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Timestamp: 2019-01-21 18:30:29+00:00

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﻿ Sentencia T-9626 de junio 1 de 2001
SENTENCIA 20019626 DE 01 DE JUNIO DE 2001
CONTENIDO:PRINCIPIO DE DOBLE INSTANCIA. AUNQUE LAS PARTES PUEDAN RECURRIR EL FALLO Y SE PRONUNCIE EL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, ELLO SÓLO ES GARANTÍA FORMAL DE LA DOBLE INSTANCIAPUES SI EL JUEZ DE PRIMER GRADO OMITE PRONUNCIARSE SOBRE UNA PRETENSIÓN O SOBRE UNA EXCEPCIÓN, EL DERECHO DE CONTRADICCIÓN Y LA DOBLE INSTANCIA SE HAN DESCONOCIDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:TUTELA, PROCEDIMIENTO PENAL
REVISTA TUTELA N°:22 DE OCTUBRE DE 2001, PG.1961
Sentencia T-9626 de junio 1 de 2001
Rad. Nº 20019626 01, jun. 1º/2001
Aprobado según Acta Nº 46 del 1º de junio de 2001.
Procede la Sala a decidir sobre la impugnación propuesta por el doctor Leopoldo Suárez Carrillo, prevalido de los correspondientes poderes y en representación de los herederos, cesionarios de derechos y adjudicatarios en la sucesión de Julio Enrique Olaya, debidamente identificados e individualizados; contra el fallo de tutela de fecha 2 de abril de 2001 emitido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca que denegó por improcedente la tutela impetrada contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Catorce Civil del Circuito de la misma ciudad.
El doctor José Leonidas Olaya Forero, previo el correspondiente poder conferido por los herederos adjudicatarios y cesionarios de derechos de la sucesión de Julio Enrique Olaya, impetró la tutela de los derechos constitucionales fundamentales de sus mandantes al debido proceso, acceso a la administración de justicia, protección de los bienes de los residentes en Colombia, propiedad privada, “... y a los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, a la legalidad del proceso, a los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y de doble instancia previstos por los artículos 2º, 29, 31, 58, 228, 229, 230, de la Constitución Política“ (sic), fundado en los siguientes hechos:
1. El Banco de Colombia adelantó ante el Juzgado 14 Civil del Circuito de Bogotá, proceso ejecutivo hipotecario contra el señor Julio Enrique Olaya, admitido en auto del 2 de octubre de 1986, dentro del cual se decretaron y practicaron el embargo y secuestro del inmueble hipotecado.
2. Mediante fallo del 9 de abril de 1991, el juzgado declaró impróspera la excepción de prescripción y decretó la venta en pública subasta del inmueble hipotecado; decisión que fue revocada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en fallo del 17 de septiembre del mismo año, declarando probada la excepción de prescripción de los pagarés bases de la ejecución, decretando el levantamiento de las medidas cautelares y condenando a la parte demandante al pago de los perjuicios causados con las cautelas.
3. Presentada la liquidación motivada de perjuicios se adelantó el trámite incidental, respectivo, el cual fuera objeto de una nulidad y posteriormente tramitado y finiquitado por el juzgado accionado en auto del 31 de enero de 2000, declarando no probada la objeción que por error grave se propusiera al dictamen pericial practicado; probada la reclamación de perjuicios hecha por el demandado y ordenando al demandante pagar por concepto de perjuicios al demandado la suma de dieciocho millones novecientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos pesos con setenta y tres centavos ($ 18.975.682,73).
4. Recurrido dicho fallo por el incidentante, en decisión del 4 de diciembre de 2000, la Sala accionada confirmó la declaratoria de no probada la objeción del dictamen pericial, revocó la condena impuesta a la incidentada y condenó en costas a aquél.
A partir de tales supuestos, el accionante cuestiona la decisión de segundo grado aduciendo que se tocan una cantidad de temas que no guardan relación con el objeto del incidente y del recurso, al paso que se responsabiliza injustificada y extrañamente al futuro adjudicatario y al propio incidentante en cuanto propietario del bien, por los perjuicios causados a éste por la mala gestión del secuestre y por los hechos de terceros —vecinos— que anegaron el bien con aguas negras con su consecuente inexplotabilidad y ostensible pérdida de valor o depreciación, condenándolo anticipadamente y sin fórmula de juicio a perder el valor de los perjuicios que esa misma colegiatura había dispuesto en su fallo del 17 de septiembre de 1991.
A juicio del actor, el tribunal confunde la rendición de cuentas del secuestre, con la regulación de los perjuicios ocasionados con la frustrada medida cautelar, camino por el cual dejó a los accionantes sin posibilidades de defensa, desprotegidos después de un tortuoso proceso de quince años, contrariando los fines del Estado social de derecho que supuestamente debe velar por la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, “...que jamás de una justicia injusta“.
