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Timestamp: 2020-07-04 00:04:34+00:00

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Sentencia de Tutela nº 611/08 de Corte Constitucional, 20 de Junio de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 43476884
Sentencia de Tutela nº 611/08 de Corte Constitucional, 20 de Junio de 2008
Derecho al debido proceso, igualdad y peticion de pensionado del banco cafetero a quien la entidad no le ha resuelto su solicitud de reajuste e indexacion de la mesada pensional, como quiera que esta se habia extinguido por virtud del fenomeno de la compartibilidad pensional al habersele reconocido una pension de vejez por parte del iss en un monto superior a la que provenia del banco. Solicita el reajuste e indexacion de las mesadas pensionales reconocidas por el banco cafetero y por el iss. Procedencia excepcional de la accion de tutela para el reconocimiento de prestaciones sociales, especificamente en materia de pensiones. En el presente asunto cabe mencionar, por un lado, que el actor no acredito ninguno de los elementos que habrian permitido la procedencia excepcional de la accion de tutela y, por otro lado, que la solicitud de actualizacion pensional no es posible, habida cuenta que se produjo la declaratoria de la extincion del derecho a la pension de jubilacion del actor, sin que el mismo haya cuestionado dicha decision, por lo que el daño no puede considerarse como actual, maxime si se tiene en cuenta que recibe la pension de vejez a cargo del iss, entidad que le ha venido pagando la pension y frente a quien no se ha planteado reparo alguno en materia de violacion de derechos fundamentales. Negada
Expediente T-1816367
Sentencia T-611/08
Referencia: expediente T-1816367
Accionante: F.J.S.M.
Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil ocho (2008).
Dentro del proceso de tutela identificado con el número de radicación T-1816367 instaurado por F.J.S.M., contra el Banco Cafetero S.A. en liquidación.
Mediante auto de 11 de junio de 2007, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito dispuso, por razones de competencia, remitir el expediente al reparto de los juzgados municipales. Repartido el asunto al Juzgado 13 Civil Municipal, éste, mediante providencia de 12 de julio de 2007 resolvió admitir la solicitud de tutela y oficiar a la entidad demandada para lo de su cargo. Ante el problema de competencia planteado por la entidad accionada en su contestación, el asunto fue devuelto a reparto de los juzgados de circuito. Mediante auto de 30 de julio de 2007, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de B. decidió admitir la demanda y tener como pruebas los documentos aportados ante el Juzgado 13 Civil Municipal.
4.1. El accionante laboró de manera ininterrumpida en el Banco Cafetero por un periodo de 25 años hasta su retiro el 31 de marzo de 1989.
4.3. Mediante Resolución 335 de diciembre 3 de 1997, el Banco Cafetero dispuso reconocer y pagar al accionante una pensión mensual de jubilación en cuantía de $172.005.oo a partir del 29 de septiembre de 1997, fecha en la que cumplió los 55 años de edad. Para la liquidación de dicha pensión se tomo como base el promedio salarial del último año laborado, es decir, la suma de $148.509.oo y el resultado fue ajustado al salario mínimo legal vigente en la época.
4.4. Según Resolución 2973 de 25 de agosto de 2003, el Instituto de Seguros Sociales reconoció al accionante una pensión de vejez en cuantía de $687.000.oo mensuales desde el 29 de septiembre de 2002.
4.5. Teniendo en cuenta que para el momento a partir del cual se reconoció la pensión de vejez del ISS el accionante devengaba en el Banco una pensión de jubilación de $309.000.oo mensuales, en atención al fenómeno de la compartibilidad pensional, el banco expidió la Resolución 196 de 2003, por medio de la cual se declaró extinguido ''... el derecho a la pensión de jubilación que Bancafé le venía reconociendo al señor F.J.S.M., a partir del 29 de septiembre de 2002, fecha desde la cual el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de vejez, en cuantía superior a la que devengaba en BANCAFE ...''. En esa misma Resolución se decidió pagar por una sola vez al accionante la suma de $4.832.503.oo por concepto del mayor valor de la pensión conforme al retroactivo reintegrado por el ISS al banco.
4.6. El cinco de diciembre de 2006 el accionante radicó en Bancafé un escrito en el que bajo la referencia ''AGOTAMIENTO DE VIA GUBERNATIVA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL Art 50 Y SS, DEL C.C.A., ASI COMO EL ART. 9º DEL DECRETO 2591 DE 1991 Y DECRETO 306 DE 1991'', solicitó la indexación, con base en el IPC de los años 1989 a 1997, de las mesadas pensionales recibidas del Banco Cafetero y del ISS.
4.7. Mediante comunicación de diciembre 28 de 2006 Bancafé respondió la anterior solicitud, indicándole al accionante que la entidad se encontraba estudiando la procedencia de la misma, teniendo en cuenta que la pensión inicialmente reconocida por el banco se extinguió en virtud del fenómeno de la compartibilidad pensional a partir del momento en que le fue reconocida la pensión de vejez por el ISS en cuantía superior a la que percibía del banco. Con todo, el banco expresó su ánimo conciliatorio, razón por la cual solicito al peticionario ponerse en contacto con la Coordinación Jurídico Laboral.
6.1. ''Que se reajuste y se pague el valor de la pensión de vejez que me fue concedida, mediante la resolución número 335 del 3 de diciembre de 1997, hasta que se haga efectivo el pago debidamente reajustada, ya que no se tuvo en cuenta la ley más favorable para liquidarla, consagrada en el decreto 456 de 1971, en su artículo 6º y la sentencia C-862/06 de fecha 19 de octubre de 2006.''
En su escrito de oposición a la solicitud de amparo, el apoderado general del Banco Cafetero en liquidación, después de referirse a la naturaleza jurídica de la entidad, expresa que el derecho de petición presentado por el accionante fue inicialmente resuelto mediante comunicación de diciembre 28 de 2006, que luego, después de hacer la liquidación correspondiente, se llegó a la conclusión de que, ''... como quiera que pese a ser actualizado el ingreso base de la liquidación de la pensión de jubilación oficial, para la fecha en la que el ISS le reconoció la pensión de vejez, la mesada que estaría a cargo de esta entidad continuaría siendo inferior a la reconocida por dicho Instituto, y por tanto también procedería la extinción de la pensión, tal y como se dispuso mediante resolución 196 de 2003'' y que, así mismo, dado el fenómeno de la prescripción de las mesadas pensionales anteriores al 5 de diciembre de 2003, no resultaba procedente la solicitud. Estas consideraciones fueron comunicadas al accionante mediante escrito de 19 de julio de 2007.
Considera el Banco que la anterior respuesta, además de dar satisfacción al derecho de petición, deja en evidencia que no cabe proceder a la indexación solicitada, en razón del fenómeno de la prescripción y a que, a partir del reconocimiento de la pensión de vejez por el ISS, siendo ésta mayor que la que había reconocido el banco, no resultaría suma alguna a favor del accionante y a cargo del banco.
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de B., mediante providencia del 08 de agosto de 2007, resolvió no conceder el amparo del derecho de petición reclamado por el accionante, por considerar que se estaba ante un hecho superado.
El Juzgado baso su decisión en las siguientes consideraciones:
1.2. Aunque la Corte Constitucional, en la Sentencia C-862 de 2003 estimo que debe indexarse la primera mesada pensional, la verificación en cada caso concreto de las condiciones para que ello proceda corresponde a la justicia ordinaria laboral.
El anterior fallo fue impugnado por el accionante por cuanto considera que el juez no se pronunció sobre la totalidad de las pretensiones, que no sólo se orientaban a obtener satisfacción al derecho de petición, sino que buscaban que se condenase al Banco Cafetero a reconocer y pagar la pensión de jubilación con los incrementos anuales y la diferencia de las mesadas causadas debidamente indexadas.
Expresa que agotó ''... sin resultados positivos por la vía de la jurisdicción ordinaria, proceso ordinario de mayor cuantía contra BANCAFE, persiguiendo las mismas pretensiones aquí solicitadas, habiendo obtenido sentencia absolutoria de fecha 8 de febrero de 2001, siendo confirmada por el Tribunal el día 27 de marzo de 2001''. Para acreditar esta aseveración, acompaña una constancia del Juzgado Segundo Laboral del Circuito, conforme a la cual ''... en este juzgado cursó el proceso 549/099 de FRANCISCO JAVIER SAN JUAN MORENO contra BANCAFE el cual terminó por sentencia absolutoria el 8 de febrero de 2001, y confirmada por el Tribunal del 27 de marzo de 2001 ...''.
Expresa que, a partir de la Sentencia de Unificación 120 de 2003 varios pensionados reabrieron sus casos y que la Sentencia C-862 de 2006 le dio efectos generales a la orden de indexación, que hasta ese momento había tenido sólo un alcance inter partes.
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de B., en providencia del 27 de septiembre de 2007, resolvió confirmar el fallo impugnado, por cuanto no se advierte la vulneración del derecho de petición y el impugnante cuanta con otra vía de defensa judicial para obtener sus pretensiones.
