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Timestamp: 2020-02-19 02:27:06+00:00

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Catalunya: La AN española dicta prisión preventiva sin fianza para siete de los CDR detenidos. Ya suman 16 los presos políticos – La otra Andalucía
Catalunya: La AN española dicta prisión preventiva sin fianza para siete de los CDR detenidos. Ya suman 16 los presos políticos
La Audiencia Nacional española (AN) ha dictado prisión sin fianza para siete de los CDR detenidos. Se trata de activistas independentistas de los municipios de Sabadell, Sant Pere de Torelló, Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda y Sant Fost de Campsentelles, detenidas el pasado lunes en el marco de la llamada “Operación Judas”, dictada por la Audiencia Nacional española. El juez que les ha atribuye a los detenidos la pertenencia a una supuesta estructura llamada Equipos de Respuesta Táctica.
Tres días después del inicio de la operación Judas, y una vez se han hecho las diligencias de declaración durante la mañana ante el magistrado Manuel García–Castellón a la Audiencia Nacional española, a Madrid, el juez central de instrucción 6 ha dictado ayer miércoles prisión preventiva sin fianza por siete de las nueve detenidas en la operación (las otras dos fueron dejadas en libertad con cargos el lunes mismo desprendido de pasar unas horas detenidas en dependencias de la Guardia Civil a Barcelona).
Las medidas cautelares se han conocido alrededor de las seis de la tarde, a través de un teletipo de la agencia EFE, antes incluso que hayan sido notificadas a los equipos jurídicos que han asistido las personas detenidas (cinco de las cuales a cargo de la organización antirrepresiva Alerta Solidaria y letrados de oficio en los otros dos casos).
Según la informaciones de afencias, en el documento que establece la prisión provisional, se llama que hay bastante indicios para considerar que las detenidas podrían formar parte de una organización “con una estructura jerarquizada” que tiene por objetivo “instaurar la República catalana por cualquier vía, incluidas las violentas” y les atribuye la pertenencia en una supuesta estructura llamada Equipos de Respuesta Táctica –con las siglas ERT. Curiosamente, esta denominación es muy similar a la terminología que usan las unidades de la Guardia Civil que participaron lunes en el asalto y cacheo de los domicilios de las ahora encarceladas: Equipos Tácticos de Respuesta y Rescate.
Desde el Alerta Solidaria han denunciado las presiones hacia dos de las personas detenidas, que no han podido tener asesoramiento jurídico de confianza y durante todos los trámites han sido asistidas por abogadas de oficio. A lo largo de la mañana y el mediodía, incluso, los servicios de protocolo de la Audiencia Nacional española han llegado al extremo de establecer accesos diferenciados en el edificio judicial para la representación letrada de Alerta Solidaria y para las letradas del turno de oficio del Colegio de Abogados de Madrid, evitando así cabe contacto ni visual ni verbal entre ambas defensas.
Las reacciones no se han hecho esperar y fueron muchas las concentraciones organizadas en todo el territorio para pedir la liberación. A partir de las ocho del anochecer de ayer se convocaron concentraciones en Sabadell (a la plaza Mayor), Barcelona (en la plaza de San Jaime), Tarragona (a la plaza Imperial Tarraco), en Vic (plaza Mayor), en Granollers (plaza Porchada), entre otros lugares. También corrió por la red un llamamiento a hacer sonar cazuelas en las calles a partir de las nueve del anochecer, como ya se hizo el día de la detención, el pasado lunes. Más de 3.000 personas llenaron a tope lunes la plaza del doctor Robert de Sabadell en apoyo a los detenidos.
Siete presos políticos más: reacción en la calle y en el parlamento contra una nueva fase represiva
Ahora el estado español tiene encerrados dieciséis presos políticos independentistas catalanes. Ayer el juez de la Audiencia española Manuel García Castellón dictó prisión incondicional para los siete independentistas detenidos en la ràtzia de la Guardia Civil de lunes en algunos municipios de Cataluña.
La fiscalía los acusa de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. Acabada la declaración, la Guardia Civil los trasladó a la prisión de Soto del Real, a Madrid. El juez rehusó los argumentos de los abogados y dijo que los cerraba en la prisión porque, si no, podrían cometer atentados. Añadió que forman parte de una organización que denomina Equipo de Respuesta Táctica, y que, a parecer suyo, ‘quiere instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violenta’.
