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Timestamp: 2019-08-21 21:07:32+00:00

Document:
Corte interamericana de derechos humanos - Página 28
Manuel E. Ventura Robles Alberto Pérez Pérez
Eduardo Vio Grossi Roberto F. Caldas
* El caso fue tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como durante el procedimiento del caso contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el título “Marino López y otros (Operación Génesis) Vs. Colombia”. Por decisión de la Corte, la presente Sentencia se emite con el nombre Caso de las Comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia.
** De conformidad con el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte Interamericana aplicable al presente caso, que establece que “[e]n los casos a que hace referencia el artículo 44 de la Convención, los Jueces no podrán participar en su conocimiento y deliberación, cuando sean nacionales del Estado demandado”, el Juez Humberto Antonio Sierra Porto, de nacionalidad colombiana, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de esta Sentencia.
1 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe de admisibilidad 86/06, Petición 499-04, Admisibilidad, Marino López y otros (Operación Génesis) Vs. Colombia, 21 de octubre de 2006.
2 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe de fondo 64/11, Petición 499-04, Fondo, Marino López y otros (Operación Génesis) Vs. Colombia, 31 de marzo de 2011.
3 Los representantes enviaron el escrito de solicitudes y argumentos vía correo electrónico. Mediante comunicación de 29 de febrero de 2012, los representantes remitieron a la Corte el escrito original y algunos anexos del mismo. Posteriormente, mediante comunicación de 19 de marzo de 2012, ante una solicitud de aclaración enviada por la Secretaría, los representantes incluyeron los anexos faltantes al escrito de solicitudes y argumentos, así como las aclaraciones pertinentes.
4 Las excepciones preliminares interpuestas por el Estado son “falta de competencia” ratione personae, incumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 35.1.c para sometimiento del caso por parte de la Comisión e incumplimiento de los requisitos reglamentarios del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.
5 En su escrito de contestación de 7 de junio de 2012, nombraron a Luz Marina Gil y Jorge Alberto Giraldo Rivera como Agente y al señor José Emilio Lemus Mesa como asesor, por nota de la Secretaría de 06 de julio de 2012 se informó de la referida designación entendiendo la Corte que el señor Assad José Jater Peña no fungía más como agente del Estado. Finalmente, mediante comunicación de 29 de enero de 2013, recibida ese mismo día en la Secretaría de la Corte se designó como único agente del Estado al señor Rafael Nieto Loaiza. Mediante comunicación de 8 de febrero de 2013, el Estado informó que la señora Luz Marina Gil García ya no formaría parte de su delegación durante la audiencia pública.
6 Cfr. Caso Marino López Mena y otros (Operación Génesis) Vs. Colombia, Resolución del Presidente de la Corte de 19 de diciembre de 2012.
7 A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: José Jesús Orozco, Comisionado y Presidente de la Comisión, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Silvia Serrano y Jorge Meza, abogados de la Secretaría Ejecutiva; b) por los representantes de las presuntas víctimas: Liliana Andrea Ávila, Iván Danilo Rueda y Abilio Peña Buendía, todos de la organización Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y c) por el Estado de Colombia: Rafael Nieto Loaiza, Agente; Hernando Herrera Vergara, Embajador de Colombia en Costa Rica; Yolanda Gómez Restrepo, Directora de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; Adriana Guillén Arango, Directora General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y José Lemus, asesor.
8 Compuesta por Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (“CCAJAR”), el Grupo Interdisciplinario para los Derechos Humanos (“GIDH”), la Corporación Jurídica Libertad (“CJL”), la Corporación Jurídica Yira Castro (“CJYC”), la Corporación Reiniciar, la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, Humanidad Vigente Corporación Jurídica (“HVCJ”), organizaciones integrantes de la Mesa de trabajo sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Comisión Colombiana de Juristas (“CCJ”), la Consultoría para el Desplazamiento Forzado Codhes, y el señor Carlos Rodríguez Mejía.
9 Dicho escrito había sido recibido el 27 de febrero de 2013 en idioma inglés.
10 El Estado remitió a la Secretaría de la Corte el escrito de alegatos finales el día 13 de marzo de 2013 sin sus anexos, los cuales fueron recibidos 26 días después de vencido el plazo fijado para la presentación del escrito
11 Los representantes presentaron, tres días después de vencido el plazo otorgado al efecto, sus observaciones respecto de la documentación remitida por el Estado los días 21, 22 y 25 de marzo de 2013, que conforma parte de la documentación requerida como prueba para mejor resolver.
