Source: https://www.opositatest.com/examen/mostrar/1858696
Timestamp: 2019-11-17 05:05:29+00:00

Document:
Test 2018 Auxiliares Complutense
Convocatorias anteriores Auxiliares Administrativos Universidad Complutense de Madrid 2018 - Primer Ejercicio
Test 2018 de la oposición Auxiliares Complutense
Aquí puede ver el test del primer ejercicio de la convocatoria de Auxiliares Administrativos Universidad Complutense de Madrid - Acceso Libre del año 2018
Repasa el examen tipo test correspondiente a la Convocatoria de Auxiliares Complutense de 2018
Falladas: -0.125
1. Según la Constitución Española, es un derecho fundamental:
a. El derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo.
b. El derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c. El derecho a la propiedad privada y a la herencia.
d. El derecho a la libre elección de profesión u oficio.
2. La Constitución Española establece que la delegación legislativa:
a. Habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio.
b. Deberá otorgarse mediante una ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos articulados.
c. Podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado.
d. Deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
3. Según establece la Constitución Española la extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad:
a. Quedan incluidos en la extradición los delitos políticos.
b. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, considerándose como tales los actos de terrorismo.
c. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.
d. Quedan incluidos en la extradición todos los delitos.
4. La Constitución Española, al regular el reconocimiento del derecho de asociación, establece que:
a. Las asociaciones constituidas al amparo de la Constitución deberán inscribirse en un registro, a los solos efectos de publicidad.
b. Las asociaciones constituidas al amparo de la Constitución podrán inscribirse en un registro, a los solos efectos de publicidad.
c. Deberán inscribirse en un registro, a los solos efectos de constitución.
d. Sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución administrativa motivada.
5. Según la Constitución Española, el domicilio es inviolable y además:
a. Ninguna registro podrá hacerse en él, sin consentimiento del titular, incluido el caso de flagrante delito
b. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
c. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin resolución judicial, incluido el caso de flagrante delito.
d. Ninguna entrada podrá hacerse en él, sin consentimiento del titular, incluido el caso de flagrante delito.
6. La Constitución Española, al regular las Cortes Generales, establece lo siguiente:
a. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria vincularán a las Cámaras, pero no podrán ejercer sus funciones y ostentar sus privilegios.
b. Los miembros de las Cortes Generales estarán ligados por mandato imperativo
c. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, pero sí podrán ejercer sus funciones y ostentar sus privilegios.
d. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.
7. La Constitución Española, en lo relativo a Congreso, dispone que:
a. El mandato de los Diputados termina veinte días después del de la disolución de la Cámara.
b. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.
c. Está formado por 450 diputados.
d. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones.
8. Según la Constitución Española, el estado de excepción será declarado por:
a. Mayoría simple del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno.
b. El Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados.
c. Por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, dando cuenta al Congreso de los Diputados.
d. Mayoría de dos tercios de las Cortes Generales, a propuesta del Gobierno.
9. Según la Constitución Española, la cuestión de confianza planteada por el Presidente del Gobierno sobre su programa o sobre una declaración de política general, se entenderá otorgada cuando vote a su favor:
a. La mayoría absoluta del Congreso y la mayoría simple del Senado.
b. La mayoría simple del Congreso y la mayoría absoluta del Senado
c. La mayoría simple de cada Cámara.
d. La mayoría simple de los Diputados.
10. La Constitución Española, al tratar de la moción de censura, dispone que:
a. Podrá ser votada dentro de los cinco días desde su presentación.
b. Deberá ser propuesta por al menos un tercio de los Diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno
c. En los tres primeros días desde su presentación podrán presentarse mociones alternativas.
d. Deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
11. De acuerdo con la Constitución Española, las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución:
a. El derecho de las Comunidades Autónomas será, en todo caso, supletorio del derecho estatal.
b. Podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos.
c. Se considerarán competencias compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
d. Corresponderá directamente a las Comunidades Autónomas, en virtud de una delegación de competencias
12. Según la Constitución Española, la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios:
a. Jerarquía y coordinación
b. Eficacia, jerarquía y eficiencia.
c. Eficacia, concentración y descentralización.
d. Centralización, eficacia y unidad de actuación.
