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Timestamp: 2020-08-08 20:54:51+00:00

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1.2. Origen y evolución del Derecho Comercial. Teorías | Liquidación | Comercio
1.2. Origen y evolución del Derecho Comercial. Teorías
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1. Resumen Leg. Comercial
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1.2. Origen y evolución del Derecho Comercial. Teorías.
El concepto de Derecho Comercial ha variado en el transcurso del tiempo. En una primera etapa, se le consideró como un derecho de excepción, aplicable solo a los comerciantes; después, tal como el derecho de los actos de comercio, se independizó de la condición de las personas que los realizaran, con lo que amplió su radio de acción; Posteriormente, quedó definido como el derecho de las empresas y luego, como la disciplina reguladora de la economía organizada.
Han existido dificultades para establecer las diferencias entre la teoría subjetiva del Derecho Comercial y la objetiva, en la primera era necesario precisar la noción de comerciante; y con la segunda, establecer netamente la noción del acto de comercio. De un lado, se reconoce al comerciante porque ejerce el comercio, es decir, porque realiza determinados actos propios de la actividad comercial, es preciso establecer cuáles son los actos que se reputan comerciales; y si, de otra parte, se afirma que la naturaleza del acto depende de la calidad de la persona que lo realiza.
No siempre las reglas del Derecho Mercantil han tenido la suficiente significación como para constituir una disciplina especial. En Roma, se elaboró un derecho privado que es objeto de admiración hasta nuestros días, pero no se reconoció la existencia del Derecho Comercial, pese a que existieron reglas propias referentes al comercio marítimo, principalmente en el Mar Mediterráneo, que no tuvieron carácter nacional ni rigor formal. Fue durante la Edad Media, a partir del siglo XI, cuando nace el Derecho Mercantil como un derecho consuetudinario, sin carácter formalista y sin intervención del Estado. En el sistema feudal, se afianzó en una economía de tipo rural, basada en la servidumbre de la población agrícola. El intercambio y la circulación entre los pueblos eran muy reducidos.
El movimiento mercantil se acentuó en los países mediterráneos, como consecuencia de las Cruzadas y es especialmente en las ciudades italianas donde se advierte el florecimiento del comercio en forma periódica en mercados y ferias,
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote / Sistema de Universidad Abierta
para asentarse y luego en forma permanente en las ciudades. De otro lado, las Cruzadas determinaron el restablecimiento de las comunicaciones terrestres a través de Europa en dirección al oriente, pero esto fue también causa de empobrecimiento de los señores feudales, quienes se vieron obligados a hacer cada vez mayores concesiones a las ciudades para financiar tales expediciones.
El crecimiento de ésta trajo como consecuencia la ampliación de los mercados, la creciente colocación de los productos agrícolas y el aumento de trabajo de los artesanos urbanos.
1.2.1. El Derecho Comercial Corporativo
Las actividades comerciales e industriales, que antes habían sido ocupaciones intermitentes al servicio de los señores feudales, se fueron convirtiendo en profesiones independientes. Los artesanos y comerciantes, así como los distintos gremios, se agruparon en corporaciones de personas del mismo oficio, que fueron arrancando de los señores privilegios y prerrogativas. Llegando a gozar de autonomía y jurisdicción propias, dictaron sus propias reglas de gobierno, que
funcionaban como leyes de excepción o como ley general, según si en el lugar se encontraba vigente o no el derecho común.
El resultado del movimiento comercial interno, se fueron originando usos y prácticas peculiares que las corporaciones recogieron en estatutos y los aplicaron a través de jurisdicciones especiales, dando nacimiento al derecho comercial, el cual se exterioriza como un derecho de la persona y de la libertad, sin sujeción servil a la tierra o a la nobleza.
1.2.2. Concepto del Derecho Comercial por razón de la persona
El Derecho Comercial surgió como un derecho de excepción de carácter profesional destinado a regir la profesión de comerciante. Los partidarios de la concepción subjetivista sostienen que este carácter debe mantenerse. La calidad de comerciante de determinadas personas origina que se las someta a obligaciones
especiales y en algunos países a jurisdicción especial y a disposiciones más rigurosas en caso de quiebra.