12 Cfr. Asunto Ávila Moreno y otros (Caso Operación Génesis). Solicitud de medidas provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de 30 de mayo de 2013.
13 El Estado señaló los siguientes recursos judiciales: tutelas, habeas corpus, acciones de grupo, acción contenciosa administrativa, acción disciplinaria y acciones penales en curso.
14 Los avances procesales realizados en sede interna, a saber: a) los radicados 2332, 0426 y 1042 a cargo de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad de investigar los delitos de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo, desplazamiento forzado y concierto para delinquir, identificando como víctimas a Marino López Mena, las comunidades desplazadas de las cuencas del rio Cacaria y Sutatá; b) Las confesiones obtenidas en el marco de la Ley de justicia y paz, que han derivado en la confesión de cuatro postulados sobre los hechos que condujeron a la muerte de Marino López Mena, y c) El proceso investigativo a cargo de la Fiscalía General de la Nación, para determinar los consejos comunitarios o comunidades que forman parte de la cuenca del rio Cacarica, y así obtener la plena individualización e identificación de las víctimas.
15 La Comisión señaló en particular que existen diversos aspectos que evidencian la falta de debida diligencia del Estado en la investigación de los hechos del caso, tales como la inseguridad sufrida desde el inicio de los procesos por “uno de los declarantes y los operadores de justicia involucrados que, a pesar de ser conocida por el Estado, no se tradujo en medidas específicas de protección con la finalidad de asegurar su participación en la investigación”. La Comisión agregó que las presuntas “víctimas del caso continúan siendo objeto de ataques y agresiones que sumados a la situación de precariedad en que se encuentran impiden el acceso a la justicia y generan un efecto inhibidor a participar en los procesos”. En cuanto a los factores de impunidad observó que “las presiones sufridas por funcionarios de la Unidad de Derechos Humanos en las etapas iniciales de la investigación y los procesos disciplinarios que fueron abiertos en su contra, los cuales, unidos a un contexto [de] amenazas, llevaron a la [Comisión] a otorgar medidas cautelares ante [el] riesgo al que fueron sometidos […]”.
16 La controversia persiste respecto de los artículos 1.1, 4, 5, 8, 11, 17, 19, 21, 22 y 25 de la Convención americana y los artículos de 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
17 Los artículos 62 y 64 del Reglamento de la Corte establecen: Artículo 62. “Reconocimiento: Si el demandado comunicare a la Corte su aceptación de los hechos o su allanamiento total o parcial a las pretensiones que constan en el sometimiento del caso o en el escrito de las presuntas víctimas o sus representantes, la Corte, oído el parecer de los demás intervinientes en el proceso, resolverá, en el momento procesal oportuno, sobre su procedencia y sus efectos jurídicos”. Artículo 64. “Prosecución del examen del caso: La Corte, teniendo en cuenta las responsabilidades que le incumben de proteger los derechos humanos, podrá decidir que prosiga el examen del caso, aun en presencia de los supuestos señalados en los artículos precedentes”.
18Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 24, y Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 noviembre de 2012 Serie C No. 258, párr. 16.
19 Cfr. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 17, Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 16.
20 La Comisión agregó que durante la etapa de admisibilidad, había establecido como víctimas del caso a los “miembros de 22 comunidades afrodescendientes que habita[n] en las márgenes del rio Cacarica”. Asimismo señaló que en la etapa de fondo, una vez que los peticionarios delimitaron con mayor precisión a las presuntas víctimas del caso, pudo identificar a 446 miembros de las comunidades del Cacarica asociadas en CAVIDA y las mujeres cabezas de familia que habitan en Turbo, indicando que algunas de estas personas figuran en el Registro Único de Población Desplazada establecido por ministerio de la Ley 387 de 1997.
21 Cfr. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de febrero de 2000. Serie C No. 67, párr. 34, y Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013 Serie C No. 260, párr. 25.
22 Cfr. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 39, y Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 25.
23 Cfr. Caso Marino López Mena y otros (Operación Génesis) Vs. Colombia, Resolución del Presidente de la Corte de 19 de diciembre de 2012Operación Génesis, Considerandos 37 a 39.
