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Timestamp: 2018-05-22 02:38:42+00:00

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Sesión 76ª, en martes 27 de noviembre de 2012
(De 11:18 a 13:48)
Concurrieron, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau, y la Ministra del Medio Ambiente, señora María Ignacia Benítez Pereira. Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario de Pesca, señor Pablo Galilea Carrillo; la Jefa de la División de Desarrollo Pesquero de la Subsecretaría de Pesca, señora Edith Saa Collantes; la Asesora de la Subsecretaría de Pesca, señora María Alicia Baltierra, y el Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de Pesca, señor Felipe Palacio Rives.
--Se abrió la sesión a las 11:18, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor ESCALONA (Presidente).- Las actas de las sesiones 61ª y 63ª, ambas especiales, en 19 y 20 de noviembre del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", al proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia (boletín Nº 8.207-07).
Con el mismo documento, retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", a la tramitación de los siguientes asuntos:
Remite copia autorizada de la sentencia definitiva dictada en el ejercicio del control de constitucionalidad del proyecto que modifica la ley N° 20.599, que regula la instalación de torres soporte de antenas emisoras (boletín N° 8.366-15)	.
Envía copia autorizada de la sentencia definitiva dictada en acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 225, inciso tercero, del Código Civil.
Da respuesta a un acuerdo del Senado, adoptado a proposición de los Senadores señores Chahuán y Sabag, sobre factibilidad de enviar un proyecto de ley que establezca tribunales especiales para juzgar la conducta ética de profesionales no asociados al colegio de su orden (boletín N° S 1.489-12).
Expone antecedentes, en respuesta a consulta cursada en nombre del Senador señor Ruiz-Esquide, por los que esa Secretaría de Estado no está en situación de informar acerca de la composición del directorio de institutos o entidades que realizan estudios o asesorías para partidos políticos.
Responde solicitud de antecedentes, remitida en nombre del Senador señor Muñoz Aburto, en materia de evaluación del funcionamiento de los nuevos tribunales de cobranza previsional.
De la señora Superintendente de Seguridad Social:
Responde consulta, cursada en nombre de la Senadora señora Rincón, respecto de la forma en que las diversas entidades de salud interpretan la legislación aplicable al determinar el subsidio por incapacidad de personas que perciben renta variable.
De las Comisiones de Salud y de Hacienda, recaídos en los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que otorga una asignación asociada al mejoramiento del trato a los usuarios para los funcionarios pertenecientes a las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares de los establecimientos de los servicios de salud (boletín Nº 8.660-11) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea una asignación asociada al mejoramiento de la calidad de trato al usuario, para los funcionarios regidos por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal (boletín Nº 8.661-11) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la Cuenta
El señor ESCALONA (Presidente).- Saludamos a los estudiantes del 8° A y 8° B del Colegio Alemán de Los Ángeles, quienes se hallan en las tribunas invitados por el Senador señor Pérez Varela.
El señor ESCALONA (Presidente).- Asimismo, saludamos al Colegio Sagrada Familia de Villarrica, que también se encuentra en las tribunas.
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica, en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones, con segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
Sesiones 55ª, en 16 de octubre de 2012 (queda pendiente la discusión general); 56ª, en 17 de octubre de 2012 (se aprueba en general); 58ª, en 31 de octubre de 2012 (nuevo plazo para presentar indicaciones); 62ª, 64ª y 65ª, en 20 de noviembre de 2012; 66ª, 67ª y 68ª, en 21 de noviembre de 2012; 69ª, 70ª y 71ª, en 22 de noviembre de 2012 (queda pendiente la discusión particular).
El señor ESCALONA (Presidente).- Continúa la discusión particular.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, antes de proseguir el análisis del articulado del proyecto, deseo señalar dos cosas.
Una es que nuevamente el señor Bernardo Caro, ingeniero pesquero que asesora al Presidente de la Comisión de Intereses Marítimos y a varios parlamentarios, sufrió un ataque personal en Puerto Montt. La vez pasada fue agredido aquí, a la salida del Senado.
El hecho de que haya sido atacado por una mujer y un hombre, e incluso le hayan cortado la cara con una gillette, lleva la situación a un extremo que nunca habíamos visto con motivo del tratamiento de una iniciativa legal. Pero el que estemos recibiendo agresiones desde diversos sectores también indica que vamos en la dirección correcta, porque estamos pisando callos por todos lados, aunque, en el fondo, está saliendo una buena ley.
Respecto a lo sucedido, señor Presidente, le pido que el Senado se haga parte de la investigación, se dispongan las medidas de seguridad correspondientes y se evite este nivel de ataques, el cual resulta absolutamente inaceptable.
Lo segundo es reiterar mi solicitud de que las fórmulas propuestas y acordadas por unanimidad por las Comisiones de Pesca y de Hacienda sean tratadas y aprobadas rápidamente, salvo las excepciones que planteen los señores parlamentarios (de hecho, yo voy a pedir revisión del artículo 158), las cuales sí habría que discutir a fondo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Lamentablemente, está vigente la solicitud de un señor Senador de discutir las disposiciones en forma separada.
Con relación al primer tema planteado por Su Señoría, pienso que es el ánimo de todo el Senado manifestar su condena a esos hechos y de oficiar al señor Ministro del Interior con el objeto de que se tomen todas las medidas pertinentes en casos de agresión como la informada. Porque la responsabilidad de la seguridad, en lo que se refiere a nuestra Corporación, es acá, en las instalaciones del Congreso Nacional. Los ataques fuera del recinto escapan, naturalmente, a nuestras posibilidades.
Hay dos señores Senadores inscritos para intervenir.
Tiene la palabra el Honorable señor Uriarte, y después, el Honorable señor Tuma. El señor URIARTE.- Señor Presidente, solicito que se autorice el ingreso a la Sala del señor Subsecretario de Pesca junto a su equipo de asesores. Ello, no solo porque su concurrencia aquí ha resultado útil, sino también porque el señor Ministro, que viene en camino, se demorará en llegar.
El señor ESCALONA (Presidente).- Entiendo que son tres asesores.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para el ingreso del señor Subsecretario y tres asesores?
El señor TUMA.- Señor Presidente, con motivo del debate relativo a los pueblos originarios y su ausencia en esta legislación, la unanimidad de la Sala acordó permitir el ingreso de una indicación a las Comisiones unidas de Hacienda y de Pesca, ya que estaba en debate otra que se consideró inadmisible, de acuerdo a la votación que hubo. Como se estimó inadmisible, sus autores la corregimos y la volvimos a presentar en dichas Comisiones, que por unanimidad determinaron que ella se debatiera y resolviera en el pleno de este Hemiciclo.
Ahora bien, el Ejecutivo, cuando se iba a resolver el tema y a ponerse en tabla, planteó que iba a formular una indicación de consenso. Yo conminé a sus representantes a que llegaran con ella el jueves, día en que se suspendería el debate del proyecto, pero bueno, terminó la sesión y no apareció con ningún texto. Y hoy, aparentemente, tampoco hay indicio de que la presentará.
Por eso, señor Presidente, le quiero pedir que, antes de discutir cualquier otro asunto, analicemos la indicación que formulamos en relación con los pueblos originarios, porque, de lo contrario, vamos seguir avanzando en materia de fraccionamiento, de cuotas y de derechos, en circunstancias de que esto también depende de lo que resuelva la Sala respecto de esos pueblos.
El señor BIANCHI.- Seré muy breve, señor Presidente.
Primero, debo decir que solidarizo totalmente con cualquier persona que, producto de la discusión de determinada iniciativa legal, haya sido objeto de un ataque a la salida del Congreso.
Lo ocurrido, en este caso, no se dio en un lugar muy distante de este Parlamento, y fue la primera agresión que el afectado sufrió, quien, como bien señaló el Senador Horvath, ha asesorado a la Comisión que él preside. Luego fue objeto de un segundo ataque.
Se trata de hechos graves.
Más allá de compartir el que podamos manifestarnos respecto de todo hecho que acontezca al interior del Congreso, aquí hay un tema que no solo no deja de llamar la atención, sino que además se ha traducido en situaciones que yo al menos nunca había visto antes.
Lo segundo, señor Presidente, es recordar, aun cuando entiendo que usted ya lo acogió, que desde la discusión anterior tengo pedido que se vote artículo por artículo. Es una solicitud que no he retirado. Yo mantengo a firme mi decisión de pronunciarnos de esa forma en lo referente a este proyecto de ley.
El señor ESCALONA (Presidente).- En relación con lo expuesto por el Senador señor Tuma, la Mesa no dispone de ninguna indicación. De manera que, lamentablemente, no se puede acceder a lo planteado por Su Señoría, pues no resulta posible someter a la consideración de la Sala una indicación cuya redacción aún no ha sido propuesta por el Ejecutivo.
El señor ORPIS.- No existe.
¡Esperemos que llegue el Ejecutivo, señor Presidente!
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palaba el Honorable señor Tuma, antes de resolver definitivamente el problema.
El señor TUMA.- Señor Presidente, la indicación fue ingresada oportunamente a las Comisiones unidas de Hacienda y de Pesca, y son estas las que deben precisar qué hicieron con ella.
En su informe señalan que, por unanimidad, trasladaron el asunto a la Sala para que fuera resuelto por esta. De modo que la indicación la tiene la Secretaría de dichos organismos, y por lo tanto pido que se ponga a disposición de la Mesa.
El señor ESCALONA (Presidente).- Me rectifico, señor Senador.
Efectivamente, se trata de la indicación N° 27, en la que se quedó de recibir una redacción para proponer su aprobación definitiva. Es decir, la indicación existe, pero se acordó que se trajera un nuevo texto para resolver las dificultades observadas en el original.
Ahora bien, si la Sala está de acuerdo en entrar en el debate de inmediato, la Mesa no pondrá ninguna dificultad.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en el mismo sentido que usted informaba recién, debo precisar que el acuerdo de las Comisiones unidas de Pesca y de Hacienda fue esperar una indicación que presentaría el Ejecutivo en -me imagino yo- esta sesión, aunque se habló de que ello se haría en alguna de las sesiones siguientes, durante este trámite.
Eso fue lo que se resolvió. Obviamente, dicha indicación tendrá que discutirse aquí, en la Sala. Pero estamos a la espera de que la presente el Ejecutivo para ver una fórmula relacionada con los pueblos originarios y también con cómo se asocia la ley de borde costero con la Ley de Pesca.
Ese fue el acuerdo de las Comisiones unidas.
El señor ESCALONA (Presidente).- Sobre este tema reglamentario hay tres oradores inscritos.
Sin embargo, se acaban de borrar de la lista los Senadores señores Pérez Varela y Orpis.
Por lo tanto, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, con respecto a lo planteado por el Senador Tuma, efectivamente la Sala votó a favor la admisibilidad de incluir el tema de los pueblos originarios conforme a una fórmula de definición acordada.
Pero quisiera señalar, como titular de la Comisión de Pesca, que los derechos que la ley N° 20.249, sobre borde costero, le da a esos pueblos, habiéndose demostrado la actividad consuetudinaria en lo referente a la pesca y a las prácticas ancestrales, dicen relación con una cuota, la cual sale de la cuota global.
Eso quedó absolutamente claro en la Comisión.
Y, en ese sentido, el Ejecutivo -como lo manifestó el Senador García- quedó de presentar una propuesta a esta Sala para dirimir de una vez por todas el asunto.
El señor ESCALONA (Presidente).- Le voy a ofrecer la palabra al señor Secretario, con el objeto de que haga una última aclaración antes de resolver.
Hay una indicación -la N° 27- que se presentó oportunamente. Cuando fue discutida, se acordó que formara parte de los aspectos que analizarían las Comisiones unidas de Pesca y de Hacienda. Posteriormente, emitido el correspondiente certificado por estos órganos legislativos, se estableció en él lo siguiente: "Cabe consignar que las Comisiones unidas, unánimemente, acordaron dejar pendiente la votación de esta indicación para resolución de la Sala del Senado. Al efecto, el Ejecutivo comprometió la presentación de una nueva redacción que aborde la misma materia de la indicación número 27, para ser debatida en la siguiente sesión de la Sala de la Corporación".
Cuando se dio cuenta de aquello, se discutió el punto y el Ejecutivo pidió mayor plazo para presentar una nueva redacción. Y, de consiguiente, la Sala dejó pendiente esta materia.
Esa es la situación exacta.
El señor TUMA.- Señor Presidente, yo sostengo que no podemos seguir avanzando en el debate de esta legislación si no se resuelve primero si van a participar o no los pueblos originarios en la Ley de Pesca.
Por tanto, el Ejecutivo debiera haber presentado, al inicio de esta sesión, la indicación prometida, que aún no llega.
Ahora, si nosotros hacemos la discusión y vamos distribuyendo los fraccionamientos, las cuotas, al final del estudio de esta normativa veremos que, aun cuando en el mejor de los casos se reconozca la participación de los pueblos indígenas, estos no van a tener ningún acceso a los recursos marinos.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, creo que hay un acuerdo claro en las Comisiones unidas, y es evidente que el propósito acá es dilatar esto ad aeternum.
Por algo tales órganos no tomaron una decisión sobre la materia. Porque estamos hablando de la Ley General de Pesca, y aquí lo que pretenden algunos Senadores es llevar este asunto a la consulta de los pueblos indígenas. O sea, que se demore cuatro años más.
Lo resuelto por las Comisiones unidas es no tocar ese aspecto hasta que haya una indicación del Ejecutivo, y yo no doy unanimidad para que se cambie ese acuerdo.
El señor COLOMA.- ¡Que no empiecen a interrumpir desde arriba, señor Presidente!
