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Timestamp: 2020-07-07 19:48:34+00:00

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Coronavirus: Inicio proceso penal contra el Gobierno | Información Jurídica y Tribunales
ADJUNTAMOS AL PRESENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 51 DE MADRID, QUE ACUERDA APERTURA DILIGENCIAS PREVIAS PENALES CONTRA EL GOBIERNO POR LA GESTIÓN DE CORONAVIRUS.
Pza. de Castilla, 1 , Planta 2 – 28046 Tfno: 914933045
UNICO.- Con fecha 20 de marzo de 2020 ha tenido entrada, en este Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, escrito presentado por don Víctor Valladares Pérez en el que formula denuncia contra las siguientes personas:
– Don Pedro Sánchez Perez-Castejón
– Doña María Sandra García Martín
– Doña Pilar Alegría Continente
– Don José Javier Izquierdo Roncero
– Don Francisco Tierra Seco Galdón
– Doña Teresa Cunillera Mestres
– Doña María Yolanda García Seco
– Don Javier Losada de Azpiazu
– Doña Ana María Calvo Sastre
– Don Anselmo Pestana Padrón
– Don José Manuel Franco Pardo
– Don Javier Vélez Fernández
– Don José Luis Arasti Pérez
– Don Denis Itxaso González
– Doña Delia Losa Carballido
– Doña María Marrodán Funes
– Doña Gloria Isabel Calero Albal
– Doña Salvadora del Carmen Mateos Estudillo
– Doña Sabrina Moh AbdelkaderLa denuncia se presenta por ser el primero Presidente del Gobierno de España y el resto Delegados del Gobierno en las diferentes Comunidades Autónomas.
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2.o De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que, en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía.
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Por tanto, el ejercicio de acciones penales contra el titular de dicho cargo debe ejercitarse ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, debiendo el denunciante – como parece que era su intención a la vista del encabezamiento mecanografiado del escrito y de su contenido – presentar la denuncia directamente ante dicho órgano, que será el que debe pronunciarse sobre su admisibilidad.
– Practicar las diligencias a prevención, ex artículo 12.primer párrafo LECrim, para luego remitir las diligencias al competente para conocer de la causa contra el aforado. Sin embargo, estas diligencias a prevención, detalladas como primeras diligencias en el artículo 13 Lecrim, se caracterizan por su carácter de urgentes y, consecuentemente, no parecen aplicables al caso de autos.
– Elevar una exposición razonada a dicho Alto Tribunal cuando, de la instrucción de una causa frente a no aforados, se desprendan indicios racionales de criminalidad contra el aforado. No nos encontramos en esta fase, sino, por el contrario, en una muy inicial de mera recepción de denuncia, por lo que no cabe sino insistir en que, en su caso, el escrito de denuncia debe presentarse directamente por el denunciante ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.SEGUNDO. Sobre la denuncia presentada contra varios Delegados del Gobierno en una serie de Comunidades Autónomas.
Debe destacarse que no se formula denuncia frente a la Delegada del Gobierno en Cantabria, doña Ainoa Quiñones, sin que se facilite explicación alguna de esta omisión en el texto de la denuncia. Por el contrario, sí se detalla en la misma que en la ciudad de Santander hubo una manifestación a las 12 horas en la Rotonda de Puertochico el 7 u 8 de marzo, por lo que entendemos se trata de una mera omisión nominal al relacionar los Delegados del Gobierno denunciados.
– Las decisiones que, en su caso, adoptaron dichos Delegados del Gobierno en
todo caso debieron producirse en las Comunidades Autónomas donde ejercen Juzgado de Instrucción no 51 de Madrid – Diligencias previas 607/2020 3 de 11
sus competencias, por lo que en relación con todos los arriba mencionados este Juzgado de Instrucción de Madrid no tendría competencia territorial.
TERCERO. Sobre la denuncia presentada frente a don José Manuel Franco Pardo, Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
Entre los denunciados nominalmente se encuentra el Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, don José Manuel Franco Pardo.
– Que el Delegado de Gobierno en Madrid no se encuentra aforado.
