Source: http://www.slideshare.net/xavierdelnord/autodeterminaci-pobles
Timestamp: 2016-07-26 13:39:01+00:00

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Publicación elaborada por
Melik Özden, Director del Programa Derechos Humanos del
CETIM y Representante Permanente ante la ONU
Christophe Golay, Doctor en derecho internacional, IHEID,
EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA AUTODETERMINACIÓN Y A LA SOBERANÍA PERMANENTE SOBRE SUS RECURSOS NATURALES DESDE LAPERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOSPublicación elaborada porMelik Özden, Director del Programa Derechos Humanos delCETIM y Representante Permanente ante la ONUChristophe Golay, Doctor en derecho internacional, IHEID,Ginebra Una colección del Programa Derechos Humanos del Centro Europa - Tercer Mundo (CETIM)
INTRODUCCIÓN El derecho de los pueblos a la autodeterminación (el derecho a la libre determi-nación de los pueblos) es un pilar del derecho internacional contemporáneo (véaseel capítulo I). Tras la adopción en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas, haconstituido la base jurídica y política del proceso de descolonización que ha vistonacer más de 60 nuevos estados en la segunda mitad del siglo XX. Se trata de unaconquista histórica, aunque coincidiera con la voluntad de ciertas potencias inter-nacionales de hacer estallar los “cotos privados de caza” de los imperios colonia-les de ese momento (principalmente europeos). En estas últimas décadas se han creado sobre esta base varias decenas de Esta-dos, concretándose así el derecho a la autodeterminación de los pueblos considera-dos oficialmente como colonizados o no (véanse los capítulos II y III). En la práctica, la creación de un nuevo Estado no obedece siempre a criteriosobjetivos y jurídicos. En efecto, el derecho a la autodeterminación puede estar ins-trumentalizado por ciertos poderes (regionales o internacionales) o por poderososintereses privados. Así, un nuevo Estado puede crearse y ser reconocido sólo porun único Estado1 o por un grupo de Estados 2. Un Estado puede incluso ser creadocontra la opinión de la mayoría de su población, como en el caso de la constitu-ción de Bosnia3. Es decir, hay que tratar “el derecho a la autodeterminación” conmucha precaución. Hay que añadir, sin embargo, que lógicamente no es fácil que se reconozca unacreación unilateral como esa, ni siquiera cuando está justificada. En efecto, paraser admitido como miembro de la ONU, hace falta, entre otras cosas, que el nuevoEstado sea reconocido por otros Estados, que el Consejo de Seguridad lo reco-miende a la Asamblea General (sin veto de ninguno de los cinco miembros perma-nentes) y que ésta lo acepte por mayoría de dos tercios de sus miembros4. Esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿es la creación de un Estado la úni-ca solución para que los pueblos puedan gozar de su derecho a la autodetermina-ción (véase el capítulo III)? Y ¿el hecho en si es suficiente para garantizar elejercicio real del derecho? Es necesario constatar que el sistema internacional actual permite que emerjanregímenes totalitarios y corrompidos, en un mundo en el que los principios demo-cráticos y los derechos humanos no se promueven ni aplican en todas partes convigor y coherencia. Aún peor, son vaciados de su sustancia por la promoción y lapuesta en práctica de un orden económico injusto y desigual que conlleva la1 La República de Chipre del Norte por Turquía, Abkazia y Osetia del Sur por Rusia, etc.2 Kosovo por las potencias occidentales principalmente.3 Cf. Prof. Théodore Christakis, Le droit à l’autodétermination en dehors des situations de décolonisation, Centre d’Etudes et de Recherche Internationales et Communautaires, Université d’Aix-Marseille III, Paris, 1999.4 Cf. www.un.org/es/members/about.shtml 2
privatización y la mercantilización de casi todos los ámbitos de la vida, incluida lafunción soberana por excelencia de los Estados, que es la defensa (véase elcapítulo V). En este contexto, nunca se destacará suficientemente la responsabilidad y elpapel de los Estados poderosos, pero también de las instituciones financieras y co-merciales internacionales así como de las empresas transnacionales, en ausenciade respeto y puesta en práctica efectiva del derecho a la autodeterminación de lospueblos (véase el capítulo IV). La presente publicación no pretende aportar respuestas a todas las cuestionesplanteadas por el derecho a la autodeterminación que, hay que recordar, tiene unafuerte dimensión política. En un momento en que el saqueo de los recursos natura-les de los países del Sur ha tomado una nueva dimensión – con, por ejemplo, laadquisición de millones de hectáreas de tierras por parte de terceros Estados o deempresas transnacionales – hay que rehabilitar el derecho a la soberanía de lospueblos sobre sus recursos naturales, componente esencial del derecho a la autode-terminación. Es este último aspecto, central para proteger mejor a los pueblosafectados, el hilo conductor del trabajo que se presenta aquí. 3
I. TEXTOS PERTINENTES El derecho a la autodeterminación y a la soberanía de los pueblos sobre sus ri-quezas y recursos naturales se ha consagrado en un número importante de instru-mentos internacionales (A) y regionales (B).A) A nivel internacional El derecho a la autodeterminación (el derecho de los pueblos a la libre determi-nación) tiene un lugar privilegiado en la Carta de la Organización de las NacionesUnidas (ONU) y en los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966.Igualmente, se han dedicado a este derecho numerosas declaraciones y resolucio-nes de las Naciones Unidas. La Carta empieza con la expresión “Nosotros los pueblos de las NacionesUnidas” y enuncia, en su artículo primero que proclama los propósitos de las Na-ciones Unidas, el objetivo de Fomentar entre las naciones relaciones de amistadbasadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre deter-minación de los pueblos. En su articulo 55, la Carta recuerda ese mismo objetivo, al prever que la ONUpromoverá el desarrollo económico y social, la cooperación internacional y el res-peto universal de los derechos humanos: “[c]on el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar ne- cesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, ba- sadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos”. La Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pue-blos coloniales5 constituye la primera contribución significativa de la ONU a ladefinición del derecho a la autodeterminación6. Fue adoptada porque los Estadosestaban convencidos: “de que el proceso de liberación [era] irresistible e irreversible y de que, para evitar crisis graves, [hacía falta] poner fin al colonialismo y a todas las prácticas de segregación y de discriminación que lo acompañan.”7 En esta Declaración, los Estados reconocen que “todos los pueblos tienen dere-cho a la autodeterminación” y proclaman solemnemente que: “La sujeción de los pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales,5 Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU, adoptada el 14 de Diciembre de 1960: www.un.org/spanish/documents/ga/res/15/ares15.htm6 Cf. Daniel Thürer y Thomas Burri, Self-Determination, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg and Oxford University Press, 2010, § 9.7 Preámbulo de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. 4
es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales.” Esta Declaración ha servido de base jurídica y política a los movimientos de li-beración nacional que se encuentran en el origen de la ola de descolonización queempezó en los años 1960. Con la adopción de los dos Pactos, que se citan a continuación, y de la Decla-ración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones deamistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de lasNaciones Unidas, se extiende este derecho a todos los pueblos, colonizados o no. Los dos Pactos adoptados en 1966 – el Pacto Internacional de Derechos Eco-nómicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos – consagran en los mismos términos, el derecho de los pueblos a la auto-determinación. Según el artículo 1 común a los dos Pactos: “1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asi- mismo a su desarrollo económico, social y cultural. 2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la res- ponsabilidad de administrar territorios autónomos y territorios en fideico- miso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.” Hay que señalar también que los Estados signatarios de estos dos Pactos8 secomprometen a llevar a la práctica los derechos contenidos en ellos para todas laspersonas que se encuentran bajo su jurisdicción sin distinción ni discriminación al-guna (especialmente basadas en el sexo, la lengua, la religión, la opinión política,el origen étnico o la condición social). Por lo que se refiere a la Declaración sobre los principios de derecho interna-cional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Esta-dos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, fue adoptada porunanimidad por la Asamblea General de la ONU en 1970. En esta declaración, seconsagra el derecho de todos los pueblos “de determinar libremente, sin injerenciaexterna, su condición política y de procurar su desarrollo económico, social ycultural”9.8 Ratificados a día de hoy, respectivamente, por 160 y 166 Estados.9 Cf. Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, adoptada el 24 de Octubre de 1970: www.un.org/spanish/documents/ga/res/25/ares25.htm 5
En la misma Declaración, la ONU define el hecho de “someter a los pueblos ala subyugación, dominación o explotación extranjera” como violaciones del dere-cho a la autodeterminación, contrarios a su Carta. Y proclama que: “Los Estados deben conducir sus relaciones internacionales en las esferas económica, social, cultural, técnica y comercial, de conformidad con los principios de la igualdad soberana y la no intervención; conforme a la Carta de las Naciones Unidas.” También en virtud de esta Declaración, los Estados tienen la obligación depromover el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Este punto es muy im-portante, pero puede ser interpretado de maneras distintas por actores diferentes,tal como se ha indicado en la introducción. Adoptada un año antes, la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo enlo Social10 considera “la soberanía permanente de cada nación sobre sus riquezas yrecursos naturales” entre las condiciones primordiales en este campo (art. 3). La Declaración sobre el derecho al desarrollo11 establece vínculos muy claroscon el derecho a la autodeterminación de los pueblos y su derecho a la libre dispo-sición de las riquezas y recursos naturales. Los artículos 1º y 5 son los más explí-citos: “Artículo 1º: 1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizar- se plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a con- tribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. 2. El derecho humano al desarrollo implica la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determina- ción, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pac- tos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales. Artículo 5: Los Estados adoptarán enérgicas medidas para eliminar las violaciones masi- vas y patentes de los derechos humanos de los pueblos y los seres humanos afectados por situaciones tales como las resultantes del apartheid, todas las formas de racismo y discriminación racial, el colonialismo, la dominación y ocupación extranjeras, la agresión, la injerencia extranjera y las amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional y la integridad territorial, las amenazas de guerra y la negativa a reconocer el derecho fundamental de los pueblos a la libre determinación.” La Declaración sobre el derecho al desarrollo insiste también en el derecho y eldeber de cada Estado de: “formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejo- rar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los10 Cf. Resolución 2542 (XXIV) de la Asamblea General, adoptada el 11 de Diciembre de 1969.11 Adoptada el 4 de Diciembre de 1986 por la Asamblea General de la ONU. 6
individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste”. (Artículo 2 § 3) Como ya escribimos en una publicación sobre el derecho al desarrollo: “[P]ara la realización efectiva del derecho al desarrollo, hay que respetar escrupulosamente los dos principios siguientes: el derecho de los pueblos a decidir sus propias políticas de desarrollo y la participación popular en todas las etapas de la toma de decisiones que afectan a todos los aspectos de las políticas de desarrollo (…).”12 Además, hay que indicar que el artículo 1.2 de la Declaración y el Programade Acción de Viena13, adoptados en 1993, disponen que: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Habida cuenta de la situación de los pueblos sometidos a dominación colonial o a otras formas de dominación u ocupación extranjeras, la Conferencia Mun- dial de Derechos Humanos reconoce el derecho de los pueblos a adoptar cualquier medida legítima, de conformidad con la Carta de las Naciones Uni- das, encaminada a realizar su derecho inalienable a la libre determinación. La Conferencia considera que la denegación del derecho a la libre determina- ción constituye una violación de los derechos humanos y subraya la importan- cia de la realización efectiva de este derecho. Con arreglo a la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional Referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, nada de lo anterior se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determi- nación de los pueblos y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represen- te a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción alguna.” Hay que señalar que estos dos últimos párrafos, que se contradicen al menosen parte, exponen toda la complejidad de la cuestión y muestran que atañe más ala política y a las relaciones de fuerza que al derecho. Al terminar esta primera sección, podemos concluir que el derecho a la autode-terminación está reconocido como un derecho humano fundamental en derecho in-ternacional. Como afirma el experto de la ONU Aureliu Cristescu: “Como uno de los derechos humanos fundamentales, el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos ligado al reconocimiento de la dignidad humana de los pueblos, ya existe una relación entre el principio12 El derecho al desarrollo, CETIM, 2007, p. 22: www.cetim.ch/es/publications_ddevelep.php Véanse igualmente, Quel développement ? Quelle coopération internationale ? CETIM, 2007.13 Adoptado en Junio de 1993 en Viena al final de la 2ª Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos. 7
de igualdad de derechos y de la autodeterminación de los pueblos y el respeto de los derechos humanos fundamentales de la justicia. El principio de la autodeterminación es el corolario natural del principio de la libertad individual y la sujeción de los pueblos a una dominación extranjera constituye la negación de los derechos humanos fundamentales”14.B) A nivel regional Hay muchos tratados regionales de protección de los derechos humanos -entreellos la Convención Europea de los Derechos Humanos- pero sólo tres protegendirecta o indirectamente el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la li-bre disposición de riquezas y recursos naturales: la Carta Africana de DerechosHumanos y de los Pueblos (1), el Acta Final de Helsinki (2) y la ConvenciónAmericana de los Derechos Humanos (3).1. La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos se adoptó en 1981.Ha sido ratificada por los 53 Estados miembros de la Unión Africana. Es el tratadoque reconoce de manera más explícita y más completa el derecho de los pueblos ala autodeterminación y a la libre disposición de las riquezas y los recursos natura-les. Le dedica no menos de cinco de sus artículos. En su artículo 19, la Carta Africana proclama que “[t]odos los pueblos soniguales” y “gozan de la misma dignidad y tienen los mismos derechos”. Tambiénprevé que “[n]ada puede justificar la dominación de un pueblo por parte de otro”. El artículo 20 de la Carta Africana consagra a continuación el derecho a la au-todeterminación de los pueblos africanos de la siguiente manera: “Todo pueblo tiene derecho a existir. Todo pueblo tiene un derecho imprescriptible e inalienable a la autodeterminación. Determina libremente su condición política y garantiza su desarrollo económico y social de acuerdo con la vía que libremente ha escogido. Los pueblos colonizados u oprimidos tienen derecho a liberarse de su estado de dominación mediante todos los medios reconocidos por la comunidad internacional. Todos los pueblos tienen derechos a ser asistidos por los Estados partes de esta Carta, en su lucha de liberación contra la dominación extranjera ya sea de tipo político como económico o cultural.” En su artículo 21, la Carta Africana reconoce de manera detallada el derechode los pueblos africanos a la libre disposición de sus riquezas y recursos naturales,al prever lo siguiente:14 Cf. § 221 del estudio titulado El derecho a la autodeterminación: desarrollo histórico y actual sobre la base de los instrumentos de las Naciones Unidas, realizado por Aureliu Cristescu, Relator Especial de la Subcomisión de la lucha contra las medidas discriminatorias y la protección de las minorías, 1981. 8
“1. Los pueblos gozan de la libre disposición de sus riquezas y recursos natu- rales. Este derecho se ejerce en el interés exclusivo de las poblaciones. En nin- gún caso, un pueblo puede verse privado de ellos. 2. En caso de expoliación, el pueblo expoliado tiene derecho a la recuperación legítima de sus bienes así como a una indemnización apropiada. 3. La libre disposición de las riquezas y recursos naturales se ejerce sin pre- juicio de la obligación de promover una cooperación económica internacional basada en el respeto mutuo, el intercambio equitativo y los principios del de- recho internacional. 4. Los Estados parte de la presente Carta se comprometen, tanto individual como colectivamente a ejercer el derecho a la libre disposición de sus riquezas y recursos naturales, con el fin de fortalecer la unidad y la solidaridad africa- nas. 5. Los Estados parte de la presente Carta se comprometen a eliminar todas las formas de explotación económica extranjera, especialmente la que practican los monopolios internacionales, para que la población de cada país pueda be- neficiarse de las ventajas que les ofrecen sus recursos nacionales”. En los siguientes artículos, la Carta Africana consagra el derecho de los pue-blos africanos al desarrollo económico, social y cultural, y al goce equitativo delpatrimonio común de la humanidad (artículo 22), su derecho a la paz y a la seguri-dad (artículo 23) y su derecho a un medio ambiente adecuado y global, propiciopara su desarrollo (artículo 24).2. El Acta Final de Helsinki Adoptado el 1º de agosto de 1975, el Acta Final de Helsinki constituye el textofundador de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa(OSCE), que ha hecho posible el acercamiento entre los países del Este y del Oes-te europeo. Si bien es cierto que sus diez capítulos tratan esencialmente sobre lasrelaciones entre los Estados signatarios (la soberanía y la integridad territorial dedichos Estados en particular15), su capítulo VIII está dedicado al derecho de lospueblos a la libre determinación y lo hace de manera muy progresista. En virtudde este capítulo: “Los Estados participantes respetarán la igualdad de derechos de los pue- blos, y su derecho a la libre determinación, obrando de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y con las15 I. Igualdad soberana, respeto de los derechos inherentes a la soberanía; II. Abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza; III. Inviolabilidad de las fronteras; IV. Integridad territorial de los Esta- dos; V. Arreglo de las controversias por medios pacíficos; VI. No intervención en los asuntos internos; VII. Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluida la libertad de pensa- miento, conciencia, religión o creencia; VIII. Igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos; IX. Cooperación entre los Estados; X. Cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas según el derecho internacional. 9
normas pertinentes del derecho internacional, incluyendo las que se refie- ren a la integridad territorial de los Estados. En virtud del principio de la igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos tienen siempre el derecho, con plena libertad, a determinar cuando y como lo deseen, su condición política interna y externa, sin inje- rencia exterior, y a proseguir, como estimen oportuno, su desarrollo políti - co, económico, social y cultural. Los Estados participantes reafirman la importancia universal del respeto y del ejercicio efectivo de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos para el desarrollo de relaciones amistosas, tanto entre ellos como entre todos los Estados; asimismo recuerdan la importancia de eli- minar cualquier forma de violación de este principio”. [el subrayado es nuestro]3. La Convención Interamericana de los Derechos Humanos La Convención Interamericana de los Derechos Humanos no reconoce explíci-tamente el derecho a la autodeterminación, pero reconoce varios derechos quepueden ser utilizados para proteger los derechos de los pueblos sobre sus riquezasy recursos naturales. Entre estos derechos, los más importantes son el derecho a lavida (art. 4), el derecho al reconocimiento de la dignidad (art. 11) y el derecho a lapropiedad privada, cuyo uso y goce pueden estar subordinados por ley al interéssocial (art. 21). Por el contrario, la Carta de la Organización de los Estados Americanos afirmaen su artículo 3 que: “b) El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional; (...) e) Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le con- venga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán amplia- mente entre si y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políti- cos, económicos y sociales.” 10
