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Timestamp: 2020-03-29 10:10:27+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 167, de 04/04/2006
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 167
Sesión plenaria núm. 156
celebrada el martes, 4 de abril de 2006
Exclusión del orden del día ... (Página 8338)
-Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), relativa a la modificación de los impuestos que gravan el gasóleo profesional agrícola.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 126-1, de 29 de octubre de 2004. (Número de expediente 122/000111.) ... (Página 8338)
-Tramitación directa y en lectura única:
-Proposición de Ley sobre la declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 221-1, de 16 de diciembre de 2005. (Número de expediente 122/000180.) ... (Página 8346)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 8347)
-Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la creación de una nueva modalidad de Premio Nacional dedicado al cómic. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, número 354, de 17 de marzo de 2006.
(Número de expediente 162/000450.) ... (Página 8347)
Página 8336
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre elaboración de un plan de protección de maltrato a menores. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 362, de 31 de marzo de 2006. (Número de expediente 162/000456.) ... (Página 8352)
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el intervencionismo político en el sector energético. (Número de expediente 173/000128.) ...
(Página 8359)
La Presidencia informa que, a petición del Parlamento autor de la iniciativa correspondiente a la proposición de ley relativa a la modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de forma que se posibilite la protección social y la contratación laboral de los investigadores, ha quedado pospuesto el debate relativo al punto de referencia.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 8338)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), relativa a la modificación de los impuestos que gravan el gasóleo profesional agrícola ... (Página 8338)
El señor Ramón Torres presenta, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), esta proposición de ley con el propósito de generar la creación de un gasóleo profesional agrícola, con unos impuestos reducidos, como el que gozan ya bastantes países de la Unión Europea y otros sectores considerados estratégicos en el Estado español.
Esta es una demanda que reiteradamente ha reclamado el sector agrario, junto con otras medidas, para minorizar las periódicas escaladas del precio de los carburantes y por tanto el incremento del precio del gasóleo agrícola. Finaliza pidiendo a los grupos parlamentarios la toma en consideración de esta iniciativa para intentar promover el gasoil profesional agrario.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Pintado Barbanoj, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Tramitación directa y en lectura única ... (Página 8346)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, la Presidencia informa que la Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno de la proposición de ley sobre la declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica. Sometido a votación el acuerdo de tramitación directa y en lectura única, se aprueba por 168 votos a favor, 114 en contra y una abstención.
Sometida a votación la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), relativa a la modificación de los impuestos que gravan el gasóleo profesional agrícola, se rechaza por 18 votos a favor, 149 en contra y 116 abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 8347)
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la creación de una nueva modalidad de Premio Nacional dedicado al cómic ... (Página 8347)
Página 8337
Defiende la proposición no de ley la señora Chacón i Piqueras, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Resalta la importancia del cómic como género popular, que combina recursos literarios y gráficos y que a lo largo de su siglo de vida ha ido burlando sus propios límites con una audacia que difícilmente encontraríamos en otros géneros. De hecho considera que una parte muy notable del cine actual no se entiende sin la influencia del cómic. De igual modo, algunas manifestaciones de la cultura contemporánea, como el arte pop, son deudoras de la iconografía y los medios expresivos del cómic. Por todos estos motivos, solicita el apoyo para esta iniciativa.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto y Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Lassalle Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene la señora Chacón i Piqueras.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre elaboración de un plan de protección de maltrato a menores ... (Página 8352)
Defiende la proposición no de ley la señora Salom Coll, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Recuerda las estadísticas de maltrato en España, cerca de 130.000 niños, resaltando que el 80 por ciento de los casos de violencia se produce dentro del ámbito familiar y son los niños menores de cinco años los más vulnerables al maltrato físico. Para su grupo la protección de la infancia es un deber de Estado que exige la suma de todos los esfuerzos por parte de las diferentes administraciones públicas, organizaciones sociales y centros educativos y sanitarios. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular propone un plan de protección contra el maltrato infantil, en colaboración con las comunidades autónomas, en el que se establezcan unos criterios comunes en materia de prevención y protección, además de la coordinación entre los distintos poderes públicos.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y López Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Salom Coll.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la creación de una nueva modalidad de premio nacional dedicado al cómic, se aprueba por 295 votos a favor.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la elaboración de un plan de protección de maltrato a menores, se rechaza por 126 votos a favor y 169 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 8359)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el intervencionismo político en el sector energético ... (Página 8359)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Castelló Boronat, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Manifiesta que la energía es uno de los factores clave no solamente para asegurar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos sino también para asegurar la competitividad de nuestras empresas. Durante los últimos diez años en España se han producido cambios muy importantes en el sector energético, que han tenido trascendencia en las pautas de consumo de los ciudadanos y, por supuesto, en términos económicos. Junto a este proceso
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de cambio de modelo también se han producido cambios en el contexto internacional. Por ello, las soluciones a los problemas que España tiene en el aspecto energético no pueden venir de forma aislada sino global, para afrontar los cambios que tienen que producirse en los próximos años y que harán que pasemos de lo que podríamos denominar el mundo de la energía del petróleo a un mundo de la energía que ya se apunta en las próximas décadas, sobre todo hacia mitad de siglo. Finaliza solicitando el apoyo de los grupos parlamentarios a esta moción que pretende avanzar y asegurar el futuro, que es muy importante si estamos de acuerdo en ese modelo energético que necesitamos para garantizar la seguridad del suministro, la eficiencia económica y para que sea un modelo sostenible respetuoso con el medio ambiente.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Velasco García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y el señor Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Castelló Boronat.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el intervencionismo político en el sector energético, con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y del Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por 141 votos a favor y 156 en contra.
Se suspende la sesión a las siete y veinticinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
-DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, RELATIVA A MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE FORMA QUE SE POSIBILITE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y LA CONTRATACIÓN LABORAL DE LOS INVESTIGADORES.
(Número de expediente 125/000014.)
En primer lugar, una comunicación a la Cámara. Anuncio a la Cámara que a petición del Parlamento autor de la iniciativa que figura como punto 1 del orden del día, correspondiente a la proposición de ley relativa a la modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de forma que se posibilite la protección social y la contratación laboral de los investigadores, ha quedado pospuesto el debate relativo al punto de referencia.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS QUE GRAVAN EL GASÓLEO PROFESIONAL AGRÍCOLA. (Número de expediente 122/000111.)
El señor PRESIDENTE: Punto II: Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, relativa a la modificación de los impuestos que gravan el gasóleo profesional agrícola.
Para la defensa de la proposición de ley, señor Ramón, por favor. Tiene quince minutos.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, presentamos hoy aquí, desde el Grupo de Esquerra Republicana, esta proposición de ley que queremos que genere la creación de un gasóleo profesional agrícola, un gasóleo con unos impuestos reducidos, como el que gozan ya en bastantes países de la Unión Europea y también otros sectores considerados estratégicos en el Estado español. Esta es una de las demandas que reiteradamente y con más ímpetu ha reclamado el sector agrario como una de las medidas, junto con otras, para minorar las periódicas escaladas del precio de los carburantes y, por tanto, el incremento del precio del gasóleo agrícola; un aumento del precio de los carburantes que en los últimos cinco años ha sido significativo. En este periodo, el gasóleo que usan los agricultores y ganaderos ha experimentado un incremento del 34,1 por ciento -esto si no tenemos en cuenta los últimos meses del año 2005, cuando el incremento del gasóleo agrícola ha experimentado un aumento del 50 por ciento-, y con la expectativa de que estos valores se irán incrementando si atendemos a la tendencia alcista en el incremento del precio del barril de petróleo. Precisamente hoy conocíamos que el precio
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del barril había llegado a otro máximo histórico, lo cual es una noticia negativa para el sector agrario.
Como ya quedó demostrado en la crisis del año 2000, podemos asegurar que si no se adoptan medidas eficaces que pongan fin a esta escalada de precios dejaremos en serio peligro la viabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas en el Estado español. Una viabilidad que tiene como mayor enemigo el equilibrio que hay entre los costes de las producciones agrícolas -unos costes que han aumentado un 35,7 por ciento en los últimos ocho años- y las rentas que obtienen los agricultores y ganaderos por las ventas de sus producciones. Ya hemos denunciado desde esta misma tribuna en más de una ocasión que al sector agrario le es imposible trasladar los incrementos de los costes de producción a los precios de sus producciones, debido básicamente a la presión que ejerce la industria y la distribución y también a la rigidez de los precios oficiales de intervención. Así pues, el agricultor, que solo participa en el beneficio un 26 por ciento de lo que paga el consumidor, no tiene forma de controlar ni de equilibrar su renta. Los números, señoras y señores diputados, no son nada esperanzadores para el sector. Las rentas agrarias en términos reales han permanecido estancadas durante estos últimos cinco años. En este periodo de tiempo la subida, como les decía anteriormente, ha experimentado un 35,7 por ciento de todos los costes de producción, y entre ellos podemos contar el gasóleo, fertilizantes, sanitarios, semillas, etcétera. Esto ha llevado a que estos gastos representen ya el 60 por ciento de la renta bruta de los profesionales agrarios. Entre estos costes de producción el gasto de energía y lubricante, en el que se contempla el gasto del gasóleo, supone ya un 10 por ciento de los costes totales. Podemos afirmar, pues, que el gasóleo agrícola se ha encarecido de manera insostenible desde enero de 1999 -los números son claros-, pasando de los 0,26 euros/litro, unas 43 de las antiguas pesetas, a los 0,70 euros/litro, 117 pesetas litro que se ha pagado este último mes. Con estos datos, señoras y señores diputados, no es de extrañar que una de las reclamaciones del sector en estos últimos años haya sido la necesidad de crear un gasóleo profesional agrario como el que propone hoy la proposición de ley que traemos a debate.
Señoras y señores diputados, no es una medida novedosa la que proponemos, pues otros sectores se han beneficiado de la misma después de largas reivindicaciones, paros y huelgas. Por ejemplo, como les comentaba, el sector pesquero ya se ha beneficiado de medidas para paliar la grave crisis que atraviesa. Por cierto, medidas que en gran parte fueron impulsadas por nuestro grupo parlamentario, como pretendemos también con la iniciativa que traemos hoy a consideración. Precisamente la proposición de ley persigue una minoración del precio del gasóleo destinado a actividades agrícolas, mediante la modificación de tres leyes que afectan a los impuestos que gravan el mismo. En primer lugar, proponemos modificar la Ley 37/1992, de 27 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido. La modificación es simple. Se trata de introducir en los supuestos en que se aplica el tipo reducido del IVA del 7 por ciento al gasóleo profesional agrícola, para cuya definición se utiliza la existente en nuestro ordenamiento jurídico, concretamente en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales. En dicha ley, que asimismo es objeto de modificación, se aplica un tipo de tarifa reducido para aquellos gasóleos utilizados en motores de tractores y maquinaria agrícola autorizados para circular por vías y terrenos públicos empleados en la agricultura, incluida la horticultura, la ganadería y la silvicultura. Creemos que esta definición es acorde con lo que se puede considerar como un gasóleo profesional agrícola, y por ello la introducimos como tal en la proposición de ley de nuestro grupo parlamentario. En segundo lugar, proponemos también la modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales. Lo que se pretende es que al denominado gasóleo profesional agrario no le sea de aplicación el impuesto especial de hidrocarburos. Para ello, en el ámbito objetivo de aplicación de la ley se introduce como excepción a su aplicación el gasóleo profesional agrícola, suprimiendo consecuentemente cualquier referencia al mismo a lo largo del texto normativo. En tercer lugar, pretendemos modificar la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales administrativas y de orden social, y también se excepciona del ámbito objetivo de la ley, por lo que se impide la aplicación de la tasa de hidrocarburos, como en el caso anterior, al gasóleo profesional agrícola. Con dichas modificaciones, con las correcciones técnicas, si cabe, que se puedan introducir en el transcurso del trámite parlamentario, conseguiremos una reducción sustancial del precio del gasóleo agrícola. En concreto, calculamos que se pueda reducir alrededor de un 25 por ciento su precio final de venta, con lo que daremos solución a una reclamación histórica del sector agrario, como es la de rebajar los costes de uno de los gastos de producción más importantes para el sector, pero sobre todo estancaremos la tendencia alcista que ocasiona una tremenda inseguridad para el agricultor, que no puede trasladar dichos costes al precio final de sus productos.
No quisiera acabar mi intervención sin resaltar que nuestro sector agrícola merece mayor respeto, consideración, ayuda y una verdadera política de Estado. La competencia de otros Estados dentro de la Unión Europea y, peor aún, la de terceros países es muy grande y perjudicial para nuestros agricultores. No se trata de que este sector viva de la subvención continuada, pero sí tenemos que poner todo el interés para que las explotaciones agrarias del Estado sean rentables y, en consecuencia, atractivas para el agricultor. Ustedes dirán que el trabajo del campo no supone hoy día la contratación directa de muchos trabajadores, y es cierto. De hecho, cada vez son menos las personas que viven y se dedican a la agricultura. Hemos de tener presente que el número de activos en dicho sector fue de 25.000 personas menos
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en el año 2004 y que esta misma tendencia se vio en el año 2005. Estas cifras son verdaderamente preocupantes. Dicho sector va perdiendo peso año tras año, en gran medida por el poco atractivo que supone para los agricultores un negocio nada rentable que solo les permite malvivir del fruto de su trabajo. Mantener vivo, consolidado y rentable este sector debería ser uno de los objetivos principales del ministerio y de las distintas consejerías de las comunidades autónomas. En este sentido debemos tener presente que el aumento del precio del carburante supone una importante fuente de ingresos para el Estado, debido a la aplicación porcentual del impuesto. Cuanto más caro es el impuesto más recauda el Estado y por antonomasia más gravados están los agricultores. Esto se puede corregir fácilmente en las iniciativas que traemos a consideración, y estarán ustedes de acuerdo en que sería un mal momento para que el Estado hiciera negocio con los agricultores, con la crisis que podríamos decir que tiene hoy día este sector. No podríamos entender un no a la toma en consideración de esta proposición de ley que obedeciera más a puros movimientos políticos que al convencimiento de los grupos parlamentarios de la oportunidad de esta ley; repito que no entenderíamos que fuera solo por movimientos tácticos políticos. Decimos una vez más que legalmente es posible, no existen impedimentos a nivel europeo y sí una necesidad del sector de que se adopten medidas decididas para su supervivencia.
Quiero acabar mi intervención parafraseando a un destacado dirigente sindical cuando afirma que esta medida que se propone no solo beneficia al sector agrario sino a toda la sociedad, que debe considerar que el colectivo agrario habita en muchos casos en zonas mal comunicadas y con un grave déficit de servicios sociales, zonas que sin ellos están abocadas a su abandono y desertización de población. Estamos pues ante una especie, la del agricultor, en peligro de extinción. Debemos tenerlo presente y poner medidas para que ello no suceda. Este es un sector en crisis, señoras y señores diputados, sobre todo por el aumento de los costes de producción, como les he estado documentando en esta intervención, también porque el sector debe afrontar la rebaja de las ayudas de la política agraria común y por la disminución de los márgenes comerciales. Entiendo, pues, que tendríamos que hacer entre todos un esfuerzo para que la crisis de este sector no se agrave. Señoras y señores diputados, empecemos con este paso significativo y demos luz a la creación del gasóleo profesional agrario, como solicitamos en nuestra proposición de ley, como han solicitado muchos representantes del sector, como quieren todos los agricultores y como han denunciado muchas veces en estos últimos años. Este incremento del gasóleo aumenta considerablemente -ustedes lo saben- los costes de producción. No podemos dejar de tomar en consideración esta proposición de ley. Desde nuestro grupo parlamentario creemos que todo lo que puede modificarse en esta proposición de ley se podrá hacer en el trámite parlamentario, pero en ningún caso podremos entender que no se tome en consideración. Por ello pido a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara que tomen en consideración esta proposición de ley y que en el trámite parlamentario intentemos entre todos dar solución, dar vía libre a una reclamación desde el sector, que es intentar promover de una vez por todas el gasóleo profesional agrario.
Muchas gracias, señores diputados y señoras diputadas.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Ramón.
¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra? (Pausa.) Si no es así, pasamos a fijar posición. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra doña Olaia Fernández.
Subo a esta tribuna para fijar nuestra posición respecto de la propuesta que se acaba de defender sobre el gasóleo profesional agrícola. Antes de expresar la posición concreta que tenemos ante esta iniciativa, quiero explicar los motivos que de alguna manera nos condicionan. Efectivamente, el motivo que suscita la propuesta que hoy nos presenta el Grupo de Esquerra Republicana es nada más y nada menos que el elevado precio de los combustibles profesionales, que asimismo durante el año 2005 fue motivo de distintas iniciativas y de un amplio debate en esta Cámara debido a la grave repercusión que estos precios tienen en sectores tan importantes de la economía como el agrícola, el pesquero y el del transporte en general.
