Source: https://www.scribd.com/doc/127505469/Bovino-Alberto-El-Encarcelamiento-Preventivo-en-Los-Tratados-de-Derechos-Humanos
Timestamp: 2018-12-13 20:08:31+00:00

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Bovino, Alberto, El Encarcelamiento Preventivo en ...
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79338986 Libro Proceso Penal Justicia y Paz I
15553142 Proceso Penal Acusatorio
10_anios_jurisprudencia_agosto07
Bovino, Alberto, El encarcelamiento preventivo en los tratados de derechos humanos, en Abregú, Martín, y Courtis, Christian (comps.
), La aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos por los tribunales locales, Ed. Del Puerto/CELS, Buenos Aires, 1997, ps. 429 y siguientes. I. Introducción 1) El origen Hace ya dos siglos, las revoluciones ciudadanas intentaron quebrar las atroces prácticas del viejo sistema de justicia penal y fundar un nuevo régimen de gobierno y de justicia sobre pautas más racionales, igualitarias y justas. En este contexto, la imaginación ilustrada pergeñó el principio de inocencia como valla frente a la arbitrariedad y a la aplicación de la pena de sospecha. Se suponía que esta valla resultaría capaz de lograr que el Estado sólo pudiera imponer castigo a los individuos luego de realizar un juicio previo, frente a los ojos del público, con las debidas garantías, tendiente a asegurar que no se impondría una sanción penal a menos que se hubiera producido prueba suficiente para demostrar con certeza la culpabilidad del individuo acusado penalmente. Como producto de la influencia de este movimiento político, los países de América Latina adoptaron como principios fundamentales de su organización jurídica, en sus textos constitucionales, tanto la protección genérica de la libertad ambulatoria cuanto el reconocimiento del principio de inocencia. En consecuencia, las constituciones plasmaron, ya en el siglo pasado, los principios esenciales del moderno Estado liberal. La Constitución Nacional argentina, por ejemplo, dispuso en 1853: "Nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso..." (art. 18). A partir de mediados de este siglo, el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos también dedicó especial protección a la libertad ambulatoria y al estado jurídico de inocencia, combinando ambos principios para reforzar la necesidad de establecer el derecho de toda persona a gozar de su libertad durante el proceso penal. 2) La situación A pesar del reconocimiento de estas garantías en el ámbito normativo de mayor jerarquía –esto es, en constituciones y tratados internacionales de derechos humanos–, tanto las prácticas cotidianas de la justicia penal como la regulación legislativa del procedimiento penal de los países de América Latina se han impuesto en nuestra realidad. Estas circunstancias, continuadoras de una acendrada tradición autoritaria y manifiestamente antiliberal, heredada de la cultura colonial hispánica, han impedido, de hecho, toda posibilidad de lograr el respeto efectivo de la garantía de libertad y del principio de inocencia. Según los estudios empíricos, nuestros países recurren, como regla, al encarcelamiento supuestamente cautelar de personas inocentes, como si se tratara de una pena anticipada. Las estudios estadísticos de la población carcelaria señalan, de modo incontrovertible, la existencia, la magnitud y la gravedad del problema del abuso del encarcelamiento preventivo y exponen las desmedidas tasas de presos sin condena. Hasta hace algunos años, en los países de América Latina con sistema jurídico continental europeo, más del 60% de las personas privadas de su libertad se encontraban sometidas a detención preventiva. Es decir que, de cada cien individuos en prisión, más de 60 eran procesados y, en consecuencia, jurídicamente inocentes. Nueve años después de la investigación que arrojara estas cifras, el porcentaje subió a un 65 % 1. Una investigación más reciente aún (1993-1995) demuestra que este porcentaje no ha variado sustancialmente en los últimos años. El autor de este estudio advierte, además, que las cifras pueden ser aún mayores, pues ellas sólo incluyen a aquellos presos que han ingresado formalmente al sistema penitenciario mientras que, en los hechos, el número total de personas sometidas a otras formas de detención es muchísimo más elevado 2. El problema del abuso del encarcelamiento preventivo, además, resulta agravado significativamente por un problema adicional: las pésimas condiciones materiales en las que se cumple la detención cautelar de las personas inocentes. Las terribles e inhumanas condiciones de nuestras prisiones, en las que se cumple el encierro cautelar o procesal, son tan evidentes que ni siquiera requieren demostración alguna a través de estudios científicos que la corroboren. El profundo deterioro de nuestros sistemas penitenciarios es de tal magnitud que puede ser percibido por cualquier observador que se limite a prestarle un mínimo de atención.
3) El sistema de protección internacional El desarrollo histórico del derecho procesal penal latinoamericano especialmente referido al tema del encarcelamiento preventivo 3 pone de manifiesto las reducidas posibilidades del derecho interno para revertir la gravísima situación determinada por la persistencia generalizada de prácticas que vulneran el principio de inocencia. En consecuencia, hoy, más que nunca, resulta imperativo determinar los posibles beneficios que pueden derivar de la utilización del sistema internacional de protección de los derechos humanos. El sistema internacional puede contribuir de dos maneras diferentes en la solución del problema de los presos sin condena. En cualquier caso concreto, la petición o denuncia individual, formulada ante los órganos internacionales de protección, permite reclamar el cese de la violación al principio de inocencia y exigir tanto el respeto efectivo de los derechos de la persona afectada como la adecuada reparación del daño causado por el acto lesivo atribuido al Estado. En el sistema interamericano, por ejemplo, se puede presentar una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –en adelante, CIDH– 4. En segundo término, se debe tener en cuenta que la doctrina elaborada en las resoluciones de los órganos de aplicación e interpretación del sistema internacional de protección permite desarrollar y establecer estándares, principios y criterios normativos referidos al derecho internacional de los derechos humanos que, en principio, resultan de aplicación obligatoria en el ámbito del derecho interno. Las reglas del derecho internacional de los derechos humanos, en este sentido, revisten extrema importancia en relación al principio de inocencia. Estas reglas contienen una serie de exigencias específicas que deben ser respetadas por los Estados ante toda privación de libertad 5. Este deber atribuido a los Estados, cuyo cumplimiento es exigible, deriva del carácter obligatorio y vinculante de ciertos instrumentos jurídicos internacionales destinados a proteger derechos inherentes al ser humano considerados fundamentales (v. gr., declaraciones, convenciones, pactos) 6. Los instrumentos vinculantes, por otro lado, suelen ser complementados por determinados documentos, que contienen diversas reglas y principios, pero que no son obligatorios per se 7. Dada la importancia concedida a la protección de la libertad en el derecho internacional, como también a la consideración de la situación de las personas sometidas a persecución penal, existen numerosos instrumentos internacionales que contienen disposiciones aplicables a la situación de los presos sin condena. Algunos de ellos se refieren específicamente a la situación de las personas detenidas. Así, por ejemplo, las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 8, los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos 9, el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión 10 y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad 11. Otros instrumentos de este tipo, en cambio, se refieren a cuestiones diferentes, pero contienen algunas reglas o principios vinculados de algún modo con el régimen de la detención preventiva. Entre ellos, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) 12, las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) 13, y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) 14. 4) El objeto de este trabajo El derecho internacional de los derechos humanos, en diversos instrumentos, contiene cuatro grupos de exigencias referidas al encarcelamiento preventivo de personas adultas. Ellos son: a) requisitos sustantivos que autorizan la detención; b) control judicial de la detención; c) condiciones materiales de cumplimiento de la privación de libertad; y d) limitación temporal del encarcelamiento procesal*. Existen, también, exigencias específicas referidas a la privación de libertad de niños y adolescentes. En este trabajo, nos limitaremos exclusivamente al primer grupo de exigencias, esto es, a los requisitos sustantivos o materiales que constituyen los presupuestos de legitimidad de la facultad estatal de privar de la libertad a personas inocentes. Sin embargo, es importante señalar el contenido e importancia de las demás exigencias que, aunque no serán desarrolladas en este trabajo, merecen, necesariamente, un tratamiento exhaustivo e independiente. La obligación referida al control judicial de la detención, por ejemplo, implica la consideración de los siguientes puntos: a) los fundamentos del control judicial, la verificación judicial de los presupuestos fácticos del caso, y el control judicial de la validez jurídica de las reglas legales que autorizan la detención cautelar; b) las medidas legales
Este deber atribuido al poder judicial exige. el problema de los efectos que derivan del dictado de oficio de la prisión preventiva respecto a la imparcialidad. la de proteger los derechos fundamentales del imputado que toda persecución penal afecta o pone en peligro. La especificidad de esta garantía consiste en que ella opera como una metagarantía. Es tarea propia de la función judicial la de resolver las controversias y peticiones planteadas por las partes en el marco del procedimiento. En esta tarea. La detención será ilegítima en la medida en que no cumpla con todas y cada una de las exigencias jurídicas formales y materiales propias del encarcelamiento preventivo. además. como presupuesto de operación de las demás garantías del debido proceso 15. el control de la legitimidad de toda disposición normativa –v. contenidos en el derecho internacional de los derechos humanos. especialmente. aprehensión– emanado de los demás poderes del Estado. Ante toda omisión o acción de un órgano de cualquiera de los poderes del Estado que afecte o restrinja ilegítimamente la libertad de una persona inocente. su fundamento normativo. gr. Si los tribunales no asumen esta obligación. muchas veces considerado una cuestión menor. los órganos estatales se hallan sometidos a la obligación de cumplir con tales deberes. En consecuencia. El tema de la exigencia de control judicial de la detención. del incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado. exigencias y principios obligatorios. a los tribunales de la justicia penal. por supuesto. d) la extensión y el significado de la obligación estatal de proporcionar asistencia legal a toda persona detenida. Se trata. al poder legislativo. esto es. a las fuerzas de seguridad. que imponen deberes concretos a todos los órganos del Estado. gr. resulta esencial para poder provocar cambios significativos en el régimen de la prisión preventiva. al menos. a través de sus resoluciones... reglamentaciones administrativas– o acto jurídico –v. resultan responsables directos. es esencial recordar que las pautas del derecho internacional que analizaremos no constituyen simples recomendaciones o sugerencias. leyes. del respeto efectivo de un principio muy particular: la garantía de imparcialidad. por el contrario. en toda decisión acerca de la restricción de la libertad de un inocente. Por ello. al servicio penitenciario y. La obligación comprende a todos los órganos públicos que de cualquier modo intervengan en el proceso de regulación. tanto la garantía de imparcialidad como los demás requisitos derivados de la exigencia del control judicial de la detención constituyen presupuestos de inmensa relevancia para posibilitar una aplicación efectiva y racional de los requisitos sustantivos del encarcelamiento cautelar. al ministerio público. y f) el derecho a recurrir las medidas de coerción. quien puede y debe cumplir la tarea de proteger sus derechos fundamentales y de impedir o hacer cesar toda detención ilegítima. de criterios. de los requisitos sustantivos que deben ser verificados por el órgano encargado de realizar el control judicial imprescindible para autorizar toda privación de libertad de una persona adulta que aún no ha sido condenada. exclusivamente. El control judicial de la detención depende. En este trabajo nos limitaremos al tratamiento del primer grupo de exigencias. El respeto de las exigencias sustantivas que analizaremos en este trabajo dependen directamente de la regulación del sistema de control atribuido a los jueces. 5) Los deberes de los jueces penales Los tribunales de la justicia penal deben tener en cuenta.aplicables al arresto. Las circunstancias que afectan el principio de imparcialidad tienen la particularidad de reducir significativamente las posibilidades de realización de los demás principios propios del concepto de debido proceso. no sólo incumplen con uno de los deberes esenciales de la función judicial sino que. Sin cumplir la exigencia de imparcialidad judicial. en gran medida. . la relación entre principio acusatorio imparcialidad. se reducen drásticamente las probabilidades de obtener el respeto efectivo de los demás aspectos del debido proceso. es decir. orden de detención. estas exigencias obligan. a la detención y al encarcelamiento preventivo. c) los requisitos y el contenido de la obligación de notificar la imputación y las razones de la detención a la persona privada de libertad. en el ámbito de la justicia penal. capaz de generar la atribución de responsabilidad internacional. e) la exigencia de control por parte de un tribunal imparcial. principalmente. la de controlar el respeto de las reglas formales y. En conclusión. cuya aplicación dependa de la voluntad discrecional de los Estados. aplicación o ejecución del encarcelamiento preventivo. los efectos de los recursos sobre la ejecución de las medidas de coerción. que ellos constituyen la última protección que existe entre el poder penal del Estado y los derechos fundamentales de las personas. es el poder judicial.
