Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2015/as201532380.html
Timestamp: 2019-03-23 00:32:53+00:00

Document:
as201532380
Auto Supremo Nº 380/2015.
Expediente: SC-CA.SAII-CHUQ.185/2015.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 78 a 80, interpuesto por Víctor Rodrigo Grajeda Pérez, contra el Auto de Vista Nº 215/2015 de 12 de mayo, cursante de fs. 73 a 75, pronunciado por la Sala Administrativa, Coactivo Fiscal y Tributario del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso social de pago de beneficios sociales seguido por Florencia Mamani Llampa contra Víctor Rodrigo Grajeda Pérez, propietario de la Broastería “Que Pollazo”, el auto de fs. 84 vta. que concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y,
CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social de beneficios sociales, la Juez de Partido Primero del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Chuquisaca, pronunció la Sentencia Nº 076/2014 de 27 de noviembre (fs. 49 a 51), declarando probada la demanda social, cursante de fs. 1 a 3 y 6 de obrados, con costas; a cuyo efecto realiza liquidación por los siguientes conceptos: indemnización, desahucio, aguinaldo gestión 2013 más multa, aguinaldo doble gestión 2013, reposición salarial, 2 días feriado, 31 días domingo, 196 horas extras, cuyo monto asciende a la suma de Bs.11.889,95.- (Once Mil Ochocientos ochenta y nueve 95/100 Bolivianos), que debe cancelar el demandado dentro de tercero día de notificado con la sentencia, más lo que corresponda por actualización y multa señalada en el art. 9 del Decreto Supremo (DS) N° 28699 de 01 de mayo de 2006, que será calificado en ejecución de sentencia.
En grado de apelación deducido por Víctor Rodrigo Grajeda Pérez (fs. 59 a 61), la Sala Social, Administrativa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció el Auto de Vista Nº 215/2015 de 12 de mayo (fs. 73 a 75), confirmando totalmente la Sentencia Nº 076/2014 de 27 de noviembre, con costas en ambas instancias.
La resolución de apelación motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 78 a 80, interpuesto por Víctor Rodrigo Grajeda Pérez, quien en lo fundamental sostiene:
Que, habiendo sido notificado con el Auto de Vista N° 215/2015 de 12 de mayo, cursante a fs. 73 a 75 de obrados, al amparo del art. 210 y siguientes del Código Procesal del Trabajo (CPT), interpone recurso de casación en el fondo y alternativamente en la forma amparado en los arts. 250, 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil (CPC), en base a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
Fundamentación del Recurso de Casación en la Forma
Denuncia que el inc. b) del auto de relación procesal de 21 de julio de 2014 cursante a fs. 24, estableció para la demandante entre otros, los siguientes puntos de hecho a probar: a) Que, la demandante fue contratada en forma verbal por Rodrigo Grajeda en la Broastería de venta de pollos desde el 17 de febrero al 8 de noviembre de 2013, con el salario de Bs.1.100.- mensual, en el horario de 09:00-12:00 y de 16:00 a 23:00 y para el demandado demostrar todo lo contrario; b) Que no es propietario de la empresa unipersonal “King Pollazo”; c) Que no contrató a la demandante, omitiendo en ese orden la a quo pronunciarse respecto del inc. b), mismo que también fue reclamado ante el tribunal ad quem, quien refirió que carece de relevancia para el resultado de la causa, vulnerando su derecho a la defensa, igualdad de las partes, inversión de la prueba, viéndose constreñido a efectuar el pago de beneficios sociales de un negocio del que no es propietario.
En sustento de su posición invocó el AS N° 415 de 20 de julio de 2007, mismo refiere que los principios del Derecho del Trabajo, son también aplicables a la parte empleadora, cuando se busca la verdad material de los hechos.