Se justificaría, así, la existencia de un derecho propio, con antecedentes en la tradición del Derecho Comercial, que inicialmente fue el derecho del comerciante, cómo éste ejerce su actividad públicamente y, además, cómo dentro de este sistema es obligatoria la inscripción en el registro respectivo, es fácil conocer quiénes son las personas que se dedican al comercio y, por lo tanto, cuándo son de aplicación las reglas del Derecho Comercial.
Este sistema presenta dificultades, las de precisar cuáles son las profesiones comerciales y el hecho que no todos los actos realizados por los comerciantes se refieren a su profesión; en la práctica, muchas operaciones jurídicas propias de la actividad comercial son realizadas por personas no comerciantes.
1.2.3. Concepto del Derecho Comercial por razón de objeto
La teoría subjetiva del derecho mercantil chocó en el siglo XIX con los principios de libertad e igualdad, proclamados por la Revolución Francesa como una reacción contra el sistema de corporaciones y privilegios, lo que determinó la anulación de todas las asociaciones existentes y la prohibición de crear otras nuevas.
La teoría objetiva se basa en la existencia de determinados actos con naturaleza propia, distintos a los actos de vida civil, que son los actos de comercio y que constituyen la materia específica del Derecho Comercial. Esta disciplina jurídica no regiría para una determinada categoría de personas, sino a una categoría de actos.
Los mismos principios de libertad e igualdad, proclamados por la Revolución Francesa y que descartaron la teoría subjetiva, fueron en el fondo el fundamento de la concepción objetiva, pues al amparo de la libertad se abría para todas la personas la posibilidad de intervenir en actos de comercio.
La teoría objetiva del Derecho Comercial tropezó con dificultades muy graves al no poder precisar la naturaleza de los actos de comercio, lo que impedía elaborar un concepto unitario de ellos. El Código de Comercio francés de 1807, con el que se inicia el movimiento de codificación mercantil, se inspiró en los principios de igualdad proclamados por la Revolución Francesa y, en consecuencia, adoptó el criterio objetivo del derecho comercial. Todos los códigos del siglo pasado que lo tomaron como modelo se inspiraron en el mismo principio, tal como ha ocurrido con nuestro Código de Comercio de 1902 (art. 2º).
1.2.4. Actos de comercio
Algunos autores han considerado que la intermediación es lo característico de la actividad mercantil para lograr la circulación de la riqueza, haciéndola llegar del productor al consumidor con el propósito de parte del agente de obtener un beneficio. Bolaffio consideró el acto de comercio como “todo acto o hecho jurídico de interposición económica, determinado por la especulación”.
También se dice: del acto jurídico que origina o promueve la aplicación de las leyes comerciales y se caracteriza por la concurrencia de notas peculiares como la intermediación entre productores y consumidores, el lucro o especulación y la habitualidad.
En la legislación peruana se usa una fórmula más práctica, calificando como acto de comercio aquellos enumerados por el Código de Comercio y los de naturaleza análoga. Otras legislaciones consideran actos de comercio aquellos ejecutados exclusivamente por comerciantes.
Los actos de comercio han sido clasificados en diferentes categorías, atendiendo principalmente a la del elemento personal, comerciante o empresario, en relación a
los actos concernientes a su actividad profesional; o en base del elemento real del acto de comercio.
En el personal se destaca el aspecto subjetivo; en el comerciante o empresario destaca el aspecto objetivo, absoluto o real por naturaleza. Lo mismo que hay una clasificación que considera los actos comerciales por conexión o accesorios, que serían aquellos no comprendidos dentro de la clasificación de objetivos o subjetivos principales por carecer de vida propia.
También se mencionan los llamados actos unilaterales o actos mixtos, o sea, aquellos que se consideran civiles para una de las partes y comerciales para la otra. La cuestión en estos casos es decidir cuál es la ley que lo regirá, ya que, tratándose de un mismo negocio jurídico, sería inadmisible la aplicación de dos legislaciones distintas.
Actos accesorios o por conexión, serían: 1º, los que tienen por finalidad la realización de actos de comercio principales (sociedad, comisión, préstamo, depósito cuando tenga por causa la realización de operaciones mercantiles); 2º, los complementarios de otros principales (transporte, afianzamiento, seguro, depósito cuando se haga como consecuencia de operaciones mercantiles); y 3°, los actos de derecho marítimo.
