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Timestamp: 2018-02-22 12:56:28+00:00

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Proyecto de Acto Legislativo 011 de 2014 Cámara – Alirio Uribe
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julio 21, 2014 Alirio UribeProyectos de Ley presentados
Por el cual se establece el Servicio Militar Voluntario y Remunerado.
Los recursos provenientes de la compensación militar se sumarán a los recursos anuales, dispuestos por el presupuesto general de la nación para el funcionamiento de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; y serán invertidos exclusivamente, en mejorar el bienestar, salud, educación y vivienda de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
La ley determinará las condiciones en que se prestará el servicio militar voluntario y remunerado; así como, las condiciones en que se pagará la cuota de compensación militar.
Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
El Movimiento Político MIRA viene insistiendo en este Acto Legislativo desde el año 2006 a través del Senador Manuel Virgüez. Por su parte, el Ministerio de Defensa mediante diferentes políticas, ha procurado cumplir a través de los últimos años, con objetivos estratégicos como consolidar el control territorial, protección de la población y mantenimiento de la seguridad de sus conciudadanos; combatir el narcotráfico en Colombia; mantener ¿una Fuerza Pública legítima moderna, eficaz que cuente con la confianza y el apoyo de la población¿; y consecuente con ello, mantener la tendencia del decrecimiento de todos los indicadores de criminalidad en centros urbanos y del narcoterrorismo[1][1].
Es así como de la mano con aquellos planes, programas e iniciativas trazados en función de los objetivos en mención, el legislador debe considerar hacer también una reestructuración para implantar la total profesionalización de la Fuerza Pública, y lograr así que esta sea más operativa, más flexible, más reducida y mejor dotada; lo que supone un importante e histórico reto, pues el objetivo que se persigue no es dotarla de soldados con bajo nivel de escolaridad, sino algo más ambicioso, como es el de construir unas nuevas Fuerzas Armadas de Colombia Profesionales, con los mejores hombres, buscando la excelencia como lo hicieron los países de España, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido.
La modernización y profesionalización de la Fuerza Pública, debe girar en el contexto de la globalización de la seguridad a nivel mundial y los nuevos retos que tiene que asumir el país, ante los diferentes flagelos delincuenciales organizados.
De ahí que debemos partir para este cambio, bajo los parámetros legales de la Constitución Política que en su artículo 2° define la misión de las Fuerzas Armadas y habilita al legislador en sus artículos 216 y 217 a disponer lo necesario para dotarlas de personal.
Un estudio de la misma Carta Política no registra una fórmula de conscripción forzosa como única posible para la capacitación y organización del personal de las Fuerzas Armadas. Es este mismo mandato legal el que faculta al legislador para que mediante una nueva ley se sustituya esa obligación imperativa a los colombianos, por lo cual, se puede modificar el sistema por el Servicio Militar Voluntario, mediante el encuadramiento de una Fuerza Pública enteramente profesional.
Pero su naturaleza e importancia permanecen inalterables al amparo de lo previsto en la Constitución Nacional, cuando la defensa colombiana así lo exija, en situaciones de crisis o riesgo grave para la seguridad nacional, pues lo qu e se quiere alcanzar es la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, lo que conllevaría la no exigencia de la prestación del servicio militar obligatorio, entre los que se recogen el número máximo de efectivos, los rasgos básicos de los compromisos, del reclutamiento y de la formación de los militares y policías profesionales, de forma que no se vea reducido el nivel de operatividad de la Fuerza Pública, buscando aliados comunes en la lucha contra el terrorismo a nivel nacional e internacional, preparando a sus mejores hombres.
Del orden público:
En administraciones anteriores como en la actual, los presidentes de la República, han manifestado su intención de eliminar el Servicio Militar Obligatorio, como una forma de consolidar un escenario de posconflicto en Colombia.
