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normativa_procesal_penal_agosto_2007.pdf | República Dominicana | Estado (política)
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Proyecto de Reforma de la Constitucion - Enero 2013 - 2ª Version
Derecho Irving
Consittucion Nacional de La Provincia Comparada Con La Nacional
Reformas Constitucionales Politico - Electorales
Funciones Del Estado Contextualizado a Guatemala
Identifica a Tu Diputado Federal
230217 S_Extra
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“Normativa Procesal Penal Dominicana”
Tercera Edición Ampliada 1000 Ejemplares
Corrección y Diagramación:
Enrique Read Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial
Editora Taína, S. A.
Santo Domingo, R. D. Agosto 2007.
Código Procesal Penal de la República Dominicana (Ley No. 76-02)
Ley No. 78-03 que aprueba el estatuto del Ministerio Público, G.O. 10290
Ley No. 277-04 que crea el Servicio Nacional de la Defensa Pública, G. O. 10290
Ley No. 278-04 que implementa el Proceso Penal instituido por la Ley 76-02, G. O. 10290
Decreto No. 420-02 por el que se crea la Comisión Nacional de la Reforma Procesal Penal
Decreto No. 514-02 por el que se crea la Escuela Nacional del Ministerio Público
Decreto No. 644-03 por el que se aprueba el Regla- mento de Integración del Consejo General de Procuradores
Decreto No. 873-04 por el que se dispone que los miembros del Ministerio Público designados a la fecha y los que fueren designados hasta tanto se haya concluido su evaluación, tendrán carácter de provisionales y podrán ser sustituidos por el Presidente de la República en cualquier
Decreto No. 1154-04 por el que se modifica el artículo 1 del Decreto No. 420-02 de fecha 6 de junio del
Decreto No. 318-05 por el cual se modifica el artículo único del Decreto No.1154-04 de fecha 9 de septiembre de 2004
Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia
Resolución No. 1920-2003
Resolución No. 782-2004
Resolución No. 1170-2004
Resolución No. 1207-2004
Resolución No. 1209-2004
Resolución No. 295-2005
Resolución No. 296-2005
Resolución No. 1141-05
Resolución No. 1142-05
Resolución No. 1731-2005
Resolución No. 1732-2005 que establece el regla- mento para la tramitación de notificaciones, cita- ciones y comunicaciones judiciales de la jurisdicción
Resolución No. 1733-2005
Resolución No. 1734-2005
Resolución No. 1735-2005
Resolución No. 2469 -2005
Resolución No. 2529-2006
Resolución No. 3869-2006
Resolución No. 1029-2007 que reglamenta los Pro- cedimientos de Resolución Alterna de Conflictos Pe- nales establecidos en la Ley No. 76-02, que crea el Código Procesal
Resoluciones de la Procuraduría General de la República dominicana
Resolución No. 14786/2003
Resolución No. 12156/2004
Resolución No. 12437/2004
Resolución No. 14379/2005
Resolución No. 14383/2005
Resolución No. 14390/2005
Resolución No. 15945/2005
Resolución No. 13/2006
Resolución No. 17/2006
Resolución No. 18/2006
Resolución No. 46/2006
Resolución No. 95/2006
Resolución No. 10/2007
AUTO 131/2007
noRmativa PRoCeSaL PenaL teRCeRa ediCión
Al poner en circulación esta tercera edición, totalmente ac- tualizada, de la Normativa Procesal Penal Dominicana, cuya primera edición apareció en el mes de agosto del año 2005, no solamente hemos querido poner a disposición de los inte- resados un instrumento útil y necesario para la comprensión y el estudio del Derecho Procesal Dominicano, sino que también es nuestro interés que se conozca la gran labor reglamentaria desplegada por los jueces judiciales integrados en diferentes comisiones, en virtud del mandato expreso del Código Procesal Penal Dominicano.
Esta tercera edición es mucho más rica que la segunda del año 2006, pues contiene nuevas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, como son la que estable las normas prácticas de transición de las causas en trámite ante las jurisdicciones liqui- dadoras al proceso instituido por la Ley núm. 76-02 que crea el Código Procesal Penal; el Reglamento para el Manejo de Pruebas Procesales, el Reglamento de los Procedimientos de Resolución Alterna de Conflictos Penales, entre otras.
El carácter de ley marco que tiene nuestro Código Procesal Penal permite a la Suprema Corte de Justicia aclarar conceptos, complementar el Código y reglamentar procedimientos.
Promulgada el 6 de noviembre de 1844, y publicada mediante Decreto del Poder Ejecutivo No. 22, del 18 de noviembre de 1844 que ordena su publicación.
Su última modificación votada y proclamada por la Asamblea Nacional en fecha 25 de julio de 2002.
Promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada en fecha 17 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial No. 10240.
La aSamBLea naCionaL en nombre de la República
Constituida en Asamblea Revisora de la Constitución, declara en vigor el siguiente texto de la
aRtÍCULo 1.- El pueblo dominicano constituye una Nación or- ganizada en Estado libre e independiente, con el nombre de República Dominicana.
aRtÍCULo 2.- La soberanía nacional corresponde al pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado, los cuales se ejercen por representación.
aRtÍCULo 3.- La soberanía de la Nación dominicana, como Estado libre e independiente, es inviolable. La República es y será siempre libre e independiente de todo poder extranjero. Por consiguiente, ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución podrá realizar o permitir la rea- lización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una ingerencia que atente contra la personalidad
integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen
consagran en esta Constitución. El principio de la no inter-
vención constituye una norma invariable de la política interna- cional dominicana.
La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado, y se pronuncia en favor de la solidaridad económica de los países de América
y apoyará toda iniciativa que propenda a la defensa de sus pro- ductos básicos y materias primas.
aRtÍCULo 4.- El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo.
Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes.
aRtÍCULo 5.- El territorio de la República Dominicana es y será inalienable. Está integrado por la parte oriental de la isla de Santo Domingo y sus islas adyacentes. Sus límites terrestres irreductibles están fijados por el Tratado Fronterizo de 1929, y su Protocolo de Revisión de 1936.
Se divide políticamente en un Distrito Nacional, en el cual estará comprendida la capital de la República, y en las provincias que determine la ley. Las provincias, a su vez se dividen en muni- cipios.
Son también parte del territorio nacional, el mar territorial y el suelo y subsuelo submarinos correspondientes, así como el es- pacio aéreo sobre ellos comprendido. La extensión del mar te- rritorial, del espacio aéreo y de la zona contigua y su defensa, lo mismo que las del suelo y subsuelo submarinos y su aprove- chamiento, serán establecidos y regulados por la ley.
aRtÍCULo 6.- La ciudad de Santo Domingo de Guzmán es la capital de la República y el asiento del gobierno nacional.
SeCCión iii del Régimen económico y Social Fronterizo
aRtÍCULo 7.- Es de supremo y permanente interés nacional el desarrollo económico y social del territorio de la República a lo largo de la línea fronteriza, así como la difusión en el mismo de la cultura y la tradición religiosa del pueblo dominicano. El aprovechamiento agrícola e industrial de los ríos fronterizos se continuará regulando por los principios consagrados en el Artículo 6to. del Protocolo de Revisión de 1936 del Tratado de Frontera de 1929, y en el Artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929.
SeCCión i de los derechos individuales y Sociales
aRtÍCULo 8.- Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar ge- neral y los derechos de todos. Para garantizar la realización de esos fines se fijan las siguientes normas:
a) No se establecerá el apremio corporal por deuda que no proviniere de infracción a las leyes pe- nales.
b) Nadie podrá ser reducido a prisión ni cohibido en su libertad sin orden motivada y escrita de funcio- nario judicial competente, salvo el caso de flagrante delito.
c) Toda persona privada de su libertad sin causa o sin las formalidades legales, o fuera de los casos pre- vistos por las leyes, será puesta inmediatamente en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona.
Toda persona privada de su libertad será sometida
la autoridad judicial competente dentro de las
cuarenta y ocho horas de su detención o puesta en libertad.
Todo arresto se dejará sin efecto o se elevará a prisión dentro de las cuarenta y ocho horas de haber sido sometido el arrestado a la autoridad
judicial competente, debiendo notificarse al inte- resado dentro del mismo plazo, la providencia que
efecto se dictare.
Queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de la auto- ridad judicial competente.
Toda persona que tenga bajo su guarda a un de- tenido estará obligado a presentarlo tan pronto como se lo requiera la autoridad competente.
La ley de Habeas Corpus determinará la manera de proceder sumariamente para el cumplimiento de las prescripciones contenidas en las letras a), b), c), d), e), f), y g) y establecerá las sanciones que procedan.
Nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o de- bidamente citado, ni sin observancia de los proce- dimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de de-
fensa. Las audiencias serán públicas, con las ex- cepciones que establezca la ley, en los casos en que la publicidad resulte perjudicial al orden público o a las buenas costumbres.
La inviolabilidad de domicilio.
La libertad de tránsito, salvo las restricciones que re- sultaren de las penas impuestas judicialmente, o de las leyes de policía, de inmigración y de sanidad.
A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: no puede ordenar más que lo que es justo y útil para la comunidad ni puede prohibir más que lo que le perjudica.
Toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento mediante palabras escritas o por cualquier otro medio de expresión, gráfico u oral. Cuando el pensamiento expresado sea atentatorio a la dignidad y a la moral de las personas, al orden público o a las buenas costumbres de la so- ciedad, se impondrán las sanciones dictadas por las leyes.
Se prohíbe toda propaganda subversiva, ya sea por anónimos o por cualquier otro medio de expresión que tenga por objeto provocar desobediencia a las leyes, sin que esto último pueda coartar el derecho a análisis o a críticas de los preceptos legales.
La libertad de asociación y de reunión sin armas, con fines políticos, económicos, sociales, culturales o de
cualquier otra índole, siempre que por su naturaleza no sean contrarias ni atentatorias al orden público, la seguridad nacional y las buenas costumbres.
La libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres.
La inviolabilidad de la correspondencia y demás docu- mentos privados, los cuales no podrán ser ocupados ni registrados sino mediante procedimientos legales en la substanciación de asuntos que se ventilen en la justicia. Es igualmente inviolable el secreto de la co- municación telegráfica, telefónica y cablegráfica.
11.- La libertad de trabajo. La ley podrá, según lo requiera el interés general, establecer la jornada máxima de trabajo, los días de descanso y vacaciones, los sueldos y salarios mínimos y sus formas de pago, los seguros sociales, la participación de los nacionales en todo trabajo, y en general, todas las providencias de protección y asistencia del Estado que se consideren necesarias en favor de los trabajadores, ya sean ma- nuales o intelectuales.
a) La organización sindical es libre, siempre que los sin- dicatos, gremios u otras asociaciones de la misma índole se ajusten en sus estatutos y en su conducta a una organización democrática compatible con los principios consagrados en esta Constitución y para fines estrictamente laborales y pacíficos.
b) El Estado facilitará los medios a su alcance para que los trabajadores puedan adquirir los útiles e instrumentos indispensables a su labor.
c) El alcance y la forma de la participación de los tra- bajadores permanentes en los beneficios de toda empresa agrícola, industrial, comercial o minera, podrán ser fijados por la ley de acuerdo con la natu- raleza de la empresa y respetando tanto el interés legítimo del empresario como el del obrero.
d) Se admite el derecho de los trabajadores a la huelga y de los patronos al paro en las empresas privadas, siempre que se ejerzan con arreglo a la ley y para resolver conflictos estrictamente laborales. Se prohíbe toda interrupción, entorpecimiento, para- lización de actividades o reducción intencional de rendimiento en las labores de las empresas pri- vadas o del Estado. Será ilícita toda huelga, paro, in- terrupción, entorpecimiento o reducción intencional de rendimiento que afecten la administración, los servicios públicos o los de utilidad pública. La ley dispondrá las medidas necesarias para garantizar la observancia de estas normas.
12.- La libertad de empresa, comercio e industria. Sólo podrán establecerse monopolios en provecho del Estado o de instituciones estatales La creación y or- ganización de esos monopolios se harán por ley.
13.- El derecho de propiedad. En consecuencia, nadie puede ser privado de ella sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor determinado por sentencia de tribunal com- petente. En casos de calamidad pública, la indemni- zación podrá no ser previa. No podrá imponerse la
pena de confiscación general de bienes por razones de orden político.
a) Se declara de interés social la dedicación de la tierra a fines útiles y la eliminación gradual del la- tifundio. Se destinan a los planes de la reforma agraria las tierras que pertenezcan al Estado o las que éste adquiera de grado a grado o por expro- piación, en la forma prescrita por esta Constitución, que no estén destinadas o deban destinarse por el Estado a otros fines de interés general. Se declara igualmente como un objetivo principal de la política social del Estado el estímulo y cooperación para in- tegrar efectivamente a la vida nacional la población campesina, mediante la renovación de los métodos de la producción agrícola y la capacitación cultural y tecnológica del hombre campesino.
b) El Estado podrá convertir sus empresas en propie- dades de cooperación o economía cooperativista.
15.- Con el fin de robustecer su estabilidad y bienestar, su vida moral, religiosa, y cultural, la familia recibirá del Estado la más amplia protección posible.
a) La maternidad, sea cuál fuere la condición o el estado de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y tiene derecho a la asistencia oficial en caso de desamparo. El Estado tomará las medidas de higiene y de otro género tendientes a evitar en lo posible la mortalidad infantil y a obtener el sano desarrollo de los niños. Se declara, asi-
mismo, de alto interés social, la institución del bien de familia. El Estado estimulará el ahorro familiar y el establecimiento de cooperativas de crédito, de producción, de distribución, de consumo o de cua- lesquiera otras que fueren de utilidad.
b) Se declara de alto interés social el establecimiento de cada hogar dominicano en terreno o mejoras propias. Con esta finalidad, el Estado estimulará el desarrollo del crédito público en condiciones so- cialmente ventajosas, destinado a hacer posible que todos los dominicanos posean una vivienda cómoda e higiénica.
c) Se reconoce el matrimonio como fundamento legal de la familia.
d) La mujer casada disfrutará de plena capacidad civil. La ley establecerá los medios necesarios para proteger los derechos patrimoniales de la mujer casada, bajo cualquier régimen.
16.- La libertad de enseñanza. La educación primaria será obligatoria. Es deber del Estado proporcionar la edu- cación fundamental a todos los habitantes del territorio nacional y tomar las providencias necesarias para eli- minar el analfabetismo. Tanto la educación primaria y secundaria, como la que se ofrezca en las escuelas agronómicas, vocacionales, artísticas, comerciales, de artes manuales y de economía doméstica, serán gratuitas.