Expresa que la prueba aportada al proceso, cursante de fs. 30 a 32 y fs. 35 a 38, en especial la de fs. 34, demuestran su condición de trabajador más no de propietario y la falta de pronunciamiento de estos puntos vulnera lo previsto por el art. 202.a) del CPT, el principio de primacía de la realidad, de congruencia y exhaustividad, haciendo alusión a la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia en el AS N° 29 de 28 de enero de 2009, las SSCC Nos. 905/06-R, 717/06-R, 1369/01-R y 1009/2003-R de 18 de julio, respecto de la falta de fundamentación, careciendo en ese sentido tanto la sentencia como el auto de vista de una debida fundamentación. Así también acusa que se vulneró los arts. 190, 192.2) y 3) y 254.4) del CPC, art. 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Fundamentación del recurso de Casación en el fondo de los errores in judicando
1) Reitera lo reclamado en el recurso de casación en la forma, haciendo énfasis en la documental que cursa a fs. 33, consistente en el certificado de trabajo signado con FPS/GATI/JGRH/CT N° 057/2014, extendido por el “Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social”, por el cual se acredita que el demandado se encontraba trabajando para esta institución, desde el 03 de marzo de 2011 al 01 de marzo de 2013, siendo en tal circunstancia imposible haber contratado a la demandante en fecha 17 de febrero de 2013; prueba que no fue valorada por los de instancia. Asimismo, refiere que no se valoró la prueba cursante a fs. 31 y 32, que la demandante refirió con imprecisión los datos de su fuente laboral, habida cuenta que la empresa no es “Que Pollazo” sino “King Pollazo” y que la demanda no fue interpuesta contra estas empresas sino contra su persona Rodrigo Grajeda que también es empleado de la misma más no propietario.
2) Expresa errónea interpretación del art. 4 del DS de 30 de agosto de 1927; toda vez que, la Broastería brinda el servicio de comida y no debió haber sido condenado al pago del mismo.
Denunció en cuanto a los feriados que la Broastería “King Pollazo” suscribió contrato de alquiler en fecha 13 de agosto de 2013, como consta a fs. 32 y que no fue valorada por la a quo, no correspondiendo en tal caso los feriados a los que se le condena a pagar del 21 de junio al 6 de agosto.
Concluyó solicitando a este Tribunal, que previa y correcta valoración de la prueba anule obrados o alternativamente case en Auto de Vista N° 215/20115 de 12 de mayo cursante a fs. 73 a 75 de obrados.
CONSIDERANDO II: Que, en mérito a los antecedentes del proceso, revisado el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por el demandado, se establece lo siguiente:
Conforme a la abundante jurisprudencia desarrollada por este Tribunal Supremo de Justicia, el recurso de casación se equipara a una nueva demanda de puro derecho que debe cumplir los requisitos exigidos por el art. 258 del CPC, debiendo en función del numeral 2) fundamentarse por separado de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación ya sea en la forma, en el fondo o en ambos, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, tampoco la enunciación de aspectos intrascendentes, sino demostrar conforme señala la ley en qué consiste la infracción que se acusa y es reclamada, todo ello en concordancia con lo previsto por los arts. 253 y 254 del código procesal adjetivo civil vigente.
En cuanto al recurso de casación en la forma, es menester señalar que busca subsanar los errores procedimentales que se hubiesen cometido en el desarrollo del proceso; es decir, errores in procedendo, siendo obligación del recurrente enmarcarlos en uno o en todos los parámetros previstos en el art. 254 del CPC, a fin de que el tribunal de casación establezca si concurrieron irregularidades en la tramitación de la causa y verificar si los jueces o tribunales de instancia observaron correctamente las normas y plazos que rigen los procesos en cumplimiento de lo previsto en el art. 90.I del mismo cuerpo adjetivo de leyes, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar si correspondiere, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, la nulidad de obrados conforme prevé el art. 275 del código adjetivo civil vigente. En el caso que nos ocupa, el demandado invocó recurso de casación en la forma con elementos del recurso de casación el fondo, siendo que debió presentar argumentos o errores in procedendo, haciendo en ese contexto inviable su consideración por parte de este tribunal por carecer de la adecuada técnica recursiva.
