Source: http://catastreros.blogspot.com/2015/
Timestamp: 2017-06-23 00:07:01+00:00

Document:
Catastreros: 2015
Recientemente ha sido publicado
el libro coordinado por Mario Bergara, exMinistro de Economía y Finanzas de
Uruguay, y actual Presidente del Banco Central, con un título sugerente: “Las nuevas reglas de juego en Uruguay.
Incentivos e instituciones en una década de reformas”.
El libro, en el que participan
varios autores, da continuidad a uno
anterior publicado en 2003 y
titulado “Las reglas de juego en Uruguay”, y tiene por ello el valor añadido
de permitir la evaluación de las transformaciones institucionales realizadas en ese país en más de una década,
demostrando con ello que “el conjunto
amplio de procesos transformadores, … , tiene como consecuencias un cambio
integral en las reglas del juego genéricas en la economía y en la sociedad
uruguayas”.
Se trata de un ejemplo muy
interesante que muestra cómo se logran avances importantes en la sociedad civil
transformando las instituciones, objetivo este que siempre ha de estar en la mente de los
gestores públicos, que frecuentemente son absorbidos por sus problemas inmediatos y olvidan la posición privilegiada para liderar
el cambio social, que les aporta su cargo. En este libro Sylvia Amado,
Directora Nacional del Catastro uruguayo, explica con detalle cómo los procesos
de reforma llevados a cabo en esta institución han contribuido a este cambio.
Repasa la autora distintas iniciativas implementadas a partir de la
redefinición de la Misión y la Visión de la organización, que permitieron “el inicio de un verdadero proceso
de reformas profundas y de transformación institucional que atacaron no sólo la
gestión, sino la esencia de la cultura organizacional de cara a la prestación
de servicios públicos de mayor calidad bajo los principios de apertura,
accesibilidad, transparencia y gratuidad para la ciudadanía”.
Esta transformación ha situado a
la Dirección Nacional del Catastro de Uruguay en el liderazgo de los procesos
de implantación de la administración electrónica del país.
Se trata de un trabajo de lectura
obligada para quienes deseen abordar procesos de reforma en las instituciones
catastrales latinoamericanas. Puede verse un extracto en la noticia publicada
por le edición digital del Diario La República, en el siguiente enlace:
En España el caso es muy similar.
Es interesante constatar cómo la imagen negativa
que tradicionalmente acompañaba a la institución ha cambiado radicalmente, y como el Catastro se ha convertido en una
institución líder, al menos en tres
-Lidera los modelos de
colaboración responsable en la gestión pública, gracias a la integración de
procedimientos eficaces de cooperación entre municipios, Comunidades Autónomas
y Administración General del Estado. Ahora que tanto se habla de “tensiones
territoriales” en España, el modelo de gestión colaborativa del Catastro
debería ser un ejemplo para garantizar simultáneamente la participación de
todas las Administraciones Públicas y la igualdad de todos los españoles en el
tratamiento de sus derechos y obligaciones.
-Lidera la innovación
tecnológica, y no sólo en el ámbito de las Administraciones Públicas. Como
ejemplo de ello pueden citarse las Órdenes Ministeriales recientemente
publicadas en las que se actualizan los sistemas catastrales para el uso de
firma electrónica de clave concertada, y de código seguro de verificación. -Pero, sobre todo, lidera los
modelos de prestación de servicios a los ciudadanos, especialmente a través de
la Sede Electrónica del Catastro, sin duda uno de los mejores ejemplos en la
Unión Europea de aplicación efectiva de políticas de “open data”, como se
constata año a año por los resultados
obtenidos: En 2014 se expidieron a través
de la Sede -cada día- más de 16.500 certificados digitales, se atendieron
más de 425.000 consultas de datos alfanuméricos, y se expidieron más de 425.000
mapas digitales. Para conocer con más detalle lo que
supuso este proceso innovador y como se contribuyó a él desde el Catastro
español, podemos concluir citando otro libro de estructura y contenido similar.
Se trata de la publicación titulada “Administración
electrónica. El modelo español”, en el que también varios autores plantean
su visión sobre las importantes reformas planteadas en distintos ámbitos de la
Administración Pública española. Entre
los trabajos incluidos destaca el trabajo de Fernando Serrano Martínez,
entonces Subdirector General de Sistemas de Información del Catastro, donde
explica con detalle algunas de las aportaciones y experiencias reformadoras del
Catastro español, causantes del modelo
de éxito hoy alcanzado. Puedes encontrarlo en:
¡Os deseo todo lo mejor en estas
fechas!. Me gustaría que dedicáramos unos
momentos a recordar que lo mejor de nuestro trabajo es que puede ser
enormemente valioso para ayudar a todos aquellos seres humanos para los que es
una inquietud diaria el acceso a la vivienda digna, o el reconocimiento del derecho
a la propiedad de su tierra.
Muy probablemente el año que
viene veremos en Latinoamérica iniciativas muy importantes relacionadas con el
derecho a la propiedad de la tierra y con la restitución a aquellos que fueron desplazados
por la violencia, y en España es casi seguro que el debate sobre el derecho a
una vivienda digna será una cuestión prioritaria en el debate político.
