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Timestamp: 2019-05-26 03:37:17+00:00

Document:
Se excluye a un terrorista sirio de la condición de refugiado. | Blog de Borja Fdez. Burgueño
AUTO DEL TS DE 6 DE OCTUBRE de 2016 (ROJ: ATS 9666/2016)
Solicitante sirio incurso en la causa de exclusión/denegación del estatuto de refugiado del 9.b) y del 12.b) de la Ley 12/2009, al haber sido objeto de una condena firme por un delito particularmente grave, como es la implicación en actividades de carácter terrorista derivadas de su pertenencia a la ramificación de Al Qaeda en España, constituyendo una amenaza para la comunidad y para la seguridad nacional.
El TS ratifica la aplicación realizada por la AN en la Sentencia recurrida n. 1/2016 de 21 de diciembre de 2015 (roj: SAN 4664/2015). En dicha Sentencia, la AN confirmó los principios jurisprudenciales de la STS de 30 de junio de 2011 aplicables en la determinación de las causas de exclusión: (a.) aplicación ponderada y rigurosa, (b.) naturaleza restrictiva, (c.) necesidad de la concurrencia de motivos fundados objetivos y contrastados de la comisión del delito (no meras conjeturas), (d.) inexigibilidad de condena penal firme y (e.) aplicación a autores directos, cómplices, inductores y cooperadores.
“En sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2011, se expone: …. Ciertamente, la aplicación de las causas de exclusión de la protección del asilo que la misma Convención de Ginebra contempla deben ser objeto de una aplicación ponderada y rigurosa, como corresponde a su naturaleza de normas restrictivas o limitativas de derechos. Por eso, el artículo 1.f) legitima la aplicación de la cláusula de exclusión sólo cuando hay “motivos fundados” -esto es, dotados de suficiente solidez, y no basados en meras suspicacias o conjeturas- para considerar que el solicitante de asilo ha cometido alguno de esos delitos. Ahora bien, conviene reparar en que el tan citado artículo 1,f) no se refiere sola y únicamente a las personas formalmente imputadas o condenadas por la comisión de esos delitos, sino a las personas respecto de las cuales existen “motivos fundados para considerar” que los han cometido, de manera que el dato relevante no es la constatación documental de la existencia de una imputación formal por un Tribunal penal, o de una sentencia condenatoria por la comisión del delito, sino la apreciación de la existencia de datos objetivos y suficientemente contrastados que permitan concluir con la necesaria fuerza de convicción que el solicitante de asilo haya participado en esas conductas delictivas, haya sido o no formalmente procesado o condenado por ello. Por otra parte, resulta evidente que dentro del ámbito de aplicación de esta cláusula se incluye no sólo a los autores directos e inmediatos de esas conductas, sino también a los cómplices, dado que tanto unos como otros son al fin y al cabo responsables del delito; y dentro de los autores no sólo se incluye a los autores directos, sino también, con igual evidencia, a los inductores y a los cooperadores necesarios”
OBSERVACIONES: Como producto de una deficiente técnica legislativa en España y en Europa, la excepción del principio de no devolución del artículo 33.2 de la Convención de Ginebra ha sido trasformada en la figura de las causas de denegación por conductas delictivas que, en la práctica, constituyen una ampliación indebida del artículo 1F de la Convención de Ginebra. En el presente caso, la AN aplicó dichas causas de denegación de los artículos 9.b (asilo) y del 12.b (protección subsidiaria) de la Ley 12/2009. No obstante, no era necesario acudir a dichas figuras controvertidas, pudiendo aplicar las causas de exclusión del 1F (art. 8.2 de la ley de asilo) sin la necesidad de desdibujar la protección emanante de la Convención de Ginebra, ya sea por aplicación del apartado 1Fb (art. 8.2.b de la Ley de Asilo) si se hubiese probado la comisión (incluida la participación y colaboración) de un delito grave en Siria o en Irak en el marco de su relación con los Hermanos Musulmanes o por aplicación del apartado 1Fc (art. 8.2.c de la Ley de Asilo) por haber cometido actos terroristas en España con Al Qaeda[1]. Dicho lo cual, no es ocioso señalar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asuntos acumulados C-57/09 y C-101/09) ha matizado que el hecho de pertenecer a una organización terrorista no determina la exclusión automática de la condición de refugiado, sino que se necesita la comisión de un delito, como ocurre en el presente caso.
En relación con la aplicación del principio de no devolución, el TS también confirmó el análisis de la AN, por el que considera que, en el presente caso, la aplicación del principio de no devolución queda extramuros del procedimiento de asilo, alegando que:
“En este sentido, la Sala debe efectuar dos precisiones que aconsejan denegar la solicitud formulada: 1.- el acto impugnado no acuerda de forma expresa la devolución a Siria, sino que se limita a establecer la obligación de abandonar España, siendo un acto voluntario del propio recurrente; 2.- la orden de expulsión es objeto, o puede serlo, de un procedimiento judicial distinto al que nos ocupa y es competente también tribunal distinto. Procedimiento y tribunal ante el que podrá articularse la petición que aquí se pretende. Entendemos, en definitiva, que la salida y lugar de destino no se incardina en el ámbito del presente procedimiento.”
OBSERVACIONES: Si bien resulta acuerdo el resultado de la decisión, consideramos que la ratio decidendi está mal enfocada. El principio de no devolución no puede quedar desligado en términos genéricos del procedimiento de asilo, ya que el núcleo de la protección internacional que ofrece el Estatuto de los Refugiados radica en la salvaguarda del principio de non-refoulement recogido en el artículo 33 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados. Dicho artículo prohíbe en su apartado primero “poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”. No obstante, el apartado segundo, dispone que “no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra, o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país”. Por tanto, la AN y el TS tenían que haber señalado que la inaplicación del principio de non-refoulement se incardina en la excepción del artículo 33.2 de la Convención de Ginebra y no en consideraciones genéricas abstractas contrarias al derecho internacional de los refugiados. No obstante lo anterior, nada impide que el principio de non-refoulement se haga efectivo a través de otros instrumentos de derechos humanos como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de la UE de Derechos Fundamentales o la Convención Contra la Tortura.
ACUERDO: NO HA LUGAR.
[1] De acuerdo con numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad, en especial, la Resolución 1377, los actos de terrorismo se consideran contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas, con lo cual se encuentran recogidos tanto en el apartado b) como en el c) del artículo 1F de la Convención de Ginebra.
Esta entrada fue publicada en julio 26, 2017 por Borja Fernández Burgueño en Derecho de los Refugiados y etiquetada con refugiado, Siria, terrorismo, terrorista.
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References: artículo 1
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 artículo 33
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 Resolución 
 artículo 1