El Estado procurara la más amplia difusión de la ciencia y la cultura facilitando de manera adecuada que todas las personas se beneficien con los resul- tados del progreso científico y moral.
El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la se-
guridad social, de manera que toda persona llegue
a gozar de adecuada protección contra la desocu-
pación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez.
El Estado prestará su protección y asistencia a los an-
cianos, en la forma que determine la ley, de manera que se preserve su salud y se asegure su bienestar.
El Estado prestará, asimismo, asistencia social a los pobres. Dicha asistencia consistirá en alimentos, ves- timenta y hasta donde sea posible, alojamiento ade- cuado.
El Estado velará por el mejoramiento de la alimen- tación, los servicios sanitarios y las condiciones higié- nicas, procurará los medios para la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas y endé- micas y de toda otra índole, así como también dará asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes, por sus escasos recursos económicos, así lo requieran.
El Estado combatirá los vicios sociales con medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones y or- ganizaciones internacionales. Para la corrección y erradicación de tales vicios, se crearán centros y or- ganismos especializados.
aRtÍCULo 9.- Atendiendo a que las prerrogativas reconocidas y garantizadas en el artículo precedente de esta Constitución suponen la existencia de un orden correlativo de responsabi- lidad jurídica y moral que obliga la conducta del hombre en sociedad, se declaran como deberes fundamentales los si- guientes:
a) Acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas.
b) Todo dominicano hábil tiene el deber de prestar los servicios civiles y militares que la Patria requiera para su defensa y conservación.
c) Los habitantes de la República deben abstenerse de todo acto perjudicial a su estabilidad, independencia o soberanía y estarán, en caso de calamidad pública, obligados a prestar los servicios de que sean ca- paces.
d) Todo ciudadano dominicano tiene el deber de votar, siempre que esté legalmente capacitado para ha- cerlo.
e) Contribuir en proporción a su capacidad contributiva para las cargas públicas.
f) Toda persona tiene la obligación de dedicarse a un trabajo de su elección con el fin de proveer digna- mente a su sustento y al de su familia, alcanzar el más amplió perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad.
g) Es obligación de todas las personas que habitan el territorio de la República Dominicana, asistir a los es- tablecimientos educativos de la Nación para adquirir, por lo menos, la instrucción elemental.
h) Toda persona está en el deber de cooperar con el Estado en cuanto a asistencia y seguridad social de acuerdo con sus posibilidades.
I) Es deber de todo extranjero abstenerse de participar en actividades políticas en territorio dominicano.
aRtÍCULo 10.- La enumeración contenida en los artículos 8 y 9 no es limitativa, y por consiguiente, no excluye otros derechos y deberes de igual naturaleza.
tÍtULo iii deReChoS PoLÍtiCoS
aRtÍCULo 11.- Son dominicanos:
Todas las personas nacidas en el extranjero, de padre o madre dominicanos, siempre que, de acuerdo con las leyes del país de su nacimiento, no hubieren ad- quirido una nacionalidad extraña; o que, en caso de haberla adquirido, manifestaren, por acto ante un oficial público remitido al Poder Ejecutivo, después de alcanzar la edad de diez y ocho (18) años, su voluntad de optar por la nacionalidad dominicana.
Párrafo i.- Se reconoce a los dominicanos la facultad de ad- quirir una nacionalidad extranjera.
Párrafo ii.- La mujer dominicana casada con un extranjero podrá adquirir la nacionalidad de su marido.
Párrafo iii.- La mujer extranjera que contrae matrimonio con un dominicano seguirá la condición de su marido, a menos que las leyes de su país le permitan conservar su nacionalidad, caso en el cual tendrá la facultad de declarar, en el acta de matri- monio, que declina la nacionalidad dominicana.
Párrafo iv.- La adquisición de otra nacionalidad no implica la pérdida de la nacionalidad dominicana. Sin embargo, los domi- nicanos que adquieran otra nacionalidad no podrán optar por la Presidencia o Vicepresidencia de la República.
aRtÍCULo 12.- Son ciudadanos todos los dominicanos de uno y otro sexo que hayan cumplido 18 años de edad, y los que sean o hubieren sido casados, aunque no hayan cumplido esa edad.
aRtÍCULo 13.- Son derechos de los ciudadanos:
El de votar con arreglo a la ley para elegir los fun-
aRtÍCULo 14.- Los derechos de ciudadanía se pierden por condenación irrevocable por traición, espionaje o conspiración contra la República, o por tomar las armas, prestar ayuda o par- ticipar en cualquier atentado contra ella.
aRtÍCULo 15.- Los derechos de ciudadanía quedan suspen- didos en los casos de:
a) Condenación irrevocable a pena criminal, hasta la re- habilitación.
b) Interdicción judicial legalmente pronunciada, mientras esta dure.
c) Por admitir en territorio dominicano función o empleo de un gobierno extranjero, sin previa autorización del Poder Ejecutivo.
aRtÍCULo 16.- El Poder Legislativo se ejerce por un Congreso de la República, compuesto de un Senado y una Cámara de Diputados.
aRtÍCULo 17.- La elección de Senadores y de Diputados se hará por voto directo.
aRtÍCULo 18.- Los cargos de Senador y de Diputado son in- compatibles con cualquier otra función o empleo de la adminis- tración pública.
aRtÍCULo 19.- Cuando ocurran vacantes de Senadores o de Diputados, la cámara correspondiente escogerá el sustituto de la terna que le presentará el organismo superior del partido que lo postuló.
aRtÍCULo 20.- La terna deberá ser sometida a la Cámara donde se haya producido la vacante, dentro de los treinta días siguientes a su ocurrencia, si estuviere reunido el Congreso, y
en caso de no estarlo, dentro de los treinta primeros días de su reunión. Transcurrido el plazo señalado sin que el organismo competente del partido hubiese sometido la terna, la Cámara correspondiente hará libremente la elección.
aRtÍCULo 21.- El Senado se compondrá de miembros ele- gidos a razón de uno por cada provincia y uno por el Distrito Nacional, cuyo ejercicio durará un periodo de cuatro años.
aRtÍCULo 22.- Para ser Senador se requiere ser dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cum- plido veinticinco años de edad y ser nativo de la circunscripción territorial que lo elija o haber residido en ella por lo menos cinco años consecutivos.
Párrafo.- Los naturalizados no podrán ser elegidos senadores sino diez años después de haber adquirido la nacionalidad, y siempre que hubieren residido dentro de la jurisdicción que los elija durante los cinco años que precedan a su elección.
aRtÍCULo 23.- Son atribuciones del Senado:
Aprobar o no los nombramientos de funcionarios di- plomáticos que expida el Poder Ejecutivo.
Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra los funcionarios públicos elegidos para un período determinado, por mala conducta o faltas graves en el ejercicio de sus funciones. En ma- teria de acusación, el Senado no podrá imponer otras
penas que las de destitución del cargo. La persona destituida quedará sin embargo sujeta, si hubiese lugar, a ser acusada y juzgada con arreglo a la ley.
El Senado no podrá destituir a un funcionario sino cuando lo acordare por lo menos el voto de las tres cuartas partes de la totalidad de los miembros.
aRtÍCULo 24.- La Cámara de Diputados se compondrá de miembros elegidos cada cuatro años por el pueblo de las pro- vincias y del Distrito Nacional, a razón de uno por cada cin- cuenta mil habitantes o fracción de más de veinticinco mil, sin que en ningún caso sean menos de dos.
aRtÍCULo 25.- Para ser Diputado se requiere las mismas con- diciones que para ser Senador.
aRtÍCULo 26.- Es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados ejercer el derecho de acusar ante el Senado a los funcionarios públicos en los casos determinados por el Acápite 5 del artículo 23. La acusación no podrá formularse sino con el voto de las tres cuartas partes de la totalidad de los miembros de la Cámara.
aRtÍCULo 27.- Las Cámaras se reunirán en Asamblea Nacional en los casos indicados por la Constitución, debiendo
estar presente más de la mitad de los miembros de cada una de ellas.
aRtÍCULo 28.- Cada Cámara reglamentará lo concerniente a su servicio interior y al despacho de los asuntos que le son peculiares, y podrá, en el uso de sus facultades disciplinarias, establecer las sanciones que procedan.
aRtÍCULo 29.- El Senado y la Cámara de Diputados cele- brarán sus sesiones separadamente, excepto cuando se reúnan en Asamblea Nacional.
Párrafo.- Podrán también reunirse conjuntamente para recibir el mensaje del Presidente de la República y las memorias de los Secretarios de Estado, a que se refiere el artículo 55, inciso 22, y para la celebración de actos conmemorativos o de otra naturaleza que no se relacionen con el ejercicio de las atribu- ciones legislativas de cada Cámara ni de las que están seña- ladas por esta Constitución como exclusivas de cada una de ellas.
aRtÍCULo 30.- En cada Cámara será necesaria la presencia de más de la mitad de sus miembros para la validez de las deliberaciones. Las decisiones se tomarán por mayoría ab- soluta de votos, salvo los asuntos declarados previamente de urgencia, en que decidirán las dos terceras partes de los votos, en su segunda discusión.
aRtÍCULo 31.- Los miembros de una y otra Cámara gozarán de la más completa inmunidad penal por las opiniones que ex- presen en las sesiones.
aRtÍCULo 32.- Ningún Senador o Diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la Cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea apre-
hendido en el momento de la comisión de un crimen. En todos los casos, el Senado o la Cámara de Diputados, o si estos no están en sesión o no constituyen quórum, cualquier miembro podrá exigir que sea puesto en libertad por el tiempo que dure la legislatura o una parte de ella, cualquiera de sus miembros
que hubiere sido detenido, arrestado, preso o privado en cual- quier otra forma de su libertad. A este efecto se hará un re- querimiento por el Presidente del Senado o el de la Cámara de Diputados, o por el Senador o Diputado, según el caso, al Procurador General de la República; y si fuese necesario, dará la orden de libertad directamente, para lo cual podrá requerir
y deberá serle prestado, por todo depositario de la fuerza pú- blica, el apoyo de ésta.
aRtÍCULo 33.- Las Cámaras se reunirán ordinariamente el 27 de febrero y el 16 de agosto de cada año y cada legislatura durará noventa días, la cual podrá prorrogarse hasta por se- senta días más.
Párrafo.- Se reunirán extraordinariamente por convocatoria del Poder Ejecutivo.
aRtÍCULo 34.- El 16 de agosto de cada año el Senado y la Cámara de Diputados elegirán sus respectivos Bufetes Directivos, integrados por un Presidente, un Vicepresidente y dos Secretarios.
Párrafo i.- Cada Cámara designará sus empleados auxiliares.
Párrafo ii.- El Presidente del Senado y el de la Cámara de
y representarán a su respectiva Cámara en todos los actos le- gales.
aRtÍCULo 35.- Cuando las Cámaras se reúnan en Asamblea Nacional o en reunión conjunta, asumirá la Presidencia el Presidente del Senado; la Vicepresidencia la ocupará la
persona a quien corresponda en ese momento presidir la Cámara de Diputados, y la Secretaría las personas a quienes correspondan en ese momento las funciones de Secretarios de cada Cámara.
Párrafo i.- En caso de falta temporal o definitiva del Presidente del Senado, y mientras no sea elegido el nuevo Presidente de dicha Cámara Legislativa, presidirá la Asamblea Nacional o la reunión conjunta el Presidente de la Cámara de Diputados.
Párrafo ii.- En caso de falta temporal o definitiva del Presidente del Senado y del Presidente de la Cámara de Diputados, pre- sidirá la Asamblea o la reunión conjunta el Vicepresidente del Senado, y, en su defecto, el Vicepresidente de la Cámara de Diputados.
aRtÍCULo 36.- Corresponde a la Asamblea Nacional examinar las actas de elección del Presidente y del Vicepresidente de la República, proclamarlos y, en su caso, recibirles juramento, aceptarles o rechazarles las renuncias y ejercer las facultades que le confiere la presente Constitución.
aRtÍCULo 37.- Son atribuciones del Congreso:
Aprobar o desaprobar, con vista del informe de la Cámara de Cuentas, el estado de recaudación e in- versión de las rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo.
Proveer a la conservación y fructificación de los bienes nacionales, y a la enajenación de los bienes del do- minio privado de la Nación, excepto lo que dispone el Inciso 10 del artículo 55 y el artículo 110.
Disponer todo lo concerniente a la conservación de monumentos y objetos antiguos y a la adquisición de estos últimos.
Crear o suprimir provincias, municipios u otras divi- siones políticas del territorio y determinar todo lo con- cerniente a sus límites y organización, previo estudio que demuestre la conveniencia social, política y eco- nómica justificativa del cambio.
En caso de alteración de la paz o en el de calamidad pública, declarar el estado de sitio o suspender so- lamente donde aquellas existan, y por el término de su duración, el ejercicio de los derechos individuales consagrados en el artículo 8, en sus incisos 2, letras b), c), d), e), f), g), y 3, 4, 6, 7 y 9.
En caso de que la soberanía nacional se encuentre expuesta a un peligro grave e inminente, el Congreso podrá declarar que existe un estado de emergencia nacional, suspendiendo el ejercicio de los derechos individuales, con excepción de la inviolabilidad de la vida, tal como lo consagra el Inciso 1 del Artículo 8 de esta Constitución. Si no estuviera reunido el Congreso, el Presidente de la República podrá dictar la misma disposición, que conllevará convocatoria del mismo para ser informado de los acontecimientos y las disposiciones tomadas.
10.- Aumentar o reducir el número de las Cortes de Apelación y crear o suprimir tribunales ordinarios o de excepción.
11.- Crear o suprimir tribunales para conocer y decidir los asuntos contencioso-administrativos y disponer todo lo relativo a su organización y competencia.
12.- Votar el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, y aprobar o no los gastos extraordinarios para los cuales solicite un crédito el Poder Ejecutivo.
13.- Autorizar o no empréstitos sobre el crédito de la República por medio del Poder Ejecutivo.
14.- Aprobar o desaprobar los tratados y convenciones in- ternacionales que celebre el Poder Ejecutivo.
15.- Legislar cuanto concierne a la deuda nacional.
16.- Declarar por ley la necesidad de la reforma constitu- cional.
17.- Conceder autorización al Presidente de la República para salir al extranjero cuando sea por más de quince días.
18.- Examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, si son ajustados a la Constitución y a las leyes.
21.- Conceder amnistía por causas políticas.
Interpelar a los Secretarios de Estado y a los Directores
Administradores de Organismos Autónomos del
Estado, sobre asuntos de su competencia, cuando así
acordaren las dos terceras partes de los miembros
presentes de la Cámara que lo solicite, a requeri- miento de uno o varios de sus miembros.
Legislar acerca de toda materia que no sea de la com- petencia de otro Poder del Estado, o contraria a la Constitución.
aRtÍCULo 38.- Tienen derecho a iniciativa en la formación de las leyes:
Párrafo.- El que ejerza ese derecho podrá sostener su moción en la otra Cámara, si es el caso del inciso a) de este artículo, y en ambas Cámaras, mediante representante si se trata de uno cualquiera de los otros tres casos.
aRtÍCULo 39.- Todo proyecto de ley admitido en una de las Cámaras se someterá a dos discusiones distintas, con un in- tervalo de un día por lo menos entre una y otra discusión. En caso de que fuere declarado previamente de urgencia, deberá ser discutido en dos sesiones consecutivas.
