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Timestamp: 2017-08-19 03:42:56+00:00

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novembre | 2008 | COLECTIVO BOLIVIANO CANADIENSE
Informe de Unasur: « Lo de Pando fue una masacre »
Posted in Derechos Humanos par colectivoboliviano sur 21 novembre, 2008
(Agencias).- « Lo de Pando fue una masacre; ésa es exactamente la palabra indicada porque es así como definen este tipo de hechos los protocolos internacionales », precisó Rodolfo Mattarollo, representante de la Comisión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) que investigó la matanza de al menos 20 personas entre el 11 y el 14 de septiembre en la localidad pandina de Porvenir.
Lo que ocurrió el 11 de septiembre pasado en el departamento amazónico de Pando, en Bolivia, fue realmente una matanza. Entre los 20 muertos, « tres muchachos fueron ajusticiados », declaró Mattarollo al diario español El País.
« Sectores cívicos prefecturales se organizaron para impedir que los campesinos llegaran a la ciudad. Se cavaron zanjas con excavadoras propiedad del Estado, con varios metros de profundidad », explicó Mattarollo.
Se estima que hay 70 desparecidos, pero « la única forma de saber exactamente el número de muertos y posibles desaparecidos sería establecer un censo o investigar denuncias precisas, pero eso es prácticamente imposible. En Pando ha cundido el miedo entre los campesinos. Es una gente tan desposeída que la mera idea de presentar una denuncia les resulta irreal », comentó el experto argentino.
Funcionarios de la Prefectura del departamento boliviano de Pando fueron halladas « judicialmente responsables » por la masacre de campesinos del 11 de septiembre, según concluyó la comisión investigadora de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur).
El informe establece « hechos, responsables y recomendaciones », e identifica a algunas « autoridades locales judicialmente responsables », adelantó Mattarollo a la agencia Telam.
El ex prefecto Fernández está imputado por los delitos de asesinato, terrorismo y asociación delictuosa, y permanece recluido en la cárcel de San Pedro de La Paz.
BOLPRESS, 21 de noviembre de 2008
El gobierno más « democrático » del planeta fue compinche de golpistas en Bolivia
Posted in Política par colectivoboliviano sur 19 novembre, 2008
El Presidente Evo Morales denunció en la OEA que Estados Unidos fue el único país que no censuró el golpe cívico empresarial
Washington, (PL y ALAINET).- El Presidente Evo Morales denunció hoy ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la manipulación política y el silencio cómplice del gobierno norteamericano respecto al golpe cívico contra su gobierno.
Morales viajó a Estados Unidos para intervenir ante las Naciones Unidas y la OEA, y reunirse con miembros del Congreso para tratar sobre « la peor crisis diplomática » en la historia de los dos países, con miras a normalizar las relaciones una vez que el Presidente electo Barak Obama asuma el cargo.
En una intervención ante el Consejo Permanente de la OEA, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) criticó a la Casa Blanca por distorsionar la situación del enfrentamiento al narcotráfico en la nación andina.
Jamás hemos defendido la cocaína y alcanzamos resultados concretos en su combate, sin embargo, nos anuncian sanciones como la suspensión de las preferencias arancelarias, explicó Morales, quien recordó la unilateralidad del mecanismo estadounidense de certificación en materia de drogas.
De acuerdo con el mandatario, semejante medida es una prueba de la politización del flagelo, cuya lucha -precisó- debe desarrollarse desde mecanismos regionales e internacionales y no a partir de venganzas por defender una ideología diferente.
Morales también fustigó la doble moral del gobierno del presidente George W. Bush respecto a la violencia desatada en Bolivia por sectores radicales de la oposición.
El país más democrático fue el único miembro de la OEA que se abstuvo de repudiar semejante actitud, a pesar de haber declarado una campaña contra el terrorismo, sentenció.
El mandatario de origen aymara denunció las labores de espionaje e injerencia desarrolladas en la nación andina por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), expulsada de Bolivia.
La DEA pinchaba (intervenía) teléfonos de dirigentes y mandaba a investigar cuentas bancarias de parlamentarios, apuntó.
EE.UU. y el golpe cívico en Bolivia
Morales se ha convertido en blanco de un complot estadounidense para desestabilizar y derrocar a su gobierno, afirma el analista Roger Burbach.
Los observadores de la política de Estados Unidos hacia América Latina tienden a considerar que la crisis en las relaciones con Bolivia responde a un descuido y torpeza hacia América Latina, debido a su participación en las guerras en el Medio Oriente y Asia Central. Al contrario, precisa Burbach, el intento de golpe en Bolivia fue una política consciente basada en la hostilidad estadounidense hacia Morales, su partido político el Movimiento Al Socialismo (MAS) y los movimientos sociales alineados.
« La Embajada de EE.UU. históricamente está acostumbrada a dictar su voluntad en Bolivia, con violaciones a nuestra soberanía, tratándonos como una república bananera », dice Gustavo Guzmán, expulsado como embajador de Bolivia en Washington, luego de la expulsión de Philip Goldberg el 10de septiembre de 2008, acusado de « conspirar contra la democracia y buscar la división de Bolivia ».
En las elecciones presidenciales en 2002 el embajador de EE.UU. Manuel Rocha hizo una campaña abierta en contra de Morales y amenazó que « si eligen a aquellos que quieren que Bolivia se convierta de nuevo en un gran exportador de cocaína, ello pondrá en peligro el futuro de la ayuda de EE.UU. a Bolivia ».
Poco después de su toma de posesión como Presidente, George Bush ofreció su ayuda a Morales para « llevar una vida mejor a los bolivianos ». Evo le pidió que reduzca las barreras comerciales para los productos bolivianos y le invitó a Bolivia, pero Bush no respondió.