II. DEFINICIÓN Y CONTENIDO DEL DERECHO ALA AUTODETERMINACIÓNA) Elementos constitutivos del derecho a la autodeterminación Cuando se analizan los principales textos de Naciones Unidas (Carta, Pactos,Declaraciones y Resoluciones de la Asamblea General), se desprende que el gocedel derecho de los pueblos a la autodeterminación depende en particular de los si-guientes elementos: • la libre elección de la condición política y del desarrollo económico, so- cial y cultural; • la soberanía de los pueblos sobre sus recursos naturales; • la igualdad de los derechos de los pueblos; • la no discriminación; • la igualdad soberana de los Estados; • el arreglo pacífico de las controversias; • la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones y en las relaciones in- ternacionales; • la abstención del recurso a la fuerza; • la cooperación internacional y el respeto por parte de los Estados de sus compromisos internacionales en particular en materia de derechos humanos. Cada uno de los elementos mencionados merecerían una publicación propia,desgraciadamente, aquí no podremos tratarlos todos. Dado que la independenciapolítica está condicionada por la soberanía económica, esta publicación se concen-trará en el aspecto económico del derecho a la autodeterminación y, en particular,en la soberanía de los pueblos sobre sus recursos naturales (véase a continuación).B) Beneficiarios del derecho a la autodeterminaciónPueblo, Estado, Nación Los beneficiarios del derecho a la autodeterminación son los pueblos. El Esta-do es el instrumento del ejercicio de este derecho en manos del (o de los)pueblo(s) que lo compone(n). En los instrumentos internacionales, se utiliza a menudo el término “nación”en lugar de “Estado” o de “pueblo”. En efecto, en la Carta, el término “pueblos” seutiliza “en algunas ocasiones, en especial en su preámbulo, como sinónimo denaciones o de Estados.”1616 Véase la nota 14 § 268. 11
El problema radica en que no hay definición de la noción de “pueblo” 17 admiti-da a nivel internacional. Esto explique tal vez el hecho de que el Comité por laEliminación de la Discriminación Racial deje al “individuo afectado” la libertadde determinar por si mismo si pertenece a un grupo o grupos raciales o étnicosconcretos18. Por su parte, el experto de la ONU Aureliu Cristescu sugiere, en base a discu-siones habidas en el seno de la ONU, la siguiente definición, la cual podrá ser uti-lizada para determinar si una entidad constituye o no un pueblo apto para gozar yejercer el derecho a la autodeterminación: “a) el término “pueblo” designa una entidad social que posee una evidente identidad y tiene características propias; b) implica relación con un territorio, incluso si el pueblo en cuestión fue injustamente expulsado de él y sustituido artificialmente por otra población; c) el pueblo no se confunde con las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas cuya existencia y derechos reconoce el artículo 27 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.”19 (véase más adelante) En virtud de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos delos Pueblos Indígenas, adoptada por el Consejo de Derechos Humanos en juniode 2006 y por la Asamblea General en septiembre de 2007. los pueblos indígenastienen derecho a la autodeterminación y derechos sobre sus tierra y recursos(véase más adelante, parte III). No es este el caso de las minorías étnicas,religiosas y lingüísticas, cuyo derecho al goce de su propia cultura, a la profesióny práctica de su propia religión o al empleo de su propia lengua se consagran en elartículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No hay queconfundir el derecho de las minorías con el derecho a la autodeterminación de lospueblos. Además, el art. 8.4 de la Declaración sobre los derechos de las personaspertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas,adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1992, excluyecualquier interpretación en este sentido20. Por otro lado, hay que admitir que hay confusión al respecto ya que no hay unadefinición de minorías admitida a nivel internacional. En este sentido, las prácticasde los Estados varían según los países. Algunos Estados niegan incluso la condi-ción de minoría a entidades que constituyen algunos pueblos en el seno de sunación. Además, tal como afirma el Comité de Derechos Humanos, estos Estadosal asegurar “que no discriminan por motivos étnicos, lingüísticos o religiosos, sos-tienen erróneamente, sólo sobre esa base, que no tienen minorías.”2117 Nos referimos aquí principalmente al sentido del término “pueblo” dado por las instancias de la ONU.18 Cf. Observación General VIII sobre la interpretación y aplicación de los párrafos 1 y 4 del articulo primero de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina- ción Racial, adoptada en 1990.19 Véase la nota 14 § 279.20 “Ninguna de las disposiciones de la presente declaración podrá ser interpretada como si permitiese cualquier actividad contraria a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, incluyendo/incluida la igualdad soberanía, la integridad territorial y la independencia política de los Estados.” 12
Así, según la interpretación de cada uno, los derechos de las minorías puedenafectar tanto a pueblos indígenas (véase el capítulo II.A.3) como a trabajadores in-migrantes. El Comité de Derechos Humanos 22 aún va más lejos en su interpreta-ción de los derechos de las minorías. Según él, “estos individuos [personas quepertenecen a minorías] no necesitan ser nacionales ni ciudadanos, tampoco necesi-tan ser residentes permanentes.”23C) Soberanía permanente sobre los recursos naturales La independencia política no puede separarse de la soberanía económica. In-cluso se puede afirmar que sin la independencia económica, la soberanía políticaestá condenada a quedarse en el plano teórico, tal como declaró elocuentemente– en 1979 – Julius Nyerere, ex-Presidente de Tanzania: “Cada una de nuestras economías [de los países miembros del G77] son un ‘sub-producto’ y una ‘filial’ de las economías desarrolladas del Norte industrializado, y se orienta hacia el exterior. No somos amos de nuestros destinos. Nos da vergüenza admitirlo, pero en el plano económico, somos territorios dependientes – en el mejor de los casos semicolonias – y no Estados soberanos.”24 A modo de ejemplo, podemos mencionar el hecho de que algunos Estados lati-noamericanos – Bolivia, por ejemplo (véase capítulo IV.D) pero también Ecuadory Venezuela – han nacionalizado y/o renegociado recientemente sus contratos concompañías petroleras extranjeras. Los beneficios obtenidos de esta manera se haninvertido en gran medida en satisfacer derechos económicos, sociales y culturalesde las poblaciones de sus países (alimentación, vivienda, educación, salud, etc.).En el continente europeo, el gobierno de la Federación Rusa recompró en 2005 eltrust petrolero Youkos. Sea cual sea la opinión sobre esta adquisición, el hecho esque ha asegurado el monopolio del Estado sobre Gasprom (trust de gas semiestatalhasta ese momento) y en consecuencia, sobre los recursos energéticos del país25. Si bien es cierto que este tipo de acción no es usual en el mundo neoliberal, notiene nada de revolucionario. En efecto, el Tribunal Internacional de Justicia yahabía reconocido en 1952 la legalidad de la nacionalización de la Anglo-IranianOil Company por parte de Irán. En su fallo del 22 de julio de 1952, el Tribunal re-chazó los argumentos presentados por el Reino Unido contra la nacionalización26.21 Cf. § 4 de la Observación General n°23: Artículo 27 (Derechos de las minorías), adoptada por el Comité de Derechos Humanos en 1994.22 Encargado de velar por la puesta en práctica por parte de los Estado del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.23 Véase la nota 21, § 5.2.24 Discurso pronunciado el 12 de febrero de 1979 durante la 4ª reunión ministerial del G77 en Arusha, publicado íntegramente en Le dialogue inégal: Eceuils du nouvel ordre économique international, CETIM, 1979.25 Véase entre otras: www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/les-dates-cle-de-l-affaire-ioukos_852976.html#xtor=AL-447 www.continentalnews.fr/actualite/economie,4/energie-le-gaz-l-arme-fatale-des-russes,7495.html26 Tribunal Internacional de Justicia, Anglo-Iranian Oil Co., Fallo de 22 de Julio de 1952. 13
Más recientemente, en su decisión de mayo de 2009, la Comisión Africana deDerechos Humanos y de los Pueblos ha aplicado a las comunidades indígenas deKenya (pueblo EndoroisI el derecho a la libre disposición de las riquezas y los re-cursos naturales consagrado en la Carta Africana de Derechos Humanos y de losPueblos, al determinar que tenían derecho a recuperar sus tierras y territorios tradi-cionales mientras que el gobierno de Kenya quería utilizarlos para desarrollar elturismo 27. Los órganos de la ONU, la Asamblea General en particular y también la UNC-TAD y el Consejo de Seguridad han reafirmado este derecho en varias ocasiones.1. Asamblea General de la ONU Desde 1952, la Asamblea General de la ONU ha adoptado una serie de textos(en forma de resolución, Declaración, Carta, Pacto, etc.) que tratan sobre el aspec-to económico del derecho a la autodeterminación28. Entre ellos, el artículo primerocomún a los dos Pactos, ya citado, constituye una referencia de calidad. En efecto,según este, los pueblos tienen no sólo el derecho a asegurar: “libremente su desarrollo económico, social y cultural”, sino también a “disponer libremente de sus riquezas y sus recursos naturales, sin perjui- cio de las obligaciones derivadas de la cooperación económica internacio- nal, basada en el principio del interés mutuo, y del derecho internacional. En ningún caso, ningún pueblo podrá ser privado de sus propios medios de subsistencia.” [el subrayado es nuestro] El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales pre-cisa en su artículo 25 que: “ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menosca- bo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales.” La soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales ha sidoafirmada varias veces en otros instrumentos de la ONU que completan el recono-cimiento del derecho a la autodeterminación, al darle un contenido más concreto.Entre dichos instrumentos 29, hay que mencionar los siguientes. En su resolución sobre la soberanía permanente sobre los recursosnaturales30: “ [c]onsiderando que es conveniente fomentar la cooperación internacional en el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo, y que los acuerdos económicos y financieros entre los países desarrollados y los países en vías de27 Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Centre for Minority Rights Develop- ment (Kenya) y Minority Rights Group International en nombre del Endorois Welfare Council c. Kenya, comunicación no 276/2003, decisión tomada en Mayo de 2009.28 La Resolución 523 (VI) es la primera resolución que la Asamblea General adoptó sobre esta cues- tión el 12 de Enero de 1952.29 Véase igualmente el capítulo I.A.30 Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General adoptada el 14 de Diciembre de 1962. 14