El señor ESCALONA (Presidente).- Sí, debo recordar a las visitas que el silencio es la regla de oro para poder mantenerse en las tribunas.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimo que en nada ayuda a la convivencia de esta Corporación suponer intenciones ocultas; ya basta con las declaraciones que se hacen sobre el particular.
Efectivamente, en las Comisiones unidas de Hacienda y de Pesca el Ejecutivo se comprometió a traer una indicación para resolver el asunto en cuestión, y pidió que no se votara la que estaba en discusión.
Por eso considero que, para terminar con el debate, sería bueno -ya está el Ejecutivo en la Sala- saber qué opina sobre el particular.
Con eso resolvemos el tema y avanzamos.
El señor ESCALONA (Presidente).- Insisten en inscribirse los señores Senadores.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, sugiero que se consulte al Ejecutivo si ha traído una propuesta alternativa.
Si no, solicito que se someta a votación la indicación renovada para que podamos continuar el debate del proyecto.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señores Senadores, la solución para no dilatar más este tema sería votar la indicación que se ha presentado.
El señor COLOMA.- ¿La indicación está renovada?
El señor WALKER (don Patricio).- Pero pregúntele al Ejecutivo, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Ya se le ha consultado, señor Senador.
Señor Subsecretario, ¿usted quiere hacer uso de la palabra?
El señor GALILEA (Subsecretario de Pesca).- Sí, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede hacer uso de ella, entonces.
El señor GALILEA (Subsecretario de Pesca).- Señor Presidente, tal cual el Ejecutivo se comprometió, nosotros tenemos la indicación.
Sin embargo, nos gustaría que se pudiera ver más adelante.
El señor ESCALONA (Presidente).- El señor Subsecretario manifiesta que existe la indicación. Pero, como aún no está en poder de la Mesa, no puedo someterla a discusión.
El señor LETELIER.- Entonces, preséntenos la indicación, señor Subsecretario.
La señora ALLENDE.- O votemos la otra, señor Presidente.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, ya que no han dado la unanimidad para votar en paquete las normas acogidas por unanimidad en la Comisión de Pesca, sigamos con lo que corresponde y cuando toque ver esa indicación la votaremos en su momento.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende, y luego, el Honorable señor Espina.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, discúlpeme pero no logro entender la razón por la cual el Ejecutivo no llega más adelante, toda vez que -como indicó uno de los miembros de la Comisión de Pesca- hubo un compromiso por parte de él. Y, no obstante que la indicación la tiene en su poder, no la quiere presentar.
Entonces, no entiendo por qué no votamos la indicación que fue presentada oportunamente.
Es difícil concebir que el Ejecutivo, estando presente y teniendo la indicación en sus manos, se niegue a darla a conocer.
No lo comprendo desde el punto de vista legislativo. Nos parece una actitud muy poco razonable para el tratamiento de esta iniciativa.
El señor ESCALONA (Presidente).- Ruego guardar silencio a quienes se hallan en las tribunas, por favor.
El señor ESPINA.- ¡Qué curioso, señor Presidente, parece que el litio llega alto en los días que partimos la semana...!
Francamente, las presunciones de que el Gobierno -como dijo la Senadora Allende- quiere ocultar una indicación no son verdad y...
La señora ALLENDE.- ¡No dije "ocultar"!
El señor ESPINA.- ... lo que quiero plantear, señor Presidente, es muy sencillo.
La indicación que se presentó genera tremendas dificultades en los términos en que está redactada, porque -para que lo sepan todos los pescadores de nuestro país-, si ella se aprobase, se establecerían, de aquí en adelante, tres categorías de personas vinculadas a la pesca: los pescadores artesanales, la industria y los pueblos originarios.
La existencia de tres categorías separadas implica una serie de restricciones, conflictos y, por ende, se ha buscado un texto que logre superar esa dificultad.
Esa indicación se halla en poder del Ministro, quien la ha sometido a un proceso de consulta con los parlamentarios para que pueda ser patrocinada por nosotros. Y está esperando que llegue el Ministro de Economía Pablo Longueira.
Por consiguiente, solicito que -por cuanto esa indicación se va a votar hoy día en la mañana- sigamos avanzando con las otras normas del proyecto; posteriormente, veremos la manera como se presentará aquella en el transcurso de la sesión y el tema quedará despejado, porque el Gobierno se comprometió a ello.
En concreto, pido que continuemos la sesión y esperemos que llegue el Ministro Longueira a efectos de que podamos entre todos discutir la indicación, conversarla y presentarla.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor GALILEA (Subsecretario de Pesca).- Señor Presidente, para que quede total claridad en la Sala, nosotros hemos cumplido fielmente con el compromiso del Ejecutivo en el sentido de traer esa indicación que, en este momento, está siendo sociabilizada: se halla en poder de distintos señores parlamentarios de todas las bancadas, para que analicen la forma como la suscribirán.
La queremos presentar como una indicación parlamentaria para facilitar el asunto. Por eso, hemos pedido un tiempo adicional con el objeto de que sea sociabilizada entre los distintos señores parlamentarios.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Subsecretario, el acuerdo es muy claro. La nueva redacción de la indicación es responsabilidad del Ejecutivo, tal como acaba de leer el señor Secretario. El acuerdo de la Comisión no dice que se presentará una nueva indicación parlamentaria.
Quiero dejar eso establecido para que no haya ninguna confusión al respecto o, de lo contrario, estaremos partiendo siempre de cero.
Les ruego, entonces, que podamos seguir adelante.
El señor LARRAÍN.- Avancemos, señor Presidente. ¡Trabajemos!
El señor TUMA.- Señor Presidente, la propuesta del Ejecutivo fue que iba a traer una redacción de consenso y el Subsecretario me ha hecho llegar el texto pertinente.
La indicación señala:
"Interprétase que las comunidades o asociaciones de comunidades indígenas señaladas en la ley Nº 20.249, tienen acceso a la extracción de los recursos hidrobiológicos mediante el establecimiento de un Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios y la aprobación del correspondiente plan de administración, de conformidad con el procedimiento previsto en dicho cuerpo legal".
A esto no damos nuestra aprobación, señor Presidente, porque el Ejecutivo con esta modificación les está diciendo a los pueblos originarios que no tendrán ninguna vinculación con la "Ley larga", con la Ley de Pesca, con las cuotas, con la distribución.
En consecuencia, lo que hace esta indicación es remitirlos a Ley de Borde Costero en la cual se establece que los pueblos originarios pueden gozar de ese espacio, pero acá no se les otorga la posibilidad de participar de esas cuotas.
El hecho de reconocer los derechos históricos para los industriales en el mar y no reconocer los derechos históricos de los pueblos originarios me parece un atropello a la racionalidad, más aún cuando este Congreso debe resolver los derechos de todos los ciudadanos y, particularmente, considerar los de los pueblos originarios.
Ahora, un señor Senador planteó que ir a consulta significaría entrampar el proyecto.
La verdad es que no es responsabilidad de los legisladores el que no exista el establecimiento de una institucionalidad en la consulta. En segundo lugar, de todas maneras con la indicación aprobada o sin la indicación aprobada, esta norma tiene que ir a consulta. Y yo prefiero que ese proceso se haga con los pueblos indígenas y no contra ellos.
Por consiguiente, en mi opinión debemos poner en discusión la indicación que hemos presentado, para saber si les vamos a dar oportunidad a los pueblos indígenas de participar en la Ley de Pesca o no.
El señor ESCALONA (Presidente).- Entiendo que no hay acuerdo en la Sala para proceder en este momento a la discusión de la indicación.
El señor LARRAÍN.- Claro, esa es la condición para discutirla.
El señor TUMA.- No se necesita acuerdo, señor Presidente.
El señor NAVARRO.- ¿Entonces, cuándo se va a ver?
El señor ESCALONA (Presidente).- Cuando se formalice la presentación de la nueva redacción que no ha llegado a la Mesa, Su Señoría.
El acuerdo de las Comisiones unidas es muy claro: cuando el Ejecutivo formalice una propuesta de nueva redacción se abre el debate.
En consecuencia, corresponde seguir adelante con la discusión particular.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ha llegado un oficio de la Honorable Cámara de Diputados con el que comunica que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2013, con excepción de la que señala, e informa la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República.
--Se toma conocimiento y se designa a los miembros de la Comisión de Hacienda como integrantes de la referida Comisión Mixta.
El señor ESCALONA (Presidente).- Asimismo, solicito el asentimiento de la Sala para que la Comisión de Hacienda pueda sesionar en forma paralela a ella.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, habría que dirigirse a las páginas 71, 72 y 73 del texto comparado, donde aparece el artículo 27 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, norma que es de quórum calificado y que requiere, por ende, 19 votos para su aprobación.
La situación es la siguiente: en el proyecto aprobado en general por el Senado se propone derogar el artículo 27 actual.
La Comisión de Pesca y Acuicultura, por su parte, propuso sustituirlo por el texto que figura en las páginas 72 a 75.
En tanto, la Comisión de Hacienda, por mayoría de votos, rechazó la sustitución que hizo la Comisión de Pesca.
En seguida, existen varias indicaciones renovadas para esta disposición. Una de ellas propone reemplazar en el inciso primero las letras b) y c) por las siguientes:
"b) Sustitúyese, en el inciso segundo, la locución "50% de la cuota" por "20% de la cuota".
"c) Agréguese en el tercer inciso, a continuación de la frase "acceso a armadores medianos y pequeños", la locución "y pescadores artesanales".".
El señor ESPINA.- ¿Vamos a tener copia de las indicaciones?
El señor LABBÉ (Secretario General).- Por otra parte, hay dos indicaciones renovadas con un mismo propósito: reemplazar los incisos primero y segundo del artículo 27 propuesto por la Comisión de Pesca por el texto que se indica, que se puede leer en su momento. Y hay otra indicación renovada que incorpora al artículo 27 los incisos segundo a sexto, pasando los demás a enumerarse correlativamente.
Ahora bien, solo quiero llamar la atención sobre lo siguiente. La proposición de la Comisión de Hacienda, aprobada por mayoría de votos, que rechazó la sustitución que hizo la Comisión de Pesca, significaría volver al texto original, vale decir, a derogar el artículo 27. Ello, naturalmente, es incompatible con el conjunto de las indicaciones renovadas que he señalado.
Por último, cabe señalar que este tema fue a las Comisiones unidas de Pesca y de Hacienda, pero no existe una proposición de ellas respecto al artículo 27.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, en esta materia sí hay acuerdo. Lo que pasa es que le vamos a pedir a la Secretaría que ubique el texto exacto. El artículo 27 vigente establece la posibilidad de licitar hasta el 50 por ciento de la fracción que les corresponde a los industriales en un período de diez años (5 por ciento anual). Por lo tanto, se llega hasta el 50 por ciento, facultad que no fue utilizada en esta ley en el período de los diez años.
Nosotros hemos presentado indicaciones -el Ejecutivo también- para establecer una fórmula distinta, que fue revisada por las Comisiones unidas, a fin de admitir dos maneras de licitar.
La primera: hasta el 15 por ciento de la cuota o el fraccionamiento que les corresponde a los industriales. La fórmula que propuso el Ejecutivo, que es una de las alternativas que quedan, consiste en que, establecidos los puntos biológicos, que son los que permiten saber en qué estado se encuentra una pesquería y cuándo puede llegar a rendimiento máximo sostenible -o, en lenguaje actual a "plena explotación"-, se gatilla un sistema de licitación al llegar al 90 por ciento de esa condición de rendimiento máximo, y se licita, durante tres años, 5 por ciento anual, completando el 15 por ciento.
La segunda alternativa es que, si el Ejecutivo no aplica el mecanismo descrito, se realiza una licitación a todo evento. Y los procedimientos son los siguientes: dos años para el establecimiento de los puntos biológicos y tres años después las pesquerías se someten a licitación, 5 por ciento cada año, llegando al 15 por ciento. Y, en el caso de las pesquerías que están colapsadas, o en alto riesgo, que son solamente cuatro -me refiero al jurel, a la merluza común, a la merluza austral y al congrio-, se licitan después de establecidos los puntos biológicos, en dos años, y en cinco años a posterioridad.
Eso es lo que se propone a esta Sala y con ello también se desvirtúa una serie de planteamientos que uno va recogiendo en distintas Regiones del país.
Aparte de las licencias de pesca transables, hay una fórmula para que entren nuevos actores al sector industrial. Pero aquí, además, se produce otra novedad: que los pescadores artesanales, a través de mecanismos que les facilitan esto, podrán participar también en las licitaciones. El que se propone es un caso típico que viene de la ley -el del bacalao-, en el cual se hacen los cortes suficientes para que los pescadores puedan participar en la licitación, que ellos pagan al final del año. O sea, la misma renta que les produce la actividad les permite cumplir su compromiso con el Estado, que les licitó el recurso.
Este es un punto clave de esta iniciativa de ley, porque pone las cosas en su lugar, permite que haya nuevos actores y que se modifique el fraccionamiento entre industriales y artesanales, a los que se les abre la posibilidad de entrar en esta actividad.
Eso es lo que nosotros analizamos en las Comisiones unidas.
Por lo tanto, señor Presidente, yo le solicito que veamos esa indicación, que ampara a otras, y después, que las diferencias que haya sobre el particular se voten por separado. El señor ESCALONA (Presidente).- No le podría expresar en el lenguaje conocido lo importante que sería para la Mesa poder votar con la claridad que usted señala, señor Senador. Sin embargo, la Secretaría me hace ver que nada de eso está en el informe. Así que le voy a ofrecer la palabra al Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El certificado de las Comisiones unidas dice sobre el Número 21), que se refiere justamente al artículo 27,...
El señor WALKER (don Patricio).- ¿Qué página?
El señor LAGOS.- ¿Página?
El señor LABBÉ (Secretario General).- ... lo siguiente: "Fue objeto de la indicación número 11"...
