Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2010_05_01_archive.html
Timestamp: 2017-10-22 19:19:09+00:00

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EL BLOG DE EDUARDO ROJO: mayo 2010
El Partido Socialista francés y el derecho del trabajo.
El Partido Socialista francés aprobó en la Convención celebrada ayer sábado su estrategia para un nuevo modelo de desarrollo económico, socil y ecológico.
Del documento extraigo ahora las referencias más concretas referidas al derecho del trabajo y las relaciones laborales, si bien advierto a los lectores y lectoras del blog que todo el documento incluye numerosas tesis, propuestas e ideas para un desarrollo socialmente responsable de las relaciones de trabajo, y por ello es aconsejable su lectura.
« Il nous faudra reconstruire un droit du travail protecteur des salariés après les années de démantèlement par la droite. En le réduisant au «travailler plus pour ne pas gagner plus » et en privilégiant systématiquement la rente et la finance, la droite dévalorise et dégrade le travail. Nous reviendrons sur les dispositifs ayant dégradé les 35 heures et sur la remise en cause du repos dominical. Le droit des salariés à s’exprimer sur leurs conditions de travail devra être renforcé, dans le prolongement des lois Auroux, ainsi que le droit syndical dans les petites entreprises. Les conditions de travail devront faire l’objet d’une concertation approfondie entre tous les acteurs (salariés, organisations syndicales, direction, employeurs, CE, CHSCT, médecins du travail ou CTP et CHS) et les cotisations sociales pourront être modulées en fonction de la signature d’un accord dédié : mieux dialoguer permettra de mieux travailler. La capacité de prévention et de contrôle des CHSCT et de la médecine du travail devra être renforcée, en en améliorant l’indépendance et en renforçant leurs moyens. Notamment, les médecins du travail intervenant dans les grandes entreprises ne pourront plus être directement salariés par celles-ci. Pour autant, elles continueront de verser l’équivalent de leur rémunération aux organismes employeurs.
Des structures de référence, à l’échelle du bassin d’emploi, permettront de lutter contre la souffrance au travail dans les établissements de moins de 50 salariés.
Le recours au CDI sera favorisé, notamment grâce à la majoration des cotisations sociales des entreprises employant un quota trop élevé de travailleurs précaires. Le respect et l’extension des droits des salariés seront nécessairement accompagnés d’un renforcement des moyens de l’inspection du travail et du dispositif de sanctions (financières et pénales) permettant de les faire effectivement respecter.
Le rôle de la négociation collective se renforcé à tous les niveaux. De même, les instances faisant vivre le paritarisme dans les fonctions publiques doivent être confortées ».
XX Encuentro de la abogacía sobre derecho de extranjería y asilo. Inmigración y libre circulación (y IV).
Realizo a continuación, en esta última parte de mi trabajo, una síntesis de las ideas más importantes que he expuesto con anterioridad y que deseo que puedan guiar la tarea de las personas responsables encargadas de elaborar las conclusiones, tanto generales como temáticas en razón de las intervenciones habidas en las diferentes ponencias y mesas de trabajo del XX Encuentro.
Primera. La política de la UE apuesta por una inmigración muy controlada y en modo alguno de puertas abiertas. El nuevo Tratado prevé actuaciones coordinadas del Parlamento Europeo y del Consejo para propiciar la integración de ciudadanos de terceros países residentes legalmente en territorio comunitario, si bien esas medidas deberán llevarse a cabo “con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros”.
Segunda. La política europea tiene un impacto indudable sobre la española y la catalana, tanto por las obligaciones jurídicas que impone nuestra pertenencia a la UE, como por la evidencia de que la política de inmigración tiene cada vez más un rostro o vertiente internacional
Tercera. En materia de inmigración, el examen del Programa de Estocolmo 2010- 2014 tiene especial interés por lo que respecta al bloque dedicado al acceso a Europa en un mundo globalizado (apartado 5), y al relativo a una Europa “de responsabilidad, solidaridad y colaboración en los ámbitos de migración y asilo” (apartado 6).
Toda la política comunitaria de inmigración se basa desde hace varios años en conseguir un justo equilibrio entre permitir el acceso legal a su territorio por parte de ciudadanos de terceros Estados, por una parte, y reforzar las medidas de lucha contra la inmigración ilegal y la delincuencia transfronteriza, por otra. El programa de Estocolmo mantiene la necesidad de velar por la consecución de este equilibrio en beneficio de la seguridad de las personas, destacando la manifestación de que dicha seguridad no debe impedir el ejercicio de una protección adecuada para personas y grupos en situación vulnerable.
