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Timestamp: 2016-02-11 17:23:40+00:00

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13. EL GOBIERNO Y LOS TRABAJADORES for Historia Política de Colombia.
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En procura de la reactivación económica del país, López Michelsen inició un programa contra la carestía,
desarrollando un plan de austeridad en el gasto público que impidió, entre otros, que se aprobara el Plan Cerro,
avenida suntuaria que atravesaría los cerros orientales de Bogotá. En cuanto a la bonanza cafetera que se presentó
en esa época, el mandatario intercedió para que el mayor ingreso fuera destinado al gremio productor del grano.
Así mismo, apoyó a la pequeña empresa a la microempresa, y contribuyó al repunte del sector minero
auspiciando el proyecto liderado por Carbocol.
Respecto a los sectores laborales, se otorgó personería jurídica a 1.100 organizaciones sindicales, entre ellas a la
Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, organización orientada por sectores de izquierda
que había solicitado muchas veces al Frente Nacional su oficialización, sin que le fuese aprobada. No obstante su
actitud de apertura frente al debate con los sindicatos, López debió afrontar delicados hechos de orden público
como el Paro Cívico Nacional del 17 de Septiembre de 1977, organizado con el apoyo de las centrales obreras.
Esta movilización dejó un saldo trágico en todo el país y obligó al ejecutivo a recurrir a medidas extremas como
el toque de queda y el uso de la legislación del estado de sitio. En ese mismo año, el Gobierno también debió
encarar el paro médico del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, ISS, que se prolongó durante 50 días.
En este contexto, la oposición conservadora, especialmente la del ex candidato presidencial Álvaro Gómez
Hurtado y de los parlamentarios del mismo partido, Bertha Hernández de Ospina y Tulio Cuevas, al igual
que la CTC, se enfrentaron abiertamente al Gobierno y a la política económica que éste impulsaba.
Aparte de esto, otro episodio crítico fue el asesinato, por parte del grupo guerrillero M- 19 del dirigente
sindical José Raquel Mercado, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. Para
ese entonces, la Central había disminuido la perspectiva clasista que la caracterizó durante el período de la
Revolución en Marcha y el, dirigente sacrificado se encontraba alejado de la base sindicalista
revolucionaria desde hacía más de una década. Por ello, la organización le efectuó un “Juicio Político” por
traición que concluyó en su trágico fin. Tortura y asesinato.
14. EL COMERCIO ILEGAL.
Durante este Gobierno creció significativamente el tráfico de estupefacientes producidos a partir de plantas
naturales. Éste alcanzó magnitudes prácticamente incontrolables y desató la nefasta “ economía
clandestina”, en la que se manejaban enormes sumas de dinero provenientes del comercio ilícito de
marihuana, primero, y de la cocaína, después, que se incorporaron a la economía legal a través de la
llamada” ventanilla siniestra” del Banco de la República. A estas actividades se sumaron los contrabandos
de café y de ganado con países vecinos.
En esa época, Colombia empezó a perfilarse como el primer país productor de marihuana, destinada
principalmente al mercado norteamericano. Los analistas han tasado en cerca de 8,000 millones de dólares
el monto que ingresó al país por esa causa, cifra muy superior al presupuesto nacional y que doblaba los
ingresos obtenido gracias al comercio lícito del café, producto que continuaba siendo una de sus principales
fuentes de divisas.
Hacia 1977 había en el territorio nacional alrededor de 58.000 hectáreas sembradas con marihuana. El
impacto del comercio ilícito de estupefacientes fue tal, que ya desde esa época empezaron a escucharse las
primeras voces a favor de la legalización del comercio de las drogas para asegurar la redistribución de las
prácticamente incalculables ganancias que generaba esta actividad delictiva
¿ UN MANDATO POCO CLARO’?
La difícil situación económica que atravesó el país durante el Gobierno de Alfonso López Michelsen, así
como su infortunado manejo de las protestas y movilizaciones sociales, fue vista desde dos perspectivas al
finalizar su mandato. El 7 de Agosto de 1978, El Tiempo publicó su optimista visión “Todos sentimos que
López ha cumplido, según su leal saber y entender, la totalidad de sus deberes de gobernante”.
El Colombiano, en Medellín, por su parte, escribió en su editorial que “en este día clásico de la patria
concluye en Colombia uno de los cuatrienios gubernamentales más desconcertantes de los últimos 50 años
(…) El Mandato Claro finalizó circundado por un vasto sentimiento de impopularidad y de angustias
vitales entre la colectividad colombiana”.
Alfonso López Michelsen, un exámen critico de su pensamiento y su obra de Gobierno. Bogotá: Fedesarrollo
y Tercer Mundo Editores 1978.
LIÉVANO AGUIRRE, INDALECIO. Semblanza política de Alfonso López Michelsen. Bogotá: Canal
Ramírez, 1973.
ARDILA DUARTE BENJAMÍN Y OTROS. Gobierno de Alfonso López Michelsen. Bogotá: Editorial Oveja
Negra, 1986.
EL ESPECTADOR. 115 años (1887- 2002). Testigos de la historia. Bogotá: El Espectador, 24 de Marzo de
Cien años de “colombianidad”. Hechos y personajes del Siglo XX. Bogotá: El Espectador, 2001.
COMPILACIONES DE HISTORIA POLÍTICA DE COLOMBIA.
LOS GOBIERNOS DE 1978- 1982.
II.EL GOBIERNO DE JULIO CÉSAR TURBAY AYALA.
1.Contienda Y Abstención.
2.La Paridad Se Mantiene.
3.Oposición De Parte Y Parte.
4.Plan De Integración Nacional.
5.La Infraestructura Energética.
6.Una Economía De Contrastes.
7.La Crisis Financiera.
8.Un Desastre Inevitable.
9.El Asalto A La Embajada Dominicana.
10.Los Comités De Derechos Humanos.
11.Los Responsables Del Déficit.
12.Política Exterior.
13.Un Nuevo Departamento.
14.La Reforma De 1974.
15.Los Derechos Humanos.
16.La Primera Comisión DE Paz.
EL PRESIDENTE JULIO CÉSAR TURBAY AYALA CONTINUÓ CON LA POLÍTICA DE
DESCENTRALIZACIÓN INICIADA POR SU ANTECESOR, ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN, Y
FORTALECIÓ ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVAMENTE LAS REGIONES MEDIANTE EL PLAN
DE INTEGRACIÓN, PIN. LA DELICADA SITUACIÓN DE ÓRDEN PÚBLICO QUE DEBIÓ
AFRONTAR, LO OBLIGÓ A EXPEDIR EL CONTROVERTIDO ESTATUTO DE SEGURIDAD.
La presencia de Julio César Turbay Ayala en el ámbito nacional siempre ha sido tema de controversia. Pero en
ella subsiste una característica que lo llevó a ocupar la presidencia de la República: la constancia. Este
estadista de formación autodidacta, a quien instituciones como la Universidad Libre, el Colegio Mayor del
Rosario, la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y la Universidad del Cauca le confirieron durante su
carrera el doctorado Honoris Causa en Derecho y Ciencias Sociales, se inició en la administración pública en
1936 cuando a los 21 años, ocupó la alcaldía de Girardot y fue concejal de Usme, en Cundinamarca.
Durante el Gobierno de Eduardo Santos (1938-1942), Turbay Ayala fue electo diputado a la asamblea de
Cundinamarca en dos ocasiones y ocupó la presidencia de esta corporación. En 1943 fue elegido representante
a la Cámara, hasta 1949, y fue presidente de esa entidad en dos períodos. Desde allí se declaró opositor al
régimen conservador. En 1949 fundó y dirigió el radioperiódico Democracia, que se emitió hasta 1957. En
1953 fue elegido miembro principal de la Dirección Nacional Liberal. Después de la caída de Gustavo Rojas
Pinilla y la llegada de la Junta Militar, Turbay Ayala fue nombrado Ministro de Minas y Petróleos.
Durante su gestión, revisó los contratos mineros y petroleros que tenía el país, para así impulsar la
modernización de la industria energética. Cuando se inició el Frente Nacional y Alberto Lleras Camargo
resultó elegido presidente, Turbay Ayala ocupó la cartera de Relaciones exteriores (1958- 1961). Frente a ese
cargo representó a Colombia ante la Conferencia de Cancilleres realizada en Washington, intervino en la
designación del Comité Internacional de los 21, presidido por Alfonso López Pumarejo, y en el delineamiento
de la política exterior del país en el contexto latinoamericano basado en cinco principios: No intervención,
realización de acuerdos cafeteros, establecimiento de un Mercado Común Latinoamericano, derecho de asilo y
fortalecimiento de la concepción general que los cancilleres denominaron: “América unida y grande”.
En 1961 renunció al gabinete de Lleras Camargo y se dedicó a la defensa de los gobiernos bipartidistas del
frente Nacional, atacados por el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, que lideraba Alfonso López
Michelsen, En este marco fue uno de los principales gestores del ascenso al poder de Guillermo León
Valencia. Posteriormente, participó de manera activa en la campaña de Carlos Lleras Restrepo a la primera
magistratura. En 1962 fue elegido Senador de la República, posición para la que fue reelegido cuatro veces
consecutivas; en 1967 fue nombrado designado a la presidencia de la República. En ejercicio de ese cargo,
durante la visita del titular a Estados Unidos, tomó posesión de la jefatura del Estado. Ese mismo año resultó
electo representante permanente de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas, ONU. En 1969, a su
regreso al país, se sumó a la campaña de Misael Pastrana Borrero, defendiendo la elección del candidato
frente nacionalista.
En 1972, Turbay Ayala fue nombrado presidente de la Dirección Nacional Liberal. Al año siguiente, durante
el Gobierno de Misael Pastrana Borrero, recibió la embajada en Londres. Su nombre se propuso para las
elecciones de 1974, pero fue Alfonso López Michelsen quien, finalmente, recibió la postulación como
candidato del liberalismo, y Turbay Ayala fue escogido como director nacional del Partido Liberal.
