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Timestamp: 2017-03-29 01:31:55+00:00

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Encuadramiento convencional Concepto. 1 a 3
Diferencias con el encuadramiento sindical. 4 a 12
Competencia. 13 a 25
Criterios de resolución. 26 a 45
Circunstancias irrelevantes. 46 a 47
Casos particulares. 48 a 64
Aspectos procesales. 65 a 66
Facultades de las autoridades de aplicación. 67 a 68
Efectos de la resolución del conflicto. 69 a 71
1. La cuestión refiere al encuadramiento convencional el que ha sido definido –sin fisuras y en forma unánime por toda la doctrina y por los tribunales especializados– como el supuesto donde se debe establecer si un determinado sector o grupo de trabajadores se halla comprendido en el ámbito personal o profesional de aplicación de un convenio colectivo de trabajo, de acuerdo con la representatividad de las partes signatarias del mismo (Corte, N.T. “El modelo sindical argentino” Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1994, p. 544, quien cita a Vázquez Vialard, A. “El sindicato ....”, p. 184 y a López, G. “Derecho de las asociaciones sindicales”) por lo que tal determinación de convención aplicable puede darse ya sea en ausencia de conflictos o en concurrencia de dos o más convenciones colectivas. (Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca, 27/10/05, “Agüero Luis A. c/Gutiérrez, José Antonio s/beneficios laborales s/casación”).
2. El encuadre convencional implica la determinación de qué convenio colectivo es aplicable a una situación de trabajo, ya sea individual o pluri-individual. (C.N.A.T., Sala III, 26/12/1994, “Vanegas, Sulma I. c/Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales”, DT 1995-A, 832).
3. El encuadramiento convencional consiste en definir cuál es la Convención Colectiva de Trabajo aplicable a un determinado colectivo de trabajadores (ver Dictámenes 107:54 y 176:90). (Procuración del Tesoro de la Nación, Dictamen Nº 165, “Federación Sindicatos Unidos Petroleros del Estado”, 01/11/1999, Dictámenes 231:131).
Diferencias con el encuadramiento sindical
4. Debe distinguirse lo relativo a "encuadramiento sindical" del "encuadramiento convencional" en tanto lo primero implica adjudicar representación sindical exclusiva a una asociación profesional y lo segundo, en cambio, la determinación de cual es la convención colectiva aplicable, la que surgirá de comparar la actividad o tarea desarrollada por los trabajadores concretamente involucrados en el encuadramiento y el ámbito que dicha convención contempla (Cfe. Jorge Rodríguez Mancini, "Encuadramiento sindical", en Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo VII, Apéndice, pág. 413, citado por Julio César Simón en "Derecho Colectivo del Trabajo", pág. 430, Ed. La Ley). (Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala 10, 14/08/2007, “Quinteros, Leandro Martín c/Colonia de Vacaciones Evita de la Unión Ferroviaria”).
5. A los fines del cálculo de las diversas indemnizaciones debidas a quien trabajaba en una Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, resulta improcedente la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo 264/95, ya que si bien los empleados de tales entidades se encuentran representados gremialmente por el Sindicato del Seguro, ello no permite sostener válidamente que se les deba aplicar aquella normativa por cuanto no hubo participación de las administradoras en su celebración. (C.N.A.T., Sala VI, 31/10/2006, “Mancini, Liliana D. c/Siembra A.F.J.P. S.A.”).
6. La circunstancia que los empleados de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones se encuentren representados gremialmente por el Sindicato del Seguro como así también que este último posea la aptitud para intervenir en la negociación colectiva para la actividad en los términos de la ley 14.250 (Adla, XIII-A, 195), no permite sostener válidamente que a dichos trabajadores se les deba aplicar el convenio colectivo de trabajo 288/97, pues, no hubo participación de las administradoras en su celebración. (C.N.A.T., Sala VI, 26/06/2006, “Fernández, Sara B. c/Orígenes A.F.J.P. S.A.”).
7. Sostiene asimismo la quejosa que la determinación del CCT aplicable debería realizarse en el marco de un procedimiento en el que se encuentren involucrados “como parte necesaria” los Sindicatos. Entiendo que la crítica se sustenta en un error conceptual puesto que ello es cierto respecto de los conflictos de índole sindical, mas no en los casos –como en el presente- en los que lo que se cuestiona es el encuadramiento convencional de un trabajador. Esta clase de contienda es de tipo individual y no colectiva, y en nada afecta en principio, a los ámbitos de representación de los sindicatos intervinientes. (C.N.A.T., Sala II, 17/05/2006, “Alberti, Laura Beatriz c/Food Part S.A. s/despido”).
8. Tal encuadramiento (convencional) no puede ser confundido con el encuadramiento sindical, en el que la contienda de encuadramiento hace a la entidad sindical que representa al personal de determinado establecimiento, con lo cual gira exclusivamente en el ámbito de representatividad de las entidades profesionales en el marco de las personerías gremiales, en tanto refieren a la capacidad jurídica que emana de éstas. El encuadramiento convencional se mide por parámetros y consecuencias muy diferentes a las del encuadramiento sindical, por ello se debe separar la determinación de cuál es la convención colectiva aplicable –que surge de comparar la actividad o tarea desarrollada por los trabajadores concretamente involucrados en el encuadramiento y el ámbito que dicha convención contempla (conf. Rodríguez Mancini, J. “Encuadramiento sindical”, en Enciclopedia Jurídica Omeba, T. VII; Apéndice, pág. 413)– de la adjudicación de una representación sindical exclusiva a una asociación sindical, es decir que el encuadramiento sindical nada tiene que ver con dilucidar cuál es el convenio colectivo aplicable a sujetos específicos, en razón del ámbito que comprende el instrumento y teniendo en cuenta las características de la actividad que se desarrolla en la empresa (Simón, J.C., “Negociación colectiva”, en “Derecho Colectivo del Trabajo”, AA.VV., La Ley, 1998, p.429/430). (Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca, 27/10/05, “Agüero Luis A. c/Gutiérrez, José Antonio s/beneficios laborales s/casación”).
9. El encuadramiento sindical apunta a determinar cuál es el sindicato con personería gremial apto para representar los intereses colectivos de uno o más trabajadores de una empresa o establecimiento o sector, mientras que el encuadramiento convencional procura desentrañar el conflicto que surge de la aplicación de convenios colectivos de trabajo a una pluralidad de relaciones laborales. Evidentemente, ambos encuadramientos tienen numerosos puntos de contacto como consecuencia del sistema de negociación colectiva que reconoce el derecho a la celebración de convenios colectivos de trabajo únicamente a la organización sindical con personería gremial y al régimen de unidad sindical promocionada por la ley de asociaciones sindicales (véase Enrique Strega: “Asociaciones Sindicales. Ley 23551”, Ed. La Ley, pág. 606). Sin embargo, más allá de las aludidas vinculaciones, también existen diferencias respecto de la determinación de las vías y órganos encargados de dirimir en cada caso. En efecto, “a diferencia del encuadramiento sindical, el encuadramiento convencional es una tarea que compete al juez que interviene en la dilucidación de un conflicto individual o interindividual” (CNTrab., Sala III, 27-03-91, “Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor”, DT 1991 – B - 2215). (Supr. Trib. Just. Río Negro, 12/07/05, "Federación Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio c/C., J. C. y/u otro s/sumario s/ inaplicabilidad de ley”).
