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Timestamp: 2019-11-18 05:47:54+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 498, de 11/02/2014
cve: DSCD-10-CO-498
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 498
- Proyecto de ley básica de las cámaras oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. (Número de expediente 121/000057) ... (Página2)
- PROYECTO DE LEY BÁSICA DE LAS CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN. (Número de expediente 121/000057).
En el orden del día de hoy, como sus señorías conocen, en primer lugar tenemos la ratificación de la ponencia designada para informar de la iniciativa legislativa siguiente: proyecto de ley básica de las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación. ¿Se ratifica la ponencia? (Asentimiento).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2.º, al proyecto de ley básica de las cámaras oficiales. Me lo han pedido los distintos portavoces, ruego que hoy nos ajustemos a los tiempos de diez minutos, si se puede, porque va a haber muchas intervenciones. La votación no se celebrará antes de las 13:30. Vamos a ver si es posible que cumplamos los plazos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Esta es una ley importante y quiero destacarlo así. También quiero destacar que ha habido algunos avances en las enmiendas transaccionales que se nos ofrecen, no sobre los elementos esenciales que el Grupo Parlamentario Socialista planteaba, pero, en todo caso, se han producido avances. Es más, quiero agradecer al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Delgado, su amabilidad y su estilo negociador.
Nosotros tenemos un concepto muy positivo de estas instituciones. El hecho de que las mismas, con sus diversas denominaciones, estén extendidas por toda Europa y tengan una fuerte presencia en el resto de las economías desarrolladas del mundo demuestra claramente su utilidad, más aún si tenemos en consideración su composición. En el espacio europeo, más del 90% de los miembros de estas corporaciones son personas físicas y jurídicas que realizan actividades comerciales, industriales o de servicios y que se pueden encuadrar en la categoría de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Son instituciones de larga data, de enorme antigüedad, con presencia en nuestro país desde comienzos de la Edad Moderna, pero estaban sin ninguna duda en los últimos tiempos necesitadas de una profunda actualización. A ello contribuyó, como reconoce la exposición de motivos de esta ley, el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, que en medio de la devastadora crisis económica que nos afecta vio la necesidad de introducir cambios estableciendo medidas eficientes de racionalización del gasto y de fortalecimiento e impulso de la economía, y en particular para impulsar el crecimiento de la competitividad de las empresas mediante políticas de apoyo a la actividad comercial y empresarial. Aquellas reformas, las del año 2010, pretendieron impulsar las cámaras como entidades de prestación de servicios abogando por un modelo dirigido a resultados, buscando la máxima eficiencia en el desarrollo de sus funciones. Cierto es que desde entonces, debido a la urgencia de las medidas y al dificilísimo momento económico que vivimos, se ha generado una cierta provisionalidad e inseguridad que debe ser resuelta por un nuevo marco legal como el que representa este proyecto de ley.
En nuestra opinión, estas instituciones son corporaciones de derecho público que realizan funciones de carácter público-administrativo y privadas, que deben representar el interés general de las empresas, impulsar la economía y el crecimiento económico, prestar servicios a empresas y contribuir al desarrollo local y regional, así como prestar servicios de información y asesoramiento a empresas, desarrollar actividades de formación y arbitraje e impulsar la internacionalización de la economía española. Digamos que este sería un buen marco de objetivos a alcanzar y pensamos que se hará con más eficiencia si conseguimos orientar la actividad de las cámaras a la obtención de los mejores resultados. Para ello nos sirve como base este proyecto de ley, aunque pensamos que se le pueden incorporar importantes mejoras. En esa línea han ido las enmiendas del Grupo Socialista. Sin duda es positivo el tratamiento que se da a los objetivos de internacionalización y competitividad de las empresas en el proyecto de ley, también lo es
la participación de las cámaras en la formación profesional dual, con un papel por cierto similar al de las cámaras alemanas, que han mostrado un alto éxito en este campo.
Sin embargo, hay mejoras a hacer muy necesarias que deben centrarse en nuestra opinión en mejorar el papel de estas instituciones, en el fortalecimiento de su actividad para favorecer el inicio de actividades económicas y empresariales, especialmente en lo que se refiere a las pymes, y su mayor eficiencia en la internacionalización de la economía española. Aquí deberíamos redoblar nuestros esfuerzos dado que, hoy por hoy, este es el único sector -el exterior- que aporta crecimientos positivos a la economía española y resulta esencial conseguir una mayor tasa de creación de empresas con mayor intensidad tecnológica, mayor tamaño y mayor vocación exportadora, y a todo ello sin duda pueden contribuir las cámaras de comercio, industria, servicios y navegación, pero para ello, señorías, a nuestro juicio hay elementos esenciales que no se contemplan todavía en este proyecto de ley. El primero es que con este proyecto de ley no se garantiza una presencia mínima de las cámaras en el territorio, con la previsión de que debería existir una cámara al menos por provincia, sin perjuicio obviamente de que determinados servicios o funciones se puedan prestar de forma agrupada en cada comunidad autónoma. Esa es una enmienda esencial que presenta el Grupo Socialista y que de momento no ha sido recogida en las transaccionales que se nos ofrecen. Estas instituciones tienen sentido si disfrutan de una gran capilaridad, de una presencia en todo el territorio y justamente son más necesarias allá donde el tejido productivo tiene menor intensidad, y, por lo tanto, si van a desaparecer, si no se garantiza una presencia mínima, esto será un planteamiento muy negativo para el desarrollo de las mismas.
En cuanto a la adscripción de las empresas a las cámaras y su financiación -son dos elementos esenciales también-, ya sabemos que hay diversos modelos con diversos perfiles. Para nosotros lo esencial son los resultados; por ello preferimos la adscripción voluntaria -no nos gustan los encuadramientos obligatorios-, porque ello estimularía en nuestra opinión mejores resultados a efectos de captar el mayor número posible de la pertenencia a las mismas. Sería aceptable la actual redacción, siempre que se permitiera a las personas físicas y jurídicas comunicar de modo fehaciente su exclusión de pertenencia obligatoria. Debe entenderse en nuestra opinión la incorporación a las mismas, a las cámaras, como un derecho y no como una obligación. Es así como pensamos que se obtendrían mejores resultados.
Con respecto a la financiación, señoras y señores diputados, pensamos que debería contemplarse en la ley la posibilidad de que las cámaras recibieran ingresos de carácter público suficientes al menos para garantizar la prestación de las funciones de carácter público-administrativo que tienen encomendadas. Esto tampoco está garantizado. Cierto es que se han aceptado varias enmiendas del Grupo Socialista, lo que agradezco, que mejoran notablemente la perspectiva de futuro de las cámaras, por ejemplo, la posibilidad de que las cámaras puedan participar en la gestión, a efectos de mejora de la competitividad de las empresas, de fondos europeos. Esta es una enmienda muy importante, cuya aceptación agradezco al grupo mayoritario. Es esencial para el futuro de las cámaras. Si han de volcarse en la mejora de la competitividad e internacionalización de nuestra economía, es esencial que puedan disfrutar del acceso a los fondos comunitarios. En este punto sí hemos conseguido que se aceptara. También propusimos que tanto el plan de competitividad como el plan cameral de internacionalización pudieran tener recursos públicos -se acepta una fórmula intermedia, mediante convenios- para el desarrollo y aplicación de los mismos. Cierto es que convendría que se considerara también una distribución de estos recursos entre el conjunto de las cámaras con criterios de eficiencia y de equidad.
