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REGLAMENTO DE COMISIONES CEP APROBADOS EN PRIMER CONGRESO
Acta nº Xxviii El día 13 De
Constitución y leyes eEstado Soberano del Cauca 1857
Creación de Colegio de Politólogos - Comision de Educacion Juventud y Deporte
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Del Estado de Excepcion a La Suspension Constitucionalizada
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE F~UERTO RICO
ASOCIACIÓN DE FOTOPERIODISTAS * DE P.R., INC.; ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE P.R. INC.; CYBER NEWS MULTIMEDIA, INC.; CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO,
INC.;OVERSEAS
CASO NÚM.
/tf/) ~ o/O —
LIC. THOMAS RIVERA SCHATZ; MANUEL TORRES NIEVES, SRIO. DEL SENADO DE P.R.
PETICIÓN DE MANDAM~JS
JUAN R. MARCHAND QUINTERO LAW OFFICES Juan R. Marchand Quintero RUA 4355 / Colegiado 5665 Apartado 9024227 San Juan, P.R. 00902-4227 Tel. 787-721-2495/ Fax 787-725-3066 Correo Electrónico: irmQc~Jrtc.net
LIC. THOMAS RIVERA SCHATZ Presidehte SR. MÁNUEL TORRES NIEVES Secreta~rio Senado~ de Puerto Rico Capitolio Pta. de Tierra San Juan, P.R. 00901
Tel: 78~-725-2424 / Fax
787-725-65 1 1
ASOCIACIÓN DE FOTOPERIODISTAS * DE P.R., INC.; ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE PR. INC.; CYBER NEWS MULTIMEDIA, INC.; CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO, INC.; OVERSEAS PRESS CLUB
LIC. THOMAS RIVERA SCHATZ; MANUEL TORRES NIEVES, SRIO. DEL SENADO DE PR.
ÍNDÍCE DE MATERIAS
II. JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL
III. LOS HECHOS DEL CASO
DISCUSIÓN DEL DERECHO APLICABLE
ASOCIACIÓN DE FOTOPERIODISTAS * DE P.R., INC.; ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE P.R. INC.; CYBER NEWS MULTIMEDIA, INC.; CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO, INC.;.OVERSEAS PRESS CLUB
ÍNDICE LEGAL
LEYES DE LOS ESTADOS UNIpOS
Constitución de los Estados Unidos Primera Enmienda
Carta Orgánica de 1917 (Ley Jones) Artículo 34
LEYES Y REGLAMENTOS DE PUERTO RICO
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico~ Sección 11 del Artículo III
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico Sección 9 deI Artículo III
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico~ Sección 17 deI Artículo III
Código de Enjuiciamiento Civil 32 LPRA Sec. 3421
Reglas de Procedimiento Civil Regla 55
Reglas de Procedimiento Civil Regla 54 de 2009
Sección 26.11 del Reglamento del Senado Resolución del Senado número 27 de 12 de enero de 2009
JURISPRUDENCIA DE ESTADOS UNIDOS
El Vocero de PR. y. ELA 113 S.CL 2004 (1993)
Getty Imacjes News Servs,, Corp. v
of Def.
E. Supp. 2d 112, 119. (D.D.C. 2002)
Press Enterprise y. Superior Court
U.S. 1(1986)
Sherrill y. Knight
F.2d 124,
128 (D.C. Cir. 1977)
WJW-TV, Inc. y. City. of Cleveland
F.2d 906 (6th Cir. 1989),
cert. denegado 1989 Lexis 3806 .
JURISPRUDENCIA DE PUERTO RICO
Fulana de Tal y. Demandado A
D.P.R. 610 (1995)
Santa Aponte y. Srio, del Senado
D.P.R. 750 (1977)
Soto y. Srio, de Justicia 112 D.P.R. 477 (1982)
Trans Ad de P.R. y. Junta de Subastas 2008 T.S.P.R. 110
ASOCIACIÓN DEFOTOPERIODISTAS * DE P.R., INC.; ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE P.R. INC.; CYBER NEWS MULTIMEDIA, INC.; CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO, INC.; OVERSEAS PRESS CLUB
LIC. THOMAS RIVERA SCHATZ;
MANUEL TORRES NIEVES, SRIO. DEL SENADO DE P.R.
