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Timestamp: 2019-02-19 03:34:07+00:00

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Reajustes por movilidad. Ley 24.241. Principio de sustitutividad.
Reajustes por movilidad. Ley 24.241. Principio de sustitutividad. Ausencia de porcentaje mínimo. Derecho a la percepción de la diferencia entre el haber inicial determinado conforme los parámetros de la sentencia y el 70% del sueldo promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas
Causa: “Hartmann, Gabriel Leonidio c/ANSES s/reajustes varios”, Expte. 79740/14
Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II, 19/9/18
1. La Constitución Nacional en su art. 14 bis consagra la garantía de movilidad y los principios de integralidad e irrenunciabilidad de las prestaciones de la seguridad social; ello implica que el monto al que ascendiera el primer haber jubilatorio debería garantizar una razonable y adecuada proporción con las remuneraciones del trabajador que la prestación por vejez viene a sustituir.
2. Pese a que el sistema legal vigente no dispone de pautas de sustitución mínimas y ello no puede presumirse como imprevisión legal, a los fines de que esas garantías constitucionales se tornen operativas, no existe otro método que no sea el de establecer un porcentaje de sustitución mínimo para el haber de sentencia –so riesgo de vulnerar el principio de supremacía constitucional que consagra el artículo 31 de la Ley Suprema- con relación a los salarios activos percibidos por el beneficiario durante su vida laboral, a fin de tornarlo compatible con la garantía constitucional de movilidad del artículo 14 bis de la Ley Suprema, rectamente interpretada por el Tribunal Supremo en innumerables precedentes.
3. Si bien la Ley 24.241 establece una metodología de cálculo que dista de modo sustancial de la contemplada por las leyes vigentes al momento de su sanción, ello no habilita al legislador para instaurar una sistema de cómputo del haber previsional a extramuros de la Constitución Nacional y de la doctrina del Alto Tribunal de la Nación, que se traduzca en haberes irrisorios o ajenos a la naturaleza sustitutiva que debería revestir toda prestación de la seguridad social tendiente a cubrir la contingencia de vejez.
4. El mecanismo establecido en la sentencia en torno a la actualización de las remuneraciones, la pauta de actualización futura y los topes carecería de sentido si no se estableciera un patrón numérico concreto al enrevesado algoritmo legal, que sirviera de clípeo protector de los principios constitucionales de proporcionalidad y sustitutividad, pilastras fundamentales en las que se asienta la garantía constitucional de movilidad.
5. Si al momento de practicarse la liquidación conforme los parámetros establecidos en la sentencia para el cálculo del haber inicial, no se obtuviera como resultado final un haber proporcional y sustitutivo del salario de actividad y arrojara, por el contrario, un monto inferior al 70% del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas, el organismo demandado deberá reconocer al actor la diferencia correspondiente hasta alcanzar este porcentaje mínimo.
Como lo señalara uno de los más preclaros civilistas argentinos, “. la transacción implica sustancialmente un reconocimiento parcial y una renuncia parcial de derechos. En otras palabras, se renuncia parcialmente a un derecho para obtener el reconocimiento y consolidación del resto de la pretensión” (v. Guillermo A. Borda, “Tratado de Derecho Civil – Obligaciones – Octava Edición Actualizada, Editorial Perrot, Buenos Aires, T. I pág. 553).
Y más adelante, concluyó del siguiente modo:”La prestación previsional viene a sustituir el ingreso que tenía el peticionario como consecuencia de su labor, de modo que el nivel de vida asegurado por la jubilación debe guardar una relación justa y razonable con el que le proporcionaban al trabajador y a su núcleo familiar las remuneraciones que venía recibiendo y que definían la cuantía de sus aportes, lo que ha llevado a privilegiar como principio el de la necesaria proporcionalidad entre los haberes de pasividad y de actividad.” (Considerando 11°).
Desde antiguo ha puntualizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “los jueces deben conformar sus resoluciones a las decisiones que en casos análogos dicte la Corte Suprema haciendo jurisprudencia” (v. “Videla Magdalena c/García Aguilera, Vicente”, año 1870 Fallos 9: 53; id. “Cerámica San Lorenzo S. A.” , Fallos 307: 1094); seguimiento que entraña para todos los jueces de la República un ”...deber moral que se funda principalmente en la presunción de verdad y justicia que a sus doctrinas da la sabiduría e integridad de los magistrados que la componen y tiene por objeto -dicho obligatorio seguimiento- evitar recursos inútiles.” (v. “Pastorino, Bernardo, capitán de la barca Nuovo Principio c/Ronillón Marini y Cía.” Año 1883, Fallos: 25: 364).
En cuanto a la aplicación en la presente causa del Decreto Nº 807/16 y de la Resolución ANSeS 56/2018 peticionada por el organismo demandado en su memorial de expresión de agravios, no pueden tener favorable acogida -aunque con diferente alcance por las siguientes razones.