Si las detenciones fueron llenas de irregularidades, denunciadas por los abogados, en el encarcelamiento también hay aspectos oscuros, que denunció el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos. Como por ejemplo que el juez solo notificó a las defensas la parte dispositiva de la interlocutoria que ordena el encarcelamiento, pero no la resolución entera, de forma que no podían saber toda la argumentación; y los negó el contacto con los prisioneros, llevándoselos a Soto del Real.
En el momento que se hacía pública la decisión del juez, la noticia llegaba al Parlamento de Cataluña, donde se hacían las votaciones de las decenas de propuestas de resolución que los grupos parlamentarios habían presentado en el debate de política general. Se acababa de aprobar justamente una propuesta con los votos de JxCat, ERC y la CUP pidiendo que la Guardia Civil se fuera de Cataluña. El diputado de la CUP Carles Riera pidió la palabra para intervenir, e instó el presidente de la cámara, Roger Torrent, a suspender el pleno para reunir la junta de portavoces y dar una respuesta institucional a esta escalada represiva del estado español. Pero Torrent le dijo que primero tenían que terminar las votaciones de las propuestas, que no las podían parar. Y los cuatro diputados de la CUP se fueron del hemiciclo en señal de protesta.
Era el primer signo de intensidad de un pleno que acabó siendo de alto voltaje, porqué, después de las votaciones, los portavoces de Juntos por Cataluña y ERC levantaron la voz para denunciar los encarcelamientos. Los diputados independentistas gritaron ‘Libertad’ de los escaños estando, cosa que hizo que el presidente del grupo de Ciutadans, Carlos Carrizosa, fes una intervención diciendo que se sentía amenazado por los diputados. Una buena parte de los diputados independentistas abandonaron el pleno indignados con Carrizosa y con la actitud de Ciutadans. Incluso Ernest Maragall, diputado de ERC, se encaró. Finalmente, Torrent acabó expulsando Carrizosa de la cámara, después de haberlo gritado a la orden tres veces.
Después de este pleno convulso, los grupos parlamentarios de JxCat, ERC, la CUP y Cataluña en común-Pedamos hicieron piña para denunciar la represión y la actitud de Ciutadans. Firmaron una declaración a la junta de portavoces como respuesta institucional contra el encarcelamiento de los siete independentistas. denunciaban una campaña de criminalización del movimiento independentista con un intento de equipararlo con el terrorismo. Añadían el rechazo a la violencia y la reafirmación en la vía democrática para conseguir objetivos legítimos y condenaban la vulneración de la presunción de inocencia de los detenidos y la deriva represiva y autoritaria del estado español. Exigían, así mismo, el fin de la represión y la libertad de los presos políticos.
Pero la reacción más intensa y extensa, casi inmediata, estuvo en las calles de varias ciudades del país. La más numerosa, a Sabadell, con más de tres mil manifestantes, tuvo el momento más sobrecogedor con la lectura de un manifiesto por parte de los familiares y el grupo de apoyo de los detenidos. En el texto, denunciaban las manipulaciones policíacas, políticas y mediáticas contra el movimiento independentista. Y acabaron convocando una manifestación sábado a las 18.00 ante los juzgados de la ciudad.
Petición de retirada de la Guardia Civil
El parlamento ha pedido la retirada en Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil porque han actuado abiertamente como una policía ‘de cariz político’ centrada a perseguir determinados colectivos. En una de las resoluciones que cierran el debate de política general, la cámara también ha exigido la dimisión inmediata de Teresa Cunillera, delegada del gobierno español en Cataluña, por haber estado ‘manifiestamente incapaz’ de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. JxCat, ERC y la CUP han exigido igualmente que se paren las operaciones de las fuerzas policiales españolas que consideren prospectivas y que utilicen de manera especulativa y arbitraria los tipos penales asociados al terrorismo para reprimir el activismo. Además, la iniciativa compromete los partidos a impulsar una modificación en el congreso español de la reforma del 2015 del código penal que permitió este uso arbitrario y abusivo en la calificación del tipo penal de terrorismo.
Los socios del gobierno, con el aval de la CUP, también han hecho un propósito de enmienda con las cargas de los Mossos d’Esquadra contra manifestantes o el hecho que la Generalitat se persone en casos contra activistas independentistas. Por ejemplo, haciendo de acusación en el caso de los nuez de los Almeces. A caballo de las contradicciones que genera a JxCat y ERC la gestión autonómica, la cámara ha instado el gobierno a revisar la participación de la Generalitat como acusación en procesos jurídicos que afecten los derechos civiles y políticos y a llevar a cabo un examen exhaustivo de las actuaciones de los Mossos d’Esquadra ‘de acuerdo con los mecanismos de transparencia y control interno’.