La crisis generada por el incremento de estos precios, como acaba de decir el señor diputado, más del 35 por ciento en el último año, provocó que los sectores afectados se movilizaran descontentos con las medidas que el Gobierno ponía a su disposición, escasas sin duda, teniendo en cuenta los graves perjuicios que estaban sufriendo y que siguen sufriendo. Por otro lado, no hay que olvidar que estos sectores, fundamentalmente el pesquero y el agrícola, aun formando parte de este mercado que tantas virtudes tiene -entrecomillo esta última frase-, no pueden ser los que decidan el precio de sus productos, quedando por tanto a expensas del mercado, que como sucede con el sector agrícola están sujetos a las políticas de la OCM, que incluso impiden la producción de determinados productos. En el sector pesquero se dio el caso de competencia desleal, debido a que en el Estado francés se asumía por parte del Gobierno un precio especial para el combustible de dicho sector. En el último trimestre del año 2005 han jugado un importante papel reivindicativo los sectores afectados que a través de las negociaciones consiguieron mejorar, más exactamente paliar la situación inicial. Este Congreso no fue ajeno a ese problema y en ese mismo periodo, incluso con anterioridad, se trataron distintas iniciativas que en algunos casos permitieron también llegar a acuerdos.
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Señorías, disculpen este pequeño recordatorio de lo acontecido respecto de esta cuestión en los últimos meses del pasado año, pero lo hacemos considerando que ese debate y los acuerdos alcanzados pusieron de manifiesto, entre otras cuestiones, la necesidad de llegar a establecer medidas orientadas a los carburantes profesionales, de tal manera que se pueda afrontar adecuadamente el problema en todos los sectores de la economía en los que se manifiesta. Es cierto que a estas alturas aún no se tienen acuerdos establecidos en los distintos sectores que acabamos de mencionar: agrario, pesquero y del transporte, tal y como se planteaba en el apartado 2 de la proposición no de ley que por iniciativa del Grupo Catalán se aprobó en la Comisión de Economía, aunque -tenemos que decirlo- somos conocedores de la constitución de una mesa para negociar estas cuestiones; mesa que, de momento, no ha llegado absolutamente a ningún acuerdo ni tiene siquiera una periodicidad de negociación suficiente como para poder pensar que habrá un acuerdo inminente. Es necesario que el Gobierno acelere estas negociaciones, no solo para evitar situaciones de conflictividad como las que se vivieron en los meses que acabamos de mencionar en los sectores antedichos, sino también para eliminar los perjuicios que en los mismos se están generando debido a los precios del combustible. Asimismo es verdad, señoras y señores diputados, que ni las medidas tomadas por el Gobierno ni los acuerdos parlamentarios alcanzados son la solución a los problemas que ocasiona en estos tres sectores de la economía la oscilación de la subida del precio del carburante, y que el establecimiento de un precio especial para el combustible profesional o, cuando menos, una revisión de la imposición especial sobre los hidrocarburos que en lugar de ampliar la variabilidad de precios contribuya a dotar de mayor estabilidad a los mismos, y en consecuencia a los costes energéticos, sigue siendo una necesidad que se debe afrontar de manera global, sin que ninguno de esos sectores implicados quede fuera de la regulación, como ocurriría si aprobáramos la propuesta que nos presenta el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Señores del Grupo de Esquerra Republicana, compartimos con ustedes la preocupación por las graves consecuencias que el elevado precio de los carburantes genera en el sector agrario, pero consideramos que es necesario que las medidas que van más allá de aquellas soluciones paliativas, como la propuesta que ustedes nos hacen -una propuesta legislativa-, tengan en cuenta al resto de los sectores afectados, dado que si no lo hiciéramos se incurriría en un agravio comparativo que dudo mucho que los sectores pudieran entender. Es cierto que estamos tratando de la admisión a trámite de una propuesta, pero también es verdad que la propuesta nos limita, ya que se refiere al sector agrario, como dice el enunciado y ustedes están expresando. Por tanto, estando de acuerdo con la necesidad de crear mecanismos para que el elevado precio de los hidrocarburos no genere los perjuicios que está generando en sectores tan importantes para la economía como el agrario, el pesquero o el de transportes, no podemos votar a favor de esta iniciativa porque consideramos que no supondría una respuesta al problema que, tal y como concluimos a través de acuerdos parlamentarios, tiene un carácter global en estos tres sectores.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Fernández.
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Pérez.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presentó, en su momento, una proposición no de ley en el Congreso reclamando la exención del impuesto especial de hidrocarburos para el gasóleo utilizado en las actividades agrícolas y ganaderas -0,08 euros por litro-, así como la aplicación de un IVA reducido para el combustible consumido por los profesionales agrarios. En esta iniciativa Izquierda Unida también defendió que se fijara un precio social para el gasóleo que usan los agricultores y ganaderos. Izquierda Unida ha argumentado siempre que debido al incremento del coste de los hidrocarburos se hace muy difícil lograr un incremento de la productividad y mantener la renta de este sector. En este sentido, en su momento también valoramos positivamente el acuerdo que alcanzaron las organizaciones COAG y UPA con el Gobierno para la implantación de un gasóleo profesional a partir de 2009, la devolución del impuesto especial de hidrocarburos en 2007 y 2008 y el incremento de un punto del IVA compensatorio en agricultura y de medio punto en ganadería. En su momento, aquellos acuerdos se valoraron en 394,2 millones de euros e incluían la apertura de algunas mesas de trabajo de las que nos gustaría tener noticias. Antes del 1 de abril se debería haber conformado la mesa de precios y fiscalidad y la de biocarburantes el 1 de febrero. Esta cuestión nos parece de máximo interés por cuanto creemos que solo subvencionando no vamos a encontrar las soluciones.
Incluir criterios de ahorro, de eficiencia y de empleo de nuevos carburantes debe contemplarse desde todas las partes para una solución definitiva del problema. Así pues, este acuerdo representa un buen equilibrio, como lo valoraron las organizaciones empresariales, puesto que ese equilibrio se daba entre las demandas sindicales y los márgenes de maniobra del Gobierno en el contexto de la Unión Europea.
No negamos la relevancia de la reflexión que se propone a través de la proposición de ley, pero sí creemos que cuando acaba de ponerse en práctica el citado acuerdo y la normativa necesaria deberíamos dejar que mostraran su efecto antes de dar mayores pasos. El real decreto y la orden ministerial publicados por el Ministerio de Economía y Hacienda han abierto el paso al desarrollo de los acuerdos pactados. Ya se han modificado
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aspectos importantes en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el valor añadido, se han incluido medidas como la reducción del rendimiento previo en el método de estimación objetiva, reducción de determinados módulos, reducción del porcentaje para determinar las cuotas trimestrales en 2006 en el régimen simplificado del impuesto sobre el valor añadido. En cualquier caso, se debería reflexionar para buscar una medida transitoria hasta que se defina el gasóleo profesional, que sería la devolución de todos los impuestos, esto es, del impuesto especial sobre hidrocarburos, del IVA y del impuesto minorista, que suman un total de 0,19 euros sobre el precio actual del litro de gasóleo agrícola, que es de 0,70 euros por litro. Esta posición de devolver impuestos sería una medida coyuntural, ya que el acuerdo alcanzado a favor de un gasóleo profesional a precio reducido es lo que implicará la eliminación definitiva del impuesto especial de hidrocarburos, del IVA y del impuesto minorista. Esa es la medida última que buscamos y esa es precisamente la medida que se ha acordado para el año 2009. Por tanto, señorías, sobre la materia que se propone hoy hay un acuerdo cuyos contenidos son más amplios, a través de las mesas citadas, un acuerdo que no está generando tensiones sino expectativas en su cumplimiento, que ya se está empezando a dar, y por tanto no parece aconsejable intervenir vía proposición de ley en una cuestión que está actualmente en este grado de desarrollo. Por ello Izquierda Unida no va a apoyar esta proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría. Adelante.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Con brevedad, solo haré dos comentarios.
Esta proposición de ley tiene más profundidad de la que parece a simple vista. Hay dos requerimientos que hay que atender. En primer lugar, los atinentes desde una perspectiva macroeconómica o tributaria a la estabilidad que debe predicarse de todo sistema tributario que no debe estar sujeto a cuestiones de coyuntura, sobre todo cuando como consecuencia provocan la desaparición de tributos o impuestos concretos, lo cual provoca una inseguridad jurídica que no estamos en condiciones de convalidar desde una perspectiva técnico-jurídica e incluso política. Sin embargo, cuando estamos hablando de los problemas que afectan al sector primario -a los agricultores, en definitiva- y cuando analizamos la repercusión en términos exclusivamente cuantitativos del incremento de los precios del gasóleo y sobre todo de los impuestos que lo gravan -particularmente el de hidrocarburos o el del IVA aplicable a los profesionales-, y vemos cómo esto puede terminar afectando poco menos que al 60 por ciento de la renta bruta por agricultor -lo cual no es una cifra baladí, como comprenderá el portavoz del Grupo Socialista, con relación a las explotaciones agrarias afectas por otros problemas también estructurales que afectan a la política agraria en nuestro país igualmente relevantes-, tenemos que hacer una consideración de corte constitucional, señor presidente. El artículo 31.1 de la Constitución, cuando define o configura nuestro sistema tributario, establece que tiene que ser proporcional, que tiene que ser retributivo y, sobre todo, que no tiene que ser confiscatorio, y esta es la expresión que nos gustaría remarcar o enfatizar. Es decir, hasta qué punto no empieza a rayar en la confiscación de rentas un sistema productivo en el cual la estructura de los tributos que lo gravan afecta al 60 por ciento de la renta bruta en estos tres tributos que son objeto de afectación por esta proposición de ley, a la renta bruta de cada agricultor, de cada persona que tiene una explotación agraria en condiciones que tiene que soportar, además de estos problemas de naturaleza exclusivamente tributaria, otros de otra naturaleza. Desde esta perspectiva no queremos practicar lo que podría calificarse de paternalismo trasnochado o extemporáneo, porque nosotros somos conocedores de que el Gobierno socialista en este momento mantiene interlocución con las estructuras más representativas del sector agrícola y porque consideramos que es relevante sobre todo la voluntad de los interlocutores, pero nosotros tenemos la impresión en este momento, señor presidente, de que la voluntad de los interlocutores no es clara, particularmente en algunas comunidades autónomas o en algunas nacionalidades que configuran el Estado español, y en tanto en cuanto esta cuestión no esté mejor perfilada para mi grupo parlamentario, no consideramos impertinente ni estrambótico en este momento dar curso a esta proposición de ley y, por tanto, vamos a votar que sí solo por esta razón, señor presidente, que no es irrelevante.
Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el Señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) para fijar posición sobre esta proposición de ley que presenta Esquerra Republicana para abrir su trámite en esta Cámara. Nuestro grupo entiende que posiblemente los plazos de tramitación para esta proposición de ley se han demorado y con ello la posible idoneidad o la oportunidad de este debate. Hubiera sido mejor que este trámite que hoy el Grupo de Esquerra Republicana nos propone se hubiera producido previamente a los acuerdos que se tomaron por parte del Gobierno para el restablecimiento de la normalidad en el sector agrario ante las movilizaciones que se produjeron en todo el Estado, tanto de los pescadores como de los agricultores. Esto se saldó con aportaciones importantes del Estado en concepto de reducción tributaria y de compensación del IVA, repercutiendo para ello con un horizonte en el 2008, para determinar una solución más concreta de acuerdo con las directivas de
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la Unión Europea al respecto y que son las que nos propone esta proposición de ley. La proposición de ley que hoy se nos presenta es un paso parlamentario más para entrar en la normalización legislativa del problema. Esta iniciativa que hoy se nos propone es distinta a la de los acuerdos establecidos en su momento entre el Gobierno y el sector, pero en el fondo pretende objetivar y estabilizar la situación. Nuestro grupo ya presentó en el Senado una moción, que se aprobó por unanimidad de todos los grupos presentes, para impulsar las mejoras en la competitividad de los sectores agrario y ganadero. Una de las medidas acordadas era aprobar, antes de finalizar el año 2006, un conjunto de medidas destinadas a reducir el impacto del aumento de los precios de los carburantes sobre los sectores agrario y pesquero, creando un gasóleo profesional que asegurase la viabilidad del sector. En consecuencia con esta propuesta, nuestro grupo presentó, dentro los Presupuestos Generales del Estado para 2006 -además de la moción anterior-, enmiendas dirigidas a fomentar el uso de biocarburantes en el sector agrario como una solución a medio plazo que contribuyera al ahorro y a la reducción de la dependencia energética de los combustibles fósiles, a la mejora de las condiciones ambientales, a la necesaria alternancia de cultivos como medida complementaria a la política agraria común (PAC), que se va reduciendo, y a realizar modificaciones legales para reconocer el derecho a devolución de las cuotas satisfechas por los agricultores por el impuesto sobre biocarburos, etcétera. La Directiva 2003/96 de la Comisión Europea, mediante la cual se reestructura el régimen de imposición sobre los productos energéticos y de la electricidad en la Unión Europea, permite la diferenciación del impuesto aplicable al carburante para uso profesional del correspondiente al uso general, lo cual permitirá mantener la fiscalidad de los carburantes para uso profesional en los niveles mínimos autorizados por la normativa comunitaria. Este concepto de la directiva hay que revisarlo en la proposición de ley que hoy se nos presenta para su toma en consideración porque, como es sabido, los términos en que se presenta difícilmente serían homologables por la Comisión Europea, puesto que no cumplen con la normativa de la Unión Europea; por tanto, es oportuno un debate parlamentario que permita una nueva redacción más acorde con la normativa comunitaria. La oportunidad de la directiva del Consejo antes citada, la 2003/96, de 27 de octubre, al abrir la posibilidad de reestructurar el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, permite la posibilidad de gasóleos para usos profesionales, entre ellos el agrícola.
La proposición que hoy se nos presenta sería recurrida por la Comisión Europea, pues no establece las bases de un gasóleo profesional en sus propios términos, sino que se nos propone una batería de exenciones que no se determinan en un sistema de carburantes para uso profesional. Por ello, nuestro grupo espera que, si es aprobada la toma en consideración, en el debate podamos enmendar esto de forma que sea posible determinar un gasóleo profesional para la agricultura legalmente coherente con los dictados de la Comisión Europea. No entraré a explicar por qué vamos a votar afirmativamente la toma en consideración de la proposición de ley, no está en nuestro sistema plantear soluciones, sino encontrarlas. Hoy nuestro soporte es solamente la admisión a trámite, en coherencia con la posibilidad de adelantar la existencia de un gasóleo profesional agrícola cuanto antes y así salvaguardar de forma permanente al sector. Sabemos que los acuerdos tomados por el Gobierno y los representantes del sector agrario van en la dirección de establecer este gasóleo profesional en un plazo de tiempo más alejado, pero las oscilaciones del precio del crudo, que en estos últimos días ronda los 68 dólares/barril y que se orienta hacia los 70 dólares/barril en un horizonte cercano, sin que se tomen -y no se están tomando- medidas precautorias para mantener o aumentar la producción para evitar estas subidas y proteger a los consumidores, hacen absolutamente necesario anticipar estos acuerdos que ya tiene el Gobierno, y que conocemos, mediante la tramitación en esta Cámara.
Nuestro grupo considera que no es inoportuna la toma en consideración y le dará el soporte favorable para su tramitación por esta Cámara.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Pintado.
Nos encontramos con una nueva iniciativa fruto de la escalada continua de precios del petróleo y en el caso que nos ocupa con relación directa sobre el gasóleo agrícola y sus implicaciones en los costes que acarrea para las explotaciones. Han sido múltiples los debates que ha habido durante los últimos meses sobre esta materia tanto en el Senado como aquí en el Congreso y también en las comunidades autónomas. Todos los grupos parlamentarios hemos presentado bastantes propuestas en aras de llegar a acuerdos para dar una solución definitiva a este problema que afecta a todas las explotaciones agrarias de nuestro país. No es un debate fácil.
