Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/c-262-16.htm
Timestamp: 2020-01-26 11:51:45+00:00

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NOTA DE RELATORIA: Mediante Auto 383/16 (24 de agosto), el cual se anexa en la parte final de esta sentencia, se dispuso en el numeral tercero de la parte resolutiva lo siguiente: "que en la Relatoría y en el portal web de la Corte Constitucional conste que el demandante en el proceso de la referencia D-11030 es el señor Carlos Saúl Sierra Niño"
CODIGO CIVIL-Medida de protección de los hijos de nombrar guardador procede en todo caso de suspensión de la patria potestad de ambos padres, sin tener en cuenta si tienen vínculo matrimonial
INTERES SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE-Suspensión o privación de la patria potestad a ambos padres independiente del vínculo de estos o aun cuando no conformen una pareja
NORMA SOBRE SUSPENSION DE LA PATRIA POTESTAD-Inexequibilidad de la expresión “cónyuges” contenida en el artículo 310 del Código Civil para sustituirla por la expresión “padres”
La Sala proferirá una sentencia modulada sustitutiva de tal forma que la palabra cónyuges será reemplazada por padres, considerando que esto no implica la invasión de la libertad de configuración del legislador o el quebrantamiento del principio de la división de los poderes públicos, puesto que la Corte no está construyendo una nueva disposición legal sino que simplemente está adecuándola para que esta armonice con el sentido de la institución jurídica que desarrolla y resulte coherente con las demás sobre la materia presentes en el ordenamiento jurídico (e incluso en el mismo estatuto) y con el objetivo mismo del artículo en su conjunto, y simultáneamente sea respetuosa de las normas constitucionales pertinentes. La adecuación de la disposición legal acusada al ordenamiento constitucional, en orden a que la norma produzca los efectos pretendidos por la Constitución y por el legislador, dirigidos a preservar la representación del menor a través de un guardador, en los casos de suspensión de la patria potestad, es posible mediante el pronunciamiento de una sentencia sustitutiva en la que se modifique la palabra "cónyuges" por la palabra "padres" en el artículo 310 del Código Civil.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Suficiencia
DERECHO A TENER UNA FAMILIA-Alcance
FAMILIA-Institución básica de la sociedad/FAMILIA-Núcleo fundamental de la sociedad/DERECHO DE LOS NIÑOS A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADOS DE ELLA-Fundamental y prevalente/DERECHO A LA FAMILIA-Instrumentos internacionales que reconocen su importancia
DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADOS DE ELLA-Importancia
DERECHO DE LOS NIÑOS A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADOS DE ELLA FRENTE A LA FILIACION-Criterios a tener en cuenta para resolver conflictos
MENORES DE EDAD-Sujetos de especial protección
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS-Consagración constitucional/DERECHOS DE LOS NIÑOS-Prevalecen sobre los derechos de los demás/DERECHOS DE LOS NIÑOS E INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Instrumentos internacionales/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Instrumentos internacionales que reconocen los derechos de los niños
INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Trato preferente/INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Garantía del desarrollo armónico e integral/PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Naturaleza real y relacional
INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Condiciones jurídicas y fácticas
PATRIA POTESTAD-Consagración constitucional/PATRIA POTESTAD-Garantía del desarrollo armónico e integral del menor de edad
DESARROLLO ARMONICO E INTEGRAL DEL NIÑO-Postulados básicos
PATRIA POTESTAD-Regulación normativa
RESPONSABILIDAD PARENTAL-Complemento de la patria potestad
PATRIA POTESTAD-Surge por ministerio de la ley independiente del vínculo existente
PATRIA POTESTAD-Derechos y facultades no en favor de padres sino en el interés superior del hijo menor/PATRIA POTESTAD-Cumplimiento de las obligaciones de formación de la personalidad de niños, niñas y adolescentes en virtud de la relación parental
SUSPENSION DE LA PATRIA POTESTAD-Artículo 310 del Código Civil prevé designación de guardador en cabeza de los "cónyuges" dejando fuera filiaciones paternas distintas a la matrimonial
PATRIA POTESTAD-Figura que nunca estuvo vinculada al matrimonio
PATRIA POTESTAD-Está ligada al concepto de paternidad
SUSPENSION DE LA PATRIA POTESTAD-Excluye medida de protección de designación de guardador para niños cuya patria potestad es ejercida por padres sin vínculo matrimonial
INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Ejercicio de la patria potestad solo por los "cónyuges" contraria a los artículos 42 y 44 de la Constitución/INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Expresión “cónyuges” del artículo 310 del Código Civil da trato preferente a familias conformadas por matrimonio sobre otras formas familiares
SUSPENSION DE LA PATRIA POTESTAD-Expresión “padres” se refiere a padres y madres en el marco de cualquier forma de familia protegida constitucionalmente
LEY-Criterios de interpretación/INTERPRETACION DE LA LEY-Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu/NORMA SOBRE SUSPENSION DE LA PATRIA POTESTAD-Exclusión del artículo 310 del Código Civil ante posibilidad que se aplique un sentido inconstitucional
PRINCIPIO DE CONSERVACION DE LA NORMA-Aplicación/PRINCIPIO DE CONSERVACION DE LA NORMA-Adopción de sentencias interpretativas o manipulativas
SENTENCIAS INTEGRADORAS-Jurisprudencia constitucional
Los ciudadanos Julio César Cruz Villamizar y Carlos Saúl Guerra Niño presentaron demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 310 (parcial) del Código Civil.
