ponían en riesgo la equidad.
18. 18 El diagnóstico que se hizo al respecto arrojó que, en gran medida, los procesos de nombramiento de quienes se desempeñaban como autoridades electorales administrativas estaban viciados de inicio. Dada la conformación de los congresos locales – ausente de contrapesos –, que intervenían en el proceso de designación, los institutos responsables de la materia electoral en los estados y en el Distrito Federal no siempre se integraban por los perfiles más idóneos y capaces para la consecución de los fines institucionales, sino que estaban constituidos por personajes cómodos al gobernador. Se trataba de personajes cooptados o nombrados, desde un inicio, por su cercanía y lealtad a una fuerza política, más que por su compromiso con los principios de certeza, legalidad e imparcialidad que rigen la función electoral. Desafortunadamente, tal situación se replicaba en otros espacios al interior de los institutos electorales. En virtud de lo anterior, la administración electoral en las entidades cojeaba en uno de los principales elementos señalados por T.S. Seshan (comisionado electoral de India) para la organización de unas “buenas elecciones”.5 A saber: una comisión electoral verdaderamente autónoma. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tesis jurisprudencial, ha señalado que la razón de ser de los órganos autónomos es, por un lado, atender funciones primarias y originarias del Estado que requieren de particular especialización y; por otro, abonar al equilibrio de poderes. Los órganos electorales locales, en varios casos, no estaban aportando al esquema de pesos y contrapesos; no mantenían relaciones de paridad de rango y colaboración con los poderes clásicos, sino que se les subordinaban, lo cual tenía efectos negativos en el desempeño de sus funciones. Por lo anterior, el Constituyente Permanente diseñó el nuevo esquema institucional ya descrito y afinado por la presente Ley General, en el que los poderes públicos de las entidades federativas salen del proceso de nombramiento de los órganos de dirección superior de los órganos electorales administrativos locales, y éste queda en manos del Instituto Nacional Electoral y, particularmente, de su Consejo General. La propuesta que Acción Nacional hace en ese sentido prevé la emisión de una convocatoria pública en las entidades en las que los consejeros electorales y consejeros presidentes de los OPLES tengan que ser renovados. Posteriormente, una comisión de carácter temporal, integrada por cinco consejeros recibe la documentación – con la ayuda de los órganos locales del propio Instituto – y selecciona a 21 candidatos, con los que se integrarán tres listas. Aquellos que integren estas listas serán sometidos a un proceso de evaluación de conocimientos y de adecuación al perfil, a través de exámenes y entrevistas. Con base en lo que resulte de dichas valoraciones, se integrará una última lista con los siete candidatos a consejeros más idóneos; lista que deberá de ser aprobada por dos terceras partes del Consejo General. Con esto, se busca aislar a los principales organizadores de los comicios locales de presiones o favores malentendidos hacia los poderes públicos de las entidades. 5 ACE Project. The Electoral Knowledge Network. Op. cit.
19. 19 Por otro lado, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que sometemos a su consideración, enlista una serie de situaciones que generan la remoción de los consejeros de las OPLES: - Inobservancia de principios rectores de la función electoral: certeza, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad, independencia y objetividad; - Incumplimiento de lineamientos y criterios que el Instituto Nacional Electoral emita para los procesos de carácter local; y - Alteración de procedimientos que, por disposiciones legales y constitucionales, están en manos de los Organismos Públicos Locales Electorales, como el acceso a prerrogativas de partidos políticos y candidatos independientes, la fiscalización de los recursos de éstos y el escrutinio y cómputo de votos, entre otros. Para estos efectos, el Consejo General expedirá un reglamento que norme el proceso a seguir para la remoción. Con lo aquí expuesto, se procura alcanzar un mayor grado de autonomía en los niveles directivos, de modo que la injerencia de otros poderes no entorpezca o vicie la labor electoral. Por otro lado, la presente iniciativa también contiene disposiciones que promueven una integración profesional y meritocrática en otros espacios de los OPLES, para lo cual se crea el Servicio Profesional Electoral Nacional. VI. Servicio Profesional Electoral Nacional El servicio civil de carrera tiene dos razones fundamentales de existir al interior de aquellos entes responsables de la función electoral. En primer lugar, la especialización y tecnicidad que se requiere para el manejo de cuestiones electorales exigen que éstas se encuentren en manos de funcionarios que cuenten con conocimientos y habilidades probados en la materia; situación que puede ser garantizada por el servicio civil de carrera mediante el establecimiento de requisitos de ingreso, permanencia y promoción al interior de la institución de que se trate, y la aplicación de evaluaciones periódicas. El servicio profesional es un sistema basado en el mérito, lo cual implica que la única limitación para acceder a un puesto burocrático son las propias capacidades y su compatibilidad con el perfil de la vacante.6 En segundo lugar, las cruciales tareas que la autoridad electoral desempeña demandan de servidores públicos que sean elegidos por la utilidad que le reportan a ésta en términos de consecución de sus fines, y no por su filiación partidista; instan de un quehacer imparcial y apegado a la legalidad, que legitime las tareas del árbitro electoral. El servicio civil de carrera desemboca en una mayor estabilidad laboral de los funcionarios (que no implica su anquilosamiento) y los protege de intereses políticos, en virtud de que únicamente pueden ser sancionados o separados de sus puestos por causas preestablecidas en disposiciones normativas y no a capricho de quienes poseen una mayor fuerza política. La continuidad y certidumbre en el trabajo de los funcionarios públicos amplían su horizonte temporal, lo cual a su vez gesta sentimientos de lealtad hacia la propia organización e incentiva el 6 Dussauge Laguna, Mauricio I. «Anatomía del servicio civil.» Foro Internacional, 2002: 745-808.
