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Timestamp: 2019-02-20 20:37:08+00:00

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P.A. 9755-2012 | Artículos | La Revista | Forseti
Edición 2015 número 1 > P.A. 9755-2012
Lima, ocho de agosto de dos mil trece
I. VISTOS; con los acompañados:
I.1. OBJETO DE GRADO.
El recurso de apelación formulado por el demandante don Juan José Amaya Medina, de fecha dos de abril de dos mil doce, obrante a fojas mil trescientos veintidós, contra la sentencia resolución Nº 43 de fecha treinta de enero de dos mil doce, a folios mil doscientos ochenta y dos, que declara infundada la demanda incoada, con lo demás que contiene, en los seguidos por la parte recurrente contra los magistrados de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República doctores Roger Williams Ferreira Vildózola, Julio Pachas Avalos, Claudio Luis Pedro Gazzolo Villata, Jaime Aníbal Salas Medina e Yrma Flor Estrella Cama, contra el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial y Mobil Oil Perú Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (sucedido procesalmente por Repsol Comercial Sociedad Anónima Cerrada), sobre Proceso de Amparo.
I.2 SUSTENTO DE LA DEMANDA DE PROCESO DE AMPARO.
Los acápites 2.1 a 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.5 y 2.5,1 de la demanda están dedicados a una descripción de los antecedentes, fecha de la adquisición de los bienes inmuebles, inscripciones registrales de gravámenes y cargas, incidencias sobre la resolución administrativa Nº 113-2002-SUNARP/TRN, demanda contenciosa administrativa y los cuestionamientos a la misma, de la contestación de demanda del Tribunal Registral del Norte y de la Procuradora Pública a cargos de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia; los puntos 2.6, 2.7 y 2.8 describe los considerandos de la sentencia de la Primera Sala Civil que declaró infundada la demanda, el recurso de apelación de Mobil Oil Perú Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, resolución en segunda instancia que confirmó la apelada, y el recurso de casación formulado por Mobil Oil por interpretación errónea de los artículos 2012 y 2014 del Código Civil; el apartado 2.9 menciona los considerandos de la decisión de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República que resolvió declarar fundado el recurso de casación interpuesto por Mobil, en consecuencia nula la resolución de la Sala Civil Permanente, y actuando en sede de instancia revocó la sentencia apelada de la Primera Sala Civil de Trujillo y reformándola, declaró fundada la demanda y en consecuencia nula la resolución del Tribunal Registral Nº 113-2002-SUNARP/TRN, disponiendo que se emita nueva resolución en los términos precedentes y la inscripción de la ampliación del usufructo conforme a ley; en el punto 2.10 se dedica a presentar sus cuestionamientos contra la sentencia casatoña, realizando afirmaciones que la decisión de la Sala Suprema trastoca los principios de razonabilidad y congruencia, violenta la Constitución y la ley al no respetar los procedimientos previamente establecidos; alega que está probado hasta la saciedad que no existió acto de inscripción, que si bien se solicitó la inscripción y se hizo asiento de presentación, jamás hubo asiento de inscripción del acto jurídico de ampliación de usufructo; pasando a exponer sus argumentos respecto a la caducidad del asiento de presentación, que si bien el usufructo y la hipoteca estaban contenidos en el mismo título eran actos jurídicos independientes; sobre las formalidades de las inscripciones; en el apartado 2.11 reitera sus cuestionamientos a la sentencia que declara fundada la casación; arguyendo “que al considerar que como tercero registral estaba obligado a la búsqueda de todo aquello que pudiese afectar mi futuro derecho de propiedad’ que la buena fe se presume mientras no se acredite que tenía conocimiento de la inexactitud del registro, efectos que no alcanzan al amparista, ya que me encontraba en la capacidad de conocer de la ampliación en el plazo del usufructo: contraviene el Debido Procedimiento Legal; expone una serie de alegaciones respecto a la publicidad registral y su buena fe, que no existía el asiento registral del acto jurídico de ampliación de usufructo aduciendo que el asiento de presentación no generó inscripción del acto, que el titulo presentado contenía actos jurídicos independientes con orden de inscripción, contraprestación y condición que se incumplió, que la inscripción de gravámenes y cargas deben constar en un nuevo asiento a favor de quien corresponda; cuando el titulo comprende varios derechos inscribibles se determinará el derecho objeto de cada inscripción, expresará la naturaleza del contrato o acto, ya que la inscripción de un derecho no determina la inscripción de un derecho contenido en otro acto no inscrito; concluyendo que esa es la razón por la cual la ilegal decisión afecta su derecho fundamental a disfrutar de su propiedad,
I.3 Fundamentos de la sentencia apelada.
