Source: https://www.registradoresdemadrid.org/resoluciones/CAMBIO-DE-USO-DE-LOCAL-A-VIVIENDA-boe06042019-rDGRN27032019
Timestamp: 2019-07-22 03:56:39+00:00

Document:
RESOLUCIONES - CAMBIO DE USO DE LOCAL A VIVIENDA. - 27/03/2019
Constitución Española, Artículo 33
Código Civil, Artículos 4, 348 y 349
Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, Artículos 3, 5, 7, 14 y 17
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, Artículos 12, 15 y 28
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, Artículos 52 y 53
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo, Artículos 187 y 207
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, Artículos 45, 52 y 53
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, Artículo 74
Circular 2.03/2017/P, de 27 de octubre, sobre el acceso a la información catastral de la Dirección General del Catastro
Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, por la que se publica la Resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la Dirección General del Catastro, por la que se regulan los requisitos técnicos para el intercambio de información entre el Catastro y los Registros de la Propiedad
Resolución de 27 de marzo de 2019 , de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Martorell n.º 1 a inscribir una escritura de cambio de uso de local a vivienda.
I El día 6 de noviembre de 2018 se autorizó por el notario de Badalona, don Iván Emilio Robles Caramazana, actuando por incompatibilidad legal del notario de la misma ciudad, don Carlos Alejandro Vázquez Atkinson, y para su protocolo, con el número 4.349 del mismo, escritura pública mediante la cual este último, en su nombre e interés propio y, además, como representante de su esposa, doña C. P. M., ambos titulares registrales de la finca número 11.609 del Registro de la Propiedad de Martorell número 1, declaró que dicha finca -descrita como "local de oficinas", en régimen de propiedad horizontal- originariamente "fue estudio y actualmente ha cambiado dicha condición a vivienda, por lo que procede a la nueva descripción de la misma".
En dicha escritura se manifestaba que no es necesaria la obtención de licencia, conforme a las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 9 de mayo de 2005 y 27 de junio de 2018; y se incorporaba certificación catastral "donde consta dicho carácter de vivienda de la finca descrita, desde el año 2010 (...)". Dicha certificación catastral descriptiva gráfica de la finca, obtenida de la Sede Electrónica del Catastro, lleva un anexo denominado "Antecedentes en Catastro de un inmueble. Datos físico-económicos", de donde resulta que desde el día 2 de marzo de 1995 hasta el día 18 de octubre de 2010 el inmueble era calificado de la siguiente forma: "Clase: Urbano Uso: oficinas", mientras que a partir del día 18 de octubre de 2010 hasta el momento de la expedición de la certificación (que tuvo lugar el día 6 de noviembre de 2018), el inmueble es calificado como "Clase: Urbano Uso: Residencial".
II Presentada el día 7 de noviembre de 2018 dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Martorell número 1, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
"Nota de defecto.
1. No acreditarse la concurrencia de los requisitos establecidos por la normativa urbanística para proceder al cambio de uso de local a vivienda o bien acreditarse por medio de certificado o documento hábil que han transcurrido los plazos para el ejercicio de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición de conformidad con lo previsto en el artículo 28.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015.
- Artículos 33 de la Constitución, 187.2 y 218, 207 y 227 del Decreto Legislativo 1/2010 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, 234, 238, 249, 250 del Decreto 305/2006 de 18 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo, 4, 348 y 349 del Código Civil; 18 de la Ley Hipotecaria; 3, 5, 7, 14 y 17 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal; 28 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana; 45, 52 y 53 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, así como Resoluciones de la DGDEJ de Cataluña de 11 de octubre de 2011, y de la DGRN de 31 Agosto de 2017, 27 de junio 2018, entre otras.
Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por Esther Rada Pelegrí Registradora de Martorell-1."
III Solicitada por don Carlos Alejandro Vázquez Atkinson la calificación sustitutoria el día 29 de noviembre de 2018, ésta correspondió, en aplicación del cuadro previsto por el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria, al registrador de la Propiedad de Manresa número 4, quien confirmó la calificación de la registradora sustituida en los siguientes términos:
"(...) Fundamentos de Derecho: vistos los Arts. 1, 3, 9, 18, 19 bis, 21, 323 Ley Hipotecaria, 28 del RDL 7/2015, 187 y ss. de la Ley de Urbanismo de Cataluña, y las Resoluciones de 9 de Mayo de 2005 y 27 de Junio de 2018 de la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN).
