Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en/Resolucion/Show/1221
Timestamp: 2019-11-15 12:46:57+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 15/1989
SENTENCIA 15/1989, de 26 de enero
ECLI:ES:TC:1989:15
En los recursos de inconstitucionalidad acumulados, núms. 728, 731 y 735/1984, promovidos, respectivamente, por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, representado por el Abogado don Manuel María Vicens Matas; por el Gobierno Vasco, representado por el Abogado don Javier Otaola Bajeneta, y por la Junta de Galicia, representada por el Abogado don Heriberto García Seijo, contra determinados preceptos de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Ha sido parte el Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado, y Ponente el Magistrado don Luis Díez-Picazo y Ponce de León, quien expresa el parecer del Tribunal.
Art. 30. Este precepto ofrece serios reparos constitucionales desde dos aspectos diferentes. Por un lado, los principios de solidaridad y cooperación (arts. 138, 103.1 y 154 de la Constitución) se ven muy seriamente comprometidos y vulnerados cuando el Estado, para establecer un sistema de seguro y fondo de garantía que cubra ciertos riesgos, prevé la audiencia -se dice- de todo el mundo, menos la de las Comunidades Autónomas, que ostentan, en definitiva, la defensa de consumidores y usuarios. De otro lado, las actuaciones que este precepto confía al Gobierno caen por completo en la órbita de las potestades de desarrollo normativo y, eventualmente, en las de ejecución que ostenta la Generalidad en materia de seguros (art. 10.1.4 del Estatuto de Autonomía). No cabría argir que la implantación por la Generalidad de un seguro y fondo de garantía obligatorios como los que el precepto contempla pugnaría con los principios de igualdad y libertad de mercado, pues ni la igualdad se puede confundir con la uniformidad ni cabe desconocer que la garantía de los legítimos derechos de los consumidores y usuarios corresponde a todos los poderes públicos (art. 51 de la Constitución).
2. Por escrito registrado en este Tribunal el día 24 de octubre de 1984, los señores Otaola Bajeneta y López Cárcamo, Letrados adscritos al Departamento de Presidencia y Justicia del Gobierno Vasco, presentaron en nombre de este Gobierno recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Expusieron las alegaciones que a continuación se resumen:
Art. 41. En la materia de este precepto se entrecruzan, de nuevo, dos títulos competenciales, relativo, el primero, al Régimen Local y correspondiente; el segundo, a la protección de los consumidores. Sobre la base de lo dicho en la Sentencia constitucional de 22 de diciembre de 1981, hay que entender que es inherente a la competencia de protección de los consumidores la determinación de cuáles sean las autoridades encargadas de la información y educación de aquéllos y el establecimiento de oficinas de información, así como la inspección y el ejercicio de la potestad sancionadora. El criterio del contenido inherente lleva, por tanto, a rechazar que se pueda incluir esta disposición en el campo del Régimen Local (art. 149.1.18 de la Constitución), sólo eventual y accidentalmente aquí afectado, todo lo cual lleva a resolver el problema competencial atendiendo al título de protección al consumo. No se impugnan, de otro lado, las facultades reconocidas a las Corporaciones locales en el art. 41 (núms. 4 y 5), ya que, por su carácter general, se pueden considerar compatibles con las que corresponden a la Comunidad Autónoma y porque son de naturaleza tan elemental que difícilmente se pueden negar a cualquier Administración Pública. No así, en cambio, las facultades de los núms. 1, 2, 3 y 6 que -se reitera- afectan de lleno al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma, y no cabe que de las mismas pueda disponer el Estado ni en su propio favor ni en el de las Corporaciones Locales. Tampoco cabría argir que resulte aquí aplicable la competencia estatal del art. 149.1.1, pues es el propio Estatuto de Autonomía el que expresamente, y sin lugar a dudas, otorga la competencia en la materia a la Comunidad Autónoma. Se cita, al respecto, la Sentencia constitucional de 16 de noviembre de 1981. En suma, corresponde a la Comunidad Autónoma la disponibilidad sobre las facultades que en los núms. 1, 2, 3 y 6 del art. 41 se otorgan a las Corporaciones Locales (art. 10.28 del Estatuto), por lo que dichos preceptos se han de considerar inconstitucionales.
3. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 24 de octubre de 1984, don Heriberto García Seijo, Letrado de la Junta de Galicia, interpuso en nombre de la misma recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios:
3. El Capitulo Segundo de la Ley examinada se encuentra colocado dentro de una rúbrica de «protección de la salud y seguridad». De las normas de este Capítulo han sido impugnados, el art. 4, en especial en su apartado 1 g) y en su apartado 3, el art. 5 y el art. 6. El hecho de que las normas contenidas en este Capitulo tengan por objeto específico la protección de la salud de los ciudadanos en cuanto consumidores y usuarios obliga a contrastar los preceptos citados con las competencias que el Estado ostenta en la materia, y, en especial, con el art. 149.1.16, que otorga al Estado competencia sobre las bases y coordinación de la sanidad. Ello abre, una vez mas, el espinoso problema de definir desde el punto de vista constitucional el concepto de bases, para lo cual es preciso recordar que este Tribunal (en la STC 69/1988, de 19 de abril, fundamento jurídico 6.º) señaló que una vez logrado, con el transcurso del tiempo, un sustancial avance en la construcción del sistema autonómico, razones relativas a una elemental certidumbre jurídica obligan a exigir, manteniendo el concepto material de bases, elaborado por la doctrina de este Tribunal, un mayor rigor en la condición formal que dichas normas han de tener para poder ser calificadas como tales bases, lo que impone la necesidad de que la norma establezca de un modo expreso su carácter de básica o bien que aquel carácter se infiera con naturalidad de su propia estructura. Lo cual significa que en su labor de revisión, en esta materia, debe este Tribunal examinar ante todo si se cumple la exigencia del carácter formal de las bases y, en el caso de que la respuesta a este interrogante sea afirmativa, si materialmente lo son, debiendo subrayarse en punto a la primera indagación que una norma podrá considerarse como base en una determinada materia cuando exista una expresa designación de su carácter o cuando se produzca la natural inferencia del mismo, por lo cual habrá de examinarse la estructura de la norma, su contexto y los demás datos que permitan descubrir, con naturalidad, la decisión del legislador al respecto.
a) El art. 20 es objeto de impugnación con desigual alcance, por la Junta de Galicia, la Generalidad de Cataluña y el Gobierno Vasco. Las tres Comunidades Autónomas coinciden en hacer objeto especial de su impugnación, el apartado 3, en la medida en que exige la inscripción de las asociaciones de consumidores y usuarios que pretenden gozar de los beneficios previstos en la ley estatal y en sus disposiciones reglamentarias en un libro- registro que se llevará en el Ministerio de Sanidad y Consumo.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer en los recursos de inconstitucionalidad acumulados núms. 728, 731 y 735/84
Madrid, a treinta de enero de mil novecientos ochenta y nueve. Voto particular que formula el Magistrado don Luis Díez-Picazo y Ponce de León en la Sentencia dictada en los recursos de inconstitucionalidad acumulados núms. 728, 731 y 735/84
Type and record number Recurso de inconstitucionalidad 728-1984, 731-1984, 735-1984
Promovidos, respectivamente, por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, por el Gobierno Vasco y por la Junta de Galicia contra determinados preceptos de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Votos particulares
La cláusula de supletoriedad del Derecho estatal no es, en manera alguna, una cláusula universal atributiva de competencia sobre cualesquiera materias a favor del Estado. [F. J. 1]
La materia «defensa de los consumidores y usuarios» no ha sido competencialmente asumida por todas las Comunidades Autónomas en términos de identidad u homogeneidad, por lo que todas aquellas competencias no atribuidas estatutariamente a las Comunidades Autónomas por imposibilidad constitucional, o por simple decisión de los propios Estatutos, habrán sido. retenidas por el Estado en virtud del art. 149.3 C.E. Así ha sucedido, en efecto, ya que al no estar comprendida ni en el art. 148.1, ni en el art. 149.1, ambos de la C.E., sólo las Comunidades Autónomas no limitadas competencialmente por el primero de los referidos artículos han podido asumir competencias normativas plenas en dicha materia, correspondiendo al Estado su ejercicio en relación a todos los demás territorios autonómicos, lo que justifica la promulgación por el Estado de una Ley en el ejercicio de la competencia que le es propia sobre defensa de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de que la aplicabilidad y eficacia de la misma no alcance por igual a todo el territorio nacional. [F. J. 1]