El Subsecretario de Estado Thomas Shannon, el más alto oficial de EE.UU. que asistió a la toma de posesión de Morales, anunció su voluntad de diálogo, pero lo que vino fueron casi tres años de altercados diplomáticos, al tiempo que EE.UU. proporcionaba asistencia directa y encubierta al movimiento de oposición de los cuatro departamentos orientales conocidos como la « Media Luna », donde se había iniciado una ofensiva por la autonomía regional, poco después de que Morales asumió el cargo, explica Roger Burbach.
La administración Bush ha seguido una política de doble filo, similar a la estrategia que empleó para derrocar al gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende en Chile, en 1973.
Las negociaciones diplomáticas iniciadas por Shannon se centraron casi exclusivamente en las diferencias políticas en torno a las drogas. La administración Bush amenazaba constantemente con retirar o reducir la asistencia económica y las preferencias comerciales si Bolivia no cumplía con la política estadounidense de erradicación y penalización de la coca.
Al mismo tiempo, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) financiaba a los opositores de Morales. El Drug Enforcement Administration (DEA) de EE.UU., con 37 agentes en el país, parece haber actuado como la CIA, participando en operaciones políticas clandestinas con la oposición.
La intervención se hizo evidente desde el inicio de la administración Morales, con las primeras actividades de USAID a través de la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI). Luego de que Morales asumió el cargo, documentos de la USAID registran que la OTI se propuso « prestar apoyo a los gobiernos regionales incipientes ».
En total, dice Roger Burbach, la OTI canalizó 116 subsidios por 4,4 millones de dólares « para ayudar a los gobiernos departamentales a operar más estratégicamente ». En un esfuerzo por establecer vínculos políticos útiles, la OTI también llevó a prefectos departamentales para reunirse con gobernadores de EE.UU.
El National Endowment for Democracy (NED), fundado como un instituto semi-público durante los años de Reagan, ha sido particularmente activo en Bolivia. Financia a varios grupos y organizaciones, con un claro sesgo político, entre ellos el Instituto de Investigación y Capacitación Pedagógica y Social.
El Instituto se opuso a Morales en las elecciones de 2005, declarando en un informe sumario presentado a la embajada estadounidense que Morales y el MAS son una « oposición anti-democrática y radical » que no representan a la mayoría. El apoyo de NED a las actividades del Instituto continuó en 2006, luego que éste presentó un informe en el cual hablaba de su intención de « contribuir a mejorar el desarrollo municipal a través del monitoreo social eficiente y eficaz », revela Roger Burbach.
La Embajada de EE.UU. comenzó a movilizarse más abiertamente y a reunirse con la oposición de extrema derecha en la Media Luna a finales de 2007. El embajador Goldberg fue fotografiado en Santa Cruz junto con un magnate empresarial partidario del movimiento de autonomías, y un conocido narcotraficante colombiano quien había sido detenido por la policía local.
Morales dijo que el traficante estaba vinculado a organizaciones paramilitares de derecha en Colombia. Como respuesta, la embajada de EE.UU. afirmó que no podía revisar los antecedentes de cada persona que aparezca en una foto con el embajador.
En enero de 2008 se detectó que la Embajada estaba dando ayuda a una unidad especial de inteligencia de la policía boliviana. La embajada justificó que « el gobierno de EE.UU. tiene una larga historia de ayuda a la Policía Nacional de Bolivia en diversos programas ».
En febrero se reveló que voluntarios del Cuerpo de Paz y un becario Fulbright habían sido presionados por un oficial de la embajada para que vigilen a venezolanos y cubanos en el país, violando los estatutos del Cuerpo de Paz que prohíben todo tipo de actividades de inteligencia por parte de los voluntarios.
En diciembre de 2007, cuando la Asamblea Constituyente inició la votación sobre el proyecto final de la Constitución, la oposición tomó las calles en forma violenta y ocupó los principales edificios públicos en Sucre, exigiendo la renuncia del « indio de mierda Morales ». Fue entonces que dirigentes políticos y organizaciones empresariales de Santa Cruz y de otras ciudades de la Media Luna comenzaron a llamar abiertamente a la autonomía y a la secesión del gobierno central boliviano.
Al mismo tiempo, recuerda el analista Roger Burbach, la administración Bush comenzó a demostrar su apoyo a los comités cívicos opositores utilizando la « ayuda ».
La Millennium Challenge Corporation (MCC), creada en 2004 como un organismo del gobierno estadounidense « para trabajar con algunos de los países más pobres del mundo », había estado a punto de aprobar un fondo de 584 millones de dólares para financiar la construcción de una gran carretera para unir el norte de Bolivia con el resto del país, así como para realizar inversiones en proyectos agrícolas.
Sin embargo, en una carta dirigida a Morales en diciembre de 2007, la MCC afirmó que si bien « reconoce el rendimiento de su país de acuerdo a nuestros 17 indicadores… el estado actual de las relaciones EE.UU.-Bolivia no es consistente para una asociación de trabajo de este tipo ». Otro informe de la MCC fue aún más directo: El proyecto « se aplazó a causa de condiciones adversas, incluyendo los disturbios en torno al proceso de la Asamblea Constituyente ».
Estados Unidos estuvo involucrado abiertamente en la organización de la rebelión de los Comités Cívicos, que comenzaron a provocar inestabilidad económica, como ocurrió en Chile a inicios de los 70.
El Embajador Goldberg viajó a Santa Cruz el 25 de agosto para reunirse con Rubén Costas, el principal opositor de Morales y prefecto de Santa Cruz, quien se convirtió en el líder de facto de los prefectos rebeldes y del movimiento autonomista en general.
Apenas Goldberg se fue, Costas se declaró « gobernador » del departamento autónomo de Santa Cruz y ordenó la toma de las oficinas gubernamentales, incluidas las que recaudan los impuestos. Fue esta visita a Costas que Morales citó como la razón para declarar al Embajador Goldberg « persona non grata », el 10 de septiembre, dice el analista Burbach.
