Source: http://leysalud.portalscare.com/normativa/ley-del-plan-nacional-de-desarrollo/efectos-en-el-sector-salud.html
Timestamp: 2018-03-19 04:40:18+00:00

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Año talento humano en Salud - Análisis para un debate informado
1. El artículo 65 indica que la competencia para definir la política de atención integral en salud será del Ministerio de Salud, y que esta política será de obligatorio cumplimiento para todos los integrantes del SGSSS y deberá estar ajustada a lo previsto en la Ley Estatutaria de salud. No obstante, se indica que el Ministerio deberá garantizar la participación de todos los grupos de interés del sector salud, lo que incluye usuarios, prestadores, aseguradores, academia, asociaciones científicas, entre otros.
Dicha política integral contará con los siguientes enfoques: i) atención primaria en salud (APS); ii) salud familiar y comunitaria, iii) articulación de las actividades individuales y colectivas y iv) enfoque poblacional y diferencial. Dicha atención tendrá en cuenta los componentes relativos a las rutas de atención para la promoción y mantenimiento de la salud por curso de vida, las rutas de atención específicas por grupos de riesgos, el fortalecimiento del prestador primario, la operación en redes integrales de servicios, el desarrollo del talento humano -en el marco de la Ley 1164 de 2007-, la articulación de las intervenciones individuales y colectivas, el desarrollo de incentivos en salud y la definición de requerimientos de información para su seguimiento y evaluación.
Ahora bien, el parágrafo de este artículo reitera que la política se adaptará a los diferentes ámbitos territoriales.
2. El artículo 66 plantea la creación de una entidad denominada Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), adscrita al Ministerio de Salud, que tendrá por finalidad garantizar el adecuado flujo y los respectivos controles de recursos destinados a la financiación del sistema. Para esto se le atribuye el objeto de “administrar los recursos que hacen parte del Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA), los del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (FONSAET), los que financien el aseguramiento en salud, los copagos por concepto de prestaciones no incluidas en el plan de beneficios del Régimen Contributivo, los recursos que se recauden como consecuencia de las gestiones que realiza la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP); los cuales confluirán en la Entidad”.
Esta entidad será la que efectuará el reconocimiento y pago de la UPC, y será la encargada de hacer los giros directos y pagos a los prestadores de servicios de salud. El mismo artículo determina que al entrar en vigencia esta entidad será suprimido el FOSYGA.
En dicho artículo se establece un tipo de responsabilidad para la entidad territorial que no gestione el giro de los recursos a la Entidad, al señalar que se hará responsable del pago de lo que corresponda.
De otra parte, esta misma ley hace referencia al plan de beneficios, al establecer en su parágrafo segundo que el cobro de los copagos, por concepto de prestaciones no incluidas en el Contributivo, tendrá en cuenta tanto la capacidad de pago de los usuarios como el uso que requieran enfermedades crónicas y huérfanas.
3. En el artículo 67 se establecen de manera expresa los recursos que administra la Entidad Administradora:
Los recursos del Sistema General de Participaciones en Salud del componente de subsidios a la demanda, propiedad de las entidades territoriales.
Los recursos del Sistema General de Participaciones que financian el Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud.
Los recursos obtenidos como producto del monopolio de juegos de suerte y azar, y demás recursos generados a favor de las entidades territoriales destinados a la financiación del Régimen Subsidiado.
Las cotizaciones de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), incluidos los intereses, recaudados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Así como las cotizaciones de afiliados a regímenes especiales y de excepción con vinculaciones laborales adicionales y sus aportes solidarios.
Los recursos correspondientes al monto de las Cajas de Compensación Familiar.
Los recursos del Presupuesto General de la Nación asignados para garantizar la universalización de la cobertura.
Los recursos por recaudo del IVA.
Los recursos del Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)
Los recursos correspondientes a la contribución equivalente al 50 % del valor de la prima anual establecida para el SOAT, que se cobra en adición a ella.
Los recursos recaudados por Indumil correspondientes al impuesto social a las armas y de municiones y explosivos, y los correspondientes a las multas.
Los copagos que por concepto de prestaciones no incluidas en el plan de beneficios del Régimen Contributivo paguen los destinatarios de tales servicios.
Los rendimientos financieros generados por la administración de los recursos del Sistema y sus excedentes.
Los recursos que se logren recaudar como consecuencia de las gestiones de la UGPP.
Especificando que todos los recursos harán unidad de caja, salvo los que son de propiedad de entidades territoriales los cuales conservan su destinación específica.
