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Timestamp: 2017-10-17 03:46:13+00:00

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Sentencia A.P. Salamanca 226/2010 de 31 de mayo. Contratos. Cumplimiento. Acción de nulidad. Cesión de derechos. Desestimación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Salamanca 226/2010 de 31 de mayo
Contratos: Cumplimiento. Acción de nulidad de contratos: Desestimación de la nulidad del contrato de cesión de derechos de un jugador. Validez del contrato, ya que su objeto se encuentra concretado en la cesión de un porcentaje de los beneficios que pudieran derivarse de los contratos suscritos con todo tipo de entidades, pese a que éstos aún no se hubiesen celebrado. Contrato de mandato: Inexistencia de incumplimiento del mandato para la venta de un vehículo, por no existir prueba del contenido del contrato. Vicios de consentimiento: Inexistencia.
SENTENCIA NÚMERO 226/10
DON JESUS PEREZ SERNA
En la ciudad de Salamanca a treinta y uno de mayo de dos mil diez.
La Audiencia Provincial de Salamanca ha visto en grado de apelación el JUICIO ORDINARIO N.º 55/08 del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Salamanca, Rollo de Sala n.º 256/10; han sido partes en este recurso: como demandante-apelante DON Fernando representado por la Procuradora Doña Elena Jiménez-Ridruejo Ayuso y bajo la dirección del Letrado Don Emilio Pérez Rodriguez y como demandados-apelados DON Jose Augusto representado por el Procurador Don Rafael Cuevas Castaño y bajo la dirección del Letrado Don Manuel A. Sánchez Benitez de Soto, DON Blas representado por el Procurador Don Angel Martín Santiago y bajo la dirección del Letrado Don Jesús A. Sánchez Marcos y como demandado no comparecido en el recurso TRANSITOS DEL NOROESTE S.L. representado por el Procurador Don Angel Martín Santiago y bajo la dirección del Letrado Don Jesús A. Sánchez Marcos, habiendo versado sobre acción de nulidad de contratos, subsidiaria de resolución de contratos y reclamación de cantidad.
1.º- El día 22 de diciembre de 2009 por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Salamanca se dictó sentencia en los autos de referencia que contiene el siguiente: "FALLO: Que desestimo la demanda presentad por la procuradora ELENA JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO en nombre y representación de Fernando contra Blas, la empresa TRANSITOS DEL NOROESTE, S.L. y Jose Augusto, representados por los Procuradores ANGEL MARTIN SANTIAGO Y RAFAEL CUEVAS CASTAÑO, con imposición de las costas del juicio a la parte actora."
2.º- Contra referida sentencia se preparó recurso de apelación por la representación jurídica de la parte demandante, concediéndole el plazo establecido en la Ley para interponer el mismo verificándolo en tiempo y forma, quien después de hacer las alegaciones que estimó oportunas en defensa de sus pretensiones terminó suplicando se estime el recurso interpuesto, revocando la sentencia de instancia y dictando otra por la que se estime, o bien la nulidad, o bien la resolución de los contratos de cesión de derechos sobre juzgadores objeto de nuestra demanda y condenando al demandado D. Blas a devolver a mi mandante las cuantías cobradas por tales contratos, que ascienden a 170.000 euros, así como los intereses legales desde su abono y el resarcimiento de daños y perjuicios, con exclusión de costas a esta parte en primera instancia y expresa condena en costas al demandado.
Dado traslado de dicho escrito a la representaciones jurídicas de la parte contraria por las mismas se presentaron escritos en tiempo y forma oponiéndose al recurso de apelación formulado para terminar suplicando la legal representación de D. Jose Augusto se dicte resolución por la que se desestime el recurso formulado en cuanto a la petición de desestimación de la imposición de costas en la instancia y en relación con Don Jose Augusto, confirmando en este aspecto la sentencia de instancia, e imponiéndole las costas de esta apelación; y por la legal representación de Don Blas se suplicó se confirmen íntegramente los pronunciamientos de la sentencia recurrida y con imposición de las costas para el actor-recurrente de las de segunda instancia por su temerario recurso.
3.º- Recibidos los autos en esta Audiencia se formó el oportuno Rollo y se señaló para la votación y fallo del presente recurso de apelación el día veinticinco de mayo de dos mil diez pasando los autos al Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente para dictar sentencia.
Vistos, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON ILDEFONSO GARCIA DEL POZO.
Primero.-Por la representación procesal del demandante Don Fernando se recurre en apelación la sentencia dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia número 6 de esta ciudad con fecha 22 de diciembre de 2.009, la cual desestimó la demanda promovida por el mismo contra los demandados Don Blas, Don Jose Augusto y la entidad Tránsitos del Noroeste S. L., con imposición a dicho demandante de las costas correspondientes a la primera instancia.