24 En esa lista no figura Marino López ni sus familiares, tampoco se detalla de manera diferenciada quiénes son las mujeres cabeza de familia.
25 Cfr. Listado de Víctimas de desplazamiento forzado. Operación Génesis (expediente de prueba, folios 7943 a 7969). Dicho listad fue mediante nuevamente modificado por la Comisión mediante escrito de 13 de septiembre de 2011.
26 En ese nuevo listado se presentó una lista con 65 personas adicionales, y se excluyeron de la lista 6 personas no fueron desplazadas y 3 que estarían repetidas. Del análisis de esa segunda lista surge que de las 65 personas que se estaría agregando, 13 ya se encontraban en la lista que estaba en el Informe de fondo. Por otro lado, mientras varias personas son agregadas en la segunda lista, las mismas no figuran en la lista de 65 personas adicionales presentadas por los representantes. Por tanto, no le queda claro a la Corte el número exacto de personas que son agregadas en la segunda lista ni los motivos por los cuales se modifica lo indicado en la primera lista del Informe de fondo. Del mismo modo, en esa lista aparecen 5 familiares de Marino López. Por último, es relevante señalar que el nombre de Marino López no figura en esa lista.
27 En esa misma comunicación, la Comisión indicó que los representantes habían aclarado que a) existían nombres de presuntas víctimas que "se repiten"; b) existirían personas que "no fueron víctimas del desplazamiento causado por el asesinato de Marino López o las acciones militares" en la Operación Génesis, por lo que "deberían ser excluidas", y c) algunas presuntas víctimas no aparecen en el listado puesto que habrían estado fuera de las zonas humanitarias y de biodiversidad al momento de realizar la lista. Del mismo modo, la Comisión recordó que el caso reviste complejidades particulares en virtud del contexto de conflicto armado interno en el que se dieron los hechos, el desplazamiento interno, y las consecuencias de estos. Por tanto, solicitó que se tome en consideración que, en casos como el presente, es difícil obtener información precisa que permita individualizar a todas las víctimas de las violaciones y aplique un entendimiento amplio en la definición de las víctimas. Por tanto, la Comisión solicitó a la Corte que en relación con las personas incluidas por los representantes de las víctimas en el citado escrito, tome en cuenta el principio de excepcionalidad reconocido en el artículo 35.2 del Reglamento de la Corte.
28 En ese nuevo listado se agregaron 79 personas que había sido desplazadas pero que no figUrabán en la lista del Informe de fondo. Del mismo modo se agregaron 14 familiares de Marino López. Además se indicó que 26 personas estaban repetidas, 7 no tienen contacto con los representantes y 12 personas “no fueron desplazadas por la Operación Génesis”. Sin mengua de esas precisiones, la Corte constata que los guarismos presentados por la Comisión no son consistentes con los cambios anunciados en el mismo escrito. Por último, cabe señalar que el nombre de Marino López no figura tampoco en esta tercera lista.
29 Los representantes señalaron que: a) 26 personas estaban repetidas en el Anexo I del Informe de fondo; b) 7 personas que son mencionadas en el Informe de fondo no tienen contacto con los representantes, y c) 16 personas mencionadas en el Informe de fondo no fueron desplazadas.
30 Los representantes se refirieron a 13 familiares de Marino López. Del mismo modo, Marino López no aparece en la lista de 531 presentada por los representantes.
31 Por otro lado, en el escrito de solicitudes, los representantes señalaron que la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz conoció el censo elaborado por la Red de Solidaridad Social (RSS) entre los años 1998 y 1999 en el que aparecen 425 personas. Los representantes indicaron que a esa cifra había que agregar a las siguientes personas: a) 22 personas que tienen “vínculos familiares con las demás personas relacionadas en el censo de la RSS, que no eran cabezas de familia, pero que si fueron víctimas y cuyos datos se logra[n] en la confrontación de los registros civiles de nacimiento”; b) 10 personas que “no habían nacido a la fecha de realización del censo de la RSS, pero nacieron luego en condición de su núcleo familiar en desplazamiento”; c) 47 personas aparecen en el censo realizado por la Red de Solidaridad Social y la Caja Agraria en el marco del programa “Vivir Mejor” de vivienda rural; d) 3 personas que hacen aparte de una misma familia se reubicaron temporalmente en Bogotá, ya que la cabeza de familia declaró en 1997 ante la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría y ante el riesgo permanecieron en esta ciudad hasta hace muy poco. Sus declaraciones, sin que exista actuación alguna de esclarecimiento, se extraviaron desde hace 16 años, y e) 24 personas que se encontraban desplazadas en otros lugares de la geografía nacional en el momento de elaboración del censo. De ese modo concluyeron indicando que “no hay duda que las 531 víctimas representadas por la Comisión de Justicia y Paz ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, habían sido plenamente identificadas por entes del Estado al momento del desplazamiento forzado y con posterioridad a este”.
