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Timestamp: 2020-07-13 16:55:13+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 523/03 de Corte Constitucional, 1 de Julio de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 43620045
Sentencia de Constitucionalidad nº 523/03 de Corte Constitucional, 1 de Julio de 2003
Decreto 1355 de 1970. Art. 172, num. 1. Codigo nacional de policia. Derechos politicos vedados de extranjeros residentes en colombia. Participacion en elecciones de votacion popular de carácter nacional y departamental. Principio de conservacion del derecho. Facultades extraordinarias. Potestad de configuracion legislativa. Exequible.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION
Sentencia citada en: 20 sentencias, 3 artículos doctrinales, una disposición normativa
Sentencia C-523/03
EXTRANJEROS-Derechos y garantías
ESTADO-Deber de proteger derechos fundamentales del extranjero
EXTRANJEROS-Titulares de los mecanismos constitucionales
CONSTITUCION POLITICA VIGENTE-Reconoce a los extranjeros el derecho al trato igual
EXTRANJEROS-Limitación de los derechos por razones de orden público
EXTRANJEROS-Limitación a los derechos debe provenir del legislador
LEGISLADOR-Facultad de restricción a los derechos de los extranjeros no es absoluto
DERECHO DE PARTICIPACION POLITICA-Se contrae específicamente a los nacionales
DERECHOS POLITICOS-Ejercicio requiere de la ciudadanía
DERECHO A LA PARTICIPACION, EJERCICIO Y CONTROL DEL PODER POLITICO-Ejercicio restringido a los ciudadanos
DERECHOS POLITICOS-Excepción a la reserva de titularidad
DERECHOS POLITICOS-Fundamento de la reserva de titularidad
DERECHOS POLITICOS A EXTRANJEROS-Casos en el ámbito de derecho comparado
EXTRANJEROS-Establecimiento del voto es una potestad del legislador más no un imperativo de la Constitución
CODIGO NACIONAL DE POLICIA-Prohibición de participar en elecciones de votación popular no contraría la Constitución
La Corte observa, que si bien la norma demandada fue expedida con anterioridad a la Carta Política de 1991, ésta no resulta incompatible con las nuevas previsiones que el texto fundamental hizo respecto de los derechos a los extranjeros y concretamente frente a la posibilidad del legislador de concederles a estas personas el derecho al voto, por cuanto los efectos de ese precepto legal simplemente reproducen la disposición constitucional que impone la reserva de la titularidad de los derechos políticos a los nacionales, dentro de los cuales se encuentra la facultad de participar en la conformación del poder político a través del voto.
Referencia: expediente D-4385
Actores: E.R.R., M.T.G.B. y J.O.C..
Bogotá, D.C., primero (1) de julio de dos mil tres (2003).
En ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, los ciudadanos E.R.R., M.T.G.B. y J.O.C., demandaron la inconstitucionalidad del numeral 1º del artículo 172 del Código Nacional de Policía por considerar que dicha norma viola los artículos 4 y 100 de la Carta Política.
A continuación se transcribe el texto de la disposición objeto del proceso y se subraya lo acusado:
El P. de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 16 de 1968 y atendido el concepto de la Comisión Asesora establecida en ella,
Artículo 172. Son derechos políticos vedados al extranjero:
) Participar en elecciones de votación popular;
) Ser elegido para presidente de la República, miembro de cualquiera de las cámaras del congreso, diputado a las asambleas departamentales y concejal;
) Desempeñar empleos públicos que llevan anexa autoridad o jurisdicción;
) Participar en la organización o en el funcionamiento de los partidos políticos, de sus agencias o de sus comités;
) Participar como orador en reuniones públicas, de carácter político;
) Hacer contribuciones de dinero para el sostenimiento de los partidos políticos o para favorecer campañas políticas de cualquier candidato por elegir para la presidencia de la República o para las corporaciones públicas que se forman por el voto del pueblo."
Los demandantes solicitan la declaratoria de inexequibilidad del numeral 1º del artículo 172 del Código Nacional de Policía por considerar que dicha norma viola los artículos 4 y 100 de la Carta Política.
