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Timestamp: 2020-03-30 10:24:32+00:00

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La Justicia Electrónica en España actual y futura
La Justicia Electrónica en España: situación actual y desafíos de futuro
Hoy volvemos a publicar, dentro de nuestra campaña de prescriptores de ciberseguridad, un interesante artículo sobre la Justicia Electrónica en España elaborado por el experto en la materia, Eduardo Galocha Lozano
Eduardo Galocha Lozano es un reconocido experto del sector jurídico. Quien, entre otras actividades, ha ejercido como abogado especialista en derecho civil-mercantil y administrativo además de asesorar en materia legal a diferentes instituciones tanto públicas como privadas y haber desempeñado en la Administración de Justicia el cargo de Secretario Judicial responsable de la Oficina Judicial, donde ha desarrollado labores de derecho procesal y de gestión de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la administración de justicia
Actualmente, a través de Delogica, desempeña el puesto de asesor jurídico en la Subdirección General de Nuevas Tecnologías para la Justicia, donde participa en proyectos relacionados con la implantación de la administración judicial electrónica.
A continuación puede leer este interesante y completo artículo sobre el estado actual de la Justicia Electrónica en España y sus perspectivas:
En este artículo vamos a tratar de explicar que supone y cuáles son las ventajas del empleo de las tecnologías del conocimiento e información en la Administración de Justicia. Asimismo, dejaremos esbozados los problemas cuya solución habrá que abordar a corto plazo si se quiere que la Administración Judicial electrónica en España acabe siendo un éxito.
Como hemos dicho, la Justicia electrónica o e-Justicia no es más que el uso de las TIC en la Administración de Justicia para dar soporte a la actividad jurisdiccional mediante la combinación de medidas normativas, organizativas y tecnológicas.
La aplicación de dichas tecnologías permite aumentar el número de servicios prestados, mejorar la calidad y eficacia, racionalizar esfuerzos y recursos, así como abrir nuevos canales de actuación, comunicación e información accesibles para todos los operadores jurídicos y los ciudadanos. Es decir, que las TIC pueden posibilitar una justicia de calidad, abierta, transparente y próxima al ciudadano.
En el contexto legislativo actual, con las competencias en materia de Justicia transferidas a determinadas Comunidades Autónomas (CC.AA.) y la coexistencia de una multiplicidad de planes de modernización, nos encontramos ante una situación dispar entre las distintas administraciones públicas competentes y su modernización tecnológica. Así, es habitual que existan diferencias entre dichas administraciones (Ministerio de Justicia y CC.AA.) en relación a los medios de los que disponen para prestar servicios de Administración Judicial electrónica: realizar comunicaciones con profesionales por vías telemáticas, integración de los distintos sistemas de información, tramitación del procedimiento en formato electrónico, servicios al ciudadano, interoperabilidad, etc.
En definitiva, la introducción de las TIC en la Administración de Justicia es un proceso bastante reciente y todavía no cerrado si se compara con el resto del sector público, especialmente con otros ámbitos de la Administración Pública mucho más avanzados en la incorporación de los medios tecnológicos como es, por ejemplo, el tributario.
Principales hitos legislativos en la Justicia Electrónica
En la paulatina implantación de la Justicia electrónica tenemos que destacar, fundamentalmente, la importancia de las siguientes disposiciones legales:
-La Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, por la que se reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante, LOPJ) que introdujo la posibilidad del uso de medios técnicos, electrónicos e informáticos para el desarrollo de la actividad y el ejercicio de las funciones de juzgados y tribunales.
– La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (Ley 11/2007) que estableció el reconocimiento definitivo del derecho de los ciudadanos a comunicarse electrónicamente con las administraciones públicas, así como la obligación de éstas a garantizar ese derecho.
– La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información en la Administración de Justicia (Ley 18/2011) que crea el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), integrado por una representación del Ministerio de Justicia, de cada una de las CC.AA. con competencias en la materia, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Las principales funciones de este comité son las relativas al establecimiento de los criterios para la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales resultantes de la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE), asegurar la cooperación entre las diferentes administraciones con competencias en materia de Justicia, así como la definición del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS) cuyo objetivo es permitir, a través de las plataformas tecnológicas necesarias, el funcionamiento integrado de todas las aplicaciones informáticas al servicio de la Administración de Justicia. Igualmente, se encarga de elaborar y difundir las Guías de Interoperabilidad y Seguridad de las tecnologías de información y las comunicaciones.