Será por tanto un buen año para demostrar
que también el Catastro es una herramienta decisiva para reforzar la seguridad
jurídica y para luchar por los derechos humanos.
Durante un número importante de
años tuve la ocasión de coordinar los cursos para directivos y técnicos
latinoamericanos de Catastro, que se impartían en España dentro de los programas
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Conservo de esa época bastantes buenos amigos, con quienes tengo el placer de reencontrarme
de vez en cuando con motivo de algún viaje o evento, como me acaba de ocurrir
En esos cursos desarrollábamos un
seminario específicamente dirigido a identificar estrategias que ayudasen a
desarrollar proyectos de Catastro en la región. En dicho seminario siempre
concluíamos que eran cuestiones relacionadas con la fortaleza de las
instituciones catastrales y con el bajo apoyo político, -generalmente
demostrado en la insuficiente cobertura financiera-, las que otorgaban el éxito o el fracaso final
a estas iniciativas. Por el contrario, las dificultades para acceder a las
nuevas tecnologías, necesarias para implementar un Catastro moderno, no se
identificaban como una causa expresa que condicionase el buen resultado de los proyectos.
Habitualmente coincidíamos en que no faltaba tecnología para desarrollar
proyectos de Catastro en Latinoamérica
En términos similares se expresaron
varios de los participantes en el evento recientemente celebrado en Bogotá,
dentro de la primera reunión de la Red Interamericana de Catastro y Registro de
la Propiedad, auspiciada por la OEA y el Banco Mundial. En concreto, recuerdo expresamente
una intervención muy clara en este sentido de Jorge Muñoz, Gerente de la Unidad
Global de Tierras y Análisis Geoespacial del Banco Mundial.
En una entrada anterior, de mayo
de 2013, titulada “Tres preguntas
(frecuentemente sin respuesta) que deberían hacerse quienes buscan una
coordinación real entre Catastro y Registro de la Propiedad”, y que puede
consultarse en este enlace: http://catastreros.blogspot.com.es/2013/05/tres-preguntas-frecuentemente-sin.html
ya traté el tema de la necesidad
de abordar los procesos de mejora en la coordinación de Catastros y Registros
de la Propiedad en América Latina, como un problema esencialmente político.
Recomiendo repasar íntegramente
esta entrada, de la que traigo ahora esta cita concreta: “Trabajando con distintos responsables latinoamericanos de ambas
instituciones que desean abordar iniciativas para la coordinación, y antes de
estudiar el alcance concreto de su problema, me gusta plantearles tres
1ª.- ¿Existe voluntad política y técnica para coordinar ambas
2ª.- Si una misma finca tienen distinta información (de propietarios,
linderos, superficie, etc.) en Catastro y en Registro, ¿existen criterios, con el rango legal
adecuado, que definan qué dato de los dos prevalecerá sobre el otro?.
3ª- Identificado el dato que prevalece, ¿se corrige el dato erróneo en
la correspondiente base de datos para que coincida plenamente con este?.
Sorprendentemente en multitud de ocasiones las preguntas 2 y 3 no
suelen tener una respuesta positiva. Aunque exista la voluntad política de
comenzar procesos de coordinación, es muy frecuente que estos proyectos no
incluyan respuestas para estas cuestiones, lo que supone que se acaban
paralizando en sus primeras fases, una vez que se ha elaborado la lista de
fincas que se identifican como la misma en ambas bases de datos, y se
visualizan las diferencias en la información.
Es decir, se llega a saber que se trata de la misma finca, pero no se
sabe qué hacer con los datos discrepantes.”
Dicho de otra forma, realizados
los esfuerzos técnicos oportunos para diagnosticar el problema (el proyecto
ICARE en Colombia, o los procesos de vinculación catastro-registro
desarrollados en numerosos catastros mexicanos, son buenos ejemplos de ello),
parece que sigue faltando decisión política para resolver la cuestión. Llegados a la necesidad de adoptar
decisiones que deben ser aceptadas por todas las instituciones implicadas, incluso
en contra de sus intereses corporativos, en muy pocas ocasiones los gobiernos
han adoptado decisiones contundentes para romper esta mala situación, que se
prolonga durante décadas.
Fijándonos en cómo se ha tratado esta
cuestión en otros países de Europa, en Australia o en Canadá, donde el
conflicto ya se ha resuelto hace muchos años, sólo caben dos vías eficaces de
-Acabando con la disparidad
institucional, bien refundiendo ambas instituciones en una, o al menos
estableciendo bases de datos únicas, de tal manera que no sea posible la
existencia de dos datos discrepantes del mismo predio sobre titularidad de los
derechos, situación, superficie o linderos.
-Y otorgando prioridad temporal a
los trabajos de identificación física de los predios (actividad que suele corresponder
a los catastros), frente a las funciones de asignación o publicación de
derechos, (labor propia de los Registros de la Propiedad), garantizando así que
no se reconocen o se da publicidad a derechos que recaigan sobre predios
descritos de forma confusa o contradictoria, o incluso que ni siquiera existen.
¿Cómo es posible que con el avance actual de la tecnología sigan produciéndose dobles
inmatriculaciones registrales, o inscripciones que describen emplazamientos, superficies o
linderos que no se corresponden con la realidad?.
