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Timestamp: 2019-12-08 02:16:45+00:00

Document:
Registro Oficial. 4 de NOVIEMBRE del 2003
Martes, 4 de Noviembre del 2003 - R. O. No. 203
0081\n Fijase el valor\n del peaje en la estación ubicada en Oyacoto, en el acceso\n Norte del Distrito Metropolitano de Quito
0082 Fíjase el valor del\n peaje en la estación de Catamayo de la carretera estatal\n Loja- Catamayo
0602 Expídese el Reglamento\n sobre la tenencia de perros y gatos en el país.
AGD-GG-GCI-2003-001 Dispónese la incautación\n de todos los bienes que sean de público conocimiento de\n propiedad de los ex-administradores y/o ex-accionistas del Banco\n de Préstamos S.A., Banco de Préstamos Ltd., Cayman\n y BANAPREST Panamá
JB-2003-581 Reforma a la norma de auditores\n internos
JB-2003-582\n Reforma a la\n norma de capitalización de cuentas patrimoniales.
JB-2003-583\n Reforma a la\n norma de burós de crédito.
JB-2003-584 Cambio de Ministerio da Bienestar\n Social por Ministerio de Desarrollo Humano
JB-2003-585\n Corrección\n de errores en norma de fondo de liquidez
336-2000\n Aldo Ronald\n Sánchez Córdova en contra de Julio Delfín\n Parra
9-2002	Juan Manuel Fernández\n Morocho en contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil
14-2002\n José\n Roberto Ladines Pacheco en contra de ECAPAG
25-2002	Esther Luzuriaga Ayala en contra\n del IESS
83-2002	Víctor Manuel Dumani\n Torres en contra de la Junta de Beneficencia de Guayaquil
134-2002\n Carlos Vicente\n Tapia Guillén en contra de Lloyds Bank y otro
165-2002 Hugo Segundo Guillermo Vásquez\n en contra de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado\n (ENFE)
234-2002 Eudocia Edubis Sánchez\n Murillo en contra de INEPACA
241-2002 Washington Orozco Morán\n en contra de ECAPAG.
248-2002\n Eduardo Flores\n Pita en contra de ECAPAG
751 Precios de Referencia del Sistema\n Andino de Franjas de Precios para la segunda quincena de agosto\n de 2003, correspondientes a la Circular N0 202 del 4 de agosto\n de 2003.
752 Delegación de funciones
753\n Precios de Referencia\n del Sistema Andino de Franjas de Precios para la primera quincena\n de septiembre de 2003, correspondientes a la circular No 203\n del 18 de agosto de 2000
754\n Solicitud de\n aplicación de medidas correctivas por parte de la República\n del Ecuador a importaciones de productos clasificados en las\n subpartidas arance-larias NANDINA 1507.90.00, 1512.19.00, 1516.20.00,\n 1517.10.00 y 1517.90.00, originarias de Países Miembros\n de la Comunidad Andina, bajo lo dispuesto en el articulo 97 del\n Acuerdo de Cartagen
-\n Cantón Palanda: Que\n crea el Comité Cívico de Desarrollo45
-\n Cantón 24 de Mayo: Que\n reglamenta el pago de viáticos, subsistencia, alimenta-ción,\n gastos de transporte a los funcio-narios y servidores del Ilustre\n Concejo Municipal.
-\n A la publicación de la reforma a la Ordenanza que reglamenta el pago para\n el servicio del agua potable del cantón Chillanes, publicada\n en el Registro Oficial No 152 del 21 de agosto de 2003.\n \n
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS\n Y COMUNICACIONES
\n SUBSECRETARIA DE CONCESIONES
Que es deber del Estado el mantener las carreteras con un\n adecuado nivel de servicio, para facilitar el tránsito\n normal y seguro, deber que es necesario sea compartido por los\n usuarios como una forma de retribución del servicio prestado;
Que es indispensable descentralizar y desconcentrar la gestión\n del Ministerio de Obras Públicas, acorde con los principios\n de la Ley de Modernización del Estado;
Que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones\n y el Ilustre Municipio de Quito, suscribieron un acta de compromiso\n por la cual el MOP asume la deuda que mantiene la Empresa Metropolitana\n de Obras Públicas con el Banco del Estado por el crédito\n concedido para la ejecución de las obras en las entradas\n sur y norte de Quito, adicionalmente existen al momento contratos\n de rehabilitación de las mencionadas entradas;
Que el mantenimiento vial implica la erogación de cuantiosos\n recursos económicos que en toda su magnitud no posee este\n ministerio;
Que es indispensable contar con el apoyo de la sociedad civil,\n por intermedio de los usuarios de los caminos públicos,\n para poder realizar un mantenimiento vial, adecuado a las necesidades\n del transporte y seguridad de aquellos;
Que es prioritario garantizar un adecuado nivel de servicio\n de las vías estatales para los usuarios, a través\n del mantenimiento rutinario y periódico, servicios de\n auxilio inmediato y ambulancia, señalización horizontal\n y vertical, seguros contra terceros;
Que el Art. 54 de la Ley de Caminos, publicada en el Registro\n Oficial N0 285 de 7 de julio de 1964, faculta al Ministerio de\n Obras Públicas el fijar, cobrar peajes u otras contribuciones\n a cargo de todos los vehículos, tomando en cuenta de manera\n fundamental el peso o tonelaje de los mismos, la calidad y el\n uso de los caminos; y,
En uso de las atribuciones que consta en el artículo\n 54 de la Ley de Caminos,
Art. 1.- Fijar el valor del peaje en la estación ubicada\n en Oyacoto, en el acceso norte del Distrito Metropolitano de\n Quito, el mismo que debe ser pagado por los usuarios de la vía\n antes descrita, de conformidad con la siguiente escala:
Livianos:	$ 0.40
\n Buses y camiones de 2 ejes:	$ 0.80
\n Camiones de 3 ejes:	$ 1.20
\n Camiones de más de 3 ejes:	$ 1.60
Art. 2.- Tipo de vehículos: A efectos del cobro del\n peaje se establecen las siguientes categorías de vehículos:\n livianos, buses y vehículos pesados.
