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Timestamp: 2016-10-01 17:50:22+00:00

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LEY DE AUDITORÍA DE CUENTAS 1. INTRODUCCIÓN La Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, fue publicada en el BOE de 21 de julio de 2015, y entrará en vigor el 17 de junio de 2016, con las excepciones indicadas en la Disposición Final 141 . El objeto principal de esta Ley es adaptar la legislación interna española a los cambios incorporados por: (i) la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, en lo que no se ajusta a ella, y por (ii) el Reglamento (UE) n.º 537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público y por el que se deroga la Decisión 2005/909/CE de la Comisión. Para ello queda derogado el texto refundido de la ley de Auditoría aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio. Las principales novedades legislativas se agrupan en los títulos de la ley: (i) Ámbito de aplicación, objeto y definiciones; (ii) De la auditoría de cuentas; (iii) Régimen para el ejercicio de la auditoría de cuentas; (iv) Auditoría de cuentas en entidades de interés público; (v) el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (“ICAC”, en adelante), el sistema de supervisión pública y sanciones; (vi) Deber de colaboración internacional y (vii) Modificaciones en el aspecto societario y otras disposiciones. 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETO Y DEFINICIONES 1.1. Ámbito de aplicación y objeto ■ La Ley tiene por objeto la regulación de la actividad de auditoría de cuentas, tanto obligatoria como voluntaria y no resulta aplicable a las auditorías de cuentas que se realicen por los órganos del sector público estatal, autonómico o local en el ejercicio de sus competencias. ■ La auditoría de cuentas es la actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como de otros estados financieros o documentos contables, elaborados con arreglo al marco normativo de información financiera que resulte de aplicación, siempre que dicha actividad tenga por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros. ■ La auditoría de cuentas tendrá necesariamente que ser realizada por un auditor de cuentas o una sociedad de auditoría. ■ Se someterán, en todo caso, a la auditoría de cuentas, las entidades en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias, cualquiera que sea su naturaleza jurídica: – Que emitan valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores o sistemas multilaterales de negociación. – Que emitan obligaciones en oferta pública. – Que se dediquen de forma habitual a la intermediación financiera, y, en todo caso: las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión, las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociación, la Sociedad de Sistemas, las entidades de contrapartida central, la Sociedad de Bolsas, las sociedades gestoras de los fondos de garantía de inversiones y las demás entidades financieras, incluidas las instituciones de inversión colectiva, fondos de titulización y sus gestoras, inscritas en los correspondientes Registros del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. – Que tengan por objeto social cualquier actividad sujeta al Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, dentro de los límites que reglamentariamente se establezcan, así como los fondos de pensiones y sus entidades gestoras. 02 | Ley de auditoría de cuentas 1 Las siguientes disposiciones entraron en vigor al día siguiente de la publicación de esta Ley en el BOE: a) El artículo 11, en relación con los requisitos exigidos a las sociedades de auditoría. b) El artículo 69.5, en lo referente a la habilitación contenida en relación con la tramitación abreviada del procedimiento sancionador. c) La disposición adicional cuarta, en relación con la colaboración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Asimismo, entrarán en vigor el 1 de enero de 2016 las siguientes disposiciones: a) Los artículos 21.1, primer párrafo, en relación con el periodo de vigencia de las incompatibilidades, y 39.1, en relación al periodo de cómputo de incompatibilidades a que se refiere el artículo 5.1 del Reglamento (UE) 537/2014, de 16 de abril. b) El artículo 58, relativo al Comité de Auditoría de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. c) Los artículos 87 y 88, en relación con las tasas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. d) Los apartados uno a tres, siete a once y catorce a diecinueve de la disposición final cuarta, que modifica el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. e) La disposición final duodécima, referida al no incremento de gasto. – Que reciban subvenciones, ayudas o realicen obras, prestaciones, servicios o suministren bienes al Estado y demás organismos públicos dentro de los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por real decreto. – Las demás entidades que superen los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por real decreto. – Las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, cuando no tengan que presentar cuentas anuales de su actividad en España, deberán someter a auditoría la información económica financiera que con carácter anual deban hacer pública, y la que con carácter reservado remitan al Banco de España, de conformidad con el marco normativo contable que resulte de aplicación. ■ Se exceptúa de la aplicación de esta Ley a las actividades de revisión y verificación de cuentas anuales, estados financieros u otros documentos contables, la emisión de los correspondientes informes, que se realicen por órganos de control de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias, que continuarán rigiéndose por su legislación específica, (salvo en los casos en que en los contratos celebrados entre los órganos públicos de control y los auditores de cuentas inscritos se incluya la emisión de un informe de auditoría de cuentas destinado a atender determinadas exigencias previstas en normas sectoriales o por otras razones de índole mercantil o financiero (licitaciones internacionales, obtención de recursos en mercados financieros)). 1.2. Definiciones La ley recoge las siguientes definiciones: ■ Auditoría obligatoria: auditoría de las cuentas anuales o de las cuentas consolidadas, que sea exigida por el Derecho de la Unión Europea o la legislación nacional. ■ Auditor de cuentas: persona física autorizada para realizar auditorías de cuentas por el ICAC, o por las autoridades competentes de un Estado miembro de la Unión Europea o de un tercer país. ■ Sociedad de auditoría: persona jurídica autorizada para realizar auditorías de cuentas por el ICAC o por las autoridades competentes de un Estado miembro de la Unión Europea o de un tercer país. ■ Entidades de interés público: las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores, las entidades de crédito y las entidades aseguradoras sometidas al régimen de supervisión y control atribuido al Banco de España, a la CNMV y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y a los organismos autonómicos con competencias de ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras, respectivamente, así como las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en el mercado alternativo bursátil pertenecientes al segmento de empresas en expansión; las entidades que se determinen reglamentariamente en atención a su importancia pública significativa por la naturaleza de su actividad, por su tamaño o por su número de empleados; los grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea una entidad de las contempladas en las letras anteriores. ■ Auditor principal responsable: auditor de cuentas que firme el informe de auditoría de cuentas a título individual o en nombre de una sociedad de auditoría; el auditor o auditores de cuentas designados en su caso por la sociedad de auditoría como principales responsables de realizar el trabajo de auditoría de cuentas en nombre de dicha sociedad; el auditor o auditores de cuentas designados en su caso como auditor o auditores principales responsables de realizar la auditoría en las entidades que sean significativas en el conjunto consolidable (auditorías de cuentas consolidadas o de otros estados financieros o documentos contables consolidados). ■ Estado miembro de origen: el Estado miembro de la Unión Europea que haya autorizado al auditor de cuentas o sociedad de auditoría a realizar la actividad de auditoría de cuentas en dicho Estado. ■ Estado miembro de acogida: el Estado miembro de la Unión Europea, distinto del de origen, en el que un auditor de cuentas o una sociedad de auditoría autorizados por su Estado miembro de origen para realizar la actividad de auditoría de cuentas, obtengan la correspondiente autorización para realizar la actividad en aquel Estado. ■ Entidades pequeñas: las entidades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros; que