Source: http://militaresbolivia.blogspot.com/2015/05/
Timestamp: 2017-08-18 21:58:06+00:00

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Militares de Bolivia: May 2015
Video La Policía sorprendió a tres militares en completo estado de ebriedad
Cascos Azules bolivianos en Haití, entre el deber y el confinamiento
De sus poco más de seis meses en Haití, el recuerdo más grato que guarda el suboficial boliviano Juan Carlos Arévalo es la semana que se fue de vacaciones a República Dominicana, el país vecino.
A sus 42 años y a punto de culminar su segunda experiencia en una misión de los Cascos Azules, Arévalo se sabe con la autoridad necesaria para valorar su paso por ese país antillano, en el que Bolivia acaba de clausurar su presencia militar, tras nueve años en los que ha desplegado 15 misiones y más de 3 mil soldados para cumplir labores humanitarias.
Este sucrense de ojos inquietos y lengua afilada recuerda que ni siquiera en Congo, donde estuvo con los Cascos Azules entre 2001 y 2002, vivió tan encerrado y susceptible a la hostilidad de su entorno como ha vivido en Haití.
Mientras residió en aquel país africano, podía salir a conocer sus lugares y gentes los días que tenía libres, lo que para él fue una experiencia complementaria a sus deberes con la misión. En cambio, desde que en octubre pasado arribó a Haití nunca ha podido salir solo ni en plan personal de las bases de las Naciones Unidas para recorrer Puerto Príncipe u otras regiones haitianas.
CONTROLES Las estrictas medidas de seguridad de la ONU impiden que los Cascos Azules abandonen sus instalaciones militares, siempre que no sea para cumplir tareas oficiales y bajo la respectiva custodia de otros efectivos militares.
Una de las pocas actividades rutinarias en las que se siente relativamente seguro y a gusto son los trotes que le llevan a visitar las bases militares de Brasil, Ecuador, Chile, Paraguay, Sri Lanka y de otros países con instalaciones próximas a la boliviana, bautizada como Tiawanaco.
Por lo demás, Haití sigue siendo para él un territorio casi desconocido y hostil, donde los “locales” (pues así les llaman las fuerzas de paz a los haitianos) no siempre se muestran amables y agradecidos por las tareas humanitarias de los Cascos Azules, sino que a veces reaccionan violentamente. Para ilustrar esto último recuerda que hace solo unas pocas semanas un soldado del contingente chileno murió baleado en un incidente en la capital haitiana.
De ahí que no disimule su ansiedad de volver lo más antes posible a Bolivia, donde espera reencontrar a sus padres, quienes, desde hace medio año, solo se comunican mediante el Whatsapp que, de tanto en tanto, timbrea y vibra desde uno de los bolsillos de su sacón camuflado.
Todo esto Arévalo lo dice sin desmerecer el trabajo que él y otros tantos bolivianos han realizado en un país tristemente célebre por sus tiranos (los Duvalier, Aristide), que en la última década ha sido golpeado por la inestabilidad política, la inseguridad social, epidemias inclementes, la precariedad en los servicios básicos y un devastador terremoto (en enero de 2010), entra otras varias calamidades.
Como Arévalo, son varios los Cascos Azules a los que su paso por Haití les ha dejado sentimientos encontrados, pues así como reivindican la gratificación de haber cumplido con una misión de paz en un país devastado, también expresan su necesidad de abandonar el confinamiento al que la labor en Haití los ha condenado.
Así vistas las cosas, no debería sorprender que este suboficial sucrense prefiera quedarse con el feliz recuerdo de su visita a República Dominicana antes que con su experiencia en Haití.
﻿Voluntarios civiles coadyuvan en labores de salud y cocina
﻿El médico Guillermo Castro no disimula el orgullo de saberse el primer civil que ha ejercido como responsable de sanidad de la misión de Cascos Azules bolivianos en Haití.
Este paceño de lentes rectangulares y talante reflexivo ha estado a cargo de un equipo de dos médicos (incluido él), seis enfermeras y dos odontólogas, que en la práctica constituyeron el hospital de primer nivel que ha operado en la base boliviana Tiawuanaco como parte de la última misión boliviana en la isla.
Mientras fuma un cigarrillo electrónico de agua, Castro cuenta que se presentó voluntariamente para integrar el personal médico de la misión con la esperanza de que la experiencia le permita a futuro conseguir trabajos en organismos internacionales.
Al llegar a Haití tenía aún prejuicios sobre los militares, pero el trabajo y la convivencia le permitieron conocer de mejor manera a sus camaradas uniformados.
A varios de los efectivos bolivianos, así como a los de otros países, debió atender por afecciones comunes en el recinto militar, tales como infecciones de piel, infecciones gastrointestinales, resfríos y enfermedades traumatológicas.
También le tocó atender a pobladores haitianos en campañas de ayuda comunitaria que la misión boliviana ha venido cumpliendo sistemáticamente en Puerto Príncipe.
Satisfecho por la experiencia, el médico ahora solo quiere retornar a La Paz para pasar unos días de descanso y luego ponerse a buscar un nuevo trabajo. Espera que el aval de haber trabajado para las misiones de paz de la ONU le ayude a encontrar alguna oportunidad fuera de Bolivia, de ser posible, en España, donde vive su esposa.
COCINA Natural de Santa Cruz, Mercedes Rodríguez es una de las 20 mujeres que hacen parte de la décimo quinta y última misión de paz de Bolivia en Haití.
Y a sus 24 años, es también una de las contadas civiles que ha integrado la misión. Se presentó voluntariamente para cumplir labores de cocina, con el ánimo de conocer y trabajar en otro país. Valora positivamente la oportunidad, aunque lamenta el encierro en que ha debido desenvolverse, debido a las restricciones de seguridad.
En Santa Cruz le espera su esposo, al que no ve hace más de seis meses.
﻿Bolivia desplegó 3 mil efectivos en 15 misiones
﻿Bolivia clausuró su presencia militar en Haití como parte de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (Minustah), tras nueve años en los que movilizó 3.300 personas en 15 diferentes misiones, cada una de ellas de seis meses.
La clausura formal de la misión boliviana tuvo lugar en Puerto Príncipe (Haití), el 26 de mayo pasado, en un acto en el que participaron el ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira, su similar haitiano, Lerner Renauld, la representante especial del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sandra Honore, autoridades de la fuerza militar de la Minustah y el Alto Mando Militar boliviano.
La base militar Tiawuanaco, donde se afincaron las fuerzas de paz bolivianas, fue el escenario de la ceremonia en el que los efectivos bolivianos desfilaron ante las autoridades presentes y arriaron la bandera nacional, en señal de despedida.
ELOGIOS El ministro Ferreira elogió la presencia boliviana y su compromiso para apoyar en tareas humanitarias en un país hermano como Haití. En esa medida, se mostró partidario de que las tropas bolivianas vuelvan a cumplir labores similares en el futuro, ahí o donde la ONU lo defina.
A su turno, el segundo comandante de la fuerza militar Minustah, el chileno Jorge Peña, calificó de exitosa la presencia boliviana, tanto en sus labores de reserva de los comandos de acción como en las tareas de ayuda comunitaria con la población haitiana.
Por su lado, el ministro haitiano dijo que las fuerzas bolivianas dejaron un gran ejemplo de contribución al desarrollo y progreso de las poblaciones con las que trabajan.
Finalmente, Honore valoró la significativa ayuda que prestó la misión boliviana en la organización de elecciones en Haití y, fundamentalmente, en las labores de búsqueda y auxilio a las víctimas del terremoto que sacudió al país antillano en enero de 2010, dejando más de 200 mil muertos.
Recordó que la colaboración boliviana partió del propio vicepresidente Álvaro García Linera, que viajó hasta Haití para entregar ayuda humanitaria.
Cascos azules bolivianos dejan Haití tras 6 años
"Cascos azules" retonarán al país después de 9 años en Haití
Después de nueve años en Haití, Bolivia puso fin a su misión de paz en el país caribeño donde participaban 205 cascos azules de nacionalidad bolviana. El primer destacamento de soldados bolivianos en la isla llegó allí el 15 de septiembre de 2006.
Según Reymi Ferreira, Ministro de Defensa, la decisión de poner un punto final al apoyo militar fue tomada por las Naciones Unidas, que el año pasado anunció el retiro escalonado de todas las tropas asignadas hasta el 15 de octubre de 2015, al considerar que el Gobierno del presidente haitiano Michel Martelli está en condiciones de hacerse cargo de la seguridad del país. Así informó el periódico El Deber.
