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Timestamp: 2018-08-14 22:05:09+00:00

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Internet está en las nubes. En el sentido literal. La vida cotidiana en la Red de cualquier usuario que escuche música en Spotify, envíe un mensaje de WhatsApp o de una empresa que maneja millones de megas depende cada vez más de servidores remotos que almacenan y procesan una cantidad ingente de información: la nube. Ya sea el Barça para gestionar una venta que se dedica a la nube, Amazon Web Services (AWS), que le ha generado unos ingresos de 4.400 millones de euros en 2014, con un crecimiento interanual del 50%. Para The Economist, estos datos demostraban que "la nube ha alcanzado la mayoría de edad".
El día 12 de mayo se ha actualizado la información relativa a la plantilla media de trabajadores del año 2014, la cuota de formación profesional y las cuentas de cotización facilitadas por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), así como el recálculo de los costes relativos a la formación, cuyo inicio se haya comunicado a partir del día 24 de marzo (incluido), en cumplimiento de las modificaciones introducidas en el Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
En el buzón de notificaciones disponible en la aplicación informaremos de las incidencias detectadas en la actualización de datos de la TGSS con el objetivo de que sean subsanados lo antes posible.
JOSÉ MANUEL ABAD LIÑÁN Madrid 12 MAY 2015 - 16:25CEST
Estudió en Cambridge, se doctoró en Harvard, dirige un instituto en Oxford. Philip Evans, experto en ciberseguridad y grandes volúmenes de datos, nació en 1950 en Plymouth (Reino Unido), el escenario de uno de los episodios cruciales de la Armada Invencible, que Evans menciona con ironía para confraternizar sobre su relación con los españoles: "Todo está olvidado, me dicen los militares de la Armada aquí". Por confidencial, no detalla el contenido de su trabajo, pero asesoró al Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Emplea metáforas bélicas para ilustrar las oscuras dinámicas de los ciberataques —como a los hunos empujando a los germanos a invadir Roma— sin que acierte a decir quiénes interpretarían, en la actual guerra de ciberataques, el papel de los bárbaros. Ha pasado por Madrid para presentar el libro Reinventar la empresa en la era digital de BBVA Openmind, donde escribe sobre cómo el big datatransformará las empresas.
El mayor reto no atañe a la tecnología en sí, sino a los fallos o el mal uso del hardware o el software: a la seguridad. El big datatiene un poder tremendo de hacer el bien, pero solo por lo catastróficas que pueden ser las consecuencias de un fallo —por accidente o por ataque— puede conllevar un problema muy grave. También existe el problema de la privacidad y de quién es el dueño de los datos. Aquí hay mucha ambigüedad. El coste cero de la transferencia de datos de una persona o una institución a otra implica que tus datos pueden terminar en lugares sorprendentes, que ni apruebes, y sobre los que ni siquiera tengas conocimiento o los derechos legales para impedirlo. La cuestión está en el aire. Por ejemplo, las compañías médicas agradecerían un marco legal que ahora brilla por su ausencia.
En teoría, sí. Hace unos treinta años la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos puso en marcha sus Estándares Federales de Procesamiento de la Información (FIPS en inglés) que regulaban el intercambio de datos como un contrato y que fueron la base de muchas leyes nacionales. La cuestión es que ese marco se ha quedado obsoleto con el big data.y que los gobiernos y las empresas muestran un enorme desacuerdo. Incluso dentro de la Unión Europea lo hay. De resultas de eso, te encuentras con países con leyes muy laxas y a las grandes empresas les puede interesar mover su procesamiento de datos a algún lugar del Caribe porque no le cuesta nada.
Si se le pregunta a Philip Evans por el logro tecnológico más revolucionario delbig data que espera ver en los últimos años, la traslada al ámbito de los negocios: "Piense en algo como el coche sin conductor: Es una combinación de tecnología, con big data, tecnología de sensores y mucha inteligencia artificial. ¿Es revolucionario o no? Bueno, pues depende de si lo que hacemos es añadir prestaciones a los coches que ya existen y cobrar cien dólares más por ellos. Eso es sustentar un modelo negocio y hacer que la gente pague más. Pero ¿y si de lo que hablamos es de un coche que de verdad se conduce solo, como el de Google? Costaría 150.000 dólares [133.000 euros], pero puede circular 24 horas al día frente al 4% de un coche normal. Ahí sí que se revoluciona algo, la economía del transporte. Ya no tendremos coches en propiedad nunca más. Los compartiremos entre varios y si varios lo necesitamos a la vez, el big data nos indicará a qué amigo pedirle un tiempo del suyo. El cambio revolucionario no sería tecnológico, sería en el modelo de negocios. Ya no existiría el negocio automovilístico, sino el negocio del transporte".
