Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520148.html
Timestamp: 2019-03-23 02:31:23+00:00

Document:
as201521148
Auto Supremo: 148/2015
Expediente: T – 49 – 14 - S
Partes: Elena Rueda Tarupayo. c/ Isaac Víctor Portal Quiroga y otro.
VISTOS: Los recursos de casación de fs. 2164 a 2178, interpuesto por Isaac Víctor Portal Quiroga y Rosa Vilte Cabello de Portal y el recurso de fs. 2182 a 2190 formulado por Franz Hinojosa Castellón y Ana María Calvet Ortiz de Hinojosa contra el Auto de Vista Nº 153/2014 de 28 de octubre de 2014 que cursa de fs. 2103 a 2107 pronunciado por la Sala Civil Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Publica Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el proceso ordinario de nulidad de contrato, seguido por Elena Rueda Tarupayo en contra de los recurrentes, la concesión de fs. 2202 vta., los antecedentes del proceso y;
El Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social, pronuncia la Sentencia N°016/09 de 20 de junio de 2009 que cursa de fs. 1950 a 1961 vta., en lo principal declarando probada la demanda de fs. 759 a 764 aclarada a fs. 811 a 811 vta. y declara nula la venta contenida en la Escritura Pública N° 148/2000 suscrita en fecha 6 de abril de 2000 extendida ante Notaría de Fe Pública N° 3 suscrita por Franz Hinojosa Castellón y Isaac Víctor Portal Quiroga, sobre la transferencia de los lotes de terreno N° 4 y 5 del manzano “B” de la zona de San Isidro; asimismo declara improbada la demanda reconvencional de fs. 989 a 992 e improbada las excepciones perentorias planteadas a fs. 989 a 992 por Rosa Vilte Cabello de Portal; declara improbada las excepciones perentorias interpuestas por Franz Hinojosa Castellón y Ana María Calvet de Hinojosa a fs. 904 a 908, impone costas en contra de Isaac Víctor Portal Quiroga, Franz Hinojosa Castellón y Ana María Calvet de Hinojosa, y no así para Rosa Castellón Vilte Cabello de Portal; dispone que en ejecución de sentencia se proceda a cancelar la E.P. N° 148/2000 y el registro en Derechos Reales, salva los derechos de Isaac Víctor Portal Quiroga y Rosa Vilte Cabello de Portal para ejercer acciones contra los vendedores.
Fallo que es recurrida de apelación por los demandados, en base a la cual inicialmente se emite el Auto de Vista N° 119/2009 de 25 de agosto de 2009 que confirma la Sentencia, por lo que los demandados interponen recurso de casación, en base a los cuales se emite el Auto Supremo N° 367 de 5 de septiembre de 2014 que nula el Auto de Vista N° 119/2009, disponiendo que le Ad quem emita nuevo pronunciamiento, en atención a dicha resolución se emite el Auto de Vista N° 153/2014 de 28 de octubre de 2014 que confirma la Sentencia apelada, fallo que a su vez es recurrido de casación.
RECURSO DE CASACIÓN DE ISAAC VÍCTOR PORTAL QUIROGA Y ROSA VILTE CABELLO DE PORTAL DE FS. 2164 A 2178.
Señalan que el Auto de Vista refiere estar conformado por los vocales Adolfo Irahola Galarza (vocal convocado) y María Cristina Díaz Sosa, describe los puntos asumidos en la pate considerativa por el Ad quem, para indicar que el Auto de Vista estuviera consumando una violación a la constitución Política del Estado, ya que confirma la Sentencia y describe la parte dispositiva de esta resolución; asimismo refiere que Elena Rueda Tarupayo habría seguido contra Franz Hinojosa Castellón un proceso ordinario de nulidad de venta actualmente concluido suscrito entre Rueda-Hinojosa, que no ha sido seguido en contra del último, y que en virtud de esa nulidad sobrevendría la nulidad del documento de venta de Franz Hinojosa Castellón y Ana María Calvet en favor de Isaac Víctor Portal Quiroga y Rosa Vilte Cabello de Portal, y deduce que la venta en favor de los recurrentes carecería de objeto porque los vendedores no tendrían qué vender, por ello Franz Hinojosa hubiera efectuado una venta nula e Isaac Víctor Portal Quiroga hubiera reconocido que su vendedor hubiera actuado de mala fe y al momento de suscribir el documento sabía de la situación jurídica en Derechos Reales y no habría resarcimiento civil peticionado por Rosa Vilte de Portal y formulan su recurso en la forma como en el fondo.