En efecto, es sabido que el tribunal de alzada “no podrá fallar sobre capítulos no propuestos [en la demanda o en la contestación de demanda] a la decisión de primera instancia” (CPCCN, art.277), como asimismo el “escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considerada equivocadas” (id.art.265).
En cuanto al planteo referido a la actualización de la Prestación Básica Universal (PBU), el Alto Tribunal de la Nación en la sentencia pronunciada en la causa “Quiroga, Carlos Alberto c/ANSeS s/Reajustes Varios (Fallos 337: 1277), puso particular énfasis en el carácter integral de los beneficios de la seguridad social (C.N. art.14 bis): “aspecto del que es parte esencial -aclaró- la correcta fijación del monto inicial de los haberes, pues de otro modo no podría mantenerse una relación justa con la situación de los activos” (Considerando N° 9).
Con respecto al planteo de inconstitucionalidad del art. 24 Ley 24.241 en lo que se refiere al cómputo máximo de 35 años de servicios con aportes anteriores a Julio de 1994 para el cálculo de la PC, conforme la copia de la resolución otorgatoria del beneficio acompañada con la demanda, el actor no superó el tiempo de servicios máximo que establece esta norma, por lo que resulta abstracto expedirse al respecto (Fallos 335:2333; 331:2353; 329:5068, entre muchos otros); y corresponde, revocar, lo resuelto en la instancia de grado.
Conforme a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dispuso que la merma en el haber previsional resulta confiscatoria cuando excede el 15% (v. “Actis Caporale, Laureano”; Fallo: 323:4216), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art.25 de la Ley 24.241 en la medida que se compruebe que el organismo demandado actualizó las remuneraciones nominales sobre la base imponible máxima prevista en el art.9 de la Ley 24.241 y que la aplicación de este límite produce una diferencia mayor al 15%.
Lo que aquí se resuelve, en consecuencia, se ajusta a la siguiente y reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que expresa lo siguiente:” ... al tratarse de créditos de naturaleza previsional, su contenido alimentario exige una consideración particularmente cuidadosa, a fin de que, en los hechos, no se afecten sus caracteres de integrales e irrenunciables, ya que las prestaciones correspondientes tienden a la cobertura de los riesgos de subsistencia y ancianidad, que se hacen manifiestos en los momentos de la vida en que la ayuda es más necesaria, lo que no se compadece con la posibilidad de que las sentencias dilaten sin término la decisión de las cuestiones sometidas a los jueces.” (v. “Barry, María Elena c/ ANSES. s/ reajustes por movilidad”, B. 789.XXXI).
Respecto al agravio que gira en torno a los arts. 9 inc. 3) de la Ley 24.463 y 26 de la Ley 24241, conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Actis Caporale, Laureano”, (Fallo: 323:4216) “... resulta comprobado el perjuicio concreto que ocasionó la aplicación del sistema de topes durante los períodos a que se refieren los agravios del organismo previsional, en medida tal que la merma del haber resulte confiscatoria de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Fallos: 307:1985; 312:194, entre muchos otros”.
Pese a que el sistema legal vigente no dispone de pautas de sustitución mínimas y “... ello no puede presumirse como imprevisión legal ...” (CSJN in re “Bernoist Gilberto c/ANSeS s/ Previsional Ley 24.463”, sentencia del 12 de junio de 2018), a los fines que esas garantías constitucionales se tornen operativas, no existe otro método que no sea el de establecer un porcentaje de sustitución mínimo para el haber de sentencia -so riesgo de vulnerar el principio de supremacía constitucional que consagra el artículo 31 de la Ley Suprema- con relación a los salarios activos percibidos por el beneficiario durante su vida laboral, a fin de tornarlo compatible con la garantía constitucional de movilidad del artículo 14 bis de la Ley Suprema, rectamente interpretada por el Tribunal Supremo en innumerables precedentes.
El Alto Tribunal de la Nación en la causa “Quiroga, Carlos Alberto c/ANSeS s/Reajustes Varios” (Fallo 337:1277), puso especial énfasis en el carácter “integral” de los beneficios de la seguridad social (C.N. art. 14 bis): “... aspecto del que es parte esencial – puntualizó- la correcta fijación del monto inicial de los haberes, pues de otro modo no podría mantenerse una relación justa con la situación de los activos” (v. considerando Nº 9).
El filósofo Erich From señalaba con acierto en su famoso libro “El miedo a la libertad”, lo siguiente:”Con abierta desatención o con sutil condescendencia, forma usual de tratar a los que no tienen poder, como los enfermos, los ancianos y los niños.”
La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo en un fallo de antigua data lo siguiente:”... la jubilación constituye la prolongación, después de la cesación regular y definitiva de la actividad social laboral del individuo, de la remuneración, como débito de la comunidad por el servicio que él ha presentado.” (...) “... esta Corte ha declarado reiterada y constantemente que el principio básico que sustenta el sistema previsional argentino es el de la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad” (Fallos: 263:400, 265:256; 267:196; 279:389).
