Source: https://elasteroide2.wordpress.com/
Timestamp: 2020-05-29 07:43:18+00:00

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El asteroide | Por una ingeniería civil ética.
La Comisión de Admisión del Comité de Deontología del Colegio de Ingenieros de Caminos, tras casi seis meses, ha resuelto los dos recursos presentados por 30 colegiados contra la inadmisión a trámite de la denuncia inicial, presentada por 47 colegiados, contra el vicepresidente del Colegio, José Manuel Loureda Mantiñán.
La denuncia se presentó por considerar que el vicepresidente mantuvo un comportamiento indigno y deshonesto al haber tenido cuentas en Suiza no declaradas y vinculación con imputados en la trama Gürtel que le ingresaron un millón de euros en dinero negro; así como haber usado los recursos colegiales para justificarse. Este comportamiento vulneraría el artículo 2.2 del Código Deontológico y constituiría una infracción grave tipificada en el art. 51.2.d) de los Estatutos colegiales por dañar gravemente la imagen del colegio y de los colegiados a los que representa.
En anteriores entradas de este blog se dio cuenta de la denuncia inicial, de la primera resolución de inadmisión y de los dos recursos subsiguientes. En ésta se comenta la última resolución sobre ambos recursos, de fecha 9 de febrero de 2015, cuyo texto íntegro se puede consultar aquí.
La Comisión de Admisión desestima los dos recursos y ordena el archivo de las actuaciones. Aunque el fallo es el esperado y coincidente con el de la primera resolución, esta vez la Comisión de Admisión ha mostrado algo más de respeto a los colegiados y a sí misma del que exhibió en el acuerdo de inadmisión inicial, y ha motivado su fallo, como le exige el Reglamento Disciplinario (“la inadmisión será motivada“, art.18.3) .
Nada menos que dos páginas y media de “consideraciones y argumentación jurídica“. No está mal frente al escueto “no constan en los actos denunciados hechos que esta comisión entienda trasladables al ámbito deontológico” con que despachaba la denuncia original. Dos páginas y media dan para mucho. Y cuando lo que se intenta no es afrontar las cuestiones planteadas, sino sortearlas, dan para mucho más. Si en el acuerdo inicial sólo se podía traslucir una cierta prepotencia o un cierto desdén hacia los denunciantes, lo que ahora muestran esas páginas es prepotencia, arbitrariedad, desconocimiento, parcialidad, dejadez, incompetencia,… y un concepto de la ética sorprendente en el órgano que debe defenderla.
En primer lugar, el Comité de Deontología vuelve a actuar prepotentemente cuando prescinde de motivar su resolución sobre la recusación del vocal Tomás Sancho Marco, por haber concurrido a las elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio en 2012 en la candidatura que encabezaba José Manuel Loureda y ser miembro desde entonces hasta la fecha de la Junta de Gobierno de la que el Sr. Loureda es vicepresidente. No es que la motivación sea insuficiente, es que es inexistente, cuando todas las resoluciones administrativas han de ser motivadas. Lo contrario tiene un nombre, se llama “arbitrariedad”.
El Comité de Deontología falta también a la verdad cuando insinúa que la denuncia se fundamenta en hechos puestos de manifiesto por la prensa escrita y no siempre veraces, lo cual es radicalmente falso. La denuncia que se presentó se refería exclusivamente a los hechos reconocidos, e incluso revelados, por el propio denunciado, a saber:
Que tuvo una cuenta no declarada en Suiza.
Que en dicha cuenta le ingresó un millón de euros una persona que en la actualidad está imputado en la trama Gürtel por haber realizado ingresos similares a otros constructores como Luis del Rivero o Fernando Martín, los dos también imputados en Gürtel.
Estos son hechos reconocidos por el sr. Loureda en las conversaciones mantenidas con los compañeros Manuel de Lucas y Marta Serrano y conmigo mismo, como se puede comprobar aquí y aquí.
Pero, además, el Comité de Deontología actúa con parcialidad cuando, tras sembrar una duda generalizada sobre hechos que el propio Loureda ha reconocido, afirma que lo único que le consta es que “el dinero opaco a la Hacienda española fue regularizado” ¿Cómo puede afirmar tal cosa el Comité, si no ha practicado prueba alguna, porque ha inadmitido la denuncia?