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JOSÉ MANUEL ABAD LIÑÁN Madrid 5 MAY 2015 - 10:16CEST
Lo suyo no es la geolocalización, al menos su versión analógica. "No sé ni dónde me encuentro. Me han traído aquí, y desde aquí me llevarán a otro sitio". Jimmy Wales (Alabama, 1966) se explaya en una larga conversación con EL PAÍS en el interior de una carpa alojada en el Palacio de Cibeles, fastuosa y quizá provisional sede del Ayuntamiento de Madrid. Es el gurú estrella de la Accenture Digital Conference, que impartirá poco después de la entrevista. No se priva de comentar la influencia de la tecnología en el auge de las protestas sociales y confiesa que entra a editar artículos de la Wikipedia a menudo, aunque no recuerda ni el primero ni el último. Acude a leer la enciclopedia virtual tanto como un usuario medio. "Todos los días", recalca, por si no quedase claro.
¿Hay algún tipo de forma emergente de conocimiento que escape de Wikipedia actual? ¿Quizá los datos?
[Wales se descubre las muñecas y muestra que no lleva nada, ni siquiera un reloj]. Tuve una Fitbit (pulsera que mide la actividad física= y alguna otra pero dejé de usarlas después de un tiempo. Debería volver a ponerme en forma [ríe], pero son muy primitivas en comparación a lo que podemos imaginar. Mire esto [muestra su móvil]. Lo llevo siempre en mi bolsillo. No lo llevo puesto, pero casi siempre está en mi mano y me sigue intrigando. Soy un poco escéptico sobre los relojes inteligentes, porque tienen una pantalla pequeña y no estoy seguro de para qué los usaría, pero al mismo tiempo me conozco y sé que no suelo entender para qué sirve una tecnología hasta que la pruebo.
¿No se le ocurre ninguna idea para integrar Wikipedia en loswearables?
No, la verdad es que no, no me parece interesante. No es algo que nos haya pedido nuestra comunidad. Si pagas lo que a un periodista, pueden escribirte algo que sea precario por la urgencia, pero al menos la escritura tendrá calidad. Esa calidad también puede darla la pasión: si alguien es apasionado sobre una cuestión y quiere escribir sobre ella, lo hará aunque los ingresos por publicidad sean muy bajos. Ese es el motivo de que los wikipedistas [los editores de la enciclopedia] revisen el trabajo de otros. De ahí puedes obtener información muy neutra, no como en un blog "apasionado". Cuando seguro que solo se obra un desastre es cuando se paga muy poco a alguien para escribir sobre algo no le importa. Si una compañía a la que solo le interesa chascar los dedos para conseguir clics descubre que a la gente le interesa el tema “cómo lavar un caniche” y paga 3 dólares para que escriba algo pequeño, solo se escribirá alguna mierda. Así solo se consiguen anzuelos para los motores de búsqueda. Eso crearía una dinámica que no sería saludable para escribir una enciclopedia.
Sí, de algún modo. EL PAÍS podría empezar a ofrecer dos euros por doscientas palabras para que la gente escriba cosas incendiarias... [Ríe ] Eso dañaría la perspectiva general, lo dañaría todo. no tendría sentido.
