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Timestamp: 2018-08-17 02:07:23+00:00

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﻿ Sentencia T-113 de marzo 26 de 2015
SENTENCIA T-113 DE 26 DE MARZO DE 2015
CONTENIDO:TÉRMINO DE PERMISOS POR CALAMIDAD DOMÉSTICA DE EMPLEADOS PÚBLICOS PUEDE SER MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY. NO OBSTANTE EXISTIR DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN DE PERMISOS REMUNERADOS A EMPLEADOS PÚBLICOS, LAS CUALES PERSIGUEN LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO, RESULTA VIOLATORIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES NEGAR LICENCIAS O PERMISOS CUANDO POR GRAVE CALAMIDAD DOMÉSTICA SE ENCUENTRE DEMOSTRADO QUE SON NECESARIOS MÁS DE LOS TRES DÍAS QUE LA LEY OTORGA. EL ALTO TRIBUNAL ASEGURÓ QUE ANTE UNA GRAVE CALAMIDAD DOMÉSTICA ES NECESARIO DETERMINAR EL NIVEL DE GRAVEDAD Y PONDERARLO CON LA AFECTACIÓN AL TRABAJO QUE SUFRE EL EMPLEADOR ANTE LA AUSENCIA DE SU EMPLEADO, PARA DE ESTA FORMA ESTABLECER EL LAPSO DE TIEMPO POR EL CUAL LA LICENCIA SERÁ REMUNERADA, ASIMILANDO EL CASO AL RÉGIMEN QUE TIENEN LOS TRABAJADORES PRIVADOS, EN EL CUAL SU EMPLEADOR PODRÁ ESTABLECER “RAZONABLEMENTE” EL TÉRMINO POR EL QUE OTORGARÁ EL PERMISO.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADO PÚBLICO, LICENCIA LABORAL, PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, LICENCIA POR CALAMIDAD DOMÉSTICA
Sentencia T-113 de marzo 26 de 2015
Ref.: Expediente T-4.591.696
1.2.1. La señora Josefina Vera Hernández, quien ejerce el cargo de escribiente en el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento para la Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bucaramanga, actúa en nombre propio y en representación de su hijo José Julián Rojas Vera de 4 años de edad(2).
1.2.2. El 9 de julio de 2014 el menor José Julián Rojas Vera fue diagnosticado por el especialista en neurología pediátrica con infarto cerebral debido a trombosis de arterias CE-I633, miastenia gravis- G700(3), por lo que fue hospitalizado inmediatamente.
1.2.3. Debido a las complicaciones en el estado de salud de su hijo, el 14 de julio de 2014, a través de comunicación escrita, la señora Josefina Vera Hernández solicitó al señor juez Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento para la Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bucaramanga, permiso para ausentarse de sus labores por grave calamidad doméstica por el término que él mismo considerara pertinente, teniendo en cuenta que el Código Sustantivo del Trabajo no establece duración alguna para el permiso por grave calamidad doméstica(4).
1.2.4. De esta forma, mediante Resolución 42 del 14 de julio de 2014, el señor juez Tercero Penal del Circuito con función de Conocimiento para la Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bucaramanga concedió el permiso solicitado por la accionante por el término de 3 días correspondientes al 14, 15 y 16 de julio de 2014(5).
1.2.5. El 16 de julio de 2014, José Julián Rojas Vera fue sometido a un TAC de tórax, cuyo resultado arrojó “1. Probable timoma y/o menso probablemente tumor de origen linfoproliferativo 2. Cardiomegalia 3. Hepatoesplenomegalia”(6).
1.2.6. El 18 de julio de 2014, el doctor Carlos José Ortiz certificó la necesidad de que la señora Josefina Vera Hernández en su calidad de madre prestara acompañamiento permanente al menor José Julián Rojas Vera por tratarse de un paciente de alto riesgo(7). Por esta razón, la señora Josefina Vera Hernández solicitó de manera escrita licencia no remunerada por el término de 1 día correspondiente al 18 de julio de 2014(8).