Ferreira informó que el país ya ha presentado su solicitud a la ONU para colaborar con la pacificación de Sudán, Malí y República Centroafricana. Hoy una comisión conformada por autoridades de Gobierno y trabajadores de la prensa visitará la capital haitiana de Puerto Príncipe para conocer el trabajo de los militares bolivianos y su interrelacionamiento con la población.
Las Misiones de Paz de Naciones Unidas requieren de los países solicitantes una serie de requisitos. Para ello, Bolivia ya tiene una experiencia en Angola, Congo y Haití.
El comandante del Ejército en Haití, general Luis Begazo, indicó que los militares bolivianos fueron los primeros en Sudamérica en acudir al llamado que hicieron las Naciones Unidas.
Bolivia incursionó en las Operaciones de Mantenimiento de Paz el 21 de febrero de 1995, cuando las Naciones Unidas le propuso aportar voluntariamente con tropas. De ese modo Bolivia fue el primer Estado latinoamericano, y el octavo en el mundo, en enviar cascos azules. A partir del 22 de mayo de 1997 con la firma del Memorando de Entendimiento entre Bolivia y la Organización de Naciones Unidas, Bolivia forma parte de esta tarea.
La participación boliviana se inició el 4 de mayo de 1999 con el envío del primer contingente a la Misión de Monua - República de Angola, compuesta por una compañía de 70 soldados, la misma que retornó al país el 27 de noviembre de 1999.
El 28 de octubre de 2001, arranca la Misión que se estaciona en la localidad de Boende de la República Democrática del Congo, y ejecuta tareas de seguridad y protección a instalaciones de la Misión de Observación de las Naciones Unidas en el Congo (MONUC).
En 2006, una compañía de infantería mecanizada arriba a Puerto Príncipe (Haití), conformada por 215 personas.
Si se considera las misiones de observación, Bolivia ha estado presente en Kosovo (UNMIK), Timor Oriental (UNMISET), Sierra Leona (UNAMSIL), República Democrática del Congo (MONUC), Chipre (UNFICYP), Liberia (UNMIL), Burundi (ONUB), Costa de Marfil (ONUCI), Haití (MINUSTAH), Sudán (UNMIS), Etiopía y Eritrea (UNMEE),Guatemala (MINUGUA), Kuwait (UNIKOM), Afganistán (UNMA), Georgia (UNOMIG), Nepal (UNMIN), Chad y República Centroafricana (MINURCAT).
El pasado 2010, el gobierno de Evo Morales decidió condecorar al contingente de "cascos azules" de Bolivia en Haití, en reconocimiento a las labores humanitarias realizadas durante la emergencia derivada del terremoto de la pasada semana.
Familiares de conscripto piden su alta
Familiares del conscripto Joel Tito Aguilar de 19 años que hace más de 30 días está internado en el hospital militar Cossmil de La Paz pidieron a las autoridades de dicho nosocomio les permitan sacarlo y llevarse al joven porque consideran que no necesita estar internado porque el mal que padece precisa de la medicina cacera.
Freddy Aguilar, hermano del conscripto afectado, en declaraciones a EL DIARIO, dijo que a Joel (nombre del conscripto) le habrían diagnosticado alguna enfermedad “muy rara” y que en criterio de sus padres no precisa de estar en Cossmil.
“Nosotros estamos seguros de que no necesita estar en ese hospital, porque el comportamiento de mi hermano es muy raro, por momentos su reacción es como de un loco por eso inclusive los médicos de ese hospital le tienen amarrado en el catre y eso a nosotros nos duele, porque parece que lo están considerando como un loco y eso no es verdad, solo que estando en el cuartel habría visto algún demonio y por eso está así y eso no precisamente puede curar un médico”, manifestó el hermano.
Por otro lado, el encargado de curación del afectado les habría garantizado que el paciente se está curando poco a poco, pero la incredulidad y el aferro a las creencias nativas por parte de los familiares hacen que no crean en su recuperación, porque ellos conocen que su hijo se habría encontrado con el diablo.
Escuela Militar de Música homenajea al 25 de Mayo
Más de 40 músicos de la Escuela Militar de Música de la Fuerza Aérea Boliviana (EMM-FAB), se congregaron ayer frente a la Catedral para interpretar un concierto de gala en homenaje al 25 de Mayo.
Varias autoridades y representantes de las diversas reparticiones del estado que llegaron para los festejos mayos presenciaron el evento musical.
El público asistente respondió con emotivos aplausos a cada una de las interpretaciones musicales que ofreció la EMM-FAB en esta velada especial.
El repertorio escogido para esta retreta comprendió una variada selección de piezas del acervo musical típico de los festejos cívicos, pero también se interpretaron arreglos de canciones de música popular.
La Escuela Militar de Música de la Fuerza Aérea Boliviana (EMM-FAB) tiene por base de operaciones a la ciudad de Oruro, donde fue fundada hace tan solo dos años.
GERMÁN CARDONA. MILITAR EN RETIRADO DE BOLIVIA “En Bolivia opera el cartel de las Estrellas"
El militar, refugiado en España, denuncia que en su país opera un cartel con protección de las FFAA y la Policía.
El coronel boliviano Germán Cardona se encuentra en España, donde espera que le concedan asilo político. Hizo otras denuncias por el caso Rózsa. Fue entrevistado por ABC y denunció el nexo militar con el tráfico de drogas.
¿Qué es el cartel de las estrellas?
Una organización narcotraficante que opera en el departamento de Santa Cruz que está controlada por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Bolivia. Éste, según mis fuentes, controla aeropuertos clandestinos en la frontera con Brasil para exportar cocaína.
¿Está relacionado con el cartel de los Soles, el que según la DEA dirige Diosdado Cabello?
El cartel de las Estrellas opera en connivencia con militares venezolanos y cubanos que están en Venezuela en asuntos de cooperación, pero es falso, camuflan su actividad y se dedican a exportar cocaína. Usan aviones militares Hércules que vienen desde Venezuela y se van cargados de cocaína. Mis fuentes me decían que el Gobierno de Maduro maneja a nivel mundial la exportación de cocaína. Yo reporté esa información el pasado febrero para que se investigara.
Cada agricultor comunario tiene legalizado el cultivo de 1.600 metros cuadrados de coca, pero nada de esa coca va al mercado de masticable. Es gruesa, amarga y provoca vómitos. Tiene alto contenido alcaloide, por lo que el cien por cien del cultivo se destina a fabricación de cocaína. Varios comunarios me han informado de que todo lo que acontecía dentro del Chapare, donde las fuerzas de seguridad no tienen ingreso, lo controlan los fabricantes de cocaína, que están organizados en sindicatos, una organización delincuencial muy grande. Bolivia está plagada de fábricas de cocaína en zonas indígenas, como Qaqachaka. También me informaron de que desde el Perú ingresa la cocaína vía aérea, terrestre, por el Lago Titicaca y por los ríos a Bolivia con destino al Aeropuerto Internacional de Chimoré, para ser exportada hacia Venezuela y de allí hacia otros países como Rusia, Irán, Libia... y termina en Estados Unidos, México y Europa.
¿Dice que el cartel quiere prescindir de intermediarios y meter cocaína a España usando influencias políticas?
El cartel quiere que el partido Podemos llegue al Gobierno en España y eso les abra una puerta directa de ingreso de cocaína a Europa. Mis fuentes me decían «mi coronel, el MAS (Movimiento Al Socialismo, el partido de Evo Morales) va a tener su presidente en España, ya tenemos un partido, Evo está financiando al hermano Pablo (Iglesias), que ha venido al Chapare, lo ha traído el hermano presidente». Pregunté si se le entregó dinero a Pablo Iglesias y me dijeron que no, que se lo dan «a una organización en España». Mi informador asegura que Evo Morales dice que con el partido «masista» -Podemos-, vamos a entrar directamente a España con nuestros productos, que «se lo ha dicho el hermano Pablo» (Evo Morales recibió en Santa Cruz a Pablo Iglesias el pasado septiembre). Pregunté si iban a aprovechar ese comercio legal para meter cocaína y me dijo «puede ser».
¿Qué pasó cuando presentó el informe a sus superiores?
Se inició una persecución e intentaron provocar mi muerte. Compañeros del ejército me dijeron que había una orden del Gobierno de retirarme, ya estoy en retiro obligatorio y expedientado, y una vez fuera simularían un asalto y me matarían. Por eso me fui a España, donde he pedido asilo.
Debido al incumplimiento y paralización en la ejecución de las obras por parte de la empresa constructora asociación accidental “integración del chaco”, para la construcción de nueve puestos militares el Comando General del Ejército resolvió iniciar una querella penal contra dicha empresa por los delitos de incumplimiento de contrato y estafa.