Para calificar el asunto de que se trata hay que tener ante todo presente el Art. 187 bis de la Ley de Urbanismo de Cataluña, la cual exonera de la necesidad de licencia, sometiendo a mera comunicación previa, a los actos de "cambio de uso de los edificios e instalaciones, salvo a uso residencial". En coherencia con el mismo, el Art. 187 dispone que se requiere licencia para "El cambio de los edificios a un uso residencial". El cambio de estudio a vivienda, es evidente que es un cambio a uso residencial.
La Resolución de la DGRN de 27 de Junio de 2018, citada por el Notario autorizante y solicitante de la segunda calificación, dice expresamente que "la inscripción se verifica acreditando la concurrencia de los requisitos establecidos por la normativa urbanística o bien acreditando por medio de certificado o documento hábil que han transcurrido los plazos para el ejercicio de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición de conformidad con lo previsto en el artículo 28.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015."
Continúa diciendo la Resolución que "Verificada la inscripción en el Registro de la Propiedad con unos usos determinados cuyo reflejo consta en la forma establecida en el artículo 45 transcrito, cualquier modificación que de los mismos se lleve a cabo exige nuevamente la aplicación de la norma sobre inscripción en el Registro de obras nuevas (vid. Artículo 28.3 de la Ley de Suelo). Y esto es así porque aunque no siempre una alteración de la descripción de la obra nueva inscrita puede implicar la exigencia de acreditación de los requisitos exigidos por la normativa urbanística, es evidente que la alteración del uso de todo o parte del edificio inscrito cuando la ley urbanística aplicable exija autorización nos reconduce a dicho supuesto en cuanto modificación del derecho de propiedad.
A diferencia de lo que ocurre en el caso resuelto, en el presente no ha quedado acreditado el carácter de vivienda durante los plazos indicados, dadas las variaciones en la calificación de la vivienda durante los intervalos de tiempo señalados por la Registradora en su primera nota".
IV Contra la nota de calificación sustituida, don Carlos Alejandro Vázquez Atkinson interpuso recurso el día 4 de enero de 2019 en el que alegaba lo siguiente:
"1) El artículo 327.10 LH dispone que: "Publicada en el Boletín Oficial del Estado la resolución expresa por la que se estime el recurso, tendrá carácter vinculante para todos los registradores mientras no se anule por los tribunales". Los registradores deben seguir los criterios establecidos por la DGRN. Pueden apartarse de ellos, pero en tal caso deben explicar por qué lo hacen. Al igual que la DGRN debe seguir la doctrina del TS, y el TS su propia doctrina, los registradores, la DGRN y los tribunales, pueden cambiar de criterio pero, además de intentar hacerlo lo menos posible para no crear inseguridad jurídica, cuando se apartan de un criterio establecido tienen que motivarlo y no pueden simplemente ignorar y obviar la doctrina anterior como si nunca hubiera existido.
La Resolución de la DGRN de 9-Mayo-2005, tras sentar que "el único problema que plantea el presente recurso es el de dilucidar si en Cataluña el cambio a vivienda de un elemento privativo de una propiedad horizontal que consta inscrito como local necesita licencia municipal", declaro que "el artículo 179 e) de la ley de urbanismo de la Generalitat de Cataluña no somete a licencia el cambio de uso de local a vivienda, pues se refiere únicamente al cambio de uso de los edificios e instalaciones."
Actualmente el artículo 187 e) de la ley de urbanismo de Cataluña establece que están sujetos a licencia "el cambio de los edificios a un uso residencial" en tanto que el anterior artículo 179 e) aludía al cambio de uso de los edificios e instalaciones. Ciertamente no existe una identidad total, pero el grado de similitud. es tan grande que desde luego merecía alguna mayor consideración por parte de los calificadores, pues si algo se puede apreciar o deducir del cambio es, por un lado confirmar que licencia solo es necesaria para el cambio de uso, de los edificios enteros, y por otro que no es precisa para él cambio de uso: de las instalaciones ni para los encaminados a otros usos no residenciales.