1.2.7. Teniendo en cuenta que a la fecha el menor continuaba hospitalizado, el 21 de julio de 2014 la señora Josefina Vera Hernández nuevamente solicitó licencia no remunerada por grave calamidad doméstica por 2 días correspondientes al 21 y 22 de julio de 2014(9).
1.2.8. Finalmente, el 25 de julio de 2014, mediante comunicación telefónica, la señora Josefina Vera Hernández manifestó al Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga encargado de tramitar la presente acción de tutela en primera instancia, que el menor José Julián Rojas Vera fue dado de alta ese mismo día, con el fin de continuar su tratamiento médico en casa(10).
2.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga - Santander(11).
2.2. Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento para la Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bucaramanga(12).
El señor Germán Plata León como juez Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento para la Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bucaramanga por considerar que la acción de tutela se encuentra dirigida a él como persona natural, solicitó no acceder a las pretensiones de la accionante y en su lugar declarar improcedente la presente acción.
3.1. Sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bucaramanga, del 8 de agosto de 2014(13).
3.3. Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga del 17 de septiembre de 2014(15).
Mediante auto del 10 de marzo de 2015 esta Sala requirió a la señora Josefina Vera Hernández con el fin de que informara sobre el estado de salud actual del menor José Julián Rojas Vera, si el médico tratante ha expedido nuevas órdenes donde requiera el acompañamiento permanente de la señora y si ha solicitado nuevos permisos laborales de carácter remunerado ante su empleador.
El 19 de marzo de 2015 allegó respuesta donde manifestó que si bien la evolución del menor ha sido favorable aún requiere continuar con controles y tratamiento pediátrico. Así mismo, afirmó que teniendo en cuenta las consideraciones de los fallos de primera y segunda instancia concluyó que de nada servía que se expidieran órdenes donde recomendaran su acompañamiento permanente pues únicamente tendría 3 días de permiso remunerado y que una vez vencidos debía recurrir a la licencia no remunerada. Finalmente, aseguró que sí ha solicitado permiso remunerado por 3 días al mes en diferentes oportunidades los cuales han sido concedidos por su empleador.
La Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial mencionada, con base en la Constitución Política —artículos 86 y 241 numeral 9º— y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991 -artículos 31 a 36(16).
2.1. Alegación de afectación de un derecho fundamental. Se alega la vulneración de los derechos fundamentales a la salud, al mínimo vital, al trabajo, la igualdad y la vida digna (C.P., arts. 49, 11 y 25).
2.3. Legitimación pasiva. De acuerdo a lo establecido en el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento para la Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bucaramanga como autoridad pública resulta demandable en sede de tutela.
2.4. Inmediatez. Si bien, el artículo 86 Superior, no establece un término de caducidad o prescripción para la acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha determinado que en virtud de las particularidades de cada caso en concreto debe existir un período de tiempo prudencial desde que se presenta la conducta que presuntamente vulnera los derechos del accionante hasta la fecha de interposición de la acción(17). Lo anterior, debido a la finalidad de protección inmediata de derechos fundamentales.
El 14 de julio de 2014, la señora Josefina Vera Hernández solicitó permiso por grave calamidad doméstica por los días 14,15 y 16 de julio de 2014 para atender a su hijo menor de edad que se encontraba hospitalizado, así, ese mismo día el señor juez Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento para la Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bucaramanga expidió la Resolución 42 mediante la cual concedió el permiso remunerado solicitado. Debido a que la hospitalización se prolongó, el 18 de julio de 2014, la actora solicitó licencia no remunerada por el término de 1 día correspondiente al mismo 18 de julio de 2014. De igual forma, el 21 de julio de 2014 la señora Vera Hernández nuevamente solicitó licencia no remunerada por los días 21 y 22 de julio del mismo año.
“(i) los medios ordinarios de defensa judicial no son suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados, (ii) aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se producirá un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales, y (iii) el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas), y por lo tanto la situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela”(18).