El Programa de Estocolmo no representa un cambio sustancial con respecto al de La Haya, pero sí conviene destacar que responde a un nuevo marco político y económico que trata de combinar la difícil situación actualmente existente con las previsiones a medio plazo, tanto en términos de mercado de trabajo y protección social como de políticas de integración de las personas migrantes y de cooperación reforzada con los países de origen y tránsito de la inmigración.
Cuarta. Europa, tanto por razones demográficas como por otras de índole puramente económica, va a seguir necesitando la llegada de inmigrantes (aunque sobre cuál deba ser su cualificación profesional hay un amplio debate, si bien es mayoritaria la creencia de que se necesitará en gran medida personal con elevado nivel de cualificación), y de ahí que sea conveniente reforzar los mecanismos para favorecer la migración legal, posibilitando dar respuesta tanto a las necesidades (cambiantes) de cada Estado como a las personas inmigrantes en términos de una adecuada utilización de sus cualificaciones y competencias.
La UE se propone poner en marcha una política de migración común que permita una mayor flexibilidad para la admisión de población inmigrada, flexibilidad que deberá permitirle “adaptarse a la creciente movilidad y a las necesidades de los mercados laborales nacionales, respetando al mismo tiempo las competencias del Estado miembro en esta materia”.
Quinta. La Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2005, relativa al Estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, manifiesta en su preámbulo que la integración de los nacionales de terceros países que estén instalados permanentemente en los Estados miembros es un elemento clave para promover la cohesión económica y social. El artículo 14 reconoce el derecho a la residencia en un segundo Estado por motivos de ejercicio de ejercicio de actividad profesional, realización de estudios o por “otros fines”, si bien nuevamente el ámbito competencial propio de cada Estado en materia de inmigración laboral se manifiesta nuevamente cuando se dispone que la concesión de la autorización podrá estar condicionada al estudio por parte de los Estados de sus mercados de trabajo y a la aplicación de “sus procedimientos nacionales relativos, respectivamente, a cubrir una vacante o al ejercicio de las actividades mencionadas”
Sexta. La Directiva 2009/50/CE del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado se inscribe en el marco más amplio de la política de empleo de la UE, y en concreto en las líneas maestras de la Estrategia de Lisboa y de las directrices integradas para el crecimiento y el empleo (que serán sustituidas por las que se adopten este año en desarrollo de la nueva estrategia “Europa 2020”), y da cumplimiento a las orientación generales de política de inmigración adoptadas en varios Consejos europeos, que apuestan por la inmigración legal bien gestionada que respete las competencias de cada Estado y que al mismo tiempo les proporcione ayuda para “cubrir sus necesidades laborales presentes y futuras”.
La norma fija un umbral salario mínimo, de alcance comunitario, para determinar qué puede entenderse por trabajo altamente cualificado, con el objetivo de armonizar las reglas mínimas sobre condiciones de admisión en la UE y sin perjuicio de que los Estados puedan fijar umbrales salariales más elevados, refiriéndose la norma a que los Estados podrán fijar dichos umbrales “de acuerdo con la situación y organización de sus respectivos mercados laborales y sus políticas de inmigración generales”.
Séptima. Desde la perspectiva más concreta de garantizar la libre circulación, es importante destacar que los titulares de la tarjeta azul pueden trasladarse a otro Estado después de haber transcurrido 18 meses de residencia legal en el primer Estado en el que han obtenido la tarjeta azul, a los efectos de acceder a un nuevo trabajo altamente cualificado, y que la libertad de circulación se amplía a un tercer o más desplazamientos a otro u otros Estados siempre que cumpla el requisito reseñado en el Estado del que se provenga. No obstante, el acceso no es automático y la Directiva sigue previendo limitaciones a la posibilidad de acceso al empleo.
Octava. Sobre la transposición al ordenamiento jurídico español de las dos Directivas, cabe decir que la regulación del estatuto de la residencia y residentes de larga duración se recoge en el artículo 32 de la LO 2/2009, precepto que necesita de desarrollo reglamentario en varios de sus apartados. No obstante, no se puede afirmar que no existiera ya una regulación en la materia, por la existencia de diversas Instrucciones emitidas por la DGI. Con posterioridad a la entrada en vigor de la LO 2/2009, y anunciando ya aquello que puede ser el texto del futuro Reglamento, se ha dictado la Instrucción número 9/2009, de 14 de diciembre, sobre aplicación de la citada ley “en materia de autorización de residencia de larga duración”.
En relación con el acceso al mercado de trabajo es importante destacar que la normativa ha de interpretarse en consonancia con los importantes cambios habidos respecto a la importancia asumida por el alta del trabajador en la Seguridad Social para que surta eficacia la autorización inicial de residencia y trabajo, debiendo computarse el período de tres meses desde la fecha de concesión de la autorización, en cuanto que el residente de larga duración – CE no está sometido a la obtención de visado previo de acceso a nuestro país.
Novena. Por otra parte, La LO 2/2009 ha incorporado un nuevo artículo, el número 38 ter, que incorpora al ordenamiento jurídico interno buena parte de la Directiva sobre trabajadores altamente cualificados. El futuro reglamento cobrará importancia para concretar y determinar la más o menos correcta adecuación de la normativa española a la de la UE. Queda pendiente la determinación de que se entenderá por experiencia profesional de cinco años, como mínimo, equiparable a la obtención y acreditación de un título de una titulación de enseñanza superior (como mínimo de tres años de duración).
Con respecto a la reagrupación familiar, queda la duda de saber si los trabajadores altamente cualificados podrán reagrupar a sus familiares sin ninguna limitación o bien deberán respetar las reglas fijadas en la LO 2/2009, señaladamente las restricciones para la reagrupación de ascendientes. Parece que debe apostarse, en sintonía con las facilidades que se concede por la normativa comunitaria, a este personal, por la tesis amplia, en cuanto que el borrador autoriza para que solicite autorización de residencia temporal por reagrupación familiar “a favor de los miembros de su familiar que desee reagrupar”.
XX Encuentro de la abogacía sobre derecho de extranjería y asilo. Inmigración y libre circulación (II).
F) El vínculo entre inmigración y mercado de trabajo sigue siendo, y no creo que pueda ser de otra forma, una de las características más significativas de la política comunitaria de inmigración, y conviene destacar que esta política ha de plantear objetivos a medio plazo y no dejarse guiar única y exclusivamente por la coyuntura a corto plazo (ya que en este supuesto probablemente dicha política sería muy restrictiva en cuanto a la admisión de nacionales de terceros Estados). O dicho de otra forma, Europa, tanto por razones demográficas como por otras de índole puramente económica, va a seguir necesitando la llegada de inmigrantes (aunque sobre cuál deba ser su cualificación profesional hay un amplio debate, si bien es mayoritaria la creencia de que se necesitará en gran medida personal con elevado nivel de cualificación, como lo demuestra la aprobación de la directiva sobre trabajadores altamente cualificados, a la que me referiré más adelante), y de ahí que sea conveniente reforzar los mecanismos para favorecer la migración legal, posibilitando dar respuesta tanto a las necesidades (cambiantes) de cada Estado como a las personas inmigrantes en términos de una adecuada utilización de sus cualificaciones y competencias; por ello, y siempre dentro del respeto a las competencias estatales y al principio de preferencia comunitaria para el acceso al empleo, se pide que tanto el Consejo como la Comisión adopten las medidas adecuadas para mejorar el reconocimiento de dichas cualificaciones, y que se siga trabajando (con el horizonte máximo de 2014) en el establecimiento de un marco normativo que garantice a los ciudadanos de terceros Estados “derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la UE”.
G) La Comisión Europea hizo público el pasado 20 de abril el Plan de acción por el que se aplica el programa de Estocolmo, mediante una Comunicación que lleva por título “Garantizar el espacio de libertad seguridad y justicia para los ciudadanos europeos”, dirigida al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. En el último párrafo del texto, y antes del anexo en el que se incluye una relación exhaustiva de todas la acciones a desarrollar y de las medidas a adoptar durante el quinquenio 2010-2014, a las que me referiré más adelante respecto a las que se han puesto o han de poner en marcha durante este año, la Comisión solicita al PE y al Consejo “que apoyen el presente plan de acción para la puesta en práctica del programa de Estocolmo y que se comprometan activamente en su aplicación”. Cumpliendo el mandato establecido, durante la presidencia española se ha presentado el Plan de acción que deberá adoptarse como máximo en junio de este año, con medidas concretas y plazos para su aplicación, incluyendo la propuesta de las modificaciones legislativas que sean necesarias en atención al nuevo marco jurídico del Tratado, y previendo una evaluación intermedia en 2012 para garantizar que el programa “sigue siendo conforme a la evolución europea y global”.
Con el plan de acción se pretende garantizar el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, en beneficio de toda la ciudadanía, ya que constituye, junto con la Estrategia Europa 2020, “un elemento clave de la respuesta de la UE a los retos globales a largo plazo y una contribución al fortalecimiento y desarrollo del modelo social de mercado para el siglo XXI”, desde la manifestación previa, y así se recoge en el Plan, de que la protección de los derechos consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales ha de convertirse en el eje de todas las políticas y normativas de la UE, y que dicha protección “debe surtir plenos efectos y los derechos deben ser tangibles y efectivos”.