En este sentido. el porcentaje disminuyó notablemente. en cambio. aun cuando tales exigencias no estén previstas expresamente en el derecho interno. la aplicación de una pena. sin importar. que no haya participado en la comisión de un hecho punible. mientras no sean declarados culpables por sentencia firme. Este país contaba con un 47. Este principio fundamental del Estado de derecho es el punto de partida para analizar todos los problemas y aspectos de la privación de libertad procesal. "Según se observa. sin duda. por ende. El principio de inocencia 1) El significado del principio El "principio de principios" en materia de encarcelamiento preventivo es. que determinó el cambio de "una gran cantidad de prácticas viciadas que ocurrían alrededor de la detención. Un buen ejemplo de la influencia positiva que puede producir el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los tribunales penales respecto del tratamiento del encarcelamiento preventivo lo constituye el caso de Costa Rica. debe recibir un tratamiento distinto al de las personas condenadas. El contenido de la presunción de inocencia exige que ‘la sentencia de condena y. poniendo en evidencia los límites constitucionales y legales a la actividad de los policías. sólo puede estar fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusado’" 20. de los fiscales del Ministerio Público y de los jueces en relación con la detención de personas" 18. El principio no afirma que el imputado sea. a pesar de ser sometido a persecución penal.. alcanzando porcentajes inferiores al 20% en 1992.Para cumplir adecuadamente su función de protección de los derechos fundamentales de las personas. Su significado consiste. al aumento de los porcentajes de presos sin condena. aun del derecho constitucional* 16. en virtud de los rígidos criterios y las interpretaciones extraídas de los preceptos que regulaban la prisión preventiva y la detención policial. Es interesante señalar el reconocimiento de los propios jueces penales de la cuota de responsabilidad que les correspondió en el desencadenamiento del proceso protagonizado por la Sala Constitucional: "Desde luego que esa intervención nos la ganamos los jueces de lo penal. los jueces penales tienen el deber de omitir la aplicación de toda disposición jurídica del derecho interno que represente una violación de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado. la afirmación emerge directamente de la necesidad del juicio previo. la CIDH ha establecido. para ello. En los años siguientes. el principio de inocencia.. En consecuencia. Según la formulación tradicional del principio. se señala la "intervención" de la Sala Constitucional sobre la jurisdicción penal. La exigencia impide que se trate como culpable a la persona sólo sospechada de haber cometido una conducta delictiva. De allí que se afirme que el imputado es inocente durante la sustanciación del proceso o que los habitantes de la Nación gozan de un estado de inocencia. Entre los factores más importantes que han contribuido a la disminución de las tasas de presos sin condena. se impone una exigencia normativa que requiere que toda persona sea considerada inocente hasta tanto no se obtenga el pronunciamiento de una sentencia condenatoria firme que destruya el estado jurídico de inocencia que el ordenamiento jurídico reconoce a todos los seres humanos. 1993 y 1994 17. Si bien se ha señalado con preocupación la tendencia. sin importar el grado de verosimilitud de la sospecha. el imputado. Por ello. los tribunales deben reconocer y respetar la supremacía del derecho internacional de los derechos humanos respecto del derecho interno. también es cierto que se admite que el "Poder Judicial costarricense ha hecho significativos esfuerzos por reducir el número de personas sometidas a prisión preventiva". II. al decidir un caso: "Este principio construye una presunción en favor del acusado de un delito. en verdad. en atribuir a toda persona un estado jurídico que exige el trato de inocente. es decir. hasta que un tribunal competente no pronuncie una sentencia que afirme su culpabilidad e imponga una pena. de espaldas a la Constitución Política y las convenciones internacionales sobre Derechos Humanos" 19. posterior a la de los años citados. También están obligados a aplicar directamente todas las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos que contengan exigencias referidas a la detención procesal.40 % de presos sin condena en 1981. aun cuando respecto a ellos se haya abierto una causa penal y cualquiera que sea el proceso de esa causa"21. el hecho de . también denominado presunción de inocencia. según el cual éste es considerado inocente mientras no se haya establecido su responsabilidad penal mediante una sentencia firme. inocente.
nº 2. establece en su art. No puede suponerse a nadie culpable a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable. art. el acusado debe ser considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad" 23. y también que "Las personas detenidas recibirán un trato apropiado a su condición de personas que no han sido condenadas. cuasidelito o falta. y que los no condenados "gozarán de un régimen especial" que se define en otras disposiciones (nº 3). art. por su parte. La CIDH entiende que el principio de inocencia obliga al Estado a demostrar la culpabilidad del imputado respetando las garantías del procedimiento que protegen su equidad e imparcialidad. todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado de un proceso" 24. Por lo tanto. En consecuencia. nº 1).que sea. En primer lugar. Agrega que conforme a "las normas internacionales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. consideramos que la exigencia de juicio previo es una de sus derivaciones. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha desarrollado el sentido de la presunción contenida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en los términos siguientes: "En virtud de la presunción de inocencia. prevé: "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley". "significan exactamente lo mismo. parece expresar este punto de vista. dispone: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. que requiere que la sentencia de condena y la aplicación de una sanción penal esté fundada en la certeza del tribunal que resuelve el caso acerca de la responsabilidad penal del . nº 1. realmente. y. 11. 3) El contenido del principio de inocencia Las consecuencias del principio de inocencia son varias. la presunción de inocencia implica el derecho a ser tratado de conformidad con este principio. En las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. La Constitución de Costa Rica. 11. A pesar de que los autores suelen tratar a la garantía de juicio previo como una garantía independiente del principio de inocencia. por ejemplo. El texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos. 2) La regulación del principio en el derecho positivo La obligación de respetar el estado jurídico de inocencia surge de diversos instrumentos internacionales. estas declaraciones formales mentan el mismo principio que emerge de la exigencia de un ‘juicio previo’ para infligir una pena a una persona" 22. previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad". siempre que sea posible se las mantendrá separadas de las personas presas" (principio 8). culpable o inocente por el hecho que se le atribuye. 39 que: "A nadie se hará sufrir pena sino por delito. Su art. 14. dispone en su art. en este sentido. La Constitución de Guatemala. en sentencia debidamente ejecutoriada". se establece que "El acusado gozará de una presunción de inocencia y deberá ser tratado en consecuencia" (nº 2). la carga de la prueba recae sobre la acusación y el acusado tiene el beneficio de la duda. nº 1. como presupuesto indispensable para obtener la sentencia condenatoria capaz de destruir el estado jurídico de inocencia del imputado. "reputar inocente" o "no considerar culpable". El reconocimiento del principio no ofrece problemas en el derecho interno. 84. Los términos "presumir inocente". art. Una segunda exigencia derivada del principio de inocencia es expresada por el aforismo in dubio pro reo. éste exige la realización de un juicio penal de determinadas características. 14 que: "Toda persona es inocente. dispone: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa". al mismo tiempo. sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente. El derecho constitucional comparado considera al principio como una de las reglas fundamentales del Estado de derecho. mientras no se le haya declarado responsable judicialmente. El Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión dispone: "Se presumirá la inocencia de toda persona sospechosa o acusada de un delito y se la tratará como tal mientras no haya sido probada su culpabilidad conforme al derecho en un juicio público en el que haya gozado de todas las garantías necesarias para su defensa" (principio 36. Además. conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa".
. pues hasta ese momento rige el principio de inocencia. constitucionalmente. pues su importancia es de tal magnitud que de su efectivo cumplimiento depende el sentido que pueden adquirir otros principios fundamentales del procedimiento penal. el encarcelamiento preventivo conculca de modo inevitable esas garantías: "El encarcelamiento preventivo funciona. que ampara al imputado. sin respeto por el trato de inocencia. Si bien la negligencia en la investigación y persecución de ciertos hechos punibles particularmente graves constituye una violación de las obligaciones internacionales que el Estado ha asumido. es decir que las personas no pueden ser privadas de su libertad anticipadamente. sin sujeción al derecho o a la moral. La sanción penal sólo puede ser impuesta luego de la sentencia condenatoria firme. como ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos –en adelante. su situación debería ser la contraria" 28. Esta importancia ha sido destacada por Pastor en precisa síntesis: "En la prisión preventiva se juega el Estado de derecho" 27. también es cierto que. quien lo condena debe destruir completamente esa posición. como pena anticipada. es una insensatez. para que toda persona sea tratada con el respeto inherente a su dignidad" 31. por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos. Para que no se vulnere el principio de inocencia.. La tercera derivación del principio de inocencia consiste en la atribución de la carga de la prueba al órgano acusador. La función del Derecho de los derechos humanos es servir de estatuto del hombre libre. más que una tergiversación abusiva del lenguaje y las instituciones. Dado que el estado de inocencia opera como un escudo que protege al imputado. sin acusación. En este sentido. 4) Prisión preventiva y principio de inocencia Es este cuarto aspecto al que dedicaremos nuestra atención. Esta obligación del Estado exige el respeto del derecho a la libertad personal de toda persona jurídicamente inocente. sin prueba y sin defensa. la aplicación concreta de las medidas de coerción procesal debe. exigencia que se denomina onus probandi.. Ello porque "el imputado no tiene necesidad de construir su inocencia. incluso de quien se halla sometido a persecución penal. se señala que "la falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de destruir la situación de inocencia. Se trata de proteger al individuo de la acción del poder estatal. resulta acertada la afirmación de Faúndez Ledesma: "De manera que sugerir que el Derecho de los derechos humanos es un conjunto de garantías del delincuente. Sin embargo. cuando. sin importar la gravedad del hecho que se le atribuye o la verosimilitud de la imputación. ya construida de antemano por la presunción que lo ampara. Gracias a ello el imputado queda en la misma situación que un condenado pero sin juicio. sino que. y en las limitaciones que. en una sociedad democrática. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Por ello. antes bien. los derechos humanos suponen un equilibrio funcional entre el ejercicio del poder del Estado y el margen mínimo de libertad al que pueden aspirar sus ciudadanos 29. no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos. Por ello. necesariamente. para que éste se sienta seguro y pueda actuar impunemente. en la práctica. le corresponde al acusador –particular o estatal– la tarea de presentar elementos de prueba que demuestren con certeza los presupuestos de la responsabilidad penal del imputado. la Corte IDH ha sido clara respecto a los límites que supone el ejercicio del poder penal del Estado: "Está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Pero. La consecuencia más importante de este derecho a ser tratado como inocente consiste en el reconocimiento del derecho a permanecer en libertad durante el proceso. El cuarto aspecto derivado del principio de inocencia exige que el imputado sea tratado como inocente durante la sustanciación del proceso. Corte IDH– en los casos "Velásquez Rodríguez" y "Godínez Cruz". cumplir con una serie de requisitos y condiciones que determinan su legitimidad. deben ser impuestas al uso de la coerción del Estado en el marco del procedimiento penal. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana" 30. ineludiblemente. construida por la ley (presunción). razón por la cual ella conduce a la absolución" 25.imputado. Se sostiene que la detención preventiva contradice todos los principios de protección que impiden el abuso del poder penal del Estado. arribando a la certeza sobre la comisión de un hecho punible" 26.