Hay muchos problemas importantes sobre el futuro, como el cambio climático. En EE UU está muy politizado. Es muy difícil leer información sosegada y basada en hechos. Ahí es donde está nuestra fortaleza. Solemos pensar en la Primavera Árabe, pero también podríamos centrarnos en un problema enorme para mí: las clasificaciones de popularidad de los congresistas en EE UU. Su popularidad ha llegado a hundirse por debajo del 10% de gente que opinaba que lo hacían bien. Y al mismo tiempo llegan las elecciones y el 99% salen reelegidos. Eso te dice que algo se ha roto: la gente está muy descontenta con sus políticos pero aun así no parecen capaces de votar a otros distintos. Por otro lado estamos viendo protestas yaltercados como los de Baltimore, o antes los de Ferguson. Gran parte de lo que pasa ahora se debe a que todo el mundo ya tiene una cámara, incluso los más pobres ahora, y un teléfono inteligente, y eso significa que se hará caso al comportamiento profundamente incorrecto de la policía en las comunidades minoritarias. En EE UU tenemos una expresión, “driving while black” [un juego de palabras con el delito “driving while intoxicated”, “conducir bajo los efectos de drogas o alcohol”, que podría traducirse como “conducir siendo negro”]. Significa que a un negro puede ir a la cárcel por algo por lo que a mí, como blanco, solo me darían un toque. La policía cada vez tiene más equipamiento militar. Los ciudadanos han elevado su voz a través de los vídeos virales; no sé adónde nos llevará esto, ojalá que a algo bueno. Espero que la gente llegue a entender que el gobierno puede asustarnos hablándonos de terrorismo, pero que cuando compran equipaciones semimilitares la usan contra gente corriente, contra un pobre muchacho negro que hace un comentario de listillo que yo podría hacer perfectamente, pero a él lo golpean. El lado negativo de este auge tecnológico es la supervisión a la que nos somete la NSA [la agencia nacional de seguridad estadounidense].Tenemos el poder de hacer vídeos, pero estamos retransmitiendo, sin encriptar, nuestras vidas.
Es difícil de saber, crecemos incrementalmente. Estamos haciendo muchos tests...
Estoy trabajando en una empresa que se llama The People's Operator, una compañía virtual de teléfono. Hemos salido ya en Reino Unido y en un par de meses esperamos lanzarla en Estados Unidos. Cuando te apuntas a la compañía el 10% va a una causa social que escojas y el 20% de los beneficios de la compañía va a proyectos altruistas. Nuestros precios son bajos para batir a nuestros competidores. Para reducirlos no gastamos nada en marketing, trabajamos con un esquema online y viral. Para eso estamos construyendo una nueva plataforma de redes sociales, que intenta aportar todo lo que hemos aprendido de mi experiencia con las wikispero también de Facebook y Twitter, para extender el mensaje de que si ahorramos en publicidad podremos gastar el dinero en algo que te preocupa. Ahora estamos invitando unos cuantos cientos de usuarios en la plataforma que lo están testando. Tras una búsqueda aleatoria de clientes les preguntamos para qué la usarían y para qué no. Es la primera vez en mucho tiempo que tengo un trabajo de verdad, pero me siento con los desarrolladores cada día y estoy haciendo el diseño. Lo estoy disfrutando.
El Gobierno reforma para acabar con el fraude y mejorar la efectividad de la formación
FERNANDO BARCIELA 27 ABR 2015 - 18:23CEST
Los cursos de formación para el empleo, gestionados por comunidades autónomas, empresas y agentes sociales, se han saltado a las primeras páginas de los periódicos por su importancia social y por los escándalos que han asolado al sistema. Inexistentes hace 30 años, ya que el sistema arrancó en 1992, estos cursos mueven 2.300 millones de euros al año, “unos 1.800 millones de euros procedentes de las cuotas de formación del 0,7% en la nómina, otros 380 millones del Presupuesto del Estado y 100 millones más del Fondo Social Europeo”, según explica María Mateo, asesora de la Secretaría de Estado de Empleo.
Pese a que el 85% de los trabajadores se declaran satisfechos con los cursos tras recibirlos, lo cierto es que no gozan de buena imagen. La absoluta falta de control sobre el sistema los han puesto en el disparadero. Tanto que hasta los sindicatos reconocen la necesidad de la reforma. “No tenemos dudas de que había que actualizar un modelo que viene de hace 22 años”, admite Teresa Muñoz, secretaria de Formación de UGT. Y apoya Javier López, secretario de Formación de CC OO: “Las irregularidades, desde fraudes a cursos mal hechos, han deteriorado la imagen de esta formación, lo que imponía un cambio”.
La situación había alcanzado tales cuotas de ‘alarma social’ que ningún Gobierno hubiera podido evitar el cambio. Tras 20 meses de negociaciones con comunidades autónomas, patronales y sindicatos (sin acuerdo), el Ejecutivo ha puesto en marcha la reforma con la aprobación de un decreto ley el 20 de marzo, convalidado esta semana por el Congreso. Aunque Mateo sostiene que se había iniciado con la reforma laboral de 2012.