20. 20 cumplimiento de las metas institucionales por encima de las partidistas. La autonomía del órgano superior de dirección no es suficiente para garantizar la objetividad de sus decisiones, sino que se requiere de una institución libre de presiones políticas en su totalidad, para inspirar confianza en sus actos entre la ciudadanía. En México, el Servicio Profesional Electoral del IFE tiene su primer antecedente en el Estatuto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de junio de 1992, con fundamento en la Constitución que lo prevé en su artículo 41 a partir de la reforma electoral de 1990. Posteriormente, éste fue objeto de mejoras que derivaron en la publicación del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del personal del Instituto Federal Electoral en el DOF en 1999. Actualmente, el Estatuto en la materia que se encuentra vigente fue producto de un acuerdo del Consejo General en diciembre de 2009, publicado en el DOF el 15 de enero de 2010. Los resultados que el Servicio Profesional del IFE mostró por más de dos décadas son notables, lo que se nos presenta como una prueba empírica de las bondades de un sistema meritocrático como el que se diseñó e implementó en nuestro país. El método de ingreso es, en su mayor parte, por medio de los concursos de oposición abiertos (es decir, se autoriza que en ellos participen funcionarios que ya ejercen labores en el Instituto y candidatos interesados ajenos al órgano autónomo). La evaluación ha sido sumamente eficaz gracias a la transparencia y a la certidumbre con respecto a qué criterios intervienen en la evaluación; así como a la vigilancia que se ejerce para garantizar la aplicación objetiva de las valoraciones del personal. La promoción de los trabajadores se da por los resultados que se obtengan en la evaluación (lo que básicamente se traduce en una mejora en los ingresos) o por la participación en concursos públicos (lo que implica una mejora en cuanto a funciones y en cuanto a jerarquía).7 Los órganos técnicos y directivos del Instituto han mostrado un destacable profesionalismo en sus actuaciones en cada una de las siete elecciones que se han celebrado a partir de su creación. Lo anterior ha sido resultado de la adopción de las mejores prácticas internacionales en este rubro. Como se ha mencionado al inicio de esta exposición de motivos, el objeto principal de la reforma política y electoral de 2014 fue la homologación de los principios democráticos en la totalidad del territorio nacional. De conformidad con lo que se ha expuesto en este apartado, la experiencia del IFE y su Servicio Profesional Electoral tiene mucho que aportar en este sentido, al fomentar la profesionalización y la autonomía de los funcionarios electorales en la escala nacional. Es decir, con la reforma constitucional y con la complementaria legislación secundaria cuya expedición aquí se propone, la intención es extender el servicio civil de carrera en la rama electoral al nivel local, en donde, al día de hoy, se ha detectado gran variación en cuanto a la eficiencia en sus resultados y a su grado de independencia del poder político. El Servicio Profesional Electoral, en concordancia con la concentración de la función electoral del Estado en una única autoridad, se transformó en el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). Éste se guía conforme a lo que al respecto establece la Constitución Política, la Ley General que aquí se propone y el Estatuto correspondiente. 7 Méndez Martínez, José Luis. «El servicio profesional electoral: un servicio civil para la democracia.» Servicio público de carrera en México. Experiencias y perspectivas. México: INAP, 2001. 33-40.
21. 21 Dicho Estatuto, cuya creación prevería la Ley General en materia de instituciones y procedimientos electorales que está por expedirse, es aprobado por el Consejo General, a propuesta de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral. Éste debe contener disposiciones relativas a los mecanismos de ingreso, los cuales se darán primordialmente mediante concursos púbicos; sobre los exámenes y evaluaciones anuales que determinarán la permanencia del personal; sobre los sistemas de ascenso, que se darán exclusivamente bajo criterios objetivos de mérito y rendimiento; y sobre las causas y la aplicación de sanciones administrativas o remociones de funcionarios del Instituto Nacional Electoral y de los Órganos Públicos Locales Electorales. Además, este ordenamiento incluirá preceptos que precisen los niveles, rangos y puestos que componen la estructura orgánica del INE, por un lado, y la estructura orgánica de cada uno de los ÓPLES. Es decir, existirá una diferenciación expresa en cuanto a los puestos y a las normas que aplican para la autoridad central y aquellas que aplican para los organismos correspondientes a cada estado y al Distrito Federal. Los funcionarios que laboren en alguno de los Órganos Públicos Locales en Materia Electoral no podrán acceder a los sistemas de ascenso de los órganos de otras entidades, ni al del Instituto Nacional Electoral, más que por la vía de los concursos públicos de oposición. Los cargos, además de ser diferenciados por su nivel y ámbito de competencia – nacional o de cada entidad – serán discriminados según las funciones que deba cumplir su titular, ya sean de dirección o de técnicos (que se refieren a actividades de especialización). En el caso del INE, el cuerpo de función directiva del SPEN proveerá personal para los cargos inmediatamente inferiores al de directores ejecutivos de la Junta General Ejecutiva o para las vocalías ejecutivas y vocalías de los distritos locales y distritales. Para el caso de los OPLES, el cuerpo de función directiva del SPEN aplicará para los cargos equivalentes a directores ejecutivos de las Juntas Ejecutivas de las entidades federativas y para los responsables de áreas sustantivas del proceso electoral de las oficinas distritales locales y municipales. Con todas la precisiones antes mencionadas, así como con el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional que acuerde el órgano de dirección superior del Instituto Nacional Electoral, el Consejo General, se busca que el Estado cumpla con los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y profesionalismo en la función de organización y celebración de los procesos comiciales, locales y federales, del país. VII. Voto de los mexicanos en el exterior El tema relativo a los derechos políticos de los mexicanos que residen en el exterior es de particular importancia en un país como el nuestro que, según datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidas,8 ocupa el segundo lugar a nivel mundial por el número absoluto de personas que emigran, sólo por debajo de India. La cifra de mexicanos que viven en el exterior estimada por la ONU es de 13 millones 8 Con datos del estudio Tendencias en la migración internacional: migrantes por destino y origen, 2013.
