Source: https://www.scribd.com/document/17509721/Ley-341-98-Deroga-La-Ley-5439-Sobre-Fianzas-y-Modifica-Codigo-Procedimiento-Criminal
Timestamp: 2017-04-26 01:02:06+00:00

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Ley 341-98, Deroga La Ley 5439 Sobre Fianzas y Modifica Codigo Procedimiento Criminal
ScribdBrowseInterestsPolitics & Current AffairsCareer & MoneyPersonal GrowthFictionHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryScience & TechBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinLey 341-98, Deroga La Ley 5439 Sobre Fianzas y Modifica Codigo Procedimiento CriminalUploaded by Escuela Nacional de la Judicatura0.0 (0)DownloadEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentLey No. 341-98 que deroga la Ley No.5439 del 1915, sobre Libertad Provisional bajo Fianza, y sus modificaciones e introduce modificaciones al Código de Procedimiento Criminal. G.O. 9995 EL CONGRESO NACIONAL En Nombre de la República Ley No. 341-98 CONSIDERANDO: Que es finalidad de la ley consolidar el estado de derecho y establecer las garantías elementales de libertad ciudadana y armonizarlas con un régimen de protección a la sociedad; CONSIDERANDO: Que teniendo todos los individuos el derecho a la libertad y la seguridad personal, las leyes que regulan la prisión preventiva de los individuos que deben ser juzgados deben igualmente reglamentar, de manera cuidadosa, los mecanismos que aseguren un debido proceso, así como su libertad personal, subordinándola a las garantías mínimas de la comparecencia de éste a los actos de juicio; CONSIDERANDO: Que el actual sistema sobre libertad provisional bajo fianza, establecido por la Ley número 5439, del 1915, y sus modificaciones, ha sido parte importante en las distorsiones del procedimiento penal, que han provocado la dispersión de los expedientes por ante distintas instancias de manera simultánea, influyendo con ello en la lentitud de la instrucción preparatoria y en el conocimiento del fondo de los expedientes penales, lo que ha sido elemento de importancia en la acumulación de gran cantidad de procesos a cargo de presos preventivos en los recintos penitenciarios de nuestro país; CONSIDERANDO: Que de acuerdo a los procedimientos establecidos por la actual legislación, resulta poco comprensible que en los casos criminales no se les atribuya a los jueces de instrucción la capacidad de apreciar la viabilidad de otorgar la libertad provisional bajo fianza a un procesado, cuando el mismo ordenamiento les permite, no sólo apreciar la gravedad del hecho para enviarlo o no a juicio, sino también la capacidad de poder suspenderle provisionalmente la prisión sin exigirle garantías, tal y como está establecido en el Artículo 94 del Código de Procedimiento Criminal, actualmente vigente; CONSIDERANDO: Que resulta igualmente incomprensible, a la luz del procedimiento vigente, que siendo secreta la instrucción preparatoria llevada a cabo por el juez de instrucción, éste no tenga ningún control sobre los legajos de los expedientes, los cuales pueden ser trasladados a otra jurisdicción sin haber concluido sus pesquisas, con lo que se producen consecuencias contrarias al interés público y privado, tales como el retardo y entorpecimiento de los procedimientos y los riesgos de violación al secreto de la sumaria; CONSIDERANDO: Que la sociedad dominicana reclama la adopción de medidas legislativas que garanticen mayor seguridad a los ciudadanos y para ello es preciso rodear de mayores resguardos el procedimiento de libertad provisional bajo fianza. VISTO el ordinal 3 del Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 16 de diciembre de 1966, aprobado por Resolución del Congreso Nacional, número 693, del 8 de noviembre de 1977.