10. La cuestión de la representación sindical es un conflicto entre entidades gremiales al que, en principio, resulta ajeno el trabajador individualmente considerado y donde se discute entre asociaciones la extensión personal y territorial de la representación, mientras que el encuadramiento convencional es un conflicto de naturaleza esencialmente legal -en sentido lato- tomadas las convenciones colectivas como fuente normativa del derecho colectivo del trabajo y cuya elección importa en forma directa a los derechos individuales alegados por el trabajador. (Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca, 28/07/2005, “Herrera, Raúl A. c/Estación de Servicio Ruta N° 33 de José A. Gutiérrez”). 11. El encuadramiento sindical nada tiene que ver con dilucidar cuál es el convenio colectivo aplicable a sujetos específicos, en razón del ámbito que comprende el instrumento y teniendo en cuenta las características de la actividad que se desarrolla en la empresa. (Tribunal del Trabajo de Bahía Blanca, 29/03/2000, “Niba S. R. L. c/Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires”, DT 2000-B, 1443). 12. El encuadramiento sindical tiende a determinar, en cada caso concreto y con carácter declarativo, en que cuadro de representación gremial está incluido un sector de trabajadores. Mas el régimen convencional aplicable a una determinada actividad no emerge automáticamente de una resolución de encuadramiento sindical sino que depende de la naturaleza de las actividades y categorías efectivamente comprendidas en ella. El simple hecho de que el órgano administrativo competente al efecto hubiera otorgado la representación sindical de dicho personal al mencionado Sindicato (encuadramiento sindical), no altera tal conclusión. (Procuración del Tesoro de la Nación, 24/01/1986, Dictámenes 176:90).
13. Ministerio de Trabajo carece de facultades para dictar resoluciones de encuadramiento convencional con carácter general, decisión que compete al juez en cada caso concreto en que se ventile un conflicto entre una asociación profesional y una empresa o un trabajador y un empleador (cfr. sentencia del registro de esta Sala del 29/7/88 “Sindicato de Choferes de Camiones y Afines c/Gobierno Nacional -Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, DT 1989 B. 114 y ss.). (C.N.A.T., Sala IV, 27/10/2006, “Gassman Luiz Alverto c/Master Bus S.A. s/despido”).
14 La autoridad competente para dirimir los conflictos de encuadramiento sindical es el MTSS art. 59, 60 y ss de la ley 23551, a diferencia de los conflictos de encuadramiento convencional en las que “La resolución ha de ser efectuada por el juez en cada caso en concreto en que se ventile un conflicto entre un trabajador y su empleador” (CNTrabajo, Sala VI sent. 63.241 29/07/88, DT 1989B1148; idemíd 1989/04/25); ello pues por tratarse de un conflicto planteado a partir de que un sujeto suficientemente legitimado para ello se presenta a exigir el cumplimiento de determinadas cláusulas de un convenio a un empleador determinado, dicho conflicto debe ser tramitado y resuelto como uno cualquiera en el que se debaten derechos subjetivos, ante la jurisdicción local. (Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca, 27/10/05, “Agüero Luis A. c/Gutiérrez, José Antonio s/beneficios laborales s/casación”).
15 Mientras las cuestiones de representación sindical las resuelve la jurisdicción administrativa, las controversias convencionales son resorte primigenio de la jurisdicción judicial -en el caso, se discute la aplicación al actor del convenio colectivo de los empelados de comercio o el correspondiente a los trabajadores de estaciones de servicio-. (Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca, 28/07/2005, “Herrera, Raúl A. c/Estación de Servicio Ruta N° 33 de José A. Gutiérrez”). 16. El encuadramiento convencional entre el trabajador y el principal compete expresamente a los tribunales del trabajo, y la resolución dictada por la autoridad administrativa del trabajo solo puede tener por efecto el encuadramiento sindical disputado, por imperio de lo normado en el art. 59 de la ley 23.551. (S.C.B.A., 01/04/2004, “Díaz, José L. c/Supermercado Alcázar de Toledo Hnos. S.A.C.I.A. e I.”).
17. La determinación del encuadramiento convencional, distinto al sindical, es una tarea que le compete al juez que interviene en la dilucidación de un conflicto individual o interindividual. (Cámara en lo Civil y Comercial, del Trabajo y Familia de Cruz del Eje, 28/05/1998, “Rodríguez, Adolfo N. c/Rosas, Carlos”, DT 1999-B, 2573).
18. Los temas vinculados al encuadre convencional de determinados trabajadores deben ser dirigidos por el Poder Judicial de la Nación (art. 116, Constitución Nacional) y no por un funcionario administrativo, que debe expedirse dentro del ámbito de su incumbencia. (C.N.A.T., Sala X, 19/02/1998, “Grandío, Horacio A. y otro c/Asociación Cultural Noel”, DT 1998-B, 1684). 19. Tanto la empleadora accionante como la entidad sindical mencionada, se sometieron a una tramitación administrativa sin impugnar la aptitud, discutible por cierto, del Ministerio de Trabajo de la Nación para resolver contiendas, que podemos denominar de "encuadramiento convencional" que, en realidad sólo trasuntan un conflicto de concurrencia normativa de típico carácter jurisdiccional. Esta circunstancia, unida a la existencia de una cabal revisión judicial ulterior como la que se materializa en estas actuaciones, impide toda consideración acerca de la competencia material en la validez del acto impugnado y ciñe el litigio a un análisis del fondo del asunto, como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al revocar una sentencia de la Sala IV en un caso de aristas análogas al presente y en el cual se había admitido la potestad ministerial para elucidar la controversia (ver "Sindicato Choferes Camiones y Afines c. Ministerio de Trabajo de la Nación", expte. 60.794). (C.N.A.T., Sala VIII, 05/05/1997, “Carrocerías San Miguel S. R. L. c/Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, DT 1997-B, 2035).
20. La determinación del encuadramiento convencional distinto del sindical, es una tarea que le compete al juez que interviene en la dilucidación de un conflicto individual o interindividual. (Cámara en lo Civil y Comercial, del Trabajo y Familia de Cruz del Eje, “Gallardo, Tomás W c/Rosas, Carlos A.”, 21/03/1997).
21. Cuando se trata de un litigio de derecho individual, una decisión administrativa de encuadre convencional puede pasarse por alto, pues no existe norma alguna que confiera competencia específica a la autoridad administrativa para decidir el punto, al menos con efectos obligatorios respecto de las relaciones individuales, por lo que el juez adoptará, en su momento, la decisión que estime jurídicamente apropiada. (C.N.A.T., Sala VII, 04/11/1996, “Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina c/Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, DT 1997-B, 1390).
22. El encuadre convencional implica la determinación de qué convenio colectivo es aplicable a una situación de trabajo, ya sea individual o pluri-individual y compete en definitiva al juez de la causa, por lo que resultan irrelevantes los dictámenes emanados de un asesor técnico del Ministerio de Trabajo, sin perjuicio de que pudiesen ser una guía para tener en cuenta. (C.N.A.T., Sala III, 26/12/1994, “Vanegas, Sulma I. c/Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales”, DT 1995-A, 832).
23. El encuadramiento convencional entre el trabajador y el principal compete expresamente a los tribunales del trabajo (art. 2º inc. a, decreto-ley 7718/71 -Adla, LIV-A, 841-). (S.C.B.A., 04/10/1994, “Caldez, Juan A. y otro c/Ciccioli, Pacífico S. A.”, DJ 1995-2, 30).
24. No existe norma alguna que faculte al Ministerio de Trabajo a dictar encuadramientos convencionales de tipo general, sino que ello es una tarea reservada a los jueces que, en cada caso en concreto, son los encargados de dirimir los conflictos individuales de derecho que se plantean cuando dos sujetos interesados discuten la aplicación de una convención colectiva. (C.N.A.T., Sala IV, 25/04/1989, “Rodríguez, Carlos A. y otros c/Pequeña Obra de la Divina Providencia”, LL 1989-E, 122). 25. La resolución relativa al encuadramiento convencional ha de ser efectuada por el juez en cada caso concreto en que se ventile un conflicto entre una asociación profesional y una empresa o entre un trabajador y su empleador. (C.N.A.T., Sala IV, 29/07/1988, “Sindicato Choferes Camiones y Afines c/Gobierno nacional - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”).
26. En los casos en que el empleador tenga a su servicio trabajadores que realizan tareas distintas de las de su actividad específica, no debe considerárselo comprendido en las convenciones colectivas que contemplan especialmente la profesión o el oficio de esos trabajadores (Plenario C.N.A.T. Nº 36, 22/03/1957, “Risso, Luis P. c/Química La Estrella”, DT 1957-237).
27. El hecho de que una entidad sindical represente a un grupo de trabajadores, no implica que los convenios colectivos que celebra con alguna o algunas entidades patronales o empresariales, hayan de valer para cualquier empleador, de cualquier actividad que fuere, porque la representación válida de éste es el requisito básico para ello, en los términos del art. 9 de la ley 14250 (conf. CNAT, Sala VII, 29/10/03 “Federación Única de Viajantes de la R.A. c/Etchart Arnardo S.A.”). (C.N.A.T., Sala II, 27/02/2009, “LERTORA, María Alejandra c/ ATENTO ARGENTINA S.A. s/despido”).
28. En el caso, no se trata de analizar aquí si el actor estaba o no representado por el sindicato o unión que suscribió el referido convenio (encuadramiento sindical que sólo puede efectuar el órgano administrativo competente); sino, concretamente, de una cuestión de encuadramiento convencional a cuyo efecto, no sólo es necesario saber si la entidad sindical signataria ejercía la representación de los trabajadores del sector sino, además, si la entidad demandada suscribió el convenio en forma directa o estuvo representada por otra que asumía ese rol (el de representante) en la actividad. Como lo han sostenido reiteradamente diversas Salas de esta Excma. C.N.A.T., no puede resultar aplicable a las relaciones de la demandada con su personal un convenio colectivo que no suscribió y en cuya celebración no estuvo representada (conf. CNAT, Sala III, 31-10-86, sent. 53359, "Busso C/ Vialco SA"; Sala VI, 27-10-80 "Odear c/ Constructora Salto Grande SA" en T. y S.S. 1981, pág. 24; Sala V, 30-12-87 sent. 40516 "Landaburo, Walter c/ Amadeo Quiroga Transportes SA", esta Sala in re "Magariños Carolina Fernanda c/Galeno Argentina S.A. s/ diferencias de Salarios", sent. 95.109, del 10/7/07). (C.N.A.T., Sala II, 30/12/2008, "Galardi Marcelo Enrique c/Investigaciones Privadas Vanguard S.A. s/ despido").
29. Tratándose de empleados de estaciones de servicio, resulta aplicable el convenio colectivo de trabajo suscripto entre la asociación de empleadores y el sindicato que representa a los expendedores de combustibles, y no el convenio vigente para los empleados de comercio, pues aquella normativa específica desplaza a la genérica en la regulación de una materia determinada. (Cámara de Apelaciones del Trabajo de Bariloche, 26/11/2008, “Rial, Ricardo P. c/Sindicato de Empleados de Comercio y otros”).
30. Si ante el despido indirecto dispuesto por el trabajador por no registrarse su trabajo bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 335/75 que regula la industria maderera, el empleador afirmó que el empleado estaba debidamente encuadrado en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 de empleados de comercio, debió acreditar que su actividad principal como empresa consistía en la comercialización de productos, máxime cuando de la prueba testimonial surge que se trata de una carpintería industrial. (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas Nro. 2 de San Luis, 08/07/2008, “Olguín, Néstor Jorge Alfredo c/Cid, Aldo José).
31. Uno de los pilares básicos del encuadramiento convencional es que la obligatoriedad del convenio colectivo sólo es legítima en su aplicación –resulta obvio que ello igualmente acontece al momento de liquidar las ndemnizaciones por despido– si la empresa lo ha celebrado por sí o ha formado parte del núcleo negocial, es decir, si la empresa estuvo representada en dicha negociación colectiva, porque de allí emergerá diáfanamente la extensión del ámbito de aplicación personal del convenio colectivo.
En esta línea argumental, la demandada no puede válidamente aplicarle al actor el convenio colectivo nro. 130/75 pues resulta de toda evidencia que no ha formado parte, ni por sí ni por representación de terceros, en la unidad negocial que conformó el dictado de aquella convención colectiva (cf. arts. 1 y 2 del convenio colectivo 130/75). (Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario, Sala Primera, 06/05/08, “Echecury, Alberto O. c/Telecom Personal S.A. s/cobro de pesos”).
32. Para resolver la controversia debe tenerse en cuenta la actividad principal desarrollada por la empresa (...) Como así también que el convenio que se aplica en la empresa es el correspondiente a su actividad principal, no influyendo las simplemente accesorias o complementarias. Cuando se trate de actividades mixtas debe establecerse cuál es la prevaleciente. (Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala 5ª, 27/09/2006, "Morales Troiano Marcos c/Ares S.A s/ordinario despido").
33. Las controversias convencionales son resorte primigenio de la jurisdicción judicial -en el caso, se discute la aplicación al actor del convenio colectivo de los empelados de comercio o el correspondiente a los trabajadores de estaciones de servicio-, siendo el criterio de dilucidación judicial objetivo en tanto remite a la actividad de la empresa y al rol laboral efectivamente cumplido, dado que de lo contrario, si se aceptaran criterios subjetivos, como la elección supuestamente voluntaria de la agremiación o actitudes unilateralmente asumidas en el ámbito de la relación individual de trabajo, podrían esconderse fraudes al régimen laboral. (Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca, 28/07/2005, “Herrera, Raúl A. c/Estación de Servicio Ruta N° 33 de José A. Gutiérrez”). 34. Una cosa es el derecho de representación sindical y otra muy distinta es que si ejerciéndola se han logrado celebrar tales o cuales convenciones colectivas, puedan extender el ámbito de aplicación de las cláusulas convenidas a otra actividad distinta de la representada. Estas tendrán, cada una, el ámbito de aplicación que resulte de las coincidencias de la representación de los viajantes con las de las empresas pertenecientes a un determinado sector o rama económica. Por ello, si bien el convenio colectivo de trabajo 308/75 tiene como ámbito de aplicación material a todos los viajantes de comercio o industria, no es aplicable al dependiente que se desempeña en una empresa metalúrgica que no suscribió dicho convenio. (Cámara De Apelación En Lo Civil, Comercial y Laboral, Rafaela, Santa Fe, 14/06/2002, “Rodríguez, Ángel Alberto c/Swift Armour S.A. Arg. s/laboral”).
35. Para fijar la actividad del empleador a los fines de la aplicación de una convención colectiva de trabajo, es procedente atenerse a su finalidad económica, distinguiéndose o precisándose incluso, entre lo que constituye su objeto esencial -en el caso, se aplica el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 de empleados de comercio respecto del dependiente de una carnicería- y lo que reviste un carácter meramente instrumental. Asimismo y para el supuesto de que dos convenios contemplen una misma relación laboral, es un principio liminar, el que se debe evitar la desarticulación de las normas de los convenios, porque ello les haría perder coherencia y sistematicidad, resultando entonces conveniente aplicar las normas de uno u otro según convenga, pues el criterio atomista, es desechado por la mayoría de la doctrina, postulándose en ese caso la aplicación de un sólo convenio, según se establece en los fallo referidos más arriba. También corresponde tener en cuenta el principio denominado de la unidad de la empresa que señala que la convención colectiva de la actividad principal de la empresa prevalece sobre los convenios parciales, cuando estos últimos refieren a oficios que no son extraños a la explotación, sino accesorios o complementarios, principio que como lo tengo expresado son consagrados por la jurisprudencia.
Que, habiéndose sentado lo que antecede, considero que el encuadre normativo del caso debe efectuarse sobre la actividad del empleador e inclusive de su actividad principal en el supuesto de ser esta mixta, según lo tengo dicho más arriba.
(Cámara de Apelaciones en lo Laboral y de Paz Letrada de Corrientes, 20/03/2002, “Fernández, Francisco c/Renthel, Graciela y/u otros”).
36. La aplicación de una norma convencional se determina en función de la actividad principal desarrollada por la empresa para la cual presta labores el trabajador, pero en los supuestos donde la empresa cuenta con distintas unidades técnicas de ejecución de su fin societario, dicha determinación deberá realizarse tomando en consideración el tipo de trabajos desarrollados por el dependiente. (C.N.A.T., Sala II, 30/03/2001, “Almaraz, Luisa A. c/Montisol Arg. S.A.”).
37. Si la actividad o tarea del trabajador está incluida en el convenio colectivo correspondiente a la actividad principal y específica de la empresa, como en el de su propia profesión, soldador en este caso, corresponde aplicar el de la empresa, ya que prima con respecto al de la profesión personal del trabajador. (Cámara del Trabajo de Mendoza, Sala 5ª, 19/02/2001, “Dávila, Felipe c/Sánchez, Héctor Daniel s/ordinario”).
38. De haber varios convenios colectivos de actividad o de categoría que pudieran regir en una empresa, se dará preferencia al de la actividad principal.
No puede pretenderse que la aplicación de la norma convencional quede en manos del personal de la empresa, que "opta" por un sindicato y obra social u otro, ya que la norma convencional específica debe ser unívoca o aplicable por el empleador a todos los trabajadores de la empresa, sean sindicalizados o no.
En los casos que el empleador tenga a su servicio trabajadores que realizan tareas distintas de las de su actividad específica, no debe considerárselo comprendido en las convenciones colectivas que contemplan especialmente la profesión o el oficio de esos trabajadores. (Tribunal del Trabajo de Bahía Blanca, 29/03/2000, “Niba S. R. L. c/Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires”, DT 2000-B, 1443).
39. El problema de la determinación del marco de aplicación de los Convenios Colectivos de Trabajo debe resolverse atendiendo a la actividad principal del empleador, en tanto el ámbito de validez personal de tales convenciones está dado por la representatividad de los afirmantes y ningún empleador no afiliado queda obligado por el convenio si por el sector patronal no intervino en el mismo, la asociación profesional o al menos un grupo de empleadores de la actividad. (Cámara del Trabajo de Mendoza, Sala 2ª, 19/10/1998, “Gil, Luis c/Sade S.A. s/ordinario”).
40. El encuadramiento convencional colectivo se efectúa determinando si la relación laboral respecto de la cual se plantea el problema, corresponde al ámbito de aplicación del acuerdo concertado entre la asociación de trabajadores que ejerce la representación de los intereses colectivos del sector ­reconocida como la más representativa­ y el sector patronal que investía la del empleador. (Cámara en lo Civil y Comercial, del Trabajo y Familia de Cruz del Eje, 28/05/1998, “Rodríguez, Adolfo N. c/Rosas, Carlos”, DT 1999-B, 2573).
41. El régimen convencional colectivo aplicable a una determinada actividad deriva primordialmente de la actividad de la empresa y su inclusión en la convención colectiva pertinente. (Cámara en lo Civil y Comercial, del Trabajo y Familia de Cruz del Eje, 21/03/97, “Gallardo, Tomás W c/Rosas, Carlos A.”).
42. Si el trabajador laboraba como guardavidas para la demandada organismo dedicado a la docencia- corresponde desestimar la aplicación del CCT 133/90 y considerarlo encuadrado en el Convenio de Docentes Particulares, pues conforme el fallo plenario nro. 36, en los casos en que el empleador tenga a su servicio trabajadores que realizan tareas distintas de las de su actividad específica, no debe considerárselo comprendido en lo CCT que contemplan especialmente la actividad o el oficio de esos trabajadores. (C.N.A.T., Sala VIII, 14/06/1995, “Mellado, Gabriel Alejandro c/Compañía del Divino Maestro - Instituto de Cultura Religiosa s/convenciones colectivas de trabajo”).
43. Si las empresas co-demandadas operaron como proveedoras de mano de obra para las tareas de reparación y mantenimiento de convertidores en la planta de SOMISA, los trabajadores que allí prestaron servicio, quedaron encuadrados dentro de las CCT 260/75
(metalúrgicos). No interesa que con anterioridad a su ingreso, se hubieran encontrado inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción, e incluso que hubieran realizado tareas enmarcadas dentro de la ley 22250. (C.N.A.T., Sala II, 16/02/1995, “Flores Zambrano, Daniel c/Del Valle Ahumada, Francisco s/despido”).
44. Es de trascendente importancia determinar cuál es la actividad principal de la empresaria, en atención a la doctrina que emana del fallo plenario "Risso, Luis c. Química La Estrella" (Nº 36 -DT, 1957-237-). En este sentido, no se acredita en autos que la actividad de la demandada fuese aquella que se invoca escuetamente en la demanda. Por lo demás, tampoco se acredita la representatividad de la demandada en el convenio que se pretende aplicable. Tal como surge del texto de los convenios 81 y 82/89 agregados a fs. 289/304, la demandada no suscribió los mismos ni se encuentra adherida a la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina, sino a la Federación de Empleadores de Entidades Deportivas y Actividades Civiles, entidad que tomó participación en el convenio colectivo de trabajo 160/75, que aplica la demandada. (C.N.A.T., Sala III, 26/12/1994, “Vanegas, Sulma I. c/Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales”, DT 1995-A, 832).
45. En los casos en que el empleador tenga a su servicio trabajadores que realizan tareas distintas a las de su actividad específica, no debe considerárselos comprendidos en la convenciones colectivas que contemplan especialmente la profesión o el oficio de los trabajadores, debiendo darse prelación a la actividad principal de la accionada, sobre todo si el convenio colectivo respectivo (el de la actividad principal), contempla a los empleados administrativos. (C.N.A.T., Sala I, 24/11/1980, “Obra Social para Empleados de Comercio y Actividades Civiles c. Brever, S. A.”, DT 1981-A, 516).
Circunstancias irrelevantes
46. La circunstancia de que una entidad gremial ejerza la representatividad de cierto grupo de trabajadores no implica que los convenios colectivos que celebra con alguna o algunas entidades patronales o empresariales, hayan de valer para cualquier empleador, de cualquier actividad que fuere, porque la representación válida de éste es requisito básico para ello, en los términos del art. 9 de la ley 14250 (conf. CNAT, Sala VII, 29-10-93, "Federación Unica de Viajantes de la R.A. c/ Etchart Arnaldo SA", comentado por Rodríguez Mancini en D.T. 1994-A, pág. 212). (C.N.A.T., Sala II, 30/12/2008, "Galardi Marcelo Enrique c/Investigaciones Privadas Vanguard S.A. s/ despido"). 47. Nada interesa para la suerte de autos conocer el grado de representatividad que el gremio referido tenía y/o cuál era el sindicato que representaba al actor –de Comercio o específico– por cuanto todas esas cuestiones refieren a supuestos de encuadramiento sindical que –como se apuntara supra– no era la cuestión a resolver. Por el contrario, y a fuerza de resultar reiterativo, lo que se traía a resolución de la Cámara giraba en torno a definir qué convenio era aplicable a la relación jurídica habida entre las partes entre el 12/febrero/1992 y el 10/junio/1997. Ello suponía considerar el ámbito de aplicación de dos CCT, el 391/75 denunciado por la actora al deducir demanda y otro, el 130/75 acusado por la accionada. (Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca, 27/10/05, “Agüero Luis A. c/Gutiérrez, José Antonio s/beneficios laborales s/casación”).
48. La convención colectiva de trabajo suscripta por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina y Asociación de Hospitales Particulares, de Beneficencia y Mutualidades, es aplicable a los trabajadores que se desempeñan en el Sanatorio Central de propiedad de la Unión Tranviaria Automotor. (Plenario C.N.A.T. Nº 153, 14/06/1971, “Alba, Angélica y otros c/Unión Tranviarios Automotor”, DT 1971-452).
49. Así, resulta evidente que el CCT 201/92, suscripto entre FOETRA y Telefónica de Argentina S.A., Telecom Argentina Stet France Telecom S.A., Startel S.A. y Telintar S.A., no puede resultarle aplicable a la aquí accionante (trabajadora de Atento Argentina S.A.), pues, tal como ya sostuvo esta Sala en la causa “Dris, Julieta c/ Atento Argentina S.A. y otro s/ despido” (S.D. 96.333 del 5/2/09), no puede resultar aplicable a las relaciones de la demandada con su personal un convenio colectivo que no suscribió y en cuya celebración no estuvo representada. (C.N.A.T., Sala II, 27/02/2009, “Lertora, María Alejandra c/Atento Argentina S.A. s/despido”).
50. La actividad principal de Atento Argentina SA no es la de telecomunicaciones, sino la de mercadotecnia, como surge de la pericia contable y lo señala el señor juez "a quo", en segmento que no ha sido controvertido al apelar: "el CCT 201/92 no era aplicable al establecimiento de la demandada por la índole de su actividad…la empresa no presta un servicio de telecomunicaciones" (fs.276). En ese marco conceptual, le asiste razón a la quejosa, de acuerdo a una ratio que sintoniza con lo resuelto por esta Cámara en pleno, en el fallo plenario "Risso, Luis c/ Química Estrella SA", del 22-3-1957 (DT, online), en base al cual, para definir un conflicto de encuadramiento convencional, es decir, responder el interrogante acerca de qué convenio colectivo le resulta aplicable a una relación laboral, lo relevante es determinar cuál es la actividad principal de la empresa o establecimiento, con la salvedad de los convenios de profesión, oficio o categoría cuando la patronal ha estado representada. (C.N.A.T., Sala VIII, 31/10/2008, “Pacheco Julieta Fernanda c/Atento Argentina S.A. s/despido”).
51. No resulta aplicable el C.C.T. N° 406/00 (Convenio de empresa celebrado entre la Asociación de Agentes de Loterías y Empleados de Empresas de Juegos de Azar y Afines de la República Argentina y Casino de Buenos Aires) al caso del trabajador empleado en una empresa cuya actividad principal consiste en el expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicios de mesa y/o mostrador, con prestación de servicios en el Buque Casino “Estrella de la Fortuna”, como ayudante de barra. Del contenido de dicho convenio surge la exclusión en su aplicación a las siguientes personas: 1) los empleados de empresas de servicios especializados, mencionandos en particular a las siguientes: a) construcción, reparación y modificación de obras civiles; b) mantenimiento y limpieza general; c) servicios de seguridad e higiene industrial; d) tripulación y 2) todas aquellas que no sean empleados de la Empresa…”, la consideración del inciso 2) es que lleva a descartar en el caso la aplicabilidad del C.C.T. 406/00 y el encuadramiento de la relación en la CCT 389/04 de gastronómicos. (C.N.A.T., Sala III, 11/09/2008, “Basso Marcelo Andrés c/Sobreaguas S.A. y otro s/despido”).
52. Resulta aplicable el C.C.T. 49/89 (actividades de peluquería destinadas a personas del sexo femenino), al trabajador peluquero cuyos servicios estaban destinados principalmente a la atención de mujeres y sólo a veces a caballeros. No corresponde hacer lugar a la pretensión de aplicabilidad del convenio 84/89 (actividades de peluquería destinadas a personas de sexo masculino), debido a que una única prestación laboral, aunque involucre distintas funciones, no es susceptible de categorizaciones convencionales múltiples, sino que sólo resulta encuadrable en la categoría del convenio que se corresponde con la función principal. (C.N.A.T., Sala II, 27/06/2008, “Maldonado Carlos Alejandro c/Aspil S.A. y otro s/despido”).
53. Es aplicable el C.C.T. 99/90 (empleados de la sanidad) a todos los médicos de guardia que se desempeñan en las empresas de emergencia y/o transporte de personas en ambulancia en la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, y fue suscripto entre la Cámara de Empresas de Emergencia y Transportes de Personas en Ambulancia y la Federación Médica Gremial. Por ello el personal dependiente de la demandada (OMINT S.A. de Servicios) se encuentra comprendido en el C.C.T. 130/75 de Empleados de Comercio, ya que dicha empresa no presta servicios con ambulancias ni móviles propios, sino que lo hace a través de prestadores. (C.N.A.T., Sala III, 10/03/2008, “Romeo Teresa Elida c/OMINT S.A. de servicios s/despido”).
54. Según lo dispuesto por el art. 29 de la L.C.T., ante el caso de que los trabajadores hayan sido contratados por un tercero con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. La solidaridad dispuesta en esta norma opera "ministerio legis" sin que sea necesario para que ello suceda que quien suministra la mano de obra haya celebrado el negocio jurídico vinculante con el propósito de defraudar a terceros acreedores. En el caso, ha quedado probado que el actor no fue parte de la "consultora" Adecco sino cajero y empleado administrativo en varias sucursales del Banco Patagonia demandado. En consecuencia, la relación no estuvo encuadrada en el convenio colectivo aplicable a Adecco (130/75 de empleados de comercio), sino en el CCT Ntion 18/75 aplicable a la actividad bancaria, es decir, la actividad específica de la empresa destinataria de los servicios del actor (Banco Patagonia S.A.). (C.N.A.T., Sala VI, 22/02/2008, “Bonvecchiato Raúl Esteban c/Adecco R.R.H.H. Argentina S.A. y otro s/ despido”).
55. El hecho de que la empleadora transportara su propia fruta y no la de terceros, hace aplicable a la relación laboral habida con el trabajador que se desempeñaba como chofer de camión, el Convenio Colectivo de Trabajo 217/93 para el Personal de Cosecha y Empaque de Fruta Cítrica de Entre Ríos y Corrientes y no el CCT 40/89 que rige para los transportistas, pues de lo contrario se aceptaría que la figura de conductor debe encuadrarse siempre en el marco del CCT 40/89, lo que es inadmisible por cuanto diversos convenios la admiten cuando ello se vincula con la actividad específica de la empresa. (Cámara de Apelaciones de Concordia, Sala del trabajo II, 22/02/2008, “Pérez, Horacio Raúl c/Confalonieri S.R.L. y otros”).
56. Las tareas efectuadas por los trabajadores que estuvieron destinados a realizar un reemplazo en las instalaciones de un reactor nucleoeléctronico, más allá de su alta complejidad, se asimilan a la reparación de una máquina como actividad típicamente metalúrgica. Dichas actividades no tienen que ver con el aspecto edilicio del edificio del reactor, sino con la generación de energía eléctrica, por lo cual no cabe encasillarlas en las previsiones legales y convencionales que rigen la industria de la construcción, sino que cabe encuadrarlas dentro del régimen legal de la LCT., como tareas de oficiales montadores metalúrgicos regidos por el CCT. 260/1975. (C.N.A.T., Sala X, 06/03/2007, “Senilliani, Osvaldo R. y otros c/Adecco Argentina S.A. y otro s/ley 22250”).
57. La CCT 460/1973 (Unión Tranviarios Automotor -U.T.A.-) es aplicable a los empleados de las empresas concesionarias de líneas de transporte público automotor de pasajeros. El personal de la demandada, que se halla habilitada como empresa de servicios de transporte automotor para el turismo, no se rige por aquella norma convencional, destinada al servicio público. (C.N.A.T., Sala VIII, 20/10/2006, “Massa, Juan C. c/Turismo Parque S.R.L. s/despido”).
58. Si bien en el sub lite se han producido pruebas que acreditan que se desarrollaban tareas inherentes tanto al entretenimiento como a la gastronomía, el Tribunal entiende que de manera predominante y principal se trataba de las primeras. En efecto, no sólo surge del informe pericial contable que las inscripciones y habilitaciones de la empresa estaban realizadas para dichas actividades, sino que los mismos testigos que depusieron en la audiencia de vista de la causa hicieron referencia a que el mayor espacio del lugar estaba ocupado por las máquinas de entretenimiento. (Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala 5ª, 27/09/2006, "Morales Troiano Marcos c/Ares S.A s/ordinario despido").
59. El convenio colectivo de trabajo 71/89, referido a los facultativos que se desempeñan en hospitales de colectividades y mutuales sin fines de lucro, resulta aplicable a la relación habida entre las partes, en tanto el sanatorio donde el actor se desempeñaba como médico es un "establecimiento" en los términos del art. 6° de la ley de contrato de trabajo —t.o. 1976— (Adla, XXXVI-B, 1175). El hecho de que el sanatorio donde se desempeñaba el actor como médico se trate de un ente de una obra social no obsta a que se aplique a la relación de las partes el convenio colectivo de trabajo 71/89, el cual resulta aplicable a todos los empleados de la actividad sanitaria sin fines de lucro, ya que al haber sido suscripto por una asociación de empleadores suficientemente representativa de la explotación desarrollada por la obra social en el establecimiento, no se advierten razones como para considerar a aquélla como ajena a esas disposiciones, pues si bien no se trata "estricto sensu" de una entidad mutual, participa, en buena medida de los principios que informan ese modo de vinculación. (C.N.A.T., Sala X, 12/03/2003, “Sa, Edgardo Jesús Gonzalo c/Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina”).