Agregó que además, colocó al demandado al deber de “permanecer en vigilia”, asunto que en verdad lo mantuvo durante largo tiempo a la espera de una recta y eficaz administración de justicia, pero no en cuanto a la guarda y cuidado del inmueble, por cuanto por ministerio de la ley esa custodia pasó al secuestre despojando a su dueño de todo contacto con el bien; planteamientos estos completamente ajenos y contrarios al texto legal, como a la sentencia que condenó al pago de perjuicios al demandante y no al secuestre “mutuándose” (sic) así el claro, concreto y diáfano sentido de la ley y la imperativa orden contenida en la sentencia que condenó al pago de perjuicio por la consumación de medidas cautelares “al demandante” conforme al expreso mandato del artículo 687 del Código de Procedimiento Civil.
La norma en cita, prosiguió, indica expresamente que las costas y perjuicios deben pagarlas quienes pidieron tal medida, que en el caso presente lo fue el Banco de Colombia, el cual resultó condenado en su condición de parte demandante y ese fallo y la ley deben cumplirse, no pudiendo el tribunal esquivarse ni sustraerse bajo ninguna razón al cumplimiento de aquél y tampoco incurrir en el despropósito de cambiar el sentido de la ley, más cuando el artículo 230 de la Carta le impone su sometimiento y cuando el artículo 27 del Código Civil, consagra que cuando el sentido de la ley es claro, no se puede desatender su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu, máxime cuando en el caso presente los perjuicios fueron demostrados y concretados en una suma líquida de dinero.
Insiste el actor en que la condena fue al demandante y no al secuestre ni a los vecinos, y ni siquiera al Estado por su eventual falla en el servicio y que en todo caso ese demandante tampoco los llamó en garantía ni les denunció el pleito, por lo cual la decisión del tribunal está completamente por fuera de la ley; y sus argumentos desatienden la voluntad del legislador y lo dispuesto por su propia sentencia.
Lo anterior conlleva la violación de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa de sus agenciados, además por constituir patente quebrantamiento del principio de doble instancia consagrado en el artículo 31 de la Constitución, por cuanto el tribunal oficiosamente soportó la decisión del incidente sobre unas bases que no fue posible discutir en primera instancia, circunstancias por demás ajenas a la sentencia que condenó al pago de perjuicios y que ahora, mediante el ilegal auto del 4 de diciembre de 2000, condena al incidentante a perderlos con fundamento en hechos que no fueron planteados por ninguna de las partes contendientes ni discutidos en primera instancia, con lo cual se desconoció que los jueces están obligados a aplicar la Constitución y la ley, no su propio criterio.
Transcribió aparte jurisprudencial al respecto afirmando que la actuación del 4 de diciembre de 2000, es ostensiblemente violatoria de los principios de ejecutoria y cosa juzgada previsto en los artículos 331 y 332 del Código de Procedimiento Civil, según los cuales, la Carta Política al ampliar el espectro de los derechos y garantías, traduce en el carácter inmutable, intangible, definitivo, indiscutible y obligatorio de las sentencias como la emitida el 17 de septiembre de 1991 que condenó al Banco de Colombia al pago de perjuicios al incidentante, evento ilegal e injusto para cuya corrección es bienvenida la acción de amparo.
A renglón seguido y con nueva cita de jurisprudencia sobre cosa juzgada, insistió en que ésta fue violada en la decisión de segunda instancia atacada, al paso que se desconoció la seguridad jurídica y la vigencia del orden legal y justo, contrariando a través de un auto lo que ya se había decidido mediante una sentencia.
Con trascripciones referidas a las vías de hecho judiciales afirmó que los novedosos argumentos del tribunal no fueron planteados ni siquiera por la parte incidentada cuando objetó el dictamen pericial sobre los daños, cuestionando el aparte de la sentencia atacada por esta vía de tutela cuando sostuvo que por la omisión en pedir cuentas al secuestre por parte del demandado se inhabilitaba para trasladar el demérito económico al demandante.
Se refirió luego a las pruebas recaudadas para significar que se había demostrado que fue con ocasión de la medida cautelar que se ocasionaron los daños al predio embargado y cuestionó la afirmación del tribunal referida a que el mandato legal aplicable presume la culpa del demandante pues lo que hace el artículo 687 es imponer al juez el deber de condenarlo al pago de perjuicio, hecho que se constituye en un mandato expreso, claro y concreto, no siendo posible que el incidentante demande al secuestre o a los terceros, por carecer de legitimidad en la medida en que no fueron éstos los condenados en el fallo sino el Banco de Colombia.
En lo tocante al auto del 31 de enero de 2000 del juzgado de instancia en el incidente, indica que éste omitió efectuar la condena correspondiente a la depreciación del bien, a pesar de haber constatado su ocurrencia en el cuerpo de la providencia, desconociendo el mandato el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, que le imponía el haberse fundado en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, de suerte que no obstante haber valorado y dado validez al dictamen pericial desechando la objeción por error grave, se abstuvo de disponer en la parte resolutiva la “condenación” correspondiente; esto es, que no dio efecto jurídico a la condena de perjuicios por la depreciación del inmueble embargado habiendo satisfecho el incidentante la carga de probarlo.