En septiembre, los doce gobiernos de UNASUR expresaron su pleno y decidido apoyo al gobierno constitucional del Presidente Evo Morales, pero Bush agudizó el conflicto la semana siguiente con la suspensión de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, afirmando que « Bolivia no ha cooperado con los Estados Unidos en los importantes esfuerzos para luchar contra el tráfico de drogas ».
La secretaria de Estado Condoleezza Rice señaló que « no hubo ningún examen ideológico para la cooperación y la amistad con EE.UU. » que haya llevado al recorte del acuerdo comercial con Bolivia.
Según Burbach, esta declaración fue una mentira diplomática: en 2006, el primer año de Morales en el cargo, la Oficina de Políticas Nacionales de Control de Drogas de EE.UU. informó que el cultivo de coca « estadísticamente no registro cambios en comparación con la estimación de 2005 ». Para 2007, la ONU informó de un aumento de sólo un 5 por ciento en el cultivo de coca. Ambos datos contrastan con Colombia, que registró un aumento de los cultivos de coca en un 27 por ciento, a pesar de su fuerte alianza con EE.UU.
El 1 de noviembre, Morales anunció la suspensión indefinida de las actividades de la Drug Enforcement Administration de EE.UU. en Bolivia, y la expulsión de sus37 agentes, acusados de espionaje político, incluida la financiación de grupos de delincuentes.
Identificó un agente clave de EE.UU. involucrado en estas actividades: Steven Faucette, agente regional de la DEA en Santa Cruz, que habría realizado viajes a Trinidad y Riberalta (ciudades de la Media Luna en las provincias de Beni y Pando, respectivamente), con el objetivo de financiar el golpe cívico.
Morales reveló que un avión con registro norteamericano denominado Super King había volado a los aeropuertos de la Media Luna sin registro de planes de vuelo ni notificación de la carga, en clara violación de la soberanía nacional. La inteligencia boliviana también descubrió siete casas de seguridad operadas por EE.UU. que llevaban a cabo actividades de espionaje político, incluyendo la vigilancia telefónica de autoridades políticas, policiales y militares.
El gobierno boliviano consignó lo que equivale a un arsenal militar de la DEA, incluyendo aviones, barcos, vehículos de transporte terrestre, equipos de comunicaciones y mil ametralladoras M-16.
Los Caminos que recorrió La Nueva Constitución
Posted in Política par colectivoboliviano sur 12 novembre, 2008
Por: Cynthia Cisneros Fajardo*
Modelo de desarrollo occidental: desigualdades sociales y negación de la identidad
Desde su nacimiento a la vida republicana muchos países latinoamericanos fueron constituidos bajo el concepto de Estado-nación en una visión del desarrollo desde el modelo occidental y monocultural, altamente parcializada sobre la realidad de estas regiones. Los esfuerzos por ignorar la diversidad cultural del país tanto en lo práctico como en el campo de las ciencias y la tecnología derivaron en el fortalecimiento de grupos minoritarios y elitistas bajo el amparo de un marco legal prácticamente inexpugnable para las grandes mayorías. Finalmente durante el siglo XX estos países afrontaron situaciones conflictivas en mayor o menor grado a través de sectores insurgentes al gobierno que manifiestan la irrupción de una crisis interna donde en algunos casos el peso de la estructura estatal logra imponerse instaurando gobiernos de terror como en el caso de Bolivia, Perú, Argentina y Chile entre otros.
Sin embargo ya a finales del siglo XX muchos de los diferentes gobiernos latinoamericanos como en el caso de Bolivia, adoptan un discurso democrático y progresista bajo el modelo económico neoliberal cuya finalidad última es la exacción de todos los recursos naturales a través de la apropiación de empresas estatales bajo la figura de la capitalización y donde el concepto de Estado Nación sirve aún de fachada ficticia mientras las grandes empresas transnacionales destruyen casi todas las formas de seguridad social dejando a los ciudadanos cada vez más indefensos. Miles de bolivianos son expelidos por el sistema y obligados a migrar para sobrevivir.
A este panorama se suma el fracaso de un modelo económico neoliberal que promete mayor participación popular y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos lo que se agrava con el fracaso contundente de una izquierda reformista que durante años se negó a entender el problema de la identidad como parte del proceso de cambio trasladando las demandas del pueblo a un problema de clase sin reconocer la existencia de una diversidad indígena y campesina, lo que permite el resurgimiento de los movimientos sociales
La guerra del Agua y la guerra del Gas son una muestra de lo que ya no podía permanecer por mucho tiempo más al margen de los acontecimientos dada la condición social, económica, política y cultural de sus habitantes, la demanda ya no es solamente por la nacionalización de los recursos sino aún más por el reconocimiento cultural a nivel de reivindicación identitaria, por el derecho a ser reconocidos como parte de un Estado diverso.
No obstante, los lastres de un Estado colonial y paternalista siguen vigentes como un ensañamiento de las élites a no perder lo que por años detentaron sin rendir cuentas a nadie, el desprecio hace gala de un doble discurso donde el racismo y la intolerancia son la base de una conciencia colectiva urbana de la autonegación desde las clases medias hacia todo lo rural y de la propia vergüenza de ser de extracción indígena en los sectores mestizos bajo la fachada de la Democracia.
Por ello, el hecho de inculcar la vergüenza por la propia identidad permite hoy entender porqué se impuso la ley tanto tiempo sin hallar oposición, porqué se logró violarla sin temer mayor reacción o protesta de gran parte de los ciudadanos, en tanto reconocemos que este sentimiento paraliza cualquier resistencia, impide rechazar, desmitificar o enfrentar la situación.