La sentencia emitida en proceso de amparo que declara infundada la demanda, inicia analizando que el contenido de la demanda es un recuento de las decisiones jurisdiccionales y administrativas recaídas en el conflicto con Mobil Oil del Perú Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, citando los argumentos de su parte y de la co demandada, mas no se explaya sobre los derechos constitucionales invocados como afectados por la sentencia casatoria y de la cual pretende la nulidad: que la casación Nº 3088-2006 dispuso la inscripción de la ampliación del usufructo sobre los inmuebles de su propiedad al considerar que el amparista como tercero registral estaba obligado a la búsqueda y se encontraba en la capacidad de conocer de la ampliación en el plazo del usufructo; que el proceso de amparo no otorga competencia para efectuar nueva revisión de hechos, pruebas y derecho, cual si fuera una supra o tercera instancia; que lo que corresponde es establecer si la sentencia casatoria ha afectado los derechos constitucionales invocados; se remite a jurisprudencia constitucional sobre el límite de revisión del proceso judicial ordinario; sustenta que se cumplió con el debido proceso, que la interpretación de los artículos 2012 y 2014 del Código Civil responde a la atribución de la jurisdicción ordinaria, no correspondiendo en esta vía evaluar las decisiones judiciales a menos que se aprecie un proceder irrazonable, que no sucede en este caso; que la sala casatoria ha procedido conforme a los fines de la casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, cumple con la motivación debida; sobre la solicitud de desistimiento de la rogatoria del usufructo, es una decisión unilateral que en nada reduce los efectos de la sentencia casatoria cuestionada vía amparo; concluye en la desestimación de la demanda de amparo.
I.4 Recurso de apelación.
El apelante solicita que se declare fundada su demanda y en consecuencia nula la sentencia de fecha trece de junio de dos mil siete de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación Nº 3088-2006, emitida en el proceso contencioso administrativo, que dispuso la inscripción de la ampliación del usufructo sobre los inmuebles de su propiedad inscritos en la fichas Nº 29453, 29454 y 50538 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de la Zona Registral Nº V Sede Trujillo, por violación de los derechos al debido proceso, igualdad ante la ley, disfrute de su propiedad que adquirió de buena fe y principios de razonabilidad y congruencia; señala que la naturaleza de su agravio por la sentencia impugnada, es el atentar contra el debido proceso legal y tutela jurisdiccional efectiva, daño económico y moral; el apelante desarrolla su recurso de apelación en dos aspectos, el primero dirigido a cuestionar la validez de la sentencia recurrida y el segundo a reiterar los sustentos de su demanda constitucional; los sustentos del recurso impugnatorio se absuelven en la parte considerativa de esta sentencia.
PRIMERO: DELIMITACIÓN DEL PETITORIO
1.1 Es objeto de pronunciamiento la apelación de la sentencia contenida en la resolución Nº 43 de fecha treinta de enero de dos mil doce, a folios mil doscientos ochenta y dos, que declara infundada la demanda de acción de amparo.
1.2 Los fundamentos del recurso de apelación están referidos a dos extremos, el primero a cuestionar los fundamentos de la sentencia apelada alegando vicios de nulidad, y el segundo a reiterar los fundamentos de su demanda constitucional de amparo formulada contra lo resuelto en casación en un proceso contencioso administrativo,
1.3 Procediendo a continuación emitir la sentencia de segunda instancia, con pronunciamiento en primer término sobre los vicios imputados a la sentencia impugnada y luego sobre el fondo de la pretensión constitucional.
SEGUNDO: SOBRE LAS ALEGACIONES DE VICIOS DE LA SENTENCIA APELADA.
2.1 En el proceso constitucional de amparo la declaración de nulidad de la sentencia impugnada disponiendo el reenvío no es siempre una posibilidad; así el segundo párrafo del artículo 20 del Código Procesal Constitucional dispone que cuando el vicio de la resolución impugnada sólo alcanza a ésta, no procede declarar la nulidad y reponer el tramite, debiendo emitirse pronunciamiento; tanto mas, en atención al principio de economía procesal prescrito en el artículo III del Título Preliminar del código citado; así como privilegiar el cumplimiento de los fines esenciales del proceso constitucional por sobre las formas, ello en concordancia a lo previsto en el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
2.2 En este caso las alegaciones de nulidad del apelante no se limitan a la sentencia recurrida sino al procedimiento mismo, cuestionando la sucesión procesal, la formulación de una excepción procesal luego de vencidos los plazos, la misma que declarada infundada fue impugnada; requiriendo en este caso emitir pronunciamiento al respecto para verificar si se han afectado o no elementos esenciales del debido proceso, que trasciendan sobre la validez y decisión de la impugnada.