Los últimos escándalos protagonizados en Andalucía y Madrid con los fondos públicos de la enseñanza han obligado a la revisión del modelo
Los dos grandes objetivos del nuevo modelo son acabar con el fraude y mejorar la eficacia de estos cursos, otro de sus grandes talones de Aquiles. De ahí que se centre en las tres patas del sistema: en los cursos gestionados públicamente (por las autonomías); la formación bonificada en las empresas; y los programas de la Fundación Tripartita, gestionados hasta ahora por patronales y sindicatos. Respecto a la efectividad, la transformación también se hacía urgente, porque hay menos dinero para distribuir que hace años, lo que obliga a ser eficientes. “Hace años teníamos 2.300 millones del 0,7% de la nómina para formación”, apunta López. Casi un 30% más que ahora.
Buena parte de los esfuerzos buscan lograr un mayor control de la forma en que las autonomías gastan el dinero que se les distribuye y que procede de las cuotas de formación que pagan trabajadores y empresas en la nómina. Esta área es el que se lleva la parte de león y en el que ha protagonizado mayor descontrol. Pese a que las comunidades autónomas deberían informar a Empleo de forma detallada sobre cómo gastan el dinero, la realidad no es así. “Había cierta información”, explica la asesora de la Secretaria de Estado de Empleo, “pero muy insuficiente. El Ministerio sabía vagamente lo que se estaba haciendo en cada comunidad, pero nada respecto qué convocatorias, qué cursos, dónde o cuándo o cuánta gente se formaba, o el impacto real de esta formación”.
Y el sistema se vio desprestigiado por infinidad de denuncias de irregularidades en la impartición de las clases y una serie de affaires, en Andalucía o Madrid, producto de esa falta de control. Asuntos que, por otra parte, ya se habían producido en distintas ocasiones y años atrás aunque quizás no con tanto impacto como el actual.
Por ello a partir de ahora habrá una serie de mecanismos de control, informatizados, que permitirán el seguimiento de los cursos en tiempo real. “Este primer semestre estará listo un sistema completo, con un registro de todas las entidades y centros y de las distintas modalidades formativas; habrá una cuenta formación [como ya anunció en 2012 la reforma laboral], un registro que va a acompañar a cada trabajador en su carrera profesional a modo de currículo sobre la formación recibida”, dice Mateo. Está previsto un portal de acceso público, en el que se expondrá la oferta formativa, por comunidades y centros. “El sistema incluye un compromiso de evaluación permanente. Y las autonomías serán responsables de medir su impacto sobre la empleabilidad del trabajador”, agrega. Se limita la posibilidad de pagar los cursos por adelantado al 25%, antes era el 100%. Y habrá una unidad de control, dentro de la Inspección de Trabajo.
Cheque para parados
Las autonomías que lo deseen podrán crear un cheque para los desempleados que, en lugar de ser enviados a un centro, pueden elegir el que prefieran y pagar con este cheque. La CECAP, la patronal de los centros de formación que agrupa al 65% del sector, considera muy positivo el cheque de formación. “Obliga a los centros a mejorar para que nos elijan”. Los sindicatos lo ven con reservas, pues el modelo “se ha intentado en Reino Unido y dio lugar a mucho fraude”, según Javier López.
Otro de los frentes es el de las subvenciones para cursos a patronales y empleados a través de la Fundación Tripartita. También aquí se han destapado diversos escándalos reciente y no tan recientemente. La Fundación Tripartita, participada por el Estado y los agentes sociales, repartía hasta ahora los fondos entre estos, que tenían autonomía para gastarlos. Sin excesivo control. Además de participar en el diseño y planificación de la formación, los agentes sociales podían impartir formación (a través de fundaciones o centros propios) o adjudicarlos a centros externos, privados, sin concurso.
Esta falta de control dio lugar a irregularidades. Los cambios aquí se iniciaron con la reforma laboral, cuando se establece que a los fondos de la Tripartita puedan acceder no solo los agentes sociales sino también los centros privados. Actualmente los fondos asignados ya no los podrán gestionar directamente, sino que el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) los distribuirá por los centros acreditados a través de concursos. Para los agentes sociales esto es un contratiempo. Pese a que han creado sus entidades de formación, si quieren seguir impartiendo cursos tendrán que presentarse a los concursos en concurrencia. El problema es que los centros ligados a los agentes sociales carecen, por lo general, de la eficiencia que sí muestran los privados, según la Administración.