el importe total de su cifra anual de negocios no supere los ocho www.dlapiper.com | 03 04 | Ley de auditoría de cuentas millones de euros o que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta. ■ Entidades medianas: las entidades que, sin tener la consideración de entidades pequeñas, durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: que el total de las partidas del activo no supere los veinte millones de euros; que el importe total de su cifra anual de negocios no supere los cuarenta millones de euros o que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a doscientos cincuenta. ■ Equipo del encargo: personal del auditor de cuentas o de la sociedad de auditoría que participen en la realización de un trabajo de auditoría de cuentas concreto (incluyendo a socios o no, empleados o cualquier persona cuyos servicios estén a disposición o bajo el control del auditor de cuentas o la sociedad de auditoría) ■ Familiares del auditor principal responsable: los cónyuges del auditor o las personas con quien mantenga análogas relaciones de afectividad, y aquellos con los que el auditor tenga vínculos de consanguinidad en primer grado directo o en segundo grado colateral, así como los cónyuges de aquellos con los que tenga los vínculos de consanguinidad citados. ■ Familiares con vínculos estrechos de la persona afectada por la causa de incompatibilidad: los cónyuges o quienes mantengan análoga relación de afectividad, quienes tengan vínculos de consanguinidad en primer grado descendente y quienes, con independencia del grado, tengan vínculos de consanguinidad y vivan en su hogar durante un período mínimo de un año. ■ Red: la estructura a la que pertenece un auditor o una sociedad de auditoría que tenga por objeto la cooperación, el compartir beneficios o costes, o que comparta propiedad, control o gestión comunes, políticas y procedimientos de control de calidad comunes, una estrategia empresarial común, el uso de un nombre comercial común, o una parte significativa de sus recursos profesionales. Forman parte de una misma red las entidades vinculadas al auditor de cuentas o sociedad de auditoría. ■ Entidades vinculadas a la entidad auditada: las entidades que estén vinculadas directa o indirectamente mediante la existencia de una relación de control en los términos a que se refiere el apartado siguiente, mediante la existencia de una misma unidad de decisión al estar controladas la entidad auditada y las otras entidades por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias, o mediante la existencia de influencia significativa. ■ Entidades con relación de control con la entidad auditada: las entidades vinculadas directa o indirectamente a la entidad auditada mediante la existencia de una relación de control. II. DE LA AUDITORÍA DE CUENTAS 2.1. Modalidades de auditoría de cuentas Auditoría de cuentas anuales: ■ Verificar dichas cuentas a efectos de dictaminar si expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada. ■ Verificar el informe de gestión que acompañe a las cuentas anuales, a fin de dictaminar sobre su concordancia con dichas cuentas anuales y si su contenido es conforme con lo establecido en la normativa de aplicación. Auditoría de cuentas consolidadas o de documentos contables de otros estados financieros o documentos contables: ■ Verificar y dictaminar si dichos estados financieros o documentos contables expresan la imagen fiel o han sido preparados de conformidad con el marco normativo de información financiera expresamente establecido para su elaboración. ■ Deberes y obligaciones del auditor de cuentas anuales consolidadas, o de otros estados financieros o documentos contables consolidados: – Asumen plena responsabilidad del informe de auditoría emitido, aun cuando la auditoría de las cuentas anuales de las sociedades participadas haya sido realizada por otros auditores. – Obligación de suministrar cuanta información se les solicite por quienes emitan opinión sobre las cuentas. – Efectuar una evaluación y revisión del trabajo de auditoría si es realizado por otros auditores de cuentas o sociedades de auditoría (previo acuerdo suscrito con ellos) en relación con las www.dlapiper.com | 05 auditorías de entidades que formen parte del conjunto consolidable, debiendo documentarla de manera que pueda ser revisada y controlada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de forma adecuada. Si esta revisión no pudiera llevarse a cabo, el auditor dará parte de esta circunstancia y sus causas al ICAC. – En el supuesto de que el auditor de cuentas consolidadas sea objeto de una inspección o investigación por parte del ICAC, si es requerido para ello, pondrá a disposición de quien realice tal control o investigación toda la información que obre en su poder relativa al trabajo de auditoría. – En el caso de que una entidad que forme parte del conjunto consolidable sea auditada por auditores de cuentas o sociedades de auditoría de terceros países con los que no exista acuerdo de intercambio de información sobre la base de reciprocidad, el auditor de cuentas será responsable de aplicar los procedimientos que reglamentariamente se determinen para facilitar que el ICAC pueda tener acceso a la documentación del trabajo de auditoría realizado. Si existieran impedimentos legales o de otro tipo que impidieran la transmisión de los papeles de trabajo de auditoría de un tercer país al auditor del grupo, la documentación conservada por este auditor incluirá la prueba de que ha aplicado los procedimientos adecuados para obtener acceso a la documentación relativa a la auditoría y, en caso de impedimentos distintos de los legales derivados de la legislación nacional, la prueba que demuestre la existencia de tales impedimentos. – Estas obligaciones y deberes serán exigibles también a la sociedad de auditoría que realice la auditoría de cuentas anuales consolidadas, o de otros estados financieros o documentos contables consolidados, así como a los auditores de cuentas que la realicen en nombre de dicha sociedad y no serán de aplicación a las auditorías que se realizan por los órganos públicos de control de la gestión económico-financiera del sector público sobre las cuentas anuales u otros estados financieros consolidados en los que la sociedad dominante sea una entidad pública empresarial u otra entidad de derecho público y las sociedades dominadas pudieran ser sociedades mercantiles. Este tipo de auditorías se regirá por la normativa específica del sector público. 2.2. Informe de Auditoría y deber de solicitud e información Lo establecido en esta Ley sobre los trabajos e informes de auditoría de las cuentas anuales será de aplicación, con la correspondiente adaptación, a los trabajos e informes de auditoría de otros estados financieros o documentos contables. El informe de auditoría de las cuentas anuales es un documento mercantil que deberá incluir, como mínimo, el siguiente contenido: ■ Identificación de la entidad auditada, de las cuentas anuales que son objeto de la auditoría, del marco normativo de información financiera que se aplicó en su elaboración, de las personas físicas o jurídicas que encargaron el trabajo y, en su caso, de las personas a quienes vaya destinado, la referencia a que las cuentas anuales han sido formuladas por el órgano de administración de la entidad auditada. ■ Una descripción general del alcance de la auditoría realizada, con referencia a las normas de auditoría conforme a las cuales ésta se ha llevado a cabo y, en su caso, de los procedimientos previstos en ellas que no haya sido posible aplicar como consecuencia de cualquier limitación puesta de manifiesto en el desarrollo de la auditoría. ■ La responsabilidad del auditor de cuentas o sociedad de auditoría de expresar una opinión sobre las citadas cuentas en su conjunto. ■ Una explicación de que la auditoría se ha planificado y ejecutado con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales, incluidas las derivadas del fraude. ■ Una descripción de los riesgos considerados más significativos de la existencia de incorrecciones materiales, incluidas las debidas a fraude, un resumen de las respuestas del auditor a dichos riesgos y, en su caso, de las observaciones esenciales derivadas de los mencionados riesgos. ■ Una declaración de que no se han prestado servicios distintos a los de la auditoría de las cuentas anuales o concurrido situaciones o circunstancias que hayan afectado a la necesaria independencia del auditor o sociedad de auditoría. ■ Una opinión técnica (favorable, con salvedades, técnica, desfavorable o denegada) en la que se manifestará, de forma clara y precisa, si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo 06 | Ley de auditoría de cuentas con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. ■ Una opinión sobre la concordancia o no del informe de gestión