2.3 Como vicios de la sentencia, el apelante aduce no aplicación del artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil, del principio de jerarquía y de congruencia; aplicación errónea de los artículos 2012 y 2014 del Código Civil, sobre la publicidad y buena fe registral; aplicación errónea de los artículos 184 y 202 del Reglamento de Inscripciones de Registros Públicos, por inaplicación del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, sobre el debido proceso legal.
Sin embargo el apelante no expone ningún fundamento concreto respecto de la alegada inaplicación de los principios, no precisa con claridad en qué forma o debido a qué actuación se habría afectado los principios de jerarquía normativa y congruencia.
2.4 Sobre la denuncia de aplicación errónea de los artículos 2012 y 2014 del Código Civil, y de los artículos 184 y 202 del Reglamento de Inscripciones de Registros Públicos; cabe anotar que este proceso constitucional no tiene por finalidad el control de derecho objetivo que orienta el recurso de casación por infracción normativa en función nomofiláctica estableciendo la debida aplicación, interpretación e inaplicación de una norma; sino que su finalidad es la de control de constitucionalidad de la resolución dictada en un proceso ordinario por afectación de derechos fundamentales; en ese sentido este extremo de las alegaciones del apelante carecen de sustento además que, evidencian su pretensión de obtener en la vía constitucional un pronunciamiento nuevo sobre presuntas infracciones normativas resueltas en la sentencia casatoria cuestionada en amparo.
2.5 Adicionalmente a lo expuesto, de la revisión de la sentencia apelada se advierte que no ha resuelto la controversia para la aplicación de las normas de derecho material contenidas en los artículos 2012 y 2014 del Código Civil y artículos 184 y 202 del Reglamento de Inscripciones; concordando con el objeto de decisión, el pronunciamiento se orienta a determinar si se produjo afectación de derechos fundamentales; analizando en el quinto considerando los fundamentos de la sentencia casatoria arribando a la conclusión que el Tribunal Supremo no incurre en proceder irrazonable, sino que ha realizado la interpretación de las normas en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales, conforme a las reglas especificas, valores y principios, y materialización de la independencia que la Constitución reconoce.
2.6 La sentencia apelada se encuentra debidamente motivada, contiene un desarrollo lógico y congruente de las razones de la decisión de declarar infundada la demanda, pronunciándose y absolviendo la misma, analizando los hechos y actuaciones; expresa como argumento principal que no se ha acreditado que la sentencia casatoria hubiera sido emitida en proceso irregular; se sustenta en norma constitucional del segundo párrafo del artículo 200 que establece la improcedencia del amparo contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular, y en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, además de ello expone como respaldos las sentencias del Tribunal Constitucional Nº 0200-2002-AA respecto al debido proceso, Nº 3179-2004-AA/TC respecto al control de constitucionalidad de las resoluciones judiciales ordinarias y Nº 03939-2009-PA/TC, de que este tipo de proceso constitucional no debe servir para replantear una controversia resuelta por órganos jurisdiccionales ordinarios.
2.7 Sobre la alegada inaplicación del debido proceso legal, aduce el recurrente que el veintidós de octubre de dos mil diez, la Sala Superior resolvió que Mobil Oil intervenga en calidad de litisconsorte necesario pasivo, pese que la misma se encontraba en condición de rebelde, luego justificando doctrinariamente la sucesión procesal de Mobil Oil del Perú Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada a favor de Repsol Comercial Sociedad Anónima Cerrada, dispuso la extromisión de la primera de las nombradas, violentado los plazos a favor del litisconsorte necesario pasivo, quien dedujo excepción de prescripción, derecho que no debía ejercer por su condición de suceder a un sujeto rebelde, que la excepción fue declarada infundada y Repsol ha apelado y goza de un derecho por el ilegal favor recibido.