Exponen los accionantes que una de la innovaciones más importantes introducidas en la Constitución Política de 1991 fue la relacionada con la ampliación de facultades y derechos otorgados a los extranjeros, en el sentido de permitir que éstos puedan participar en las elecciones y consultas populares de carácter municipal (Art. 100 ídem) en los términos que fije la ley.
Respecto de la presunta violación del artículo 4 Superior, los actores simplemente transcriben el texto de dicha disposición pero no plasman ningún tipo de argumento o razón que justifique su desconocimiento por la norma sometida a control.
Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, explica el interviniente que la nacionalidad es requisito indispensable para la titularidad de los derechos políticos y que dentro de éstos se encuentra la facultad de elegir y ser elegido, tomar parte en referendos, plebiscitos, consultas populares, cabildos abiertos, constituir partidos y movimientos políticos, etc.
Sostiene que esta autorización contemplada por el Constituyente al legislador para conceder derechos políticos a los extranjeros, no es absoluta por cuanto no se encuentra consagrada como un imperativo sino como una posibilidad que puede utilizar el legislador dentro de su libertad de configuración legislativa y además porque los extranjeros eventualmente beneficiados con la medida, así como las modalidades de derechos de los cuales serían titulares, se restringen a los consagrados en el Constitución.
El P. General de la Nación, solicita a esta Corporación declarar la exequibilidad de la disposición acusada.
Para el Ministerio interviniente como para el señor P. General de la Nación el precepto demandado está ajustado a la Constitución, en la medida en que el Constituyente de 1991 le confirió al legislador, en desarrollo de su libertad de configuración, la opción de reconocer a los extranjeros ciertos derechos políticos cuando el órgano legislativo lo considere conveniente.
Derechos de los extranjeros en la Constitución Política. Potestad del legislador para conceder ciertos derechos políticos a los extranjeros residentes en Colombia
La Constitución Política de 1991 regula en su Título III lo concerniente a los habitantes de Colombia, de cuya lectura se advierte la existencia de por lo menos tres categorías, los nacionales (Arts. 96 y 97 C.P.), los ciudadanos (Arts. 98 y 99 C.P.) y los extranjeros A estos últimos el Diccionario de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, los define de la siguiente manera: "Extranjero. adj. Que es o viene de país de otra soberanía.// 2. Natural de una nación con respecto a los naturales de cualquier otra.// 3. Toda nación que no es la propia." (Art.100 C.P.).
El inciso primero del artículo 100 de la Carta Política, establece que los extranjeros disfrutan en Colombia de los mismos derechos civiles y garantías que se conceden a los nacionales, salvo las limitaciones que se establezcan en aquélla o en la ley.
Desarrollo de esta preceptiva es el deber del Estado colombiano de proteger los derechos fundamentales del extranjero y por ende de las autoridades de la República (Art. 113 C.P.) de garantizarlos de forma efectiva, como ocurre con los derechos de los nacionales (Art. 2 C.P.).
Correlativo a lo anterior los extranjeros son titulares de los mecanismos constitucionales para hacer efectiva la garantía de los derechos que a ellos les reconoce el ordenamiento jurídico. Así, pueden interponer acciones de hábeas corpus Cfr. Artículo 30 de la Constitución Política. , tutela Sobre este particular pueden estudiarse entre otras, las Sentencias T-172 de 1993 M.P.J.G.H.G. y T-321 de 1996 M.P.H.H.V., cumplimiento Cfr. Artículo 87 de la Constitución Política y artículo 4 de la Ley 393 de 1997., populares Cfr. Artículo 12 numeral 1º de la Ley 472 de 1998. y de grupo Cfr. Artículo 48 Ley 472 de 1998. por cuanto ellas tienen como sujeto activo a toda persona. Recuérdese que los sujetos de estas modalidades de protección constitucional no lo son por virtud del vínculo político que exista con el Estado colombiano sino por el hecho de ser personas. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-172 de 1993 M.P.J.G.H.G..
