Source: http://hondurascontaminada.blogspot.com/2010/04/
Timestamp: 2019-09-17 05:20:45+00:00

Document:
HONDURAS CONTAMINADA: abril 2010
HONDURAS: Inicia proceso para que mineras paguen impuestos
La Fiscalía contra la Corrupción anunció que iniciará una investigación sobre este caso y que piensa llamar a declarar a los funcionarios involucrados.
La Secretaría de Finanzas y la Dirección de Fomento a la Minería (Defomin) comenzaron el proceso para que las seis mineras que evadieron el fiscal paguen los impuestos correspondientes por la importación de más de 600 millones de lempiras en diferentes productos y bienes.
La denuncia de EL HERALDO sobre este caso de defraudación fiscal hizo que las autoridades pusieran cartas en el asunto y procedieran a anular las 84 libranzas de los importaciones que se dieron luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) emitiera una resolución para ese fin en 2007, pero que nunca se obedeció.
La titular de la PGR, Ethel Suyapa Deras, indicó que Finanzas remitió la semana pasada a Defomin los 84 expedientes de las ilegales dispensas que se dieron para que anule los dictámenes que dio a favor de esos beneficios y luego sean devueltos a Finanzas para decretar la nulidad total de las exoneraciones.
La invalidación de las dispensas tiene como fin último que se "proceda para que estas compañías enteren al fisco las obligaciones que debieron haber pagado en razón de que no tenían ninguna exención de que gozar", indicó la procuradora.
EL HERALDO publicó que seis mineras, entre ellas Entremares, Minerales de Occidente, Agregados del Caribe, Eurocanteras, American Pacific y Cerros del Sur, fueron beneficiadas al recibir, entre octubre de 2006 y octubre 2007, un total de 84 dispensas fiscales amparadas en el artículo 74 de la Ley General de Minería, que ya había sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2006.
El beneficio fue dado durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales.
En esta sentencia, publicada en el diario oficial La Gaceta, también fueron derogados otros 13 artículos.
Pese a esta resolución, Defomin dio dictámenes favorables a las dispensas y luego Finanzas procedió a aplicar la exención durante un año.
En Finanzas y Defomin aseguran que nunca se dieron cuenta de la publicación del fallo y que por eso se dieron las exoneraciones.
La PGR elaboró dictámenes para cada dispensa en los que ordenaba que el descargo era inconstitucional y que Defomin debería anular los dictámenes y luego se procediera a cobrar los impuestos.
Esta resolución fue enviada junto a los expedientes de las dispensas a Finanzas, pero esta última nunca accionó a fin de que se resarciera el daño económico que sufrió el Estado.
Es ahora que la denuncia sale a la luz pública que comienza el camino para obligar a las empresas mineras a que cancelen los impuestos.
Las seis empresas mineras pidieron en la solicitud que, además del artículo 74 de la ley Minera, se les aplicara el Régimen de Importación Temporal ( RIT) para gozar de las dispensas.
Pero la Procuradora dice que este argumento no es válido, según consta en la resolución de la PGR.
"La Procuraduría ha hecho un análisis del contenido de las resoluciones y las resoluciones emitidas por Defomin están fundamentadas básicamente en el artículo 74 (derogado) de la Ley de Minería, por tanto, las argumentaciones que se han hecho en cuanto a que había otras disposiciones legales que amparaban el otorgamiento de exenciones, a criterio de la Procuraduría, no son aplicables".
EL HERALDO intentó reiteradamente conocer la reacciones de las mineras, pero ninguna respondió.
Por su lado, el secretario general de Finanzas, Ricardo Estrada, explicó que los ministros de esa cartera, William Chong Wong, y el de Recursos Naturales ( Serna), Rigoberto Cuéllar, se han comprometido a que el procedimiento para recuperar los impuestos de las mineras se haga lo más pronto posible.
"De repente puede haber una institución que trabaje diligentemente, pero otra no, así que se ha acordado que habrá voluntad de todas en su áreas para que se logre el pago de esos impuestos".
Todavía no se ha fijado un plazo para subsanar la evasión fiscal, pero aseguró que posteriormente, en reuniones entre personal de Finanzas y Serna, se tratará de establecer un plan de trabajo para calcular cuándo terminaría ese proceso.
Estrada respaldó el dictamen de la Procuraduría General de la República en el sentido de que indicaba el camino a seguir para la anulación de las dispensas, pero que por razones desconocidas no se aplicó por Finanzas ni Defomin.