La aplicación de la Carta será la guía de actuación de la nueva política de la UE, y la metodología para garantizar ese espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, tomará en consideración cinco aspectos que deberán ser concretados durante el quinquenio 2010-2014 y a los que se refiere de forma expresa el Plan: “mejorar la integración con otras políticas de la Unión, mejorar la calidad de la legislación europea, mejorar la aplicación a nivel nacional, mejor uso de los instrumentos de evaluación y atender nuestras prioridades políticas con los recursos financieros adecuados en el marco financiero plurianual”.
El Plan de acción, por lo que respecta a la materia de inmigración, plantea que la defensa de los derechos fundamentales de los inmigrantes ha de contribuir a su integración (en un conjunto de reconocimiento de derechos y también de responsabilidad de su integración en la sociedad en que viven) y a su aportación positiva a la economía y la sociedad europea, tanto porque pueden ayudar a dar respuesta (aunque en otros documentos comunitarios se recuerda que esta respuesta no es ni puede ser la única solución) al reto demográfico (proceso de envejecimiento) de la sociedad europea, como por su contribución al crecimiento de la economía europea.
En suma, y tal como se ha planteado desde hace varios años pero sin que aún se haya podido concretar, el objetivo de la política de inmigración de la UE debe ser el de alcanzar un nivel uniforme de derechos y obligaciones de los “inmigrantes legales” (expresión que se repite en varias ocasiones en el documento ahora analizado y que demuestra claramente cuál va ser, al menos en el plano teórico, la política de la UE en la materia en los años venideros) que sea “comparable” al de los ciudadanos europeos, dado que estos derechos, que se pretenden sistematizar y ordenar en un código europeo de inmigración, y también las normas comunes para gestionar eficazmente la reagrupación familiar “son esenciales para aprovechar al máximo los efectos positivos de la inmigración legal en beneficios de todos los interesados y reforzarán la competitividad de la Unión”.
En el anexo del Plan se recogen las diferentes acciones y propuestas que ha de aplicarse y desarrollarse durante el período 2010-2014, con indicación de la fecha prevista para su aprobación, si bien algunas se desarrollarán de forma permanente, como por ejemplo el Informe anual sobre inmigración y asilo para dar cuenta de la aplicación del Pacto europeo sobre inmigración y asilo y, a partir de 2011, del propio programa de Estocolmo, habiendo sido publicado muy recientemente (el pasado 6 de mayo) el primer Informe, o la puesta en marcha de los procesos de perfil migratorio con países clave (“incluidos el desarrollo de capacidades y el uso del perfil migratorio como instrumento para la definición de las políticas, la programación de la cooperación y la evaluación”).
Para el año 2010 se contempla la aprobación de las propuestas de Directivas sobre las condiciones de admisión de los nacionales de terceros países en el marco de procesos de desplazamiento intraempresariales y sobre las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo estacional, así como también la publicación de un libro verde sobre el derecho a la reagrupación familiar, que abrirá el debate sobre esta importante cuestión y que debería llevar en el año 2012 a la presentación de una propuesta de modificación de la Directiva reguladora de la reagrupación. Entre las acciones a desarrollar durante este año hay algunas previsiones que ya han visto la luz pública, como son la publicación de la tercera edición del “Manual sobre la integración destinado a los responsables de la formulación de políticas y a los profesionales”, el informe a la conferencia ministerial sobre integración que se celebró en Zaragoza los días 15 y 16 de abril, en la que se aprobó una importante declaración, y la importante Comunicación sobre un plan de acción sobre menores no acompañados en el proceso de migración, durante el período 2010-2014 y que se ha hecho pública el 6 de mayo, y en el que se dispone que a mediados de 2012 y antes de 2015 “la Comisión informará de su aplicación y podrá proponer una revisión del plan de acción o medidas adicionales”. Queda pendiente la presentación de una Comunicación “sobre la evaluación de los acuerdos de readmisión y sobre el desarrollo de una estrategia coherente sobre la readmisión que tenga en cuenta las relaciones globales con el país afectado, incluido un enfoque común hacia los terceros países que no cooperan en la readmisión de sus propios nacionales”.
H) Sobre el informe anual sobre inmigración y asilo, deseo destacar que pasa revista al desarrollo durante el período comprendido entre octubre de 2008 y final de 2009, en el ámbito de la UE y en el de los Estados miembros, a las políticas puestas en marcha para dar cumplimiento a las reglas fijadas en el Pacto europeo de inmigración y asilo aprobado en octubre de 2008, y formula recomendaciones que la Comisión considera que sería necesario tomar en consideración en el próximo futuro.
