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La ley, la ética y la justicia: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA
Publicado el enero 31, 2014, Bajo Política, Autor MonaLisa.
Díaz Polanco- Enrique Dussel ————- DESCARGA AQUÍ
Con esa finalidad, nuestro Congreso Nacional acordó, entre otras cosas, la constitución de una Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como de Comisiones en cada una de las entidades federativas.
A partir de su integración, las Comisiones de Honestidad y Justicia de morena, hemos atendido un gran número de asuntos planteados por compañeros y compañeras en lo individual o por nuestros órganos ejecutivos y de conducción, algunos de carácter consultivo y otros relativos a conductas que constituyen violaciones a nuestros principios y normas estatutarias, de diversa índole y gravedad.
Si bien acudir al TEPJF es un derecho ciudadano, en el caso de los miembros de morena esta es una acción que contradice la experiencia histórica de lucha de nuestro movimiento, y fractura las bases en las que se sustenta la confianza en el cumplimiento de los compromisos que todos asumimos al momento de integrarnos a morena, y en la actuación responsable en la realización de las tareas encomendadas. Al acudir al mencionado Tribunal se facilita que una instancia estatal, que actúa de manera discrecional, intervenga en los asuntos propios de morena con una visión de la justicia sustancialmente distinta a la que asumimos como organización. Sobre todo tomando en cuenta la experiencia acumulada en los últimos lustros respecto a la forma regularmente parcial, sesgada y favorable a intereses políticos del presente régimen que ha caracterizado la actuación del TEPJF. Esto daña nuestra vida interna y vulnera la credibilidad de nuestro proyecto.
Basamos nuestra afirmación, en primer término, en que el TEPJF se ha excedido en sus atribuciones al intervenir en un ámbito que no es de su competencia. Violentando lo dispuesto en la Constitución y en las leyes, la mayoría de los magistrados del Tribunal tomó la decisión de intervenir en asuntos internos de morena, siendo que hasta ahora nuestra organización es una Asociación Civil. Por tanto, morena sujeta el funcionamiento y las relaciones entre sus órganos y sus miembros a las normas contenidas en su Estatuto y a las leyes que regulan a las asociaciones civiles. Esto es, morena aún está inscrita en el ámbito normativo del derecho civil, y no en el propio del derecho político-electoral.
Desde que fue admitido por el TEPJF el primer caso, morena señaló las razones jurídicas por las cuales el Tribunal no es competente para intervenir y mucho menos para resolver sobre la interposición de un juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, para impugnar una resolución interna de nuestra organización. De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y las leyes, es claro que el TEPJF no tiene atribuciones para resolver sobre controversias que se presentan al interior de una asociación civil. Así, es absolutamente infundada la procedencia de un juicio de esa naturaleza, pues jurídicamente resulta imposible que la impugnación de una decisión interna de una asociación civil cumpla con los requisitos que señala la Ley para que este tipo de juicios sea procedente.
Esta actuación errática y violatoria de la ley, que hace presuponer propósitos políticos, se ha evidenciado en dos casos en los que el Tribunal ha decidido admitir los juicios presentados contra sendas resoluciones de la CNHJ. Esta Comisión presentó en su momento, “ad cautelam”, toda la argumentación jurídica que demuestra la incompetencia del Tribunal respecto de los dos casos y la improcedencia de los recursos de impugnación (ver por ejemplo: http://media.wix.com/ugd/3ac281_50abd3921d2545d2b2f4a16863c2dc06.pdf).
El sólido fundamento de la posición de esta CNHJ, coincidente con la primera sentencia del Tribunal que avaló la posición de morena, se advierte no sólo en los argumentos esgrimidos, sino además en el hecho de que miembros del propio TEPJF se han pronunciado a su favor, con sus “votos particulares”, como es el caso de la sentencia SUP-JDC-981/2013 y ACUMULADO.
[…] Desde mi perspectiva, este órgano jurisdiccional no puede adentrarse a la resolución del presente asunto, pues no existe alguna afectación a un derecho político electoral, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en la falta de interés jurídico de los accionantes para promover los juicios que se resuelven, por lo que procede sobreseer en los mismos, en términos de lo que establece el artículo 11, párrafo 1, inciso c), de la citada legislación. [….]
a) Que la CNHJ definió su convicción, para adoptar su resolución, basándose en una sola prueba (un audio), que califica como “mera prueba técnica”, que no utilizó otros indicios y que no la vinculó con otras pruebas.
Más aún, el Tribunal parece no haber dado lectura completa a la resolución de la CNHJ ni a los alegatos de los apelantes, ya que en su primer escrito de alegatos, uno de los entonces denunciados, ofreció como prueba en su defensa el mismo audio, considerando que ésta prueba ofrecida por los denunciantes “se perfecciona como prueba legal y debe ser admitida”. Esto es, una evidencia reconocida y considerada por los propios acusados como prueba legal, insólitamente el Tribunal la conceptúa como carente de valor legal y probatorio. Y al parecer el Tribunal tampoco se percató de que, en su alegato, los apelantes señalaron que había una palabra mal interpretada en la transcripción que la CNHJ hizo del mencionado audio, con lo que, al disputar sobre la corrección de dicha transcripción, reconocían el contenido restante de la prueba. De nuevo, el Tribunal asume un inverosímil criterio en favor de los acusados que contradice lo admitido por éstos.
No deja de sorprender que el Tribunal realice un análisis de las pruebas consideradas en una resolución controvertida, de manera tan dolosa, sesgada y parcial, pues es elemental, en el análisis de este tipo de pruebas, que debe considerarse el conjunto de las respuestas para identificar si existen contradicciones entre las mismas, si éstas se complementan, si su vinculación con las respuestas de otros absolventes contribuyen o no a conocer la verdad, etcétera. Nada de esto hizo el Tribunal. Por el contrario, cuando señala que no se indicó en una respuesta el cómo, cuándo y dónde, no toma en cuenta que, en la pregunta a la que corresponde esa respuesta, no se pide al absolvente que responda sobre esas cuestiones, pero bastaría con tomar en cuenta las respuestas a otras preguntas para advertir que, en su conjunto e interrelación, en ellas se encuentra respondido el cómo, cuándo y dónde.
A todas luces, lo narrado en las páginas anteriores, configura la contradicción entre dos visiones de la justicia. De una parte, en morena la justicia se vincula indisolublemente con un conjunto de valores y principios que configuran su fundamento ético-político. Toda práctica política debe adecuarse a esa concepción ética. Y la tarea de sus órganos jurisdiccionales, como lo indica su Estatuto, consiste en asegurar que las acciones y conductas de sus miembros se ajuste a las normas morales definidas en sus documentos básicos.
Como ya se ha advertido, este es el enfoque que adversa al anterior. La visión que parece predominar en los órganos de justicia dominantes es que la ley es la sustancia de la justicia. En morena priva la idea de que la justicia es la sustancia de la ley.
Es por ello que en adición a esta denuncia pública, estudiamos la posibilidad de llevar a cabo otras acciones de orden jurídico para defender nuestros derechos y los de otros

References: resolución 
 resolución 
 artículo 10
 artículo 11
 resolución 
 resolución