Source: http://gallelabogados.blogspot.com.es/2016/10/proteccion-de-los-derechos-del-menor.html
Timestamp: 2017-03-25 23:32:18+00:00

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GALLEL ABOGADOS: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL MENOR
- La Sociedad siempre ha ido por delante del Legislador, prueba de ello es la solución de las controversias de Familia, relativas al ejercicio de la patria potestad sobre los menores y su guarda y custodia. Cada vez más, se va imponiendo la lógica de la realidad a la Ley. - Hasta hace un par de años, a tenor de lo dispuesto en el artículo 156 y 159, en relación con el 92, todos ellos del Código civil y, éstos, con la regla 4ª del artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento civil, cuando en un procedimiento de separación, de divorcio o de convivencia more uxorio (no casados) contenciosos, esto es, caso de que ambos progenitores no se hallaren de acuerdo con el ejercicio de la patria potestad, o con el ejercicio del régimen de custodia (monoparental o compartida) y su concreción material, el Juez debía oír, no solo a ambos progenitores, sino, además, al hijo menor de edad "si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años".
- El Tribunal Supremo, por STS -1ª- 20.10.2014 (nº 413/2014) decretó la nulidad del procedimiento por no haber oído a los menores el Tribunal de instancia; ello tuvo su razón, no en la denegación por parte del Juez de la exploración de los menores, sino porque uno de los progenitores no la propuso y el otro, habiéndola propuesto, renunció a su práctica. A pesar de ello y, precisamente por esto, el Tribunal Supremo decreta la nulidad procesal, pues determina la necesidad de que los menores sean oídos, precisamente, de oficio, aunque no lo pidan los progenitores, pues, es esencial que éstos sean oídos, pues es su propio interés (el denominado favor filii) el que debe primar como razón básica para determinar, tanto el ejercicio de la patria potestad, como del régimen de su guarda y custodia.
- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por Sentencia de 11.10.2016, no solo ha venido a confirmar el criterio del Tribunal Supremo, sino que, además, ha "rebajado" el límite legal de los doce (12) años, por el de once (11), pero, no como nuevo límite, sino, precisamente, por razón a la capacidad de discernimiento ("suficiente madurez") que tiene un niño o niña de dicha edad, acorde con la Sentencia del Tribunal Constitucional, que fijaba la edad de doce (12) años, sin merma de juicio, a pesar de que se había resuelto contra su audiencia con vulneración de su derecho fundamental a la integridad moral conforme dispone el artículo 15 de la Constitución Española.
- Así pues, y sin que pueda considerarse que la reciente STEDH 11.10.2016 haya cambiado nada respecto de los preceptos citados del Código civil, en caso de que no haya acuerdo entre los progenitores, oído el MInisterio Fiscal, (i) siempre que el menor tenga suficiente madurez con independencia de su edad y (ii) siempre que sea mayor de doce años, el menor no solo tiene el derecho a ser oído al respecto, sino que debe ser oído necesariamente por el Tribunal de Familia en el que se vaya a resolver respecto, tanto del ejercicio de su patria potestad, como del régimen de su guarda y custodia.
- Nada nuevo debemos entender, si acudimos a la base de todo ello, que no es otra que lo previsto en el artículo 3 de la Convención sobre los derechos del niño (CDN) aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 20.11.1989, entrando en vigor el día 02.09.1990, que así dispone: 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
- La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección jurídica del menor, que modificó, tanto el Código civil, como la Ley de Enjuiciamiento civil es la norma que traspone la CDN, ampliando su art. 3, a través del artículo 2 de esta L.O., que así dispone:
Artículo 2. Interés superior del menor. 1. Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.
3. Estos criterios se ponderarán teniendo en cuenta los siguientes elementos generales:a) La edad y madurez del menor.

References: artículo 156
 artículo 770
 artículo 15
 artículo 3
 artículo 2

Artículo 2