Se enfatiza la importancia de mejorar, en estrecha cooperación entre los Estados miembros, la Comisión y los terceros países, la respuesta a las necesidades del mercado de trabajo y el reconocimiento de las competencias profesionales. La política de inmigración debe integrarse en el marco de la Estrategia Europa 2020, y debería avanzarse tanto en la transposición de la directiva sobre trabajadores altamente cualificados como en la aprobación de la directiva marco reguladora de un permiso único y de los derechos socioeconómicos de los trabajadores migrantes.
3. Las Directivas comunitarias sobre residencia y residentes de larga duración, y trabajadores altamente cualificados.
3.1. Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2005, relativa al Estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración.
En el preámbulo de la norma se manifiesta que la integración de los nacionales de terceros países (“cualquier persona que no sea ciudadana de la Unión según lo dispuesto en el artículo 17 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea”) que estén instalados permanentemente en los Estados miembros es un elemento clave para promover la cohesión económica y social. Dicha integración se alcanzará, jurídicamente hablando, después de un período de residencia ininterrumpida (cinco años), pero también se requiere acreditar disponer de recursos suficientes y de un seguro de enfermedad para evitar convertirse en una carga para los Estados miembros, además de no representar “una amenaza actual ni al orden público ni a la seguridad pública interior”. Se entenderá que un ciudadano extracomunitario dispone de “recursos suficientes” cuando tengan un carácter fijo y regular y en cuantía no inferior a la cantidad umbral por debajo de la cual puede concederse una asistencia social en el Estado miembro en cuestión, evaluándose el carácter fijo de los recursos en función de la naturaleza y regularidad de los ingresos antes de la adquisición del estatuto de residente de larga duración.
El estatuto es permanente, si bien diversas situaciones pueden conllevar su perdida, entre ellas la ausencia del territorio de la UE durante doce meses consecutivos, período respecto del que los Estados miembros pueden prever excepciones, y cabe recordar aquí que la propuesta de Directiva establecía un período de dos años.
El capítulo III de la Directiva se refiere al derecho de residencia en un segundo Estado, es decir a la posibilidad de que un nacional de un tercer país con el estatuto de residente de larga duración concedido por un Estado miembro, de conformidad con lo previsto en la Directiva, pueda residir, durante más de tres meses, en otro Estado miembro sin tener que reunir de nuevo las condiciones de acceso al nuevo país, y sin perder su estatuto. Dicha pérdida se producirá cuando, tras cinco años de residencia en el segundo Estado solicite ser residente de larga duración del mismo.
En la introducción de la norma se manifiesta que “La fijación de las condiciones a las que se supedita el derecho de residencia en otro Estado miembro de los nacionales de terceros países residentes de larga duración debe contribuir a la realización efectiva del mercado interior en tanto que espacio en el que esté asegurada la libre circulación de todas las personas. Podría constituir también un factor importante de movilidad, en particular, en el mercado laboral de la Unión”. Por su parte, el artículo 14 reconoce el derecho a la residencia en un segundo Estado por motivos de ejercicio de ejercicio de actividad profesional, realización de estudios o por “otros fines”, si bien nuevamente el ámbito competencial propio de cada Estado en materia de inmigración laboral se manifiesta nuevamente con toda claridad cuando se dispone que la concesión de la autorización podrá estar condicionada al estudio por parte de los Estados de sus mercados de trabajo y a la aplicación de “sus procedimientos nacionales relativos, respectivamente, a cubrir una vacante o al ejercicio de las actividades mencionadas”.
No conviene dejar de mencionar, igualmente, por su interés en la materia ahora abordada, el reciente Reglamento (UE) nº 265/2010 de 25 de marzo que modifica el convenio de aplicación del acuerdo Schengen y el Reglamento (CE) nº 562/2006, que reconoce al visado de larga duración los mismos efectos que un permiso de residencia, de tal forma, y este es el punto central de la norma, que un nacional de un tercer país que sea titular de dicho visado deberá poder viajar a otro Estado durante tres meses, en cualquier período de seis meses, “en la mismas condiciones que el titular de un permiso de residencia”. La norma se justifica por la necesidad de garantizar el derecho de libre circulación y para corregir las deficiencias observadas en las prácticas de algunos Estados de no reemplazar los visados de larga duración por permisos de residencia, o hacerlo sólo después de haber transcurrido un considerable período de tiempo.
