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Timestamp: 2019-10-16 03:05:59+00:00

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BOE i notícies del 7 de novembre de 2018
NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 7 DE NOVEMBRE DE 2018
Corrección de errores del Acta del Acuerdo referente al II Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos
Resolución de 2 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 31 de octubre de 2018, por la que se corrigen errores en la de 12 de septiembre de 2018, por la que se registra y publica el Acta del Acuerdo referente al II Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos.
(BOE, 07-11-2018)
Composición, las funciones y las normas de funcionamiento del Consejo Forestal Nacional
Resolución de 6 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 6 de noviembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/index.php?d=269&s=3
RECULL DE PREMSA DEL 7 DE NOVEMBRE DE 2018
En el plano presupuestario, Montero, ha pedido al resto de fuerzas políticas del país "diálogo sin prejuicios" para llegar a acuerdos que permitan que "la economía esté realmente al servicio de las personas". He hecho, ha afirmado a la prensa antes del foro que "en absoluto" trabaja en un escenario de prórroga para 2019 de los Presupuestos de 2018, elaborados por el anterior Gobierno. Montero se encuentra en plena negociación parlamentaria para sacar adelante los Presupuestos de 2019 que el Ejecutivo ha pactado con Unidos Podemos. Busca ahora el apoyo del PNV, así como el de los partidos independentistas catalanes ERC y PDeCAT, que han avanzado que no los apoyarán en protesta por los políticos presos por el procés.
La responsable de Hacienda ha aseverado que no contempla el escenario de tener que prorrogar los Presupuestos del PP de 2018 para tener cuentas en 2019. "Hay que dejar que las cuentas maduren, si son buenas para españoles y catalanes, no hay motivo para que los independentistas no las apoyen.
La ministra también ha criticado la política económica del PP, afirmado que sus medidas fiscales restaron 12.000 millones de euros de recaudación, el equivalente al presupuesto de ciencia e investigación, e incluso de educación. "Lo ocurrido en nuestro país es singular respecto a otros países. Los españoles han vivido una política económica que ha acentuado la dureza de la crisis", aseguró, antes de afirmar que los recortes no sirvieron para rebajar deuda o cumplir con Bruselas. "Es la política del palo y la zanahoria", ha ilustrado, aseverando que la lección aprendida es que "una bajada de impuestos no incrementa la recaudación".
"El autoproclamado milagro económico del Gobierno anterior", ha apuntado Montero, ha sido una "política de devaluación interna a costa de empobrecer a los trabajadores y aprovechar los vientos de cola favorables" que suponían la política monetaria acomodaticia, la rebaja del petróleo y el aumento de turismo. Como resultado, ha denunciado, es que se ha "precarizado el empleo", y se ha dejado "sin oportunidades" a toda una generación de niños.
"No rehuyó la autocrítica. Creo que la socialdemocracia no estuvo en ese omento en el lugar que esperaban los ciudadanos", ha admitido, achacando a esta falta de iniciativa el hecho de que los votantes les hayan dado la espalda durante los últimos años a los partidos socialistas europeos, nacionales y locales.
"Habrán oído que España está en una desaceleración económica que avanza otra recesión coincidiendo con el nuevo Gobierno. La realidad es que la política económica del PP llegó a su techo hace años, en 2015", y desde entonces la economía ha perdido fuelle, ha dicho Montero.
(El País, 07-11-2018)
El Congreso de los Diputados había fijado para este martes la Ponencia sobre el Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, la reforma hipotecaria. El objetivo de los diputados era contar ya con la sentencia del Tribunal Supremo sobre quién debe abonar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de estos préstamos para estudiar si hacerse eco de la nueva doctrina en la norma.
El fallo se esperaba para el lunes. La tensa deliberación el Pleno del Supremo, que tardó dos días en germinar en una votación fructífera, obligó a los diputados este martes a convocar una nueva ponencia el próximo martes. Será entonces, según fuentes de la comisión, cuando se discutirá la inclusión del nuevo criterio judicial en la reforma. Ahora se traslada el tema al próximo martes.
La idea es clarificar el reparto de gastos hipotecarios (incluyendo también quién paga la factura de notaría, gestoría y registro) para evitar nuevas controversias legales. El Gobierno avanzó este martes que estudiará el impacto del fallo en los próximos días. La decisión judicial despertó críticas de miembros del PP, Podemos, ERC o PDeCAT, con lo que está por ver su eco en la reforma hipotecaria.