Otro rol
Así se justifica el desplazamiento de sindicatos y patronales de la gestión del sistema. Aunque, para Mateo, “tendrán un papel en la formulación del plan plurianual de empleo, donde se establecerán las necesidades actuales y futuras del tejido productivo y las áreas de formación prioritarias, ya que son ellos los que tienen la capilaridad y conocimiento directo”. Un papel que, para CC OO, es insuficiente. “Queremos estar presentes en el diseño, control y seguimiento de los cursos”, explica López. Y Teresa Muñoz, de UGT, se queja de que “esperábamos una participación más decisoria”.
En la llamada formación bonificada las cosas se van a mantener parecidas a como estaban. Los cursos impartidos por las empresas y financiados a través de bonificaciones que derivan del pago del 0,7% en las cuotas de formación en la nómina se llevan cerca de 650 millones de euros al año. Los sindicatos se han mostrado molestos con este punto. “Han mantenido esa formación en las empresas sin control de ningún tipo. El empresario puede gastar el dinero como le dé la gana”, según CC OO, que critica que “antes no se bonificara ningún curso de menos de cuatro horas y ahora se puedan dar con una hora”. La reforma busca meter a las microempresas en el sistema, justifica el Gobierno, ya que “el 90% de las grandes empresas hacen formación, pero solo el 25% de las micro”, señala la asesora del Ministerio de Empleo, “de ahí que hayamos agilizado el sistema para que estas puedan entrar y formar a sus trabajadores”.
Las empresas no han sido las únicas beneficiadas por la reforma. En la CECAP, que agrupa a 2.000 empresas con unos 25.000 trabajadores, la han recibido muy bien “porque creemos que esa concurrencia competitiva va a ser buena para nosotros y para los trabajadores, que accederán a una oferta más amplia y de mayor calidad”, sostiene Javier Jiménez Ortiz, su presidente, que también celebra la puesta en marcha de los planes plurianuales de formación, “lo que nos dará la certidumbre para hacer inversiones a medio plazo”.
Los autónomos entran en el sistema
Los autónomos también están satisfechos. José Luis Perea, vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), opina que “nos abre posibilidades de formación que no teníamos”. Al no cotizar por formación, los trabajadores por cuenta propia dependían para sus cursos de partidas presupuestarias que habían pasado de 12 millones de euros antes de la crisis a solo 3 millones, lo que significa que “solo formamos unos 6.500 autónomos al año, es decir, uno por cada 450”. El estar en el sistema también “nos permitirá participar en la planificación y diseño de los cursos”, explica. Hasta ahora, los autónomos habían de utilizar cursos pensados para los empleados, “aunque tenemos otras necesidades formativas, y agendas más apretadas, que no nos permiten cursos de la misma duración o frecuencia”, indica. Claro que los autónomos tendrán que cotizar ahora por formación, pero Perea considera que la suma será muy pequeña. “En el caso de un autónomo sin empleados, será el 0,1%, unos 12 o 14 euros al año”.
25.000 usuarios reclaman a la red social una indemnización por violar su privacidad
El activista austriaco Max Schrems se dirige a los medios tras defender su demanda contra Facebook.
Cada usuario pide solo 500 euros pero, multiplicados por los 25.000 que la reclaman, se disparan a 12,5 millones de euros. Los demanda a Facebook un colectivo liderado por un activista y estudiante de derecho austriaco de 27 años, Max Scherms, por la violación de la privacidad de sus datos. En la vista previa a la admisión de la demanda, Facebook hizo valer un supuesto incumplimiento de requisitos técnicos ante el juez, que tomará una decisión por escrito antes del verano.
Un informe acusa a Facebook de rastrear a los internautas ilegalmente
Jeff Jarvis: "“Facebook y Google conocen mejor que nosotros a nuestros lectores”
El año en que Facebook nos manipuló y otros estudios que arrasaron
Los demandantes acusan a Facebook de violar sus derechos por acumular datos sensibles (lo que se denominan perfiles en la sombra), el uso del botón me gusta para rastrear usuarios en cualquier web que lo contenga o el cambio frecuente de políticas no convenientemente comunicadas. En la página web de Europa contra Facebook, el nombre que el colectivo de usuarios ha elegido para denominar su acción, se incluyen estas y otras quejas, hasta sumar 22 distintas.
"La demanda es inadmisible desde un punto de vista de procedimiento. Es injustificada en su contenido", esgrimió Nikolaus Pitkowitz, abogado de Facebook, durante las cuatro horas en la que los letrados de la red social trataron de convencer al juez de que paralizara la admisión de la demanda, según informa Reuters. Facebook argumenta que Schrems ni siquiera es usuario de la red, pero él afirma que sí.