Desde el documento Conpes 3460 de 2007, que a su fecha no ha sufrido actualización, se aumentó el pie de fuerza para un mayor control territorial, incrementando el Ejército Nacional en 14.573 hombres, la Armada Nacional en 2.416 hombres y la Fuerza Aérea Colombiana en 860 hombres. La Policía Nacional sería entonces la fuerza con mayor crecimiento durante el periodo, incrementando su pie de fuerza en 20.047 efectivos adicionales. Todo ello para la realización de operaciones de estabilización en zonas controladas y para desarrollar otras acciones que contribuyan con la reducción de los índices de criminalidad y violencia en los centros urbanos del país. Con esto se pretendió llevar la Policía Nacional a 200 Corregimientos donde en la actualidad no hace presencia.
A continuación se desglosan los cambios que ha tenido el pie de fuerza pública, durante los últimos cuatro años.
INCREMENTO PIE DE FUERZA PÚBLICA – SOLDADOS
Discriminado May.-13 May.-14 Variables Absolutas
Oficiales 9.433 9.485 52
Suboficiales 33.691 33.359 -332
Soldados 163.884 185.117 21.233
Alumnos 1.642 4.319 2.677
Civiles 5.977 5.530 -447
Total 214.627 237.810 23.183
Datos suministrados por el MDN ¿Logros de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática ¿ PCSD¿. Junio de 2014.
SOLDADOS FUERZA PÚBLICA
Discriminado 2011 2012 2013 may-14
Oficiales 13.926 9.598 9.520 9.485
Suboficiales 44.389 32.684 33.216 33.359
Soldados 192.892 172.878 179.931 185.117
Alumnos 6.800 3.640 4.215 4.319
Civiles 10.660 5.977 5.977 5.530
Dadas estas condiciones, en lo sucesivo se debe pretender por un servicio militar voluntario, en igual de condiciones para los jóvenes que lo presten, caracterizado por procesos de instrucción y entrenamiento optimizados, con el fin de entregar soldados que posean una mejor calidad militar y una mayor capacidad personal, para enfrentar el conflicto armado colombiano, que si se mira en el contexto real, es una lucha entre ricos y pobres, en donde las clases dirigentes y empresariales no quieren reconocer que tienen que ceder parte de su patrimonio y de sus utilidades para compartir con esa población vulnerable, que en su gran mayoría no tienen una agua de panela para desayunar, y de esta manera implementar los programas de gobierno del control territorial, la recuperación institucional y el desarrollo económico del país.
Además de lo anterior, el presupuesto para el sector defensa se ha incrementado paulatinamente, como se refleja en el siguiente cuadro.
Presupuesto sector Defensa en pesos corrientes
Unidad Ejecutora 2011 2012 2014
Total sector Central 16.361.339 17.699.812 21.066.681
Total sector Descentralizado 5.029.187 5.436.420 6.214.079
Datos calculados con base en MDN ¿Logros de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática ¿ PCSD¿. Publicaciones 2011, 2012 y 2014.
Lo que nos permite colegir que para prestar un buen servicio, el Ministerio de Defensa debe también incorporar a sus filas hombres bien preparados intelectualmente y con una voluntad de servicio. Porque de lo contrario, sería irnos a una compra de material bélico sin fundamento. Como sucede en la actualidad, que en el Ministerio de Defensa se compraron equipos para manejar vía satelital, encontrándose dichos equipos en desuso porque no hay personal especializado para su empleo.
De otra parte, debemos hacer mención a una publicación del Diario El Tiempo, en su edición de fecha 23 de junio de 2007, donde señalaba que la posibilidad de entrar a carrera en la Fuerza Pública cada día es más estrecha, pese al aumento en el número de uniformados. Por cada 6 que quieren ser patrulleros de la Policía, uno logra graduarse. La oficina de incorporación de la Policía, dice que a pesar de la situación de violencia, siempre llegan aspirantes de sobra a los cursos.
Lo anterior, significa que Colombia cuenta con el personal suficiente para tener unas Fuerzas Militares Profesionales, pues existe la oferta y la demanda de los jóvenes entre 18 y 24 años, que requiere la modernización de la misma, generándose este cambio con programas que permita la participación de todos los niveles económicos.
Del orden social:
Por otra parte, en el aspecto social tienen que considerarse dos aspectos fundamentales, las altas cifras de remisos que existen actualmente y el nuevo escenario que está por configurarse en el país, con los efectos de un posco nflicto. Son circunstancias de hecho y de derecho que obliga al legislador a exigir al gobierno nacional, la modificación del Servicio Militar Obligatorio, toda vez que se está ejerciendo una política para conformar los contingentes humanos necesarios para continuar atendiendo de manera eficiente, la lucha contra el narcotráfico y otros flagelos de inseguridad, pero considerando estos dos factores ineludibles.
De acuerdo con cifras de la Dirección General de Reclutamiento, a octubre de 2013, existían en Colombia 1.112.170 ciudadanos inscritos mayores de 18 años sin resolver su situación militar, de los cuales 794.559 se encontraban reportados con la infracción de remiso[2][2]. Estamos hablando del 71% de los jóvenes inscritos. Estas cifras son alarmantes y demuestran el impacto social negativo que se está produciendo entre los jóvenes colombianos para poder optar por un trabajo formal o para poder culminar sus estudios superiores, en tanto que la libreta militar es un requisito indispensable.
En cuanto al posconflicto es lógico pensar que la fuerza pública tendrá un papel importante qué desempeñar. Este cuestionamiento ha sido expuesto entre otros analistas y expertos, por Schultze – Kraft, M. (2012) en `La cuestión militar en Colombia: la fuerza pública y los retos de la construcción de la paz¿, en donde hace referencia a que, ¿¿En muchas partes del mundo se han dado procesos de reducción y reconversión de las fuerzas militares después del fin de un conflicto determinado o la desaparición de una amenaza a la seguridad nacional¿[3][3].No obstante, plantea que no hay una visión clara a este respecto ni acerca de cómo se afrontarán futuras amenazas y desafíos en materia de seguridad en el posconflicto, para el caso colombiano. Frente a lo anterior plantea que hace falta considerar con mayor profundidad aspectos como ¿la reestructuración de las relaciones cívico-militares, la reforma del sistema de seguridad y el mejoramiento de su gobernanza por medio de la introducción de estándares y buenas prácticas derivadas de las experiencias internacionales¿[4][4]. Dentro de estas por supuesto caben las de aquellos países es los cuales, se ha profesionalizado exitosamente la Fuerza Pública.
Así mismo vemos cómo se ha engrosado el número del pie de fuerza, para hacer presencia en todo el territorio nacional. Incremento que se ha realizado con jóvenes de los estratos 1, 2 y 3, que en su mayoría son productivos en sectores de agricultura, minería, ganadería, industrias ubicadas en ciudades intermedias y municipios, donde en la mayoría de los casos ellos son el sustento y apoyo de su familia, y como contraprestación estos varones reciben una bonificación de $69.000, con el agravante que, con esta suma no pueden sufragar los gastos de los suyos, lo que conlleva en las mayoría de los casos, a incrementarse el delito de deserción.
Esta circunstancia agrava más el entorno familiar del conscripto, máxime cuando en la actual reforma del Código Penal Militar, se modificó la pena para este punible, pues de seis (6) meses de arresto que contemplaba la Ley 522 de 1992, pasó a ocho (8) meses de prisión, quedando de esta manera el joven con antecedentes penales, que en su vida futura le va acarrear inconvenientes para ingresar a la vida laboral en forma digna.
Pues olvidó el legislador y el gobierno nacional, que el joven que se alista al servicio militar lo está haciendo de manera obligada y que cualquier conducta o comportamiento que atente contra el mismo, sin recibir una remuneración digna por su prestación continuada del servicio por 24 horas y por más de 18 meses. Además de lo anterior, está siendo gravemente penalizada con prisión, es decir que este joven se le está imponiendo una pena como si se tratase de un empleado oficial profesional (oficiales, suboficiales y nivel ejecutivo), entrenado para prestar el servicio de seguridad del Estado, cuando la realidad es otra, porque son jóvenes a quienes se les ha dado una mediana instrucción para el porte del uniforme y manejo de un arma y que en la ejecución del mismo se ve la falla en la prestación del mismo servicio, con injerencia en las Cortes Internacionales, en los delitos denominados Ejecución Extrajudiciales por la falta de la preparación de la mística castrense.
Esto nos lleva a revisar la legislación del Servicio Militar Obligatorio, pues la dogmática nos enseña cómo existen tres tipos o métodos de conscripción. El obligatorio universal, el obligatorio selectivo y el voluntario profesional.
Modelos que fueron implementados en Colombia y su marco legal se colige de los estudios de los artículos 95, 216 de la Constitución Nacional y los artículos 10, 13, 14, 27 y 28 de la Ley 48 de 1993, obligando a todo varón colombiano a definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla la mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de bachiller. Así mismo ese deber culmina cuando el hombre cumpla los 50 años edad.
Mirando la implantación de ese esquema obligatorio y solidario, ha llevado a que únicamente este servicio lo presten por factores económicos, los estratos 1, 2 y 3. Hechos fundados que demuestran que la política que plantea el Plan Nacional de Desarrollo en su estrategia de equidad y reducción de la pobreza, consistirá en que los colombianos tengan igualdad de oportunidades, en el acceso y la calidad de un conjunto básico de servicios sociales que, en el futuro, permitan que todos generen ingresos suficientes para llevar una vida digna.
Y además de lo anterior, el artículo 13 de la Ley 48/93 trae cuatro modalidades para clasificar a estos jóvenes:
a) Soldado Regular, presta servicio militar de 18 a 24 meses.
b) Soldado Bachiller, durante 12 meses.
c) Auxiliar de Policía Bachiller, 12 meses.
d) Soldado Campesino (de mi pueblo), de 12 hasta 18 meses.
En este orden social, dado el bajo perfil socioeconómico de los soldados tanto regulares como campesinos, se han convertido en víctimas de los mandos medios y superiores. Los medios de comunicación han denunciado cómo estos jóvenes han sufrido torturas y vejámenes al interior de la Fuerza Pública. Tales son los casos de:
En el Batallón Patriotas (Honda): prácticas de tortura y maltrato en el centro de instrucción y reentrenamiento, en el municipio de Piedras, a 21 soldados, el pasado 25-ene-06.
Un soldado adscrito a la Cuarta Brigada, en el año 2003, fue declarado interdicto por el Juzgado Décimo de Familia en Medellín, debido a la invalidez sufrida durante su servicio militar voluntario por las torturas físicas y psicológicas a las que fue sometido por sus superiores, en un campo de entrenamiento en Santa Rosa de Osos.
Cinco soldados resultaron víctimas por incendio en el Batallón Codazzi de Palmira, el 08-ene-07, dos de ellos fallecieron.
Además de lo anterior, estos jóvenes al interior de las Fuerzas Armadas, su trato es cruel y las labores o misiones que se les asigna están más relacionadas con actividades domésticas, de secretaría y de mensajería cuando tienen una mediana educación. Aunado a esto se suma, la mala remuneración, pues únicamente reciben una bonificación de $69.000, y una escasa dotación anualmente, quebrantando con ello la Directiva de Intendencia que establece en su programa la entrega de dos dotaciones anuales.
Por ello, este proyecto de acto legislativo, propone un Servicio Militar Voluntario Selectivo, con una remuneración digna, teniendo como contraprestación el pago del 70% de un (1) salario mínimo mensual legal vigente y la cobertura social contemplada por mandato constitucional a todo empleado público.
Así mismo, la falta de una nutrición balanceada, trayendo como consecuencia la intoxicación de estos jóvenes.
De igual forma, en la Fuerza Aérea y en la Armada Nacional, los conscriptos bachilleres están prestando su servicio militar como si fueran soldados regulares y les están imponiendo el máximo tiempo entre 18 y 24 meses, dizque por necesidades del servicio.
La errada vinculación de estos jóvenes, pues muchos son hijos únicos o con uniones maritales de hecho, lo cual genera un problema al interior de la Fuerza, pues se han incrementado las investigaciones en la Justicia PenalMilitar y de otra parte, el pago de la bonificación no les soporta el gasto para mantener a sus progenitores o familias, lo que conlleva un problema de improductividad para los mismos.
Se observa que esta política del servicio militar obligatorio tiene un costo para el conscripto y su familia, como quiera que el Estado ante su inadecuación a las condicionantes político-estratégicas, económicas y sociales de nuestro país, no han puesto en marcha los programas para capacitar a estos jóvenes para que al licenciamiento del mismo, tengan una vinculación laboral directa.
De otra parte, vemos cómo al interior del Ministerio de Defensa Nacional, existe una discriminación en perjuicio de los conscriptos, quienes al ser víctimas de accidentes o enfermedades, no les prestan el servicio adecuado y si el hecho no ocurrió con ocasión del servicio, no lo cubre, con otro agravante más, que el joven sano que viene del campo y es mezclado con el joven problema de la ciudad que está consumido en la drogadicción, los contamina, generándose un problema social que no han querido reconocer las Fuerzas Militares, para dar la asistencia social y la recuperación de estos jóvenes para tener una vida digna futura, pues al momento de su licenciamiento, son expulsados con este problema para las familias, quienes no tienen una cobertura médico-profesional para atender dichos casos.
Del orden constitucional:
Siguiendo los postulados de la Honorable Corte Constitucional, cuando sobre la materia señalara:
¿La Constitución, como estatuto básico al que se acogen gobernantes y gobernados, es la llamada a fijar los elementos fundamentales de la estructura estatal y el marco general de las funciones y responsabilidades de los servidores públicos, así como los compromisos que contraen los particulares con miras a la realización de las finalidades comunes.
En ese orden de ideas, es la Carta Política la que debe definir si el Estado mantiene para su defensa un conjunto de cuerpos armados (la Fuerza Pública) y, claro está, en el caso de optar por esa posibilidad, el Estado no tiene otro remedio que apelar al concurso de los nacionales para la conformación de los mismos¿. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-363 del 14 de agosto de 1995. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo)¿.
Así mismo, la constituyente del 91, el doctor Hernando Londoño, miembro de ese Cuerpo Legislativo, se refirió sobre el tema de la necesidad de profesionalizar el servicio militar en Colombia, al respecto dijo:
¿Con todo respeto la tendencia en el mundo es precisamente la de servicio militar profesional, aquí lo expresé en oportunidad pasada, como si no se presentó durante la guerra del Golfo la comisión interna en los Estados Unidos, fue que precisamente porque por primera vez estaba librando una guerra internacional con soldados profesionales y no con conscriptos por parte de las autoridades militares de los Estados Unidos que en la guerra del Vietnam, llevaron al tremendo traumatismo en la juventud norteamericana y especialmente en sus universidades. La revista Time, hace ocho días, hace sobre eso un análisis sumamente interesante y muy importante, dice que el caso de Francia. Francia sí lo tiene, la mitad de su servicio militar profesional y la otra mitad son conscriptos por parte del Estado. Como el soldado francés, por primera vez se mostró un soldado inseguro, sin voluntad, sin capacidad de combate. En cambio la Gran Bretaña, en donde el servicio militar es profesional, todo su cuerpo armado es un cuerpo combativo, que en realidad se mostró con toda la capacidad que tenía tradicionalm ente la Gran Bretaña en los momentos de combate¿¿.
Ese mismo análisis es palpable al interior de la Fuerza Pública, en donde tenemos un contingente de Soldados Regulares, la mayoría analfabetas o de mediana educación, sin un incentivo económico y desmotivados ante la presencia de los Soldados Profesionales, haciendo la misma labor y combatiendo en el área.
El Constituyente Fabio Villa, sobre este mismo tópico señaló:
¿¿el servicio militar voluntario llevaría a tener que hacer el Ejército un órgano al cual los jóvenes quisieran ir por voluntad, y para ello habría que cambiar las normas internas y las formas internas de comportamiento y tratamiento y las normas salariales internas para que los soldados en Colombia tuvieran una vida digna, y los policías de Colombia tuvieran una vida digna y la Fuerza Pública colombiana fuera atractiva para la juventud y no como lo es hoy un órgano que causa temor ante la posibilidad de ingresar a sus filas¿¿.
Este mismo análisis se ha mantenido en el tiempo y consideramos que es el momento oportuno para que el legislador entre a modernizar a su Fuerza Pública, profesionalizando el mismo, convocando a la juventud voluntariamente a vincularse a las Fuerzas Militares, prestando un servicio y una vida digna.
