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Timestamp: 2018-10-21 09:17:06+00:00

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Cooperación procesal internacional en el ámbito de la Unión Europea (L 23/2014) - Blog Jurídico | Lefebvre – El Derecho
Cooperación procesal internacional en el ámbito de la Unión Europea (L 23/2014)
La regulación del reconocimiento de resoluciones penales en la Unión Europea se configura como un instrumento integrador que, además de dar cumplimiento a las normativas comunitarias, tienen por objeto dar efectividad al compromiso de mejora de la cooperación judicial penal en la Unión Europea y la lucha contra la criminalidad, garantizando la seguridad y los derechos de los ciudadanos como fin irrenunciable del Estado.
La L 23/2014, se presenta como un texto conjunto en el que se reúnen todas las decisiones marco y la directiva aprobadas hasta hoy en materia de reconocimiento mutuo de resoluciones penales.
Para ello prevé que las autoridades judiciales españolas que dicten una orden o resolución judicial puedan transmitirla a otro Estado miembro para su reconocimiento y ejecución. En virtud del reconocimiento mutuo de resoluciones penales, las autoridades judiciales españolas competentes deben reconocer y ejecutar en España las órdenes europeas y resoluciones penales cuando hayan sido transmitidas correctamente por la autoridad competente de otro Estado miembro y no concurra ningún motivo tasado de denegación del reconocimiento o la ejecución (L 23/2014 art.1).
Son instrumentos de reconocimiento mutuo las órdenes europeas o resoluciones emitidas por la autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea transmitidas a otro Estado miembro para su reconocimiento y ejecución en el mismo.
En concreto deben citarse (L 23/2014 art.2):
a) Orden europea de detención y entrega (nº 2180 s. Memento Procesal Penal 2015).
b) La resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad (nº 3585.1 Memento Procesal Penal 2015).
c) La resolución de libertad vigilada (nº 3585.10 Memento Procesal Penal 2015).
d) La resolución sobre medidas de vigilancia de la libertad provisional (nº 2230 s. Memento Procesal Penal 2015).
e) La orden europea de protección (nº 2277 Memento Procesal Penal 2015).
f) La resolución de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas (nº 2340 s. Memento Procesal Penal 2015).
g) La resolución de decomiso (nº 2250 s., nº 3550, nº 3590 s. Memento Procesal Penal 2015).
h) La resolución por la que se imponen sanciones pecuniarias 8nº 3540 s. Memento Procesal Penal 2015).
i) El exhorto europeo de obtención de pruebas (nº 1895 s. Memento Procesal Penal 2015).
1) Los órganos jurisdiccionales que transmitan o ejecuten los instrumentos de reconocimiento mutuo deben reflejarlo en los boletines estadísticos trimestrales y remitirlos al Ministerio de Justicia. Igualmente, la Fiscalía General del Estado debe remitir semestralmente al Ministerio de Justicia un listado de los instrumentos de reconocimiento mutuo emitidos o ejecutados por representantes del Ministerio Público.
2) El concreto régimen de reconocimiento de cada uno de los instrumentos se analiza allí donde corresponde por razón sistemática. En el nº 192 s. Memento Procesal Penal 2015 se expone el tratamiento de las cuestiones comunes a todos ellos.
3) En relación al régimen transitorio, la L 23/2014 se aplica a las resoluciones que se transmitan por las autoridades competentes españolas o que se reciban por esas autoridades con posterioridad a su entrada en vigor (11–12–2014), con independencia de que hubieran sido dictadas con anterioridad o de que se refieran a hechos anteriores a la misma.
Las resoluciones cuya solicitud de reconocimiento y ejecución hubiera sido transmitida por las autoridades judiciales españolas o que se hubieran recibido por esas autoridades en el momento de la entrada en vigor de la L 23/2014, seguirán tramitándose hasta su conclusión conforme a las normas vigentes en aquel momento.
Cuando se trate de solicitudes de reconocimiento y ejecución que hubieran podido ser presentadas a partir del 5-12-2011 y antes de la entrada en vigor de la L 23/2014 (11-12-2014), será aplicable la legislación vigente al tiempo de la solicitud de ser más favorable para el condenado (L 23/2014 disp.trans.1ª).
Se estudian las siguientes cuestiones:
Emisión de orden o resolución judicial (L 23/2014 art.7)
La autoridad judicial española competente debe documentarla en el formulario o certificado obligatorio para transmitirlo a la autoridad competente del otro Estado miembro para que proceda a su ejecución.
