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﻿ Sentencia 2006-08119 de agosto 22 de 2013
SENTENCIA 2006-08119 DE 22 DE AGOSTO DE 2013
CONTENIDO:INGRESO BASE LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE CONGRESISTAS. PARA LIQUIDAR LAS PENSIONES AL IGUAL QUE LOS REAJUSTES Y LAS SUSTITUCIONES, SE TENDRÁ EN CUENTA EL INGRESO MENSUAL PROMEDIO QUE DEVENGUEN LOS CONGRESISTAS EN EJERCICIO A LA FECHA EN QUE SE DECRETE LA PRESTACIÓN, DENTRO DEL CUAL SERÁN ESPECIALMENTE INCLUIDOS EL SUELDO BÁSICO, LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN, LA PRIMA DE LOCALIZACIÓN Y VIVIENDA, PRIMA DE TRANSPORTE, PRIMA DE SALUD, PRIMA DE NAVIDAD Y TODA OTRA ASIGNACIÓN DE GOZARENLA LIQUIDACIÓN QUE EN NINGÚN CASO NI EN NINGÚN TIEMPO PUEDE SER INFERIOR AL 75% DEL INGRESO MENSUAL PROMEDIO QUE DEVENGUEN LOS CONGRESISTAS EN EJERCICIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PENSIÓN DEL CONGRESISTA, RÉGIMEN PENSIONAL DEL CONGRESISTA, SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DEL CONGRESISTA, LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DEL CONGRESISTA
Sentencia 2006-08119 de agosto 22 de 2013
Ref.: Expediente 25000-23-25-000-2006-08119-01 (1473-2008)
Actor: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República —Fonprecon— C/ Julio del Carmen Barón Ortega
Estima la Sala que se hace necesario precisar, que el demandado en sus intervenciones procesales hace alusión a que le asiste el derecho al “reajuste especial”, sin que a esta figura se aluda en el texto de la demanda instaurada por Fonprecon; razón por la cual, se abstendrá de emitir pronunciamiento al respecto.
Según la preliminar expuesta el problema jurídico se contrae a establecer si al demandado, a quien la Caja de Previsión Social de Boyacá le reconoció la pensión mensual vitalicia de jubilación, le asiste el derecho a que Fonprecon lo afilie, le conmute y reliquide la pensión reconocida, de conformidad con el régimen pensional de congresistas, por haberse desempeñado como representante a la Cámara desde el 20 de julio de 1962 hasta el 19 de julio de 1982, de manera discontinua.
Como quiera que la controversia gira en torno a la aplicación del régimen pensional de los congresistas a una persona que ya se encontraba disfrutando de su pensión de jubilación, es necesario inicialmente hacer el recuento y análisis de la normativa que regula la materia, para examinar si con fundamento en la misma y luego de estudiadas las probanzas que reposan en el expediente, es posible que obtenga la conmutación y la reliquidación de la pensión de jubilación.
Se resalta que el parágrafo del artículo 2º del Decreto 1293 de 1994, fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia de 27 de octubre de 2005, radicado: 5677-03, actor: Jorge Manuel Ortiz Guevara, Consejera Ponente Dra. Ana Margarita Olaya Forero(16).
En atención a las anteriores precisiones en cuanto al régimen especial y de transición de los congresistas, procede la Sala a definir la situación particular del demandado.
Está demostrado en el expediente que el accionado prestó sus servicios al Estado durante 23 años, 9 meses y 3 días, entre el 1º de marzo de 1946 y el 7 de enero de 1985. Y, en ese lapso laboró en calidad de representante a la cámara desde el 20 de julio de 1962 hasta el 19 de julio de 1982 en forma discontinua; por lo que la Caja de Previsión Social de Boyacá, le reconoció su pensión de jubilación, el 22 de julio de 1985 mediante Resolución 935 (fls. 50 a 52, cdno. ppal.).