– La Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil (Ley 19/2015) y la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (Ley 42/2015), las cuales, en sus respectivos textos, contienen disposiciones que abordan aspectos relativos a las comunicaciones telemáticas y electrónicas.
– Y por último, a nivel europeo, el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE para las transacciones electrónicas en el mercado interior [Reglamento (UE) 910/2014]. Este Reglamento define las condiciones para que los sistemas de notificaciones electrónicas sean legalmente válidos en los países de la Unión Europea. Entre sus objetivos está reforzar la confianza en las transacciones electrónicas, proporcionando las herramientas jurídicas necesarias para crear un clima de seguridad entre ciudadanos, empresas y la Administración Pública, regulando el artículo 25 los efectos jurídicos de las firmas electrónicas, el artículo 35 los del sello electrónico y los artículos 43 y 44 los efectos y requisitos de los servicios de entrega electrónica certificada.
No obstante, a pesar de estos avances legales significativos, todavía queda mucho camino por recorrer para definir y conseguir una verdadera e-Justicia.
Niveles de implantación en la Justicia Electrónica
El uso de las TIC en la Administración de Justicia viene desarrollándose de manera gradual a través de diversos niveles o etapas que una vez desplegados van subsumiendo a los que les preceden, aunque pueda darse el caso de que se implementen varios de ellos simultáneamente. Dichos niveles son cinco:
1º.- Comunicaciones telemáticas. En esta etapa la Administración de Justicia dispone y emplea los medios electrónicos necesarios para comunicarse con los profesionales que actúan ante los juzgados y tribunales, así como con otras Administraciones. Dichos medios deben cumplir con características tales como autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad, garantizadas todas ellas por una de las piedras angulares del sistema de la e-Justicia como es el uso de la firma electrónica.
2º.- Comunicaciones telemáticas integradas con los sistemas informáticos de los órganos judiciales. En este nivel la Administración judicial cuenta para el envío de notificaciones y recepción de escritos con flujos automatizados de entrada y salida de documentación en formato electrónico, aunque la que se genera en los juzgados derivada de la propia tramitación de los procedimientos se encuentra en formato papel. A este fenómeno se le conoce como el “expediente híbrido”, ya que la documentación de la que consta el propio expediente se puede encontrar parte en formato electrónico parte en formato papel.
En relación con estos dos primeros niveles hay que mencionar que desde el pasado 1 de enero de 2016 los profesionales de la Justicia y todos los órganos y oficinas judiciales y fiscales están obligados a emplear los sistemas telemáticos existentes para la presentación de escritos y documentos y para la realización de actos de comunicación en la totalidad de los órdenes jurisdiccionales (civil, penal, social y contencioso-administrativo) para los procedimientos que se hayan iniciado a partir de esa fecha. Y a partir del 1 de enero de 2017 la obligatoriedad se extenderá al resto de las administraciones y organismos públicos, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las personas que, sin representación o asistencia por un profesional de la Justicia, estén obligadas a comunicarse a través de medios electrónicos con dicha administración [caso de las personas jurídicas según lo dispuesto por el artículo 273.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)]. Además, a partir de esta última fecha, también los ciudadanos podrán ejercer su derecho a relacionarse telemáticamente con la Administración de Justicia cuando no sea perceptiva la intervención de un profesional.
En las CC.AA. sin competencias en materia de Justicia o en aquellas que lo han solicitado, esta comunicación telemática se realiza a través del sistema LexNET, mientras que en el resto se utilizan los distintos sistemas implantados por cada Comunidad.
El sistema LexNET, en uso desde 2007, pero regulado de nuevo por el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, es un medio de transmisión seguro de información, desarrollado por el Ministerio de Justicia, que mediante el uso de técnicas criptográficas garantiza la presentación de escritos y documentos y la recepción de actos de comunicación, sus fechas de emisión, puesta a disposición y recepción o acceso al contenido de los mismos.
Como hemos mencionado, la utilización obligatoria de este canal de comunicación también atañe a los órganos judiciales. Así, se estableció en el artículo 8 de la Ley 18/2011 y, recientemente, se ha reiterado en la LOPJ, reformada en este punto por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, cuyo artículo 230 recoge la obligación de los Juzgados y Tribunales y también de las Fiscalías de utilizar cualesquiera medios técnicos electrónicos, informáticos y telemáticos puestos a su disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, siempre con las limitaciones legales que resulten de aplicación.