desarrollo deben basarse en los principios de igualdad y del derecho de los pueblos y naciones a la libre determinación”, la Asamblea General declara que: “El derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado”. La Declaración Relativa al Establecimiento de un Nuevo Orden EconómicoInternacional31 subraya entre otras cosas que: “El nuevo orden económico internacional debe basarse en el pleno respeto de los siguientes principios: (…) e) plena soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y todas sus actividades económicas. A fin de salvaguardar esos recursos, todo Estado tiene derecho a ejercer un control efectivo sobre ellos y su explotación, con medios ajustados a su propia situación, incluso el derecho de nacionalización o transferencia de la propiedad a sus nacionales, siendo este derecho una expresión de la plena soberanía permanente del Estado. No se puede someter a ningún Estado a ningún tipo de coerción económica, política o de otra índole para impedir el libre y pleno ejercicio de este derecho inalienable”. La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados 32 proclama en suprimer artículo que: “Todo Estado tiene y ejerce libremente soberanía plena y permanente, incluso posesión, uso y disposición, sobre toda su riqueza, recursos naturales y actividades económicas.”2. UNCTAD Los Principios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio yel Desarrollo (UNCTAD) para la gestión de las relaciones comerciales internacio-nales y las políticas comerciales adecuadas para favorecer el desarrollo estipulan,entre otras cosas que: “Todo país tiene el derecho soberano de disponer libremente de sus recursos naturales en pro del desarrollo económico y del bienestar de su pueblo; toda medida o presión externa, política o económica, que se aplique contra el ejercicio de este derecho es una violación patente de los principios de libre determinación de los pueblos y de no intervención y de no intervención enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y, de persistir, podría constituir una amenaza a la paz y la seguridad internacionales.”3331 Resolución 3201 (S-VI) de la Asamblea General de la ONU, adoptada el 1º de Mayo de 1974.32 Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General de la ONU, adoptada el 12 de Diciembre de 1974.33 Cf. Resolución 46 (III) de la UNCTAD titulado “Medidas para alcanzar un acuerdo más completo respecto de los principios que han de regir las relaciones comerciales internacionales y las políticas comerciales conducentes al desarrollo”, adoptada el 18 de Mayo de 1972. 15
3. Consejo de Seguridad El Consejo de Seguridad, por su lado, ha afirmado, en la resolución 330 (1973)de 21 de marzo de 1973 relativa a la paz y la seguridad en América Latina, el prin-cipio de la soberanía permanente de los pueblos sobre sus riquezas y recursos na-turales. En esa misma resolución, solicitaba a los Estados, entre otras cosas, queimpidan “la acción de aquellas empresas que deliberadamente pretenden coaccio-nar a países de América Latina”. 16
III. EJERCICIO DEL DERECHO A LAAUTODETERMINACIÓN En derecho internacional, la doctrina indica que hay dos aspectos del derecho ala autodeterminación: externo (internacional) e interno (nacional). Esta división essobre todo formal, ya que estos dos aspectos no pueden existir el uno sin el otro. Sinembargo, como veremos más adelante (véase el capítulo V), es evidente que la inde-pendencia política formal no significa que un pueblo goce realmente de su derecho ala autodeterminación. En este capítulo, examinaremos el ejercicio del derecho a laautodeterminación en el nivel internacional / externo (A) y nacional / interno (B).A) A nivel internacional1. Distintas formas de ejercer el derecho a la autodeterminación Un pueblo con el derecho a la autodeterminación en el ámbito internacional(externo) puede elegir entre varias maneras de ejercer dicho derecho. Según laDeclaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las rela-ciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con laCarta de las Naciones Unidas ya mencionada: “El establecimiento de un Estado soberano e independiente, la libre aso- ciación o integración con un Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo cons- tituyen formas del ejercicio del derecho de libre determinación de ese pueblo.” Si bien algunos pueblos han escogido la libre asociación (Suiza), otros se hanconstituido en federación (Alemania, Brasil, Rusia...) u otros, incluso, han “here-dado” las formas más diversas (Estado centralizador, monarquía, etc.). Es difícil sacar conclusiones generales, pero se observa que los Estados constitui-dos en federación o en confederación ofrecen más posibilidades a los pueblos que loforman de ejercer su derecho a la autodeterminación. No obstante, el hecho de estargobernado por una “monarquía formal” no significa que los ciudadanos y/o pueblosque lo componen tengan menos posibilidades (Reino Unido).2. Autodeterminación de pueblos colonizados En la Carta de las Naciones Unidas y en las declaraciones adoptadas en losaños 60 y 70 (véase más arriba), se ha consagrado el derecho a la autodetermina-ción para dotar de base jurídica a la autodeterminación de los pueblos colonizados.En este sentido, el ejercicio del derecho a la autodeterminación tiene una 17
dimensión externa/internacional, ya que se trata de facilitar la descolonización y laindependencia de los pueblos colonizados. En su Recomendación general nº21 sobre el derecho a la autodeterminación, elComité para la Eliminación de la Discriminación Racial precisa los siguiente: “El aspecto externo [independencia] de la libre determinación significa que todos los pueblos tienen derecho a determinar su condición política y el lugar que deben ocupar en la comunidad internacional sobre la base del principio de igualdad de derechos y tomando como ejemplo la liberación de los pueblos del colonialismo y la prohibición de someter a los pueblos a toda sujeción, dominio y explotación del extranjero.”34 En la gran mayoría de los casos, los pueblos colonizados han optado por la in-dependencia y se han constituido en Estados soberanos dentro de los límites de an-tiguas fronteras coloniales (principio del uti possidetis). El ejercicio de su derechoa la autodeterminación no ha entrado en conflicto con la integridad territorial deotros Estados soberanos. Han sido los poderes coloniales u ocupantes los que hantenido que irse35. Sin embargo, hay que subrayar que la división colonial había separado muchospueblos. Con la descolonización, estos continúan divididos entre los territorios devarios Estados. El ejemplo más flagrante es la configuración del continente africa-no, donde las fronteras estatales están delimitadas con “precisión geométrica”.Hay que decir que los nuevos Estados optaron en general de manera deliberadapor conservar las fronteras coloniales, para no complicar la situación, y quisieronen seguida poner el acento en la unidad africana aún por construir. Era una apues-ta, y continúa siéndolo tal como lo muestran los numerosos conflictos llamados ét-nicos, avivados o no desde el exterior. Dicho esto, tal como recuerda el Tribunal Internacional de Justicia en el asuntodel Sáhara occidental, uno de los elementos más importantes en el ejercicio del de-recho a la autodeterminación es “la expresión libre y auténtica de la voluntad delas poblaciones del territorio” afectado36. La Corte ya había expresado esta opiniónen el asunto de Namibia, ocupada en ese momento por Sudáfrica37.3. Autodeterminación de todos los pueblos Numerosos juristas internacionales se esfuerzan en demostrar que las disposicio-nes de los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos no tienen un alcancegeneral y que la intención de los redactores de dichos Pactos, en el contexto del mo-mento, era dotar de base jurídica a la descolonización. Sea cual sea la intención delos redactores en cuestión, está claro que el artículo primero común a los dos Pactosafecta a todos los pueblos (véase igualmente el capítulo I.A).34 Adoptada el 8 de Marzo de 1996.35 Cf. Ioana Cismas, “Secession in Theory and Practice: the Case of Kosovo and Beyond”, Goettingen Journal of International Law, Vol. 2, No.2, 2010, pp. 531-587.36 Cf. Tribunal Internacional de Justicia, Sahara occidental, opinión consultiva del 16 de Octubre de 1975, § 162.37 Cf. Tribunal Internacional de Justicia, Namibie, opinión consultiva del 21 de Junio de 1971. 18
Sin embargo, para un determinado pueblo, la mejor manera de hacer efectivosu derecho a la autodeterminación no es forzosamente constituyéndose en Estadoindependiente. Es cierto que si cada uno de los pueblos que hablan una de las6.000 lenguas censadas en el mundo38 (si se establece este único criterio para defi-nir a un pueblo) eligieran esta vía, la gestión de las relaciones internacionales secomplicarían sin ninguna duda. En este mismo orden de ideas, hay que preguntar-se sobre la capacidad de muchos mini Estados o la de Estados fuertemente endeu-dados de ejercer realmente su soberanía y de participar en la toma de decisiones anivel internacional. De nuevo, en ausencia de una definición de “pueblo” en dere-cho internacional, las cuestiones planteadas son más políticas que jurídicas. Este es lugar para tratar otro punto particularmente sensible. Puede verse com-prometida la integridad territorial de un Estado concreto y se puede admitir la in-tervención, incluida la armada, de la “comunidad internacional” en dos casos:1. Amenazas contra la paz y la seguridad internacional; 2. Violaciones graves ysistemáticas de los derechos humanos.Amenazas contra la paz y la seguridad internacional Las amenazas contra la paz y la seguridad internacional permiten la interven-ción en los asuntos internos de un Estado concreto del Consejo de Seguridad de laONU. No obstante, hay que destacar que no estamos al abrigo de instrumentaliza-ciones de estas nociones que son, por otro lado, utilizadas muy a menudo en “geo-metrías variables” por parte de las grandes potencias del momento (casos deAfganistán, Iraq, Haití…).Violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos Hay que constatar que muchos Estados multiétnicos no respetan sus obligacio-nes en materia de derechos humanos en general y del derecho a la autodetermina-ción en particular. Así, no es extraño observar que los miembros de una sola“etnia”, de un clan que practica el nepotismo o incluso una oligarquía se apropiandel aparato estatal. La Declaración y Programa de Acción de Viena (véase también el capítuloIII.A) condicionan de alguna manera el respeto de la integridad territorial de unEstado concreto en relación con “el principio de la igualdad de derechos y de laautodeterminación de los pueblos y dotados de un gobierno que representa a latotalidad de la población que pertenece al territorio sin distinción alguna.”(capítulo I.2.§ 3)“Secesión remedio” En este contexto, la secesión resulta legítima, es incluso un derecho y puedeser autorizada (véase más adelante) aunque no hay que excluir el riesgo de instru-mentalización de ciertas situaciones por parte de los poderes del momento.38 Cf. Comunicado de la UNESCO sobre la jornada internacional de la lengua materna: www.unesco.org/es/languages-in-education/advocacy/international-mother-language-day-21-february-2009/ 19
