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Timestamp: 2019-09-22 12:29:23+00:00

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El presidente del Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España, Alfonso Villa Vigil, ha concedido una entrevista a EL MÉDICO – Coemu
La plétora profesional, el intrusismo, el paro… son algunas de las cuestiones que más preocupan a los profesionales de la Odontología. Para el Dr. Alfonso Villa Vigil, doctor en Medicina y Cirugía, catedrático de la Universidad de Oviedo, en el área de Estomatología, y presidente del Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España desde 1995, el futuro de la Odontología pasa por hacer una planificación de profesionales a largo plazo; por la especialización mediante el modelo de residencia en centros acreditados; y por que el Gobierno regule las relaciones entre dentistas y protésicos, identificando qué competencias le corresponden a cada profesión. Además, el Dr. Villa Vigil ha anunciado la puesta en marcha de un título propio de dentista especialista del Consejo General de Dentistas y la normalización de la historia clínica digital mediante un modelo común.
¿Cuál es la situación actual de la Odontología en España?
Muy mala y empeorando porque tenemos un exceso de profesionales y no hay ninguna traza de buscar soluciones para enmendar la cifra y adecuarla verdaderamente a las necesidades. Los odontólogos son unos profesionales muy cualificados, pero muy especializados, de manera que no son reconvertibles, a diferencia de lo que ocurre con los médicos, que pueden hacer ciertos trasiegos de una especialidad a otra afín por zonas de troncalidad. En Odontología no es viable y un odontólogo no puede reconvertirse en médico o enfermero, sino que tiene que empezar sus estudios desde el principio. Ha habido muy poca precaución y previsión de lo que realmente se necesitaba en España y el número de facultades ha crecido indiscriminadamente y la demanda ha sido enorme a la voz, por supuesto falsa, de que todos los dentistas viven como marajás. El número de alumnos ronda los 1.500 todos los años y si tenemos en cuenta que tenemos el doble de los que hacen falta y que no se retiran 1.500 dentistas al año, sino muchos menos, el número sigue creciendo. Según nuestras estimaciones, calculamos que para el año 2020 habrá más de 40.000 dentistas. Si tenemos en cuenta que actualmente somos casi 28.000 y ya hay paro, la situación será dramática. No vemos una fácil solución para el numerus clausus ya que esto es una competencia de las comunidades autónomas y éstas no son conscientes de la situación. A todo esto hay que añadir que mientras que la idea de estudiar es un derecho al alcance de todos, no tengo tan claro que todas las profesiones puedan estar abiertas para todo el mundo. Una cosa es la formación, el saber y el conocimiento al que todo el mundo tiene derecho, y nadie cuestiona, y otra cosa son las plazas para ejercer ciertas profesiones para las que cuesta mucho formar, de manera que éstas deberían limitarse a los mejores. Si se pone un número de plazas muy limitado pero luego la gente puede ejercer libremente, los que tienen dinero accederán y los que no quedarán fuera. En este sentido, España tiene capacidad para absorber cierta cifra de dentistas, e incluso un poco más para que haya oferta, pero no es razonable que haya el doble de dentistas de los que necesitamos porque, además, las consecuencias son dramáticamente desfavorables. Entre ellas, que se trata de una profesión que ha dejado de ser vocacional y desarrollada en un entorno privado para pasar a desarrollarse en un entorno privado por cuenta ajena en unas condiciones laborales demoledoras y leoninas, en muchos casos. La salida es mala porque las universidades no tienen plan de limitar el número de plazas, las comunidades autónomas tampoco y las universidades privadas siguen ahí porque la gente no está informada. Hay que hacer una planificación de profesionales a largo plazo, más en estas profesiones que repercuten en una materia tan sensible como es la salud, cuidando que las facultades tengan las instalaciones adecuadas, con las oportunas inspecciones y auditorias para ver que la formación que se imparte en las universidades es la adecuada y, en todo caso, tener en cuenta que el número de plazas debería adecuarse y proporcionarse a las verdaderas necesidades sociales.
¿El Consejo ha realizado algún tipo de propuesta para paliar esta situación?