Con tal actuación, desconoció también el fallo de su superior que impuso al demandante la obligación de cancelar los perjuicios causados con las cautelas, además de no ser congruente en los términos del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, al omitir la decisión de esta parte respecto de las pretensiones del incidentante para regular los perjuicios, incurriendo en vía de hecho al omitir la condena por perjuicios derivados del detrimento patrimonial proveniente de las medidas cautelares.
Con tales y similares argumentaciones concluyó en que las dos instancias del incidente de perjuicios de autos constituyen vías de hecho quebrantadoras del debido proceso y derecho de defensa de sus mandantes, por ser inconsecuentes con el dictamen pericial en firme.
Avocado el conocimiento de la actuación e integrado el litis-consorcio necesario, intervino a través de apoderado el Banco de Colombia para señalar que en la actuación de las entidades accionadas no se observa la incursión en vías de hecho en la medida en que no se encuentra presente vicio alguno orgánico, procedimental, sustantivo o fáctico que así permita calificarla, por el contrario, advertido por el tribunal el rompimiento del nexo causal entre los perjuicios y las medidas cautelares por la intervención de terceros o por la culpa de la víctima, mal podía entrar a condenar, de suerte que la providencia accionada se encuentra conforme a derecho.
Acudió a jurisprudencia constitucional indicativa de la inexistencia de la vía de hecho cuando no surja a simple vista la lesión superlativa del ordenamiento jurídico en la sentencia que esté revisando, además, porque no es del resorte del juez de tutela la valoración de las pruebas en términos de calificar si la decisión del juez ordinario fue o no la adecuada; en consecuencia abogó por la improsperidad de la acción.
Allegadas copias de las actuaciones del proceso civil relevantes, la Sala a quo omitió la decisión denegatoria de la tutela que aquí se revisa.
En su fallo la Sala de instancia efectuando una retrospectiva de las vías de hecho, señaló que las decisiones de primer y segundo grado atacadas expresaron con claridad en sus consideraciones las razones por las cuales se impuso la condena en perjuicios, y luego la revocatoria de la misma.
En el caso de la juez, porque atendiendo al dictamen pericial y a la inundación del predio, sostuvo que como éste se había dedicado a la explotación de productos agrícolas y al pastoreo de ganado vacuno, acogió lo referido al concepto de pastajes, cuantificando los daños correspondientes, además porque es el proceso civil el escenario propio para someter el punto a debate y no la acción de tutela cuya naturaleza es diversa al propósito planteado.
En lo referido al fallo de segundo grado, se mostró conforme con los argumentos esbozados por el tribunal, sosteniendo que sus razonamientos fueron detenidos y razonados, y los efectos jurídicos conferidos fueron los adecuados, dejando de lado las presunciones legales que admiten prueba en contrario, vía por la cual se desvirtuó la petición de indemnización pretendida.
Concluyó en la ausencia de vía de hecho, consideró la actuación de los jueces civiles como la asunción de una posición jurídica razonada y por ende cobijada bajo la autonomía e independencia judicial no susceptible de tutela, en consecuencia “denegó la tutela por improcedente”.
En su escrito, el apoderado actor cuestionó diversos apartes del fallo de instancia aduciendo que no corresponden a la realidad de lo que plasmaron los jueces accionados, e insistió en los argumentos puntuales y extensamente tratados en la solicitud inicial, los cuales fueron sintetizados en el capítulo de antecedentes.
1. De la procedencia de la acción.
En general la procedencia de la acción de tutela está dada por distintos presupuestos procesales que se llenan a cabalidad en el evento de ocupación, valga decir, la Sala a quo y esta colegiatura son jueces constitucionales competentes tanto funcional como territorialmente, las partes y terceros fueron debidamente vinculados y representados; la acción de tutela fue interpuesta en forma oportuna puesto que la segunda de las decisiones judiciales atacadas data de reciente emisión (4 de diciembre de 2000), y por último, se están atacando decisiones que en primero y segundo grado pusieron fin a un trámite incidental no susceptible de mecanismo de defensa judicial alterno, valga decir, recursos ordinarios o extraordinarios, o cualquiera otro tipo de acción.
Por lo demás, dirigida la tutela contra decisión judicial, el estudio de la procedencia de la acción se corresponde con la existencia o inexistencia de vía de hecho judicial, o lo que podríamos denominar como “fondo del asunto” y procede a tratarse a continuación.
El supuesto de hecho traído a este excepcional escenario de debate, tuvo su origen en proceso ejecutivo hipotecario que instauró el Banco de Colombia en contra del señor Julio Enrique Olaya (q.e.p.d.), que culminó con fallo de segunda instancia emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá del 17 de septiembre de 1991, declarando probada la excepción de prescripción de los pagarés que fueron los títulos ejecutivos que sirvieron de base a la ejecución.