En la referida demanda se solicitó por el demandante: 1.º) que se declarara: a) la nulidad del contrato de cesión de derechos del jugador Don Sixto celebrado el día 7 de abril de 2.003 entre el demandado Don Blas y el demandante Don Fernando, así como la obligación de restitución del precio pagado por éste último más los intereses legales correspondientes, o bien subsidiariamente la resolución del indicado contrato por incumplimiento del mismo por la parte demandada con la obligación asimismo de restituir el precio pagado con sus intereses; b) la nulidad del contrato de cesión de derechos de los jugadores brasileños Benjamín, Cesareo, Edmundo, Eleuterio, Eulogio, Gonzalo, Hermenegildo y Indalecio celebrado el día 22 de abril de 2.003 entre el demandado Don Blas y el demandante Don Fernando, así como la obligación de restitución del precio pagado por éste último más los intereses legales correspondientes, o bien subsidiariamente la resolución del indicado contrato por incumplimiento del mismo por la parte demandada con la obligación asimismo de restituir el precio pagado con sus intereses; y c) que los demandados Don Blas y Tránsitos del Noroeste S. L. habían incumplido el contrato de mandato para la venta del vehículo Ford Focus matrícula FI-....-F; y 2.º) que se condenara: a) a los demandados Don Blas, Tránsitos del Noroeste S. L. y Don Jose Augusto a abonar al demandante Don Fernando en forma solidaria la cantidad de 180.000,00 euros que éste pago con motivo de los contratos de cesión de de derechos más los intereses legales desde la fecha de dicho pago; y b) a los demandados Don Blas y Tránsitos del Noroeste S. L. a dar cumplimiento al contrato de mandato para la venta del vehículo Ford Focus matrícula FI-....-F y por consiguiente a abonar al demandante en forma solidaria la cantidad de 6.000,00 euros en concepto de precio por la citada transacción más los intereses legales desde la interpelación judicial, y todo ello con imposición de las costas a los referidos demandados.
Segundo.-La sentencia de instancia desestimó íntegramente las pretensiones del demandante en base sustancialmente a las siguientes consideraciones: 1.ª) que no procedía declarar la nulidad de los contratos de cesión de derechos de los jugadores que se relacionan en la demanda, toda vez que ninguno de los datos que se referían en el fundamento de derecho décimo sexto de la misma como manifestaciones de la trama imputada a los demandados tenía relevancia suficiente para constituir una conducta dolosa por parte de los mismos, si se tenía en cuenta que el demandante en ningún momento había llegado siquiera a hablar con el demandado Don Jose Augusto y que no se había demostrado que los codemandados le hubieran hecho creer que tenían buen criterio para la elección de futbolistas o que el jugador del Club Santa Marta, Sixto, tenía un prometedor futuro futbolístico, cuando además constaba que el actor sabía la calidad de los jugadores y los riesgos que asumía en la operación; en consecuencia, estimó el juzgador "a quo" que había de excluirse la concurrencia de un error invalidante del consentimiento prestado; 2.ª) que no podía cuestionarse tampoco la valides de los contratos fundada en una indeterminación de su objeto, por cuanto el mismo se encontraba debidamente concretado, consistiendo en la cesión de un porcentaje de los beneficios que pudieran derivarse de los contratos suscritos con todo tipo de entidades, bien fueran derechos deportivos, de publicidad, de imagen o de otros de análoga naturaleza; 3.ª) que tampoco podía apreciarse la ilicitud de la causa alegada en la demanda, pues no podía entenderse que un determinado móvil hubiera llegado a integrar la causa de los contratos; 4.ª) que tampoco podía accederse a la resolución de los contratos, interesada en forma subsidiaria en la demanda, al no constar acreditado el incumplimiento que se imputaba a los demandados, ya que el demandado Don Jose Augusto ni siquiera fue parte en los referidos contratos y en cuanto al demandado Don Blas la única obligación asumida fue la cesión de un porcentaje de los beneficios que se derivasen de los contratos suscritos de los deportistas con otras entidades, sin que el hecho de que aun no se hubiera celebrado ningún contrato con los jugadores cuya participación en beneficios cedía al demandante significara que hubiera incumplido las obligaciones asumidas en los contratos referidos; y 5.ª) en cuanto a la petición de cumplimiento del contrato de mandato para la venta del vehículo Ford Focus matrícula FI-....-F y de condena al pago de la cantidad de 6.000,00 euros, que, a parte de no existir prueba sobre la realidad y contenido del referido contrato, el demandante carecería de legitimación y consiguiente acción para reclamar el pago de la indicada cantidad, dado que dicho vehículo era propiedad de su padre.
