Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-666-09.htm
Timestamp: 2020-02-18 17:14:58+00:00

Document:
C-666-09
La jurisprudencia constitucional ha desarrollado los requisitos de procedencia de las demandas sobre omisiones legislativas relativas, y en ella se afirma que para efectos de proceder al examen de constitucionalidad de una disposición jurídica, por haber incurrido el Congreso en omisión legislativa relativa, la Corte ha considerado necesario el cumplimiento de ciertas condiciones, a saber: (i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador.
Para poder verificar una violación al principio de igualdad, se debe por lo menos, poder definir tres aspectos, a saber, (i) cuáles son los grupos de personas que se están comparando, (ii) cuál es el trato ‘desigual’ que se les da a dichos grupos, y (iii) cuál es el criterio con base en el cuál se justifica el trato desigual, en cuestión. La demanda que se estudia en el presente proceso no compara grupos de personas, sino situaciones sobre las que tampoco demuestra que la regulación diferente, conlleve un trato diferente.
“En la sentencia C-377 de 2008
Se declaró cosa juzgada respecto de los 4 cargos resueltos en la sentencia C-377 de 2008.”
“• La norma demandada dispone que el Gobierno Nacional establecerá un manual de tarifas mínimas obligatorias entre las administradoras y los prestadores de servicios de salud para la compra y venta de los servicios contenidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS.
• Dicha medida se encuentra destinada al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, procurando perfeccionar la eficiencia y calidad en salud, al regular la competitividad en el servicio de salud.
• Dicha omisión es desproporcionada por cuanto no consulta los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, por lo cual la expresión demandada debe ser declarada inconstitucional.”
2.1. Entendiendo que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la omisión legislativa ‘o protección deficiente del legislador’ se presenta cuando éste expide la ley en desarrollo de los deberes que le impone la Constitución Política, pero no cubre todos los supuestos que debió cubrir. Luego de hacer alusión a la sentencia C-543 de 1996 que abordó la cuestión, la accionante advierte que aunque dicha jurisprudencia se refiere a casos en los que no se trata igual a ‘grupos de personas’, en el caso de la presente demanda se hace referencia a ‘situaciones análogas’. Dice la demanda al respecto,
“Me permito aclarar que en este caso no se trata [de] que la norma haya favorecido a un grupo de personas perjudicando a otro, puesto que las tarifas mínimas se aplican de manera imperativa, general y abstracta, tanto a administradoras como a prestadores, para mejorar la calidad y eficiencia en el servicio de salud a los usuarios.
En el caso de la referencia la omisión legislativa parcial se presenta porque la norma reguló unas situaciones al intervenir en la economía, dejando por fuera unas situaciones análogas con clara violación al principio de igualdad, lo cual demostraré a continuación.”
2.2. Para la demanda, de acuerdo con la sentencia C-377 de 2008, la norma acusada dentro de este proceso es “un mecanismo legal de intervención en la prestación de un servicio público, en virtud del cual las IPS y las empresas administradoras de planes de beneficios estarán limitadas, en un mínimo, por las tarifas que les impondrá el Gobierno, cuando entre ellas compren y vendan actividades, intervenciones, procedimientos en salud y servicios hospitalarios contenidos en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo y el Régimen Subsidiado.”
2.3. La accionante considera que “la omisión del legislador consiste en no incluir la intervención estatal para establecer a las administradoras y a los prestadores una tarifa tope para comprar y vender servicios contenidos en el POS.” A su parecer seis razones justifican que el legislador hubiese incluido las situaciones descritas.
2.3.1. La demanda asegura que los riesgos que se derivan de los precios de transferencia en “la estructura de integración vertical, exigen no sólo que se establezca una tarifa mínima, sino también una tarifa máxima. Al respecto señala,
“En efecto, la integración vertical facilita la asignación de precios demasiados bajos, que a la larga derivan en una práctica restrictiva de la competencia, que puede conducir a una reducción de la calidad y oportunidad de los servicios.
Como se ve, Honorables Magistrados, cuando el Legislador decide intervenir en la economía para que las administradoras y prestadores de servicios de salud no realicen la compra y venta de los servicios contenidos en el POS con precios inferiores a los que se establezca el Gobierno Nacional, también debe permitir la intervención estatal para establecer precios máximos.”
“¿Será que la Corte seguirá presa de la falsa creencia de que el ejercicio de la medicina, la prestación de los servicios y la producción de medicamentos están inspirados exclusivamente en los fines altruistas?
No hay nada más falso, la industria de la medicina y de los medicamentos están inspiradas en el lucro, como cualquier actividad comercial, y por ello, cuando el legislador interviene en la economía para evitar precios demasiado bajos, también debe facultar al Gobierno Nacional para evitar precios demasiado altos, puesto que no hay razones válidas para que los usuarios del sistema tengamos que pagar los excesos.”
2.3.3. Para la demanda, “si el costo de los servicios es muy exagerado, será necesario aumentar la UPC, lo cual requerirá de mayores recursos provenientes de las cotizaciones (régimen contributivo) o de los impuestos (régimen subsidiado), perjudicando los derechos de los usuarios, su calidad de vida, la eficiencia y la calidad en la prestación del servicio de salud, así como el logro de la universalidad (…)”. Sostiene que en el régimen contributivo el impacto es la imposibilidad de contemplar nuevos servicios en el POS, y en el régimen subsidiado, la imposibilidad de alcanzar la universalidad más pronto. Además, para ambos casos, considera que los sobrecostos de los servicios imposibilitarán la unificación de ambos regímenes de salud.
2.3.4. Advierte la demanda que el monto de los copagos y de las cuotas moderadoras es porcentual. No obstante, “aun cuando se establecen topes, es claro que cuando la tarifa entre las administradoras y los prestadores es alta, los primeros perjudicados son los usuarios, puesto que el copago será más alto.”
“La misma justificación recae sobre precios altos, puesto que de permitirse, se gastarían los recursos de la seguridad social de manera injustificada, llegando incluso a permitirse la utilización de los mismos para fines distintos a los de la seguridad social, como serían las utilidades desproporcionadas de los agentes económicos.”
