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Timestamp: 2018-08-14 22:56:53+00:00

Document:
INFORME sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la conservación de datos tratados en relación con la prestación de servicios públicos de comunicación electrónica y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE - A6-0365/2005
Procedimiento : 2005/0182(COD)
Ciclo relativo al documento : A6-0365/2005
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sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la conservación de datos tratados en relación con la prestación de servicios públicos de comunicación electrónica y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE
Ponente: Alexander Nuno Alvaro
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2005)0438)(1),
– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0293/2005),
– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A6-0365/2005),
2. Pide a la Comisión que, antes de la entrada en vigor de la presente Directiva, encargue un estudio de evaluación del impacto realizado por un organismo independiente que represente a todas las partes interesadas y aborde todas las cuestiones relacionadas con el mercado interior y la protección de los consumidores;
(3) Los artículos 5, 6 y 9 de la Directiva 2002/58/CE definen las normas aplicables al tratamiento, por los proveedores de red y de servicios, de los datos de tráfico y de localización generados por el uso de servicios de comunicaciones electrónicas. Estos datos deben borrarse o hacerse anónimos cuando ya no se necesiten para la transmisión, salvo los datos necesarios para la facturación o los pagos por interconexión. Previo consentimiento, determinados datos pueden también tratarse con fines comerciales y la prestación de servicios de valor añadido;
(3) Los artículos 6 y 9 de la Directiva 2002/58/CE definen las normas aplicables al tratamiento, por los proveedores de red y de servicios, de los datos de tráfico y de localización generados por el uso de servicios de comunicaciones electrónicas. En principio, estos datos deberían borrarse o hacerse anónimos cuando ya no se necesiten para la transmisión de una comunicación: para la facturación del abonado y los pagos por interconexión podrán tratarse los datos pero sólo hasta el final del periodo durante el cual el pago de la factura pueda ser reclamado legalmente;
(4) El artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE fija las condiciones en que los Estados miembros pueden limitar el alcance de los derechos y obligaciones que se establecen en el artículo 5, el artículo 6, el artículo 8, apartados 1, 2, 3 y 4, y el artículo 9 de la Directiva; tales excepciones constituirán medidas necesarias proporcionadas y apropiadas en una sociedad democrática para fines específicos de orden público, como proteger la seguridad nacional (es decir, la seguridad del Estado), la defensa, la seguridad pública, o la prevención, investigación, descubrimiento y enjuiciamiento de delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas;
(4) El artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE fija las condiciones en que los Estados miembros pueden limitar el alcance de los derechos y obligaciones que se establecen en el artículo 5, el artículo 6, el artículo 8, apartados 1, 2, 3 y 4, y el artículo 9 de la Directiva; tales excepciones constituirán medidas necesarias proporcionadas y apropiadas en una sociedad democrática para fines específicos de orden público, como proteger la seguridad nacional (es decir, la seguridad del Estado), la defensa, la seguridad pública, o la investigación, descubrimiento y enjuiciamiento de delitos graves;
(La primera parte de esta enmienda, es decir, la supresión de «prevención», se aplica a todo el texto. Su aprobación significará efectuar las modificaciones pertinentes donde corresponda.)
(4 bis) La Carta de los Derechos Fundamentales reconoce explícitamente, en su artículo 7, el derecho al respeto de la vida privada y, en su artículo 8, el derecho a la protección de datos de carácter personal.
(6) Las diferencias legales y técnicas entre disposiciones nacionales sobre conservación de datos con fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos crean obstáculos en el mercado interior de las comunicaciones electrónicas; los prestadores de servicios deben cumplir requisitos diferentes en cuanto a los tipos de datos de tráfico que deben conservarse, las condiciones y los periodos de conservación;
(6) Las disposiciones adoptadas hasta la fecha presentan diferencias legales y técnicas al igual que los requisitos en cuanto a los tipos de datos de tráfico que deben conservarse, las condiciones y los periodos de conservación;
(6 bis) La armonización del mercado interior en el ámbito de la conservación de datos pone de relieve la necesidad de un acceso mejor y más equitativo a la justicia y a las vías de recurso de los ciudadanos en toda la UE. Todo ciudadano debería tener el mismo derecho a la protección jurídica y la indemnización contra la utilización indebida de información, independientemente de si ésta procede de una autoridad o de un proveedor.
(7) Las conclusiones del Consejo de Justicia e Interior de 20 de septiembre de 2001 piden garantías de que las autoridades represivas puedan investigar actos delictivos que implican el uso de comunicaciones electrónicas y tomar medidas legales contra sus autores, logrando al mismo tiempo un equilibrio entre la protección de los datos personales y la necesidad de los servicios represivos de acceder a ellos para investigar delitos;
(8) Las conclusiones del Consejo Justicia e Interior de 19 de diciembre de 2002 destacan que, a causa del crecimiento significativo de las posibilidades de las comunicaciones electrónicas, los datos relativos al uso de comunicaciones electrónicas es particularmente importante y, por tanto, una herramienta valiosa en la prevención, investigación, detección y persecución de la delincuencia y enjuiciamiento de delitos, en especial contra la delincuencia organizada;
(8) Las conclusiones del Consejo Justicia e Interior de 19 de diciembre de 2002 destacan que, a causa del crecimiento significativo de las posibilidades de las comunicaciones electrónicas, los datos relativos al uso de comunicaciones electrónicas pueden ser una herramienta valiosa en la prevención, investigación, detección y persecución de la delincuencia y enjuiciamiento de delitos, en especial contra la delincuencia organizada;
(10) La declaración adoptada por el Consejo informal especial el 13 de julio de 2005 refuerza la necesidad de adoptar cuanto antes medidas relacionadas con la conservación de datos de tráfico de las comunicaciones electrónicas;
(10) La declaración adoptada por el Consejo informal especial el 13 de julio de 2005 refuerza la necesidad de adoptar cuanto antes medidas comunes relacionadas con la conservación de datos de tráfico de las comunicaciones electrónicas;
(10 bis) El Grupo de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales creado de conformidad con el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE deberá cumplir los cometidos que establece el artículo 30 también en lo que respecta a la protección de los derechos y las libertades fundamentales y de los intereses legítimos en el sector cubierto por el ámbito de aplicación de la presente Directiva.
(11) Dada la importancia de los datos de tráfico para la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves, como el terrorismo y la delincuencia organizada, según demuestran la investigación y la experiencia práctica de varios Estados miembros, existe la necesidad de asegurar que los datos tratados por proveedores de comunicaciones electrónicas al ofrecer servicios públicos de comunicaciones electrónicas o redes públicas de comunicación se conservan durante un determinado periodo de tiempo;
(11) La experiencia práctica de algunos Estados miembros ha demostrado que los datos de tráfico pueden ser importantes para la investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves, como el terrorismo y la delincuencia organizada. Por consiguiente, existe la necesidad de asegurar que los datos tratados por proveedores públicos de comunicaciones electrónicas al ofrecer servicios públicos de comunicaciones electrónicas o redes públicas de comunicación se conservan durante un periodo de tiempo armonizado;
(11 bis) La elaboración de cualquier lista de tipos de datos que deban conservarse debe reflejar un equilibrio entre los beneficios de la investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves y el grado de invasión de la vida privada a que pueda dar lugar.
(14) Las tecnologías relativas a las comunicaciones electrónicas están cambiando rápidamente y los legítimos requisitos de las autoridades competentes pueden evolucionar; para asesorar sobre estos asuntos la Comisión prevé crear una plataforma integrada por representantes de las autoridades represivas, las asociaciones del sector de las comunicaciones electrónicas y las autoridades de protección de datos;
(14) Las tecnologías relativas a las comunicaciones electrónicas están cambiando rápidamente y los legítimos requisitos de las autoridades competentes pueden evolucionar; para asesorar sobre estos asuntos la Comisión prevé un examen periódico de la necesidad estricta de dichas disposiciones y la evaluación de los tipos de datos necesarios. Una plataforma integrada por representantes del Parlamento Europeo, de las autoridades represivas, las asociaciones del sector de las comunicaciones electrónicas, las organizaciones de protección de los consumidores y las autoridades europeas y nacionales de protección de datos podrá asistir a la Comisión;
(17) Las medidas necesarias para la aplicación de la presente Directiva deberían adoptarse de conformidad con la Decisión del Consejo 1999/468/CE, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión;
(18) Los objetivos de la medida que debe adoptarse, a saber, armonizar las obligaciones de los proveedores de conservar determinados datos y asegurar que éstos estén disponibles con fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves, como el terrorismo y la delincuencia organizada, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, debido a su dimensión y efectos, pueden lograrse mejor a nivel comunitario. Por consiguiente, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad, enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos;
(18) Los objetivos de la medida que debe adoptarse, a saber, armonizar las obligaciones de los proveedores de conservar determinados datos y asegurar que éstos estén disponibles con fines de investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves, como el terrorismo y la delincuencia organizada, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, debido a su dimensión y efectos, pueden lograrse mejor a nivel comunitario. Por consiguiente, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad, enunciado en dicho artículo, no está claro si la presente Directiva no excede de lo necesario y proporcional para alcanzar dichos objetivos, como ha señalado asimismo el Supervisor Europeo de Protección de Datos;
(18 bis) Dado que la seguridad de los datos conservados en virtud de la presente Directiva reviste una importancia crucial para la protección de los derechos de los consumidores, los Estados miembros velarán por que se apliquen las normas más elevadas de seguridad en materia de almacenamiento de los datos, en particular para la protección de los datos contra las alteraciones y el acceso no autorizado, así como contra las amenazas, tanto si están relacionadas con Internet como si no;
(18 ter) El tratamiento en materia de seguridad de los datos conservados en virtud de la presente Directiva debe respetar lo dispuesto en materia de protección de datos en la Directiva 2002/58/CE;
(19) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En especial, la presente Directiva, junto con la Directiva 2002/58/CE, intenta asegurar el pleno cumplimiento de los derechos fundamentales del respeto de la vida privada y de las comunicaciones y de la protección de los datos de carácter personal (artículos 7 y 8 de la Carta);
(19) La presente Directiva podría respetar mejor los derechos fundamentales y los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En especial, la presente Directiva, junto con la Directiva 2002/58/CE, intenta asegurar el pleno cumplimiento de los derechos fundamentales del respeto de la vida privada y de las comunicaciones y de la protección de los datos de carácter personal (artículos 7 y 8 de la Carta), así como de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos1;
1 Véanse, en particular, las sentencias de los casos Amann contra Suiza (nº 27798/95, TEDH 2000-II, de 16 de febrero de 2000, que consideraba que conservar información sobre una persona constituía una injerencia en la vida privada, incluso si no contenía datos sensibles) y Malone contra el Reino Unido (nº 8691/79, de 2 de agosto de 1984, en la que la misma consideración se aplicaba a la práctica de la «medición» de llamadas telefónicas, que implica el uso de un dispositivo que registra automáticamente los números marcados en un teléfono, así como la hora y duración de cada llamada).