aRtÍCULo 40.- Aprobado un proyecto de ley en cualquiera de las Cámaras, pasará a la otra para su oportuna discusión, ob- servándose en ella las mismas formas constitucionales. Si esta Cámara le hiciere modificaciones, devolverá dicho proyecto con observaciones a la Cámara en que se inició, y, en caso de ser aceptadas, enviará la ley al Poder Ejecutivo. Pero si aquellas fueren rechazadas, será devuelto el proyecto a la otra Cámara con observaciones; y si ésta las aprueba, enviará a su vez la ley al Poder Ejecutivo. Si fueren rechazadas las observaciones, se considerará desechado el proyecto.
aRtÍCULo 41.- Toda ley aprobada en ambas Cámaras será en- viada al Poder Ejecutivo. Si éste no la observare, la promulgará dentro de los ocho días de recibida y la hará publicar dentro de los quince días de la promulgación. Si la observare, la de- volverá a la Cámara de donde procedió, en el término de ocho días a contar de la fecha en que le fue enviada, si el asunto no fue declarado de urgencia, pues en este caso hará sus obser- vaciones en el término de tres días. La Cámara que hubiere recibido las observaciones las hará consignar en el orden del día de la próxima sesión y discutirá de nuevo la ley. Si después de esta discusión, las dos terceras partes del número total de los miembros de dicha Cámara la aprobaren de nuevo, será remitida a la otra Cámara; y si ésta la aprobare por igual ma- yoría, se considerará definitivamente ley. El Presidente de la República estará obligado a promulgar y publicar la ley en los plazos indicados.
Párrafo i.- Los proyectos de ley que quedaren pendientes en cualquiera de las dos Cámaras al cerrarse la legislatura, de- berán seguir los trámites constitucionales en la legislatura si- guiente, hasta ser convertidos en ley o ser rechazados. Cuando esto no ocurriere así, se tendrá el proyecto como no iniciado.
Párrafo ii.- Todo proyecto de ley recibido en una Cámara, después de haber sido aprobado en la otra, será fijado en el orden del día.
aRtÍCULo 42.- Cuando fuere enviada una ley al Presidente de la República para su promulgación y el tiempo que faltare para
el término de la legislatura fuere inferior al que se determina en el precedente artículo para observarla, seguirá abierta la legis- latura para conocer de las observaciones hasta el agotamiento de los plazos y del procedimiento establecido por el artículo
aRtÍCULo 43.- Los proyectos de ley rechazados en una Cámara no podrán presentarse en la otra, ni nuevamente en ninguna de las dos, sino en la legislatura siguiente.
aRtÍCULo 44.- Las leyes se encabezarán así: “El Congreso Nacional. En Nombre de la República”.
aRtÍCULo 45.- Las leyes, después de promulgadas, se publi- carán en la forma que por la ley se determine, y serán obliga- torias una vez que hayan transcurrido los plazos indicados por la ley para que se reputen conocidas en cada parte del territorio nacional.
aRtÍCULo 46.- Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.
aRtÍCULo 47.- La ley sólo dispone y se aplica para lo por- venir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté sub-júdice o cumpliendo condena. En ningún caso la ley ni poder público alguno podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.
aRtÍCULo 48.- Las leyes relativas al orden público, la policía, la seguridad y las buenas costumbres, obligan a todos los ha-
bitantes del territorio y no pueden ser derogadas por conven- ciones particulares.
aRtÍCULo 49.- El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo. El Presidente de la República podrá optar por un se- gundo y único período constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo, ni a la Vicepresidencia de la República.
aRtÍCULo 50.- Para ser Presidente de la República se re- quiere:
Estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y polí- ticos.
aRtÍCULo 51.- Habrá un Vicepresidente de la República que será elegido en la misma forma y por igual período que el Presidente y conjuntamente con éste. Para ser Vicepresidente de la República se requieren las mismas condiciones que para ser Presidente.
aRtÍCULo 52.- El Presidente y el Vicepresidente de la República, electos en los comicios generales prestarán jura- mento de sus cargos el 16 de agosto siguiente a su elección,
fecha en que deberá terminar el período de los salientes. Cuando el Presidente de la República electo no pudiere ha- cerlo por encontrarse fuera del país o por enfermedad o por cualquiera otra causa de fuerza mayor, ejercerá las funciones de Presidente interinamente el Vicepresidente de la República electo, y a falta de éste, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.
aRtÍCULo 53.- Si el Presidente de la República electo faltare definitivamente sin prestar juramento de su cargo, el Vicepresidente de la República electo lo sustituirá y, a falta de éste, se procederá en la forma indicada en el artículo 60.
aRtÍCULo 54.- El Presidente y el Vicepresidente de la República, antes de entrar en funciones, prestarán ante la Asamblea Nacional o ante cualquier funcionario u oficial pú- blico, el siguiente juramento:
“Juro por Dios, por la Patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, sostener y defender su independencia, respetar sus derechos y llenar fiel- mente los deberes de mi cargo”.
aRtÍCULo 55.- El Presidente de la República es el jefe de la administración pública y el jefe supremo de todas las fuerzas armadas de la República y de los cuerpos policiales.
Nombrar los Secretarios y Subsecretarios de Estado y los demás funcionarios y empleados públicos cuyo nombramiento no se atribuya a ningún otro poder u or- ganismo autónomo reconocido por esta Constitución o por las leyes, aceptarles sus renuncias y removerlos.
Promulgar y hacer publicar las leyes y resoluciones del Congreso Nacional y cuidar de su fiel ejecución.
Expedir reglamentos, decretos e instrucciones cuando fuere necesario.
Recibir a los jefes de Estado extranjeros y a sus re- presentantes.
Presidir todos los actos solemnes de la Nación, dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las naciones extranjeras u organismos interna- cionales, debiendo someterlos a la aprobación del Congreso, sin lo cual no tendrán validez ni obligarán a la República.
En caso de alteración de la paz pública, y si no se encontrare reunido el Congreso Nacional, decretar, donde aquella exista, el estado de sitio y suspender el ejercicio de los derechos que, según el artículo 37, inciso 7 de esta Constitución, se permite al Congreso suspender. Podrá también, en caso de que la sobe- ranía nacional se encuentre en peligro grave e inmi- nente, declarar el estado de emergencia nacional, con los efectos y requisitos indicados en el inciso 8 del mismo artículo. En caso de calamidad pública podrá además, decretar zonas de desastres aquellas en que se hubieren producido daños, ya sea a causa de meteoros, sismos, inundaciones o cualquier otro fe- nómeno de la naturaleza, así como a consecuencia de epidemias.
En caso de violación de las disposiciones contenidas en los apartados a) y d) del inciso 10 del artículo 8 de esta Constitución, que perturben o amenacen per- turbar el orden público, la seguridad del Estado o el funcionamiento regular de los servicios públicos o de utilidad pública, o impidan el desenvolvimiento de las actividades económicas, el Presidente de la República adoptará las medidas provisionales de policía y se- guridad necesarias para conjurar la emergencia, de- biendo informar al Congreso de esa emergencia y de las medidas adoptadas.
Celebrar contratos, sometiéndolos a la aprobación del Congreso Nacional, cuando contengan disposiciones relativas a la afectación de las rentas nacionales, a la enajenación de inmuebles cuyo valor sea mayor de veinte mil pesos oro o al levantamiento de emprés- titos o cuando estipulen exenciones de impuestos en general, de acuerdo con el artículo 110; sin tal apro- bación en los demás casos.
Cuando ocurran vacantes en los cargos de Regidores o Síndicos Municipales o del Distrito Nacional, y se haya agotado el número de suplentes elegidos, el Poder Ejecutivo escogerá el sustituto de la terna que
le someterá el partido que postuló el Regidor o Síndico que originó la vacante. La terna deberá ser sometida al Poder Ejecutivo dentro de los 15 días siguientes al de la ocurrencia de la vacante; de no ser sometida dicha terna en el indicado plazo, el Poder Ejecutivo hará la designación correspondiente.
12.- Expedir o negar patentes de navegación.
13.- Reglamentar cuanto convenga al servicio de las aduanas.
14.- Disponer, en todo tiempo, cuanto concierna a las Fuerzas Armadas de la Nación, mandarlas por sí mismo o por medio de la persona o personas que designe para hacerlo, conservando siempre su con- dición de jefe supremo de las mismas; fijar el número de dichas fuerzas y disponer de ellas para fines del servicio público.
15.- Tomar las medidas necesarias para proveer a la le- gítima defensa de la Nación en caso de ataque armado actual o inminente de parte de nación extranjera, de- biendo informar al Congreso sobre las disposiciones así adoptadas.
16.- Hacer arrestar o expulsar a los extranjeros cuyas ac- tividades, a su juicio, fueren o pudieren ser perjudi- ciales al orden público o a las buenas costumbres.
17.- Nombrar o revocar los Miembros de los Consejos de Guerra de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
18.- Disponer todo lo relativo a zonas aéreas, marítimas, fluviales y militares.
19.- Determinar todo lo relativo a la habilitación de puertos y costas marítimas.
20.- Prohibir, cuando lo estime conveniente al interés pú- blico, la entrada de extranjeros en el territorio na- cional.
21.- Cambiar el lugar de su residencia oficial cuando lo juzgue necesario.
22.- Depositar ante el Congreso Nacional, al iniciarse la primera legislatura ordinaria el 27 de febrero de cada año, un mensaje acompañado de las memorias de los Secretarios de Estado, en el cual dará cuenta de su administración del año anterior.
23.- Someter al Congreso, durante la segunda legislatura ordinaria, el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos correspondiente al año si- guiente.
24.- Conceder o no autorización a los ciudadanos domi- nicanos para que puedan ejercer cargos o funciones públicas de un gobierno u organizaciones interna- cionales en territorio dominicano, y para que puedan aceptar y usar condecoraciones y títulos otorgados por gobiernos extranjeros.
25.- Anular por decreto motivado los arbitrios establecidos por los ayuntamientos.
26.- Autorizar o no a los ayuntamientos a enajenar in- muebles, y aprobar o no los contratos que hagan cuando constituyan en garantía inmuebles o rentas municipales.
27.- Conceder indulto, total o parcial, puro y simple o con- dicional, en los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año, con arreglo a la ley.
aRtÍCULo 56.- El Presidente de la República no podrá salir al extranjero por más de quince días sin autorización del Congreso.
aRtÍCULo 57.- El Presidente y el Vicepresidente de la República no podrán renunciar sino ante la Asamblea Nacional.
aRtÍCULo 58.- En caso de falta temporal del Presidente de la República, después de haber prestado juramento, ejercerá el Poder Ejecutivo, mientras dure esa falta, el Vicepresidente de la República, y a falta de este, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.
aRtÍCULo 59.- En caso de falta definitiva del Presidente de la República, después de haber prestado juramento, desempeñará la Presidencia de la República por el tiempo que falte para la terminación del período, el Vicepresidente de la República.
aRtÍCULo 60.- En caso de que el Vicepresidente de la República faltare definitivamente, asumirá el Poder Ejecutivo interinamente el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien, dentro de los 15 días que sigan a la fecha de haber asumido estas funciones, convocará a la Asamblea Nacional para que se reúna dentro de los 15 días siguientes y elija el sustituto definitivo, en una sesión que no podrá clausurarse ni declararse en receso, hasta haber realizado la elección. En el caso de que por cualquier circunstancia, no pudiere hacerse tal convocatoria, la Asamblea Nacional se reunirá de pleno de- recho, inmediatamente, para llevar a cabo la elección en la forma arriba prevista.
aRtÍCULo 61.- Para el despacho de los asuntos de la admi- nistración pública habrá las Secretarías de Estado que sean creadas por la ley. También podrán crearse por la ley las Subsecretarías de Estado que se consideren necesarias, y que actuarán bajo la subordinación y dependencia del Secretario de Estado correspondiente.
Para ser Secretario o Subsecretario de Estado se requiere ser dominicano en el pleno ejercicio de los derechos civiles y polí- ticos y haber cumplido la edad de 25 años.
Párrafo.- Los naturalizados no podrán ser Secretarios ni Subsecretarios de Estado sino diez años después de haber ad- quirido la nacionalidad.
aRtÍCULo 62.- La ley determinará las atribuciones de los Secretarios de Estado.
aRtÍCULo 63.- El Poder Judicial se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y por los demás tribunales del orden judicial creados por esta Constitución y las leyes. Este poder gozará de autonomía administrativa y presupuestaria.
Párrafo i.- La ley reglamentará la carrera judicial y el régimen de jubilaciones y pensiones de los jueces, funcionarios y em- pleados del orden judicial.
Párrafo ii.- Los funcionarios del orden judicial no podrán ejercer otro cargo o empleo público, salvo lo que se dispone en el ar- tículo 108.
Párrafo iii.- Los jueces son inamovibles, sin perjuicio de lo dis- puesto en el acápite 5 del artículo 67.
Párrafo iv.- Una vez vencido el período por el cual fue elegido un juez, permanecerá en su cargo hasta que sea designado su sustituto.
aRtÍCULo 64.- La Suprema Corte de Justicia se compondrá de, por lo menos once jueces, pero podrá reunirse, deliberar y fallar válidamente con el quórum que determine la ley, la cual reglamentará su organización.
Párrafo i.- Los jueces de la Suprema Corte de Justicia serán designados por el Consejo Nacional de Magistratura, el cual estará presidido por el Presidente de la República y, en ausencia de este, será presidido por el Vice-Presidente de la República, y a falta de ambos, lo presidirá el Procurador General de la República. Los demás miembros serán:
1. El Presidente del Senado y un Senador escogido por el Senado que pertenezca a un partido diferente al partido del Presidente del Senado.
2. El Presidente de la Cámara de Diputados y un Diputado escogido por la Cámara de Diputados que pertenezca a un partido diferente al partido del Presidente de la Cámara de Diputados.
4. Un Magistrado de la Suprema Corte de Justicia es- cogido por ella misma, quien fungirá de Secretario.
Párrafo ii.- Al elegir los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura dispondrá cual de ellos deberá ocupar a presidencia y designará un primero y segundo sustituto para reemplazar al Presidente en caso de falta o im- pedimento.
Párrafo iii.- En caso de cesación de un juez investido con una de las calidades arriba expresadas, el Consejo Nacional de la Magistratura elegirá un nuevo juez con la misma calidad o atri- buirá ésta a otro de los jueces.
aRtÍCULo 65.- Para ser Juez de la Suprema Corte de Justicia se requiere:
Haber ejercido durante, por lo menos, doce años la profesión de abogado; o haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones de Juez de una Corte de Apelación, Juez de Primera Instancias o Juez del Tribunal de Tierras, o representante del Ministerio Público ante dichos tribunales. Los períodos en que se hubiesen ejercido la abogacía y las funciones judi- ciales podrán acumularse.
aRtÍCULo 66.- El Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia estará representado por el Procurador General de la República, personalmente o por medio de los sustitutos que la
ley pueda crearle. Tendrá la misma categoría que el Presidente de dicha Corte y las atribuciones que le confieren las leyes.
aRtÍCULo 67.- Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley:
Conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República, a los Senadores, Diputados, Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado, Jueces de la Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la República, Jueces y Procuradores Generales de las Cortes de Apelación, Abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras, Jueces del Tribunal Superior de Tierras, a los miembros del Cuerpo Diplomático, de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y los Jueces del Tribunal Contencioso Tributario; y de la constitucionalidad de las leyes, a instancias del Poder Ejecutivo, de uno de los Presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada.
Conocer, en último recurso de las causas cuyo cono- cimiento en primera instancia competa a las Cortes de Apelación.
4.- Elegir los jueces de las Cortes de Apelación, del Tribunal de Tierras, de los Juzgados de Primera Instancia, los Jueces de Instrucción, los Jueces de Paz y sus suplentes, los Jueces del Tribunal Contencioso
Tributario y los Jueces de cualesquier otros tribunales del orden judicial creados por la ley, de conformidad a lo establecido en la Ley de Carrera Judicial.
Ejercer la más alta autoridad disciplinaria sobre todos los miembros del Poder Judicial, pudiendo imponer hasta la suspensión o destitución, en la forma que de- termine la ley.
Trasladar provisional o definitivamente, de una juris- dicción a otra, cuando lo juzgue útil, los Jueces de las Cortes de Apelación, los Jueces de Primera Instancia, los Jueces de Jurisdicción Original del Tribunal de Tierras, los Jueces de Instrucción, los Jueces de Paz y los demás Jueces de los tribunales que fueren creados por la ley.
Nombrar todos los funcionarios y empleados que de- pendan del Poder Judicial.
9.- Fijar los sueldos y demás remuneraciones de los jueces y del personal administrativo perteneciente al Poder Judicial.
aRtÍCULo 68.- Habrá, por lo menos, nueve Cortes deApelación para toda la República. El número de jueces que deben com- ponerlas, así como los Distritos Judiciales que a cada Corte co- rrespondan, se determinarán por la ley.
Párrafo i.- Al elegir los Jueces de las Cortes de Apelación, la Suprema Corte de Justicia dispondrá cual de ellos deberá ocupar la Presidencia, y designará un Primero y Segundo Sustitutos para reemplazar al Presidente en caso de falta o im- pedimento.
Párrafo ii.- En caso de cesación de un Juez investido con una de las calidades arriba expresadas, la Suprema Corte de Justicia elegirá un nuevo Juez con la misma calidad o atribuirá ésta a otro de los jueces.
aRtÍCULo 69.- Para ser Juez de una Corte de Apelación se requiere:
Haber ejercido durante cuatro años la profesión de abogado, o haber desempeñado por igual tiempo, las funciones de Juez de Primera Instancia, de represen- tante del Ministerio Publico ante los Tribunales o de Juez de Jurisdicción Original del Tribunal de Tierras. Los períodos en que se hubiesen ejercido la abogacía y las funciones judiciales podrán acumularse.
aRtÍCULo 70.- El Ministerio Público está representado en cada Corte de Apelación por un Procurador General, o por los sustitutos que la ley pueda crearle, todos los cuales deberán reunir las mismas condiciones que los jueces de esas Cortes.
aRtÍCULo 71.- Son atribuciones de las Cortes de Apelación:
1.- Conocer de las apelaciones de las sentencias dic- tadas por los Juzgados de Primera Instancia.
Conocer en primera instancia de las causas penales seguidas a los Jueces de Primera Instancia, Jueces de Jurisdicción Original del Tribunal de Tierras, Jueces de Instrucción, Procuradores Fiscales y Gobernadores Provinciales.
Conocer de los demás asuntos que determinen las leyes.
aRtÍCULo 72.- Las atribuciones del Tribunal de Tierras es- tarán determinadas por la ley.
Párrafo.- Para ser Presidente o Juez del Tribunal Superior de Tierras se requieren las mismas condiciones que para ser Juez de una Corte de Apelación, y para desempeñar el cargo de Juez de Jurisdicción Original, las mismas condiciones que para ser Juez de Primera Instancia.
aRtÍCULo 73.- En cada Distrito Judicial habrá un Juzgado de Primera Instancia, con las atribuciones que le confiere la ley.
Párrafo.- La ley determinará el número de los Distritos Judiciales, el número de los Jueces de que deben componerse los Juzgados de Primera Instancia, así como el número de cá- maras en que éstos puedan dividirse.
aRtÍCULo 74.- Para ser Juez de Primera Instancia se re- quiere ser dominicano, hallarse en el pleno ejercicio de los de- rechos civiles y políticos, ser licenciado o doctor en Derecho, y haber ejercido la profesión de abogado durante dos años o
haber desempeñado por igual tiempo las funciones de Juez de Paz o de Fiscalizador.
aRtÍCULo 75.- Para ser Procurador Fiscal o Juez de Instrucción se requieren las mismas condiciones exigidas para ser Juez de Primera Instancia.
SeCCión vi de los Juzgados de Paz
aRtÍCULo 76.- En el Distrito Nacional y en cada municipio habrá los Juzgados de Paz que fueren necesarios de acuerdo con la ley.
aRtÍCULo 77.- Para ser Juez de Paz o Fiscalizador o Suplente de uno u otro, se requiere ser dominicano, ser abogado y estar en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Tendrán las atribuciones que determine la ley.
No será necesaria la condición de abogado para desempeñar las antedichas funciones en los municipios donde no sea po- sible elegir o designar abogados para las mismas, excepto en el Distrito Nacional y en los municipios cabeceras de provincias donde estas funciones deberán ser desempeñadas por abo- gados.
tÍtULo vii de La CámaRa de CUentaS
aRtÍCULo 78.- Habrá una Cámara de Cuentas permanente compuesta de cinco miembros por lo menos, elegidos por el Senado de las ternas que le presente el Poder Ejecutivo.
Párrafo.- La Cámara de Cuentas tendrá carácter principal- mente técnico.
aRtÍCULo 79.- Sus atribuciones serán, además de las que le confiere la ley:
Examinar las cuentas generales y particulares de la República.
Presentar al Congreso en la primera legislatura ordi- naria de cada año el informe respecto de las cuentas del año anterior.
aRtÍCULo 80.- Los miembros de la Cámara de Cuentas du- rarán cuatro años en sus funciones.
aRtÍCULo 81.- Para ser miembro de la Cámara de Cuentas se requiere ser dominicano en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido la edad de 25 años y ser doctor o licenciado en derecho, licenciado en Finanzas, o con- tador público autorizado. La ley determinará las demás condi- ciones para ser miembro de dicho organismo.
tÍtULo viii deL diStRito naCionaL y de LoS mUniCiPioS
aRtÍCULo 82.- El Gobierno del Distrito Nacional y el de los mu- nicipios estarán cada uno a cargo de un ayuntamiento, cuyos regidores, así como sus suplentes, en el número que será de- terminado por la ley proporcionalmente al de habitantes, sin que en ningún caso puedan ser menos de cinco; serán ele- gidos, al igual que el Síndico del Distrito Nacional y los Síndicos Municipales y sus suplentes, por el pueblo de dicho distrito y de los municipios, respectivamente, cada cuatro años, en la forma que determinen la Constitución y las leyes, mediante candida- turas que podrán ser propuestas por partidos políticos o por agrupaciones políticas, regionales, provinciales o municipales.
aRtÍCULo 83.- Los ayuntamientos, así como los síndicos, son independientes en el ejercicio de sus funciones, con las res- tricciones y limitaciones que establezcan la Constitución y las leyes, las cuales determinarán sus atribuciones, facultades y deberes.
aRtÍCULo 84.- La ley determinará las condiciones para ejercer los cargos indicados en los artículos 82 y 83. Los extranjeros mayores de edad podrán desempeñar dichos cargos en las con- diciones que prescriba la ley, siempre que tengan residencia de más de 10 años en la jurisdicción correspondiente.
aRtÍCULo 85.- Tanto en la formulación como en la ejecución de sus presupuestos, los ayuntamientos estarán obligados
a mantener las apropiaciones y las erogaciones destinadas
a cada clase de atenciones y servicios. Los ayuntamientos
podrán, con la aprobación que la ley requiera, establecer ar-
bitrios, siempre que éstos no colidan con los impuestos nacio- nales, con el comercio intermunicipal o de exportación, ni con
la Constitución o las leyes.
tÍtULo iX deL RéGimen de LaS PRovinCiaS
aRtÍCULo 86.- Habrá en cada provincia un gobernador civil, designado por el Poder Ejecutivo.
Párrafo.- Para ser gobernador se requiere ser dominicano, mayor de veinticinco años de edad y estar en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.
aRtÍCULo 87.- La organización y régimen de las provincias, así como las atribuciones y deberes de los gobernadores ci- viles, serán determinados por la ley.
tÍtULo X de LaS aSamBLeaS eLeCtoRaLeS
aRtÍCULo 88.- Es obligatorio para todos los ciudadanos ejercer el sufragio.
Los que hayan perdido los derechos de ciudadanía y aquellos a quienes se les hayan suspendido tales derechos, por virtud de los, artículos 14 y 15 de esta Constitución.
Los pertenecientes a las fuerzas armadas y cuerpos de policía.
aRtÍCULo 89.- Las Asambleas Electorales se reunirán de pleno derecho el 16 de mayo de cada cuatro años para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República; asimismo, para elegir los demás funcionarios electivos, mediando dos años entre ambas elecciones. En los casos de convocatoria extraor- dinaria, se reunirán a más tardar sesenta días después de la publicación de la ley de convocatoria.
aRtÍCULo 90.- Corresponde a las Asambleas Electorales elegir al Presidente y al Vicepresidente de la República, los Senadores y los Diputados, los Regidores de los Ayuntamientos y sus suplentes, el Síndico del Distrito Nacional y los Síndicos Municipales y sus suplentes, así como cualquier otro funcio- nario que se determine por la ley.
Párrafo.- Cuando en las elecciones celebradas para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, ninguna de las candidaturas obtenga la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos, se efectuará una segunda elección cuarenta y cinco
días después de celebrada la primera. En esta última elección participarán únicamente las dos candidaturas que hayan ob- tenido mayor número de votos en la primera elección.
aRtÍCULo 91.- Las elecciones se harán según las normas que señale la ley, por voto directo y secreto, y con represen- tación de las minorías cuando haya de elegirse dos o más can- didatos.
aRtÍCULo 92.- Las elecciones serán dirigidas por una Junta Central Electoral y por juntas dependientes de ésta, las cuales tienen facultad para juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley.
Párrafo.- Para los fines de este artículo, la Junta Central Electoral asumirá la dirección y el mando de la fuerza pública en los lugares en donde dichas votaciones se verifiquen.
tÍtULo Xi de LaS FUeRzaS aRmadaS
aRtÍCULo 93.- Las Fuerzas Armadas son esencialmente obe- dientes y apolíticas y no tienen, en ningún caso, facultad para
deliberar. El objeto de su creación es defender la independencia
e integridad de la República, mantener el orden público y sos-
tener la Constitución y las leyes. Podrán intervenir, cuando así lo solicite el Poder Ejecutivo, en programas de acción cívica
y en planes destinados a promover el desarrollo social y eco- nómico del país.
aRtÍCULo 94.- Las condiciones para que un ciudadano pueda ser miembro de las Fuerzas Armadas están contenidas en la ley de su creación.
tÍtULo Xii diSPoSiCioneS GeneRaLeS
aRtÍCULo 95.- La bandera nacional se compone de los co- lores azul ultramar y rojo bermellón, en cuarteles alternados, colocados de tal modo que el azul quede hacia la parte superior del asta, separados por una cruz blanca del ancho de la mitad de la altura de un cuartel y que lleve en el centro, el escudo de armas de la República. La bandera mercante es la misma que la nacional sin escudo.
aRtÍCULo 96.- El escudo de armas de la República tendrá los mismos colores de la bandera nacional dispuestos en igual forma. Llevará en el centro el libro de los Evangelios, abierto, con una cruz encima, surgiendo ambos de entre un trofeo inte- grado por dos lanzas y cuatro banderas nacionales, sin escudo, dispuestas a ambos lados; llevará un ramo de laurel del lado
izquierdo y uno de palma al lado derecho; estará coronado por una cinta azul ultramar en la cual se leerá el lema: Dios, Patria
y Libertad, y en la base habrá otra cinta de color rojo bermellón con las palabras: República Dominicana. La forma del escudo nacional será de un cuadrilongo, con los ángulos superiores salientes y los inferiores redondeados, el centro de cuya base terminará en punta, y estará dispuesto en forma tal que si se traza una línea horizontal que una las dos verticales del cua- drilongo desde donde comienzan los ángulos inferiores, resulte un cuadrado perfecto.
Párrafo.- La ley reglamentará el uso y dimensiones de la bandera y del escudo nacionales.
aRtÍCULo 97.- El Himno Nacional es la composición musical consagrada por la Ley No. 700, de fecha 30 de mayo de 1934,
y es invariable, único y eterno.
aRtÍCULo 98.- Los días 27 de febrero y 16 de agosto, aniver- sarios de la Independencia y la Restauración de la República, respectivamente, son de Fiesta Nacional.
aRtÍCULo 99.- Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Toda decisión acordada por la requisición de la fuerza armada es nula.
aRtÍCULo 100.- La República condena todo privilegio y toda situación que tienda a quebrantar la igualdad de todos los do- minicanos, entre los cuáles no deben contar otras diferencias que las que resulten de los talentos o de las virtudes, y en con- secuencia, ninguna entidad de la República podrá conceder tí- tulos de nobleza ni distinciones hereditarias.
aRtÍCULo 101.- Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, formará parte del patrimonio cultural de la Nación y estará bajo la salvaguarda del Estado. La ley establecerá cuanto sea oportuno para su conservación y de- fensa.
aRtÍCULo 102.- Será sancionado con las penas que la ley de- termine, todo aquel que, para su provecho personal, sustraiga fondos públicos o prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga provechos económicos. Serán igualmente sancionadas las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. Nadie podrá ser penalmente responsable por el hecho de otro ni en estos casos ni en cualquier otro.
aRtÍCULo 103.- Los yacimientos mineros pertenecen al Estado y sólo podrán ser explotados por particulares en virtud de las concesiones o los contratos que se otorguen en las con- diciones que determine la ley.
aRtÍCULo 104.- Es libre la organización de partidos y aso- ciaciones políticas de acuerdo con la ley, siempre que sus ten- dencias se conformen a los principios establecidos en esta Constitución.
aRtÍCULo 105.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 23, inciso 5, de esta Constitución, el Presidente y Vicepresidente de la República electos o en funciones no podrán ser privados de su libertad antes o durante el período de su ejercicio.
aRtÍCULo 106.- La persona designada para ejercer una función pública deberá prestar juramento de respetar la Constitución y las leyes, y de desempeñar fielmente su cometido. Este jura- mento se prestará ante cualquier funcionario u oficial público.
aRtÍCULo 107.- El ejercicio de todos los funcionarios elec- tivos, sea cual fuere la fecha de su elección, terminará el 16 de agosto de cada cuatro años, fecha en que se inicia el corres- pondiente período constitucional.
Párrafo i.- Cuando un funcionario electivo cualquiera cese en el ejercicio del cargo por muerte, renuncia, destitución, inhabili- tación u otra causa, el que lo sustituya permanecerá en el ejer- cicio hasta completar el período.
Párrafo ii.- Una vez vencido el período para el cual fueron desig- nados los miembros de la Cámara de Cuentas y el Presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral, permanecerán en sus cargos hasta que el Senado haga las nuevas designa- ciones para el período que se inicie.
aRtÍCULo 108.- Ninguna función o cargo público a que se refieren esta Constitución y las leyes, serán incompatibles con cargos honoríficos y los docentes, sin perjuicio del artículo 18.
aRtÍCULo 109.- La justicia se administrará gratuitamente en todo el territorio de la República.