Consecuencialmente dispuso el tribunal el levantamiento de las medidas cautelares y la consiguiente condena en perjuicios a la parte demandante que fue la que solicitó la medida cautelar.
Por ello ante el juez de primera instancia se dio curso al incidente de regulación de perjuicios, precedidos del fallo declarativo de la responsabilidad objetiva contemplada por el artículo 687 del Código de Procedimiento Civil, —no presunción legal como lo sostuvo la Sala a quo—, que condenó al demandante al pago de perjuicios en la suma de $ 18.975.682,73, a favor del incidentante, decisión impugnada por las dos partes.
En segunda instancia y mediante auto del 4 de diciembre último la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, revocó la anterior determinación para en su lugar revocar la mentada condena y contrario sensu, condenar en costas en ambas instancias a la parte incidentante.
Los argumentos del actor, quien representa, previo el correspondiente poder, a los sucesores del incidentante, están referidos al desconocimiento de la cosa juzgada, en el entendido que las providencias atacadas desconocieron la sentencia que condenó al Banco de Colombia al pago de perjuicios; a la vulneración del debido proceso, para lo cual se descalifican terminantemente las consideraciones de la Sala accionada tendentes a declarar la inexistencia del nexo causal entre las medidas cautelares y los perjuicios ocasionados al inmueble embargado sobre la base de la responsabilidad del secuestre, de terceros —los vecinos— y de la propia incuria del incidentante; y por último, en cuanto hace a la decisión de primera instancia proferida por el juez accionado, al desconocimiento del principio de congruencia, a la inaplicación de los requisitos sustanciales de su decisión y, fundamentalmente al desconocimiento de la doble instancia en la medida en que una de las pretensiones no fue objeto de pronunciamiento.
Razones de técnica jurídica imponen abordar en orden inverso el estudio de las tesis del actor, por cuanto desde ahora se advierte la ocurrencia de una vía de hecho que ha de retrotraer la actuación civil a un punto en el cual los restantes temas planteados han de asumirse por los jueces ordinarios competentes para definirlos, de suerte que no nos corresponde analizarlos.
Así, abordado el estudio integral del expediente y fundamentalmente las copias del incidente de regulación de perjuicios de autos, nos deja prima facie ante la conculcación del principio de la doble instancia, instituto cuya definición y carácter de derecho constitucional fundamental fueron establecidos en su oportunidad por la Corte Constitucional al señalar:
“El principio de la doble instancia, garantizado constitucionalmente (C P, art. 31), se constituye en una piedra angular dentro del Estado de derecho, pues a través de él se garantiza en forma plena y eficaz el ejercicio del derecho fundamental de defensa y de contradicción, ambos integrantes del denominado debido proceso. Así, en materia penal, resulta de singular importancia que el superior jerárquico del funcionario encargado de tomar una decisión en primera instancia, pueda libremente estudiar y evaluar las argumentaciones expuestas yllegar, por tanto, al convencimiento de que la determinación adoptada se fundamentó en suficientes bases fácticas y legales o que, por el contrario, desconoció pruebas, hechos o consideraciones jurídicas que ameritaban un razonamiento y un juicio diferente.
“Ahora bien, conviene aclarar que para la Corte el principio de la doble instancia, a la luz de los preceptos constitucionales, reviste el carácter de fundamental, toda vez que constituye una garantía del debido proceso y, a su vez, de la función judicial...” (1) .
(1) C-037 de 1996.
Evidentemente no es dable creer que la doble instancia sólo es derecho constitucional fundamental en asuntos penales, sino en las diferente especialidades de la jurisdicción ordinaria y jurisdicciones especiales con funciones judiciales, en el entendido que la doble instancia además de ser derecho fundamental per se, constituye uno de los elementos del debido proceso, al cual todas las actuaciones judiciales se encuentran sometidas por mandato del artículo 29 de la Carta.
Esa vulneración se presentó en autos, cuando la demanda con que inició incidente de regulación de perjuicios o “liquidación motivada y especificada perjuicios causados”, incluyó —para los fines que interesan a la presente decisión— en el capítulo denominado como “recapitulación”:
“En síntesis, señor juez, de acuerdo con las fundamentaciones anteriores, el valor de la presente liquidación comprende los siguientes conceptos y cuantías:
Por pérdida del valor comercial del predio $ 1.400.000.000.
Valor de indexación de la suma anterior 864.000.
Por la utilidad o beneficio dejado de percibir 36.000.000
Por intereses moratorios...” (15).
El dictamen pericial cuya objeción por error grave fue denegada en las dos instancias, señaló en punto de establecer el daño emergente, valga decir, depreciación del bien, que si el predio no hubiere sido hallado en la inspección judicial anegado de aguas negras valdría $ 3.709.125.000, pero en las condiciones que se encontraba, su valor era de $ 1.678.695.000(64), al paso que avaluó el lucro cesante en la suma de $ 18.915.682.73(65).
