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Timestamp: 2019-09-16 21:14:38+00:00

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﻿ Sentencia 2012-00902 de marzo 20 de 2014
SENTENCIA 2012-00902 DE 20 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:FACULTAD DE DICTAR SENTENCIA DE REMPLAZO FRENTE A FALLO DISCIPLINARIO. SE DETERMINÓ QUE ES POSIBLE EMITIR UNA SENTENCIA DE REMPLAZO A UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA A PARTIR DEL CONTROL JURISDICCIONAL QUE ADELANTA EL JUEZ CONTENCIOSO FRENTE A ESTA LABOR ADMINISTRATIVA. ELLO PORQUE EL ARTÍCULO 187 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (CPACA) PERMITE AL OPERADOR ESTABLECER DISPOSICIONES NUEVAS DE REMPLAZO, MODIFICAR O REFORMAR LA DECISIÓN. EN EL CASO EN CONCRETO, LA DETERMINACIÓN FUE DESPROPORCIONADA, PUES LA CONDUCTA NO PODÍA SER ENDILGADA A TÍTULO DE DOLOEN SU CRITERIO, NO SE EVIDENCIÓ QUE EL SANCIONADO TUVIERA LA INTENCIÓN DELIBERADA DE COMETER UNA FALTA Y NO SE CONSIDERARON OTROS ELEMENTOS QUE INDICAN QUE LA VIOLACIÓN AL CDU SE PRODUJO EN CALIDAD DE CULPA GRAVE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, SANCIÓN DISCIPLINARIA, CONTROL DISCIPLINARIO, PROCESO DISCIPLINARIO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, CONTROL JURISDICCIONAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ATRIBUCIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DERECHO DE DEFENSA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:511 DE JULIO DE 2014, PÁG.1335
Sentencia 2012-00902 de marzo 20 de 2014
Exp.: 11001032500020120090200
Número Interno 27462012
Actor: Víctor Virgilio Valle Tapia.
Dr. Gustavo E. Gómez Aranguren (E).
• Fallo disciplinario de 23 de julio de 2007, proferido en primera instancia por el jefe de la oficina de control disciplinario interno de la Policía Nacional (Departamento del Atlántico), a través del cual sancionó al señor Víctor Virgilio Valle Tapia con destitución e Inhabilidad para el ejercicio de cargos y funciones públicas por el término de 10 años.
• Decisión de segunda Instancia de 1º de agosto de 2007, expedida por el Inspector delegado de la región ocho de la Policía Nacional, que confirmó el anterior acto administrativo.
• Resolución 03203 de septiembre 3 de 2007, dictada por el Director General de la Policía Nacional mediante la cual se ejecutó el correctivo impuesto, retirando del servicio al demandante.
3. Cuestión Previa(3). La naturaleza de los actos disciplinarios y su sujeción plena a control jurisdiccional.
La potestad disciplinaria constituye una de las modalidades de los poderes sancionatorios del Estado; en la misma medida, el derecho disciplinario es una modalidad del derecho sancionador, cuya concepción misma, a más de su ejercicio, deben estar orientados a garantizar la materialización de los principios propios del Estado Social de Derecho, el respeto por los derechos y garantías fundamentales, y el logro de los fines esenciales del Estado que establece la Carta Política y justifica la existencia misma de las autoridades(4). El ejercicio de la potestad disciplinaria del Estado, por tanto, se orienta a asegurar la apropiada gestión de la administración pública para que esta pueda materializar los fines estatales para cuya consecución fue creada. De allí que el derecho disciplinario, según ha explicado la Corte Constitucional, “busca entonces la buena marcha y el buen nombre de la administración pública y por ello sus normas se orientan a exigir ‘(…) a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones’(5). Por ello ha precisado la jurisprudencia, que el derecho disciplinario ‘(...) está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, independientemente de cual sea el órgano o la rama a la que pertenezcan’(6)”(7).
Existen dos grandes ámbitos de ejercicio de la potestad disciplinaria: el ámbito interno de la propia administración pública, y el ámbito externo del control preferente por la Procuraduría General de la Nación. El ámbito natural y originario de la potestad disciplinaria es, evidentemente, el interno, puesto que se trata de una potestad implícita en la definición misma del aparato administrativo estatal diseñado por el Constituyente(8). Ahora bien, el ámbito externo —y excepcional— es el del organismo autónomo establecido por la Carta Política para cumplir con esta trascendente función.
3.2. La naturaleza administrativa de las funciones y actos disciplinarios, tanto de la Administración Pública como de la Procuraduría General de la Nación­.
Para el Consejo de Estado resulta indudable que los actos de control disciplinario adoptados por la Administración Pública y por la Procuraduría General de la Nación, es decir, aquellos actos expedidos en ejercicio de la potestad disciplinaria en sus ámbitos interno y externo, constituyen ejercicio de función administrativa, y por lo tanto son actos administrativos sujetos al pleno control de legalidad y constitucionalidad por la jurisdicción contencioso-administrativa. No se trata de actos que manifiesten la función jurisdiccional, ni mucho menos de una función sui generis o nueva del Estado, sino —se reitera con énfasis— de actos administrativos que tienen, por definición, control judicial. La única excepción a la naturaleza administrativa de los actos de la Procuraduría es la que indica la propia Constitución en su artículo 277, inciso final, según el cual “para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial”. Según lo ha explicado sin ambigüedades la Corte Constitucional, es una excepción de interpretación restrictiva, aplicada a un tema muy específico y particular(9).
Así las cosas, no se debe confundir la presunción de legalidad que ampara las decisiones disciplinarias, en tanto actos administrativos, con el efecto de cosa juzgada o la intangibilidad de las decisiones jurisdiccionales. El Consejo de Estado ha establecido claramente la distinción al resaltar que los fallos disciplinarios efectivamente están amparados, en tanto actos administrativos que son, por la presunción de legalidad(10). Esta presunción de legalidad, que está sumada a lo que la jurisprudencia constitucional ha llamado el efecto de “cosa decidida” (por oposición al de “cosa juzgada”), se encuentra sujeta en su integridad al control ejercido por la jurisdicción contencioso-administrativa. En igual medida, la aplicación mutatis mutandi de los principios aplicables al poder sancionatorio penal, o del principio del non bis in ídem, no transforma la potestad disciplinaria en una función jurisdiccional. El Consejo de Estado ha explicado que la aplicabilidad del non bis in ídem se deriva no de una aludida naturaleza jurisdiccional del control disciplinario, sino del hecho de que forma parte del derecho administrativo sancionador(11).
3.4.(sic) El control ejercido por la jurisdicción contencioso-administrativa es pleno y no admite interpretaciones restrictivas.
La entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, con su catálogo de derechos fundamentales y sus mandatos de prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones de la administración de justicia (C.P., art. 228) y de primacía normativa absoluta de la Constitución en tanto norma de normas (C.P., art. 4º), implicó un cambio cualitativo en cuanto al alcance, la dinámica y el enfoque del ejercicio de la función jurisdiccional, incluyendo la que ejercen los jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa y, por supuesto, el Consejo de Estado. En efecto, según lo han precisado tanto esta Corporación como la Corte Constitucional, la plena vigencia de los derechos y garantías fundamentales establecidos por el constituyente exige, en tanto obligación, que los jueces sustituyan un enfoque limitado y restrictivo sobre el alcance de sus propias atribuciones de control sobre los actos de la administración pública, por un enfoque garantista de control integral, que permita a los jueces verificar en casos concretos si se ha dado pleno respeto a los derechos consagrados en la Carta Política.
Esta postura judicial de control integral del respeto por las garantías constitucionales contrasta abiertamente con la posición doctrinal y jurisprudencial prevaleciente con anterioridad, de conformidad con la cual las atribuciones del juez contencioso-administrativo son formalmente limitadas y se restringen a la protección de aquellos derechos y normas expresamente invocados por quienes recurren a la justicia, posición —hoy superada— que otorgaba un alcance excesivamente estricto al principio de jurisdicción rogada en lo contencioso-administrativo. Este cambio, constitucionalmente impuesto y de gran calado, se refleja nítidamente en un pronunciamiento reciente del Consejo de Estado, en el cual la Sección Segunda–Subsección “B” de esta corporación, recurriendo a los pronunciamientos de la Corte Constitucional y dando aplicación directa a los mandatos de la Carta, rechazó expresamente una postura restrictiva que limitaba las facultades garantistas del juez contencioso-administrativo en materia de control de las decisiones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación con base en el principios de jurisdicción rogada, y adoptó en su reemplazo una postura jurisprudencial que exige a las autoridades jurisdiccionales realizar, en tanto obligación constitucional, un control sustantivo pleno que propenda por materializar, en cada caso concreto, el alcance pleno de los derechos establecidos en la Constitución(12).
Lo que resulta aún más importante es que el control pleno por la Jurisdicción Contenciosa forma parte de las garantías mínimas del debido proceso a las que tiene un derecho fundamental el sujeto disciplinado, según la Corte Constitucional, por lo cual este control judicial contencioso-administrativo no puede ser objeto de interpretaciones que restrinjan su alcance(13).
La postura seguida consistentemente en la jurisprudencia del Consejo de Estado revela que en la inmensa mayoría de los casos esta corporación ha entrado a valorar de fondo, en el contencioso de nulidad y restablecimiento, tanto las actuaciones procesales como las pruebas mismas obrantes en el proceso disciplinario y el razonamiento jurídico y probatorio de la procuraduría o de las autoridades disciplinarias. Incluso en las mismas pocas sentencias en las que el Consejo de Estado ha dicho enfáticamente que no es una tercera instancia disciplinaria, asumiendo una posición que en principio podría leerse como más restrictiva sobre el alcance de sus propias competencias, en últimas ha entrado de todas formas a analizar de fondo la prueba y su valoración porque se alega que se desconocieron garantías procesales de importancia fundamental. En todos estos casos, el Consejo de Estado se pronuncia de fondo en detalle y proveyendo pautas jurídicas precisas para justificar su razonamiento. Así que una lectura restrictiva del alcance del control jurisdiccional tampoco encuentra sustento en la jurisprudencia previa del Consejo de Estado, que se ha centrado, al afirmar que no es una tercera instancia, en delinear la especificidad propia del control jurisdiccional, diferenciándola del ejercicio de la función administrativa disciplinaria pero sin restringir su alcance, y por el contrario efectuando en esos casos concretos un control integral de las decisiones de las autoridades disciplinantes a la luz de la Constitución.
