Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/5779
Timestamp: 2020-08-10 08:54:24+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 177/2006
SENTENCIA 177/2006, de 5 de junio
ECLI:ES:TC:2006:177
En el recurso de amparo núm. 5933-2005, promovido por don Antonio Conesa Palomeras, representado por el Procurador de los Tribunales don Marcos Juan Calleja García y asistido por el Abogado don José María Serret Salcedo, contra el Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 14 de julio de 2005 por el que se acordó acceder a la extradición a Francia del recurrente, solicitada por medio de una orden europea de detención y entrega de fecha 19 de julio de 2004. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha de 5 de agosto de 2005, el Procurador de los Tribunales don Marcos Juan Calleja García, en nombre y representación de don Antonio Conesa Palomeras, interpuso recurso de amparo contra la resolución mencionada en el encabezamiento de esta Sentencia.
a) En virtud de una orden de detención internacional de fecha 8 de junio de 1989 dictada por el Juez de Instrucción de Perpignan (Francia), el demandante de amparo fue detenido en España dando ello lugar, al amparo de lo dispuesto en el Convenio europeo de extradición de 1957 (en lo sucesivo: CEEx), a que por la Embajada francesa fuera solicitada su extradición, mediante nota verbal 427/NV de fecha 28 de junio de 1989, para su enjuiciamiento como coautor de un delito de robo a mano armada cometido el 4 de abril de 1988 en la oficina de cambio de moneda de la empresa SAPSA en Perthus.
b) Dicha solicitud dio lugar al correspondiente procedimiento de extradición que, tramitado con el número 19/89 ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 5, terminó por Auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 23 de febrero de 1990, en el que se denegaba la extradición del actor por razón de su nacionalidad española ya que, pese a haber adquirido con posterioridad la nacionalidad francesa, el órgano judicial entendió que no había causa legal para concluir que había perdido la española; todo ello sin perjuicio de que dicho país pudiera instar su enjuiciamiento por los Tribunales españoles, de conformidad con lo previsto en los arts. 23.2 y 4 g) y 65.3 LOPJ. Dicha resolución no fue objeto de recurso alguno.
c) El demandante de amparo fue detenido nuevamente en España el 11 de mayo de 2005 en virtud de una orden europea de detención, de fecha 19 de julio de 2004, emitida por la Fiscalía de Perpignan en relación con el mismo hecho delictivo, cometido el 4 de abril de 1988, por el que anteriormente había sido denegada por la Audiencia Nacional su extradición a Francia. Una vez puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción núm. 6, dicho órgano judicial inició el procedimiento de orden europea núm. 40-2005, celebrándose el día 12 de mayo de 2005 la preceptiva audiencia en cuyo marco el recurrente alegó: 1) la existencia de una previa extradición sobre los mismos hechos ya rechazada por motivos de fondo cual era la nacionalidad española del recurrente; 2) la imposibilidad de hacer una aplicación retroactiva de la Ley 3/2003 sobre la orden europea de detención y entrega a hechos anteriores a 1993; y 3) el incumplimiento del principio de reciprocidad toda vez que, con anterioridad a dicha fecha, regía entre los Estados requirente y requerido el Convenio europeo de extradición cuyo art. 6.1 había sido objeto de una reserva por parte de Francia en el sentido de declarar que no procedería a la extradición de sus nacionales para ser enjuiciados en otro país firmante del mencionado instrumento de cooperación internacional.
d) Por providencia de fecha 26 de mayo de 2005 se abocó al Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión sobre la presente solicitud de entrega, acordándose, por Auto de 14 de julio de 2005, acceder a la entrega del actor con la extensión derivada del contenido de la orden de detención y entrega y con la obligación de que se le abonase el tiempo de privación de libertad sufrida en la presente causa en el caso de condena.