Naturalmente, ésta fue una de las pruebas pedidas por las partes y evidentemente sobre tales aspectos se pronunció también la parte incidentada, empece lo cual el Juzgado 14 Civil del Circuito en su fallo de enero 31 de 2000, solamente se pronunció en lo que tuvo que ver con el lucro cesante, condenando a la parte incidentada en la suma estipulada al respecto por los peritos.
Así, esta Sala encuentra que en esa providencia, se hizo un recuento sucinto de las diferentes pruebas testimoniales que dieron cuenta de la actividad a que estaba destinada el predio embargado antes de la medida cautelar y lo acaecido con el predio a partir de la consumación de ésta (182 a 184); de la inspección judicial practicada al terreno en la cual se dejó constancia “... que están empantanados... y con olores de aguas negras no habiendo sido posible para el juzgado penetrar directamente al terreno por encontrarse totalmente empantanado con olores de aguas negras, basuras en estado de descomposición, no se encontró cultivo alguno ni forma de explotar el predio y sólo una parte de la finca se encontró con(sic) igualmente se encontraron dos casitas dentro de la finca pero semidestruidas...“ (fl. 184, sic a lo trascrito)
Igualmente, que se transcribieron los apartes del dictamen pericial en los términos ya acotados por la Sala; pero, al momento de valorarlas y de determinar su eficacia, se indicó:
“9. Analizadas en conjunto las pruebas así recaudadas, puede darse por establecido que los bienes inmuebles sobre los cuales recayó y materializó la medida cautelar, no obstante el estado de anegación y aguas negras que soportan, estaban destinadas a la explotación de algunos productos agrícolas y al pastoreo de ganado vacuno.
“10. Del contenido y términos del experticio allegado al proceso y como prueba reina que ha de tenerse para la decisión que aquí se adopte, ha quedado establecido que el incidente (sic) dejó de percibir por concepto de pastajes desde el 16 de septiembre de 1987 al 14 de octubre de 1993, fechas relativas a la ejecución de las medidas y levantamiento de las mismas, la suma de dieciocho millones novecientos quince mil seiscientos ochenta y dos pesos con 73/100 mcte. ($ 18.915.682.73), esto partiendo de la base según los expertos, de que el inmueble consta de 34 fanegadas en los cuales dadas las características del terreno podían pastar para aquella época 34 reses a un promedio mensual de $ 3.000 por cada semoviente, como se dejó establecido anteriormente.
“11. Con arreglo del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, el apoderado judicial del ejecutante —Banco de Colombia— oportunamente pidió aclaración y complementación del dictamen rendido por los auxiliares designados.
“12. En el caso sub judice no existe duda que en realidad el demandado señor Julio Enrique Olaya sufrió un perjuicio, como lo fue el de dejar de percibir ingresos por pastoreo de ganado, que tal perjuicio aconteció, como consecuencia de la medida cautelar, así lo afirman los diferentes testimonios allegados y que en párrafo anterior tuvimos la oportunidad de comentar, y, que el daño asciende a una determinada suma de dinero, así lo están indicando los peritos que cuantificaron los mismos en la experticia rendida al respecto. Así como también han determinado que tales perjuicios se debieron a la invasión de aguas podridas que impidieron la explotación de la finca.
“13. Lo discurrido se considera por este despacho como suficiente para advertir la prosperidad de la reclamación de los perjuicios ocasionados al ejecutado Julio Enrique Olaya, y a los cuales fue condenada la parte demandante en sentencia proferida por el Honorable Tribunal Superior de este distrito judicial —Sala Civil—, pues, tal reclamación se ajusta a la legalidad dado que consulta la realidad procesal, debiéndose tener como suma o valor determinado de tales perjuicios el señalado por los expertos aquí designados en la calidad preindicada al rendir el trabajo encomendado, esto es, en cantidad de dieciocho millones novecientos quince mil seiscientos ochenta y dos pesos con 73/100 mcte, ($ 18.915.682.973), que el demandado dejó de percibir por concepto del pastoreo de ganado en el inmueble objeto de traba ejecutiva en este asunto y en el lapso que dura las medidas cautelares y a aquel en que fueron levantadas, esto es, entre el 16 de septiembre de 1987 al 14 de octubre de 1993, la cual deberá actualizarse con reajuste monetario hasta el día en que el pago de dicha suma de dinero se verifique”.
“Por lo expuesto...“ (fls. 185 y 186 sic a lo trascrito).
Pasmosamente se advierte por la Sala cómo esa operadora judicial soslayó el estudio de la principal pretensión del incidentante no obstante haberse ubicado como primera dentro de aquellas, ser evidentemente la más representativa, y haberse evacuado las pruebas tendientes a su demostración y cuantificación.