Estas y no otras son las decisiones
que tendrán que adoptar tarde o temprano los responsables políticos de los
gobiernos latinoamericanos que deseen realmente coordinar de manera definitiva el
Catastro y el Registro de la Propiedad.
Pretender que el problema se va a
resolver sólo aportando tecnología, es una visión errónea. La tecnología solo
valdrá para divulgar y amplificar el error, si todo sigue igual, o para
corregirlo, si se tomas las decisiones adecuadas.
Empieza sus actividades la Red Latinoamericana de Catastro y Registro de la Propiedad. Durante los pasados días 2 y 3 de
diciembre ha tenido lugar en Bogotá el desarrollo de la Primera Reunión de la
Red Latinoamericana de Catastro y Registro de la Propiedad. La iniciativa, que
sigue a otras redes creadas anteriormente con éxito, como es el caso de la
Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), es una iniciativa de los
países de las Américas constituida como un mecanismo de cooperación técnica
regional, integrada por las instituciones gubernamentales representadas por los
directores nacionales que tienen la máxima responsabilidad relacionada con la
regulación, gestión y modernización de los catastros y los registros de la
los delegados de Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, Jamaica, El
Venezuela, Antigua y Barbuda y San
Cristóbal y Nieves. La Red que ahora inicia su
andadura tiene sus antecedentes en las actividades desarrolladas por el Comité
Permanente del Catastro en Iberoamérica. Tiene como objetivo promover y
mantener espacios de reflexión, conocimiento mutuo, cooperación técnica
horizontal, capacitación e intercambio de experiencias entre las agencias y/u
organismos del catastro y de registro de la propiedad en las Américas, con el
propósito de contribuir con el avance de los sistemas catastrales y
registrales, el establecimiento de los sistemas de administración y gestión de
tierras, y los objetivos del desarrollo sostenible.
Como ocurre con las otras redes
creadas anteriormente bajo el impulso de la OEA, es previsible que la nueva Red
se dote de Estatutos propios, que deberán ser aprobados por los miembros, y se
estructura de la siguiente manera: La Secretaría Técnica, asumida y sostenida por la OEA, un Presidente,
y un Comité Ejecutivo integrado por representantes de países miembros
correspondientes a las 5 áreas geográficas de la región. La autoridades catastrales y
registrales de los 18 países participantes designaron al Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, IGAC, para que Colombia
sea quien presida esta instancia durante un año. Asimismo se eligieron las
siguientes delegaciones regionales: región norte, México; región Centroamérica,
Panamá; Región Andina, Perú; Región sur, Uruguay.
Entre las acciones que pondrá en
marcha la red se encuentran:
Generar una guía técnica, unos lineamientos,
unas recomendaciones de cómo debe darse la interrelación entre catastro –
registro a la luz de los diferentes modelos que existen en cada uno de los
países y buscando unas posibles soluciones para tratar de tener una línea de
Generar un espacio virtual para
la Red en donde se tenga registro de los proyectos programados o en ejecución
en materia de catastro y registro en cada uno de los países que hacen parte de
la red, buscando así, posibilitar la oferta de los países y las necesidades en
materia de cooperación técnica, que permita materializar convenios a través de
la experiencia, la capacitación e intercambio de experiencias, etc.
Identificación de temas de
interés que se pueda desarrollar en foros, para compartir experiencias.
Establecer un mecanismo de
interacción con otras redes o iniciativas como por el ejemplo el Comité
Permanente sobre el Catastro en Iberoamérica (CPCI), para que no se presenten superposiciones .
En la sesión también se escogió a
Panamá como el anfitrión para la segunda reunión de la Red Interamericana de
Catastro y Registro, que se celebrará en 2016.
del 30 de octubre acaban de publicarse la Resolución de 26 de octubre de 2015,
de la Dirección General del Catastro, por la que se regulan los requisitos
técnicos para dar cumplimiento a las obligaciones de suministro de información
por los notarios establecidas en el texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, y la Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Subsecretaría,
por la que se publica la Resolución conjunta de la Dirección General de los
Registros y del Notariado y de la Dirección General del Catastro, por la que se
regulan los requisitos técnicos para el intercambio de información entre el
Catastro y los Registros de la Propiedad.
Se cumple con ello la obligación
definida en la Ley 13/2015 , que establece que antes del 1 de diciembre de 2015
se apruebe una Resolución conjunta de la Dirección General para los Registros y
el Notariado, y de la Dirección General del Catastro, que regule la forma,
contenido, plazos y requisitos del intercambio de información, las características
y funcionalidades del sistema de información, así como el servicio de identificación
y representación gráfica de las fincas sobre la cartografía catastral y los requisitos
que deben cumplir la descripción técnica y la representación gráfica
alternativa que se aporte al Registro de la Propiedad en los supuestos
Ha de reconocerse el importante
esfuerzo realizado por todas las entidades interesadas para poder aprobar ambas
Resoluciones en el plazo legal previsto. No era una tarea fácil, a la vista de
la importancia de los temas regulados. Nos van a dar mucho juego en próximas entradas
de 26 de octubre se acaba de publicar la Resolución del 22 del mismo mes, de la
Dirección General del Catastro, por la que se amplían los plazos previstos en
diversas Resoluciones dictadas en fechas pasadas, definiendo los
municipios incluidos dentro de los procesos de regularización catastral
que se están desarrollando en buena parte del país.