Al respecto, se advierte de la revisión de los actuados que por resolución N 15, de fecha ocho de setiembre de dos mil nueve, de fojas doscientos sesenta y cinco, se admitió a trámite la demanda sobre proceso de amparo interpuesta por don Juan José Amaya Medina contra los Vocales de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República y el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial; no estando comprendida en el auto admisorio como emplazada la empresa Mobil Oil del Perú Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, asimismo tampoco fue comprendida en la declaración de rebeldía dispuesta por resolución Nº 24, de fecha diez de junio de dos mil diez, de fojas novecientos noventicuatro; la incorporación de Mobil Oil del Perú en calidad de litisconsorte necesario pasivo, ordenando su emplazamiento con la demanda, se encuentra dispuesta en momento posterior por resolución Nº 28, de fecha veintidós de octubre de dos mil diez de fojas mil veinte; tratándose de actos diferentes la declaración de rebeldía de los co demandados que no contestaron la demanda de la posterior incorporación y emplazamiento de un litisconsorte necesario pasivo; asimismo, la incorporación responde a la obligación de los jueces de velar por la relación jurídica procesal y emisión de sentencia válida, debiendo incorporar a quienes se extiendan los efectos de la sentencia para que ejerzan su defensa.
2.8 Asimismo, resulta de autos, que la litisconsorte, mediante escrito de fojas mil sesenta y nueve solicitó la declaración de sucesión procesal a favor de Repsol Comercial Sociedad Anónima Cerrada informando que por contrato de venta de derechos de usufructo del dos de octubre de dos mil seis, transfirió a su favor todas las obligaciones, privilegios, derechos accesorios como el usufructo que correspondían a Mobil, perdiendo la titularidad sobre los derechos de usufructo; pedido proveído por resolución Nº 31 de fojas mil setenta y dos que dispone la extromisión de Mobil Oil del Perú y el traslado de la demanda a la sucesora; ésta absolvió la demanda, y por resolución Nº 33, de fojas mil ciento veintitrés se tiene por contestada; trámite en el cual no se advierte irregularidad habiendo actuado la Sala Superior conforme a lo previsto en el artículo 108 del Código Procesal Civil, que en concordancia con el derecho fundamental a la defensa protegido en el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución Política vigente, sanciona con nulidad las actuaciones procesales realizadas después que una de las partes perdió la titularidad del derecho sin que se incorpore el sucesor procesal, más aún, la resolución 31, que dispuso la sucesión procesal fue notificada al demandante el veintidós de marzo de dos mil once, como consta de fojas mil ochenta y uno, sin que impugne ni cuestione dicha decisión, y denotando su conformidad por escrito de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once de fojas mil noventa proporciona el juego de copias para la notificación del sucesor procesal.
2.9 Respecto a la excepción de prescripción deducida por la litisconsorte pasiva, se observa que por resolución Nº 34 de fojas mil ciento cuarenta y seis fue declarada improcedente y saneado el proceso; la empresa interpuso apelación en el extremo de su excepción procesal, y por resolución Nº 35 de fojas mil ciento setentitrés le conceden la apelación sin efecto suspensivo y sin calidad diferida, ordenando la formación del cuaderno con las piezas procesales indicadas por la Sala Superior; a fojas mil doscientos cincuenta y tres obra el oficio de elevación del cuaderno de apelación, apareciendo en el Sistema Integrado Judicial que la apelación fue resuelta por la Sala Suprema por resolución de fecha catorce de agosto de dos mil doce, confirmando la resolución 34 de fecha diecisiete de agosto de dos mil once, en el extremo apelado; dicha excepción procesal fue formulada en ejercicio del derecho de defensa protegido en el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, y conforme a lo previsto en el artículo 10 del Código Procesal Constitucional que prevé la posibilidad de formular excepciones, la que fue desestimada en primera y segunda instancia por no cumplir el supuesto de procedibilidad; de lo que se advierte que no hay irregularidad en los actos procesales y decisiones de los jueces en el proceso de amparo.
2.10 Sobre los sustentos del noveno considerando de la sentencia, los cuestionamientos del apelante no están referidas en propiedad a vicios procesales sino en su discrepancia con el pronunciamiento, que por cierto responde a la alegación del demandante que ya no habría usufructo sobre el inmueble, señalando la sentencia que en todo caso es una solicitud unilateral de la co demandada, pues la notaria habría actuado a solicitud, que en nada reduce los efectos de la Sentencia de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema. Cabe agregar al respecto, que la finalidad de la casación es la función nomofiláctica conforme al modificado artículo 384 del Código Procesal Civil antes precisado, en ese sentido el control de derecho en casación se realiza en función de los hechos fijados por las instancias de mérito, partiendo del esquema fáctico asentado por las mismas para comprobar si se produjo o no la infracción normativa; por tanto ciertamente el cambio de los hechos alegados por el amparista en el proceso constitucional no modifican las circunstancias respecto de las cuales se emitió la sentencia casatoria.
