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Timestamp: 2020-07-05 22:38:48+00:00

Document:
Registro Oficial. 7 de ENERO del 2002
Lunes, 07 de enero de 2002
Lunes, 7 de Enero del 2002
23-781 Proyecto de Ley de Reformas a Ia Constitución\n Política dc la República.
23-782 Proyecto de Ley de Telecomunicaciones.
CAE-SR-PA-RE-0021 Autorízase la operación\n y funcionamiento del depósito industrial a favor de la\n empresa "Plastikito C.A." , por cinco (5) años\n a las instalaciones ubicadas en la provincia del Pichincha, cantón\n Quito, parroquia Calderón, ciudadela Albornoz.
CAE-SR-PA-RE-0022\n Refórmase\n la Resolución No 0019 del 14 de junio del 2000.
CAE-SR-PA-RE-0023 Autorízase el funcionamiento del\n depósito comercial privado a las instalaciones de la empresa\n "DANEC S.A." , por el período de cinco (5) años,\n ubicados en la calle General Enrique Gallo s/n, parroquia Sangolqui,\n cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha.
CAE-SR-PA-RE-0024 Autorizase Ia operación y fun-\n cionamiento del depósito industrial a favor de Ia empresa\n "Materpackin Cía. Ltd." , por cinco (5) años\n a las instalaciones ubicadas en la provincia de Pichincha, cantón\n Quito, parroquia Chaupicruz.
CONSEJO\n NACIONAL DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLlCO:
114 Transfórmase la bonificación\n económica semestral que vienen percibiendo los servidores\n del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Sistema Nacional\n de Archivos y Archivo Nacional, Orquestas Sinfónicas de\n Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja , Casa de Montalvo, Consejo Nacional\n de Deportes, Conjunto NacionaI de Danza y Museo Ecuatoriano de\n Ciencias Naturales, sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativo que Iaboran en jornada completa, en una bonificación\n económica trimestral.
CORTE\n SUPREMA JUSTICIA
PRIMERA\n SALA DE LO PENAL
370-01 Ministerie Fiscal General en contra de\n Holger Montenenegro Naranjo.
381-01 Banco del Pacifíco en\n contra de Norma Bailón Mero de Anchundia.
388-01 Dr. Miguel Alejandro Cantos\n Tintín en contra del Dr. Rodrigo Ramírez Vásquez\n y otra.
400-01 Ministerio Fiscal General en contra de\n Julio Enrique Morales Salgado.
402-01 Manuel Escolático Tamay Puli en\n contra de José Calle Martínez.
97-DR-2000 Demanda de revisión interpuesta\n por la República Bolivariana de Venezuela contra la sentencia\n proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina\n dentro del proceso 46-Al-99.
59-IP-2001 Interpretación prejudicial\n dcl artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de\n la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el\n Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de\n lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Expediente\n Interno No 5958 e interpretación de Ios artículos\n 81,83 literal b) 128 de la referida Decisión Actora: Sociedad\n Tuberías y Prefabricados de Concreto TUBESA S.A. Marca:\n TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. (MIXTA).\n \n
NOMBRE: "DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN\n POLÍTICA DE LA REPÚBLICA".
CÓDIGO: 23-781 H.\n ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO
AUSPICIO: 20-12-2001
COMISIÓN: ESPECIALIZADA PERMANENTE DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES
La Constitución Política de la Republica ha\n creado nuevas instituciones que permiten la participación\n democrática de los ciudadanos, a través del Capitulo\n 5 De las leyes. Sección Segunda: De la iniciativa, articulo\n 146 que establece: "Podrán presentar provectos de\n ley, un numero de personas en goce de los derechos políticos,\n equivalente a la cuarta parte del uno por ciento de aquellas\n inscritas en el padrón electoral.
Se reconocerá el derecho de los movimientos sociales\n de carácter nacional, a ejercer la iniciativa de presentar\n provectos de ley. La Ley regulará el ejercicio de éste\n derecho...".
El articulo 281 ibídem, preceptúa que podrán\n presentar proyectos de reforma constitucional, entre otros, un\n número de personas en ejercicio de los derechos políticos,\n cuyos nombres consten en el padrón electoral y que equivalga\n al uno por ciento de los inscritos en él.
Es imperativo que la sociedad ecuatoriana sea un elemento\n directamente participativo en el régimen democrático\n que vivimos, tomando en consideración que participación\n democrática no es solo depositar el voto en las urnas,\n sino proponer alternativas e iniciativas en el quehacer social\n político, que vayan en beneficio de la colectividad.
El segundo inciso del articulo 146 constitucional, relacionado\n con la iniciativa de los movimientos sociales. no exige el porcentaje\n establecido para las personas naturales, existiendo en esta disposición\n una clara discriminación que contradice el principio de\n la igualdad jurídica, que es necesario subsanar mediante\n una reforma constitucional de los artículos 146 y 281.
f) Dr. Javier Rubio Duque, Secretario General (E).
NOMBRE: "DE TELECOMUNICACIONES"
CÓDIGO: 23-782.
INGRESO: 21-12-2001.
COMISIÓN: ESPECIALIZADA PERMANENTE DE LO ECONÓMICO\n AGRARIO, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
La Lev Especial de telecomunicaciones vigente desde 1992,\n fue expedida para normar la transformación de PACIFICTEL\n y ANDINATEL, a sociedades anónimas, para la venta del\n 35% de sus acciones. Esta Ley no regula de manera efectiva al\n sector de telecomunicaciones y adolece de graves deficiencias,\n lo cual se trató de subsanar a través de algunas\n reformas legales y reglamentarias, pero en lugar de clarificar\n y terminar con las falencias de la ley, complicaron mucho más,\n por ser contradictorias por lo que es imperativo que se expida\n un nuevo cuerpo legal.
