Source: http://www.odhag.org.gt/html/TOMO4C1.HTM
Timestamp: 2018-01-17 03:21:57+00:00

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Los datos del Proyecto REMHI
Violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario
Los testimonios recogidos por el Proyecto REMHI suponen una muestra importante, aunque parcial, de las masivas violaciones de los derechos humanos en Guatemala durante los últimos 36 años. La mayor parte de las víctimas y los hechos de violencia, se produjeron en los primeros años de la década de los 80, especialmente en las áreas rurales de población indígena. La presente información muestra ese patrón mayoritario de la violencia contra la población civil.
Se recogieron pocos testimonios sobre la violencia en los años 60 en el oriente, o en los años 70 en la ciudad de Guatemala. Los datos directos que se pudieron levantar sobre esas épocas no muestran las dimensiones de la violencia real que se vivió en ese tiempo. Esas consideraciones se han tenido en cuenta en el análisis sociopolítico de la violencia (Tomo III) y en el estudio cualitativo de la experiencia de la gente y las distintas formas de violencia (Tomos I y II). 1
En este capítulo se presenta un análisis de los datos recogidos, junto con algunas perspectivas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
En los 5,180 testimonios recogidos por el Proyecto REMHI, son 55,021 las víctimas documentadas de violaciones de los derechos humanos (y del DIH), que corresponden a 14,291 hechos. Estos datos muestran que las violaciones de los derechos humanos tuvieron, frecuentemente, un carácter colectivo contra comunidades y grupos. Las muertes, individuales y colectivas, fueron los hechos más denunciados: 6,146 hechos y 25,123 víctimas (46%). En orden de frecuencia las otras víctimas de la violencia son: 8,675 personas que fueron amenazadas (16%) y 5,497 víctimas de atentados (10%), 5,516 de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (10%), 5,079 detenciones irregulares (9.2%); 3,893 víctimas de desapariciones forzadas (7.1%); 723 secuestrados que aparecieron vivos posteriormente (1.3%); 152 víctimas registradas de violaciones sexuales (si bien este dato infravalora la realidad). 2
Entre las víctimas se cuentan personas de la población civil que resultaron afectadas, independientemente que tuvieran o no participación política o que desarrollaran alguna actividad pública y legal en los campos religioso, comunitario, gremial o de cualquier otro tipo. También entre las víctimas se incluyen elementos de las PAC y Comisionados Militares y de las organizaciones insurgentes que -sin estar participando en un combate- fueron objeto de actos contrarios a las normas del derecho internacional humanitario.
La responsabilidad oficial acumulada (Ejército + policías + PAC + Comisionados + Escuadrones de la Muerte) es abrumadora: 49,812 víctimas, que equivalen al 90.53%. Al ejército se le responsabiliza directamente de 32,978 de las víctimas por todo tipo de hechos (60%). Al ejército en actuaciones conjuntas con los grupos paramilitares (PAC y Comisionados Militares) de otras 10,602 víctimas (19.3%). A los grupos paramilitares aisladamente de 3,424 víctimas (6.2%).
Las organizaciones guerrilleras son señaladas como responsables de 5,117 víctimas de todo tipo de hechos (9.30 %). Esas violaciones de la guerrilla se reparten en tres grupos de forma más o menos proporcional: muertes, tratos crueles y amenazas contra grupos e instituciones (miembros de grupos paramilitares o comunidades consideradas hostiles).
Los períodos de la violencia
A pesar de las limitaciones antes señaladas, la mayor parte de las víctimas de la violencia sociopolítica, documentadas en los testimonios de REMHI, se dieron entre 1980 y 1983, años en los que se recogen 43,781 víctimas, que representan casi el 80% (ver cuadro Distribución por períodos Históricos expresados en hechos y víctimas). Estos datos muestran que la primera mitad de la década de los ochenta fue el período más cruento. Durante ese período, Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Óscar Mejía Víctores, ocuparon el cargo de Comandante General del Ejército en la "cadena de mando" militar, por tanto ninguno de ellos se escapa de la responsabilidad por tantas víctimas (al menos 85% de las víctimas de todo tipo de violaciones registradas, de ese período, son responsabilidad del Estado 3; 10% de la guerrilla y resto desconocido). Durante el corto período de facto del general Ríos Montt se contabilizan la mayor cantidad de víctimas por los hechos ocurridos 4.