El acto de comercio en el Código Peruano
El Código de Comercio usa una fórmula extensiva en su artículo segundo. No sólo hace referencia a los actos contenidos en él, sino que expresamente alude a aquellos que “estén o no especificados” en el código, recurriendo en la parte final del artículo 2º a la naturaleza análoga del acto. El citado dispositivo no hace una enumeración directa de los actos de comercio, sino que hace una referencia a los actos comprendidos en el propio código. Serán actos de comercio todos aquellos de
los que trata el código en sus diversas disposiciones (enumeración indirecta) y los de naturaleza análoga.
En el Código Peruano se advierte la distinción entre actos de comercio y contratos de comercio. En los actos de comercio, las normas que los rigen son las disposiciones del Código, en seguida del comercio observados generalmente en cada plaza y, a falta de ambas reglas, las del derecho común (art. 2º los contratos de comercio en todo lo relativo a sus requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación y extinción y a la capacidad de los contratantes, se regirán en todo lo que no se halle establecido en el código o en leyes especiales, por reglas generales del derecho común (art. 50°).
En cuanto a los hechos que derivan consecuencias jurídica y típicamente mercantiles pueden mencionarse principalmente los que se producen en el derecho marítimo, como el naufragio, el abordaje, las averías. Para nuestro código, como para los que se basan en el principio objetivo, el acto de comercio constituye su base y su fundamento. Es lo que permitió a la disciplina jurídico mercantil su expansión y progreso. Sin ese concepto, el derecho mercantil habría continuado como un derecho excepción limitado a determinadas clases de personas, comerciantes y a su actividad como tales.
De los comerciantes y los actos de comercio.- Comerciante
Desde el punto de vista económico, comerciante es quien hace de la actividad comercial una profesión, ya sea dirigiendo un establecimiento mercantil o prestando servicios a una sociedad comercial. Jurídicamente, el concepto de comerciante es más restringido. Sólo se considera comerciante quien actúa para sí y no para todos en la actividad mercantil, asumiendo los derechos y obligaciones.
Para los efectos comerciales se consideran, pues, comerciantes a los establecidos en el Artículo 1º del C. de C. Este artículo exige considerársele comerciante a
determinada persona. La capacidad es un elemento tomado del Derecho Civil y un elemento objetivo que es la práctica real, efectiva, continua o habitual de la actividad comercial. Sin embargo, este artículo (1º del C. de C.) omite considerar comerciantes a las personas absolutamente capaces y que practican la actividad comercial de manera ininterrumpida por realizarla al servicio de otro; es el caso de los dependientes, empleados, gerentes, etc. estos ejercen el comercio pero no en nombre propio sino a nombre del comerciante individual o colectivo.
El artículo 2° del C. de C. establece que los actos de comercio se someterán a lo dispuesto en éste, aun cuando los que realicen no sean comerciantes, es decir, que no estén expresamente considerados en el Código. Asimismo, también considera que incluso los actos realizados que no sean considerados como acto de comercio, pero sean de naturaleza análoga se regirán por lo establecido en este código. Además este art. establece la aplicación del derecho común a casos que escapen a lo dispuesto en el artículo del código en mención, como fuente supletoria.
Presunción legal del ejercicio de comercio
El artículo 3º del C. de C. establece la presunción legal del ejercicio del comercio con lo dispuesto en éste artículo se presumirá que determinada persona está ejerciendo la actividad comercial, desde el momento en que hiciere publicar su decisión de ejercitarla; para tal efecto no interesa el medio que se valga para hacer ésta publicación. Asimismo, se presumirá que dicha persona practica la actividad comercial de modo habitual.