13. Según la Constitución Española, los tratados internacionales válidamente celebrados formarán parte del ordenamiento interno:
a. Una vez publicados oficialmente en el país, o países firmantes de dicho tratado.
b. Una vez firmados
c. A los tres meses de su firma por los Estados firmantes.
d. Una vez publicados oficialmente en España.
14. Según la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, las decisiones adoptadas por las Comisiones Territoriales de Cooperación revestirán la forma de:
15. La ley de Régimen Jurídico del Sector Público, al regular la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, dispone que si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional:
a. Procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
b. Procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, aunque no que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
c. No procederá indemnización en ningún caso.
d. Procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido únicamente en primera instancia, sentencia desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, sin necesidad de alegar la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
16. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, al regular la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, dispone que el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo, lo fijará:
17. Según la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas de acuerdo con los siguientes principios:
a. Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el logro de fines comunes.
b. Cooperación, cuando varias Administraciones Públicas de manera obligatoria asumen compromisos en el ejercicio de sus competencias.
c. Solidaridad territorial de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos.
d. Jerarquía institucional.
18. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, dentro del deber de colaboración entre las Administraciones Públicas, al regular la asistencia y colaboración entre ellas, dispone que:
a. La negativa a prestar la asistencia no será necesaria comunicarla a la Administración solicitante.
b. La negativa a prestar la asistencia se comunicará, obligatoriamente, a la Administración General del Estado quien decidirá motivadamente.
c. Nunca podrá negarse.
d. La negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a la Administración solicitante.
19. Según la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los poderes inscritos en Registros electrónicos de apoderamientos tendrán una validez determinada máxima de cinco años:
a. A contar desde la fecha de la solicitud de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá prorrogar pero no revocar el poder el poder.
b. A contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, el poderdante no podrá revocar o prorrogar el poder
c. A contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar pero no prorrogar el poder.
d. A contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder.
20. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para notificar la resolución expresa, éste será de:
a. 6 meses, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico del Organismo competente para su tramitación.
b. 3 meses, en los procedimientos iniciados de oficio, a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación.
c. 3 meses, en los procedimientos iniciados de oficio, a contar desde la fecha de entrada en el Organismo competente para su tramitación.
d. 6 meses, en los procedimientos iniciados de oficio, a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación por el Organismo competente para su tramitación.
21. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación:
a. Se hará, obligatoriamente, por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.
b. Se hará, obligatoriamente, por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado.
c. Se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.
d. Se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado y obligatoriamente en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
22. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al tratar los recursos administrativos, dispone que:
a. En ningún caso la interposición de un recurso administrativo suspenderá la ejecución del acto impugnado.
b. El recurso de alzada sólo podrá interponerse ante el órgano competente para resolverlo.
c. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso
d. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa sólo podrán ser impugnados directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
23. Según la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia a un procedimiento administrativo:
a. Procederá recurso potestativo de reposición.
b. No cabrá recurso alguno.
c. Procederá recurso extraordinario de revisión
d. Procederá recurso de alzada.
24. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al tratar las medidas provisionales, dispone que podrán ser alzadas o modificadas:
a. Durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.
b. Durante la tramitación del procedimiento, a instancia de parte, en virtud circunstancias que pudiendo ser alegadas, no lo fueron por los interesados.
c. Una vez finalizado el procedimiento, a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.
d. Una vez finalizado el procedimiento, de oficio, en virtud de circunstancias sobrevenidas que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.
25. De conformidad con la Ley del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios con personas tanto de Derecho Público como privado, siempre que:
a. No sean contrarios al ordenamiento jurídico, ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado.
b. No sean contrarios al ordenamiento jurídico, versen sobre materias no susceptibles de transacción y no tengan por objeto el interés público.
c. Los acuerdos que se suscriban supongan alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos.
d. No sean contrarios al ordenamiento jurídico y versen sobre materias susceptibles de transacción, no pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos.
