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Timestamp: 2020-08-06 16:01:28+00:00

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Registro Oficial. NOVIEMBRE8 de NOVIEMBRE del 2001
Jueves, 08 de noviembre de 2001
Jueves 8 de Noviembre del 2001
274 Desígnase como delegado al señor\n abogado Francisco Boloña Morales, en representación\n del señor Ministro ante la Unidad Coordinadora del Programa\n de Emergencia para afrontar el Fenómeno del Niño,\n (COPEFEN).
275 Desígnase como delegado\n al señor economista Olmedo Gregorio Farfán González,\n Subsecretario del Litoral, en representación del señor\n Ministro ante el Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos.
276\n Desígnase\n como delegada a la economista Maria Dolores Almeida Sánchez,\n Subsecretaria de Ia versión Pública, en representación\n del señor Ministro ante el Consejo de Comercio Exterior\n e Inversiones (COMEXI).
277 Desígnase como delegado\n al señor economista Luis Fernando Pineda, Subsecretario\n de Contabilidad Gubernamental, encargado, en representación\n del señor Ministro ante el Consejo de Dirección\n del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
278 Desígnase como delegado al señor\n Lcdo. Edgar Aguayo Molina, en representación del señor\n Ministro ante el Directorio de Autoridad Portuaria de Esmeraldas.
279 Desígnase como delegado al señor\n ingeniero Galo A Farfán Pacheco, Subsecretario de Presupuestos,\n en representación del señor Ministro en la sesión\n de Directorio del Banco del Estado.
\n CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS (CONAZOFRA) :
2001-30 Expídese el Reglamento de contratación\n para la adquisición de bienes y prestación de servicios\n no regulados por la Ley de Consultoria.
293-2001 Guillermo Manuel Chang Zea\n en contra de Cecilia Elizabeth Robalino Lainez y otra.
297-2001 Fausto Enrique Manzaba y otra en contra\n de César Augusto Guevara Veintimilla.
301-2001 Luisa Johanna Cevallos Vera en contra\n de Guillermo Gastón Cevallos Cedeño y otros.
304-2001 Segundo Francisco Peralta Rodríguez\n y otra en contra de Paulino Peralta Peralta y otra.
309-2001 Leonidas Redroban Galárraga\n y otra en contra del doctor Guillermo Falconí Peñafiel\n y otra.
550 Dictamen 13-2001 de incumplimiento\n flagrante por parte del Gobierno de Colombia al diferir unilateralmente\n el Arancel Externo Común aplicable a las importaciones\n de arroz.
551 Recurso de reconsideración\n interpuesto por el Gobierno de la República de Colombia\n contra la Resolución 516 de la Secretaría General,\n por la cual se determinó que el pago de la tasa especial\n por servicios aduaneros del 1,2% constituye un gravamen a las\n importaciones originarias de los países miembros.
552 Precios de referencia del Sistema Andino\n de Franjas de Precios para la segunda quincena de octubre del\n 2001, correspondientes a la Circular No 158 del 1 de octubre\n del 2001.
553 Creación de un grupo\n de la cadena del arroz.
554 Creación de un grupo\n que recomiende una estrategia para el mejora- miento de la competitividad\n de la Cadena del Café en la Comunidad Andina.
-\n Cantón Rumiñahui:\n Reformatoria\n a la Ordenanza, publicada en el Suplemento del Registro Oficial\n 126 de 24 de julio del 2000, que reformó la Ordenanza\n que establece el cobro de la tasa por servicios técnicos\n y administrativos.
-\n Cantón El Empalme:\n Que reglamenta el uso de la vía pública.
-\n Cantón Rocafuerte:\n Que regula\n la construcción
-\n Cantón Gonzalo Pizarro:\n Para adoptar la denominación de Gobierno Municipal.
-A\n la publicación del Sumario del Registro oficial No\n 327 de 16 de mayo del 2001.\n \n
N°\n 274
Articulo 1.- Dejar sin efecto\n el Acuerdo Ministerial N0 081, expedido el 9 de marzo del 2001.
Articulo 2.- Designar delegado,\n en representación del Ministerio de Economía y\n Finanzas, ante la Unidad Coordinadora del Programa de Emergencia\n para afrontar el Fenómeno del Nulo, (COPEFEN), al señor\n Ab. Francisco Boloña Morales, quien deberá informar\n periódicamente sobre los temas tratados y resultados obtenidos\n en cada una de las reuniones.
Comuníquese. Quito, 29\n de octubre del 2001.
f.) Dr. Carlos Julio Emanuel,\n Ministro de Economía y. Finanzas.
29 de octubre del 2001.
N0\n 275
Articulo Único.- Designar\n delegado, en representación del Ministerio de Economía\n y Finanzas, ante el Consejo Nacional de la Marina Mercante y\n Puertos, al señor Eco. Olmedo Gregorio Farfán González,\n Subsecretario del Litoral, de esta Cartera de Estado.