Hemos hecho propuestas y hablado con todos los gobiernos. De hecho, cuando entré, hace 16 años, planteé este tema con un director general de universidades, advirtiendo que la ratio recomendada para nuestro estado epidemiológico era de un dentista por cada 3.500 habitantes, según establece la OMS. Desde ese momento, he hablado con todo tipo de autoridades, y aunque nos dan la razón, siempre subyace la idea de que el estudio y la formación es libre. Como consecuencias graves de esta situación, tenemos indicios, aunque no pruebas porque es difícil conseguirlas, de que se están haciendo sobretratamientos y sobrediagnósticos para ingresar más dinero. Por otra parte, la publicidad es escabrosa y aunque se ha legalizado hay unos mínimos que no son éticos, a veces en el filo de la falsedad, como por ejemplo, aquella que dice que a los pacientes se les puede reponer la boca entera en un solo día. Además, están falseando y jugando con los precios y eso debería ser objeto de investigación por defensa de la competencia.
Es un hecho, por tanto, que sobran odontólogos en España, ¿cómo se puede controlar ese exceso?
Para acotar la situación de desproporción entre el número de dentistas y la demanda asistencial que vivimos actualmente sólo se pueden hacer dos cosas: poner coto al número de dentistas o aumentar la demanda. Poner coto al número de dentistas no tiene otro camino que el numerus clausus y la vía del aumento de la demanda en este momento de crisis va a ser muy difícil, por un lado porque la conciencia de prevención en España es muy baja y, por otro, por la fama que tenemos de ser caros, lo cual es un círculo vicioso, ya que la gente tiene tratamientos carísimos porque tiene gran abandono de su boca.
En este sentido, ¿el nivel de salud bucodental que hay en nuestro país depende en alguna medida de la labor de prevención que pudieran realizan los pediatras?
Sí es cierto que no hemos hecho ninguna acción con la Sociedad Española de Odontopediatría, aunque sí los mayores esfuerzos han ido encaminados a que la mayor parte de los pediatras conocieran bien la dentición, porque en Medicina no se estudia prácticamente nada de dientes. En cualquier caso, la atención a los niños y jóvenes no va mal, la deficiencia está en la gente mayor que tiene mucha patología acumulada.
¿Puede afectar la crisis a la salud bucodental de los españoles?
Yo tengo la percepción de que han disminuido los pacientes y los tratamientos que son facultativos pero, sin embargo, no creemos que se esté reduciendo la atención a necesidades. En cualquier caso hay indicios de que pudiera estar ocurriendo y para ello hemos encargado un estudio para que en caso de que sea afirmativo advertir al Gobierno de que la crisis está perjudicando a los más desfavorecidos.
Si bien no nos encontramos en el mejor contexto económico para implantar un servicio de salud oral universal y público, ¿existen algunas medidas o esfuerzos que las Administraciones pudieran hacer para incorporar este tipo de prestaciones dentro del Sistema Nacional de Salud?
Nunca hemos pretendido que la Administración se ponga a cubrir todas las prestaciones dentales porque sería mucho dinero, pero sí llevamos muchos años pidiendo que se vayan incluyendo más prestaciones dentales, en un plan de prioridades, incluyendo a los discapacitados psíquicos, los ancianos con pensiones no contributivas, los pacientes con síndrome de Sjögren…
¿En qué medida impactarán los recortes presupuestarios de las comunidades autónomas en los Planes de Atención Dental Infantil (PADI)? ¿Es posible que haya menos cobertura gratuita para los niños menores de 14 años?
No, espero que los recortes no vayan por ahí, porque si la Odontología es la pariente pobre de la Medicina, si le quitan lo poco que le están dando, la dejarían sin ninguna cobertura. Sí es cierto que se ha dado marcha atrás en alguna comunidad autónoma en la que se habían ampliado las prestaciones de los PADI, de los 15 a los 18 años. Eso sí es lo inteligente, porque una vez que ya se tiene controlados a los menores de 14 años, mantener una boca sana es barata, lo caro es ponerla en salud. Pequeños incrementos que al cabo de 30 años hacen que la población tenga una buena salud bucodental y eso un Estado se lo puede permitir.