26. Según la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿Qué efecto produce el no evacuar un informe preceptivo en plazo por la Administración?:
a. Se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento.
b. Cuando el informe sea emitido por otra Administración distinta de la que tramita el procedimiento deberá no ser tenido en cuenta al adoptar la resolución.
c. No tiene efecto alguno sobre el procedimiento.
d. Ninguno cuando el informe deba ser emitido por una Administración distinta a la que tramita el procedimiento.
27. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular los procedimientos de naturaleza sancionadora, dispone que cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento:
a. En todo caso, la citada calificación podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de un Pliego de cargos, que no deberá ser notificado a los interesados.
b. Excepcionalmente, la citada calificación podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de un Pliego de cargos, que deberá ser notificado a los interesados.
c. En todo caso, la citada calificación podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de un informe preceptivo, que deberá ser notificado a los interesados.
d. Excepcionalmente, la citada calificación podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de un informe preceptivo, que no deberá ser notificado a los interesados.
28. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente:
a. Siempre por propia iniciativa.
b. Siempre por denuncia.
c. Siempre como consecuencia de orden superior o por denuncia.
d. Bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
29. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la ordenación del procedimiento administrativo, dispone que los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de:
a. Cinco días a partir del siguiente a aquel en que se dicte el acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
b. Cinco días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
c. Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
d. Diez días a partir del siguiente a aquel en que se dicte el acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
30. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la ordenación del procedimiento administrativo, dispone que las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones:
a. Suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.
b. No suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.
c. No suspenderán en ningún caso la tramitación del mismo.
d. Suspenderán en todo caso la tramitación del mismo.
31. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo, dispone que cuando se trate de cuestiones conexas que no hayan sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquellos:
a. Para que interpongan el correspondiente recurso de alzada contra dichas cuestiones.
b. Por un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.
c. Por un plazo no superior a diez días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.
d. Para que interpongan el correspondiente recurso de reposición contra dichas cuestiones.
32. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores, dispone que cuando la resolución sea ejecutiva:
a. Se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa.
b. Se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso potestativo de reposición.
c. Se suspenderá cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso potestativo de reposición.
d. Se suspenderá cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa.
33. De acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas que tengan un contenido imposible:
a. Son anulables.
b. Son subsanables.
c. Son susceptibles de convalidación.
d. Son nulos de pleno derecho.
34. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la terminación en los procedimientos sancionadores, dispone que cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario el pago voluntario por el presunto responsable:
a. En cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, incluido lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.
b. En cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.
c. No implicará en ningún caso la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.
d. Implicará la terminación del procedimiento en todo caso.
Tema 7.- La Ley de Contratos del Sector Público., Primer ejercicio Escala Auxiliar Adminis...
35. Según la Ley de Contratos del Sector Público, la resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante:
a. En el plazo de 1 mes.
b. En el plazo de 15 días.
c. En el plazo de 5 días hábiles.
d. En el plazo de 20 días.
36. De conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público son contratos de suministro:
a. Los que encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia.
b. Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
c. Los que tienen por objeto prestaciones en el desarrollo de una actividad.
d. Los que tienen por objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto.
37. En la ley de Contratos del Sector Público quedan excluidos:
a. Los contratos de concesión de servicios.
b. Los contratos de concesión de obras.
c. Los contratos mixtos.
d. Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.
38. Según la Ley de Contratos del Sector Público, la formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato:
a. En un plazo no superior a diez días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.
b. En un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.
c. En el plazo de un mes tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.
d. En un plazo no superior a cinco días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.
39. La ley de Contratos del Sector Público, en lo referente a los requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato, dispone que la mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a:
a. Criterios económicos y cualitativos.
b. Criterios económicos y cuantitativos.
c. Criterios de eficacia y económicos.
d. Criterios eficiencia y cuantitativos.
40. La ley de Contratos del Sector Público, en lo referente a los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia, establece que no serán de aplicación las disposiciones de esta Ley relativas a la preparación y adjudicación del contrato:
a. Cuando tengan un valor estimado superior a 50.000 euros.
b. Cuando tengan un valor estimado superior a 30.000 euros.
c. Cuando tengan un valor estimado inferior a 50.000 euros.
d. Cuando tengan un valor estimado inferior a 30.000 euros.
41. Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma colectiva:
b. La formación continua y la actualización permanente de sus conocimientos.
c. La libertad sindical.
d. Recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
42. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en lo relativo a la situación administrativa de excedencia por razón de violencia de género, indica lo siguiente:
a. Durante los nueve primeros meses las funcionarias tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período únicamente a efectos de antigüedad y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.
b. Durante los nueve primeros meses las funcionarias tendrán derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
c. Durante los ocho primeros meses las funcionarias tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período únicamente a efectos de derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.
d. Durante los seis primeros meses las funcionarias tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.
43. De acuerdo con el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en qué situación administrativa se encuentran los funcionarios de carrera cuando son nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos:
a. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en sector público.
44. De acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el período máximo de duración de la situación administrativa de excedencia por cuidado de familiares es de:
45. De acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, estarán presentes en las Mesas Generales de Negociación las Organizaciones Sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas siempre que hubieran obtenido:
a. El 10 por 100 de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa de que se trate.
b. El 9 por 100 de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa de que se trate.
c. El 8 por 100 de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa de que se trate.
d. El 7 por 100 de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa de que se trate.
46. De acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, queda excluida de la obligatoriedad de la negociación colectiva, entre otras, la siguiente materia:
a. La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.
b. Los criterios generales de acción social.
47. De acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, serán objeto de negociación colectiva, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, entre otras, la siguiente materia:
a. ) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas.
b. Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.
c. Las decisiones de la Administración que afecten a sus potestades de organización.
d. Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos.
Tema 9.- Real Decreto 1393/2007, Primer ejercicio Escala Auxiliar Adminis...
48. De acuerdo con el Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes en las enseñanzas de Grado y Master, se expresará mediante calificaciones:
a. Alfanuméricas.
b. Mixtas o alfanuméricas.
c. Numéricas.
d. Mixtas.
49. De acuerdo con el Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, las enseñanzas universitarias oficiales de Master concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin de Máster que tendrá:
a. Entre 2 y 30 créditos.
b. Entre 6 y 30 créditos.
c. Entre 5 y 24 créditos.
d. Entre 4 y 25 créditos.
50. El Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que deberán renovar su acreditación en el plazo máximo de seis años:
a. Los títulos universitarios oficiales de Grado de 300 créditos.
b. Los títulos universitarios oficiales de Grado de 360 créditos.
c. Los títulos universitarios oficiales de Grado de 240 créditos.
d. Los títulos universitarios oficiales de Grado de 350 créditos.
51. El Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que el plan de estudios conducente a la obtención de un título oficial regulado en dicha norma elaborado por la Universidad:
a. Será enviado para su verificación Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del Consejo de Universidades.
b. Será enviado para su verificación al Consejo de Universidades a través de la Secretaría de dicho órgano.
c. Será enviado para su verificación al Consejo de Universidades a través del Consejo Social de dicha Universidad.
d. Será enviado para su verificación a la ANECA a través de la Secretaría de dicho órgano.
52. El Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, al regular el procedimiento de verificación de los planes de estudios, dispone que contra la resolución de verificación la Universidad podrá recurrir:
a. Ante la Presidencia del Consejo de Universidades, en el plazo de un mes desde su notificación
b. Ante la ANECA, en el plazo de dos meses desde su notificación.
c. Ante el Ministro competente en materia de Universidades, en el plazo de dos meses desde su notificación.
d. Ante la Presidencia de la Conferencia General de Política Universitaria, en el plazo de un mes desde su notificación.
53. En el Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se definen las enseñanzas de Grado de la siguiente manera:
a. Aquellas que tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter multidisciplinar, orientada a la especialización académica.
b. Aquellas que tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado orientada a promover la iniciación en tareas investigadoras.
c. Aquellas que tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado, orientada a la especialización profesional.
d. Aquellas que tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional.
54. El Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que en las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, e impartidas en universidades públicas, los precios públicos y derechos los fijará:
a. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria.
b. El Gobierno, dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria.
c. El Consejo de Universidades, dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria.
d. La Comunidad Autónoma, dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria.