Las mineras pueden objetar la anulación de las dispensas y en ese caso la situación se tendría que dirimir en los tribunales de justicia. De perder el juicio las mineras, se exponen a pagar no solo el valor de los impuestos, sino que otras cantidades en concepto de intereses y multas.
Pero no solo estas empresa tienen que enfrentar responsabilidades, también los funcionarios de Defomin y Finanzas que allanaron el camino para que se produjera la evasión.
EL HERALDO conoció que la jefa de Franquicias, unidad que concedió las dispensas, recibió la semana pasada su acuerdo de cancelación, aunque no se estableció si por su implicación en el escándalo o por cambios rutinarios en el nuevo gobierno.
http://www.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2010/04/26/Noticias/Inicia-proceso-para-que-mineras-paguen-impuestos
La décima quinta lección. En esta lucha de resistencia es fundamental la comunicación social, la información estratégica a las comunidades, lograr el apoyo de los medios y los comunicadores sociales nacionales e internacionales y convertir la injusticia ambiental de las mineras en un tema y problema nacional y centroamericano.
La décimo sexta lección es que la solidaridad, la defensa de los derechos humanos y la justicia ambiental están articulados en esta lucha por lo tanto es necesario la articulación de la resistencia con lo anteriormente señalado.
La décimo séptima lección. Es fundamental dar a conocer los testimonios ya sea en forma oral, escrita, o por los videos sobre los impactos de la industria minera en los ambientes y comunidades. Así como visitar las comunidades afectadas. El intercambio centroamericano, con África y en el futuro con otros países de América Latina, Asia, y Australia serán un gran aporte a esta lucha
SALUD Y MINERIA: INTERESANTE TRABAJO DEL DR.JUAN ALMENDARES
PARA LEER COMPLETO Y VER OTROS DOCUMENTOS ABRIR LA CARPETA DE ABAJO
06-11-08 Por Daniel Trujillo
La SIP condena el asesinato del periodista hondureño Georgino Orellana
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy el asesinato del periodista hondureño Georgino Orellana, el sexto que se comete en los últimos dos meses en el país centroamericano.
http://www.adn.es/internacional/20100421/NWS-2853-SIP-Georgino-Orellana-periodista-hondureno.html
HONDURAS: asesinato del Periodista Georgino Orellana
Katia Larissa Lara / Directora de Cine
Directora Contenidos y Comunicaciones
Celular: 113-144-8683 - Buenos Aires, Argentina
katialaraskype
Sami Kafati padeció de una pasión indivisible de principio a fin: hacer cine en Honduras, su placer y dolor escenciales. Roberto Sosa
Publicado por Norberto Costa en 11:14 No hay comentarios:
TEGUCIGALPA.- Las compañías mineras internacionales que operan en Honduras han dejado de pagar unos $600 millones de canón por impuestos al Estado, según informaron este martes autoridades gubernamentales.
El titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) Rigoberto Cuellar, manifestó que las autoridades de la Dirección de Fomento a la Minería (Defomin) de Honduras “no se percataron de que estas disposiciones, donde se regulaba la exoneración de algunos impuestos en beneficio de la actividad minera, ya no estaban vigentes por una sentencia del Poder Judicial que las declaraba como inconstitucionales y a pesar de eso se aplicaron”.
La próxima semana se introducirá al Congreso las reformas a la nueva Ley de Minería.
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=122064
Publicado por Norberto Costa en 23:07 No hay comentarios:
"Nuestra obligación es garantizar la paz"
En la reunión de todos los lunes participó el presidente Porfirio Lobo del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández del Congreso Nacional, Jorge Rivera Avilez de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de la República, Luis Rubí.
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, dijo que las autoridades estarán en cualquier lugar donde los índices de delincuencia vayan más allá de lo que es "normal".
En el caso de la zona del Valle del Aguán, dijo, han muerto nueve personas por el conflicto de tierras, dos de ellas campesinos y siete guardias de seguridad. "Nuestra obligación es garantizar la paz y la tranquilidad y lo estamos haciendo tanto la Policía Nacional que pidió auxilio a las Fuerzas Armadas".