Refiere que los defectos de nulidad llegan a la presentación de la demanda, arguyendo haberse incurrido en infracción del art. 333 del Código de Procedimiento Civil, no cumple con el art. 327 del mismo cuerpo legal y debe complementarse el derecho en el que funda su petición, luego de haberse efectuado la citación, la actora modifica su demanda empero dicha modificación no es citada a los demandados, similar situación ocurre con la reanudación del proceso de fs. 826 vta.
Luego de ello mediante Auto de Vista de fs. 730 a 732 vta., se anula obrados hasta fs. 173, dejando subsistentes los memoriales de fs. 162 a 169 y 172, así en memorial de fs. 777 a 783 el recurrente formula excepciones previas de obscuridad, imprecisión de demanda y perentorias de cosa juzgada y caducidad que a fs. 807 declara probada la de oscuridad e imprecisión de demanda e improbada la de cosa juzgada y caducidad. Rosa Vilte opuso excepciones perentorias de falta de acción y derecho de fs. 989 a 992 que en sentencia se declaró improbadas. Refiere que Franz Castellón ya había sido demandado por Elena Rueda Tarupayo, opone excepciones de falta de acción y derecho, cosa juzgada a fs. 904 a 908, escrito en el que Ana María Calvert Ortiz también formuló sus excepciones perentorias, al considerar que afectaba su derecho ganancial.
Señala que la modificación a la demanda no fueron citados los demandados, arguyendo que a fs. 811 y vta., la demandante aclara su demanda, expone nuevos hechos y describe el derecho por el que respalda el objeto de la acción en base al art. 332 del Código de Procedimiento Civil, luego de ello efectuada las observaciones por memorial de fs. 814 a 815 y de fs. 824 y vta., la Juez permite se continúe con la causa, por el cual se interpuso 2 recursos de apelación; luego de ello a fs. 826 a 827 se reanuda la causa y los demandados tampoco son notificación con esta resolución; por ello acusa “falta de citación con la reanudación plazo contestación demanda”, señalando que al haberse interpuesto excepciones precias de especial pronunciamiento, que fueron resueltas en Auto de fs. 826 a 827 que dispone la reanudación del proceso con la que no se notifica a los demandados, por ello señala infracción del art. 87 del adjetivo civil.
Refiere que mediante Auto de Vista de fs. 730 a 732 el Ad quem anula obrados hasta fs. 173, manteniendo, los memorial de demanda 162 a 169 y el escrito de fs. 172 no son anulados, luego de ello cada uno a su turno los Jueces de Partido Primero y Segundo en lo Civil, el Juez de Partido de Familia y del Menor se hubieran excusado del conocimiento de la causa ilegalmente el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social asume el conocimiento de la causa, sin que tenga competencia para ello, así los principios rectores de la administración de justicia, como de legitimidad, especialidad, competencia descritos en el art. 1 de la Ley de Organización Judicial fueron ignorados en el Auto de Vista; sostiene que las normas que regulan al competencia son el art. 6 del Código de Procedimiento Civil y art. 135 de la Ley de Organización Judicial, asimismo señala que la competencia y suplencias no fue tomada en cuanta en el Auto de Vista, y cita el contenido de la Sentencia Constitucional Nº 1824/2003-R, 0487/2003-R, que demuestran que el Juez laboral ha actuado sin competencia, asimismo cita jurisprudencia signada como 199808-Sala Civil-1-146 de 3 de agosto de 1998; de acuerdo al argumento refiere que el Auto de Vista Nº 153/2014 carece de fundamentación jurídica al caso concreto; continúa refiriendo que existe nulidad procesal absoluta, que es insubsanable conforme al art. 90 del procedimiento civil, y la causa no debió ser tramitada ante un Juez incompetente por razón de materia y en autos una forma procesal esencial se encuentra viciada de nulidad.
Manifiesta que al presunto vicio, refiere que no se puede ejercer las defensas y la existencia de interés jurídico protegible, indicando que el acto ocasiona perjuicio a una de las partes que no ha podido ejercer una facultad, que no ha podido cumplirla cuando era pertinente, asimismo señala que el Tribunal Ad quem tiene conocimiento de la Sentencia Constitucional Nº 1261/2013.