2.5.2. La acción de tutela como mecanismo inmediato de protección de derechos fundamentales, implica necesariamente estar precedida por “hechos ciertos y reconocidos de cuya ocurrencia se puede inferir la violación o vulneración de derechos fundamentales”(19).
Así, la jurisprudencia constitucional ha considerado que “la informalidad de la tutela no justifica el que los ciudadanos recurran a ella con el único propósito de conjurar una situación que consideran, a través de conjeturas, podría ocasionar un perjuicio. Dicha acción no protege derechos fundamentales sobre la suposición de que llegarían a vulnerarse por hechos o actos futuros. Por ello el ciudadano, actuando directamente o a través de apoderado, cuando vaya a instaurar una acción de amparo debe cotejar, sopesar y analizar si en realidad existe la vulneración o amenaza de tales derechos, pues la tutela no puede prosperar sobre la base de actos o hechos inexistentes o imaginarios, lo cual, por el contrario, conduce a congestionar la administración de justicia de modo innecesario y perjudicial para esta”(20).
Vale mencionar que la acción de tutela no será procedente ante cualquier tipo de amenaza del derecho fundamental, toda vez que “tal amenaza no puede contener una mera posibilidad de realización, pues si ello fuera así, cualquier persona podría solicitar protección de los derechos fundamentales que eventualmente podrían serle vulnerados bajo cualquier contingencia de vida, protección que sería fácticamente imposible prodigarle, por tratarse de hechos inciertos y futuros que escapan al control del estado. De esta manera, si no existe una razón objetivada, fundada y claramente establecida por la que se pueda inferir que los hechos u omisiones amenazan los derechos fundamentales del tutelante, no podrá concederse el amparo solicitado. La amenaza debe ser entonces, contundente, cierta, ostensible, inminente y clara, para que la protección judicial de manera preventiva evite la realización del daño futuro”(21).
En palabras de la Corte Constitucional, “la tutela será procedente cuando algún derecho fundamental se encuentre efectivamente amenazado o vulnerado, de lo cual se sigue que el juez de tutela no debe esperar la vulneración del derecho fundamental, para conceder la protección solicitada, sino que debe también acudir a la defensa de los derechos fundamentales invocados cuando estos se encuentran amenazados”(22).
Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado se origina cuando la afectación al derecho fundamental invocado desaparece. Esto, en el entendido que si la perturbación que dio lugar a la acción desaparece, carecería de sentido continuar con la misma, pues el objeto de protección inmediata de derechos fundamentales dejaría de existir(23).
Sin embargo, el hecho de encontrarse frente a un hecho superado no implica que la Corte Constitucional pierda su competencia para pronunciarse de fondo frente al caso concreto, pues como cabeza de la jurisdicción constitucional “tiene el deber de determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita”(24).
Por su parte, el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 5º definió el trabajo como “toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo”. De esta forma, la relación laboral implica la existencia de un sujeto dominante que ejerza subordinación sobre el trabajador.
En ese orden de ideas, la jurisprudencia constitucional determinó que la subordinación es “un poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como este debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias, con miras al cumplimiento de los objetivos de la empresa, los cuales son generalmente económicos”(25). No obstante, este mismo tribunal en diferentes oportunidades ha sostenido que aun cuando la ley otorga al empleador la facultad de ejercer poder de subordinación sobre sus empleados, esta potestad no es absoluta fijando como límites la dignidad humana, el núcleo esencial de los derechos de los trabajadores, el pacto en el contrato individual de trabajo y demás estipulaciones convencionales, además de “las normas y principios generales que rigen las relaciones laborales”(26).
De allí que la regulación laboral previó circunstancias en las que el empleador tiene la obligación de conceder a favor de sus empleados las licencias y permisos necesarios para atenderlas; a saber: (i) desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación distintos de jurado de votación, clavero o escrutador, (ii) comisiones sindicales cuando no se trate de servidores públicos, (iii) entierro de los compañeros y, (iv) grave calamidad doméstica debidamente comprobada(27).