AL HONORABLE TRIBUNAL:
PETICIÓN DE MANDAM1US
Comparecen las demandantes del epígrafe por’ conducto de sus abogados que
suscriben y muy respetuosamente exponen, alegan y solicitan:
- IDENTIFICACIÓN DE LAS I~’ARTES
1. La Asociación de Fotoperiodistas de PR. Incies una entidad sin fines de lucro
con oficinas principales en la Avenida Constitución, PLierta de Tierra, San Juan, cuyos
miembros son fotoperiodistas en el ejercicio de la pro4sión. Su teléfono es el 787 729
9601, y su dirección postal es Apartado 360652, San Juan, P.R. 00936-0652.
2. La Asociación de Periodistas de PR. Inc. es una entidad sin fines de lucro con
oficinas principales en la Calle Luna, San Juan, cuyos r~riiembros son periodistas activos
en los medios de comunicación en todo Puerto Rico.
3. Cyber News Multimedia, Inc. es una entidad óon fines de lucro con oficinas en
115 Altos Ismael Rivera, San Juan PR. 00911, dedica4 a producirydistribuir noticias a
medios de comunicación. Su dirección postal es Aparta~Jo 12043, San Juan P.R. 00914,
y su teléfono es el 787 903 3531.
4. El Centro de Periodismo Investigativo es una ~ntidad sin fines de lucro, adscrita
a la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericar~a, 306 Calle Federico Calaf, Hato
Rey, dedicada al estudio de asuntos que atañen a periodistas y entidades que se
desempeñan en los medios de comunicación de Puerk~ Rico.
5. El Overseas Press Club es una entidad sin fine4 de lucro, con oficinas principales
en San Juan, cuyos miembros son periodistas activos ~n la prensá puertorriqueña, y se
dedica a promover y proteger los derechas de sus
derechas de libertad de prensa y expresión
niembros en el ejercicio de los
6. El demandado Lic. Thomas Rivera Schatz es ~residente del Senado de Puerto
Rico, y el Sr. Manuel Torres Nieves es Secretario del Senado.
II - JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL
Este Honorable Tribunal tiene jurisdicción sobre ~l presente asunto bajo el Código
de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3421, la Regla 55 de Procedimiento Civil vigente,
y la Regla 54 de Procedimiento Civil de 2009, dado~que es un deber ministerial del
demandado garantizar el acceso público a las sesiones plenarias del Senado, y proveer
las facilidades para que miembros de la prensa ejecut~n sus labores.
III - LOS HECHOS DEL C~SO
1. El jueves 24 y viernes 25 de junio de 2010 el demandado dio órdenes verbales
para que funcionarios del Senado despejaran o excluydran al público ya miembros de la
prensa allí presentes, que se proponían cubrir y transrr~itir la sesión plenaria del Senado
en que habría de discutirse el presupuesto de Puerto l~ico.
2. Esta actuación impidió que periodistas y fot~periodistas de varios medios de
comunicación cubrieran y transmitieran los procedimient~s a llevarse a cabo en el Senado.
A manera de ejemplo, y sin pretender ser exhaustivos, se ordenó la remoción de David
Solís (Univisión), Luis López (El Vocero), Octavio Benít4z Marquez (Cyber NeWs), Rafael
Lenín López (Televicentro).
3. El demandado excluyó al público y a la prer~isa, convirtiendo en privada una
sesión legislativa que por disposición constitucional tiede que ser pública. Véase Art. III,
sec. 11 de nuestra Constitución. Al presente, tampoco ha consignado la justificación de
sus acciones por escrito.
4. La Sección 26.11 deI Reglamentó del Senadd, Resolución del Senado número
27 de 12 de enero de 2009, en su parte pertinente lee ~omo sigue:
PALCO PARA LOS REPRESENTANTES DE MEDIOS NOTICIOSOS
El Secretario asignará y preparará un palcd en la Galería Alta para los representantes de los medios noticiosos. Los p~riodistas así autorizados tendrán derecho a ocupar los asientos que se les asignen y a utilizar las facilidades de dicho palco.