Hay otra enmienda que afecta a las personas discapacitadas, que ha sido aprobada, lo celebro, me alegro de ello. Existen otras enmiendas importantes para mi grupo parlamentario que deberían ser tomadas en consideración para mover también, digamos, nuestra voluntad a la hora de posicionarnos sobre el proyecto de ley, que tienen que ver fundamentalmente -como les decía- con los ingresos públicos para la financiación de actividades público-administrativas. Tienen que ver con la situación del personal. Es muy importante para nosotros este punto. En esta ley se laboraliza a todo el personal de las cámaras. No es descabellado pensar que se hace para favorecer una posible transformación del conjunto de las cámaras extinguiendo un número importante de ellas y aplicando a sus trabajadores la reforma laboral. Dado que esto les quita derechos, no nos parece justo. No nos parece justo que se afecte a derechos consolidados del conjunto de los trabajadores y menos en un momento en que, por aplicación de la actual reforma laboral, se sabe que, tanto los procedimientos de despido como las indemnizaciones, en despido se facilitan extraordinariamente y las indemnizaciones disminuyen también de forma muy notable. Por lo tanto, este es un punto esencial, igual que la propuesta de que las retribuciones e
indemnizaciones del personal al servicio de las cámaras estuvieran limitadas, al igual que ocurre con el sector público empresarial, tanto en sus retribuciones como en las posibles indemnizaciones por salida de los mismos de estas actividades. No sé por qué no se nos admite esta enmienda cuando se está aplicando al sector financiero, se está aplicando correctamente en mi opinión y, por tanto, deberíamos garantizar lo establecido en cuanto al personal que presta servicio en este tipo de instituciones y que, en consecuencia, respecto a las retribuciones que perciben como altos cargos y máximos responsables de las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación, así como sus indemnizaciones, con ocasión de su cese, les sea aplicable el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y en otras entidades. No sabemos por qué no se acepta esta enmienda, nos gustaría que así fuera.
Repito, señoras y señores diputados, ha habido avances. No son todavía avances esenciales en nuestra opinión. Reconozco el esfuerzo que se ha desarrollado, pero deberíamos tener un marco claro en tres elementos esenciales: la vía de la financiación; la vía de la presencia de las cámaras en todo el territorio, su capilaridad, la presencia al menos de una cámara en todas y cada una de las provincias, con independencia de que determinados servicios pudieran prestarse en el ámbito comunitario; la protección de los trabajadores, razonable de acuerdo con los derechos que han adquirido a lo largo del tiempo, pues se produce una posible puerta abierta -no posible, real seguramente- a la pérdida notable de derechos que tienen consolidados y, por tanto, a la aplicación de una reforma laboral en nuestra opinión injusta y con resultados muy negativos.
Hay otro elemento esencial que el grupo mayoritario debería considerar. Dado que en estas entidades la aportación de las empresas es voluntaria, entendemos que se debería dar un tratamiento fiscal específico en la ley de mecenazgo, si no en esta ley, en la futura norma que lo regule, y debería de haber un compromiso de tratamiento de estas posibles aportaciones, que sin duda beneficiarían y garantizarían las aportaciones libremente decididas de las empresas a las mismas y, por tanto, la mejora de los canales a través de los resultados de las políticas que favorezcan la competitividad de nuestras empresas, la mejora de su actividad, su internacionalización y su aportación -una aportación de la máxima calidad posible- al necesario crecimiento económico que espera la economía española. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A petición de algunos grupos vamos a cambiar un poco el orden. Intervendrá ahora el representante de UPyD, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Nuestro grupo considera que esta ley, efectivamente, actualiza algunas cuestiones pendientes importantes que había en el campo de las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación, pero también consideramos que hay una cuestión muy relevante que no se ha tomado en consideración por la ponencia -eso nos va a llevar a votar en contra de esta ley-, que voy a explicar enseguida. Hemos encontrado enmiendas interesantes presentadas por la totalidad de los grupos, que pensamos apoyar, y por nuestra parte, de las que hemos presentado, se nos ha aceptado una hoy a última hora, no teníamos ni idea, lo cual no deja de ser curioso -parece que ha habido tiempo para hablarlo-, y se nos ha ofrecido una enmienda transaccional, que también he aceptado, de tipo técnico, a la nuestra que hablaba de que el director gerente tendrá que ser licenciado o titulado de grado superior, en fin, cuestiones menores.
Para nosotros hay dos cuestiones importantes que creemos que esta ley no soluciona de una manera adecuada. En primer lugar está la distribución competencial de qué funciones pueden desempeñar las cámaras de comercio. Pensamos que no despeja una de las muchas duplicidades competenciales que dificultan la racionalización de las administraciones en la salida de la crisis, porque la competencia del comercio exterior es del Estado, pero aquí se deja en la ambigüedad una vez más si las cámaras de comercio podrán o no tener iniciativas o llevar a cabo acciones de comercio exterior. Nosotros pensamos que hubiera sido mucho mejor que quedara claro, aprovechando la actualización de la ley, que las cámaras de comercio tendrán también competencias de ámbito autonómico en comercio interior, pero que las de comercio exterior tendrán que estar en todo caso coordinadas o dirigidas por las instituciones públicas del Estado. No ha sido así y nos parece otra ocasión perdida para introducir una racionalidad en un modelo de Estado, el autonómico, francamente irracional.
Dicho esto, nuestro mayor obstáculo para poder apoyar esta ley tal como queda, admitiendo que tiene importantes mejoras respecto a la situación anterior, es la de un anacronismo, el anacronismo de la pertenencia obligatoria a las cámaras de comercio. Esta no es una cuestión menor para nosotros. Creemos que es importante por dos razones, en primer lugar porque no deja de haber aquí el sedimento,
el poso de una vieja tendencia gremial de origen medieval a hacer que los diferentes oficios estén controlados por instituciones de pertenencia obligatoria. Nos parece anacrónico. No vemos ninguna ventaja ni ninguna razón para que cualquier persona o entidad jurídica que tenga actividad en el campo de las cámaras de comercio venga obligado a formar parte de estas entidades, sobre todo porque además -como la ley subraya muy a menudo- de lo que se trata es de que sean entidades que prestan servicios, pues si prestan servicios, aparte de sus funciones de tipo administrativo, esos servicios deberían ser de voluntaria adscripción o voluntario sufragio y apoyo, precisamente para mejorar el potencial con incentivos de competencia, la prestación de servicios, la innovación de esos servicios y la competitividad en los programas de las cámaras de comercio. Mientras este tipo de instituciones sigan siendo de pertenencia obligatoria no dejarán de tener una situación de enorme comodidad y una especie de dominio del mercado cautivo que no vemos en qué medida colabora a lo que se pretende con la ley, que es justamente mejorar la competitividad, mejorar la innovación en la prestación de servicios y lograr que haya programas, como también se ha dicho antes, que activen el sector exterior en España. Por esta razón y porque no se nos han aceptado las enmiendas, ni siquiera se nos ha invitado a discutir sobre la voluntariedad de la pertenencia a las cámaras de comercio, no va a ser posible que demos el apoyo a esta ley que, por lo demás, es evidente que introduce algunas actualizaciones pero insuficientes respecto a las cuestiones de fondo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto van a dividir el tiempo. Señor Larreina, recuerde que tiene que dejar un poquito de tiempo a la señora Oramas. Tiene la palabra, señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: De todas formas, el otro día me atuve a lo que había pactado con la otra compañera del Grupo Mixto.
