Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/1999/A042-99.htm
Timestamp: 2017-11-21 17:21:15+00:00

Document:
A042-99
Auto 042/99
SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia de recursos
El carácter extraordinario de la nulidad de una sentencia radica precisamente en que tiene lugar única y exclusivamente cuando fuera de toda duda se pruebe que ha sido violado el debido proceso al proferirla.
NULIDAD SENTENCIA DE REVISION EN TUTELA-La sola diferencia con lo resuelto en casos similares no implica la configuración/NULIDAD SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Fundada en vulneraciones ostensibles del debido proceso/NULIDAD SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Alcance del cambio de jurisprudencia
En los casos en que se alegue que ha habido cambio de jurisprudencia a partir de la decisión tomada por una Sala de Revisión de la Corte -lo que, de ser cierto, implicaría en el fondo, situaciones de falta de competencia y, por ende, vulneración del debido proceso-, la Sala Plena considera que la sola diferencia de un fallo con lo resuelto en casos anteriores similares no representa, per se y necesariamente, que el supuesto de nulidad se configure. La Corte no entiende que, por existir un precedente en determinado sentido, con órdenes o disposiciones diversas a las que se adoptan en otro caso posterior, se tenga ya una modificación de la jurisprudencia. Puede tratarse, como en este caso se trata, de que la Corporación opta por una forma específica de resolver en un proceso determinado la situación jurídica objeto de su análisis, suministrando, como lo contemplan el artículo 86 de la Carta Política y el Decreto 2591 de 1991, una solución adecuada al conjunto de hechos probados que han dado lugar a la tutela. Y ello sin quebrantar los principios que la Corte ha venido sentando a medida que, en casos precedentes, ha trazado la jurisprudencia constitucional. Para que se cambie la jurisprudencia es necesario que esa línea, sostenida en varios fallos de la Corte, se rompa.
REINTEGRO AL CARGO-Orden del juez constitucional de restablecer derechos fundamentales
Referencia: Solicitud de Nulidad de la sentencia T-321 de 1999
Acciones de tutela instauradas por Mariela Paula Rivera, Jorge Hernando Molina Montes, Luis Eduardo Quiroga y Pedro Ignacio Patiño Moreno contra Codensa S.A.
Mediante escrito presentado el seis (6) de julio de 1999, CARLOS MARTELO LOZANO, obrando en su calidad de representante legal de la empresa CODENSA S.A. ESP, solicitó a esta Corporación anular la sentencia de la referencia por violar, según él lo entiende, el derecho constitucional al debido proceso.
Aduce el solicitante que, no obstante que el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 establece que la nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional sólo puede alegarse antes del fallo, la Corte ha aclarado que si en el acto mismo de la sentencia se incurre en violación del debido proceso, es procedente la solicitud de nulidad.
El peticionario fundamenta su petición en el hecho de que, de acuerdo con su enfoque, mediante la Sentencia T-321 de 1999 se cambió la jurisprudencia de la Corte Constitucional a través de una Sala de Revisión y no de la Sala Plena, como correspondía en los términos del Decreto 2591 de 1991, violándose así el debido proceso, ya que en ella se ordenó el reintegro de unos trabajadores, asunto que había sido definido en anteriores fallos en el sentido de que en estos casos existen medios judiciales idóneos para obtener el reintegro, como pueden serlo la acción ordinaria laboral o la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso.
Reiteración del criterio según el cual la nulidad de las sentencias de la Corte es extraordinaria y únicamente fundada en violaciones ostensibles del debido proceso al proferirlas. Lo que se entiende por cambio de jurisprudencia
La Corte insiste en que contra sus sentencias no procede ningún recurso, como perentoriamente lo expresa el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991.
También debe advertir de nuevo la Sala que la solicitud de nulidad no puede convertirse, y no permitirá la Corte que se convierta, en una fórmula para que quienes quedan descontentos con las decisiones adoptadas las impugnen, pues entonces se estaría creando, en contra de la aludida norma, una modalidad de recurso que el ordenamiento jurídico ha descartado.
Por otra parte, el carácter extraordinario de la nulidad de una sentencia radica precisamente en que tiene lugar única y exclusivamente cuando fuera de toda duda se pruebe que ha sido violado el debido proceso al proferirla.
