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Timestamp: 2020-08-04 10:39:19+00:00

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C-537 de 2019
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030038594CC-SENTENCIAC537201913/11/2019CC-SENTENCIA_C_537__2019_13/11/2019300385982019T ENIENDO EN CUENTA QUE EL ART. 1 º DEL A CTO L EGISLATIVO 4 DE 2019 MODIFICÓ EL INCISO SEXTO DEL ART. 267 DE LA C ONSTITUCIÓN P OLÍTICA, ESTO ES, EL PARÁMETRO DE CONTROL INVOCADO EN LA DEMANDA CONTRA EL ARTÍCULO 109, NUMERAL 5 DEL CPACA, LA C ORTE SE INHIBIÓ DE PROFERIR UNA DECISIÓN DE FONDO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD, POR HABERSE PRODUCIDO LA DEROGATORIA TÁCITA DE LA NORMA DEMANDADA
Jorge Manuel Ortiz Guevara y José Daniel Ortiz OlarteCONSTITUCIONALIDAD13/11/2019Diana Fajardo RiveraDemanda de inconstitucionalidad contra los artículo 109 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” y 35 (parcial) de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia”.D-13202Identificadores20030206972true1316639original30181359Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículo 109 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” y 35 (parcial) de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia”.
TENIENDO EN CUENTA QUE EL ART. 1º DEL ACTO LEGISLATIVO 4 DE 2019 MODIFICÓ EL INCISO SEXTO DEL ART. 267 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ESTO ES, EL PARÁMETRO DE CONTROL INVOCADO EN LA DEMANDA CONTRA EL ARTÍCULO 109, NUMERAL 5 DEL CPACA, LA CORTE SE INHIBIÓ DE PROFERIR UNA DECISIÓN DE FONDO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD, POR HABERSE PRODUCIDO LA DEROGATORIA TÁCITA DE LA NORMA DEMANDADA
Jorge Manuel Ortiz Guevara y José Daniel Ortiz Olarte
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos Jorge Manuel Ortiz Guevara y José Daniel Ortiz Olarte presentaron demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 109 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” y 35 (parcial) de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia”.[1]
5. Proveer las faltas temporales del Contralor General de la República”.
4. Proveer las faltas temporales del Contralor General de la República”.
1. Los accionantes consideran que las normas demandadas vulneran el inciso 6 del artículo 267 de la Constitución Política. En su concepto existe una clara contradicción entre lo dispuesto en la citada norma constitucional y las normas demandas, ya que mientras estas últimas atribuyen a la Sala Plena del Consejo de Estado la facultad de proveer las faltas temporales del Contralor General de la República, el texto constitucional señala que solamente el Congreso de la República es el ente encargado de ejercer dicha función.
2. Explican que, si bien el texto original del inciso 6 del artículo 267 de la Constitución Política indicaba que las faltas temporales del Contralor General de la República eran provistas por el Consejo de Estado, el Acto Legislativo 02 de 2015, “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”, modificó aspectos relativos a la elección del Contralor General de la República y dispuso que solamente el Congreso de la República podía proveer las faltas absolutas y temporales de este funcionario. Por tanto, señalan en la demanda:
3. De otra parte, los demandantes advierten que, si bien esta Corte ya se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 35 de la Ley 270 de 1996 mediante sentencia C-037 de 1996, en la que declaró la exequibilidad de dicha norma, no existe cosa juzgada constitucional porque la comparación de las normas no es la misma. En efecto, en la citada sentencia el parámetro de control fue el inciso 6 del anterior artículo 267 de la Constitución Política en su versión original, mientras que en la demanda que se propone en esta oportunidad la norma constitucional que sirve de parámetro es el artículo 267 constitucional modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015.