En la exposición de motivos de la
citada Resolución se justifica esta ampliación en la complejidad de las
actuaciones desarrolladas en el procedimiento de regularización catastral para
comprobar la adecuación de la concordancia de las descripciones catastrales de
los bienes inmuebles con la realidad inmobiliaria, dado el elevado número de
municipios a comprobar y su dispersión geográfica, lo que determina con carácter
general que los plazos previstos en las mencionadas Resoluciones resulten
Como es sabido, este
procedimiento se inicia de oficio con el fin de lograr la incorporación al
Catastro Inmobiliario de los inmuebles urbanos y de los inmuebles rústicos con
construcción, -de nueva construcción o que se hayan
producido alteraciones de sus características-, en los supuestos de
incumplimiento de la obligación de declarar por quien estaba obligado a ello.
Su fin último es garantizar la adecuada concordancia de la descripción
catastral de los bienes inmuebles con la realidad inmobiliaria.
Quien en su día incumplió la
obligación de declarar correctamente al Catastro estos cambios se ve ahora
favorecido con este procedimiento, si bien ha de abonar una tasa de 60 euros
mediante la cual se cubren los costes del proceso.
No me interesa ahora el debate sobre
las características de este procedimiento, especialmente en lo referente a si
con el se está o no beneficiando especialmente al infractor, pero si me
parece importante conocer sus efectos. Vaya por delante que este Plan de Regularización catastral me parece
necesario y, sobre todo, oportuno, puesto que a través del mismo debería
estarse generando el afloramiento de multitud de información inmobiliaria que
tiene que producir efectos muy beneficiosos sobre los ingresos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles (IBI), en primer término, y después en toda la batería de
tributos en los que la información de los inmuebles es utilizada de una u otra
forma para definir la base imponible.
Mi interés se centra, sobre todo,
en saber si se están alcanzando o no los objetivos, y si realmente se está produciendo
una auténtica puesta al día de la base de datos catastral mediante este
procedimiento. Sin embargo, no hay datos publicados que nos ayuden a formar una
A tenor de la aparición constante de información sobre el proceso de
Regularización Catastral, en distintos medios de comunicación, todo parece indicar que el proyecto es un auténtico
éxito y que efectivamente están obteniéndose cifras realmente representativas
tanto en el número de inmuebles regularizados como en el incremento de la
recaudación del IBI. He aquí algunos ejemplos recientes de Madrid,
Burgos, Córdoba y Coruña.:
Pero si es así, ¿por qué no se
publican los resultados?. Es más que probable que esta falta de información obedezca a la tradicional y excesiva prudencia en no revelar datos asociados a la actividad fiscal,
aunque sean datos agregados, actitud muy contraria a los tiempos que corren, en los que la transparencia y accesibilidad a la información pública es siempre un valor. Es una posición que considero equivocada. No se
informa ni de los datos positivos, con lo que se está impidiendo trasladar a la
ciudadanía imágenes que realcen el valor social del Catastro, tan frecuentemente
atacado desde distintos frentes. Desde el Gabinete de Prensa del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas se está perdiendo una ocasión de oro
para poner en valor un importante éxito conseguido en favor de la transparencia
y la lucha contra el fraude fiscal. Además, con esta actitud se vuelve a menospreciar
el importante trabajo que se realiza en las Gerencias Regionales y
Territoriales de la Dirección General del Catastro. Publicado por
Del “IBI social” al fortalecimiento integral de las áreas económicas de los municipios. La incorporación al gobierno de
distintos Ayuntamientos de nuevos equipos políticos ha reabierto un debate que se encontraba latente. Aunque se tiende a resumir la cuestión con la
expresión periodística “IBI social”, en la práctica lo que se plantea es una situación de mayor alcance: ¿cómo establecer una relación más precisa y equilibrada entre la capacidad económica de los vecinos y las necesidades
financieras de los municipios españoles?. En el fondo de la polémica subyace
la cada vez más clara constancia de que el modelo tributario municipal se ha
quedado anticuado. Para empezar, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se percibe cada
vez más como una herramienta extremadamente rígida, que permite muy poca
aproximación hacia modelos más modernos y justos, en los que ganen valor los
principios básicos de equidad tributaria y capacidad económica, que están en el
esqueleto del sistema fiscal. Cada vez es más cuestionable que los propietarios
de dos viviendas situadas en la misma ciudad con el mismo valor catastral soporten
la misma cuota en el IBI, ignorando la capacidad económica real de cada uno de
ellos. Quienes defienden el modelo actual tienen buenos argumentos para hacerlo:
la simplicidad y el permanente crecimiento
de los ingresos por este tributo, son sin duda razones poderosas para “no tocar
lo que funciona”. Pero estas mismas cualidades son también su mayor debilidad.