VISTO el ordinal 7 del Artículo 7 de la Convención Americana, sobre Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969. HA DADO LA SIGUIENTE LEY: Artículo 1.- Se deroga en todas sus partes la Ley número 5439, del 11 de diciembre de 1915 (G.O. 2668) y sus modificaciones. Artículo 2.- Se modifica el Artículo 94 del Código de Procedimiento Criminal (Mod. por la Ley No.5005, del 28-6-1911), para que en lo adelante diga de la siguiente manera: “ARTÍCULO 94.- Después del interrogatorio, o en caso de fuga del inculpado, el juez de instrucción podrá dictar, según la gravedad del caso, mandamiento de prevención o de prisión provisional. Este último no podrá liberarlo sino después de haber oído al procurador fiscal. En el curso de la instrucción podrá, del mismo modo, ordenar la libertad provisional bajo fianza, siguiendo para ello el procedimiento establecido en el capítulo VIII de este Código: De la libertad provisional bajo fianza”. “PARRAFO: En el curso de la instrucción, podrá, con la anuencia del procurador fiscal y cualquiera que fuere la naturaleza de la inculpación, suspender el mandamiento de prevención, o de prisión provisional, siempre que no existieren indicios graves de la culpabilidad del procesado y a condición de que éste se comprometa a presentarse todas las veces que fuere requerido en el curso del proceso y para la ejecución de la sentencia”. Artículo 3.- Se modifica la letra del libro I capítulo VIII, Artículos del 113 al 126 del Código de Procedimiento Criminal de la República Dominicana, para que en lo adelante diga de la manera siguiente: “CAPITULO VIII” “DE LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO FIANZA” “ARTICULO 113.- En materia correccional, la libertad provisional bajo fianza es obligatoria y será otorgada por el juez de primera instancia o corte de apelación que vaya a conocer de la acusación. El procesado será puesto en libertad tan pronto como preste fianza, de acuerdo con el procedimiento establecido en este Código, lo que garantiza su obligación de presentarse todas las veces que sea requerido en el curso del proceso y para la ejecución del auto o sentencia que intervenga, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Ley No.1014, del 11 de octubre de 1935 (G.O. 4840). El pedimento o demanda será hecho por el procesado mismo, o por un amigo, o por una persona cualquiera que proceda en su nombre; para ello no será necesario comprobar el mandato”. “PARRAFO I.- En materia criminal, el acusado podrá solicitar su libertad provisional bajo fianza en todo estado de causa. Sin embargo, el otorgamiento de tal libertad será facultativa, tanto en la fase de instrucción como en el juicio de fondo. Durante la instrucción preparatoria, la libertad será otorgable por el juez de instrucción o cámara de calificación correspondiente, juzgando en primera o segunda instancia, según el caso, los cuales harán uso de esta facultad durante el transcurso de la sumaria, si le es solicitada por el procesado y cuando a su juicio, hayan razones poderosas en favor del pedimento, pudiendo aplazar su otorgamiento hasta la terminación de las actuaciones de la instrucción preparatoria”.
“PARRAFO II.- La cámara de calificación conformada para conocer de los recursos contra las decisiones sobre libertad provisional bajo fianza de los jueces de instrucción estará integrada de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 127 de este Código. Sin embargo, en caso de que la cámara de calificación sólo conozca de apelación sobre fianza, los jueces de primera instancia y de corte de apelación que la conformen pueden conocer de la causa, en caso de envío por ante tribunal criminal”. “PARRAFO III.- Cuando el procesado que pida la libertad provisional bajo fianza sea un profesional, el juzgado de primera instancia o corte de apelación que conozca el caso decidirá también, oído el dictamen del ministerio público acerca de este punto, si dicho inculpado podrá continuar o no, según la naturaleza y gravedad del hecho causante del proceso que se le siga, en el ejercicio de su profesión, mientras esté en libertad bajo fianza”. “PARRAFO IV.- El juez de primera instancia o corte de apelación correspondiente, juzgado en primera o segunda instancia, según el caso que esté apoderado del fondo de una acusación criminal, sólo podrá ordenar la libertad bajo fianza del acusado, cuando éste no lo hubiere solicitado durante la realización de la instrucción preparatoria al juez de instrucción o cámara de calificación que instruyó su expediente”. “PARRAFO V.- En materia correccional, en casos en los cuales el procesado sea reincidente, la libertad provisional bajo fianza será facultativa y sólo otorgable por el juez de primera instancia o corte de apelación que vaya a conocer de la acusación cuando, a su juicio, hayan razones poderosas en favor del pedimento”. “PARRAFO VI.- En materia criminal no se otorgará libertad provisional bajo fianza a los procesados reincidentes”. “PARRAFO VII.