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Timestamp: 2019-11-22 14:05:33+00:00

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SENTENCIA 2017-04767 DE 06 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:FUNCIONARIO DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ QUE EMITA UN PRONUNCIAMIENTO CLARO, PRECISO Y DE FONDO FRENTE A UNA SOLICITUD DE LIBERTAD. SE HA SEÑALADO QUE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y LA POLICÍA NACIONAL RESPONDIERON LA SOLICITUD DEL CIUDADANO A PARTIR DEL CONOCIMIENTO Y LAS COMPETENCIAS QUE TIENEN FRENTE A SU PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ. DE IGUAL FORMA, EL CIUDADANO NO HA TENIDO UN PRONUNCIAMIENTO DIRECTO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ, RESPECTO DE LA PETICIÓN QUE FORMULÓ SOMETERSE A LA JUSTICIA TRANSICIONAL A AUSENCIA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD ACCIONADA AL CIUDADANO, RESPECTO DEL TRÁMITE SURTIDO ENTORNO A SU REQUERIMIENTO, CONSTITUYE UNA VULNERACIÓN DE SU DERECHO DE PETICIÓN, EN LA MEDIDA EN QUE NO TIENE CONOCIMIENTO DE LA PROCEDIBILIDAD DE SU PRETENSIÓN ANTE DICHA SECRETARÍA. ASÍ MISMO, ES IMPORTANTE RESALTAR QUE EN LA RESOLUCIÓN 636 DE 2017 Y POR LA POLICÍA NACIONAL, MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 292 DE 2017, ESTOS ACTOS ADMINISTRATIVOS GOZAN DE PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD, POR CUANTO EN LA ACTUALIDAD NO HAN SIDO ANULADOS POR AUTORIDAD JUDICIAL Y POR LO TANTO SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS. LA POLICÍA NACIONAL ACOGIENDO EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN DICHA NORMATIVIDAD, Y A LA DELEGACIÓN QUE HIZO EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, RESPONDIÓ CLARAMENTE LA SOLICITUD DE INCLUSIÓN DEL ACTOR A LA LISTA DE POSIBLES BENEFICIARIOS DEL TRATAMIENTO PENAL ESPECIAL QUE DISPONE LA JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ, POR LO QUE NO SE EVIDENCIA IRREGULARIDAD ALGUNA EN EL PROCESO DESPLEGADO POR LA ENTIDAD ACCIONADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD PÚBLICA, DERECHO A LA PAZ, JUSTICIA DE PAZ, INTEGRACIÓN DE LA JUSTICIA DE PAZ, PROCESO DE PAZ, JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
Sentencia 2017-04767 de diciembre 6 de 2017
Rad.: 25000-23-42-000-2017-04767-01
4. De las características principales del derecho de petición.
“ART. 14.—Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (...)”.
La Corte Constitucional en reiteradas providencias ha señalado que el núcleo esencial del derecho fundamental de petición consiste en la certidumbre “de que, independientemente de lo que se solicita, se habrá de obtener una respuesta oportuna y de fondo”(9).
“(...) El derecho a una pronta resolución no se reduce al simple deber estatal de dar contestación. La respuesta de la administración debe ser coherente y referirse al fondo de la materia sometida a análisis por parte de los interesados. No se haría efectiva la facultad de suscitar la intervención oficial en un asunto de interés general o particular, si bastara a la administración esgrimir cualquier razón o circunstancia para dar por respondida la petición (...)”.(10)
De igual manera ha precisado que también hace parte del núcleo esencial de este derecho, que la respuesta sea notificada de manera oportuna al peticionario, pues de nada sirve obtener un pronunciamiento de la administración si no se tiene conocimiento del contenido del mismo(11).
5. El derecho al debido proceso.
El debido proceso es un derecho constitucional fundamental, establecido en el artículo 29 de la Constitución Política, aplicable a toda clase de actuaciones administrativas y judiciales, el cual constituye uno de los presupuestos esenciales del Estado social de derecho a través del cual se realizan los demás derechos.(12)
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, este derecho goza de protección especial,(13) ya que impone un límite a las acciones de las autoridades públicas y garantiza que las relaciones que se dan entre los agentes del estado y los ciudadanos se realicen en un marco de transparencia, siendo entonces la principal herramienta para evitar la arbitrariedad de las actuaciones de las autoridades.