con las cuentas correspondientes al mismo ejercicio, en el caso de que el citado informe de gestión acompañe a las cuentas anuales. ■ Una opinión sobre si el contenido y presentación de dicho informe de gestión es conforme con lo requerido por la normativa que resulte de aplicación, y se indicarán, en su caso, las incorrecciones materiales que se hubiesen detectado a este respecto. ■ Fecha y firma de quien o quienes lo hubieran realizado. ■ El informe de auditoría deberá ser emitido y firmado por el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría, bajo sus responsabilidad. ■ El informe de auditoría de cuentas anuales deberá ir acompañado de la totalidad de documentos que componen las cuentas objeto de auditoría y, en su caso, del informe de gestión, no pudiendo en ningún caso publicarse parcialmente o en extracto, ni de forma separada a las cuentas anuales auditadas. ■ El informe de auditoría será redactado en lenguaje claro y sin ambigüedades. En ningún caso se podrá utilizar el nombre de ningún órgano o institución pública con competencias de inspección o control de modo que pueda indicar o sugerir que dicha autoridad respalda o aprueba el informe de auditoría. ■ La falta de emisión del informe de auditoría o la renuncia a continuar con el contrato de auditoría, tan sólo podrá producirse por la existencia de justa causa: – La existencia de amenazas que comprometan la independencia u objetividad del auditor de cuentas o de la sociedad de auditoría. – La imposibilidad absoluta de realizar el trabajo encomendado al auditor de cuentas o sociedad de auditoría por circunstancias no imputables a éstos. ■ Las entidades auditadas estarán obligadas a facilitar cuanta información fuera necesaria para realizar los trabajos de auditoría de cuentas ■ Quien realice el trabajo de auditoría estará obligado a requerir cuanta información precise para la emisión del informe de auditoría de cuentas. III.RÉGIMEN PARA EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA DE CUENTAS 3.1. Requisitos para la contratación y el ejercicio de la auditoría de cuentas Podrán ejercer la auditoría las personas físicas, las sociedades de auditoría y los auditores de cuentas autorizados en otros estados miembros de la UE y en terceros países que figuren inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (“ROAC”, en adelante) del ICAC y presten garantía financiera (mediante depósito en efectivo, títulos de deuda pública, aval de entidad financiera o seguro de responsabilidad civil o de caución, por la cuantía y en la forma que establezca el Ministerio de Economía y Competitividad, de forma proporcional a su volumen de negocio). 3.2. Deberes del auditor en el ejercicio de cualquier trabajo de auditoría de cuentas ■ Actuar con escepticismo: – Mantener siempre una mente inquisitiva y especial alerta ante cualquier circunstancia que pudiera indicar una posible incorrección en las cuentas anuales auditadas, debida a error o fraude, y examinar de forma crítica las conclusiones de la auditoría. – Reconocer la posibilidad de que existan incorrecciones materiales en las cuentas anuales objeto de auditoría, incluyendo fraudes o errores, sea cual fuere la experiencia anterior del auditor de cuentas en relación con la honestidad e integridad de los responsables de la administración y de los directivos de la entidad auditada. – En particular, el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría mantendrán una actitud de escepticismo profesional: ■ Cuando revisen las estimaciones de la dirección de la entidad relativas al valor razonable, al deterioro de activos y provisiones y a los futuros flujos de tesorería determinantes de la capacidad de la entidad para seguir como empresa en funcionamiento. ■ Cuando realicen la evaluación crítica de la evidencia de auditoría obtenida, lo que implica cuestionar la evidencia de auditoría contradictoria, la suficiencia y adecuación de la evidencia obtenida, y la fiabilidad e www.dlapiper.com | 07 integridad de los documentos, de las respuestas y otra información procedentes de la entidad auditada. ■ Aplicar su juicio profesional, documentándolo adecuadamente: – Aplicar competente, adecuada y congruente con las circunstancias que concurran, de la formación práctica, el conocimiento y la experiencia del auditor de cuentas de conformidad con las normas de auditoría, de ética y del marco normativo de información financiera que resulten de aplicación para la toma de decisiones en la realización de un trabajo de auditoría de cuentas. – No se admitirá la mera remisión al juicio profesional como justificación de decisiones que, de otra forma, no estén respaldadas por los hechos o circunstancias concurrentes en el trabajo, por la evidencia de auditoría obtenida. ■ Actuar con independencia: – Se abstendrán de actuar cuando su independencia en relación con la revisión y verificación de las cuentas anuales, los estados financieros u otros documentos contables se vea comprometida. – Se abstendrán de participar de cualquier manera en la gestión o toma de decisiones de la entidad auditada. – Se abstendrán de realizar la auditoría de cuentas de una entidad en aquellos supuestos en que incurran en alguna causa de incompatibilidad. – No participarán ni influirán, de ninguna manera en el resultado del trabajo de auditoría de cuentas de una entidad, aquellas personas que tengan una relación laboral, comercial o de otra índole con la entidad auditada, que pueda generar un conflicto de intereses o ser percibida, generalmente, como causante de un conflicto de intereses. ■ Identificar las amenazas, evaluarlas y cuando sean significativas adoptar medidas de salvaguarda para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptablemente bajo que no comprometa su independencia. – Las amenazas a la independencia podrán proceder de factores como la autorrevisión, interés propio, abogacía, familiaridad o confianza, o intimidación, derivados de la existencia de conflictos de intereses o de alguna relación comercial, financiera, laboral, familiar o de otra clase, ya sea directa o indirecta, real o potencial. ■ Deber de conservar y custodiar la documentación referente a cada auditoría de cuentas por ellos realizada, incluidos los papeles de trabajo del auditor que constituyan las pruebas y el soporte de las conclusiones que consten en el informe y demás documentación, información, archivos y registros durante el plazo de cinco años, a contar desde la fecha del informe de auditoría ■ Deber de mantener el secreto de cuanta información conozcan en el ejercicio de su actividad, no pudiendo hacer uso de la misma para finalidades distintas de las de la propia auditoría de cuentas. ■ Podrán acceder a la documentación referente a cada auditoría de cuentas, quedando sujetos al deber de secreto: – El ICAC, tanto en el ejercicio de la función supervisora como a efectos de la cooperación internacional. – Quienes resulten designados por resolución judicial. – El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como los órganos autonómicos competentes en materia de supervisión y control de las entidades aseguradoras, exclusivamente a los efectos del ejercicio de las competencias relativas a las entidades sujetas a su supervisión y control, en casos especialmente graves, siempre que no hubieran podido obtener de tales entidades la documentación concreta a la que precisen acceder. – Los órganos que tengan atribuidas por ley competencias de control interno y externo de la gestión económica-financiera del sector público, respecto de las auditorías realizadas a entidades públicas. – Las corporaciones representativas de los auditores de cuentas a los exclusivos efectos de verificar la observancia de las prácticas y procedimientos internos de actuación de sus miembros en el ejercicio de su actividad de auditoría de cuentas. – Las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea y de terceros países. – Quienes estén autorizados por ley. 3.3. Incompatibilidades y prohibiciones posteriores a la finalización del trabajo de auditoría ■ Circunstancias derivadas de situaciones personales: – Tener la condición de miembro del órgano de administración, de directivo o de apoderado que tenga otorgado a su favor un poder general de la entidad auditada o desempeñar puestos de empleo en la entidad auditada. – Tener un interés significativo directo en la entidad auditada derivado de un contrato o de la propiedad de un bien o de la titularidad de un derecho. – Realizar cualquier tipo de operación relacionada con instrumentos financieros emitidos, garantizados o respaldados de cualquier otra forma por la entidad auditada. – Se exceptúan los instrumentos financieros que se posean de forma indirecta a través de instituciones de inversión colectiva diversificada. – Solicitar o aceptar obsequios o favores de la entidad auditada, salvo que su valor sea