Cambiando de tercio y en síntesis, ¿cuáles serían las principales debilidades, fronteras y preocupaciones de la profesión?
Hace años hicimos un análisis DAFO (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) de la situación de la profesión en España y llegamos a la conclusión de que todos nuestros daños, y por tanto para los ciudadanos como destinatarios de nuestros servicios, derivan de la plétora profesional y ese es el gran mal de nuestra profesión. Mientras no se arregle esto, que además no puede arreglarse ni en dos años, ni en tres ni en cinco, esto requiere de quince o veinte años para neutralizar la situación, se nos avecinan tiempos malos.
Se trata de una profesión muy bien formada, de élite. Sobre todo hace unos años, porque creo que ahora hay un bache, ya que se están dando ciertas situaciones profesionales en las que se está jugando en el filo de lo tolerable y se está dando un paso atrás. Además, creo, incluso siendo catedrático de la Universidad de Oviedo, que el plan Bolonia va a comportar otro paso atrás, con meses enteros de vacaciones para preparar exámenes, con asignaturas que se imparten en muy poco tiempo…, en definitiva, estamos volviendo a una parvularización de la universidad. Soy pesimista con el enfoque que está tomando Bolonia y cómo se está aplicando. En cualquier caso, creo que hay margen de mejora, a medida que Bolonia se vaya implantando, pero esto requiere de una inversión. Hacer reformas sin invertir dinero no son reformas, sólo cambios de nombre o de fachada. Por otra parte, la investigación en Odontología es de primerísima calidad y de referencia internacional.
Debido a la plétora profesional, ¿se está produciendo una emigración de profesionales españoles a otros países?
Sí, existe una emigración importante. Se están yendo 20 profesionales todas las semanas, aunque muchos de ellos vuelven. La gente se va una temporada, atraídos por el dinero, porque los sueldos rondan los 4.000 y 5.000 euros, pero al llegar allí se dan cuenta de que la vida en esos países es más cara, casi la mitad del sueldo se va en vivienda… En definitiva, tienes un pool de gente que está yendo y viniendo, que adquiere experiencia, pero la masa de colegiados es siempre la misma.
También ha comentado que el paro tiene sus efectos en esta especialidad, ¿qué medidas se pueden tomar desde el Consejo para poder abordar este problema que tanto preocupa a los profesionales?
Ha habido una propuesta muy inteligente por parte del presidente del Colegio de Valencia y del de Murcia, y que ahora la estamos copiando la mayoría de los colegios, que ha consistido en eximir de cuota a los colegiados que acrediten que están en desempleo. Y aunque no son cuotas altas, pues se les quita esa carga.
¿Es esta crisis un caldo de cultivo para el aumento del intrusismo profesional?
Es un mal endémico en la profesión. Hace años, existía la figura de mecánico dental o mecánico dentista, que se publicitaba como “m. dentista” y que la gente entendía que estaba ante un dentista, una profesión que nunca existió pero que se entendía que era quien hacía las prótesis, sin formación alguna y que trabajaba a la vez que aprendía con el dentista, y que al cabo de un tiempo, algunos de ellos empezaron a independizarse. De estos, algunos de ellos dan un paso más, ven cómo trabaja un dentista y no hay nada más atrevido que la ignorancia. Algunos creyendo que viendo lo que hace el dentista ya lo saben hacer, empiezan a hacer trabajos mecánicos que, lógicamente, tuvieron algunas demandas. Por supuesto, cuando los atrevimientos fueron mayores, se incrementaron las demandas. De hecho, antes de la Democracia era una condena grave, se requisaban todos los útiles de la consulta que no fueran de su profesión e incluso se podía ir a la cárcel. Ya en época constitucional, mientras que las garantías han sido buenas para el ciudadano que es reo de una denuncia, pueden no serlo tanto para aquellos ciudadanos que son víctimas de los delincuentes porque hay que tener pruebas muy contundentes, y éstas son difíciles de obtener, de que alguien es un intruso para que le condenen. De hecho, algunos jueces consideran que es una inducción al delito que alguien vaya a preguntar a un protésico por lo que hace. Las condenas se fueron paulatinamente disminuyendo porque la figura de intrusismo en el análisis jurídico se ha ido devaluando y ha ido preponderando que el intruso no atenta contra un bien público sino que lo que hace es privarle al Estado de un derecho que es el de dar los títulos, lo que se llama el bien jurídico protegido. Eso dista mucho de lo que tiene que ver con el daño que se le hace al paciente. Lo cierto es que el mundo de los juristas está evolucionando por ahí y lleva camino de despenalizarse y de convertirse en una simple falta administrativa, lo cual es catastrófico. En este momento, las infracciones no tienen coste alguno, son ridículas, de manera que compensa pagar dos multas y seguir ejerciendo el intrusismo, seguir delinquiendo.
