Source: https://supremo.vlex.es/vid/50-1-b-11-20-2-56-53892821
Timestamp: 2019-04-26 16:13:13+00:00

Document:
STS, 22 de Diciembre de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 53892821
Número de Recurso: 294/2008
Resolución de contrato a instancia del trabajador por retrasos continuados en el pago del salario (50.1 b) ET). Doctrina "objetiva" del incumplimiento empresarial. Se acoge como causa resolutoria el retraso continuado en el pago de tales salarios en un periodo de dos años con un promedio de retraso de 11,20 días, aunque la empresa estuviese en situación de concurso. La indemnización que corresponde abonar es la establecida en el artículo 50.2, en relación con el 56.1 a) ET.
Sentencia citada en: 523 sentencias
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Alberto, representado y defendido por el Letrado Sr. García Vicente, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 7 de diciembre de 2.007, en el recurso de suplicación nº 6548/07, interpuesto frente a la sentencia dictada el 30 de abril de 2.007 por el Juzgado de lo Social nº 2 de Terrasa, en los autos nº 849/06, seguidos a instancia de dicho recurrente contra ESMETRO, S.L., D. Fermín, D. Gregorio y COMERCIAL SIDERURGICA CATALANA, S.A., en calidad de Administradores concursales, el FONDO DE GARANTIA SALARIAL, sobre extinción de contrato.
El 7 de diciembre de 2.007 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia, en virtud del recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Terrasa, en los autos nº 849/06, seguidos a instancia de D. Alberto contra ESMETRO, S.L., D. Fermín, D. Gregorio y COMERCIAL SIDERURGICA CATALANA, S.A., en calidad de Administradores concursales y el FONDO DE GARANTIA SALARIAL, sobre extinción de contrato. La parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es del tenor literal siguiente: "Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por D. Alberto contra la sentencia de 30 de abril de 2007 dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Terrassa en los autos nº 849/06, seguidos a instancia de dicho recurrente contra la empresa Esmetro S.L., asistida por los administradores concursales Fermín, Gregorio y Comercial Siderúrgica Catalana S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, confirmando la misma en todos sus extremos".
La sentencia de instancia, de 30 de abril de 2.007, dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Terrasa, contenía los siguientes hechos probados: "1º.- El actor Alberto con DNI. NUM000 viene prestando servicios laborales para la empresa demandada ESMETRO S.L. con antigüedad del 3.10.2000, categoría profesional Especialista y salario diario con inclusión de prorratas de pagas extras de 47.05 euros. ---2º.- Al actor se le paga desde Noviembre 2004 con retraso sus salarios según detalla en el hecho 1.1 de su demanda, sin que en el momento de la presentación de la demanda ni en el acto del juicio haya acreditado ninguna deuda salarial. ----3º.- Se presento papeleta de conciliación ante el Cemac el 15.9.2006 celebrándose el acto el 18.1.2007 con el resultado de intentado sin efecto. ----4º.-- El actor no es representante de los trabajadores ni lo ha sido en el último año.----5º.- La empresa se encuentra inmersa en situación de concurso de acreedores desde el 16.2.2005 autos 44/05 del Juzgado Mercantil n° 1 de Barcelona. ----6º.- De las pruebas practicadas no se ha acreditado que se dé el retraso grave y continuado que determina el art. 50 del Estatuto de los Trabajadores para poder resolver el vinculo laboral que unía a las partes, los retrasos no lo son por voluntad libre de la empresa, sino a causa de su situación de concursada y lo son cíclicos, es decir que el actor continuaba cobrando cada mes pero en lugar del día 1 lo hacia hasta 12 días más tarde pero siempre mensualmente."
El Letrado Sr. García Vicente, en representación de D. Alberto, mediante escrito de 29 de enero de 2.008, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que: PRIMERO.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 10 de abril de 2.006. SEGUNDO.- Se alega la infracción del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores.
Por providencia de esta Sala de 7 de marzo de 2.008 se tuvo por personado al recurrente y por interpuesto el presente recurso de casación para la unificación de doctrina.
