Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0161_ES.html
Timestamp: 2020-07-02 20:23:41+00:00

Document:
Procedimiento : 2018/2009(INI)
Ciclo relativo al documento : A8-0161/2018
sobre el cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2017
Ponente: Jytte Guteland
Ponente de opinión (*): Sylvie Guillaume
(*) Comisiones asociadas — artículo 54 del Reglamento interno
– Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular sus artículos 2, 6 y 7,
– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 70, 85, 86, 258, 259 y 260,
– Vistas sus Resoluciones pertinentes en los ámbitos del Estado de Derecho y de la justicia,
– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 10 de abril de 2017, titulada «Cuadro de indicadores de la Justicia en la UE para 2017» (COM(2017)0167),
– Visto el estudio del Centro Común de Investigación de la Comisión de 2017 titulado «The judicial system and economic development across EU Member States» (Sistema judicial y desarrollo económico en los Estados miembros de la UE)(1),
– Visto el estudio del Institute for Legal Reform de 2017 titulado «The Growth of Collective Redress in the EU» (El auge de los recursos colectivos en la UE)(2),
– Visto el informe sobre el índice de la igualdad de género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE)(3),
– Vistos los informes de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia), en particular su lista de criterios del Estado de Derecho(4),
– Vista su Resolución de 12 de marzo de 2014 sobre la evaluación de la justicia en relación con la justicia penal y el Estado de Derecho(5),
– Visto el documento de Milieu de 2011 titulado «Comparative study on access to justice in gender equality and anti-discrimination law» (Estudio comparativo sobre acceso a la justicia en el Derecho sobre igualdad de género y lucha contra la discriminación)(6),
– Vista la Recomendación del Consejo de Europa titulada «Judges: independence, efficiency and responsibilities» (Jueces: independencia, eficiencia y competencias)(7),
– Visto el estudio de 2017 del Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo titulado «Mapping the Representation of Women and Men in Legal Professions Across the EU» (Cartografía de la representación de mujeres y hombres en las profesiones jurídicas en la UE)(8),
– Vistos los informes de evaluación bianuales sobre los sistemas judiciales europeos elaborados por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa(9),
– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0161/2018),
A. Considerando que unos sistemas judiciales independientes, eficientes y de calidad son clave para la defensa del Estado de Derecho, la imparcialidad de los procedimientos judiciales y la confianza de los ciudadanos y las empresas en el sistema judicial, al garantizar que las personas y las empresas puedan disfrutar plenamente de sus derechos; que un sistema judicial eficaz es inseparable de la independencia judicial, al apoyar el crecimiento económico, defender los derechos fundamentales y respaldar la adecuada aplicación del Derecho de la Unión; que la justicia es un valor en sí misma, en particular en lo que atañe a las condiciones de acceso de los ciudadanos a la justicia y el respeto del derecho a un juicio justo;
B. Considerando que la Comisión ha publicado el cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2017, que es un instrumento informativo, comparativo y no vinculante de evaluación principalmente de la eficacia, independencia y calidad de los sistemas judiciales nacionales que tiene por objetivo identificar las posibles deficiencias, las buenas prácticas y los avances, así como definir mejor las políticas de justicia de los Estados miembros, atendiendo, para ello, a los parámetros de los sistemas judiciales que contribuyen a mejorar el entorno empresarial, de inversión y de los consumidores en la Unión Europea;
C. Considerando que la quinta edición del cuadro de indicadores de la justicia de 2017 analiza en particular los aspectos relacionados con el acceso de los consumidores a los procedimientos judiciales, los elementos relativos a la independencia de la justicia desde la perspectiva de los ciudadanos y las empresas, el estado de uso actual de las TIC en los sistemas judiciales y los aspectos relacionados con el funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales en los ámbitos específicos pertinentes para el mercado único y para el entorno empresarial, presentando al mismo tiempo una primera imagen de conjunto del modo de funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales en el ámbito de la justicia penal cuando se aplica el Derecho de la Unión en relación con la lucha contra el blanqueo de capitales;
D. Considerando que el cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2017 no presenta una clasificación general de los sistemas nacionales de justicia y no pretende anteponer ningún sistema a otro;
E. Considerando, por otra parte, que el cuadro de indicadores de la justicia debe ser un manual útil que ofrezca una visión general de las mejores prácticas que deben aplicar los Estados miembros en el ámbito de las jurisdicciones civil, mercantil y administrativa;