El Presidente del Senado podrá cancelar en cualquier momento la autorización de un periodista que actúe contrario al orden y decoro del Cuerpo o que no cumpla, en lo pertinente, con las demás disposiciones de este Reglamento.
El uso de cámaras o equipo para capta~ cualquier tipo de imagen estará regulado por orden administrativa que] emitirá el Presidente del Senado.
5. Al presente, el demandado no ha cumplido coi~ la obligación ministerial de emitir
una orden administrativa para reglamentar el uso dé cámaras, como lo dispone el
Reglamento del Senado. Como resultado, los miembros de la prensa se ven obligados a
someterse a las órdenes arbitrarias del demandado, cuy~s actuaciones no son predecibles
ni se tienen que amoldar a conceptos establecidos.
6. El demandado Sr. Rivera Schatz se abrogó, r~o sólo la potestad de ignorar sus
obligaciones bajo el Reglamento, sino además, el poden de excluir a la prensa y al público
a su sola discreción, y sin fundamentar cualquier decis~ón a tales fines. El derecho de la
prensa de cubrir el Senado, y el derecho de informació~ de la ciudadanía a través de los
medios de comunicación, dependen del capricho irre~tricto del demandado, según le
convenga y sin explicar su forma de actuar.
El codemandado tampoco emitió determi~nación fundamentada sobre la
necesidad del desalojo de todos los periodistas (sin lirTilitarse a los fotoperiodistas, y sin
explorar medidas menos drásticas), a base de que ~upuestamente alguno de estos
hubiese actuado en contra del orden y decoro del Senado. El demandado no ha
identificado la supuesta transgresión de algún periodist4, ni explicado cómo sus acciones
ameriten el desalojo de todos los miembros de la pren~a y el público, sin previo aviso.
8. El efecto de lo anterior es vulnerar el deredho de acceso de la prensa y la
ciudadanía sin explicación coherente alguna. Las actua~iones arbitrarias del demandado
son contrarias a los preceptos constitucionales de libertad de prensa y expresión,
garantizados tanto por la Primera Enmienda de la] Constitución Federal
Constitución de Puerto Rico, además de ser violaciones al Reglamento del Senado.
9. Como agravante,
ha trascendido que durant~ meses bajo las instrucciones del
demandado, el Senado ha negado acceso a ciudadai~os que interesan presenciar las
actividades del Senado, y los ciudadanos que interesan ~sistir y observar las sesiones del
Senado son impedidos sin explicación. Por tanto, la exd~lusión de la prensa conlleva que
la ciudadanía no tiene la alternativa de presenciar los ibrocedimientbs parlamentarios y
estar en posición de recibir información y formar jui9io sobre cómo se desempeñan
funcionarios electos.
10. Luego de que miembros de las entidad~s demandantes requirieran del
Presidente del Senado que cumpla con sus obligacion~s de permitir y facilitar el acceso
al público y la prensa en el Senado, éste en el día de a~er en conferencias de prensa se
aferró en la exclusión arbitraria de los periodistas y foto~5eriodistas asignados al Senado,
por lo que no queda otro remedio que el presente recurso para obligar al demandado Sr.
Rivera Schatz cumplir con sus deberes ministeriales.
11. Urge una decisión de este Honorable Tribunal, pues la sesión legislativa vence
el día de mañana, ya todas luces se pretende por el d&nandado proceder con la sesión
del Senado en secreto, sin permitir la presencia del público o la prensa.
12: La situación antes descrita, a pesar de que !05 derechos constitucionales de
los miembros de la prensa fueron irremediablemente ~çiolados, es capaz de repetirse y
evadir la revisión judicial, por lo que el presente caso nc~ es académico.
IV - DISCUSIÓN DEL DERECHO APLICABLE
Esta petición de Mandamus está fundamentad~ en que los tribunales tienen el
deber de aplicar un escrutinio cuidadoso a la hora de examinar las solicitudes de igual
acceso a la información originadas por la prensa y de re~olver en,sus méritos este tipo de
controversias. Véase Getty Images News Servs
Corp. y. Dep’t of Def.,
193 F. Supp. 2d
112, 119. (D.D.C. 2002).