En el comunicado de prensa enviado a EL DIARIO se indica que dando cumplimiento al art. 245 de la Constitución Política del Estado referente a defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado y con la finalidad de contar con mejores condiciones para proteger y resguardar nuestras fronteras, el año 2013, mediante la Unidad de Proyectos Especiales (Upre), gestionó la aprobación y financiamiento de 13 proyectos de construcción de puestos militares adelantados, suscribiéndose nueve contratos con la empresa asociación accidental “Integración del Chaco”, y los cuatro restantes con la empresa “Indesa” Srl., otorgándose un anticipo financiero del 20 por ciento para el inicio de la ejecución de obras en cada proyecto.
video El Ejército inició 9 querellas contra miembros de la empresa constructora Integración del Chaco
Denuncian que usan armas militares como prueba en Porvenir
Un acta de recepción de indicios, muestra el sello militar en una lista de material.
El senador de Unidad Demócrata Arturo Murillo denunció ayer que las armas presuntamente utilizadas en el enfrentamiento en el caso Porvenir, salieron del Cuartel de Miraflores el 17 de septiembre de 2008 en horas de la tarde. Como prueba mostró un acta de recepción de indicios, que fueron proporcionados por la defensa de Leopoldo Fernández.
La masacre de Porvenir ocurrió el 11 de septiembre de 2008, cerca de la población de Porvenir, en las cercanías de la ciudad de Cobija, capital de Pando. Tuvo como resultado 19 campesinos muertos y cerca de 30 desaparecidos, todos supuestos simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS). El Ministerio Público inició una investigación en contra de los presuntos autores, entre los que se encuentra el ex prefecto Leopoldo Fernández y algunos de sus colaboradores.
ARMAMENTO MILITAR. El legislador opositor dijo que el documento muestra el sello de la cuarta división del ejército, de la sección de "material bélico" y firma de constancia el investigador especial asignado al caso, con la rúbrica de un testigo de nombre Rolando P. "Nosotros tenemos el acta de recepción de materiales que se daban en la ciudad de La Paz a las 14.15 del 17 de septiembre de 2008, en el patio de la policía militar del Comando del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, aquí se han entregado, aproximadamente ocho armas y más de 100 mil cartuchos, entre ellos varios miles de cartuchos de las Fuerzas Armadas".
PETICIÓN DE INFORME. El senador Murillo anunció la solicitud de una petición de informe a autoridades del Estado Mayor. "Los que tienen que explicar esto son los militares, de dónde sale, por qué están en sus manos, por qué los maneja la Fiscalía, éstas armas han sido manipuladas por la gente del cuartel de Miraflores, esto es gravísimo".
La Prensa se comunicó con el departamento de relaciones públicas del Estado Mayor, donde pidieron tiempo para conocer el tema.
LA OPOSICIÓN ASEGURA QUE ESAS ARMAS FUERON USADAS COMO INDICIOS DE PRUEBA EN EL CASO PORVENIR Y FUERON ENTREGADAS POR EL EJÉRCITO SEIS DÍAS DESPUÉS DE LOS HECHOS, EN CONTRA DE LOS PRESUNTOS AUTORES DE LA MASACRE.
"Es peligroso para los bolivianos, no sabemos qué rol están cumpliendo las Fuerzas Armadas. Nosostros tenemos el documento".
19 personas perecieron en la denominada masacre de El Porvenir, en el deparatemento de Pando.
"El documento muestra que es material del Ejército. Está con su nomenclatura y todo, esto nos preocupa, para que vean los bolivianos, cómo se manejó este caso".
Video El Ejército triplicará la producción de pan de batalla
Video 10 conscriptos trabajan a doble turno para abastecer a la población de pan
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El Ejército perdió Bs 4 millones por nueve puestos “fantasma”
El Ejército perdió al menos cuatro millones de bolivianos que pagó como adelanto para la construcción de nueve puestos militares que jamás se edificaron. Esto representa un daño económico al Estado que, de acuerdo con una denuncia, lo pagará la población con sus impuestos.
Este daño económico, revelado por integrantes anónimos de las Fuerzas Armadas (FFAA) y confirmado por la Dirección de Comunicación del Ejército, empezó el 13 de diciembre de 2013, cuando el entonces comandante del Ejército, Fernando Zeballos, firmó nueve contratos para la construcción de nueve puestos militares adelantados en diferentes puntos del país.
Ése fue el último día de Zeballos en el cargo. Quien debía dar continuidad al proyecto fue Omar Salinas, posesionado como nuevo comandante del Ejército el 14 de diciembre de ese año.
Diez días después firmó otros cuatro contratos para la construcción de puestos militares. La edificación de éstos, al igual que la de los otros nueve, debía empezar el 26 de mayo de 2014 y concluir el 26 de noviembre del mismo año.
Para ello las empresas constructoras -que de acuerdo con la denuncia eran dos- pidieron como adelanto el 20% del costo total de los 13 puestos, lo que representa unos 5.257.314 bolivianos (cifra proporcionada por los denunciantes y que el Ejército no precisó), y presentaron sus boletas de garantía por el mismo monto para ser ejecutadas en caso de incumplimiento y así el Estado pudiera recuperar su dinero.
A la fecha ninguno de los puestos militares fue concluido. El Ejército reconoció que nueve de los 13 proyectos se encuentran paralizados por incumplimiento de "la empresa adjudicada, ocasionando un daño económico al Estado y por ende al Ejército”, que ascendería a aproximadamente 3,8 millones de bolivianos.
"Como las empresas no cumplieron con el contrato, ni siquiera iniciaron las obras (según la denuncia, no arrancó la construcción de ninguno de los 13 puestos), el Estado debió ejecutar las boletas de garantía por el 20% del monto adelantado. Pero lo indignante es que las boletas de garantía caducaron, sólo tenían vigencia hasta agosto de 2014. Ahora no se las puede ejecutar y por consiguiente el daño económico es astronómico”, dijeron los denunciantes.
Ellos consideran que la pérdida del dinero no es sólo una "estafa” de la constructora al Estado, sino que hubo también intereses por parte de los entonces comandantes del Ejército.
Los casi cuatro millones de bolivianos salieron de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), dependiente del Ministerio de la Presidencia. Los denunciantes afirman que por esto la Armada y la Fuerza Aérea están limitadas para conseguir recursos de esta unidad. "Pedimos castigo para los corruptos e incapaces del Ejército”, concluyeron.
Desglose Los puestos militares adelantados que debieron construirse en las fronteras del país, según la denuncia de integrantes de las Fuerzas Armadas, son: 1. Apolo, La Paz (Bs 2.197.500) 2. Bermejo, Tarija (Bs 2.081.344) 3. Filadelfia, Pando (Bs 2.152.733) 4. Tres Estrellas, Pando (Bs 2.177.187) 5. San Francisco, Pando (Bs 2.173.955) 6. Ixiamas, La Paz (Bs 2.176.962) 7. Villamontes, Tarija (Bs 2.062.663) 8. Ixiamas, La Paz (Bs 2.202.984) 9. Humaita, Pando (Bs 2.223.247) 10. Yacuiba, Tarija (Bs 2.079.077) 11. Bermejo, Tarija (Bs 2.280.239) 12. Bermejo, Tarija (Bs 264.154) 13 . Apolo, La Paz (Bs 2.214.525).
Inician nueve procesos penales contra la empresa constructora
El Ejército inició nueve procesos penales a la empresa que se adjudicó y no cumplió con la construcción de un número similar de puestos militares adelantados, que debieron edificarse en las fronteras del país.
La información la dio a conocer la Dirección de Comunicación del Ejército mediante un comunicado. En éste se explicó que en 2013 se suscribieron 13 contratos "con diferentes empresas” para la ejecución de las obras con financiamiento de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE). Y que se otorgó "el anticipo financiero del 20% para la ejecución de obras”, sin precisar el monto equivalente.
A la fecha, sólo cuatro de los 13 proyectos "se construyen con normalidad”, se lee en el comunicado. Los nueve restantes, firmados el 13 de diciembre de 2013 -es decir en el último día en que Fernando Zeballos fue comandante del Ejército-, "se encuentran paralizados” por el incumplimiento en la ejecución "por parte de la empresa adjudicada, ocasionando un daño económico al Estado”.
Ante esta situación, el Ejército decidió "la resolución de los contratos con la empresa e inició nueve procesos penales por el presunto delito de incumplimiento de contratos y estafa”.
El primer delito es sancionado según el Código Penal con reclusión de uno a tres años, el segundo con una pena de uno a cinco años.
Este medio intentó consultar al excomandante del Ejército, Omar Salinas, ahora comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sobre su participación en los 13 proyectos que debieron ejecutarse en su gestión; pero indicó que él dejó el cargo hace meses y cualquier información al respecto debe proporcionarla el actual comandante del Ejército.
