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Timestamp: 2019-10-15 07:41:22+00:00

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octubre | 2013 | Blog de GROVER CORNEJO YANCCE
Excluyen la violencia doméstica de la mediación
Raúl Podestá, Graciela Muñiz Saavedra, Darío Mattio y José Russo en un alto de la extensa sesión legislativa de ayer.
00:29 24/10/2013Se convirtió en ley el mecanismo de resolución de conflictos opcional al proceso penal. Se debatió durante dos horas la incorporación de los conflictos familiares y de género.
NEUQUÉN (AN).- Al aprobar en particular
la ley Nº 2879 del programa de Mediación Penal la Legislatura excluyó a
los hechos de violencia doméstica o de género por considerarlos de una
gravedad que no admite esa instancia.
Para ello, los diputados
modificaron en el recinto el despacho original, tras un debate de más de
dos horas sobre el artículo 3º que en su parte final también excluye de
la mediación a delitos cometidos por un funcionario político en el
Según informó la Legislatura en un informe de prensa, implica que esos delitos van en forma directa a un proceso judicial.
La votación fue transversal a los bloques y por un voto (12 a 11) se
impuso el texto que indica la exclusión explícita de hechos de violencia
de género en la mediación.
La iniciativa la impulsó Jesús Escobar
(MLS), y sumó argumentos de Maria Carnaghi (MPN), Daniel Baum (UP),
Ricardo Rojas (MID) y Manuel Fuertes (NCN), entre otros. La
vicegobernadora Ana Pechen destacó la calidad del debate y dijo que si
le hubiera tocado votar, en caso de empate, apoyaba la exclusión de la
violencia de género de la mediación penal.
El proyecto fue enviado por el TSJ, mediante acordada y en el tratamiento legislativo,
que incluyó las comisiones A y B y la de interpoderes (que integran
representantes de los 3 poderes), se le hicieron modificaciones. Entre
ellas, la exclusión de la violencia de género como conflicto sujeto a
Generalmente los proyectos de ley que tienen media
sanción (ya había sido votado en general), el tratamiento en particular
es un procedimiento formal ágil. Tal antecedente no ocurrió en esta ley.
Esta es la primera ley del paquete de normas complementarias para aplicar desde el año próximo la reforma procesal penal.
planteó mantener el texto original de la ley por considerar que no es
un delito que pueda quedar a criterio de oportunidad del fiscal.
Russo (MPN) dijo que la ley plantea un sistema genérico de mediación,
en contraposición a leyes específicas para violencia de género.
Fuertes (NCN) afirmó que la violencia de género comprende cuestiones
que no son mediables, y a la vez, dijo que “las políticas de persecución
penal las fijan los parlamentos, nacional, provincial y no los
ministerios públicos fiscales”.
A su turno, María Angélica
Carnaghi enfatizó la necesidad de enviar un mensaje a la sociedad en el
que quede claro “que un delito de violencia contra la mujer no es
mediable”.
Esta entrada fue publicada en 1MEDIACION EN ARGENTINA el 28 octubre, 2013 por GROVER CORNEJO YANCCE.
aprueban el ROF de la SUNARP
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APRUEBAN ROF DE LA SUNARP
DECRETO SUPREMO 012-2013-JUS
.d_s_n-_012-2013-jus_-_rof_de_sunarp.pdf
Esta entrada fue publicada en DERECHO REGISTRAL el 22 octubre, 2013 por GROVER CORNEJO YANCCE.
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La presente Ley tiene por objeto prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos y otros bienes jurídicos de relevancia penal, cometidas mediante la utilización de tecnologías de la información o de la comunicación, con la finalidad de garantizar la lucha eficaz contra la ciberdelincuencia.
El que accede sin autorización a todo o parte de un sistema informático, siempre que se realice con vulneración de medidas de seguridad establecidas para impedirlo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con treinta a noventa días multa.
Será reprimido con la misma pena el que accede a un sistema informático excediendo lo autorizado.
Artículo 5. Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos
El que, a través de las tecnologías de la información o de la comunicación, contacta con un menor de catorce años para solicitar u obtener de él material pornográfico, o para llevar a cabo actividades sexuales con él, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los numerales 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal.
El que crea, ingresa o utiliza indebidamente una base de datos sobre una persona natural o jurídica, identificada o identificable, para comercializar, traficar, vender, promover, favorecer o facilitar información relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera u otro de naturaleza análoga, creando o no perjuicio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.
La pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y de ochenta a ciento cuarenta días multa cuando se afecte el patrimonio del Estado destinado a fines asistenciales o a programas de apoyo social.