El Magistrado Sustanciador dispuso adicionalmente: i) fijar en lista el asunto y simultáneamente correr traslado al Procurador General de la Nación, para que rindiera el concepto de rigor; ii) comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, al Presidente de la Cámara de Representantes, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de Educación, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y a la Defensoría del Pueblo; iii) invitar a intervenir en el proceso a las facultades de derecho de las universidades Nacional de Colombia, Santo Tomás de Bogotá, de Antioquia, Externado de Colombia, Libre, Pontificia Universidad Javeriana, del Rosario, de los Andes, de la Sabana, Sergio Arboleda, del Norte, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a Unicef Colombia, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y al Centro de Derecho-Justicia y Sociedad –DeJusticia-.
ARTICULO 310. <SUSPENSION DE LA PATRIA POTESTAD>. <Artículo modificado por el artículo 7o. del Decreto 772 de 1975> La patria potestad se suspende, con respecto a cualquiera de los padres, por su demencia, por estar en entredicho de administrar sus propios bienes y por su larga ausencia. Así mismo, termina por las causales contempladas en el artículo 315; pero si éstas se dan respecto de ambos cónyuges, se aplicará lo dispuesto en dicho artículo.
2. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
2.2 Cabe recordar que la jurisprudencia de esta Corte ha definido que la suficiencia en una demanda pública de inconstitucionalidad “ guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (artículo 2 numeral 4 del Decreto 2067 de 1991), circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”[1].
4. El derecho a tener una familia
El artículo 5º de la Constitución ampara a la familia como “institución básica de la sociedad”. Esto se encuentra reforzado en el artículo 42, que señala que es el “núcleo fundamental de la sociedad”. De manera complementaria, el artículo 44 de la Carta consagra el derecho fundamental de los niños “a tener una familia y no ser separados de ella”. Estas normas guardan armonía con los estándares fijados por el derecho internacional y los instrumentos que reconocen el derecho a la familia y su importancia como piedra angular para el desarrollo social y el bienestar de los menores.[2]
La importancia del derecho a tener una familia y a no ser separados de ella, ha explicado la jurisprudencia constitucional, radica en que su garantía es “condición de posibilidad para la materialización de varios otros derechos fundamentales protegidos por la Carta”[3]. De manera que, siendo obligación del Estado asegurar el derecho de los niños, en particular de aquellos que se encuentran en situación de abandono, “impedir o dificultar la conformación de un núcleo familiar equivale a originar una situación de desarraigo que puede afectar, de manera significativa, no sólo el derecho a construir la propia identidad sino otros, que le son conexos, como el de gozar de la libertad para optar entre distintos modelos vitales”[4].
“ - Derecho a tener una familia. Todo niño tiene derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. Sin embargo el concepto de familia no está referido solamente a la comunidad natural o biológica, sino que se puede extender para incorporar a personas no vinculadas por consanguinidad[5].
- Reconocimiento del vínculo familiar. Si bien la familia biológica está plenamente amparada por la Carta Política, ello no significa que la familia de hecho o de crianza no sea también objeto de protección y reconocimiento constitucional[6]. En esa medida, el derecho de un menor a tener una familia no significa que esta necesariamente deba ser la consanguínea o biológica, sino que también tienen cabida otras estructuras familiares (familia de crianza, familia extendida, familia monoparental, familia ensamblada, entre otras.)[7].
