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Timestamp: 2015-07-01 15:12:23+00:00

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Sentencia T.S. (Sala 3) de 1 de diciembre de 2011. IS. Provisi�n por depreciaci�n de cartera de valores - 116102 - Lex Nova, informaci�n jur�dica actualizada
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Sentencia T.S. (Sala 3) de 1 de diciembre de 2011�RESUMEN:Impuesto sobre Sociedades. Provisi�n por depreciaci�n de la cartera de valores: determinaci�n del valor seg�n libros. Incompatibilidad entre la provisi�n por depreciaci�n de acciones y la doble deducci�n de dividendos, consecuencia de la aplicaci�n de la citada provisi�n. Duraci�n de las actuaciones inspectoras.En la Villa de Madrid, a uno de Diciembre de dos mil once.La Secci�n Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los Excmos. Sres. Magistrados relacionados al margen, ha visto el recurso de casaci�n, n�mero 1514/2008, interpuesto por D� Blanca Grande Pesquero, Procuradora de los Tribunales, en representaci�n de la entidad CAMPOFRIO ALIMENTACI�N S.A., contra la sentencia de la Secci�n Segunda, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, de fecha 31 de enero de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo n�mero 1028/2004, deducido respecto de resoluci�n del Tribunal Econ�mico-Administrativo Central, de 28 de septiembre de 2004, en materia de liquidaci�n del Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1992 y 1993. Ha intervenido como parte recurrida LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado. ANTECEDENTES DE HECHO�Primero.—.- Tras exponer que el objeto del recurso contencioso-administrativo a resolver es la resoluci�n del Tribunal Econ�mico-Administrativo Central de 28 de septiembre de 2004, desestimatoria de la reclamaci�n econ�mico-administrativa interpuesta por la entidad CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A., frente a los acuerdos de liquidaci�n de la Oficina Nacional de Inspecci�n, de fecha 7 de marzo de 2001, relativos al Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1992 y 1993, la sentencia aqu� recurrida expone en el Fundamento de Derecho Segundo lo que son hechos a tener en cuenta para la resoluci�n del presente recurso de casaci�n: "Las anteriores actuaciones administrativas tienen su origen en dos actas de disconformidad (n� 70351864 y 70351891) que el 1 de diciembre de 2000, la Oficina Nacional de Inspecci�n de Madrid, inco� a la reclamante, en la que el Actuario hizo constar, en s�ntesis lo siguiente:"A) Que la fecha de inicio de las actuaciones inspectoras fue el d�a 09/12/96; B) Que de las actuaciones practicadas y dem�s antecedentes resulta que:1�) A finales del a�o 1992, las sociedades CAMPOFR�O Y BEBIDAS SA (en adelante Interalimen) ten�an proyectada la fusi�n por absorci�n de la segunda por la primera. Al cierre del ejercicio 1992, CAMPOFR�O ten�a una participaci�n del 52,86% en el capital social de Interalimen. Durante el ejercicio 1992 Interalimen distribuy� dividendos con cargo a reservas acumuladas en ejercicios anteriores a la adquisici�n de la participaci�n as� como un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 1992. Al cierre del ejercicio 1992 CAMPOFR�O registr� contablemente una provisi�n por depreciaci�n de la cartera de valores por las acciones de Interalimen por la diferencia entre el valor actual de realizaci�n (valor estimado para las acciones a efectos de la fusi�n) y el valor de adquisici�n de los t�tulos.En la declaraci�n del Impuesto sobre Sociedades de 1992 CAMPOFR�O realiz� un ajuste positivo a la base imponible por importe de 1.049.314.990 pesetas (6.306.510,1 €) correspondiente a la provisi�n dotada. Y dedujo de la cuota �ntegra del IS en concepto de doble imposici�n societaria la cantidad correspondiente al 35% sobre el 100% de los dividendos �ntegros percibidos de Interalimen.2�) Durante el ejercicio 1993 (antes del 30-03-93, fecha en que el Consejo de Administraci�n de ambas sociedades aprob� la fusi�n con efectos econ�micos de 01-01-93) CAMPOFR�O adquiri� nuevas acciones de Interalimen hasta alcanzar una participaci�n del 66,64%. El 15 de abril de 1993, una vez adoptados los acuerdos de fusi�n, CAMPOFR�O vende todas las acciones de Interalimen a una sociedad del BBV (INSERVEX) por su valor neto contable. Entre las cl�usulas de esta venta figura la facultad de CAMPOFRIO de recomprar las acciones al mismo precio en que fueron vendidas por lo que se obliga al comprador a comunicar cualquier proyecto de transmitir las acciones a terceros. Contablemente CAMPOFR�O cancela la provisi�n dotada en el ejercicio 1992 no registrando p�rdidas ni beneficios en esta operaci�n. En la declaraci�n del IS del ejercicio 1993, entre los ajustes extracontables a la base imponible, figura un ajuste negativo de 1.050.000.000 pesetas (6.310.627,1 €) correspondiente a la provisi�n dotada en el ejercicio 1992 por las acciones de Interalimen. El 24 de mayo de 1993 CAMPOFRIO recompra las acciones de Interalimen al mismo precio al que fueron vendidas el mes anterior m�s unos gastos adicionales (en concepto de indemnizaci�n de da�os y perjuicios); los acuerdos de fusi�n se elevan a p�blicos en septiembre de 1993 y CAMPOFR�O practica los asientos contables correspondientes a la absorci�n de Interalimen, registrando una p�rdida que no fue ajustada en la base imponible del IS.3�) A juicio de la Inspecci�n la provisi�n por depreciaci�n de la cartera de valores dotada en el ejercicio 1992 recoge la disminuci�n que se hab�a producido en los t�tulos en ese ejercicio y, por tanto, es deducible seg�n lo, dispuesto en el articulo 72 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, por lo que procede eliminar el ajuste positivo de dicha provisi�n efectuado por el sujeto pasivo en su autoliquidaci�n del IS de 1992. En consecuencia, y puesto que se considera deducible en el IS de 1992 dicha provisi�n no procede el ajuste negativo realizado por el sujeto pasivo en la autoliquidaci�n del IS de 1993. Respecto a la deducci�n practicada por doble imposici�n de dividendos en el ejercicio 1992, no procede en la cantidad correspondiente a la minoraci�n en la base imponible por dotaci�n de provisi�n de cartera, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley 61178 y el articulo 174.2 del RIS.C) El actuario considera que no procede la iniciaci�n de procedimiento sancionador al no existir indicios de culpabilidad en el sujeto pasivo.La deuda tributaria propuesta ascendi� a 0 pesetas (0 €) en el ejercicio 1992 y a 569.801.199 pesetas (3.424.574,18 €) en el ejercicio 1993 de las cuales 367.500.000 pesetas (2.208.719,48 €) corresponden a la cuota y 202.301.199 pesetas (1.215.854,69 €) a los intereses de demora. "A la vista de las alegaciones formuladas por la entidad, el Jefe de la Oficina T�cnica de la ONI dict� dos acuerdos de liquidaci�n tributaria, el 7 de marzo de 2001, confirmando las propuestas inspectoras en cuanto a la cuota pero modificando los intereses de demora del ejercicio 1993. Se determinaba para el ejercicio 1993, una deuda tributaria por importe de 3.429.384,94 € (570.601.643 pts), integrada por la misma cuota anteriormente indicada y unos intereses de demora de 1.220.665,46 € (203.101.643 ptas).Contra los referidos acuerdos se promovi� por la interesada reclamaci�n econ�mico administrativa ante el TEAC, y una vez presentadas las correspondientes alegaciones, el TEAC, mediante resoluci�n de 28 de septiembre de 2004, objeto del presente recurso contencioso administrativo, acord� su desestimaci�n...."Segundo.—La representaci�n procesal CAMPOFRIO ALIMENTACI�N S.A., interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resoluci�n del TEAC a que acaba de hacerse referencia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y la Secci�n Segunda de dicho �rgano Jurisdiccional, que lo tramit� con el n�mero 1028/2004, dict� sentencia, de fecha 31 de enero de 1998, con la siguiente parte dispositiva: " DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representaci�n procesal de la entidad CAMPOFRIO ALIMENTACI�N S.A., contra la resoluci�n del Tribunal Econ�mico Administrativo Central de fecha 28 de septiembre de 2004, a que las presentes actuaciones se contraen, y confirmar la resoluci�n impugnada por su conformidad a Derecho.Sin imposici�n de costas."Tercero.—.- La representaci�n de CAMPO FRIO ALIMENTACION, S.A prepar� recurso de casaci�n contra la sentencia antes referida y, tras ser tenido por preparado, lo interpuso por medio de escrito presentado en 13 mayo de 2008, en el que solicita se dicte otra por la que se declare y deje sin efecto la misma. Cuarto.—El Abogado del Estado se opuso al recurso mediante escrito registrado el 10 de junio de 2009, en el que solicita la declaraci�n de inadmisibilidad del mismo y, subsidiariamente, su desestimaci�n. QUINTO. - Habi�ndose se�alado para deliberaci�n y fallo la audiencia del d�a 30 noviembre de 2011, en dicha fecha tuvo lugar referido acto procesal. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Martin Timon, Magistrado de la Sala
