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Sentencia de Constitucionalidad nº 345/93 de Corte Constitucional, 26 de Agosto de 1993 - Jurisprudencia - VLEX 43557509
Sentencia de Constitucionalidad nº 345/93 de Corte Constitucional, 26 de Agosto de 1993
Fecha de Resolución: 26 de Agosto de 1993
Dec. 01/84. C.c.a. Arts 131 num 6 lit b y 132 num 6 inc 3 parte final. Cuantias en primera y unica instancia en materia laboral. Inexequibles
IV. INTERVENCION DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Sentencia citada en: 119 sentencias, 9 artículos doctrinales, una disposición normativa, una noticia
Sentencia No. C-345/93
DEMANDANTE: F.H. LEMUS
MAGISTRADO PONENTE11 Esta sentencia recoge los antecedentes y resúmenes que sobre el proceso realizó un proyecto inicial
de sentencia elaborado por el Magistrado H.H.V. :
Santafé de Bogotá, D.C., agosto veintiseis (26) de mil novecientos noventa y tres (1993).
Procede la Corte Constitucional a resolver sobre el mérito de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el ciudadano F.H.L. contra los artículos 131 numeral 6, literal b), inciso 2o. y 132 numeral 6, inciso 3o., parte final del Código Contencioso Administrativo (Decreto Ley 01 de l984, como fue modificado por el Decreto 597 de 1988)
A.N. constitucionales que se consideran infringidas.
Los Fundamentos de la Demanda.
El P. General de la Nación por medio del oficio No. 195 del 10 de mayo de l.993, emitió el concepto ordenado por los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución Política. En él solicita a la Corte Constitucional declarar INEXEQUIBLES las expresiones acusadas de los artículos 131 y 132 del Decreto Ley 01 de l.984 (Código Contencioso Administrativo). Son sus argumentos los que a continuación se resumen:
En criterio del Ministerio Público, el problema jurídico planteado debe analizarse desde la óptica del derecho fundamental a la igualdad. como quiera que en el presente caso, el actor no cuestiona la constitucionalidad de los procesos de única y de primera instancia, ni el factor cuantía como mecanismo para distribuir y atribuir la competencia de los Tribunales Administrativos, sino el criterio utilizado por el legislador extraordinario para fijarla, a saber, la asignación básica mensual de los funcionarios, el cual, a su juicio, establece una diferencia sustancial dada por la posibilidad -para unos funcionarios- de apelar ante el Consejo de Estado las sentencias que les sean contrarias, que es lo que el actor llama "discriminación procesal".
Considera el Jefe del Ministerio Público que la facultad del legislador para establecer procesos de única instancia con base en el factor cuantía no riñe con el mandato constitucional contenido en el artículo 31 de la Carta, pues es una de las excepciones al principio de la doble instancia. Sin embargo, observa, es claro que al escoger los criterios para fijar el valor de una causa, debe obrar con absoluta objetividad, esto es, sin atender condiciones subjetivas de los sujetos de la relación jurídica procesal, como lo es su posición económica.
En opinión del señor P., la fijación de la cuantía no debe asociarse al status socio-económico de las personas. Por ello, considera que al fijarse la competencia de los Tribunales Administrativos con base en la asignación mensual de los funcionarios públicos, se contrarían los dictados de la Constitución en punto al derecho fundamental a la igualdad de las personas ante la ley (CP. artículo 13) y, de contera, el principio mínimo fundamental de igualdad de oportunidades de los trabajadores (CP. artículo 53). Ciertamente, argumenta, al atribuir la cuestionada competencia, el legislador empleó un criterio diferencial que hace explícita la condición económica de uno de los sujetos de la relación procesal: el status económico, el cual está proscrito no sólo por la Carta sino por diversos instrumentos internacionales. Tal criterio, asevera, promueve una discriminación de carácter procesal consistente en que sólo aquellos funcionarios que devengan la asignación contemplada en el artículo 132 acusado, pueden ejercitar el recurso de apelación contra la decisión desfavorable. De ahí que, según su criterio, las referidos apartes deban ser retirados del ordenamiento jurídico.