(19 bis) Los Estados miembros deberían velar por que la aplicación de la presente Directiva se realice tras la correspondiente consulta a las empresas, en particular en lo que respecta a la viabilidad y a los costes de la conservación de datos. Reconociendo que la conservación de datos representa un esfuerzo práctico y financiero para las empresas, los Estados miembros deberían asegurar la compensación total de los costes en que incurran las empresas como consecuencia de las obligaciones derivadas de la transposición de la presente Directiva.
La lucha contra la delincuencia y la garantía de la seguridad pública son misiones clave del Estado moderno. Las medidas a ese respecto deben por ello ser financiadas totalmente por el sector público y no imputarse a las empresas. En caso contrario se debilitaría el emplazamiento europeo. Por ello, la totalidad de los costes (costes de inversión y explotación) para todas las obligaciones resultantes de la Directiva deberían correr plenamente a cargo de los Estados miembros. Esto es asimismo válido para la elaboración de estadísticas que debería incumbir primariamente a los Estados miembros.
1. Esta Directiva se propone armonizar las disposiciones de los Estados miembros relativas a las obligaciones de los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de una red pública de comunicaciones en relación con el tratamiento y la conservación de determinados datos, para asegurar que los datos estén disponibles con fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves, como el terrorismo y la delincuencia organizada.
1. Esta Directiva se propone armonizar las disposiciones de los Estados miembros relativas a las obligaciones de los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de una red pública de comunicaciones en relación con el tratamiento y la conservación de determinados datos, así como garantizar el pleno respeto de los derechos a la vida privada y a la protección de los datos personales en el acceso a dichos datos, para asegurarse de que los datos estén disponibles con fines de investigación, detección y enjuiciamiento de los delitos graves, mencionados en el apartado 2 bis del artículo 2 de la Decisión marco del Consejo 2002/584/JAI.
2. Esta Directiva se aplicará a los datos de tráfico y de localización de las personas físicas y jurídicas, así como a los datos relacionados necesarios para identificar al abonado o al usuario registrado. No se aplicará al contenido de las comunicaciones electrónicas, lo que incluye la información consultada utilizando una red de comunicaciones electrónicas.
2. Esta Directiva se aplicará a los datos de tráfico y de localización de las personas físicas y jurídicas, así como a los datos necesarios para identificar al abonado o al usuario registrado. No se aplicará al contenido de las comunicaciones electrónicas, lo que incluye la información consultada utilizando una red de comunicaciones electrónicas.
(Esta enmienda se aplica a todo el texto. Su aprobación significará efectuar las modificaciones pertinentes donde corresponda.)
ARTÍCULO 2, APARTADO 2, LETRA A) Y A) BIS (nueva)
a) “datos” significa datos de tráfico y datos de localización, así como los datos relacionados necesarios para identificar al abonado o usuario;
a) “datos” significa datos de tráfico y datos de localización, así como los datos necesarios para identificar al abonado o usuario;
a bis) «autoridades nacionales competentes» significa las autoridades judiciales y las autoridades nacionales competentes para la investigación, detección y persecución de delitos graves.
ARTÍCULO 2, APARTADO 2, LETRA B BIS) (nueva)
b bis) «delitos graves» significa los delitos contemplados en el apartado 2 del artículo 2 de la Decisión Marco del Consejo 2002/584/JAI.1
1Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros.
ARTÍCULO 2, APARTADO 2, LETRA B TER) (nueva)
b ter) «intento de llamada fallido» significa una comunicación en la que se ha logrado establecer una llamada telefónica, pero no se ha obtenido una respuesta o se ha producido una intervención en la red.
1. Como excepción a los artículos 5, 6 y 9 de la Directiva 2002/58/CE, los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar que los datos generados o tratados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de una red pública de comunicaciones en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones dentro de su jurisdicción se conservan de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva.
1. Como excepción a los artículos 5, 6 y 9 de la Directiva 2002/58/CE, los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar que, en caso de que se establezca una comunicación, los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de una red pública de comunicaciones que ofrecen el servicio en cuestión conserven y pongan a disposición los datos generados y tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva por el proveedor que haya prestado el correspondiente servicio de comunicación electrónica.
2. Los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar que los datos conservados de conformidad con esta Directiva solamente se proporcionen a las autoridades nacionales competentes y, en casos específicos, de conformidad con la legislación nacional, con fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves, como el terrorismo y la delincuencia organizada.
2. Los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar que los datos conservados de conformidad con esta Directiva solamente se proporcionen a las autoridades nacionales competentes previa autorización de las autoridades judiciales y otras autoridades competentes de conformidad con la legislación nacional y, en casos específicos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, con fines de investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves, con arreglo al apartado 2 bis del artículo 2 de la Decisión marco del Consejo 2002/584/JAI.
La presente Directiva deberá respetar los principios establecidos en la Decisión Marco del Consejo sobre la [protección de datos].
ARTÍCULO 3, APARTADO 2 BIS (nuevo)
2 bis. A este fin deberá estar a disposición del público una lista actualizada de las autoridades represivas competentes designadas.
Acceso a datos conservados
1. Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios o de redes de comunicaciones electrónicas de acceso público solamente concedan acceso a los datos conservados de conformidad con la presente Directiva bajo las condiciones mínimas que figuran a continuación y establecerán recursos judiciales de conformidad con las disposiciones recogidas en el Capítulo III de la Directiva 95/46/CE:
a) las autoridades nacionales competentes, debidamente autorizadas por una autoridad judicial u otra autoridad nacional independiente que disponga de competencia para ello, podrán acceder a los datos solamente para los fines concretos, explícitos y legítimos definidos por la presente Directiva, caso por caso, respetando el secreto profesional de conformidad con el Derecho nacional;
(b) no se dará a los datos ningún tipo de tratamiento adicional que sea incompatible con estos fines; todo tratamiento adicional por parte de las autoridades nacionales competentes de los datos conservados por otros procedimientos conexos estará limitado por una serie de garantías estrictas;
(c) está prohibido el acceso a los datos por parte de otros organismos públicos;
(d) los distintos Estados miembros definirán en su Derecho nacional el proceso que se aplicará para acceder a los datos conservados y proteger los datos a los que se ha tenido acceso; los proveedores no podrán tratar los datos conservados de conformidad con la presente Directiva para sus propios fines;
(e) los datos serán necesarios, pertinentes y proporcionados en relación con los fines para los que se tiene acceso a ellos; los datos se tratarán adecuadamente y dentro de la legalidad: en todo caso, el acceso se limitará a aquellos datos que resulten necesarios en el contexto de una investigación concreta y no incluirá la extracción de datos a gran escala con respecto a los perfiles de las personas no consideradas sospechosas por las autoridades nacionales competentes con respecto a sus desplazamientos y comunicaciones;
f) todo acceso a los datos conservados será registrado en un registro de tratamientos que permitirá identificar al solicitante, a los supervisores del tratamiento, al personal autorizado a acceder a los datos y a tratarlos, a la autoridad judicial interesada, los datos consultados y la finalidad para la que se han consultado;
(g) los datos se conservarán de una forma que permita identificar a los sujetos de dichos datos sólo en la medida necesaria para los fines para los que hayan sido recopilados o tratados ulteriormente;
(h) se garantizará la confidencialidad e integridad de los datos incluyendo el respeto del secreto profesional; se registrará toda extracción de datos y se pondrán estos registros a disposición de las autoridades nacionales competentes en materia de protección de datos;
(i) los datos a los que se acceda serán exactos y se adoptarán todas las medidas necesarias para velar por que los datos personales que sean inexactos, en relación con los fines para los que se hayan recogido o tratado ulteriormente, se borren o rectifiquen;
(j) los datos se borrarán una vez que dejen de ser necesarios para los fines para los que fueron recopilados;
(k) las autoridades nacionales competentes solamente podrán transmitir los datos a terceros países mediante acuerdo internacional concluido sobre la base del artículo 300 del Tratado y previo dictamen conforme del Parlamento respecto de dicho acuerdo (párrafo 2 del apartado 3 del artículo 300 del Tratado).