En este sentido, el principio de legalidad es una restricción al ejercicio del poder público, en atención a la cual “las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos”(14).
“(...) lo integran el conjunto de facultades y garantías previstas en el ordenamiento jurídico, cuyo objetivo básico es brindar protección al individuo sometido a cualquier proceso, de manera que durante el trámite se puedan hacer valer sus derechos sustanciales y se logre el respeto de las formalidades propias del juicio, asegurando con ello una recta y cumplida administración de justicia”.(15)
Una de las garantías del debido proceso es la oportunidad de que toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, sea escuchada y pueda hacer valer sus argumentos, controvertir, contradecir, objetar y solicitar pruebas y, hacer ejercicio de los recursos de ley(16).
“(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”(17). Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”(18).
“(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso”.
El señor Rafael Orlando Huérfano Castro, el día 2 de diciembre de 2016 presentó petición ante el Ministerio de Justicia y del Derecho dirigida al secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, solicitando lo siguiente(19):
“(...) 1. Ser vinculado dentro del mecanismo de tratamiento penal especial diferenciado para agentes del estado, en referencia a la LIBERTAD TRANSOTORIA CONDICIONADA Y ANTICIPADA en base al cumplimiento de los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 50 de la presente ley en la cual se indican los requerimientos para hacerme beneficiario de este tratamiento.
2. El numeral 2º del artículo 50 que manifiesta “que el beneficiario halla estado privado de la libertad un tiempo igual o superior a 5 años conforme a lo establecido a las sanciones alternativas en la jurisdicción especial para la paz”, quiero manifestar que me encuentra privado de la libertad interrumpidamente desde el día 10 de agosto de 2007, teniendo como tiempo físico 9 años 3 meses, cumpliendo con los requisitos exigidos para tal fin, quien vigila mi condena es el Juzgado 28 de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá (sic).
4. Habiendo sido condenado por hechos ocurridos con ocasión del desarrollo del conflicto armado en forma directa e indirecta (secuestro extorsivo) siendo orgánico de la Policía Metropolitana de Bogotá y agregado operacionalmente a la Estación 11 con sede en Suba y adscrito como subcomandante del CAI Andes ubicado en la avenida suba con calle 104; me permito manifestar que durante el desarrollo de la parte probatoria del proceso penal que se adelantó en mi contra y como quedó plasmado desde el escrito de acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, la relación directa con la guerrilla y como lo avaló el juez de conocimiento por lo que tomó la decisión de hallarme penalmente responsable, siendo confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Penal – como también en el recurso extraordinario de casación ante la honorable Corte Suprema de Justicia – Sala Penal. Ya que quedó probado que estas personas iban a ser entregadas a la guerrilla para contribuir a la lucha revolucionaria.
5. Por último, me comprometo a suscribir acta de compromiso explicita en el parágrafo 1 del artículo 50 de esta ley para fortalecer mi compromiso de sometimiento a la Jurisdicción Especial de Paz. Así mismo me permito informar a esta jurisdicción que mi lugar de residencia será en la calle 20 Sur Nº 11 – 15 Barrio Sosiego Norte, número telefónico 310 2520221 y me comprometo a informar a esta jurisdicción cualquier cambio de mi lugar de residencia, así mismo no salir del país sin el beneplácito de la Jurisdicción Especial para la Paz (...)”.
El Ministerio de Justicia y del Derecho mediante oficio OFI16-0034012-DJT-3100 de 14 de diciembre de 2016, dio respuesta a la solicitud del accionante en los siguientes términos(20):
“(...) El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, Suscrito por el Gobierno Nacional y las FARC-EP el pasado 26 de septiembre de 2016, tenía condicionada su implementación jurídica a la positiva refrendación popular realizada mediante la figura del plebiscito. Lo anterior, en los términos de la Ley 1806 de 2016, la cual dispone en su artículo 3º que “(l)a decisión aprobada a través del Plebiscito para la Refrendación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y Duradera, tendrá un carácter vinculante para efectos del desarrollo constitucional y legal del Acuerdo” (Negrilla fuera de texto).
(...) Expuesto lo anterior, le comunicamos que el 24 de noviembre de 2016 fue firmado el Acuerdo Final para la terminación del Conflicto Armado por parte del Presidente de la República y el representante de las FARC-EP (...)