32 Los representantes añadieron que “varias personas fueron incluidas y es una misión que [han] reconocido a lo largo del expediente pero que no por eso anula [el] listado de víctimas presentado en [el] escrito de solicitudes, argumentos y pruebas”.
33 Cfr. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 98, y Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 34.
34 Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012 Serie C No. 250, párr. 34, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C No. 252, párr. 54.
35 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 51, y Caso García Lucero y Otras Vs. Chile, Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones, Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 267, párr. 45.
36 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas, párr. 76, y Caso García Lucero y Otras Vs. Chile, párr. 46.
37 A saber, por: 1) Jerónimo Pérez Argumedo; 2) Marco Fidel Velázquez Ulloa; 3) Alicia Mosquera Hurtado; 4) Jhon Jairo Mena Palacios; 5) Ángel Nelis Palacio Quinto; 6) Lucelis Bautista Pérez; 7) Eliodo Sanchez Mosquera; 8) Ernestina Valencia Teheran; 9) Elvia Hinestroza Roa; 10) Etilbia del Carmen Paez Sierra; 11) Mirna Luz Cuadrado; 12) Francisco Frenio Fernandez Padilla; 13) Leopoldina Ulloa, y 14) Henry Angulo Martínez, y por los peritos, a saber: 1) Elizabeth Salmón; 2) Sebastián Albuja; 3) Albert Galinsoga; 4) Hernando Gómez; 5) Gloria Amparo Sánchez; 6) Gimena Sánchez-Garzoli; 7) Juan Pablo Franco, y 8) María Paulina Leguizamón Zarate.
38 A saber, la declaración de dos presuntas víctimas, Bernardo Vivas Mosquera y Sofía Roa Ramírez; de tres peritos, Javier Ciurlizza, Jesús Alfonso Flórez López y Luis Emilio Cardozo Santamaría; así como del declarante a título informativo Miguel Samper Strouss y del testigo Germán David Castro Díaz, ambos propuestos por el Estado
39 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 140, y Caso García Lucero y Otras Vs. Chile, párr. 47.
40 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, párr. 146, y Caso García Lucero y Otras Vs. Chile, párr. 48.
41 Cfr. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 26, y Caso García Lucero y Otras Vs. Chile, párr. 49.
42 Cfr. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 93, y Caso Mendoza y otros Vs. Argentina, párr. 56.
43 Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 72, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 37.
44 La resolución emitida se refiere a la sentencia a través de la cual el General Rito Alejo del Rio fue declarado penalmente responsable por el homicidio de Marino López Mena. Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, radicación 2009-063, Procesado Rito Alejo del Río, sentencia de 23 de agosto de 2012.
45 Al respecto el Estado señaló que “la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Octavo del Circuito Especializado de Bogotá, el 23 de agosto de 2012, es un documento informativo útil para conocer de los avances y desarrollos de un proceso penal, relacionado con los hechos litigiosos del caso López y otros-Operación Génesis vs. Colombia” y solicitó a la. Corte “que la decisión judicial en mención sea admitida en el expediente internacional y en consecuencia, sea valorada de acuerdo con criterios de sana crítica y en conjunto con el resto de pruebas documentales aportadas oportunamente por las partes al proceso internacional”.
46 Cfr. Caso Barbani Duarte y Otros Vs. Uruguay. Fondo Reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234, párr. 22, y Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012. Serie C No. 253, párr. 40.
47 Esos documentos son: a) el documento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz con fecha 27 de septiembre de 2012, y b) el acta N°001 de la Asamblea General Extraordinaria del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la Cuenca del Cacarica con fecha de 17 de septiembre de 1999.
48 Dos cartas de 10 y 25 de septiembre de 2012 de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz dirigidas a la al Ministerio del Interior y Presidencia de la república de Colombia respectivamente.
