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Timestamp: 2020-07-07 11:17:20+00:00

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Ley de Crecimiento N° 2010 del 27 de diciembre de 2019 - BDO
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Análisis Ley de Crecimiento vs.
Ley de Crecimiento N° 2010 del 27 de diciembre de 2019
Este 27 de diciembre se sancionó la Reforma tributaria o “Ley de Crecimiento” Ley 2010 de 2019.
Mediante esta, el Ejecutivo busca ratificar y cumplir los objetivos y compromisos que se impulsaron en la Ley 1943 de 2018 o “Ley de Financiamiento” adicionando, en conjunto con el legislativo, nuevas medidas fiscales en virtud de la situación actual del país.
A continuación, presentamos los principales cambios introducidos por la Ley de Crecimiento respecto a su antecesora, la “Ley de Financiamiento”:
Tarifa general: La ley mantiene la promesa de valor respecto a la reducción progresiva de la tarifa general, llevándola al 32% para el año gravable 2020, 31% para el año gravable 2021 y del 30% a partir del año gravable 2022.
Pese al antecedente de inconstitucionalidad, para las “Instituciones Financieras” las tarifas del impuesto de renta serán 36% para 2020, 34% para 2021 y 33% para 2022, e incluye la obligación de generar un anticipo de renta sobre los puntos adicionales respecto del régimen ordinario. Nótese como con la tarifa del año 2020 se busca recuperar lo dejado de recaudar producto de la inexequibilidad de la Ley de Financiamiento, sin embargo, debe mencionarse que esta sobretasa sectorizada aún tiene pendientes evaluaciones de fondo respecto a su carácter constitucional.
Renta presuntiva: Se reduce al 0,5% en el año gravable 2020; y al cero por 0% a partir del año gravable 2021. Recordemos que, según la Ley de Financiamiento, la tarifa por 2020 sería 1,5%, con lo cual se alivia este cargo producto de la Ley 2010.
Los contribuyentes inscritos bajo el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE continuaran no sujetos a renta presuntiva.
Mediante la Ley de Crecimiento son incorporadas a las rentas exentas para las empresas de Economía Naranja las actividades relacionadas con deporte recreación y aprovechamiento del tiempo libre. Las rentas provenientes de este tipo de actividades gozarán del beneficio de siete (7) años, para esto las empresas deberán ser constituidas e iniciar su actividad económica antes del 31 de diciembre de 2021 y cumplir los demás requisitos establecidos desde la Ley 1943.
Del mismo modo, son incorporadas a las rentas exentas provenientes de inversiones que incrementen la productividad del sector agropecuario o campo, las actividades señaladas en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU, sección A, división 01, división 02, división 03; Sección C, división 10 y división 11, adoptada en Colombia mediante Resolución de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
Estas sociedades deben estar constituidas a partir del 01 de enero de 2019 e iniciar su actividad económica antes del 31 de diciembre de 2022. La norma menciona que el requisito de la acreditación de contratación directa a través de contrato laboral de un mínimo de empleados con vocación de permanecía será reglamentado por el Gobierno Nacional. Frente al monto de la inversión que deberán cumplir las sociedades, en ningún caso podrá ser inferior a mil quinientas (1.500) UVT y en un plazo máximo de seis (6) años gravables. Seguidamente, las sociedades deberán presentar su proyecto de inversión ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural antes del 31 de diciembre de 2022. Por último, se elimina la necesidad de que estas empresas desarrollen su objeto social y dirección efectiva en el municipio objeto de proyecto.
Enajenaciones indirectas: se adiciona, como se pedía, que cuando se realice una posterior enajenación indirecta, que el costo fiscal será el valor proporcionalmente pagado por las acciones, participaciones o derechos de la entidad del exterior que posee los activos subyacentes ubicados en Colombia.