N°\n 276
Articulo Único.- Designar\n delegado, en representación del Ministerio de Economía\n y Finanzas, ante el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones\n (COMEXI), a la economista María Dolores Almeida Sánchez,\n Subsecretaria de Inversión Pública, de esta Cartera\n de Estado.
N0\n 277
Articulo Único.- Designar\n delegado, en representación del Ministerio de Economía\n y Finanzas, ante el Consejo de Dirección del Sistema de\n Contabilidad Gubernamental, al señor Econ. Luis Fernando\n Pineda, Subsecretario de Contabilidad Gubernamental, encargado.
N0\n 278
Artículo 1.- Dejar sin\n efecto el Acuerdo Ministerial N0 110, expedido el 27 de abril\n del 2001.
Articulo 2.- Designar delegado\n principal en representación del Ministerio de Economía\n y Finanzas, ante el Directorio de Autoridad Portuaria de Esmeraldas,\n al señor Lic. Edgar Aguayo Molina.
f) Dr. Carlos Julio Emanuel,\n Ministro de Economía y Finanzas
f.) Julio César Moscoso\n S., Secretario General del Ministerio de Economía y Finanzas
N0\n 279
Articulo Único.- Delegar\n al señor Ing. Galo A. Farfán Pacheco, Subsecretario\n de Presupuestos, de esta Cartera de Estado, para que me represente\n en la sesión de Directorio, del Banco de Estado, a realizarse\n el día lunes 29 de octubre del 2001.
f) Julia César Moscoso\n S., Secretario General del Ministerio de Economía y Finanzas.
N0\n 2001-30
EL CONSEJO NACIONAL\n DE ZONAS FRANCAS (CONAZOFRA)
Que, el penúltimo inciso\n del articulo 4 de la Codificación de la Ley de Contratación\n Pública, sustituido por el artículo 62 de la Ley\n para la Transformación Económica del Ecuador, expedido\n mediante Ley N0 2000-4 de 29 de febrero del 2000, publicada en\n el Suplemento al Registro Oficial N0 34 de 13 de marzo del mismo\n alío, dispone que la adquisición de bienes muebles,\n la ejecución de obras y la prestación de servicios\n no regulados por la Ley de Consultaría, cuya cuantía\n sea inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente\n 0.00002 por el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente\n ejercicio económico, no se sujetará a los procedimientos\n precontractuales previstos en la Ley de Contratación Pública,\n pero para celebrar los contratos respectivos, se observarán\n las normas reglamentarias pertinentes que para el efecto dictará\n cada uno de los organismos contratantes;
Que, el artículo 59 de\n la Ley Orgánica de Administración Financiera y\n Control, establece que, en cada entidad del sector público\n deben existir funcionarios ordenadores de gasto y de pagos;
Que, es necesario reglamentar\n los procesos internos para la ejecución de obras, adquisición\n de bienes y prestación de servicios no regulados a la\n Ley de Consultoria;
Que, el Consejo Nacional de Zonas\n Francas (CONAZOFRA), en sesión celebrada el 8 de octubre\n del 2001, aprobó el Reglamento de contratación\n para la adquisición de bienes y prestación de servicios;\n y,
Expedir el siguiente: Reglamento\n de contratación para la adquisición de bienes y\n prestación de servicios no regulados por la Ley de Consultoria\n del Consejo Nacional de Zonas Francas'.
Art.1.- Ámbito.- El presente\n reglamento se aplicará en los casos de adquisición\n de bienes y prestación de servicios no regulados por la\n Ley de Consultoria, cuya cuantía no exceda el valor que\n resulte de multiplicar el coeficiente 0.00002 por el monto del\n presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio\n económico.
ORDENADOR DE GASTO Y ORDENADORES\n DE PAGO
Art. 2.- Ordenador de gastos.-\n Es ordenador de gastos y competente para autorizar las contrataciones:
a) Sin límite de cuantía\n el Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA) y.
b) El Director Ejecutivo citando\n a cuantía sea inferior al valor que resulte de multiplicar\n el coeficiente 0.000003 (tres millonésimos) por el monto\n del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio\n económico.
Art. 3.- Ordenadores de pagos.-\n El Coordinador Administrativo-Financiero o quienes hagan sus\n veces, serán los responsables de ordenar los pagos siempre\n y cuando la documentación se encuentre en orden y autorizada\n por el respectivo ordenador de gasto.
Art. 4.- Registro de Proveedores.-\n El Coordinador Administrativo-Financiero, para facilitar la contratación\n directa y la selección de cotizaciones, deberá\n mantener actualizado el Registro de proveedores.
Art. 5.- Convocatoria de invitación.-\n El Coordinador Administrativo-Financiero, en el mes de enero\n de cada año, convocará por la prensa a la personas\n naturales y/o jurídicas para que se inscriban en el Registro\n de Proveedores. Sin embargo en el transcurso del ejercicio fiscal,\n pueden inscribirse y calificarse otras personas naturales y/o\n jurídicas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos\n para tal efecto por el Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)\n y presenten la documentación necesaria.
