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Agosto 21, 2014 David
Banca y Gobierno llegan a cuatro acuerdos sobre el Código Monetario
La banca y el Gobierno llegaron a acuerdos en cuatro temas relacionados con el Código Monetario, tras la reunión sostenida con el mandatario Rafael Correa la noche del domingo y madrugada del pasado lunes 18 de agosto del 2014 . Así lo dijo Antonio Acosta, presidente adjunto del Banco Pichincha, quien participó de la reunión. En la cita estuvieron presentes, entre otros, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Ribadeneira; el Superintendente de Bancos, Pedro Solines; y el ministro de Finanzas, Fausto Herrera. De parte de la banca, asistieron los altos ejecutivos de los bancos Promerica, Bolivariano, Guayaquil y Pichincha. El Gobierno anunció que enviará a la Asamblea hasta este viernes 22 de agosto el veto al Código Monetario y que incluirá cambios de fondo y forma. ¿Cuáles fueron los resultados de la reunión? ​ Fue una reunión positiva. La actitud del Primer Mandatario fue una actitud de absoluto entendimiento de todas las preocupaciones, que no son a favor del sistema bancario sino de los ciudadanos. Los principales temas de preocupación y que fueron acogidos por el Presidente son: el manejo de la liquidez de la banca, el manejo del fondo de liquidez, el direccionamiento del crédito y, en cuarto lugar, la protección a los depositantes de todo el sistema financiero. ¿A qué acuerdos se llegó en el tema de la liquidez? ​ Planteamos que no puede ser que una Junta de Regulación, como establece el nuevo Código Monetario, es decir, de solo cinco personas, dictamine cómo se debe direccionar el crédito. El Presidente aceptó que se haga una enmienda para que esto se haga en común acuerdo con las necesidades financieras privadas, y tomando en consideración el tipo de recursos y los plazos a los que capta la banca, y los riesgos de los segmentos a los que se va a destinar esos recursos. ¿Qué acuerdos hubo para el manejo del fondo de liquidez? ​ El Presidente aceptó que estos recursos deben estar invertidos en instrumentos que garanticen la inmediata disponibilidad para cuando una situación de emergencia así lo requiera y los depositantes demanden la devolución de sus dineros del sistema bancario. El propio Presidente sugirió que esos recursos no vayan a financiar al Gobierno sino que podrían estar depositados, a criterio de él, en los multilaterales, para que a su vez estos puedan ofrecer líneas especiales de crédito para apoyar los procesos de desarrollo, con lo cual la banca está totalmente de acuerdo. De hecho, el fondo hoy invierte parte de sus recursos en el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR). Así es, y en el Banco Internacional de Reservas. Y eso es una garantía de que cuando haya una emergencia, como por ejemplo, un temblor más fuerte que el de la semana pasada, que asuste a la gente, tengamos la plata inmediatamente para devolver a los depositantes. Pero el Código estaba muy abierto y le daba todas las facultades a la junta para que invierta en lo que le parezca. Creemos que hay que ponerle límites a esa facultad para garantizar que el fondo de liquidez sea invertido en instrumentos que garanticen una inmediata disponibilidad de efectivo para cuando las circunstancias así lo demanden. En el tema de la protección del depositante ¿cuál fue el pedido? Que el Código expresamente reconozca la obligación que tiene el Gobierno y el sistema bancario de proteger al depositante, porque el Código no menciona esto en ninguna parte. ¿Hubo acuerdo en este punto? El Presidente Correa se manifestó de acuerdo y consideró que el Código debe hacer mención a este punto. Tras los acuerdos ¿qué se espera ahora? Que el ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, quien se comprometió a realizar estas enmiendas, acoja lo acordado y lo aprobado por el Presidente Correa, que tiene como único propósito dar tranquilidad y estabilidad a los ciudadanos que confían en el sistema financiero ecuatoriano. No hay ningún interés particular de la banca, sino de los depositantes. De incorporarse esos cambios, ¿el Código les deja más tranquilos como sector? ​ Sin duda. ¿En qué puntos no hubo acuerdos? No hubo puntos de discrepancia mayor, aunque el Presidente de la República fue claro en advertir que le preocupa mucho el financiamiento que pudiera hacer el sistema bancario al consumo, porque si estamos financiando productos suntuarios del exterior se pone presión a la cantidad de divisas que deben salir del Ecuador y eso podría poner en riesgo la dolarización, evento en el cual coincidimos porque sería una barbaridad que nos dediquemos solo a financiar consumo, peor aún si ese consumo se limita solo a importaciones. Pero hay que buscar, en coordinación con la Junta, que las disposiciones no necesariamente cierren esa posibilidad, pero sí desestimulen ese tipo de crédito.
Calificadora sube nota del país a B+
Ayer la agencia Standard & Poor’s subió la calificación crediticia de Ecuador a largo plazo a B+, desde B. Esto se dio como resultado de una mayor flexibilidad fiscal, una posición de liquidez externa más sólida y una mejoría en el clima de inversión en el país.
Standard & Poor’s asignó un panorama estable a la nueva calificación, lo que refleja la expectativa de que el país seguirá diversificando sus fuentes de financiamiento en los próximos dos años para cumplir con sus necesidades financieras, dijo la agencia en un comunicado.
El panorama estable también señala que la agencia no espera un cambio en la calificación crediticia soberana de Ecuador en el próximo año.
importantes déficit fiscales en más de dos años y una continua alta dependencia de los ingresos petroleros mantienen restringida la nota del país.
En el último semestre Ecuador ha logrado diversificar su financiamiento. Es así que se colocaron 2.000 millones en bonos globales y además se obtuvieron $ 400 millones que llegaron del crédito con Goldman Sachs, por el cual usó $ 600 millones de las reservas de oro como garantía o colateral.
Además, representantes del área económica del Gobierno anunciaron que continuará en los mercados de capitales.
“Creemos que los mercados de capitales son una herramienta válida para continuar el apalancamiento del desarrollo del país”, señaló Fausto Herrera, ministro de Finanzas
Gobierno analiza pedir la nulidad a resolución de CAN contra norma calidad
El Gobierno estudia presentar un recurso de nulidad ante el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) respecto a una resolución de la Secretaría General de laComunidad Andina (CAN) que declara como restrictiva al comercio una normativa interna de requisitos de calidad para ciertas importaciones.
La Secretaría de la CAN notificó el pasado lunes a Ecuador sobre la apertura de una investigación que ratifica un pronunciamiento anterior sobre un supuesto trato discriminatorio a ciertos productos importados de la Comunidad que no cumplan dicha normativa de calidad, basada en la que rige en Europa.
El Ministerio de Comercio Exterior, en un comunicado, reiteró que su Gobierno “tiene el legítimo derecho de aplicar una política regulatoria de calidad, cuyo objetivo es garantizar la salud, la seguridad, el orden público, la protección del medio ambiente y los derechos del consumidor” ecuatoriano.
La normativa, según el Gobierno, busca garantizar la óptima calidad de los bienes que circulan en el mercado nacional, especialmente en el sector agroindustrial, cosméticos, de higiene y limpieza, plásticos y sus manufacturas, químicos y juguetes.
En cuanto a la investigación abierta por la Secretaría de la CAN, el Ministerio aclaró que las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de la misma Comunidad “permiten reconocer y aceptar los estándares y niveles de calidad de otros países, siempre y cuando se tenga convencimiento que los mismos sean conformes o superiores a los nuestros”.
Para fijar esa normativa, Ecuador consideró que, “en función de la infraestructura de calidad, su política regulatoria y reglamentación técnica vigente, los productos de la Unión Europea garantizan los niveles de calidad equivalentes e incluso superiores a los que mantiene el país”.
Asimismo, recordó que entre los países miembros de la CAN (formada además por Bolivia, Colombia y Perú) “rigen los mecanismos de reconocimiento mutuo de las certificaciones de calidad en la normativa andina”.
Por esas consideraciones, el Gobierno ecuatoriano analiza acciones judiciales frente a la resolución de la Secretaría General de la CAN que a comienzos de junio pasado resolvió conceder a Ecuador un plazo de 15 días para que informara acerca del levantamiento de la normativa, cuestionada por Colombia y Perú.
El Comex analiza su respuesta a la CAN
Luego de que la secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) ratificara el lunes su postura de que la resolución 116, emitida por el Comité de Comercio Exterior ecuatoriano (Comex), restringe el comercio intrasubregional, Ecuador podría presentar una respuesta.
El ministro de Industrias, Ramiro González, dijo que el tema está siendo analizado por los abogados del Comex y que todavía existe una instancia adicional, que es el Tribunal Andino de Justicia, para plantear la nulidad de dicha resolución. “Este es un país soberano”, dijo González durante la inauguración de la feria Expo Industrias 2014 en Guayaquil.
Según detalló la CAN en un comunicado, no existe posibilidad de una nueva solicitud de reconsideración por parte de Ecuador, pues se trata de una ratificación de la resolución 1695 emitida en junio, y en la que se pedía que el país levantara las medidas restrictivas, ya que estas contravienen los principios del Acuerdo de Cartagena, del que Ecuador es suscriptor.
Uno de los aspectos que consideró el organismo regional en su comunicado de esta semana fue la flexibilización que otorgó el gobierno ecuatoriano a la entrada de productos de origen europeo, lo que coincidió con las últimas negociaciones por un acuerdo con la Unión Europea (UE).
El documento oficial 14241, emitido el 3 de junio por el Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro), permite que con una declaración juramentada de los importadores los bienes de esa procedencia sean nacionalizados, ya que se reconoce como equivalentes para Ecuador, la normativa y reglamentaciones técnicas de los países miembros de la comunidad.
Gabriela Uquillas, asesora aduanera de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), señaló que lo observado por la CAN es el principio de trato de la nación más favorecida, que es un principio de la Organización Mundial de Comercio.
Este señala que si un país le da una ventaja a un grupo distinto también se la debe reconocer para sus socios comerciales, y en tal sentido recordó que Ecuador es suscriptor del Acuerdo de Cartagena y que con estos países se ha seguido un camino comercial que busca llegar a una liberalización progresiva de restricciones.
El documento, que establece un plazo de 20 días para la respuesta de Ecuador, dice que la “concesión a productos de la Unión Europea de un mejor trato que el conferido a productos originarios de la subregión andina constituiría un eventual incumplimiento de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular el artículo 139 del Acuerdo de Cartagena”.
A criterio de Uquillas, el gobierno debería acoger la premisa que ha señalado la Secretaría de la CAN y desmaterializar estos requerimientos para los bienes originarios de Colombia, Perú y Bolivia.
El 3 de diciembre del año entró en vigencia la resolución que exige un certificado de reconocimiento para garantizar el cumplimiento de normas de calidad como requisito para la desaduanización de bienes.
La idea del gobierno es encaminarse hacia la sustitución selectiva de importaciones y el fomento de la industria.
Ecuador prepara el terreno para eliminar el subsidio del gas
Gobierno de Rafael Correa aspira a reducir el consumo de gas licuado de petróleo (GLP), que los ecuatorianos usan masivamente para cocinar. Este mes ha iniciado un plan para que 3,5 millones de hogares adquieran cocinas de inducción magnética y usen la electricidad para cocer sus alimentos. La medida es un paso previo para retirar el subsidio al gas, que este año representá un desembolso de 800 millones de dólares, según la previsión presupuestaria.
Los consumidores pagan solo 1,60 de los 12,15 dólares que realmente cuesta el cilindro de 15 kilogramos. La subvención está vigente desde los setenta, cuando Ecuador iniciaba suboom petrolero. La dictadura militar del general Guillermo Rodríguez Lara quería popularizar el uso de los derivados del petróleo que supuestamente se iban a producir en el país. Pero a la vuelta de 40 años, la producción local de GLP apenas cubre el 20% del más de un millón de toneladas de gas que se demandan al año —el resto se importa de Panamá, Estados Unidos, Perú, Argentina y Nigeria—.
La propuesta de eliminar el subsidio es arriesgada, puesto que la población está acostumbrada a un gas barato. El exmandatario Abdalá Bucaram intentó quitar el subsidio en 1996 y poco después fue destituido. Sus sucesores también trataron de hacerlo, pero la presión popular pudo más. Correa, sin embargo, ya hizo el anuncio y espera que para 2017 la mayor parte de hogares ecuatorianos cuente con una cocina de inducción y que la demanda extra del suministro de energía sea cubierta por las nuevas ocho hidroeléctricas que estarán funcionando para esa época.
El Gobierno recuerda a la gente que a partir de 2017 el cilindro de gas costará entre 15 y 20 dólares. El ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, declaró a los medios la semana pasada que “es absurdo cocinar con GLP que no tenemos” e invitó a “cocinar con la fuerza de nuestros ríos”. Para calmar los temores sobre el incremento de la planilla mensual de luz, Correa informó en ese mismo espacio que van a subsidiar los 80 primeros kilovatios, así que “prácticamente se va a cocinar gratis”.
Ecuador empleó en 2013, según el Ministerio de Finanzas, 6.603 millones de dólares en subsidios. De ese valor, el 68,75% se ha destinado a los combustibles —un 42,5% (1.935 millones de dólares) al diésel; un 38,5% (1.757 millones) a la gasolina; y un 14,7% (666,5 millones) al gas licuado de petróleo—.
Aunque el Gobierno promociona el nuevo plan como un cambio de la matriz energética, la electricidad representa apenas el 11% de toda la energía consumida en Ecuador, mientras el consumo de derivados del petróleo (diésel, gasolina y fuel oil, principalmente) supone el 82% del total, según datos de la Organización Latinoamericana de Energía. Francisco Pardavila, investigador del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, afirma que “sería interesante cambiar el sistema de subsidios de los hidrocarburos, que favorecen el uso ineficiente del transporte, que consume el 61% de la energía primaria del país”.
Esteban Albornoz, ministro de Electricidad: Las hidroeléctricas que están en operación cubren el 50% de la demanda de electricidad del país (3.000 megavatios en horas pico). La otra mitad se cubre con las termoeléctricas —que queman fuel oil, diesel y otros combustibles fósiles— y la importación del suministro de los países vecinos.
La compra de energía a Perú o Colombia supone un importante gasto para el país. Según el Consejo Nacional de Electricidad, el precio medio de la energía en el mercado internacional se sitúa en 10,5 centavos de dólar por kilovatio/hora, muy por encima del precio de compra por la generación eléctrica en Ecuador, establecida en 4,3 centavos de dólar por kilovatio/hora.
La expectativa del Gobierno es que para 2017 los ocho proyectos hidroeléctricos, en los que se ha invertido cerca de 5.000 millones de dólares, cubran el 90% de la demanda eléctrica del país. Pero estas presunciones son inciertas. Pere Ariza, investigador de la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales, señala que no se toma en cuenta las nuevas necesidades de electricidad —”las de la minería, la siderurgia y también de los hogares que, conforme aumenta el estado del bienestar, aumentan el consumo de energía eléctrica”—.
Tampoco se dice que las centrales hidroeléctricas están sujetas a las variaciones pluviométricas (la falta de precipitaciones), que pueden comprometer su correcto funcionamiento. En la época de estiaje entrarían a operar las termoeléctricas y tendrían que cubrir hasta un 40% de la demanda interna, según el exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera. Por eso las termoeléctricas no han sido descartadas del Plan Maestro de Electrificación de 2012-2021. De los 34 proyectos contemplados hasta 2021, ocho son termoeléctricos, tres eólicos y dos geotérmicos.
El exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, que formuló el proyecto en 2008, explica que las cocinas de inducción funcionan con un sistema electromagnético que calienta la olla y no el quemador y alcanzan una eficiencia de casi el 90%. Su análisis se sustenta en las mediciones hechas por el Departamento de Energía de Estados Unidos. “Las cocinas de gas tienen una eficiencia de apenas el 38%, esto hace que el 62% de la energía se desperdicie y vaya a calentar el planeta”, dice Mosquera, y añade que como el gas está subvencionado “es el dinero del Estado el que se está yendo al aire”.
La producción de las más tres millones de cocinas que se venderán a las familias se ven, además, como un incentivo a la industria local. Sin embargo, las 12 empresas ecuatorianas que se han vinculado al proceso —al menos en este momento inicial—, solo tienen capacidad para encargarse del 13% de la producción necesaria. Así que la paradoja de las cocinas de inducción es que la eliminación del subsidio del gas licuado de petróleo va a generar una nueva dependencia. La mayor parte de los componentes se importa de Alemania, Francia y España, lo que ralentiza el ensamblaje de las cocinas. Este mes, por ejemplo, únicamente dos empresas han podido arrancar con la línea de producción.
El FMI advierte un aumento del déficit público en Ecuador
El Fondo Monetario Internacional advirtió este miércoles sobre señales de un aumento del déficit público y un empeoramiento de las condiciones externas para Ecuador, al concluir su primera revisión de la economía del país suramericano en seis años.
“Un déficit fiscal ha resurgido a pesar de una boyante recolección de impuestos”, impulsado por las inversiones públicas -financiadas con préstamos de China- y una ampliación del déficit en la cuenta corriente, indicó el Fondo en un comunicado.
El FMI llama a “restringir el gasto público” y a “la moderación” en el gasto corriente “para acomodar el creciente programa de inversión pública”.
Para cumplir ese objetivo, el organismo recomendó al gobierno ecuatoriano a revisar los subsidios a los combustibles, que favorecen a los más pobres, y profundizar reformas fiscales para mejorar la recaudación.
