Source: https://argitalpen.ararteko.eus/index.php?leng=cast&id_l=73&id_a=2243
Timestamp: 2019-02-21 15:40:24+00:00

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ARARTEKO, 7. Personas en situación o riesgo de exclusión social
Son objeto de este apartado del informe anual las actuaciones que afectan a las personas que se ven inmersas en procesos de exclusión y cuyas causas son fundamentalmente las desigualdades sociales y económicas.
Si en el informe correspondiente a 2011 ya citábamos la destrucción del empleo como factor favorecedor del aumento en el número de personas en riesgo de exclusión social, los datos relativos a 2012 son aun menos alentadores.
Euskadi ha cerrado el año 2012 con 169.083 parados y una tasa de paro en el tercer trimestre del año del 15,14 %, frente al 12% con que finalizó 2011(Fuente Lanbide).
En el Estado español, según datos de EUROSTAT correspondientes a noviembre de 2012, la tasa de desempleo se sitúa en el 26,6 %, frente al 22,5 con que finalizó 2011.
Así, tal y como alerta la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2012, la crisis económica se traduce en un aumento de las dificultades de los hogares para hacer frente a sus obligaciones y gastos habituales, sin precedentes desde 1996.
Aumentan en paralelo las situaciones de riesgo de pobreza y precariedad ligadas a la insuficiencia de ingresos, determinando en 2012 un incremento de la incidencia tanto de las situaciones reales de pobreza y precariedad como de las formas de pobreza encubierta.
Según este Informe, sin embargo, la crisis no pone en entredicho todos los avances observados hasta 2008, manteniéndose las tasas de pobreza y de precariedad real de 2012 lejos de los niveles de 1986 y 1996. Esta realidad se asocia en gran medida al impacto positivo del sistema de prestaciones Renta de Garantía de Ingresos, Prestación complementaria de Vivienda y Ayudas de Emergencia Social (RGI/PCV/AES). Junto a otros factores, como el efecto favorable de la política de pensiones, este sistema de garantía de ingresos contribuye a mantener las tasas de pobreza y exclusión de la CAE por debajo de las cifras medias de la Unión Europea, consolidando a Euskadi como una de las sociedades con menor nivel de desigualdad en Europa. En este aspecto, la CAE se aleja por completo de la situación que caracteriza a España.
Es decir, los dispositivos de lucha contra la exclusión social cobran más importancia, si cabe, en un contexto de crisis generalizada que agudiza las desigualdades de naturaleza económica y social.
En el año 2012 el número de personas que no disponen de ingresos para hacer frente a sus necesidades más básicas ha seguido incrementándose.
Según datos de la EPDS, el sistema de garantía de ingresos de la CAE llegó en 2012 a un 72,6% de la población en riesgo, por encima del 63,6% de 2008.
La población en hogares en los que alguna persona accede al sistema RGI/PCV/AES se eleva un 60,5% más que en 2008, alcanzando a un 6,1% de la población vasca, frente a un 3,9% de 2008.
De ahí la importancia de contar con un modelo de gestión del sistema de garantía de ingresos ágil, eficiente y suficiente en cuanto a recursos humanos y materiales que garantice la protección de sus potenciales usuarios.
Tal y como viene reiterando esta Institución, el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos es un factor de cohesión social y de protección social fundamental, que requiere ser dotado de los medios e instrumentos necesarios para hacer frente a la labor tan importante de prevenir el riesgo de exclusión, paliar situaciones de exclusión personal, social y laboral, y facilitar la inclusión social y laboral de quienes carezcan de los recursos personales ,sociales o económicos suficientes para el ejercicio efectivo de los derechos de la ciudadanía.
Desde este punto de vista, el traspaso de competencias en esta materia a Lanbide/Servicio Vasco de Empleo a finales de 2011, perseguía, según la propia exposición de motivos de la Ley 4/2011, de 24 de noviembre, de modificación de la Ley 18/2008, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, entre otros objetivos, “aprovechar las ventajas de gobernanza, eficiencia y control que ofrece la gestión de las prestaciones por parte de un único organismo, y simultáneamente ofrecer al Sistema Vasco de Servicios Sociales posibilidades reales de mejorar su funcionamiento, aliviando muy considerablemente la carga de trabajo que la gestión de las prestaciones económicas ha generado para los servicios sociales municipales”, en particular para los servicios sociales de base.