nº 5]) como el del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (". entonces. En consecuencia. resulta completamente ilegítimo detener preventivamente a una persona con fines retributivos o preventivos (especiales o generales) propios de la pena (del derecho penal material). La detención preventiva. sólo se conciben en cuanto sean necesarias para neutralizar los peligros que puedan cernirse sobre el descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva" 34. por ello. se torna una detención ilegítima. en consecuencia. Es siempre un medio para asegurar el logro de otros fines: los del proceso. el art. 4 del Proyecto de principios sobre el derecho a no ser arbitrariamente detenido o preso 37 dispone: "La detención o la prisión provisional no son penas ni deberán emplearse nunca para lograr fines que legítimamente corresponden al ámbito de las sanciones penales" (destacado agregado). o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y. por ejemplo. En este sentido. que no se puede otorgar fines materiales –sustantivos– a la privación de libertad procesal o cautelar. 9. su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio. A partir de aquí nos ocuparemos de todas las condiciones sustantivas que deben ser verificadas para autorizar el uso legítimo de la privación de libertad procesal. Se considera que las disposiciones de este instrumento constituyen una valiosa fuente de interpretación sobre el alcance y contenido de los derechos vinculados a la libertad personal contenidos en otros instrumentos internacionales 38. sino también.. requisitos y límites sustantivos aplicables a la regulación de la prisión procesal según el derecho internacional vigente. Tales criterios no están dirigidos a realizar la finalidad procesal del encarcelamiento preventivo y. Se obliga al Estado a no utilizar la prisión preventiva como imposición anticipada de la sanción penal y a evitar una "interpretación sustantivista de la prisión preventiva" 36.Frente a la situación actual de los presos sin condena en América Latina. La exigencia implica que sólo se permite recurrir a la detención cautelar para garantizar la realización de los fines que persigue el proceso penal. nº 3]) son claros al establecer un único propósito legítimo para el encarcelamiento cautelar. no se puede recurrir a la detención preventiva para obtener alguna de las finalidades propias de la pena (v. Según Cafferata Nores. y especialmente. Esta exigencia impide. . su consideración resulta ilegítima para decidir acerca de la necesidad de la detención preventiva. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio" [art. sólo puede tener fines procesales. para obtener la solución definitiva que resuelve el aspecto sustantivo del caso. de lograr que el proceso penal se desarrolle normalmente. en todo momento y para todos los casos 32. la repercusión social del hecho o la necesidad de impedir que el imputado cometa nuevos delitos. o considerando criterios tales como la peligrosidad del imputado. la "característica principal de la coerción procesal es la de no tener un fin en sí misma. Las medidas que la integran no tienen naturaleza sancionatoria (no son penas) sino instrumental y cautelar. como medida cautelar. para la ejecución del fallo" [art. En este sentido.. impedir que el imputado cometa un nuevo delito).. y no para perseguir una finalidad que sólo puede ser atribuida a la coerción material o sustantiva (la pena). según el contenido literal de ambos instrumentos internacionales. con ella. Fin procesal de la privación de libertad 1) La exigencia del fin procesal de la detención Para respetar el principio de inocencia. en la medida en que se utilice exclusivamente para garantizar la comparecencia del imputado al procedimiento penal abierto en su contra. En consecuencia. El carácter procesal de la detención significa que la coerción (la privación de libertad) se utiliza para garantizar "la correcta averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal" 33. Se trata. Por ende. sólo se puede autorizar la privación de libertad de un imputado si se pretende garantizar. del contenido literal de algunas cláusulas de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Toda detención que persiga otros fines. gr. sin impedimentos. el uso material del encarcelamiento cautelar: "sea como fuere. Esta única finalidad procesal que justifica la detención cautelar no sólo surge como consecuencia necesaria del significado del principio de inocencia. es importante analizar cuáles son los principios... por ende. tanto el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (". es indispensable tener en cuenta. 7. y al peligro que implica el abuso del encarcelamiento preventivo para las personas sometidas a persecución penal. la realización de los fines del proceso (y nada más que ellos). las personas en régimen de prisión preventiva no podrán ser objeto de ‘castigos’" 35. en su caso. III. La detención anterior a la sentencia condenatoria. sólo resulta legítima.
que la detención preventiva es posible sólo "cuando lo requieran las necesidades de la administración de justicia por motivos y según condiciones y procedimientos determinados por la ley. por ejemplo. y conforme al principio de excepcionalidad. Ambos supuestos no sólo son reconocidos por la doctrina. y que la consideración de los antecedentes vulneraba claramente el principio de inocencia y el concepto de rehabilitación 44. Según la doctrina procesal e internacional mayoritaria. si "hay indicios de criminalidad. La decisión añade que la detención no puede fundarse "en el hecho de que un presunto delito es especialmente objetable desde el punto de vista social" 42. la posibilidad de una fuga).).. obstaculizar la investigación preliminar intimidando a los testigos. que el hecho de fundar la detención en los antecedentes penales del imputado implicaba recurrir a circunstancias que no tenían relación alguna con el caso. 5 del Proyecto de principios sobre el derecho a no ser arbitrariamente detenido o preso. legislación interna. Se destacó. que. Por ello. 2) Supuestos de peligro procesal Para disponer el encarcelamiento preventivo. es decir. existen instrumentos y órganos del sistema internacional que prevén un supuesto adicional. la CIDH ha decidido que el "objetivo de la detención preventiva es asegurar que el acusado no se evadirá o interferirá de otra manera la investigación judicial. En este sentido. A pesar de la racionalidad de la limitación de los fines procesales a los dos supuestos enunciados. resoluciones judiciales y jurisprudencia de órganos internacionales. dos tipos de situaciones justifican la privación de libertad anticipada: a) todo comportamiento del imputado que afecte indebida y negativamente el proceso de averiguación de la verdad. amenazar testigos. se agrega. La Resolución 17. aprobada por el VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente enunció el siguiente principio. Estará prohibido imponer a esa persona restricciones que no estén estrictamente justificadas para los fines de la detención o para evitar que se entorpezca el proceso de instrucción o la administración de justicia. Además. que represente una obstaculización ilegítima de la investigación (por ej. y b) cuando el imputado se fuga e impide la aplicación del derecho penal material –peligro de fuga–. y b) toda circunstancia que ponga en peligro la eventual aplicación efectiva de la sanción punitiva prevista en el derecho penal sustantivo (por ej.. puede decretarse una medida sustitutiva o dejarse al imputado en libertad simple o bajo promesa" 40.. El interés del individuo que ha delinquido en rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad también debe ser tomado en cuenta" 43. y que el encarcelamiento "debe basarse exclusivamente en la probabilidad de que el acusado abuse de la libertad. etc. el riesgo supuesto debe ser sometido a verificación concreta que permita afirmar fundadamente la existencia de peligro procesal. añade un supuesto sustantivo: "Sólo se ordenará la prisión preventiva cuando existan razones fundadas para creer que las personas de que se trata .".. o destruir evidencia" 41.. El reconocimiento de estos dos supuestos deriva de los fines asignados al proceso penal: la averiguación de la verdad y la aplicación o realización del derecho penal sustantivo. En cuanto a la verificación del peligro procesal. que reconoce ambos supuestos e. por su parte. hoy se afirma de modo unánime que la coerción procesal sólo tiende a proteger la realización de fines procesales. pero está segura la presencia del imputado y la no afectación del desarrollo del proceso. la posibilidad de ordenar la detención se halla supeditada a la condición de que el peligro concreto no pueda ser neutralizado con medidas cautelares menos graves 39. destruir ilegalmente elementos de prueba. Si la coerción procesal se orienta a alcanzar los fines del procedimiento. inexplicablemente. además. La Comisión subraya que la detención preventiva es una medida excepcional y que se aplica solamente en los casos en que haya una sospecha razonable de que el acusado podrá evadir la justicia.. El principio 36 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión dispone. sino también recogidos en instrumentos internacionales. que admite el encarcelamiento procesal sólo "cuando existan razones para presumir que si se le dejare en libertad [el imputado] se sustraería a la acción de la justicia u obstaculizaría la marcha de la investigación". la Comisión Interamericana "considera que en la evaluación de la conducta futura del inculpado no pueden privilegiarse criterios que miren sólo al interés de la sociedad". pueden ser puestos en peligro de dos maneras diferentes: a) cuando el imputado obstaculiza la averiguación de la verdad –entorpecimiento de la investigación objeto del proceso–. los dos únicos supuestos de peligro procesal que autorizan la imposición del encierro preventivo han sido expresamente incorporados en el art.En consecuencia.
por ejemplo. Por ello. la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. presentan ya una tendencia reformista imparable hacia la sustitución de esos paradigmas tradicionales por la creación de instrumentos procesales respetuosos de la dignidad humana que permitan. de que no podrán alterar las pruebas y de que no podrán cometer otros delitos" (destacado agregado) 45. el encarcelamiento preventivo sólo puede ser justificado para asegurar la comparecencia del imputado al proceso –supuesto de peligro de fuga–. "una autoridad judicial sólo debe ordenar la prisión preventiva cuando haya pruebas suficientes de que el acusado huirá probablemente antes del juicio o alterará las pruebas. que eventualmente puede existir durante todo el proceso–. Se debe destacar. dispone que sólo debe recurrirse a la prisión preventiva cuando sea necesaria "para impedir la fuga. lo que él prohíbe. protección de testigos. pues podría. pues se trata de un fin sustantivo –impedir la comisión de futuros delitos– que sólo puede perseguirse una vez obtenida la condena. el consenso por encima de la averiguación de la verdad" 49. En idénticos términos. además. a la realización de esa única finalidad y.. prueba anticipada. Esa posibilidad. Se debe reconocer. Concederles a los órganos de investigación del Estado un poder tan grande. para la ejecución del fallo" 48.. en la escena del proceso penal. En cuanto a la jurisprudencia de los órganos del sistema internacional. el principio de inocencia impide. restringen la facultad estatal de encarcelar anticipadamente. Este tercer motivo es francamente ilegítimo. en realidad. nº 5) sólo autoriza la restricción anticipada de la libertad del imputado para asegurar "su comparecencia al juicio". 7.). aplicar coerción material (pena con fin preventivo) sobre el imputado. pues eso es. de modo exclusivo. El Estado sólo puede perseguir los fines materiales asignados a la sanción penal. se señala que la "vigencia irrestricta de las tareas de averiguar la verdad [asignada al proceso penal]. que el peligro de obstaculización de la investigación no sólo puede presentarse en mayor medida en las etapas iniciales del procedimiento –a diferencia del peligro de fuga. que las tendencias más recientes marchan en dirección contraria. y que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. esto es. sobre todo en el ámbito europeo. Las nuevas elaboraciones. desde el inicio de la persecución.. exclusivamente. supondría . luego de obtener una sentencia condenatoria que destruya el estado jurídico de inocencia del imputado. que sólo mencionan esa posibilidad. por otra parte. pues los tratados internacionales. precisamente. de manera absoluta. Si se admitiera este tercer motivo. Sin el pronunciamiento de una condena. pues esos instrumentos no contienen referencia alguna al supuesto de entorpecimiento u obstaculización de la averiguación de la verdad. El autor señala que. además. distintos a la privación de libertad del imputado (v. Se trata del fin preventivo-especial de la sanción penal. gr. En apoyo de esta posición. en el mismo sentido. pues sólo admiten un único supuesto legítimo de peligro procesal. se afirma que tanto la prisión preventiva como sus condiciones de cumplimiento se aplican "únicamente para cerciorarse de que [los imputados] comparecerán en el juicio. el principio de inocencia carecería de relevancia. quien considera que el "entorpecimiento de la investigación no puede constituir un fundamento para el encarcelamiento de una persona porque el Estado cuenta con innumerables medios para evitar la eventual acción del imputado" 50. también. o cuando presente un peligro para la comunidad" (destacado agregado) 47. se vaciaría de contenido y de sentido al principio de inocencia. 9.. ha ingresado ya en su fase terminal. si el Estado pudiera aplicar medidas de coerción sustantivas antes de la decisión condenatoria. o exista el peligro de que se entorpezca seriamente la administración de justicia si se les deja en libertad" (destacado agregado). la doctrina del Comité de Derechos Humanos. etc. la alteración de pruebas o la reincidencia en el delito" (destacado agregado) 46. se ha cuestionado la legitimidad del supuesto de peligro de entorpecimiento de la investigación. los fiscales. en su caso. eliminaría todo interés del Estado en obtener la solución final del caso. un acercamiento de las partes. de la coerción material o sustantiva prevista en la ley penal. Así. la privación de libertad del imputado dirigida a la realización de fines punitivos o materiales propios de la pena.han participado en la comisión de un presunto delito y se tema que intentarán sustraerse o que cometerán otros delitos graves. o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y. la propia justicia.. nº 3) autoriza las medidas cautelares exclusivamente para asegurar "la comparecencia del acusado en el acto del juicio. San Martín afirma que. Este punto de vista también es sostenido por Binder. sino que puede ser neutralizado con otros mecanismos. Binder agrega que "es difícil creer que el imputado puede producir por sí mismo más daño a la investigación que el que puede evitar el Estado con todo su aparato de investigación: la policía. En efecto.