aRtÍCULo 110.- No se reconocerá ninguna exención, ni se otorgará ninguna exoneración, reducción o limitación de im- puestos, contribuciones o derechos fiscales o municipales, en beneficio de particulares, sino por virtud de la ley. Sin embargo, los particulares pueden adquirir, mediante concesiones que au-
torice la ley, o mediante contratos que apruebe el Congreso Nacional, el derecho irrevocable de beneficiarse, por todo el tiempo que estipule la concesión o el contrato, y cumpliendo con las obligaciones que la una y el otro les impongan, de exenciones, exoneraciones, reducciones o limitaciones de im- puestos, contribuciones o derechos fiscales o municipales inci- dentes en determinadas obras o empresas de utilidad pública, o en determinadas obras o empresas hacia las que convenga atraer, para el fomento de la economía nacional, o para cual- quier otro objeto de interés social, la inversión de nuevos capi- tales.
aRtÍCULo 111.- La unidad monetaria nacional es el peso oro.
Párrafo ii.- Las monedas metálicas serán emitidas a nombre del Estado por mediación de la misma entidad emisora, y se pondrán en circulación sólo en reemplazo de un valor equiva- lente de billetes. La fuerza liberatoria de las monedas metálicas en curso y de las que se emitieren en lo adelante será deter- minada por la ley.
Párrafo iii.- La regulación del sistema monetario y bancario de la Nación corresponderá a la entidad emisora, cuyo órgano su- perior será una Junta Monetaria, compuesta de miembros que serán designados y sólo podrán ser removidos de acuerdo con la ley, y responderán del fiel cumplimiento de sus funciones de conformidad con las normas establecidas en la misma.
Párrafo iv.- Queda prohibida la emisión o la circulación de papel moneda, así como de cualquier otro signo monetario no
autorizado por esta Constitución, ya sea por el Estado o por cualquier otra persona o entidad pública o privada.
aRtÍCULo 112.- Toda modificación en el régimen legal de la moneda o de la banca requerirá el apoyo de los dos tercios de la totalidad de los miembros de una y otra Cámara, a menos que haya sido iniciada por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Junta Monetaria o con el voto favorable de ésta.
aRtÍCULo 113.- Ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por fun- cionario competente.
aRtÍCULo 114.- Anualmente, en el mes de abril, se publicará la cuenta general de los ingresos y egresos de la República hechos en el año anterior.
aRtÍCULo 115.- La Ley de Gastos Públicos se dividirá en ca- pítulos que correspondan a los diferentes ramos de la adminis- tración y no podrán trasladarse sumas de un capítulo a otro ni de una partida presupuestaria a otra, sino en virtud de una ley. Esta ley, cuando no sea iniciada por el Poder Ejecutivo, deberá tener el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
Párrafo i.- No tendrá efecto ni validez ninguna ley que ordene o autorice un pago o engendre una obligación pecuniaria a cargo del Estado, sino cuando esa misma ley cree fondos especiales para su ejecución o disponga que el pago se haga de las en- tradas calculadas del año y de éstas quede en el momento de la publicación de la ley, una proporción disponible suficiente para hacerlo.
Párrafo ii.- El Congreso no podrá votar válidamente ninguna erogación, a menos que esté incluida en el proyecto de Ley de Gastos Públicos sometido por el Poder Ejecutivo, en virtud del Artículo 55 de esta Constitución, o que sea solicitada por
el Poder Ejecutivo después de haber enviado dicho proyecto, sino en el caso de que la ley que ordene esa erogación haya sido apoyada por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara; y todo sin derogación de la regla general establecida en el párrafo primero del presente artículo.
Párrafo iii.- El Congreso no podrá modificar las partidas que figuren en los proyectos de ley que eroguen fondos o en la Ley de Gastos Públicos sometidos por el Poder Ejecutivo, sino con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara; y de acuerdo con las disposiciones contenidas en el párrafo primero de este artículo. El Congreso podrá, sin embargo, modificar las referidas partidas con la ma- yoría ordinaria cuando sea a iniciativa del Poder Ejecutivo.
Párrafo iv.- Cuando por cualquier circunstancia el Congreso cierre la legislatura sin haber votado el presupuesto de Ingresos y la Ley de Gastos Públicos, continuará rigiendo la ley de Gastos Públicos del año anterior.
Párrafo v.- Cuando el Congreso esté en receso, el Poder Ejecutivo podrá disponer por medio de decreto los traslados o transferencias de sumas dentro de la Ley de Gastos Públicos que exijan las necesidades urgentes del servicio administrativo, así como las creaciones o supresiones de cargos administra- tivos o servicios públicos que afecten aquella ley, con la obli- gación de someter al Congreso en la próxima legislatura, para su aprobación, las referidas disposiciones. Podrá, asimismo, en el caso previsto por este párrafo, del mismo modo, erogar los fondos necesarios para atender gastos de la administración pública, dando cuenta al Congreso cuando éste se reúna.
tÍtULo Xiii de LaS ReFoRmaS ConStitUCionaLeS
aRtÍCULo 116.- Esta Constitución podrá ser reformada si la proposición de reforma se presenta en el Congreso Nacional con el apoyo de la tercera parte de los miembros de una u otra Cámara, o si es sometida por el Poder Ejecutivo.
aRtÍCULo 117.- La necesidad de la reforma se declarará por una ley. Esta ley, que no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Nacional, de- terminará el objeto de la reforma e indicará los artículos de la Constitución sobre los cuales versará.
aRtÍCULo 118.- Para resolver acerca de las reformas pro- puestas, la Asamblea Nacional se reunirá dentro de los quince días siguientes a la publicación de la ley que declare la ne- cesidad de la reforma, con la presencia de más de la mitad de los miembros de cada una de las Cámaras. Una vez vo- tadas y proclamadas las reformas por la Asamblea Nacional, la Constitución será publicada íntegramente con los textos re- formados.
aRtÍCULo 119.- Ninguna reforma podrá versar sobre la forma de Gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, demo- crático y representativo.
aRtÍCULo 120.- La reforma de la Constitución sólo podrá ha- cerse en la forma que indica ella misma, y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder ni autoridad ni tampoco por aclamaciones populares.
Dada y proclamada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana, en el Palacio del Congreso Nacional, sito en el centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, hoy día veinticinco del mes de julio del año dos mil; años 159° de la Independencia y 139° de la Restauración.
eL PReSidente de La aSamBLea emiSoRa:
andrés Bautista García Representante de la provincia Espaillat
Rafaela alburquerque de González Representante por la provincia de San Pedro de Macorís
Julio a. González Burell Representante de la provincia Duarte
César augusto díaz Filpo Representante de la provincia de Azua
ambrosina Saviñón C. de altagracia Representante de la provincia de La Romana
Rafael angel Franjul troncoso Representante de la provincia de Peravia
José Rafael abinader Wassaf Representante de la provincia de Santiago
Ramón alburquerque Ramírez Representante de la provincia de Monte Plata
Bernardo alemán Rodríguez Representante de la provincia de Montecristi
Gerardo apolinar aquino álvarez Representante de la provincia de El Seybo
manuel o. arciniegas Paniagua Representante de la provincia Elías Piña
Ginnette Bournigal de Jiménez Representante de la provincia de Puerto Plata
vicente arsenio Castillo Peña Representante de la provincia Peravia
Fabián antonio del villar Representante de la provincia de San Juan
Celeste Gómez martínez Representante de la provincia de Santiago Rodríguez
José alt. González espinosa Representante de la provincia de Barahona
José e. hazim Frappier Representante de la provincia de San Pedro de Macorís
Rafael de Jesús Jiménez Castro Representante de la provincia de Dajabón
Francisco Jiménez Reyes Representante de la provincia de Bahoruco
enrique López Representante de la provincia Monseñor Nouel
Pedro antonio Luna Santos Representante de la provincia de Sánchez Ramírez
domingo enrique martínez Representante de la provincia de La Romana
César a ugusto m atías P. Representante de la provincia Valverde
angel dinócrates Pérez y Pérez Representante de la provincia de Pedernales
dagoberto Rodríguez adames Representante de la provincia Independencia
Bautista Rojas Gómez Representante de la provincia Salcedo
iván amílkar Rondón Sánchez Representante de la provincia de Hato Mayor
antonio Rosario Pimentel Representante de la provincia de San Cristóbal
Ramón Ricardo Sánchez Representante de la provincia de La Altagracia
Jesús antonio vásquez martínez Representante de la provincia María Trinidad Sánchez
miriam antonia abreu de minguijón Representante de la provincia Monseñor Nouel
Rafael Leonidas abreu valdez Representante de la provincia de San Cristóbal
Rafael Francisco alba ovalle Representante de la provincia Santiago
venancio alcántara valdez Representante del Distrito Nacional
Fausto miguel araujo Representante de la provincia San Cristóbal
héctor emigdio aristy Pereyra Representante de la provincia Azua
Gladis Sofía azcona de la Cruz Representante del Distrito Nacional
José Joaquín Bidó medina Representante del Distrito Nacional
Guadalupe Bisonó vda. arnaud Representante del Distrito Nacional
ana isabel Bonilla hernádez Representante de la provincia Santiago
Genaro José miguel Cabrera Cruz Representante de la provincia Montecristi
Leonardo Cadena medina Representante de la provincia Peravia
evarista Caraballo Representante de la provincia La Altagracia
Rafael antonio Carvajal martínez Representante de la provincia Santiago
Rafael Librado Castillo Representante del Distrito Nacional
Pelegrín horacio Castillo Seman Representante del Distrito Nacional
Radhamés Castro Representante del Distrito Nacional
Germán Castro García Representante de la provincia La Altagracia
máximo Castro Silverio Representante de la provincia de Santiago
Carlos José Cepeda moya Representante de la provincia Salcedo
Clodomiro de Jesús Chávez tineo Representante del Distrito Nacional
Pedro maría Chávez villalona Representante de la provincia Monte Plata
Ricardo de la Cruz Representante de la provincia María Trinidad Sánchez
dionisio de la Rosa Representante de la provincia San Cristóbal
yuderka yvelisse de la Rosa Guerrero Representante del Distrito Nacional
andrés Ramón de las mercedes Representante de la provincia San Cristóbal
antonio de León Cruz Representante de la provincia Santiago
Pedro antonio de León de León Representante de la provincia San Juan
Ramón nicolás de los Santos Santana Representante de la provincia de Hato Mayor
Luis Rafael delgado Sánchez Representante de la provincia de Elías Piña
antonio díaz Ceballo Representante de la provincia La Vega
mateo evangelista espaillat tavárez Representante de la provincia Santiago
ernesto Fabré Representante del Distrito Nacional
Rosa Francia Fadul Fadul Representante de la provincia de Santiago
eulogia Familia tapia Representante del Distrito Nacional
alfonso del Carmen Fermín Balcácer Representante de la provincia de Monseñor Nouel
Francisco antonio Fernández morel Representante de la provincia Montecristi
mario José Fernández Saviñón Representante de la provincia Duarte
Rafael Gamundi Cordero Representante del Distrito Nacional
Wilfrida Ramona García Pérez Representante de la provincia La Vega
víctor eduardo García Sued Representante de la provincia Santiago
Rosa elena García záiter Representante del Distrito Nacional
Ramón Rogelio Genao durán Representante de la provincia La Vega
dolores González G. Representante del Distrito Nacional
eridania mercedes Guzmán Representante de la provincia Santiago
manuel elías hazoury díaz Representante del Distrito Nacional
Ramón emilio Radhamés hernández Representante del Distrito Nacional
víctor hugo hernández díaz Representante de la provincia de San Cristóbal
José augusto izquierdo Reynoso Representante de la provincia Santiago
angela altagracia Jáquez Rodríguez Representante de la provincia Santiago
Juan Roque Jerez vásquez Representante de la provincia de Salcedo
Rafael Kasse acta Representante del Distrito Nacional
octavio alfredo León Líster henríquez Representante de la provincia Duarte
Fausto Rafael Liz Quiñones Representante del Distrito Nacional
Cristina altagracia Lizardo mézquita Representante del Distrito Nacional
Rafael antonio Luna Representante del Distrito Nacional
Rafael orlando macea mateo Representante de la provincia Peravia
héctor manuel marte Paulino Representante del Distrito Nacional
Rafael evangelista martínez hernández Representante de la provincia Espaillat
norys ironelis mateo Representante de la provincia de Azua
andrés matos Representante del Distrito Nacional
oquendo odáliz medina González Representante del Distrito Nacional
maría Gertrudis mejía Representante de la provincia de San Cristóbal
manuel odalis mejía arias Representante de la provincia San Juan de la Maguana
Ramón Bolívar melo alcántara Representante de la provincia de San Pedro de Macorís
Rafael antonio mena Castro Representante de la provincia de Puerto Plata
Rafael méndez Representante de la provincia de Bahoruco
Sergia altagracia méndez Representante de la provincia de Monte Plata
manuel emigdio mercedes Rodríguez Representante del Distrito Nacional
manolo mesa morillo Representante de la provincia de San Cristóbal
Fabio antonio montesino González Representante de la provincia de Valverde
eligia eneida morales abreu Representante de la provincia de La Romana
José Ramón mordán Representante de la provincia Peravia
Félix maría nova Paulino Representante de la provincia de Monseñor Nouel
hugo Rafael núñez almonte Representante de la provincia de La Vega
Ramón aníbal olea Linares Representante de la provincia de Samaná
Pablo olmo andújar Representante del Distrito Nacional
José manuel ortega Representante de la provincia Espaillat
hermes Juan José ortiz acevedo Representante de la provincia de Puerto Plata
alfredo Pacheco osoria Representante del Distrito Nacional
Reynaldo de las mercedes Pared Pérez Representante del Distrito Nacional
Cristian Paredes aponte Representante de la provincia Sánchez Ramírez
Ramona Lucrecia Paulino Liriano Representante de la provincia Sánchez Ramírez
Celestino Peña García Representante de la provincia Santiago Rodríguez
alejandro Peralta Romero Representante de la provincia El Seybo
César emilio Peralta vélez Representante de la provincia Puerto Plata
nelson Rudis Pérez encarnación Representante de la provincia San Juan de la Maguana
tony Pérez hernández Representante de la provincia San Cristóbal
venancio Pérez y Pérez Representante de la provincia Barahona
Fátima del Rosario Pérez Rodolí Representante de la provincia Bahoruco
Francisco Pérez vidal Representante de la provincia Barahona
Ramón Francisco Pichardo almonte Representante de la provincia de Santiago
Rolando antonio Pimentel Baralt Representante de la provincia Hato Mayor del Rey
ivelisse Prats de Pérez Representante del Distrito Nacional
Ramón morrelio Ramírez Representante del Distrito Nacional
Rafael alberto Reyes Representante de la provincia La Vega
teodoro Ursino Reyes Representante de la provincia La Romana
Gregorio Reyes Castillo Representante de la provincia Dajabón
Rafael antonio Reynoso Castro Representante de la provincia Duarte
eduardo Stormy Reynoso Sicard Representante del Distrito Nacional
José Jesús Rijo Presbot Representante del Distrito Nacional
Rafael enrique Rivera mejía Representante de la provincia Puerto Plata
octavio Radhamés Rodríguez Jiménez Representante del Distrito Nacional
miguel angel Rodríguez Serrata Representante de la provincia de Dajabón
Jorge Luis Rojas Gómez Representante de la provincia Duarte
Leonardo Rojas Rosario Representante de la provincia María Trinidad Sánchez
César Santiago Rutinel domínguez Representante del Distrito Nacional
osval antonio Saldívar mota Representante de la provincia Sánchez Ramírez
dionis alfonso Sánchez Carrasco Representante de la provincia de Pedernales