Adicionalmente, se indica que estos recursos se destinarán a:
El reconocimiento y pago del aseguramiento y demás prestaciones reconocidas a los afiliados del SGSSS, incluido el pago de incapacidades por enfermedad común que superen los 540 días continuos, indicando que el Gobierno deberá reglamentar el proceso de revisión periódico de la incapacidad.
El pago de las indemnizaciones por muerte o incapacidad permanente y auxilio funerario a víctimas de eventos terroristas o eventos catastróficos, así como la atención inicial de víctimas de estos eventos.
El fortalecimiento de la Red Nacional de Urgencias, lo que está condicionado a que se encuentre garantizada en la respectiva vigencia la financiación del aseguramiento en salud.
La financiación de los programas de promoción y prevención.
A la inspección, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud.
Al pago de prestaciones no incluidas en el plan de beneficios, financiadas antes por el FOSYGA.
A cubrir los gastos de administración, funcionamiento y operación de la entidad.
Al pago de gastos e inversiones que se generen por declaratoria de emergencia sanitaria.
4. El artículo 68 de la Ley del Plan indica que ante cualquiera de las causales previstas en el artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Superintendente Nacional de Salud podrá ordenar o autorizar a las entidades vigiladas la adopción individual o conjunta de las medidas de las que trata el artículo 113 del mismo Estatuto, para salvaguardar la prestación del servicio en salud.
Al revisarse la normatividad citada, estos artículos se encuentran en el Capítulo XX que lleva por título Institutos de Salvamento y Protección de la Confianza Pública.
El artículo 113 contiene las medidas preventivas de la toma de posesión, esto es, las medidas cautelares entre las que se encuentran la vigilancia especial; la recapitalización; la administración fiduciaria; la cesión total o parcial de activos, pasivos y contratos, y enajenación de establecimientos de comercio a otra institución; la fusión, y el programa de recuperación.
El artículo 114 indica como causales de la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de una entidad vigilada cuando: se haya suspendido el pago de las obligaciones, se haya rehusado a someter sus archivos y libros de contabilidad a la inspección de la Superintendencia Financiera, se haya rehusado a ser interrogado bajo juramento con relación a los negocios, se incumplan de manera reiterativa órdenes dadas por la Superintendencia, se violen los estatutos de la entidad o de alguna ley; se manejen los negocios de una forma insegura; se reduzca su patrimonio neto por debajo del 50 % del suscrito, existan graves inconsistencias en la información presentada, se incumplan los planes de recuperación o la orden de exclusión de activos y pasivos, entre otros.
Adicionalmente, el artículo 68 indica que se podrá llevar a cabo con cargo a los recursos de la subcuenta de Garantías para la salud lo previsto en el artículo 320 del Estatuto Orgánico Financiero, esto es, efectuar aportes de capital privado, en la medida en que se ofrezcan en venta acciones de las entidades que tengan participación estatal en su capital según el artículo 303 de la misma normatividad; celebrar convenios para facilitar la cancelación oportuna de las obligaciones; otorgar préstamos para establecer solidez patrimonial; contratar y recibir créditos internos y externos; efectuar negocios fiduciarios, entre otros.
En el proyecto de ley se incluía en el parágrafo del artículo 64 la posibilidad expresa de que, tratándose de instituciones de naturaleza cooperativa sujetas a medida especial de intervención forzosa administrativa, la Superintendencia Nacional de Salud podría decretar su conversión en sociedades anónimas, disposición que no se contempla en la actual ley del Plan.
5. El artículo 69 indica que el “Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) podrá declarar la emergencia sanitaria y/o eventos catastróficos, cuando se presenten situaciones por riesgo de epidemia, epidemia declarada, insuficiencia o desabastecimiento de bienes o servicios de salud o eventos catastróficos que afecten la salud colectiva” y generen la necesidad de ayuda externa. Será entonces también el Ministerio el que deberá indicar las medidas a tomar para superar dichas circunstancias, con el fin de garantizar la existencia y disponibilidad de talento humano, bienes y servicios de salud.
6. El artículo 70 indica que el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) podrá presentar consideraciones técnicas no vinculantes frente a casos de patentabilidad ante la Superintendencia de Industria y Comercio, estando facultado para solicitar la concesión de licencias obligatorias ante casos de tecnologías en salud patentadas.
