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Timestamp: 2019-05-25 19:27:16+00:00

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﻿ SENTENCIA 9579 DE OCTUBRE 22 DE 1996
SENTENCIA 9579 DE 22 DE OCTUBRE DE 1996
CONTENIDO:GRABACIONES HECHAS POR LA VÍCTIMA COMO PRUEBA DEL DELITO. CRITERIOS PARA FIJAR LA PENA. GRADO DE CULPABILIDAD. TRABAJO REALIZADO DURANTE LA DETENCIÓN DOMICILIARIA. NO OTORGA DERECHO A REDENCIÓN DE PENA
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, CULPABILIDAD, PRUEBA, DISMINUCIÓN DE LA PENA, DETENCIÓN DOMICILIARIA, PROCEDIMIENTO PENAL, GRABACIONES, VALOR PROBATORIO DE LAS GRABACIONES
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:301 DE ENERO DE 1997, PÁG.12
Sentencia de única instancia 9579 de octubre 22 de 1996
GRABACIONES HECHAS POR LA VÍCTIMA
COMO PRUEBAS DEL DELITO
EXTRACTOS: «Valga la oportunidad para que la Sala actualice el planteamiento expuesto en sentencia del 16 de marzo de 1988 (M.P. Dr. Martínez Zúñiga,(*) cuando consideró la posibilidad legal que tiene la víctima para preconstituir —con la ayuda de la tecnología a su alcance—, la prueba del delito.
Al efecto debe decirse que con la actual prefiguración constitucional del Estado como social de derecho —fundado en el respeto por la dignidad humana—, la libertad y autonomía individuales cobran especial relevancia al punto de garantizarse a la persona natural el ejercicio de sus facultades “sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico” (art. 16 C.N.).
Siendo ello así, mal podría esgrimirse impedimento alguno o exigir autorización judicial para que las personas graben su propia voz o su imagen, o intercepten su línea telefónica, si estas actividades no se hallan expresamente prohibidas. Este aserto resulta avalado si se tiene en cuenta que quien así actúa es precisamente el afectado con la conducta ilícita, y por ende, eventualmente vulneradora de sus derechos fundamentales, por lo que su proceder se constituye en un natural reflejo defensivo.
(*) Publicada en J. y D., Nº (197, pág. 305 (N. del D.).
Los registros históricos así obtenidos, naturalísticamente tienen vocación probatoria, pues corresponden a medios de demostración de los hechos, según el reconocimiento que al efecto hace el legislador, a los cuales les da la categoría de documentos privados aptos para ser apreciados judicialmente, conforme lo precisa en los artículos 225 del C.P. y 251 del C. de P.C., cuyo valor depende de la autenticidad, la forma de aducción al proceso, la publicidad del medio y la controversia procesal del mismo, así en él queden adicionalmente impresas voces o imágenes ajenas.
Pero el derecho a la autonomía individual aquí referido, no es absoluto. Una de sus limitaciones es el derecho a la intimidad ajena, también de rango constitucional fundamental, emanado del de la dignidad humana e íntimamente ligado al libre desarrollo de la personalidad, por virtud del cual no pueden ser intervenidos los actos de la esfera privada de las personas, siendo exclusivamente éstas quienes pueden decidir su divulgación sin que ello implique su renuncia, pues se trata de un derecho indisponible.
Por ello conviene advertir que cuando no se trate de grabar la propia voz, o recoger documentalmente la propia imagen, ni de interceptar la línea telefónica que se tiene, sino de registrar comunicaciones o imágenes privadas de otras personas, es necesario que se obre en cumplimiento de una orden emanada de autoridad judicial competente, en cuanto ello implica invadir la órbita de intimidad personal ajena, también protegida como derecho constitucional fundamental (art. 15), como se dejó dicho.
De no procederse de esta manera, la prueba podría nacer viciada (art. 29 C.N.) y por ende resultaría ineficaz para las finalidades perseguidas, independientemente de la intención con que se actúe, así sea la de contribuir a demostrar la ilicitud que se padece. Es más, este irregular proceder podría generar responsabilidad penal al autor del hecho».
EXTRACTOS. «El grado de culpabilidad en la realización de la conducta antijurídica, no se halla solamente en el mayor o menor deseo de vulnerar la prohibición penal, sino también, en el desvalor que merece frente al compromiso de ajustar el comportamiento a los parámetros socialmente establecidos, el cual aumenta a medida que se detenta mayor responsabilidad, poder, cargo o condición; pues si bien los cargos, dignidades y honores otorgan privilegios, éstos mismos generan mayores deberes frente a los asociados, quienes esperan de aquellos que ostentan posiciones de preeminencia social, un comportamiento acorde con ella.
Por ese motivo, no puede medirse con el mismo rasero, para censurarla, una conducta reprochable y punible realizada por el ciudadano común y corriente, que la ejecutada por alguien ubicado socialmente en escala superior. Esta diferencia se acentúa cuando, como en este caso, el delincuente es un gobernante en quien el conglomerado ha depositado el privilegio de regir su destino, pues comportamientos de esta factura generan mayor desconcierto, zozobra y alarma social que los hace dignos de un mayor reproche penal.
2.12. Si bien el procesado no registra antecedentes penales, lo que haría suponer su buena conducta anterior, la gravedad del hecho(*), por su honda repercusión social, y la concurrencia de la circunstancia genérica de agravación punitiva prevista por el artículo 66 ordinal 11 del Código Penal —“posición distinguida que el delincuente ocupe en la sociedad por su riqueza, ilustración, poder, cargo, oficio o ministerio”—, impiden que en el proceso judicial de individualización de la pena a imponer se parta de los mínimos establecidos en el artículo 140 ejusdem.