La parcialidad del Comité roza el esperpento cuando, para justificar la ausencia de explicaciones por parte de Loureda, afirma que “la política de comunicación de numerosas empresas es contraria a este parecer [rectificar hechos falsamente atribuidos por los medios de comunicación], puesto que la aparición de noticias (réplicas y contra-réplicas) conlleva la continuidad de la noticia con imprevisibles repercusiones en sus grupos de interés“.
Lo peor de esta frase no es que el Comité de Deontología nos esté diciendo que si nuestro vicepresidente recibe ingresos ilegales de imputados no debemos pedirle explicaciones, para no perjudicar sus intereses particulares. Lo peor es que el propio Comité está anteponiendo los intereses de un grupo privado (Sacyr, en este caso) a los del Colegio y los colegiados. Lo cual ya sabíamos que hacía, pero no por ello deja de ser inadmisible y no por ello deja de sorprendernos que lo confiese aquí tan claramente. Si el vicepresidente del Colegio no quiere dar explicaciones de su conducta impropia a sus representados para no perjudicar sus intereses empresariales, lo que tiene que hacer es dimitir de su cargo en el Colegio.
Pero la parcialidad del Comité es aún más palpable cuando desarrolla su “argumentación jurídica”.
Para empezar, el Comité de Deontología falta a la verdad, y exhibe un desconocimiento pasmoso de sus funciones cuando dice que “la actuación de oficio de esta Comisión no está permitida por nuestro Reglamento“. Esto es radicalmente falso, porque los Estatutos del Colegio dicen, en su artículo 50, que “la acción disciplinaria puede iniciarse por denuncia de la Junta de Gobierno, o en virtud de la presentada ante ésta por cualquier otro órgano colegial“. Y es lo que los firmantes de la denuncia habríamos esperado de nuestro Colegio, cuando aparecieron las primeras noticias sobre las cuentas negras de Loureda, no tener que hacerlo nosotros, particularmente cuando es el propio vicepresidente el que compromete a toda la institución. Y es lo que muchos colegiados llevamos esperando de nuestro Colegio en tantos casos de corrupción que están asolando la profesión. Pero cómo van a hacerlo, si ni siquiera saben que pueden.
El Comité ejerce también de defensor del denunciado y retuerce en su beneficio el argumento cuando invoca el principio “in dubio pro reo” para justificar la inadmisión de la denuncia. Esto, que sería aceptable tras la instrucción de un expediente disciplinario, nunca puede justificar una inadmisión. La inadmisión sólo se puede fundamentar en los motivos tasados en el artículo 18 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario. Precisamente si existen dudas sobre la imputación al denunciado de una infracción deontológica, sólo cabe la apertura de expediente disciplinario, ya que dicho artículo del Reglamento establece de manera inequívoca que la inadmisión sólo puede darse cuando se “constate claramente la falta de responsabilidad disciplinaria imputable al denunciado“. Esto es, cuando no quepa duda de la inocencia de éste; en la duda, pues, la Comisión debe admitir.
Finalmente, el Comité de Deontología dimite radical y deplorablemente de sus obligaciones cuando apela torticeramente al carácter de ultima ratio del ámbito deontológico y afirma además que eso le obliga a proteger sólo “los bienes jurídicos más importantes” y sólo “frente a las infracciones claras y trascendentes“.
Alegar el carácter de ultima ratio de la potestad disciplinaria de un Colegio profesional para no entrar en el fondo del asunto es no tener ni idea de lo que significa la facultad deontológica de los Colegios Profesionales. Y más cuando ni siquiera se ha llegado a practicar prueba porque se inadmite alegando dicha excusa.
El Comité debería recordar también que el principal bien jurídico que debe asegurar un Colegio profesional es “la ética y dignidad profesional” de sus colegiados, que incluye velar por “el respeto debido a los derechos de los particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial” (artículo 5.i) de la Ley de Colegios Profesionales).
Dicho con las palabras, que ya hemos citado en otras ocasiones, del Tribunal Supremo, “es generalmente sabido, por lo demás, y, por tanto, genera una más que razonable certeza en cuanto a los efectos sancionadores, que las transgresiones de las normas de deontología profesional, constituyen, desde tiempo inmemorial y de manera regular, el presupuesto del ejercicio de las facultades disciplinarias más características de los colegios profesionales” (STS 485/2003).
Por el contrario, el Colegio abdica de esta facultad, y termina su resolución diciendo que puesto que los hechos denunciados no han sido objeto de “reproche judicial, administrativo ni legal“, no encuentran encuadre alguno en el ámbito deontológico.
