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Timestamp: 2019-08-20 07:15:24+00:00

Document:
STC 241/1994, 20 de Julio de 1994 - Jurisprudencia - VLEX 15355708
STC 241/1994, 20 de Julio de 1994
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 3.877/1993
1. El trámite previsto en el art. 52 LOTC está concebido para que puedan participar en el proceso de amparo aquellos que puedan verse afectados por su resultado final, interesados en cuanto fueron parte en el procedimiento que culminó en la resolución que se impugna, efectuando las alegaciones que estimen convenientes al respecto. Pero en ningún modo es admisible que el referido trámite sea utilizado para, so pretexto de apoyar los argumentos del actor, ejercitar una pretensión de amparo sustancialmente independiente, asumiendo uno de los comparecientes una posición que sólo es propia del demandante de amparo [F.J.3]. 2. Desde el momento en que la decisión judicial tiene como efecto la prolongación de la prisión provisional -y por tanto la superación de los plazos en que el sujeto se encuentra en una situación «excepcional» (STC 32/1987)- y se basa dicha prórroga en un presupuesto legalmente no contemplado -pues la Ley se apoya sobre la pena impuesta en Sentencia, no en la potencialmente imponible-, tal decisión ha restringido el derecho fundamental del actor a la libertad personal al márgen del único cauce, el legal, que hubiera amparado dicho resultado, lo que obliga a considerar que, efectivamente, se ha vulnerado el art. 17.1 y 4 C.E [F.J.5].
Sentencia citada en: 241 sentencias, 12 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 3.877/93, promovido por don Feuci C. Y. representado por la Procuradora de los Tribunales doña Sofía Guardia del Barrio y defendido por el Letrado don Juan Manuel Hernández Rodero, contra el Auto, de fecha 25 de octubre de 1993, dictado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (rollo 23/92 dimanante del sumario 19/90 del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 y Auto, de fecha 22 de noviembre de 1993, dictado por el mismo Tribunal que desestimó el recurso de súplica interpuesto contra el Auto anterior, sobre prisión provisional. Han comparecido, además de la parte recurrente, el Ministerio Fiscal, la Procuradora doña Aurora Gómez-Villaboa y Mandri, en nombre y representación de don Cemal N. asistido de Letrado, y la Procuradora doña Carmen Armesto Tinoco, en nombre y representación de don Huseyin K. asistido de Letrado. Ha sido Ponente el Presidente don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el 23 de diciembre de 1993, la Procuradora de los Tribunales doña Sofía Guardia del Barrio, actuando en nombre y representación de don Feuci C. Y. interpuso recurso de amparo contra los Autos dictados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 25 de octubre y 22 de noviembre de 1993, este último desestimatorio del recurso de súplica contra el dictado sobre prisión provisional.
La Sala estimaba, en dicha resolución, que, habiéndose deliberado y votado sobre los hechos imputados al señor Y., y siendo la pena decidida «de no menos de doce años de privación de libertad», procedía dicha prórroga (art. 504.5 L.E.Crim.) «sin esperar a que se dicte la Sentencia, cuya íntegra formulación y redacción podrá dilatarse por razón de las otras muchas cuestiones de hecho y de Derecho que habrán de ser objeto de deliberación y votación y que tendrán que plantearse en ella».
d) Recurrido en súplica el referido Auto, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional lo desestimó, por entender que no era trascendente «el hecho de que la Sentencia ya deliberada, aunque no fuera notificada por estar pendiente de su redacción material», en cuanto no varía «la normativa relativa a la prórroga de la prisión». Dicho Auto, de fecha 22 de noviembre de 1993 es también recurrido en amparo. Entretanto, el 16 de noviembre de 1993, la Audiencia Nacional dictó Sentencia.
4. Por providencia de 14 de febrero de 1994, la Sección Primera acordó admitir a trámite el recurso de amparo, requiriendo a la Audiencia Nacional y al Juzgado Central de Instrucción núm. 5 para que remitiesen las actuaciones y emplazasen a quienes hubieran sido parte en el proceso. Han comparecido, por escrito registrado el 19 de abril de 1994, la Procuradora de los Tribunales doña Aurora Gómez-Villaboa y Mandri en nombre de don Cemal N. por escrito registrado con fecha 25 de abril de 1994, doña María A. S. A. Procuradora, en nombre y repre sentación de doña Dolores L. y don Andrés C. posteriormente desistidos por escrito de fecha 5 de mayo de 1994; y don Huseyin K. representado por la Procuradora doña Carmen Armesto Tinoco, por escrito depositado en Juzgado de Guardia el día 25 de abril de 1994 y registrado en este Tribunal el día 26 del mismo mes y año.