2.11 El apelante arguye falso pronunciamiento de la recurrida al expresar que no se vulneró su derecho al debido proceso porque impugnó las decisiones del órgano jurisdiccional usando su derecho a la doble instancia. Revisada la sentencia se encuentra en el segundo considerando que señala textualmente: “pues retomando lo vertido por el propio demandante y las copias de los actuados judiciales, constatamos que se ha respetado no solo el principio de doble instancia, sino también su derecho de defensa, al haberse hecho uso de los medios impugnatorios respectivos y la presentación de los escritos respectivos que acreditaban las posiciones de cada parte interviniente en el proceso”; fundamentos que manifiestan la revisión de los actuados del proceso ordinario, y del cual concluye que las partes han hecho uso de las impugnaciones respetándose el principio de doble instancia y defensa; por lo que la sentencia no evidencia alegación de un hecho falso, sino el examen de los actuados y actuaciones de las partes intervinientes en el proceso anterior.
2.12 Alega el recurrente que si no hay proceso irregular la demanda debió ser declarada improcedente; en este extremo tampoco se establece afectación al debido proceso en tanto la decisión de la apelada de declarar infundada la demanda de desprende del examen de los sustentos de la pretensión y revisión de los actuados judiciales del proceso anterior, concluyendo en que no se ha acreditado proceso irregular, señalando al respecto el artículo 200 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria, que si no se acreditan los sustentos de la demanda esta será desestimada.
2.13 Finalmente, no se advierte que la sentencia exprese inseguridad con afirmación condicional que funde la decisión, mas bien como se tiene dicho y se detalla en la parte expositiva de esta sentencia, los fundamentos de la recurrida están referidos que la sentencia no vulnera el debido proceso (considerando segundo), el considerando quinto señala que hay proceso regular habiendo respetado el debido proceso; en el sétimo reitera que no es un caso de proceder irrazonable: y en considerando décimo concluye en desestimar la demanda.
Por los fundamentos expuestos, se concluye que la sentencia apelada no ha sido expedida incurriendo en vicio que afecte el sentido de la decisión, se ha cumplido el debido proceso y motivación adecuada respetando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva por lo que no se encuentra incursa en vicio de nulidad absoluta.
TERCERO: SOBRE LA PRETENSIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO.
3.1 Antes del pronunciamiento sobre las alegaciones de fondo, corresponde efectuar algunas precisiones sobre el proceso de amparo que contribuirán a sustentar la decisión final. El proceso de amparo es una acción de garantía constitucional que procede en términos generales, contra todo hecho u omisión, de cualquier persona o autoridad que afecten derechos fundamentales, incluso contra resoluciones judiciales que no hayan sido emanadas de proceso regular; ello de acuerdo a la interpretación constitucional del artículo 200 numeral 2 de la Constitución Política vigente, y a lo previsto en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional; acogiendo la posibilidad del proceso de amparo contra resoluciones judiciales firmes, cuando han sido dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, así como cuando se han vulnerado los demás derechos fundamentales que no son objeto de protección a través de otras acciones de garantía constitucional; en tanto la regularidad o irregularidad de las resoluciones judiciales se verifica de la observancia de los derechos fundamentales.
3.2 En el control de constitucionalidad de las resoluciones judiciales es indispensable ratificar que el debido proceso forma parte de los derechos fundamentales, habiendo interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que este es un derecho fundamental que sirve de instrumento para alcanzar justicia y obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas. Asimismo, la debida motivación de las resoluciones judiciales es un derecho fundamental consagrado en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú, en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en el artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil; estando vinculados los jueces por el ordenamiento jurídico a expresar los sustentos de su decisión al momento de emitir sus resoluciones, ello a efectos de poder verificar que éste obedece a una valoración de los elementos fácticos y jurídicos vinculados al caso en concreto y no a la arbitrariedad de los Magistrados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la motivación de las decisiones, ha establecido que: “(...) la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática (...)7 derecho a la motivación que también se vincula con el derecho de defensa protegido en el inciso 14 del artículo 139 de nuestra Constitución, al garantizar el acceso a las razones de la decisión, permitiendo al justiciable verificar si sus alegaciones han sido consideradas, así como conocer las respuestas a las mismas.