El testimonio de la resolución judicial (certificado o formulario) se ha de remitir obligatoriamente junto con éste, salvo que se trate de una orden europea de detención y entrega, un exhorto europeo de obtención de prueba o de una orden europea de protección que han de documentarse exclusivamente a través del formulario correspondiente.
Sólo procede la remisión del original si así lo solicita la autoridad de ejecución.
El certificado o el formulario debe ir firmado por la autoridad judicial competente para dictar la resolución que se documenta y estar traducido a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado miembro al que se dirija o, en su caso, a una lengua oficial de las instituciones comunitarias que hubiera aceptado dicho Estado, salvo que disposiciones convencionales permitan, en relación con ese Estado, su remisión en español.
La resolución judicial sólo es objeto de traducción si así lo requiere la autoridad judicial de ejecución.
La autoridad judicial que emita el formulario o el certificado en el que se documenta la resolución judicial cuya ejecución se transmite a otro Estado miembro de la Unión Europea, debe especificar si el delito objeto de la resolución judicial se incardina o no en alguna de las categorías que eximen del control de doble tipificación de la conducta en el Estado de ejecución y si la pena prevista para el delito es, en abstracto, al menos de 3 años de privación de libertad. Asimismo debe informar inmediatamente a la autoridad encargada de la ejecución, de la adopción de cualquier resolución o medida que tenga por objeto dejar sin efecto el carácter ejecutorio de la orden o resolución (por pérdida sobrevenida del carácter ejecutorio de la resolución) cuya ejecución ha sido transmitida previamente, solicitando la devolución del formulario o del certificado.
En el caso de que la resolución judicial sea una orden europea de detención y entrega o se trate de una resolución por la que se imponen penas o medidas privativas de libertad y la autoridad judicial española de emisión tenga constancia de que resulta necesario el tránsito del reclamado por un estado miembro distinto del Estado de ejecución, la autoridad española debe instar al Ministerio de Justicia para que solicite la autorización, remitiendo copia de la resolución judicial y del certificado emitido, traducido a una de las lenguas que acepte el Estado de tránsito. En el caso de que el Ministerio tenga conocimiento de que el condenado puede ser perseguido, detenido o sometido a alguna restricción de su libertad individual en su territorio, por hechos o condenas anteriores, puede retirar la solicitud a petición de la autoridad judicial de emisión.
Transmisión de órdenes y resoluciones (L 23/2014 art.8 a 13)
Su transmisión se realiza directamente a la autoridad judicial competente del Estado de ejecución, a través de cualquier medio que deje constancia escrita en condiciones que permitan acreditar su autenticidad.
Las dificultades que surjan tanto en relación con la transmisión como con la autenticidad de algún documento necesario se resuelven mediante comunicación directa entre las autoridades judiciales implicadas o, cuando proceda en relación con una orden europea de detención y entrega o un exhorto europeo de obtención de prueba, con la participación de las autoridades centrales de los Estados miembros.
Cuando no se conozca la autoridad judicial de ejecución competente debe solicitarse la información correspondiente por todos los medios necesarios, incluidos los puntos de contacto españoles de la Red Judicial Europea (RJE) y demás redes de cooperación existentes.
Los instrumentos de reconocimiento mutuo se pueden transmitir a la autoridad judicial competente, recabándose la colaboración del Miembro nacional de España en Eurojust cuando proceda. Asimismo cuando un instrumento de reconocimiento mutuo afecte directamente, al menos, a tres Estados miembros y se hayan transmitido, al menos, a dos Estados miembros solicitudes o decisiones de cooperación judicial, también debe informarse a Eurojust en los términos que establezca su normativa. La autoridad judicial que conozca del procedimiento puede acordar que la información vaya acompañada de una petición de asistencia de Eurojust.
La autoridad judicial que emita el formulario o el certificado en el que se documenta la resolución judicial cuya ejecución se transmite a otro Estado miembro de la Unión Europea, debe especificar si el delito objeto de la resolución judicial se incardina o no en alguna de las categorías que eximen del control de doble tipificación de la conducta en el Estado de ejecución y si la pena prevista para el delito es, en abstracto, al menos de 3 años de privación de libertad.