Para el efecto, el pasado 13 de diciembre fue radicado por el Gobierno Nacional el Proyecto de Ley Nº 01 de 2016, Senado, 001 de 2016 Cámara “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales” – Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, el cual tiene por objeto “...regular las amnistías e indultos por delitos políticos y conexos, así como adoptar tratamientos penales diferenciados para agentes del Estado, con el fin de dar vida a las herramientas jurídicas que nos permiten facilitar la transición del conflicto armado a la paz y el proceso de dejación de armas”, de conformidad con los lineamientos expuestos en el Acuerdo.
Por último se debe aclarar que para acceder al marco normativo que se expida con ocasión del Acuerdo Final, dependerá si usted reúne los requisitos obrantes en el Acuerdo, para lo cual en su momento se creará las entidades que se encuentren descritas en el mismo, quienes estarán facultadas para resolver de fondo su solicitud (...)”.
Posteriormente, el señor Rafael Orlando Huérfano Castro mediante escrito de 11 de enero de 2017(21) presentó petición ante el Ministerio de Justicia y del Derecho dirigida al secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, reiterando la solicitud formulada el 2 de diciembre de 2016, con fundamento en lo dispuesto en la Ley 1820 de 30 de diciembre de 2016 “por medio de la cual se dictas disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”, por lo que insistió en acogerse al mecanismo de libertad transitoria, condicionada y anticipada que regula la referida norma.
El Ministerio de Justicia y del Derecho mediante oficio Nº OFI17-0000681-DJT-3100 de 13 de enero de 2017, dio respuesta a la solicitud del accionante en los siguientes términos(22):
“(...) Al respecto y con el ánimo de responder su petición nos permitimos señalarle que la adopción de los tratamientos penales especiales diferenciados para los agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado corresponde a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 47 de la ley 1820 de 2016.
De lo anterior se sigue como quiera que a la fecha no ha entrado en funcionamiento efectivo la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, corresponderá al secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, previo el cumplimiento de los adicionales requisitos legales previstos en la ley 1820 de 2016, atender su petición, razón por la cual daremos traslado de la misma a la citada entidad (...)”.
El accionante manifestó en el escrito de tutela, que el 13 de febrero de 2017 presentó petición a la Secretaría General de la Policía Nacional, expresando su intención de acogerse al mecanismo de libertad transitoria y anticipada, prevista en la Ley 1820 de 30 de diciembre de 2016(23).
Por su parte la Secretaría General de la Policía Nacional, mediante oficio Nº S-2017-021983 de 24 de mayo de 2017(24) dio respuesta a la petición del actor informando lo siguiente:
“(...) En atención a su solicitud de ser incluido en el listado que consolidará el Ministerio de Defensa Nacional, para ser presentado al secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP – en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 53 y 58 de la Ley 1820 de 2016, atentamente me permito infórmale que luego de cumplido el trámite establecidos en la Resolución 0292 de 2017 suscrita por el Director General de la Policía Nacional, en concordancia con lo señalado en las resoluciones Nº 002, 0130 y 0636 de 2017 del Ministerio de Defensa Nacional, usted NO fue propuesto por la Policía Nacional para conformar las listas que presenta la institución ante el Comité del Ministerio de Defensa Nacional, al considerarse que a “prima facie” no se advierte el marco señalado en la citada ley para los beneficios de la Libertad Transitoria, Condicionada y Anticipada y Privación de la Libertad en Unidad Militar o Policial (...)”.
No obstante lo anterior, la Sala observa que el señor Rafael Orlando Huérfano Castro, el día 27 de junio de 2017 presentó en la secretaría ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz petición manifestando su intención de acogerse al sistema de justicia transicional para agentes del Estado y acceder al beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada por cumplir los requisitos previstos en la Ley 1820 de 2016 y, además puso de presente que se le negó su inclusión en el listado de posibles beneficiarios elaborado por la Secretaría General de la Policía Nacional, a través de oficio Nº 021983 SEGEN-ASPEN-1-10 del 24 de mayo de 2017(25).
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el derecho de petición es una garantía fundamental, cuya efectividad, “resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente el servicio de la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituidas (art. 2º, C.P.)”(26)
De esta manera, “(...) el derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión (...)”(27).