- Se considerarán reincidentes, para los fines de esta ley, las personas que han sido condenadas por los tribunales del país o de cualquiera otra nación por la comisión de crímenes o delitos de la misma naturaleza a los que se les imputan”. “ARTICULO 114.- La libertad provisional, en los casos en que puede ser concedida, estará subordinada a la obligación de prestar fianza en los términos previstos en este Código o en leyes especiales”. “PARRAFO I.- Tanto el juez de instrucción como la cámara de calificación apoderada que haya ordenado la excarcelación provisional bajo fianza de los procesados, conserva el derecho de expedir nuevos mandamientos de apremio o de arresto, si nuevas y graves circunstancias hicieron necesaria tal medida y mientras no intervenga auto decisorio”. “PARRAFO II.- Del mismo modo, siendo facultativa la libertad provisional bajo fianza en materia criminal, la demanda puede ser reiterada ante el mismo juzgado de instrucción antes de emitir auto decisorio, pero será requisito indispensable para su concesión que el inculpado se encuentre debidamente interrogado. Toda persona puesta en libertad provisional bajo fianza estará obligada a notificar en cualquiera forma al ministerio público de la jurisdicción competente apoderada del asunto, sus cambios de domicilio y residencia. Ninguna, en estas condiciones, podrá ausentarse del territorio de la República”. “ARTICULO 115.- En todos casos de demanda en libertad bajo fianza, será notificada al ministerio público y a la parte civil, si la hubiere y tuviese domicilio real o elección en el lugar en que tenga su asiento el juez o corte que deba conocer de la demanda, a fin de que aquéllos hagan sus observaciones en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas para los delitos y setenta y dos (72) horas para los crímenes, a partir del
momento en que se le haya comunicado, debiendo dictarse el fallo o auto correspondiente a más tardar al término de este plazo. El monto de la fianza no podrá ser nunca inferior a quinientos pesos dominicanos (RD$ 500.00) para los delitos y de cinco mil pesos dominicanos (RD$5,000.00) para los crímenes”. “PARRAFO I.- En caso de desfalco o fraude en contra del Estado, la fianza deberá ser igual al doble, cuando menos, de la suma desfalcada, pero en ningún caso podrá ser menor del mínimo establecido en este Código”. “PARRAFO II.- En los casos de los delitos de emisión de cheques sin provisión de fondos; estafa en perjuicio de particulares y otros delitos de naturaleza económica, la fianza no podrá, en ningún caso, ser mayor del duplo de la suma envuelta ni menor del mínimo establecido por este Código, a menos que una ley especial disponga otra cosa”. “PÁRRAFO III.- No se otorgará libertad provisional bajo fianza a los inculpados de crímenes contra la seguridad del Estado, atentados y tramas contra el jefe del Estado, crímenes tendentes a turbar el Estado con la guerra civil, con el empleo ilegal de fuerzas armadas y el pillaje y la devastación pública y en casos de inculpados por crímenes previstos en leyes especiales que lo prohiban expresamente”. “ARTICULO 116.- La fianza puede ser prestada en especie o en inmuebles o en forma de garantía otorgada por una compañía de seguros que esté válidamente autorizada a ejercer esta clase de negocios en el territorio de la República. La fianza en especie se constituirá mediante el depósito que de ella se haga en una colectaría de Rentas Internas o en manos del ministerio público, contra recibo del mismo; la de inmuebles, por la inscripción, en primer rango, de una hipoteca que se constituya en favor del Estado representado por el ministerio público; y la de garantía, por medio del acto auténtico o bajo firma privada suscrito por el representante de la compañía de seguros que la otorgue y por el ministerio público. “En estos tres casos se hará constar, en el acto correspondiente, el objeto del depósito, de la hipoteca o de la garantía y la sumisión del depositante, del dueño del inmueble o de la compañía garante a perder el primero los dineros depositados y los segundos, a que sea ejecutada la garantía o la hipoteca, si el procesado no se presenta cuando sea requerido en el curso del proceso o para la ejecución del fallo; no se pondrá en libertad al procesado sino cuando se le muestre al juez la prueba de que se ha hecho el depósito, de que se ha tomado la inscripción o de que se ha otorgado la garantía”. “PARRAFO I.- Cuando la fianza se deposite en manos del ministerio público, éste la consignará contra recibo en manos del colector de rentas internas de su jurisdicción, quien mantendrá en caja o disponibles las especies o efectivo hasta tanto la justicia resuelva definitivamente sobre la suerte de la fianza. La misma será devuelta al interesado contra presentación de certificado del ministerio público que autorice la devolución después de finalizados los procedimientos y si la fianza no se ha declarado vencida”. “PARRAFO II.