22. 22 212 mil 220 personas (de los cuales el 98 por ciento radica en Estados Unidos). Esto significa que uno de cada diez connacionales no reside en territorio mexicano. País Emigrantes Porcentaje de la población que representan India 14, 166, 558 1.16 % México 13, 212, 220 11.12 % Rusia 10, 832, 708 7.60 % China 9, 342, 485 0.69 % Bangladesh 7, 757, 315 4.74 % Dadas las dimensiones que la migración ha cobrado en el contexto global, cada vez más relevante, en Acción Nacional no queremos dejar pasar la oportunidad de concretar los cambios legislativos que sean necesarios para hacer efectivo el derecho humano a votar, en su sentido más amplio, para todos los mexicanos. Dicho derecho ha sido reconocido por el Estado mexicano a través de diversos instrumentos y tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos – que en su artículo primero reza que “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos” –, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto de San José), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos o la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, ratificado por México durante el gobierno del Presidente Ernesto Zedillo. Nuestra Carta Magna también reconoce el derecho a votar, el cual, desde 1996, dejó de estar condicionado a la presencia física del elector en su distrito correspondiente. Posteriormente, las modificaciones llevadas a cabo en 2005 al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales generaron condiciones que hicieron posible el ejercicio de dicho derecho a distancia, para elegir al Ejecutivo Federal, mediante el voto postal. No obstante la trascendencia de las reformas al marco normativo referidas, éstas no han sido suficientes para incentivar una rica participación de mexicanos desde el exterior. Los avances, si bien no se han limitado a enlistar a modo de catálogo los derechos de los migrantes, tampoco se han traducido con efectividad deseable en una realidad. En 2012, del universo estimado de migrantes que no residen en territorio nacional, se recibieron poco más de 59 mil solicitudes para participar en el proceso. De éstos, tan sólo cerca de 40 mil 700 hicieron efectivo su derecho a votar, lo que equivale al 0.3 por ciento de emigrantes mexicanos.
23. 23 La baja participación ciudadana en el proceso electoral citado tiene múltiples orígenes, mismos que han sido identificados y que buscan ser corregidos en esta nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por ello se propone: (1) Dividir las listas nominales en dos grupos: los ciudadanos que radican en territorio nacional y los que radican fuera de él, y que, por lo tanto, habrán de sufragar desde el exterior. (2) Facultar al Instituto Nacional Electoral para expedir una certificación válida para la elección que se solicite, a través de los medios que determine la Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Electores con la aprobación de la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Nacional de Electores, para votar fuera del territorio nacional, por medio postal o por internet. Para el cumplimiento de esta atribución, la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá coadyuvar con el Instituto. (3) Prever un subsistema de votación por internet para los mexicanos en el exterior. Dicho sistema deberá de contar con los mayores elementos de seguridad que garanticen la autenticidad del voto y la no coacción; también deberá de ser auditable y habrá de dar oportunidad al elector de corroborar el sentido de su voto antes de su emisión. (4) Evitar esquemas sumamente restrictivos que a la larga nos sitúen en desventaja con respecto a los avances tecnológicos, para lo cual se deja abierta la posibilidad de que el Consejo General del INE haga uso de otros medios, que garanticen la legitimidad de los sufragios, para el voto desde el exterior. Para la planeación, instrumentación y desarrollo de las actividades a que se refiere el Libro Quinto de la presente Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto se apoyará en una unidad técnica permanente. En todo caso, el INE o el organismo público local electoral que corresponda aprobará el formato de boleta electoral impresa o electrónica para la emisión del voto. Por otro lado, y en el ánimo de evitar menoscabar los derechos políticos de aquellos que por una u otra razón no se encuentran en territorio mexicano, se propone que el ejercicio del voto se pueda extender, al menos, a los procesos para elegir a los titulares de los poderes Ejecutivos de las entidades federativas. En el marco de la reforma político-electoral, y en virtud de que nuestra Constitución ya desde hace más de dos décadas no establece requisitos de residencia o presencia física para el ejercicio del derecho al voto, nuestra obligación como parte del Estado mexicano es generar mecanismos que faciliten su puesta en práctica para dejar atrás la retórica vacía. VIII. Candidaturas independientes La clase política mexicana, en años recientes, ha enmendado una de las grandes injusticias que nuestro orden jurídico contenía y reproducía en cada proceso electoral: la de condicionar el derecho de los ciudadanos mexicanos a ser votados en los procesos electorales, otorgando el monopolio de registrar candidatos a los partidos políticos.