3º.- Tramitación Electrónica de los Procedimientos Judiciales. En esta etapa la documentación que se genera fruto de la tramitación de dichos procedimientos se encuentra en formato electrónico. Ello implica el uso, además de los sistemas de gestión procesal, de determinadas herramientas tecnológicas que, fundamentalmente, son las dos siguientes:
La plataforma de firma electrónica (firma digital) para la rúbrica de documentos judiciales por parte de los distintos actores evitando así su impresión en formato papel. Dicha plataforma permite la utilización del certificado del DNI-e, la compatibilidad con múltiples certificados, el sellado de tiempo y otras funcionalidades. El Real Decreto 1065/2015, regulador del sistema LexNET, indica la necesidad del uso de firma electrónica reconocida en el intercambio de mensajes, lo que no excluye la obligación de incluir en los documentos o en las comunicaciones electrónicas los datos de identificación del firmante.
La firma electrónica (firma digital), que como hemos dicho es una de las claves de bóveda del sistema de Justicia electrónica, viene regulada en la Ley 59/2003, de 13 de diciembre (Ley 59/2003), recientemente reformada en algunos aspectos importantes por la Disposición Final cuarta de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social para favorecer el uso de sistemas de firma centralizada; reforma en cierto modo insuficiente o innecesaria, según la opinión del experto en la materia Julián Inza, porque parece ignorar la existencia del anteriormente citado Reglamento (UE) 910/2014 que en su exposición de motivos ya da por sobreentendido que es admisible la firma electrónica mediante sistemas de firma en la nube o firma centralizada o firma SOA, y no menciona modificaciones tan importantes como la denominación de certificados y firmas electrónicas que deben denominarse “cualificados” en vez de “reconocidos“.
El visor de expedientes judiciales electrónicos ya que, al igual que en papel, se hace necesaria una herramienta que permita la indexación de documentos, realización de búsquedas, lectura de los documentos, etc.
En relación con el Expediente Judicial Electrónico (EJE), heredero digital de los “autos”, el artículo 26.1 de la Ley 18/2011, reformado por la Ley 42/2015, lo define como “el conjunto de datos, documentos, trámites y actuaciones electrónicas, así como de grabaciones audiovisuales correspondientes a un procedimiento judicial, cualquiera que sea el tipo de información que contenga y el formato en el que se hayan generado”.
Así, desde un punto de vista técnico el EJE estará compuesto por:
– Documentos digitalizados o electrónicos ya desde su origen.
– Metadatos, entre los que destaca por su importancia el NIG, identificador único del asunto que da lugar al procedimiento, y la codificación del procedimiento compuesta por el código del mismo, número y año.
– Índice electrónico que relaciona todos los documentos, piezas y otros expedientes que formen parte de ese EJE.
– Firma digital del índice electrónico que garantiza la veracidad y autenticidad del expediente.
Por su parte, el documento judicial electrónico (DJE) viene definido en el artículo 27 de dicha Ley como “…las resoluciones y actuaciones que se generen en los sistemas de gestión procesal, así como toda información que tenga acceso de otra forma al expediente, cuando incorporen datos firmados electrónicamente…”.
Es decir, no todo documento en formato electrónico puede considerarse documento electrónico de acuerdo con esta definición legal. A este respecto hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 3.5 de la Ley 59/2003 al establecer que: “Se considera documento electrónico la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado”. Igualmente, la Ley 11/2007, en su anexo en el apartado j), recoge la misma definición.
De las definiciones anteriormente expuestas se extraen dos importantes propiedades del documento electrónico: “tratamiento diferenciado” y “firmado electrónicamente”. En cuanto a la primera, se consigue con mecanismos como los formatos XML que a efectos de intercambio, en un contexto de interoperabilidad, permiten metadatar un documento con todos aquellos tipos de datos que se consideren necesarios para que los sistemas informáticos puedan gestionar de manera ágil y eficiente la información, siendo el documento, en sí mismo, un nodo más de información del documento electrónico. Y en cuanto a la segunda propiedad, hay que tener en cuenta que a partir de la puesta en marcha del EJE todos los documentos judiciales que formen parte del mismo deberán firmarse electrónicamente para dotar a los mismos de autenticidad e integridad, cualidades tan necesarias en las actuaciones judiciales.