55. Según la Ley Orgánica de Universidades, el Consejo Social de una Universidad pública:
a. Supervisa las actividades de carácter económico de la universidad y del rendimiento de sus servicios y promueve la colaboración de la sociedad en la financiación de la universidad.
b. Es el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria.
c. Aprobará un plan bianual de actuaciones destinado a promover las relaciones entre la Universidad y su entorno cultural, profesional, económico y social.
d. Establece las líneas estratégicas y programáticas de la Universidad, así como las directrices y procedimientos para su aplicación.
56. Según la Ley Orgánica de Universidades, las Universidades podrán impartir enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:
a. En modalidad no presencial de manera mixta y presencial de manera parcial.
b. En modalidad no presencial de manera parcial y presencial de manera mixta.
c. En modalidad no presencial y presencial; en este último caso, de manera exclusiva o parcial.
d. En modalidad presencial y no presencial; en este último caso, de manera exclusiva o parcial.
57. Según la Ley Orgánica de Universidades, en las Universidades públicas los acuerdos del Consejo de Gobierno:
a. Agotan la vía administrativa pero no serán impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
b. No agotan la vía administrativa pero serán impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
c. No agotan la vía administrativa ni serán impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
d. Agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
58. Según la Ley Orgánica de Universidades, la supresión de departamentos en las Universidades públicas corresponde a:
a. La Universidad, conforme a sus estatutos.
b. Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
c. A la Comunidad Autónoma correspondiente.
d. Al Claustro.
59. Según la Ley Orgánica de Universidades, en la aprobación de la adscripción a universidades públicas, como institutos universitarios de investigación, instituciones o centros de investigación de carácter público o privado:
a. Será informado el Claustro.
b. Será oído el Consejo de Gobierno.
c. Será oída la Conferencia General de Política Universitaria.
d. Será informada la Conferencia General de Política Universitaria
60. Según la Ley Orgánica de Universidades, la Ley de la Comunidad Autónoma regulará la composición y funciones del Consejo Social y la designación de sus miembros de entre personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social, que no podrán ser miembros de la propia comunidad universitaria. No obstante, lo será:
b. El Vicerrector de Investigación.
c. El Vicerrector de Ordenación Académica
d. El Presidente del Claustro.
61. Según la Ley Orgánica de Universidades, son vocales del Consejo de Universidades:
a. Siete miembros designados por el Presidente del Consejo.
b. Cinco miembros designados por el Presidente del Consejo Social
c. Los Gerentes de las Universidades.
d. Cinco miembros designados por el Presidente del Consejo
62. La Ley Orgánica de Universidades, al regular la evaluación y acreditación, establece que:
a. El Consejo de Universidades, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, regulará las condiciones para que las universidades sometan a evaluación y seguimiento el desarrollo efectivo de las enseñanzas oficiales
b. El Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, regulará las condiciones para que las universidades sometan a evaluación y seguimiento el desarrollo efectivo de las enseñanzas oficiales.
c. El Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará las condiciones para que las universidades sometan a evaluación y seguimiento el desarrollo efectivo de las enseñanzas oficiales.
d. La Conferencia General de Política Universitaria, previo informe del Consejo de Universidades, regulará las condiciones para que las universidades sometan a evaluación y seguimiento el desarrollo efectivo de las enseñanzas oficiales.
63. Según Ley Orgánica de Universidades, el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico corresponderá en el ámbito universitario:
a. Exclusivamente a la propia Universidad.
b. Exclusivamente a la Administración General del Estado.
c. A la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la legislación aplicable, sin perjuicio del desarrollo de programas propios de las Universidades.
d. Exclusivamente a las Comunidades Autónomas, sin perjuicio del desarrollo de programas propios de las Universidades.
64. La Ley Orgánica de Universidades, al regular la oferta de plazas en las Universidades públicas, dispone que la oferta de plazas:
a. Se comunicará a la Conferencia General de Política Universitaria para su estudio y determinación de la oferta general de enseñanzas y plazas, que será publicada en el "Boletín Oficial del Estado".
b. ) Se comunicará al Consejo de Universidades y será publicada en el "Boletín Oficial del Estado".
c. Se comunicará al Ministerio de Universidades y será publicada en el "Boletín Oficial del Estado".
d. ) Se comunicará a la Comunidad Autónoma, para su estudio y determinación de la oferta general de enseñanzas y plazas, que será publicada en el diario oficial de la Comunidad Autónoma de que se trate.