insignificante o intrascendente. ■ Circunstancias derivadas de servicios prestados: – La prestación a la entidad auditada de servicios de contabilidad o preparación de los registros contables o los estados financieros. – La prestación a la entidad auditada de servicios de valoración, salvo que se cumplan los siguientes requisitos: (i) Que no tengan un efecto directo o tengan un efecto de poca importancia relativa, por separado o de forma agregada, en los estados financieros auditados; (ii) Que la estimación del efecto en los estados financieros auditados esté documentada de forma exhaustiva en los papeles de trabajo correspondientes al trabajo de auditoría. – La prestación de servicios de auditoría interna a la entidad auditada (salvo que el órgano de gestión de la entidad auditada sea responsable del sistema global de control interno). – La prestación de servicios de abogacía simultáneamente para la entidad auditada (salvo que dichos servicios se presten por personas jurídicas distintas y con consejos de administración diferentes, y sin que puedan referirse a la resolución de litigios sobre cuestiones que puedan tener una incidencia significativa). – La prestación a la entidad auditada de servicios de diseño y puesta en práctica de procedimientos de control interno o de gestión de riesgos relacionados con la elaboración o control de la información financiera, o del diseño o aplicación de los sistemas informáticos de la información financiera, utilizados para generar los datos integrantes de los estados financieros de la entidad auditada (salvo que ésta asuma la responsabilidad del sistema global de control interno o el servicio se preste siguiendo las especificaciones establecidas por dicha entidad, la cual debe asumir también la responsabilidad del diseño, ejecución, evaluación y funcionamiento del sistema). ■ Se considerará que el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría no gozan de la suficiente independencia en el ejercicio de sus funciones respecto a una entidad auditada cuando estas circunstancias concurran en familiares de los auditores principales responsables. ■ Circunstancias que concurren en personas o entidades relacionadas directamente con el auditor de cuentas o sociedad de auditoría: – Las personas, distintas de los auditores principales, que participen o tengan capacidad para influir en el resultado final de la auditoría de cuentas, o responsabilidad de supervisión o gestión en la realización del trabajo de auditoría y puedan influir directamente en su valoración y resultado final. – Las personas, distintas de las citadas en la letra anterior, que formen parte del equipo del encargo, ya sean empleados o ya presten servicios a disposición del auditor de cuentas o la sociedad de auditoría. – Los socios de la sociedad de auditoría, los auditores de cuentas o sociedades de auditoría con los que tuvieran cualquier vinculación directa o indirecta, que no sean ninguno de los anteriores. – Los empleados o cuyos servicios estén a disposición o bajo control del auditor de cuentas o la sociedad de auditoría y que intervengan directamente en las actividades de auditoría. 08 | Ley de auditoría de cuentas – Circunstancias que concurren en otras personas o entidades pertenecientes a la red del auditor o la sociedad de auditoría. – Durante el año siguiente a la finalización del trabajo de auditoría de cuentas correspondiente, los auditores principales responsables del trabajo de auditoría no podrán formar parte de los órganos de administración o de dirección de la entidad auditada ni de las entidades con que tenga una relación de control, ni podrían ocupar puesto de trabajo, ni tener interés financiero directo o indirecto si es significativo para cualquiera de las partes. ■ El incumplimiento de la prohibición llevará aparejada la incompatibilidad de los auditores de cuentas y de las sociedades de auditoría para la realización de los trabajos de auditoría de la entidad auditada ■ Esto no será de aplicación cuando el interés financiero derive de causas sobrevenidas no imputables al auditor de cuentas, o se adquiera en condiciones normales de mercado por el auditor de cuentas, o por el socio de la sociedad de auditoría o auditor designado para realizar auditorías en nombre de ésta, siempre que, en estas situaciones, haya dejado de tener cualquier vinculación o tipo de interés en la sociedad de auditoría. 3.4. Contratación, honorarios y transparencia en la remuneración ■ El contrato tendrá un período de tiempo determinado inicialmente, que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, pudiendo ser contratados por periodos máximos sucesivos de hasta tres años una vez que haya finalizado el periodo inicial (excepto cuando la auditoría de las cuentas no sea obligatoria). ■ Durante el periodo inicial, o el período de prórroga del contrato inicial, no podrá rescindirse el contrato sin que medie justa causa. ■ Los accionistas que ostenten más del 5 por 100 del capital social o de los derechos de voto de la entidad auditada o el órgano de administración de dicha entidad podrán solicitar al juez de primera instancia del domicilio social de la entidad la revocación del auditor designado por la junta general y el nombramiento de otro, cuando concurra justa causa. ■ Serán nulos de pleno derecho los acuerdos o cláusulas contractuales o estatutarias que pudieran restringir o limitar la selección, el nombramiento y la contratación por parte de los órganos competentes de la entidad de cualquier auditor de cuentas o sociedad de auditoría inscritos en el ROAC. ■ Los honorarios correspondientes a los servicios de auditoría se fijarán antes de que comience el desempeño de sus funciones y para todo el periodo en que deban desempeñarlas. ■ Los honorarios no podrán estar influidos o determinados por la prestación de servicios adicionales a la entidad auditada, ni podrán tener carácter contingente (cuando la remuneración se calcula con arreglo a una fórmula preestablecida en función de los resultados de una transacción o del propio trabajo de auditoría), ni basarse en ningún tipo de condición distinta a cambios en las circunstancias que sirvieron de base para la fijación de los honorarios. ■ Deber de comunicación al ICAC anualmente las horas y honorarios facturados a cada entidad auditada, distinguiendo las que corresponden a servicios de auditoría de cuentas y otros servicios, así como cualquier otra información que precise el ICAC para el ejercicio de sus funciones. ■ Será exigible la obligación de abstenerse de realizar la auditoría correspondiente en el ejercicio siguiente cuando los honorarios devengados derivados de la prestación de servicios de auditoría y distintos del de auditoría a la entidad auditada por parte del auditor de cuentas o sociedad de auditoría, en los tres últimos ejercicios consecutivos, representen más del 30 por 100 del total de los ingresos anuales del auditor de cuentas o sociedad de auditoría. 3.5. Responsabilidad y garantía financiera ■ Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría responderán por los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de sus obligaciones. ■ La responsabilidad civil de los auditores de cuentas y de las sociedades de auditoría será exigible de forma proporcional y directa a los daños y perjuicios económicos que pudieran causar por su actuación profesional tanto a la entidad auditada como a un tercero. ■ La responsabilidad civil será exigible de forma personal e individualizada, con exclusión del daño o perjuicio causado por la propia entidad auditada o por terceros. ■ Cuando la auditoría de cuentas se realice por un auditor de cuentas en nombre de una sociedad de auditoría, responderán solidariamente, el auditor que haya firmado el informe de auditoría y la sociedad de auditoría. www.dlapiper.com | 09 ■ La acción para exigir la responsabilidad contractual del auditor de cuentas y de la sociedad de auditoría prescribirá a los cuatro años a contar desde la fecha del informe de auditoría. ■ Para responder de los daños y perjuicios que pudieran causar en el ejercicio de su actividad, los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría de cuentas estarán obligados a prestar garantía financiera, mediante depósito en efectivo, títulos de deuda pública, aval de entidad financiera o seguro de responsabilidad civil o de caución, por la cuantía y en la forma que establezca el Ministerio de Economía y Competitividad. ■ Reglamentariamente se fijarán el importe de la garantía financiera para el primer año de ejercicio de la actividad, los elementos esenciales que resulten necesarios para garantizar su suficiencia y vigencia a efectos de cumplir su finalidad. 