El doctor Villa señaló respecto de la objeción de conciencia:
¿¿muchos más hombres en Colombia y en el mundo por razones religiosas, por razones políticas y por muchas otras razones que se oponen por conciencia a la guerra, no simplemente al uso de las armas sino a la guerra y la guerra se manifiesta en un ejército que tuvo sus formas de operación no solamente entre quienes estén disparando y por eso creo que es recortar el alcance del artículo que se ha propuesto repito sería un avance en relación con la actual legislación porque no es cierto que al plantear la libertad de conciencia como está en el actu al artículo 21 de la Constitución ya está incluida la objeción de conciencia, si así fuera, no habían como dije en la Comisión, tres muchachos en Pasto detenidos, condenados a dos años por haberse puesto por razones religiosas a prestar el servicio militar después de que habían sido llamados a la conscripción, yo creo señor Presidente que ese derecho no está garantizado en Colombia y por eso debe quedar claro en la Constitución y no puede quedar o no debería quedar de una manera parcial, sino que debería quedar de una manera clara y absoluta, como no solamente ha sido propuesta por varios delegatarios en esta asamblea, sino además como ha sido solicitada por la ONU y aquí incluso esa solicitud ha sido a mi manera de ser tomada con ligereza, una solicitud para que la conciencia pueda ser ejercida a plenitud y para que el derecho a la objeción de conciencia sea reconocido por todos los países del mundo, pero fue además presentado por el Presidente Barco, en su propuesta de reforma constitucional siendo ministro, el actual presidente de la República en su reforma constitucional de 1989 decía textualmente al final de uno de los párrafos de reforma que reconoce la objeción de conciencia en Colombia¿¿(pág. 69 Antecedentes Artículo 216-Asamblea Nacional Constituyente).
En otros apartes sobre la objeción de conciencia, quedó registrado:
¿Igualmente en el artículo 50, donde se manifiesta que todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y aquí también somos partidarios por la objeción de conciencia, porque esta no es solamente para problemas de impuestos, es que el derecho de la conciencia se aplica en todas las profesiones y creemos que frente al servicio militar obligatorio va a ver objeción de conciencia de tipo político, de tipo filosófico y los indígenas en estos momentos reclaman la objeción de conciencia de tipo cultural, la Federación de Desaparecidos de la América Latina nos reclamaron enla Comisión Primera que haya objeción de conciencia para los hijos de los desaparecidos como ha habido en la Argentina y en el Uruguay donde muchos padres han sido desaparecidos y también estuvieron implicadas las Fuerzas Militares del cono sur, por eso creemos de que hay necesidad de que miremos con mucha claridad que en ninguna parte se han acabado ejércitos donde existe la objeción de conciencia y que esta no rebasa el 2% en todos los países¿¿(pág. 62 Antecedentes Artículo 216-Asamblea Nacional Constituyente).
Por lo anterior, se considera necesario modificar el actual artículo 216 de la Constitución Política, en el entendido de que al establecerse el Servicio Militar Voluntario, se estará respetando el derecho de objeción de conciencia, estableciendo mecanismos donde con una simple declaración del joven interesado sea admitido a las huestes militares y sea asignado a otras actividades propias del servicio que no requiere el empleo de las armas.
La Corte Constitucional considera que puede la ley sin vulnerar la Constitución, introducir reglas que hagan viable, difiriéndola en el tiempo, la efectiva prestación del servicio militar cuando está de por medio, por ejemplo, un derecho fundamental como el de la educación, la protección de la familia en el caso de hijos únicos o de personas casadas, o el desempeño como religiosos.
Siendo este momento para que el Congreso entre a dar pautas para reglamentar el Servicio Militar y se establezca el modelo de Servicio Militar Voluntario Selectivo.
Para fortalecer esta iniciativa el Movimiento Político MIRA, realizó un estudio de campo, mediante encuesta a nivel nacional a través del Grupo de Juventudes MIRA:
Desde el 2 de junio al 21 de junio de este año, en 23 departamentos de Colombia, incluyendo al Distrito Capital, y en 71 municipios (Magangué, Codazzi, Valledupar, Obando, Anserma Nuevo, Sincelejo, Rionegro, Carmen de V., Campoalegre, Buenaventura, La Unión, San Pedro, Chocó, Roldanillo, Palmira, Buga, Pradera, Trujillo, Turbaco, Arjona, Cartagena, Andalucía, Candelaria, Bello, Chiquinquirá, Duitama, Sáchica, Garagoa, Tibaná, Miraflores, Tunja, Paipa, Sogamoso, Nuevo Colón, Arauca, Cúcuta, Guacara, El Cerrito, Florida, Tuluá, Cali, Popayán, Toribío, Piendamó, Santander de Quilichao, El Banco, Fundación, Ciénaga, Pivijay, Yopal, Barranquilla, Puerto Colombia, Barbosa, Riohacha, Soledad, Caldas – Antioquia, Itagüí, Medellín, Caldas, Bogotá, Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca, Girón, La Dorada), fue encuestado por Juventudes MIRA, 40.389 hombres mayores de edad, arrojando los siguientes resultados.
Se realizaron 6 preguntas, con diferentes opciones de respuesta (Ver anexo 2).
*Ejército Nacional (EJC); Policía Nacional (PONAL); Fuerza Aérea (FAC); Armada Nacional (ARC); Servicio Social (SS); Cruz Roja (CR); Defensa Civil (DC).
Después de realizada la encuesta, nos permite resaltar cómo la pregunta 4, en la que se les interroga si está de acuerdo que el servicio militar fuera voluntario, el 83.75% de los encuestados estuvo de acuerdo.
Así mismo, en la pregunta 5, cuando se les preguntó si estarían de acuerdo que el servicio militar tuviera una remuneración, el 87.15% estuvieron de acuerdo.
Rangos estadísticos que nos permite analizarlos bajo las respuestas de la pregunta 6, donde estos encuestados les gustaría prestar el servicio al Estado en otras instituciones castrenses como la Fuerza Aérea y la Armada; y entidades como Servicio Social, Cruz Roja y Defensa Civil, lo que significa que los jóvenes sí desean prestar el mismo, pero de forma voluntaria y con un objetivo no típicamente castrense, sino social.
De ahí que el servicio voluntario Selectivo conlleva a que la Fuerza Pública reciba personas que voluntariamente y bajo condiciones de tipo contractual, cumplan con su servicio por un determinado periodo de tiempo, al cabo del cual las obligaciones contractuales se extinguen. El elemento básico o fundamental es la voluntariedad, motivada en la mística militar y en el desarrollo económico y prestacional. Estos hombres estarán bajo el mando de oficiales y suboficiales encargados de entrenarlos y conducirlos al combate.
Del orden jurídico:
Al desmontarse el servicio militar obligatorio y establecerse de plano el servicio militar voluntario, permitirá a Colombia asegurar el bien público ¿La Defensa Nacional¿, pues tendrá unas Fuerzas Armadas en condiciones de satisfacer los requerimientos mínimos de seguridad, en virtud de una condición profesional preparada para combatir los flagelos del crimen organizado.
Además de lo anterior, el proceso de modernización de la Justicia Penal Militar al implantarse el sistema penal acusatorio, permitirá una descongestión en esa jurisdicción, de un 58%, como quiera que el delito de mayor trascendencia es el de la deserción y con la implementación del servicio militar voluntario, se estaría dando una solución a este problema. Pues es de conocimiento que muchos de los conscriptos que desertan, terminan siendo reclutados por los grupos al margen de la ley, afectando con ello el proceso de paz o desmovilización de combatientes.
Pues como bien lo ha resaltado el informe Nacional de Desarrollo Humano ¿El conflicto, callejón con salida, cap.11¿ hay otro modo de quitarle gente a la guerra y es evitar que las organizaciones armadas sigan reclutando jóvenes en los campos y ciudades de Colombia. La mejor manera de hacer esto, es ofrecerle opciones atractivas a las personas ¿reclutables¿, vale decir, garantizando el desarrollo de los grupos en riesgo.