Pese a ser conscientes de la complejidad inherente a asumir e implantar un modelo de gestión de unas prestaciones de las características de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), hemos de subrayar que lamentablemente los objetivos de la ley no se han cumplido adecuadamente. La percepción de los usuarios del servicio y el punto de vista de esta Institución coinciden en señalar que durante el año 2012 no se han cumplido las expectativas, ni ha mejorado la atención a este colectivo; al contrario, la atención ha empeorado, convirtiéndose, como más adelante se expondrá, en el principal motivo de queja en este área.
Abordaremos por tanto en este capítulo del Informe las principales disfunciones detectadas en la tramitación cotidiana de quejas que afectan al funcionamiento de Lanbide y a sus actuaciones en materia de gestión de las prestaciones económicas de RGI Y PCV, fundamentalmente.
Este año el mayor número de quejas que hemos tramitado es el relacionado con la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), configuradas ambas prestaciones como derechos subjetivos por la Ley 18/2008 de Renta de Garantía de Ingresos, para todas aquellas personas que reúnan los requisitos contenidos en la misma.
En su conjunto, durante el año 2012, se han registrado 1.010 expedientes:
– Denegación de concesión, renovación, modificación o reanudación de prestaciones sociales de contenido económico: RGI y/o PCV.....108
– Denegación de otras prestaciones sociales de contenido económico.....14
– Retraso en resolución de solicitudes de concesión, renovación, modificación o reanudación de prestaciones sociales de contenido económico: RGI y/o PCV.....487
– Suspensión de prestaciones sociales de contenido económico: RGI y/o PCV.....261
– Cuestiones procedimentales y de mal funcionamiento de la Administración en la tramitación de prestaciones sociales de contenido económico: RGI y/o PCV.....57
– Procedimiento de devolución de cobros indebi dos de prestaciones sociales de contenido económico.....27
– Solicitud de cantidades pendientes de abono de prestaciones sociales de contenido económico: RGI y/o PCV.....8
– Extinción de prestaciones sociales de contenido económico: RGI y/o PCV.....11
– Otras cuestiones.....37
– TOTAL.....1.010
Estas cifras representan un incremento porcentual en el número de quejas, con respecto al registrado en el año 2011, del 304 %, lo cual resulta muy gráfico de la estrecha conexión entre el contexto apuntado de crisis y pérdida de empleo y la demanda de dispositivos de lucha contra la exclusión.
Por materias, las relacionadas con el funcionamiento de Lanbide, tanto en sus aspectos procedimentales como, fundamentalmente, por la tardanza en el reconocimiento, reanudación y renovación de prestaciones, acaparan la práctica totalidad de las quejas, tal y como más adelante detallaremos.
Otras quejas, en menor número, han tenido que ver con la tramitación de Ayudas de Emergencia Social (AES) y las ayudas especiales para la inclusión.
Al igual que en el año 2011, se han seguido recibiendo quejas relacionadas con la compatibilidad entre la percepción del subsidio por desempleo (prestación estatal) y otras prestaciones asistenciales, cuando estas últimas exceden de cierto importe.
2.1. Listas de espera y colas en las oficinas de Lanbide
El primero de los motivos de queja que cabe destacar en este apartado se refiere al momento mismo en que una persona en situación o en riesgo de exclusión social se plantea solicitar las prestaciones de RGI y PCV.
Esta cuestión cobra gran trascendencia porque, como la propia Ley 18/2008 indica (art. 22), la fecha de reconocimiento de las prestaciones es la del día siguiente al de la presentación de la solicitud, por lo que una vez concedida la misma se han de abonar los atrasos desde la fecha en que aquélla se formuló.
A este fin Lanbide implantó un sistema centralizado de cita previa telefónica a través de un número único al que los solicitantes deben llamar para concertar su cita.
El notable incremento de solicitantes de estos derechos y por ende, el excesivo plazo de tiempo con que Lanbide concede las citas previas solicitadas a través de este teléfono, y que en el caso sobre todo de las tres capitales vascas puede llegar a superar el mes, ha provocado un importante número de quejas.
En los casos de renovación de prestaciones, la cita asignada en ocasiones se concedía en una fecha posterior al plazo límite para presentar la documentación de renovación, con las consecuencias de posible suspensión por incumplimiento de obligaciones que ello acarrea.