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Secretario, pero digamos todo en detalle: la página, a qué informe nos referimos, etcétera.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Es la página 4 del Certificado de las Comisiones unidas.
Dice: "Número 21)
"Fue objeto de la indicación número 11.".
Puedo leer la indicación Nº 11, pero aparece rechazada por 8 votos en contra y una abstención en las Comisiones unidas.
El señor LAGOS.- Yo encuentro que tiene toda la razón el Secretario.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis, para un tema de Reglamento.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, aquí tengo el comparado, que señala, en las páginas 71 y 72, que la Comisión de Pesca propone un reemplazo del artículo 27 de la ley vigente.
Por su parte, la Comisión de Hacienda -y ahí tengo la duda- no propone (al menos en el texto que se nos entregó) derogar el artículo 27, sino que rechaza la sustitución planteada por la de Pesca.
El señor LAGOS.- La Comisión de Hacienda deroga el artículo 27.
El señor ORPIS.- Entonces, quiero saber qué resolvió la Comisión de Hacienda: ¿derogar el artículo 27 vigente o rechazar la sustitución que sugirió la de Pesca?
El señor ESCALONA (Presidente).- Le ofreceré la palabra al Ejecutivo. Porque invitamos al Subsecretario de Pesca y a sus asesores con el gran propósito de que contribuyeran a esclarecer el curso de este trámite legislativo.
La señora BALTIERRA (Asesora de la Subsecretaría de Pesca).- Señor Presidente, tal como lo mencionó el señor Secretario, en la página 71 del boletín comparado grande, tercera columna, están el texto que aprobó la Comisión de Pesca y, además, lo que resolvió la Comisión de Hacienda (cuarta columna).
Yo estoy de acuerdo con lo que mencionó el señor Secretario en el sentido de que habría que tomar una decisión aprobando una de las dos proposiciones.
Sin embargo, según dijo el Senador Horvath, como parte del acuerdo se aprobó un artículo tercero transitorio, nuevo, que se contiene en la página 12 del boletín comparado de las Comisiones unidas, norma que es un complemento del artículo 27 despachado por la Comisión de Pesca.
En consecuencia, el acuerdo se compone de lo que aprobó la Comisión de Pesca (página 71 del boletín comparado grande) y del artículo tercero transitorio, nuevo, que figura en la página 12 del boletín comparado de las Comisiones unidas.
Ahí están los dos complementos.
Ahora, si se adoptara acuerdo a ese respecto y se aprobasen ambas indicaciones, debieran rechazarse las repuestas durante la tramitación habida aquí, en la Sala.
El señor ESCALONA (Presidente).- Está esclarecido, pues, el objeto del debate.
Sugiero abrir la votación para ofrecer la palabra a fin de que los diversos Senadores inscritos fundamenten su voto.
El señor LAGOS.- ¿Qué vamos a votar?
El señor ESCALONA (Presidente).- El informe de las Comisiones unidas, que es posterior.
El señor ESCALONA (Presidente).- Debe haber acuerdo unánime de la Sala en este caso, porque de lo contrario...
La señora RINCÓN.- Pido la palabra antes de entrar a la fundamentación de voto, señor Presidente.
El señor LETELIER.- ¿Me permite plantear un punto de Reglamento, señor Presidente?
El señor ESCALONA (Presidente).- No sigamos discutiendo la cuestión de Reglamento, porque así nunca vamos a entrar al tema de fondo.
Por cierto, no puedo negar la palabra a quienes deseen plantear puntos reglamentarios. Pero me parecería recomendable que, más que el Reglamento, discutiéramos la materia que nos convoca: el proyecto que modifica la Ley de Pesca.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, usted señaló que iba a abrir la votación para que fundamentáramos el voto.
La verdad es que el artículo da para un debate en la Sala. Yo quiero conocer la posición de los Senadores del frente y del medio sobre la licitación. Y si nos reducimos a fundar el voto, vamos a tener solo 5 minutos, sin la discusión general.
Por lo tanto, solicito hacer el debate general y luego votar y fundamentar nuestro pronunciamiento. De otro modo, en cinco minutos podremos fundar lo que pensamos, pero no realizar una discusión que nos permita contrastar posiciones.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón para plantear una cuestión de Reglamento.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, entendiendo la explicación que acaban de dar el Secretario y la asesora de la Subsecretaría de Pesca, estimo que previo a ello hay que votar las indicaciones renovadas. Porque el sentido de rechazar en Hacienda la sustitución del artículo 27 por otro decía relación con las indicaciones renovadas N°s. 220 y 226.
Hecho eso, podemos pasar a lo que señaló la asesora de la Subsecretaría de Pesca.
El señor ESCALONA (Presidente).- Son tres votaciones cuya realización es perfectamente posible. Lo inmanejable es hacer 10 a 15 votaciones con relación a la misma materia.
Si hay en la Sala insistencia para votar la indicación y luego los artículos complementarios de la Comisión de Pesca y de las Comisiones unidas, perfectamente podemos hacer tres votaciones y resolver el punto.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, solo quiero decir, a mayor abundamiento, que aquí hay, respecto a un mismo asunto, tres propuestas: la de Pesca, la de Hacienda y la de las Comisiones unidas de Pesca y de Hacienda. Entiendo que esta última, aparentemente, es la mayoritaria, porque emana de un acuerdo, lo que bien explicó el Senador Horvath.
Las tres proposiciones son incompatibles. Por tanto, sugiero votar la de las Comisiones unidas. Y, si se aprobara, la de Pesca y la de Hacienda, por separado, se caerían, por ser incompatibles.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador, las indicaciones fueron renovadas. Si la Mesa pasara por encima de ellas, estaría vulnerando el derecho reglamentario de los Senadores que las repusieron.
Si no ha habido acuerdo...
El señor NOVOA.- Señor Presidente, quiero formular una consulta.
Independiente de la cuestión sobre las indicaciones renovadas, entiendo que la Comisión de Hacienda, al rechazar el informe de la de Pesca, volvió al texto aprobado en general por el Senado, que deroga el artículo 27.
El señor LETELIER.- Eso es.
El señor NOVOA.- Esa es una proposición: "Derógase el artículo 27" de la ley vigente.
Por lo tanto, no hay más artículo 27.
La otra proposición es la de la Comisión de Pesca, que sustituyó por otro el artículo 27.
Donde no veo proposición es en el caso de las Comisiones unidas. Porque estas dicen que se rechaza una indicación, pero en el informe no señalan qué sugieren.
Sería bueno saber qué proposición formulan las Comisiones unidas.
El señor ESCALONA (Presidente).- Está en el artículo tercero transitorio, señor Senador.
De ahí deriva la situación que se ha registrado.
El señor NOVOA.- Perdón, señor Presidente.
Las Comisiones unidas proponen un artículo tercero transitorio. Pero ¿sugieren eliminar el 27?, ¿aprobar el 27 de la Comisión de Pesca?
¡Tienen que decirlo, pues!
El señor ESCALONA (Presidente).- Claro. Es verdad.
El señor NOVOA.- Entonces, las Comisiones unidas sugieren aprobar el artículo 27 de la Comisión de Pesca y, además, un artículo tercero transitorio.
El señor WALKER (don Ignacio).- Eso es lo que hay que votar.
El señor NOVOA.- Es que eso no está dicho en el informe.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier para plantear un punto de Reglamento.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, entiendo que en el fondo hay dos proposiciones gruesas: la de quienes están por la licitación y la de aquellos que desean rechazarla. Y después existen varias indicaciones renovadas, sobre las cuotas de las licitaciones, en fin.
Yo creo que lo primero que hay que hacer es votar lo que se sugiere en la tercera columna de la página 71 del boletín comparado grande, que es la propuesta de la Comisión permanente. Y de ahí en adelante.
Es la única forma de avanzar en el debate.
El señor ESCALONA (Presidente).- Vamos a recurrir de nuevo al señor Secretario para que establezca qué se vota primero reglamentariamente.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La situación es la siguiente, señor Presidente.
Hay que entrar a las indicaciones renovadas, por una razón muy simple: aprobar solo la proposición de mayoría de Hacienda significaría, como dijo un señor Senador, volver al texto original, que plantea derogar el artículo 27.
Mal se puede estar derogando el artículo 27 si varios señores Senadores presentan indicaciones renovadas. Y esas indicaciones renovadas recaen en el texto que aprobó la Comisión de Pesca en el segundo informe.
Ahora, si el artículo tercero transitorio propuesto por las Comisiones unidas es complementario del que sugirió la Comisión de Pesca, habría que ver después si también lo es en caso de aprobarse alguna de las indicaciones renovadas. De lo contrario, no queda ligado.
El señor ESCALONA (Presidente).- Entonces, hay que partir por las indicaciones renovadas.
El señor NOVOA.- Quiero, señor Presidente, complementar lo que dice el señor Secretario.
Está bien: votamos las indicaciones renovadas; pero estas pueden ser rechazadas, caso en el cual hay que votar el artículo aprobado por la Comisión de Pesca.
Señor Secretario, comencemos por las indicaciones renovadas.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Una de ellas remplaza por otros los incisos primero y segundo. La otra incorpora diversos incisos: segundo a sexto.
Eso significa que no tienen la misma redacción y que no dan igual solución.
Por consiguiente, la Secretaría propone ir por parte. O sea, ir en primer término al inciso primero que aprobó la Comisión de Pesca (boletín comparado grande) y ver si la indicación renovada se aprueba o no. Y así sucesivamente.
También se puede votar en conjunto. Pero eso no es una decisión que pueda tomar la Secretaría.
El señor ESCALONA (Presidente).- Vamos a ir por parte. Eso fue lo que acordamos.
Señor Secretario, veamos la primera indicación renovada.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La primera parte de la indicación renovada dice:
"a) Reemplázanse los incisos primero y segundo por los siguientes:"...
El señor ESCALONA (Presidente).- Señale, por favor, el número de la indicación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Indicaciones N°s. 220, 221, 222 y 223.
"El veinte por ciento de la fracción industrial de las pesquerías en plena explotación reguladas por la ley 19.713 será subastada públicamente. Se subastará, en uno o más procesos, un 5% o el porcentaje que garantice la factibilidad técnica y económica de la posibilidad que existan nuevos entrantes, anualmente, hasta completar el 20% de la fracción industrial.
"El plazo por el cual se entregará el permiso de pesca será de hasta 15 años, de acuerdo a los criterios técnicos y económicos que se establezcan en las respectivas bases.
"Podrá reservarse hasta la mitad de la cuota subastada anualmente para la creación de una cuota de desarrollo social regional, la que será adjudicada de acuerdo a criterios tales como la cantidad y calidad del empleo que se compromete a desarrollar en comunas determinadas, el tipo de productos que generará, entre otros factores de la misma naturaleza.
"Quedan excluidos para participar en un proceso de subasta quienes, al momento de la presentación de la oferta o de la suscripción de la convención, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años a la fecha de la presentación de la oferta o de la suscripción de la convención.
"Será causal de término del permiso de pesca el reiterado incumplimiento grave de las normas laborales y de seguridad social con sus trabajadores. Se tendrán como vulneraciones de este tipo los atrasos u omisiones en el pago de remuneraciones, cotizaciones previsionales o de salud que excedan dos períodos mensuales, o la existencia de más de dos condenas ejecutoriadas por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o a las normas sobre jornada de trabajo, remuneraciones, feriados, protección a la maternidad, sindicalización o prácticas antisindicales en un período de cinco años.
"La totalidad de la pesca capturada por la fracción industrial deberá ser procesada en suelo chileno.".
"b) Reemplázase en el actual inciso tercero que ha pasado a ser séptimo la expresión "los armadores medianos y pequeños" por "las pequeñas y medianas empresas".".
El señor ESCALONA (Presidente).- Hay que pronunciarse sobre esa indicación renovada.
¿Tiene opinión el Gobierno acerca de ella?
Le ofrezco la palabra a la señora Baltierra.
La señora BALTIERRA (Asesora de la Subsecretaría de Pesca).- Señor Presidente, solo quiero señalar que esta indicación fue declarada inadmisible en la Comisión de Pesca, debido a que suprime facultades del Ejecutivo contenidas en el artículo 27 de la ley vigente, y a la vez, implícitamente, le otorga otras.
El señor ESCALONA (Presidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, este ha sido una de los puntos más neurálgicos en el debate del proyecto que modifica la Ley de Pesca, en que el sector industrial evidencia su claro interés de no someterse a la licitación.
Para ello se hizo un acuerdo con la pesca artesanal -lo considero positivo-, vinculado con el fraccionamiento. Se le cedieron a este sector pesquerías importantes. Eso me parece oportuno, necesario, y lo vamos a defender enérgicamente.
Pero ahora, sin duda, no estamos hablando de tocar las cuotas artesanales ni de modificar el fraccionamiento.
Consideramos adecuado que la industria haya fraccionado sus cuotas, reconociendo derechos de los pescadores artesanales.
Yo habría deseado que el cien por ciento de la sardina y la anchoveta hubiera ido al sector artesanal, porque se extraen en las cinco millas, donde el sector industrial jamás ha podido entrar.
¡No se entiende que los industriales sigan teniendo cuotas de sardina y anchoveta si legalmente no pueden ingresar a pescarlas!
Por lo tanto, la propiedad de ellos es el problema.
¿Por qué reviste importancia la licitación, señor Presidente? Porque queremos que otros actores puedan ingresar al mercado. Deseamos que exista una puja que eleve los niveles de los precios; y eso se logra solo con un mecanismo que permita la competencia.
Hoy día el valor de la tonelada de sardina, de anchoveta y de jurel para los artesanales está prácticamente capturado por los contratos firmados en blanco con los industriales.
Me habría gustado que el Estado pagara la deuda existente, para que los artesanales pudieran venderles sus productos a los industriales al precio real, no al pactado.