Art. 6.- Otros proveedores.-\n En caso de que ninguno de los constantes en el Registro de Proveedores\n se encontrase en capacidad de atender los requerimientos del\n Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA), la Coordinación\n Administrativa-Financiera podrá solicitar cotizaciones\n a otros que se incorporarán a dicho registro.
Art. 7.- Montos para solicitar\n cotizaciones.- El Coordinador Administrativo-Financiero solicitará\n en forma directa, cotizaciones de conformidad con el siguiente\n detalle;
\n a) Hasta US$ 500 1 cotización.
\n b) De US$ 501 a US$ 1000 2 cotizaciones.
\n c) De US$ 1001 en adelante 3 cotizaciones.
Art. 8.- Excepciones.- Los procesos\n de adquisición, cuyo valor supere las cantidades enunciadas\n en los literales b) y c) del articulo anterior se podrán\n realizar con una sola cotización en los siguientes casos:
a) Si en el mercado existe un\n solo proveedor legalmente autorizado para vender el bien, prestar\n el servicio o ejecutar la obra requerida;
b) Si implica la utilización\n de patentes, derechos, licencias o marcas exclusivas;
c) Si requiere adquirir al proveedor\n principal de los bienes, con objeto de completar el mobiliario\n o las adecuaciones en una cantidad administrativa, con el propósito\n de mantener el diseño y uniformar los bienes; y,
d) Cuando convenga el interés\n institucional.
DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES Art.\n 9.- Modalidades de contratación:
a) Para montos superiores a quinientos\n dólares se requerirá la suscripción de contrato;\n y,
b) Para montos inferiores a quinientos\n dólares se requerirá la emisión de una orden\n de compra o trabajo.
Art. 10.- Garantías.-\n Previamente a la suscripción de un contrato o a la recepción\n de anticipos, el contratista debe rendir las garantías,\n en la forma, condiciones y términos señalados en\n el Capítulo IV, Titulo V de la Ley de Contratación\n Pública, únicamente se aceptará las formas\n de garantía previstas en los literales b) y c) del Art.\n 73 de la misma ley.
Art. 11.- Registro y notificación.-\n La Coordinación Administrativa-Financiera mantendrá\n el registro y custodia de las garantías rendidas en los\n contratos y será responsable de notificar su vencimiento,\n con por lo menos quince días de anticipación, a\n las áreas encargadas de vigilar la ejecución del\n contrato.
Art. 12.- Renovación y\n ejecución.- Notificados los funcionarios responsables\n de las áreas que deben vigilar la ejecución del\n contrato, estarán obligados a requerir de inmediato al\n contratista la renovación de las garantías o solicitar\n su ejecución a la Coordinación Administrativa-Financiera.
Art. 13.- Contrato.- Instrumento\n legal que elabora el Asesor Jurídico o la dirección\n respectiva, en base al modelo que para tal efecto haya otorgado\n la Asesoría Jurídica en cuyo caso deberán\n remitirse a esta misma unidad para la revisión y visto\n bueno respectivo.
El contrato será elaborado\n en original y tres copias.
Una vez suscrito los contratos,\n se inscribirán en el Registro de Contratos que para el\n efecto mantiene el Asesor Jurídico en el cual constarán\n tales instrumentos fechados y numerados en su orden cronológico.
El expediente que contenga el\n original del instrumento y de las garantías, se remitirá\n a la Coordinación Administrativa-Financiera.
La primera copia y una de las\n garantías se remitirán a la unidad operativa correspondiente.
La segunda copia se archivará\n en la Asesoría Jurídica. La tercera copia será\n entregada al contratista.
Art. 14.- Orden de compra o trabajo.-\n Instrumento legal que contiene un requerimiento de trabajo u\n obra, formulado por el Coordinador Administrativo-Financiero\n o la unidad operativa correspondiente a una persona natural o\n jurídica, inscrita en el Registro de Proveedores.
La orden de compra o trabajo\n se emitirá en formularios numerados, en original y dos\n copias.
El expediente que contenga el\n original de orden y la correspondiente factura, se remitirá\n al Coordinador Administrativo-Financiero
La segunda copia se archivará\n en la Coordinación Adminis-trativa-Financiera o unidad\n operativa correspondiente.
Art. 15.- Para las contrataciones\n directas cuya cuantía sea superior a quinientos dólares.
1. Requerimiento.- Documento\n emanado de cualquier unidad operativa del Consejo Nacional de\n Zonas Francas, (CONAZOFRA), que contenga la necesidad de suscribir\n contratos de los previstos en el artículo 1 de este reglamento.\n Adicionalmente deberán agregarse:
a) Términos técnicos\n de referencia.- Que contendrán las características\n y condiciones técnicas mínimas que debe reunir\n el bien, obra o el servicio a contratar; y,
b) Presupuestos referenciales.-\n Las unidades operativas determinarán el presupuesto referencial,\n sobre la base de precios reales en el mercado del bien a adquirirse,\n de la obra a ejecutarse o del servicio a contratarse.
