Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2004-18910.htm
Timestamp: 2017-12-15 02:39:53+00:00

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B.O.E. Nº 267 de 05/11/2004
Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros.
La disposiciÃ³n final primera de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre, de modificaciÃ³n y adaptaciÃ³n a la normativa comunitaria de la legislaciÃ³n de seguros privados, autorizÃ³ al Gobierno para que, en el plazo de un aÃ±o desde su entrada en vigor, elaborase y aprobase un texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros contenido en el artÃ­culo cuarto de la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, para adaptar el derecho espaÃ±ol a la Directiva 88/357/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1988, sobre coordinaciÃ³n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo, distinto del seguro de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestaciÃ³n de servicios y por la que se modifica la Directiva 73/239/CEE, que incluyese las modificaciones introducidas por leyes posteriores. La delegaciÃ³n incluye la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
Al cumplimiento del mandato contenido en la disposiciÃ³n final primera de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre, obedece este real decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros.
La Ley 21/1990, de 19 de diciembre, dotÃ³ de un nuevo estatuto legal al Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, que venÃ­a exigido por la modificaciÃ³n llevada a cabo por el Real Decreto Legislativo 1255/1986, de 6 junio, en los apartados 2 y 3 del artÃ­culo 4 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenaciÃ³n del seguro privado, para adaptarla a los compromisos derivados del Tratado de AdhesiÃ³n de EspaÃ±a a la Comunidad EconÃ³mica Europea, y que se hacÃ­a inexcusable al exigir dicho tratado la pÃ©rdida del carÃ¡cter monopolÃ­stico de una de sus principales funciones, cual es la vinculada a los riesgos extraordinarios. AdemÃ¡s de perder la exclusividad en la cobertura de los riesgos extraordinarios, el nuevo estatuto legal modificÃ³ el rÃ©gimen jurÃ­dico del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, que dejÃ³ de ser organismo autÃ³nomo y pasÃ³ a convertirse en sociedad estatal.
El Estatuto Legal del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, aprobado por la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, ha experimentado con posterioridad diversas reformas y modificaciones.
La disposiciÃ³n adicional novena de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, llevÃ³ a cabo una profunda reforma del estatuto legal del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, modificando diversos de sus preceptos, referentes a la definiciÃ³n de sus fines y atribuciones, la delimitaciÃ³n de sus funciones privadas en relaciÃ³n con el seguro de riesgos extraordinarios y el seguro obligatorio de automÃ³viles, y de sus funciones pÃºblicas. TambiÃ©n se clarificÃ³ el rÃ©gimen de los recargos a favor del Consorcio y se precisÃ³ la separaciÃ³n financiera y contable de las operaciones del Consorcio en los seguros agrarios combinados respecto del resto de operaciones.
La Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, introdujo tambiÃ©n una importante reforma en el estatuto legal del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros. Tal modificaciÃ³n obedeciÃ³ a la necesidad de recoger las nuevas funciones del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros como liquidador de entidades aseguradoras, al haber sido suprimida la ComisiÃ³n Liquidadora de Entidades Aseguradoras y pasar sus funciones, patrimonio y personal a ser asumidos por el Consorcio, lo que obligÃ³ tambiÃ©n a modificar determinados aspectos de su rÃ©gimen patrimonial.
En relaciÃ³n con el rÃ©gimen de funcionamiento del Consorcio, la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, posibilitÃ³ el fraccionamiento de todos los recargos a favor del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros.
En el Ã¡mbito de la cobertura de riesgos extraordinarios, la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, permitiÃ³, en los tÃ©rminos y con los lÃ­mites que reglamentariamente se determinasen, la cobertura de pÃ©rdidas de beneficios consecuencia de aquellos. En el Ã¡mbito del seguro de responsabilidad civil en la circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor de suscripciÃ³n obligatoria, la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, facultÃ³ al Consorcio a asumir la cobertura de la responsabilidad civil derivada de la circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor superando los lÃ­mites del seguro obligatorio respecto de los riesgos no aceptados por las entidades aseguradoras.
Por otra parte, la citada ley incorporÃ³ al derecho interno la Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2000, relativa a la aproximaciÃ³n de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de la responsabilidad civil de la circulaciÃ³n de vehÃ­culos automÃ³viles (Cuarta Directiva sobre el seguro de automÃ³viles), incorporaciÃ³n que requiriÃ³ la modificaciÃ³n, entre otras normas, del estatuto legal del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, con el fin de facultarle a que, para el adecuado ejercicio de sus funciones como organismo de informaciÃ³n, pudiera celebrar convenios con las instituciones relacionadas con los seguros obligatorios.
La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, ha venido a introducir modificaciones en el estatuto legal del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros con el fin de adaptar la redacciÃ³n de determinados preceptos a la nueva regulaciÃ³n en materia concursal, y ello con independencia de que, conforme a su disposiciÃ³n adicional segunda, en los concursos de entidades aseguradoras se apliquen las especialidades que para las situaciones concursales se hallen establecidas en su legislaciÃ³n especÃ­fica, excepto las relativas a la administraciÃ³n concursal. A estos efectos, la precitada disposiciÃ³n adicional considera legislaciÃ³n especial, por lo que a las entidades aseguradoras se refiere, la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados (artÃ­culos 25 a 28, 35 a 39 y 59), y la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, para adaptar el derecho espaÃ±ol a la Directiva 88/357/CEE, sobre libertad de servicios en seguros distintos al de vida y de actualizaciÃ³n de la legislaciÃ³n de seguros privados (artÃ­culo cuarto).
MÃ¡s recientemente, la Ley 34/2003, de 4 de noviembre, de modificaciÃ³n y adaptaciÃ³n a la normativa comunitaria de la legislaciÃ³n de seguros privados, ha vuelto a incidir en el estatuto legal del Consorcio, modificÃ¡ndolo al objeto de permitir la indemnizaciÃ³n por el Consorcio de los daÃ±os personales producidos como consecuencia de acontecimientos extraordinarios acaecidos en el extranjero cuando el tomador de la pÃ³liza tenga su residencia habitual en EspaÃ±a. AdemÃ¡s, la disposiciÃ³n adicional segunda de dicha ley establece, con el rango normativo adecuado y de acuerdo con la naturaleza tributaria del recargo a favor del Consorcio destinado a financiar las funciones de liquidaciÃ³n de entidades aseguradoras, el recargo por fraccionamiento que debe aplicarse.