3.3 En este caso se ha formulado la demanda de amparo contra una sentencia casatoria emitida en proceso contencioso administrativo, solicitando se declare la nulidad de la sentencia de fecha trece de junio de dos mil siete en la Casación Nº 3088- 06, que dispone la inscripción de la ampliación del usufructo sobre los inmuebles de propiedad del amparista. La sentencia casatoria tiene la calidad de resolución judicial firme, ello resulta de la misma sentencia casatoria emitida en ejercicio de la facultad constitucional de la Corte Suprema prevista en el artículo 141 de la Constitución Política vigente de conocer en casación en última instancia los asuntos de su competencia; asimismo, que contra lo resuelto en sentencia casatoria con pronunciamiento sobre el fondo, no procede contra ella otro medio impugnatorio que el ya resuelto adquiriendo la autoridad de cosa juzgada conforme a lo previsto en el inciso 1 del artículo 123 del Código Procesal Civil.
En tanto la resolución judicial objeto de examen de constitucionalidad es una sentencia casatoria emitida por la Sala Suprema en ejercicio de la facultad constitucional prevista en el artículo 141 de la Constitución Política, es pertinente anotar que la Corte de Casación es una de cognición especial, sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que incide en la decisión judicial; ejerciendo un control como centinelas del derecho, velando por su cumplimiento “y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función jurisdiccional revisando si los jueces resuelven los casos particulares de acuerdo a la normatividad jurídica; custodiando los jueces de casación, que los jueces encargados de administrar justicia del asunto concreto, respeten el derecho en la solución de los conflictos.
En cuanto a la finalidad nomofiláctica de la casación se orienta a la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto, conforme se encuentra preceptuado en el artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364.
3.4 El apelante precisa que su petición es que se declare nula la sentencia casatoria que ordena la inscripción del asiento registral de usufructo, pretende el amparo del disfrute de su derecho de propiedad alegando que no es cierto que su demanda busque garantizar un derecho de posesión. El desarrollo de los sustentos de la demanda de amparo están dirigidos a reiterar los fundamentos de su contradicción en la pretensión contenciosa administrativa, aduciendo que las emplazadas Mobil y Repsol han reconocido que el usufructo no estaba inscrito solicitando la inscripción después de tres años; que si no había inscripción no existía publicidad registral; que no existía inscripción de ampliación del usufructo, sino un asiento de presentación; para que la publicidad registral surta efecto no basta el ingreso de la rogatoria, sino que el titulo haya sido inscrito, que no hay inscripción automática, que el asiento registral supone el cumplimiento de una secuencia de actos administrativos previos de calificación de un conjunto de documentos; que al comprar los inmuebles usufructuados no constaba inscrita la ampliación del plazo del usufructo, y que el responsable de ello es el registrador y el interesado; que el décimo tercero considerando es temerario cuando señala que al demandante no le alcanzan los efectos de la buena fe registral; que su demanda de amparo se funda en hechos sobre la vulneración de sus derechos fundamentales y no pretende una instancia judicial mas como prolongación de la jurisdicción ordinaria.
3.5 Emprendiendo el análisis de la sentencia casatoria, es pertinente reiterar que la labor nomofiláctica se realiza en función de los hechos fijados por las instancias de mérito, que estando correctamente establecidos se incurre en error de derecho en la aplicación o interpretación de la norma; en el caso particular y en el proceso de amparo no son objeto de cuestionamiento, existiendo uniformidad en la base fáctica.
- Que, la empresa demandante del proceso ordinario celebró un usufructo con vigencia hasta el año dos mil diez con los anteriores propietarios de los bienes inmuebles, los cuales fueron inscritos en Registros Públicos.
- Que, el dieciséis de setiembre de mil novecientos noventa y ocho se constituyó hipoteca sobre los inmuebles modificando el usufructo con ampliación del plazo por cinco años, hasta el cuatro de octubre de dos mil quince; los instrumentos fueron presentados al Registrador quién omitió inscribir la ampliación del usufructo.
- En forma posterior a ello, la propietaria vendió el inmueble a Juan José Amaya Medina (amparista), quién inscribió su derecho el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, siendo en esas circunstancias de la nueva transferencia, que ante el reclamo de la empresa sobre la extensión del asiento de inscripción de la ampliación del usufructo, fue objeto de tacha en la vía administrativa que agotada la misma recurrió a la contenciosa administrativa donde se resolvió en definitiva.