El proyecto de ley propone: brindar seguridad jurídica\n permitir que la apertura del increado tenga éxito promover\n e incentivar la libre competencia entre las empresas tipificar\n y sancionar delitos en contra del Estado, el pueblo y las empresas\n terminar con los beneficios de los operadores dominantes establecer\n los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y las obligaciones\n de las empresas definir las obligaciones y derechos de los operadores,\n definir la red privada y pública.
El proyecto de ley está orientado a garantizar el desarrollo\n sostenido y ordenado de las telecomunicaciones. Solo con la existencia\n de un cuerpo legal actualizado y acorde con la tecnología\n y las transformaciones que se van a dar con la apertura programada\n para enero del 2002, se atraerá la inversión extranjera.\n La libre competencia y el fin de las exclusividades permitirá\n que se de un tratamiento igualitario a todos los que están\n en el negocio de las telecomunicaciones.
Defender los intereses de los consumidores obligando a los\n operadores a prestar un servicio eficiente y de calidad, mediante\n reglas de juego claras para quienes invierten en el país.
f) Dr. Javier Rubio Duque. Secretario General (E).
No. CAE-SR-PA-RE-0021
EL SUBGERENTE REGIONAL DE LA CORPORACIÓN\n ADUANERA ECUATORIANA, ENC.
Que, mediante comunicación del 12 de abril del 2001,\n el Gerente General de la Empresa 'PLASTIKYTO C.A.'. solicita\n autorización para la operación y funcionamiento\n del régimen de depósito industrial, destinado al\n almacenamiento de mercancías que se importarán\n al país para la fabricación, comercialización\n y exportación directa a Centro América de productos\n plásticos para la industria agroindustria, con suspensión\n del pago de impuestos
Que mediante oficio No. 00001057-GNTA-CAE-2001 del 12 de octubre\n del presente año, la Gerente de Normativa Tributaria encargada,\n de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, se pronuncia favorablemente\n y recomienda la autorización para el funcionamiento del\n depósito industrial
Que, la solicitud de la empresa 'PLASTIKYTO CA.", cumple\n con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de\n Aduanas y su reglamento; y,
En uso de las atribuciones que le confiere los artículos\n 113 literal b) de la Ley de Orgánica de Aduanas y 89 de\n su reglamento.
Art. 1'.- Autorizar la operación y funcionamiento del\n depósito industrial a favor de la empresa "PLASTIKYTO\n CA.", por cinco (5) años a las instalaciones ubicadas\n en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia\n Calderón, ciudadela "Albornoz", calle Alvaro\n Pérez, lote No. 8. para que de conformidad con los Arts.\n 60 de la Ley Orgánica de Aduanas 95 de su reglamento,\n puedan ingresar al país, con suspensión del pago\n de tributos, las mercancías compatibles con la actividad\n del beneficiario, importadas para la producción de mercancías.
Art. 2o. De conformidad con lo dispuesto en los Arts, 75 literal\n b) de la Ley Orgánica de Aduanas, 89 inciso segundo. 146,\n 147, 148 literal b) y 152 de su reglamento, la empresa "PlASTIKYTO\n CA.", para el funcionamiento del depósito industrial\n y con el fin de garantizar el 100% de los eventuales tributos\n por las mercancías a almacenar, presentará ante\n el Gerente Distrital de Aduanas de Quito, en las formas condiciones\n establecidas para el efecto, una garantía general por\n el monto de US$ 1 00.000.oo) cien mil dólares americanos,\n la misma que por encontrarse acorde con las necesidades iniciales\n de la empresa. es aceptada por esta Subgerencia Regional.
Art. 3°.- Las demás obligaciones a cumplirse se\n determinarán en el contrato que se suscribirá entre\n el Subgerente Regional de la CAE y el representante legal de\n la empresa "PLASTIKYTO CA.", entre otras las siguientes:
lmportación de las siguientes materias primas para\n el año 2002.
\n (ANEXOENE1)
o El cálculo de los impuestos aduaneros potenciales,\n se efectuará considerando los ingresos y salidas de las\n mercancías al depósito industrial.
o Mantener vigente la garantía.
o Cumplir con los plazos de permanencia de las mercancías.
o Presentar ante el Gerente Distrital de Aduanas de Quito,\n los informes del movimiento de las mercancías en el depósito.
Art. La presente resolución entrará en vigencia\n a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial y únicamente surtirá efecto\n legal para la operación funcionamiento, una vez que se\n suscriba el respectivo contrato, el mismo que deberá efectuarse\n en un plazo máximo de treinta días.
Quito, a 24 de octubre del 2001.
f.) Ab. Eduardo Guerrero Mórtola, Subgerente Regional\n de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, Ene.
Es copia del original.- Lo certifico.
f) Alcides Parreño Cantos, Jefe Administrativo, Subgerencia\n Regional de la Corporación Ecuatoriana.