24. 24 La propia dinámica del sistema político posrevolucionario que prevaleció por varias décadas se fundó en la disciplina partidista, la cual se ve debilitada por la figura de candidatos independientes. Por muchos años, sin embargo, nuestro marco normativo no contempló ningún tipo de restricción al voto por personas no registradas como candidatos. Las restricciones vinieron a partir de que se fundó el Partido Nacional Revolucionario (que mutó al Partido de la Revolución Mexicana y posteriormente al Partido Revolucionario Institucional) que surgió con la pretensión de monopolizar el poder público y de dirimir en su interior toda disputa política. En 1940, el partido oficial vio amenazados estos propósitos cuando el grupo de “Veteranos de la Revolución”, al verse marginado del proceso para elegir al nuevo candidato presidencial, consideró necesario presentar un candidato independiente: el general Juan Andrew Almazán, cuya postulación fue cobijada, posteriormente, por otros partidos.9 A pesar de que los resultados oficiales – sobre cuya veracidad existen severas dudas – minimizaron la participación del general Almazán, la realidad es que ésta representó un reto para el naciente régimen hegemónico. Por ello, el Presidente Manuel Ávila Camacho promulgó, en 1946, la Ley Federal Electoral la cual endureció los requisitos para crear partidos políticos, al tiempo que estableció su exclusividad en la postulación de candidatos a cargos de elección popular.10 A partir de entonces, y de otras modificaciones de carácter constitucional al artículo 116 mediante las que se eliminó la participación de ciudadanos al margen de los partidos en procesos electorales locales, los derechos políticos de los mexicanos han sido objeto de flagrantes violaciones. A pesar de que (en consonancia con una serie de instrumentos internacionales suscritos por México como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) el artículo 35 de nuestra Norma Suprema, en su fracción II, reconoce como prerrogativa de todo ciudadano el ser votado, otras disposiciones legales han representado un obstáculo que limita este derecho. Ante recursos presentados por aquéllos a quienes se les negó este derecho fundamental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que para que el artículo 218 del COFIPE (en el que solía contenerse la restricción de participar electoralmente fuera de un partido) se declarara inconstitucional, la Constitución debía establecer expresamente el derecho de los candidatos independientes a registrarse para contender por cargos de elección popular. El contexto crecientemente democrático y de ascendente competencia electoral, aunado a un fortalecimiento de la sociedad civil, ha contribuido a subsanar estas deficiencias. La reforma política de 2012, impulsada por el Presidente Felipe Calderón, derivó en cambios al texto constitucional por medio de los cuales se reconoció el derecho de los ciudadanos a solicitar su registro como candidatos a cargos de elección popular de manera independiente a los partidos políticos. En el mismo sentido, la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2013, implicó que los partidos dejan de poseer el derecho exclusivo de postular candidatos en los procesos comiciales locales. 9 Meyer, Lorenzo. «La revolución mexicana y sus elecciones presidenciales, 1911-1940.» En Las elecciones en México: evolución y perspectivas, de Pablo González Casanova, 69-100. México: Siglo XXI, 1985. 10 Gamboa Montejano, Claudia, y Sandra Valdés Robledo. «Candidaturas independientes. Estudio conceptual, de antecedentes, jurisprudencia, iniciativas presentadas en la LX y LXI Legislaturas, derecho comparado y opiniones especializadas.» abril de 2011. http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SAPI-ISS-09-11.pdf (último acceso: 14 de marzo de 2014).