Vehículos livianos son aquellos empleados para el transporte\n de hasta 10 pasajeros y/o cargas livianas, siempre que tengan\n un máximo de 2 ejes simples con dos llantas por eje.
Buses son aquellos vehículos destinados exclusivamente\n al transporte de pasajeros, adecuados para más de 10 personas,\n independiente del número de ejes o llantas por eje.
Vehículos pesados son aquellos que comprenden a su\n vez las categorías de camiones de 2, 3, 4, 5 y más\n ejes, destinados al transporte de carga.
Art. 3.- El peaje anteriormente fijado se cobrará a\n todos los vehículos que circulen por el acceso Norte al\n Distrito Metropolitano de Quito con excepción de los vehículos\n de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, ambulancias,\n Defensa Civil y MOP.
Art. 4.- Derógase expresamente todas las normas de\n igual o menor jerarquía que se opongan al presente acuerdo\n ministerial, especialmente los acuerdos, resoluciones ~ decretos\n que fijan tarifas para la estación ubicada en Oyacoto,\n en el acceso Norte al Distrito Metropolitano de Quito.
Art. 5.- Encárguese de la ejecución del presente\n acuerdo, que entrará en vigencia a partir del 10 de octubre\n de 2003, sin perjuicio de su publicación en el Registro\n Oficial, al señor Subsecretario de Concesiones.
Comuníquese y publíquese.- Quito, a 7 de octubre\n de 2003.
f.) lng. Estuardo Peñaherrera Gallegos, Ministro de\n Obras Públicas y Comunicaciones.
Que es indispensable descentralizar y desconcentrar la gestión\n del Ministerio de Obras Públicas, acorde con los principios\n de la Ley de Modernización del Estado y el reglamento\n sustitutivo de la misma ley;
Que es prioritario garantizar un adecuado nivel de servicio\n de las vías estatales para los usuarios, a través\n del mantenimiento rutinario y periódico;
Que el Art. 54 de la Ley de Caminos, publicada en el Registro\n Oficial No 285 de 7 de julio de 1964, faculta al Ministerio de\n Obras Públicas el fijar, cobrar peajes u otras contribuciones\n a cargo de todos los vehículos, tomando en cuenta de manera\n fundamental el peso o tonelaje de los mismos, la calidad y el\n uso de los caminos; y,
En uso de las atribuciones y facultades establecidas en el\n articulo 54 de la Ley de Caminos y las disposiciones pertinentes\n del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo\n de la Función Ejecutiva,
Art. 1.- Fijar el valor del peaje en la estación de\n Catamayo, el mismo que debe ser pagado por los usuarios de la\n carretera estatal Loja-Catamayo, de conformidad con la siguiente\n escala:
Livianos:	$0,50
\n Buses y camiones de 2 ejes:	$ 1,00
\n Camiones de 3 ejes:	$ 1,50
\n Camiones de más de 3 ejes:	$ 2,00
Art. 3.- El peaje anteriormente fijado se cobrará a\n todos los vehículos que circulen por la carretera Loja-Catamayo\n con excepción de los vehículos de la Policía\n Nacional, Fuerzas Armadas, ambulancias, Defensa Civil y MOP.
Art. 4.- Derógase expresamente todas las normas de\n igual o menor jerarquía que se opongan al presente acuerdo\n ministerial.
Que es obligación del Gobierno Nacional, a través\n del Ministerio de Salud Pública, velar y garantizar la\n salud y vida de la población;
Que de conformidad con el Art. 176, Capítulo VII de\n la Constitución Política de la República,\n los ministros de Estado representarán al Presidente de\n la República en los asuntos propios del Ministerio a su\n cargo, esto en concordancia con lo dispuesto en el artículo\n 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva;
Que el Art. 87 del Código de la Salud, establece que\n es obligación de los propietarios o poseedores de animales\n cumplir con las disposiciones sanitarias sobre inmunizaciones,\n observación, captura, cuarentena, desinfección,\n decomiso y sacrificio de animales sospechosos o enfermos y destrucción\n de cadáveres, industrialización de animales decomisados\n o sacrificados y su transporte dentro y fuera del territorio\n nacional;
Que la política de salud exige celeridad y dinamismo\n en las acciones de la prevención y control de las enfermedades\n de notificación obligatoria, en lo que se refiere al control\n de rabia humana y animal, con los criterios técnicos de\n epidemiólogos de la institución determinan que\n es fundamental el reglamentar sobre tenencia de perros y gatos;\n y,
Expedir el siguiente Reglamento sobre la tenencia de perros\n y gatos en el país.
Art. 1.- Todo tenedor de perros y gatos, está obligado\n a vacunarlos contra la rabia y proveerse del certificado de vacunación\n de acuerdo a las normas dictadas por este Ministerio. Este certificado\n será expedido por las direcciones provinciales de salud\n a través de sus unidades operativas o por médicos\n veterinarios debidamente autorizados por las direcciones provinciales\n de salud.
Las revacunaciones se realizarán cada año o\n cuando el Ministerio de Salud creyera conveniente.
Art. 2.- Todo tenedor de perros está obligado a matricularlos\n a partir de los 3 meses de edad en los servicios de zoonosis\n o áreas de salud de su provincia.