Intervengo brevemente para dar por defendidas las enmiendas de Esquerra Republicana de Catalunya y mantener el sentido del voto en ellas. Desde el punto de vista global, por parte de Amaiur tenemos que subrayar que una vez más esta ley no tiene en cuenta los distintos ámbitos de soberanía que existen en el Estado y, desde el punto de vista de la realidad de Euskal Herria, tampoco lo tiene en cuenta, sobre todo ante el hecho de que es uno de los territorios especialmente exportador y especialmente vinculado a estas instituciones de apoyo a las empresas, particularmente en el comercio y en el comercio exterior. Por esas razones no vamos a dar nuestro respaldo a esta ley.
El señor PRESIDENTE: Señora Oramas, tiene la palabra.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: El Gobierno elabora proyectos de ley sin tener en cuenta las especificidades de Canarias ni las políticas especiales que se deben respetar en las islas para garantizar un trato equitativo y que las empresas canarias puedan competir en igualdad de condiciones. Este proyecto de ley tampoco es una excepción. Este proyecto mantiene la supresión de la cuota cameral con carácter obligatorio y no prevé ningún tipo de financiación pública estableciendo que los ingresos en las cámaras provendrán fundamentalmente de los servicios que presten y en general del ejercicio de sus actividades. A pesar de que el Gobierno del Estado resta financiación pública, suma a las cámaras de comercio nuevas competencias y funciones de carácter público-administrativo. El Gobierno confía por tanto la satisfacción y cumplimiento de estas competencias y funciones públicas al éxito de una autofinanciación que en absoluto está garantizada ni siquiera mínimamente quebrándose el equilibrio esencial que debe existir entre la atribución de una competencia y la garantía presupuestaria.
Si esta situación es preocupante en todo el Estado, lo es aún más en el caso de las cámaras de comercio de Canarias, que se verán mucho más afectadas por la eliminación del pago obligatorio y la retirada de la financiación pública. ¿Por qué afecta más a Canarias? Por dos hechos obvios, por su carácter insular y porque su actividad predominante es el turismo. Frente a cámaras de tamaño medio o medio-alto como las de Murcia, Alicante, Castellón, Valencia y A Coruña, que sí ingresan la cantidad suficiente solo en emisión de certificados de origen como para garantizar un porcentaje importante del mantenimiento de su estructura básica, en el caso de Canarias no es así. Los certificados de origen que se emiten en Canarias son escasísimos al poseer una escasa relevancia el sector industrial y la exportación.
Por otro lado, en el proyecto de ley no se ha tenido en cuenta que Canarias es una región ultraperiférica y el Estado elimina del texto que aún permanece vigente el régimen especial del recurso cameral permanente que se aplica en las islas. Por tanto, entendemos que la nueva ley básica debería establecer un tratamiento particular a Canarias teniendo en cuenta que su condición insular y lejanía geográfica de
España y Europa condicionan su capacidad industrial y exportadora, por lo que se produce un desequilibrio importante frente al resto de las cámaras. Es más, si este desequilibrio no se tiene en cuenta, en el peor de los casos podría suponer incluso la desaparición de las cámaras de comercio centenarias en Canarias.
En definitiva, esperábamos que el Gobierno y el Grupo Popular rectificaran y aceptaran las enmiendas en las que les proponemos una salida para garantizar la financiación de los nuevos servicios asignados a las cámaras y que en el caso de Canarias tuvieran en cuenta nuestras singularidades territoriales y económicas. De todas formas, he retirado la enmienda 42 por la transacción que me ha ofrecido el portavoz y anuncio nuestra abstención, porque creemos que esto es un avance en el proyecto general de cámaras de España, pero desde luego deja prácticamente sin salida a las cámaras de comercio.
El señor SIXTO IGLESIAS: No voy a repetir los argumentos que han dado otros portavoces antes que yo. Hay características de este proyecto de ley que nos van a llevar a que finalmente nos abstengamos en la votación de totalidad. Voy a retirar dos enmiendas en función de las transaccionales que se nos han planteado, la enmienda 11 y la enmienda 16, no así la enmienda 13, a la que se le ha planteado la transaccional número 5. Mantendré esa enmienda 13 y el resto de las enmiendas. Las doy por defendidas en su conjunto, porque con estas enmiendas hemos tratado de introducir algunas características de transparencia, de coordinación, de control y de mayor representatividad en las cámaras de comercio, sobre todo para el sector de los autónomos o para las administraciones locales. Hemos tratado de incorporar que la titulación de los secretarios y el régimen de incompatibilidades estuvieran más acordes con las características de estos puestos de responsabilidad y asesoramiento en el conjunto de las cámaras. En definitiva, hemos intentado que, dado el carácter público que va a tener una parte de su gestión, la Ley de contratos del sector público sea de obligatorio cumplimiento, todo ello con la finalidad -ya lo he dicho antes- de introducir criterios de transparencia, de coordinación y de control. Mantendremos el resto de nuestras enmiendas -repito- retirando la 11 y la 16.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario del PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Intervengo en nombre del Grupo Vasco para fijar nuestra posición en relación con este proyecto de ley y defender de alguna manera las doce enmiendas que nuestro grupo ha presentado. Como saben, inicialmente la voluntad del Gobierno y del Grupo Popular era llegar a un acuerdo o consenso en relación con este proyecto y, de hecho, ningún grupo de la Cámara presentó enmiendas a la totalidad, concediendo ese margen de maniobra tanto al grupo parlamentario como al Gobierno. Es cierto que el grupo parlamentario y el Gobierno nos han planteado una serie de enmiendas transaccionales, que vamos a tratar de ver en positivo, pero que no afectan a aquellas cuestiones que para nosotros era fundamental corregir en este proyecto. Hay cinco enmiendas que no han sido aceptadas, una de carácter competencial y otras dos que para nuestro grupo eran y siguen siendo enormemente importantes, relativas a los recursos de que van a disponer las cámaras de comercio y a la posibilidad de que las aportaciones empresariales a las cámaras tengan una deducción fiscal que haga atractivo que las empresas hagan aportaciones a las mismas. Estas dos cuestiones son realmente importantes y no se han satisfecho suficientemente. Esperamos que el Gobierno en estas materias adquiera un compromiso de cara al futuro, vamos a darle un margen de maniobra para que con estas medidas garanticemos la viabilidad de las cámaras en el futuro. Por lo tanto, el Grupo Vasco va a intentar hacer un esfuerzo para verlo, insisto, en positivo.
