Source: https://www.scribd.com/doc/36812852/Situacion-sobre-los-derechos-indigenas-en-Chubut
Timestamp: 2017-03-24 19:28:49+00:00

Document:
Situación sobre los derechos indígenas en Chubut
Por un Bicentenario en Justicia y Solidaridad ...................................................................... 3 Introducción ............................................................................................................................. 5 Movilización Indigena ............................................................................................................. 6
Previas de la Marcha ......................................................................................................................... 7 La Marcha ......................................................................................................................................... 8 Cobertura en prensa de la marcha: .................................................................................................... 9
Autodeterminación, consulta, participación y consentimiento previo libre e informado. .................................................................... 10
Bienes Naturales – Minería ............................................................................................................. 11 Comentarios sobre el decreto 185 ................................................................................................... 14 Participación pública ¿por decreto? ................................................................................................ 15 El decreto 185 y el derecho indígena .............................................................................................. 15
Reconocimiento del Derecho a la Tierra .............................................................................. 16
Entrega de títulos Comunitarios ...................................................................................................... 16 Recuperaciones Territoriales ........................................................................................................... 16
Política de gobierno y estructuras estatales en cuanto al reconocimiento de los Derechos Indígenas ...................................................................... 17
Programas provinciales y nacionales y comunidades aborígenes. ................................................ 18 Aportes en el anteproyecto de ley provincial de educación ............................................................ 18
Acceso a la Justicia. Mecanismo de resolución de conflictos territoriales. Algunos casos emblemáticos ................................................................................................. 19
Casos Meseta Central de la Provincia del Chubut .......................................................................... 19 Casos Zona Cordillera de la Provincia del Chubut ......................................................................... 20 Casos Zona sur de la Provincia del Chubut. .................................................................................... 23
Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen San Martín 236 - 02965-421366 9100- TRELEW -Chubut
POR UN BICENTENARIO EN JUSTICIA Y SOLIDARIDAD
El Equipo de Pastoral Aborigen de la Diócesis de Comodoro Rivadavia, nos ha pedido unas palabras de presentación a este trabajo de información acerca de la “Situación de los Derechos Indígenas en la Provincia de Chubut”. La Diócesis ante dicha, junto a la Prelatura de Esquel (que también cuenta con Equipo de Pastoral Aborigen), son las dos presencias de la Iglesia Católica en el Chubut. En ocasión del Wiñoy Tripantu, año nuevo mapuche, es la segunda vez que se presenta este informe; el anterior, junio 2009, tuvo una gran repercusión no solo hacia adentro de la Iglesia, sino también en la Sociedad Chubutense y Argentina que es testigo de la profundización de la visibilidad de los Pueblos Originarios como realidades presentes y vivas en la Nación Argentina. Los dos bicentenarios (2010-2016), son vividos por los pueblos indígenas no tanto como Fiesta, sino como desafío: “Un Bicentenario con muchos Siglos de Historia”, nos dicen desde sus tantos legítimos reclamos fruto de muchas deudas pendientes. Decía un “Lonko” en una reunión: “no somos pobres, somos empobrecidos”. Este trabajo del Equipo del Pastoral Aborigen del Chubut se aborda desde la perspectiva jurídicolegal y desde la búsqueda de la propia identidad del pueblo Mapuche-Tehuelche en cuanto a su Cultura, su Espiritualidad y su Relación con la naturaleza-regalo de Dios para todos. Por eso, queremos recordarles lo expresado por los Obispos de la Región Patagonia-Comahue con motivo de la Semana de los Pueblos Originarios de 2010 y el comienzo de la Celebración de los Bicentenarios.: “Creemos que una nueva relación es posible, a partir del reconocimiento de los derechos propios de los pueblos originarios, de una decidida acción de los estados favoreciendo la implementación y aplicación de los derechos, una voluntad política de asumir con compromiso la existencia de los pueblos originarios y su idiosincrasia. Sin ellos, no somos Argentina “(Obispos Patagónicos, Abril 2010) Que este informe acerca de los Derechos del pueblo Mapuche-Tehuelche en el Chubut ayude a todos los ciudadanos a reconocer que las pobrezas históricas de tanta gente no se superan con clientelismos oportunistas, ni con demagogias, ni con paternalismos ideológicos, sino con la superación de la invisibilidad de la problemática, la aplicación de los derechos constitucionales de la Nación (Art. 15, inc.17), de las Provincias y el Convenio 169 de la OIT, la reparación histórica y la garantización de los territorios y recursos naturales. Como Iglesia – Pueblo de Dios al servicio de la humanidad, hacemos votos para que los Bicentenarios sean jubileos por la Justicia y la Paz para quienes existen con anterioridad a nuestra conformación como Nación. El despojo de sus tierras, quedando tan reducidas, inhóspitas y poco aptas; la discriminación, humillación y desprecio por su cultura; la desesperada migración del campo a cordones marginados de las ciudades; la lentitud de los estados en reconocer el derecho a la tierra, la sensación de estar abandonados, la falta histórica de justicia que lleva a una grave escalada de violencia, etc…. Son motivos suficientes para seguir acompañando a tantos hermanos y hermanas. Quiera el Buen Dios regar de Gracias y Bendiciones el suelo y el corazón de todos para construir comunitariamente una Patria de Hermanos.
+ Obispo José Slaby
Prelatura de Esquel (Chubut)
+Obispo Joaquín Gimeno Lahoz + Obispo Fernando Carlos Maletti
Diócesis de C. Rivadavia (Chubut) Diocesis de San Carlos de Bariloche Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen 3
Por tercer año consecutivo el Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen, con una mirada fundada en el trabajo que realiza hace años con las comunidades indígenas de la Meseta Centro Norte de nuestra provincia, y en el aporte realizado por compañeros de esta misma causa, pretende reflejar en este informe la situación de los Derechos del Pueblo Mapuche Tehuelche en el periodo comprendido entre el 24 de junio del 2009 y 24 de junio del 2010, en ocasión del “Wiñoy Tripantu” año nuevo mapuche. Los distintos títulos del presente informe tratan de relevar el ejercicio de los diferentes derechos que la Constitución Nacional y Provincial y el Convenio 169 de la OIT prometen a los pueblos indígenas. Así hemos trabajado sobre autodeterminación, consulta, participación y consentimiento previo libre e informado; reconocimiento del derecho a la tierra; política de gobierno y estructuras estatales en cuanto al reconocimiento de los derechos; acceso a la justiciamecanismos de resolución de conflictos territoriales-casos emblemáticos En esta oportunidad, nos parece importante no solo hacer referencia a la situación de los derechos indígenas y las políticas implementadas por el estado provincial para garantizar el respeto de los mismos, sino que consideramos significativo resaltar la resistencia y el protagonismo del pueblo mapuche - tehuelche frente a la actitud del estado, por eso el informe se inicia con el titulo Movilización Indígena. Esperamos que la relación entre el pueblo mapuche- tehuelche y las diferentes manifestaciones del estado transite cada vez más el camino hacia el respeto efectivo de los derechos lo que solo se logrará sobre la base del mutuo reconocimiento. Ojala este informe contribuya a la verdad y al dialogo intercultural.
Constatamos un progreso en la movilización de las comunidades aborígenes del Chubut, especialmente de la zona de la Meseta Central Norte, Trelew y Puerto Madryn. Se va afirmando la conciencia de que no serán escuchados los reclamos del pueblo mapuche-tehuelche sin su participación activa para hacer visible la protesta. Se llegó a comprender que sin decisiones políticas no cambiaría la situación de injusticia avalada por un sistema que sostiene y legaliza el despojo. Después de años de intentar las reivindicaciones por la vía administrativa, ante la lentitud por parte de las instituciones a quienes les compete dar una respuesta, se optó por movilizarse a los lugares donde se toman las decisiones políticas y legislativas, con el objetivo de hacer visible la protesta y manifestar públicamente los reclamos. Se ha profundizado lo que expresábamos ya en el informe del año pasado: “Esta participación y movilización ha crecido, ha sido un verdadero paso hacia el plano político de los reclamos y ha producido hechos significativos frente a la sociedad de Chubut, tomando estado público y una presencia importante en los medios.” Las características de estas movilizaciones son un ejemplo de participación activa, popular, pacifica y a la vez firme, justa y decidida. Tienen la fuerza de los que reclaman porque padecen la situación, porque son victimas de los atropellos, porque ya han gastado interminables palabras denunciando las injusticias. Tienen la fuerza de los que luchan por la vida, por el respeto a la diversidad, por una sociedad que incluya a todos. Tienen la fuerza de los que hablan desde una sabiduría ancestral y después de siglos de resistencia frente a modelos que pretendieron callarlos. Esto se pone de manifiesto en las movilizaciones al escuchar la voz de un lonko, de un werken (vocero), de un nütramtufe (historiador) o de una pillankuze (cantora del tayül sagrado), los reclamos van unidos a la cosmovisión de este pueblo, de donde viene el newen (la fuerza) de los que reclaman. Y la sabiduría ancestral expresada en el “marichi wew ” y el “afafan” va de la mano con cánticos actuales de resistencia como “el pueblo mapuche vive… la lucha sigue y sigue”. Y es un signo de vitalidad el que los más ancianos, que vienen luchando hace años, están siendo acompañados por una juventud pujante que siente y vive su pertenencia al pueblo mapuchetehuelche, que renueva el pu newen de este pueblo que lucha. Así lo demuestra con su presencia en:
• 8 de Agosto de 2009, movilización en Rawson, con masiva presencia de representantes de sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales y comunidades mapuche-tehuelches de diferentes puntos de la provincia. Marcharon por las calles de la capital provincial, reclamando políticas públicas para abordar las problemáticas y no la represión. Es la primera vez que se logra juntar una multisectorial contra la represión policial, haciendo visible lo que està padeciendo la sociedad chubutense y particularmente las comunidades mapuche-tehuelches afectadas por políticas represivas.
