Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321023.html
Timestamp: 2019-04-24 18:18:18+00:00

Document:
as201321023
Auto Supremo: 23/ 2013
Sucre: 8 de Febrero 2013
Expediente: LP-118-12-S
Partes: Gobierno Autónomo Departamental de Tarija c/ Empresa Minera Sinchi
Wayra S.A.
Proceso: Responsabilidad Civil, Daños y Perjuicios
VISTOS: Los recursos de casación interpuestos:
1.- Por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija representado legalmente por Edwin Lenis Nina, en el fondo como en la forma.
2.- Por la Empresa Minera Sinchi Wayra S.A., representada legalmente por Roberto Luís Martín Botero Reynolds y Diego Alejandro Pérez Cueto Eulert.
Impugnado el Auto de Vista No. S-258/12 de fecha 23 de Julio de 2012, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso Ordinario de Reparación de Daños y Perjuicios seguido por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, contra la Empresa Minera Sinchi Wayra S.A. (antes Compañía Minera del Sur S.A. COMSUR), los antecedentes del proceso y:
Que, tramitada la causa, el Juez 4º de Partido en lo Civil Comercial de La Paz, emitió Sentencia de fecha 21 de Diciembre de 2009, cursante de fs. 2939 a 2950 vlta., declarando probada en parte la demanda de fs. 799 a 817 de obrados, por responsabilidad Civil medioambiental que corresponda por la contaminación de los ingenios y aguas servidas de la ciudad de Potosí y otras empresas mineras a través del rio de la Rivera, el rio Porco, Jatun Mayu, Tumusla, rio Grande, Camblaya y Pilaya y no así respecto a la permanente contaminación que sufre la cuenca fluvial del Pilcomayo, debido a las descargas de residuos minerales y otras substancias provenientes del Cerro Rico contaminando el rio Pilcomayo, debiendo calificarse los daños en la parte probada, en ejecución de Sentencia, asimismo se declara Improbada la demanda reconvencional de fs. 1232 vlta., a 1233 por daños y perjuicios.
Apelada la Sentencia por la Prefectura del Departamento de Tarija representado por J. Justo Suarez Calbimonte por una parte; y Sinchi Wayra S.A. (antes Compañía Minera del Sur S.A. COMSUR) por otra, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nro. S-258/12 de fecha 23 de julio de 2012, cursante de fs. 3094 a 3095, anula obrados hasta el decreto de fecha 14 de noviembre de 2009 de fs. 2938 vlta., disponiendo que el Juez A quo remita el expediente ante el Representante del Ministerio Público, para que emita el correspondiente dictamen de fondo, con cuyo resultado dicte nueva Sentencia.
Resolución que dio lugar al recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesta por parte de la entidad demandante Gobierno Autónomo Departamental de Tarija de fs. 3098 a 3104; y recurso de casación parcial en la forma interpuesta por Empresa Minera Sinchi Wayra S.A. de fs. 3110 a 3014 vlta., que se analizan.
1.- Recurso de Casación en el fondo y en la forma planteada por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija:
Que, el fundamento del Auto impugnado fuera el incumplimiento de los arts. 34 y 35 de la Ley del Ministerio público, que sin embargo la entidad demandante podía intervenir sin que sea imprescindible la intervención del Ministerio Público, citando para ello jurisprudencia del año 1986. Que no fuera parte del proceso, y siendo accesoria su intervención su inconcurrencia no estaría penada con nulidad.
Refiere al art. 50 del Código de Procedimiento Civil, reclamando que no puede anularse lo que “trabajosamente” se hubieran demandado. Que fuera necesaria la intervención del M.P., sólo cuando actuara directamente en representación del Estado y no como en el caso, que el Gobierno Autónomo actuara por si mismo. Incumbiría al Ministerio Público según el entendimiento del art. 34 de la Ley 1469 de 19 de febrero de 1993, “vigilar” la legalidad de las actuaciones, llegando a concluir señala que el fallo recurrido se adecuaría a la normativa señalada en principio (art. 253 num. 1) de Código de Procedimiento Civil explicando que habría interpretación errónea de la ley. Habría aplicación indebida de la ley, al sostenerse que en este proceso no intervendría el Ministerio Público, y la jurisprudencia señala en el fallo recurrido aclararía que la intervención de esta entidad fuera para fiscalizar y vigilar la legalidad de las actuaciones judiciales mediante sus dictámenes, pero no constituirse en parte, aspecto que no hubiera sido comprendido en su correcta dimensión.