En los casos en que se alegue que ha habido cambio de jurisprudencia a partir de la decisión tomada por una Sala de Revisión de la Corte -lo que, de ser cierto, implicaría en el fondo, situaciones de falta de competencia y, por ende, vulneración del debido proceso-, la Sala Plena considera que la sola diferencia de un fallo con lo resuelto en casos anteriores similares no representa, per se y necesariamente, que el supuesto de nulidad se configure.
La Corte no entiende que, por existir un precedente en determinado sentido, con órdenes o disposiciones diversas a las que se adoptan en otro caso posterior, se tenga ya una modificación de la jurisprudencia. Puede tratarse, como en este caso se trata, de que la Corporación opta por una forma específica de resolver en un proceso determinado la situación jurídica objeto de su análisis, suministrando, como lo contemplan el artículo 86 de la Carta Política y el Decreto 2591 de 1991, una solución adecuada al conjunto de hechos probados que han dado lugar a la tutela. Y ello sin quebrantar los principios que la Corte ha venido sentando a medida que, en casos precedentes, ha trazado la jurisprudencia constitucional.
Para que se cambie la jurisprudencia es necesario que esa línea, sostenida en varios fallos de la Corte, se rompa, lo cual no acontece en este caso, como ahora se examina.
La Corte Constitucional ha entendido así el problema:
En efecto, resulta indispensable la continuidad de unos criterios jurídicamente relevantes, con arreglo a los cuales se haya venido resolviendo , bajo directrices que implican la concreción de postulados, principios o normas que se reflejan de la misma manera en casos similares, razón por la cual el cambio de jurisprudencia se produce cuando, al modificarse la forma de interpretar el sistema jurídico, se resuelve en un nuevo proceso, con características iguales a las de los precedentes, de modo contrario o diverso". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 013 del 5 de junio de 1997. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Pues bien, el reintegro de trabajadores por la vía de tutela cuando se ha configurado flagrante violación de las garantías y los derechos fundamentales mínimos de los afectados, no ha sido exótico en la jurisprudencia de esta Corporación, adecuado cada fallo a las circunstancias probadas y evaluadas por el juez constitucional. Cuando se ha concedido, dentro de los lineamientos doctrinales y sobre el supuesto de que en el aspecto estrictamente constitucional se carece de un medio efectivo de defensa o se está ante un perjuicio irremediable, tal orden no ha venido a sustituir el ámbito propio de la jurisdicción ordinaria o contenciosa en lo laboral, sino a restablecer, en el exclusivo campo de la vigencia de los postulados constitucionales, los derechos fundamentales vulnerados.
Para citar apenas algunos casos, en sentencia T-410 del 8 de julio de 1992, la Corte consideró:
"La reubicación e incorporación a cargos de igual o superior categoría al que venían ejerciendo los peticionarios, es un fin al que sólo podrían aspirar a través de una acción como la de tutela, diseñada precisamente para proteger los derechos constitucionales fundamentales cuando fueren amenazados o vulnerados por la acción u omisión -como en este caso- de una autoridad pública, sin que exista otro medio de defensa judicial, situación que viene a configurarse en el caso sub-examine.
Tampoco podría plantearse que fuese viable para alcanzar el fin propuesto por los accionantes, el uso de la acción establecida en el artículo 87 de la Carta Política, por cuanto este precepto se refiere a otra hipótesis jurídica distinta en su alcance a la defensa y protección de la eficacia de un derecho constitucional fundamental, elemento este que en el presente caso resulta ser decisivo.
No sobra destacar y, por el contrario, debe resaltarse el hecho de que, en el proceso de revisión, se trata, según el expediente, de personas vinculadas a la Carrera Administrativa, titulares por ello de unos derechos adquiridos que merecen el respeto y la prioritaria atención de las autoridades nacionales que tienen a su cargo la ejecución de los mandatos legales en referencia.