En 1973 fue también elegido designado a la presidencia y se posesionó como Jefe del Estado en dos ocasiones
en las que el titular, Alfonso López Michelsen, viajó a Centroamérica y Ecuador. Ese mismo año fue
nombrado embajador en Washington y en 1976, elegido presidente del Senado. En 1978, frente a las
aspiraciones reeleccionistas de Carlos Lleras Restrepo, un sector mayoritario del Liberalismo lo llamó para
proclamarlo candidato a las elecciones presidenciales de ese año, designación que no aceptó para, más bien
convenir con su adversario el pacto conocido como “Consenso de San Carlos”. En virtud de éste, se acordó
que el candidato del liberalismo se decidiría a partir de los resultados de las elecciones parlamentarias del 26
de Febrero de 1978, los que finalmente favorecieron a Turbay Ayala, quien luego derrotó en las presidenciales
a Belisario Betancur, el candidato del Partido Conservador, con un programa basado en tres premisas:
producción, seguridad y empleo.
Dado que el sector llerista se abstuvo en las elecciones presidenciales de 1978, el triunfo de Julio César
Turbay Ayala sobre el candidato conservador Belisario Betancur Cuartas se dio por escaso margen: 2
´.503.681 votos contra 2´.356.620. También se presentaron a la contienda electoral el ex comandante del
ejército Álvaro Valencia Tovar, como representante del Movimiento Renovación Nacional; varios candidatos
de una izquierda polarizada que se puso a consideración popular, sin lograr canalizar su opinión, través de
grupos como el Frente por la Unidad del Pueblo, la Unión Nacional de Oposición y la ANAPO socialista,
incluso, se inscribió la curiosa candidatura del Frente Unitario Metapolítico, encabezado por Regina Betancur
o “Regina 11”, como se la conocía popularmente en el sur de Bogotá. Los comicios estuvieron marcados por
una abstención del 70% del potencial electoral colombiano.
Como el partido Conservador ocupó el segundo lugar en votación, y según el artículo 120 de la
Constitución tenía derecho a una participación equitativa en el Gobierno, durante la administración Turbay
Ayala las posiciones públicas se repartieron paritariamente entre los dos partidos tradicionales. Los
ministerios liberales fueron el de Gobierno, a cargo de Germán Zea Uribe; el de Relaciones Exteriores,
ocupado por Diego Uribe Vargas; y el de Obras Públicas que tuvo al frente a Enrique Vargas Ramírez. La
alcaldía de Bogotá, ocupada por Hernando Durán Dussán, le correspondió también al partido gobiernista.
En la administración del ex ministro de Estado, quien ocupó esta posición durante todo el período de
Turbay Ayala, la capital de la República dio el que se ha dado en denominar “El gran salto”, debido al plan
de obras que se llevó a cabo. Entre sus realizaciones se destacaron la construcción de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, así como varios planteles de secundaria en barrios periféricos, la
ampliación de la cobertura asistencial de tipo hospitalario, el rescate de la empresa distrital de transporte y
en especial, la construcción de varios puentes, a la postre muy controvertidos.
Aunque el Congreso de la República estaba conformado por una mayoría liberal, el Gobierno de Turbay
Ayala contaba con la oposición de los sectores llerista y galanista con presencia en las corporaciones
públicas. En consecuencia, fue imposible mantener la unidad en el partido, pese al manejo político del
mandatario. Además de la disidencia liberal, el presidente debió afrontar la oposición conservadora,
dirigida por Belisario Betancur Cuartas, quien contaba con el 40% de las posiciones gubernamentales.
Fortalecido desde la oposición, Betancur derrotaría a Álvaro Gómez Hurtado en la Convención Nacional
Conservadora y continuaría como vocero del Movimiento Nacional que llevó al poder en 1982, en medio
de gran expectativa.
Los antecedentes de la planeación en Colombia son de vieja data; ya en 1945, a través de la Constitución
Nacional, se exigía que tanto el manejo de la economía del país como las obras que las diferentes
administraciones se propusieran ejecutar, estuviesen previamente consignadas en planes y programas
registrados; pero fue sólo hasta 1968 cuando por iniciativa de Alfonso López Michelsen, se consagró el
artículo 32 de la Carta Magna, mediante el cual se determinó que la dirección general de la economía
nacional quedaría bajo la tutela del Estado. Con respecto a planeación, hay tres puntos para destacar
durante la administración Turbay Ayala: la concepción del Plan de Integración Nacional, diseñado para
adelantar proyectos específicos tendientes a continuar con la política que, en este sentido, había iniciado su
antecesor Alfonso López Michelsen; el financiamiento internacional de dichos proyectos, para el cual se
previeron inversiones por 950 millones de pesos en distintas áreas económicas y sociales del país, y la
creación de un departamento de Planeación Nacional que, en primera instancia, contó con la orientación de
Federico Nieto Tafur, quien fue el encargado de establecer la estrategia global, así como las unidades de
programación y vigilancia de la ejecución de las iniciativas gubernamentales.
El Plan entró en vigencia durante el período 1979- 1982 con el propósito de lograr la descentralización
económica y acelerar el progreso del país; al efecto se adelantaron proyectos específicos, apoyados en
estrategias que recayeron en subsectores de la actividad nacional. El PIN contempló, en especial,
programas de inversión en infraestructura, dirigidos a dotar al país de una red troncal de carreteras,
ferrocarriles, aeropuertos y vías fluviales que intercomunicara a las regiones y facilitara el comercio
exterior. Para su ejecución, la administración Turbay Ayala contó con los siguientes factores: el diseño de
una sólida infraestructura de transporte y medios de comunicación; el impulso del desarrollo energético y
minero; la creación del Consejo Nacional de Descentralización, las Corporaciones Autónomas Regionales
y el Fondo Financiero de Desarrollo Urbanos; la orientación de la inversión extranjera; el financiamiento
externo y el sistema de contrapartidas nacionales.
A los factores antes enunciados es necesario sumar el respaldo jurídico con el que contó la iniciativa al
promulgarse la Ley 38 de 1981, que tuvo como ponente al Senador Augusto Espinosa Valderrama y contó
con el respaldo del ministro de Hacienda, Jaime García Parra. La mencionada Ley preveía una precisión en
cuanto a la comisión del PIN y la prospectiva, formulación, financiamiento y ejecución de los diseños
regionales o sectoriales. De este modo pudo concretarse la noción genérica y precisa del Plan Nacional de
En su desarrollo, el PIN comprendía dos partes: la primera señalaba los propósitos nacionales, las metas y
prioridades en la acción del Estado. La segunda estaba dirigida al desarrollo regional y a la participación de
los diversos sectores de la sociedad y de la economía en el concierto nacional. Fue así como se
institucionalizaron los mecanismos para organizar y controlar la, cada vez mayor, pugna distributiva entre
los diversos estamentos económicos y sociales de la nación.
Durante la administración Turbay Ayala se le dio mucha importancia al sector energético. Se realizaron las
obras de Chivor II, Paipa II, la térmica del Chinú, Zipaquirá IV y las termoeléctricas de Barranquilla y
Cartagena. Así mismo, se construyeron las centrales de San Carlos, Paraíso, La Guaca, El Cerrejón y
Zipaquirá. También se exploraron cien pozos petroleros y se hicieron hallazgos como el de Andalucía,
Tocaría, Arauca I y II, Palogrande y Apiay. Se elaboró el proyecto minero para explotar las minas de
carbón en El Cerrejón y de níquel en Cerromatoso, en la Guajira y Córdoba, respectivamente. Se
invirtieron 96 millones de pesos en la construcción de obras carreteables, como la vía hacia la Costa por
Bucaramanga, y más de la mitad de la llamada autopista Medellín- Bogotá; se construyeron los aeropuertos
Ernesto Cortissoz de Barranquilla y el Rafael Núñez de Cartagena, y se adelantaron obras en el Tapón del
En lo que se refiere a la economía, Turbay Ayala se propuso elevar la productividad para reducir las altas
tasas de desempleo que imperaban en el país y elevar el nivel de vida de los colombianos. A tono con este
propósito, la política tributaria gubernamental estuvo dirigida a una reducción de impuestos, que permitiera
invertir más para así fomentar la capitalización, y también al impulso de la inversión estatal, especialmente
en obras de infraestructura en sectores claves para los planes del Gobierno.
En contraste, durante esta administración se dio un notorio aumento del endeudamiento externo y de las
inversiones extranjeras en el país. Como consecuencia del incremento en las tasas de interés y del
encarecimiento del crédito hacia 1980, la deuda de las industrias nacionales aumentó en un 70%. Por esta
causa, las pequeñas y medianas organizaciones que no estaban en capacidad de competir, que eran
muchísimas, se declararon en quiebra, con lógicas repercusiones de este hecho para la economía nacional y
el empleo de los colombianos.
El Gobierno de Turbay Ayala coincidió con una elevación de las tasas de interés en el mundo bancario
internacional, situación que obligó a las instituciones financieras colombianas a subir sus propias tasas para
impedir la fuga desesperada de capitales hacia Estados Unidos y los denominados “paraísos fiscales” o
países donde no de obligaba a declarar.
Cuando en la banca comenzaron a aparecer los primeros signos de conglomeración, el Estado, en respuesta,
organizó (a la usanza estadounidense) la Comisión Nacional de Valores, dirigida por Hernán Echavarría
Olózaga. Entre tanto, la prensa y la oposición señalaban al sector financiero nacional como causante de la
crisis. Debido a los vacíos de la legislación que fueron advertidos por el Gobierno, la Ley 44 de 1981
cambió la estructura y las funciones de la Superintendencia de Sociedades. Pero estas omisiones no fueron
las únicas causas de la crisis financiera; en ella incidieron también los acontecimientos que se dieron en el
contexto mundial (el grano de café se cotizaba muy bajo y la onza de oro alcanzó un precio sin precedentes
en la banca internacional), la deuda externa en ascenso, el déficit fiscal de la nación y de las entidades
descentralizadas, así como la crisis mundial del tercer trimestre de 1979 (el aumento del precio del petróleo
por parte de la OPEP).