No. CAE-SR-PA-RE-0022
Que mediante Resolución N0 0019 del 14 de junio del\n 2000, se autorizó a la empresa "NOPERTI Cía.\n Ltda.", el funcionamiento de un depósito industrial,\n para que importe materias primas e insumos con la suspensión\n del pago de impuestos, destinados a la elaboración de\n productos de exportación;
Que el contrato de concesión para el funcionamiento\n del depósito industrial de la empresa "NOPERTI Cía.\n Ltda.", fue suscrito el 9 de agosto del 2001, entre el Subgerente\n Regional de la Corporación Aduanera Ecuatoriana y el Gerente\n General de la mencionada empresa;
Que mediante memorando del 19 de septiembre del 2001, el Econ.\n Luis A. Jurado, funcionario de esta unidad administrativa, presenta\n el informe técnico de la empresa NOPERTI Cia. Ltda., al\n Ing. Byron Valdivieso P., Jefe Técnico, en el cual recomienda\n autorizar se incremente dichas mercancías en el Art. 20\n de la Resolución No. 0019 del 14 de junio del 2000;
Que mediante comunicación del 4 de septiembre del 2001,\n el Gerente General de 'NOPERTI Cía. Ltda." solícita\n la ampliación a la Resolución N0 CAE-SR-CT-0019\n del 14 de junio del 2000, por cuanto el depósito en sus\n bodegas necesita incluir otros tipos de materias primas;
Que la solicitud presentada por la empresa 'NOPERTI Cia. Ltda."\n cumple con los requisitos establecidos para el efecto constantes\n en la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento; y,
En uso de las atribuciones que le confiere el articulo 113,\n literal b) de la Ley Orgánica de Aduanas,
Art. 1.- Reformar el Art. 2 de la Resolución No. 0019\n del 14 de junio del 2000, en el sentido de que se autoriza al\n depósito "NOPERTI Cía. Ltda.", ubicado\n en la calle Madroños 1141 y Palmeras de la parroquia de\n San Isidro del Inca de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha,\n la incorporación de las materias primas descritas al final\n del presente articulo, destinadas a la elaboración de\n productos para la exportación, bajo el régimen\n de depósito industrial, con suspensión del pago\n de derechos arancelarios e impuestos, conforme a lo establecido\n en los Arts. 60 de la Ley Orgánica de Aduanas y 95 de\n su reglamento.
Crudos o blanqueados.- Los demás
\n tejidos 5513.19.00.00-9
\n Teñidos.- Los demás tejidos 5513.29.00.00-1
\n Estampados.- Los demás tejidos 55 13.49.001.00-5
Art. 2o. En todo lo demás, el acuerdo original de funcionamiento\n y el contrato de concesión del depósito industrial\n en referencia, se mantienen en los mismos términos.
Art. 3o, La presente resolución, entrará en\n vigencia a partir de su suscripción
Quito, a 13 de noviembre del 2001.
No. CAE-SR-PA-RE-0023
EL SUBGERENTE REGIONAL DE LA CORPORACIÓN\n ADUANERA
\n ECUATORIANA, ENC.
Que mediante comunicación ingresada el 21 de abril\n del 2001, el Gerente General de la empresa "DANEC SA.",\n solicita autorización para la operación y funcionamiento\n del régimen de depósito comercial privado, destinado\n al almacenamiento de mercancías que se importarán\n al país con Suspensión del pago de impuestos;
Que mediante 'oficios Nos. 0001058-GNTA-CAE-2001 y 0001192-GNTA-CAE-2001\n del 12 de octubre y 12 de noviembre del 2001, la Gerencia de\n Normativa Tributaria Aduanera de la Corporación Aduanera\n Ecuatoriana, se pronuncia favorablemente y recomienda la autorización\n para el funcionamiento del depósito comercial privado;
Que la solicitud de la empresa "DANEC" SA.",\n cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica\n de Aduanas y su reglamento; y,
En uso de las atribuciones que le confieren los artículos\n 113. literal b) de la Ley Orgánica de Aduanas y 89 de\n su reglamento,
Art. 1 Autorizar el funcionamiento del depósito comercial\n privado a las instalaciones de la empresa "DANEC SA.",\n por el periodo de cinco (5) años, las mismas que se encuentran\n ubicadas en la calle General Enrique Gallo s/n, parroquia Sangolquí,\n cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, para\n que de conformidad con los Arts. 60 de la Ley Orgánica\n de Aduanas, y 95 de su reglamento, puedan ingresar al país,\n con suspensión del pago de tributos, las mercancías\n compatibles con la actividad del beneficiario, que sean de permitida\n importación.
Art. 2.- De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 75,\n literal b) de la Ley Orgánica de Aduanas, 8) inciso segundo.\n 146, 147. 148 literal b) y 152 de su reglamento, la empresa "DANEC\n SA.", para el funcionamiento del depósito comercial\n privado y con el fin de garantizar el 100% de los eventuales\n tributos por las mercancías a almacenar, presentará\n ante el Gerente Distrital de Aduanas de Quito, en las formas\n y condiciones establecidas para el efecto, una garantía\n general por el monto de (US$ 100,000,00) cien mil dólares\n americanos, la misma que por encontrarse acorde a las necesidades\n iniciales de la empresa, es aceptada por esta Subgerencia Regional.
Art. 3° Las demás obligaciones a cumplirse se determinarán\n en el contrato que se suscribirá entre el Subgerente Regional\n de la CAE y el representante legal de la empresa "DANEC\n S.A.", entre otras las siguientes:
o El cálculo de los impuestos aduaneros potenciales,\n se efectuará considerando los ingresos y salidas de las\n mercancías al depósito comercial privado.
Art.4º.- La presente resolución entrará\n en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial y únicamente\n surtirá efecto legal para la operación y funcionamiento,\n una vez que se suscriba el respectivo contrato, el mismo que\n deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta\n días.
Art. 5 Comuníquese a la Gerencia Distrital de Aduanas\n de Quito y al representante legal de la compañía\n "DANEC SA.".
Quito, a 19 de noviembre del 2001.
f) Ab. Eduardo Guerrero Mórtola. Subgerente Regional\n de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, encargado.