Página Siete también consultó al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, sobre este daño económico al Estado; pero también se excusó de responder. Explicó que los recursos con los que se financió la construcción de los puestos militares salieron de la UPRE, que no depende de su ministerio, sino del de la Presidencia.
Gobierno y FFAA sellan alianza para el abastecimiento de pan a la población
Las Fuerzas Armadas (FFAA), los ministerios de Desarrollo Productivo, y de Desarrollo Rural, garantizaron el lunes la venta de 70 mil unidades de pan a Bs 0,40 para su comercialización en las ciudades de El Alto y La Paz.
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, indicó que el pan será elaborado en cuatro recintos militares de La Paz: Colorados, Colegio Militar, Policía Militar y el Batallón Escuela de Comunicaciones Jaime Vidaurre. Asimismo, en El Alto: Regimiento Ingavi, Fuerza Aérea y Regimiento Bolívar.
“Tenemos hornos industriales para producir el pan. La harina es entregada por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y los demás insumos corren por cuenta del Ministerio de Defensa que serán recuperados con la venta del pan”, indicó.
Ferreira advirtió que en el caso de continuar con las medidas de presión por parte del sector panificador de las ciudades de El Alto y La Paz, se duplicará la producción del pan.
“Los hornos han sido provistos por el Gobierno que están en funcionamiento para los efectivos militares, pero que tienen la capacidad de multiplicar su producción, son hornos de alta calidad y estamos seguros que vamos a poder atender esta emergencia”, dijo.
Asimismo, la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Verónica Ramos, señaló que en el marco de cuidar la economía nacional y al verificar la baja del precio de la harina, se definió el retiro del sudsidio a la harina de trigo.
Ramos recordó que en la actualidad un panificador percibe Bs 6.400 mensuales de ganancia y en el caso de incrementarse de Bs 0,40 a Bs 0,50 ese panificador llegaría a percibir Bs 6.760 adicionales de ganancia al mes.
“Esta media (aumentar el precio del pan) es apresurada debido a que haciendo un análisis del costo de producción los productores aún teniendo una harina a Bs 150 tienen una ganancia de Bs 6.400 sólo produciendo pan de batalla o marraqueta”, manifestó.
Explicó que desde el año 2011, el Gobierno destinó Bs 904 millones al subsidio de la harina de trigo llegando a 103 asociaciones de panificadores de las ciudades de La paz, Oruro, potosí, Cochabamba, El Alto y el Beni.
Por otra parte, aclaró que ese monto será utilizado en la compra de trigo con el objetivo de incentivar su producción y poder obtener la autosuficiencia en el marco de la seguridad alimentaria con soberanía y de esa forma garantizar el precio del pan de batalla a precio justo, además de mejorar las condiciones productivas.
En esa línea, la ministra de Desarrallo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, indicó que esa cartera de Estado se sumará a la comercialización del pan de batalla a Bs 0,40 en las ferias donde se ofertan productos a precio justo.
“Si nosotros hemos vendido pollo, podemos vender pan más tarde y lo vamos hacer, tenemos nuestras propias unidades, nuestras ferias, ya tenemos logística con las cuales nos vamos a desplazar, lo que no podemos permitir es que suba el precio para la población”, aseguró.
Venta de pan por kilo
En tanto, la ministra Ramos abrió la posibilidad de comercializar el pan por kilo ante una reducción en el peso reglamentario de 70 gramos (gr) con el objetivo de realizar un mejor control en su gramaje.
“El tamaño de la marraqueta se ha reducido, ya no es de 70 gramos (...) creo que una de las mejores formas de controlar esto es empezar a comprar el pan por kilo, entonces se podrá conocer el peso exacto en función a lo que es tipo de producción”, detalló.
90 mil toneladas de trigo
El gerente de Emapa, Avelino Flores, aseguró que la empresa estatal tiene en sus silos más de 90 mil toneladas de trigo y 1,5 millones de bolsas de 50 kilos de harina para ser ofertados en el territorio nacional.
Flores reiteró su rechazo al paro de 48 horas llevado a cabo por los panificadores porque ese sector no sufriría pérdidas con la eliminación del subsidio, además, sostuvo el gerente, los panificadores continuarán recibiendo la entrega de harina con normalidad.
“El mercado esta abastecido con harina nacional y extranjera a precios sumamente bajos”. remarcó Flores.
Emapa comercializa el pan a Bs 0,40
Ante el paro de 48 horas anunciado por el sector panificador de las ciudades de La Paz y El Alto, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) habilitó ayer 11 puntos de venta de pan a Bs 0,40 en esas urbes.
En la ciudad de La Paz se habilitaron seis puntos de venta de la estatal, asimismo, en la ciudad de El Alto se cuentan con cinco tiendas.
La población se dio cita a las tiendas habilitadas por la estatal que habilitó la venta al promediar las 06.30 de la mañana y para hoy se prevé su apertura a la misma hora.
Se repartieron a cada uno de los puntos de Emapa alrededor de 2 mil unidades de pan y en aproximadamente 20 minutos se terminó.
El gerente de Emapa, Avelino Flores, ratificó que con la bolsa de harina de 50 kilos a 150 bolivianos se garantiza la unidad de pan a Bs 0,40 por lo que dijo que no hay justificativo para un incremento.
Emapa trabajó con panaderos independientes.
Discapacitados reciben libretas militares
19 personas con discapacidad recibieron sus libretas militares, auxiliar “D”, en un acto que se realizó en la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).
“Esta es la primera entrega de libretas militares en el año, se tiene previsto otras para agosto y diciembre”, explicó Verónica Marlene Muñoz, abogada de la Unidad de Protección a las Personas con Discapacidad del Municipio de El Alto.
El acto se realizó con la presencia del director territorial del Ministerio de Defensa, general Carlos Reque Lora.
“Desde muy temprano se procedió a entregar este documento militar a las personas con discapacidad por disposición del Estado, esto va en cumplimiento a las leyes de igualdad y oportunidad”, precisó el jefe militar.
Las personas que desean ser beneficiadas con este documento deben presentar una fotocopia de su cédula de identidad, certificado de nacimiento, carnet de discapacidad y grupo sanguíneo, acotó Muñoz.
FFAA producirán 70.000 unidades de pan en La Paz
Las Fuerzas Armadas (FFAA) garantizarán la producción de 70.000 unidades diarias de pan a un precio de 0,40 centavos, para satisfacer la demanda de la población, ante la ausencia de producción de los panificadores y la posibilidad de incrementar el costo de la unidad de ese alimento a 0,50 bolivianos.
La autoridad dijo que el pan elaborado por las FFAA será distribuido a las ciudades de La Paz y El Alto a partir de las 15:00 de hoy.
El coronel Edwin Guzmán, director del SAR-FAB, informo que con alrededor de 400 integrantes festejaron su XXII aniversario al servicio de la población de Santa Cruz.
"Nuestros voluntarios han estado presentes en muchas operaciones de rescate, teniendo el orgullo de manifestar que hemos salvado muchas vidas humanas", dijo Guzmán.
El director del SAR-FAB también indicó que los jóvenes que desean incorporarse a este grupo de salvamento, tienen que contar con una edad mínima de 18 años y tener una voluntad de servicio, dejando en claro que son un grupo que presta sus servicios sin fines de lucro.
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"Necesitamos recursos para educación, salud y seguridad ciudadana y no fusiles ni radares que no son prioridad para este país", afirmó Landívar. Indicó que el gobierno de Evo Morales pretende con la adquisición de esos instrumentos de guerra, quedarse en el poder, porque las armas son para defenderse supuestamente frente a cualquier insurgencia que pueda poner en riesgo la permanencia indefinida en el cargo.
Expresó que Bolivia está mostrando a Chile que se encuentra armada, "sin embargo la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) sabe donde están las pistas clandestinas".Cuestionó que en lugar de armar a las Fuerzas Armadas, se potencie el control al narcotráfico en el Chapare.
"Así como es vital salud y educación, las políticas públicas serán eficientes en la medida del replanteamiento correcto ante la población", aclaró.
Cuestionó que tener gastos de $us 340 millones para la compra de fusiles y radares es una exageración, cuando el país está pidiendo inversión en el sector salud para beneficio de la mayoría de la población boliviana. "Esos recursos millonarios se pueden utilizar para la construcción y equipamientos de hospitales de tercer y cuarto nivel con especialidad y labotario, propuesto por el mismo Evo Morales", afirmó el legislador de Unidad Demócrata (UD).