Protección de datos y seguridad de los datos
Cada uno de los Estados miembros garantizará que los datos conservados en virtud de la presente Directiva están sujetos, como mínimo, a las normas de aplicación de los artículos 16 y 17 de la Directiva 95/46/CE, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Directiva 2002/58/CE y a los siguientes principios de seguridad de los datos:
(a) los datos estarán sometidos a las medidas técnicas y organizativas apropiadas para protegerlos de la destrucción o pérdida accidental o ilegal, alteración, divulgación o acceso no autorizado o ilegal, y de cualquier otro tipo de tratamiento ilegal;
(b) los datos estarán sometidos a las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que su divulgación y el acceso a los mismos sólo son realizados por personas cuyo comportamiento está sometido a la supervisión de una autoridad judicial o administrativa competente;
(c) los proveedores de servicios o de redes de comunicaciones electrónicas de acceso público, así como las autoridades de los Estados miembros que tengan acceso a los datos tomarán las medidas adecuadas de seguridad para evitar su almacenamiento, acceso, tratamiento, divulgación o uso no autorizados, inadecuados o ilícitos, por ejemplo a través de sistemas técnicos plenamente actualizados que permitan proteger la integridad de los datos y a través de la designación de personal especialmente autorizado que pueda tener acceso exclusivo a los datos;
(d) los proveedores de servicios o de redes de comunicaciones electrónicas a disposición del público crearán un sistema separado de almacenamiento de datos con fines de orden público; los datos de este sistema separado no podrán utilizarse bajo ninguna circunstancia con fines comerciales u otros fines no explícitamente autorizados por la presente Directiva;
(e) las autoridades nacionales competentes sólo podrán remitir los datos a terceros países mediante acuerdo internacional concluido sobre la base del artículo 300 del Tratado y previo dictamen conforme del Parlamento respecto de dicho acuerdo (párrafo 2 del apartado 3 del artículo 300 del Tratado);
(f) todos los datos se destruirán al final del período de conservación excepto los datos que hayan sido accesibles y que se hayan conservado.
(g) la autoridad de protección de datos u otra autoridad independiente que disponga de las correspondientes competencias de conformidad con el Derecho nacional, se encargará de supervisar la aplicación de la presente Directiva.
Categorías y tipos de datos que deben conservarse
Los Estados miembros asegurarán que las siguientes categorías de datos se conservan de conformidad con la presente Directiva:
1. Los Estados miembros asegurarán que las siguientes categorías de datos se conservan de conformidad con la presente Directiva:
(a) datos necesarios para rastrear e identificar el origen de una comunicación;
(b) datos necesarios para rastrear e identificar el destino de una comunicación;
(c) datos necesarios para identificar la fecha, hora y duración de una comunicación;
(d) datos necesarios para identificar el tipo de comunicación;
(e) datos necesarios para identificar el dispositivo de comunicación o lo que se considera ser el dispositivo de comunicación;
(f) datos necesarios para identificar la localización del equipo de comunicación móvil.
Los tipos de datos que deben conservarse bajo las categorías previamente mencionadas de datos se especifican en el anexo.
Los datos que revelen el contenido de una comunicación no podrán incluirse.
ARTÍCULO 4, APARTADO 1 BIS (nuevo)
1 bis. Tipos de datos que deben conservarse:
(1) Con respecto a la telefonía de red fija:
(a) Número de teléfono de llamada;
(b) Nombre y dirección del abonado o usuario registrado;
b) Datos necesarios para rastrear e identificar el destino de una comunicación:
(a) Número o números de teléfono llamados;
(b) Nombre y dirección del abonado o abonados o usuarios registrados;
(a) Fecha y hora del comienzo y fin de la comunicación;
d) Datos necesarios para identificar el tipo de comunicación;
(a) El servicio telefónico utilizado, por ejemplo voz, conferencia múltiple, fax y servicios de mensajería.
(2) Con respecto a la telefonía móvil:
(b) Nombre y dirección de los abonados o usuarios registrados;
(a) El servicio telefónico utilizado, por ejemplo voz, conferencia múltiple, servicio de mensajes cortos, servicio de medios mejorados o servicio multimedia.
e) Datos necesarios para identificar el dispositivo de comunicación o lo que se considera ser el dispositivo de comunicación:
(a) Identidad internacional del abonado móvil (IMSI) tanto del llamante como del llamado;
(b) En el caso de las tarjetas o servicios anónimos de pago por adelantado, la fecha y hora de la primera activación de la tarjeta y la etiqueta (identificador de celda) desde la que se haya hecho la activación.
f) Datos necesarios para determinar la localización del equipo de comunicación móvil:
(a) La etiqueta de localización (identificador de celda) al comienzo y fin de la comunicación.
(3) Con respecto a Internet y sus servicios:
(a) La dirección del Protocolo Internet (IP), ya sea dinámica o estática, asignada por el proveedor de acceso a Internet a una comunicación;
(b) La etiqueta de conexión o el número de teléfono asignado a cualquier comunicación que acceda a la red telefónica pública;
(c) Nombre y dirección del abonado o usuario registrado a quien se asignó la dirección IP, la etiqueta de conexión o la identificación del usuario en el momento de la comunicación;
b) Datos necesarios para identificar la fecha, hora y duración de una comunicación:
(a) Fecha y hora del inicio y cierre de las sesiones de Internet en un determinado huso horario;
c) Datos necesarios para identificar el dispositivo de comunicación o lo que se considera ser el dispositivo de comunicación:
(a) Número de teléfono de llamada en caso de acceso por marcación;
(b) Línea digital de abonado (DSL) u otro punto terminal identificador del autor de la comunicación;
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 2
Los Estados miembros podrán solicitar a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de una red de comunicaciones pública que conserven los datos relativos a intentos fallidos de obtener una comunicación dentro de estas categorías de datos de conformidad con su Derecho nacional.
No deben incluirse los datos que revelen el contenido de una comunicación.
Revisión del anexo
El anexo se revisará regularmente en la medida necesaria de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 6, apartado 2.
1. La Comisión estará asistida por un Comité integrado por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicarán los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, teniendo en cuenta lo previsto en su artículo 8.
3. El periodo establecido en el artículo 5, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE será de tres meses.
Los Estados miembros se asegurarán de que las categorías de datos mencionados en el artículo 4 se conserven durante un periodo de un año a partir de la fecha de la comunicación, a excepción de los datos relacionados con comunicaciones electrónicas que tengan lugar entera o principalmente a través del Protocolo Internet. Estos últimos se conservarán durante un periodo de seis meses.
Los Estados miembros se asegurarán de que las categorías de datos mencionados en el artículo 4 se conserven durante un periodo de seis meses-un año a partir de la fecha de la comunicación; transcurrido ese plazo, los datos deberán borrarse.
Las autoridades competentes velarán por que los datos transferidos sean borrados por medios automáticos una vez concluidas las investigaciones para las que se concedió el acceso a los datos.
La Comisión informará debidamente al Parlamento Europeo de las notificaciones de los Estados miembros con arreglo al apartado 4 del artículo 95 del Tratado.
Los Estados miembros garantizarán que los datos se conservan de conformidad con la presente Directiva de manera que los datos conservados y cualquier otra información necesaria con ellos relacionada puedan transmitirse sin demora cuando las autoridades competentes así lo soliciten.
Los Estados miembros garantizarán que los datos especificados en el artículo 4 son conservados por los proveedores de servicios o de redes de comunicaciones electrónicas de acceso público de conformidad con la presente Directiva de manera que los datos conservados y cualquier otra información necesaria con ellos relacionada puedan transmitirse sin demora cuando las autoridades competentes nacionales de los Estados miembros afectados así lo soliciten.
El tratamiento de los datos tendrá lugar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Directiva 95/46/CE y en el artículo 4 de la Directiva 2002/58/CE.
ARTÍCULO 8, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)
1. Los Estados miembros establecerán un sistema de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias (tanto en el ámbito administrativo como en el penal) para las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva.
2. Los Estados miembros garantizarán que las personas contra las que se incoen procedimientos sancionadores disfruten de derechos de defensa y de recurso efectivos.
Los Estados miembros asegurarán que las estadísticas sobre la conservación de datos tratados en el marco de la prestación de servicios públicos de comunicación electrónica se faciliten a la Comisión Europea anualmente. Tales estadísticas incluirán:
Los Estados miembros asegurarán que las estadísticas sobre la conservación de datos tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicación electrónica se faciliten a la Comisión Europea anualmente. ENISA (Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información) podrá ayudar a los Estados miembros a reunir estas estadísticas. Tales estadísticas, cuya elaboración correrá a cargo de las autoridades competentes nacionales, incluirán:
– los casos en que se haya facilitado información a las autoridades competentes de conformidad con el Derecho nacional aplicable;
– el tiempo transcurrido entre la fecha en que se conservaron los datos y la fecha en que la autoridad competente solicitó su transmisión;
– los casos en que no pudieron satisfacerse las solicitudes de datos.
- el número de casos en que los datos solicitados no han servido directamente para aportar elementos en el marco de las investigaciones;
- el número de casos en que se han solicitado datos que no estaban a disposición de las empresas interesadas.
- los casos en que se presumen o se han cometido de hecho infracciones de las normas de seguridad.
La Comisión Europea presentará dichas estadísticas anualmente al Parlamento Europeo y, más adelante, cada tres años.
Tales estadísticas no contendrán datos personales.
1. Los Estados miembros velarán por que una o más autoridades públicas se responsabilicen del control de la aplicación en sus respectivos territorios de las disposiciones adoptadas por ellos en aplicación de la presente Directiva en relación con la seguridad de los datos almacenados.
2. Estas autoridades actuarán con plena independencia en el ejercicio de las funciones a las que se refiere el apartado 1.
Los Estados miembros asegurarán que los proveedores de servicios de comunicación electrónica de acceso público o de una red de comunicaciones pública sean reembolsados por los costes adicionales en que demuestren haber incurrido para cumplir con las obligaciones que la presente Directiva les impone.
Los Estados miembros asegurarán que los proveedores de servicios de comunicación electrónica de acceso público o de una red de comunicaciones pública sean íntegramente reembolsados por los costes adicionales de inversión y funcionamiento en que demuestren haber incurrido para cumplir con las obligaciones que la presente Directiva les impone, incluyendo los costes adicionales probados de protección de datos y los derivados de cualquier futura modificación de la Directiva. El reembolso incluirá los costes probados vinculados a la transmisión de los datos conservados puestos a disposición de las autoridades nacionales competentes.