En algunas oficinas se estableció un sistema diario de citas con el fin de atender a un número adicional de personas en las primeras horas de apertura de la oficina. Se trataba de atender a las solicitudes de información de la ciudadanía y a la entrega de la documentación requerida. También han tenido la función de recoger solicitudes de prestaciones, por el retraso de las citas telefónicas y porque en ocasiones el sistema de citas no funcionaba
Ello ha dado lugar a situaciones ciertamente inaceptables desde el punto de vista de la dignidad de las personas, como las que se sucedían a diario en la oficina de Lanbide de Mazarredo en Bilbao, en la que un numeroso grupo de personas hace cola cada día desde la madrugada (2 a.m., 3 a.m., etc.) para conseguir uno de los números disponibles.
Algunas oficinas no están teniendo capacidad para desarrollar la función de registro, lo que es una carencia que debería ser superada en breve por la trascendencia que tiene en los derechos de las personas usuarias del servicio.
2.2. Documentación a aportar con la solicitud de prestación
Sobre este particular llama la atención, a partir de las quejas recibidas, la exigencia de documentación en ocasiones de imposible aportación, tal como el certificado de orfandad (cuando la persona solicitante no es huérfana), o la vida laboral (en el caso de personas extranjeras en situación administrativa irregular) o que ya ha sido aportada con anterioridad por los interesados y obra o debería obrar en poder de Lanbide.
Lo mismo ocurre con la exigencia de documentación del país de origen con respecto a las personas extranjeras. Insistimos en señalar que la realidad administrativa en los países de origen es muy diferente a la nuestra. La petición de esta documentación tiene un coste elevado, en ocasiones, y es difícil de obtener cuando la persona lleva un tiempo prolongado fuera de su país por la falta de arraigo de la persona en su país de origen o bien en los casos de personas que han sufrido una persecución en su país de origen, o mujeres víctimas de trata o de cualquier otra forma de violencia de género. La nueva exigencia de legalización y traducción de la misma está haciendo que sea un obstáculo insuperable en muchas ocasiones.
Desde este punto de vista, la página web de Lanbide tiene deficiencias en relación con la concreción de los documentos que deben aportar los solicitantes de ambas prestaciones, lo que dificulta la presentación de solicitudes sin cita previa.
No debiera ser preciso recordar lo establecido a este respecto por la Ley 30/92 de régimen jurídico de las AAPP y del PAC, cuyo artículo 35 eleva a la categoría de derecho de los ciudadanos (apartado f) el de “no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante.”
En la práctica la fase de aportación de documentación se prolonga en el tiempo y está extendida entre los solicitantes la percepción de que es un medio de disuadir a los potenciales destinatarios de la prestación.
En la mayoría de los casos la documentación complementaria se requiere porque el interesado se ha personado en la oficina de Lanbide correspondiente a interesarse por el estado de su solicitud, sin que haya mediado requerimiento formal alguno.
En este sentido es una práctica generalizada que se ponga en conocimiento del solicitante de manera verbal que falta uno o varios documentos y que por lo tanto la solicitud está incompleta, siendo esta práctica generadora de indefensión.
Un problema importante ha sido el de la elaboración de resoluciones y su notificación, sobre todo en los primeros meses. El aplicativo informático ha tenido serias dificultades para ello. Las modificaciones trasladadas en fase de solicitud no se grababan, o bien no se emitían resoluciones. Ello ha dado lugar a que se hayan publicado un número importante de notificaciones en el BOPV, sin que en muchos casos la notificación personal realizada cumpliera el régimen legal previsto.
2.3. Demora en la resolución de las solicitudes de RGI y PCV
Pese a que tanto la Ley 18/2008 como los decretos que la desarrollan imponen a Lanbide la obligación de dictar resolución de concesión o denegación en un plazo máximo de dos meses, (art.62), y transcurrido dicho plazo deberán entenderse concedidas, lo cierto es que en la práctica las resoluciones de las solicitudes de RGI y PCV se retrasan en muchas ocasiones más allá de los seis meses.
Este bloque de quejas es con diferencia el que representa un mayor número sobre el total de las recibidas en esta área en 2012.
Más allá de la complejidad de la puesta en marcha de un modelo de gestión de estos recursos, resulta preocupante que la resolución de unas prestaciones dirigidas a personas en riesgo o en situación de exclusión social se dilate en el tiempo más allá de este plazo.
Por otro lado, no es extraño que los solicitantes tengan conocimiento de la concesión directamente por el ingreso de la prestación en su cuenta bancaria. Es en este momento cuando se procede a notificar formalmente la resolución, aunque con retraso y no en todas las ocasiones.