Fuerza Aérea: A quienes pidan no se les descontará
Tras la denuncia de que en la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) se descuenta de forma obligatoria 20 bolivianos mensuales a todos sus efectivo para la impresión de distintos materiales, el jefe del Departamento Segundo del Comando de esa fuerza, Rolando Espinoza, informó que éstos son aportes voluntarios y quien no quiera hacerlos está en su libre derecho.
"Son aportes voluntarios. Si alguien no quiere recibir las publicaciones debe decir ante el Comando General ‘yo solicito no se me tome en cuenta para los aportes’, y listo”, explicó Espinoza.
Desconoció que en algún momento el exministro de Defensa, Rubén Saavedra, haya suspendido esos descuentos por ser "ilegales”. Éstos se hacen desde hace más de tres décadas, y en los últimos años no subió a 20 bolivianos -como se había denunciado-, sino que se mantienen en 10, sostuvo.
Lo que ocurrió, según el general, fue que en enero de este año el Ministerio de Defensa no descontó los 10 bolivianos, por lo que en febrero descontó el doble, y en marzo se les olvidó volver a la normalidad y continuaron descontando 20 bolivianos. "Por eso en abril ya no se descontó nada, para equilibrar”.
Espinoza dijo que con los aportes se cubre el costo de una revista trimestral, una agenda, una revista anual y dos almanaques, entre otras publicaciones que se entregan a los suscriptores. "Sí regalamos las revistas en el aniversario de la FAB, que es en octubre, pero para eso el Comando hace un desembolso específico”.
El director de Comunicación de la FAB, Julio Armando Rojas, indicó que en las revistas "no existe discriminación”. "Mirá, acá escriben tanto coroneles como suboficiales”.
Denuncian descuentos en la FAB para impresión de revistas
Efectivos de bajo rango de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) denunciaron ayer que cada mes el Ministerio de Defensa les descuenta 20 bolivianos de forma irregular y que el dinero es destinado a la impresión de revistas, agendas y calendarios de su misma fuerza. Se trata, al igual que en el Ejército, de supuestos aportes voluntarios.
"Sin decirnos nada aparecen los descuentos, no nos consultan siquiera. Al año se hace 240 bolivianos, yo con eso podría comprarme un buen libro o libros a mis hijos, pero se va en textos que no necesito. Además, el ministro Saavedra ya había suspendido esos descuentos por ser ilegales”, manifestó un suboficial con al menos 30 años de servicio.
Desde que tiene memoria, en sus boletas de pago figuraron descuentos destinados a la editorial de la FAB. "Dos, cinco bolivianos”, dijo. Hasta diciembre de 2014 fueron 10 bolivianos; pero desde febrero de 2015 (después de la supuesta reforma del exministro de Defensa Rubén Saavedra, quien habría suspendido esos aportes por un mes, al menos) el descuento subió al doble: 20 bolivianos.
"Las revistas nos las dan una o máximo dos veces al año (aunque hay quienes aseguran que es trimestral)”, contó el suboficial. Además, esos 20 bolivianos mensuales son para un almanaque, una agenda y una revista especial por el aniversario de la FAB, en octubre.
Al igual que en el Ejército, donde existen denuncias de que se venden o regalan publicaciones subvencionadas, en el caso de la FAB se cuestionó que las revistas también se regalan o que se venden textos de ascensos que no deberían tener costo alguno, porque estarían cubiertos con el aporte de unos 4.700 aportantes.
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, explicó que desde su cartera no se hace ningún descuento injustificado. "Claro, nosotros somos los que pagamos los sueldos, pero estos descuentos son voluntarios. El efectivo pide a su fuerza hacer el aporte y la fuerza nos pasa a quiénes hay que descontar”.
Eso puede explicar por qué en el Ejército el aporte es de nueve bolivianos, en cambio en la Fuerza Aérea es de 20 bolivianos.
Ferreyra añadió que si su antecesor, Rubén Saavedra, suprimió estos descuentos fue "porque antes seguro que era obligatorio, pero ahora es voluntario. Entonces no es necesario una resolución para reanudar estos aportes si son con consentimiento de los efectivos”.
Jefes de la Fuerza Aérea se comprometieron a dar una explicación al respecto en las siguientes horas.
Ejército Días atrás, efectivos de las Fuerzas Armadas denunciaron el desvío de 219.000 bolivianos destinados para la publicación de revistas que debían ser entregadas a los suscriptores de las mismas.
Montos En el Ejército el aporte mensual es de nueve bolivianos, mientras que en la Fuerza Aérea es de 20 bolivianos.
Publicaciones Los 20 bolivianos que aportan los efectivos de la FAB les da derecho a una revista trimestral, una revista especial anual, una agenda, un calendario y un texto por el aniversario de esta fuerza, que se celebra en octubre.
Imprentas A diferencia del Ejército, que ordena sus publicaciones a una imprenta privada, la FAB emplea una editorial propia.
El Gobierno adquirirá 40 mil fusiles para las FFAA
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, anunció que el Estado de Bolivia comprará al menos 40.000 nuevos fusiles para las Fuerzas Armadas (FFAA), con fines de mejorar las tareas de seguridad nacional.
La autoridad del área lamentó que las actuales armas que manejan el Ejército, la Naval y la Fuerza Área, sean del año 1978.
Explicó que el precio de cada ítem varía de acuerdo a la marca y el país de procedencia.
“Se ha planteado priorizar los ítems, se va priorizar con el Alto mando Militar, en mi criterio por lo menos necesitamos un nuevo parque de fusiles, los que tenemos son del año 78 (…) y Estamos hablando de por los menos 40.000 fusiles; el precio varía de acuerdo a la calidad y la industria”.
PÉRDIDAS. Además durante su informe dio a conocer que por la adquisición de las 18 barcazas chinas, por el que se inició un proceso jurídico, el Estado ha perdido cerca de 30 millones de dólares, sin embargo señaló que existe la predisposición de que dichas embarcaciones serán entregadas para su labor en la hidrovia Paraná – Paraguay.
Denuncian el desvío de Bs 219 mil para una revista del Ejército
Son aproximadamente 219.429 bolivianos de aportes de efectivos del Ejército que en 2014 fueron malversados, según una denuncia. El dinero era de militares que debían recibir una revista institucional cada tres meses, pero desde el segundo trimestre del año pasado las publicaciones se suspendieron y el monto se destinó a la impresión de una memoria y un cancionero de Tarata.
"Ahora nos damos cuenta que con el dinero de la revista que debieron darnos en el segundo trimestre y tercer trimestre se hizo las revistas personales del general Salinas y la coronel Aramayo”, denunciaron miembros de las Fuerzas Armadas.
El Ejército -vía Ministerio de Defensa- recibe cada mes nueve bolivianos por cada suscriptor de la revista. Como la entrega es trimestral, el costo de impresión por unidad sería de 27 bolivianos. Son 2.709 suscriptores que al año aportan 292.572 bolivianos.
Según la denuncia en 2014, cuando Omar Salinas era comandante del Ejército y Sara Aramayo directora de Comunicación de esa fuerza, sólo se entregaron las revistas del primer trimestre, pero sólo al 10% de los suscriptores.
¿Qué pasó con el resto de las revistas de esos tres primeros meses? Los denunciantes sostienen que se regalaron el 23 de marzo, Día del Mar. Sobraron 2.000 y se las vendió a estudiantes de la Escuela Militar del Ejército (EMI) y a cadetes del Colegio Militar, a 20 bolivianos cada una, con lo que se recaudó 40.000.
El resto de las revistas que debían imprimirse desde el segundo trimestre de 2014 jamás salieron.
Los denunciantes aseguran que se utilizó esos aportes (219.429 bolivianos) para imprimir una memoria del Ejército, por el aniversario de 2014, y el libro Tarata y su canto.
Al consultar a Salinas, ahora comandante en jefe de las FFAA, si los aportes de las revistas pueden usarse para las memorias dijo: "Desconozco, al final hay una combinación de aportes, una combinación de recursos”.
Explicó que la impresión de las revistas de 2014 sufrió "un retraso” (de casi un año). "Pero yo ya no estoy en esto”. En esto está el actual comandante del Ejército, José Vegazo, quien este año decidió entregar las revistas a los suscriptores, pero recién las del segundo trimestre del año pasado.
Con respecto a la venta de ejemplares en la EMI y al Colegio Militar a 20 bolivianos, Salinas contestó que siempre hay un excedente en la impresión de las revistas, "eso se vende a los interesados, a precio de costo”. Se le consultó si el costo no era 27 bolivianos. "Desconozco eso”, respondió.
Reconoció que en el Día del Mar se regaló ejemplares a las autoridades y a ciudadanos, "como cualquier institución lo haría, ¿está mal eso?”.
Este medio se contactó con Aramayo, pero dijo que no podía emitir ninguna declaración sin el permiso de su superior.