Finalmente habría confusión entre el significado de vigilar la legalidad con la de intervenir activamente en el proceso, entendiendo entonces que habría aplicación indebida de la ley.
Denuncia como violado el numeral 4) del art. 254 del Código de Procedimiento Civil, entendiendo en su razonamiento que la competencia del Tribunal de Apelación estaría limitada a la expresión de agravios y en ningún caso de oficio, no habiendo sido objeto de apelación la nulidad, haciendo referencia al art. 236 sin referir de que norma-, que en su observancia correspondería pronunciarse únicamente a lo resuelto en Sentencia, tomando en cuenta los puntos que hubieran sido objeto de apelación. En afán de demostrar su razonamiento, transcribe la parte petitoria del recurso de apelación de la empresa demandada y que esta se habría limitado a pedir se revoque la Sentencia y que fuera diferente a la nulidad que se hubo declarado de oficio, por ello la resolución fuera extra petita y por tanto nulificado.
Que, no podría ignorarse el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, por el cual en razón del principio dispositivo el órgano jurisdiccional estuviera vinculado a la declaración de la voluntad de las partes y delimitada a los puntos apelados por las partes. Que el Auto de Vista se habría expedido fuera de los concretos puntos de la apelación limitado a pedir revocatoria de la Sentencia, sin mención alguna a nulidad, en ese sentido el Tribunal de apelación se excedería al disponer nulidad de obrados no pedida por nadie, concluyendo en su razonamiento que el Tribunal Supremo “CASE” el Auto de Vista No. S-258/12 de fecha 23 de julio.
Refiriendo a los principios de conservación de los actos frente a las nulidades por solo la nulidad, pertinencia de la Resolución, expresión de agravios, y otros pretende respaldar su razonamiento, contradictoriamente sin embargo señala la intervención del Ministerio Público con la emisión de un dictamen de conclusiones de fs. 3063 vlta., fechado 5 de octubre de 2011 (emitido en etapa de apelación).
Pide se conceda recurso de casación en el fondo y en la forma a fin de que el Tribunal Supremo de Justicia “CASE” el Auto de Vista recurrido a fin de declarar plenamente probada la demanda de fs. 799 a 817, además de confirmar la Sentencia en relación a la demanda reconvencional y revocatoria del Auto de fs. 2955 y vlta.
2.- Recurso de Casación parcial en la forma planteada por la Empresa Minera Sinchi Wayra S.A.
La resolución anulatoria de obrados fuera en perjuicio de la empresa, al ser dictado sin considerar aspectos constitucionales básicos y de verdad material plasmados y explicados en la reconvención como en apelación, en ese antecedente recurrirían de casación en la forma. Conceder hasta un punto intermedio respecto de una nulidad que no habría sido planteada, sino mas bien habría peticiones de nulidad de actos judiciales sustentado en poderes presentados por los representantes de la entidad demanda no tomados en cuenta ocasionaría la interposición del recurso de casación en la forma.
Refiriendo a disposiciones legales, circular del Ministerio Público, fallos de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, hacen mención a que la intervención del Ministerio Público fuera obligatoria en todas aquellas acciones que se hubieran incoado con anterioridad a la vigencia de la Ley Orgánica del Ministerio Público actual, en consideración a que la Prefectura del Departamento de Tarija fuera parte del Estado y demandada reconvencionalmente por daños y perjuicios, se establecería que el Ministerio Público no hubiera sido notificado con ningún acto procesal, menos con la Sentencia apelada, habiéndose viciado de nulidad.
Acusa que el Auto de Vista violaría el art. 236 del Código de Procedimiento Civil al no haberse fundamentado como correspondería, y limitado a anular obrados y omitiendo considerar aspectos como no referir el alcance de la reconvención, reclamado en apelación. El Tribunal de apelación emitiría fallo sin considerar los argumentos planteados, pronunciándose sobre un aspecto formal, negando el acceso a la justicia. Mencionando Sentencias Constitucionales y Resoluciones de la Corte Suprema, refiere que el fallo debió tomar en cuenta la fundamentación dando a entender que lo contrario lesionaría derechos constitucionales como la seguridad jurídica, legítima defensa y el debido proceso en su elemento de Juez natural.