Art. 3.- La matrícula consistirá en elaborar\n una ficha técnica y extender una placa metálica\n numerada. La ficha y carné contendrán los siguientes\n datos:
Fotografía del animal, nombres completos del propietario,\n dirección y teléfono; y, nombre del animal, fecha\n de nacimiento, color, raza, sexo. Vacunación antirrábica:\n servicio y fecha de aplicación, el nombre y la firma del\n funcionario responsable.
En la placa se gravará los números de la matrícula\n el servicio de zoonosis o el número del área de\n salud y Dirección Provincial de Salud. Esta placa deberá\n portar el animal en su collar.
Art. 4.- Para que el tenedor pueda obtener la matrícula\n deberá vacunar a su animal contra la rabia, presentar\n un certificado de salud veterinario y cancelar el valor en forma\n periódica que será fijado por la autoridad de salud.
En el certificado de salud se detallarán otras vacunas\n aplicadas para enfermedades zoonósicas y específicas\n de la especie y tratamiento antiparasitario.
En las direcciones provinciales de salud donde existen servicios\n de zoonosis se realizará íntegramente este PLAN.
Los certificados de salud veterinarios pueden obtenerse en\n estos servicios de zoonosis o servicios veterinarios privados\n autorizados por la Dirección Provincial de Salud correspondiente.
Art. 5.- La matrícula será válida por\n tres años y su renovación es obligatoria de acuerdo\n a lo estipulado en los artículos 3 y 4 de este reglamento.
Art. 6.- Los servicios de zoonosis a las áreas de salud\n del Ministerio de Salud Pública, serán los responsables\n de vacunar, matricular y registrar los perros de su jurisdicción.
Datos de la matrícula.
\n Número de servicio de zoonosis o área de salud.
\n Número del recibo de pago de derecho de matrícula.
\n Número del servicio veterinario particular.
\n Nombre y firma del funcionario responsable
Art. 7.- Las personas que se dediquen a la explotación\n y comercialización de perros y otros animales de compañía,\n deberán obtener el permiso de funcionamiento otorgado\n por la respectiva Dirección Provincial de Salud y la venta\n solo se efectuará a partir de los 3 meses de edad, una\n vez que se haya aplicado el primer esquema de vacunación.
Los comerciantes informales se sujetarán a estas disposiciones.
Art. 8.- Los servicios veterinarios privados (clínicas\n o consultorios) previamente registrados, reportarán mensualmente\n los datos de vacunación antirrábica al área\n de salud correspondiente, mediante el formulario respectivo.
Art. 9.- Ningún perro podrá transitar libremente\n por las calles y vía pública sin su placa, debiendo\n ser conducido del pretal por su dueño.
Art. 10.- Los perros y otros animales de compañía\n que se encuentren deambulando en la vía pública\n serán capturados por las brigadas sanitarias e internados\n en los servicios de zoonosis.
\n El animal que porte la placa de matriculación en su collar\n permanecerá recluido por 72 horas, dentro de las cuales\n serán reclamados por sus propietarios una vez que se haya\n satisfecho la multa de un dólar americano, los gastos\n de manutención diaria del animal equivalente a $ 0,40\n y 1,00 dólar por aplicación de vacuna antirrábica.
Además el servicio ofrecerá la aplicación\n de vacuna quíntuple canina a fin de prevenir otras enfermedades\n zoonósicas y propias de la especie, de acuerdo al estado\n de salud del animal, el cual podrá ser desparasitado,\n el costo de este servicio adicional será 2,00 USD más\n el costo comercial de los productos.
Vencido este plazo, si el animal matriculado o no matriculado,\n no ha sido retirado por su dueño el mismo podrá\n ser destinado a instituciones de carácter científico\n o donado a una persona responsable una vez cubiertos los gastos\n administrativos señalados y en último de los casos\n será sacrificado.
Los animales bajo protección serán entregados\n a las instituciones respectivas.
Art. 11.- Se prohíbe tener perros y otros animales\n de compañía sueltos en mataderos, mercados, restaurantes,\n hoteles, posadas, casas de inquilinato, propiedad horizontal,\n hospitales, escuelas, colegios y demás locales y establecimientos\n donde habitual o eventualmente se efectúen aglomeraciones\n de personas.
En aquellos establecimientos como planteles educativos, fábricas,\n centros industriales, comerciales, etc., se podrá tener\n perros sueltos solamente fuera de las horas laborables, siempre\n y cuando estos establecimientos tengan sus respectivos cerramientos\n y seguridades.
Todo propietario deberá mantener a sus perros y animales\n de compañía con las debidas seguridades dentro\n de su casa, esto es con cerramiento y mallas apropiadas para\n que el animal no saque la cabeza y pueda morder a los transeúntes.
Art. 12.- Los perros cuyas razas sean de temperamento agresivo\n e impredecible comportamiento, capaz de provocar en las personas\n lesiones sumamente graves, deben mantenerse dentro del domicilio\n en jaulas muy seguras. Cuando éstos deban salir de sus\n domicilios lo harán en compañía de sus dueños\n con cadena y respectivo bozal, por ningún concepto podrán\n deambular sueltos en la calle.
Art. 13.- La ciudadanía está obligada a denunciar\n la existencia de animales sospechosos de rabia y otras enfermedades\n zoonósicas a la autoridad de salud, con el fin de tomar\n las medidas de control epidemiológico pertinente; de igual\n manera esta obligación se extiende a la denuncia de mordeduras\n producidas por cualquier animal.