- Deber de intervención del Estado en casos de riesgo o abandono. Lo normal es que el niño nazca y crezca en el seno de una familia (biológica o consanguínea) y lo excepcional que se encuentre en situación de abandono. En ocasiones la familia “natural” o biológica no es el medio adecuado para el desarrollo integral del menor; así ocurre, por ejemplo, en caso de agresión o de abandono. En tales eventos el Estado tiene la obligación de “establecer instituciones encargadas de suplir, hasta donde ello resulte posible, las carencias que padece el menor que se ve obligado a separarse de su familia natural”[8], donde la adopción se proyecta como la más importante medida de protección para suplir tales carencias.
- Necesidad de proteger los lazos familiares consolidados. El Estado tiene el deber de procurar al menor la protección de los vínculos de familiaridad previamente consolidados, porque cuando se impide o dificulta la conformación de un núcleo familiar se puede originar una situación de desarraigo que puede afectar el derecho del menor a tener una familia y, por esa vía, otros derechos fundamentales[9]. Ello supone, como es obvio, que ha de tratarse de una estructura de familia constitucionalmente reconocida. De modo que cuando un niño ha sido separado de su familia biológica y ha permanecido bajo el cuidado de un hogar distinto al punto de haber forjado vínculos de afecto con su nuevo entorno, “entonces el ámbito de protección del derecho de tal menor a tener una familia y no ser separado de ella se traslada hacia su grupo familiar de crianza”[10].
- Prevalencia relativa de los vínculos de consanguinidad. Significa que existe una presunción a favor de la permanencia del niño en su familia biológica por cuanto, en principio, se encuentra mejor situada para brindar el cuidado y afecto que necesita. Ello no obedece a una suerte de “privilegio” de la familia natural sobre otras estructuras de familia, porque todas merecen la misma protección constitucional, sino al reconocimiento de un hecho derivado del nacimiento: los vínculos de consanguinidad[11].
- Intervención excepcional del Estado en vínculos familiares ya establecidos. Separar a un menor del entorno en el cual se ha adaptado solo se justifica cuando existan poderosas razones que comprometan su integridad o desarrollo armónico e integral. En consecuencia, para determinar si un menor debe permanecer con su familia biológica o con otro grupo familiar es importante “determinar los efectos que puede generar la decisión en uno u otro sentido sobre la estabilidad psicológica del niño, en atención a su nivel de madurez, y al grado de solidez e importancia de los vínculos que haya establecido con quienes le cuidan”[12].
En los menores de edad está el futuro de toda sociedad. Por ello y teniendo en cuenta a las condiciones de vulnerabilidad en las que a menudo se encuentran los menores, han hecho que jurídicamente se valore como sujetos de especial protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado[13].
El artículo 44 de la Constitución señala algunos derechos fundamentales de los niños, hace extensivos todos los otros derechos plasmados en la Carta Política, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia, y consagra en forma expresa que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”[14]. Esta norma es el fundamento constitucional de lo que se conoce como el “interés superior del menor”, aun cuando su reconocimiento normativo también emana de instrumentos de derecho internacional, algunos vinculantes para Colombia por la vía del bloque de constitucionalidad[15].
El “interés superior del menor” implica reconocer a su favor un trato preferente de parte de la familia, la sociedad y el Estado, procurando que se garantice siempre su desarrollo armónico e integral[16]. La Corte ha afirmado que el significado de este principio, que constituye a la vez un criterio hermenéutico para dar una lectura prevalente del ordenamiento con base en sus derechos, “únicamente se puede dar desde las circunstancias de cada caso y de cada niño en particular”; lo cual se explica si se tiene en cuenta que su contenido es de naturaleza real y relacional, es decir, que “sólo se puede establecer prestando la debida consideración a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de edad”[17].
“(i) En cuanto a las condiciones jurídicas que caracterizan el interés superior del menor, se refieren a aquellas pautas fijadas en el ordenamiento encaminadas a promover el bienestar infantil (principio pro infans). Algunas de estas son las siguientes[18]:
- Garantía del desarrollo integral del menor. El artículo 44 de la Constitución asigna a la familia, la sociedad y el Estado la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar “su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”. El desarrollo es armónico cuando comprende las diferentes facetas del ser humano (intelectual, afectiva, social, cultural, política, religiosa, etc.); y es integral cuando se logra un equilibrio entre esas dimensiones o cuando al menos no se privilegia ni se minimiza o excluye desproporcionadamente alguna de ellas[19].