Algunas autoridades del Fondo afirmaron la necesidad de destinar los ingresos petroleros, una de las principales fuentes de divisas para este país miembro de la OPEP, a la creación de un fondo de estabilización y ahorro.
Ecuador arrastra un déficit fiscal de casi 5.000 millones de dólares (4% del PIB). Con una inflación de 2,70% en 2013, el crecimiento fue de 4,5%.
El Fondo, con sede en Washington, elogió la estabilidad macroeconómica alcanzada en la última década en Ecuador -cuya economía está dolarizada- que logró un crecimiento promedio de 4,5% desde 2001 y una tasa inflacionaria alrededor a 3%.
Además saludó los esfuerzos para reducir la pobreza y mejorar los indicadores sociales de la población mediante un ingente gasto público del gobierno del presidente Rafael Correa, que se vio favorecido por los altos ingresos petroleros.
El Fondo proyecta que la economía ecuatoriana crecerá 4% en 2014 y 2015, pero advierte que el panorama externo es ahora menos favorable que en el pasado por la normalización de los precios del crudo y el alza progresiva de las tasas de interés en Estados Unidos.
La evaluación del Fondo Monetario Internacional sigue a una visita a Ecuador a finales de julio, la primera del organismo desde 2008, luego que ambas partes anunciaran en mayo la reanudación del diálogo.
Las autoridades del Fondo saludaron el “recompromiso” de Ecuador con el Fondo.
Ecuador era uno de los países de la región que no recibe las misiones del FMI y ha sido fuerte crítico en los últimos años de las directrices de la entidad, asociada en América Latina con los intereses de Washington.
Ecuador, uno de los países que más gasta en subsidios en energía, dice experto
El vicepresidente para América Latina y el Caribe del Consejo Mundial de Energía, el colombiano José Antonio Vargas, recomendó este miércoles eliminar subsidios al precio de carburantes y energía eléctrica, tanto para países de la región como en el resto del mundo.
“Los países gastan entre el uno y tres por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en el pago de subsidios, ese es el promedio mundial”, señaló Vargas como panelista del séptimo congreso internacional de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía que se realiza en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Vargas citó a Ecuador como uno de los países que más gasta en subsidios en Sudamérica porque destina un 20 por ciento de su propio PIB tal fin, mientras que en Bolivia el aporte es de un siete por ciento.
“Los subsidios en general incentivan el uso ineficiente de energía, y el subsidio beneficia a personas que no lo necesitan”, dijo.
El gobierno de Evo Morales intentó en 2010 eliminar el subsidio en Bolivia, pero tuvo que retroceder ante el temor de una ola de protestas callejeras que se iniciaron en la ciudad de El Alto.
Morales reconoció que Bolivia gastaba más de 600 millones de dólares en el subsidio del precio del diésel, gasolina y gas licuado de petróleo. Los precios se mantienen desde 2005.
Konrad Adenauer deja el país por motivos políticos
La fundación Konrad Adenauer dejará el país en septiembre por todos los controles que ha impuesto el Gobierno a las Organizaciones no Gubernamentales, sobre todo con la expedición del Decreto 16 que permite un amplio control de Gobierno sobre las ONG y fundaciones. Eso lo confirmó Winfried Weck, director de la Fundación alemana Konrad Adenauer, seccional Quito, a la Deutsche Welle.
Weck aseguró que, desde 2011, el gobierno del presidente Rafael Correa se toma el derecho de controlar y cambiar los planes de las fundaciones políticas y ONG. “Cerramos nuestra oficina por razones políticas”, dijo Weck a la Deutsche Welle.
Konrad Adenauer es una fundación política auspiciada por la Unión Demócrata Cristiana que se estableció en el país desde los años sesenta para trabajar en el fortalecimiento de los partidos del centro, la modernización de instituciones democráticas con eventos de capacitación, asesoramiento y edición de publicaciones, estudios y materiales educomunicacionales.
Weck al mismo tiempo fue crítico con la posición de Ecuador con respecto a Julian Assange, el cofundador de WikiLeaks; dijo que lo único claro es la ambivalencia del gobierno de Correa ante la libertad de prensa. “Al Gobierno de Ecuador no le interesa el destino de Assange –dijo Weck-. Lo que busca Ecuador es demostrarle a estadounidenses y europeos que no permite injerencias y está dispuesto a defender su soberanía”.
Restricciones a la exportación bananera
Por Alfredo Saltos Guale
Las más caracterizadas autoridades del Estado han hecho públicas manifestaciones de impulsar el incremento de las exportaciones, primarias o no, con gran énfasis en productos que agreguen valor para generar la mayor cantidad de divisas y bienestar a los ecuatorianos, acorde con los lineamientos del Código Orgánico de la Producción, que proclama fluidez y abatimiento de cortapisas. Si hay una actividad que mejor encaja a esa sentida aspiración son las ventas sostenidas de banano, que integra una prolífica cadena productiva con los más variados eslabones, pues no se trata solamente de comercializar un racimo recién cosechado, sino convertirlo, luego de un meticuloso proceso, con mano de obra y materiales locales, en una presentable caja cuidadosamente embalada para soportar una larga travesía, hasta colocarla en los más recónditos sitios del planeta, donde una vez maduro es consumido con gran predilección. De allí la expresión “industria bananera”.
Los exportadores han heredado una negativa fama por las distorsiones típicas de un negocio otrora controlado por pocas voluntades que justificó la intervención estatal con leyes y disposiciones ahora obsoletas porque distorsionan y obstaculizan un dinámico negocio democratizado por el uso de contenedores y transparente información, que permite a los productores, por más pequeños que sean, solos o asociados, ubicar sus cosechas de manera directa, aumentando el número de actores, rompiendo el escenario oligopólico que rigió por mucho tiempo. Los cambios se reflejaron en el panorama mundial cuando las tres grandes comercializadoras redujeron su influencia del 65,3% en 1980 al 44,4% en 2013 (FAO 2014). Es inconcebible que subsistan cupos de exportación para un bien excedentario, lo que beneficia a los competidores que recibirán mejores precios y estimulan nuevas siembras; tampoco es saludable que tenga que rendirse onerosa caución para vender, aumentando los costos, con el afán de proteger el pago mínimo de sustentación a los agricultores, cuando bien podría recurrirse a acciones menos traumatizantes y más efectivas.
No se explica que se mantengan o creen nuevas medidas restrictivas como exigir contratos de compra a los importadores (el valor FOB es oficial), que jamás reflejarán las características de un mercado cambiante, sujeto inexorablemente a la oferta y demanda en lugares en que autoridad alguna de Ecuador puede incidir, con grave riesgo de caer en la vinculación por transacción de “más del 50% a una misma persona domiciliada o no en el país” y con ello en los círculos dantescos de los precios de transferencia. Solo los grandes capitalistas podrán exportar pues deberá demostrarse, según un confuso instructivo, que se cuenta con los recursos suficientes para garantizar los contenedores, su logística y el precio a los agricultores. La medida sancionadora frente a violaciones del instructivo va más allá de lo que señala la Ley específica cuando dice que se suspenderá la actividad económica por 45 días, frente a la norma superior que dicta solo 15. Los requerimientos de calidad para la fruta rebasan las usuales en los principales mercados y su mera inobservancia acarrearía también gravosa cesación.
La actividad bananera requiere, para continuar con su leve pero incesante crecida, la aplicación de normativas similares a las que rigen a otros bienes exportables, única formalidad para continuar aportando riqueza compartida, trabajo y equilibrio social, que se destruyan las imprácticas amarras burocráticas para navegar triunfante en una marejada de dura y despiadada competencia internacional.
Agosto 20, 2014 David
El precio del petróleo se desinfla, hoy cerró en $94,48
El precio del petróleo en Nueva York cayó el martes 19 de agosto a su nivel más bajo desde enero por ventas técnicas en un mercado que espera el informe sobre reservas en EEUU el miércoles. El barril de light sweet crude (WTI), referencia del petróleo ecuatoriano, para entrega en setiembre perdió $1,93 en el New York Mercantile Exchange (Nymex) a $94,48.
El referencial Brent bajó a un mínimo de 14 meses de $101,11 el barril el lunes ya que se aliviaron las preocupaciones de los inversionistas sobre los conflictos en Ucrania e Iraq y debido a que se elevó la producción de Libia. La caída llevó a los precios a un nivel menor al que algunos miembros de la OPEP necesitan para su desarrollar su presupuesto.
El precio del barril de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petroleo (OPEP) bajó el viernes por quinta jornada consecutiva -un 1,1%- y se vendió a $99,94 por barril, informó en Viena el grupo petrolero. Fue es la primera vez desde junio de 2013 que el barril de la OPEP cotiza por debajo de los $100.
Arrancó el registro del pago del décimo cuarto sueldo
Este lunes 18 de agosto del 2014 se inició la etapa de legalización del pago de la décima cuarta remuneración, según información del Ministerio de Relaciones Laborales. El artículo 133 del Código de Trabajo establece que hasta el 15 de agosto de todos los años se pagará a los trabajadores de la Sierra y el Oriente un valor equivalente a un salario básico unificado, que para este año es de USD 340. Esta bonificación también se paga a los jubilados en las empresas, a los jubilados del IESS, pensionistas del Seguro Militar y de la Policía. El pago de este valor debe notificarse, por parte de los empleadores, al Ministerio de Relaciones Laborales. La entidad ofrece un calendario de legalización en base al noveno dígito del Registro Único del Contribuyente (RUC). Así, quienes cuenten con su noveno dígito terminado entre uno y cinco deberán legalizar del 18 de agosto al 19 de septiembre del 2014. Mientras que para quienes su noveno número esté entre seis y cero deberán realizar el proceso entre el 22 de septiembre y el 24 de octubre del 2014. La legalización se puede hacer a través de dos mecanismos. El primero consiste en comprar la especie valorada en cualquiera de las oficinas del Ministerio de Relaciones Laborales, llenarlas y registrarlas. Mientras que la segunda consiste en hacer el trámite en línea. Para llevar a cabo esta última opción, debe ingresar a www.relacioneslaborales.gob.ec y luego al link “Registro 13, 14 y utilidades. Una vez allí se desplegará una ventana que dice “Sistema de salarios en línea”. Para llenar el formulario el empleador debe estar registrado. Si no lo está el sistema le permite hacerlo, ingresando el RUC y un correo electrónico. Este último proceso forma parte del proceso de automatización de trámites que está aplicando el Gobierno.
Los equipos e insumos entran con aranceles bajos
Tras el acuerdo con la UE, las restricciones para bienes de capital desaparecerían. Esto beneficiaría a la industria.
La complementariedad es una de las cualidades de la relación comercial entre Ecuador y la Unión Europea (UE), que más se destacó durante la negociación del acuerdo multipartes alcanzado el mes pasado. Sin contar algunos productos los bienes que importa Ecuador de la UE son distintos a aquellos que se envían a ese mercado.
Ecuador alimenta a Europa con banano, camarón y café; mientras que de esa comunidad llegan maquinarias, repuestos, medicamentos, insumos y tecnología, los que, según anunció el ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, ingresarán sin restricciones a nuestro mercado una vez que entre en vigencia el acuerdo.
Alemania, por ejemplo, es uno de los países, de los 28 de la comunidad, que lideran la lista de proveedores. Según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), de allí se importan $ 23’585.000 en medicinas, $ 17’865.000 en reactivos de diagnóstico y laboratorio; $ 11’308.000 en instrumentos médicos y quirúrgicos, y $ 7’962.000 en abonos.
Ecuador también compra a Francia $ 9’257.000 en fármacos, $ 7’309.000 en materiales eléctricos y de reproducción de sonido, y $ 6’362.000 en vacunas. Esta tecnología es aprovechada por distintos sectores.
Christian Marín, representante de la empresa Renovaenergía S.A. – dedicada hace 5 años a los servicios de instalación y ventas de sistemas fotovoltaicos (para generar electricidad a partir de luz solar)-, recordó que estas zonas del mundo tienen mucha experiencia en el desarrollo de energía limpia, pues carecen de los recursos hídricos como los de Ecuador. Si bien -mencionó- generan electricidad a partir de centrales nucleares, invierten gran cantidad de dinero en producirla de formas menos contaminantes.
Actualmente, en Ecuador estos sistemas se usan para llevar niveles básicos de electricidad a zonas donde no hay redes de electrificación y también para telecomunicaciones. “No se puede poner fábricas, pero al menos suministramos energía para comunicaciones y electrodomésticos, lo cual es bueno para quienes no tienen nada”, expresó.
Aunque maquinarias y equipos como generadores y motores también se usan en sectores industriales como los de la construcción y alimentos.
Para Ricardo Pérez, ejecutivo de la distribuidora industrial La Llave, la tecnología europea es similar a la que se puede encontrar en Estados Unidos o países asiáticos, pero tiene como particularidad una vasta tradición.
Esos países también importan equipos de procedencia inglesa y francesa, los cuales ingresan actualmente con un arancel del 5% como bienes de capital a Ecuador.
Roberto Aspiazu, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), señaló que la mayoría de las maquinarias que ingresan desde la UE ya tiene un arancel muy bajo, lo que significa que el acuerdo no hará mayor diferencia. A pesar de ello, aseguró que sí se experimentará a futuro un descenso en los precios, lo que beneficiará a la industria.
CAN ratifica que resolución de Ecuador restringe el comercio
La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) ratificó el lunes su decisión de junio pasado de declarar la Resolución 116 que rige desde diciembre del 2013, del Comité de Comercio Exterior (Comex) de Ecuador, como “una restricción al comercio intrasubregional”.
La disposición ecuatoriana establece la exigencia de presentar un “Certificado de Reconocimiento para demostrar el cumplimiento de reglamentos técnicos, como parte del control previo a la importación para un conjunto de productos”, refirió la CAN.
Algunos de esos ítems se refieren a agroindustria, cosméticos, higiene y limpieza, plásticos y sus manufacturas, químicos y juguetes. Inicialmente eran 293 subpartidas que englobaban cientos de productos. Sin embargo, ante un pedido de sectores empresariales, el Ejecutivo revisó la normativa, excluyendo productos considerados materias primas.
En abril pasado, la CAN inició una investigación sobre la resolución y en junio concluyó que era restrictiva al comercio y le dio un plazo de quince días para que informe del levantamiento de las medidas. A esto, Ecuador presentó en julio un recurso de reconsideración que fue resuelta por el organismo regional.
Un comunicado del ente regional señaló ayer que a partir del recurso presentado por el país se realizaron visitas a las instalaciones del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) en Guayaquil y al Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) en Quito, y se efectuaron reuniones con los gobiernos de los países andinos y los sectores empresariales, en las cuales participó Ecuador.
Con esos antecedentes, la CAN declara “infundado el recurso de reconsideración” presentado por Ecuador. Así, ratificó su resolución inicial e informó que se cierra el procedimiento ante la Secretaría General, pues no existe la posibilidad de una nueva solicitud de reconsideración.
Empresa del sector automotor prevé una inversión de $8 millones
Una de las distribuidoras de vehículos Hino y Daihatsu en el país, Teojama Comercial, informó ayer que planea realizar inversiones por $8 millones en el país entre el 2014 y 2015, según Manuel Antonio Malo, presidente ejecutivo de la firma.
El anuncio lo hizo en el marco de la visita de Yasuhiko Ichihashi, presidente mundial de Hino Motors Limited.
Los planes de la firma son construir dos sucursales, una en el sur de Quito y otra en Loja, además de un centro de colisiones (arreglo mecánico) en Cuenca, señaló Malo.
Dijo que el grupo, que vende en el país 3.800 unidades al año entre camiones y chasis para autobuses Hino, invirtió $ 2 millones en el 2012 en la planta de chasis para buses en Quito. Agregó que estos incorporan carrocerías locales en un 45% del valor de la unidad. En el caso de camiones, el porcentaje varía entre el 10% y 50%.
Ecuador es el octavo mercado en el mundo y el primero en América Latina en la venta de camiones Hino, refirió Malo.
La extracción en el ITT
Ishpingo, Tambococha y Tiputini son tres campos claves en las reservas petrolíferas del Ecuador. Se encuentran en el Parque Nacional Yasuní. Petroamazonas se apresta a hacer las primeras perforaciones en zonas aledañas a sus campos. Si todo marcha de acuerdo con el cronograma, las primeras extracciones se harían en junio del próximo año y la producción podría alcanzar cifras interesantes para finales del año 2015 o inicios del 2016. Además, la idea podría ser adelantar conversaciones con otras empresas extranjeras que ya operan en el Oriente ecuatoriano. Habría marcado interés en compañías de Asia y Europa. Esta política para extraer el crudo de esa zona marcó un cambio de rumbo en el discurso oficial hace un año, cuando se tomó la decisión. El Régimen, que había propuesto al mundo mantener el petróleo bajo tierra sin tocar ese santuario natural, cambiaba de idea justificando su giro en la poca atención y compromiso de la comunidad internacional. Hubo una intensa campaña para reunir aportes que permitieran dejar el crudo intacto en esa vasta zona de la Amazonía, en defensa de su riqueza natural y biodiversidad. Durante años, el Gobierno paseó su idea por el mundo. Foros, discursos, seminarios, paneles y cientos de entrevistas llamaban la atención sobre la iniciativa que lucía audaz e imaginativa. Pero la iniciativa fracasó y se impuso el pragmatismo. No se dio paso a una consulta popular para medir la opinión del pueblo. Un año después, Petroamazonas está lista para dar los primeros pasos.