• De acuerdo con la hoja de vida visible a folios 15 a 17 del cuaderno N° 2 del expediente, el señor Víctor Virgilio Valle Tapia ingresó al servicio de la Policía Nacional el 25 de enero de 1988 y permaneció en esa Institución como Agente hasta el 13 de julio de 2007 cuando fue retirado del servicio por destitución. Adicionalmente, está acreditado que recibió 4 condecoraciones honoríficas y 27 felicitaciones(14) por su buen desempeño y por el éxito que obtuvo en varios operativos.
• El 9 de febrero de 2007, el entonces Dragoneante Víctor Virgilio Valle Tapia, presentó ante la Procuraduría Regional del Atlántico una queja verbal en los siguientes términos (fls. 49 y 50 c. ppal.):
“(…) consiste en el maltrato verbal, persecución laboral y amenaza de parte de los señores oficiales mayor Javier Guerrero Salazar y el Señor Teniente Sánches (sic) Burgos Olmos (sic), comandante y Subcomandante de la Estación de Soledad, los cuales hace aproximadamente 5 meses se han dedicado a la tarea de intratar (sic) con palabras amenazantes en el sentido que el señor Subteniente Sánchez ha manifestado que me tiene que ver muerto o preso, circunstancia esta (sic) que me ha motivado a presentar la respectiva que (sic)(15) ante este prestigioso ente toda vez que mi problema de salud puede ser realiza (sic) amenazada de estos dos Oficiales ya que ellos conocen mis problemas de salud cardiacos y siempre han buscado la manera que el suscrito se exalte cuando lo tratan a uno de bandido y demás hechos que provocan la exaltación del subalterno, de igual forma dejo constancia de que no elevé la queja ante el Control Interno de la institución porque inmediatamente ellos lo van a saber y se encarnizan más aún en sus maltratos verbales y que con toda honestidad tengo miedo y temo por mi integridad de igual forma con todo el respeto le solicito a su despacho que se tenga en cuenta la potestad disciplinaria que tiene este Ente ante los controles internos de los demás entes públicos que por la Ley 734 esta se podría llevar a control interno de la Policía pero sería como si nada ya que soy testigo de cómo funcionario que fui de esas dependencias internas de que siempre a nuestros Oficiales el funcionario que los investiga siempre lo exonera de toda responsabilidad y el (sic) subalterno siempre lo sancionan como dije anteriormente temo por mi vida, quiero anexarle al despacho fotocopia del libro de minuta del puesto de control en donde el señor ST hace una anotación a renglón 4 manifestando que estamos omitiendo el servicio y que nos encontró sentados, no siendo así pues él mismo se percató que yo estaba en una posición y en actitud de servicio y no estaba sentado demostrando con esto la persecución laboral de la cual soy objeto, de otra manera el señor ST Sánchez me formuló denuncio por evasión del servicio encontrándome yo por orden del jefe superior inmediato del puesto judicializando un caso positivo, del cual hay anotación de mi salida a la estación par (sic) esa actividad entonces no sé por qué razón el teniente me formula denuncio por una supuesta evasión del servicio, afianzando aún más la persecución laboral de la cual soy víctima, por último con todo respeto vuelvo y solicito al Despacho se digne, en aras de esclarecer esta situación que estoy padeciendo con mis superiores y la correspondiente investigación a la que haya lugar. (…)”.
• El 22 de mayo de 2007, el señor Víctor Virgilio Valle Tapia; la Coordinadora de Conciliación; el Subteniente Sánchez Burgos Hollman; el Comandante de la estación “San José” Mayor Javier Guerrero Salazar; y el Subcomandante del departamento (encargado) quien fungía además, como Consejero de Conciencia; firmaron el Acta 002 “que trata sobre las medidas preventivas y correctivas de las conductas de acoso laboral, Ley 1010 de 2006”,con el propósito deproponer mecanismos para superar o hacer cesar la situación de acoso laboral, informada mediante queja presentada ante la Procuraduría Regional del Atlántico. En esa oportunidad, las partes involucradas rindieron sus declaraciones en los siguientes términos (fls. 51 a 53):
— El Mayor Javier Guerrero Salazar, Comandante de la Estación “San José”, manifestó:
“(…) Con el dragoneante Valle me encontraba cuando ocasionalmente yo impartía consignas para el servicio que ellos asumían y me dirigía al grupo de trabajo del que él hacía parte y esporádicamente también cuando pasaba revista al puesto de control donde junto con otros policiales prestaba sus servicios. Me sorprende la queja, porque al dragoneante de mi parte se le dio un trato preferencial en reconocimiento a su antigüedad en la Institución, a sus años de edad y sus conocimientos que posee, no sólo por su experiencia, sino por sus estudios”.
— El Subteniente Sánchez Burgos Hollman, sostuvo:
— Por su parte, el Agente Víctor Virgilio Valle Tapias, indicó:
“(…) De conformidad a (sic) lo establecido en la Ley 1010 de 2006, la conducta aquí descrita puede enmarcarse en el artículo 2°, “Modalidades”, numeral 1, Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral”.
— El Mayor Javier Guerrero Salazar, “(…) Suscribir el presente compromiso, observando los conductos establecidos en las normas con relación a la administración del talento humano”.
— El Subteniente Hollman Sánchez Burgos, “(…) Suscribir el presente compromiso, acatar las recomendaciones y tratar de establecer canales de comunicación con los subalternos”.
— El Agente Víctor Virgilio Valle Tapia, “(…) Suscribir el presente compromiso, pero solicita que se imparta amplia instrucción al nivel superior para que observe buen trato al personal, el buen manejo, las buenas relaciones, como forma preventiva, antes de iniciar cualquier tipo de acción como los informes, escuchar al personal y esclarecer plenamente los hechos”.
• En el Acta de Minuta de Guardia del 27 de junio de 2007, del Departamento de Policía del Atlántico, Novena Estación Soledad, consta que el señor Víctor Virgilio Valle Tapia recibió el puesto a las 7:00 horas y que, a las 10:50 horas “(…) fue al Banco Popular de American Bar, para cobrar los haberes y por ende el pago de los servicios públicos que se lo van a cortar quedando un compañero [ilegible] en actitud de colaboración y compañerismo (…)”.(fl. 59 cdno. ppal).
• Mediante Informe de 29 de junio de 2007, el Subteniente Edwin Oliden Giraldo Valencia, Comandante de Policía “de la manzana”, le comunicó al Teniente Edwin Abel Álvarez Cristancho, Comandante de la Estación de Policía de Soledad, la novedad relacionada con el demandante en los siguientes términos:
“(…) el señor AG Valle Tapia Víctor, el cual fue objeto de llamado de atención por parte del suscrito, por encontrarse en el sector denominado “American Bar”, momentos en que debía estar de servicio de información en el CAI 38, y al preguntarle qué se encontraba realizando en el sector, informó que estaba cobrando el sueldo y que la Patrulla R- 38 se había quedado en el CAI mientras este retiraba sus haberes, actividad en la cual no tuvo ninguna autorización por parte de alguno de sus superiores, demostrando con esto irresponsabilidad y falta de compromiso institucional y afectando con esto gravemente el servicio de Policía y vigilancia en esta jurisdicción. De lo anterior tuvo conocimiento y fue testigo el señor SI López Álvarez Juan Felipe y PT Agudelo Vásquez Cristian.
(…)”(fl. 10 cdno. ppal.).
• El 30 de junio de 2007, a través del Oficio N° 248, el Teniente Edwin Abel Álvarez Cristancho, Comandante de la Estación de Policía de Soledad, remitió el anterior informe al Coronel Jorge Miguel Gutiérrez Peñaranda, Subcomandante del Departamento de Policía del Atlántico, “para su conocimiento y fines que estime pertinentes” (fl. 13 c. ppal.).
• A través de comunicado N° 0903 de 3 de julio de 2007, el Subcomandante del Departamento de Policía del Atlántico (E) le remitió al Comité de Quejas el Oficio N° 248 de 30 de julio de 2007, en el cual informa la novedad presentada con el Agente Víctor Virgilio Valle Tapia, quien “(…) fue visto en el sector de American Bar, cuando se encontraba de servicio como Jefe de información en el Cai Hipódromo (…)”. (fl. 14 cdno. ppal.).
• El 13 de julio de 2007, el jefe de la oficina de control disciplinario interno resolvió abrir la investigación disciplinaria contra el demandante, citarlo a audiencia y tramitar la actuación por el procedimiento verbal establecido en el título XI, Capítulo I de la Ley 734 de 2002. Al efecto, consideró (fls. 15-20 cdno. ppal.):
El señor Víctor Virgilio Valle Tapia, al ser miembro de la Policía Nacional, es destinatario del régimen disciplinario especial contenido en la Ley 1015 de 2006, y posiblemente incurrió en la falta establecida en el numeral 27 del artículo 34 ibídem, consistente en “ausentarse del lugar de facción o sitio donde preste su servicio sin permiso o causa justificada”.Lo anteriorde conformidad con el informe suscrito por el Subteniente Edwin Oliden Giraldo, y la copia de la minuta de guardia, documentos que acreditan que el disciplinado se retiró de su lugar de facción con un objeto ajeno a la responsabilidad que le asistía en su calidad de jefe de Información del CAI, Hipódromo de Soledad (Atlántico).