3.6. Régimen de organización interna y del trabajo de los auditores de cuentas y de las sociedades de auditoría ■ Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría dispondrán de procedimientos administrativos y contables fiables, de procedimientos de valoración de riesgo eficaces, de mecanismos operativos que permitan asegurar el control y la protección de sus sistemas informáticos, así como de los mecanismos internos de control de calidad, que garanticen el cumplimiento de las decisiones y procedimientos en el seno de la estructura funcional del auditor de cuentas y en todos los niveles de la sociedad de auditoría. ■ Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría designarán conforme a criterios de calidad, independencia y competencia, al menos, un auditor principal responsable para la realización del trabajo de auditoría de cuentas. ■ Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría elaborarán un archivo de auditoría por cada trabajo de auditoría de cuentas, que comprenderá, al menos, el análisis y la evaluación realizadas previamente a la aceptación o continuidad del trabajo de auditoría, incluyendo los aspectos relativos al deber de independencia del auditor, así como demás documentación referente a cada trabajo, incluidos los papeles de trabajo del auditor que constituyan las pruebas y el soporte de las conclusiones obtenidas en la realización de cada trabajo de auditoría, incluidas las que consten en el informe. IV. LA AUDITORÍA DE CUENTAS EN ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO Esta Ley, así como el Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público, les será aplicable a los auditores de cuentas y sociedades de auditoría de cuentas que realicen trabajos de auditoría de las cuentas anuales o de estados financieros o documentos contables correspondientes a entidades de interés público, esto es: (i) Las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores, las entidades de crédito y las entidades aseguradoras sometidas al régimen de supervisión y control atribuido al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y a los organismos autonómicos con competencias de ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras, respectivamente, así como las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en el mercado alternativo bursátil pertenecientes al segmento de empresas en expansión; (ii) Las entidades que se determinen reglamentariamente en atención a su importancia pública significativa por la naturaleza de su actividad, por su tamaño o por su número de empleados y (iii) Los grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea una entidad de las contempladas en las letras a) y b) anteriores. 4.1. Informes ■ El informe de auditoría de las cuentas anuales de una entidad de interés público debe incluir, como mínimo: – La persona o el órgano que haya designado a los auditores o a las sociedades de auditoría. – La fecha de la designación y el período total de contratación ininterrumpida, incluyendo las renovaciones y nuevas designaciones de auditores o de sociedades de auditoría realizadas con anterioridad – Una descripción de los riesgos considerados más significativos de que existan incorrecciones materiales, incluidos los riesgos evaluados de incorrecciones materiales debidas a fraude. – Un resumen de la respuesta del auditor a los riesgos más significativos y las observaciones esenciales derivadas de ellos. – Una referencia clara a las informaciones importantes recogidas en los estados financieros, cuando fuera pertinente, el informe de auditoría incluirá 10 | Ley de auditoría de cuentas – La medida en que se ha considerado que la auditoría legal permita detectar irregularidades, incluidas las de carácter fraudulento. – La confirmación de que el dictamen de auditoría es coherente con el informe adicional para el comité de auditoría. – La declaración tanto de que no se han prestado servicios ajenos a la auditoría cuya prestación está prohibida, como de que los auditores o las sociedades de auditoría han conservado su independencia. – Todos los servicios, además de la auditoría legal, que el auditor o la sociedad de auditoría haya prestado a la entidad auditada y a las empresas controladas por ésta, de los que no se ha hecho mención en el informe de gestión o en los estados financieros. ■ Los auditores o sociedades de auditoría presentarán un informe adicional al comité de auditoría de la entidad auditada, o al órgano que desempeñe funciones equivalentes dentro de la entidad auditada, en el caso de que la misma no disponga de un comité de auditoría. ■ Los auditores o sociedades de auditoría publicarán, un informe anual de transparencia en un plazo máximo de cuatro meses después del cierre del ejercicio, que se publicará en el sitio de internet del auditor o la sociedad de auditoría y estará disponible en el mismo durante un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha de su publicación. ■ Los auditores de cuentas y sociedades de auditoría que realicen la auditoría de las cuentas anuales o de otros estados financieros de las entidades de interés público sometidas al régimen de supervisión y control atribuido al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, o a los órganos autonómicos con competencias de ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras, tendrán la obligación de comunicar rápidamente por escrito a la Administración toda información relativa a la entidad o institución auditada de la que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones, que pueda dar lugar a cualquiera de las consecuencias siguientes: – Una infracción grave de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que establecen, en su caso, las condiciones de autorización, o que regulan de manera específica el ejercicio de las actividades de la entidad de interés público. – Una amenaza o duda de importancia relativa en relación con la continuidad de las actividades de la entidad de interés público. – Una negativa a emitir un dictamen de auditoría sobre los estados financieros, o la emisión de un dictamen desfavorable o con reservas. 4.2. Independencia ■ Incompatibilidades y servicios prohibidos: Ni el auditor ni la sociedad de auditoría que realice la auditoría de una entidad de interés público, ni los miembros de la red de la que forme parte el auditor o la sociedad de auditoría, ni los familiares de los auditores principales responsables, podrán prestar dentro de la Unión Europea, directa o indirectamente, a la entidad auditada, a su empresa matriz o a las empresas que controle, los servicios ajenos siguientes a la auditoría: – servicios fiscales relacionados con la preparación de impresos tributarios, el impuesto sobre las rentas del trabajo, los derechos de aduana, la búsqueda de subvenciones públicas e incentivos fiscales, salvo que la legislación exija un apoyo respecto de estos servicios al auditor legal o sociedad de auditoría, la asistencia relativa a las inspecciones fiscales de las autoridades tributarias, salvo que la legislación exija un apoyo respecto de estos servicios al auditor legal o sociedad de auditoría, el cálculo de impuestos directos e indirectos y el pago diferido de impuestos, el asesoramiento fiscal; los servicios que supongan cualquier tipo de intervención en la gestión o la toma de decisiones de la entidad auditada; los servicios de contabilidad y preparación de los registros contables y los estados financieros; los servicios relacionados con las nóminas; la concepción e implantación de procedimientos de control interno o de gestión de riesgos relacionados con la elaboración y/o el control de la información financiera o del diseño o aplicación de los sistemas informáticos de información financiera; los servicios de valoración, incluidas las valoraciones realizadas en relación con servicios actuariales o servicios de asistencia en materia de litigios; los servicios jurídicos relacionados con la prestación de asesoramiento general, la negociación por cuenta de la entidad auditada y la defensa de los intereses del cliente en la resolución de litigios; los servicios relacionados con la función de auditoría interna de la entidad auditada; los servicios vinculados www.dlapiper.com | 11 a la financiación, la estructura y distribución del capital, y la estrategia de inversión de la entidad auditada, con excepción de la prestación de servicios de verificación en relación con los estados financieros, como la emisión de cartas de conformidad en relación con folletos emitidos por la entidad auditada; la promoción, negociación o suscripción de acciones de la entidad auditada; los servicios de recursos humanos relacionados con cargos directivos que puedan ejercer una influencia significativa en la preparación de los registros contables o los estados financieros objeto de la auditoría legal, si tales servicios incluyen la búsqueda o selección de candidatos para esos cargos, o la verificación de las referencias de los candidatos para esos cargos, la estructuración del diseño organizativo y el control de