Art. 14.- Los propietarios de animales sospechosos de padecer\n rabia u otras enfermedades zoonósicas o que hayan causado,\n mordeduras o arañazos a personas u otros animales, tienen\n la obligación de entregarlos a los servicios de zoonosis\n o su reemplazo, para que sean observados y además se puedan\n tomar las medidas sanitarias correspondientes.
El propietario del animal, deberá cancelar a la persona\n mordida el costo que ocasionare el tratamiento médico\n y otros daños, la multa y gastos administrativos que determina\n este reglamento durante la cuarentena.
Los servicios veterinarios privados por igual están\n en la obligación de aislar a los animales sospechosos\n de padecer enfermedades zoonósicas, comunicar al área\n de salud para su retiro y solución sanitaria.
Art. 15.- Los animales susceptibles y no vacunados que hayan\n sido mordidos por el rabioso, serán eliminados inmediatamente.\n A los vacunados se les practicará la revacunación\n y durante 60 días se les mantendrá en cuarentena.
Art. 16.- Los animales que por descuido o negligencia de sus\n propietarios muerdan a personas en la vía pública\n por más de dos ocasiones serán eliminados previa\n comprobación de los hechos. Además el dueño\n será sancionado conforme lo previsto en el Código\n de la Salud.
Art. 17.- Prohíbese el ingreso al país de todo\n animal susceptible de transmitir rabia y otras enfermedades zoonósicas.\n El interesado deberá presentar la autorización\n de salida expedido por la autoridad de salud del país\n de origen con visa consular ecuatoriana, en la que se acredite\n que las medidas de prevención se realizaron con un mínimo\n de 30 días y un máximo de 12 meses, previo al ingreso.
Art. 18.- Para transportar perros y otros animales de compañía\n dentro del territorio nacional se requiere el permiso de la autoridad\n sanitaria correspondiente, el mismo que será concedido\n de acuerdo a lo estipulado en el Art. 2 del presente reglamento.
Art. 19.- Todo ciudadano está en la obligación\n de notificar a la autoridad sanitaria las infracciones a este\n reglamento, a fin de que sean tomadas las medidas correspondientes\n y los contraventores sancionados una vez comprobados los hechos.
Art. 20.- Las personas reincidentes serán sancionadas\n con el doble de las sanciones de acuerdo a lo establecido en\n los artículos 231 y 237 del Código de la Salud\n vigente, sin perjuicio del decomiso y sacrificio de los animales.
Art. 21.- El personal de salud actuará en los peajes\n y más Sitios de tránsito y la policía prestará\n todo el apoyo requerido, de acuerdo a lo dispuesto en el Código\n de la Salud.
Art. 22.- Los fondos que se recauden por matrículas,\n multas y otros conceptos deberán ingresar por Tesorería\n de la Dirección Provincial de Salud, debiéndose\n reinvertirse en el control de la rabia y otras zoonosis de las\n respectivas provincias. Los fondos no utilizados durante el año\n fiscal ingresarán al presupuesto de la Dirección\n Nacional de Epidemiología para ser invertidos en los mismos\n programas a nivel nacional.
Art. 23.- Las ordenanzas municipales que se dictaren sobre\n la tenencia de perros, gatos y otros animales de compañía\n se sujetarán a las disposiciones del Código de\n Salud vigente, según lo establece en sus artículos\n 203 y 204.
\n Disposición transitoria
Fijase en dos dólares el valor de la matrícula,\n cantidad que regirá hasta que la autoridad de salud proceda\n a su revisión y determine nuevas obligaciones.
El presente reglamento entrará en vigencia a partir\n de su suscripción, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial, dejándose insubsistente todas\n las demás disposiciones que se opongan al presente reglamento.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 15 de octubre\n de 2003.
f.) Oswaldo Ríos Muñoz, Ministro de Salud Pública\n (E).
Lo certifico.- Quito, 22 de octubre de 2003.
No AGD-GG-GCI-2003-001
Wilma Salgado Tamayo
Que el Art. 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica\n en el Área Tributaria Financiera, reformado y establecido\n mediante Ley 2002-060, promulgada en el Registro Oficial N0 503\n de 28 de enero de 2002 establece que: "En aquellos casos\n en que los administradores hayan declarado patrimonios técnicos\n y reales, hayan alterado las cifras de sus balances o cobrado\n tasas de interés sobre interés, garantizan con\n su patrimonio personal los depósitos de la institución\n financiera, y la Agencia de Garantía de Depósitos\n podrán incautar aquellos bienes que son de público\n conocimiento de propiedad de estos accionistas y transferirlo\n a un fideicomiso en garantía mientras se prueba su real\n propiedad, en cuyo caso pasarán a ser recursos de la Agencia\n de Garantía de Depósitos y durante este periodo\n se dispondrá su prohibición de enajenar";
Que con fecha 22 de agosto de 2001, mediante oficio No UEIF-MP-040-01-JM,\n dirigido al entonces Gerente General de la AGD, la señora\n Ministra Fiscal General del Estado, Dra. Mariana Yépez,\n expresa: "En tal virtud corresponde a Usted proceder a incautar\n y disponer la prohibición de enajenar de los bienes que\n son de público conocimiento de propiedad de los accionistas\n de las instituciones financieras que han incurrido en los casos\n mencionados y en la forma como se determina en dicha norma legal";
Que mediante oficio No CCCC-2000.1453 de 28 de junio de 2000,\n el Director Ejecutivo de la Comisión de Control Cívico\n de la Corrupción, Ec. Pedro Votruba, informa al despacho\n del Ministerio Fiscal sobre los resultados de la investigación\n relacionada con las irregularidades detectadas en el aumento\n de capital del Banco de Préstamos S.A., en el período\n de junio a agosto de 1998;