Luego la caja por medio de la Resolución 54 de 29 de abril de 1998, ordenó adicionar la anterior, “…en el sentido de dejar indicado que el doctor Julio del Carmen Barón Ortega, al momento de retirarse del Congreso de la República en el año 1982, había adquirido el status jurídico de pensionado congresista; circunstancia esta legalmente consolidada con anterioridad a la fecha en que la Caja de Previsión Social de Boyacá le reconoció la pensión mensual de jubilación. De conformidad con lo anterior. ...; es de suyo concluir que es al Fondo de Previsión Social del Congreso, a quien le corresponde asumir legalmente el reconocimiento y pago de la pensión mensual vitalicia del peticionario” (fls. 136 a 138, cdno. ppal.).
El fondo por medio de Resolución 602 de 14 de agosto de 1998, ordenó la afiliación del demandado y en consecuencia asumió la pensión de jubilación —desde el 14 de noviembre de 1994—, que le venía reconociendo la Caja de Previsión Social de Boyacá, en atención a que el tiempo de servicios y la edad para tener derecho a la pensión los cumplió el 19 de julio de 1982, siendo representante a la cámara, además, en aplicación del principio de favorabilidad y en acatamiento a lo considerado por el Consejo de Estado en el concepto radicado 1030 de 28 de octubre de 1997 (fls. 175 a 179, cdno. ppal.).
Luego por medio de la Resolución 778 de 23 de julio de 1999, le reliquidó la pensión jubilatoria a partir del 14 de noviembre de 1994 (fls. 183 a 186, cdno. ppal.).
De las anteriores probanzas la Sala infiere, que el accionado prestó sus servicios en varias entidades públicas entre los años 1946 y 1985; habiendo laborado en ese interregno como representante a la cámara entre el 20 de julio de 1962 y el 19 de julio de 1982 de manera interrumpida; con lo que la Caja de Previsión Social de Boyacá, en julio de 1985 le reconoció su pensión jubilatoria, que con posterioridad y sin fundamento legal el fondo conmutó en el año 1998.
Pues bien, encuentra la sala, que el accionado no es destinatario del régimen especial de los congresistas, porque de acuerdo con lo dilucidado en análisis normativo precedente, su vinculación al Congreso no tuvo ocurrencia a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992 —18 de mayo de 1992—, pues como se estableció, ejerció la actividad congresional mucho tiempo antes en el año 1962.
Y, aunque fungió como parlamentario de manera discontinua por más de 1 año, no lo fue en calidad de reincorporado. De hecho el lapso en el que el accionado ejerció la actividad congresional, fue debidamente contabilizado por la Caja de Previsión Social de Boyacá, como tiempo, que de paso lo facultó para obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación.
Por lo demás, tampoco puede ser favorecido por el régimen de transición de los parlamentarios, pues aunque es cierto que el demandado para el 1º de abril de 1994, fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993, ya había cumplido la edad de 40 años, no lo es menos, que para dicha época no era miembro del cuerpo legislativo, condición que como se analizó en apartado anterior, resulta ser indispensable para ser beneficiario de dicho régimen, pues está probado que laboró como parlamentario desde mucho tiempo antes.
Corolario de lo expuesto se encuentra, que le asiste razón al a quo cuando declaró la nulidad de la Resolución 602 de 14 de agosto de 1998, por medio de la cual el fondo afilió al accionado y en consecuencia asumió la obligación pensional.
Sin embargo en sentir de la Sala, ha debido el tribunal igualmente declarar la nulidad de la Resolución 778 de 23 de julio de 1999, por la cual Fonprecon reliquidó la pensión jubilatoria; pues es evidente, que si el acusado no tenía derecho a ser afiliado a dicho fondo ni a la consecuente conmutación, mucho menos, le asistía a Fonprecon la obligación de reliquidar su pensión. Situación que es totalmente ajena al hecho de que en razón del principio de buena fe, al demandado no se le condene a la devolución de las sumas que le fueron reconocidas.
Por esta razón, la decisión de primera instancia será adicionada en el sentido de declarar la nulidad de la Resolución 778 de 23 de julio de 1999.
Lo anterior en consecuencia significa, que el reconocimiento de la pensión jubilatoria debe ser reasumido por la Caja de Previsión Social de Boyacá.
1. CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 28 de febrero de 2008, que accedió las súplicas de la demanda instaurada por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República —Fonprecon— contra el señor Julio del Carmen Barón Ortega.
2. ADICIÓNASE la referida sentencia, en el sentido de Declarar la nulidad de la Resolución 778 de 23 de julio de 1999, por medio de la cual el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República —Fonprecon— reliquidó la pensión mensual vitalicia de jubilación del señor Julio del Carmen Barón Ortega.
(3) Las expresiones “durante el último año”, “y por todo concepto”, “Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal”, fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(4) La locución “por todo concepto” fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(12) Tal como la Sección lo consideró en anteriores oportunidades en sentencia de 29 de mayo de 2003, expediente 3054-2002, C.P. Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado; sentencia de 12 de febrero de 2009, expediente 1732-2008, C.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez; sentencia de 14 de octubre de 2010, expediente 2036-2008, C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila; la edad a la que hace referencia el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993, es de 50 años en razón a que no es la indicada en la regla general de la Ley 33 de 1985, sino la señalada en el parágrafo 2º de su artículo 1º, que remite a la norma especial que rige con anterioridad, que no es otra, que el Decreto 1723 de 1964, que en el literal b) de su artículo 2º, exige la edad de 50 años para efecto de obtener la pensión de jubilación.
(16) En la misma dirección la Corte Constitucional consideró en las conclusiones de la Sentencia C-258 de 2013, que “…resulta claro que el régimen dispuesto por el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, es constitucional si se entiende que: (i) no puede extenderse el régimen pensional allí previsto, a quienes con anterioridad al 1º de abril de 1994, lo cual incluye lo establecido en el artículo 2º del Decreto 1293 de 1994, no se encontraren afiliados al mismo,…”.
(17) Tal como la Sección lo consideró en anteriores oportunidades en Sentencia de 29 de mayo de 2003, expediente 3054-2002, Consejero Ponente Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado; sentencia de 12 de febrero de 2009, expediente 1732-2008, Consejera Ponente Dra. Bertha Lucía Ramírez; sentencia de 14 de octubre de 2010, expediente 2036-2008, Consejero Ponente Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila; la edad a la que hace referencia el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993, es de 50 años, en razón a que no es la indicada en la regla general de la Ley 33 de 1985, sino la señalada en el parágrafo 2º de su artículo 1º, que remite a la norma especial que rige con anterioridad, que no es otra, que el Decreto 1723 de 1964, que en el literal b) de su artículo 2º, exige la edad de 50 años para efecto de obtener la pensión de jubilación.
(22) El parágrafo del artículo 11 del Decreto 816 de 2002, fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia de 2 de abril de 2009, radicado: 5678-03, actor: Jorge Manuel Ortiz Guevara, Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
(24) Sentencia de 3 de mayo de 2002, expediente 1276-2001. Actor: Oscar Emilio Vinasco Vinasco. Consejero Ponente Dr. Alberto Arango Mantilla.
(25) En esta misma dirección la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 consideró, “Esta corporación declarará la inexequibilidad de las expresiones “y por todo concepto” y “por todo concepto”, contenidas en el inciso primero y en el parágrafo, respectivamente, del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.// En este caso, ante la expulsión del ordenamiento de las expresiones en comento y en vista del mandato del Acto Legislativo 1 de 2005 en el sentido de que “[p]ara la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”, la Sala considera necesario además condicionar la exequibilidad del resto del precepto censurado en el entendido de que como factores de liquidación de la pensión, solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, que tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas al sistema de pensiones”.
(28) Sentencia de 2 de abril de 2009, radicado 5678-03, actor: Jorge Manuel Ortiz Guevara, Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve, que declaró la nulidad del parágrafo del artículo 11 y del inciso 1º del artículo 17 del Decreto 816 de 2002, este último artículo modificado por el artículo 1º del Decreto 1622 de 2002. En similar sentido sentencia de 7 de septiembre de 2006, radicado 9798-05, actor Paulina Consuelo Salgar de Montejo, Consejero Ponente Dr. Jaime Moreno García.

References: artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 17
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 11
 artículo 17
 artículo 11
 artículo 17
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