Argentina quiere tener la jurisdicción para pago de deuda
La presidenta Cristina Fernández anunció este martes que enviará al Congreso un proyecto de ley para poner bajo jurisdicción Argentina la totalidad de los títulos de deuda soberana y así sortear el bloqueo a fondos que la justicia de Estados Unidos impuso al país sudamericano en un litigio con inversionistas que le reclaman1.500 millones de dólares.
La iniciativa, anunciada por la presidenta en un mensaje a la población, declara de “interés público” la reestructuración en 2005 y 2010 de la deuda soberana de Argentina en cesación de pagos desde 2001 y establece “instrumentos legales que permitan el cobro de los servicios correspondientes al cien por ciento de los títulos emitidos” en dichas operaciones.
El 93 por ciento de los acreedores del país sudamericano aceptaron canjes de deuda que implicaron una importante quita de capital del monto original. Pero una parte de esos títulos fueron emitidos bajo ley de Estados Unidos, por lo cual el cobro de sus vencimientos se vio afectado por una demanda que un grupo de tenedores de deuda presentó contra Argentina ante la justicia estadounidense.
Por una decisión del juez federal Thomas Griesa, The Bank of New York Mellon mantiene retenidos unos 540 millones de dólares que el país giró a esa entidad para cumplir antes del 30 de junio el pago de vencimientos de deuda en manos de tenedores que aceptaron el canje, lo cual dejó a Argentina en una inédita cesación de pagos parcial o técnica, según calificadoras de riesgo.
Con esta medida, el magistrado Griesa pretende que se cumpla su fallo, que obliga a Argentina pagar al contado y de inmediato 1.500 millones de dólares a acreedores litigantes, a los que Fernández denomina “fondos buitres”.
Siempre y cuando los acreedores de bonos canjeados aceptaran de manera voluntaria esta nueva propuesta, Argentina abrirá un nuevo canje de títulos “regidos por legislación y jurisdicción local en términos y condiciones financieras idénticas y por igual valor nominal” que los actuales bonos.
Como parte de esta estrategia oficial, que necesita el respaldo del Congreso, se propone remover a The Bank of New York Mellon como agente fiduciario y designar en su reemplazo Nación Fideicomisos S.A, que tendrá una cuenta especial a tal fin en el Banco Central de la República Argentina.
Agosto 19, 2014 David
Ecuador importa $ 1.280 millones en fármacos
Uno de los temas que más se debatió en el proceso de negociaciones para concretar el acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), el 17 de julio de este año en Bruselas, fue el de propiedad intelectual, dentro del cual estuvo la mesa de datos de prueba (información para producir genéricos), informó el ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira.
El funcionario precisó que Ecuador aceptó la propuesta de los europeos en lo que se refiere a datos de prueba, 5 años para fármacos y 10 para agroquímicos. El ministro explicó que estos plazos entrarán en vigencia en 7 años.
“En propiedad intelectual nosotros consideramos que de ninguna manera se ha visto afectada con la negociación actual la soberanía de Ecuador… Además, en términos generales, en propiedad intelectual lo único que se acuerda o se tiene como compromiso es lo que ya está acordado en el ámbito de nuestros compromisos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de manera particular el Convenio de Propiedad Intelectual y Comercio”, aseveró Rivadeneira.
Aclaró que dentro de la negociación “de ninguna manera los datos de prueba equivalen a prolongar el tiempo de la patente, no se extiende, la patente sigue teniendo 20 años”.
Sector farmacéutico pide apoyo
Para Renato Carló, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE), “no les queda más que aceptar la negociación”, en la cual no tuvieron un espacio para dar a conocer sus criterios y propuestas, y solo se concretó el acuerdo con los criterios del equipo negociador.
Carló resaltó que se puede aceptar los 5 años para los datos de prueba de los fármacos, siempre y cuando el país esté organizado. Dijo que su reclamo como industria nacional es que haya un escenario claro para poder seguir invirtiendo.
“Estoy de acuerdo que tiene que haber una apertura comercial, pero para la misma debería haber un orden al interior del país que mejore el escenario para los que hacemos industria nacional”, aseveró.
El empresario precisó que el plazo establecido en el acuerdo que se concretó en Bruselas es el mismo que consta en el que firmaron Colombia y Perú, y consideró que para Ecuador era algo difícil que lo puedan cambiar.
Carló aseguró que el sector farmacéutico abastece el 20% del mercado nacional, incluyendo los sectores público y privado, que representa aproximadamente $ 320 millones al año. Sin embargo, acotó, las importaciones de fármacos suman $ 1.280 millones. En el país se comercializan $ 1.600 millones en total.
“En base a lo que dijo la exministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, el benetol importado (medicamento para la reducción de peso) cuesta $ 14 y el nacional $ 1,50, es decir que importan cerca de 14 veces más caro de lo que se produce localmente”, enfatizó.
Agregó que en el país hay 3 cadenas de farmacias ( sin precisar cuáles son) que abarcan el 70% del mercado nacional.
Fernando Rodríguez, propietario de una farmacia en el sector San Juan, centro de Quito, consideró que falta mayor difusión del contenido del acuerdo, al menos para el sector farmacéutico, ya que hay muchas dudas, una es los precios de las medicinas que se elaboran en el país cuando entren las europeas.
Lo que establece el acuerdo
El ministro Rivadeneira dijo que lo que se acordó y que lo que los europeos buscaban es que si entra una nueva entidad química (medicina) se protejan sus datos 5 años y luego de ese tiempo utilizarlos. Además, indicó que el Estado ecuatoriano puede usarlos para elaborar medicinas, siempre que estas sean gratuitas y distribuidas por la red pública.
El ministro de Comercio Exterior aclaró que Ecuador no aceptó ningún compromiso de incorporarse a cualquier acuerdo que no sean aquellos de los que ya somos parte, con lo cual está salvaguardado el tema de las semillas para los agricultores.
Exportar medicamentos
Roberto Tadeo, gerente de la Empresa Nacional de Fármacos de Ecuador (Enfarma), que fue creada el 4 de enero de 2010, sostuvo que el plan de la empresa es producir medicinas para abastecer el mercado interno y exportar a los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), que cuenta con un mercado de 70 millones de habitantes.
Los datos de prueba son los resultados de ensayos, estudios clínicos y serie de investigaciones, recolectados y analizados sistemáticamente de años para evaluar la seguridad y eficacia terapéutica de un medicamento.
La información, además de resultar cara en términos de recursos económicos, tecnológicos, conocimiento y tiempo, demuestra para qué sirve un medicamento y sus potenciales efectos negativos; en resumen, cualquier competidor quisiera conocerla.
Según la Asociación de Labotarios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, la protección de datos de prueba no es una forma de patente y está bien establecida como una medida de competencia
La inversión extranjera creció 14,3% en Ecuador
La inversión extranjera directa en Ecuador en el primer semestre del año fue de $302,2 millones. Esto significa 14,3% más que la inversión del año previo en similar período cuando se ubicó en $264,3 millones, según datos de la Superintendencia de Compañías y Valores, que fueron recogidos por el diario El Telégrafo. Según el informe de la entidad, la inversión de las empresas nacionales entre enero y junio de este año fue de $499,4 millones un 31,9% más que en el primer semestre de 2013.
Estas cifras se dan a conocer después de que Ecuador redujo del 4,5% al 4% su expectativa de crecimiento en 2014, debido a retrasos en financiamiento externo y que espera un aumento en la importación de derivados del petróleo. Así lo confirmó el Presidente Rafael Correa en la sabatina. “Creemos que vamos a tener que reducir nuestra expectativa de crecimiento (…) La CEPAL dice que vamos a crecer 5%. Nosotros creemos que alcanzaremos un 4%”, Estas cifras responden, entre otras cosas, a retrasos en el financiamiento chino para la construcción de la refinería en el Pacífico, en un proyecto que también involucra a Venezuela. El país asiático se comprometió a financiar el 30% de la construcción de la Refinería, cuyo costo total es de unos $10 000 millones.
Además, está prevista una paralización, por mantenimiento, de la mayor refinería del país, lo que obligará a aumentar las importaciones de derivados en el segundo semestre del año y eso reduce el PIB, explicó Correa. No obstante, el mandatario destacó el crecimiento de 4,9% alcanzado en el primer semestre y la recuperación de la balanza comercial. Hay $621 millones de superávit. Según cifras del Banco Central, Ecuador exportó en los seis primeros meses del año $13 378 millones e importó $12 187 millones.
Entre otras cosas, las estadísticas macroeconómicas, actualizadas a junio de este año, muestran que la producción nacional de crudo, entre enero y mayo de 2014 presentó un crecimiento de 8,5% con relación a similar período de 2013. Además, en lo que tiene que ver con la incidencia de pobreza de la población nacional urbana, el informe señala que en junio esta tasa se situó en 16,3%. Mientras que la tasa observada en junio de 2013 fue de 14.9%. Otra de las cifras es que a fines de mayo de 2014, el saldo de la deuda externa pública fue de $13,3 millones y el de la deuda externa privada fue de $5,7 millones. (JB)
Habilitado el registro para subsidio tarifario y financiamiento de cocinas
Desde ayer los usuarios que buscan inscribirse en el programa Cocción Eficiente del Gobierno pueden hacerlo a través de la página www.ecuadorcambia.com, en la que además pueden solicitar el financiamiento del Estado para la adquisición de las estufas.
Otro acceso es por el portal www.energia.gob.ec del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER).
Sobre el financiamiento, según informó el Gobierno, será hasta de tres años plazo y se cobrará por medio de las planillas del servicio eléctrico. Las cocinas podrán ser adquiridas en locales de electrodomésticos.
Con estos beneficios se busca impulsar el reemplazo de alrededor de 3,5 millones de cocinas de gas por las de inducción hasta el 2016, para gradualmente eliminar el subsidio al gas.
Además, para incentivar la migración energética, a los abonados se les ofrece un subsidio tarifario de 80 kWh destinado al consumo de las cocinas de inducción y 20 kWh para calentadores eléctricos de agua. A esto se puede acceder también durante el registro.
En tanto, la llegada de las nuevas estufas a las perchas de los almacenes se espera para el transcurso de esta semana en algunos modelos y marcas como Indurama, una de las doce firmas calificadas por el Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro) para fabricarlas.
La empresa empezó ayer la distribución de las cocinas a los almacenes de electrodomésticos, indicó Juan Pablo Vela, gerente general de la firma, quien estimó que las estufas estarían en las perchas de los locales este fin de semana.
Inicialmente se están distribuyendo dos modelos, de 2 y 4 focos (hornillas), dijo Vela. Este mes proyecta colocar en el mercado de 1.500 a 2.000 unidades de cuatro modelos, tres del plan estatal y otro adicional.
Al respecto, Alexis Valencia, subsecretario de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industrias, señaló: “La distribución es un proceso un poquito largo porque abarca no solamente un almacén, pero los almacenes que van recibiendo ya las van poniendo en venta”.
Agregó que el Mipro visitará los locales comerciales para supervisar la existencia y la oferta de las estufas. Mientras, empresas como Mabe, Ecasa, Kangle y Ferromédica, entre otras, proyectan lanzar sus modelos de estufas de inducción entre la última semana de este mes, septiembre y octubre.
10% de los recursos de 54 fondos son aportes estatales
Un 10% de los recursos que administran 54 fondos de cesantía y jubilación privados corresponde a aporte que realizó el Estado ecuatoriano hasta diciembre del 2008. La cifra fue dada a conocer este 18 de agosto del 2014 por Juan José Castelló, presidente del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME).
Este aporte estatal puso en la mira del bloque oficialista a estos fondos.
Con el argumento de que estos fondos recibieron aportes estatales, la Asamblea tramita un proyecto de ley, que ya pasó el primer debate, para que la totalidad de los recursos que administran los fondos pasen a administración del Banco del Afiliado (Biess).
Los representantes de estos fondos rechazan esta iniciativa de ley y defienden que los recursos que administran son privados. “Los recursos públicos perdieron esa calidad y hoy tienen la calidad de privados. Al momento que los recursos públicos se transfieren a personas jurídicas de derecho privado pasan a ser privados”, insistió Jack Veloz, gerente del Fondo del Banco Nacional de Fomento (BNF).
El aporte del Estado y su base legal varían entre un fondo y otro. En algunos casos los aportes estatales se dieron, por ejemplo, para cumplir con conquistas laborales establecidas en contratos colectivos o por resoluciones de las propias entidades.
Veloz dijo que en el caso del Fondo del BNF el aporte estatal es de USD 200 000; es decir, menos del 1% de su patrimonio que hoy es de USD 18 millones. Este fondo nació, por ejemplo, por resolución emitida por el Directorio del Banco Nacional de Fomento que, para compensar a sus trabajadores, creó un fondo de jubilación en 1979.
El banco realizó un aporte patronal mensual del 8% sobre el salario básico del trabajador, pero este pago fue suspendido en diciembre del 2008 por decisión del mandatario Rafael Correa.
En tanto, el empleado realiza un aporte personal mensual del 4% sobre el salario total. “Fue el banco el que a un inició obligó a aportar. Posteriormente se convirtió en voluntario”, dijo Veloz.
Alexandra Herrera, administradora del Fondo del Ministerio de Finanzas y del Servicio Aduanero, explicó que un 12% de los USD 17 millones de patrimonio que maneja hoy este fondo es aporte estatal.
Veloz explicó que los fondos están abiertos a establecer cronogramas para que esos recursos pasen a la administración del Biess.
La propuesta fue presentada por los 54 fondos al presidente de la República, Rafael Correa, en una reunión realizada la noche del domingo.
Los fondos se auditarán: Pero entregar los aportes estatales de estos fondos a la administración del Biess no será una tarea sencilla, pues una parte de estos recursos ya se ha entregado a los afiliados, “se licuó con la dolarización” o está en inversiones a largo plazo.
Por ejemplo, el 97% de los recursos del Fondo del BNF están en inversiones de mediano y largo plazo. Veloz dijo que el presidente de la República, Rafael Correa, se habría comprometido a analizar sus propuestas.
El mandatario Correa, según Veloz, habría anunciado también la realización de auditorías a los fondos para determinar a cuánto asciende el aporte estatal en cada fondo, así como su base legal.
Otro acuerdo es, dijo Veloz, que los fondos complementarios participen activamente en el debate del proyecto en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea, que tramita el proyecto.
Los fondos también manifestaron su apertura para invertir en la matriz productiva en proyectos que les otorguen seguridad y rentabilidad.
Correa habría descartado archivar el proyecto de Ley, dijo Castelló.
Gobierno investigará a fondos previsionales que percibieron aporte estatal
El Gobierno investigará todos los fondos previsionales del sector público para verificar cuáles recibieron dinero del Estado. Esta es la decisión adoptada la noche del domingo tras la reunión mantenida en Carondelet entre el Presidente y los administradores de los fondos previsionales.
El ministro de Educación, Augusto Espinosa, indicó que se analizará la particularidad de cada uno de los fondos. Agregó que los fondos requieren de dos particularidades para seguir con la administración privada: que nunca haya implicado ninguna forma de obligatoriedad para los aportantes y que los aportantes puedan retirar sus recursos cuando lo consideren pertinente.
Juan José Castelló, representante del Fondo de Cesantía del Magisterio, indicó que nunca hubo aportes del Estado en el Fondo.
Castelló propuso la posibilidad de que si algún fondo ha recibido dinero público, el recurso dado pueda ser entregado al BIESS o al Ministerio de Finanzas, y que el resto se mantenga en los respectivos fondos.
En la reunión participaron, además del presidente Rafael Correa, el ministro de Educación, Augusto Espinosa; el Superintendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines, y los administradores de los fondos previsionales.
Los administradores querían pedir al mandatario que no se apruebe el proyecto de Ley Reformatoria a las leyes de Seguridad Social y del Banco del IESS (Biess) -tramitado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea- que intenta traspasar el manejo de cerca de $ 930 millones al Biess.
Agosto 19, 2014-08-19
Fondos privados previsionales
Por Washington Herrera
El pronunciamiento categórico del presidente Correa sobre la vigencia del dólar como moneda de circulación legal en el Ecuador aleja los temores de desdolarización, tranquiliza a los mercados y da certidumbre a la economía. Por tanto conviene dejar de hablar sobre este tema, para que no sea pretexto de consultas inconsultas, técnicamente incorrectas, promovidas con fines electorales; ni pasto de los fanáticos del pesimismo. Ahora corresponde que la redacción final del Código Monetario sea inequívoca, especialmente en lo concerniente al manejo del circulante monetario y a la seguridad que deben tener los depositantes de que el Gobierno en ningún momento topará esos dineros. Así se darán señales claras a los ecuatorianos para trabajar en paz. Para mantener este clima de certeza que le conviene al país, debe dejarse que los fondos previsionales privados, cuyo manejo es controlado por la Superintendencia de Bancos, puedan seguir funcionando si así quieren los dueños de las aportaciones. No encuentro razón valedera ni política, ni social o económica, para concluir que convenga que estos fondos sean administrados por el Biess, un banco ineficiente y lerdo, que no necesita de más recursos financieros. Si algún fondo en un comienzo ha contado con aportaciones estatales a favor de los empleados, en el momento en que así se decidió esos fondos pasaron a ser propiedad de los beneficiarios, como una contribución compensatoria a las bajas remuneraciones preexistentes. Por tanto ahora son fondos privados de los aportantes. Esto afectaría a 200 000 familias de la clase media que han decidido libremente ahorrar absteniéndose de consumir, para asegurarse un futuro mejor en los años de la vejez cuando más bien tiene que vivir desahorrando, porque lo del Seguro Social es insuficiente. Esta clase media, que ha ascendido en sus ingresos en los últimos años, ya es políticamente representativa porque está mejor informada y tiene criterios que no necesariamente son los mismos de cuando eran pobres y que seguramente votó por Correa y ahora estará desilusionada. ¿Por qué el Gobierno quiere desgastarse innecesariamente? Iguales consideraciones sobre la afectación de la clase media, debo hacer respecto al cercenamiento de las utilidades de los trabajadores de las telefónicas, que al ser una decisión abrupta modifica las reglas del juego y da una señal de imprevisibilidad porque la gente dice ¿a qué otras utilidades se afectará sorpresivamente? Si bien no es equitativo que cuantiosos montos de las utilidades se repartan entre relativamente pocos empleados, la reforma debe hacerse en forma programada y previsible, mediante un esquema de participación decreciente en las utilidades para evitar afectaciones súbitas a los trabajadores.