En los últimos años la cuota del IBI se ha convertido para muchos ciudadanos en
un importante esfuerzo económico, en términos de percepción social. En muchos caso, incluso por encima del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. Por otro lado, la reiterada
justificación de que un impuesto de carácter real no debería quedar “contaminado”
introduciendo componentes subjetivos propios del sujeto pasivo es cada vez más
débil. Como prueba de ello, basta con señalar que nadie critica, -todo lo
contrario-, la bonificación a favor de las familias numerosas establecida en el
art. 74.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
Y si en el ámbito de los
impuestos la situación recomienda un cambio, cuando nos aproximamos a las tasas
y a los precios públicos que aplican los Ayuntamientos la situación ya parece
urgente. Son numerosos los Ayuntamientos
que cuentan con colecciones de tasas mal definidas y reguladas sobre esquemas
sumamente anticuados, y obteniendo una muy baja recaudación, si se atiende al
importante valor en términos económicos del hecho gravado. Un ejemplo puede valer
para apreciar esta situación: una gran ciudad española, situada entre las que más
visitas turísticas reciben, sólo define para la tasa por ocupación de vía
pública por terrazas (mesas y sillas) dos zonas (“zona extra” y “resto ciudad”)
y dos periodos temporales (temporada alta y temporada baja). Esos son todos los
criterios aplicados para categorizar la ciudad. No es de extrañar que esta
falta de aproximación a la realidad genere unos ingresos anuales por este
concepto sumamente bajos. ¿No se debería usar otros datos ya disponibles,
incluyendo los existentes en la propia página creada por el municipio para
desarrollar su política de “open data”, para definir con mucha más precisión el
hecho imponible y la cuota derivada de dichas ocupaciones de la vía pública?. ¿Cómo determinar con más precisión el valor de
uso del espacio público que es aprovechado de forma privativa obteniendo con
ello ingresos en algunos casos realmente importantes?. Es necesario que los procedimientos
municipales de ingreso y gasto se adapten a las nuevas exigencias que demandan
una gestión económica más social y transparente, sin dañar la estabilidad
presupuestaria. Decisiones básicas, como “subir” o “bajar” el IBI a todos los
ciudadanos, ya no dan las respuestas adecuadas, al requerirse más precisión en
la toma de decisiones. Para abordar la solución a estas
situaciones, es necesario implementar herramientas que apoyen la toma de
decisiones de política económica municipal, fortaleciendo los siguientes ámbitos:
-Trabajando con la mayor
información disponible: No olvidemos que cada acto municipal genera información
reutilizable para mejorar la gestión económica, y que existen multitud de bases
de datos públicas y privadas que pueden alimentar esta información.
-Integrando toda esa información:
Mediante tecnología que facilita el tratamiento de esas bases de datos,
estructuradas y no estructuradas, y su disponibilidad inmediata.
-“Territorializando” la gestión
económica municipal: Todo lo que genera gasto municipal o actividad tributaria
se realiza en algún sitio (territorio) y
vincula al menos a un sujeto (persona física o jurídica). La mayoría de los
tributos municipales son “territorializables”, puesto que se puede
geoposicionar sin dificultad el hecho
imponible y/o el sujeto pasivo. El modelo ya está descrito, y es aplicado con
éxito y plena seguridad jurídica desde hace años para la determinación del
valor catastral, que es el resultado de un proceso objetivo y claro de “territorialización”
de la capacidad económica.
-Generando fórmulas que faciliten
la compensación del incremento y
decremento del ingreso tributario, garantizando la estabilidad económica: Debe
ser factible incrementar o mantener la recaudación neta de un tributo sin que
la decisión a adoptar sea igual para todos. Se puede mantener o incrementar el
ingreso subiendo la cuota a determinados sujetos pasivos con mayor capacidad
económica, y reduciéndola a otros con menores ingresos.
-Estableciendo un modelo de
cobertura jurídica que proteja la toma de decisiones: Por ejemplo, estudiando
la posible aplicación de recientes decisiones judiciales respecto al recargo
del IBI sobre viviendas desocupadas, o generando mejores estudios económicos
(con más datos y mayor análisis) que soporten una aplicación más precisas de
determinadas tasas. En relación directa con
esto, resulta oportuna una reflexión
sobre las iniciativas de “smart cities” y su aplicación a las áreas económicas
municipales. Tradicionalmente, las áreas de los Ayuntamientos encargadas de la
gestión económica y financiera han quedado fuera de los proyectos de “smart
city”, que apuestan por implantar nuevas tecnologías en la gestión de servicios
(alumbrado, tráfico, aparcamiento, mantenimiento de servicios, etc..). Es obvio
que, hasta el momento, la “cultura smart” se ha dirigido al gasto, no al
ingreso, privando a las áreas económicas de la aplicación de las posibilidades
que aportan las nuevas tecnologías. La aplicación de nuevas
soluciones tecnológicas sobre los procedimientos municipales de ingreso y gasto
permiten una visión “smart”, más adaptada a las exigencias sociales. Se trata
de aplicar a la acción del área económica de los Ayuntamientos diversas
tecnologías que potenciarán su actividad, facilitando con ello que den
respuesta eficaz a los dos grandes principios que antes hemos descrito: gestión
“social” + sostenibilidad financiera, principios que a su vez enmarcan otras
ideas que se encuentran en la mesa del debate ciudadano y político: presupuesto
participativo, IBI social, transparencia en el gasto, tasas “verdes”,…
En concreto, la aplicación de
herramientas Big Data, conjuntamente con la implantación de un Sistema de
Información Geográfico Tributario (GIS tributario), han de ser las bases que
soporten este nuevo modelo, mediante el cual puedan desarrollarse actividades
reales de geoanalítica. Asimismo, en el ámbito de la
gestión del gasto, deberían establecerse herramientas similares. No siempre se
adoptan decisiones de inversión en obras o servicios respondiendo a las
necesidades reales, o a las demandas concretas de los vecinos. Estas nuevas
tecnologías serían sumamente efectivas para aplicar modelos de gestión
presupuestaria participativa, sistemas de transparencia reales, etc.. Publicado por
Desde el 24 al 27 de agosto
pasado ha tenido lugar en Brasilia la celebración del VIII Simposio sobre el Catastro
en Iberoamérica, así como el desarrollo de la Asamblea del Comité Permanente
sobre el Catastro en Iberoamérica.