- En el mismo documento que garantice la libertad provisional bajo fianza, o por acto separado, el procesado estará obligado a elegir domicilio en la ciudad en donde tenga su asiento el representante del ministerio público que intervenga en el caso. Para estos fines, este funcionario se abstendrá de suscribir el contrato de fianza correspondiente hasta tanto se le demuestre el cumplimiento de esa formalidad. Esta disposición rige también para los casos de libertad provisional otorgada de acuerdo con el Artículo 4 de la Ley No. 1014, del 11 de octubre de 1935”. “PARRAFO III.- En el mismo domicilio de elección, podrán ser notificados al procesado, sea a requerimiento del ministerio público o de la parte civil, todos los recursos de que sea susceptible la sentencia que se rinda sobre el particular, como
también la citación a comparecer por ante el tribunal que vaya a conocer de la infracción puesta a su cargo, la sentencia que declare vencida la fianza y la que decida sobre el fondo de la prevención”. “PARRAFO IV.- En casos de garantía hipotecaria, el valor del inmueble puesto en garantía debe ser superior al cincuenta por ciento (50%) del monto de la fianza. El valor del inmueble puede ser apreciado de las declaraciones hechas a la Dirección General de Impuestos sobre la Renta o a la Dirección General de Catastro Nacional. “El acto de inscripción hipotecaria será redactado por el secretario del representante del ministerio público competente e inscrito o transcrito según los casos, como cualquier otro acto hipotecario, a requerimiento del ministerio público, y el mismo estará libre de todo gravamen o impuesto. La misma fianza se considerará prestada tan pronto como este acto sea suscrito ante el secretario mencionado. La cancelación de la hipoteca, si la fianza no ha sido declarada vencida, se operará con una simple certificación del representante del ministerio público correspondiente inscrita o transcrita según los casos. Todos los actos y contratos a que se refiere este artículo tendrán la fuerza ejecutoria prevista por el Artículo 545 del Código de Procedimiento Civil (modificado por la Ley No.679, del 23 de mayo de 1934)”. “Artículo 117.- Las sentencias y autos intervenidos en materia de libertad provisional bajo fianza son susceptibles del recurso de apelación; las dictadas por los juzgados de primera instancia en materia correccional y criminal, por ante la corte de apelación del departamento correspondiente; y las dictadas por los juzgados de instrucción en materia criminal, por ante la cámara de calificación que conocerá de los recursos incoados contra sus decisiones. Las decisiones tomadas por esta última no serán susceptibles de ser impugnadas en casación. Sin embargo, todas serán siempre ejecutorias provisionalmente no obstante el recurso, el cual podrá ser intentado tanto por el procesado, por sí o por quien lo represente, como también por el procurador fiscal o por la parte civil, esta última por acto de alguacil notificado a más tardar en la octava de su pronunciamiento y notificación, a los interesados”. “PÁRRAFO I.- Los procuradores generales de corte podrán también recurrir en apelación contra las sentencias rendidas en materia correccional por los juzgados de primera instancia, y en materia criminal, por los juzgados de instrucción o de primera instancia. El Procurador General de la República tendrá igualmente facultad para impugnar mediante esa vía de recursos, las decisiones intervenidas en cualquier materia y en primer grado, por ante los juzgados de primera instancia y de instrucción. Para este efecto, el procurador fiscal ante los juzgados de primera instancia y los procuradores generales de corte que supervisan las labores de los juzgados de instrucción, así como el procesado, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de su pronunciamiento y notificación. Los jueces que juzguen en materia de libertad provisional bajo fianza, tanto en primero como en el último recurso, ordenarán que una copia certificada de la sentencia intervenida sea anexada al proceso principal”. “PÁRRAFO II.- Cuando la parte civil, no hace ninguna objeción al pedimento de libertad del procesado, el procurador fiscal y el procurador general de la corte de apelación correspondiente no estarán obligados a notificarle su recurso de apelación”. “PÁRRAFO III.- Los recursos intervenidos en esta materia serán interpuestos por declaración en la secretaría del juzgado que dictó la sentencia. Los recursos del ministerio público deberán, a pena de nulidad, ser notificados al impetrante dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de su declaración. La apelación de los fallos en esta materia será conocida por la corte de apelación o cámara de calificación correspondiente, según la materia, a la cual le será remitida el expediente del caso por el secretario del juzgado de primera instancia o el juzgado de instrucción a más tardar el día siguiente de interpuesto el recurso declarado”.