Aunque la pesadilla de la mayor parte de los Estados sea el cuestionamiento desu integridad territorial y que la Carta de las Naciones Unidas sea muy clara eneste tema (art. 2.4), esto no ha impedido que los Estados miembros de la ONU (51en el momento de su creación, incluidos algunos Estados que, como la India, noera aún formalmente independiente), aceptaran Estados nuevos (192 actualmente,la mayoría después de un proceso de descolonización). Como ya hemos señalado, la creación de nuevos Estados no se encuentra nece-sariamente en el interés de pueblos afectados. Sin embargo, hay situaciones en laque los pueblos son oprimidos por sus propios Estados y no pueden gozar de suderecho a la autodeterminación. En este caso, el derecho internacional prevé el de-recho a la secesión: “La única hipótesis en que el derecho internacional reconoce un derecho a la secesión es la de la ‘secesión remedio’, es decir, de una secesión que responde a una violación flagrante del derecho a la autodeterminación interna’”39. El Profesor T. Christakis clasifica el caso de Bangladesh (antes llamada Pakis-tán oriental), que accedió a la independencia a finales de 1971 en base a las consi-deraciones en particular de violaciones flagrantes y sistemáticas de derechoshumanos, en la categoría de secesión remedio “conseguida”, incluso a pesar deque dicha independencia se obtuvo sobre todo gracias a la intervención del ejércitohindú40. Más recientemente, Kosovo41 proclamó unilateralmente su independencia (fe-brero de 2008), con el apoyo de algunas grandes potencias. Dicha proclamacióntuvo lugar tras la intervención militar de la OTAN (1999) y de la colocación deesa provincia bajo la administración de la ONU42 sobre la base en particular de lassiguientes consideraciones: hacer que cesaran “las violencias” respecto a los koso-vares de raíz albanesa por parte de la República de Serbia y hacer frente a la “ca-tástrofe humanitaria” en esa provincia (preocupación del Consejo de Seguridad).En su auto del 22 de julio de 2010, el Tribunal Internacional de Justicia concluyóque la declaración de independencia de Kosovo del 17 de febrero de 2008 no violóni el derecho internacional general ni la resolución del Consejo de Seguridad cita-da, ni el marco constitucional 43. Esta opinión no es compartida ni por la Repúblicade Serbia, que considera Kosovo como una de sus provincias, ni por parte de otrosmuchos Estados. En este marco, el sistema político de Etiopía constituye un ejemplo interesanteque merece ser analizado. En efecto, la nueva constitución de este país (1994)39 Véase la nota 3.40 Ibid.41 Antaño, región autónoma de la República Popular de Serbia en la República Federal Socialista de Yugos- lavia que se convirtió en 2000 en la República Federal de Yugoslavia. Con la independencia de Montene- gro, esta última tomó el nombre de Serbia, la cual considera que Kosovo es una de sus provincias.42 Cf. Resolución 1244 de Consejo de Seguridad, adoptada el 10 de Junio de 1999.43 Tribunal Internacional de Justicia, Conformité au droit international de la déclaration unilatérale dindépendance relative au Kosovo, opinión consultiva del 22 de Julio de 2010 (solamente en fran- cés o inglés). 20
reconoce el derecho unilateral y sin restricción a la autodeterminación a “toda na-ción” que forme parte de él (nueve Estados y 80 pueblos censados) 44. El Presiden-te de Etiopía (convertida en República Federal Democrática de Etiopía) de esemomento, Meles Zenawi, explica esta elección por lo siguiente: “Durante 30 años,el gobierno intentó crear una Etiopía de naturaleza homogénea. Ha intentado eli-minar las diferencias de lengua, de cultura y otras... Lo que queremos decir es queno es necesario que seamos homogéneos para estar unidos”45.B) A nivel nacional1. El derecho a la libre participación en los asuntos públicos En la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes alas relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidadcon la Carta de las Naciones Unidas citada varias veces en esta publicación, laAsamblea General precisó que en el marco del derecho de los pueblos a la autode-terminación, todos los Estados tienen la obligación de favorecer el respeto univer-sal y efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de acuerdocon la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración Universal de los DerechosHumanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé en su artículo 21 laparticipación de todos en los asuntos públicos: “1. Toda persona tiene derecho a tomar parte en la dirección de los asuntos públicos de su país, ya sea directamente o por intermediación de represen- tantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene derecho a acceder, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad de los poderes públicos; esta voluntad debe expresarse mediante elecciones honestas que deben tener lugar perió- dicamente, sufragio universal igual y voto secreto, o siguiendo un procedi- miento equivalente que asegure la libertad de voto.” El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece el mismo de-recho en su artículo 25. Para el Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial: “El derecho a la libre determinación de los pueblos tiene un aspecto inter- no, es decir, el derecho de todos los pueblos a llevar adelante su desarro- llo económico, social y cultural sin injerencias del exterior. A este respecto, existe un vínculo con el derecho de todo ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos en todos los niveles (…). Por consiguiente, los gobiernos deben representar a toda la población sin distinción alguna por motivos de roza, color, ascendencia o nacionalidad u origen étnico.”4644 Véase la nota 3.45 Ibid. 21
En vista de estas consideraciones, todos los pueblos presentes en un territoriode un Estado concreto deben poder participar realmente en los asuntos públicos,tanto nacionales como internacionales (negociaciones sobre los tratados comercia-les por ejemplo). Teniendo en cuenta el hecho de que hay menos de un 10% de Estados “homo-géneos” en el mundo47, la tarea parece ardua. Pero la solución reside en el respetoy la puesta en práctica efectiva de los derechos humanos en todo el mundo – en-tendiendo no sólo los derechos individuales sino también los colectivos, en el ám-bito nacional e internacional, así como el respeto por parte de los Estados de susobligaciones en virtud de los instrumentos citados en esta publicación.2. Autodeterminación de los pueblos indígenas Hasta hace poco, el único instrumento internacional que ofrecía una protecciónespecífica a los derechos de los pueblos indígenas era la Convención nº 169 de laOIT sobre los pueblos indígenas y tribales de 1989, ratificada hoy en día por 17Estados. Esta Convención de la OIT es importante porque protege varios derechosfundamentales de los pueblos indígenas. Los artículos 13 a 17 en particular, obser-van los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y sus territorios y suderecho a participar en la utilización, la gestión y la conservación de sus recursos.Consagran también los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados antecualquier utilización de recursos situados en sus tierras y la prohibición de despla-zarlos de sus tierras y territorios. La adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos delos pueblos indígenas por parte del Consejo de Derechos Humanos en junio de2006, y por la Asamblea General en septiembre de 2007, permite reforzar la pro-tección de los derechos de los pueblos indígenas, ya que va más lejos que la Con-vención de la OIT48. La Declaración empieza por reconocer que los pueblos indí-genas tienen derecho a gozar plenamente, ya sea colectiva o individualmente, detodos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Car-ta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos yel derecho internacional sobre los derechos humanos. Después va más allá, al re-conocer el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y sus derechossobre sus tierras y recursos. La Declaración reconoce las injusticias cometidas du-rante la colonización y se refiere a las amenazas que conlleva la mundializaciónactual. Protege la sabiduría tradicional, la biodiversidad y los recursos genéticos eimpone límites a las actividades que puedan llevar a cabo terceros en los territo-rios de los pueblos indígenas. Si bien la Declaración reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la auto-determinación, hay que subrayar que no define “pueblos indígenas”. Y, si bien el46 Cf. § 4 de la Recomendación General n°21: El derecho a la autodeterminación del Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial, adoptada el 8 de Marzo de 1996.47 Véase la nota 3.48 Cf. Asamblea General, Informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, A/61/306, 1 de Septiembre de 2006, §§ 41-44. 22
art. 3 de la Declaración afirma inequívocamente el derecho de los pueblosindígenas a la autodeterminación49, su art. 4 menciona la autonomía sólo en elmarco del Estado en el que viven los pueblos indígenas afectados50. El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y el de los Estadosen el que estos viven podrían potencialmente entrar en conflicto, sobre todo si nohay concertación sobre los intereses divergentes de estos dos actores, ni se respe-tan los derechos humanos fundamentales y los principios democráticos. Comoejemplos positivos, cabe destacar que parece que varios países de América Latinaestán en el camino correcto. Así, las nuevas constituciones adoptadas por Bolivia,Ecuador y Venezuela acuerdan una gran autonomía para los pueblos indígenas(con relación a Bolivia, véase más adelante, capítulo IV.D).49 “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.”50 “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la auto- nomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.” 23
