Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S75-03.html
Timestamp: 2018-02-23 18:40:28+00:00

Document:
Jose Milton Canas Cano y otros v. Colombia, Caso 042/2002, Informe No. 75/03, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser./L/V/II.118 Doc. 70 rev. 2 en 259 (2003).
2. Los peticionarios alegan que el Estado es responsable por la violación de los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 8 (a las garantías de debido proceso), 25 (a la protección judicial), 8, 13 y 1(1) (derecho a la verdad) y 19 (a los derechos del niño) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención” o la “Convención Americana”). El Estado solicitó a la Comisión que declarara el caso inadmisible sobre la base del incumplimiento con el requisito del previo agotamiento de los recursos internos previsto en el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana. Por su parte, los peticionarios invocaron la aplicación de las excepciones al requisito del previo agotamiento de los recursos internos, previstas en el artículo 46(2) de la Convención Americana.
3. Tras analizar las posiciones de las partes y el cumplimiento con los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención, la Comisión declaró el caso admisible.
24. Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de Colombia, Estado Parte en dicho tratado. La Comisión tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian posibles violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
[2] El asesinato de la señora Elizabeth Cañas Cano, quien fuera miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Colombia (ASFADDES) seccional Barrancabermeja, motivó a la Comisión Interamericana a solicitar a la Corte Interamericana, mediante escrito del 12 de julio de 2000, la ampliación de las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana en el caso Álvarez y otros (Nº 11.764). Por resolución del presidente de la Corte del 17 de julio de 2000, se resolvió ampliar dichas medidas tomando en consideración que el asesinato de un miembro de ASFADDES era una muestra concreta y evidente del peligro en el que se encuentran los miembros de dicha asociación. Asimismo, esta resolución requirió al Estado de Colombia a que investigue y sancione a los responsables de los hechos denunciados por la Comisión. Esta resolución fue ratificada por la Corte Interamericana mediante resolución de fecha 10 de agosto de 2000.
[3] Nota DDH 33002 de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 6 de septiembre de 2002.
[4] Nota DDH 11370 de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 1° de abril de 2003.
[6] Corte IDH, Caso Durand y Ugarte, Excepciones Preliminares, Sentencia de 28 de mayo de 1999, párrafo 33; Corte IDH, Caso Cantoral Benavides, Excepciones Preliminares, Sentencia de 3 de septiembre de 1998, párrafo 31; Corte IDH, Caso Loayza Tamayo, Excepciones Preliminares, Sentencia del 31 de enero de 1996, párrafo 40;, Corte IDH, Caso Castillo Páez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 30 de enero de 1996, párrafo 40.
[7] Informe Nº 52/97, Caso 11.218, Arges Sequeira Mangas, Informe Anual de la CIDH 1997, párrafos 96 y 97. Ver también Informe N° 55/97, párrafo 392.
[8] Informe Nº 57/00, Caso 12.050, La Granja Ituango, Informe Anual de la CIDH 2000, párrafo 41; Informe N° 15/95 Informe Anual de la CIDH 1995, párrafo 71; Informe N° 61/99, Informe Anual de la CIDH 1999, párrafo 51.
[9] Informe Nº 57/00, Caso 12.050, La Granja Ituango, Informe Anual de la CIDH 2000, párrafo 41; Informe N° 5/98, Caso 11.019, Alvaro Moreno Moreno, Informe Anual de la CIDH 1997, párrafo 63.
[10] Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, párrafo 93.
[11] Informe Nº 57/00, Caso 12.050, La Granja Ituango, Informe Anual de la CIDH 2000, párrafo 45.

References: artículo 46
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