Que el Tribunal Segundo Penal de Pichincha, en sentencia expedida\n el 18 de abril de 2001, las 11h00 horas, cita las conclusiones\n a las que llegó la Unidad de Investigaciones Financieras\n del Ministerio Público, luego del análisis a la\n documentación remitida por la CCCC y sus propias investigaciones\n expresando: "Que el 22 de junio de 1998 se publica en los\n periódicos del País el aumento de capital pagado\n en 160 mil millones de sucres, equivalentes a treinta millones\n de dólares; y bajo la presentación de una irreal\n situación financiera, pretendía dar la imagen de\n que el Banco que se ubicaba en la cuarta posición de solvencia\n patrimonial, según aparece de la referida publicación.\n Con este procedimiento fraudulento ejecutado por el señor\n Alejandro Peñafiel Salgado, Presidente Ejecutivo del Banco\n de Préstamos SA., forjando una falsa imagen de solidez\n financiera ante los depositantes, posibilito la consumación\n de su propósito delictivo; subsumiendo su conducta en\n el contexto de los Arts. 131 de la Ley General de Instituciones\n del Sistema Financiero; y, 560 y 563 del Código Penal";
Que en el considerando séptimo de la indicada sentencia,\n parte pertinente se expresa: "... Del análisis de\n las constancias procesales y pruebas introducidas en la audiencia\n de juzgamiento, el tribunal considera que no han cambiado los\n fundamentos en que se sustenta la acción incriminada al\n Ec. José Alejandro Peñafiel Salgado y menos, las\n evidencias materiales, testimoniales y documentales en las que\n la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, motivé\n la ejecutoria mediante la que se lo llamo a juicio plenario,\n considerando que: "los hechos denunciados en la excitativa\n fiscal y que son objeto del auto inicial del sumario, rebasando\n el nivel de las previsiones normativas de la Ley General de Instituciones\n del Sistema Financiero, trascienden al campo penal de los delitos";\n y, más adelante, continúa expresando que: "trastocando\n con esta falsa información, de modo deliberado, la realidad\n financiera de dicho banco, pretendiendo ocultar al conocimiento\n público, infundiendo la creencia de que la situación\n financiera del Banco de Préstamos era de alta solvencia\n y confiabilidad, cuando en verdad atravesaba por una verdadera\n crisis de liquidez, por retiros de depósitos que estaban\n afectando su estabilidad y le habla obligado a acudir a un crédito\n importante al Banco Central del Ecuador, autorizado por la Junta\n Monetaria, al tenor del Art. 24 de la Ley de Régimen Monetario\n y Banco del Estado, conforme consta del Informe presentado por\n la Intendencia Nacional de Bancos y Grupos Financieros a la Junta\n Bancaria; de fecha 24 de agosto de 1998, en base de la cual la\n Superintendencia de Bancos ordenó la liquidación\n forzosa del Banco de Prestamos";
Que más adelante en el considerando séptimo\n de la indicada sentencia se expresa también: "Por\n ello, la Sala en la ejecutoria concluye: "De la documentación\n examinada la Sala advierte que el propósito de semejante\n información, que en su testimonio indagatorio de fs. 211-214,\n el encausado pretende negar, era detener los retiro de depósitos\n con engaños y falacias, creando una imagen de solvencia\n del todo ficticia, después de haber incurrido en actos\n fraudulentos de concentración de créditos a través\n de las empresas vinculadas de propiedad de la familia Peñafiel,\n como son: TOTISA, TRIPETROL EXPLORATION AND PRODUCTION, COMPUR\n S.A., MEGAGROY INVESTMEN, entre otras, a las cuales no exigió\n el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, ni cumplió\n con efectuar la desinversión de acciones en la empresa\n Cementerio Monteolivo, empresa también vinculada al Banco\n de Préstamos, todo lo cual implica haber distraído\n los fondos del Banco en perjuicio definitivo de los miles de\n depositantes y ahorristas, como se desprende de las medidas de\n control de la Superintendencia de Bancos a que hacen referencia\n los documentos incorporados de fs. 127 a 135";
Y que, finalmente, el indicado Tribunal Segundo Penal de Pichincha\n condena al ciudadano José Alejandro Peñafiel Salgado\n a la pena de ocho años de reclusión mayor ordinaria\n por las conductas indicadas en los considerandos;
Que las conductas referidas fueron causa del cierre del Banco\n de Préstamos y sus subsidiarias, y ha obligado al Estado\n Ecuatoriano, por medio de la Agencia de Garantía de Depósitos,\n a desembolsar ingentes cantidades de dinero para el pago de la\n garantía contemplada en la ley ecuatoriana, lo cual ha\n venido en un grave perjuicio al. erario público y a los\n depositantes;
Que tanto en la sentencia, ya indicada, del Tribunal Segundo\n Penal de Pichincha, como en el oficio No AT-BCS-DL-660-03 de\n 15 de septiembre de 2003 del Director Jurídico de las\n instituciones financieras de la sierra en saneamiento, se contiene\n la singularización e identificación de empresas\n y personas naturales declaradas vinculadas del Banco de Préstamos\n S.A., en saneamiento, al 30 de junio de 2001, las cuales deberán\n demostrar contra la presunción que la ley establece a\n favor de la AGD en el Art. 29 de la Ley de Reordenamiento en\n Materia Económica en el Área Tributaria Financiera,\n que se contiene en la presente resolución; y,
Y por cuanto lo dispone imperativamente la norma legal invocada,\n los administradores y accionistas garantizan con su patrimonio\n personal los depósitos de las instituciones financieras\n que hubieren estado a su cargo y/o de las que hubieren sido accionistas,
Art. 1.- Disponer la incautación de todos los bienes\n que sean de público conocimiento de propiedad de los ex-administradores\n y/o ex-accionistas del Banco de Préstamos S.A., Banco\n de Préstamos Ltd., Cayman y BANAPREST Panamá, principalmente\n de los señores José Alejandro Peñafiel Salgado\n y Dr. Mario Larrea Vasco, y de todas las personas naturales y\n jurídicas señaladas en el anexo N0 1 de esta resolución\n constituida por el oficio N0 AT-BCS-DL-660-03 de 15 de septiembre\n de 2003, suscrito por el Director Jurídico de las instituciones\n financieras de la sierra en saneamiento, así como de las\n empresas TOTISA, TRIPETROL EXPLORATION AND PRODUCTION, COMPUR\n S.A., MEGAGROY INVESTMEN, señaladas por el Tribunal Segundo\n Penal de Pichincha como vinculadas y beneficiarias de actos fraudulentos\n de concentración de créditos otorgados por el banco.\n Así como también de las empresas que a continuación\n se detalla:
No	EMPRESAS
1	ADMAGRO
\n 2	ALFAX S.A.