Junto a las reformas anteriormente citadas, han de considerarse otras normas que han modificado el marco jurÃ­dico en el que se desenvuelve el Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros. En este sentido, ha de aludirse a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de OrganizaciÃ³n y Funcionamiento de la AdministraciÃ³n General del Estado, por la que se actualizÃ³ la normativa dedicada a la tradicionalmente denominada &quot;AdministraciÃ³n institucional del Estado&quot;, optÃ¡ndose por una denominaciÃ³n genÃ©rica, &quot;organismos pÃºblicos&quot;, que agrupa a todas las entidades de derecho pÃºblico dependientes o vinculadas a la AdministraciÃ³n General del Estado y distinguiendo dos modelos bÃ¡sicos: organismos autÃ³nomos y entidades pÃºblicas empresariales. De modo que este nuevo marco jurÃ­dico ha de tener reflejo en el estatuto legal del Consorcio, en el que se recoge, de acuerdo con aquel, su encuadramiento en la categorÃ­a de entidad pÃºblica empresarial.
Igualmente, el texto refundido del Estatuto Legal que se aprueba se adecua al texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones PÃºblicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, a la nueva Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones PÃºblicas.
Este real decreto legislativo consta de un artÃ­culo Ãºnico por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, una disposiciÃ³n adicional, una disposiciÃ³n derogatoria y una disposiciÃ³n final que fija la entrada en vigor de la norma.
El texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros que se aprueba mantiene la estructura y sistemÃ¡tica del estatuto aprobado por la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, cuya parte dispositiva se organiza en un total de cinco capÃ­tulos. El primero de ellos contiene una serie de disposiciones generales a travÃ©s de las que se regula la naturaleza, el rÃ©gimen jurÃ­dico y los fines del Consorcio; los restantes capÃ­tulos se refieren a la organizaciÃ³n, a las funciones, al rÃ©gimen de funcionamiento y al rÃ©gimen de personal y econÃ³mico-financiero, respectivamente. Se mantiene dentro de cada capÃ­tulo la misma divisiÃ³n en secciones que en el texto original del estatuto legal. El estatuto legal se completa con una disposiciÃ³n adicional y dos disposiciones finales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de EconomÃ­a y Hacienda y del Ministro de Administraciones PÃºblicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 29 de octubre de 2004,
ArtÃ­culo Ãºnico. AprobaciÃ³n del texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros.
Se aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, que se inserta a continuaciÃ³n.
DisposiciÃ³n adicional Ãºnica. Remisiones normativas.
Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones al Estatuto Legal del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, aprobado por el artÃ­culo cuarto de la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, para adaptar el derecho espaÃ±ol a la Directiva 88/357/CEE, sobre libertad de servicios en seguros distintos al de vida y de actualizaciÃ³n de la legislaciÃ³n de seguros privados, se entenderÃ¡n efectuadas a los preceptos correspondientes del texto refundido que se aprueba.
DisposiciÃ³n derogatoria Ãºnica. Normas derogadas.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros que se aprueba y, en particular:
a) De la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, para adaptar el derecho espaÃ±ol a la Directiva 88/357/CEE, sobre libertad de servicios en seguros distintos al de vida y de actualizaciÃ³n de la legislaciÃ³n de seguros privados, su artÃ­culo cuarto, su disposiciÃ³n adicional segunda, su disposiciÃ³n adicional cuarta y el apartado uno de su disposiciÃ³n transitoria primera.
b) De la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, su disposiciÃ³n adicional novena, &quot;Modificaciones en el Estatuto Legal del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros&quot;.
c) De la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, el apartado tercero de su artÃ­culo 11 y su artÃ­culo 34.
d) De la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, su disposiciÃ³n final vigÃ©sima sexta, &quot;Reforma del Estatuto Legal del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros&quot;.
e) De la Ley 34/2003, de 4 de noviembre, de modificaciÃ³n y adaptaciÃ³n a la normativa comunitaria de la legislaciÃ³n de seguros privados, su artÃ­culo cuarto y su disposiciÃ³n adicional segunda, &quot;Fraccionamiento del recargo destinado a financiar las funciones de liquidaciÃ³n de entidades aseguradoras por el Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros&quot;.
a) De la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, para adaptar el derecho espaÃ±ol a la Directiva 88/357/CEE, sobre libertad de servicios en seguros distintos al de vida y de actualizaciÃ³n de la legislaciÃ³n de seguros privados:
1.Âº Su disposiciÃ³n adicional tercera, por la que se modifica la Ley 25/1964, de 29 de abril, reguladora de la energÃ­a nuclear.
2.Âº Su disposiciÃ³n adicional sÃ©ptima, relativa a la subrogaciÃ³n por parte de la AdministraciÃ³n del Estado como reaseguradora en el lugar del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros en los contratos para la cobertura de los riesgos comerciales en el seguro de crÃ©dito a la exportaciÃ³n, en los que este Ãºltimo sea reasegurador de &quot;CompaÃ±Ã­a EspaÃ±ola de Seguros de CrÃ©dito a la ExportaciÃ³n, Sociedad AnÃ³nima&quot;.
b) De la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, la disposiciÃ³n transitoria tercera, &quot;RÃ©gimen transitorio de la ComisiÃ³n Liquidadora de Entidades Aseguradoras&quot;.
El presente real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarÃ¡n en vigor el dÃ­a siguiente al de su publicaciÃ³n en el &quot;BoletÃ­n Oficial del Estado&quot;.
[encabezado]TEXTO REFUNDIDO DEL ESTATUTO LEGAL DEL CONSORCIO DE COMPENSACIÃN DE SEGUROS
ArtÃ­culo 1. Naturaleza jurÃ­dica del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros.
ArtÃ­culo 2. RÃ©gimen jurÃ­dico.
ArtÃ­culo 3. Fines.
ArtÃ­culo 4. Ãrganos de gobierno y administraciÃ³n.
ArtÃ­culo 5. Atribuciones.
SecciÃ³n 1.Âª Funciones privadas en el Ã¡mbito asegurador
ArtÃ­culo 6. En relaciÃ³n con los riesgos extraordinarios sobre las personas y los bienes.
ArtÃ­culo 7. Ramos de seguro con recargo obligatorio a favor del Consorcio para el ejercicio de sus funciones en acontecimientos extraordinarios.
ArtÃ­culo 8. Derechos y obligaciones del Consorcio en el seguro de riesgos extraordinarios.
ArtÃ­culo 9. En relaciÃ³n con el seguro de riesgos nucleares.
ArtÃ­culo 10. En relaciÃ³n con el seguro agrario combinado.
ArtÃ­culo 11. En relaciÃ³n con el seguro de responsabilidad civil en la circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor de suscripciÃ³n obligatoria.
ArtÃ­culo 12. En relaciÃ³n con el seguro obligatorio de viajeros.
ArtÃ­culo 13. En relaciÃ³n con el seguro obligatorio de responsabilidad civil del cazador.
ArtÃ­culo 14. En relaciÃ³n con la liquidaciÃ³n de entidades aseguradoras.