2.3.6. Por último, la demanda considera que se deberían haber incluido en la regulación las tarifas máximas, para que así la intervención del Estado logre sus fines sociales y corrija imperfecciones del mercado. Luego de referirse a la sentencia C-377 de 2008, sostiene que “(…) la intervención en la economía que limita la actividad económica se realiza para corregir fallas en el mercado, fallas que afectan el acceso o la calidad de los bienes y servicios a la población, pues deben proteger los valores superiores consagrados en la Carta.” Afirma además, que “(…) la intervención es para proteger a los consumidores en forma preferente, no para los productores de bienes y servicios, y si dado el caso procede la protección a los productores, ello debe hacerse simultáneamente con los consumidores, lo cual supone entonces que la intervención de precios debe comprender niveles máximos.”
“No existen razones que justifiquen que en el mercado de servicios de salud del POS, se puedan realizar transacciones con precios exageradamente altos, y la existencia de dichos precios no tiende a la realización de un fin constitucionalmente válido.
Al no existir una finalidad legítima en la omisión aludida, y por tratarse de una omisión arbitraria, procede la declaratoria de inexequibilidad.”
“De acuerdo con este subprincipio, la norma es inconstitucional si se pudiera crear otra medida legal alternativa que proteja en mejor grado el derecho social y favorezca la realización del fin de la disposición con la misma intensidad.
La violación al subprincipio de necesidad, hace procedente la declaratoria de inexequibilidad solicitada.”
“La omisión legislativa relativa es inconstitucional cuando el beneficio para el fin legislativo no compensa con los sacrificios que conlleva la medida.
La anterior desproporción comporta una gravedad de mayor magnitud si se tiene en cuenta que el derecho a la salud es un derecho fundamental, de acuerdo con la sentencia T-760 de 2008.”
3. El segundo cargo que presenta la demanda contra la norma acusada, es considerar que ésta desconoce los fines sociales del estado y las reglas de prestación de los servicios públicos (arts. 365 y 366, CP). A su juicio, “el no haberse incluido en la norma demandada la facultad de intervención estatal para establecerle a las administradoras y a los prestadores una tarifa tope para comprar y vender servicios contenidos en el POS, se viola el deber estatal de asegurar a los usuarios del sistema general de seguridad social en salud, la prestación eficiente del servicio público de salud. || Entre más altos sean los precios del mercado, menos eficiente es el sistema, aclarando eso sí, que la tarifa mínima debe garantizar calidad en el servicio y reconocer los costos y una utilidad razonable al prestador.” Al respecto añade lo siguiente,
“Al establecer un sistema de tarifas mínimas, se creó una medida tendiente a perfeccionar la eficiencia y la calidad en la prestación del servicio de salud (…)
Como se observa, al no establecer la facultad de intervención que se comenta, se incumple el deber estatal de asegurar la prestación eficiente del servicio de salud, y de lograr el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.”
“Los precios demasiado altos afectan la eficiencia en la prestación del servicio de salud (…)
La asignación de precios demasiado altos permite lograr finalidades definidas por la unidad de propósito del grupo empresarial, para que determinada entidad reporte menores o mayores utilidades.”
“(…) como se ha expuesto, cuando los prestadores ostentan posición de dominio, así como en los esquemas de integración vertical, de integración horizontal entre prestadores, el tráfico jurídico permite y facilita no sólo el establecimiento de precios demasiado bajos, sino de precios demasiado altos, con lo cual, las utilidades desproporcionadas corren a cargo de los recursos del sistema de salud y de los usuarios.
Esto último demuestra que la facultad de intervención no debe circunscribirse solamente a precios mínimos sino que la misma debe comprender la posibilidad de que los mismos sean un tope para las administradoras y prestadores de servicios de salud.”
“Si los costos de los servicios de los POS aumentan se requerirán más recursos, perjudicando el logro de la universalidad por que se perjudica la sostenibilidad financiera, puesto [que] se tiene que contar con mayores recursos para financiar el POS.
Ojalá señores Magistrados, no vayamos a ser víctimas los colombianos, de las ‘pirámides’ del negocio de la salud.”
“Como lo expuse en el primer concepto de violación (Capítulo III de la demanda), cuando el legislador decide intervenir en la economía para que las administradoras y prestadores de los servicios de salud no realicen la compra y venta de los servicios contenidos en el POS con precios inferiores a los que establezca el Gobierno Nacional, también debe permitir la intervención estatal para establecer precios máximos tope entre las mencionadas entidades.
Debemos recordar que los copagos y las cuotas moderadoras, no pueden convertirse en barreras de acceso, y en tal sentido, cuando el precio fijado entre el administrador y el prestador es demasiado alto, en el sistema de salud el usuario termina pagando una suma más alta por dichos conceptos. Por esto, es claro que la posibilidad de intervención para fijar topes máximos a dichas entidades, es un claro mecanismo para que el Gobierno Nacional elimine barreras de acceso a los usuarios.”
“Como se puede advertir la norma cuestionada ha sufrido tanto revisiones de carácter procedimental como de índole sustancial. No obstante, la declaratoria de exequibilidad ha sido relativa y así ha quedado expresado en la parte resolutiva. Sin embargo, es necesario establecer si, en realidad los cargos formulados son novedosos frente a los considerados en la sentencia C-377 o si, por el contrario, la situación planteada ya fue revisada por la Corte Constitucional así no se hubiera citado la norma constitucional respectiva.