(*) Se trata del gobernador de un departamento que solicitó y obtuvo sumas millonarias de una sociedad licitante por la adjudicación del contrato (N. del D.).
En efecto, destaca la Sala que conductas de esta envergadura, no solamente niegan el ejercicio de la democracia y la igualdad de oportunidades que la ley otorga a los particulares para acceder a la administración, sino que menoscaban los sentimientos de moralidad, integridad, transparencia e igualdad que deben regir las relaciones funcionales entre los servidores estatales y los asociados, lo que amerita la imposición de una proporcional sanción punitiva para el cumplimiento de las finalidades previstas por el artículo 12 del C.P.
No puede pasarse por alto que el hecho realizado por el doctor Jorge Elías Manzur Jattin, fue de tal gravedad que con él, no solamente comprometió la dignidad de su alta investidura como gobernador de departamento, la que de hecho constituye posición distinguida en la sociedad y exige mayor compromiso frente a ella, como se dejó visto, sino que, además, la conducta encontró realización a consecuencia del desbordamiento del poder que el cargo le otorgaba.
De otra parte, al hallarse demostrado que el doctor Manzur no solamente tenía conciencia de la antijuridicidad de la conducta por la cual fue acusado, sino que dirigió su voluntad a la violación de la ley sin que le importara la posición que su investidura representaba para los gobernados, en criterios de la Sala impiden tomar como base de cuantificación los mínimos punitivos establecidos en el tipo de concusión, los cuales, dentro de los límites legales, serán aumentados en otro tanto.
Por lo anterior, acorde con las previsiones de los artículos 61, 66 y 67 del Código Penal, se impondrán al procesado cuarenta y ocho (48) meses de prisión y veinticuatro (24) meses de interdicción de derechos y funciones públicas».
TRABAJO REALIZADO DURANTE LA DETENCIÓN DOMICILIARIA
NO OTORGA DERECHO A REDENCIÓN DE PENA
EXTRACTOS: «En consideración a la petición de libertad provisional otrora presentada por el defensor del doctor Manzur, argumentando que a su asistido se le debe reconocer, para efectos de redención de pena, el trabajo social realizado durante el tiempo que permaneció en detención domiciliaria, debe advertir la Sala, desde ahora, que tal reconocimiento no procede por las siguientes razones:
Como ha sido precisado, la detención domiciliaria es un beneficio que la ley prevé para aquellos procesados por delitos cuyo mínimo punitivo no sea mayor de cinco años, y cuyas características familiares y sociales, garanticen, en criterio del funcionario, su comparecencia al proceso y no coloquen en peligro a la comunidad.
Igualmente, por expresa disposición legal (art. 396 CPP modificado por el art. 53 de la Ley 81/93), el funcionario puede condicionar la concesión de la gracia en mención, a que el procesado cumpla la obligación de realizar trabajo social durante todo el tiempo de duración de la medida o solamente los fines de semana.
Para la Corte, la carga adicional de realizar trabajo social por parte del detenido domiciliariamente corresponde al criterio de utilizar de la medida, se agota en la ejecución de la labor misma y no entraña, en ningún caso, la posibilidad de reconocer redención de pena a consecuencia de la labor ejecutada, pues precisamente por haber establecido el legislador que la medida cautelar debe ser cumplida en la residencia del procesado, no señaló ningún mecanismo para controlar la labor realizada en cumplimiento de la carga judicial impuesta, como sí lo hizo al referirse a las labores llevadas a cabo en los centros de reclusión.
Nótese cómo el Código Penitenciario y Carcelario al regular la figura de la redención de pena por “trabajo, estudio y enseñanza”, en ningún acápite hace referencia a la “residencia”, “morada” o “casa de habitación” del sindicado como marco espacial dentro del cual pueda desarrollar estas actividades, por el contrario, exige expresamente que las mismas sean ejecutadas en los respectivos “centros de reclusión” como lo menciona en el artículo 80 al disponer que “la Dirección General del Inpec determinará los trabajos que deban organizarse en cada centro de reclusión”, lo reitera en el inciso segundo de la misma disposición al precisar la necesidad de procurar por parte de dicho instituto las “fuentes de trabajo, industriales, agropecuarios o artesanales, según las circunstancias y disponibilidad presupuestal” en los “centros de reclusión”.
También, el artículo 81 establece los mecanismos de “evaluación del trabajo en cada centro de reclusión” y en igual sentido, el artículo 82 ejusdem, hace referencia a este concepto, al prever la “redención de pena por trabajo” que se esté “llevando a cabo en los centros de reclusión” de la jurisdicción del respectivo juez de ejecución de penas.
Por lo anterior concluye la Sala que el trabajo social realizado por el doctor Manzur a consecuencia de la carga impuesta para gozar de la detención domiciliaria, carece de respaldo jurídico para soportar los efectos que su defensor persigue, razón que amerita despachar desfavorablemente la petición, teniendo solamente como parte cumplida de la pena a imponer, el tiempo que el procesado permaneció detenido domiciliariamente».
(Sentencia de única instancia, octubre 22 de 1996. Radicación 9579. Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll).

References: artículo 66
 artículo 140
 artículo 12
 artículo 80
 artículo 81
 artículo 82