FUNDAMENTOS DE DERECHO�Primero.—La sentencia aborda primeramente la cuesti�n planteada en la demanda, referida a la excesiva duraci�n de las actuaciones inspectoras, m�s de cuatro a�os, lo que en opini�n de la actora hace necesario cuestionar el derecho de la Administraci�n a determinar la deuda tributaria referida a los ejercicios regularizados, entendiendo que la ausencia de plazo para la terminaci�n del procedimiento tiene como l�mite el de prescripci�n, de tal forma que el desarrollo de las mismas no puede extenderse m�s all� del plazo de 5 a�os hasta el 1 de enero de 1999 y 4 a�os desde esa fecha. La referida cuesti�n planteada es resuelta en sentido desestimatorio, con cita de doctrina de la propia Sala de instancia y referencia final a la Sentencia de este Tribunal Supremo de 4 de abril de 2006, en la que, en recurso de casaci�n en inter�s de la Ley 71/2004, promovido por el Abogado del Estado contra de 10 de mayo de 2004, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Secci�n Primera, reca�da en el recurso n� 260/2003, se declar� como doctrina legal la siguiente: "A los procedimientos de inspecci�n tributaria iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garant�as de los Contribuyentes, no les es aplicable el plazo m�ximo de duraci�n de 12 meses, establecido en el art. 29.1, p�rrafo primero, de aquella Ley, aunque pudiera transcurrir tal espacio de tiempo con posterioridad a la entrada en vigor de la misma Ley , sin que hubiesen concluido las actuaciones".La sentencia impugnada afirma que aplicada dicha doctrina al supuesto que resuelve, y habida cuenta de que las actuaciones de comprobaci�n se iniciaron el 10 de diciembre de 1996, cuando a�n no hab�a transcurrido el plazo de cinco a�os, en relaci�n al primero de los ejercicios regularizados de 1992, y al no tener el procedimiento inspector una duraci�n de tiempo determinada, por no ser de aplicaci�n la Ley 1/1998 (seg�n su Disposici�n Transitoria Primera), debe deducirse que no ha existido caducidad ni tampoco prescripci�n por esta causa, y, por ello, sin perjuicio de que pudiera apreciarse la misma si existieren dilaciones injustificadas del procedimiento inspector. Y precisamente, en el Fundamento de Derecho Cuarto, la sentencia impugnada rechaza la alegaci�n de prescripci�n del derecho de la Administraci�n a determinar la deuda tributaria en relaci�n al ejercicio 1992, por haberse producido suspensi�n de actuaciones inspectoras, por causa no imputable al contribuyente, cuesti�n sobre la que no se plantea motivo alguno en el recurso de casaci�n.Finalmente, la sentencia resuelve en sentido desestimatorio las dos cuestiones de fondo que se planteaban en el recurso contencioso-administrativo.Con respecto a la primera de ellas, relativa a la consideraci�n como gasto deducible de la provisi�n por depreciaci�n de la carteara de las acciones de Interalimen, dotada por CAMPOFRIO, S.A. en el ejercicio de 1992, la sentencia argumenta su fallo desestimatorio de la siguiente forma: (Fundamentos de Derecho Quinto y Sexto):" (...)La siguiente cuesti�n planteada por la parte es la relativa a la deducibilidad de la provisi�n de cartera del ejercicio 1992, ya que la actora considera que si bien la provisi�n realizada en el ejercicio 1992 desde un punto de vista contable y mercantil era necesaria, no cumpl�a los requisitos previstos en los art�culos 71 y 72 del RIS para ser fiscalmente deducible, por lo que, en su opini�n, resultaba procedente el ajuste extracontable positivo practicado en la base imponible del impuesto del ejercicio 1992 y su posterior reversi�n con motivo de la venta de la participaci�n en 1993.El criterio de la Inspecci�n, ratificado por el TEAC es de signo contrario, ya que considera que la provisi�n de depreciaci�n de cartera de valores contabilizada en 1992 por las acciones de Interalimen es gasto fiscal de ese a�o al cumplirse las condiciones establecidas en el art. 72 del RIS.Para el correcto enjuiciamiento de la cuesti�n litigiosa, hemos de partir de los siguientes hechos f�cticos, seg�n se desprende del expediente:"1�) En el ejercicio 1992 CAMPOFRIO participaba en el capital social de Interalimen en el 52,86% teniendo contabilizados los t�tulos de esta entidad por el importe de su adquisici�n 5.225.857.429 pesetas (31.408.035,71 €). Durante el ejercicio 1992 Interalimen procedi� a un reparto de dividendos que tienen su origen en el reparto de reservas acumuladas (de ejercicios anteriores a la adquisici�n de la participaci�n) as� como del beneficio del ejercicio de 1991 m�s un dividendo a cuenta de los resultados de 1992. Como consecuencia de que los dividendos proced�an fundamentalmente de reservas de ejercicios anteriores el valor te�rico contable de las acciones de Interalimen experimentaron una fuerte bajada a lo largo del ejercicio 1992. Seg�n balance de 1992 el patrimonio neto de Interalimen a 31-12-1992 era de 1.895 millones de pesetas (11.389.179,38 €), mientras que a 31-12-1991 era de 4.018 millones de pesetas (24.148.666,35 €).2�) A finales de 1992 las sociedades Campofr�o e Interalimen ten�an proyectada la fusi�n de ambas con absorci�n de la segunda por la primera. En los estudios preparatorios de la fusi�n, los administradores de ambas sociedades hab�an establecido una valoraci�n de Interalimen de 7.901 millones de pesetas (47.485.966,37 €).Al cierre del ejercicio 1992 Campofr�o dot� una provisi�n por depreciaci�n de dicha participaci�n por importe de 1.049.314.990 Pesetas (6.306.510,1 €), diferencia entre el valor de adquisici�n de las acciones y la valoraci�n de las acciones a efectos de la fusi�n que, posteriormente, en la autoliquidaci�n del IS del ejercicio 1992 la misma sociedad ajust� positivamente a la base imponible, efectuando a continuaci�n la deducci�n en cuota por doble imposici�n interna de dividendos, sobre el importe total de los dividendos percibidos.3�) Con fecha 30 de marzo de 1993 fue acordada la fusi�n por absorci�n de Interalimen por parte de Campofr�o, con efectos de 1 de enero de 1993. Esta fusi�n se ampar� en la Ley 29/1991, de 16 de diciembre.4�) Entre el 1 de enero y la fecha del acuerdo de fusi�n la entidad hab�a adquirido nuevas acciones de Interalimen, alcanzado ya su participaci�n el 66,64% del capital de esta �ltima. El precio de la acci�n coincid�a con el valor estimado de la sociedad absorbida a efectos de la fusi�n proyectada.5�) Con fecha 15 de abril de 1993, mediante contrato privado, la entidad vendi� la totalidad de las acciones de su cartera de participaci�n en Interalimen a una sociedad instrumental del BBV denominada INSERVEX por el mismo precio unitario que las compradas en el punto anterior. Entre las cl�usulas de esta venta figura la facultad de CAMPOFRIO de recomprar las acciones al mismo precio en que fueron vendidas por lo que se obliga al comprador a comunicar cualquier proyecto de transmitir las acciones a terceros.Y con fecha 24 de mayo siguiente CAMPOFRIO recompra las acciones de Interalimen al mismo precio al que fueron vendidas el mes anterior m�s unos gastos adicionales en concepto de indemnizaci�n de da�os y perjuicios, en cumplimiento de la oportuna cl�usula contractual.Los acuerdos de fusi�n se elevan a p�blicos en septiembre de 1993.6�) Al existir la provisi�n contable de la depreciaci�n, cuyo importe habla sido ajustado positivamente a la base imposible del ejercicio 1992, Campofrio procedi� a efectuar simplemente el ajuste sim�trico negativo en 1993, pues teniendo presente aquella provisi�n la venta de las acciones a INSERVEX no habla determinado resultado contable alguno y �nicamente se deb�a trasladar la deducibilidad fiscal de la p�rdida de valor al ejercicio en que dicha venta tuvo lugar.Posteriormente en el momento de la fusi�n tampoco se manifestar�a contablemente minusval�a alguna en la absorbente, ya que la diferencia de 1.050 pesetas del coste unitario de recompra de las acciones a INSERVEX (lo pagado en concepto de indemnizaci�n y da�os) fue contabilizada entre los gastos del ejercicio 1993 de la entidad."(...).- Con car�cter general, hay que se�alar que la provisi�n por depreciaci�n de cartera est� prevista en el art�culo 72 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades de 1982 , que bajo el t�tulo de "provisi�n por depreciaci�n de valores mobiliarios", subraya que tales provisiones son consideradas "como saneamiento de activo en lo que exceda de la depreciaci�n sufrida en el ejercicio por los valores de que se trate". Como tal provisi�n, el art�culo 100.2.g) del Reglamento, la considera como partida deducible de los ingresos, beneficio fiscal que se predica de la sociedad que, a la hora de determinar sus rendimientos netos, tiene dotada dicha provisi�n en los t�rminos que el citado art�culo 72, regula; ello a su vez influye en el resultado de las bases imponibles, de forma que la deuda tributaria resultante puede ser positiva o negativa.Dispone el art�culo 71.2 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades , Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, que:"Cuando el valor de realizaci�n de los valores mobiliarios al cierre del ejercicio, a tenor de su cotizaci�n, valor de reembolso o valor seg�n libros de la Sociedad participada, resulte inferior a su valor neto contable en la Sociedad inversora, podr� ajustarse su valoraci�n mediante la dotaci�n de las provisiones a que se refiere el art�culo siguiente".A�ade el art�culo 72 de la disposici�n reglamentaria referida que:"1. Para determinar la provisi�n por depreciaci�n de valores mobiliarios deducible, se operar� como sigue:a) Se tomar� el valor de realizaci�n, al cierre del ejercicio de los valores de que se trate, salvo que el precio de adquisici�n fuese menor, en cuyo caso se tomar� �ste.b) De dicho valor se restar� el menor precio de adquisici�n o del valor de realizaci�n al inicio del ejercicio minorado a su