sin embargo. entonces. gr. Por lo tanto. su art. Tratándose de un caso de detención preventiva. sin consideración de las características particulares del caso concreto o sin fundamento alguno que. exige: "No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes. El art. mucho menos a costa de la privación de su libertad" 51. unos pocos instrumentos y precedentes internacionales agregan un tercer supuesto. permitan formular un juicio sobre la existencia probable del peligro que genera la necesidad de la medida de coerción. 5 del Proyecto de principios sobre el derecho a no ser arbitrariamente detenido o preso exige de manera expresa que se cuente con "razones" que demuestren la existencia del peligro procesal. 7. que tienen por objeto recordar que las normas de derechos humanos no deben interpretarse nunca en forma restrictiva. se debe tener en cuenta el sentido de las cláusulas de salvaguardia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 3) Verificación del peligro procesal La existencia de peligro procesal. que recurran a interpretaciones más protectoras de los derechos humanos. la exigencia quedaría vacía de contenido. es decir.desequilibrar las reglas de igualdad en el proceso. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene disposiciones similares. es importante destacarlo. la jurisprudencia y ciertos instrumentos del sistema internacional admiten un segundo supuesto de peligro procesal (el entorpecimiento de la investigación) que permite la detención anticipada de personas aún inocentes. el control judicial exige. Ello no significa. Es obligación del Estado regular y aplicar el encarcelamiento preventivo para perseguir fines exclusivamente procesales. pues se ordenaría la detención aun cuando no exista peligro alguno. Si se permitiera una presunción tal. La obligación de verificar la existencia de un peligro concreto ha sido reconocida claramente por la Comisión Interamericana. como requisito indispensable de la legalidad de la medida. No basta. Varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos permiten afirmar el reconocimiento de la obligación internacional del Estado de verificar el peligro procesal que torna necesaria la imposición de la medida de coerción. con su comportamiento. reglamentos o costumbres. En este sentido. de aplicación obligatoria (Convención Americana sobre Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).. los tribunales deben rechazar todo fundamento no procesal para disponer la detención de inocentes. que vacía completamente de contenido el principio de inocencia al asignar una finalidad material impropia al encarcelamiento procesal. Nada impide que los órganos de creación y aplicación del derecho interno brinden a ciertos derechos mayor protección que algún órgano internacional. dada determinada circunstancia (v. El tribunal debe atender a las circunstancias objetivas y ciertas que. Por ello. si el Estado es ineficaz para proteger su propia investigación. 7. es decir. imposibilitará la realización del procedimiento o la ejecución de una condena eventual (peligro de fuga) u obstaculizará la reconstrucción de la verdad histórica (peligro de entorpecimiento para la actividad probatoria)" 52. no se presume. exige que se informe a toda persona detenida de las razones de su detención. nº 2. nº 5 y 7. confirmando la ilegitimidad de toda detención arbitraria. cuando es posible fundar racionalmente que el imputado. las que carezcan de razones que la justifiquen. En consecuencia. so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado". prohíbe las detenciones arbitrarias. manifiestamente ilegítimo. Se puede sostener que "estamos en presencia de uno de estos casos [de peligro procesal]. 5. la comprobación efectiva de la existencia concreta de razones (el peligro procesal) que determinan la necesidad de imponer la medida de coerción. la pena prevista legalmente) el imputado evadirá la acción de la justicia. convenciones. los tribunales pueden rechazar la existencia de estos supuestos al definir el contenido y alcance del principio de inocencia contenido en el texto constitucional. A pesar de la enunciación de un solo supuesto de peligro procesal en los instrumentos de los sistemas de protección regional y universal. El art. nº 4. El art. La Comisión ha destacado expresamente "que la detención . con evidencia. 7. con alegar. En el ámbito nacional. esta ineficacia no se puede cargar en la cuenta del imputado. nº 3. en el caso concreto. que tales supuestos deban ser admitidos. tanto la legislación y la doctrina internas como la doctrina. Además. Por último. El art. la legislación u otros instrumentos internacionales. El art. garantiza el control judicial de la legalidad de toda detención. los tribunales pueden otorgar a las garantías fundamentales un alcance más amplio que el que los órganos internacionales les reconocen.
prácticamente. Según la doctrina de la CIDH. no puede ser impuesta normativamente por el poder legislativo. de manera necesaria. Para que la sospecha exigida pueda ser considerada razonable se requiere. con la indicación concreta de los presupuestos que motivan la medida". por parte del legislador. el establecimiento legal de los denominados "delitos no excarcelables" resulta ilegítimo no sólo por vulnerar el principio de inocencia. objetivas y ciertas. en principio. sin embargo. sino que también representa una intromisión indebida del legislador en el ámbito de las funciones exclusivamente judiciales. que indiquen la existencia probable de peligro procesal. 262 del mismo Código establece. la determinación de la existencia de una circunstancia de hecho.. Frente a tal situación. ser tomados en consideración cuando se analiza el riesgo de evasión del detenido". El CPP Guatemala. Ese juicio requiere la comprobación efectiva de circunstancias concretas. Se trata de circunstancias objetivas. Pero a continuación se aclara: "La Comisión considera. 260 dispone: "El auto de prisión será dictado por el juez o tribunal competente. con expresión de "los motivos de hecho y de derecho en que se basare la decisión así como la indicación del valor que se le hubiere asignado a los medios de prueba". de la función de establecer los hechos del caso concreto que corresponde exclusivamente al poder judicial. El siguiente artículo (263) también impone esta obligación. en un caso particular. enunciadas expresamente. El art. como sucede cuando se establece la presunción. en este sentido. y función propia y exclusiva del poder judicial. el tribunal debe recordar que "tanto el argumento de seriedad de la infracción como el de severidad de la pena pueden. En cuanto al auto de prisión preventiva. el art. 11 bis exige la fundamentación clara y precisa de los autos y las sentencias. produce el efecto de desvirtuar la finalidad de la medida cautelar. de que existe peligro procesal para cierto tipo de casos. especialmente. del tribunal. incorporación y valoración de elementos de prueba en el marco del proceso. exige que un órgano del poder judicial verifique la existencia concreta de peligro procesal. en un caso concreto. reglamenta esta exigencia en varias de sus disposiciones. Como regla general. al exigir que "Para decidir acerca del peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad se tendrá en cuenta. la tarea sólo puede ser atribuida al poder judicial. sin admitir prueba en contrario. su utilización. por ejemplo. Por esta razón. para cumplir con el deber de fundar la existencia del peligro. o destruir evidencia" 53. el art. como sucede. que debido a que ambos argumentos se inspiran en criterios de retribución penal. es obligación del tribunal no aplicar esas . En el marco de una organización republicana de los poderes públicos sujeta a las reglas básicas del Estado de derecho. al permitir el encarcelamiento de un inocente sin que pueda comprobarse o discutirse la existencia de razones concretas que lo justifiquen.. Las disposiciones legales de esta naturaleza representan una manifiesta invasión. con los delitos no excarcelables. por ejemplo. entre los cuales se halla el peligro procesal. sólo al poder judicial le corresponde la facultad de determinar la existencia de las circunstancias fácticas que operan como presupuestos de aplicación de una norma jurídica general. El derecho guatemalteco.. de manera general y abstracta. especialmente. 3) Los fundamentos. indique el valor asignado a los distintos medios de prueba relacionados con ese peligro y señale los presupuestos que motivan la medida cautelar al fundamentar su decisión. convirtiéndola. Dado que se requiere la comprobación de circunstancias fácticas del caso concreto. exclusivamente. a partir de los elementos de prueba introducidos válidamente al proceso. la grave sospecha de que el imputado podría: "realizar distintas actividades que perjudiquen el proceso de investigación" 55. en conclusión. en el caso concreto. las siguientes circunstancias".. la verificación efectiva de circunstancias objetivas del caso cuya existencia sea demostrada a través de la obtención. y respecto de un imputado determinado. en un sustituto de la pena privativa de libertad" 54. que: "Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta. obstaculizar la investigación preliminar intimidando a los testigos. determinar en el caso concreto sometido a su decisión la existencia de cada uno de los extremos fácticos requeridos por el ordenamiento jurídico para autorizar el encarcelamiento preventivo. cuya existencia debe ser verificada en el caso concreto. y deberá contener:. Es tarea del tribunal. pues sólo así resultará posible la verificación efectiva de las circunstancias propias de cada caso particular.preventiva es una medida excepcional y que se aplica solamente en los casos en que haya una sospecha razonable de que el acusado podrá evadir la justicia. El deber de comprobar la existencia del peligro en el caso concreto exige que el juicio acerca de la presencia de ese peligro esté a cargo. En consecuencia. La legislación procesal no puede establecer criterios generales que determinen la imposición obligatoria de la privación de libertad e impidan la verificación judicial de las circunstancias concretas del caso.
incluido el derecho de defensa" 60. En el mismo sentido..". en el párrafo 2 del principio 36. con base en meras sospechas o careciendo de indicios de que el acusado es propenso a huir u obstaculizar la marcha de la justicia" 57. es esencial tomar nota de que la detención preventiva se aplica sólo en casos excepcionales. pueden ser tenidas en cuenta para la determinación de la existencia concreta de peligro procesal. a la libertad en espera del juicio con sujeción a las condiciones que se impongan conforme a derecho". obstaculizar la investigación preliminar intimidando a los testigos. Este es el caso del CPP Guatemala... El legislador sí estaría autorizado.".. las diversas pautas enunciadas no sólo están sugeridas de modo no taxativo. a menos que un juez u otra autoridad decida lo contrario en interés de la administración de justicia. La doctrina de la CIDH destaca. referidas al caso 56.. se ha afirmado que el principio intenta "evitar que la detención sin sentencia sea usada como castigo y prevenir su aplicación en caso de infracciones leves. La regla 6. El Comité interpreta rigurosamente el requisito de la necesidad. ya citado. rige como principio. "El trato de inocente que debe recibir el imputado durante su persecución penal impide adelantarle una pena: por consiguiente. en sí mismas. durante el transcurso del procedimiento.1 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) destacan que "En el procedimiento penal sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso. en su art. En este sentido." 59. 262.. en cuanto sólo admite que la prisión preventiva puede ser necesaria para neutralizar peligros a los que no pueda hacerse frente de otro modo. Se trata. no puede contravenir la restricción razonable de los derechos fundamentales de una persona. razonable y necesaria.. Principio de excepcionalidad 1) El derecho a la libertad durante el proceso El principio fundamental que regula toda la institución de la detención preventiva es el principio de excepcionalidad. establece que la prisión preventiva sólo debe ordenarse cuando sea razonablemente necesaria. y que la Comisión puede pronunciarse sobre la "razonabilidad" de la detención 61.. El Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.. de una indicación del legislador acerca de diversas circunstancias. dispone que la decisión acerca del peligro de fuga debe considerar especialmente diversas circunstancias objetivas allí enumeradas. o destruir evidencia. una vez comprobadas por el tribunal en el caso específico. a establecer diferentes circunstancias de hecho que. Se trata de una medida necesariamente excepcional en vista del derecho preminente a la libertad personal y el riesgo que presenta la detención preventiva en lo que se refiere al derecho a la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso legal. La doctrina de la Comisión Europea de Derechos Humanos.disposiciones y cumplir con la obligación internacional de verificar la existencia del peligro en el caso sometido a su decisión. no determinan obligatoriamente la restricción de la libertad. . el derecho a la libertad ambulatoria" 58. En este punto. que dispone: "La prisión preventiva no debe ser la regla general". el principio 39 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión: "Excepto en casos especiales indicados por la ley. También "subraya que la detención preventiva es una medida excepcional y que se aplica solamente en los casos en que haya una sospecha razonable de que el acusado podrá evadir la justicia. establece: "Sólo se procederá al arresto o detención. de modo evidente. IV. cuando lo requieran las necesidades de la administración de justicia por motivos y según condiciones y procedimientos determinados por la ley. por su parte. en este punto. en cambio. Pero es imprescindible recordar que en este tipo de regulaciones. que en su art. El carácter excepcional de la detención procesal está expresamente establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. nº 3. La doctrina del Comité de Derechos Humanos señala que sólo se debe recurrir a la prisión preventiva cuando sea legal. sino que ellas.. 9. que el "interés del Estado. Estará prohibido imponer a esa persona restricciones que no estén estrictamente justificadas para los fines de la detención. que pueden ser consideradas para fundar la solución aplicable y cuya existencia en el caso concreto sólo puede ser establecida por un tribunal. El carácter excepcional del encarcelamiento preventivo surge directamente de la combinación entre el derecho general a la libertad ambulatoria y la prohibición de aplicar una pena antes de obtener una sentencia condenatoria firme (principio de inocencia).. toda persona tendrá derecho.. regularmente relevantes para indicar la presencia de peligro procesal.