Esta demora excesiva se produce tanto en los supuestos de nuevas solicitudes como en los de reanudación tras una suspensión. Lo mismo puede decirse de los recursos contra las resoluciones de denegación o suspensión dictadas por Lanbide, ya que, si bien la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común indica los plazos para considerarlos desestimados por silencio y poder iniciar la vía judicial, también señala el deber de que se dicte una resolución expresa, y esto es importante que se produzca en un plazo adecuado.
Según el art. 46 del D. 147/2010, la reanudación tras el decaimiento de las causas que motivaron la suspensión se producirá “de oficio o a instancia de parte”, pero en la práctica son los interesados quienes han de promover en todos los casos la misma.
2.4. Suspensiones de la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos sin el trámite de audiencia del interesado
El bloque de quejas contra las resoluciones de Lanbide de suspensión de RGI y PCV, es junto con el de demora excesiva en la resolución el más importante desde un punto de vista cuantitativo y también cualitativo, por las consecuencias que lleva aparejada para los titulares de la prestación.
No nos cansamos de remarcar la delicada naturaleza de estas prestaciones, dirigidas a evitar que un colectivo cada vez más amplio de personas, y fundamentalmente por desigualdades sociales y económicas, crucen el umbral de la exclusión social.
De ahí la importancia de sopesar, motivar y respetar las garantías procedimentales previstas en la Ley antes de adoptar una medida de suspensión o extinción de estas ayudas.
En la mayoría de las quejas tramitadas por suspensión de las prestaciones de RGI y PCV los beneficiarios tienen conocimiento de la suspensión cuando comprueban que no les ha sido abonada la nómina del mes correspondiente.
Es cuando acuden a las oficinas de Lanbide a interesarse por los motivos del impago cuando tienen conocimiento, de manera verbal, de que han incurrido, presuntamente, en un motivo de suspensión.
Nos parece una deficiencia más grave aún el hecho de que, ante la negación por parte del perceptor de los motivos que han ocasionado la suspensión de la prestación, y habiendo manifestado éste su voluntad de recurrir tal decisión, el mismo personal de Lanbide les indique a los interesados que deben esperar a recibir la notificación formal de la suspensión.
Hemos constatado casos en los que la notificación formal de suspensión ha llegado a conocimiento del interesado un mes después de la suspensión “de facto”.
La suspensión del abono de la prestación se produce sin que medie el trámite de audiencia al interesado que exigen tanto la normativa específica de garantía de ingresos como la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El trámite de audiencia al interesado garantiza la tutela efectiva de sus derechos, y permite en definitiva que desmienta, precise o admita la causa de suspensión que alega Lanbide.
Una vez materializada la suspensión de hecho del pago de la prestación, la reanudación, incluso en los supuestos de duración limitada de la suspensión o error manifiesto de Lanbide, se demora en el tiempo.
Durante ese periodo de suspensión, y en tanto se verifica la procedencia o no de la decisión adoptada por Lanbide, los interesados se ven privados totalmente de los únicos ingresos de la unidad de convivencia, y por tanto imposibilitados para hacer frente a los gastos de educación, alimentación y alojamiento de sus miembros.
El hecho de que verificada la improcedencia de la suspensión se reanude el pago de la prestación, con los atrasos correspondientes, no evita los daños irreversibles de aquella decisión, que en ocasiones puede desembocar incluso en el desahucio de la unidad de convivencia por la demora existente.
A este respecto hemos de remitirnos a nuestra Recomendación General 9/2011, de 29 de noviembre, sobre las consecuencias de la aplicación de la suspensión del derecho a la Renta de Garantía de Ingresos y a la Prestación Complementaria de Vivienda.
La normativa recoge los distintos supuestos de suspensión del derecho a la RGI sin hacer ninguna graduación ni diferenciación entre un incumplimiento de una obligación o la pérdida o incumplimiento de requisitos para ser perceptor de la prestación. En nuestra opinión, la suspensión del derecho a la prestación en el caso de incumplimiento de obligaciones es desproporcionada si la unidad de convivencia continúa cumpliendo todos los requisitos para ser perceptor de la prestación, en cuyo caso sigue careciendo de ingresos para hacer frente a sus necesidades básicas.
Entendemos que cuando se incumple una obligación se debería acudir al régimen sancionador, en el caso de que se sigan cumpliendo los requisitos para ser beneficiario de la prestación.