25. 25 A fin de que las modificaciones al texto constitucional tuvieran efectos en la realidad política mexicana y no se constriñeran a un significado meramente simbólico, la reforma política de 2014 incluyó a los candidatos independientes en la distribución de prerrogativas. Así pues, del 30 por ciento de tiempos en radio y televisión que se distribuye en partes iguales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto. Dicha disposición aplica tanto para los procesos federales como para los locales. En este tenor, Acción Nacional, que desde sus orígenes ha promovido la ciudadanización de la política en México, busca abonar, a través de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que se pone a consideración, al ejercicio efectivo del derecho humano a ser votado, independientemente de la postulación a través de un partido político. En esta Ley, por lo tanto, se establecen las formas específicas, los mecanismos, los requisitos y las condiciones de participación de candidatos independientes en los comicios para renovar los poderes públicos del Estado. Con esto se pretende dar certeza y legalidad a la intervención de candidatos no postulados por partidos políticos en los procesos electorales. En el PAN reconocemos los beneficios que un sistema político más competitivo, en el que los partidos no detenten el monopolio de las candidaturas, genera en el renovado entorno político en el que vivimos; reconocemos que la figura de candidaturas independientes amplía el espectro de participación de los mexicanos en los asuntos públicos; reconocemos que el ejercicio de este derecho nos obliga a los partidos a tener mejores procedimientos de selección de nuestros propios candidatos so pena de que el electorado nos castigue a la hora de sufragar; reconocemos que los partidos estamos obligados a fortalecer los vínculos con los representados; y reconocemos que todo lo anterior conduce inequívocamente a procesos electorales de mayor calidad y de mejores contenidos. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que se propone regula las candidaturas independientes en su Libro Cuarto. En ella se reconoce como un derecho humano el ser votado sin que en la postulación medie partido o coalición alguna. Así mismo, señala en qué cargos de elección popular es aplicable esta figura: Presidente de la República, legisladores federales de mayoría relativa, ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales o a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, planillas de integrantes de mayoría relativa de los ayuntamientos y de los órganos político administrativos del Distrito Federal. El proyecto de decreto, además, atiende varios de los temores que genera la introducción de esta forma de participación política. Es decir, los que suscribimos la presente iniciativa diseñamos un esquema cuidadoso que nos permite hacer compatible el respeto a los derechos políticos de todos los ciudadanos mexicanos, con el cumplimiento de los principios rectores de la función electoral del Estado. En primer lugar, en el Partido Acción Nacional procuramos el establecimiento de requisitos razonables y proporcionales, que en los hechos no impidan la participación ciudadana independiente. En ese entendido, recurrimos al sistema de firmas de apoyo a la candidatura. A través de éste, se le exige a quien desee participar en las elecciones, sin la postulación de un partido o coalición, un número mínimo de firmas que está dado en función del tamaño de la lista nominal con corte al 30 de noviembre del año previo a la jornada electoral. Los porcentajes varían según la elección de que se trate, tomando en consideración las
26. 26 dificultades aunadas a la extensión territorial. En todo caso, se procura que los requisitos estén por debajo de aquellos que se le exigen a los partidos políticos para obtener su registro. Así pues, para contender por la Presidencia de la República se establece que el mínimo de firmas a presentar será equivalente al 0.13 por ciento del listado nominal. Para el caso de diputados federales, senadores, gobernadores, jefe de gobierno, integrantes de ayuntamientos y delegaciones, el número de firmas que deberán de presentar quienes busquen su registro como candidatos independientes corresponderá al 0.5 por ciento de la lista nominal de la demarcación electoral que corresponda. Dichos porcentajes responden a un doble propósito: primero, dar viabilidad práctica a esta figura de nueva aplicación en el sistema electoral mexicano; segundo, asegurar que quienes participan cuentan con un apoyo popular importante, que la candidatura atiende a un sector de la población que no puede ser desestimado y que se trata de un personaje competitivo. En segundo lugar, los proponentes consideramos de suma importancia que aquél que busque participar como candidato cuente con los medios necesarios, de modo que signifique una verdadera oferta política y que le permita diferenciarse del resto de las alternativas. La aspiración que aquí se atiende es la de transparentar las intenciones de quienes deseen ocupar un cargo público. En tercer lugar, la Ley General que se presenta exige que los candidatos que busquen ser registrados con el carácter de independientes manifiesten dicha pretensión a través de una carta intención – acompañada de otra serie de documentos –, que deberán hacer llegar al órgano electoral que corresponda, según la elección de que se trate, en los plazos que se fijan y con la información que la legislación demanda. La motivación detrás de este requerimiento, así como la que imposibilita a personajes que participaron en los procesos de selección interna de los partidos a contender en las elecciones de forma independiente, es clara: desincentivar el transfuguismo excesivo, que amenace al sistema de partidos sobre el que se erige nuestro sistema electoral.11 El objetivo es que la participación en las elecciones no responda a coyunturas o ambiciones personales, sino a pretensiones serias que reflejen compromiso. En cuarto lugar, y para desaparecer el riesgo de que el objeto de las candidaturas independientes se pervierta y pase a ser una forma de lucrar con el capital político, se restringe absolutamente la posibilidad de que estos ciudadanos celebren convenios con otros partidos o coaliciones, o de que renuncien a su candidatura para manifestar su apoyo a otra opción electoral en el proceso en el que contiendan. En quinto lugar, la Ley contiene disposiciones que buscan evitar que las candidaturas independientes abran paso a una democracia en la que imperan los poderes económicos, en detrimento de la voluntad del resto de los ciudadanos. Las disposiciones a las que nos 11 La necesidad de procurar la supervivencia de los partidos políticos no debe confundirse con un intento por prolongar el monopolio que han tenido sobre los procesos electorales, sino más bien refleja la voluntad de dar continuidad a las ventajas que éste aporta para la vida democrática de México. Jesús Silva-Herzog Márquez estima que sin partidos no puede andar ningún proceso electoral e indica que éstos contribuyen al desempeñarse como brújulas que permiten descifrar la sustancia detrás de la lucha política; facilitan la digestión de aquellos temas que están sobre la mesa; agregan intereses colectivos y los transportan a los espacios de decisión; facilitan las negociaciones entre diferentes fuerzas; ofrecen acciones programáticas; y son atajos informativos.