Se han referido algunos portavoces a las implicaciones tributarias y comunitarias. Por un lado, los costes del crudo se trasladan de forma directa a los carburantes y, por otro, el régimen impositivo afecta también directamente al no haber una modulación en cuanto a la repercusión de esos costes impositivos sobre lo que los agricultores definitivamente tienen que pagar a la hora de ir a repostar, a la hora de dar cobertura a sus explotaciones. Son bien conocidos -y se ha puesto aquí de manifiesto- los intentos del Gobierno por tratar de dar una solución a este asunto; solución que, como se está viendo también por las últimas noticias que aparecen en los medios de comunicación, parece
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que no da satisfacción plena al sector agrario. Todo ello debido, lógicamente, al incremento continuo del precio del barril de petróleo, hoy mismo con máximos, como recordaba el señor Ramón. Tenemos que ser conscientes -como se ha dicho también aquí- de que el agricultor no tiene posibilidad ni capacidad de repercutir los costes en sus productos. Como decía el señor Olabarría, es un matiz, pero fundamental a la hora de hablar de la proporcionalidad de los impuestos y de su repercusión. El sector agrario, el agricultor directamente no tiene esa posibilidad y lógicamente hay una merma directa sobre su renta. En algunos casos se ha podido detectar que esas posibilidades de renta llegan a un mínimo que se acerca incluso a la posible renta. Conocen SS.SS. que otras actividades económicas repercuten directamente estos precios, si no en su totalidad, sí en unos porcentajes que por lo menos les permiten paliar las diferencias directas. Esta es una reivindicación del sector agrario, con matices, en la que se ha trabajado durante estos últimos años y en la que el Grupo Popular entiende que hace falta el concurso de todos los grupos parlamentarios, del propio Gobierno, para tratar de llegar a acuerdos definitivos que den una solución también definitiva al planteamiento tributario en materia de imposición por el tema del gasóleo. Se nos anunció hace varios meses, tras los acuerdos entre el Gobierno y algunas de las organizaciones agrarias, que tendríamos un gasóleo profesional para el año 2009. A juicio del Grupo Popular parece que esta es una fecha que está fuera de toda lógica. Yo quisiera, en aras de llegar a acuerdos con el grupo que da soporte al Gobierno, y lógicamente con el propio Gobierno y con el resto de grupos parlamentarios, que hoy hubiera manifestaciones en esta tribuna de compromisos más concretos con el sector agrario, para que seamos capaces de ofertar un gasóleo profesional agrícola al sector antes de esa fecha de 2009. Entendemos que el Gobierno tiene margen de maniobra, están hechos los estudios, está la normativa, la Directiva comunitaria 2003/96, que nos da un margen de maniobra a la hora de intentarlo y de trabajar en ese sentido. Por lo que se refiere a los miedos que parece sentir el Gobierno, según las últimas declaraciones que reiteradamente está haciendo el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía sobre los efectos que puede tener cualquier acción en este tipo respecto a la demanda, los que somos del sector agrario y lo conocemos entendemos que no tiene por qué haber una afección directa en la demanda del sector agrario; siempre y cuando el Gobierno impulse medidas de modernización tanto en maquinaría agrícola como en regadíos, se podrá suprimir e incluso se podrá ir a reducciones en el consumo de carburantes.
En esta iniciativa que hoy nos presenta Esquerra Republicana se plantean reformas impositivas que, a juicio del Grupo Popular, chocan directamente con la normativa comunitaria y con el régimen impositivo de nuestro país.
Esto afectaría de facto al hecho de que vamos a tener que enfrentarnos a sanciones y al hecho de que no sea realmente operativa para el sector agrario desde el punto de vista de su aplicación. Hay fórmulas para conseguir, con la Directiva marco 2003/96, soluciones que sean duraderas en el tiempo y que, en definitiva, aporten una garantía al sector para saber exactamente de qué estamos hablando. Conocen ustedes que la formación del precio del gasóleo agrícola viene condicionada, lógicamente, por el precio base del crudo más tres impuestos: el IVA, el impuesto especial y el impuesto sobre ventas minoristas, lo que supone una repercusión del 30 por ciento sobre el coste real del gasóleo. En este sentido, cualquier actuación sobre estas medidas impositivas lógicamente tendría una repercusión importante en el pago directo de lo que tiene que soportar el agricultor. Somos conscientes también de la posición de la Comisión Europea, que trata de buscar una armonización en el sistema tributario en relación con los carburantes en toda la Unión Europea. Saben SS.SS., por lo menos los que están en el sector, que las diferencias en cuanto a la tabulación que emplean los distintos países tienen una consideración importante, destacando por la parte baja Portugal o Grecia -España también se encontraría dentro de esta banda- y, lógicamente, con una afección directa sobre el sector. Este diputado -son precios de este último sábado- tuvo la oportunidad de dirigirse a varios establecimientos y compañías para conocer el precio del carburante tipo gasóleo para uso agrícola y he de decir que nos movemos en una banda entre los 0,630 y los 0,704 euros. Lógicamente, la composición de estos precios no solamente viene condicionada por el régimen impositivo, sino también por el tipo de aditivos, por el sistema de distribución que se emplea a la hora de llevarlos a cabo.
En definitiva, lo que necesita el sector y lo que plantea el Grupo Popular hoy ante la Cámara es la necesidad imperiosa que nos da el marco de la Unión Europea a través de esta directiva a la que hemos hecho referencia, de crear cuanto antes un gasóleo profesional para el sector agrícola que pueda dar una razonable estabilidad a la cuestión del aumento del crudo.
También se ha hablado aquí de establecer una modulación. No se han dado cifras, pero las que nosotros manejamos son que el importe que recauda aproximadamente el Estado por esa vía impositiva anualmente está en torno a los 157.000 millones de las antiguas pesetas, que no es una cantidad pequeña. Con esos parámetros, el Gobierno, como decíamos anteriormente, sigue teniendo margen de maniobra para poder trabajar y plantearlo. Hay que definir qué se entiende por gasóleo profesional agrícola. Es una de las cuestiones que faltan en esta proposición de ley, que afecta, como no podía ser de otra forma, a títulos muy específicos de nuestro régimen impositivo. En este sentido, las propuestas en las que han estado trabajando durante estos últimos meses tanto el Gobierno como los distintos grupos -el Grupo Popular ha hecho una serie de propuestas a la Cámara que no han sido consideradas por otros grupos-, son argumentos suficientes
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para trabajar y profundizar en ello. Señorías, cuando se habla del sector agrario -a veces hacemos un flaco favor desde esta tribuna-, da la impresión de que es un sector en decadencia, un sector con nulas posibilidades de futuro, un sector que tiene que pervivir a base de luchar contra todos los elementos. Yo quiero romper una lanza en favor del sector agrario, como todos los diputados que estamos en esta Cámara lo podemos hacer, y decir que tenemos un sector con muchas posibilidades todavía, un sector que lo está pasando realmente mal en función no solamente de la climatología, sino también en algunos casos de lo que entiende el Grupo Popular que el Gobierno ha hecho, esto es, dejación de responsabilidades en cuanto a la toma de alguna medida que fuera imprescindible para reactivarlo. Hay que recordar que este sector es un sector fundamental a la hora de garantizar, por un lado, la alimentación de nuestro país y, por otro, la seguridad alimentaria. Desde sectores excesivamente liberalistas quizá se nos pueda decir que es mucho más rentable trabajar las importaciones de terceros países. Es cierto. Si hoy ponemos encima de la mesa las propuestas de precios agrarios que tenemos en la Unión Europea y nos vamos al mercado internacional, quizá encontremos diferencias considerables, pero ahí habría que decir que la factura que puede pagar el Estado español de aquí a medio plazo en cuanto a seguridad alimentaria, en función de que los terceros países no tienen una normativa tan exigente como la que tiene la Unión Europea, y en cuanto al incremento de los precios de importación, puede ser muy importante.
Otro capítulo del que no me da tiempo a hablar es el de los biocarburantes, muy ligado al gasóleo agrícola. En la Comisión Europea hay países, encabezados por Alemania y Francia, que están haciendo una apuesta muy clara a la hora de fundamentar este asunto y dar una salida importante no solamente al consumo medioambiental de estos biocarburantes, sino también a la liberación de miles de hectáreas dentro del ámbito europeo que se podrían dedicar a producciones para generar biocarburantes. En este sentido, habría que tener en cuenta las modificaciones fiscales de cara a un futuro, cuando el tema del régimen de los biocarburantes pueda ser importante a la hora de ir trabajando.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pintado.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Alonso.
Esta tarde debatimos una iniciativa importante de Esquerra Republicana que tiene como objetivo el establecimiento en España de un gasóleo profesional para las actividades que tienen que ver con la agricultura, con la ganadería y con los trabajos en los bosques. Como todos sabemos, esta es una reivindicación histórica de los sindicatos agrarios que ha sido puesta encima de la mesa con este Gobierno y con cualquier Gobierno de los anteriores en cualquier situación crítica en la que se haya negociado algún acuerdo global en la agricultura. Ahora, con motivo del alza de los precios de los carburantes durante los años 2004 y 2005, este tema también ha sido objeto de negociación, como no podía ser de otra manera. Por eso, permítanme, señores de Esquerra Republicana, señor Ramón, que antes de entrar en el fondo de esta cuestión, manifieste nuestra posición en este sentido diciendo claramente que la iniciativa, desde nuestro punto de vista, llega tarde a la Cámara. ¿Por qué? Porque el establecimiento de un gasóleo profesional para la agricultura ya es un compromiso asumido por este Gobierno y lo es basándose en los acuerdos que se han firmado con el Gobierno, con los sindicatos, con la Unión de Pequeños Agricultores y con la COAG que, como saben ustedes, es el sindicato mayoritario en nuestro país. Este acuerdo fue firmado el 7 de diciembre del pasado año y proyecta sus actuaciones hasta el año 2009. La propuesta llega tarde, señor Ramón, porque a nadie se le oculta que esta es una iniciativa que se registró en la Cámara en noviembre del año 2004 y que desde entonces la problemática ha sido abordada en el marco de dos acuerdos suscritos por el Gobierno con la UPA, con la COAG y también con la Confederación de Cooperativas Agrarias. La problemática que se ha enunciado por el portavoz proponente: compensar las pérdidas en la agricultura por la escalada de precios de los combustibles, es un tema que ha sido tratado, negociado y, de alguna manera, resuelto. Desde que la iniciativa se registró en la Cámara, el Gobierno ha suscrito dos acuerdos, como he dicho. Por una parte, se ha concedido un paquete de medidas importantísimo con ayudas a los agricultores y ganaderos para compensar las pérdidas producidas por la escalada de precios del gasóleo.
Mediante el acuerdo del año 2004 se concedieron ayudas directas por un valor de 59 millones de euros y se establecieron beneficios fiscales para este sector con un alcance de 240 millones de euros. Mediante el acuerdo del año 2005 se concedieron medidas fiscales, incrementos del IVA de compensación para los agricultores y ganaderos, un punto del IVA a la agricultura y 0,5 a los ganaderos, y otras medidas que suponen un importe económico total de 394 millones de euros. Por tanto, 240 millones de euros en el año 2004 y 394 en el año 2005. Por otra parte, y esto es lo importante porque va al fondo del asunto, el Gobierno, en los últimos acuerdos firmados, ha asumido el compromiso de establecer un gasóleo profesional para su aplicación a partir del 1 de enero de 2009 y con los tipos impositivos mínimos permitidos por la Unión Europea. Estoy de acuerdo en que el compromiso está asumido, porque el acuerdo entre las partes fija el horizonte del 1 de enero de 2009, pero reconozco -y estoy de acuerdo con el señor Pintado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular- que sería deseable -y el Grupo Parlamentario Socialista no cejará en ese intento- intentar adelantar la posibilidad de suscribir estos acuerdos y aplicarlos, si es posible, con
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anterioridad a esta fecha. No fue fácil suscribir estos acuerdos, se necesitaron muchas horas de negociación y mucha voluntad de consenso por parte del Gobierno y de los sindicatos agrarios que, finalmente, decidieron libremente firmar esos acuerdos. Creo recordar que ellos mismos, la COAG y la UPA, calificaron de históricos esos acuerdos. ¿Por qué son históricos? Coincido con ellos, porque por primera vez en muchos años el Gobierno -este Gobierno- va a actuar sobre el impuesto sobre hidrocarburos posibilitando su devolución si el nivel medio de los precios se incrementa por encima de los precios medios del 2004 y del 2005. Está en el acuerdo: si se siguen incrementando los precios, se devolverá, sobre la base de este cuerdo, el importe del impuesto sobre hidrocarburos. El acuerdo asume también el compromiso de devolución de los años 2007 y 2008 y una actuación directa en el impuesto del año 2009 sobre la base de ese acuerdo del gasóleo profesional y con los mínimos permitidos por la Unión Europea. Sus señorías pueden estar tranquilas, porque el Gobierno está cumpliendo sus acuerdos. Comprometió una subida del IVA, y en la primera oportunidad que hemos tenido la subida del IVA es ya una realidad. La semana pasada lo aprobamos en una ley con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año. Por ello, esta iniciativa no debe aprobarse y, por tanto, nuestro voto va a ser negativo, porque interfiere una negociación entre quien tiene que buscar las condiciones para el establecimiento concreto de este gasóleo agrícola, el Gobierno, y los interlocutores sociales, que me consta que en este momento están reuniéndose con este objetivo. Tienen que fijarse las condiciones del gasóleo profesional, qué es un gasóleo profesional y, sobre todo, y lo que es muy importante, quiénes serán los beneficiarios de este gasóleo profesional con un impuesto superreducido. Tiempo tendremos en esta Cámara para debatir y finalmente votar cuando vengan las modificaciones legislativas consecuentes con los acuerdos de esta modificación de los impuestos que gravan el gasóleo agrícola. En la proposición de ley que hoy debatimos proponen que se modifiquen de un plumazo tres leyes, al objeto de conseguir un gasóleo agrícola exento del impuesto sobre hidrocarburos, exento del impuesto sobre venta minorista y con una reducción del IVA del 16 al 7 por ciento; un gasóleo agrícola superbonificado. Pero seguramente nos hubiera gustado, y también a cualquier analista que quiera estudiar esta iniciativa, conocer un poco más el alcance de la medida. Quien pueda estar siguiendo este debate tiene derecho a saber cuánto cuesta esta medida. Algunos dicen que 300 millones, otros que 400 y otros que 250 millones de euros. ¿Se producen desequilibrios presupuestarios? ¿Sería necesario compensar esta rebaja impositiva con otro tipo de impuestos para la agricultura o para otro sector dispuesto a aceptar esta bajada impositiva? ¿Se generarían problemas logísticos con el establecimiento de un gasóleo sin impuestos, es decir, un gasóleo que tendría que tener un circuito comercial completamente distinto del resto de los gasóleos? Lógicamente, tendrían que establecerse marcadores, puntos de venta específicos, surtidores específicos en todas las gasolineras. ¿Está evaluado el fraude que puede producirse por desvío del gasóleo superbonificado al resto de gasóleos? En definitiva, vuelvo a repetirlo, esta es una iniciativa positiva. El gasóleo profesional es ya una realidad, pero tenemos que trabajar en esa mesa de negociación para descartar estas incógnitas, estos problemas que su puesta en marcha puede generar. Todas estas preguntas van a quedar contestadas en la mesa de negociación entre el Gobierno y los sindicatos agrarios. Estoy seguro de que en esas mesas se van a proponer medidas equilibradas y, en este caso, con un claro objetivo: establecer un gasóleo profesional bonificado para la agricultura. Estoy de acuerdo en que este es un sector frágil, es un sector que en este momento necesita medidas positivas, pero lo serio en este momento es hacer compatible ese objetivo de apoyo a la agricultura con el mantenimiento de una política impositiva progresista y solidaria que, en definitiva, la pagamos todos los españoles y que financia los servicios y el resto de prestaciones públicas. Por todo lo anterior -lo digo con todo el respeto y la responsabilidad del mundo-, el Grupo Socialista no va a apoyar esta iniciativa. Vamos a votar en contra de la proposición de ley y vamos a dejar que el Gobierno y los sindicatos agrarios trabajen en la búsqueda de una regulación específica adecuada a este gasóleo profesional. No creemos que el Congreso en estos momentos deba interferir o dificultar la negociación. No nos parece oportuno adoptar una decisión en ese sentido y, por tanto, votaremos en contra de la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA:
-DE LA PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA DECLARACIÓN DEL AÑO 2006 COMO AÑO DE LA MEMORIA HISTÓRICA. (Número de expediente 122/000180.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de votar, una decisión previa: Acuerdo de tramitación directa y en lectura única. La Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno de la proposición de ley sobre la declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Pausa.) Habiéndose opuesto un grupo parlamentario, necesitamos, pues, votar.
Vamos a votar el acuerdo de tramitación directa y en lectura única.
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 168; en contra, 114; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno de la proposición de ley de referencia.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), RELATIVA, A LA MODIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS QUE GRAVAN EL GASÓLEO PROFESIONAL AGRÍCOLA. (Número de expediente 122/000111.)
El señor PRESIDENTE: Ahora sí votamos el orden del día. Una sola votación: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, relativa a la modificación de los impuestos que gravan el gasóleo profesional agrícola.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 18; en contra, 149; abstenciones, 116.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley.
-DEL GRUPO PARALAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LA CREACIÓN DE UNA NUEVA MODALIDAD DE PREMIO NACIONAL DEDICADO AL CÓMIC. (Número de expediente 162/000450.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la creación de una nueva modalidad de premio nacional dedicado al cómic. (Rumores.) Señorías, les ruego diligencia si desean abandonar el hemiciclo porque el Pleno tiene que continuar. (Continúan los rumores.) Les ruego que guarden silencio.
Adelante, señora Chacón.
La señora CHACÓN I PIQUERAS: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, amigos y amigas del cómic. Quiero que sepan que nos sentimos tan felices como ustedes porque, por primera vez, llegue al Pleno de esta Cámara el cómic. Porque, sí, señorías, mi intervención trata de historietas y quisiera comenzarla recordando a un gran dibujante de tiras cómicas que falleció hace solo unos días. Recordarán ustedes sus personajes tiernos y silenciosos, los de Luis Martín Mena, que desde hace muchos años nos han acompañado desde las páginas de prensa. Esta proposición trata, en la medida de lo posible, de hacer algo de justicia a quienes, como él, nos hacen la vida un poco mejor con sus relatos dibujados.