En realidad, las dos páginas y media de argumentación el Comité de Deontología las usa para evitar entrar en el fondo del asunto, que es justo lo que no puede hacer. Porque, precisamente por ser ultima ratio en el ámbito deontológico, lo que el Reglamento de Procedimiento Disciplinario le pide a la Comisión de Admisión, en el ya citado artículo 18.3, para fundamentar el rechazo de una denuncia, es que muestre la “falta de trascendencia deontológica de los hechos denunciados“.
Para cumplir con ese mandato, el Comité de Deontología lo tenía muy fácil, sólo debía responder a las preguntas que le formulábamos en nuestro recurso:
¿Considera el Comité de Deontología que evadir capitales y defraudar a la Hacienda Pública se ajusta “a los principios éticos básicos de responsabilidad social, integridad y dignidad personal” que el artículo 2.2 del Código Deontológico exige a los ingenieros de caminos?
¿Considera el Comité de Deontología que la legislación fiscal o las leyes relativas al blanqueo de capitales y a las transacciones económicas, no se encuentran entre las “que regulan el ejercicio de la profesión” y, por tanto, los ingenieros de caminos no estamos obligados por ellas, como prescribe el artículo 2.2 del Código Deontológico?
¿Considera ético el Comité de Deontología que desde que se descubrieron estos hechos en enero de este año, hasta la fecha, haya pasado más de un año sin que el vicepresidente Loureda haya dado ni una sola explicación ni una sola prueba que aclarara en concepto de qué se le hizo el ingreso o cuándo regularizó la cuenta?¿Considera el Comité de Deontología que esta conducta del vicepresidente no está causando “daños que afecten gravemente a la imagen del colegio, de sus órganos o de los colegiados” y, por tanto, no constituye una falta grave tipificada en el artículo 51.2.d de los Estatutos del Colegio?
¿Considera el Comité de Deontología que evadir capitales y defraudar a la Hacienda Pública satisfacen “las más estrictas normas de moralidad y ética”, que el artículo 9.4 del Código Deontológico exige a los cargos directivos del Colegio?
Aunque intenta evitarlo con los bizantinos argumentos que hemos comentado más arriba, en el fondo, lo que el Colegio de Caminos ha hecho en este caso es responder con un rotundo “sí” a todas estas cuestiones.
Os recomiendo la lectura íntegra del texto de la resolución. Es muy ilustrativa de una forma de entender el poder (y la sumisión al poder) y de un curioso concepto de ética o, mejor, de una ambigüedad ética que resultará familiar a muchos, particularmente a aquéllos que hemos trabajado en grandes constructoras.
Esta semana estamos de enhorabuena. El entramado de nuestra querida casta comienza a resquebrajarse. Es una pequeña fisura, pero de muchos de nosotros depende que sea el principio del fin.
Por fin un juez está investigando a una constructora, precisamente por las prácticas corruptas que muchos conocemos más que de sobra. Por fin un juez se atreve a indagar en las cuentas de uno de los miembros más conspicuos de la casta: Ferrovial.
Y que conste que Ferrovial no es ni mejor, ni peor, sino igual al resto de grandes constructoras. Ha hecho lo que todas, delinquir con el beneplácito de la otra casta, la política, y con la idea de que era un pecado menor, triquiñuelas que todos los grandes empresarios hacen por el bien del país, e incluso de la humanidad. Porque sin ellos, como les enseñan en las escuelas de negocios en las que se forman, estaríamos perdidos. Así nos han robado durante demasiados años.
El juez está investigando, como no podía ser de otra manera, los dos delitos que mencionábamos hace unos meses en nuestra página Código Ético:
1.- “La constructora Ferrovial colocaba menos acero en los viaductos de las obras del AVE en Catalunya del que le cobraba a Adif“. “EL PERIÓDICO ha tenido acceso a documentos y a testigos que corroboran esta artimaña supuestamente destinada a defraudar al erario público“. “Solo en 10 obras del 2007 (viaductos de Papiol y Cervelló, entre otras), la diferencia entre el acero empleado y el cobrado ascendería a casi 1.200 toneladas, según un estadillo que obra en manos del juez y al que ha tenido acceso este diario. Este desfase supuso un sobrecoste de aproximadamente 600.000 euros” (estafa).
2.- “La constructora sobornaba a altos cargos de Adif” (cohecho).