SecciÃ³n 2.Âª Funciones pÃºblicas
ArtÃ­culo 15. En relaciÃ³n con el seguro de crÃ©dito a la exportaciÃ³n.
ArtÃ­culo 16. Otras funciones pÃºblicas.
RÃ©gimen de funcionamiento
ArtÃ­culo 17. DeterminaciÃ³n de modelos de pÃ³lizas, tarifas de primas y bases tÃ©cnicas.
ArtÃ­culo 18. Recargos a favor del Consorcio.
ArtÃ­culo 19. Asistencia jurÃ­dica y servicio de inspecciÃ³n.
ArtÃ­culo 20. Peculiaridades de la tramitaciÃ³n de siniestros.
ArtÃ­culo 21. Ejercicio de acciones judiciales contra el Consorcio.
RÃ©gimen de personal y econÃ³mico-financiero
SecciÃ³n 1.Âª RÃ©gimen de personal
ArtÃ­culo 22. Personal del Consorcio.
SecciÃ³n 2.Âª RÃ©gimen patrimonial
ArtÃ­culo 23. Recursos econÃ³micos.
ArtÃ­culo 24. Patrimonio y provisiÃ³n tÃ©cnica de estabilizaciÃ³n.
ArtÃ­culo 25. RÃ©gimen de presupuesto, contabilidad y de control.
ArtÃ­culo 26. RÃ©gimen de contrataciÃ³n y acceso al crÃ©dito.
DisposiciÃ³n adicional Ãºnica. AdaptaciÃ³n del Ã¡mbito funcional del Consorcio a la evoluciÃ³n del mercado asegurador.
DisposiciÃ³n final segunda. Potestad reglamentaria.
[fin indice]CAPÃTULO I
1. El Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros (en adelante, el Consorcio) se constituye como una entidad pÃºblica empresarial de las previstas en el artÃ­culo 43.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de OrganizaciÃ³n y Funcionamiento de la AdministraciÃ³n General del Estado, con personalidad jurÃ­dica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, dotada de patrimonio distinto al del Estado, que ajustarÃ¡ su actividad al ordenamiento jurÃ­dico privado.
2. El Consorcio estÃ¡ adscrito al Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda.
1. El Consorcio se regirÃ¡ por las disposiciones contenidas en este estatuto legal y, en lo que no se oponga a Ã©l, por las que expresamente la Ley 6/1997, de 14 de abril, de OrganizaciÃ³n y Funcionamiento de la AdministraciÃ³n General del Estado, dedica en el capÃ­tulo III de su tÃ­tulo III a las entidades pÃºblicas empresariales, asÃ­ como las demÃ¡s previstas para tales entidades en la legislaciÃ³n vigente.
2. QuedarÃ¡ sometido, en el ejercicio de su actividad aseguradora y, en defecto de reglas especiales contenidas en este estatuto legal, a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, y en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro.
3. La contrataciÃ³n del Consorcio se rige por el derecho privado, salvo lo previsto para las entidades de derecho pÃºblico en el artÃ­culo 2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones PÃºblicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
1. El Consorcio, como organismo inspirado en el principio de compensaciÃ³n, tiene como fin cubrir los riesgos en los seguros que se determinan en este estatuto legal, con la amplitud que en Ã©l se fija o pueda hacerse en disposiciones especÃ­ficas con rango de ley.
Para el adecuado cumplimiento de los fines citados, el Consorcio podrÃ¡ celebrar pactos de coaseguro, asÃ­ como ceder o retroceder en reaseguro parte de los riesgos asumidos a entidades aseguradoras espaÃ±olas o extranjeras que estÃ¡n autorizadas para realizar operaciones de esta naturaleza. Asimismo, podrÃ¡ aceptar en reaseguro en el seguro de riesgos nucleares y en el seguro agrario combinado en los tÃ©rminos previstos en este estatuto legal.
2. Fuera de los supuestos a que se refiere el apartado 1, el Consorcio podrÃ¡ asumir la cobertura concertando pactos de coaseguro o aceptando en reaseguro en aquellos supuestos en que concurran razones de interÃ©s pÃºblico que lo aconsejen, atendiendo la situaciÃ³n y circunstancias del mercado asegurador.
3. Son funciones pÃºblicas del Consorcio las concernientes a la exigibilidad de los recargos a favor del Consorcio, las que le atribuye la legislaciÃ³n reguladora del seguro de crÃ©dito a la exportaciÃ³n por cuenta del Estado y las que le confiere el artÃ­culo 16.
4. CorresponderÃ¡ al Consorcio llevar a cabo la liquidaciÃ³n de las entidades aseguradoras que le sea encomendada en los supuestos previstos en este estatuto legal y en la legislaciÃ³n sobre ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, asÃ­ como el ejercicio de las funciones que en el seno de los procedimientos concursales a que puedan verse sometidas las mismas entidades se le atribuyen en dichas normas.
1. El Consorcio serÃ¡ regido y administrado por un Consejo de AdministraciÃ³n compuesto por el Presidente del Consorcio y un mÃ¡ximo de 18 vocales.
2. La presidencia del Consorcio serÃ¡ desempeÃ±ada por el Director General de Seguros y Fondos de Pensiones.
3. El nombramiento y cese de los vocales se realizarÃ¡ por el Ministro de EconomÃ­a y Hacienda.
1. Son atribuciones del Consejo de AdministraciÃ³n:
a) Aprobar el estatuto orgÃ¡nico del Consorcio y sus modificaciones.
b) Elaborar el programa de actuaciÃ³n plurianual y el presupuesto de explotaciÃ³n y capital, en los tÃ©rminos de los artÃ­culos 64 y 65 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
d) Proponer a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones la aprobaciÃ³n de la comisiÃ³n de cobro que deba abonarse por la recaudaciÃ³n de los recargos por cuenta del Consorcio dentro de los lÃ­mites establecidos en este estatuto legal.
e) Proponer cuantas medidas, planes y programas sean convenientes para un mejor desarrollo de la actividad del Consorcio. Y, en general, decidir sobre todas aquellas cuestiones que el Presidente someta a su consideraciÃ³n.
f) Contraer crÃ©dito y emitir deuda en los tÃ©rminos de este estatuto legal y demÃ¡s disposiciones aplicables a las entidades pÃºblicas empresariales.
g) Aprobar los modelos de pÃ³lizas, tarifas de primas y bases tÃ©cnicas que deba utilizar el Consorcio.
h) Prestar, por mayorÃ­a de dos tercios de sus componentes, el consentimiento en la contrataciÃ³n, como coasegurador o aceptando en reaseguro, de la cobertura de los riesgos a que se refiere el artÃ­culo 3.2 en todos los supuestos distintos a los expresamente regulados en los artÃ­culos 6 a 11, ambos inclusive.
i) El ejercicio de las funciones previstas en el artÃ­culo 14, que podrÃ¡n ser delegadas en la forma que se prevea en el estatuto orgÃ¡nico del Consorcio previa autorizaciÃ³n del Director General de Seguros y Fondos de Pensiones.