Es muy probable que muchos de ustedes no sepan que pronto se cumple el 50º aniversario de la aparición del Capitán Trueno, nacido de la imaginación de Víctor Mora. Con este motivo, hace unos días, otro genial creador, Francisco Ibáñez, manifestaba algo que sin duda suscribirían muchas de SS.SS., pero sobre todo muchas generaciones: que el Capitán Trueno les había hecho pasar horas inolvidables. Como inolvidables son para muchos de nosotros Mortadelo y Filemón, Zipi y Zape, Tintín, Astérix, el Corto Maltés o, para los catalanes como yo, Enric Castells, u Os Bolechas, para los gallegos. Supongo que a muchas de SS.SS. les sucede lo que a mí, que ante este asunto no pueden sino evocar más que buenos momentos en los que los cómic, las historietas o los tebeos -como los quieran llamar- les han hecho reír, viajar a países remotos, participar en arriesgadas aventuras, o incluso perfeccionar idiomas. Que el cómic o secuencia de viñetas con desarrollo narrativo, según la definición del Diccionario de la Real Academia, es un género popular, nadie puede negarlo. Desde poco después de su nacimiento, hace ya más de un siglo, los lectores de diarios reclamaron las páginas ilustradas con las aventuras de sus personajes familiares; páginas que fueron creciendo en número y en importancia y acabaron ocupando suplementos enteros e incluso, más tarde, consiguieron autonomía y fueron publicadas en forma de libro. Contemporáneo del cine en su aparición y en su búsqueda del entretenimiento, el cómic alcanzó muy pronto el favor del público, aunque el reconocimiento de sus valores como medio expresivo no llegaría hasta mucho después. De hecho, aún hoy existen resistencias a dejar de considerarlo como una actividad creativa de rango menor y ello a pesar de que, desde hace varias décadas, teóricos de la comunicación e historiadores del arte vienen investigando sobre esta disciplina. Pero lo que está fuera de toda duda es que el cómic es una forma de expresión con rasgos y códigos propios, que se trata de un medio híbrido que combina recursos literarios y gráficos y que a lo largo de su siglo de vida ha ido burlando sus propios límites con una audacia que difícilmente encontraríamos en otros géneros. Es posiblemente esa frescura creativa y esa actitud irreverente ante las convenciones la que la ha hecho muy atractiva para muchos otros artistas. De hecho, señorías, una parte muy notable del cine actual no se entiende sin la influencia del cómic. Y no hablo de las películas de animación o de aquellas que trasladan a la pantalla aventuras de personajes que ya han sido dibujados. Les hablo de estructuras narrativas, de su capacidad para transmitir el ritmo de la vida contemporánea, del original empleo de recursos visuales o, incluso, de esa libertad absoluta con la que el cómic
siempre ha interpretado la realidad y otros mundos. Del mismo modo, algunas manifestaciones de la cultura contemporánea, como el arte pop, son deudoras de la iconografía y los medios expresivos del cómic. Así la influencia que ejerció en grandes artistas como Andy Warhold, Roy Lichestein o nuestro Equipo Crónica, va más allá de la mera fascinación de éstos por una forma de cultura popular y no se explica si se ignoran otros motivos puramente plásticos.
Está también fuera de toda duda que las historietas, los cómics, señorías, constituyen -y hoy es más necesario que nunca- un mecanismo privilegiado de iniciación al hábito de leer. El contacto temprano con un artefacto formado por páginas de papel, la operación de descifrar una serie de códigos en silencio, suponen hoy un magnífico entrenamiento para la práctica de la lectura. Pero cometeríamos un error si, para justificar la enorme trascendencia del cómic, necesitáramos incluirlo en los estrechos límites de lo que conocemos como alta cultura, negando así su carácter de medio de masas. Como en todos los géneros creativos, en el ámbito del cómic podemos encontrar productos de gran complejidad y relativamente minoritarios junto con otros de consumo más fácil y dirigidos a un público mucho más amplio. En el mundo del cómic convive la sencilla tira cómica de los diarios con obras maestras de fuerte contenido político y merecedoras de un premio Pulitzer, como el célebre Maus de Art Spigelman.
Pero estas diferencias nada tienen que ver con la calidad. Unos y otros forman parte de la cultura de nuestro tiempo, enriquecen nuestra sensibilidad y han creado un lenguaje universal comprensible en cualquier lugar del mundo. Precisamente por ello la proposición no de ley que propone mi grupo en este Pleno se propone paliar, siquiera en parte, la situación de injusto abandono que sufre el cómic, en gran parte motivada por una visión corta y posiblemente elitista de la cultura. Estoy convencida de que los poderes públicos tenemos la obligación de atender a todas las manifestaciones con espíritu abierto y sin prejuicios. Una actividad centenaria que interesa a millones de personas y que posee innegables cualidades culturales como es el cómic, no puede ser ignorada.
Hablé del pasado, de la influencia en nuestras vidas de esos personajes dibujados y del talento de sus dibujantes: Cifré, Vázquez, Escobar, Francisco Ibáñez o Víctor Mora y otros más jóvenes como María Colino, Pere Joan, Max o Miguel Anxo Prado. De lo que no cabe duda es de que la excepcional tradición de creadores no se ha roto en este país y de que en la actualidad existe una magnífica nómina de dibujantes, guionistas, editoriales y, sobre todo, un público inmenso que demanda esas obras.
El establecimiento de un premio de carácter estatal para reconocer la excelencia en este mundo del cómic no debe ser una iniciativa aislada, sino que ha de integrarse en una serie de actuaciones en defensa de esta actividad creativa e industrial. Con este motivo solicito el apoyo a esta proposición no de ley del Grupo Socialista a la que incorporaremos la enmienda del Bloque Nacionalista Galego que estaba ya en el espíritu de esta norma respecto de la pluriculturalidad que merece también el cómic.
Insisto en que continuaremos trabajando en el sentido de la enmienda de Esquerra Republicana para darle un impulso a este género cultural que vaya más allá de un premio. SS.SS. estarán de acuerdo conmigo en que en el frágil ecosistema de la cultura española que todos tenemos la obligación de preservar todas las especies son necesarias y, sin ninguna duda, esta también.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Chacón.
Pasamos a la defensa de las enmiendas. Intervienen los grupos enmendantes por un turno de cinco minutos. En primer lugar, tiene la palabra el señor Rodríguez del Grupo Mixto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El Bloque Nacionalista Galego comparte el objetivo de esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Queremos compartirlo desde la óptica de la pluriculturalidad y el plurilingüismo, desde la óptica de un país que cuenta con un humor gráfico o viñetas sueltas de gran importancia en su tradición histórica. Solo haría falta citar los nombres de Castelao, Maside, o Fernández Mazas para darnos cuenta de que esta tradición de humor gráfico juega un importante papel en la determinación de todos los artistas que posteriormente en Galicia han realizado cómics, es decir, historietas o bandas diseñadas en series o secuencias de viñetas que cuentan una historia. Un género de un gran nivel y proyección internacional en el caso de Galicia, desgraciadamente condicionado por el hecho de que todos los gallegos y gallegas, no solamente en sus actividades económicas sino también artísticas, tienen que acudir a la emigración para hacerse con un espacio en todos los mundos, sean culturales, artísticos o económicos. Para que se den cuenta de la importancia que para Galicia tiene este género, voy a darles tres últimos datos: el BD Banda fue nombrado en los premios del salón internacional que se celebró recientemente en Barcelona; Xaquín Marín, un gran notario del humor de la prensa gallega, fue celebrado como tal por la Universitat d'Alacant; Miguel Anxo Prado fue el primero en recurrir a una animación de audios con gran éxito e impacto de carácter internacional. Desde hace años en Galicia tiene su actividad un hombre como Pepe Carreiro, que no solamente elaboró revistas llenas de cómic, como el Bule-bule, sino también la historia de Os Bolechas, a la que hizo referencia la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Carme Chacón. (El señor vicepresidente, Gil Lázaro, ocupa la Presidencia.) No nos debe de extrañar que este noveno arte cuente en Galicia con una asociación galega propia de profesionales de la ilustración, lo cual contrasta poderosamente con su falta de capacidad para editar en Galicia, teniendo que acudir a recursos como la autoedición y la emigración.
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Nuestra propuesta va destinada a que dentro de esa consideración estatal del problema se tenga en cuenta que en Galicia como en Cataluña, Euskadi y seguramente también en otros territorios del Estado español con lengua y cultura propia, se ha hecho un gran esfuerzo a partir de la iniciativa social para que este arte contase con factores de exposición al público y con promoción. En el caso de Galicia es notoria la importancia de certámenes expositivos como las viñetas: Desde o Atlántico, que se celebra en A Coruña desde el año 1998, con una asistencia en el último año de 70.000 visitantes; hasta las jornadas de Banda Deseñada, de Ourense, nacidas en 1989, gracias a las cuales se pueden promocionar los artistas genuinamente gallegos en contacto con todo lo que se produce en Portugal, etcétera. También tenemos que tener presente el impulso de las administraciones públicas. La Dirección Xeral de Xuventudes promueve un concurso galego de banda diseñada y últimamente en más de 56 ayuntamientos hay una especie de semana de banda diseñada que va progresivamente alcanzando toda la diversidad territorial del país con participación desde la base y desde los dinamizadores culturales de estos ayuntamientos.
Nuestra enmienda, que celebramos que haya sido aceptada, pretende impulsar y reivindicar la banda de diseño como un mundo narrativo artístico, con características literarias y de gran dignidad; que puedan recibirse ayudas para autores y editores; que se promueva en todas las bibliotecas públicas, con su diversidad cultural y lingüística, y en los centros escolares este género de tan gran importancia desde el punto de vista informativo, didáctico y artístico; y, en todo caso, que quede claro que el mundo de las viñetas, del cómic, es universal pero perfectamente adherido a la práctica cultural propia, donde quedó demostrado que los artistas de todos los países hicieron las mejores contribuciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de su enmienda, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, señorías, quién no conoce a don Quijote y Sancho Panza, a Tirant y Carmesina, a la Colometa y al Quim de La Plaça del Diamant. Son personajes literarios que han trascendido de las hojas de los libros para formar parte de nuestra cultura más cercana.
Y quién no conoce a Mortadelo y Filemón, a Astérix, a Makoki o a Charlie Brown. Son personajes de ficción que han trascendido igualmente las hojas de los cómic para formar parte de nuestra cultura. Con estos nombres hemos pretendido solamente visualizar la relevancia que el cómic y sus personajes han tenido en nuestra sociedad y que, a nivel de conocimiento popular, están a la altura de personajes de la creación literaria. A pesar de algunos certámenes como el Salón Internacional del Cómic de Barcelona, que cumple 25 años en 2006, el Salón del Manga, que cumple doce ediciones, o el concurso del premio literario Ciutat de Cornellá, mi ciudad, que homenajea cada año al premio Ivà; como decía, a pesar de estas iniciativas el cómic no ha tenido todavía el reconocimiento público que se corresponde con su importancia. Cuando se cumple el centenario del cómic como tal, va siendo hora de corregir esta apatía histórica. Las enmiendas que hemos presentado pretenden reconocer el valor del cómic y dar un impulso a su labor. Una de ellas, referida al premio que se pretende crear, va encaminada a definir dicho premio. Nuestro grupo parlamentario considera que debe reconocer las diferentes tipologías de cómic que se desarrollan actualmente. De la misma manera que los premios literarios distinguen entre cuentos, novela o poesía, por poner un ejemplo, consideramos que el premio del cómic debería distinguir entre cómic infantil, humor, sátira, novela gráfica, etcétera. De la misma manera que los premios cinematográficos valoran diferentes facetas profesionales y artísticas, los premios del cómic deberían tener un reconocimiento similar. Asimismo establecemos que el premio reconozca la pluralidad lingüística del Estado español. No en vano uno de los proyectos pioneros del cómic en el Estado es el Patufet, publicado en 1904 y escrito en lengua catalana. Otra de las enmiendas pretende que el premio persiga la promoción de las diferentes tipologías de cómic, así como su difusión para su conocimiento general y el impulso a la publicación. Dos de las enmiendas van en este sentido: una pretende impulsar la incorporación del cómic a todos los niveles de la enseñanza reglada y, otra, impulsar la presencia del cómic en las bibliotecas públicas de competencia estatal. Cuando hablamos de la incorporación del cómic en la enseñanza reglada no estamos definiendo ni cómo ni dónde, pero consideramos que es importante que tenga una determinada presencia.
Las medidas propuestas y analizadas hasta ahora son de promoción del cómic, impulsando su conocimiento y difusión, pero para complementar esas medidas es necesario estudiar la evolución de la industria del cómic y ver cómo puede revitalizarse. Debe preocuparnos que solo alrededor del 10 por ciento de los cómics publicados en el Estado español sea de producción propia, mientras que las industrias japonesa y norteamericana copan el 75 por ciento del mercado. Y debe preocuparnos porque no es básicamente una cuestión de calidad. Ante este fenómeno, debemos tomar partido para potenciar la industria autóctona y en este caso la del cómic. Urge, pues, la necesidad de elaborar un libro blanco del cómic, de forma consensuada con todos los ámbitos profesionales del sector y con las comunidades autónomas para analizar la industria del cómic, volumen de negocio, profesionales, problemáticas relacionadas con la profesión, librerías especializadas, canales de venta, presencia en las bibliotecas, hábitos de lectura, etcétera, de donde debe derivarse la necesidad de estudiar los retos, necesidades
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presentes y futuras, conteniendo una serie de medidas políticas a adoptar para su impulso. Quiero subrayar que no solo se trata de una cuestión de impulso político. La industria debe reflexionar también en profundidad para modernizarse y adaptarse a los cambios sociales y comerciales acaecidos.
Voy terminando porque el tiempo se agota. Pretendemos subrayar el ámbito cultural, porque a menudo se considera al cómic -y otros compañeros lo han mencionado- como una subcultura dirigida al público infantil y juvenil, cuando es un arte que se basa en la narrativa secuencial, donde dibujo y texto literario explican una historia. Por todo ello, consideramos muy interesante la iniciativa del Grupo Socialista, presentada por la diputada señora Chacón. La enmienda sobre el plurilingüismo que han aceptado al Bloque Nacionalista Galego coincide con la nuestra y vamos a retirar las otras en respuesta a la oferta de la diputada Chacón de traer a la Cámara iniciativa parlamentaria que recoja el contenido de nuestras enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Tardà.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias tiene la palabra el señor Mardones.
Mi grupo va a votar favorablemente esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que la diputada doña Carme Chacón nos ha presentado. En la Comunidad Autónoma de Canarias, las historietas cómicas, las tiras, en los medios informativos, en la prensa escrita, son una constante en estos momentos. Es más, en la circunscripción a la que represento, Santa Cruz de Tenerife, se viene celebrando anualmente un salón internacional del cómic, que es de los más antiguos de España. El año pasado se celebró la 12º edición, bajo el patrocinio del ayuntamiento y con el soporte de un periódico tradicional allí, el más antiguo en registros de cabecera de Canarias, el Diario de Avisos, y una persona me ha hecho llegar su impulso para defender esta iniciativa; es quien se encarga de la exclusiva semanal de un análisis del cómic y de los autores y artistas que en España realizan este diseño de viñetas, de tiras, de cómic, de historietas, como lo queramos llamar y con los significados que esto tenga. No se trata solo de reflejar un aspecto crítico de las circunstancias del momento, como ocurre con una simple viñeta aislada que aparezca en un medio informativo, sino de recoger también los rasgos etnográficos, los rasgos culturales y las señas de identidad que tiene cada pueblo y que representa el cómic de una manera desenfadada y cordial, haciendo llegar algo que no molesta sino que produce una identificación y una satisfacción. Nosotros nos congratulamos de esta sencilla y limpia iniciativa, sobre todo porque estoy reflejando lo que en Santa Cruz de Tenerife nos ha permitido que ya vayamos, como he dicho, por la 12º edición del salón internacional del cómic, con reconocimiento a todos los artistas españoles.
Interpreto que la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, que nos ha presentado muy acertadamente la señora Chacón, se refiere a un premio nacional. En las comunidades autónomas, por lo menos en Canarias, también se dan premios por las corporaciones locales o por otras instituciones.
Con esta iniciativa tendríamos cubierta la gama de un premio nacional, que es el que se insta a que dé el Gobierno, a través del Ministerio de Cultura. Como se ha dicho, tanto en Cataluña como en Canarias o en Galicia parece que ya tiene verdaderamente valor patrimonial.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Mardones.
Para fijar su posición en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Esteban. (Pausa.)
En ese caso, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, señor presidente.
Como no podía ser de otra manera, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) apoyará claramente esta proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista y concretamente por la diputada Carme Chacón. Como se ha dicho -y no me gustaría reiterar conceptos-, el cómic está a caballo entre el arte y la literatura y a veces es lo mejor de estos dos mundos. También se ha dicho que tiene una larga tradición; hay grandes creadores y grandes personajes que forman parte del imaginario colectivo de miles de ciudadanos de este país. En Cataluña hay grandes creadores, tanto en el terreno de los guiones como en el del arte. Hay personajes que se han convertido en simbólicos. Con los personajes creados en el mundo del cómic hemos conseguido una gran repercusión. Por ejemplo, hay una figura, que empezó con un diseño y de la que se hizo una serie de dibujos animados, Las tres mellizas, que es conocida en los cinco continentes y en más de 40 países. Eso indica la importancia que tiene este aspecto. Queremos asimismo potenciar las tiras cómicas que nos acompañan en la prensa diaria, reflejando la realidad cotidiana política, social, etcétera.