Por su parte, en 1987 y 1988 - correspondiendo al mandato de Vinicio Cerezo- se produjo un significativo incremento de las víctimas producto de atentados contra personas e instituciones, aunque en otros rubros se observó una notable reducción de personas afectadas, lo que muestra el impacto, en la población civil, de algunas campañas militares como la ofensiva de Fin de Año (ver Capítulo sexto del Tomo III de este Informe).
Las características de un genocidio
El segundo artículo de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, dice que se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro.
No obstante lo limitado de esta definición -al dejar fuera las diferencias ideológicas como una de las causas para que se produzcan actos de este tipo- es útil considerarla en el análisis de lo sucedido en Guatemala durante la primera mitad de los años 80. Pese a la resistencia de algunos órganos competentes dentro de los sistemas internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, el relator especial de las Naciones Unidas sobre este tema -nombrado en 1983- planteó entonces la posibilidad de ampliar la definición y tipificó como genocidio algunos acontecimientos postsegunda guerra mundial, dentro de los cuales se encontraba una matanza de indígenas Ache en territorio paraguayo.
Tal como se demostró en el capítulos Tercero y Cuarto del Tomo III, los graves hechos de violencia ocurridos en Guatemala no fueron casuales, dado que respondieron a planes diseñados según los intereses y las necesidades de sus responsables. La violencia contrainsurgente se generalizó contra comunidades enteras, incluyendo a la población civil no combatiente e incluso contra los niños, siguiendo un patrón de actuación frecuente y con características comunes en distintas regiones del país. En otras ocasiones, la violencia se desarrolló contra la población civil, afectando a grupos enteros (en unos casos por su posiciión religiosa -como la persecución de catequistas en los primeros años 80 en El Quiché-, en algunas regiones con implicaciones étnicas etc). Todas esas formas de violencia, que han sido analizadas a lo largo del Informe REMHI, tienen ciertas características genocidas. El análisis de la intencionalidad y de las decisiones que llevaron a cabo esas acciones debería correponder a un trabajo posterior que no ha podido realizarse solamente con la investigación basada en los testimonios de las víctimas.
Algunos patrones de violaciones
¿Cuáles han sido los patrones de actuación de la violencia, desde la perspectiva del derecho internacional sobre de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario?. A fin de clarificar bien los términos, utilizamos la definición de patrón elaborada por la Comisión de la Verdad de El Salvador, 5 que describe dos elementos fundamentales para establecer un patrón de violencia: sistematicidad y frecuencia mínima. La sistematicidad implica una regularidad en su desarrollo que remite al funcionamiento repetitivo de ciertos mecanismos que producen el mismo resultado, cíclicamente, en distintos momentos del tiempo. La frecuencia mínima, significa que la práctica se repite un número de veces suficiente y afecta a un número estimable de personas. Según esto, no se consideraría como un patrón aquel hecho que fuera aislado, producto de una circunstancia muy especial y sin continuidad en el tiempo, ni cualquier modo de actuar que, pese a ser regular y cíclico, involucrase a muy pocas personas o se repitiese muy espaciadamente.
Teniendo en cuenta la información recogida por el Proyecto REMHI, y siguiendo esos criterios generales, es posible establecer cuatro grandes tipos de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario de la violencia política en Guatemala, dentro de los cuales aparecen a su vez patrones y tipologías más específicas: el de las violaciones contra la vida y las masacres, las violaciones contra la libertad personal, las violaciones contra la integridad física. A continuación se describe cada uno de ellos.
Contra el derecho a la vida
La Constitución de la República, (tercer artículo, capítulo I, título II) dice que el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. Junto a esa disposición fundamental de la legislación interna, deben considerarse aquellas normas internacionales básicas a respetar.
En primer lugar, se encuentra el artículo 4, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. En el mismo sentido, dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se afirma que: El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente (numeral 1, artículo 6). Finalmente, están los artículos tercero de la Declaración Universal de Derechos Humanos y primero de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
En el marco del derecho internacional humanitario -considerando su aplicación a la realidad guatemalteca examinada- la vida de las personas se encuentra especialmente protegida con base a lo establecido en el literal a) del artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra. En dicha disposición se afirma, entre otras cosas, que en situación de conflicto armado sin carácter internacional -como el que tuvo lugar en esta tierra- queda prohibido en todo tiempo y lugar cualquier atentado contra la vida en perjuicio de las personas que no participen directamente en las acciones bélicas, incluidas las que pertenezcan a las fuerzas armadas de uno u otro bando cuando hayan depuesto sus armas o se encuentren fuera de combate por cualquier causa.