¿Y cómo podría combatirse ese intrusismo?
Hace falta que la Administración tome cartas en el asunto de una vez, porque nadie lo ha hecho. Por un lado, habría que modificar el Código Penal, y sobre todo, que se regule en este momento cuál es el marco profesional de los herederos de los mecánicos, que hoy son los protésicos dentales, y casi todo el intrusismo está ceñido a ellos. De hecho, el 90 por ciento de los intrusos son protésicos, pero de esto no debe deducirse que los protésicos son intrusos, porque son unos profesionales excepcionales que necesitamos para nuestro trabajo, sino que los intrusos suelen ser protésicos. Con la plétora profesional, que afecta no sólo a los dentistas sino también a los protésicos, muchos de ellos han empezado a buscarse los “garbanzos”, y han ido tergiversando las leyes, encontrando hueco en la prensa, y, lo que es peor, haciéndose eco en algunos juzgados.
Entonces, ¿cómo es la relación entre los dentistas y los protésicos dentales?
Para explicar esto, hay que hacer referencia a la Ley 10/1986, sobre odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud bucodental, que establece que el odontólogo tiene entre sus funciones la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de todas las anomalías y enfermedades de la boca, maxilares, dientes y estructuras anexas y la prescripción de medicamentos, prótesis y productos sanitarios. Esto es lo que nos asignaron a nosotros y, en su momento, ya hubo intención por nuestros representantes de que esto se aclarase, queriendo incluir la rehabilitación, pero que como no dejaba de ser un tipo de tratamiento, se consideraba una redundancia y no se incluyó la enmienda. El hecho de que esa enmienda fuera desestimada en el Senado está siendo utilizada por un sector de protésicos para decir que el legislador no les quiso dar la rehabilitación y con esto han engañado a alguno. Pero lo que está claro es que la rehabilitación es un tipo de tratamiento y, de hecho, cuando a un paciente le ponemos una prótesis lo que hacemos es rehabilitarle. No hacemos la prótesis, eso sí, pero sí la rehabilitación que comporta el tallado de los dientes, los moldes, las adecuaciones, las pruebas… En definitiva, el hecho de que no aparezca la palabra rehabilitación no quiere decir que no sea una competencia de los dentistas, significa sencillamente que es redundante con el tratamiento. Por su parte, a los protésicos dentales la Ley les asignó en el artículo 2, las funciones de preparación, diseño, fabricación, elaboración y reparación de las prótesis dentales. El problema es que para hacer una prótesis es necesario un diagnóstico, una preparación, un tratamiento previo, un tallado de dientes y una toma de impresiones de las que se encarga el dentista. Lo que ha ocurrido es que los protésicos interpretan que la función de prescripción, que pertenece a los dentistas, es una receta. Así pues, consideran que al igual que un ciudadano va al médico y le da una receta y éste elige en qué farmacia comprar el medicamento, los protésicos reclaman que el paciente vaya al dentista y que éste le dé una receta con la prótesis que quiere y en consecuencia elija dónde quiere hacérsela. En principio suena bien, el problema es que el protésico no tiene preparación para tomar los registros, tomar impresiones…, una cualificación que tenemos nosotros y que los protésicos utilizan para decir que nos estamos metiendo en su terreno. La Ley en ningún sitio contempla todo el tema de toma de impresiones, tallado de dientes… y la cuestión ha llegado a los tribunales. De hecho, el Tribunal Supremo ha llegado a decir que eso formaba parte de la prescripción, pero lo dijo en el desarrollo de la Ley mediante el Real Decreto 1594/95, donde se decía que el dentista era quien tomaba las impresiones y se encargaba de la preparación previa, hecho que fue impugnado por los protésicos y perdido. Ahí estamos y