Consecuentemente, como lo sostuvo el actor, esa circunstancia vulnera el principio de congruencia del fallo, previsto en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil:
“El proceso civil contiene una relación jurídica conocida como relación jurídico procesal, que vincula a las partes y al juez hasta la sentencia. Esta relación establece el radio en que debe desarrollarse el proceso según el texto de la demanda, su contestación y los hechos que forman la causa petendi. Es así como el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, ordena que “la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”.
“De lo anterior se desprende como lógica consecuencia que el juez, al proferir la sentencia, no tiene una facultad arbitraria ni ilimitada, ya que sólo puede decidir sin desbordar el límite que le impone la demanda, es decir, que sólo puede moverse dentro del espacio que le determinan las partes. Si bien el juez no puede tomar decisiones autónomamente, pues la congruencia lo ata de manera inexorable, ello no impide que el fallador deba considerar y resolver todos los extremos de la litis...
“También hay un límite subjetivo, integrado por las partes, y un límite objetivo, compuesto por el objeto y la causa para pedir. Éste es el radio donde el juez debe enmarcar su actividad. Por ello, su obligación está en decidir respecto de las partes litigantes, así la sentencia pueda afectar a terceros, sentenciar sobre el objeto pretendido y por la causa que sirve de estribo a la demanda. Si el juez incumple su deber, ello conduce a que la sentencia se torne ineficaz, ya que al fallar sobre lo no pedido, o concediendo en exceso, excede su poder, o sea, que actúa sin competencia, como cuando omite decidir sobre peticiones o excepciones, pues en tal caso, por su inactividad, quedan sin resolver total o parcialmente algunos aspectos de la controversia” (2) (negrilla de la Sala).
(2) Fernando Canosa Torrado, Providencias y Ejecución de Providencias Judiciales, Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 1999, págs. 33 y 36.
Ahora bien, el hecho de recurrir la decisión permitiendo que el superior llene el vacío, ello no comporta el mantenimiento del principio de la doble instancia en la medida en que una de las pretensiones, en el caso de ocupación la más importante, que por su naturaleza goza de dicho principio, termina siendo decidida por el superior, pero en única instancia, pues evidentemente en un evento como éste esa decisión no puede recurrirse y con ello ejercitarse el derecho de contradicción.
Y es que la parte incidentante recurrió efectivamente la sentencia de primer grado a la espera que el tribunal accediera a pronunciarse y conceder su petitum referido al pago del daño emergente; aunque en forma desfavorable, su recurso fue atendido, pero, se insiste, en decisión de única instancia, pues como quedó dicho, el a quo omitió pronunciamiento alguno.
En efecto, en materia civil el principio de la doble instancia se encuentra contenido en el artículo 3º del Código de Procedimiento Civil, que establece: “los procesos tendrán dos instancias, a menos que la ley establezca una sola”, como en el asunto sometido a estudio en que evidentemente el fallo fue apelado y de él conoció la segunda instancia, con lo cual aparentemente el principio en cita se satisfizo.
Sin embargo ese principio se informa de otros dos, el de impugnación, o posibilidad de recurrir que se vio garantizado en autos, y el de contradicción, que no lo fue, pues para la efectividad del derecho a impugnar las decisiones judiciales y el demandado contradecir las pretensiones del actor o éste las excepciones del demandado y ambos las decisiones judiciales, se han establecido las dos instancias conforme a la organización jerárquica de la administración de justicia, con el fin que el proceso sea sometido por un juez distinto a quien emitió la decisión, para lo cual se requiere indefectiblemente que se haya proferido tal decisión sobre cada uno de los extremos de la litis, de las pretensiones y las excepciones, a menos que alguna de ellas sea subsidiaria de otra o que la concesión de una devenga en sustracción de materia de las otras, pero no porque el juez a su arbitrio, como aquí ocurrió, omita pronunciarse sobre una de aquéllas.
Por eso, aunque formalmente las partes puedan recurrir el fallo de primer grado y se pronuncie el juez de segunda instancia, ello no garantiza la doble instancia más que de manera formal, pues si el juez de primer grado caprichosamente omite pronunciarse sobre una pretensión, o sobre una excepción, por mucho que esa falencia la subsane el superior, el derecho de contradicción se ha desconocido y con él la doble instancia en su núcleo esencial, en la medida en que la decisión del superior no susceptible de recursos deja maniatadas a las partes que no pueden ya recurrir esbozando los argumentos tendientes a desvirtuar las consideraciones del fallador.
De tal suerte, si a pesar de expresarse las pretensiones o excepciones indicando los hechos en que se fundan, aportando y pidiendo las pruebas pertinentes, satisfaciendo el onus probandi y alegando de conclusión, sobre alguna de aquellas por el mero capricho del funcionario de instancia sólo se obtiene el pronunciamiento de su superior, se viola el principio de la doble instancia, cuya condición de derecho constitucional fundamental ya se reseñó en precedencia.