El pan nuestro de cada día (de ingenieros). Nada que no supiéramos. Hasta dan ganas de sonreír viendo la candidez de las cifras. Pero es agradable ver que por fin se están tratando estos delitos como lo que son: DELITOS cometidos y fomentados por la Dirección de las empresas, y consentidos, por decirlo suavemente, por los altos cargos de las Administraciones y Empresas Públicas, porque los denunciantes añaden: “este método se utilizó desde el 2006 hasta, al menos, el 2013. (…) Era una práctica habitual certificar más metal del que se había utilizado. (…) Eso siempre se ha hecho en todas las obras de titularidad pública. Directivos de Ferrovial daban luego el visto bueno a los desfases“.
La noticia completa, y no tiene desperdicio, está en este enlace.
Por supuesto, la empresa Ferrovial no ha desmentido nada, ¡qué podría decir que no se use luego en su contra! Tampoco ha abierto una investigación interna, ¡qué iba a descubrir que ya no sepa! Se ha limitado a responder, a través de un portavoz, “que todas las obras del AVE realizadas para Adif eran supervisadas por la empresa pública“. Pero, por favor, ¡si os están acusando de que teníais comprados a los supervisores!
Y mientras tanto, Florentino a punto ha estado de recibir la última medalla del Colegio que le faltaba. Y a Rafael del Pino se le ha nombrado miembro de la Academia de Ingeniería. Creo que para ser académico hay que ser un destacado profesional de la ingeniería española. Ignoro los méritos ingenieriles de Rafael del Pino, pero, por lo que dicen las notas de prensa, conozco a más de 50 profesionales de la ingeniería o profesores de universidad con bastantes más méritos que él. Me ha recordado cuando a Cebrián le eligieron académico de la Lengua. Al parecer, su mayor logro ha sido presidir Ferrovial durante estos últimos años. O sea, haber heredado una constructora de su padre y haberla llevado a sus más altas cotas de corrupción. Eso sí, es uno de los sumos sacerdotes de la secta de la que todos participamos. Y ya sabemos que eso, si no respeto (el respeto no se compra), merece títulos, medallas y distinciones.
A quienes respetamos, admiramos y animamos a que aguanten es a los denunciantes, Jesús y Vicente, extrabajadores de la constructora, porque a pesar de estar jubilados lo van a pasar mal hasta que termine el juicio. Ellos son los que tendrían que recibir el apoyo de la profesión y si tuviéramos un Colegio decente y ético, los que merecerían las medallas, por haber tenido la dignidad y la valentía que otros no tienen. Gracias y ánimo. Y que sepáis que este ingeniero de caminos os apoya en vuestro compromiso con la verdad y que se pone a vuestra disposición si necesitáis ayuda.
Sí, de nosotros depende: jueces honrados, trabajadores éticos; es la sociedad civil en cada sector la que debe limpiarlo, porque nuestros políticos no lo van a hacer. Por lo menos no éstos, que han hecho sus fortunas precisamente con cohechos obtenidos por contratos de obra pública (Gürtel, Bárcenas, Palau, Pujol, Púnica,…).
Por eso es tan importante lo que han hecho Jesús y Vicente. Y por eso es un ejemplo. Sobre todo para los trabajadores que ya están jubilados y no tienen nada que perder y sí ganar el reconocimiento de una sociedad harta. Atreveos a denunciar. No se trata de meter en la cárcel a estos chorizos pero sí de que la opinión pública sepa (porque aunque a los que trabajamos en esto nos pueda parecer raro, no lo sabe), que no son prohombres, que no son ejemplo de nada sino todo lo contrario: son ladrones, estafadores y mafiosos, y han contribuido al hundimiento económico y moral de este país en su propio beneficio.
Si os podemos ayudar con la denuncia, estamos a vuestra disposición. En todo caso, a través de la plataforma FÍLTRALA, podéis hacerlo de forma anónima. Creo que es esta plataforma la que canalizó precisamente la denuncia a Ferrovial.
Con fecha 11 de septiembre de 2014, 29 colegiados hemos presentado recurso de reposición contra el acuerdo de la Comisión de Admisión de no admitir a trámite la denuncia de carácter deontológico contra el expresidente de Sacyr José Manuel Loureda.
La denuncia se interpuso tras habérsele descubierto al actual vicepresidente del Colegio, Loureda, una cuenta en Suiza en la que recibió un ingreso de un millón de euros en dinero negro realizado por un empresario imputado en la red Gürtel.