en esta batalla algún juez les ha hecho caso. Asimismo, la Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional del Medicamento, en su artículo 3, anteriormente la Ley 25/1990, del Medicamento, en su artículo 4 de incompatibilidades profesionales, dice que hay incompatibilidades para el ejercicio de actividades públicas, concretamente, el ejercicio clínico de la Medicina, Odontología y de la Veterinaria serán incompatibles con cualquier clase de intereses económicos directos derivados de la fabricación, elaboración, distribución y comercialización de los medicamentos y productos sanitarios. Este hecho fue tomado en cuenta por los protésicos para decir que los dentistas estábamos ganando dinero delictivamente porque revendíamos prótesis, algo que no es así porque nosotros lo que hacemos es añadirle a nuestros honorarios lo que nos ha costado la prótesis, no revendemos, es un suplido que se añade a la factura. Con esto seguimos peleando, hemos ido ganando casi todos juicios, aunque alguno hemos perdido porque los mecanismos para ganarlos han sido sucios y corruptos, y hay varias sentencias y referencias al respecto. Además, la Ley General de Sanidad, en su artículo 10.13, dice que todos los pacientes tienen el derecho, con respecto a las distintas Administraciones públicas sanitarias, no privadas, a elegir el médico y los demás sanitarios titulados de acuerdo con las condiciones contempladas en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en las que regule el trabajo sanitario en los centros de salud. También, la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en su artículo 5, dice expresamente que el paciente tiene derecho, en el ámbito público y en el ámbito privado por cuenta ajena, a elegir médico, nada más, de hecho, en la tramitación de la Ley decía médicos y otros titulados y, al final, quedó en médicos. Por lo tanto, la voluntad del legislador no es para nada que el paciente elija protésico. Y, además, es lógico, porque todas estas leyes dicen que la responsabilidad del tratamiento y de todas las prótesis son del dentista, porque el protésico es responsable de las prótesis ante el dentista y éste lo es ante el paciente, por lo que el dentista elegirá con qué protésico trabaja y, por supuesto, informará al paciente si así lo requiere. A todo esto hay que añadir que los planes de formación de un protésico no incluyen nada de formación clínica, acerca de cómo hay que tallar los dientes, tomar los moldes o poner anestesia. Por tanto, su trabajo se restringe a la fabricación de productos sanitarios, es mecánica pura. No es lo mismo un profesional sanitario que un profesional clínico. Lo que hace falta es que de una vez el Gobierno “coja el toro por los cuernos”, regule las relaciones entre las profesiones e identifique qué competencias le corresponden a cada uno.
No. Es necesario un catálogo de prestaciones unificado, de hecho se ha solicitado, pero no se ha cumplido. Es una de las tareas pendientes con la actual ministra de Sanidad.
¿Y es correcta la distribución de profesionales entre unas CC.AA. y otras?
Sí. En cualquier caso, en aquellos sitios donde hay facultad de Odontología hay un poco más de plétora, y la sigue habiendo en aquellas donde hay más demanda y mejores prestaciones. No es mala medida que en las comunidades autónomas los sistemas de atención dental se hicieran mediante un contrato privado, porque salvo algunas comunidades que tienen instalaciones odontológicas, ponerlas en marcha donde no existen es muy caro. Para llegar a todos los sitios se trata de utilizar una red de dentistas que ya existe y de llegar a un pacto. Es un error insistir en las instalaciones propias, que están infrautilizadas, cuando hay clínicas en las que están mucho más optimizados todos esos recursos.
Respecto a las especialidades oficiales en Odontología, ¿cómo se organizarán y cuándo serán una realidad en España?
