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Timestamp: 2018-09-21 00:59:58+00:00

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﻿ SENTENCIA T-507 DE SEPTIEMBRE 16 DE 2016
SENTENCIA T-507 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:POR RAZONES DE ÍNDOLE RELIGIOSA UNA PERSONA PUEDE INHUMAR UNA PARTE DE SU CUERPO QUE COMPORTA RIESGO BIOLÓGICO, AUN CUANDO EL MARCO LEGAL SEÑALA QUE DEBE SER INCINERADA. SE DETERMINA QUE SI BIEN EXISTE UN MARCO LEGAL PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS GENERADOS POR SERVICIOS MÉDICOS EN EL DECRETO 351 DE 2014, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EL MISMO OBEDECE A LA FINALIDAD DE PROTEGER LA SALUBRIDAD PÚBLICA. SE SEÑALA QUE PODRÍA LLEGARSE A UN ACUERDO SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBA REALIZARSE PARA LA DESACTIVACIÓN DE LA EXTREMIDAD AMPUTADA, QUE GARANTICE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Y A SU VEZ SE RESPETE CONVICCIONES DEL PETICIONARIO. SE CONCLUYE ENTONCES, QUE SE VULNERA EL DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA DEL ACCIONANTE Y ORDENA A LAS ENTIDADES QUE PRESTEN SERVICIOS DE SALUD INFORMEN A SUS USUARIOS SOBRE ALTERNATIVAS PARA LA DESTINACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA ATENCIÓN MÉDICA, EN LOS CASOS EN QUE EL PACIENTE OBJETE EN CONCIENCIA SOBRE SU DISPOSICIÓN FINAL O INCINERACIÓN, TENIENDO EN CUENTA QUE TALES OPCIONES NO PUEDEN AFECTAR LA SALUBRIDAD PÚBLICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA SALUBRIDAD PÚBLICA, DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA, OBJECIÓN DE CONCIENCIA, PROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA, DERECHO DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA
Sentencia T-507 de septiembre 16 de 2016
Ref.: Expediente T-5.527.802
Bogotá, D.C., diesciséis de septiembre de dos mil dieciséis.
1.1.Diego Alejandro Botero López de 19 años de edad fue diagnosticado desde 2014 con osteosarcoma en la pierna izquierda (cáncer en el hueso). Después de someterse a diversos tratamientos médicos (prótesis interna de rodilla en titanio y un injerto de tibia en material de osteosíntesis) que no restablecieron su salud, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en la cual le amputaron su extremidad inferior izquierda.
1.2.El señor Botero profesa la religión católica y tiene la creencia que esa parte de su cuerpo debe ser sepultada en campo santo “donde tenga certeza que para el día de su resurrección todo su cuerpo repose completo en un lugar santo y como Dios manda para la resurrección y no como se lo han dicho, que es un desecho que se debe votar y eliminar porque ya no sirve y no es importante.”. Su agente oficioso agrega que para el actor “es una parte importante de su cuerpo que lo acompañó durante 18 años y a la cual le realizó un proceso de duelo admirable.”(1).
El accionante solicitó la entrega del miembro amputado ante la Clínica las Américas, quien le informó que el encargado del tratamiento de la pierna le correspondía al departamento de patología de ese centro médico “debido a que son estos los encargados de recepcionar el elemento y realizar su posterior análisis, para así definir la disposición final”(2).
1.3. Expone que pese a efectuar varios requerimientos ante el referido laboratorio de patología, no le entregaron la pierna amputada porque debía adjuntar una autorización administrativa por parte de la Dirección de Salud de Antioquia. También le fue informado al accionante que en caso de no adjuntar el documento requerido se procedería a incinerar y desechar el residuo biológico.
1.4. El señor Botero López solicitó a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia autorización para “conservar la extremidad bajo el sistema de plastinación el cual busca garantizar un óptimo proceso de conservación de material biológico sin que la parte tratada represente algún peligro de riesgo biológico para los familiares o la comunidad”(3). En sentido similar presentó solicitud ante la Secretaría de Salud de Medellín, obteniendo respuesta adversa a su pretensión por parte de ambas entidades.
1.5Por último el señor Botero López solicitó como medida provisional que se suspendiera el procedimiento de incineración y eliminación del miembro amputado, mientras el juez de tutela adoptaba una decisión.
2.1. Clínica Las Américas.
2.1.1.Afirmó que el procedimiento denominado como “Amputación supracondílea en miembro inferior izquierdo” del paciente Diego Alejandro Botero para el tratamiento de la patología de “osteosarcoma en tibia próxima y osteomielitis crónica de tibia”, produce un “residuo o desecho peligroso con riesgo biológico o infeccioso” de conformidad con el artículo 5º del Decreto 351 de 2014.
2.1.2.Expuso que los residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso, a su vez se sub clasifican en: (a) biosanitarios, anatomopatológicos, (b) corto punzantes, (c) animales, (d) residuos o desechos radioactivos y (e) otros residuos o desechos peligrosos. Adujo que entre los residuos anatomopatológicos, se encuentran: partes del cuerpo, muestras de órganos, tejidos o líquidos humanos, generados con ocasión de la realización de necropsias, procedimientos médicos, remoción quirúrgica, análisis de patología, toma de biopsias o como resultado de la obtención de muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e histológico.