2) La reciente Resolución de la DGRN de 27-Junio-2018 establece que el cambio de uso de la edificación es equiparable a la modificación de la declaración de la obra inscrita y, por tanto, su régimen de acceso registral se basará en cualquiera de las vías previstas en el artículo 28 de la ley estatal del suelo, con independencia del uso urbanístico previsto en el planeamiento y el uso efectivo que de hecho se dé a la edificación. En el mismo sentido las resoluciones de 5-Agosto-2013, 13-Noviembre-2013, 19-Abril-2016, 1-Septiembre-2016, 30-Noviembre-2016 y 31-Agosto-2017.
En relación al edificio en el que se encuentra la finca que nos ocupa, en el Catastro aparecen cuatro plantas que son las que existen en realidad. La planta sótano, aparece como de uso industrial, la planta baja como oficinas; la planta primera (que es la que nos ocupa) como residencial, la planta segunda como oficinas, la planta tercera como oficinas, y la planta cuarta como residencial (como también debe constar seguramente en el Registro de la Propiedad) (...)
En relación a entidad objeto del presente recurso en la certificación catastra descriptiva y gráfica aportada con la escritura (...) aparece:
En el formato Excel, en la primera página tras el encabezamiento "Antecedentes en Catastro de un inmueble (Datos físico-económicos). RC: 9826805DF0992N0003, Localización: (...), bajo el epígrafe "Constancia" figuran entre otras las columnas "Desde", "Hasta" y bajo el epígrafe "Tipo bien inmub", entre otras la columna "Uso" correspondiendo respectivamente al período 18-102010 [sic] al 28-12-2018 el uso residencial, y al período 02-03-1995 al 18-10-2010, el uso Oficinas.
En el formato ordinario al principio del todo, en el epígrafe "Datos descriptivos del inmueble", tras el subtítulo "Localización", los subtítulos "Clase" y "Uso Principal" figurando respectivamente encado uno "Urbano" y "Residencial", y poco después en el subtítulo "Construcción" bajo la columna "Destino" la palabra "Vivienda". Más adelante bajo el epígrafe "Antecedentes en Catastro de un inmueble. Datos físico-económicos" y la línea "Cambios en los datos físico económicos del inmueble ordenados cronológicamente" figura como subepígrafes dos fechas: 18-10-2018 y 02-03-1995 como sigue: 18-10-2018. Desde 18-10-2010. Hasta 06-11 2018. Clase Urbano: Uso Residencial 02-03-1995, Desde 02-03, 1995. Hasta 18-10-2010. Clase Urbano. Uso Oficinas.
En ambas, también aparecen bajo el subepígrafe "Alteración/Hecho, acto o negocio" otras dos fechas: el 01-01-1987 y el 07- 07-2004. La primera de estas fechas corresponde a un momento anterior a la construcción del edificio actualmente existente y la segunda al año en que se formalizo, la transmisión de la finca en cuestión al ahora recurrente.
Finalmente, concluye que sólo es admisible certificado del Ayuntamiento o de técnico competente, o acta notarial que acrediten el uso ininterrumpido durante 6 años. Ello es contrario al inciso repetido en casi todas las antes citadas Resoluciones (y precisamente, transcrito por la Registradora en su nota de calificación) de que la constatación registral del cambio de uso de un inmueble "se basará en cualquiera de las vías previstas en el artículo 28 de la ley estatal del suelo, con independencia del uso urbanístico previsto en el planeamiento y el uso efectivo que de hecho se dé a la edificación". Por otra parte, una prueba del uso como vivienda constante e ininterrumpido, de modo exclusivo o principal (se ha olvidado de añadir) durante todos y cada uno de los días durante 6 años simplemente es imposible. Como decía la Resolución de 13-Noviembre-2013, los artículos 53 RD 1093/1997 y 28 LS no pueden interpretarse en términos tales que hagan imposible su aplicación y como dice la Resolución de 12-Septiembre-2016 el artículo 28.4 LS no requiere una prueba exhaustiva de la efectiva prescripción.