5. Abierto el plazo de alegaciones previsto en el art. 52 LOTC, por providencia de este Tribunal de 3 de mayo de 1994, efectuó las suyas la representación de don Huseyin K. por escrito de fecha 24 de mayo de 1994, registrado en este Tribunal el día 25 de mayo. En ellas, manifestaba su adhesión a las efectuadas en su día en la demanda de amparo, «haciéndolas suyas en relación a la vulneración constitucional existente al proceder a la ampliación de la prisión preventiva del mismo y de mi representado».
Recuerda el Ministerio Público que el art. 504 L.E.Crim. permite que la situación de prisión provisional dure hasta dos años si la causa que se sigue lo es por delito al que corresponde pena superior a la de prisión menor, y permite la prórroga de dicha situación hasta cuatro años «concurriendo circunstancias que hagan prever que la causa no podrá ser juzgada en estos plazos y que el inculpado pudiera sustraerse a la acción de la justicia», añadiendo que «una vez condenado el inculpado, la prisión provisional podrá prolongarse hasta el límite de la mitad de la pena impuesta en la Sentencia cuando ésta hubiera sido recurrida».
Es doctrina reiterada de este Tribunal que toda limitación del derecho a la libertad personal ha de interpretarse restrictivamente y a favor del derecho fundamental, puesto que «la observancia de los plazos legalmente establecidos para la prisión provisional forma parte de la garantía constitucional de la libertad personal consagrada en el art. 17 C.E.» (SSTC 41/1982, 124/1984, 85/1985, 32/1987, 34/1987, 40/1987, 103/1992 y 13/1994; ATC 447/1989).
De este modo, quedaría en pie el problema de si se ha vulnerado algún precepto constitucional por el hecho de que la prórroga de la prisión provisional no se haya acordado una vez dictada Sentencia, sino una vez que se deliberó y votó la pena a imponer, antes de la redacción formal de la resolución judicial. Desde luego, la importancia del asunto se reduce desde el momento en que se ha dictado ya Sentencia condenatoria a la pena de doce años de prisión mayor (STC 9/1994), pero, incluso prescindiendo de este dato, en el momento en que se había acordado la prórroga no había sido redactada la Sentencia aunque el Tribunal «sí había formulado expresamente el fallo de la misma a los efectos que interesaban a la prisión provisional». Por esto, y por el «menor rigor que exige el Tribunal Constitucional en el cumplimiento del momento en que se prorroga la prisión, siempre que ésta no exceda del tiempo previsto en la Ley», sería posible entender que en este caso no habrían traspasado los límites de la legalidad ordinaria, sin vulnerarse el derecho a la libertad.
7. Por escrito registrado en este Tribunal el 31 de mayo de 1994, la Procuradora de los Tribunales doña Aurora Gómez Villaboa y Mandri, en nombre y presentación de don Cemal N. efectúa alegaciones solicitando de la Sala reclame a la Sección Segunda de este Tribunal las actuaciones correspondientes a la demanda de amparo núm. 237/94, a efectos de su unión al presente recurso.
8. La representación del actor en amparo efectuó sus alegaciones por escrito depositado en el Juzgado de Guardia el 27 de mayo de 1994, y registrado en este Tribunal el 31 de mayo de 1994. En su escrito se ratifica en las efectuadas en la demanda, si bien subraya que la imputación de dilaciones indebidas tuvo lugar por la incoación de una «macrocausa» en la que estaban implicadas hasta setenta personas, y en que la dilación se produjo por causa no imputable al actor. Subraya, asimismo, la indefensión causada al recurrir en súplica el auto de 25 de octubre de 1993, pues no constaba en modo alguno la causa por la que se le consideraba susceptible de ser sometido a la prórroga de la prisión provisional.
1. La demanda de amparo centra su queja en la infracción del art. 17 C.E., en cuanto garantiza el derecho a la libertad personal del actor, por las resoluciones judiciales impugnadas, que estimaron (art. 504.5 L.E.Crim.) suficiente para entender procedente la prórroga extraordinaria de la prisión provisional hasta la mitad de la duración de la pena prevista el hecho de que ya hubiera deliberado el Tribunal sobre la que pudiera imponérsele al hoy actor, aunque aún no se hubiera redactado materialmente la Sentencia «por razón de las otras muchas cuestiones de hecho y de Derecho que habrán de ser objeto de deliberación y votación y que tendrán que plantearse en ella». Junto a esta imputación central, existen otras dos, referidas a pretendidas vulneraciones del art. 24 C.E., que por su naturaleza estrictamente procesal deberán ser examinadas en primer lugar.
