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Timestamp: 2018-12-11 03:13:27+00:00

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﻿ SENTENCIA 2015-00257 DE MAYO 17 DE 2017
SENTENCIA 2015-00257 DE 17 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:COBRO DE EXPENSAS O GASTOS IRREALES CONFIGURA FALTA CONTRA EL DEBER DEL ABOGADO DE OBRAR CON HONRADEZ. SE ESTABLECE QUE LA CONDUCTA DE PEDIR DINEROS PARA EXPENSAS O GASTOS IRREALES, SIN QUE SE ENCUENTREN JUSTIFICADOS, SE CONSIDERA COMO UNA CONDUCTA DOLOSA, LA CUAL ES CONSTITUTIVA DE FALTA DISCIPLINARIA, ATENTANDO CONTRA EL DEBER DEL ABOGADO DE OBRAR CON HONRADEZ EN SUS RELACIONES PROFESIONALES, EN TANTO, EL PROFESIONAL RECIBIÓ UNA SUMA DE DINERO PARA SUFRAGAR ANTE UNA NOTARÍA LOS COSTOS DE UN PROCESO DE SUCESIÓN DOBLE INTESTADA DEMOSTRÁNDOSE QUE DICHAS EROGACIONES ERAN IRREALESASÍ MISMO SE IDENTIFICA UNA FALTA CONTRA LA DILIGENCIA PROFESIONAL, YA QUE TAMPOCO ACTUÓ EN DEBIDA FORMAR AL NO INICIAR OPORTUNAMENTE LAS DILIGENCIAS ENCAMINADAS AL COBRO DE UN SEGURO DE VIDA Y AL PAGO DE MESADAS PENSIONALES, PARA LO CUAL REQUERÍA SU MANDANTE LA CONDICIÓN DE HEREDERO, PUES EL ASUNTO ESTUVO INERME EN LA NOTARÍA. POR ENDE, AL ENCONTRARSE DEBIDAMENTE PROBADA LA EXISTENCIA DE ESA CONDUCTA TÍPICA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL TEXTO DE LA NORMA IMPUTADA, AL NO EXISTIR JUSTIFICACIÓN DE DICHO PROCEDER DEL ABOGADO Y AL HABERSE PROBADO SU RESPONSABILIDAD, SE CONFIRMA LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, LA SENTENCIA CONSULTADA Y LA SANCIÓN DE CENSURA.
TEMAS ESPECÍFICOS:NOTARÍA, SUCESIÓN INTESTADA, SANCIONES AL ABOGADO, ABOGADO, FALTAS DISCIPLINARIAS DEL ABOGADO, FALTA CONTRA LA DEBIDA DILIGENCIA PROFESIONAL, FALTA CONTRA LA HONRADEZ, SANCIÓN DE CENSURA DE ABOGADO
Sentencia 2015-00257 de mayo 17 de 2017
Rad.: 170011102000201500257-01
Aprobado según acta 40 de Sala de la misma fecha
Registro de proyecto el 16 de mayo de 2017
Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en grado jurisdiccional de consulta la decisión del 31 de octubre de 2016 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, mediante la cual se resolvió sancionar con censura al abogado Ariel Castrillón Ceballos luego de haberle hallado responsable de incurrir en las faltas descritas en los numerales 3º del artículo 35 y 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007; destacando que la anterior competencia deviene de lo establecido en los numerales 3º del artículo 256 de la Carta Política y del numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo 1º de la última de las normas en cita y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 al no haber sido apelada.
En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: “(i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que ‘la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela’”.
Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “[...] los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.
Descendiendo al asunto sub examine, se advierte que el togado fue declarado responsable disciplinariamente por el a quo, pues faltó a los deberes de obrar con honradez en sus relaciones profesionales, así como con diligencia en el desarrollo de sus encargos, los cuales están consagrados en los numerales 8º y 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, ello, al incurrir en las faltas descritas en los numerales 3º del artículo 35 y 1º del artículo 37 Ídem, preceptos cuyos tenores literales son los siguientes:
“[...] ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:
10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo [...]”.
“[...] ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:
3. Exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas irreales o ilícitas [...]”.
“[...] ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:
1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas [...]”.
Ahora bien, en cuanto al fondo del presente asunto, al ser dos las faltas investigadas, serán abordadas por separado así:
2.1. La falta contenida en el numeral 3º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.
Sobre el aspecto objetivo de la falta contenida en el numeral 3º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, valga decir, el exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas irreales o ilícitas, se encuentra plenamente demostrado que el togado recibió desde noviembre de 2014 y hasta noviembre de 2015, la suma de $1.145.000 para supuestamente sufragar el costo del proceso de sucesión doble intestada que tramitaba ante la Notaría Tercera de Manizales de los causantes, señores Jorge Eliecer Herrera Jaramillo (Q.E.P.D) y Libia Marín de Herrera (Q.E.P.D), pero lo cierto es que dichas erogaciones eran irreales.
El anterior comportamiento fue a juicio del a quo consumado a título de dolo ya que el togado se apartó conscientemente del deber ético que tenía de pedir dineros a su cliente para fines reales y además de ello lícitos.
