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Timestamp: 2020-08-06 10:27:28+00:00

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﻿ SENTENCIA 2003-00394 DE JULIO 24 DE 2008
SENTENCIA 2003-00394 DE 24 DE JULIO DE 2008
CONTENIDO:LAS TARIFAS DE LAS TASAS Y LAS TARIFAS DE LAS CONTRIBUCIONES PUEDEN EXCEPCIONALMENTE SER FIJADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, PERO PREVIA FIJACIÓN POR LA LEY, LAS ORDENANZAS O LOS ACUERDOS DEL SISTEMA Y EL MÉTODO PARA DEFINIR COSTOS Y BENEFICIOS Y LA FORMA DE HACER SU REPARTO. SE DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 2776 DE 2000, EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y DEL ARTÍCULO 29 DE LA RESOLUCIÓN 826 DE 2003 EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:VENTA CIF, CONTROL DEL PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS
Sentencia 2003-00394 de julio 24 de 2008
Ref.: Expediente 11001-03-24-000-2003-00394-01
1.1. Resolución 2776 de 2000 (1)
“RESOLUCIÓN NÚMERO 2776 DE 2000
Por el cual se fijan los procedimientos para establecer los costos sobre el valor CIF de los medicamentos de control especial, las drogas, materias primas o precursores utilizados en su fabricación y que son importados a través del Fondo Nacional de Estupefacientes.
La Ministra de Salud, en uso de sus atribuciones legales y especiales de las conferidas por la Ley 9ª de 1979, Ley 30 de 1986, Decreto 3788 de 1986 y el Decreto 1152 de 1999.
ART. 1º—Fijar el siguiente procedimiento para determinar los costos sobre el valor CIF de los medicamentos de control especial, las drogas, materias primas o precursores que son importados a través del Fondo Nacional de Estupefacientes; como también los medicamentos que contengan materias primas de control especial, aunque estos no sean de control especial.
Sobre el valor CIF de los estupefacientes sujetos a fiscalización internacional incluidos en las listas I, II, III, IV de la convención de 1961 o en los grupos I, II, III y IV de la convención de 1931 con sus modificaciones o adiciones, se sumarán los siguientes porcentajes por costos.
ART 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la Resolución 9028 de 1979.
1.2. Resolución 826 de 2003 (2)
“RESOLUCIÓN NÚMERO 826 de 2003
Por la cual se expiden normas para el control y vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, dispensación, compra, venta y destrucción de materias primas de control especial y medicamentos que las contenga y sobre aquellas que son monopolio del Estado.
El Ministro de la Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 9ª de 1979, capítulo IV de la Ley 30 de 1986 y el Decreto 3788 de 1986,
Que de acuerdo con el artículo 20 del Decreto 205 de 2003 el Fondo Nacional de Estupefacientes es una unidad administrativa especial del Ministerio de Protección Social que tiene como objetivo la vigilancia y control sobre la importación, exportación, distribución y venta de materias primas de control especial y medicamentos que las contengan y las de monopolio del Estado a que se refiere la Ley 30 de 1986 y demás disposiciones que expida el Ministerio de la Protección Social, así como apoyar los programas para prevenir la fármaco dependencia que adelante el Gobierno Nacional;
Que es necesario modificar la Resolución 6980 de 1991 en el sentido de incluir todos y cada uno de los procedimientos que adelanta la Unidad Administrativa Especial, Fondo Nacional de Estupefacientes, dado el volumen de actividades y funciones que desarrolla en cumplimiento de sus objetivos.
Artículo 29.—La persona natural o jurídica que haya realizado la importación de materias primas, de control especial o medicamentos que las contenga a través del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de la Protección Social y para efectos de la liquidación de costos sobre el valor CIF de la mercancía, deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 02776 de noviembre 1º de 2000 expedida por el Ministerio de Salud y presentar los siguientes documentos:
c) Fotocopia de la guía aérea;
Para el actor la Resolución 2776 de 2000 y el artículo 29 de la Resolución 826 de 2003 vulneran el artículo 338 de la Constitución Política por cuanto el Legislador “no determinó el sistema y el método para definir los costos y beneficios y la forma de hacer su reparto”, del cobro que en ellos se establece por los costos sobre el valor CIF de los medicamentos de control especial, las drogas, materias primas o precursores utilizados en su fabricación y que son importados por el Fondo Nacional de Estupefacientes como lo ordena el referido artículo superior cuando se delega en las autoridades administrativas la fijación de la tarifa de una tasa o contribución.
Previamente la Sala considera necesario efectuar algunas precisiones relativas a (i) el concepto de tasa y sus características frente a los demás tributos (ii) la posibilidad de delegar en las autoridades administrativas la determinación de la tarifa de una tasa y la obligación para los órganos de representación popular de fijar el método y el sistema para definir los costos de los servicios que se presten y la forma de hacer su reparto (iii) el contenido y alcance de las disposiciones acusadas, que resultan pertinentes para el análisis del cargo planteado en la demanda.
El concepto de tasa y sus características frente a los demás tributos.
En el sistema fiscal colombiano se distinguen tres tipos de tributos, a saber, los impuestos, las tasas y las contribuciones, que si bien son expresiones de la potestad impositiva del Estado, cada uno tiene características propias que los diferencian (3) .
En cuanto a las contribuciones parafiscales (4) , se ha señalado que:
— Afectan solo a un grupo determinado de personas cuyos intereses son comunes y sus necesidades se satisfacen con los recursos recaudados;
Las tasas se diferencian de los tributos parafiscales en cuanto aquellas constituyen una contraprestación directa por parte de los ciudadanos a un beneficio otorgado por el Estado, hacen parte del presupuesto estatal y, en principio, no son obligatorias, toda vez que queda a discrecionalidad del interesado en el bien o servicio que preste el Estado; en tanto que las contribuciones parafiscales no generan una contraprestación directa, motivo por el cual su tarifa se fija con criterios distintos, son obligatorias, son pagadas por un grupo determinado de personas, y los beneficios obtenidos van también destinados al mismo grupo y no entran en las arcas del Estado (5) .
A diferencia de los impuestos, las tasas guardan relación directa e inmediata con un servicio prestado al contribuyente, su pago es opcional pues quienes las pagan tienen la posibilidad de decidir si adquieren o no un bien o servicio y se destinan a un servicio público específico y no a las arcas generales como en el caso de los impuestos.
5.2.2. (sic) La posibilidad de permitir a las autoridades administrativas la determinación de la tarifa de una tasa y la obligación para los órganos de representación popular de fijar el método y el sistema para definir los costos de los servicios que se presten y la forma de hacer su reparto.
De dicho texto superior se desprenden entonces claros principios que rigen los tributos y que son aplicables no solo a gravámenes futuros, sino a los ya existentes: (i) el de legalidad, que consiste en que no puede existir un tributo sin una ley previa que lo establezca, pues ese poder de imposición solo corresponde al Congreso, a las asambleas departamentales y a los concejos distritales y municipales; principio según el cual igualmente son la ley, las ordenanzas y los acuerdos los que deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas; (ii) el de irretroactividad, por el cual la ley, las ordenanzas y los acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado, no pueden aplicarse sino a partir del periodo posterior a su vigencia. Principio que reitera el artículo 363 superior en su segundo inciso.
Sobre el anterior esta Corporación ha dicho (6) :
“(…) Consagra así esta norma en concordancia con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 12 de la Constitución Política, la facultad impositiva en el Estado colombiano, y determina que los elementos de la obligación tributaria, entre ellos la tarifa de los tributos solo pueden establecerse a través de la ley.
Pero también permite la norma constitucional que en materia de tasas y contribuciones sean las autoridades administrativas las que fijen las tarifas que se cobren a los contribuyentes bien como recuperación del costo del servicio prestado, bien en relación con el beneficio obtenido en el caso de la contribución. Señala igualmente la norma que el sistema y el método para definirlas y la forma de hacer su reparto, en cada caso, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos (…)”.
El artículo 29 de la Resolución 826 de 2003 dispone que la persona natural o jurídica que haya realizado la importación de materias primas de control especial o medicamentos que las contenga a través del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de la Protección Social y para efectos de la liquidación de costos sobre el valor CIF de la mercancía, deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 02776 de 2000 expedida por el Ministerio de Salud.
La Sala en sentencia de 12 de junio de 2008 (7) examinó un supuesto de hecho idéntico al que se discute en el caso presente, en esa ocasión referido al recargo hasta del 60% en la venta de las drogas que creen hábito pernicioso que el artículo 4º del Decreto 257 de 1969 habilitaba al Fondo Nacional de Estupefacientes a cobrar a los compradores de tales medicamentos, para atender los gastos de administración. Sostuvo:
Dentro de este contexto, el artículo 4º del decreto acusado excedió la potestad reglamentaria, pues creó una tasa, lo cual, se repite, está reservado expresamente al legislador (…)” (subrayado fuera del texto).
En tal virtud, se declarará la nulidad de la Resolución 2776 de 2000 y de la frase “cumplir con lo establecido en la resolución número 02776 de noviembre 1º de 2000 expedida por el Ministerio de Salud y” del artículo 29 de la Resolución 826 de 2003.
DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 2776 de 2000 expedida por la Ministra de Salud y de la frase “cumplir con lo establecido en la Resolución 02776 de noviembre 1º de 2000 expedida por el Ministerio de Salud y” del artículo 29 de la Resolución 826 de 2003, expedida por el Ministro de la Protección Social.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de julio de 2008».
(1) Diario Oficial 44230 de 2000 (nov. 17).
(2) Diario Oficial 45192 de 2003 (mayo 19).
(4) El Estatuto Orgánico del Presupuesto (D. 111/96), por el cual se compilan las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, señala lo que debe entenderse por tales gravámenes:
“ART. 29.—Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán solo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable.
(5) Ver, entre otras, sentencias de 3 de abril de 2003; Expediente 7817; Actor: Juan Carlos Madriñán Padilla; M.P. Olga Inés Navarrete Barrero.
De 3 de noviembre de 2005; Expediente 8331; actora: Claudia Ángela Navarro Acevedo; C.P. Camilo Arciniegas Andrade. De 11 de diciembre de 2006; Expediente 8747; actora: Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla; C.P. Camilo Arciniegas Andrade.
(6) Sentencia de 29 de marzo de 1996; Radicación 7277; actores: Hugo Sin Clavijo, Roberto Mutis Puyana y Luis Pesantes Ricaurte.
(7) Expediente 11001-03-27-000-2003-00064-01; Actor: Jorge Camilo Paniagua Hernández; C.P. Martha Sofía Sanz Tobón.

References: RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 29
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 20
 Resolución 

Artículo 29
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 29
 Resolución 
 artículo 338
 artículo 363
 artículo 150
 artículo 29
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 4
 Resolución 
 resolución 
 artículo 29
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 29
 Resolución