F. Considerando que algunos Estados miembros todavía no disponen de muchos datos y que existen diferencias en la calidad y especificidad de los datos proporcionados por parte de algunos Estados miembros;
G. Considerando que el cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2017 se centra principalmente en las jurisdicciones civil, mercantil y administrativa, pero que también presenta una primera visión general del funcionamiento de los sistemas nacionales al aplicar la legislación relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales de la Unión en el ámbito de la justicia penal;
H. Considerando que este ejercicio no vinculante tiene el mérito de detectar tendencias tanto positivas como negativas y ofrecer un foro para el aprendizaje entre homólogos y el intercambio de mejores prácticas en toda la Unión, con vistas a promover y garantizar el respeto del Estado de Derecho;
I. Considerando que proporcionar información sobre el sistema judicial de forma sencilla es un requisito previo para el acceso a la justicia;
J. Considerando que se han de garantizar unos sistemas judiciales adaptados a los nuevos retos de la Unión Europea;
1. Subraya que la justicia reafirma el Estado de Derecho en la sociedad y garantiza el derecho de todo el mundo a un juicio justo por parte de un tribunal independiente e imparcial; pide a los Estados miembros que velen por que toda reforma de la justicia respete el Estado de Derecho y cumpla las normas de la Unión sobre la independencia judicial; anima a la Comisión, en este sentido, a que siga haciendo un seguimiento de las reformas nacionales de la justicia en el marco del Semestre Europeo, que también utiliza información del cuadro de indicadores de la justicia en la UE; pide además a la Comisión que desarrolle nuevos criterios para evaluar mejor la conformidad de los sistemas judiciales con el Estado de Derecho, basándose para ello, en particular, en la lista de criterios del Estado de Derecho elaborada por la Comisión de Venecia;
2. Pide a la Comisión que recopile información más precisa sobre el tratamiento que se da a las vulneraciones del Estado de Derecho y las amenazas a los derechos fundamentales, incluidas la corrupción, la discriminación y las violaciones de la vida privada, así como la libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión, reunión y asociación;
3. Recuerda la solicitud formulada en su Resolución de 25 de octubre de 2016 sobre un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, y reitera su solicitud a la Comisión de que presente una propuesta para la celebración de un pacto de la Unión sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; pide a la Comisión que agrupe los informes existentes, incluido el cuadro de indicadores de la justicia, hasta que se adopte el mencionado pacto;
4. Toma nota, con gran interés, del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2017 y pide a la Comisión que siga promoviendo este ejercicio de conformidad con los Tratados y consultando a los Estados miembros;
5. Hace hincapié en que la creación aparte de un cuadro de indicadores de la justicia en materia penal contribuirá de forma importante a propiciar un entendimiento común de la legislación de la Unión en materia de Derecho penal entre los jueces y fiscales, reforzando de este modo la confianza mutua;
6. Pide a la Comisión que tenga en cuenta la lucha contra la corrupción, y estima que la inclusión de ese aspecto en el cuadro de indicadores de la justicia es una prioridad;
7. Respalda el objetivo de este intercambio y destaca que un sistema judicial independiente, eficiente y de calidad elevada podría ofrecer incentivos a las empresas para que se desarrollen e inviertan a nivel nacional y transfronterizo, protegiendo al mismo tiempo los derechos fundamentales de los ciudadanos y reforzando los derechos de los consumidores y los trabajadores, con el consiguiente impulso a su contribución económica;
8. Destaca la importancia de las evaluaciones comparativas judiciales para la confianza mutua transfronteriza, para una cooperación eficaz entre las instituciones judiciales y para la creación de un espacio judicial común y una cultura judicial europea; anima a la Comisión, por lo tanto, a que siga elaborando indicadores concretos para evaluar, en la práctica, la defensa de los valores de la Unión, como el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales;
9. Considera que esta comparación debe basarse en criterios objetivos y datos que se recopilan, comparan y analizan con precisión, teniendo en cuenta los marcos constitucionales y jurídicos de cada Estado miembro; destaca la importancia de garantizar la igualdad de trato entre todos los Estados miembros al evaluar imparcialmente sus sistemas judiciales;
10. Acoge positivamente los esfuerzos de la Comisión para evaluar, por primera vez, algunos aspectos de la justicia penal relativos a la lucha contra el blanqueo de capitales, y recomienda que la Comisión adopte las medidas necesarias para animar a los Estados miembros a facilitar datos sobre la duración de los procesos judiciales en ese ámbito, con vistas a la entrada en vigor de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, y posteriormente la quinta;
11. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por presentar datos cuantificables y extraer conclusiones concretas sobre la forma en que los Estados miembros han mejorado o pueden mejorar aún la calidad y eficiencia de sus sistemas judiciales, en especial por lo que respecta al estatuto y el nombramiento de los jueces, su independencia y el equilibrio de género; observa que la laguna de información ha continuado disminuyendo, en particular en lo que respecta a los indicadores sobre la eficiencia de los sistemas judiciales; lamenta, no obstante, que sigan dándose casos en que algunos Estados miembros no facilitan datos para determinadas categorías, a pesar de que esos datos eran aplicables o estaban disponibles; pide, por tanto, a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos en aras de la comparabilidad de los datos y colaboren plenamente con la Comisión, facilitando los datos solicitados; subraya que los Estados miembros deben continuar cubriendo las lagunas de datos con el fin de alcanzar sus prioridades para lograr unos sistemas judiciales eficientes; pide a los Estados miembros que cooperen estrechamente con la CEPEJ y la Comisión, especialmente a través del grupo informal de expertos nacionales de los ministerios y los correspondientes sistemas judiciales, para subsanar la persistente falta de datos en algunas categorías del cuadro de indicadores de la justicia;
12. Pide a los Estados miembros que examinen con atención los resultados del cuadro de indicadores de 2017, que extraigan las conclusiones que se impongan, así como que evalúen la adopción de las medidas nacionales necesarias para corregir las posibles irregularidades en cuanto a la calidad, eficiencia e independencia del sistema judicial nacional;
13. Toma nota de que un gran número de Estados miembros continuaron sus esfuerzos para mejorar la eficacia de sus sistemas judiciales nacionales a través de reformas; acoge con satisfacción que se anunciara un gran número de nuevas reformas en lo que se refiere a la asistencia jurídica gratuita, los métodos alternativos de resolución de litigios, la especialización judicial y los mapas judiciales;
14. Destaca la importancia de unos procedimientos eficientes y con plazos razonables de conformidad con el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; subraya, además, la importancia de unos procedimientos rápidos y eficientes en asuntos de protección de los consumidores, propiedad intelectual y confidencialidad de los datos; observa con preocupación que en algunos Estados miembros esos procedimientos siguen siendo excesivamente largos; señala que la existencia de un gran número de asuntos pendientes puede minar la confianza de los ciudadanos y las empresas en el sistema judicial, además de menoscabar la seguridad jurídica, siendo la confianza la piedra angular del respeto del Estado de Derecho;
15. Alienta a los Estados miembros a invertir en el uso y desarrollo constantes de herramientas de TIC en sus sistemas judiciales, en un esfuerzo por hacerlos más accesibles, más comprensibles y más fáciles de utilizar para todos los ciudadanos de la Unión, sobre todo aquellos que sufren alguna forma de discapacidad y los grupos vulnerables, en particular las minorías nacionales o los migrantes; destaca las ventajas de los sistemas de TIC, tanto en el proceso de cooperación transfronteriza entre las autoridades judiciales de los Estados miembros como en el plano nacional, a la hora de reducir costes para todas las partes interesadas y de mejorar la eficiencia y calidad globales de los sistemas judiciales, por ejemplo, mediante la presentación de demandas por vía electrónica, la posibilidad de seguir y tramitar un procedimiento en línea y las comunicaciones electrónicas entre los órganos jurisdiccionales y los abogados; lamenta que aún no se haya aprovechado íntegramente el pleno potencial de los sistemas de TIC en toda la Unión; celebra la transparencia existente en la mayoría de los Estados miembros en relación con la publicación de resoluciones judiciales; subraya que la disponibilidad de información en línea de manera sencilla contribuye significativamente a la accesibilidad de los ciudadanos y las empresas a la justicia; pide a los Estados miembros que publiquen en línea todas las resoluciones judiciales ya que ello contribuirá a un mejor conocimiento del sistema judicial por parte de los ciudadanos y las empresas a la vez que lo hace más transparente; señala, además, que esto podría facilitar la coherencia de la jurisprudencia;