“Con todo, no hubo en las Superintendencias de Sociedades Anónimas, ni en la Bancaria los instrumentos
jurídicos suficientemente drásticos para prevenir el desastre. Los grupos enloquecieron con los dineros
captados por las bonanzas. La colocación de dineros, sin contragarantías suficientes, fue una de las causas
de la catástrofe que vino después. La toma de empresas, la dación en pago, de un parque industrial
desmodado (sic), los autopréstamos para ejecutivos y empresas del mismo sector, fueron la causa (…) de la
crisis (…)”. Benjamín Ardila Duarte.
Un hecho que se destacó durante la administración Turbay Ayala fue la ocupación por la fuerza, de la
embajada de república Dominicana en Bogotá, a manos de un comando del M-19 liderado por Rosember
Pabón, durante la fiesta de aniversario 136 de la independencia de ese país, que se celebraba en la sede
diplomática el 27 de Febrero de 1980.
El grupo subversivo tomo como rehenes a los embajadores de Estados Unidos, Venezuela, Brasil, México,
Suiza, entre otros países y al Nuncio Apostólico y exigió la liberación de presos políticos. Este incidente
dio curso a una serie de largas negociaciones que, mantuvieron en tensión a las naciones implicadas
durante 61 días, en los cuales el despliegue periodístico nacional e internacional del hecho no cesó un solo
LOS COMITÉS DE DERECHOS HUMANOS.
Durante el tiempo que duró la toma, el contacto con los guerrilleros fue permanente, y se realizó a través de
los delegados de la Cruz Roja Internacional, los Comités de Derechos Humanos e intermediarios
Acreditados. Luego de prolongadas semanas de incertidumbre, los miembros del cuerpo diplomático que
habían sido retenidos quedaron la libertad y los subversivos salieron de la edificación (situada en la carrera
30, frente al Instituto Agustín Codazzi) rumbo a Cuba. Rosemberg Pabón, llamado “ Comandante Uno”, y
sus hombres no consiguieron la libertad de los presos políticos de su organización, pero sí lograron fijar la
atención de la comunidad internacional en el conflicto colombiano y sobre todo, en el delicado tema de los
derechos humanos alrededor del cual se cuestionó la administración del presidente Turbay Ayala.
Aunque la toma de la embajada dominicana afectó las actividades nacionales, y la administración realizó
permanentes consejos de ministros, la situación se manejó de manera sosegada (32 horas de negociaciones
en una camioneta) y en ningún momento se dio vía libre a la recuperación de la sede diplomática mediante
la fuerza. Las elecciones de Mitaca, que coincidieron con la toma, no fueron suspendidas y en el marco de
esta justa el sector llerista liberal se convirtió en el Nuevo Liberalismo, orientado por Luis Carlos Galán
LOS RESPONSABLES DEL DÉFICIT.
Hacia el final de su gestión, el ministro de Hacienda, Jaime Wiesner Durán, justificó ante la opinión
pública las razones del déficit, que en su Memoria de Hacienda (Banco de la República, Bogotá, 1982) el
funcionario calificó de “crónico y acumulativo en las finanzas públicas nacionales”. En dicho documento,
el titular de la cartera responsabilizó de la debacle financiera a los auxilios regionales, al
“descuartizamiento” del presupuesto y a la carencia de unidad en la acción fiscal del Estado. Para conjurar
la crisis fiscal, se usaron fórmulas poco acertadas en su momento, como la emisión desatada, los recortes
de gastos esenciales y la cuenta especial de cambios.
La política exterior del Gobierno de Turbay Ayala se enmarcó en los parámetros del sistema regional
americano, la relación amistosa con Estados Unidos y la solución pacífica de los conflictos del continente.
Desde el inicio de su Gobierno, la administración defendió el Pacto Andino y se estrecharon los vínculos
comerciales y políticos con Brasil, líder mundial cafetero. Durante este mandato se aprobó el tratado que
aseguró los derechos de Colombia sobre el Canal de Panamá y el uso del ferrocarril del istmo. También se
suscribió el TRATADO Vázquez- Saccio para la posesión de los derechos sobre los bancos de las ISLAS
Roncador, Quitasueño y Serrana.
Por otro lado, el 23 de Marzo de 1981, se suspendieron las relaciones con Cuba debido a que el presidente
Fidel Castro le había pedido al presidente Turbay que retirara la candidatura de Colombia al Consejo de
Seguridad de la ONU, pues era importante que su nación contara con el apoyo de los países en desarrollo.
Como esto no fue posible, las relaciones fueron deteriorándose hasta declararse la ruptura definitiva.
En cuanto al conflicto por la posesión de las islas Malvinas, que se desató entre Inglaterra y Argentina, la
posesión de Colombia, acorde con la continental, fue comunicada por el presidente Turbay Ayala en un
mensaje dirigido al mandatario argentino, Fortunato Galtiere (quien afrontaba una crítica situación de
desprestigio en su país), el 14 de Abril de 1982. La comunicación expresaba que Colombia defendería “la
causa Argentina en el caso de la reclamación al Reino Unido” y que la nación estaba dispuesta a”reiterarlo
así ante las Naciones Unidas”,
Pero en vista de que el ejército argentino no obedeció la resolución 502 del Consejo de Seguridad de la
ONU, en la que se determinaba el retiro de sus fuerzas del territorio en cuestión, Colombia retiró su
respaldo inicial. Por su parte, las gestiones que realizó la cancillería colombiana ante el Gobierno británico
fueron consideradas por los demás países latinoamericanos, en ese momento, como una traición a la
solidaridad continental con la causa Argentina.
UN NUEVO DEPARTAMENTO.
Entre 1964 y 1980, la región de la Amazonia, en la que sobresalía el territorio del Caquetá se convirtió en
el principal y más activo frente de colonización interna del país. En reconocimiento al crecimiento
económico y poblacional que, debido a ello, la entonces Intendencia de Caquetá había alcanzado (y que se
reflejaba de manera evidente a comienzos de la década de los ochenta), el Gobierno decidió elevarla a la
categoría de departamento mediante la Ley 59 de 1981. La ciudad de Florencia, fundada por misioneros de
la orden religiosa de los capuchinos en 1902, fue elegida su capital.
LA REFORMA DE 1979.
El proyecto de reforma constitucional en que se quiso empeñar la administración Turbay Ayala surgió de
los planteamientos de su antecesor, Alfonso López Michelsen, y de la denominada Comisión Echandía, que
además del ex presidente liberal integraron destacados constitucionalistas como Rodrigo Noguera Laborde,
Jorge Enrique Gutiérrez Anzola, Jaime Castro Castro, Carlos Holguín y Jorge Sedano. Las reformas
sustanciales que se introdujeron a la CARTA Magna tuvieron que ver con la separación de la división
general de los aspectos fiscales y militares, la instrucción pública, la administración de justicia, la
planificación, y también el desarrollo económico y social.
En el campo jurídico se determinó que el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, la
Corte de Casación, el Consejo de Estado y los demás tribunales y juzgados que estableciera la ley, serían
los encargados de administrar justicia. También fueron ampliadas las funciones presidenciales frente a la
administración de justicia. Así mismo, a través de la reforma constitucional de 1979, se creó el cargo de
Fiscal General de la Nación, cuya función principal sería la de dirigir y adelantar de manera directa o a
través de sus agentes, la investigación de los delitos y contravenciones. De la misma forma promover su
juzgamiento ateniéndose a los procedimientos legales. Los recursos de la rama jurisdiccional, por su parte,
serían señalados constitucionalmente en el proyecto de reforma, así como las condiciones para ser
En 1981, la Corte Suprema de Justicia declaró inexequibles estos puntos de la reforma constitucional, una
decisión que el presidente Turbay Ayala criticó fuertemente en su declaración del 4 de Noviembre de ese
año. Por otra parte, amplios sectores de los ámbitos jurídicos, académico y político, contrarios al Gobierno,
sostenían que la enmienda tendía a restringir las libertades ciudadanas, dotando de excesivo poder jurídico
Frente al recrudecimiento de la actividad guerrillera en las ciudades, cuyo principal protagonista fue la
guerrilla urbana del M-19, el Gobierno de Turbay Ayala estableció el 6 de Septiembre de 1987 ( mediante
el Decreto 1923) el denominado Estatuto de Seguridad, con el fin de controlar y reprimir las acciones
subversivas. El Estatuto, compilación de normas jurídicas del estado de sitio para casos de excepción, fue
combatido por amplios sectores académicos y sindicales, e incluso por organismos de carácter
internacional que pedían su derogación inmediata.
Pese a estas disposiciones gubernamentales y en actitud claramente desafiante, el M-19 sustrajo el 1 de
Enero de 1979 más de 5.000 armas de los depósitos del Comando General de las Fuerzas Militares, en el
Cantón Norte de Bogotá, en cercanías del Grupo de Caballería General Rincón Quiñones. Al año siguiente,
el 27 de Febrero, la misma organización se tomó por la fuerza la sede de la embajada de República
Dominicana. Dos años atrás, el 12 de Septiembre de 1978, el grupo guerrillero Autodefensa Obrera, ADO,
había asesinado al antiguo ministro de Gobierno de Alfonso López Michelsen, Rafael Pardo Buelvas, por
considerarlo responsable directo de la muerte de varios manifestantes durante el paro cívico de 1977.
Por otra parte, y pese a las restricciones impuestas por el Estatuto de Seguridad, el 21 de Octubre de 1981
las centrales obreras convocaron al segundo paro cívico nacional, que el gobierno enfrentó con la
suspensión de la personería Jurídica para las organizaciones sindicales que participaron en el movimiento,
el cierre de varias universidades, el arresto de dirigentes sindicales y la militarización de varias ciudades
También en 1981, el 16 de Noviembre, apareció el autodenominado grupo Muerte a Secuestradores, MAS,
creado por grupos de narcotraficantes colombianos, quienes reclutaron, financiaron e instruyeron a un
grupo de sicarios para liquidar a miembros de la subversión involucrados en el plagio de un miembro de
un clan y en actos de secuestro en general.