Adicionalmente, se indica que, en caso de presentarse una enajenación indirecta en fusiones y escisiones entre entidades extranjeras, se aplicarán las disposiciones del artículo 319-8 del Estatuto Tributario, es decir, se dará el tratamiento de enajenación de activos para efectos tributarios excepto cuando el valor de los activos no represente el 20% de la totalidad de los activos del grupo.
Megainversiones: se adiciona como requisito para acceder a este régimen la generación de 400 nuevos empleos directos asociados al desarrollo de la megainversión y; se precisa que: (i) los 5 años para realizar la Mega-Inversión se cuentan a partir de la aprobación del proyecto, el cual debe ser aprobado antes del 1 de enero de 2024; (ii) quienes realicen proyectos de Mega-Inversión en zonas francas les aplica el régimen de Mega-Inversión; esto resulta particular, toda vez que en Zona Franca la tarifa de renta sin régimen de megainversiones es mucho más competitiva (20% vs. 27%).
Obras por impuestos: a partir del año 2020, el contribuyente por obras por impuestos tendrá la facultad de elegir si se acoge a: (i) el régimen de obras por impuestos contenido en la ley 1819 o; (ii) el contenido en la Ley de Financiamiento. En virtud del régimen sancionatorio de cada versión de “obras”, luciría menos vulnerable el marco de la Ley 1943.
Deducciones: se crea una deducción del 120% de los pagos que realicen los contribuyentes que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios por concepto de salario a menores de 28 años, siempre y cuando sea el primer empleo de la persona. La deducción por cada empleado no puede exceder 115 UVT mensuales.
Fondos de capital privado: define como beneficiario efectivo a la persona natural que posea, controle o se beneficie de una persona jurídica Normatividad que pasará a sanción presidencial y será aplicable a partir del año gravable 2020, en virtud del principio de irretroactividad de Ley, siempre que cumpla las siguientes condiciones: i) posea 5% o más del capital o derechos de voto de la persona jurídica; ii) ejerza control sobre la persona jurídica de acuerdo con las definiciones de los Artículo 260 y 261 del Código de Comercio y los criterios de vinculación definidos por el Estatuto Tributario y; iii) se beneficie en 5% o más de los rendimientos, utilidades o activos de la persona jurídica o estructura sin personería jurídica. Asimismo, crea el Registro Único de Beneficiarios Efectivos, Finales o Reales – RUB.
Renta exenta: reincorpora como rentas exentas los gastos de representación de los Magistrados de Tribunales y sus Fiscales en un porcentaje equivalente al 50% de su salario y, para los Jueces de la República en un porcentaje equivalente al 25%.
Componente inflacionario de los rendimientos financieros: vuelven a tener el tratamiento de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, por ser declarada de manera expresa la reviviscencia de los artículos 38, 39, 40, 40-1, 41, 81, 81-1 y 118 del Estatuto Tributario.
Renta líquida gravable: se pueden deducir los costos y los gastos de rentas de trabajo provenientes de honorarios o compensaciones por servicios personales, en desarrollo de una actividad profesional independiente. Los contribuyentes pueden optar entre restar los costos y gastos procedentes o la renta exenta correspondiente al 25% valor total de los pagos laborales, limitada mensualmente a 240 UVT.
Retención en la Fuente: se modifican los primeros tres rangos en UVT para la aplicación de retención en la fuente a los pagos gravables efectuados a personas naturales o jurídicas originados en la relación laboral, sin modificación alguna en sus tarifas, así: primer rango, de 0 UVT a 95 UVT (antes 87 UVT); segundo rango, de 95 UVT a 150 UVT (antes 145 UVT) y; de 150 UVT a 360 UVT (antes 335 UVT).
Otras: Se adiciona como renta exenta la prima especial y la prima de costo de vida de los servidores públicos de las plantas en el exterior que, aunque presten sus servicios fuera de Colombia, sean residentes fiscales en el país.
