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Timestamp: 2020-04-08 18:28:06+00:00

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Los conflictos de competencias profesionales en la Jurisprudencia. Estudio breve de ejemplos. – Abogado en Salamanca Francisco José Ojuelos Gómez Legal & Comm Abogados
por Francisco José Ojuelos Gómez	on 24/06/2014 24/06/2014
LaAsociación recurrente pretendía la declaración denulidad del artículo 5.5 de la Orden que recurría, que incluye en dicho programa formativo “la atención a la salud sexual, reproductiva y de género”(…) por entender que se refiere a una serie de competencias ya existentes en otra especialidad MATRONA, y con las que entran plenamente en conflicto, pues solapan las competencias ya atribuidas a esa especialidad de Enfermería Obstétrico- Ginecológica o Matrona.
Así, aunque en un primer término parece que la conclusión se encamina hacia el establecimiento de una conexión íntima entre formacióny habilidades competenciales, la afirmación final (si bien…)nos permite anticipar la conclusión. Ya lo hemos dejado entrever en otra sede: la falta de eficacia del legislador provoca al final una aparente desvinculación entre la formación y las competencias profesionales. Algo insólito, parece.
El F.D. Primero resume la posición del Consejo recurrente: Su tesis es, en suma, que en esos apartados “se atribuye al profesional de Formación Profesional en Diagnóstico por Imagen unas competencias (funciones) vinculadas casi siempre con la preparación y la administración de contrastes y radiofármacos, que se encuentran vedadas a los mismos porque, por su trascendencia y afectación sobre la salud del paciente -y los efectos adversos que le pueden provocar-, forman parte del núcleo de competencias o atribuciones que corresponden a otros profesionales sanitarios, como los enfermeros”. Así, (…) “Una de las principales novedades que presenta la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias es lo que podría denominarse cláusula de respeto a las competencias de cada profesión, que se incluye tanto en el artículo 6, relativo a los licenciados sanitarios, como en el artículo 7, relativo a los diplomados sanitarios”. Los que el artículo 3 denomina “Profesionales del área sanitaria de formación profesional”, en modo alguno, al estar regulados fuera del artículo 2, “pueden considerarse que son profesión sanitaria, pues no poseen una formación universitaria ni tampoco organizaciones colegiales profesionales reconocidas por los poderes públicos”.
“El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse en varias ocasiones sobre el alcance de la específica reserva legal contenida en el artículo 36 CE”. (…) “Esta parte es conocedora de diversas sentencias de la Sala a la que nos dirigimos en las que ha sostenido que otros Reales Decretos similares no incidían en el campo competencial enfermero, porque los mismos no contenían en modo alguno una regulación de profesión sanitaria alguna”. Pero “no es esa la cuestión que aquí se plantea”, pues el Real Decreto impugnado “separa muy claramente de un lado, lo que denomina módulos formativos, esto es, materias sobre las que se imparten enseñanzas de formación profesional; y de otro, lo que denomina y califica como ‘unidades de competencia’, ‘realizaciones profesionales’ y ‘criterios de realización’. Tal vez se pudiera aplicar a los módulos formativos la doctrina de las anteriores sentencias, pero no cabe duda que bajo los demás conceptos no se esconde otra cosa que las competencias o funciones, en una palabra, los cometidos y actuaciones concretas que va a llevar a cabo ese profesional sanitario de formación profesional”. Lo deja muy claro el art. 7.3.b) de la Ley Orgánica 5/2002 al definir la “competencia profesional”; y ofrece más luz en esta misma línea de separación entre formación y competencias profesionales el art. 5 del Real Decreto 1128/2003. (…) “No es cierto, por tanto, que el sistema de cualificaciones y formación profesional no incluya más que la formación” de estos profesionales sanitarios”. Además, “incluyen de manera muy clara y precisa las competencias que van a desarrollar esos profesionales”.
El Real Decreto impugnado no regula, no define, ni podría hacerlo, “atribuciones” profesionales propiamente dichas; es decir, facultades o actividades que queden reservadas a uno u otro profesional. Lo que establece son cualificaciones profesionales y sus correspondientes módulos formativos. O lo que es igual, un conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular. Define qué “competencias”, en el sentido de aptitudes o habilidades, son las que se adquieren en el proceso de formación que conduce al reconocimiento de la Cualificación (…) En definitiva, define qué “competencias” son las que se adquieren en el proceso de formación. Y no, por ser cosa distinta, qué “atribuciones” profesionales han de pregonarse para el poseedor de esa cualificación y formación asociada.
