Source: http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2010/01/de-nuevo-sobre-google-books-y-europa.html
Timestamp: 2017-06-28 22:31:39+00:00

Document:
Pedro de Miguel Asensio: Sobre Google Books y Europa
Esta sentencia tiene su origen en una demanda interpuesta en Francia con base en que la digitalización por Google en EEUU de ciertas obras editadas en Francia y la puesta a disposición de los usuarios de Google de las portadas de esas obras y de ciertos extractos de las mismas constituyen actividades de infracción de derechos de propiedad intelectual. La determinación de la ley aplicable en materia de infracción de la propiedad intelectual se considera clave en la sentencia, en la medida en que el tribunal parte de que la valoración de esas conductas en la legislación francesa y la de EEUU (y el alcance respectivo de las excepciones de derecho de cita y de fair use) difiere radicalmente, pues conforme a la legislación de EEUU no constituyen infracción y para la legislación francesa sí. Ahora bien, como ilustra el asunto Authors Guild, et al. v. Google Inc. ante los tribunales de EEUU algunas de las actividades en que consisten esos servicios sin las autorizaciones debidas también son constitutivos de infracción conforme a la legislación estadounidense de propiedad intelectual.
Sin perjuicio de lo anterior, y no por lo que dice al respecto esta sentencia, cabe reseñar que esa dimensión material o sustantiva comparada debería recibir en el futuro una mayor atención, pues tiene importantes implicaciones sobre el desarrollo de la sociedad de la información. Por ejemplo, tendría pleno sentido profundizar en el análisis del impacto de la diferente configuración de las legislaciones sobre propiedad intelectual y del alcance de las excepciones a ambos lados del Atlántico sobre el dispar desarrollo de ciertos servicios fundados en la digitalización de contenidos y en su inclusión en bases de datos electrónicas para su puesta a disposición a través de Internet. A este respecto, por ejemplo, llama especialmente la atención cómo el rápido y eficaz desarrollo de bases de datos de revistas jurídicas en EEUU contrasta con la situación en Europa. En este contexto, cabría plantear si un marco normativo demasiado rígido de protección de los derechos de propiedad intelectual puede dificultar el desarrollo de modelos de negocio o actividades que proporcionen servicios de gran utilidad en un entorno de respeto a la legalidad, al tiempo que puede favorecer que se generalice en la sociedad la percepción de que el desarrollo de la sociedad de la información va unido a la sistemática falta de respeto a ese rígido sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual.
Volviendo a la sentencia de 18 de diciembre de 2009, ésta dedica un apartado a concretar la ley aplicable. Para no tener que describir su contenido, ese apartado de la sentencia figura reproducido al final de esta entrada. Desde la perspectiva del sistema comunitario y español de Derecho internacional privado, cabe poner de relieve que el criterio utilizado por el tribunal francés, al menos formalmente, se aleja del que resulta en el momento actual de la unificación comunitaria de las normas en la materia, aunque es cierto que los hechos que se encuentran en el origen de la demanda son anteriores a la fecha de entrada en vigor del Reglamento Roma II. Si bien menciona que alguna de las partes invoca el artículo 5.2 de la Convención de Berna como regla de conflicto, la sentencia funda la determinación de la ley aplicable en una referencia genérica a que en materia de responsabilidad extracontractual la ley aplicable es la ley del lugar del daño, admitiendo que éste puede ser tanto aquel en el que se localiza el hecho generador del daño como el lugar en el que el daño se manifiesta, para terminar justificando la aplicación de la ley francesa al conjunto de las actividades –incluida la digitalización de las obras en EEUU- con base en que Francia es el país con el que la situación presenta los vínculos más estrechos.
Por una parte, el tribunal no aclara si atribuye alcance conflictual al mencionado artículo 5.2 del Convenio de Berna, si bien del texto de la decisión resulta que no funda directamente la determinación de la ley aplicable en esa norma. Esta decisión se basa en el criterio consolidado en Francia consistente en acudir a la ley del lugar del daño como criterio general en materia de responsabilidad extracontractual para concretar el ordenamiento aplicable a la infracción de derechos de propiedad intelectual. Por otra parte, la sentencia ilustra las dificultades inherentes a la aplicación del criterio del lugar del daño en materia de infracciones de derechos de propiedad intelectual plurilocalizadas, como refleja el dato de que la interpretación de ese criterio conduce en este caso a una solución diferente a la alcanzada por otra sección de ese mismo tribunal con respecto a otro litigio en que Google era demandada, pues en su sentencia de 20 de mayo de 2008 el Tribunal entendió que la ley del lugar del daño en materia de infracción de derechos de propiedad intelectual es la del lugar donde se producen los hechos generadores de la infracción, llevando a considerar que el dato de que el buscador se desarrollara y controlara desde EEUU resultaba determinante de que la ley aplicable fuera la de EEUU.
Las dificultades inherentes a la aplicación del criterio del lugar del país del daño a las actividades de infracción tranfronterizas se encuentran en el origen de la inclusión en el Reglamento Roma II de la norma de conflicto específica de su artículo 8 en materia de derechos de propiedad intelectual, que se funda en la aplicación de la ley del país para cuyo territorio se reclama la protección, que determina que estos litigios queden al margen de la “norma general” de su artículo 4 basada en la ley del país del daño, entendido como país donde se produce el hecho generador del daño. No obstante, en la práctica el recurso al criterio lex loci protectionis, bien con base en el artículo 5.2 de la Convención de Berna en el caso de que se atribuya alcance conflictual a esa norma bien con base en lo establecido ahora en el artículo 8 del Reglamento Roma II, no está exenta de dificultades en ese tipo de casos. En principio, en la medida en que una demanda por infracción va referida a la puesta a disposición de ciertos contenidos dirigidos al público francés, cabe entender que el país para el que se reclama la protección es Francia incluso si las actividades de puesta a disposición tienen lugar en otro Estado.
En la sentencia de 18 de diciembre de 2009 lo que resulta más controvertido es la aplicación de la ley francesa a la actividad consistente en la digitalización de las obras que tuvo también lugar en EEUU. En principio, el criterio lex loci protectionis lleva a considerar que normalmente la digitalización de ciertas obras que se desarrolla íntegramente en un concreto país se halla sometida sólo a la ley de ese país (en el presente caso, EEUU) lo que se corresponde con el carácter territorial de la protección de los derechos de autor. Más allá de esa conclusión inicial, la posibilidad de que quepa apreciar que el carácter instrumental de la digitalización con respecto a la posterior inclusión de las obras en bases de datos electrónicas y su puesta a disposición de los usuarios de Internet de modo que los contenidos van básicamente dirigidos a un país diferente de aquel en el que se desarrollan las actividades de digitalización (y puesta a disposición), determina que la ley aplicable a la digitalización deba ser la que se aplica a la actividad de puesta a disposición de los contenidos, resulta controvertida y parece que puede estar justificada sólo en circunstancias excepcionales. En todo caso, debe destacarse que la eventual aplicación a la digitalización de una ley distinta (la del lugar en que se produce) a la que se aplica a la actividad de explotación y puesta a disposición de los contenidos (la del territorio o territorios a los que van dirigidos los contenidos y donde se produce la descarga y utilización de los mismos) determina que la eventual legalidad de la digitalización no impida considerar ilícita la explotación y puesta a disposición de los contenidos.
(Texto del apartado relativo a la ley aplicable a la infracción en la sentencia de 18 de diciembre de 2009 Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section en el asunto Editions du Seuil et autres / Google Inc et France)

References: artículo 5
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 8