El concepto de la violación, consiste en que “(…) el investigado presuntamente incurrió en la comisión de la conducta descrita en La ley como falta disciplinaria, al retirarse del lugar de facción donde ejercía como jefe de información, dando lugar al informe suscrito en su contra e incumpliendo con el compromiso y responsabilidad laboral que tiene con la Institución y con la misma ciudadanía en su condición de servidor público, así mismo, presuntamente no informó por ningún medio de (sic) los motivos que incitaron a su comportamiento, generándose así un comportamiento reprochable de su parte con relación a las funciones del servicio policial, perjudicando con su actitud la buena marcha de los diferentes servicios, que tiene a cargo la Institución para con la ciudadanía, ya que por su inadecuado retiro del puesto como Jefe de Información la jurisdicción del CAI 38 Hipódromo, se quedó sin Vigilancia Policial, considerando este despacho que el procesado presuntamente encuadró su accionar dentro de tipo disciplinario endilgado. El verbo rector al tipo disciplinario atribuido al institucional, Valle Tapias Víctor Virgilio, es el de ausentarse, sobre el cual la Real Academia Española proveniente (Del lat. Absentare), que significa Hacer que alguien parta o se aleje de un lugar. 2. Hacer desaparecer algo. 3. O separarse de una persona o lugar. Después del análisis del concepto tan claro que nos enseña la Real Academia podemos concluir sin miramientos ni elucubraciones mentales profundas, que el policial aquí disciplinado presuntamente adecuó su comportamiento a la descripción típica que nos enseña el artículo 34, numeral 27 de la norma ibídem, por cuanto, lo que precisamente hizo fue alejarse de su lugar de trabajo o sitio de facción que para la fecha de marras era el CAI Hipódromo y al momento en que es sorprendido por el Oficial informante se encontraba en un sector alejado del sitio arriba enunciado (…)”.
En esa providencia, en el acápite de “Análisis de los argumentos expuestos por el investigado”, quedó consignado “(…) se omiten por cuando el disciplinado no ha rendido versión (…)”.
En relación con la modalidad específica de la conducta, el jefe de la oficina de control disciplinario interno consideró que la misma “(…) fue el resultado de la expresión de la potencial voluntariedad del susodicho agente, en razón a que presuntamente decide retirarse de su sitio de facción o lugar, hecho este que por sí solo produce (…) unos resultados en el mundo exterior y en el orden social, sean estos la notoria disminución en la vigilancia del sector que le correspondía a la patrulla identificada con el fin el indicativo R-38, por cuanto fue esa patrulla policial quien reemplazó sin que mediara autorización del comandante al agente Valle Tapias Víctor Virgilio, en el puesto que a este le correspondía (…)”.
En lo que tiene que ver con la forma de la culpabilidad, la presunta falta fue cometida a título de dolo “(…) entendido como la reprochable actitud de la voluntad dirigida conscientemente a la realización de una conducta típica y antijurídica (…)”. Esta modalidadse manifiesta en el conocimiento que tiene el disciplinado de la infracción y la motivación para su realización o su aceptación anterior del resultado final. Valga decir que el procesado ejecutó la conducta típica y antijurídica, como ocurre en este caso, y no existe razón que justifique tal comportamiento.
Finalmente, el funcionario investigador citó a audiencia al señor Agente Víctor Virgilio Valle Tapia “ (…) para que dentro del término improrrogable de dos (2) días, rinda ampliación de versión verbal o escrita sobre las circunstancias de los hechos que se le imputan y/o aporte las pruebas o las solicite (…)”.
• A través de Oficio de 15 de julio de 2007, el jefe de la oficina del control disciplinario interno del departamento de Policía del Atlántico citó al señor Virgilio Valle Tapia para el día 16 de julio de 2007 a las 8:00 horas, “(…) con el fin de realizarle diligencia de notificación dentro de diligencia de audiencia (procedimiento abreviado (…)”.(fl. 29, cdno. ppal.).Ese acto fue notificado el 16 de julio de 2007 (fl. 30, cdno. ppal.).
• Mediante Oficio N° 270 de 15 de julio de 2007, el Comandante de la Estación de Policía de Soledad le informó a la jefe de control disciplinario interno que el 27 de junio de ese año, día en el que ocurrieron los hechos investigados, se encontraban como Patrulla de vigilancia durante segundo turno, entre otros, el señor Víctor Valle Tapia en calidad de jefe de información. Al efecto, anexó la minuta de guardia en la que aparece que, efectivamente, en la fecha indicada el demandante se encontraba prestando el Segundo Turno de Vigilancia (fl. 31, cdno. ppal.).
• Los días 18 y 19 de julio de 2007, ante el jefe de la oficina de control disciplinario interno del departamento de Policía del Atlántico, se llevó a cabo la Audiencia ordenada en Auto de 13 de julio de 2007 (fls. 26 a 35 y 46 a 48, cdno. 2). A esa diligencia asistió el procesado, a quien se le asignó defensor de oficio en los siguientes términos:
“(…) teniendo en cuenta el informe que suscribe el señor ST Giraldo Valencia Edwin, es cierto que me encontró fuera de mi lugar de facción, más exactamente en el banco popular que queda ubicado más adelante del llamado American Bar y no como suscribe, el Subteniente, que en el American Bar, ya yo había llegado al banco y decentemente le dije al joven oficial que yo, había dejado un Patrullero que estaba llenando la minuta de servicio de ellos, para, yo (sic) cobrar mis haberes, pues tenía en esos momentos una manifiesta calamidad en mi hogar y ninguno de mis superiores inmediato (sic) se encontraban en el radio ni en el CAI y la necesidad era urgente, por lo cual voluntariamente opté por dirigirme al banco, cobrar los haberes y subsanar la necesidad que se me presentaba en el momento, la necesidad era le explico al despacho con toda honestidad y sin dilatar la verdad, que mi señora esposa me llamó toda desesperada porque unos señores funcionarios de la Triple A y de la Electrificadora me iban a hacer el corte de los servicios, hecho este que yo no podía permitir porque ya estaba al alcance mis haberes, fecha exacta del día 27 de junio de 2007, a las 10:30 horas que fue la hora en que fui objeto de la observación por parte del señor Oficial, quien inmediatamente informo (sic) a la Central e hizo el respectivo informe de los hechos que hoy estamos analizando, pero a pesar de que fui noble y honesto con el señor Oficial, este déspotamente manifestó que me iba a enganchar, a lo cual inmediatamente me recordó los maltratos, las injusticias e irrespeto de algunos señores Oficiales del cuarto distrito, para con sus subalternos y de cual he sido la única persona que ha hecho las respectivas quejas ante el Comando y otros entes de Control, sin querer dilatar la investigación y mi intervención y conocedor de al (sic) imparcialidad de que este despacho actúa, quisiera que se le preguntase al ST Giraldo por que (sic) en el día de ayer 17 de julio de 2007, en horas de la tarde haya manifestado las palabras de que en el día de hoy ventilaría la destitución del suscrito sin mediar lo que el Jefe de este despacho tuviese a su criterio, no menciono (sic) testigos para prevenir y evitar que otro compañero más vaya a estar incurso en los desmanes de estos oficiales, de igual manera quiero dejar claro que aquí se me menciona el CAI 38 Hipódromo y no se me describe dirección, este CAI 38 esta (sic) ubicado en la zona de mercado de Soledad y no en el Hipódromo, para corregir de pronto un presunto error de apreciación en el sentido de que, el cargo que me endilga, en el sentido de que en el sitio en el que fui sorprendido o que el CAI está más cerca del mercado que del Hipódromo, así mismo con mi situación reconocida de que sí deje el cargo momentáneamente para subsanar una necesidad, como era la que de mi esposa desesperada me llamó por que (sic) mi (sic), iban a cortar los servicios, por lo cual opté en pedirle el favor al PT Altamar para que se quedara en el CAI y yo ir a cobrar, yo creo que mi conducta no está tipificada como una actuación que empañe la Institución Nacional y que tampoco afectó el servicio, quiero dejar constancia de la cual le boy (sic) a dejar copia de la persecución que existe en contra del suscrito por haber denunciado hechos arbitrarios de otros oficiales y lo que tenemos ahora como el caso del señor ST Giraldo, quien quiere congratularse con estos oficiales y desdichadamente hablando en el argot Policial le di la patica ese día, de una u otra manera quiero remitir al artículo 40, literal b, artículo 41 numeral (sic) 1 y 4 sobre todo éste último que a la letra dice “para proteger un derecho propio o ajeno, al cual deba ceder el cumplimiento del deber en razón de la necesidad adecuación o proporcionalidad de la Ley 1015 de 2006, solo me resta decir que el despacho actúe con toda imparcialidad en el caso que nos atañe (…) Preguntado. Diga a esta audiencia la distancia aproximada que existe entre el CAI Hipódromo y el sitio en el cual usted presuntamente fue encontrado por el señor Oficial. Contestó. Aproximadamente menos de un kilómetro.-Preguntado. Diga a esta audiencia el día 27 de junio a que (sic) horas inicio (sic) sus servicio (sic) y a qué hora lo termino (sic). Contestó. Lo inicié a las 7:00 horas y lo culminé a feliz términos (sic) a las 14:00 horas. Preguntado. Sírvase informar al despacho con qué medios para el servicio contaba usted para el día 27 de junio de 2007. Contestó. El teléfono nada más recibe llamadas, el radio que tenemos en el día porque el otro es de la Patrulla, nos sirve nada más es para escuchar, no sirve para comunicarse, celular no tenía en ese entonces (…) Preguntado. Diga a esta audiencia quién se encontraba en las instalaciones del CAI en el momento en que usted se retira y que fue textualmente lo que usted le dijo al señor PT Altamar. Contestó. Como dije anteriormente se encontraba el PT Altamar quien pertenece a la Policía de Manzana que dirige el ST Giraldo, textualmente le dije que me hiciera el favor y me cubriera ahí, cinco minutos para cobrar mis haberes y subsanar la necesidad que tenía en ese momento. Preguntado. Diga a esta audiencia de manera clara y sucinta si usted realizo (sic) alguna (sic) tipo de anotación en caso afirmativo a qué horas la hizo Contestó. Si la hice enseguida cuando salí y dirigirme al banco, pero sinceramente no le puse el nombre del joven porque lo tenía tapado con el chaleco. Preguntado. Diga a esta Audiencia si usted le informó a algunos de sus comandantes bien sea al ST López, bien sea al Comandante de la Estación TE. Álvarez o al IJ Villalobos comandante del CAI encargado. Contestó. No señor, porque los medios que hay allá son deficientes. (…)”. (Negrillas y subrayas fuera del texto).