Acreditaría las violaciones incurridos por el Auto de Vista, como el establecer una nulidad no impetrada cuando habría otras anteriores no consideradas, yendo contra el art. 236 del Código de Procedimiento Civil. Se habría probado la violación del art. 12 de la Ley del Notariado. Que en términos generales demostraría que el fallo fuera vulneratorio del orden público y correspondería su nulidad así fuera de oficio al no estar fundamentado sus actos y no asumir respecto a la presunta impersonería de la entonces Prefectura del Departamento de Tarija ahora Gobernación.
Con esa exposición pretende una “CASACION PARCIAL” del fallo de segunda instancia y concediendo la nulidad incluso hasta fs. 799 de obrados, al haberse presuntamente probado la existencia de una infracción legal que no hubiera sido asumida por el Tribunal de apelación.
En el orden planteado por ambos recurrentes, este Tribunal considera necesario hacer las aclaraciones pertinentes a fin de emitir un fallo adecuado a los datos del proceso y el planteamiento de los recursos, en ese sentido corresponde señalar que:
Conforme al razonamiento expuesto por este Tribunal de manera uniforme en los fallos emitidos, el recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el Máximo Tribunal de Justicia revise y reforme o anule las Resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho al debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales. En ese antecedente la jurisprudencia sentada se ha establecido que el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho, pudiendo ser planteado en la forma, en el fondo o ambos a la vez en sujeción a lo determinado por el art. 250 del Código de Procedimiento Civil; cuando el recurso se plantea en la forma, es decir por errores de procedimiento, denominado también error “in procedendo”, su finalidad es la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas expresamente con nulidad por la ley o de oficio cuando afecte al orden público; en tanto que el recurso de casación en el fondo o “error in judicando”, procede por errores en la resolución del fondo del litigio y esta orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución impugnada, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista Recurrido y la emisión de una nueva resolución que resuelva el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley o la debida valoración de la prueba.
En cada uno de los casos, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil respectivamente, y en ambos cumplir de manera inexcusable el mandato del art. 258 num. 2) del mismo cuerpo legal; es decir, citar en términos claros y concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.
Conforme al razonamiento expuesto por este Tribunal Supremo de Justicia en A.S. Nro. 73 de fecha 12 de abril de 2012 entre otros, se estableció que cuando el fallo de segunda instancia es anulatorio de obrados, no ingresa a considerar el fondo de la problemática planteada, y contra este fallo únicamente corresponde plantear recurso de casación en la forma, no siendo posible plantear recurso de casación en el fondo, siendo imposible por lo mismo analizar el recurso de casación planteado en este sentido (fondo), ante su manifiesta improcedencia.
Con esas aclaraciones necesarias, pasamos a considerar los recursos planteados en el orden cronológico propuesto:
1.- Al recurso de casación planteado por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija:
Respecto al recurso de casación en el fondo y de la revisión del Auto de Vista No. S-258/12 que se impugna, advertimos que el mismo contiene una resolución ANULATORIA de obrados, aspecto que no ha tomado en cuenta el recurrente, a tiempo de interponer recurso de casación en el fondo, resultando por ello improcedente la referida impugnación, toda vez que como se tiene sentada la uniforme jurisprudencia de este Tribunal y la aclaración hecha supra, contra una Resolución de alzada anulatoria de obrados no procede el recurso de casación en el fondo sino en la forma; ya que al no haber ingresado el Tribunal de alzada en análisis de fondo, no emitió criterio alguno respecto del asunto del litigio, consecuentemente no se apertura competencia para que este Tribunal ingrese a conocer el fondo del recurso, de lo que se infiere que el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, no es procedente.
Con relación al recurso de casación en la forma interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija se tiene que si bien es cierto que el límite de un fallo de segunda instancia está establecido por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, es decir, circunscrito a la expresión de agravios conforme se reclama y los puntos allá fundamentados, el Tribunal de apelación ante la evidente infracción de normas que hacen al orden público, está facultado a emitir fallo anulatorio de obrados, esta situación no puede considerarse como algo extra petita al estar enmarcado en la legalidad. En el caso en cuestión ciertamente el Tribunal de alzada, no ingresó a considerar los argumentos de apelación del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija ni los de la empresa demandada, esto significa que no ingresó a considerar el fondo de la problemática cuestionada en apelación.