Igualmente hay que recordar que al Estado colombiano le cuesta $1.300 millones la Justicia Penal Militar y con la implementación e incorporación de jóvenes voluntarios, se reducirán los delitos relacionados con el servicio y la disciplina. Se estaría buscando un mecanismo para que esta problemática al interior de la Fuerza Pública, no se maneje en el campo penal, sino en materia disciplinaria.
Es de conocimiento la gran cantidad de fallos de responsabilidad hacia el Estado colombiano, por violación de Derechos Humanos al interior de la Fuerza Pública, por parte de la Corte Interamericana, donde condena a Colombia a indemnizar a las víctimas. Y si miramos con detenimiento cuál ha sido el móvil que ha llevado a que estas investigaciones lleguen a estas Altas Cortes extranjeras, no es otra que la falta de preparación de los militares que han perpetrado estos delitos.
Con este cambio se buscará que los hombres tengan un mayor grado de cultura y educación, y mayor margen de acción para no cometer estos actos de barbarie en contra de la población civil.
Teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia C-911 del 31 de octubre de 2007, permite al legislador realizar estas modificaciones a nivel constitucional con impacto fiscal, cuando señalara:
¿La Corte reafirmó la clara intención del constituyente de 1991 de restablecer la iniciativa del Congreso dela República en materia de gasto público, esto es, en el sentido de que él mismo puede aprobar disposiciones legales que ordenen o impliquen gastos, tanto en los proyectos que son de iniciativa exclusiva del Gobierno Nacional, sobre las materias señaladas en el artículo 154 de la Constitución, como en los proyectos que no son de dicha iniciativa. En este sentido, tanto el inciso segundo del artículo 154, como del artículo 160 de la Carta Política, le confieren atribución a las cámaras para introducir a los proyectos de ley las modificaciones, adiciones y supresiones que juzguen necesarias, lo cual incluye lógicamente los gastos correspondientes. De otro lado, la Corte advirtió que la exigencia establecida en la Ley 819 de 2003, corresponde al Gobierno Nacional, quien debe presentar conjuntamente con el proyecto de ley de su iniciativa, el estudio del impacto fiscal del mismo. En el caso concreto el artículo 4° del proyecto de ley objetado, que establece un incremento en la bonificación mensual de las madres comunitarias, la Corte señaló que por tener el Congreso de la República iniciativa en todo caso en materia de gasto público en la expedición y reforma de las leyes, porque así lo estableció el constituyente en 1991 con el propósito de replantear la regulación superior al respecto establecida en la Reforma Constitucional de 1968, los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003 son exigibles al mismo Gobierno Nacional en la preparación de la ley anual de presupuesto, que es un acto-condición de la ejecución de las leyes que ordenan gastos y que constituyen la causa de aquel, pero no al Congreso de la República en la tramitación y aprobación de dichas leyes. En ese caso, es el Ministro de Hacienda y Crédito Público quien debía estar atento en cualquier etapa del procedimiento legislativo a rendir su concepto a este respecto, como lo dispone la propia norma orgánica del presupuesto¿.
Por lo anterior, ponemos a consideración del Congreso de la República el presente proyecto, esperando contar con su aprobación.
De los Honorables Representantes:
El día 20 de julio del año 2014 ha sido presentado en este despacho el Proyecto de Acto Legislativo número 011 de 2014 Cámara, con su correspondiente exposición de motivos, por los honorables Representantes Ana Paola Agudelo G., y otros firmas.
[1][1] Revista Fuerzas Armadas. Abril-08. Política de la Consolidación de la Seguridad Democrática y los retos para los próximos años. Juan Carlos Pinzón Bueno. Viceministro de Defensa para la Estrategia y la Planeación.
[2][2] Respuesta a Derecho de Petición dirigido al Representante a la Cámara Juan Carlos Martínez Gutiérrez. Octubre 13 de 2013.
[3][3] Angelika Rettberg (ed.) Construcción de paz en Colombia. Colombia: Universidad de los Andes, pp. 405 -433.
[4][4] Ibíd. Pág. 425.
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References: Artículo 2
 artículo 2
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 Artículo 216
 artículo 50
 Artículo 216
 artículo 216
 artículo 154
 artículo 154
 artículo 160
 artículo 4
 artículo 7