Y es que no hay que olvidar que al practicar así la inscripción no puede producirse desinformación ni haber perjuicio para tercero, pues el Registrador, conforme prevé el art. 29 LS debe notificar al Ayuntamiento la inscripción practicada y este puede y debe emitir en su caso, declaración que se hará costar por nota marginal, de suerte que el tercero tendrá una información completa de la situación de conjunto, pudiendo conocer la realidad extrarregistral y en su caso la situación de fuera de ordenación. Como dice, entre otras, la Resolución de 13-Noviembre-2013 "ciertamente el registro reflejará un uso pasiblemente contrario a las previsiones urbanísticas, pero como ha recordado este centro directivo (Resoluciones de 6 de Febrero y 11 de Mayo de 2013) esta circunstancia constituye el supuesto de hecho de la norma". Y como añade la Resolución de 12-Septiembre-2016 "la aplicación del artículo 28.4, por otra parte, lejos de amparar situaciones contrarias a la legalidad urbanística, constituye un mecanismo que favorece su protección, pues practicada la inscripción, el registrador ha de comunicar a la administración su práctica debiendo dejarse constancia en la nota de despacho y en la publicidad registral, en interés de eventuales terceros".
3) Ni la LH en todo su articulado, ni el RH en su artículo 51 cuando determina las circunstancias de las inscripciones, ni el Código Civil Catalán en su artículo 553-9 cuando establece las circunstancias que debe contener el título constitutivo de la propiedad horizontal, ni el artículo 28 de la Ley del Suelo ni el artículo 45 del RD 1093/1997 (que únicamente hace referencia al número o intensidad del uso) cuando enumeran los requisitos de las escrituras de obra nueva, ninguno exige que se consigne el uso concreto a que se destina una finca, y más concretamente si es vivienda o local, ni si el local se destina a tienda u oficinas, etc., como tampoco se requiere que se consigne el cultivo concreto al que se destina una finca rústica, ni se exige licencia para cambiar una plantación de patatas por una de vides, de suerte que nada obsta a que quien lo desee pueda consignar una descripción neutra como "departamento", "piso", "entidad" "espacio polifuncional", o incluso "vivienda/oficina".
Aquí no se cuestiona que el uso sea uno de los elementos configuradores del régimen de la propiedad, especialmente a efectos urbanísticos y de su arrendamiento, ni que este sea uno de los aspectos que debe abarcar la calificación registral, sino únicamente si es necesario su reflejo registral y si se le debe dar una importancia determinante de manera que su subsiguiente cambio deba consignarse igualmente en el Registro con los considerables costes que comporta para el ciudadano. "Lege ferenda" puede defenderse la obligatoriedad de consignar el uso o destino, e incluso el carácter obligatorio de la inscripción en el Registro de la propiedad (a semejanza de lo que ocurre en el Mercantil), pero "lege data" la inscripción es voluntaria y rogada, y el uso o destino no es una de la [sic] circunstancias que obligatoriamente han de recoger las inscripciones. Insisto, no se pretende sustraer del control de legalidad el examen del uso o destino, cuando sea necesario, sino de basarlo en la realidad extrarregistral, y no en una engañosa, costosa y extralegal constatación registral.
En base a todo ello, solicita que acuerde estimar el recurso, y revocando la calificación, acuerde practicar la inscripción solicitada."
V La registradora de la Propiedad informó y, por mantener la calificación impugnada, elevó el expediente a esta Dirección General mediante escrito de fecha 24 de enero de 2019.
1. Mediante la escritura objeto de la calificación impugnada, los propietarios de un elemento privativo de una propiedad horizontal configurado como local de oficinas declaran que originariamente "fue estudio y actualmente ha cambiado dicha condición a vivienda, por lo que procede a la nueva descripción de la misma". En dicha escritura se manifiesta que no es necesaria la obtención de licencia porque ya consta el carácter de vivienda desde el año 2010 por otros medios, como resulta de certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, que se incorpora.
Dicha certificación catastral, obtenida de la Sede Electrónica del Catastro, lleva un anexo denominado "Antecedentes en Catastro de un inmueble. Datos físico-económicos", de donde resulta que desde el día 2 de marzo de 1995 hasta el día 18 de octubre de 2010 el inmueble era calificado de la siguiente forma: "Clase: Urbano Uso: oficinas", mientras que a partir del día 18 de octubre de 2010 hasta el momento de la expedición de la certificación (que tuvo lugar el día 6 de noviembre de 2018), el inmueble es calificado como "Clase: Urbano Uso: Residencial".