vez por el importe de los derechos de suscripci�n enajenados en el ejercicio, de acuerdo con las normas del art. 75 de este Reglamento.Deber�n tambi�n tenerse en cuenta las aportaciones o devoluciones de aportaciones realizadas en el ejercicio.c) La diferencia obtenida, en menos o m�s seg�n la letra anterior, se aumentar� o disminuir� del saldo de la cuenta de provisi�n, con cargo o abono, respectivamente, a resultados.2. Las provisiones ser�n independientes para cada grupo homog�neo de valores, entendiendo por tal el formado por todos los t�tulos emitidos por la misma Entidad con los mimos derechos y vencimiento, si lo hubiere, y deber�n lucir en cuenta separada, de car�cter patrimonial, en el balance.3. Las dotaciones a la provisi�n por depreciaci�n de valores mobiliarios ser�n consideradas como saneamiento de activo en lo que exceda de la depreciaci�n sufrida en el ejercicio por los valores de que se trate.4. El saldo de la cuenta de provisi�n no podr� superar el valor contable de los t�tulos para los que se haya dotado, ni podr� tener car�cter deudor.La norma reglamentaria prev�, pues, tres par�metros distintos para calcular el valor de realizaci�n: 1) cotizaci�n; 2) valor de reembolso y 3) contable, pero tales m�todos no son opcionales, de forma que se pueda aplicar cualquiera de ellos, sino que la aplicaci�n de uno u otro responder� obligatoriamente a la naturaleza de los t�tulos, de tal forma que cuando se trate de acciones admitidas a cotizaci�n en un mercado secundario debe tomarse como valor el de cotizaci�n, tom�ndose el valor de reembolso cuando los t�tulos tengan dicho valor y el valor contable cuando los t�tulos no coticen en Bolsa ni tengan valor cierto de reembolso.As�, pues, en supuestos, como el que se enjuicia, de sociedades que no cotizan en Bolsa ha de ser el "valor seg�n libros de la sociedad participada" el que se tenga en cuenta a efectos de calcular la provisi�n, esto es, el valor de realizaci�n calculado en funci�n del valor patrimonial de la sociedad participada seg�n su contabilidad. As�, para calcular la dotaci�n a la provisi�n del ejercicio se deber� comparar el valor de realizaci�n al cierre del mismo de los valores de que se trate, con el menor de los dos siguientes: el precio de adquisici�n o el valor de realizaci�n al inicio del ejercicio.Conforme a lo expuesto, del tenor de la norma fiscal cabe colegir la aplicaci�n del valor de cotizaci�n para los t�tulos que coticen en Bolsa y el valor "seg�n libros" para los que no coticen, habiendo reconocido reiteradamente esta Sala, entre otras en Sentencia de 20 de noviembre de 2.003 -rec. n�m. 1267/2001 -, que el "valor seg�n libros" equivale al valor de la participada derivado de su contabilidad, o como se ha expuesto, al valor de realizaci�n calculado en funci�n del valor patrimonial de la sociedad participada derivado de su contabilidad, esto es, el que se desprende del balance de la participada al cierre del ejercicio econ�mico formulado de conformidad con lo dispuesto en las normas mercantiles.Como acertadamente argumenta el TEAC el valor de realizaci�n de valores homog�neos al cierre del ejercicio solo puede compararse, a efectos de la provisi�n, con su valor de realizaci�n al inicio del mismo, utiliz�ndose subsidiariamente el criterio de valoraci�n del precio de adquisici�n cuando �ste fuera inferior al valor de realizaci�n.Aplicando dicho criterio al presente supuesto, a partir de los datos obrantes en el expediente, se constata que en el ejercicio 1992, Campofrio participaba en el capital de Interlanimen en un porcentaje del 52,86%, estando contabilizadas sus acciones en la suma de 5.225.857.429. La provisi�n efectuada en dicho ejercicio asciende a su vez a 1.049.314.990 pts.En cuanto al patrimonio neto de Interalimen, en los estudios preparatorios de la fusi�n efectuada, los Administradores de ambas sociedades hab�an establecido una valoraci�n de Interalimen por proyecciones financieras de 7.901 millones, siendo el valor patrimonial de la participaci�n, seg�n balance de 1992 de 1.895 millones, y resultando una plusval�a de fusi�n cifrada en 6.006 millones de pesetas.A finales de 1992 la entidad Campofrio dot� una provisi�n para cubrir la diferencia entre el valor actual de sus acciones y su coste de adquisici�n seg�n balance. El valor de la provisi�n, como se ha consignado anteriormente fue de 1.049.314.990, resultante de restar del coste contable de las acciones (5.225.857.429 pts) el valor de la fusi�n para el 52,86% (4.176.542.439 pts). Dicha dotaci�n recog�a la disminuci�n de valor experimentada por los t�tulos en el ejercicio, pero la disminuci�n no se registr� conforme al valor neto contable derivado del balance de Interalimen a 31 de diciembre de 1992 (1.895 millones), sino seg�n el valor estimado por los Administradores a los efectos de la fusi�n (7.901 millones de pesetas).El valor contable a 1 de enero de 1992 se entiende que deber� coincidir con el valor de realizaci�n a esa misma fecha, habida cuenta de que la entidad no ten�a dotaciones por depreciaci�n de estos valores en los ejercicios anteriores. De tal forma, que el valor de realizaci�n a principio y fin del ejercicio disminuy� en la cantidad de la provisi�n dotada.De todo lo anterior, deduce la Sala que, en efecto, se produjo una depreciaci�n de las acciones que Campofrio ten�a de Interalimen a 31 de diciembre de 1992, como consecuencia fundamentalmente a que el reparto de dividendos lo fue con cargo a las reservas acumuladas, lo que deriv� en una disminuci�n del valor de realizaci�n de las acciones, lo que se corresponde con los requisitos previstos en el art. 72 del RIS para ser tenido en cuenta como gasto deducible y determina en consecuencia la procedencia de la regularizaci�n practicada por la Inspecci�n.Por otro lado, el ajuste extracontable positivo que Campofrio realiz� en su declaraci�n del Impuesto de Sociedades de 1992, despu�s de haber contabilizado la provisi�n de referencia, lo que determinaba un aumento de la base imponible de ese ejercicio, debe considerarse improcedente. Y del mismo modo resulta tambi�n improcedente el ajuste extracontable negativo efectuado por la entidad en el ejercicio 1993 para corregir el anterior ajuste positivo. "En cuanto a la segunda de las cuestiones, referida a la aplicaci�n de la deducci�n por doble imposici�n de dividendos en el ejercicio de 1992, tambi�n se resuelve en sentido desestimatorio con arreglo a la siguiente argumentaci�n (Fundamento de Derecho Segundo):(...) Finalmente, la actora, aunque de forma subsidiaria, alega la correcta aplicaci�n de la deducci�n por doble imposici�n en el ejercicio 1992, al sostener, en contra del criterio de la Inspecci�n posteriormente ratificado por el TEAC, la no inclusi�n de las provisiones de cartera como partida minorada de la base de deducci�n por doble imposici�n de dividendos, sobre la base de una correcta interpretaci�n del art. 174.2 del RIS en ese sentido, que apoya en una sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana.En relaci�n a la cuesti�n debatida, se ha pronunciado la Sala en reciente sentencia dictada en fecha 7 de Mayo de 2007, recurso 347/2004 . En dicha sentencia, que es preciso reproducir por razones de unidad de doctrina y seguridad jur�dica, la Sala declaraba:"Sobre la cuesti�n relativa a si resulta pertinente la deducci�n por doble tributaci�n de dividendos respecto de los que fueron distribuidos por....cuya titularidad correspond�a en un 50% a la entidad...., hoy actora, con cargo a reservas, ya se ha pronunciado esta Sala y Secci�n en Sentencia de fecha 27 de diciembre de 1999, dictada en el recurso n�m. 46/1997 , as� como en otras posteriores de fechas 4 de marzo de 2004 -recurso 768/2001 - y 24 de febrero de 2005 -rec. n�m. 563/02 -, entre otras, cuyos razonamientos por motivos de unidad de doctrina y de seguridad jur�dica procede, ahora, reproducir, declar�ndose en la primera de dichas resoluciones que:�5. Comenzando, en aras de la mayor claridad, por el examen del art. 73 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real Decreto 263171982, de 15 de octubre, se observa que dicho precepto en su apartado 1 dispon�a que "Cuando se perciban rendimientos que correspondan total o parcialmente a periodos anteriores a la adquisici�n de los valores, la parte correspondiente a dicho periodo podr� reducirse del valor de adquisici�n, comput�ndose como ingreso la diferencia respecto del total percibido".El an�lisis del precepto reglamentario nos lleva a entender que los supuestos de hecho que son requisitos para la aplicaci�n de la consecuencia jur�dica prevista en la norma son, en primer lugar, que se perciban rendimientos y, en segundo t�rmino, que en la medida que se pretenda subsumir tales rendimientos en la consecuencia jur�dica prevista, que correspondan a un periodo anterior a su adquisici�n. S�lo ante la concurrencia de ambos requisitos la norma reglamentaria permite que hasta el l�mite de tales rendimientos correspondientes a periodos anteriores minoren el valor de adquisici�n de los t�tulos, de tal manera que �nicamente constituya ingreso la diferencia.Por lo tanto, no se exige, contrariamente a lo razonado por el Tribunal Econ�mico Administrativo Central en su resoluci�n, que haya existido un acuerdo societario de distribuci�n de tales rendimientos con anterioridad a la enajenaci�n de los t�tulos y que tal acuerdo no haya sido objeto de ejecuci�n en dicho momento de adquisici�n, sino que proceda a