65. Según Ley Orgánica de Universidades, las modalidades de contratación laboral específicas del ámbito universitario son las que se corresponden, entre otras, con las figuras de:
a. Profesor Visitante y Profesor Contratado Doctor.
b. Profesor Titular de Universidad y Profesor Emérito.
c. Profesor Contratado Ayudante y Profesor Ayudante.
d. Profesor Asociado y Profesor Titular de Escuela.
66. Según Ley Orgánica de Universidades, al tratar de la Programación y presupuesto de las Universidades Públicas, establece que en las enseñanzas de Grado, los precios públicos cubrirán:
a. Entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula.
b. Entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes en tercera matrícula.
c. Entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes en primera matrícula.
d. Entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes en segunda matrícula.
67. La Ley Orgánica de Universidades, al tratar de la Programación y presupuesto de las Universidades Públicas, establece que:
a. Constituye el patrimonio de cada universidad, el conjunto de sus bienes y obligaciones, exclusivamente
b. Las Universidades asumen la titularidad de los bienes de dominio público afectos al cumplimiento de sus funciones, incluidos los que integren el Patrimonio Histórico Español.
c. Los bienes afectos al cumplimiento de sus fines y sus rendimientos no disfrutarán de exención tributaria, cuando recaigan directamente sobre las Universidades en concepto legal de contribuyentes.
d. Formarán parte del patrimonio de la Universidad, los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que ésta sea titular, como consecuencia del desempeño por el personal de la Universidad de las funciones que le son propias.
68. De conformidad con la Ley Orgánica de Universidades, con carácter general, y no obstante lo dispuesto en el Real Decreto 1086/1989, el personal docente e investigador funcionario de las Universidades en régimen de dedicación a tiempo completo dedicará a la actividad docente la parte de la jornada necesaria para impartir en cada curso:
a. Un total de 23 créditos ECTS.
b. Un total de 34 créditos ECTS.
c. Un total de 12 créditos ECTS.
d. Un total de 24 créditos ECTS.
69. De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, señale que órgano tiene entre sus funciones celebrar una sesión anual con el fin de debatir el informe que, sobre el estado de la Universidad, presente el Rector:
a. El Claustro Universitario.
c. Las Juntas de Facultad.
d. El Consejo Social.
70. Según los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, los estudiantes:
a. No podrán matricularse en más de un curso.
b. Podrán matricularse en más de un curso solo si es en el mismo Centro.
c. Podrán matricularse en más de un curso, aunque sea de distinto Centro, si la oferta de plazas lo permitiera y se cumplan las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
d. Podrán matricularse en más de un curso, siempre que sea de distinto Centro.
71. Según los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, los órganos de gobierno y representación de la Universidad deberán hacer uso del escudo y del sello en todas sus actividades oficiales, y su utilización:
a. Se ajustará a las normas que establezca el Claustro Universitario.
b. Se ajustará a las normas que establezca el Consejo de Gobierno.
c. Se ajustará a las normas que establezca el Rector
d. Se ajustará a las normas que establezca el Consejo Social.
72. Según los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, la creación, modificación o supresión de Escuelas de Especialización profesional será aprobada:
a. Por el Consejo Social, con el informe favorable del Consejo de Gobierno.
b. Por el Consejo de Gobierno, con el informe favorable del Consejo Social
c. Por el Consejo Social, oído el Claustro.
d. Por el Consejo de Gobierno, oído el Consejo Social.
73. Según los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, la creación de las Facultades y Escuelas será acordada por:
a. La Comunidad de Madrid.
b. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
c. El Consejo Social.
d. El Consejo de Gobierno.
74. Los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, establecen que podrán tener personalidad jurídica propia los Institutos Universitarios de Investigación que tengan el carácter de:
a. Mixtos
b. Interuniversitarios, Propios y Mixtos.
c. Mixtos y Propios
d. Propios.