Cualquier sistema de información que preste un servicio a la Administración de Justicia en su ámbito procesal debe tener la capacidad de generar y procesar el EJE y los DJE.
En relación con este tercer nivel, hay que mencionar que a partir del 7 de julio de 2016 todas las administraciones con competencias en materia de Justicia estarán obligadas a tramitar electrónicamente los procedimientos judiciales, tal y como establece la Ley 18/2011 que dispuso para ello un plazo de 5 años desde su entrada en vigor, aunque muy probablemente muchas de ellas no lleguen a tiempo por lo que dicho plazo habrá de prorrogarse.
4º.- Servicios Electrónicos para los Ciudadanos. La Ley 18/2011 contempla la creación de un sistema que permita a ciudadanos y profesionales de la Justicia acceder a los servicios prestados por la Administración de Justicia por medio de las nuevas tecnologías. Así, se prevé la creación de sedes y subsedes judiciales electrónicas, equivalentes a direcciones electrónicas o páginas webs a través de las cuales realizar cualesquiera actos procesales y acceder al contenido de los expedientes en los que se intervenga o se actúe como parte interesada.
El ciudadano deberá poder acceder a una sede electrónica que le ofrezca, al menos, las siguientes funcionalidades en tiempo real:
-Acceso o puesta a disposición del expediente, para que pueda consultar tanto los documentos autorizados por el órgano responsable como el estado de la tramitación del mismo.
-Presentación de documentación, tanto para el inicio de un asunto como para continuar con la tramitación del mismo.
-Comprobación de documentos mediante el Código Seguro de Verificación (CSV) que permita, para el caso de que el documento se imprima, cotejarlo a través de la Sede Judicial Electrónica, y así asegurar su autenticidad e integridad.
La Sede Electrónica del Ministerio de Justicia se creó mediante Orden JUS/1126/2015, de 10 de junio.
5º.- Interoperabilidad Electrónica. Alcanzado este nivel podríamos hablar de una Administración Judicial electrónica plena. Para ello sería necesario cumplir con toda la normativa que emana del CTEAJE, como son las bases del EJIS, la Política de Firma, las Guías de Interoperabilidad y Seguridad, las Guías Técnicas de Aplicación, etc.; normas muchas de ellas todavía en fase de elaboración. La interoperabilidad permitirá a las distintas administraciones de Justicia interrelacionarse, pudiendo de esta forma itinerar (intercambiar o enviar de una a otra) asuntos, recursos y solicitudes de auxilio judicial de una manera mucho más ágil y eficiente.
Sin embargo, y a pesar de todo lo expuesto, al menos a corto plazo, el papel no desaparecerá del todo en los juzgados y tribunales, ya que hay que tener en cuenta que:
– El escrito iniciador y los documentos que lo acompañan, que den lugar al primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado o ejecutado, se presentan por vía electrónica, pero además debe presentarse en soporte papel, en los tres días siguientes, tantas copias literales cuantas sean las otras partes (artículo 273.4 LEC).
– Las personas que no estén representadas por Procurador podrán elegir en todo momento si actúan ante la Administración de Justicia a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse con la misma a través de esta forma. El medio elegido podrá ser modificado en cualquier momento (artículo 273.2 LEC). Por tanto, los escritos y documentos se presentarán en soporte papel cuando los interesados no estén obligados a utilizar los medios telemáticos y no hubieran optado por ello (artículo 135.4 LEC).
– Y, por último, los órganos judiciales que no dispongan de un sistema de entrada de documentos por vía electrónica deberán seguir aceptando -claro está- su presentación en papel, hasta disponer del mismo.
Desafíos de futuro en la Justicia Electrónica
Es evidente que la tecnología es un potente aliado para reformar y mejorar la Administración de Justicia en España y que se plantea como un objetivo su introducción en todos los órganos relacionados con ésta. Sin embargo, existen ciertos retos que hay que superar si se quiere que la implantación de las TIC en este ámbito sea un éxito completo. Entre ellos hay que destacar los siguientes:
1º.- Liderazgo claro a la hora de implantar las soluciones. Como se ha mencionado anteriormente la organización del sistema de Justicia en España responde a una estructura fuertemente descentralizada, compleja y con gran -y quizás excesivo- reparto de competencias. Esta configuración conlleva la falta de un liderazgo definido a la hora de adoptar soluciones tecnológicas.