En consecuencia. 259. II) y el carácter excepcional de las medidas de coerción (art. y que ellas "tendrán carácter de excepcionales". alternativas a la prisión. La regla 2. establece que "Las medidas sustitutivas de la prisión preventiva se aplicarán lo antes posible.. 14. al poder legislativo. que permitan su aplicación en la generalidad de los casos y que también sirvan para garantizar los fines del proceso penal. para la ejecución del fallo". el sistema de justicia penal establecerá una amplia serie de medidas no privativas de libertad. desde la fase anterior al juicio hasta la fase posterior a la sentencia. el principio obliga a aplicar siempre la medida menos gravosa. Respecto del derecho a la libertad durante el proceso. La regla 6. El art. recomendando que sólo se recurra a la prisión preventiva cuando no puedan aplicarse medidas no privativas de libertad" 62. Es indispensable tener en cuenta que el principio de excepcionalidad es un principio general que obliga. algunos miembros del Comité de Derechos Humanos han declarado que "un sistema nacional cuya única alternativa a la reclusión antes del juicio sea la libertad vigilada. por su parte. art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. la norma termina por despejar cualquier duda.El principio de excepcionalidad también está establecido en algunos ordenamientos procesales como principio general. Por último. La disposición establece. Se considera que las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) interpretan el contenido del art. las legislaciones modernas suelen establecer medidas de coerción menos gravosas para aquellos casos en que resulte posible neutralizar el peligro procesal sin necesidad de recurrir a la detención.. pero su libertad podrá estar subordinada a las garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio.. El CPP Guatemala. en primer término. el sometimiento al cuidado de una persona o institución. Así. la obligación de tratar al imputado como inocente ("El procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento. en primer lugar. nº 3. que sólo se concedía en determinadas circunstancias y sin posibilidad de fianza. Luego de esta enunciación genérica. Esta exigencia implica la obligación del legislador de prever una amplia gama de medidas de coerción. gr. el CPP Guatemala dispone la interpretación restrictiva de todas las disposiciones que restringen la libertad del imputado (art. 9. En realidad. a los tribunales. en todos los casos en los cuales cumplen su tarea de interpretación y aplicación práctica de las disposiciones legales referidas al encarcelamiento preventivo.. medidas tales como el arresto domiciliario."). por ejemplo. entre caución juratoria y caución real)... del Pacto" 63. el encarcelamiento preventivo sólo se justifica cuando resulta imposible neutralizar el peligro procesal con medidas de coerción distintas al encarcelamiento preventivo. en su caso. entre otras (art.. en segundo lugar. por ejemplo. párr. dice: "La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general. que resulten menos lesivas de los derechos del imputado. 14. al disponer que "las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado son las que este Código autoriza". 264). . se impone la obligación de interpretar restrictivamente todas las disposiciones "que restringen la libertad del imputado". El número y el tipo de las medidas no privativas de libertad disponibles deben estar determinados de manera tal que sea posible fijar de manera coherente las penas". por su parte. cuando desempeña su facultad de regular legislativamente el régimen de la coerción procesal y. aplicable a todas las reglas y decisiones referidas al encarcelamiento preventivo. párr. III). en el sentido de que "ayudan a mejorar las condiciones para todas las personas detenidas en régimen de prisión preventiva. y la obligación de presentarse periódicamente al tribunal. no respondía a los requisitos.". hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable. En este sentido.. y evitar la aplicación innecesaria de la pena de prisión. incluso en aquellos casos en los cuales se debe elegir entre medidas no privativas de la libertad (v.. sólo permite que se disponga el encarcelamiento "en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso". 2) Medidas de coerción personal alternativas La principal exigencia que deriva del principio de excepcionalidad consiste en la necesidad de agotar toda posibilidad de asegurar los fines del proceso a través de medidas de coerción distintas a la privación de libertad. o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y. prevé. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.2 del mismo instrumento.3 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) dispone: "A fin de asegurar una mayor flexibilidad. para los delitos excarcelables.
en opinión de la CIDH. que no reciban un trato peor que los condenados. Por esta razón. claramente. inc. pues éste exige que los procesados reciban trato de inocentes o. Maier señala que resulta "racional el intento de impedir que. que la propia reacción legítima del Estado en caso de condena" 64. 5 del Proyecto de principios sobre el derecho a no ser arbitrariamente detenido o preso. pues permite afirmar que. aun en los casos de encierro admisible. establece: "No se ordenará la prisión preventiva si la consiguiente privación de libertad sería desproporcionada en relación con el presunto delito y la sentencia prevista". de aplicar el encarcelamiento preventivo en los delitos leves. pues a menudo. En concordancia con estos criterios. ésta no puede resultar más prolongada que la pena eventualmente aplicable. Por lo demás. el inocente se hallaría. la improcedencia del encarcelamiento para delitos que no prevén pena privativa de libertad. como regla. aun en las legislaciones más anticuadas. la improcedencia del encarcelamiento en casos en que no se espera dicha sanción –o su cumplimiento efectivo–. La razonabilidad evidente de este criterio limitativo permite reconocer "la necesidad de que el encarcelamiento preventivo sea proporcional a la pena que se espera. el reemplazo de la detención procesal por menos de un año por otras medidas cautelares. entre otras medidas. Este principio implica la imposibilidad. en el caso concreto. en el derecho procesal penal interno. no se autoriza el encarcelamiento procesal cuando. en su párrafo 2. en estos casos. en peor situación que el condenado. la vulneración del principio de proporcionalidad será considerada una violación del principio de inocencia contenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.V. el principio de proporcionalidad ha sido reconocido expresamente no sólo en instrumentos internacionales sino. Por lo demás. a quien la soporta. se han sugerido. la persecución penal inflija. y generadora de la responsabilidad internacional del Estado. d. también. no se espera la imposición de una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo. En consecuencia. irremediable. la Resolución 17 aprobada por el VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. de prohibir que la coerción meramente procesal resulte más gravosa que la propia pena. El art. dispone que sólo se puede detener preventivamente si la infracción imputada es grave y prevé pena privativa de libertad. La CIDH también ha establecido la exigencia de que los jueces penales asuman su deber de "examinar a fondo" la duración del encarcelamiento cautelar 68. se señala que resulta inadecuado el uso de la prisión preventiva en caso de delitos que se castigan con penas poco severas. o que no prevén pena privativa de libertad. pues la duración máxima de la prisión cautelar debe estar limitada por la duración máxima de la pena que podría imponerse en el caso concreto 67. El principio de proporcionalidad ha sido recogido regularmente en los ordenamientos procesales penales del derecho interno. Se trata de impedir que la situación del individuo aún inocente sea peor que la de la persona ya condenada. Este antecedente reviste suma importancia. un mal mayor. en el sentido de que no la pueda superar en gravedad" 65. En similar sentido. La legislación procesal penal interna reconoce la imposibilidad de ordenar el encarcelamiento procesal cuando se trata de delitos leves. es decir. como mínimo. Principio de proporcionalidad 1) Fundamentos político-criminales El principio de proporcionalidad es quizá el límite más racional a la posibilidad de privar de libertad al imputado. la CIDH ha manifestado que "si el tiempo pasado por un detenido en régimen de prisión preventiva en espera de juicio rebasa el período de la pena que se impondría si se le reconociera culpable y se le condenara. 2) Reconocimiento normativo El principio de proporcionalidad es una consecuencia necesaria del principio de inocencia. Si no fuera así. el tiempo que transcurre hasta la realización del juicio resulta más prolongado que la propia pena prevista para el delito. y la cesación del encarcelamiento cuando su duración supere o equivalga a la condena que se espera. la detención constituiría una grave violación del derecho del detenido a que se formulen las acusaciones y se le reconozca culpable antes de que se le castigue" 66. por ejemplo. al regular . y la necesidad de hacer todo lo posible por evitar el encarcelamiento procesal cuando se suponga que no se impondrá una pena privativa de libertad en el caso concreto 69. En consecuencia. en los casos que admiten la privación anticipada de libertad.
termina operando como elemento de . como pena anticipada. de modo manifiesto. En este sentido. no es relevante el hecho de que la pena máxima prevista en la figura penal resulte superior a la pena concreta que se espera. y ha reconocido que. estableciendo mecanismos que impiden que éste se prolongue más que la propia pena que se espera según las circunstancias del caso. cuando su duración equivale a la eventual condena aplicable). el principio de proporcionalidad no sólo puede ser considerado como un límite. En este sentido. si esa pena será de cumplimiento efectivo. una justificación para la pena anticipada" (párr. presenta aspectos problemáticos. sino la especie y medida de la pena eventualmente aplicable. en consecuencia. o pena privativa de libertad cuyo cumplimiento no será efectivo). 2 a 5). La Comisión también destacó que el criterio de la severidad de la pena resulta insuficiente para evaluar la existencia concreta del peligro de fuga. la CIDH ha hecho referencia a la gravedad de la infracción y a la severidad de la pena. en caso afirmativo. c) cumplimiento de la pena impuesta por sentencia no firme.. independientemente de la pena conminada en abstracto en el tipo penal de que se trate. y que el Estado puede recurrir a otras medidas cautelares. por ejemplo. En otros casos. 3) Aplicación del principio de proporcionalidad La aplicación efectiva del principio de proporcionalidad exige que el tribunal realice una comparación entre la medida de coerción y la pena eventualmente aplicable al caso concreto. de hecho. la proporcionalidad opera. Cuando se trata de delitos con penas de escasa gravedad. al ligar inexorablemente el encierro procesal a la magnitud de la pena. Debe considerarse. el criterio de proporcionalidad opera de dos modos diferentes. que opera. gr. La disposición autoriza a ordenar la prisión preventiva cuando "al delito o al concurso de delitos que se le atribuye corresponda pena privativa de libertad. y d) cumplimiento de un plazo que. entre otros. como un mecanismo limitativo del encarcelamiento cautelar. El organismo internacional consideró. los siguientes: a) cumplimiento del máximo de la pena prevista para el o los delitos que se le atribuyan. le habría permitido obtener la libertad condicional (incs. 312. 317 del CPP Nación (Argentina) establece como supuestos de excarcelación. Por otro lado. por ejemplo. incluso. el CPP Nación (Argentina). si es probable que se aplique en el caso pena privativa de libertad y. pues la amenaza disminuye si la detención continúa (párr. el principio actúa como límite temporal al plazo de encarcelamiento (v. Si se espera la imposición de una pena de. revela el carácter material de la privación de libertad cautelar. Así. El carácter material del encarcelamiento preventivo derivado de su íntima vinculación con el principio de proporcionalidad ha sido reconocido expresamente por la CIDH 71. cuando se espera una pena no privativa de libertad. cuando se trata de penas privativas de libertad de cumplimiento efectivo. párr. b) cumplimiento de la pena solicitada por el fiscal que a primera vista resultare adecuada. sino también como una justificación para la prolongación del encierro preventivo. el principio pierde su poder limitativo e. de haber existido condena. en cambio. Por ende. 1) 70. En el caso de delitos con penas graves. ellas se inspiran en criterios de retribución penal que desvirtúan el fin procesal de la medida cautelar y la tornan una pena anticipada (párr. En algunos casos impide absolutamente el uso del encarcelamiento preventivo (v. la comparación no debe tener en cuenta la pena conminada en abstracto por el tipo penal de que se trate. II: "La privación de libertad durante el procedimiento deberá ser proporcionada a la pena que pueda imponerse en el caso". 88). establece como requisito de procedencia de la aplicación de la prisión preventiva la atribución de un delito sancionado con pena privativa de libertad." (inc.los presupuestos de aplicación de la coerción procesal. según las circunstancias particulares del caso concreto.. a pesar de que estas circunstancias podrían ser tomadas en cuenta para decidir la prolongación de la detención. 86). el monto de la pena eventualmente aplicable. el art. Las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad pretenden. realmente. cinco años de prisión. 238. el principio de proporcionalidad. "para todos los efectos. sin embargo. que el sentido de proporcionalidad entre condena y prisión procesal constituye. A diferencia del principio de excepcionalidad. por ejemplo. Esta limitación necesaria. 87). El nuevo CPP Costa Rica hace referencia expresa al contenido genérico del principio de proporcionalidad en su art. gr. En primer lugar.. La legislación también ha reconocido la exigencia de limitar temporalmente la duración del encarcelamiento preventivo derivada del principio de proporcionalidad. También debe tenerse en cuenta.. impedir o restringir el uso del encarcelamiento preventivo con el objeto de evitar que el imputado que goza del estado jurídico de inocencia sufra un mal mayor que el que representa la propia sanción penal sustantiva. art.