- Protección ante riesgos prohibidos. Es obligación del Estado, pero también de la familia y de la sociedad, proteger a los menores “frente a condiciones extremas que amenacen su desarrollo armónico, tales como el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la violencia física o moral, la explotación económica o laboral, y en general el irrespeto por la dignidad humana en todas sus formas”[20], lo que guarda plena correspondencia con el artículo 44 superior, en tanto exige la protección a los niños contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
- Equilibrio con los derechos de los padres. Es importante anotar que la prevalencia de los derechos e intereses de los menores “no significa que sus derechos sean absolutos o excluyentes”[21], sino que debe procurarse su armonización con los derechos de las personas vinculadas a un niño, en especial con sus padres, biológicos, adoptivos o de crianza, de modo que solo ante un conflicto irresoluble entre los derechos y unos y otros la solución debe ser la que mejor satisfaga la protección del menor.
- Provisión de un ambiente familiar apto para el desarrollo del menor. Sobre el particular la Corte ha explicado que para garantizar el desarrollo integral y armónico del menor, “se le debe proveer una familia en la cual los padres o acudientes cumplan con los deberes derivados de su posición, y así le permitan desenvolverse adecuadamente en un ambiente de cariño, comprensión y protección”[22].
(ii) En cuanto a las condiciones fácticas, son las circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar que rodean cada caso individualmente considerado. Por su naturaleza, imponen a las autoridades y a los particulares “la obligación de abstenerse de desmejorar las condiciones en las cuales se encuentra éste al momento mismo de la decisión”[23]”.
Por ejemplo, esta corporación ha advertido que “en cada caso particular se deben analizar las circunstancias y situaciones que comunican un estado favorable en las condiciones en que se encuentre el menor en un momento dado y valorar si el otorgamiento el cuidado y custodia puede implicar eventualmente una modificación desventajosa de dicho estado”. En esa medida, ante una reposada valoración de las condiciones fácticas, “resulta inconcebible que se pueda coaccionar al menor, mediante la aplicación rígida e implacable de la ley, a vivir en un medio familiar y social que de algún modo le es inconveniente (…)”, sobre todo si se tiene en cuenta que “la aspiración de todo ser humano, a la cual no se sustrae el menor, es la de buscar permanentemente unas condiciones y calidad de vida más favorables y dignas; por lo tanto, no puede condicionarse a éste a una regresión o a su ubicación en un estado o situación más desfavorable”[24].
6.1 La Corte ha señalado que la patria potestad es uno de los instrumentos a los que ha recurrido el Estado para garantizar el desarrollo armónico e integral del menor de edad[25]. Esta institución -ha dicho la Corporación- encuentra fundamento en el inciso 8° del artículo 42 de la Carta, el cual le impone a los padres el deber de sostener y educar a los hijos mientras sean menores de edad o incluso durante su formación profesional.
Esta obligación se concreta en los siguientes postulados básicos: “ (i) se le impone a la familia, a la sociedad y al Estado la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral; (ii) se establece como principio general que los derechos de los niños prevalecerán sobre los derechos de los demás y que serán considerados fundamentales para todos los efectos, exigiendo privilegiar y asegurar su ejercicio y goce con total plenitud; (iii) se reconoce que los niños son titulares de todos los derechos consagrados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Colombia; y (iv) se ordena proteger a los niños contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.”[26]
“ARTICULO 62. <REPRESENTANTES DE INCAPACES>. Las personas incapaces de celebrar negocios serán representadas:
La Corte ha hecho precisiones en relación con esta institución, señalando que la misma “hace referencia a un régimen paterno-filial de protección del hijo menor no emancipado, en cabeza de sus padres, que no deriva del matrimonio de éstos pues surge por ministerio de la ley independientemente a la existencia de dicho vínculo”[27]. (Subrayas fuera del texto original)
Es, por ende, una institución jurídica creada no en favor de los padres sino en interés de los hijos no emancipados, para facilitar a los primeros la observancia adecuada de los deberes impuestos por el parentesco y la filiación. Así las cosas, “los derechos que componen la patria potestad no se han otorgado a los padres en provecho personal, sino en el del interés superior del hijo menor, facultades que están subordinadas a ciertas condiciones y tienen un fin determinado”[28]. Desde este punto de vista la patria potestad se constituye en el instrumento adecuado para permitir el cumplimiento de las obligaciones de formación de la personalidad de los niños, niñas y adolescentes, atribuidos en virtud de la relación parental, a la autoridad de los padres.[29]
“… que la patria potestad es una institución de orden público, obligatoria e irrenunciable, personal e intransferible, e indisponible, pues es deber de los padres ejercerla, en interés del menor, sin que tal ejercicio pueda ser atribuido, modificado, regulado ni extinguido por la propia voluntad privada, sino en los casos que la propia ley lo permita.”[30]
7.3 Adicionalmente, en la actualidad, tanto el Código Civil -excepto en la norma que se demanda- como el Código de la Infancia y de la Adolescencia se refieren a los padres como titulares de la patria potestad. Así se concluye al hacer una revisión de los artículos 62, 88,[31]119[32] 288, 290[33], 299[34], 301[35], 307[36], 313[37], 315[38] y 869[39] del Código Civil. Es más, el mismo artículo 310 que se demanda, señala textualmente, en su inicio, que la patria potestad se suspenderá “con respecto a cualquiera de los padres, por su demencia, por estar en entredicho de administrar sus propios bienes y por su larga ausencia”. De manera complementaria, el Código de la Infancia y la Adolescencia, en los artículos 14[40], 36[41], 108[42], 110[43], 123[44] y 132[45], claramente señala que esta está ligada al concepto de paternidad.