No habiéndose personado las partes recurridas, el Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar improcedente el recurso, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el día 16 de diciembre actual, en cuya fecha tuvo lugar. En la votación correspondiente el Sr. Desdentado Bonete mantuvo una posición opuesta al criterio mayoritario, y anunció la formulación de voto particular, por lo que la ponencia de este asunto fue asumida por el Sr. Gullón Rodríguez.
La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina consiste en determinar si el retraso en el impago de salarios en que incurrió la empresa --en situación legal de concurso-- en relación con uno de sus trabajadores, supone un incumplimiento con entidad suficiente como para producir el éxito de la acción de extinción del contrato instada al amparo de lo previsto en la letra b) del número 1 del artículo 50 del estatuto de los Trabajadores.
La sentencia recurrida, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que confirmó la del Juzgado de Instancia, llegó a la conclusión de que los incumplimientos, los retrasos en el abono de los salarios de trabajador no tenían la gravedad o entidad suficiente para que la acción extintiva pudiese producir los efectos indemnizatorias previstos en el artículo 50.2, en relación con el 56.1 a) del Estatuto de los Trabajadores.
Tras el análisis de tales elementos de hecho y valorar su persistencia y especialmente su gravedad, la sentencia recurrida llega a la conclusión de que "... tales retrasos... no tienen entidad suficiente como para hacer incurrir a la empresa en un incumplimiento grave de sus obligaciones que justifique la extinción del contrato de trabajo al amparo del artículo 50 ET...", desestimándose el recurso de suplicación planteado por el trabajador.
Frente a tal sentencia se ha interpuesto ahora por el demandante el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que se denuncia la infracción del artículo 50. 1 b) del Estatuto de los Trabajadores y de la Jurisprudencia que lo ha interpretado, proponiéndose como sentencia de contradicción la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en fecha 10 de abril de 2.006, en la que se estima el recurso del trabajador que habían visto rechazada en la instancia su demanda de extinción del contrato de trabajo planteada también al amparo de lo previsto en el artículo 50.1 b) ET.
Las empresas demandadas (en este caso eran dos codemandadas) venían abonando desde el año 2002 los salarios de sus trabajadores dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al de su devengo.
En el periodo elegido para poner de manifiesto los últimos retrasos, comprendido entre el mes de enero de 2.004 y septiembre de 2.005 (265 días), el promedio de tales retrasos había sido de 11,52 días, normalmente superiores a los 10 días, oscilando en ocho días (marzo de 2.004) y 24 (mayo de 2.005), sin que se adeudase nada en el momento del juicio oral.
Una de las empresas demandadas se encontraba en situación de crisis económica y la otra en suspensión de pagos.
El 7 de enero de 2.005 el representante de os trabajadores expuso ante la empresa la queja formal por los retrasos que desde esa fecha se habían agudizado, lo que determinó un "plante" colectivo de los trabajadores en junio de 2.005.
No consta la existencia de acuerdo alguno, individual o colectivo, para abonar los salarios con retraso.
Esa situación de disconformidad o protesta de los trabajadores ante los retrasos se había expresado de forma individual y verbalmente desde enero de 2.004.
Por último, se rechaza también en la sentencia de contraste que la situación de suspensión de pagos o la crisis económica pueda determinar la desestimación de la acción de resolución del contrato de trabajo instada por el demandante, pues esas causas económicas tiene su propia regulación y tratamiento en el Estatuto de los Trabajadores, en los casos esp4ecíficamente previsto para ello, artículo 41, 47, 51 y 52 ET.
Del análisis de los elementos de hecho que condujeron a las resoluciones comparadas a las soluciones que se han expresado, opuestas ciertamente, se desprende su total divergencia, pues en la recurrida se desestimó la pretensión extintiva y en la de contraste se acogió, y todo ello desde hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales en ambos casos, lo que supone que concurren los requisitos que exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral para la viabilidad del recurso.
A la vista de la contradicción puesta de manifiesto, procede que esta Sala entre en el fondo del asunto y fije la doctrina que resulte ajustada a derecho, tal y como exige el artículo 226 de la Ley de Procedimiento Laboral.