29 de setiembre de 2009, se realizò audiencia en el Superior Tribunal de Justicia para tratar el recurso de casación que la defensa de Mauricio Fermin planteó y que llegara hasta la Corte Suprema de Justicia, teniendo que atender el tribunal provincial, la situación procesal de Fermin. Acompañó a la familia venida desde la Cordillera, una nutrida presencia mapuche-tehuelche. 11 de octubre, “ultimo día de libertad de los pueblos originarios” en la Plaza de Trelew y actos en distintas localidades de la provincia.
• 11 y 17 de Diciembre las comunidades de Sayhueque y Lefimi efectuaron la recuperación de sus territorios ancestrales apoyados por la
movilización de representantes de comunidades de distintos puntos de la provincia.
• Reuniones periódicas de las comunidades mapuche-tehuelche articuladas en la Meseta Central Norte.
12 al 14 de marzo de 2010, en la localidad de Cushamen se convocan en Trawn, cerca de setenta comunidades de la zona cordillerana, meseta, sur y costa. Fue un acontecimiento significativo para el fortalecimiento cultural, social y político, desde el conocimiento mapuchetehuelche conducidos por las autoridades, políticas y filosóficas ancestrales. Presencia y protagonismo de pobladores mapuche-tehuelche, en diversos espacios de debate, discusión y difusión en torno a la megamineria a cielo abierto aportando desde la cosmovisión indígena su postura en defensa del territorio y su estilo de vida ancestral.
superando las dificultades de organización y se logró reunir la logística necesaria. Por las distancias, la marcha constituyo para muchos un itinerario de toda la semana. El lunes 17 de mayo, tras varias horas de viaje, llegaron a Gan Gan (punto de reunión elegido para viajar a Trelew) los representantes de El Mirador. El martes 18 los pobladores de Taquetrén, Lagunita Salada y Blancuntre, se encontraron con los de Laguna Fría y Mallín de los Cual. Así se completaron los 40 asientos del colectivo de la empresa El Ñandú. Por la noche, arribaron a Trelew donde fueron recibidos por la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de la Paz. Durante la mañana del miércoles 19, reunido todo el grupo de pobladores de la meseta y los que llegaron por sus propios medios, pensaron objetivos en común y definieron detalles organizativos de la marcha. La discusión buscó “hablar palabras nuestras, de esos pensamientos que van a seguir cuando nosotros ya no estemos, de esos pensamientos de nuestros padres y abuelos”. De a poco, el discurso fue surgiendo para “hablar desde todo el esfuerzo que representa la venida acá, junto a los que quedaron allá en el campo. Agradecer a todos los que hicieron el esfuerzo para que hoy estemos juntos, con la esperanza de que salga algo bueno..., todos con un mismo proyecto, con una misma idea para ir a casa de gobierno, pelear por lo que se propuso, y también escuchar lo que ellos tienen para decir”. Ancianos y jóvenes, hombres y mujeres, fueron perfilando sus definiciones hasta dejar redactado el documento que sería entregado a las autoridades: “Las Comunidades Mapuche-Tehuelches de la Meseta Central, venimos hasta Rawson a reclamarle al gobernador Mario Das Neves como máxima autoridad de la Provincia, a nuestros legisladores y al Poder Judicial, que se reconozcan nuestros derechos como Pueblo Originario de esta Tierra. Esta tierra a la que ancestralmente pertenecemos. Les exigimos que respeten y hagan efectivos nuestros derechos, que están reconocidos en las constituciones tanto nacional, como provincial, y
• 14 y 15 de mayo 2010, en la sede Trelew de la UNPSJB, Jornadas “¿Bicentenario, para quienes?” con una mirada mapuche-tehuelche del pasado y presente, los signos de resistencia y testimonios de lucha de un pueblo que tiene mucha más historia que estos 200 años de nación.
20 de mayo de 2010, marcha en Rawson. La importancia de este acontecimiento merece el desarrollo de un análisis detallado:
PREVIAS DE LA MARCHA
La marcha a Rawson de las comunidades mapuche-tehuelche de la meseta comenzó a gestarse en una reunión de comisiones aborígenes el 10 de abril de 2010, realizada en Gan Gan, donde se propuso por consenso movilizarse a la capital de la provincia y se fijó el 20 de mayo como fecha para hacerlo. Se venían realizando reuniones por la tierra y otros temas, como la minería, donde se va viendo una mayor participación e interés de vecinos y pobladores. La maduración de las discusiones fue llevando a la necesidad de una acción importante, en el centro político de la provincia. A partir de este consenso y el entusiasmo de todos, se fueron
en el Convenio 169 de la OIT. Hoy estamos aquí las Comunidades MapucheTehuelche de la Meseta Central, unidas para hacer escuchar nuestras voces. RECLAMAMOS • Por nuestro derecho a la Tierra y Territorio, a que se nos otorgue la propiedad comunitaria de las tierras que ocupamos ancestralmente y de otras aptas y suficientes para nuestro desarrollo como pueblo. • Por nuestro derecho a que se nos dé participación y a que se nos consulte antes de tomar cualquier decisión que nos involucre o nos afecte. No queremos seguir siendo los últimos en enterarnos, ni ser víctimas de las decisiones que tomen otros sobre nuestro territorio. • Por el respeto y el reconocimiento de nuestras autoridades y nuestras formas de organización. • Por el derecho a elegir nuestro propio modelo de desarrollo. Queremos y tenemos derecho a seguir viviendo como lo han hecho nuestros ancestros durante siglos y como lo seguimos haciendo hasta ahora. Vivir de y para la tierra, de la cual somos parte. RECHAZAMOS la idea de que la explotación minera es la única alternativa de desarrollo, porque todos estos años hemos vivido sin minería, hemos vivido de la cría de animales, de nuestro trabajo, y si hoy estamos pobres, la explotación minera nos va a dejar más pobres aún. La explotación minera a cielo abierto atenta contra nuestra cultura, contra nuestra cosmovisión como Pueblo Indígena, la cual se basa en el respeto a la Madre Tierra, a nuestros newen, a nuestras montañas, y sobre todo al agua, tan necesaria para nuestra subsistencia. Hoy no nos están respetando, no nos están escuchando, no están cumpliendo con lo establecido en la Constitución Nacional, por eso los instamos
a que nos den respuesta concreta y efectiva a nuestros reclamos. Aquí estamos para hacernos escuchar, doscientos años pasaron y la resistencia de nuestro pueblo sigue en pie. Rawson, 20 de mayo de 2010". Comunidad Laguna Fría y Chacay Oeste, Mallin de los Cual, Los Pinos, El Escorial, Taquetrén, Blancuntre - Yala Laubat, Lagunita Salada - Cerro Bayo y Gorro Frigio, El Mirador y Sierras de Huancache. Por la tarde, varios representantes de las comunidades de la meseta atendieron a la prensa radial y gráfica de Trelew. 1
Y llegó finalmente la soleada mañana del 20 de mayo. El grupo de pobladores de la meseta viajó a Rawson temprano y se ubicó a un costado de la Legislatura Provincial, para reunirse con hermanos Mapuche-Tehuelche que viven en las ciudades y otros participantes y adherentes de organizaciones, foros, agrupaciones sociales, politicas y comunitarios de Puerto Madryn, Trelew, Rawson e incluso Comodoro Rivadavia y Comarca Andina. Hacia las once de la mañana, la marcha se puso en movimiento. Primera escala: la Legislatura provincial. Frente al ostentoso nuevo edificio legislativo se realizó un acto breve y se dejó copia del documento de la marcha con los reclamos. Un grupo de diputados provinciales entre los que estaban Nélida Burgueño, Jorge Pitiot, Rosa Muñoz, Mariana Ripa, Ricardo Astete, Marta Raso, Roberto Risso, Fernando Urbano y Roque González salió al encuentro de los manifestantes y escuchó sus demandas de tierra, territorio, reconocimiento, participación en la toma de decisiones y rechazo a la explotación minera
Representantes de 9 comunidades aborígenes se movilizan a Rawson EL Chubut, 20 de mayo de 2010 http://www.elchubut.com.ar/despliegue-noticias.php?idnoticia=130488 Comunidades marchan por sus derechos Diario Jornada, 19 de Mayo de 2010 http://www.diariojornada.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=36683
metalífera a cielo abierto (una actividad prohibida por una ley vigente sancionada por ese mismo poder legislativo en 2003). Los manifestantes pudieron dejarle a los legisladores presentes, cara a cara, su mensaje de denuncia y reclamo. La marcha continuó por las calles céntricas de Rawson, donde los ocasionales transeúntes y trabajadores de las diversas oficinas públicas observaban con curiosidad. Una copia del documento de la marcha se dejó en el Superior Tribunal de Justicia, otro de los poderes del Estado hacia donde los manifestantes llevaron la protesta. Ya en casa de gobierno, se solicitó poder ingresar para ser recibidos por el gobernador de la provincia Mario Das Neves. A pesar de que había cierta expectativa y muchos manifestantes de la meseta pensaron que serían recibidos y podrían conversar, nada de esto ocurrió. Después de un tiempo de espera, apareció Pablo Das Neves y ofreció recibir a algunos manifestantes, pero se le dijo que sòlo hablarían con autoridades elegidas por el pueblo. Aunque decían que estaba allí, el gobernador no recibió a los pobladores de la meseta. Un pedido de audiencia había sido presentado por las comunidades el 15 de abril, pero nunca fue respondido. La tarde transcurrió tranquilamente, entre la espera y un almuerzo improvisado frente a la Casa de Gobierno provincial. Durante las siete horas de espera se dieron diversas manifestaciones, circuló la palabra al ritmo del ñorkin, pifilka, afafan, MARICHI-WEU. En el mismo momento, una masiva marcha de Pueblos Indígenas llegaba a Plaza de Mayo, en Buenos Aires. La llamada Marcha Nacional de los Pueblos Originarios llevó la consigna “Caminando por la verdad hacia un Estado plurinacional”. Si bien no fue prevista por las comunidades de la meseta al elegir la fecha, la
coincidencia fortalecía a todos. Dicen las crónicas periodísticas que la presidenta Cristina Fernández recibió emocionada a una comisión indígena. Muy lejos de allí, en Rawson, la respuesta del gobierno era una sorda indiferencia. Situación reflejada en el siguiente documento en ocasión de la retirada de los manifestantes: “Las Comunidades de la meseta Centro Norte: Laguna Fría y Chacay Oeste, Mallín de los Cual, El Escorial, Lagunita Salada, Cerro Bayo, Gorro Frigio, Taquetren, Blancuntre-Yala Laubat, de los Pinos, El Mirador, Sierras de Huancache, comunidades urbanas y organizaciones sociales y ambientales de Puerto Madryn, Gaiman, Trelew, Rawson, Comodoro Rivadavia y el Bolson, luego de haber solicitado una audiencia con el Sr. Gobernador y no recibir respuesta alguna, nos presentamos en Rawson el día 20 de Mayo de 2010, reclamando su presencia. Siendo las 17.00 hs., y luego de haber esperado frente a Casa de Gobierno más de 7 horas, decidimos retirarnos y denunciar la actitud del Sr. gobernador de no habernos recibido y no tener en consideración que algunos hemos viajado más de 400 Km. Acto que consideramos de desprecio, vergonzoso y discriminatorio, que revela su verdadera política, que es darle la espalda al pueblo” Al día siguiente, una nota de la Subsecretaría de Información Pública de Chubut publicada en el Diario Jornada, con el título “Das Neves invitó a pueblos originarios a participar del debate minero”, hizo las veces de respuesta del gobernador al petitorio entregado por los pobladores de la Meseta. La invitación llegó demasiado tarde: los manifestantes ya habían emprendido el regreso a sus comunidades. Para muchos, el regreso a casa tomaría otros dos días.