“(...) ART. 51.—Libertad transitoria condicionada y anticipada. La libertad transitoria condicionada y anticipada es un beneficio propio del sistema integral expresión del tratamiento penal especial diferenciado, necesario para la construcción de confianza y facilitar la terminación del conflicto armado interno, debiendo ser aplicado de manera preferente en el sistema penal colombiano, como contribución al logro de la paz estable y duradera.
El otorgamiento de la libertad transitoria, condicional y anticipada es un beneficio que no implica la definición de la situación jurídica definitiva en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (...)” (subrayado fuera de texto).
“(...) ART. 52.—De los beneficiarios de la libertad transitoria condicionada y anticipada. Se entenderán sujetos beneficiarios de la libertad transitoria condicionada y anticipada aquellos agentes del Estado que cumplan los siguientes requisitos:
PAR. 2º—En caso de que el beneficiado sea requerido por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y no haga presentación o incumpla alguna de las obligaciones contraídas en el compromiso, se le revocará la libertad. No habrá lugar a la revocatoria por circunstancias diferentes a las aquí señaladas (...)”.
De acuerdo con lo anterior, se tiene que la libertad transitoria condicionada y anticipada es un beneficio o tratamiento penal especial diferenciado que se estableció en el acuerdo final para la paz, a favor de los agentes del Estado, que cumplan ciertos requisitos puntuales, esto es: i) Que al 31 de diciembre de 2016(28), estuvieran procesados o condenados por conductas punibles relacionadas con el conflicto armado interno; ii) Que no se trate de los delitos previstos en el numeral 2º del artículo 52 de la Ley 1820 de 2016; iii) Que acepten libre y voluntariamente su intención de acogerse al Sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz y; iv) Que se comprometan a contribuir con la verdad, la no repetición, reparación inmaterial de las víctimas y atender los requerimientos de los órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.
Así pues, la Resolución Nº 636 de 6 de febrero de 2017 estableció un procedimiento para la consolidación de los listados del personal de la Fuerza Pública, el cual se fundamenta en tres fases así:
“(...) Fase 1. Construcción de las listas por parte de las Fuerzas. El Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional construirán los listados de las personas que se encuentran privadas de la libertad, que pertenezcan o hayan pertenecido a la respectiva fuerza militar o de policía y que, prima facie, reúnan las condiciones para recibir los tratamientos de libertad anticipada, transitoria y condicionada o de privación de libertad en unidad militar o policial, de conformidad con lo estipulado en la Ley 1820 de 2016.
Aquellos casos que no presenten objeción alguna por parte del ministro, serán remitidos por él al secretario ejecutivo de la JEP, quien verificará dichos listados o los modificará en caso de considerarlo necesario, de conformidad con lo estipulado en los artículos 53 y 58 de la Ley 1820 de 2016 (...)”.
Con la Resolución Nº 636 de 2017, el Ministerio de Defensa Nacional le asignó a cada una de las fuerzas (Ejército, Armada, Fuerza Área y Policía Nacional) la obligación de construir los listados de las personas que se encuentran privadas de la libertad, que pertenezcan o hayan pertenecido a la respectiva institución y que, prima facie, reúnan las condiciones para recibir los tratamientos de la libertad anticipada, transitoria y condicionada o de privación de la libertad en unidad militar o policial, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1820 de 2016.
1. REVOCAR la sentencia de 12 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone:
2. NEGAR las demás pretensiones de la demanda de tutela.
9 Sentencias T-244 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara; T-279 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T 021 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
10 Sentencia T- 125 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
11 Sentencia T-1001 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
“La Constitución Política de 1991, a más de consagrar en forma expresa el derecho al debido proceso en las actuaciones judiciales, lo consagra para las actuaciones administrativas, con lo cual se produce una innovación que eleva a la categoría de derecho fundamental, un derecho de los asociados que, tradicionalmente, tenía rango legal, y no hacía parte del concepto original propio del derecho al debido proceso” (Sent. T-552 de 1992).
15 Corte Constitucional, Sentencia T-068 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
19 Fls. 35-37.
20 Fls. 43-47.
21 Fls. 48-49.
22 Fl. 50.
23 Fl. 6.
24 Fl. 75.
25 Fls. 51-52.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-333 de 2015.
28 Fecha en que entró en vigencia la Ley 1820 de 2016.

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 artículo 29
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 52
 Resolución 
 Resolución