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Timestamp: 2018-10-20 14:47:43+00:00

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El acceso a Interrupción del Embarazo sin ningún requisito, en casos de violación, Legítimo Derecho de las Mujeres | Hysteria
El acceso a Interrupción del Embarazo sin ningún requisito, en casos de violación, Legítimo Derecho de las Mujeres
Por Getsemani Barajas
La Mujeres y niñas en situación de embarazo, víctimas del delito de violación sexual, muchas veces, posterior a este evento, se enfrentan a otro tipo de violaciones; las de sus Derechos Humanos, específicamente el de sus derechos reproductivos: un embarazo forzado que lleva en sí mismo una ignominiosa carga de tortura cuando éstas solicitan interrumpirlo y se les niega. Las victimas no deberían transitar por esta doble estigmatización; sufrir una violación sexual y además ser obligadas a acreditar una serie de requisitos (como la obligación de denunciar el evento delictuoso) para acceder a otro derecho fundamental como lo es el derecho a la salud. El Estado y Sociedad deben de entender que son única y exclusivamente las mujeres quienes deben de decidir sobre sus cuerpos, los hombres aunque sea víctimas de violación, nunca se encontrarían en situación de embarazo.
En este breve ensayo exploraremos algunos conceptos y fundamentos de derecho internacional y Nacional, con la finalidad de aportar respuestas y soluciones para el verdadero ejercicio de los derechos reproductivos y derechos Humanos de las Mujeres. A continuación, enumeramos los que consideramos los más importantes, y exponemos el fundamento en que nos basamos y finalmente exploramos y proponemos un Instrumento jurídico como una forma de acceder a ILE por violación sin necesidad de denunciar, o de que sea necesaria la autorización del Ministerio Público, de un Juez o de cualquier otra autoridad.
I.- Derecho a la Salud de las Mujeres
En su artículo ato, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. De la misma manera, respecto a la salud como derecho Humano de las Mujeres, el Poder Judicial de la Federación ha dicho que “…el derecho humano a la salud, se traduce en la obligación del Estado de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población, entendiéndose por tales servicios, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona.”[1]. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que “…la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados…”[2]. Es decir, las mujeres que soliciten servicios de salud para interrumpir un embarazo, tienen en todo momento el derecho de ser atendidas por instituciones de salud pública, de lo contrario estamos ante una omisión del estado, quen está obligado a proporcionar información segura, confiable y gratuita, así como el servicio de salud de calidad para las ciudadanas en situación de embarazo producto de una violación.
La SCJN ha establecido como obligatorio el criterio de que el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, dice:
…el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.
II.-El derecho a la Integridad Personal
Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 22 la Constitución Federal y en el numeral 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3]. Este derecho implica dos vertientes: 1) el respeto a la integridad física, psíquica y moral; y 2) la prohibición de la tortura y de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cabe destacar que la Convención no sólo prohíbe estos últimos, sino que hace referencia explícita al necesario respeto a la integridad personal; en este sentido, “los tratos crueles, inhumanos o degradantes conforman una protección mucho más amplia contra la posibilidad de cualquier tipo de abuso ya sea físico o mental”.[4] Bajo estos parámetros puede sostenerse que la consagración de un derecho a la integridad personal revela dos aspectos de esta disposición: genera, por una parte, la obligación del Estado de no realizar ninguna acción u omisión de las prohibidas por el artículo 5 de la Convención y de impedir que otros las realicen; por otra parte, alude a la cualidad de todo individuo de ser merecedor de respeto, sin que nadie pueda, en principio, interferir con él o con sus decisiones respecto de él (ellas), sugiriendo, de este modo, que el individuo es el dueño de sí mismo, tiene autonomía personal y por lo tanto, está facultado para decidir a su respecto, sin que el Estado tenga, en principio, la facultad de impedírselo. Negar a las mujeres víctimas de violación a al aborto seguro, es también una forma de maternidad forzada y por consiguiente una práctica de tortura, que implica una serie de las graves violaciones a sus derechos fundamentales.
III.- Derecho a la Vida Privada.
El derecho a la vida privada es la facultad que tienen las personas, en este caso las mujeres y niñas para no sufrir injerencias o ser molestadas en su esfera personal o intimidad[5], en todo aquello que desean compartir únicamente con quienes ellas elijan; tal derecho, deriva de la dignidad de la persona e implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás. De acuerdo con el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[6], el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[7], el 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[8] y el V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como criterios emitidos por órganos internacionales de protección a los Derechos Humanos, el derecho a la vida privada y a la intimidad, son derechos internacionalmente protegidos y obligaciones jurídicas a cumplir por parte de los Estados. La Corte IDH ha señalado respecto al artículo 11 de la Convención Americana que “si bien esa norma se titula ‘Protección de la Honra y de la Dignidad’, su contenido incluye, entre otros, la protección de la vida privada.”. La Corte IDH ha abordado recientemente el tema de la injerencia arbitraria en los derechos de las mujeres en cuanto a sus derechos reproductivos al resolver el caso Artavia Murillo y otros (Fertilización In Vitro) vs Costa Rica[9], al determinar que la prohibición de que las personas puedan acudir a las tecnologías para reproducirse interfiere arbitrariamente en la vida de las personas, los derechos a la autonomía y libertad reproductiva, que están íntimamente relacionados con el ejercicio del derecho a la salud reproductiva. En consecuencia, las autoridades estatales (federales y locales) no deben limitar los derechos de las personas, específicamente de las mujeres, más cuando éstos tienen especial importancia para la toma de decisiones de nuestra vida privada.