Me gustaría hacer una reflexión en relación con el tema competencial y con estos aspectos a los que me he referido. Desde la perspectiva competencial, creemos que el proyecto extiende el carácter básico a todos los preceptos de la norma, circunstancia que no se producía en la regulación anterior, en la que se excepcionaban de ese carácter básico algunos preceptos concretos. Pues bien, aun admitiendo que la norma pueda ser calificada como básica en casi su integridad, lo que resulta cuestionable es que contenga unos niveles de detalle en la regulación propuesta que impiden a las comunidades autónomas el legítimo ejercicio de sus competencias en esta materia. Aunque el texto venga como viene, salpicado de algunas referencias a la posible existencia de normativa autonómica de desarrollo en materia de cámaras de comercio, tanto la escasez de dichas referencias en el conjunto del texto legal como, sobre todo, la parquedad de sus contenidos y la ausencia de aspectos sustanciales a regular por las comunidades autónomas, no pueden considerarse a nuestro juicio respetuosas con el régimen de distribución
competencial en esta materia en los términos en los que ha delimitado el Tribunal Constitucional el artículo 149.1.18.ª de la Constitución cuando este se refiere a las corporaciones públicas representativas de los intereses económicos, como es el caso de las cámaras de comercio. Así, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 2006/2001, ha clarificado que la competencia que el artículo 149.1.18.ª de la Constitución atribuye al Estado en cuanto a la regulación de las corporaciones públicas como las cámaras de comercio no puede alcanzar la extensión e intensidad que pueden tener las bases estatales al regular las administraciones públicas en sentido estricto. Lo que el Tribunal Constitucional reconoce al Estado en la citada sentencia es la facultad para regular el régimen jurídico básico de las cámaras de comercio, así como la fijación de sus fines característicos y sus funciones, en ambos casos mediante la determinación de sus líneas o elementos esenciales, lo que implica que su iniciativa normativa no pueda extenderse hasta agotar la regulación de esta materia, máxime cuando existe competencia exclusiva de la comunidad autónoma de Euskadi sobre cámaras de comercio y el propio Tribunal Constitucional ha reconocido que las cámaras, como organización corporativa, caen dentro de la esfera competencial de las comunidades autónomas, correspondiendo a los órganos autonómicos la tutela administrativa sobre las existentes en su territorio. De ahí la enmienda 27 de nuestro grupo, que no ha sido considerada y que presentaremos de nuevo en el Senado para ver si el Gobierno y el Grupo Popular dan una vuelta al asunto y ofrecen un encaje a esta cuestión en el proyecto de ley. Es verdad que con algunas transacciones que se han planteado al Grupo de Convergència i Unió se encauzan en parte las cuestiones competenciales.
Por otro lado, el proyecto desarrolla un modelo ideal pero inexistente. Existen cámaras de comercio en todos los países del mundo, pero en ninguno con el modelo que plantea este proyecto de ley. En nuestra opinión, el legislador debería ser realista y decidirse por el modelo continental, cámaras de derecho público en las que la afiliación es universal para todas las empresas y la financiación fundamentalmente pública, como en Alemania, Francia e Italia y otros países, puesto que tal y como señala el redactor de la memoria del anteproyecto de ley, este es el mejor modelo para conseguir unas cámaras fuertes y consolidadas. En nuestra opinión, el articulado en general rezuma por todas partes una mayor intervención de la Administración pública y de las asociaciones empresariales con una representación desproporcionada en sus órganos de gobierno. El modelo propuesto, si bien puede parecer una solución de consenso, la realidad es que no responde a la demanda de las empresas y tampoco ofrece una solución viable a la situación actual de las cámaras; más bien parece un ejercicio oportuno de apropiación por parte del Ministerio de Economía y Competitividad y de las organizaciones empresariales del sistema cameral español a través de la creación de la nueva cámara de comercio de España, distrayendo a los empresarios con la promesa de no tener que pagar cuotas. Todo ello genera unas difíciles contradicciones e incoherencias que, en nuestra opinión, se deberían resolver, principalmente con relación a dos aspectos fundamentales sobre los que ha de pivotar el nuevo modelo de cámaras de comercio, que son una financiación que garantice la ejecución de las funciones públicas que se asignan a estas corporaciones y un modelo de red de cámaras vertebrado y cohesionado que cuente con unos órganos de gobierno suficientemente representativos para la defensa de los intereses generales de la economía y de las empresas.
Asimismo y en lo que se refiere al régimen económico de las cámaras, respecto del que hemos presentado dos enmiendas, una vez planteada en el proyecto la supresión del recurso cameral permanente, auténtico eje en la regulación anterior, se impide que dentro de los recursos de las cámaras puedan incluirse las aportaciones de las administraciones públicas destinadas al sostenimiento de las funciones público-administrativas que les atribuye el presente proyecto de ley, cuando las cámaras, en su condición de corporaciones públicas representativas de los intereses económicos, coadyuvan con las administraciones públicas en el ejercicio de las funciones inherentes a estas. Esta es la enmienda número 31 del Grupo Vasco, que presentaremos nuevamente en el Senado, insisto, para ver, como decía antes, si en este caso el Gobierno o el Grupo Popular le dan una vuelta más al asunto y la incorporan al texto definitivo.
En este mismo contexto no se contempla la posibilidad de que las aportaciones voluntarias de las empresas o entidades comerciales tengan un tratamiento fiscal similar al de las aportaciones declaradas como actividades prioritarias de la Ley del Mecenazgo, lo que puede impedir -a nuestro juicio de una manera importante- la contribución y la participación empresarial en las actuaciones susceptibles de desarrollarse por las cámaras. Esto no lo decimos por las cámaras vascas, que están afectadas por la legislación de las diputaciones forales y podrán actuar en este campo si lo consideran oportuno, lo decimos por el conjunto de las cámaras del Estado pensando en la viabilidad y en la pervivencia de todas ellas. Además, en lo que concierne a las funciones de la tutela de las administraciones públicas sobre la actividad
de las cámaras, la tutela que ejerce el Estado sobre las actividades de comercio exterior no puede extenderse hasta los límites que lo hace el artículo 34 del proyecto de ley, que incluye la posibilidad de suspender las actividades de comercio exterior de las comunidades autónomas en un ámbito en el que la tutela entre la Administración del Estado y de la comunidad autónoma debe ejercerse de forma compartida.
Se me ha acabado el tiempo y no voy a insistir más en la cuestión. Por lo expuesto, el Grupo Vasco no puede apoyar el proyecto de ley en los términos en que se encuentra formulado. Nos gustaría que el Gobierno, o en este caso el Grupo Popular, se comprometiera a dar un paso más en el Senado en cuestiones fundamentales como las que he planteado: algunas cuestiones competenciales, que no son difíciles de corregir -además no era la voluntad del Gobierno, al menos cuando presentó el proyecto, que dicha iniciativa alterara o fuera en contra de las competencias de las comunidades autónomas y ahí sí le pediría que hiciera un esfuerzo-; luego están los temas de ingresos o financiación de las cámaras en las dos cuestiones: tanto en la de abrir la posibilidad de que tengan recursos públicos como parte de su financiación, de sus ingresos y, sobre todo, en el sistema de incentivación a las empresas para que aporten a las cámaras, porque es muy difícil que las empresas lo hagan sin una incentivación fiscal adicional, que es a lo que pedimos que el Gobierno se comprometa. Vamos a dar en este sentido un margen de maniobra, vamos a darles un margen de confianza; no les vamos a apoyar pero, como lo han hecho también otros grupos en esta Cámara, vamos a darles una abstención a la espera de que se tengan en cuenta algunas de las cuestiones que hemos planteado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, quiero agradecer la sensibilidad de los grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra por darme el tiempo suficiente para preparar la intervención del grupo parlamentario al que represento, en el sentido de analizar en profundidad las enmiendas que nos ha planteado el Grupo Popular, el grupo que da soporte al Gobierno, y determinar así nuestra fijación de posición con más solvencia y con más determinación.