“PÁRRAFO IV.- Recibido el expediente en la corte de apelación, ésta deberá proceder en los mismos plazos y con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 123 de este Código”. “PÁRRAFO V.- En los casos en los que, por razón de su investidura, el procesado deba acudir a una jurisdicción privilegiada, en el mismo orden las fianzas serán concedidas por la jurisdicción competente”. “Artículo 118.- La libertad provisional bajo fianza cesará cuando el inculpado no se presente, las veces que fuere requerido en el curso del proceso o para la ejecución de la sentencia sin excusa legítima, cuando se dicte en su contra sentencia condenatoria a prisión o cuando el fiador lo entregue para que lo reduzcan a prisión y pida que se le cancele la fianza”. “PÁRRAFO.- La libertad provisional bajo fianza en materia criminal puede ser revocada por nuevo mandamiento de prevención o de prisión contra el procesado, por nuevos y distintos cargos más graves y que ameriten mayor pena, que aparezcan en el transcurso de la instrucción, previo dictamen en ese sentido del ministerio público. Con el nuevo mandamiento de prevención o de prisión, cesarán las obligaciones resultantes de la fianza, la cual será liberada si ella lo solicita; pero el procesado tendrá derecho a solicitar nueva vez que se le conceda su libertad provisional bajo fianza una vez reducido a prisión”. “Artículo 119.- Las obligaciones resultantes de la fianza cesan si el inculpado se presenta todas las veces que sea requerido en el curso del proceso y para la ejecución de la sentencia. Cuando ésta fuere dictada en primera instancia y pronunciare prisión, nueva fianza, que puede ser mayor o menor que la anterior, será necesaria para que el condenado que apele pueda seguir gozando de libertad provisional, salvo el caso de que el fiador y el juez que haya de conceder esta libertad, consientan en que continúe la primera fianza, de lo cual deberá levantarse acta”. “Artículo 120.- También cesan las obligaciones resultantes de la fianza cuando el fiador entrega al procesado para que lo reduzcan a prisión y pide que se cancele aquella. La cancelación será consentida por el juez a quien se hubiere hecho entrega del procesado, con tal que sea competente de acuerdo a las disposiciones del Artículo 113 de este Código”. PÁRRAFO.- Del mismo modo, el asegurador puede presentar al afianzado por ante el ministerio público, quien levantará acta de sumisión al efecto y/o comunicará de inmediato al juez de instrucción, juez de primera instancia, corte o cámara de calificación apoderado. La cancelación de la fianza así solicitada estará libre de impuestos y de derechos de cualquier naturaleza”. “Artículo 121.- El procesado está obligado a justificar su incomparecencia, por lo que si éste, sin motivo legítimo de excusa, estuviere en defecto de presentarse cuando fuere requerido en el curso del proceso o para la ejecución de la sentencia, se declarará vencida la fianza; y en tal caso, quedará perdido el derecho del depositante al valor del depósito, o autorizado el ministerio público a requerir y obtener de la compañía de seguros el pago de la suma garantizada por ella o ejecutar la hipoteca. La legitimidad de la excusa o el vencimiento de la fianza serán declarados, a pedimento del ministerio público o de la parte civil, por el juez de primera instancia, el juez de instrucción, por la corte de apelación o por la cámara de calificación, según que no esté en grado de apelación o que se esté en él; todo ello sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 125 de este Código”.