Contra las resoluciones por las que se acuerde esta transmisión se pueden interponer los recursos previstos en el ordenamiento jurídico español, tramitándose y resolviéndose exclusivamente por la autoridad judicial y la legislación española. Sin embargo no hay recurso alguno contra la decisión de transmisión acordada por el Ministerio Fiscal en sus diligencias de investigación, sin perjuicio de su valoración posteriormente en el correspondiente procedimiento penal.
La estimación de un recurso obliga a la autoridad judicial española a comunicarlo inmediatamente a la autoridad que esté conociendo de la ejecución.
La concesión de un indulto que afecte a la resolución recurrida debe ser comunicada inmediatamente por la autoridad española a la que esté conociendo de la ejecución; en ningún caso puede alcanzar al concepto de costas o gastos administrativos procesales ni a la compensación otorgada en beneficio de la víctima.
Gastos e indemnizaciones (L 23/2014 art.14 y 15)
Corresponden al Estado español salvo que se trate de gastos ocasionados en el territorio del Estado de ejecución.
En el caso de que se trate de la ejecución de una resolución judicial de decomiso emitida por el juez o tribunal español en la que se recibe comunicación del Estado de ejecución proponiendo un reparto de los gastos ocasionados, el secretario judicial dispone de un plazo de 5 días desde la recepción de la comunicación, para dirigir oficio al Ministerio de Justicia español para que acepte o rechace la propuesta y llegue a un acuerdo sobre el reparto de los costes.
En materia de indemnizaciones, el Estado español únicamente puede reembolsar al Estado de ejecución las cantidades abonadas en este concepto como consecuencia de la ejecución de la orden o resolución remitida, siempre y cuando no se deban exclusivamente a la actividad de dicho Estado.
Reconocimiento y ejecución por las autoridades judiciales españolas de instrumentos de reconocimiento mutuo (L 23/2014 art.16 a 19)
Las autoridades judiciales españolas competentes deben reconocer y ejecutar sin más trámites que los establecidos en esta ley, en el plazo estipulado en ella para cada caso, la orden o resolución cuya ejecución ha sido transmitida por una autoridad judicial de otro Estado miembro.
Si la autoridad judicial que ha recibido la orden o resolución carece de competencia para ejecutarla debe acordar su remisión inmediata a la autoridad que entienda competente, notificándolo al Ministerio Fiscal y a la autoridad judicial del Estado de emisión.
Si se declara la denegación del reconocimiento o de la ejecución de la orden o resolución judicial transmitida para su ejecución en España debe acordar también su devolución inmediata y directa a la autoridad judicial de emisión cuando el auto sea firme.
El certificado o formulario debe estar traducido al español salvo que un convenio en vigor con el Estado emisor o una declaración depositada ante la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea permitan el envío en la otra lengua. No es necesaria la traducción de la resolución judicial en que se basa el certificado o formulario sin perjuicio de que se solicite aquélla por considerarse imprescindible para la ejecución.
La recepción por las autoridades judiciales puede hacerse mediante correo certificado o medios informáticos o telemáticos si los documentos están firmados electrónicamente y permiten verificar su autenticidad. También se admiten las comunicaciones por fax junto con el envío de la documentación original, determinándose el inicio del cómputo de los plazos por la fecha de la recepción de ésta última.
En los casos de insuficiencia del formulario o certificado o si faltan o no se corresponden manifiestamente con la resolución judicial se de comunicar a la autoridad de emisión para que se presente de nuevo, complete o modifique en el plazo que se fije a estos efectos. No obstante, tratándose de una resolución de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas, tras oírse al Ministerio Fiscal por un plazo de 3 días, se puede adoptar alguna de las siguientes decisiones en el mismo plazo:
– fijar un plazo para que el certificado se presente de nuevo, complete o modifique;
– aceptar un documento equivalente de la autoridad competente del Estado de emisión que complete la información;
– dispensar a la autoridad judicial de emisión de presentarlo si considera suficiente la información suministrada.
En los casos en que, siendo obligatoria su transmisión, falte la resolución judicial, la autoridad judicial debe acordar un plazo para su remisión por la autoridad judicial de emisión.