16. Hace hincapié en la necesidad de intensificar y diversificar la formación ofrecida a los jueces, ya que esto constituye también la base para un sistema judicial eficiente, independiente e imparcial; subraya, en particular, la necesidad de formación en los ámbitos de los roles, las normas y los estereotipos de género, la ética judicial, las capacidades en materia de TIC, la gestión judicial, la mediación y la comunicación con las partes y la prensa; recalca asimismo la importancia de una formación adecuada sobre el Derecho de la Unión y las estructuras de cooperación de la Unión, como Eurojust; señala que ámbitos específicos del Derecho de la Unión, como la legislación en materia de derechos de propiedad intelectual y de privacidad, pueden requerir conocimientos no solo del Derecho, sino también de los avances tecnológicos; observa que la especialización de jueces y tribunales parece tener un efecto positivo sobre la eficiencia y la calidad de los sistemas judiciales; pide a la Comisión que examine más a fondo este asunto en el ejercicio del próximo año; subraya que es necesaria la continua y sistemática formación de jueces y demás expertos jurídicos para garantizar una aplicación coherente y de calidad, y un cumplimiento eficaz del Derecho; pide a los Estados miembros que aumenten la inversión en el desarrollo de la formación judicial y la formación permanente de los profesionales de la justicia, como los jueces, también en otros Estados miembros, con el fin de intercambiar experiencias y buenas prácticas;
17. Anima a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión a que apoyen el desarrollo de la mediación a escala de la Unión; pide a la Comisión que evalúe sistemáticamente los efectos de la mediación en los sistemas judiciales de la Unión;
18. Pide a la Comisión que incluya los procedimientos de recurso colectivo en el ejercicio comparativo del próximo año sobre los factores de accesibilidad de los sistemas de justicia, pues considera de la mayor importancia el acceso a la justicia y una resolución eficiente de los litigios; considera que estos procedimientos constituyen una importante herramienta para reforzar la protección de los consumidores, el medio ambiente y la salud en toda la Unión, en ámbitos en los que están directamente afectados gran número de demandantes; considera que los procedimientos de recurso colectivo facilitan el acceso de los ciudadanos a la justicia y logran una resolución eficiente de los litigios, eliminando así obstáculos absurdos, en particular para los ciudadanos que viven por debajo del umbral de pobreza o que están implicados en asuntos con una dimensión transfronteriza;
19. Observa que la mayoría de los Estados miembros imponen a las partes la obligación de abonar una tasa judicial en el momento en que llevan una causa ante los tribunales; subraya que la disponibilidad de asistencia jurídica gratuita y la cuantía de las tasas judiciales tienen un impacto clave en el acceso a la justicia, un derecho fundamental en la Unión, en particular para los ciudadanos en situación de pobreza, y resalta el papel de la asistencia jurídica gratuita a la hora de garantizar que las partes más débiles puedan acceder a la justicia en pie de igualdad; destaca que la asistencia jurídica gratuita para los consumidores que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza sigue siendo un factor de equilibrio esencial; señala que la dificultad para beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita podría ser particularmente disuasiva cuando las tasas judiciales y/o los gastos jurídicos representan una parte significativa de la cuantía de la demanda; considera que la asistencia jurídica gratuita debe estar vinculada al umbral de pobreza en los Estados miembros; subraya que los gastos jurídicos deben reducirse en general, por ejemplo, mediante la creación de portales electrónicos nacionales de justicia en red; pide a los Estados miembros que mejoren la facilidad de uso de la información en línea de forma que los ciudadanos puedan saber si reúnen las condiciones para recibir la asistencia jurídica gratuita, incluida información en línea accesible para personas con discapacidad visual;
20. Pide a la Comisión que introduzca, antes del cierre del ejercicio del próximo año, un nuevo indicador relativo al acceso a la justicia de grupos que puedan estar desprotegidos o ser objeto de discriminación, a fin de determinar los posibles obstáculos;
21. Destaca la necesidad de corregir los desequilibrios de género y la considerable desproporción entre hombres y mujeres que se dan entre los jueces, en particular en los tribunales de las instancias superiores y de última instancia, tanto en el ámbito nacional como en el de la Unión; lamenta constatar la reciente evolución negativa en la proporción de mujeres que ocupan puestos de jueces profesionales en algunos Estados miembros;
22. Destaca que en toda Europa sigue quedando mucho por hacer en materia de igualdad de género en las profesiones judiciales, en particular en el acceso a la magistratura, en lo que atañe a los estereotipos de género, la transparencia en los nombramientos, la conciliación de responsabilidades laborales y extralaborales o la existencia de prácticas de orientación por un tutor; hace hincapié en la acusada disparidad entre la proporción de mujeres en los niveles inferiores del sistema judicial (incluidos los funcionarios no judiciales), por una parte, y en los tribunales superiores y los niveles más altos de las fiscalías, por otro; insta a los Estados miembros a que dirijan sus esfuerzos, en especial en la enseñanza superior, hacia las mujeres en profesiones jurídicas, y alienten una actitud positiva hacia las juezas;