3. Se aduce en la demanda que las resoluciones recurridas han vulnerado los derechos del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a un proceso con todas las garantías, respectivamente reconocidos en los apartados 1 y 2 del art. 24 CE.
a) En un primer bloque de alegaciones, en el que se entremezclan cuestiones relativas a los tres derechos fundamentales cuya vulneración se pretende cometida, se queja el recurrente de que en el procedimiento de entrega previsto en la Ley 3/2003 no existe la posibilidad de celebrar vista ante el órgano que resuelve, ya que si bien se contempla la posibilidad de audiencia ante el Juzgado Central de Instrucción, no se prevé la celebración de tal audiencia ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como órgano que debe pronunciarse sobre la procedencia de la extradición, existiendo además en este caso prueba documental que debería haber sido sometida a los principios de inmediación, contradicción, oralidad y publicidad tal y como exige la STC 167/2002, de 18 de septiembre, de manera que tales principios habrían sido asimismo conculcados. La falta de previsión legal del referido trámite de audiencia habría lesionado asimismo el derecho del actor a la defensa, ya que en el presente caso el recurrente fue oído por el Juzgado Central de Instrucción apenas 24 horas después de la detención, siendo entregado el expediente a su Abogado minutos antes de dicho trámite lo que habría impedido un correcto ejercicio de la misma. Por otra parte, se habría quebrado el principio de igualdad de armas, al haber contado el Ministerio Fiscal con un trámite procesal del que no gozó la defensa, cual fue la posibilidad de elevar informe a la Sala. Finalmente, se estima vulnerado el derecho a la doble instancia en materia penal por razón de que el art. 18 de la Ley 3/2003 no permite recurso alguno contra la decisión de entrega.
b) En un segundo grupo de alegaciones, se queja el recurrente de que la resolución impugnada ha vulnerado sus derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías por varias razones: 1) por haber conculcado el principio de cosa juzgada, al versar la solicitud de entrega contenida en la orden europea sobre los mismos hechos por los que ya había sido solicitada en 1989 su extradición a Francia, siendo entonces denegada por la Audiencia Nacional debido a su nacionalidad española; 2) por falta de motivación suficiente sobre la exigencia de reciprocidad, dado que no puede considerarse como tal el razonamiento expresado por la Sala en el sentido de que los hechos anteriores a 1993 se regían por otra normativa (CEEx) puesto que en ningún momento se habría tenido en cuenta por el órgano judicial que también en tal caso debía aplicarse el principio de reciprocidad a la vista de la reserva hecha por Francia al art. 6.1 CEEx respecto de la no entrega de sus nacionales; 3) por no haberse condicionado la entrega a la exigencia de revisión de la condena a pena de prisión por tiempo de veinte años impuesta al recurrente en su ausencia por Sentencia de la Sala de lo Criminal de los Pirineos Orientales de fecha 26 de octubre de 1998; 4) por falta de consideración y motivación acerca de su condición de nacional español, ya que ni se menciona en la resolución impugnada como posible causa de denegación de la extradición ni fue oído en ningún momento acerca de la posibilidad de denegarla para que el cumplimiento de la pena impuesta se hiciese efectivo en España; 5) por falta de motivación suficiente para rechazar la excepción de prescripción planteada, ya que el Auto impugnado niega tal posibilidad por entenderla limitada a aquellos supuestos en los que para el enjuiciamiento de los hechos hubiese sido competente la jurisdicción española, lo que afirma que no sucedía en este caso pese a que, en el Auto por el que anteriormente se había denegado la extradición en relación con esos mismos hechos, se había sostenido justamente lo contrario llegándose a declarar que tal denegación se acordaba sin perjuicio de que Francia pudiera solicitar su enjuiciamiento por los Tribunales españoles; y 6) por falta de motivación suficiente acerca de las razones por las que el Auto recurrido en amparo consideró aplicable, en forma retroactiva, la Ley 3/2003 al extender su campo de actuación a hechos cometidos con anterioridad a su entrada en vigor.
4. Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Segunda de fecha 9 de agosto de 2005 se acordó dirigir atenta comunicación a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que, a la mayor brevedad posible, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al rollo de Sala 63-2005, dimanante del expediente relativo a la orden de detención y entrega 40-2005 del Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional.
5. Por providencia de 12 de agosto de 2005, la Sección de Vacaciones del Tribunal Constitucional acordó conocer del presente recurso de amparo de conformidad con lo establecido en el art. 11.2 de su Ley Orgánica, así como, en aplicación de lo dispuesto en su art. 51, dirigir atenta comunicación al respecto a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a los efectos oportunos.
6. Por Auto de esa misma fecha, la Sección de Vacaciones acordó suspender con carácter provisional la ejecución del Auto recurrido y conceder a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal un plazo común de tres días para que en dicho término alegasen cuanto estimaran conveniente sobre la continuidad o no de dicha suspensión. Una vez evacuado el referido trámite de alegaciones, la Sala Segunda acordó, por Auto de fecha 10 de octubre de 2005, mantener la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada en amparo.
7. Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Segunda de fecha 20 de octubre de 2005 se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal por un plazo común de veinte días a fin de que dentro de dicho término formulasen cuantas alegaciones estimasen pertinentes, de conformidad con lo previsto en el art. 52.1 de la Ley Orgánica de este Tribunal.
8. El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha de 28 de noviembre de 2005, en el que concluía interesando el otorgamiento del amparo por entender efectivamente producida la vulneración del derecho del actor a un proceso con todas las garantías.
9. La representación del recurrente evacuó el trámite de alegaciones mediante escrito presentado en el Juzgado de guardia con fecha de 23 de noviembre de 2005 en el que, sustancialmente, reiteraba las ya formuladas en la demanda de amparo, añadiendo únicamente que, con fecha de 22 de septiembre de 2005, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo publicó un documento de trabajo sobre las repercusiones de la orden de detención europea en los derechos fundamentales.
10. Por providencia de 1 de junio de 2006, se acordó para deliberación y votación de esta Sentencia el día 6 del mismo mes y año.
1. El presente recurso de amparo se interpuso contra un Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por el que se acordó acceder a la entrega del demandante de amparo, de nacionalidad española, que había sido solicitada por las autoridades francesas —en virtud de la nueva normativa relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, surgida a raíz de la Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 2002— al efecto del cumplimiento de la pena de veinte años de prisión que le había sido impuesta en su ausencia por un Tribunal francés por razón de un hecho delictivo cometido en Francia en el año 1988.
2. El examen de los motivos de amparo aducidos en la demanda ha de comenzar por el de las distintas causas por las que el actor considera vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y, de entre ellas, por el de la argumentación esgrimida para fundamentar la invocada infracción del principio de cosa juzgada al constituir esta un prius lógico toda vez que, conforme ya afirmamos respecto de una queja similar en la STC 227/2001, de 26 de noviembre, FJ 3, su eventual apreciación supondría que los órganos judiciales no podrían volver a pronunciarse de nuevo en el mismo procedimiento sobre la solicitud de entrega formulada por Francia, lo que vendría a absorber el contenido del resto de las quejas formuladas.
3. Una vez expuestas las distintas posturas mantenidas respecto de la cuestión objeto de debate, procede recordar los puntos esenciales de la doctrina sentada por este Tribunal acerca de la eficacia de la cosa juzgada material tanto desde un punto de vista general, como en relación con resoluciones dictadas en el marco de un procedimiento extradicional.
a) que la única razón por la que en la primera de dichas resoluciones se denegó la extradición del recurrente a Francia fue su condición de nacional español, que el órgano judicial no consideró excluida por su posterior adquisición de la nacionalidad francesa.
b) que en el Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 14 de julio de 2005 no se discute que el recurrente sea nacional español, sino que el fundamento de la decisión de acceder a su entrega a Francia viene constituido por la estimación, por parte del órgano judicial, de que no puede apreciarse la excepción de cosa juzgada en relación con la anterior solicitud de extradición que había sido denegada “toda vez que tanto en el [Convenio europeo de extradición] como en el procedimiento regulado mediante la [orden europea de detención y entrega] nos encontramos ante procedimientos cuyo ámbito se desenvuelve estrictamente en la cooperación jurídica de carácter internacional como medio de auxilio judicial … sin que en ninguno de los aludidos procedimientos … se ventilen ningún tipo de responsabilidad derivada de la culpabilidad del sujeto, por lo que ningún acto de enjuiciamiento sobre su culpabilidad se produce, y por consiguiente, no puede decirse que alguien es juzgado, al ser sometido a un procedimiento de extradición y después a un procedimiento de [orden europea de detención y entrega], a juicios diferentes por el mismo hecho. En definitiva, las normas reguladoras del procedimiento de extradición y de la orden europea de extradición son normas procedimentales o instrumentales, que se han sucedido en el tiempo para lograr una más eficaz colaboración internacional en el ámbito jurídico”.
4. No puede, en efecto, dejar de destacarse en este momento una cuestión fáctica que aparece muy confusa en las actuaciones, cual es la de determinar si, más allá de la identidad del hecho delictivo atribuido al demandante de amparo (que no se discute), la actual solicitud de entrega fue presentada al efecto del cumplimiento de una pena ya impuesta en Francia por el referido hecho o para proceder a su enjuiciamiento. Esta circunstancia resulta determinante para poder concluir la eventual relevancia constitucional de este motivo de amparo, toda vez que, siendo indudable e incontrovertido que la extradición solicitada en 1989 tenía como objeto la reclamación del recurrente para ser enjuiciado por tal hecho, el que la presente orden europea de detención y entrega tuviera como objeto el cumplimiento de la pena impuesta posteriormente por ese mismo hecho impediría apreciar, como ya declaró este Tribunal en la STC 156/2002, de 23 de julio, la excepción de cosa juzgada toda vez que habría existido una mutación en la causa de pedir. El problema que se nos plantea es que, a pesar de ser esta una cuestión de naturaleza meramente fáctica, no resulta sencillo alcanzar una absoluta certeza sobre el particular incluso a la vista de la totalidad de las actuaciones.
5. Una vez descartada la anterior vía argumental como fundamento de la existencia de una pretendida vulneración del derecho del actor a la tutela judicial efectiva por parte del Auto recurrido, queda despejado el camino para examinar, como una nueva manifestación de esa misma pretensión, las alegaciones desarrolladas en la demanda acerca de la insuficiente ponderación realizada por el órgano judicial en relación con la exigencia de reciprocidad, establecida en el art. 13.3 CE, en este concreto supuesto de entrega a Francia de un nacional español por razón de un hecho delictivo cometido en este último país con anterioridad al 1 de noviembre de 1993.
6. Por lo demás, en sí misma la omisión de toda referencia al principio de reciprocidad por el Auto recurrido tampoco constituye un motivo que conduzca a la estimación del amparo ya que, como recordábamos recientemente en relación con un caso similar, la previsión de que la extradición se conceda “atendiendo al principio de reciprocidad (art. 13.3 CE) ha sido interpretada por este Tribunal ... como una garantía de protección de determinados bienes jurídicos protegidos por el Derecho español y, muy en particular, de los derechos del ciudadano sujeto a la entrega, por lo que, en consecuencia, sólo en caso de un posible menoscabo de esos derechos el principio de reciprocidad habría de ser activado como causa vinculante de denegación” ya que, “no estableciendo el art. 13.3 CE derechos susceptibles de ser objeto de protección directa a través del recurso de amparo, la decisión de en qué grado haya de atenderse la reciprocidad en la decisión de entrega es una cuestión que cae del lado de la legalidad ordinaria, la cual, por tanto, y salvo que la desatención de la reciprocidad comprometa la salvaguarda de derechos fundamentales del reclamado, o bien que su aplicación venga presidida por una motivación manifiestamente irrazonable o de todo punto arbitraria, queda extramuros de nuestra competencia” (STC 30/2006, de 30 de enero, FJ 7).
7. En otro orden de cosas, el actor considera vulnerados sus derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías por razón: 1) de la insuficiente motivación esgrimida en relación con la excepción de prescripción planteada por el demandante; y 2) del silencio que guarda el Auto recurrido en relación con el condicionamiento de la entrega a la exigencia de revisión de la Sentencia condenatoria dictada en su ausencia.
a) Por lo que se refiere a la primera de estas dos quejas, procede inicialmente señalar que el art. 12.2 i) de la Ley 3/2003 dispone que “la autoridad judicial de ejecución española podrá denegar la ejecución de la orden europea ... cuando conforme a la legislación española el delito en que se funda la orden o la pena impuesta hubieran prescrito, si respecto de los hechos delictivos hubieran sido competentes para su persecución los tribunales españoles”. En dicho precepto se basó el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para fundamentar su conclusión de que no era procedente denegar la entrega del demandante de amparo no ya porque entendiera que el hecho delictivo determinante de la misma no hubiera prescrito conforme a la legislación española —lo que no se llegó a someter a examen— sino, simplemente, porque no concurría la condición de que para la persecución del mismo hubiesen sido competentes los Tribunales españoles, dado que el hecho en cuestión se había cometido en territorio francés.
b) En cuanto a la segunda de las quejas más arriba enunciadas, considera el Ministerio Fiscal que procede su estimación dado que, de conformidad con la doctrina establecida por este Tribunal a partir de la STC 91/2000, de 30 de marzo, la omisión por parte del Auto recurrido de toda alusión al condicionamiento de la entrega a que el Estado requirente haya de ofrecer al reclamado la posibilidad de revisión de la Sentencia condenatoria dictada en su ausencia constituye una vulneración de las exigencias dimanantes del derecho a un proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 CE.
8. Dos quejas más formula el demandante de amparo en relación con la pretendida vulneración por el Auto recurrido de sus derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: la primera se refiere a la falta de motivación suficiente y arbitrariedad de la aplicación retroactiva de la Ley 3/2003, de 14 de marzo; la segunda, a la falta de consideración de su condición de nacional español, ya que la misma no se menciona en la resolución impugnada como posible causa de denegación de la extradición ni fue oído en ningún momento acerca de la posibilidad de denegarla para que el cumplimiento de la pena impuesta se hiciese efectivo en España.
a) La primera de dichas quejas se basa en la consideración de que la disposición transitoria segunda de dicha Ley, en cuyo segundo apartado se establece que “los procedimientos de extradición que se encuentren en curso en el momento de la entrada en vigor de la presente ley seguirán tramitándose como tales hasta su conclusión”, constituía en este caso un obstáculo para la aplicación de la Ley 3/2003 dado que, según dicho precepto, la solicitud de entrega cursada a través de la orden europea de detención y entrega debió ser resuelta de conformidad con la normativa precedente al encontrarse en curso un procedimiento de extradición anterior. La realidad, sin embargo, contradice esta opinión puesto que, como sostiene el Ministerio Fiscal, el primer procedimiento extradicional seguido contra el recurrente estaba ya concluso por decisión firme, al no haber sido recurrido el Auto de 23 de febrero de 1990. De manera que, frente a lo que mantiene el recurrente, la orden europea de detención y entrega no supuso una continuación de dicho procedimiento sino que inauguró un procedimiento distinto que, como tal, se regía por la normativa contenida en la Ley 3/2003. En consecuencia, ningún reproche cabe dirigir al Auto recurrido por haber aplicado motivadamente dicha normativa, ya que a ello venía autorizado por el primer apartado de la citada disposición transitoria segunda a cuyo tenor: “la presente Ley será aplicable a las órdenes europeas de detención y entrega que se emitan con posterioridad a su entrada en vigor, aun cuando se refieran a hechos anteriores a la misma”.
b) Mayor enjundia presenta la segunda de las quejas anteriormente enunciadas, a la vista de que el art. 12.2 de la Ley 3/2003 establece que “la autoridad judicial de ejecución española podrá denegar la ejecución de la orden europea en los casos siguientes … f) Cuando la orden europea se haya dictado a efectos de ejecución de una pena o medida de seguridad privativas de libertad, siendo la persona reclamada de nacionalidad española, salvo que consienta en cumplir la misma en el Estado de emisión. En otro caso, deberá cumplir la pena en España”. Contrasta en dicho precepto el empleo de la forma verbal “podrá” en relación con la denegación de la ejecución de la orden europea de detención y entrega en los casos tasados que a continuación se reseñan, lo que equivale a una decisión judicial facultativa, con la utilización de la forma verbal “deberá”, de naturaleza imperativa, en relación con el cumplimiento en España de la pena impuesta en otro país a un nacional español cuando este no haya consentido cumplirla en el país impositor. La conciliación de estos dos contrarios puede, sin embargo, conseguirse entendiendo que cabe o no denegar la entrega de un nacional español para cumplir condena en otro país pero que, si se accede a ella, únicamente podrá cumplirse en dicho país si así lo consiente el penado. En cualquier caso, nada de ello se dice en el Auto recurrido, no obstante haber manifestado el actor su oposición a ser entregado a Francia para cumplir allí la pena impuesta por un Tribunal francés. Ha de darse, pues, la razón al recurrente cuando reprocha al órgano judicial la falta de consideración de tales extremos que, en definitiva, revierte en una falta de tutela judicial a un nacional español al haberse decidido su entrega a Francia sin tener en cuenta que, siendo la finalidad de la misma la de cumplir condena, era obligado oírle al efecto de que prestase para ello el debido consentimiento.
9. Conviene finalmente señalar que no cabe reprochar al Auto impugnado las vulneraciones de los derechos del actor a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a un proceso con todas las garantías por las razones expuestas en el primer bloque de alegaciones. En primer lugar porque, por lo que se refiere a la pretendida vulneración de su derecho a la defensa que se afirma cometida por haberse entregado el expediente a su Abogado defensor instantes antes de celebrarse la audiencia prevista en el art. 14 de la Ley 3/2003, ha quedado acreditado en las actuaciones —concretamente en el acta de la vista— que la representación del recurrente no sólo no alegó nada en su debido momento respecto de ello, sino que tampoco solicitó un aplazamiento, lo que podía haber hecho si consideraba que el tiempo dado para el análisis de las actuaciones le impedía la correcta defensa de los intereses de su cliente. En segundo lugar porque, no siendo el procedimiento extradicional equiparable al procedimiento penal, según ha reiterado este Tribunal en distintas ocasiones (por todas: STC 292/2005, de 10 de noviembre, FJ 3), dado que en él “no se decide acerca de la hipotética culpabilidad o inocencia del sujeto reclamado ni se realiza pronunciamiento condenatorio sino simplemente se verifica el cumplimiento de los requisitos y garantías previstos en las normas para acordar la entrega del sujeto afectado”, obviamente no puede extrapolarse al mismo la doctrina sentada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre, ni el derecho a un recurso ante un Tribunal superior o derecho a la doble instancia que rige exclusivamente en el proceso penal. En tercer lugar, porque ninguna vulneración de los indicados derechos puede entenderse producida por el hecho de que el recurrente únicamente fuera oído por el Juzgado Central de Instrucción ya que, frente a lo que se mantiene en la demanda, ningún defecto de transposición de lo establecido en la Decisión Marco del Consejo cabe entender producida por la previsión contenida a este respecto en el art. 14 de la Ley 3/2003 en la medida en que, de una parte, el art. 14 de dicha Decisión Marco establece únicamente que toda persona detenida tiene derecho a ser oída por la autoridad de ejecución “de conformidad con el derecho interno del Estado miembro de ejecución”, y en que, de otra parte, de conformidad con la definición que da el art. 2.2 de la Ley 3/2003 de lo que ha de entenderse en España por “autoridad judicial de ejecución”, no cabe duda alguna de que tal condición es compartida en nuestro país por los Juzgados Centrales de Instrucción y por la Audiencia Nacional. Y en cuarto y último lugar porque no se ha producido ninguna quiebra del principio de igualdad de armas por el hecho de que el Ministerio Fiscal, a diferencia de la defensa, hubiese tenido la posibilidad de elevar un informe a la Sala ya que dicho informe no versaba sobre el fondo del asunto sino que tenía por objeto solicitar que, dadas las cuestiones planteadas por el recurrente, conociera del mismo el Pleno de la Sala de lo Penal, lo que no ocasionó al actor situación de indefensión alguna.