Pero eso es imposible: ¡los armadores artesanales le adeudan a la industria aproximadamente 70 millones de dólares!
Hoy día se pregunta por qué licitar.
Se establece un mecanismo progresivo de 5 por ciento, hasta completar 20 por ciento. Eso permite la existencia de otros actores. Posibilita resguardar el procesamiento en suelo chileno, contrariamente a lo que sucede con la licencia, que hace factible venderlo a cualquier extranjero. Nosotros decimos: "La pesca hecha en Chile se procesa aquí, da empleo en nuestro país". Ello beneficia a los trabajadores de planta. Y, además, se entregan permisos de pesca por 15 años.
Volvemos a realizar un debate. Ya se votó, pero consideramos legítimo cuestionar el plazo de 20 años que se determinó y restablecer el de 15 contenido en la indicación consensuada. Yo soy partidario de 10.
De otra parte, señor Presidente, se establecen condiciones elementales respecto a quiénes podrán participar en el proceso en comento.
Aquellos que han violado derechos de los trabajadores no podrán hacerlo si median dos condenas ejecutoriadas por prácticas antisindicales, atrasos u omisiones en el pago de remuneraciones o de cotizaciones previsionales, pero en el plazo de cinco años, no en el de dos como sucede en la actualidad.
En otro artículo se habla de cuatro condenas ejecutoriadas en dos años. ¡Eso es imposible! ¡Jamás una empresa va a acumular cuatro condenas ejecutoriadas en dos años!
Aquí se proponen dos condenas ejecutoriadas en el plazo de cinco años. Eso posibilita que los empresarios se preocupen de verdad de proteger y respetar a los trabajadores.
Señor Presidente, esta norma establece lo que ya existe en la ley vigente, en el artículo 27, pero no se ha aplicado: que haya licitación, de acuerdo a los criterios debatidos.
Sin licitación existe un oligopolio: no pueden entrar más actores y los precios son puestos por unas pocas empresas.
La norma propuesta beneficia la venta de la pesca del sector artesanal a los industriales. Porque, en definitiva, estos estarán pujando por precios reales, por precios de mercado, no por precios atados a contratos firmados muchas veces en blanco.
Por eso, opino que reponer la licitación no afecta a los intereses de los pescadores artesanales. Por el contrario, los resguarda, pues posibilita que la pesca de ese sector tenga valor real, no los 57 mil a 68 mil pesos en que la sardina y la anchoveta se han vendido durante una década.
Aquí el mercado funciona al revés: cuando hay menos peces y más alta demanda, los precios se mantienen estables.
Yo quiero que cuando existan menos peces y una demanda elevada los precios tengan el valor real de mercado. Eso implicará que los pescadores extraigan menos productos pero de todos modos reciban ingresos, pues el mercado posibilitará un precio real para lo que se pesca.
Tal es el sentido de la indicación, y por eso la apoyo.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, sin duda, estamos ante un asunto capital, bastante sustantivo: la licitación.
Y la pregunta que uno se hace -yo por lo menos me la he formulado- es por qué no licitar. La idea parece atractiva tratándose de peces que no tienen un dueño privado ni son del Estado, sino que pertenecen a todos los chilenos.
Uno tendiera a pensar, teóricamente, que la licitación pudiese ser una respuesta. En algún momento, con mucha insistencia y con asesores y expertos, traté de indagarlo. ¿Qué se encuentra? Que ningún país tiene un régimen común. Así de claro y categórico es mi propio hallazgo, mi propia investigación sobre la realidad de la pesca en el mundo
Una cosa es el pizarrón, el ejercicio teórico. Si fuera académico, a lo mejor habría escrito el artículo de Eduardo Engel, a quien respeto. Pero nosotros no lo somos. Esta no es una universidad. Tenemos que lidiar con realidades. Y ni un solo país pesquero -repito- tiene un régimen común de licitación.
Conviene imponerse del informe de la Biblioteca del Congreso Nacional. No sé si ello ya se ha hecho, pero lo tengo subrayado. Lo he leído y releído. Porque, aparentemente, existirían solo seis casos de países que habrían optado por la licitación.
Estonia y Rusia lo intentaron y fracasaron.
Tengo, adicionalmente, un artículo de la revista "The Economist", del 11 de agosto, donde se explica por qué ello ocurrió y se volvió, en los dos casos, a la cuota sobre derechos históricos.
Se ha mencionado a Nueva Zelandia, Noruega y Dinamarca.
En efecto, tienen licitación. ¿Y para qué? Para nuevas pesquerías y excedentes.
En esas situaciones, nuestra legislación y el acuerdo que estamos aprobando contemplan la licitación de la cuota. Y entran nuevos actores.
La tercera mención corresponde a Maine y Washington, dos de los 50 estados de Estados Unidos. En algún momento, el primero compró una parte de la cuota para licitarla, por diversas razones. Pero los 13 estados pesqueros de ese país tienen cuotas por derechos históricos.
Estoy haciendo referencia a la realidad comparada.
Desafío a cualquier colega a que me diga en qué país existe la licitación como régimen común de la pesca.
De los seis intentos, o se registró un fracaso o se contemplaron solo nuevas pesquerías y excedentes.
Asimismo, cuando tiene lugar la caducidad, total o parcial, se licita la cuota para nuevos actores.
Ya hemos mencionado lo relativo a nuevas pesquerías y excedentes.
Y el hecho básico es que estamos transformando las licencias intransferibles e indivisibles en transferibles y divisibles a fin de que se pueda comprar y vender, salir y entrar, y registrar la llegada de nuevos actores.
Además, señor Presidente -y con esto termino-, ¿por qué ha fracasado la licitación? Me lo he preguntado, porque, teóricamente, al menos, me suena muy atractiva.
Primero, por el riesgo de colusión. Cuando se dictó la ley de 1991, vinieron los primeros experimentos de licitación. ¿Qué ocurrió? Que, en forma previa, venían los acuerdos en el Café Riquet, en Valparaíso, donde se juntaban los potenciales interesados y decidían: "Tú vas a tal pesquería; tú, a la otra; yo, a la siguiente". Se frustraba, entonces, la intención de licitar para incorporar a nuevos actores de una manera transparente y competitiva.
Segundo -también es muy importante-, por el riesgo de depredación, penetración y menoscabo en la industria nacional y el empleo.
Hay una cuota global y cuotas individuales. Supongamos, teóricamente, que se licita hasta el 50 por ciento.
El señor ESCALONA (Presidente).- Estamos contra el tiempo.
El señor WALKER (don Ignacio).- Vienen las grandes empresas transnacionales asiáticas -no las critico ni señalo nada peyorativo-, con buques factoría, que no tienen idea de dónde quedan Talcahuano, San Antonio, Caldera, y se adjudican las cuotas, con lo cual provocan desempleo, ya que hay 85 mil pescadores solo artesanales, y un deterioro en la base nacional. Ni siquiera utilizan los puertos.
Al final, sumando y restando, la licitación no es una buena solución como régimen común pesquero.
En consecuencia, felicito a la Comisión por la formula del 5/5/5, que abre un espacio sobre la base del máximo rendimiento sostenible. Siendo realista, me parece fundamental aprobarla y evitar el espejismo de la licitación, que no ha funcionado.
El señor ESCALONA (Presidente).- Aplausos sacan palabras. Así que ruego a la tribuna mantenerse en absoluta neutralidad, sin manifestarse ni a favor ni en contra.
Tiene la palaba el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, comparto plenamente el análisis de mi Honorable colega Ignacio Walker. Solo quisiera agregar otros elementos.
Desde mi punto de vista, el asunto de fondo es el acceso. Y ello se resolvió la semana anterior con la aprobación de dos artículos fundamentales, en particular el 30, que redunda en la plena transferibilidad y divisibilidad de las cuotas, lo que se suma al Registro Público. Ello generará toda una dinámica en el ingreso de nuevos actores al sector pesquero.
Aquí se ha comentado mucho el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, cuyo número 160 señala:
"160 Dado lo anterior, y ahora en cuanto a la argumentación de la necesidad de subastar o licitar al menos parte de la cuota global anual en unidades de pesquerías sujetas a LMCA, para efectos de evitar riesgos de conductas anticompetitivas, el análisis desarrollado por este Tribunal permite arribar a la convicción de que, desde el punto de vista de la defensa de la libre competencia, no es estrictamente necesario implementar un mecanismo de este tipo para asignar cuotas de pesca.".
Como complemento, cabe consignar que la OCDE es categórica en la materia. Respecto a las pesquerías en plena explotación -es decir, con régimen cerrado-, no recomienda el ingreso de nuevos actores.
Pero, adicionalmente, nos estamos pronunciando en relación con el artículo 27 propuesto por la Comisión de Pesca. Creo que la disposición se encuentra bien orientada. ¿Por qué razón? Porque, en la práctica, condiciona la licitación a la recuperación de las pesquerías.
Eso tampoco hay que olvidarlo, señor Presidente. Porque, a partir del 90 por ciento del rendimiento máximo sostenible, se gatillan las licitaciones -es decir, cuando una pesquería está recuperada- y la pública subasta del 15 por ciento de la fracción industrial.
Además, se provoca un efecto social que no podemos dejar de analizar en el momento del debate. Si un mayor esfuerzo pesquero no estuviera condicionado a la recuperación de las pesquerías, la única consecuencia de este tipo de licitaciones sería la cesantía. Esa es la verdad. Actualmente, el sector -estamos abordando el industrial- genera 16 mil 900 empleos directos, 5 mil de ellos correspondientes a tripulantes. Registrándose dicha limitación, el aumento del esfuerzo pesquero se asociará a una mayor masa y, por lo tanto, no existirá ningún riesgo de desempleo.
Sin embargo, tal como se está presentando la indicación, cuyo contenido es completamente independiente de la recuperación, podrían correr un serio riesgo los cientos de miles de empleos que el sector industrial genera en algunas Regiones.
Entonces, desde el punto de vista del ingreso de nuevos actores, el sistema no resulta determinante, y en el aspecto social, la desvinculación de una mayor recuperación de las pesquerías conlleva el peligro de ocasionar cesantía.
Queremos el ingreso de nuevos actores, lo que está resuelto, pero no deseamos desempleo en los sectores en que la industria otorga muchos puestos de trabajo directos.
Pienso que el artículo 27 del proyecto se encuentra muy bien enfocado al condicionar las licitaciones al factor al cual he hecho referencia.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, luego de varios días retomamos la discusión sobre la iniciativa. Ahora nos concentramos en el artículo 27, estrictamente relacionado con todas las materias en las cuales nos ocupamos la semana pasada, en particular las contenidas en los artículos 26 A y 26 B.
¿Por qué lo digo? Escuché atentamente a mis Honorables colegas Orpis e Ignacio Walker, y este último decía que había hecho un esfuerzo, porque, intelectualmente, desde un punto de vista técnico o de pizarrón, tal vez la licitación era lo más atractivo, pero que los estudios señalaban que en ninguna parte del mundo había sido mantenida. Su Señoría mencionó que un artículo sobre la materia en la revista "The Economist" daba a conocer que el sistema no había funcionado en Rusia y en no sé qué otro país.
El señor NAVARRO.- Estonia.
El señor LAGOS.- En Estonia.
No sé cuál es la novedad. Muchas veces, en cuanto a recursos agrícolas, pesqueros, las regulaciones son resultado de lo que el régimen político puede dar. Y eso salta a la vista para un ex Canciller que trabajó en los asuntos de integración comercial. Todos sabemos que los subsidios a la agricultura, a la exportación, a la producción doméstica distorsionan los precios de las materias primas agrícolas y que nos han perjudicado enormemente al ser un país abierto.
Europeos o japoneses, por alguna extraña razón, siguen protegiendo a este último sector, más allá de lo que la ciencia económica determina, e incluso, influyendo en el bienestar de sus propios habitantes. Mas el motivo es bien sencillo: la política, al final del día, también termina influenciando las sanas y correctas políticas públicas.
Y si en dos Estados pesqueros de Estados Unidos no se ha optado por las licitaciones, habría que ver en detalle la explicación: si es técnica u obedece a que el peso de la industria es tan potente, que logra permear las decisiones que han de tomarse en función del bien común.
De lo contrario, no me explico por qué la Unión Europea, a la que le profeso una admiración profunda por todo lo que ha hecho para la integración, sigue contando con subsidios a la exportación horrorosos, inmorales, y que nos perjudican a nosotros y a nuestra producción. Y continúan existiendo y son inamovibles. Resultan lesivos para sus consumidores y para países en desarrollo como el nuestro.
¿Y quién los defiende? ¿Los técnicos? No. Ellos emiten opiniones, a favor o en contra, de la medida. ¿Quién decide, en última instancia, su aplicación? La clase política, en regímenes democráticos. Votan Senadores y Diputados de Inglaterra, de Francia, de España. Después acudimos a la Comisión especializada de la Unión Europea y ellos tienen que defender un sistema a todas luces injusto, malo, pérfido, pero que sigue vigente. ¿Por qué? Porque se defienden intereses. Un Senador de la región agrícola de Francia vale lo mismo que otro de París, donde no hay agricultura, pero existen muchas más zonas rurales representadas por su parlamentario y pesan más. Entonces, se toman decisiones que terminan en una distorsión.
Por eso, el argumento de que no hay licitación en ninguna parte del mundo no me hace mella, porque lo determinante al final del día es la decisión política.
¿Por cuánto tiempo mantuvimos bandas de precios para proteger la agricultura, en algunos casos tal vez correctamente, y en otros, no? Un Senador de Valparaíso o uno de Santiago valen lo mismo que otro de la Sexta, la Octava, la Novena o la Décima Regiones, y eso lleva a que un sector se imponga. Así es el país donde uno tiene que vivir. Pero no me parece adecuado asignarle a tal realidad el concepto de sacrosanta.