Luego, como no existen argumentos defensivos vertidos pues el togado aceptó la comisión de la falta investigada, se tiene que subjetivamente también existe responsabilidad de parte del profesional del derecho, ya que conforme al plenario se tiene como probada la conducta y la responsabilidad del disciplinable en este cargo, y se tiene establecido con certeza que no existe justificación alguna que permita determinar un eximente válido de su responsabilidad, de forma que la conducta de pedir dineros para expensas o gastos irreales, sin que se encuentre justificado, se considera conforme a la doctrina y la jurisprudencia como dolosa, la cual está establecida en nuestra legislación como constitutiva de falta disciplinaria, y conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó, se encuadra como aquellas que atentan contra el deber obrar con honradez en sus relaciones profesionales, por ende, al encontrarse debidamente probada la existencia de esa conducta típica conforme a lo establecido en el texto de la norma imputada, y al no existir justificación de dicho proceder del abogado, y al haberse probado su responsabilidad, lo procedente en esta instancia es confirmar la responsabilidad disciplinaria en cuanto este concreto expuesta (sic) en la sentencia consultada.
2.2. La falta contenida en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.
Sobre el aspecto objetivo de la falta contenida en el numeral 3º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, valga decir, el descuido de la gestión profesional conforme al cargo endilgado, se encuentra plenamente demostrado que el profesional del derecho, no obstante haber sido contratado por el señor Rosemberg Herrera Marín desde el 2014 a fin de realizar en su nombre y representación tanto el cobro de un seguro de vida como el pago de unas mesadas pensionales dejadas de pagar a su fallecida medre, señora Libia Marín de Herrera (Q.E.P.D.), no lo hizo en debida forma, pues la solicitud del pago del seguro de vida se hizo extemporáneamente, y por otra parte para poder recibir el pago de las mesadas dejadas de percibir, por parte de Colpensiones, debía iniciar un proceso de sucesión en el cual se reconociera legalmente a los herederos a quienes se les entregarían esos dineros, pero no lo hizo, pues el asunto estaba inerme en la Notaría Tercera de Manizales.
El anterior comportamiento fue a juicio del a quo, consumado a título de culpa, pues a pesar de haberle sido encomendado en debida forma al profesional del derecho la gestión pactada, decidió negligentemente apartarse del deber de obrar con diligencia en cuanto ello.
Ahora bien, es preciso señalar en esta instancia de la presente sentencia que como no hay argumentos defensivos para descorrer en atención a la confesión que de la falta hizo el togado investigado, resulta con grado de certeza la responsabilidad disciplinaria en este caso concreto del profesional del derecho convocado a juicio disciplinario.
Así pues, está probado tanto el aspecto objetivo de la falta, valga decir, el descuido de la gestión profesional conforme al cargo endilgado, así como el subjetivo, es decir la no justificación de las conductas investigadas, por lo que conforme al plenario se tiene como probada la conducta y la responsabilidad de los disciplinables en este cargo, y se tiene establecido con certeza que no existe justificación alguna que permita determinar un eximente válido de sus responsabilidades, de forma que la conducta del descuido en los encargos conferidos, sin que se encuentre justificado, se considera conforme a la doctrina y la jurisprudencia como omisiva, la cual está establecida en nuestra legislación como constitutiva de falta disciplinaria, y conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó, se encuadra como aquellas que atentan contra la debida diligencia profesional para con el cliente.
Vistas así las cosas, al haberse encontrado debidamente probada la existencia de las conductas típicas conforme a lo establecido en el texto de las normas imputadas, pues no existió justificación del proceder del abogado, habiéndose probado su responsabilidad, lo procedente en esta instancia es confirmar las responsabilidades disciplinarias consultadas.
Finalmente y frente a la sanción impuesta en sede a quo la cual fue de censura, la Sala la mantendrá incólume pues la misma obedece a un criterio razonado, razonable y ponderado, teniendo en cuenta la modalidad de las conductas, pues se calificaron tanto en la modalidad culposa como dolosa, el perjuicio de los intereses del mandante, el deterioro que de la imagen de la profesión causó en el colectivo, la ausencia de antecedentes disciplinarios, el concurso heterogéneo sucesivo de faltas, la confesión que de ellas hizo y el acuerdo de resarcimiento de daño que cumplió con el quejoso(15), dejando por sentado que la anterior dosificación se realizó con base en lo normado en los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007.
1. CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre de 2016, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, mediante la cual se resolvió sancionar con CENSURA al abogado Ariel Castrillón Ceballos luego de haberle hallado responsable de incurrir en las faltas descritas en los numerales 3º del artículo 35 y 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, ello, atendiendo lo descorrido en la parte considerativa de este proveído.
15 Con posterioridad a la celebración de la audiencia el defensor de oficio del encartado allegó memorial incorporando escrito y recibo de dineros, provenientes del quejoso, donde consta haber sido plenamente indemnizado, escrito que fue igualmente apoyado por otro memorial elevado directamente por el denunciante, folios 154 a 156 y reversos del cuaderno de primera instancia.

References: artículo 35
 artículo 37
 artículo 256
 artículo 112
 artículo 59
 artículo 19
 artículo 28
 artículo 35
 artículo 37
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 37
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 37