Tanto desde el Ministerio de Justicia como desde el CGPJ y las CC.AA. con competencias en la materia se están desarrollando actuaciones importantes, pero en muchos casos se echa en falta una figura que pueda obligar a utilizar cierta aplicación o a adoptar cierta solución tecnológica.
Por otro lado, se da la condición de que en Justicia la casuística es muy amplia, siendo la forma de trabajar de cada órgano judicial diferente, lo que conlleva que sea complejo encontrar unas aplicaciones informáticas que sirvan a todos.
2º.- Nueva oficina judicial como la oportunidad para introducir las TIC en la Justicia. En la actualidad la Justicia se encuentra en un período de profundos cambios. Con un modelo de nueva oficina judicial (NOJ) todavía no del todo desarrollado aunque sí definido, la Justicia tiene ante sí la oportunidad de incorporar la tecnología al mismo tiempo que aborda los procesos de cambios necesarios para su modernización.
Esta nueva oficina judicial se integra por unidades de apoyo jurisdiccional y por servicios comunes procesales y no procesales. Las unidades de apoyo y los servicios comunes procesales asumen la tramitación y ejecución de tareas reguladas por las leyes procesales. La gestión de los medios materiales y humanos deberá ser realizada por unidades administrativas, vinculadas orgánica y funcionalmente al Ministerio de Justicia o a las CC.AA. con competencias en la materia.
El uso de la tecnología en esta nueva organización de la Administración judicial es esencial y supondría, sin duda, el salto cualitativo que necesita la Justicia en España.
3º.- Formación y cambio cultural entre los profesionales de la Justicia. Son numerosos los profesionales del ámbito de la Justicia que ya han adoptado, incluso anticipada y voluntariamente, las tecnologías como algo imprescindible para el desarrollo de su trabajo.
Sin embargo, también son muchos los que presentan cierta resistencia a la hora de adoptar nuevas herramientas y métodos de trabajo, aun sabiendo que son beneficiosos para el desarrollo de su actividad. Bien es cierto que en muchos casos existe un alto grado de desconocimiento de las TIC y que es preciso dedicar esfuerzo a la formación, pero también es cierto que la gran barrera está en la predisposición, por lo que se hace preciso fomentar un cambio de mentalidad y de cultura que haga que todos los actores implicados sean conscientes de la importancia de integrar las nuevas tecnologías en el día a día de la Administración de Justicia.
Por ello, siendo cierto que la tecnología debe estar al servicio de la organización judicial, no lo es menos que esta tecnología puede ayudar a transformar y mejorar la manera de hacer las cosas y hay que pensar de esta manera para poder asimilar el cambio. De lo contrario, será difícil que las TIC y las nuevas formas de gestión consigan transformar la organización judicial como ha ocurrido en otros ámbitos de la administración pública.
4º.- Necesidad de contar con todos los actores para proponer soluciones tecnológicas válidas. Finalmente, hay que tener en cuenta que el ámbito de la Justicia es complejo y que en él intervienen una gran cantidad de agentes que con su labor hacen posible el funcionamiento de un complicado engranaje. Pues bien, todos ellos han de ser tenidos en cuenta a la hora de proponer soluciones válidas, ya que del uso generalizado de las tecnologías derivarán los beneficios para la Administración de Justicia y, por ende, para el ciudadano, que es de lo que -en definitiva- se trata.
Consultor Procesal en Delógica Proyectos Informáticos (SGNTJ – Ministerio de Justicia)
Miembro de ENATIC (Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC)
Bueno Mata, Federico. ”E-justicia: Hacia una nueva forma de entender la justicia”. Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje (riedpa.com). Nº 1, 2010.
AA. “Las TIC en la Justicia del futuro”. Ariel y Colección Fundación Telefónica. 2009.
Sitio web: justiciaelectronica.es (Fecha de consulta: 20 de marzo de 2016]
Sitio web: inza.wordpress.com [Fecha de consulta: 1 de abril de 2016]
Administración Electrónica,Firma digital

References: artículo 25
 artículo 35
 artículo 273
 Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 230
 Real Decreto 
 artículo 26
 artículo 27
 artículo 3