Lo anotado, demuestra la importancia que tiene el cumplimiento de lo previsto en el art. 258.2) en relación a lo dispuesto por el art. 254, ambos del CPC, relativo a la violación de las formas esenciales del proceso en cualquiera de los incisos que comprende ésta disposición normativa o errores de forma, en los que hubieren incurrido los Jueces de instancia, por cuanto el legislador cuida que el recurso cumpla su finalidad de abrir la competencia del órgano y éste no incurra en arbitrariedad alguna.
En consecuencia, a mérito de lo expuesto líneas arriba, resulta inviable su consideración porque impide a éste Tribunal abrir su competencia para emitir pronunciamiento, correspondiendo en consecuencia resolver en la forma prevista por el art. 271.1 y 272.2) del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.
En cuanto al recurso de casación en el fondo, que tiene por objetivo modificar el contenido de un auto definitivo, sentencia o auto de vista, basado en que los Jueces o Tribunales de instancia a tiempo de emitir las referidas resoluciones hubiesen incurrido en errores in iudicando, aspectos que imperativamente deben ser exteriorizados a través de cualquiera de los tres presupuestos contenidos en el art. 253 del CPC; vale decir, cuando se acredite que la resolución objeto del recurso hubiera sido emitida en virtud a una errónea interpretación o aplicación indebida de una ley o, cuando la referida resolución contuviere disposiciones contradictorias, y finalmente, cuando se demuestre que en la valoración de las pruebas se hubiere cometido error de derecho que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, o en su caso que los juzgadores de instancia ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le hubieran asignado un valor distinto; o error de hecho, que se da cuando se considera que no hay prueba suficiente sobre un hecho determinado, aclarando que este último debe ser evidenciado por otros documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador.
Complementando lo anterior, es preciso aclarar que para la eficacia del recurso de casación en el fondo, es suficiente la acreditación de uno de dichos presupuestos y no necesariamente de todos, toda vez que, al evidenciar dicho error in iudicando en cualquiera de sus variantes, el Tribunal estará constreñido a emitir un fallo que disponga la casación total o parcial de la resolución impugnada y emitirá un nuevo fallo que resuelva el fondo.
En principio, es menester realizar algunas consideraciones de orden jurídico relacionadas con las denuncias efectuadas, correspondiendo establecer que la CPE, en su art. 48.II, señala que: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador (...)”. En ese sentido, en mérito al principio de protección enunciado en la citada normativa, se condensa los principales postulados del Derecho del Trabajo.
Asimismo, es relevante referir al principio de primacía de la realidad, entendido por la doctrina como la valoración preferente de las condiciones reales que presentasen en los hechos, los cuales se superponen a los contenidos que consten documentalmente. Dicho principio establece que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o pactos, debe darse preferencia a los hechos. (Plá Rodríguez, Américo, Los Principios del Derecho del Trabajo, 1990, pág. 243).En análoga dirección se ha dicho que "(...) cuando no hay correlación entre lo que ocurrió en los hechos y lo que se pactó o se documentó, hay que dar primacía a los primeros. Prima la verdad de los hechos no la forma por sobre la apariencia". (Vialard Vásquez, Antonio; citado en el Auto Supremo Nº 007 de 28 de marzo de 2012).