Impuesto sobre la renta a título de dividendos y participaciones
Tarifas de dividendos: Se igualan las tarifas del impuesto sobre la renta a título de dividendos y participaciones aplicables para personas naturales residentes y, personas naturales no residentes, así como sociedades y entidades extranjeras, así:
Personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes: reduce la tarifa del 15% al 10% y se mantiene el umbral para la procedencia de la aplicación de este gravamen, es decir: desde el 0 UVT hasta 300 UVT le aplica una tarifa del 0% y; de 300 UVT en adelante le aplica una tarifa del 10%.
Sociedades y entidades extranjeras o personas naturales no residentes: incrementa la tarifa del 7,5% al 10%.
Con esto se nivela la asimetría que existía entre residentes y no residentes, sin embargo, se incrementa la tasa efectiva de renta -sociedad accionista- cuando el dividendo se reparte a entidades extranjeras llevando esta ratio incluso hasta un 38,8% por 2020.
Establecimientos permanentes de sociedades extranjeras: incrementa la tarifa del 7,5% al 10%.
Sociedades nacionales: mantiene la tarifa del 7,5% y, conserva las normas que indican que es improcedente la retención para entidades con situación de control debidamente registradas ante la Cámara de Comercio.
Finalmente, en atención a la Ley del Plan, se incluye como no sujetos a retención en la fuente por dividendos aquellos que son distribuidos dentro de sociedades nacionales en situación de control debidamente registradas ante la Cámara de Comercio. Lo anterior, siempre y cuando no sea una entidad intermedia dispuesta para el diferimiento del impuesto sobre los dividendos.
Impuesto de normalización de activos
El impuesto complementario de normalización creado para el año 2020 conserva la mayoría de las características de aquel que fue creado para el año 2019. Sin embargo, entre las principales modificaciones resaltamos las siguientes:
Incluye dentro de los sujetos pasivos a los contribuyentes del régimen simple de tributación.
Amplia la definición de activos omitidos, incluyendo dentro de la obligación legal de declararlos a “quienes tengan un aprovechamiento económico, potencial o real, de dichos activos”.
Precisa que el periodo de reinversión de recursos con vocación de permanencia debe permanecer por un periodo no inferior a 2 años en Colombia, para la disminución de la base gravable al 50% en la liquidación de este impuesto, contado a partir del 31 de diciembre de 2020.
El impuesto pasa de estar gravado a una tarifa del 13% al 15%. Con esto se evidencia que cada normalización viene siendo progresivamente más costosa.
La declaración, liquidación y pago de este impuesto debe realizarse en una declaración independiente hasta el 25 de septiembre de 2020.
No permite corrección o presentación extemporánea.
No genera sanción penal, ni sanciones en materia de: impuesto sobre la renta, IVA, régimen de precios de transferencia, información exógena, declaración anual de activos en el exterior.
Limita la procedencia del saneamiento de activos a los activos objeto de las normalizaciones tributarias consagradas en la Ley 1739 de 2014 o en la Ley 1943 de 2018.
Precisa que los contribuyentes que se hayan sometido al impuesto creado por la Ley de Financiamiento le siguen aplicando las disposiciones allí contenidas, en respeto de las situaciones jurídicas consolidadas.
Impuesto renacido por los años gravables 2020 y 2021, conserva las características del impuesto creado por la Ley de Financiamiento para el año gravable 2019 y revestido de inconstitucionalidad a partir del 1° de enero de 2010, en cuanto a: el hecho generador, base gravable, tarifa, causación y remisiones.
Debería ser claro que los contribuyentes que al amparo del impuesto versión Ley de Financiamiento fueron cubiertos y los que no por el umbral a primero de enero de 2019 deberán volver a surtir el test sobre la base de su patrimonio a 1° de enero de 2020, siendo así posible que algunos contribuyentes que fueron sujetos a la versión anterior del impuesto no lo sean en esta y viceversa, contribuyentes que no fueron objeto del impuesto bajo Ley 1943 lo sean en este nuevo Impuesto al Patrimonio.