El que fabrica, diseña, desarrolla, vende, facilita, distribuye, importa u obtiene para su utilización uno o más mecanismos, programas informáticos, dispositivos, contraseñas, códigos de acceso o cualquier otro dato informático, específicamente diseñados para la comisión de los delitos previstos en la presente Ley, o el que ofrece o presta servicio que contribuya a ese propósito, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con treinta a noventa días multa.
2. El agente comete el delito mediante el abuso de una posición especial de acceso a la data o información reservada o al conocimiento de esta información en razón del ejercicio de un cargo o función.
3. El agente comete el delito con el fin de obtener un beneficio económico, salvo en los delitos que prevén dicha circunstancia.
4. El delito compromete fines asistenciales, la defensa, la seguridad y la soberanía nacionales.
La Policía Nacional del Perú puede mantener en sus archivos, con la autorización y supervisión respectiva del Ministerio Público, material de pornografía infantil, en medios de almacenamiento de datos informáticos, para fines exclusivos del cumplimiento de su función. Para tal efecto, cuenta con una base de datos debidamente codificada.
La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público establecen protocolos de coordinación en el plazo de treinta días a fi n de cumplir con la disposición establecida en el párrafo anterior.
El fiscal, atendiendo a la urgencia del caso particular y con la debida diligencia, puede autorizar la actuación de agentes encubiertos a efectos de realizar las investigaciones de los delitos previstos en la presente Ley y de todo delito que se cometa mediante tecnologías de la información o de la comunicación, con prescindencia de si los mismos están vinculados a una organización criminal, de conformidad con el artículo 341 del Código Procesal Penal, aprobado mediante el Decreto Legislativo 957.
TERCERA. Coordinación interinstitucional de la Policía Nacional del Perú con el Ministerio Público
La Policía Nacional del Perú fortalece al órgano especializado encargado de coordinar las funciones de investigación con el Ministerio Público. A fin de establecer mecanismos de comunicación con los órganos de gobierno del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú centraliza la información aportando su experiencia en la elaboración de los programas y acciones para la adecuada persecución de los delitos informáticos, y desarrolla programas de protección y seguridad.
Con el objeto de garantizar el intercambio de información, los equipos de investigación conjuntos, la transmisión de documentos, la interceptación de comunicaciones y demás actividades correspondientes para dar efectividad a la presente Ley, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los operadores del sector privado involucrados en la lucha contra los delitos informáticos deben establecer protocolos de cooperación operativa reforzada en el plazo de treinta días desde la vigencia de la presente Ley.
Las instituciones públicas involucradas en la prevención y represión de los delitos informáticos deben impartir cursos de capacitación destinados a mejorar la formación profesional de su personal –especialmente de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial– en el tratamiento de los delitos previstos en la presente Ley.
La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) promueve permanentemente, en coordinación con las instituciones del sector público, el fortalecimiento de sus medidas de seguridad para la protección de los datos informáticos sensibles y la integridad de sus sistemas informáticos.
El Estado peruano realiza acciones conjuntas con otros Estados a fin de poner en marcha acciones y medidas concretas destinadas a combatir el fenómeno de los ataques masivos contra las infraestructuras informáticas y establece los mecanismos de prevención necesarios, incluyendo respuestas coordinadas e intercambio de información y buenas prácticas.
El Estado peruano promueve la firma y ratificación de convenios multilaterales que garanticen la cooperación mutua con otros Estados para la persecución de los delitos informáticos.
Para efectos de la presente Ley, se entenderá, de conformidad con el artículo 1 del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, Budapest, 23.XI.2001:
a. Por sistema informático: todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, cuya función, o la de alguno de sus elementos, sea el tratamiento automatizado de datos en ejecución de un programa.
b. Por datos informáticos: toda representación de hechos, información o conceptos expresados de cualquier forma que se preste a tratamiento informático, incluidos los programas diseñados para que un sistema informático ejecute una función.
DÉCIMA. Regulación e imposición de multas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP establece la escala de multas atendiendo a las características, complejidad y circunstancias de los casos aplicables a las empresas bajo su supervisión que incumplan con la obligación prevista en el numeral 5 del artículo 235 del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957.
El juez, en el término de setenta y dos horas, pone en conocimiento del órgano supervisor la omisión incurrida por la empresa, con los recaudos correspondientes sobre las características, complejidad y circunstancias del caso particular, a fin de aplicarse la multa correspondiente.
UNDÉCIMA. Regulación e imposición de multas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones establece la escala de multas atendiendo a las características, complejidad y circunstancias de los casos aplicables a las empresas bajo su supervisión que incumplan con la obligación prevista en el numeral 4 del artículo 230 del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957.