ello la entidad adquirente. Solo se exige que efectivamente exista constancia de que los rendimientos en cuesti�n corresponden a periodos anteriores a la adquisici�n de los valores y ello se prueba no solamente cuando exista un acuerdo expreso de distribuci�n de los mismos con anterioridad a su adquisici�n, sino en todos aquellos supuestos en que por cualquier medio de prueba de los admitidos en Derecho, singularmente mediante su constancia en contabilidad, no quepa albergar duda acerca del momento en que fueron generados tales rendimientos.En el supuesto de actual controversia las partes en ning�n momento han hecho cuesti�n sobre el hecho de que los rendimientos a que la actora pretende aplicar el art�culo 73.1 del Reglamento del Impuesto sean anteriores a la fecha en que la actora propia adquiri� las participaciones de Repsol Petr�leo y de Repsol Butano; por ello, en el momento de su distribuci�n la actora, en efecto, pod�a reducirlos del valor de adquisici�n de tales participaciones y, �nicamente computar como ingreso del ejercicio en que se percibieron tales rendimientos, en el presente caso el de 1989, la diferencia entre el valor de adquisici�n de los valores expresivos de la participaci�n en Repsol Petr�leo y en Repsol Butano y el total percibido por tales conceptos.As� las cosas, la actora aplic� correctamente el art�culo 73.1 del Reglamento del Impuesto sin que, por lo dem�s, quepa dudar, como adecuadamente razona el Tribunal Econ�mico Administrativo Central, acerca de que el art. 73.1, pese a referirse a "valores adquiridos con cup�n corrido" resulte de aplicaci�n no ya s�lo a la renta fija sino tambi�n a la renta variable.6. Sentado lo anterior, no puede en cambio olvidarse que el art. 73.1 del Reglamento de 1982 no era una norma reguladora de las deducciones en la cuota, sino que estaba destinada a regir una realidad jur�dica diversa, como es la relativa a la determinaci�n cuantitativa de la base imponible. Por lo dem�s, ninguna duda cabe tampoco albergar al respecto dado el encuadramiento sistem�tico del precepto dentro de la Secci�n II ("reglas de valoraci�n"), Subsecci�n IV ("valores mobiliarios"), del Cap�tulo IV del Reglamento del Impuesto que estaba dedicado a la regulaci�n de la "Base Imponible". O, en sentido negativo, cabr�a decir que no forman parte del conjunto de normas que el Reglamento destina a la regulaci�n de las deducciones en la cuota encuadradas �stas en otro cap�tulo distinto -el Cap�tulo V, bajo el ep�grafe "Deuda tributaria", concretamente en la Secci�n II ("Deducciones por doble Imposici�n").En definitiva, como tambi�n con acierto se sostiene por el Abogado del Estado en la contestaci�n a la demanda, el art. 73 RIS es una norma de valoraci�n dentro de la base imponible que ni regula la tributaci�n por doble imposici�n de dividendos ni podr�a hacerlo de una manera discordante de las normas legales que a la saz�n regulaban regulan la materia.Pero es que, adem�s, ninguna discordancia cabe tampoco apreciar respecto de la regulaci�n legal de la doble imposici�n de dividendos. En este sentido, el apartado 2 del mismo art�culo 73 establece que "Lo dispuesto en el apartado anterior no afectar� a la deducci�n de las retenciones practicadas ni a la que corresponda por la doble imposici�n intrasocietaria", y lejos de ser �sta una norma que justifique la aplicaci�n de la deducci�n por doble imposici�n de dividendos a los supuestos acogidos bajo el apartado 1, tal y como por la actora se pretende, no deja de ser una norma de remisi�n al r�gimen general regulador de las deducciones en la cuota por doble imposici�n de dividendos contenida en el art�culo 24 de la Ley 61/1978 y en los art�culos 173 y siguientes de siguientes de su Reglamento de 1982 que, por eso mismo, no cambia, ni podr�a cambiar, el r�gimen de la deducci�n por doble imposici�n de dividendos, como bien se dice por el Abogado del Estado al sostener que desde tal perspectiva se trata de una norma "descomprometida".7. Despejado as�, seg�n lo que antecede el alcance y significado de la norma contenida en el art. 73 RIS queda la cuesti�n reducida a sus justos t�rminos, esto es, si la operaci�n realizada por la hoy recurrente reun�a, o no, lo requisitos legalmente exigibles para gozar de la deducci�n por doble imposici�n de dividendos.Y en tal funci�n cabe se�alar que el requisito esencial para la aplicaci�n del r�gimen legal de la doble imposici�n de dividendos, no es otro que los dividendos a que se pretenda aplicar tal deducci�n hayan sido incluidos por quien as� lo solicite entre los ingresos. As� lo dispone con total claridad y rotundidad el art�culo 24.1 de la Ley 61/78 al comenzar diciendo que "Cuando entre los ingresos del sujeto pasivo se computen dividendos o participaciones en los beneficios de otras sociedades...." y se reitera literalmente en el art�culo 173.1 del Reglamento de 1982.De ah� que, puestas en relaci�n las disposiciones contenidas en los art�culos 24 LIS y 173.1 RIS con el tantas veces citado art�culo 73 del propio Reglamento, resulte que s�lo cuando el sujeto pasivo, o bien no se acoja a la posibilidad que le brinda dicho precepto para deducir el valor de adquisici�n o, bien cuando acogi�ndose en la parte en que s� los compute efectivamente como ingresos, nos encontraremos ante el supuesto en que se permite la controvertida deducci�n por doble imposici�n de dividendos.Mientras que, por el contrario, si como aqu� ha sucedido, la actora se acogi� a las previsiones del art. 73.1 RIS para reducir as� el valor de adquisici�n en el importe de los rendimientos anteriores percibidos, nunca tales rendimientos anteriores percibidos podr�n dar lugar a la deducci�n por doble imposici�n de dividendos, por la esencial raz�n de que tales rendimientos no s�lo no han sido computados como ingresos sino que se han destinado a minorar tales ingresos, faltando, por consiguiente, la exigencia primigenia para poder aplicar la pretendida deducci�n por doble imposici�n de dividendos.En el supuesto litigioso la propia actora reconoce que los dividendos distribuidos con cargo a reservas de las entidades participadas se contabilizaron como minoraci�n de la cartera de valores al amparo del art. 73.1 del Reglamento, por lo que no fueron contabilizados como ingresos; y, en consecuencia, no pod�an dar lugar a la deducci�n por doble imposici�n de dividendos.8. En realidad tal modo de entender las cosas responde a la propia finalidad de la deducci�n por doble imposici�n de dividendos que rectamente entendida conlleva que los dividendos por los que se pretende la deducci�n hayan tributado previamente y vuelvan a ser gravados de nuevo en la renta del sujeto pasivo que pretende la deducci�n. Es justamente la segunda de dichas tributaciones la que permite al sujeto pasivo afectado acceder a la deducci�n con la finalidad precisamente de paliar los efectos de esa segunda imposici�n, como efectivamente tiene se�alado el Tribunal Supremo (por todas, STS de 7 de octubre de 1998 ).Consecuentemente, no puede admitirse, al modo que se pretende en la demanda, que esa segunda tributaci�n pueda haber tenido lugar al distribuirse los dividendos con cargo a reservas sino en la renta de la transmitente de los t�tulos por el mayor valor obtenido en la enajenaci�n de aquellos, puesto que en el precio de adquisici�n debi� estar inclu�do no s�lo el valor contable sino tambi�n el importe correspondiente a las reservas. Ello no supone sino una tributaci�n de los beneficios obtenidos por las entidades transmitentes pero en cualquier caso algo bien diferente de una segunda tributaci�n de dividendos que s�lo puede tener lugar cuando haya tenido lugar a su vez una distribuci�n de beneficios entre los socios de una determinada entidad, no cuando haya un mayor o menor importe de los beneficios obtenidos por el antiguo titular de unas participaciones que han sido objeto de transmisi�n.9. Concluyendo, y pese a lo razonado por la demandante, la interpretaci�n de la deducci�n que se encuentra en la base de la actual controversia, en los t�rminos que han sido expuestos, ha venido a ser corroborada por la posterior regulaci�n del Impuesto sobre Sociedades.En efecto, tanto en la redacci�n originaria del art�culo 28 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades, como la redacci�n de dicho precepto en virtud de la Ley 10/1996 de 18 de diciembre de Medidas Fiscales Urgentes sobre Correcci�n de la Doble Imposici�n Interna Intersocietaria y sobre Incentivos a la Internacionalizaci�n de las Empresas, contin�an efectivamente exigiendo como requisito esencial que los dividendos o participaciones que pretendan acogerse a las deducciones para evitar la doble imposici�n intersocietaria sean computados como ingresos al disponerse, seg�n el tenor de ambas redacciones, que "Cuando entre las rentas del sujeto pasivo se computen dividendos o participaciones en beneficios de otras entidades...".Sin que a todo lo anterior tampoco haya de obstar el que en la redacci�n originaria del art. 28.3 d) de la Ley 43/1995 se hiciera alusi�n expresa a "dividendos correspondientes a beneficios de ejercicios anteriores a aqu�l en el que se adquiere la participaci�n y los acordados con anterioridad y pagados con posterioridad a dicha adquisici�n", pues aun cuando se distingue, en efecto, los supuestos de acuerdo previo y posterior a la transmisi�n con distintas exigencias en uno y otro caso -como se dice en la demanda- ello no puede llevarnos a olvidar que tanto