Schrems contraatacó afirmando en su web que Facebook emplea "una estrategia típica para ralentizar el proceso, porque la mayoría de consumidores agotarían su tiempo y dinero", si bien aseguró que el colectivo de demandantes cuenta con un respaldo financiero que, en caso de perder el juicio, les evitaría los costes.
La baja cuantía reclamada por los 500 euros es, para Schrems, una declaración de intenciones del colectivo: "El foco es que las compañías digitales estadonidenses tienen que atenerse a las leyes y cumplir con los derechos fundamentales como cualquiera. Ahora mismo tenemos toda una industria que opera muy, muy lejos del marco legal. Y esto es también un asunto de juego limpio empresarial: las compañías que se atienen a la ley están en desventaja". Schrems no aclara la posición que tomaría el colectivo en caso de que Facebook le ofrezca un acuerdo para no llegar a juicio: "No es el caso aún. Dudo también de que Facebook ofrezca atenerse a las leyes sin que un tribunal les obligue". La compañía ha declinado hacer declaraciones al respecto.
Estas reclamaciones coinciden en varios puntos con las conclusiones que la semana pasada detallaba un informe de la Comisión de Privacidad Belga. Tampoco es una iniciativa aislada: forma parte de una acción conjunta a nivel europeo de las agencias de protección de datos.
Las Autoridades reafirman que la extensión y el carácter indiscriminado del tratamiento de datos previsto en el PNR europeo puede debilitar seriamente los derechos a la protección de la vida privada y de los datos personales de todos los viajeros.
Madrid, 6 de febrero de 2014. El Grupo de Autoridades europeas de protección de datos (GT29) ha hecho pública una declaración conjunta en la que expresa su opinión acerca de la eventual creación del Registro europeo de datos de pasajeros (PNR, por sus siglas en inglés). Las Autoridades de los Estados de la UE han debatido esta cuestión en su reunión plenaria celebrada los días 3 y 4 de febrero en Bruselas basándose en los análisis realizados en dictámenes anteriores del Grupo.
Las Autoridades europeas de protección de datos han reafirmado que la extensión y el carácter indiscriminado del tratamiento de datos previsto en el PNR europeo para luchar contra el terrorismo y la delincuencia grave puede debilitar seriamente los derechos a la protección de la vida privada y de los datos personales de todos los viajeros, derechos estos reconocidos por los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El Grupo de Autoridades recuerda que, por principio, no está ni a favor ni en contra de esquemas de recogida de datos de viajeros del tipo PNR. Sin embargo, tal interferencia en los derechos fundamentales solo resultaría admisible si se demostrase su necesidad y se respetase el principio de proporcionalidad.
En el caso de que se acreditase la necesidad de un PNR europeo, el esquema debería ofrecer suficientes salvaguardas de protección de datos a fin de asegurar la proporcionalidad tanto de la recogida como del uso subsiguiente de los datos PNR. El Grupo del Artículo 29 ya ha señalado algunas de esas posibles garantías en anteriores opiniones. Los miembros del GT29 están, por tanto, dispuestos a tener una participación constructiva en las discusiones sobre cualquier futuro esquema PNR y asegurar así su respeto a la Carta de Derechos Fundamentales y al marco europeo de protección de datos.
Acerca del Grupo de Trabajo del Artículo 29
El Grupo de Autoridades europeas de protección de datos -Grupo de Trabajo del Artículo 29- es el grupo consultivo compuesto por representantes de las autoridades nacionales de protección de datos de los Estados miembros, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y la Comisión Europea. Sus funciones están descritas en el Artículo 30 de la Directiva 95/46/EC y el Artículo 15 de la Directiva 2002/58/EC. El Grupo de Trabajo del Artículo 29 está facultado para examinar cualquier cuestión que esté relacionada con la aplicación de las directivas en materia de protección de datos para contribuir a la aplicación uniforme de las mismas. Desempeña sus funciones emitiendo recomendaciones, dictámenes y documentos de trabajo sobre las cuestiones relevantes que afectan a la protección de datos personales.
Tel. 91 006 60 00
C/ Francisco Silvela 47, Pl. 1- 28028 Madrid

References: Artículo 29
 Artículo 29
 Artículo 29
 Artículo 30
 Artículo 15
 Artículo 29