El razonamiento expuesto por el Tribunal de apelación para anular obrados es la verificación del incumplimiento de lo dispuesto por los arts. 34 y 35 de la Ley del Ministerio Público No. 1460 de 19 de febrero de 1993, vigente a tiempo del inicio de la acción reconvencional contra la entonces Prefectura del Departamento de Tarija, aspecto basado en el entendimiento de que la referida entidad es parte del Estado y si bien es cierto que como demandante no era preciso la intervención del Ministerio Público existe el elemento necesario para su intervención, esto es que la empresa demandada a la vez reconvino por daños y perjuicios al Estado –Prefectura del Departamento de Tarija-, ahí ingresa la justificación para la necesaria intervención del ente fiscal. Con relación a esto la jurisprudencia nacional en diversos Autos Supremos como los signados con los Nos. 232 de 13 de noviembre de 1998, 107 de 15 de mayo de 2004, 184 de 24 de septiembre de 2004, 170 de 30 de mayo de 2005 entre otros, ha establecido la siguiente línea: “…cabe señalar que el parágrafo I del art. 127 del Código de Procedimiento Civil, dispone textualmente que: “cuando el Estado fuere demandado, será citado en la persona del fiscal y jefe de la repartición correspondiente”.
“En coherencia con estos preceptos normativos, la norma consignada por el art. 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 1469 de febrero de 1993, bajo cuya vigencia se inició la presente acción y se dictó la Sentencia respectiva, taxativamente establece que: “las entidades públicas serán representadas judicialmente por su personeros legales, sin perjuicio de la obligación que tiene el Ministerio Público de vigilar la legalidad de estas actuaciones”. Por su parte el art. 35 de la misma ley establece que: “La participación y la acción del Ministerio Público es obligatoria en todo proceso judicial y administrativo en que tenga interés el Estado”. De lo establecido en este marco normativo, se concluye que la intervención del Ministerio Público, en aquellos procesos en los que el Estado es demando, es obligatoria a efectos de ejercer la tarea de fiscalización, vigilancia y legalidad de las actuaciones judiciales a través de sus dictámenes, lo contrario constituye causal de nulidad por infracción de las normas citadas que al ser de orden público son de cumplimiento obligatorio.
Al respecto, este Tribunal en reiterados Autos Supremos, cuyas demandas fueron iniciadas en vigencia de la Ley 1469 de febrero de 1993, estableció de manera uniforme que es necesaria la participación del Ministerio Público, con su dictamen, antes de pronunciarse la resolución de primera instancia, honrando de esta manera lo dispuesto por los arts. 34 y 35 de la citada ley”
Dentro de ese orden, verificamos entonces que no es posible alegar la vulneración de lo determinado por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, por la simple razón que al haber encontrado el Tribunal de Apelación en la revisión de oficio permitida por infracciones que afectan al orden público normado por el art. 90 del Código de Procedimiento Civil, tomó la decisión de reencaminar la causa, y la forma adecuada fue por la declaratoria de nulidad de obrados hasta el actuado pertinente a fin de que el Ministerio Público cumpla su función en sujeción a la norma legal señalada tantas veces.
Para culminar, la entidad recurrente ingresa en confusión y sin discriminación de lo que representan los recursos de casación en el fondo y en la forma como se ha explicado ampliamente, de manera errada concluye su petitorio en sentido que el fallo a emitir por el Tribunal Supremo de Justicia debiera ser por “casar” el Auto de Vista y declarar probada la demanda, cuando ello como se ha precisado no procede.
En consecuencia, con relación al recurso de casación en la forma planteado por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, corresponderá su declaratoria de improcedencia.