Es copia del original, lo certifico.- 19 de noviembre del\n 2001.
f) Alcides Parreño Cantos, Jefe Administrativo, Subgerencia\n Regional de la Corporación Aduanera Ecuatoriana.
No. CAE-SR-PA-RE-0024
Que mediante comunicación del 16 de cuero del 2001,\n el Gerente General y representante legal de "Materpackin\n Cia. Ltda.", solicita autorización para la operación\n y funcionamiento del régimen de depósito industrial,\n destinado al almacenamiento de mercancías que se importarán\n al país. con suspensión del pago de impuestos para\n la fabricación y comercialización de etiquetas\n autoadhesivas a ser exportadas por terceros, tales como los floricultores,\n camaroneros y bananeros que los usan para sus despachos al exterior\n en sus respectivos embalajes:
Que mediante oficio No. 0001173-GNTA-CAE-2001 del 6 de noviembre\n del presente año, la Gerente de Normativa Tributaria encargada,\n de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, se pronuncia favorablemente\n y recomienda la autorización para el funcionamiento del\n depósito industrial;
Que mediante informe No. 100-2001 del 26 de noviembre del\n presente año, el Asesor Jurídico de la Subgerencia\n Regional de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, se pronuncia\n favorablemente y recomienda elaborar la resolución de\n autorización para el funcionamiento del depósito;
Que la solicitud de la empresa "Materpackin Cia. Ltda.",\n cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica\n de Aduanas y su reglamento: y,
En uso de las atribuciones que le confieren los artículos\n 113, literal h) de la Ley Orgánica de Aduanas y 9 de su\n reglamento,
Art. 1 0 - Autorizar la operación y funcionamiento\n del depósito industrial a favor de la empresa "Materpackin\n Cia. Ltda.", por cinco (5) años a las instalaciones\n ubicadas en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia\n Chaupicruz. Av. 10 de Agosto No. 7611 y Retamas, para que de\n conformidad con los Arts. 60 de la Ley Orgánica de Aduanas\n y 95 de su reglamento, puedan ingresar al país, con suspensión\n del pago de tributos, las mercancías compatibles con la\n elaboración de etiquetas autoadhesivas, cuitas de embalaje\n y estampados entre otros, actividad que requiere de la importación\n de las siguientes proyecciones, de materias primas para el año\n 2002.
\n (ANEXOENE 2)
\n Art. 2o. De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 75, literal\n b) de la Ley Orgánica de Aduanas, 89 inciso segundo, 146.\n 147, 148 literal b) y 152 de su reglamento, la empresa "Materpackin\n Cía. Ltda., para el funcionamiento del depósito\n industrial y con el fin de garantizar el 100% de los eventuales\n tributos por las mercancías a almacenar, presentará\n a la Subgerencia Regional de la Corporación Aduanera Ecuatoriana,\n una garantía general por el monto de (US$ 50.000,00) cincuenta\n mil dólares americanos.
30 Las demás obligaciones a cumplirse se determinarán\n en el contrato que se suscribirá entre el Subgerente Regional\n de la Corporación Aduanera Ecuatoriana y el representante\n legal de la empresa "Materpackin Cía. Ltda.",\n entre otras las siguientes;
Art. 4°.- La presente resolución entrará\n en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial y únicamente\n surtirá efecto legal para la operación y funcionamiento,\n una vez que se suscriba el respectivo contrato, el mismo que\n deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta\n días.
Quito, a 30 de noviembre del 2001.
f) Ing. César Campana Vallejo, Subgerente Regional\n Corporación Aduanera Ecuatoriana.
Es fiel copia del original, lo certifico.- 30 de noviembre\n del 2001.
f) Alcides Parreño Cantos, Jefe Administrativo. Subgerencia\n Regional de la Corporación Aduanera Ecuatoriana.
N0 114
Que, los servidores del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural,\n Sistema Nacional de Archivos y El Archivo Nacional, orquestas\n sinfónicas de Quito, Guayaquil. Cuenca y Loja, Casa de\n Montalvo. Consejo Nacional de Deportes, Conjunto Nacional de\n Danza y Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, perciben una\n bonificación semestral que se cancela en los meses de\n junio y diciembre;
Que, es política del CONAREM, ir hacia la unificación\n y racionalización de las bonificaciones económicas\n que se cancelan en las entidades públicas:
Que, de acuerdo a lo prescrito en la Ley para la Reforma e\n las Finanzas Públicas; es facultad privativa del Consejo\n Nacional de Remuneraciones del Sector Público, determinar\n y fijar la política remunerativa de los servidores públicos\n de las instituciones del Estado; y,
Art. 1.- Transfórmase la bonificación económica\n semestral que vienen percibiendo los servidores del Instituto\n Nacional de Patrimonio Cultural, Sistema Nacional de Archivos\n y Archivo Nacional, orquestas sinfónicas de Quito, Guayaquil,\n Cuenca y Loja, Casa de Montalvo, Consejo Nacional de Deportes,\n Conjunto Nacional de Danza y Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales;\n sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa que\n laboran en jornada completa, en una bonificación económica\n trimestral, que se calculará considerando los siguientes\n componentes: 'sueldo básico, subsidio por años\n de servicio, bonificación por responsabilidad y décimo\n sexto sueldo.
Art. 2.- La presente resolución regirá a partir\n del 1 de enero del 2002, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Certifico. Que es fuel copia del original.
N°\n 370-01
Quito, 23 de octubre del 2001; las 10h00.