Tercero.-Y frente a dicha sentencia se ha interpuesto recurso de apelación por la representación procesal del demandante Don Fernando, en el cual se interesa la revocación de la mencionada sentencia y que se dicte otra por la que, estimando en su integridad las pretensiones de la demanda, se declare o bien la nulidad o bien la resolución de los contratos litigiosos y se condene "al demandado Don Blas a devolver a mi mandante las cuantías cobradas por tales contratos, que ascienden a 170.000,00 euros, así como los intereses legales desde su abono y el resarcimiento de daños y perjuicios, con exclusión de costas a esta parte en primera instancia y expresa condena en costas al demandado", fundamentando tal pretensión revocatoria de la sentencia de instancia en los motivos siguientes:
1.º-) "al amparo del artículo 459 de la LEC, la infracción de las normas de la sentencia al haberse dictado con vulneración de lo dispuesto en el artículo 209 de la misma LEC por no contener declaración expresa de hechos probados ni de la prueba practicada", ausencia de información que considera relevante para la adecuada resolución del litigio y que tampoco se encuentra suplida en la fundamentación jurídica de la misma;
2.º-) "al amparo del artículo 459 de la LEC, la infracción de las normas de la sentencia al haberse dictado con vulneración de lo dispuesto en los artículos 209. 3.º, y 218 de la LEC y en el artículo 24 y 120 de la CE, por ausencia de motivación, lo que conlleva la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva", alegando en apoyo del referido motivo, en base a la doctrina jurisprudencial que menciona, que en la sentencia impugnada no se cumple el mínimo exigible de motivación, sobre todo en relación con la decisión adoptada sobre la pretensión de resolución de los contratos litigiosos, al no ofrecerse razón alguna de cómo se ha llegado a la conclusión de inexistencia de incumplimiento de los mismos por parte del demandado cuando además se afirma que no ha celebrado ni participado en ningún contrato de los jugadores a los que representa;
3.º-) el "error en la valoración de la prueba en relación con la nulidad contractual", por cuanto a juicio del recurrente, y contrariamente a lo afirmado en la sentencia de instancia, de las pruebas practicadas resultaba acreditado: a) la existencia de alguna implicación del demandado Don Jose Augusto en la trama contractual de cesión de derechos en la representación de jugadores, dado que había mantenido diversas conversaciones con el demandante; y b) que el hecho de que el demandante conociera a los jugadores cuyos derechos se cedían en los contratos constituía parte del engaño, pues el objeto del contrato no era esto, sino la obtención de beneficios a partir de que el codemandado Sr. Blas realizara las gestiones propias de un representante con una serie de jugadores, perfeccionando contratos de todo tipo con estos deportistas, gestiones que no realizó; por lo que debía concluirse en la existencia de un error invalidante del consentimiento suficiente para declarar la nulidad de los referidos contratos;
4.º-) el "error en la valoración de la prueba en relación con el incumplimiento del contrato y la acción de resolución", pues, si resultaba acreditado que el codemandado Sr. Blas no había intervenido en ningún contrato en ejercicio de su tarea de representación profesional y si además incluso había renunciado al porcentaje que pudiera corresponderle respecto del jugador Don Sixto, era manifiesto el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato concertado con el demandante, procediendo por ello acceder a la resolución pretendida; y
5.º-) subsidiariamente, la improcedencia de la condena en costas por la existencia de serias dudas de hecho o de derecho.
Cuarto.-Según acaba de exponerse, como primer motivo de impugnación se alega, al amparo del artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción de las normas de la sentencia al haberse dictado con vulneración de lo dispuesto en el artículo 209 de la misma Ley de Enjuiciamiento Civil por no contener declaración expresa de hechos probados ni de la prueba practicada, al considerar que constituyen presupuestos relevantes para la correcta decisión del litigio.
Ciertamente en el artículo 209. 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, - en similares términos a los establecidos en el artículo 248. 3, de la Ley Orgánica del Poder Judicial -, se dispone que "en los antecedentes de hecho se consignarán con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden, que hubieran sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que hayan de resolverse, las pruebas que se hubieren propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso". Pero también se ha declarado al respecto en forma reiterada por la jurisprudencia (así SSTS. de 13 de junio, 27 de septiembre y 28 de noviembre de 2.005, y de 5 de octubre de 2.006, entre otras) que las sentencias civiles no requieren relación "formal" de hechos probados, y que, aunque sea necesaria la narración histórica cuando venga exigida por el contenido y la estructura de la resolución, ello no sucede si con ocasión de la argumentación jurídica se expresa suficientemente la apreciación fáctica oportuna y su argumentación probatoria.
Por lo que la no relación expresa en la sentencia impugnada de los hechos probados no puede constituir la infracción del artículo 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando además tampoco por la defensa del recurrente se hace relación alguna en el escrito de interposición del recurso de apelación de los hechos que a su juicio habían quedado acreditados en el procedimiento y cuando tampoco se ha demostrado la incidencia que tal omisión, así como la ausencia de relación de las pruebas propuestas y practicadas, pudiera haber tenido en orden a la correcta decisión del litigio. En consecuencia, ha de ser rechazado este primer motivo de impugnación.