2.- Recurso de Casación parcial en la forma planteada por la Empresa Minera Sinchi Wayra S.A.:
De la revisión del recurso de casación en la forma planteado por la entidad demandada reconvencionista encontramos contradicciones no conducentes por el razonamiento que al ser anulatoria de obrados el fallo de segunda instancia no ingresó a analizar los aspectos cuestionados en apelación, que pretende la entidad recurrente hacer ver que debieron considerarse; posteriormente sin embargo analiza que fuera correcta la interpretación del Tribunal de alzada por la anulatoria de obrados ante la no intervención del Ministerio Publico, empero con una verdad segada pues pretende hacer ver que no se hubiera notificado con ningún acto procesal a esta entidad (M.P.) y que esto hubiera viciado de nulidad todos los actos, cuando de la revisión de antecedentes, se establece que sí se dio intervención al Ministerio Público de manera correcta; sin embargo de lo anterior luego de transcurrida la etapa de conclusiones y antes del decreto de Autos, incumpliendo la norma señalada por los arts. 34 y 35 de la Ley 1469 de febrero de 1993, el Juez A quo omitió notificar al Ministerio Público a fin de que en ejercicio del control de legalidad por la norma referida de manera imperativa, emita el dictamen que corresponda, lo que ciertamente como se ha explicado mediante jurisprudencia citada a tiempo de dar respuesta al recurso de casación en la forma planteada por la entidad demandante, ha viciado de nulidad los posteriores actuados.
Con ese antecedente se hace innecesario abundar en argumentos respecto a la presunta violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, en razón como se dijo de no haber ingresado al fondo de ninguno de los recursos tanto de la demandante como de la demandada por parte del Tribunal de alzada, siendo inviable considerar que fuera de aplicación el art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, que siendo una nulidad de oficio en la que no se consideraron los aspectos cuestionados en la expresión de agravios de los apelantes, no existe la posibilidad asimismo de inferir que hubiera alguna vulneración del derecho de acceso a la justicia.
En este caso, el recurrente pretende se haga consideraciones con referencia a presuntas nulidades que pudieran haber existido en la tramitación del proceso en referencia a la validez de los poderes con los que intervinieron los representantes de la Prefectura (hoy Gobernación) del Departamento de Tarija, aspectos que deben ser analizados en el fondo y no en la forma como de manera incorrecta peticiona.
Estas consideraciones mas el petitorio incongruente que se realiza en el recurso es porque se case parcialmente el fallo de segunda instancia, cuando se ha establecido de manera clara que contra una resolución anulatoria de obrados no cabe sino la petición de nulidad del Auto de Vista a fin de que ésta en sujeción a lo determinado por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil resuelva los agravios expresados, aspecto que no ocurre en el caso de Autos, pues no se ingresó al fondo de la problemática planteada en los recursos de apelación; además en un contrasentido la empresa recurrente pretende que casando el Auto de Vista recurrido se conceda una nulidad de obrados, siendo esto manifiestamente improcedente.
Por lo analizado y expuesto corresponde a este Tribunal fallar declarando por la improcedencia del recurso de casación parcial en la forma planteado por la empresa Sinchi Wayra S.A.
Al margen de lo anterior, en consideración a que la problemática planteada versa sobre la aplicación o no de los arts. 34 y 35 de la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 1469 de febrero de 1993, en el caso concreto en análisis, debemos señalar que definitivamente son de aplicación las referidas normas, en razón del mandato expreso de la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Nro. 2175 de 13 de febrero de 2001, a ese entendido es que se arribó por parte de la Corte Suprema conforme a los datos expuestos anteriormente, en esa corriente, en el mismo orden de lo analizado, referir al razonamiento expuesto por el Tribunal Constitucional en diversas Sentencias, tales como los signados con los Nro. 1200/2005-R de fecha 29 de septiembre de 2005, 0053/2007-R de 7 de febrero de 2007, 1531/2010-R de 11 de octubre de 2010 y otros por el que se ha establecido que “…se concluye, que las modificaciones efectuadas mediante la Disposición Final Quinta de la LOMP al art. 127.I del CPC, constituyen un cambio de la norma procesal adjetiva que regula la intervención del Ministerio Público en los procesos judiciales en materia Civil, que hasta entonces, imperativamente, imponía la obligación del Ministerio Público en todos los procesos Civiles, en los que el Estado era demandado, sin embargo a raíz de la modificación introducida por la actual Ley Orgánica del Ministerio Público, queda claro que la entidad estatal correspondiente deba ser citada en la persona de la Autoridad jerárquica superior; consiguientemente, en la actualidad la participación del Ministerio Público, en proceso de esta naturaleza es accesoria y no principal; empero, este razonamiento no puede ser aplicado discrecionalmente en los asuntos en los que a la fecha de vigencia de la referida Ley Orgánica del Ministerio Público estuvieren actuando los fiscales, en representación del Ministerio Público, conforme determina la Disposición Transitoria Quinta de la LOMP.” (la cursiva, negrillas y el subrayado no corresponden al original).
