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Timestamp: 2020-01-20 02:56:00+00:00

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«Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Competencia judicial en materia civil y mercantil — Ámbito de aplicación — Artículo 1, apartado 1 — Concepto de “materia civil y mercantil” — Títulos de deuda emitidos por un Estado miembro — Participación del sector privado en la reestructuración de la deuda pública de dicho Estado — Modificación con carácter unilateral y retroactivo de las condiciones de la suscripción — Cláusulas de acción colectiva — Recurso interpuesto contra el Estado por acreedores privados que son tenedores de esos títulos de deuda en calidad de personas físicas — Responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad»
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1).
4 Según los considerandos 4, 15 y 16 del Reglamento n.º 1215/2012:
25 Según este último tribunal, dado que el Sr. Kuhn solicita que la República Helénica cumpla las condiciones de suscripción de los títulos de deuda pública en cuestión, tiene derecho a alegar que existe una relación jurídica entre él mismo, en calidad de adquirente de los títulos, y la República Helénica, en calidad de emisora de los títulos, por lo que, con arreglo al artículo 7, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, existe un derecho contractual «secundario».
«¿Debe interpretarse el artículo 7, punto 1, letra a), del Reglamento [n.º 1215/2012] en el sentido de que:
27 El tribunal remitente pregunta en esencia mediante su cuestión prejudicial si en una situación en que, como en la controvertida en el litigio principal, alguien suscribió por medio de un banco depositario deuda pública de un Estado miembro, el artículo 7, punto 1, letra a), del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que el «lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda» queda constituido por las condiciones de suscripción definidas en la emisión de dicha deuda pública o si debe interpretarse en el sentido de que queda constituido por el lugar efectivo del cumplimiento, por ejemplo, mediante el pago de intereses, de dichas condiciones.
28 La República Helénica y los Gobiernos griego e italiano sostienen que el litigio principal no está comprendido en el ámbito de la «materia civil y mercantil» a los efectos del artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012, puesto que versa sobre el derecho soberano de los Estados miembros a reestructurar su deuda pública mediante actos legislativos.
30 Según esa disposición, el Reglamento n.º 1215/2012 no se aplicará, en particular, a la «responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad (acta iure imperii)».
31 Al haber sido derogado y sustituido el Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), por el Reglamento n.º 1215/2012, la interpretación por el Tribunal de Justicia de las disposiciones del primer Reglamento será igualmente válida para el segundo cuando las disposiciones de ambos instrumentos de Derecho de la Unión puedan calificarse como equivalentes (sentencias de 16 de noviembre de 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, apartado 26, y de 9 de marzo de 2017, Pula Parking, C‑551/15, EU:C:2017:193, apartado 31).
32 Así sucede con el artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.º 44/2001 del Consejo y el artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012, que circunscriben el ámbito de aplicación de dichos Reglamentos a la «materia civil y mercantil», pero sin definir el contenido y el alcance de este concepto, respecto del cual el Tribunal de Justicia ha declarado que ha de considerarse como un concepto autónomo que debe ser interpretado por referencia, por una parte, a los objetivos y a la configuración sistemática de los Reglamentos citados y, por otra, a los principios generales que inspiran todos los sistemas jurídicos nacionales (sentencias de 11 de junio de 2015, Fahnenbrock y otros, C‑226/13, C‑245/13, C‑247/13 y C‑578/13, EU:C:2015:383, apartado 35, y de 9 de marzo de 2017, Pula Parking, C‑551/15, EU:C:2017:193, apartado 33).
33 Esta interpretación lleva a excluir determinadas acciones o resoluciones judiciales del ámbito de aplicación del Reglamento n.º 1215/2012, en razón de los elementos que caracterizan la naturaleza de las relaciones jurídicas que se dan entre las partes del litigio o el objeto de este (sentencia de 15 de febrero de 2007, Lechouritou y otros, C‑292/05, EU:C:2007:102, apartado 30 y jurisprudencia citada).
42 De ello se deduce que, habida cuenta de la excepcionalidad de las condiciones y circunstancias en que se adoptó la Ley 4050/2012, con arreglo a la que se modificaron con carácter unilateral y retroactivo las condiciones originales de suscripción de los títulos de deuda pública controvertidos en el litigio principal, mediante el establecimiento de una CAC, y habida cuenta del objetivo de interés general que persigue la propia CAC, el origen del litigio principal se halla en una manifestación de autoridad y es el resultado de actos realizados por el Estado griego en ejercicio de dicha autoridad, por lo que no está comprendido en el ámbito de la «materia civil y mercantil» a los efectos del artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012.
43 Siendo ello así, procede contestar a la cuestión planteada que el artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que, a los efectos de esa disposición, no están comprendidos en la «materia civil y mercantil» litigios entablados, como el controvertido en el asunto principal, mediante la interposición por parte de una persona física que hubiera suscrito deuda pública de un Estado miembro de una demanda contra este para oponerse al canje de dicha deuda pública por títulos de valor inferior, canje impuesto a esa persona física en virtud de una ley adoptada por el legislador nacional en circunstancias excepcionales y con arreglo a la cual se modificaron con carácter unilateral y retroactivo las condiciones antes mencionadas mediante el establecimiento de una CAC que permite que una mayoría de tenedores de los títulos de deuda pública en cuestión impongan ese canje a la minoría.
El artículo 1, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, a los efectos de esa disposición, no están comprendidos en la «materia civil y mercantil» litigios entablados, como el controvertido en el asunto principal, mediante la interposición por parte de una persona física que hubiera suscrito deuda pública de un Estado miembro de una demanda contra este para oponerse al canje de dicha deuda pública por títulos de valor inferior, canje impuesto a esa persona física en virtud de una ley adoptada por el legislador nacional en circunstancias excepcionales y con arreglo a la cual se modificaron con carácter unilateral y retroactivo las condiciones antes mencionadas mediante el establecimiento de una cláusula de acción colectiva que permite que una mayoría de tenedores de los títulos de deuda pública en cuestión impongan ese canje a la minoría.

References: Artículo 1
 artículo 7
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