El artículo 4º del C. de C. habla de tres situaciones, ser mayor de edad, ser menor legalmente emancipado y tener libre disposición de los bienes. En lo referente a la mayoría de edad, nos remitimos al art. 42º del Código Civil vigente y al artículo 30º
de la Constitución Política del Estado Peruano de 1993, que establece los 18 años de edad para ejercer la capacidad civil; lo mismo del menor legalmente emancipado, que puede ser por matrimonio, por adquirir una profesión, etc. En cuanto a la libre disposición de los bienes, la posibilidad de realizar respecto de ellos todos los actos permitidos por la ley. La capacidad para ser comerciante se atribuye sin distinción de sexo, tal ocurre con la capacidad civil, salvo desde luego, las limitaciones establecidas respecto a la mujer casada en razón de la potestad que le corresponde al marido como jefe de la sociedad conyugal, tal como lo señala en el art. 293° del C.C. El ejercicio del comercio, está permitido a los extranjeros, la nacionalidad peruana no es condición para esta clase de actividades.
Continuación del ejercicio del comercio
Debe distinguirse la capacidad de goce de la capacidad de ejercicio, ya que los incapaces en general, si bien es cierto que no poseen capacidad de ejercicio, si tienen capacidad de goce; por lo que pueden continuar por intermedio de sus representantes legales, sus tutores o curadores, el comercio que hubieran ejercido sus padres o causantes. En este caso no ejercen el comercio para sí, sino para el menor incapaz, quienes resultan ser titulares de la actividad comercial.
Cuando el C. de C., en su art. 5°, habla de factores debe entenderse como representantes legales para los efectos de la actividad comercial. Además, el art. 5° establece que cuando los guardadores o tutores fueran incompatibles con la actividad comercial para esta actividad, deberán nombrar el representante adecuado para los efectos de dicha actividad.
Incapacidad para el ejercicio de la actividad mercantil
Hay que considerar las dos formas de incapacidad que contempla el C.C., la incapacidad absoluta y la relativa. En la primera no pueden ejercer el comercio los menores de 16 años, los que adolecen de enfermedad mental que los priva del discernimiento, los sordomudos, los ciegos sordos y los ciego mudos que no pueden
expresar su voluntad de una manera indubitable. Tratándose de la capacidad relativa, no pueden ejercer los mayores de 16 ni menores de 18 años, los retardados mentales, los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad, los pródigos, los ebrios, los que incurren en mala gestión, los que sufren la pena de interdicción civil, los toxicómanos.
Prohibiciones para ejercitar el comercio
El artículo 13º del Código de Comercio establece que no podrán ejercer el comercio determinadas personas, quienes por estar en condiciones restrictivas de su capacidad de ejercicio, como en el caso del inciso 1º) del presente artículo; no podrán actuar por sí mismos, mientras que no hayan cumplido sus condenas o hayan sido amnistiados, indultados o cumplan condena. El inciso 2º) prohíbe la realización de actividades comerciales a los declarados en quiebra.
Finalmente, el inciso 3º) establece que determinadas personas, no obstante que gozan de capacidad legal para ejercer el comercio, no pueden hacerlo por desempeñar funciones que la ley considera incompatibles con esta actividad. Si contraviniendo la prohibición, ejercen el comercio, los actos que realizan son válidos, pero el actor queda sujeto a la sanción legal.
La situación es diferente a la que resulta de la incapacidad. El incapaz no puede ejercer el comercio con efectos legales; si lo hicieren, los actos son nulos. La prohibición puede tener diferentes razones, así puede hacerse la prohibición por temor a que se use la función en beneficio propio, al realizar actividades comerciales favorables, etc. en perjuicio de la colectividad, surgiendo en tal caso graves conflictos de intereses. Estas prohibiciones en el presente artículo son a nivel nacional, es decir, las personas comprendidas en éste, no podrán ejercer actos mercantiles en ningún lugar de la república.
Prohibiciones de carácter local
El artículo 14º estipula que no podrán ejercer el comercio por sí, ni por apoderado dentro de los límites de su jurisdicción, las personas indicadas en sus diferentes incisos (magistrados, jefes militares, y políticos, etc.) Además se hace extensiva la prohibición a las personas aludidas y no les permite incluso ni participar, ni como empleados o servidores de determinada sociedad económica o mercantil, actividades que de acuerdo a nuestro C. de C. no le da a la persona, la categoría de comerciante. Esto debido a que el acto de comercio estatal, aun cuando es realizado por personas que no son consideradas comerciantes.
