Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/31126
Timestamp: 2020-04-08 01:30:15+00:00

Document:
Sentencia: TAD-CUN-20011219-2002
Una entidad pública puede imponerle a un contratista una multa por el retardo en el cumplimiento de la entregar de los reportes sobre la ejecución del objeto contractual, en virtud de las facultades sancionatorias estipuladas en el contrato
BANCO GRANAHORRAR VS. INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES
El 30 de enero de 1995, el Instituto de los Seguros Sociales y el banco Granahorrar, suscribieron un contrato cuyo objeto era: a) recibir autoliquidaciones de aportes, diligenciadas en formularios; b) recaudar pagos por concepto de aportes al régimen de seguridad social y cualquier monto que se genere por este concepto, como a su vez depositar y transferir los recaudos en las cuentas que para tal fin determine el Instituto; y c) entregar los formularios e informes de recaudo al Instituto. En las fechas 13 y 24 de mayo, 23 de junio, 11 de octubre y 16 de noviembre de 1999, la Jefe del Departamento Nacional de Cuentas Corrientes y la Gerente Nacional de Recaudo del I.S.S. informaron a la Presidencia de Granahorrar sobre la imposición de sanciones por retardo en el cumplimiento de entrega de paquetes de autoliquidaciones durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre y octubre de 1999. Por medio de Resolución del año 2000, la Presidencia del I.S.S. resolvió imponer a la corporación Granahorrar una sanción de $269.934.854.oo, por haber incumplido con los términos para enviar los reportes de autoliquidaciones, conforme a lo señalado en el numeral 3º de la cláusula tercera del contrato 1995. La corporación Granahorrar interpuso recurso de reposición contra la mencionada decisión, el cual fue resuelto por medio de la Resolución 4259 del 21 de noviembre de 2000, que se resolvió confirmar la decisión inicial, pero modificó la cuantía de la sanción.
¿Puede una entidad pública, mediante acto administrativo, imponerle a un contratista una multa por el retardo en el cumplimiento de la entregar de los reportes sobre la ejecución del objeto contractual, en virtud de las facultades sancionatorias estipuladas en el contrato, sin vulnera el principio de legalidad?
«(…) No comparte la Sala las apreciaciones alegadas por el apoderado de la parte actora, cuando señala que el I.S.S. carecía de facultades para imponer la multa pecuniaria a Granahorrar, por la extemporaneidad en la entrega de los paquetes de autoliquidaciones de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre y octubre de 1999, pues probado está que la Gerencia Nacional de Recaudo del I.S.S. comprobó un retraso por parte de la actora en el envío de dichos documentos, como parte de las obligaciones contractuales a las que se había comprometido, comunicándole mediante siete oficios (tal como quedaron reseñados en el capítulos de pruebas), su reiterado incumplimiento, y por ende las consecuencias sancionatorias a las que se vería abocada, tal como en efecto ocurrió.
- Debe tenerse en cuenta que las cláusulas mediante las cuales se estipula sanciones o multas, no son excepcionales al derecho común, incluso aparecen previstas en las normas de derecho privado (artículos 1592 del C. C. y 867 del C.Co.), normas, que por expresa remisión del artículo 13 de la Ley 80 de 1993 son fuente de la regulación del contrato estatal.
De acuerdo con estas disposiciones, las partes de un contrato pueden establecer obligaciones con cláusulas penales o sancionatorias, definidas como “aquellas en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal”.
Por lo tanto, era perfectamente lícito y ello no comportaba ningún exceso, que las partes en el contrato y con miras a asegurar la cabal ejecución del mismo pudieran pactar dentro de sus cláusulas una pena (multa), en caso de inejecución o mora en el cumplimiento de una obligación, como una manera de conminar o apremiar al obligado, siendo por ende posible que la Administración en este caso, hiciera uso de la facultad que expresamente había previsto con la anuencia de su contratista (Granahorrar), por lo que no puede acusarse al I.S.S. de falta de competencia para adoptar una decisión sancionatoria (imposición de multa).
Así mismo, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha señalado reiteradamente que la Administración, en desarrollo y aplicación del principio de dirección del contrato, así como de los poderes exorbitantes que ostenta, tiene la potestad de imponer multas y sanciones a un contratista, con el objeto de cumplir los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados (Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia del 4 de junio de 1998, expediente: 13988, M.P.: Ricardo Hoyos Duque)[1]. (…)»
[1] CE SIII E 13988 DE 2008
Una entidad pública, mediante acto administrativo, puede imponerle a un contratista una multa por el retardo en el cumplimiento de la entregar de los reportes sobre la ejecución del objeto contractual, en virtud de las facultades sancionatorias estipuladas en el contrato, sin vulnera el principio de legalidad, porque:
Las cláusulas mediante las cuales se estipula sanciones o multas, no son excepcionales al derecho común, estas aparecen en las normas de derecho privado, normas, que por expresa remisión del artículo 13 de la Ley 80 de 1993 son fuente de la regulación del contrato estatal.
Es perfectamente lícito y ello no comportaba ningún exceso, que las partes en el contrato y con miras a asegurar la cabal ejecución del mismo pacten dentro sus cláusulas multas, en caso de inejecución o mora en el cumplimiento de una obligación, como una manera de conminar o apremiar al obligado.
Las entidades públicas en desarrollo y aplicación del principio de dirección del contrato, así como de los poderes exorbitantes que ostenta, tiene la potestad de imponer multas y sanciones a un contratista, con el objeto de cumplir los fines estatales.
PRIMERO: Declárese no probada la excepción de caducidad de la acción, conforme a lo expuesto en las consideraciones de este proveído.
SEUGNDO: Deniéguense las pretensiones de la demanda.
CE SIII E 13988 DE 2008.
Ley 80 de 1993. Artículo 14 Código de comercia. Artículo 867. Código de civil. Artículo 1592.
Documento: TAD-CUN-20011219-2002

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 13
 artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 867
 Artículo 1592