27. 27 referimos establecen con claridad topes al financiamiento privado, las fuentes legítimas de éste (aportaciones del candidato independiente, aportaciones de simpatizantes, autofinanciamiento, rendimientos financieros, fondos y fideicomisos no protegidos por secreto bancario o fiduciario) y medidas que procuran la transparencia en las aportaciones de simpatizantes. Por ejemplo, los candidatos independientes deberán presentar a la autoridad electoral recibos foliados por aportaciones monetarias, mismas que sólo podrán llevarse a cabo por medio de depósitos o transferencias bancarias. Y en el caso de aportaciones en especie, éstas deberán de venir acompañadas de contratos de donación o comodato. El candidato, adicionalmente, está obligado a rendir un informe de gastos de campaña en el que se presenten datos sobre el origen, monto y destino de los recursos utilizados. Todo lo anterior, aunado a las disposiciones constitucionales que establecen como causas de nulidad de una elección el rebase a topes de gastos de campaña y el uso de recursos de procedencia ilícita, tiende a desincentivar intromisión de poderes económicos o fácticos en las elecciones. En sexto lugar, y en consonancia con el punto anterior, insertamos en la Ley un régimen de amplia fiscalización tanto a partidos como a candidatos independientes, que deberán de ser complementados por el Reglamento de Fiscalización. En séptimo lugar, conocemos del riesgo que implica el acceso a recursos públicos por esta vía; riesgo que decrece notablemente mediante la introducción de una fianza, misma que debe ser registrada obligatoriamente por todos los candidatos independientes, ante la autoridad electoral y por los montos que el reglamento en la materia señale. A través de la fianza a favor del Instituto Nacional Electoral, el erario público estará protegido y se garantizará que el candidato independiente cuente con elementos para responder ante cualquier eventualidad o sanción. Finalmente, a sabiendas de que la inequidad electoral tiene dos fuentes, principalmente, el dinero y los medios de comunicación,12 la Ley General que los legisladores de Acción Nacional presentamos contiene disposiciones que buscan regular estos aspectos. La aspiración que subyace al contenido de la Ley en lo referente a equidad en las elecciones es la de garantizar una participación efectiva de los candidatos independientes, en condiciones que les permitan ser competitivos y contar con oportunidades reales de ganar. Es decir, los ciudadanos que compitan independientemente en los comicios para renovar los poderes públicos del Estado no deben de ser señalados a priori como perdedores por falta de recursos que les permitan dar a conocer su plataforma electoral y su imagen. En virtud de lo anterior, proponemos una distribución de financiamiento público que asegure un nivel de recursos adecuado para la organización y verificación de campañas electorales. La experiencia de nuestro país nos da luz sobre los efectos positivos que el financiamiento público tiene sobre la equidad en los procesos de elección democrática.13 Fue en la reforma política de 1996 en la que se alcanzó una redacción y un diseño de distribución de recursos públicos con fines electorales oportunos para igualar las circunstancias de los actores 12 Schedler, Andreas. «The Nested Game of Democratization by Elections.» International Political Science Review, 2002: 103-122. 13 Figueroa Álvarez, Rosa Adriana. «Regulación del financiamiento de los partidos políticos en México.» Pluralidad y consenso, s.f.: 46-51.
28. 28 políticos involucrados. Es por ello que recurrimos al financiamiento público como instrumento para fortalecer la competencia, no sólo entre partidos, sino también entre éstos y los candidatos independientes. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo tanto, establecerá que los candidatos independientes en su conjunto serán considerados como una unidad más dentro del 30 por ciento del total de financiamiento público (calculado conforme a lo estipulado en el inciso a), de la fracción II, del artículo 41 constitucional) que se distribuye en partes igualitarias, sin que dicho monto se incluya dentro del financiamiento público que corresponde a los partidos. La asignación la hará, en los procesos federales, el Consejo General del INE, mientras que en los locales la hará el órgano superior de dirección del organismo público local en materia electoral que corresponda. Para dar certeza, el proyecto de decreto también fija con claridad el porcentaje del monto calculado que se destinará para cada tipo de elección (presidencial, de diputados federales, de senadores, de ejecutivos de las entidades, de diputados locales o de integrantes de ayuntamientos). Este modelo de financiamiento de campañas con recursos públicos tiene una gran ventaja: la de que sin importar el número de actores que se registren para participar en los procesos, el monto no se infla, sino que sólo se distribuye de manera distinta. Es decir, el financiamiento público está en función del salario mínimo y del padrón electoral, no del número de partidos o candidatos. Todo lo anteriormente expuesto busca el ejercicio efectivo derecho a ser votado de todos los ciudadanos mexicanos para todos los cargos de elección popular, sin que por ello se mermen los principios que rigen la función electoral del Estado mexicano – certeza, legalidad, independencia y objetividad, entre otros – o se ejerza un gasto público excesivo. XI. Fiscalización La equidad en los procesos electorales es uno de los más grandes y añejos reclamos que ha sido formulados en el sistema político de nuestro país, dada la historia que nos precede; reclamos en los que Acción Nacional ha sido punta de lanza, pero que han hecho eco en otras fuerzas políticas que los han suscrito. Con equidad nos referimos a un piso parejo para todos los actores políticos que compiten por ocupar cargos de elección popular; a comicios justos en los que se compita de uno a uno, en los que la balanza no se incline a favor de una u otra fuerza. Al hablar de equidad hacemos referencia a elecciones cuyas regulaciones permitan un desarrollo equilibrado. Para alcanzar la equidad – a la que parece que, en el mejor de los casos, sólo nos acercamos asintóticamente – es necesario reflexionar sobre varios factores, entre ellos y principalmente, el dinero que ingresa a los procesos electorales. La evidencia empírica de nuestro país y de otras naciones pone de manifiesto el nivel de influencia que el ejercicio de recursos (públicos o privados) tiene en el desenlace de los procesos comiciales. Es claro que a mayor poder económico, mayores son las probabilidades de una fuerza política de ganar.