costes; así como otros servicios que puedan suponer una amenaza para el principio de independencia. ■ Contratación, rotación y designación de auditores de cuentas o sociedades de auditoría: – La duración mínima del período inicial de contratación de auditores de cuentas en entidades de interés público no podrá ser inferior a tres años, no pudiendo exceder el período total de contratación, incluidas las prórrogas, de la duración máxima de diez años, pudiendo prorrogarse dicho periodo adicionalmente hasta un máximo de cuatro años, siempre que se haya contratado de forma simultánea al mismo auditor o sociedad de auditoría junto a otro u otros auditores o sociedades de auditoría para actuar conjuntamente en este período adicional. – Durante el periodo inicial, o el período de prórroga del contrato inicial, no podrá rescindirse el contrato sin que medie justa causa. Los auditores de cuentas y la entidad auditada deberán comunicar al ICAC la rescisión del contrato de auditoría. – El auditor o la sociedad de auditoría establecerá un mecanismo adecuado de rotación gradual del personal de mayor antigüedad involucrado en la auditoría legal, que incluirá al menos a las personas registradas como auditores legales. El mecanismo de rotación gradual se aplicará de manera escalonada a los miembros del equipo, y guardará proporción con la escala y la complejidad de las actividades del auditor o de la sociedad de auditoría. – Una vez transcurridos cinco años desde el contrato inicial, será obligatoria la rotación de los auditores principales responsables del trabajo de auditoría. No podrán participar de nuevo en la auditoría legal de esa entidad antes de que hayan transcurrido tres años desde la fecha en que cesó su participación. – Los accionistas que ostenten más del 5 por 100 del capital social o de los derechos de voto de la entidad auditada o el órgano de administración de dicha entidad podrán solicitar al juez de primera instancia del domicilio social de la entidad la revocación del auditor designado por la junta general y el nombramiento de otro, cuando concurra justa causa. Asimismo, dicha solicitud podrá ser realizada por el ICAC. – En el supuesto de cese o revocación del auditor de cuentas, (ambos, auditor y auditada) deberán comunicar tal circunstancia a la autoridad nacional supervisora correspondiente de la entidad de interés público, indicando las razones que la fundamentan. ■ Honorarios y transparencia: – Los honorarios por la realización de las auditorías de entidades de interés público no podrán tener carácter contingente, esto es, honorarios por encargos de auditoría en los que la remuneración se calcula con arreglo a una fórmula preestablecida en función de los resultados de una transacción o del trabajo realizado. – Deber de abstención de realizar la auditoría de cuentas correspondiente al ejercicio siguiente cuando los honorarios devengados derivados de la prestación de servicios de auditoría y distintos del de auditoría a la entidad auditada, por el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría, en cada uno de los tres últimos ejercicios consecutivos, representen más del 15 por 100 del total de los ingresos anuales del auditor de cuentas o de la sociedad de auditoría o de la red de la que formen parte. – La comunicación anual sobre honorarios al ICAC por parte de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría se hará con indicación separada de las entidades auditadas que tengan la consideración de entidades de interés público, distinguiendo en este caso, en los honorarios por servicios prestados distintos a los de auditoría de 12 | Ley de auditoría de cuentas cuentas, si dichos servicios vienen o no exigidos por el Derecho de la Unión Europea o por una disposición nacional de rango legal. ■ Se establece un régimen de organización interna y del trabajo en relación con auditorías de entidades de interés público: – Los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, en los trabajos de auditoría de cuentas de entidades de interés público, deberán establecer políticas y procedimientos para la realización de la revisión de control de calidad del trabajo de auditoría. – Obligación de elaborar un registro de entidades auditadas en donde deberán figurar los ingresos. – Se podrán determinar los requisitos relacionados con la estructura organizativa y la dimensión que deben cumplir los auditores de cuentas o las sociedades de auditoría que realizan las auditorías de las entidades de interés público: número de auditores de cuentas, número de empleados, existencia de recursos técnicos o especializados en el tratamiento y análisis de cuestiones complejas y a la calidad contrastada de los sistemas de control internos. ■ Las entidades de interés público, cuya normativa no lo exija, deberán tener una comisión de auditoría compuesta exclusivamente por consejeros no ejecutivos nombrados por el consejo de administración, dos de los cuales, al menos, deberán ser consejeros independientes y uno de ellos será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas. El presidente será designado de entre los consejeros independientes y deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un año desde su cese. ■ En las Cajas de Ahorros las funciones de la comisión de auditoría podrán ser asumidas por la comisión de control. ■ No estarán obligadas a tener una comisión de auditoría: – Las entidades de interés público cuya única actividad consista en actuar como emisor de valores garantizados por activos. – Las entidades de interés público que sean pequeñas y medianas, siempre que sus funciones sean asumidas por el órgano de administración. – Las entidades de interés público a las que la normativa comunitaria permita exonerar de este requisito y así se determine reglamentariamente. – Las entidades de interés público que sean dependientes de otras entidades de interés público, siempre que estén íntegramente participadas por la entidad dominante; que la administración de las entidades dependientes no se atribuya a un consejo de administración o que la comisión de auditoría de la entidad dominante asuma también las funciones propias de tal comisión y cualesquiera otras que pudiesen atribuírsele. ■ Quedarán exentas del cumplimiento del requisito de independencia exigido a la comisión de auditoría las entidades de interés público que tengan obligación de tener comisión de auditoría; que los miembros de la comisión de auditoría lo sean, a su vez, de su órgano de administración o que su normativa específica no exija la presencia de consejeros independientes en el órgano de administración. V. EL INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS, EL SISTEMA DE SUPERVISIÓN PÚBLICA Y SANCIONES ■ El ICAC es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, cuyos órganos rectores son: el Presidente, el Comité de Auditoría de Cuentas y el Consejo de Contabilidad. ■ El ICAC es la autoridad responsable del sistema de supervisión pública objetiva e independiente de todos los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, de los terceros a los que dichos auditores o sociedades de auditoría hayan externalizado determinadas funciones o actividades, de las personas que participen o hayan participado en las actividades de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, o tengan conexión o relación con éstos y de las entidades auditadas, y sus entidades vinculadas, y, en particular, de: – La autorización e inscripción en el ROAC de los auditores de cuentas y de las sociedades de auditoría. – La adopción de normas en materia de ética, normas de control de calidad interno en la actividad de auditoría y normas técnicas, así como la supervisión de su adecuado cumplimiento. – La formación continuada de los auditores de cuentas. www.dlapiper.com | 13 – El sistema de inspecciones y de investigación. – La vigilancia regular de la evolución del mercado de servicios de auditoría de cuentas en el caso de entidades de interés público. – El régimen disciplinario. – La responsabilidad y participación en los mecanismos de cooperación internacional en el ámbito de la actividad de auditoría de cuentas. – Asimismo, corresponderá al ICAC el ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de infracciones. ■ El acceso a las informaciones y datos requeridos por el ICAC en el ejercicio de sus funciones de supervisión se realiza de conformidad con el artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. ■ Antes del 17 de junio de 2016, y cada tres años como mínimo, el ICAC y la Red Europea de Competencia elaborarán un informe sobre la evolución del mercado de servicios de auditoría legal prestados a entidades de interés público y lo presentarán a la Comisión de Organismos Europeos de Supervisión de Auditores, Autoridad Europea de Valores y Mercados, Autoridad Bancaria Europea, a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y