Arguye que el Tribunal de alzada oculta la verdad de los hechos y derechos, sabe y tiene pleno conocimiento que Elena Rueda Tarupayo ya no tiene interés legítimo y derecho a demandar la nulidad de la Escritura Pública sobre la base de la ejecutoriada Nº 03/05 de fs. 9 a 23 al estar respaldada por fallo judicial donde se declara nula la compra venta efectuada de Franz Hinojosa Castellón quien vende a Víctor Portal, empero no se dice que esa prueba documental fue anulado por la Sentencia Constitucional Nº 161/2013-L.
Refiere que su impugnación esta regulado por el art. 254 num. 1) y 4) del Código de Procedimiento Civil, así el Auto de Vista no cumple con el Auto Supremo N° 367 de 5 de septiembre de 2014 ni da cumplimiento a la Sentencia Constitucional N° 161/2013L, que debió ser cumplida por su carácter vinculante, así causa la infracción de los arts. 1, 2, 3, 15 del Código Procesal Constitucional, señalando que dicha infracción invalida el Auto de Vista, pues se ignoró su carácter obligatorio, vinculante y el valor jurisprudencia de la Sentencia, así también describe como infringidos los arts. 16, 17 de la Ley N° 025.
Asimismo acusa que el Ad quem, no se ha pronunciado ni resuelto las apelaciones, en efecto diferido fundamentadas a tiempo de apelar, empero el Ad quem lo discierne como si fuera parte de la apelación de sentencia.
1.- La actora Elena Rueda Tarupayo, persigue la nulidad del documento suscrito por Franz Hinojosa Castellón y Ana María Calvet Ortiz de Hinojosa a favor de Isaac Víctor Portal Quiroga, sin tomar en cuenta la ausencia de vínculo obligacional entre la actora y los recurrentes, arguyendo que el Auto de Vista no ha dado cumplimiento al Auto Supremo N° 367 y menos a la Sentencia Constitucional referida supra, por lo que ha vulnerado el art. 514 del Código de Procedimiento Civil, cita los arts. 109, 410 y 115 del texto Constitucional, refiriendo haberse infringido el art. 113 de la constitucional, que debió proteger sus derechos adquiridos que tienen carácter de inviolable, universal, interdependiente, indivisible, progresivo; manifiesta que el Ad quem efectúa una interpretación errónea del art. 115 de la Constitución, pues el Tribunal de Alzada desconoce sus derechos.
Asimismo refiere haberse violado el art. 178 parágrafo I de la Constitución, el Tribunal no es imparcial, pues el proceso que siguió Elena Rueda Tarupayo en contra de Fran Hinojosa Castellón fue anulado; el Auto de Vista no otorga seguridad jurídica, al pretender despojarlos de su derecho sin que concurra el debido proceso; probidad y equidad, favorece a la actora y afecta los derechos de los recurrentes.
Así el Ad quem desconoce las normas constitucionales que debe aplicarse el art. 410 de la Constitución, asimismo refiere que el bloque de constitucional que respalda su derecho se encuentra establecido por el art. 15 de la Ley N° 025; finaliza citando el art. 55 de la Constitución, en sentido que el proceso debió ser anulado como sucedió con el anterior proceso.
2.- Acusa error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, la demandante, señalando que se sobrevaloró el fallo judicial y ejecutorial de ley Nº 03/05 que fue anulado por Sentencia Constitucional Nº 161/2013L, se desvirtuó la demanda en su condición de compradores de buena fe, refiere que el anterior proceso, sin haber sido iniciado en su contra de los recurrentes es ilegal, por lo que Elena Rueda Tarupayo, no puede convalidar dentro de este proceso, su prueba documental base de esta causa que fue declarado nulo por la mencionada constitucional y dicha ganancialidad de Ana María Calvet quedó salvo en la mencionada sentencia, y el Tribunal no puede ignorar lo expuesto en dicha sentencia constitucional, refiriendo haber infraccionado el art. 1283, 1286 del Código Civil y art. 375, 397 y 476 del procedimiento, asimismo manifiesta que el Auto de Vista no cumple con los lineamientos del Auto Supremo Nº 367 y la Sentencia Constitucional, por lo que impetran la restitución de sus derechos anulando obrados hasta la presentación de la demanda.
Por lo expuesto solicita se anule obrados hasta la admisión de la demanda o en su defecto se case el Auto de Vista.