Al año siguiente se presentó un crecimiento desmesurado de las actividades relacionadas con el tráfico de
estupefacientes y el contrabando. Ante la presencia de estos nuevos actores, que aportaron su cuota a la
agudización de la denominada “guerra sucia”, el escenario nacional se tornó mucho más violento y
A mediados del período de la administración Turbay Ayala, los organismos internacionales, los sindicatos
y la academia comenzaron a clamar por la derogación del Estatuto de Seguridad que contemplaba normas
de estado de sitio. La Procuraduría y la Corte Constitucional no aceptaron las demandas de inexequibilidad
de las disposiciones referidas y apoyaron al Presidente, quien prolongó la vigencia de estas medidas hasta
el final de su mandato. Adicionalmente a estos hechos, la aparición del MÁS, el recrudecimiento de la
actividad guerrillera, el aumento de las actividades (cada vez más notorias) del narcotráfico y los
contrabandistas, el descontento general por el creciente desempleo y la crisis económica, mostraban un
panorama nada alentador para el país en materia de derechos humanos.
LA PRIMERA COMISIÓN DE PAZ.
El tema de la tortura a los detenidos por razones políticas fue debatido tanto en el Congreso de la república
como en el Consejo de Bogotá. En torno al tema de los derechos humanos se presentaron muchas críticas y
la tensión en el ambiente nacional se prolongó finalizado el mandato de Turbay. En 1980, el ex presidente
Carlos Lleras Restrepo declaró públicamente que en Colombia sí había torturas y gracias a su intervención
se conformó la primera Comisión de Paz, que él mismo se encargó de presidir. Dicha comisión propuso
una ley de amnistía que cobijaba a los alzados en armas sindicados de delitos de rebelión, sedición y
asonada, pero excluía a los sindicados de secuestro, homicidio fuera de combate y a los fugitivos de la
El Gobierno promulgó esta ley el 19 de febrero de 1982, pero de inmediato surgieron diferencias entre
Turbay y Lleras relacionadas con la definición de los delitos atroces y conexos. En consecuencia, el ex
presidente renunció a la comisión (que terminaría por desintegrar en Mayo del año siguiente), al igual que
los demás integrantes de ese organismo: monseñor Rafael Gómez, Álvaro Leal Morales y los ex ministros
Jhon Agudelo Ríos, Joaquín Vallejo y César Gómez Estrada. El estado de sitio sería levantado al final de la
administración Turbay Ayala, previa consulta al jefe del Liberalismo, Alfonso López Michelsen, y al
candidato vencedor en los comicios de 1982, Belisario Betancur Cuartas, hecho que, sin embargo, no logró
atenuar el desprestigio en que había caído el Gobierno.
ARDILA DUARTE BENJAMÍN Y OTROS. Gobierno de Julio César Turbay. Bogotá: Editorial Oveja Negra, 1986.
DURÁN DUSSÁN, HERNANDO. Memoria al Congreso. Bogotá: Mindefensa, 1981.
GARCÍA PARRA, JAIME. Memoria de Hacienda. Bogotá; imprenta Banco de la República, 1982.
TURBAY AYALA JULIO CÉSAR. Las fuerzas armadas y los derechos humanos. Bogotá: Consigna, 1985.
WIESNER DURÁN, JAIME. Memoria de Hacienda. Bogotá: Banco de la República, 1982.
GOBIERNOS DE 1982-1986.
III . BELISARIO BETANCUR CUARTAS. (1982-1986)
1.La Apertura Democrática.
2.Paz Dentro Y Fuera.
4.Las Fuerzas Militares Opinan.
5.Acuerdos De Paz.
6.La Unión Patriótica.
7.Desastres Naturales.
8.La Tragedia De Armero.
9.Arden La Paz Y La Justicia.
10.Guerra A Las Drogas.
11.Cambio Con Equidad.
BELISARIO BETANCUR CUARTAS, LLAMADO “EL PRESIDENTE DE LA PAZ”, INICIÓ SU
GOBIERNO CON UNA LEY DE AMNISTÍA INCONDICIONAL EN LA QUE, POR PRIMERA VEZ, SE
RECONOCÍA EL ESTATUS POLÍTICO DE LOS GUERRILLEROS. Y CULMINÓ SU MANDATO CON
PROCESO DE PAZ INNOVADOR EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO QUE HASTA EL
MOMENTO, SE LE HABÍA DADO AL PROBLEMA DE LA SUBVERSIÓN EN COLOMBIA.
El 27 de Noviembre de 1981, con motivo de las elecciones presidenciales de 1982, la convención
conservadora escogió por unanimidad a Belisario Betancur Cuartas quien, bajo el rótulo de “candidato
nacional”, quiso destacar su independencia del bipartidismo. Betancur debió enfrentar a Alfonso López
Michelsen y su campaña llamada “paz liberal”; al paladín del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán
Sarmiento; y al representante de la izquierda colombiana, Gerardo Molina.
Luego de una gira por todo el país, durante la cual expuso su intención de darle espacio en su Gobierno a las
fuerzas de oposición y ofrecerle una salida enteramente política e institucional al conflicto guerrillero (lo cual
le valió la simpatía de la opinión pública), se presentó a las elecciones, en las que salió favorecido con casi
500.00 votos de ventaja en relación con el candidato del liberalismo tradicional. Su triunfo despertó entre los
colombianos fervorosas expectativas, un júbilo masivo sin precedentes que el escritor Gabriel García Márquez
definió como un “fenómeno de euforia popular” y que acompañaría al político de Amagá a lo largo de su
difícil gestión presidencial, no obstante las vicisitudes y las críticas de todo orden que debió enfrentar.
Aunque Belisario Betancur respetó en la conformación de su gabinete la paridad impuesta por norma
constitucional llamó a personalidades independientes del bipartidismo a ocupar algunas carteras y otros cargos
importantes; tal fue el caso de María Eugenia Rojas de Moreno, líder anapista que recibió la dirección del
Instituto de Crédito Territorial y se encargó de la tarea de llevar a cabo la propuesta de vivienda popular “sin
cuota inicial” prometida por Betancur en su campaña presidencial. En concordancia con su ánimo de “apertura
democrática”, que también incluía la institucionalización de los partidos y la ampliación de los mecanismos de
participación de fuerzas políticas distintas al bipartidismo, el presidente trazó lo que sería su “estrategia de
paz”: la expedición de una ley de amnistía, la creación de una comisión de paz y el acometimiento de una
reforma política que le brindase un espacio institucional a los guerrilleros que depusieran las armas.
En consecuencia, al poco tiempo de posesionarse nombró una Comisión de Paz (encabezada inicialmente por el
ex presidente Carlos Lleras Restrepo y luego por el jurista Liberal Otto Morales Benítez) conformada por
cuarenta personas de diversa procedencia y adscripción política, que debería auspiciar el trabajo de diálogo con
los diferentes grupos guerrilleros y la redacción de una ley de amnistía. Así mismo, suprimió el estatuto de
seguridad que había imperado durante el anterior Gobierno en el manejo del orden público y le encargó al
Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, la tarea de investigar las actividades del grupo
antisubversivo Muerte a Secuestradores, MAS, creado por los narcotraficantes y apoyado por terratenientes
víctimas del flagelo guerrillero del secuestro y la extorsión especialmente en Caquetá, y las regiones del
Magdalena medio y el Urabá antioqueño.
En Noviembre de 1982, con base en el proyecto de ley escrito por el ex candidato presidencial Gerardo
Molina, entró en vigencia la Ley 35 o Ley de Amnistía. Su carácter de incondicional, puesto que no hacía falta
acogerse a ella para quedar amnistiado ni exigía la rendición de la guerrillas, despertó las críticas de quienes
consideraban que así se privilegiaba a los subversivos, más aún cuando, gracias a ella, se había establecido una
clara diferenciación entre la “delincuencia política” y la “delincuencia común”, Los guerrilleros, por su parte,
manifestaron su buena opinión del polémico hecho, El 8 de Diciembre, el líder del M-19, Jaime Bateman
Cayón, dijo por la radio que la Ley de Amnistía era un triunfo del pueblo y que con ella había otros dos grandes
triunfadores: “el primero es la opinión democrática del país y el segundo el presidente Belisario Betancur”. Al
finalizar el año, 23 guerrilleros de esta agrupación armada quese encontraban presos fueron liberados, entre
ellos el líder Carlos Toledo Plata.
Manuel Marulanda Vélez, máximo dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército
Popular, FARC-EP, una vez conoció las intenciones de diálogo del presidente Betancur, se limitó a decir que”
podemos realmente sentarnos para hablar con el Gobierno a partir del momento en que las regiones que el
Gobierno ha calificado de zonas de guerra queden desembarazadas del ejército”.
PAZ DENTRO Y FUERA.
En materia de política internacional, Belisario Betancur decidió acometer la tarea de darle una salida política a
la crisis centroamericana, para evitar una posible “regionalización” del conflicto que incidiese negativamente en
el proceso de paz que se venía adelantando en Colombia. En su criterio, los problemas sociales, económicos y
políticos de Latinoamérica debían rebasar el estrecho marco de la Guerra Fría, o lucha contra el comunismo
liderada por Estados Unidos desde la segunda posguerra. Por eso se requerían actos de cooperación entre las
naciones de una misma raíz, así como una posición de independencia política y autodeterminación.
En consecuencia, la intervención de Estados Unidos en El Salvador y Nicaragua, y posteriormente en la isla
caribeña de Granada, en su modalidad de apoyo militar directo e indirecto o de ayuda económica para derrocar
a sus regímenes revolucionarios, constituía una violación a la libre autodeterminación de los pueblos que, de
hecho, encubría que eran las desigualdades sociales, y no la infiltración comunista, soviética o cubana, las
verdaderas responsables del conflicto centroamericano.