“…no comparte la Sala los argumentos que llevaron a la Juzgadora de instancia a anular la convocatoria impugnada, pues no es la impugnación de la misma por vía de recurso el cauce adecuado para modificar y, en su caso establecer, las competencias profesionales de las diversas titulaciones que se mueven en el ámbito sanitario, cuando precisamente para ser profesor de plaza vinculada en las áreas clínico-asistenciales de la licenciatura de Medicina, y solo en ellas, se requiere estar en posesión del título de especialista, pues dado el carácter de la labor asistencial y clínica inseparable de la docente e investigadora que dichos profesores desarrollan en los medios hospitalario y extrahospitalario, éstas se encuentran en el ámbito de las competencias profesionales exclusivas de los titulados en Medicina, no pudiendo equiparárselas por promoción profesoral aquellas actividades hospitalarias de carácter básico a la que tienen acceso otros titulados, como el demandante en su condición de biólogo, que carece del título de Especialista en Inmunología exigido en las bases de la convocatoria como requisito específico para acceder a la plaza convocada solicitada, exigencia que encuentra su apoyo legal en el artículo 8.1 del R.D. 1.558/86, de 28 de junio, por el que se establecen las Bases Generales del Régimen de Conciertos entre las Universidades y las Instituciones Sanitarias, que en desarrollo de la Ley Orgánica 11/83, de Reforma Universitaria, establece que las plazas vinculadas se proveerán a través de concurso, en el que podrán participar candidatos que cumpliendo los requisitos acrediten, además, la posesión del título de especialista que proceda”.
“…la propia sentencia recurrida, valora entre otros la doctrina de dos sentencias de esta Sala, las de 15 de julio de 1998 y 9 de febrero de 1999, que cuando menos indirectamente, aceptan la capacidad de los Biólogos para la realización de distintos análisis de laboratorio, debiéndose agregar además que la Sala de Instancia ha valorado la doctrina de otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que ha reconocido la plena capacitación de los Biólogos para la realización de análisis clínicos. Y en las actuaciones además constan informes de hasta 21 Facultades en sentido favorable a la capacitación de los Biólogos para realizar la actividad de análisis clínicos. Y en fin, porque no se puede aceptar la tesis de la parte recurrente, sobre que en nuestro ordenamiento exista una regulación de la especialidad en análisis clínicos, pues lo que existe es una regulación sobre los médicos y farmacéuticos especialistas en análisis clínicos, esto es, sobre las condiciones y requisitos que han de cumplir los médicos y farmacéuticos para obtener la titulación de especialistas en análisis clínicos, y ello además, como dispone el Real Decreto 2708/82, y el Real Decreto 12/84, para que unos y otros ejerzan la profesión con el carácter de especialistas, y hay que recordar al respecto que la sentencia de esta Sala, de 15 de marzo de 1968, declara que la legislación de especialidades médicas no afecta para nada a que otros profesionales sin titulo de especialista, puedan continuar realizando su actividad de análisis clínicos”.
5) Continuamos con la Sentencia delTribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 7ª, de 17 de marzo de 2003, Recurso 460/2001. Se explicita en ella un elemento argumentativo novedoso en este orden jurisdiccional, aunque no en el penal: la necesidad de que la atribución competencial esté en una norma con rango de ley.
“El Colegio recurrente expone que el Real Decreto atribuye al Técnico superior de óptica de Anteojería unas competencias sanitarias propias del Óptico-Optometrista. Esta primera afirmación no puede ser aceptada. Es una opinión subjetiva de la parte, carente de una prueba que la justifique (que tendría que ser de carácter técnico o pericial), frente al criterio de la Administración, que regula un título de formación profesional y las enseñanzas mínimas para obtenerlo, que considera integradas en la familia de “Fabricación Mecánica”. A ello se añade, como ya hemos indicado, que las actividades de formación profesional están sujetas, según su naturaleza, a la supervisión del correspondiente titulado universitario (último párrafo del apartado 2.1.1 del punto 2 del Anexo, según el cual:”este técnico actuará, en su caso, bajo la supervisión general de Arquitectos, Ingenieros o Licenciados y/o Arquitectos Técnicos, Ingenieros Técnicos o Diplomados”).”
de derecho es que en el momento en que se dicta el Real Decreto impugnado en este procedimiento la situación normativa era el reconocimiento de la no exclusividad de los ingenieros de telecomunicaciones para el ejercicio de la competencia controvertida, que quedaba abierta, en los términos del Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero -al que substituye el ahora impugnado-, a los técnicos titulados “competentes en materia de telecomunicaciones”. Y, por consiguiente, al ser competentes en dicha materia, según hemos visto, los ingenieros industriales, estos titulados podían ejercer las referidas competencias tanto como los ingenieros en telecomunicaciones, pese a la mayor especialización de éstos.