2. Aceptación a trámite.-\n Documento emitido por el Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)\n o el Director Ejecutivo, adjunto al expediente recibido, que\n manifieste la aceptación expresa de la propuesta presentada\n por la dirección o unidad operativa y disponga al Director\n o funcionario correspondiente, la continuación del trámite.
3. Informe administrativo. -\n Documento remitido por el Coordinador Administrativo-Financiero\n o quien corresponda al Director Ejecutivo, que contendrá:
a) Términos administrativos\n de referencia: Que contendrá por lo menos:
\n Forma de pago; y, Modalidad y lugar de entrega;
b) Cuadro comparativo de ofertas\n con sus correspondientes recomendaciones; y,
c) Certificación de partida\n presupuestaria.- Documento emitido por el . Coordinador Administrativo-Financiero\n el cual indicará la existencia de fondos suficientes así\n como la determinación de la partida presupuestaria a la\n cual se aplicará el gasto.
4. Aprobación.- Documento\n remitido por el Consejo Nacional de Zonas Francas o el Director\n Ejecutivo, al Asesor Jurídico o al Coordinador Administrativo-Financiero\n o unidad operativa correspondiente disponiendo la elaboración\n del contrato o la emisión de la orden de compra o de trabajo\n respectiva.
5. Suscripción de contrato\n o emisión de orden de compra
\n o trabajo. - Una vez completados todos los procedimientos se\n procederán a la suscripción del contrato o de la\n orden de compra o trabajo por parte del Director Ejecutivo.
Art. 16.- Para contrataciones\n directas cuya cuantía sea inferior a quinientos dólares:\n El Coordinador Administrativo-Financiero, podrá realizar\n la contratación para la adquisición de bienes y\n prestación de servicios, cuyo presupuesto referencial\n sea inferior a $ 500 dólares con una oferta que solicitará\n a las personas naturales y/o jurídicas, inscrita en el\n Registro de Proveedores o en el Registro de Consultores, previo\n el cumplimiento del numeral 1 del Art. 15 de este reglamento.
Para el pago correspondiente\n deberá remitir al Coordinador Administrativo-Financiero\n el informe administrativo conforme consta en el numeral 3 del\n Art. 15 de este reglamento, acompañando el expediente\n conforme el artículo 17 y la correspondiente orden de\n compra o trabajo por él suscrita.
Art. 17.- Expediente y documentos\n habilitantes.- Para efectos de control, el expediente se conformará\n con los siguientes documentos habilitantes:
\n Términos técnicos de referencia;
\n Términos administrativos de referencia; y,
\n Certificación de partida presupuestaria.
Adicionalmente debe acompañarse\n los siguientes documentos, según el caso:
a) Para adquisición de\n bienes:
Copias de cédula de ciudadanía\n y del registro único de contribuyentes; y, Certificado\n de la Contraloría General del Estado de no haber sido\n declarado adjudicatario fallido o contratista incumplido.
Documento que acredite la personería\n jurídica; Nombramiento del representante legal (debidamente\n legalizado);
\n Certificado de la Superintendencia de Compañías\n sobre el cumplimiento de obligaciones; y, Certificado de la Contraloría\n General del Estado de no constar en el Registro de Contratistas\n Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos.
b) Para ejecución de obras:
Copia de cédula de ciudadanía\n y del registro único de contribuyentes;
\n Certificado de afiliación del colegio profesional al que\n pertenece;
\n Certificado de afiliación a la Cámara de Construcción\n correspondiente; y, Certificado de la Contraloría General\n del Estado de no constar en el Registro de Contratistas Incumplidos\n y Adjudicatarios Fallidos.
Documento que acredite la persona\n jurídica; Nombramiento del representante legal (debidamente\n legalizado);
\n Certificado de la Superintendencia de Compañías\n sobre el cumplimiento de obligaciones; y, Certificado de la Contraloría\n General del Estado de no constar en el Registro de Contratistas\n Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos;
c) Para prestación de\n servicios:
Copias de cédula de ciudadanía\n y del registro único de contribuyentes;
\n Certificado de la Contraloría General del Estado de no\n constar en el Registro de Contratistas Incumplidos y
\n Adjudicatarios Fallidos; y,
\n Certificado de hallarse inscrito en el Registro de Consultores\n (en caso de consultorías).
\n Certificado de la Superintendencia de Compañías\n sobre el cumplimiento de obligaciones;
\n Certificado de la Contraloría General del Estado de no\n constar en el Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios\n Fallidos; y, Certificado de hallarse inscrito en el Registro\n de Consultores (en caso de consultorías).