Tal circunstancia se corrobora al revisar la sentencia C-714 en donde los tópicos de la demanda D-7007 eran similares y se emparentan con los de la demanda que ahora se considera, (…)”
“(…) la necesaria intervención procede respecto de situaciones relacionadas específicamente con la presentación de servicios de salud que, en un escenario de libre mercado, puedan significar un riesgo o amenaza de un interés legítimo y que, por lo mismo, impliquen o hagan necesaria la aplicación de una restricción o limitación a la libre oferta y a la libre competencia. De esta estirpe son medida asociadas con el fortalecimiento de las labores de inspección, vigilancia y control. Incluye, obviamente, la posibilidad de adoptar correctivos a aspectos tan neurálgicos como la fijación de precios. En este caso, el clamor de la libre competencia al cual acuden los aseguradores encalla en la posibilidad de contratar servicios a su acomodo y utilizar mecanismos de pauperización de otros sectores que, forzosamente, se relacionan con éstos. En tales condiciones, los contratos que se pactan tienden a ser leoninos y a exigir al prestador y de los profesionales de salud, esfuerzos que superan su viabilidad financiera.
Por ello se requiere identificar en cada caso cual es el interés legítimo involucrado y proceder a la evaluación o test de constitucionalidad de la intervención aquí prevista. (…)”
1.3. Para el Ministerio, la política de establecer un piso tarifario no es azarosa o arbitraria, responde a criterios de razonabilidad. A su parecer, la regulación de los precios mínimos “(…) no cae en el vacío ni aterriza de una manera sorpresiva ni supone una falta de análisis del legislador. En los diversos escenarios, salvo tal vez el de los interesados en acabar paulatinamente con la oferta existente y terminar de pauperizar a los profesionales de la salud, se trata de un problema endémico y exige la intervención del Estado. Uno de los mecanismos a través del cual se logra ese imperio de los precios es el de la integración vertical, que ha sido uno de los síntomas de esa posición de dominio.” Para el Ministerio, el manual de tarifas con precios mínimos es un elemento consustancial del sistema, a través del cual se pueden corregir las deficiencias y asimetrías en los precios. Además, señala, en la estructuración de un sistema de tarifas adecuado y razonable, en el que se fijen unos mínimos, gravita el respeto al derecho fundamental al trabajo.
“(…) para eliminar cualquier sesgo de arbitrariedad, se tiene que la norma define claramente los sujetos a los cuales se dirige la medida, las actividades que producen los pagos, el hecho que las genera (compra-venta) y sobre los cuales adoptan tarifas y su manera de fijarlos (salarios mínimos diarios vigentes). (…)
Por otra parte, los augurios y presagios a los que alude la accionante que se producirán por no fijar unos máximos además de sustraerse de la realidad deja de lado los principios del sistema de seguridad social en salud y los elementos intrínsecos de racionalización.”
1.4. Para el Ministerio, la razonabilidad de la medida de fijar tarifas mínimas, conlleva que “no se vulnere el artículo 13”, sobre igualdad. Señala que la norma obedece a una respuesta de intervención en virtud de la posición de dominio, por lo que no puede concluirse que la norma “(…) obvió las restantes situaciones que se derivan de su aplicación y, por tanto, no se produjo la omisión legislativa relativa.”
“(…) la demandante trae a colación una serie de situaciones con base en las cuales pretende hallar la omisión relatada, las cuales van desde el precio de transferencia hasta la necesidad de incrementar la UPC y la eventual afectación al usuario. En general se trata de hipótesis que no resultan contrastadas con la realidad que, como en el caso del salario mínimo legal, el único efecto distorsionador es dar lugar a cifras superiores sin que, en todo caso, sean las pretensiones de los prestadores las que deban asumirse, riesgo que no ha ocurrido en el sistema luego de quince años de funcionamiento. (…)
(…) además, el sistema general de seguridad social en salud está rodeado de una serie de elementos y principios que inducen a la racionalización de los costos, lo cual conduce a que sean necesarios los pisos tarifarios pues la racionalización genera la serie de efectos ya indicados y no los techos tarifarios pues no existe elemento alguno que dispare tales costos. Obviamente, al considerar uno a uno los fundamentos del servicio público de salud se advierte que los mismos están estructurados sobre la base de una limitación de recursos (art. 153 de la Ley 100 de 1993). Al explorar un poco más, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado se pone de presente de dónde proviene la financiación así como los límites del esfuerzo fiscal nacional y de las entidades territoriales.”
1.5. El Ministerio de la Protección Social pide a la Corte Constitucional “estarse a lo resuelto en la sentencia C-377 de 2008, por medio de la cual se declaró exequible el artículo 146 de la Ley 1151 de 2007. En subsidio, que declare la exequibilidad de las expresiones acusadas.”
2.2. Con relación a la supuesta omisión legislativa relativa, el Ministerio advierte, en primer término “(…) que la actora no expone de manera suficiente los elementos que conducen a la configuración de la presunta omisión (…), de acuerdo con las exigencias establecidas en la jurisprudencia constitucional y, por lo tanto, no ameritan el control de constitucionalidad. (…)”. No obstante, analiza la cuestión y concluye que la decisión de no fijar tarifas máximas no es una omisión legislativa, es una decisión legislativa. Dice al respecto,
“(…) no se trata de una omisión legislativa la exclusión de un régimen de tarifas máximas que regule las transacciones entre las EPS y las prestadoras por servicios incluidos en el POS sino que la modalidad de tarifas mínimas previstas en el artículo 146 de la Ley 1151 de 2007 fue la elección que realizó el legislador para intervenir en el mercado de servicios de salud para garantizar la solidaridad, la equidad, la eficiencia y la competitividad, dentro del amplio margen de configuración legislativa, pero especialmente para asegurar una calidad mínima en un servicio que como el de la salud, tiene una conexidad directa con la vida.”
2.3. Para el Ministerio, si bien “(…) la actora presenta un enfoque diferente para presentar los cargos contra la norma acusada, lo cierto es que la Corte Constitucional confrontó esta norma contra la Constitución Política en materia del principio de equidad, eficiencia, mejoramiento de la calidad de vida, solidaridad, así como la libertad económica, y declaró en fallos precedentes su consistencia y su conformidad con los fines y mandatos constitucionales por los mismos cargos.”[1] El Ministerio considera que la Corte Constitucional ya ha confrontado el artículo acusado con las normas de la Constitución invocadas por la demandante (a saber, artículos 13, 48, 49, 334 y 365).
