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Timestamp: 2020-06-03 15:15:10+00:00

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Divorcio de ciudadanos comunitarios residentes en España – Competencia internacional y ley aplicable | Credis Abogados
A veces, cuando en el despacho entran ciudadanos extranjeros comunitarios (residentes en España) y nos piden consejos sobre una petición de divorcio contencioso o mutuo acuerdo, surgen las preguntas:
¿qué fundamentos de derecho utilizo para justificar la pretensión ante los tribunales españoles?
¿es competente el tribunal español para conocer este asunto?
Para estas demandas en materia de familia nuestro despacho Credis utiliza los siguientes fundamentos de derecho, referentes a la competencia internacional, objetiva y genérica:
La resolución de la pretensión de divorcio pertenece a la jurisdicción, y a tenor del art. 36.1 (LA LEY 58/2000) LEC, la extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles españoles se determinará por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte.
Dicha normativa viene constituida por el Reglamento (CE) nº 2201/2003 (LA LEY 11243/2003) del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, que deroga -con efectos desde el 1 de marzo de 2005 – el Reglamento 1347/2000.
A destacar resulta que, pese al ámbito territorial de los estados firmantes del mismo, no deja de resultar de aplicación a los nacionales de terceros países con vínculos suficientemente profundos con el territorio de uno de los Estados miembros, y según los criterios atributivos de competencia, de manera tal que no puede hablarse en puridad de régimen aplicable a ciudadanos europeos.
Así, en materia de matrimonio, el art. 3.1.a) (LA LEY 11243/2003) del Reglamento atribuye competencia para resolver las cuestiones relativas al divorcio, la separación judicial o la nulidad del matrimonio de los cónyuges, a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre la residencia habitual de los cónyuges, con independencia de su nacionalidad y del lugar de celebración del matrimonio.
Según el Tribunal de Justicia Europeo ¨residencia habitual¨ significa ¨el lugar en la que persona se ha fijado con carácter estable, el centro permanente o habitual de sus intereses, que, a los fines de determinar dicha residencia, han de tenerse en cuenta todos los elementos de hecho constitutivo¨.
Por su parte, el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su número 1 que los Juzgados y Tribunales españoles conocerán los juicios que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido en la presente Ley y en los Tratados y Convenios Internacionales en los que España sea parte.
También, en el punto 11 de la Decisión Del Consejo de la Unión Europea de 12 de julio de 2010 por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación legal, en vigor desde el día de su adopción, se especifica que: ¨la cooperación reforzada en materia de ley aplicable al divorcio y a la separación legal se atiende a lo dispuesto en los Tratados y en el Derecho de la Unión, y no perjudica al mercado interior y a la cohesión económica, social y territorial. No constituye un obstáculo ni una discriminación para los intercambios entre Estados miembros, ni provoca distorsiones de competencia entre ellos¨.
En materia de matrimonio, el art. 8.1 del Reglamento (CE) Nº 2201/2003 (LA LEY 11243/2003) del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, atribuye competencia para resolver las cuestiones relativas a la responsabilidad parental en materia de menores, a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre la residencia habitual del menor: “Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán competentes en materia de responsabilidad parental respecto de un menores que resida habitualmente en dicho Estado miembro en el momento en que se presenta el asunto ante el órgano jurisdiccional.”
En este sentido se expresa la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de su Sentencia de 21 Octubre de 2015, C-215/2015, y la Sala Segunda del mismo Tribunal a través de su Sentencia de 15 Julio de 2010, C-256/2009.
Respecto a la jurisprudencia de los tribunales nacionales relativa a la competencia internacional en temas de responsabilidad parental, tenemos la Sentencia nº 425/2011, rec. 1037/2010 de la Audiencia Provincial de Barcelona del 21 de julio de 2011, que manifiesta lo siguiente: “La competencia para el conocimiento de la acción de responsabilidad parental está regida por el Reglamento 2201/2003 (Bruselas II bis). Su artículo 17 impone el examen de oficio de la competencia al órgano judicial ante el que se presenta la demanda, cuando se da la propia incompetencia y la competencia de otro Estado Miembro de la Unión Europea. Tal es el caso presente, puesto que a tenor del artículo 8 son competentes los tribunales de Alemania, por ser el Estado Miembro del domicilio de las menores cuya custodia se discute”
Además, según lo previsto en el art. 22. 1 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 (LA LEY 11243/2003) del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, “las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás estados, sin que fuere necesario recurrir a procedimiento alguno”.
Al ser una de las cuestiones de fondo el establecimiento de la pensión alimenticia a favor de los menores, hay que averiguar cuáles son los juzgados que ostentan la competencia internacional al respecto, por lo que hemos de acudir al reglamento comunitario que regula la obligación de alimentos, siendo éste el Reglamento (CE) Nº 4/2009 del Consejo de 18 de diciembre de 2008 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, que en su artículo 3. D atribuye la competencia “al órgano jurisdiccional competente en virtud de la ley del foro para conocer de una acción relativa a la responsabilidad parental, cuando la demanda relativa a una obligación de alimentos sea accesoria de esta acción, salvo si esta competencia se basa únicamente en la nacionalidad de una de las partes.”, siendo en este caso competentes también los juzgados españoles.
De todo ello se desprende que la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la de los tribunales nacionales son coincidentes e idénticas en este sentido, por lo que cabe afirmar que la competencia internacional para conocer los litigios relativos a la responsabilidad parental en materia de menores corresponde a los juzgados del territorio donde está establecida la residencia habitual del menor al momento de la interposición de la demanda, siendo estos, en este caso, los juzgados españoles, al disponer los menores, como se ha indicado con anterioridad, de su residencia habitual en ……………..
Está atribuida al orden civil, conforme al artículo 9.2 (LA LEY 1694/1985) Ley Orgánica del Poder Judicial.
Corresponde al Juzgado de Primera Instancia al que se dirige la demanda la competencia por aplicación de lo dispuesto en el artículo 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto se encuentran dentro del partido judicial de ese tribunal el último domicilio conyugal conocido.
642.344.000

References: resolución 
 artículo 21
 artículo 17
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 769