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Timestamp: 2020-04-03 11:49:49+00:00

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Sentencia del Tribunal Supremo sobre menores extranjeros no acompañados | Urbe Abogados
Sentencia del Tribunal Supremo sobre menores extranjeros no acompañados
El TS fija doctrina sobre la práctica de pruebas de determinación de edad a los inmigrantes en cuyo pasaporte consta su minoría de edad
MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS. Revocación de la resolución que acordó el cese del ejercicio de las funciones tutelares de una joven guineana asumidas por los servicios autonómicos porque, de las pruebas médicas practicadas, se deducía que era mayor de edad, aunque en su pasaporte constaba su minoría de edad. El Tribunal Supremo fija como doctrina jurisprudencial la siguiente: el inmigrante de cuyo pasaporte o documento equivalente de identidad se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de su edad, pues no cabe cuestionar sin una justificación razonable por qué se realizan tales pruebas cuando se dispone de un pasaporte válido. Por tanto, procede realizar un juicio de proporcionalidad y ponderar adecuadamente las razones por las que se considera que el documento no es fiable y que por ello se debe acudir a las pruebas de determinación de la edad.
El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda de oposición a la resolución por la que se cesaba el ejercicio de las funciones tutelares de una joven guineana asumidas por los servicios autonómicos. La AP Barcelona revocó la sentencia del Juzgado y desestimó la demanda. El Tribunal Supremo estima los recursos formulados por la demandante, casa la sentencia recurrida y confirma la del Juzgado.
Sentencia Nº: 453/2014
Recurso Nº: 1382/2013
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Septiembre de dos mil catorce. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación y de infracción procesal, contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Décimo Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio verbal en materia de menores nº 708/2010, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Barcelona, cuyo recurso fue preparado ante la citada Audiencia por la representación procesal de doña Nerea, el procurador don Isidro Orquín Cedenilla. Habiendo comparecido en calidad de recurrida la Letrada de la Generalidad de Cataluña. Es parte el Ministerio Fiscal.
PRIMERO.- 1.- La procuradora doña Marta Pradera Rivero, en nombre y representación de doña Nerea, interpuso demanda de juicio verbal en materia de menores, contra la Generalidad de Cataluña y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la que se estime la demanda y en consecuencia:
1º. Declare que la resolución administrativa impugnada en materia de protección de es contraria a Derecho, por los motivos indicados en el cuerpo de esta demanda, y declare su nulidad.
2º. Ordene dejar sin efecto la resolución administrativa impugnada.
3º. Declare que la fecha de nacimiento de mi mandante establecida en su pasaporte y partida de nacimiento es válida y veraz.
4º. Declare que la resolución administrativa impugnada, en la fecha de su emisión, provocó de forma contraria a derecho la desprotección y desamparo de la menor Nerea, pues en aquella fecha mi mandante era efectivamente menor de edad.
5º. Condene a la administración demandada a restablecer la situación jurídica individualizada de mi mandante, por cuanto en el momento de dictar la resolución administrativa impugnada, era menor de edad.
6º. Condene a la Administración demandada a estar y pasar por los citados pronunciamientos, y al pago de las costas devengadas en este procedimiento.
2.– La Abogada de la Generalitat de Cataluña, en nombre y representación de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia desestimando todas las pretensiones de la Sra. Nerea por mala fundamentación legal, y confirmando la resolución de la DGAIA de 2 de septiembre de 2009 por ser ajustada a derecho.
3.- Previos los trámites procesales correspondientes y práctica de la prueba propuesta por las partes y admitidas la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 16 de Barcelona, dictó sentencia con fecha 18 de junio de 2012, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: Que debo estimar la oposición ejercitada por doña Nerea contra resolución de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de fecha 2 de septiembre de 2009, sin hacer pronunciamiento sobre las costas.
SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), la Sección 18 de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia con fecha 10 de abril de 2013, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS: Que ESTIMANDO el recurso de apelación formulado por la representación de la Dirección General a la Infancia y a la Adolescencia y ESTIMANDO la impugnación por el Ministerio Fiscal contra la sentencia dictada en fecha 18 de junio de 2012 el Juzgado de Primera Instancia núm. 16 de Barcelona en los autos de Protección de Menores n° 708/2010 de los que dimana el presente rollo, SE REVOCA la expresada resolución acordando en su lugar la desestimación de la demanda formulada por la representación de NEREA contra la Resolución de la DGAIA de fecha 2 de septiembre de 2009 que acuerda el cierre y archivo del expediente de protección que se confirma en todo sus extremos, todo ello sin hacer expreso pronunciamiento en cuanto a las costas de la presente apelación.
TERCERO.- Contra la expresada sentencia interpuso recurso por infracción procesal la representación procesal de Nerea con apoyo en los siguientes MOTIVOS: PRIMERO.- Al amparo del artículo 469.1.4º LEC y 5.4. LOPJ se denuncia la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución Española por infracción de las normas relativas a la valoración de la prueba y, en particular, de los artículos 323, 319 y 317 LEC. SEGUNDO.- Al amparo del artículo 469.1 .4º LEC y 5.4. LOPJ se denuncia la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución Española por infracción de las normas relativas a la valoración de la prueba y, en particular, de los artículos 348 y 376 LEC.
2.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, la abogada de la Generalidad de Cataluña, presentó escrito de impugnación al mismo. Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido al Ministerio Fiscal presentó escrito interesando la confirmación de la sentencia recurrida.
3.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo en pleno de la Sala el día 14 de julio de 2014, en que tuvo lugar. Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. JOSÉ ANTONIO SEIJAS QUINTANA,
PRIMERO.- Doña Nerea (nacional de Ghana) formuló demanda de oposición a la medida administrativa sobre protección de menores del artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, referida a la resolución de la Dirección de Atención a la Infancia y Adolescencia del Departamento de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat de Cataluña, de 2 de septiembre de 2009, en la que se cesaba el ejercicio de las funciones tutelares asumidas con carácter preventivo, se dejaba sin efecto la guarda otorgada a la directora del centro de acogida Dolors Aleu y se cerraba el expediente de amparo de la citada joven al considerar acreditado que era mayor de edad. En la demanda se ponía de manifiesto que la actora estaba en posesión tanto de pasaporte como de partida de nacimiento, por lo que, al no estar indocumentada, no deberían de habérsele practicado las pruebas médicas.
El Juzgado de 1ª Instancia, con fecha 28 de marzo de 2011, dictó auto acordando el archivo del procedimiento por carencia sobrevenida de objeto ya que, oficialmente según su pasaporte, la demandante era mayor de edad desde el 15 de mayo de 2010. El auto fue revocado por la Audiencia Provincial, que acordó seguir el procedimiento.
Se ha formulado un doble recurso por Doña Nerea: extraordinario por infracción procesal y de casación. Los dos tienen que ver con la situación de los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en situación irregular en España.
En el segundo -un solo motivo- se invoca interés casacional por existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales sobre el hecho de la práctica de las pruebas médicas cuando el menor extranjero se encuentra en posesión de un pasaporte válido. Considera infringido el artículo 35.3 de la Ley Orgánica 4/2000 y el artículo 190.2 del RD 557/2001, que lo desarrolla, que no son de aplicación al extranjero que se halla documentado. Las sentencias que se citan son la de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa -Sección 3ª- de 18 de diciembre de 2007 y la de la Audiencia Provincial de Barcelona -Sección 18- de 1 de octubre de 2012.