Sobre este particular, esta Corporación ha sostenido ''que bajo el nuevo marco constitucional, en ningún caso el legislador está habilitado y mucho menos la autoridad administrativa [...] para desconocer la vigencia y el alcance de los derechos fundamentales ni los derechos inherentes a la persona humana garantizados en la Carta Política y en los tratados internacionales en el caso de los extranjeros, así aquéllos se encuentren en condiciones de permanencia irregular.'' Corte Constitucional. Sentencia T-215 de 1996 M.P.F.M.D..
Es evidente entonces, que la Constitución Política reconoce a los extranjeros el derecho al trato igual, asegurándoles la protección jurídica de los mismos derechos y garantías de que son titulares los nacionales. Sobre este particular, la Corte precisó en la Sentencia C-1259 de 2001 que ''el reconocimiento de los derechos de los extranjeros no implica que en nuestro ordenamiento está proscrita la posibilidad de desarrollar un tratamiento diferenciado en relación con los nacionales.''. En este sentido, debe precisarse que dicho reconocimiento genera al mismo tiempo la responsabilidad en cabeza del extranjero, de atender cabal y estrictamente el cumplimiento de los deberes y obligaciones que la misma normatividad consagra para todos los residentes en el territorio de la República conforme lo ordena el inciso segundo del artículo 4 Superior. Corte Constitucional. Sentencia T-215 de 1996 M.P.F.M.D..
''j) Subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros, de conformidad con el artículo 100 de la Constitución.
Los extranjeros deberán realizar las comparecencias que se ordenen, cumplir las normas que se dicten sobre renovación o control de permisos de residencia y observar las demás formalidades que se establezcan. Quienes contravengan las normas que se dicten, o contribuyan a perturbar el orden público, podrán ser expulsados de Colombia. Las medidas de expulsión deberán ser motivadas. En todo caso se garantizará el derecho de defensa.
Los apátridas y refugiados respecto de los cuales no sea posible la expulsión, se someterán al mismo régimen que los colombianos;''
Sobre estas limitaciones a los derechos de los extranjeros, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-179/94 Corte Constitucional Sentencia C-179 de 1994. M.P.D.C.G.D.. precisó, que dichas restricciones deben provenir del legislador y justificarse en razón de la preservación del orden público. Se explicó en dicha ocasión que:
si bien es cierto que los extranjeros tienen los mismos derechos "civiles" que los colombianos, es la misma Constitución en el artículo 100, la que permite que "por razones de orden público", se sometan a condiciones especiales o se les niegue el ejercicio de determinados derechos civiles y, en el caso a estudio, se trata precisamente de un estado excepcional cual es el de conmoción interior, en el que el orden público necesariamente debe estar perturbado. Además, obsérvese que en el literal acusado, no se alude a los derechos fundamentales de los extranjeros, sino solamente a sus derechos civiles, con lo cual la norma se adecua al citado canon constitucional.
Sobre la exigencia constitucional de que tales condicionamientos o limitaciones a los derechos civiles de los extranjeros deben efectuarse por medio de ley, es un requisito que la norma impugnada cumple, pues los decretos legislativos que expide el P. de la República durante los estados de excepción son leyes en sentido material.
Aunado a lo anterior debe señalarse, que las facultades del legislador en lo que concierne a las restricciones que puede establecer para salvaguardar el orden público no son absolutas, pues aquéllas encuentran su límite en la dignidad del ser humano y en la necesidad de garantizar los derechos fundamentales. De esta manera, es claro que la ley no puede restringir, en razón de la nacionalidad los derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, dado que ellos son inherentes a la persona humana y tienen un carácter universal, Corte Constitucional. Sentencia C-385 de 2000 M.P.A.B.C.. sin embargo no ocurre lo mismo con los derechos civiles, como se acaba explicar.
De esta manera, la Carta Política consagra "la ampliación cuantitativa de oportunidades reales de participación ciudadana, así como su recomposición cualitativa en forma que, además del aspecto político electoral, su espectro se proyecte a los planos de lo individual, familiar, económico y social." Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 1994 M.P.H.H.V..
El segundo inciso del artículo 100 de la Carta Política establece un principio general, referido a que sólo los nacionales poseen derechos políticos, así mismo consagra una excepción consistente en que el legislador puede conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto para que éstos puedan participar en elecciones y consultas populares de carácter local.