Artículo 15, apartado 1 bis (Directiva 2002/58/CE)
"1 bis. El apartado 1 no se aplicará a las obligaciones relativas a la conservación de datos con fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves, como terrorismo y delincuencia organizada, derivadas de la Directiva 2005/../CE*."
"1 bis. El apartado 1 no se aplicará a las obligaciones relativas a la conservación de datos con fines de investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves, como terrorismo y delincuencia organizada, derivadas de la transposición de la Directiva 2005/../CE*."
Los Estados miembros se abstendrán de adoptar medidas legislativas en los sectores cubiertos por la presente Directiva.
1. A más tardar tres años desde la fecha mencionada en el artículo 13, apartado 1, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una evaluación de la aplicación de esta Directiva y su impacto en operadores económicos y consumidores, teniendo en cuenta los elementos estadísticos proporcionados a la Comisión de conformidad con el artículo 9 a fin de determinar si es necesario modificar las disposiciones de la presente Directiva, en particular, por lo que se refiere al periodo de conservación previsto en el artículo 7.
1. A más tardar dos años desde la fecha mencionada en el artículo 13, apartado 1, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una evaluación de la necesidad y la eficacia de las disposiciones de la Directiva y del impacto sobre los derechos fundamentales de los interesados. La evaluación examinará asimismo el impacto de las medidas en operadores económicos y consumidores, teniendo en cuenta los elementos estadísticos proporcionados a la Comisión de conformidad con el artículo 9.
Los resultados de la evaluación serán accesibles al público.
2. Con este fin, la Comisión examinará todas las observaciones que le comuniquen los Estados miembros o el Grupo de trabajo de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales creado por el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE o por el Supervisor Europeo de Protección de Datos.
A más tardar dos años después de la fecha prevista en el artículo 13, apartado 1, la presente Directiva será revisada de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 251 del Tratado CE. En particular, los tipos de datos conservados y los periodos de conservación se examinarán desde el punto de vista de su interés para la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, sobre la base de las estadísticas previstas en el artículo 9. La revisión se producirá cada tres años.
Tipos de datos que deben conservarse bajo las categorías definidas en el artículo 4 de la presente Directiva:
(3) Con respecto al acceso a Internet, correo electrónico por Internet y telefonía por Internet:
(b) La identificación de usuario del origen de una comunicación;
(c) La etiqueta de conexión o el número de teléfono asignado a cualquier comunicación que acceda a la red telefónica pública;
(d) Nombre y dirección del abonado o usuario registrado a quien se asignó la dirección IP, la etiqueta de conexión o la identificación del usuario en el momento de la comunicación.
(a) La etiqueta de conexión o la identificación del usuario del destinatario o destinatarios de una comunicación;
(b) Nombre y dirección de los abonados o usuarios registrados que sean los destinatarios de la comunicación.
c) Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de una comunicación;
(1) Con respecto a la telefonía de red fija y a la telefonía móvil:
(a) Fecha y hora del comienzo y fin de la comunicación.
(2) Con respecto al acceso a Internet, correo electrónico por Internet y telefonía por Internet:
(a) Fecha y hora del inicio y cierre de las sesiones de Internet en un determinado huso horario.
(1) Con respecto a la telefonía móvil:
(b) Identidad internacional del equipo móvil (IMEI) tanto del llamante como del llamado.
(c) La dirección del control de acceso a medios (MAC) u otro identificador del aparato del autor de la comunicación.
(1) La etiqueta de localización (identificador de celda) al comienzo y fin de la comunicación;
(2) Mapeo de datos entre identificadores de celda y su localización geográfica al comienzo y fin de la comunicación.
DO C … de ..., p. ….
En la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos Interiores de los días 29 y 30 de abril de 2004, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Suecia presentaron una propuesta común relativa a una Decisión marco sobre la conservación de los datos tratados y almacenados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas(1). La iniciativa tiene su antecedente en la Declaración sobre la lucha contra el terrorismo(2) adoptada por el Consejo el 25 de marzo de 2004, en la que se encomendaba al Consejo que estudiase medidas para la elaboración de propuestas destinadas a establecer normas sobre la conservación de datos de tráfico de comunicaciones por parte de los proveedores de servicios.
El objetivo de la propuesta es la armonización de la cooperación en materia penal mediante la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre conservación de los datos tratados y almacenados por los proveedores de un servicio de comunicaciones electrónicas accesible al público o de una red de comunicaciones pública, a efectos de prevención, investigación, descubrimiento y represión de la delincuencia o de las infracciones penales, incluido el terrorismo.
En los periodos parciales de sesiones de junio y septiembre de 2005, el Parlamento Europeo rechazó unánimemente esta propuesta del Consejo de Decisión marco sobre conservación de datos. En la opinión del Parlamento Europeo, el Consejo había elegido un fundamento jurídico inadecuado. El Consejo partía de su competencia legislativa exclusiva de conformidad con el título VI del Tratado de la Unión Europea (TUE) y se remitía al artículo 31, apartado 1, letra c) en combinación con el artículo 34, apartado 2, letra b) del TUE.
Como los servicios jurídicos del Consejo y de la Comisión, el Parlamento opina que el fundamento jurídico adecuado lo constituye el artículo 95 del TCE, en virtud del cual el Parlamento participa plenamente en el proceso legislativo con facultad de codecisión.
El 21 de septiembre de 2005, la Comisión presentó un proyecto de Directiva propio sobre el almacenamiento de datos con el fundamento del artículo 95 del TCE, poniendo con ello las bases para la negociación con el Consejo. Desde entonces, se han intensificado los debates entre el Consejo y el Parlamento, aunque el Consejo sigue reservándose la posibilidad de hacer prevalecer su Decisión marco.
Además de la cuestión formal de competencias, el Parlamento Europeo tenía objeciones considerables en cuanto al contenido de la Decisión marco sobre el almacenamiento de datos. La Comisión ha tenido en cuenta en su propuesta de Directiva algunas de estas objeciones.
El 24 de noviembre, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior presentó su posición sobre el presente proyecto de Directiva.
2. Posición de partida tras la presentación del proyecto de la Comisión
a. En cuanto al contenido
Datos de tráfico relativos a telefonía fija y móvil, Internet , correo electrónico y telefonía por IP – incluidos datos de localización y llamadas fallidas
Finalidad de la conservación
Prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves, como el terrorismo y la delincuencia organizada
Autoridades que tendrán acceso
Autoridades competentes determinadas por los Estados miembros
12 meses en el caso de la telefonía, 6 meses en el de Internet
Reembolso de los costes adicionales demostrados en que se incurra como consecuencia de la Directiva
Flexibilidad en virtud del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58
Flexibilidad: permite el uso de la conservación de datos para otros fines – pero se armoniza el conjunto de datos para luchar contra delitos graves
Innecesarias – cubierta por Directivas vigentes (95/46 y 2002/58)
No contempladas, cubiertas por la Directiva marco sobre los ataques contra los sistemas de información y las Directivas sobre protección de los datos
Procedimiento de comitología para actualizar la lista de datos
Datos que se conservarán (anexo)
El proyecto de Directiva de la Comisión sobre el almacenamiento de datos prevé las disposiciones siguientes:
b. En cuanto a la forma
La propuesta de la Comisión sobre la regulación de la conservación de datos llegó al Parlamento el 21 de septiembre. El día de la votación en comisión, habían pasado dos meses desde su presentación.
La Presidencia británica del Consejo ha manifestado su interés en que se apruebe una normativa de transacción en primera lectura antes de finales de 2005. La Conferencia de Presidentes reiteró asimismo el interés del Parlamento en llegar a una transacción antes de finales de año.
El Parlamento comenzó sus trabajos con la mayor rapidez, con el fin de establecer una posición común y cumplir su parte del compromiso. La última oportunidad de aprobar una transacción será el periodo parcial de sesiones de los días 12 a 15 de diciembre. Este procedimiento legislativo extremadamente acelerado ha tenido como consecuencia, entre otras razones por los plazos de traducción, la falta de tiempo de examen de los textos o la falta de algunas traducciones. Ha faltado asimismo la evaluación de las consecuencias técnicas o un estudio de las repercusiones en el mercado interior.
Teniendo en cuenta ante todo las medidas y proyectos para «legislar mejor» a nivel europeo, esperemos que el procedimiento seguido en los debates sobre el almacenamiento de datos no se convierta en la regla general.
Para poder votar una propuesta el 24 de noviembre en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y resolver los numerosos puntos conflictivos, celebró reuniones periódicas un grupo de trabajo sobre conservación de datos en el que el ponente, el ponente alternativo, los ponentes de opinión de IMCO e ITRE, la presidencia y la secretaría de la comisión, los coordinadores y algunos colaboradores elaboraron en el plazo de siete semanas enmiendas de transacción. En este periodo se celebraron regularmente reuniones con el Consejo y la Comisión para comentar la situación en estas dos instituciones.
3. Votación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
El 24 de noviembre de 2005, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior estableció su posición sobre el proyecto de Directiva de la Comisión con una clara mayoría de 3/4. En la fase previa a la votación, los diputados del PPE-DE, del PSE y de ALDE llegaron a un acuerdo sobre 21 enmiendas de transacción, con las que fue posible sustituir buena parte de las 250 enmiendas presentadas.
Posición de LIBE basada en enmiendas de transacción (votación en comisión, 1ª lectura)
Datos de tráfico relativos a telefonía fija y móvil – datos de localización (al comienzo de las comunicaciones)
(Enmienda de transacción 9: sistema opcional para los Estados miembros para intentos de comunicación fallidos
Respeto de la vida privada y protección de los datos personales en el acceso a dichos datos y su uso
(Enmienda de transacción 1)
Detección, investigación y enjuiciamiento de tipos determinados de delitos graves; para establecer la lista de delitos se utilizará la misma que para la orden de detención europea.