Para concluir, recuerdo que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 15 de noviembre de 2007 condenó a España por haber incumplido la obligación de adaptación del ordenamiento interno a la Directiva ahora explicada, ya que el plazo de transposición finalizó el 23 de enero de 2006. En sus alegaciones, y además de poner de manifiesto que el Parlamento español no había podido aprobar en tiempo y forma la normativa de modificación de la LO 4/2000, España expuso que en nuestro ordenamiento estaba ya regulada, y así era efectivamente, “la figura de la residencia permanente de los nacionales de terceros países”. Para el tribunal, dicha explicación y justificación no era en modo alguno suficiente para justificar la adaptación del ordenamiento interno a la citada Directiva, dada la imposibilidad, con las alegaciones expuestas, de poder verificar por el tribunal “si los nacionales de terceros países residentes en España que reúnan los requisitos exigidos por la Directiva 2003/2019 pueden adquirir el estatuto de residente permanente ni comprobar cuáles son los procedimientos previstos para esta adquisición” (es decir, cómo se calcula el período de cinco años, si se requieren o no otros requisitos además de la residencia continuada, o la tramitación procesal para obtener la residencia). Además, reiterando tesis ya expuestas en anteriores sentencias, el tribunal recordó que un Estado miembro “no puede alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos en una Directiva”.
3.2. Directiva 2009/50/CE del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado
La norma comunitaria se inscribe en el marco más amplio de la política de empleo de la UE, y en concreto en las líneas maestras de la Estrategia de Lisboa y de las directrices integradas para el crecimiento y el empleo (que serán sustituidas por las que se adopten este año en desarrollo de la nueva estrategia “Europa 2020”), y da cumplimiento a las orientación generales de política de inmigración adoptadas en varios Consejos europeos, que apuestan por la inmigración legal bien gestionada que respete las competencias de cada Estado y que al mismo tiempo les proporcione ayuda para “cubrir sus necesidades laborales presentes y futuras”.
No obstante, y después de haber examinado con atención la propuesta de Directiva, y también el dictamen emitido por el Comité Económico y Social, llego a la conclusión de que el texto finalmente aprobado ha reducido las posibilidades de llevar a cabo una política plenamente aperturista en el terreno de la libre circulación de trabajadores en la UE que hiciera efectiva la manifestación, contenida en la exposición de motivos de la propuesta, de que su objetivo era “mejorar la capacidad de la UE para atraer y – si fuera necesario – retener a trabajadores de terceros países muy cualificados a fin de incrementar la aportación de la migración legal a la mejora de la competitividad de la UE”, y a incentivar la admisión de estos trabajadores en el espacio comunitario “mediante el fomento de la distribución y redistribución eficaces de estos en el mercado laboral de la UE”. Dicho sea incidentalmente, el debate sobre las características de la población inmigrada que necesita la UE también se manifiesta en el Dictamen citado del CESE, que pone de manifiesto que el trato preferente que se dará a estos trabajadores frente a otros (mediante excepciones a la aplicación de las Directiva 2003/86 y 2003/109) no debe afectar “a la coherencia global de la política europea de inmigración y al principio de igualdad de trato”.
Es decir, la norma no cuestiona en modo alguno que es cada Estado quien decide el número de personas de origen extracomunitario que pueden acceder a su territorio. Aquello que pretende es, según se afirma en la introducción, promover la admisión y la movilidad de nacionales de terceros países para estancias superiores a 3 meses, para fines de empleo altamente cualificado, “a fin de que la Comunidad se convierta en un destino más atractivo para estos trabajadores procedentes de todo el mundo y contribuir a la competitividad y el crecimiento económico”. A tal efecto, se regula un procedimiento abreviado de admisión para el trabajador y su familia, y se reconocen los mismos derechos económicos y sociales que los nacionales del país de acogida en una serie de ámbitos, radicando la importancia de la nueva tarjeta azul (blue card) en que permitirá también a su titular entrar, permanecer, salir y volver a entrar en el territorio del Estado miembro que la expida durante un período que la norma comunitaria fija entre 1 y 4 años.