23. Recuerda la declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo de 2015 en la que se afirmaba que, con el fin de lograr la igualdad entre mujeres y hombres, que es un objetivo de la Unión Europea conforme al artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, en la designación de candidatos a jueces del Tribunal General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los Estados miembros deben garantizar, en la mayor medida posible, una presencia igual de mujeres y hombres; insta a los Estados miembros a que den buen ejemplo en este sentido;
24. Subraya que, mientras que más de la mitad de los Estados miembros incrementaron en 2015 el gasto por habitante en el sistema judicial, la determinación de los recursos financieros sigue basándose principalmente en los costes históricos, en vez de en la carga de trabajo real o el número de asuntos que se han de tratar;
25. Celebra el mayor uso de mecanismos de resolución alternativa de litigios en la mayoría de los Estados miembros, en especial de la plataforma de resolución de litigios en línea para consumidores y comerciantes;
26. Toma nota de la falta de datos disponibles en materia matrimonial y en asuntos de responsabilidad parental; anima a la Comisión a incluir estos datos en el cuadro de indicadores de la justicia en la Unión cuando los Estados miembros los faciliten, a ser posible como objetivo a medio plazo tras finalizar la revisión del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental;
27. Subraya que la independencia, la calidad y la eficiencia son elementos fundamentales para un sistema judicial eficaz, lo que a su vez es vital para el Estado de Derecho, la imparcialidad de los procedimientos judiciales y la confianza de los ciudadanos y las empresas en el sistema judicial; hace hincapié, además, en que la independencia de la justicia es parte integral de la democracia; considera que un sistema judicial independiente se fundamenta, por una parte, en la falta de injerencias o presiones de los Gobiernos, de los políticos o de las partes con intereses económicos concretos y, por otra, en garantías efectivas proporcionadas por el estatuto y la posición de los jueces, así como por su situación económica; resalta que debe garantizarse suficiente autonomía para proteger a las autoridades encargadas de la persecución del delito de injerencias políticas indebidas; pide a la Comisión, por consiguiente, que incluya en el cuadro de indicadores una sección dedicada al estatuto de los fiscales y a su autonomía; pide asimismo a la Comisión que continúe evaluando las garantías jurídicas para la independencia judicial, incluida la cooperación con las redes de los tribunales de última instancia y los consejos del poder judicial;
28. Pone de relieve la importancia de mecanismos de nombramiento, evaluación, transferencia o despido de jueces que sean imparciales —es decir, en los que el poder ejecutivo no pueda ejercer una discrecionalidad arbitraria— y exhaustivos;
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104594/jrc104594__2017_the_judicial_system_and_economic_development_across_eu_member_states.pdf (consultado el 14 de diciembre de 2017).
http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/The_Growth_of_Collective_Redress_in_the_EU_A_Survey_of_Developments_in_10_Member_States_April_2017.pdf (consultado el 14 de diciembre de 2017).
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-e.
DO C 378 de 9.11.2017, p. 136.
Milieu Ltd (2011), Comparative study on access to justice in gender equality and anti-discrimination law, Informe de síntesis, DG Justicia de la Comisión Europea, Bruselas.
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2010)12&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596804/IPOL_STU(2017)596804_EN.pdf (consultado el 14 de diciembre de 2017).
https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp.
El presente informe de propia iniciativa es la respuesta al cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2017 publicado por la Comisión.
El derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, consagrado en el artículo 47 de la Carta y en el artículo 6 del CEDH, constituye una de las garantías fundamentales del respeto del Estado de Derecho y la democracia.
Aunque los Estados miembros son parte en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), la experiencia ha enseñado que esta circunstancia no siempre infunde por sí sola el suficiente grado de confianza en los sistemas judiciales de los demás Estados miembros. El grado de confianza mutua depende en gran medida de varios parámetros, entre los que se incluyen mecanismos para proteger los derechos de la parte demandante y de la demandada y, al mismo tiempo, para garantizar el acceso a los tribunales y la justicia.