3.6 En primer lugar se verifica que la sentencia casatoria se encuentra estructurada formalmente con las exigencias procesales del artículo 122 del Código Procesal Civil, y las constitucionales del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, en tanto numerales consideraciones fácticas y jurídicas de la decisión, exponiendo en forma detallada y secuencial los fundamentos:
En la parte expositiva precisa la materia del recurso de casación interpuesto por Sandra Gonzáles Castro en representación de Mobil Oil del Perú Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada contra la sentencia de vista que confirma la apelada que declara infundada la demanda formulada por los recurrentes; anota que el recurso fue declarado procedente por causal de interpretación errónea de los artículos 2012 y 2014 del Código Civil.
En la parte considerativa remitiéndose al esquema fáctico, realiza la interpretación de los artículos 2012 y 2014 del Código Civil, que desarrolla en los considerandos tercero al quinto de la misma, para lo cual utiliza más de un método de interpretación, acudiendo al texto normativo, a la exposición de motivos del Código Civil, a principios registrales, y en concordancia con lo previsto en el artículo 160 del Reglamento de Registros Públicos; establece que forma parte de la publicidad de las registros los títulos archivados, pues siendo el asiento un resumen del título que le da origen, el título está a disposición de las personas al formar parte del asiento y de la publicidad registral; que en dicho sentido el tercero registral se encontraba en la obligación de efectuar la búsqueda de lo que pudiera afectar su futuro derecho de propiedad, y que en el caso de autos la sentencia impugnada incurrió en interpretación errónea del artículo 2012 del Código Civil; asimismo sobre el artículo 2014 del mismo código señala que consagra el principio de buena fe registral, estableciendo de la labor interpretativa los supuestos normativos contenido en el dispositivo legal; concluyendo que uno de los requisitos que debe cumplir quien alega buena fe, para que su derecho sea oponible, ésta debe haber estado presente al momento de la celebración del acto jurídico como de la inscripción, estableciendo también la infracción normativa por interpretación errónea de la norma citada, y aplicando la que considera correcta concluye que el tercero registral no actuó de buena fe; en aplicación de la facultad prevista en el artículo 396 numeral 1 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, declarando fundado el recurso de casación, casa la sentencia de vista y en sede de instancia revoca la sentencia apelada y reformándola; declara fundada la demanda contenciosa administrativa, en consecuencia nula la resolución administrativa impugnada disponiendo se emita nueva resolución con la inscripción de la ampliación del usufructo.
3.7 Ahora bien, entre los diferentes casos de resoluciones judiciales deficitarias que infringen los derechos fundamentales, el demandante no orienta su pretensión a ninguno de ellos, y como se detalla en el considerando 4.4 y en el acápite 1.2 de la parte expositiva, realiza cuestionamientos referidos a la pretensión amparada en el proceso contencioso administrativo, con referencias a los términos de la demanda, contestaciones y sentencias de primera y segunda instancia, y expresión de discrepancias con lo resuelto en la sentencia casatoria acometiendo los fundamentos de la misma y formulando alegaciones respecto de los hechos y el derecho que fueron materia de pronunciamiento en el proceso judicial.
3.8 Resultando evidente que en este caso, el amparista pretende un nuevo pronunciamiento sobre lo resuelto en el proceso contencioso administrativo. y no en propiedad en afectación al derecho fundamental a la motivación, pues como el mismo detalla en su demanda, la sentencia casatoria contiene una exposición de las razones con los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión judicial, por las cuales considera que la publicidad registral alcanza a los títulos archivados, que el tercero registral tenía la obligación de efectuar la búsqueda registral de todo aquello que le pudiera afectar su derecho de propiedad, sobre la interpretación errónea incurrida por la instancia de merito respecto de los artículos 2012 y 2014 del Código Civil, señalando cuál es la que considera correcta y qué se entiende por buena fe registral.