Sin posibilidad de ejercer política monetaria propia…
Por Rosa Matilde Guerrero Murgueytio
Según Wikipedia, la dolarización es un proceso por el cual un país adopta la moneda estadounidense, con el propósito de realizar sus transacciones económicas, en estos casos la moneda extranjera reemplaza a la moneda doméstica en sus funciones centrales, esto es reserva de valor, unidad de cuenta y medio de pago, por lo tanto, el país anfitrión pierde la posibilidad de ejercer su política monetaria propia.
El Gobierno del Ecuador el 9 de enero del año 2000 adoptó oficialmente el uso del dólar como la moneda de curso legal exclusivo. Varias autoridades del Gobierno, con quienes comparto su criterio, han mencionado que la economía dolarizada “… dejó al país sin la posibilidad de ejercer una política monetaria propia”, por lo que no resulta claro el fortalecimiento del capítulo 4 del Código Monetario y Financiero referido a la “Instrumentación de la política monetaria”, que podría también ser entendido como el restablecimiento de las herramientas de esta de forma activa, en artículos como: I) “Inversión de excedentes de liquidez”, el cual se anota la capacidad del BCE de invertir los excedentes de la liquidez de la RILD en entidades del sector financiero privado y de la economía popular y solidaria correspondientes al segmento 1; II) “Emisión de valores del Banco Central del Ecuador”; III) “Operaciones de mercado abierto”, IV) “Ventanillas de redescuento”, V) Límites de crédito.
En lo relativo a la “Inversión de excedentes de liquidez”, en el caso de cualquier tipo de modelo económico y más aún en una economía dolarizada, se deben tener en cuenta objetivos estratégicos que deben cumplir con al menos tres principios de aceptación general: I) Seguridad: los activos de una reserva internacional son activos públicos, por tanto, la seguridad de su inversión debe ser la primera prioridad, el riesgo de pérdida de las inversiones en que se coloque debe ser cercano a cero. II) Liquidez, los activos deben estar disponibles cuando las autoridades y el país lo requieran, incluso en países dolarizados como el nuestro, que no contamos con política monetaria o cambiaria activa, los activos deberían estar disponibles de forma inmediata, altamente líquidos, por ejemplo, para cubrir los costos de un potencial desastre natural, o cualquier otra contingencia. III) Rentabilidad, existe un consenso que obtener rentabilidad en el manejo de una reserva debe ser un asunto supeditado a los criterios de seguridad y liquidez.
Convendría entonces una clara explicación por parte de las autoridades económicas y financieras de por qué en una economía dolarizada se recuperan de forma activa los instrumentos de política monetaria, a pesar de que se conoce que en una economía de estas características una de las “desventajas” es la ausencia de política monetaria y de la administración cambiaria, debido a que adquieren mayor relevancia la fortaleza de la política fiscal, comercial y un importante proceso de promoción de la competitividad del sector productivo.
Por Julio César Casma
Perú, donde la gente vive sin bancos
Betty Albarracín pregunta en su banco cuánto debe por usar su tarjeta de crédito, conseguir el monto exacto parece un secreto de estado.
“Esa información no sale en la pantalla”, es la respuesta que recibe del empleado detrás de la ventanilla.
La mujer, una empleada del hogar de unos 50 años, dice que “le da cólera” no poder averiguar algo tan básico como cuánto debe exactamente a la fecha, especialmente para que los intereses no agranden su deuda.
El caso de Albarracín es similar al de miles de latinoamericanos que cada día acuden a los bancos para solicitar servicios o realizar transacciones: la falta de información y educación sobre productos financieros esenciales para el funcionamiento de las sociedades modernas, tales como una cuenta de ahorro o una tarjeta de crédito.
Esto explica, en parte, uno de los mayores contrastes de la economía peruana: es una de las de mayor crecimiento en la región pero, al mismo tiempo, una de las que menos consumidores tienen una cuenta de banco (aunque esta realidad está mejorando).
De acuerdo a un estudio del Banco Mundial, sólo dos de cada 10 peruanos tienen una cuenta bancaria, mientras que en países vecinos como Venezuela y Chile, por ejemplo, cuatro de cada diez consumidores están bancarizados. En Brasil, la mayor economía regional, la cifra es de cinco por cada diez usuarios.
El boom económico latinoamericano de los últimos años ha impulsado el acceso al financiamiento en todos los sectores de la sociedad. Pero la apertura de este mundo financiero para gente no experta puede ser un dolor de cabeza.
Todo se resume en tres palabras: más educación financiera.
El estudio Protección del Consumidor y la Alfabetización Financiera en el Perú detalla esta realidad. Según el reporte, muchos peruanos carecen de una cultura sólida de ahorro en una institución financiera formal.
De acuerdo a una encuesta de la OCDE precursora del estudio, sólo el 40% de los encuestados sabía cómo calcular tasas de interés anual. Otro hallazgo significativo: un tercio de los entrevistados no entendía la relación entre riesgo y ventaja, mientras que la mitad de ellos no sabía que se puede reducir el riesgo mediante la diversificación de la cartera.
También quedó claro que el nivel de educación básica influye en la alfabetización financiera. Apenas el 16% de los encuestados con educación primaria utiliza el sistema financiero, mientras que el 40% de aquellos con educación superior utiliza productos y servicios financieros.
Pese a todo, la tasa de ahorro nacional en Perú ha aumentado a alrededor del 25%, frente al promedio regional del 21%.
Pero promover una mayor inclusión financiera exige mecanismos adecuados para garantizar el uso responsable de los servicios financieros, y específicamente que las poblaciones de bajos ingresos no caigan en el sobreendeudamiento, según explican los expertos en el estudio.
“Se deberían realizar consultas a los consumidores y medir sus conocimientos y comprensión de los diversos materiales informativos disponibles”, señala el informe. De esta forma se pueden detectar cuáles son las carencias en conocimientos de los productos que pueden a la larga perjudicar al consumidor.
“Los bancos realmente no son claros con sus cobros, y pueden cambiar las reglas del juego en cualquier momento, sin ni siquiera avisarte”, se queja Mario Rodríguez, un cliente del mismo banco que Albarracín.
Más allá de afiches y volantes
El uso de las nuevas tecnologías y de los medios masivos ha traído consigo buenos resultados en la regulación de las microfinanzas, es decir la banca para los de menos recursos. En el Perú, laSuperintendencia de Banca y Seguros hace pública información estadística y tasas de interés a través de su sitio web y en diarios locales. Además, verifica que las instituciones microfinancieras publiquen la misma información sus respectivos sitios web.
Adicionalmente, los autores del estudio recomiendan adoptar métodos adecuados para llegar a las zonas rurales y de ingresos bajos del país, que no necesariamente tienen acceso a internet. También recomiendan proveer información en quechua y aymara, los dos idiomas principales que se hablan en la zona andina.
En estudio menciona algunos casos ejemplares de educación financiera:
En Paraguay, el acceso al financiamiento es liderado por el aprovechamiento de la tecnología móvil. Diversos análisis sugieren que el uso de sistemas financieros se ve limitado debido a la falta de dinero, de documentación o el exceso de burocracia. Sin embargo, gracias a nuevas cuentas de ahorro básicas en los principales bancos y a la nueva ley de dinero electrónico son cada vez más los adultos en búsqueda de servicios financieros confiables y de fácil acceso.
En África, la educación financiera llegó hasta la televisión. La novela “Scandal!” mostró personajes que ejemplifican los serios problemas por los que se puede atravesar debido a un mal manejo de las finanzas y cuáles serían las soluciones. Los resultados fueron impresionantes: se recibieron diversas llamadas buscando asesoramiento en temas similares. El programa de televisión resulta un claro ejemplo de innovación en educación financiera, algo intensamente necesario en los países en desarrollo, según el estudio.
El “atajo” de la dolarización
Guillermo Lasso, exbanquero y excandidato presidencial por CREO, respalda una consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie sobre las 17 enmiendas constitucionales propuestas por Alianza PAIS, sobre el traspaso de fondos previsionales al BIESS, y para que ratifique la dolarización. Lasso afirma que se pretende el “atajo” de las enmiendas en la Asamblea Nacional y no la consulta directa al pueblo. Lasso tiene bien clara la película de la restauración conservadora y considera que la consulta también sería para que “la gente se pronuncie y diga si quiere frenar al Estado controlador”.
Cabe recordar que la gran promotora de la dolarización fue la empresaria guayaquileña Joyce Higgins de Ginatta, apoyada de inmediato por el alto empresariado, que presionó durante meses. Finalmente se concretó así: el domingo 9 de enero de 2000, el presidente Jamil Mahuad (1998-2000) conminó al Directorio del Banco Central (BC) a reunirse el lunes 10 para aprobar la dolarización; al mismo tiempo, convocó a sesión extraordinaria del Congreso para el martes 11, a fin de tratar la destitución del Directorio del BC, si no aprobaba la dolarización.
El lunes 10, según informaría la prensa, Mauricio Pareja, Enrique Chávez, Modesto Correa y Mario Prado (todavía en funciones, a pesar de su renuncia en días pasados), aprobaron la dolarización. Hubo intensas reuniones con el ministro de Finanzas, Alfredo Arízaga. Solo Pablo Better y Virginia Fierro renunciaron, antes de comprometer su voto. Se fijó la paridad en 25 mil sucres por dólar y la decisión fue fundamentada en los artículos 51 y 52 de la Ley de Régimen Monetario. No fue necesaria, entonces, la reunión del Congreso que, sin embargo, unió a la mayoría “oficialista” (65 legisladores) el apoyo a la dolarización por parte de PRE, DP, FRA, PSC y varios independientes.
Mahuad fue derrocado el 21 de enero. Pero lo que a menudo se olvida es que fue su sucesor, el presidente Gustavo Noboa (2000-2003), quien ejecutó y concretó la dolarización.
En nada importó, a los dolarizadores, que la Constitución del Ecuador (1998) señalara, claramente (Art 264): “La emisión de moneda con poder liberatorio ilimitado será atribución exclusiva del Banco Central. La unidad monetaria es el Sucre, cuya relación de cambio con otras monedas será fijada por el Banco Central”.
Ese fue el mayor “atajo” en la historia reciente del Ecuador, sin que a los dolarizadores se les ocurriera pasar el tema por una consulta popular.
El SRI controla la declaración del Impuesto a Tierras Rurales
El Servicio de Rentas Internas (SRI) empezó las medidas de control a la declaración y pago del Impuesto a las Tierras Rurales de los años 2010, 2011, 2012 y 2013. El impuesto grava a la propiedad de tierras de superficie superior a 25 hectáreas en el sector rural. Para la Región Amazónica y similares existe trato preferencial en las hectáreas no gravadas (70 hectáreas).
Para declarar el tributo se debe utilizar el formulario 111. Se debe pagar el uno por mil (0,001) de la fracción básica no gravada del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones indivisas del año fiscal en curso. Así, para el año 2014 el impuesto a pagar es de 10,41 dólares por cada hectárea o fracción de hectárea de tierra que sobrepase las 25 o 70 hectáreas, según sea el caso. La declaración deberá efectuarse únicamente por Internet, para lo cual, el contribuyente deberá obtener la respectiva clave. El pago se lo efectúa a través del comprobante electrónico de pago (CEP) en las instituciones financieras autorizadas.
Hay nueve razones que exoneran al contribuyente del pago, entre ellas si el inmueble está ubicado en ecosistemas páramos, debidamente definidos por el Ministerio de Ambiente. Las áreas de protección o reserva ecológica públicas o privadas. Las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas y demás asociaciones de campesinos y pequeños agricultores, legalmente reconocidas. Más información en la página web del SRI (www.sri.gob.ec).
Los trabajadores de operadoras y banqueros, citados en Carondelet
Los trabajadores de Movistar y Claro no pierden la esperanza de mantener el 15 % de utilidades anuales.
Este domingo para ellos se convirtió en un día crucial. El presidente Rafael Correa tenía previsto escuchar sus planteamientos a las 18:00. A la cita fueron convocados tres delegados de los empleados de cada operadora. Gibrant Acosta, Silvia Cobos y Esteban Villalva, fueron por Movistar. Mientras que Bryan Zambrano encabezó el grupo de representantes de Claro. Ellos buscan evitar que se rebaje del 15 % al 3 % el porcentaje de las utilidades que reciben de las empresas de telefonía móvil.
Precedió a este encuentro una carta dirigida al presidente y una reunión mantenida el jueves anterior con Omar Simon, secretario particular de la Presidencia de la República.
En ese encuentro las dos operadoras expusieron sus razones legales, sociales y económicas de cómo miran la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. Quieren el retiro y archivo de la iniciativa porque “es discriminatoria”. En la carta expresaron sus razones. Juan Carlos Oleas, de Movistar, precisó que “ninguno de nosotros cobra el salario básico o cobra utilidades millonarias”.
En 2013 las utilidades fueron de 12.982 dólares por familia. El beneficio fue también para las empresas de servicios complementarios: mensajería, catering, seguridad y limpieza.
Por la noche, en cambio, Correa tenía previsto reunirse con representantes de los bancos para hablar de “inquietudes” sobre el Código Monetario que espera veto del Ejecutivo. MCV
Proyecto con efecto bumerán
El proyecto del Ejecutivo para reducir las utilidades de los trabajadores en las empresas de telefonía celular necesitará un cambio de enfoque, pues terminará afectando a los trabajadores cuando el objetivo del Gobierno apunta a regular las ganancias de los dueños del capital.
La argumentación del Presidente de la República para llevarse a la arcas fiscales unos USD 100 millones de las utilidades de los trabajadores se basa en dos conceptos: la elevada utilidad de las empresas y su exagerada rentabilidad. Son dos conceptos diferentes, ya que el primero se refiere al monto anual que ganan las empresas, que bordea los USD 130 millones, mientras el segundo es el porcentaje de esas ganancias respecto al capital invertido por los accionistas. Un 107%, en promedio.
Pero conforme el Presidente va desglosando el tema, el supuesto problema se resume a las ganancias y rentabilidad de la operadora Claro.
Por esta razón le resultará complicado que se apruebe su proyecto de Ley, pues sería emitido con dedicatoria para una empresa, lo cual atenta contra uno de los principios de la justicia, es decir, tratar a todos por igual.
Además, las ganancias de los dueños del capital de las telefónicas no se alterarán con el proyecto de Ley. Las empresas seguirán pagando el 15% de utilidades como lo han hecho hasta ahora. Ese porcentaje lo vienen registrando como una especie de impuesto a sus operaciones en Ecuador. Lo único que cambiaría sería el destino de esos recursos, lo cual no afecta a los accionistas. El 15% se repartiría entre trabajadores y Estado, aunque este último ya les cobra a las operadoras impuestos y un porcentaje de su facturación.
Cuando el actual Gobierno negoció en el 2008 los contratos de concesión con ambas operadoras marcó las reglas del juego hasta el 2023, luego de una negociación a la que calificó de exitosa. Si hoy cuestiona la exagerada rentabilidad de las operadoras es porque la negociación del 2008 no fue tan exitosa.
Agosto 15, 2014 David
Rafael Correa ratifica que la dolarización “se mantiene” en Ecuador
El presidente de la república, Rafael Correa, ratificó ayer que la dolarización, adoptada por el Ecuador en el año 2000, “se mantiene” y salió al paso de versiones de ciertos analistas que han advertido de una supuesta salida de ese sistema por la entrada en vigor de un nuevo Código Monetario.
Correa informó que en el campo comercial su país ha experimentado un superávit en el primer semestre del año, aunque observó que en la segunda mitad de 2014 la situación podría variar. “Hemos empezado por fin a crear normas técnicas” a las importaciones para proteger a los consumidores, añadió.
Delito de pánico económico
Desde esta semana está vigente el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP). Contiene un nuevo delito que es una restricción a la libertad de expresión y que limitará considerablemente el acceso a información. Me refiero al artículo 307 que tipifica el delito de “pánico económico”, que contempla una pena de cinco a siete años de cárcel a personas que expresen informaciones que las autoridades estatales juzguen “falsas” y que atentan contra una serie de conceptos subjetivos. Es un delito que les da rienda suelta a las autoridades para silenciar a quienes incomoden informando acerca de temas económicos.