COBERTURA EN PRENSA DE LA MARCHA:
La marcha tuvo una considerable difusión en medios de prensa regionales: Diario de Madryn, Diario El Chubut, Diario Jornada, Infochubut, entre otros.
Das Neves invitó a pueblos originarios a participar del debate minero Jueves, 20 de Mayo de 2010 http://www.diariojornada.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=36734 Pobladores de la meseta marcharon en rechazo a la megaminería 21 de mayo 2010 http://www.diariodemadryn.com/vernoti.php?ID=118985 Y en medios alternativos como Mapuexpress, Conflictosmineros.net, Indymedia, Mines and Communities (en inglés), Boletín Movida Ambiental, Noalamina.Org, entre otros. Argentina - Chubut: Comunidades Mapuche-Tehuelche marcharon contra la megaminería 25 May, 2010 http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=5614&PHPSESSID= Declaration of the Indigenous Communities of the Central Plateau of Chubut, Argentina 11-06-2010 http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=10160 Comunidades Mapuche-Tehuelche marcharon contra la megaminería Miércoles 26 de Mayo de 2010 http://www.conflictosmineros.net/contenidos/2-argentina/5553-comunidades-mapuche-tehuelchemarcharon-contra-la-megamineria Chubut: El gobernador se negó a recibir a Comunidades Mapuche-Tehuelche Jun. 01, 2010Jun. 01, 2010 http://argentina.indymedia.org/news/2010/06/735414.php
CONSULTA, PARTICIPACIÓN Y
CONSENTIMIENTO PREVIO LIBRE E INFORMADO.
Los derechos de autodeterminación, consulta previa, participación y consentimiento previo, libre e informado forman parte de un cuerpo de derechos colectivos enmarcado en nuevos principios que rigen la relación entre los estados y los pueblos indígenas, los cuales rompen con la tradición tutelar anterior. Estos derechos fundamentales de los pueblos indígenas se encuentran consagrados constitucionalmente en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y en el art. 34 de la Constitución de la provincia del Chubut, y con jerarquía superior a las leyes, a partir de la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en el año 2000. Además este corpus se ha enriquecido y
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del pueblo Saramaka contra Surinam (28.11.2007). La Corte desarrolla los derechos de participación, consulta previa y consentimiento libre, informado y previo respecto de planes de inversión y desarrollo, así como respecto de concesiones para actividades de exploración o explotación de recursos naturales en los territorios que los pueblos ocupan o utilizan de alguna manera y que puedan afectarles. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf.
desarrollado con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas aprobada en setiembre 2007. En lo procesal, estos derechos obligan a los estados a no tomar decisiones que puedan afectar a los pueblos indígenas mientras tales no implementen procesos de diálogo, participación y consulta previa. En lo sustantivo, los estados quedan obligados a respetar las prioridades de desarrollo de los pueblos, sus formas de vida e integridad. En el caso de proyectos de desarrollo, en particular, están obligados a priorizar el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas de acuerdo a su propia visión de desarrollo. De acuerdo al Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU, los derechos de participación y consulta se aplican a todo tipo de campos en los que el estado va a adoptar políticas, tomar medidas o implementar programas que puedan afectar a los pueblos originarios. Esto es, en el campo económico, social, político, cultural, educativo, laboral, de salud, justicia, seguridad, etc. En nuestra provincia estos derechos son sistemáticamente vulnerados, muestra de ello es que continuamente las distintas gestiones de gobierno, incluyendo la actual que se manifiesta como pro- indigenista han adoptado decisiones administrativas, dictado y reformado leyes, implementado medidas y programas, sin consultar previamente al Pueblo Mapuche – Tehuelche, ni darle participación alguna y en consecuencia prescindiendo en todos los casos de su consentimiento. Algunos ejemplos significativos son: la creación de la Dirección de Asuntos Indígenas y la consecuente designación de su director; la reforma del art 45 de la ley 3765, que específicamente se refiere a derechos de los pobladores indígenas sobre las tierra, la sanción de la ley provincial de Bosque, la elevación a la legislatura provincial del proyecto de ley sobre Personerías Jurídicas de las comunidades indígenas, realizada por el escribano Marcelo Lizurume, actual funcionario de la Escribanía General de Gobierno, y el continuo otorgamiento de permisos
de exploraciones mineras en la meseta central efectuado por el Gobierno, entre otras. Ahora, si bien estos derechos deben aplicarse a todo tipo de materias en la relación entre estados y pueblos indígenas, el tema es particularmente álgido cuando se trata de la realización de actividades extractivas en territorios indígenas, tema que merece un tratamiento especial.
BIENES NATURALES – MINERÍA*
Para poder comprender en toda su dimensión lo que ha sucedido el último año en la provincia y en la Meseta Central respecto del tema minero, vemos oportuno hacer una mirada retrospectiva de la instalación de esta explotación en el país. La instalación del esquema neoliberal para la actividad minera en Argentina es un proceso que lleva ya 20 años. Se inició en 1991, y tuvo su presentación estelar en Denver, Estados Unidos, con una conferencia promocionada como “Argentina, la última frontera minera” en 19933. El plan neoliberal buscó la expansión de capital privado y transnacional en el sector, la modernización del sistema de otorgamiento y registro de derechos mineros y el acceso empresarial a toda la información geológica disponible. Además exigía a las provincias la publicación de guías para inversores, boletines de oportunidades de negocios, manuales técnicos, y la participación de funcionarios en conferencias y shows (como la feria minera PDAC de Toronto). La nueva política minera impuso la privatización del subsuelo, y beneficios como el tope de 3 por ciento a las regalías o la estabilidad fiscal por 30 años. Rápidamente, la Provincia del Chubut se incorporó a la modernización neoliberal, renunciando así a una política minera autónoma, autogestionada y correspondiente con las necesidades y aspiraciones de la población local. La relación de la sociedad con los minerales quedó en manos de mercados financieros lejanos y anónimos cuyo principal objetivo es maximizar las ganancias en el menor tiempo posible, lo que no tiene por qué coincidir con el bien común y las políticas públicas que conducen a él.
Denver Post, 3 de junio de 1993. * Agradecemos el aporte de Luis Claps. 11
El 6 de mayo de 1993 el entonces gobernador de la Provincia del Chubut, Carlos Maestro, y quien en aquel tiempo era presidente de la nación, Carlos Saúl Menem, firmaron el Acuerdo Federal Minero, que luego sería ratificado por la Legislatura provincial mediante la Ley 38554. La Ley 38665 selló la adhesión de la provincia al régimen de la Ley Nº 24196, que instituyó un nuevo y atractivo régimen de inversiones para el sector. En marzo de 1998, el entonces subsecretario de Minería de la Nación Daniel Meilán y Carlos Maestro sellaron la incorporación del Chubut al Proyecto de Apoyo al Sector Minero (PASMA II), para “el fortalecimiento y la modernización de las instituciones de la administración pública minera provincial y sectores conexos, a fin que los mismos puedan acompañar, de manera eficaz, el dinámico proceso de transformación que se viene operando en la minería”. El proyecto fue financiado por el Banco Mundial, entidad que determinó así la orientación política de las reformas. Diez años después de la firma del Acuerdo Federal Minero, el movimiento social de Esquel6 y su Asamblea de Vecinos logró poner en cuestión la totalidad del plan neoliberal, y sus implicancias sociales, políticas, económicas y culturales. Reveló también todas y cada una de sus contradicciones y estafas y finalmente lo hizo retroceder. Como resultado directo de este proceso social y la consulta popular de marzo de 2003 que selló la inviabilidad política del Proyecto Esquel, la legislatura provincial sancionó la Ley 5001: una prohibición a la minería de metales a cielo abierto en todo el territorio provincial. También a comienzos de 2003, quizá en el momento de mayor cuestionamiento social al modelo neoliberal de la minería, varias empresas mineras de capitales extranjeros como IMA Exploration, Golden Peakes, Aquiline Resources o Patagonia Gold, consolidaban una posición territorial en la meseta. La expansión minera en la zona resulta meteórica: en solo 2 años, de 2003 a 2005, Aquiline Resources logra tomar control de casi 400 mil hectáreas entre Chubut y Río Negro. ¿Cómo es
que un inversor acepta poner dinero en proyectos mineros cuya modalidad de explotación está prohibida? El 26 de junio de 2006 Patagonia Gold anunció la reactivación del yacimiento Huemules (ubicado a uns 25 Km al noroeste de Esquel, próximo al Parque Nacional Futalaufquen), lo que revivió inmediatamente la movilización popular en Esquel. Unas semanas antes, una contundente manifestación de toda la Comarca Andina en el puente de la Ruta 258 sobre el arroyo El Pedregoso7 repudiaba las actividades de la minera canadiense Pacific Rim. Ante semejante presión, el gobierno retrocedió una vez más y la legislatura provincial aprobó la Ley 5504 que prohibió la exploración minera en toda la zona por 3 años (el año pasado, la prohibición fue renovada por 3 años más). El 25 de agosto de 2006, John Craven -presidente de Patagonia Gold y ex ejecutivo de Lonmin, los socios ingleses de Garovaglio & Zorraquín en la explotación de Mina Ángela - informó en un comunicado que “con el fin de proteger las inversiones de la compañía y preservar sus derechos legales para continuar realizando actividades mineras en sus propiedades, Patagonia Gold SA y Huemules SA han iniciado acciones legales contra ésta ley provincial a través de la presentación de una acción de amparo en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Minería de la Ciudad de Rawson”. La acción legal, aparentemente, no prosperó. Poco tiempo después, el 7 de noviembre, se aprobó la Ley 5552 que amplió la zona de exclusión minera a toda la cordillera de norte a sur de la provincia (entre el meridiano 70, a unos 8 Km al Este de Piedra Parada, y el límite con Chile). Esto respondió a la capacidad de presión de la población de Comodoro Rivadavia y su zona de influencia. El razonamiento es claro: si se protegen las fuentes de agua de Esquel y la Comarca Andina ¿por qué no proteger también las de Comodoro o Sarmiento? ¿Por qué no proteger de la minería a la cuenca del Río Senger?
http://www.legischubut.gov.ar//lxl/XVII45-3855.html http://www.legischubut.gov.ar//lxl/XVII47-3866.html 6 http://www.noalamina.org 7 http://www.noalamina.org/mineria-argentina/mineria-chubut/comarca-andina-chubut-marcho-contra-actividad-minera 12
Ya en el año 2007, quedó establecida en la provincia una “zonificación de hecho”:
El gobierno prometió realizar estudios socioambientales para generar un “mapa minero” en la provincia, pero dichos estudios aún no se conocen ni se sabe qué profesionales estarían a su cargo8. De modo que sin razones explícitas por parte del gobierno, la minería se frenó en la cordillera pero continuó en la zona de la meseta: aquella donde las condiciones de aislamiento político-económico y ausencia de ejercicio pleno de derechos constitucionales hacen que las empresas mineras puedan avanzar. Si fue necesario proteger las fuentes de agua de Esquel y la Comarca Andina, luego las fuentes de agua de Comodoro Rivadavia ¿Qué otras razón explica que no se protejan del mismo modo las fuentes de agua de las comunidades aborígenes y los pobladores rurales de la meseta? El gobierno actual, alertado de que la cuestión minera provoca en la población un nivel de
descontento capaz de cuestionar su propia legitimidad, de algún modo a “emprolijado” la forma de imposición del modelo neoliberal para la minería que inició en la provincia de Chubut su principal rival político: el partido Radical. La creación de nuevos organismos como el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable y sus oficinas específicas, el Instituto Provincial de Aguas, la “empresa” Petrominera Chubut Sociedad del Estado o el Decreto 185 referido a la participación pública y el acceso a la información ambiental, agilizan la gestión gubernamental de la cuestión minera, con un ojo en la conflictividad pero sin modificar ninguno de los principios heredados del modelo neoliberal: privatización del subsuelo, tope a las regalías, estabilidad fiscal por 30 años, control extranjero y desconocimiento de los derechos constitucionales de las poblaciones afectadas. Proliferan extensos y cuestionables
El “Primer mapa productivo sustentable”, anunciado en diciembre de 2007 pero hasta hoy desconocido. http://www.chubut.gov.ar/hidrocarburos/archives/031912.php?id=-1 13
“informes de impacto ambiental”, pero estos consideran las consecuencias de los proyectos mineros de forma particular y aislada. ¿Qué instancia de control toma en cuenta los impactos acumulativos de todos los proyectos mineros propuestos en la meseta central9? Es necesario evaluar la sinergia de degradación ambiental y consumo de agua que una serie de megaproyectos mineros provocaría en la zona (que acaba de pasar una de sus peores sequías). Posiblemente, la acción conjunta de múltiples operaciones mineras provocará un efecto superior al que resulta de la simple suma de ellas. Hoy es el turno de la Meseta: hay agua, hay energía, hay minerales, y hay precios internacionales favorables... solo falta viabilidad política que asegure el repago de los créditos que deben tomarse para construir la mina, y una resolución favorable del proceso de obtención de los permisos. El proyecto Navidad es el más avanzado de lo que puede convertirse en una larga serie: Patagonia Gold, Golden Peaks Resources10 y otras empresas (sin contar las de exploración de uranio más al sur, en la zona de Paso de Indios, como U3O8 Corporation o la propia Comisión de Energía Atómica), aguardan un desenlace favorable mientras avanzan con prospección y exploración minera a lo largo y ancho de la meseta. La Ley 5001 parece pronta a caer.
• El decreto se ha venido aplicando en estos últimos meses sobre proyectos mineros en la meseta central y casi la mitad de los informes evaluados por el ministerio han sido sobre actividades mineras. Sin embargo, no se ha aplicado mecanismo alguno de participación pública en el proyecto Navidad (el más avanzado de ellos). Esto no evitó que la autoridad de aplicación rechace una de las versiones del informe del proyecto Navidad presentado por Minera Argenta (Resolución 165 de 2009), que luego aprobó (del mismo modo, sin consulta pública).
Hay una serie de dificultades sobre esa consulta pública:
• El artículo 24 del decreto 185 establece que la convocatoria a consulta pública deberá realizarse mediante publicación de edictos en el diario de mayor circulación de la zona afectada por la obra o actividad, y en el Boletín Oficial de la provincia por el plazo de dos días.
Quienes habitan la zona de influencia de este proyecto no utilizan los diarios sino la radio: los “mensajes al poblador rural”. ¿Por qué la autoridad de aplicación no utiliza ese medio de comunicación? El artículo 25 establece que la autoridad de aplicación habilitará una casilla de correo electrónico a fin de recibir las observaciones a los informes que presentan las empresas. Los interesados podrán enviar las observaciones por correo electrónico o postal, o personalmente o en el municipio respectivo. Pero los pobladores de la meseta no tienen servicio de Internet. ¿Por qué la autoridad de aplicación no estableció una modalidad de acceso a la información acorde y accesible para ellos? El artículo 26 establece que la autoridad de aplicación fijará el plazo de la consulta pública, el que no podrá ser inferior a los diez (10) días
COMENTARIOS SOBRE EL DECRETO 185
En los últimos años, el gobierno ha establecido progresivamente una nueva institucionalidad ambiental en la provincia con la creación del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable y sus oficinas específicas. Uno de los objetivos principales del decreto 185 es regular los “mecanismos que garanticen el acceso a la información pública ambiental, como requisito esencial para una adecuada y eficaz participación ciudadana en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”.
Calcatreu, Navidad, Flamingo, La Fortuna, Regalo, entre otros. http://www.goldenpeaks.com
corridos, y comenzará a contar desde la última publicación de los edictos. El decreto prevee un mínimo de tiempo, donde debería establecer un plazo amplio para poder formular observaciones. ¿Cuánto tiempo demora la autoridad de aplicación en evaluar un informe? Posiblemente, más de los 15 días a que limitan la recepción de observaciones de los pocos afectados que lograron enterarse de la convocatoria y accedieron al informe (sin Internet y a más de 400 kilómetros de la sede de la autoridad de aplicación), lograron comprenderlo (a pesar de que involucra múltiples disciplinas como la geología, biología, química, geografía, entre otras, y no cuenta siquiera con un resumen ejecutivo que facilite su análisis), y eventualmente pudieron conseguir acceso a Internet en Gan Gan o Gastre para enviar sus observaciones en tiempo y forma.
Es casi imposible que las comunidades aborígenes, o sus autoridades, puedan completar el ciclo de información y participación propuesto en la normativa. Y ésta no establece ningún procedimiento alternativo que contemple sus condiciones de vida. Alguno de esos canales alternativos podrían ser: uso del mensajero al poblador rural, traslado de copia de los informes presentados por las empresas a los Juzgados de Paz de Gan-Gan o Gastre, tiempo suficiente como para poder enterarse, leer el informe y realizar observaciones, inclusión de un resumen ejecutivo o versiones abreviadas y simplificadas en los informes, visitas periódicas de funcionarios del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable a las comunidades aborígenes para informar y explicar sobre los proyectos propuestos en la zona de la meseta, entre otras alternativas que podrían implementarse inmediatamente y sin mayores gastos operativos.
• Desafortunadamente, no hay en el decreto una explicación clara del destino de esas observaciones ni su evaluación o estatus administrativo. Sólo se aclara que “las observaciones recibidas serán agregadas al expediente respectivo y se correrá traslado de las mismas al proponente del proyecto y/o su representante técnico por un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. Contestado el traslado, se dará por finalizada la etapa de consulta pública”.
¿Cómo se entera quien realizó una observación cuál fue la respuesta del proponente? De todos modos, no hay lugar a repregunta o mayores aclaraciones, ni se sabe bien cuál es el destino final de las observaciones.
EL DECRETO 185 Y EL DERECHO INDÍGENA
El decreto 185 es un repertorio de dificultades y obstáculos en lo referente a la participación indígena: ninguno de los mecanismos ni modalidades propuestas la promueve, sino todo lo contrario. A pesar de que la participación indígena es un derecho que contempla la Constitución Nacional (art. 75, inc 17), la Constitución Provincial (art. 43) y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, en el cual la participación indígena es un criterio central en lo referente a los recursos naturales, el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable no está incluyendo los derechos a la participación específicos de los pueblos indígenas. Con todo el pueblo mapuche-tehuelche esta encontrando medios propios para expresarse. A partir del 5 de setiembre de 2009, fecha en que se realiza la primera reunión de autoconvocados en Gan-Gan, se da un proceso de concientización y pronunciamiento de las comunidades indígenas de la meseta y pobladores de la zona, en principio manifestando la preocupación por la falta de información. En febrero se realiza la segunda reunión de autoconvocados en Arroyo Sacanana. Alli se
PARTICIPACIÓN PÚBLICA ¿POR DECRETO?
Mientras, resulta paradójico definir mecanismos de participación por decreto; este nuevo marco legal no garantiza (ni promueve, ni facilita) el acceso a la información pública ambiental a las comunidades aborígenes de la meseta. Siendo estas comunidades, precisamente, las directamente afectadas en caso de que los proyectos de exploración, como Gastre Bloque III, logren avanzar a proyectos de explotación (el fin último de todo esfuerzo de prospección o exploración minera).
manifesta la preocupación por la falta de agua y los efectos negativos del emprendimiento minero. En Gan-Gan, el 13 de marzo se lleva a cabo una tercera asamblea con amplia participación de la población local cuyo objetivo principal fue brindar información que el gobierno no otorga por mas que se lo han pedido reiteradas veces. Representantes de las comunidades y pobladores de Gan-Gan participaron en el XII Encuentro de la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas ambientales contra el saqueo) que se
llevó a cabo en la ciudad de Esquel a fines de marzo. Esta Asamblea concluyó con una marcha en la cual el reclamo principal fue el no a la mina enfatizando que la Meseta Central no es zona de sacrificio. Este proceso tiene su punto álgido en la marcha del 20 de mayo de las comunidades de la Meseta a Rawson donde se reclamò al gobierno el respeto por los derechos indígenas entre ellos el derecho a ser consultados antes de autorizar cualquier emprendimiento minero, a elegir su modo de vida y sus alternativas de desarrollo.
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA TIERRA
ENTREGA DE TÍTULOS COMUNITARIOS
Si bien el Gobernador Mario Das Neves hizo entrega del título comunitario a la Comunidad de Blancuntre en el acto político que se realizó en Esquel el 25 de mayo del 2009, donde emitió un discurso lleno de reconocimiento a la propiedad ancestral y expresando que este gobierno tiene como política la reivindicación de las tierras indígenas y el reconocimiento de sus derechos, en la realidad su gestión dista mucho de lo expresado en sus discursos. En el último año, no solamente, el gobierno no avanzó en la entrega de títulos comunitarios sino que tampoco dio respuesta en los expedientes que se tramitan en el Instituto de Tierras. Es sabido que esta institución es la encargada de la administración de las tierras fiscales de la provincia y que no tiene una política clara de gestión y muestra de esto, es que en el último año hayan pasado por el instituto de tierras dos presidentes. Si bien en la gestión de Juan Ripa se asumió un compromiso con las comunidades de la meseta para avanzar en las mensuras comunitarias de la Comunidad de Laguna Fría y Taquetrén, los requisitos administrativos que se le exigieron a las comunidades hicieron cada vez más difícil el avance a cumplir con el objetivo de la mensura. No obstante, se logró entablar un diálogo entre las comunidades que luego se diluyó, sin lograr resultado alguno. En la última visita que las comunidades hicieron no fueron atendidas por Ripa sin que se les diera explicación alguna y una semana después se hizo público su alejamiento quien fue
reemplazado por Raúl Mc Burney. El nuevo funcionario comenzó su gestión demostrando tener interés por la problemática indígena expresando su intención de resolver los problemas. En pos de eso, recibió a integrantes de este equipo, quienes le brindamos información necesaria para que adquiera conocimiento de la situación de las comunidades de la meseta en cuanto a tierra se refiera. También se organizó, a pedido de él, un viaje a la comunidad de Laguna Fría, para conocer el lugar y la problemática. A pesar de este acercamiento y muestra de interés, los expedientes duermen en la oficina del asesor jurídico desde el segundo semestre del 2009 sin que se haya tomado ninguna decisión política para lograr el avance en la entrega de títulos comunitarios. Esto muestra, claramente, que no existe decisión política de reconocer el derecho de las comunidades por la posesión y propiedad de las tierras que ocupan, tal como se garantiza en las constituciones nacional y provincial y en instrumentos internacionales sobre derechos indígenas. Lo expresado en los discursos políticos del gobernador no va de la mano con lo que sucede en la realidad.
RECUPERACIONES TERRITORIALES
La falta de respuesta y demora en años han provocado que sean las mismas comunidades que buscan con su organización volver a sus territorios ancestrales, garantizando ese derecho negado por el estado. “Wiñomuleiñ ta iñ mapumew” (Volvemos a vivir en nuestro territorio) es una expresión se ha
sonado con firmeza y dignidad, en las recuperaciones de territorio. Los pobladores mapuches vuelven a su tierra en la que florecera la identidad y sanaran junto a la mapu el dolor que les produjo el despojo. Comunidad Mapuche Tehuelche Valentín Sayhueque Como a otros caciques a Valentín Sayhueque se lo relocalizo con un reducido grupo de su familia en 12 leguas de campo, en la zona de Las Salinas, en el año 1889 como parte de la política indígena del gobierno nacional que se implementó con la denominada Campaña del Desierto . Ya para 1908 la casa de comercio Lahusen, aduciendo una deuda nunca comprobada, le embarga esas tierras. Las que posteriormente pasaron a otros “dueños” por ventas sucesivas. Fue en ese contexto que en el año 1944 la familia Sayhueque, que había logrado seguir en parte en esas tierras, fue desalojada por Gendarmería
Nacional. Quienes la dejan en el pueblo de Gobernador Costa. Sus integrantes deciden reconstituirse como “Comunidad MapucheTehuelche Valentín Sayhueque” reafirmando su presencia en una parte de su territorio ancestral . Con esa firmeza el pasado 11 de diciembre pudieron recuperar ese territorio. Comunidad Mapuche Lefimi Los hijos de Aniceto Lefimi y Prudencia Chico, organizados como Lof Mapuche retornan a su territorio en la zona de Taquetren, Departamento Gastre, del que fueran despojados en el año 1980 por el terrateniente Manuel Raposeira mediante estafa, aprovechándose del analfabetismo de Lefimi. Durante varias décadas reclamaron por la devolución de sus tierras, solo escuchaban el planteo de que nada se podía hacer, pero ellos no se resignaron. Desde el 17 de diciembre pasado, recuperaron el territorio que los vio nacer.
POLÍTICA DE GOBIERNO Y ESTRUCTURAS ESTATALES EN CUANTO AL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS INDÍGENAS
En la política de gobierno en cuanto al reconocimiento de los derechos indígenas se observa una dualidad práctica expresada por un lado en lo discursivo, con manifestaciones altisonantes pro-indígenas, reivindicadora de derechos, respetuosa de culturas y tradiciones, etc. Y por otro, la cruda realidad que muestra la permanente vulneración de los derechos del Pueblo Indígena que habita nuestra provincia, ya sea por la acción u omisión de los estamentos medios y en no pocos casos superiores de las administraciones específicas. En lo que respecta a la política gubernamental referida a la regularización de las tierras que pertenecen al pueblo Mapuche- Tehuelche, el estado públicamente hace mención de los eficientes resultados en cuanto a superficies regularizadas, pero los índices señalados no reflejan la realidad provocando confusión, ya que se incluyen áreas que fueron entregadas en gestiones anteriores. Aclaramos igualmente que el término “entregadas” no es apropiado, ya que debidamente estamos hablando de regularización de lo que por derecho pertenece a las comunidades-. De la misma manera se hace referencia a la cantidad de hectáreas titularizadas, que para el común de la gente pueden significar grandes superficies, pero no se tiene en cuenta que se trata de las tierras más pobres de la provincia, en las que son necesarias entre 7 a 8 hectáreas para mantener un lanar por año. Estos niveles medios administrativos, refractarios a cualquier intento reivindicativo, se constituyen en verdaderos artífices en la creación de obstáculos e impedimentos burocráticos que entorpecen el espíritu de las leyes dictadas a favor de las políticas indigenistas.Cualquier exigencia en la tramitación, por mínima que ella parezca, se constituye en una barrera muchas veces infranqueable para el poblador indígena. Es el caso de la “exigencia de conformidad” de posibles herederos, “aceptación de límites” que nunca existieron , cualquier papel, “el discurso negativo y descalificador de los Títulos Comunitarios por parte de quienes “trabajan” en terreno esta temática, personal que se ha educado en prácticas colonizadoras de vieja data y que
persisten aún. La divergencia de opiniones entre los asesores legales oficiales en lo que hace a la “figura” legal en el reconocimiento de la propiedad de estas tierras , todo lentificando los procesos ya de por sí lentos y burocráticos; no reconociendo las costumbres y tradiciones de estas instituciones.Sòlo si las políticas públicas consideran y se encaminan hacia el efectivo cumplimiento de la legislación existente se podrá llevar adelante un verdadero proceso de reparación de la deuda histórica que se tiene con el pueblo originario de nuestra provincia. El estado a través de las instituciones que tienen ese cometido o a las que se otorga esa obligación, deberá efectuar un seguimiento serio que responda a las necesidades de esta población, garantizando en todos los casos la auténtica participación de los propios interesados.