Por estos motivos nos parece que esta proposición no de ley es una magnífica iniciativa y también consideramos que son muy positivos dos elementos que se han debatido esta tarde. En primer lugar, la enmienda del Bloque Nacionalista Galego, aceptada por la señora Chacón, en el sentido de que en este premio nacional se refleje la pluriculturalidad y el plurilingüismo del mundo del cómic en el Estado español; queremos que se refleje la cultura, el arte y la literatura, que nacen del conjunto
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de las comunidades de este país. También valoramos las iniciativas de Esquerra Republicana, para que no nos quedemos en este premio, sino que vayamos a una potenciación clara de un medio de expresión, de comunicación y de creación, que tiene en este país una gran repercusión, que genera imágenes de una gran potencia y que crea símbolos de una gran fuerza. Por eso es importante potenciar este aspecto.
Se han dado muchos ejemplos positivos alrededor del mundo del cómic. Me gustaría añadir uno, que es la biblioteca Tecla Sala, en Hospitalet -una biblioteca muy importante-, que ha dedicado toda una sección al mundo del cómic, lo cual demuestra hasta qué punto el cómic se relaciona con el mundo del arte y con la literatura. Tiene nuestro apoyo y nos parece que sería muy positivo que de estas enmiendas de Esquerra Republicana saliera una iniciativa parlamentaria, que este grupo apoyaría y estaría dispuesto a firmar conjuntamente, para que de la proposición no de ley que ha presentado la señora Chacón surjan iniciativas que potencien un mundo en el que creemos y que sabemos que es positivo apoyarlo y potenciarlo en el futuro.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Vilajoana.
Finalmente, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Lassalle.
El señor LASSALLE RUIZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, hoy estamos de enhorabuena. Debemos felicitarnos por esta proposición no de ley del Grupo Socialista en la que concurren varias razones que quiero señalar. En primer lugar, se reconoce oficialmente algo que es fundamental, y se señala en su exposición de motivos, que es que estamos ante un producto cultural que genera la modernidad industrial del siglo XX, casi me atrevería a decir la posmodernidad. Como decía Gramsci, es cierto que tenemos que hacer permanentes inventarios de los iconos y los símbolos en torno a los cuales articulamos nuestra memoria, también nuestra memoria individual.
El cómic, para muchos que somos aficionados a él, es un elemento simbólico, sin el cual no podríamos entender nuestra vertebración personal. Se han citado -lo ha hecho antes Carme Chacón- la figura de Tintín, del Corto Maltés, de Mortadelo y Filemón, de Astérix. Todas estas figuras son fundamentales para aquellos que amamos intensamente el cómic.
Y es grato ver cómo estas figuras tienen un reconocimiento oficial a través de este premio. En segundo lugar, el cómic, como producto cultural de la modernidad industrial, es un producto con utilidades industriales y con utilidades económicas. Evidentemente, el sector del cómic, a pesar de los picos que ha experimentado en los últimos años, es un factor de rentabilidad económica que tiene que ser estimulado y este premio puede contribuir a un estímulo económico y profesional en determinados ámbitos del cómic a los que luego me referiré.
Otra de las razones, la tercera, que es importante señalar -y Carme Chacón lo sabe perfectamente- y que es de justicia que conste en el "Diario de Sesiones" es que esta es la continuidad del proceso de reconocimiento oficial iniciado con los gobiernos del Partido Popular. Ha habido una omisión, que sé que Carme Chacón no ha querido plantearse, y que yo quiero salvar. Cuando Pilar del Castillo fue ministra y con Luis Alberto de Cuenca como secretario de Estado de Cultura se modificó el Real Decreto 3379/1978, de 29 de diciembre, sobre la medalla de Bellas Artes, incorporándose la modalidad de cómic en general. Gracias a ello, personas como Miguel Quesada, Antonio Mingote, Carlos Giménez o el propio Francisco Ibáñez, obtuvieron el reconocimiento oficial durante los años 2001, 2002, 2003 y 2004. Hay una continuidad en el reconocimiento oficial y es bueno que conste en el "Diario de Sesiones".
No me resisto a plantearme dos reflexiones de análisis global. La primera es de carácter técnico-legislativo, que hasta cierto punto ya ha explicado Carme Chacón, con un cierto gesto de reflexión. Es la siguiente: en la proposición no de ley se señala expresamente lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que a través del Ministerio de Cultura establezca un premio dedicado al cómic. Un premio dedicado al cómic, sin ninguna especificación. Y en la especificación de la iniciativa parlamentaria se habla de premio nacional. Evidentemente, como la señora Chacón está al lado de don Alfredo Pérez Rubalcaba, que la semana pasada nos dio una clara lección de que no existe dentro de los preámbulos de los estatutos y de los textos legales ninguna validez normativa, entendemos que es evidentemente al premio nacional español, del Estado español, al que aquí nos estamos refiriendo. Lo digo porque en Cataluña hay una comunidad muy importante de personas vinculadas al mundo del cómic que a lo mejor, en una cierta interpretación y en una reflexión jurídico-política que no quiero plantear ahora, pudieran quedar huérfanos emocionalmente del reconocimiento que se quiere.
Finalmente quiero señalar una última indicación y es la siguiente -y lo hago también con lirio blanco-: estamos hablando mucho de la pluralidad, pero a lo mejor tendríamos que hablar de la pluralidad del mundo del cómic. Ojo que en la definición del concepto de cómic tendremos que hablar del dibujante, del rotulista, del guionista, del colorista y de los ilustradores. El concepto de cómic es poliédrico, no nos decantemos por otros ámbitos de poliedro; el poliedro más importante es el de los profesionales y merece tener un reconocimiento. Lo que juega fundamentalmente es una sensibilidad trasversal, que va más allá de cualquier diferencia política. Aquí Carme Chacón retoma la tendencia que se planteaba en los gobiernos del Partido Popular y que desgraciadamente nuestra ministra de Cultura, Carmen Calvo, obvió con la concesión de la medalla de Bellas
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Artes al cómic, que en los años 2005 y 2006 no ha tenido reconocimiento.
Gracias al Grupo Socialista se retoma una iniciativa de reconocimiento oficial que planteó el Partido Popular y afortunadamente salvamos el vacío de reconocimiento oficial que nuestra ministra Carmen Calvo no ha tenido hasta ahora.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Lassalle.
Señora Chacón, la Presidencia entiende que el resultado del debate ha sido muy claro. No obstante, a efectos de síntesis.
La señora CHACÓN I PIQUERAS: Se acepta la enmienda del Grupo Mixto, en particular la del Bloque Nacionalista Galego, y he invitado al resto de los grupos a suscribir conjuntamente una iniciativa de impulso al cómic en este país.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Chacón.
Y el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana retira sus enmiendas como consecuencia de su incorporación. (Asentimiento.) Gracias, señor Tardá.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE PROTECCIÓN DE MALTRATO A MENORES. (Número de expediente 162/000456.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Pasamos al punto 4 del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre elaboración de un plan de protección de maltrato a menores.
Para la defensa de la proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Salom.
La señora SALOM COLL: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, los datos son escalofriantes: se calcula que en España unos 130.000 niños sufren algún tipo de maltrato; en el 80 por ciento de los casos la violencia se produce dentro del ámbito familiar y son los niños menores de cinco años los más vulnerables al maltrato físico, según un informe elaborado por la Fundación ANAR. Esta fundación gestiona el teléfono del menor y revela que desde 1994 se han recibido más de un millón de llamadas denunciando casos de malos tratos a menores de edad o solicitando ayudas para ellos. Tan solo en el año 2005 serían más de 120.000 las llamadas de este tipo que se han recibido. Según el Centro Reina Sofía sobre el estudio de la violencia, el maltrato infantil, ya sea físico, o psicológico o sexual, aumenta vertiginosamente en España. Los casos detectados y denunciados por los servicios sociales y por la policía han aumentado de manera espectacular en los últimos tres años, un 30 por ciento. Curiosamente, los malos tratos a los menores suscitan menos interés informativo, salvo casos de especial ensañamiento, que los sufridos por las mujeres, por los hombres o incluso por los animales; sin embargo son numerosísimos. Los expertos hablan de una teoría del iceberg, que deja bajo la superficie, sin descubrir, la mayor parte -un 80 por ciento por lo menos- de las agresiones sufridas por los menores. El maltrato infantil tiene la peculiaridad de la imposibilidad del niño de denunciar. Además, solo el daño físico puede llevar a los profesores, a los vecinos o a los médicos, a notificarlo o a denunciarlo.
¿Qué puede hacer un niño al que, aparte de ser insultado, coaccionado o menospreciado, se educa en el rencor, en el odio, o se le usa vilmente en los casos de separaciones y divorcios de los adultos? Sencillamente está indefenso. En las últimas semanas nos ha sobrecogido a todos el caso de una niña de 5 años, Alba, que fue hospitalizada en estado muy grave en el hospital Vall d'Hebrón después de sufrir una paliza en el ámbito familiar. Algo no funciona cuando había una denuncia por malos tratos y durante cuatro meses la evidencia de que la niña sufría lesiones estuvo en manos de jueces, policías, servicios sociales y la Generalitat, sin que tomasen ninguna medida de prevención; dieciocho días tardó una orden judicial en llegar a la policía.
La protección de nuestra infancia es un deber de Estado que exige la suma de todos los esfuerzos por parte de las diferentes administraciones públicas, organizaciones sociales, centros educativos y sanitarios. La sociedad española no puede cerrar los ojos ante el drama que sufren los más indefensos. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular propone un plan de protección contra el maltrato infantil, en colaboración, como es natural, con las comunidades autónomas, en el que se establezcan unos criterios comunes en todo el territorio español en materia de prevención, en materia social y en materia de protección, además de la coordinación entre los distintos poderes públicos. El ministro de Justicia dijo que tenía que haber una mayor colaboración institucional y el ministro Caldera dijo que había que revisar los procedimientos para mejorar la coordinación y que había que ser autocríticos y corregir los errores.
Hace ya tiempo que se llegó al convencimiento de que el sistema no protegía a las mujeres que sufrían violencia de género y por eso se elaboraron dos planes integrales contra la violencia de género, por eso se hizo una ley de protección integral contra la violencia de género; ahora es necesario que aquí se enmarquen claramente responsabilidades, competencias, estructuras y protocolos de actuación en los casos de malos tratos a menores. Una intervención inmediata es vital para ayudarles a recuperar la infancia que les fue arrebatada a golpes.
Nosotros proponemos este plan, que incluye una serie de medidas, como pueden ser: medidas preventivas, realizar campañas de sensibilización, de lucha contra el
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maltrato infantil en el ámbito familiar, dirigidas a la sociedad en general, a los padres y a los profesores que trabajan con menores; medidas de formación: es preciso dotar de una formación adecuada a los profesionales que trabajan en centros escolares y en centros sanitarios, enseñarles cómo descubrir los síntomas de unos posibles malos tratos.
Además, hay que poner en marcha medidas concretas de actuación, que podrían ser: coordinar los recursos e instrumentos de todas las administraciones públicas; agilizar los trámites administrativos y judiciales, utilizando las nuevas tecnologías y reduciendo al mínimo los tiempos para que un expediente llegue de una administración a otra; calificar como situación de riesgo para el menor que se presente una denuncia por malos tratos y que la Administración autonómica asuma la tutela del menor cuando la denuncia sea debidamente contrastada; reforzar los sistemas de alarma en centros escolares y hospitalarios con el fin de detectar lo antes posible si ha habido agresiones a los menores y sobre todo generalizar el uso de protocolos de detección y actuación. También es necesario ampliar la red de centros de atención a nuestra infancia. En el ámbito de la investigación, es fundamental crear un registro nacional de casos de malos tratos a menores, garantizando en todos los casos la protección del anonimato y la intimidad de estos menores. Sería bueno asimismo que se pusiera en funcionamiento una conferencia sectorial sobre el maltrato a menores en el ámbito familiar, con el fin de que las comunidades autónomas se reúnan de forma periódica para proponer medidas de lucha contra el maltrato infantil y evaluar las que ya están puestas en marcha.
Es voluntad del Grupo Popular que esta Cámara hoy llegue a un acuerdo unánime entre todos los grupos para aprobar este texto. Hay que recordar que hace aproximadamente un año se aprobó por unanimidad en el Senado una moción en este mismo sentido. La moción, desde nuestro punto de vista, es menos ambiciosa que la proposición no de ley que hoy el Grupo Popular propone a esta Cámara. Si es prioritario para los grupos parlamentarios actuar contra los malos tratos de nuestra infancia, sería bueno que se hiciera un plan específico, que le demos fuerza, que le demos categoría, que le demos importancia y que no lo diluyamos dentro de un plan estratégico nacional de infancia y adolescencia.
Respecto a las enmiendas que han presentado los distintos grupos parlamentarios debo decirles que, si son de adición, las podríamos aceptar, pero, si son de sustitución de nuestro texto, no las vamos a aceptar.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Salom.
Pasamos al turno de defensa de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios correspondientes. En primer lugar, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora García Suárez.
Señorías, comenzaré por el final de la intervención de la portavoz del Grupo Popular, que decía si este asunto era prioritario para los grupos parlamentarios. Le puedo asegurar -y en alguna ocasión he tenido la oportunidad de plantearlo, entre ellas, en la Ley de violencia de género- que la atención, la prevención y el tratamiento de la violencia a los menores son total y absolutamente prioritarios para nuestro grupo parlamentario. Lo que sucede es que esto no es suficiente para apoyar una iniciativa, porque puede haber caminos diferentes para conseguir un mismo objetivo. Me explicaré.
No consideramos satisfactoria la propuesta que ustedes nos presentan por varios de sus puntos. Incluso el planteamiento de la exposición de motivos me ha parecido exagerado o demasiado claro para no resaltarlo en mi intervención. Su exposición de motivos no ayuda precisamente al consenso, todo lo contrario. Los datos de malos tratos infantiles son suficientemente elocuentes por sí solos -usted ha dado algunos y yo podría ampliarlos- para no tener que utilizar un caso particular. Usted misma lo ha dicho, son miles los niños que diariamente son maltratados y por tanto no hace falta utilizar a una de las últimas víctimas de ese maltrato, sobre todo cuando lo utilizamos para cuestionar a una comunidad autónoma. Eso es lo que se desprende. Además, en el siguiente apartado usted resalta lo positiva y lo espléndida que ha sido la actuación de otra comunidad autónoma, que es la de Valencia -¡cómo no!-, en otro caso de malos tratos. Francamente, usted no me puede decir que está buscando el consenso, porque con esta exposición de motivos no me está convenciendo para que abordemos juntos el problema que usted trae a esta Cámara.
No le voy a discutir los datos que usted ha traído. Es más, le puedo decir que estamos francamente preocupados, porque los datos del propio ministerio y los que en un reciente estudio ha presentado Amnistía Internacional Infantil, un ranquin infantil, son lo suficientemente alarmantes para que pensemos que en el ámbito familiar se está incrementando de manera importantísima el maltrato infantil. Siempre existe la duda de si se está incrementando o si ahora estamos detectando mucho más el maltrato infantil. Esta es otra duda que seguramente requeriría un estudio más a fondo. La realidad nos dice que se ha incrementado un 108 por ciento, además en manos de los padres, de los abuelos, de los tíos, etcétera. Las muertes se incrementan en un 77 por ciento y los malos tratos en las familias, en un 83 por ciento. Todo esto es evidente, pero aquí hay una cuestión, que desde nuestro punto de vista es la siguiente: En el caso lamentable, ya que usted lo ha sacado, de la niña Alba, lo que falló no fue precisamente que no hubiera mecanismos.
Había mecanismos legales, había en principio servicios,
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pues estaban siendo atendidos por la asistente social, e incluso había habido una denuncia. Falló una cuestión tan simple -usted lo ha dicho, en eso puedo estar de acuerdo- como es la alarma social. No hubo la suficiente alarma social, que hiciera que todos estos mecanismos que existen, tanto legales como de equipos técnicos, profesionales, etcétera, se pusieran de acuerdo de una manera transversal para actuar y que no pasara lo que finalmente pasó. Estos servicios estaban y estaban también los mecanismos del Código Penal y de la justicia para poder actuar.
Cabe, pues, una reflexión profunda sobre cómo es posible que, existiendo todos estos mecanismos, haya estado a punto de morir o esté en una situación tan grave todavía una criatura en nuestro país. Por eso nosotros hemos hecho una propuesta, una propuesta alternativa a su proposición no de ley, que usted dice que no puede aceptar. Esto nos lleva a manifestar que nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que tendríamos que volver a pensar de qué manera, colectivamente, nos sensibilizamos más y conseguimos sensibilizar más a la sociedad. En todo caso no podemos aceptar la propuesta que ustedes hacen, porque muchas de sus proposiciones son contradictorias, como la de los centros para menores. Nosotros consideramos que los menores no han de estar en centros, sino que han de estar con su familia biológica o con familias sustitutas, con familias adoptivas o con familias de acogida, pero no en centros. Hay bastantes cuestiones de las que plantean que nosotros no podemos aceptar.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora García Suárez.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.