Afirman los accionantes que, invocando precisamente las disposiciones del Decreto 77 de 1987 y sus decretos reglamentarios, otras personas de condiciones laborales similares a las suyas han sido reubicadas en diferentes agencias del Estado, mientras que con los peticionarios no se ha procedido de la misma manera. Si ello es así, se ha vulnerado, además, y de manera flagrante el artículo 13 de la Constitución Política que garantiza la igualdad ante la ley, ordenando que todas las personas reciban la misma protección y trato de las autoridades.
El artículo 53, en concordancia con el 13, establece como principio mínimo fundamental, obligatorio para el legislador y por tanto, para la administración pública, el de la igualdad de oportunidades a todos los trabajadores, precepto que resulta desconocido cuando la autoridad discrimina a los ciudadanos Liberto Rodríguez, Héctor Jaimes Correa y Orlando Mateus, dándoles tratamiento distinto a aquel recibido por otros trabajadores de su mismo nivel y condición.
Con las actuaciones de la autoridad pública, que constituyen materia de análisis, encuentra la Sala que la administración ha omitido el deber impuesto mediante el artículo 54 de la norma superior que establece: "El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar ...". En el presente caso, al haber transcurrido el tiempo sin solución a la vista y, por ende, tornándose ilusorio el derecho de los accionantes, aparece con meridiana claridad la inobservancia del citado precepto constitucional.
Encuentra la Corte que se dan entonces los presupuestos constitucional y legalmente consagrados, para que la autoridad judicial proteja, por la vía de la acción de tutela, el derecho vulnerado. En consecuencia, será revocado el fallo del Juez 1o. Laboral del Circuito de Bucaramanga, ordenando en cambio al Ministerio de Educación Nacional y al Departamento Administrativo del Servicio Civil tomar las medidas necesarias para que en el término de treinta (30) días calendario, se proceda a la reubicación de los señores Liberto Rodríguez, Héctor Jaimes Correa y Orlando Mateus, en cargos de igual o superior categoría a los que venían desempeñando en el desaparecido Instituto Colombiano de Construcciones Escolares -ICCE-, tal como lo ordenó el decreto Ley 77 de 1987, sin perjuicio de las indemnizaciones que pueda decretar la jurisdicción Contencioso Administrativa si ante ella se ejerce y prospera la acción correspondiente".
Y, en consecuencia, dispuso:
"SEGUNDO: Ordenar al Ministerio de Educación Nacional y al Departamento Administrativo del Servicio Civil, que en un término razonable, que en todo caso no podrá exceder de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, reubiquen a los indicados ciudadanos en cargos de igual o superior categoría a los que venían ejerciendo en el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares -ICCE-".
En la Sentencia T-441 del 12 de octubre de 1993 la Corte encontró violados los derechos de un trabajador minusválido despedido por la Contraloría General de la República y expresó:
Advierte la Corte Constitucional que esta es una excepción al principio general de que la tutela no es el procedimiento adecuado para obtener el reintegro a un empleo. Ella tiene lugar por aplicación directa de mandato constitucional expreso alusivo a las condiciones de inferioridad en que se encuentra el minusválido y examinado rigurosamente el material probatorio en el caso concreto. No es la tutela, en situaciones como la descrita, un instrumento que de modo específico garantice la estabilidad laboral, sino un medio judicial adecuado para reivindicar la igualdad real y efectiva que impone un trato preferente a los disminuídos físicos (artículos 13 y 54 de la Constitución Política)".
En la parte resolutiva del Fallo se dispuso:
"Segundo.- ORDENAR al Contralor General de la República que, si todavía no lo ha hecho, proceda, en un término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, a REUBICAR al peticionario, RAFAEL RAMON LOPEZ ANAYA, en un cargo acorde con su estado de salud, que no signifique desmejora de sus condiciones laborales, disminución del salario que devengaba antes de ser despedido ni perjuicio a su familia".