La evolución de la jurisprudencia de esta Sala en materia de resolución del contrato de trabajo por la causa descrita en la letra b) del número primero del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores no ha sido siempre uniforme, como se evidencia en una primera fase de la lectura de alguna sentencia como la de 7 de abril de 1987, con cita de la doctrina anterior contenida en las sentencias de 26 de marzo, 24 de abril y 30 de noviembre de 1985, así como en las de 5 de mayo, 3 de noviembre y 4 de diciembre de 1986, en la que se afirma que en "la aplicación del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores deben ser valoradas las circunstancias concurrentes, por lo que ha de examinarse al igual que en el supuesto de despido del trabajador, si existe incumplimiento contractual grave y culpable", añadiendo que la norma del artículo 50.1.b) no es susceptible de aplicación extensiva, pues los retrasos en el abono de la remuneración del trabajador, han de merecer como presupuesto o condición esencial la conceptuación de gravedad y trascendencia continuadas, y que el retraso en el pago de los salarios han de ser motivados por culpa del empresario, pues si "no concurre alguna de estas circunstancias, no se produce el incumplimiento grave y culpable requerido para que se pueda dar lugar a la resolución de la relación laboral por voluntad o a instancia del trabajador". Por su parte, la sentencia de 24 de octubre de 1988 pondera a efectos del artículo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores la situación económica cuando señala que "la conducta de la cooperativa no ha respondido a una voluntad deliberada de incumplir sus obligaciones, sino que ha venido impuesta por su adversa situación económica", por lo que no es lícita la posición de privilegio y de insolidaridad adoptada por el actor en perjuicio de los demás socios cooperativistas y en consecuencia carece del derecho de solicitar la resolución del contrato mediante indemnización al amparo del artículo 50 del Estatuto. Y en la misma línea, las sentencias de 13 de febrero de 1.984 y 16 de junio de 1.987, en las que se valora especialmente la existencia de un acuerdo de la empresa con los trabajadores para el abono con retraso, lo que hacía que la deuda un fuese exigible y, por tanto, no se apreciaba la existencia de incumplimiento encuadrable en el repetido precepto.
Siguiendo entonces esa doctrina jurisprudencial y aplicándola al caso de autos nos encontramos con una situación en la que objetivamente y con independencia de que la empresa se encuentra en concurso, existen unos retrasos en el pago de los salarios del trabajador demandante que tienen gravedad suficiente para constituir la causa de extinción del contrato de trabajo postulada al amparo de lo establecido en el artículo 50.1 b) del Estatuto de los Trabajadores, puesto que son continuados, persistentes en el tiempo y cuantitativamente importantes, desde el momento en que en 336 días alcanzaron un promedio de retraso de 11,20 días.
La situación de concurso de la empresa, como ocurre en el caso aquí analizado, tal vez hubiera podido motivar que se pusiera en marcha el sistema de expediente de regulación de empleo judicial a que se refiere el artículo 64 de la Ley 22/2003, que podían haber instado los administradores del concurso, los trabajadores o el empresario deudor. Y en el supuesto del número 10 del citado precepto de la Ley Concursal, en el caso de resoluciones del contrato de trabajo planteadas por los trabajadores al amparo del artículo 50.1 b) ET, únicamente cuando se superen los umbrales numéricos allí establecidos, las demandas de resolución de contrato planteadas por trabajadores de la empresa después de la declaración del concurso,tendrían la consideración de extinciones susceptibles de ser indemnizadas con 20 días por año de antigüedad (a las que la Ley impropiamente denomina acciones individuales y a las que se atribuye la condición de extinciones de carácter colectivo). Pero si tales previsiones numéricas no se cumplen, las acciones de extinción del contrato de trabajo instadas al amparo del referido precepto estatutario no obtendrían la condición legal de colectivas y en consecuencia la indemnización sería la prevista en el propio artículo 50.2 ET.
En conclusión, tal y como se ha anticipado, el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el trabajador debe ser estimado, debiendo la Sala casar y anular la sentencia recurrida para resolver el recurso de suplicación instado en su día por el demandante frente a la sentencia de instancia, que ha de ser revocada para estimar la demanda instada por el trabajador y acoger la pretensión de resolver su contrato de trabajo con efectos desde la fecha de esta sentencia y con derecho al percibo de una indemnización de 45 días por año de servicio, con el límite de 42 mensualidades, lo que supone, desde un salario diario de 47,05 euros y una antigüedad de 3 de octubre de 2.000, la cantidad de 17.361,45 euros. Sin costas.
Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina planteado por el Letrado D. Jaumen García Vicente en nombre y representación de D. Alberto. frente a la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 7 de diciembre de 2.007. Casamos y anulamos la sentencia recurrida y resolviendo el debate planteado en suplicación frente a la sentencia de instancia, estimamos dicho recurso y con revocación de la sentencia de instancia, dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de los de Tarrasa en fecha 30 de abril de 2.007, estimamos la demanda planteada por el trabajador D. Alberto y declaramos resuelto el contrato de trabajo que unía al mismo con la empresa "Esmetro, S.L.", en situación legal de concurso, condenando a la empresa y a los administradores del concurso en su condición de tales a que indemnicen al demandante con la cantidad de 17.361,45 euros, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda alcanzar, en su caso y en los límites legalmente previstos, al Fondo de Garantía Salarial.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Jesús Gullón Rodríguez así como el voto particular formulado por el Excmo. Sr. Magistrado D. Aurelio Desdentado Bonete hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL EXCMO. SR. MAGISTRADO D. AURELIO DESDENTADO BONETE A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO 294/08.
La decisión mayoritaria que recoge la sentencia mantiene y aplica la doctrina de la Sala tal como ésta se configuró a principios de los años noventa. Mi discrepancia parte de la necesidad de reconsiderar esta doctrina y ello por motivos tanto internos -considero que no es correcta-, como externos en la medida la evolución legislativa reciente -en concreto, la Ley Concursal- obliga en todo caso a abordar su revisión para mantener un tratamiento coherente y respetuoso con el principio de igualdad entre resoluciones "individuales" y "colectivas".
Para ello es conveniente comenzar con una examen de la evolución de la doctrina de la Sala sobre el apartado b) del artículo 50.1 del Estatuto de los Trabajadores. En una primera fase la sentencia de 7 de abril de 1987, con cita de la doctrina anterior contenida en las sentencias de 26 de marzo, 24 de abril y 30 de noviembre de 1985, así como en las de 5 de mayo, 3 de noviembre y 4 de diciembre de 1986, afirma que en "la aplicación del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores deben ser valoradas las circunstancias concurrentes, por lo que ha de examinarse al igual que en el supuesto de despido del trabajador, si existe incumplimiento contractual grave y culpable", añadiendo que la norma del artículo 50.1.b) no es susceptible de aplicación extensiva, pues los retrasos en el abono de la remuneración del trabajador, han de merecer como presupuesto o condición esencial la conceptuación de gravedad y trascendencia continuadas, y que el retraso en el pago de los salarios han de ser motivados por culpa del empresario, pues si "no concurre alguna de estas circunstancias, no se produce el incumplimiento grave y culpable requerido para que se pueda dar lugar a la resolución de la relación laboral por voluntad o a instancia del trabajador". Por su parte, la sentencia de 24 de octubre de 1988 pondera a efectos del artículo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores la situación económica cuando señala que "la conducta de la cooperativa no ha respondido a una voluntad deliberada de incumplir sus obligaciones, sino que ha venido impuesta por su adversa situación económica", por lo que no es lícita la posición de privilegio y de insolidaridad adoptada por el actor en perjuicio de los demás socios cooperativistas y en consecuencia carece del derecho de solicitar la resolución del contrato mediante indemnización al amparo del artículo 50 del Estatuto ".