Bernardo Sánchez Rosario Representante de la provincia Espaillat
nelson Jesús maría Sánchez vásquez Representante de la provincia Santiago
Francisca Santana Representante del Distrito Nacional
Betzaida ma. manuela Santana Sierra Representante de Distrito Nacional
miguel Jerónimo Sanz Jiminián Representante del Distrito Nacional
Julio alcides Segura arias Representante de la provincia Elías Piña
víctor manuel Soto Pérez Representante del Distrito Nacional
Pericles tavárez Sarmiento Representante de la provincia San Pedro de Macorís
Rafael tavárez alvarez Representante de la provincia Valverde
Julia Lucía taveras de Ferreiras Representante de la provincia de Valverde
Rafael Francisco taveras Rosario Representante del Distrito Nacional
Juan Rafael taveras vargas Representante de la provincia Duarte
arsenia maría dolores tejada Camacho Representante de la provincia Espaillat
eurípides adán terrero matos Representante de la provincia Pedernales
olga L. torres de Santana Representante de la provincia San Pedro de Macorís
Rafael adriano valdez hilario Representante del Distrito Nacional
Julio César valentín Jiminián Representante de la provincia Santiago
Pascual Remigio valenzuela marranzini Representante de la provincia San Juan de la Maguana
daniel Fantino vargas alonzo Representante de la provincia Duarte
Francis emilio vargas Francisco Representante de la provincia de Puerto Plata
José orlando vargas vargas Representante de la provincia La Vega
José espaminonda vásquez díaz Representante del Distrito Nacional
Rafael Francisco vásquez Paulino Representante del Distrito Nacional
elías Wessin Chávez Representante del Distrito Nacional
CÓDIGO PROCESAL PENAL REPÚBLICA DOMINICANA
(Ley no. 76-02)
Promulgado en fecha 2 de julio del 2002 por el Poder Ejecutivo y publicado en fecha 27 de sep- tiembre de 2002 en la Gaceta Oficial No. 10170.
ConSideRando: Que el actual Código de Procedimiento Penal es el producto de la traducción, localización y adecuación del Código de Instrucción Criminal Francés, ordenada mediante resolución congreso promulgada por el Presidente Meriño el 4 de julio del año 1882, y que tuvo como resultado la publicación ordenada por decreto No. 2250 de fecha 27 de junio de 1884;
ConSideRando: Que en su conjunto las normas del Código de Instrucción Criminal favorecen la aparición de prácticas in- quisitivas, arbitrarias, altamente formalizadas y reñidas con la programación constitucional de un debido proceso;
ConSideRando: Que la reforma procesal penal constituye una necesidad impostergable, por lo que la adopción de un nuevo Código Procesal Penal inspirado en los principios y normas constitucionales, viene a permitir la realización de la aspiración ciudadana de una justicia que provee protección efectiva frente al fenómeno criminal y la violencia social, aproxime la justicia a los ciudadanos, tutele efectivamente los derechos humanos, al tiempo de humanizar y dignificar la ejecución penal;
ConSideRando: Que el objeto de la reforma procesal penal propuesta, después de un intenso proceso de discusión y aná- lisis, caracterizado por una amplia participación y consenso na- cionales, consiste en dotar al sistema de justicia penal domi- nicano de herramientas normativas modernas y cónsonas con las aspiraciones ciudadanas de contar con una impartición de justicia pronta, certera y cumplida;
ConSideRando: Que este conjunto de normas viene a dis- ciplinar la forma como se acusa, se defiende, se juzga y se ejecuta lo juzgado, de una manera sencilla, con celeridad y respeto de las garantías constitucionales, con el firme propósito de contribuir a que los procesos dejen de ser una sucesión de trámites interminables o vía crusis, en cuyos laberintos quedan atrapados y desamparados víctimas e imputados, sin que la co- munidad vea satisfecha sus aspiraciones de paz y sosiego que derivan de la solución efectiva de los conflictos generados por las conductas socialmente lesivas;
ConSideRando: Que hemos considerado oportuno clasificar las funciones respectivas de los órganos y sujetos procesales, de modo que las tareas de investigación, acusación y prueba queden a cargo de los representantes del ministerio público, la defensa técnica a cargo de los abogados, y el conocimiento y fallo de los asuntos, a los jueces, conforme las pruebas some- tidas al debate;
ConSideRando: Que el país aspira y merece iniciar todo el proceso de cambios en el sistema de justicia penal con un cuerpo normativo sistematizado que permita hacer una tran- sición pausada, pero decidida, hacia nuevos estadios de ejer- cicio de las funciones estatales y sociales de gestión de los conflictos penalmente relevantes, lo cual incluye obviamente esfuerzos complementarios en los ámbitos concernientes a la investigación criminal, el ministerio público, la defensa pública y el sistema penitenciario;
ConSideRando: Que por todo lo expresado más arriba, re- sulta de alto interés nacional y conveniente adoptar un nuevo Código Procesal Penal.
ha dado La SiGUiente Ley no. 76-02
aRtÍCULo 1. Primacía de la Constitución y los tratados. Los tribunales, al aplicar la ley, garantizan la vigencia efectiva de la Constitución de la República y de los tratados interna- cionales y sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por éstos, cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley.
La inobservancia de una norma de garantía judicial establecida en favor del imputado no puede ser invocada en su perjuicio.
ARTÍCULO 2. Solución del Conflicto. Los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, para contribuir a restaurar la armonía social. En todo caso, al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de la política criminal.
aRtÍCULo 3. Juicio Previo. Nadie puede ser sancionado a una pena o medida de seguridad sin un juicio previo.
El juicio se ajusta a los principios de oralidad, publicidad, con- tradicción, inmediación, celeridad y concentración.
aRtÍCULo 4. Juez natural. Nadie puede ser juzgado, con- denado o sometido a una medida de seguridad, por comisiones
o tribunales especiales ni sometido a otros tribunales que los constituidos conforme a este código con anterioridad a los hechos de la causa.
aRtÍCULo 5. imparcialidad e independencia. Los jueces sólo están vinculados a la ley. Los jueces deben actuar en forma imparcial y son independientes de los otros poderes del Estado y de toda injerencia que pudiere provenir de los demás integrantes del Poder Judicial o de los particulares.
aRtÍCULo 6. Participación de la Ciudadanía. Todo habitante del territorio de la República tiene el derecho a participar en la administración de justicia en la forma y condiciones estable- cidas en este código.
aRtÍCULo 7. Legalidad del Proceso. Nadie puede ser so- metido a proceso penal sin la existencia de ley previa al hecho imputado. Este principio rige además en todo lo concerniente
a la ejecución de la pena o medida de seguridad ordenada por los tribunales.
aRtÍCULo 8. Plazo Razonable. Toda persona tiene derecho
a ser juzgada en un plazo razonable y a que se resuelva en
forma definitiva acerca de la sospecha que recae sobre ella. Se reconoce al imputado y a la víctima el derecho a presentar acción o recurso, conforme lo establece éste código, frente a la inacción de la autoridad.
aRtÍCULo 9. Única Persecución. Nadie puede ser perse- guido, juzgado ni condenado dos veces por un mismo hecho.
aRtÍCULo 10. dignidad de la Persona. Toda persona tiene derecho a que se respete su dignidad personal y su integridad
física, psíquica y moral. Nadie puede ser sometido a torturas ni
a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
aRtÍCULo 11. igualdad ante la Ley. Todas las personas son iguales ante la ley y deben ser tratadas conforme a las mismas reglas. Los jueces y el ministerio público deben tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas y del caso, pero no pueden fundar sus decisiones en base a nacionalidad, género, raza, credo o religión, ideas políticas, orientación sexual, po- sición económica o social u otra condición con implicaciones discriminatorias.
aRtÍCULo 12. igualdad entre las Partes. Las partes inter- vienen en el proceso en condiciones de igualdad. Para el pleno
e irrestricto ejercicio de sus facultades y derechos, los jueces deben allanar todos los obstáculos que impidan la vigencia o debiliten este principio.
aRtÍCULo 13. no autoincriminación. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo y todo imputado tiene de- recho a guardar silencio. El ejercicio de este derecho no puede ser considerado como una admisión de los hechos o indicio de culpabilidad ni puede ser valorado en su contra.
aRtÍCULo 14. Presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal hasta tanto una
sentencia irrevocable declare su responsabilidad. Corresponde a la acusación destruir dicha presunción.
En la aplicación de la ley penal son inadmisibles las presun- ciones de culpabilidad.
aRtÍCULo 15. estatuto de Libertad. Toda persona tiene de- recho a la libertad y a la seguridad personales.
Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal o de otros derechos, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que trata de resguardar.
Toda persona que se encuentre privada de su libertad o ame- nazada de ello, de manera arbitraria o irrazonable tiene de- recho a recurrir ante cualquier juez o tribunal a fin de que éste conozca y decida sobre la legalidad de tal privación o amenaza, en los términos que lo establece este código.
aRtÍCULo 16. Límite Razonable de la Prisión Preventiva. La prisión preventiva está sometida a un límite temporal razo- nable a los fines de evitar que se convierta en una pena anti- cipada.
aRtÍCULo 17. Personalidad de la Persecución. Nadie puede ser perseguido, investigado ni sometido a medidas de coerción sino por el hecho personal. La retención de personas ajenas a la comisión de un hecho punible con miras a obtener su cola- boración o la entrega del imputado se sanciona de conformidad con las disposiciones de la ley penal.
aRtÍCULo 18. derecho de defensa. Todo imputado tiene el derecho irrenunciable a defenderse personalmente y a ser asistido por un defensor de su elección. Si no lo hace, el Estado le designa uno. El imputado puede comunicarse libre y priva- damente con su defensor desde el inicio de los actos de pro- cedimiento y siempre con anterioridad a la primera declaración sobre el hecho.
El defensor debe estar presente durante la declaración del im- putado.
El Estado tiene la obligación de proporcionar un intérprete al imputado para que le asista en todos los actos necesarios para su defensa, si éste muestra incomprensión o poco dominio del idioma español.
aRtÍCULo 19. Formulación Precisa de Cargos. Desde que se señale formalmente como posible autor o cómplice de un hecho punible, toda persona tiene el derecho de ser informada previa y detalladamente de las imputaciones o acusaciones for- muladas en su contra.
aRtÍCULo 20. derecho a indemnización. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada en caso de error judicial, conforme
a este código.
aRtÍCULo 21. derecho a Recurrir. El imputado tiene derecho
un recurso contra las sentencias condenatorias ante un juez
tribunal distinto al que emitió la decisión.
aRtÍCULo 22. Separación de Funciones. Las funciones de investigación y de persecución están separadas de la función jurisdiccional. El Juez no puede realizar actos que impliquen el ejercicio de la acción penal ni el ministerio público puede rea- lizar actos jurisdiccionales.
La policía y todo otro funcionario que actúe en tareas de inves- tigación en un procedimiento penal dependen funcionalmente del ministerio público.
aRtÍCULo 23. obligación de decidir. Los jueces no pueden abstenerse de fallar so pretexto de silencio, contradicción, defi- ciencia, oscuridad o ambigüedad en los términos de las leyes, ni demorar indebidamente una decisión.
aRtÍCULo 24. motivación de las decisiones. Los jueces están obligados a motivar en hecho y derecho sus decisiones, mediante una clara y precisa indicación de la fundamentación. La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los requerimientos de las partes o de fórmulas ge- néricas no reemplaza en ningún caso a la motivación. El incum- plimiento de esta garantía es motivo de impugnación de la de- cisión, conforme lo previsto en este código, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar.
aRtÍCULo 25. interpretación. Las normas procesales que coarten la libertad o establezcan sanciones procesales se in- terpretan restrictivamente.
La analogía y la interpretación extensiva se permiten para fa- vorecer la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos y facultades.
aRtÍCULo 26. Legalidad de la Prueba. Los elementos de prueba sólo tienen valor si son obtenidos e incorporados al proceso conforme a los principios y normas de este código. El incumplimiento de esta norma puede ser invocado en todo estado de causa y provoca la nulidad del acto y sus conse- cuencias, sin perjuicio de las sanciones previstas por la ley a los autores del hecho.
aRtÍCULo 27. derechos de la víctima. La víctima tiene de- recho a intervenir en el procedimiento penal y a ser informada de sus resultados en la forma prevista por este código.
aRtÍCULo 28. ejecución de la Pena. La ejecución de la pena se realiza bajo control judicial y el condenado puede ejercer siempre todos los derechos y facultades que le reconocen las leyes.
El Estado garantiza condiciones mínimas de habitabilidad en los centros penitenciarios y provee los medios que permiten, mediante la aplicación de un sistema progresivo de ejecución penal, la reinserción social del condenado.
tÍtULo ii aCCioneS QUe naCen de LoS heChoS PUniBLeS
CaPÍtULo i La aCCión PenaL
aRtÍCULo 29. ejercicio de la acción Penal. La acción penal es pública o privada. Cuando es pública su ejercicio corres- ponde al ministerio público, sin perjuicio de la participación que este código concede a la víctima. Cuando es privada, su ejer- cicio únicamente corresponde a la víctima.
aRtÍCULo 30. obligatoriedad de la acción Pública. El minis- terio público debe perseguir de oficio todos los hechos punibles de que tenga conocimiento, siempre que existan suficientes elementos fácticos para verificar su ocurrencia. La acción pú- blica no se puede suspender, interrumpir ni hacer cesar, sino en los casos y según lo establecido en este código y las leyes.
aRtÍCULo 31. acción Pública a instancia Privada. Cuando el ejercicio de la acción pública depende de una instancia privada el ministerio público sólo está autorizado a ejercerla con la presentación de la instancia y mientras ella se mantenga. Sin perjuicio de ello, el ministerio público debe realizar todos los
actos imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que no afecten la protección del interés de la víctima.
La instancia privada se produce con la presentación de la de- nuncia o querella por parte de la víctima.
El ministerio público la ejerce directamente cuando el hecho punible sea en perjuicio de un incapaz que no tenga represen- tación o cuando haya sido cometido por uno de los padres, el tutor o el representante legal.
Depende de instancia privada la persecución de los hechos pu- nibles siguientes:
Golpes y heridas que no causen lesión permanente;
Amenaza, salvo las proferidas contra funcionarios pú- blicos en ocasión del ejercicio de sus funciones;
Robo sin violencia y sin armas;
Trabajo pagado y no realizado;
Revelación de secretos;
ARTÍCULO 32.- (Modificado por la Ley núm. 424-06, de implementación del tratado de Libre Comercio, entre la República dominicana, Centroamérica y los estados Unidos de américa <dR-CaFta>). acción privada.
Violación de propiedad;
Difamación e injuria;
Violación de la propiedad industrial, con excepción de lo relativo a las violaciones al derecho de marcas, que podrán ser perseguibles por acción privada o por acción pública;
Violación a la Ley de Cheques.
aRtÍCULo 33. Conversión. A solicitud de la víctima, el minis- terio público puede autorizar la conversión de la acción pública en privada, si no existe un interés público gravemente compro- metido, en los siguientes casos:
Cuando se trate de un hecho punible que requiera ins- tancia privada, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 31;
Cuando se trate de un hecho punible contra la pro- piedad realizada sin violencia grave contra las per- sonas; o
Cuando el ministerio público dispone la aplicación de un criterio de oportunidad.
La conversión es posible antes de la formulación de la acu- sación, de cualquier otro requerimiento conclusivo o dentro de los diez días siguientes a la aplicación de un criterio de opor- tunidad.
Si existen varias víctimas, es necesario el consentimiento de todas.
aRtÍCULo 34. oportunidad de la acción Pública. El minis- terio público puede, mediante dictamen motivado, prescindir de la acción pública respecto de uno o varios de los hechos atri- buidos, respecto de uno o de algunos de los imputados o limi- tarse a una o algunas de las calificaciones jurídicas posibles, cuando:
Se trate de un hecho que no afecte significativamente
bien jurídico protegido o no comprometa gravemente
el interés público. Este criterio no se aplica cuando el máximo de la pena imponible sea superior a dos años de privación de libertad o cuando lo haya cometido un funcionario público en el ejercicio del cargo o en ocasión de éste;
El imputado haya sufrido, como consecuencia directa del hecho, un daño físico o psíquico grave, que torne desproporcionada la aplicación de una pena o cuando en ocasión de una infracción culposa haya sufrido un daño moral de difícil superación; y
La pena que corresponde por el hecho o calificación jurídica de cuya persecución se prescinde carece de importancia en consideración a una pena ya impuesta,
la que corresponde por los restantes hechos o califi- caciones pendientes, o a la que se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero.
La aplicación de un criterio de oportunidad para prescindir de la acción penal puede ser dispuesta en cualquier momento previo
a que se ordene la apertura de juicio.
El ministerio público debe aplicar los criterios de oportunidad
y otras facultades discrecionales en base a razones objetivas,
generales y sin discriminación. En los casos que se verifique un daño, el ministerio público debe velar porque sea razonable- mente reparado.
aRtÍCULo 35. objeción. Dentro de los tres (3) días de haber sido dictada, la víctima y el imputado puede objetar ante el juez la decisión del ministerio público que aplique o niegue un cri- terio de oportunidad, cuando no se ajuste a los requisitos le- gales o constituya una discriminación. Presentada la objeción, el juez convoca a las partes a una audiencia.
aRtÍCULo 36. efectos. La aplicación de un criterio de oportu- nidad para prescindir de la persecución penal extingue la acción pública en relación al imputado en cuyo favor se disponga. No obstante, si el criterio se fundamenta en la aplicación del nu- meral 1 del artículo 34 sus efectos se extienden a todos los imputados.
La extinción de la acción pública no impide la persecución del hecho por medio de la acción privada, siempre que se ejerza dentro del plazo de diez días contados desde la fecha de la no- tificación de la medida.
En el caso del numeral 3 del artículo 34, la acción pública se suspende hasta el pronunciamiento de una sentencia condena- toria que satisfaga las condiciones por las cuales se prescindió de la acción, momento en que la prescindencia de la acción ad- quiere todos sus efectos.
aRtÍCULo 37. Procedencia. Procede la conciliación para los hechos punibles siguientes:
Infracciones de acción privada;
Infracciones de acción pública a instancia privada;
Homicidio culposo; y
Infracciones que admiten el perdón condicional de la pena.
En las infracciones de acción pública, la conciliación procede en cualquier momento previo a que se ordene la apertura del juicio. En las infracciones de acción privada, en cualquier estado de causa.
En los casos de acción pública, el ministerio público debe des- estimar la conciliación e iniciar o continuar la acción cuando tenga fundados motivos para considerar que alguno de los in- tervinientes ha actuado bajo coacción o amenaza.
aRtÍCULo 38. mediación. Para facilitar el acuerdo de las partes, el ministerio público puede solicitar el asesoramiento y el auxilio de personas o entidades especializadas en me- diación, o sugerir a los interesados que designen una.
Los mediadores deben guardar secreto sobre lo que conozcan en las deliberaciones y discusiones de las partes. Si no se produce la conciliación, las manifestaciones de las partes deben permanecer secretas y carecen de valor probatorio.
En los casos de violencia intrafamiliar y los que afecten a los niños, niñas y adolescentes, el ministerio público sólo puede procurar la conciliación cuando lo soliciten en forma expresa la víctima o sus representantes legales.
aRtÍCULo 39. efectos. Si se produce la conciliación, se le- vanta acta, la cual tiene fuerza ejecutoria. El cumplimiento de lo acordado extingue la acción penal. Si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas, el procedimiento con- tinúa como si no se hubiera conciliado.
aRtÍCULo 40. Suspensión Condicional del Procedimiento. En los casos en que sea previsible la aplicación de la sus-
pensión condicional de la pena, el ministerio público, de oficio o
a petición de parte, puede solicitar al juez la suspensión condi- cional del procedimiento en cualquier momento previo a que se ordene la apertura de juicio.
El juez puede disponer la suspensión condicional del procedi- miento cuando el imputado ha declarado su conformidad con la suspensión, ha admitido los hechos que se le atribuyen y ha re- parado los daños causados en ocasión de la infracción, firmado un acuerdo con la víctima o prestado garantía suficiente para cumplir con esa obligación.
Si no se cumplen las condiciones establecidas en este artículo,
el juez rechaza la solicitud, pero la admisión de los hechos por
parte del imputado carece de valor probatorio y no puede ha- cerse mención de esta circunstancia en ningún momento pos- terior.
aRtÍCULo 41. Reglas. El juez, al decidir sobre la suspensión,
fija el plazo de prueba, no menor de un año ni mayor de tres,
y establece las reglas a las que queda sujeto el imputado, de entre las siguientes:
Residir en un lugar determinado o someterse a la vigi- lancia que señale el juez;
Abstenerse de visitar ciertos lugares o personas;
Abstenerse de viajar al extranjero;
Abstenerse del abuso de bebidas alcohólicas;
Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de ca- pacitación o formación indicados en la decisión;
Prestar trabajo de utilidad pública o interés comuni- tario en una institución estatal u organización sin fines de lucro, fuera de sus horarios habituales de trabajo remunerado;
Abstenerse del porte o tenencia de armas; y
Abstenerse de conducir vehículos de motor fuera del trabajo, en los casos en que el hecho que se atribuye se relacione con una violación a las reglas relativas al tránsito de vehículos.
Para fijar las reglas, el juez puede disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. En ningún caso el juez puede imponer medidas más gravosas que las solicitadas por el ministerio público.
La decisión sobre la suspensión del procedimiento es pronun- ciada en audiencia y en presencia del imputado con expresa advertencia sobre las reglas de conducta y las consecuencias de su inobservancia.
La decisión de suspensión del procedimiento no es apelable, salvo que el imputado considere que las reglas fijadas son in- constitucionales, resulten manifiestamente excesivas o el juez haya excedido sus facultades.
aRtÍCULo 42. Revocación. Si en forma considerable e injus- tificada, el imputado se aparta de las condiciones impuestas, comete una nueva infracción o incumple con los acuerdos sobre la reparación, el juez, a solicitud del ministerio público, puede ordenar en audiencia, mediante decisión motivada, la revocación de la suspensión condicional y la reanudación del procedimiento.
aRtÍCULo 43. Suspensión del Plazo de Prueba. El plazo de prueba se suspende mientras el imputado se encuentre privado de su libertad en razón de otro procedimiento.
Cuando, sin ser privado de su libertad, el imputado está sujeto a otro procedimiento, el plazo sigue corriendo, pero se sus- pende la declaración de extinción de la acción penal hasta que se dicte la resolución que lo sobresee, absuelve o extingue la acción penal a su respecto en el otro procedimiento.
aRtÍCULo 44. Causas de extinción. La acción penal se ex- tingue por:
Muerte del imputado;
Amnistía;
Abandono de la acusación, en las infracciones de acción privada;
Revocación o desistimiento de la instancia privada, cuando la acción pública depende de aquella;
Aplicación del criterio de oportunidad, en la forma pre- vista por este código;
Vencimiento del plazo de suspensión condicional del procedimiento penal, sin que haya mediado revo- cación;
Muerte de la víctima en los casos de acción privada, salvo que la ya iniciada por ésta sea continuada por sus herederos, conforme lo previsto en este código;
9) Resarcimiento integral del daño particular o social provocado, realizada antes del juicio, en infracciones contra la propiedad sin grave violencia sobre las per- sonas, en infracciones culposas y en las contraven- ciones, siempre que la víctima o el ministerio público lo admitan, según el caso;
Vencimiento del plazo máximo de duración del proce- dimiento preparatorio sin que se haya formulado acu- sación u otro requerimiento conclusivo;
Pago del máximo previsto para la pena de multa, en el caso de infracciones sancionadas sólo con esa clase de penas.
aRtÍCULo 45. Prescripción. La acción penal prescribe:
Al vencimiento de un plazo igual al máximo de la pena, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad, sin que en ningún caso este plazo pueda ex- ceder de diez años ni ser inferior a tres.
Al vencimiento del plazo de un año cuando se trate de infracciones sancionadas con penas no privativas de libertad o penas de arresto.
aRtÍCULo 46. Cómputo de la Prescripción. Los plazos de prescripción se rigen por la pena principal prevista en la ley y comienzan a correr, para las infracciones consumadas, desde el día de la consumación; para las tentativas, desde el día en que se efectuó el último acto de ejecución y, para las infrac- ciones continuas o de efectos permanentes, desde el día en que cesó su continuación o permanencia.
La prescripción corre, se suspende o se interrumpe, en forma individual para cada uno de los sujetos que intervinieron en la infracción. En caso de persecución conjunta de varias infrac- ciones, las acciones penales respectivas que de ellas resultan prescriben separadamente en el término señalado para cada una.
aRtÍCULo 47. interrupción. La prescripción se interrumpe por:
La presentación de la acusación;
El pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revo- cable;
La rebeldía del imputado.
Provocada la interrupción, el plazo comienza a correr desde su inicio.
aRtÍCULo 48. Suspensión. El cómputo de la prescripción se suspende:
Cuando en virtud de una disposición constitucional o legal la acción penal no puede ser promovida ni pro- seguida. Esta disposición no rige cuando el hecho no puede perseguirse por falta de la instancia privada;
En las infracciones cometidas por funcionarios pú- blicos en el ejercicio del cargo o en ocasión de él, mientras sigan desempeñando la función pública y no se les haya iniciado el proceso;
En las infracciones que constituyen atentados contra la Constitución y la libertad o relativas al sistema constitucional, cuando se rompa el orden institucional, hasta su restablecimiento;
Mientras dure en el extranjero el trámite de extra- dición.
Cuando se haya suspendido el ejercicio de la acción penal en virtud de un criterio de oportunidad, o cuando se haya dictado la suspensión condicional del proce- dimiento y mientras dure la suspensión.
Terminada la causa de la suspensión, el plazo de la prescripción continúa su curso.
aRtÍCULo 49. Genocidio, Crímenes de Guerra y Crímenes contra la humanidad. El genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles. A estos efectos y a los del artículo 56, se consideran como tales aquellos contenidos en los tratados internacionales, sin importar la califi- cación jurídica que se les atribuya en las leyes nacionales.
aRtÍCULo 50. ejercicio. La acción civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados o para la restitución del objeto materia del hecho punible puede ser ejercida por todos aquellos que han sufrido por consecuencia de este daño, sus herederos y sus legatarios, contra el imputado y el civilmente responsable.
La acción civil puede ejercerse conjuntamente con la acción penal conforme a las reglas establecidas por este código, o intentarse separadamente ante los tribunales civiles, en cuyo caso se suspende su ejercicio hasta la conclusión del proceso penal. Cuando ya se ha iniciado ante los tribunales civiles, no se puede intentar la acción civil de manera accesoria por ante la jurisdicción penal. Sin embargo, la acción civil ejercida acce-
soriamente ante la jurisdicción penal puede ser desistida para ser reiniciada ante la jurisdicción civil.
aRtÍCULo 51. intereses Colectivos o difusos. La acción civil puede ser ejercida por el ministerio público o por una or- ganización no gubernamental especializada cuando se trate de infracciones que afecten intereses colectivos o difusos.
El juez o tribunal pueden encomendar a la organización no gu-
bernamental que ha promovido la acción para que ésta vigile el correcto cumplimiento de la reparación, cuando corresponda.
En los casos que como consecuencia de una acción civil pro-
movida en representación de intereses colectivos o difusos, el juez o tribunal pronuncie condenaciones en daños y perjuicios,
el monto de la indemnización es destinado a un fondo general
de reparaciones a las víctimas, administrado por el Procurador General de la República, quien vela por su manejo y reglamenta
la forma en que estas indemnizaciones satisfacen los intereses
aRtÍCULo 52. delegación. La acción civil puede ser ejercida por una organización no gubernamental, cuyos objetivos se vinculen directamente con los intereses de la víctima, cuando el titular de la acción:
Carezca de recursos y le delegue su ejercicio;
Sea incapaz de hacer valer sus derechos y no tenga quien lo represente, sin perjuicio de la intervención que haga el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando corresponda.
aRtÍCULo 53. Carácter accesorio. La acción civil accesoria
a la acción penal sólo puede ser ejercida mientras esté pen- diente la persecución penal.
En caso de suspensión del procedimiento penal el ejercicio de la acción civil se suspende hasta que la persecución penal con- tinúe, sin perjuicio del derecho de interponer la acción ante los tribunales civiles competentes en caso de extinción de la acción penal por estas causas.
La sentencia absolutoria no impide al juez pronunciarse sobre la acción civil resarcitoria válidamente ejercida, cuando proceda.
CaPÍtULo iii eXCePCioneS
aRtÍCULo 54. motivos. El ministerio público y las partes pueden oponerse a la prosecución de la acción por cualquiera de los siguientes motivos:
Falta de acción porque no fue legalmente promovida o porque existe un impedimento legal para proseguirla;
Extinción de la acción penal;
Si concurren dos o más excepciones deben plantearse conjun- tamente.
El juez o tribunal competente, puede asumir, aún de oficio, la solución de cualquiera de ellas, sin perjuicio de que el minis- terio público, de oficio o a solicitud de parte, dicte el archivo du- rante el procedimiento preparatorio.
aRtÍCULo 55. efectos. Cuando se declara la incompetencia se procede según este código. En los demás casos las actua- ciones se archivan, sin perjuicio de que en los casos de falta de acción se pueda proseguir en razón de otros intervinientes.
LiBRo ii La JURiSdiCCión PenaL y LoS SUJetoS PRoCeSaLeS
tÍtULo i La JURiSdiCCión PenaL
CaPÍtULo i JURiSdiCCión y ComPetenCia
aRtÍCULo 56. Jurisdicción. La jurisdicción penal es ejercida por los jueces y tribunales que establece este código, y se ex- tiende sobre los dominicanos y sobre los extranjeros para los