Respecto a esta última, la Corte Constitucional ha considerado que se trata de “aquellas situaciones de carácter negativo sobre las condiciones materiales o morales de vida del trabajador”, como por ejemplo una grave situación de salud de un familiar cercano. Ante un evento de esta índole esta corporación determinó que con el fin de definir el lapso durante el cual la licencia será remunerada deberá obedecer al principio de razonabilidad, de manera que resulta imposible “establecer de manera previa, general y abstracta cuál es el espacio de tiempo durante el cual debe concederse al trabajador la licencia remunerada para atender la calamidad doméstica que lo aqueja en cada caso concreto”(28). Así, el principio de razonabilidad implica “sopesar las circunstancias y particularidades de la situación concreta”, es decir que ante una grave calamidad doméstica es necesario determinar el nivel de gravedad y ponderarlo con la afectación al trabajo que sufre el empleador ante la ausencia de su empleado, para de esta forma establecer el lapso de tiempo por el cual la licencia será remunerada.
En el caso de los servidores públicos quienes no se rigen por las normas laborales del Código Sustantivo del Trabajo(29), y en especial de los empleados de la rama judicial cuya normatividad es la Ley 270 de 1996, se encuentran previstas las figuras de los permisos y licencias no remuneradas para atender las posibles eventualidades que se presenten en la vida del empleado en vigencia de la relación laboral.
Acorde con los antecedente planteados, el 25 de julio de 2014, la señora Vera Hernández manifestó que ese mismo día su hijo fue dado de alta, razón por la cual esta Sala estima que en lo referente a la primera pretensión operó el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, en el entendido que la accionante solicitó el reconocimiento de los permisos y licencias laborales de manera remunerada por el término de la hospitalización del menor. Adicionalmente, del material probatorio se desprende que conforme a las solicitudes de la señora Josefina Vera Hernández mediante la Resolución 42 del 14 de julio de 2014 el señor juez Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento para la Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bucaramanga concedió permiso remunerado por los días 14, 15 y 16 de julio de 2014, así como licencia no remunerada correspondiente a los días 18, 21 y 22 de julio del mismo año.
En primer lugar, las dos situaciones anteriormente planteadas resultan comparables en el entendido que implican la existencia de un vínculo de subordinación entre empleado-empleador del sector privado y empleado-Estado, respectivamente. Adicionalmente, ambas contemplan una situación extraordinaria a la cual se ve expuesto el trabajador, en el caso concreto, la grave calamidad domestica implica la atención que debe prestar la madre a su hijo de 4 años hospitalizado como consecuencia de un infarto cerebral debido a trombosis de arterias CE-I633, miastenia gravis- G700(30).
De esta manera, la Sala Segunda de Revisión considera que los permisos remunerados solicitados por la accionante, los requiere por (i) su condición de madre cabeza de familia, (ii) de un niño de 4 años (iii) quien padece infarto cerebral debido a trombosis de arterias CE-I633 y miastenia gravis- G700, y (iv) porque el médico tratante recomendó la presencia y acompañamiento permanente de la señora Vera Hernández al menor con el fin de evitar un deterioro mayor(31), por la gravedad del estado de salud del menor.
En la Sentencia C-930 de 2009, la Corte Constitucional interpretó el significado de grave calamidad doméstica, atribuyéndole dos sentidos: (i) razones de solidaridad que implican que el empleador esté obligado a responder de forma humanitaria “ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”(32), (ii) un suceso familiar cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador(33), en la cual pueden verse amenazados derechos fundamentales de importancia significativa en la vida personal o familiar del mismo, como por ejemplo una grave afectación de la salud o la integridad física de un familiar cercano —hijo, hija, padre, madre, hermano, cónyuge o compañero—, el secuestro o la desaparición del mismo, una afectación seria de la vivienda del trabajador o de su familia por caso fortuito o fuerza mayor, como incendio, inundación o terremoto, para citar algunos ejemplos, y (iii) son situaciones que pueden comprometer la vigencia de derechos fundamentales de los afectados, o irrogarles un grave dolor moral, y los obligan a atender prioritariamente la situación o la emergencia personal o familiar, por lo cual no están en condiciones de continuar la relación laboral prestando su servicio personal, existiendo un imperativo de rango constitucional para suspender el contrato de trabajo.