Entre el 8 y el 9 de Enero de 1983, por iniciativa del presidente Betancur, los cancilleres de Panamá,
Venezuela, México y Colombia se reunieron en la isla panameña de Contadora. De este encuentro surgió el
denominado Grupo de Contadora, que convocaba a todas las partes en conflicto para dirimir sus diferencias en
una mesa de negociaciones. Posteriormente se redactarían los objetivos del Grupo, conocidos como Acta para
la Paz y la Cooperación. En Mayo del mismo año, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mediante
la declaración No 530, apoyó al Grupo de Contadora e invitó a todos los Estados que tuvieran interés a
cooperar en la consecución de la paz en Centroamérica. En Octubre, el presidente Betancur asistió
personalmente a la asamblea general de esta organización y pronunció un discurso que, además de un recuento
de la iniciativa de Contadora, incluía el siempre candente tema de la deuda externa latinoamericana.
Gracias a que Venezuela se unió a Colombia en el proyecto de paz en Centroamérica, los conflictos limítrofes
entre las dos naciones fueron dejados de lado por común acuerdo durante la administración Betancur, en
beneficio de relaciones solidarias para incidir en la solución del problema centroamericano y asegurar los
buenos oficios de Contadora. Aparte de su intención pacificadora en Centroamérica, y en aras de manifestarse
por fuera de la lucha anticomunista y defender para la nación la filosofía de la “no alineación”, el presidente
colombiano solicitó en enero de 1983 el ingreso del país al Movimiento de Países No Alineados, NOAL. Tal
petición se materializaría en Marzo de 1983 en Nueva Delhi, India, cuando, durante las sesiones de su VII
conferencia, el mencionado movimiento aprobó la admisión de Colombia como uno más de sus miembros.
Este movimiento, que había sido fundado en 1961 en Belgrado por iniciativa del mariscal Tito, presidente de
la antigua Yugoslavia, pretendía, como fuerza neutral en la contienda entre las democracias capitalistas y los
regímenes comunistas, incidir en un cambio de relaciones entre las naciones industrializadas y los países en
vías de desarrollo o tercermundistas, a la par que promover la paz y cooperación internacionales extranjera en
los conflictos de las naciones. Para Colombia, su ingreso al NOAL, significaba no sólo la posibilidad de
incrementar sus relaciones políticas y encontrar nuevos aliados para su plan de paz, sino también ampliar su
mercado cafetero y establecer futuros vínculos comerciales.
“En ningún momento pierde intensidad la violencia. En Septiembre de 1983, los militares publican un balance
del primer año del Gobierno de Betancur: el ejército habría dado muerte a 159 guerrilleros, las fuerzas
paramilitares habrían hecho 456 víctimas, los guerrilleros habían asesinado a 254 personas y secuestrado 99.
De los 500 guerrilleros salidos de la cárcel al favor de la amnistía, la mitad se habrían sumado a las guerrillas
o habrían muerto. Para el año que sigue al cese al fuego, el balance es más pesado; según los militares, 605
guerrilleros, 75 militares, 168 policías y 272 campesinos habrían muerto, Y el ritmo sigue. Creciendo…”.
Daniel Pécaut.
La política de paz o de institucionalización de las organizaciones insurgentes del presidente Betancur encontró
un serio obstáculo en algunos miembros de las Fuerzas Militares, quienes sintieron que ésta socavaba los
esfuerzos que habían puesto en la captura y eliminación de guerrilleros, así como entre los ganaderos, algunos
otros de los poderosos gremios económicos, diversos políticos, e incluso los narcotraficantes, amenazados por
la existencia de las guerrillas. El ministro de defensa, general Fernando Landazábal Reyes, criticó
públicamente, de manera verbal y escrita, su desacuerdo con el Gobierno y defendió la autonomía de las
Fuerzas Militares en el manejo del orden público, así como su derecho a la deliberación política. Las cosas
empeoraron cuando, en febrero de 1983, el Procurador General de la Nación dio a conocer el resultado de su
investigación respecto al MAS, que además ilustraba con nutridos hechos las actividades de los grupos
paramilitares y de autodefensa. En el informe aparecieron implicados casi setenta miembros activos del
ejército, pese a la afirmación hecha meses atrás por el comandante de las fuerzas Militares, general Gustavo
Matamoros D’costa, que dicho grupo alzado en armas ni siquiera existía.
El ministro de defensa asumió el asunto como una campaña de desprestigio contra los militares y la virulencia
de sus pronunciamientos en contra de la tolerancia presidencial para con la subversión obligó al presidente
Betancur a relevarlo de su cargo, en 1984, y a recordarle su deber institucional de no inmiscuirse en política.
A pesar de la promulgación de la Ley de amnistía, del levantamiento del estado de sitio y de la entrevista que
el Gobierno sostuvo con los dirigentes del M- 19, este grupo continuó sus ataques hasta 1983, cuando el 24 y
el 25 de Agosto, por fin, se firmaron acuerdos de cese al fuego en el Hobo (Huila) Y Corinto (Cauca),
respectivamente. El ELN y el ADO también se acogieron al acuerdo, lo mismo que dos frentes del EPL. Las
FARC-EP por su parte, en contra de lo esperado, pues desde 1982 expandían su radio de acción con nuevos
frentes, lo habían suscrito varios meses atrás en la localidad de la Uribe, en el Meta.
Sin embargo, lejos de lograrse la paz, los ininterrumpidos actos de hostigamiento y provocación de los
diversos grupos guerrilleros desataron por parte de las Fuerzas Armadas y el MAS una guerra no declarada en
contra de éstos. Hasta los indígenas del Cauca entraron en la contienda mediante la creación del Movimiento
Armado Quintín Lame, no obstante la iniciativa presidencial de protegerlos a ellos y a otras comunidades,
gracias al Programa Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Prodein.
En 1985, en vista de que muchos de los 500 guerrilleros amnistiados habían sido asesinados, al igual que
importantes dirigentes del M-19, este grupo, junto con el EPL y el ELN, denunció quela tregua no había sido
cumplida por la Fuerzas Armadas, a las que, además, le atribuyó éstos y otros muertos. Así dio por terminados
los acuerdos de diálogo y cese al fuego. Al poco tiempo, conformó la Coordinadora Nacional Guerrillera,
CNG, con el concurso del ELN, EPL, el Movimiento Armado Quintín Lame y el Ricardo Franco, una
disidencia de las FARC-EP. Las FARC- EP, por su parte, se sostuvieron en el acuerdo, y en unión con el
Partido Comunista de Colombia, crearon un nuevo partido político, la Unión Patriótica, que en las elecciones
parlamentarias de 1986 alcanzó una representación considerable en vista que a ella se adhirieron vastos
sectores de inconformes.
“Desde la firma del acuerdo de La Uribe, en 1983, las FARC iniciaron la discusión interna acerca de su
actuación como movimiento político. (…) Aprobaron, finalmente, una plataforma que había impulsado en
unión con otros partidos y movimientos democráticos de izquierda, En Marzo de 1985. Pero, al mismo
tiempo, las Farc anunciaron que se mantendrían como organización armada y que no existía la menor
posibilidad de que ella se disolviera, (…) Desde sus inicios, la labor de la UP tropezó con grandes obstáculos.
Inicialmente se vio enfrentada con una de las disidencias de las FARC, el grupo Ricardo Franco (…) Pero el
mayor obstáculo (…) fue y sigue siéndolo, la acción criminal de los paramilitares. Apenas seis meses después
de su conformación ya habían caído asesinados 165 de sus dirigentes y militantes”.
Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo.
Durante su período presidencial Belisario Betancur debió enfrentar las consecuencias de dos grandes desastres
naturales: el terremoto que tuvo lugar en el departamento del Cauca, a pocos meses de iniciada su
administración, y la erupción del volcán nevado del Ruiz a finales de 1985.
El Jueves Santo de 1983, un temblor de tierra dejó en ruinas a Popay.an y aunque las pérdidas humanas fueron
pocas, si se tiene
En cuenta la magnitud de la catástrofe, el terremoto destruyó valiosas joyas de la arquitectura colonial, como
la catedral, y numerosas edificaciones públicas y privadas. En un esfuerzo encomiable, sus habitantes se
dedicaron a una labor de reconstrucción que demoró años y para la cual contaron con la ayuda nacional e
En 1995, gracias al apoyo de diversas entidades nacionales y del Gobierno español, interesado en preservar el
patrimonio cultural iberoamericano, se creó en Popayán la escuela taller de restauración para concluir los
trabajos de reconstrucción de la ciudad.
En la madrugada del 13 de Noviembre de 1985, a una semana escasa de la tragedia ocurrida en el Palacio de
Justicia, el cráter Arenas, del volcán nevado del Ruiz, entró en erupción. El deshielo del casquete que cubría la
boca del volcán provocó una avalancha incontenible de lodo y piedra que arrasó la ciudad de Armero, en el
departamento del Tolima, y le ocasionó la muerte a 24.000 de sus habitantes. Por efecto de la misma erupción,
se produjo otra avalancha que le costó la vida a unas 2.000 personas en las poblaciones caldenses de
Villamaría, Palestina y Chinchiná en el Departamento de Caldas. Gracias al denuedo de los cuerpos de
auxilio, al esfuerzo unido del Gobierno y de la ciudadanía y a la ayuda humanitaria internacional, se pudo
paliar en algo la situación de los sobrevivientes.