Otro grave problema es el de la motivación, que por lo general es o bien incompleta o confusa. Esto, unido a la falta de audiencia, está creando a nuestro juicio situaciones de grave indefensión
2.5. Reclamación de cantidades percibidas de manera indebida
Este año hemos recibido numerosas quejas que tienen que ver con la reclamación de cantidades percibidas de manera indebida en procedimientos iniciados por las diputaciones forales. La regulación del procedimiento de reintegro es muy escasa y limitada por lo que hay numerosas lagunas que están dando lugar, a nuestro entender, a interpretaciones poco favorecedoras de los derechos de las personas, ya que se considera que ha habido una percepción indebida en todos los casos de suspensión, tanto por incumplimiento de obligaciones como por pérdida de requisitos. La normativa tampoco prevé una fecha de efectos por lo que se están reclamando cantidades muy elevadas.
La reclamación de indebidos, en general, afecta a personas que se encuentran en una situación de exclusión social grave. En algunos casos la devolución de la deuda es prácticamente imposible por no disponer de ingresos y encontrarse en una situación de grave exclusión. La deuda dificulta enormemente el proceso de inclusión social de estas personas. Además, cuando se percibe la RGI, se está descontando el 30 % de la cuantía que pudiera corresponder en el supuesto de ausencia total de recursos, en función del número total de personas de la unidad de convivencia, cuando la normativa prevé la posibilidad de descontar un porcentaje inferior.
Este año hemos elaborado numerosas resoluciones que afectan a la Diputación Foral de Álava. Esta Diputación en un mismo procedimiento y en una misma resolución acordaba la suspensión y la obligación de devolver una cantidad en concepto de prestación percibida de manera indebida, incumpliendo el procedimiento establecido en los art. 56 y siguientes. Se trataba, en general, de incumplimiento de obligaciones, en ocasiones, con deudas elevadas (incluso la propia Diputación Foral nos había trasladado que estaba reflexionando sobre la cuantía, por entenderla elevada).
El Ararteko elaboró sobre esta cuestión un número elevado de resoluciones (33) que no fueron aceptadas. Algunas de las personas afectadas han acudido a la vía judicial y han obtenido sentencias en las que se declara nulo el procedimiento administrativo seguido para la reclamación de cantidades percibidas de manera indebida. Lanbide en estos momentos está gestionando el cobro de esta deuda generada ante la institución foral alavesa, que insistimos se basa en un título nulo. En nuestra opinión deberían revisarse estos expedientes que fueron acordados por la Diputación Foral de Álava en los que hubo un incumplimiento de la normativa de aplicación.
2.6. Causas de denegación de la Renta de Garantía de Ingresos: supuestos
2.6.1. Falta de acreditación de la residencia efectiva
En el análisis de las quejas hemos comprobado que se han suspendido prestaciones o no se han concedido o no se ha reanudado o renovado porque la persona ha dejado de cumplir el requisito de acreditar la residencia efectiva por haber viajado fuera de la CAPV por espacio de un mes o por menos tiempo. Pero la normativa no específica cuándo no se acredita el requisito de la residencia efectiva, por lo que entendemos que la interpretación que se está haciendo es discrecional y muy restrictiva. El entender que un viaje al extranjero rompe el cómputo de los tres años de residencia en la CAPV, con independencia de lo que señala el padrón municipal no consta en la normativa de aplicación. La circular de 6 de noviembre de 2012 de Lanbide regula la obligación de comunicar los viajes fuera de la CAPV y las consecuencias en los titulares y beneficiarios del derecho a la prestación, no siendo el instrumento adecuado en derecho para ello. Lanbide está aplicando dicho criterio también cuando se solicita la prestación de la RGI, por lo que un viaje superior a 15 días rompe la acreditación de la residencia efectiva y tendría que acreditar desde esa fecha 3 años de padrón y residencia efectiva. Hemos trasladado a Lanbide que en nuestra opinión dicha manera de proceder no tiene amparo legal.
2.6.2. Reagrupación familiar
Hemos recibido quejas con relación a la previsión relativa a la constitución como unidad económica de convivencia independiente de personas que viven solas, cuando se trata de personas inmigrantes, y su cónyuge o persona con la que mantienen una forma de relación permanente análoga a la conyugal no reside en territorio español, art. 5.1 a) Decreto 147/2010. Según este precepto, la consideración de unidad de convivencia especial sólo se mantiene durante un año, prorrogable por otro, transcurrido el cual si no hay reagrupamiento familiar se deniega o suspende la prestación.
Entre las situaciones más dramáticas que hemos visto en la tramitación de las quejas está la de las familias mono parentales con menores a cargo.