2. Sobre el impacto que tiene la normativa urbanística en relación con el cambio de uso de una edificación y su inscripción en el Registro de la Propiedad esta Dirección General se ha pronunciado en distintas resoluciones cuya doctrina debe ser aplicada en el caso al que se refiere este expediente.
Según dicha doctrina, forma parte del derecho del propietario de un terreno la facultad de construir y edificar en el mismo siempre que se ejercite "de acuerdo con la legislación en materia de ordenación territorial y urbanística aplicable por razón de las características y situación del bien" (vid. artículo 12 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana). Esta idea se enfatiza afirmando el carácter estatutario del régimen urbanístico del suelo, así como que su uso, disfrute y explotación ha de hacerse "conforme al estado, clasificación, características objetivas y destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la legislación aplicable por razón de las características y situación del bien" por lo que la edificación sólo puede hacerse para "uso o usos determinados". Finalmente se establece en el artículo 15.1 de la misma ley que "el derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones comprende, con carácter general, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los deberes siguientes: a) Dedicarlos a usos que sean compatibles con la ordenación territorial y urbanística (...)".
El control administrativo sobre si una edificación concreta y determinada puede ser objeto de un uso específico se lleva a cabo con carácter previo mediante la oportuna licencia de edificación y determinación de usos y posteriormente con la licencia de ocupación (u otro título habilitante) que tiene por objeto la verificación de que la edificación autorizada se ha llevado de acuerdo a -entre otros extremos- los usos previstos y aprobados.
4. Partiendo de estos argumentos, este Centro Directivo ha afirmado (vid. Resoluciones de 5 de agosto y 13 de noviembre de 2013, 21 de abril de 2014, 13 de mayo, 12 de septiembre y 13 y 30 de noviembre de 2016 y 27 de junio de 2018), que el cambio de uso de la edificación es equiparable a la modificación de la declaración de obra inscrita, como elemento definitorio del objeto del derecho, y por tanto, su régimen de acceso registral se basará en cualquiera de las dos vías previstas por el artículo 28 de la Ley de Suelo, con independencia del uso urbanístico previsto en planeamiento y el uso efectivo que, de hecho, se dé a la edificación.
Justificada la aplicación del régimen registral sobre edificaciones previsto en el artículo 28 de la actual Ley de Suelo a la constatación registral del cambio de uso de inmuebles, la inscripción que se practique exigirá la acreditación de los distintos requisitos a que se refiere el precepto según que la solicitud se lleve a cabo con aportación de la documentación urbanística a que se refiere su número 1 (esto es, la correspondiente licencia municipal, que en el caso del presente recurso viene exigida por el artículo 187.1 del texto refundido de la Ley de urbanismo, de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, según el cual "están sujetos a licencia urbanística previa, con las excepciones establecidas por el artículo 187 ter, los siguientes actos: (...) e) El cambio de los edificios a un uso residencial"); o con aportación de aquella otra documentación que acredite la improcedencia de adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes (lo que, conforme al artículo 207.1 de la misma Ley de urbanismo de Cataluña, tiene lugar a los seis años de haberse producido la vulneración de la legalidad urbanística o, en su caso, la finalización de las actuaciones ilícitas o el cese de la actividad ilícita), todo ello tal y como previene el artículo 28, número 4, de la Ley estatal de Suelo en relación con el artículo 52 del Reglamento sobre inscripción de actos de naturaleza urbanística aprobado por el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, del que resultan cuatro posibles medios: la certificación del Ayuntamiento, la certificación catastral descriptiva y gráfica, la certificación de técnico competente y el acta notarial, sin que haya una jerarquía entre esos medios (cfr. las Resoluciones de 16 de diciembre de 2013 y 23 de abril de 2014).
5. Admitida la posibilidad del acceso registral del cambio de uso acreditado por la vía prevista en el artículo 28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, la cuestión objeto del presente recurso (cfr. artículo 326 de la Ley Hipotecaria) se limita a determinar si la documentación aportada por el recurrente al efecto es apta para practicar la inscripción del referido cambio de uso de local a vivienda.