VISTOS: A esta Primera Sala ha correspondido por sonco el\n conocimiento y resolución del recurso de casación\n propuesto por Holger Montenegro Naranjo de la sentencia que lo\n condena a la pena modificada por atenuantes a ocho años\n de reclusión mayor ordinaria y multa como autor del delito\n por tráfico de drogas, fallo expedido por la Segunda Sala\n de la Corte Superior de Machala, modificando la resolución\n del Segundo Tribunal Penal de El Oro, que absolvió a éste\n y otros procesados en el juicio penal N' 86-95 por aquella infracción\n penal. Este Tribunal de Casación asumió competencia\n sobre la impugnación con arreglo al artículo 200\n de la Constitución Política de la República\n y las normas del Código de Procedimiento Penal y agotado\n el trámite, corresponde expedir sentencia, considerando\n lo siguiente: PRIMERO. - La validez de la tramitación\n del recurso por cumplidas las exigencias constitucionales y legales,\n sin omisión de ninguna solemnidad que pueda afectar esta\n calificación que se declara. SEGUNDO.- El recurso del\n sentenciado Montenegro Naranjo fume oportunamente interpuesto\n conforme al articulo 374 del Código de Procedimiento Penal\n vigente al 21 de octubre de 1999, ley aplicable a la sustanciación\n y conclusión del presente proceso, según la primera\n disposición transitoria del Código Adjetivo Penal\n que actualmente rige en la República, por su promulgación\n en el Suplemento del Registro Oficial N° 360 del 13 de enero\n del 2000. TERCERO.- El recurrente sustento su impugnación\n con el escrito que corre a fojas cuatro a trece del cuaderno\n de casación, libelo con el cual relata la secuencia de\n los hechos, las actuaciones y testimonios preprocesales e informe\n policial, de los que surge la incriminación al recurrente\n y otros procesados entre ellos Lindon Tinoco, quien en su testimonio\n preprocesal fojas 146-147 habría dicho que quienes le\n encargaron "los diez paquetes de droga hallados en su poder\n fueron de Holger Montenegro Naranjo, Holger Montenegro León\n y el colombiano "Willy", que Insolina del Carmen León,\n esposa y madre de los Montenegro sabia de tal encargo y que supervisaba\n la drogo en el domicilio de Tinoco, siendo detenida cumpliendo\n precisamente esa actividad a los pocos minutos de haber sido\n apresado Tinoco con la droga y a pocos pasos del domicilio de\n este". Expresa que siendo así, de aceptarse como\n verdadero el testimonio preprocesal de Tinoco, no es justo que\n hayan sido liberados de toda responsabilidad Holger Montenegro\n León e Insolina del Carmen León, peor puede ser\n justo que el Fiscal en la audiencia de juzgamiento acuse solamente\n a Holger Montenegro y no a William Insuasti, que de acuerdo con\n la policía, es el denominado "Willy", lo que\n significaría a la vez, que existiendo varios procesados\n en idénticas condiciones jurídicas, la justicia\n ha tratado con distinción a unos y a otros, situación\n prohibida por la declaración universal de los derechos\n del hombre que transgrede la norma constitucional de igualdad\n de las personas ante la ley, violada en la sentencia, infringiendo\n también los artículos 157, 108, 49, 61, 62, 64.\n 65. 66, 67 y la resolución del Tribunal Constitucional,\n Registro Oficial 222 de 24 de octubre de 1997, que declara inconstitucional\n sin efectos jurídicos el articulo 116 de la Ley de Sustancias\n Estupefacientes y Psicotrópicas por razones de fondo,\n las normas que señala como transgredidas en la sentencia,\n se refieren a no existir comprobación conforme a derecho\n de la existencia de alguna acción u omisión punible\n (articulo 157), la invalidez e ineficacia de los testimonios\n preprocesales de los cosindicados (artículo 108), el valor\n probatorio de la indagación policial (articulo 49), la\n no intervención personal de los jueces en la práctica\n de los actos procesales de prueba, cuidando que se realicen con\n arreglo a la ley, y no haberse investigado en el sumario los\n antecedentes personales del sindicado, incumplimiento para tasar\n la prueba en sana crítica, ni haberse aplicado y comprobado\n que la presunción sobre el nexo causal entre la infracción\n y sus responsables, reúna las exigencias del articulo\n 66 del Código de Procedimiento Penal. Expone el recurrente,\n que no existe en el proceso prueba alguna que corrobore el testimonio\n de Lindon Tinoco que se retracta en su indagatoria y la sentencia\n da mérito solamente a los testimonios propios de los agentes\n policiales que simplemente ratifican sus informes, los mismos\n que se basan en la supuesta información de Tinoco, cuyos\n aportes nunca fueron comprobados. Enfatiza que no hay cuerpo\n del delito y que el informe policial, único sustento de\n la sentencia que impugna no constituye prueba. CUARTO.- A la\n fundamentación del recurso, el Ministerio Público\n responde que "no existe error de derecho en la sentencia,\n error que por otra parte no ha sido sustentado con rigor legal\n y que la existencia del delito que tipifico el articulo 62 de\n la Ley de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas\n está demostrado a plenitud con el informe de incautación\n hecha por la policía en la hacienda del encausado y el\n análisis químico de la sustancio incautada por\n lo que carece de fundamento la alegación de violación\n de la ley, según comprobación en derecho de la\n infracción, como describe el considerando tercero del\n falIo impugnado".- QUINTO.- La sentencia de la Segunda Sala\n de la Corte Superior que se impugna, contiene la descripción\n de los antecedentes de los hechos resaltando las connotaciones\n del ilícito con las evidencias halladas inobjetablemente\n por la prolija investigación policial, informes periciales\n de los órganos competentes sobre la capturo e identificación\n de la drogo y los sujetos vinculados al ilícito según\n los testimonios preprocesales concordantes de los encausados\n con la eficacia que la Constitución Política exige\n para su validez, por la presencia de los agentes fiscales representantes\n de la sociedad que protege los derechos ligados a las garantías\n del debido proceso, mientras efectuaron sus declaraciones. El\n fallo, pese a sus falencias de redacción compaginación\n de su texto, es fruto de los méritos procesales y la convicción\n del órgano que lo ente en forma condenatoria con relación\n al hecho punible que la Sala Superior declara probado después\n de analizar y evaluar los indicios y demás aportes, probatorios\n practicados y señalados individualizadamente en la sentencia,\n aplicando lógica sana crítica para aquella convicción\n judicial. En consecuencia. esta Sala compartiendo la opinión\n del Ministerio Público en su dictamen de folios 20-21\n vuelta, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR\n AUTORIDAD DE LA LEY, con arreglo al articulo 382 del Código\n de Procedimiento Penal, aplicable al caso atenta la disposición\n transitoria del Código Adjetivo Penal, promulgado en el\n Suplemento del Registro Oficial N0 360 de 13 de enero del año\n 2000, estimando improcedente el recurso de casación de\n Holger Gilberto Montenegro Naranjo, lo declara así y ordena\n devolver el proceso a la Sala Superior de origen los efectos\n legales del caso. Notifíquese y cúmplase.