2. Competen a la presidencia las funciones del Consorcio que no atribuye expresamente al Consejo de AdministraciÃ³n el apartado precedente.
El Presidente podrÃ¡ otorgar poderes para el ejercicio de las atribuciones que le competen, con el objeto de lograr una mayor eficacia del Consorcio.
3. En cuanto no venga dispuesto en este estatuto legal y en las normas que sean de aplicaciÃ³n, el estatuto orgÃ¡nico determinarÃ¡ la estructura del Consorcio y su rÃ©gimen de funcionamiento interno.
1. El Consorcio, en materia de riesgos extraordinarios, tendrÃ¡ por objeto indemnizar, en la forma establecida en este estatuto legal, en rÃ©gimen de compensaciÃ³n, las pÃ©rdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios acaecidos en EspaÃ±a y que afecten a riesgos en ella situados.
Igualmente, serÃ¡n indemnizables por el Consorcio los daÃ±os personales derivados de acontecimientos extraordinarios acaecidos en el extranjero cuando el tomador de la pÃ³liza tenga su residencia habitual en EspaÃ±a.
A estos efectos, serÃ¡n pÃ©rdidas los daÃ±os directos en las personas y los bienes, asÃ­ como, en los tÃ©rminos y con los lÃ­mites que reglamentariamente se determinen, la pÃ©rdida de beneficios como consecuencia de aquellos.
Se entenderÃ¡, igualmente en los tÃ©rminos que reglamentariamente se determinen, por acontecimientos extraordinarios:
a) Los siguientes fenÃ³menos de la naturaleza: terremotos y maremotos, las inundaciones extraordinarias, las erupciones volcÃ¡nicas, la tempestad ciclÃ³nica atÃ­pica y las caÃ­das de cuerpos siderales y aerolitos.
b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebeliÃ³n, sediciÃ³n, motÃ­n y tumulto popular.
2. A efectos exclusivamente de la cobertura del Consorcio, se entenderÃ¡ por riesgos situados en EspaÃ±a los que afecten a:
a) Los vehÃ­culos con matrÃ­cula espaÃ±ola.
c) Los bienes muebles que se encuentren en un inmueble situado en EspaÃ±a, estÃ©n o no cubiertos por la misma pÃ³liza de seguro, con excepciÃ³n de aquellos que se encuentren en trÃ¡nsito comercial.
d) En los demÃ¡s casos, cuando el tomador del seguro tenga su residencia habitual en EspaÃ±a.
3. No serÃ¡n indemnizables por el Consorcio los daÃ±os o siniestros siguientes:
a) Los que no den lugar a indemnizaciÃ³n segÃºn la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro.
d) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaraciÃ³n oficial de guerra.
e) Los que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno como &quot;catÃ¡strofe o calamidad nacional&quot;.
f) Los derivados de la energÃ­a nuclear.
g) Los debidos a la mera acciÃ³n del tiempo o los agentes atmosfÃ©ricos distintos a los fenÃ³menos de la naturaleza seÃ±alados en el apartado 1.
h) Los causados por actuaciones producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley OrgÃ¡nica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de ReuniÃ³n, asÃ­ como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como acontecimientos extraordinarios conforme al apartado 1.
i) Los indirectos o pÃ©rdidas de cualquier clase derivados de daÃ±os directos o indirectos, distintos de la pÃ©rdida de beneficios que se delimite reglamentariamente.
Para el cumplimiento por el Consorcio de sus funciones en materia de compensaciÃ³n de pÃ©rdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios acaecidos en EspaÃ±a, y tambiÃ©n para los daÃ±os personales acaecidos en el extranjero cuando el tomador de la pÃ³liza tenga su residencia habitual en EspaÃ±a, es obligatorio el recargo en su favor en los ramos de: accidentes, vehÃ­culos terrestres, vehÃ­culos ferroviarios, incendio y elementos naturales, otros daÃ±os a los bienes y pÃ©rdidas pecuniarias diversas, asÃ­ como modalidades combinadas de estos, o cuando se contraten de forma complementaria.
Se entienden incluidas, en todo caso, las pÃ³lizas que cubran el riesgo de accidentes amparados en un plan de pensiones formulado conforme al texto refundido de la Ley de regulaciÃ³n de los planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, asÃ­ como las pÃ³lizas que cubran daÃ±os a las instalaciones nucleares.
Quedan excluidas, en todo caso, las pÃ³lizas que cubran producciones agropecuarias susceptibles de aseguramiento a travÃ©s del sistema de los seguros agrarios combinados, por encontrarse contempladas en los planes que anualmente aprueba el Gobierno, asÃ­ como las pÃ³lizas que cubran los riesgos derivados del transporte de mercancÃ­as, de la construcciÃ³n y montaje, y cualesquiera otras pÃ³lizas de ramos de seguros distintos a los enumerados en el pÃ¡rrafo primero.
1. El Consorcio estarÃ¡ obligado a satisfacer las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios a los asegurados que hayan satisfecho los correspondientes recargos en favor de aquel y se encuentren en alguna de las situaciones siguientes:
a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio no estÃ© amparado por pÃ³liza de seguro.
b) Que, aun estando amparado por pÃ³liza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o que, hallÃ¡ndose en una situaciÃ³n de insolvencia, estuviese sujeta a un procedimiento de liquidaciÃ³n intervenida o esta hubiera sido asumida por el propio Consorcio.
2. La obligaciÃ³n del Consorcio ampararÃ¡ necesaria y exclusivamente a las mismas personas o bienes y por las mismas sumas aseguradas que se hayan establecido en las pÃ³lizas de seguro, sin perjuicio de lo que reglamentariamente se establezca en relaciÃ³n con los daÃ±os a vehÃ­culos de motor y con los pactos de inclusiÃ³n facultativa en las pÃ³lizas.
Esta obligaciÃ³n se limitarÃ¡ a las indemnizaciones que proceda abonar conforme a la ley espaÃ±ola de contrato de seguro.
3. En todas las pÃ³lizas incluidas en el artÃ­culo anterior figurarÃ¡ una clÃ¡usula de cobertura por el Consorcio de los riesgos extraordinarios, en la que se harÃ¡ referencia expresa a la facultad para el tomador del seguro de cubrir dichos riesgos con aseguradores que reÃºnan las condiciones exigidas por la legislaciÃ³n vigente. Dicha clÃ¡usula serÃ¡ aprobada por la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones, a propuesta del Consorcio, y se publicarÃ¡ en el &quot;BoletÃ­n Oficial del Estado&quot;.