Lanbide aceptó nuestra recomendación de hacer una interpretación favorable de la previsión normativa recogida en el art. 5.1 a), apartado 4 del Decreto 147/2010, de tal manera que en los casos en los que la persona cumpla todos los demás requisitos para ser beneficiaria de la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos y la Administración General del Estado haya denegado la autorización administrativa para reagrupar al cónyuge no se le extinga o se le deniegue la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos. No obstante, en la práctica no se está cumpliendo, ni se interpreta de esta manera en la circular de 6 de noviembre de 2012, por lo que durante el año 2013 haremos un seguimiento.
2.6.3. Personas que son titulares de dos bienes inmuebles
La Ley 18/2008 que regula la RGI excluye automáticamente de la concesión de ayudas a las personas que son propietarias de otro inmueble diferente de la vivienda habitual, independientemente de donde se encuentre y de su valor de mercado o de las posibilidades de obtener beneficio de él.
Se han tramitado numerosas quejas de personas solicitantes y perceptoras de RGI a quienes se les ha denegado o suspendido la prestación por esta causa, tras lo cual su situación ha experimentado un importante deterioro.
Esta incompatibilidad es una previsión legal basada en que se entiende que quien dispone de inmuebles que no constituyen su vivienda puede explotarlos económicamente, pero no tiene en cuenta los casos en los que los bienes inmuebles cuya tenencia motiva la suspensión no reportan beneficio alguno a sus titulares o son de difícil realización.
La decisión de suspender la RGI en estos casos, si bien ajustada a la ley, sitúa a estas personas, en una situación de precariedad absoluta, pues ven cómo pierden su principal fuente de ingresos por culpa de un bien del que no pueden obtener rendimiento alguno.
En este sentido el Ararteko ha propuesto la modificación de este aspecto de la normativa en vigor para que cuando el valor de estos bienes sea escaso, no suponga un impedimento para que personas con recursos insuficientes accedan a la RGI.
2.6.4. Personas que perciben la “asignación por hijo a cargo”, de la Seguridad Social, y solicitan la RGI
La pensión no contributiva por invalidez se considera pensión, a los efectos del art. 9.2.a) de la Ley 18/2008, lo cual da derecho a la unidad de convivencia especial de pensionista a partir de los 18 años. El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales aceptó que también se incluyera en esa consideración la prestación denominada “asignación por hijo a cargo” que se concede cuando se trate de personas mayores de 18 años que tienen reconocida una discapacidad del 65% o más. Su aplicación está dando muchos problemas debido a los términos en que se redactó la circular aprobada para ello el 30.5.2011, en concreto, por la referencia al” titular de la prestación” como sujeto de derecho del complemento de la RGI, lo que ha impedido su reconocimiento en muchos casos. A pesar de las numerosas gestiones realizadas para resolver este aspecto, aún no se ha resuelto, por lo que seguimos recibiendo quejas.
3. Contexto normativo y políticas públicas
En este epígrafe no referimos a algunos cambios normativos que han entrado en vigor y a actuaciones públicas que afectan al área.
Entre las novedades normativas que han tenido lugar durante el año 2012, hay que destacar la aprobación en el territorio de Gipuz­koa del Decreto Foral 31/2012, de 19 de junio, por el que se establece la Ayuda para la garantía de Ingresos (BOG 27 junio 2012) que entró en vigor el 1 de julio de 2012, y que está orientado a cubrir las situaciones de desprotección generadas por los cambios operados por la Ley 4/2011, de 24 de noviembre, de modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión ­Social, fundamentalmente en cuanto a la exigencia de los tres años de empadronamiento en la CAPV.
Aunque la citada Ley 4/2011 de RGI entró en vigor el día 13 de diciembre de 2011, es evidente que ha desplegado sus efectos fundamentalmente a lo largo del año 2012, definiendo el nuevo escenario de gestión de la renta de garantía de ingresos por parte de Lanbide/Servicio vasco de empleo.
Con la nueva Ley, Lanbide cobra un protagonismo absoluto en la aplicación del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social ya que asume la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), tanto en sus fases de solicitud y tramitación (que venían realizando los ayuntamientos) como en la de resolución (que dictaban las diputaciones forales).
Como ya adelantamos en el Informe anual 2011, esta importante modificación de la Ley 18/2008, requiere la adecuación de los reglamentos reguladores de la RGI y de la PCV, (en la actualidad D.147/2010 y D. 2/2010, respectivamente), que aún a día de hoy sigue sin acometerse, pese a que ha transcurrido el plazo de un año previsto en la Disposición Adicional Primera de la citada Ley.