RECURSO DE CASACIÓN DE FRANZ HINOJOSA CASTELLÓN Y ANA MARÍA CALVET ORTIZ DE HINOJOSA DE FS. 2182 A 2190.-
Describe parte del recurso de casación formulado por Víctor Portal Quiroga y Rosa Vilte Cabello en cuanto a los puntos de haber sido tramitada la causa por Juez incompetente; la anulación del proceso mediante el Auto de Vista N° 37/07, no anula los memoriales de demanda y solicitud de reiteración de admisión de demanda; de haberse tramitado la causa con el vicio de no haber sido notificadas las partes con la resolución que dispone la reanudación de la causa a raíz de una excepción previa de especial pronunciamiento; la no valoración de las pruebas de descargo; la oposición de excepciones previas de falta de acción y derecho y cosa juzgada desestimadas en Sentencia; los Vocales ni por asomo toman en cuenta lo resuelto por la Sentencia Constitucional N° 1261/2013, el Auto de Vista omite pronunciarse sobre la mencionada Sentencia Constitucional, vulnerando el principio de legalidad o especificidad previsto en el art. 251, 254-7) del Código de Procedimiento Civil, en lo demás hacen suyos las infracciones contenidas en el recurso de casación de Víctor Portal Quiroga y otra.
Señala que el Auto de Vista, viola normas procesales por haberse tramitado ante un Juez incompetente, los vocales no aplican la Sentencia Constitucional Nº 1261/2013L, ya que debe cumplirse con el art. 15 del Código Procesal Constitucional, en sentido de que la referida Sentencia anula el proceso ordinario tramitado por Elena Rueda Tarupayo en contra de Franz Hinojosa Castellón, posteriormente señala que su recurso fuera en el fondo y en la forma.
1.- Acusa violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, refiere que la actora pretende la nulidad de documento de compra-venta suscrito por los recurrentes en favor de Isaac Víctor Portal Quiroga y la cancelación de la partida en derecho reales, sin que exista vínculo obligacional, debido a que el fallo judicial en el proceso seguido en contra de Franz Hinojosa Castellón no puede surtir efectos contra los codemandados compradores, ya que este proceso persigue la ejecución de la sentencia y ejecutorial 03/05, cuando dicho proceso ha sido anulado, de ello acusa violación del art. 13 de la Constitución Política del Estado, en base a la cual señala que se debió proteger los derechos de los recurrentes y codemandados, asimismo acusa vulneración del art. 109 del texto Constitucional, en sentido de que en la administración de justicia la supremacía constitucional debe darse cumplimiento al art. 410 por lo que sus derechos deben ser tutelados conforme al art. 115 de la Constitución.
El Auto de Vista ha incurrido en interpretación errónea del art. 115 de la Constitución Política del Estado, ya que e desconoce los derechos que asiste a los recurrentes; asimismo denuncian la violación e interpretación errónea del art. 178 parágrafo I de la Constitución, pues en criterio de los recurrentes el Tribunal no fuera imparcial, no otorga seguridad jurídica, la probidad y equidad en el Auto de Vista se encuentran ausentes; así el referido fallo no ha tomado en cuenta el razonamiento del art. 180 de la Constitución, pues el Auto de Vista ha sido pronunciado al margen de la Constitución y las leyes a parte de no haber considerado el A.S. Nº 367 de 5 de septiembre de 2014 y lo que manda la SC 1261/2013L de 13 de diciembre de 2013, refiere que el Auto de Vista ignora los preceptos constitucionales, cuya supremacía se encuentra regulado por el art. 410 de la Constitución, supremacía que se encuentra en el art. 4 de la Ley del Tribunal Constitucional, bloque constitucional que también se encuentra consagrado en el art. 15 de la ley del Órgano Judicial, asimismo cita el art. 199 de la Constitucional, para indicar que le proceso deben ser anulado.
Acusa error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, refiriendo que la prueba de cargo ha sido sobrevaluada en el considerando IV del Auto de Vista, pues se valora solo el fallo judicial del anterior proceso y se ignora el resto de la prueba, no toma en cuenta que la Sentencia Constitucional Nº 1261/2013L anula la prueba ya que en el anterior proceso seguido en contra de Franz Hinojosa Castellón fue anulado, deduciendo que no puede seguirse convalidando el fallo y la ejecutorial de ley Nº 03/05 del proceso anulado por la S.C. Nº 1261/2013L, señala haberse trasgredido el art. 5, 102 y 116 del Código de Familia, normas que protegen los derechos de la recurrente, siendo la venta efectuada legal, pues la prueba base del proceso ha sido anulada por efecto de la mencionada Sentencia Constitucional, no pudiendo ignorarse dicha resolución por lo que se vulnera el art. 1283,1286 del Código Civil y arts. 375,397 y 476 de su procedimiento, y el Auto de Vista se aparta de la realidad, se aparta de le mencionada resolución constitucional, pues no ha tomado en cuenta su carácter vinculante, obligatorio y jurisprudencial.