DEL ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO\n DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Art. 18.- Arrendamiento y mantenimiento\n de bienes muebles e inmuebles.- El Coordinador Administrativo-\n Financiero, para cualquier monto, ejecutará el procedimiento\n para el arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles,\n de conformidad con lo previsto en la Ley de Contratación\n Pública.
Art. 19.- Derogatoria.- Derógase\n la Resolución del Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)\n N0 2000-34 de 28 de noviembre del 2000.
Art. 20.- Vigencia.- El presente\n reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial.
De la ejecución del presente\n reglamento encárguese el Presidente, Director Ejecutivo,\n Asesor Jurídico y Coordinador Administrativo-Financiero\n del CONAZOFRA.
Dado en la ciudad de Quito, el\n 12 de octubre del 2001. Comuníquese y cúmplase.
f.) Dr. José Alberto Peñaherrera,\n Presidente.
f.) Nelson Días Suárez,\n Director Ejecutivo. Es fiel copia del original lo certifico.
f.) Nelson Días Suárez,\n Secretario del Consejo Nacional de Zonas Francas.
No.\n 293-2001
Dentro del juicio\n ordinario por reivindicación No. 129-01 que sigue Guillermo\n Manuel Chang Zea en contra de Cecilia Elizabeth Robalino Lainez\n y Norma Sánchez Mayorga, se ha dictado lo siguiente:
Quito, septiembre\n 3 del 2001; las 10h00.
VISTOS: Guillermo Manuel Chang\n Zea deduce recurso de casación contra la sentencia dictada\n por la Primera Sala de la Corte Superior de Babahoyo, en el juicio\n ordinario de reivindicación seguido por él en contra\n de Cecilia Elizabeth Robalino Lainez y Norma Sánchez Mayorga.\n Aduce que en la sentencia se han transgredido los artículos\n 953, 955, 956, 957 y 959 del Código Civil, y los artículos\n 118, 119, 120, 121, 125 y 246 del Código de Procedimiento\n Civil.- Fundamenta el recurso en las causales primera, segunda\n y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación.\n - Por concedido el recurso sube a la Corte Suprema de Justicia\n y, se radica la competencia, por el sorteo de ley, en esta Primera\n Sala de lo Civil y Mercantil, la que en providencia de 28 de\n mayo del 2001, acepta a trámite el recurso. Concluida\n la sustanciación, atento el estado de la causa, para resolver\n se considera: PRIMERO.- El recurrente acusa a la sentencia del\n vicio de actividad o in procedendo previsto en la causal segunda\n del articulo 3 de la Ley de Casación; esto es, por aplicación\n indebida, falta de aplicación o errónea interpretación\n de normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad\n insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren\n influido en la decisión de la causa y que la respectiva\n nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente. Este vicio\n tiene lugar en el juicio ordinario, cuando la sentencia se ha\n pronunciado sobre un proceso viciado de nulidad, por haberse\n omitido alguna de las solemnidades sustanciales comunes a todos\n los juicios e instancias enumeradas en el articulo 355 del Código\n de Procedimiento Civil, o por haberse violado el trámite\n correspondiente a la naturaleza del asunto o l de la causa que\n se está juzgando, prevista en el articulo 1067 del mismo\n código; en todos los casos siempre que el vicio no se\n haya podido convalidar, haya influido en la decisión de\n la causa o provocado indefensión.- Del examen del proceso\n se observa que no hay omisión de solemnidad sustancial\n alguna ni tampoco que se haya violado el trámite; en esta\n virtud, la acusación del recurrente de que la sentencia\n adolece del vicio previsto en la causal segunda del artículo\n 3 de la Ley de Casación, no es admisible. SEGUNDO.- Otra\n de las acusaciones del recurrente, apoyada en la causal tercera\n del artículo 3 de la Ley de Casación, es la de\n que en la sentencia existe yerro en la valoración probatoria,\n porque a su criterio, con los medios de prueba que aportó\n al proceso, particularmente con las declaraciones testimoniales,\n ha justificado plenamente los elementos constitutivos de la acción\n reivindicatoria propuesta. Acerca de este cargo se hacen las\n consideraciones que siguen. TERCERO.