Las Ayudas de Emergencia Social no han sufrido ninguna modificación normativa en el transcurso de 2012, salvo los efectos derivados de la Orden de 28 de diciembre de 2011, por la que se establecen límites patrimoniales para el acceso a las Ayudas de Emergencia Social, y que por contravenir el artículo 46.f de la Ley 18/2008, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, determinó la apertura de un expediente de oficio cuya síntesis se incluye más adelante.
Está aún pendiente de aprobación la Orden que establezca los límites y criterios para la concesión de estas ayudas durante el año 2013.
4.1. Reuniones
Este año hemos mantenido reuniones con asociaciones que trabajan en el ámbito de la inclusión social, en defensa de los derechos de las personas que sufren procesos de exclusión social.
Nos han trasladado las dificultades que están teniendo muchas personas para acceder al Sistema de Garantía de Ingresos y/o para mantenerse en el mismo. Han sido abundantes las quejas relativas a las disfunciones en la atención a la ciudadanía por parte de Lanbide y en la tramitación de los procedimientos.
También los retrasos en resolver las solicitudes de prestaciones económicas y la falta de interlocución con relación a las personas usuarias de sus servicios.
También plantean que las prestaciones económicas que se conceden a las personas que no tienen ingresos son insuficientes y están sufriendo recortes. La principal ha sido la limitación a dos unidades de convivencia por vivienda; también las nuevas condiciones que se exigen para cobrar las Ayudas de Emergencia Social o las limitaciones que se están dando en otras prestaciones, como son las Ayudas de Inserción que gestiona la Diputación Foral de Biz­kaia.
Insisten en que, en los procedimientos de suspensión, no se ha cumplido en todos los casos el trámite de alegaciones.
Además hacen referencia a las actuaciones de control e inspección de prestaciones, que alcanzan un nivel tal de intromisión en la esfera de autonomía de la unidad de convivencia que en última instancia es la Administración quien determina qué gastos son prioritarios y cuáles no.
Finalmente, nos informan de las dificultades de financiación por los recortes en los convenios y en las líneas de subvención y por los retrasos en el pago de las subvenciones concedidas
Hemos mantenido numerosas reuniones con el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, en las que se han tratado los problemas que estamos viendo en la tramitación de las quejas que afectan al funcionamiento de Lanbide y al procedimiento de solicitud, suspensión, reanudación y renovación de prestaciones.
También nos hemos reunido con el Departamento de políticas sociales de las diferentes diputaciones para tratar los temas relacionados con la gestión de la RGI y con el traspaso de expedientes a Lanbide. En todas las reuniones hemos trasladado la opinión del Ararteko con relación al procedimiento que se estaba siguiendo y con relación a la interpretación de la normativa, y a las actuaciones de inspección y control que entendíamos restrictivas de los derechos de los ciudadanos.
4.2. Actuaciones de oficio
Durante el año 2012 se ha iniciado la tramitación de seis expedientes de oficio.
Estos expedientes tenían como contenido el funcionamiento de Lanbide, la dificultad para presentar solicitudes de reanudación en los expedientes que todavía no había trasladado la Diputación Foral de Biz­kaia. Así mismo, se trasladó las diferentes preocupaciones que se habían trasladado al Ararteko por parte de las entidades sociales. De igual forma se solicitó información a Lanbide sobre algunas disfunciones detectadas en las aplicaciones informáticas que sirven de herramienta para esta labor de gestión.
Cabe destacar por último el expediente de oficio iniciado por el establecimiento, a través de una Orden de la Consejera de Asuntos Sociales, de los límites patrimoniales para ser beneficiario de las Ayudas de Emergencia Social (AES), que dio lugar a la Resolución del Ararteko, de 4 de diciembre de 2012, por la que se recomienda al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco que, en relación con la aprobación de la orden que establezca para el año 2013 las cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos contemplados en las Ayudas de Emergencia Social, revise los criterios establecidos en la Orden de 28 de diciembre de 2011.
También el relativo a la exigencia de acreditar un tiempo previo de padrón en el municipio de Vitoria para acceder al comedor social. El Ayuntamiento nos contestó que dicho requisito se iba a eliminar pero hemos tenido conocimiento de diversos obstáculos para ejercer el derecho a la alimentación por lo que vamos a hacer un seguimiento.