Fdo.) Dres. Eduardo Brito Mieles, Magistrado-Presidente; Carlos\n Riofrío Corral. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrados.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- Primera Sala de lo Penal.- Es fiel\n copia de su original.- Quito. 29 de noviembre del 2001.
N0 381-01
Quito, 24 de octubre del 2001; las 14h30.
VISTOS: El ingeniero Edgar Santos Cevallos, Gerente del Banco\n del Pacifico, sucursal Manta, manifiesta al señor Presidente\n de la Corte Superior de Portoviejo que el día 7 de marzo\n de 1995, Norma Bailón Mero de Anchundia hizo saber al\n Banco del Pacifico, sucursal de Manta que le habían sustraído\n los formularios de los cheques numerados del 00013 al 00017 de\n su cuenta corriente N° 2416457, documentos que se hallaban\n sin su firma por lo que pidió que la institución\n bancaria los dejara sin valor, a lo cual ésta accedió\n previa la publicación por la prensa y la advertencia al\n público de que tales cheques no podrían cobrarse,\n declarando además que el banco no asumía responsabilidad\n alguna. Que el 28 de junio de 1995 el doctor Marcelo Reyes Oleas,\n demandó a la señora Bailón Mero de Anchundia\n en juicio verbal sumario el pago del cheque N° 00017 de su\n cuenta corriente por la suma de $ 38' 000,00 instrumento que\n al ser presentado al banco girado fue devuelto "por orden\n del girador", pues tal cheque se hallaba entre los extraviados.\n El actor solicitó que se cuente con el Banco del Pacifico,\n sucursal de Manta para citarle con la acción planteada,\n y además para que retenga la suma de dinero reclamada,\n retención que se ordenó judicialmente, sin que\n pudiera hacerse efectiva por cuanto dada la situación\n de la cuenta corriente de Norma Bailón y especialmente,\n el hecho de que, no registraba ningún saldo. La giradora\n compareció al juicio exclusivamente para negar los fundamentos\n de hecho y de derecho alegados por el accionante, sin ejercer\n otro acto procesal en su defensa. Esta actitud lleva al ingeniero\n Edgar Santos a sostener que se ha producido un acto colusorio\n entre el doctor Reyes Oleas y Norma Bailón Mero de Anchundia,\n habiendo el Juez de la causa dictado el 12 de diciembre de 1995,\n sentencia en contra de la deudora y declarando con Fugar la demanda\n propuesta, fallo que fume continuando por la Segunda Sala de\n la Corte Superior de Portoviejo. Añade que ante la sentencia\n de condena antedicha se vieron sin resultado alguno todos los\n empeños del banco por detener este procedimiento, tanto\n más que en el fallo de la Corte Superior se declaró\n que el Banco del Pacifico, sucursal Manta no era parte procesal\n en el litigio y que por consiguiente "mal podía en\n su condición de tercero interponer dicho recurso".\n A lo anterior se añade que Edgar Gustavo Sandoval Zurita\n demandó a Norma Bailón ante el Juzgado Quinto de\n lo Civil de Manabí por el pago de noventa millones de\n sucres, juicio en el que tampoco se defendió la deudora,\n quien bien podía alegar la falsedad de su firma o cualquier\n otra excepción que denote el fraude en el giro de los\n cheques hecho por personas distintas. Finalmente anoto que los\n doctores Marcelo Reyes Edgar Gustavo Sandoval trabajan en la\n misma oficina de la ciudad de Manta, todo lo cual se ha forjado\n con el propósito de que el Banco del Pacifico de Manta,\n en último término, pague la suma de $. 38'000.000,00\n con sus intereses y costas. En lo fundamental el actor solicita\n que se dejen sin efecto todas y cada una de las transacciones\n habidas entre Norma Bailón y los doctores Marcelo Reyes\n y Edgar Gustavo Sandoval. En la sentencia de 12 de diciembre\n de 1995 el Juez Quinto de lo Civil de Manabí, se limita\n a ordenar el pago de los S/. 38'00.000,00 a Norma Bailón\n Mero de Anchundia, junto con las costas. La Tercera Sala de la\n Corte Superior de Portoviejo, en el fallo de 30 de julio de 1999,\n declara sin lugar la demanda colusoria, por no haberse probado\n los fundamentos de la misma. El doctor Marcelo Reyes Oleas, notificado\n con el pronunciamiento antes indicado, compareció a fs.\n 150 para señalar que se halla conforme con lo resuelto\n por la Tercera Sala de la Corte Superior de Portoviejo, esto\n es con lo principal de la sentencia, excepción hecha en\n cuanto no se condena al demandante al pago de costas, daños\n perjuicios por lo que apelo de la misma. El sorteo de ley ha\n radicado la competencia del caso ante este Tribunal que para\n resolver, consigna las siguientes consideraciones: PRIMERA.