- La sentencia recurrida\n dictada por la mayoría de ministros de la Primera Sala\n de la Corte Superior de Babahoyo, rechaza la demanda con este\n fundamento central: ".. . Siendo uno de los requisitos fundamentales\n para la procedencia de la acción de reivindicación\n de dominio la de la singularización del bien inmueble\n a reivindicarse, según así lo exige el precitado\n Art. 953 del Código Civil, el actor debía cumplir\n con esta formalidad en el libelo de su demanda y de la revisión\n de la prueba producida en esta causa, se advierte que existe\n diferencia sustancial entre lo que dice el demandante en su demanda\n y lo observado por la comitiva judicial en la inspección\n judicial llevada al cabo al bien raíz materia de este\n enjuiciamiento, cuya acta obra a fojas 29 A y vlta. Por tanto,\n al no existir uno de los presupuestos de la acción reivindicatoria,\n la demanda de reivindicación de dominio propuesta por\n Guillermo Manuel Chang Zea es inepta...". CUARTO. - Como\n ha resuelto esta Sala en numerosos casos, para que prospere la\n acción reivindicatoria o de dominio de un inmueble, el\n actor debe probar los siguientes requisitos: 1.- Que es el titular\n del dominio; 2.- Que el demandado es el poseedor del inmueble\n que reivindica; 3.- Que el predio descrito en la demanda es el\n mismo en que está en posesión el demandado; y,\n 4.- Que el predio descrito en la demanda y poseído por\n el demandado está comprendido en el título adquisitivo\n de dominio en que el actor respalde su afirmación de ser\n propietario o titular del derecho de dominio. QUINTO.- Puesto\n que los derechos se adquieren, transforman o extinguen con motivo\n o causa de los hechos, es primordial para que tenga éxito\n la pretensión contenida en la demanda, que el actor compruebe\n o acredite debidamente los hechos afirmados en dicha demanda.\n Se entiende por hechos en su expresión jurídica\n amplia todo lo que puede ser percibido y no es una simple idea\n abstracta o idea pura. Esta comprobación se hace por los\n medios de prueba enumerados por el artículo 125 del Código\n de Procedimiento Civil, que la doctrina los ha clasificado en\n directos, por cuanto existe un contacto inmediato del Juez con\n los motivos de prueba, e indirectos, en los cuales a falta de\n aquel contacto directo del Juez se acude a una especie de representación\n de los motivos de prueba o a un sistema lógico de deducciones\n o inducciones. Ejemplo típico de medio de prueba directo\n es la inspección judicial, y ejemplo típico de\n prueba indirecta es la declaración testimonial. El artículo\n 246 del Código Civil define a la inspección judicial\n como el examen o reconocimiento que el Juez hace de la cosa litigiosa\n o controvertida para juzgar de su estado y circunstancias. Es\n evidente que el reconocimiento judicial efectuado por el mismo\n Juez tiene la más alta jerarquía para que arribe\n a la convicción de la verdad, puesto que se excluye todo\n intermediario y proporciona una apreciación muy superior\n a la que derivaría del conocimiento por representación.\n La inspección judicial, por su propia naturaleza es, pues,\n la más importante de todas la pruebas; de ahí que\n sea indispensable, y no pueda ser substituida por declaraciones\n de testigos en asuntos que versan sobre localidades, linderos,\n y otros casos análogos, que demanda examen ocular del\n Juez, como prevé el artículo 252 del código\n citado. SEXTO.- La identificación física del predio\n cuya reivindicación se pretende es en la acción\n reivindicatoria un hecho básico para demostrar la identidad\n bifronte mencionada en los números 3 y 4 del considerando\n cuarto. Dicha identificación debe hacerse por la percepción\n directa o examen ocular del Juez en la inspección judicial.\n No cabe esta identificación con declaraciones testimoniales,\n a las que puede acudirse solo para comprobar las variaciones\n que en el transcurso del tiempo, desde la fecha del título\n adquisitivo de dominio hasta la fecha de inspección, han\n sufrido ya sea la ubicación del predio por razones de\n cambio en la división territorial o reajustes urbanísticos\n o ya sea por cambio de los propietarios colindantes u otras circunstancias\n de carácter histórico que no pueden ser constatadas\n personalmente por el Juez. - Un elemento primordial para la identificación\n de un inmueble son sus linderos, ellos le dan su configuración\n peculiar, por lo cual el Juez en la inspección judicial\n debe reconocerlos personalmente y hacerlos constar detalladamente\n en el acta respectiva, para que esos linderos puedan ser cotejados\n con los señalados en la demanda y con el título\n en que respalde el actor su afirmación de que es el titular\n del dominio del inmueble cuya reivindicación pretende.\n SÉPTIMO.