Así también el art. 4 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, señala que por el principio de primacía de la realidad, prevalecerá la veracidad de los hechos a lo determinado por el acuerdo de partes; de ello se comprende que tal principio se constituye en un parámetro sobre el cual el juzgador estimará la resolución del conflicto que le fue puesto en conocimiento, a la necesaria identificación previa de la existencia de un contrato de trabajo bajo un análisis que sobreponga lo acontecido en los hechos sobre el contenido de los contratos, cuya aplicación implica la necesidad de garantizar los derechos de los trabajadores que puedan verse afectados o desmejorados frente a acciones de los empleadores que tengan por objeto desconocer la verdadera naturaleza de la relación laboral y sus elementos sustanciales. En virtud a lo expuesto, se pasa a considerar lo denunciado en el recurso:
En cuanto a la denuncia de falta de pronunciamiento del inc. b) y c) del auto de relación procesal, cabe señalar que la juez de mérito a momento de dictar su fallo consideró en el Considerando I, las pruebas cursantes en el proceso a fs. 9, consistente en el Registro de Comercio a nombre de “King Pollazo”, cuya propietaria es Deysi Leyva Rojas, de fecha 10 de junio de 2014, la documental de fs. 30 consistente en el Registro de Comercio de “Que Pollazo”, cuyo propietario es Víctor Peña Arroyo, de fecha 17 de julio de 2014, a fs. 31, consistente en un Certificado de Registro Obligatorio de Empleadores a nombre de Leyva Rojas Deysi, Contrato de Alquiler a fs. 32, que no acredita más que el canon de alquiler, Certificado de Trabajo de “FPS” desde el 26 de marzo de 2007 al 01 de marzo de 2013 extendido en favor de Víctor Rodrigo Grajeda Pérez a fs. 33, Certificado de Trabajo de Broastería “King Pollazo” extendido en favor de Víctor Rodrigo Grajeda Pérez desde el 02 de septiembre de 2013 a fs. 34, las pruebas de fs. 35 a 38 de obrados y la prueba testifical de Jery Carvajal Alarcón a fs. 44 quien expresa desconocer a las partes del proceso, habida cuenta que este reclamo fue absuelto por el Auto de 27 de junio de 2014 (fs. 20), en virtud del cual se declaró improbada la acción de impersonería interpuesta deducida de fs. 10 a 11 de obrados, con lo que se consolidó la personería del demandado en la presente causa. No obstante de ello, el demandado debió valerse de todo medio de prueba idóneo para acreditar sus aseveraciones de conformidad al art. 151 del CPT, art. 41 del Decreto Reglamentario N° 223 de 23 de agosto de 1943, entre otros.
En el caso que nos ocupa el demandado no cumplió con la carga probatoria prevista por el art. 3.h), 66 y 150 del CPT, por lo que, ante la falta de prueba de descargo, la a quo en aplicación del art. 4.a) del DS Nº 28699 de 01 de mayo de 2006, concordante con el art. 4 y 158 del CPT determinó acertadamente la existencia de relación laboral entre la demandante y el demandado desde el 17 de febrero de 2013 hasta el 08 de noviembre de 2013, el despido intempestivo y cada uno de los derechos pretendidos por la actora en su demanda. En consecuencia, en base a los antecedentes del proceso, la prueba de cargo y de descargo, no es evidente la vulneración alegada del art. 190, 192.2) y 3) y 254.4) del CPC, art. 178.I de la CPE, por cuanto los tribunales de instancia fallaron en estricto apego a la ley, y normas en vigencia.
En ese sentido, es evidente que en virtud del principio pro operario y de inversión de la prueba, establecido en los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, corresponde interpretar la norma y los hechos a favor del trabajador, máxime si los derechos laborales se encuentran protegidos por el art. 48.II de la CPE y 4 de la Ley General del Trabajo (LGT), y en el alcance de tales preceptos es que la legislación laboral vigente, se caracteriza por su orientación proteccionista al trabajador, de donde resulta claro que el objeto del proceso laboral es el reconocimiento de los derechos consignados a favor de éste en la ley substancial, criterio rector con el que imperativamente, los jueces, deben interpretar las disposiciones procesales laborales y aplicar los principios del derecho laboral, de conformidad a lo previsto en los arts. 3 y 59 del CPT, tomando en cuenta que el juez está facultado a la libre apreciación de la prueba, atendiendo las circunstancias relevantes del proceso, de conformidad al art. 3.j) y 158 del CPT.
Así analizado el recurso, éste Tribunal no advierte que se hubiese incurrido en la denunciada violación al debido proceso en sus vertientes de congruencia y debida fundamentación, por cuanto en la resolución de Vista se concluye que si bien en el expediente cursan pruebas que denotan que la Broastería “King Pollazo” se encuentra a nombre de Deysi Leyva Rojas, es prueba irrelevante; toda vez que, la impersonería del demandado fue dilucidado oportunamente, y para probar tales extremos se requería de las planillas de personal, registro de control de asistencia de ingreso y salida de estos, y las arrimadas al expediente sólo dejan constancia de la falta de credibilidad de las pretensiones del demandado.