Conforme lo ha sostenido esta Corporación Corte Constitucional. Sentencia C-093 de 1993 M.P.A.M.C.. la reserva de titularidad de los derechos políticos para los nacionales tiene su fundamento en el hecho de que por razones de soberanía es necesario limitar su ejercicio, situación que está en concordancia con el artículo 9° de la Carta, que prescribe que las relaciones exteriores del Estado colombiano deben cimentarse en la soberanía nacional.
No obstante, el Constituyente de 1991 superó la visión reduccionista a lo nacional contenida en la Carta Política derogada, advirtiendo implícitamente que la persona que viene de otro lugar no es un extraño, y que por el contrario, es alguien, que en situaciones determinadas puede aportar sus experiencias y cooperar en la realización de las metas de una comunidad cuyas decisiones le afectan directa o indirectamente. Esta posición al igual que los postulados constitucionales de integración con las demás naciones (Preámbulo y Arts. 9, 227, 289 C.P.) reconocen la existencia de una concepción de que el mundo es de todos y por lo mismo cada ser humano es un ciudadano universal, perspectiva que armoniza con el pensamiento aristotélico de que el hombre es por naturaleza un animal político (zoon politicon).
Sobre este particular, la Constitución Política otorgó la facultad al legislador, para que atendiendo a las circunstancias propias de la actividad política y en ejercicio de su libertad de configuración, concediera ciertos derechos políticos a los extranjeros residentes en Colombia, concretamente la facultad de votar en las elecciones de A. mayores, A. municipales, concejales y ediles. Así mismo, participar en consultas populares que se lleven a cabo en municipios y distritos.
El fundamento de esta decisión, ha dicho la Corte, ''estriba en que las elecciones municipales y distritales sólo conciernen el destino político local. Las circunscripciones departamentales y nacionales les están vedadas a los extranjeros. En una localidad lo que está en juego no es el destino político de la nación sino la posibilidad de influir en la toma de decisiones sobre los asuntos de orden local. Tales asuntos son, de conformidad con los artículos 311, 313 y 315 de la Carta, de naturaleza administrativa, de planificación, de participación y en general de desarrollo estrictamente local, para lo cual resulta legítimo que un extranjero vecino de un municipio, a quien le afectan tal suerte de decisiones, pueda influir en las mismas.'' I..
"Artículo 78. Tienen derecho al sufragio, sin necesidad de obtener previamente ciudadanía legal, los hombres y las mujeres extranjeros, de buena conducta, con familia constituida en la República, que poseyendo algún capital en giro o propiedad en el país, o profesando alguna ciencia, arte o industria, tengan residencia habitual de quince años, por lo menos, en la República.
La prueba de la residencia se fundará indispensablemente en instrumento público o privado de fecha comprobada, y si la justificación fuera satisfactoria para la autoridad encargada de juzgarla, el extranjero quedará habilitado para el ejercicio del voto desde que se inscriba en el Registro Cívico, autorizado por la certificación que, a los efectos, le extenderá aquella misma autoridad." (Resaltado fuera de texto)
"Artículo 64. Son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.
El voto para las elecciones municipales y parroquiales y estadales se hará extensivo a los extranjeros o extranjeras que hayan cumplido dieciocho años de edad, con más de diez años de residencia en el país, con las limitaciones establecidas en esta Constitución y en la ley, y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política." (Resaltado fuera de texto)
"Artículo 14. Los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley." (Resaltado fuera de texto)
''Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital.'' (Resaltado fuera de texto)
Nótese entonces, que el Constituyente no impuso un mandato al legislador para que concediera el derecho al voto a los extranjeros, sino que contrario sensu, le otorgó la iniciativa para que en desarrollo de la cláusula general de competencia de que es titular, hiciera dicho reconocimiento. Así entonces, el establecimiento del voto a los extranjeros, es una potestad del legislador más no un imperativo proveniente del texto fundamental.