Cita el art. 254 del Código de Procedimiento Civil e invoca los numerales 1) y 4) de la mencionada disposición e indica que se prescindió aplicar la Sentencia Constitucional N° 1261/2013L, refiriendo que el numeral 3) del art. 258 del mismo cuerpo legal, en vista de que el anterior proceso fue anulado por dicha sentencia; refiere que el Auto Supremo N° 367/2014 dispuso que los agravios reclamados deban ser resueltos fundadamente y no de manera genérica como se hizo en el Auto de Vista recurrido.
Con el titulo de juez o tribunal incompetente o integrado contraviniendo la ley, señala que el Auto de Vista anuló obrados hasta la admisión de la demanda de fs. 172, luego de haberse excusado los Jueces de Partido Primero y Segundo de Partido en lo Civil, el proceso pasó al Juez de Partido de Familia y del Menor y luego se pasó el proceso al Juez de Partido del Trabajo y asume ilegal competencia, incurriendo en usurpación de funciones que no son de su competencia vulnerando el art. 1 de la ley de Organización Judicial abrogada; describe el art. 6 del Código de Procedimiento Civil, y refiere que el régimen de suplencias de la ley de organización judicial, señala que la regla de suplencias del juez civil será los de familia y penal, respaldado por el art. 68 de la ley N° 025, sin embargo el Tribunal de apelación indica que el proceso no podía ser derivado al juzgado en lo penal porque la competencia de estos es concreta.
Refiere que el Tribunal de apelación no se ha pronunciado sobre pretensiones, sobre dos apelaciones en efecto diferido que se hubiera fundamentado a tiempo de apelar, empero el Ad quem lo discierne como si fuera parte de la apelación de Sentencia, asimismo refiere que dicho Tribunal al tomar conocimiento de la Sentencia Constitucional N° 1261/2013L, no ha emitido pronunciamiento alguno sobre dicha resolución constitucional.
Por lo expuesto, solicita anular obrados o se case el Auto de Vista.
En el Auto Supremo N° 392 de 22 de julio de 2013, este Tribunal ha emitido jurisprudencia respecto a la aplicación excepcional de la teoría de la “sustracción de materia”, en el que se expuso lo siguiente: “1.2.3.- De la sustracción de materia.- En nuestra legislación, en el Libro Primero Título VI, se encuentra consignado la extinción extraordinaria del proceso, así consta del desistimiento (que engloba al retiro de la demanda, el desistimiento del proceso, el desistimiento del derecho y los desistimientos de los recursos), también consigna a la perención y la transacción, cada una con requisitos y tratamientos peculiares, no está lo que en la doctrina se denomina como la sustracción de materia, como forma extraordinaria de conclusión del proceso. El aporte doctrinario de Jorge Walter Peyrano, en su obra “El PROCESO ATIPICO” Editorial Universidad, Buenos Aires 1993, en la página 126 y siguientes, al realizar el estudio sobre la extinción del proceso por sustracción de materia, refiere que la misma no tiene regulación legal en los sistemas procesales, como modo de extinción del proceso, así señala: “… ¿qué es, en qué consiste la “sustracción de materia? Pues simplemente en un modo de extinción de la pretensión y del proceso respectivo, pocas veces columbrado por la doctrina más prestigiosa a pesar de su relevancia y que –sin duda- su operatividad es frecuente en la praxis. Claro está que con lo dicho poco se avanza en la conceptuación de lo que debe entenderse por “sustracción de materia”, terminología ésta que hemos usado en otra oportunidad y que mantenemos por parecernos gráfica e inequívoca. Se impone entonces que –por fin- digamos que la “sustracción de materia no es otra cosa que un medio anormal de extinción del proceso (no regulado por el legislador), constituido por la circunstancia de que la materia justiciable sujeta a decisión deja de ser tal por razones extrañas a la voluntad de las partes, no pudiendo el tribunal interviniente emitir pronunciamiento de mérito (acogiendo o desestimando) sobre la pretensión deducida. Es que resulta perfectamente posible que lo que comienza siendo un “caso justiciable”, no lo sea más por motivos -digámoslo así- exógenos… “La disposición proyectada supone que el tema de la controversia, no puede ser sometido ya a un determinado magistrado, como órgano singular de la administración de justicia, sino a todo el organismo judiciario. Es lo que se ha dado en llamar defecto absoluto de la potestad jurisdiccional. No se trata de una forma de incompetencia. Se trata de la negación del poder de juzgamiento…” Por supuesto que –y acá principiamos a retomar el hilo principal_ puede