75. Según los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, el Reglamento de Gobierno de la UCM establecerá, asimismo, las normas generales de funcionamiento a las que deberán ajustarse, en su caso, los siguientes órganos de gobierno:
a. El Gerente y el Consejo Social.
b. El Claustro y los Consejos de Departamento.
c. Las Juntas de Facultad y Escuela.
d. El Consejo Social y el Claustro.
76. Según los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, el voto para la elección del Rector será ponderado, por sectores de la comunidad universitaria, de acuerdo, entre otros, con los siguientes grupos y porcentajes:
a. Profesores Doctores con vinculación permanente a la Universidad, 55 por 100.
b. Resto del Personal Docente e Investigador, 12 por 100.
c. Personal de Administración y Servicios, 8 por 100.
d. Estudiantes, 25 por 100.
77. Según lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad Complutense, el Personal de Administración y Servicios de la Universidad estará formado por:
a. Personal funcionario de las escalas de la UCM y por personal laboral contratado permanente y temporal de la propia Universidad, así como personal funcionario perteneciente a los cuerpos, escalas, grupos y categorías de otras Administraciones públicas que preste sus servicios en la UCM, de conformidad con lo previsto en la Relación de Puestos de Trabajo y en los convenios de reciprocidad.
b. Por personal funcionario perteneciente a los cuerpos, escalas, grupos y categorías de las Administraciones Públicas y por personal laboral permanente de la propia Universidad, atendiendo exclusivamente a los convenios de reciprocidad.
c. Personal funcionario de las escalas de la UCM y por personal laboral contratado permanente y temporal de la propia Universidad, así como de otro personal que preste sus servicios en la UCM, de conformidad con el documento de plantillas, aprobado en el Claustro Universitario.
d. Exclusivamente por personal funcionario de las escalas de la UCM y por personal laboral contratado permanente.
78. Los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, al regular el acceso y selección de estudiantes, dispone que las solicitudes sobre admisión por traslado se resolverán por:
a. Por el Decano de la Facultad de que se trate, de acuerdo con los criterios de ordenación que establezca la Junta de dicha Facultad.
b. Por el Gerente, de acuerdo con los criterios de ordenación que establezca el Consejo Social.
c. Por la Junta de Facultad de que se trate, de acuerdo con los criterios de ordenación que establezca el Consejo de Gobierno.
d. Por el Rector, de acuerdo con los criterios de ordenación que establezca el Consejo de Gobierno.
79. Según los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, el Defensor Universitario podrá solicitar su asistencia, cuando en el orden del día se traten temas relacionados con sus competencias, entre otros, al:
a. A cualquier Consejo de Departamento sin voz y con voto.
b. Al Consejo de Gobierno sin voz y sin voto.
c. Al Consejo Social con voz y sin voto.
d. Al Claustro con voz y con voto.
80. Según los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, existirá una Comisión de Doctorado formada por Profesores Doctores de cada uno de los cuatro siguientes ámbitos de conocimiento a las que pertenecen los diferentes Centros de la UCM, según la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno:
a. Artes y Humanidades; Ciencias de la Salud y Sociales; y Ciencias Jurídicas e Ingenierías.
b. Artes y Humanidades; Ciencias Sociales e Ingenierías; Ciencias de la Salud y Jurídicas.
c. Artes y Humanidades; Ciencias e Ingenierías; Ciencias Sociales; y Ciencias de la Salud y Jurídicas.
d. Artes y Humanidades; Ciencias e Ingenierías; Ciencias de la Salud; y Ciencias Sociales y Jurídicas.
81. Los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, al regular la fiscalización y control presupuestario dispone que:
a. Corresponde al Rector, oído el Consejo de Gobierno, la fiscalización previa de los gastos, de conformidad con los criterios que apruebe dicho Consejo de Gobierno.
b. Corresponde al Interventor de la UCM, nombrado por el Rector, oído el Consejo de Gobierno, la fiscalización previa de los gastos, de conformidad con los criterios que apruebe dicho Consejo de Gobierno.
c. Corresponde al Consejo de Gobierno la fiscalización previa de los gastos, de conformidad con los criterios que apruebe el Tribunal de Cuentas.
d. Corresponde al Interventor de la UCM, nombrado por el Gerente, oído el Consejo de Gobierno, la fiscalización previa de los gastos, de conformidad con los criterios que apruebe dicho Consejo de Gobierno.