2.4. Por último, sostiene que “(…) las tarifas mínimas obligatorias son indicativas para las EPS y los prestadores en la medida que se mantienen los incentivos para introducir nuevas tecnologías (que implican costos adicionales) y más servicios de valor agregado para los usuarios. La posibilidad que mantienen en este esquema de tarifas mínimas tanto las EPS como los prestadores de negociar tarifas mayores por encima de las mínimas, permite a los proveedores asumir estos costos para ofrecer mayores niveles de calidad. Establecer un régimen de tarifas máximas significaría imponer una restricción injustificada a los agentes del mercado de la salud (tanto EPS como prestadoras) que eliminaría los incentivos para introducir mayores costos y garantizar una utilidad razonable, es decir, un esquema de incentivos favorable al aumento de los estándares de calidad.”
“A nivel general, resulta adecuado suponer que la existencia de un precio mínimo y máximo generará una mejor asignación de los recursos disponibles, no obstante, la definición de un precio máximo y mínimo no es suficiente para alcanzar este objetivo e incluso es posible que genere más problemas que los que busca solucionar. Lo anterior se debe principalmente a la complejidad y heterogeneidad de los servicios que se transan en el sistema de salud.
Si bien es cierto que la idea de proteger a los usuarios y evitar la inequidad en el pago de las cuotas moderadoras o copagos es una situación que debe intervenirse para mejorarse, también es necesario tener en cuenta los incentivos y las implicaciones que una medida como esta puede generar, teniendo presente que en general en estos casos, el regulador tiene muy poca capacidad de regular toda vez que no cuenta con la información propia sino que depende enteramente de la información que le proporcionen sus regulados.”
El Presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ACEMI, participó en el proceso para apoyar a la accionante en su solicitud de inconstitucionalidad.[2] Reproduce los cargos de la demanda, prácticamente en los mismos términos, y solicita a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad de la expresión ‘mínimas’, contenida en el artículo 146 de la Ley 1151 de 2007.
El Procurador General de la Nación participó en el proceso de la referencia, mediante el concepto N° 4794, para solicitar a la Corte Constitucional que declare exequible la expresión ‘mínimas’, contenida en el artículo 146 de la Ley 1151 de 2007.
1. En primer término, el Procurador considera que la expresión ‘mínimas’ que se acusa, no reúne las características de una proposición jurídica completa. Cree que ello dificulta el análisis de constitucionalidad en la medida en que, aunque la Corte Constitucional accediera a tal declaratoria, el fin buscado con la demanda no se lograría. Afirma que suprimida la expresión ‘mínimas’ de la norma acusada, como consecuencia de su inexequibilidad, quedaría facultado el Gobierno Nacional para establecer las tarifas que deberían aplicar las administradoras y prestadores de servicios públicos y privados para la compra y venta de actividades, intervenciones, procedimientos en salud y servicios hospitalarios contenidos en el POS de los regímenes contributivo y subsidiado.
2. En cuanto al principio de igualdad, señala que el cargo no procede, por cuanto no es aceptable la analogía que hace la demandante para estructurarlo. Para el Ministerio Público “(…) la expresión demandada no comporta la aludida violación sino en la medida en que genere un efecto discriminatorio entre las personas que se dicen destinatarias de la misma o en cuanto excluya, de manera injustificada, a quienes se encuentran dentro de la misma situación fáctica. La disposición acusada no hace la distinción que podría resultar violatoria y, por el contrario, aparece en el texto normativo en forma neutra, esto es, sin hacer referencia a grupo de personas o situación determinada, ordenando al Gobierno Nacional en todos los casos, establecer el manual de tarifas mínimas con que se ha de garantizar la permanencia del sistema, entre otros. Por tanto, dice el concepto, la violación del principio de igualdad no se presenta en el caso de estudio, porque la actora hace una analogía que es improcedente.
3. Finalmente, el Procurador sostiene que dada “(…) la flexibilidad con que pueden moverse los distintos órganos del Estado, en el ámbito regulatorio de los servicios públicos, es adecuado que sea el Gobierno Nacional el órgano encargado de regular las tarifas mínimas y, en aquellos casos en los cuales se evidencie un abuso de la posición dominante, el órgano con capacidad para adoptar una política de intervención de precios, facultad que le deviene de lo previsto en el artículo 333 de la Carta Política y, de acuerdo con la ley. No así el legislador, por dos potísimas razones: la primera, por cuanto dentro del legislativo no existe un marco flexible para modificar la ley en obedecimiento a las leyes del mercado; y la segunda, por cuanto en razón de los derechos a la libre empresa y a la libre iniciativa privada, con la intervención de los precios a través de la fijación de la tarifa máxima por la prestación de un servicio público cuya estructura de costos obedece a las distintas variables que operan en una economía de mercado, se obstruye el ejercicio de los derechos a la libre competencia, y la libertad económica que se erigen en marco rector de la Constitución económica.”
2.1. La demanda de la referencia plantea varios argumentos que pueden ser sintetizados en el siguiente problema jurídico: ¿no establecer legalmente la facultad gubernamental de fijar tarifas máximas para los servicios de salud, cuando sí se estableció para fijar tarifas mínimas, es una omisión legislativa relativa que implica el desconocimiento del principio de igualdad; los fines sociales del Estado y las reglas de prestación de los servicios públicos (arts. 365 y 366, CP), de la obligación del Estado de intervenir en la economía para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes (art. 334, CP) y de los principios de eficiencia y de universalidad y de la prohibición de destinar los recursos de la seguridad social a fines diferentes a ella (arts. 48 y 49, CP)?
3.1. En la sentencia C-377 de 2008 la Corte resolvió declarar exequible el artículo 146 de la Ley 1151 de 2007, por considerar que “no vulnera los principios unidad de materia, predeterminación del impuesto, gratuidad del servicio de salud, como tampoco desconoce las reglas sobre intervención en la economía, consagradas en el artículo 334 de la Constitución Política.”