El derecho internacional sobre derechos humanos considera como privación arbitraria de la vida aquellas muertes producidas en diversas circunstancias, que van desde la aplicación de la pena de muerte hasta las que resultan de las tácticas empleadas en conflictos bélicos; además entre ellas se incluyen las desapariciones forzadas, los fallecimientos atribuidos falsamente a enfrentamientos armados, las muertes como resultado de tortura, los homicidios premeditados con responsabilidad de agentes del Estado o particulares que cuentan con su tolerancia y las muertes producidas por las fuerzas del orden en manifestaciones.
Ejecuciones extrajudiciales 6
El registro total del Proyecto REMHI en relación a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales es de 3,817 (13% del total de muertes y desapariciones). El número de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las fuerzas del Estado (ejército y grupos paramilitares) es de 2,655 (70% de las ejecuciones extrajudiciales). La mayor parte de las veces esas personas fueron asesinadas por su destacado papel de liderazgo religioso, social o político en las comunidades y la sociedad guatemalteca.
Por parte de la guerrilla, las víctimas de ejecuciones extrajudiciales registradas fueron 564 (14.8%), la mayor parte de ellas miembros de grupos paramilitares, o personas acusadas de ser colaboradoras del ejército, que no se encontraban en momento de enfrentamiento o ataque armado.
A pesar de que muchas muertes como consecuencia de la tortura se recogen en el patrón de las masacres y ejecuciones extrajudiciales, en los testimonios se reportan 98 víctimas que murieron como consecuencia directa de la tortura. Dos de cada tres de esas víctimas se atribuyen a las fuerzas del Estado, un 10% a la guerrilla, siendo desconocidos el resto de sus autores.
Habitualmente por desaparición forzada se entiende 7 la captura de una persona cuyo paradero se desconoce, usualmente por entrar a un círculo clandestino de detención, o porque es ejecutada y su cadáver ocultado. 8 La desaparición forzada es una violación permanente que únicamente finaliza cuando reaparece viva la víctima, libre o detenida, o cuando su cadáver es plenamente identificado por sus familiares o conocidos. Según los testimonios recogidos por el Proyecto REMHI, fueron confirmadas 3,893 víctimas de desapariciones forzadas. Las fuerzas del Estado (Ejército y grupos paramilitares) fueron responsables de 3,244 víctimas (83.5% de las desapariciones). Si bien la desaparición no fue, como tal, una estrategia utilizada por la guerrilla, y por ello no puede considerarse un patrón de su actuación, en los testimonios recogidos por REMHI se reportan 294 personas desaparecidas (7.5%) como consecuencia de sus acciones.
Muertes como resultado de persecución
Las normas fundamentales del derecho internacional humanitario no permiten que la población civil sea sometida a situaciones extremas de hambre mediante la destrucción de los bienes indispensables para su supervivencia. Se prohibe -dice el artículo 54,2 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra- atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable, las obras de riego, con la intención deliberada de privar de esos bienes, por su valor como medios para asegurar la subsistencia, a la población civil o a la Parte adversa, sea cual fuere el motivo, ya sea para hacer padecer hambre a las personas civiles, para provocar su desplazamiento o para cualquier otro propósito.
Las muertes como resultado de la persecución conforman un patrón también muy frecuente. El total suma 2,345 personas, lo que constituye el 11% de todas las muertes registradas (Ver cuadro de violaciones contra la vida). Dentro de esta categoría de violación se consideran aquellas personas que -en el marco de una persecución por parte del Ejército o las PAC- fallecieron debido al hambre y enfermedades, o por los sentimientos de dolor o pena. Muchas de esas muertes se dieron por las condiciones de sufrimiento extremo y persecución en la montaña a que se sometió durante meses a grupos y comunidades enteras.
Muertes por ataque indiscriminado
Aquí se incluyen aquellos hechos en los cuales se privó de la vida a personas civiles, que no participaban directamente en la guerra, pero que resultaron víctimas durante el desarrollo de cualquier tipo de acción militar atribuida a una o a ambas partes involucradas en el enfrentamiento armado. En esta categoría se encuentran incorporadas las muertes producto de acciones indiscriminadas mediante fuerzas de infantería, bombardeos aéreos, ataques de artillería, uso de otro tipo de explosivos, fuego cruzado y activación de minas. Tales ataques contra la población civil que pueden resultar en graves lesiones o en la muerte de la víctima, constituyen un patrón aunque tengan una incidencia inferior a los anteriores. 9 Del total de víctimas recogidas de ataques indiscriminados (124), el 98% corresponde a responsabilidad de las fuerzas del Estado.