IV. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS Y PUESTAEN PRÁCTICA A NIVEL NACIONAL Como acabamos de ver, el derecho a la autodeterminación y a la soberanía per-manente sobre los recursos naturales es un derecho fundamental reconocido enmuchos instrumentos internacionales y regionales, pero raramente respetado en suplenitud en la práctica y en todas sus dimensiones. Si bien la mayor parte de losEstados no lo han incluido explícitamente en su legislación nacional, una gran ma-yoría de ellos han ratificado los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanosy todos los Estados miembros de la ONU tienen que respetar la Carta de las Na-ciones Unidas. En este sentido, tienen la obligación de respetar, proteger y hacerefectivo el derecho a la autodeterminación y a la libre disposición de los recursosnaturales de los pueblos.A) Obligaciones de los Estados El derecho internacional prevé obligaciones para los Estados de manera corre-lativa al derecho de los pueblos a la autodeterminación a nivel internacional. Envirtud de los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966 y de laDeclaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las rela-ciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con laCarta de las Naciones Unidas ya citada, estas obligaciones son al mismo tiemponegativas y positivas. En primer lugar, todo Estado tiene la obligación de respetar el derecho a la au-todeterminación de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. En segundolugar, todo Estado tiene la obligación de favorecer la realización del derecho delos pueblos a la autodeterminación y de ayudar a la ONU a cumplir con sus res-ponsabilidades en la aplicación de este principio con el fin de: • Favorecer las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados; • Poner fin rápidamente al colonialismo teniendo en cuenta la voluntad li- bremente expresada de los pueblos interesados.51 El derecho a la libre disposición de las riquezas y recursos naturales implica tam-bién obligaciones para los Estados. Como prevé la resolución sobre la soberanía per-manente sobre los recursos naturales, adoptada en 1962, el derecho a la libredisposición de las riquezas y recursos naturales siempre tiene que “ejercerse en inte-rés del desarrollo nacional y del bienestar de la población del Estado interesado”.La obligación más importante es, pues, la de utilizar las riquezas y recursos naturalespara mejorar el bienestar del conjunto de la población de un Estado concreto y de51 Cf. Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de la ONU, adoptada el 24 de Octubre de 1970. 24
todos los que lo forman, teniendo en cuenta el hecho de que los intereses de uno yotros pueden ser a veces contradictorios (véase el capítulo V). En virtud de los dos Pactos de las Naciones Unidas de 1966, el derecho a la libredisposición de las riquezas y recursos naturales debe ejercerse con el fin de hacerposible la realización de otros derechos reconocidos en los Pactos; debe favorecer larealización de los derechos civiles y políticos y de los económicos, sociales y cultu-rales de los pueblos. Al utilizar sus riquezas y recursos naturales, un Estado debe ve-lar por el respeto, protección y realización de los derechos humanos de todos losque lo forman, Esto implica en muchos casos, simplemente respetar el uso tradicio-nal de las riquezas y recursos naturales por parte de la población local. En otros ca-sos, es necesario proteger a la población local contra terceros poderosos, como lasempresas transnacionales, que saquean o destruyen las riquezas y recursos naturales.Cuando las riquezas y recursos naturales no están explotados y la población local nopuede ejercer sus derechos fundamentales, a causa de la pobreza por ejemplo, estoimplica que el Estado utilice dichas riquezas y recursos naturales para mejorar elbienestar de la población (realizar).B) Obligaciones de otras entidades Entendemos por “otras entidades”, aquellas entidades dichas no estatales quetienen una gran influencia, incluso decisiva, sobre el ejercicio del derecho a la au-todeterminación. Se trata de instituciones financieras y comerciales internaciona-les (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial delComercio) y también de sociedades transnacionales (STN). Aunque las primerassean instituciones interestatales y en este sentido tengan que respetar la Carta de laONU y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, entreotros el derecho a la autodeterminación, a menudo defienden los intereses del sec-tor privado favoreciendo el control de las STN sobre toda actividad económicaque obstaculiza innegablemente el ejercicio de la soberanía de muchos Estados.En varios sectores, tanto las primeras como las segundas ignoran sus obligacionesen materia de derechos humanos y muchas de sus actividades conllevan violacio-nes del derecho a la autodeterminación (véase también el capítulo V.C).C) Obligaciones de terceros Estados En caso de violaciones de derechos humanos en un país concreto, a menudo se ha-cen acusaciones contra ese Estado, a veces contra las STN, pero casi nunca contra losterceros Estados dominantes. No obstante, el ejercicio del derecho a la autodetermina-ción y a la libre disposición de las riquezas y recursos naturales tiene un fuerte compo-nente internacional. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales yCulturales, los Estados se comprometen a cooperar con el fin de garantizar el plenoejercicio de los derechos en él reconocidos y proclaman que “[e]n ningún caso, unpueblo podrá ser privado de sus propios medios de subsistencia”. Por lo tanto, los ter-ceros Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la libre disposición de lasriquezas y recursos naturales, sobre todo absteniéndose de tomar medidas que priven a 25
un pueblo de sus medios de subsistencia, y tienen la obligación de favorecer elejercicio de este derecho en los demás Estados a través de la cooperación y laasistencia internacionales. En este sentido, los Estados deben ser solidarios con unEstado que carezca de medios para cumplir con sus compromisos en materia dederechos económicos, sociales y culturales. Las obligaciones de los terceros Estados pueden traducirse en la práctica en laobligación de respetar el modo de desarrollo adoptado por un pueblo/Estado con-creto, de no imponer tratados comerciales nocivos para los derechos humanos(véase más adelante) y de no alentar las actividades de las STN perniciosas para elmedio ambiente y para el ejercicio de los derechos humanos, etc.D) Ejemplos de puesta en práctica a nivel nacional Desde que se reconoció el derecho a la autodeterminación en la Carta de lasNaciones Unidas, en 1945, muchos pueblos colonizados se han independizado yconstituido en Estado soberano. Al hacerlo, han seguido el camino trazado por lospueblos colonizados de América Latina, la mayoría de los cuales se independizóen el siglo XIX. Pero, si bien es cierto que han adquirido la independencia política después de dé-cadas, la mayoría de estos Estados han continuado durante mucho tiempo, o conti-núan aún, siendo dependientes económicamente de las antiguas potencias coloniales,y muchos todavía no están en condiciones de perseguir su desarrollo económico, so-cial y cultural en toda libertad y sin injerencias externas. Tan problemática es lacuestión que en el interior de numerosos Estados, muchos pueblos continúan siendooprimidos, o considerados como subalternos, y no siempre están en situación deejercer sus derechos sobre sus riquezas y recursos naturales. Se pueden citar Bolivia y Noruega como ejemplos de Estados que ponen enpráctica el derecho a la autodeterminación y a la libre disposición de las riquezas yrecursos naturales a nivel nacional, al utilizar sus riquezas y recursos naturalespara mejorar el bienestar de su población.Bolivia Bolivia posee riquezas y recursos naturales muy importantes. Es especialmenterica en metales – plata, oro, hierro, estaño y litio – en gas natural y en petróleo.Durante la colonización, el Imperio español explotó los metales y tras su indepen-dencia, Bolivia continuó basando una parte importante de su economía en la ex-portación de plata y estaño. Pero desde los años 1990, se descubrieron en Boliviagrandes reservas de gas natural y de petróleo – las reservas de gas natural más im-portantes de América Latina después de Venezuela – y hoy en día el gas natural esel primer producto exportado por los bolivianos. Con el aumento de los precios delgas en el mercado internacional, los beneficios han incrementado considerable-mente. Pero la privatización de las reservas de gas y petróleo a mitad de los 90,bajo el gobierno de Sánchez de Lozada, conllevó una disminución de los benefi-cios estatales en beneficio de empresas transnacionales extranjeras. 26
Tras la “guerra del agua” que forzó al gobierno de Sánchez de Lozada a de-nunciar la privatización del agua a finales de los 90, el proyecto de exportar gasnatural hacia Estados Unidos y México desembocó en la “guerra del gas” en sep-tiembre/octubre de 2003, enfrentando organizaciones indígenas, campesinas y sin-dicales al gobierno. Tras semanas de confrontación y 53 muertos entre losoponentes, la guerra del gas pudo más que el Presidente Sánchez de Lozada, quefue forzado a dimitir. El Vicepresidente Carlos Mesa asumió entonces la Presiden-cia. Aceptó las reivindicaciones populares, entre las que se encontraba la elabora-ción de una nueva Constitución y la nacionalización de los recursos naturales, yaprobó una ley sobre los hidrocarburos, previendo impuestos de hasta el 50% delos beneficios del gas y el petróleo. Pero no cumplió sus promesas sobre la nacio-nalización de los recursos naturales y también se vio forzado a dimitir. La elección de Evo Morales a la Presidencia de la República en diciembre de2005 dio un giro a la historia de Bolivia. Tras 500 años de explotación de los recur-sos naturales y de la población indígena, el primer Presidente indígena de la historiade Bolivia prometió poner fin al colonialismo y restablecer la soberanía nacional so-bre los recursos naturales. En un país en el que un tercio de la población, de mayoríaindígena, vive aún en la extrema pobreza, con tasas de desnutrición y desigualdad deentre las más elevadas del mundo, el nuevo Presidente intenta proteger a los másvulnerables poniendo fin a la dependencia económica y cultural con respecto a laspotencias extranjeras. El 1º de mayo de 2006, anunció la nacionalización de los re-cursos petroleros y de gas. El Estado se ha convertido en el propietario de dichos re-cursos y las compañías privadas han sido autorizadas para que los exploten bajo sucontrol, transfiriendo entre el 60 y el 82% de sus ingresos al Estado. Las compañíasextranjeras presentes en Bolivia – entre otras Petrobras (Brasil), Repsol (España),Total (Francia) y British Gas (Reino Unido) – han aceptado las nuevas condicionesdado que les continúan generando importantes beneficios. Aunque esta nacionaliza-ción no signifique que Bolivia haya recuperado la soberanía total, ni que constituyaun modelo de desarrollo (ya que la economía boliviana sigue dependiendo de lasrentas de recursos no renovables), este nuevo dato ha conllevado un aumento espec-tacular del presupuesto del Estado nacional y de los departamentos regionales, loscuales han podido invertir de manera masiva en educación52, sanidad y soberanía ali-mentaria. En 2007, Bolivia integró en su derecho interno la Declaración de las Na-ciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y en 2009, adoptó unanueva Constitución que concreta el derecho de la nación boliviana a la autodetermi-nación y a la libre disposición de las riquezas y recursos naturales, consagrando losderechos de los pueblos indígenas y campesinos sobre sus propios recursos53.52 En 2008, Bolivia se ha declarado país “libre de analfabetismo”, cf. Libération del 21 de Diciembre de 2008: www.liberation.fr/depeches/0101307041-l-analphabetisme-pratiquement-elimine-en-bolivie-selon-morales53 Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, sobre su misión a Bolivia, A/HRC/7/5/Add.2, 30 de Enero de 2008 y todos sus otros informes sobre el derecho a la alimentación. También Jean Ziegler, La Haine de l’Occident, Livre de poche, 2010. 27