“La Corte Constitucional deberá establecer si el artículo 146 de la Ley 1151 de 2007 guarda unidad de materia con el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010; si vulnera el artículo 334 de la Carta que prevé los parámetros de la intervención económica del Estado, como también tendrá la Corporación que determinar si la norma atacada viola el principio de predeterminación de la obligación tributaria (C.Po. art. 338), para finalmente analizar si la misma disposición desconoce el principio de gratuidad del servicio de salud previsto en el artículo 49 superior”.[9]
3.2. En la sentencia C-386 de 2008 la Corte resolvió “estarse a lo resuelto en la sentencia C-377 de 2008”, por tratarse de una demanda que versaba sobre las mismas cuestiones.[10]
3.3. En la sentencia C-539 de 2008 la Corte Constitucional estudió una tercera demanda contra varias normas de la Ley 1151 de 2007, en la cual resolvió varias cosas. Entre ellas, resolvió “estarse a lo resuelto en la sentencia C-377 de 2008”,[11] respecto del artículo 146 por varios de los cargos presentados, a la vez que resolvió declarar exequible dicho artículo, “respecto de lo cargos examinados en la […] decisión.” Los cargos contemplados en esta sentencia, eran la eventual violación de los principios de consecutividad y de identidad flexible en el trámite legislativo.[12]
3.4. Finalmente, en la sentencia C-714 de 2008, la Corte resolvió entre otras cosas, con ocasión de una demanda contra varias normas de la Ley 1151 de 2007–, “estarse a lo resuelto en la sentencia C-377 de 2008”.[13]
3.5. Así pues, concluye la Sala que la constitucionalidad de la norma no ha sido estudiada en abstracto, sino en relación con los cargos analizados en las cuatro oportunidades mencionadas, por lo cual esta decisión no ha hecho tránsito a cosa juzgada absoluta, sino relativa. Concluye también la Sala que los cargos presentados por la demanda de la referencia no habían sido considerados previamente. Por tanto, pasa la Corte a estudiar de fondo los cargos presentados por la accionante contra las expresiones ‘mínimas’, contempladas por el artículo 146 de la Ley 1151 de 2007, los cuales dan lugar a los problemas jurídicos ya enunciados.
4.1. Siguiendo la jurisprudencia constitucional que se ha desarrollado sobre omisiones legislativas relativas, la sentencia C-185 de 2002 estableció los requisitos para que una demanda pueda proceder por tal causa. En ella se afirma que “para efectos de proceder al examen de constitucionalidad de una disposición jurídica, por haber incurrido el Congreso en omisión legislativa relativa, la Corte ha considerado necesario el cumplimiento de ciertas condiciones, a saber: (i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador”[14].[15]
4.2. Como se puede apreciar, buena parte de las justificaciones del control de constitucionalidad respecto de omisiones legislativas relativas depende de una vulneración al derecho a la igualdad. Los pasos (ii), (iii) y (iv) del análisis están orientados a establecer, respectivamente, que en efecto la norma acusada genera un trato diferente entre personas que deberían ser tratadas igual; que este trato carece de razonabilidad y, finalmente, que esa diferencia de trato injustificado implica una desigualdad. En el presente caso no se están comparando dos grupos de personas, unas incluidas y otras excluidas, sino dos ‘situaciones’ abstractas que a juicio de la demandante son comparables. Ahora bien, tampoco se demuestra como esta regulación de situaciones abstractas, indirectamente, implicaría un trato desigual o discriminatorio.
4.5.1. El principio de igualdad obliga al legislador a dar el mismo trato a las personas que deben ser tratadas igual y dar un trato diferente a quienes deben ser tratados diferente. Como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, de forma reiterada, “el principio de igualdad no establece una igualdad mecánica ni automática. La Corte interpreta así el principio de igualdad de forma que incluye no sólo la orden de tratar igual a los iguales sino también la de tratar desigualmente a los desiguales, lo que exige se respondan tres preguntas: ¿igualdad entre quiénes? ¿igualdad en qué? ¿igualdad con base en qué criterios?”.[16]
4.5.2. Así pues, para poder verificar una violación al principio de igualdad, se debe por lo menos, poder definir tres aspectos, a saber, (i) cuáles son los grupos de personas que se están comparando, (ii) cuál es el trato ‘desigual’ que se les da a dichos grupos, y (iii) cuál es el criterio con base en el cuál se justifica el trato desigual, en cuestión. Para la jurisprudencia, la identificación de los criterios de comparación y la determinación de los grupos o situaciones comparables es el paso inicial y “(…) necesario para determinar si los dos grupos son diferentes y, por lo tanto, al trato diferente que a ellos les dio el legislador, se hace innecesaria la aplicación del juicio de igualdad, porque el principio de igualdad no exige tratar igual a los diferentes, como lo ha dicho la Corte reiteradamente. || La identificación del criterio de comparación[17] sirve para examinar si la clasificación del legislador agrupa realmente a personas diferentes a la luz de la norma acusada, en otras palabras, si las clases fueron racionalmente configuradas o si lo fueron caprichosamente. La racionalidad de la medida diferenciadora obedece al grado de acierto en incluir a todas las personas similarmente situadas para los fines de la ley. Así, la determinación de si dos grupos son comparables depende de su situación vista a la luz de los fines de la norma”.[18]
En el caso de la referencia la omisión legislativa parcial se presenta porque la norma reguló unas situaciones al intervenir en la economía, dejando por fuera unas situaciones análogas con clara violación al principio de igualdad, lo cual demostraré a continuación”.[19]
4.5.4. Como lo ha señalado la Corte “el principio de igualdad no obliga al legislador a diseñar instituciones jurídicas ‘iguales’.”[20] Por el contrario, la Constitución le confiere un amplio margen de configuración normativa, para que el legislador diseñe las instituciones legales como considere conveniente, respetando el orden constitucional vigente. La fijación de regímenes tarifarios disímiles es competencia del legislador. Podrá establecer diferencias entre ellos, siempre y cuando éstos no conlleven un trato discriminatorio para algún grupo de personas, directa o indirectamente.