Las masacres consideradas como asesinatos múltiples de tres o más personas fueron hechos muy frecuentes (1,090 masacres) y produjeron una enorme cantidad de víctimas (18,424 víctimas, de las cuales el 94% fueron responsabilidad de las fuerzas militares o paramilitares del Estado). Más del 60% de las víctimas mortales registradas por el Proyecto REMHI corresponden a masacres. El análisis de las masacres entendidas como ataques globales a las comunidades o con muestras de terror o atrocidades (422 masacres) que se realizó anteriormente (ver capítulo 1 del Tomo II del presente Informe) 10 muestra una tendencia similar respecto a las responsabilidades del Ejército, Comisionados Militares y PAC.
Por su parte, la guerrilla aparece como responsable de 95 asesinatos múltiples, que produjeron 665 víctimas (3.6% del total de víctimas de masacres). Esos datos, que incluyen ya las masacres consideradas según el criterio más restrictivo (16 atribuidas a la guerrilla de las 422 analizadas en el capítulo referido) que muestran globalmente un patrón similar de asesinatos colectivos más selectivos contra miembros de grupos paramilitares o comunidades con una mayor beligerancia en la lucha contra la guerrilla, aunque en algún caso fueran indiscriminadas.
La destrucción masiva de grupos y comunidades que ha caracterizado la violencia sociopolítica en Guatemala, ha constituido un patrón central de la política contrainsurgente, especialmente entre los años 1980 y 1983. La mayor parte de las víctimas de masacres corresponden al período de gobierno del general Efraín Ríos Montt.
Contra el derecho a la integridad física y psicológica
Dentro del artículo 3 de la Constitución de la República de Guatemala, además de la obligación estatal de garantizar el respeto a la vida de las personas, también se establece su deber de proteger la integridad de las mismas. Al respecto, es necesario considerar que los cuatro instrumentos internacionales fundamentales -dos del sistema universal y dos del sistema interamericano- no abordan el tema de manera homogénea, al menos en su forma.
Mientras la Declaración Universal de Derechos Humanos prohíbe expresamente la aplicación de torturas y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes a cualquier persona (artículo 5), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre habla de un tratamiento humano para las que están detenidas (artículo 25,3) y se opone a la imposición de penas crueles, infamantes o inusitadas contra aquellas acusadas de delitos (artículo 26,2), sin hacer mención explícita a las torturas.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por su parte, afirma textualmente que Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7); además, se refiere a la protección de las personas privadas de su libertad e incluye en ella normas básicas relacionadas con la separación y el trato según su condición jurídica y edad, así como el fin esencial del régimen penitenciario: reforma y readaptación social de las personas detenidas (artículo 10).
Finalmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es aún más detallada al determinar -en su artículo 5- que todas las personas tienen derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; que no se debe torturar a nadie ni someterlo a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
De forma más precisa, el primer artículo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas dice que por tortura se entenderá: todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público y otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.
Considerando esa definición, se puede afirmar que -desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos- son dos los elementos necesarios para hablar de este tipo de violación. Por un lado, la intensidad: dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales; por el otro, la finalidad: lograr la confesión de la víctima o de una tercera persona; castigarla por un acto cometido o que se sospeche haya cometido; intimidarla o coaccionarla; y, por último, cualquier otra razón basada en algún tipo de discriminación.
A pesar de las dificultades evidentes de diferenciar la tortura de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, por estos últimos debe entenderse todo acto realizado por agentes estatales o particulares en el ejercicio de funciones públicas, a instigación de los primeros o con su tolerancia, con el propósito de generar en una persona -más que dolor físico- sentimientos de temor, aflicción, inferioridad y humillación o para vencer su resistencia física o moral. También en el plano del derecho internacional de los derechos humanos se reconoce que la expresión tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes debe ser interpretada de manera que abarque la más amplia protección posible contra todo tipo de abusos, ya sean físicos o mentales, incluido el de mantener al preso o detenido en condiciones que le priven, temporal o permanentemente, del uso de uno de sus sentidos, como la vista o la audición, o de su idea del lugar o del transcurso del tiempo
Desde la óptica del derecho internacional humanitario, el ya mencionado artículo 3 común a los Convenios de Ginebra -en su numeral 1- determina que las personas incluidas en su ámbito de protección, en toda circunstancia serán tratadas con humanidad sin distinción alguna; más aún, de forma expresa se prohibe -en cualquier tiempo y lugar- la realización en su contra de atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes.