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Por ello la Constitución exige que en esos supuestos la reunión ‘se comunique’ a la autoridad competente, que, a su vez, puede llevar a una prohibición de la manifestación cuando existan fundadas razones para presumir la alteración del orden público, que habrá de ser entendido de forma restrictiva y de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El precepto constitucional añade ‘con peligro para personas o bienes’ con lo cual habría que interpretarlo que el riesgo de otro tipo de desórdenes que no implicaran peligro para personas o bienes no podría conducir a la prohibición de una manifestación.
Por ello, la limitación del ejercicio del derecho de reunión requiere de una motivación específica. Así, “para que los poderes públicos puedan incidir en el derecho de reunión constitucionalmente garantizado, ya sea restringiéndolo, modificando las circunstancias de su ejercicio, o prohibiéndolo incluso, es preciso, tal y como acaba de señalarse, que existan razones fundadas, lo que implica una exigencia de motivación de la resolución correspondiente … en la que se aporten las razones que han llevado a la autoridad gubernativa a concluir que el ejercicio del derecho fundamental de reunión, tal y como se hubo proyectado por su promotor o sus promotores, producirá una alteración del orden público proscrita en el art. 21.2 CE, o bien la desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos protegidos por nuestra Constitución” (STC 195/2003, de 27 de octubre, FJ 4). Y en este sentido “no basta con que existan dudas sobre si el derecho de reunión pudiera producir efectos negativos.
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debiendo presidir toda actuación limitativa del mismo el principio o criterio de favorecimiento del derecho de reunión … de manera que solamente razones convincentes e imperativas pueden justificar las restricciones a esa libertad (STC170/2008, FJ 3)” (STC 96/2010, de 15 de noviembre, FJ 3, relativa al ejercicio del derecho de manifestación durante la jornada de reflexión), en aplicación del principio favor libertatis. Los actos que introduzcan medidas limitadoras han de fundamentarse, pues, en datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias concretas de cada caso (STC 301/2006, 23 de octubre, FJ 2).
A los efectos que aquí nos ocupan lo relevante es que de conformidad con la STC la prohibición de la manifestación puede basarse (reiteramos la cita) no sólo en una una alteración del orden público proscrita en el art. 21.2 CE, sino también en la desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos protegidos por nuestra Constitución” (STC 195/2003, de 27 de octubre, FJ 4). Es conclusión, si en el momento de la decisión gubernativa – en ese momento, no a posteriori – se tenían suficientes datos, se podía legalmente prohibir la manifestación por razones sanitarias.
Serias dudas plantea a esta instructora que esta sea la calificación procedente, sin tampoco descartarla. La calificación jurídica puede ser ésta o puede ser esta en concurso con otras, como, por ejemplo, el delito de lesiones por imprudencia profesional, ex Artículo 152. CP, grave o menos grave (en cuyo caso requeriría denuncia del perjudicado como condición de perseguibilidad) – aunque, a priori, sin perjuicio de que se recabe dictamen pericial forense sobre este particular, la relación de causalidad parece ciertamente difícil de acreditar desde una perspectiva técnica). En cualquier caso, el delito de lesiones imprudentes viene tipificado así en nuestro código penal:
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En cualquier caso, no se aprecia prima facie que los hechos sean claramente atípicos – cuestión que es la única cosa que procede valorar en este momento procesal, no correspondiendo a esta instructora la calificación final de los hechos – por lo que no procede la inadmisión por este motivo.
SÉPTIMO. Sobre la participación del Delegado del Gobierno en Madrid, don José Manuel Franco Pardo
Al margen del cargo que ostenta el Sr. Franco, Delegado del Gobierno, imbuido como tal de ciertas competencias, en relación con los hechos concretos hay muchas cuestiones que a fecha de hoy se ignoran y que, como tal, no se alegan o acreditan en la denuncia. Por ejemplo:
– El informe emitido en fecha 2 de marzo de 2020, por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades ¿fue remitido oficialmente a España en qué fecha? ¿a qué autoridades? ¿se recepcionó oficialmente por la Delegación del Gobierno de Madrid?