a la Comisión Europea. ■ La Dirección General de los Registros y del Notariado remitirá al ICAC, en los meses de septiembre y marzo, una relación de las sociedades y demás entidades inscritas en los registros mercantiles correspondientes que hubieran presentado en los seis meses anteriores para su depósito las cuentas anuales acompañadas del informe de auditoría, con especificación de los datos identificativos del auditor de cuentas o sociedad de auditoría, así como del periodo de nombramiento, (a tales efectos, los registradores mercantiles deberán remitir la citada información correspondiente a su registro a la Dirección General de los Registros y del Notariado en el mes de agosto y febrero). VI.DEBER DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL ■ El ICAC, en su condición de autoridad supervisora en materia de auditoría de cuentas, cooperará con la Comisión de Órganos Europeos de Supervisión de Auditores, con la Autoridad Europea de Valores y Mercados, la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y con las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea que tengan competencias atribuidas en materia de autorización, registro, control de calidad, investigación y régimen disciplinario de la actividad de auditoría de cuentas pudiendo, a tal efecto, intercambiar toda la información que sea precisa, y realizar tanto una investigación a petición de un Estado miembro de la Unión Europea como permitir que su personal acompañe al personal del ICAC en el transcurso de la investigación, así como solicitar a un Estado miembro la realización de una investigación en las mismas condiciones. ■ El intercambio de información se realizará con la celeridad y la diligencia debida, observando en todo caso el deber de secreto de la información a que hayan tenido acceso. ■ El ICAC podrá negarse a facilitar la información a las autoridades competentes de otros Estados miembros, a realizar una investigación solicitada por estas autoridades, o a que su personal esté acompañado por el personal de dichas autoridades, cuando el suministro de tal información o la realización de tal investigación pueda perjudicar a la soberanía, a la seguridad o al orden público, o se hubiesen iniciado ante autoridades españolas procedimientos judiciales o dictado por dichas autoridades sentencia firme en dichos procedimientos sobre los mismos hechos y contra los mismos auditores y sociedades de auditoría. ■ El ICAC proporcionará a la Comisión de Órganos Europeos de Supervisión de Auditores, como mínimo, la siguiente información: – Información agregada en relación con las medidas administrativas y sanciones impuestas en el ejercicio de sus competencias de supervisión – Sanciones impuestas, que hubieren ganado firmeza en vía administrativa, a las sociedades de auditoría y auditores de cuentas que supongan la retirada de autorización o baja definitiva en el ROAC, así como la suspensión de la autorización y baja temporal de hasta cinco años en el ROAC). – Sanciones impuestas de suspensión de hasta tres años, que hubieren ganado firmeza en vía administrativa, a los miembros de un órgano de administración o gestión de una entidad de interés público por el incumplimiento de los deberes impuestos por Ley 14 | Ley de auditoría de cuentas – El ICAC podrá celebrar acuerdos de intercambio de información con las autoridades de terceros países competentes en materia de autorización, registro, control de calidad, investigación y régimen disciplinario reguladas en esta Ley y divulgarla. VII. MODIFICACIONES EN EL ASPECTO SOCIETARIO Y OTRAS DISPOSICIONES ■ Modificaciones del Código de Comercio: – En la formulación de cuentas anuales al cierre de ejercicio, el estado de cambios en el patrimonio neto (y no sólo en el estado de flujos de efectivo) no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal. – Los activos y pasivos podrán valorarse por su valor razonable en los términos que reglamentariamente se determinen, dentro de los límites de la normativa europea y deberá indicarse si la variación de valor originada en el elemento patrimonial como consecuencia de la aplicación de este criterio debe imputarse a la cuenta de pérdidas y ganancias, o debe incluirse directamente en el patrimonio neto. – Se eliminan los apartados 3, 4 y 5 del artículo 38 bis) relativos a la imputación de las variaciones de valor a la cuenta de pérdidas y ganancias y su inclusión en el patrimonio neto. – Elementos de inmovilizado y circulante: ■ Los inmovilizados intangibles son activos de vida útil definida y cuando no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años. ■ Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la vida útil del fondo de comercio es de diez años. ■ En la Memoria de las cuentas anuales se deberá informar sobre el plazo y el método de amortización de los inmovilizado intangibles. – Se amplían las situaciones excepcionales para no efectuar la consolidación: ■ Cuando la sociedad obligada a consolidar participe exclusivamente en sociedades dependientes que no posean un interés significativo, individual y en conjunto, para la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las sociedades del grupo. ■ Cuando todas las sociedades dependientes puedan excluirse de la consolidación por casos extremadamente raros en que la información necesaria para elaborar los estados financieros consolidados no puedan obtenerse por razones debidamente justificadas o que la tenencia de las acciones o participaciones de esta sociedad tenga exclusivamente por objetivo su cesión posterior o que restricciones severas y duraderas obstaculicen el ejercicio del control de la sociedad dominante sobre esta dependiente. ■ Modificaciones de la Ley del Mercado de Valores: – Constituye una infracción muy grave el incumplimiento de las reglas de composición y de atribución de funciones de las comisiones de auditoría de las entidades de interés público. ■ Modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital: – Régimen de la transmisión voluntaria por actos inter vivos y transmisiones mortis causa: ■ Se entenderá por valor razonable de las participaciones el que determine un experto independiente, distinto al auditor de la sociedad, designado a tal efecto por los administradores de ésta. – Balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados: ■ Cuando pueda formularse balance en modelo abreviado, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios. – Se modifican y añaden menciones reflejadas en el contenido de la Memoria, así se incluirán: ■ El contenido de cuotas o participaciones sociales desiguales y el número y el valor nominal de las distintas clases de acciones, así como el contenido de los derechos pertenecientes a cada clase ■ La existencia de bonos de disfrute. ■ El número y el valor nominal de las acciones suscritas durante el ejercicio dentro de los límites de un capital autorizado, así como el importe de las adquisiciones y enajenaciones de acciones o participaciones propias, y de las acciones o participaciones de la sociedad dominante. www.dlapiper.com | 15 ■ La diferencia que se pudiera producir entre el cálculo del resultado contable del ejercicio y el que resultaría de haber efectuado una valoración de las partidas con criterios fiscales, por no coincidir estos con los principios contables de aplicación obligatoria. ■ La diferencia entre la carga fiscal imputada al ejercicio y a los ejercicios anteriores, y la carga fiscal ya pagada o que deberá pagarse por esos ejercicios, en la medida en que esta diferencia tenga un interés cierto con respecto a la carga fiscal futura. ■ El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio con discapacidad mayor o igual al treinta y tres por ciento, indicando las categorías a que pertenecen. ■ Las obligaciones contraídas en materia de pago de primas de seguros de responsabilidad civil respecto de los miembros antiguos y actuales del órgano de administración y personal de alta dirección (En el caso de que la sociedad hubiera satisfecho, total o parcialmente, la prima del seguro de responsabilidad civil de todos los administradores o de alguno de ellos por daños ocasionados por actos u omisiones en el ejercicio del cargo, se indicará expresamente en la Memoria, con indicación de la cuantía de la prima). ■ Los movimientos de las diversas partidas del activo no corriente: – Cuando los instrumentos financieros se hayan valorado por el valor razonable se indicarán: los principales supuestos en que se basan los modelos y técnicas de valoración; las variaciones en el valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias por cada categoría de instrumentos financieros y, si se trata de instrumentos financieros derivados, su naturaleza y condiciones principales de importe y calendario y los movimientos de la reserva por valor razonable durante el ejercicio. – Cuando los instrumentos