49 El mismo criterio es aplicable a una información remitida mediante escrito de 25 de octubre de 2012, mediante el cual los representantes de las presuntas víctimas “informaron” que un miembro de la organización CAVIDA recibió “una amenaza directa por un integrante de las estructuras paramilitares de Turbo” y que integrantes de la Comisión de Justicia y Paz en Bogotá “han sido objeto de extraños seguimientos”.
50 Indicó en particular que a) estas debieron ser individualizadas y definidos sus objetos en el momento en que los Representantes presentaron el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas y no lo fueron; b) tampoco fueron incluidas en la lista definitiva presentada a la Corte por los Representantes; c) no ha habido Justificación de fuerza mayor o impedimento grave que hubiese impedido su presentación en el momento procesal oportuno, y d) el Estado no pudo formular preguntas a los declarantes ni presentar observaciones a las declaraciones.
51 Los documentos presentados por los representantes denominadas “Certificación integrantes Consejo Mayor” y “Certificación Personero Río Sucio”
52 Documentos: a) Censo personería Río Sucio; b) Censo programa para vivir mejor, y c) Censo Red de Solidaridad Social.
53 Esos documentos son: a) informe de la Fiscalía General de la Nación, sobre las versiones libres presentadas por desmovilizados de la FARC, que hicieron parte del Bloque José María Córdoba; b) Copia de la diligencia de declaración que rinde J.E.V.R. Romaña el día 3 de marzo de 2007 ante la Fiscalía 21 Especializada adscrita a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario; c) Copia de la diligencia de declaración juramentada que rinde J.E.V.R. Rornaña el día 05 de noviembre de 2008 ante la Fiscalía 14 Especializada adscrita a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario de Bogotá D.C; d) Copia de la diligencia de inspección judicial realizada al lugar en donde fuera asesinado el señor Marino López realizada el 11 de abril de 2007 por la Fiscalía 21 Especializada adscrita a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario; e) Copia de la diligencia de declaración que rinde el señor V.C. el día 11 de abril de 2007 ante la Fiscalía 21 Especializada adscrita a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario; f) Copia de la diligencia de declaración que rinde el señor Luis Aristarco Hinestrosa el día 13 de abril de 2007 ante la Fiscalía 21 Especializada adscrita a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derechos internacional Humanitario; g) Copia de la diligencia de ampliación de declaración que rinde el señor J.A.Q. Aristarco el día 03 de marzo de 2007 ante la Fiscalía 21 Especializada adscrita a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario; h) Copia de la diligencia de declaración juramentada que rinde el señor Adan Quinto Aristarco el día 4 de noviembre de 2008 ante la Fiscalía 14 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario de Bogotá D.C; i) Copia de la diligencia de testimonio que rinde el señor Fredy Rendón Herrera el día 7 de noviembre de 2007 ante la Fiscalía 14 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario de Bogotá D.C; j) Copia de la diligencia de testimonio que rinde el señor Fredy Rendón Herrera el día 8 de octubre de 2008 ante la Fiscalía Delegada ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario de Medellín Antioquia; k) Copia de la indagatoria que rinde el señor Luis Muentes Mendoza el día 29 de agosto de 2008 ante la Fiscalía 14 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario, y l) Copia de la indagatoria que rinde el señor Diego Luis Hinestrosa Moreno el día 29 de agosto de 2008 ante la Fiscalía 14 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario.
54 Esos documentos son: a) inconsistencias presentadas en el listado definitivo aportado en el ESAP; b) Cruce de victimas con la Registraduría Nacional del Estado Civil; c) Cruce con el Sistema de Información de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación; d) Listado de las supuestas víctimas beneficiarias de medidas cautelares; e) Cruce con el primer listado presentado par la Unidad de Victimas; f) inconsistencias en los listados de la Comisión, el ESAP y medidas cautelares; g) Cruce realizado con base de datos la Unidad de Atención y Reparación a las Victimas (Digital); h) Listado. Resultado cruce entre el denominado Listado definitivo de victimas de asesinato de Marino López y la Operación Génesis (ESAP) y el Registro Único de Población Desplazada; i) Listado. Personas v[i]ctimas de la operación Génesis que son integrantes de las comunidades, que pertenecen a la organizaci6n, y que [n]o fueron incluidas en el listado remitido a la Corte IDH. (Anexo enviado por los Representantes durante el ESAP); j) Listado. Beneficiarios del Proyecto de vivienda, y k) Listado de Departamento para la Prosperidad Social Beneficiarias de Proyectos.