En esa diligencia, el señor Víctor Virgilio Valle Tapia solicitó el testimonio del patrullero Altamar, quien “(…) se percató de la urgencia que tenía en el momento (…)”. Adicionalmente, anexó la queja que presentó ante la Procuraduría General de la Nación contra unos oficiales de la Estación Novena de Soledad, y una diligencia de conciliación, para que sean valoradas “(…) y las consideren como un atenuante el momento de proferir fallo dentro de esta audiencia (…)”.
“(…) Preguntado. Diga a esta audiencia con quien se encontraba usted el día 27 de julio para segundo turno fecha en la cual presuntamente sorprende al señor DG Valle Tapia Víctor Virgilio por fuera de su lugar de facción o sitio de trabajo. Contestó. Me encontraba con el señor SI López Álvarez Juan Felipe y el PT Agudelo Vásquez Cristian. Preguntado. Diga que (sic) distancia existe entre el CAI Hipódromo y el lugar donde usted presuntamente sorprende al señor DG Valle Tapias Víctor Virgilio. Contestó. Como ocho cuadras, ósea(sic) como unos ochocientos metros (…)”. (Se resalta).
— El Subintendente Juan Felipe López Álvarez indicó que para el 27 de junio de 2007, se desempeñaba como jefe de transporte de la Policía de la Manzana de Soledad y logístico del distrito. Agregó:
— El Patrullero Cristian Agudelo Vásquez, manifestó que el 27 de junio de 2007 se encontraba en la Policía de la Manzana, empezó a trabajar a las 7:00 am y terminó el turno a las 22:00 horas. Frente a los hechos objeto de investigación afirmó que el señor Valle Tapia “(…) se encontraba fuera del CAI donde le tocaba prestar su turno, más exactamente en el sector del barrio Centro American Bar frente al Bancolombia (…)”.
— El Patrullero Arnobis Martínez Romero sostuvo que tiene conocimiento de los hechos investigados, pues así lo escuchó por radio cuando se encontraba patrullando. Puntualizó:
“(…) era que mi teniente Giraldo informaba a la Estación Soledad que hiciera la anotación que el señor DG Valle Tapia se encontraba en el American Bar y no se encontraba en su puesto de facción. (…) Preguntado. Diga a esta Audiencia si usted tuvo conocimiento que el DG Valle Tapia contara con radio de comunicaciones para el día 27 de junio, en caso afirmativo cuál era el estado del radio. Contestó. Si, el CAI cuenta con radio de comunicación de la Policía y es bueno pero en algunos momentos la batería no carga, no recuerdo si para ese día reportaría algún caso. (…) Preguntado. Manifieste al Despacho si usted en el tiempo que lleva laborando en la Estación de Soledad, escuchó o fue testigo presencial de persecución o acoso laboral por parte del ST Giraldo contra el señor DG Valle Tapia. Contestó. No he presenciado ningún acto de estos, pero si he escuchado comentarios de controversia entre el Dragoneante y los Oficiales de la Estación. Preguntado. Manifieste al Despacho si usted entre estos comentarios que escuchó supo cuáles eran las razones o motivos de estas controversias que usted manifiesta haber escuchado. Contestó. Siempre era (sic) discusiones de tipo laborar (sic), que si tenía las uñas largas se las mandaban a cortar, que si no tenía la pistola le llamaban la atención (…)”.(Negrillas fuera del texto).
— El Patrullero Altamar Sarmiento Sneider, rindió su declaración en los siguientes términos:
“(…) sé que es por la motocicleta que está asignada a mí y que el señor Valle la cogió par (sic) hacer una diligencia mientras yo llenaba la minuta de servicios. Preguntado. De acuerdo a lo que se ha dicho en esta audiencia, el señor DG Valle Tapias Víctor Virgilio, fue sorprendido por la patrulla al mando del señor ST Giraldo a bordo de una motocicleta cuando se encontraba en el sector del American Bar, y que dicha motocicleta era la misma que usted utilizaba para el servicio, con base en ello sírvase informar si usted le prestó o autorizó la utilización de dicho vehículo al susodicho Dragoneante. Contestó. La verdad es que no presté la motocicleta. Preguntado. Con base en la respuesta anterior explique a esta Audiencia las circunstancias por las cuáles la motocicleta termina en poder del señor DG Valle. Contestó. Nosotros normalmente en la Zona uno que es el cuadrante que le corresponde al señor SI Berdugo Ojeda, nos corresponde diligenciar la minuta de servicios y ese día me tocó a mí, mientras yo la estaba llenando el señor ST Giraldo informo por radio que había que formar en la Estación y yo salí y dejé las llaves pegadas en la moto al igual que el chaleco que lo dejé sobre el cojín, cuando termine (sic) de llenar la minuta de servicio no vi la moto y en el instante llegó el señor Valle con la motocicleta. Preguntado. Diga a esta Audiencia si el señor DG Valle Tapia Víctor Virgilio le solicitó a usted el favor que se quedara en las instalaciones del CAI Hipódromo mientras el salía a realizar una diligencia en el Banco. Contestó. No en ningún momento me solicitó el favor. Preguntado. Cómo explica usted que hoy en esta audiencia el mencionado Dragoneante halla (sic) manifestado que le solicitó a usted el favor de quedarse en el CAI mientras él se dirigió al banco a cobrar los haberes. Contestó. La verdad no sé por qué diría eso. (…) Preguntado. Cuánto tiempo cree usted que permaneció el Dragoneante Valle con su motocicleta. Contestó. Como cinco minutos eso es un tiempo aproximado. (…) Preguntado. Cómo se entera usted que el Teniente Giraldo requiere a las unidades de la Policía de manzana para que formara en la Estación. Contestó. Por el radio del CAI (…) Preguntado. Diga cuánto lleva usted en la Institución y si durante ese tiempo en los servicios que ha prestado a (sic) utilizado el radio de comunicación. Contestó: Llevo nueve meses en la Policía y sí he utilizado el radio. Preguntado. De acuerdo a la experiencia que usted tiene como policía en el grado de patrullero, podría determinar si un radio de comunicaciones se encuentra en buen estado, refiriéndome específicamente a si tiene batería o si sirve para modular. Contestó. Es normal que uno sepa que el radio tiene baterías, se ve a simple vista, y el radio si servía estaba bueno por eso fue que me di cuenta que mi Teniente Giraldo llamaba por radio para que fuéramos a formar. (…) En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra la disciplinado o a la defensa para que si es su deseo contrainterrogue al testigo para lo cual manifestó el Dr. Carlos Arturo Maldonado que, Preguntado. Teniendo en cuenta que usted en su jurada afirma que ha utilizado radio de comunicación en alguno de sus servicios, manifieste al Despacho si usted específicamente a (sic) utilizado el radio del CAI Hipódromo para alguno de sus servicios. Contestado. No. Preguntado. Manifieste al despacho si usted es técnico en comunicaciones para determinar cuándo un radio está en óptimas condiciones de comunicación o no. Contestó. No. Preguntado. Teniendo en cuenta que usted en esta diligencia bajo la gravedad del juramento afirma que en ningún momento le fue solicitada en préstamo la motocicleta asignada por usted para el servicio por parte de mi defendido, manifieste al Despacho por qué usted omitió hacer las anotaciones respectivas o informar a sus superiores sobre la presunta irregularidad de mi defendido al llevarse la moto a usted asignada sin su conocimiento. Contestó. Al momento en que terminé con la minuta de servicio salí y observé que no estaba la moto y no pasó ni un minuto en que llegara el señor Valle con la moto y la verdad con la antigüedad del DG Valle no me vi en la necesidad de hacerle la anotación o pasarle el informe. Preguntado. Manifieste al Despacho si durante su tiempo de servicio en la Policía de manzana adscrita a la Estación de Soledad usted ha escuchado o le han comentado sobre persecución o acoso laborar (sic) por parte de algunos Oficiales de la Estación Soledad o del señor ST Giraldo. Contestó. No en ningún momento he escuchado nada de eso (…)”.(Negrillas y subrayas fuera de texto).
— El Intendente jefe Adolfo Mario Villalobos Valencia, frente a los hechos objeto de investigación, manifestó:
“(…) cierto día mi Teniente Giraldo le informó a la Estación Soledad sede nueva, que hiciera la anotación al Jefe de información en la minuta, de que el señor DG Valle se encontraba en American Bar cobrando unos haberes, y que él se encontraba de Jefe de información del CAI Hipódromo no (sic) 38 eso lo escuché por radio. Preguntado. Sírvase informar a ésta Audiencia si para el segundo turno del 27 de junio del hogaño, fecha en que ocurrieron los hechos materia de investigación, usted le pasó revista a las instalaciones del CAI Hipódromo. Contestó. No. Preguntado. Diga a esta audiencia si para la fecha de marras el señor DG. Valle Tapia Virgilio, o cualquiera de las unidades que se encontraban de servicio en el CAI Hipódromo o en la jurisdicción del mencionado CAI le informaron de alguna novedad con el radio de Comunicaciones Contestó. No. Ninguna unidad me informó de novedad alguna con el radio. Preguntado. Sírvase informar a esta Audiencia durante cuánto tiempo se ha desempeñado usted como comandante del CAI Hipódromo. Contestó. Aproximadamente un mes o un mes largo porque el titular está excusado de servicios. Preguntado. Diga si durante ese mes que usted ha permanecido como comandante del CAI Hipódromo se ha percatado del estado de funcionamiento del radio de comunicaciones de la mencionada unidad policial. Contestó. Hay un radio que está fallando no se sabe si es por la batería que a veces no se copia. Preguntado. Sírvase informar a esta audiencia si el señor DG. Valle Tapias Víctor Virgilio se comunicó con usted bien sea por el radio de comunicaciones que se utiliza para el servicio, por teléfono celular, por teléfono fijo, con el fin de solicitarle permiso para dirigirse al Banco popular a hacer una diligencia. Contestó: No (…)”.