suceder (y de hecho acontece con habitualidad) que un “caso justiciable” se torne en “no justiciable” ínterin se está tramitando, y que ello obedezca a circunstancias extrañas al sentir de los participantes en el proceso. Si ello ocurre se estará ante un supuesto de “sustracción de materia”. Piénsese ahora, a guisa de ejemplo, en el caso recordado por Carnelutti de “extinción de la Litis”, constituido por la coyuntura del fallecimiento del denunciado como insano, mientras se está sustanciando el proceso promovido en miras a su declaratoria de incapacidad...” En la legislación comparada, se tiene la de la república del Perú en cuyo art. 321 del Código Procesal Civil de dicho Estado, señala que el proceso concluye sin declaración en el fondo en cualquiera de los siguientes casos: a) se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional, b) por disposición legal en conflicto de intereses deja de ser un caso justiciable, c) se declare el abandono del proceso, d) consentimiento de la resolución que ampara alguna excepción o defensa previa, e) caducidad del derecho, f) el demandante desiste del proceso o de la pretensión, g) que sobrevenga la consolidación en los derechos de los litigantes; estas son las causales sobre la extinción del proceso, por lo que la sustracción de materia se encontraría regulada en dicho cuerpo procesal…”
La doctrina de la “sustracción de la materia”, explica la forma extraordinaria de la extinción del proceso, en casos sui generis, pretensión sobre la cual no puede existir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia porque el “caso justiciable” se ha convertido en uno “no justiciable”, no pudiendo existir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia (acogiendo o denegando la pretensión).
En el sub lite, mediante memorial de fs. 162 a 169 aclarado en memorial de fs. 172 y vta., la actora Elena Rueda Tarupayo, formula su pretensión de nulidad y otros, que luego de tramitarse la causa se emite el Auto de Vista N° 37/07 de fs. 730 a 732, que anula obrados hasta la admisión de la demanda.
Por lo que ante dicha anulación la actora vuelve a reformular su pretensión en el escrito de fs. 759 a 765 vta., en el que adujo que mediante Escritura Pública N° 136/99, supuestamente transfirió dos lotes de terreno en favor de Franz Hinojosa Castellón, dicho documento fue objeto de una demanda buscando la ineficacia de dicho contrato habiéndose dictado sentencia ante el Juzgado de Partido Mixto Segundo de Yacuiba que declara nula y sin valor legal la mencionada Escritura Pública, que luego de ser apelada el tribunal Ad quem se declaró sin competencia al estar planteado el recurso fuera de plazo y declaró ejecutoriada la sentencia, y pese a formularse recurso de casación se denegó la concesión de dicho recurso, por el lo que el A quo emite la ejecutorial de ley N° 03/05 para cancelar los registros en Derechos Reales, y presentados dicha ejecutoria a la oficina de Derechos Reales el Sub Registrador de Yacuiba le hizo conocer que los lotes N° 4 y 5 del manzano “b” fueron transferidos por Franz Hinojosa Castellón en favor de Isaac Víctor Portal Quiroga, mediante Escritura Pública N° 148/2000 que se registró en Derechos Reales preventiva y definitivamente, asimismo refiere que esta última persona otorgó en garantía hipotecaria a favor de Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores Gran Chaco Ltda., que fue registrada en el registro de Derechos Reales, por lo que puesto a conocimiento del Juez dicha autoridad señaló que al haberse modificado el derecho propietario el conflicto debe ser ventilado mediante los mecanismos idóneos; posteriormente describe que el contrato suscrito ente Franz Hinojosa Castellón e Isaac Víctor Portal Quiroga, es nula por faltar en el contrato el objeto y la causa y el motivo del contrato son ilícitos, porque la venta efectuada a aquel (E.P. N°136/99) fue declarada nula por el Juez de Partido Segundo de Yacuiba, conforme a la regla que establece el art. 547 del Código Civil, asimismo refiere haberse generado la venta de cosa ajena y que Franz Hinojosa Castellón e Isaac Víctor Portal Quiroga, conocían que el objeto de la venta se trataba de bienes litigiosos, porque en ese momento solo contaba con registro preventivo porque existía una hipoteca judicial registrada en la partida N° 482 del Libro Segundo de Hipotecas agrarias, folio N° 71 del cuarto anotador de 18 de diciembre de 1996, por ello resulta ser ilícito, pues contenía una hipoteca en favor de Carlos Roberto Cordero además de haber planteado una demanda en contra de Franz Hinojosa Castellón, refiriendo