Hoy en Odontología queremos que las especialidades existan, no así hace unos años cuando existía reparo con el riesgo de que si existían especialistas los generalistas no pudieran ejercer la especialidad. Pero desde 2007 apoyamos abiertamente las especialidades por varias razones. Por un lado, porque la legislación universitaria contempla que las universidades para dar un título de máster oficial éste sólo puede durar un año o dos, cuando las especialidades en Europa exigen tres años para ser reconocidas, con lo cual, las universidades están haciendo títulos propios, de tres años, con unos precios, la mayoría, prohibitivos. Además, para la vía del máster oficial, la ley contempla que las universidades pueden exigir una formación complementaria específica y entonces la trampa viene por crear un máster oficial, de un año, que para entrar en él te exigen una formación complementaria de 50 créditos de esa materia que sólo se pueden obtener en un título propio que el más barato cuesta 25.000 euros. Esto significa que para tener un título oficial tengo que tener 25.000 euros y esto no puede ser de ninguna manera. Por otro lado, porque la legislación universitaria es endogámica y contempla unas prerrogativas que no son aceptables como autorizar a otros centros a que den formación en su nombre, así pues, por ejemplo, la Universidad Politécnica de Cataluña, que es una universidad que no tiene estudios de Medicina, ni de Odontología, ni de ciencia sanitaria excepto Óptica, está dando máster propios que se forman en las clínicas Vitaldent. Un sistema que acredite a quien le da la gana no lo quiero y, por todo esto, queremos que las especialidades se hagan mediante modelo residencia que, evidentemente, tiene dificultades, porque si bien en Medicina la residencia se hace en centros públicos, que parece que están por encima de cualquier sospecha, en Odontología al no haber centros públicos o no ser casi ninguna prestación pública, habría que acreditar centros privados y eso siempre va a alimentar la sombra de la duda.
En cuanto a los títulos propios de especialistas, se ha aprobado la creación del título propio de dentista especialista del Consejo General de Dentistas, ¿puede hablarnos un poco más de ello?
Estamos desarrollado un título propio de dentista especialista del Consejo General de Dentistas que ha soliviantado a la universidad, pero que no me preocupa, porque lo que pretendemos es una formación de calidad mediante un modelo residencia por el cual los jóvenes en vez de pagar cantidades millonarias cobrarán por hacer su trabajo. Además, se entrará mediante una prueba objetiva, y no a dedo, y se hará en centros de calidad acreditados por una comisión. No me opongo a que la universidad forme especialistas siempre que no sea a precio prohibitivo, se admita a los alumnos que les vienen dictados por un examen común y siempre que las clínicas y centros se acrediten ante los comités y comisiones nacionales correspondientes. En este momento, ya se han creado los comités y ahora tienen un plazo de dos o tres meses para establecer los criterios de acreditación de las unidades. A continuación sacaremos un concurso para ver qué clínicas quieren participar y yo soy partidario de cubrir sólo un 70 por ciento de las plazas de cada centro para que si en las inspecciones periódicas algún centro cae, los alumnos se puedan reubicar. Además, el examen no se hará en cada centro, sino que lo hará el comité para todos a la vez y esa evaluación también va a repercutir en cada centro, de forma que cuando suspenda un alumno también suspende el centro, por lo que ambos se preocuparán de que la cosa funcione. Se han contemplado once áreas, pero de momento saldremos con seis de ellas, aquellas que ya son especialidades comunitarias, como Ortodoncia y Cirugía Bucal, además de Periodoncia, Odontopediatría y Endodoncia. También tengo interés en defender Odontología de Familia para intentar aprovechar las unidades de salud bucodental que hay en las comunidades autónomas. Además hay intención de incorporar una de prótesis, de salud comunitaria, de implantología y de dolor craneofacial.
¿Para cuándo y cómo una normalización que permita unificar las historias clínicas electrónicas a través de un modelo común?
Estamos trabajando en ello. Pretendemos normalizar un modelo de historia clínica odontológica, de forma que los datos de los pacientes pudieran enviarse en un formulario común a la nube y que cualquier dentista pudiera acceder a esa información, sin modificar ningún dato anterior. Esto es un sistema voluntario, pero lo que sí queremos es normalizar el modelo de historia clínica. Esperamos que en el plazo de un año esté listo.