“PARRAFO I.- Antes de declarar vencida la fianza y ordenar su ejecución por falta de comparecencia del procesado, el juzgado de instrucción, juzgado de primera instancia, cámara de calificación o corte de apelación apoderado debe notificar al asegurador la no comparecencia o la imposibilidad de ejecución del mandamiento de conducencia y tomar las providencias para que el afianzado comparezca”. “PÁRRAFO II.- En todo caso, la jurisdicción apoderada de la sumaria o del fondo, antes de declarar vencida la fianza, debe notificar al asegurador la no comparecencia del afianzado y el ministerio público ordenará, ya sea de oficio o a petición del asegurador, las providencias que a su juicio fueren conducentes a la obtención de la comparecencia del afianzado, concediendo para ello un plazo no menor de diez (10) días ni mayor de cuarenta y cinco (45) durante el cual se mantendrá en vigor la fianza. La fianza no podrá ser declarada vencida ni ordenada su ejecución mientras no se acuerden dichos plazos”. “PÁRRAFO III.- Los autos dictados por los jueces de instrucción y cámaras de calificación en materia criminal sobre vencimiento de fianza, así como las sentencias evacuadas por los jueces de primera instancia y cortes de apelación, en materia correccional o criminal, sobre vencimiento de fianza serán consideradas contradictorias con respecto al afianzador y en consecuencia no serán susceptibles de ser recurridas en oposición por parte del afianzador. Estas decisiones serán dictadas en dispositivo, sin tener que motivarlas cuando rechazan instancias del asegurador”. “PÁRRAFO IV.- La apelación del auto que en materia criminal declarase vencida la fianza y ordenase su cancelación por no presentarse el acusado el día citado o no conducido ante su presencia por virtud de mandamiento, se hará ante la secretaría del juzgado o corte que la pronunciare”. “PÁRRAFO V.- La sentencia o auto dictado por el juez de instrucción o de primera instancia, según la materia, que declare vencida la fianza, cuando ésta fuere prestada en forma de garantía por una compañía de seguros, podrá ser recurrida sólo sobre este punto por dicha compañía dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de su pronunciamiento y notificación. El recurso intervenido no suspenderá el procedimiento siguiéndose para ello las disposiciones de la Ley 3723, del 29 de diciembre de 1953, y el Artículo 343 de este Código”. “PARRAFO VI.- Los jueces de primera instancia y de la corte de apelación que formen parte de la cámara de calificación que conozca sólo del recurso contra la decisión de declaratoria de vencimiento de fianza, pueden conocer de la causa en caso de envío por ante el tribunal criminal”. “Artículo 122.- Declarada vencida la fianza, el valor de ella pertenecerá, en caso de absolución o descargo, al Estado; y en caso de condenación, se aplicará: 1ro.: al pago de los gastos hechos por el ministerio público; 2do.: al pago de los gastos hechos por la parte civil; 3ro.: al pago de las multas; 4to.: al pago de las indemnizaciones que se hubieren acordado en favor de la parte civil; 5to.: el resto pertenecerá al Estado. La atribución o distribución del valor de la fianza será hecha por el juez que haya declarado el vencimiento de ésta, sea en el mismo dispositivo o en acto separado. El mismo juez dictará inmediatamente el mandamiento de apremio o de arresto contra el procesado”. “Artículo 123.- Todo pedimento en libertad provisional bajo fianza, excepto cuando el acordarla sea facultativo, deberá ser decidido en el término de cuarenta y ocho (48) horas, y su apelación en el término de setenta y dos (72) horas, so pena para el juez o jueces, de ser perseguidos por denegación de justicia”.