Quisiéramos destacar la voluntad negociadora por parte del Grupo Parlamentario Popular que a lo largo de estos últimos meses se ha puesto en contacto con nuestro grupo parlamentario y con otros grupos presentes en esta Cámara, con el fin de consensuar una ley tan importante como es la ley básica de las cámaras de comercio. Nuestro grupo parlamentario tiene única y exclusivamente dieciséis diputados y el Grupo Parlamentario Popular tiene mayoría absoluta; nosotros planteamos un modelo diferente al resultante de esta tramitación pero valoramos positivamente en este caso la sensibilidad del Grupo Popular para acercar posiciones con todos los grupos parlamentarios, especialmente con el Grupo de Convergència i Unió. Valoramos favorablemente la actitud muy positiva tanto del Gobierno, del secretario de Estado de Comercio Exterior, como de los portavoces Celso Delgado y Martínez-Pujalte para consensuar y llegar a un acuerdo definitivo. Nos mostramos moderadamente satisfechos del acuerdo alcanzado hasta hoy; esperamos también, como han hecho otros grupos parlamentarios, acabar de consensuar esta ley con el resto de grupos para que el consenso pueda ser más amplio. De entrada ya valoramos positivamente el acuerdo alcanzado a fecha de hoy, por lo tanto, vamos a votar a favor en función de las enmiendas que nos han aceptado, que son alrededor de quince. Al mismo tiempo, queríamos plantear una cuestión muy importante: si hoy esta ley no prosperara las cámaras desaparecerían definitivamente; luego hay una urgencia importante de que esta ley se tramite con rapidez para evitar que las cámaras desaparezcan, porque automáticamente serían autodestruidas porque necesitan de esta nueva legislación. De ahí la importancia que le damos a este trámite para que pueda ser resuelto con una mayoría amplia de todos los grupos parlamentarios.
Proponemos tres o cuatro aspectos fundamentales que hemos resuelto satisfactoriamente -en algunos nos hubiera gustado llegar más lejos pero esperamos que en el Senado esto se pueda resolver-, como son todos aquellos que hacen referencia a ámbitos y normas de carácter básico, porque en la ley inicial que entró en el Parlamento había muchísimos artículos que invadían competencias de las comunidades autónomas que en este trámite parlamentario hemos mejorado ostensiblemente y que, repito, esperamos mejorar en el trámite del Senado. Hay otro aspecto fundamental que es el tema de la financiación, porque si nosotros permitiéramos que saliera a la luz pública una ley de cámaras sin que estuviera perfectamente reflejado cuáles serían los mecanismos de financiación, también moriría definitivamente a corto plazo el proyecto de ley que nosotros hoy vamos a aprobar en esta sesión. Son dos aspectos relevantes: el de la financiación y el de las competencias autonómicas. En el de la financiación
había un aspecto relevante, como han dicho otros grupos que me han precedido en el uso de la palabra, que era que las empresas pudieran tener todas aquellas desgravaciones fiscales para hacer aportaciones a las cámaras de comercio y financiar sus proyectos, que no han sido aceptadas hasta la fecha de hoy; esperamos -yo diría con entusiasmo- que haya un compromiso por parte del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, en el sentido de que en la futura ley de mecenazgo las cámaras puedan disponer de este mecanismo tan importante de las aportaciones de las empresas a través de bonificaciones fiscales que se contemplarán en la ley de mecenazgo para que finalmente las cámaras, que nazcan cuando se aprueben las cámaras generales, puedan disponer de mecanismos de financiación. Este es un tema relevante y nosotros, a pesar de que esta enmienda no está contemplada, también le vamos a dar un voto de confianza en el futuro para que cuando venga la ley de mecenazgo esta realidad sea un hecho.
Yendo ya directamente a las enmiendas que nos han aceptado, quisiéramos resaltar algunas de las más relevantes. En primer lugar, nosotros entendíamos que había una serie de funciones que eran de carácter básico que tendrían que ser extrapoladas automáticamente en las funciones que se plantean de cara a las cámaras de comercio que van a existir o que ya existen en las diferentes comunidades autónomas. En este sentido hemos conseguido a través de las enmiendas 66 y 68 objetivos que no son el cien por cien de nuestros planteamientos pero, repito, con los que nos sentimos moderadamente satisfechos porque es muchísimo mejor esto que hoy hemos conseguido que la ley original. Quizás también aquí podríamos llegar a la conclusión -esta es una opinión yo diría muy objetiva, aunque puede parecer subjetiva para otros grupos parlamentarios- de que las enmiendas de Convergència i Unió y de otros grupos parlamentarios que también se han aceptado, van a resaltar que quizá le hemos dado media vuelta al calcetín de la ley que entró en el Congreso de los Diputados. Es cierto que se ha conseguido que determinadas funciones, como pueda ser acotar las de estímulo al comercio exterior -de interés general- puedan ir ya directamente a las competencias de las cámaras de comercio de las comunidades autónomas o a las competencias de los Gobiernos de las cámaras autónomas, como han dicho también en este caso tanto el señor Caldera como el señor Azpiazu, y permitir que las formaciones profesionales sean moderadas por las comunidades autónomas y las cámaras de comercio de competencia o de ubicación territorial, así como también limitar la tramitación de las ayudas a empresas a los programas estatales.
Había dos temas que a nuestro grupo le preocupaban de manera relevante: el relacionado con la internacionalización y todos aquellos aspectos relacionados con la competitividad que en el proyecto inicial eran dos aspectos básicos que iban a erosionar competencias en comercio exterior y competencias en competitividad que eran de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. También quiero resaltar que hemos dado un paso de gigante en el sentido de que todas aquellas competencias autonómicas que hacían referencia al comercio exterior y a la competitividad, se van a plantear en un futuro de acuerdo escrupuloso con los diferentes estatutos de autonomía de cada comunidad autónoma. Por tanto, hemos sacado de la influencia de carácter básico y de lo que pudiera representar en cualquier momento que la cámara de España pudiera asumir competencias de internacionalización y competitividad que son de las comunidades autónomas; las hemos vuelto a trasladar, yo diría, a través de estas enmiendas transaccionales a su residencia, que es donde han de residir para que las comunidades autónomas tengan competencias y se puedan desarrollar a través de esta modalidad de la nueva ley de cámaras de comercio por medio de las cámaras de comercio autonómicas en todos aquellos aspectos que hacen referencia a la internacionalización y a la competitividad. Asimismo, hemos conseguido un hecho que va a ser de buena valoración por todos los grupos parlamentarios como es que en el pleno general de la futura cámara de comercio española se suprimiera la asistencia, porque era una asistencia teórica y subjetiva con voz y sin voto, de diferentes ministerios y de la Administración tutelante. Hemos conseguido que los representantes de la futura cámara de comercio española sea única y exclusivamente por parte de los representantes de las diferentes administraciones tutelantes de las comunidades autónomas. Este también era un tema importante. Había además otro aspecto que a nosotros nos interesaba muchísimo, como era que se pudiera garantizar que existiera un mecanismo de financiación de las diferentes entidades públicas para que las futuras cámaras de comercio pudieran, independientemente de que pudieran obtener de los recursos de las empresas que voluntariamente hicieran aportaciones con las desgravaciones fiscales correspondientes, establecer de entrada unos mecanismos de financiación que estén ya reflejados en la ley, para que estas cámaras en un futuro puedan gozar de este mecanismo de financiación de entidades públicas para que no nazcan muertas y sean de utilidad en todos aquellos aspectos que acabo de mencionar.