Lobo afirmó desde la comunidad de Sambo Creek en La Ceiba, que las autoridades conocen el mandato y "tienen la voluntad" de hacerlo en el "estricto respeto a los derechos humanos". "No hay que desconocer que es un clamor de la población hondureña devolverle la paz y la tranquilidad. ¡Y lo vamos a hacer! Hoy estamos en el Aguán, mañana estaremos en otras zonas hasta que garanticemos que no hay posesión de armas ilegales en manos de nadie, solo de la autoridad", finalizó.
Anuncian desarme en Cortés, Atlántida y Colón
Tras concluir la reunión de los tres Poderes del Estado que se desarrolla cada lunes, el Ejecutivo anunció los temas que se trataron y las conclusiones a las que llegaron los titulares.
"El tema principal que se trató es el del desarme en los departamentos de Cortés, Atlántida y Colón. Queremos señalar que las movilizaciones que se están efectuando en la zona no son para desalojar a los campesinos del Bajo Aguá, es para realizar operativos de desarme", explicó en conferencia de prensa la ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén.
En la reunión participó el presidente Porfirio Lobo del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández del Congreso Nacional, Jorge Rivera Avilez de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de la República, Luis Rubí.
"La ley prohibe que ciudadanos comunes tengan armas en su posesión, es por eso de los operativos y esperamos que la ciudadanía colabore. Las autoridades están para mantener la paz en la zona", explicó el vice ministro de Seguridad, Roberto Romero Luna. También participó en la conferencia de prensa el ministro de Defensa, Marlon Pascua, quién afirmó que las Fuerzas Armadas de Honduras están apoyando a la Policía Nacional en los operativos de desarme.
Campesinos denunciaron que habría un desalojo violento por parte de los efectivos de seguridad en en Bajo Aguán, donde unas 3 mil familias campesinas y empresarios se mantienen en conflicto por la tenencia de unas 4 mil hectáreas.
El sub director de la Policía Nacional, René Maradiaga Panchamé, dijo que la presencia militar y policial se debe a que “cumplen instrucciones precisas del Presidente, Porfirio Lobo Sosa, el ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, y del director general de la Policía, José Luís Muñoz Licona, para mantener el orden y preservar el estado de derecho en el área, brindando seguridad a todas las personas en el sector”.
Esta mañana se inició un fuerte operativo de desarme con la presencia de policías y militares, esto a fin de salvaguardar la seguridad y aliviar las tensiones de las personas en el sector de Tocoa, Colón.
Panchame afirmó que no se han cometido actos represivos durante los operativos de registro y desarme. La Fiscal de los derechos humanos, Sandra Ponce, confirmó que el objetivo de la misión es bajar el armamentismo y el narcotráfico en la zona.
El Movimiento Unificado Campesino del Aguán, MUCA comenzó en mayo del 2009 una ocupación de tierra que alcanzó meses después las 4,000 hectáreas cultivadas de palma africana del que extraen aceite comestible y son propiedad del empresario Miguel Facussé.
El Frente Nacional de Resistencia convocó a “la Gran Marcha de Los Sombreros Campesinos”, el 15 de abril en Tegucigalpa, en solidaridad “con las compañeras y compañeros del MUCA y con todas las luchas campesinas que se llevan a cabo en el país”.
A esta marcha se unirán los maestros que paralizarán sus labores dejando sin clases a miles de estudiantes.
El ministro de Educación, Alejandro Ventura, condenó la convocatoria a paro laboral del magisterio y no descartó que los días no laborados no sean cancelados.
Ayer el ministro de Seguridad aseguró que los operativos se estarán desarrollando en los departamentos de Cortés, Atlántida y Colón. Desde diciembre de 2009 en la zona del Bajo Aguan, Colón, grupos campesinos mantienen en zozobra a los pobladores ya que han invadido varias fincas de palma africana propiedad de tres empresarios agroindustriales.
A recuperar la paz en el sector del Bajo Aguán
Con el objetivo de recuperar la paz y la tranquilidad en el Bajo Aguán, el Gobierno desplegó un operativo de seguridad con efectivos de la Policía Preventiva, agentes de Investigación Nacional y Escuadrón Cobras, apoyados por el Ejército.
Óscar Álvarez, ministro de Seguridad, indicó que a partir del fin de semana se están movilizando a nivel nacional militares y policías para comenzar a implementar la Ley de Tenencia y Portación de Armas debido a “los niveles de violencia y delincuencia que nos han llamado a poner orden en las zonas denominadas calientes del país”.