Artículo 1.1 (delimita)
Artículo 4.1 g)
Artículo 7 (delimita)
Artículo 8.3 (anula parcialmente)
Artículos 13.2 (delimita)
Artículo 14 (delimita)
Artículo 15 (delimita)
Artículo 16 (delimita)
Artículo 17 (delimita)
Artículo 18 (delimita)
Artículo 19 (delimita)
Artículo 20 apartados 1, 2 (delimita)
Artículo 22 (delimita)
Artículo 23 (delimita)
Artículo 24 (interpreta)
Artículo 36.2 (delimita)
Artículo 39.5 (delimita)
Artículo 40 (anula)
Artículo 41 (delimita)
Disposiciones finales primera, segunda, tercera, cuarta
En general, ff. 2, 11, VP
Artículo 51, f. 1, VP
Artículo 51.2, f. 7, VP
Artículo 127, f. 6
Artículo 131, ff. 1, 2
Artículo 149.1.1, ff. 1, VP
Artículo 149.1.6, ff. 1, 9
Artículo 149.1.8, ff. 1, 9
Artículo 149.1.10, ff. 1, 3
Artículo 149.1.13, ff. 1, 2, 10
Artículo 149.1.16, ff. 1, 3, 8, 10, 12
Artículo 149.1.18, f. 11
Artículo 150.2, f. 11
Artículo 10.27, ff. 10, 11
Artículo 10.28, ff. 1, 10, 11
Artículo 18.1, ff. 10, 11
Artículo 9.9, f. 5
Artículo 10.1.4, f. 9
Artículo 12.1.5, ff. 1, 3, 10, 11
Artículo 57.4, f. 10
Artículo 30.1.4, ff. 1, 2, 5, 10
Artículo 37.2, ff. 5, 10, 11
Artículo 37.3, ff. 5, 10
Capítulo II, f. 3
Capítulo IV, f. 5
Capítulo VI, f. 7
Capítulo VIII, f. 9
Capítulo IX, ff. 10, 11
Artículo 1.1.1, f. 2
Artículo 1.1.2, f. 2
Artículo 4, f. 3, VP
Artículo 4.1 g), f. 3, VP
Artículo 5, f. 3, VP
Artículo 5.2 a), f. 3
Artículo 5.2 d), f. 3
Artículo 5.2 e), f. 3
Artículo 5.2 f), f. 3
Artículo 5.2 g), f. 3
Artículo 5.2 h), f. 3
Artículo 5.2 i), f. 3
Artículo 5.2 j), f. 3
Artículo 5.2 k), f. 3
Artículo 6 a), f. 3
Artículo 6 d), f. 3
Artículo 13.2, f. 5
Artículo 18, ff. 6, 7, VP
Artículo 19, ff. 6, 7
Artículo 22, f. 7, VP
Artículo 22.3, f. 7
Artículo 22.4, f. 7
Artículo 22.6, f. 7
Artículo 34, f. 10
Artículo 36, f. 10
Artículo 36.2, ff. 10, 11
Artículo 37, f. 10
Artículo 39.1.3, f. 11
Artículo 39.3, f. 11
Artículo 39.4, f. 11
Artículo 39.5, ff. 11, 12
Artículo 41, f. 11, VP
Artículo 41.1, f. 11
Artículo 41.2, f. 11
Artículo 41.3, f. 11
Artículo 41.6, f. 11
Disposición final primera, f. 12
Disposición final segunda, f. 12
Disposición final tercera, f. 12
Disposición final cuarta, f. 12
Artículo 25.2 f), f. 11
Alcance territorial de la declaración de inconstitucionalidadAlcance territorial de la declaración de inconstitucionalidad, f. 12
Cláusula de supletoriedadCláusula de supletoriedad, f. 2
Cláusula residualCláusula residual, f. 2
Competencias de coordinaciónCompetencias de coordinación, ff. 3, 8
Competencias de las Comunidades AutónomasCompetencias de las Comunidades Autónomas, ff. 10, 11
Derecho a recibir libremente informaciónDerecho a recibir libremente información, f. 5
Potestad sancionadoraPotestad sancionadora, ff. 10, 11
Potestad sancionadora de las Comunidades AutónomasPotestad sancionadora de las Comunidades Autónomas, ff. 10, 11
Principio de igualdadPrincipio de igualdad, VP I
Comercio exteriorComercio exterior, f. 4
Defensa de los consumidoresDefensa de los consumidores, Alcance, ff. 1, 2
Defensa de los consumidoresDefensa de los consumidores, ff. 1, 5, 6, 10, 11, VP I
Derecho a la información de consumidoresDerecho a la información de consumidores, f. 5
Derecho de participación de los consumidoresDerecho de participación de los consumidores, f. 7
Derecho de representación de los consumidoresDerecho de representación de los consumidores, f. 7
Infracciones administrativasInfracciones administrativas, ff. 10, 11
Intereses de los consumidoresIntereses de los consumidores, ff. 4, 7
Legislación básicaLegislación básica, Doctrina constitucional, f. 3, VP II
Sanciones administrativasSanciones administrativas, ff. 10, 11
Sanidad alimentariaSanidad alimentaria, f. 3
Sistema normativo de la sanidad nacionalSistema normativo de la sanidad nacional, f. 3

References: Artículo 1

Artículo 4

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 36

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 51

Artículo 51

Artículo 127

Artículo 131

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 150

Artículo 10

Artículo 10

Artículo 18

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 12

Artículo 57

Artículo 30

Artículo 37

Artículo 37

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 13

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 22

Artículo 22

Artículo 22

Artículo 22

Artículo 34

Artículo 36

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 39

Artículo 39

Artículo 39

Artículo 39

Artículo 41

Artículo 41

Artículo 41

Artículo 41

Artículo 41

Artículo 25