2.1.3.Señaló que como generador de ese tipo de residuos y como responsable de la disposición final de los mismos, tiene el deber legal de garantizar el adecuado manejo intrahospitalario y la disposición final de los mismos, que como se define en el artículo 3º del Decreto 4741 de 2005.
2.1.4.Así las cosas, concluyó que de conformidad con las previsiones legales no puede acceder a la petición elevada, en el sentido de hacer entrega de ese tipo de residuos a particulares. Por ello, solicitó al juez denegar la acción de tutela dado que no se ha transgredido derecho alguno al haber actuado conforme a las directrices impartidas por las leyes que regulan la materia.
2.2. Secretaría de Salud de Medellín.
2.2.1.Manifestó que el 26 de noviembre de 2015 dio respuesta al derecho de petición al señor Diego Alejandro Botero López, informándole que no es pertinente la devolución de su extremidad inferior que fue amputada, toda vez que se trata de un residuo biológico anatomopatológico, que de conformidad con el Decreto 351 de 2014 debe ser eliminado por considerarse un riesgo para la salud humana.
2.2.2.Expresó que el tratamiento de dicho residuo debe surtirse conforme con lo reglamentado en el numeral 8.2.3 del manual de gestión integral de residuos generados en los servicios de salud. Bajo este argumento, consideró que es claro el deber que le asiste a la IPS en dar tratamiento final por medio de la incineración, a los residuos hospitalarios peligrosos, como lo es en este caso la extremidad del afectado.
2.2.3.Manifestó que las Direcciones Departamentales, Distritales y Locales de Salud, tienen el deber de efectuar la inspección, vigilancia y control de la gestión interna de residuos generados en las actividades relacionadas con servicios de atención en salud, como práctica médica. Por lo anterior, señaló que el juzgado debía declarar improcedente la acción de tutela, al carecer de fundamentos fácticos que adviertan la vulneración de derechos fundamentales y en consecuencia exonerar de responsabilidad a la Secretaria de Salud de Medellín(4).
La entidad señaló que el accionante es cotizante perteneciente al Sistema de Seguridad Social en Salud en el Régimen Contributivo a cargo de la EPS Sura, como se evidencia en la base datos del FOSYGA, razón por la cual esa secretaría no tiene competencia para pronunciarse sobre servicios requeridos por personas vinculadas a un régimen diferente al régimen subsidiado(5).
3. Actuaciones del Juzgado Primero Civil Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín.
La entidad requerida expuso que de conformidad con los Decretos 2676 de 2000 y 351 de 2014 de la Presidencia de la República, por medio de los cuales se reglamenta el Plan de Gestión de Residuos Generadores en la Atención en Salud, incluyendo en el Art. 5º sobre la clasificación de los residuos generados en las atenciones en salud, un residuo o desecho con riesgo biológico o infeccioso se considerará peligroso, cuando contiene agentes patógenos como microorganismo y otros agentes con suficiente virulencia y concentración como para causar enfermedades en los seres humanos o en animales(6).
Afirmó que “una extremidad inferior humana amputada se denomina un residuo anatomopatológico y teniendo en cuenta el diagnóstico médico patológico, "Osteosarcoma y Osteomielitis " se considerará peligroso por el riesgo biológico e infeccioso para la salud de otro ser humano y el ambiente”(7), por tal razón para la entidad consultada debe procederse con el proceso de eliminación toda vez que el miembro amputado es peligroso por su riesgo biológico e infeccioso debido a la presencia de agentes patógenos como microrganismos que al entrar en contacto con un ser humano puede causar enfermedad y afectar la salud.
Por sentencia del tres (3) de febrero de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado Primero Civil Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín negó el amparo constitucional, tras estimar que ante la tensión entre los derechos a la libertad de conciencia y culto, frente a la salubridad pública, debe preferirse este último, pues el juez constitucional “no sólo debe velar por los derechos de los directamente implicados, sino evitar con sus decisiones, perjuicios a los demás coasociados, como lo son el medio ambiente y la salubridad pública.”(8).
A su vez, indicó que no es dable conceder ese tipo de pretensiones dado que el residuo que se pretende recuperar es considerado como un residuo de alta peligrosidad, tanto para el personal que lo manipula como para la comunidad, pues “no reposan elementos de juicio que infiriesen de manera razonada que con el procedimiento de plastinación, no existiese riesgo de contagio, contaminación o generación de cualquier agente que coloque en riesgo la salud de las personas, pues si bien el activo la enuncia, no aporta medio de convencimiento alguno que pudiese inferir la aplicación de esta técnica a este residuo biológico que pudiere garantizar su contención. Más aún, cuando la misma ha sido tan especifica en indicar el trámite que debe surtirse sobre este tipo de elementos y cómo debe ser su cuidado, tanto del órgano gestor como de las entidades municipales encargadas de supervisar dicha gestión”(9).
Por constancia de la Secretaría General de la Corte Constitucional de fecha 5 de agosto de 2016, la entidad Clínica Las Américas informó que “en cumplimiento al mandato legal de garantizar la disposición final, PATOLOGÍA LAS AMÉRICAS S.A.S. destinó la extremidad inferior amputada del paciente DIEGO ALEJANDRO BOTERO LÓPEZ a la incineración.”(10).