Además, el parlamento ha denunciado que el juicio del Tribunal Supremo contra el 1-O ha sido un proceso arbitrario donde se han vulnerados varios derechos, como el derecho a un juez imparcial y predeterminado, el derecho a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a la presunción de inocencia, al sufragio activo y pasivo y a la representación política de la ciudadanía. La resolución aprobada también obliga la Generalitat a emplazar el gobierno español a cumplir las resoluciones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, que reclamaba la liberación de los presos políticos y el archivo de las causas abiertas por el 1-O.
En la misma iniciativa, presentada conjuntamente por JxCat y ERC, y aprobada con el apoyo de la CUP y la abstención de los comunes, la cámara ha expresado el apoyo al presidente de la Generalitat por la defensa a la libertad de expresión y las libertades colectivas ante el proceso judicial abierto por el mantenimiento de la pancarta de los presos y exiliados al Palau. La cámara ha denunciado que la Junta Electoral Central y el poder judicial atentan contra la separación de poderes, contra la autonomía y la inviolabilidad parlamentaria. Otra resolución conjunta de JxCat y ERC considera que la acusación a Tuesta de desobediencia y la petición de la pena de inhabilitación demuestran la deriva autoritaria de la justicia española para atacar el presidente de la Generalitat.
A partir de otra propuesta de resolución de JxCat y ERC igualmente aprobada, el parlamento ha instado la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a suprimir la llamada operación Toga, que obliga centenares de agentes de los Mossos d’Esquadra a vigilar noche y día equipaciones judiciales, cuando los efectivos policiales tendrían que dedicar su tiempo a afrontar necesidades de seguridad ciudadana mucho más relevantes y urgentes.
El Parlament se reafirma en su carácter soberano
El Parlamento de Cataluña ha remachado su carácter plenamente soberano reafirmándose en los contenidos de la resolución de inicio del proceso de independencia del 2016, con que la cámara rehusó las imposiciones el Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. JxCat y ERC han dado finalmente apoyo a una iniciativa de la CUP que religa la reclamación de la amnistía al ejercicio de la autodeterminación y que afirma la legitimidad de la desobediencia civil e institucional como instrumentos en defensa de los derechos políticos, civiles y sociales que sean lisiados.
Antes del debate, C’s y el PSC habían intentado que la cámara no tramitara la propuesta con el argumento que la resolución del 2016 fue anulada por el Tribunal Constitucional. A pesar de esto, la mesa ha rehusado las peticiones de reconsideración presentadas y, inesperadamente, la mayoría independentista ha votado unida a favor de la propuesta, que la CUP no ha querido rebajar. C’s había advertido también del peligro de incurrir en responsabilidades penales.
Las tres fuerces independentistas han subido así el listón respecto a la resolución que habían consensuado, que también ha salido adelante con la abstención de los comunes, y que ha fijado la amnistía y el ejercicio de la autodeterminación como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. Con esta iniciativa, JxCat, ERC y la CUP se habían asegurado ya la preservación de la unidad independentista fijando estos dos grandes principios sin concretar los plazos ni la manera específica como se tienen que desarrollar.
Aprobando la iniciativa de los anticapitalistas, el parlamento también ha reconocido que Cataluña ejerció el 1-O el derecho en la autodeterminación en un contexto de amenazas y represión por parte del estado español. Según el criterio de la cámara, la violencia física, ambiental y jurídica ejercida impidió que la votación se desarrollara en unas condiciones de ‘normalidad democrática’, con la paradoja que no se ha perseguido los responsables y que hay presos políticos y exiliados por haber estado responsables del referéndum.
Las dos resoluciones se han aprobado en un momento en qué JxCat, ERC y la CUP tampoco han acordado qué tendrían que ser las actuaciones alternativas en caso de que sea inviable una negociación con el gobierno español y que no se puedan llevar a la práctica la amnistía y la autodeterminación. En cualquier caso, el parlamento los ha instado ahora a encontrar ‘un acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políticos’ abierto a todos los agentes políticos, sociales y culturales de los Países Catalanes.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y las tres fuerces independentistas ya se emplazaron ayer a detallar lo cuándo y lo como de la respuesta al Supremo a partir de ahora. Según el mandato parlamentario, el ejercicio del derecho a la autodeterminación, concretamente, tiene que formar parte de la respuesta institucional que lidere el parlamento si los presos políticos son condenados. Por si esto pasara, la cámara también ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a manifestarse por vías pacíficas y democráticas.

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