Aportes El Ministerio de Defensa se encarga de recaudar los aportes de los efectivos del Ejército que después son transferidos a esta fuerza para la impresión de revistas institucionales.
Voluntario Según el general Omar Salinas los aportes de nueve bolivianos mensuales son voluntarios. "Nada puede ser obligatorio, el que quiere se suscribe para recibir la revista”.
Denuncia En noviembre de 2014 personal de bajo rango denunció que más de 10.000 efectivos se trasladaron a Tarata por el aniversario del Ejército, por disposición de Salinas, nacido en esa región.
Jefe militar dice que el cancionero es una impresión particular
El comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Omar Salinas, explicó ayer que la impresión del libro Tarata y su canto se hizo con dinero de su familia y no así con recursos del Ejército, como habían denunciado militares desde el anonimato.
"Este cancionero dedicado a Tarata es una impresión absolutamente particular. Es un aporte de tarateños, de una familia, Salinas, que es un familiar mío, aportó 50.000 bolivianos. El resto lo aporté yo, que son como 5.200”, manifestó ayer el general.
Como respaldo esgrimió una factura de la imprenta Sagitario, fechada el 26 de noviembre de 2014, en la que se detalla la impresión de "5.000 cancioneros” por un costo de 55.286 bolivianos. En el documento figura como comprador el apellido Guzmán.
Cuando se le consultó a Salinas por qué figura otro apellido en vez del suyo, y a quién le pertenecería éste, se limitó a responder: "Qué tengo que decirte a ti, yo he encargado, yo he gestionado y allí está la factura. ¿Por qué tenía que poner mi nombre?”.
De acuerdo a la denuncia, Salinas utilizó los aportes de efectivos del Ejército para imprimir el mencionado cancionero con una fotografía de él y su familia. El texto fue repartido en su tierra natal, Tarata, Cochabamba, el 14 de noviembre de 2014, cuando se celebró el aniversario de la principal fuerza armada del Estado.
"El 14 de noviembre se entregó el libro Tarata y su canto, mandado a elaborar por la Dirección de Comunicación del Ejército, a cargo de la coronel Aramayo, en la imprenta Sagitario. Ya no queremos solventar los gastos personales del general Salinas. Si quiere brillar en su pueblo natal que lo haga con su dinero, no con el dinero de los militares”, dice la denuncia.
Sagitario es la empresa que utilizó el Ejército para imprimir las revistas institucionales y la memoria de 2014. Al respecto Salinas sostuvo: "¿Cuál es el problema? Esto (el cancionero) pudo hacerse en otra imprenta, pero quienes diseñaron las revistas nos dijeron que era una imprenta barata y buena”.
Piden pago justo de jubilaciones en FFAA
Con el anuncio de reunirse e iniciar medias de presión, varios uniformados del servicio pasivo de las Fuerzas Armadas reclaman el pago de una renta justa, luego por ser jubilados con pensiones inferiores a lo que establece su reglamento. Según Celso Flores, uno de los afectados, asegura que serán más de 45 las personas que iniciarán las acciones de protesta. Sin embargo, desde Santa Cruz, indican que existen más de 800 casos y que se cuenta con una sentencia constitucional que los respalda.
En 1985, Flores debió faltar a su puesto por cinco días seguidos, pese a la presentación de documentación, es retirado y su baja se da mediante un memorándum, incumpliendo la reglamentación.
Luego de abrir un proceso y ganarlo, Flores es reincorporado, pero cinco años después. Es desde ahí que inicia su problema, pues al ser reincorporado no contabilizan los años de su retiro forzoso y en 2010 cuando el Ejército determina que toda su promoción pase a servicio pasivo, con 35 años de trabajo, a él solo lo computan como trabajados 30 años y le tasan un salario de 1.000 bolivianos.
Flores no cobró ni un sólo salario desde esa fecha, pues considera injusto que se le pague ese monto, por lo que junto otros militares retirados han decidido tomar otro tipo de medidas de presión pues también cuentan con la sentencia constitucional Nº1437/2014, emitida el 7 de julio, que según la explicación, dispone la inconstitucionalidad de la palabra que sean jubilados bajo el término de “continuo”, por lo que ellos deberían ser considerados como trabajadores que cumplieron los 35 años de carrera, a pesar de que fueron alejados de la entidad militar por algún tiempo.
“Nosotros queremos completar como dice la ley (…) a mi no me dan de baja con sumario, sólo con memorándum. Después de cinco años se dan cuenta que la baja ha sido ilegal”, relata Flores, que ha planteado su reclamos por el conducto regular al Comando del Ejército y el Comando en Jefe, que le responde en la carta Nº 377/15, que es su solicitud es improcedente.
La sentencia de inconstitucionalidad fue interpuesta por el Defensor del Pueblo de Sucre. Similar pedido lo hacen oficiales superiores, como coroneles y capitanes, que por una serie de razones fueron separados de la institución militar y luego de ser reincorporados tuvieron el mismo tratamiento que Flores, y oficiales que deberían percibir 5.000 y 8.000 bolivianos perciben 1.500.
En contacto telefónico con EL DIARIO, dos exoficiales del Ejército señalaron que en los próximos días se reunirán gran parte de los afectados en La Paz, y se adelanta que asumirán medidas de presión como la huelga de hambre, en caso de no ser escuchada su demanda.
Le quitan sueldos del Ejército y de la ‘U’
El coronel Germán Cardona dejó de percibir salarios del Ejército y de la Universidad Gabriel René Moreno, donde era catedrático en la Facultad de Derecho.
Cardona, en contacto con EL DEBER, lamentó la decisión de las Fuerzas Armadas y de la casa de estudios superiores. “He recibido la información de que me quitaron mis salarios, pese a que, para salir del país, dejé mis solicitudes por graves problemas con mi salud”, dijo. Expresó que no solo del Ejército le quitaron su sueldo que percibe por casi 30 años de servicio, sino que le dieron de baja en represalia por la divulgación de su informe ultrasecreto.
El vicerrector de la Gabriel René Moreno, Osvaldo Ulloa, confirmó que Cardona dejó un reemplazante, pero que no era él quien debía imponerlo, sino que dependía del Consejo Facultativo. Además, dijo que Cardona dejó una licencia indefinida. “Si el catedrático no se presenta a trabajar, el Consejo Facultativo busca otro docente y obviamente que
deja de ganar sueldo”, dijo la autoridad universitaria.
El militar manifestó que dejó en su lugar a su hijo, también con masterado en Derecho en la Universidad de Valencia (España).
Coronel Cardona denuncia persecución ante La Haya
El coronel de Ejército Germán Cardona decidió presentar una denuncia contra personeros del Gobierno ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por persecución y otros delitos.
Recibió el apoyo de juristas españoles, alemanes y holandeses, que conocieron su caso y le ofrecieron sus servicios para redactar la demanda que adjuntará documentación incluyendo como prueba el informe denominado ultrasecreto que dejó Cardona en Bolivia y que lo puso en conocimiento del Poder Ejecutivo, de las Fuerzas Armadas, del Ministerio Público y del Órgano Judicial.
Cardona, en contacto con EL DEBER, afirmó que la base de su denuncia es el informe ultrasecreto que revela varios hechos, entre ellos el retiro de un arsenal de armas de la Octava División de Ejército que después se utilizó en el denominado caso terrorismo en Santa Cruz, además de la supuesta creación de una fuerza irregular denominada Guardia Plurinacional Popular, paralela a las Fuerzas Armadas y con centros de operaciones en Chapare.
Indignación por separata
El 29 de abril, el Gobierno, a través de los ministerios de Defensa y de Comunicación, publicó una separata: Terrorismo separatista: Gobierno nacional afirma que Cardona miente y se contradice.
Cardona expresó su indignación después de conocer la publicación y respondió los cinco puntos, calificados como mentiras por parte del Gobierno, cuando lo acusó de salir de Bolivia por una imaginaria persecución política para sembrar dudas en el caso terrorismo, buscando impunidad para sus implicados, y pretendiendo hacer ver al país como un “narcoestado”.
“Quiero expresar mi agravio e indignación por el gasto de recursos de las Fuerzas Armadas con fines mera y exclusivamente de violar mis derechos a la dignidad, al honor y al prestigio, incurriendo en difamación, calumnias, injurias y libelo infamatorio”.
Cita como uno de sus principales detractores al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, quien fue su colega como profesor en la Uagrm. Cardona sostiene que su demanda ante la Corte de La Haya se basa en la persecución que sufrió después de entregar el informe ultrasecreto que lo obligó a salir de Bolivia en busca de refugio.