Los casos de discriminación de personas LGTBI constituyen actualmente un importante ejemplo. Como suele aún ocurrir con otros tipos de discriminación (por razón de género, religión, etc.), la eficacia del marco jurídico europeo —incluido el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales, relativo a la no discriminación— depende de la capacidad de las víctimas para acceder a los tribunales. Esta capacidad implica, entre otros factores, procedimientos eficientes y con plazos adecuados, costes razonables de la representación por un abogado o conocimiento por parte de los jueces de la forma de tratar estos casos (por ejemplo, sobre la aplicación en la práctica de medidas como la inversión de la carga de la prueba). Como señalan los estudios en la materia, estos factores aún no se han hecho plenamente realidad. Habida cuenta de ello, resultaría útil que los Estados miembros facilitasen datos específicos sobre las medidas o políticas —en fase de elaboración o de aplicación— encaminadas a abordar mejor los mencionados obstáculos. Por ejemplo, podrían informar sobre si existen plazos (y su duración) en el Derecho nacional para que se dicte una resolución judicial y, en su caso, si dichos plazos varían en función del tipo de asunto o si tales plazos se cumplen o no debido, por ejemplo, a una carga de trabajo excesiva o la escasez de recursos(1).
La ponente celebra, por tanto, el objetivo de que los Estados miembros cuenten con sistemas judiciales eficientes, independientes y de calidad, lo que también redunda en beneficio del crecimiento económico y una mayor protección de los consumidores. Con el fin de que su evaluación sea más completa, la ponente ha optado por utilizar también otras fuentes de información además del cuadro de indicadores, como el Institute for Legal Reform, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), el Consejo de Europa, uno de los Departamentos Temáticos del Parlamento, etc.
La mejora de la eficiencia judicial puede conducir a una mayor tasa de crecimiento para la economía, ya que la percepción de las empresas sobre la independencia judicial puede dar lugar a un mayor crecimiento de la productividad. Cuando los sistemas judiciales garantizan la tutela de los derechos, es más probable que los acreedores presten, que las empresas se vean disuadidas de tener comportamientos oportunistas, que se reduzcan los costes de las transacciones y que las empresas innovadoras sean más propensas a invertir(2).
Sea como fuere, hay que destacar que se necesitan más mejoras de la información facilitada en línea sobre los sistemas judiciales nacionales, en particular por medio de páginas web que sean accesibles a las personas con discapacidad visual o que integren herramientas interactivas para que los ciudadanos puedan saber si pueden acogerse o no a la asistencia jurídica gratuita. El acceso en línea a las sentencias judiciales en los asuntos civiles, mercantiles y administrativos podría también mejorarse en todas las instancias.
Además, hay que destacar que la tendencia negativa, observada actualmente en varios Estados miembros, en el equilibrio de género entre los magistrados de los tribunales de instancias superiores y de última instancia no solo es un problema nacional. Los datos más recientes recopilados por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género muestran que la proporción de presidentas y miembros mujeres de los tribunales europeos, es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es del 19,2 % frente a una proporción de varones del 80,8 %. No obstante, el desequilibrio de género también puede observarse en profesiones judiciales distintas de la judicatura. Efectivamente, también cabe detectar una reducción de la proporción general de profesionales mujeres a nivel de los tribunales. Esta circunstancia, así como la acusada disparidad en la proporción de mujeres en los niveles inferiores del sistema judicial (incluidos los puestos que no son de jueces), por una parte, y en los tribunales superiores y los niveles más altos de las fiscalías, por otro, pueden achacarse, entre otros factores, a la falta de tutorías, de transparencia en los procedimientos de nombramiento, de redes de apoyo o de visibilidad de mujeres que sirvan de modelo en los más altos cargos de las profesiones judiciales(3).
Por lo que se refiere a la independencia judicial, la ponente saluda la encuesta del quinto Foro Económico Mundial, en la que se pone de manifiesto que la percepción que tienen las empresas de la independencia judicial ha mejorado o se ha mantenido estable en más de dos tercios de los Estados miembros con un nivel menor de independencia percibida. No obstante, la ponente considera que un mayor número de salvaguardias no garantiza por sí solo la eficacia de un sistema de justicia y que la aplicación de políticas y prácticas para promover la integridad y evitar la corrupción en la administración de justicia también es un elemento esencial para garantizar la independencia judicial. La necesidad de estas políticas y prácticas ha quedado patente con los recientes y preocupantes acontecimientos en varios Estados miembros y sigue teniendo, por tanto, la máxima urgencia.
En consecuencia, el camino que se ha de seguir parece ser el del establecimiento de procedimientos de selección exhaustivos e imparciales para los miembros de la judicatura, desde las oposiciones hasta el nombramiento, en los que se eviten las decisiones discrecionales en la medida de lo posible y en los que la decisión final se fundamente en factores concretos y objetivos. Por otra parte, también son necesarias salvaguardias importantes en caso de denegación del nombramiento, como la obligación de motivarla y la posibilidad de un control jurisdiccional. En la misma línea sería esencial un sistema de evaluación de los jueces basado en criterios objetivos, así como la revisión de las decisiones de traslado o despido de jueces por una comisión independiente(4).