Observa la Corte que, cuando ante ella se demandan normas que venían rigiendo al entrar en vigencia la nueva Constitución y la demanda recae sobre el contenido material de dichas normas, la Corporación debe adelantar el correspondiente estudio de constitucionalidad, aunque por sentencia anterior se hubiera declarado la constitucionalidad de los preceptos acusados, pues en tales casos la cosa juzgada se daba frente a la Carta Política derogada, pero no tiene valor respecto de la nueva. Cosa distinta es que la sentencia hubiera declarado la inexequibilidad, ya que en tal evento, las disposiciones objeto de ella habrían salido del ordenamiento jurídico, de modo que no estaban vigentes cuando principió a regir la nueva Constitución.22 Cfr. Corte Constitucional. S.P.. Auto del 2 de junio de l992.
A.A.P..
Como lo precisa con acierto el señor P. General de la Nación, el actor no cuestiona la constitucionalidad de los procesos de única o de primera instancia, como tampoco el que la distribución de competencias en la Rama Jurisdiccional deba hacerse a partir de ciertos criterios, entre ellos, el factor cuantía.
El P. General de la Nación comparte la apreciación que en tal sentido hace el actor. Ciertamente, considera que el sacrificio del derecho a la igualdad que comporta tal criterio, se traduce en la consagración injustificada de una "discriminación procesal" o sea en el establecimiento de "una desigualdad que no está provista de una justificación objetiva y razonable" cuyos elementos -la posición económica o status económico dado por el salario- están proscritos tanto por la Carta como por instrumentos internacionales.
La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre este derecho en múltiples ocasiones, a través de sentencias provenientes de sus Salas de Revisión de Tutelas33 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-02/92 M.P.D.A.M.C.; y T-422/92 M.P.D.E.C.M., entre otras. y de fallos proferidos por la S.P.44 Cfr. Corte Constitucional -S.P.- Sentencia C-0016 de enero 21 de 1993. M.P.D.C.A.B., entre otras. en asuntos de constitucionalidad.
En el último de los pronunciamientos antecitados la Corporación caracterizó el derecho en cuestión relievando su carácter típicamente relacional. Así fue concebido por A. cuando lo definió como trato igual a los casos iguales y desigual de los casos diferentes. Es entonces el derecho a ser tratado igualmente en circunstancias similares. A partir de esta delimitación conceptual, se desprenden tres manifestaciones jurídicas de la igualdad: el derecho subjetivo a ser tratado de manera igual, el deber del Estado de hacer efectivo ese trato igual y el principio constitucional de la igualdad.
Este principio está consagrado como derecho fundamental de aplicación inmediata en el artículo 13 de nuestra Constitución. Según lo ha indicado también la Corte55 Corte Constitucional. Sala de Revisión. Sentencia T-591 de diciembre 4 de 1992. M.P.D.J.S.G.. , dicho derecho contiene seis elementos, a saber.
A los efectos de este fallo resulta también pertinente reseñar los supuestos que conforme a la jurisprudencia66 Cfr. Sentencia C-0016 de enero 21 de 1993. M.P.D.C.A.B., entre otras. constitucional justifican el trato diferenciado, a saber:
La desigualdad razonable de los supuestos de hecho: el principio de igualdad solo se viola si el tratamiento diferenciado de casos no está provisto de una justificación objetiva y razonable. La existencia de tal justificación debe ser apreciada según la finalidad y los efectos del tratamiento diferenciado.
De la igualdad en el trabajo.
Ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática.77 Jurisprudencia de la Corte Constitucional 1992. Tomo II. Extractos de todas las sentencias de constitucionalidad y el Concordato . N.R.C. -compilador-. Señal Editora. Medellín, 1993. pag 91|
D.D. principio de las dos instancias.
La Corte Constitucional ha sostenido que la nueva Carta Política relativizó la validez de la tesis jurisprudencial que la Corte Suprema de Justicia88 Corte Suprema de Justicia -S.P.- Sentencia de junio 13 de 1991, entre otras. acuñó al afirmar que la doble instancia, a través de la apelación o la consulta, no era parte esencial del debido proceso como quiera que la Constitución de 1886 no la ordenaba como exigencia del juicio adecuado.
Ciertamente, a propósito de este tema, y a raíz de la consagración constitucional del derecho de toda persona a impugnar la sentencia condenatoria (artículo 29 CP.), esta Corte99 Corte Constitucional -S.P.- Sentencia C-019 de 1993. M.P.D.C.A.B.. ha expresado que dicha garantía en el ámbito penal sí forma parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso. Así lo precisó, por ejemplo, al referirse a la doble instancia en los procesos relativos al menor infractor.