en uno como en otro caso, se permite que puedan acogerse a la deducci�n por doble imposici�n, pero, en ambos casos siempre y cuando se d� la circunstancia de que efectivamente hayan sido computados entre las rentas del sujeto pasivo, y ello desde el momento en que lo dispuesto en el apartado 3 no deja de ser sino una particular concreci�n de la regla general prevista en el apartado 1 del propio art�culo 28.Lo anterior queda a�n si cabe m�s claro despu�s de la promulgaci�n de la Ley 10/1996 ya que el vigente art�culo 28.4 e) de la Ley 43/1995 establece ahora que "La deducci�n prevista en los apartados anteriores no se aplicar�.....e) cuando la distribuci�n del dividendo o la participaci�n en beneficios no determine la integraci�n de renta en la base imponible o -y este es justamente el supuesto ahora examinado- cuando dicha distribuci�n haya producido una depreciaci�n en el valor de la participaci�n".Es, pues, evidente que la norma no es aplicable al caso por raz�n del tiempo en que se produjeron los hechos, pero no lo es menos que ha venido a concretar aquella norma b�sica, el que la deducci�n por doble imposici�n de dividendos exige siempre y en todo caso que tales dividendos sean computados como ingresos, viniendo, en definitiva, a ratificar, como dec�amos, la interpretaci�n dada a los art�culos 24 de la Ley 61/78 y 173 en relaci�n con el 73, ambos del Reglamento del Impuesto de Sociedades de 1982 , en los t�rminos que m�s arriba han quedado expuestos.10. De todo lo anterior deriva la procedencia de desestimar el presente recurso con la paralela confirmaci�n de la resoluci�n impugnada por su conformidad a Derecho�.Los pronunciamientos de la Sentencia de esta Sala de 27 de diciembre de 1999, reca�da en el recurso n�m 46/1997 , anteriormente transcrita, han sido confirmados por la Sentencia de 31 de mayo de 2.005 dictada por la Sala Tercera, Secci�n Segunda, del Tribunal Supremo en el recurso de casaci�n n�m. 729/2000 , en cuyos fundamentos jur�dicos se declara: Cabe citar, en refuerzo de cuanto se afirma, lo dispuesto en el art�culo 28.4.d) de la Ley 43/95, del Impuesto sobre Sociedades que, si bien es inaplicable "ratione temporis" al ejercicio examinado, s� que aclara e interpreta el r�gimen anterior, explicitando lo que anteriormente s�lo era inferible por v�a interpretativa, al se�alar, en su redacci�n originaria, que "la deducci�n prevista en los apartados anteriores no se aplicar� respecto a las siguientes rentas:....d) cuando la distribuci�n de dividendos o la participaci�n en beneficios no determine la integraci�n de renta en la base imponible o cuando dicha distribuci�n haya producido una depreciaci�n en el valor de la participaci�n, a efectos fiscales..", como es el caso que ahora se analiza. Lo que importa, en cualquier caso, es destacar que s�lo es procedente la deducci�n por doble imposici�n cuando ha habido doble imposici�n, esto es, gravamen sucesivo de rendimientos o rentas, lo que en el presente supuesto no ha sucedido con la intensidad que la demanda sostiene.Ello significa que la doble imposici�n recae sobre la parte que corresponda, en la base imponible, a los dividendos o participaciones, de suerte que si en esa misma base se practica una deducci�n de las cantidades con que se dota el fondo de provisi�n para cubrir la depreciaci�n de los valores de que se dispone, y la depreciaci�n expresada trae causa, a su vez, del reparto de dividendos (no debe olvidarse, adem�s, la relaci�n de MAGISA con la actora, a la que la resoluci�n del TEAC califica como filial de �sta sin que la demanda lo desmienta), lo procedente es disminuir la deducci�n en cuota, por doble imposici�n, en la parte relativa a los dividendos satisfechos con cargo a reservas de ejercicios anteriores, pues como se�ala el TEAC, uno y otro concepto se neutralizan mutuamente, ya que del reparto de dividendos ha obtenido su compensaci�n la actora mediante el mecanismo de la deducci�n en la base de la provisi�n encaminada a salvar o cubrir la moment�nea p�rdida de valor de las acciones pose�das, por lo que no es razonable ni l�gico acumular a dicha deducci�n, en su integridad, la procedente de la doble imposici�n de dividendos, pues la finalidad de la eliminaci�n de reiteraciones ya estaba parcialmente cumplida�.No obstante lo expuesto, conviene realizar las siguientes precisiones. En primer t�rmino, el hecho de que el TEAC ofrezca en la resoluci�n controvertida una argumentaci�n jur�dica diferente de la utilizada en su d�a por la Inspecci�n, s�lo supone un reforzamiento, mayor motivaci�n, de la actuaci�n de la Administraci�n. En segundo t�rmino, que tal y como se colige del expediente y ha sido expuesto anteriormente, la recurrente en su autoliquidaci�n por el ejercicio 1993 incorpora como ingreso financiero los dividendos, dota la provisi�n por depreciaci�n de cartera y deduce por doble imposici�n de dividendos sobre el �ntegro del ingreso financiero, por lo que su pretensi�n de deducir por el importe �ntegro sumado al efecto negativo de la dotaci�n por depreciaci�n como gasto, que minora o anula el efecto del ingreso, conduce a una desimposici�n sobre los dividendos, y ello sin perjuicio de las consecuencias que pudiera tener en ejercicios posteriores, seg�n esgrime la parte, lo cual deber�, en su caso, ser examinado en las regularizaciones que resulten procedentes respecto de dichos ejercicios."&gt;&gt;.Si bien, el supuesto examinado por la Sala y confirmado por el Tribunal Supremo, no es id�ntico al que ahora se discute, pues en aquel caso se analizaba el procedimiento autorizado por el art. 73 del RIS y en el presente supuesto se ha hecho aplicaci�n del art. 72 de dicho Reglamento, no obstante, como bien se expone en el informe del actuario, anexo al acta de disconformidad del ejercicio 1992, el tratamiento que el Reglamento establece para ambos casos es id�ntico. En el primero, la exigencia del art. 173 de que los dividendos hayan figurado entre los ingresos impedir� que pueda ser efectiva la deducci�n por doble imposici�n. En el segundo caso, la disposici�n relativa a la reducci�n de los gastos (provisi�n) que directamente afecten al dividendo, establecida en el art. 174.2 a) har� improcedente tal deducci�n.La Sala, por tanto, comparte el criterio de la resoluci�n impugnada, coherente con la doctrina del Tribunal Supremo expuesta, por cuanto, una vez declarada correcta la provisi�n por depreciaci�n de acciones efectuada en el ejercicio 1992, estimando que se trata de un gasto deducible fiscalmente en el ejercicio, la consecuencia que se extrae es que tal consideraci�n anula el efecto en la base imponible de los dividendos percibidos en las misma cuant�a que la dotaci�n a la provisi�n de las acciones, en cuanto la disminuci�n del valor contable haya sido generada por los mismos dividendos que dan lugar al derecho a la deducci�n.En definitiva lo que se ha producido es un reparto de dividendos con cargo a reservas que origina una depreciaci�n de cartera, cuya dotaci�n se considera como un gasto deducible del ejercicio y minora en la misma cantidad el ingreso correspondiente al dividendo repartido en la misma cuant�a, que por tanto se compensa con la provisi�n cargada en la cuenta de gastos, lo que deriva en que la base de la deducci�n pretendida debe ser minorada en la cantidad de la dotaci�n, que es lo que se ha hecho en la regularizaci�n practicada por la Inspecci�n en el ejercicio 1992, que en consecuencia debemos confirmar.Segundo.—.- La recurrente formula tres motivos de casaci�n, todos ellos por el cauce del art�culo 88.1.d) de la Ley de esta Jurisdicci�n: 1) En el primero de ellos, se alega infracci�n de las normas del ordenamiento jur�dico que resulten aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate y de la jurisprudencia aplicable en relaci�n con los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la ley 1/1998 de Derechos y Garant�as del Contribuyente. Alega la recurrente que el procedimiento de inspecci�n tuvo una duraci�n dilatad�sima, pues se inici� el 10 diciembre 1996 (fecha en que se notific� la comunicaci�n de inicio de las actuaciones inspectoras) y finaliz� el d�a 13 marzo 2001 con la notificaci�n de la liquidaci�n practicada por el Inspector Jefe (de fecha 7 anterior). Es decir, el procedimiento de inspecci�n dur� mucho m�s de cuatro a�os, esto es, excedi� el plazo de cuatro a�os para la prescripci�n, instaurado a partir del 1 de enero de 1999, en virtud de la modificaci�n operada por la ley 1/1998, de 26 febrero, de Derechos y Garant�as de los Contribuyentes.Se critica la tesis de que la actuaci�n inspectora no estaba sometida a plazo con anterioridad a la Ley 1/1998 y se se�ala que la misma fue tambi�n criticada por el propio Tribunal Supremo, en Sentencias de 28 de octubre 1997 y 4 de diciembre de 1998. Y se invoca la Sentencia de esta Sala de 4 abril 2006, donde se afirmaba que los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 1/1998 s� se somet�an a un plazo de duraci�n, igual al de prescripci�n. Por todo ello, y habiendo superando la duraci�n del procedimiento de inspecci�n el plazo de prescripci�n establecido en el art�culo 64 de la ley 230/1963, General Tributaria, se estima que deben considerarse nulas de pleno derecho las liquidaciones. 