Artículo 307.- Pánico económico.- La persona que publique, difunda o divulgue noticias falsas que causen daño a la economía nacional para alterar los precios de bienes o servicios con el fin de beneficiar a un sector, mercado o producto específico, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
Partamos por el hecho de que no solo se limita la responsabilidad a los autores, sino que se la extiende a quienes “publiquen, difundan o divulguen”. Esto es de una aplicación tan amplia que podrían ser imputados penalmente incluso los tuiteros que hagan un simple retuit, es decir, que citen el comentario de otro. Los medios de comunicación locales ya no podrían reproducir información proveniente de investigaciones de medios extranjeros sin miedo a que se les formule en su contra este cargo. Esto viene a ser la creación de un verdadero cepo informativo. Por ejemplo, Bloomberg, Univisión y El País podrán hablar libremente acerca de una posible desdolarización en Ecuador, pero en territorio ecuatoriano tendremos que atenernos a la potencial imputación de un delito tan subjetivo como este.
Además, a los jueces se les hará muy difícil demostrar que determinada alteración de precios de algún producto o servicio fue causada única y exclusivamente por la expresión de una persona. Los precios –particularmente aquellos que se determinan en un mercado con menor intervención estatal– se forman por una multiplicidad de factores –demanda, oferta, clima, regulaciones, etcétera– que escapa del control de una sola persona o grupo.
Si viviésemos en Suiza o algún otro lugar donde la ley se aplica en torno al Estado de derecho, no tendríamos mucho de qué preocuparnos, eventualmente quizás hasta sería un delito derogado. Pero vivimos en el Ecuador del mismo Gobierno que lleva años demandando a individuos por opiniones, denuncias e investigaciones que le resultan incómodas.
Aunque la Ley de Comunicación diferencia las opiniones de las informaciones, y el delito de “pánico económico” se refiere claramente a las “noticias”, aquí la ley es interpretada por un Poder Judicial cuya independencia desde hace ratos viene siendo cuestionada. Más recientemente y de manera contundente lo ha hecho el informe de Luis Pásara, académico de la Fundación para el Debido Proceso Legal.
El crecimiento del gasto, déficit y endeudamiento públicos sumados a un nuevo Código Monetario y Financiero –que parece contemplar una moneda nacional– naturalmente han generado inquietud acerca del futuro de la dolarización. Solo considere el interés que ha suscitado en la prensa el respaldo que tendría el dinero electrónico. Informar, analizar y discutir lo que esto significa para la economía es de crucial importancia. Resulta gravísimo que se haya convertido en un “deporte extremo” escribir sobre estos temas.
La informalidad en el empleo bajó 5,6 puntos en 3 años en el país
En el sector formal (trabajadores de una empresa o institución pública y privada) de Ecuador, el empleo informal pasó del 20% en 2009 a 14,4% en 2012 (último año con datos completos), según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es decir se redujo 5,6 puntos porcentuales en 3 años.
Para el organismo, los cambios institucionales y políticas destinadas a promover el mayor cumplimiento de las obligaciones laborales han sido factores clave para conseguir la reducción significativa del empleo informal, que se produce sobre todo en el sector formal de la economía.
Por ejemplo, hay empresas o instituciones que contratan trabajadores, pagan impuestos, pero no los afilian, no les dan los beneficios que por ley les corresponden, etc., a ese tipo de incumplimientos se llama informalidad en el sector formal.
“Si se analiza el empleo informal según categorías de ocupación, se observa que -aunque se ha reducido- la mayor incidencia del empleo informal ocurre entre los independientes, trabajadores domésticos y los auxiliares. En estas 3 categorías se concentra el 60% del empleo informal no agrícola en el país”, señaló Elizabeth Tinoco, directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe.
La OIT destacó entre otras medidas que se tomaron en Ecuador y que han tenido un efecto positivo, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, que mejoró las coberturas de la seguridad social y establece condiciones para generar situaciones dignas de trabajo o la aprobación, mediante plebiscito, de la penalización de la no afiliación a la seguridad social de los trabajadores.
El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 estableció la meta de alcanzar el 40% de personas con seguro social en 2013. La cobertura legal de la seguridad social en Ecuador pasó de 20% de la población total en 2007 a 52% en 2013.
El empleo informal no agrícola fue de 60,9% en 2009 y se redujo a 50,1% en 2012, un cambio significativo, según la OIT. Aunque la reducción en este indicador fue en todas las categorías, la mayor parte de la disminución de la informalidad se produjo entre las empresas del sector formal.
Según la OIT, esto es consistente con el informe del Gobierno en 2013, que muestra que el porcentaje de trabajadores en el sector informal no se alteró significativamente entre 2007 y 2012 (ver infografía). De acuerdo al experto económico Mauricio León, la formalización ocurrió más entre los asalariados -públicos y privados- y entre los trabajadores domésticos.
Por otra parte, el organismo de las Naciones Unidas informó que en el mercado de trabajo se produjo un incremento del empleo entre los asalariados públicos y privados, cuya participación pasó de 54,3% en 2000 a 56,3% en 2012.
La banca continúa con mejores cifras
Los bancos han vivido tiempos complicados. La Junta Bancaria mochó sus ingresos al prohibirles cobrar por 23 servicios a sus clientes, como por ejemplo, por la apertura o mantenimiento de sus cuentas.
Además, pidió que ninguna entidad financiera tenga negocios distintos a su naturaleza. El último cambio vino con el Código Monetario, aprobado por la Asamblea que, entre otros puntos, orientaría los créditos hacia sectores estratégicos. Pese a todos esos vientos que soplaban fuerte, la banca ha visto revertir esa desaceleración que había sentido en los depósitos y, por consiguiente, en los préstamos. Y esa mejoría se ha traducido en una recuperación de sus utilidades.
De enero a julio de este año, los 25 bancos que operan en Ecuador obtuvieron ganancias por $ 174 millones, un crecimiento del 15 % en relación al mismo tramo del año pasado. Una rentabilidad del 10,38 % respecto a su patrimonio, superior al 9,55 % de 2013, según la Superintendencia de Bancos.
La banca llegó a julio con un acumulado en ahorros de $ 25.628 millones, mientras que el saldo de su cartera de créditos cerró ese mes en $ 17.116 millones.
La presión social no frenó el plan del Régimen por explotar el ITT
Hoy se cumple un año de la decisión del presidente Rafael Correa de explotar el crudo del ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní. El anuncio, realizado por cadena de radio y televisión, significó el fin de uno de los temas más emblemáticos de la revolución ciudadana: dejar atrás el extractivismo petrolero a través de la cooperación internacional.
Bajo el argumento de que “el mundo nos ha fallado”, el Gobierno emprendió en un plan de explotación petrolera. Para tal efecto, el Presidente requirió la autorización de la Asamblea Nacional. Sin embargo, las secuelas de la decisión se sienten hasta ahora.
¿Qué pasó con los fondos?
​La devolución de las contribuciones a la extinta Iniciativa Yasuní-ITT continúa, al cumplirse un año de su eliminación.
Hasta hoy, los fondos con los que se buscó mantener el crudo bajo tierra han sido administrados en un fideicomiso internacional y un fondo local.
El primero registraba hasta ayer depósitos por USD 10,5 millones, de los cuales USD 6,8 millones aparecen como reembolsos a contribuyentes.
Si a esto se suma los costos por administración, a cargo de Programa de Naciones Unidas (PNUD), en este fideicomiso queda un saldo de USD 3,1 millones, que representa el 29,5%.
Inicialmente, en octubre del 2013, el comité directivo de este fondo fiduciario, acordó reembolsar el 100% de aportes, pero luego dieron la opción de elegir entre la devolución o reinvertir el dinero en un proyecto sustentable en la zona del Parque Nacional Yasuní.
A inicios del 2011, Avina, una fundación que actúa en América Latina, se convirtió en la primera ONG en aportar al fondo internacional, al formalizar la donación de USD 100 000.
Entre los gobiernos que más invirtieron en esta iniciativa, con la que se quiso evitar la emisión de 400 millones de toneladas de CO2 -responsable del calentamiento global-, fueron: Italia, España, Luxemburgo y Wallonia.
Un total de 19 contribuyentes están registrados, junto con personas naturales y jurídicas, en el Programa de NN.UU. (http://mptf.undp.org/factsheet/fund/3EYC0/es).
Los fondos nacionales se recolectaron en campañas, ferias, conciertos por lo que fueron desde un dólar en adelante y alcanzaron USD 2 millones.
El Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos informó que ya se devolvió la totalidad de contribuciones mayores a USD 5 000. En total se devolvieron USD 550 000.
Los aportes menores a este monto resultan más complicados de reembolsar, pues hay que ubicar a sus propietarios. Esta identificación está realizando la Corporación Financiera Nacional. Hasta la fecha permanecen USD 1,45 millones, en su mayoría de aportantes sin identificación.
El Régimen prevé realizar convocatorias por la prensa para que los aportantes puedan retirar estos recursos.
A través de la campaña Yasunízate, ecuatorianos y extranjeros contribuyeron con la Iniciativa, para que se mantenga el crudo bajo tierra. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
Más allá de las contribuciones, para Amanda Yépez, de Guardianes del Yasuní, hoy es una fecha en la que se comprueba la falta de compromiso ambiental del Gobierno. “No varía el modelo de otros regímenes en los que se prioriza la explotación petrolera”, dice.
Hasta el 5 de junio del 2013, que se realizó la última evaluación de la Iniciativa y luego de seis años de existencia, se logró recaudar menos del 1% de aportes. Ivonne Baki lideró este proyecto junto con un equipo de 15 personas y un presupuesto de USD 7,3 millones.
Pero, antes de que se eliminara este plan, que convocó a expresidentes, premios Nobel, artistas, ambientalistas, gobiernos, sociedad civil, ya empezaron los estudios a favor del plan B: la explotación petrolera.
El Ministerio del Ambiente, en el 2011, autorizó el estudio de impacto ambiental de la exploración con sísmica 3D en el área de Tiputini y Tambococha.
La consulta se enredó
​Los grupos ecologistas que en el 2006 apoyaban al Gobierno decidieron salir a las calles para recolectar firmas y plantear una consulta popular.
Se formó el colectivo Yasunidos liderado por jóvenes. Pero las 730 000 firmas que reunieron no pasaron el filtro del CNE. Esta instancia solo validó 359 000 (se requerían 584 000). La consulta se esfumó.
Durante este proceso, la Función Electoral denunció el permanente incumplimiento de los protocolos de revisión, por parte de los peticionarios.
La activista Esperanza Martínez dice que en este año hubo una doble decepción. La primera, el fracaso mismo de la Iniciativa. La segunda, “la arremetida del Gobierno contra nuestro derecho a la participación ciudadana y a la defensa de la naturaleza”.
Yasunidos mantiene la tesis de que el CNE burló su consulta y que el Tribunal Contencioso Electoral bloqueó el trámite jurídico de apelación.
Hoy en un acto simbólico que Yasunidos realizará a las 10:00, en el antiguo Hospital Militar, sesionará el Tribunal Ético que el colectivo formó. Lo integran figuras como el académico brasileño Boaventura de Sousa Santos. La idea es que este tribunal analice los alegatos de Yasunidos ante el TCE.
Otro grupo, de exalcaldes amazónicos, también buscó recolectar firmas pero de apoyo a la explotación del ITT. Cuando la consulta de Yasunidos fracasó, los exalcaldes desistieron del proceso y entregaron al Gobierno, en forma simbólica, sus firmas. El líder de este proceso, Yofre Poma, es hoy gobernador en Sucumbíos.
1,5 millones de celulares han sido rechazados
Un millón 500 mil teléfonos celulares han sido rechazados dentro del proceso de registro que lleva adelante la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) entre el 12 de marzo y la segunda semana de agosto, informó Fabián Jaramillo, titular de la entidad.
Esos dispositivos no estaban activados e intentaron ingresar al mercado. En cambio, indicó Jaramillo, alrededor de 480 mil pasaron el registro y están listos para ser vendidos.
También dijo que unos 280 mil teléfonos celulares están en trámite en el Servicio Nacional de Aduana (Senae).
El proceso por medio del cual se debe registrar el IMEI (serie única) de los equipos para que puedan ser activados está dirigido a quienes compran teléfonos móviles en el extranjero y los ingresan a través de salas de arribo internacional. Estos deben ser legalizados en alguna de las 3 operadoras, 33 empresas importadoras o 7 ensambladoras locales de celulares.
El funcionario mencionó que no se aceptaron los teléfonos móviles porque no están homologados, fueron reportados como robados en otros países o debido a que algunos de esos dispositivos tienen series únicas correspondientes a fabricaciones demasiado antiguas.
El objetivo del registro es que se puedan bloquear teléfonos que fueron robados o cuyo ingreso al país sea ilícito.
Claudio Rosas, intendente nacional de Control Técnico de la Supertel, indicó ayer que de los casi 18 millones de dispositivos que se encuentran activos en el país, una auditoría del organismo determinó que en unos diez millones había alguna duda respecto al registro de los aparatos, empadronamiento, al origen del IMEI o del mismo artefacto.
De ellos, agregó Rosas, cuatro millones están en depuración.
General Electric analiza vender su división de electrodomésticos
General Electric confirmó que está considerando la venta de su histórica división de aparatos electrodomésticos, como parte de su esfuerzo para enfocarse en la venta de equipo industrial más complejo y más rentable.
La confirmación ocurrió después de que Electrolux, fabricante sueco de aparatos electrodomésticos, publicó un comunicado este jueves diciendo que estaba en negociaciones para comprar el negocio a GE, compañía con sede en Fairfield, Connecticut.
“GE está evaluando una gama amplia de opciones estratégicas para nuestro negocios de electrodomésticos, incluyendo negociaciones con Electrolux y otras partes interesadas”, dijo Seth Martin, vocero de GE.
General Electric Co. ha dicho que planea vender este año negocios que valen aproximadamente 4.000 millones de dólares. La división de electrodomésticos de la empresa —fabricante del primer tostador eléctrico hace más de un siglo— ha sido considerada como candidata a ser vendida.
La división de aparatos de GE, que incluye un negocio mucho más pequeño de iluminación que no ha sido discutido como parte de esta transacción, tuvo el año pasado utilidades de 381 millones de dólares, sobre ventas de 8.300 millones de dólares, para un margen de ganancia de 4,6%. La división industrial de la compañía ganó de manera general 16.200 millones de dólares sobre ventas de 103.600 millones, para un robusto margen de utilidad de 15,7%.
Los electrodomésticos de GE se venden mayormente en Estados Unidos, lo que le dificulta enfrentarse a competidores más globales como LG y Samsung, que se han estado expandiendo a Estados Unidos en años recientes.
6 opciones para ingreso de paquetes por courier
Frente a la próxima vigencia de del impuesto de $42 para los envíos por courier bajo el sistema 4×4 (hasta $400 y 4 kilos), antes exento de tributos, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) expone la posibilidad de usar otras cinco categorías para el ingreso de artículos al país.
En estas hasta junio pasado se importaron $ 35,65 millones, mientras que solo por el 4×4, equivalente a la categoría B, ingresaron $ 69 millones.
De estas categorías, la única que está exenta de impuestos es la A en la que solo se pueden transportar documentos o información a través de unidades de almacenamiento como un CD, según José Francisco Rodríguez, subdirector general de normativa de la Aduana.
Para medicinas o equipos ortopédicos, en cambio, está la categoría E. Rodríguez indica que para esta importación se necesita receta médica.
Agrega que está enfocada al “uso de personas que necesiten las medicinas para un tratamiento en especial o para algún tipo de organización de beneficencia que traiga medicina para un paciente en específico”. Allí se paga solo el 0,5% del Fodinfa (Fondo de Desarrollo para la Infancia).
Especifica que las vitaminas no entran en esa categoría, “porque no es un medicamento”. “Lo que podría ingresar ahí son suplementos alimenticios (…), por ejemplo, que se los requiere para alimentar personas que están con enfermedades catastróficas (…), que necesitan un suplemento alimenticio muy potente, que no es muy comercial, que no existe en el país y si viene con la receta médica va a poder ingresar”, explica.
Para la importación, el comprador debe presentar al courier la receta, según la Senae.
La situación de la ropa y el calzado, los artículos más comprados a través del 4×4, es más compleja. Existe una categoría solo para esta clase de compra, es la D. En ella se deben cancelar impuestos del 10% al valor de la compra y $ 5,5 por cada kilo en prendas y $ 6 por cada par en zapatos. Además se necesita una certificación INEN.
Normas para venta de los autos usados
Los patios de vehículos tendrán que emitir dos nuevos documentos para realizar la venta de autos usados, denominados liquidación de compra de vehículos usados y acta de entrega-recepción de vehículos usados, según informó ayer el Servicio de Rentas Internas (SRI) en un comunicado de prensa.
El primero se aplica cuando los comerciantes compren el vehículo y el segundo documento cuando los patios sirven de intermediarios para la venta a cambio de una comisión.
Según el SRI, estos documentos y los contratos de compraventa sustentarán la tenencia del vehículo. En estos últimos se exigirá que quien figure como propietario sea quien conste como tal en la matrícula del vehículo, o quien tenga un poder del propietario.
Esta resolución del SRI fue publicada el 6 de agosto pasado y a partir de esa fecha, y en un plazo máximo de 90 días, los comerciantes deberán actualizar el Registro Único de Contribuyentes (RUC), especificando las actividades de “compraventa de vehículos automotores usados”, y de “intermediación en la compraventa de vehículos automotores usados”.
El SRI aclaró que esta nueva normativa afectará solo a quienes se dediquen a la intermediación y compraventa de vehículos usados. Las transacciones entre particulares no se acogerán a esta exigencia.
Los ciudadanos que hagan estas transacciones y no reciban los documentos referidos podrán denunciar al centro de atención telefónica, 1700-774-774 o en la web www.sri.gob.ec, indicó la entidad.