PROVINCIALES Y NACIONALES Y
COMUNIDADES ABORÍGENES.
Existen desde hace unos años a esta parte varios programas nacionales y provinciales de ayuda a los minifundistas. Algunos relacionados con las distintas “emergencias” climáticas sucedidas en estos años (por ej.:Erupción del Volcán Hudson, con la lluvia de ceniza en la zona noroeste de la provincia; la sequía persistente, etc.); o dirigidos a paliar la pérdida de poder adquisitivo de los minifundistas por la desvalorización de sus productos; o relacionados con mejoramiento de la calidad de majadas, mejoramiento de instalaciones, de vivienda, etc. No hay información precisa sobre estos programas, se habla de ayudas provenientes de PRODERPA, otras relacionadas con la Ley Ovina, otras con la ley Caprina; y otras que provienen de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, institución dentro de la cual se han organizado mesas zonales, provinciales y nacionales. Para acceder a los subsidios que provienen de estos organismos tanto provinciales como nacionales, se exige la conformación de UN GRUPO de minifundistas. Nos consta que las personas encargadas de llevar adelante estos programas han tenido que salir a buscar pobladores a los campos a fin de conformar los grupos necesarios para poder acceder a dichos beneficios. En la zona de la Meseta Central Norte, existen ocho comunidades aborígenes reconocidas
oficialmente por la provincia, con su organización, su ubicación territorial reconocida y por tanto dentro de una jurisdicción comunal. Salvo la Comunidad Aborigen de Laguna Fría y Chacay Oeste que obtuvo con la gestión del INTA, la concreción de un ANR (Aporte No Reintegrable) 14 de la Ley Ovina, las restantes han sido ignoradas tanto por las comunas, como por la provincia y la nación como posibles beneficiarios de esos subsidios. Si bien los miembros de esas comunidades son minifundistas, tienen su organización propia conforme a su cosmovisión. Entonces cabe preguntarse ¿Por qué no se han tomado como base las comunidades organizadas para llevar adelante dichos proyectos? No encontramos otra respuesta que la constatación de una clara falta de reconocimiento a las COMUNIDADES ABORÍGENES, ya que si bien es cierto que algunos miembros de ellas han recibido esos subsidios, fue porque tuvieron la suerte de venir al pueblo y encontrarse con el promotor que los invitó a participar o porque estando relacionados con él, los incorporó a uno de esos grupos que se conforman con el sólo fin de recibir la ayuda, ignorando sistemáticamente la organización comunitaria. Otro signo evidente de la falta de reconocimiento de las COMUNIDADES ABORÍGENES, es que en las fiestas regionales y provinciales que se celebran en las poblaciones de la zona, aparece, junto con la insignia patria y las banderas y estandartes de distintas organizaciones, la Bandera Mapuche portada por algún niño-a de la escuela o por alguna persona aborigen designada por la autoridad comunal y no por las autoridades de las comunidades. Asimismo en los actos oficiales se nombran a todas las instituciones y organizaciones con sus respectivas autoridades que se hallan presentes y nunca se nombra a ninguna de las comunidades aborígenes que están en los respectivos ejidos comunales de la meseta, ni a sus respectivas autoridades. Definitivamente es hora de que dejen de ser ignoradas las organizaciones de los pueblos originarios y se les reconozca a ellas y a sus autoridades el lugar que les corresponde.
APORTES EN EL ANTEPROYECTO DE LEY
El Ministerio de Educación de la Provincia del
Chubut desde fines del año 2009 dejò abierto un proceso de consulta a todos los sectores de la comunidad para que se hagan aportes al anteproyecto de ley de educación diseñado por ese ministerio. Si bien los mecanismos de consulta no resultaron prácticos para las comunidades mapuchetehuelche, varias organizaciones y comunidades originarias enriquecieron con su aporte el trabajo de representantes de Consejo de Participación indígena (CPI) la Dirección de Asuntos indígenas, el Consejo Educativo Autónomo para los Pueblos Indígenas, y del Equipo de Educación Intercultural Bilingüe. Así es que quedo conformado el capitulo V sobre Educación Bilingüe Intercultural, incorporando la contribución desde una mirada
mapuche-tehuelche en seis artículos. Crea mecanismos de participación y consulta a los pueblos indígenas, Incorpora progresivamente las figuras ancestrales en la transmisión del conocimiento y sabiduría. La Constitución provincial en su artículo 34, asegura el derecho a una educación bilingüe e intercultural, se aguarda que con la aprobación esta ley y su posterior reglamentación se den las pautas concretas para que el estado ponga en función los mecanismos que garantizan una educación adecuada al autoreconocimiento y el fortalecimiento de la identidad de las comunidades del pueblo mapuchetehuelche en nuestra provincia.
ACCESO A LA JUSTICIA. MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS TERRITORIALES. ALGUNOS CASOS EMBLEMÁTICOS
CASOS MESETA CENTRAL DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
a.- El caso Pilquiman - Comunidad Mapuche Tehuelche “Lagunita Salada, Cerro Bayo y Gorro Frigio”. El juicio del caso “Pilquiman” fue iniciado en mayo de 2007 por Crecencio Pilquiman en el Juzgado de Familia de Puerto Madryn, bajo la forma de “acción de amparo” “PILQUIMAN Crecencio c/ Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC) s/ Acción de Amparo” (Expte. 500Año 2007) Se reclamó el respeto de los derechos de la Comunidad Aborigen a la que pertenece Pilquiman, y puntualmente la nulidad de la Resolución 60/07 que otorgaba derechos sobre un predio rural a alguien ajeno a dicha comunidad. La demanda fue planteada contra el Instituto Autárquico de Colonización (IAC) pero luego, fue vinculado al proceso el ganadero Camilo RECHENE a quien le habían reconocido derechos en la resolución cuestionada. El rechazo por parte de la justicia Chubut en todas las instancias a esta acción de “amparo” motivó que Pilquiman llevara el caso hasta la máxima autoridad judicial de la Argentina: la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hacia fines del 2009 el procurador general de la Nación emitió dictamen sobre el caso y el mismo fue elevado para que el tribunal dicte sentencia, pero a principios del 2010 a solicitud del mismo el expediente vuelve al procurador para que emita dictamen sobre el fondo de la cuestión. Desde mediados de marzo el expediente volvió a manos del tribunal con informe del procurador pero sin dictamen, es decir que se encuentra desde entonces en la Secretaria de Derechos Humanos para su consideración. Esperamos que en los próximos meses el altísimo tribunal se expida sobre el caso. Beneficio de Litigar sin Gastos. Después de iniciada la acción de amparo, en autos caratulados “ PILQUIMAN; Crecencio S / Beneficio de Litigar sin Gasto” ( Expte. 984- 2007)se solicitó ante el mismo tribunal que se le conceda a Crecencio Pilquiman “beneficio de litigar sin gastos”. Si bien la justicia del Chubut, en primera y segunda instancia, entendió que correspondía concederle la franquicia solicitada, decidió que èsta no tendrá efectos respecto de gran parte de los honorarios regulados a la otra parte e impuestos en costas al actor, argumentando la existencia y primacía de principios procesales, que hacen imposible que el beneficio tenga efectos sobre gastos devengados antes de su presentación, aun cuando se probó la falta de recursos del actor para afrontar los gastos y costas del juicio, y sobre todo dejando de lado que tanto la Constitución Nacional, como el Convenio 169 de la OIT mandan a realizar una discriminación positiva en favor de éste, por su carácter de indígena. En contra de estas decisiones los representantes
de Crecencio Pilquiman interpusieron en mayo del 2009 Recurso Extraordinario ante el Superior Tribunal de la Provincia del Chubut para que el caso se eleve a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal chubutense a principios de junio del corriente año concedió y elevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la sentencia el máximo tribunal del Chubut destaca “la escandalosa repercusión que pudo tener en la Comunidad Aborigen de Lagunita Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo, la noticia que en el marco de la acción que persigue anular la decisión estatal que afecta su integridad territorial y compromete los derechos emergentes del Art. 75, inciso 17, de la C., y diversas disposiciones del Convenio N° 169 de la O.I.T., un abogado embargó todos los animales, único patrimonio de uno de sus miembros – el actor – para garantizar el cobro de su acreencia”. Lo expresado en la sentencia hace referencia a que, no obstante la Corte Suprema de la Nación no ha esgrimido hasta el momento una decisión sobre el conflicto por la tierra planteado en el Amparo, por lo tanto las costas impuestas en cabeza de Crecencio Pilquiman por la justicia provincial no están firmes, Eduardo Zabaleta, abogado patrocinante del estanciero Camilo Rechene, inicio en el 2008 ante los tribunales de Puerto los autos “ Zabaleta, Eduardo A. c/ Pilquimán , Crecencio S / Ejec. de Honorarios” (Expte. 241-2008) en el cual se persigue la ejecución de los honorarios que le fueran regulados a su favor que hipotéticamente ascienden a la suma de 13.520 pesos, trabando para asegurar su cobro un embargo global sobre la totalidad de la hacienda de Pilquiman, un total de 500 animales, lo que constituyen el único medio de subsistencia para la familia. Una actitud por demás vergonzosa. b. Caso Cayecul. A principios del año pasado, la Corte Suprema solicitó el expediente principal, y en julio de 2009 fue enviado desde el Juzgado Civil Nº 1 donde tramita. De esta forma quedó suspendido el trámite, que estaba en condiciones de comenzar a producir las pruebas. En setiembre de 2009 la Corte Suprema solicito al Procurador General de la Nación que se exprese sobre el recurso planteado. Aún permanece en su poder para realizar el dictamen.