55 Esas normas son las siguientes: a) Política de atención a las comunidades negras, afrocolombiana, raizales y palenqueras decreta ley 4635 de 2011, y b) Resolución 00841 de 26 de abril de 1999 mediante el cual se titula colectivamente a las 23 comunidades.
56 Cfr. Caso Marino López y Otros (Operación Génesis). Resolución del Presidente de la Corte de 19 de diciembre de 2013. Operación Génesis Considerando 39.
57 En particular, en la Resolución se requirió al Estado que presentara, a más tardar el 4 de febrero de 2012, “información completa y actualizada sobre el estado actual de las investigaciones relacionados en los antecedentes y los hechos posteriores al desplazamiento, en los términos referidos por los representantes, así como información actualizada sobre las investigaciones disciplinarias adelantadas por los hechos que se habrían iniciado a partir de agosto de 2003, referenciadas por la Comisión en su Informe de fondo”. Caso Marino López Mena y otros (Operación Génesis) Vs. Colombia, Resolución del Presidente de la Corte de 19 de diciembre de 2012, consid. 41 y Punto Resol. 14.
58 Cfr. Caso Marino López y Otros (Operación Génesis). Resolución del Presidente de la Corte de 19 de diciembre de 2013, Operación Génesis Considerando 41.
59 El Presidente solicitó la siguiente documentación: a) la documentación que pueda existir, reservada incluso bajo las condiciones de un manejo reservado del mismo, que sea de seguimiento a la orden de operaciones 004 de febrero del 97. Evaluaciones internas, informes de lo que pueda ser el desarrollo de esa operación, que es en esencia como sabemos la operación Génesis; b) reiteró el contenido de la nota de Secretaría de 7 de febrero de 2013 mediante la cual se requirió la información faltante en relación con el punto resolutivo 14 de la referida Resolución, y c) “ciertos expedientes que se requerirían (también con su contenido de los mismos) y las resoluciones dictadas dentro de los mismos; primero la investigación penal 5767, hoy 426, segundo, la investigación penal 2332 y tercero, las investigaciones realizadas en el marco de la Ley 975, la Ley de Justicia y Paz, en relación con los hechos de este caso, incluidas las versiones libres completas que se tengan, que tengan que ver con este caso, que no obran en el expediente sino por fragmentos y parcialmente”.
60 Por ejemplo, el declarante Miguel Samper mencionó las funciones que le incumben al Centro de Memoria Histórica entidad pública que depende del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Además, indicó que “en la reciente reforma se impuso algo que la Fiscalía venía implementando motu propio pero que no se había hecho como una obligación legal y es que se tiene que realizar un plan de investigaciones sobre los patrones macro-criminales para que esas acusaciones que se generen frente a la judicatura respondan a una estrategia investigativa que contraste todas estas fuentes que estoy mencionando. Declaración de Miguel Samper, Declarante a título informativo propuesto por el Estado, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia pública de 12 de febrero de 2013. El declarante también se refirió en el documento escrito entregado a la Corte al momento de su declaración al hecho que la Fiscalía General de la Nación creó una nueva Unidad Nacional de Análisis y Contextos, "como instrumento de política criminal enfocada a enfrentar principalmente fenómenos de delincuencia organizada, mediante el uso de herramientas de análisis criminal y creación de contextos". También notó que en una segunda etapa los operadores judiciales desarrollaron una nueva aproximación a la investigación y al juzgamiento dirigida a la identificación de patrones de acción criminal en contextos específicos. Declaración de Miguel Samper, Declarante a título informativo propuesto por el Estado, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia pública de 12 de febrero de 2013, y Documento Anexo a la declaración del Miguel Samper, declarante a título informativo propuesto por el Estado, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia pública de 12 de febrero de 2013 (expediente de prueba, folios 16504 y 16514).