Si bien las doctrinas de separación de poderes y cuestión
política sugieren que las cámaras legislativas poseen la~ autoridad de regular el acceso a
sus sesiones, también es cierto que los tribunales tier~en jurisdicción plena --y deben
ejercerla sin titubeos-- para dirimir preocupaciones constitucionales al respecto. Véase
Santa Aponte y. Srio, del Senado, 105 D.P.R. 750 (197V), y casos allí citados.
Más allá de la deferencia judicial a otras ramas~ gubernamentales, la discreción
legislativa para regular el acceso a sus sesiones no pu~de servir de base para autorizar
acciones o procedimientos violatorios de la Constituc43n que dejen sin protección los
derechos de los ciudadanos. Véase Sherrill y. Knight, 56~ F.2d 124, 128 (D.C. Cir. 1977).
Una vez el Senado de Puerto Rico ha provisto históricarñente áreas designadas para que
el público y la prensa presencien sus sesiones, la pro{ección que cobija el acceso a la
información y la recopilación de las noticias garantizadas por la libertad de expresión
requiere que dicho acceso y dicha recopilación no pued~n ser denegadas arbitrariamente
o por menos que se consignen y discutan razones d~ peso. [The protection afforded
news-gathering under the first amendment guarantee of freedom of the press require[ed]
that this access not be denied arbitrarily or for less than compelling reasons.”j . Véase Ibid,
págs. 129-1 30. Véase además, WJW-TV, Inc. y. City of~Cleveland , 878 F.2d 906 (601 Cir.
1989), cert. denegado 1989 Lexis 3806.
En el presente caso, es imperativa la inmediata intervención de este Honorable
Tribunal para revisar la determinación del Presidente d~l Senado de cerrar el acceso de
los ciudadanos y la prensa a las sesiones del Senado de Puerto Rico. Ello, debido a que
dicha acción no sólo ha sido claramente arbitraria sino que la misma carece de razones
de peso [“compelling reasons”l por lo que --a todas ludes-- es inconstitucional y excede
la discresión de dicha rama legislativa para regular sus p~ocedimientos al lacerar ¡a libertad
de expresión y causar daño sustancial a los recurrentek.
La prohibición absoluta a la presencia de ciudad~anos particulares y la prohibición
parcial del acceso de la prensa a las gradas del hemiciclo del Senado ordenadas por
Presidente del Senado, Sr. Rivera Schatz, son violatárias del debido proceso de ley
garantizado por la Constitución de Puerto Rico y de lo~ Estados Unidos. La violación al
debido proceso de ley en el presente caso está predicadá en que la acción inconstitucional
del Presidente del Senado descansa en criterios de exdlusión y/o negación del acceso a
las sesiones públicas de dicha cámara legislativa que ~on inexistentes, ambiguos o que
no han sido concretamente definidos. Véase Getty lkia~es News Services, Corp. y.
DenartmentofDefense, 193 F. Supp. 2d 112 (D.D.C. ~002).
Además de lo anterior, la violación al debido proc~so de ley antes referida también
emana de la capacidad del Presidente del Senado y/o sUs subalternos (como el Sargento
de Armas) de rechazar de plano las solicitudes de acóeso a las sesiones públicas del
cuerpo sin tener que brindar una explicación razonable~ y sin que exista derecho alguno
a la revisión de la decisión. Ibid, pág. 124.
De los hechos del caso surge de manera clara que el desalojo de la prensa y el
público no obedeció a alguna querella sobre un periodista particular; mucho menos de la
“conducta y decoro” que el Presidente del Senado tier~e la obligación de preservar. Sin
embargo, aún si partiésemos de la premisa de que un periodista hubiese faltado a
conceptos referidos en el Reglamento del Senado, resulta en un acto de patente
arbitrariedad el que se hubiese excluido a todos los periodistas, en lugar de tomar acción
contra el que ameritara cualquier tipo de acción corrediva o punitiva.