Quinto.-En el segundo de los motivos de impugnación, que se articula asimismo al amparo del artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia igualmente la infracción de las normas de la sentencia al haberse dictado la impugnada con vulneración de lo dispuesto en los artículos 209. 3, y 218 de la misma Ley de Enjuiciamiento Civil, así como en los artículos 24 y 120 de la Constitución, por ausencia de la debida motivación, determinando ello la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
En relación con la motivación de las sentencias es reiterada la doctrina jurisprudencial que establece que la exigencia del artículo 120. 3, de la Constitución no comporta una exhaustiva descripción del proceso intelectual que lleva al Órgano judicial a adoptar una determinada solución ni le impone un concreto alcance o intensidad en el razonamiento empleado (SSTC. 191/89, de 16 de noviembre, 70/90, de 5 de abril, 199/91, de 28 de octubre, 101/92, de 25 de junio, 109/92, de 14 de septiembre, y 208/93, de 28 de junio), no comportando tampoco un paralelismo servil del razonamiento que sirve de base a la sentencia con el esquema discursivo de los escritos de alegaciones de las partes, ni implicando una argumentación pormenorizada de todos los aspectos planteados por los litigantes, bastando con que permita conocer cuales han sido los criterios jurídicos esenciales determinantes de la decisión (SSTC. 165/93, de 18 de mayo, 209/93, de 28 de junio, y 107/94, de 10 de junio; STS. de 14 de marzo de 1.995), siendo suficiente con que la motivación cumpla la doble finalidad de exteriorizar el fundamento de la resolución adoptada y de permitir el eventual control jurisdiccional mediante el ejercicio de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico (SSTS. de 5 de noviembre de 1.992 y de 20 de octubre de 1.995).
Por su parte, en la STS. de 15 de febrero de 1.996 se afirma que "si bien los preceptos citados requieren que las sentencias estén motivadas del modo y forma que preceptúan y en igual sentido se decanta la doctrina del Tribunal Constitucional, tal exigencia no debe entenderse con un criterio rigorista absoluto que obligue al Juzgador a especificar los preceptos legales que estime aplicables y a detallar las razones fácticas y jurídicas determinantes del fallo a dictar, pues lo que verdaderamente importa es que "las resoluciones judiciales vengan apoyadas en razones que permitan conocer a las partes cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión", es decir, la "ratio decidendi" que la ha determinado, como así tiene declarado el Tribunal Constitucional en Sentencia, entre otras, 14/1.991 y 135/1.995, en las que también se declara que "la motivación contribuye a lograr la convicción de las partes en el proceso sobre la justicia y corrección de una decisión judicial, con lo que puede evitarse la formulación de recursos", y estos criterios vienen a coincidir con los establecidos por esta Sala en Sentencias, además de otras, de 10 de abril de 1.984, 17 de octubre de 1.990, 7 de marzo de 1.992, y 20 de octubre de 1.995 ".
Y en el presente supuesto en la sentencia impugnada, aun cuando sucintamente, se contiene el razonamiento suficiente que permite conocer el fundamento de su decisión de desestimar la demanda, razonamiento incluso plenamente comprendido por el demandado, como resulta del mismo escrito de interposición del recurso de apelación, cuyas alegaciones se dirigen certeramente a combatir aquel razonamiento al no ser compartido. Por lo que tampoco puede ser acogido este segundo motivo de impugnación.
Sexto.-Como tercer motivo de impugnación se alegó por la defensa del recurrente Don Fernando el "error en la valoración de la prueba en relación con la nulidad contractual" al estimar, en contra de lo establecido en la sentencia impugnada, que habían resultado probados diversos hechos y datos que acreditaban la existencia de error invalidante del consentimiento, suficiente para declarar la nulidad de los contratos. Y en orden a la correcta resolución de este motivo de impugnación se han de realizar las siguientes consideraciones:
1.ª-) Aun cuando en el escrito de demanda, y según se razona en el fundamento jurídico décimo séptimo de la misma, se fundamentó la pretendida declaración de nulidad de los contratos concertados con el codemandado Don Blas, no sólo en la invalidez del consentimiento, sino también en la invalidez del objeto y de la causa, lo cierto es que en el presente recurso de apelación se limita al error invalidante del consentimiento el motivo invocado como causa de la pretendida declaración de nulidad, pues en el escrito de interposición del referido recurso no se contiene referencia alguna ni a la invalidez del objeto ni a la de la causa.