Señorías, efectivamente, la dramática situación sufrida en Cataluña por la pequeña Alba ha causado una profunda convulsión y también una gran alarma social, en primer lugar por la brutal situación en sí, pero también al constatarse una probable y grave descoordinación existente en el departamento de Bienestar Social y Familias del Gobierno tripartito de la Generalitat de Catalunya, así como entre la actuación judicial y policial y también del ministerio fiscal, que ha supuesto en definitiva que la Administración no haya adoptado hasta ahora medidas de protección de la menor, a pesar de que no era la primera vez que la misma precisaba atención médica por sufrir lesiones ni era la primera vez que se tenía constancia por parte de la Administración de que sufría estas salvajes agresiones. Por otra parte, tal como nos han expuesto las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, los datos que se manejan apuntan a que se ha doblado la cifra de casos tipificados como delitos de niños maltratados por sus progenitores o por sus familiares. Hoy, desgraciadamente, hemos tenido noticias de otros graves sucesos en la provincia de Girona. Todo ello lleva al Grupo Parlamentario Popular a presentarnos la iniciativa que estamos debatiendo.
Desde Convergència i Unió, desde la rotunda explicitación de que para nosotros la protección a la infancia y la prevención de los malos tratos que puedan sufrir los niños y las niñas es una cuestión política e incluso personal absolutamente prioritaria, antes de posicionarnos respecto al contenido concreto de la parte dispositiva de esta proposición no de ley queríamos realizar dos consideraciones generales.
La primera es la de manifestar que, a nuestro juicio, y coincidiendo con la opinión emitida a este respecto por la presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica, del Consejo General del Poder Judicial, doña Montserrat Comas, no hay un déficit legislativo al respecto, no es un problema de la ley, aunque las leyes, como todo, son perfectibles. La normativa actualmente vigente, tanto la estatal como la catalana, prevé los mecanismos necesarios para proteger a los menores víctimas de malos tratos y a los menores desamparados. Pero es evidente que las leyes no actúan solas, y lo que hay que analizar en el ámbito correspondiente, que desde luego no es esta Cámara, es la actuación tanto de la Administración judicial como de la Administración de la Generalitat para ver dónde se han producido los fallos. La segunda consideración apuntaría a que a pesar de que, como ya hemos mencionado, consideramos que la Generalitat ha actuado de manera descoordinada e ineficaz, vamos a seguir defendiendo la distribución competencial que tenemos. Ni este desgraciado supuesto ni ningún otro justifican para Convergència i Unió que desde el Estado se puedan invadir las competencias autonómicas. Es en el Parlament de Catalunya donde se han de tomar las medidas correspondientes a las derivaciones políticas de la actuación administrativa. El control del Gobierno de Cataluña debe hacerse -como lo está haciendo el Grupo Parlamentario (Convergència i Unió) con una interpelación, ya formulada, seguida de una moción que se verá en los próximos días- desde el Parlament de Catalunya y no desde esta Cámara y defenderemos que esto siga siendo así. Desde estas dos consideraciones pueden deducir que no es fácil nuestro apoyo a esta iniciativa que estamos debatiendo tal y como está redactada, porque algunas de las medidas propuestas vulneran claramente, a nuestro entender, la distribución competencial que tenemos y en concreto las competencias de la Generalitat en esta materia. Otras medidas ya están previstas en la actual normativa, como es el uso de las nuevas tecnologías para agilizar los trámites administrativos y judiciales, que, como digo y es de todos conocido, está ya sancionado en el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por otra parte, lo que se propone en el punto 4, la calificación de situación de riesgo para el menor ante la presentación de una denuncia y la medida derivada de
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ello, en la que se propone asumir automáticamente la tutela del menor por parte de la Administración, entendemos que, como todo automatismo, no permite ponderar las situaciones en juego y puede conculcar, entre otros, el principio de presunción de inocencia, además de la situación del menor. Tampoco entendemos a qué se alude cuando se dice: ampliar la red de centros de atención a la infancia. ¿Puntos de atención, puntos de mediación, centros de menores? Si se refiere a esto, no somos partidarios de aumentar la institucionalización de menores como única solución a estas graves situaciones. ¿Quiero decir con esto que no se puede hacer nada desde estas Cortes? No, entendemos que no. Nuestro portavoz en el Senado, don Pere Macias, formuló una pregunta al respecto hace unas semanas al ministro de Justicia. Por otra parte, es bueno recordar que hace tan solo un año, el 15 de marzo de 2005, el Pleno del Senado apoyó por unanimidad una moción que presentó el Grupo Parlamentario Popular -su propio grupo parlamentario- en la que se instaba al Gobierno a aprobar un plan de prevención del maltrato infantil, un plan con un contenido detallado en la propia moción que contiene buena parte de las medidas que hoy nos propone el Grupo Parlamentario Popular, pero de manera respetuosa competencialmente con las comunidades autónomas, así como también instaba al Gobierno a realizar actuaciones y medidas dentro del plan estratégico nacional de la infancia y la adolescencia que se está elaborando. Por ello, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda de sustitución en la que, recogiendo lo ya aprobado por unanimidad, como digo, en el Senado a instancia de su propio grupo parlamentario, se insta al Gobierno a cumplir esta moción en el término más breve posible; una enmienda -y finalizo con ello- para la que solicitamos el apoyo de todos los grupos y la aceptación del grupo proponente, en el bien entendido de que si no es así no vamos a poder apoyar la iniciativa en su redacción inicial.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Pigem.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, la creciente conciencia social sobre el problema de abusos sexuales y otros maltratos a menores, que hasta hace muy pocos años ha permanecido en el más absoluto anonimato, ha hecho que la preocupación por el menor, la atención al mismo y el interés por su bienestar físico y psicológico prevalezcan por encima de todo. No podemos permanecer impasibles ante situaciones reiteradas en las que se ponen en peligro los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la salud, así como el respeto a la dignidad de las personas, ya que los menores son titulares de unos derechos que la legislación les reconoce pero que no siempre les garantiza.
La propuesta que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Popular viene motivada por el incremento de casos de maltrato a menores que se ha producido en los últimos tiempos, según consta en la exposición de motivos. Pero, señoría, ¿no será que está más influenciada por la repercusión mediática que han tenido algunos casos, como el que se ha citado en reiteradas ocasiones esta tarde? Porque le voy a poner en antecedentes. Si a usted de verdad le preocupara el tema del menor, hubiese indagado en la legislación que tenemos actualmente. Como se ha señalado, el 15 de marzo del año 2005 se aprobó en el Senado por unanimidad de todos los grupos políticos una moción en la que se instaba al Gobierno a la elaboración, en colaboración con las comunidades autónomas, de un plan del maltrato infantil y atención a la infancia maltratada que contemple medidas de información, de sensibilización y de formación, por tanto, muchas de las medidas que usted recoge en la proposición que hoy nos presenta. La elaboración del plan estratégico nacional de infancia y adolescencia se encuentra en una fase muy avanzada. Ha sido diseñado en el marco del Observatorio de la infancia, en el que además del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales participan representantes de otros departamentos de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de la Federación Española de Municipios y Provincias así como de organizaciones sociales de la infancia. El objetivo de este plan estratégico, teniendo en cuenta la distribución competencial, es la construcción de una cultura de la cooperación entre las instituciones públicas y privadas que revierta en el mejor aprovechamiento de los recursos existentes y en una detección más precoz y efectiva que dé una respuesta integral a los problemas de esta etapa y garantice los derechos de los menores, de acuerdo con los convenios internacionales suscritos por España. Usted, señoría, ha obviado que todas las comunidades autónomas ostentan competencias exclusivas en materia de protección y tutela de menores, si bien respetando en todo caso la legislación civil, penal y penitenciaria que existe actualmente.
Querría señalarle muy brevemente algunas de las medidas que contempla su proposición. Respecto a la medida propuesta como número 2, ya existen guías para la intervención en ámbitos autonómicos, provinciales y locales. Respecto a la número 4, la legislación actualmente distingue entre situación de riesgo y de desamparo. La número 6 recae directamente, como ya le he señalado anteriormente, en la competencia de las comunidades autónomas. Respecto a la número 7, a través del Observatorio de la infancia existen hojas que se utilizan en los ámbitos sanitario, educativo, policial y de servicios sociales. La medida que usted propone como número 8 ya se encuentra en funcionamiento puesto que uno de los grupos de trabajo es el de maltrato infantil, integrado por representantes de todas las administraciones.
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Señoría, esta tarde está usted practicando una política de cuclillo. ¿Y sabe lo que hace el cuclillo? Poner el huevo en el nido ajeno. En definitiva, cabría esperar cierta reflexión, y lo que se precisa es avanzar en potenciar y mejorar los mecanismos existentes en la legislación vigente, que los hay. Nuestra enmienda recoge este objetivo -ya lo llevábamos en el programa electoral con el que el Partido Socialista concurrió en las pasadas elecciones-, que es instar al Gobierno a adoptar medidas preventivas, sociales y de coordinación entre los diferentes poderes públicos dirigidas a proteger a los menores del maltrato infantil en el ámbito familiar, incluyéndolas en el plan estratégico nacional de infancia y adolescencia, en colaboración con las comunidades autónomas y asociaciones representativas del menor, con medidas que garanticen la seguridad y la rehabilitación física y psicológica de los menores.
En definitiva, señorías, muchas de sus propuestas y muchas de sus medidas están recogidas en el plan estratégico nacional que se está elaborando y también en la enmienda que hoy presentamos nosotros. Creo que la preocupación de todos los grupos de esta Cámara y una de las bases en la que debe apoyarse un Estado social y democrático de derecho es el respeto a los derechos fundamentales, al margen de la edad y condición, como es el caso de los menores.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora López.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández.
Señorías, subo a esta tribuna para posicionarme ante la moción presentada y defendida por la diputada del Grupo Popular. Y digo que subo a la tribuna, cuando tenía pensado hacer mi intervención desde el escaño, porque entiendo que es mucho mejor hacerlo desde aquí, de tal manera que pueda ver de frente a SS.SS., y ello por una razón, porque me está preocupando el tratamiento que le vamos a dar a esta cuestión en el hemiciclo tanto como me preocupa un problema tan grave como el de los malos tratos a menores. Me parece lamentable que en una cuestión como esta y ante una moción que se presenta no haya capacidad de los grupos parlamentarios, por iniciativa del propio grupo proponente, de llegar a un acuerdo de transacción entre la moción y las enmiendas presentadas por los grupos, de tal manera que aprobemos en esta Cámara una propuesta que efectivamente sea de utilidad para hacerle frente a un problema de la dimensión del maltrato a los menores. Señora diputada del Grupo Popular, el hecho de que usted no esté en la predisposición de llegar a acuerdos me indica que no hay preocupación por la situación sino que hay aprovechamiento de algo -y de algo que en un momento determinado desmesura el problema- para una utilización política, y eso es tremendo.
Utilizar a los menores, sobre todo cuando es una cuestión de malos tratos, para una cuestión política, señora diputada, permita que le diga que es, desde mi punto de vista, algo inadmisible que desde luego ningún político, hombre o mujer, debería hacer nunca. Esta diputada nunca lo ha hecho, incluso no ha presentado a veces iniciativas que se pueden resolver hablando con las distintas administraciones y procurando una solución a los problemas.
Los menores son una cuestión muy seria, señoras y señores diputados. Por tanto, estaríamos en disposición de apoyar una iniciativa que hoy suscitara, por ejemplo, alguna posibilidad de acuerdo entre las distintas enmiendas que proponemos. Le recuerdo a la diputada del Grupo Popular que la iniciativa está dirigida al Gobierno y que hay puntos de la misma que interfieren de alguna manera en la competencia del Gobierno con la competencia judicial. Concretamente en el punto 4, respecto a dotar a los menores víctimas de maltrato de una atención especial, adoptando la medida más adecuada que propone el Grupo Socialista como enmienda a su punto número 4, en el que ustedes ya dicen que es necesario crear una situación de riesgo cuando se presenta una denuncia por malos tratos, primero, usted sabe que si la denuncia se presenta en el juzgado no se puede actuar desde la Administración porque ya está en curso un expediente judicial; y por otro lado entraríamos en un problema que a veces excede a la autoridad judicial, que es la cuestión de no crear ninguna controversia o conciliar dos derechos fundamentales, que son los derechos del menor y la presunción de inocencia de la persona que se acusa de maltrato. En ese sentido, a veces desde la autoridad judicial se está utilizando demasiado, sin medidas de prevención, el derecho de presunción de inocencia, que nosotros estamos de acuerdo que hay que mantener hasta el final, pero también pensamos que son necesarias medidas de protección ante la posibilidad de que la denuncia sea efectivamente real. Por lo tanto, como usted decía en su intervención, en el caso concreto que usted mencionó no es que en este año haya dos casos que salieron en la prensa muy espectaculares, por decirlo de alguna manera, sobre un hecho tan grave, sino que continuamente nos vemos sorprendidos por estos hechos en distintas comunidades del Estado. Ni lo hizo mal Cataluña ni lo hace mal Valencia; esto es algo que pasa en cualquier parte del Estado y en cualquier parte del mundo, igual que los malos tratos a mujeres. No se debió, como decía la diputada de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Carme García, a que no hubiera suficientes recursos administrativos ni a que no se estaba actuando, sino que lo que más tarde llegó fue la decisión judicial. Eso está pasando y no es algo por lo que tengamos que instar al Gobierno, sino que tenemos que modificar la legislación actual.
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El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Fernández.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias tiene la palabra el señor Mardones.
Si se sigue la casuística de normativa en los últimos decenios de diversas instituciones, se ha visto, en la línea de una protección del menor, arrancando, por así decirlo, en un documento base, que es la Declaración de los Derechos del Niño o del Menor de Naciones Unidas, una mayor sensibilidad para la protección del menor en un reconocimiento de sus puros derechos civiles, y de aquí que el ordenamiento legislativo civil ocupe una de las líneas principales de defensa. Se ha ido pasando también al terreno de lo penal, con una protección del menor no en un derecho sencillamente positivo sino en un derecho frente a las posibilidades de malos tratos, y hemos visto que se ha ido incrementando precisamente la línea de protección vía penal, vía cualquier otra resolución, pero sobre todo fundamentalmente del Código Penal, de protección al menor contra los malos tratos infligidos bien en el área familiar, por sus progenitores o familiares, o bien en el área de los escenarios donde el menor comienza a desarrollar su actividad, escuelas, convivencia, etcétera. Mi grupo se solidariza con este planteamiento y entiende que en el debate que acabamos de ver aquí las iniciativas tanto del Grupo Parlamentario Popular como de los grupos que han presentado enmiendas son complementarias y tenemos la misma sensibilidad, con los matices de aplicación, de tiempo y hora en que se pueden hacer. Qué duda cabe que hay un Plan estratégico nacional en el que hay un reconocimiento de competencias tanto de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas, que son las que fundamentalmente, por principio de legitimidad y de legalidad, tienen transferidas las competencias de protección de los menores en todos sus aspectos que no sean los generalistas del Código Civil o del Código Penal.
El Observatorio de la infancia es un instrumento muy necesario y positivo, y nuestro voto de hoy va a estar en la línea de estimular una toma de conciencia, sin entrar en cuestiones de pormenores de las iniciativas o de las enmiendas. Nos parecen perfectamente asimilables las enmiendas presentadas, sobre todo la que ha presentado la señora Pigem por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), como la que ha presentado también el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso que he seguido de cerca. Si esto es aceptado por la entidad proponente, el Grupo Parlamentario Popular, bienvenido sea; nosotros lo vamos a apoyar. Si lo que se va a someter a votación es la iniciativa del Grupo Popular, la votaremos favorablemente porque estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, en la preocupación que a todos nos embarga y en que tenemos que dar desde este Parlamento, salvando por supuesto las competencias de las comunidades autónomas, a la población de toda España el mensaje de que el Congreso de los Diputados tiene una sensibilidad especial, tal vez acendrada y acentuada por estos casos en que los medios de comunicación han puesto en primera fila gráfica, fotográfica y sentimental los luctuosos hechos ocurridos. Pero esto no quita para hacer un pronunciamiento al respecto, y en esa línea de prudencia y de moderación nosotros daremos nuestro voto positivo a esta cuestión en lo que se someta a votación en la Cámara, con la aceptación o no por parte del grupo proponente de las enmiendas que, vuelvo a decir, reflejan todas un sentido de preocupación y que lo que en su día pueda aprobar el plan estratégico nacional del laboratorio de la infancia también es un escalón más para trazar un área de sensibilidad pública ante este problema.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
En relación con esta iniciativa, que es importante, queremos hacer una doble reflexión, señor presidente. En primer lugar, una reflexión de naturaleza estética. A nosotros nos parece que no es pertinente comparar lo ocurrido con la niña Alba, en Vall d'Hebrón, y el funcionamiento, malo o bueno, de la Administración de Justicia y de la Policía en la Comunidad Autónoma de Cataluña con un suceso similar ocurrido en Valencia, porque yo, que he estado, afortunada o desgraciadamente, cinco años en el Consejo General del Poder Judicial, podría poner cientos de ejemplos de signo contrario. No es estéticamente pertinente hacer reflexiones de esta naturaleza, que tienen un carácter casi comparativo, respecto al funcionamiento de comunidades autónomas gobernadas por partidos políticos diferentes.