“PÁRRAFO I.- Las decisiones dictadas por los jueces de instrucción, negando la libertad provisional bajo fianza, serán dictadas sin perjuicio a las disposiciones del Articulo 94 de este Código, que prevé la suspensión de prisión. “PÁRRAFO II.- Una vez conformada la cámara de calificación que ha de conocer la apelación de decisiones dictadas por los jueces de instrucción sobre libertad provisional bajo fianza, ésta deberá conocer del asunto y dictar su decisión en un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas, so pena para los jueces que la conforman, de ser perseguidos por denegación de justicia”. “Artículo 124.- En todos los casos en que la corte de apelación o la cámara de calificación, según la materia, revoque o modifiquen las sentencias o autos del juzgado de primera instancia o del juzgado de instrucción, la ejecución de este último fallo corresponderá al procurador general de la corte de apelación correspondiente”. “Artículo 125.- El procesado no excusado que, sin comparecer, le fuere declarada vencida la fianza, puede ser juzgado por evasión con arreglo a lo dispuesto por los Artículos 238, 239 y 240 del Código Penal de la República Dominicana, según proceda, y en adición a los demás cargos de que se encontrase al acusado”. “Artículo 126. En los casos de fianzas otorgadas en materia correccional o criminal si durante el conocimiento del fondo interviniese sentencia que decline el expediente a la jurisdicción criminal o a los fines de ordenar instrucción suplementaria, de acuerdo a los Artículos 235, 236 ó 276 de este Código, la fianza prestada por la compañía aseguradora en favor del procesado para gozar de libertad provisional conservará su vigencia hasta que la jurisdicción apoderada decida sobre el asunto”. Artículo 4.- Se agrega un párrafo a letra del Articulo 185 del Código de Procedimiento Criminal de la República Dominicana, para que en lo adelante diga de la manera siguiente: “PÁRRAFO.- En caso de que el procesado se encontrase en libertad provisional bajo fianza, se procederá con arreglo a lo dispuesto por los Artículos 121, 122, 125, 164 y 165 de este Código”. Artículo 5.- Se modifica la letra del Artículo 222 del Código de Procedimiento Criminal de la República Dominicana, para que en lo adelante diga de’ la manera siguiente: “Artículo 222.- El presidente o juez puede autorizar al acusado a que nombre a uno de sus parientes o amigos para que le ayude en su defensa”. “PÁRRAFO I.- Del mismo modo, el presidente o juez, puede de manera facultativa y en todo momento, en caso de que le fuere solicitado por el procesado, ordenar su libertad provisional bajo fianza luego del depósito del expediente en la secretaría del tribunal”. “PARRAFO II.- Para el otorgamiento de la libertad provisional bajo fianza sólo será requisito indispensable verificar, mediante acta levantada por el secretario, que la solicitud de fianza no hubiere sido hecha previamente en la fase de instrucción, y el mismo podrá ser decidido a partir del auto a que se refiere el Articulo 228 de este Código”. “PÁRRAFO III.- Las disposiciones de los Artículos 115 y 116 de este Código, concernientes al procedimiento de otorgamiento de libertad provisional bajo fianza, son comunes a los juzgados de primera instancia, siendo los plazos fijados concurrentes y simultáneos a los plazos fijados por el Articulo 229 de este Código”.
Artículo 6.- Se agrega un párrafo a la letra del Artículo 334 del Código de Procedimiento Criminal de la República Dominicana, para que en lo adelante diga de la manera siguiente: PÁRRAFO.- En caso de que el procesado se encontrase en libertad provisional bajo fianza, se procederá con respecto a tal garantía con arreglo a lo dispuesto por los Artículos 118, 121, 122 y 125 de este Código, siendo los plazos fijados en este punto concurrentes y simultáneos a los plazos fijados en el procedimiento de la contumacia”. Artículo 7.- (TRANSITORIO). Los procedimientos de libertad bajo fianza iniciados o pendientes de solución a la fecha de publicación de la presente ley, seguirán rigiéndose por las disposiciones de la derogada Ley No.5439, del 11 de diciembre de 1915 y sus modificaciones. Las disposiciones del Artículo 120 del Código de Procedimiento Criminal, modificadas por esta ley, se aplicarán a las personas que actualmente se encuentran en libertad provisional bajo fianza o a las que se hubieren fijado fianza en virtud de otras leyes. DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los quince (15) días del mes de julio del año mil novecientos noventa y ocho, año 155 de la Independencia y 135 de la Restauración. Virgilio A. Castillo Peña, Vicepresidente en Funciones Enrique Pujals Secretario Rafael Octavio Silverio Secretario
DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cuatro (4) días del mes de agosto del año mil novecientos noventa y ocho, año 155 de la Independencia y 135 de la Restauración. Héctor Rafael Peguero Méndez Presidente Carlos Alberto Gómez Pérez, Secretario Ad-Hoc. LEONEL FERNÁNDEZ Presidente de la República Dominicana En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República. PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce (14) días del mes de agosto del año mil novecientos noventa y ocho, año 155 de la Independencia y 135 de la Restauración. Lorenzo, Néstor Orlando Mazara Secretario

References: Artículo 94
 Artículo 9
 Resolución 
 Artículo 7
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 94
 Artículo 3
 Artículo 127
 Artículo 4
 Artículo 545
 Artículo 123
 Artículo 113
 Artículo 125
 Artículo 343
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 222

Artículo 6
 Artículo 334
 Artículo 7
 Artículo 120
 Artículo 55