- El actor en su libelo de demanda, en resumen,\n expresa: Que, en su estado civil de soltero, adquirió\n por compra a la señora Ninfa Evarista Prieto Pineda un\n solar de terreno de la superficie de 200 metros cuadrados, cuya\n ubicación y linderos singulariza; que contrajo matrimonio\n con la señora Norma Dolores Mayorga Ortega, con la cual\n se constituyó sociedad conyugal; que durante el matrimonio,\n su cónyuge construyó una casa en el solar antedicho;\n que las señoras Norma Sánchez Mayorga y Cecilia\n Robalino, desde el mimes de junio de 1994 hasta la fecha, se\n encuentran en posesión material de toda la planta baja\n de la casa construida por su mujer, actualmente fallecida.- Con\n tales fundamentos de hecho, concretamente formula la siguiente\n pretensión "En virtud de los antecedentes expuestos\n concurro ante usted señor juez y demando la reivindicación\n de inmuebles compuesto de terreno y casa: (dos departamentos)\n cosas singulares que quedan descritas y que no estoy en posesión.\n .". De acuerdo con la carga de la prueba impuesta por el\n artículo 117 del Código de Procedimiento Civil,\n al actor le incumbía probar los hechos afirmados en la\n demanda y negados por las demandadas, particularmente la que\n los departamentos descritos en la demanda están comprendidos\n en el titulo de dominio en que el actor respalde ser el propietario\n o titular del derecho de dominio. OCTAVO.- En la inspección\n realizada en primera instancia (fojas 29-A del cuaderno de primer\n nivel) el Juez, al hacer sus observaciones, deja constancia de\n aspectos generales sobre la ubicación del inmueble reconocido,\n pero nada dice sobre los linderos que lo identifique debidamente.\n En esta virtud, la conclusión a que llega el Tribunal\n ad quem en la sentencia recurrida es correcta, cuando dice: "...\n se advierte que existe diferencia sustancial entre lo que dice\n el demandante en su demanda y lo observado por la comitiva judicial\n en la inspección judicial llevada a cabo al bien raíz\n materia de este enjuiciamiento, cuya acta obra a fojas 29-A vlta..\n . ". En definitiva, esta es una conclusión válida\n para que sirva como fundamento para rechazar la demanda por falta\n de prueba. Por lo dicho, en la sentencia recurrida, no existe\n yerro en la valoración probatoria; ni existe transgresión\n de los artículos 118, 115, 120, 121, 125 y 246 del Código\n de Procedimiento Civil invocados por el recurrente, quien no\n ha demostrado en forma alguna en qué consiste dicha transgresión.\n Consecuentemente no tiene sustento la acusación respaldada\n en la causal tercera del articulo 3 de la Ley de Casación.\n NOVENO.- Cuando el recurrente acusa a la sentencia por la causal\n primera del artículo 3 de la Ley de Casación está\n reconociendo que son correctas las conclusiones a las que ha\n arribado el Tribunal ad quem sobre el material probatorio; de\n ahí que cuando se acusa a la sentencia del vicio previsto\n en esta causal, el recurrente debe centrar los fundamentos de\n su recurso sobre los textos legales que estimen han sido aplicados\n indebidamente, no han sido aplicados o han sido erróneamente\n interpretados, presidiendo de toda consideración que signifique\n discrepancia con las apreciaciones fácticas del Tribunal\n ad quem. En el recurso de casación interpuesto por (Guillermo\n Manuel Chang Zea se hace justamente lo contrario; pues su acusación\n la fundamenta en discrepancias que él tiene con las conclusiones\n sobre las pruebas a que llega el juzgador de segunda instancia;\n su argumento reiterado es el de que con los medios de prueba\n aportados al proceso ha probado plenamente los elementos fácticos\n de la acción reivindicatoria planteada.- En síntesis,\n el recurso de casación respaldado en la causal primera\n del articulo 3 de la Ley de Casación está formulado\n indebidamente y, por ende se lo desestima. Por las consideraciones\n expuestas la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n rechaza el recurso de casación interpuesto por Guillermo\n Manuel Chang Zea. Con costas, sin honorarios que regular en esta\n etapa procesal. Notifíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Galo Galarza Paz,\n Santiago Andrade Ubidia, Ernesto Albán Gómez, Ministros\n Jueces.
Esta copia es igual a su original.\n Certifico. Quito, 3 de septiembre del 2001.
f) Dra. Isabel Garrido Cisneros,\n Secretaria Relatora.
No.\n 297-2001
Dentro del juicio\n ordinario por prescripción extraordinaria adquisitiva\n de dominio No. 145-01 que siguen Fausto Enrique Manzaba y Francisca\n Arana Zambrano en contra de César Augusto Guevara Veintimilla\n se ha dictado lo siguiente:
Quito, a 21 de\n septiembre del 2001; las 09h35.