2.ª-) Como ya dijimos en las Sentencias de 11 de noviembre de 1.997 y 18 de julio de 2.000, entre otras, en cuanto al error como vicio del consentimiento, ya la STS. de 18 de abril de 1.978 señaló que para que el error en el consentimiento invalide el contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.265 del Código Civil, es indispensable que recaiga sobre la sustancia de la cosa que constituya su objeto o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieren dado lugar a su celebración (artículo 1.266. 1.º, del Código Civil), que derive de hechos desconocidos por el obligado voluntariamente a contratar (SSTS. de 1 de julio de 1.915 y de 26 de diciembre de 1.944), que no sea imputable a quien lo padece (SSTS. de 21 de octubre de 1.932 y de 14 de diciembre de 1.957) y que exista un nexo causal entre el mismo y la finalidad que se pretendía en el negocio jurídico concertado (SSTS de 14 de junio de 1.943 y de 21 de mayo de 1.963). En definitiva, como ha señalado la STS. de 14 de febrero de 1.994, para que el error en el objeto, al que se refiere el párrafo primero del artículo 1.266 del Código Civil, pueda ser determinante de la invalidación del respectivo contrato (en el aspecto de su anulabilidad o nulidad relativa) ha de reunir estos requisitos fundamentales: a) que sea esencial, es decir, que recaiga sobre la propia sustancia de la cosa, o que ésta no tenga alguna de las condiciones que se le atribuyen, y aquella de la que carece sea, precisamente, la que, de manera primordial y básica, atendida la finalidad del contrato, motivó la celebración del mismo; y b) que, aparte de no ser imputable al que lo padece, el referido error no haya podido ser evitado mediante el empleo, por el que lo padeció, de una diligencia media o regular, teniendo en cuenta la condición de las personas, no sólo del que lo invoca, sino de la otra parte contratante, cuando el error pueda ser debido a la confianza provocada por las afirmaciones o la conducta de ésta (SSTS. de 6 de junio de 1.953, 27 de octubre de 1.964 y 4 de enero de 1.982), es decir, que el error sea excusable, entendida esa excusabilidad en el sentido ya dicho de inevitabilidad del mismo por parte del que lo padeció.
Las SSTS. de 4 de enero de 1.982 y de 18 de febrero de 1.984 señalaron que el error es excusable cuando pudo ser evitado empleando una diligencia media o regular, y que, de acuerdo con los postulados del principio de la buena fe, la diligencia ha de apreciarse valorando las circunstancias de toda índole que concurran en el caso, incluso las personales, y no sólo las de quien ha padecido el error, sino también las del otro contratante, pues la función básica del requisito de la excusabilidad es impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente, trasladando entonces la protección a la otra parte contratante, que la merece por la confianza infundida por su declaración; y añaden que el problema no estriba en la admisión del requisito, que debe considerarse firmemente asentado, cuanto en elaborar los criterios que deben utilizarse para apreciar la excusabilidad del error, señalando que, en términos generales, la jurisprudencia utiliza el criterio de la imputabilidad del error a quien lo invoca y el de la diligencia que era exigible, en la idea de que cada parte debe informarse de las circunstancias y condiciones que son esenciales o relevantes para ella en los casos en que tal información les es fácilmente accesible y que la diligencia se aprecia además teniendo en cuenta las condiciones de las personas, sobre la base de que nadie debe omitir aquella atención y diligencia exigible a cualquier persona medianamente cuidadosa antes de vincularse por un contrato, máxime si éste es de cierta trascendencia económica (STS. de 29 de marzo de 1.994).
A lo que hay que añadir también, según la STS. de 13 de junio de 1.966, que aquellos obstáculos que en orden al consentimiento, al objeto o causa del contrato sean invocados como susceptibles de impedir su virtualidad o que vicien lo pactado, deben correr a cargo del oponente, quien deberá acreditar la existencia de los hechos en que se funde para desvirtuar la realidad o apariencia formal de la existencia y eficacia del vínculo que se presente como contraído en forma legal.
3.ª-) El dolo como vicio del consentimiento, que es definido en el artículo 1.269 del Código Civil como el empleo de palabras o maquinaciones insidiosas que inducen a emitir una declaración de voluntad que sin ellas no se hubiese producido, y que comprende no sólo la insidia directa o inductora de la conducta errónea del otro contratante sino también la reticencia dolosa del que calla o no advierte a la otra parte en contra del deber de informar que exige la buena fe, requiere la concurrencia de dos requisitos, como son: de un lado, el empleo de maquinaciones engañosas, conducta insidiosa de la gente, que puede consistir tanto en una actuación positiva como en una abstención u omisión (elemento objetivo), y la inducción que tal comportamiento ejerce sobre la voluntad de la otra parte para determinarle a realizar el negocio que de otra forma no hubiere realizado (elemento subjetivo). Por ello aquí los requisitos comúnmente exigidos para la apreciación de la existencia del dolo son los siguientes: a) una conducta insidiosa, intencionada o dirigida a provocar la declaración negociada, utilizando para ello palabras o maquinaciones adecuadas; b) que la voluntad del declarante quede viciada por haberse emitido sin la natural libertad y conocimiento a causa del engaño, coacción u otra insidiosa influencia; c) que sea grave, si se trata de anular el contrato; y d) que no haya sido causada por un tercero, ni empleado por las dos partes contratantes (SS. T.S. de 22 de Enero de 1988, 13 de mayo de 1991, 29 de marzo de 1994, y 29 de diciembre de 1999, entre otras).