Motivos para la denegación del reconocimiento o la ejecución de las medidas (L 23/2014 art.32)
Las autoridades judiciales españolas no reconocerán ni ejecutarán las órdenes o resoluciones transmitidas en los supuestos regulados para cada instrumento de reconocimiento mutuo y, con carácter general, en los siguientes casos:
a) Cuando se haya dictado en España o en otro Estado distinto al de emisión una resolución firme, condenatoria o absolutoria, contra lamisma personay respecto de los mismos hechos, y su ejecución vulnerase el principio non bis in idem en los términos previstos en las leyes y en los convenios y tratados internacionales en que España sea parte y aún cuando el condenado hubiera sido posteriormente indultado.
b) Cuando la orden o resolución se refiera a hechos para cuyo enjuiciamiento sean competentes las autoridades españolas y, de haberse dictado la condena por unórgano jurisdiccional español, la sanción impuesta hubiese prescrito de conformidad con el Derecho español.
c) Cuando elformulario o el certificado que ha de acompañar a la solicitud de adopción de las medidas esté incompleto o sea manifiestamente incorrecto o no responda a la medida, o cuando falte el certificado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.
d) Cuando exista una inmunidadque impida la ejecución de la resolución.
La autoridad judicial española también podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una resolución cuando ésta se haya impuesto por una infracción distinta de las reguladas en la L 23/2014 art.20.1 y 2 que no se encuentre tipificada en el Derecho español, o cuando tampoco esté tipificada en España y se trate de una resolución por la que se imponen sanciones pecuniarias.
La autoridad judicial española podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una orden o resolución cuando se refiera a hechos que el Derecho español considere cometidos en su totalidad o en una parte importante o fundamental en territorio español.
Las decisiones de denegación del reconocimiento o la ejecución de las medidas deberán adoptarse sin dilación y de forma motivada y se notificarán inmediatamente a las autoridades judiciales de emisión y al Ministerio Fiscal.
Los motivos de no reconocimiento o no ejecución enumerados en la letra c) no serán de aplicación en relación con las medidas de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas.
Régimen jurídico de la ejecución (L 23/2014 art.21 a 28)
1) La ejecución de la orden se rige por el Derecho español y se lleva a cabo del mismo modo que si se hubiera dictado por una autoridad judicial española, quien debe observar las formalidades y procedimientos indicados por la autoridad judicial del Estado de emisión si no son contrarios a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico español.
2) La ejecución se ajusta a los términos de la misma no pudiéndose extender a personas, bienes o documentos no comprendidos en ella, salvo lo dispuesto para el exhorto europeo de obtención de pruebas.
3) La orden o resolución judicial cuya ejecución se notifica al afectado si tiene su domicilio o residencia en España, salvo que el procedimiento extranjero se haya declarado secreto o si su notificación pueda frustrar la finalidad perseguida, para que pueda intervenir en el proceso si lo tiene por conveniente.
4) La autoridad judicial española debe informar a la autoridad judicial competente del Estado de emisión y al Ministerio Fiscal, sin dilación, de la resolución de reconocimiento o denegación de la orden o la resolución transmitida o de cualquier incidencia que pueda afectar a su ejecución, en especial en los casos de imposibilidad de la misma sin que se puedan ejecutar medidas alternativas no previstas en el Derecho español.
5) El ejercicio del derecho de audiencia del imputado se puede llevar a cabo por los instrumentos que permitan realizarlas mediante teléfono o videoconferencia.
6) La ejecución se puede suspender por cualquiera de las causas previstas legalmente y cuando la autoridad judicial de emisión comunique a la autoridad española de ejecución la pérdida sobrevenida del carácter ejecutorio de la orden o resolución judicial transmitida. Si bien, desaparecidos los motivos la autoridad judicial española debe tomar de inmediato las medidas oportunas para ejecutar la orden o resolución judicial, e informar de ello a la autoridad judicial competente del Estado de emisión. En el caso de no ser previsible que la suspensión se vaya a alzar se ha de devolver el formulario o certificado junto con lo actuado a la autoridad judicial de emisión.
7) Contra las resoluciones dictadas por la autoridad judicial española se pueden interponer los recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal suspendiéndose la ejecución de la orden o resolución si ésta puede crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de imposible o difícil reparación, adoptándose en todo caso las medidas cautelares que permitan asegurar la eficacia de la resolución.
Sin embargo contra las resoluciones del Ministerio Fiscal en ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo no cabe recurso, sin perjuicio de las posibles impugnaciones sobre el fondo ante la autoridad de emisión y de su valoración posterior en el procedimiento penal que se siga en el Estado de emisión.