1. El Procurador General de la Nación, en ejercicio de las facultades previstas en los numerales 2 y 5 de los artículos 242 y 278 de la Constitución Política, respectivamente, emitió el Concepto número 6602 de 10 de julio de 2019, por medio del cual solicitó a la Corte Constitucional que, de manera principal, se declare inhibida para conocer de la presente demanda debido a la derogatoria de las disposiciones demandadas y, de manera subsidiaria, se declaren inexequibles el numeral 5 del artículo 109 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 270 de 1996 que establecen a la Sala Plena del Consejo de Estado la atribución de proveer las faltas temporales del Contralor General de la República.
2. Para comenzar, la Procuraduría General de la Nación reseñó la jurisprudencia constitucional que indica que la legislación expedida con anterioridad a la Constitución conserva su vigencia salvo que resulte manifiestamente contraria a sus principios, caso en el cual deben entenderse derogada, por lo que no es necesario un pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional. Al respecto explicó: “las disposiciones son manifiestamente inconstitucionales, razón por la cual están derogadas, pues en el modelo actual del artículo 267 se establece que solo el Congreso puede proveer las faltas temporales del Contralor General de la República y las disposiciones acusadas establecen esa competencia en cabeza de la Sala Plena del Consejo de Estado. Por otra parte, el Ministerio Público no cuenta con pruebas que acrediten que las disposiciones están produciendo efectos”.[7]
3. En segundo término, la Procuraduría advirtió que, en caso de que la Corte considere que hay lugar a un pronunciamiento de fondo porque las normas demandadas no eran evidentemente inconstitucionales o aún producen efectos, se debía declarar la inexequibilidad de estas. Aclaró que no existe cosa juzgada constitucional a pesar de que la Corte ya declaró la exequibilidad del artículo 35 de la Ley 270 de 1996, debido a que cambió el parámetro de control. Sobre el fondo del asunto, consideró que, de acuerdo a los antecedentes legislativos del Acto Legislativo 02 de 2015, era claro que una de sus finalidades era la de eliminar las funciones electorales en los órganos de cierre de la Administración de Justicia, por lo que la supresión de la facultad que tenía el Consejo de Estado para proveer las faltas temporales del Contralor General de la República y asignarla al Congreso de la República respondía al objetivo de la reforma introducida en el citado Acto Legislativo, razón por la cual las normas acusadas vulneraban el inciso 6 del artículo 267 de la Constitución Política.
2. Vigencia de las normas objeto de control
“Uno de los puntos de mayor importancia que intenta la presente iniciativa de reforma constitucional, es la eliminación de las funciones electorales, en cabeza de los órganos de cierre o límite de las diferentes jurisdicciones (Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional). (…) es prudente eliminar las funciones electorales en cabeza de las altas cortes, para intervenir en la postulación o elección del Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo y Auditor General, manteniéndose las del Fiscal General y el Registrador Nacional del Estado Civil”.[24]
3. Modificación del parámetro de control constitucional
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo (del numeral 5 ) Artículo 109 LEY_1437_2011_18/01/2011
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo (el numeral 4 ) Artículo 35 LEY_270_1996_07/03/1996
El magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo se apartó de la decisión anterior, por cuanto consideró que, pese a que era claro que con la expedición del Acto Legislativo 4 de 2019 -el cual modificó el artículo 267 de la Constitución- se produjo un cambio del parámetro constitucional, no debía hablarse de derogatoria tácita de las disposiciones legales demandadas y proceder a inhibirse de emitir un fallo de fondo.