\n 3	BANIPEX S.A.
\n 4	BANPREST INVESTMET LTDA.
\n 5	BANPREST LTD.
\n 6	BIOPRODUCTOS DEL ECUADOR C.A.
\n 7	BIOSI SA.
\n 8	BORDINO S.A.
\n 9	BURKARD S.A.
\n 10	CAMILERI SA.
\n 11	CAMRY ENTERPRISE
\n 12	MONTANAVIS.A.
\n 13	CHAMTI'IS.A.
\n 14	CHAPINEROS S.A.
\n 15	CHIARINIS.A.
\n 16	CIA. EXPORTADORA AGROINDUSTRIAL
\n SAN NICOLAS
\n 17	CITARISTIS.A.
\n 18	COFERLASA S.A.
\n 19	COLITO S.A.
\n 20	CONSORCIO TOTISA TRIPETROL
\n 21	CONSTALAMEDA ESTRUCTURAL CIA. LTDA.
\n 22	CORAL TRADING
\n 23	COUTTS
\n 24	COVERTCORP
\n 25	DERNEMING SA.
\n 26	DISLER SA.
\n 27	DISMAKONSA S.A.
\n 28	DULMI S.A.
\n 29	FAMXO S.A.
\n 30	FINALCO S.A.
\n 31	FRIENDLY DEALERS
\n 32	FUL VIN SA.
\n 33	GANI SA.
\n 34	GESTION Y NEGOCIOS S.A. DOBLE ALFHA
\n 35	GONCALVEZ LUIS
\n 36	GRAFF ALAVEDRA PABLO
\n 37	GRUBO
\n 38	GRUNEL SA.
\n 39	INMAPREVI S.A.
\n 40	INMOBILIARIA ALAMEDA CIA. LTDA.
\n 41	INMOBILIARIA HUMBOLT
\n 42	INMOBILIARIA TABIRO
\n 43	INTERWAYS BUSINESS
\n 44	INTREDAL SA.
\n 45	INVERPREN SA.
\n 46	JACADI SA.
\n 47	KOLPAC SA.
\n 48	KRISPI SA.
\n 49	LACOSUD LA COMPANIA SUDAMERICANA DE
\n SEGUROS S.A.
\n 50	LAFAN S.A.
\n 51	LEMVIRA S.A.
\n 52	LIASON S.A.
\n 53	LOLBE S.A.
\n 54	MALTASA
\n 55	MIETE
\n 56	PARQUES MONTE OLIVO MONTEOLIVO CA.
\n 57	NOLA S.A.
\n 58	NOSALOBI
\n 59	OPORSA
\n 60	ORLO LEY INTERNATIONAL ORLINTER
\n 61	ORMIR S.A.
\n 62	PARKENOR S.A.
\n 63	PERTUSI SA.
64 PICACIO
\n 65	PROJECTMAR SA.
\n 66	RADIO HOY CIA. LTDA. RADIHOY
\n 67	RASIMELI S.A.
\n 68	SALVOLINI. SA.
\n 69	EMPRESAS SANTANA ALVAREZ, SANTALVA S.A.
\n 70	SELERPREST S.A.
\n 71	SEPT S.C.C.
\n 72 SERVIFLEX SA.
\n 73	SILVADIN SA.
\n 74	SOLONA S.A.
\n 75 SOMELIER
\n 76	SORTJTUS S.A.
\n 77 SPRING KING FINANCE
\n 78	STAZA S.A.
\n 79	TRIVELI S.A.
\n 80	VERNASCA SA.
\n 81	VERRETI S.A.
\n 82	VOLPONI S.A.
\n 83	YOUL
Respecto de dichos bienes se dispone: que sean transferidos\n en forma inmediata a propiedad de la Agencia de Garantía\n de Depósitos, por lo que pasan a ser recursos de la misma\n por la incautación que- se ejecuta mediante este instrumento,\n debidamente amparada por la ley, para lo cual se oficiará\n tanto a la Superintendencia de Compañías, registradores\n de la Propiedad, registradores Mercantiles, Dirección\n Nacional de Tránsito, Comisión de Tránsito\n del Guayas, capitanías de Puerto, donde estas personas\n naturales y jurídicas tengan inscritos sus bienes muebles,\n vehículos, acciones, participaciones, inmuebles, yates,\n naves o aeronaves, con el objeto de que tomen nota de esta transferencia\n de dominio por incautación, establecida en forma imperativa\n en la ley.