4. Reglamentariamente, para los casos y en las condiciones que se determinen, podrÃ¡ establecerse un perÃ­odo de carencia.
5. En los seguros contra daÃ±os, el Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, a propuesta del Consorcio, podrÃ¡ fijar una franquicia a cargo del asegurado para los supuestos en que el Consorcio tenga la obligaciÃ³n de indemnizar.
1. El Consorcio asumirÃ¡ la cobertura del riesgo de la responsabilidad civil derivada de accidente nuclear acaecido en EspaÃ±a del siguiente modo:
a) En el caso de que no se alcanzara por el conjunto de las entidades aseguradoras el lÃ­mite mÃ­nimo de la responsabilidad civil prevista en la Ley 25/1964, de 29 de abril, reguladora de la energÃ­a nuclear, el Consorcio participarÃ¡ en la cobertura asumiendo la diferencia hasta el lÃ­mite indicado.
b) ActuarÃ¡ como reasegurador en la forma y cuantÃ­a que se determine por el Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda.
2. A los efectos de este estatuto legal, se entiende por accidente nuclear el definido como tal en el artÃ­culo 2.17 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, reguladora de la energÃ­a nuclear.
1. El Consorcio asumirÃ¡ la cobertura del riesgo en el seguro agrario combinado, en la forma y cuantÃ­a que determine el Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda, en los siguientes supuestos:
2. El Consorcio asumirÃ¡ la cobertura del riesgo de incendios forestales en los tÃ©rminos de su legislaciÃ³n especÃ­fica.
3. En todo caso, corresponderÃ¡ al Consorcio el ejercicio del control de las peritaciones de los siniestros.
1. El Consorcio asumirÃ¡, exclusivamente dentro de los lÃ­mites indemnizatorios fijados para el seguro de responsabilidad civil en la circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor de suscripciÃ³n obligatoria, las siguientes funciones:
a) La contrataciÃ³n de cobertura de las obligaciones derivadas de la responsabilidad civil del Estado, comunidades autÃ³nomas, corporaciones locales y organismos pÃºblicos dependientes de o vinculados a cualquiera de ellos cuando, en todos los casos, soliciten concertar este seguro con el Consorcio.
b) La contrataciÃ³n de la cobertura de los riesgos no aceptados por las entidades aseguradoras.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Consorcio podrÃ¡ asumir la cobertura de la responsabilidad civil en la circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor, superando los lÃ­mites del seguro obligatorio, respecto de los vehÃ­culos asegurados descritos en el apartado 1. Para los supuestos previstos en el pÃ¡rrafo b), se exigirÃ¡n los mismos requisitos que reglamentariamente se establezcan en relaciÃ³n con el seguro obligatorio.
3. TambiÃ©n corresponden al Consorcio las funciones que le encomienda el artÃ­culo 11 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, en las condiciones previstas en dicha ley y hasta los lÃ­mites del aseguramiento obligatorio.
El Consorcio asumirÃ¡, exclusivamente dentro de los lÃ­mites indemnizatorios fijados para el seguro obligatorio de viajeros, las siguientes funciones:
a) La contrataciÃ³n de la cobertura de los riesgos no aceptados por las entidades aseguradoras.
b) El pago de las obligaciones de dichas entidades cuando hubiesen sido declaradas judicialmente en concurso, o que, hallÃ¡ndose en una situaciÃ³n de insolvencia, estuviesen sujetas a un procedimiento de liquidaciÃ³n intervenida o esta hubiera sido asumida por el propio Consorcio.
c) La indemnizaciÃ³n de los daÃ±os corporales que se ocasionen a los viajeros con motivo del transporte objeto del seguro cuando el transportista, incumpliendo el mandato legal, no tenga suscrita la oportuna pÃ³liza de seguro obligatorio de viajeros, salvo los daÃ±os producidos a aquellas personas que, ocupando el medio de transporte, el Consorcio probase que conocÃ­an tal circunstancia.
1. El Consorcio asumirÃ¡, exclusivamente dentro de los lÃ­mites indemnizatorios fijados para el seguro obligatorio de responsabilidad civil del cazador, las siguientes funciones:
b) El pago de las obligaciones de dichas entidades cuando hubieran sido declaradas judicialmente en concurso o que, hallÃ¡ndose en una situaciÃ³n de insolvencia, estuviesen sujetas a un procedimiento de liquidaciÃ³n intervenida o esta hubiera sido asumida por el propio Consorcio.
2. AdemÃ¡s, y tambiÃ©n dentro de los lÃ­mites del aseguramiento obligatorio, desempeÃ±arÃ¡ las siguientes funciones:
a) Indemnizar a las vÃ­ctimas o a sus beneficiarios de accidentes corporales ocurridos en EspaÃ±a con ocasiÃ³n del ejercicio de la caza con armas, cuando el causante del daÃ±o no estÃ© asegurado o cuando sea desconocido. En los supuestos de existencia de una partida de caza, la responsabilidad subsidiaria del Consorcio nacerÃ¡ exclusivamente por los miembros de la partida de caza que no estÃ©n amparados por seguro obligatorio.
b) Indemnizar los daÃ±os corporales producidos por arma de caza cuando no se pudiera hacer efectiva la prestaciÃ³n econÃ³mica por los medios regulados en la legislaciÃ³n sobre el seguro obligatorio de responsabilidad civil del cazador.
1. El Consorcio asumirÃ¡ la condiciÃ³n de liquidador de las entidades aseguradoras enumeradas en el artÃ­culo 7.1 del texto refundido de la Ley de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, sujetas a la competencia de ejecuciÃ³n del Estado o de las comunidades autÃ³nomas, cuando le encomiende su liquidaciÃ³n el Ministro de EconomÃ­a y Hacienda o el Ã³rgano competente de la respectiva comunidad autÃ³noma.
PodrÃ¡ serle encomendada la liquidaciÃ³n en los siguientes supuestos:
a) SimultÃ¡neamente a la disoluciÃ³n de la entidad aseguradora si se hubiera procedido a ella administrativamente.
b) Si, disuelta una entidad, esta no hubiese procedido al nombramiento de los liquidadores antes de los 15 dÃ­as siguientes a la disoluciÃ³n, o cuando el nombramiento dentro de ese plazo lo fuese sin cumplir los requisitos legales y estatutarios.
c) Cuando los liquidadores incumplan las normas que para la protecciÃ³n de los asegurados se establecen en el texto refundido de la Ley de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, las que rigen la liquidaciÃ³n o la dificulten. TambiÃ©n cuando, por retrasarse la liquidaciÃ³n o por concurrir circunstancias que asÃ­ lo aconsejen, la AdministraciÃ³n entienda que la liquidaciÃ³n debe encomendarse al Consorcio. En el caso de que la liquidaciÃ³n sea intervenida, la encomienda al Consorcio se acordarÃ¡ previo informe del interventor.
d) Mediante aceptaciÃ³n de la peticiÃ³n de la propia entidad aseguradora, si se apreciara causa justificada.
