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Timestamp: 2018-05-21 18:33:38+00:00

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﻿ AUTO 2006-00106/43868 DE JUNIO 2 DE 2016
AUTO 2006-00106 DE 02 DE JUNIO DE 2016
CONTENIDO:TRATÁNDOSE DE ENTIDADES PÚBLICAS, OTRA CIRCUNSTANCIA PUEDE CONFIGURAR LA SUCESIÓN PROCESAL. ESTO EN CUANTO SE CONFIGURE UNA ALTERACIÓN Y/O CAMBIO DE COMPETENCIAS DISPUESTAS POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. ESTO QUIERE DECIR QUE SIN NECESIDAD DE EXTINCIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN O SUPRESIÓN DE UNA ENTIDAD PÚBLICA, EL LEGISLADOR O EL GOBIERNO NACIONAL, DECIDAN REALIZAR UN TRASLADO DE COMPETENCIAS DE UNA ENTIDAD A OTRA DIFERENTE. SE TRATARÍA ENTONCES DE UN CASO DE SUCESIÓN PROCESAL POR VIRTUD DE LA LEY.
TEMAS ESPECÍFICOS:DETENCIÓN PREVENTIVA, DETENCIÓN ARBITRARIA, SUCESIÓN PROCESAL, AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DE LA NACIÓN, FUNCIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DE LA NACIÓN
Auto 2006-00106 de junio 2 de 2016
Radicación: 44001-23-31-000-2006-00106-01(43868)
Actor: Delmiro Benjumea Liñan y otros
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación - DAS
En el marco de los procesos judiciales bien puede ocurrir un fenómeno de alteración de las personas que integran las partes y/o terceros en contienda, bien sea por ocurrir en ellos hechos propios de la naturaleza, como es la muerte de las personas naturales, o situaciones que afectan a la existencia o identidad de las personas jurídicas, como sucede con la extinción, fusión o escisión de dichos entes morales, o finalmente ello puede tener ocurrencia por existir allí un negocio jurídico, como cuando se presenta una disposición del derecho litigioso y la contraparte no manifiesta su repudio a que el adquirente o nuevo titular llegue al proceso a reemplazar a quien fungió hasta el momento como titular del derecho en pleito(11). En todas estas circunstancias se torna común la situación ya antedicha, esto es, la alteración y/o cambio de quienes integran una parte (agréguese también a un tercero) dentro del proceso judicial, viniendo estos nuevos sujetos a tomar la actuación en el estado en que se encuentra a la hora de tener ocurrencia la situación generadora de sucesión.
Así, es claro que la sucesión procesal es, ante todo, una figura de raigambre esencialmente procedimental(12), de modo que su operancia no supone, de ninguna manera, alteración de la relación jurídico-sustancial debatida en el proceso judicial. Tal cosa ha sido precisada por la jurisprudencia constitucional, como sigue: “se advierte que esta institución por ser un fenómeno de índole netamente procesal, tampoco modifica la relación jurídica material, por tanto, continúa igual, correspondiéndole al funcionario jurisdiccional pronunciarse sobre ella como si la sucesión procesal no se hubiese presentado. Por eso, la sucesión procesal no entraña ninguna alteración en los restantes elementos del proceso”(13).
El Código Contencioso Administrativo, legislación aplicable al sub judice dada la fecha de presentación de la demanda que dio lugar a esta actuación judicial(14), no dispone de regulación jurídica que gobierne las condiciones bajo las cuales tiene lugar la aplicación la figura de la sucesión procesal, guardando entero silencio al respecto. Por consiguiente, en aplicación de la integración normativa memorada en el artículo 267 de dicha codificación contenciosa, hay lugar a acudir a las disposiciones de rigor del procedimiento civil. Ilustra dicha preceptiva legal: “En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo”.
Por consiguiente, se encuentra que el Código General del Proceso da cuenta de la sucesión procesal en estos supuestos, agregando, en lo que hace relación a las personas jurídicas, que también se predicará cuando ocurra una escisión de sociedades. Así, el artículo 68 precisa: “Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos, o el correspondiente curador. Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran”.
Se tiene entonces, que por medio del Decreto-Ley 4057 de 11 de octubre de 2011, el Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confieren los literales a) y d) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011 y en concordancia con el parágrafo 3º del mismo artículo, procedió a ordenar la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, reasignó unas funciones y dictó otras disposiciones.