VISTOS; César Augusto\n Guevara Veintimilla deduce recurso de casación contra\n la sentencia pronunciada por la. Sexta Sala de la Corte Superior\n de Quito, en el juicio de prescripción extraordinaria\n adquisitiva de dominio seguido por Fausto Enrique Manzaba y Francisca\n Arana Zambrano contra aquél. Aduce que en la sentencia\n se han transgredido los artículos 734, 2422, 2416, 748,\n 2434 y 2435 del Código Civil, y los artículos 71\n numeral 80, 72 numeral 40, 73 inciso 20, 75 y 355 del Código\n de Procedimiento Civil. Funda su recurso explícitamente\n en la causal 1ª del artículo 3 de la Ley de Casación,\n pero al invocar también el artículo 355 del Código\n de Procedimiento Civil también ha de concluirse que lo\n hace con fundamento en la causal segunda de dicha norma Concedido\n el recurso sube a la Corte Suprema de Justicia y, por el sorteo\n de ley, se radica la competencia en esta Primera Sala de lo Civil\n y Mercantil, la que en providencia de 13 de junio del 2001 admite\n a trámite el recurso. Concluida la sustanciación,\n atento el estado de la causa, para resolver se considera: PRIMERO.-\n El artículo 24 de la Constitución Política\n de la República del Ecuador actualmente vigente, al igual\n que lo hacía las anteriores, reconoce y garantiza el derecho\n de defensa y, consecuentemente, que toda persona sea oportuna\n y debidamente informada de las acciones iniciadas en su contra.\n Dentro de este precepto constitucional, la Ley Procesal establece\n como una de las solemnidades sustanciales comunes a todos los\n juicios e instancias la citación de la demanda al demandado\n (artículo 355, causal 48 del Código de Procedimiento\n Civil). Este acto procesal no solo que garantiza el debido proceso\n preceptuado por la Constitución sino que también\n produce los trascendentales efectos señalados por el articulo\n 101 del Código de Procedimiento Civil, que son: 1ª.-\n Dar prevención en el juicio al Juez que mande hacerla;\n 2°.- Interrumpir la prescripción; 3°.- Obligar\n al citado a comparecer ante el Juez para deducir excepciones;\n 4°.- Constituir al demandado poseedor de mala fe e impedir\n que haga suyos los frutos de la cosa que se le demanda, según\n lo dispuesto en el Código Civil; y 5°.- Constituir\n al deudor en mora, según lo prevenido en el mismo Código.-\n Dada la importancia vital de la citación, la ley le ha\n rodeado de especiales formalidades, cuyo incumplimiento le vuelve\n nula e. ineficaz; siempre, desde luego, que no sea susceptible\n de convalidación o saneamiento. SEGUNDO.- Citación,\n dice el inciso primero del artículo 77 del Código\n de Procedimiento Civil, es el acto por el cual se hace saber\n al demandado el contenido de la demande y del acto preparatorio\n y las providencias recaídas en esos escritos.- Ordinariamente,\n la citación debe hacerse personalmente al demandado, en\n cualquier lugar que se le encuentre, entregándole la boleta\n respectiva, la que contendrá copia de la demande y la\n providencia recaída. Obviamente, para hacerse la citación\n personal, el citador ha de conocerle al citado o ha de identificarle\n por su cédula de identidad o pasaporte; de no adoptar\n esta precaución, puede citarse a persona distinta, con\n las graves consecuencias que ello trae consigo. Si no se pudiere\n hacer la citación personalmente al demandado, debe citársele\n por tres boletas dejadas, en tres días distintos, en la\n habitación que ha designado el actor para tal objeto en\n la demande, en cumplimiento de lo dispuesto en el ordinal 70\n del artículo 71 del Código de Procedimiento Civil.\n En todo caso, el citador debe dejar las boletas solamente cuando\n se haya cerciorado de que en ese domicilio vive la persona que\n ha de ser citado. Nuestro Código de Procedimiento Civil\n no contempla que la citación por boleta pueda hacerse\n en el lugar en donde trabaja el citado, a menos claro está\n que se le encuentre allí personalmente. Si el demandado\n fuere comerciante, puede también dejarse las boletas a\n más de en la habitación del demandado en el establecimiento\n de comercio, siempre que estuviere abierto. Además esta\n citación debe hacerse sólo en horas hábiles,\n esta es una excepción a la regla de que las citaciones\n pueden realizarse en cualquier día y hora. La citación\n está confiada a un servidor judicial llamado "citador",\n quien debe reunir especiales condiciones de idoneidad, en vista\n de que las actas que sienta en el proceso sobre la citación\n son instrumentos públicos y, por tanto, hacen fe pública.\n Nuestra legislación prevé igualmente formas especiales\n de citación a los ministros plenipotenciarios y más\n agentes diplomáticos extranjeros, Procurador General de\n Estado, a las comunidades indígenas, a los funcionarios\n estatales en casos determinados. Así mismo prevé\n la citación mediante comisión, exhorto y carta\n rogatoria cuando el citado no se encuentra en el lugar del juicio.\n TERCERO.- Otra de las formas de citación es la publicación\n por la prensa de extractos de la demanda y providencia recaídas,\n según dispone el artículo 86 del Código\n de Procedimiento Civil, que dice: "A personas cuya individualidad\n o residencia sea imposible determinar se citará por tres\n publicaciones que se harán, cada una de ellas en fecha\n distinta, en un periódico de amplia circulación\n del lugar; de no haberlo, se harán en un periódico\n de la capital de la provincia, así mismo de amplia circulación;\n si tampoco all&iac

References: Resolución 

Artículo 1
 artículo 62
 artículo 59
 artículo 1
 artículo 17
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 125
 artículo 252
 artículo 117
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 355
 artículo 24
 artículo 77
 artículo 71
 artículo 86