Las enmiendas 82 y 85 van en la dirección de que la financiación del Plan cameral de internacionalización sea respetuoso con las competencias autonómicas, y al mismo tiempo se puedan eliminar todas aquellas restricciones de los programas que desarrollen las cámaras en competitividad que deben estar incluidas en el Plan cameral. Hemos conseguido que las comunidades aquí puedan disponer de programaciones específicas en esta dirección. Igualmente hemos eliminado todas aquellas aducciones de acuerdos vinculantes para todas las cámaras en lo que representa el Plan de competitividad de acuerdo con las competencias de las comunidades autónomas. Hemos incrementado a través de nuestras enmiendas los representantes de las cámaras y el comité ejecutivo de la cámara de España, y al mismo tiempo hemos eliminado todas aquellas rigideces de la tutela previa a las cámaras, dejando que sean las comunidades autónomas quienes lo regulen. Este también es un aspecto importante, así como la supresión de la regulación por parte de las comunidades autónomas o del ministerio de las retribuciones máximas que deberían percibir los cargos de las cámaras. Por tanto, hemos avanzado significativamente en la recuperación de competencias en todos aquellos aspectos que hacen referencia a las cámaras de comercio y a las competencias de las comunidades autónomas. También hemos modificado que exista una contabilidad diferenciada para la cámara oficial de comercio, industria, servicios y navegación de la cámara de España respecto a las otras contabilidades de las cámaras específicas de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Igualmente, hemos modificado, a través de la enmienda 70, lo que la ley establece sobre que las cámaras podrán participar en asociaciones, fundaciones y sociedades mercantiles con el consentimiento de la Administración tutelante, porque en este caso se añade que cada Administración tutelante determinará los mecanismos de seguimiento. Repito, vamos a esperar con expectación positiva cuál va a ser la posición del Grupo Popular respecto a todos aquellos aspectos que hacen referencia a la posibilidad de que en un futuro inmediato las cámaras de comercio se puedan financiar también con desgravaciones fiscales vinculadas a la futura ley de mecenazgo, para que el aspecto clave de la financiación pueda ser un hecho en un futuro inmediato.
Resumo, señor presidente. Vamos a votar favorablemente este proyecto de ley. Valoramos de una manera moderadamente optimista y positiva las enmiendas que hemos transaccionado y pactado con el Grupo Parlamentario Popular. Queremos, como ya han dicho otros grupos parlamentarios, que el Senado sea una puerta abierta para conseguir algunos aspectos competenciales que no están bien especificados, tal y como ha quedado el proyecto de ley, debido a las prisas con las que hemos ido pactando en estas últimas horas. Esperamos que finalmente podamos darle la vuelta al calcetín en un cien por cien en una futura ley de cámaras, que les dé contenido específico para que sean instrumentos útiles y nuestras empresas se puedan internacionalizar, se puedan abrir al comercio exterior a través de una institución de derecho público, como son las cámaras de comercio. Al mismo tiempo, esperamos que las futuras cámaras de comercio sirvan para que las comunidades autónomas, en función de sus competencias exclusivas, puedan desarrollar en las cámaras ubicadas en su territorio planes de competitividad al margen de los que pueda implementar la cámara española.
Señor presidente, estamos expectantes con relación a la posición del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Por último, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías, comienzo agradeciendo al portavoz de mi grupo, señor Martínez-Pujalte, que me haya permitido ser ponente de esta ley, junto con mis compañeros Rogelio Araújo y Javier Puente, y que hoy exprese la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre este proyecto de ley.
Señorías, las cámaras de comercio, industria y navegación nacieron en España ha finales del siglo XIX, como forma de representar los intereses generales de las empresas. Sus antecedentes ya se hunden en los consulados que nacieron en la Edad Media, después en las juntas de comercio y, finalmente, en las sociedades económicas del país. Su primera regulación jurídica data nada más y nada menos que de 9 de abril de 1886, cuando el entonces ministro de Fomento, el santiagués Eugenio Montero Ríos, gestó un real decreto que promulgó la reina María Cristina. En aquel real decreto se valoraba la neutralidad política y la defensa de los intereses generales de las cámaras como su gran patrimonio, dedicadas única y exclusivamente a velar por los intereses generales, a procurar el acrecentamiento del comercio, a uniformar usos y prácticas mercantiles, a ilustrar con su consejo a las autoridades y al Gobierno, a promover y a dirigir exposiciones; en definitiva, a procurar y franquear nuevas vías de prosperidad y de progreso. Estas bellas palabras de este real decreto comenzaron a fraguarse con la creación de las
primeras cámaras de comercio. La primera fue la de Bilbao, señor Azpiazu, nada más y nada menos que el día 28 de mayo de 1886; luego vinieron las de Sevilla, San Sebastián y Barcelona, en octubre de ese mismo año; la de Madrid en 1887, y las de algunas provincias pequeñas, por ejemplo, la de Teruel en 1899 o la de mi querida provincia, Ourense, que se constituyó el día 2 de abril de 1899.
Años después, un nuevo real decreto, esta vez de 21 de junio de 1911, estableció en España un modelo de cámaras continental basado en la obligatoriedad del pago de cuotas que permaneció vigente hasta el año 1993, cuando una nueva ley adecuó las cámaras al nuevo Estado autonómico y a la pertenencia de España a la Unión Europea. Fue en la pasada legislatura cuando, de una manera sorpresiva y por medio del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, se estableció un sistema cameral de pertenencia voluntaria y se eliminó el recurso cameral permanente, creando una situación muy complicada y muy comprometida para las cámaras de comercio. Como consecuencia de todo lo anterior, resulta imprescindible que nos dotemos de una nueva ley de cámaras oficiales de comercio, de industria, de servicios y navegación que dé respuesta a nuestras ochenta y ocho cámaras de comercio que trabajan hoy en red, una ley que hoy debatimos y que introduce una serie de reformas importantes que quieren impulsar a las cámaras como entidades de prestación de servicios con un modelo dirigido a la obtención de resultados para reforzar la eficiencia en el desarrollo de las funciones que se le atribuyen.
Señorías, esta ley tiene 37 artículos, VI capítulos y una serie de disposiciones de todo tipo. El capítulo I regula la naturaleza y funciones de las cámaras, y quiero manifestar aquí que esta ley consagra la naturaleza de corporaciones de derecho público de las cámaras de comercio y que las mismas continuarán realizando funciones público-administrativas que se mantienen básicamente con carácter general respecto a la legislación anterior, funciones que tienen relevancia constitucional y con un reforzamiento indudable del papel de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en el ámbito de la internacionalización y del incremento de la competitividad, así como en la organización y función práctica de los centros de trabajo incluidas en las enseñanzas de formación profesional y formación dual, ámbitos en los que las cámaras han demostrado desde siempre su gran eficacia y profesionalidad. También se incorporan nuevas funciones, por ejemplo, la prestación de servicios de comprobación del cumplimiento de los requisitos y verificación de establecimientos mercantiles industriales, o funciones en materia de innovación y simplificación administrativa o la muy importante función de implantación de la economía digital en las empresas.