Noticias Economicas, Nuestra Opinión Económica
REVISTA VISTAZO, Agosto 7, 2014
Agosto 14, 2014 David
Nos es grato compartir con usted la siguiente publicación de la Revista VISTAZO, de fecha Agosto 7 de 2014, en la cual ha sido entrevistado el Econ. Victor Hugo Albán, Presidente del Colegio de Economistas de Pichincha.
Rafael Correa ratifica que dolarización “se mantiene” en Ecuador
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ratificó el lunes que la dolarización, adoptada por su país en 2000, “se mantiene” y salió al paso de versiones de ciertos analistas que han advertido de una supuesta salida de ese sistema por la entrada en vigor de un nuevo Código Monetario.
Por otra parte, Correa informó que en el campo comercial su país ha experimentado un superávit en el primer semestre del año, aunque observó que en la segunda mitad de 2014 la situación podría variar.
El repunte comercial del primer semestre del año no será el mismo en la segunda mitad, porque el país se verá abocado a hacer fuertes gastos en la importación de carburantes ante una parada de la principal refinería del país, que entrará en un proceso de repotenciación, añadió Correa.
Ecuador recibe de la India crédito por $ 142 millones para líneas eléctricas
Ecuador obtuvo de la India créditos que suman $ 142 millones para proyectos de líneas eléctricas, dijo hoy el viceministro de Relaciones Exteriores, Leonardo Arízaga.
El funcionario se reunió en los últimos días en Nueva Delhi con la ministra de Asuntos Exteriores, Sushma Swaraj, a quien se presentó un catálogo de proyectos estratégicos por unos $ 28.000 millones (casi 21.000 millones de euros), en sectores como las telecomunicaciones o el agua. También se busca reducir el déficit comercial. EFE.
El comercio exterior local se recupera un 181,9%
La balanza comercial ecuatoriana no parece “conformarse” con la recuperación obtenida en los primeros 5 meses del año, pues en 30 días (junio) “ganó” $ 137,89 millones, luego de que registrara hasta mayo un superávit de $ 483,44 millones.
Las cifras reportadas por el Banco Central del Ecuador (BCE) configuran un escenario económico diametralmente distinto al del mismo período de 2013, cuando el indicador era de $ -625,86 millones de déficit comercial. El comercio exterior ecuatoriano se recuperó un 181,9% en el primer semestre del año.
Estos $ 621,33 millones de superávit en la balanza comercial llegan a la mitad de este año no solo como consecuencia de una menor cantidad de importaciones -propiciadas por políticas sustitutivas del Gobierno-, sino también por la mayor exportación.
Según el BCE, las ventas externas no petroleras tuvieron una importante variación -comparando el mismo período de 2013 y de 2014- del 13%.
Entre enero y junio pasados las ventas no petroleras alcanzaron los $ 5.431 millones y ahora llegan a $ 6.137 millones. En el caso de productos petroleros, pasaron de $ 6.756 millones a $ 7.240 millones.
El camarón fue el producto ecuatoriano que más arrastró esta corriente de crecimiento, con una exportación que pasó de $ 788 millones a $ 1.308 millones (65,9% más que en el primer semestre de 2013), y que sirvió para que el sector no petrolero tenga un importante repunte, indicó Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas (CEG).
También, el café incrementó sus ventas en el mundo al pasar de $ 1.245,6 millones a $ 1.329 millones. En contraparte, en las importaciones hubo una transformación notable este año, con un total de $ 12.757 millones y una variación del 1,5% menos con relación al año pasado.
Las importaciones tuvieron una significativa reducción en los bienes de consumo no duraderos como alimentos, maquillajes, bebidas, perfumes y golosinas, aunque también se consideraron las compras realizadas por correos rápidos o courriers en el sistema 4×4.
“Normalmente cuando hablamos de balanza comercial siempre implica entrada y salida de dólares, lo importante es que ingresen más y para ello hay que exportar”, manifestó el titular del CEG.
En tal sentido consideró acertada la firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), incluso apuntar a otros mercados, como el ruso, para abrir nuevos espacios y mantener el superávit.
Evelyn Jaramillo, especializada en gerencia de calidad y productividad, señaló que de momento es fundamental generar valor en la economía para dinamizarla y diversificarla, fortaleciendo la producción local e incrementando el valor agregado en las cadenas productivas. “Por ejemplo, vender chocolates y no solo el cacao o alimentos procesados a partir de frutas”, expresó.
Para este proceso se requieren innovación, tecnología, conocimiento y, sobre todo, “compromiso país”, y en estas herramientas las empresas encuentran la clave para dar saltos estructurales, indicó.
Se trata de un tema vital, advirtió Yumibanda, pues la economía ecuatoriana aún es frágil.
De hecho, si no se considera al sector petrolero el país mantendría un déficit de $ 3.000 millones en su balanza comercial.
La estabilidad política de la que goza el país es una buena garantía para que las empresas puedan actuar, aseguró el experto; sin embargo, el Gobierno tiende a centrarse en una industrialización pública que no deja protagonismo al sector privado.
Consideró que si bien son importantes los astilleros e hidroeléctricas, se puede impulsar el cambio de matriz productiva con un motor más. Desde este año el Gobierno ha impulsado programas como el de contratos de inversión, con incentivos tributarios que permiten a la industria privada expandirse.
Según el ministro Coordinador de la Producción, Richard Espinosa, Ecuador en lo que va del año ha sustituido importaciones por $ 500 millones.
En diciembre pasado el Comex emitió la polémica Resolución 116, que exigía la presentación de certificados de conformidad, a cerca de 300 partidas arancelarias, en un primer paso para restringir importaciones.
El último informe de la Cepal prevé un crecimiento en la economía ecuatoriana de 5%, lo que, según el analista libanés Jihad El-Hokayemse, se puede atribuir a la dolarización y el alto precio del petróleo.
Según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), las compras a través de correos rápidos o courriers fueron de $ 120 millones. Actualmente se ejerce un control en los envíos 4×4.
Valor del espectro radioeléctrico varía por país
En Ecuador solo la telefónica estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) tiene la asignación del espectro 4G (que provee mayor calidad y velocidad en las telecomunicaciones), aún está pendiente la adjudicación a las operadoras privadas. Uno de los temas por decidir ha sido el valor.
Según Roberto Aspiazu, de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), las conversaciones llegaron a “un punto muerto (…), las corporaciones internacionales no están dispuestas a pagar un valor muy por encima de lo que han venido pagando en otras partes”, como Colombia y Perú.
En tanto que el presidente Rafael Correa ha indicado: “Ya vamos negociar el espectro 4G, necesario para el desarrollo de la industria, y ahí sí vamos a tratar de quitarles toda la renta posible a estas empresas”.
Pablo Bello, secretario general de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (Ahciet), explicó a este Diario que el “valor económico (del espectro) depende de factores propios de cada país, como por ejemplo, el tamaño, la geografía, la población, la economía, entre otros”.
Agregó que “cuando se prioriza la recaudación fiscal de corto plazo, a través de altos precios de espectro (…), puede desacelerarse el despliegue de redes, se puede desincentivar la inversión e innovación, y el usuario final enfrentar tarifas superiores”.
Recordó que en Colombia se pagó “algo más de $ 100 millones por un bloque de 30 MHz para 4G”, es decir, $ 3,4 millones por MHz y, en cambio, en Perú se cancelaron $ 150 millones por 40 MHz, que equivalen a 3,8 millones por MHz.
Los megahercios (MHz) son una unidad de medida del ancho de banda (porción del espectro radioeléctrico) y mientras más amplio, la capacidad de transmisión de datos y voz sube, según Boris Ramos, coordinador de la carrera de Telecomunicaciones de la Espol.
Agregó que al usar los sistemas 4G se permite “utilizar más ancho de banda y transformarlo en mayores velocidades en datos” que con 3G.
Ramos especificó que con el 3G se puede utilizar un ancho de banda de hasta 5 MHz, en cambio, con el 4G se usan 20 MHz o más.
Los recursos de los GAD sostienen a mancomunidades
Entre las herramientas que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, tanto provinciales, como municipales y parroquiales, está la conformación de mancomunidades y consorcios. Para esta última figura los actores pueden ser de cualquier nivel de gobierno y no necesitan ser vecinos, a diferencia de la primera, en donde los participantes tienen que ser colindantes.
Juan Fernando García, secretario encargado del Consejo Nacional de Competencias (CNC), enfatiza que la decisión de conformar estos grupos es exclusivamente de las autoridades y que la entidad a la que representa se encarga de darles acompañamiento y registrarlos desde 2011, cuando esta fue creada.
En cuanto a la forma de financiamiento el funcionario aclara que “la ley señala que pueden acceder a financiamiento de proyectos específicos, en función de su relevancia estratégica, social, económica y el impacto que estos proyectos o servicios puedan tener”.
Enfatiza que el dinero que se involucra debe provenir de los recursos que gestione cada GAD que integre la mancomunidad o consorcio. “Hay que señalar que el financiamiento que tienen las mancomunidades y consorcios proviene de los ingresos que son transferidos del Presupuesto General del Estado; como de aquellos que son propios de los GAD, como por ejemplo el impuesto predial que cobran directamente los municipios, o algunos servicios que pueden ser financiados directamente a través de tasas o de contribuciones especiales de mejora. De tal manera que las mancomunidades no dependen del financiamiento que el Estado Central les pueda otorgar, sino fundamentalmente del nivel de ingresos que cada GAD alcanza”.
El CNC registra 25 mancomunidades y 5 consorcios. García destaca que 5 acuerdos se han firmado para la competencia de tránsito, puesto que para 2015 se culmina el plazo para que todos los municipios hayan asumido este rol. Estas mancomunidades funcionan en Sucumbíos, Tungurahua, Cotopaxi, Zamora y Pastaza.
Plazo a deudores de buena fe en duda
Los deudores de buena fe, que tienen obligaciones con la banca cerrada, están preocupados porque pese a que en el Código Monetario y Financiero, aprobado por la Asamblea, se incluyeron condiciones más flexibles para el recálculo de sus deudas, el 20 de agosto ya se vence el plazo para la firma de convenios de pago. Así, si el Código no rige en esa fecha, no podrían beneficiarse.
Así lo indicó Roberto Parra, representante de los deudores de buena fe. Explicó que actualmente hay un cronograma que se está ejecutando basado en la Ley de Cierre de la Crisis Bancaria de 1999 y que establece el 20 de agosto como plazo máximo para suscribir el convenio de pago de las deudas.
Sin embargo, en el Código se amplía el plazo para esta etapa durante 60 días, en los cuales se podrían presentar otros documentos probatorios como recibos de abogados, estados de cuenta, entre otros.
En este sentido Parra dijo que si se ejecuta el cronograma actual, muchos quedarían fuera del programa de pago. Por eso, ayer pidieron audiencia en el Departamento de Recuperación y Liquidación del Banco Central del Ecuador (BCE).
Parra informó que fueron atendidos por Marcelo Montalvo, funcionario del BCE, quien les explicó, según dijo Parra, que por ahora la única norma válida es la Ley de Cierre de la Crisis Bancaria y que deberían cumplir con la firma hasta esa fecha. Parra pidió que no se les obligue a firmar.
De acuerdo con el Banco Central, existen 4.968 operaciones no vinculadas de deudas, por $ 2.429,88 millones, y que tras el recálculo podrían bajar a unos $ 1.200 millones.
El presidente Rafael Correa anunció hace pocos días que vetaría parcialmente el texto, por lo que seguramente regresará a la Asamblea y así la puesta en vigencia de dicha normativa aún demorará, dijo Parra.
El ambiente de negocios en la región cayó a su peor nivel en cinco años
El llamado Índice de Clima Económico (ICE) de América Latina cayó desde 90 puntos en abril hasta 84 puntos en julio, según el sondeo realizado trimestralmente por la FGV en asociación con el Instituto de Estudios Económicos de la Universidad de Múnich entre 1.146 especialistas de 121 países. El índice no era tan bajo desde los 80 puntos en que estaba hace exactamente cinco años, en julio de 2009, cuando la región sufría los efectos de la entonces crisis económica internacional.
De los once países analizados, el ambiente de negocios tan solo mejoró en México, en donde pasó de 98 puntos en abril a 102 puntos en julio, en tanto que se mantuvo estable en Venezuela, en donde desde julio de 2013 se mantiene en 20 puntos, el nivel más bajo para toda la región.
En los otros nueve países el clima empeoró, con destaque para Ecuador (desde 100 hasta 73 puntos), Brasil (desde 71 hasta 55) y Argentina (desde 75 hasta 57). Tras Colombia y Bolivia ahora se ubican Perú (112 puntos), Paraguay (105), Uruguay (104), México (102), Chile (89), Ecuador (73), Argentina (57), Brasil (55) y Venezuela (20). EFE
Toda cocina eléctrica podrá acceder al subsidio de 80 kW-h 1033:
El Ministerio de Electricidad dio ayer, 13 de agosto, más detalles sobre el registro para acceder al programa de sustitución de cocinas de gas por cocinas de inducción. En el marco del lanzamiento de la plataforma WebINER para formación de actores del sector eléctrico, el director de Eficiencia Energética del Ministerio de Electricidad, Carlos Dávila, dijo que todos los usuarios que tengan una cocina eléctrica podrán acceder al subsidio de 80 kilovatios hora (kW-h) al mes. Para ello no es indispensable que la cocina sea de una tecnología de inducción. Actualmente en el mercado se ofertan cocinas eléctricas de inducción con una eficiencia de hasta el 85%. Pero también hay cocinas eléctricas de resistencia con una eficiencia de entre el 65 y el 70%. Es decir, que consumen más energía que las de inducción. Pero pese a esta diferencia, los propietarios de estos artefactos también podrán acceder al subsidio. Sin importar la edad del electrodoméstico, Dávila dijo que el acceso al incentivo (entre USD 6 y 8 de descuento en la planilla) se dará luego de que los técnicos de la empresa eléctrica del cliente hagan una inspección. En ella, los funcionarios de la empresa verificarán que la cocina trabaje normalmente. El cliente tendrá tres vías para acceder al programa de reemplazo de cocinas de gas por inducción, señaló Dávila. La primera será inscribirse a través de la página web: www.ecuadorcambia.com desde el 18 de agosto.
Agosto 13, 2014 David
Pequeños negocios prevén cambios por nuevas sanciones
Eduardo (nombre protegido) trabajaba ayer en su pequeña joyería. Lo ayuda Manuel, el operario que lo acompaña desde hace un año fabricando anillos y todo tipo de joyas de oro, plata y acero.
Preocupado, el joyero, oriundo de Riobamba, pero que vive en Guayaquil desde 1967, lamentó que su ayudante (a quien le paga un porcentaje del valor de la obra) estaría con él pocos días más, pues le ha pedido que se vaya.
Esto, ante la imposibilidad de poder afiliarlo al Seguro Social y para evitar ser sancionado con el artículo 244 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena de 3 a 7 días de cárcel a los empleadores que no afilien a sus trabajadores durante los 30 primeros días de labores. “Esto va a crear un dolor de cabeza”, adelantó el joyero.
Mientras, su operario, resignado, señaló que ahora le tocará buscar otro oficio con el cual pueda ganarse la vida.
Alicia Salazar de Bahamonde, presidenta de la Federación de Artesanos del Guayas, calcula que alrededor del 20% del personal (operarios) que trabaja en el sector artesanal quedaría desempleado por las disposiciones de la nueva norma, vigente desde el domingo pasado.
“Los artesanos somos fuente de trabajo, fomentamos la producción”, argumentó la dirigente gremial.
Otro caso es el de Jaqueline Montoya, quien posee un gabinete de belleza en el sur de la ciudad. Ella se enteró ayer de las nuevas disposiciones y desistió de contratar ayudantes para su negocio, a los que tenía pensado pagar un porcentaje de los valores de los trabajos.
“No tengo cómo afiliar, si a veces no tengo ni para mí; ahora tendré que trabajar sola”, dijo la estilista, quien está de acuerdo con que la ley obligue a los empleadores a cumplir sus obligaciones, pero cree que debe haber cláusulas o exoneraciones para los pequeños negocios que no tienen recursos suficientes.
Mientras, Bolívar Chimbo, presidente de la Asociación Interprofesional 20 de Junio Mercado Artesanal de Guayaquil, lamentó que los pequeños negocios no tengan la producción necesaria para costear las afiliaciones de los ayudantes u operarios.
“Si la ley le prohíbe, no tendría que coger ayudantes, y trabajar solo”, señaló Chimbo, quien agregó que coordinará con sus 175 afiliados una reunión para comunicarles los alcances de la nueva norma.
Baja ritmo de caída de ventas de vehículos
Los primeros siete meses del año reportan un ligero descenso de ventas de vehículos con 579 unidades menos respecto del mismo periodo del 2013. No obstante, se mantendrá la meta anual de colocar 113 mil automotores, según Diego Luna, presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade).
De enero a julio del 2014, las unidades vendidas sumaron 65.756 frente a 66.335 que se reportaron a julio del 2013, es decir, en este año se comercializó el 0,87% menos.
Sin embargo, esta reducción es la menor de las experimentadas desde hace tres años.
Según las estadísticas de la Aeade, frente a las 82.377 unidades vendidas en el 2011 el comportamiento de los primeros siete meses de este año implica una reducción del 20%.
Comparado con las 74.771 unidades que se vendieron en los primeros siete meses del 2012, la cifra de este año significa una caída del 12%.