Finalmente, el disciplinado expuso sus alegatos de conclusión en los siguientes términos (fls. 47 y 48 cdno. 2):
“(…) analizado y visto el acervo probatorio de expediente en cuestión me he quedado atónito con la diligencia de declaración que rindió el señor PT. Altamar Sarmiento Sneider, quien desde el mismo inicio de la diligencia faltó al juramento descrito por el funcionario investigador al manifestar entre sus generales de le (sic), no poseer teléfono llámese fijo o móvil, siendo que el suscrito lo ha visto recibiendo y haciendo llamadas desde el celular de su propiedad, no el ánimo del suscrito pretender que el joven policía de edad y en la institución se perjudique, pues ya asumí mi responsabilidad dentro del proceso, pero lo que me molesta de un viejo que soy, se le eche mentiras a los superiores y aun (sic) mas (sic) en una diligencia donde el superior debió haberle dicho que esto era una falta grave, refiriéndome al señor ST Giraldo quien fue el que lo adiestró e insinuó lo que debía decir ante el despacho, toda vez que ellos exhortando al señor IJ. Villalobos no se percataron de que la señora que se encontraba sentada al lado de la cafetería era mi esposa y el teniente Giraldo le decía al Patrullero de que dijera que yo me había llevado la moto arbitrariamente, que tampoco lo había dejado ahí en la guardia del CAI 38, no siendo así por que este joven patrullero como lo manifestó al preguntarle mi abogado de oficio del porqué no me había pasado el informe o realizado la anotación, dijo que por mi edad y respeto, pues bien en el caso que nos atañe me desconcertó que hiciese esas acusaciones, toda vez que a pesar que no estaba haciendo nada yo le pedí el favor que me cubriese ahí y que no lo tomara como una orden por ser dragoneante ni por ser más antiguo que él porque él no tenía nada que ver con eso, porced (sic) hacer la salida como lo hice en el libro y me iba a ir a pie al Banco porque estaba cerca y el (sic) me manifestó dragoneante y su moto, yo le manifesté que se encontraba sin gasolina y fue cuando se metió la mano en el bolsillo y me dijo que me llevara la de él para que no me demorara tanto y no como lo manifestó en su diligencia de declaración, previamente adiestrado por mi teniente Giraldo y el señor SI. López, demostrando con esto al despacho que si en la Estación Novena se están dando las arbitrariedades que yo he denunciado ante el máximo ente de control, entre una de estas arbitrariedades concreta y concisa está la de que después que termina uno el ciclo de vigilancia y entre otro el cuarto y primero tiene que regresar el día franco dos unidades que deben estar descansando a realizar nuevamente cuarto y primer turno en la registraduría y de este servicio no tiene conocimiento el comando del departamento, esto para demostrar las arbitrariedades que se cometen con el personal y conmigo, muy respetuosamente me permito solicitar al despacho que de una u otra forma conocedor de la seriedad y eficiencia de esta jefatura a la hora de ejercer la potestad se tenga en cuenta los acápites que el suscrito señala en su defensa, para solicitarle humildemente que con la edad que tengo no voy a encontrar trabajo y en lo posible se minimice la acción a tomar en el fallo, teniendo en cuenta mi hoja de vida, mi reputación policial y académica y que si no soy el mejor me considero uno de los mejores policiales. Es mi conclusión” (Se resalta).
• El 23 de julio de 2007, la jefe de la oficina de control disciplinario interno del departamento del Atlántico de la Policía Nacional, dictó el Fallo de Primera Instancia y sancionó al actor con destitución e inhabilidad para el ejercicio de cargos y funciones públicas por el término de 10 años. Al efecto, expuso los siguientes argumentos (fls. 60 a 76 cdno. ppal.):
En relación con las alegaciones y argumentos de defensa planteados por el demandante, la jefe de la oficina de control disciplinario interno del departamento de policía del Atlántico precisó que como el disciplinado es enfático y reiterativo en manifestar que el Patrullero Sneider Altamar Sarmiento, faltó al juramento descrito por el funcionario investigador “(…) al manifestar no poseer teléfono fijo o móvil; el despacho le deja claro al encartado que el hecho que el declarante PT Altamar posea o no medios de comunicación fuera cual fuera, no guarda relación con los hechos aquí investigados, por otra parte, si bien las diligencias son recepcionadas bajo la gravedad de juramento, también lo es que quien la (sic) rinde son personas con capacidad física y mental óptimas, capaces de razonar y pensar, por ello el despacho no acepta el hecho que un declarante sea influenciado en su narración, ahora bien, en cuanto a las presuntas arbitrariedades comentadas en sus alegatos de conclusión, son hechos que de acuerdo a lo manifestado por usted ya fueron denunciadas (sic) y por ello serán investigadas (sic) en su momento, ya que una vez más estos acontecimientos no guardan relación con el objeto del presente averiguatorio (sic) (…), por cuanto el presente expediente se adelanta es con el fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvo ocurrencia la comisión de la falta disciplinaria endilgada (…)” (Se resalta).
No hubo justa causa, entendiendo por esta ´una prueba convincente de algo o causa, motivo o razón que justifica´. El investigado nunca solicitó permiso para retirarse de su lugar de trabajo, no dejó a ningún otro policial a cargo del recinto de la guardia para trasladarse a las instalaciones del Banco ubicado a más de 500 metros del lugar de servicio (…)”.
Contrario a lo afirmado por el encartado, las pruebas documentales y testimoniales practicadas evidencian que sí existían medios para comunicarse, como el radio del CAI que, aunque si bien podía estar defectuoso para transmitir, sí servía según lo afirmó en la versión libre, por ello otro medio de comunicación como es el celular tal como lo afirma en su injuriada que el Patrullero Altamar mintió, por cuanto sí portaba celular, luego, entonces, con toda facilidad podía comunicarse con sus superiores a través del 112 de la Policía Nacional y esperar respuesta por el radio de comunicaciones que presuntamente servía para escuchar, o en su defecto esperar la culminación de su servicio y realizar sus diligencias personales en horas de la tarde por cuanto el turno que se encontraba realizando era el segundo de 7:00 a 14:00 horas, o simplemente aprovechar la llamada telefónica de su esposa y manifestarle que llegue hasta su sitio de labor, entregarle la tarjeta, como persona digna de confianza que es por su categoría de esposa y que esta una vez retire lo necesitado cancele o subsane la necesidad del momento. En ese orden de ideas, el despacho sigue manteniendo los cargos de infracción normativa de parte del investigado en el sentido de que con su actuar, vulneró el artículo 34, numeral 27 de la Ley 1015 de 2006, habida cuenta que como consecuencia del mismo, menoscabó los intereses institucionales al ausentarse del lugar de facción o sitio donde presta su servicio sin permiso o causa justificada, además que de conformidad con las pruebas ya analizadas, aprovechó su condición de miembro de Policía para realizar esta anomalía, pues no de otra manera se puede explicar que los cargos imputados no tengan justificación (…)”.(Negrillas de la Sala).
A efectos de graduar la sanción, si bien es cierto no se vieron afectados particulares; sí se evidencia perjuicio para los intereses de la entidad, pues es evidente que el señor Valle Tapia, al dejar sus labores, afectó de forma directa al grupo al cual pertenecía, es decir al de la Estación Soledad y al CAI Hipódromo Nº 38, en el cual prestaba su servicio al momento de la comisión de la falta.
• Dentro de la oportunidad legal, el señor Víctor Virgilio Valle Tapia presentó recurso de apelación en contra del Fallo de Primera Instancia, mediante escrito en el que expuso los siguientes argumentos (fls. 82 y 83):
La novedad fue presentada el 29 de junio de 2007, es decir, 2 días después de la ocurrencia de los hechos, como lo demuestra la anotación realizada por el Comandante de Guardia de la Novena Estación de Soledad, por orden del Subteniente Giraldo Valencia Edwin, evidenciándose claramente las intenciones del señor Oficial de perjudicar al subalterno, toda vez que la única observación que este señor hizo fue la de manifestar, en el argot policial “lo voy a embalar”,se evidencia también la mala fe y la intención de mentirle a sus superiores en su informe, pues en ningún momento le hizo alguna observación ni llamado de atención, tan solo efectuó la anterior manifestación. No obstante, en su informe escribió que le hizo un llamado de atención lo cual es mentira, pero quien falló la Primera Instancia, consideró que el informe es de carácter público.
Solicitó finalmente reconsiderar la decisión adoptada por el a quo, o en su defecto que se minimice la sanción impuesta.
• Mediante decisión de 1º de agosto de 2007, el Director General de la Policía Nacional resolvió el recurso de apelación contra el Fallo sancionatorio de Primera Instancia, confirmándolo con fundamento en los siguientes argumentos (fls. 75 a 83 cdno. 2):
Una vez que el disciplinado fue sorprendido fuera de su lugar de trabajo, a un kilómetro de distancia aproximadamente, al preguntársele la actividad que realizaba, este le contestó que se encontraba en una diligencia bancaria, agregando que en su remplazo de puesto había dejado al patrullero Altamar, quien le había facilitado “(…) el rodante, el chaleco y el casco para el ejercicio (…)”. Sin embargo, durante la instrucción, fue practicada la declaración del mencionado patrullero, quien manifestó que jamás le facilitó la motocicleta al dragoneante Valle, que este la tomó sin su consentimiento cuando diligenciaba la minuta de servicios; y que tampoco le pidió el favor de permanecer en el CAI mientras que realizaba diligencias de tipo personal.