Así las cosas –como se dijo- una interpretación sistemática de las disposiciones acusadas permite comprender que ahí donde el legislador usó la expresión cónyuges, realmente debe entenderse referido a los padres. Y que tal y como lo señaló el Instituto Colombiano de Derecho Procesal en su intervención, “basta con una adecuada interpretación histórica y sistemática de la ley para dejar claro que fue un lapsus del legislador”[46].
Cabe recordar aquí que el artículo 27 del Código Civil, al definir los criterios de la interpretación de la ley, dispuso que “cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu.”[47]. Por ello, teniendo en cuenta que el sentido literal de lo demandado es claro, existe el riesgo de que los jueces desatiendan las interpretaciones histórica y sistemática de la norma y en su lugar opten por la gramatical o literal. Ello justifica que la Corte, ante la posibilidad de que se aplique un sentido inconstitucional del artículo 310 del Código Civil, lo excluya del ordenamiento jurídico en aras de preservar este último.
"(...) Las sentencias integradoras de tipo sustitutivas se producen en aquellos casos en que la Corte retira del ordenamiento jurídico la disposición acusada o un aparte de la misma, y procede a llenar el vacío de regulación generado por la decisión con un nuevo texto que se ajuste a la Constitución Política. Las sentencias sustitutivas son entonces una mezcla de sentencia de inconstitucionalidad simple y de sentencia integradora, en el sentido que si bien en ellas se anula el precepto acusado, éste es reemplazado por un mandato que el propio fallo decide incluir o agregar al ordenamiento. De acuerdo con la doctrina especializada, el tipo de sentencia sustitutiva se caracteriza por adoptar, en forma sucesiva y concurrente, una postura oblativa, por medio de la cual se neutraliza la inconstitucionalidad advertida, y una postura reconstructiva, dirigida a llenar la laguna normativa creada por el vicio de inconstitucionalidad detectado."[48]
Más recientemente, en la sentencia C-754 de 2015 la Corporación señaló que este tipo de fallos tiene su fundamento en los artículos 2, 4 y 241 de la Constitución y en los principios de efectividad y conservación del derecho, que gobiernan el ejercicio del control constitucional y buscan mantener vigente en el ordenamiento jurídico las normas mediante una técnica que supere los aspectos que son insuficientes desde la perspectiva constitucional[49]
Auto 383/16
Referencia: Solicitud de corrección de la sentencia C-262 de 2016
1. La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a resolver la petición formulada por el señor Carlos Saúl Sierra Niño, quien solicita a esta Corporación sobre los corrección de la sentencia C-262 de 2016.
2. Indica el peticionario que solicita la corrección de su nombre como demandante en el proceso D-11030, que dio lugar a la sentencia de la referencia, toda vez en la providencia no se reseñó correctamente. En el fallo se indica que el demandante es Carlos Saúl Guerra Niño y no Carlos Saúl Sierra Niño.
1. En varias oportunidades, esta Corporación ha señalado que cuando en la transcripción del texto de una sentencia se producen errores, es aplicable el artículo 286 del Código General del Proceso, que establece:
“Artículo 286. Corrección de errores aritméticos y otros. Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto.
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella” (negrillas fuera de texto).
2. La Sala observa que la solicitud de corrección invocada por el señor Carlos Saúl Sierra Niño no se enmarca dentro de las hipótesis de la norma trascrita, toda vez que el cambio de palabras no se encuentra contenido en la parte resolutiva de la sentencia ni influye en lo decidido por la Corte en la sentencia C-262 de 2016. En consecuencia, la Sala negará la petición hecha por el ciudadano.