Esta doctrina debe ser reconsiderada a la vista de la configuración de la resolución en el ámbito civil y en atención al propio sistema que inspira el Estatuto de los Trabajadores en los supuestos de extinciones derivadas de situaciones objetivas vinculadas a crisis de la empresa o del contrato. En el marco de la regulación civil es necesario distinguir entre los efectos en el ámbito de la obligación y los que se producen en orden a la resolución del vínculo contractual. Una situación económica negativa de la empresa o, incluso, una situación de insolvencia es obvio que no libera al deudor del cumplimiento de la obligación, en especial, cuando ésta consiste en la entrega de una cantidad de dinero, pues la insolvencia no exime de la responsabilidad. La liberación de la obligación sólo se produce cuando ésta es objetivamente imposible por causas que quedan fuera del control del deudor (artículo 1105 del Código Civil ), jugando incluso la presunción de culpa (artículo 1183 del Código Civil ), en la medida en que el deber de cumplir o de reparar surge de estar obligado y de no acreditar un hecho externo que exonere de la obligación. En el ámbito de la resolución, que regula el artículo 1124 del Código Civil la situación es distinta, porque no se trata de exonerar el cumplimiento de la obligación, sino de romper el vínculo contractual y en este punto la doctrina de la Sala de Civil de este Tribunal ha venido exigiendo una cierta gravedad en los incumplimientos que pueden justificar la resolución, lo que, según la doctrina científica, introduce un elemento de "excepcionalidad en el supuesto resolutorio", pues el contrato no debe resolverse en aquellos casos en los que no se produce un incumplimiento de cierta gravedad que justifique la extinción, con lo que se trata en definitiva de impedir conductas abusivas fundadas en infracciones que no revisten esa gravedad, pero que pueden utilizarse para desligarse de una relación en la que ya no se tiene interés. En este sentido es conocida la doctrina tradicional, que insistía en la necesidad de que concurriera "una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento" (por todas, sentencia de la Sala de I de 15 de abril de 1982 ). Es cierto que esa exigencia se ha superado en la doctrina más reciente, que señala que no puede exigirse una aplicación estricta de "la voluntad deliberadamente rebelde", que sería tanto como exigir dolo (sentencia de la Sala I de 23 de julio de 2002 ), ni tampoco "la persistencia de una "resistencia tenaz y obstativa al cumplimiento" (sentencia de la Sala I de 9 de marzo de 2005 )". Lo que se valora de forma especial es la entidad del incumplimiento, que ha de impedir el fin normal del contrato, frustrando las legítimas expectativas de la parte (sentencia de la Sala I de 22 de mayo de 2003 ). Pero lo cierto es que el factor subjetivo continúa actuando como un elemento de calificación de determinados incumplimientos relevantes que ponen de relieve una voluntad manifiesta de no cumplir, aunque, junto a ese factor subjetivo, se admita el factor objetivo, vinculado a la imposibilidad sobrevenida fortuita y se pondera cada vez con mayor relevancia la proyección funcional del incumplimiento en el programa de las prestaciones del contrato, como puede verse en la síntesis que ofrece la sentencia de la Sala I de 4 de junio de 2007, que en la determinación de la entidad o esencialidad del incumplimiento se remite a varios criterios doctrinales, como su "importancia para la economía de los interesados, la entidad del incumplimiento como obstáculo para impedir la satisfacción o para provocar la frustración, que ha de predicarse del fin o fin práctico del contrato, a lo que equivale la llamada "quiebra de la finalidad económica". Por lo demás, en el artículo 1124 del Código Civil se abre la vía a la ponderación judicial del incumplimiento mediante la referencia que contiene su apartado tercero a las causas de justificación.
En el marco laboral la necesidad de distinguir entre los factores subjetivos y objetivos se impone con más claridad, pues esta distinción es esencial en el régimen de la extinción del contrato de trabajo tanto en lo que se refiere a sus causas como en lo que afecta a los efectos indemnizatorios. Así las extinciones de los artículos 51y 52 del Estatuto de los Trabajadores son extinciones objetivas que se fundan en causas que actúan al margen de un reproche culpabilístico a un determinado agente y que, por ello, dan lugar a una indemnización más reducida de la que se aplica cuando la extinción resulta susceptible de ese reproche: 20 días para los despidos objetivos y 45 días para los despidos improcedentes o la pérdida de esta última indemnización por el trabajador cuando su despido es procedente como consecuencia de un incumplimiento contractual, lo que también explica que esa indemnización sea aplicable en el denominado "despido indirecto" del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, donde es el trabajador quien "despide" al empresario, imputándole un incumplimiento contractual que implica un juicio de reprochabilidad. El elemento sancionador de la resolución resulta así más importante en el ámbito laboral, sin duda por la fórmula de cálculo de la indemnización y las diferencias en su importe en atención a ese factor subjetivo de calificación. Es conocido el paralelismo entre el artículo 50 y el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores ; preceptos que contemplan incumplimientos imputables a una parte del contrato y por ello conducen a la aplicación de la indemnización máxima.