(2) La demanda no analiza la legitimidad de la finalidad a la que se propende con la medida que se cuestiona, que en este caso es el trato diferente que establece la norma. Lo que analiza la demanda es la legitimidad de la finalidad de la medida de imponer tarifas mínimas, en sí misma considerada. Por eso es que la demanda, luego de referirse a la sentencia C-377 de 2008, sostiene que “(…) la intervención en la economía que limita la actividad económica se realiza para corregir fallas en el mercado, fallas que afectan el acceso o la calidad de los bienes y servicios a la población, pues deben proteger los valores superiores consagrados en la Carta”.[22]
(3) En tercer lugar, puede señalarse que la demanda, en vez de analizar la idoneidad de la medida –esto es, establecer si la medida contemplada por la norma constituye un medio idóneo para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo–, estudia la legitimidad del fin al cual propende la norma. En efecto, la parte de la demanda dedicada a la cuestión advierte que “[n]o existen razones que justifiquen que en el mercado de servicios de salud del POS, se puedan realizar transacciones con precios exageradamente altos, y la existencia de dichos precios no tiende a la realización de un fin constitucionalmente válido”.[23]
(4) Finalmente, en vez de demostrar que la medida no es necesaria, y por tanto discriminatoria –esto es, que el trato diferente establecido por la norma no es necesario porque existen otros caminos para obtener el fin al que tal distinción propende–, la demanda alega que mediante la medida de fijación de tarifas máximas ‘se protegerían en mejor grado el derecho a la salud de las personas’.[24] Demostrar que fijar tarifas máximas protege mejor el derecho a la salud, no implica demostrar que tratar de forma diferente ‘las tarifas máximas’ y ‘las tarifas mínimas’ no sea una medida necesaria para alcanzar los fines a los que el legislador propenda con dicho trato diferente.
4.5.7. Por tanto, teniendo en cuenta (i) que no se dan las razones necesarias y suficientes para que se pueda estudiar un cargo por omisión legislativa relativa[25] y (ii) que la violación al principio de igualdad supone una diferencia de trato (o una ausencia de diferencia de trato) injustificada constitucionalmente entre dos grupos de personas –no solo la existencia de situaciones o regímenes legales diferentes–, la Sala considera que el artículo 146 de la Ley 1151 de 2007 no viola el principio de igualdad, por las razones analizadas.
5.2. Con relación a los tres referentes constitucionales, en la demanda se presenta el mismo argumento de carácter general, que se puede resumir en los siguientes términos: en la medida que algunos actores del sistema pueden eventualmente abusar de su posición dominante al no existir un manual de tarifas máximas. Esta posibilidad de abuso implica, a juicio de la demanda, primero, que se desatienden los fines sociales del Estado, al no propiciar el ‘bienestar general’; segundo, que se incumple el deber de intervenir en la economía para mejorar la calidad de vida de los habitantes, precisamente porque no se impide el abuso en cuestión; y tercero, que se desconoce la prohibición de no destinar los recursos de la salud hacia otras cosas, puesto que la ‘utilidad razonable no implica desviación’ pero sí las utilidades ‘desproporcionadas’ que superan ‘el límite de lo razonable’.
(1) La Sala reitera que para que proceda un cargo por omisión legislativa se requiere demostrar por los menos: ‘(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador.’ (2) Además, reitera que la violación al principio de igualdad supone una diferencia de trato (o una ausencia de diferencia de trato) injustificada constitucionalmente entre dos grupos de personas, no solo la existencia de situaciones o regímenes legales diferentes. (3) Finalmente, la Sala decide que no se puede considerar que el Estado desconoció sus fines sociales, sus deberes de intervención en la economía y el deber de destinación exclusiva de los recursos de la seguridad social, al no haber considerado un medio legislativo específico que (i) no es el único para alcanzar los fines y deberes constitucionales citados y (ii) sobre el cual existe un debate técnico acerca de su idoneidad para alcanzar dichos fines.
Declarar EXEQUIBLE la expresión ‘mínimas’ contenida en el artículo 146 de la Ley 1151 de 2007, “Por la cual se expide el Plan de Desarrollo 2006-2010”, por los cargos estudiados en la presente providencia.
[1] Dice el Ministerio: “(…) En un mercado como el de servicios de salud, con altas externalidades positivas por efecto del cuidado y el mejoramiento de la salud de la población, y al mismo tiempo con fallas como el riesgo moral (moral hazard) en la selección de riesgos y asimetrías de información (médico-paciente), se requiere la regulación del Estado con el fin de establecer reglas que reduzcan estos riesgos. || En adición, podría afirmarse que la ‘topografía’ de los mercados de servicios de salud es muy irregular y pueden encontrarse altas concentraciones de población en unos mercados como Bogotá y otras grandes ciudades donde hay mucha demanda y mucha oferta, y otras regiones menos pobladas y apartadas en la que la demanda es escasa y la oferta también es reducida. En el diseño concebido por el legislador del SGSSS se introdujeron reglas para eliminar o prevenir el riesgo moral mediante la prohibición de preexistencias para acceder a los planes obligatorios de beneficios y la universalización a través de la afiliación obligatoria y mecanismos como copagos y cuotas moderadoras para los usuarios con capacidad de pago. Otras reglas que tienen por objeto facilitar el control y vigilancia de la actividad aseguradora en el mercado de servicios de salud son las ‘barreras de entrada’ impuestas para operar, como EPS (requisitos de capital mínimo, número mínimo de afiliados y capacidad organizacional, verificación de estos requisitos y autorización para operar por parte de la Superintendencia Nacional de Salud). Como resultado, tenemos un mercado regulado en el que opera un estimado de 48 EPS autorizadas (incluyendo EPS propiamente tales, cajas de compensación familiar y empresas solidarias de salud) y unas 12.000 instituciones prestadoras de salud registradas ante el Ministerio de la Protección Social (incluyendo hospitales públicos, clínicas privadas y médicos registrados). En un mercado como éste, existe la presión de reducir los precios por efecto de las fuerzas del mercado y que ‘jugadores’ (rent-seekers, en la teoría económica institucional de Douglas North) inescrupulosos en búsqueda de rentas con el fin de ingresar y capturar mercado, reduzcan sus precios o tarifas incluso por debajo de sus costos, sacrificando los estándares mínimos de calidad en la atención en salud y poniendo en riesgo los derechos fundamentales a la vida y la salud de la población.”