En cuanto a la jurisprudencia invocada por el demandado, no se evidencia vulneración a la misma; toda vez que, los jueces de instancia no vulneraron la obligación de emitir fallos con la debida fundamentación y motivación; en todo caso, respecto a estos hechos operó la preclusión prevista en los arts. 3.e) y 57 del Código Procesal del Trabajo.
2. En referencia a la errónea interpretación del art. 4 del DS de 30 de agosto de 1927, erróneamente invocado, es importante señalar que la juez a quo mediante auto complementario cursante en obrados a fs. 56, de forma superabundante expresa que la misma es inexistente, y que se encuentra promulgada como Decreto Reglamentario de 30 de agosto de 1927, la misma fue superada por otras normativas sociales vigentes, no teniendo en consecuencia asidero la denuncia efectuada por parte del demandado, lo que motivó a la juez de mérito no dar lugar a la enmienda solicitada en el momento procesal oportuno.
En alusión a los feriados establecidos en la sentencia y ratificados por el tribunal ad quem cabe reiterar que, la juez a quo determinó de forma acertada en el Considerando I num. 6) lo correspondiente, de donde se colige, que lo denunciado se encuentra dilucidado con cabal acierto, consolidándose tal concepto en favor de la demandante como establecieron los tribunales de instancia.
En todo caso, es importante enfatizar que la debida y suficiente fundamentación de los fallos supone exponer no sólo el razonamiento, sino respaldar el mismo con las normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas que sean aplicables al caso por resolverse, implica la obligación para que el juzgador absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración, pues privarle de ellos vulnera el derecho al debido proceso, lo cual no ocurrió en el caso presente; toda vez que, los de instancia a momento de emitir su fallo velaron el derecho a la defensa y al debido proceso consagrados y protegidos por los arts. 115 y 119 de la CPE, lo que precisamente ocurrió en el caso de autos, al constar que el tribunal ad quem, emitió su resolución con la debida fundamentación y motivación, de conformidad al art. 236 del CPC, que señala: "...el auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación a la que se refiere el art. 227, excepto lo dispuesto en la parte final del art. 343...", por cuanto el tribunal ad quem, se constituye en la instancia de segundo grado que tiene como finalidad conocer los recursos de apelación, por el que las partes exponen sus agravios en la búsqueda de que el superior en grado enmiende conforme a derecho, la resolución dictada por el a quo; así también el tribunal ad quem se constituye en un tribunal de conocimiento que no presenta las limitaciones legales impuestas al tribunal de casación, por ser este último de puro derecho, de tal forma el tribunal de alzada no solo se encuentra reatado a circunscribir su resolución únicamente sobre los puntos resueltos por el inferior y que fueron motivo de la apelación, sino que también asume competencias, en tanto le es permitido reconstruir los hechos, resguardando de tal forma el derecho a la defensa y al debido proceso. En conclusión, se advierte que el tribunal de apelación observó con cabal acierto las previsiones contenidas en el art. 236 del CPC en relación a los arts. 192.2) del mismo cuerpo legal y 202 del CPT; normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio, conforme instituye el art. 90 del CPC.
Por lo expuesto, se concluye que no son evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 78 a 80, al carecer de sustento fáctico y jurídico; lo que conlleva a afirmar que el tribunal de alzada realizó una adecuada apreciación y valoración de los antecedentes del proceso en la emisión del Auto de Vista Nº 215/2015 de 12 de mayo, no incurriendo en transgresión de norma alguna, correspondiendo en tal circunstancia resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la jurisdicción que por ella ejerce, y la competencia que le asignan los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma e INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 78 a 80, interpuesto por Víctor Rodrigo Gragea Pérez, con costas.

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