. Se trata de establecer una sospecha sustantiva acerca de que se ha cometido un hecho punible reprimido con pena privativa de libertad de efectivo cumplimiento 73. también. al mismo tiempo. 5. en estos casos. por ejemplo. en cambio. por su parte. exige la verificación de "motivos racionalmente suficientes" que funden la eventual responsabilidad del imputado. la medida de coerción procesal pierde todo sustento. En consecuencia. termina por producir efectos negativos sobre el respeto efectivo del principio de inocencia. nº 1. 9. deben existir elementos de prueba que corroboren la probable responsabilidad penal del imputado. . VI.. sino de que este desarrollo haya sido acompañado de resultados concretos respecto de la verificación de la participación del imputado en el hecho investigado. La vinculación entre pena y medida cautelar establecida por el principio de proporcionalidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha interpretado esta exigencia definiendo los indicios racionales "como la existencia de hechos o de informaciones que convencerían a un observador objetivo de que dicha persona puede haber cometido el delito" 74. contienen referencias expresas acerca de la necesidad de comprobar el mérito sustantivo de la imputación.justificación y legitimación de un encarcelamiento preventivo prolongado. luego de oír al imputado. en su párrafo 2. Sin embargo. Ello significa que debe existir una sospecha sustantiva acerca de la participación del imputado en el hecho punible. que existe una gran probabilidad de que se haya cometido un hecho punible y de que el imputado haya sido autor o partícipe en él. 1). En conclusión. por tratarse de la medida de coerción más grave en el marco del proceso penal. en consecuencia. Si no existe este mérito sustantivo. fundado en elementos de prueba incorporados legítimamente al proceso. 5 del Proyecto de principios sobre el derecho a no ser arbitrariamente detenido o preso. La Convención Americana sobre Derechos Humanos. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece: "Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias". Si no se determina la probabilidad de que el imputado haya participado en la comisión de un hecho punible. 7. Sospecha sustantiva de responsabilidad 1) La exigencia de mérito sustantivo Una exigencia ineludible que debe ser respetada para que el Estado pueda privar de su libertad a un individuo jurídicamente inocente en el marco de un procedimiento penal consiste en la comprobación de la posible responsabilidad del imputado por el hecho delictivo que se le atribuye. elementos probatorios– de que ha cometido un delito (art. no sólo pierde sentido el encarcelamiento preventivo sino. se puede afirmar que ella deriva de la prohibición de realizar detenciones arbitrarias. El art.". b. 2) El reconocimiento normativo La exigencia de comprobación del mérito sustantivo de la imputación no surge expresamente del texto de algunos tratados de derechos humanos. el desarrollo del mismo procedimiento penal en contra del imputado. inc. establece que sólo se podrá imponer prisión preventiva "cuando existan razones fundadas para creer que las personas de que se trata han participado en la comisión de un presunto delito. Se exige. párr. se debe advertir que sólo a través de la articulación del principio de proporcionalidad con la limitación temporal del encierro procesal resulta posible aprovechar el poder limitativo de aquel principio y. El art. No se trata solamente de que el procedimiento haya alcanzado cierto grado de desarrollo. dispone en su art. Otros instrumentos internacionales. El tribunal sólo podrá aplicar la medida privativa de la libertad cuando la investigación haya alcanzado resultados que permitan afirmar. un cierto grado de desarrollo de la imputación 72 que permita determinar su mérito sustantivo a través de los elementos de prueba recolectados al momento de tomar la decisión. Para evitar estos problemas existe una garantía autónoma creada por el derecho internacional: la exigencia de limitación temporal del encarcelamiento preventivo a un plazo razonable. Según el Convenio Europeo. un juicio de conocimiento por parte del tribunal que permita establecer que existe una gran probabilidad de que haya ocurrido un hecho punible atribuible al imputado. Estos efectos perniciosos no pueden ser resueltos por el mismo principio de proporcionalidad. La Resolución 17 aprobada por el VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. nº 3: "Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios". evitar los efectos negativos que le son propios. sólo se puede privar de la libertad a una persona cuando existen indicios racionales –es decir. La prisión preventiva presupone.
"información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él". por lo demás. Si así fuera. por su parte. de que se haya alcanzado una etapa del procedimiento que hubiera permitido recoger información suficiente para afirmar presumiblemente que existió un hecho punible y que el imputado ha sido autor o partícipe en él. que el imputado es.1. por otra parte. se señala que. presupuestos y exigencias que deben ser verificados para autorizar el encarcelamiento anticipado carecerían de sentido si sólo fueran necesarios para fundar la decisión inicial que ordena la detención. 1. Tal ilegitimidad. La desaparición de algún requisito de una detención originalmente legítima determina. por ejemplo. con probabilidad.. El imputado recuperará su libertad inmediatamente después de que desaparezca el peligro de fuga o se haya asegurado la prueba o pruebas cuya adquisición podía ser perturbada por él" 75. que el imputado es. Provisionalidad de la detención 1) Significado del principio Todos los requisitos. y que existan elementos de convicción suficientes para sostener. En similar sentido el nuevo CPP El Salvador. la "privación de libertad durante el proceso deberá finalizar no bien cesen las causas que la justificaron. Las referencias acerca de los "elementos de convicción". que "se haya comprobado la existencia de un hecho tipificado como delito. para la procedencia de la prisión preventiva. para ordenar la detención provisional del imputado. En el principio 39 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión." (inc. la detención preventiva sólo es legítima en la medida en que continúen existiendo todos sus presupuestos.Esta exigencia también ha sido reconocida expresamente en las disposiciones del derecho interno. la "información" y los "motivos racionales" contenidas en las disposiciones citadas se relacionan con la exigencia de que existan elementos concretos de prueba que permitan fundar el juicio sobre el mérito sustantivo. autor o partícipe. la ilegitimidad de esa detención. En conclusión. no se diferencia en nada de aquella que afecta a una detención inicialmente ordenada de manera arbitraria o ilegal. establece como requisito de procedencia de la prisión preventiva en su art. El principio de provisionalidad autoriza a continuar con la detención sólo si subsisten todas y cada una de las circunstancias que fundaron la necesidad original de ordenar la privación de libertad. El nuevo CPP Costa Rica. 2) Reconocimiento normativo Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) reconocen este principio en la regla 6.. El tribunal debe. el encarcelamiento debe cesar. se reconoce el carácter provisional de toda detención preventiva. se impone la misma solución: la obligación judicial de hacer cesar el encarcelamiento y de ordenar la libertad. cuyo art. con probabilidad. contar con elementos probatorios que permitan verificar la presencia del mérito sustantivo acerca de la responsabilidad del imputado por su probable participación en un hecho punible. la existencia de "elementos de convicción suficientes para sostener. se exigen elementos de prueba que verifiquen la existencia de ambos extremos. La función del tribunal consiste en verificar la existencia de los elementos fácticos que constituyen los requisitos jurídicos del encarcelamiento preventivo. razonablemente. 239. En este sentido..2. VII. también. En este sentido. que dispone: "Las medidas sustitutivas de la prisión preventiva se aplicarán lo antes posible. Por este motivo. pues éste requiere. la CIDH ha establecido la exigencia de que los jueces penales asuman su deber de "examinar a fondo" la duración del encarcelamiento cautelar y manifestado que corresponde a la Comisión "decidir si los criterios elegidos por los tribunales internos ‘son pertinentes y . el CPP Guatemala sólo permite que se ordene el encarcelamiento procesal luego de que el imputado haya sido oído y. en consecuencia. En este sentido. por lo tanto. 259. inc. La exigencia está contenida expresamente en el art. se establece que la misma autoridad facultada para ordenar la detención "mantendrá en examen la necesidad de la detención".. Desaparecido alguno de sus requisitos. a partir de ese momento. razonablemente. En ambos casos. La prisión preventiva no deberá durar más del tiempo necesario para el logro de los objetivos indicados en la regla 6. autor de un hecho punible o partícipe en él".". una detención inicialmente legítima podría tornarse arbitraria sin que pudiera remediarse tal situación. En síntesis. 1). 292 exige.
. En el mismo sentido. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). modificación.. los investigadores de la policía y otros funcionarios gubernamentales (como por ejemplo los asistentes sociales y los guardianes de la prisión) para ayudar a determinar a qué personas no es necesario ya seguir manteniendo en reclusión" 77. Estas obligaciones recaen sobre la mayoría de los Estados. gr. la legislación costarricense prevé dos mecanismos distintos. constituye una decisión razonable. en consecuencia. El principio de provisionalidad podría ser considerado. o sustitución por otra medida o la libertad del imputado" (art. En este contexto. Consideraciones finales Frente a la grave situación generada por las prácticas de la justicia penal que constituyen un abuso respecto de la utilización de la institución del encarcelamiento preventivo en los países de nuestra región. Ello pues al desaparecer alguno de los presupuestos materiales de la detención surge la obligación de ordenar la libertad e imponer la medida cautelar no privativa de libertad disponible menos lesiva o. según el caso". se autoriza al imputado a solicitar por su propia voluntad la revisión de la medida cautelar.. como una consecuencia de la aplicación dinámica –en sentido cronológico– del principio de excepcionalidad. 257.. se dispone. el supuesto en el que "nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron. por un lado. I). no dependen de la particular legislación procesal vigente en el ordenamiento jurídico interno. el CPP Guatemala ordena el cese de la detención en la medida en que se demuestre que no subsisten "los motivos que la fundaron" (art. que ordene "su continuación. En segundo término. aplicable en cualquier momento del proceso.". 253. 253. faculta y obliga al tribunal a revisar los presupuestos que justifican la necesidad de mantener la detención. los presupuestos de la prisión o internación y. II). VIII. "por lo menos cada tres meses. el nuevo CPP Costa Rica es un buen ejemplo de regulación del principio de provisionalidad. párr. en su caso. 253. o bien sobre algunos Estados. que deben ser cumplidas por los Estados para permitir la imposición legítima del encarcelamiento procesal anterior a la condena. la opción de recurrir a las posibilidades que brinda el derecho internacional de los derechos humanos. establece como motivo de cesación de la prisión preventiva. según las circunstancias de la nueva situación. Transcurridos tres meses de detención. hasta cierto punto. En este sentido. Su art. Ello significa que estos instrumentos contienen soluciones para el problema del encarcelamiento preventivo de alcance general en los países de la región y que. En primer lugar. inc. prescindir de toda medida de coerción. Declaración Universal de Derechos Humanos. Para ello. Los instrumentos internacionales establecen obligaciones específicas. Los ordenamientos procesales penales más modernos también contienen diversas disposiciones tendientes a lograr el respeto efectivo del principio de provisionalidad del encarcelamiento preventivo. párr. párr. Por el otro. un juez. se torna imprescindible la búsqueda de medidas concretas orientadas a enfrentar el problema. se ordena que luego de este plazo el tribunal examine de oficio. como sucede con los países de América Latina con las obligaciones impuestas por instrumentos regionales (v. En síntesis. se permite que sea el propio interesado en el cese de la detención quien solicite la revisión y demuestre que no subsisten los presupuestos que fundaron la imposición de la medida cautelar. Como medida práctica para tornar efectivo el principio de provisionalidad del encarcelamiento preventivo se ha sugerido que los "gobiernos deberían estudiar la posibilidad de desarrollar un programa en cuyo marco las autoridades responsables del lugar de reclusión se reunirían periódicamente con el fiscal. 1. una vez que entran en vigor. gr. El sistema internacional establece exigencias materiales y formales que definen los presupuestos de legitimidad de toda detención cautelar de personas que aún no han sido condenadas (inocentes). 268. "el imputado podrá solicitar su revisión cuando estime que no subsisten las circunstancias por las cuales se acordó" (art. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y Convención Americana sobre Derechos Humanos). III). Los instrumentos convencionales. cuando derivan de un instrumento universal (v. que durante los primeros tres meses "su revisión sólo procederá cuando el tribunal estime que han variado las circunstancias por las cuales se decretó" (art.suficientes’ para justificar la duración del período de privación de libertad anterior a la sentencia" 76. entre otras. 1). obligan directa . El carácter obligatorio de ciertos instrumentos internacionales es incuestionable y reconocido de manera unánime. Para lograr la aplicación efectiva de este motivo de cesación de la detención preventiva. inc.