que no concurre la licitud del objeto del contrato conforme al numeral 1) y 2) del art. 549 del Código Civil, pues no existe objeto en el contrato y en el objeto de contrato no concurren los requisitos señalados por ley, ya que al haberse declarado la nulidad de la Escritura Pública N° 136/00 la causa y el motivo que impulsó a las partes contratantes a celebrar el contrato, es contraria al orden público o a las buenas costumbres, también refiere que Isaac Víctor Portal sabiendo del proceso judicial procedió en otorgar los lotes en garantía hipotecaría, sin embargo de ello la Cooperativa acreedora fue advertida con la sentencia en fecha 5 de abril de 2002, por lo que sobre este hecho, deduce que la causa y el motivo de la contratación son ilícitos; en base a esos antecedentes impetra la nulidad del contrato suscrito por Franz Hinojosa Castellón a favor de Isaac Víctor Portal Quiroga (E.P. Nº 148/2000) y la cancelación de los registros en la oficina de Derechos Reales, pretensiones sustentadas sobre la base de la ejecutorial de ley Nº 03/05 (sentencia emitida por el Juzgado de Partido Mixto Segundo de Yacuiba en el proceso seguido por Elena Rueda Tarupayo contra Franz Hinojosa Castellón), demanda que fue replanteada a fs. 759 - 764 vta.; posteriormente en el memorial de fs. 811 la actora aclara el contenido de su pretensión, en sentido de indicar en su demanda que el derecho invocado de la nulidad pretendida es por el numeral 1) del arts. 549 del Código Civil, en el que señala que el objeto es inexistente, en razón a que la venta efectuada al vendedor fue anulada.
Posteriormente por causas ajenas a las partes del proceso, se emite la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1261/2013L de 13 de diciembre de 2013, que refiere a un fenecido trámite de proceso ordinario por nulidad y anulabilidad entre Elena Rueda Tarupayo en contra de Franz Hinojosa Castellón y en ejecución de sentencia se hubiera apersonado Ana María Calvet Ortiz de Hinojosa en su condición de esposa del demandado, hubiera promovido incidente de nulidad exponiendo la ganancialidad del bien litigado, arguyendo no haber sido citada ni haber participado como parte en dicha causa, sobre dicha petición el Juez Primero de Partido en lo Civil de Yacuiba, rechazo dicho incidente, resolución que fue recurrida de apelación, sobre la cual se emitió el Auto de Vista 81/09 de 8 de agosto de 2009 por el que se confirmó la resolución impugnada y en contra de dicho Auto de Vista se interpuso acción de amparo constitucional, que en grado de revisión por la Sala Liquidadora del Tribunal Constitucional Plurinacional, concluyó en lo siguiente: “se establece que se cumplen las condiciones y los presupuestos necesarios para que la jurisdicción constitucional considere la existencia de los vicios de nulidad señalados por la accionante, emergentes de no haber sido parte dentro del proceso ordinario seguido contra Franz Hinojosa Castellón, participación esencial que no observó ni reparó el Auto de Vista N° 81/09… dado que el perjuicio que argumentó haber sufrido se debió a la acción y omisión incurrida al habérsele marginado del proceso ordinario en el que tendría que ser incluida como esposa y propietaria del 50% del inmueble cuya nulidad y anulabilidad de documentos se persiguió a través del proceso ordinario iniciado contra su esposo Franz Hinojosa Castellón…”
Se debe indicar que de acuerdo al contenido de la demanda reformulada que cursa de fs. 759 a 764 vta., aclarada a fs. 811, Elena Rueda Tarupayo funda su pretensión de nulidad de la E.P. N° 814/2000 (venta suscrita por Franz Hinojosa Castellón en favor de Isaac Víctor Portal Quiroga), sobre la base (causa petendi = el sustento fáctico y legal) de que la E.P. N° 136/99 (venta efectuada por Elena Rueda Tarupayo en favor de Franz Hinojosa Castellón) fue declara nula en proceso judicial (ejecutorial de ley N° 03/05), en base a ese antecedente señala que el derecho de propiedad de Franz Hinojosa Castellón desapareció de su patrimonio y como consecuencia pretende la nulidad del negocio jurídico efectuado por éste en favor de Isaac Víctor Portal Quiroga, por ello peticiona la nulidad de la E.P. N° 148/2000 y su registro en Derechos Reales. Por otra parte, tomando en cuenta el carácter vinculante de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se dirá que la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1261/2013L de 13 de diciembre de 2013, dedujo que en el proceso anterior iniciado por Elena Rueda Tarupayo en contra de Franz Hinojosa Castellón (en base al cual se emitió la ejecutorial de