El disciplinado abandonó el CAI porque según la llamada de su esposa, funcionarios de la Triple A y de la Electrificadora le iban a cortar los servicios públicos. Sin embargo, ello no justifica para nada que haya abandonado el lugar de facción, menos aun cuando esa circunstancia no constituye una calamidad, ya que bien pudo delegar el pago de los servicios a su cónyuge o a alguno de sus descendientes mayores de edad.
Frente a las solicitudes del apelante encaminadas a que se reconsidere la decisión tomada y, en su defecto, se minimice la sanción impuesta, las razones expuestas por el señor Valle Tapia no son suficientes para modificar la sanción impuesta por el a quo pues la conducta cometida es de carácter gravísimo y doloso por lo que, al tenor de lo preceptuado en el numeral 1 del artículo 39 de la Ley 1015 de 2006, la sanción impuesta estuvo ajustada a derecho, máxime cuando irregularidades como ésta son aprovechadas por los grupos delincuenciales para causales destrozos a las Instalaciones de la Institución y sembrar pánico en la población. Comoquiera que solo concurren circunstancias de atenuación, bien hizo el fallador en imponer la inhabilidad general por el término de 10 años.
• Mediante Resolución 03203 de 3 de septiembre de 2007 “por la cual se ejecuta una sanción disciplinaria impuesta a un Agente de la Policía Nacional”; el Director General de la entidad resolvió retirar del servicio activo al señor Agente Víctor Virgilio Valle Tapia y efectuar las anotaciones y registros correspondientes (fl. 91 cdno. 2).
En consideración a la fecha en la que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la sanción disciplinaria, y dada la vinculación del demandante a la Policía Nacional, en los aspectos procesales son aplicables a este caso las disposiciones contenidas en la Ley 734 de 2002 sin las modificaciones que introdujo la Ley 1474 de 2011(16), por no ser preexistentes a la falta imputada.
Sobre el particular, cabe precisar que además del régimen disciplinario general de los servidores públicos, existen unos especiales que no excluyen la aplicación del primero. En efecto, con el propósito de asegurar la obediencia, la disciplina, la eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones y el adecuado comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos, el legislador Colombiano expidió el Código Disciplinario Único (L. 734/2002), el cual determina qué conductas se consideran faltas disciplinarias, las sanciones en las que se puede incurrir y el procedimiento que debe seguirse para determinar la responsabilidad disciplinaria. Con la expedición de este código se buscó la instauración de un estatuto uniforme y comprensivo de todo el régimen disciplinario aplicable a los servidores del Estado(17).
No obstante, en razón a la naturaleza específica de sus funciones, la propia Constitución otorgó al legislador la facultad para establecer regímenes especiales de carácter disciplinario aplicables a los miembros de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional). En este sentido, el inciso 2º del artículo 217 de la Carta prescribe que “[l]a ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimenespecial de carrera prestacional y disciplinario, que les es propio” (resaltado fuera de texto).
En relación con los miembros de la Policía Nacional, el inciso primero del artículo 218 ibídem establece que “La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario”.
Sin embargo, esta especificidad del régimen disciplinario propio de la Fuerza Pública, y su prevalencia, no impide que también sean destinatarios de las disposiciones disciplinarias aplicables a los demás los servidores del Estado, en cuanto ellas resulten procedentes. Así lo ha precisado esta corporación en varias providencias(18).
Así las cosas, la Policía Nacional está facultada para investigar disciplinariamente a los uniformados que pertenecen a esa institución del siguiente modo: en lo sustancial de acuerdo con su régimen especial, contenido en la Ley 1015 de 2006 y, en lo procesal, siguiendo no solo las disposiciones de la citada normativa sino también los principios y las pautas del Código Disciplinario Único (L. 734/2002).
4.3.1. Violación a los derechos al debido proceso y a la defensa.
El demandante afirma que con los actos administrativos censurados la Policía Nacional le desconoció los derechos al debido proceso y a la defensa, toda vez que la investigación disciplinaria fue adelantada con una premura inusual, en la que “la justicia fue sacrificada por la celeridad”. Aduce que desde la fecha del Auto mediante el cual se dispuso la apertura de la investigación y se citó a audiencia hasta el fallo de primera instancia, transcurrieron tan solo 6 días, con lo cual se desconocieron los términos previstos en los artículos 175 a 178 del Código Disciplinario Único.
Cuestiona la graduación de la culpa, pues la Policía Nacional solo tuvo en cuenta el resultado, sin que se hubiere demostrado la voluntad ni el nexo psicológico. Afirma que actuó de manera diáfana, con la convicción de que su conducta no constituía falta disciplinaria, y adoptó las medidas del caso para poder realizar su diligencia que, por demás, revestía carácter urgente. A su juicio, en el caso concreto operó la causal de exclusión de responsabilidad, establecida en el artículo 28, numeral 6 del Código Disciplinario Único.
La Ley 734 de 2002, establece un procedimiento ordinario para tramitar este tipo de investigaciones, el cual se encuentra previsto en el título IX ibídem (arts. 150 a 171), y se adelanta siempre que la actuación no deba surtirse por un procedimiento especial.
“ART.175.—Aplicación del procedimiento verbal. El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve.
ART.176.—Competencia. En todos los casos anteriores son competentes para la aplicación del procedimiento verbal, la oficina de control interno disciplinario de la dependencia en que labore el servidor público autor de la falta disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación y las personerías municipales y distritales.
ART. 177.—Audiencia. Calificado el procedimiento a aplicar conforme a las normas anteriores, el funcionario competente citará a audiencia al posible responsable, para que dentro del término improrrogable de dos días, rinda versión verbal o escrita sobre las circunstancias de su comisión. Contra esta decisión no procede recurso alguno.
ART. 178.—Concluidas las intervenciones se procederá verbal y motivadamente a emitir el fallo. La diligencia se podrá suspender, para proferir la decisión dentro de los dos días siguientes. Los términos señalados en el procedimiento ordinario para la segunda instancia, en el verbal se reducirán a la mitad.
A la luz de las disposiciones transcritas, se advierte que como hubo flagrancia, sí procedía en este caso la aplicación del procedimiento verbal (CDU, art. 175), el cual fue adelantado por el funcionario competente, es decir, por la jefe de la oficina de control interno disciplinario del departamento de policía del Atlántico (CDU, art. 176).
Cabe precisar que en esa providencia, aunque no se incluyó la expresión “formulación de cargos”, la entidad sí explicó por qué se abría la investigación, y cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 163 del Código Disciplinario Único(19), que establece qué debe contener la decisión de cargos; tal como quedó expuesto en el párrafo precedente.
En ese orden de ideas, dada la naturaleza del procedimiento verbal y conforme a lo probado en el sub lite, no es cierto que la Policía Nacional haya omitido la formulación de cargos. Téngase en cuenta que independientemente de la denominación que se le dé, lo importante —frente a los derechos al debido proceso y a la defensa—, es que se identifique al autor de la falta, se precise la conducta presuntamente cometida y su modalidad, se señale la falta endilgada, el concepto de la violación, la forma de culpabilidad, los criterios de determinación de la gravedad de la falta y el sustento probatorio; todo lo cual se incluyó en la decisión de 13 de julio de 2007, por la que se abrió la investigación y se citó a audiencia.
Por ello mismo, la Sala comparte en este punto lo que reconoce la doctrina, en el sentido de que en tratándose del procedimiento verbal, “(…) si se está frente a la flagrancia, es claro que allí existe un soporte probatorio para proferir el pliego de cargos, con lo cual el auto de citación a audiencia se asimilará a tal pieza procesal. (…)”(20). (Se resalta).
De otro lado, la audiencia de que trata el artículo 177 de la Ley 734 de 2002, se llevó a cabo los días 18 y 19 de julio de 2007, en la cual el procesado se pronunció sobre los hechos objeto de investigación en “versión libre y espontánea”.En esa diligencia, ante la manifestación del encartado de no contar con un abogado, la jefe de la oficina de control interno disciplinario le nombró un defensor de oficio quien lo asistió en toda la audiencia interviniendo en el interrogatorio de quienes declararon en esa oportunidad.
De otro lado, en la referida audiencia, el señor Valle Tapia solicitó como pruebas la declaración del Sneider Altamar Sarmiento —la cual fue decretada y practicada—, y anexó la queja que, por acoso laboral, presentó contra algunos Oficiales ante la Procuraduría General de la Nación.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 175 y siguientes de la Ley 734 de 2002, previamente transcritos, el procedimiento verbal tiene una duración aproximada de 7 días, si se considera que calificado el proceso, el funcionario investigador debe citar a audiencia al presunto responsable para que dentro del término improrrogable de 2 días rinda la versión sobre los hechos. En esa diligencia se deben practicar las pruebas en un plazo de 3 días(21) y, posteriormente, concluidas las intervenciones, se debe proferir el fallo de manera verbal, para lo cual puede suspenderse la audiencia con el fin de adoptar la decisión dentro de los dos días siguientes.
Sobre el particular, la Corte Constitucional, en Sentencia C-242 de 2010(22), al estudiar la exequibilidad parcial del artículo 175 del Código Disciplinario Único, sostuvo: “(…) el precepto acusado no solo concuerda con lo dispuesto en el artículo 29 superior sino que su aplicación resulta por entero razonable, tanto más si se piensa en la necesidad de asegurar una actuación disciplinaria ágil, transparente efectuada bajo cumplimiento de los principios de celeridad, eficacia y economía procesal, que son también los que se buscan garantizar al emplear el principio de oralidad en los trámites y actuaciones judiciales y disciplinarias (…)”.(Las Negrillas son de la Sala).