La tortura y tratos crueles
A lo largo del período estudiado, en el país ocurrieron numerosos actos que se enmarcan dentro de las definiciones antes ofrecidas. En total son 2,752 hechos registrados en este ámbito; en ellos suman 11,205 víctimas.
Un buen número de los testimonios recogidos por el Proyecto REMHI, dan cuenta de una práctica oficial y sistemática de tortura, ateniéndose estrictamente a la definición ya citada de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; sin embargo, las víctimas de este tipo de violaciones en Guatemala son muchas más ya que la mayoría de las personas torturadas por las fuerzas gubernamentales fueron asesinadas posteriormente o aún permanecen desaparecidas. La tortura también tuvo un carácter colectivo. Los 1,806 hechos de tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes contabilizados, incluyen 5,516 víctimas -lo que arroja un promedio de 3.05 víctimas por hecho- Estos datos no incluyen la tortura practicada durante las masacres, en donde constituyó una forma muy frecuente de causa de muerte debido a las numerosas atrocidades (ver capítulo 2 del Tomo II).
En lo relativo a las fuerzas insurgentes, también se reportaron casos de tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estos hechos ocurrieron especialmente en algunas comunidades de Ixcán, Chajul y algunas zonas de Huehuetenango durante los mismos años en los cuales la represión gubernamental se incrementó. Del total de víctimas de la guerrilla por todo tipo de violaciones (5,117) un 28.81% (1,474) corresponde a tratos crueles asociados la mayor parte de las veces a las ejecuciones extrajudiciales
Según los datos obtenidos, las víctimas de la tortura fueron fundamentalmente hombres (90%), pero en esos datos no se incluyen las violaciones sexuales. Los datos sobre violaciones sexuales muestran una mayor frecuencia de la misma en los hechos de violencia colectivos. En un 16% de las masacres asociadas a destrucción comunitaria los testimonios de las víctimas refieren violaciones sexuales a las mujeres por parte del Ejército, Comisionados Militares y PAC (ver capítulo 1 del Tomo II); en los casos individuales, se registraron 149 víctimas. Según los relatos, por cada diez mujeres hubo una niña violada y una de cada tres mujeres violadas eran jóvenes. Como ya se explicó anteriormente, las víctimas de violaciones sexuales se hallan subvaloradas en estos datos.
Las víctimas de atentados 11 han supuesto un 10% del total recogido en los testimonios. Los atentados contra la integridad de las personas produjeron 4,179 víctimas (44% de ellas con resultado de lesiones) constituyendo el 7.6% del total de las violaciones de los derechos humanos. Además, 1,358 personas sufrieron atentados contra sus bienes (2.5%). Prácticamente la totalidad de los atentados corresponden a la responsabilidad del Ejército (90%), formando parte de ataques indiscriminados, bombardeos a comunidades etc. En un 2.7% los atentados son atribuidos a la guerrilla, incluyendo acciones contra instalaciones y hostigamientos en algunas comunidades.
Contra el derecho a la seguridad personal
En esta sección se presentan los hechos intencionales mediante los cuales -expresamente o en forma encubierta- se busca generar en la víctima un temor fundado de sufrir atentados contra su vida o su integridad física. Estos actos de amenaza se han realizado en Guatemala durante muchos años, básicamente con la intención de evitar el involucramiento activo y consciente de las personas en actividades consideradas como de oposición a determinados intereses -ya sea políticos o económicos- para lograr la desarticulación o neutralización de organizaciones de instituciones etiquetadas como enemigas.
En los testimonios recogidos por el Proyecto REMHI se encuentra un total de 1,577 casos de amenazas, que representan 8,675 víctimas. Éste constituye, en términos de frecuencia, el tercer patrón de violaciones, siendo el 11.03% del total, por debajo de los relacionados con el derecho a la vida (55.78%) y a la integridad física (incluyendo tortura y atentados, 20%). Como ya se analizó en los capítulos correspondientes, las amenazas no sólo se dirigieron a sectores de oposición 12 sino que formaron parte de la obligación de formar las Patrullas de Defensa Civil (PAC).