Lo anterior permite concluir, que la protección constitucional recae, principalmente sobre el menor. No se trata del derecho de la trabajadora de la rama judicial a obtener permisos remunerados adicionales a los que la normatividad para ella permite, sino, al derecho fundamental del menor, a ser atendido por su madre, cuando el médico tratante así lo requiera. Entonces, los permisos solicitados por la accionante, que no son capricho de ella, y que no son imputables a su conducta, pretender salvaguardar los derechos fundamentales y en particular el derecho a la vida digna de un sujeto de especial protección constitucional no solo en su calidad de menor de edad sino también por su precario estado de salud, de acuerdo a los principios y mandatos constitucionales de prevalencia de los derechos de los niños y el interés superior del menor.
1. DECLARAR la carencia actual de objeto por configurarse un hecho superado, frente a la solicitud de amparo instaurada por la señora Josefina Vera Hernández, en los términos expuestos en esta sentencia.
2. REVOCAR la providencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga del 17 de septiembre de 2014 que confirmó la providencia del 8 de agosto de 2014, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bucaramanga, que negó el amparo solicitado por la señora Josefina Vera Hernández y, en su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos a la vida e integridad física de José Julián Rojas Vera.
3. ORDENAR al Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento para la Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bucaramanga conceder a favor de la señora Josefina Vera Hernández los permisos remunerados necesarios con el fin de atender el proceso de recuperación y rehabilitación de su hijo menor de edad José Julián Rojas Vera por el término en que el médico tratante considere imprescindible la presencia del empleado, siempre y cuando medie orden médica donde se fije de manera expresa el tiempo de duración y conste la necesidad de acompañamiento permanente de la señora Vera Hernández. En todo caso, el empleador tendrá la potestad de implementar las medidas necesarias para que no se vea afectada la prestación del servicio.
Andrés Mutis Vanegas—Secretario General.
(1) Acción de tutela presentada el 24 de julio de 2014. (Fls. 1-82).
(2) Tal como lo manifiesta la accionante en el escrito de tutela. (Fls. 1-82).
(4) Folios 75 a 78.
(5) Folios 79 a 80.
(9) Folio 82.
(10) Folio 85.
(11) Folios 93 a 95.
(12) Folios 98 a 101 con fecha del 4 de agosto de 2014.
(13) Folios 102 a 111.
(14) Folios 4 a 31 cuaderno 2ª instancia.
(15) Folios 44 a 53 cuaderno 2ª instancia.
(16) En auto del diez (10) de noviembre de 2014 la Sala de Selección de tutela Once de la Corte Constitucional, dispuso la revisión de la providencia en cuestión y procedió a su reparto.
(17) Sentencia T-584 de 2011.
(18) Sentencia T-185 de 2007.
(19) Sentencia T-652 de 2012.
(20) Sentencia T-279 de 1997.
(21) Sentencia T-647 de 2003.
(22) Sentencia T-502 de 2006.
(23) Sentencias T-856 de 2007, T-267 de 2008, T-576 de 2008 y T-091 de 2009.
(24) Sentencia T-117ª de 2013.
(25) Sentencia C-934 de 2004.
(26) Sentencia C-930 de 2009.
(27) Sentencia C-930 de 2009.
(28) Sentencia C-930 de 2009.
(29) Código Sustantivo del Trabajo, artículo 4º.
(30) Folio 26.
(31) Folio 71.
(32) Constitución Política, artículo 95, numeral 2º.
(33) Esta es la definición de calamidad doméstica que acoge el Acuerdo 2194 de 2003, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

References: Resolución 
 artículo 5
 artículo 86
 Resolución 
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 95