29. 29 En el mismo sentido, es patente que el tipo de fuente de financiamiento privado de aquél que gana una elección determina en muchas formas el sentido de las políticas públicas que emprende. En la búsqueda de mayor equidad en las contiendas y buscando aislar el quehacer político de grupos de interés o de organizaciones criminales, los mexicanos hemos transitado hacia esquemas de financiamiento y de fiscalización de partidos políticos cada vez más acabados y funcionales. La reforma de 1996 representó un avance enorme en lo que respecta a estos temas, lo que años más tarde permitió la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal, situación inédita en más de siete décadas. Sin embargo, el renovado entorno de competencia política, los avances tecnológicos y las diversas formas para darle la vuelta a la ley que algunos partidos han encontrado, presentan nuevos retos y nos exigen diseños normativos e institucionales todavía más refinados. Así, los sucesos que se presentaron durante los procesos de 2012 evidenciaron vacíos legales y autoridades debilitadas en lo que a fiscalización de los recursos que ingresan a las campañas se refiere. La fiscalización electoral conlleva un conjunto de tareas por medio de las cuales la autoridad electoral supervisa el origen y el destino de los recursos de los que hacen uso los diferentes actores u organizaciones electorales.14 Con esto, se persiguen dos objetivos: (i) que los recursos que ingresan a la competencia política no provengan de fuentes prohibidas o ilícitas; (ii) constatar que se destinan, exclusivamente, a los fines previstos por la normatividad. Toda legislación debe de ser considerada a la luz de sus resultados, sean éstos positivos o negativos. En ese tenor, las experiencias derivadas de la reforma de 2007 en lo que a fiscalización se refiere, resultan en una evaluación ambivalente, que nos conduce a retomar algunos aspectos y mejorar otros muchos. La presente Ley General contiene disposiciones mediante las cuales el Grupo Parlamentario del PAN busca evitar eventos y prácticas deleznables como el Caso Monex, que no sólo generan cuestionamientos sobre la equidad de los procesos electorales, sino que también deslegitiman tanto a la autoridad electoral, como a los gobiernos que deriven de dichos procesos. Una adecuada fiscalización permite procesos más competitivos y equitativos, e inhibe conductas que violentan la normatividad. La fiscalización comprende actividades preventivas, normativas, de investigación y de operación que contribuyen al resguardo de los principios ejes de las funciones electorales administrativas. Uno de los principales cambios, que parte de la reforma constitucional en materia político- electoral de 2014, es regresar las funciones de fiscalización al órgano superior de dirección del Instituto Nacional Electoral: el Consejo General, a través de una comisión temporal en la materia. En su momento, esa modificación al texto de nuestra Carta Magna estuvo sustentada por la premisa de que de esta manera la responsabilidad en un tema tan delicado 14 Instituto Federal Electoral. «El ABC de la fiscalización (a partidos políticos).» mayo de 2013. http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CNCS/CNCS-IFE-Responde/2013/05%20Mayo/abcfisc/abc.pdf (último acceso: 14 de marzo de 2014).