Art. 2.- En los casos en que dentro del tiempo señalado\n en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva, se presentaren recursos administrativos\n en contra de la presente resolución acompañando\n al libelo del recurso prueba basada en documento público\n de la propiedad de los bienes, de conformidad con lo ordenado\n por el Art. 29 de la Ley de Reordenamiento, los bienes serán\n transferidos a un fideicomiso en garantía hasta la terminación\n del procedimiento y resolución de los recursos. En todos\n estos casos se dispondrá que los señores registradores\n inscriban la correspondiente prohibición de enajenar.
Art. 3.- Para el cumplimiento de esta orden de incautación,\n procédase a ocupar de forma inmediata; con el apoyo de\n la fuerza pública y de las fuerzas armadas, los libros\n de contabilidad, bienes muebles e inmuebles de las personas naturales\n y jurídicas antes indicadas, debiendo además llevarse\n a cabo entre otros los actos siguientes:
Que se oficie a la Superintendencia de Compañías;\n y, Bancos y Seguros con el objeto de que inscriba en sus libros\n esta orden de incautación, en relación a las acciones\n y activos de las empresas antes determinadas, que impida cualquier\n transferencia o cesión de acciones posterior a esta orden;\n así como también para que éstas se abstengan\n de registrar cesiones de acciones y participaciones relacionadas\n con las personas naturales y el paquete accionario de las sociedades\n a las que se refiere esta orden de incautación.
Que se oficie a los registradores mercantiles de los cantones\n del país, el contenido de esta orden de incautación,\n con el objeto de que se deje sin efecto la vigencia de los nombramientos\n de los representantes legales de las compañías\n sobre cuyos bienes recae la presente orden de incautación\n y los que ostenten, en otras sociedades los ex-administradores\n y/o ex-accionistas del Banco de Préstamos S.A., Banco\n de Préstamos Ltd., Cayman, y BANAPREST Panamá.
Que se oficie a la Comisión de Tránsito del\n Guayas, Consejo Nacional de Tránsito, Policía Nacional\n de Tránsito, capitanías de Puerto del Ecuador,\n Dirección de Aviación Civil, Dirección General\n de la Marina Mercante, y otros registros públicos, con\n la presente orden de incautación a efecto de que se abstengan\n de inscribir en los registros a su cargo. cualquier transferencia,\n gravamen o limitación de dominio, respecto de vehículos\n o naves de cualquier naturaleza y tipo que sean de propiedad\n de las personas naturales y jurídicas o sociedades cuyas\n acciones o participaciones son objeto de esta orden de incautación,\n así como procedan a la inscripción de la respectiva\n orden de incautación y prohibición de enajenar\n sobre dichos bienes.
Que se oficie al Consejo Nacional de la Judicatura para que\n 'por su intermedio se notifique a todas las notarías públicas\n del Ecuador, con la presente orden de incautación con\n la finalidad de que se abstengan de celebrar actos o contratos\n que comprometan bienes de cualquier naturaleza de propiedad de\n las personas naturales y personas jurídicas sobre cuyas\n acciones o participaciones recae la presente incautación.
Que se oficie a las bolsas de valores del país con\n la presente orden de incautación con la finalidad de que\n se impida la negociación de acciones, participaciones\n o cualquier otro titulo valor que debiendo ser negociado por\n medio de cualquiera de las bolsas de valores del país\n sean propiedad de las personas naturales y/o sociedades cuyas\n acciones o participaciones sean objeto de esta orden de incautación.
Que se oficie a todas las instituciones que operen en el sistema\n financiero ecuatoriano, con esta orden de incautación\n a efectos de que procedan a poner a disposición de la\n Agencia de Garantía de Depósitos todas las inversiones,\n depósitos en cuenta o cualquier otra clase de recursos\n o inversiones que tuvieren registrados en sus balances a la fecha,\n a favor de las personas naturales o sociedades cuyas acciones\n o participaciones son objeto de esta medida de incautación.
Que se oficie a la Superintendencia de Bancos, con la presente\n orden de incautación, con la finalidad de que ésta\n a su vez oficie a los almacenes generales de depósitos\n bajo su control a efectos de que estos últimos de abstengan\n de anotar en sus registros cualquier transferencia de dominio\n o gravamen sobre cualquier clase de bienes ingresados al país\n bajo cualquier régimen aduanero y que se encuentren bajo\n su custodia y que sean de propiedad de las personas naturales\n o sociedades sobre cuyas acciones o participaciones recaiga la\n presente orden de incautación, y que a su vez éstas\n informen a la AGD sobre la existencia de cualquier bien mueble\n que siendo de propiedad de las personas naturales o jurídicas\n señaladas, se encuentren en sus almacenes.
Que se oficie al Gerente General de Corporación Aduanera\n Ecuatoriana, con la presente orden de incautación, con\n la finalidad de que se notifique y ordene a todas las zonas aduaneras\n del Ecuador y zonas francas del país, disponiendo se abstengan\n de realizar el proceso de re-exportación y que informen\n de los trámites de nacionalización de todo tipo\n de bienes o mercaderías que se encontraren a su cargo\n y que fueren de propiedad de las personas naturales y sociedades\n sobre cuyas acciones o participaciones recaiga la presente orden\n de incautación, informando posteriormente a esta Gerencia\n General de la existencia de dichos bienes.
Que se oficie al Ministerio Fiscal General del Estado, con\n la presente orden de incautación a efectos de que por\n medio de sus agentes fiscales en todo el país, inicie\n las indagaciones que sean necesarias para la determinación\n del cometimiento del delito de testaferrismo y delitos conexos,\n respecto de las personas naturales sobre cuyos bienes recae la\n presente orden de incautación, y las personas naturales\n que tengan una participación accionaria importante o vínculos\n de administración con las personas jurídicas o\n sociedades sobre cuyas acciones o participaciones recae la presente\n orden de incautación, así como la correspondiente\n investigación a las personas naturales y a los accionistas\n de las sociedades referidas sobre el origen de sus fondos que\n sirvieron para la adquisición de dichos bienes.