Tampoco me gusta el argumento de que van a llegar barcos extranjeros y terminarán con el empleo. El régimen actual, válido desde hace 10 años, ha desempleado a más de 25 mil personas en el último tiempo. Y no intervinieron chinos ni europeos, sino los nuestros.
Sería más cauto a la hora de evaluar ese fundamento nacionalista y lanzarlo arriba de la mesa.
Por último, lo que se encuentra detrás es un quid pro quo, una reciprocidad. Vamos a permitir licitaciones solo hasta el 15 por ciento de la cuota en un plazo determinado. ¿A cambio de qué? De conceder derechos para siempre -no para toda la vida- a aquellos que hoy día gozan de ellos.
Eso me parece inaceptable, en especial porque no veo la razón de hacerlo así. Podríamos haber tenido lo mismo que ahora: licitaciones por hasta el 15 por ciento de la cuota, y haber dejado congelada la decisión, como lo hicimos hace 10 años, respecto a qué va a ocurrir en 15 o 20 años más.
Me pregunto cuál es el motivo, el interés, el razonamiento. Hubo alguien que expresó: "No hay razón alguna". Por mi parte, no veo razón alguna para que un grupo de Senadores quiera darle para siempre un beneficio a un grupo de chilenos.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Silencio en las tribunas, por favor!
El señor ROSSI.- Señor Presidente, me da la impresión de que se está transformando en un dogma una materia sobre la cual hay una perfecta y legítima discusión. Y así ha ocurrido en todo el mundo.
A pesar de que me gusta el mecanismo de las licitaciones, no me resulta indiferente la legislación comparada, porque constituye un elemento para resolver a propósito de la experiencia, los errores y los aciertos de otros países.
No me parece que todos los Parlamentos del mundo se hallen coaptados por grupos de interés. No sé en qué planeta viviríamos. Y me imagino que, a lo mejor, el Senador señor Lagos piensa lo mismo de nuestro Congreso.
Estaba leyendo una declaración de Iván Fuentes, del Movimiento Social de Aysén, respecto de las famosas licitaciones. Se refiere a la necesidad de cautelar el acceso al recurso "para los pescadores artesanales que tienen poca cuota, no para una octava o novena familia. Acá hay empresas que quieren entrar al rubro, que están haciendo una gran campaña y ya no alcanza ni siquiera para los que estamos adentro. No engañemos a la ciudadanía".
Eso demuestra que hay una perfecta y legítima discrepancia sobre el particular. Entonces, me parece un error satanizar una posición o, de alguna manera, ensalzar la otra como la panacea.
Si vamos a hablar de competencia sobre la base de la legislación chilena, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia fue bastante categórico respecto de que lo importante es que las cuotas se puedan transferir, lo cual permite competencia, flujo de cuotas y nuevos actores.
Si a alguien le interesa efectivamente una licitación y no dar un mero testimonio, debiera ver lo ocurrido en la tramitación de los artículos relacionados con la administración pesquera en la asignación de los recursos. El proyecto que recibimos quienes integramos la Comisión de Intereses Marítimos venía de la Cámara de Diputados con cero licitación. ¿Por qué? Porque se derogaba el artículo 27 de la ley actual, que señala que se podrá licitar el 50 por ciento en diez años. Con ese "podrá", como no es imperativo, pasó lo que conocemos: no se licitó nada.
¿Qué hicimos para revertir la situación? Tratar de construir un acuerdo que permitiera contar con los votos necesarios en la Cámara de Diputados. Porque aquí podemos escuchar muy lindos discursos -y quedarán para que después alguien pueda sacarlos, extractarlos, publicarlos-, pero lo que hemos hecho llegará a la otra rama legislativa y se puede caer.
Queremos el acceso de nuevos actores y un pilar de sustentabilidad. Porque en el resto del mundo también es controvertible -y lo discuten los científicos- la licitación de pesquerías colapsadas, incluso en estados de sobreexplotación. Hay un legítimo debate.
Desde esa perspectiva, por eso mismo, en las Comisiones de Hacienda y de Intereses Marítimos, unidas, tratamos de construir la semana pasada un entendimiento que permitiera mejorar la redacción del artículo despachado por la Comisión de Pesca, que decía relación con vincular un porcentaje de licitación de 5 por ciento (hasta un límite de 15 por ciento) con el rendimiento máximo sostenible, que se calcula sobre la base de un punto biológico. Esto tiene que ver precisamente con compatibilizar la explotación de una pesquería y todos los beneficios derivados de ello con la sustentabilidad y la preservación de los recursos.
Ahora bien, esa redacción se mejoró sobre la base de establecer que, si después de tres años en las pesquerías no colapsadas no se ha gatillado el mecanismo contemplado en el texto aprobado por la Comisión de Pesca del Senado, se licita a todo evento esa cuota, ese 15 por ciento. Se disponen tres años para las pesquerías no colapsadas y cinco para las colapsadas.
Pese a ello, he escuchado a Diputados que señalan no estar de acuerdo con esto, porque existen argumentos de tipo científico que sostienen que las pesquerías colapsadas no debiesen licitarse.
Como ven, quiero reafirmar que nos encontramos ante un tema tremendamente debatible, opinable.
Debiésemos aprobar la propuesta de la Comisión de Pesca en este punto y, también, lo que logramos la semana pasada en las Comisiones unidas de Hacienda y de Pesca, que es permitir, si no se gatilla con este mecanismo, licitar a todo evento un 15 por ciento.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, recogiendo lo último que mencionó el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, el problema está en que ese 15 por ciento es transitorio. Si fuera permanente, la discusión sería absolutamente distinta.
Me parece que ya se ha blindado lo suficiente a la industria. Ello se hizo con los artículos 26 A y 26 B, que fijó una vigencia de veinte años a las licencias. Espero que quienes hoy día nos visitan, nuestras amigas y nuestros amigos ligados a la actividad de la pesca industrial, con este avance, con esta gran noticia, puedan luego consensuar mejores acuerdos laborales. Es el deseo, sin lugar a dudas, de todos quienes nos encontramos en esta Sala.
En efecto, se ha blindado a la industria con el otorgamiento de los veinte años. Ahora, con este artículo, se pretende blindarla aún más -o sea, aquí estamos armando un acorazado-, estableciendo que no haya licitación.
Y se argumenta con ejemplos de otros países del mundo, que son distintos del nuestro. Yo voy a comparar a Chile con Chile, señor Presidente; quiero vivir con nuestra propia realidad. Y esta me indica que los pescadores artesanales muchas veces están de rodillas frente a los industriales, porque estos últimos cancelan lo que estiman conveniente. Y esa situación, sin lugar a dudas, produce una sensación de clara desventaja de quienes están en la pesca artesanal respecto de los que laboran en la industrial.
Hemos dicho que necesitamos a ambas actividades pesqueras, que queremos más participación, más actores. ¡Pero esto no es para dejar gente cesante, no es para que el sistema colapse, no es para que quede el caos! Es para que los actores que se van sumando generen mayor empleabilidad y entreguen mejores precios.
Yo soy partidario de la licitación cada diez años. El ejemplo es claro. ¡Todo Chile sabe lo que pasó en diez años con nuestra pesquería! ¡Todos conocemos la situación de caos existente hoy día en el país luego de diez años! Por lo tanto, lo mínimo era que estas licitaciones se entregaran cada diez años. ¡Lo mínimo!
Yo puedo anticipar la votación de un rato más: se va a perder, probablemente con seis o nueve votos en contra.
Aquí hay un acuerdo de la Alianza con un sector de la Democracia Cristiana, y están esperando que se acoja lo consensuado en la discusión pasada, lo cual, en definitiva, permitirá la licitación del 15 por ciento, pero -comillas- transitoria. Esto no queda con carácter permanente en el artículo. ¡Y ese es el problema! Si así fuera -insisto-, estaríamos en otro debate. Entonces, uno entendería que el ánimo de este acuerdo político es efectivamente proteger la pesquería en Chile y no a determinado sector de nuestro país.
Señor Presidente, dudo que alguien pueda creer que esto se cumplirá. ¿Alguien puede pensar que los industriales, en régimen de plena explotación, van a llegar al 90 por ciento para luego licitar? ¡Nadie! ¡Estoy seguro de que no va a existir jamás una licitación en nuestro país!
Por eso voy a votar afirmativamente. No comparto los quince años planteados en las indicaciones -prefiero diez, como lo han manifestado muchos Senadores-, pero igual lo propuesto es mejor que lo que había. Ello, para luego entrar a la discusión, que -estoy seguro- será producto del acuerdo que ya todo Chile conoce.
El señor ESCALONA (Presidente).- Insisto a quienes están en las tribunas que no se aceptan los aplausos, porque generan reacciones, sobre todo hoy que hay dos opiniones no solo en la Sala, sino también en las tribunas.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, una de las discusiones claves de la futura nueva Ley de Pesca se refiere a la administración de la cuota industrial, para el mejor beneficio de todos los chilenos de un recurso natural tan importante como la pesca.
La nueva regulación que discutimos -por eso, esta indicación- debe conciliar, en el ámbito de la actividad pesquera extractiva industrial, los principios de protección a los trabajadores y a las trabajadoras, las inversiones realizadas por las empresas del sector en virtud del marco legal vigente, la creación de empleo y valor agregado y el libre acceso sin discriminación arbitraria que cualquier chileno debe tener periódicamente a esta actividad.
Nuestra base de sustento parte por afirmar que el acceso al mar para aprovechar privadamente los recursos pesqueros debe ser efectuado conforme a nuestra Carta Fundamental, con especial resguardo al principio de libertad para desarrollar cualquier actividad económica y la no discriminación arbitraria.
Señalo lo anterior porque el 15 de octubre de 1990 quince Senadores, liderados por el actual Presidente de la República, Sebastián Piñera, presentaron ante el Tribunal Constitucional un requerimiento sobre las cuestiones de constitucionalidad que se trabaron durante la tramitación de la iniciativa que modificaba la ley Nº 18.892, Ley de Pesca.
Los Senadores en ese minuto argumentaron que "el proyecto imponía prohibiciones que impiden del todo el acceso a dicho recurso a quienes no resulten favorecidos con las autorizaciones y permisos que otorgue el órgano competente" (se establecía como único parámetro de asignación de la cuota industrial el famoso criterio de asignación "histórica").
Además, entre las inconstitucionalidades de fondo, plantearon que dicha iniciativa vulneraba el régimen de libertad "porque permite a la administración ordenar el cierre de la actividad pesquera industrial y prohibirla a todas las personas que no estaban desarrollándola antes de la decisión administrativa".
Continuaron recordando que el artículo 19, Nº 23º, inciso primero, de la Constitución, aseguraba a todas las personas "La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así".
Y agregaban: "El proyecto también cometería una infracción a la proscripción de la discriminación arbitraria (art. 19, Nº 22, inciso 1º CPR), toda vez que prohíbe la pesca extractiva industrial a todos los interesados, menos a los titulares de autorizaciones y permisos, en circunstancias de que tal prohibición, de carácter legal, tiene que ser erga omnes. Además, el cierre de la actividad pesquera industrial y la prohibición de ejercerla a toda persona que no haya quedado incluida en él importa una transgresión a la garantía en comento ya que arbitrariamente establece diferencias en contra de los no autorizados en una materia de trascendental importancia como lo es la pesca industrial".
"El proyecto -señalaban también- vulneraría la garantía constitucional de igualdad ante la ley".
Señor Presidente, dicho requerimiento fue acogido, generándose un acuerdo en el Parlamento, en virtud del cual se estableció el artículo 27 actual, que hoy día discutimos. Esta norma dispone la posibilidad de las subastas públicas, quedando como una facultad: "La Subsecretaría no podrá subastar más allá del equivalente a capturar el cincuenta por ciento de la cuota anual".
Lamentablemente, en veinte años de vigencia del mencionado artículo, la autoridad nunca ha ejercido dicha facultad, vulnerando en los hechos las garantías constitucionales aludidas.
Consideramos que establecer la "historia de pesca" como criterio exclusivo de asignación de cuotas a los industriales constituye sin lugar a dudas una discriminación arbitraria y vulnera el principio de libertad para desarrollar cualquier actividad económica, que le corresponde por naturaleza a todas y a todos en nuestro país.
En consecuencia, se debe establecer como mecanismo de acceso a la cuota industrial un instrumento que sea transparente, abierto, y que no implique privar el derecho a desarrollar cualquier actividad económica.
Por eso presentamos la indicación en debate, que tiene por objeto hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 27 ya señalado, dando cumplimiento, después de 20 años, al espíritu del acuerdo político reseñado.
No obstante, creemos que deben buscarse fórmulas efectivas de protección a los trabajadores y a las inversiones realizadas.
Por esa razón, proponemos una lógica de asignación y, así, lograr una licitación adecuada.
¿Por qué me preocupa este punto, señor Presidente? Porque en estos día hemos visto declaraciones...
Le doy un minuto para terminar.
Decía que hemos visto declaraciones que reafirman nuestra preocupación en orden a que aquí no hay derechos adquiridos.
El señor Rodrigo Sarquis declaró en La Tercera lo siguiente: "Eso sí, el líder de las empresas pesqueras industriales valora que la norma dé a los actuales operadores la opción de mantener sus derechos históricos o cambiarse a las reglas que impondrá la nueva Ley de Pesca".
Obviamente, eso no es algo menos grave.
Y el señor Carlos Vial, Vicepresidente de SONAPESCA y de Salmones Friosur, en una publicación del mismo diario también en estos días, dice: "Porque aquí hay acuerdos que no se han respetado (...). Veo que los acuerdos no se respetan". ¿Con quiénes acordó? ¿A qué se refiere?