A lo que ha de añadirse, tal y como señaló la STS. de 21 de julio de 1993, que, desde, el punto de vista general, dicha actividad dolosa ha de ser valorada inequívocamente, sin que basten meras conjeturas e indicios, y que tal prueba incumbe a la parte que alega la existencia del mismo, prueba que efectivamente podrá realizarse por cualquiera de los medios establecidos al efecto por el ordenamiento legal, incluso por la vía de las presunciones a que se refiere el artículo 1.253 del Código civil, pero en este caso habrá de quedar debidamente acreditados los hechos o indicios, de los que poder deducir la realidad del dolo por la existencia del enlace preciso y directo exigido en el mencionado precepto legal.
Finalmente, hay que señalar también que, según la STS. de 26 de Abril de 1.940, los actos posteriores, determinados por razones o causas también posteriores, no pueden ser demostrativos del dolo que solo puede apreciarse con referencia al tiempo de la celebración del contrato para que produzca la nulidad de éste.
4.ª-) Los contratos concertados en fechas 7 y 22 de abril de 2.003 entre el demandante Don Fernando y el demandado Don Blas, cuya declaración de nulidad se pretende por aquél fundada en la existencia de un error invalidante en el consentimiento, tenían por objeto la cesión de un determinado porcentaje (que en los mismos se especifica en relación con cada uno de los jugadores que se relacionan) de los beneficios que pudieran derivarse de los contratos suscritos por el indicado demandado con tales jugadores (y que obran a los folios 351 a 403) y celebrados con todo tipo de entidades, bien fueran derechos deportivos, de publicidad, de imagen o cualquier otro de análoga naturaleza, uniéndose incluso al contrato celebrado en fecha 22 de abril de 2.003 la correspondiente ficha técnica comprensiva de las circunstancias y cualidades de los jugadores a que tal contrato se refiere.
La sentencia de instancia establece en relación con tal cuestión que ninguno de los datos o circunstancias recogidos en el fundamento de derecho décimo sexto de la demanda como manifestaciones de la trama, que se imputa a los demandados, tiene relevancia suficiente para apreciar una conducta dolosa por parte de los mismos,, cuando además tampoco constaba acreditado que hicieran creer al demandante que tenía un buen criterio para la selección de jugadores, lo que excluía igualmente la existencia de error como vicio del consentimiento. Conclusión que ha de ser mantenida toda vez que la misma en manera alguna se revela como manifiestamente errónea por las alegaciones contenidas en el escrito de interposición del recurso de apelación, si se tiene en cuenta además que: 1.º) aun admitiendo que el demandante Don Fernando pudiera haber mantenido algunas conversaciones personales y telefónicas con el codemandado Don Jose Augusto y que éste pudiera tener algún tipo de amistad con el también demandado Don Blas, de tales escuetos y generales datos, - cuando no existe la más mínima constancia del contenido de las referidas conversaciones -, no puede derivarse, ni siquiera por la vía de las presunciones a que se refiere el artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la existencia de un concierto entre ellos con la finalidad de engañar al demandante en orden a la firma de los contratos respecto de los que se solicita en la demanda su declaración de nulidad; 2.º) que por propias manifestaciones del demandante realizadas en aquella época en un periódico local resulta que el mismo se consideraba una persona entendida en los asuntos relacionados con el fútbol, afirmando literalmente que "me considero un hombre de fútbol y sé de qué va esta historia"; y 3.º) que, conforme relata en su escrito de demanda, el demandante acompañó al demandado Don Blas a Brasilia con el objeto de ojear jugadores que pudieran tener interés para la UDS, por lo que conoció, o cuando menos pudo conocer, las cualidades y proyección futbolística de los jugadores cuyo porcentaje en los beneficios que los mismos pudieran reportar le cedió el indicado demandado en el contrato de fecha 22 de abril de 2.003.
Por tanto, y como conclusión de lo hasta aquí expuesto, se ha de concluir que no puede apreciarse ni la existencia de maquinación insidiosa, constitutiva de dolo, por parte de los demandados Don Jose Augusto y Don Blas, ni consiguientemente tampoco la existencia de error invalidante del consentimiento en el demandante Don Fernando, por lo que no puede ser acogido tampoco este motivo de impugnación.