El estándard de debido proceso de ley requerido~en casos como el de autos no se
alcanza a través de criterios vagos o desconocidod, debido a que los periodistas
solicitantes y las partes afectadas por la prohibición! no tienen forma de saber qué
requisitos deben cumplir para obtener acceso a las se~iones legislativas. Ibid, pág. 121.
Esto da lugar a que se auto censuren (“chilling effect”)l~s periodistas, para “asegurarse”
de que no se les puede castigar bajo fundamentos que no se han establecido ni dados a
Senado ha dejado de
consignar los parámetros aplicables, a la vez que al día de hoy no ha expresado qué
motivó la exclusión de la prensa en su totalidad.
La disposición legal cuyo cumplimiento se le requiere en este caso al Presidente
del Senado del Estado Libre Asociado tiene rango cbnstitucional. La Sección 11 del
Artículo III de nuestra Constitución dispone que “las sesiones de las cámaras serán
públicas”. Esta declaración de nuestra Asamblea Constituyente es descendiente directa
de la Carta Orgánica de 1917 (Ley Jones), en cuyo Artículo 34 se dispone que “las
sesiones de cada una de las cámaras y de las comision~s totales serán públicas”. Dicho
de otra forma, sin explicar o consignar un razonamiento ~iue pudiera justificar la exclusión
del público y la prensa, el Presidente del Senado pretenc~e borrar décadas de participación
ciudadana irrestricta, con el agravante de no haber dado cumplimiento a su propio
Reglamento del Senado. La tradición de apertura e~ un elemento esencial en una
democracia, y aplica a los trabajso legislativos, como aplica a procesos judiciales que
tradicionalmente son abiertos al público. El Vocero de PR. y. ELA, 113 S.Ct. 2004(1993).
Es notable que este lenguaje constitucional es cl~ro, pero además nuestro Tribunal
Supremo ha establecido que debe interpretarse a fav~r del acceso para garantizar el
derecho de información sobre cómo funciona nuestro Gobierno. Véase Soto y. Srio, de
Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982), TransAd de P.R. y. Júnta de Subastas, 2008 T.S.P.R.
110, y casos allí citados. Este Alto Foro ha sido consistente en su reconocimiento de que
existe una presunción de acceso a información constituye un elemento esencial de
nuestra vida democrática.
Los ciudadanos de Puerto Rico, incluyendo las d~mandantes y sus representados,
han sufrido durante meses la conducta anticonstitucional del demandado cuando, primero,
cerró las graderías del hemiciclo senatorial al público yJ luego, las cerró a fotoperiodistas
e, intermitentemente, a periodistas. Esto ha causado daño alas derechos constitucionales
de los ciudadanos que han intentado presenciar los trab~jos, aquese intimidan de hacerlo
al conocer que las graderías han sido cerradas. Adem~s; ha violentado las protecciones
constitucionales de los demandantes y sus representadps como miembros de la prensa.
La presidencia del Senado no ha accedido a las solicitudes que los demandantes
le han hecho, a través de ujieres y oficiales de seguridád, para tener acceso. En el caso
de los periodistas, el acceso ha estado sujeto a medidas de formulación improvisada y
aplicación caprichosa. Las justificaciones al cierre han sida igual de variadas. Entre éstas,
ha dicho que un miembro de la prensa violó su intimidad al apuntar el lente de su cámara
a los papeles en su estrado. Ha dicho que la publicidad~ de los trabajos se cumple con la
transmisión de los mismos por un servicio de televisión ~~or paga que no cubre toda la Isla,
no transmite todas las sesiones, que capta sólo a las~ personas que el Presidente del
Senado autorice, y cuya difusión está sujeta al filtro de ~u propia oficina. Adicionalmente,
el Canal 10 de televisión se turna entre el Senado y la~ Cámara de Representantes. Se
puede tomar conocimiento judicial de que ayer, 28 dejudio, por ejemplo, el canal 10 cubrió
sólo a la Cámara. Es irrisorio que se pretenda que es~ tipo de cubierta pudiera ser un
sustituto razonable para el acceso constitucionalmente~ provisto.