Empero, la reducción de los términos y la agilidad del trámite, de ninguna manera pueden convertir la actuación en un proceso confeccionado para sancionar al disciplinado. Si bien las causales para tramitar el procedimiento verbal llevan implícito un alto componente de probabilidad de comisión de la falta —v.gr. en los casos de flagrancia—, también lo es que, por encima de todo, se deben respetar cada una de las garantías derivadas de los derechos al debido proceso y a la defensa.
En otros términos:“(…) La reducción de términos y la oralidad no pueden ser interpretadas como simples manifestaciones de un procedimiento limitador de garantías y altamente peligroso. No existe la presunción de responsabilidad en este procedimiento, pues aún existiendo confesión o flagrancia, es menester que el juez disciplinario valore el material probatorio y determine si existe o no el grado de certeza acerca de la existencia de la falta y la responsabilidad del justiciable para el proferir un fallo sancionatorio o absolutorio, en caso de la ausencia de tal grado de conocimiento. (…)”(23).(Las negrillas y subrayas son de la Sala).
Se acreditó igualmente que en febrero de 2007, el actor formuló una queja verbal ante la Procuraduría General de la Nación, por el presunto acoso laboral del cual era víctima, circunstancia que dio lugar al “Acta de medidas preventivas y correctivas de acoso laboral”suscrita por las partes involucradas el 22 de mayo de 2007 (fls. 51 a 53 cdno. ppal).
En el Acta de Minuta de Guardia de 27 de junio de 2007, del Departamento de Policía del Atlántico, Estación de Soledad, visible a folio 59 del cuaderno principal de expediente; consta que el señor Víctor Virgilio Valle Tapia a las 10:50 horas “(…) fue al Banco Popular de American Bar, para cobrar los haberes y por ende el pago de los servicios públicos que se lo van a cortar quedando un compañero [ilegible] en actitud de colaboración y compañerismo (…)”.(Las negrillas son de la Sala).
Sostuvo igualmente que el Oficial que lo sorprendió el día de los acontecimientos le dijo que “lo iba a enganchar”, recordándole “los maltratos, injusticias e irrespeto de algunos señores oficiales del cuarto distrito para con sus subalternos”.Existe persecución en su contra por haber denunciado a los oficiales y el Subteniente Giraldo quiso congratularse con ellos dando lugar a la investigación disciplinaria.
En esa oportunidad agregó que cree que su conducta no está tipificada como una “actuación que empañe la institución”, que tampoco afectó el servicio, y que el día de los hechos no le informó a los superiores que iba a salir al banco, pues no contaba con los medios adecuados para hacerlo, pues el radio que tienen no sirve para comunicarse, sino solo para escuchar.
Se impone señalar que el legislador, al expedir el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional contenido en la Ley 1015 de 2006; previó como falta gravísima la de “ausentarse del lugar de facción o sitio donde preste su servicio sin permiso o causa justificada” (art. 43, num. 27 ibídem).
Sobre el tema de la culpabilidad, cabe anotar que en materia disciplinaria está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa, tal como lo establece el artículo 13 de la Ley 734 de 2002(24).
Llama la atención la relación existente entre este y el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 18 ibídem. En efecto, reiterando lo dicho por la doctrina más autorizada sobre la materia “la pena proporcional a la culpabilidad, es la única pena útil”(25).
Una sanción proporcionada exigiría, por tanto, la previa consideración de si el ilícito ha sido cometido a título de dolo o culpa, así como del grado en que éstos elementos han concurrido. Es notorio que el principio de proporcionalidad impide que por la comisión imprudente de una infracción, se imponga la sanción en su grado máximo (…) pues ese límite máximo correspondería a la comisión dolosa”(26)(Negrillas y subrayas de la Sala).
Puestas así las cosas, si se considera que: a) el actor no actuó con el ánimo de incurrir en la falta disciplinaria ni de afectar el servicio, sino movido por la urgencia en la que se encontraba por el posible corte de los servicios públicos; b) que el Banco se encontraba a menos de un kilómetro del sitio de facción; c) que la diligencia tardó aproximadamente 5 minutos; d) que el Agente dejó encargado del CAI a uno de sus compañeros, tal como lo acredita el Acta de Minuta de Guardia; y e) la trayectoria, hoja de vida y tiempo de servicios del señor Valle Tapia a la Policía Nacional; se concluye que en el caso que nos ocupa el demandante no actuó con dolo sino con culpa grave, “por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones”,en los términos del parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002.
En ese orden de ideas, la sanción impuesta al demandante debió ser la de suspensión en el ejercicio del cargo —no la de destitución— y, en consecuencia, los actos demandados desconocen el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 18 ibídem en los siguientes términos:
Una vez graduadas las faltas disciplinarias en gravísimas, graves y leves, la Ley realiza la respectiva dosimetría de las sanciones (…) debiendo atender a los “... límites dados por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual la gradación, en abstracto y en concreto, de la sanción, debe hacerse de acuerdo con la gravedad del injusto, y el grado de culpabilidad”(27).
De manera que, un juicio de responsabilidad, bien en materia penal o disciplinaria, no es completo sin el de laculpabilidad pertinente, a cargo del respectivo fallador. En la doctrina nacional sobre el particular se ha señalado lo siguiente:
Lo anterior evidencia el carácter individual y social de la culpabilidad, pues se es responsable en un contexto histórico concreto, en una organización social determinada, y en función de una gama de condiciones de diverso orden que inciden en el comportamiento individual; por ello, el juicio de culpabilidad no puede desbordar los marcos propios del estado social y democrático de derecho y debe corresponderse con sus postulados inspiradores, empezando por el supremo mandato constitucional de respetar la dignidad de la persona humana (C.N., art. 1°)(28)”.(Negrillas y subrayas de la Sala)(29).
Se reitera que en el sub lite, tampoco hubo una grave afectación al servicio, pues la ausencia del sitio de facción fue corta y el encartado dejó remplazo en el CAI dejando la anotación correspondiente.
4.3.2. Nulidad del acto de ejecución.
En consideración a que en el presente asunto el demandante cuestiona la legalidad de la Resolución 03203 de 3 de septiembre de 2007, proferida por el Director General de la Policía Nacional, a través de la cual ejecutó la sanción impuesta, retirando del servicio al actor; se debe precisar que esta Corporación ha considerado en reiterada jurisprudencia que el acto de ejecución de la sanción disciplinaria no es susceptible de control jurisdiccional porque no define la situación del encartado al materializar el correctivo impuesto(30).
Sin embargo, como en el sub lite se demostró que la sanción impuesta por la entidad a través de las decisiones de primera y segunda instancia adolece de nulidad por ser desproporcionada, la decisión de retiro del servicio también debe invalidarse, pues la misma ejecutó el correctivo de destitución e inhabilidad general y, en este caso concreto, corre su misma suerte.
En efecto, carecería de sentido mantener la legalidad del acto que ejecutó la sanción, pues las decisiones que la contienen deben ser expulsadas —parcialmente— del ordenamiento jurídico.
En consecuencia, se declarará la nulidad de la Resolución 03203 de 3 de septiembre de 2007, proferida por el Director General de la Policía Nacional.
4.4. Del restablecimiento del derecho.
“La sentencia tiene que ser motivada, debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los organismos de lo Contencioso Administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar estas”.(Las negrillas y subrayas son de la Sala).
Habiéndose acreditado que la conducta del señor Víctor Virgilio Valle Tapia es: a) típica pues incurrió en la falta gravísima prevista en el numeral 27 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, consistente en “ausentarse del lugar de facción o sitio donde preste su servicio sin permiso o causa justificada”; b) antijurídica(31), en tanto que con ella incumplió el deber funcional que le impedía ausentarse del sitio de trabajo y, c) fue cometida a título de culpa grave, esto es, con inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones(32); la sanción que ha debido imponer la entidad no podía ser otra que la de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial, tal como lo establece el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 734 de 2002:
“ART. 44.—El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:
De acuerdo con la definición de las sanciones prevista en el artículo 45 ibídem(33), se advierte que mientras el correctivo de destitución e inhabilidad general implica: a) la desvinculación del cargo, b) la terminación de la relación del servidor público con la administración, c) la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función por el término señalado en el fallo, y d) la exclusión del escalafón o carrera; la sanción de suspensión trae como consecuencia la separación temporal en el ejercicio del cargo, y la de inhabilidad especial acarrea la “(…) imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo (…) por el término señalado en el fallo”;de modo que estas dos últimas son, a todas luces, menos drásticas que las primeras.
“ART.47.—Criterios para la graduación de la sanción.
Puestas así las cosas, con el objeto de graduar la sanción, observa la Sala que el señor Valle Tapia no fue sancionado fiscal ni disciplinariamente dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta que se investigó; registró 27 felicitaciones y 4 condecoraciones honoríficas por su servicio en la Policía Nacional; aceptó que se ausentó unos minutos de su lugar de trabajo; procuró —por iniciativa propia— compensar los efectos de su falta encargando a uno de sus compañeros de su puesto; no afectó de manera grave el servicio ni vulneró derechos fundamentales, y no pertenecía al nivel directivo o ejecutivo de la entidad.
Comoquiera que el demandante fue retirado del servicio a partir del 12 de septiembre de 2007, cuando se notificó de la Resolución 03203 de 3 de septiembre de ese mismo año —expedida como consecuencia de la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos y funciones públicas por el término de 10 años impuesta por la entidad demandada—; es claro que el actor ya cumplió materialmente con el correctivo que en derecho le correspondía —esto es, con la suspensión en el ejercicio del cargo y la inhabilidad especial por el mismo término—, el cual se traduce en una separación temporal del servicio (no en la terminación de la relación del servidor público con la administración).