2. Corresponden al Consorcio, en los tÃ©rminos previstos en la legislaciÃ³n concursal, la condiciÃ³n y funciones propias de la administraciÃ³n concursal en los procedimientos de concurso a que se encuentre sometida cualquier entidad aseguradora, y ello sin que sea necesaria la aceptaciÃ³n del cargo. Su actuaciÃ³n en dichos procedimientos no serÃ¡ retribuida.
El Consorcio deberÃ¡ comunicar al juzgado la identidad de la persona fÃ­sica que haya de representarle en el ejercicio de su cargo, a la que resultarÃ¡n de aplicaciÃ³n las normas contenidas en el artÃ­culo 28 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con las excepciones que en Ã©l se establecen.
3. En su caso, lleva a efecto la liquidaciÃ³n separada de los bienes a que se refiere el artÃ­culo 59 del texto refundido de la Ley de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
El Gobierno determinarÃ¡ las funciones que, en su caso, correspondan al Consorcio en el seguro de crÃ©dito a la exportaciÃ³n por cuenta del Estado.
Corresponden, ademÃ¡s, al Consorcio las siguientes funciones:
a) Proponer a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones las tarifas de los recargos que debe percibir el Consorcio como contrapartida a las funciones de fondo de garantÃ­a y de compensaciÃ³n que se le atribuyen.
b) Recabar la informaciÃ³n que reglamentariamente se determine a que estarÃ¡n obligadas las entidades aseguradoras que emitan pÃ³lizas de seguro en los ramos seÃ±alados en el artÃ­culo 7 respecto de dichas pÃ³lizas.
Particularmente, las entidades aseguradoras con domicilio en el Espacio EconÃ³mico Europeo que, no siendo residentes en territorio espaÃ±ol ni operando en este por medio de establecimiento, emitan pÃ³lizas de las referidas en el pÃ¡rrafo precedente vendrÃ¡n obligadas a designar una persona, fÃ­sica o jurÃ­dica, con domicilio en EspaÃ±a para que les represente ante el Consorcio en relaciÃ³n con las obligaciones seÃ±aladas en los artÃ­culos 7 y 8.
c) Elaborar planes y programas de prevenciÃ³n y reducciÃ³n de siniestros y desarrollarlos a travÃ©s de las correspondientes campaÃ±as y medidas preventivas.
d) Concertar convenios con fondos de garantÃ­a u otras instituciones relacionadas con los seguros obligatorios, al objeto de facilitar el respectivo cumplimiento de sus funciones en el Ã¡mbito de los seguros obligatorios.
1. El Consorcio percibirÃ¡ primas en los casos en que celebre contratos de seguro como asegurador o acepte en reaseguro.
2. Los modelos de pÃ³lizas, tarifas de primas y bases tÃ©cnicas en los seguros concertados por el Consorcio se ajustarÃ¡n a lo dispuesto en el artÃ­culo 25 del texto refundido de la Ley de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
1. Son recargos a favor del Consorcio: el recargo en el seguro de riesgos extraordinarios sobre las personas y los bienes, el recargo en el seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulaciÃ³n de vehÃ­culos de motor, el recargo destinado a financiar las funciones de liquidaciÃ³n de entidades aseguradoras, el recargo en el seguro obligatorio de responsabilidad civil del cazador y el recargo en el seguro obligatorio de viajeros.
Estos recargos, que corresponden al Consorcio en sus funciones de liquidaciÃ³n de entidades aseguradoras, compensaciÃ³n y fondo de garantÃ­a, tienen el carÃ¡cter de ingresos de derecho pÃºblico exigibles por la vÃ­a administrativa de apremio cuando no hayan sido ingresados por las entidades aseguradoras en el plazo fijado en el apartado 4; a tal efecto, serÃ¡ tÃ­tulo ejecutivo la certificaciÃ³n de descubierto expedida por el Director General de Seguros y Fondos de Pensiones, a propuesta del Consorcio.
2. Todos los recargos a favor del Consorcio serÃ¡n recaudados obligatoriamente por las entidades aseguradoras juntamente con sus primas. En el caso de fraccionamiento de estas, las entidades podrÃ¡n optar por recaudar los citados recargos con el primer pago fraccionado que se haga, o por hacerlo conforme venzan las correspondientes fracciones de prima, si bien en este Ãºltimo caso deberÃ¡n aplicarse sobre las fracciones del recargo los tipos por fraccionamiento que, para cada posible periodicidad, se fijen en las tarifas de los recargos a favor del Consorcio, o tratÃ¡ndose del recargo destinado a financiar las funciones de liquidaciÃ³n de entidades aseguradoras, los indicados en el apartado 3.
La elecciÃ³n de la opciÃ³n de fraccionar los recargos a favor del Consorcio conforme venzan las correspondientes fracciones de prima deberÃ¡ hacerse constar en las bases tÃ©cnicas de las entidades, comunicarse al Consorcio y aplicarse de forma sistemÃ¡tica en el ramo o riesgo de que se trate, salvo causa debidamente justificada.
La DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones, a travÃ©s de la InspecciÃ³n de Seguros y conforme a los planes de inspecciÃ³n aprobados a propuesta del Consorcio, inspeccionarÃ¡ a las entidades aseguradoras que recauden recargos a favor del Consorcio, al objeto de comprobar el efectivo cumplimiento de esta obligaciÃ³n.
3. La elecciÃ³n por parte de la entidad aseguradora de la opciÃ³n de fraccionar el recargo destinado a financiar las funciones de liquidaciÃ³n de entidades aseguradoras juntamente con las primas acarrearÃ¡ las obligaciones establecidas en el apartado 2.
Los tipos de fraccionamiento que se aplicarÃ¡n, tomando como base de cÃ¡lculo el recargo que se declare correspondiente a la totalidad de la prima, excluidos otros recargos e impuestos, serÃ¡n:
4. Las entidades aseguradoras vendrÃ¡n obligadas, al tiempo de presentar al Consorcio la declaraciÃ³n de los recargos recaudados por cuenta de este, a practicar una liquidaciÃ³n e ingresar su importe con la periodicidad y con sujeciÃ³n a las reglas que se determinen reglamentariamente.
Tanto las liquidaciones practicadas por la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones derivadas de actas de InspecciÃ³n como aquellas otras que no tengan seÃ±alado plazo de ingreso por sus normas especÃ­ficas deberÃ¡n ser ingresadas dentro de los 15 dÃ­as siguientes a aquel en que tuvo lugar la notificaciÃ³n de la liquidaciÃ³n a la entidad aseguradora.