En el “leading case” “Badaro Adolfo Valentín c/ ANSeS s/ Reajustes Varios” (sentencia del 8 de agosto de 2006), el Alto Tribunal consagró la siguiente doctrina: “...la finalidad de la garantía constitucional en juego [“movilidad”] es acompañar a las prestaciones en el transcurso del tiempo para reforzarlas a medida que decaiga su valor con relación a los salarios de actividad” (considerando Nº 13; “id”: “id” Fallos 307: 2366).
El ministro Juan Carlos Maqueda -en línea con esta doctrina suprema- expresó en la sentencia “Cahais, Rubén Osvaldo c/ ANSeS s/ Reajustes Varios” (sentencia del 18 de abril de 2017), que: “... nuestro país ha firmado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores -aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en el mes de junio de 2015- que reconoce en su Preámbulo que “la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades”. Asimismo, entre los deberes generales establece que los Estados parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias a fin de lograr, progresivamente, la plena efectividad de los derechos económicos, y contempla expresamente el derecho que tiene toda persona mayor a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna (arts.4º, inc. d y 17).
En el citado precedente “Quiroga, Carlos Alberto c/ ANSeS s/ reajustes Varios”, como lo hemos puntualizado más arriba, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de recordar que: “...la Constitución Nacional” reconoce el carácter integral de todos los beneficios de la seguridad social (Fallos: 328: 1602 y 2833), aspecto del que es parte esencial la correcta fijación del monto inicial de los haberes, pues de otro modo no podría mantenerse una relación justa con la situación de los activos” (v. considerando Nº9), agregó a renglón seguido lo siguiente: “... para determinar la validez constitucional de las normas en juego y, eventualmente, adoptar un método para subsanar el daño atribuible a ellas, la alzada debía considerar, de manera concreta, qué incidencia tenía la ausencia de incrementos de uno de los componentes de la jubilación sobre el total del haber inicial -pues es éste el que goza de protección-, y en caso de haberse producido una merma, constatar si el nivel de quita resultaba confiscatorio.” (v. considerando Nº 10).
En efecto, en el considerando 9º de este fallo el Tribunal Supremo puntualiza lo siguiente: “Que corresponde al Estado el deber de adoptar las disposiciones necesarias para asegurar una adecuada movilidad a las prestaciones previsionales. Ello surge con claridad del art. 14 bis de la Constitución Nacional en tanto expresa que “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial la ley establecerá: ... jubilaciones y pensiones móviles ...”
Y con mayor contundencia, en el considerando Nº 19 de esta sentencia expresó, en el mismo sentido, que: ”Sobre el punto corresponde advertir que tales disposiciones no deben afectar a las diferencias motivo de debate en esta causa, pues no cabe aceptar que el Estado limite la garantía de pago y cercene un beneficio jubilatorio que, como ya se ha dicho, tiene carácter integral por mandato constitucional.”
En lo que respecta al art. 22 de la ley 24.463 ya me he expedido en los autos “Fernández Vicente c/ ANSES s/ Dependientes: otras prestaciones”, sent.def. 73005 del 26/2/99. Posteriormente, el Alto Tribunal revocó tal decisorio, por sentencia del 18 de diciembre de 2001, así como la declaración de inconstitucionalidad de este artículo en numerosos fallos (Fallos, 323:1861, ”Schiariti”, “Stiep Ramón Alberto c/ ANSES s/ Reajustes por movilidad, sent. del 27 de junio de 2002, entre otros). Por lo que se rechaza el agravio.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) Revocar parcialmente la sentencia apelada conforme surge de los considerandos precedentes; 2º) Declarar inaplicable el art. 9, inc. 2) de la Ley 24.463 por tratarse de una beneficio otorgado en el marco de la Ley 24.241; 3º) Declarar la inconstitucionalidad del art. 79 inc. c) de la Ley 20.628 (Decreto 649/97) en la medida que al practicarse la liquidación del haber, conforme las pautas ordenadas en la sentencia, éste supere el mínimo no imponible tornándose pasible de tributar el impuesto a las ganancias (Ley 27.346); 4º) En el caso de que el haber inicial del actor, calculado conforme a los parámetros de esta sentencia, fuera inferior al 70 % del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas, el organismo demandado deberá reconocer y sufragar al actor la diferencia correspondiente hasta alcanzar este porcentaje mínimo. A partir de allí, se aplicarán las pautas de actualización ordenadas en la sentencia; 5º) Costas en el orden causado (art.21 Ley 24463); 6º) Confirmar el pronunciamiento apelado en lo demás que decide y ha sido materia de agravios; 7º) Regular los honorarios a favor de la representación letrada de la parte actora por su actuación ante la Alzada en el 30% de lo fijado por su actuación en la instancia anterior y 8º) Devolver las actuaciones al Juzgado de origen a sus efectos.
El Dr. Emilio Lisandro Fernández no vota por encontrarse en uso de licencia (Art. 109 RJN). Nora Carmen Dorado. Luis René Herrero. Jueces de Cámara.

References: artículo 31
 artículo 14
 Resolución 
 resolución 
 artículo 31
 artículo 14