3. Aclaración previa sobre el objeto de la controversia.
Aunque de conformidad con el canon 1176-3 del Código de Derecho Canónico, “la Iglesia [católica] aconseja vivamente que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos”, no condena la incineración en todos los casos, sino en aquellas situaciones contrarias a la doctrina cristiana(11).
Como se expuso(12), la entidad accionada informó a la Sala Octava de Revisión que la extremidad inferior amputada al ciudadano Diego Alejandro Botero López había sido incinerada de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, luego de quedar en firme el fallo del juez de tutela de primera instancia.
6. Libertad de conciencia.
Los debates más relevantes en el derecho están relacionadas con los límites a la libertad. El constitucionalismo moderno no es ajeno al respecto; tiene mucho que decir. En apariencia, la delimitación del propio actuar parece contrastar con la atomización del individuo fundamentado en teorías libertarias(13), en contraposición con la doctrina contractualista que justifica la existencia del Estado como un ente que detenta el monopolio normativo y de la fuerza para garantizar libertades(14).
A pesar del importante debate que plantean algunos teóricos de la filosofía política sobre la justificación de la existencia del Estado, la Corte no profundizará al respecto, basta con decir que las restricciones al ejercicio de una facultad, son una de tantas formas en las que se generan tensiones al interior de los Estados que devienen en la decisión política de crear derechos. Precisamente en la génesis del que posteriormente se convertiría en el derecho a la libertad de conciencia están presentes elementos represivos frente a los que se opuso la sociedad y culminaron con la formulación del primer derecho fundamental moderno: la tolerancia(15).
La libertad para asumir un comportamiento frente a la vida, con base en las creencias personales, estuvo mediada por la tolerancia, toda vez que permitió la exteriorización de las ideas distintas y de la exigencia de respeto hacia los demás. “Junto con el derecho a la vida y a la integridad, tal vez uno de los derechos fundamentales más primarios o radicales sea aquel que corresponde a toda persona para escoger o elaborar por sí misma las respuestas que estime más convenientes a los interrogantes que le plantea a su vida personal y social, para comportarse de acuerdo con tales respuestas y comunicar a los demás lo que considere verdadero”.(16).
Desde una dogmática del derecho, es posible identificar a la libertad de conciencia como la matriz de otro conjunto de garantías, a saber: la de expresión, la de asociación y la de participación política(17). Esta Corte ha diferenciado entre las mismas, debido a que el hecho que un concepto sea condición necesaria para el entendimiento de otro no los hace idénticos.
En plano de la libertad religiosa, también puede aseverarse que requiere un desarrollo previo de la libertad de conciencia y que no son conceptos homologables. En ese sentido, la Corte no comparte los argumentos que señalan que las libertades referenciadas son equivalentes, pues a lo largo de la construcción jurisprudencial que ha realizado ha sido cuidadosa de diferenciar tales conceptos(18).
6.2. La evolución del concepto de libertad de conciencia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
6.2.1.El concepto de libertad de conciencia ha sufrido transformaciones en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. De manera intuitiva fue empleado sin establecer delimitaciones concretas frente a derechos relacionados con la libertad. Por ejemplo en la sentencia T-403 de 1992, el Tribunal estudio el caso de una persona que interpuso acción de tutela contra la Alcaldía del Municipio de Barbosa, porque esa autoridad le prohibió el uso de un amplificador de sonido que empleaba para proclamar la religión evangélica.
De otra parte, señaló que, contrario a lo expuesto por el accionante, no se configuró la vulneración del derecho a la libertad religiosa pues esta encuentra límites en la libertad en los derechos de las demás personas a no ser forzadas a escuchar o a ver lo que no se desea escuchar o ver(19).
Debe tenerse en cuenta que la Corte no fundamentó su fallo en preceptos abstractos como: "el orden público", "el orden político", "el orden social", "el orden jurídico" o "la tranquilidad pública", para limitar la libertad individual del accionante a difundir su religión. Para la Corporación el hecho de apelar a premisas genéricas para evaluar la supuesta vulneración de derechos fundamentales deja un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad de turno que puede devenir en una restricción excesiva de la libertad(20).
Aunado a ello, la Corte señaló que debe prevalecer un criterio cualitativo –esto es, sopesar su valor relativo, según las circunstancias del caso y los efectos concretos que la restricción de los derechos podría tener respecto de las personas involucradas en la situación concreta−, frente a uno cuantitativo − basado en el número de personas posiblemente afectadas por la limitación−(21), toda vez que “[a]plicar indiscriminadamente el principio general de que el "interés general prima sobre el particular" puede constituirse en un camino fácil para el desconocimiento de los derechos individuales, en desmedro de las minorías y la posición especial que ocupan en un sistema democrático participativo y pluralista”(22).
6.2.2.Con posterioridad, en la sentencia T-421 de 1992, la Corte estudió el caso de un estudiante que solicitó a las directivas del plantel educativo que fuera eximido de las clases de religión y de las prácticas católicas practicadas en esa institución.
En aquella oportunidad la Corporación expuso que obligar al menor a asistir a la referida clase vulneraba su derecho a la libertad de conciencia, razón por la cual procedía el amparo. Sobre el particular la Corte señaló que la libertad de conciencia subsume a una subespecie de ella: La libertad de cultos, esto es, la libertad para profesar o no una cierta religión(23).