También en expresiones públicas el Presidente del Senado insiste que hay récord
escrito de los trabajos.
Obtener record escrito tamp~co es un sustituto razonable a
presenciar los eventos según suceden en el hemiciclo. V~ase Press Enterprise y. Superior
Court, 478 U.S. 1 (1986). Igual sucede con la posible ir~spección de Actas y el Diario de
Sesiones, pues ambos se producen después de la sbsión y están sujetos a que los
miembros de la Asamblea Legislativa los alteren o modifiquen mediante votación al efecto.
Es improcedente comparar la situación de marr~s con la prohibición de cámaras
en el foro judicial.
Las expresiones de este Honora~le Tribunal en Fulana de Tal y.
Demandado A, 138 D.P.R. 610(1995) establecen que 4 improcedente, de todos modos,
excluir al público pero permitir a miembros de la prensa ~n un proceso judicial, para luego
excluir a aquellos periodistas gráficos cuando la tradidión es de acomodarlos para que
transmitan o hagan record de lo que acontece en el hed,iciclo del Senado. Distinto de los
miembros del Poder Judicial, los miembros de la Asamblea Legislativa son electos por el
voto directo de los ciudadanos, y discuten asuntos que aplican a toda la ciudadanía y no
sólo a dos partes en controversia.
La disposición constitucional sobre publicidad de~as sesiones legislativas existe de
manera separada a aquellas que reconocen la capacidad de las cámaras para adoptar
“las reglas propias de cuerpos legislativos para sus pr~cedimientos y gobierno interno”
E) (Artículo III, Sec. 9), para llevar “libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a favor y en cbntra de los mismos” (Sección 17
Artículo III), y para dar “publicidad a los procedimier~tos legislativos en un diario de
sesiones” (Sección 17 Artículo III). Es decir, que a pe~ar de que nuestro ordenamiento
constitucional reconoce que cada cámara tiene el pode~r de adoptar sus reglas, y de que
crea los mecanismos del libro de actas y el diario de sesi~nes, los constituyentes quisieron
que el aspecto de la publicidad de las sesiones queda~a fuera del ámbito reglamentario
para darle relevancia e identidad constitucional propia.
En el ámbito federal, la tradición de apertura al ~úblico es aún más añeja. Desde
el Congreso inaugural de la República,
en 1789,
reconoce la capacidad a los
periodistas y el público para presenciar los trabajo~. Véase El Vocero, supra. En
conclusión, los comparecientes sostienen respetuosamente que el requisito de publicidad
de las sesiones legislativas es una obligación ineludible ~ue nuestra Constitución impone
al Presidente del Senado y que es fundamento suficient~ para que este Alto Foro obligue
a dicho funcionario a cumplir con esta obligación median~e reabrir las gradas del hemiciclo
para el acceso del público y los miembros de la prensa, como ha sido la tradición en
nuestros 58 años de historia constitucional democrátic~.
De manera suplementaria, los demandantes enti~ nden también que el Presidente
del Senado ha incumplido el Reglamento del Cuerpo. L~ Resolución del Senado 27 indica
en su Sección 26.1 que “las sesiones del Senado será~i públicas, según lo dispuesto en
la Constitución de Puerto Rico en su Artículo III, Sección~1 1. Los ciudadanos podrán asistir
a l~s mismas, presenciándolas desde la Galería Alta qLie se encuentra en el tercer piso
de la estructura principal del Capitolio. El público debe~á guardar el mayor respeto hacia
los actos del Senado y se comportará con el órden y decoro que se establece en este
Reglamento.” Como se ha señalado anteriormente, l~ “Galería Alta” está cerrada al
público por la presidencia del Senado por lo que los ciudadanos no pueden asistir ni
“presenciar” las sesiones. Impedir acceso a la prensa~ no deja la alternativa de que la
ciudadanía acuda al Senado para presenciar los procedimientos, aunque quisiera.