Si se consideran los totales de hechos ocurridos y personas afectadas por amenazas individuales o a instituciones -4,620 y 4,055 respectivamente- los resultados no se alejan en nada de la constante que se ha podido detectar en los patrones antes examinados: durante los años 1980-84 se concentraron las mayores cantidades de hechos y víctimas. En concreto, el 72.35% de los hechos y del 84.81% de sus víctimas se ubican en el quinquenio. Más aún: únicamente durante 1982, año en el cual gobernó de facto el general Ríos Montt, tuvo lugar alrededor del 40% de los hechos y de las víctimas. La responsabilidad de las fuerzas militares y paramilitares del Estado en esas amenazas es del 75% del total de amenazas.
Dentro del Proyecto REMHI también se registró un nivel de responsabilidad que se adjudica a las fuerzas insurgentes; en total fueron 1,800 las veces en que se señaló su participación en este tipo de hechos, lo que constituye el 20.75% del total de las amenazas a personas o instituciones por parte de los diferentes actores del conflicto armado (8,675). Del total de víctimas por todas las violaciones atribuidas a la guerrilla (5,117), el 35.18% corresponden a la categoría de violaciones a la seguridad personal (42 amenazas a grupos o instituciones, que afectaron a 1,376 personas; 224 víctimas de amenazas personales). Este patrón de amenazas atribuidas a la guerrilla corresponde al hostigamiento a algunas comunidades consideradas hostiles o con grupos paramilitares muy beligerantes.
Contra el derecho a la libertad personal
La Constitución Política de la República afirma que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad.
Entre los artículos constitucionales seis y diecinueve se incluyen disposiciones relacionadas con la legalidad de la detención y la notificación de su causa, los derechos de la persona detenida, la competencia en los interrogatorios y la forma de realizarlos, el nulo valor probatorio de los interrogatorios extrajudiciales, los centros de detención tanto provisional como para las personas condenadas, los derechos a la defensa y a no ser juzgada por tribunales especiales, la presunción de inocencia, la publicidad de los procesos y la irretroactividad de la ley penal, la prohibición de declarar contra sí mismo o contra sus parientes, y los fines del sistema penitenciario.
Las declaraciones Universal y Americana de derechos humanos en sus artículos 3 y 1, respectivamente, dicen que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el planteamiento es uno: todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales (artículos 9 y 7, respectivamente).
En el ámbito del derecho internacional humanitario, para abordar las violaciones que se incluyen en este patrón nuevamente hay que citar el artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra. Como antes se mencionaron las personas que son protegidas por esta disposición, ahora únicamente se hace referencia a los literales correspondientes del mismo: el b) y el d). En cualquier tiempo y lugar, el primero prohibe la toma de rehenes; de igual manera, el segundo dice que no son aceptables las condenas dictadas "sin previo juicio, emitido por un tribunal regularmente constituido, provisto de garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados".
De igual forma, en el numeral 2 del artículo 4, título II ("Trato humano") del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, se establece entre sus disposiciones la prohibición de tomar rehenes; además en el siguiente artículo se agrega una serie de determinaciones muy específicas para regular la situación de las personas privadas de su libertad, en el marco de un conflicto armado sin carácter internacional.
Las detenciones irregulares
Los testimonios del Proyecto REMHI recogen 1,405 hechos y 5,079 víctimas correspondientes a este patrón de violaciones a los derechos humanos (9.83% y el 19.23%, respectivamente, de cada total). Esas cantidades tienen que ver principalmente con lo que en el Proyecto se denominó "detenciones irregulares" y comprende dentro de dicha categoría los hechos en cuya realización no se respetaron las disposiciones legales nacionales e internacionales, incluyendo tanto la privación arbitraria de la libertad como la privación ilegal de la misma. Esos hechos fueron muy frecuentes, dado que la mayor parte de las veces los prisioneros de guerra o capturados en el marco de operaciones miliatres no fueron siquiera reconocidos como tales. 13 En otras ocasiones, la permanencia forzada en Aldeas estratégicas y Aldeas Modelo supuso una modalidad de "detención irregular", además de implicar otras múltiples violaciones de los derechos humanos.
Los datos recogidos por el Proyecto REMHI sustentan la frecuencia de ese patrón de violaciones por parte de las fuerzas militares y paramilitares del Estado, a las que corresponden el 94% de dichas detenciones arbitrarias o ilegales (5.2% son atribuidas a desconocidos y en un 0.6% a la guerrilla).

References: artículo 4
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 54
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4