En su concepto, lo que se ha producido en este caso con la última reforma constitucional que modificó la competencia para provisión de las vacantes temporales del Contralor General, confiriéndola al Congreso de la República, era la figura de la inconstitucionalidad sobreviniente de las normas acusadas, en la medida en que el numeral 5) del artículo 109 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 270 de 1996 confieren dicha competencia al Consejo de Estado. Observó que, frente a la evidente contradicción de las normas legales con el precepto superior, lo adecuado, de acuerdo con la tesis mayoritaria expuesta en la jurisprudencia de la Corte, era considerar la inconstitucionalidad de tales disposiciones y no dejar que sean los operadores jurídicos los que la inapliquen basados en una derogatoria tácita de la norma, como se consideró por la mayoría de la Sala. Señaló que la competencia del Corte Constitucional no es la de determinar la vigencia de una norma legal, sino que su decisión corresponde a determinar si el precepto legal demandado es o no compatible con la Constitución. Puso de presente que el modelo de control de constitucionalidad en Colombia es mixto, porque prevé de un lado la viabilidad de que los jueces inapliquen una norma legal en un caso concreto mediante la excepción de inconstitucionalidad sin que se expulse la disposición del ordenamiento y de otro, la declaración de inconstitucionalidad con un efecto general erga omnes que sí excluye la norma del ordenamiento jurídico. Por estas razones, manifestó su salvamento devoto.
[1] Mediante Auto del 15 de mayo de 2019, la Magistrada sustanciadora dispuso: i) admitir la demanda: ii) fijar en la lista el asunto por el término de 10 días; iii) correr traslado de la norma al Procurador General de la Nación, según lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2067 de 1991; iv) comunicar al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, a la Ministra del Interior, a la Ministra de Justicia, al Presidente del Consejo de Estado y al Contralor General de la República; e v) invitar a las facultades de Derecho de las Universidades Nacional de Colombia, Externado de Colombia, Libre de Colombia, EAFIT, Javeriana, del Valle y del Norte para que emitieran su concepto sobre las normas demandas.
[3] Folio 36 del expediente.
[4] Folio 44 del expediente.
[5] Folio 30 del expediente.
[6] Folio 30 del expediente.
[7] Folio 48 del expediente.
[8] En la sentencia C-898 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte indicó: “Cuando la Corte ha entrado a definir si la norma demandada está vigente, lo ha hecho para determinar la materia legal sujeta a su control. El análisis de vigencia de la norma se vuelve entonces una etapa necesaria para determinar el objeto del control, vgr., cuáles son las normas vigentes o que, a pesar de haber sido derogadas, pueden seguir produciendo efectos jurídicos, respecto de las cuales debe hacerse un juicio de inconstitucionalidad”.
[12] En sentencia C-396 de 2019 (MP. Alejandro Linares Cantillo) se explicó que la subrogación “ocurre en los casos en los que se da la sustitución de una norma por otra posterior de igual jerarquía y similar o idéntico contenido”.
[13] En la sentencia C-350 de 1994 (MP. Alejandro Martínez Caballero) se indica que este fenómeno tiene lugar “cuando se demandan normas que contienen mandatos específicos ya ejecutados, es decir, cuando el precepto acusado ordena que se lleve a cabo un acto o se desarrolle una actividad y el cumplimiento de ésta o aquél ya ha tenido lugar”.
[14] Al respecto, ver, entre otras, sentencias C-898 de 2001. MP. Manuel José Cepeda Espinosa; C-019 de 2015. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado; C-348 de 2017. MP. Iván Humberto Escrucería Mayolo; C-396 de 2019. MP. Alejandro Linares Cantillo.
[15] Sentencia C-215 de 2017. MP. María Victoria Calle Correa.
4 Cfr. Atehortúa Ríos, Carlos Alberto. Uribe Correa, Sergio. El Tránsito de Legislación. en: “12 Ensayos sobre la Nueva Constitucion”. Señal Editora, Medellín 1991. pp 111, 112.
[16] Sentencia C-014 de 1993. MP. Ciro Angarita Barón.
[17] En la Sentencia C-681 de 2003 (MP. Ligia Galvis Ortiz), la Corte reiteró lo dispuesto en la Sentencia C-155 de 1999 y explicó que la inconstitucionalidad sobreviniente “se presenta cuando se produce un call1bio [SIC] de Constitución Política, en el tránsito de la vieja a la nueva Carta Fundamental, normas que eran constitucionales bajo el imperio de la vieja Carta, se vuelven incompatibles con la Nueva y este es el fenómeno de la inconstitucionalidad sobreviniente. También ocurre el fenómeno en casos de reforma constitucional”.