Entre sus únicas modificaciones encontramos que esta nueva versión de impuesto: (i) incluye como sujetos pasivos, a los contribuyentes de regímenes sustitutivos al del impuesto de renta con lo que seguramente se abrirá la discusión si por ejemplo los contribuyentes del SIMPLE no fueron sujetos al impuesto al patrimonio de la Ley de Financiamiento y; (ii) se precisa que, el 75% del recaudo de este impuesto estará destinado a la financiación de inversiones en el sector agropecuario.
Bienes excluidos: se incluyen como bienes excluidos de IVA:
Bicicletas, bicicletas eléctricas, motos eléctricas, patines, monopatines, monopatines eléctricos, patinetas, y patinetas eléctricas, de hasta 50 UVT.
Bienes inmuebles. Recogiendo la inconveniencia plasmada al grado de inconstitucional, la venta de bienes inmuebles ya no está gravada con impuesto al consumo. La opción que toma el legislador en su lugar es la de considerar, como era hasta el 2016, estas transacciones como excluidas del impuesto. Recuérdese que durante 2017 y 2018 la primera unidad de vivienda desde 26.800 UVT estaba gravada con IVA al 5%.
La venta de bienes facturados por libreros. Es librero la persona natural o jurídica que se dedica exclusivamente a la venta de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural. Hay contradicción con el artículo 478 del Estatuto Tributario que indica que los libros y revistas de carácter científico y cultural están exentos de IVA.
Servicios excluidos: Vuelven a incorporarse dentro de los servicios médicos excluidos los tratamientos de belleza y a las cirugías estéticas dejando de ser gravados con IVA.
Se añaden como excluidos de IVA (numeral 32 del artículo 476 del Estatuto Tributario) los servicios de corretaje de contratos de reaseguros.
Bienes exentos: se incluyen como bienes exentos de IVA:
29.36 Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluidos los concentrados naturales) y sus derivados.
30.01 Glándulas y demás órganos.
30.02 Sangre humana, sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico, antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados.
30.03 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06).
30.04 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06).
No obstante, para los anteriores productos farmacéuticos la real exención, es decir, el beneficio de recuperar en devolución saldos a favor producto de los IVAs pagados en la cadena, solo se cristalizará en el caso de productores por cuanto, para comercializadores solo continuará el régimen actual donde no se aprovecha la recuperación de IVAs descontables.
La venta de vehículos automotores de transporte público de pasajeros es exenta de IVA. Lo anterior, siempre y cuando los beneficiarios de la exención -pequeños transportadores propietarios de hasta 2 vehículos – mantengan los vehículos como activos fijos.
La exención con posibilidad de solicitar la devolución de saldos a favor en este caso se extiende a comercializadores y procederá aun cuando el beneficiario adquiera el vehículo a través de un contrato de arrendamiento financiero.
Responsables de IVA:
Régimen simple: no serán responsables de IVA: las tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquerías adscritas al impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación-SIMPLE.
Prestadores de servicios desde el exterior: sin perjuicio de las facultades de la DIAN para establecer la obligación de facturar electrónicamente, los prestadores de servicios desde el exterior no están obligados en principio a expedir factura o documento equivalente por la prestación de los servicios electrónicos o digitales.
Ingresos derivados de contratos con el estado: aquellas personas naturales que presten servicios y que deriven sus ingresos de contratos con el estado, serán responsables de IVA si: en el año anterior o en curso hubieren obtenido ingresos brutos provenientes de la actividad, inferiores a 4.000 UVT ($142 millones para el 2020). Frente a este aspecto se crea una distinción a la hora de ser responsable de IVA por cuanto el umbral cuando se es contratista estatal es mayor a la generalidad.