Sobre el punto la doctrina nacional enseña:
“Se entiende por instancia, en su acepción más simple —de acuerdo con De Santo— cada uno de los grados del proceso, o en sentido amplio, el conjunto de actuaciones que integran la fase del proceso surtida ante un determinado funcionario y a la cual éste le pone fin mediante una providencia en la cual decide el fondo del asunto sometido a su consideración.
“La instancia se caracteriza porque, de una parte, comprende toda la fase grado o actuación del proceso efectuada por un funcionario judicial, y, de otra por corresponderle decidir en forma amplia sobre el fondo de la cuestión debatida. Se habla de primera instancia para referirse a la comprendida desde que se inicia el proceso hasta cuando se profiere la correspondiente sentencia...
“Este principio, —como el de impugnación del cual es sólo una modalidad, quizá la más importante— tiene por objeto que el funcionario jerárquicamente superior, con mayor conocimiento y experiencia, pueda en virtud de la apelación, revisar la providencia del inferior...” (3) .
(3) Azula Camacho, Manual de Derecho Procesal, Edit. Temis, Séptima Edición, Bogotá, 2000, págs 79 y 80.
“Propugna el principio de las dos instancias porque las actuaciones que se surtan ante los funcionarios encargados de administrar justicia sean susceptibles de tramitar ante funcionarios de diferente categoría y jerárquicamente superiores, a fin de asegurar al máximo la eliminación del error judicial. Es una aplicación del conocido dicho popular de que cuatro ojos ven más que dos, y se halla expresamente mencionado en el artículo 31 de la Constitución Nacional, donde se advierte que: “toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagra la ley”.
“Ciertamente, en virtud del principio de que comentamos, las decisiones que toma un juez de inferior categoría —en que se presume, teóricamente, menos veteranía y versación en la ciencia jurídica— pueden ser revisadas por la vía de ciertos recursos (primordialmente el de apelación) por otro funcionario jerárquicamente superior, que se supone con mayor experiencia y mejores conocimientos” (4) .
(4) Hernán Fabio López Blanco, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Editorial ABC, Sexta Edición, Bogotá 1993, pág. 63.
De tal modo, insistimos, mal puede asumirse que se agotó la instancia cuando una de las pretensiones, para el caso la más importante, como ya se ha visto, no fue decidida y por ende no pudo ser objeto de contradicción para las partes ni pudo ser objeto de revisión por el superior aquello sobre lo que nada se dijo, de suerte que parafraseando al maestro López Blanco, aquí no se agotó el refrán de la sabiduría popular que cuatro ojos ven más que dos, porque los dos primeros no vieron.
En términos de procedencia de la acción de tutela, para eventos como el de ocupación, en reciente oportunidad expresó la Corte Constitucional:
“Es un principio general, en materia de procedimiento, por estar directamente relacionado con el debido proceso y el derecho de defensa, que exista la debida coherencia, en todas las sentencias, entre los hechos, las pretensiones y la decisión. Es decir, el juez debe resolver todos los aspectos ante él expuestos. Y es su obligación explicar las razones por las cuales no entrará al fondo de alguna de las pretensiones. También se ha establecido por la doctrina y la jurisprudencia, que no toda falta de pronunciamiento expreso sobre una pretensión, hace, por sí misma incongruente una sentencia. Al respecto, cabe recordar lo dispuesto en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil.
“En el caso de la acción de tutela, debe, pues, el juez analizar si cuando se esgrime como vía de hecho, la falta de pronunciamiento en la sentencia atacada de un aspecto determinado, tal omisión es de tal importancia, que al no hacerlo, puede haber sido determinante en la decisión a adoptar (5) .
(5) T-592 de 2000, en el mismo sentido T-443 de 2000.
Evidentemente en el caso de ocupación, como ha quedado visto, el extremo de la litis cuyo pronunciamiento el juez accionado soslayó, era el de mayor trascendencia en el incidente de regulación de perjuicios, pues atendiendo a las cuantías estimadas por la actora y determinadas por los peritos, la ciertamente millonaria suma establecida como lucro cesante, no llega a representar el 2% de aquella en que se fijó el daño emergente, hecho del que tuvo conciencia la funcionaria, pero sobre el que inexplicablemente no se pronunció, como era su deber conforme al citado artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, independientemente de que fuera para acogerlo como condena o para desecharlo.
Valga señalar que las partes limitaron su actuar a interponer los correspondientes recursos, satisfaciendo, se reitera, el derecho a impugnar pero no el de la doble instancia, no teniendo a mano ningún mecanismo diverso para corregir el yerro del a quo, pues la circunstancia planteada no constituye causal de nulidad dentro del extenso pero taxativo y excluyente catálogo previsto en el artículo 140 del Código de Procedimiento Penal, por ende no puede deducirse la presente tutela como improcedente.