En escrito presentado ante la Corte Constitucional en sede de revisión, el accionante precisa que su pretensión se contrae al reconocimiento de la indexación de su primera mesada pensional y expresa que al Tribunal Superior de B. le habría bastado con oficiar al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, para constatar que efectivamente el proceso que allí cursó tenía la misma pretensión de que se le indexara la primera mesada pensional.
2.1. Ciertamente la jurisprudencia constitucional ha puntualizado que, en principio, la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento o reliquidación de prestaciones sociales, particularmente en materia de pensiones Cfr. las Sentencias T-371 de 1996, T-7|8 de 1998, T-476 de 2001, T-1083 de 2001 y T- 634 de 2002, entre otras.. Ha señalado la Corte que ''...por encontrarse comprometidos derechos litigiosos de naturaleza legal y desarrollo progresivo, la competencia prevalente para resolver este tipo de conflictos ha sido asignada por el ordenamiento jurídico a la justicia laboral o contenciosa administrativa según el caso, siendo entonces dichas autoridades las llamadas a garantizar el ejercicio de tales derechos, en caso que se logre demostrar su amenaza o violación.'' Sentencia T-083 de 2004 Aceptar lo contrario, ha dicho la Corporación, implicaría desconocer el carácter extraordinario del mecanismo de amparo constitucional, y su dimensión como instrumento para ''... prevenir y repeler los ataques que se promuevan contra los derechos fundamentales ciertos e indiscutibles, y no respecto de aquellos que aun no han sido reconocidos o cuya definición no se encuentra del todo consolidada por ser objeto de disputa jurídica.'' I..
''Ciertamente, con base en el criterio general según el cual, la acción de tutela es procedente para reconocer derechos pensionales únicamente cuando el juez constitucional llegue a la convicción que es necesario brindar una protección urgente e inmediata que no es posible lograr a través del mecanismo ordinario de defensa, la jurisprudencia reiterada En reciente pronunciamiento de la Sala Plena, Sentencia SU-975 de 2003 (M.P.M.J.C.E., la Corte hizo expresa referencia a estos criterios de ponderación en matera de reconocimiento de derechos pensionales por vía de tutela, consolidando el precedente fijado por la propia jurisprudencia en un sinnúmero de fallos dictados por las distintas Salas de Revisión. ha señalado que la viabilidad del amparo en esos casos exige la acreditación de un perjuicio irremediable; circunstancia a la cual se llega previa ponderación por parte del juez de ciertos factores relacionados con: (i) la edad para ser considerado sujeto especial de protección; (ii) la condición física, económica o mental; (iii) el grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital; (iv) la existencia previa del derecho y la acreditación por parte del interesado de la presunta afectación; y (v) el despliegue de cierta actividad administrativa y procesal tendiente a obtener la protección de sus derechos. Teniendo en cuenta estos presupuestos generales, en el caso específico de la reliquidación pensional, las sentencias citadas han fijado como condiciones específicas de procedibilidad de la acción de tutela, las siguientes:
- Que acredite las condiciones materiales que justifican la protección por vía de tutela, esto es, su condición de persona de la tercera edad, que la actuación resulta violatoria de sus derechos fundamentales como la dignidad humana, la subsistencia, el mínimo vital y la salud en conexidad con la vida u otras garantías superiores, y que el hecho de someterla al trámite de un proceso ordinario hace más gravosa su situación personal (Sentencias T-620, T-634 y T-1022 de 2002).''
2.2. No obstante las anteriores consideraciones, que responden al hecho de que la acción de tutela se presentó directamente contra el Banco Cafetero, sin manifestar, primero, ni acreditar debidamente, después, que el asunto ya había sido planteado ante la jurisdicción ordinaria laboral y resuelto por ésta, el accionante expresa haber planteado, sin éxito, ante la jurisdicción ordinaria laboral, la misma pretensión que ahora presenta por vía de la acción de tutela. Aunque el certificado que acompañó al escrito de apelación de la decisión de primera instancia no es específico, podría admitirse la veracidad de su aseveración, en virtud del principio de la buena fe. Esta posibilidad, sin embargo, plantea dos dificultades adicionales:
2.2.1. En primer lugar, se presenta un problema de legitimación por pasiva, por cuanto la pretendida violación de los derechos fundamentales del accionante no sería atribuible, ya, directamente al Banco Cafetero, sino que se predicaría de las decisiones judiciales que negaron su pretensión de indexación de la primera mesada pensional. De esta manera, la actuación del banco estaría amparada por el principio de la cosa juzgada, pues, al decir del propio accionante, el asunto que ahora se le plantea ya habría sido resuelto por la jurisdicción ordinaria laboral. Si bien es cierto que frente a la violación de derechos fundamentales el principio de la cosa juzgada pierde su carácter absoluto y puede desvirtuarse acreditando la existencia de alguna de las causales de procedibilidad de la tutela frente a decisiones judiciales, también es cierto que, salvo que concurran nuevas circunstancias de hecho, no puede volver a decidirse sobre los mismos hechos ya resueltos por la justicia ordinaria sin que previamente se hayan dejado sin valor los pronunciamientos judiciales existentes y que se encuentran ejecutoriados. No resultaría de recibo que allí donde la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en exigir el agotamiento de la vía ordinaria, al punto de rechazar la tutela cuando no se ha agotado el recurso de casación Cfr. Sentencias T-1217 de 2003, T-1197 de 2004 o cuando no se han planteado en las respectivas instancias los asuntos que luego quieren hacerse valer en tutela Sentencia T-950 de 2006, fuese posible que, prescindiendo del desenvolvimiento de tales instancias ordinarias, el asunto se plantease como nuevo, dirigido directamente contra la entidad responsable de la pretensión sustantiva, para obtener aquello que le fue negado en la vía ordinaria. En un caso similar, en la Sentencia T-290 de 2003, la Corte concluyó que, como en el proceso entonces objeto de consideración la acción de tutela había sido interpuesta con el fin de que se abordara un asunto ya resuelto por la jurisdicción laboral, y que la acción había sido presentada directamente contra el empleador de quien se pretendía la indexación de la primera mesada pensional, sin que se hubiesen controvertido en forma alguna las providencias proferidas por la jurisdicción laboral, la correspondiente acción resultaba improcedente.
Se trataría, entonces, no de controvertir las decisiones judiciales adoptadas en el pasado, sino de plantear una pretensión nueva, a la luz de lo dispuesto por la Corte en la Sentencia C-832 de 2006 y amparada en el criterio de que, si bien las mesadas pensionales causadas están sujetas a un termino de prescripción, no ocurre lo mismo con el derecho a reclamar la actualización de la pensión.
No se le escapa a la Corte que, en ciertos casos se ha admitido la tutela directamente contra el empleador, pese a que existían decisiones judiciales sobre la materia y sin que de manera previa o simultánea se hubiesen controvertido tales decisiones, pero en esas excepcionales oportunidades ha habido una modificación de situaciones de hecho y de derecho que, frente a la actualidad del daño, hacían inocua la exigencia de proceder contra unas decisiones que se habían dictado bajo supuestos distintos. Así, por ejemplo en la Sentencia SU-430 de 1998, la Corte consideró que no obstante que, en el caso entonces objeto de consideración, ya la jurisdicción ordinaria laboral había negado el reconocimiento de la pensión de vejez al accionante, frente a la nueva solicitud presentada por éste no cabía alegar la existencia de cosa juzgada, porque la pretensión se sustentaba en elementos fácticos nuevos y había sido presentada a la luz de un ordenamiento constitucional y laboral distinto al anterior. Expresó la Corte en esa oportunidad que era posible que por ventilarse hechos nuevos existiese otro medio de defensa judicial para que el actor obtuviese el reconocimiento de su pensión de vejez. Sin embargo estimó que a la luz de las circunstancias del caso concreto no cabía exigirle al actor agotar nuevamente la vía ordinaria, razón por la cual se pronunció de manera definitiva en sede de tutela. A su vez, en la reciente Sentencia T-224 de 2007, la Corte concluyó que dado que en la Sentencia C-891A de 2006 la exequibilidad condicionada de la parte demandada del artículo 8º de la Ley 171 de 1961 se produjo ''en cuanto éste siga produciendo efectos'', el precedente constitucional allí establecido resultaba aplicable al caso entonces objeto de consideración y que, en el evento de que se reunieran los requisitos necesarios para conceder la protección del derecho a la indexación de la primera mesada pensional establecidos en su jurisprudencia, la Corte se vería precisada a ordenarlo así, sin que hubiese lugar a exigir que el demandante enderezara su solicitud de tutela en contra de las providencias judiciales que le habían negado la indexación.
PRIMERO.- CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, los fallos de 8 de agosto de 2007 del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de B., y de 27 de septiembre de 2007 de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de B..
Providencia nº 11001010200020110208800 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria de 24 de Agosto de 2011

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 artículo 8