Después, en Sentencia T-476 del 8 de septiembre de 1998, se tuvo en cuenta lo siguiente:
El juez constitucional, reitera la Sala, tiene la obligación de escudriñar con sumo cuidado, en los supuestos de hecho del caso concreto que le corresponde resolver, para evitar que potenciales agresores de los derechos fundamentales, encuentren refugio en preceptos de orden legal que el legislador ha producido pretendiendo objetivos muy distintos; así, en el caso que se revisa, la facultad que se le otorga al empleador a través del artículo 64 del C. S. del T., busca flexibilizar las relaciones de trabajo y armonizarlas en un contexto en el que predomina la economía de mercado, la globalización y la internacionalización de las relaciones de producción, y en el que el desarrollo tecnológico exige un margen de acción mucho más amplio para los actores del proceso productivo, de ninguna manera el fin que se buscaba con ella era establecer un mecanismo que le permitiera al patrono detener y obstaculizar cualquier intento de asociación de sus trabajadores, dándole la facultad de despedir a aquellos que lo promovieran o respaldaran, previo el pago de una indemnización. Esa concepción simplemente repugna a los principios rectores del Estado social de derecho consignados en nuestra Carta Política".
Y la Corte resolvió:
"...CONCEDER la tutela interpuesta por los actores, para proteger sus derechos fundamentales a la libre asociación, a la negociación colectiva y al trabajo, ordenándole para el efecto a la demandada, que en el término de 48 horas, reintegre a sus puestos de trabajo a los señores CARLOS ALBERTO CHICA ARIAS, SAMUEL OTTO SALAZAR NIETO, EULOGIO USCATEGUI MARTINEZ, GLORIA ALEJANDRA MORENO GOMEZ Y SARA ASTRID ROCIO PRIETO PARDO, dejando a salvo sus derechos por concepto de salarios, los cuales son de conocimiento de la justicia ordinaria".
Posteriormente, en Sentencia de unificación proferida por esta Sala Plena, se vio el caso de un profesor universitario despedido como sanción al ejercicio de sus libertades de expresión y reunión.
Para la Corte, entonces, lo relativo al posible incumplimiento del profesor -no probado y sin que existiera ocasión para su defensa- constituyó apenas un pretexto para salir de quien, con sus expresiones públicas, incomodaba a las directivas del centro educativo".
La Corte, en consecuencia, resolvió:
"...ORDENASE al rector de la Universidad de Medellín que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, reintegre a HERNAN DARIO VELASQUEZ GOMEZ a sus cátedras universitarias en dicha institución y al ejercicio de las responsabilidades académicas que estaban a su cargo, en las mismas condiciones en que las desempeñaba antes de la carta de despido cuyos efectos se anulan. Para los fines puramente económico-laborales, el actor deberá acudir a la jurisdicción ordinaria".
Ahora la Corte, en la Sentencia impugnada so pretexto de nulidad, ha considerado:
Los planes de retiro compensado en entidades que venían siendo públicas y se truecan en privadas, si es que, según sus condiciones, pudiesen ser constitucionalmente admisibles, están enmarcados dentro de los presupuestos aludidos y, en todo caso, deben contar siempre con la voluntad y la libertad de los trabajadores, a quienes no se puede forzar, directa ni veladamente, para que se acojan a ellos, ni se los puede hacer objeto de retaliaciones, castigos u hostigamientos posteriores por el sólo hecho de haberse negado a participar en tales procesos".
Y ha dispuesto, por tanto, sin entrar a resolver sobre aspectos económicos de la relación laboral, lo siguiente:
"Primero.- CONFIRMAR la providencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, D.C. (expediente T-191784), en cuanto concedió el amparo invocado por JORGE HERNANDO MONTES.
Tercero.- REVOCAR la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá (expediente T-191589) en el caso de LUIS EDUARDO QUIROGA TERE, ordenando en su lugar a la empresa demandada que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta Sentencia, señale funciones al trabajador, ubicándolo, sin desmejorarlo, en un cargo acorde con su preparación. En todo caso, de manera inmediata cesarán las actividades de hostigamiento al demandante y se implementará un programa de capacitación laboral que le permita desempeñar a cabalidad las labores que le correspondan".
No hay, pues, cambio alguno en la línea jurisprudencial de la Corporación, pues lo que se ha negado en casos como los que menciona el solicitante es el reintegro susceptible de ser tramitado por los procedimientos adecuados ante los jueces ordinarios, no el que restablece exclusivamente derechos fundamentales, como en los casos vistos.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias,
Primero.- NEGAR, por improcedente, la nulidad solicitada.

References: artículo 86
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 86
 artículo 87
 artículo 13
 artículo 53
 artículo 54
 artículo 64