-\n La causa se ha sustanciado de conformidad con la ley, sin que\n exista nulidad alguna que la invalide. SEGUNDA.- Esta Sala dispone\n de facultades jurisdiccionales privativas para decidir acerca\n del recurso de apelación propuesto. TERCERA.- El articulo\n 1 de la Ley para el Juzgamiento de la Colusión determina\n que el que mediante algún procedimiento o acto colusorio\n hubiere sido perjudicado en cualquier forma podrá acudir\n con su demanda omite la Corte Superior. Es pues necesario para\n tener derecho al juzgamiento de la colusión que el afectado\n hubiere sufrido perjuicio de cualquier naturaleza, por afectación\n a cualesquiera de sus derechos consagrados en la norma de la\n ley mencionada. CUARTA.-- De la lectura de la demanda se coligen\n con claridad dos hechos a saber: la sustracción de varios\n cheques del libretín correspondiente a la cuenta corriente\n bancaria de Norma Bailón Mero de Anchundia y luego la\n entrega que se hace de uno de los cheques sustraídos,\n girado en favor del doctor Marcelo Reyes Oleas por la suma de\n S/.38'000.000,00, sin dar a conocer ninguna otra circunstancia\n que permita deducir al Juez con fundamento que ese acto esconde\n un fraude entre la titular de la cuenta corriente y el beneficiario\n del cheque, pues no se señala elemento alguno que permita\n tenerlo como colusorio por la sola afirmación del accionante\n sobre la existencia de un "contubernio malicioso entre las\n partes demandadas", ya que no existe prueba que lleve a\n la convicción de que entre la titular de la cuenta corriente\n bancaria y el beneficiario del cheque exista un entendimiento\n doloso que pudiera identificarse con la colusión "con\n el premeditado fin de forzar a que el Banco del Pacífico\n sea quien en ultima instancia pague el valor de los $. 38'000.000,oo\n más los intereses y costas". Esto revela un simple\n temor no daño alguno al accionante y es ni principio universal\n del derecho procesal que el solo temor de sufrir un perjuicio\n o daño no puede dar lugar a la interposición de\n una acción formal ante ningún Juez. Es preciso\n que el hecho dañoso se produzca para que el agraviado\n tenga el derecho a comparecer a juicio. La mera hipótesis\n no faculta ejercer acción colusoria y de consiguiente\n el rechazo que se contiene en la sentencia que se amenaza, en\n contra de la pretensión del ingeniero Edgar Santos Cevallos\n es fundada y debe confirmarse. Tan cierto es lo anterior que\n en el escrito inicial se solicita "que se anule todo acto\n o disposición judicial dirigida a que el Banco del Pacifico\n Sucursal 'de Manta sea quien cancele los valores mandados a pasar\n por el Juez Quinto de lo Civil de Manabí en este controvertido\n juicio verbal sumario". QUINTA.- El recurso de apelación\n interpuesto por el doctor Marcelo Reyes Oleas, se refiere a la\n parte de la sentencia en que el Juez niega la condena en costas,\n daños perjuicio', lo cual considera gravoso el recurrente,\n quien dicho sea de paso, se conforma con el fallo en su integridad,\n salvo en el punto atinente a su apelación. Al respecto\n cabe señalar que tal condena tiene lugar cuando el litigante\n ha mantenido durante la secuencia del juicio una actitud de temeridad\n ó mala fe, lo cual no ocurre en el presente caso. Respecto\n del reclamo de daños y perjuicios, el recurrente omite\n señalar en qué consisten éstos y cuál\n es su cuantía. Se trata por lo mismo de una reclamación\n inepta que determina la improcedencia del recurso que por lo\n mismo, se lo rechaza. Por las consideraciones que anteceden,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR\n AUTORIDAD DE LA LEY, se confirma la sentencia venida en grado.\n Notifíquese.
En Quito, hoy veinte y seis de octubre del dos mil uno, á\n las diecisiete horas treinta, notifico por boleta en los casilleros\n siguientes a: Ministro Fiscal General, en el N" 1207, a\n Marcelo Reyes, en el N0 1607; y, a Rank Velásquez, en\n el N° 465.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Primera Sala de lo Penal.- Es\n fiel copia de su original.-, Quito. 29 de noviembre del 2001.
N°\n 388-01
Quito, 29 de octubre del 2001; las 17h30.