– ¿se instó oficialmente a la Delegación del Gobierno de Madrid que en base al mismo o en base a otro documento oficial – que alertara sobre los peligros para la salud pública debido al coronavirus – se prohibieran las manifestaciones previstas en los días 7 u 8 de marzo de 2020? Por el contrario ¿se dio orden expresa al Delegado del Gobierno de Madrid de no prohibir las manifestaciones al margen de cualquier consideración sanitaria? ¿se adoptó alguna medida de prevención por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid?Sobre estas cuestiones todo son interrogantes. Hemos expuesto que la jurisprudencia del TC exige para prohibir el ejercicio del derecho fundamental a la manifestación que
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la autoridad gubernativa cuente con “datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias concretas de cada caso” y que la prohibición tenga como finalidad “la desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos protegidos por nuestra Constitución”. Si se contaba o no con tales datos objetivos en el momento de la toma de decisión por parte de la autoridad gubernativa, e incluso, si las manifestaciones que tuvieron lugar en los días 7 y 8 de marzo de 2020 eran susceptibles de perturbar otro bien o derecho protegido por la Constitución, como la vida, son cuestiones que deberán en su caso acreditarse. Pero en opinión de esta instructora, y con todas las cautelas propias de esta fase inicial de la investigación, resulta imprescindible incoar diligencias previas y practicar las diligencias que se dirán, a fin de – a la luz de las consideraciones expuestas – clarificar éstos y cuantos otros extremos permitan esclarecer si estamos o no ante hechos delictivos.
 Que por el Médico Forense adscrito a este órgano judicial se emita informe sobre si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas y, en caso positivo:* si tal circunstancia era científicamente notoria con carácter previo a su celebración
 Que por la Unidad de Policía Judicial de Guardia Civil de la Comandancia de Madrid se elabore atestado en el que se de cuenta a esta autoridad judicial de las siguientes cuestiones:
b) Si por parte de las autoridades competentes españolas se remitieron recomendaciones sanitarias a la Delegación del Gobierno en Madrid en relación con las manifestaciones programadas desde el 5 de marzo en
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adelante o si, por el contrario, se dio algún tipo de instrucción o indicación escrita relativa a que las manifestaciones deberían tener lugar en todo caso sin restricción alguna;
d) Que se recabe y aporte testimonio de los expedientes administrativos tramitados en la Delegación del Gobierno de Madrid con ocasión de todas las comunicaciones relacionadas conforme al apartado anterior y si, de su análisis, se desprende:* que las consecuencias sanitarias fueron alegadas (en su caso por quien), valoradas o analizadas en el seno de dichos expedientes por los responsables de los mismos
e) Que si informe si por las autoridades competentes, promotores de las reuniones o manifestaciones, o por la Delegación del Gobierno, se hizo advertencia alguna sobre los riesgos sanitarios que conllevaba acudir a las mismas, de modo que los asistentes aceptaran la autopuesta en peligro.
g) Cuantasotrasdiligenciasseconsiderennecesariasparaelesclarecimientode los hechos que nos ocupan.
De conformidad con el segundo otro sí de su denuncia, adviértase al denunciante Sr. Valladares, que, para estar personado en la causa, al ejercitar la acción popular deberá cumplir los requisitos exigidos a tal efecto en la LECrim, sin que hasta su debida satisfacción se le permita presentar escrito alguno en este procedimiento.
SE ACUERDA incoar diligencias previas por delito de prevaricación administrativa/lesiones por imprudencia profesional o los que resulten de la
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instrucción de esta causa en relación con los hechos objeto de denuncia – delimitados en los fundamentos de derecho de esta resolución -, únicamente frente al Delegado del Gobierno en Madrid, don José Manuel Franco Pardo, siendo incompetente este órgano judicial, por razón de aforamiento y por razones territoriales, para el conocimiento de la denuncia en relación con los demás denunciados en esta causa.
Practíquense las diligencias relacionadas en el fundamento de derecho octavo de esta resolución, en los términos – y sin plazo – que vienen acordadas.
Comuníquese al denunciado, Delegado del Gobierno en Madrid, don José Manuel Franco Pardo, la incoación de este procedimiento.
Comuníquese al denunciante Sr.Valladares que, en caso de querer ser tenido como parte en este procedimiento, deberá personarse con los requisitos exigidos en la LECrim para quien ejercita la acusación popular.
Así lo acuerda, manda y firma D/Da. CARMEN RODRIGUEZ-MEDEL NIETO, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de Instrucción no 51 de MADRID y su partido. Doy fe.
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References: RESOLUCIÓN 
 artículo 12
 artículo 13
 resolución 
 Artículo 152
 resolución