Es importante resaltar que entre los miembros de la Comisión que han tomado el acuerdo figura el colegiado Tomás Ángel Sancho Marco, que entendemos que debería haberse inhibido por tener amistad íntima con el denunciado, ya que concurrió a las elecciones en la candidatura del Sr. Loureda y lleva dos años como vocal de la Junta General de la que Loureda es vicepresidente.
El acuerdo de la Comisión de Admisión es francamente decepcionante, ya que impide que el Comité de Deontología aborde el fondo del asunto, y despacha la denuncia (¡firmada por 47 colegiados, nada menos!, posiblemente la denuncia con más apoyos en muchos años, y contra un cargo colegial), alegando que no hay ningún indicio de que los hechos denunciados estén relacionados con el ejercicio de la profesión de ingeniero de caminos de Loureda, o con el desempeño de su cargo de vicepresidente del Colegio, y que, en todo caso, dichos hechos, no tienen que ver con la deontología profesional ni con el correcto ejercicio de la profesión de un ingeniero de caminos.
Ante este posicionamiento, los firmantes del recurso creemos que no es a la Comisión de Admisión a quien corresponde valorar los hechos denunciados, sino al Comité de Deontología, al que preguntamos:
“¿Considera el Comité de Deontología que la legislación fiscal o las leyes relativas al blanqueo de capitales y a las transacciones económicas, no se encuentran entre las “que regulan el ejercicio de la profesión” y, por tanto, los ingenieros no estamos obligados por ellas?”
“¿Considera ético el Comité de Deontología que desde que se descubrieron estos hechos en enero de este año, hasta la fecha, hayan pasado ocho meses sin que el vicepresidente Loureda haya dado ni una sola explicación ni una sola prueba que aclarara en concepto de qué se le hizo el ingreso o cuándo regularizó la cuenta?”
El texto completo del recurso puede consultarse aquí.
Otro compañero, Eduardo Fernández de la Pradilla, ha interpuesto un recurso particular, que, con matices, comparte muchas de las críticas al acuerdo de la Comisión de Admisión. A continuación adjuntamos el texto de este otro recurso:
“A la atención de la Comisión de Admisión del Comité de Deontología del CICCP
Habiendo recibido por correo certificado el 19 de Agosto del 2014 el acuerdo de la Comisión de Admisión del Comité de Deontología del CICCP fechada el 25 de Julio del 2014 sobre la denuncia presentada contra D. José Manuel Loureda Mantiñan; de acuerdo con la legislación vigente, y en un plazo de menos de un mes del recibo de la notificación del acuerdo, por el presente correo electrónico presento un recurso de reposición sobre dicho acuerdo basado en los siguientes argumentos:
De acuerdo con el artículo 16 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario del CICCP sobre la abstención y recusación de los miembros de la Comisión de Admisión del Comité de Deontología, considero que don Tomas Ángel Sancho Marco debiera haber suspendido su pertenencia a la Comisión de Admisión del Comité de Deontología y haberse abstenido de este procedimiento al concurrir los supuestos ‘c) tener amistad’ al haber compartido candidatura en las elecciones del CICCP y ‘d) tener relación de sociedad o de servicio’ al compartir la dirección del CICCP con el denunciado.
Al no haberse abstenido de los procedimientos don Tomas Ángel Sancho Marco, aun teniendo claros motivos para ello, considero que el acuerdo de la Comisión de Admisión del Comité de Deontología se puede considerar nulo al haber vulnerado el Reglamento de Procedimiento Disciplinario del CICCP.
Por tanto solicito que la Comisión de Admisión se reúna de nuevo para considerar la denuncia presentada sobre D. José Manuel Loureda Mantiñan, y así mismo solicito la recusación de don Tomas Angel Sancho Marco de esa reunión por motivos de amistad y relación de sociedad o de servicio con el denunciado.
La Comisión de Admisión considera que “…no existe utilización indebida de los medios del Colegio … ya que la información aportada en dicho correo electrónico, era de interés para los colegiados, no apreciándose, a su vez, ningún perjuicio para la institución colegial”.
Considero que este argumento no es válido puesto que la información aportada por D. José Manuel Loureda Mantiñan en el correo electrónico en cuestión es puramente de carácter personal, no tiene relación alguna con su puesto como Vicepresidente del CICCP ni con temas profesionales, ni con noticias de interés para los colegiados. Al contrario, el contenido del correo electrónico es claramente personal, refiriéndose a hechos de la vida privada de D. José Manuel Loureda Mantiñan, ajenos a su actividad como Vicepresidente, anteriores a su elección y sin ninguna relación con la profesión, la institución del CICCP o el interés de los colegiados.