7. La ley del Plan incorpora en el artículo 71 una modificación a la ley 1438 de 2011, al indicar que el artículo 88 señalará que el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) “establecerá los mecanismos para adelantar negociaciones centralizadas de precios de medicamentos, insumos y dispositivos”. Indicando en este mismo precepto que los precios que resulten de las negociaciones serán obligatorios para proveedores y compradores.
8. Por su parte, el artículo 72 indica que será atribución de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos o Dispositivos, cuando lo delegue el Gobierno Nacional, la definición de los mecanismos de regulación de precios de medicamentos, así como la regulación de los márgenes de distribución y comercialización de los mismos.
Adicionalmente se indica que como requisitos para el correspondiente registro sanitario y/o su renovación por el INVIMA se tienen como requisitos “la evaluación que realice el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) a los medicamentos y dispositivos médicos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), y el precio que este Ministerio determine con base en esa evaluación”.
También se crea una tasa a cargo de personas naturales y/o jurídicas que comercialicen en el país medicamentos y dispositivos médicos.
9. El artículo 73 señala las reglas del proceso de recobro, reclamaciones, reconocimiento y giro de recursos del aseguramiento en salud, indicando lo siguiente:
El término para efectuar reclamaciones y recobro con cargo a cuentas del FOSYGA será de 3 años a partir de la fecha de prestación del servicio, de la entrega de la tecnología en salud o del egreso del paciente, después de este término prescribe el derecho a recibir el pago, la obligación del FOSYGA.
La caducidad de la acción legal se cuenta a partir de la comunicación de la última glosa impuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS).
En el caso de los recobros y reclamaciones que hayan sido glosados por el FOSYGA y sobre los cuales no haya operado el término de caducidad de la acción legal que corresponda, Los procesos de reconocimiento y giro de los recursos del aseguramiento de Seguridad Social en Salud quedarán en firme transcurridos dos años después de su realización. Cumplido dicho plazo, no procederá reclamación alguna.
10. A continuación se enuncia en los artículos 74 y 75 que se debe crear una Política nacional de trabajo decente y que se debe propiciar el diálogo social y la concertación laboral, respectivamente. Artículos que deberán ser aplicados de igual forma en el sector de la salud.
Para efectos de la Política se deja en cabeza del Ministerio del Trabajo la coordinación en la adopción de una política nacional de trabajo decente para “promover la generación de empleo, la formalización laboral y la protección de los trabajadores de los sectores público y privado.”
A renglón seguido NO se prohíbe la tercerización, pero sí se indica que el Gobierno Nacional determinará las reglas para garantizar el cumplimiento pleno de las normas laborales en este tipo de vinculación.
Finalmente en este mismo artículo se señala algo trascendental para el sector salud, específicamente para quienes prestan su labor en las ESE, al establecer que “el Gobierno Nacional deberá garantizar que las actividades permanentes de las entidades públicas sean desarrolladas por personal vinculado a plantas de personal, con excepción de los casos señalados en la ley”.
El artículo 75 en relación al fortalecimiento del diálogo social y la concertación indica que a través del Ministerio del Trabajo se deberá impulsar a nivel territorial dichos principios, atendiendo de manera simultánea la prevalencia de los derechos fundamentales del trabajo y la sostenibilidad de las empresas.
11. En el artículo 215 se señala que el Gobierno Nacional deberá incentivar la creación e implementación de programas para la reducción de mortalidad materna, apoyándose en el Ministerio de Salud, el ICBF y las entidades territoriales para establecer un control sobre la identificación temprana del embarazo y la atención de esta población.
12. Por su parte, el artículo 219 indica que las fundaciones sin ánimo de lucro a las que se les venía dando el tratamiento de ESE de conformidad con el artículo 68 de la Ley 1438 de 2011, y que hubiesen sido caracterizadas en riesgo fiscal y financiero medio o alto por el Ministerio de Salud, podrán acceder a recursos del programa de saneamiento fiscal y financiero, poniendo en consideración del Ministerio de Hacienda sus programas de saneamiento hasta el 31 de julio de 2015, término prorrogable si no se presentó la información a tiempo por causas no imputables a la ESE.
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References: artículo 65
 artículo 66
 artículo 67
 artículo 68
 artículo 114
 artículo 113
 artículo 113
 artículo 114
 artículo 68
 artículo 320
 artículo 303
 artículo 64
 artículo 69
 artículo 70
 artículo 71
 artículo 88
 artículo 72
 artículo 73
 artículo 75
 artículo 215
 artículo 219
 artículo 68