En ese sentido, la manifestación de la libertad de conciencia, a través de la libertad religiosa significaba la posibilidad de adjudicar a las personas “la potencia de estar inmune a la coerción tanto de parte de otros hombres como de los poderes del Estado. Por lo tanto, la protección de la libertad religiosa pareciera querer significar que ni se obliga a nadie a obrar contra su propia conciencia ni se le impide actuar conforme a ella, tanto en privado como en público.”(24).
La importancia del fallo expuesto es que la Corte señaló que “el hombre debe hacer aún un esfuerzo para comprender que ese otro es distinto, a veces contrario y, sin embargo, es preciso convivir en el mundo con él. Hay espacio para todos.”(25). Así las cosas, hay un reconocimiento del otro, la otredad y la alteridad, pero sobre todo un llamado a la tolerancia para poder convivir en paz.
6.2.3.En sentencia T-547 de 1993 se estudió el caso de una persona a quien se le impidió denunciar una conducta punible porque que se negó a prestar juramento legal basado en los mandatos de su religión. En esa oportunidad la Corte expuso que las formalidades no podían imponerse sobre la administración de justicia, mucho menos cuando los rigorismos desconocían la libertad fundamental de actuar conforme a los dictados de la conciencia. En concepto de esta Corporación:
“La ratio iuris de la libertad de conciencia es la inmunidad de toda fuerza externa que obligue a actuar contra las propias convicciones y que impida la realización de aquellas acciones que la conciencia ordena sin estorbo o impedimento. El derecho a la libertad de conciencia tiene un doble destinatario: de un lado la persona que pretende actuar conforme a su fuero interno y el deber de los demás de respetarle. No existiría una protección integral en la medida en que no se obligue a las demás personas a respetar las opiniones diferentes. Si para los extranjeros existe la posibilidad de utilizar una palabra diferente al juramento cuando se trate de impedimentos relativos a su conciencia, no existe razón alguna para que a los nacionales colombianos no se les permita ejercer el derecho a la libertad de conciencia. Sí existió vulneración del derecho fundamental a la libertad de conciencia, no en forma deliberada, sino en el afán de los funcionarios de cumplir ciegamente con las disposiciones procedimentales, lo que en algunos casos resulta de un rigorismo exagerado.”(26).
6.2.4.En la sentencia T-393 de 1997, la Corte revisó el caso de una menor de edad que se encontraba en estado de embarazo a quien no le fue renovada la matrícula escolar porque de acuerdo con el manual de convivencia de la institución “el establecimiento educativo dará cupo a estudiantes solteras y sin hijos”, aunado a que las directivas del plantel señalaron que “es contrario claramente a la orientación católica del Colegio, es contrario a la filosofía que inspira la orientación y el colegio no puede cambiar su orientación para satisfacer a una alumna entre 1200”.
Teniendo en cuenta que los jueces de instancia negaron el amparo afirmando que lo mejor para la madre era dejar de asistir a clase toda vez que “después del parto debía brindar cariño y atención a su bebé”(27), la Corte consideró que tal accionar constituía una actitud paternalista, que desconocía la determinación de la accionante y su posición particular sobre la resolución de los conflictos que implicaban su propio vivir y con ello, se vulneraba su libertad de conciencia.
La importancia de este fallo radica en que la Corte Constitucional expuso que el comportamiento de una persona, así fuese contrario a la filosofía del centro educativo en el que desarrolla su formación educativa, no legítima que las autoridades de esa institución desconozca sus derechos fundamentales “en tanto con su conducta [el individuo] no cause daño a la comunidad estudiantil, la conciencia individual debe estar exenta de imposiciones externas.”(28).
6.2.5.Hasta ese momento la jurisprudencia no había precisado de manera clara las diferencias entre las libertades de conciencia, religión, pensamiento y opinión.
En efecto: “la libertad de conciencia se ha distinguido de las libertades de pensamiento y opinión, y también de la libertad religiosa, considerándose que ella no tiene por objeto un sistema de ideas, ni tampoco la protección de una determinada forma de relación con Dios, sino la facultad del entendimiento de formular juicios prácticos en relación con lo que resulta ser una acción correcta frente a una situación concreta que se presenta de facto. En otras palabras, es la facultad de discernir entre lo que resulta ser el bien o el mal moral, pero en relación con lo que concretamente, en determinada situación, debemos hacer o no hacer. Por eso se dice que es un conocimiento práctico.”(29).
6.2.6.En la sentencia T-345 de 2002 se est.udió el caso de una persona quien manifestó que la universidad en la que desarrollaba sus estudios estaba vulnerando su derecho fundamental a la libertad de conciencia al obligarle a cursar y participar activamente en la asignatura: ética, a pesar que era ateo.
6.2.7.En la sentencia C-355 de 2006, la Corte abordó el tema de la objeción de conciencia debido a la inconformidad que algunas entidades prestadoras del servicio de salud manifestaron frente a la obligación de prestar sus servicios para la interrupción voluntaria del embarazo.
En aquella oportunidad la Corte expuso que la posibilidad de objetar en conciencia, entendida como la posibilidad de desconocer una norma de rango legal vigente por motivos relacionados con convicciones personales —esto es, la manifestación positiva del ejercicio de la libertad de conciencia—, sólo podía ser empleada por personas naturales mas no por las entidades en las que trabajan o a quienes representan.