Dicha documentación está constituida por la certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, con su correspondiente código seguro de verificación, de la que resulta que dicha misma está destinada a vivienda, si bien sin indicación alguna de la antigüedad de dicho uso, junto con otro documento anexo obtenido a través de la Sede Electrónica del Catastro, denominado "Antecedentes en Catastro de un inmueble. Datos físico-económicos", pero sin código alguno de verificación, del cual resulta que desde el día 2 de marzo de 1995 hasta el día 18 de octubre de 2010 el inmueble era calificado de la siguiente forma: "Clase: Urbano Uso: oficinas", mientras que a partir del día 18 de octubre de 2010 hasta el momento de la expedición de la certificación (que tuvo lugar el día 6 de noviembre de 2018), el inmueble es calificado como "Clase: Urbano Uso: Residencial".
Por lo que se refiere a los antecedentes físico-económicos asociados a un inmueble, se trata de una información provista por el Catastro, a la que pueden acceder tanto los titulares catastrales, en los términos previstos por la instrucción primera, apartado 1.1. de la Circular 2.03/2017/P, de 27 de octubre, sobre el acceso a la información catastral de la Dirección General del Catastro, conforme al artículo 52.1 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, como también las Administraciones Públicas, la Administración de Justicia y las demás instituciones colaboradoras, entre los que se encuentran los notarios y registradores de la Propiedad, siempre que éstos hayan sido autorizados como entidades registradas. Así, el apartado 2.3 de la Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, por la que se publica la Resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la Dirección General del Catastro, por la que se regulan los requisitos técnicos para el intercambio de información entre el Catastro y los Registros de la Propiedad dispone que "la Dirección General del Catastro, a través de su Sede Electrónica, proporcionará a los registradores de la propiedad los siguientes servicios: a) Consulta de la descripción catastral gráfica y alfanumérica de los bienes inmuebles, tanto vigente como de fechas anteriores, y de sus antecedentes". En concreto, tales consultas históricas están constituidas por la consulta histórica de inmuebles asociados a un número de identificación fiscal, la consulta histórica de datos físico-económicos asociados a un inmueble, la consulta histórica de datos jurídicos asociados a un inmueble, la consulta de los datos de un inmueble a una fecha así como la consulta histórica de la cartografía asociada a una finca.
A propósito de lo anterior, es doctrina de este Centro Directivo (cfr., entre otras, las Resoluciones de 9 de abril y 17 de julio de 2015, 3 de octubre de 2016 y 8 de octubre y 14 de noviembre de 2018), que el registrador en el ejercicio de su función calificadora puede tener en cuenta los datos que resulten de organismos oficiales a los que pueda acceder directamente, no sólo para el mayor acierto en la calificación sino también para liberar a los interesados de presentar documentos que puede obtener directamente cuando ello le sea factible sin paralizar el procedimiento registral o cuando sea especialmente útil para el ejercicio adecuado de la calificación registral sobre todo en relación con materias urbanísticas en que debe existir la mayor colaboración y coordinación posible entre Registro y Urbanismo y entre Registro y Catastro, como resulta evidente en este caso atendiendo a la legislación existente sobre la coordinación entre todas las instituciones indicadas, a la vista del texto refundido de la Ley del Catastro y de la legislación urbanística. De igual modo, de acuerdo con el artículo 74.4 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, "las Administraciones, corporaciones, entidades e instituciones públicas no podrán exigir a los interesados la aportación de certificados catastrales cuando puedan disponer de la información catastral mediante acceso telemático a la base de datos nacional del Catastro o por medio de las transmisiones de datos previstas en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos. (...)".
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de septiembre y 15 y 19 de octubre de 2004, 20 de abril y 23 de mayo de 2005, 20 de enero de 2006, 31 de enero de 2007, 11 de febrero de 2008, 13 de diciembre de 2010, 7 de julio de 2011, 16 y 28 de febrero, 11 de junio, 5, 24 y 30 de octubre y 6 de noviembre de 2012, 1 y 24 de junio, 1, 3 y 11 de julio, 5 de agosto, 6 de septiembre, 13 de noviembre y 16 de diciembre de 2013, 21 y 23 de abril y 16 de septiembre de 2014, 9 y 29 de abril, 17 de julio, 7 de septiembre y 1 y 21 de octubre de 2015, 13 de enero, 3 y 13 de mayo, 12 de septiembre, 3 y 20 de octubre y 13 y 30 de noviembre de 2016, 12 de diciembre de 2017 y 27 de junio, 8 de octubre y 14 de noviembre de 2018.

References: Artículo 33

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 Artículo 74

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