financieros no se hayan valorado por el valor razonable se indicará el valor razonable para cada clase en los términos y con las condiciones previstas en el Plan General de Contabilidad. ■ La conclusión, la modificación o la extinción anticipada de cualquier contrato entre una sociedad mercantil y cualquiera de sus socios o administradores o persona que actúe por cuenta de ellos, cuando se trate de una operación ajena al tráfico ordinario de la sociedad o que no se realice en condiciones normales. ■ Nombre y domicilio social de la sociedad que elabore los estados financieros consolidados del grupo al que pertenezca la sociedad. ■ El importe y la naturaleza de las partidas de ingresos o de gastos cuya cuantía o incidencia sean excepcionales. ■ La naturaleza y consecuencias financieras de las circunstancias de importancia relativa significativa que se produzcan tras la fecha de cierre de balance y que no se reflejen en la cuenta de pérdidas y ganancias o en el balance, y el efecto financiero de tales circunstancias. ■ Las sociedades que pueden formular balance abreviado podrán omitir en la memoria las indicaciones que reglamentariamente se determinen, excepto: – La información referente al número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, a los instrumentos financieros, al importe y la naturaleza de las partidas de ingresos o de gastos cuya cuantía o incidencia sean excepcionales y a la propuesta de aplicación del resultado. – Los datos referentes a las garantías comprometidas con terceros, anticipos y créditos concedidos a cada uno de los miembros de los órganos de administración y del personal de alta dirección, así como el nombre y domicilio social de la sociedad que establezca los estados financieros consolidados del grupo menor de empresas incluidas en el grupo al que pertenece la empresa. ■ Auditores: – Se elimina la competencia del secretario judicial para solicitar la designación de auditores. – Antes de aceptar el nombramiento el auditor de cuentas deberá evaluar el efectivo cumplimiento del encargo. 16 | Ley de auditoría de cuentas – En las sociedades de interés público, los accionistas que representen el 5 por 100 o más de los derechos de voto o del capital, la comisión de auditoría o el ICAC podrán solicitar al juez la revocación del auditor o auditores o la sociedad o sociedades de auditoría designados por la junta general o por el registro mercantil y el nombramiento de otro u otros, cuando concurra justa causa. – En los supuestos de nombramiento de auditor por el registrador mercantil, éste fijará la retribución a percibir por el auditor para todo el período o, al menos, los criterios para su cálculo. Antes de aceptar el encargo se deberán acordar los honorarios correspondientes. Los auditores podrán solicitar caución adecuada o provisión de fondos a cuenta de sus honorarios antes de iniciar el ejercicio de sus funciones. – Una vez firmado y entregado el informe de auditoría sobre las cuentas iniciales, si los administradores se vieran obligados a reformular las cuentas anuales, el auditor habrá de emitir un nuevo informe. ■ Se elimina la obligación de dotar una reserva indisponible equivalente al fondo de comercio que aparezca en el activo del balance. ■ Obligación de los administradores de presentar el informe del auditor, cuando la sociedad esté obligada a auditoría por una disposición legal o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría o de forma voluntaria y se hubiese inscrito el nombramiento de auditor en el Registro Mercantil. ■ Para que sea válido el acuerdo de exclusión del derecho de preferencia será necesario que el valor nominal de las nuevas acciones, más, en su caso, el importe de la prima, se corresponda con el valor que resulte del informe del experto independiente en el caso de SA. ■ Separación y exclusión de socios: – Se regula el contenido del informe del experto independiente y su retribución. – Un experto independiente valorará el valor razonable de las participaciones sociales o de las acciones, o sobre la persona o personas que hayan de valorarlas y el procedimiento a seguir para su valoración, en caso de desacuerdo. – Derecho de suscripción preferente: – Será necesario informe de experto independiente para que sea válido el acuerdo de exclusión del derecho de suscripción de preferencia. – Será necesario informe de experto independiente (que determine el valor patrimonial neto de las acciones) para que la junta general de accionistas de sociedad cotizada, pueda acordar la emisión de nuevas acciones a cualquier precio ■ Comisión de auditoría: – La mayoría de los consejeros no ejecutivos que integran la comisión de auditoría deberán ser consejeros independientes y uno de ellos será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas. – Los miembros de la comisión tendrán los conocimientos técnicos pertinentes en relación con el sector de actividad al que pertenezca la entidad auditada. – Obligación de informar a la junta general de accionistas sobre el resultado de la auditoría explicando cómo esta ha contribuido a la integridad de la información financiera y la función que la comisión ha desempeñado en ese proceso. – Se elimina la obligación de supervisión de los riesgos fiscales. ■ Modificaciones de la Ley del Impuesto de Sociedades: – El inmovilizado intangible se amortizará atendiendo a su vida útil. Cuando la misma no pueda estimarse de manera fiable, la amortización será deducible con el límite anual máximo de la veinteava parte de su importe. – La amortización del fondo de comercio será deducible con el límite anual máximo de la veinteava parte de su importe. – Se deroga la deducción del precio de adquisición del activo intangible de vida útil indefinida, incluido el correspondiente a fondos de comercio. ■ Las empresas activas en las industrias extractiva o de la explotación maderera de bosques primarios estarán obligadas a la elaboración y publicación de un informe anual sobre los pagos realizados a las Administraciones Públicas, con relación a las actividades desarrolladas en los ejercicios económicos que empiecen a partir del 1 de enero de 2016. www.dlapiper.com | 17 ■ En el plazo de un año desde la publicación de esta Ley, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, determinará las condiciones que deben cumplir las entidades para tener la consideración de entidades de interés público en razón de su importancia pública significativa por la naturaleza de su actividad, por su tamaño o por su número de empleados. ■ Las sociedades de auditoría deberán realizar las correspondientes modificaciones para adaptarse a lo exigido en esta Ley en el BOE antes del 21 de julio de 2016, a riesgo de que el ICAC proceda a darles de baja de oficio del ROAC. ■ El Gobierno mediante real decreto, por iniciativa del Ministro de Economía y Competitividad y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, procederá, en su caso, a la adaptación estatutaria correspondiente del ICAC. ■ En los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016, la reserva por fondo de comercio se reclasificará a las reservas voluntarias de la sociedad y será disponible a partir de esa fecha en el importe que supere el fondo de comercio contabilizado en el activo del balance. 18 | Ley de auditoría de cuentas www.dlapiper.com | 19 Enrique Chamorro T +34 913 19 12 12 enrique.chamorro@dlapiper.com Ignacio Gómez-Sancha T +34 913 19 12 12 ignacio.gomez-sancha@dlapiper.com Juan Picón T +34 913 19 12 12 juan.picon@dlapiper.com Teresa Zueco T +34 913 19 12 12 teresa.zueco@dlapiper.com Íñigo Gómez-Jordana T +34 913 19 12 12 inigo.gomez-jordana@dlapiper.com Santiago Lardies T +34 913 19 12 12 santiago.lardies@dlapiper.com José Antonio Sánchez-Dafos T +34 913 19 12 12 jose.sanchez-dafos@dlapiper.com Joaquín Echanove T +34 913 19 12 12 joaquin.echanove@dlapiper.com CONTACTOS Santiago Hierro T +34 913 19 12 12 santiago.hierro@dlapiper.com Paula Goyanes T +34 913 19 12 12 paula.goyanes@dlapiper.com www.dlapiper.com Esta publicación pretende ser una visión general de los temas tratados. No pretende ser, y no debe ser utilizada como sustituto de asesoría legal en ninguna situación particular. DLA Piper Spain no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier acción tomada o no tomada sobre la base de esta publicación. Si ha terminado con este documento, por favor páselo a otras partes interesadas o recíclelo, gracias. DLA Piper es un despacho de abogados global que opera a través de varias entidades jurídicas distintas e independientes. Podrá encontrar más datos sobre dichas entidades en www.dlapiper.com Copyright © 2015 DLA Piper. Todos los derechos reservados. | OCT15 | 2991565
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 artículo 58
 resolución 
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 artículo 11
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