Mucho y, de hecho, la ética es una de las principales razones de ser de los colegios pero estos son muy reticentes todavía a abrir expedientes. Yo creo que aunque haya expedientes que no acaben en sanción, sí es necesario que el profesional vea que le puedan “tirar de las orejas”. Tengo la convicción de que los cargos de los colegios sean electos hace que dé miedo tomar medidas que luego vayan en detrimento de los votos.
El Sistema Defensor del Paciente Odontológico (SIDEPO) nace en 2009 creado e impulsado desde el Consejo, ¿en qué consiste y cuáles son sus funciones?
Es un sistema de mediación, ni siquiera de arbitraje, que nos ha dado muchos problemas porque nos han llegado cerca de 700 casos que hemos sido incapaces de absorber por cuestiones domésticas internas. Este sistema nace porque muchos pacientes se quejaban de que cuando tenían un siniestro y pedían una pericial nadie se la quería hacer. Ante esto se planteó este sistema que pretendía evitar la judicialización y hacer mediación, siempre que hubiera lugar a ello. Esto ya existe y cuando los pacientes se quejan en los colegios en general se atiende, lo que ocurre es que la resolución es desigual. En definitiva, el sistema se creó para liberar a las comisiones de ética y a los colegios del trabajo arduo de tener que criticar lo que hace el dentista. Además, cuando las denuncias van dirigidas contra entidades, que son más del 80 por ciento, el colegio no puede atenderlas, tan sólo las que van contra un dentista en particular. Esto tuvo detractores, pero les hicimos ver que no era un órgano de segunda instancia sino un órgano de suplencia. Asimismo, queríamos garantizar que los dentistas no somos corporativistas y que tenemos un sistema para que el paciente que se sienta en indefensión pueda tener a alguien que con intención neutral pueda resolvérselo. Esperamos que antes de final de año resolvamos todas las peticiones que tenemos. Aunque el nombre hace referencia al paciente, es un órgano al que los dentistas también se pueden dirigir y denunciar a un paciente si se encuentran con una situación de agresión, por ejemplo.
Los profesionales tienen la oportunidad de la afiliación y la asociación profesional de carácter patronal y sindical en ANDA (Asociación Nacional de Dentistas Autónomos) y en el SED (Sindicato Español de Dentistas), ¿qué posibilidades ofrecen cada una de ellas?
Los dentistas de toda la vida, que somos la mayoría, estamos en el medio de las cadenas marquistas y de las franquicias, gestionadas por empresarios que no son profesionales, cuya vocación es ganar dinero, para lo que someten, en muchos casos, a los dentistas a utilizar ciertos tipos de prótesis y de implantes, y que además han calado en la sociedad como empresas baratas, aunque en realidad no lo son, pero sí están siendo utilizadas por pacientes de poder adquisitivo más bajo, y también de las clínicas de lujo, de gran calidad, que se están vendiendo todas a grupos de capital riesgo que a día de hoy mantienen los estándares de calidad pero que dentro de unos años se venden o se sacan a bolsa pero sin la garantía de mantener esos niveles de calidad. En este contexto tenemos que hacer grupos de dentistas, hacer marca, defender mediante grupos de dentistas ciertos intereses comunes. Como las marcas no se crean por generación espontánea decidimos hacer una Asociación Nacional de Dentistas Autónomos (ANDA) que sirviera para que los autónomos se nuclearan. Por ejemplo, una marca creada ha sido Confianza Dental, con 200 dentistas afiliados. Por otra parte, para los asalariados creamos el Sindicato Español de Dentistas (SED), donde por cada afiliado el Colegio les daba 5 euros, al igual que para los autónomos. En este momento, están en proceso de elección de junta porque en la fase inicial el presidente era un presidente de un colegio y esto en los estatutos esto no se permite. Además, está muy bien relacionado con los sindicatos médicos.
Por último, como presidente del Consejo, ¿qué acciones pretende llevar a cabo a corto y a medio plazo?
Por el momento no tengo previsto meterme en nada nuevo porque ya acabo mandato, dentro de tres años, y este es el último. No quiero empezar cosas nuevas y que no me dé tiempo a terminarlas. Por el momento, estamos con todo el tema de las especialidades y está recién empezado el tema de la historia clínica electrónica.

References: artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 10
 artículo 5
 resolución