Zona franca: la base gravable de IVA por bienes importados desde zona franca al territorio aduanero nacional sería: el valor de la mercancía según la Organización Mundial del Comercio (OMC) + todos los costos y gastos de producción – el valor de las materias primas y servicios (que ya hayan sido sujeto de pago de IVA), según el certificado de integración. Se resuelve así la ineficiencia en materia de descontables que con la confusa redacción de la Ley de Financiamiento se suscitó.
Días exentos de IVA: serán exentos de IVA, sin derecho a devolución solamente con opción de recuperar los impuestos pagados en la adquisición de las mercancías vendidas sin IVA a través de su imputación como descontables, algunos complementos de vestuario, electrodomésticos, elementos deportivos, juguetes y juegos, vestuario y útiles escolares vendidos. Lo anterior, siempre y cuando, entre otros requisitos, los bienes: se vendan en locales comerciales físicos y al detal (se excluye el comercio electrónico), se paguen a través de tarjetas de crédito, débito y otros mecanismos electrónicos (se excluye el pago en efectivo).
La exención especial el IVA por tres días al año, entran a regir, previa reglamentación, a partir del 1 de julio de 2020 hasta el 30 de julio de 2021.
Exención para donaciones de Gobiernos o entidades extranjeras: los fondos provenientes de auxilios o donaciones de entidades o gobiernos extranjeros convenidos con el Gobierno Colombiano están exentos de todo impuesto, siempre que sean destinados a realizar programas de utilidad común y estén registrados en la Agencia Presidencial de la Cooperación Internacional, así mismo, tendrán este beneficio las compras o importaciones de bienes y adquisición de servicios realizados con los fondos donados. Con relación a la redacción anterior, la nueva norma da cuenta de un registro sine qua non para acceder al levantamiento de impuestos, registro que hasta la promulgación de la Ley no era demandado.
Conciliación, terminación por mutuo acuerdo y principio de favorabilidad en la etapa de cobro coactiva.
La Ley de Crecimiento, Ley 2010 de 2019, mantiene la facultad otorgada a la DIAN y a los entes territoriales para realizar conciliaciones en los procesos contenciosos administrativos y para terminar por mutuo acuerdo los procesos administrativos, tributarios, cambiarios y aduaneros donde se discutan impuestos, con los mismos requisitos establecidos en la Ley 1943 de 2018.
Asimismo, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP mantiene la posibilidad de conciliar las sanciones e intereses derivados de los procesos administrativos.
Los contribuyentes que deseen acogerse a la conciliación contencioso-administrativa o terminación por mutuo acuerdo podrán presentar la solicitud en esta ocasión solo hasta el 30 de junio de 2020. La última versión de “amnistías” planteaba plazos hasta setiembre y octubre.
Una gran novedad venida con el nuevo texto es que los contribuyentes que suscriban acuerdo de conciliación, terminación por mutuo acuerdo o solicitud de aplicación del principio de favorabilidad podrán acceder a acuerdos de pago de hasta 12 meses con la liquidación de intereses bancarios corrientes más dos puntos porcentuales, es decir una reducción respecto a la tasa moratoria colgada de la tasa de usura.
En cuanto a la solicitud de terminación por mutuo acuerdo derivada de sanciones cambiarias, se incluye la transacción del 50% que se aplicará sobre la sanción reducida.
Aumenta la oportunidad de corregir las declaraciones en las que se aumenta el impuesto o disminuyen el saldo a favor a 3 años, hoy 2 años. Desafortunadamente la oportunidad cuando se disminuye el impuesto o se aumenta el saldo a favor continua en 1 año.
Limita a 5 años el término de firmeza de las declaraciones en las que se liquiden, determinen o compensen pérdidas y; el Estatuto contenía una antinomia que no dejaba claro si estas declaraciones quedarían en firme en 6 o hasta en 12 años.
Disminuye el término de firmeza de los contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia de 6 a 5 años.