Noruega Noruega, como Bolivia, tiene riquezas y recursos naturales muy importantes,en particular en minerales, petróleo y gas. Tras descubrir yacimientos enormes depetróleo mar adentro, en el Mar del Norte – los más importantes del mundo – a fi-nales de los años 60, el gobierno noruego creó la compañía petrolera noruega Sta-toil para explotarlos. Aunque la compañía petrolera fue parcialmente privatizadamás tarde, el gobierno noruego siempre ha mantenido el control del sector petrole-ro, ya que ostenta el 70% de las acciones de la empresa. Hoy en día, Noruega es elsexto productor y el tercer exportador mundial de petróleo, representando este untercio de las exportaciones del país. Tras los años 70, una parte importante de los ingresos derivados del petróleo seha usado para financiar las políticas sociales que ha puesto en práctica Noruega, loque ha hecho que este país de menos de cinco millones de habitantes se haya si-tuado en diez años en el primer lugar del índice de desarrollo humano del Progra-ma de Naciones Unidas para el Desarrollo54. Noruega también es el país en el quees mayor la libertad de prensa55 y se sitúa en el 11º lugar de los países en los que lacorrupción es menor56, según los indicadores más citados. Para invertir los beneficios de la explotación y la exportación de petróleo y degas de tal manera que beneficien igualmente a las generaciones futuras – dado quelas reservas empiezan a agotarse – el gobierno noruego ha seguido el ejemplo deotros Estados creando un fondo soberano de inversiones en 1990 57. Llamado en uninicio fondo petrolero, el fondo soberano se convirtió en fondo de pensión del go-bierno noruego en 2006. El segundo fondo soberano más importante del mundo,el fondo noruego tiene actualmente un capital de más de 400 mil millones de dóla-res americanos. En 2004, el gobierno noruego tomó la decisión de invertir estosinmensos beneficios petroleros según criterios éticos. Ha adoptado directivas enmateria de inversiones y ha creado un Comité de Ética independiente que sobretodo se ocupa de velar por que los miles de empresas en los que invierte el fondonoruego no estén implicadas en ninguna de las siguientes actividades: • violaciones serias o sistemáticas de derechos humanos, como la muerte, la tortura, la privación de la libertad, el trabajo forzado, las peores formas de trabajo infantil y otras formas de explotación infantil; • atentados graves de los derechos individuales en situaciones de guerra o de conflicto;54 Cf. PNUD, Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2009, New York.55 Cf. Reporteros sin Fronteras, Informe anual 2008 : La liberté de la presse dans le monde en 2008, Paris, 2008.56 Cf. Transparency International, Annual Report 2009, Berlin, Transparency International, 2010.57 El primer fondo soberano de inversión fue creado por Kuwait en 1953 para invertir los enormes be- neficios de la exportación de petróleo. En 2009, el valor acumulado de los fondos soberanos de in- versión creado por los diferentes Estados se estimaba en 3000 mil millones de dólares americanos – dos terceras partes de los cuales provienen de la exportación de petróleo. 28
• degradación severa del medio ambiente; • corrupción masiva; • otras violaciones especialmente serias de normas éticas fundamentales58. Además las empresas en las que invierte el fondo noruego son invitadas a pro-mover los derechos de la infancia, a limitar su impacto negativo sobre el cambioclimático y a utilizar los recursos de agua de manera duradera59. Mediante la utilización ejemplar y transparente de sus riquezas y recursos na-turales, Noruega favorece la realización de los derechos económicos y sociales desu población favoreciendo el respeto de los derechos humanos en los numerososEstados en los que las empresas que financian, ejercen sus actividades. Es intere-sante destacar, por ejemplo, que las empresas mineras, que contaminan el medioambiente y ponen en peligro la salud de la población que vive en los alrededoresde las zonas de extracción han sido excluidas del fondo de inversión noruego,como en el caso de dos empresas israelíes implicadas en la construcción de colo-nias en los territorios palestinos ocupados60. Está claro que todo esto no prejuzga otros aspectos de la política noruega quepodrían ir en contra de las obligaciones del gobierno en materia de derechoshumanos.58 Cf. Ministerio de Economía de Noruega, Government Pension Fund Global. Responsible Investment, 2010: www.regjeringen.no/upload/FIN/brosjyre/2010/spu/english_2010/index.htm Cf. también Cédric Paulin, La stratégie d’investissement éthique du fonds pétrolier norvégien et les entre- prises d’armement, Notes de la Fondation pour la Recherche Stratégique, 2006: www.frstrategie.org/barreCompetences/DEFind/fond_norvegien.pdf59 Idem.60 Cf. el ejemplo de la compañía minera rusa Norilsk, excluida del fondo de pensiones noruego en 2009: www.regjeringen.no/en/dep/fin/aktuelt/nyheter/2009/utelukkelse-av-metall--og-gruveselskap.html? id=586655, y de dos compañías israelíes implicadas en la construcción de colonias en los territorios palestinos ocupados, excluidas del fondo de pensión noruego en 2010: www.regjeringen.no/en/dep/fin/press-center/ Press-releases/2010/three-companies-excluded-from-the-govern.html?id=612790 29
V. RETOS/OBSTÁCULOS ACTUALES AL EJERCICIODEL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN Como ya hemos indicado, no se puede disociar la soberanía política de la sobe-ranía económica. Es más, “la igualdad soberana” de los Estados a nivel internacio-nal no es siempre una realidad. Se observa en este sentido un gran desfase en elejercicio de la soberanía entre ciertos Estados. Por ejemplo, ¿se puede comparar lacapacidad y medios de los Estados Unidos a los de Haití o Burkina Faso por citarsólo estos ejemplos? Esta es la razón por la que en este capítulo examinaremos el impacto de las po-líticas y decisiones económicas internacionales o transnacionales sobre el ejerciciodel derecho a la autodeterminación. De entre ellas, a nuestro modo de ver, las másimportantes son: la deuda externa y los programas de ajuste estructural (A), el co-mercio y las inversiones extranjeras (B); las actividades de las sociedades transna-cionales (C); los derechos de propiedad intelectual (D); la privatización de losservicios públicos (E); la utilización de mercenarios (F); la explotación de losrecursos naturales, entre otras por la apropiación de tierras a gran escala (G). Los temas mencionados están íntimamente ligados y forman parte de una polí-tica escogida (llamada “Consenso de Washington” o la mundialización neo-liberal), puesta en marcha progresivamente desde el final de la segunda guerramundial para algunas potencias internacionales, con un solo y mismo fin: la perpe-tuación de las relaciones de dominación entre los países y en el interior de un paísconcreto. En este contexto, la opinión del experto de la ONU Cristescu, de 1981,sigue siendo válida: “Mientras que el colonialismo en sentido tradicional se acerca a su fin, el imperialismo, la política de fuerza e imposición continúan existiendo y pueden mantenerse en el futuro, bajo la máscara del neoliberalismo y de las relaciones de poder. La explotación por parte de las fuerzas coloniales de las dificultades y los problemas a los que se enfrentan los países en desarrollo o recientemente liberados, la intromisión en los asuntos internos de estos Estados y los intentos de mantener las relaciones de desigualdad, sobre todo en el sector económico, constituyen peligros serios para los nuevos Estados. El colonialismo, el neoliberalismo y el imperialismo usan medios diversos para imponer su voluntad a las naciones independientes. La presión y la dominación económica, la intromisión, la discriminación, social, la subversión, la intervención y la amenaza de la fuerza son medios neo- colonialistas contra los tienen que defenderse que las naciones recientemente independientes.”6161 Cf. nota 14, § 687. 30
La mayoría de los temas citados ya han sido o están en vías de ser objeto deuna publicación del CETIM, y por falta de espacio, no haremos más que breves re-súmenes de algunos de ellos.A) Deuda y Programas de Ajuste Estructural62 La deuda externa de los Estados, del Sur en particular, es una carga real y tieneun impacto negativo mayor en prácticamente todos los aspectos de la vida de laspoblaciones en estos países y, por tanto, sobre el ejercicio de su derecho a la auto-determinación. Los programas/políticas de ajuste estructural (PAS) están íntimamente ligadosa la cuestión de la deuda, ya que han sido concebidos e impuestos por el dúoFMI/Banco Mundial a los países del Tercer Mundo, oficialmente “para reaccionarante los desequilibrios de la economía y en particular ante el déficit de la balanzade pagos de distintos países”63, tras la crisis de la devolución de la deuda a princi-pios de los años 80. El contenido de los PAS no ha variado demasiado hasta ahora aunque su nombreha cambiado varias veces64, y se aplica muy a menudo indistintamente a los paísesendeudados sean cuales sean sus condiciones económicas y sociales: devaluación dela moneda local, reducción del gasto público dedicado a los servicios públicos,supresión del control de los precios, imposición del control de salarios, reducción delas medidas de regulación comercial y del control de los cambios, privatizaciones,restricción del crédito interior, disminución de la intervención del Estado en laeconomía, aumento de las exportaciones y reducción de las importaciones. Aunque el dúo FMI/Banco Mundial haya perdido sus mayores “clientes” enestos últimos años (Argentina, Brasil y Rusia en particular) y que algunos paíseslatinoamericanos intentan romper su dependencia de ese dúo creando el Banco delSur65, el rol de estas instituciones financieras se mantiene (por la voluntad de lospoderes del momento a pesar de la reciente crisis financiera que ha sacudido elmundo) y su influencia continúa provocando estragos en muchos países. A modo de ejemplo, Kenya y Zambia dedican el 40% de su presupuesto anualal servicio (intereses) de su deuda externa 66. Haciendo abstracción de la cuestiónde la voluntad política de los dirigentes de estos países, ¿pueden estos Estadossatisfacer las necesidades elementales de sus poblaciones (alimentación, agua,vivienda, salud...)? ¿Pueden dirigir una política de desarrollo endógena? Lomismo ocurre actualmente con Grecia (que, no obstante, ¡forma parte de los países62 Los análisis de este sub-capítulo se han sacado de Deuda y derechos humanos, CETIM, 2007 y iInvestiguemos! la deuda. Manual para realizar auditorías de la deuda del Tercer Mundo, CETIM /CADTM, 2006.63 Cf. § 11 del Informe del Secretario General, E/CN.4/Sub.2/1995/10, de 5 de julio de 1995, 47ª sesión de la Subcomisión de la lucha contra las medidas discriminatorias y de la protección de las minorías.64 Facilidad de ajuste estructural reforzado-FAER, iniciativa para los países pobres muy endeudados- PPME, documentos-marco estratégicos de lucha contra la pobreza-CSLP, etc.65 Cf. Banque du Sud et nouvelle crise internationale, CADTM/Syllepse, 2008.66 Cf. Les chiffres de la dette 2009 : www.cadtm.org/IMG/pdf/TAP_les_chiffres_de_la_dette-2.pdf 31