El problema surge porque dentro del marco de la extinción del contrato de trabajo no se contempla, con carácter general, un mecanismo de resolución "objetiva" que pueda contraponerse a la resolución "subjetiva" del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, lo que sin duda llevó a la sentencia de 24 marzo de 1992 a "objetivar" el supuesto del apartado b) del artículo 50.1 del Estatuto de los Trabajadores, lo que no ha sucedido con el apartado c), que expresamente excluye la fuerza mayor, ni con el apartado a), en el que, pese a algunas dificultades interpretativas (sentencia de 8 de febrero de 1993 ), hay que entender que están las modificaciones no justificadas en atención a la concurrencia de las causas y a la aplicación de los procedimientos previstos legalmente en los artículos 40 y 41 del Estatuto de los Trabajadores. Y es que el apartado b) -relativo a la falta de pago y los retrasos continuados en el abono de los salarios- no tiene aparentemente una vía para la extinción objetiva, como sucede para el supuesto del apartado a) con las acciones que se prevén de forma expresa en los artículos 40.1.4º y 41.3.4º del Estatuto de los Trabajadores y que conducen a las denominadas "resoluciones menores" con una indemnización de 20 días por año.
Pero esta laguna no puede resolverse llevando al apartado b) del artículo 50.1 del Estatuto de los Trabajadores todos los supuestos de impagos o retrasos en el abono de los salarios, prescindiendo de las causas que hayan determinado el incumplimiento y de la calificación del mismo, porque esa solución es contraria al sistema general de nuestro ordenamiento que distingue entre extinciones objetivas y subjetivas, imponiendo a una extinción objetiva una indemnización que está prevista para un incumplimiento cualificado en términos de reprochabilidad. Es cierto que si se niega la entrada de este supuesto en el artículo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores y no se abre otra vía de extinción, se llega también a un resultado contrario a los principios de nuestro sistema, pues se obliga al trabajador que extingue de forma justificada por un incumplimiento empresarial una relación que ya ha perdido para él su finalidad -la percepción regular de su retribución- a salir de esa relación sin la indemnización prevista para estos casos, es decir, a través de la dimisión (artículo 49.1.d) del Estatuto de los Trabajadores).
La solución para evitar estas dos desviaciones consiste en acudir a la analogía, conforme al artículo 4.1 del Código Civil : la laguna se supera aplicando a la falta de pago y al retraso continuado en el abono de los salarios que se producen como consecuencia de una situación negativa de la empresa (supuesto no previsto) lo establecido para un supuesto semejante (el de las "resoluciones menores" de los artículos 40, 3.2º y 41.14º del Estatuto de los Trabajadores ), con el que cabe apreciar identidad de razón dentro de la lógica general de nuestro sistema. Así en supuestos como el presente el trabajador podría instar la extinción, percibiendo la indemnización de 20 días por año de servicio.
Esta conclusión se confirma al examinar lo que ha establecido en esta materia la Ley 22/2003, concursal (LC). El artículo 64.10 de la Ley Concursal prevé que las acciones "colectivas" de resolución del contrato de trabajo que se formulen al amparo del artículo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores frente a empresas declaradas en concurso se tramitarán ante el juez del concurso a través del procedimiento previsto en ese artículo, que es el denominado expediente judicial de regulación de empleo, equivalente al administrativo del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, y esa remisión hay que entender que no se produce sólo a efectos de la tramitación de las reclamaciones, lo que carecería de sentido, sino que tiene la finalidad de dar a esas extinciones el tratamiento sustantivo en materia de indemnizaciones que corresponde a una situación de crisis patrimonial de la empresa. Se trata así de evitar el fenómeno conocido como las resoluciones "estratégicas", que, ante las irregularidades en orden al abono de salarios que suelen acompañar a las coyunturas de falta de liquidez de la empresa, instan la resolución del contrato como vía para salir del expediente de regulación de empleo y obtener una indemnización de 45 días superior a la que establece el artículo 51.8 del Estatuto de los trabajadores, al que remite el artículo 64.11 de la LC, con perjuicio para los restantes trabajadores de la empresa y en general para los acreedores. Esta regla ha de aplicarse también a las resoluciones individuales que se producen fuera del ámbito del expediente judicial o administrativo de regulación de empleo cuando se constate que el incumplimiento -impago o retraso del abono de salarios- en que se funda la pretensión resolutoria tiene su causa en la situación económica negativa de la empresa, pues, aparte de lo ya dicho, sólo así se garantiza la igualdad de tratamiento entre las resoluciones "individuales" y las "colectivas" que no sería justificable a los efectos del artículo 14 de la Constitución.