* Aporte del Dr. Gustavo Macayo. 20
c. Caso Pichalao En el año 1980 la familia Pichalao fue engañada por una persona que “vendió” el campo de estos, pese a que ni siquiera tenían título de propiedad. El supuesto comprador del campo, inicio en el año 1994 un juicio de desalojo. En el marco de una acción autónoma de nulidad, Fortunato Pichalao, Erena Cual y Esteban Pichalao, solicitaron ante el Juzgado Civil y Comercial de la ciudad de Puerto Madryn la nulidad de la escritura Nº 81 del Fº 125 del registro de escribanos Nº 27 de Rawson, de fecha 14 de julio de 1980 y del proceso que tramitó en esos estrados bajo la carátula “Nicolás Jorge c/ Pichalao Fortunato y/o quien resulte ocupante s/ Desalojo” (Expte. 279 Fº 56 Año 1994). Desde fines del 2009 la causa se encuentra con autos para dictar sentencia. El abogado apoderado de los demandantes Eduardo Hualpa, manifestó en su alegato “que la demanda constituye una denuncia de una situación arquetípica de una modalidad de despojos de tierras a los Pueblos Indígenas, particularmente los Pueblos Asentados en la actual Patagonia: el despojo por la vía del engaño y la fabricación de antecedentes administrativos para lograr primero falsos títulos en los papeles y luego, con esas perversas fabricaciones, lograr la expulsión de los territorios ancestralmente ocupados. Esta caracterización de “pertenecientes a pueblos indígenas” de las víctimas de estas acciones, agrega al caso un condimento muy interesante: es necesario despojarse del “dogmatismo decimonónico” en que nos hemos formado todos los abogados, ya que es el espíritu del Código Civil, que sólo contempla la propiedad privada. Frente a este sistema de concepciones, la realidad indígena requiere del operador jurídico un esfuerzo enorme de comprensión, que sin embargo es lo ordenado por nuestra Constitución Nacional en los términos del art. 75.17 y por las demás normas que se indicarán en el escrito”.
CASOS ZONA CORDILLERA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT*
a. Comunidad Mapuche Tehuelche “Lago Rosario”
La Comunidad Mapuche Lago Rosario venia preparando desde hace dos meses los festejos de la semana de los Pueblos Originarios. Las actividades centrales programadas entre el viernes 23 hasta el día domingo 25 de abril debieron ser suspendidas por el Rally Los Alerces. La orden fue transmitida a la comunidad por el director de cultura de la municipalidad de Trevelin. La explicación dada fue que no había efectivos policiales adicionales para vigilancia de su celebración el día sábado. “¿Siempre nos toca a nosotros ceder?”, dijeron respetuosamente al intendente. Estas actividades llevaron un mes y medio de preparación y tuvieron que ser resignadas. Como se les había asegurado en cambio que el rally atraería muchos visitantes a la comunidad, compraron corderos, pollos y chorizos para vender. El día sábado se cortó la ruta de acceso al lago de 9 a 18 hs., sin que nadie pudiera entrar ni salir de la Comunidad. El asado, obviamente, no se realizó por falta de concurrentes y tuvieron que quedarse con todos los alimentos comprados. Caminos: El abogado Gustavo Macayo aportó sobre este tema su reflexión la que transcribimos por su elocuencia. “¿Quien autorizó a incluir caminos vecinales en el recorrido del rally?. ¿Se consultó a la Comunidad?; entendámonos, -a la Comunidad-, que no es lo mismo que a algún puntero político. Para la preparación del rally se hicieron aproximadamente 20 desvíos del camino desde la entrada a Sierra Colorada hasta el empalme de la salida de la Villa Lago Rosario con la ruta Trevelin a Corcovado, abriendo pasadas a izquierda y derecha del mismo e incluso dentro de campos privados, con tala de bosque nativo en algunos casos o simplemente de la vegetación natural. Entrar al lago Rosario o a Sierra Colorada después de pasar el rally ya no será nunca igual que antes. Lo más grave son los zig-zag hechos delante de la misma Escuela Nº 114, a 20 metros de sus puertas, y los otros realizados frente a las casas de la entrada a la Villa. Y aunque los arreglen con topadoras, no es lo mismo un páramo de arena que un espacio público con su vegetación propia más o menos cuidada, pero de la comunidad al fin. Todos los trabajos de “acondicionamiento” del camino hechos para un empresario privado de la industria del espectáculo, se hicieron con los
integrantes de la Brigada de Incendios de la Dirección Provincial de Bosques, junto a Vialidad Nacional y Vialidad Provincial. Los bienes comunes, los espacios de todos, ¿están para ser utilizados -a veces por mucho tiempo- en forma inconsulta, para el enriquecimiento de algunos pocos... y la campaña política de otros? ¿Cuándo se va a comenzar a consultar a los Pueblos Originarios antes de realizar obras, trabajos, y proyectos dentro de sus territorios, como lo establece la ley?” b. Caso Napaiman- Reserva MapucheTehuelche “CUSHAMEN” En noviembre de 2008 el abogado del foro de Esquel, Raúl Vila, inicia un juicio ejecutivo por cobro de honorarios contra un poblador de la Reserva Mapuche-Tehuelche “CUSHAMEN”, Arsenio Napaiman. Los honorarios se habrían devengado en la sucesión de los derechos del lote Nº 154 de la reserva que ocupa tradicionalmente la familia Napaiman, y que se encontraba a nombre de Julio Napaiman padre de Arsenio. Al no tener otros bienes para enfrentar la deuda, que actualmente ronda los $6.000.-, el letrado embarga el único bien sucesorio, es decir, el lote de 625 has. que motivó la sucesión. Si bien es una práctica muy frecuente en nuestra región, no deja de ser aberrante el despojo que esto encierra. En el mes de febrero de 2009 Napaiman con el patrocinio del abogado Gustavo Macayo solicita el levantamiento del embargo, alegando la existencia pública y notoria de la Comunidad Indígena Cushamen, la pertenencia de Napaiman a la misma, y por tratarse de tierras tradicionalmente ocupadas por el Pueblo Mapuche - Tehuelche, y por ello, inembargables por la garantía constitucional. El juez de ejecución de Esquel, Omar Magallanes, con fecha 6/08/09 rechaza el planteo de Napaiman, sin proveer al libramiento de Oficio al INAI que había sido ofrecido como prueba. Apelamos, acompañando el informe requerido y contestado por el INAI que había sido ofrecido como prueba, donde dicho organismo confirma la existencia de la comunidad, la pertenencia de Napaiman a la misma, y el hecho de tratarse de tierras tradicionalmente ocupadas por los Pueblos Originarios Mapuche-Tehuelches de Cushamen. Con fecha 16/02/2010 la Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut nos notificó del rechazo del recurso de apelación que habíamos
presentado en la causa “VILA, Raúl c/NAPAIMAN, Arsenio, s/Ejecutivo” (Expte. 166/2009 CANO Expte. 1024/08 Juzgado Ejecución), contra la decisión del juez de ejecución que ordenó embargar el lote Nº 154 de Napaiman en la Reserva Cushamen, y que en primera instancia nos había denegado el pedido de desembargo con fecha 6 de agosto de 2009. Entre otras cosas, la cámara local sostiene que no le consta el carácter público y notorio del dominio ancestral de Napaiman, ni su ascendencia aborigen, ni su pertenencia a la Comunidad Cushamen. Asimismo, sostiene el tribunal que la inembargabilidad de los inmuebles se encuentra establecida por la Ley 23.302, es menester exigir a dichas comunidades la respectiva inscripción en los registros pertinentes del orden nacional o provincial. Rechaza asimismo el tribunal la jurisprudencia alegada por Napaiman, y también, como una perlita, afirma que si bien la contraparte no negó expresamente la condición de mapuche de Napaiman ni su pertenencia a una comunidad aborigen, no se erige en un privilegio de cuna ni en una inmunidad absoluta para repeler cualquier embargo de bienes, ello no surge ni de las leyes 23.302 y 24.071 ni del Convenio 169, es más, una hermenéutica de esta naturaleza atentaría contra la finalidad de integrar a los aborígenes en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación que consagra el art. 1º de la Ley 23.302 y el art. 2º inc. ‘c’ de la Ley 24.071. El fallo de fecha 12 de Febrero de 2010 está firmado por dos jueces: Gunther Enrique Flass y Jorge Luis Fruchtenicht y lleva el Nº 17 en el Registro de sentencias interlocutorias de 2010. Las dificultades en el acceso a la justicia, incluyendo los costos de la vía recursiva, y el incierto resultado de tal esfuerzo, impidieron que Napaiman pudiera recurrir mediante la vía del recurso extraordinario de casación. El indígena sólo consiguió demorar la resolución, sin que a la fecha de este informe se tenga conocimiento de la existencia de gestiones por parte del INAI o de otra autoridad competente para hacer frente al despojo. La negativa del Poder Judicial de reconocer el impacto de los derechos indígenas sobre los casos que debe resolver, sigue siendo en la actualidad una forma de clara discriminación racial, por ejemplo cuando sigue considerando la finalidad de
“integración” de los aborígenes, sin contemplar el espíritu de las normas que dicen aplicar.