“Decreto-Ley 4057 de 2011, artículo 3º. Traslado de funciones. Las funciones que corresponden al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, contempladas en el capítulo I, numerales 10, 11, 12 y 14 del artículo 2º, del Decreto 643 de 2004, y las demás que se desprendan de las mismas se trasladan a las siguientes entidades y organismos, así:
Una vez culminado el proceso de incorporación de los servidores del DAS necesarios para la prestación del servicio a la planta de personal del Ministerio de Defensa Policía Nacional, así como el traslado de los elementos, bienes y equipos, las autoridades judiciales continuarán remitiendo los informes y avisos necesarios para que el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional mantenga actualizados los registros delictivos y de identificación de nacionales y expida los certificados judiciales. Para el efecto, se suscribirá un acta de inicio por parte del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en supresión y el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, el traslado se comunicará a la comunidad en general y a las autoridades correspondientes.
PAR.—Las entidades receptoras de las funciones sustituirán al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en los comités, juntas y demás instancias en los cuales participa y asiste, a la entrada en vigencia del presente decreto”(15).
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia Numeral 10, artículo 2º del Decreto 640 de 2004. Ejercer el control migratorio de nacionales y extranjeros y llevar el registro de identificación de extranjeros(16).
Fiscalía General de la Nación Numeral 11, artículo 2º del Decreto 640 de 2004. Ejercer funciones de Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para investigaciones de carácter criminal, relacionadas con la naturaleza y finalidad institucionales(17).
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional Numeral 12, artículo 2º del Decreto 640 de 2004. Llevar los registros delictivos y de identificación nacionales, y expedir los certificados judiciales, con base en el canje interno y en los informes o avisos que deben rendir oportunamente las autoridades judiciales de la República(18).
Unidad Nacional de Protección Numeral 14, artículo 2º del Decreto 640 de 2004. Brindar seguridad al Presidente de la República y su familia, vicepresidente y su familia, ministros y ex presidentes de la República; la información relacionada con su seguridad tiene reserva legal.(19)
“Decreto-Ley 4057 de 2011, artículo 18. Atención de procesos judiciales y de cobro coactivo. Los procesos judiciales, reclamaciones de carácter administrativo, laboral, contractual y de cobro coactivo en los que sea parte el DAS y/o su fondo rotatorio quedarán a su cargo hasta la culminación del proceso de supresión.
Al cierre de la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, los procesos y demás reclamaciones en curso serán entregados a las entidades de la Rama Ejecutiva que hayan asumido las funciones de acuerdo con la naturaleza, objeto o sujeto procesal.
PAR.—Para los efectos de notificaciones judiciales que surjan posterior a la vigencia del presente decreto, se señala como domicilio único la ciudad de Bogotá, D.C.”.
Posteriormente advino el Decreto Reglamentario 1303 de 2014, signado por el Ministerio de Hacienda, el DAS y el DAFP, el cual refirió, en su artículo 7º, a las entidades que obrarían como destinatarias de los procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales en los que estuviera involucrado el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. De dicho precepto se extraen las siguientes dos reglas: i) se recalca que entidades tales como Migración Colombia, Dirección Nacional de Protección, Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación deben asumir los procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales de dicha entidad, y por otro tanto, el decreto refirió que tratándose de procesos y conciliaciones “que no deban ser asumidos por las entidades a las cuales se trasladaron funciones o se incorporaron servidores” ii) serán asumidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. El texto del artículo glosado es como sigue:
Decreto 1303 de 2014, artículo 7º. Procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales. Los procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales en curso en los que sea parte el DAS y/o el Fondo Rotatorio del DAS que aún no han sido recibidos por las entidades que asumieron las funciones, Migración Colombia, Dirección Nacional de Protección, Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación de conformidad con lo señalado en el numeral 3.2, del artículo 3º del Decreto-Ley 4057 de 2011, serán entregados a estas entidades por el director del DAS en proceso de supresión debidamente inventariados y mediante acta, para lo cual debe tener en cuenta la naturaleza, objeto o sujeto procesal.
(…) (Resaltados fuera del original).
Ahora bien, como otro parámetro consecuente al auto de Sala de la Sección Tercera de esta corporación el 22 de octubre de 2015(20), en la cual se inaplicó, el artículo 7º del Decreto 1303 de 2014 en lo que hace referencia al traslado de procesos judiciales y conciliaciones del DAS a la Fiscalía General de la Nación, reconociendo al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República como sucesor procesal del DAS, hasta que el Presidente de la República reglamentara lo pertinente.