El Tribunal Supremo ha fijado el plazo para que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) notifique a los interesados la resolución de sus procedimientos, o, en caso contrario, se produzcan los efectos del silencio administrativo positivo. Así, según una reciente sentencia, el organismo tiene tres meses contados a partir de la presentación en forma de la solicitud para dictar una resolución expresa y, dentro de los diez días siguientes, deberá cursar "de forma idónea la notificación" de la misma. En caso de no poder probar que el intento de comunicación revistió las formalidades exigibles, se entenderá que la solicitud ha sido aprobada.
El artículo 28.7 del Real Decreto que regula el funcionamiento del Fogasa determina que "el plazo máximo para dictar resolución en primera instancia será de tres meses, contados a partir de la presentación en forma de la solicitud". El conflicto planteado en sentencias anteriores es si dicho término se entiende concluido una vez dictada la resolución, o si, además, es exigible la notificación al interesado.
El literal del precepto parece claro, por lo que el Supremo no ve viable restar tiempo a esos tres meses (si se incluye la notificación, la Administración debería resolver en un plazo inferior). Pero, tal y como apunta la sentencia, "no puede quedar, en perjuicio del interesado, sin fijación de límite el tiempo en que debe serle notificada la resolución expresa por la Administración autora del acto o, al menos, cursada idóneamente". Por ello, ve adecuado introducir en la interpretación de la norma los criterios de la legislación y la jurisprudencia administrativas sobre el silencio positivo, para dar al ciudadano seguridad jurídica sobre cuándo opera esta figura en relación con el Fogasa.
En el caso enjuiciado, la Sala estudia el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha que entendía que había concurrido el silencio positivo en la tramitación del expediente de un trabajador. La solicitud del mismo había entrado en el registro del Fogasa el 28 de noviembre de 2011; la resolución se adoptó el 27 de febrero de 2012; y su notificación se produjo el 20 de marzo de ese mismo año. Según la resolución, el organismo debía haber comunicado su decisión el 28 de febrero (tres meses después).
El organismo del Ministerio de Trabajo, sin embargo, justificó su recurso en una sentencia del TSJ de Andalucía que interpretó que el plazo de tres meses era para que la Administración dictara resolución, sin que fuera posible exigir que se produjera la notificación en dicho periodo temporal.
La llegada de Sebastián Albella a la CNMV en noviembre de 2016 provocó el terror en los chiringuitos financieros, entidades que operan –o dicen operar– en los mercados, sin la preceptiva autorización del supervisor español ni de ningún otro de la Unión Europea. La campaña de información para evitar estos fraudes ha sido masiva desde entonces.
Pero la Comisión ha decidido dar un paso más allá y ha acudido al baúl de sus más poderosas armas para atacar de lleno la operativa de estas plataformas ilegales. Así, el supervisor ha contratado el servicio de una consultora externa para detectar online este tipo de fraudes, según fuentes conocedoras de la operativa.
Los encargados de realizar esta misión serán una suerte de ciberespías que irán monitorizando las páginas webs sospechosas y las redes sociales. Los agentes comprobarán si las entidades que ofrecen servicios de inversión están autorizadas.
El lanzamiento de la operación de compra misteriosa (mystery shopping, en la jerga) que llevarán a cabo esos expertos fichados por la CNMV para identificar y después desmantelar los fraudes comenzará previsiblemente antes de final de año. Aunque un portavoz del supervisor matiza que hasta que no finalice esta redada informal –no es una actuación más de supervisión– no se darán fechas con el objetivo de evitar la alerta de los posibles infractores. La posibilidad de que la CNMV vigile de forma anónima está recogida en la ley de fomento de la financiación empresarial de abril de 2015.
La norma, impulsada por la expresidenta del organismo Elvira Rodríguez abre la puerta a que el supervisor solicite “la colaboración de expertos mediante la emisión de informes”. “Para la elaboración de estos informes, los expertos designados, así como sus empleados podrán actuar de forma anónima, sin revelar su actuación por cuenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores”, agrega la ley. Así ocurrirá en esta ocasión de la mano de los expertos en rastrear internet.
La unidad del vigi­lancia de los mercados especializada en este tema, que cuenta con unas 10 personas, ya monitoriza de forma activa páginas web sospechosas y redes sociales como Facebook y Twitter. Además, la CNMV ha abierto un apartado exclusivo en su web con información de todas las advertencias y que incluye un buzón para poder realizar comunicaciones anónimas ante posibles fraudes.
La iniciativa del mistery shopping contra los chiringuitos financieros promovida por Sebastián Albella supondrá un arma adicional. Contará con efectivos adicionales a la plantilla, que estaba formada por 422 personas a cierre de 2017. La CNMV comunica a la Policía cualquier hallazgo que considera relevante, así como toda la información que le pueda ser utilidad.

References: Resolución 

Resolución 
 artículo 36
 resolución 
 resolución 
 artículo 28
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución