Source: http://www.derechos.org/nizkor/chile/juicio/desafuero2.html
Timestamp: 2015-03-26 23:43:48+00:00

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Equipo Nizkor - Texto completo del fallo del pleno de la Corte Suprema por
el que se acuerda el desafuero de Augusto Pinochet Ugarte.
EQUIPO NIZKORDictamen
Santiago, ocho de agosto del año dos mil.
Texto completo del fallo del pleno de la Corte Suprema por
Fines del desafuero y alcance de la competencia del tribunal Requisitos del Debido Proceso en un desafuero En cuanto al juicio político como condición previa al enjuiciamiento de un ex Presidente de la
República En cuanto a los requisitos que hacen procedente la declaración de desafuero
Hechos que presenten los caracteres de un delito
Existencia de fundadas sospechas para reputar autor, complice o
encubridor al parlamentario cuyo desafuero se solicita
Prevenciones de los Magistrados Marcos Libedinsky, José Benquis, Eleodoro Ortiz, Enrique Tapia y Jorge
Prevenciones en minoría de los Magistrados Hernán Alvarez, Servando Jordán, Osvaldo Faúndez,
Ricardo Gálvez, Orlando Alvarez y
Prevenciones adicionales del Magistrado Osvaldo Faúndez
Se reproduce la sentencia en alzada y se tiene, además, presente: I.- En cuanto a los fines del
desafuero y a la extensión de la competencia del tribunal
que debe declararlo.
1.-) Que, como se ha expresado anteriormente en numerosos fallos sobre la materia, el trámite del desafuero tiene
como objetivo, exclusivamente, proteger a los parlamentarios contra infundadas acciones judiciales penales que
pudieranintentarse en su contra, permitiéndoles, el mejor cumplimiento de su mandato. La finalidad propia de esta
gestión es sólo la de decidir si ha o no lugar a formar causa a un parlamentario que es inculpado de un delito.
Resulta fundamental destacar que este trámite o gestión no importa, en caso alguno, un juzgamiento del
parlamentario, el que deberá llevarse a efecto, si resultare procedente, por el tribunal de justicia que corresponda,
en conformidad con las reglas generales. Por lo ya dicho no debe considerarse, tampoco, el desafuero como un
privilegio a favor de los parlamentarios, sino solamente como una garantía para el adecuado desempeño de sus
funciones. 2.-) Que concordante con lo dicho, la declaración de "haber lugar a formarle causa", que menciona el artículo
del Código de Procedimiento Penal, sólo se traduce en permitir que una investigación se dirija en contra
parlamentario en calidad de sujeto pasivo de la acción penal. Así, por lo demás, lo corroboran diversas
empleadas en los artículos 615, 616 y 618 del Código de Enjuiciamiento Penal, que, respectivamente, aluden a
"suspender todo procedimiento que al parlamentario se refiera"; a "practicar actuaciones que se refieran al Diputado
o Senador" y a que el juicio "seguirá adelante en relación a los primeros", es decir, los que no sean
congresales; 3.-) Que, en consecuencia, el criterio que debe seguirse para resolver si se formula o no la declaración de haber
lugar a la formación de causa en contra de un diputado o senador, es el que fluye del contenido del artículo 612
Código deProcedimiento Penal, al disponer que esta declaración procederá cuando de los antecedentes del
aparezcan en contra del parlamentario de que se trate, datos que podrían bastar para decretar la detención del
inculpado. Esta referencia debe vincularse con lo dispuesto en el N�1 del artículo 255 del cuerpo legal precitado,
como quiera que en esta última disposición se preceptúa que el juez que instruye un sumario
podrá decretar la
detención cuando estando establecida la existencia de un hecho que presente los caracteres de un delito, se tengan
fundadas sospechas para reputar autor, cómplice o encubridor a aquél cuya detención se ordena; 4.-) Que igualmente debe destacarse que en estas gestiones de desafuero no cabe, por ningún motivo, atender a
las exigencias del artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, siendo, por ende, del todo innecesario entrar
analizar, ni menos resolver, si se encuentra justificada la existencia de los delitos que se imputan al parlamentario,
ni tampoco decidir si concurren o no presunciones fundadas, de que a este último le ha correspondido algún tipo
participación en los mismos, por cuanto estos aspectos deben ser estudiados de un modo privativo por el juez
encargado de la sustanciación del proceso penal respectivo; 5.-) Que no es lícito exceder las limitaciones que impone la naturaleza del desafuero de un parlamentario, y que se
han reseñado precedentemente, para ponderar, en cambio, elementos de juicio que deben calificarse al decidir
sobre el procesamiento del afectado y menos al dictar sentencia en la causa, pues ello sobrepasaría el ámbito de
competencia de los tribunales que deben intervenir en la gestión especial de desafuero; 6.-) Que, en efecto, como la competencia del tribunal es condición de la legitimidad de las decisiones que se emitan
en toda tramitación judicial, según lo prescriben los artículos 7�, 10 y 108 del Código
Orgánico de Tribunales, en
armonía con el inciso primero del artículo 7� de la Constitución Política de la República,
las que se adopten en
relación con la solicitud de desafuero de un parlamentario deben ceñirse estrictamente a la regla que encierra
artículo 612 del Código de Procedimiento Penal y abstenerse de analizar en profundidad factores que pudieran
determinar en definitiva, la existencia o inexistencia de la responsabilidad criminal del inculpado, porque esta es una
función propia y exclusiva del tribunal competente para conocer de la causa y que debe ejecutarse una vez afinada
la indagación de los hechos; 7.-) Que, por otra parte, la declaración de hacer lugar a la formación de causa al parlamentario afectado, si
mérito suficiente, ofrece a ambas partes iguales posibilidades de discutir en el proceso los presupuestos de la
inculpación formulada por el querellante en contra del desaforado y permite a éste hacer valer sus alegaciones
abono de su exculpación, propósitos que sólo se pueden satisfacer adecuadamente al desarrollarse la
de los hechos de que conoce el tribunal competente; 8.-) Que, asimismo, la resolución de desafuero, cuando es procedente, significa hacer efectivo, respecto de los
ofendidos el derecho a la igual protección de la ley a través de la acción de la justicia que asegura a
personas el N�3 del artículo 19 de la Carta Política, cuyo ejercicio está limitado por el fuero de que
gozan los
parlamentarios; 9.-) Que esbozado este marco conceptual, correspondería examinar si concurren en este caso, concretamente
respecto del Senador vitalicio Augusto Pinochet Ugarte las exigencias necesarias para desaforarlo, puesto que este
análisis conducirá a resolver si debe confirmarse o bien revocarse la sentencia en alzada que declaró su
pero, atendido que su defensa ha planteado cuestiones que inciden en la procedencia y validez de esta gestión, se
hace indispensable considerarlas antes de entrar al examen de dichas condiciones;
II.- En cuanto a los
requisitos del debido proceso en un desafuero. 10.-) Que en su escrito de apelación la defensa del Senador Pinochet objetó el presente trámite de
afirmando que el mismo "no ha podido ni puede llevarse adelante, por no respetar las exigencias del debido proceso
establecidas en la Constitución Política vigente y en tratados internacionales ratificados por Chile y que
encuentran vigentes. Ello por cuanto el inculpado no está en condiciones de salud que le permitan defenderse"; 11.-) Que en este orden de ideas, asevera también la defensa del Senador vitalicio que el desafuero es un juicio
penal especial, que debe terminar por sentencia definitiva, en la que habrá de declararse si existen o no
presunciones fundadas o al menos sospechas fundadas, en cuanto a si su representado tuvo o no participación en
delitos de suma gravedad, en vista de todo lo cual no debió llegarse a la audiencia de alegatos ante la Corte de
Apelaciones de Santiago, sin que previamente se hubiesen dispuesto exámenes médicos que permitieran justificar
que el estado de salud le impide defenderse en esta causa; 12.-) Que debe consignarse, para lo que aquí corresponde decidir, que en el segundo acápite del fundamento
del fallo de primera instancia se dejó establecido que, entre otros temas planteados por la defensa del senador de
cuyo desafuero se viene tratando, el relativo a "los eventuales exámenes médicos a los que correspondería
al parlamentario inculpado deben ventilarse con mayor propiedad dentro del litigio penal y ante el juez competente",
lo que despeja toda reserva en torno a si el fallo en alzada se pronunció sobre la práctica de dichos
médicos indicando, según se puede apreciar, la oportunidad y la sede procesal en que ellos deben llevarse a
13.-) Que, como puede observarse de lo expresado precedentemente, lo sustancial de la argumentación del
apelante reside en sostener que el desafuero constituye un "juicio o proceso" que, como tal, se encuentra sujeto a la
necesidad de observar las formas de un "debido proceso legal", según la Constitución Política y tratados
sobre la materia; 14.-) Que para determinar la naturaleza jurídica de la gestión de desafuero, es útil examinar,
brevemente, su
desarrollo en nuestro constitucionalismo histórico. La Constitución Política del Estado de 1823, en el N�
26 de su
artículo 39 dispuso que "en las acusaciones y causas criminales juzga a los Senadores la Suprema Corte de
Justicia, declarando previamente la Cámara Nacional haber lugar a la formación de causa por consulta del
Resulta necesario aclarar que la "Cámara Nacional" era una reunión de consultores nacionales, en una Asamblea
momentánea, que reglamentaban los artículos 60 al 94 de la misma Carta.
Con posterioridad, la Contitución Política de la República de 1828, en su artículo 44,
estableció "Ningún Diputado o
Senador podrá ser acusado criminalmente desde el día de su elección, sino ante su respectiva
Cámara, o la
Comisión Permanente, si aquélla estuviere en receso". Si el voto de las dos terceras partes de ella, declarase
lugar a la formación de causa, quedará el acusado suspenso de sus funciones legislativas y sujeto al tribunal
competente". A su turno, la Constitución de la República Chilena de 1833, en sus artículos 15 y 16 otorgó a
cada Cámara la
facultad exclusiva de allanar el fuero de sus respectivos miembros y declarar si había lugar a la formación de
declaración sin la cual los tribunales ordinarios no podrían proceder en contra de un parlamentario.
Concordantemente con lo anterior, los artículos 656 y 657 del Código de Enjuiciamiento Penal, vigentes en la
de la aludida Constitución, preceptuaban lo siguiente: "Artículo 656. Ningún tribunal, aunque halle mérito para imputar un delito a un senador o diputado,
procederá contra
él sino cuando la Cámara respectiva o la Comisión Conservadora, en su caso, declare que ha lugar a
causa." "Artículo 657. Tan pronto como de los antecedentes del proceso o de la información rendida, a petición
aparezcan contra un senador o diputado, datos que podrían bastar para decretar la detención de un inculpado, el
juez de primera instancia elevará los autos al Tribunal de Alzada correspondiente, a fin de que, si halla
solicite de la Cámara la declaración que ha lugar a formarle causa. Si viendo el proceso por cualquier motivo, el tribunal de alzada hallare mérito, pronunciará un auto para
pedir el
desafuero de un Senador o Diputado"; 15.-) Que estos sistemas, de entregar a cada Cámara la decisión sobre el desafuero de sus respectivos
-y que todavía existe en muchos países- no obtuvo buenos resultados en el nuestro, y se estimó necesario,
señala un connotado tratadista de Derecho Constitucional, extirparlo en su raíz, quitando "al Congreso una
que ofrecía el peligro de ser ejercida con criterio político". Agrega el mismo autor, que "la
realizó la reforma; quitó al Congreso toda injerencia en las gestiones sobre allanamiento del fuero
las entregó a los Tribunales de Justicia. Pero no olvidó que el privilegio del Diputado o senador, obedece a
de interés público y trató de revestir las resoluciones que se dictan de la mayor seriedad posible.
De allí que con arreglo a sus disposiciones el fuero sólo puede ser allanado por una Corte de Apelaciones,
en Tribunal Pleno; de la resolución que pronuncie puede apelarse ante la Corte Suprema. Queda así garantido el
parlamentario en su inviolabilidad y conjurado el peligro de la denegación de justicia. "La aplicación de las disposiciones de la Constitución en la práctica ha dado buenos
resultados. Nuestros tribunales
son garantía de que ni los intereses ni la pasión política perturbarán su criterio para aplicar la
Ley con la estrictez
que ella exige, pero sin que juegue papel alguno el móvil político". (Carlos Estévez G. "Reformas que la
de 1925 introdujo a la de 1833. Pág. 25); 16.-) Que no se puede dejar de acotar, en cuanto a esta última aseveración de Carlos Estévez que,
esta Corte no tiene otro medio de resolver el caso, actualmente sometido a su decisión, que a través de la
de las reglas de derecho pertinente. Enseñaba Benjamin Cardozo, refiriéndose a la naturaleza de la función judicial: " el Juez, como
interprete, en
representación de la Comunidad, de su sentido del derecho y del orden, debe subsanar omisiones, corregir
incertidumbres y armonizar los resultados de la justicia a través de un método de libre decisión". Un
argentino, por su parte, se ha encargado de precisar, en conceptos referidos a la Corte Suprema de su país, pero
que son también aplicables a este Tribunal que "a pesar de que la Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial,
es un poder político, ello no implica que ejerza una política partidaria oficialista. Si esto último
sucediera, la justicia
dejaría de ser un órgano independiente y de control, para convertirse en un apéndice de los Poderes
Ejecutivo o
Legislativo. La sola sospecha de que el Poder Judicial se convierta en instrumento de los otros dos poderes, para que éstos, a
través suyo, logren resolver situaciones que por las vías políticas propias no pueden, provocaría
una seria crisis
institucional". (Roberto Dromi. "Los Jueces". Ediciones Ciudad Argentina. Pág. 128). 17.-) Que, ahora, siguiendo con el desarrollo histórico del tema del desafuero, corresponde señalar que fue,
precisamente, en razón de las motivaciones políticas a que hizo referencia el tratadista Carlos Estévez,
artículos 33, 34 y 35 de la Constitución Política de 1925 establecieron un nuevo sistema para el
desafuero, el que
se mantuvo en los incisos 2�, 3� y 4�, del artículo 58 de la Carta vigente. Producida la reforma Constitucional de
1925, por otra parte, el Decreto-Ley N�554 del mismo año, modificó el Título IV del Libro III del
Procedimiento Penal, artículos 656 al 663, a fin de adaptarlos a la mencionada reforma, otorgándoles la misma
redacción que presentan los actuales artículos 611 al 618 del citado Cuerpo legal; 18.-) Que lo dicho es concluyente, en concepto de esta Corte, para demostrar que la gestión de desafuero no
reviste los caracteres propios de un juicio o proceso. Ciertamente no lo era cuando, bajo el imperio de las
Constituciones de 1823, 1828 y 1833, conocía de la gestión la Cámara a la que pertenecía el
Diputado o Senador al
que se pretendía desaforar, y tampoco adquirió este carácter cuando la Reforma del año 1925,
trasladó la
competencia, en primera instancia, a las Cortes de Apelaciones respectivas y en segundo grado a esta Corte
Suprema. La materia y naturaleza de la gestión siguió siendo la misma, sólo existió un cambio de
encargada de resolverla; 19.-) Que cabe preguntarse entonces �cuál sería la naturaleza jurídica de la gestión de
desafuero?. Pues no es otra
que la correspondiente a una condición de procedibilidad, un requisito o condición habilitante para poder actuar
criminalmente en contra de un Diputado o Senador. La doctrina científica, en general, ha considerado el desafuero
como un "prepoceso"; un "antejuicio"; como un trámite de "diligencias previas"; "un presupuesto de admisibilidad";
o, por último, un "requisito de perseguibilidad". A partir de un presupuesto de carácter subjetivo, la calidad
Diputado o Senador de una persona que aparece como imputada en un juicio penal, se refuerzan sus garantías
procesales penales y se exige una autorización previa para proceder en su contra la que incidirá directamente,
mayor o menor medida, en un juicio penal pendiente. En efecto, la falta de autorización, en nuestro derecho positivo,
puede posibilitar la oposición de la excepción contemplada en el N� 8 del artículo 433 del Código
Penal, que se refiere, precisamente, a la "falta de autorización para procesar en los casos que sea necesaria con
arreglo a la Constitución o a las leyes", excepción que puede hacerse valer en alguna de las formas a que se
refieren los artículos 433 y 434 del citado Código y que, según sea acogida o denegada, dará lugar
situaciones previstas en los artículos 442 y 617 del mismo Cuerpo legal; 20.-) Que establecido, como ha quedado, que la gestión de desafuero no tiene los caracteres de un juicio o proceso
debe, lógicamente, concluirse que a ella no le resultan aplicables las garantías del "debido proceso". Con todo,
Corte analizará esta institución, a fin de resolver si, en la presente gestión, se han vulnerado alguno
que se incluyen en este concepto. El debido proceso legal constituye una institución de la más antigua raigambre jurídica. Se ha
estimado que del
Capítulo 39 de la Carta Magna Inglesa de 1215 se desarrolló este derecho de los barones normandos, frente al Rey
"Juan Sin Tierra" a no sufrir arresto o prisión arbitrarios, y a no ser molestados ni despojados de su propiedad sin el
juicio legal de sus pares y mediante el debido proceso legal. El pasaje pertinente de la Carta Magna mencionada
decía: "Ningún hombre libre deberá ser arrestado, o detenido en prisión, o desprovisto de su
propiedad, o de
ninguna forma molestado; y no iremos en su busca, ni enviaremos por él, salvo por el juzgamiento legal de sus
pares y por la ley de la nación". Esta norma fue una proscripción del castigo arbitrario y de las ilegales violaciones a la libertad personal y de los
derechos de propiedad. Garantizaba, en suma, el derecho a un juicio justo y a una justicia honesta. No se pretendía
tanto configurar una forma particular de juicio, sino más bien resaltar la necesidad de protección ante actos
arbitrarios de encarcelamiento, desposesión de bienes e ilegalidades que el Rey Juan había cometido o
tolerado. En este mismo sentido, el año 1776, la Declaración de Derechos de Virginia desarrolló el concepto del
proceso al exigir que: "VIII.- En toda persecución criminal, el hombre tiene derecho a averiguar la causa y la
naturaleza de su acusación, a ser careado con los acusadores y testigos, a producir las pruebas a su favor y a ser
juzgado rápidamente por un jurado imparcial...", "que no puede ser impelido a declarar contra si mismo; que
hombre puede ser privado de su libertad sino según la ley del país o el juicio de sus pares". En términos
similares, la V enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, en su parte final,
estableció que a
ninguna persona "se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso judicial". 21.-) Que este concepto del debido proceso -incorporado en el ordenamiento institucional chileno a partir del
18 del Reglamento Constitucional de 1812 y reiterado en los artículos 122 de la Constitución de 1823, 11� de la
Constitución de 1833 y 11� de la Constitución de 1925-, continuó desarrollándose para conseguir la
armonía de dos
grandes intereses en juego, el interés social, perjudicado o atemorizado por la comisión de un delito y el
individual, puesto en peligro por el obligado sometimiento a un juicio penal. En resumen, en la actualidad, se estima que el concepto del debido proceso comprende el pleno derecho a la
jurisdicción y, como lo señala un autor, que formó parte de la Comisión de Estudios de la Nueva
1980, "los elementos que constituyen un racional y justo procedimiento son los siguientes, de un modo muy
escueto: 1) Notificación y audiencia del afectado, pudiéndose procederse en su rebeldía si no comparece
notificado; 2) Presentación de las pruebas, recepción de ellas y su examen; 3) Sentencia dictada en un plazo
razonable; 4) Sentencia dictada por un tribunal u órgano imparcial u objetivo, y 5) Posibilidad de revisión de
fallado por una instancia superior igualmente imparcial y objetiva". (Enrique Evans de la Cuadra. "Los Derechos
Constitucionales". Editorial Jurídica de Chile. Tomo II, pág. 29). 22.-) Que todos estos elementos están contemplados en nuestro actual proceso penal, naturalmente con las
imperfecciones propias de un sistema inquisitivo que es el que actualmente nos rige y que, como es sabido, se
encuentra en trámites legislativos de cambio, pero es posible advertir que lo que la defensa del senador Pinochet ha
pretendido es anticipar las exigencias de ese "debido proceso" a una etapa anterior al mismo, pretendiendo que se
aplique a un privilegio, como lo es el fuero, que implica sólo un obstáculo para el normal ejercicio de una
penal en su contra, normas que rigen para el supuesto en que ya haya sido autorizado su juzgamiento para ante el
tribunal competente. Se ha tratado, en consecuencia, en este trámite, acudiendo a la invocación de derecho a un
"debido proceso", de conseguir u obtener la declaración de una falta de responsabilidad penal total, a la que
conduce el sobreseimiento definitivo decretado de acuerdo con el artículo 617 del Código de Procedimiento Penal,
en los supuestos que se resuelve no haber lugar a la formación de causa. La defensa del senador Pinochet se ha
preocupado también de colocar de relieve las consecuencias, para él nada triviales, derivadas del hecho de
acogerse el desafuero de un Diputado o Senador, como es la de quedar suspendido, aunque sea provisionalmente
en el ejercicio de su cargo, pero ninguna alusión hace a las consecuencias, evidentemente más graves y
permanentes, que produce la resolución que no da lugar a la formación de causa, que puede lesionar derechos
fundamentales de terceros al poner término, en forma definitiva e irrevocable, en lo que respecta al Diputado o
Senador favorecido con esta última decisión, al procedimiento judicial en lo criminal; 23.-) Que, además, resulta conveniente destacar que la declaración de desafuero puede ser efectuada por el
tribunal de alzada sin oír a ninguna de las partes y de oficio, según resulta de lo dispuesto en el inciso 2�
612 del Código de Procedimiento Penal. En el presente caso, en cambio, la defensa del Senador Pinochet fue
ampliamente desplegada a través de todo un equipo de abogados, según ha sido de público y notorio
conocimiento; 24.-) Que la defensa del Senador Pinochet ha invocado, asimismo, en su apoyo las disposiciones de la "Convención
Americana Sobre Derechos Humanos", conocida también como "Pacto de San José de Costa Rica", y del "Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos". La Convención, en su artículo 8�, bajo el título
Judiciales, enuncia una serie de principios que deben regir la tramitación de los procedimientos judiciales y, en la
primera parte de su numeral 1�, establece que "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella...". En
similares se contempla esta misma garantía en el artículo 14 del pacto Internacional de Derechos Civiles y
Se trata, en estos dos casos, de establecer garantías que recibirán aplicación en el desarrollo de un
al interior del juicio, pero que no pueden ser anticipadas al trámite de una autorización previa para procesar,
es la presente, en la que, por lo demás, según ya se ha dicho, el Senador de cuyo desafuero se trata,
recibió amplia
asesoría técnica; 25.-) Que se ha pretendido también por la parte apelante que el estado de salud del Senador Pinochet no le ha
permitido defenderse en este trámite de desafuero. Al efecto, se sostiene en la minuta de alegatos, puesta a
disposición del tribunal, precisamente, por su abogado defensor, en forma textual lo siguiente: "la misma Ley 18.857
introdujo el actual art. 349, que ordenó perentoriamente al juez someter a examen mental a los inculpados o
encausados sordomudos o mayores de 70 años. Es obvio que tal examen se exige porque de su resultado va a
depender que el tribunal quede debidamente informado acerca de si el inculpado o encausado está en condiciones
de hacer uso de los derechos procesales antes introducidos por el mismo cuerpo legal, esto es, el derecho a ser
informado y a formular descargos, así como la larga lista de derechos contenidos en el nuevo artículo 67". En otras palabras, se considera como evidente por el abogado defensor que el examen mental exigido por el artículo
349 del Código de Procedimiento Penal se encuentra vinculado al derecho de defensa del inculpado, pero esto no
resulta exacto, a menos que se considere que ese derecho de defensa involucra el de obtener a favor del inculpado
o encausado una exención de responsabilidad penal basada en el estado de salud mental y alegada fuera del
proceso penal correspondiente. 26.-) Que es útil recordar que el artículo 349, ya citado, si bien fue incorporado al Código de
por la Ley N� 18857, de 6 de diciembre de 1989, tuvo un origen muy anterior a su consagración legislativa. En
efecto, este precepto se originó en el Proyecto de Modificaciones al Código de Procedimiento Penal, elaborado
el ex Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Rubén Galecio Gómez y nunca su contenido se
ligó al
derecho de defensa del inculpado en su aspecto procesal, sino, más bien, a una defensa de fondo: la existencia de
una posible anomalía mental que pudiera llevar a la dictación de un sobreseimiento definitivo por la causal de
o demencia. Así lo dijo el propio autor del precepto en referencia: "las modificaciones que se insertan en este
- se refieren al denominado "De la identificación del delincuente y sus circunstancias personales". Título VII
Libro II del Código de Procedimiento Penal. Se refieren especialmente...b) A la imposición del examen mental
siempre que se atribuya a un reo un delito que pueda acarrearle una pena muy grave cuando fuere sordomudo o
mayor de setenta años. Esta es una medida de previsión en los casos en que es legítimo sospechar alguna
anomalía en la mente del reo." ("Explicaciones del Articulado del Trabajo Preparatorio que modifica el Código de
Procedimiento Penal". Rubén Galecio Gómez. Pág. 84); 27.-) Que el Proyecto Galecio fue llevado a tramitación legislativa y en la "Exposición de Motivos del
Justicia, redactada por el propio Rubén Galecio Gómez, se dijo que la alteración al "artículo 349
tendía a hacer
obligatorio el informe mental en eventos en que el delito se encuentra muy a menudo relacionado con el estado
mental del reo: en el primer caso por la gravedad de aquél; en el segundo por la anormalidad física; y en el
porque generalmente los ancianos no delinquen estando en su sano juicio."(Diario de sesiones. Cámara de
Diputados. Legislatura Extraordinaria. Sesión 11�, en jueves 20 de noviembre de 1969). 28.-) Que, en conclusión, por todo lo dicho, resulta inaceptable que en nuestro derecho el deficiente estado de
mental de un imputado en un proceso penal pueda afectar su derecho de defensa en juicio. Según la época en que
esa anomalía se presente, ella podrá dar origen a alguna de las situaciones previstas en los artículos
408 N� 4, 409
N� 3, 421 o 682 y siguientes, todos del Código de Procedimiento Penal, pero no será apta para evitar un
juzgamiento por un tribunal competente, siendo éste, en todo caso, el único calificado, dentro del respectivo
penal, para decidir en torno a la existencia, gravedad y consecuencias de las pretendidas deficiencias mentales.
III.- En cuanto al juicio
político como condición previa al enjuiciamiento de un ex
Presidente de la República. 29.-) Que en su escrito de apelación, la defensa del senador Pinochet renovó sus planteamientos en cuanto a
este último no podía ser juzgado por el Poder Judicial en relación con una pretendida
participación en ilícitos que,
de haber existido, revestirían la condición de "actos de su administración" como Jefe de Estado, calidad
investía cuando tal participación habría tenido lugar, "sin que antes se haya acogido por el Senado de la
una acusación constitucional aprobada por la Cámara de Diputados, lo que no sucedió en el presente
caso". 30.-) Que una revista de la normativa constitucional que ha regido con anterioridad en la materia, revela que
únicamente la Carta de 1828 concedió inmunidad a un ex Presidente de la República, después de
para la revisión de su gestión por la vía del residenciamiento. Según su artículo 81, "el
no podrán ser acusados durante el tiempo de su Gobierno, sino ante la Cámara de Diputados y por los delitos
señalados en la parte segunda del artículo 47, Capítulo VII de la Constitución. La
acusación puede hacerse en el
tiempo de su gobierno o un año después" y "pasado este año, que es el término designado a su
residencia, ya nadie
podrá acusarlos por delito alguno cometido durante el período de su gobierno", al tenor del artículo 82
Constitución; 31.-) Que ningún cuerpo constitucional posterior contuvo una disposición de esa índole, si bien la
Carta de 1833,
que permitió acusar al Presidente de la República en el año siguiente a la conclusión de su
mandato, lo dejó a salvo
de acusaciones políticas durante su ejercicio. Bajo el imperio de este texto y hasta la reforma de 1874, la
constitucional acogida significaba un verdadero enjuiciamiento penal del afectado por parte del Senado, que contaba
con poderes discrecionales, "ya sea para caracterizar el delito, ya sea para dictar la pena" y en contra de su
resolución no procedía "apelación ni recurso alguno", conforme el artículo 98; 32.-) Que, a su vez, la Constitución de 1925 en el N�1 de su artículo 39 autorizó iniciar el juicio
político en contra,
entre otros funcionarios, del Presidente de la República ante la Cámara de Diputados, "por actos de su
administración en que haya comprometido gravemente el honor o la seguridad del Estado o infringido abiertamente
la Constitución o las leyes", estableciendo que "Esta acusación podrá interponerse mientras el Presidente
funciones y en los seis meses siguientes a la expiración de su cargo" y asignando al Senado la atribución
de conocer de las acusaciones entabladas por la Cámara de Diputados con arreglo a dicho precepto, en la forma
señalada en el N�1 del artículo 42 de la misma Carta Política. 33.-) Que la existencia y regulación del juicio político en la Constitución de 1925
determinó que los tribunales de
justicia durante el término fijado para iniciarlo sólo pudieran hacer efectiva la responsabilidad criminal
pública, es
decir, la derivada de los actos ejecutados en la administración de un Presidente, en el caso que el afectado fuese
declarado culpable por el Senado al cabo de ese procedimiento. Esto importa una especie de fuero procesal,
basado en la necesidad de resguardar el eficiente desempeño de la función de gobernar y administrar el
país, sin
las perturbaciones que podría irrogar una multiplicidad de denuncias o querellas injustificadas ante los Tribunales
por las actuaciones propias de esa administración; 34.-) Que el procedimiento de acusación constitucional, en su carácter de antejuicio de orden
político, configura un
trámite previo indispensable para abrir la posibilidad de someter a la Justicia Ordinaria al funcionario cuya
culpabilidad establecía el Senado. (Daniel Schweitzer S. "Juicio Político o Acusación Constitucional",
Derecho y Jurisprudencia, Tomo LII, 1� parte, pág.140); 35.-) Que esa restricción a la acción de los tribunales ordinarios no puede mantenerse una vez transcurrido
dentro del cual debe deducirse la acusación constitucional respecto de un Presidente o ex Presidente de la
República, ya que no existe norma alguna que permita extender dicho privilegio más allá del
término fijado por el
constituyente. En este sentido, es útil citar lo expresado por Leonidas Vial Palma al concluir su estudio sobre "El
Juicio Político " , Santiago, 1934 pag.72:" Terminaremos diciendo que la extinción de la responsabilidad
los funcionarios públicos no lleva aparejada la desaparición de sus responsabilidades civil y penal, que pueden
ejercitar en su contra los particulares conforme a las reglas del derecho común"; 36.-) Que estos razonamientos no son sino aplicación de la regla que determina que todo privilegio procesal, como
el juicio político, debe poseer la misma transitoriedad de la función que ampara, de modo que, una vez alejada
autoridad de su cargo, no puede subsistir una protección que la sustraiga del juzgamiento de los tribunales de
justicia, para asegurar el ejercicio de la función que cumplía. Con el regreso a la vida particular de los
acusables ante la Cámara de Diputados, ellos "ninguna garantía pueden invocar", pues "el apartamiento del cargo
no puede generar la irresponsabilidad del funcionario culpable" (Luis Cousiño Mac-Iver, "La responsabilidad penal
del funcionario en la Constitución Política", en "Gabriel Amunátegui: "Memoria y Homenaje" facultad de
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, 1961, págs. 51 y 53); 37.-) Que como el procedimiento de juicio político que consultan los artículos 48 N�2 y 49 N�1 de la
1980 es, en lo pertinente a la materia, sustancialmente igual al regulado por la Carta de 1925, lo expuesto en los
considerandos que anteceden es del todo valedero respecto de las acusaciones que pueden entablarse en ese
procedimiento constitucional contra de un Presidente o ex Presidente de la República, así como de la
temporal que dicho antejuicio político impone al ejercicio de la función jurisdiccional de los Tribunales. De
que es dable admitir que también bajo el imperio de la actual Ley Fundamental, ''concluido el periodo presidencial y
los seis meses que le siguen, quedan facultadas las personas agraviadas con la actuación del Primer Mandatario
para interponer las acciones civiles y penales que correspondan y ellas serán acogidas en cuanto no hayan sido
objeto de prescripción de acuerdo con la naturaleza de las que se promuevan" (Alejandro Silva Bascuñán,
"Tratado
de Derecho Constitucional'' Tomo V, 2� Edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2000,
pág. 92); 38.-) Que, en tal virtud, fuerza es concluir que pasado el término dentro del cual puede deducirse una
constitucional en contra de un Presidente o ex Presidente de la República, no hay razón alguna para vedar o
restringir la aplicación de las potestades jurisdiccionales exclusivas de los Tribunales de investigar y perseguir, en
su caso, los delitos perpetrados en su administración, aunque no se haya producido previamente su condena en
juicio político. Ello teniendo presente, además, que un predicamento contrario pugna tanto con las
igualdad a la ley y de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos que reconocen los N�s. 2 y 3 del
artículo 19 de la Constitución vigente, cuanto con el principio general de la responsabilidad de toda autoridad
pública que recogen y afirman, entre otras disposiciones, los artículos 6� y 7� de la misma Ley
Fundamental; 39.-) Que, al margen de lo expuesto, debe anotarse que la acusación que el N� 1 del artículo 48 de la Carta
vigente permite entablar ante la Cámara de Diputados respecto de un Presidente de la República por "actos de su
administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación o infringido abiertamente
la Constitución o las leyes" y que contemplaba en análogos términos la letra b) del artículo 39 de
1925, jurídicamente no pudo deducirse en contra del apelante y por las situaciones descritas en la sentencia en
alzada; 40.-) Que en las fechas en que tales hechos tuvieron lugar, el ejercicio del Poder Ejecutivo, -que comprende la
administración del país, conforme lo indicaba el articulo 71 de la Constitución de 1925 y lo reitera el
articulo 24 de la
Carta de 1980- no era función privativa del querellado, sino correspondía a la Junta de Gobierno, por mandato
decreto ley N� 1, de 11 de septiembre de 1973, interpretado por el articulo 1� del decreto ley N�128, de 16 de
noviembre del mismo año, que declaró que "la Junta de Gobierno ha asumido desde el 11 de septiembre de 1973 el
ejercicio de los Poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo"; 41.-) Que aun cuando al querellado le correspondió la presidencia de la Junta de Gobierno, de acuerdo con el N�2
del aludido decreto ley N�1, de 1973. esa función no importaba el la exclusividad en el desempeño del Poder
Ejecutivo, que se hallaba radicado en la Junta de Gobierno, junto con las demás potestades estatales; 42.-) Que, como no hay mayores antecedentes de que las actuaciones a que se refirió el fallo en alzada al
configurar las sospechas fundadas en que basó el desafuero, fueran de la Junta de Gobierno, sino por el contrario
constituyeron acciones individuales directas del apelante en su calidad de Comandante en Jefe del Ejército, no cabe
encuadrarlas en el concepto de "actos de administración'' del Poder Ejecutivo, para los efectos del juicio
establecido en la Carta de 1925; 43.-) Que el desempeño exclusivo del Poder Ejecutivo por parte del apelante sólo vino a producirse con
posterioridad a esos hechos, merced al decreto ley N� 527, de 26 de junio de 1974, modificado por el decreto ley
N�806, de 17 de diciembre del mismo año, sobre Estatuto de la Junta de Gobierno, cuyo artículo 7
prescribió en su
inciso primero, que "el Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la Junta de Gobierno, quien con el título de
Presidente de la República de Chile, administra el Estado y es el Jefe Supremo de la Nación, con las facultades,
atribuciones y prerrogativas que este mismo Estatuto le otorga"; 44.-) Que aunque las acciones descritas en la sentencia apelada hubiesen correspondido a la Junta de Gobierno y
no del apelante en el ejercicio de la Comandancia en Jefe del Ejército, ellas mal podrían haber dado lugar a un
político, pues como el decreto ley N�27, de 24 de septiembre de 1973, ordenó la disolución del Congreso
contar de esa fecha, no existió la posibilidad que la misma Junta, que tenía la suma de los poderes del Estado,
instruyera a sí misma el juicio establecido en los artículos 39 y 42 de la Constitución de 1925 por actos
contar, además, la carencia de un procedimiento para llevarlo a efecto con sus distintas y sucesivas fases de
investigación y acusación y de posterior juzgamiento del imputado; 45.-) Que confirman esta conclusión las posteriores normas de los artículos 11, 13 y 14 del decreto ley
N�527, de
1974, que explícitamente asignaron a la Junta de Gobierno, funciones especificas que correspondían al Senado,
concederle, en cambio, facultades para conocer y resolver un juicio político en contra del titular del Poder Ejecutivo
o de sus funcionarios, entre ellos, también los Generales y Almirantes de las fuerzas armadas; 46.-) Que, a su vez, la Vigesimoprimera Disposición Transitoria de la Constitución Política de 1980,
previno que
durante el período a que se refería la Decimotercera Disposición Transitoria y hasta que entraran en
funciones el
Senado y la Cámara de Diputados,

References: artículo 612
 artículo 255
 artículo 274
 artículo 7

artículo 612
 resolución 
 artículo 19

artículo 39
 artículo 44
 resolución 
 artículo 58
 artículo 433
 artículo 617
 resolución 
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 67
 artículo
349
 artículo 349
 artículo 81
 artículo 47
 artículo 82

resolución 
 artículo 98
 artículo 39
 artículo 42

artículo 19
 artículo 48
 artículo 39
 artículo 7