Considera que no solo él es víctima, sino también su familia, que soporta maltrato y represión sicológica, incurriendo así en los delitos tipificados por el Derecho Penal Internacional instituidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de La Haya. Dijo que sigue siendo un militar de honor y que los títulos de cada grado le fueron otorgados por la patria y ningún político se los quitará.
La ministra de Comunicación, Marianela Paco, dijo que espera que Cardona responda a las cinco preguntas publicadas en la separata y luego el Gobierno dará a conocer su posición.
Fiscalía procesa una denuncia
La Fiscalía de la Felcc procesa una denuncia que dejó Cardona contra el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, por supuestos delitos de amenazas graves, coacción y persecución. La fiscal Elizabeth Yicha informó de que en primera instancia la denuncia fue desestimada porque carecía de especificaciones, pues el militar no detallaba si era contra el Ministerio de Gobierno o solo contra Jorge Pérez, por lo que se pidió que haga una aclaración.
Cardona señala que tras elevar el informe ultrasecreto al comandante general del Ejército soportó hostigamiento de parte de Pérez a través de llamadas telefónicas y utilizando supuestamente motorizados de uso oficial para hacerle seguimiento a todas partes. Cardona adjuntó fotos de los motorizados y proporcionó números telefónicos.
La fiscal Yicha confirmó que se cursaron requerimientos a las telefónicas para que remitan los extractos a fin de valorar. Asimismo requirió a instituciones que certifiquen las características de los motorizados que cita Cardona
Sin pruebas ni acusación privan de libertad a suboficiales de FAB
Sin prueba material ni la presentación de acusación formal, magistrados del Tribunal Permanente de Justicia Militar (TPJM) continúan privando de libertad a los suboficiales de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Franklin Colque y Freddy Sucojayo, por lo que se pedirá la extinción del juicio, como lo informó el abogado de ambos, Ramiro Cabrera.
El 3 abril del 2014, suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas (FFAA) publicaron un anteproyecto de ley para la modificación de la Ley Orgánica de las FFAA (LOFA), observando que este reglamento, por su antigüedad, vulnera derechos impidiendo, por ejemplo, la superación académica en filas militares para uniformados de bajo rango, que repercute en el bajo nivel de salarios que perciben, desestimando la capacidad individual de sus miembros.
“Estamos claros y ciertos, al no haber una acusación y al no haber prueba ofrecida no hay juicio y seguramente, el tribunal militar va a tener que absolver a mis clientes”, aseguró Cabrera al ser consultado sobre la situación legal de ambos uniformados.
La defensa señaló que al estar el proceso en etapa de juicio oral, el fiscal militar debió haber presentado estos dos elementos, pero hasta la fecha no han sido notificados con ninguno.
Los dos suboficiales se hallan detenidos en la Base Aérea de El Alto, a donde representantes de organismos internacionales tuvieron que presentarse, debido a las denuncias de los familiares que dieron a conocer que ambos estaban incomunicados y se les privaba hasta de la luz del sol, “en peores condiciones que a un violador o un asesino”, en celdas improvisadas, donde el asambleísta departamental Roberto de la Cruz aseguró que los dos uniformados deben convivir con roedores.
Cabrera señaló que el proceso se encuentra paralizado hace algo más de seis meses, luego de que se rechazara una apelación presentada contra las medidas cautelares, a pesar de que las mismas leyes militares señalan que el juicio oral no debe detenerse por más de 10 días y solo por causa justificada.
Pese a esto, el abogo indicó que su defensa plantea proseguir con el juicio oral, confiando en la “buena fe” de las autoridades militares, que en su parecer, están analizando que el proceso no determinara una sanción y será el Tribunal de Personal de la FAB quien fije la baja para los dos suboficiales.
La certeza del jurista, sobre la inocencia de sus defendidos, está en que las “actitudes subversivas” de las que se los acusa, no constituyen delito, “más aún, no se hallan tipificados, dentro de la normativa militar, pero sin embargo se ha forzado a una tipificación que el fiscal militar tendrá que justificar ante el juez”.
Las solicitudes, para que el Alto Mando Militar pueda analizar la modificación de la LOFA, aseguran los protagonistas, fue hecho por el “conducto regular”, y se hizo cumpliendo un pedido que el presidente Evo Morales, quien al mantener contacto con los pilotos de las naves aéreas que los trasladaban, les sugirió que la descolonización debía efectuarse por esta vía.
Sometiéndose a la justicia militar, el 2 de julio de 2014, Colque y Sucojayo se presentaron ante el TPJM, acusados de los delitos de rebelión, sedición y motín, por formar parte de los voceros que hicieron conocer el pedido a sus superiores.
Ante la falta de una respuesta por parte del Alto Mando Militar, en abril del año pasado, cientos de suboficiales y sargentos decidieron expresarse por primera vez y ganando las calles protagonizaron una histórica movilización que marcó el antes y después de la historia en esta institución, como lo reconoció el propio comandante en jefe de las FFAA, general Omar Salinas.
EX MILITAR CON ARRESTO DOMICILIARIO
Jhonny Félix Gil, exsuboficial del Ejército, salió de las celdas del Estado Mayor después de 357 días de arresto en instalaciones de la Policía Militar. El exmilitar, que fue dado de baja en enero de 2015, fue sindicado de liderar las movilizaciones de los militares de bajo rango en demanda de la descolonización e igualdad de oportunidades. Gil es procesado en la justicia militar por rebelión, sedición y motín. Estuvo detenido desde el 15 de mayo de 2014. Se informó que tiene detención domiciliaria.
Tiene detención domiciliaria Tribunal Militar obstaculiza salida de suboficial Johnny Gil
Bajo el argumento de que se tiene que analizar las resoluciones dictadas por instancias superiores, que determinan la salida del suboficial Johnny Gil Leniz, para que el proceso en su contra continúe mientras él se encuentra en detención domiciliaria, ayer, pesonal del Tribunal Permanente de Justicia Militar (TPJM) se negó a firmar la orden de salida, pese a que se acreditaron todos los requisitos. Los familiares expresaron su indignación y anunciaron que cada acción ilegal que continúen realizando estas autoridades serán tomadas en cuenta para ampliar los procesos penales que presentarán en contra de los magistrados militares.
La jornada de ayer, los hermanos y, madre del suboficial, Roberta Leniz, peregrinaron del Tribunal Permanente al Tribunal Supremo de Justicia Militar (TSJM), en busca de una respuesta al rechazo de la firma del mandamiento de salida de la carceleta del Estado Mayor donde cumple detención preventiva el uniformado.
Indignados, porque en oficinas de ambos tribunales no se tenía certeza de quién era la máxima autoridad o la designada para efectuar el trámite, los familiares adelantaron que de no entregar la resolución de salida y la de detención domiciliaria, hoy a primera hora, ya no pedirán la documentación, sino que plantearán un tercer proceso penal en contra de los magistrados militares que, recién volvieron de las vacaciones hace dos semanas.
Esta incertidumbre se produjo a pesar de que el pasado jueves 30 de abril la Sala de Apelaciones y Consultas del Tribunal Supremo de Justicia Militar (TSJM) dictó una resolución declarando “procedente la cesación de detención preventiva”, del suboficial Gil, que se cumplía en la carceleta del Gran Cuartel de Miraflores, desde el 15 mayo de 2014.
Luego de ocho conminatorias por parte de tribunales de garantías constitucionales, la Sala de Apelaciones y Consultas del TSJM, presidido por el general de Brigada, Jorge Alvarado, dictó la resolución Nº 03/2015 de 30 de abril, en la que se determinó dejar sin efecto una anterior, por la cual el uniformado fue detenido, sindicado por los delitos de sedición y motín.
Esta fue reemplazada con medidas sustitutivas y requisitos como la presentación de dos garantes, el arraigo y pago de una fianza de 20.000 bolivianos, monto que luego de ser informados, los familiares buscan la forma de reunir.
Johnny Gil Leniz, del Ejército, Freddy Sucojayo y Franklin Colque, de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), están detenidos desde mayo de 2014, luego de que sargentos y suboficiales de las Fuerzas Armadas (FFAA) se movilizaron a nivel nacional junto a sus familias pidiendo la descolonización de la institución y ellos fueron portavoces de este pedido, que aseguran, se efectuó por conducto regular y a instancias del mismo presidente Evo Morales.
Anuncian proceso en contra de tribunales militares
Familia y abogados del suboficial Johnny Félix Gil Leniz anunciaron ayer que procesarán a los magistrados de los tribunales militares por dictar resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE), que repercutieron en la detención irregular, de casi un año, del militar en la carceleta del Estado Mayor en Miraflores.
“Me duele que ahora recién le den libertad, pudiendo darle más antes. Por eso yo voy a procesar a los que hasta ahora lo han detenido a mi hijo”, declaró Roberta Leniz, madre del suboficial Gil.