La «prevención» se excluye porque el término es vago y hace los datos conservados más susceptibles de abusos
Acceso por parte de las autoridades judiciales y otras autoridades nacionales competentes para la detección, investigación y persecución de delitos graves (según la lista de la orden de detención europea ).
En cualquier caso, las autoridades nacionales estarán sujetas a autorización judicial.
(Enmiendas de transacción 2 y 4)
La comisión ha introducido una disposición sobre las condiciones de acceso a los datos:
- solamente para fines concretos, definidos por la Directiva, y caso por caso;
- las razones serán necesarias y proporcionadas;
- los datos se borrarán una vez que dejen de ser necesarios / cuando sean inexactos;
- estará prohibido que los proveedores utilicen los datos;
- se registrará todo acceso a los datos conservados;
- se garantizará la confidencialidad / integridad de los datos;
- solamente podrán transmitirse datos a terceros países mediante un acuerdo internacional sobre la base del artículo 300, apartado 3, párrafo 2 del Tratado.
(Enmienda de transacción 5)
6 -12 meses en todos los casos. Transcurrido este periodo, los datos deberán borrarse.
(Enmienda de transacción 12)
Los Estados miembros garantizarán el reembolso de todos los costes probados del sector de las telecomunicaciones (incluidos los costes de «inversión y funcionamiento», y los costes resultantes de ulteriores modificaciones de la Directiva).
*En el Consejo, la tendencia es excluir el reembolso de la Directiva.
(Enmienda de transacción 18)
Los Estados miembros se abstendrán de promulgar medidas legislativas en los sectores cubiertos por la Directiva (Enmienda 224)
Disposiciones adicionales sobre seguridad de los datos, propuestas en línea con directivas vigentes (véase la lista detallada en la enmienda de transacción)
(Enmienda de transacción 6)
Sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva.
(Enmienda de transacción 15)
Revisión a los 2 años de su aplicación y revisión periódica cada 3 años.
(Enmienda de transacción 21)
La comisión ha votado a favor de incluir el anexo en el texto principal
Se incluyen las tarjetas y los servicios pagados por anticipado y anónimos, la fecha y el lugar de la activación inicial de la tarjeta y la etiqueta (identificador de celda) desde la que se hizo la activación.
- «Tipos» de datos que deben conservarse:
TELEFONÍA DE RED FIJA:
- Nombre y dirección de la persona que efectúa la llamada + número de teléfono
- Nombre y dirección de la/s persona/s que recibe/n la llamada + número de teléfono
- Fecha y hora del comienzo y fin de la comunicación
- Identidad internacional del abonado móvil (IMSI) = tarjeta sim
- Etiqueta de localización al comienzo de la comunicación
- Dirección IP del ordenador
- Número del teléfono de conexión a Internet
- Nombre y dirección del abonado
- Fecha y hora del inicio y cierre de las sesiones de Internet
- Número de teléfono de llamada en caso de acceso por marcación y abonado a línea digital (ADSL)
(Enmienda de transacción 8)
Estas enmiendas aprobadas por mayoría muestran que el Parlamento estableció unas muy buenas condiciones para un acuerdo entre distintos grupos políticos sobre puntos esenciales de la conservación de datos. El Consejo aún no ha llegado a este punto, al menos en el momento de la elaboración del informe. Hay que esperar, por lo tanto, a ver la evolución en el seno del Consejo. No obstante, el ponente opina que no hay margen para introducir modificaciones sustanciales en las enmiendas de transacción acordadas.
4. Tendencia de la formación de opinión en el Consejo
En relación con la votación del 24 de noviembre en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, se aprecian las divergencias siguientes en el Consejo.
Tendencia de las negociaciones en el Consejo
6-12 meses en todos los casos (telefonía e Internet)
6 meses para Internet, 6-24 meses para telefonía
Usa la definición de «delito grave» de la orden de detención europea (catálogo + 3 años de prisión),
Se incluyen todos los delitos
Reembolso de costes
Obligatorio para todos los costes adicionales planteados por la Directiva + costes derivados de las necesidades de protección de los datos
Sistema optativo nacional
Llamadas infructuosas
Sistema optativo que pueden adoptar los Estados miembros para obligar a las compañías de telecomunicaciones
Conservación obligatoria de las llamadas infructuosas
Sanciones penales por uso indebido de los datos
Documento del Consejo 8958/04 de 28 de abril de 2004.
Documento del Consejo 7764/04 de 28 de marzo de 2004.
OPINIÓN MINORITARIA (28.11.2005)
por Giusto Catania, Ole Krarup, Sylvia-Yvonne Kaufmann y Kathalijne Maria Buitenweg
Rechazamos el presente informe porque no corrige lo suficiente ni política ni jurídicamente la propuesta de Directiva sobre «la conservación de datos tratados en relación con la prestación de servicios públicos de comunicación electrónica».
El acto jurídico propuesto por la Comisión contraviene el principio de proporcionalidad aun con las enmiendas que introduce el presente informe. Además, no es ni necesario ni eficaz. La duración de conservación de los datos prevista es excesiva y la gama de tipos de datos que deben conservarse es demasiado amplia. Es imprecisa la definición de las autoridades competentes que tienen acceso a los datos y no se excluye el acceso por parte de los servicios secretos. La regulación de los mecanismos de control de la seguridad de los datos es insuficiente.
La propuesta de Directiva supone un grave menoscabo de los derechos fundamentales de los ciudadanos que no podemos apoyar. No puede ponerse a los ciudadanos de la Unión bajo sospecha general. Hasta ahora, sigue pendiente que el Consejo y la Comisión prueben que la conservación de cantidades ingentes de diversos datos de comunicaciones efectivamente ayuda a resolver con más eficacia delitos graves.
Si se considera además que la introducción de esta medida es muy onerosa, parece preferible dedicar ese dinero a medidas efectivas de lucha contra los delitos graves, como investigaciones precisas y una mejor cooperación entre las autoridades policiales y judiciales.
OPINIÓN de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (23.11.2005)
Ponente de opinión: Angelika Niebler
La Comisión publicó el 21 de septiembre de 2005 una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la conservación de datos tratados en relación con la prestación de servicios públicos de comunicación electrónica y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE. De este modo presenta la Comisión, sobre la base del artículo 95 del Tratado CE, una contrapropuesta coherente al proyecto de Decisión marco del Consejo sobre la conservación de datos presentada ya en 2004 por la República Francesa, Irlanda, el Reino Unido y Suecia(1).
Debe celebrarse la evolución actual, sobre todo desde la perspectiva del Parlamento. La Comisión ha elegido un fundamento jurídico que otorga al Parlamento el derecho de codecidir en esta cuestión tan importante para los ciudadanos y las empresas. En comparación, el proyecto de Decisión marco se basa en la letra c) del apartado 1 del artículo 31 y en la letra b) del apartado 2 del artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, que prevé para el Parlamento un mero derecho de consulta.
Desde el punto de vista de su contenido respectivo, la propuesta de Directiva de la Comisión y la propuesta de Decisión marco tienen los mismos objetivos. Ambas normas deben servir a mejorar la lucha contra el terrorismo y los delitos graves, y obliga a los proveedores de servicios en las redes públicas de comunicaciones electrónicas a conservar determinados datos con arreglo a unas disposiciones armonizadas.
Ello abarca los datos de tráfico y los datos de localización en el sentido del artículo 2 de la Directiva 2002/58/CE, incluidos los datos del usuario y de los participantes. También deben conservarse todas las informaciones relativas al lugar, fecha, duración e interlocutores de llamadas de teléfono, Fax, Emails, SMS y los protocolos Internet. Se exceptúa expresamente el contenido de las llamadas.
En la actualidad, los Estados miembros de la Unión Europea regulan de modo diferente los periodos de conservación de los datos relativos a las comunicaciones. Desde el punto de vista de la lucha efectiva y transfronteriza contra el terrorismo y la delincuencia, es indiscutible que las divergencias normativas son un inconveniente, puesto que los delincuentes actúan cada vez con más frecuencia de un modo transfronterizo y utilizando los modernos medios de comunicación. Así pues, la Directiva propuesta puede convertirse en un importante instrumento de la lucha contra la delincuencia.
Sin embargo, en opinión de la ponente existe una serie de importantes elementos críticos, que deben examinarse especialmente en la Comisión de Industria, Investigación y Energía para tener debidamente en cuenta los aspectos específicos de la sociedad de la información y la comunicación.
Al igual que ocurrió con la ya debatida Decisión marco, la Comisión arguye una motivación genérica afirmando que, mediante las medidas propuestas, se logrará de hecho mejorar la lucha contra el terrorismo y la delincuencia. Pero la motivación o prueba constituye una condición previa para justificar los considerables efectos y cargas que ello causará para ciudadanos y empresas. La experiencia en materia de persecución de delitos indica más bien que, en general, los datos requeridos por las autoridades no tienen más de tres meses de antigüedad. Por ello, los periodos legales de conservación de datos deben corresponder a las necesidades efectivas.
La propuesta significa, para las empresas de telecomunicaciones, que se verán obligadas a conservar una inimaginable cantidad de datos. Para conservar dicho volumen, archivarlo y tratarlo son necesarias unas costosas adaptaciones de los sistemas electrónicos. Las estimaciones del sector indican que las adaptaciones necesarias costarán, según el tipo de empresa de que se trate, cientos de millones, y ello sin contar con los gastos derivados del mantenimiento de los sistemas.
En este contexto, no sólo debe reducirse el periodo de conservación sino también el ámbito de los datos que deben conservarse, descritos en el anexo. En este sentido, deben mencionarse en primer lugar los intentos de llamada, incluidos en la propuesta de la Comisión y que precisamente en el ámbito de la telefonía fija ocasionarían unos gastos extraordinarios sin mejorar la lucha contra la delincuencia. Lo mismo se puede decir de los datos relativos a la identificación del aparato, a la dirección del control de acceso a medios (MAC) o la localización del equipo de comunicación móvil al comienzo y fin de la comunicación.