Se convoca la participación de todos los señores\n notarios del país para que coadyuven en el levantamiento\n de actas de incautación con el inventario de bienes, detalle\n de bienes, estado, situación y condición de los\n mismos durante la incautación, actas que deberán\n ir suscritas por el delegado del Gerente de Coactivas e Incautaciones\n de la AGD en esta diligencia, por el agente de la fuerza pública\n que la haga efectiva y por el Notario que dé fe del acto.
Se encarga de la custodia temporal de los bienes incautados\n a las personas que el Gerente de Coactivas e Incautaciones de\n la AGD designare, considerando ser las personas más idóneas\n para el efecto, lo cual constará en el respectivo oficio\n de encargo o delegación de dicha facultad de custodia\n de bienes. Dicho custodio deberá contar con el resguardo\n de la fuerza pública, Policía y Fuerzas Armadas\n hasta que dichos bienes se transfieran, de ser el caso en función\n de lo ya expresado en esta resolución, al fideicomiso\n en garantía referido en la ley para posteriormente formar\n parte del patrimonio de la AGD.
Esta orden de incautación es suficiente para la realización\n de todo cuanto se requiera para el cumplimiento de lo aquí\n dispuesto, sin que se pueda alegar contra las personas a las\n que se ordena su cumplimiento, ni por ellas, exceso o falta de\n facultades en el cumplimiento de lo encomendado y dispuesto.
Se ordena que la presente orden de incautación se publique\n en los diarios de mayor circulación a nivel nacional,\n con el objeto de que las personas naturales y jurídicas\n afectadas con la misma se abstengan de realizar actos y contratos\n que afecten al fiel cumplimiento de la incautación, so\n pena de incurrir en los delitos y penas determinados en los Arts.\n 234 y 235 del Código Penal. Siendo la publicación\n suficiente notificación para las personas naturales y\n jurídicas sobre las que recae la presente orden de incautación\n así como para las que deben actuar, efectuar o controlar\n los actos secuentes o consecuencia de la expedición de\n la presente orden de incautación, particularmente las\n autoridades citadas en los incisos precedentes.
La presente orden de incautación se hace extensiva\n en todas sus partes a los bienes de público conocimiento\n de propiedad de otras personas naturales o jurídicas que\n esta Gerencia General posteriormente determine, tomando para\n el efecto los informes que sirven de base a la presente incautación,\n entendiéndose que la misma se origina como una medida\n de resarcimiento al Estado Ecuatoriano por los perjuicios causados\n al erario público al haber tenido que asumir el pago de\n los depósitos y captaciones del Banco de Préstamos\n S.A., Banco de Préstamos Ltd. Cayman y BANAPREST Panamá,\n por lo cual, se concede acción popular para la determinación\n y señalamiento de los bienes que sean de público\n conocimiento de propiedad de las personas naturales o jurídicas\n contra las que se dicta esta orden de incautación
Artículo Final.- De la total ejecución de la\n presente resolución se encarga a las gerencias de Coactivas\n e Incautaciones, Corporativa y de Asesoría Legal, según\n el caso y respectivamente, de la Agencia de Garantía de\n Depósitos.
Comuníquese y publíquese.- Dado en San Francisco\n de Quito, Distrito Metropolitano, a 17 de octubre de 2003.
f.) Dra. Wilma Salgado Tamayo, Gerente General, AGD.
Certifico que la Dra. Wilma Salgado Tamayo suscribió\n la presente orden de incautación, y que la firma que antecede\n le corresponde.
f.) Dr. Carlos Arsenio Larco V., Secretario General, AGD.
Fecha:	17 de octubre de 2003.
Es fiel copia del original, que reposa en los archivos de\n la
\n AGD.
f.) Ilegible. Autorizada.
No. JB-2003-581
Que en el Subtítulo III "Auditorias", del\n Título VIII "De la contabilidad, información\n y publicidad" de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria,\n consta el Capitulo II "Normas para la calificación\n de los auditores internos de las entidades sujetas al control\n de la Superintendencia de Bancos y Seguros";
Que es necesario revisar dicha norma con el propósito\n de determinar los informes a ser emitidos y precisar las sanciones\n para los auditores internos; y,
En uso de la atribución legal que le otorga la letra\n b) del articulo 175 de la Ley General de Instituciones del Sistema\n Financiero,
ARTICULO 1.- En el Capítulo II "Normas para la\n calificación de los auditores internos de las entidades\n sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros",\n del Subtítulo III "Auditorías", del Titulo\n VIII "De la contabilidad, información y publicidad"\n (página 188) de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria,\n efectúense las siguientes reformas:
1.	En el tercer inciso del artículo 1, de la Sección\n 1 "De la calificación, requisitos y registro",\n sustituir la expresión "...los numerales 1.2 y 1.3..."\n por "...los numerales 1.3 y 1.4...".
2.	En el artículo 3, de la citada Sección 1,\n efectuar las siguientes reformas:
2. 1. En el numeral 3.1, reemplazar la frase "...y acreditar\n cinco años de experiencia en la actividad financiera;"\n por ". ..y acreditar una experiencia mínima de cinco\n años en funciones de auditor interno o externo o labores\n afines en instituciones financieras;
2.2.	En el numeral 3.7, sustituir la expresión "...los\n artículos 1 y 2..." por "...el artículo\n 2...".
3.	En el artículo 4 de la referida Sección 1,\n efectuar las siguientes reformas:
3.1.	En el numeral 4.5, eliminar la letra "y"; y,\n

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 4