El 6 de Noviembre de 1985, un comando del M-19 asaltó las instalaciones del Palacio de Justicia, en Bogotá,
donde al momento de la toma se hallaban 12 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluido su
presidente, además de sus usuales empleados y numerosos visitantes, todos los cuales fueron retenidos en
calidad de rehenes. La intervención de los guerrilleros era la de adelantar un juicio público en contra de
Belisario Betancur, por su supuesta “traición al proceso de paz”, exigir la publicación de las actas de la
comisión de verificación de los acuerdos de tregua y cese al fuego, así como los acuerdos suscritos con el
Fondo Monetario Internacional. Igualmente, querían habilitar un espacio radial, para que la ciudadanía
pudiese expresar y recibir respuesta respecto a sus mayores necesidades.
Al poco de la toma guerrillera, las Fuerzas Armadas desplegaron un operativo militar que, desoyendo las
súplicas de diálogo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y de figuras
públicas que trataron de interceder por una salida pacífica, culminó con la reconquista sangrienta del edificio.
Luego de 72 horas de fuego cruzado, durante el cual perdieron la vida un centenar de personas, entre ellas
once de los doce magistrados y todos los guerrilleros menos uno, la esperanza de reconciliación abandonó a
los colombianos e hizo naufragar prácticamente el proceso de paz. Aunque el presidente asumió la
responsabilidad por lo sucedido en el Palacio de Justicia tras la toma guerrillera, para muchos “primitiva” y
“bárbara” manera en que se defendió la democracia fue un signo del grado de autonomía al que habían llegado
las Fuerzas Armadas en su manejo del orden público y su repudio a la política de paz del gobierno. Años más
tarde se diría que lo “que allí ocurrió fue una masacre inmisericorde de personas cuyas vidas no significaron
nada para quienes dirigieron e intervinieron en los hechos”. En su momento los sucesos del Palacio de Justicia
pusieron en tela de juicio el carácter de la lucha armada como alternativa política y sirvieron para desprestigiar
a sus representantes y tildarlos de terroristas.
Muy a pesar de lo ocurrido, el gobierno siguió adelante con su política de Paz, sus diálogos con las FAR-EP
(grupo con el cual se acordó en 1986 la prórroga indefinida de los acuerdos de paz) y se dio a la tarea de
diseñar un programa de inversión al que llamó Plan Nacional de Rehabilitación, PNR, para recuperar las
zonas más violentas y empobrecidas, iniciativa que contó con exiguos recursos. Para el común de la opinión,
los intentos de paz del Gobierno habían fracasado.
Durante su visita a Bogotá, en 1982, el presidente republicano de Estados Unidos, Ronald Reagan, manifestó
que los únicos temas de interés para su Gobierno, en su trato con Colombia, eran el narcotráfico y la
extradición. Reagan dijo que estos temas se resumían en uno sólo principio de acción: “guerra a las drogas”.
No obstante, gracias a la reforma tributaria de 1983, el Estado colombiano se había abierto a la posibilidad de
incorporar legalmente los dineros del narcotráfico a la economía nacional. Así mismo, se había mostrado
tolerante ante la aspiración de los narcotraficantes de integrarse a la sociedad civil, principalmente por medio
de la acción política gracias a lo cual Carlos Lehder Rivas, desde Armenia, dio inicio a su Movimiento Latino
Nacional y Pablo Escobar Gaviria, desde Medellín a su Civismo en Marcha. Este último delincuente obtuvo
incluso el cargo suplente en la Cámara de Representantes.
Sin embargo, este intento fue objeto de un repudio casi generalizado, no así su propuesta de frenar el tratado
de extradición solicitado por Estados Unidos, principalmente por el temor a que los narcotraficantes se fueran
a la guerra contra el Gobierno, en caso de hacerse efectivo .Inconforme con esto, Estados Unidos inicio en
1984, a través de su embajador en Colombia Lewis Tambs, quien se hizo tristemente célebre por haber
acuñado los términos”narcodemocracia” y “narcoguerrilla”, para referirse a la infiltración de los
narcotraficantes en el régimen político colombiano y a los vínculos entre guerrilla y traficantes de drogas,
respectivamente, y de la Agencia Antinarcóticos, DEA, su anunciada”guerra a las drogas”. El ministro de
Justicia Rodrigo Lara Bonilla, joven dirigente del Nuevo Liberalismo y quien, como su fundado por, Luis
Carlos galán, era contrario a la aspiración de los narcotraficantes a participar en política y legitimar sus
dineros, consideró su deber presionar la extradición y adelantar una campaña nacional en contra de éstos, Con
la ayuda de la DEA, realizó pesquisas en varios frentes que culminaron en el descubrimiento del mayor
laboratorio de cocaína que el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria poseía en Caquetá.
Como es conocido Pablo Escobar Gaviria por venganza, puso en funcionamiento su red de sicarios para que
asesinaran al ministro, como efectivamente sucedió en la noche del 30 de Abril de 1984, en la calle 127, al
norte de Bogotá, cuando se desplazaba en su automóvil a su casa. El asesinato del ministro de Justicia
endureció la política del presidente Betancur, quien inició el proceso de extradición hacia Estados Unidos de
varios narcotraficantes solicitados por las autoridades de ese país. Además, la promulgación de la Ley 30 de
1986, o Estatuto Nacional de Estupefacientes, hizo posible el embargo de los bienes de los narcotraficantes y
aumentó las penas y su duración para todos los delitos asociados al tráfico de drogas.
Por otro lado, para limitar la oferta de drogas ilícitas, en la cual, según el criterio de Estados unidos residía el
problema, el Plan Nacional de Rehabilitación inicio en 1985, en el sur de Cauca, su primer proyecto de
sustitución de cultivos de coca que, al año siguiente, se extendió al norte de Nariño y que continuaría luego
con dificultad las administraciones sucesivas.
CAMBIO CON EQUIDAD.
Con este nombre denominó la administración Betancur su plan de desarrollo social y económico, fiel al
criterio promovido por la organización de las Naciones Unidas en 1974, según el cual el progreso de las
naciones sólo es posible si se halla inscrito en los parámetros de la participación comunitaria en los beneficios
del desarrollo. El plan buscaba, en primer término, acoplar los esfuerzos de las diversas instituciones del
Estado a las necesidades de la comunidad nacional, a la par que elevar la calidad y extender la cobertura de los
En materia de educación, por ejemplo, se ejecutaron políticas novedosas como la campaña de alfabetización
masiva Camina y se creó la llamada Universidad a Distancia, en la que participaron cuarenta instituciones de
educación Superior con una oferta de más de cien carreras. Con respecto a la salud pública, se adelantaron
campañas de vacunación y se mejoraron los servicios de seguridad social. El acceso a una vivienda digna y
económica se facilitó por una estrategia de vivienda popular” sin cuota inicial”. Los servicios y el acceso a
medios de comunicación se expandieron, apareciendo los canales regionales de televisión.
En una segunda instancia y para reactivar la economía, que a comienzos de la gestión de Betancur se hallaba
en una situación tan grave que obligó a reducir las importaciones, se le brindó un renovado impulso al sector
agropecuario ( en vista de la carencia de materias primas por el cierre de importaciones), mediante la
recuperación de cultivos como el algodón. Igualmente, se fomentaron las exportaciones, (que entre 1980 y
1983 habían caído de US $ 4.000 millones a 2850), especialmente de recursos minerales y energéticos, los que
entraron en una nueva etapa de exploración y explotación. Así, grandes empresas iniciaron trabajos en los
campos petrolíferos de Arauca y del Meta (descubiertos en 1984), en las minas de níquel de Cerromatoso, en
Córdova, y en los yacimientos carboníferos del Cerrejón, en la Guajira. Sin embargo, casi la mitad de las
ganancias obtenidas por este medio se destinaron al pago de la deuda externa.
Con respecto a esta última, el gobierno diseñó un plan que sirvió para impedir la declaración de moratoria a la
que se había visto obligadas otras naciones y que recibió el aval del fondo Monetario Internacional. El visto
bueno de este organismo le permitió al gobierno obtener un préstamo de 1.000 millones de dólares, con
sindicato de más de 200 bancos comerciales internacionales, a fin de adelantar sus planes de desarrollo. Su
negociación concertada de la deuda externa se tomó como modelo.
En un esfuerzo por dotar a los municipios y departamentos de autonomía política y fiscal, es decir, afianzar el
proceso de descentralización, se expidieron las Leyes 14 de 1983, 12 de 1986 y el Acto Legislativo No 1 de
1986 sobre elección popular de alcaldes. La primera Ley reestructuró los impuestos de industria y comercio,
el predial, el consumo de licores y cigarrillos, el impuesto al valor de la gasolina y las regalías del “chance”.
La segunda permitió que un gran porcentaje del nuevo impuesto decretado por el Gobierno (el controvertido
Impuesto al Valor Agregado, IVA, que aumentaba en un 10% el precio de los artículos y consumos) se
transfiriera a la administración municipal para financiar programas de desarrollo de interés local. Finalmente,
para hacerle frente a la crisis financiera que se desató a consecuencia de las especulaciones o autopréstamos
del Grupo financiero Grancolombiano y el Banco Colombia, el gobierno nacionalizó estas entidades y otros
bancos privados, con lo cual asumió sus deudas pero recuperó la confianza de nacionales y extranjeros en el
sistema financiero del país.
FLÓREZ MALAGÓN ALBERTO. Gobierno de Belisario Betancur y Virgilio Barco. EN: Gran Enciclopedia
de Colombia. Vol.2 Bogotá: Círculo de Lectores, 1991.
PALACIO, MARCO. Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875- 1994. Bogotá: Grupo Editorial
PÉCAUT, DANIEL. Crónica de dos décadas de política colombiana, 1968-1988. Bogotá: Siglo XXI Editores,
PIZARRO LEONGÓMEZ, EDUARDO. Política de paz y apertura económica. EN: Nueva Historia de
Colombia. Vol. VII. Bogotá: Planeta Colombiana Editorial, 1998.
RAMÍREZ, SOCORRO Y RESTREPO, LUIS ALBERTO. Actores en conflicto por la paz. El proceso de paz
durante el Gobierno de Belisario Betancur, 1982- 1986. Bogotá: Siglo XXI Editores- CINEP, 1989.