son consecuencias de ese principio fundamental derivado de la garantía de inocencia. aplicación y ejecución del encarcelamiento preventivo. en los casos en que la legislación nacional no protege adecuadamente los derechos del detenido" 81.. de la cual derivan la . y de él derivan la imposibilidad de aplicar la privación de libertad en ciertos supuestos.e inmediatamente al Estado parte en un tratado de derechos humanos. Una cuarta exigencia sustantiva consiste en la sospecha material de responsabilidad penal del imputado por el hecho que se le atribuye. por su parte. el Tribunal Europeo de Derechos Humanos). En síntesis. entre los cuales los más importantes son el poder legislativo y el poder judicial. que "debe ser adecuadamente aquilatada en los ámbitos nacionales" 79. y de su art." 78. como también la limitación temporal del encarcelamiento en otros supuestos en los cuales éste resulta admisible. se señala que los jueces "deben tener presente y aplicar permanentemente criterios interpretativos favorables al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en estas convenciones. No obstante. las reservas incompatibles con el objetivo del tratado no son permitidas. y con la atribución de esa función al poder judicial. Las obligaciones internacionales.. la importancia del art. El papel atribuido a los tribunales en la aplicación efectiva del derecho internacional de los derechos humanos es especialmente significativo en el ámbito del encarcelamiento preventivo. pueden –y deben– neutralizar los actos u omisiones de los demás poderes públicos que representen una violación de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado. En consecuencia. entre otras. También se indica que los miembros del poder judicial "no deberán olvidar que sus decisiones comprometen a la Nación íntegra. y a los tribunales que apliquen "las normas y convenciones internacionales. El derecho a la libertad durante el proceso. con sus fallos.. consecuencias negativas para la República (responsabilidad internacional)" 82. Esta circunstancia determina que se afirme que: "Los tratados son obligatorios para los Estados Partes únicamente en la medida en que éstos no hagan reservas. De ella derivan las consecuencias vinculadas con la limitación que restringe la detención exclusivamente a determinados supuestos de peligro procesal... También se ha reconocido el valor jurídico de instrumentos internacionales no convencionales. que "conduce a adoptar la interpretación que mejor se adecue a los requerimientos de la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos" 80. desde el punto de vista del Derecho internacional y que pueden generar. Una segunda exigencia sustantiva recibe el nombre de principio de excepcionalidad. Estas exigencias sustantivas. La primer exigencia sustantiva consiste en el exclusivo fin procesal atribuido a la detención. exigencias sustantivas que operan como presupuestos necesarios de la fundamentación legítima de la privación de libertad de carácter cautelar. y están impedidos de limitarlos en mayor medida que la prevista en ellas. Respecto del encarcelamiento preventivo. y la necesidad de regular legislativamente medidas de coerción menos lesivas que el encarcelamiento. 32. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado. En relación a la regulación. comprenden determinadas consecuencias que derivan de ellas. el derecho internacional impone obligaciones a diversos órganos del Estado. además. y tener en cuenta esos criterios interpretativos para decidir el caso concreto en examen". Por ello. con la necesidad de verificar la existencia concreta de ese peligro. exigen a los Estados cierta manera de instrumentar su cumplimiento. El principio de proporcionalidad es otra de las exigencias sustantivas. Así. Ello pues el poder judicial constituye la última valla entre el poder del Estado y los derechos fundamentales del ser humano. deberán interiorizarse sobre la jurisprudencia internacional en la materia. incluida la de tribunales que deciden sobre convenciones similares (por ej. el derecho internacional establece el deber esencial de respetar el principio jurídico de inocencia. se exige a los legisladores que regulen "las disposiciones nacionales en conformidad con las normas internacionales". especialmente relevantes para la tarea de interpretación y aplicación de disposiciones internacionales de carácter obligatorio. El principio de inocencia impone. Los tribunales. en este marco. garantía fundamental del Estado de derecho que protege la libertad individual frente a todo acto arbitrario del poder público. por lo demás. que permite recurrir a medios suplementarios de interpretación. al respecto. que exige a los Estados la interpretación de buena fe. 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. se señala la existencia de: "La presunción iuris tantum de la operatividad de las normas que rigen en el derecho internacional de los derechos humanos". Ellos. la doctrina de la Corte impone a los Estados un método particular de interpretación y aplicación de las disposiciones contenidas en los instrumentos de derechos humanos.
el deber del tribunal de oir al imputado y la necesidad de que el procedimiento haya alcanzado cierto grado de desarrollo al momento de la decisión judicial. El "preso sin condena" en América Latina y el Caribe. I. Mora. efectiva y legítima para impedir el abuso. también. los problemas vinculados con los otros dos grupos de exigencias –condiciones materiales de la detención. El cumplimiento de buena fe de la obligación internacional del Estado de regular. Bovino. Carranza.470 presos declarados en el sistema penitenciario y 2. por sí mismas. de la facultad estatal de ordenar la privación de libertad de personas inocentes. Estado actual de la prisión preventiva en América Latina y comparación con los países de Europa. aplicar y ejecutar la institución del encarcelamiento preventivo según las exigencias del derecho internacional de los derechos humanos. y límite temporal del encarcelamiento– también se reducirían sustancialmente. 9). actualmente generalizado. de años– alojados en dependencias policiales" (cf. Sobre el régimen legal previsto inicialmente. con 9. cf. 2 Al respecto. 4 Sobre el sistema de peticiones en el sistema interamericano. se pone de manifiesto que: "Existe por lo general una cifra muy alta de privados de libertad –a veces por períodos de tiempo larguísimos. 5 En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Houed y Zaffaroni. con 3. el reconocimiento del derecho del imputado de solicitar la revisión de la medida y el establecimiento del deber judicial de controlar periódicamente la subsistencia de los presupuestos y de la necesidad de aplicar la medida cautelar privativa de libertad. ps. Si ello sucediera. conocida como provisionalidad de la detención. 285 y ss. subsiste una regulación represiva e inquisitiva de la detención procesal. y las cifras de Nicaragua. debe exigirse en los casos concretos la aplicación de las normas internacionales obligatorias y la efectiva protección de los derechos fundamentales del imputado. 4/12/96). 9). p. debe promoverse por todos los medios posibles el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado referidas a la regulación legislativa y a la aplicación judicial del encarcelamiento preventivo y. el régimen de la privación de libertad cautelar previsto en el proyecto original fue alterado significativamente durante el trámite de aprobación legislativo (ver su regulación en los arts. Carranza. de una adecuada regulación de las exigencias formales referidas a la obligación de instrumentar un adecuado control judicial de la legitimidad de la detención. cf. exige la obligación de ordenar la libertad cuando no subsistan todos los elementos que justificaron inicialmente la medida cautelar. y para alcanzar un grado aceptable de respeto efectivo del principio de inocencia y del derecho a la libertad ambulatoria. 643 y siguientes. facilitando las posibilidades de prever e instrumentar medidas que reduzcan aún más las dificultades subsistentes. sino amparar a las víctimas y disponer la reparación de los daños . las reglas de la prisión preventiva – originariamente adecuadas a las exigencias del Estado de derecho– fueron modificadas por el poder legislativo en sentido contrario a la protección de la libertad del imputado. En consecuencia. cap. Notas 1 Cf.427 presos en el sistema penitenciario formal y 7. representaría una medida adecuada. se ha destacado que "el Derecho internacional de los derechos humanos no tiene por objeto imponer penas a las personas culpables de sus violaciones. En Guatemala. que cuentan con modelos de enjuiciamiento penal modernos y recientes. ps. del nuevo CPP El Salvador (Decreto Legislativo nº 904. permitiría alterar sustancialmente la crítica situación actual. El cumplimiento de estas exigencias sustantivas depende. la última exigencia sustantiva. 37 y siguientes. obligatoria para los Estados. La importancia de las exigencias sustantivas analizadas permite afirmar que ellas constituyen mecanismos de significativa utilidad para revertir la situación de los presos sin condena en los países de la región. la aplicación en el ámbito interno del derecho internacional de los derechos humanos. El estudio citado señala como ejemplo las cifras de la provincia de Buenos Aires (Argentina). En conclusión. 3 Es importante destacar que aun en aquellos países como Guatemala o El Salvador.obligación de determinar judicialmente la existencia de la sospecha. Finalmente.500 presos en dependencias policiales al 30/6/95 (p. en gran medida. La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. reduciría drásticamente la gravedad del problema de los presos sin condena.000 presos en dependencias policiales al 31/12/93. Temas de derecho procesal penal guatemalteco. Un grado razonable de realización de estas dos exigencias. Pinto. en conclusión. en el Decreto Legislativo nº 51/92. En El Salvador.
"al aprobar estos tratados sobre derechos humanos.que les hayan sido cau sados por los Estados responsables de tales acciones" (Corte IDH. se acepta el carácter vinculante de algunas de ellas. en este mismo ejemplar. Pinto. resultar exigibles para los Estados. cf. "El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana". Dulitzky. 24 Comité de Derechos Humanos. párrafo 134).: sobre el plazo razonable de los procesos internos ver. Parte I. (destacado en el original). * N. 257. 14 Resolución 45/110 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 14/12/90. Caso 11. no en relación con otros Estados. cap. . El aumento del número de presos sin condena. p. sino hacia los individuos bajo su jurisdicción" (Corte IDH. significado y contenido de las cláusulas de los instrumentos internacionales que sí revisten carácter obligatorio para el Estado. III y IV. Derecho procesal penal. En consecuencia. además de las declaraciones. El aumento del número de presos sin condena. 12 Resolución 40/33 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 29/11/85. p. p. resolución del 1/3/96. en 1993. p. 1b. 33 y siguientes. párrafo 27). de hecho. tiene todo individuo frente a los órganos del poder para preservar su dignidad como ser humano..7%. * N.5% (cf. 29/7/88. 1 20 CIDH. y en 1994. 16 Sobre esta cuestión. se señala que: "Los instrumentos de derechos humanos de carácter no contractual incluyen. ps. Derecho procesal penal argentino. 490 y s. V. 9 Resolución 45/111 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 14/12/90. 15 Sobre el significado y la importancia de la garantía de imparcialidad desde el punto de vista de la doctrina más moderna. 22 Maier. el mismo tribunal ha determinado que. Los tratados de derechos humanos en el constitucionalismo iberoamericano. por el bien común. párrafo 7. del 18. 746. cf. 11 Resolución 45/113 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 14/12/90. Si bien puede resultar difícil determinar el grado de relevancia jurídica de estas normas internacionales. Albanese. Serie A. El plazo razonable en los procesos internos a la luz de los órganos internacionales. caps. cf. Faúndez Ledesma. El aumento del número de presos sin condena. p. o códigos de conducta. Pinto.. del comp. nº 4. I. 6 Los tratados internacionales de derechos humanos son instrumentos que se caracterizan por proteger una clase especial de derechos: "los derechos humanos pueden definirse como las prerrogativas que. recomendaciones. del 14.. Caso "Velásquez Rodríguez". 1 19 Editorial. t. 491. nº 2. entre otros. ps. 10 Resolución 43/173 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 9/12/88. I.5%. 17 En 1992 el porcentaje fue del 14. Sobre las exigencias propias de los instrumentos jurídicos internacionales de carácter obligatorio. Derecho procesal penal. cuando tales disposiciones son utilizadas por los órganos internacionales de protección como criterios de interpretación de las obligaciones y deberes impuestas en instrumentos de carácter vinculante. t. los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos.. O’Donnell. Susana. Temas de derechos humanos. principios básicos." (cf. 18). estas disposiciones determinan. De esta manera. En consecuencia. 8 Informe del Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República Argentina.. asumen varias obligaciones. Protección internacional de los derechos humanos. 24/9/82. Ello sucede. Editorial. 23 CIDH. en la práctica. 21 Maier. p. otros instrumentos denominados reglas mínimas. en este mismo ejemplar. Serie C.: También ver. y que reflejan las exigencias fundamentales que cada ser humano puede formular a la sociedad de que forma parte" (cf. Informe nº 12/96. con cita textual de Maier. por ejemplo. conforme al Derecho Internacional. 1). El valor de las normas internacionales de protección de los derechos humanos en el derecho interno. Temas de derechos humanos. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos. el alcance. p. Opinión Consultiva OC-2/82. del comp. 63 y ss. p. Álvarez. 46.245 (Argentina). Caso "Guillermo José Maqueda". p. 13 Resolución 45/112 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 14/12/90. Observación General 13. El principio acusatorio: garantía de imparcialidad. Bruni Celli. ps. 21). 18 Editorial. La obligatoriedad de tales instrumentos no depende de su nombre sino de una serie de factores. y cuya función es excluir la interferencia del Estado en áreas específicas de la vida individual.. 7 Las disposiciones de este tipo de instrumentos pueden. t.