30. 30 no se diluye; quienes adoptan las decisiones al respecto pueden ser claramente identificados, lo que les obliga a asumir los costos de sus errores u omisiones. Además, permite que el órgano de dirección superior se involucre en todas las etapas del proceso y no se limite a pronunciarse sobre el dictamen consolidado que se le presente. La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos interviene desde la elaboración del reglamento correspondiente y de los lineamientos que los OPLES están obligados a observar, hasta la revisión de los resultados de los informes de los partidos y de las auditorías que se apliquen. La expedición de esta Ley General, sin embargo, no significa un comienzo a partir de cero, sino que es el resultado de construir sobre lo que ya tenemos y que ha resultado efectivo. Por ello, la Unidad de Fiscalización no desaparece, puesto que la existencia de un cuerpo técnico es imprescindible en un asunto tan complejo como el que se refiere. La Ley únicamente redefine las responsabilidades de la Unidad para garantizar que ésta brinde el soporte adecuado para la toma de decisiones de los cuerpos directivos. La Unidad de carácter técnico – cuyo director general es electo por las dos terceras partes del Consejo General del Instituto – presenta a la Comisión de Fiscalización el proyecto de Reglamento en la materia, los resultados las revisiones integrales de los informes de partidos y candidatos independientes (trimestrales, anuales, de precampañas o de campañas, según sea el caso), los proyectos de lineamientos de contabilidad homogéneos para cada tipo de elección y, en general, toda la información y documentación que permita tanto a la Comisión como al Consejo General, pronunciarse sobre los hechos con los argumentos necesarios. Otra modificación de suma importancia que se contiene en la presente Ley General es la que, de acuerdo con los cambios constitucionales, obliga a los Organismos Públicos Locales en Materia Electoral a circunscribir sus actividades fiscalizadoras a los lineamientos que el Consejo General del INE emita, para las elecciones locales. Además, los OPLES podrán apoyarse en la autoridad electoral central con el fin de superar trabas de carácter competencial. Para dar celeridad a la fiscalización, y procurar que ésta sea oportuna, se estiman convenientes dos modificaciones al esquema vigente, mismas que ya fueron incorporadas en el proyecto de decreto que aquí presentamos. En primer lugar, se modifican plazos para la presentación de los informes de campañas por parte de los partidos y candidatos independientes ante la autoridad electoral y los plazos para que éstos subsanen errores y omisiones en sus informes originales. En segundo lugar, se prevén instrumentos que facilitan la coordinación entre los órganos electorales y los órganos de inteligencia financiera para detectar movimientos irregulares, que puedan significar usos indebidos electorales de los recursos públicos de la administración pública federal, estatal o municipal. X. Régimen de sanciones La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que sometemos a consideración, en armonía con recomendaciones de organismos especializados en materia electoral, como la red de conocimientos ACE Project, procura un régimen de sanciones
31. 31 puntual, que no deja lugar a la incertidumbre o arbitrariedad. Ésta estipula: (i) las conductas que se consideran prohibidas y que están sujetas a penas proporcionales; (ii) los sujetos que pueden ser sancionados por incumplimientos a la normatividad electoral; (iii) los órganos del Estado responsables de llevar a cabo las investigaciones que se estimen necesarias a partir de quejas o denuncias; (iv) los medios a través de los cuales se pueden ofrecer evidencias; (v) las formas para apelar resoluciones; y (vi) las sanciones aplicables. El procedimiento sancionador puede ser de carácter ordinario o especial. En el primero de los casos, tanto la autoridad electoral administrativa, como la autoridad electoral jurisdiccional están facultadas para fincar responsabilidades y aplicar sanciones. En el segundo tipo de procedimientos sancionadores, esto es, los especiales,15 la reforma constitucional determinó que el Instituto Nacional Electoral es responsable de la sustanciación del procedimiento. Mientras que las resoluciones sobre éstas serán adoptadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta modificación tiene como intención descargar al órgano de dirección superior del INE, por lo que la presente Ley incorpora dicha intención, sobre el esquema del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así, dichos procedimientos serán resueltos más ágilmente con la colaboración impulsada entre las autoridades electorales de carácter administrativo y las de carácter jurisdiccional. XI. Régimen transitorio Finalmente, el régimen transitorio previsto en esta iniciativa incluye las precisiones sobre la temporalidad en la que se aplicarán disposiciones constitucionales que el mismo Decreto postergó para una etapa posterior, como es el caso de las fechas en las que iniciará la posibilidad de los legisladores para reelegirse. Adicionalmente, los artículos transitorios permiten dar viabilidad y certeza a los procedimientos que contemplaba el Código anterior y que requerirán de ajustes reglamentarios por parte del Instituto; tal es el caso de los procesos de fiscalización. La propuesta de Ley contenida en la presente iniciativa es reflejo del compromiso democrático del Partido Acción Nacional. En ella se contemplan todos los principios, procedimientos y mecanismos para que las elecciones, como fundamento de la democracia, sean siempre equitativas y transparentes en todo el territorio nacional. 15 Que versan sobre lo establecido en la Base III del Artículo 41 y en el séptimo y octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución; que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral; o que constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.
32. 32 Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea el presente Proyecto de DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES ARTÍCULO ÚNICO.-Se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los términos siguientes: LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Libro primero De la integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión y Ejecutivo, Legislativo y Municipales de la entidades de la República y del Distrito Federal Título primero Disposiciones preliminares Artículo 1 1. Las disposiciones de esta Ley General son de orden público y de observancia general en el territorio nacional y para los ciudadanos mexicanos que ejerzan su derecho al sufragio en el territorio extranjero. 2. La renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación, así como las correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos en los estados de la federación, y del Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los jefes delegacionales del Distrito Federal, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 3. Esta Ley General regula la función estatal de preparar, organizar y conducir los procesos electorales federales y locales, las actividades que corresponden a la autoridad electoral en materia de consultas públicas e iniciativas ciudadanas, las otras formas de participación ciudadana contenidas en las legislaciones locales, y los procesos internos de los partidos políticos que lo soliciten para la elección de sus dirigencias. Artículo 2 1. La aplicación de las normas de esta Ley corresponde al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, a los Organismos Públicos Locales en Materia Electoral y a la Cámara de Diputados, en sus respectivos ámbitos de competencia.

References: artículo 71
 artículo 73
 artículo 124
 Artículo 124
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 41
 resolución 
 artículo 116
 artículo 33
 artículo 41
 artículo 116
 artículo 35
 artículo 218
 artículo 41
 Artículo 41
 artículo 134
 Artículo 1
 Artículo 2