Estas prohibiciones tienen los mismos fundamentos que las del anterior artículo, es decir, evitar que se use el cargo o función con fines lucrativos, en contraposición a los intereses y beneficios colectivos. En lo referente al Inc. 1º), respecto a los jueces de paz, la prohibición se hace extensiva a los jueces de Paz Letrados y en general a todos los miembros del Poder Judicial. Esto no solo a nivel provincial, ni departamental sino a nivel nacional.
Caso de los Comerciantes Extranjeros
El artículo 59º de la Constitución de 1993 la reconoce como una de las garantías de libertad de comercio e industria y sin hacer distinción, ni distinguidos entre peruanos y extranjeros; lo que concuerda con el artículo 15º) del C. de C., con las salvedades establecidas en las leyes especiales, en razón de los intereses del Estado o de lo que en casos particulares pueda estipularse por los Tratados y Convenciones con los demás países.
Hay determinadas actividades comerciales que se reserva a los peruanos. Para que el comerciante extranjero pueda ejercer el comercio en el Perú debe tener, conforme a las leyes de su país, capacidad para contratar y ejercer el comercio, de modo que si estuviera sometido a un régimen de restricción de capacidades se regirá por este régimen. Iniciada la actividad comercial en ejercicio de la capacidad
que le acompaña serán aplicadas al comerciante las prescripciones del C. de C. y de las leyes respectivas. Conforme a ellas, instalarán sus establecimientos, sus sucursales, se reglamentarán sus operaciones mercantiles y quedarán sometidos a la jurisdicción de los tribunales de su país.
De acuerdo con el art. 71º de la Constitución Política de 1993, se establece que la propiedad de los extranjeros está en las mismas condiciones que los peruanos. Sin embargo, dentro de los 50 Kms. de las fronteras, los extranjeros no podrán adquirir ni poseer ningún título, minas, tierras, aguas, combustibles, ni fuentes de energía, etc., directa, ni indirectamente, ni individual ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido.
Actos Objetivos: Se apoyan en una ficción de la ley, que los considera como actos de comercio cualquiera que sea en realidad su propósito, a quien los ejecuta en su profesión de comerciante.
Actos Subjetivos: Son aquellos a los cuales la ley atribuye carácter mercantil, porque son realizados por comerciantes, o sea a que a estos se le atribuye a quien lo realiza profesionalmente la cualidad de comerciante. Se apoyan en una simple presunción; porque se puede demostrar que son extraños a la actividad de comerciante, del negociante.
1.2.5. Concepto e importancia del Derecho Comercial
De acuerdo con nuestra legislación positiva, el Derecho Comercial es la rama del derecho privado constituido por el conjunto de normas generales y positivas, aprobadas por el Estado, que regula los actos de comercio, sean o no comerciantes los que lo ejecuten, y estén o no especificados en la legislación comercial vigente en el país. En este último caso se aplican los usos del comercio observados generalmente por el conjunto de negociantes e intermediarios de una plaza de comercio o en su caso por las prácticas del comercio internacional y por las normas de Derecho Internacional, generalmente aceptadas. La base de este concepto de
Derecho Comercial surge de lo dispuesto en el art. 2° del Código de Comercio del Perú, vigente desde 1902, y otras disposiciones de carácter mercantil.
En cuanto a la importancia del Derecho Comercial, surge del hecho de que regula el intercambio comercial y sin el comercio es casi imposible la vida humana. El comercio forma parte del proceso de la producción que se denomina la circulación,
y como tal está estrechamente relacionado con la satisfacción de las necesidades económicas, sociales.
El comercio regulado por el Derecho Comercial contribuye a distribuir los bienes que produce la sociedad y que originariamente son producidos por el trabajo a través de la actividad agrícola o industrial, o ambas a la vez, en interactiva y fructífera inter vinculación. Es una actividad incorporada a la vida cotidiana y a la vida de la comunidad humana, en general, no tiene fronteras. Es necesaria para la vida de la sociedad del presente y del porvenir.