Señor Presidente, me preocupa que estemos discutiendo una materia...
El señor ESCALONA (Presidente).- Le ruego concluir, señora Senadora.
La señora RINCÓN.-... que afecta a todos, y que no se esté haciendo caso de lo que ya falló el Tribunal Constitucional, con ocasión del requerimiento que presentó en su momento quien hoy es el Presidente de la República.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, nos encontramos debatiendo una indicación renovada para modificar el artículo 27. La alternativa a ello -y sucede lo mismo con otras indicaciones- está en lo propuesto por la Comisión de Pesca, complementado con el artículo tercero transitorio. Y no es algo transitorio, porque queda en el corazón de la ley.
Sin embargo, el punto en discusión no es el corazón de la ley. Lo es aquello en lo que hemos avanzado: el criterio de sustentabilidad; la protección de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas, y el que las decisiones de la autoridad, cualesquiera que sean, deban tomarse dando estricto cumplimiento a los informes científicos, cosa que no se había hecho hasta la fecha, pese a que la ley garantizaba la sustentabilidad, porque la autoridad entregaba cuotas por sobre lo que recomendaban las investigaciones. Y si no había investigación a la mano, no se aplicaba un criterio precautorio.
En segundo lugar, también avanzamos en cuanto a la soberanía respecto de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas. Está claro que ella le corresponde al Estado, y se ha buscado una redacción congruente con nuestros acuerdos y tratados internacionales -por ejemplo, la Convención del Mar-, y con lo relativo a la zona económica exclusiva.
Un tema delicado que aborda la indicación -mejor regulado en la propuesta de artículo 27 de la Comisión de Pesca y en el acuerdo complementario- se refiere a la relación entre los pescadores industriales y artesanales.
Aquí hay que poner las cosas en su lugar. En comparación al fraccionamiento que se aprobó hace diez años, ahora se sugiere una fórmula distinta, que aumenta el porcentaje de los pescadores artesanales. Por ejemplo, con relación a la distribución de cuotas de merluza austral, antes era 50 por ciento tanto para industriales como para artesanales, hoy se plantea 60 por ciento para estos últimos. Y lo mismo ocurre respecto de otras pesquerías. Ello ha sido corregido por la ley en proyecto.
En cuanto al porcentaje que se licita, la fórmula que proponemos de un 15 por ciento en dos modalidades permite a los pescadores artesanales participar en condiciones reales y, también, cambiar tal fraccionamiento. Estos no intervenían en la captura del langostino y del camarón -para ellos, estas pesquerías no se habían considerado anteriormente-, pero esa dificultad se resuelve en este proyecto de ley. Lo mismo pasa con el acceso al bacalao. En ambos casos, ahora se les permite el ingreso.
Respecto del plazo de la licencia de pesca para los industriales -de alguna manera se vuelve a discutir el punto aquí, aunque la Sala ya tomó una decisión sobre el particular-, se debe considerar que el proyecto que llegó de la Cámara de Diputados establecía una duración indefinida y a perpetuidad. Nosotros redujimos su vigencia a 20 años y aumentamos las causales de caducidad o de no renovación. Además, producto del acuerdo, se ha señalado que ello se va a evaluar y a fundamentar a través de un decreto, como corresponde.
También se incrementaron las causales de no renovación, entre las cuales cabe señalar -se ha mencionado acá- la relativa a las prácticas antisindicales.
Por otro lado, se ha avanzado en una plataforma social para los trabajadores y las trabajadoras de la industria. Producto de esta normativa, podrán acceder de manera financiada a capacitación, a reconversión, a becas para sus hijos y, además, a un bono en caso de que el trabajador, por razones ajenas a él, pierda su fuente laboral.
En consecuencia, en estos temas siempre debe buscarse el equilibrio entre los sectores industrial y artesanal.
Por lo tanto, la fórmula que proponemos en la ley permanente como Comisión de Pesca, ratificada por las Comisiones unidas de Pesca y de Hacienda y por el acuerdo amplio y transversal alcanzado en el Senado, desde luego es mejor que lo planteado por la indicación en debate.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, quiero enfocar esta discusión desde su origen.
Nosotros presentamos una propuesta -hemos sido duros en defenderla- que fija una definición clara: el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hidrobiológicos existentes en los espacios marítimos sometidos a su jurisdicción, y podrá conceder su explotación conforme a las disposiciones de esta ley y demás normas legales y reglamentarias.
Ese es el punto de inicio de nuestro planteamiento.
Si esa fuera la decisión, podríamos perfectamente establecer criterios para resolver problemas de carácter social, que afectan tanto a los trabajadores de la industria como a los pescadores artesanales. Así, dispondríamos de buenas normas para que no se produzcan situaciones de cesantía, de no pago de remuneraciones, de no pago de cotizaciones, y otra serie de dificultades.
Pero, como hacemos todo a la chilena -o sea, de a poco y de a poquito-, se nos señala: "Esto venía de la Cámara de Diputados con licencias a perpetuidad, y nosotros hicimos un gran esfuerzo para bajarlo a 20 años". Sin embargo, no se dice todo: no son 20 años, sino 20 más 20 más 20. Y pueden ser eternos.
Tampoco se precisa que es posible transferir las licencias y que estas son susceptibles de cualquier acto jurídico. Por tanto, a los que están preocupados por la posibilidad de que vengan chinos, japoneses o cualquiera, les digo que los industriales que quieran vender algo que se les regala -porque al final es un regalo- lo pueden hacer. En definitiva, aquí es factible que haya cualquier tipo de empresa dedicada a la explotación de los recursos, afectando los derechos de los trabajadores, sean industriales o artesanales, que es la gran preocupación que debiéramos tener.
Entonces, dado que termina la vigencia de esta ley, ahora debiéramos buscar una forma distinta de distribución de los recursos para no perpetuar lo que había. Porque lo que se hace aquí es establecer derechos históricos.
Escuché al Senador Ignacio Walker decir que hizo un gran esfuerzo intelectual para llegar a la conclusión de que no hay un régimen común de licitación en ninguna parte del mundo. Le cuento que en países como Islandia e Inglaterra se entregaron licencias a perpetuidad hace décadas, pero ahora están volviendo atrás. En las costas de Estados Unidos, se otorgaron cuotas históricas a perpetuidad, y algunos Estados se vieron obligados a comprar cuotas para poder redistribuirlas. Y en Nueva Zelandia y otras partes del mundo también se han introducido cambios en esta materia.
En el fondo, el Estado debe administrar los recursos pesqueros de buena manera, sobre todo porque son bienes de todos los chilenos.
Acá se nos está diciendo: "Vamos a licitar". Pero la verdad es que nunca se va a licitar. ¡Para qué andamos con cuentos! ¡Es imposible que ello ocurra por la forma y las condiciones establecidas para ese fin!
Entonces, lo que razonablemente debiera decir un Parlamento y un Gobierno es: "Estos recursos, que son de todos los chilenos y mueven una gran industria, desde el punto de vista económico, serán distribuidos de tal manera y aplicaremos nuestras facultades para quitarle las licencias y las cuotas a quienes no cumplen con los objetivos que incorpora la ley".
Pero eso será imposible. ¿Por qué? Porque, según lo discutido aquí mismo, las licencias y las cuotas pasarán a ser derechos de propiedad. Por lo tanto, aunque un industrial o cualquier persona no acate las obligaciones establecidas en la legislación, habrá que indemnizarlo. Y finalmente el perjudicado siempre será el Estado.
Entonces, en verdad nos encontramos ante una situación muy curiosa. Porque no se plantea una normativa que permita administrar los recursos pesqueros en beneficio de todos los chilenos en general y en especial de la dueña de casa, a la que el pescado le cuesta más caro que comprar carne.
¡Es absurdo que en un país con más de 4 mil kilómetros de costa la gente no se pueda alimentar fundamentalmente con ese producto del mar por su alto precio!
Por lo tanto, la iniciativa tiende a perpetuar el sistema; a mantener las cuotas históricas y no posibilitar la administración real del Estado. De manera que la cuestión que a todos nos preocupa -que en definitiva los protegidos no sean el industrial y sus recursos, sino los trabajadores y en general los chilenos- no se cumple en la ley en proyecto.
Por eso presentamos esta indicación, que tiene componentes que van en ese camino.
Desgraciadamente, somos minoría y la vamos a perder. Pero insistimos en ella, para que quede en la historia de la ley cómo y por qué se llegó a esas condiciones.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, lo curioso en esta materia es que los mismos que rechazan fijar una definición en torno de la propiedad de los recursos del mar, luego reparten lo que no se atreven a decir que les pertenece.
Entre paréntesis, ese es el argumento que esgrimía SONAPESCA, en 1989, para rechazar el texto original de la "Ley Merino", que contenía un régimen de pesca muy similar al que hoy se nos propone. La Biblioteca del Congreso cuenta con una interesante historia de ese texto. Sería bueno recordarlo a dicha sociedad, que hoy día sustenta una posición absolutamente distinta de la que mantenía en ese entonces.
A continuación, ese mismo sector político partidario de la economía de mercado y de la libre competencia,	inventa intrincadas fórmulas para obviar el fallo del Tribunal de la Libre Competencia, sin abrir ventana alguna a nuevos operadores.
Curiosamente, todas las indicaciones que dan lugar a la apertura y a derribar, de manera decidida, las barreras de entrada, provienen de los sectores supuestamente más estatistas del Parlamento.
Un aspecto que describe esta misma paradoja y cruce de opiniones es la concentración. Sabemos que económicamente es una anomalía del mercado que presenta numerosos inconvenientes. Por lo general, se la combate con determinación, excepto en los escasos mercados en que se habla de monopolios naturales, como servicios públicos, en tanto constituyen un riesgo para usuarios, consumidores y proveedores.
En la materia que nos ocupa, la concentración es brutal. En diversas pesquerías, las cuotas son capturadas, en un nivel elevadísimo, por escasos operadores.
La merluza común, la merluza del sur, el congrio dorado, la anchoveta y la sardina española son ejemplos de pesquerías muy concentradas, con más del 30 por ciento en manos de una sola empresa. Y hay muchas otras en que dicha cifra alcanza a más del 20 por ciento.
Pregunto: ¿quién gana con esto? Por supuesto, solo la empresa respectiva, que reduce costos.
Lo anterior pasa a ser más grave cuando el mercado depende directamente de la acción del Estado como asignador de los recursos.
Por eso se han establecido límites en diversas áreas vinculadas al sector público: sanitarias, radiodifusión y, en forma reciente, acuicultura.
Lo mismo debería ocurrir con la pesca.
No hay razones significativas para que un operador disponga de cuotas tan relevantes en el mercado. Es preciso dar una señal clara y empezar a limitar este mercado, dando acceso a nuevos operadores y terminando con el oligopolio de un puñado de empresas y familias.
Por último, quiero señalar enfáticamente que, desde nuestra visión, con esto no se vulneran derechos anteriores. Creemos que estos no existen, sino que se trata de asignaciones precarias.
Asimismo, desde la perspectiva opuesta, no se están expropiando o quitando los excesos por sobre el límite, sino fijando un plazo bastante prudente para enajenarlos.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en la única intervención que hice al inicio de la discusión de este proyecto expresé que quería conocer una indicación de parte del Ejecutivo. Me parecía razonable que si la tenía la diera a conocer. Eso fue todo. No dije que la estuviera ocultando, sino que la diera a conocer, pues el propio Subsecretario, presente en la Sala, señaló que la estaban socializando.
Me ha llamado la atención, y no puedo dejar de mencionarlo, que el Senador Espina dijera que después de varios días parecía que veníamos con el litio un tanto exagerado.
Lamento esas expresiones. Espero que las retire. Creo que debe ofrecer una disculpa al conjunto de los Senadores. Personalmente, me parecen agraviantes. La semana pasada yo estaba enferma, con licencia, y no podía concurrir a participar en el debate. Y considero increíble que lo único que señalé sobre la materia, en orden a que ojalá el Ejecutivo diera a conocer una propuesta, mereciera tal tipo expresiones.
Señor Presidente, habla mal de nosotros la falta de capacidad para establecer una discusión democrática, legítima. Tenemos distintas miradas, con diversos matices. Podemos pensar de manera diferente, pero, francamente, tal hecho no merece eso.
Dicho lo anterior, debo señalar que, si bien es cierto que todos aquí hemos reconocido los avances de la iniciativa con relación a la sustentabilidad, el Comité Científico, etcétera, estimo que, lamentablemente, hemos perdido una oportunidad histórica de hacer las cosas de otro modo.
Siempre ocurre lo mismo: se beneficia a los pocos que influyen en las decisiones, y no al conjunto del país.
Tengo la impresión de que con la aprobación de la licencia por 20 años, renovable, y con el bajísimo -¡bajísimo!- impuesto específico que se deberá pagar, el que francamente es un chiste, pues incluso bajarán los valores de las patentes, no solo estamos hipotecando nuestros recursos hidrobiológicos, sino que una vez más los dejamos en manos de unos pocos, y que estamos regalando las ganancias de esa explotación.
Lo mismo aconteció en la discusión del royalty a la minería; se se repite ahora en las concesiones de los parques nacionales en la Ley de Biodiversidad, y sucede con la propuesta de prórroga del decreto ley N° 701, sobre fomento forestal.
O sea, nuestros recursos naturales son administrados con una mirada bastante economicista y, lo que es peor, ni siquiera se resguarda el posible beneficio fiscal. Este debería orientarse hacia el conjunto del país; pero en este caso -como se ha indicado- solo se limita a conceder prebendas a un sector del área privada.
Incluso más, en la modificación del artículo 158 de la actual Ley de Pesca, se pretende autorizar las actividades productivas de carácter comercial dentro de los parques o reservas nacionales, no solo contraviniendo la normativa nacional e internacional, sino también omitiendo cualquier consideración de conservación del patrimonio natural del país.