del Norte!) que está sometida a las mismas condiciones tras la reciente crisisfinanciera67. En tales condiciones, hablar de la soberanía nacional mientras que los pueblosno pueden decir nada sobre su porvenir raya la superchería.B) Comercio e inversiones extranjeras68 En la actualidad, se ha creado una densa red de acuerdos y tratados económi-cos y financieros – internacionales, regionales, subregionales y bilaterales –. Estosinstrumentos han suplantado a los instrumentos fundamentales de derecho interna-cional y regional de derechos humanos – incluido el derecho a la autodetermina-ción de los pueblos – y han subordinado las Constituciones y leyes nacionales des-tinadas a promover un desarrollo nacional armonioso así como los derechoshumanos, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales. Al apoyarse en la aplicación de cláusulas como las del “trato más favorable”,del “trato nacional” y el de la “nación más favorecida”, que figuran en casi todosestos tratados, esta estrecha trama funciona como un sistema de vasos comunican-tes que permite que las políticas neoliberales se impongan a escala mundial y pe-netren en el corazón de los Estados en los que ellas desintegran las economíasnacionales y general graves daños sociales. Para proteger a los inversores contra las “expropiaciones indirectas” o la pérdidade las “ganancias esperadas”, estos acuerdos están subvirtiendo el derecho soberanode los Estados receptores a establecer políticas tributarias, salariales o de protecciónsocial que los inversores pudieran considerar que afectan a sus “gananciasesperadas” y que pudieran constituir “expropiaciones indirectas”. Además, losEstados pierden con estos tratados su facultad soberana de reglamentar los litigiossobrevenidos sobre su propio territorio ante sus tribunales nacionales.C) Empresas transnacionales Tras algunas décadas, las empresas transnacionales han acentuado su controlsobre los recursos naturales del planeta, dictan su voluntad a los Estados másdébiles y explotan a los pueblos. Directa o indirectamente, son en gran medidaresponsables del deterioro del medio ambiente y del incremento sistemático de lasviolaciones de derechos humanos entre ellos el derecho a la autodeterminación y ala soberanía sobre los recursos naturales. Como tienen el arte de estar en todaspartes y en ninguna, eluden prácticamente todo control democrático y jurídico69.67 Cf. entre otros: www.cadtm.org/Grece-le-CADTM-condamne-le-plan-d, http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2010/05/gr%C3%A8ce-leurozone-et-le-fmi-signe-un-ch %C3%A8que-de-110-milliards-deuros.html, www.france.attac.org/spip.php?article11325 y www.cadtm.org/Dette-publique-de-la-necessite-a68 Los análisis de este sub-capítulo se han sacado de Los tratados internacionales, regionales, subre- gionales y bilaterales de libre cambio, CETIM, Cuaderno crítico n°7, 2010: www.cetim.ch/es/publications_cahiers.php#tratados69 Para una información más detallada véase la publicación Sociedades transnacionales y derechos hu- manos, CETIM, 2005: www.cetim.ch/es/publications_stn-bro2.php 32
Sin embargo, ya en 1974, la Asamblea General de la ONU preconizaba la re-gulación y el control de las actividades de las sociedades transnacionales en estostérminos: “Debe hacerse todo lo posible para formular, adoptar y aplicar un código de conducta internacional de las empresas transnacionales a fin de: a) Impedir su injerencia en los asuntos internos de los países donde realizan operaciones y su colaboración con regímenes racistas y administraciones coloniales; b) Reglamentar sus actividades en los países huéspedes para eliminar prácticas comerciales restrictivas y para que sus actividades se ajusten a los planes y objetivos nacionales de desarrollo de los países en desarrollo, y, en este con- texto, facilitar, en la medida necesaria, el examen y la revisión de los arreglos concertados anteriormente; c) Lograr que esas empresas proporcionen asis- tencia, transmisión de tecnología y conocimientos de administración y gestión a los países en desarrollo en condiciones equitativas y favorables; d) Regla- mentar la repatriación de las utilidades que esas empresas obtengan en sus operaciones, teniendo en cuenta los intereses legítimos de todas las partes in- teresadas; e) Promover la reinversión de las utilidades de esas empresas en los países en desarrollo.”70 Hay que recordar que, a día de hoy, aún no disponemos de un marco jurídicoexigente a nivel internacional que controlaría las actividades nocivas de las socie-dades transnacionales sobre los derechos humanos. Las “Normas sobre la Respon-sabilidad en materia de Derechos Humanos de las sociedades transnacionales yotras empresas”, adoptadas en 2003 por la antigua Subcomisión de la Promoción yde la Protección de los Derechos Humanos, se están pudriendo en los cajones de laONU71.D) Propiedad intelectual72 El Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre los aspectos de losderechos de propiedad intelectual que se refieren al comerció (ADPIC, TRIPS eninglés) es, justamente, muy criticado. Pero hay una serie de acuerdos bilateralessobre el mismo tema que agravan las disposiciones del ADPIC, razón por la quese les llama “TRIPS-plus”. Se critica el ADPIC por varias razones. Por ejemplo,admite la posibilidad de excluir del sistema de patentes a los seres vivos, aunquesu artículo 27, 3 b) precisa que: “No obstante los Miembros prevén la protecciónde las variedades vegetales por medio de patentes, de un sistema sui generis efi-caz, o mediante una combinación de estos dos instrumentos.” No precisa lo quequiere decir “un sistema sui generis eficaz”. De hecho, el ADPIC deja abierta lapuerta a extender las patentes a las variedades vegetales.70 Cf. Resolución 3202 (S-VI) que trata sobre el Programa de Acción relativa al establecimiento de un nuevo orden económico internacional, adoptada en mayo de 1974.71 Véase nota 69.72 Véase nota 68. 33
La mayoría de los acuerdos bilaterales en materia de propiedad intelectualobligan a los Estados firmantes a adherirse a la UPOV (Unión Internacional parala Protección de Obtenciones Vegetales) que no se menciona en el ADPIC. LaUPOV fue creada por una convención adoptada en 1961 cuyos miembros eran,hasta 1994, sólo países del Norte y Sudáfrica. Pero después de 1994, los países delSur han empezado a adherirse a él. La convención acuerda una gran libertad parapatentar plantas y deja expuestos a los agricultores que, para poder seguir sem-brando y cultivando, deberán pagar derechos cada vez más elevados a las grandessociedades transnacionales especializadas en ingeniería genética y en biopiratería.Como el derecho de patentes tradicionalmente implica que el objeto de una paten-te sea una invención, lo cual excluye a los organismos vivos que se encuentran enla naturaleza, la UPOV ha consagrado lo que se ha venido a llamar “derechos delobtentor” en relación a variedades vegetales nuevas obtenidas por distintos me-dios, es decir cruces o manipulaciones genéticas. Así, con los tratados bilaterales,que en su mayor parte obligan a adherirse a la UPOV, los agricultores ven comose suprime su derecho fundamental de guardar las semillas o intercambiarlas conotros agricultores con vistas a próximas siembras si estas están protegidas por elregistro de un “derecho del obtentor”73.E) Privatización de los servicios públicos El Estado es el blanco privilegiado de las políticas neoliberales, aplicadas des-de hace tres décadas un poco por todo el mundo y vehiculadas por las institucionesfinancieras internacionales (FMI/BM), más exactamente, algunas de sus prerroga-tivas hasta entonces soberanas. En efecto, según estas instituciones, el Estado esun obstáculo al desarrollo económico y en este sentido hay que “reformarlo”. Noes casualidad que mientras estas instituciones imponen sus condiciones (a travésde los PAS) a un Estado, apuntan siempre a su debilitamiento (véase más arriba).Además, el eslogan talismán de estas instituciones es “menos Estado”. Entre estascondiciones figuran la privatización de los servicios públicos y la reducción degastos sociales (agua, alimentación, salud, educación, vivienda, transporte...), eldespido de funcionarios, la baja de impuestos, etc. En resumen, todo lo que hacefalta para que un Estado concreto pueda cumplir sus obligaciones en materia dederechos económicos, sociales y culturales. Sólo hay un sector que se escapa a susexigencias: los gastos para la seguridad. Como destaca de manera razonable el ex-perto de la ONU Danilo Türk en su estudio dedicado a los PAS: “si hay un sector de los gastos nacionales que casi nunca han tocado los pro- gramas de ajuste, es la partida de gastos militares, y es cierto que en los países73 Ocurre lo mismo con los medicamentos básicos. En nuestros días, estos acuerdos también se utilizan de manera abusiva por parte de los derechos de propiedad intelectual sobre los medicamentos y comportan violaciones del derecho a la salud (cf. Los tratados internacionales, regionales, subregionales y bilaterales de libre comercio, CETIM, Cuaderno crítico n°7, 2010: www.cetim.ch/es/documents/cuaderno-7.pdf, El derecho a la salud, CETIM, 2006: www.cetim.ch/es/publications_sante-bro4.php y Dévelopement et santé dans les pays pauvres: le rôle des organisations internationales et de la Suisse, Centrale Sanitaire Suisse Romande, Ginebra, 2010. 34
Derecho de los pueblos a la auto determinación
Principio de la no intervención e injerencia
sierraperija
Derecho de injerencia y no intervencion
Sabdy As
Estado de Derecho y Autodeterminación
Mapa Conceptual de FOSO
Paao Verde

References: Resolución 
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 Artículo 5
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 artículo 19
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 3
 artículo 27
 Artículo 27
 artículo 25
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