[18] Sentencia C-155 de 1999. MP. Vladimiro Naranjo Mesa. En esta sentencia la Corte analizó la constitucionalidad de un apartado del artículo 146 del Decreto Ley 960 de 1970, “Por el cual se expide el estatuto del Notariado”. En esta oportunidad la Corte consideró que no era claro que la norma demandada hubiera sido derogada tácitamente por la Constitución de 1991, y señaló: “surge el interrogante acerca de si la norma que ocupa la atención de la Corte impone necesariamente un fallo inhibitorio. Al respecto, estima esta Corporación que la incompatibilidad entre la referida disposición y las normas superiores, no es tan manifiesta como para que su derogatoria se deduzca de la simple lectura de su texto frente al de la Constitución. A esta conclusión llega a partir de la diversa interpretación que del precepto acusado hacen el demandante, el interviniente en nombre de la Superintendencia de Notariado y Registro (único interviniente en la presente causa) y el señor procurador general de la Nación. Para el primero la norma está vigente, pero debe ser declarada inconstitucional; para el segundo, ha perdido vigencia por derogatoria tácita producida por la nueva Constitución; y para la vista fiscal, la norma acusada se aviene a la Carta Política dado que el nombramiento sin concurso a que se refiere, está destinado a proveer cargos en interinidad y no en propiedad. De esta manera, es evidente que la simple lectura de la disposición acusada, no conduce a todo el mundo a deducir una presunta incompatibilidad con la Carta, por lo cual razones de seguridad jurídica imponen un pronunciamiento sobre su inconformidad con la Constitución, que la Corte profiere con fundamento en las consideraciones anteriormente expuestas, y que descartan la interpretación llevada a cabo por el señor procurador. Así se hará en la parte resolutiva”. La Corte resolvió declarar la inexequibilidad de la expresión demandada.
[19] MP. Rodrigo Escobar Gil.
[20] MP. Ciro Angarita Barón.
[21] Sentencia C-571 de 2004. MP. Rodrigo Escobar Gil. En esta sentencia la Corte declaró la inexequibilidad de algunas normas del Decreto 1222 de 1986, “por el cual se expide el Código de Régimen Departamental”.
[22] Sentencia C-568 de 2016. MP. Alejandro Linares Cantillo. En esta sentencia la Corte analizó la constitucionalidad de un apartado del artículo 62 de la Ley 90 de 1946 “Por la cual se establece el seguro social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales.” En esta oportunidad la Corte consideró que, si bien la norma había sido derogada tácitamente, aún seguía produciendo efectos jurídicos, pues en sentencias recientes de la Corte Suprema de Justicia había servido de fundamento para tomar una decisión, por lo que la Corte era competente para realizar un pronunciamiento de fondo. La Corte declaró la inexequibilidad de las disposiciones demandadas.
[25] Folio 44 del expediente.
[26] Sentencia C-1187 de 2005. MP. Humberto Antonio Sierra Porto. En esta oportunidad se demandó la constitucionalidad de los artículos 2 (parcial), 9 (parcial) y 17 de la Ley 4 de 1992, 14 (parcial) y 279 de la Ley 100 de 1993, y 1 de la Ley 238 de 1995, normas que contemplaban regímenes pensionales especiales. Sin embargo, entre el momento en que se presentó la demanda y el de la emisión de la sentencia, se promulgó el Acto Legislativo 01 de 2015, el cual modificó el artículo 48 de la Constitución Política y estableció que no habría regímenes pensionales especiales ni exceptuados.

References: ARTÍCULO 109
 artículo 109
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 ARTÍCULO 109
 artículo 241
 artículo 267
 artículo 267
 artículo 35
 artículo 267
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 artículo 109
 artículo 35
 artículo 267
 artículo 35
 artículo 267
 Artículo 109
 Artículo 35
 artículo 267
 artículo 109
 artículo 35
 artículo 7
 artículo 146
 artículo 62
 artículo 48