Otorgar el amparo solicitado por don Antonio Conesa Palomeras y, en consecuencia:
1º Reconocer que han sido vulnerados sus derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a un proceso con todas las garantías (art. 24.1 y 2 CE).
2º Restablecerlo en la integridad de sus derechos y, a tal efecto, anular el Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de fecha 14 de julio de 2005, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse dicha resolución a fin de que por el mencionado órgano judicial se dicte otra que sea respetuosa de los derechos fundamentales a que se hace referencia en los fundamentos jurídicos 7, apartado 2, y 8, apartado 2.
Type and record number Recurso de amparo 5933-2005
Promovido por don Antonio Conesa Palomeras frente al Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordó su entrega a Francia en virtud de orden europea para cumplir condena por delito de robo a mano armada.
Vulneración parcial de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con garantías: entrega de nacional español, en virtud de euroorden, fundada en normas transitorias (STC 30/2006), después de haber denegado una previa solicitud de extradición (STC 156/2002), y con garantías distintas a las del proceso penal; alcance del principio de reciprocidad (STC 87/2000); prescripción de delito denegada con motivación; entrega para cumplir pena de prisión impuesta en juicio celebrado en ausencia del acusado, sin posibilidad de impugnación ulterior (STC 91/2000), y sin previa audiencia.
La condición de que la autoridad emisora dé garantías para asegurar a la persona que tendrá la posibilidad de pedir un nuevo proceso que salvaguarde los derechos de defensa en el Estado miembro emisor, debió ser expresamente formulada por el Auto recurrido relativo a la entrega del demandante a Francia y, al no haberlo hecho así, dicha resolución vulneró el derecho a un proceso con todas las garantías (SSTC 91/2000, 183/2004) [FJ 7].
Subsiste una falta de tutela judicial a un nacional español al haberse decidido su entrega a Francia sin tener en cuenta que, siendo la finalidad de la misma la de cumplir condena, era obligado oírle al efecto de que prestase para ello el debido consentimiento [FJ 8].
La orden europea de detención y entrega no supuso la continuación de un procedimiento extradicional ya concluso por decisión firme, sino que inauguró un procedimiento distinto que, como tal, se regía por la normativa contenida en la Ley 3/2003, por lo que ningún reproche cabe dirigir al Auto recurrido por haber aplicado motivadamente dicha normativa, con interpretación que no puede ser tildada de arbitraria o irrazonable, sino que resulta plenamente ajustada al tenor literal de la ley [FJ 8].
El hecho de que una euroorden pueda traer por causa hechos delictivos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/2003 no significa que ésta se aplique retroactivamente sobre esos hechos, que vendría vedado por el principio de irretroactividad de las normas penales caso de ser menos favorable la normativa en ella contenida, pues no se trata de una Ley penal que introduzca variaciones respecto de los mismos o de sus sanciones sino de una Ley procesal exclusivamente referida a un instrumento que facilita el enjuiciamiento y eventual condena de su autor [FJ 8].