3.9 Tampoco se establece afectación al derecho fundamental de disfrutar de la propiedad, pues éste no es un derecho absoluto, sino que conforme a la norma constitucional contenida en el artículo 70 de la Constitución Política del Estado se protege la inviolabilidad de este derecho, y se prevé su ejercicio en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley:
El disfrutar de un bien es un componente del derecho de propiedad, que de acuerdo al artículo 923 del Código Civil, la propiedad confiere el poder jurídico que permite el disfrute del bien, que igualmente debe ejercerse dentro de los límites de la ley; no siendo inconstitucional ni ilegal disponer o afectar el disfrute de un bien, regulando el artículo 999 del Código Civil las facultades que confiere el usufructo permitiendo usar y disfrutar temporalmente un bien ajeno; el artículo 1000 del mismo código regula las formas de constitución del usufructo contemplando en el inciso b) la constitución por contrato, entendiéndose aquel celebrado por quien tiene el derecho (en este caso la propietaria) con el beneficiario; asimismo, el plazo de la afectación en usufructo se encuentra prevista en el artículo 1001.
3.10 En ese contexto jurídico y de acuerdo a los hechos fijados en el proceso contencioso administrativo, no se evidencia afectación del derecho fundamental a la propiedad en su expresión de disfrutar de los bienes inmuebles, cuando se han constituido usufructos permitidos y en la forma y plazos previstos por ley; así también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Abril! Alosilla y otros seguido contra el Estado del Perú, de fecha cuatro de marzo de dos mil once, en los párrafos ochenta y dos y ochenta y tres ha señalado que la propiedad en concepto amplio abarca el uso y goce de los bienes, pero que sin embargo éste no es un derecho absoluto, pudiendo ser objeto de restricciones y limitaciones siempre que se realicen conforme a las leyes y parámetros legales:
“Por último, resulta necesario reiterar que el derecho a la propiedad no es absoluto y, en ese sentido, puede ser objeto de restricciones y limitaciones78, siempre y cuando éstas se realicen por la vía legal adecuada y de conformidad con los parámetros establecidos en dicho artículo 21”.
3.11 A mayores argumentos, el amparista en principio no cuestiona la constitución del usufructo ni la celebración de la ampliación del mismo por la demandante con quienes detentaban la propiedad en ese momento; sino que sus discrepancias residen en la inscripción registral de la ampliación de los mismos que por error del Registrador no se inscribieron pese a ser presentados oportunamente; aduciendo el demandante que la publicidad de los títulos archivados y asientos de presentación de tales actos jurídicos que no se inscribieron en su oportunidad no le deben alcanzar; sustentos de carácter legal que ya fueron absueltos en la instancia ordinaria conforme a los fundamentos de hecho y derecho que señala la propia sentencia casatoria y se tienen referidos en el considerando 3.6 de esta resolución.
3.12 En este punto, cabe señalar que la finalidad del proceso de amparo contra resoluciones judiciales no es acceder a una suprainstancia para revisar la resolución cuestionada, ni obtener un segundo pronunciamiento sobre la labor interpretativa de las normas de derecho material, sustituyendo el control de derecho en función nomofilactica de la casación; sino que su objetivo es verificar si la resolución fue emitida en proceso irregular con afectación de los derechos constitucionales alegados; en este caso se ha examinado que la sentencia casatoria no resulta vulneratoria desde el contexto de los derechos fundamentales alegados, resultando en suma carente de sustento la demanda de amparo, procediendo a confirmar la sentencia recurrida.
Por estas consideraciones, CONFIRMARON la sentencia apelada de primera instancia resolución Nº 43, de fecha treinta de enero de dos mil doce, a folios mil doscientos ochenta y dos, que declara INFUNDADA la demanda incoada, con lo demás que contiene, en los seguidos por don Juan José Amaya Medina contra los magistrados de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República doctores Roger Williams Ferreira Vildózola, Julio Pachas Avalos, Claudio Luis Pedro Gazzolo Villata, Jaime Aníbal Salas Medina e Yrma Flor Estrella Cama, contra el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial y Mobil Oil Perú Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (sucedido procesalmente por Repsol Comercial Sociedad Anónima Cerrada), sobre Proceso de Amparo; ORDENARON publicar la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Rueda Fernández.-
Expediente 00012-2013-PA-TC

References: resolución 
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 artículo 384
 artículo 1
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 artículo 20
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 artículo 50
 artículo 139
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 artículo 200
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 artículo 108
 artículo 139
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 artículo 200
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 artículo 4
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 artículo 12
 artículo 122
 artículo 139
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 artículo 141
 artículo 123
 resolución 
 artículo 141
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 artículo 384
 artículo 1
 artículo 122
 artículo 139
 artículo 160
 artículo 2012
 artículo 2014
 artículo 396
 artículo 1
 resolución 
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 artículo 70
 artículo 923
 artículo 999
 artículo 1000
 artículo 1001
 artículo 21
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