61 Por ejemplo, el perito Javier Ciurlizza mencionó los diversos estudios realizados por el Centro de Memoria Histórica. El perito también hizo referencia al “marco general de la imputación” a lo que los Fiscales llamaban la “georeferenciación” de los casos y de los bloques paramilitares específicos, que “tenían historias ya acumuladas” sobre “quiénes eran los jefes, cuál era la cadena de mando, cuáles eran sus vínculos diversos y qué hechos habían cometido”. Cfr. Declaración de Javier Ciurlizza, perito propuesto por la Comisión, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia pública de 11 de febrero de 2013.
62 El perito Juan Pablo Franco se refirió a varios documentos “Conpes” del Consejo Nacional de Política Económica y Social. El perito también se refirió a los informes de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo en materia de desplazamiento Forzado. También aludió al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (“SAT”) de la defensoría del Pueblo o al Centro de Memoria Histórica. Cfr. Declaración mediante fedatario público (affidavit) de Juan Pablo Franco, perito propuesto por el Estado de 31 de enero de 2013 (expediente de prueba, folios 15335).
63 Se solicitó al Estado: a) Toda la documentación, reservada o pública, anexa o de cualquier otra naturaleza, producida con anterioridad y posterioridad en torno a la Orden de Operaciones 004 de febrero de 1997 / Operación Génesis de las Fuerzas Militares, en particular toda la información completa de inteligencia militar; b) Toda la documentación de inteligencia militar, reservada o pública, anexa o de cualquier otra naturaleza, que se refiera a los grupos armados ilegales en la región del Cacarica durante los años 1996 y 1997, con particular énfasis en el bloque paramilitar “Elmer Cárdenas”; c) Según lo requerido mediante nota de Secretaría de 7 de febrero de 2013, que aclare lo pertinente o remita, a la mayor brevedad, la información faltante en relación con lo requerido en el punto resolutivo 14 de la Resolución del Presidente de 19 de diciembre de 2012; d) De conformidad con la información que surge de los peritajes presentados, se requiere que se presenten todos los documentos “CONPES” realizados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Departamento Nacional de Planeación, que se refieran a la situación de las comunidades afrodescendientes del Urabá, a la situación de desplazamiento forzado en Colombia y en particular en la región del Urabá. Los referidos documentos deben ser presentados junto con los anexos y referencias correspondientes, y e) Según la información presentada por el declarante a título informativo, señor Miguel Samper Strouss, toda la documentación e informes contenida en el Centro de Memoria Histórica, organismo adscrito al Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, que se refieran a los hechos de violencia contra las poblaciones afrodescendientes del Urabá Chocoano durante los años 1996 y 1997 y en particular en contra de las comunidades del Cacarica, en el Municipio de Riosucio. Lo anterior también incluiría la información e informes de la antigua Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (“CNRR”), incluyendo sus dependencias seccionales y la Unidad de Memoria Histórica adscripta a la CNRR antes de la promulgación de la Ley de Víctimas. Asimismo, se solicitó a la Fiscalía General: copia de los expedientes completos, digitalizados y con un índice pormenorizado, inclusive con todas las resoluciones o sentencias dictadas y los elementos probatorios contenidos en los mismos, de lo siguiente a) Investigación penal no. 5767 (hoy 426) contra el Gral. (r) Rito Alejo del Río; b) Investigación penal no. 2332 contra el Gral. (r) Rito Alejo del Río y algunos miembros del grupo paramilitar “Elmer Cárdenas”; c) Las investigaciones realizadas en el marco de la Ley 975 de 2005 en relación con los hechos del presente caso y con hechos de desplazamiento en la región del Urabá chocoano, incluidas las versiones libres completas y sus transcripciones si es que existen; d) Información sobre casos en que se haya compulsado copias a la Fiscalía General de la Nación para investigaciones relativas a funcionarios de la fuerza pública de la región del Urabá implicados presuntamente en hechos asociados con grupos paramilitares en la región del Urabá durante la segunda mitad de los años 1990, y e) Investigaciones realizadas por la justicia penal ordinaria contra integrantes de las estructuras armadas ilegales o contra miembros de la Fuerza Pública colombiana en las cuales se analiza la vinculación que existe entre aquélla y las estructuras paramilitares en la región del Urabá chocoano durante la segunda mitad de los años 1990. Del mismo modo se le solicitó a la Defensoría del Pueblo “copia de toda la documentación e informes, públicos o reservados, producidos por la Defensoría del Pueblo relativa a los desplazamientos forzados de las poblaciones de la cuenca del Cacarica en el año 1997, en relación con incursiones protagonizadas por distintos actores armados ilegales en esa misma zona, así como acciones de la Fuerza Pública, durante los años 1996 y 1997 y en relación con el desarrollo de la operación Génesis”, y a la Procuraduría General de la Nación copia de los expedientes completos, escaneados y con un índice pormenorizado, inclusive con todas las resoluciones dictadas y los elementos probatorios contenidos en las mismos, de las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la Nación en contra de integrantes de la fuerza pública colombiana que se refieran a: a) los hechos de la Operación Génesis, y b) presuntas actividades de asociación, complicidad o coordinación de miembros de la Fuerza Pública con grupos paramilitares en la región del Urabá chocoano durante los años 1996 y 1997.