82. Conforme lo establecido por los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, aprobar las convocatorias de las plazas de Personal Docente e Investigador con vinculación permanente, de conformidad con la normativa vigente, es función:
a. Del Consejo de Gobierno.
b. Del Consejo Social.
c. De las Juntas de Facultad.
d. Del Claustro Universitario.
83. Según los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, entre las funciones de la Universidad al servicio de la sociedad se encuentran:
a. La elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la administración de sus bienes.
b. Favorecer el intercambio científico, la movilidad académica y la cooperación para el desarrollo de los pueblos.
c. La admisión de los estudiantes y la determinación de su régimen de permanencia y verificación de conocimientos.
d. La elaboración y reforma de sus Estatutos.
84. Según el Reglamento de Gestión Económica y Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, las transferencias de crédito entre capítulos de operaciones corrientes y entre capítulos de operaciones de capital podrá acordarlas:
b. El Consejo Social.
d. La Comunidad de Madrid.
85. El Reglamento de Gestión Económica y Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, establece que elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la UCM, así como la custodia de documentos y títulos jurídicos relativos a los mismos corresponde a:
c. La Gerencia.
d. El Vicerrector competente.
86. Según el Reglamento de Gestión Económica y Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, las transferencias de crédito de gastos de Capital a cualquier otro capítulo deberán ser acordadas por el Consejo Social previa autorización:
a. De la Comunidad de Madrid.
b. Del Consejo de Gobierno.
c. Del Claustro.
d. Del Rector.
87. Según el Reglamento de Gestión Económica y Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, en cuanto a la clasificación económica, los créditos autorizados en el Presupuesto tienen carácter vinculante a nivel de subconcepto:
a. Los destinados a atenciones protocolarias o representativas.
b. Los destinados a gastos corrientes en bienes y servicios.
c. Los destinados a inversiones reales.
d. Los destinados a gastos de personal.
88. Según el Reglamento de Gestión Económica y Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, el uso de espacios, utilización de equipos y prestación de servicios adicionales por plazo inferior a treinta días, en el supuesto de que la actividad de que se trate implique simultáneamente el uso de espacios exteriores e interiores, la autorización corresponderá:
a. Al Rector de la Universidad ,oído el Decano o Director del Centro correspondiente.
b. Al Gerente de la Universidad, con el informe favorable del Decano o Director del Centro correspondiente.
c. Al Rector de la Universidad, con el informe favorable del Decano o Director del Centro correspondiente.
d. Al Gerente de la Universidad, oído el Decano o Director del Centro correspondiente.
89. Según el Reglamento de Gestión Económica y Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, la adquisición, explotación y enajenación de los bienes y derechos patrimoniales por la UCM se ajustarán, entre otros, a los siguientes principios:
a. Ética y profesionalidad.
b. Equidad y eficiencia.
c. Compensación y eficacia.
d. Publicidad y transparencia.
90. Según el Reglamento de Gestión Económica y Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, corresponde aceptar herencias y legados:
a. Al Claustro.
b. Al Consejo Social.
d. Al Rector.
91. Según el Reglamento de Gestión Económica y Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, corresponde la gestión, conservación y administración ordinaria del patrimonio:
b. A la Gerencia.
c. Al Rector.
92. Según el Reglamento de Gestión Económica y Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, en los casos en los que se cedan espacios para exposiciones, los órganos competentes para autorizar el uso de los mismos podrá acordar la sustitución del precio por:
a. La prestación de servicios durante dos años.
b. La entrega de bienes que incrementen el patrimonio de la Universidad.
c. La prestación de servicios durante un año.
d. En ningún caso podrá acordarse la sustitución del precio.
93. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso:
a. El carácter de Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.
b. El carácter de Derecho necesario mínimo indisponible, sin que puedan ser mejoradas en los convenios colectivos.
c. El carácter de Derecho necesario mínimo indisponible, sin que puedan ser desarrolladas en los convenios colectivos.
d. El carácter de Derecho supletorio, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto