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Timestamp: 2020-02-26 13:59:11+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 72-5, de 12/11/2014
cve: BOCG-10-A-72-5
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas del Senado al Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, acompañadas de mensaje motivado.
Como consecuencia de la aprobación de las enmiendas núms. 6 (GP. Mixto) y 41 (GP. Entesa pel Progrés de Catalunya) se modifica la definición del término "objeción a una reserva" precisando la misma de conformidad con el Derecho y la práctica internacionales.
Como consecuencia de la aprobación de las enmiendas núms. 75 (GP. Entesa pel Progrés de Catalunya) y 133 (GP. Socialista) se modifica la definición del término "denuncia" para evitar la confusión entre denuncia y terminación de un Tratado.
Como consecuencia de la aprobación de una enmienda transaccional sobre la base de las enmiendas núms. 77 (GP. Entesa pel Progrés de Catalunya) y 134 (GP. Socialista) se suprime por innecesaria la referencia a que las competencias del Consejo de Ministros se entienden sin perjuicio de las atribuidas por el ordenamiento jurídico a otros poderes y órganos de la Administración y se modifica el tiempo de los verbos con que se inicia la redacción de cada una de las letras en que se divide el precepto.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 169 (GP. Popular en el Senado) se modifica la redacción por razones de mejora técnica.
Como consecuencia de la aprobación de las enmiendas núms. 78 (GP. Entesa pel Progrés de Catalunya) y 135 (GP. Socialista) se modifica la redacción de esta letra d) para precisar con mayor corrección la referencia a lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución.
Como consecuencia de la aprobación de las enmiendas núms. 80 (GP. Entesa pel Progrés de Catalunya) y 137 (GP. Socialista) se añade una nueva letra d) bis para precisar con mayor corrección la referencia a lo dispuesto en el artículo 94.1 de la Constitución.
Como consecuencia de la aprobación de una enmienda transaccional sobre la base de las enmiendas núms. 81 (GP. Entesa pel Progrés de Catalunya) y 138 (GP. Socialista) se añade una nueva letra d) ter para precisar con mayor corrección la referencia a lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Constitución.
Artículo 3 e)
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 170 (GP. Popular en el Senado), se añade al final "y en su caso, las reservas que pretenda formular" por razones de mejora técnica.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 171 (GP. Popular en el Senado) se sustituye en término "establecer" por "celebrar" por razones de mejora técnica.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 172 (GP. Popular en el Senado) se modifica la redacción del segundo párrafo por coherencia con las competencias que el artículo 5.e) atribuye a los departamentos ministeriales.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 173 (GP. Popular en el Senado) se sustituye el término "prestación" por "manifestación" por razones de mejora técnica.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 174 (GP. Popular en el Senado) se añade un nuevo apartado a este artículo 17 por razones de claridad y precisión técnica.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 175 (GP. Popular en el Senado) se modifica la rúbrica del precepto por razones de mejora técnica.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 176 (GP. Popular en el Senado) se modifica la redacción por razones de mejora técnica.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 177 (GP. Popular en el Senado) se sustituye la referencia a "las partes contratantes" por "las otras partes contratantes" por razones de mejora técnica.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 178 (GP. Popular en el Senado) se modifica la redacción por razones de mejora técnica.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 179 (GP. Popular en el Senado) se modifica la redacción por razones de mejora técnica.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 180 (GP. Popular en el Senado) se cita correctamente la Ley a que se remite el precepto.
Como consecuencia de la aprobación de las enmiendas núms. 94 (GP. Entesa pel Progrés de Catalunya), 151 (GP. Socialista) y 181 (GP. Popular en el Senado) se suprime este artículo por razón de su redacción imprecisa y amplia que podría plantear problemas de inseguridad jurídica. Además, en coherencia con esta supresión, se procede a renumerar el resto de los artículos del Proyecto de Ley.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 182 (GP. Popular en el Senado) se modifica la redacción por razones de mejora técnica.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda núm. 183 (GP. Popular en el Senado) se cita correctamente la Ley a que se remite el precepto.