64 Varios de esos documentos corresponden con lo que ya había sido solicitado en la Resolución de Convocatoria de 19 de diciembre (supra párr. 9), y otros a información que había sido requerida en el desarrollo de la misma audiencia pública, por parte de los jueces del Tribunal.
65 Cfr. Véase Nota de Secretaría dirigida al Agente del Estado en el presente caso, siguiendo instrucciones del Presidente de 8 de abril de 2013, CDH-12.573/179.
66 Mediante Comunicaciones de 21 y 22 de marzo de 2013, Colombia remitió parte de la documentación requerida el 8 de marzo de 2013. El 9 de abril de 2013, mediante el señor Director de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia remitió documentación emitida por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, en respuesta a la información requerida mediante notas CDH-12.573/146 y CDH-12.573/164 de 8 de marzo y de 22 de marzo de 2013, respectivamente. Del mismo modo, el 5 de junio de 2013, la Defensoría del Pueblo remitió documentación en respuesta a la información requerida en las notas de Secretaría de 8 de marzo y 10 de mayo de 2013.
67 En esa oportunidad se indicó que “en caso de que el Estado no haya aportado alguna documentación por considerar que excedía el objeto del caso […] que remit[iera] la integralidad de la misma en un plazo adicional que se otorga hasta el 19 de abril de 2013”.
68 Cfr. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr. 11; Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, y Reparaciones. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párrs. 24, 25, 28 y 35; Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248, párr. 68; Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 7; Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, párrs. 9 y 12; Caso Escué Zapata Vs. Colombia, párrs. 8 y 10; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párrs. 42, 44, 51 y 52, y Caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 31 y 32.
69 Cfr. Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 249, párrs. 12 y 13; Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala, párrs. 10, 11 y 13; Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párrs. 10 y 11; Caso Díaz Peña Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de junio de 2012. Serie C No. 244, párrs. 9 y 10; Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay. Fondo, Reparaciones y costas, párr. 7; Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de mayo de 2013. Serie C No. 261 Suárez Peralta, párr. 9; Caso Mendoza y otros Vs. Argentina, párr. 12; Caso Artavia Murillo y otros ("Fecundación in vitro") Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 noviembre de 2012. Serie C No. 257, párr. 12; Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párrs. 7, 11 y 12; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas, párrs. 13 y 41; Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237, párrs. 8 y 9; Caso Mohamed Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 noviembre de 2012. Serie C No. 255, párrs. 14 y 15; Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de Marzo de 2011. Serie C No. 223, párrs. 12 y 13.
70 Cfr. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, párr. 11; Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, y Reparaciones, párrs. 24, 25, 28 y 35; Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela, párrs. 12 y 13; Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala párrs. 10; 11, y 13; Caso Furlán y Familiares Vs. Argentina, párrs. 10 y 11; Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador, párrs. 9 y 10, y Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay. Fondo Reparaciones y costas, párr. 7.
71 Cfr. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia, párr. 68; Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 7; Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay. Fondo Reparaciones y costas, párr. 7; Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador, párr. 9; Caso Mendoza y otros Vs. Argentina, párr. 12; Caso Artavia Murillo y otros ("Fecundación in vitro") Vs. Costa Rica, párr. 12; Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas, párrs. 7, 11 y 12; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas, párrs. 13 y 41; Caso Familia Barrios Vs. Venezuela, párr. 8 y 9; Caso Furlán y Familiares Vs. Argentina, párrs. 10 y 11, y Caso Díaz Peña Vs. Venezuela, párr. 9.

References: artículo 19
 artículo 44
 artículo 35
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 62
 Artículo 64
 Resolución 
 artículo 35
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