Tres empresas estudian invertir en Ecuador
Las industrias ofrecen servicios para celular e Internet inalámbrico
Las telefónicas internacionales Virgin Mobile y Multinet Group se reunieron con el ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, para dialogar sobre sus posibles ofertas de servicios en Ecuador. El representante de la empresa rusa Multinet Group, Alexander Safonov, dijo que su empresa está interesada en ofrecer servicios como banda ancha 4G, infraestructura de fibra óptica, centro de dato y la nube y administración de telecomunicaciones.
El ministro indicó que OLO, empresa dedicada al servicio de Internet inalámbrico de cuarta generación, también está interesada en invertir en el país. En Ecuador existen tres operadoras telefónicas Claro, del mexicano Carlos Slim, que controla el 67 % del mercado; Movistar, de la española Telefónica, que maneja el 30 %, y la estatal ecuatoriana CNT, que abarca el 2,5 % de usuarios.
Nuevos productos de Ecuador a la Unión Europea
Azúcar de caña, maíz, arroz, serían, entre otros, los nuevos productos que Ecuador podrá exportar a la Unión Europea (UE) con cupos, una vez que el acuerdo de comercio entre a regir en unos dos años. Así lo indicó ayer, en rueda de prensa, el ministro de Comercio, Francisco Rivadeneira, al referirse al convenio cuyas negociaciones concluyeron en julio pasado.
El funcionario se refirió, además, a los temas de acceso a bienes industriales y agrícolas, servicios, establecimientos, compras públicas, propiedad intelectual (indicaciones geográficas), que marcaron las 4 rondas de negociación en este año.
“Comenzar a exportar harina, puré de banano, mezclas de café y productos derivados del café, chocolate (…)”, expresó Rivadeneira sobre los productos agroindustriales.
El país logró la exclusión de 128 productos que representan cerca del 60% de la producción agrícola nacional. En el sector lácteo se excluyó leche líquida, quesos frescos y mantequilla, aunque se permitirá la importación de 400 toneladas de leche en polvo anuales, que representan el 0,18% de la producción interna.
Ecuador aceptó protección de 5 años para fármacos y 10 para agroquímicos en datos de prueba (investigaciones), pero estarán en vigencia 5 años a partir de la validez del convenio más 2 años de gracia, solo para nuevos productos.
Los sombreros de Montecristi no fueron aceptados como denominaciones de origen aunque sí Cacao Arriba porque –explicó Rivadeneira–, están vinculados al ámbito agrícola. Anotó que será importante desarrollar denominaciones de origen para café de Galápagos o quesos de Bolívar, por ejemplo.
Antes de la rueda de prensa, representantes de organizaciones sociales solicitaron –mediante un comunicado– copias certificadas del proceso de negociación; ellos presenciaron la intervención del ministro en otro piso del edificio donde funciona esa cartera de Estado.
Más productos de la Unión Europea no pagarán arancel en Ecuador
Los bienes industrializados europeos que, actualmente, tienen cero aranceles seguirán ingresando de esa forma al país una vez que el acuerdo comercial de Ecuador con la Unión Europea entre en vigencia . Esta explicación la dio el ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, durante la presentación pública de los resultados del cierre de las negociaciones para concretar el acuerdo comercial con la UE. Junto al funcionario estuvo Genaro Baldeón, viceministro de Negociaciones, quien explicó que el 76% del total de las partidas arancelarias ya ingresa con arancel cero. El 11% ingresará sin aranceles en 10 años y en cinco años otro 11%. Entre el primer grupo de productos se encuentran los bienes de capital, bienes tecnológicos e insumos, la mayoría de los cuales no son producidos en territorio nacional. Estos bienes aglutinan maquinaria, artículos de tecnología, vehículos, entre otros. Con relación a este último producto el Ministro confirmó que el período de desgravación será de siete años. “Antes de eso hay dos de gracia, porque el acuerdo entrará en vigencia en 2016”. En abril pasado, el Gobierno había explicado que con ese período de desmonte lo que busca es dar un plazo a los ensambladores para que puedan volverse más competitivos, generar valor agregado, acceder a nuevos mercados, etc. Ante ello los ensambladores señalaron que están trabajando para competir con la oferta europea. Mientras que los importadores señalaron que sí se abaratarán los precios de los autos y que se abren posibilidades para la llegada de nuevas marcas de vehículos al país. Actualmente, algunas de las marcas europeas importan vehículos ensamblados en países de América Latina, sin embargo, ciertos empresarios ya piensan que los autos podrían ingresar directo de Europa. Andrés Cordero, gerente de marca de Fiat, por ejemplo, señaló durante el lanzamiento de dos nuevos modelos de camionetas, hace dos semanas, que las perspectivas de la firma, que es italiana, podrían mejorar gracias al tratado comercial. Hay productos vinculados con el sector automotriz para los cuales no habrá apertura. Se trata de los autos fríos, es decir, las unidades nuevas de años anteriores. Tampoco habrá la posibilidad de que ingresen al país los productos remanufacturados, es decir, usados. En este último grupo de artículos se encuentran, por ejemplo, motores que fueron arreglados. En otras áreas no podrán ingresar ni llantas ni ropa ni zapatos usados , etc. El ministro Rivadeneira explicó que los europeos habían pedido el ingreso de estos productos, sin embargo, el equipo negociador ecuatoriano logró que no se permitiera eso. Lo que sí se estableció fue que en siete años podría revisarse estas medidas adoptadas en el texto del acuerdo comercial. Otra de las puntualizaciones que hizo Rivadeneira fue que la UE aceptó que la desgravación para cierto tipo de productos industrializados empiece con aranceles más altos de los que se planteó al iniciar el proceso de negociación, en el 2007. Como en los últimos años hubo modificaciones arancelarias para diversos productos, se acordó aplicar esos porcentajes para línea blanca, plásticos, cosméticos, artículos metalmecánicos, entre otros. El Ministro insistió que se negoció un acuerdo tendiente a proteger a productores y empresas nacionales. Para todos estos, además, hizo un llamado a la tranquilidad, frente a la pérdida del Sistema General de Preferencias Plus con la UE. Estas preferencias se perderán definitivamente el próximo 31 de diciembre, junto a otras denominadas generales. “Pero hemos logrado que Europa ponga toda su voluntad política para poder buscar un mecanismo que permita que los productos que actualmente no pagan arancel sigan exentos de aranceles, de manera provisional, hasta que entre en vigencia el acuerdo”, manifestó. El texto definitivo del acuerdo será presentado una vez que termine la redacción jurídica y que también haya sido traducido a los 24 idiomas. Luego estará listo para la firma del acuerdo por parte del Ministro, en un protocolo denominado de “accesión”, que se espera para fines de este año o inicios del 2015. Y luego se hará público. Esta información también la recibieron los miembros de organizaciones sociales como Diabluma y la Coordinadora Nacional Campesina, que acudieron ayer a la presentación del Ministerio. Allí, además, entregaron una carta pidiendo a las autoridades conocer más detalles del acuerdo.
Camarón y minería suben exportación
El primer semestre del 2014 dejó resultados positivos en la balanza comercial total, según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE). En este periodo se registró un aumento del 181,9% frente a los seis primeros meses del 2013, de $ -758,43 millones a $ 621,33 millones.
Parte de la mejora se debe a cambios en la balanza comercial no petrolera que superó los resultados del 2013. El año anterior, el déficit reportado fue de $ -4.531,46 millones y ahora la brecha es menor, al ubicarse en $ -3.412,46 millones.
En el área de productos no vinculados al petróleo, las ventas al extranjero subieron 13 %, mientras que las importaciones bajaron entre 2,5 % y 6,2 %, dependiendo del tipo de productos (bienes de consumo, materia prima y bienes de capital).
Las exportaciones no petroleras que más subieron en dólares fueron las de camarón (65,9 %), de productos mineros (95,2 %) y el cacao y elaborados (34,8 %).
Iván Ontaneda, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, indica que la productividad del sector ha aumentado de manera sostenida en los últimos diez años. Es así que apunta que en el 2003 se vendían al extranjero 98 mil toneladas de cacao y ahora son 205 mil toneladas.
Menciona que el último año el sector se ha beneficiado de que el precio de la tonelada ha sido superior a los $ 3 mil y que se han reconocido mejores precios para el producto ecuatoriano por su calidad. Según las cifras del Banco Central, hasta junio se exportaron $ 299,1 millones y el primer semestre del 2013 fueron $ 221,8 millones.
El aumento en la exportación de camarón y productos mineros también se ha mantenido en los últimos meses.
Los datos del BCE también muestran la reducción en las compras al extranjero. Esta tendencia se mantiene desde inicios del 2014, pues el año anterior se aprobaron regulaciones que han generado menor ingreso de productos.
Desde el 7 de septiembre cada compra en Internet costará $42
Hoy se publicó en el Registro Oficial la resolución del Comité de Comercio exterior número 23-2004 que establece que los paquetes que se importen a través de mensajería rápida costarán $42 por cada envío. Ademas, el límite de la importación anual es de $1 200 o cinco paquetes, por año. Eso quiere decir que el sistema 4×4 (cuatro kilos o $400 sin impuestos) sigue vigente, lo que cambia es el incremento de la tasa de $42. A esto hay que añadirle el 5% del Impuesto de Salida de Divisas.
Así, si un usuario decide comprar, a través de los portales Amazon o eBay, un objeto que cueste $35 con un envío gratis, debe sumarle los $42 que estableció el Comex y el 5% de salida de divisas. Esto estará vigente 30 días después de la publicación en el Registro Oficial, es decir el próximo 7 de septiembre.
Según anunció el ministro de Industrias encargado, Byron Proaño, se exceptúan de estos nuevos aranceles los libros y las medicinas.Las autoridades de comercio del país, además, señalaron en esta semana que la norma fue expedida porque se abusó del sistema. El Gobierno, en 2009 registró que las importaciones vía courier representaron $27 millones y en 2013 el valor subió a $152 millones. El mecanismo tuvo un incremento de 462% en en cinco años. Tan solo entre 2012 y 2013 el incremento fue de 69%. En ese sentido, las proyecciones para este año es que bajo el sistema 4×4 los ingresos superen los $170 millones.
Para los envíos de los migrantes, el Gobierno estudia una medida de compensación y se espera que esté lista en los próximo 30 días.(JB)
Peña Nieto anuncia un decálogo para acelerar la aplicación de la energética
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha promulgado la mañana de este lunes las leyes reglamentarias de la reforma energética, su propuesta para abrir el sector al capital privado. El mandatario ha anunciado diez medidas para poner en marcha “de inmediato” el paquete de leyes, que fueron aprobadas por el Congreso después de varios meses de discusión y ante el rechazo de la izquierda, que lo ha considerado un plan privatizador que vulnera la soberanía y que pretende revocar con un referendo en 2015.
El presidente aseguró que este miércoles la Secretaría de Energía dará a conocer el nombre de los pozos y áreas de explotación de la llamada ronda cero, en los cuales PEMEX, la empresa petrolera nacional, conservará en exclusividad frente a las trasnacionales que entren al país. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, también dará a conocer esta semana los yacimientos y zonas disponibles para ser explotados y explorados por las empresas privadas tras una primera ronda de licitaciones. Las bases del concurso, dijo Peña Nieto, estarán listas el primer trimestre de 2015.
Los reglamentos de las leyes secundarias de la reforma estarán publicados para octubre, señaló Peña Nieto en su discurso en Palacio Nacional. Esto dará, dijo, “plena certeza jurídica a las nuevas inversiones en el sector”. El mandatario aseguró que para ese mes también se modernizará el Instituto Mexicano del Petróleo, un órgano del Estado encargado de investigación y desarrollo en la industria.
La reforma energética pretende dar fuerza a los órganos reguladores que serán los vigías del nuevo mercado energético abierto. Peña Nieto se comprometió a que antes de que finalice agosto enviará al Senado los nombres de los candidatos a encabezar la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Los expertos en la materia han advertido de que la independencia y autonomía de los reguladores no ha quedado idealmente lograda en las leyes reglamentarias, por lo que los perfiles de sus titulares serán claves.
El Ejecutivo mexicano también deberá de presentar las candidaturas a los consejeros independientes de Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE), las dos paraestatales mexicanas que con la reforma han sufrido su mayor transformación en su historia. Las nuevas leyes las han convertido en empresas productivas del Estado, que deberán de conformar nuevos Consejos de Administración.
Con la reforma el presidente pretende “superar décadas de inmovilidad” y derribar “barreras que impedían a México crecer de manera sostenida”. Las mismas intenciones expresó Peña Nieto en un mensaje a la nación televisado en prime time. En la alocución, el presidente elogió el trabajo de los legisladores y recordó que la culminación de esta y otras reformas estructurales no hubiera sido posible sin la firma del Pacto por México -el acuerdo entre las principales fuerzas políticas del país- el segundo día de su mandato. Asimismo, tras enumerar los múltiples beneficios que traerán a México las nuevas leyes, el mandatario instó a la ciudadanía a visitar el portal reformas.gob.mx, una página web donde se explica de forma didáctica el contenido de las normas recién aprobadas.
El país está a la espera de que el proyecto de reformas emprendido por el Gobierno desde diciembre de 2012 comience a dar frutos palpables. La sociedad ha sido testigo de la culminación del ambicioso paquete de leyes y se pregunta si será capaz de mejorar el flojo desempeño de la economía mexicana. Peña Nieto ha metido el acelerador hoy para dar una respuesta.
La iraní Maryam Mirzakhani es la primera mujer en ganar el ‘Nobel’ de matemáticas
La iraní Maryam Mirzakhani recibió este martes la medalla Fields, considerada el premio Nobel de las Matemáticas, en la apertura del Congreso Internacional de Matemáticas (CIM) que se inauguró hoy en Seúl, lo que la convierte en la primera mujer en recibir el galardón.
En esta edición, Mirzakhani, de 37 años, profesora en la universidad estadounidense de Stanford, fue una de los cuatro premiados con este reconocimiento y la primera mujer en recibirlo desde que fue instaurado en 1936.
La medalla Fields premia cada cuatro años durante la celebración del CIM por sus descubrimientos sobresalientes a un máximo de cuatro matemáticos menores de 40 años.
Mirzakhani, que también es la primera iraní en lograr la medalla, fue premiada por sus “impresionantes avances en la teoría de las superficies de Riemann y sus espacios modulares”.
Los otros tres galardonados fueron Manjul Bhargava, profesor en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, Martin Hairer, de la británica Universidad de Warwick, y el brasileño Artur Vila, primer latinoamericano en conquistar el galardón.
Vila, investigador de 35 años del Instituto de Matemática Pura y Aplicada (IMPA), fue escogido por su trabajo en el área de sistemas dinámicos, que busca prever la evolución en el tiempo de los fenómenos naturales y humanos observados en las diferentes ramas del conocimiento.
Los ganadores reciben una medalla valorada en unos 5.000 dólares y un premio en metálico de unos 13.730 dólares.
OIT señala que hay 8 millones de jóvenes desempleados en América Latina
Este 12 de agosto se recuerda el Día Internacional de la Juventud, y las Naciones Unidas designó que el 2014 lo dedicaría a los jóvenes con problemas de salud mental.
La decisión, explicó a través de un comunicado, es que este grupo es a menudo estigmatizado y discriminado. La fecha tiene el propósito de crear conciencia en la ciudadanía y superar el estigma.
En distintos países se han desarrollado eventos para conmemorar el Día Internacional de la Juventud, que se recuerda desde el año 2000. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llamó la atención sobre los cerca de 8 millones de jóvenes desempleados en América Latina y otros 27 millones que trabajan en condiciones de informalidad.
En un comunicado de la oficina en Lima, la directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Elizabeth Tinoco, dijo que los jóvenes en condiciones de informalidad suelen tener bajos ingresos, inestabilidad laboral y ausencia de protección social y derechos.
“Estamos hablando de al menos 35 millones de jóvenes que pueden ser víctimas de desaliento y frustración ante la persistente falta de oportunidades laborales”, afirmó Tinoco.
“La tasa de desempleo urbano de los jóvenes latinoamericanos triplica a la de los adultos. Pero la falta de un trabajo es sólo la punta del iceberg, pues por otra parte, seis de cada 10 jóvenes que sí consiguen ingresar al mercado laboral lo hacen en condiciones de informalidad”, agregó.
Según estimaciones de la OIT, en América Latina y el Caribe hay unos 108 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años, de los cuales unos 56,1 millones forman parte de la fuerza laboral, es decir, que tienen trabajo o están buscando uno en forma activa.
La OIT ha planteado que “el desafío generado por la crisis del empleo juvenil requiere de acciones y políticas específicas y combinadas en el marco de estrategias integrales”.
Para la organización, el empleo de los jóvenes debe ser considerado como una prioridad nacional que implique que los programas gubernamentales tengan políticas económicas y sociales que establezcan objetivos específicos para esto.
Los datos más recientes de la organización revelan que la tasa de desempleo juvenil urbano y rural de la región es de 13,9 %.
Agosto 12, 2014 David
Mensajes avisarán de transacciones bancarias
Con mensajes o correos electrónicos, las entidades del sistema financiero deberán notificar a sus clientes las transacciones que se realicen en sus cuentas. Además, estas entidades tendrán que hacer verificaciones sobre quién es el usuario que está haciendo el movimiento bancario.
Así lo dispone la Resolución JB-2014-3021 de la Junta Bancaria emitida en julio pasado y firmada por el superintendente de Bancos, Pedro Solines.