La vergüenza se instauró en el Estado Nación monocultural negando la propia identidad a favor de la adquisición de una ciudadanía que solo se reconocía, luego de la independencia, en un 2% de la población boliviana, desprotegiendo a ingentes sectores de seres negados. La vergüenza entre otras cosas logró distraernos de todo aquello que hubiera permitido rechazar el oprobio y exigir un ajuste de cuentas político con el presente. Esta autonegación sin embargo permitió que muchos de los marginados al no existir para el Estado irrumpieran en el ámbito político a través de manifestaciones contra el poder establecido que los oprimía demandando no solamente su derecho a la tierra y a la participación política sino como ya lo expresamos líneas arriba su derecho a la vida, a la identidad, el derecho a ser distintos en respeto a su propia cultura como una forma de demostrar que más allá de lo que ya no se puede perder queda aún el valor del ser humano y su derecho a existir.
Por ello 1990 inicia una etapa de demostración y medición de fuerzas a través del espacio simbólico de la reivindicación identitaria y de la dignidad desde los pueblos y naciones indígenas en la demanda por el reconocimiento de esta diversidad cultural, social, político y económica no como etnia o cultura que se consideran en tanto folcklore sino como el conjunto de naciones con el derecho legítimo de ser parte de una nueva estructura de gobierno y de marcar las nuevas reglas del juego desde las bases a partir de una Asamblea Constituyente.
Razones Fundamentales para la Constituyente
1. Somos un país mayoritariamente indígena (según el censo del 2001, un 62% se reconoce de extracción indígena) y debemos hacer que la realidad corresponda al ordenamiento legislativo.
2. Somos 37 culturas en un mismo país 3 grandes y 3 pequeñas, mestizos el 38% los aymaras el 25%, los quechuas el 30%, los pueblos indígenas del oriente y chaco el 7% (datos del INE, censo 2001).
3. Es necesario conciliar los pedazos de Bolivia que tienen una lógica liberal con los otros que no se canalizan a través de partidos, sino de comunidades, juntas de vecinos, gremios que son otra forma de identidad política, con una lógica comunitaria.
4. Estamos ante un posible quiebre geográfico del poder. El poder económico moderno vinculado a la globalización, a la inversión extranjera se desplaza hacia el oriente. Sin embargo el poder político está en occidente.
En este marco, se expresa la nueva forma de interpelar al poder en democracia. La elección de los constituyentes marca un hito histórico en el país en tanto participan por primera vez representantes de los pueblos y naciones indígenas originarias y campesinas bajo un criterio de paridad (hombre/mujer). La posibilidad de abrir el debate en un sistema nuevo de democracia donde por primera vez dialogan e intentan consensuar aquellos que siempre estuvieron en el poder y cuentan una preparación profesional (Doctorados, maestrías en Europa) además de una larga experiencia en el manejo político de este país y aquellos que siempre fueron el rostro negado de Bolivia, desde todos los rincones del país, quienes a pesar de la carencia de formación académica vienen a decir desde su experiencia no como se hace una Nueva Constitución; vienen a hacerla desde su propia realidad desde aquello que se conoce porque se lo vive día a día y aquello que ya no se quiere vivir más; vienen con una formación político sindical y en otros casos con una tradición milenaria de sus autoridades originarias. Son ahora los portadores del mandato de sus bases.
Obstáculos para la constituyente
De esta manera, la Asamblea Constituyente se instala es una realidad que se va envolviendo en una trama donde la correlación de fuerzas se mide por el en tanto conocimiento de la política interna del país, lo que permite a las élites presionar y actuar como si fueran mayoría para exigir una democracia de los 2/3 bajo el pretexto de resguardar el voto de las minorías sin perder espacio frente a una mayoría contundente que en el camino aprendió a tejer redes políticas pero que a pesar del mandato principal y a pesar de la experiencia histórica de marginación, tardó en sentirse parte de una identidad colectiva en construcción y que por lo mismo actuó como minoría en el poder quedando obligada a un consenso donde ambas mayoría y minorías tenían similar peso.
Esto supone, en primera instancia el traslado del reglamento de la cámara de diputados al reglamento de el Asamblea modificándolo en detalles de forma, en el entendido que quienes no conocen este reglamento ni las mañas para vulnerarlo, fácilmente pueden aceptar las condiciones y/o las “nuevas ideas” que pretendía incorporar la oposición en el trabajo de las comisiones, donde los abogados de la oposición eran capaces de confundir y hacer aprobar temas de la oposición bajo argumentos y palabras ambiguas propias del léxico jurídico; no obstante, se les “olvidó” considerar que parte de la tradición andina es el consenso y la coordinación continua con las bases lo que permitió el respaldo de muchos asambleístas para reafirmar su posición en tanto demanda no individual sino mas bien de la comunidad; además del proceso de construcción de redes colectivas internas donde se pudo apreciar que luego de varias discusiones, casi en todos los casos donde las decisiones fueron tomadas arteramente, estas se revisaron y cambiaron a favor de las mayorías, lo que puso de manifiesto que las transformaciones en democracia funcionan pacíficamente solo si el poder dominante y el gobierno están a cargo de las élites.
El trayecto histórico de la asamblea Constituyente
A causa de estos y otros obstáculos durante el proceso de elaboración de los artículos se demora aproximadamente un año y seis meses en discusiones que intentan lograr un equilibrio y un consenso que favorezca a las grandes mayorías de este país a partir no sólo de reuniones internas entre los propios asambleístas sino también entre estos y la sociedad civil en general a través de Foros Territoriales y Asambleas Departamentales. Si bien en un comienzo se tardó mucho (alrededor de cuatro meses) para discutir un artículo del reglamento interno que se refería a la forma de aprobación de los artículos, lejos de discutir sobre los problemas más urgentes de cómo organizar el nuevo Estado a impedimento de un consenso entre los asambleístas principalmente de oposición, pronto se llega a un acuerdo que pone al descubierto un nuevo elemento, la posibilidad de discutir con una oposición poco articulada sobre la base de un fundamento político e ideológico, y articulada mas bien en función de preservar sus privilegios de casta.