Respecto al contenido material de la proposición no de ley nosotros tenemos una doble impresión. En primer lugar, esta es una fenomenología criminal emergente. La duplicación de los fenómenos, que la portavoz del Partido Popular ha explicado con lucidez, indica dos problemas que no están bien atendidos: primero, que la pena en relación con estos delitos no cumple las funciones que debe cumplir toda pena prevista en el ordenamiento punitivo: prevención especial en relación con este tipo de delitos, prevención general en relación con la delincuencia en general o la fenomenología criminal en general, y retribución; y segundo, que el injusto penal en relación con este tipo delictivo no está bien configurado en el Código Penal. Sin embargo, el Partido Popular no ha tenido el coraje de afrontar esta cuestión. Hace una referencia un tanto perifrástica a reformas legales, pero no dice cuáles; deberían ser reformas legales atinentes
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al Código Penal, pero no se indican, lo cual nos crea una incertidumbre que nos impide manifestar un particular entusiasmo en relación con el contenido material de esta proposición no de ley, que es pertinente pero jurídicamente es inconcreta, insegura y difusa.
En segundo lugar, en relación con los ocho apartados de esta proposición no de ley hay tres que vulneran títulos competenciales autonómicos específicos. No le tengo que explicar, señor presidente -usted nos conoce de antaño-, que a un partido como el nuestro solo esto ya nos sirve para manifestar una renuencia particularmente significativa. Como ya han indicado otros portavoces, se habla de una política nacional relativa a este fenómeno delictivo y de ampliar la red de centros de atención a la infancia, que es una competencia autonómica exclusiva. En definitiva, nosotros no podemos convalidar esta falta de respeto a títulos competenciales que están previstos en el bloque de constitucionalidad.
Por último, voy a hacer una apelación al consenso a la portavoz del Grupo Popular, sobre cuyo rigor jurídico y político no me cabe ninguna duda.
Este no es un problema que debe ser objeto de rentabilización política por nadie a tenor de noticias que han tenido una dimensión mediática notable. Este es un problema de Estado, un problema grave, es una fenomenología delictiva que debe ser objeto, entre otras cosas, de correcciones o de modificaciones seguramente hasta de la normativa penal, de la actuación de las administraciones públicas, de actuación registral para identificar la fenomenología en sus exactos términos cuantitativos y cualitativos, debe ser objeto de medidas educativas, de medidas preventivas y de campañas institucionales. Todo esto no lo puede proponer un partido político en exclusiva contra todos los demás o con la opinión renuente de todos los demás. Desde esa perspectiva yo le pido a la portavoz del Grupo Popular que haga una reflexión complementaria a las que ha hecho -que no están mal, son lúcidas, son pertinentes- y que acoja las inquietudes y las reservas intelectuales que los demás le estamos planteando. Yo particularmente y todos los que estamos aquí presentes tenemos una particular preocupación por un fenómeno delictivo o criminal que no es de nuevo cuño, pero que sí tiene una dimensión espectacular en su crecimiento que nos preocupa, sobre todo a los que tenemos hijos pequeños; nos preocupa personalmente y nos preocupa colectivamente como ciudadanos. Desde esa perspectiva, esto requiere consenso y requiere que no se haga una patrimonialización política de la iniciativa, y yo le pido que acoja las indicaciones de otras enmiendas que han sido presentadas por otros partidos, porque esto o lo arreglamos entre todos o este problema se nos va a ir a todos de las manos, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Olabarría.
Finalmente, para la fijación de posición, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Cerdá.
El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, señorías, en Esquerra Republicana estamos seguros de que ninguno de los presentes ni ningún partido político queremos ver u observar impotentes cómo se maltrata a un menor, a un anciano, a una mujer, a un preso ni a una persona que esté en situación de inferioridad o minorizada. Es nuestro sentido, y seguro que el de todos, de la justicia y de la igualdad; pero es que además lo recoge nuestro ordenamiento jurídico, que prohibe el maltrato, la tortura, los malos tratos. También la Unión Europea y Naciones Unidas acordaron en su momento proteger al menor ante cualquier maltrato, con la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, el Convenio internacional contra la tortura, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la propia Constitución española. A nadie le resulta agradable ver cómo una niña ha sido maltratada por sus padres, y no obstante ocurre frecuentemente, lo sabemos todos, pues las leyes y las instituciones van muchas veces por detrás de la sociedad. Por tanto, todas las medidas e instrumentos que se adopten para proteger a los menores del maltrato son siempre bien recibidas porque forman parte también de la protección que un Estado democrático y social como es el nuestro debe dar a los más débiles.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana entiende que los instrumentos que se proponen en la proposición no de ley y en la enmienda del Grupo Socialista, que prácticamente coinciden con los del Grupo Popular, son medidas que se adoptan en estos momentos por las comunidades autónomas. Estas mismas medidas las manifestó la Consellera de Bienestar Social del Govern Valencià, que es del PP por cierto, en recientes declaraciones al Canal Nou. Son medidas que como mínimo se aplican en Cataluña y se dispone ya de ellas. No obstante, entendemos que todo es mejorable y que lo que se debe hacer desde la Generalitat de Catalunya es eso: mejorar día a día. Por tanto, la proposición no de ley no aporta, a nuestro entender, nada nuevo. Por ejemplo, ya existe el RUMI, es decir, el Registro Unificado de Maltratos Infantiles dentro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. De hecho, el Observatorio de la infancia del ministerio tiene cinco grupos, uno de los cuales se está estudiando aplicarlo en Cataluña, y es el grupo dedicado al maltrato infantil. En este mismo marco, la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia del Departament de Bienestar Social de Catalunya ya dispone de un protocolo de actuación en abusos sexuales y maltrato de menores, concretamente en Girona. No obstante, volvemos a decir que todo es mejorable, pero no podemos aceptar que en el caso de Alba se afirme, tal como se hace en la exposición de motivos, que se ha demostrado abandono institucional puesto que en ningún caso, y ustedes lo saben igual que nosotros, fue así. De hecho, desde el 12 de diciembre la dirección general ya hacía un seguimiento pormenorizado del caso. Debido a la actitud encubridora de la familia la Administración, desafortunadamente, no percibió a tiempo que la situación era de alto riesgo. No
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hubo una correcta apreciación del riesgo que suponía para Alba permanecer en su núcleo familiar, y ustedes lo saben porque es así.
En relación con el primer punto entendemos que las campañas de sensibilización deben acompañarse de información de los recursos y de la red de servicios existente; servicios y recursos que sin una financiación justa siempre son insuficientes, como no nos cansaremos de reivindicar y reiterar. La Secretaría de las Familias y la Infancia del Departament de Bienestar está trabajando en una ley de la infancia que contará con una amplia participación y la colaboración de reconocidos expertos en la materia. La futura ley de infancia que se está impulsando desde el Departament de Bienestar y Familia ya contemplará y prevendrá legalmente las situaciones de urgencia, que incluyen la posibilidad de asumir el caso del menor y poder intervenir sin necesidad de desamparar ni de disponer de informes técnicos que justifiquen la propuesta de intervención. A partir de la aprobación de la ley será suficiente la demanda de la persona que denuncie una situación de maltrato a un menor y su valoración. No queremos dejar de insistir en que la descentralización, dentro del modelo de protección a la infancia, es un principio inspirador en toda la Unión Europea. Es necesario también respetar las competencias de las comunidades autónomas y, por tanto, menos oportunismo político y más información para traer los temas a esta Cámara. Me parece que ha hecho usted gala de algo de ignorancia con su propuesta. En cuanto a la protección del menor, pues, intervención ante situaciones de maltrato, financiación y una buena ley para proteger a los menores son las líneas maestras de la actuación de Esquerra, unas líneas sobre las cuales estamos convencidos, más allá de los titulares, de que ustedes también están convencidos de que son unas buenas maneras de trabajar.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Cerdà.
Finalmente, aun cuando ya había anticipado su criterio, pero ahora formalmente, a efectos de aceptación o rechazo definitivo de las enmiendas tiene la palabra la señora Salom.
La señora SALOM COLL: Gracias, señor presidente.
Yo creo que he dejado bien claro en mi intervención que las enmiendas presentadas son de sustitución y como tales no las aceptamos. Si las cambian por enmiendas de adición aceptamos las tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias.
¿Algún grupo parlamentario desea modificar su posición inicial? (Pausa.) Entiendo que no, porque se desprende así de las intervenciones. Por tanto, se procederá a la votación de la iniciativa en su momento tal y como está redactada originariamente. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a efectuar dos votaciones.
Primera, votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la creación de una nueva modalidad de Premio Nacional dedicado al cómic. Se vota con las enmiendas incorporadas del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 295.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley. (Aplausos.)
Segunda votación. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la elaboración de un plan de protección de maltrato a menores. Esta proposición se vota en sus términos originales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 126; en contra, 169.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL INTERVENCIONISMO POLÍTICO EN EL SECTOR ENERGÉTICO. (Número de expediente 173/000128.)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el intervencionismo político en el sector energético.
Para la defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente, interviene, por siete minutos, el señor Castelló. (Rumores.) Señorías, les ruego que guarden silencio porque la sesión continua.
El señor CASTELLÓ BORONAT: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, voy a defender la moción que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado como consecuencia de la interpelación que se sustanció la pasada semana sobre cuestiones de energía, sobre las interferencias y el intervencionismo del Gobierno en los temas energéticos. Señorías, creo que los 350 diputados de esta Cámara podemos estar de acuerdo en que la energía es uno de los factores clave no solamente para asegurar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos,
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sino también para asegurar la competitividad de nuestras empresas. Durante los últimos 8 ó 10 años en España se han producido cambios muy importantes, cambios trascendentales en el sector energético, que luego también han tenido trascendencia en las pautas de consumo de los ciudadanos y también, por supuesto, en términos económicos. Este ha sido uno de los factores que ha provocado lo que mucha gente, tanto aquí como fuera de España, ha determinado como el milagro económico español, cuestión clave de la energía. Hay que hacer una pequeña referencia a esos cambios que quizá han sido relativamente recientes, pero que han sido muy importantes. Teníamos un modelo energético de monopolio, un modelo cerrado, de titularidad y responsabilidad estatal, con una regulación exhaustiva, con planificación vinculante y con remuneración basada en costes reconocidos y, se hizo una transición ordenada a un modelo liberalizado, con la creación de un mercado para la formación competitiva de los precios, con una planificación indicativa, con la explotación descentralizada, con libertad de entrada y de inversión y el libre acceso a la red. Una cuestión también muy importante de ese nuevo modelo que se implementó a partir del año 1997 ó 1998... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Castelló, lamento tener que interrumpirle. El murmullo es muy fuerte. Les ruego que respeten el uso de la palabra.
Adelante, señor Castelló.
El señor CASTELLÓ BORONAT: Como decía, ese modelo se implementó a partir del año 1997 ó 1998 con la Ley del Sector Eléctrico, la Ley de Hidrocarburos y la normativa posterior; un modelo que también creaba un ente regulador independiente que vigilara el funcionamiento y el mercado en que aparecía en ese nuevo modelo. Finalmente, eso dio muy buenos resultados y nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que ese modelo que se implementó durante los gobiernos del Partido Popular tendría que haber continuado con su desarrollo en estos dos últimos años. Junto a ese proceso de cambio de modelo también se han producido cambios muy importantes en el contexto internacional. La coyuntura y las expectativas de futuro que se tenían en el año 2000 no son las mismas que las que se tenían posteriormente en los años 2003, 2004 y 2005: el elevado incremento del precio del petróleo, el cumplimiento del protocolo de Kioto, la elevada demanda de países emergentes como China y la India -muy por encima de las expectativas que se tenían inicialmente sobre el tirón de esos mercados en cuanto a los productos energéticos-, o la inestabilidad de ciertas zonas del mundo generadoras de productos petrolíferos. Ello quiere decir que las soluciones a los problemas que España tiene desde el punto de vista energético no pueden venir de manera aislada, de manera local o de una manera cerrada; tienen que venir siempre de una forma global, para afrontar los cambios que tienen que producirse en los próximos años y que, sin duda, harán que pasemos de lo que podríamos denominar el mundo de la energía del petróleo a un mundo de la energía que ya se apunta en las próximas décadas, sobre todo hacia mitad de siglo. Este es un gran momento y un buen momento en esta Cámara -por eso la moción está redactada en los términos que luego comentaré brevemente- porque estamos asistiendo a un debate importante en la Unión Europea. El pasado 8 de marzo el presidente de la Comisión Europea presentó el Libro Verde de la política energética de la Unión Europea.
Posteriormente el Consejo de Ministros del ramo lo trató y en el último Consejo de primavera de la Unión Europea también la energía ha sido uno de los temas fundamentales y parece que para finales de año se quiere presentar el libro blanco de la energía para conseguir lo que a España le beneficiaría mucho, un mercado único europeo de la energía en un futuro cuanto más cercano muchísimo mejor. Es un buen momento para plantear esta moción en Congreso de los Diputados y a los diferentes grupos parlamentarios porque lo que pretende es que el Gobierno, que es quien tiene la máxima responsabilidad de las políticas que en energía se tienen que implementar y en ejecutarlas, promueva -tomando la palabra del presidente del Gobierno en esta tribuna, en la comparecencia sobre el Consejo Europeo donde se trataron temas de la energía, dijo que estaba dispuesto a dialogar sobre estas cuestiones energéticas- un diálogo y un debate entre los diferentes grupos parlamentarios que de manera sosegada, pero lo más rápidamente posible, pueda conseguir un gran acuerdo nacional entre los diferentes grupos parlamentarios para converger con la Unión Europea en esa política energética común y por donde creemos que va a pasar la política energética del futuro, que es la estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura. Porque seguro que todos estamos totalmente de acuerdo con los objetivos de seguridad y garantía del suministro; de eficiencia económica, es decir, que ese suministro sea viable y eficiente desde el punto de vista económico y que además sea respetuoso con el medio ambiente. Esos son los tres grandes objetivos sobre los que todos estamos de acuerdo. Aquí deberíamos consensuar sobre las estrategias para que se consigan esos objetivos en el mayor grado posible, cuanto antes mejor y dentro del contexto de la Unión Europea.
Evidentemente, dentro de ese gran acuerdo, y es lo que concretamos en la moción, debe haber un plan de acción para poder conseguir esos objetivos.
Indicamos algunas de las cuestiones que, a nuestro entender, son fundamentales dentro de ese plan de acción. Las medidas normativas y de vigilancia para avanzar y propiciar lo que antes comentaba, el mercado del gas y la electricidad en la Unión Europea cuanto antes. Debe contemplar ese marco regulatorio estable que en estos momentos le está pidiendo todo el mundo al Gobierno y que no tenemos -el sector, la patronal Unesa, los consumidores-. Todos pedimos lo mismo, ese marco estable que garantice y propicie...
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El señor PRESIDENTE: Señor Castelló, vaya concluyendo, por favor.
El señor CASTELLÓ BORONAT: Voy acabando, señor presidente. Decía que todos pedimos un marco estable que garantice y propicie las inversiones necesarias en el futuro, que se asegure en ese plan de acción las normas de la competencia -es fundamental conseguir mercados energéticos competitivos-. Es difícil y hay obstáculos pero hay que creer en esa política y pasaría también por ahí, la independencia del organismo regulador o definir ese mix de generación adecuado donde estarán las energías renovables, las nuevas tecnologías limpias o ese nuevo vector que se contempla que en el futuro va a ser importante desde el punto de vista energético que es el hidrógeno, así como el desarrollo de la industria energética o el modelo sostenible que todos pretendemos y queremos sobre el protocolo de Kioto.
El señor PRESIDENTE: Señor Castelló, fíjese que ha consumido el minuto de cortesía y ya va por el segundo. Concluya por favor.
El señor CASTELLÓ BORONAT: Acabo ya, señor presidente. Entiendo que todos los grupos parlamentarios están en disposición de poder apoyar esta moción que pretende avanzar y asegurar el futuro, un futuro que creemos que es muy importante si estamos de acuerdo en ese modelo energético que necesitamos para garantizarnos la seguridad del suministro, para asegurarnos la eficiencia económica y para asegurarnos que sea un modelo sostenible, es decir, respetuoso con el medio ambiente.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, por un turno de cinco minutos, interviene el Grupo Mixto.
Para el Bloque Nacionalista Galego esta moción es de carácter muy genérico y está basada en principios que difícilmente puede tener una discusión, a no ser que podamos entender lo que existe subyacente en algunos de ellos, pero en todo caso sería un juicio de intenciones que no vamos a hacer.
(La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) Nos preocupa algo que es muy importante, en particular, en el caso del Estado español. Nosotros tenemos claro que hace falta un debate amplio estatal con el compromiso de las administraciones públicas para definir y diseñar efectivamente un modelo energético de futuro que vaya más allá del año 2011, que es el último año al que se refiere la planificación y desarrollo de las redes de transporte eléctrico y gasista de 2002-2011, aprobado en febrero de 2002 en este Congreso de los Diputados. Hay que tener este debate dentro de la estrategia europea para una energía sostenible competitiva y segura, tal como está establecido en el Libro Verde de la Unión Europea. Es lógico que los Estados definan su política en función de esta estrategia antes de que exista una apuesta en común.