Según los considerandos mencionados en el documento, estas variaciones se hacen “con el propósito de establecer controles cruzados que mitiguen el riesgo de intercepción y captura de información por un mismo medio de conexión a los canales electrónicos”.
La normativa indica: “Las instituciones del sistema financiero deberán enviar a sus clientes mensajes en línea a través de mensajería móvil, correo electrónico y otros mecanismos, notificando el acceso y la ejecución de transacciones realizadas mediante cualquiera de los canales electrónicos disponibles, o por medio de tarjetas”.
Se agrega que “para establecer las condiciones personales bajo las cuales los clientes realizarán las transacciones por internet, tales como matriculación de cuentas, definición de montos máximos, registro de números de teléfono celular, entre otros, que han sido definidos por la institución del sistema financiero, se debe validar o verificar la autenticidad del cliente a través de un canal diferente al de internet”.
La normativa se incorpora al capítulo “De la gestión del riesgo operativo” del libro Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.
Según datos proporcionados por la Superintendencia de Bancos, otros mecanismos de protección que deben implementar los bancos son algoritmos de encriptación, pruebas de vulnerabilidad y penetración a los equipos, implementación de tarjetas inteligentes para realizar transacciones, financieras, entre otros.
Cárcel por no afiliar inquieta a los trabajadores y patronos
La sanción de tres a siete días de cárcel para el empleador que no afilie a sus trabajadores a la Seguridad Social durante los 30 primeros días de labores, como lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP) genera preocupación, sobre todo entre micro y pequeños empresarios y en algunos casos podría limitar los planes de contratación de personal, según refieren representantes gremiales y empresarios consultados.
El Código Penal se pone a prueba:
Desde el domingo pasado está vigente la pena establecida en el artículo 244 del COIP.
La afiliación al IESS se encuentra en el 67,04 % de los ocupados plenos, cifra superior al 43,6 % de junio del 2013, según la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos).
El experto en seguridad social Joaquín Viteri refiere que entre los sectores más vulnerables por no tener afiliación a la Seguridad Social están los empleados domésticos y los trabajadores autónomos. Los primeros suman 141.971 (3,24% de la Población Económicamente Activa), según la encuesta.
Para Maritza Zambrano, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, es positivo que haya sanciones más fuertes para los empleadores que incumplen con la afiliación porque es un derecho, pero teme que ante la pena de prisión prefieran no contratar a personas de este sector, pues tiene reportes de despidos cuando se exige este beneficio.
Espera que los empleadores tomen conciencia de que también ellos se benefician, pues en caso de enfermedad de sus empleados estos pueden acudir al IESS y no a sitios privados que pueden ser más costosos.
En cambio, José Rivera, dueño de un local de expendio de artículos electrónicos de audio y video (centro histórico de Quito), dice que la cárcel es una medida extrema, pues asegura que ahora “los trabajadores tienen todas las de ganar” con las leyes y que hay casos en que los empleados están de tres a cinco meses en una empresa y luego salen y demandan al patrono para obtener una liquidación.
Rivera piensa que el COIP frenará la contratación de personal y optará por atender solo su negocio.
Carlos León, dueño de una distribuidora de ropa, señala que cuando ingresan nuevos empleados en los negocios no siempre aprenden pronto. “Cómo se les va a afiliar enseguida”, señala.
Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, sostiene que los dueños de micro y pequeñas empresas no entienden las consecuencias de la aplicación del COIP y están demandando capacitación sobre el tema, por lo que este gremio dictará cursos sobre los ámbitos de afectación en los negocios.
Artículo 244: Código Integral Penal: “La o el empleador que no afilie a sus trabajadores (…) dentro de treinta días, contados a partir del primer día de labores, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a siete días. Las penas (…) se impondrán siempre que la persona no abone el valor respectivo, dentro del término de cuarenta y ocho horas después de haber sido notificada”.
El superávit comercial llega a $ 621 millones
La balanza comercial creció un 181,9 % en junio de este año
La balanza comercial ecuatoriana registró un superávit de 621 millones de dólares en el primer semestre de este año. El saldo fue positivo frente a la cifra de 2013 en el mismo período (-758 millones de dólares).
Las exportaciones se ubicaron en 13.378 millones de dólares y las importaciones en 12.757 millones.
Según el Banco Central, la parte favorable la tiene el sector petrolero que generó una balanza de 4.033 millones de dólares de enero a junio. Sin embargo, el no petrolero dio un resultado deficitario al ubicarse en -3.412 millones de dólares.
Las ventas de crudo al mercado internacional, en volumen, fueron superiores en un 9,4 % en lo que va del año.
Además del petróleo, tres de los principales productos primarios (se utilizan o se venden tal como se encuentran en la naturaleza) aumentaron en considerables proporciones durante los primeros seis meses de 2014. El camarón, por ejemplo, tuvo una variación del 65,9 % al sumar 1.308 millones de dólares, el cacao también avanzó con un 38,2 % (243 millones de dólares) y la madera un 21,3 % (101 millones de dólares).
Otros de los productos básicos o primarios, como el café, abacá, el atún y las flores naturales, decrecieron sus ventas.
El banano y plátano, principales productos de la lista exportadora ecuatoriana, contabilizaron 1.329 millones de dólares en el período enero-junio, con un incremento del 6,7 %.
Las importaciones, que cayeron en este primer semestre, tuvieron bajas en las compras de bienes de consumo, materias primas, bienes de capital, a excepción de los combustibles y lubricantes, pues este rubro subió un 7,5 %.
Educación financiera: un objetivo nacional de todos los actores
Por Rosa Matilde Guerreo Murgueytio
La “Educación financiera”, según la OECD, consiste en dotar a los usuarios del sistema financiero actuales y potenciales, indistintamente de sus niveles de ingresos, de herramientas, habilidades y conocimientos, para que se encuentren en capacidad de tomar decisiones financieras informadas y apropiadas. Debido a la oferta acelerada y diversa de productos financieros en cuanto a número y complejidad, al crecimiento del crédito y al nuevo marco legal que regirá el sistema financiero nacional, se trata de un asunto fundamental.
La OECD ha publicado un conjunto de principios y buenas prácticas para la educación financiera. Los más relevantes: I) Los gobiernos y las partes interesadas deben promoverla de forma coordinada y sin discriminaciones. II) Iniciar en la escuela para que las personas sean educadas lo más temprano posible. III) Las IFIS deben promover que los clientes lean y comprendan la información que reciben. IV) Los programas de educación financiera deben enfocarse en aspectos de planificación, ahorros básicos, deudas, seguros y/o pensiones. V) Los futuros jubilados deben evaluar la adecuación financiera de sus esquemas de pensiones actuales (públicos y privados). VI) Deben existir campañas nacionales con alertas en temas de alto riesgo y fraude.
Considero que en Ecuador es necesario contar con la actualización del proceso de educación financiera y socializarlo. Proceso estructurado a partir de programas sistemáticos y permanentes, coordinado entre las entidades del Estado, sector privado y de la economía popular y solidaria. Las líneas fundamentales del programa de educación financiera deberían incluir temas como la importancia del ahorro nacional y familiar; conocimiento crítico productos y servicios financieros; crédito y riesgos del endeudamiento excesivo; orientación para el inversionista del mercado de valores; cultura previsional; conociendo el seguro de depósitos; lavado de dinero.
De contar a la fecha con un programa de educación financiero en implementación, los ciudadanos estaríamos en mejores condiciones para comprender los desafíos y oportunidades en nuestra vida diaria del nuevo Código Monetario y Financiero. Por ejemplo: I) Requerir que en la escuela se eduque lo más temprano posible en temas de educación financiera. II) Estaríamos más preparados para ahorrar, tomar microseguros, conocer sobre el uso del dinero móvil y su utilidad. III) Solicitar campañas nacionales de alerta en temas de fraude, como las pirámides.
La educación financiera ha sido exitosa cuando involucra a los interesados del sector público, privado, economía popular y solidaria, universidades, sociedad civil y cámaras. Se busca que los mensajes lleguen a diferentes segmentos de población y sean comprendidos por los destinatarios, más que posicionar marcas de una entidad específica. No hay que olvidar que en el caso de las cooperativas, la educación es además un proceso comprensivo, formativo y constante, que incluye a asociados, dirigentes y empleados, que tiene como uno de sus objetivos fortalecer el grado de pertenencia del asociado a la cooperativa e impulsar los pilares del Plan de la Década 2020, debe impulsar la participación, la sostenibilidad, el desarrollo de la identidad, promover el marco jurídico y fortalecer el capital.
Agosto 11, 2014 David
Reducir la dependencia de las exportaciones petroleras es el reto para el país
La Cepal resalta el crecimiento económico de los países de América Central y presenta expectativas positivas para Ecuador, mientras que la situación de Argentina causa incertidumbre.
La debilidad de la demanda externa, un bajo dinamismo del consumo interno, insuficiente inversión y un limitado espacio para la implementación de políticas que impulsen la reactivación harán que el crecimiento económico de la región sea de un 2,2% en este año, según el informe presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El informe, presentado la semana pasada, destaca que durante este año las economías centroamericanas mantendrían o superarían la tasa de crecimiento que se registró en 2013, en especial de Haití y República Dominicana, con una tasa de 4,4%. Las economías del Caribe de habla inglesa y neerlandesa crecerán un 2% en promedio, lo que indica la continuidad en su crecimiento observado en los últimos años. Mientras tanto, los países sudamericanos atraviesan una desaceleración generalizada, con la única excepción de Colombia y Ecuador.
Panorama positivo para Ecuador
El dinamismo del consumo interno y de la inversión serían las principales razones para el crecimiento económico del 5% de Ecuador, estimado por la Cepal. Así lo explicó Sandra Manuelito, oficial de asuntos económicos de esa entidad en una entrevista a MasQMenos desde Chile. Manuelito destaca que otro componente significativo para dinamizar la economía es la inversión por parte del sector público. “Lo importante es que el gasto sea financiado”, explica la experta, y añade que, en algunas economías de la región, la preocupación es que ese gasto -en un futuro- no se pueda financiar con los ingresos. En el caso ecuatoriano, la dinamización de la economía y alto precio del petróleo hacen posible el financiamiento de la inversión pública.
En 2013, el PIB de Ecuador creció un 4,5%, una tasa inferior a la registrada en 2012, en que la economía se había expandido el 5,2% (ver infografía). Para Manuelito, el principal reto para Ecuador es reducir la dependencia de las exportaciones de petróleo y diversificar la estructura productiva.
Tres países que llaman la atención
Panamá es una de las economías de la región que más ha crecido en los últimos años y ese crecimiento ha venido de la mano de un programa importante de inversión, tanto del sector público como del privado. Manuelito recuerda algunas obras de infraestructura que han permitido ese crecimiento, como el Metro de Panamá, la construcción de programas habitacionales y la expansión del Canal de Panamá.
El caso de Paraguay llama la atención porque mientras que en 2013 registró una tasa de crecimiento de 13,6, la estimación para este año es de 4,5. Según la representante de la Cepal, la cifra de 2013 respondía a una recuperación del sector agrícola, el mismo que representa un 20% de la economía del país y ese crecimiento representa la recuperación de los cultivos de soya. “El 4,5 actual es una tasa más sostenible en el tiempo”, dice Manuelito.
Por su parte, Argentina atraviesa una situación de incertidumbre. El nivel de expansión de su economía estará definido por el desenlace de la disputa contra los ‘fondos buitre’, los que recibieron el fallo favorable para cobrar $ 1.500 millones de bonos que entraron en default durante el colapso de la convertibilidad en 2002. Alicia Bárcena, directora de la Cepal, en una entrevista a Página 12, precisa que la proyección de expansión de la economía del 0,2% se realizó en julio. “Las estimaciones fueron anteriores a los hechos de la última semana (cuando los ‘buitres’ no aceptaron reponer el stay temporal sobre la sentencia de Griesa), por lo que las dejaremos en puntos suspensivos”, expresa.
Desafíos para la región
El informe concluye mencionando que las políticas que establezca cada Gobierno deben estar encaminadas a la igualdad, protección de los recursos naturales, para la política industrial y para el financiamiento inclusivo. Subraya la importancia de que los pactos se basen en procesos de diálogo en los países y que tomen en cuenta los distintos contextos nacionales, coyunturas y perspectivas históricas.
Fondos que no pasarían al Biess también cuestionan reforma
De los 64 Fondos Complementarios Previsionales Cerrados registrados en la Superintendencia de Bancos, 10 no serán administrados por el Biess si finalmente se aprueba en la Asamblea el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la Administración de los Fondos complementarios.
Esto, porque en su constitución y posterior funcionamiento no han recibido aportes del Estado. De estos Fondos, siete tienen relación con el sector público y tres con el sector privado. Sin embargo, directivos de dos de estos fondos tienen sus observaciones al proyecto de reforma y defienden el sistema que se aplica con la modalidad actual, es decir, a través de administraciones independientes.
En defensa de los Fondos:
Marcelo Suárez, gerente del Fondo de Inversión Social para los profesores y trabajadores de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), aseguró que, en general, los fondos tienen una buena conducción financiera y que manejan los recursos de acuerdo a lo que establecen los estatutos, ya que, incluso, son controlados por la Superintendencia de Bancos, a través de las respectivas auditorías, lo que genera confianza en los partícipes.
Esto le lleva a cuestionar el papel que jugaría una nueva administración. “No tengo conocimiento de la forma en que el Biess maneja, pero yo no sé si puede hacerlo mejor que los propietarios de los fondos, no le veo la razón. Incluso creo que no pueda dar mejores alternativas que las que tienen los fondos”, manifestó Suárez.
El argumento de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea para pasar 54 fondos a administración del Biess es que en algún momento recibieron recursos del Estado. El embajador Eduardo Cabezas, presidente del Fondo de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Servicios Exterior Ecuatoriano (Afese), dijo que aunque esos dineros hayan tenido origen estatal, al momento que se destina como apoyo al trabajador se convierten en privados, con lo que el beneficiario tiene la libertad de escoger qué hacer con ellos.
Añade que el Estado no entrega gratis esos recursos, ya que responde a una forma de reconocimiento al trabajo que realiza determinada persona.
“En definitiva le están pagando por un servicio que presta, no le regalan el dinero”, dijo el Embajador.
Por eso, a su criterio el que esos fondos sean administrados o no por el Biess debería ser decisión de los partícipes ya que, al final, son sus recursos los que están en juego y ellos sabrán en qué entidad confían para la administración. (HCR)
Esperan diálogo con el Presidente:
Representantes de 31 Fondos previsionales que posiblemente pasen al Biess se reunieron el pasado miércoles, para definir el camino a seguir en defensa de sus instituciones.
Al final de la cita se resolvió que el 18 de este mes acudirán al Palacio de Gobierno con la finalidad de dialogar con el presidente, Rafael Correa. Juan José Castelló, del Fondo del Magisterio, dijo que pedirán que se respete la personería jurídica de los fondos y que se deje en libertad a los partícipes de escoger quién administra los recursos.
“Los asambleístas plantean que esos recursos pasen al Biess, quién les da ese derecho de escoger que un privado sea administrado por una tercera persona”, manifestó Castelló.
El proyecto de reforma ya pasó el primer debate en la Asamblea Nacional. Luego del receso se incorporarán las observaciones presentadas en el debate.
Crédito, consumo y producción
Uno de los objetivos del Código Monetario recientemente aprobado es el de contar con la normativa legal y los instrumentos de política para direccionar el crédito hacia aquellos sectores de la economía que el Plan de Desarrollo del Gobierno considere prioritarios. En la concepción de la nueva matriz productiva sus diseñadores e ideólogos insisten en que se estimulará la producción (prominentemente la substitución de importaciones) y se regulará el crédito de consumo que, de manera expresa o implícita, se lo considera pernicioso.
Sin embargo, es evidente que el mercado ya se ha encargado de redistribuir el crédito y canalizarlo a través de otros filtros. El Estudio Económico de la Cepal para 2014 revela que el volumen global de crédito otorgado por los bancos privados subió al 11,5 % en 2013 (10,6 % en 2012); por tramos, el crédito productivo creció al 24,4 %, tasa que contrasta con el crédito de consumo que se expandió a una tasa de 3 %, y con el hipotecario que tuvo una contracción de 15,5 %. Al mismo tiempo, la posta crediticia cambió de protagonista: la cartera de consumo del Biess se expandió en 36,1 %; mientras que la de créditos hipotecarios lo hizo en 17,7 %. En el año actual estas tendencias se han consolidado.
La “recesión” relativa del consumo de los hogares es igualmente verificable: 3,4 % de crecimiento (versus 4,3 % en 2012); en el mismo período, el crecimiento del consumo público bajó a 4,3 % luego de una expansión de 7,6 % en 2012. La convivencia entre la desaceleración del consumo y la expansión de la producción, aún cuando resulta paradójica, puede explicarse por las asimetrías que existen entre el crecimiento del gasto público -en proyectos de inversión de alto costo y relativamente escasa generación de empleo- y el pausado crecimiento de la inversión privada. Dicho de otra forma, el notable esfuerzo de inversión nacional, no obstante constituir una plataforma de crecimiento, tiene un mayor impacto global que redistributivo.
La política pública debe sustentarse en los instrumentos del mercado. Detrás del crédito de consumo hay comercio, empleo, generación de ingresos, y por lo tanto crecimiento económico. El mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos es la mejor fórmula para asegurar un modelo de crecimiento y desarrollo sustentable y más equitativo.
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 artículo 139
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 artículo 307

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