5. El ejercicio de la gestiÃ³n recaudadora por cuenta del Consorcio, cumpliendo lo dispuesto en este precepto, llevarÃ¡ aparejado el derecho a percibir una comisiÃ³n de cobro que fijarÃ¡ la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones a propuesta del Consorcio y previa audiencia de las entidades y organizaciones aseguradoras mÃ¡s representativas, sin que pueda exceder del 10 por ciento de los importes brutos recaudados.
6. El incumplimiento de la obligaciÃ³n de ingresar en el Consorcio los recargos percibidos por la entidad aseguradora en el plazo y forma legalmente establecidos llevarÃ¡ aparejado, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales en que hubiera podido incurrir, la obligaciÃ³n de satisfacer durante el perÃ­odo de demora el interÃ©s legal y, ademÃ¡s, la pÃ©rdida de la comisiÃ³n de cobro.
1. La representaciÃ³n y defensa del Consorcio ante los juzgados y tribunales corresponderÃ¡ a los abogados del Estado y demÃ¡s letrados integrados en los servicios jurÃ­dicos del Estado, sin perjuicio de que, para casos determinados y de acuerdo con lo que reglamentariamente se disponga, pueda ser encomendada a un abogado colegiado especialmente designado al efecto.
El Consorcio podrÃ¡ recabar el asesoramiento en derecho de la AbogacÃ­a General del Estado-DirecciÃ³n del Servicio JurÃ­dico del Estado.
2. La DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones, a travÃ©s de la InspecciÃ³n de Seguros del Estado y conforme a los planes de inspecciÃ³n aprobados a propuesta del Consorcio, inspeccionarÃ¡ a las empresas, sean entidades jurÃ­dicas o personas fÃ­sicas, que recauden recargos y primas por cuenta del Consorcio.
La tramitaciÃ³n de los siniestros en los que el Consorcio tenga la condiciÃ³n de asegurador o reasegurador, con la vinculaciÃ³n al dictamen de los peritos a que se refiere el artÃ­culo 38, pÃ¡rrafo sÃ©ptimo, de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro, en cuanto a las cuestiones de hecho consignadas en Ã©l, se ajustarÃ¡ a la referida ley.
No obstante lo anterior, serÃ¡n de aplicaciÃ³n las siguientes reglas especiales:
a) En la tramitaciÃ³n de los siniestros en el seguro de responsabilidad civil derivada de la energÃ­a nuclear, serÃ¡ preceptivo el informe tÃ©cnico del Consejo de Seguridad Nuclear sobre el accidente, sus causas, su extensiÃ³n y sus efectos.
b) Para que sean admisibles tanto la demanda declarativa como la ejecutiva con base en el auto de cuantÃ­a mÃ¡xima reguladas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, relativas a la responsabilidad civil derivada del uso y circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor, deberÃ¡ acreditarse fehacientemente que el Consorcio fue requerido judicial o extrajudicialmente de pago, y que desde dicho requerimiento transcurriÃ³ un plazo de tres meses sin haber sido atendido.
c) En el ejercicio de la facultad de repeticiÃ³n por el Consorcio serÃ¡ tÃ­tulo ejecutivo, a los efectos del artÃ­culo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la certificaciÃ³n del Presidente del Consorcio acreditativa del importe de la indemnizaciÃ³n abonada por el Consorcio siempre que haya sido requerido de pago el responsable y no lo haya realizado en el plazo de un mes desde dicho requerimiento.
d) En la tramitaciÃ³n de los siniestros en el seguro de incendios forestales en que el Consorcio tenga funciÃ³n de asegurador, se acompaÃ±arÃ¡ a la reclamaciÃ³n certificaciÃ³n de la autoridad competente sobre las causas del siniestro y la extensiÃ³n aproximada del Ã¡rea afectada por el incendio. En las reclamaciones por lesiones en las personas se acompaÃ±arÃ¡ informe mÃ©dico sobre las lesiones y sus causas, asÃ­ como del alta o defunciÃ³n, en su caso.
Sin perjuicio de lo establecido en el artÃ­culo 20, para el ejercicio de acciones civiles contra el Consorcio no serÃ¡ precisa la reclamaciÃ³n previa en vÃ­a administrativa ni le serÃ¡n aplicables las normas contenidas en los artÃ­culos 7.3, 10.2, 15, 16, 21, 23 y 24 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
El personal del Consorcio se regirÃ¡ por lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y demÃ¡s disposiciones reguladoras de la relaciÃ³n laboral y le serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en el artÃ­culo 55 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de OrganizaciÃ³n y Funcionamiento de la AdministraciÃ³n General del Estado.
1. Para el cumplimiento de sus fines el Consorcio contarÃ¡ con los siguientes recursos econÃ³micos:
b) Las subvenciones estatales precisas para la constituciÃ³n de las provisiones tÃ©cnicas que se realicen por imperativo legal o reglamentario con norma de directa aplicaciÃ³n al Consorcio y en casos de cobertura de riesgos en que exista insuficiencia de primas, cuotas o recargos.
c) Las cantidades que recupere en el ejercicio del derecho de repeticiÃ³n y los intereses de demora que le correspondan conforme al ordenamiento jurÃ­dico.
e) Los procedentes de los crÃ©ditos, prÃ©stamos y demÃ¡s operaciones financieras que pueda concertar.
f) Cualquier otro ingreso que le corresponda conforme a la legislaciÃ³n vigente.
2. Las tarifas de recargos a favor del Consorcio sin regulaciÃ³n especÃ­fica serÃ¡n aprobadas por la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones, a propuesta del Consorcio, y se publicarÃ¡n en el &quot;BoletÃ­n Oficial del Estado&quot;.
3. Para el cumplimiento de sus funciones de liquidaciÃ³n de entidades aseguradoras, el Consorcio contarÃ¡ con los siguientes recursos:
a) El recargo destinado a financiar las funciones de liquidaciÃ³n de entidades aseguradoras cuya recaudaciÃ³n y gestiÃ³n tambiÃ©n le corresponde.
b) Las cantidades y bienes que recupere en el ejercicio de los derechos de las personas que le hayan cedido sus crÃ©ditos, o por su abono anticipado a ellas.
c) Los previstos en los pÃ¡rrafos d), e) y f) del apartado 1.
4. El recargo destinado a financiar las funciones de liquidaciÃ³n de entidades aseguradoras es un tributo que grava los contratos de seguro.
EstÃ¡n sujetos a dicho recargo la totalidad de los contratos de seguro que se celebren sobre riesgos localizados en EspaÃ±a, distintos al seguro sobre la vida y al seguro de crÃ©dito a la exportaciÃ³n por cuenta o con el apoyo del Estado. No quedarÃ¡n sujetos al recargo los planes de previsiÃ³n asegurados cualquiera que sea la contingencia o contingencias que cubran.