El juez, en el término de setenta y dos horas, pone en conocimiento del órgano supervisor la omisión incurrida por la empresa, con los recaudos correspondientes sobre las características, complejidad y circunstancias del caso particular, a fi n de aplicarse la multa correspondiente.
PRIMERA. Modificación de la Ley 27697, Ley que otorga facultad al fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional
Modifícase el artículo 1 de la Ley 27697, Ley que otorga facultad al fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional, modificado por el Decreto Legislativo 991, en los siguientes términos:
SEGUNDA. Modificación de la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado
Modifícase el numeral 9 del artículo 3 de la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado, en los siguientes términos:
TERCERA. Modificación del Código Procesal
Modifícase el numeral 4 del artículo 230, el numeral 5 del artículo 235 y el literal a) del numeral 1 del artículo 473 del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, en los siguientes términos:
“Artículo 230. Intervención o grabación o registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación
4. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deberán facilitar, en el plazo máximo de treinta días hábiles, la geolocalización de teléfonos móviles y la diligencia de intervención, grabación o registro de las comunicaciones, así como la información sobre la identidad de los titulares del servicio, los números de registro del cliente, de la línea telefónica y del equipo, del tráfico de llamadas y los números de protocolo de internet, que haya sido dispuesta mediante resolución judicial, en tiempo real y en forma ininterrumpida, las veinticuatro horas de los trescientos sesenta y cinco días del año, bajo apercibimiento de ser pasible de las responsabilidades de ley en caso de incumplimiento. Los servidores de las indicadas empresas deberán guardar secreto acerca de las mismas, salvo que se les citare como testigos al procedimiento. El juez fi ja el plazo en atención a las características, complejidad y circunstancias del caso en particular.
Asimismo, cuando por razones de innovación tecnológica los concesionarios renueven sus equipos o software, se encontrarán obligados a mantener la compatibilidad con el Sistema de Intervención y Control de las Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú.
5. Las empresas o entidades requeridas con la orden judicial deberán proporcionar, en el plazo máximo de treinta días hábiles, la información correspondiente o las actas y documentos, incluso su original, si así se ordena, y todo otro vínculo al proceso que determine por razón de su actividad, bajo apercibimiento de las responsabilidades establecidas en la ley. El juez fija el plazo en atención a las características, complejidad y circunstancias del caso en particular.
a) Asociación ilícita, terrorismo, lavado de activos, delitos informáticos, contra la humanidad;”
CUARTA. Modificación de los artículos 162, 183-A y 323 del Código Penal
Modifícanse los artículos 162, 183-A y 323 del Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635, en los siguientes términos:
El que, indebidamente, interfiere o escucha una conversación telefónica o similar será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.
Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último párrafo del artículo 173 o si el agente actúa en calidad de integrante de una organización dedicada a la pornografía infantil, la pena privativa de libertad será no menor de doce ni mayor de quince años.
De ser el caso, el agente será inhabilitado conforme a los numerales 1, 2 y 4 del artículo 36.
El que, por sí o mediante terceros, discrimina a una o más personas o grupo de personas, o incita o promueve en forma pública actos discriminatorios, por motivo racial, religioso, sexual, de factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política o de cualquier índole, o condición económica, con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de tres o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas.
Si el agente es funcionario o servidor público, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años e inhabilitación conforme al numeral 2 del artículo 36.
La misma pena privativa de libertad señalada en el párrafo anterior se impondrá si la discriminación se ha materializado mediante actos de violencia física o mental, o si se realiza a través de las tecnologías de la información o de la comunicación.”
Deróganse el numeral 3 del segundo párrafo del artículo 186 y los artículos 207-A, 207-B, 207-C y 207-D del Código Penal.
En Lima, a los veintisiete días del mes de setiembre de dos mil trece.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil trece.
Esta entrada fue publicada en DERECHO PENAL el 22 octubre, 2013 por GROVER CORNEJO YANCCE.
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La acumulación no procede cuando el imputado tenga la calidad de r Sigue leyendo →
TITULO III PROCESO SUMARISIMO Capítulo I Disposiciones Generales [ 50692 vistas ]
PROCESO UNICO DE EJECUCION ANTES LLAMADO PROCESO EJECUTIVO [ 46807 vistas ]
PROCESOS NO CONTENCIOSOS [ 42019 vistas ]
TITULO II PROCESO ABREVIADO [ 38527 vistas ]
PROCESO CAUTELAR Capítulo I Medidas Cautelares [ 38353 vistas ]

References: resolución 
 artículo 3

Artículo 5
 artículo 36
 artículo 341
 artículo 1
 artículo 235
 artículo 230
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 230
 artículo 235
 artículo 473
 resolución 
 artículo 173
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 186