La ponente tiene serias reservas especialmente por el hecho de que, según los artículos 5 y 6 de la propuesta de Directiva, podrán modificarse el anexo y, con ello, las disposiciones más importantes que regulan el alcance de los datos que deben conservarse, por medio del procedimiento de comitología. De este modo, el Parlamento quedaría completamente excluido de las decisiones que se tomen en este tema tan delicado. Deben suprimirse, por tanto, las disposiciones al respecto.
La obligación de los Estados miembros de presentar estadísticas en relación con la conservación de datos, prevista en el artículo 9 de la propuesta, no debería conducir a un aumento de la burocracia para las empresas. Por otro lado, estas estadísticas podrían utilizarse para mostrar los casos en que las pesquisas han ayudado a resolver una investigación.
Finalmente hay que indicar que el Parlamento no debe aceptar presiones en esta cuestión tan delicada para los ciudadanos. Por comprensible que sea el deseo de acelerar el procedimiento legislativo, hay que actuar con una exquisita prudencia. En aras de la credibilidad de la Unión Europea, deben evitarse situaciones como la actual, en que se está trabajando sobre dos textos normativos de contenido casi idéntico. En opinión de la ponente, el Consejo debería ocuparse exclusivamente de la Directiva propuesta por la Comisión.
La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
Texto de la Comisión(2) Enmiendas del Parlamento
(12) Las categorías de información que deben conservarse reflejan un equilibrio apropiado entre los beneficios para la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de los delitos graves en cuestión y el grado de invasión de la intimidad causada; el periodo de conservación aplicable de un año, respectivamente seis meses cuando los datos se refieran a comunicaciones electrónicas que tienen lugar utilizando solamente el protocolo de Internet, también logra un equilibrio razonable entre todos los intereses implicados;
(12) Las categorías de información que deben conservarse reflejan un equilibrio apropiado entre los beneficios para la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de los delitos graves en cuestión y el grado de invasión de la intimidad causada; el periodo de conservación aplicable de seis meses, respectivamente tres meses cuando los datos se refieran a comunicaciones electrónicas que tienen lugar utilizando solamente el protocolo de Internet, también logra un equilibrio razonable entre todos los intereses implicados;
El periodo de conservación de seis meses como máximo respeta el principio de proporcionalidad, dado que la casi totalidad de las indagaciones se resuelven utilizando datos con menos de seis meses de antigüedad.
(13) Dado que la conservación de datos genera costes adicionales considerables para los proveedores de comunicaciones electrónicas, mientras que los beneficios en términos de seguridad pública tienen un impacto sobre la sociedad en general, es apropiado que los Estados miembros les reembolsen los costes adicionales en que demuestren haber incurrido para cumplir con las obligaciones que la Directiva les impone;
(13) Dado que la conservación y disponibilidad de datos generan costes adicionales considerables para los proveedores de comunicaciones electrónicas, mientras que los beneficios en términos de seguridad pública tienen un impacto sobre la sociedad en general, es apropiado que los Estados miembros garanticen a todos los proveedores de comunicaciones electrónicas el reembolso completo de los costes adicionales en que demuestren haber incurrido para cumplir con las obligaciones que la Directiva les impone;
Los operadores no tienen por qué correr con los costes adicionales de este procedimiento, que es útil para la seguridad de los Estados europeos.
(14) Las tecnologías relativas a las comunicaciones electrónicas están cambiando rápidamente y los legítimos requisitos de las autoridades competentes pueden evolucionar; para asesorar sobre estos asuntos la Comisión prevé crear una plataforma integrada por representantes de las autoridades represivas, las asociaciones del sector de las comunicaciones electrónicas y las autoridades de protección de datos. La Comisión se compromete a consultar al Parlamento Europeo sobre toda posible adaptación de las disposiciones de la presente Directiva;
Para evitar posibles violaciones de los derechos y libertades fundamentales, es obligada la implicación del Parlamento Europeo en toda revisión de la presente Directiva.
(16) Es esencial que los Estados miembros adopten medidas legislativas para asegurar que los datos conservados de conformidad con esta Directiva solamente se faciliten a las autoridades nacionales competentes de conformidad con la legislación nacional respetando plenamente los derechos fundamentales de las personas concernidas; tales medidas incluyen, en particular, condiciones, límites y salvaguardias apropiados para asegurar la conformidad de los datos conservados con los derechos fundamentales, como garantiza, en particular, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales;
(16) Es esencial que los Estados miembros adopten medidas legislativas para asegurar que los datos conservados de conformidad con esta Directiva solamente se faciliten a, y sean explotados por, las autoridades nacionales competentes de conformidad con la legislación nacional respetando plenamente los derechos fundamentales de las personas concernidas; tales medidas incluyen, en particular, condiciones, límites y salvaguardias apropiados para asegurar la conformidad de los datos conservados con los derechos fundamentales, como garantiza, en particular, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales;
El respeto de los derechos y libertades fundamentales impone que sólo puedan explotar dichos datos las autoridades nacionales competentes.
No puede aceptarse el procedimiento de comitología propuesto por la Comisión, en el seno del cual los representantes de la Comisión y de los Estados miembros podrán modificar la lista de los datos que deben conservarse sin la participación del Parlamento Europeo y las empresas concernidas. Cada ampliación de los tipos de datos que deben conservarse tiene una incidencia clara en los derechos fundamentales y debe someterse a la consideración del Parlamento. Por tanto, debe suprimirse este considerando.
(19 bis) Los Estados miembros deberían asegurar que la ejecución de la presente Directiva se realizara tras la correspondiente consulta a las empresas, en particular en lo que respecta a la viabilidad y a los costes de la conservación de datos. Reconociendo que la conservación de datos representa un esfuerzo práctico y financiero para las empresas, los Estados miembros deberían asegurar el total reembolso de los costes adicionales que le suponga a las empresas la aplicación de las obligaciones vinculadas a la presente Directiva.
2. Dado que la presente Directiva contiene disposiciones de excepción, su implementación se someterá a una evaluación periódica bajo el control del Parlamento Europeo. Éste deberá disponer de las informaciones que permitan constatar que la aplicación de la presente Directiva no viola el respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en especial por lo que se refiere al tratamiento de datos de carácter personal y al respeto de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas.
Esta Directiva se aplicará a los datos de tráfico y de localización de las personas físicas y jurídicas, así como a los datos relacionados necesarios para identificar al abonado o al usuario registrado. No se aplicará al contenido de las comunicaciones electrónicas, lo que incluye la información consultada utilizando una red de comunicaciones electrónicas.
1. Como excepción a los artículos 5, 6 y 9 de la Directiva 2002/58/CE, los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar que, en los casos en que se haya realizado de manera efectiva una conexión, se conservan los datos para el fin mencionado en el apartado 1 del artículo 1 de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva si los datos han sido generados o tratados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de una red pública de comunicaciones en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones dentro de su jurisdicción.
La enmienda al apartado 1 deja claro que sólo puede exigirse una conservación de los datos si éstos han sido generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones. En caso contrario ya no podrían ofrecerse, debido a la obligación de conservación, servicios que no generan determinados tipos de datos (por ejemplo, los servicios telefónicos con prepago). Imposibilitar o gravar desproporcionadamente estos servicios supondría una carga para el emplazamiento europeo en su totalidad y no sería conforme a los objetivos de Lisboa.
ARTÍCULO 3, APARTADO 1 bis (nuevo)
1 bis. Los Estados miembros podrán establecer, tomando en consideración la necesidad y la proporcionalidad, que el apartado 1 no sea aplicable a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de una red pública de comunicaciones teniendo en cuenta las cuotas de mercado, el número de participantes así como la dimensión de la red explotada en relación con la dimensión del mercado.
Los pequeños proveedores no pueden respetar la extensa obligación de conservación prevista aunque se les reembolsen totalmente los costes, pues se les obligaría no sólo a una modificación de sus sistemas sino también a una modificación de sus procesos comerciales y a la tramitación corriente de las demandas de las autoridades. Esto no sería financiable y conduciría a la desaparición de los pequeños y medianos proveedores. Lo anterior tendría graves consecuencias negativas para el emplazamiento europeo, cuya capacidad innovadora depende en gran medida de las PYME.
2. Los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar que los datos conservados de conformidad con esta Directiva solamente se proporcionen a, y sean explotados por, las autoridades nacionales competentes y, en casos específicos, de conformidad con la legislación nacional, con fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves, como el terrorismo y la delincuencia organizada. Las autoridades nacionales competentes deberán justificar su solicitud de transmisión sin que se vea perjudicada la relación contractual entre el proveedor y su cliente y sin detrimento del respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en especial por lo que se refiere al tratamiento de datos de carácter personal y al respeto de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas.
La relación contractual existente entre el operador y su cliente no debe quedar modificada por estas medidas de retención de datos. Las autoridades nacionales competentes deben poder probar que su solicitud es útil con fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves, como el terrorismo y la delincuencia organizada.
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1, PARTE INTRODUCTORIA
Los Estados miembros asegurarán que, en los casos de comunicaciones efectivamente realizadas, las siguientes categorías de datos se conservan de conformidad con la presente Directiva para el fin mencionado en el apartado 1 del artículo 1 a condición de que hayan sido generados o tratados por proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de una red pública de comunicaciones en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones:
Las empresas de telecomunicaciones ya conservan en la actualidad muchos de los datos previstos en la propuesta de Directiva. Pera la ampliación de los datos que deben conservarse llevaría consigo grandes gastos, pues deberán ampliarse y adaptarse los bancos de datos existentes. La obligación de conservar los datos debería, pues, limitarse a las comunicaciones efectivamente realizadas con éxito.