El debate entre ambas partes muestra así una oposición que hace un uso sedicioso de sus recursos institucionales con el objeto de perforar la misma democracia que dice defender y un oficialismo que en su diversidad requiere de un tiempo necesario aún para el reconocimiento como una sola fuerza. Comienza de esta manera un proceso de desmitificación de una clase gobernante profesional acostumbrada a mandar y una mayoría campesina e indígena mestiza acostumbrada a bajar la cabeza, que exige de aquí en adelante el mismo trato como asambleísta.
Primeros grandes productos de la Nueva Constitución
Sin duda, esta nueva etapa marca un hito dentro de una Asamblea Constituyente que aprendió en el camino el valor histórico y la importancia de ser parte de un proyecto nación, aún con las dificultades de no tener la preparación académica suficiente y las consecuencias que esto conlleva ya que si bien no se logró abocar del todo la atención de los constituyentes hacia los cambios estructurales que el país requería en su conjunto para un cambio radical, se logró algo más que una Constitución perfecta concebida por unos cuantos “iluminados”. Se logró la experiencia política de consensuar y llegar a acuerdos entre la oposición y el oficialismo sobre las necesidades mas urgentes de un cambio importante para el país, en tanto se resguarda la protección de los derechos no sólo individuales sino que además se incluyó los derechos colectivos en la necesidad del reconocimiento necesario sobre la participación política de los pueblos, naciones, y comunidades indígenas, originarias y campesinas. Se logró abrir el consenso a las mayorías en una estructura estatal de corte transversal y horizontal donde el pueblo tiene la potestad de elegir no solo a sus líderes sino también a sus jueces, a través de un proceso de reconocimiento constitucional de la ciudadanía desde el nacimiento del sujeto en suelo boliviano, así como la posibilidad con ello de acceder efectivamente a la representatividad a través del sufragio universal desde los 18 años, además de abrir la posibilidad de sancionar y/o revocar el mandato desde el ínfimo servidor público hasta el mismo presidente de la República. Una ciudadanía que interviene de manera directa en los estratos de poder ejecutivo, legislativo y judicial, permitiendo un mayor control y dando inicio a un lento proceso de transformación nacional donde los espacios de gobierno son penetrables, susceptibles de ser fiscalizados por el soberano, el pueblo.
En ese sentido el trabajo de las comisiones logró plasmar un acuerdo de ambas partes en tanto puso de manifiesto que cerca de un 40% de los articulados habían sido consensuados entre mayoría y minorías y un 20% no se había explicitado como consenso por el conflicto político que empezó a hacerse evidente. A ello se completó un 20 a 25% más realizado con el trabajo interpartidario conducido por el Vicepresidente. En definitiva encontramos que cerca de un 85% de contenidos fueron consensuados como un esfuerzo real de la mayoría por lograr un consenso nacional frente al atrincheramiento de la minoría que en definitiva pretendía mostrar la AC como un fracaso gubernamental.
En ese marco si bien el enfrentamiento continuo y sin pausa entre las dos lógicas la liberal y la comunitaria fue una constante, en el tramo final algunos partidarios del gobierno parte de la vieja izquierda pretendieron hacer que algunos borradores constitucionales se colaran para su aprobación lo que tuvo como respuesta de los constituyentes de la mayoría una actitud de reafirmar el principio que quienes debían debatir y redactar el texto constitucional eran ellos sin negar cualquier tipo de apoyo en la colaboración técnica, sin importar demasiado los plazos fijados por la propia ley de convocatoria, por ello fue preciso una ampliación del plazo de entrega de la Nueva Constitución política del Estado.
Finalmente y a pesar de los obstáculos donde la constituyente perdió mucho tiempo entre si debía ser una Asamblea Originaria o Derivada, si la votación era por 2/3 o por mayoría, si la capitalidad era un problema nacional o si obedecía a intereses sectoriales. A pesar de las humillaciones y la amenaza constante a la integridad física de los constituyentes de las mayorías principalmente; la Nueva Constitución Política del estado fue aprobada en grande el 24 de Noviembre del 2007 por 146 constituyentes de 10 fuerzas políticas.
El rol de la prensa y la televisión en el proceso constituyente:
Hacia que lado empujaron el carro, la prensa y la televisión
Sobre el punto es necesario recalcar que si bien la Asamblea constituyente fue una lucha de los pueblos por un reconocimiento real desde y hacia el Estado, el juego mediático que se impuso por quienes son dueños de los principales medios de comunicación, (radio, televisión y prensa) así como de quienes se reciclaron a través de agrupaciones ciudadanas y que sin embargo estuvieron junto a las élites presentes en gestiones anteriores de gobierno y que por consiguiente veían amenazados sus propios intereses en este proceso Constituyente, utilizaron la demanda legítima de una ciudad valiéndose de todos los medios posibles para tergiversar los intereses de un pueblo en función de sus propios intereses.
En este contexto, la demanda legítima de la ciudad de Sucre, como cualquier demanda de otro pueblo o ciudad del país que también intentara salir del atraso y el olvido a que se vio relegado durante tanto tiempo y producto de los anteriores gobiernos, se convirtió en un caballito de batalla de las élites que intentaba demostrar la incapacidad de un gobierno indio para escuchar a su pueblo y satisfacer sus demandas en un fracaso rotundo de la Asamblea Constituyente.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de este juego mediático donde la parcialidad de los medios informativos hacia la elite dominante fue notoria. A medida que se difundía como real, lo que sucedía en una parcialidad surrealista a través de consignas que denigraban la extracción humilde y la capacidad de los constituyentes indígenas y campesinos, despreciando y desacreditando el trabajo realizado hasta entonces como algo insulso e indigno por estar manchado de sangre, y de vicios de ilegalidad.