De manera precisa, la objeción de conciencia puede ser definida como la situación en la que se halla la libertad de conciencia cuando algunas de sus modalidades de ejercicio encuentran frente a sí razones opuestas derivadas de una norma imperativa, “cuando la acción que el sujeto considera moralmente obligada se halla jurídicamente prohibida, o cuando la que juzga moralmente prohibida resulta obligatoria para el derecho.”(30).
6.2.8.En la sentencia T-603 de 2012, la Corte estudió el caso de una persona que objetó en conciencia la obligación de prestar el servicio militar obligatorio. Aunque en aquella oportunidad, se negó el amparo solicitado por el accionante, la Corporación reconoció la posibilidad de inaplicar para casos específicos –en los cuales se afectaban convicciones profundas y sinceras− la norma que contempla ese mandato.
En la providencia reseñada(31), la Corporación aplicó al caso en concreto, la posición regla establecida en la sentencia C-728 de 2009, que posibilitó el ejercicio de objetar en conciencia, cuando se fundamentaba en convicciones fijas, sinceras y profundas, y que eran exteriorizadas frente una amenaza.
6.2.9.A partir de la línea jurisprudencial reseñada se extraen las siguientes conclusiones sobre el derecho de libertad de conciencia:
a. Es la garantía de no ser perturbado en la adopción de decisiones, ante las cuales no pueden anteponerse argumentos netamente cuantitativos, ni preceptos abstractos (como la defensa del orden público), sino que debe analizarse las circunstancias específicas del caso –sentencia T-403 de 1992−.
b. Implica que no sólo existe el otro, la otredad o la alteridad, sino que el hombre debe hacer aún un esfuerzo para comprender que ese otro es distinto, a veces contrario y, sin embargo, es preciso convivir en el mundo con él –sentencia T-421 de 1992−.
c. Su ratio iuris es la inmunidad de toda fuerza externa que obligue a actuar contra las propias convicciones y que impida la realización de aquellas acciones que la conciencia ordena sin estorbo o impedimento. Además, tiene un doble destinatario: de un lado la persona que pretende actuar conforme a su fuero interno y el deber de los demás de respetarle –sentencia T-547 de 1993−.
d. Debe estar exenta de imposiciones externas, cuando la divulgación o práctica de ideas no cause daño a los demás –sentencia T-393 de 1997−.
e. No tiene por objeto la protección de un determinado sistema de ideas. Es hacer lo que el individuo crea que es bueno o malo, en una situación concreta −C-616 de 1997−; también implica que nadie puede ser obligado a revelar sus convicciones y creencias –sentencia T-345 de 2002−.
f.Es exigible por personas naturales más no jurídicas, pues tiene como propósito la materialización de la dignidad humana –sentencia C-355 de 2006−.
g.Cuando su ejercicio implica el desconocimiento de una norma de rango legal adquiere el nombre de objeción de conciencia y se protege cuando se fundamenta en convicciones fijas, sinceras y profundas, las cuales debían ser exteriorizadas ante una amenaza –sentencias T-430 de 2013, T-455 de 2014 y SU-108 de 2016−.
7.La excepción por inconstitucionalidad.
7.1.Como expone Alexy: “El derecho no es idéntico a la totalidad de las normas escritas”(32). Existen contenidos no escritos que hacen parte del derecho, así como normas cuyo contenido es válido por su proceso de creación, pero su eficacia real resulta contraria a principios. En el primer caso, se predica la omisión legislativa, asunto objeto de profundos debates en relación con la función que debe cumplir el juez al encontrarse en esa situación. En el segundo, la discusión se concreta en la conformidad de la norma con el ordenamiento jurídico.
7.2.La Constitución es norma de normas (artículo 4º), esto es que tiene un valor preponderante sobre otras fuentes del derecho y que en caso de existir disconformidad entre ésta y cualquier precepto legal deberá darse prevalencia a la Carta Política.
7.3.La segunda es la denominada excepción por inconstitucionalidad por la cual un juez o una autoridad administrativa inaplica un precepto normativo, sólo para una situación específica, por lo cual sus efectos se circunscriben únicamente al preciso asunto en que se alega.
La jurisprudencia constitucional ha definido que “la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a una caso concreto y las normas constitucionales”.(33)
7.4.En consecuencia, esta herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política(34).
8.Carencia de objeto por daño consumado. Reiteración de jurisprudencia.
8.1.Sobre la carencia actual de objeto por daño consumado la Corte ha expuesto que se presenta cuando no se adoptan a tiempo los correctivos necesarios para el restablecimiento de las garantías fundamentales reclamadas. En ese sentido, “se ha ocasionado el daño que se buscaba evitar con la orden del juez de tutela.”(35).
Aunque el objeto de la acción de tutela es la protección efectiva de los derechos fundamentales amenazados, no puede concluirse, sin más, que ante la ocurrencia del hecho que se buscaba evitar, se guarde silencio. La jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que “En estos casos resulta perentorio que el juez de amparo, tanto de instancia como en sede de Revisión, se pronuncie sobre la vulneración de los derechos invocados en la demanda, y sobre el alcance de los mismos. Igualmente, debe informar al demandante o a los familiares de éste, sobre las acciones jurídicas de toda índole, a las que puede acudir para la reparación del daño, así como disponer la orden consistente en compulsar copias del expediente a las autoridades que considere obligadas a investigar la conducta de los demandados cuya acción u omisión causó el mencionado daño. En algunos casos, en los que se ha configurado carencia de objeto por daño consumado, la Corte Constitucional ha dispuesto la imposición de sanciones a los demandados cuya conducta culminó con la vulneración de los derechos fundamentales, de la cual a su vez se derivó el daño”(36).