Séptimo.-El cuarto de los motivos de impugnación se fundamenta en el "error en la valoración de la prueba en relación con el incumplimiento del contrato y la acción de resolución", afirmando al respecto que el cumplimiento de los contratos concertados entre el demandante Don Fernando y Don Blas implicaba que éste hubiera desplegado las técnicas, conocimientos y dedicación exigibles a un profesional del fútbol encargado de la representación de jugadores con la finalidad de conseguir contratos de todo tipo en relación con dichos jugadores; y que, por el contrario, dicho demandado en todo el tiempo transcurrido no había intervenido en ningún contrato en el ejercicio de tal tarea de representación profesional, - o que al menos nada se había acreditado al respecto por dicho demandado, a pesar de corresponderle la carga de la prueba, conforme a lo establecido en el artículo 217. 3 y 6, de la Ley de Enjuiciamiento Civil -, constando incluso que había renunciado al porcentaje derivado de los beneficios que pudiera haberle reportado la contratación del jugador Don Sixto.
Señala la STS. de 21 de marzo de 1.986 que es doctrina de esta Sala, reiterada entre otras muchas, la que establece que para que la acción resolutoria implícita, establecida por el párrafo 1.º del artículo 1.124 del Código Civil, pueda prosperar es preciso que quien la alegue acredite en el proceso correspondiente, entre otros, los siguientes requisitos: 1.º) La existencia de un vínculo contractual vigente entre quienes la concertaron (SSTS. de 10 de diciembre de 1.947 y 9 de diciembre de 1.948). 2.º) La reciprocidad de las prestaciones estipuladas en el mismo (SSTS. de 28 de septiembre de 1.965 y 30 de marzo de 1.976), así como su exigibilidad (SSTS. de 6 de julio de 1.952 y 1 de febrero de 1.966). 3.º) Que el demandado haya incumplido de forma grave las que le incumbían (SSTS. de 9 de diciembre de 1.960 y 18 de noviembre de 1.970), estando encomendada la apreciación de este incumplimiento al libre arbitrio de los Tribunales de instancia (SSTS. de 17 de diciembre de 1.976 y 17 de febrero de 1.977). 4.º) Que semejante resultado se haya producido como consecuencia de una conducta obstativa de éste que, de un modo indubitado, absoluto, definitivo e irreparable la origine, actuación que, entre otros medios probatorios, puede acreditarse por la prolongada inactividad o pasividad del deudor frente a los requerimientos de la otra parte contratante (SSTS. de 5 de mayo de 1.970). 5.º) Que quien ejercite esta acción no haya incumplido las obligaciones que le concernían (SSTS. de 6 de julio y 29 de marzo de 1.977); salvo si ello ocurriera como consecuencia del incumplimiento anterior del otro, pues la conducta de éste, es la que motiva el derecho de resolución de su adversario y le libera de su compromiso (SSTS. de 10 de febrero y 1 de abril 1.925 y 24 de octubre de 1.959); expresándose en el mismo sentido las SSTS. de 29 de febrero de 1.988 y de 16 de abril y 24 de mayo de 1.991, entre otras muchas.
Al venir constituido el objeto de los contratos concertados en fecha 11 y 22 de abril de 2.003 por la cesión de un porcentaje de los beneficios que se derivaran de los contratos suscritos de deportistas con todo tipo de entidades, bien fueran derechos deportivos, de publicidad, de imagen o de cualquier otro contrato de análoga naturaleza, para establecer si por parte del demandado Don Blas se han incumplido o no las obligaciones asumidas en tales contratos frente al demandante Don Fernando se ha de tomar en consideración el objeto y finalidad de los contratos suscritos por dicho demandado en su condición de agente con los jugadores que en aquellos contratos se relacionan.
Estos contratos, que obran a los folios 351 y siguientes de los autos, según literalmente se consigna en los mismos, tenían como objeto prestar al deportista "los servicios de asesoramiento deportivo y jurídico consistentes en las promoción y negociaciones de todo tipo de contratos relacionados con su actividad de deportista, y con carácter enunciativo, contratos laborales, de publicidad, derechos de imagen, merchandising, sponsorización, derechos deportivos, o cualquier otro contrato de análoga naturaleza, quedando El Agente asimismo facultado para llevar a cabo las negociaciones oportunas para la consecución de los fines propios del presente contrato". De los referidos términos literales, que describen el objeto de los indicados contratos, no puede concluirse que el demandado viniera obligado a realizar gestiones en orden a lograr la promoción de los jugadores y la consecución de contratos futbolísticos o de otra índole para los mismos, y que puede deducirse que la finalidad principal de los mismos era la prestación de asesoramiento deportivo y jurídico en la negociación de los contratos que pudieran ofertarle al jugador en cuestión.