60. Ninguna duda cabe que el personal que se desempeñaba en el establecimiento frigorífico del demandado al tiempo que lo hizo el actor, estaba comprendido en el convenio colectivo 56/75 (art. 2, inc. a). También incluye este convenio "al personal que se desempeñe como corredores y/o vendedores" (art. 2, inc. c), categoría que está definida en el art. 19, y sus remuneraciones en los arts. 20 a 23. Respecto de éstos, el art. 24 expresamente establece que "las empresas ajustarán su actuación a lo estipulado en lo específico, por la ley 14.546, "Ley de Viajantes", sin perjuicio de lo que al respecto pueda convenirse localmente". En tales condiciones, está claro que la actividad del actor como viajante está regulada por la ley 14.546 -cuya aplicación, por lo demás, es insoslayable por ser de orden público (art. 4)- y de allí que el convenio colectivo 56/75 lo reconozca expresamente. Consecuentemente, corresponde liquidar los rubros indemnizatorios por el despido incausado, debiendo tenerse como tope para la base indemnizatoria (art. 245, L.C.T.) el fijado por el Ministerio de Trabajo para el convenio colectivo 56/75. (Cámara De Apelación En Lo Civil, Comercial y Laboral, Rafaela, Santa Fe, 14/06/2002, “Rodríguez, Ángel Alberto c/Swift Armour S.A. Arg. s/laboral”).
61. Si bien la actividad de la accionada, consistía en la venta de artículos de Ferretería Industrial y la misma encuadra en el Convenio Mercantil, en cuanto al personal bajo su dependencia. La situación del actor, reviste particulares aristas, toda vez que de acuerdo a los remitos y guías examinadas se constata que este chofer no sólo transportaba mercadería propia de la actividad de la empleadora como fuera la chatarra o material de rezago de los proveedores de la Empresa y de esta a Zapla (Refinor Ferrocarriles Argentinos) sino que además transportaba por cuenta de terceros y para terceros. Esto se reconoce por la empleadora en el responde, argumentando que dicho transporte se efectuaba esporádicamente y para no regresar vacío de Zapla. Lo cierto es que conforme la instrumental, tal trabajo no era tan esporádico y tampoco podía la demandada oponer sus compromisos comerciales al actor para encomendarle un transporte que salía de los márgenes de su actividad habitual cual era efectuar transporte sólo para su empleadora y de mercadería o elementos propios de la actividad de esta. De haberse circunscripto a ello, sin duda la categoría de chofer de larga distancia del actor habría quedado aprehendida en el convenio Mercantil 130/1975. Pero la circunstancia de realizar además fletes para terceros, lo faculta a encuadrarse en la Categoría 6.1.1 Conductor de larga distancia prevista en el Convenio 40/1989. (C. Trab. Tucumán, Sala 1ª, 16/06/2000, “Juárez, José Guillermo c/Mevora, Yamile Leonor y otro s/cobros”).
62. Los camioneros que transportan por todo el país lo producido por una fábrica de chacinados quedan comprendidos por el CCT 207/75 que abarca el personal dedicado a tal actividad y no por el 40/89 perteneciente específicamente a los camioneros. Esto es así, pues tal como lo establece el plenario de esta Cámara Nº 36 "Risso C/ Química Estrella" la circunstancia de que el empleador tenga a su servicio" trabajadores que realicen tareas distintas de las de su actividad específica, no debe considerárselo comprendido en las convenciones colectivas que contemplan específicamente la profesión o el oficio de esos trabajadores". (C.N.A.T., Sala I, 13/07/1999, “Fresser, Ricardo y otros c/Tres Cruces S.A. y otro s/ diferencias de salarios”).
63. No corresponde considerar enmarcada dentro del servicio doméstico a la trabajadora que concurría tres veces por semana para realizar las tareas generales de limpieza de un edificio de propiedad horizontal. Ello es así pues el Estatuto del Servicio Doméstico sólo abarca las relaciones de trabajo que los empleados de ambos sexos presten dentro de la vida doméstica y que no importe para el empleador lucro o beneficio económico (art 1 del decreto ley 326/56). Para más, el propio convenio colectivo de trabajo aplicable a los encargados de edificios de renta y propiedad horizontal contempla la categoría de "jornalizados" para aquellos trabajadores que realicen tareas de limpieza y que no trabajen más de 18 horas semanales en el mismo edificio (art 7 inc L del CCT 398/75). (C.N.A.T., Sala III, 31/12/1996, “Escobar, Rosa c/Consorcio de Propietarios del Edificio de Juan Bautista Alberdi 739 s/despido”).
64. Queda encuadrado en las disposiciones de la CCT 125/90 el repartidor de pizzas, empanadas y pastas a domicilio toda vez que dicha convención comprende todos los establecimientos gastronómicos enumerados en su art 7, enumeración que no es taxativa sino amplia, y no excluye a los comercios que vendan pastas. Para más, también abarca los establecimientos donde se elaboran comidas rápidas y semirápidas. (Del voto del Dr. Guibourg). (C.N.A.T., Sala III, 28/10/1996, “Kovalink, Sergio c/Reface S.A. s/despido”). Aspectos procesales
65. Los conflictos de encuadramiento convencional son contiendas pluriindividuales de derecho, que hacen al convenio colectivo aplicable a determinados trabajadores en función de su categoría o actividad. La cuestión entonces relativa a la evaluación del meollo fáctico de las tareas que llevan a cabo cada uno de los trabajadores, está llamada a concluir en una eventual acción ordinaria de cumplimiento de normas emergentes de la autonomía colectiva que los trabajadores consideran que rigen su contrato. Por ello, resulta ajeno a la acción prevista en el art. 47 de la ley 23.551, salvo que se demuestre de manera cabal que el empleador mutó el marco normativo convencional para obstaculizar el ejercicio regular de los derechos emergentes de la libertad sindical, presupuesto al que alude la ley citada. (C.N.A.T., Sala III, 23/03/2007, “Federación de Organizaciones del Personal de Supervisión Técnicos Telefónicos Argentinos FOPSTTA y otro c/Telefónica de Argentina S.A. s/juicio sumarísimo”).
66. Cabe desechar la vía del amparo fundada en el art. 43 de la C.N. con el objeto de obtener la restauración de las condiciones laborales que regían el vínculo del pretensor con la empresa un año atrás, y que resultaron alteradas por habérsele aplicado un convenio diferente al que le correspondía. Ello así, pues tratándose de cuestiones de encuadramiento convencional que ocurrieron hace más de un año, no puede sostenerse que la demora deba ser remediada urgentemente por esa vía, ya que, si la interesada hubiera querido que se reconociera su status laboral tuvo el tiempo suficiente para obtener sus derechos por vía ordinaria en el tiempo transcurrido. (C.N.A.T., Sala VI, 29/07/2006, “Fernández Luis Maria Ruben c/Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada”).