4.3. Visitas
Se giró una ronda de visitas a las oficinas de Lanbide para conocer de primera mano el día a día de la red que actualmente asume la responsabilidad de gestionar la RGI y la PCV. Dicha información se trasladó a Lanbide, que valoraron de utilidad la misma y su voluntad de solucionar las carencias detectadas.
5. Valoración del estado de los derechos de los ciudadanos
1ª La crisis económica que atravesamos se traduce en un aumento de las dificultades de los hogares para hacer frente a sus obligaciones y gastos habituales, sin precedentes desde 1996.Han aumentado en paralelo las situaciones de riesgo de pobreza y precariedad ligadas a la insuficiencia de ingresos, determinando en 2012 un incremento de la incidencia tanto de las situaciones reales de pobreza y precariedad como de las formas de pobreza encubierta.
2ª Aun así, las tasas de pobreza y de precariedad real de 2012 se mantienen lejos de los niveles de 1986 y 1996, en gran medida gracias al impacto positivo del sistema de prestaciones RGI/PCV/AES. Junto a otros factores, como el efecto favorable de la política de pensiones, este sistema de garantía de ingresos contribuye a mantener las tasas de pobreza y exclusión de la CAE por debajo de las cifras medias de la Unión Europea, consolidando a Euskadi como una de las sociedades con menor nivel de desigualdad en Europa. En este aspecto, la CAE se aleja por completo de la situación que caracteriza a España. El acceso a estas prestaciones (cuando se cumplen los requisitos establecidos), con independencia de la partida presupuestaria prevista, permite al sistema desarrollar esta función al ampliarse la partida según aumentan el número de personas que dejan de disponer de ingresos económicos para hacer frente a sus necesidades básicas.
3ª Por esto mismo el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, como factor de cohesión social y de protección social, requiere ser dotado de los medios e instrumentos necesarios para hacer frente a la labor tan importante de prevenir el riesgo de exclusión.
En particular, la gestión de la RGI y de la PCV asumida por Lanbide, debe dar pasos para mejorar la atención a la ciudadanía.
Han de alcanzarse unos mínimos estándares de calidad, en particular debemos conseguir que sea un sistema ágil en cuanto al plazo de resolución, que el trato a los usuarios del servicio sea adecuado a sus circunstancias personales, digno, y eficiente.
Para ello, tanto los recursos materiales, en particular las aplicaciones informáticas, como los recursos humanos, de todas y cada una de las oficinas de Lanbide, deben ser suficientes y adecuados, garantizando la eficiencia del servicio que se presta.
4º Unido a esta suficiencia de medios se hace preciso que Lanbide cumpla las garantías procedimentales previstas, tanto en la normativa específica de garantía de ingresos, como en la general que deriva de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en particular en los supuestos de suspensión de prestaciones.
No nos cansamos de remarcar la delicada naturaleza de estas prestaciones, dirigidas a evitar que un colectivo cada vez más amplio de personas cruce el umbral de la exclusión social, fundamentalmente por desigualdades sociales y económicas.
5º Resulta imperioso y necesario el desarrollo reglamentario de la Ley 18/2008, de Garantía de ingresos mediante la adecuación de los reglamentos reguladores de la RGI y de la PCV, (en la actualidad D.147/2010 y D. 2/2010, respectivamente), que aún a día de hoy sigue sin acometerse, pese a que ha transcurrido el plazo de un año previsto en la Disposición Adicional Primera de la citada Ley.
6º Las entidades sociales que trabajan en materia de exclusión están sufriendo importantes recortes que dificultan las labores que desarrollan. Así mismo, están teniendo problemas importantes de financiación, lo que hace peligrar su continuidad. La función que desarrollan es muy necesaria para nuestra sociedad porque ofrecen cercanía y flexibilidad a la ciudadanía y atienden a personas que no se acercan a las administraciones públicas o que no cumplen los requisitos que establecen las mismas, por lo que estas entidades cubren un espacio humanitario que en otro caso nadie atendería. El apoyo a su labor es fundamental para la cohesión social y la lucha contra las desigualdades.
7º Las personas sin hogar deben tener las necesidades básicas cubiertas. Nos referimos a la comida, a un alojamiento, sobre todo en los periodos invernales, a la higiene y a un vestido adecuado. Son requisitos humanitarios mínimos que no deben eludirse en razón de los recortes sociales. Estas partidas presupuestarias deben ser prioritarias en momentos de crisis en la que se aumentan las dificultades de las personas más vulnerables.

References: resolución 
 artículo 35
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 46
 Resolución