ley N° 03/05) se ha desarrollado con vicios de procedimiento y causado indefensión a Ana María Calvet Ortiz de Hinojosa e instó a anular obrados en dicho proceso judicial, por lo que por ese carácter vinculante debe constar que este Tribunal pronunció el Auto Supremo N° 404 de 25 de julio de 2014, del cual se extrae que se ha evidenciado que en aquel proceso seguido por Elena Rueda Tarupayo en contra de Franz Hinojosa Castellón (del cual emerge la ejecutorial de ley N° 03/05) se ha anulado obrados hasta el estado de ampliarse la demanda en contra de Ana María Calvet Ortiz de Hinojosa, esto quiere decir que la causa petendi en la presente causa (Elena Rueda Tarupayo en contra de Isaac Víctor Portal Quiroga y otros) ha desaparecido por efecto de dicha Sentencia Constitucional. Para el entendimiento de lo expuesto corresponde señalar que la pretensión procesal, conforme a la doctrina tradicional, tiene sus elementos, estos son: 1) las partes, que lo constituyen el demandante o actor y el demandado, ligados por una relación substancial, y el órgano jurisdiccional competente; 2) el objeto de la pretensión que constituye el petitum de la demanda, que se encuentra integrado por: a) la nominación de la pretensión (ej. Reivindicación, nulidad de contrato, resolución de contrato), b) el objeto inmediato de la pretensión, que resulta ser el tipo de pronunciamiento perseguido (ej. en procesos de conocimiento será una sentencia declarativa, constitutiva o de condena) y, c) el objeto mediato de la pretensión, está constituido por el bien jurídico pretendido, que se quiere obtener del demandado (ej. En una usucapión será que se declare al actor como propietario del bien usucapido y extinguido para el demandado), y 3) la causa de la pretensión, que se denomina causa petendi (causa de pedir), la razón de pedir, los fundamentos de la pretensión se integran con las proposiciones fácticas y el derecho alegado que constituyen la razón de la pretensión; la causa de la pretensión ha sido subdividida en la causa de hecho (elemento fáctico) y la causa jurídica (elemento jurídico), esta causa es la que se encuentra en tela de juicio, pues en el presente proceso la actora tomó como sustento y base para solicitar la nulidad de la E.P. Nº 148/2000 (venta efectuada por Franz Hinojosa Castellón en favor de Isaac Víctor Portal Quiroga), la ejecutorial de Ley Nº 03/05 (emergente de otro proceso incoado por Elena Rueda Tarupayo contra Franz Hinojosa Castellón) que describe que el título de Franz Hinojosa Castellón hubiera sido declarado nulo, y precisamente ese acto jurídico procesal (sentencia ejecutoriada) ha sido anulado en forma posterior a raíz de una acción de amparo constitucional en la que se emitió la sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1261/2013L, la lógica da entender que dicha ejecutorial de ley Nº 03/05 y el sustento fáctico y legal han desaparecido en la presente causa, lo que quiere decir que la materia justiciable ha sido sustraída, dicho de otra manera en la presente Litis se ha operado la “sustracción de materia”, pues la causa petendi por la que se pretende la nulidad ha desaparecido, consiguientemente, corresponde a este Tribunal emitir decisión en una de las formas previstas en el art. 271 del Código de Procedimiento Civil, por lo que ante la eventualidad descrita tan solo corresponde aplicar la anulación de obrados sin reposición, pues al haberse generado la “sustracción de materia” en la Litis no se puede acoger o denegar el derecho precisamente por falta de materia justiciable, que no significa que la actora pueda intentar nuevo proceso en base a las resultas del proceso judicial ajeno a esta causa por disposición de la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1261/2013L que ordena la anulación de obrados en aquel proceso, seguido por Elena Rueda Tarupayo contra Franz Hinojosa Castellón. Lo propio ocurre con la pretensión reconvencional de fs. 989 a 993 vta. formulado por Rosa Vilte de Portal, la cual funda su pretensión alegando que la demanda principal es la que presuntamente le genera un hecho ilícito sujeto a responsabilidad civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil: ANULA todo lo obrado, sin reposición por haberse generado la sustracción de la materia en la presente Litis. Sin costas.
De conformidad a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025, remítase una copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura.

References: resolución 
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sui generis
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