Señorías, la ley que hoy vamos a aprobar en esta Comisión con competencia legislativa plena prevé que las cámaras puedan participar en la gestión de los fondos de la Unión Europea dirigidos a la mejora de la competitividad de las empresas. Hemos acogido una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que compartimos, porque las cámaras de comercio han demostrado en estos años ser unos muy eficaces gestores en trasladar tantos planes comunitarios y tantos fondos de la Unión Europea a la capilaridad de las empresas de este país. Con esta ley las cámaras de comercio van a poder colaborar con las administraciones públicas de una manera efectiva mediante la suscripción de convenios de colaboración, como venían haciendo hasta ahora, pero además podrán establecer convenios u otros instrumentos de colaboración con otras organizaciones empresariales para coordinar sus actuaciones. Las cámaras de comercio seguirán con la tutela de las administraciones públicas para el control de aquellas situaciones camerales que tengan un contenido económico más importante. Señorías, el capítulo II regula el ámbito territorial de actuación de las cámaras y su organización. Este proyecto de ley no dice que no pueda haber cámaras de comercio en todas las provincias de España ni en provincias de España donde haya varias cámaras en diferentes localidades. Esta ley admite la posibilidad de que haya cámaras de ámbito autonómico, provincial, local, así como consejos de cámaras o entidades similares. Lo que hace es dar a la Administración tutelante, a las comunidades autónomas, la facultad y posibilidad de que lo hagan en el marco del ámbito de sus competencias, y estoy seguro de que la mayoría de las localidades y de las provincias seguirán contando con estas instituciones que han servido tanto a sus intereses generales.
Claro que se mantiene en esta ley -el Grupo Popular y el autor del proyecto, el Gobierno, lo reafirman- la adscripción de todas las empresas a las cámaras con carácter general, con carácter universal, pero sin que de ello se derive obligación económica alguna. Todas las empresas podrán ser electoras, podrán ser elegibles, sin embargo no se les exigirá la obligatoriedad de pago económico alguno. ¿Por qué esta adscripción obligatoria? ¿Por qué? No es una reminiscencia del pasado, es que solo las cámaras de comercio podrán invocarse como defensoras de los intereses generales si están formadas por todas las empresas de su demarcación, pero para ello este proyecto también establece un sistema democrático de elección, como dije antes, donde todos son electores y elegibles. Hemos tratado también
de mejorar en el trámite parlamentario la representatividad de los órganos de gobierno de las cámaras, fundamentalmente del pleno, estableciendo que como mínimo dos tercios del número de vocalías serán para miembros elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Por supuesto también en estas cámaras de comercio deberán sentarse aquellas empresas que hagan mayores aportaciones voluntarias a las cámaras y las organizaciones empresariales más representativas. Solo conseguiremos que nuestras cámaras salgan adelante si las empresas más importantes, más relevantes económicamente, se implican con su aportación en el quehacer de la defensa de unos intereses generales que por ser generales también serán buenos para los intereses particulares de las mismas.
Señorías, el capítulo III regula el régimen electoral en el que hay un respeto amplísimo por la Administración tutelante, que será quien convoque las elecciones cada cuatro años, sin perjuicio de que corresponderá al Ministerio de Economía y Competitividad determinar la apertura del proceso electoral, previo acuerdo con las comunidades autónomas. Capítulo IV de la ley, importantísimo, regula el régimen económico de las cámaras de comercio. Pues bien, siendo las cámaras de comercio instituciones fundamentales para la vida económica de nuestro país, la ley quiere garantizar su sostenibilidad económica, pero lo tiene que hacer en el actual marco socioeconómico que vive este país; no puede ser ajeno al marco socioeconómico que vive este país, y por eso establece un sistema de ingresos que está basado fundamentalmente en los servicios que presten las cámaras a las empresas y, en general, por aportaciones voluntarias de las empresas o entidades, de conformidad con lo que prevé la ley. Pero no exclusivamente, no solamente estas formas de ingresos, sino que también se establece expresamente que habrá cualesquiera otras que puedan ser atribuidas por ley en virtud de convenio o por cualquier otro procedimiento de conformidad con el ordenamiento jurídico. Es aquí donde yo, ya no solo como ponente sino como persona que quiere y defiende a las instituciones, hago un llamamiento a las administraciones públicas tanto locales como provinciales, como autonómicas y estatales, para que confíen en la eficacia de estas organizaciones y utilicen estos instrumentos para posibilitar la realización de esas funciones.
Señorías, el capítulo V recoge la normativa aplicable a la cámara oficial de comercio, industria, servicios y navegación de España, que crea esta ley, que viene a asumir las competencias del extinto Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Será este nuevo ente el órgano de representación y de coordinación de todas las cámaras territoriales y de ejecución del nuevo Plan cameral de competitividad y del Plan cameral de internacionalización. Unos órganos de gobierno en los que se ha pretendido que se refleje la realidad económica empresarial de España, me refiero al pleno y a su comité ejecutivo, con la inclusión entre sus miembros de representantes de las empresas y de las organizaciones empresariales y de autónomos más representativas a nivel nacional. Atendiendo a una enmienda que formularon Coalición Canaria y Esquerrra Republicana de Cataluña, hemos decidido la creación de un órgano consultivo, la asamblea general de cámaras de comercio, en la que estarán todas las cámaras de comercio de España.
Especial relevancia tiene la referencia que voy a hacer al Plan cameral de internacionalización y al Plan cameral de competitividad. El primero, el de internacionalización, persigue apoyar las tareas de formación e información para promover la adquisición en el exterior de bienes y servicios producidos en España y cualquier otra relativa a la operativa del comercio internacional. Las cámaras de comercio han acreditado desde siempre su vocación de apoyo a la internacionalización, que hoy es una de las patas fundamentales sobre las que se sustenta la salida de la crisis económica de España y nuestro progreso de futuro. Estas funciones se van a reforzar con este plan, un plan que va a ser aprobado con las comunidades autónomas, con carácter anual, y que establecemos a través de una enmienda que contará con mecanismos de financiación que podrán dotarse por las administraciones públicas mediante la firma de los correspondientes convenios de colaboración. Lo mismo decimos en relación con el Plan de competitividad, que será elaborado cada dos años.
Señorías, control económico y régimen jurídico y presupuestario de estas corporaciones, que se aborda en el capítulo VI. Hemos dicho que hay un principio de tutela al que están sujetas en el ejercicio de su actividad, la Cámara de Comercio de España por el ministerio y las cámaras territoriales por sus respectivas administraciones tutelantes. Pero que nadie piense que no existirá una actividad fiscalizadora, porque esta ley prevé expresamente que someterán sus presupuestos ordinarios y extraordinarios de gastos e ingresos a la aprobación de la administración tutelante, que podrán no aprobar un presupuesto si las retribuciones que se establezcan, como ha sido mencionado hace un momento, excedieran de los límites razonables y que pueda asumir esa cámara de comercio. Por lo tanto, hay una fiscalización de
cuentas anual, de liquidaciones, hay informes de auditorías de cuentas, hay contabilidades separadas para las funciones público-administrativas y para las funciones privadas, hay un sinnúmero de cautelas.