Por último, y como es obvio, la tutela del derecho fundamental a la doble instancia que indudablemente apareja la del debido proceso de la actora, ha de materializarse revocando la sentencia impugnada y en su lugar disponiendo dejar sin valor ni efecto la actuación surtida en el incidente de regulación de perjuicios a partir del auto del 31 de enero de 2000 por el Juzgado 14 Civil del Circuito, hecho que releva a la Sala de adentrarse en el estudio de los demás temas planteados por el actor, a su juicio constitutivos de vías de hecho, pues tal actuación se ve afectada por la invalidez a declararse a partir del auto citado, actuación cuya reposición permitirá a las partes, en plano de igualdad, ventilar sus peticiones, contradecir las pruebas y contra argumentar las tesis del fallador de primer grado, recordando que si la decisión del ad quem hubiere sido favorable al incidentante en relación con el daño emergente, igual se hubiere vulnerado el principio de la doble instancia para la parte incidentada.
REVOCAR la providencia impugnada y en su lugar, conceder la tutela de los derechos constitucionales fundamentales de los actores representados por el Dr. Leopoldo Suárez Carrillo, a la doble instancia y debido proceso; consecuentemente, DEJAR SIN VALOR Nl EFECTO lo actuado en el incidente de regulación de perjuicios de Julio Enrique Olaya contra el Banco de Colombia, adelantado por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Bogotá, a partir del auto de fecha 31 de enero de 2000, inclusive, procediendo a emitir la decisión correspondiente, sobre todos los extremos de la litis, en el prudencial término de diez (10) días, atendida la complejidad del asunto.
Envíense sendas copias de esta decisión a las entidades accionadas.
Magistrados: Guillermo Bueno Miranda, con aclaración de voto—Jorge Alonso Flechas Díaz—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Temístocles Ortega Narváez—Leonor Perdomo Perdomo.
Silvio Gentil Nieto Beltrán, secretario judicial
ACLARA VOTO:
Magistrado Ponente: Dr. Temistocles Ortega Narvaez
Tutela contra Tribunal Superior de Bogotá - Sala Civil y Juzgado 14 Civil del Circuito de Bogotá
Rad. 20019626-01 (Acta Nº 46, junio 1º/2001)
Comparto la decisión de la colegiatura dentro de este asunto, al tutelar en favor del extremo pasivo en el proceso hipotecario del Banco de Colombia contra el señor Julio Enrique Olaya, el cual cursó en el Juzgado 14 Civil del Circuito de Bogotá, los derechos fundamentales al debido proceso y a la doble instancia.
Ciertamente, mediante el fallo del Honorable Tribunal de Bogotá de fecha 17 de septiembre de 1991, se declaró probada la excepción de prescripción de la acción cambiaria derivada de los pagarés aportados como títulos de la ejecución; como consecuencia de tal declaración, el tribunal dispuso el levantamiento de las medidas cautelares y condenó a la parte demandante al pago de los perjuicios causados con las medidas cautelares.
La parte incidentante demandó el pago de perjuicios que consideró derivados de las cautelas, tanto por daño emergente como por lucro cesante, al efecto, solicitó la práctica de un dictamen pericial sobre el inmueble trabado por la medida preventiva, prueba que fue practicada y cuyo dictamen obra en el expediente.
Sin lugar a dudas, el monto de los perjuicios por lucro cesante que demanda el incidentante, en el caso que ocupa a la Sala, constituye el núcleo esencial de su pretensión, a juzgar por el resultado valorativo, en términos económicos, que sobre tal punto arrojó el experticio. Y por lo mismo, se considera que, dada la trascendencia de la definición judicial del punto, el tema, para seguridad de las partes, pueda ser objeto de contradicción y pronunciamiento en doble instancia.
La verdad es que de acuerdo con la previsión contenida en el literal d) del numeral 2º del artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, norma no citada en parte alguna por el fallo aprobado en Sala, lo que motiva esta aclaración, “La sentencia de excepciones totalmente favorable al demandado pone fin al proceso; en ella se ordenará el desembargo de los bienes perseguidos y se condenará al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquel haya sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del proceso”, (negrilla fuera de texto) liquidación que se realizará en los términos dispuestos por el artículo 307 ibídem.
Así las cosas, es evidente que las consideraciones del juzgador para determinar si los perjuicios sufridos por el demandado fueron, o no, “ocasionados por las medidas cautelares” practicadas a instancias del demandante, es asunto que, en garantía de los derechos de las partes, debe ser objeto de contradicción y de impugnación, lo que no ha sucedido en el caso en estudio.
Guillermo Bueno Miranda, magistrado

References: artículo 687
 artículo 230
 artículo 27
 artículo 31
 artículo 687
 artículo 174
 artículo 305
 artículo 687
 artículo 29
 artículo 238
 artículo 305
 artículo 305
 artículo 3
 artículo 31
 artículo 305
 artículo 305
 artículo 140
 artículo 510
 artículo 307