Con fundamento en lo anterior, el pasado 22 de enero de 2016, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República profirió el Decreto Reglamentario 108 en el cual consideró asignar los procesos a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el fin de que sean atendidos y pagados con cargo al patrimonio autónomo cuya creación fue autorizada por el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015 los procesos judiciales entregados a la Fiscalía General de la Nación como sucesor procesal del extinto Departamento Administrativo Seguridad, DAS, o su fondo rotatorio, en los casos en que la Fiscalía sea excluida como parte procesal por decisión del juez de conocimiento.
Considerando el preliminar suceso y dado que el Decreto 1303 de 2014 trae a cuento a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, medida confirmada por el Decreto 108 de 2016, es menester señalar la posición adoptada recientemente en providencia de esta corporación(21), en la cual no se repuso la decisión de que en efecto sería dicha entidad la encargada de asumir y continuar con la representación de los procesos que llevaba a cabo por competencia el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
Ahora bien, para el presente caso la Agencia de Defensa Jurídica del Estado solicita que se le reconozca como sucesora procesal del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
Máxime si se tiene en cuenta que la acción de reparación directa originaria de los hechos en este caso, nació con ocasión de la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Delimiro Benjumea Liñan, la cual se presentó en virtud de las labores de inteligencia realizadas por agentes del suprimido DAS que lo daban como presunto responsable del delito de rebelión, entendiéndose que se trasladaría esa función en competencia de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
1. DEJAR SIN EFECTOS el auto de 7 de diciembre de 2015 mediante el cual se reconoció al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA como sucesor procesal del DAS.
11 “La sucesión procesal no constituye una forma más de intervención de terceros sino un medio encaminado a permitir la alteración de las personas que integran la parte o, inclusive, de quienes tienen la calidad de terceros, en otras palabras, puede sustituirse a sujetos de derecho que actúen como partes o como terceros”. LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo I. Bogotá, Dupré, 10ª edición, 2009, pág. 365.
12 “Esas modificaciones en la estructura de las partes en el proceso, no alteran la relación jurídico·procesal en cuanto al contenido de la litiscontestatio, y sus defectos o los resultados de la sentencia, que permanecen inalterables. La sucesión o el incremento en cuanto a los sujetos o personas que constituyen las partes, tiene un sentido formal, pues se considera que el debate sigue siendo entre los mismos demandantes y demandados y respecto a la relación sustancial planteada, a pesar de que otras personas físicas o jurídicas asuman esa condición en su lugar o concurran a coadyuvarlas o a sostener una posición principal paralela a la de una de las partes iniciales y como litisconsortes de estas. El proceso continúa siendo el mismo, y la sentencia debe recaer sobre las relaciones sustanciales que las partes originalmente plantearon; solo como cuestión adicional, una vez resuelta la situación legal de estas, puede decidirse, si es el caso, sobre los efectos de la cesión o sucesión y sobre los derechos del interviniente principal litisconsorcial”. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Nociones generales de derecho procesal civil. Madrid, Aguilar, 1966, pág. 372.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-553 de 2012.
14 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
15 Decreto 4057 de 11 de octubre de 2011.
16 El Decreto-Ley 4057 de 2011, artículo 3º. Traslado de funciones. (…) 3.1. consagró que dicha función la ejercería esta entidad.
17 Decreto-Ley 4057 de 2011, artículo 3º. Traslado de funciones. (…) 3.2. consagró que dicha función la ejercería esta entidad.
18 Decreto-Ley 4057 de 2011, artículo 3º. Traslado de funciones. (…) 3.3. consagró que dicha función la ejercería esta entidad.
19 Decreto-Ley 4057 de 2011, artículo 3º. Traslado de funciones. (…) 3.3. inciso 5º consagró que dicha función la ejercería esta entidad.
20 Auto de Sala de Sección Tercera del Consejo de Estado, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicado 54001-23-31-000-2002-01809-01 (42523).
21 Auto de ponente - Sección Tercera del Consejo de Estado, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. 26 de mayo de 2016, radicado 2500-23-26-000-2009-00407-01 (42478).

References: artículo 267
 artículo 68
 artículo 18
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 18
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 238
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
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