Es decir, ¡hasta ahí llegó el discurso conservacionista!
El licitar solo 15 por ciento de la cuota global implica garantizar, a cuenta de nada, el aumento patrimonial de un pequeño grupo de empresas.
¿Ese es el Chile que hoy día estamos construyendo?
Nadie en esta Sala -¡nadie!- ha hablado de eliminar la acción de las empresas privadas. Por el contrario. Queremos que se modernicen y que estén a la altura de los desafíos que el país se ha propuesto. Pero, ciertamente, esperamos que al menos paguen un precio justo por una materia prima de la cual somos dueños todos los chilenos. Y me gustaría que esto no se pusiera en duda.
Quiero rescatar la plataforma social que se consagra en este proyecto, toda vez que es necesario prestar apoyo a los trabajadores tanto industriales como artesanales. Pero es menester destacar que, una vez más, se repite lo que siempre hemos visto: las ganancias son para los privados; las pérdidas o los costos los tenemos que socializar.
Entonces, el Estado va a tener que financiar los beneficios que se otorguen a esos trabajadores -me parece justo que lo haga, porque nos preocupa su situación-, pero también deberá hacerse cargo de cualquier pérdida que los afecte en esta área, lo que no ocurre con los privados. Y, por tanto, de nuevo los industriales ganarán: en estabilidad de largo plazo, en las cuotas de captura. Y cualquier efecto negativo que la ley pueda involucrar lo pagará, por cierto, el Estado.
Por eso -repito- me parece que hemos perdido una oportunidad histórica de hacer las cosas de otra manera.
Somos muchos los que hemos señalado que los niveles de concentración y de injusticia en el país son enormes. Y ahora estamos incidiendo en lo mismo: el Estado no va a ser beneficiado; los fondos públicos no serán incrementados, y una vez más les estamos entregando y regalando a unos pocos recursos que debieran ser de todos y para todos.
Estimo desafortunada la forma como se está procediendo en esta materia.
El señor ESCALONA (Presidente).- No hay más oradores inscritos.
--Se rechazan las indicaciones renovadas números 220, 221, 222 y 223, recaídas en el artículo 27 (23 votos contra 11).
Votaron por la negativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Rincón y los señores Bianchi, Escalona, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Quintana, Ruiz-Esquide y Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, ¿llegó la indicación del Ejecutivo relativa a los pueblos originarios?
Corresponde pronunciarse, en seguida, sobre la propuesta de la Comisión de Pesca y la de las Comisiones de Pesca y de Hacienda, unidas.
Tiene la palabra el señor Secretario para clarificar la modificación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El artículo 27 fue propuesto por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, y el artículo tercero transitorio, sugerido por las Comisiones de Pesca y Hacienda, unidas. Ambas disposiciones son de quórum calificado.
El señor ORPIS.- ¿Se van a votar juntos?
El señor ESCALONA (Presidente).- Así lo ha solicitado el Presidente de la Comisión de Pesca.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, pido un pronunciamiento separado.
Señor Secretario, ¿qué corresponde votar primero?
El señor LABBÉ (Secretario General).- La modificación de la Comisión de Pesca, la cual, reitero, es de quórum calificado.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, en las intervenciones anteriores, ya se ha dado toda clase de argumentos.
Lo ideal habría sido votar esta disposición junto con el artículo tercero transitorio, porque ambos preceptos, evidentemente, están vinculados.
El artículo 27 se ha discutido mucho. Tiene que ver, justamente, con un mecanismo para activar las licitaciones relacionadas con el rendimiento máximo sostenible. Aquí se ha hablado mucho de dónde nace el rendimiento máximo sostenible; pero, en verdad, se trata de un indicador del estado de una pesquería y de la relación entre explotación y sustentabilidad, lo cual se usa en muchos países del mundo. Además, es la recomendación para poder comparar las cifras entre distintas naciones.
Esta tiene la virtud de permitir precisamente el acceso de nuevos actores cuando una pesquería está siendo bien administrada. En este caso, el artículo establece que se va a licitar hasta 15 por ciento, en la medida en que exista un rendimiento máximo sostenible de 100 por ciento; es decir, 15 por sobre 85.
¿Por qué sostengo que debe vincularse este artículo con el tercero transitorio? Porque mucha gente ha señalado -por eso quería intervenir- que nunca se va a activar el mecanismo de licitación vinculada al rendimiento máximo sostenible. Y, por lo mismo y para dar tranquilidad a quienes tienen esa inquietud, es bueno saber que en las Comisiones de Pesca y de Hacienda, unidas, se llegó a un acuerdo estableciendo que, después de haber determinado el punto biológico de referencia -ello es fundamental para que opere el sistema-, deberán transcurrir 3 años para que se realice una licitación, aun cuando no se den las condiciones fijadas en el artículo que vamos a votar separadamente en esta ocasión.
Por eso digo que esta norma tiene vinculación con el artículo tercero transitorio, porque -insisto- si no se activa a través del rendimiento máximo sostenible, se va a licitar a todo evento.
Hay una duda legítima respecto de las pesquerías colapsadas. Por eso, en aquel acuerdo, se establecieron no 3 años después de haber resuelto el punto biológico, sino 5 para las pesquerías que están, más bien, en situación de colapso.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, en relación con las licitaciones, el proyecto establece el siguiente artículo 27.
"Artículo 27.- En los casos que una determinada pesquería sujeta a régimen de plena explotación y administrada con cuota global de captura, se encuentre en un nivel igual o superior al 90 por ciento de su rendimiento máximo sostenible, se iniciará un proceso de pública subasta de la fracción industrial de la cuota global, de la siguiente forma:".
El acuerdo a que estamos asistiendo ahora -del Gobierno con un sector de la Democracia Cristiana-, incorporó una norma transitoria del siguiente tenor:
"Artículo tercero.- Si al cabo de tres años de determinados los puntos biológicos de referencia de las pesquerías contenidas en el artículo segundo transitorio, no se ha cumplido con la condición a que se refiere el inciso primero del artículo 27, se realizará por una unidad de pesquería la pública subasta del 15% de la fracción industrial de la cuota global en tres años consecutivos a razón de 5% anual. En el caso de las pesquerías colapsadas, estas subastas procederán a contar del quinto año de la determinación de los puntos biológicos de referencia".
El artículo transitorio establece una licitación, a todo evento, de la pública subasta del 15 por ciento de la fracción de la cuota global, en 3 años consecutivos, y a partir del quinto año, para el caso de pesquerías colapsadas. Pero la idea es que esta norma quede incorporada en el artículo 27 y no como transitorio, a fin de asegurar que efectivamente se realice la subasta de la cuota y que no se caiga la norma en el trámite de la Cámara de Diputados.
Además, debería contemplarse algún mecanismo para que dicha subasta se ejecute realmente y no quede solo en el papel, como sucedió en procedimientos anteriores que debieron haberse efectuado, pero no ocurrió así.
El señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra nos llama, nos convoca a que nos sumemos a esta nueva mayoría del Senado, pero, no podrá ser, porque, en definitiva, hemos dicho que para que haya esa licitación, nos parece bien que sea del 15 por ciento. Además, hay que despejar la duda de considerar esta disposición como norma transitoria, porque, si es así, va a ser letra muerta y nunca se va cumplir.
El señor PIZARRO.- Pido abrir la votación, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Había acuerdo?
Están inscritos para fundamentar el voto los Honorable señores Horvath, Navarro y Letelier.
El señor Secretario, para evitar confusiones, dará a conocer qué estamos votando y el orden en que se hará.
Cabe recordar que se ha pedido votación separada.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Como se ha pedido votar separadamente las indicaciones, Sus Señorías deben pronunciarse, primero, respecto del artículo 27 propuesto por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura. Además, se trata de una norma de quórum calificado.
El señor ESCALONA (Presidente).- En votación el artículo 27.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, en primer término, deseo señalar que en la ley no importa que un artículo sea transitorio y otro permanente. Por lo tanto, si se quiere modificar a cualquiera de ellos, se debe seguir el mismo tratamiento legislativo que para cualquier norma legal. De modo que esto no significa que una disposición esté por sobre la otra.
El artículo transitorio se hace parte del acuerdo, en el sentido de obtener una licitación sobre 15 por ciento, bajo dos modalidades. Una, la que estamos votando en este momento, que se refiere a lograr un porcentaje del rendimiento máximo sostenible -que es la plena explotación-, donde se extrae el máximo posible de un recurso sin afectar su sustentabilidad, ni las condiciones de los recursos hidrobiológicos ni sus ecosistemas.
Respecto a algunas intervenciones que he escuchado a los señores Senadores, debo aclarar que la ley no permitirá licitar si el postulante no tiene una nave. O sea, la persona debe estar efectivamente en el negocio, en la actividad pesquera.
El inciso sexto establece, además, que se realizarán cortes en la licitación de los derechos por subastar, de manera que se posibilite un adecuado acceso a la actividad pesquera extractiva de la pequeña y mediana empresa y de los pescadores artesanales. Es decir, hay una fórmula para que ellos puedan participar en los hechos reales.
El artículo tercero transitorio que hemos planteado -ya lo indicó otro señor Senador- contiene la misma fórmula de subasta del 15 por ciento, a través del 5 por ciento anual, hasta llegar a esa cifra; y a todo evento, después de que se conozcan los puntos biológicos, que es lo que permite saber cómo va una pesquería. Son tres años para las pesquerías normales. Algunas, incluso, se podrán licitar en tres años más, por la fórmula que propone el Gobierno. Y para las colapsadas hay un período de cinco años adicionales -a los dos ya establecidos-, a contar de la determinación de los puntos biológicos de referencia.
Entendemos que en siete años, con esta ley, todas las pesquerías que están en riesgo o colapsadas tendrán una clara oportunidad de entrar en la línea de recuperación.
Ahora, estos criterios de sustentabilidad y el hecho de que las decisiones de la autoridad deban fijarse sin que puedan salirse de la ciencia, permiten que actores nuevos que no han colapsado los recursos puedan participar.
Por lo tanto, nos parece que el sistema resulta totalmente equilibrado entre industriales, artesanales y los nuevos actores que entren a la actividad.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, voy a reiterar lo siguiente.
Tengo en mis manos el estudio del Grupo Multidisciplinario de Investigación en Sustentabilidad de Pesquerías y Acuicultura de la Universidad de Concepción, integrado por un conjunto de notables investigadores: los profesores Sergio Neira, Ricardo Galleguillos, Ciro Oyarzún, Eduardo Tarifeño, Hugo Arancibia, Camilo Werlinger, Carlos Chávez, Hugo Salgado, Miguel Quiroga.
Ya cité este documento la vez pasada, pero lo vuelvo a citar en lo que respecta a los cuestionamientos del RMS (rendimiento máximo sostenible).
Las críticas al concepto de RMS son claras. La alta incertidumbre en los modelos y en la data disponible impide una buena estimación de aquel, lo que en la práctica siempre se traduce en que se captura más de lo prudente.
El RMS no es un objetivo de manejo apropiado, ya que su naturaleza estática representa la captura fija que puede extraerse en un año, e ignora que las poblaciones marinas atraviesan por fluctuaciones importantes, lo que hace casi inevitable una captura constante que elimina los stocks. Además, los recursos pesqueros no viven aislados, sino que dependen de la abundancia de sus presas.
Asimismo, el RMS ignora consideraciones sociales y económicas. Por lo tanto, tenerlo como punto biológico de referencia objetivo contraviene los principios de sustentabilidad y conservación, además de vulnerar los enfoques precautorios y el principio ecosistémico, estimados como fundamentales en la propuesta de ley.
En consecuencia, la sugerencia que se nos hace en materia de licitación tiene una base de análisis científico altamente cuestionable.
Por otro lado, señor Presidente, quiero enfatizar que aquí se ha puesto en tela de juicio la propuesta de licitación señalándose que habrá despidos.
A este respecto, el 2002 nos dijeron que el límite máximo, y particularmente las cuotas individuales transferibles, eran la solución. Por eso no se ha utilizado nunca la licitación. Pero el Senador Ignacio Walker plantea que, si nunca se ha usado tal mecanismo, ¿cómo sabremos en qué forma funciona? Lo que sí sabemos que no funcionan son las cuotas individuales transferibles y el límite máximo de captura, porque durante los últimos diez años nos obligaron a esta ley y hubo despido de miles de trabajadores, los cuales quedaron completamente abandonados por la industria, igual que ahora, porque el plan de sustentabilidad laboral, plenamente financiado por el Estado, es por tres años y no garantiza nada. Las cuotas son por 40, 60, 80, y les ofrecen tres años.
¿Y qué hicieron, señor Presidente, con la fórmula que ahora se propone alargar, como dijo el Senador Bianchi, de diez a veinte años?
Jurel, sobreexplotado; anchoveta, altamente explotada; sardina común, altamente explotada; sardina española, sobreexplotada; merluza común, sobreexplotada; merluza del sur, sobreexplotada; raya, sobreexplotada; bacalao de profundidad, sobreexplotado; orange roughy, sobreexplotado; besugo, sobreexplotado.
Y este es un informe de la Subsecretaría de Pesca de septiembre de 2010. Son documentos emitidos por la propia Subsecretaría los que determinan claramente que el régimen actual es depredador y que, por lo tanto, la propuesta de licitación no se utilizaba porque aquel iba a resolver el problema. Pero no lo hizo.
Algunos temen por el empleo, como alguien argumentó en esta Sala.
Cuando Walmart llegó a Chile y compró todos los supermercados Líder, lo primero que hizo fue liquidar la totalidad de los sindicatos, por ser política de la empresa. Hoy los supermercados, las farmacias, los bancos, todo puede ser comprado por empresarios extranjeros. Y cuando estos llegan aplican sus políticas depredadoras con los trabajadores.