2. Sostiene el hoy actor que las resoluciones judiciales impugnadas vulneran el art. 24.1 C.E., porque no se encuentran adecuadamente motivadas, y ha de descartarse el fundamento de la demanda en este extremo. En efecto, la sola lectura de las resoluciones impugnadas pone de manifiesto que en ambas existe una exposición adecuada y suficiente del razonamiento que condujo al órgano judicial a resolver que, además, se halla fundado en una norma legal (el art. 504 L.E.Crim.). Puede sin duda discreparse de ese razonamiento -e incluso afirmarse de él que es contrario a la Constitución-, pero por este sólo motivo la cuestión de la motivación de la resolución judicial no adquiere relevancia constitucional porque «a efectos del art. 24.1 C.E., la cuestión no es... la de la mayor o menor concreción en la interpretación de la legalidad sino, para respetar el propio ámbito del recurso de amparo constitucional, el terreno de la arbitrariedad o manifiesta irrazonabilidad», entendiendo por tales aquellos supuestos «en que la resolución» judicial sea manifiestamente infundada, arbitraria, que no podría considerarse expresión del ejercicio de la justicia, sino simple apariencia de la misma» (STC 148/1994, fundamento jurídico 4.). Por esta razón debe desestimarse la demanda en este punto.
Pero, además, ha de ponerse de manifiesto que el actor, en su demanda y a lo largo de la tramitación del recurso de amparo, se ha limitado a alegar la excesiva duración del procedimiento, sin argumentar mínimamente el carácter «indebido» de las pretendidas dilaciones experimentadas. Y, sobre todo, no consta en ningún momento que hiciera valer esta alegación ante los Tribunales de instancia, que hubieran sido los llamados en primer lugar a poner término a la anómala situación denunciada. Por ello, la parte ha incumplido la exigencia impuesta en el art. 44.1 c) LOTC como requisito de inexcusable observancia para la admisibilidad del propio recurso de amparo. Con ello, y en lo relativo a la denuncia que ahora se analiza, la demanda incurría en el motivo de inadmisión previsto en el art. 50.1 a) en relación con el citado art. 44.1 c) LOTC, por lo que, en este estado de las actuaciones, debe procederse a su desestimación.
Antes de entrar a conocer del fondo del asunto, es preciso, sin embargo, realizar una puntualización adicional en relación con las alegaciones efectuadas por el señor K., comparecido en este proceso, que pretende, en sustancia, que se le hagan extensivos en su caso los efectos de la Sentencia estimatoria que en su día pudiera dictarse por este Tribunal, pero es claro que esta solicitud no puede ser aceptada. El trámite previsto en el art. 52 LOTC está concebido para que puedan participar en el proceso de amparo aquellos que puedan verse afectados por su resultado final, interesados en cuanto fueron parte en el procedimiento que culminó en la resolución que se impugna, efectuando las alegaciones que estimen convenientes al respecto. Pero en ningún modo es admisible que el referido trámite sea utilizado para, so pretexto de apoyar los argumentos del actor, ejercitar una pretensión de amparo sustancialmente independiente, asumiendo uno de los comparecientes una posición que sólo es propia del demandante de amparo. No habiendo sido el señor K. demandante en el presente recurso, por tanto, no procede examinar en este momento unas alegaciones que sólo debieran de ser objeto de análisis en un recurso de amparo autónomo.
Tampoco es posible acceder a la solicitud del señor C. N. de que se proceda a acumular las actuaciones del presente recurso de amparo con el interpuesto por él en su día (registrado con el núm. 237/94), al haber concluido el proceso a que se contrae su petición con la providencia de la Sección Tercera de este Tribunal, de fecha 23 de mayo de 1994.
4. La alegada vulneración del derecho de libertad personal del hoy actor tiene su fundamento último en el art. 17.1 C.E., en cuanto reconoce el derecho de toda persona a la libertad, sin que nadie pueda «ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la Ley»; este precepto, en conexión con el art. 17.4 -específico de la prisión provisional- reitera un mandato clásico en los Tratados internacionales suscritos por España que tutelan esta manifestación básica de la libertad del ser humano. Como ellos, la Constitución española hace especial hincapié en la previsión legal -y en la escrupulosa observancia de lo establecido al respecto- de las «causas» y el «procedimiento» que conducen al resultado de privación de libertad (art. 9.1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y art. 5 C.E.D.H.), como presupuesto de la legitimidad de dicha privación.