Por lo que se refiere a la formación de los jueces, y a pesar de los considerables avances en este ámbito, aún hay que trabajar por diversificar las materias objeto de formación. No existe en todos los Estados miembros una formación continua sobre las competencias judiciales, conocimientos informáticos, gestión de los órganos jurisdiccionales y ética judicial. Además, algunos Estados miembros no imparten formación relativa a la comunicación con las partes y con la prensa. También se debe dar más formación en materia de equilibrio de género en el entorno profesional y de gestión de asuntos de violencia de género.
Por último, y con el fin de garantizar una evaluación exhaustiva y precisa del statu quo, sería muy importante corregir las lagunas en los datos manejados. Aunque parece que estas lagunas se colman gracias a la buena cooperación con los Estados miembros, la judicatura y otras partes interesadas y al desarrollo de nuevos indicadores, como la «perspectivas de los usuarios finales», todavía parece existir un gran número de datos no disponibles y discrepancias en la cantidad y especificidad de los datos facilitados por los Estados miembros.
Véanse los documentos titulados «Joint Contribution on the Commission’s Monitoring of the implementation of the Gender Goods and Services Directive and the Gender ‘Recast’ Directive in EU Member States» (Contribución conjunta sobre el seguimiento por parte de la Comisión de la aplicación de la Directiva sobre igualdad de género en el acceso a bienes y servicios y la Directiva de refundición en los Estados miembros de la Unión) (ILGA, 2011) y «Comparative Study on access to justice in gender equality and anti-discrimination law» (Estudio comparativo sobre acceso a la justicia en el Derecho sobre igualdad de género y lucha contra la discriminación) (2011, Milieu).
Véase el estudio titulado «The judicial system and economic development accross EU Member States» (Sistemas judiciales y desarrollo económico en los Estados miembros de la UE) (Comisión Europea, 2017).
Véanse el informe sobre el índice de la igualdad de género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género y el estudio titulado «Mapping the Representation of Women and Men in Legal Professions Across the EU» (Cartografía de la representación de mujeres y hombres en las profesiones jurídicas en la UE) (PE, 2017).
Véase la Recomendación titulada «Judges: independence, efficiency and responsibilities» (Jueces: independencia, eficiencia y competencias), CM/Rec(2010)12.
OPINIÓN de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (16.4.2018)
– Vistos los informes y las actividades de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia), en particular su lista de criterios del Estado de Derecho (CDL-AD(2016)007-e),
– Vistas las Resoluciones pertinentes en los ámbitos del Estado de Derecho y de la justicia,
A. Considerando que la justicia es un valor en sí misma y un elemento esencial del Estado de Derecho, en particular en lo que atañe a las condiciones de acceso de los ciudadanos a la justicia y el respeto de las normas sobre un juicio justo;
B. Considerando que la salvaguardia del Estado de Derecho y la defensa de los derechos fundamentales y de unos sistemas judiciales eficaces e independientes desempeñan un papel clave en la creación de un entorno político positivo, el restablecimiento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones, el apoyo a la aplicación del Derecho de la Unión, el respaldo del crecimiento económico sostenible y la garantía de una mayor previsibilidad jurídica y reglamentaria;
C. Considerando que el contexto actual impone nuevos retos a los sistemas judiciales europeos, que estos habrán de afrontar;
1. Pide a la Comisión que siga promoviendo el cuadro de indicadores a fin de convertirlo en una herramienta útil a disposición de los actores interesados que refuerce la eficiencia y la calidad de los sistemas judiciales europeos, de conformidad con los Tratados y previa consulta a los Estados miembros;
2. Pide a la Comisión que elabore un cuadro de indicadores sobre justicia penal, así como sobre la presunción de inocencia y otros aspectos del derecho a un juicio justo que están estrechamente vinculados al respeto del Estado de Derecho, con objeto de obtener una imagen global de la justicia en la Unión Europea, contribuyendo de ese modo a la comprensión común de los distintos sistemas judiciales europeos y al refuerzo del espacio judicial europeo; pide a la Comisión que incluya en el cuadro de indicadores sus recomendaciones específicas por país sobre la mejora de los sistemas judiciales nacionales;
3. Hace hincapié en que los procedimientos de recurso colectivo son cada vez más importantes para facilitar el acceso a la justicia y la resolución eficiente de los litigios; pide a la Comisión que tenga en cuenta esos procedimientos en los próximos ejercicios comparativos sobre los factores que determinan la accesibilidad de los sistemas judiciales;