[3] La sentencia C-377 de 2008 resumió el cargo de la demanda sobre esta cuestión, en los siguientes términos: “Considera el accionante que la norma impugnada no guarda conexidad directa e inmediata con los programas y objetivos establecidos en el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas 2006-2010, permite al Gobierno Nacional intervenir en la economía sin cumplir con los parámetros previstos en la Constitución Política, es un precepto indeterminado e impreciso que no cumple con las exigencias constitucionales y regula la prestación del servicio público de la salud por fuera de los postulados del Estado Social de Derecho, desconociendo el principio de gratuidad en la prestación del mismo.”
[4] La sentencia C-377 de 2008 resumió el cargo de la demanda sobre esta cuestión, en los siguientes términos: “Según el demandante, el artículo 146 de la Ley 1151 de 2007 otorga al Gobierno la potestad de expedir un manual de tarifas mínimas para la compra y venta de actividades, intervenciones, procedimientos en salud y servicios hospitalarios, sin cumplir las exigencias constitucionales en materia de intervención económica, pues la norma no prevé la tarifa, como tampoco señala parámetros para establecer los mínimos y máximos del monto de dicha tarifa.”
[5] La sentencia C-377 de 2008 resumió el cargo de la demanda sobre esta cuestión, en los siguientes términos: “En concepto del actor, la norma acusada se caracteriza por ser instrumental, por cuanto se encuentra ubicada en el Capítulo IV de la ley 1151 de 2007, relacionada con los mecanismos para la ejecución del Plan. Agrega que la norma no busca establecer una proyección, objetivo o política, sino que atribuye una competencia reglamentaria en cabeza del Gobierno Nacional. || Después de citar apartes de la ley 1151 de 2007, el demandante concluye que la norma atacada tiene una conexidad eventual con los proyectos y objetivos generales de la misma ley, por lo cual el texto impugnado desconoce la unidad de materia impuesta por el artículo 158 superior. Añade que el artículo 150-3 de la Constitución Política establece que las leyes aprobatorias del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas deben contener las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los proyectos establecidos en las mismas y no cualquier tipo de norma que pretenda un fin que guarde relación mediata con aquellos.”
[6] La sentencia C-377 de 2008 resumió el cargo de la demanda sobre esta cuestión, en los siguientes términos: “En criterio del actor, el precepto atacado desconoce lo establecido en los artículos 150-21 y 338 superiores, por cuanto la intervención estatal en la economía está regulada en el artículo 334 de la Carta Política, según el cual se requiere de una ley de intervención económica que precise los fines y alcances de dicha intervención, como también los límites a la libertad económica.”
[7] La sentencia C-377 de 2008 resumió el cargo de la demanda sobre esta cuestión, en los siguientes términos: “Para el accionante, la norma demandada es indeterminada por cuanto sólo menciona los sujetos a los que debe aplicarse el manual tarifario y los salarios en los que las tarifas deben establecerse, lo cual no significa precisión sobre los fines o alcances de la intervención estatal en la economía, ni los límites a la mencionada intervención. Agrega que la norma impugnada tampoco menciona el sistema ni el método para fijar las tarifas, contrario a lo que prevé el artículo 338 de la Constitución Política.”
[8] La sentencia C-377 de 2008 resumió el cargo de la demanda sobre esta cuestión, en los siguientes términos: “Finalmente, considera el accionante que la norma impugnada desconoce el principio de gratuidad previsto en el artículo 49 superior, pues permite establecer un manual de tarifas mínimas contrariando el citado principio, con el cual se busca garantizar la atención básica en salud.”
[10] La Corte señaló en esta ocasión: “En el caso sometido a revisión encuentra la Corte que si bien la demanda de la referencia fue admitida en su momento, para esa fecha se encontraba en curso la demanda radicada bajo el número D6945 en la que se demandó igualmente el artículo 146 de la Ley 1151 de 2007, norma que fue declarada EXEQUIBLE con pronunciamiento de fondo por iguales cargos, mediante Sentencia C-337 del veintitrés de abril de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández). Por tal razón, esta Corporación habrá de estarse a lo resuelto en esa sentencia respecto de la norma referida por existir cosa juzgada constitucional, en los términos señalados por el artículo 243 de la Carta Política.” C-386 (MP Jaime Córdoba Triviño; AV Jaime Córdoba Triviño y Humberto Antonio Sierra Porto; SV Jaime Araujo Rentería).
[11] Al respecto, la sentencia consideró lo siguiente: “Como es evidente los cargos estudiados y decididos en su mayoría coinciden con los planteados por el ciudadano Barrera Bravo, pues éste acusa al artículo 146 de (i) crear una contribución sin establecer el sistema y el método para el cálculo de los costos y beneficios ni la forma de hacer su reparto, en abierta contradicción con el artículo 338 constitucional, (ii) de desconocer lo señalado en los artículos 150.21 y 334 constitucionales en materia de intervención del Estado en la economía, (iii) de ser contraria el mandato del artículo 49 de la Carta que señala “la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria”. En consecuencia esta Corporación se estará a lo resuelto en la sentencia C-377 de 2008 respecto de la constitucionalidad del artículo 146 de la Ley 1151 de 2007.” C-539 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto; AV Jaime Araujo Rentería y Nilson Elías Pinilla Pinilla; SPV Jaime Araujo Rentería).