VI.- El Argumento para solicitar ILE sin la necesidad de ningún requisito.
La Ley General de Víctimas considera como servicios de emergencia la interrupción del embarazo cuando éste haya sido producto de violación; señala además que dicho servicio debe prestarse de manera inmediata sin exigir condición previa. Artículo 29: “Las instituciones hospitalarias públicas del Gobierno Federal, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión”. Artículo 30: “Los servicios de emergencia médica consistirán en: (…) IX. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima”, y el artículo 35 de la Ley General de Víctimas establece que, a toda víctima de violación sexual, o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima.
Del mismo modo el Reglamento de la Ley general de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica contempla: Artículo 215 Bis 6. En caso de Emergencia Médica, los Establecimientos para la Atención Médica del sector público estarán obligados a brindar a la Víctima los servicios a que se refiere el artículo 30 de la Ley General de Víctimas, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin que puedan condicionar su prestación a la presentación de la denuncia o querella. Es decir que las restricciones para acceder a los servicios de interrupción del embarazo producto de una violación ha sido recientemente abordada como una afectación a la salud y la integridad personal de las mujeres en su grado más extremo: como tratos crueles, inhumanos y degradantes, inclusive de tortura, por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que en febrero de 2013 al rendir su informe en el 22º periodo de sesiones de Naciones Unidas estableció: “El Comité contra la Tortura ha expresado reiteradamente su preocupación por el hecho de que las restricciones en el acceso al aborto y las prohibiciones absolutas con respecto al mismo conculcan la prohibición de la tortura y los malos tratos”. El Comité de Derechos Humanos señaló explícitamente que las violaciones al artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incluían el aborto forzoso, así como la denegación del acceso a un aborto en condiciones seguras a las mujeres que han quedado embarazadas a raíz de una violación y manifestó su inquietud acerca de los obstáculos impuestos al aborto cuando era legal.[10]
Con la normatividad actual, los Hospitales Públicos y personal médico pueden atender a las mujeres y niñas que soliciten ILE por violación sin la necesidad de condicionarlas a ningún tipo de requisito ni de autorización de las autoridades, y sin responsabilidad para los Médicos, es oportunidad de impulsar esta ruta jurídica para que en respeto y pleno derecho de su Libre Autodeterminación y libre decisión sobre sus cuerpos, las mujeres en esta situación puedan interrumpir el embarazo y exigirle al Estado que les proporcione y garantice su derecho a la salud. El aborto seguro es una cuestión de Políticas Públicas de Salud y de Justicia Social, hay una deuda histórica de la sociedad por haber dejado a las mujeres solas en esta lucha en reconocimiento de la Dignidad Humana, es momento de lograr transformaciones juntos Mujeres, Gobierno y Sociedad Civil.
Santiago de Querétaro, Querétaro., 06 de septiembre de 2015.
[1]T.C.C, “Derecho humano a la salud. La simple afirmación de las autoridades responsables sobre la inexistencia de los actos en su informe justificado, relativos a otorgar incapacidades y medicamentos, es insuficiente para revertir la carga de la prueba y, por tanto, dicha actuación contraviene aquél”, Tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª época, libro XIII, tomo IV, octubre de 2012, p. 2467.
[2]SCJN, “Salud. El derecho a su protección conforme al artículo 4o., tercer párrafo, de la constitución política de los estados unidos mexicanos, es una responsabilidad social”, Tesis jurisprudencial, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época, tomo XXVIII, octubre de 2008, p. 61.
[3]Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
[4] ALFONSO Galindo, Javier; Contenido del derecho a la integridad personal; Revista Derecho del Estado n.º 23, diciembre de 2009.; Universidad del Externado de Colombia, p. 99.
[5]Corte IDH, Caso Atala Riffo y niñas vs Chile. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia, 24 de febrero de 2012, párrafo 161.
[6]Convención Americana sobre Derechos Humanos
[7]Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 17.1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
[8]Declaración Universal de Derechos Humanos
[9]Corte IDH, Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación In Vitro”) Vs. Costa Rica. Excepciones preliminares,fondo y reparaciones. Sentencia, 28 de noviembre de 2012.
[10] Ver, Informe del Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Juan E. Méndez, 1 de febrero 2013.
Saúl Hernández. Querétaro, Querétaro. Abogado y Defensor de Derechos Humanos.Abogado Litigante, desde hace más de 10 años Defensor de Derechos Humanos en materia de Género, Diversidad Sexual, Derechos Reproductivos, Feminicidios, Mujeres y Niñas Desaparecidas. Miembro de la Red Nacional de Abogados Radar 4ª por la Defensa de los Derechos Reproductivos, Becario en 2015 de Grupo de información en reproducción Elegida GIRE en el área de Litigio y documentación de casos.
Celular: 044) 4421576821
Email: saulhernandezmx@hotmail.com
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#15 "Por el Derecho a Decidir	2015-09-18
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References: artículo 22
 artículo 5
 artículo 11
 artículo 11
 Artículo 29
 Artículo 30
 artículo 35
 Artículo 215
 artículo 30
 artículo 7
 artículo 4
 Artículo 5

Artículo 17