3. Sin embargo, toda vez el demandante en la acción de la referencia sí era el señor Carlos Saúl Sierra Niño, esta Sala dispondrá que conste así en el acta de la sesión de 18 de mayo de 2016, fecha en la que fue decidido el expediente D-11030. Igualmente que se deje constancia del nombre correcto en la Relatoría de la Corte Constitucional y en el portal web del Tribunal.
Primero.- NEGAR la solicitud de corrección de la sentencia C-262 de 2016, formulada por el señor Carlos Saúl Sierra Niño.
Segundo.- DISPONER que en el acta de 18 de mayo de 2016 conste que el demandante en el proceso de referencia D-11030 es el señor Carlos Saúl Sierra Niño.
Tercero.- DISPONER que en la Relatoría y en el portal web de la Corte Constitucional conste que el demandante en el proceso de referencia D-11030 es el señor Carlos Saúl Sierra Niño.
Cuarto.- Comuníquese la presente providencia al interesado, informándosele que contra la misma no procede recurso alguno.
[2] Señala la sentencia C- 683 de 2015: “La Declaración Universal de los Derechos Humanos cataloga a la familia como el “elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado” . La Declaración de los Derechos del Niño (1959) afirma que el menor debe crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, en cualquier caso en un entorno de afecto y seguridad moral y material.. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) sostiene que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. El Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (1966) estipula que la familia se erige como base para el desarrollo de los hijos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) consagra el derecho a la protección familiar. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños, con Particular Referencia a la Adopción y la Colocación en Hogares de Guarda (1986), indica que los Estados deberán conferir una alta prioridad al bienestar familiar e infantil, y que “el bienestar del niño depende del bienestar de la familia”. La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) ve en la familia el “grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, que debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad”, además de exigir el deber de los Estados de velar por la protección de los menores cuando vean afectado su medio familiar.”
[3] Corte Constitucional, Sentencia T-510 de 2003. En relación con este derecho pueden consultarse las Sentencias T-523 de 1992, T-531 de 1992, T-429 de 1992, T-500 de 1993, T-178 de 1993, T-274 de 1994, T-447 de 1994, T-290 de 1995, T-383 de 1996, C-477 de 1999, T-510 de 2003, T-078 de 2004, T-165 de 2004, T-497 de 2005, T-137 de 2006, T-599 de 2006, T-900 de 2006, T-566 de 2007, T-515 de 2008, T-705 de 2009, T-887 de 2009, T-572 de 2010, C-840 de 2010, T-1042 de 2010, T-488 de 2011, C-577 de 2011, T-580A de 2011, T-012 de 2012, T-663 de 2012, T-723 de 2012, T-768 de 2013, T-772 de 2013 y C-239 de 2014, entre muchas otras.
[4] Corte Constitucional, Sentencia T-587 de 1998.
[5] Sentencia T-049 de 1999. Cfr., Sentencia C-577 de 2011.
[6] Sentencia T-587 de 1998. Cfr., Sentencia C-577 de 2011.
[7] Sentencia T-217 de 1994.Cfr., Sentencia C-577 de 2011.
[8] Sentencia T-587 de 1998.
[9] Sentencia T-278 de 1994.
[10] Sentencia T-292 de 2004.
[11] Sentencias T-510 de 2003 y T-292 de 2004, entre otras.
[12] Sentencia T-510 de 2003. Cfr., Sentencia T-519 de 1999.
[13] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-149 de 2009 y C-468 de 2009. En la Sentencia C-149 de 2009 la Corte declaró la exequibilidad condicionada de la norma que exige formación especializada para ejercer el cargo de Defensor de Familia (numeral 3º del artículo 80 del Código de la Infancia y la Adolescencia). Por su parte, en la Sentencia C-468 de 2009 la Corte declaró inexequible la expresión “de doce (12) años”, contenida en el artículo 127 del Código Penal, que tipificaba el delito de abandono de un menor solamente hasta esa edad, ya que la condición de menor se extiende a toda persona que no ha cumplido 18 años. Ver también la Sentencias SU-225 de 1998, T-939 de 2001 y C-507 de 2004, entre otras.
[14] “ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. // La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. // Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
[15] El primer instrumento que reconoció los derechos de los niños fue la Declaración de Ginebra (1924), adoptada por la Sociedad de Naciones Unidas . Posteriormente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) plasmó en el artículo 25-2 los derechos de la infancia .