8.2.En los eventos en los que se configura la carencia actual de objeto, el juez constitucional deberá:
(i)Decidir de fondo en la parte resolutiva de la sentencia sobre la configuración del daño consumado lo que supone un análisis y determinación sobre la ocurrencia o no de una vulneración de derechos fundamentales.(37)
(ii)Realizar una advertencia “a la autoridad pública [o particular] para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela (…)” de acuerdo con el artículo 24 del decreto 2591 de 1991(38).
(iii)Si lo considera necesario dependiendo del caso concreto, ordenar compulsar copias del expediente de tutela a las autoridades correspondientes con el fin de que investiguen y sancionen la conducta que produjo el daño(39).
(iv)Informar al demandante y/o sus familiares de las acciones jurídicas existentes en el ordenamiento jurídico que pueden utilizar para la obtener la reparación del daño(40).
(v)Incluso, en la sentencia T-576 de 2008, “en la cual se conoció de la muerte de un niño como consecuencia de la falta de atención médica, se resolvió proteger la dimensión objetiva de los derechos fundamentales en vista de que no resultaba posible amparar su dimensión subjetiva debido a la configuración de la carencia actual de objeto por daño consumado durante el trámite de la primera instancia. Por tanto, la Sala de Revisión no se limitó a compulsar copias de expediente a las autoridades pertinentes y advertir a la madre del niño sobre las acciones jurídicas respectivas para resarcir el daño, sino que, para proteger la dimensión objetiva del derecho fundamental que encontró vulnerado, ordenó a la EPS demandada (i) colgar una placa en lugar destacado y visible a la entrada de todas sus Clínicas en las que resalte de manera clara y expresa su obligación de proteger en todo momento los derechos constitucionales fundamentales de niñas y niños, (ii) crear un sistema para financiar una beca anual por el lapso de diez años que beneficie la investigación de algún profesional de la medicina del país, sobre temas relacionados con urgencias infantiles, (iii) establecer un Protocolo para la Atención de Urgencias Médicas en sus Clínicas orientado a fijar prioridades así como a exigir efectividad, calidad y rapidez en la atención de los pacientes e instruir respecto del mismo a todo su personal administrativo y médico, y (iv) publicar en dos diarios de amplia circulación nacional un extracto de la sentencia”(41).
8.3.De esta manera, el juez constitucional no puede amparar una violación a los derechos fundamentales como resultado de la consumación del daño, pues ello implicaría avalar situaciones inconstitucionales para las personas, en la medida en que los mandatos superiores quedarían simplemente en el papel.
En ese sentido, el juez debe adoptar medidas para evitar que en el futuro se vuelvan a presentar las situaciones que generaron el desconocimiento de los derechos fundamentales. Dicho de otra manera, “se busca salvaguardar la dimensión objetiva de las garantías fundamentales, las cuales adquieren la composición ontológica de principios, que pretenden su cumplimiento como mandatos de optimización, esto es, su concreción en la mayor medida de las posibilidades fácticas y jurídicas(42)”.
9.Requisitos de procedencia de la acción de tutela.
Así, en el artículo 42 del Decreto Estatutario 2591 de 1991 se definieron aquellos casos en que podía hacerse uso del mecanismo en cuestión para atacar conductas provenientes de particulares(43). Dentro de estas hipótesis se contempló qué entes privados pueden ser sujetos pasivos de la acción cuando se constate una situación de indefensión y/o subordinación entre quien reclama el amparo y el agente al que se le endilga la violación.
“La subordinación ha sido entendida por esta Corporación como la existencia de una relación jurídica de dependencia, la cual se manifiesta principalmente entre trabajadores y patronos, o entre estudiantes y profesores o directivos de un plantel educativo. Por su parte, según la jurisprudencia, el estado de indefensión es un concepto de carácter fáctico que se configura cuando una persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta frente a otra, de modo que, por el conjunto de circunstancias que rodean el caso, no le es posible defenderse ante la agresión de sus derechos. Así mismo, la jurisprudencia ha dicho que la indefensión se presenta en aquellas circunstancias en las cuales la persona ofendida carece de medios jurídicos de defensa o también, cuando a pesar de existir dichos medios, los mismos resultan insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales.”(44).
10.Análisis del caso concreto.
10.1.Examen sobre el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción.
10.2.Sobre la procedibilidad material del amparo.
De la normatividad aplicable para el manejo de partes del cuerpo retiradas por medio de procedimientos quirúrgicos
De animales. Son aquellos residuos provenientes de animales de experimentación, inoculados con microorganismos patógenos o de animales portadores de enfermedades infectocontagiosas. Se incluyen en esta categoría los decomisos no aprovechables generados en las plantas de beneficio.”(45).