El cargo acerca de la elitización del recurso de apelación fue en su oportunidad negado por la Corte suprema de Justicia con fundamento en los siguientes argumentos110 Vid. Corte Suprema de Justicia. S.P.. Sentencia 74 de mayo 23 de 1991. M.P.D.R.M.A..
Es sabido que el legislador al hacer uso de sus competencias constitucionales no puede desconocer ni los derechos ni las finalidades y postulados fundacionales de la organización institucional y política que la Carta consagra. De ahí que para convalidar la constitucionalidad de las normas cuestionadas no pueda alegarse, en principio, como única razón en su favor la reserva de ley que, conforme al artículo 31 Superior, permite al Legislador establecer excepciones a la doble instancia. Es, pues, del caso, indagar acerca de los límites o ámbitos constitucionales dentro de los cuales puede ejercitarla.
En este sentido esta Corte considera que lo que está en juego es determinar si el nivel de ingresos es o no discriminatorio, para efectos de permitir o prohibir el acceso a la doble instancia en los procesos laborales administrativos.
Por otra parte observa la Corte Constitucional que el verdadero sentido de la doble instancia no se puede reducir a la mera existencia -desde el plano de lo formal/institucional- de una jerarquización vertical de revisión, ni a una simple gradación jerarquizada de instancias que permitan impugnar, recurrir o controvertir y, en últimas, obtener la revisión de la decisión judicial que se reputa injusta o equivocada, ni a una concepción de la doble instancia como un fín en sí mismo. No. Su verdadera razón de ser es la existencia de una justicia acertada, recta y justa, en condiciones de igualdad. Ella es pues un medio para garantizar los fines superiores del Estado, de que trata el artículo 2° de la Carta, particularmente en este caso la eficacia de los derechos.
así que se configura violación al principio de la doble instancia, y específicamente al de la apelabilidad de las sentencias, ya que dentro de las excepciones a dicho principio que el artículo 31 de la Carta permite al Legislador establecer, no encajan aquellos casos en se confiere un trato discriminatorio entre los colombianos, en razón de sus ingresos laborales mensuales.
C., publíquese, comuníquese y archívese el expediente.
Los suscritos magistrados, a continuación exponemos las razones de nuestro disentimiento con la decisión adoptada por la S.P. en forma mayoritaria en el proceso en referencia, a través de las cuales consideramos que el mérito de la cuestión planteada ha debido resolverse declarando exequibles las normas parcialmente acusadas, de acuerdo con la ponencia inicialmente presentada.
"El cargo de presunta elitización del recurso de apelación, fué desvirtuado por la Corte Suprema de Justicia8 Corte Suprema de Justicia -S.P.- Sentencia 74 de mayo 23 de 1991. M.P.D.R.M.A., pp-12 ss. con argumentos de tipo histórico cuya validez se mantiene incólume pese al cambio constitucional. Así, pues, bien vale transcribir lo pertinente del pronunciamiento en que se consignaron:
Las diferencias salariales están determinadas por realidades socioeconómicas que tienen que ver con el grado de calificación ocupacional o académica, con el prestigio de la ocupación, el talento o preparación necesarios para desempeñarlos, y un sin fin de factores relacionados. Por ello, mal podrían endilgarse tales diferencias a normas que -como las acusadas- se limitan a reconocerlas comoquiera que ellas no son las que las originan.
... un factor objetivamente apreciable, suceptible de medición cuantitativa -el nivel de ingresos- con una categoría de mayor complejidad ontológica y valorativa -el status o posición socioeconómica...
... dicho factor un valor absoluto y totalizante, cuando es apenas una variable o componente que, en las normas acusadas está desvinculado de cualquier consideración valorativa.
así que tampoco se configura violación alguna al principio de la doble instancia, ni específicamente al de la apelabilidad de las sentencias, ya que dentro de las excepciones a dicho principio que el artículo 31 de la Carta permite al Legislador establecer, encajan aquellos casos en que los fines de la justicia y la equidad que constituyen su razón de ser se obtienen a través de otros mecanismos, como ocurre en los procesos contencioso-laborales de única instancia con una estructura decisoria de tipo colectivo y plural y con la recurribilidad de la sentencia por la vía extraordinaria del recurso de revisión.
Auto de Corte Suprema de Justicia - nº de 17 de Marzo de 2014

References: artículo 31
 artículo 13
 artículo 53
 artículo 132
 artículo 13
 artículo 31
 artículo 2
 artículo 31
 artículo 31