Además de los Autos Supremos emitidos con similar criterio, la Corte Suprema de Justicia por Sala Plena emitió la Circular Nro. 25/04 de 21 de junio de 2004, aclarando que “(…) 1) La Disposición Transitoria Quinta de la Ley N° 2175 establece que, los fiscales continuarán interviniendo en aquellos asuntos no penales que a la vigencia de esta Ley estuvieren actuando en representación del Ministerio Público; 2) El Ministerio Público no interviene en causas que no fueren penales. En consecuencia, deberá hacer conocer a los Jueces y vocales de su Distrito, la no participación del Ministerio Público en los asuntos familiares, Civiles, comerciales y de menores, salvo en este último caso lo dispuesto por la disposición final quinta II de la Ley Orgánica del Ministerio Público, únicamente es obligatoria en todos aquellos procesos que se hubiesen iniciado con anterioridad a la vigencia de la Ley 2175 (…)”.
Ese razonamiento se lo ha recogido correctamente del tenor de lo expresado por la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 2175 de 13 de febrero de 2001 que textualmente señala “QUINTA.- Asuntos no penales. Los fiscales continuarán interviniendo en aquellos asuntos no penales en los que a la fecha de vigencia de esta Ley estuvieren actuando en representación del Ministerio Público.” Que fue objeto de recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad a la par del numeral 2) de la Circular de Sala Plena de la Corte Suprema No. 25/04 de 21 de junio de 2004, habiendo sido rechazada la misma por Auto Constitucional Nro. 132/2005-CA de 30 de marzo de 2005, consecuentemente en plena vigencia.
Los aspectos señalados, demuestran la correcta aplicación de las normas aludidas a tiempo de dictar el fallo de segunda instancia por la nulidad de actuados, aspecto que debe ser comprendido por las partes en su correcta dimensión.
Llama la atención a este Tribunal la intervención de los personeros legales y causídicos del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, que lejos de velar porque se cumpla la legalidad en la tramitación del proceso, pretendan un recurso de casación insustentable, causando en definitiva a la propia entidad que vienen patrocinando y representando demoras y perjuicios, además del poco cuidado que realizan en la formulación de sus argumentos, aspecto que en tratándose de los intereses del Estado –ahora Gobernación del Departamento de Tarija- que involucra en definitiva los intereses de la población presuntamente afectada, que tiene la confianza de finalmente ver el resultado de una demanda.
Asimismo descuido que observa el A quo en el cumplimiento de normas que hacen al orden público en la tramitación del proceso, que según establecen los arts. 3 num. 3), 87 y art. 90 parágrafo I del Código de Procedimiento Civil, es obligación de los juzgadores velar porque los procesos se tramiten sin vicios de nulidad que debe cumplirse imperativamente, denotando negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, debiendo en todo caso reencaminar sus actuaciones conforme a los razonamientos expresados tanto en el Auto de Vista recurrido como en el presente fallo.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, conforme dispone la atribución prevista en el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, en sujeción a lo determinado por el art. 271 num. 1) del Código de Procedimiento Civil en desacuerdo con el Dictamen emitido por la Fiscalía General del Estado de fs. 3128 a 3131, declaran IMPROCEDENTES tanto el recurso de casación en el fondo como en la forma contenido en el memorial de fojas 3098 a 3104 presentado por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija; así como el recurso de casación parcial en la forma contenido en el memorial de fojas 3110 a 3114, presentado por la Empresa Minera Sinchi Wayra S.A. Sin Costas por ser juicio doble.
Se exhorta a los Tribunales de instancia a fallar con la debida celeridad, tomando en cuenta que las infracciones observadas que dieron lugar a la nulidad de obrados, van en perjuicio no solo de las partes, sino de la administración de justicia y conlleva la afectación de los principios de celeridad y de justicia pronta y oportuna.
A fin de que la Procuraduría General del Estado tome conocimiento, hágase conocer la presente resolución a los fines consiguientes de ley.

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