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Decreto 9/1994, de 8 febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre procedimientos sancionadores seguidos por la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Publicado en DOE núm. 9 de 08 de Febrero de 1994
Vigencia desde 28 de Febrero de 1994.
REGLAMENTO SOBRE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES SEGUIDOS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
Artículo 4 Tramitación de los expedientes sancionadores
Artículo 5 Información reservada
Artículo 6 Responsabilidades penales
Artículo 7 Iniciación del procedimiento sancionador
Artículo 8 Medidas provisionales
Artículo 9 Organo Instructor y sus actuaciones
Artículo 10 Alegaciones
Artículo 13 Audiencia de los interesados
Artículo 14 Propuesta de resolución
CAPITULO IV. Finalización del procedimiento
Artículo 16 Daños y perjuicios
Artículo 17 Publicación de las resoluciones
Artículo 18 Ejecutividad y eficacia de las sanciones
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y su posterior modificación por Real Decreto ley 14/1993, de 4 de agosto, se aprueba el Reglamento sobre procedimientos sancionadores seguidos por la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuyo texto se inserta a continuación.
El presente Decreto será de aplicación a los expedientes sancionadores iniciados a partir de su entrada en vigor, no siendo aplicable a los expedientes sancionadores iniciados con anterioridad que se regirán por la normativa en vigor cuando fueron iniciados.
Quedan derogadas todas las disposiciones previas, cualquiera que sea su rango, en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el Reglamento que se aprueba por el presente Decreto. No obstante, las normas sectoriales que rigen cada procedimiento administrativo, podrán establecer los trámites especiales necesarios a seguir para corregir las responsabilidades susceptibles de sanción.
Se autoriza a la Consejería de Presidencia y Trabajo para que dicte cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto.
El presente Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Diario Oficial de Extremadura».
1. El presente Decreto tiene por objeto regular el procedimiento administrativo sancionador con sujeción al ámbito de aplicación que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, como cauce formal de actos en que se concreta el ejercicio de la potestad sancionadora que corresponde a los órganos administrativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que la tengan expresamente atribuida por disposición legal o reglamentaria.
2. Este procedimiento será de aplicación con carácter general para la determinación de responsabilidades derivadas de las distintas materias con contenido sancionador sujetas a la competencia de los órganos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en tanto en cuanto por normas específicas no se regule un procedimiento sancionador especial.
3. Lo dispuesto en este Decreto no será de aplicación al ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura o de quienes estén vinculadas a ella por una relación contractual.
La tipificación de las infracciones y la especificación y graduación de las sanciones que les sean de aplicación serán las que vengan establecidas en las diferentes leyes y demás disposiciones de carácter general de ámbito autonómico o estatal que las contengan; respetando siempre los diferentes títulos competenciales y la distribución constitucional y estatutaria de éstos.
1. Será de aplicación a los procedimientos sancionadores tramitados por la Comunidad Autónoma de Extremadura lo dispuesto en el Capítulo II del Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento y siempre con la debida separación entre la fase instructora y la resolutoria o sancionadora, que estarán encomendadas a órganos distintos.
Para la determinación de las infracciones cometidas y para la imposición de las correspondientes sanciones se actuará conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con las singularidades que se establecen en este Reglamento General, siempre que otras normas no contengan un procedimiento sancionador propio, sometido a criterios de especialidad por la materia.
1. El órgano competente para incoar el procedimiento sancionador, podrá acordar la apertura de una información reservada con anterioridad a la iniciación del expediente, a fin de conocer las circunstancias concretas del caso y resolver sobre la procedencia de su incoación.
2. La información reservada tendrá carácter confidencial y su duración no superará los quince días, salvo que se acuerde expresamente su prórroga por otros quince.
2. La sanción penal excluirá a la administrativa cuando haya identidad de sujeto, hecho y fundamento. A tal efecto, el órgano competente para incoar el procedimiento sancionador solicitará confirmación al Juez o Tribunal correspondiente acerca de su pronunciamiento.
3. Los hechos probados jurisdiccionalmente vinculan a la Administración, por eso, una vez recaída la decisión judicial penal, el órgano competente para incoar acordará bien la suspensión o bien la continuación del procedimiento sancionador, según proceda.
4. Las medidas provisionales adoptadas por los órganos administrativos deben ser compatibles con las que, en su caso, adopten los órganos jurisdiccionales penales.
1. El procedimiento sancionador se iniciará siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. La iniciación requerirá acuerdo motivado y expreso en el que se harán constar las siguientes circunstancias:
e) Organo encargado de instruir el procedimiento y cuando la complejidad o trascendencia de los hechos a investigar lo exija, se nombrará también un Secretario.
f) Organo competente para la resolución del procedimiento.
2. El acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador se notificará al presunto responsable de la infracción y a los demás interesados si los hubiere conforme a los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así mismo, dicho acuerdo podrá hacerse público cuando razones de interés público apreciadas por el órgano competente para incoar así lo aconsejen, ajustándose a lo previsto en el artículo 60 de la citada Ley.
1. El Instructor del procedimiento sancionador deberá tener la condición de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y estará sujeto a los motivos de abstención y recusación a que se refieren los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Si se hubiera nombrado Secretario éste también deberá tener la condición de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y observará los mismos motivos de abstención y recusación.
2. El Instructor podrá solicitar los antecedentes, informes y medios materiales y personales necesarios y será responsable directo de la tramitación del procedimiento.
3. Si encontrase obstáculos que impidan, dificulten, retrasen o produzcan anomalías en la tramitación del expediente, lo pondrá en conocimiento del órgano que lo nombró para que sean removidos.
4. En un plazo no superior a un mes, contado a partir de la iniciación del procedimiento sancionador, el Instructor formulará un pliego de cargos, comprendiendo en el mismo los hechos imputados, la falta presuntamente cometida y las sanciones que pudieran ser de aplicación conforme a la normativa que las tipifique y las delimite. El Instructor, por causas justificadas, podrá solicitar la ampliación del plazo previsto para formular el pliego de cargos.
1. El Instructor ordenará la práctica de cuantas actuaciones sean adecuadas para la determinación y comprobación de los hechos, y en particular de cuantas pruebas puedan conducir al esclarecimiento y a la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción.
2. Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior sin hacerlo, el Instructor, si fuera necesario, acordará la apertura de un período de pruebas por un plazo no superior a treinta disconforme a lo previsto en el artículo 80 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y se practicarán según lo previsto en el artículo 81 del mismo texto.
3. El Instructor podrá denegar la admisión y práctica de las pruebas para averiguar cuestiones que fueran improcedentes, debiendo motivar tal denegación.
4. En todos los procedimientos sancionadores se respetará la presunción de inocencia en los términos del artículo 137 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5. Las pruebas que deban practicarse con intervención de los órganos encargados de la instrucción requerirán la intervención del Instructor, sin que pueda ser suplido por el Secretario.
Instruido el procedimiento sancionador e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto el expediente a los interesados o, en su caso, a sus representantes, en la forma y plazos previstos en el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
1. Concluido el trámite de audiencia el Instructor formulará propuesta de resolución en la que se describirán los hechos, la infracción o infracciones que constituyen con arreglo a las leyes y reglamentos, la persona o personas responsables, las circunstancias que determinan o modifican dicha responsabilidad, la sanción que corresponde y las demás medidas que resulten de aplicación; o bien se propondrá la declaración de inexistencia de infracción o de responsabilidad.
3. Transcurrido dicho plazo, el Instructor remitirá el expediente, incluida la propuesta de resolución y las alegaciones que se hubieren presentado, al órgano competente para resolver.
2. Se entenderán caducados los procedimientos sancionadores y se procederá al archivo de las actuaciones a los treinta días desde el vencimiento del plazo en que debieron quedar resueltos de forma expresa, excepto en los casos en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, en los que se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver el procedimiento.
3. En la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador, deberá determinarse con precisión la falta que se estime cometida, señalando los preceptos donde aparezca recogida, la persona responsable y la sanción que se impone; o bien la declaración de inexistencia de infracción o de responsabilidad. La resolución habrá de ser adoptada y firmada por el órgano administrativo que tenga expresamente atribuida la competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora, sin que pueda delegarse en órgano distinto.
La resolución deberá ser notificada al inculpado, con mención de los recursos que quepan contra la misma, el órgano ante el que han de presentarse y plazos para interponerlos.
También se notificará la resolución de los expedientes sancionadores a los órganos que ordenaron su incoación y a los que cursaron la petición razonada de que se iniciasen.
* La exigencia de que el infractor reponga a su estado original la situación alterada por la infracción.
* La cuantía de los daños y perjuicios causados a la Administración.
3. La ejecución y recaudación de la indemnización ocasionada por los daños y perjuicios causados a la Administración se realizará por los cauces previstos para las multas o sanciones pecuniarias. De igual forma se procederá cuando la Administración realice, por cuenta de los interesados, la reposición de la situación alterada.
La autoridad que resuelva el expediente sancionador podrá acordar la publicación de las sanciones impuestas de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con indicación de los nombres, apellidos, denominación o razón social de las personas naturales o jurídicas sancionadas, así como de la índole o naturaleza de la infracción.

References: Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 13

Artículo 14
 resolución

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 60
 artículo 80
 artículo 81
 artículo 137
 artículo 84
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 60