El rol manipulador de la prensa escrita, la radio y la televisión jugaron un papel importante en la construcción de significados en las mentalidades de los sectores populares y de clase media; acciones que empañaron la objetividad de los hechos, como en los casos del informe forense necesarios para encontrar a los verdaderos asesinos del pueblo en los hechos sangrientos sucedidos en Sucre durante la “manifestación pacífica”; donde según informes del gobierno, la policía estuvo armada tan solo de gases lacrimógenos durante los acontecimientos registrados en las jornadas que sufrió el acoso y la humillación de los manifestantes, hasta verse en la necesidad de huir de la ciudad de Sucre a riesgo de resguardar su propia integridad física.
Aún más, lo que no se mencionó en estos medios de información que luego marcharon pidiendo respeto a la libertad de prensa, es que durante la jornada del día 24 de Noviembre los cerros que rodean al liceo militar fueron tomados por hordas de la juventud cruceñista, recordemos que luego de lo acaecido el 24 de Mayo el director de radio Aclo en Sucre señaló que la mañana de ese mismo día llegaron a los hospitales jóvenes aparentemente intoxicados por los gases lacrimógenos, sin embargo luego de un estudio se determinó que estaban intoxicados pero por exceso de marihuana, jóvenes además armados de dinamita, llantas y piedras a manera de guerrilla y no de una manifestación estudiantil, y donde cerca de 1500 campesinos desarmados y agazapados alrededor del liceo militar realizaban desde dos días atrás una vigilia pacífica bajo la lluvia persistente; junto a grupos de campesinos que durante tres días antes habían sido expulsados por algunos alumnos de la Facultad Pedagógica sin considerar que entre los marchistas había un 20% de ancianos que superaban los 65 años para adelante. Ningún medio de prensa registró los casos de enfermedad como el de un campesino con epilepsia que no pudo ser atendido en medio del tumulto y que a pesar del conocimiento de este caso por los “líderes estudiantiles” de dicha facultad, no fue suficiente para calmar a una turba de 300 estudiantes que despotricaba en la antesala de la Facultad a fin de desalojar a los campesinos en medio de la lluvia sin lugar donde guarecerse bajo la excusa de que los estudiantes no querían meterse en política según se registra en testimonios de algunos asambleístas y técnicos de la Repac. Un “Octubre mediático prefabricado” que aún sigue impune
La Dramática aprobación de la Nueva Constitución
En medio de ésta epopeya, los constituyentes lograron huir a las 2 de la mañana cruzando el río que desagua las aguas servidas de la ciudad porque no hubo un plan de evacuación ya que según lo previsto
las manifestaciones del pueblo por lo general no actúan con una estrategia militar como la que se vió en la toma del cerro por parte de “los estudiantes”.
De esta manera gracias a la persistencia de los constituyentes la Nueva Constitución Política del Estado fue aprobada en Detalle y Revisión el 9 de diciembre del 2007 en la ciudad de Oruro, por 164 constituyente de 10 fuerzas políticas, mientras que en la calle grupos de ciudadanos de la urbe alteña, paceña y orureña, así como representantes de pueblos y naciones aledañas realizaron durante toda la noche una vigilia pacífica con letreros que rezaban “El poder de tus brazos Oruro, Recibe a los Constituyentes”. Una vez adentro los constituyentes, el pueblo presente no permitió salir a ninguno hasta que no se aprobara el Nuevo texto Constitucional con la finalidad de lograr el quórum necesario para la aprobación.
Uno de los puntos importantes en esta sesión fue el tema de la capitalidad que se solucionó finalmente con el artículo 6 de la Nueva Constitución Política del Estado, donde se indica que Sucre es la capital de Bolivia, pero el artículo 125 inciso 3 daba el cierre a este serie de atropellos que resguardaban el interés de las élites, estipulando lo siguiente, : …comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que promuevan acciones para la desintegración territorial o atenten contra la unidad del país.
De esta manera el Nuevo Texto Constitucional se entregó oficialmente al Presidente de Gobierno Evo Morales Ayma, el día 14 de Diciembre en medio de la fiesta y la comunión de los representantes de pueblos y Naciones indígenas y originarias y campesinas que tomaron la Plaza Murillo desde tempranas horas para festejar la entrega de una Nueva Constitución Política del Estado.
Legalidad y Legitimidad del Proceso Constituyente
Se cuestionan varios puntos en lo que se refiere a la Legalidad del Texto Constitucional a saber:
– Cambio de Sede, sin considerar que esto era necesario para resguardar la integridad física de los asambleístas, luego de las agresiones verbales y físicas vividas en la ciudad de Sucre.
– Modificación del Reglamento, El artículo 7 del reglamento interno de la Asamblea permite sesionar de forma extraordinaria y con carácter de urgencia, según una modificación que se realizó con la aprobación del oficialismo y la oposición en virtud del largo proceso que hubiera requerido la aprobación de las 21 comisiones en sesión plenaria.
– Ausencia de Quórum en los Asambleístas, sin considerar que a pesar de todo participaron 10 fuerzas políticas de las 16 y se cumplió con lo exigido por el reglamento
Por último se cuestiona no haber respetado un artículo del reglamento interno que estipula que todos los artículos, deberán ser aprobados por 2/3 del total de los constituyentes; hecho que sin embargo se respetó, ya que si bien se aprobaron los artículos se dejó uno para el referéndum dirimidor, es decir se puso a disposición del soberano, en ese sentido de logró cumplir con el mandato del pueblo aprobando todas las constituciones menos un artículo, lo que dejaba sin efecto el artículo arriba mencionado.
En lo que respecta a la Legitimidad no se considera lo siguiente:
1. El cuestionamiento que se hace para estigmatizar el trabajo de los constituyentes como el trabajo que favorece a la demanda de un partido y no de varios sectores sociale, que expresaron sus demandas a través de Foros territoriales y audiencias públicas realizadas en los 9 departamentos, durante todo el proceso de elaboración y sistematización de los nuevos articulados.
2. Se niega el carácter democrático en la elección y participación de los constituyentes representantes de todo el país a pesar de la Ley de Convocatoria que impulsado por la oposición limitó la participación de algunos sectores que no pertenecieran a algún partido reconocido o que no alcanzaron a llenar los requisitos exigidos por dicha ley
3. Se niega el consenso al que arribaron fuerzas políticas de mayoría y minoría antes de la aprobación en grande, según el informe del PNUD.