No obstante, fue en la Declaración de los Derechos del Niño (1959) donde se estipuló en forma expresa que al promulgarse las leyes para hacer efectivos los derechos de los menores la principal consideración sería “el interés superior del niño” .
En el marco de los tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), aprobado internamente por la Ley 74 de 1968, incluyó una disposición dedicada expre¬samente a los derechos de los niños, a cargo de la familia, la sociedad y el Estado . El Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Cul¬tu¬rales (1966), incorporado mediante la Ley 74 de 1968, también contempló una cláusula especial de protección a niños y adolescentes . Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos (1969), aprobada mediante la Ley 16 de 1972, reconoció que los niños tienen dere¬chos de protección especial .
A su turno, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), incorporada en el derecho interno a través de la Ley 12 de 1991, amplió el principio de “interés superior del menor” a todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar, los tribunales, las autoridades administrativas y el órgano legislativo , y lo recogió en diversos artículos del mismo estatuto .
La Observación General núm. 14 del Comité de los Derechos del Niño, “sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo1)”, aprobada por el Comité en su 62º período de sesiones (14 de enero a 1 de febrero de 2013), reconoce una triple dimensión del “interés superior del niño” :
[16] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-019 de 1993, T-290 de 1993, T-278 de 1994, T-442 de 1994, T-408 de 1995, T-412 de 1995, T-041 de 1996, SU-225 de 1998, T-514 de 1998, T-587 de 1998, T-715 de 1999, C-093 de 2001, C-814 de 2001, T-979 de 2001, T-189 de 2003, T-510 de 2003, T-292 de 2004, C-507 de 2004, C-796 de 2004, T-864 de 2005, T-551 de 2006, C-738 de 2008, C-149 de 2009, C-468 de 2009, T-078 de 2010, T-572 de 2010, C-840 de 2010 y C-177 de 2014, entre muchas otras.
[17] Corte Constitucional, Sentencia T-510 de 2003. En sentido similar pueden consultarse, entre otras, las Sentencias T-397 de 2004, T-572 de 2010, T-078 de 2010, C-840 de 2010 y C-177 de 2014.
[18] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-510 de 2003 y T-292 de 2004, entre otras.
[19] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-507 de 2004 y C-468 de 2009.
[20] Corte Constitucional, Sentencia T-510 de 2003.
[21] Corte Constitucional, Sentencia C-804 de 2009.
[23] Corte Constitucional, Sentencia C-804 de 2009. La Corte declaró exequible el requisito de idoneidad física como condición para adoptar, previsto en el artículo 68 del Código de la Infancia y de la Adolescencia.
[24] Corte Constitucional, Sentencia T-442 de 1994. La Corte amparó los derechos fundamentales de un menor porque en un proceso de custodia el Juzgado de Familia no tuvo en cuenta los elementos probatorios acopiados, dejándolo en una situación indeseada y creando el riesgo de causarle secuelas psicológicas irreversibles.
[25] T-531 de 1992, T-041 de 1996 y C-997 de 2004, entre otras
[26] Sentencia C-145 de 2010
[27] Sentencia C-1003 de 2007.
[28] Sentencia T-474 de 1996.
[29] Sentencia C-145 de 2010.
[31] “ARTICULO 88. DOMICILIO DEL QUE VIVE BAJO PATRIA POTESTAD Y DEL QUE SE HALLA BAJO TUTELA O CURADURIA. El que vive bajo patria potestad sigue el domicilio paterno, y el que se halla bajo tutela o curaduría, el de su tutor o curador”. (Subrayas de la Corte)
[32] ARTICULO 119. PRIVACION DE LA PATRIA POTESTAD. Modificado por el art. 3, Decreto 2820 de 1974. Se entenderá faltar asimismo aquel de los padres que haya sido privado de la patria potestad. (Subrayas de la Corte
[33] ARTICULO 291. USUFRUCTO DE LOS BIENES DE LOS HIJOS. Modificado por el art. 26, Decreto 2820 de 1974. El nuevo texto es el siguiente: El padre y la madre gozan por iguales partes del usufructo de todos los bienes de los hijos de familia, exceptuados:
[34] “ARTICULO 299. CESACION DE LA ADMINISTRACION Y DEL USUFRUCTO. Modificado por el art. 33, Decreto 2820 de 1974. El nuevo texto es el siguiente: Tanto la administración como el usufructo cesan cuando se extingue la patria potestad y cuando por sentencia judicial se declare a los padres que la ejercen responsables de dolo o culpa grave en el desempeño de la primera.