El comercio, con toda su importancia, es solamente agente distribuidor, un
intermediario y no un productor originario de los bienes que se intercambian, que está a cargo de la agricultura y la industria. Por eso debe desarrollarse en armonía socialmente útil con la agricultura y la industria, que son actividades originariamente productivas. Si el comercio se convierte en la actividad económica principal de la sociedad, termina comercializándose toda la vida humana, como ya ocurre en el período de la globalización neoliberalista o capitalismo salvaje, donde
el hombre mismo se convierte en objeto de consumo.
Actualmente es evidente que el Derecho Comercial se va convirtiendo en el derecho común de la sociedad, en vez del Derecho Civil. En otras palabras, todo el Derecho está comercializado y no civilizándose, lo cual no es buen augurio para el Derecho y para la vida misma, porque anuncia que el orden jurídico del futuro solo servirá para regular globalmente el intercambio de mercancías, una de las cuales, y tal vez no la más importante, será el hombre. En la sociedad capitalista, la libertad del
mercado es la suprema libertad entre todas las libertades, que subordina a sus dominios y a todas las demás.
Derecho Comercial Individual: Para Shimidit, el Derecho Comercial nace como un derecho privado especial, específicamente como un derecho de los comerciantes, esto es como derecho subjetivo. Cabe agregar empero que modernamente es también un derecho objetivo de las cosas objeto de comercio. El Derecho Comercial, como derecho objetivo o subjetivo, puede ser ejercido en forma individual o colectiva. Debido a esto se puede hablar de un Derecho Comercial Individual y de un Derecho Comercial Colectivo. Esta división del Derecho Comercial se perfila a partir de lo dispuesto en el art. 1° del C. de C., cuyo tenor es el siguiente: “Son comerciantes, para los efectos de éste código:
a) Los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él habitualmente.
b) Las compañías mercantiles o industriales que se constituyeren con arreglo a este Código.
Esta división se corrobora con lo dispuesto en el artículo 16º del mismo código, que establece la obligación de abrir en todas las capitales de departamento y provincias litorales, un registro mercantil compuesto de dos libros independientes, en los que se inscribirán:
1. Los comerciantes particulares.
2. Las sociedades.
En estos preceptos legales, se distinguen claramente el comercio ejercido de forma individual y el ejercicio colectivo, a través de compañías o sociedades. Conforme a tales antecedentes de nuestra legislación, el Derecho Comercial Individual puede ser conceptuado como el conjunto de principios, normas e instituciones que regulan el nacimiento, la actividad y la extinción de la actividad comercial individual.
Por lo que respecta al comercio individual, Montoya Manfredi, expresa: “En referencia al concepto jurídico, el comerciante individual el C. de C. señala dos notas configurativas; una, la capacidad, elemento tomado del Derecho Civil y otra determinada por un elemento de carácter real, como es la realización de una serie de actos comerciales practicados en forma habitual, es decir, repetidos constantemente y no en forma ocasional o esporádica. No establece el Código diferencia en cuanto al volumen o significación económica de las actividades que ejercen. Tan comerciante es una poderosa entidad comercial como el pequeño comerciante ambulante, si bien con posterioridad a las disposiciones del Código se han dictado leyes de orden tributario que eximen a los pequeños comerciantes con limitado número de ventas de ciertas obligaciones, como las de llevar todos los libros de contabilidad, pues deben llevar únicamente los de inventarios y caja o únicamente libretas”. En lo concerniente específicamente a la capacidad legal para ejercer el comercio, las normas generales están contenidas en los artículos 42 al 46 del Código Civil y artículos 1° y 5° a 15° del C. de C.
La mayoría de edad se adquiere a los 18 años como lo señala el artículo 30º de la Constitución de 1993 y el art. 42° del Código Civil. El comerciante debe tener libre disposición de sus bienes para poder generar derechos u obligaciones, respecto de ellos, conforme lo establece la ley. Con respecto a la capacidad se distingue entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce significa disposición para disfrutar de los derechos sin poderlos ejercer directamente, es el caso de los menores no incapacitados y los incapacitados en general, no pueden ejercer directamente sus derechos sino a través de sus representantes legales, tal como dispone el artículo 5° del C. de C.; así los menores pueden continuar el negocio de sus padres ya fallecidos a través de sus representantes legales. La capacidad de ejercicio significa que su titular goza y ejerce sus derechos directamente y no a través de sus representantes.