Por todo lo expuesto consideramos necesario asumir que los contenidos logrados son parte de un proceso constituyente, y que por lo tanto el actual proyecto es un documento que condensa la diversidad y sus propias contradicciones, un documento que propone un horizonte de caminata, pero que en definitiva a través de su apropiación transita hacia una construcción colectiva de una verdadera democracia. Por lo tanto, el espacio constituyente más allá de simplemente elaborar un texto constitucional, fue y es un espacio político de reconstitución y encuentro de la representación popular, que en primera instancia avanza para armar un proyecto nacional.
Por último reconocer que el proceso de cambio en el país transcurre a través de la acción del poder ejecutivo y de un liderazgo definido, que impulsa el espacio constituyente como parte de la construcción democrática, de la deliberación y la consulta en una nueva manera de vivir la democracia.
En el caso nuestro, la correlación de fuerzas es entre oriente y occidente, entre una oposición conservadora « nucleada » en torno al tema de las autonomías departamentales y un gobierno con su base social dura en la región andina.
En más de una oportunidad señalamos que nos parecía excesivo e innecesario el radicalismo verbal de las autoridades del gobierno contra los terratenientes, especialmente por no diferenciarlos de los productores agropecuarios empresariales, lo que acabó terminando en un discurso gubernamental anti cruceño. Advertimos que habría un efecto « bumerang » que acabaría cohesionando a toda la región oriental en contra del gobierno central.
A estas alturas, no queda la menor duda de que el pacto logrado hace algunas semanas entre el gobierno del MAS con la oposición bicéfala -por un lado las prefecturas del « cuarto menguante » y por otro las minorías políticas de PODEMOS, UN y MNR en el Congreso- ha sido posible a costa de arriar las banderas de la revolución agraria, especialmente en cuanto a la reversión de los latifundios por extensión.
Pero ocurre que ni el enorme poder de este gobierno -67 % del voto en el referéndum del 10 de agosto a favor del Presidente- es suficiente para doblegar a los « barones del oriente » que desde hace medio siglo se las arreglan para impedir que sus intereses fundiarios sean afectados.
Reiteramos una vez más que la proclama departamental autonomista tiene en el centro de su razón de ser la defensa encubierta de enormes cantidades de tierras mal habidas, chutas o con derechos propietarios febles. Una clase dominante que vive de la renta del suelo no puede permitir que la base de su poder -la tierra- le sea arrebatada, y menos aún por un « gobierno de indios collas ».
En efecto, son varios de ellos los que poseen inmensas superficies de tierras escasamente trabajadas y que bajo el argumento de la « carga animal » o de las recurrentes inundaciones en las tierras bajas, o de la « ganadería extensiva », conservan derechos propietarios no saneados (chutos) a nombre suyo propio, de sus parientes, amigos o grupos familiares, cuando no de « palos blancos ».
Es una ironía que la « revolución en democracia » caiga en argumentos leguleyos para explicar lo que realidad es una decisión política pactada con los sectores del poder en el oriente. Pero lo reiteramos, si esta notable concesión es el precio que el gobierno tiene que pagar para garantizar su continuidad en el poder por otros seis años, bienvenida sea. Lo que si es inaceptable, es que desde el gobierno se nos diga que el proyecto de Nueva Constitución Política del Estado en materia agraria, y más particularmente en la materia de tierras, es revolucionario, porque sencillamente no lo es. Es tan reformista como lo fue durante el medio siglo pasado.
El simple hecho de que de ahora en adelante, desde que se apruebe la Nueva CPE en enero del 2009, todos los propietarios privados de tierras mayores a la pequeña propiedad tengan que ser manejadas como « empresas » (artículo 315), es decir con libros contables, inventarios, flujos de caja, o que se tome como criterio exclusivo su rentabilidad financiera, no es argumento suficiente para convertir un latifundio de superficie ilimitada (cincuenta mil, ochenta mil o cien mil hectáreas) en una empresa capaz de cumplir con la Función Económico Social y por ende compatible con el interés de la sociedad y del Estado.
¿Cuáles son las condiciones para que la rentabilidad financiera de la empresa, es decir de los capitales invertidos, sea compatible con la rentabilidad de la sociedad en su conjunto? No basta pues con que a futuro las empresas agropecuarias sean « modernas y eficientes », si la rentabilidad económica y ambiental no lo es para toda la sociedad.
BOLPRESS, 12 noviembre de 2008
Informe del PNUD revela que existen más de 166.000 nuevos pobres en Bolivia
Posted in Política par colectivoboliviano sur 11 novembre, 2008
La Paz, 11 Nov (Erbol).- Hasta el año pasado se registró en Bolivia 166.869 nuevos pobres a pesar de que la economía creció en esa gestión un cinco por ciento, según revela el informe “La Otra Frontera” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El documento, que es el resultado de casi tres años de investigación a cargo de técnicos de este organismo internacional, devela a Bolivia como un país que registra nuevamente un “crecimiento empobrecedor”.
El representante Residente del PNUD en Bolivia, Yoriko Yasukawa, afirmó que es no es un informe que “muestra un futuro posible desde las experiencias exitosas del presente, y describe experiencias de desarrollo verdes y justas que no están basadas en mano de obra barata ni recursos naturales primarios”.
El documento plantea que los recursos naturales no tienen por qué ser una fatalidad en Bolivia, pero que requieren de nuevas formas de aprovechamiento.
Asimismo, sostiene que el Gobierno de Evo Morales desde que asumió el “Poder del Estado” enfatizó casi en todos sus discursos diarios que la economía del país está mejor que nunca y sin precedentes a comparación de otras gestiones “neoliberales”.