“ART. 12.—Tratamiento de residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso. En el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en los Servicios de Salud y otras Actividades se establecerán los procedimientos y requisitos que se deben tener en cuenta al momento de realizar el tratamiento de los residuos con riesgo biológico o infeccioso, con el fin de garantizar la desactivación o eliminar la característica de peligrosidad, evitando la proliferación de microorganismos patógenos.”(46).
Posteriormente, estos residuos deben estar congelados a una temperatura mínima de -4°C para evitar el derramamiento de líquidos, y entregarse en este estado a la empresa encargada del transporte y tratamiento final (incineración)(47).
De conformidad con el marco legal expuesto, la extremidad amputada al señor Diego Alejandro Botero López, es un residuo anatomopatológico cuyo destino usual es la incineración. Para la Corte es claro que existe disposición normativa aplicable al caso objeto de estudio. La determinación de desactivar los restos humanos generados por la práctica de intervenciones quirúrgicas corresponde a la protección de la salubridad pública, pues tales productos representan un riesgo sobre la salud humana y animal(48).
10.3. La razón de ser de las normas es el cumplimiento de su finalidad, la cual debe obedecer a la dignificación del ser humano.
Tal disentimiento, en el fuero interno de la persona, es un asunto que no le compete al Derecho, pero su manifestación y exteriorización por medio de conductas es un hecho relevante. El cumplimiento de las leyes no es un asunto de gustos, sino una obligación real. Sin embargo como expone Alexy, no hay obligatoriedad de cumplir un mandato injusto pues el juez que ordene ello, estaría profiriendo no derecho(49) –“El no-derecho impuesto que viola manifiestamente los principios constitutivos del derecho no se vuelve derecho por ser aplicado u obedecido.”(50).
Para resolver el interrogante planteado, debe señalarse, que la plastinación es un procedimiento técnico de preservación de material biológico, creado por el artista y médico científico Gunther von Hagens en 1977(51), que consiste en extraer los líquidos corporales como el agua y los lípidos por medio de solventes como acetona fría y tibia para luego sustituirlos por resinas elásticas de silicona y rígidos de epóxicas(52). Esta técnica presenta las siguientes ventajas: “No es necesario ningún sistema de conservación para especímenes plastinados, sólo se han de mantener alejados de la luz solar directa y cuando no estén expuestos se han de proteger en bolsas o vitrinas. La coloración se aproxima a lo natural, aunque esto dependerá de la mezcla de embalsamar que se haya utilizado para conservar el tejido. Dota de una rigidez a las disecciones que alarga la duración de las mismas y permite mayor manipulación”(53).
Según el Museo de la Ciencia de la Universidad Autónoma de México, la plastinación tiene “propósitos educativos y de instrucción”(54). El producto de los elementos sometidos al proceso de plastinación no parece representar peligro alguno para la salubridad pública, más bien la controversia que suscitan tiene relación con aspectos éticos, morales y religiosos(55). En estricto sentido, el argumento presentado por las entidades accionadas no tiene en cuenta la alternativa que el accionante señala para poder conservar su extremidad y al mismo tiempo cumplir con la finalidad de proteger la salubridad pública.
Sin embargo, la Sala ha sido informada que luego de proferida la sentencia de primera instancia y antes de que el proceso objeto de estudio llegara a la Corte Constitucional para su revisión, la entidad Patología Las Américas S.A.S. “destinó la extremidad inferior amputada del paciente DIEGO ALEJANDRO BOTERO LÓPEZ a la incineración.”(56).
11.Síntesis de la decisión.
Primero. REVOCAR la sentencia del tres (3) de febrero de dos mil dieciséis (2016), proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín, que negó la tutela de los derechos reclamados por el actor–. En su lugar, DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO, toda vez que se consolidó el hecho que se pretendía evitar con la interposición de la acción de tutela de la referencia.
Segundo. ADVERTIR a las entidades que prestan el servicio de salud, que los usuarios del sistema pueden objetar en conciencia sobre la disposición final de residuos anatomopatológicos, situación ante la cual deberán inaplicar el artículo 12 del Decreto 351 de 2014 y el numeral 8.2.3 del Manual de Gestión Integral de Residuos Generados en los Servicios de Salud, con el propósito de proteger el derecho de la libertad de conciencia, adoptando medidas razonables, que eviten igualmente someter a riesgo o peligro la salubridad pública.
Tercero. ORDENAR a las entidades Clínica las Américas, Patología Las Américas S.A., Dirección Seccional de Salud de Antioquia y la Secretaría de Salud de Medellín, que en el término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, presenten disculpas en una ceremonia pública al ciudadano Diego Alejandro Botero López, por la decisión que adoptaron frente a la petición que les fue presentada, en el sentido de devolver la extremidad inferior izquierda que le fue amputada en un procedimiento quirúrgico.
Magistrados: Alberto Rojas Ríos—María Victoria Calle Correa—Luis Ernesto Vargas Silva, con aclaración de voto, con salvamento parcial de voto.
2 Folio 45.
4 Folio 46
7 Folio 47.
8 Folio 49.
10 Cuaderno Corte Folio 19.
11 Así lo prescribe el párrafo final del inciso 3º del canon 1176 del Código de Derecho Canónico: “sin embargo [la iglesia], no prohíbe la cremación, a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana.”.