Es importante destacar que la norma fija un umbral salario mínimo, de alcance comunitario, para determinar qué puede entenderse por trabajo altamente cualificado, con el objetivo de armonizar las reglas mínimas sobre condiciones de admisión en la Comunidad y sin perjuicio de que los Estados puedan fijar umbrales salariales más elevados, refiriéndose la norma a que los Estados podrán fijar dichos umbrales “de acuerdo con la situación y organización de sus respectivos mercados laborales y sus políticas de inmigración generales”. La Directiva subraya que la fijación de esta regla sólo es válida a efectos de determinar el acceso de personal extranjero para un trabajo altamente cualificado, y que no interfiere en modo alguno en las competencias de cada Estado, ni en las de los agentes sociales, para determinar los niveles salariales del conjunto de la población trabajadora. Dicho mínimo o umbral salarial, que deberá constar en el contrato de trabajo o la oferta firme de empleo (de 1 año como mínimo), “no deberá ser inferior al correspondiente umbral salarial definido y publicado a estos efectos por los Estados miembros, que será como mínimo 1,5 veces el salario bruto anual medio en el Estado miembro de que se trate”. Es decir, la norma dispone de forma clara y precisa que respeta plenamente “las competencias de los Estados miembros en materia de empleo, trabajo y asuntos sociales”.
También me parece relevante señalar que se mantiene plenamente vigente el principio de preferencia comunitaria para el acceso al empleo, así como también las restricciones para ocupar determinados puestos de trabajo cuya actividad implique el ejercicio de la autoridad pública o la responsabilidad de proteger el interés general del Estado, siempre y cuando “estén reservadas a los nacionales de acuerdo con el Derecho nacional o comunitario vigente”. En este punto, es obligado recordar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y la interpretación limitada que ha efectuado en varias de sus sentencias a las restricciones que puedan establecer los Estados. Además, el acceso al mercado de trabajo se limita durante los dos primeros años al ejercicio de actividades que cumplan las condiciones de admisión que se enumeran en el artículo 5 de la norma, y sólo después “los Estados miembros podrán conceder a los interesados igual trato que a los nacionales en lo que respecta al acceso al empleo altamente cualificado”.
Desde la perspectiva más concreta de garantizar la libre circulación, es importante destacar que los titulares de la tarjeta azul pueden trasladarse a otro Estado después de haber transcurrido 18 meses de residencia legal en el primer Estado en el que han obtenido la tarjeta azul, a los efectos de acceder a un nuevo trabajo altamente cualificado, y que la libertad de circulación se amplía a un tercer o más desplazamientos a otro u otros Estados siempre que cumpla el requisito reseñado en el Estado del que se provenga. En ese período podrán computarse períodos de residencia en distintos Estados miembros, siempre y cuando se cumplan los dos requisitos previstos en el artículo 16.2, que regula el estatuto de residentes de larga duración CE para titulares de la tarjeta azul UE que tengan: “a) cinco años de residencia legal e ininterrumpida en el territorio de la Comunidad como titular de una tarjeta azul UE, y b) dos años de residencia legal e ininterrumpida, inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud correspondiente como titular de una tarjeta azul UE en el territorio del Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud de permiso de residencia de residente de larga duración-CE”.
No obstante, el acceso no es automático ni mucho menos, y la Directiva sigue previendo limitaciones a la posibilidad de acceso al empleo, dado que el artículo 18.7 dispone que los Estados miembros “podrán seguir aplicando los volúmenes de admisión a que se refiere el artículo 6”, artículo que respeta la competencia de cada Estado para fijar, si así lo considera oportuno por razón de las circunstancia de su mercado de trabajo, “el volumen de admisión de nacionales de terceros países que entren en su territorio para fines de empleo altamente cualificado. Por lo que respecta a los miembros de la familia, se prevé el acceso al mercado de trabajo sin fijación de plazos de espera, aún cuando el precepto que así lo regula (artículo 15.6) fija el 19 de diciembre de 2011 como la fecha a partir de que producirá plenos efectos esta norma.
Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’abril de 2010.
1. El Ministeri de Treball i Immigració publicà ahir, dimarts 25 d’abril, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes d’abril.
2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’abril, hi ha un total de 1.850.369 afiliats, dels quals 673.880 són comunitaris (388.136 homes i 285.744 dones), i 1.176.489 són extracomunitaris (648.639 homes i 527.850 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 1,96 %.
Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes d’abril de 2009 era de 1.887.392. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 36.960 persones Cal destacar també com a dada significativa l’augment de l’afiliació en el regim general (21.616), que manté la línia positiva d’aquest any. Pel que fa al regim de treballadors autònoms, en sèrie interanual, hem passat dels 207.690 del mes d’abril de 2009 als actuals 197.412, i cal fer especial esment del fet que el mes d’abril manté la línia positiva del mes anterior que trencà la sèrie negativa del nombre d’afiliats autònoms.
Per règims, el 65,53 % pertany al general, el 9,83 % al règim de la llar familiar, el 13,65 % a l’agrari, el 10,67 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar i el 0,04% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del d’abril de 2009 eren els següents: el 67,26 % pertanyien al general, el 9,26 % al règim de la llar familiar, el 12,17 % a l’agrari, l’11,00 % al d’autònoms, el 0,27% al del mar i el 0,04% al del carbó.
Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’abril, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (408.191, 22,06 %), seguida de Madrid (395.149, 21,36 %), Andalusia (231.517, 12,51 %) i la Comunitat Valenciana (198.839, 10,75 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 10.852 persones, un 2,590 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (419.043, 22,20 %), seguida de Madrid (408.499, 21,64 %), Andalusia (2229.380, 12,15 %) i la Comunitat Valenciana (200.735, 10,64 %)
En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 258.116 persones (21,29 %), de les quals 178.780 son no comunitaris, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 200.264 treballadors, un 16,52 % dels quals 137.764 són extracomunitaris, i en tercer lloc es troba el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 177.171, un 14,61 %, dels quals 112.771 són no comunitaris; D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 133.998 treballadors, un 11,05 % del total, dels quals 96.167 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (52.636, 26,66 %), del sector de l’hostaleria (38.277, 19,39 %),i del sector de la construcció (34.618, 17,54 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 25.326). El mes d’abril de 2009 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava a 254.853 persones (20,08 %), de les quals 178.360 eren no comunitaris, i el sector de la construcció ocupava a 223.479, un 17,61 %, dels quals 147.202 eren no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (50.454, 22,29 %), i de la construcció (47.496, 22,87 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 35.372).
Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (285.192), i els marroquins es situen en la segona posició amb 226.869 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (175.953), seguits dels colombians amb 113.645, dels xinesos amb 78.151, dels bolivians amb 75.266, dels peruans amb 69.931, dels italians amb 61.962, i dels portuguesos amb 55.222. Les dades del mes d’abril de 2009 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (258.141), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 242.004 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (202.878), seguits dels colombians amb 125.621, dels peruans amb 77.132, dels xinesos amb 72.148, dels bolivians amb 64.418, dels italians amb 63.674 i dels portuguesos amb 62.593.
3. La mitja del mes de març d’afiliats estrangers a Catalunya és de 408.191, dels quals 111.185 són comunitaris i 297.006 són extracomunitaris.
Per règims, el 77,44 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 8,99 % en el de la llar familiar, el 3,78 % en l’agrari, el 9,59 % en el d’autònoms i el 0,20 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes d’abril de 2009 eren els següents: el 68,79 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.
En el règim general de SS, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 58.420 (18,48 %), dels quals 45.647 són no comunitaris, i el segon correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 53.789 afiliats (17,02 %), dels quals 39.839 són no comunitaris; el tercer lloc es per als afiliats en el sector de la construcció, amb 42.379, 13,41 %), dels quals 33.651 són no comunitaris; ocupa el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 38.255 afiliats (12,10 %), dels quals 30.041 són extracomunitaris. En cinquè lloc trobem la indústria manufacturera, amb 37.695 (11,92 %), dels quals 26.542 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.615, 24,57 % del total), de l’hostaleria (7.518, 19,22 %) i de la construcció (5.437, 13,90 %). Les dades del mes d’abril de 2.009 eren les següents: els afiliats en el sector de la construcció eren 51.353 (15,63) %), dels quals 40.882 eren no comunitaris, i ocupaven el tercer lloc; el segon lloc era per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 55.540 afiliats (16,90 %), dels quals 41.260 eren no comunitaris; el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 57.591 (17,52 %), dels quals 45.172 eren no comunitaris; en quart lloc es trobava la indústria manufacturera, amb 40.809 (12,42 %), dels quals 29.260 eren no comunitaris. Ocupaven el cinquè lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 38.303 afiliats (11,66 %), dels quals 30.268 eren extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància del sector de la construcció (7.409, 18,64 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.127, 22,96 %).
A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (56.425), seguits dels equatorians (34.809), dels romanesos (33.615), dels xinesos (21.548), dels colombians (20.833), dels bolivians (20.762), dels italians (20.196), dels peruans (17.206), dels francesos (13.529), dels argentins (12.466), dels pakistanesos (11.333), i dels alemanys (7.960). Les dades del mes d’abril de 2009 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (60.409), seguits dels equatorians (39.852), dels romanesos (31.764), dels colombians (22.584), dels italians (20.498), dels xinesos (20.251), dels peruans (19.180), dels bolivians (18.471), dels francesos (14.062), dels argentins (13.285), dels pakistanesos (10.299), i dels portuguesos (8.231).

References: artículo 14
 artículo 32
 artículo 17
 artículo 14
 artículo 5
 artículo 16
 artículo 18
 artículo 6