Las autoridades gubernamentales, agrega, lanzan discursos llenos de cifras impresionantes, como el pasado fin de semana, cuando el Vicepresidente Álvaro García Linera, aseguró que este año el país generó una riqueza de más de 19 mil millones de dólares estadounidenses.
Sin embargo; el número de nuevos pobres en Bolivia se expresó en más de 166 mil, según este informe de PNUD.
Los precios de los productos de la canasta familiar aumentaron, la distribución normal de carburantes en el país casi desapareció, ya que todos los días se registran largas filas de automóviles y personas con sus garrafas casi en todas las poblaciones de los nueve departamentos del país.
TERMINO SU TRABAJO LA COMISION INVESTIGADORA DE LA MASACRE DE PANDO
PÁGINA 12, 6 noviembre de 2008
Observan al juez que ayuda a Branko en el juicio Laguna Corazón
Posted in Política par colectivoboliviano sur 3 novembre, 2008
El ex sub secretario de Banzer Gerardo Torres Antezana dotó a un privado el predio Laguna Corazón en 1976; ahora que es vocal de la Sala Penal Primera de La Paz quiere trasladar el proceso contra Marinkovic a Santa Cruz
La Sala Penal Tercera de la Corte Superior de La Paz anuló una resolución judicial que disponía trasladar de La Paz a Santa Cruz el proceso penal instaurado por el Viceministerio de Tierras en contra Branko Marinkovic por la apropiación ilegal de Laguna Corazón, predio de más de 14 mil hectáreas situado en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz.
La presidenta de la Sala Penal Tercera Blanca Alarcón y el vocal William Alave dejaron sin efecto un auto de vista emitido por los vocales de la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Gerardo Torrez Antezana y Ángel Aruquipa Chúi, y les ordenaron dictar una nueva resolución en apego a la Ley y tomando en cuenta documentación fidedigna.
El Estado inició un proceso penal contra el empresario Branko Marinkovic el 10 de julio de 2007 por la comisión delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado en el saneamiento de la propiedad agraria Laguna Corazón. El INRA nacional descubrió hechos delictivos en las carpetas de saneamiento del predio.
La Fiscalía General de la República determinó que el proceso penal y las investigaciones sean tramitados en el Distrito Judicial de La Paz. Marinkovic presentó un recurso de excepción por incompetencia por razón de territorio, argumentando que los delitos por los que se le acusa fueron cometidos en Santa Cruz, donde habita y trabaja, y donde se hallan las principales pruebas materiales de los delitos denunciados. El imputado goza de gran influencia política en Santa Cruz.
El 13 de septiembre de 2007, el juez 6to. de Instrucción en lo Penal Alvaro Melgarejo declaró probada la Excepción de Incompetencia territorial planteada por Marinkovic y otros, contrariando un antecedente jurisprudencial de 2003, en el que declaró improcedente un pedido de excepción de incompetencia con la misma estructura procesal, hechos procesales e identidad de los tipos penales.
El Viceministerio de Tierras y el Ministerio Público apelaron a este primer fallo a favor de Marinkovic y el caso llegó a conocimiento de la Sala Penal Primera a cargo de los jueces Gerardo Torrez Antezana y Angel Aruquipa Chui, quienes, sin mayor fundamento, ratificaron la resolución de Melgarejo.
El lunes 11 de febrero de 2008, la Sala Social Administrativa Tercera constituida en Tribunal de Garantías Constitucionales determinó que la resolución de Torrez y Aruquipa viola el derecho al proceso del recurrente y carece de fundamentación necesaria.
En consecuencia, declaró nula la resolución 926/2007 y su auto complementario del 29 de noviembre de 2007, e instó a los vocales a presentar una nueva resolución sobre el proceso que sigue el Viceministerio de Tierras contra la familia Marinkovic por apropiarse tierras de la Reserva Forestal de Guarayos.
El 29 de febrero de 2008, los vocales Torrez y Aruquipa dispusieron que la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz remita antecedentes originales del proceso. El 3 de marzo, Nenad Matkovic, apoderado legal de los imputados, solicitó que se dicte una nueva resolución en base a « fotocopias legalizadas » y no a partir de « antecedentes originales ».
El 12 de marzo, 2 días después de recibir las « fotocopias legalizadas », los vocales Torrez y Aruquipa emitieron la Resolución 238/2008 ratificando el traslado del proceso a Santa Cruz.
El 31 de octubre, la presidenta de la Sala Penal Tercera Blanca Alarcón y el vocal William Alave ordenaron a Torrez y Aruquipa dictar una nueva resolución tomando en cuenta documentación fidedigna.
El « padrino » de Laguna Corazón
El Viceministerio de Tierras denunció que Gerardo Torrez participó directamente en la tramitación de uno de los antecedentes agrarios del predio Laguna Corazón.
Cuando ejercía la función de sub secretario de la Presidencia en el gobierno de facto de Hugo Banzer Suárez en 1976, Torres Antezana firmó la resolución de dotación del predio Laguna Corazón a favor de Abel Añez Rivero (primer beneficiario) sin considerar que dicha área fue declarada reserva forestal.
Tres décadas después, este mismo juez conoció el litigio de Laguna Corazón como vocal de la Sala Penal Primera de La Paz y favoreció a Marinkovic validando el traslado del proceso a Santa Cruz.
« Estamos profundamente sorprendidos por la falta de ética -por decir lo menos- de este vocal que no se excusó y resolvió muy ágilmente la apelación a favor de Marinkovic. Tomaremos las acciones que tienen lugar de acuerdo a derecho para que este proceso penal sea resuelto con la mayor transparencia y justicia, y sin las presiones ni las influencias oscuras de los grupos de poder », aseguró el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz.
En 1974, el juez Torrez obtuvo una dotación de 10 mil hectáreas de tierra en la provincia Chiquitos cuando fungía como asesor de Banzer.
BOLPRESS, 31 de octubre 2008

References: artículo 6
 artículo 125
 artículo 7
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