Como consecuencia de la aprobación de las enmiendas núms. 98 (GP. Entesa pel Progrés de Catalunya) y 155 (GP. Socialista) se añade un nuevo apartado por razones de coherencia con las competencias de autorización de los Tratados que corresponden a las Cortes Generales.
Sin embargo, con el paso del tiempo el Decreto 801/1972, de 24 de marzo, ha quedado obsoleto tanto por el notable desarrollo experimentado por el Derecho Internacional a lo largo de las últimas cuatro décadas, como por los profundos cambios políticos y constitucionales vividos por España desde 1972. Ello hace de todo punto necesario reemplazar el Decreto por una nueva regulación que, de forma sistemática y actualizada, regule la actividad del Estado en
materia de tratados internacionales y otros acuerdos internacionales. Esta necesidad se ha subrayado tanto por las propias administraciones públicas, como por los ámbitos académico y doctrinal.
En segundo término, hay que tener presente que la práctica en materia convencional se ha ido haciendo cada vez más intensa, compleja y fértil sobre la base del principio de autonomía de la voluntad, lo cual ha dado origen a nuevas formas de acuerdos y nuevos problemas de aplicación. En este sentido, el Derecho interno de un Estado puede establecer la distinción entre tratados y otros tipos de acuerdos internacionales, posibilidad que contemplan expresamente las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 en sus respectivos artículos 2.2. Así, en relación con las nuevas formas de acuerdos, cabe citar los acuerdos de ejecución de tratados internacionales, normalmente denominados en la práctica española "acuerdos internacionales administrativos" y la celebración de acuerdos internacionales no normativos, frecuentemente denominados Memorandos de Entendimiento o identificados mediante las siglas MOU derivadas de la denominación inglesa Memoranda of Understanding que instrumentan la asunción de compromisos políticos. Ahora bien, ello no impide en modo alguno que coexistan categorías diferentes a las tres reguladas por esta Ley que se rigen, todas ellas, por el Derecho interno de los Estados.
Asimismo, el diseño territorial del Estado realizado tras la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 ha significado el reconocimiento a las Comunidades Autónomas, a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía, de relevantes competencias en materia de acción exterior. De esta forma, como consecuencia de lo previsto en el apartado tercero del artículo 149.1 de la Constitución Española, el Estado posee una competencia de carácter exclusivo en materia de relaciones internacionales que, con base en una asentada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, incluye en su núcleo duro precisamente la capacidad de celebrar tratados internacionales, el llamado ius ad tractatum. No obstante, las Comunidades Autónomas tienen competencia para desplegar ciertas actividades de acción exterior entre las que cabe, por ejemplo, la celebración de acuerdos internacionales no normativos. También disponen de competencia para celebrar acuerdos internacionales administrativos, en concreción o ejecución de un tratado. Gozan, además, de competencias en otros aspectos de la acción exterior que también tienen consecuencias en la propia política exterior del Estado en materia de celebración de tratados internacionales y que deben ser objeto de regulación para garantizar su adecuada inserción dentro de la competencia exclusiva del Estado derivada de los artículos 97 y 149.1.3
Este escenario exige una actualización del instrumento jurídico que regula la ordenación de la actividad del Estado en materia de tratados internacionales y otros acuerdos internacionales y aconseja un rango legal para atender lo que ya fueron recomendaciones del Consejo de Estado. En este sentido, cuando en su momento se estaba preparando el Decreto 801/1972, de 24 de marzo, el Consejo de Estado llamó la atención sobre el hecho de que "el interés público y la seguridad jurídica aconsejan que se dicte una disposición de rango legal" en sus dictámenes núms. 37.248 y 37.068, de 19 de noviembre de 1971. De igual modo, una
vez en vigor la Constitución Española de 1978, el Consejo de Estado volvió a pronunciarse en el mismo sentido con ocasión del informe que emitió a propósito del anteproyecto de ley de tratados que se preparó en 1985, si bien no llegó a remitirse a las Cortes Generales, en su dictamen núm. 47.392, de 21 de febrero de 1985. Ello obedece, entre otros aspectos, a que "la materia afecta a las relaciones entre órganos constitucionales y asimismo entre los ordenamientos jurídicos nacional e internacional, regula la producción y aplicación de normas jurídicas convencionales (Constitución Española, artículo 96) y, finalmente, porque el artículo 63.2 de la Constitución Española establece en realidad una reserva de ley". En efecto, esta disposición establece que "al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución Española y las leyes".