[12] La Corte consideró lo siguiente: “En cuanto al trámite de la disposición en cuestión se tiene que ésta no aparece en el proyecto presentado por el Gobierno Nacional al Congreso de la República, ni aparece en la ponencia para primer debate del mentado proyecto, por tal razón no surtió primer debate en las comisiones constitucionales permanentes tercera y cuarta de la Cámara de Representantes y del Senado, las cuales sesionaron conjuntamente para tal efecto. Fue introducida y aprobada en el segundo debate en la plenaria del Senado de la República como artículo nuevo y finalmente la Comisión accidental de Mediación la acogió en el texto conciliado. || En esa medida por tratarse el artículo demandado de una disposición de carácter instrumental y por haber establecido esta Corporación en la sentencia C-377 de 2008 que guarda relación de conexidad directa e inmediata con los objetivos, los proyectos de inversión, las metas y estrategias contenidos en la Parte general del Plan, la cual corresponde al proyecto originalmente presentado por el Gobierno Nacional, es claro que durante su trámite no se vulneraron los principios de identidad y de consecutividad, pues podía ser introducido durante el iter legislativo.”
[13] Al respecto, la sentencia dijo lo siguiente: “Observa la Corte que esta misma norma fue declarada exequible mediante sentencia C-377 de 2008 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández). En dicha ocasión y para decidir sobre los cargos planteados, la Corte examinó, entre otros aspectos, los siguientes: (i) si el establecimiento de un manual de tarifas mínimas de obligatoria aplicación para la compra y venta de actividades y servicios de salud contenidos en el Plan Obligatorio de Salud, guarda unidad de materia con el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010; (ii) si esta disposición vulnera el artículo 334 de la Constitución que prevé los parámetros de la intervención económica del Estado. || Al resolver sobre los temas planteados, la Corte concluyó y expuso de manera explícita, que el artículo 146 de la Ley 1151 de 2007 tiene conexidad suficiente con los objetivos generales del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, contenido en dicha ley. Así mismo, anotó que este precepto es una norma de intervención económica, y que en cuanto tal, cumple a cabalidad los requisitos previstos en el artículo 334 de la Constitución Política. || Visto lo anterior, se observa entonces que el artículo 146 ahora cuestionado ya fue objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional, frente a planteamientos esencialmente idénticos a los traídos por el demandante de la presente acción. Por consiguiente, no resulta posible adelantar un juicio de constitucionalidad en relación con él, siendo necesario, en cambio, reconocer el efecto de cosa juzgada derivado de la antes citada sentencia C-377 de 2008, a lo que la Corte procederá en la parte resolutiva de esta sentencia.” Sentencia C-714 de 2008 (MP Nilson Elías Pinilla Pinilla; AV Jaime Araujo Rentería; SPV Manuel José Cepeda Espinosa; SV Jaime Araujo Rentería y Humberto Antonio Sierra Porto).
[15] Corte Constitucional, sentencia C-185 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil). En este caso resolvió declararse ‘inhibida’ para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la expresión “prendaria”, contenida en el inciso primero del artículo 365 y en el artículo 366 de la Ley 600 de 2000, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta Sentencia. Esta jurisprudencia ha sido reiterada, entre otras, en las sentencias C-192 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño), C-045 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil), C-1185 de 2008 (MP Nilson Elías Pinilla Pinilla) y C-442 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[17] Ver al respecto el precursor artículo de Tussman & tenBroek, “The Equal Protection of the Laws”, 37 Calif.L.Rev. 341 (1949).
[20] En la sentencia C-400 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) la Corte Constitucional decidió que “No viola el principio de igualdad que los deudores prendarios con tenencia de la cosa, quienes se encuentran en una situación diferente a los que carecen de la tenencia de la cosa, deban pedir al acreedor autorización para verificar la tradición del bien dado en prenda o cubrir la totalidad del crédito, mientras que los deudores sin tenencia de la cosa prendada no están sometidos a este requisito específico.” En este caso, la Corte resolvió declarar exequible el aparte demandado del artículo 1216 del Código del Comercio, respecto de los cargos analizados en la presente sentencia.
[21] En varias ocasiones la Corte Constitucional ha encontrado instituciones jurídicas que regulan de forma íntegra situaciones diferentes, contexto en el cual las normas individualmente consideradas son incomparables, por lo que no puede exigirse que sean reguladas ‘igual’. Así, por ejemplo, en las sentencias C-083 de 1996 (MP Vladimiro Naranjo Mesa; en este caso la Corte decidió que los particulares y los servidores públicos constituían ‘situaciones diversas que no admiten término de comparación’.) y en la sentencia C-369 de 2004 (MP Eduardo Montealegre Lynett; en este caso se consideró que la regulación de la cotización en salud no puede ser considerada una prestación autónoma y separable, comparable entre regímenes independientes, regulados de forma íntegra y distinta). La jurisprudencia ha exigido que se establezcan claramente los grupos de personas objeto de comparación claramente, como requisito del juicio de igualdad, al respecto ver las sentencias C-1380 de 2000 (MP Alfredo Beltrán Sierra; en este caso se reiteró que “(…) el derecho a la igualdad sólo puede predicarse cuando hay identidad entre los supuestos de hecho frente a los cuales se realiza la comparación.”); C-1041 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa; la Corte consideró que “(…) la demanda no es explícita acerca de cuáles son las personas que se ven beneficiadas o perjudicadas por el trato distintivo realizado por las normas legales. En este sentido, el accionante no efectúa una comparación entre sujetos, que hacen parte de un mismo universo y sobre los cuales recae un trato diferente injustificado. Por lo tanto, la demanda no cumple con los requisitos especiales de especificidad exigidos para la admisión de los cargos por violación al derecho a la igualdad.) C-176 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández; en este caso la Corte consideró que “(…) en la formulación de un cargo por violación a la igualdad es necesario que se establezcan en la demanda las personas, los elementos o las situaciones respecto a las cuales aduce que existe diferencia.”; la Corte resolvió declararse inhibida.) Esta última decisión fue reiterada por la sentencia C-178 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández).

References: artículo 13
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 333
 artículo 146
 artículo 334
 artículo 146
 artículo 334
 artículo 49
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 158
 artículo 150
 artículo 334
 artículo 338
 artículo 49
 artículo 146
 artículo 243
 artículo 146
 artículo 338
 artículo 49
 artículo 146
 artículo 334
 artículo 146
 artículo 334
 artículo 146
 artículo 365
 artículo 366
 artículo 1216