2) El segundo motivo sirve para alegar infracci�n por la sentencia del art�culo 72 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 2631/ 1982, de 15 de octubre. El motivo que plantea la parte se centra en la consideraci�n como gasto fiscalmente no deducible de la provisi�n por depreciaci�n de cartera de las acciones dotadas por CAMPOFRIO, S.A., en el ejercicio 1992 y por lo tanto la procedencia de realizar un ajuste extracontable positivo en dicho ejercicio, y uno negativo en el ejercicio 1993, consecuencia de la aplicaci�n de la provisi�n, con motivo de la venta de la participaci�n en cuesti�n.Para ello se expone que la determinaci�n del "valor seg�n libros" exige tener en consideraci�n los "balances aprobados" circunstancia que implicaba, la necesidad de consolidar fiscalmente las provisiones de cartera que se dotaron contablemente con un a�o de decalaje. El valor seg�n libros, seg�n la recurrente, no puede ser otro que el resultante del �ltimo balance aprobado por la junta general de accionistas a la fecha del cierre del ejercicio en cuesti�n, es decir, en el primer caso, el �ltimo balance aprobado por la junta general de accionistas a la fecha del cierre del ejercicio 1992 que no era otro que el balance del ejercicio 1991. Y como en este �ltimo los resultados fueron positivos, se pone de manifiesto la imposibilidad, a efectos fiscales, de una depreciaci�n con arreglo a lo dispuesto en el art�culo 72 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y en consecuencia el ajuste positivo realizado por la recurrente se estima ajustado a Derecho. Por otra parte, la necesaria utilizaci�n de los balances aprobados por la junta de general de accionistas, de acuerdo con la normativa vigente en los ejercicios de referencia, era una cuesti�n reconocida por la propia Direcci�n General de Tributos, cit�ndose a este respecto la Resoluci�n de fecha 6 marzo de 1989.Por ello, se sostienen haber actuado conforme a la interpretaci�n de la Administraci�n, sin que hasta este momento se haya hecho un juicio de valor sobre la improcedencia de la aplicaci�n del criterio expuesto por la Direcci�n General de Tributos, actuaci�n que se estima contraria a los principios de buena fe y confianza leg�tima que deben presidir la actuaci�n de la administraci�n p�blica (art�culo 3.1 Ley 30/1992) y que derivan del principio constitucional de seguridad jur�dica. 3) En el tercer motivo, formulado igualmente al amparo de la letra d) del art�culo 88,1 de la Ley Jurisdiccional, se sostiene que la sentencia impugnada ha vulnerado el art�culo 24 de la ley 61/1978, del Impuesto sobre Sociedades y el art�culo 174 del Reglamento del Impuesto aprobado, por Real Decreto 2631/1982. Sirve para defender la procedencia de la deducci�n por doble imposici�n practicada en el ejercicio 1992 en relaci�n con los dividendos que, por un importe de 1.301.218. 492 ptas., fueron percibidos en dicho ejercicio. Se parte de que la Sala de Instancia considera que en la medida en que la provisi�n por depreciaci�n de cartera de valores contabilizada en 1992 era gasto deducible en ese ejercicio, la base de la deducci�n por doble imposici�n no se corresponde con el dividendo percibido sino que debe minorarse por la provisi�n de cartera dotada, considerando coherente esa interpretaci�n con la doctrina del Tribunal Supremo expuesta en su sentencia de 31 mayo 2005 recurso de casaci�n 729/2000, a pesar de admitir que el supuesto objeto de aquella litis difiere del hoy examinado. No obstante, la recurrente no comparte estas afirmaciones.En primer lugar, se afirma, la provisi�n de cartera registrada en el ejercicio 1992 no resultaba fiscalmente deducible por aplicaci�n de lo dispuesto en el art�culo 72 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, y en consecuencia no puede minorar el dividendo percibido para la determinaci�n de la base de la deducci�n por doble imposici�n. En segundo lugar y de forma subsidiaria respecto del motivo anterior, se expone como argumentos: a) inexistencia de relaci�n alguna entre el supuesto contemplado en el presente caso con el analizado por el Tribunal Supremo sentencia de 31 mayo 2005 b) Improcedencia de la minoraci�n de las provisiones de cartera en la determinaci�n de la base para la aplicaci�n de la deducci�n por doble imposici�n, c) Interpretaci�n del art�culo 174 del Real Decreto del Real Decreto 2631/1982 de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 3.1 del C�digo Civil. TERCERO. - Por su parte el Abogado del Estado y en cuanto al primer motivo del recurso, aduce que el plazo de prescripci�n aplicable es el de cinco a�os y no el de cuatro invocado por la parte, tras haber sido reducido por la Ley 1/998 de 26 febrero, que modific� el art�culo 64, a de la Ley General Tributaria. Se remite a la sentencia de 25 septiembre 2001, dictada en recurso de casaci�n en inter�s de ley n�mero 6769/2000 y a lo declarado en la misma afirmando que en aplicaci�n de esa doctrina y atendiendo a que el cierre del periodo de inactividad de la Administraci�n se produjo el d�a 10 diciembre 1996, es decir, con anterioridad al 1 de enero de 1999, es claro que el plazo para liquidar es el de cinco a�os. Y desde el 10 diciembre 1996, al 13 marzo 2001, no ha transcurrido el plazo de cinco a�os por lo que, sin necesidad de mayores argumentaciones, procede desestimar este motivo. Y todo ello sin perjuicio de rese�ar, que aunque se ha reducido el plazo de prescripci�n, mantienen la eficacia jur�dica todos los actos interruptivos de la prescripci�n producidos con arreglo a la a la antigua normativa, citando al respecto el Real Decreto 136/2000 de 4 febrero, Disposici�n Final Cuarta, apartado tres. En cuanto al segundo motivo del recurso se�ala que la cuesti�n debatida se centra en la interpretaci�n que ha de efectuarse de la frase "valor seg�n libros de la sociedad participada" que emplea el art�culo 71. 2 del Reglamento de 1982 y, en concreto, si el valor de realizaci�n de los valores mobiliarios es el resultante de los �ltimos balances aprobados (tesis de la recurrente) o resultante de los �ltimos balances cerrados (tesis de la Audiencia Nacional y de la Administraci�n).Aunque, ciertamente, se afirma, la cuesti�n no estaba tan clara en el Reglamento de 1982 como en la LIS de 1995 art�culo 12.3, entiende que all� tambi�n hab�a que atenerse al valor de las actuaciones resultante de los �ltimos balances cerrados, pues es la soluci�n m�s acorde con las normas contables y con la realidad econ�mica, al ser el criterio que permite que las p�rdidas o beneficios que tenga la sociedad participada se reflejen en el balance de la participante en el mismo ejercicio y no al a�o siguiente. En cuanto a la Consulta de la Direcci�n General de Tributos invocada por la recurrente, afirma la representaci�n del Estado que en esa fecha ten�a car�cter "de mera informaci�n y no de acto administrativo, no vinculando a la Administraci�n".Finalmente y en lo que respecta al �ltimo motivo del recurso, manifiesta que esta cuesti�n est� �ntimamente unida a la anterior. Al admitir la Administraci�n la dotaci�n por depreciaci�n en el valor de las acciones de la sociedad participada, hecha en el ejercicio anterior 1992, no cabe ahora admitir esa deducci�n por doble imposici�n de dividendos, tal como declara el Tribunal Econ�mico Administrativo Central en el Fundamento de Derecho Octavo de su resoluci�n.Se citan los art�culos 24.1 de la ley 61/1978 y 174 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, preceptos de los que se desprende sin lugar a dudas que en el sistema de eliminaci�n o atenuaci�n de la doble imposici�n previsto en la Ley 61/1978 la base de la deducci�n est� determinada no por el importe �ntegro del dividendo, sino por dicho importe minorado por los gastos necesarios para su obtenci�n. Esta afirmaci�n, adem�s del tenor literal de los preceptos aludidos, que son los que espec�ficamente regula la deducci�n por doble imposici�n, se ve reforzada por los preceptos de la ley 61/ 78 que cita en su escrito. Por ello, debe entenderse que la provisi�n por depreciaci�n de cartera de valores debe considerarse como un gasto espec�fico de la determinaci�n de la base de la deducci�n, conforme la normativa vigente en el momento que se devengaron dichos dividendos. CUARTO. - Antes de resolver sobre los motivos anteriormente expuestos, debemos manifestar una vez m�s, que no aceptamos la alegaci�n de inadmisibilidad formulada por el Abogado del Estado con base en "no hab�rsenos dado el preceptivo traslado de la copia acreditativa de que la recurrente ha satisfecho la tasa por el ejercicio de la funci�n jurisdiccional", pu�s el justificante del pago de la referida tasa consta en autos, que dicho sea de paso, es donde debe constar. Quinto.—.- Despejada la inadmisibilidad opuesta por el Abogado del Estado, y entrando ya a dar respuesta a los motivos de casaci�n, se�alamos que el primero de ellos tiene que ver con el hecho de que las actuaciones inspectoras se iniciaron en 10 diciembre 1996 y finalizaron el d�a 7 marzo 2001 con la notificaci�n de la liquidaci�n practicada por el Inspector Jefe. El motivo debe desestimarse en funci�n de doctrina tan reiterada como un�nime de la Sala, de la que es un ejemplo �ltimo la Sentencia de 7 de julio de 2011 (recurso de casaci�n n�mero 5426/2010), en la que hemos dicho (Fundamento de Derecho Tercero): "(...) las actuaciones inspectoras se iniciaron en 18 de junio de 1997, por lo que resulta de aplicaci�n la Disposici�n Transitoria Unica.1 de la Ley 1/1998, de Derechos y Garant�as de los Contribuyentes, en la que se estable que " Los procedimientos tributarios ya iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley se regir�n por la normativa anterior a su conclusi�n", debi�ndose se�alar que en la Sentencia de esta Sala de 4 de abril de 2006 , dictada en el recurso de casaci�n en inter�s de Ley 71/2004, se declar� la siguiente doctrina legal: "A los procedimientos de inspecci�n tributarios iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 1/98, de 26 de febrero de Derechos y Garant�as de los Contribuyentes, no les es aplicable el plazo m�ximo de duraci�n de 12 meses, establecido en el art�culo 29,1, p�rrafo primero, de aquella Ley, aunque pudiera transcurrir tal espacio de tiempo con posterioridad a la entrada en vigor de la misma Ley , sin que hubiesen concluido las actuaciones". Este criterio supone que no pueda tomarse en consideraci�n la principal argumentaci�n de la entidad recurrente, pues el art�culo 105.2 de la Ley General Tributaria establec�a que " La inobservancia de los plazos por la Administraci�n no implicar� la caducidad de la acci�n administrativa, pero autorizar� a los sujetos pasivos para reclamar en queja".A mayor abundamiento, y como se ha dicho en la Sentencia de 4 de diciembre de 2008 (recurso de casaci�n 1854/2006 ), " hasta la Ley 1/1998, que marca un l�mite temporal a las actuaciones inspectoras, debe entenderse, y as� lo reconoc�a la Sentencia de esta Sala de 4 de diciembre de 1998 , citada en el recurso, que los procedimientos de inspecci�n "no pueden estar abiertos toda la vida" y que "el plazo para su conclusi�n es tan extenso como el de prescripci�n del derecho a que se refieran". Pero ello debe necesariamente conjugarse con el respeto debido al art�culo 66.a) de la Ley General Tributaria que establece como causa de interrupci�n de la prescripci�n "cualquier acci�n administrativa, realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regulaci�n, inspecci�n, aseguramiento, comprobaci�n, liquidaci�n y recaudaci�n del impuesto devengado por cada hecho imponible"".Procede, por tanto, en desestimar el primer motivo del recurso.SEXTO. - En el segundo motivo del recurso la cuesti�n se centra en la interpretaci�n que ha de efectuarse de la frase "valor seg�n libros de la Sociedad participada" que emplea el art�culo 71. 2 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real Decreto 2631/1982 y, en concreto si el valor de realizaci�n de los valores mobiliarios es el resultante de los �ltimos balances aprobados, tal como mantiene la recurrente, o el resultante de los �ltimos balances cerrados, como defienden la Administraci�n y la sentencia recurrida.La parte pretende que las p�rdidas se reflejen en el balance de la participante pero no en el mismo ejercicio en que se produjeron sino en el ejercicio posterior. Y para ello trae a colaci�n los resultados obtenidos en el ejercicio 1991, aprobados en el ejercicio 1992, y en el que la sociedad recurrente obtuvo beneficios. Sin embargo, debe confirmarse el criterio de la sentencia impugnada, a la vista de la doctrina de esta Sala sobre el particular.As�, la Sentencia de 2 de octubre de 2009 (recurso de casaci�n n�mero 1442/2005), en relaci�n con el art�culo 72 del Reglamento del Impuesto de Sociedades, puso de relieve que " la regulaci�n de la provisi�n que nos ocupa est� dominada por el principio de independencia de ejercicios, y, por consiguiente, la dotaci�n deducible fiscalmente ser�, exclusivamente, aqu�lla que recoja la depreciaci�n del ejercicio (de ah� que el apartado 23 del mismo art. 72 del Reglamento considere saneamiento del activo a la dotaci�n que exceda de la depreciaci�n sufrida en el ejercicio); en segundo lugar, que el valor de realizaci�n de los valores mobiliarios se toma al cierre del ejercicio; y, por �ltimo, que cuando las acciones no coticen en bolsa, a los efectos de la provisi�n hay que tomar en cuenta el valor seg�n libros o valor te�rico" (Debe entenderse que la referencia contenida en la expresada Sentencia es al apartado 3 del art�culo 72) .En el mismo sentido, posteriormente, la Sentencia de 4 de febrero de 2010 (recurso de casaci�n n�mero 7043/2004) ha argumentado (Fundamento de Derecho Noveno): " En relaci�n con la entidad FORLASA, S.A. el recurrente defiende, por un lado, que el balance a tener en cuenta para calcular la provisi�n de la cartera del ejercicio 1993 ha de ser el �ltimo aprobado a la fecha de cierre del mismo, es decir, el balance relativo al ejercicio 1992, y, por otro, que la ampliaci�n de capital llevada a cabo en el ejercicio 1992 para restablecer el equilibrio patrimonial de esta entidad supone un mayor valor de la participaci�n, raz�n por la cual ha de tomarse en consideraci�n a la hora de dotar la provisi�n, aunque las p�rdidas correspondan a ejercicios anteriores.A estos efectos, es preciso tener en cuenta que el principio contable de prudencia exige la contabilizaci�n de los beneficios cuando �stos se realizan, mientras que las p�rdidas han de contabilizarse tan pronto resulten conocidas.Tal y como se�ala la Sentencia de esta Sala de 28 de noviembre de 2007 (rec. cas. n�m. 2460/2002 ), � las provisiones son una consecuencia del indicado principio y tienen por objeto: 1�) Cubrir determinados gastos, p�rdidas o deudas probables o ciertas, pero indeterminadas en cuanto a su importe o en cuanto a la fecha en que se van a producir; en ese caso se denominan provisiones de pasivo, y forman parte del pasivo exigible de la empresa. 2�) Minorar el valor de los bienes y derechos que aparecen en el Balance, bien por haber disminuido el precio de mercado por debajo del valor neto contabilizado, en el caso de los bienes, siempre que esa disminuci�n no sea definitiva, o bien porque se teme no cobrar el importe de los derechos. En ambos casos se denominan provisiones de activo, y deben figurar en el activo del balance con signo negativo, si bien que cuando la disminuci�n de valor es definitiva, se lleva directamente a resultados, y, como contrapartida, se rebaja el valor del elemento de activo correspondiente.El art�culo 100 del Reglamento del Impuesto , aprobado por Real Decreto 2362/1982, de 15 de octubre, tras determinar en su apartado 1 que "para la determinaci�n de los rendimientos netos se deducir�n, en su caso, de los ingresos �ntegros obtenidos por el sujeto pasivo los gastos necesarios para la obtenci�n de aqu�llos y el importe del deterioro sufrido por los bienes de que los ingresos procedan", incluye en la enumeraci�n del apartado 2, entre los que merecen tal consideraci�n a: "g) Las dotaciones a las provisiones".Y en el precepto dedicado espec�ficamente a estas, es decir, el art�culo 116, se se�ala que: "1. Se incluir�n como dotaciones del ejercicio a provisiones las que figuren debidamente contabilizadas y aplicadas a:... c) La �Provisi�n por depreciaci�n de la cartera de valores�, de conformidad con el art. 72 de este Reglamento �.El art. 71.2 del R.I.S., establece que �[c] uando el valor de realizaci�n de los valores mobiliarios al cierre de ejercicio, a tenor de su cotizaci�n, valor de reembolso o valor seg�n libros de sociedad participada, resulte inferior a su valor neto contable en la sociedad inversora, podr� ajustarse su valoraci�n mediante la dotaci�n de las provisiones a que se refiere el art�culo siguiente �.Por su parte, el art. 72 del mismo texto reglamentario dispone que:� 1. Para determinar la provisi�n por depreciaci�n de valores mobiliarios deducible, se operar� como sigue: a) Se tomar� el valor de realizaci�n, al cierre del ejercicio, de los valores de que se trate, salvo que el precio de adquisici�n fuese menor, en cuyo caso se tomar� �ste; b) De dicho valor se restar� el menor del precio de adquisici�n o del valor de realizaci�n al inicio del ejercicio minorado a su vez por el importe de los derechos de suscripci�n enajenados en el ejercicio, de acuerdo con las normas del art�culo 75 de este Reglamento. Deber�n tambi�n tenerse en cuenta las aportaciones o devoluciones de aportaciones realizadas en el ejercicio; c) La diferencia obtenida, en menos o m�s seg�n la letra anterior, se aumentar� o disminuir� del saldo de la cuenta de provisi�n, con cargo o abono, respectivamente a resultados. 2. Las provisiones ser�n independientes para cada grupo homog�neo de valores, entendiendo por tal el formado por todos los t�tulos emitidos para la misma Entidad con los mismos derechos y vencimientos, si los hubiere, y deber�n lucir en cuenta separada, de car�cter patrimonial, en el balance. 3. Las dotaciones a la provisi�n por depreciaci�n de valores mobiliarios ser�n consideradas como saneamiento de activo en lo que exceda de la depreciaci�n sufrida en el ejercicio por los valores de que se trate. 