Entre las distintas actividades realizadas se procedió a renovar a los miembros del Comité Directivo, según prevén
los estatutos, resultando finalmente elegidos los siguientes cargos:
Presidencia: Dirección Nacional
de Catastro. Uruguay.
Vicepresidencia: Instituto Nacional
de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), de Brasil.
Vocalía Suramérica: Subsecretaría
de Catastro de Medellín. Colombia
Vocalía Norte y Centroamérica: Autoridad Nacional de
Administración de Tierras (ANATI). Panamá.
Desde “Catastreros” queremos felicitar
a todos los miembros y desearles los
mayores éxitos en su nueva responsabilidad, esperando que su trabajo tenga un
especial y positivo impacto en el desarrollo de las distintas instituciones
catastrales iberoamericanas.
De forma especial queremos
trasladar nuestra felicitación y nuestros mejores deseos a la Directora General
de la Dirección General del Catastro de Uruguay, Sylvia Amado, que hasta el momento había representado a su país
desde la Vicepresidencia del Comité y a partir de ahora ocupa la Presidencia.
El “petróleo” de los municipios latinoamericanos está en el impuesto predial.
En Latinoamérica una parte
sustancial de los ingresos de los municipios depende directamente del precio
del petróleo. Mediante el sistema de regalías, por aportaciones de los
presupuestos federales o nacionales asociados a la exportación de crudo, o
participando en los resultados de las compañías petroleras públicas, lo cierto
es que el ingreso petrolero tiene una relación directa con la capacidad financiera
real de muchos municipios latinoamericanos.
vinculación, la caída del precio del crudo de forma sostenida en los últimos
meses supone una drástica reducción de ingresos que los municipios habrán de
En paralelo, el desarrollo del
mercado inmobiliario y los crecimientos elevados tanto en el número de
transacciones como en los precios de venta, parece que también da ciertas
muestras de agotamiento, y ya es reiterado el debate en numerosos países latinoamericanos
sobre si se está o no a las puertas de una “burbuja inmobiliaria”, similar a la
que golpeó a Estados Unidos y otros países, y todavía lo sigue haciendo en
Prueba de este debate es la numerosa información que puede
obtenerse en internet, como lo demuestran estos ejemplos de Colombia: http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/noticias-eventos/Paginas/burbuja-inmobiliaria-en-Bogota.aspx
México: http://www.forbes.com.mx/hay-senales-de-una-burbuja-inmobiliaria-en-mexico/
y Perú: http://www.forosperu.net/temas/existe-burbuja-inmobiliaria-en-el-peru.246649/pagina-255
En estos casos hay opiniones para
todos los gustos, incluidas numerosas versiones que niegan la existencia de
burbujas inmobiliarias. A este respecto creo que es oportuno señalar, y en
España lo sabemos bien, que un hecho intrínseco a una burbuja inmobiliaria es
que se niega su existencia hasta que la burbuja estalla. Nadie quiere ver los
riesgos cuando se plantean, ni ser el responsable de cortar la “Fiesta”, como
se expresaban los periódicos económicos británicos en esas fechas. Lo cierto es que la burbuja
estalló, y con ello surgió una importante crisis económica que todavía lastra
gravemente la economía española y que golpeó especialmente los ingresos de los municipios
españoles. Acostumbrados a años de elevados ingresos derivados de la actividad
inmobiliaria (tasa por licencia de nuevas obras, ingresos procedentes de ventas
de terrenos, impuestos de actividades económicas, etc.), muchos Ayuntamientos
vieron cómo se cortaba radicalmente esta entrada de fondos, con lo que muchas
de las actividades y servicios se vieron afectados e incluso tuvieron que ser
suprimidos. Sin embargo, esto no ocurrió con
el predial, en España llamado Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cuya cuota
es recaudada en su totalidad por los municipios. En otoño de 2006 tiene lugar
la inflexión en el avance del crédito hipotecario y los precios comienzan a
caer, señalándose este año como el del inicio de la crisis. Pues bien, en 2006
se recaudaron en España 6.481.664.603 euros
en cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, llegándose
en 2014 a casi duplicar esta cifra, al alcanzarse un ingreso de 12.032.523.093 euros.