GOBIERNOS DE 1986-1990.
IV. VIRGILIO BARCO VARGAS (1986- 1990)
1.La Oposición Reflexiva.
2.El Plan De Economía Social.
3.Reconciliación Y Rehabilitación.
4.El Narcotráfico.
5.La Guerra Contra El Narcotráfico.
6.El Estatuto Antiterrorista.
7.Seguridad Y Defensa.
8.La Extradición.
9.Declaratoria De Guerra.
10.La Dirección Nacional De Antinarcóticos.
11.El Proceso De Paz.
12.La Iniciativa Para La Paz.
13.El Nuevo M-19.
14.La Democracia Participativa.
15.Los Mal Llamados Paramilitares.
16.La Coordinadora Nacional Guerrillera C. N G.
BAJO LA BANDERA DEL “PROGRAMA PARA EL CAMBIO SOCIAL”, VIRGILIO BARCO
VARGAS PUSO FIN AL MODELO DEL FRENTE NACIONAL AL INAUGURAR EL ESQUEMA
POLÍTICO GOBIERNO- OPOSICIÓN. EN SU MANDADTO TUVO QUE ENFRENTARSE A LOS
EMBATES DE LOS GRUPOS GUERRILLEROS, DEL NARCOTRÁFICO Y DE LOS LLAMADOS
GRUPOS DE JUSTICIA PRIVADA. ENTRE SUS LOGROS ESTUVO LA CONVOCATORIA DE UNA
ASMBLEA CONSTITUYENTE.
Virgilio Barco Vargas fue elegido presidente con la votación más alta de la historia, lo que le confirió la
legitimidad necesaria para imponer un nuevo esquema político de Gobierno. Tras la renuncia de Luis Carlos
Galán a la candidatura de su partido, luego de la derrota del Nuevo Liberalismo ( el movimiento por él
fundado ) en las elecciones para el Congreso del 9 de Marzo de 1986, Virgilio Barco Vargas fue respaldado
en su aspiración presidencial por su partido, el liberal. Con un total de 4´.211.826 votos, el 58.2% del total,
derrotó a sus contrincantes Álvaro Gómez Hurtado, quien representaba al Partido Conservador y obtuvo 2
´.586.825, a Jaime Pardo Leal, candidato de la Unión Patriótica quien alcanzó 328.641; y a la candidata
independiente Regina 11, que apenas logró un 1% de los votos.
Con estos resultados, el nuevo presidente esbozó lo que sería su esquema político de Gobierno. En su opinión,
el modelo del Frente Nacional, de responsabilidad compartida y paridad administrativa, terminado
formalmente con Misael Pastrana Borrero, pero prolongado en las posteriores administraciones presidenciales,
debería terminar y dar a los gobiernos de partido o “libre juego de los partidos”, como se le denominó
entonces. Según manifestó al respecto, “el esquema Gobierno- partidos de oposición no es más que otro
nombre para la democracia pluralista y competitiva”. Con base en ello, e interpretando el artículo 120 de la
Constitución Nacional acerca de la participación adecuada y equitativa para este fin, Barco procedió a
nombrar tres ministros conservadores en las carteras de Salud, desarrollo y Comunicaciones.
El ex presidente Misael Pastrana Borrero se manifestó contrario a la nueva propuesta política del presidente y
declaró que el Partido Conservador debería abstenerse de participar en los altos niveles gubernamentales y
ejercer una “oposición reflexiva”, posición que fue recogida por el Directorio Nacional Conservador el 29 de
Mayo de 1986. Así las cosas, los tres ministros conservadores rechazaron sus nombramientos y, a partir de ese
momento, comenzó el llamado Gobierno de partido, es decir, un Gobierno exclusivamente liberal que duraría
los cuatro años de la administración de Barco Vargas. La política de oposición del Partido Conservador fue
también puesta en práctica por el Nuevo Liberalismo, que sólo apoyaría al Gobierno en situaciones de crisis; y
por la Unión Patriótica, el partido de izquierda y de las FARC que había manifestado su deseo de participar en
algunas alcaldías.
A partir de una clara orientación neoliberal (mínima intervención estatal, apertura a la economía mundial y
orientación de la inversión privilegiada al sector privado), la administración Barco Vargas diseñó tres
estrategias centrales para el Plan de Economía Social: desarrollo social, manejo de las políticas
macroeconómicas y crecimiento económico. Como uno de los ejes del plan de desarrollo del gobierno se
definió la reorientación del gasto público hacia el suministro de activos físicos, productivos y sociales a las
regiones y comunidades de menores ingresos a través de tres programas: el Plan Nacional de Rehabilitación,
el Programa de Desarrollo Integral Campesino y el Plan de Lucha contra la Pobreza.
El Programa de Desarrollo Integral Campesino fue coordinado por el Fondo de Desarrollo Rural Integral. Para
cubrir 534 municipios se destinaron 77. 491.200 millones que representaban el 20% del total asignado al
sector agropecuario. Estos recursos se orientaron a la producción (31%), a la comercialización, al desarrollo
social, a la infraestructura (50%), coordinación y administración. En el Plan de Lucha contra la Pobreza el
Gobierno invirtió durante el cuatrienio 1.2 billones (cifra equivalente a cerca del 30% del gasto total) en las
áreas sociales, específicamente en los sectores agropecuario, de comunicaciones, educativo y de salud. En el
educativo implementó el Plan de Universalización de la Educación Básica Primaria, adoptando la promoción
automática de los estudiantes, en el de salud fueron creados los Hogares Comunitarios de Bienestar Infantil,
para el mejoramiento nutricional y el estímulo a la socialización de los menores de 7 años. En el de
comunicaciones se puso en funcionamiento el proyecto Cable
Submarino de Fibra Óptica o Cable Transcaribeño. Además se montó la Red Nacional de Transmisión de
Datos, Coldapaq que agilizó el servicio informativo.
En desarrollo del Plan de Economía Social, dirigido por la Presidencia ( a través de la Consejería Presidencial
para la Reconciliación, la Normalización y la Rehabilitación; y de la Secretaría de Integración Popular ), el
Plan Nacional de Rehabilitación; y de la Secretaría de Integración Popular ), el Plan Nacional de
Rehabilitación, diseñado en la administración de Belisario Betancur, cubrió 305 municipios ubicados en 23
regiones, equivalente al 30% de los municipios y a una población de unos cinco millones de habitantes. Las
regiones de rehabilitación fueron clasificadas en zonas de enclave, deprimidas y de colonización.
Según la clasificación hecha por el Gobierno, las zonas de enclave corresponden a aquellas donde la actividad
económica está ligada a la explotación de un recurso natural con alta demanda externa, pero cuyo
Dinamismo no beneficia a la economía regional. Estas zonas se caracterizan, además, por una densidad
poblacional baja, un mercado laboral de precario desarrollo, una infraestructura física y social deficiente, y
una débil presencia del Estado. En las zonas deprimidas habita el 62% del total de beneficiarios del Plan
Nacional de Rehabilitación, es decir, casi tres millones de personas que constituyen comunidades rurales con
predominio de actividades pecuarias y agrícolas, y que presentan altos índices de emigración.
Las zonas de colonización, por su parte, representan el 18% de las demarcadas en el plan y se caracterizan por
una escasa presencia estatal, falta de vías de comunicación, carencia de infraestructura de servicios públicos,
así como inestabilidad de los procesos productivos. La política de Reconciliación buscaba el acercamiento del
Estado a la comunidad mediante la participación comunitaria. Para avanzar en este propósito se reglamentaron
las reformas aprobadas durante el Gobierno de Belisario Betancur: la elección popular de alcaldes, la carrera
administrativa y la descentralización administrativa y fiscal. Además, se crearon los consejos de rehabilitación
y las veedurías populares. Por su parte, la política de Normalización se basaba en el criterio que la superación
de los problemas de la paz exigía el fortalecimiento del poder civil y el respeto a las normas de convivencia y
tolerancia, así como la preservación del monopolio de las armas en manos de las fuerzas de seguridad del
Estado. De la misma manera, fueron diseñados y puestos en práctica mecanismos y condiciones para que los
grupos insurgentes se reintegraran a la vida civil.
El efecto buscado con la política de Rehabilitación, Normalización y Reconciliación no podía ser logrado en
tanto no se elaboraran un diagnóstico y una estrategia dirigidos a combatir, desde un ángulo social y de salud
pública, el grave problema de la producción, procesamiento y venta de narcóticos. Como se carecía de tal
diagnóstico y estrategia, primaron las acciones represivas (militares, policiales y judiciales), en consideración
a que la penetración social del narcotráfico iba en aumento, tanto en las regiones de producción y
procesamiento como en los lugares donde los narcotraficantes habían expandido su inversión y actividades de
Al inicio de la administración, se calculaba que los ingresos anuales al país por el negocio de la coca estaban
entre mil y dos mil millones de dólares, mientras que la renta anual de los narcotraficantes se acercaba a los
cuatro mil millones de dólares. Al finalizar, se había detectado un nuevo cultivo ilícito, el de la amapola, que
rápidamente se expandiría a lo largo de las tierras frías de la cordillera de los Andes.
Una primera reacción ante el problema de los cultivos ilícitos fue la de la fumigación masiva de las
plantaciones de marihuana y la erradicación manual de la hoja de coca. Posteriormente, bajo la presión de
Estados Unidos (principal consumidor de droga), el acento se colocó en la acción militar y en la aplicación de
la extradición. Aunque renuentes a asumir esa labor que desbordaba sus funciones constitucionales, las
Fuerzas Armadas se comprometieron desde 1988 en la militarización de la “guerra contra las drogas”,
actividad en la que también participaron la Policía Antinarcóticos y el Departamento Administrativo de
Seguridad, DAS.