4. El saldo de la cuenta de provisi�n no podr� superar el valor contable de los t�tulos para los que se haya dotado, ni podr� tener car�cter deudor�.Los preceptos anteriores se han de poner en relaci�n con lo dispuesto en los arts. 187 y 195 de la L.S.A ., y la Norma de Valoraci�n 8� 2 del Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, Norma de acuerdo con la cual, a las participaciones en el capital de empresas del grupo se les aplica el valor te�rico contable de las mismas a efectos de dotar la correspondiente provisi�n, es decir, la dotaci�n a la provisi�n se ha de realizar atendiendo a la evoluci�n de los fondos propios de la sociedad participada, lo que implica, en aquellos ejercicios distintos del de adquisici�n, comparar el valor te�rico contable al inicio y al final del ejercicio.Pues bien, partiendo del bloque normativo citado, es evidente que el motivo ha de ser desestimado, ya que, en virtud del principio de independencia de ejercicios, la dotaci�n a la provisi�n fiscalmente deducible es la que refleja �nica y exclusivamente la depreciaci�n correspondiente a ese ejercicio y no a otro distinto. Por eso, para calcular en el a�o 1993 la provisi�n por depreciaci�n del 98,5% del capital social que "Quesos Forlasa, S.A." pose�a de "Forlasa Madrid, S.A." ha de tenerse en cuenta el valor te�rico contable de esta entidad a 1 de enero de 1993, valor que coincidir� con el resultante del balance cerrado a 31 de diciembre de 1992, y el valor te�rico contable a 31 de diciembre de 1993. No puede tenerse en cuenta exclusivamente, como sostiene la recurrente, el balance correspondiente al ejercicio 1992, por m�s que �ste resulte ser el �ltimo aprobado a la fecha de cierre del ejercicio social (31 de diciembre de 1993), puesto que, este balance no refleja la evoluci�n de los fondos propios de "Forlasa Madrid, S.A." durante 1993, sino, en todo caso, su evoluci�n en 1992."En fin, la Sentencia de 30 de noviembre de 2010 (recurso de casaci�n n�mero 811/2006) se refiri� a un supuesto en el que la Inspecci�n levant� actas de disconformidad por el Impuesto sobre Sociedades, por entender que para el c�lculo de la dotaci�n por provisi�n deb�a estarse a los valores de realizaci�n al cierre y al inicio de cada ejercicio, criterio avalado por la sentencia recurrida" por no ser admisible la alegaci�n de la recurrente de que el �mbito temporal al que la producci�n de la depreciaci�n se refiere ha de entenderse extendido al tiempo en que la misma se pone de manifiesto y puede ser efectivamente advertida por el interesado, lo que tiene lugar con las fechas en las que se llevan a cabo las aprobaciones de las cuentas de la entidad". Invocado en casaci�n la infracci�n de los art�culos 71 y 72 del Reglamento del Impuesto de Sociedades de 1982, la Sentencia de referencia lo desestim� con arreglo a la siguiente argumentaci�n, contenida en el Fundamento de Derecho Cuarto: " Procede confirmar la tesis mantenida por la sentencia de instancia.Seg�n el art. 71.2 del Real Decreto 2613/1982, de 15 de octubre , por el que se aprob� el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades "cuando el valor de realizaci�n de los valores mobiliarios al cierre del ejercicio, a tenor de su cotizaci�n, valor de reembolso o valor seg�n libros de la sociedad participada, resulte inferior a su valor neto contable en la sociedad inversora, podr� ajustarse su valoraci�n mediante la dotaci�n de las provisiones a que se refiere el art�culo siguiente".Dicho art�culo 72 establec�a la forma de calcular la provisi�n por depreciaci�n de valores mobiliarios, disponiendo que "para determinar la provisi�n se operar� como sigue:"a) Se tomar� el valor de realizaci�n al cierre del ejercicio de los valores de que se trate, salvo que el precio de adquisici�n fuese menor en cuyo caso se tomar� �ste.b) De dicho valor se restar� el menor del precio de adquisici�n o del valor de realizaci�n al inicio del ejercicio minorado a su vez por el importe de los derechos de suscripci�n enajenados en el ejercicio de acuerdo con las normas del art�culo 75 de este Reglamento.Deber�n tambi�n tenerse en cuenta las aportaciones o devoluciones de aportaciones realizadas en el ejercicio.c) La diferencia obtenida, en menos o m�s seg�n la letra anterior, se aumentar� o disminuir� del saldo de la cuenta de provisi�n, con cargo o abono, respectivamente, a resultado".Este procedimiento fue estrictamente observado por la Inspecci�n, al tomar el valor de realizaci�n al cierre del ejercicio 1993, 81.926.880 ptas., (26.360 acciones x 3108 ptas. acci�n) por ser menor que el precio de adquisici�n, 340.607.620 ptas.Luego rest� el valor de realizaci�n al inicio del ejercicio, 114.244.240 ptas. (26.300 acciones x 4.334 ptas. por acci�n), por ser menor que el precio de adquisici�n, 340.607.620 ptas., resultando una cantidad de 37.317.360 ptas.Frente a lo anterior, no cabe alegar que las cuentas de la sociedad participada se aprobaron el d�a 27 de abril de 1998, pues a�n cuando todo ello fuese as� no cabe olvidar que la entidad recurrente para calcular la provisi�n por depreciaci�n registrada oper� sobre los valores te�ricos de las acciones al final de cada ejercicio, que conoc�a..."Procede, en consecuencia, desestimar este motivo del recurso.SEPTIMO. - La finalidad �ltima o raz�n de ser de la deducci�n por doble imposici�n de dividendos no es otra que evitar o atenuar impacto fiscal resultante de integrarse los dividendos en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la entidad perceptora de los mismos, habiendo tributado previamente los beneficios de los que dichos dividendos derivan en la sociedad que los acuerda o genera. La deducci�n por doble imposici�n de dividendos rectamente entendida conlleva que aquellos dividendos por los que se pretende la deducci�n hayan tributado previamente y vuelvan a ser gravados de nuevo en la renta del sujeto pasivo que pretende la deducci�n. Es justamente la segunda de dichas tributaciones la que permite al sujeto pasivo afectado acceder a la deducci�n con la finalidad precisamente de paliar los efectos de esa segunda imposici�n, como efectivamente tiene se�alado este Tribunal Supremo (por todas, STS de 7 de octubre de 1998). La deducci�n por doble imposici�n intersocietaria aparece regulada en el art. 24 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades y desarrollada en los arts. 136, 173 y 174 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre. El art. 24.1 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades, establece que: "De la cuota resultante por aplicaci�n del art�culo anterior se deducir�n las siguientes cantidades:1.Cuando entre los ingresos del sujeto pasivo se computen dividendos o participaciones en los beneficios de otras Sociedades residentes en Espa�a, se deducir� el 50 por 100 de la parte proporcional que corresponda a la base imponible derivada de dichos dividendos o participaciones."As� pues, el precepto legal transcrito, y el art�culo 173 del Reglamento, que lo reproduce, exigen como requisito esencial para la aplicaci�n de la deducci�n por doble imposici�n de dividendos, que los mismos hayan sido integrados en la base imponible de su perceptor como ingresos del ejercicio. Ello se debe a que la finalidad de la deducci�n por doble imposici�n es evitar, al menos en parte, que los beneficios que ya han tributado en el momento de generarse, sean nuevamente objeto gravamen en operaciones posteriores, bien con motivo de su distribuci�n y su imputaci�n en la base imponible del perceptor o bien, en caso de que no se hubieran distribuido, con ocasi�n de la transmisi�n de las acciones. En consecuencia en este tipo de deducciones la existencia efectiva de un exceso de gravamen se constituye como un presupuesto necesario para su aplicaci�n.Esta es la raz�n por la que en muy diversas Sentencias de esta Sala, desde la de 31 de mayo de 2005, se ha afirmado la improcedencia de aplicar el r�gimen de doble imposici�n de dividendos cuando los mismos correspondan a reservas anteriores a la adquisici�n de los valores y se opte por disminuir el precio de adquisici�n, conforme a lo previsto en el art�culo 73 del Reglamento del Impuesto de Sociedades del 1982. Pues bien, en el presente caso, en el a�o 1992, CAMPOFRIO, S.A. recibi� dividendos procedentes de Interalimen con cargo a reservas, lo que determin� una depreciaci�n de las acciones de esta �ltima y la necesidad de computar en dicho ejercicio como gasto, el importe de la provisi�n por depreciaci�n, que de esta forma act�a como compensaci�n del importe de los dividendos.Por ello, el importe de la provisi�n debe deducirse de la base de deducci�n y el motivo no puede prosperar.Octavo.—Al no aceptarse los motivos alegados, el recurso ha de ser desestimado. Pero adem�s, la desestimaci�n debe llevar aparejada la condena en costas, si bien que la Sala, haciendo uso de la facultad prevista en el art�culo 139.3 de la Ley de la Jurisdicci�n, limita los honorarios del Abogado del Estado a la cifra m�xima de 6.000 euros. Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo espa�ol, nos confiere la Constituci�n,
FALLAMOS�Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso de casaci�n, n�mero 1514/2008, interpuesto por D� Blanca Grande Pesquero, Procuradora de los Tribunales, en representaci�n de la entidad CAMPOFRIO ALIMENTACI�N S.A., contra la sentencia de la Secci�n Segunda, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, de fecha 31 de enero de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo n�mero 1028/2004, con imposici�n de costas a la parte recurrente y con la limitaci�n indicada en el �ltimo de los Fundamentos de Derecho. As� por esta nuestra sentencia, que deber� insertarse en la Colecci�n Legislativa, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos Rafael Fernandez Montalvo Manuel Vicente Garzon Herrero Emilio Frias Ponce Oscar Gonzalez Gonzalez Manuel Martin Timon PUBLICACION.- Le�da y publicada ha sido, la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, D. Manuel Martin Timon, hall�ndose celebrando audiencia p�blica, ante m�, el Secretario Certifico. Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentaci�n Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la informaci�n, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.

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