¿Cómo es posible que se generase
este importante incremento de ingreso en estas circunstancias?. La respuesta es
que en España, como en muchos países latinoamericanos, el Impuesto Predial o
IBI no está vinculado a la actividad económica real, y por tanto puede actuar
como una potente herramienta financiera anticíclica.
No es en absoluto exagerado afirmar que muchos municipios españoles están siendo
capaces de mantener sus servicios contando casi únicamente con el IBI como fuente
Latinoamérica es una de las
regiones del planeta con uno de los más bajos porcentajes de recaudación del
impuesto predial, en relación con su actividad económica. Se puede decir que, hasta
el momento, este impuesto no ha sido realmente desarrollado en todo su
potencial, lo que mantiene a los municipios en unas cifras por ingresos
asociados a la propiedad inmobiliaria realmente bajos. En México, por citar un
ejemplo, el impuesto predial representa tan sólo entre el 0,15% y el 0,20% del
PIB, mientras que la media de los países de la OCDE se sitúa entre el 2,5% y el
Hernándo de Soto, en su más que
conocido libro “El Misterio del Capital”, remarcaba gráficamente que las calles
de las ciudades de los países estaban “llenas de diamantes” y que para
recogerlos sólo era necesario formalizar la propiedad y crear sistemas de
Registro de la Propiedad y de Catastro eficientes. Parafraseando esta idea,
podríamos decir que el “petróleo” de los municipios latinoamericanos está en el
Impuesto Predial, y que es ya urgente que los políticos responsables de
impulsar reformas eficaces de los catastros y de la gestión tributaria
municipal se den cuenta de ello. Es la única forma en la que se puede
generar una respuesta eficaz y sostenible a la merma de ingresos petroleros y a
una crisis inmobiliaria que, tarde o temprano, llegará.
Seguimos con los comentarios a la
Ley 13/2015, esta vez en un formato breve más parecido a un tweet (aunque superemos los 140 caracteres). Antes se diría “en formato
telegráfico”, pero estoy seguro que la mayoría de los catastreros no han visto
un telegrama en su vida.
MI VALORACIÓN: según la siguiente escala de
Si la finca se inscribe conforme a los criterios
señalados en la Ley, los datos físicos descriptivos de la finca tendrán
presunción legal de validez, circunstancia que hasta ahora no le reconocía la
para el Registro de la Propiedad español, que hasta ahora estaba incompleto
en cuanto a sus efectos jurídicos. Es, a mi juicio, una de las partes más destacables de la reforma.
Supuesto de transitoriedad, cuando la base gráfica
inscrita no ha sido la catastral: El Catastro tiene seis meses para validar
la información. Si no se manifiesta expresamente en contra, la inscripción
gana la presunción de validez antes citada.
Esté será el
artículo que traerá de cabeza a los responsables del Catastro y que, muy
probablemente, será fuente de futuros conflictos. Este silencio positivo a
favor del Registro es contrario a las práctica seguida en la mayoría de los países
europeos, donde no se produce la inscripción hasta tanto no ha habido
manifestación expresa del Catastro.
Es obligatoria la delimitación georreferenciada de
las fincas registrales.
obligatoria la coordinación, si lo es la descripción georreferenciada de los
predios como requisito para la inscripción. Se entiende por “georreferenciada”
cuando lo estén cada uno de los vértices de la finca y se siga la
delimitación de un sistema “oficial”. Habrá que ver qué se entiende por “oficial”.
Insuficiencia de la referencia catastral para
acreditar la coordinación
coordinada la finca cuando sólo conste en el Registro la Referencia
Catastral. Es lógico. El catastro estará obligado a hacer constar el carácter de finca
coordinada y el Código único de la finca registral
hacer constar en el Catastro que la finca está coordinada. Por el contrario,
me parece que generará confusión que se generalice el uso del “código único
de finca registral “ (supongo que se está pensando en el IDUFIR). Soy
contrario a que las fincas cuenten con dos códigos de identificación, de la misma
manera que me parecería erróneo que las personas nos identificáramos con dos
números de DNI o los coches con dos números de matrícula. Los Registradores
obtienen con esta norma una vieja reivindicación y avanzan las posiciones que
insisten en remarca las diferencias entre finca catastral y registral, en
lugar de destacar las similitudes. Es consecuencia de la falta de ambición de
la norma, que en vez de generar un único concepto de finca catastral y
registral, como dicta el sentido común, consolida las diferencias a través de
dos referencias o códigos distintos. Un error.
Desjudicialización de los expedientes de
inmatricula-ción. Ya no se atribuye a la decisión de un juez la resolución de
los expedientes de inmatriculación, reanudación del tracto o corrección de la
doble inmatriculación. Es, junto con la
presunción legal de validez de los datos físicos, otra de las grandes aportaciones de la
norma. Sitúa a los notarios en un papel extraordinariamente relevante, que supondrá
a medio plazo un reforzamiento social de su función. En la misma medida, los
registradores tendrán un mayor peso en los expedientes relativos a la
liberalización de cargas y corrección
de los supuestos de doble inmatriculación.
del procedimiento, en sede notarial, de subsanación de discrepancias ente la
realidad y los datos catastrales.
la comparecencia expresa de los colindantes u otros interesados debidamente notificados para concluir
un expediente de subsanación de discrepancias. Ahora si el notario considera
acreditada la discrepancia y no hay oposición expresa, el notario puede
incorporar la nueva descripción del bien al documento público. El problema lo
tiene el Catastro, que en 5 días deberá rectificar la base de datos
catastral, si se aporta plano representado sobre la cartografía catastral. O
se construye un sistema automático de validación y carga en Catastro, o este
plazo no se cumplirá.