En cualquier caso considero que la afirmación de la Comisión de Admisión no está debidamente razonada.
Así mismo, no corresponde a la Comisión de Admisión el determinar si la información contenida en el correo electrónico es, o no es de interés para los colegiados. Una vez que se han determinado los hechos, considero que corresponde a la Comité Deontológico en sí, y no a la Comisión de Admisión el determinar si el uso del correo electrónico es, o no es legítimo. La Comisión de Admisión, puesto que los hechos no están en disputa, debiera admitir la denuncia a trámite y convocar al Comité de Deontología al que corresponde decidir si el correo es de interés a los colegiados y por tanto si la actuación de D. José Manuel Loureda Mantiñan vulnera el Codigo Deontologico del CICCP.
Por tanto solicito que la Comisión de Admisión admita la denuncia a trámite para que sea el Comité de Deontología quien determine si el contenido del correo electrónico es de interés a los colegiados y si corresponde a las funciones del Vicepresidente del CICCP o por el contrario es improcedente e impropio de las funciones, responsabilidades y cargo del Vicepresidente.
En caso de que la Comisión de Admisión no admita la denuncia a trámite, solicito que justifique claramente y con propiedad la opinion de que el correo es de interés colegial.
Atentamente“
Bien, las cartas están otra vez sobre la mesa y ahora le toca jugar al Colegio ¿Se empecinará en proteger a su vicepresidente, contra la imputación motivada de más de 50 colegiados, sin dar un solo argumento? ¿O nos va a explicar por qué considera que la evasión fiscal no tiene interés deontológico? ¿Justificará por qué no le parecen indicios probatorios suficientes para, por lo menos, abrir un expediente informativo, el que todos los medios hayan relacionado el pago de dinero negro con su actividad profesional como constructor en Sacyr? ¿O argumentará por qué mantener a un vicepresidente que reconoce haber defraudado a la Hacienda Pública no daña su imagen ni la nuestra? ¿Se abstendrá esta vez el vocal Tomás Sancho Marco?
Lo sabremos pronto, porque esta vez el Colegio no va a poder sacar su resolución con la nocturnidad y alevosía propias de quien tiene mucho que ocultar, como hizo con la anterior, notificada a primeros de agosto. Ahora hay un plazo, fijado por el Reglamento Disciplinario, de un mes, para notificar. O sea, que antes del 11 de octubre saldremos de dudas.
Finalmente, hemos decidido presentar un Recurso de Reposición al Acuerdo de la Comisión de Admisión sobre la denuncia a Loureda. El texto del recurso lo podéis ver aquí.
Lo entregaré en el Colegio mañana, día 11 de septiembre, porque sólo hay un mes de plazo y el mío finaliza mañana.
No hace falta haber firmado la Denuncia para firmar este recurso, porque NOS AFECTA A TODOS LOS COLEGIADOS.
Así que, aunque hay muy poco tiempo, es importante que lo difundáis todo lo que podáis. En este caso, más allá del tema Loureda, creo que se trata de evitar que el Comité de Deontología nos tome por tontos, cosa que ya ha hecho al despachar en dos líneas una denuncia de 47 colegiados sobre un tema que ha salido en todos los medios de comunicación ¿Qué no hará con denuncias de particulares sobre temas de menos transcendencia? Lo que le pedimos es que se moje y entre en el fondo del asunto, que es de extrema gravedad.
Por favor, todos los que queráis firmarlo, basta con que me enviéis un correo a mi dirección (javierp@fckestructural.com) con vuestro nombre y el número de colegiado, antes de las 10 de la noche de hoy, miércoles. También podéis decirlo en el debate de Linkedin “EL COMITÉ DE DEONTOLOGÍA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS CONSIDERA INTRASCENDENTE QUE SU VICEPRESIDENTE LOUREDA TUVIERA DINERO NEGRO EN SUIZA”, dentro del grupo “Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos”.
Os agradecería también que me enviarais vuestra firma escaneada, si no lo habéis hecho ya. Pero si os resulta imposible hacerlo hoy, esto lo podéis dejar para más adelante.

References: artículo 2
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 50
in dubio
 artículo 18
 resolución 
 artículo 18
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 51
 artículo 9
 artículo 16
 resolución