Caso "Velásquez Rodríguez". p..245 (Argentina). p. p. 507. 51). Derecho procesal penal guatemalteco. Conferencia sobre detención preventiva. 34 Cafferata Nores. 52 Maier.245 (Argentina).245 (Argentina). p. 33 Cf. 495. Caso 11. 147. párrafo I. t. p. terrorismo– o de delitos de suma gravedad. Simplificación de procedimiento y "juicio abreviado". 31 Faúndez Ledesma. p. inc.. 29/7/88. incs. El encarcelamiento preventivo. Informe nº 12/96. 29 Citados por Faúndez Ledesma. 43 CIDH. p. gr. 23 y siguiente.. resolución del 1/3/96. 51. CIDH. Derecho procesal penal. pareciera justificado concluir que el uso de la detención preventiva para (fines no procesales). cf. p. aun cuando se trate de situaciones de emergencia –v. El encarcelamiento preventivo. e incluso. como mecanismo que menoscaba la presunción de inocencia e impone un castigo anticipado (cf. p. p. O’Donnell. resolución del 1/3/96. 48. 50 Binder. Derechos humanos y prisión preventiva. el CPP Guatemala. 522 y s. Derechos humanos y prisión preventiva. constituiría una privación arbitraria de libertad. Protección internacional de los derechos humanos. 32 El principio de inocencia rige por igual en todos los casos y para todas las personas. 2). resolución del 1/3/96. 50 y 51. Pastor. I." medidas sustitutivas del encarcelamiento. p. 59 CIDH... 10. Informe nº 12/96. Argentina. 28 Pastor. resolución del 1/3/96. 50. ocultar. Escolios a la ley de limitación temporal del encarcelamiento preventivo. 86. 286.25 Maier. violatoria de un derecho subjetivo universalmente reconocido" (p. Caso 11. Pastor. 37 Instrumento elaborado en 1962 por un comité técnico de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. 1). 27. p. Derecho procesal penal. 18. de oficio. 35 Centro de Derechos Humanos. actitud del imputado (262. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos. p. ps. t. pena probable (262. alterar. 56 Entre otros. 49. 18. Introducción al derecho procesal penal. ps. 147 (destacado agregado). Caso 11. Informe nº 2/97. Sobre la introducción del consenso. (destacado agregado). por ej. . 522.245 (Argentina).245 (Argentina). p. 3 y 4). 36 Cf. 53 CIDH. Caso 11. arraigo (262. resolución del 1/3/96. Derecho procesal penal. 41 CIDH. 49. 58 Maier. el juez o el tribunal competente. destacado agregado). Casos 11. 38 Cf. habida cuenta de los objetivos de este principio. 44 CIDH. O’Donnell. t. 54 CIDH. p. p. Informe nº 12/96. p. 26 Maier. t. 55 El art. Medidas de coerción en el nuevo Código procesal penal de la Nación. Informe nº 12/96.. 475.245 (Argentina). 61 Centro de Derechos Humanos.205 y otros. párrafo 154. p. Serie C. 47 Centro de Derechos Humanos. 48 Cf. suprimir o falsificar elementos de prueba. Protección internacional de los derechos humanos. ps. 48 (destacado agregado). p. Barrientos Pellecer. 45 Centro de Derechos Humanos. I. t. San Martín. 46 "Hugo van Alphen contra Países Bajos" (305/1988). 45. inc. 48. 39 Ver. Caso 11. Informe nº 12/96. p. la CIDH ha criticado la excepción contemplada en la ley argentina de limitación temporal al encarcelamiento preventivo referida a delitos de narcotráfico. Por ello. 60 CIDH. 264. podrá imponerle. Informe nº 12/96. Derechos humanos y prisión preventiva.245 (Argentina). que dispone: "Siempre que [esos peligros] puedan ser razonablemente evitados por aplicación de otra medida menos grave para el imputado. resolución del 1/3/96. p. p. Introducción al derecho procesal penal. 27 Pastor. Vélez Mariconde. Bovino. párr. 286 y siguiente. Informe nº 12/96. 49. O’Donnell. Informe nº 12/96. ps. 263 enumera tres supuestos: a) destruir. En este sentido. nº 4. resolución del 1/3/96. A continuación se aclara: "Incluso. 57 Cf. 23/7/90. I. 199. Caso 11. art. Derechos humanos y prisión preventiva. I. Protección internacional de los derechos humanos. 49 Cf. Caso 11. 10. Derecho procesal penal. Derecho procesal penal. p. p. II. 30 Corte IDH. 199.245 (Argentina). 134. Escolios a la ley de limitación temporal del encarcelamiento preventivo. Cf. el principio no puede ser ignorado para cierto tipo de casos o figuras delictivas. b) influir sobre distintos actores del proceso para que informen falsamente o actúen de manera desleal o reticente. 51 Binder. 40 Cf. 3. resolución del 1/3/96. 134. p. p. y c) inducir a otros a realizar tales comportamientos. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Caso 11. 42 CIDH. prescindir de toda medida de coerción.
1994. 68 CIDH. 528. Pastor. p. t. Medidas de coerción del nuevo Código procesal penal de la Nación. 70 Sin embargo. 71. la misma disposición citada vulnera el principio de proporcionalidad. Estudios especializados de derechos humanos. p. ponencia presentada al "I Congreso Argentino de Ciencias Penales". p. 67 Centro de Derechos Humanos. p. Alejandro. Bruni Celli. Derechos humanos y prisión preventiva. Derecho procesal penal guatemalteco. 1995. Nº 10. 319). Alveroni. Pastor. Derechos humanos y prisión preventiva. Derechos humanos y prisión preventiva. San José. Así. Barrientos Pellecer. 1992. Recopilación para la Comprensión. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos.VV. 81 Centro de Derechos Humanos. Depalma. t. 66 CIDH. Mora. 1996/B. t. Informe nº 12/96.. Derecho procesal penal. 4. Derechos humanos y prisión preventiva. citado en Centro de Derechos Humanos. 77 Centro de Derechos Humanos. 78 O’Donnell. Alberto. César. Buenos Aires. El aumento del número de presos sin condena. I. Protección internacional de los derechos humanos. 1978. Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. Buenos Aires. Elías. 45. Ariel E. . 1982. pues el inc. 45. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay. San José. y Zaffaroni. 73 Cf. en AA. Bibliografía Álvarez. Marco Tulio. 80 O’Donnell. Introducción al derecho procesal penal. Caracas. Simplificación de procedimiento y "juicio abreviado".VV. 18. 51. 4. en AA. Ed. CIDH. Caso 11. p. 3. IIDH. Cuestiones fundamentales sobre la libertad del imputado. 35. Caso 11. I. Del Puerto. p. Caso 11. I.. p. en "Nueva Doctrina Penal". 19. Bovino. Buenos Aires. Mario. Luis P. Derechos humanos y prisión preventiva. p. Carranza. p. Ed. 82 Maier. en "Doctrina Penal". Faúndez Ledesma. Derechos humanos y prisión preventiva. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República Argentina. 63 Centro de Derechos Humanos. Depalma. Derecho procesal penal. Fundación Myrna Mack. 69 Centro de Derechos Humanos. 79 Pinto. t. 1996. Ed. Derechos humanos y prisión preventiva. decisión del 30/8/90. p. Ed. p.. Alberto. Magna Terra. p. 71 Informe nº 12/96. t. Universidad de Buenos Aires. El valor de las normas internacionales de protección de los derechos humanos en el derecho interno. Campbell y Hartley".245 (Argentina). El encarcelamiento preventivo. 187. Houed. p.62 Centro de Derechos Humanos. Eugenio R.245 (Argentina). Fundación Konrad Adenauer. p. Estudio y Defensa de los Derechos Humanos. Estado actual de la prisión preventiva en América Latina y comparación con los países de Europa. Córdoba. Nueva York-Ginebra. 19. El encarcelamiento preventivo. Elías. Ed. 5 y 6 de septiembre de 1996. José I. I. Temas de derechos humanos. p. t. p. Buenos Aires. 526. 74 TEDH. ps. Ed. El "preso sin condena" en América Latina y el Caribe. Centro de Derechos Humanos. Los tratados de derechos humanos en el constitucionalismo iberoamericano. Primeras Jornadas Provinciales de Derecho Procesal. Cafferata Nores. 65 Maier. Ed. 19. San José. 33 y siguientes. 2 autoriza el encarcelamiento incluso cuando se trata de pena privativa de libertad que permita la condena condicional si existe peligro procesal (art. 76 CIDH. Guatemala. p. en AA. Ad-Hoc. 1995. Maier. Alberto. Ed. 1996/B Dulitzky. 51. Editorial. Bovino. resolución del 1/3/96. Caso "Guillermo José Maqueda". Del Puerto. 1996. 1995. resolución del 1/3/96. 1993. 61. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ed. 19. Ed. Protección internacional de los derechos humanos. 48. 21. Derecho procesal penal.VV. Ed. Carranza. 64 Maier. se admite la detención de quien no será condenado a cumplir una pena privativa de libertad en el caso concreto. Caso "Fox. Binder. El principio acusatorio: garantía de imparcialidad. 12. Buenos Aires.. Ed. Informe nº 12/96. 1995. 72 Cf. inédita. 1996. Derechos humanos y prisión preventiva.245 (Argentina). Guatemala... p. Naciones Unidas.. Héctor. 75 Cf. en "Nueva Doctrina Penal". p. Ed. Temas de derecho procesal penal guatemalteco. en "Ciencias Penales". resolución del 1/3/96.
Daniel. Conferencia sobre detención preventiva. Temas de derechos humanos. Buenos Aires. 13/11/96. San Martín. 2ª edición. Mónica. Ed. Lerner. Lima. O’Donnell. 3ª edición. 1996. El nuevo Código procesal penal de la Nación. Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica. Del Puerto. Buenos Aires.. Alfredo.. Ed. Buenos Aires. 1981. 1993. Derecho procesal penal. César. Pastor.... Ed. Julio B. Del Puerto. Buenos Aires. Maier. 1986. Ed. I. Ed. Julio B. 1997. Ed. 1996/A. Buenos Aires. Análisis crítico. 1989. Del Puerto. Escolios a la ley de limitación temporal del encarcelamiento preventivo. t.VV. Lerner. en "Nueva Doctrina Penal". Comisión Andina de Juristas. Daniel R. Mónica. Daniel R. Vélez Mariconde. en las "Jornadas de Derecho Penal y Procesal Penal". Del Puerto. Córdoba. Pinto. 1993. Lima. Buenos Aires. Protección internacional de los derechos humanos. La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuestiones fundamentales sobre la libertad del imputado.. Pinto.Maier. El encarcelamiento preventivo. Derecho procesal penal. 2ª ed. Ed. . Del Puerto. Pastor. J. en AA. J. t. Ed.
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