VISTOS: La Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de\n Ambato condena al doctor Rodrigo Ramírez Vásquez\n a la pena de un mes de prisión correccional, y a la señora\n Alba Rocío Naranjo Freire a seis meses de prisión\n correccional por encontrarles responsables del delito de injuria\n grave que tipifico el articulo 490 del Código Penal en\n sus numerales 2 y 3 en perjuicio del doctor Miguel Alejandro\n Cantos Tintín, por haber los procesados publicado en el\n página 8 A del diario "El Heraldo" que se edito\n y circula en la ciudad de Ambato, correspondiente al día\n 25 de julio de 1999, un remitido titulado "A LA OPINIÓN\n PUBLICA - SE HARÁ JUSTICIA AL FIN'?", que contiene\n expresiones afrentosas, en detrimento del honor y de la condición\n profesional del agraviado. De esta sentencia interponen recurso\n de casación los querellados Rodrigo Ramírez Vásquez\n y Alba Naranjo Freire, por lo cual se remite el proceso a esta\n Corte Superior que lo recibe el 7 de septiembre del 2001, habiéndose\n practicado el sorteo de ley el 24 del mismo mes y año,\n radicándose el recurso ante esta Primera Sala de Casación\n Penal, que en providencia de 28 de septiembre del 2001, ordena\n la reposición de la acusación particular por haberse\n constatado su inexistencia en autos. El 4 de octubre del 2001\n el querellado doctor Rodrigo Ramírez Vásquez, entregó\n copia de la querella con la que fume citado y al día siguiente\n el querellante presento compulsa certificada de la acusación\n particular, por lo que esta Sala con auto de 10 de octubre del\n 2001 declaró repuesta ha querello y negó un pedido\n de aclaración y ampliación del auto de 5 de octubre\n del 2001 en el que se dispuso que se fundamente el recurso de\n casacón. Habiendo concluido el trámite para resolver\n se considera: PRIMERO.- Esta Sala tiene jurisdicción y\n competencia para resolver la impugnación en razón\n de lo dispuesto en los artículos 200 de la Constitución\n Política de la República y 349 del Código\n de Procedimiento Penal, y en la Resolución numero 89-98-I.S,\n publicada en el Registro Oficial número 334 de 8 de junio\n de 1998 expedida por el Tribunal Constitucional para posibilitar\n el recurso de casación en los juicios de acción\n penal privada. SEGUNDO.- El recurso ha sido sustanciado conforme\n las reglas que le son propias, sin omisión de solemnidad\n sustancial alguna, por lo que se declara la validez del trámite\n de impugnación. TERCERO.- -Rodrigo Ramírez Vásquez,\n en el escrito de fundamentación de su recurso aduce violación\n de la ley en la sentencia: a) Por haber sido condenado sin comprobación\n conforme a derecho de ha existencia material de la infracción\n (lo que implica infringiendo del articulo 157 del Código\n de Procedimiento Penal), ya que -dice- no se exhibió el\n original del remitido publicado contraviniéndose lo que\n ordena el artículo 415 y siguientes del Código\n de Procedimiento Penal, que fue inobservado y que debía\n aplicarse por cuanto las supuestas injurias se divulgaron en\n un medio de comunicación social; b) Que no se ha considerado\n la primera aportada por el querellado demostratoria de la verdad\n de las expresiones hechas en el "análisis público\n de un proceso que no es imputación de un vicio o una afrenta";\n c) que se le condenó por un delito no acusado, va que\n se he encuentra responsable del delito de injuria grave que tipifico\n el articulo 490 del Código Penal, que el querellante no\n le imputó, pues éste le acusó del delito\n de injuria calumniosa que tipifica el articulo 489 inciso uno\n del Código Penal y se reprime en el artículo 491\n ibídem, habiendo el juzgador acomodado el supuesto delito\n a lo señalado en los numerales 2 y 3 del articulo 490\n del Código Penal, apartándose de ha acusación;\n d) Que el juzgador contravino lo dispuesto por el articulo 496\n del Código Penal al no haber considerado que la publicación\n en el diario "Eh Heraldo" hecha el 25 de julio de 1999\n fue respuesta a la publicación, esta si injuriosa, hecha\n por el querellante en "El Heraldo" del día 4\n de julio de 1999, por lo que debía declararse compensación\n de injurias y ello no se hizo; y, e) Finalmente alega que el\n juzgador violó el numeral 13 del articulo 24 de la Constitución\n y el inciso segundo del articulo 309 del Código de Procedimiento\n Penal (publicado el 13 de enero del 2000) por cuanto en ha sentencia\n no hay ha debida motivación ni la determinación\n de los actos del acusado que el Tribunal estime probados, ya\n que ni siquiera se señala cuál es la expresión\n injuriosa. La recurrente Alba Naranjo Freire sostiene que hay\n violación de ha ley en ha sentencia: A) Por falta de motivación\n del fallo, ya que la parte dispositiva no está precedida\n de amia exposición de razones que justifique la decisión\n y ni siquiera se precisa las frases supuestamente injuriosas\n ni se razona sobre el alcance y contenido de las mismas, falta\n de motivación que invalida el fallo por cuanto el articulo\n 24, numeral 13 de la Constitución Política de la\n República exige que las resoluciones de los poderes públicos\n que afecten a has personas deben enunciar las normas o principios\n jurídicos en que se hayan fundado y explicar la pertinencia\n de su aplicación a los antecedentes de hecho; B) Falta\n de comprobación del cuerpo del delito, por haberse agregado\n a los autos no el original del texto publicado sino copias certificadas\n de la diligencia en que el Director del Diario "El Heraldo"\n remitió el original del escrito que fue entregado para\n su publicación, aduciendo que "si no consta en el\n proceso el original de la publicación contentiva de supuestas\n injurias, no hay comprobación legal de ha infracción,\n siendo totalmente apartado de la Ley pretender que una copia\n que se dice fue certificada por el Director del Diario es instrumento\n público que reemplaza al original, puesto que el Director\n del Diario no tiene atribución alguna para dar fe pública\n y por lo mismo lo que él dice haber certificado carece\n en absoluto de valor..."; C) Improcedencia de la acusación\n particular porque el querellante "solicitó la práctica\n de las diligencias que su señoría considere necesarias\n para la comprobación del delito, cuando lo que debía\n pedir según el numeral 4 del articulo 40 del Código\n de Procedimiento Penal, es que se practiquen los actos procesales\n necesarios para justificar lo r

References: Resolución 
 artículo 83
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 200
 resolución 
 Resolución 
 artículo 415
 artículo 491