No cabe reprochar al Auto impugnado la vulneración del derecho a la defensa que se afirma cometida por haberse entregado el expediente al Abogado defensor instantes antes de celebrarse la audiencia prevista en el art. 14 de la Ley 3/2003, porque ha quedado acreditado que la representación del recurrente no sólo no alegó nada en su debido momento respecto de ello, sino que tampoco solicitó un aplazamiento [FJ 9].
No se ha producido quiebra del principio de igualdad de armas por el hecho de que el Ministerio Fiscal, a diferencia de la defensa, hubiese tenido la posibilidad de elevar un informe a la Sala, ya que dicho informe no versaba sobre el fondo del asunto sino que tenía por objeto solicitar que conociera del mismo el Pleno de la Sala de lo Penal [FJ 9].
El principio de reciprocidad no se proyecta sobre un aspecto que pudiera involucrar a derechos fundamentales, toda vez que la extradición de nacionales en el ámbito de los países firmantes del Convenio de Roma no puede suscitar sospechas genéricas de infracción de los deberes estatales de garantía y protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos, dado que se trata de países que han adquirido un compromiso específico de respeto de los derechos humanos y que se han sometido voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (SSTC 87/2000, 30/2006) [FJ 6].
En tanto que Francia ha hecho uso de la posibilidad de salirse del sistema comunitario en relación con hechos anteriores a una determinada fecha, al haber omitido España hacer lo propio, permanece dentro del sistema y, por consiguiente, ha de atender la solicitud de entrega cursada por Francia aun a sabiendas de que este último país no procedería a entregar a sus nacionales en esas mismas circunstancias, pues la permanencia en el sistema de la orden europea de detención y entrega excluye toda posibilidad de reclamar una reciprocidad a la que se ha renunciado voluntariamente [FJ 5].
Si bien en el Auto impugnado no se aclara si la entrega solicitada lo era a efectos de enjuiciamiento o de cumplimiento de condena, la conclusión de que la orden europea de detención fue dictada al efecto de que el demandante de amparo cumpliese la pena que le había sido impuesta en su ausencia por Sentencia firme y ejecutoria del Tribunal de Asuntos Criminales de los Pirineos Orientales, parece la única posible (STC 160/2002) [FJ 4].
En atención a la propia naturaleza del proceso extradicional, las resoluciones que resuelven los procedimientos de extradición no producen el efecto de cosa juzgada y, por lo tanto, pueden ser sustituidas por otras en determinados supuestos (SSTC 156/2002, 83/2006) [FJ 3].
Doctrina sobre el derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto derecho que protege y garantiza la eficacia de la cosa juzgada material (SSTC 163/2003, 49/2004) [FJ 3].
Artículo 13.3, ff. 2, 5, 6
Artículo 12.2 i), f. 7
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 30 de septiembre de 2003 (Colegio de Oficiales de la Marina Mercante española, asunto C-405/01)
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 30 de junio de 2005 (Tod´s France c. Heyraud S.A., asunto C-28/04)
Derecho a ser oídoDerecho a ser oído, f. 8
Motivación suficiente de resoluciones judicialesMotivación suficiente de resoluciones judiciales, f. 7
Principios constitucionalesPrincipios constitucionales, ff. 5, 6
Interpretación razonable de normas procesalesInterpretación razonable de normas procesales, f. 8
Entrega del reclamado al Estado emisorEntrega del reclamado al Estado emisor, ff. 7, 9
ExtradiciónExtradición, f. 3
Orden europea de detención y entregaOrden europea de detención y entrega, ff. 4, 5, 7 a 9
Principio de reciprocidadPrincipio de reciprocidad, ff. 5, 6

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 13

Artículo 12