Así las cosas, el contenido de esta Ley de tratados y otros acuerdos internacionales se articula en torno a cinco grandes títulos. El punto de partida lo configuran las disposiciones generales del título I que precisan el alcance material de la Ley e incluyen definiciones de los principales conceptos manejados en la Ley. A continuación, como núcleo fundamental de la misma, se regula en el título II todo lo relativo a la competencia para la celebración y la celebración misma de los tratados internacionales, diferenciando, de la misma forma que hace el Convenio de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados, entre la representación internacional de España, el proceso de celebración, la publicación y registro, la ejecución y observancia y la enmienda, suspensión y denuncia. A partir de ahí, la Ley dedica los dos títulos siguientes a la regulación de dos importantes modalidades de acuerdos internacionales de relevancia creciente en la práctica internacional que, sin embargo, no gozan de la naturaleza de los tratados internacionales, a saber, los acuerdos internacionales administrativos, título III, y los acuerdos internacionales no normativos, título IV. Ambas modalidades precisan una regulación de los aspectos propios de su naturaleza, calificación, tramitación y, según los casos, publicación o registro administrativo. Por último, en razón de la naturaleza de nuestro Estado autonómico y las competencias asumidas en materia de acción exterior por las Comunidades Autónomas a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía, la Ley presta particular atención a la participación de estas Comunidades Autónomas, título V, tanto en la celebración de tratados internacionales
como de acuerdos administrativos y acuerdos no normativos. Finalmente, la Ley se cierra con las correspondientes disposiciones adicionales, derogatoria y finales.
a) "tratado internacional": acuerdo celebrado por escrito entre España y otro u otros sujetos de Derecho Internacional, y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación
b) "acuerdo internacional administrativo": acuerdo de carácter internacional no constitutivo de tratado que se celebra por órganos, organismos o entes de un sujeto de Derecho Internacional competentes por razón de la materia, cuya celebración está prevista en el tratado que ejecuta o concreta, cuyo contenido habitual es de naturaleza técnica cualquiera que sea su denominación y que se rige por el Derecho Internacional. No constituye acuerdo internacional administrativo el celebrado por esos mismos órganos, organismos o entes cuando se rige por un ordenamiento jurídico interno.
c) "acuerdo internacional no normativo": acuerdo de carácter internacional no constitutivo de tratado ni de acuerdo internacional administrativo que se celebra por el Estado, el Gobierno, los órganos, organismos y entes de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, las Entidades Locales, las Universidades públicas y cualesquiera otros sujetos de derecho público con competencia para ello, que contiene declaraciones de intenciones o establece compromisos de actuación de contenido político, técnico o logístico, y no constituye fuente
de obligaciones internacionales ni se rige por el Derecho Internacional.
s) "objeción a una reserva": acto por el que España realiza una declaración unilateral para objetar a la reserva formulada previamente por otro sujeto de Derecho Internacional.
u) "denuncia": acto por el que España hace constar su consentimiento para terminar un tratado internacional o retirarse de él.
El Consejo de Ministros, sin perjuicio de las competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico a los poderes del Estado y a otros órganos de la Administración:;Corresponderá al Consejo de Ministros:
2. Los tratados internacionales de carácter bilateral suscritos por España estarán siempre
redactados en español y así se hará constar en ellos, sin perjuicio de que también puedan estarlo en otra u otras lenguas españolas que sean cooficiales en una Comunidad Autónoma o en lenguas extranjeras.
3. En el supuesto de que se trate de un tratado internacional comprendido en alguno de los supuestos del artículo 94.1 de la Constitución Española, si las Cortes Generales no concedieran la preceptiva autorización para la conclusión de dicho tratado, el Ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación notificará de inmediato a los otros contratantes, entre los que el tratado se aplica provisionalmente, la intención de España de no llegar a ser parte en el mismo, terminando en ese momento su aplicación provisional.
2. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, visto el informe de la Asesoría Jurídica Internacional acerca de la tramitación del tratado y en coordinación con el ministerio competente por razón de la materia objeto del tratado, elevará al Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, la consulta acerca de la necesidad de autorización de las Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento en obligarse por un tratado. Asimismo, le
corresponderá proponer al Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo de Estado, el envío del tratado a las Cortes Generales con ese fin.
1. La publicación de un tratado internacional en el Boletín Oficial del Estado incluirá el texto íntegro del tratado junto a cualesquiera instrumentos y
documentos anejos o complementarios, así como los actos unilaterales dependientes del tratado. Además, se publicará la fecha de entrada en vigor del tratado y, en su caso, la de aplicación provisional y su terminación.
1. La retirada de las reservas, así como de las declaraciones u objeciones que España haya formulado requerirá la autorización del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Asuntos
Artículo 34. SUPRIMIDO.
Exteriores y de Cooperación. Asimismo, el Consejo de Ministros tomará conocimiento y, en su caso, aceptará la retirada de reservas y declaraciones formuladas por otras partes.
Artículo 37. Enmienda.;Artículo 36 (antes 37). Enmienda.
2. Cuando el tratado internacional prevea un procedimiento de enmienda que no requiera la conclusión de un nuevo tratado internacional se seguirá
en el Derecho interno español alguno de los siguientes procedimientos:
1. Los acuerdos internacionales administrativos no exigirán la tramitación prevista en el título II
Artículo 39 (antes 40). Informe.
de esta Ley. Los signatarios tendrán autonomía para decidir el procedimiento que habrá de respetar, en todo caso, lo establecido en el tratado que le dé cobertura.
El Gobierno, los departamentos ministeriales, los órganos, organismos y entes de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Ciudades de Ceuta y Melilla, las Entidades Locales, las Universidades públicas y cualesquiera otros sujetos de derecho público con competencia para ello, podrán establecer acuerdos internacionales
no normativos con órganos, organismos, entes, Administraciones y personificaciones de otros sujetos de Derecho Internacional en el ejercicio de sus respectivas competencias.
1. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán solicitar al Gobierno formar parte de la delegación española que negocie un tratado internacional que tenga por objeto materias de su competencia o interés específico o
por afectar de manera especial a su respectivo ámbito territorial.
1. Las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos internacionales no normativos en las materias que sean propias de su competencia. Asimismo, cuando tengan por ámbito materias propias
de su competencia podrán celebrarlos las Ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades Locales.
De conformidad con el artículo 135 de la Constitución Española y, en particular, con lo establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, todos los tratados internacionales, acuerdos internacionales administrativos y no normativos que vayan a celebrarse deberán supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. A tal fin, en
el expediente relativo a aquellos tratados o acuerdos que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública deberá constar la valoración de sus repercusiones y efectos sobre los gastos e ingresos públicos, presentes y futuros, y acreditar, en su caso, la existencia de financiación presupuestaria adecuada y suficiente para atender los compromisos que se derivan de los mismos.
Las instituciones competentes del País Vasco participarán en la delegación española que negocie un tratado internacional que tenga por ámbito derechos históricos tanto si su actualización general ha
sido llevada a cabo por el Estatuto de Autonomía como en aquellos otros casos cuya actualización singular lo haya sido por el legislador ordinario en el marco de la disposición adicional primera de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación adoptará las medidas pertinentes para la puesta en marcha y llevanza del registro administrativo de los acuerdos internacionales no normativos cuya publicidad se regirá por las disposiciones
reguladoras de la publicidad de los registros administrativos.

References: artículo 97
 artículo 93
 artículo 94
 artículo 94

Artículo 3
 artículo 5
 artículo 17
 artículo 149
 artículo 96
 artículo 63
 artículo 94
 artículo 22

Artículo 34

Artículo 37

Artículo 39
 artículo 135
 artículo 7