Esta necesidad de clarificación interna con una perspectiva estratégica mayor de la que hoy tenemos, para el Bloque Nacionalista Galego es sustancial que se dirima con la participación de las comunidades autónomas de forma prioritaria, entre otras cosas porque algunas de estas comunidades autónomas tienen un papel tan decisivo en la producción de energía eléctrica que francamente no pueden seguir siendo convidados de piedra de toda la planificación y desarrollo del modelo energético que se hace en el Estado español. Cuando se debatió el anterior Plan de desarrollo de las redes de transporte eléctrico y gasista 2002-2011 pudimos comprobar en este Congreso de los Diputados cómo el Gobierno no solamente tomaba la iniciativa unilateral de reducir en concreto la participación de algunas comunidades autónomas en la inversión y el desarrollo de las energías renovables, sino que también les ponía topes, límites de generación que no estaban explicados y que violaban gravemente las competencias. Por eso nosotros hemos colocado un primer punto en la moción que sustituirá a los puntos 1 y 2 del texto propuesto por el Partido Popular en la orientación de hacer valer el artículo 131 de la Constitución española, donde se habla de que toda la planificación económica se hará contando con las comunidades autónomas -en este caso mucho más porque en producción, distribución y comercialización tienen mucho que decir-.
La segunda enmienda se refiere a un tema más puntual, pero creemos que el Congreso de los Diputados y sus grupos parlamentarios debían tener participación. En concreto, el Consejo de Ministros de 31 de marzo aprobó nada menos que la revisión de la planificación energética 2002-2011 y pensamos que esta revisión debía de ser sometida a análisis y evaluación de los grupos parlamentarios de esta Cámara y que debía hacerlo de la forma más urgente posible. Por eso, dentro de lo que son los principios genéricos de la moción del Partido Popular, nos hemos permitido hacer estas enmiendas que son o bien de concreción o bien de un perfil político que puede ser discutible pero que para nosotros es fundamental: la participación prioritaria de las comunidades autónomas en la planificación del marco energético.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rodríguez.
Continuamos con la siguiente enmienda presentada, la del Grupo Socialista, y tiene la palabra la señora Velasco para su defensa.
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La señora VELASCO GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, permítame, señor portavoz del Partido Popular, felicitarle por el tono, después de un mes de interpelaciones duras y frenéticas sobre este tema y, en segundo lugar, darle la bienvenida a la política energética del Gobierno, porque en el análisis que ha hecho de su moción ha descrito el 80 por ciento de las acciones que está realizando ya el Gobierno. Eso es bueno. Habla de qué modelo energético queremos y de qué compartimos todos los grupos. Todos los grupos parlamentarios compartimos que la energía es un sector estratégico, compartimos que la calidad en el suministro es una prioridad, compartimos que hay que apostar por las energías renovables y compartimos, desde luego, que hay que dar calidad al sistema. Es un punto de encuentro muy importante, sobre todo después de los debates de las últimas semanas.
Respecto a la enmienda que presenta nuestro grupo, voy a intentar -en los minutos que tenemos- hacer una reflexión respecto a algunos aspectos para corregir la moción que ustedes presentan. En primer lugar, permítanme que reflexione sobre la exposición de motivos. No compartimos el último apartado de su exposición de motivos que habla del intervencionismo político, del proteccionismo en el sector de la energía y de que se está provocando incertidumbre e inseguridad jurídica. Le digo que no porque, como usted sabe, el modelo energético español está basado en la Ley del Sector Eléctrico y en la Ley del Sector de Hidrocarburos, leyes que fueron desarrolladas en las legislaturas en que gobernaba el Partido Popular; por tanto, no creo que les sean ajenas. El Gobierno -está claro y lo ha manifestado así el ministro de Industria en múltiples ocasiones en sede parlamentaria- no tiene intención de cambiar el modelo energético español, pero sí está tomando medidas para adaptar este modelo a la evolución de las necesidades energéticas españolas y para introducir las modificaciones que impone la política energética comunitaria. En este sentido, en cuanto al intervencionismo y al proteccionismo, a la vista de las insuficiencias contenidas en la disposición adicional undécima de la Ley del Sector de Hidrocarburos, que regula la Comisión Nacional de Energía -y esto lo ha explicado el ministro en reiteradas ocasiones este mes-, esta disposición impide hacer el examen de operaciones de concentración en todos los supuestos que afectan a los intereses generales de la política energética; el Gobierno aprueba el Real Decreto-ley 4/2006, de 24 de febrero, por el que se modifican las funciones de la Comisión Nacional de Energía. Recientemente, con el objetivo de que no haya efectos negativos sobre los consumidores por los elevados precios que habría que aplicar a la energía eléctrica, el Gobierno aprueba también el Real Decreto-ley 3/2006. Por otra parte, no se ha producido en ningún momento inseguridad jurídica, ni pérdida de credibilidad exterior ni un conflicto de imprevisibles consecuencias, como afirman ustedes en esta exposición de motivos, porque esto ha quedado claro de forma explícita y razonada en estos apartados.
Siguiendo ya con las propuestas que ustedes hacen, respecto al apartado 1, les diré, que la participación del Poder Legislativo en la configuración del modelo energético está claro, que existe ya un modelo energético que hay que desarrollar conforme a unas directivas y que, desde luego, está legislado cuándo hay que someter al Parlamento los debates que sean necesarios para profundizar y desarrollar ese modelo energético. Por tanto, aquí presentamos la primera de nuestras enmiendas. En cuanto al apartado 2 de su moción, hay que significar que no puede aceptarse la apertura de un proceso de acuerdo para la revisión de la estrategia del sector energético en consonancia con los principios y objetivos planteados en el Libro Verde de la Unión Europea sobre seguridad, competitividad y energía sostenible puesto que la propuesta político-energética será sometida al Consejo de la Unión Europea en la primavera de 2007. Y así, reflexionando en cada una de sus propuestas, entendemos que es un buen momento para hablar, que tendremos momentos y foros adecuados para avanzar en este proceso de mejora del sector eléctrico y, por último, que sí existe un modelo energético, que es un modelo ambicioso, con un programa de reformas ambiciosas en el sector y que tiene como objetivo prioritario la calidad y la garantía de suministro respetando el medio ambiente.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Velasco, muchísimas gracias.
El último grupo que ha presentado enmiendas ha sido Esquerra Republicana.
El señor Ramón tiene la palabra para defender la suya.
El señor RAMÓN TORRES: Señora presidenta, señoras y señores diputados, estarán de acuerdo con que sería muy difícil encontrar un sector más identificable con el concepto de interés general que el del mercado energético. Independientemente de su valor estratégico, la sostenibilidad en la producción y el consumo de recursos energéticos, así como la calidad en su suministro, son elementos claves para la continuidad de nuestra economía y la calidad de vida de nuestra sociedad a corto y largo plazo. Aun así, lamentablemente, el interés general es un concepto que cotiza a la baja. Una muestra clara es lo que ha acontecido estos últimos años alrededor de la regularización del mercado del sector eléctrico. En muchos casos su modificación ha sido más bien un pretexto para defender políticas partidistas y las reformas han sido débilmente objetivadas.
Estamos regulando un sector muy importante que determinará nuestro futuro potencial de crecimiento. ¿Les parece razonable que este interés general se decida
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sobre la base de decretos impulsados por el Gobierno de turno?
Sustanciamos esta moción porque nuestros ciudadanos y nuestras empresas se merecen un marco regulatorio estable del mercado energético, y esto requiere diálogo y consenso. No podemos utilizar la regulación energética como arma arrojadiza, y lo podemos decir muy tranquilamente desde Esquerra Republicana porque, aunque a algunos les pese, no nos hemos movido nunca por intereses corporativos. Es necesario un debate a fondo para examinar si nos compensa continuar siendo el único país, junto a Luxemburgo, que está infringiendo el cumplimiento de las directivas sobre el mercado interior de gas y la electricidad, o hacer caso omiso a las reclamaciones del Libro Blanco sobre la reforma del marco regulatorio de la generación de electricidad en España, encargado por el Ministerio de Industria. Nos encontramos con un mercado eléctrico controlado por unos pocos grupos en situación oligopolística, que son a su vez productores y distribuidores, representando entre el 60 y el 70 por ciento del mercado, abusando de posiciones de dominio de diversas tecnologías y abusando de las restricciones de suministro en determinadas zonas geográficas.
Mantenemos unos costes de transición a la competencia que continúan distorsionando totalmente el mercado. No tenemos unas tarifas asociadas al coste real de la electricidad. La gestión de la demanda y la generación distribuida están en un estado demasiado incipiente. No se penalizan las pérdidas en el transporte ni en la distribución. No hay soluciones fáciles, sin duda, pero lo que es seguro es que las prisas no son aconsejables y que el debate merece ser llevado a cabo en esta Cámara.
Estamos particularmente satisfechos porque el Grupo Popular tenga este ataque de objetividad -permítanme decirlo-, porque es una situación de la que en gran parte son responsables. Su moción la podría haber secundado cualquier liberal de verdad, lo que sorprende con su historial reciente de Gobierno. El proceso de liberalización emprendido hasta ahora en el sector eléctrico, desde la firma del protocolo eléctrico en 1996 y con la posterior ley de 1997, tenía que presentar un escenario de mercado más eficiente, gracias a la competencia y a la transparencia. Todo el mundo coincide en que esto no ha sido así. La reducción que se ha dado en la capacidad de regulación pública en detrimento de esta inmadura liberalización ha obligado a tomar medidas de intervención discrecional que alteran permanentemente lo que sería un escenario estable y, paradójicamente, la liberalización nos está llevando a un mercado que se configura a golpe de opa y de real decreto, como venimos constatando. La actual situación de inestabilidad es en buena medida fruto de la irresponsabilidad del Gobierno del Partido Popular, que además de diseñar un modelo precipitado de liberalización no puso en ningún momento las adecuadas pautas regulatorias ante, por ejemplo, las reiteradas maniobras de concentración de capital. En el mismo sentido, si no se toman las medidas oportunas, también habrá que responsabilizar al Gobierno socialista. Los intereses generales deben estar presentes y el diálogo con los sectores y el consenso son las mejores formas de conseguirlo.
Muchas gracias, señora presidenta; gracias, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Ramón, muchas gracias.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En nombre del PNV tiene la palabra el señor Olabarría.
Mi grupo parlamentario va a votar favorablemente la moción presentada por el Grupo Popular siempre que se cumpla una condición que para nosotros es indispensable, que se acepten las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego y por Esquerra Republicana. Este es un tema no fácil de aprehender intelectual ni políticamente, es un tema en este momento contaminado por intereses espurios y corporativos. Nosotros nos podemos jactar de que tampoco tenemos, como ha dicho el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, intereses corporativos que defender de ninguna naturaleza, lo cual desde una perspectiva de posicionamiento político nos ubica en una situación de honestidad, un lujo que nos podemos permitir sin ningún tipo de reserva. Desde esa perspectiva vamos a hacer una reflexión de naturaleza puramente intelectual.
Yo tengo que reprochar al portavoz del Grupo Popular que su intervención fue particularmente beligerante la semana pasada, una intervención incardinada en una estrategia de desgaste, de erosión de las posiciones del Grupo Socialista, pero su moción no lo es. Su moción es razonable, está bien configurada técnicamente y es congruente con los requerimientos que deben ser atendidos desde una reflexión política rigurosa: en primer lugar, con los requerimientos previstos en el Libro Blanco sobre la energía y, en segundo lugar, con los requerimientos previstos en el programa nacional de reformas de España sobre los problemas energéticos.
Personal, subjetiva y objetivamente no apreciamos que esté vinculada a los problemas que en este momento están contextualizando de forma perversa, de forma un tanto bastarda, los problemas energéticos que afectan al Estado español, problemas vinculados a opas, a operaciones mercantiles a veces de naturaleza dudosa, no lo vamos a negar. Es una moción neutra en su contenido literal y nosotros no vamos a presumir que haya intenciones ocultas y que esa neutralidad, esa configuración que nos parece razonable porque es importante el consenso y que desde esa perspectiva se articule un buen plan para resolver los problemas energéticos, que son problemas de Estado, problemas de primera magnitud
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en cualquier estructura institucional, esté bien concebida. Desde esa perspectiva, vamos a apoyar esta moción presentada por el Grupo Popular en tanto en cuanto adquiera el consenso sobrevenido dimanante de la aceptación de otros inputs, de otros activos políticos importantes para nosotros, como los presentados brillantemente por Esquerra Republicana en su enmienda y como los defendidos brillantemente también en la enmienda del Bloque Nacionalista Galego. Esta no es una cuestión en la que tengamos que defender intereses de partido, es una cuestión que nos afecta a todos. Este es un problema grave, un problema serio, un problema de Estado y el consenso, señora presidenta, se nos antoja el valor al cual todos nos debemos sentir particularmente tributarios. Apreciamos y valoramos positivamente su aproximación al consenso, muy diferente a los términos de la interpelación del Grupo Parlamentario Popular en el momento de configurar esta moción. Desde esta perspectiva, si el Grupo Popular tiene la flexibilidad política suficiente como para aceptar estos activos políticos que le hemos enunciado, estaríamos en la tesitura de votar favorablemente la configuración dimanante de estas integraciones que le hemos comentado.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Olabarría, muchísimas gracias.
Finalizamos con el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre para fijar posición en nombre de su grupo.
Señoras y señores diputados, inicialmente nuestro grupo parlamentario tenía pensado abstenerse en esta votación porque, aunque es cierto que esta moción la podríamos asumir perfectamente, también hay que considerar que estamos haciendo política y que probablemente uno tiene que tener una cierta memoria histórica de lo que ha sucedido en estos últimos meses.
Celebro que el portavoz del Grupo Popular haya podido consensuar y convencer a los diputados de Esquerra Republicana. Esta no es una novedad; estamos acostumbrados a ver en estos últimos días coincidencias importantes y aplastantes en temas relacionados con el nuevo Estatuto de Cataluña entre el Grupo Popular y Esquerra Republicana. Es una pinza política que hay que considerar y aceptar. Que esta capacidad de persuasión haya arrastrado al resto de grupos, a políticos nacionalistas de esta Cámara, me parece realmente una consideración aceptable.
Señores del Grupo Popular, nosotros vamos a plantear una cuestión totalmente diferente porque tenemos memoria política y no podemos olvidar algunas declaraciones de representantes del Grupo Popular, que hace pocas semanas han dicho en esta tribuna y en medios de comunicación que preferían que una compañía eléctrica española como Endesa pasara a manos alemanas en vez de a manos catalanas. No podemos olvidar rápidamente lo que han manifestado algunos diputados y dirigentes del Partido Popular en el sentido de que preferían que centros de decisión importantes en sectores estratégicos pasaran de Madrid a Berlín. Nosotros no estamos en esta casuística. Tampoco podemos olvidar, señorías, que han politizado una operación mercantil que nosotros entendíamos que era el mercado quien debía dirimir, y la han politizado hasta tal punto que no sabemos hasta qué límite puede no ser buena para todas aquellas operaciones energéticas que se puedan plantear en un futuro. Tampoco podemos olvidar, señores del Grupo Popular, que hace dos o tres años hubo otra operación sobre generaciones de electricidad y gas planteada en el Estado español y ustedes también la boicotearon desde la Comisión Nacional de Energía.
Todos estos son hechos relevantes, a nuestro entender, que van a hacer que nuestro grupo parlamentario, que en un principio pensaba abstenerse en esta votación, vote en contra, porque sinceramente no pensamos que en una semana toda una problemática y una crispación política haya pasado a ser Alicia en el país de las maravillas o Blancanieves y los siete enanitos. Señores del Grupo Popular, nosotros no estamos en esta posición. (El señor Martínez-Pujalte López: ¡Quién te ha visto y quién te ve!) Somos realistas y, estando de acuerdo en el fondo de esta cuestión, no pensamos que en tan pocos días ustedes hayan cambiado de planteamiento. Por este motivo, como tiempo habrá de poder debatir temas energéticos en las comisiones correspondientes, nosotros vamos a votar en contra de esta iniciativa.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Sánchez i Llibre.
Señor Castelló, su turno de aceptación y rechazo de enmiendas.
El señor CASTELLÓ BORONAT: Gracias, señora presidenta.
No aceptamos la enmienda...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Perdone.
Señor Martínez-Pujalte, cálmese, está en el uso de la palabra su compañero el señor Castelló.
Adelante, es que no le oía. Disculpe.
El señor CASTELLÓ BORONAT: No aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, evidentemente, y sí vamos a aceptar las de Esquerra Republicana, que son cuatro enmiendas, y las presentadas por don Francisco Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, que son tres enmiendas. Aceptamos estas siete
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enmiendas a la moción que hemos presentado y que hemos defendido hace un momento en la tribuna.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Castelló. Así votaremos.
Estamos llamando a votación a una hora más que digna, señorías. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, señorías. Una sola votación de la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el intervencionismo político en el sector energético, con las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana y del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 141; en contra, 156.
Sin más asuntos que tratar, se suspende la sesión hasta mañana.

References: artículo 150
 real decreto 
 artículo 31
 artículo 150
 Real Decreto 
 artículo 230
 artículo 131