Con estas modificaciones se acota el numero de firmezas con las que hasta 2019 convive la relación entre la DIAN y el contribuyente, no obstante, la problemática se mantendrá por las declaraciones de 2016, 2017 y 2018.
Con relación a la declaración de activos en el exterior, se establece un piso de bienes poseídos de 2.000 UVT a partir del cual se deberá declarar, igualmente, la sanción por extemporaneidad en una clara manifestación de lo desproporcional que era se disminuye del 1,5% por mes o fracción de mes a 0,5% y permite declarar periodos gravables anteriores a 2019 con una sanción reducida del 0,1% por mes o fracción de mes.
Sanción por cierre de establecimiento
La Ley 2010 modifica el régimen de esta sanción matizando todas las sanciones a la mitad respecto de las consignadas en el Estatuto Tributario hasta el 27 de diciembre de 2019, excepto aquellas provenientes de conductas entendidas como contrabando, con esto se da alcance a una petición de los contribuyentes que veían como las multas para levantar el cierre o clausura no otorgaban alternativa de reducción alguna por esquema de gradualidad y proporcionalidad que todas las demás sanciones si permitía.Enseguida, la norma modula el texto del famoso sello de clausura eliminando la referencia a la palabra “evasión”.
En lo que respecta al régimen penal perimetral al marco tributario, la Ley de Crecimiento elimina preocupantemente el dolo para la tipificación de la conducta, así como la necesidad de que en la liquidación oficial se determine un mayor valor del impuesto de renta a cargo.
La nueva redacción elimina, respetando el non bis ibidem, la multa adicional para el contribuyente que la Ley 1943 había establecido.
Frente a la posibilidad de extinguir la acción penal, se establece que la corrección de la declaración solo podría realizarse dentro del término para corregir la declaración tributaria.
Otras disposiciones, vigencias y derogatorias
Los distribuidores mayoristas o comercializadores industriales de combustible podrán solicitar al productor o importador la devolución del diferencial entre el impuesto nacional a la gasolina y al ACPM pagado al productor o importados y el impuesto nacional a la gasolina autorizado por la ley 1819 de 2916 para ser cobrado a partir del 1 de enero de 2017. El productor o importador deberá imputar este exceso en sus propias declaraciones.
Se establece un novedoso esquema de traslado de pérdidas fiscales por parte de empresas de servicios públicos. Estas, cunado sean objeto de procesos de intervención por parte de la superintendencia respectiva y constituyan nuevas sociedades cuya finalidad sea la continuidad del servicio podrán acreditar las pérdidas de la entidad intervenida.
Se crean dos comisiones, una para estudiar los beneficios tributarios vigentes en el sistema tributario nacional y otra muy disruptiva que analice la conveniencia de sustituir el Impuesto sobre la Ventas con un Impuesto al consumo tipo los Estados Unidos. Esta comisión debe tener 5 (cinco) expertos internacionales los cuales estén deben estar envestidos de un carácter impediente, para lo cual se debería adoptar mecanismos trasparentes para su conformación.”
Por último, se declara la reviviscencia del artículo 491 del Estatuto Tributario, el cual deja clara la imposibilidad de descontar del IVA el impuesto pagado por la adquisición o importación de activos fijos. ¿Esto quiere decir que durante 2019 si era viable?
Para leer la norma completa puede acceder en el siguiente link o descargar en versión PDF
LEY-2010-DEL-27-DE-DICIEMBRE-DE-2019.pdf
BDO Tax S.A.S. pone a disposición de sus clientes y demás usuarios, sus servicios profesionales de asesoría en esta materia. Nuestro equipo tributario esta presto a apoyarlo en el cumplimiento de las obligaciones. Cualquier inquietud, podrá dirigirla a Daniel Bulla Berdugo, Gerente Senior a cargo de estos asuntos ([email protected]).
Descarga el adjunto (versión PDF)

References: Resolución 
 artículo 319
 Artículo 260
 artículo 478
 artículo 476
 artículo 491