El recurso de casación coincide en algunos puntos con la cuestión planteada en el de infracción procesal sobre la validez de los documentos públicos en España y se señala que, desde el momento en que no se cuestiona la validez del pasaporte, la autoridad administrativa no puede iniciar los mecanismos tendentes a la averiguación de la edad real de la joven; razón por la que, para evitar reiteraciones, se van a resolver conjuntamente, para estimarlos, a partir de las conclusiones siguientes:
2.- Dispone el artículo 35.3 de la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, que “En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias”, señalando en su artículo 25.1 que “ El extranjero que pretenda entrar en España deberá hacerlo por los puestos habilitados al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, que se considere válido para tal fin en virtud de convenios internacionales suscritos por España y no estar sujeto a prohibiciones expresas. Asimismo, deberá presentar los documentos que se determinen reglamentariamente que justifiquen el objeto y condiciones de estancia, y acreditar medios de vida suficientes para el tiempo que pretenda permanecer en España, o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000). En cuanto a los artículos 6 y 190 del Reglamento Extranjería, según el primero, para acreditar su identidad, el extranjero que pretenda entrar en España deberá hallarse provisto de alguno de los documentos que cita, entre ellos el pasaporte expedido por las autoridades competentes del país de origen o procedencia de sus titulares o por las organizaciones internacionales habilitadas para ello por el derecho internacional y contener, en todo caso, datos suficientes para la determinación de la identidad y nacionalidad de los titulares. Conforme al segundo, y en lo que aquí interesa, cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad localicen a un extranjero no acompañado cuya minoría de edad sea indubitada por razón de su documentación o de su apariencia física, éste será puesto a disposición de los servicios de protección de menores competentes, poniéndose tal hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los datos de identificación del menor serán inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados. En el caso de que la minoría de edad de un extranjero indocumentado no pueda ser establecida con seguridad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en cuanto tengan conocimiento de esa circunstancia o localicen al supuesto menor en España, informarán a los servicios autonómicos de protección de menores para que, en su caso, le presten la atención inmediata que precise de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor. Con carácter inmediato, se pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal, que dispondrá, en el plazo más breve posible, la determinación de su edad, para lo que deberán colaborar las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario y urgente, realizarán las pruebas necesarias.
CUARTO.- No se hace especial declaración en cuanto a las costas causadas en ambas instancias ni de las de los recursos formulados ante esta Sala ( artículos 394 y 398 LEC).
1.- Estimar los recursos formulados por doña Nerea contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 18, en fecha 10 de abril de 2013.
3.- En su lugar, confirmamos y hacemos nuestra en todos sus pronunciamientos, la sentencia dictada por la Juez de 1ª Instancia num. 16 de Barcelona, de fecha 18 de junio de 2012 en autos de procedimiento verbal número 708/2010.
4.- Se fija como doctrina jurisprudencial la siguiente: el inmigrante de cuyo pasaporte o documento equivalente de identidad se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de su edad, pues no cabe cuestionar sin una justificación razonable por qué se realizan tales pruebas cuando se dispone de un pasaporte válido. Por tanto, procede realizar un juicio de proporcionalidad y ponderar adecuadamente las razones por las que se considera que el documento no es fiable y que por ello se debe acudir a las pruebas de determinación de la edad. En cualquier caso, ya se trate de personas documentadas como indocumentadas, las técnicas médicas, especialmente si son invasivas, no podrán aplicarse indiscriminadamente para la determinación de la edad.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Francisco Marín Castán. José Ramón Ferrándiz Gabriel José Antonio Seijas Quintana Antonio Salas Carceller Francisco Javier Arroyo FiestasIgnacio Sancho Gargallo Francisco Javier Orduña Moreno. Rafael Sarazá Jimena Sebastián Sastre Papiol Eduardo Baena Ruiz. Xavier O’Callaghan Muñoz. José Luis Calvo Cabello. Firmado y Rubricado.

References: resolución 
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 resolución 
 Resolución 
 artículo 469
 artículo 24
 artículo 469
 artículo 24
 artículo 780
 resolución 
 artículo 35
 artículo 190
 artículo 35
 artículo 25