Así se conforma «un auténtico derecho fundamental que asiste a todo preso preventivo» (SSTC 8/1990 y 206/1991, entre otras), en cuya efectividad la Ley ordinaria -dentro de los límites que le marcan la Constitución y los Tratados internacionales- desarrolla un papel decisivo, puesto que es en ella donde se conforman los presupuestos de la privación de libertad por imperativo constitucional, y donde -aunque no sólo- se determina el tiempo «razonable» en que puede ser admisible el mantenimiento de dicha situación. Por ello, no es posible reconducir la interpretación, en este caso, del art. 504 L.E.Crim. al ámbito de la legalidad ordinaria de una forma mecánica (STC 206/1991, fundamento jurídico 4.). Al contrario, ya que en el referido precepto se determinan las condiciones formales y materiales en que procede la privación provisional de libertad, la interpretación al respecto mantenida por los Tribunales de instancia puede adquirir relevancia constitucional si, por su naturaleza, desconoce los márgenes legales hasta el extremo de que desfigure los enunciados en la Ley que resulta de aplicación. Por ello en la doctrina de este Tribunal se ha afirmado que el derecho en cuestión puede verse conculcado tanto «cuando se actúe... bajo la cobertura improcedente de la Ley, como contra lo que la Ley dispone» (STC 127/1984, fundamento jurídico 2., o 28/1985, fundamento jurídico 2.).
5. En el presente caso, conviene recordar que, antes de agotarse los plazos de duración de la prisión provisional a que se hace referencia en el apartado 4 del art. 504 L.E.Crim. (desde el 30 de octubre de 1989 hasta el 25 de octubre de 1993) y, dada la pendencia del proceso, se acordó por el órgano judicial prorrogar la privación provisional de libertad hasta la mitad de la pena prevista (de doce años) para los delitos por los que se hallaba encausado. Pero se ignoró por los órganos judiciales que, conforme se dispone en el referido art. 504 L.E.Crim., apartado 5, dicha prórroga podrá producirse «una vez condenado el inculpado... hasta el límite de la mitad de la pena impuesta en la Sentencia, cuando ésta hubiera sido recurrida». Esto es, el precepto legal no parte de una valoración apriorística de la pena que puede imponérsele al imputado, sino de la pena efectivamente impuesta, que requiere, obviamente, una Sentencia para su imposición (art. 1 L.E.Crim.). Con esta palabra se está haciendo referencia a una declaración de conocimiento y de voluntad proviniente del órgano judicial, fundada y razonada, en los términos previstos en el art. 248.3 L.O.P.J., a la que no pueden equipararse los estadios previos en la confección material de la resolución judicial, incluso si, como al parecer sucedía en este caso, el órgano jurisdiccional no albergaba dudas sobre la pena potencialmente imponible al hoy actor por los delitos que le habían sido imputados.
Esta conclusión judicial, claro está, no puede reconducirse al terreno de la mera legalidad y de su interpretación, en el uso de las competencias que tienen reconocidas los órganos de la jurisdicción ordinaria. Desde el momento en que tiene como efecto la prolongación de la prisión provisional -y por tanto la superación de los plazos en que el sujeto se encuentra en una situación «excepcional» (STC 32/1987), fundamento jurídico 3.)-, y se basa dicha prórroga en un presupuesto legalmente no contemplado -pues la Ley se apoya sobre la pena impuesta en Sentencia-, ha restringido el derecho fundamental del actor a la libertad personal al márgen del único cauce, el legal, que hubiera amparado dicho resultado, lo que obliga a considerar que, efectivamente, se ha vulnerado el art. 17.1 y 4 C.E.
6. Las conclusiones anteriores, sin embargo, deben matizarse, dadas las circunstancias concurrentes en este caso concreto. En efecto, cuando el órgano judicial de instancia acordó la prórroga de la prisión provisional no se había redactado materialmente aún la Sentencia condenatoria, con lo que es en ese momento cuando se ha vulnerado el derecho fundamental invocado. Sin embargo, recurrida la resolución judicial, en el momento en que se produjo el pronunciamiento de la Audiencia Nacional, las circunstancias habían experimentado una profunda alteración cuya trascendencia desdeña la parte: había recaído ya la Sentencia de la Audiencia Nacional. Así, el Auto por el que la Audiencia Nacional resuelve el recurso es de fecha 22 de noviembre de 1993, y la Sentencia es de 16 del mismo mes y año, e impone efectivamente al hoy actor, entre otras, la pena de doce años de privación de libertad.
ATC 82/2003, 10 de Marzo de 2003
STSJ Comunidad de Madrid 881/2011, 3 de Noviembre de 2011

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