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EL CAsO belaúnde LOssIO: Es viable su ExtrAdICIóN? - PDF
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Germán Torres Salinas
1 El caso Belaúnde Lossio: Es viable su extradición? Por Yvana Novoa Curich Área Penal del Idehpucp La condición de refugiado se encuentra precisada en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que establece que debe entenderse por refugiado a aquella persona que: debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él ( ). El otorgamiento de la condición de refugiado, genera en el Estado que otorga el refugio el cumplimiento del principio de no devolución o non refoulment por
2 el cual se prohíbe a los estados devolver a un refugiado solicitante a territorios donde existe el riesgo de que su vida o libertad se vean amenazadas a causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. [1] Es decir, el fundamento de la no devolución radica en evitar afectaciones a la vida o integridad de los refugiados. Afectaciones que puedan darse como respuesta al ejercicio de derechos por parte de dichas personas. Así, se puede afirmar que el principio de no devolución es un derecho fundamental y piedra angular de la protección internacional de los refugiados [2] y se encuentra contemplado en el artículo 33 inciso 1 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, que indica lo siguiente: Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas. En esta lógica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, en la sentencia del caso Familia Pacheco Tineo 1 FELLER, Erika. TÜRK, Volker y NICHOLSON, Frances (editores). Protección de los refugiados en el derecho internacional. Consultas Globales de ACNUR sobre Protección Internacional. Barcelona: Icaria, 2010, pp Testimonio de experto del ACNUR ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Audiencia oral en el Caso Pacheco Tineo vs. Bolivia, Caso , Marzo, Disponible en: org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf. pdf?reldoc=y&docid=52c53e874 vs. Bolivia, que en el sistema interamericano se ha llegado a reconocer el derecho de cualquier persona extranjera, y no solamente a los asilados o refugiados, a la no devolución indebida cuando su vida, integridad y/o libertad (e incluso formas del derecho al debido proceso) estén en riesgo de violación, sin importar su estatuto legal o condición migratoria en el país en que se encuentra. Esto puede ser interpretado como que el principio de no devolución se debe aplicar también a las personas que se encuentran requeridas dentro de un procedimiento de extradición. Si esto es entendido así, entonces es necesario recalcar que el riesgo al que se hace referencia debe ser un riesgo inminente. Es decir, los fundados temores de persecución o vulneración de derechos implica una constatación subjetiva y objetiva de la situación ( ). El término fundada implicaría la necesidad de una verificación de los hecho de tales declaraciones referidas al riesgo de violación de garantías y derechos humanos. Por el contrario, la extradición consiste en la obligación que tiene un Estado (requerido), en virtud de un tratado que regula dicha materia, de entregar al individuo reclamado a otro Estado (requirente) a efectos de que este sancione al sujeto por la comisión de un delito. El fundamento del procedimiento de extradición es evitar la impunidad de casos penales. De igual manera, se fundamenta en el auxilio internacional y la cooperación entre Estados. [3] 3 KNIGHT SOTO, Idarmis. La extradición como forma de cooperación jurídica interna- 13
3 14 Perú y Bolivia celebraron un tratado de extradición y cooperación internacional. En el artículo IV de dicho instrumento, se establece que la extradición no será concedida por la comisión de un delito político. Asimismo, establece que no se considerará delito político a aquellos delitos con relación a los cuales ambos Estados Contratantes tienen la obligación, en virtud de algún acuerdo multilateral internacional, de extraditar a la persona reclamada o de remitir el caso a sus autoridades competentes que decidan sobre su procesamiento ( ). Al respecto, es de suma importancia recordar que Perú y Bolivia son ambos parte de la Convención Interamericana Contra la Corrupción [4] y de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción [5]. Estos dos tratados contemplan la obligación de cooperación internacional entre los Estados parte para prevenir y luchar contra la corrupción. [6] Además, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción es cional. Aspectos conceptuales en el marco del Derecho Internacional. En: Contribuciones a las Ciencias Sociales. Marzo Convención Interamericana contra la Corrupción. Fecha de ratificación: 24 de marzo de Disponible en: anticorrupcion/normativa/convencion_interamericana_contra_la_corrupcion_1997.pdf 5Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Fecha de ratificación: 20 de octubre de Disponible en: idehpucp.pucp.edu.pe/images/documentos/ anticorrupcion/normativa/convencion_onu_ contra_la_corrupcion_2003.pdf 6 Artículo 43 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. un instrumento base para los procesos de extradición ya que contempla de manera expresa en su artículo 44 la posibilidad de que los Estados parte concedan la extradición por los delitos contenidos en esta convención internacional. Ahora bien, la Convención Interamericana Contra la Corrupción indica en su artículo VI inciso 1, literal c) que: La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción: ( ) c) La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero. ( ). De igual manera, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción contempla al delito de peculado como una de las conductas prohibidas y que los Estados parte deberían tipificar como delito de corrupción: Artículo 17. Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la malversación o el peculado, la
4 apropiación indebida u otras formas de desviación por un funcionario público, en beneficio propio o de terceros u otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo. La conducta descrita en estos párrafos está referida a lo que en nuestro ordenamiento peruano y en el ordenamiento de Bolivia se conoce como delito de peculado. A su vez, la Convención Interamericana dispone en el literal e) del mismo artículo que este tratado es aplicable a la participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, encubiertos o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de los actos a los que se refiere el presente artículo. Por su parte, la Convención de la ONU se manifiesta en el mismo sentido cuando en su artículo 27 que cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, cualquier forma de participación, ya sea como cómplice, colaborador o instigador, en un delito tipificado con arreglo a la presente Convención. Siendo esto así, Bolivia se encuentra obligada internacionalmente, pues las convenciones son parte de su ordenamiento interno, a cumplir con las disposiciones del tratado y a aplicar de manera inmediata y directa lo establecido en el artículo 27 arriba citado pues este constituye una norma autoaplicativa. Se cumple entonces con el requisito exigido para la extradición referido a que el delito por el que persigue a Belaúnde Lossio en el Estado Peruano se encuentre tipificado 15
5 16 de manera equiparable en el Estado requerido de Bolivia. Además, recordemos que el tratado de extradición entre Perú y Bolivia dispone que los delitos contenidos en convenios o acuerdos internacionales entre ambos Estados no constituyen delitos políticos por los cuales se pueda impedir la extradición. Adicionalmente, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción indica en el inciso 2 de su artículo 43 que: 2. En cuestiones de cooperación internacional, cuando la doble incriminación sea un requisito, éste se considerará cumplido si la conducta constitutiva del delito respecto del cual se solicita asistencia es delito con arreglo a la legislación de ambos Estados Parte, independientemente de si las leyes del Estado Parte requerido incluyen el delito en la misma categoría o lo denominan con la misma terminología que el Estado Parte requirente. El refugio se otorga, entonces, a quien lo solicita cuando en su país de origen corre riesgo de ser perseguido, entre otros, por sus opiniones políticas, en desmedro de su derecho a la libertad de opinión y de convicción política. Este no es el caso del prófugo Belaúnde Lossio pues la comisión de actos ilícitos o delictivos no forma parte del ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia ni de la libertad de opinión. De esta manera, incluso en el supuesto en que Belaúnde Lossio quiera alegar el riesgo de vulneración de sus derechos en Perú para evitar la extradición, Bolivia no podría basarse en sus solas declaraciones, sino que debe realizar una constatación objetiva de dicha situación. Sobre todo, Bolivia debe tener en cuenta que Belaúnde Lossio es un prófugo de la justicia peruana por la posible comisión de delitos de corrupción y no de delitos políticos ni mucho menos es un perseguido por sus opiniones. Los delitos de corrupción por los cuales Belaúnde Lossio se encuentra siendo requerido e investigado son delitos que se encuentran tipificados en ambos ordenamientos jurídicos y, además, tanto Perú como Bolivia forman parte de las Convenciones internacionales en materia contra la corrupción en las cuales se encuentra contemplada la conducta del delito de peculado así como la obligación de cooperar internacionalmente para la prevención y también sanción de estos delitos de corrupción. Además, en virtud del principio de soberanía de los estados, es Perú el estado que debería investigar, juzgar y sancionar a Belaúnde Lossio por la comisión de dichos delitos.

References: artículo 33
 Artículo 43
 artículo 44
 Artículo 17
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 43