Limitación de la publicidad gráfica registral: sólo
cabe expedirla de lo que resulte de la representación gráfica catastral.
Siendo positivo el
principio, pues resuelve los problemas de inseguridad jurídica que generaba
la información gráfica que era suministrada por el colegio de Registradores (a
través de sus aplicaciones GEOBASE, TEMPLE y otras), la debilidad de la ley surge
cuando permite situaciones transitorias y la posibilidad de dar
información de otras bases de datos,
aunque se señale que no se ha producido la validación catastral. En
caso de discrepancia expresa de un colindante, en los procedimientos de
inmatriculación o subsanación, no se produce la coordinación, y notarios y
registradores informarán al Catastro para que por este se incoe el “procedimiento
Es uno de los “flecos”
sin resolver más llamativos de la reforma. ¿De qué procedimiento estamos
hablando?. Sólo puede ser el
procedimiento de subsanación de discrepancias del 18.1 de la Ley del
Catastro, es decir, el que se tramita plenamente en sede catastral. Si es
así, lo que hace la reforma es trasladar al Catastro lo que en sede notarial
no se ha podido resolver, lo que supone que el Catastro debería hacer, con la
resolución del expediente de subsanación, una declaración de reconocimiento
de titularidad a favor de uno de los posibles titulares, en perjuicio de
otros. No es esta la práctica habitual del Catastro ni corresponde a este
asignar o reconocer derechos de propiedad. Recordemos la reiterada
jurisprudencia que manifiesta que no es la oficina del Catastro la sede
adecuada para resolver litigios de propiedad. Me temo que el resultado final
será similar a lo que pasa ahora: se dejarán los datos como ya figuran en el
Catastro y se remitirá a los litigantes a que resuelvan sus discrepancias en
sede judicial. Es decir, que la reforma no resolverá nada.
Suministro por los municipios a los Registros, en el
plazo de 3 meses, de todos los planes urbanísticos en formato digital, bien
mediante acceso y servicios web, o bien mediante copia en soporte digital.
Una norma que nace
para ser incumplida. En su vocación de ser los divulgadores de todas las limitaciones
públicas y privadas del derecho de propiedad sobre los inmuebles, existentes
o por venir, esta norma establece una obligación con efectos inútiles hoy por
hoy, por tres razones:
-Ya se intentó una
iniciativa similar con muchos más recursos en el proyecto “Urbanismo en RED”
de la entidad pública Red.es, con
-Aunque la tuvieran,
y debido a la dispersión legal y formal por municipios y comunidades autónomas,
esta información urbanística es muy difícilmente homologable y convertible en
formatos homogéneos. -Y finalmente,
muchos de estos servicios web de información urbanística ya existentes
limitan sus efectos jurídicos al de mera “información”, y no asumen que su
contenido vincula al propio Ayuntamiento. Es decir que, de darse publicidad
por el Registro de esta información urbanística, estaríamos en la misma
situación que existía con las bases gráficas registrales antes de la reforma,
en la que la falsa publicidad registral estaría desinformando y creando inseguridad
jurídica, bajo la apariencia de máxima solvencia que da el Registro.
señalado en otros foros en diversas ocasiones, hasta que no se regule la
obligatoriedad a los Ayuntamientos y/o Comunidades Autónomas de expedir “Certificaciones
digitales urbanísticas descriptivas y gráficas” con plenos efectos jurídicos,
al igual que se asumió por el Catastro en su momento, estos canales de
información no serán más que meramente informativos.
Antes del 1º de diciembre ha de publicarse una Resolución
conjunta de las Direcciones Generales del Catastro y de los Registros y el
Esta Resolución debe definir
diversas cuestiones que en la Ley sólo quedan esbozadas, y que presuponen acuerdos
entre Catastro y Colegio de Registradores que habrán de materializarse. Su
contenido condiciona el programa de bases gráficas que ha de elaborar el Colegio
de Registradores. A mi juicio, se hace recaer sobre dicha Resolución temas clave
que deberían haberse resuelto en la propia Ley
específica para este tema, uno de los más conflictivos y a la vez sugerentes
que plantea la reforma.
Hasta aquí una revisión de “urgencia”
de la reforma, que tiene y tendrá unos efectos realmente importantes. Mi
valoración general es positiva , incluso muy positiva, pero plantea nuevos
problemas y retos que ha de afrontar la Dirección General del Catastro en breve
Iremos viendo mucha “literatura” sobre esta
reforma en los próximos meses, pero lo más interesante es como reaccionarán los
colectivos comprometidos en ella: Catastro, notarios y registradores, para que
este esfuerzo legislativo no se convierta, como ocurrió en ocasiones
anteriores, en meras manifestaciones de voluntad.

References: Resolución 
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