Específicamente en lo relativo a los miembros~ de la prensa, la Sección 26.11
dispone que el Secretario asignará y preparará un p~lco en la Galería Afta para los
representantes de los medios noticiosos. Esto conlleva implícitamente la premisa de que
la prensa puede presenciary reportar las sesiones legislátivas. Lo único que el Presidente
del Senado puede controlar es la forma del acceso; ~o coartarla arbitrariamente. Las
prohibiciones de entrada al palco de la prensa por parte~ del Presidente del Senado están
dirigidas a todos los fotoperiodistas y a otros periodist~s y no sólo a “un periodista que
actúe contrario al arden y decoro del Cuerpo”. En nir~igún momento el Presidente del
Senado ha hecho una determinación por escrito sobre quién o quiénes d? los miembros
de la prensa él entiende que han violentado el reglar~iento ni tampoco ha hecho una
determinación sobre cuál fue la disposición reglamentdria supuestamente violada.
Particularmente sobre el uso de cámaras o ecuipo para captar imágenes, el
Presidente del Senado no había cumplido con emitir la o~den administrativa que las regule,
por lo cual su prohibición a los fotoperiodistas y camaró~rafos estuvo totalmente carente
de un fundamento reglamentario y, por tanto, se trata de una prohibición arbitraria y
caprichosa. En la eventualidad de que la presidencia ~enatorial cumpla con su propio
(prospectivamente),
del~e
constitucionales de contener los parámetros menos onprosos al derecho de acceso a la
información y las libertades de prensa y expresión.
POR TODO LO CUAL respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal que
ordene al demandado, perentoriamente y bajo apercib~miento de desacato, cumplir con
su deber ministerial bajo la Sección 1 Idel Artículo 3 de la Constitución del Estado Libre
Asociado de garantizar que las sesiones del Sena~o serán públicas, y permitir la
asistencia del público y la prensa a la Galería Alta para p~esenciar los trabajos del Senado.
En la alternativa, que ordene al demandado cumplir con las disposiciones de la Sección
26.1 del Reglamento del Senado sobre la asistencia del público a la Galería Alta para
presenciar la sesión senatorial, y con las disposicione~ de la Sección 26.11 del mismo
Reglamento relativas al palco de prensa, incluyendo, dé ser necesario, una orden sobre
uso de cámaras que contenga los parámetros menos onerosos pasibles al derecho de
acceso a la información y las libertades de prensa y expresión, con cualquier otro
pronunciamiento que estime procedente.
RESPETUOSAMENTE SOMETIDO en San Juap, P. R. hoy 29 de junio de 2010.
CERTIFICO: Que en el día de hoy se habrá de diligenciar copia del presente escrito
al Lic. Thomas Rivera Schatz, y al Sr. Manuel Torres Nieves, en el Senado de Puerto Rico,
Capitolio, Puerta de Tierra, San Juan, P.R. 00901.
JUAN R. MARCHAND QUINTERÓ LAW OFFICES
JuanÁ. iviarchand Quintero ~‘ado Núm. 5665 Apartado 9024227 San Juan, P.R~ 00902-4227
Tel. 787-721-2495 /
Correo EIectró~iico: jrmpc~2pdc. net
Fax: 787-725-3066
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LIC. THOMAS RIVERA SCHATZ; MAN UEL TORRES NIEVES, SRIO. DEL SENADO DE P.R.
CASO ÑÚM.
SOBR~:
Yo, Alma Luciano, mayor de edad, soltera y Veciha
de San Juan, bajo juramento
1. Que soy fotoperiodista de Claridad, y viceF~residenta
Periodistas de Puerto Rico, y mis circunstancias personales son las arriba indicadas.
2. Que los hechos que se exponen en el preserjte
de la suscribiente
recurso son del conocimiento
Y para que así conste presto juramento y suscrib~
Rico hoy 29 de junio de 2010.
la presente en San Juan, Puerto
AFIDÁVIT NÚMTJ ¡ ¡ (~
Jurado y suscrito ante mi por Alma Luciano,
las circunstancias personales
anteriormente expresadas, ya quien doy fe de conocer personalmente, en San Juan P.R.
hoy 29 de junio de 2010.
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in fine
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e contrario
 Artículo 34
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e contrario
 Artículo 3

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