12 Supra capítulo II, numeral 2º.
13 Tales teorías pretenden un Estado mínimo que sólo garantice la protección a los contratos y garantice el libre mercado, en el cual la mano invisible optimizaría las relaciones sociales sin que deban realizarse intervenciones estatales para la redistribución del ingreso. Como principales teóricos de tal postura puede consultarse: (i) HAYEK, F. (1944). The road to serfdom. Chicago y Londres: Universidad de Chicago Press/Routledge; o (ii) NOZICK, R. (1988). Anarquía, Estado y Utopía. Nueva York: Fondo de cultura económica.
14 Entre los teóricos más relevantes pueden encontrase Thomas Hobbes, John Locke y John Rawls.
15 “La tolerancia, precursora de la libertad religiosa, será el primer derecho fundamental que se formula con carácter moderno”. PECES BARBA, Gregorio. Historia de los Derechos Fundamentales. Tomo I. Libro I. Capítulo primero. Tránsito a la modernidad. Dykinson. Instituto de Derechos Humanos: Bartolomé de las Casas. Universidad Carlos III de Madrid. España. 2001. Pág. 23.
16 PRIETO SANCHÍS, Luis. El constitucionalismo de los derechos. Ensayos de filosofía jurídica. Editorial Trotta. 2013. Madrid. Pág. 277.
17 De ahí que algunos hablen del carácter genérico de la libertad de creencias frente a las demás “libertades públicas especializadas”. (J.R. Polo Sabau, ¿Derecho Eclesiástico del Estado o libertades públicas?, Universidad de Málaga, 2002, pp. 68 ss.).
18 Por ejemplo PRIETO SANCHIS, Luis. Óp. Cit. Considera que la libertad religiosa resulta por completo equivalente a la libertad de conciencia. Pág. 278.
19 Cfr. Sentencia T-403 de 1992.
20 Sentencia T-403 de 1992.
21 Cfr. Sentencia T-403 de 1992.
23 Al respecto la providencia señala: “el último soporte constitucional de la libertad de cultos, desde luego, es la libertad de conciencia, como quiera que aquélla es una manifestación o especie de ésta.”.
24 Sentencia T-421 de 1992.
26 Sentencia T-547 de 1993.
28 Sentencia T-393 de 1997.
29 Sentencia C-616 de 1997.
30 PRIETO SANCHIS, Luis. Óp. Cit. Pág. 279.
31 T-603 de 2012.
32 ALEXY, Robert. El concepto y la validez del derecho. PECES BARBA, Gregorio. El problema del positivismo jurídico. Gedisa. Barcelona – España. Pág. 18.
33 Sentencia T-389 de 2009.
34 Sentencia SU-132 de 2013.
35 Sentencia T-170 de 2009.
36 Sentencia T-170 de 2009 MP: Humberto Antonio Sierra Porto
37 Sentencias T-803 de 2005, T-758 de 2003, T-873 de 2001, T-498 de 2000, SU-667 de 1998, T-428 de 1998 y T-476 de 1995, entre otras.
38 Sentencias T-803 de 2005, SU-667 de 1998, T-428 de 1998 y T-476 de 1995.
39 Sentencias T-461 de 2011, T-808 de 2005, T-662 de 2005, T-980 de 2004, T-288 de 2004, T-496 de 2003 y SU-667 de 1998.
40 Sentencias T-170 de 2009 y T-576 de 2008.
41 Sentencia T-963 de 2010
42 Alexy, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Editorial Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Madrid, 1993. En palabras de Alexy, este es el resultado de excluir los elementos subjetivos de la estructura de los derechos humanos: (A) titular del derecho; (B) sujeto obligado; (C) situación jurídica fundamental. En efecto, la dimensión objetiva de los derechos humanos se concentra en el estudio de los mandatos de actuación de las autoridades y los particulares, así como en el deber de protección a todos los titulares de la Constitución, en otras palabras es la prescripción normativa pura del contenido esencial del derecho.
43 Artículo 42. Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:
44 Sentencia T-015 de 2015, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva
45 Énfasis agregado. Decreto 351 de 2014.
46 Énfasis agregado.
48 Ver Decreto 351 de 2014.
49 Al respecto el Tribunal Constitucional Alemán ha señalado: “(…) El tribunal Constitucional federal ha afirmado que hay que negar va las disposiciones ‘jurídicas’ nacionalsocialistas la validez como derecho porque contradicen tan evidentemente principios fundamentales de la justicia que el juez que quisiera aplicarlas o aceptar sus consecuencias jurídicas dictaría no-derecho en vez de derecho.”. (BVerfGE 3, 58 (119); 6, 132 (198).
50 ALEXY, Robert. Óp. Cit. Pág. 16.
51 http://www.bodyworlds.com/en/plastination/plastination_process.html
52 Weiglein, A. H. (2005). «Overview & General Principles of the Plastination Procedures. 8th Interim Conf Plast (Ohrid).
53 http://surgicaltraining.es/plastination/ Tomado de la Web el 26 de Agosto de 2016.
54 http://www.universum.unam.mx/bodyworlds/mx/vital/plastinacion. Tomado de la Web el 26 de Agosto de 2016.
55 Weiglein, A. H. (2005). «Overview & General Principles of the Plastination Procedures. 8th Interim Conf Plast (Ohrid).
56 Cuaderno Corte Folio 19.

References: artículo 5
 artículo 3
 resolución 
e contrario
 artículo 24
 artículo 42
 artículo 12
 Artículo 42