Las consideraciones anteriores conducen a la desestimación del recurso. No obstante, es conveniente realizar una consideración adicional, aunque no resulte necesaria a efectos decisorios. En el presente caso la procedencia de la interpretación realizada en los fundamentos anteriores podría corroborarse a partir de una consideración específica de las circunstancias concurrentes. La empresa ha sido declarada en concurso en febrero de 2005; desde noviembre de 2004 se producen los retrasos en el pago de los salarios, que, sin embargo, acaban abonándose con la demora indicada, sin que conste ninguna intimación o reclamación hasta la presentación de la demanda que da lugar a estas actuaciones el 22 de diciembre de 2006. Los compañeros del actor han llegado incluso a un acuerdo con el empresario para aceptar el retraso del abono del salario ante las dificultades de liquidez de la empresa. Todo ello puede llevar razonablemente a la conclusión de que se ha venido aceptando la situación, sin duda con la finalidad de conservar el empleo o con la eventual perspectiva de recuperación, hasta que ante un posible desenlace en otro sentido, se insta la resolución por la vía del artículo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores ante la posibilidad de otra extinción por la vía del artículo 64 de la Ley Concursal o del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que es la que probablemente ha afectado a los trabajadores que continuaron prestando servicios y aceptaron el retraso en el pago de los salarios.
Por otra parte, hay que aclarar el sentido del fallo desestimatorio. En realidad, de acuerdo con la doctrina que se ha establecido, el actor podría extinguir su contrato de trabajo con derecho a percibir una indemnización de 20 días por año de servicio. Pero la Sala no puede resolver en este sentido, porque esta pretensión no se ha ejercitado. La demanda se limita a solicitar que se declare la extinción de la relación laboral con el abono de la indemnización máxima legal, todo ello sin perjuicio de la ulterior responsabilidad que en su día pudiera corresponder al codemandado Fondo de Garantía Salarial. En el acto de juicio se ha ratificado esta pretensión. En el propio escrito de este recurso se insiste en la única petición de la indemnización de 45 días por año. No es posible aplicar aquí la doctrina de quien pide lo más pide lo menos, porque no existe una relación meramente cuantitativa entre la prestación formulada y la que procedería de acuerdo con nuestra doctrina, pues alguien que pide la extinción de su contrato de trabajo por una indemnización de 45 días por año puede que no acepte la hipótesis de una extinción con una indemnización de 20 días por año y quien se ha resistido a una pretensión fundada en el artículo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, no ha hecho lo mismo ante una pretensión fundada en las normas sobre las extinciones objetivas.
Madrid, 22 de diciembre de 2.008
STS, 3 de Diciembre de 2013 (Contrato de trabajo, Salarios, Retraso en el pago)
STSJ Aragón 386/2011, 6 de Julio de 2011
STS 980/2006, 17 de Octubre de 2006

References: Resolución 
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 resolución 
 artículo 41
 artículo 217
 artículo 226
 resolución 
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 resolución 
 artículo 50
 resolución 
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 64
 artículo 50
 resolución 
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 resolución 
 artículo 50
 resolución 
 artículo 50
 resolución 
 resolución 
 artículo 1124
 artículo 1124
 artículo 50
 resolución 
 artículo 50
 artículo 54
 resolución 
 resolución 
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 4
 artículo 64
 resolución 
 artículo 50
 artículo 51
 resolución 
 artículo 51
 artículo 64
 artículo 14
 resolución 
 artículo 50
 artículo 64
 artículo 52
 artículo 50