El recargo se devengarÃ¡ cuando tenga lugar el pago de la prima que corresponda a los contratos de seguro sujetos a aquel.
Son sujetos pasivos del recargo, en condiciÃ³n de contribuyentes, las entidades aseguradoras, que deberÃ¡ repercutir Ã­ntegramente su importe sobre el tomador del seguro, quien quedarÃ¡ obligado a soportarlo siempre que la repercusiÃ³n se ajuste a lo dispuesto en este estatuto legal, cualesquiera que fuesen las estipulaciones existentes entre ellos.
Constituye la base imponible del recargo el importe de la prima. No se entenderÃ¡n incluidos en la prima aquellos importes correspondientes a cualesquiera otros recargos que el contrato de seguro afectado deba soportar en virtud de una disposiciÃ³n legal que lo imponga.
El tipo del recargo estarÃ¡ constituido por el tres por mil de las primas antes referidas.
1. El patrimonio del Consorcio estÃ¡ constituido por todos los bienes, derechos, obligaciones y participaciones accionarias que le atribuye este estatuto legal y las demÃ¡s disposiciones que le son de aplicaciÃ³n, asÃ­ como los que en lo sucesivo adquiera o le sean incorporados.
Asimismo, integran su patrimonio las aportaciones que el Estado realice a efectos de mantener el adecuado equilibrio tÃ©cnico-financiero por cada ramo de aseguramiento, asÃ­ como el margen de solvencia exigido al Consorcio por el ordenamiento jurÃ­dico en materia de seguros.
En los seguros agrarios combinados, el Consorcio deberÃ¡ llevar las operaciones que realice con absoluta separaciÃ³n financiera y contable respecto del resto de las operaciones, con integraciÃ³n de las aportaciones que el Estado realice al efecto de mantener el adecuado equilibrio tÃ©cnico-financiero de estas operaciones.
De la misma manera, el Consorcio deberÃ¡ llevar las operaciones que realice en el ejercicio de sus funciones de liquidaciÃ³n de entidades aseguradoras y en los procesos concursales a que estas se encuentren sometidas con absoluta separaciÃ³n financiera y contable del resto de operaciones. Las rentas derivadas del ejercicio de las funciones mencionadas en este pÃ¡rrafo estarÃ¡n exentas del Impuesto sobre Sociedades.
Se excluyen del patrimonio del Consorcio los recursos correspondientes a los riesgos cubiertos por el seguro de crÃ©dito a la exportaciÃ³n por cuenta del Estado, que estarÃ¡n dotados de plena independencia financiera, patrimonial y contable.
2. El Consorcio constituirÃ¡ la provisiÃ³n tÃ©cnica de estabilizaciÃ³n de forma separada para las coberturas relativas al seguro agrario combinado y para el resto de las coberturas y, por lo que respecta a estas Ãºltimas, de manera global para todas las coberturas afectadas.
Esta provisiÃ³n se dotarÃ¡ con arreglo a los criterios especÃ­ficos que reglamentariamente se determinen, considerando que debe atender tambiÃ©n a indemnizar siniestros con el carÃ¡cter de fondo de garantÃ­a y en sus funciones de compensaciÃ³n, y tendrÃ¡ la consideraciÃ³n de partida deducible a efectos de determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio en que se efectÃºe tal dotaciÃ³n, siempre que la cuantÃ­a total de la provisiÃ³n no rebase los lÃ­mites que se establezcan reglamentariamente.
1. El programa de actuaciÃ³n plurianual y los presupuestos de explotaciÃ³n y capital se ajustarÃ¡n a lo dispuesto en los artÃ­culos 64 y 65 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. En todo caso, en la liquidaciÃ³n del presupuesto los excedentes que se puedan producir se incorporarÃ¡n al patrimonio de la entidad.
2. Se ajustarÃ¡ en su contabilidad y se sujetarÃ¡ al control econÃ³mico y financiero y al de eficacia que para las entidades de seguros establece la legislaciÃ³n aplicable a estas entidades, y a las normas que la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, dedica en este Ã¡mbito a las entidades pÃºblicas empresariales.
1. La contrataciÃ³n del Consorcio se llevarÃ¡ a efecto por las normas de derecho privado, civil, mercantil o laboral.
2. El Consorcio podrÃ¡ realizar todo tipo de operaciones financieras y, en particular, concertar operaciones activas y pasivas de crÃ©dito y prÃ©stamo cualquiera que sea la forma en que se instrumenten, incluso mediante la emisiÃ³n de obligaciones, bonos, pagarÃ©s u otros valores anÃ¡logos.
Estas operaciones financieras del Consorcio tendrÃ¡n las siguientes caracterÃ­sticas:
a) CorresponderÃ¡ al Consejo de AdministraciÃ³n contraer crÃ©dito y emitir deuda, concertando o fijando su plazo, tipo de interÃ©s y demÃ¡s caracterÃ­sticas, asÃ­ como establecer la representaciÃ³n total o parcial de la deuda emitida en obligaciones, bonos, pagarÃ©s u otros tÃ­tulos-valores o documentos que formalmente la reconozcan o, en cuanto lo permitan las disposiciones vigentes, en anotaciones en cuenta.
b) En su endeudamiento, el Consorcio se sujetarÃ¡ a los lÃ­mites establecidos para cada ejercicio por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dicho lÃ­mite tendrÃ¡ el carÃ¡cter de neto y serÃ¡ efectivo al tÃ©rmino del ejercicio.
c) La deuda instrumentada en valores negociables en Bolsa serÃ¡ admitida de oficio a la negociaciÃ³n en las Bolsas de Valores.
d) Las obligaciones patrimoniales del Consorcio tienen la garantÃ­a del Estado en los mismos tÃ©rminos que las de la Hacienda pÃºblica.
Mediante real decreto, podrÃ¡ reducirse el Ã¡mbito funcional del Consorcio segÃºn la evoluciÃ³n del mercado asegurador.
Este texto refundido se dicta al amparo de lo establecido en el artÃ­culo 149.1.6.Âª de la ConstituciÃ³n.
Corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro de EconomÃ­a y Hacienda y del Ministro de Administraciones PÃºblicas, previa audiencia de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, desarrollar este estatuto legal en las materias que se atribuyen expresamente a la potestad reglamentaria, asÃ­ como, en general, en todas aquellas susceptibles de desarrollo reglamentario en que sea preciso para su correcta ejecuciÃ³n.
Corresponde al Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, previa audiencia de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, desarrollar este estatuto legal en las materias que especÃ­ficamente atribuye a la potestad reglamentaria de dicho ministro.

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