4. Acoge positivamente los esfuerzos de la Comisión para evaluar, por primera vez, algunos aspectos de la justicia penal relativos a la lucha contra el blanqueo de capitales, y recomienda a la Comisión que adopte las medidas necesarias para animar a los Estados miembros a facilitar datos sobre la duración de los procesos judiciales en ese ámbito, con vistas a la entrada en vigor de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, y posteriormente la quinta;
5. Pide a la Comisión que considere la posibilidad de incluir en los próximos ejercicios del cuadro de indicadores de la justicia información sobre el acceso a la justicia de cualesquiera grupos que pudieran verse desfavorecidos por razones de discapacidad, género, orientación sexual, etc., a fin de determinar la existencia de posibles obstáculos;
6. Destaca que la asistencia jurídica gratuita para los consumidores que se encuentran por debajo del umbral de pobreza sigue siendo un factor de equilibrio esencial; toma nota del importante papel de la asistencia jurídica gratuita a la hora de garantizar que las partes más débiles también tienen acceso a la justicia;
7. Destaca las ventajas de los sistemas de TIC para todas las partes interesadas que participan en la mejora de la eficiencia y calidad globales de los sistemas judiciales, y pide a los Estados miembros y a las instituciones europeas que impulsen el desarrollo continuado de dichas herramientas; pide a la Comisión que proporcione más información acerca del uso de esas nuevas tecnologías en los sistemas judiciales de los Estados miembros, y facilite el acceso a ellas para todos los ciudadanos de la Unión, incluidas las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables;
8. Pide a la Comisión que recopile información más precisa sobre el tratamiento que se da a las vulneraciones del Estado de Derecho y las amenazas a los derechos humanos, incluyendo la corrupción, la discriminación y las violaciones de la vida privada, así como la libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión, reunión y asociación;
9. Pide a la Comisión que desarrolle en mayor medida su metodología, por ejemplo realizando más análisis cualitativos, y utilice las fuentes adicionales de información que pueden proporcionar la sociedad civil, el sector privado, expertos académicos y organizaciones internacionales; pide a los Estados miembros y a la Comisión que cooperen activamente a fin de reducir la falta de datos y recopilen información precisa, fiable y comparable para elaborar el cuadro de indicadores;
10. Pide a los Estados miembros y a las instituciones europeas que adopten medidas adecuadas para garantizar unos procedimientos eficientes y oportunos que refuercen la protección judicial de toda persona que intente proteger sus derechos;
11. Pide a la Comisión que elabore nuevos criterios para evaluar mejor la conformidad de los sistemas judiciales con el Estado de Derecho, tomando como base particularmente la lista de criterios del Estado de Derecho elaborada por la Comisión de Venecia;
12. Pide a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión que consoliden la independencia de la justicia en la Unión, particularmente en relación con las garantías que proporciona el estatuto de juez y de fiscal, y anima a la Comisión a incluir más información sobre esas cuestiones en el cuadro de indicadores de la justicia;
13. Pide a la Comisión que, en la parte del cuadro de indicadores relativa a la independencia del poder judicial, incluya una sección dedicada al estatuto de fiscal y a su autonomía;
14. Recuerda la solicitud formulada en su Resolución de 25 de octubre de 2016 sobre un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales(1), y reitera su solicitud a la Comisión de que presente una propuesta para la celebración de un pacto de la Unión sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; pide a la Comisión que agrupe los informes existentes, incluido el cuadro de indicadores de la justicia, hasta que se adopte el mencionado pacto;
15. Hace hincapié en la necesidad de abordar las disparidades en materia de equilibrio de género y la brecha en la proporción de hombres y mujeres dentro del personal judicial, especialmente los jueces; subraya que en los futuros cuadros de indicadores se debe incluir información sobre dicho personal, su contratación y formación y la distribución de género;
16. Pide a la Comisión que tenga en cuenta la lucha contra la corrupción, y estima que la inclusión de ese aspecto en el cuadro de indicadores de la justicia es una prioridad.
Última actualización: 18 de mayo de 2018 Aviso jurídico - Política de privacidad

References: artículo 54
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 47
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 artículo 47
 artículo 6
 artículo 21
 resolución 
 resolución 
 Resolución