Según el art. 43º del Código Civil, son absolutamente incapaces los menores de 16 años, salvo aquellos actos determinados por la ley, los que por cualquier causa se
encuentren privados de discernimientos, los sordomudos, ciegosordos y los ciegomudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable; conforme al art. 44° del mismo código, son relativamente incapaces, los mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, los retardados mentales; los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad, los pródigos; los que incurren en mala gestión; los ebrios habituales; los toxicómanos; los que sufren pena, que lleva anexa la interdicción civil. Estos casos de incapacidad absoluta y relativa rigen para el ejercicio del comercio.
En lo que respecta a la nacionalidad, el ejercicio del comercio está permitido a los peruanos y extranjeros en la forma y modos previstos en los artículos 63° y 71° de la Constitución de 1993. En cuanto al ejercicio del comercio por la mujer, en un principio estaba muy restringido, pero su situación ha cambiado al promulgarse el Código Civil de 1984, el 24 de julio de 1984 y vigente a partir del 14 de noviembre del mismo año. Su artículo 293º dispone que cada cónyuge puede ejercer cualquier profesión o industria permitidas por la ley, así como efectuar cualquier trabajo fuera del hogar, con el consentimiento expreso o tácito del otro y si éste se negare, el juez puede autorizarlo, si lo justifica el interés de la familia.
En relación con el comercio individual, cabe referirse también las prohibiciones para ejercer el comercio. El art. 14° del C. de C. ampliado por la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 196° Inc. 3) trata de las circunscripciones territoriales donde el ejercicio del comercio es incompatible con determinadas funciones públicas. Tal es el caso de los magistrados en servicio activo sin limitación de zona territorial, los jefes políticos o militares de departamentos, provincias o plazas, y los de los empleados en la recaudación y administración de fondos del Estado, nombrados por el Gobierno.
Por lo que hace a la adquisición o pérdida del estado de comerciante, comienza con el ejercicio habitual del comercio como surge de lo dispuesto en el art. 1° Inc. A) del C. de C.
El ejercicio habitual del comercio puede expresarse por avisos o rótulos u otros actos objetivos a los que alude el artículo 3 del mismo código. Se pierde el estado de comerciante por muerte, causa subjetiva, o por causas objetivas, transmisión o traspaso voluntario del negocio; liquidación del comerciante por propia voluntad, quiebra, imposición de condena de interdicción civil, imposibilidad de continuar el negocio por declararse por ley ilícito el objeto del negocio.
Derecho Comercial Colectivo
Suma de principios, normas e instituciones que regulan el nacimiento, el proceso y la extinción de la actividades comerciales realizadas en masa a través de organizaciones empresariales. Puede llamarse también comercio objetivo. La empresa es un colectivo que organiza el trabajo y otros factores de la producción para realizar con profesionalidad actos de comercio en forma masiva y rigurosamente organizada, de manera habitual y deliberada.
Las compañías o sociedades mercantiles adquieren capacidad legal para ejercer actividades comerciales cuando adquieren personería jurídica a través de su inscripción en el registro mercantil. Así está regulado por el art. 24° del C. de C., concordante con el art. 6° de la Nueva Ley General de Sociedades (N° 26887). La validez de los actos celebrados a nombre de la sociedad antes de su inscripción en el Registro y está condicionada a la inscripción para que sean ratificados por la sociedad dentro de los tres meses siguientes. Si se omite o retarda el cumplimiento de estos requisitos, quienes hayan celebrado actos en nombre de la sociedad, responden personal, limitada y solidariamente frente a aquellos con quienes hayan contratado y frente a terceros. Así lo determina el art. 7° de la Ley General.
Las compañías o las sociedades pierden las capacidades para ejercer actividades comerciales por disolución, liquidación y extinción, que está regulado por las disposiciones contendidas en la sección Cuarta, Títulos I, II y III de la Ley General de Sociedades. En los casos de fusión de sociedades, deben sujetarse del mismo
modo a las disposiciones, especialmente previstas para tales casos en la Nueva Ley General de Sociedades, para seguir operando.
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 artículo 16
 artículo 30
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 artículo 293
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