Facultades de las autoridades de aplicación.
67. El thema decidendum se circunscribe a establecer si la Dirección Provincial del Trabajo se encontraba facultada al tiempo de su actuación, para ordenar que a la Empresa actora se le aplicara el Convenio Colectivo Número 181/91, intimándola a que adecue su personal a dicho convenio.- Con esa proyección conceptual estimo que asiste razón a la Sentenciante cuando señala que "la accionada al intimar a la actora a adecuar a su personal al CCT 181/91, se mantuvo dentro de las facultades que a la misma le acuerda el Convenio aprobado por Decreto 702/91, que en su artículo 2°, punto E la faculta a Aplicar y gestionar las Convenciones Colectivas de Trabajo", ya que tan sólo ha ejercido la atribución “.de controlar que un determinado CCT homologado y vigente en todo el territorio de la Provincia de Córdoba para una determinada actividad, sea aplicado, observado y cumplido.” (Trib. Sup. De Justicia de Córdoba, Sala Contenciosoadministrativa, 04/04/2007, “Shell Gas S.A. c/Provincia de Córdoba - plena jurisdicción - recurso de apelación”).
68. Cabe precisar algunas características que presenta la resolución recurrida, cuyos alcances han llevado a confusión a, prácticamente, todos los intervinientes.
Se trata en verdad de una medida originada en las inspecciones cuyas actas, en copias certificadas obran agregadas a fs. 761/771 y en las cuales se habría detectado una infracción a las leyes laborales, concretamente, un presunto incumplimiento del CCT 40/89 y en circunstancias en que la empresa estaría aplicando el CCT 130/75; resulta casi ocioso destacar que la primera de las convenciones colectivas aludidas se encuentra signada -por la representación sindical- por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios, mientras que la segunda ha sido suscripta, también por la parte sindical, por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios.
En ese contexto (y sin analizar, por ser ajeno a estas actuaciones, si un Inspector de Policía del Trabajo se encuentra habilitado para determinar cuál es el convenio aplicable), se intimó a la actual empleadora, Carrefour Argentina S.A., a que aplicara aquel pacto colectivo bajo apercibimiento de considerar su incumplimiento falta grave en los términos del art. 3 inc. g) del Anexo II de la ley 25.212 e imponer las sanciones que correspondan. Eso fue todo.
Como se ve, la resolución no ha abierto juicio -ni podría haberlo hecho- en torno al encuadramiento convencional de los trabajadores involucrados ni, mucho menos, en lo que respecta a la determinación de la asociación profesional de trabajadores representativa de los mismos.
Esto último, es casi innecesario señalarlo, por cuanto no solamente no ha sido dictada en el marco del procedimiento reglado por el art. 59 ley 23.551, ni, en rigor, ha existido planteamiento concreto al respecto, por parte de las asociaciones intervinientes.
Y en cuanto al encuadre convencional, ello es así en razón de que, más allá de las facultades que al respecto pueda poseer la cartera laboral (y más allá también de lo que pudiera opinarse en torno a la legalidad e inclusive de la constitucionalidad del dec. 105/00, extremos sobre los que no cabe avanzar en esta oportunidad) parece claro lo siguiente: 1) No se desprende de la mentada resolución ni de lo actuado previamente, que el MTEFRH haya hecho uso de las facultades que le otorgaría el aludido dec. 105/00; 2) Y aun cuando ello hubiese sido así, surge claro de la doctrina especializada que se ha ocupado del tema, que en definitiva la cuestión referida a la aplicabilidad o no de una convención colectiva de trabajo debe ser resuelta por el órgano judicial interviniendo como ya sea como órgano revisor o en instancia originaria frente a una controversia individual o plurindividual de derecho (conf. Jorge Rodríguez Mancini, "La competencia para resolver conflictos de encuadramiento convencional", DT, 2000-A-539 y sigtes.; Carlos A. Etala, "Las facultades administrativas de encuadramiento convencional", íd. íd. p. 544 y siguientes).
De lo expuesto se concluye, entonces, que la res. 263/03 MTEFRH -más allá de su acierto o error- no constituye otra cosa que la medida preparatoria de un acto administrativo (cual sería, hipotéticamente, la imposición de una multa) que, por sí misma, no produce perjuicio alguno (aspecto sobre el cual se volverá más adelante) y que, como tal, resultaría irrecurrible conforme lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de procedimiento administrativo dec. 1759/72 (t.o. 1991) (C.N.A.T., Sala X, 09/12/2003, “Carrefour Argentina S.A. c/Ministerio de Trabajo”, TySS 2004, 44).
Efectos de la resolución del conflicto 69. Corresponde encuadrar al actor como chofer de transporte de carga dentro del convenio Transportista referenciado correspondiéndole acceder a las diferencias Salariales entre los montos que se le abonaban y lo que correspondía según la categoría determinada y los demás ítem consecuentes a tal categorización. Los principios consagrados en los arts. 8 y 9 LCT. respaldan la interpretación efectuada. (C. Trab. Tucumán, Sala 1ª, 16/06/2000, “Juárez, José Guillermo c/Mevora, Yamile Leonor y otro s/cobros”).
70. Cabe concluir entonces que la citada disposición del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no contiene el alcance ni efectos atribuidos por el fallo, habida cuenta que carece de virtualidad para convalidar sólo a partir de su notificación el derecho de los trabajadores a percibir los importes Salariales previstos en el convenio colectivo que les resulta de aplicación (arts. 114, ley de contrato de trabajo y 8°, ley 14.250).
De modo pues que, incuestionada la aplicación del convenio colectivo de trabajo 114/75, corresponde hacer lugar al reclamo en cuanto pretende la aplicación de la referida escala Salarial por el período previo al dictado de la disposición DNRT 2052/91.
No obsta a la solución que se propicia la eventual aceptación y postergación del conflicto entre las partes a resultas del diferendo intersindical planteado, habida cuenta que ello no cercena el derecho de los trabajadores al cobro de las diferencias resultantes por remuneraciones abonadas de manera insuficiente, por el período no prescripto (arts. 256 y 260, ley de contrato de trabajo). (S.C.B.A., 04/10/1994, “Caldez, Juan A. y otro c/Ciccioli, Pacífico S. A.”, DJ 1995-2, 30).
71. Ni en el mejor de los supuestos puede atribuírsele a una resolución dictada por la autoridad administrativa, el carácter de constitutiva de derechos; sólo sería meramente declarativa. No existe, entonces, obstáculo para reconocerle derecho a los demandantes a las diferencias pretendidas, pues siempre tuvieron derecho a que se les abone los Salarios correspondientes a la actividad. (C.N.A.T., Sala IV, 25/04/1989, “Rodríguez, Carlos A. y otros c/Pequeña Obra de la Divina Providencia”, LL 1989-E, 122). :: Asóciese :: Contáctenos

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