References: artículo 1

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aRtÍCULo 1

aRtÍCULo 2

aRtÍCULo 3

aRtÍCULo 4

aRtÍCULo 5

aRtÍCULo 6

aRtÍCULo 7
 Artículo 6
 Artículo 10

aRtÍCULo 8

aRtÍCULo 9

aRtÍCULo 10

aRtÍCULo 11

aRtÍCULo 12

aRtÍCULo 13

aRtÍCULo 14

aRtÍCULo 15

aRtÍCULo 16

aRtÍCULo 17

aRtÍCULo 18

aRtÍCULo 19

aRtÍCULo 20

aRtÍCULo 21

aRtÍCULo 22

aRtÍCULo 23

aRtÍCULo 24

aRtÍCULo 25

aRtÍCULo 26
 artículo 23

aRtÍCULo 27

aRtÍCULo 28

aRtÍCULo 29
 artículo 55

aRtÍCULo 30

aRtÍCULo 31

aRtÍCULo 32

aRtÍCULo 33

aRtÍCULo 34

aRtÍCULo 35

aRtÍCULo 36

aRtÍCULo 37
 artículo 55
 artículo 110
 artículo 8
 Artículo 8

aRtÍCULo 38

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aRtÍCULo 40

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aRtÍCULo 44

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aRtÍCULo 49

aRtÍCULo 50

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aRtÍCULo 53
 artículo 60

aRtÍCULo 54

aRtÍCULo 55
 artículo 37
 artículo 8
 artículo 110

aRtÍCULo 56

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aRtÍCULo 58

aRtÍCULo 59

aRtÍCULo 60

aRtÍCULo 61

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aRtÍCULo 63
 artículo 67

aRtÍCULo 64

aRtÍCULo 65

aRtÍCULo 66

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aRtÍCULo 70

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aRtÍCULo 104

aRtÍCULo 105
 artículo 23

aRtÍCULo 106

aRtÍCULo 107

aRtÍCULo 108
 artículo 18

aRtÍCULo 109

aRtÍCULo 110

aRtÍCULo 111

aRtÍCULo 112

aRtÍCULo 113

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aRtÍCULo 115
 Artículo 55

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aRtÍCULo 117

aRtÍCULo 118

aRtÍCULo 119

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 resolución 

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aRtÍCULo 30

aRtÍCULo 31

ARTÍCULO 32

aRtÍCULo 33
 artículo 31

aRtÍCULo 34

aRtÍCULo 35

aRtÍCULo 36
 artículo 34
 artículo 34

aRtÍCULo 37

aRtÍCULo 38

aRtÍCULo 39

aRtÍCULo 40

aRtÍCULo 41
in fine

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aRtÍCULo 43
 resolución 

aRtÍCULo 44

aRtÍCULo 45

aRtÍCULo 46

aRtÍCULo 47

aRtÍCULo 48

aRtÍCULo 49
 artículo 56

aRtÍCULo 50

aRtÍCULo 51

aRtÍCULo 52

aRtÍCULo 53

aRtÍCULo 54

aRtÍCULo 55

aRtÍCULo 56