En mayo de 2014, a los días de que Johnny Gil fuera detenido de forma irregular en el Estado Mayor, la madre de 67 años llegó desde Oruro y junto a familiares de los suboficiales de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Freddy Sucojayo y Franklin Colque, también detenidos, instalaron una carpa y se declararon en huelga de hambre en plaza Abaroa, frente al Ministerio de Defensa.
La señora fue evacuada luego de 18 días de ayuno en los que imploró ser escuchada por las autoridades, negando que su hijo haya liderado un movimiento subversivo al interior de la institución castrense.
El ministro de Defensa de ese entonces, Rubén Saavedra, en una declaración realizada en puertas de la Fiscalía de Distrito, señaló que la determinación de la madre era “una maniobra electoral” pues se venía las elecciones nacionales.
Walter Rossel, vocal relator del Tribunal Permanente del Tribunal Permanente de Justicia Militar (TPJM), el juez sumariante Marcelo Orellana y tres miembros del anterior tribunal de la Sala de Apelaciones y Consultas del Tribunal Supremo de Justicia Militar (TSJM) serán los primeros procesados, según la explicación del abogado Oswaldo Rojas.
Afirmó, que cada uno a su tiempo incurrieron en determinaciones contrarias al debido proceso y la Constitución Política del Estado, por lo cual son pasibles de sanciones hasta con privación de libertad.
Sobre el proceso que persiste en contra de Johnny Gil, en la TPJM bajo los cargos de sedición y motín, denunció que este proceso está paralizado sin una razón legal.
Rojas señaló que si bien la apelación es un recurso en observación de las medidas cautelares, esta no afecta al proceso penal militar que debió seguir adelante, pero luego de que la defensa interpuso la primera acción de libertad, este tribunal “suspendió sin razón las audiencias del juicio”.
El jurista sostuvo que tuvieron que darse ocho acciones de libertad “para que los magistrados militares comprendan” que las resoluciones dictadas no contemplaban los parámetros legales, pero al momento, los asesores externos no pueden hacer comprender a los uniformados, la ilegalidad en la que incurren en otras actuaciones referidas al mismo proceso, por lo que apeló a que esta instancia mejore la preparación de su personal.
En abril de 2014, suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas (FFAA) protagonizaron varias movilizaciones junto a sus familiares, pidiendo la descolonización de la institución y que se elimine los parámetros discriminatorios que se tienen en la actual Ley Orgánica de la FFAA (LOFA).
Ministro asegura continuará juicio Magistrados militares son procesados
Luego de que se diera a conocer la resolución que dicta detención domiciliaria para el suboficial del Ejército, Johnny Gil Leniz, reconociendo que incurrieron en errores de procedimiento, dentro de la propia legislación militar; el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, asegura que los procesos en contra de tres de los representantes de suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas (FFAA) continuará.
Entretanto, la defensa del suboficial Johnny Gil anunció que demandará a los magistrados militares por haber vulnerado principios constitucnales y legales en este que fuera considerado como injusto.
Ferreira aseguró que el juicio contra los tres suboficiales Jhonny Félix Gil, del Ejecito; Franklin Colque y Freddy Sucojayo de la Fuerza Aérea (FAB) continuará. Independientemente que el Tribunal Militar revocó la detención preventiva de Gil y le otorgó medidas sustitutivas.
La resolución Nº 03/2015 dictada el pasado 30 de abril, por los miembros de las Sala de Apelaciones y Consultas del Tribunal Supremo de Justicia Militar (TSJM), declara “procedente a la cesación de detención preventiva” y dispone, entre otras medidas sustitutivas, la detención domiciliaria, el arraigo, la prohibición de comunicarse con otros imputados y acreditar garantía solvente de 20 mil bolivianos.
En esa oportunidad, el abogado defensor del suboficial, Oswaldo Rojas, señaló que si bien este es un gran logro, pues se plantea jurisprudencia que puede coadyuvar a sus camaradas de la FAB, el proceso penal militar continua y se debe observar las razones por las cuales está paralizados, pues las acciones de libertad planteas (por las que se logra su detención domiciliaria) son paralelas y diferentes del proceso de fondo, que debió seguir el Tribunal Permanente de Justicia Militar (TPJM), paralizadas sin explicación.
De igual forma, debido a las determinaciones ilegales, como lo corrobora la propia resolución Nº 03/2015, ahora servirán de prueba para los procesos penales en la justicia ordinaria, seguidos en contra de los miembros de la Sala de Apelaciones y Consultas del TSJM de la gestión 2014, así como en contra de un Vocal Relator del TPJM, por dictar “resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, e incumplimiento de funciones”, según Rojas
Se conoce que en la Justicia Ordinaria, se encuentran más de 30 autoridades militares procesadas por este tipo de tipo de determinaciones.
Pese a esto, el Ministro de Defensa señaló a la ANF que “no se termina el proceso ni se da razón a los argumentos (…) El proceso continúa, en realidad recién empieza”.
Los tres suboficiales fueron detenidos el año pasado, acusados de sedición, motín y rebelión. En abril del año pasado lideraron las movilizaciones de las Fuerzas Armadas exigiendo la eliminación de los criterios discriminatorios para seleccionar el ingreso a los institutos de formación castrense y la descolonización de la institución castrense.
El ministro sostuvo que los suboficiales no “entienden” el planteamiento de descolonización en este denominado proceso de cambio. “Ellos no entienden lo que es descolonización, no sospechan lo que es descolonización”.
“Descolonización en el sentido del proceso de cambo es que las Fuerzas Armadas no están para servir a los intereses de las élites, no es gente para reprimir al pueblo, no están en función al imperio colonial europeo o norteamericano”.
Mientras los tres uniformados se encontraban detenidos, personal retirado y familiares en diferentes departamentos señalaron que todo el movimiento fue concebido a partir de la solicitud que el mismo presidente Evo Morales les hizo para que le presenten un proyecto de ley que toque el tema de la “descolonización de las FFAA”.
A pesar de que los uniformados y sus familiares aseguran que las solicitudes para que este anteproyecto se revise se hicieron por “conducto regular”, Ferreira advirtió que no se tolerará nuevamente movilizaciones de los miembros de las Fuerzas Armadas bajo ningún argumento, porque en su criterio la institución no puede adoptar comportamientos sindicales que están al margen de la Constitución.
Estuvo 342 días en prisión Justicia Militar excarcela a suboficial Johnny Gil
La Sala de Apelaciones y Consultas del Tribunal Supremo de Justicia Militar (TSJM) dictó resolución declarando “procedente a la cesación de detención preventiva”, del suboficial Johnny Felix Gil Leniz, que se cumplía en la carcelera del Gran Cuartel de Miraflores, desde el 15 mayo de 2014.
El uniformado junto a otros 800 camaradas fue dado de baja en abril del año pasado, luego de que sargentos y suboficiales de las Fuerzas Armadas (FFAA), junto a sus esposas, protagonizaron varias movilizaciones a nivel nacional, pidiendo que se cumpla la promesa del presidente Evo Morales de descolonizar la estructura de las tres fuerzas y pedir que se elimine la discriminación económica y racial para el ingreso a la institución castrense.
Luego de ocho conminatorias por parte de tribunales de garantías constitucionales, la Sala de Apelaciones y Consultas del TSJM, presidido por el general de Brigada, Jorge Alvarado, dictó la resolución Nº 03/2015 de 30 de abril, en la que se determinó dejar sin efecto una anterior por la cual el uniformado fue detenido.
“El gran logro es que en esta resolución, (los magistrados militares) reconocen expresamente, que de forma arbitraria han incorporado un riesgo procesal, que además es inexistente”, declaró el abogado Oswaldo Rojas, a tiempo de manifestar que iniciarán con los trámites.
Por otro lado, su colega César Rojas afirmó que si bien esto es un avance, el problema de fondo como es el proceso penal en la jurisdicción militar aún está pendiente y se encuentra paralizado de forma irregular sin fundamento legal, además que recién en este mes, los tribunales militares retornaron de las vacaciones.
En similar situación se encuentran los suboficiales de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Freddy Sucojayo y Franklin Colque, que ven con esperanza la jurisprudencia generada con este fallo pues su situación legal es menos compleja.
Familiares del uniformado recibieron con alegría esta determinación, que anunciaron su llegada a La Paz desde Oruro, de donde proviene su familia.
Sin embargo, la situación legal del suboficial Gil es ambigua, pues en diciembre pasado el ahora Comandante de las FFAA, general Omar Salinas, firmó la baja del suboficial, pero basados en los mismos cargos por los cuales fue detenido, sin establecer un proceso y obtener sentencia.
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