“…de una parte, que no hay un “contenido esencial” constitucionalmente garantizado de cada profesión, oficio o actividades empresarial concreta y, de la otra, que las limitaciones que a la libertad de elección de profesión u oficio o a la libertad de empresa puedan existir no resultan de ningún precepto específico, sino de una frondosa normativa, integrada en la mayor parte de los casos por preceptos de rango infralegal, para cuya emanación no puede aducir la Administración otra habilitación que la que se encuentra en cláusulas generales, sólo indirectamente atinentes a la materia regulada y, desde luego, no garantes de contenido esencial alguno. La dificultad, como decimos, es sin embargo sólo aparente, pues el derecho constitucionalmente garantizado en el artículo 35.1 no es el derecho a desarrollar cualquier actividad, sino el de elegir libremente profesión u oficio, ni en el artículo 38 se reconoce el derecho a acometer cualquier empresa, sino sólo el de iniciar y sostener en libertad la actividad empresarial, cuyo ejercicio está disciplinado por normas de muy distinto orden. La regulación de las distintas profesiones, oficios o actividades empresariales en concreto, no es por tanto una regulación del ejercicio de los derechos constitucionalmente garantizados en los artículos 35.1 o 38 (…)
…en un sentido todavía más preciso, la STC 42/1986 define las profesiones tituladas como aquellas “para cuyo ejercicio se requieren títulos, entendiendo por tales la posesión de estudios superiores y la ratificación de dichos estudios mediante la consecución del oportuno certificado o licencia”. Según señalábamos en esta última Sentencia, corresponde al legislador, atendiendo a las exigencias del interés público y a los datos producidos por la vida social, determinar cuándo una profesión debe pasar a ser profesión titulada, y no es dudoso que, con arreglo al texto del artículo 149.1.30 de la Constitución, es el legislador estatal quien ostenta esta competencia exclusiva.” (fundamento de derecho tercero, STC 122/1989, de 6 de julio). De acuerdo con lo anterior, el legislador debe determinar cuando una profesión u oficio debe ser profesión titulada y es el propio legislador, tal como estipula el artículo 36 de la Constitución , quien debe regular su ejercicio. Regulación esta que es libre -dentro de los parámetros constitucionales y, muy principalmente, con el obligado respeto a los derechos fundamentales- esto es, la Constitución no establece ni en ese ni en ningún otro precepto un “contenido esencial” que vincule al legislador respecto a lo que deba ser el ejercicio de cada profesión. Pero, en todo caso, la regulación legal de profesiones, oficios y actividades empresariales debe responder a un criterio restrictivo, en función del respeto al principio de libertad, que se plasma en este ámbito en la libertad de elección de profesión u oficio.”
– una situación previa anterior al Real Decreto 401/2003, de 4 de abril , en que el ejercicio de las competencias controvertidas estaba abierto a las titulaciones “competentes en la materia”, lo que remitía la cuestión a las competencias profesionales genéricas de las profesiones afectadas, tal como se ha visto en el fundamento de derecho cuarto;
– una situación de hecho caracterizada por el ejercicio de dicha competencia tanto por los ingenieros industriales como por los ingenieros de telecomunicaciones, al menos hasta que la Administración dictó la Instrucción de 12 de enero de 2.000, de la Secretaría General de Comunicaciones, luego anulada por esta Sala en la Sentencia de 22 de enero de 2.004 , que restringió dicha competencia a los últimos citados;
– una formación académica de los ingenieros industriales que incluye conocimientos en materia de telecomunicaciones y, por el contrario, ausencia de prueba o de evidencias fácticas que acrediten la insuficiencia de tales conocimientos para ejercer las competencias controvertidas -que, como se ha dicho, venían ejerciendo tradicionalmente-;
– finalmente, una intervención del titular de la potestad reglamentaria mediante las disposiciones ahora impugnadas que, alterando el status quo, restringen dicha competencia a los ingenieros de telecomunicaciones.
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 artículo 36
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 artículo 8
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 artículo 35
 artículo 38
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