En el adelanto de la guerra contra las drogas hubo un alza sustancial en los niveles de la ayuda
norteamericana: mientras en 1985 los recursos alcanzaron 800 mil dólares, en 1989 llegaron a 72 millones de
dólares; es decir, se presentó un incremento del 900%. Además, el Plan Bennett, de 1989, propuso la entrega
de 76 millones de dólares más en asistencia militar adicional para Colombia.
En esas condiciones, las organizaciones delictivas, entre ellas las de los narcotraficantes y los grupos de
justicia privada, respondieron con violencia extrema a la acción gubernamental: entre otros hechos,
activación de una bomba de 100 kilos de dinamita en el edificio del Das, en Mayo de 1989 en Bogotá, para
asesinar a su director, el general Miguel Alfredo Maza Márquez ( quien escapó de otro atentado en la carrera
séptima) , activación de una bomba en pleno vuelo de un avión de Avianca en Noviembre de 1989.También
asesinaron a diversas personalidades entre otras: Guillermo Cano Isaza director de El Espectador; Jaime
Ramírez Gómez, ex director de la policía Antinarcóticos; Jaime Pardo Leal, candidato de la Unión Patriótica a
la Presidencia de la República; Carlos Mauro Hoyos, Procurador General de la Nación; José Antequera,
miembro del Partido Comunista; Luis Carlos Galán, candidato liberal; Bernardo Jaramillo Osa, candidato de
la UP; y Carlos Pizarro, ex comandante del M- 19.
Para enfrentar estas acciones terroristas, así como las provenientes de los grupos guerrilleros, el Gobierno
expidió el decreto 180 de enero de 1988 o Estatuto para la defensa de la democracia (también conocido como
Estatuto Antiterrorista), en el cual se tipificaban el delito de terrorismo y los delitos conexos. De igual forma
se reglamentó la Ley 30 de 31 de Enero de 1986 o Estatuto Nacional de estupefacientes, mediante el Decreto
3788 del 31 de Diciembre de 1986.
En 1989 se expidió el Decreto 813, que creó una comisión asesora y coordinadora de planes para combatir a
los grupos ilegales que adelantaban actividades de justicia privada. En el mismo año, el Decreto Legislativo
1194 adicionó el 813 al Estatuto Antiterrorista, el Decreto 814 de 1989 creó el Cuerpo Élite de la policía para
combatir a los grupos de justicia privada y a los narcotraficantes. Posteriormente, el Decreto 815 de 1989
suspendió el artículo 33 del Estatuto Orgánico para la Defensa Nacional de 1965, el cual permitía obtener
salvoconductos para portar armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y organizar grupos de autodefensa
y pretendió recuperar para el estado el monopolio del uso de la fuerza.
El Tratado de Extradición colombo- estadounidense de 1979, junto con el Estatuto Nacional de
estupefacientes, pretendió ser utilizado por el Gobierno de Virgilio Barco Vargas para combatir a los
narcotraficantes y la violencia asociada a ellos. Sin embargo, el 12 de Diciembre de 1986, la Corte Suprema
de Justicia declaró inexequible la Ley 27 del 3 de noviembre de 1980, que había aprobado este tratado. El 14
de Diciembre de 1986, el presidente sancionó la Ley 68 que aprobaba nuevamente el tratado y que sirvió de
base para extraditar al narcotraficante Carlos Lehder Rivas, capturado el 4 de Febrero de 1987. Sin embargo,
la Procuraduría general de la Nación declaró inexequible esta última ley.
Luego de fricciones entre el Gobierno de Estados Unidos y su homólogo colombiano, debido a errores
judiciales en torno a la captura y posterior liberación del narcotraficante Jorge Luis Ochoa Vásquez y del
incremento de la violencia sicarial narcotraficante ( que produjo entre enero y Junio de 1989 1216 asesinatos)
y 156 funcionarios, incluyendo al comandante de la policía de Antioquia, al magistrado Carlos Valencia y al
candidato presidencial Luis Carlos Galán, el Gobierno decidió promulgar el Decreto 1860 de Agosto 18 de
1989, que autorizaba la extradición por vía administrativa y que fue declarada exequible por la Corte
Suprema. El mismo día expidió también siete decretos, haciendo uso del estado de sitio. A partir de entonces,
y hasta febrero de 1990, se efectuaron 14 extradiciones a las cuales la delincuencia organizada respondió con
la “guerra total” contra el Gobierno y la sociedad. En retaliación por la política de extradición del gobierno, el
Cartel de Medellín desató una ofensiva terrorista en la que cientos de colombianos murieron a consecuencia
de bombas colocadas en lugares públicos. Sin solución en ese momento, a pesar de las intenciones de los
narcotraficantes de dialogar con el Gobierno, una nueva fase de tratamiento se iniciaría durante el mandato de
Al conocer la última estrategia del Gobierno en materia de extradición, el capo Pablo Escobar Gaviria lanzó
su pavorosa declaratoria de guerra: “ si conseguimos un peso es para de ahora en adelante quemarles las casas
a los ricos, a los políticos, al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos
molesten, a los periodistas. De manera que tenemos que crear un caos muy verraco 8…) para que nos llamen a
paz (…) esa es la única fórmula que yo le veo a esto (…) “.
UNA REVOLUCIÓN SIN PAR.
“El narcotráfico es la revolución que Colombia no tuvo. En menos de tres décadas cambió la estructura social
del país, la tenencia de la propiedad de la tierra, las costumbres políticas (e incluso las culturales) y trastocó la
escala de valores de los colombianos. Sus efectos perniciosos no deben diluirse antes de tres generaciones”.
El Espectador, Cien años de colombianidad.
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ANTINARCÓTICOS.
“En Marzo de 1987 fue creada la Dirección general de Antinarcóticos de la Policía, la cual tiene como función
la planeación, dirección, coordinación y supervisión de las operaciones policiales tendientes a la prevención y
control de todas aquellas conductas delictivas y contravenciones que se relacionen con la producción,
fabricación, exportación, importación, comercio, uso y posesión de estupefacientes en todo el territorio de
Colombia. La Dirección Antinarcóticos agrupa a dos servicios especializados: el Comando de Control de
Sustancias que producen Adicción Física y Psíquica y el Comando de servicio Aéreo de la Policía”.
Andrés López Restrepo.
Durante su campaña a la presidencia, Virgilio Barco Vargas se aproximó al diagnóstico socio- político de
Belisario Betancur, considerando que había condiciones objetivas de injusticia social que explicaban la
existencia de guerrillas en Colombia; por ello se precisaba de reformas de fondo para erradicar los factores
que originaban la violencia. Bajo la consigna de “pulso firme y mano tendida”, el presidente entendía que los
espacios de reforma, negociación y diálogo no podrían dejar de lado la acción represiva de las Fuerzas
Armadas, cuando ésta se requiera; por tal motivo, durante los dos primeros años de su Gobierno predominó el
“pulso firme”.
Entre los años 1986 y 1988, la política de Reconciliación Normalización y Rehabilitación enfatizó en la
acción unilateral del Gobierno, procurando restarle de esta manera piso político a la guerrilla. Y, aunque
pretendió establecer vínculos con las comunidades, el Gobierno de Barco no logró sobrepasar los límites
tradicionales de entendimiento con los sectores sociales marginados. Por ello, los resultados de la política de
reconciliación fueron pobres.
Además de las deficiencias propias de la acción administrativa, el distanciamiento obedecía en parte a la poca
atención prestada por el Estado a la propagación de los organismos de justicia privada (que durante 1988
iniciaron la modalidad de las masacres colectivas), cuyas actividades se oponían a los propósitos de
reconciliación y normalización. Al respecto tampoco tuvieron éxito las relaciones del ejecutivo con el
Legislativo y con los partidos Liberal y Conservador, hasta el punto que se hundieron las dos propuestas
básicas de reforma política, plebiscito, primero y proyecto legislativo, después.
LA INICIATIVA PARA LA PAZ.
El cambio de opinión sobre las estrategias a seguir frente a la situación nacional ocurrió con motivo del
secuestro de Álvaro Gómez Hurtado por parte del N-19, el 29 de Mayo de 1988; y la posterior propuesta de
esa organización de un alto al fuego y una cumbre de salvación nacional. Dado que por parte del grupo
guerrillero había una manifiesta voluntad de reinserción a la vida civil, el Gobierno de Barco respondió con la
llamada “iniciativa para la paz”, en Septiembre del mismo año la que permitió comenzar una segunda fase del
proceso que abarcó el período comprendido entre 1988 y 1990.
Durante este lapso fueron firmadas varias “declaraciones conjuntas” entre el Gobierno y el M- 19, tendientes
todas a una desmovilización y entrega de armas y a una promoción del llamado diálogo político, para afianzar
la paz, la apertura democrática y para establecer nuevas reglas del juego político. Dos instancias para integrar
a los ex combatientes guerrilleros a la sociedad civil y a los partidos políticos, sin que tuvieran efectos
sustanciales; ellas fueron los Consejos regionales de Normalización y las Mesas de Análisis y Concertación.
Finalmente, el 2 de Noviembre de 1989, se firmó el Pacto Político por la Paz y la Democracia.
EL NUEVO M-19.
Durante el lapso de conversaciones con el Gobierno, el M-19 suspendió operaciones militares y sus miembros
fueron ubicados territorialmente en la vereda Santo Domingo, municipio de Toribío, en el departamento de
Cauca. La Ley 77 de 1989, de indulto para esa organización, fue sancionada presidencialmente el 22 de
Diciembre, después de lo cual se procedió a la entrega de armas y a la reincorporación definitiva de los
integrantes de esta organización a la vida civil.
En las posteriores elecciones para renovar cuerpos colegiados, el M-19 alcanzó más de 100 mil votos con los
cuales obtuvo alcaldías, concejos, asambleas y representación en la Cámara de representantes.
Desafortunadamente, el candidato presidencial y máximo líder en ese momento, del nuevo M-19 o Alianza
Democrática M-19, Carlos Pizarro Leongómez, fue asesinado en un avión el 26 de Abril de 1990, hecho que
le asestó un duro golpe a la política de reconciliación.
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