Señorías, termino ya. El trámite parlamentario de esta ley ha sido amplio. En diciembre estuvimos en esta sala a punto de hacer este mismo debate y decidimos, a instancias de don Santiago Lanzuela que tan dignamente nos preside, posponer durante un tiempo la tramitación porque podíamos mejorar este proyecto de ley ya que estábamos obligados a buscar un mayor consenso porque las cámaras de comercio lo merecían. Nos hemos dado un tiempo y en este tiempo no hemos estado quietos. Hemos intentado desbloquear, por una parte, los impedimentos que había a legítimas pretensiones que deseábamos, hemos hablado entre nosotros y hoy les tengo que decir que de las ciento veinticinco enmiendas al articulado, que finalmente han sido ciento veintitrés, hemos aceptado íntegramente trece enmiendas y transaccionamos cuarenta y cinco, prácticamente el 50%. A Convergència i Unió le hemos aceptado catorce de veintinueve enmiendas, bien directamente o por transaccional; al Grupo Vasco, de doce enmiendas, le aceptamos o transaccionamos siete; al Grupo Socialista, de catorce enmiendas le transaccionamos o aceptamos siete; y a Esquerra Republicana le aceptamos siete enmiendas. Podría hacerse más. Todo en esta vida siempre puede ser más, pero el esfuerzo ha sido muy importante para mejorar la ley en beneficio de las cámaras y para ajustar el ámbito competencial de esta ley a las legítimas y estatutarias competencias que tienen las comunidades autónomas. Por ello, les pido su apoyo. Pero no es un apoyo a un proyecto del Gobierno, este es un proyecto del Gobierno, pido un apoyo a un texto que devuelva a las cámaras de comercio, industria, servicios y navegación de España la confianza que en este momento necesitan. Están pasando un momento muy delicado con problemas económicos muy agudos, miran su futuro con inquietud y esta ley no les va a solucionar todos los problemas, pero sí les puede ayudar a solucionar parte de los mismos.
Finalmente, me referiré a tres cuestiones técnicas. Retiramos las enmiendas 111 y 126 del Grupo Parlamentario Popular. En la enmienda transaccional a la 110 del Grupo Parlamentario Popular con la 11 de La Izquierda Plural, quitamos el punto 2. Y para terminar, hago una referencia muy explícita. Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que las aportaciones voluntarias que las empresas destinen a las cámaras de comercio deben tener un mejor tratamiento fiscal. Hoy esas cuotas son deducibles en el impuesto sobre sociedades y en el impuesto sobre la renta, pero creemos que la nueva ley de mecenazgo que se está redactando en este momento -hay un grupo de trabajo creado a tal efecto- debería incluir a las cámaras de comercio como entidades que deberían beneficiarse del tratamiento de la Ley de Mecenazgo porque defienden intereses generales y porque sus funciones público-administrativas redundan en beneficio de la comunidad. Por todo ello, señorías, les pido su apoyo a este proyecto de ley. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Tal como habíamos anunciado al principio, se suspende la sesión durante quince minutos. Pasaremos a las votaciones a partir de la 1:30. (Pausa.)
Señorías, comenzamos la votación. En primer lugar, me ha pedido la palabra el señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Al final de mi intervención olvidé decir que hay una corrección técnica sugerida por doña Mónica Moreno, letrada de esta Comisión, al artículo 8, que es una mejora de redacción que se nos formula, la consideramos muy atinente y muy pertinente, y la aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar las enmiendas transaccionales. En primer lugar, la enmienda que recoge las números 112 y 113 del Grupo Parlamentario Popular, la 47 del Grupo Mixto, las números 66 y 68 del Grupo de Convergència i Unió y la 95 del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmienda transaccional a la 29 del Grupo Parlamentario Vasco, la 56 del Grupo Mixto, la 73 del Grupo de Convergència i Unió y la 99 del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmienda transaccional a la 82 y la 83 del Grupo de Convergència i Unió y a la 101 del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; en contra, 1; abstenciones, 2.
Enmienda transaccional a la 33 del Grupo Parlamentario Vasco, a la 62 del Grupo Mixto, a la 85 del Grupo de Convergència i Unió y a las números 102 y 103 del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41; en contra, 1; abstenciones, 2.
Siguiente enmienda transaccional a las números 118 y 119 del Grupo Popular, a la 34 del Grupo Parlamentario Vasco, a la 86 del Grupo de Convergència i Unió y a la 104 del Grupo Socialista. (Pausa). No sé si aquí hay un error de lo que se ha pasado al servicio jurídico, porque estamos votando la enmienda transaccional a las 118 y 119 del Grupo Popular, a la 34 del Grupo Parlamentario Vasco, a la 86 del Grupo de Convergència i Unió y a la 104 del Grupo Socialista, que en principio estaba transaccionada. (El señor Caldera Sánchez-Capitán: Sí, pero nos abstenemos.)
Pasamos a la siguiente enmienda, que corresponde a la 120 del Grupo Popular, a la 36 del Grupo Parlamentario Vasco y a la 87 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; a favor, 1; abstenciones, 15.
Enmienda transaccional a la 25 del Grupo Parlamentario de UPyD.
La siguiente enmienda transaccional es a la 121 del Grupo Parlamentario Popular, a la 16 del Grupo de La Izquierda Plural, a la 42 del Grupo Parlamentario Mixto y a la 63 del Grupo Parlamentario Mixto también.
Enmienda transaccional que corresponde a la 110 del Grupo Parlamentario Popular y a la 11 del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.
Enmienda transaccional a la 26 del Grupo Parlamentario Vasco.
Enmienda transaccional que corresponde a la 30 del Grupo Parlamentario Vasco.
La siguiente es la enmienda transaccional que corresponde con la 76 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Pasamos a la siguiente en relación con la enmienda 90 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Pasamos a la enmienda transaccional que se corresponde con la 93 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Pasamos a la enmienda transaccional que se corresponde con la 114 del Grupo Popular y la 71 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41; en contra, 1; abstenciones, 1.
La siguiente enmienda transaccional se corresponde con la 123 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 13; abstenciones, 2.
Por último, votamos la enmienda transaccional que se corresponde con las enmiendas 124 y 125 del Grupo Parlamentario Popular.
Pasamos ahora a las enmiendas de los grupos. En primer lugar, dentro del Grupo Mixto las presentadas por el señor Quevedo Iturbe. Votamos de forma conjunta estas enmiendas, excepto la transaccionada.
La señora Jordà nos ha pedido votación separada de cada una de sus enmiendas.
La señora JORDÀ I ROURA: No, todas en conjunto, excepto la 64 y la 65.
El señor PRESIDENTE: Entonces votamos la 64 y la 65 y luego el resto. (El señor Delgado Arce pide la palabra). Señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: La enmienda número 60 debe votarse independiente porque vamos a aceptarla.
El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, la enmienda 60.
Pasamos a votar la enmienda número 64.
Pasamos a la enmienda número 65 de la señora Jordà.
Resto de las enmiendas de la señora Jordà.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Vasco, PNV. En primer lugar, enmienda 28.
Resto de enmiendas, salvo las transaccionadas.
Pasamos a votar las enmiendas correspondientes a UPyD. En primer lugar, la enmienda número 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1, en contra, 41; abstenciones, 1.
Votamos la enmienda 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 28; abstenciones, 1.
Votamos la enmienda 21.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36; abstenciones, 6.
Pasamos al Grupo de La Izquierda Plural. En primer lugar, votamos las enmiendas números 1, 7, 12 y 14.
Votamos el resto de las enmiendas de La Izquierda Plural.
Pasamos a las enmiendas correspondientes al Grupo de Convergència i Unió. En primer lugar votamos las enmiendas 69, 75, 81, 84, 88 y 89.
Pasamos a votar, de Convergència i Unió, la enmienda 70.
Votamos ahora las enmiendas 74, 77, 78, 80 y 94.
Pasamos al Grupo Socialista. En primer lugar votamos la enmienda 96.
Votamos las enmiendas 98 y 106.
Votamos la enmienda 108.
Pasamos al Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar la enmienda 109.
Por último, votamos el texto del informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 1; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del informe. El proyecto será remitido al Senado. (Aplausos.)

References: Real Decreto 
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 34
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 8