Por consiguiente, si por el demandante no se ha acreditado, conforme a él incumbía en aplicación de lo dispuesto en el artículo 217. 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que el demandado se hubiera negado a prestar tales servicios de asesoramiento en relación con la celebración de contratos respecto de alguno de los jugadores relacionados, o bien que, habiendo intervenido y habiendo percibido la remuneración correspondiente, no hubiera abonado al demandante el porcentaje convenido, no puede afirmarse la existencia de un incumplimiento con eficacia resolutoria de los indicados contratos, ni siquiera con base en la negativa a percibir los derechos que pudieran haberle correspondido por la contratación del jugador Don Sixto si él no tuvo participación alguna en la misma.
En consecuencia, ha de ser igualmente rechazado este motivo de impugnación.
Octavo.-Finalmente se impugna el pronunciamiento relativo a las costas, solicitando se revocación y que no le sean impuestas las costas correspondientes a la primera instancia, alegando la existencia de serias dudas de hecho y/o de derecho.
Dispone el artículo 394. 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho; y añade en su párrafo segundo que, para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso, se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.
Señala, entre otras, la SAP. de Almería (Sección 3.ª) de 21 de febrero de 2.003 que, si efectivamente la teoría del vencimiento objetivo implica la imposición de costas a la parte cuyas pretensiones sean totalmente rechazadas según el artículo 394 Ley de Enjuiciamiento Civil, no es menos cierto que dicho precepto prevé una salvedad en el párrafo ultimo del punto 1 del artículo 394, cual es que el caso presentare serias dudas de hecho o de derecho. El principio general en materia de imposición de costas en nuestro proceso civil sigue siendo el objetivo del vencimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, precepto que, al igual que el derogado artículo 523, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, introduce un criterio de flexibilidad o atenuación del rigor en la aplicación de dicho principio, y da cierto margen al arbitrio judicial para justificar la no imposición de costas, haciendo la salvedad de que el Tribunal aprecie y razone que el caso presenta serias dudas de hecho o de derecho. Esta desviación del principio general del vencimiento debe aplicarse con el mismo carácter excepcional que contemplaba el citado artículo 523, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, pero con un ámbito menos genérico y más restringido para el arbitrio judicial, dado que ya no sirve apreciar cualquier "circunstancia" excepcional y la Ley impone la necesidad de considerar la existencia de dudas "serias" y objetivas sobre la solución del litigio, al margen del enfoque subjetivo que del mismo hagan las partes o el Juez, debiendo estar tales dudas basadas en la jurisprudencia sobre casos similares cuando afecten a su vertiente jurídica (artículo 394.1, párrafo segundo, Ley de Enjuiciamiento Civil/2000).
Establece la doctrina que, cuando se trata de dudas de hecho, partiendo de que la duda ha de ser seria, es decir, real e importante o de consideración, habrá que apreciar que el caso, en lo fáctico, resultaba dudoso, cuando la decantación de los hechos controvertidos y relevantes alegados por una y otra parte se haya revelado, en orden a su fijación en la sentencia, como realmente compleja, es decir, cuando hayan existido dificultades importantes o de consideración de cara a su determinación, pudiendo calificarse la labor de apreciación de las pruebas de especialmente complicada o intensa. En el fondo, lo que ocurre, y de ahí la incidencia del principio de causalidad, es que el proceso se presenta como inevitable, pues, al no estar claros los hechos determinantes, y a la vista de las fundadas y serias dudas existentes sobre ellos, no queda más remedio que acudir al Juzgador para que decida y se pronuncie al respecto.
Por lo que, en aplicación de la referida doctrina deviene incuestionable la procedencia de rechazar también la pretensión subsidiaria del recurrente, por cuanto ni el Juzgado de instancia, ni tampoco este Tribunal, tiene la más mínima duda acerca de la procedencia de la desestimación de la demanda, en función de las alegaciones y del resultado de las pruebas practicadas en la primera instancia, así como de los motivos invocados en esta alzada como fundamento de su impugnación de la sentencia recurrida.
Noveno.-En consecuencia, ha de ser desestimado el recurso de apelación interpuesto por el demandado Don Fernando y confirmada la sentencia impugnada, con imposición al expresado recurrente de las costas causadas en esta segunda instancia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 398. 1, en relación con el artículo 394. 1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y con pérdida del depósito de 50,00 euros constituido al efecto, según lo prevenido en el apartado 9 de la Disposición Adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.
Desestimando el recurso de apelación interpuesto por el demandante DON Fernando, representado por la Procuradora Doña Elena Jiménez-Ridruejo Ayuso, confirmamos la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia número 6 de esta ciudad con fecha 22 de diciembre de 2.009 en el Juicio Ordinario del que dimana el presente rollo, con imposición al mismo de las costas causadas en esta segunda instancia y declarando la pérdida del depósito constituido para recurrir, al que se dará el destino legal.
Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente, hallándose la Sala celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.-

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