Contenido de la norma parcialmente acusada y su armonía con el texto constitucional
El Código Nacional de Policía, expedido en vigencia de la Carta Política de 1886, reguló en el Libro Segundo lo relativo al ejercicio de algunas libertades públicas haciendo en el Capítulo VII previsiones sobre los derechos de los extranjeros. Precisa la normativa, que éstos pueden ejercer los mismos derechos y están protegidos por las mismas garantías reconocidas a los nacionales colombianos, salvo el ejercicio de los derechos políticos que les están reservados a éstos (Art. 171 C.N.P.).
En el mismo sentido, el artículo 172 ídem en seis numerales hizo una relación de los derechos políticos vedados al extranjero, los cuales se aplican tanto a aquél que es residente como al que no ostenta esa condición.
El primero de ellos, cuya acusación es el objeto de este proceso, concierne, a la prohibición de participar en elecciones de votación popular, esto es, que el extranjero no puede elegir autoridades del orden nacional como P. y V. de la República, Senadores y Representantes a la Cámara. A nivel seccional tampoco podrán elegir Gobernadores y Diputados y en el ámbito local A. Mayores, A. Municipales, Concejales ni Ediles.
En concepto de los actores, dicha prohibición atenta contra el artículo100 Superior, puesto que se le impide al extranjero participar en las elecciones de los servidores públicos del orden municipal y distrital.
A este respecto, considera la Corte que el reproche de constitucionalidad planteado no está llamado a prosperar, por cuanto está fundado en el equivocado entendimiento de que la Constitución Política otorga en forma directa el derecho al voto a los extranjeros residentes en Colombia, interpretación que según se ha explicado, no corresponde al sentido y alcance que debe darse a la excepción de la reserva de la titularidad de los derechos políticos en los nacionales colombianos, consagrada en el artículo 100, que se reitera, atribuyó a la ley la opción o la posibilidad Así lo señaló esta Corporación en las Sentencias C-385 de 2000 M.P.A.B.C.. Consideración Jurídica 2.2. y C-1259 de 2001. Consideración Jurídica No. 4. de conceder el derecho al voto a dichos extranjeros.
La Corte advierte también, que podría sostenerse que si bien la Carta Política confiere una facultad al legislador para conceder el derecho al voto a los extranjeros, dicha preceptiva no lo autoriza para prohibir a éstos su ejercicio, por lo que la restricción contenida en el precepto acusado resultaría contraria a la Constitución.
Sobre este particular, debe precisarse que dicho argumento es meramente gramatical y no consulta la interpretación que debe darse a la norma demandada, en observancia del principio de conservación del derecho Sobre los alcances y límites de este principio pueden estudiarse, entre otras, las Sentencias C-600A de 1995, C-468 de 1997, C-843 de 1999 y C-599 de 1999 M.P.M.P.A.M.C.; C-499 de 1998 M.P.E.C.M. y C-251 de 2002 M.P.E.M.L. y C.I.V.H. ., según el cual, a partir del juicio de constitucionalidad de una disposición legal no es viable declarar su inexequibilidad y, en consecuencia, impedir su ejecución en el ordenamiento jurídico, cuando la misma admite por lo menos una interpretación ajustada a la Constitución. En estos eventos, la Corte debe emitir una sentencia interpretativa condicionando la aplicación del precepto legal a la interpretación que desarrolla el texto constitucional, Corte Constitucional. Sentencia C-1062 de 2000 M.P.A.T.G.. y de esa manera, conservar al máximo las disposiciones emanadas del legislador, en virtud del respeto al principio democrático. Corte Constitucional. Sentencia C-100 de 1996 M.P.A.M.C..
En aplicación del citado criterio hermenéutico, la Corte observa, que si bien la norma demandada fue expedida con anterioridad a la Carta Política de 1991, ésta no resulta incompatible con las nuevas previsiones que el texto fundamental hizo respecto de los derechos a los extranjeros y concretamente frente a la posibilidad del legislador de concederles a estas personas el derecho al voto, por cuanto los efectos de ese precepto legal simplemente reproducen la disposición constitucional que impone la reserva de la titularidad de los derechos políticos a los nacionales, dentro de los cuales se encuentra la facultad de participar en la conformación del poder político a través del voto.
Providencia nº 11001010200020110243100 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria de 5 de Octubre de 2011

References: artículo 172

Artículo 172
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 Artículo 12
 Artículo 48
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e contrario
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