Atendiendo a lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, no se accede a la condena en costas, pues la conducta asumida por las partes no da lugar a ellas.
1. DECLÁRASE la nulidad del artículo segundo del fallo disciplinario de 23 de julio de 2007, proferido en Primera Instancia por el Jefe de la oficina de control disciplinario interno de la Policía Nacional (Departamento del Atlántico), en cuanto sancionó al señor Víctor Virgilio Valle Tapia con destitución e Inhabilidad para el ejercicio de cargos y funciones públicas por el término de 10 años; y la nulidad parcial de la decisión de segunda instancia de 1º de agosto de 2007, expedida por el Inspector Delegado de la Región Ocho de la Policía Nacional, en cuanto confirmó el correctivo impuesto. En su lugar,
2. DECLÁRASE que la sanción a la cual es acreedor el señor Víctor Virgilio Valle Tapia, es la de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos meses e inhabilidad especial por el mismo lapso, la cual ya fue cumplida materialmente por el actor de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3. ORDÉNESE a la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional, registrarla anterior sanción en el Sistema Jurídico de la Entidad (SIJUR), en el formulario de seguimiento correspondiente, y en la hoja de vida del disciplinado; con la aclaración de que la misma ya fue cumplida por el señor Víctor Virgilio Valle Tapia.
4. ENVÍESE copia del presente fallo al grupo de registro y ejecución de sanciones de la inspección general de la Policía Nacional, y al grupo de seguimiento y registro de sanciones de la Procuraduría General de la Nación; para que en los registros correspondientes al señor Víctor Virgilio Valle Tapia, efectúen la anotación de la sanción de suspensión e inhabilidad especial por el término de 2 meses, y de su cumplimiento, en reemplazo de la de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años.
5. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 03203 de septiembre 3 de 2007, dictada por el Director General de la Policía Nacional mediante la cual retiró del servicio al actor como consecuencia de la sanción de destitución e inhabilidad general impuesta.
6. A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional a reintegrar al actor al servicio activo de la Policía Nacional en el grado que ostentaba al momento de su retiro.
7. CONDÉNASE a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, a reconocer y pagarle a Víctor Virgilio Valle Tapia los sueldos, prestaciones y demás emolumentos dejados de devengar desde la fecha del retiro y hasta que se haga efectivo el reintegro., descontándole los dos meses de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial. El pago de los salarios y demás prestaciones que resulten a favor del actor se ajustará de conformidad con la fórmula y parámetros establecidos en la parte motiva de esta providencia.
8. No habrá lugar a realizar los descuentos de las sumas de dinero que hubiere recibido el actor en el evento de que haya celebrado otra u otras vinculaciones laborales durante el tiempo que permaneció retirado del servicio, después de los dos meses de suspensión en el ejercicio del cargo.
9. DÉSE cumplimiento a este fallo en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
Cópiese, notifíquese y, publíquese en los anales del Consejo de Estado. Una vez ejecutoriada esta Sentencia, archívense las diligencias. Cúmplase».
(3) Comoquiera que la entidad demandada aduce que el control que ejerce esta Jurisdicción respecto de los actos administrativos de contenido disciplinario no puede asimilarse a una tercera instancia y es de carácter restringido, la Sala efectuará unas consideraciones previas sobre el particular.
(4) En este sentido, en la Sentencia C-155 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), la Corte Constitucional argumentó: “El derecho disciplinario es una modalidad del derecho sancionador, cuya concepción hoy en día debe estar orientada por los principios del Estado social y democrático de derecho previstos en el artículo 1º de la Constitución, garantizando el respeto a las garantías individuales pero también los fines del Estado determinados en el artículo 2º ibídem y para los cuales han sido instituidas las autoridades públicas”.
(5) Sent. C-417 de 1993.
(6) Sent. C-417 de 1993.
(7) Corte Constitucional, Sentencia C-155 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(8) Ha aclarado la Corte Constitucional a este respecto que “en el terreno del derecho disciplinario estricto, esta finalidad se concreta en la posibilidad que tiene la Administración Pública de imponer sanciones a sus propios funcionarios quienes, en tal calidad, le están sometidos a una especial sujeción. Con esta potestad disciplinaria se busca de manera general el logro de los fines del Estado mismo y particularmente asegurar el cumplimiento de los principios que gobiernan el ejercicio de la función pública, cuales son el de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad” [Sent. C-125/2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra]; y que “la administración pública goza de un poder disciplinario para someter a sus servidores y obtener de ellos la obediencia, disciplina, moralidad y eficiencia necesarias para el cumplimiento de sus deberes y demás requerimientos que impone la respectiva investidura pública, a fin de que se cumpla con el propósito para el cual han sido instituidos, como es el servicio al Estado y a la comunidad, en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento (C.P., art. 123)” [Sent. C-095/1998, M.P. Hernando Herrera Vergara].
(9) Corte Constitucional, Sentencia C-244 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(10) Ver, por ejemplo, los múltiples casos en los cuales esta corporación, al pronunciarse sobre acciones de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos disciplinarios de la Procuraduría, ha adoptado el enfoque consistente en determinar si se logró desvirtuar o no, en cada caso, la presunción de legalidad que ampara dichas decisiones disciplinarias. Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 19 de agosto de 2010. Radicación 70001-23-31-000-2000-00132-01(4394-03). Actor: Vicente de Paul Perinan Petro. Demandado: Procuraduría General de la Nación. Consejero Ponente: Alfonso Vargas Rincón. Igualmente: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”. Sentencia del 5 de noviembre de 2009. Radicación No. 05001-23-31-000-2001-01509-01(0792-08). Actor: John Jairo Gamboa Torres. Demandado: Secretaría de Educación de Antioquia y otro. Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 17 de agosto de 2011. Radicación 25000-23-25-000-1999-06324-01(1155-08). Actor: Emilio Otero Dajud. Demandado: Procuraduría General de la Nación. Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero. Dijo en esta oportunidad el Consejo de Estado: “La aplicación del principio “non bis in ídem” no está restringida al derecho penal, sino que se hace extensiva a todo el universo del derecho sancionatorio del cual forman parte las categorías del derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho disciplinario, el derecho correccional, el derecho de punición por indignidad política (impeachment) y el régimen jurídico especial ético - disciplinario aplicable a ciertos servidores públicos (pérdida de investidura de los Congresistas)”.
(12) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”. Sentencia del 19 de agosto de 2010. Radicación 76001-23-31-000-2000-02501-01(1146-05). Actor: Milton José Mora Lema. Demandado: Procuraduría General de la Nación. Consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez.
(13) Ver las sentencias C-095 de 1998 (M.P. Hernando Herrera Vergara), C-1189 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), o T-060 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo).
(14) 23 individuales y 4 colectivas.
(15) Ha debido decir: queja.
(16) “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
(17) Así lo expresó la Corte Constitucional, en la Sentencia C-819 de 2006. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
(18) Entre otras, en las sentencias de 26 de julio de 2012, proferida por la Sección Segunda. Subsección B, dentro del Expediente 1541-2011, demandante Jhonatan Mauriio Román Giraldo, Consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez. Sentencia de 22 de marzo de 2012 dictada por la misma subsección dentro del Expediente 0029-2011. Demandante: Cecilia Sanabria Borda. Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila; Sentencia de 19 de mayo de 2011, expedida por la misma Subsección dentro del Expediente 2157 de 2005, demandante: Remberto Enrique Corena Silva, Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(19) “ART. 163.—Contenido de la decisión de cargos. La decisión mediante la cual se formulen cargos al investigado deberá contener:
(20) Sánchez Herrera, Esiquio Manuel. “Dogmática Practicable del Derecho Disciplinario”. Ediciones nueva jurídica. Tercera Edición. Bogotá D.C. 2012, página 265.
(21) El inciso 2 del artículo 177 del Código Disciplinario Único establece que si no es posible practicar las pruebas en ese plazo, la audiencia puede suspenderse por el término máximo de 5 días.
(22) Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.
(23) Sánchez Herrera, ya citado, páginas 264 y 265.
(24) “ART.13.—Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa”.
(25) De palma del teso, Ángeles, “El Principio de culpabilidad en el derecho administrativo sancionador”. Editorial Tecnos. Madrid (España), 1996, páginas 44 y 45.
(26) Ibídem. Páginas 45 y 46.
(27) Sentencia C-285/97, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(28) Velásquez Velásquez Fernando, Derecho Penal, Parte General, Segunda Edición, Editorial Temis, Santafé de Bogotá, 1995, pág. 492.
(29) Corte Constitucional, Sentencia C-708 de 22 de septiembre de 1999. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis, ya citada.
(30) En un caso similar a este, la Sala se declaró inhibida para estudiar la legalidad del acto de ejecución, al considerar que el mismo era de mero trámite. Al efecto, ver la sentencia de 7 de febrero de 2010, proferida dentro del Expediente 2452 de 2010, demandante: César Augusto Garzón Loaiza Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. En igual sentido, el fallo de 26 de julio de 2012, Expediente 110010325000200900131 00 Interno: 1903-2009. Actor: Luis Alberto Quevedo Arias, Consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez.
(31) El artículo 5º del Código Disciplinario Único, prevé “La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna”.
(32) Sobre las clases de culpa, el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, establece lo siguiente:“Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones”.
(33) ART.45.—Definición de las sanciones.
d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera.Literal declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-028 de 2006.

References: ARTÍCULO 187
 Resolución 
sui generis
 artículo 277
 artículo 2
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 40
 artículo 41
 artículo 34
 artículo 39
 Resolución 
 artículo 217
 artículo 218
 artículo 28
 artículo 163
 artículo 177
 artículo 175
 artículo 29
 artículo 13
 artículo 18
 artículo 44
 artículo 18
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 34
 artículo 44
 artículo 45
 Resolución 
 artículo 171
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 177
 artículo 5
 artículo 44