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1, LETRA (a)
(a) datos necesarios para rastrear e identificar el origen de una comunicación:
(3) Con respecto al acceso a Internet:
(a) La dirección de Protocolo Internet (IP), ya sea dinámica o estática, asignada por el proveedor de acceso a Internet a una comunicación;
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1, LETRA (b)
(b) datos necesarios para identificar el destino de una comunicación:
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1, LETRA (c)
(c) datos necesarios para identificar la fecha, hora y duración de una comunicación:
(2) Con respecto al acceso a Internet:
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1, LETRA (d)
(d) datos necesarios para identificar el tipo de comunicación:
(a) El servicio telefónico utilizado, por ejemplo voz, fax y servicios de mensajería
(a) El servicio telefónico utilizado, por ejemplo voz y servicio de mensajes cortos;
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1, LETRA (e)
(e) datos necesarios para identificar el dispositivo de comunicación o lo que se considera ser el dispositivo de comunicación:
El número de serie del equipo móvil es adjudicado varias veces por el fabricante y puede ser manipulado por el usuario. El número de aparato de la tarjeta de red de un ordenador no puede atribuirse de manera unívoca pues también puede ser adjudicado varias veces por el fabricante y puede ser manipulado posteriormente por el usuario con poco esfuerzo. Con la conservación de estos dos tipos de datos no puede mejorarse sensiblemente la lucha contra la delincuencia.
ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 1, LETRA (f)
(f) datos necesarios para identificar la localización del equipo de comunicación móvil:
(1) La etiqueta de localización (identificador de celda) al comienzo y fin de la comunicación.
La propuesta de conservar la etiqueta de localización (identificador de celda) también al final de la comunicación ocasionaría gastos considerables. Hasta ahora la localización se conserva en algunos Estados miembros sólo al comienzo de la comunicación. Además, mediante la etiqueta de localización (identificador de celda), que se conserva al comienzo de cada comunicación, es posible establecer retrospectivamente un perfil de movimientos suficientemente preciso.
No puede aceptarse el procedimiento de comitología propuesto por la Comisión, en el seno del cual los representantes de la Comisión y de los Estados miembros podrán modificar la lista de los datos que deben conservarse sin la participación del Parlamento Europeo y las empresas concernidas. Cada ampliación de los tipos de datos que deben conservarse tiene una incidencia clara en los derechos fundamentales y debe someterse a la consideración del Parlamento. Por tanto, debe suprimirse este artículo.
Los Estados miembros se asegurarán de que las categorías de datos mencionados en el artículo 4 se conserven durante un periodo de seis meses a partir de la fecha de la comunicación, a excepción de los datos relacionados con comunicaciones electrónicas que tengan lugar entera o principalmente a través del Protocolo Internet. Estos últimos se conservarán durante un periodo de tres meses. Al final del periodo correspondiente, los datos deberán eliminarse o hacerse anónimos, de conformidad con la Directiva 2002/58/CE.
Los Estados miembros garantizarán que los datos se conservan de conformidad con la presente Directiva de manera que puedan transmitirse en un plazo adecuado cuando las autoridades competentes así lo ordenen motivadamente por escrito.
Las disposiciones de la Directiva constituyen un régimen de excepción a los artículos 5, 6 y 9 de la Directiva 2002/58/CE. Por ello, los datos que deban transmitirse han de regularse de forma exhaustiva. Además, en el sentido de la seguridad jurídica y de la protección de los datos, debe establecerse un procedimiento para su entrega. La experiencia acumulada hasta ahora muestra que la transmisión puede implicar un plazo condicionado técnicamente y que, por ello, no siempre resulta posible una transmisión sin demora.
Los Estados miembros asegurarán que las estadísticas sobre la conservación de datos tratados en el marco de la prestación de servicios públicos de comunicación electrónica se faciliten, por las autoridades competentes, a la Comisión y al Parlamento Europeo anualmente. Tales estadísticas incluirán:
- los casos en que se haya facilitado información a las autoridades competentes de conformidad con el Derecho nacional aplicable;
- el tiempo transcurrido entre la fecha en que se conservaron los datos y la fecha en que la autoridad competente solicitó su transmisión;
- los casos en que no pudieron satisfacerse las solicitudes de datos; y
- los casos en los que las peticiones de tipos específicos de datos hayan llevado al éxito de una investigación o contribuido esencialmente al mismo.
Los Estados miembros asegurarán que todos los proveedores de servicios de comunicación electrónica de acceso público o de una red de comunicaciones pública sean reembolsados por todos los costes adicionales en que demuestren haber incurrido para cumplir con las obligaciones que la presente Directiva les impone.
Debe celebrarse que la propuesta de la Comisión haya previsto el reembolso a las empresas de los costes adicionales en inversión y mantenimiento. La modificación propuesta sólo quiere aclarar de mayor modo las cosas. Al mismo tiempo, el reembolso de los gastos constituye también un instrumento regulador para limitar a lo mínimo necesario las solicitudes de las autoridades represivas y se eviten distorsiones en la competencia como consecuencia de las diferentes modalidades de reembolso en los Estados miembros.
1. A más tardar tres años desde la fecha mencionada en el artículo 13, apartado 1, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una evaluación de la aplicación de esta Directiva y su impacto en operadores económicos y consumidores, teniendo en cuenta los elementos estadísticos proporcionados a la Comisión de conformidad con el artículo 9 a fin de determinar si es necesario modificar las disposiciones de la presente Directiva, en particular por lo que se refiere a los tipos de datos contemplados en el artículo 4.
Como consecuencia de la supresión propuesta del procedimiento de comitología del artículo 5 debería preverse una evaluación no diferenciada de todas las disposiciones de la Directiva. Dado que a las empresas se les impone la obligación de conservación que significa costes considerables para las mismas, ésta debe incluirse en la evaluación de la Directiva.
2. Con este fin, la Comisión examinará todas las observaciones que le comuniquen los Estados miembros, las empresas o el Grupo de trabajo de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales creado por el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, así como cualquier informe elaborado por el Parlamento Europeo de conformidad con el artículo 1 de la presente Directiva.
Anexo suprimido
El Anexo debería suprimirse en su totalidad e integrarse en el artículo 4. La lista de datos constituye la disposición clave de la Directiva y no una mera disposición técnica de detalle. La naturaleza de los datos que deben conservarse determina la utilidad, la viabilidad, los costes y la proporcionalidad de la conservación de los datos. Por ello, la lista de datos no debería incluirse en un Anexo separado de la parte dispositiva de la Directiva sino incluirse directamente en el artículo 4.
Doc. 8958/04 de 28 de abril de 2004.
OPINIÓN de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (22.11.2005)
Ponente de opinión: Charlotte Cederschiöld
Dado que la propuesta de la Comisión se basa en el artículo 95 del Tratado –el artículo relativo al mercado interior–, es indispensable que la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pueda emitir un dictamen.
Las medidas relativas a la conservación de datos afectan a todas las categorías sociales, con amplias repercusiones económicas, sociales e industriales. La armonización de la conservación de datos en la UE repercutiría de forma importante no sólo en los consumidores europeos, sino también en la industria europea y, en última instancia, en el mercado interior. A no ser que la armonización se lleve a cabo con el debido cuidado, tanto los derechos fundamentales de los ciudadanos como la competitividad europea se verían amenazados.
Todos los Estados miembros cuentan con regímenes diferentes por lo que se refiere a los períodos de conservación de datos, los tipos de datos que deben conservarse y el reembolso de los gastos incurridos por las empresas. Un enfoque europeo armonizado podría mejorar la situación si estuviera cuidadosamente diseñado y respetase al mismo tiempo el equilibrio entre todos los intereses y las partes interesadas.
La conservación de datos constituye una evolución de la percepción del tráfico de datos por parte de la sociedad. Con arreglo a la legislación actual, los proveedores de comunicaciones electrónicas sólo están autorizados a conservar datos de tráfico con fines comerciales legítimos y específicos y están obligados a borrar dichos datos una vez que se haya alcanzado el objetivo. De conformidad con la nueva propuesta, los operadores deberán almacenar grandes cantidades de nuevos datos específicamente por razones de orden público, lo que coloca a la Unión Europea en una posición única, ya que ningún otro país democrático en el mundo ha introducido hasta el momento unas obligaciones de tan gran alcance. Este hecho debe ser examinado atentamente, tanto en términos de confidencialidad, como de competitividad y seguridad.
En aras de una mejor reglamentación, es legítimo preguntarse si la UE debería introducir tales obligaciones en esta fase sin antes examinar atentamente las consecuencias a largo plazo a través de una evaluación detallada del impacto. El sistema de conservación y de «congelado rápido» de los datos podría ser un modo mejor de reforzar la cooperación entre las empresas y las autoridades represivas y debería analizarse desde el punto de vista del consumidor y del mercado interior.
Los procedimientos de comitología propuestos no son aceptables –debe encontrarse una solución más amplia que incorpore a todas las partes interesadas que no fueron suficientemente consultadas antes de que se presentara la propuesta.
Impacto en el mercado interior y en la competitividad europea
Los Jefes de Estado y de Gobierno han definido en numerosas ocasiones a las comunicaciones electrónicas como piedra angular de la economía europea: indispensables para un crecimiento duradero y para optimizar el empleo. Cualquier normativa, incluso en materia de conservación de datos, debe examinarse atentamente antes de su introducción con el fin de no obstaculizar la competitividad y el desarrollo de las empresas europeas.
Recabar con éxito grandes cantidades de datos, tal como se prevé en la propuesta de Directiva, es difícil y costoso. Dar sentido a los distintos formatos de datos e interpretarlos de forma que puedan ser útiles para las autoridades represivas es todavía más difícil.
Los costes, proporcionales al volumen de datos conservados, aumentarán considerablemente debido a las modificaciones introducidas en el diseño de los sistemas de gestión, la necesidad de plataformas más potentes y sofisticadas, de medidas de seguridad reforzadas, de infraestructuras de almacenamiento y apoyo así como de los recursos humanos necesarios para gestionar este tipo de sistemas.
Está claro que la conservación de datos entrañará unos costes muy considerables para la industria europea de las comunicaciones. El riesgo de un enfoque fragmentado por lo que respecta a la cuestión de los costes es evidente: si algunos Estados miembros reembolsan a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas en concepto de conservación de datos mientras que otros no lo hacen, el mercado interior de los servicios de comunicaciones sufrirá graves distorsiones de la competencia.
Los proveedores europeos de servicios de comunicaciones están desarrollando actualmente las redes de la próxima generación para responder a la necesidad de nuevos servicios electrónicos tanto en el ámbito privado como en el público. Introducir la conservación de datos sin una compensación plena de los costes obligaría a los operadores a dedicar recursos a la adaptación al nuevo sistema, mientras que estos recursos podrían destinarse a la constitución de las redes del futuro.
Independientemente de la cuestión de si se logra una armonización plena en la UE, el quid de la cuestión sigue siendo que los proveedores de servicios de terceros países no estarán sometidos a las mismas obligaciones y restricciones. Ello afectará a la competitividad y al equilibrio entre la UE y las economías rivales. Numerosos proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, sobre todo los proveedores de servicios de Internet, están establecidos fuera de la UE, aunque compiten en el mercado interior. Las plataformas de servicios pueden crearse en cualquier lugar del mundo: por lo tanto, los proveedores de terceros países podrán incluso ofrecer "servicios sin conservación" y hallar argumentos a favor de su empresa apoyándose en el deseo de integridad y confidencialidad de los usuarios. Unas obligaciones de gran alcance en materia de conservación de datos podrían disuadir a los consumidores europeos de utilizar servicios europeos.
Cuando un operador europeo proporciona acceso a Internet mientras que el usuario recurre a un proveedor de correo electrónico en los Estados Unidos (por ejemplo Hotmail, Gmail o Yahoo), el proveedor de acceso europeo no tiene acceso a los datos de tráfico, tal como exige la propuesta de la Comisión. Por otro lado, muchos de los principales proveedores de correo electrónico tienen su base en terceros países, con lo que no estarán sujetos en modo alguno a los requisitos.
Si bien es posible lograr un nivel elevado de seguridad de la información, una garantía total de seguridad es prácticamente imposible de alcanzar. Es fundamental velar por que los datos almacenados sean auténticos y estén protegidos contra cualquier alteración, que los controles de acceso sean estrictos y que puedan auditarse claramente los rastros y la cadena de custodia. La conservación y el almacenamiento de grandes cantidades de datos de índole delicada se enfrentarán también a retos a nivel del software y de la red (programas nocivos, software espía, correo basura, phishing), así como a amenazas no vinculadas a Internet (por ejemplo, el robo físico de cintas de datos conservados).
Asimismo, la propuesta no contiene disposiciones en materia de seguridad por lo que respecta al procedimiento que debe seguirse una vez que la información haya sido recabada en el Estado miembro, no indica si dicha información puede transferirse a otros Estados miembros y de qué forma, y no contiene disposición alguna que prohíba la transferencia de datos conservados a terceros países. Todos estos aspectos en materia de seguridad constituyen una amenaza potencial para el consumidor europeo.
La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
1 bis. Pide a la Comisión que, antes de la entrada en vigor de la presente Directiva, encargue un estudio de evaluación del impacto realizado por un organismo independiente que represente a todas las partes interesadas y aborde todas las cuestiones relacionadas con el mercado interior y la protección de los consumidores;
(13) Dado que la conservación de datos genera costes adicionales considerables para los proveedores de comunicaciones electrónicas, mientras que los beneficios en términos de seguridad pública tienen un impacto sobre la sociedad en general, y con el fin de evitar distorsiones en el mercado interior, es apropiado que todos los Estados miembros garanticen que los proveedores de servicios de comunicación electrónica de acceso público o de una red de comunicaciones pública se beneficien de un reembolso total armonizado de los costes adicionales en que demuestren haber incurrido para cumplir con las obligaciones que la Directiva les impone;
(13 bis) Los costes deberán mantenerse lo más bajos posible, con el fin de no colocar a las empresas comunitarias en una situación de competencia desfavorable en comparación con las empresas no comunitarias;
(14) Las tecnologías relativas a las comunicaciones electrónicas están cambiando rápidamente y los legítimos requisitos de las autoridades competentes pueden evolucionar; para asesorar sobre estos asuntos es necesario crear un comité permanente integrado por representantes del Parlamento Europeo, las autoridades represivas, el sector de las comunicaciones electrónicas, las organizaciones de protección de los consumidores y las autoridades de protección de datos;
1. Esta Directiva se propone armonizar las disposiciones de los Estados miembros relativas a las obligaciones de los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de una red pública de comunicaciones en relación con el tratamiento y la conservación de determinados datos, para asegurar que los datos estén disponibles con fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos.
Esta propuesta guarda relación con el artículo 15 de la Directiva relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (2002/58), que establece que los Estados miembros podrán adoptar normas sobre la conservación de datos «para proteger la seguridad nacional (...) la defensa, la seguridad pública, o la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas». Sin embargo, el ámbito de la propuesta de la Comisión es mucho más limitado que el «mandato» del artículo 15 y debe ampliarse. Las exigencias relativas a la conservación de datos tienen una importancia fundamental para que se puedan adoptar medidas represivas y entablar procesos judiciales contra toda forma de delitos en línea. Sin la exigencia de la conservación de datos, las autoridades se enfrentan a importantes obstáculos en la persecución de las actividades ilegales y la identificación de los infractores sospechosos, así como en la adopción de medidas para la represión de los delitos y la aplicación de los derechos legales. Además, el concepto de «graves» puede ser objeto de muchas interpretaciones distintas, cosa que podría dar lugar a una gran inseguridad jurídica.
1. Como excepción a los artículos 5, 6 y 9 de la Directiva 2002/58/CE, los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar que los datos tratados y almacenados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de una red pública de comunicaciones en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones dentro de su jurisdicción se conservan de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva.
Es indispensable que el ámbito de aplicación de la Directiva esté definido claramente: el término «generados», que es muy amplio y poco claro, debería ser sustituido por un término que ya se emplea en la legislación europea. El tratamiento se define en la Directiva general sobre la protección de datos (artículo 2 ter), mientras que la Directiva sobre la conservación de datos en el ámbito de las comunicaciones electrónicas aborda el tratamiento y el almacenamiento en su artículo 6.
2. Los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar que los datos conservados de conformidad con esta Directiva se proporcionen a las autoridades nacionales competentes y, en casos específicos, de conformidad con la legislación nacional, con fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos.
La propuesta de la Comisión es demasiado restringida en comparación con el «mandato» del artículo 15 de la Directiva 2002/58, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, y, por tanto, debe ampliarse. Las exigencias relativas a la conservación de datos tienen una importancia fundamental para que se puedan adoptar medidas represivas y entablar procesos judiciales contra toda forma de delitos en línea. Sin la exigencia de la conservación de datos, las autoridades se enfrentan a importantes obstáculos en la persecución de las actividades ilegales y la identificación de los infractores sospechosos, así como en la adopción de medidas para la represión de los delitos y la aplicación de los derechos legales. Además, el concepto de «graves» puede ser objeto de muchas interpretaciones distintas, cosa que podría dar lugar a una gran inseguridad jurídica. Por último, este instrumento no debe afectar a ninguna otra medida nacional o comunitaria para la aplicación de los derechos.
Los Estados miembros se asegurarán de que las categorías de datos mencionados en el artículo 4 se conserven durante un periodo de un año a partir de la fecha de la comunicación. Los Estados miembros se asegurarán de que todos los datos sean borrados al término de este periodo de conservación.
El periodo de conservación debe ser lo suficientemente largo como para permitir a las autoridades nacionales reunir pruebas y perseguir a los infractores de la Ley. La realización de investigaciones sobre posibles delitos en línea puede llevar mucho tiempo, y, en algunos casos, implicar complejas estructuras en línea. Por tanto, es de vital importancia que la propuesta de la Comisión disponga que los Estados miembros apliquen procedimientos que ofrezcan a los órganos represivos medios flexibles y fiables para asegurar que estas pruebas clave se almacenen durante el máximo tiempo posible con el fin de preparar un proceso debidamente fundamentado.
Los Estados miembros garantizarán que los datos se conservan de conformidad con la presente Directiva de manera que los datos conservados y cualquier otra información necesaria con ellos relacionada puedan transmitirse sin demora cuando las autoridades competentes así lo soliciten. Toda solicitud de acceso a datos entre Estados miembros deberá ir acompañada de la garantía de que los datos conservados en virtud de la presente Directiva sólo se transmitirán a las autoridades represivas debidamente autorizadas y no se remitirán a terceros países.
Los Estados miembros asegurarán que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de una red de comunicaciones pública sean reembolsados por los costes adicionales de inversión y funcionamiento en que demuestren haber incurrido para cumplir con las obligaciones que la presente Directiva les impone, incluidos los costes adicionales de protección de los datos en que demuestren haber incurrido y los derivados de cualquier modificación futura de la misma. El reembolso incluirá los costes en que demuestren haber incurrido resultantes de la puesta a disposición de las autoridades nacionales competentes de los datos conservados.
Enmienda de transacción propuesta por la Comisión LIBE.
COM(2005)0438 – C6 0293/2005 – 2005/0182(COD)
Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Phillip Whitehead y Joachim Wuermeling
Charlotte Cederschiöld, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas, Joseph Muscat y Alexander Stubb
DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà y Tatjana Ždanoka
Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Lutz Goepel, Genowefa Grabowska, Jeanine Hennis-Plasschaert, Luis Herrero-Tejedor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katalin Lévai, Bill Newton Dunn, Herbert Reul y Marie-Line Reynaud
Sharon Margaret Bowles, Daniel Caspary, Othmar Karas y Gabriele Zimmer
Última actualización: 5 de agosto de 2006 Aviso jurídico

References: artículo 251
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