c. El Caso Fermín - Comunidad Mapuche Tehuelche “Vuelta del Río”. El día 9 de febrero de 2010 se recibe notificación de que la Justicia de Esquel, a través del juez penal Jorge Criado, dictó el sobreseimiento de Mauricio FERMÍN, miembro de la Comunidad MapucheTehuelche “Vuelta del Río”, del departamento. Cushamen, Chubut, por el delito de usurpación del que se lo había acusado en el año 2000 por parte del comerciante de El Maitén, Vicente El Khazen. La causa tramitó durante diez años, siendo iniciada por El Khazen ante el entonces Juzgado de Instrucción que estaba a cargo del ex juez José Colabelli, y se caratuló “Fermín, Mauricio s/ Denuncia - El Khazen, José s/Daminificado” (Expte. 2021/00 Juzg. Instrucción Esquel). Recordemos que la familia del comerciante El Khazen reclama derechos de propiedad sobre las tierras que históricamente ocupa la Comunidad Vuelta del Río. En el marco de esta causa, y pese a los reiterados dictámenes del Ministerio Público Fiscal solicitando el sobreseimiento total de Fermín, el entonces juez Colabelli había ordenado el desalojo de Fermín y su familia, hecho de inusitada violencia y crueldad que fue ejecutado por un operativo policial de unos 27 efectivos en Marzo del 2003. El accionar del juez motivó que el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados del Chubut destituyera a Colabelli de su cargo de juez en mayo de 2004. Pero los hechos de violencia quedaron para siempre dolorosamente grabados en la memoria del Pueblo Mapuche-Tehuelche y de toda la comunidad como un peligroso retroceso a los tiempos de la Conquista del Desierto del general Roca. También en el marco de la misma causa, 12 de los 27 policías que participaron en el frustrado desalojo de la familia Fermín fueron llevados a juicio oral y público por vejámenes y otros varios delitos. Pese al cúmulo de pruebas y evidencias en su contra, los 12 efectivos fueron sobreseidos por la Cámara Criminal de Esquel, ante lo cual la querella, impulsada por la familia Fermín presentó una casación, la que actualmente tramita ante el Superior Tribunal de Justicia de Rawson.
Esta es la tercera vez que la justicia de Esquel dicta el sobreseimiento de Fermín, ya que anteriormente lo había hecho por dos veces el juez correccional Jorge Eyo, sentencia que fue ambas veces revocada por la Cámara de Apelaciones local, siguiendo en cierto modo la “doctrina Colabelli”. Finalmente, y habiendo llegado la causa mediante un Recurso de Queja de la defensa, ante la Corte de Suprema de la Nación, ésta ordenó revisar nuevamente el fallo de la Cámara de Esquel, y el Superior Tribunal de Rawson la reenvió al Juzgado de origen, entendiendo que más allá de los planteos jurídicos de las partes, el tiempo transcurrido habría extinguido la causa penal a través de la figura de la Prescripción. Así también lo entendió el Juez Jorge Criado, quien luego de consultar al Ministerio Publico Fiscal, en una sentencia de fecha 29 de enero de 2010 dictó el sobreseimiento de Don Mauricio Fermín (quien ya cuenta con más de 80 años de edad), y ordenó el archivo de las actuaciones, poniendo fin al largo calvario de la Familia Fermín y de la Comunidad Mapuche -Tehuelche que siempre mantuvo su apoyo y solidaridad con la familia. A título ilustrativo, diremos que el abuelo de Mauricio Fermin trabajó a finales del siglo XIX junto con los agrimensores que demarcaron los límites de la Reserva Cushamen, siendo todos ellos nacidos en el mismo paraje. También debemos señalar que el Ministerio Público Fiscal solicitó por seis veces consecutivas el sobreseimiento de Fermín por no existir delito en su contra. Pese a que la familia El Khazen puede intentar la revisión de este fallo, y pese a la enorme discriminación que significa perseguir penalmente a una persona durante 10 años, sin que haya una acusación pública en su contra, no podemos dejar de considerarlo como una buena noticia, y esperar que éste sea el final del penoso proceso al que fueron sometidos durante todo este tiempo. Pero la causa por la destitución del ex juez Colabelli y la causa por contra el personal de la policía Provincial por los hechos de violencia contra la comunidad aún están tramitando en el Superior Tribunal de Justicia de Rawson, y todos esperamos que no caigan en el olvido, si queremos una justicia
realmente para todos, mapuches y no mapuches. d. Caso Sepúlveda - Comunidad Mapuche “Enrique Sepúlveda”. El día viernes 6 de noviembre se toma conocimiento de que la justicia penal de Esquel condenó al estanciero Alberto Hemadi a 45 días de prisión en suspenso por el delito de desobediencia a una orden judicial, previsto por el art. 239 del Código Penal. Los hechos consistieron en introducir durante el año 2008, en tres oportunidades, animales vacunos en el territorio tradicionalmente ocupado por la Comunidad Mapuche Enrique Sepúlveda, del paraje Buenos Aires Chico, El Maitén, Chubut, violando la medida cautelar dictada en 2007 por el Juez Civil Claudio Petris, en el marco de una acción posesoria impulsada por la comunidad. La misma sentencia absolvió a Rolando Alberto Guajardo por considerar que no se probó su participación en los hechos. La sentencia se dictó en el marco de la causa penal caratulada “Provincia del Chubut c/ Hemadi, Alberto y Guajardo, Rolando Alberto s/ Desobediencia”, y el juez actuante es el Dr. Jorge Criado. Más allá de lo exiguo de la condena, y de haber sido absuelto uno de los dos estancieros imputados, no podemos dejar de señalar que es un importante precedente hacia el reconocimiento judicial de los derechos indígenas a la posesión de sus tierras y territorios tradicionales. Asimismo, es la primera vez que la justicia local condena a un estanciero por hechos de estas características en perjuicio de comunidades y pobladores mapuche-tehuelches.
CASOS ZONA SUR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT.11
Comprendida por los Departamentos Escalante, Sarmiento, Río Senguer y parte de Paso de Indios, territorios en los cuales se asientan aproximadamente 25 Comunidades Indígenas. Si bien hay casos en Sede Civil, en donde hay involucrados miembros de comunidades mapuche-
Aporte de la Dra. Sonia Ivanoff. 23
tehuelche, la mayoría de los casos judiciales se encuentran en Sede Penal, ya que existe una fuerte tendencia a criminalizar el reconocimiento a la posesión indígena como se evidencia en el caso Tracaleu. Paralelamente, cuando son los indígenas los que instan la acción penal, las causas se archivan(Caso Floriano Cayun). a- El Caso Tracaleu- Comunidad Indígena “Cacique Esteban Tracaleu” cuyo territorio ancestral se ubica en el Lote 4 Se inicia el caso por la acusación de la familia Pichun en 2009, ante el Ministerio Público Fiscal, a cargo del Dr. Coronel, quien abre el caso imputando el delito de usurpación a dos miembros de la comunidad Tracaleu: Lavié Ariel Tracaleo y Sixto Tracaleo. A pesar de solicitar la defensa que se aplicara el derecho indígena vigente, por ser un conflicto entre miembros de pueblos originarios que poseen una manera propia de resolverlos y de estar en vigencia la Ley 26.160, el Juez Casal dicto una medida cautelar que ordenaba cerrar con cadena y candado el camino vecinal, no sólo impidiendo ingresar a su propio territorio quedando encerrados y aislados dos ancianos de la comunidad sino que mando a cortar el alambre que “supuestamente” se realizó en un camino vecinal. A pesar de exponer todas las defensas técnicas el fiscal encontró merito para elevar la causa a juicio por el delito de usurpación. El INADI, presentó un escrito de “Amicus curia”- amigo del Tribunal- para dar su posición ante el evidente desconocimiento del derecho de los pueblos originarios, que su negación o desconocimiento son formas de discriminar a los sujetos de derecho. A pesar de ello el Juez de garantías, desestimó el Amicus curia. b- Comunidad Mapuche “Jacinto Antileu”, Lote 57 y 70, zona de Buen Pasto. El abogado Tomas Maleaba, quien obtuvo supuestos derechos sobre estas tierras por medio de cesiones realizadas en el IAC, acusa de usurpadores de lotes fiscales a miembros de la comunidad Jacinto Antileu. Tomás Maleaba ejerce actualmente el cargo de Asesor de Familia e Incapaces de la Circunscripción Judicial de Sarmiento, por dicho cargo tiene prohibido acceder a la tierra publica (art. 20 de la Ley 3765), sin embargo, insiste en el
desapoderamiento forzoso y utiliza el aparato judicial para el logro de sus objetivos. c- Caso Floriano Cayun Floriano Cayun fue amenazado de muerte con arma de fuego por parte el Sr. Jenks: “indio de mierda te voy a matar cunado andes por el alambre” Se desestimó la causa porque el denunciante supuestamente “no tuvo miedo” y regreso a su campo. En sede civil, los jueces siguen ordenando desalojos a pesar de encontrarse en vigencia la ley 26.160 (Caso Tracaleu, Antileo), o remates por ejecución de honorarios de mejoras en territorios indígenas (Ancao Carril). Algunos casos civiles en trámite son: a) Floriano Cayun c/Jenks s/ Interdicto de retener; b)Comunidad Loma Redonda c/ Mahomud Ali s/Desalojo; c) Malerba, Tomas c/Antileo, Carlos s/Medida Cautelar; d) Malerba, Tomas c/ Antileo, Carlos s/ Imposición de Astreintes d) Carril, Maria y otros c/Selesk Crescencia s/ Demanda de Nulidad, en la cual se peticiona la nulidad de remate público en una ejecución de honorarios, de compra de tierras fiscales en posesión indígena. Existen grandes falencias en la “organización del aparato estatal” que limitan y dificultan el acceso a la justicia para los miembros de pueblos originarios. Algunos de los límites son las grandes distancias a recorrer, la falta de una comunicación adecuada, la mala distribución de circunscripciones judiciales en la Provincia, la falta de información y de capacitación para abogados, la negación sistemática a entender el sistema normativo propio de los pueblos indígenas frente a la imposición del sistema jurídico estatal, intrusión y dominación del sistema jurídico en los conflictos internos de las comunidades son algunos de los ejemplos cotidianos. A modo de reflexión, puede decirse que la cosa cambiará cuando entendamos que nuestro sistema judicial es la cultura dominante que desconoce el sistema normativo de los pueblos originarios.
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