[35] “ARTICULO 301. CELEBRACION DE NEGOCIOS NO AUTORIZADOS. Modificado por el art. 35, Decreto 2820 de 1974. El nuevo texto es el siguiente: En el caso del artículo precedente, los negocios del hijo de familia no autorizados por quien ejerce la patria potestad o por el curador adjunto, le obligarán exclusivamente en su peculio profesional o industrial.
[36] “ARTICULO 307. EJERCICIO Y DELEGACION DE LA REPRESENTACION Y ADMINISTRACION. Modificado por el art. 40, Decreto 2820 de 1974. El nuevo texto es el siguiente: Los derechos de administración de los bienes, el usufructo legal y la representación extrajudicial del hijo de familia serán ejercidos conjuntamente por el padre y la madre. Lo anterior no obsta para que uno de los padres delegue por escrito al otro, total o parcialmente, dicha administración o representación.
[37] ARTICULO 313. EMANCIPACION VOLUNTARIA. Modificado por el artículo 43, Decreto 2820 de 1974. El nuevo texto es el siguiente: La emancipación voluntaria se efectúa por instrumento público, en que los padres declaran emancipar al hijo adulto y éste consiente en ello. No valdrá esta emancipación si no es autorizada por el juez con conocimiento de causa.
[38] ARTICULO 315. EMANCIPACION JUDICIAL. Modificado por el art. 45, Decreto 2820 de 1974. El nuevo texto es el siguiente: La emancipación judicial se efectúa, por decreto del juez, cuando los padres que ejerzan la patria potestad incurran en alguna de las siguientes causales:
[39] “ARTICULO 869. USUFRUCTO DEL PADRE DE FAMILIA Y DEL CONYUGE. El usufructo legal del padre de familia sobre ciertos bienes del hijo, y el del marido, como administrador de la sociedad conyugal, en los bienes de la mujer, están sujetos a las reglas especiales del título De la patria potestad, y del título De la sociedad conyugal”(Subrayas de la Corte)
[40] “Artículo 14. La responsabilidad parental. La responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es además, la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos.”(Subrayas de la Corte)
[41] “Artículo 36. Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. Para los efectos de esta ley, la discapacidad se entiende como una limitación física, cognitiva, mental, sensorial o cualquier otra, temporal o permanente de la persona para ejercer una o más actividades esenciales de la vida cotidiana.
[42] “Artículo 108. Homologación de la declaratoria de adoptabilidad. Cuando se declare la adoptabilidad de un niño, una niña o un adolescente habiendo existido oposición en la actuación administrativa, y cuando la oposición se presente en la oportunidad prevista en el parágrafo primero del artículo anterior, el Defensor de Familia deberá remitir el expediente al Juez de Familia para su homologación.
[43] “Artículo 110. Permiso para salir del país. La autorización del Defensor de Familia para la salida del país de un niño, niña o adolescente, cuando carezca de representante legal, se desconozca su paradero o no se encuentre en condiciones de otorgarlo, se sujetará a las siguientes reglas:
[44] “Artículo 123. Homologación de la declaratoria de adoptabilidad. La sentencia de homologación de la declaratoria de adoptabilidad se dictará de plano; producirá, respecto de los padres, la terminación de la patria potestad del niño, la niña o el adolescente adoptable y deberá ser inscrita en el libro de varios de la notaría o de la Oficina de Registro del Estado Civil.
[45] “Artículo 132. Continuidad de la obligación alimentaria. Cuando a los padres se imponga la sanción de suspensión o pérdida de la patria potestad, no por ello cesará la obligación alimentaria. Esta obligación termina cuando el niño, la niña o el adolescente es entregado en adopción.” (Subrayas de la Corte)
[46] Folio 77
[47] Esta norma fue declarada constitucional recientemente mediante sentencia C-054 de 2016. Dicha sentencia recordó: “…el método gramatical es el que está más profundamente vinculado con la hipótesis de infalibilidad de ese legislador soberano, pues supone que en ciertas ocasiones las normas tienen un sentido único, que no requiere ser interpretado.”
[48] Sentencia C-325 de 2009
[49] Sentencia C-754 de 2015

References: artículo 310
 artículo 310
 artículo 310
 artículo 310
 artículo 310
 artículo 7
 artículo 315
 artículo 5
 artículo 42
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 42
 artículo 310
 artículo 27
 artículo 310
 artículo 286
 artículo 80
 artículo 127
 artículo 25
 artículo 68
 artículo 43