“Hemos visto un movimiento del narcotráfico muy grande y nosotros lo que estamos haciendo es trabajando en las diferentes zonas de Colón, Atlántida y Cortés que son las zonas en este momento más calientes”, expresó.
La Secretaría de Seguridad solicitó el apoyo de las Fuerzas Armadas para conducir la operación de desarme ante la insuficiencia de elementos policiales en el país.
“Estamos pidiendo el apoyo del Ejército porque son extensiones del territorio tan grandes que no podríamos hacerlo solos, recuerde que la Policía Nacional tiene un número limitado de agentes y no nos damos abasto”, precisó.
La operación de desarme se desarrollará por un espacio de 30 días a fin de incautar el mayor número posible de armas que estén siendo utilizadas por el crimen organizado.
“Lo que buscamos es establecer mecanismos de control en aquellas zonas donde según algunas denuncias hay mayor movilización de armas y movimiento de narcotraficantes”, apuntó Álvarez.
El viceministro de Seguridad, Armando Calidonio, recacló que la situación en el departamento de Colón, específicamente en el Bajo Aguán, se ha vuelto insostenible desde el punto de vista de la seguridad nacional; por ello el Gobierno ha tomado la decisión de enviar a la zona dos mil efectivos.
La decisión se basa en el mandato constitucional de rescatar el orden y en atención a la protección de la vida y los bienes de la ciudadanía, explicaron Calidonio y el director nacional de la Policía, José Romero Luna.
Calidonio dice que hay órdenes de captura vigentes y se procederá a darles cumplimiento; además, ejecutar los allanamientos previstos por la ley, para recuperar la tranquilidad y la seguridad personal en esta zona.
“Lo que buscamos es que esa zona altamente productiva vuelva a progresar en un ambiente de pleno respeto a las libertades consagradas en la Constitución”. Esta fuerza policial se quedará en la zona todo el tiempo que sea necesario hasta recuperar la paz para todos, reafirmó Romero Luna.
La presencia del contingente no ha dejado de crear algún temor y tensión en la zona que desde hace varios meses pasa por un clima de zozobra por un conflicto agrario. El Movimiento Unificado Campesino del Aguán mantiene tomadas varias fincas de palma propiedad de empresarios. Las invasiones han generado enfrentamientos entre los grupos y han dejado nueve muertes - la mayoría miembros de la seguridad privada de las compañías -, incendios y grandes pérdidas en salarios y producción.
Para poner fin al problema, el Gobierno inició negociaciones con el grupo campesino, pero no se logró ningún acuerdo.
En reiteradas ocasiones, los empresarios denunciaron que las tomas no son de campesinos sino de grupos ajenos a la lucha y que hay extranjeros en medio del litigio. La situación se complica porque mientras el Gobierno buscaba negociar, los grupos campesinos seguían invadiendo más fincas.
En el traslado de soldados se movilizaron elementos del Cuarto Batallón de La Ceiba y de grupos especiales de Tegucigalpa.
El asesor del Instituto Nacional Agrario, INA, Roy Murillo, dijo que el Gobierno ofreció una hectárea por familia, pero el MUCA presentó una contrapropuesta de cuatro por cada familia.
“Entonces sumarían 14 mil hectáreas, por lo que habría que comprar a los empresarios”, añadió el funcionario.
http://www.laprensa.hn/Sintesis/Lo-ultimo/Ediciones/2010/04/12/Noticias/Nuestra-obligacion-es-garantizar-la-paz
ATRAS DEL CONFLICTOS, LOS "BIOCOMBUSTIBLES", PALMA AFRICANA........
Campesinos niegan que conflicto tenga tintes políticos
TEGUCIGALPA.- Sorprendidos reaccionaron ayer los miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), ante las declaraciones del Presidente Porfirio Lobo Sosa, en cuanto a que el conflicto por tierras ha tomado tintes políticos para dañar la imagen de su gobierno.
Los campesinos del Bajo Aguán amenazan con recrudecer sus acciones si no se les cumple con sus exigencias.
“Estamos muy sorprendidos por las declaraciones públicas que ha hecho el señor Presidente, el MUCA ha presentado sus mejores muestras de voluntad en este conflicto del Bajo Aguán, puesto que lo que nosotros solicitamos es algo viable”, dijo, Rudy Hernández, vocero del MUCA.
“Percibo que debajo de esto, lo que hay es un interés político en dañar al gobierno con el tema de los derechos humanos”, expresó Lobo Sosa el pasado martes durante la reunión de Consejo de Ministros.
Ante esa aseveración el vocero de los campesinos, manifestó que la propuesta de su gremio, consiste en 15 mil hectáreas a un costo de 2,500 millones de lempiras, es justa, sin embargo a criterio de Lobo Sosa, es algo inalcanzable.
“Creemos que el gobierno no está actuando de una forma justa con nosotros y nos está orillando a tomar decisiones que no están al alcance del movimiento”, expresó, al tiempo que amenazó que el conflicto se podría agudizar en los próximos días.
Según Hernández las declaraciones de Lobo Sosa pretenden orillar al MUCA a “cosas que nosotros no queremos hacer, porque nosotros queremos resolver este conflicto”, señaló.
Sostuvo que las pretensiones de los campesinos no tienen nada que ver con otra cosa que no sea la necesidad del acceso a la tierra.
El dirigente campesino invitó a Lobo Sosa que visite la zona del Bajo Aguán, para que conozca la necesidad por la que atraviesan sus compañeros.
Por su parte el titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) Jacobo Regalado Weizembluth, lamentó la amenaza vertida por los campesinos de recrudecer las acciones en el Bajo Aguán.
El funcionario dijo que el proceder de los campesinos no es coherente con los ofrecimientos del gobierno, porque en vez de ponerle fin a la crisis, en las últimas horas han procedido a invadir una nueva finca.
Asimismo, cuestionó que no están manteniendo “lo que hablamos en la mesa del diálogo” porque continúan con las medidas de presión, las que a criterio de Regalado Weizembluth son innecesarias en este momento porque se analiza una propuesta.
Los labriegos proponen la adjudicación de cinco hectáreas para cada una de las 3,000 familias involucradas en el conflicto, sin embargo el gobierno ha planteado dos: una cultivada con palma africana y otra para coinversión que permita que los campesinos vendan la fruta a las empresas procesadoras.
En virtud que no se ha llegado a ningún arreglo, ambas partes acordaron una nueva cita para el próximo martes 13 de abril.
El Presidente Lobo Sosa, ha adelantado que si ese día no se llega a un arreglo se tomará de partida un acta firmada por el Presidente Manuel Zelaya, el 12 de junio del año pasado, que consiste en la erogación de 30 millones de lempiras para la compra de las tierras.
Según el director del Instituto Nacional Agrario (INA), César Ham, la propuesta del gobierno de Lobo Sosa supera sustancialmente a la planteada por Zelaya, ya que pasa de 30 millones a 800 millones de lempiras.
La disputa por los predios, unas 4,500 hectáreas cultivadas con palma africana entre labriegos y empresarios, inició en diciembre pasado, cuando los grupos campesinos retomaron sus intenciones de invadir tierras y fincas que pertenecieron a la antigua Coapalma.
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=117310
Denuncian plan para desalojar a campesinos hondureños del Aguán
04 de abril de 2010, 10:18Tegucigalpa, 4 abr (PL) Fuerzas de seguridad hondureñas preparan un plan para desalojar a miles de familias de los terrenos ocupados en el norte del país, denunció el Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA).
Un comunicado de esa organización precisa que la operación podría llevarse a cabo a partir del martes y en ella participarían miembros del ejército y la policía y paramilitares contratados por terratenientes.
El MUCA responsabilizó al gobierno y a los empresarios Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales por cualquier acto violento contra los labriegos.
Desde diciembre pasado unas tres mil familias asentadas en la margen izquierda del río Aguán sufren intentos de desalojo, durante los cuales fueron asesinados por lo menos cuatro campesinos.
El conflicto del Aguán tiene su origen en la década del 90, cuando los terratenientes adquirieron de manera fraudulenta unas 20 mil hectáreas estatales, según denunció el Movimiento Campesino Unificado.
En 2001 el MUCA comenzó la lucha por el reclamo de esos terrenos, lo cual llevó al gobierno a firmar en 2009 el acuerdo para crear una comisión tripartita y buscar una solución al problema.
Sin embargo, este acuerdo quedó truncado por el golpe de Estado del 28 de junio contra el gobierno del presidente Manuel Zelaya.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=176351&Itemid=1
COPINH: SOLIDARIDAD CON MUCA-CONDENAMOS LA REPRESION DEL REGIMEN Y LOS OLIGARCAS

References: resolución 
 artículo 74
 resolución 
 artículo 74
 resolución 
 artículo 74