8) Los gastos ocasionados en territorio español por la ejecución de un instrumento de reconocimiento mutuo son a cargo del Estado español. Los demás, incluyendo los gastos de traslado de personas condenadas y los ocasionados exclusivamente en el territorio del Estado emisor, corren a cargo del mismo.
En ejecución de la resolución judicial de decomiso la autoridad judicial puede poner de manifiesto el caso en que España haya incurrido en gastos excepcionales.
9) En el caso de abonarse indemnizaciones de daños y perjuicios causados a terceros el Estado español, a través del Ministerio de Justicia, debe reclamarlas al Estado de emisión, siempre y cuando no sean exclusivamente responsabilidad suya por el funcionamiento anormal de la administración de justicia o por error judicial.
10) El Ministerio de Justicia también es competente para autorizar el tránsito por territorio español de una persona que esté siendo trasladada desde el Estado de ejecución de una orden europea de detención y entrega o de una resolución que imponga una pena o medida privativa de libertad al Estado de emisión, siempre que aquél le remita la solicitud de tránsito. Si no puede garantizar su libertad individual en España por hechos o condenas anteriores a su salida del Estado de ejecución, debe informar al Estado de emisión en el plazo máximo de una semana, salvo que se haya pedido la traducción del formulario o certificado, en cuyo caso se puede aplazar la decisión hasta que reciba la traducción, pero no se puede prolongar la detención más allá del tiempo estrictamente necesario para la ejecución del tránsito.
No se requiere solicitud de tránsito en los casos de tránsito aéreo sin escalas, salvo en caso de aterrizaje forzoso, en cuyo caso debe darse la autorización en un plazo de 72 horas.
En el caso de que sea necesario el tránsito del reclamado en virtud de una orden europea de detención y entrega o de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad por un tercer Estado miembro, la autoridad judicial de ejecución española debe ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial de emisión extranjera, para que sea tal autoridad la que recabe la pertinente autorización a las autoridades del Estado de tránsito.
Control de la doble tipificación (L 23/2014 art.20)
Los instrumentos de reconocimiento mutuo remitidos por los Estados miembros no están sujetos al control de la doble tipificación por juez o tribunal español si la orden o resolución se refiere a alguno de los siguientes delitos y se cumplen las condiciones exigidas por la ley para cada tipo de instrumento de reconocimiento mutuo: pertenencia a una organización delictiva; terrorismo; trata de seres humanos; explotación sexual de menores y pornografía infantil; tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas; tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos; corrupción; fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las comunidades europeas; blanqueo de los productos del delito; falsificación de moneda; delitos informáticos; delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas; ayuda a la entrada y residencia en situación ilegal; homicidio voluntario y agresión con lesiones graves; tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos; secuestro, detención ilegal y toma de rehenes; racismo y xenofobia; robos organizados o a mano armada; tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades y las obras de arte; estafa; chantaje y extorsión de fondos; violación de derechos de propiedad intelectual o industrial y falsificación de mercancías; falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos; falsificación de medios de pago; tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento; tráfico ilícito de materias nucleares o radiactivas; tráfico de vehículos robados; violación; incendio provocado; delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional; secuestro de aeronaves y buques; sabotaje.
Tampoco se someten al control de la doble tipificación las resoluciones judiciales que impongan sanciones por alguno de los siguientes delitos o infracciones: conducta contraria a la legislación de tráfico, incluidas las infracciones a la legislación de conducción y de descanso y a las normas reguladoras de transporte de mercancías peligrosas; contrabando de mercancías; infracciones de los derechos de propiedad intelectual e industrial; amenazas y actos de violencia contra las personas, incluida la violencia durante los acontecimientos deportivos; vandalismo; robo; infracciones establecidas por el Estado de emisión en virtud de normas comunitarias.
El control de la doble tipificación sí que debe exigirse en el caso del reconocimiento mutuo y la ejecución de las órdenes europeas de protección o cuando la orden o resolución judicial transmitida castigue un hecho tipificado como un delito distinto de los enumerados arriba. Ahora bien, si la orden o resolución se impone por una infracción penal en materia tributaria, aduanera o de control de cambios, no puede denegarse la ejecución de la resolución si el fundamento es que la legislación española no establece el mismo tributo o no contiene la misma regulación en materia tributaria, aduanera y de control de cambios que la legislación del Estado de emisión.
Nota.- El tratamiento detallado de esta materia se encuentra en los nº 190 s. Memento Procesal Penal 2015.

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