La pregunta que yo me hago apunta a lo siguiente.
Las cuotas que se han aprobado en esta Sala -artículo 30, con mi voto en contra- son susceptibles de cualquier negocio jurídico. ¡Cualquiera! Pueden ser vendidas a empresarios de cadenas mundiales. Y cuando vengan a Chile les vamos a decir...
Claro, me dicen que tienen que procesar en Chile. Pero ustedes acaban de votar en contra. No me queda claro si esa exigencia está.
¡No está! ¡Pero sí está "todo negocio jurídico"!
Y, entonces, cuando vengan y las compren, los trabajadores van a pagar las consecuencias de manera inmediata, pues, o los han engañado, o les falta información. Porque, en virtud del artículo 30, estas cuotas, que hoy la industria, efectivamente, defiende, y que algunos trabajadores, legítimamente, también defienden, son susceptibles de todo negocio jurídico. Pueden ser vendidas a cualquiera, sin ninguna restricción. Y se acaba de rechazar nuestra indicación, que establecía que al menos se debían procesar en Chile.
Por lo tanto, el sistema queda abierto. Ojalá esto nunca ocurriera, pero yo tengo severas dudas de que así vaya a ser.
Señor Presidente, voto en contra de este artículo, porque creo que hace falta mucho más debate. Esta propuesta no va a resolver el problema, porque el 90 por ciento del RMS no se va a alcanzar -se las van a arreglar para que no se alcance- y no habrá licitación.
Nunca creí ser tan libremercadista y tener que defender el mercado como ahora. ¡A contrario sensu, mis colegas de Derecha se han puesto extremadamente conservadores...!
¡Navarro defiende el mercado...!
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, aquí se ha dicho que en el sector industrial existe un oligopolio; que hay un fraccionamiento de los recursos, definido por la comunidad científica -una parte del cual será explotada por dicho oligopolio, y la otra, por pescadores artesanales-, y que tal repartición de recursos se hizo sobre la base de lo acordado en una mesa.
Yo no fui parte de esa discusión y, por ende -quiero decirlo-, no me siento obligado. En lo personal, no me gusta la Ley de Pesca vigente, ni tampoco la propuesta actual. Soy partidario de que en nuestro país haya más medianos empresarios explotando recursos que son de todos los chilenos. Y, si va a haber una apertura hacia nuevos actores, espero que sea para que entren pescadores artesanales semiindustriales y no para que de un oligopolio de diez se pase a un oligopolio de doce. De lo contrario, ¿de qué sirve?
Aquí algunos han usado la frase: "mejor beneficio para todos los chilenos". Yo, personalmente, no me la creo.
Puede que en el sector industrial haya diez, quince o veinte empresas, pero eso no garantiza mayor competencia. ¡Por favor! ¡Eso no es así! ¡Es una falsedad del tamaño de este edificio! No habrá más competencia y no será mejor para Chile.
Tampoco voy a entrar al argumento empleado por el Senador Ignacio Walker a partir de la experiencia comparada en otros lugares.
Sí siento -y es lo que más me frustra en este debate- que algunos quieren que entre otro actor industrial. Y están en su derecho de defender el ingreso de ese otro industrial. El problema es que no le dejan nada al país. Dado que tenemos una ley que establece ciertos derechos -derechos que, aunque no me gusten, jurídicamente existen, y son derechos adquiridos-, a mí lo que me gustaría, a diferencia de otros colegas, es que en el debate de fondo se discutiera la existencia de un royalty, para que quienes exploten nuestros recursos ¡paguen!
Sin embargo, en este proyecto se baja la patente y hay un royalty que es un chiste. ¡Un chiste! Tanto para los que ya están como para los que entren en el futuro.
¡Eso es lo que indigna, señor Presidente! En verdad, nos tienen discutiendo intereses entre industriales y si se abre o no la puerta para que entre otro.
Yo tengo un juicio, que sé que es minoritario en ciertos aspectos. Algunos me han querido encasillar en intereses de otros. No es mi caso, por lo menos. Quienes me conocen y me han seguido, saben que durante los últimos 25 años siempre he mantenido una posición similar frente a la Ley de Pesca.
Lo que a mí me interesa es cuidar los recursos; garantizar la estabilidad de los trabajadores; no prestarnos para peleas entre ellos -que algunos tratan de promover-, y asegurar que haya una plataforma social real a cargo de las empresas y no del Estado, porque eso es lo justo y es lo que debería ocurrir, señor Presidente. Y esa ha sido siempre mi posición.
Yo, después de leer el artículo tercero transitorio, señor Presiente, ¡ya no entiendo nada!
Por eso me rebelo cuando quieren licitar incluso cuotas de una fracción industrial de una pesquería que está colapsada.
El señor WALKER (don Ignacio).- ¡En siete años!
El señor LETELIER.- ¡Me rebelo!
Que a este oligopolio entre otro actor, ¡no es el punto! Quiero decirlo.
Hay una masa limitada. No puede haber muchos actores. No puede haber 60 actores para recursos que son limitados. Hay entre 350 y 380 embarcaciones industriales. Que uno le venda al otro, ¡no es el punto!
El punto es cuánto le dejan a Chile. Y, para que haya un "mejor beneficio para todos los chilenos", como dijo una colega, ¡que paguen un royalty!
Yo espero ver esa votación, señor Presidente. Es lo único que de veras importa: que efectivamente paguen.
Pido medio minuto más, señor Presidente, para terminar.
El señor ESCALONA (Presidente).- Medio minuto, señor Senador.
El señor LETELIER.- Yo tengo la inquietud de que en el siglo XXI habrá una potencia muy relevante, cuyo interés estratégico principal serán los alimentos. Es un interés estratégico desplegado en todo el planeta. Yo no tengo interés. Puede ser contradictorio y hasta proteccionista. Y en buena hora, a mi juicio. Pero yo no quiero que esa potencia tenga agarrada la sartén por el mango respecto de recursos pesqueros que son de todos los chilenos. Porque mañana nos van a presionar de otra forma; nos van a extorsionar, pues está en su interés estratégico. Y no es porque sean malos; es porque van a ejercer su interés estratégico en algo que nos va a perjudicar profundamente.
Ya es la principal economía del mundo; ya está arrendando miles y millones de hectáreas en el planeta. Y yo no soy partidario de facilitarle la entrada a nuestros recursos.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, quiero hacerme cargo de algunos argumentos expuestos durante el transcurso del debate, particularmente de los expresados por el Senador Navarro.
El punto de fondo que plantea Su Señoría es que los recursos están colapsados. Desde ese punto de vista, yo me pregunto: ¿no deberían hacer, el Parlamento y el Ejecutivo de aquel entonces, un mea culpa en este tema?
¿Por qué lo digo, señor Presidente? Porque ha sido este Parlamento, en conjunto con el Ejecutivo, el que creó una institucionalidad mediante la cual quienes en definitiva terminaban definiendo las cuotas eran los propios incumbentes. Por tanto, estas nunca fueron sometidas a estudios científicos.
Pero eso, Senador Navarro, lo decidió usted y lo decidí yo...
El señor NAVARRO.- ¡Yo voté en contra!
El señor ORPIS.- Y la verdad es que lo que estamos tratando de hacer,...
El señor ESCALONA (Presidente).- Diríjase a la Mesa, por favor, Senador Orpis.
El señor ORPIS.- ... -por su intermedio, Presidente- lo que estamos tratando de hacer es remediar precisamente ese problema.
En segundo lugar, el artículo 27 de la ley vigente es una norma facultativa, que habilita a la autoridad para hacer licitaciones. ¡Pero nunca las hizo! ¡Jamás!
Yo estoy de acuerdo con la norma que nos propone la Comisión de Pesca, por dos razones. En primer lugar, porque deja de ser facultativa. Y, en segundo término, porque es beneficiosa, dado que la cuota que se licitará se halla sujeta al rendimiento máximo sostenible. Es decir, no se licitará nada que no sea sostenible en el tiempo.
Por lo tanto, ¿qué se está señalando al establecer que se licitará una cuota cuando una pesquería se encuentre en un nivel superior al 90 por ciento de su rendimiento máximo sostenible? Que hay una recuperación de una pesquería que está en plena explotación y que antes se hallaba en un punto crítico, de colapso.
¿Qué significa aquello -y por eso me gusta el enfoque del artículo 27 propuesto por la Comisión de Pesca-? Que, al licitarse una cuota que esté por encima del 90 por ciento del rendimiento máximo sostenible, se logrará un segundo beneficio: que no se generará cesantía. Hay casi 17 mil puestos de trabajo en nuestro país que, de no seguirse ese concepto, se verán en serio riesgo.
¡Cómo no va a ser importante, señor Presidente, una norma de tales características!
Obligatoria -no facultativa, como la actual-.
Con licitaciones en función de la recuperación de las pesquerías.
Y que además no provoca cesantía.
Creo que el enfoque correcto del artículo 27 propuesto favorece un ciclo virtuoso, desde ese punto de vista. Y por ello creo que es tremendamente beneficioso, sin asumir costos sociales.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, me motivé a intervenir porque, después de escuchar encendidos discursos acerca de las condiciones que se espera para esta nueva ley y en cuanto a la posibilidad de que existan discusiones entre algunos industriales con otros que quieren entrar al negocio, lo único que uno pide es coherencia en la forma en que se vota.
Esta coherencia pasa por tener claridad en que, cuando votamos un artículo de esta naturaleza, fruto del acuerdo a que se llegó, estamos haciendo algo muy claro y concreto, que he dicho y repetiré: perpetuar el negocio de cuatro industrias.
No se trata de si entran unos u otros, sino de que cuatro empresas van a mantener cuotas -que actualmente tienen pero que vencen a fines de año- por dos décadas.
Eso es lo que está pasando ahora.
Se discute acerca de licitar un poco más, un poco menos, pero la verdad es que ello va a producir un enorme negocio. El informe habla de 1.200 millones de dólares anuales. ¡Eso dice el informe! En veinte años son 24 mil millones de dólares de ganancia neta.
Hoy se pagan 30 millones de dólares por concepto de patentes. El criterio que se establece ahora es distinto, y ello, probablemente, reducirá ese monto.
Entonces, si aquí nos vamos a rebelar, ¡rebelémonos de verdad y seamos capaces de decir las cosas como son, sin adornos! Porque lo peor es decir las cosas a medias, en circunstancias de que tenemos claridad de que lo que hemos hecho hoy y todos los días que hemos debatido el proyecto es, finalmente, privatizar bienes que pertenecen a todos los chilenos, y no permitir, en un área donde debiera impulsarse un desarrollo industrial, pesquero o como se lo quiera denominar, que el beneficio final sea para las familias de todos los chilenos.
¡Eso es lo que está pasando con esta iniciativa legal, según la forma como se está estableciendo!
Pienso que estamos dejando pasar muy rápidamente este artículo, que habla de un derecho de opción.
¿Por qué hay derecho de opción? ¿Por qué no se terminan los derechos que rigen hasta el 31 de diciembre, tal como lo ordena la ley publicada el 2001, que dispone claramente que ellos no son perpetuos y no garantizan propiedad ni asignaciones futuras?
Y resulta que hoy la iniciativa legal en estudio está consagrando el criterio de que sí habrá asignaciones que pueden ser permanentes en el tiempo.
¡No lo entiendo, señor Presidente!
¿Por qué se establece aquello?
El artículo 14 de la ley Nº 19.713 dice: "El establecimiento del límite máximo de captura por armador a que se refiere este título no constituirá derecho alguno en asignaciones de cualquier tipo que se efectúen en el futuro".
Eso decidió el Parlamento, y resulta que en esta iniciativa nos lo saltamos y decimos: "No, hay que darles un derecho de opción a estos señores para que determinen si se quedan con lo antiguo o con lo nuevo", cuando no es así.
En definitiva, les estamos regalando un tremendo negocio y lo mantenemos igual. Y las preocupaciones fundamentales de cualquiera de nosotros no tienen que ver con que vengan otros industriales, sino con el derecho de los chilenos de proteger lo que es de todos. Y eso no se hace de esta manera; no se hace con este proyecto ni con este subterfugio de 15 por ciento -o de 10 o de 5 por ciento- de licitaciones que no se van a realizar, digan lo que digan algunos parlamentarios, porque esa es la historia. Porque, al final, el negocio es tan grande que se van a utilizar y manejar las fórmulas para evitar llevar a cabo licitaciones y continuar con el negocio, que -vuelvo a decirlo- ya ni siquiera es de diez años: es de perpetuidad. Eso es inaceptable, señor Presidente.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, yo sé que este es un debate envolvente, recurrente, insistente. Porque son las mismas argumentaciones y entiendo la dificultad del Presidente de tratar de centrar las intervenciones en lo que se está votando.
Yo voy a intentar hacerlo, sin perjuicio de lo cual, como cada uno habla lo que quiere en esta materia, debo dejar claro, por lo menos, que yo sí soy partidario de esta normativa. Tengo una diferencia absoluta con quien me antecedió en el uso de la palabra, quien obviamente defiende sus puntos de vista. A mi juicio, este es un paso histórico que genera, al fin, una pesca sustentable donde la tincada, el olfato, la presión histórica dan paso al rigor científico. Y eso es extraordinariamente relevante para cuidar de verdad los peces en Chile.
Adicionalmente, ello se armoniza con una buena defensa del empleo, respecto del cual se habla mucho pero a veces se trabaja poco, y con la incorporación de elementos nuevos, como posicionadores satelitales, protección frente a las perforaciones regionales, nuevos fraccionamientos en armonía con la garantía de los derechos, que eran muy difíciles de lograr.
A mí me sorprende que se haya podido, en una materia tan compleja, tan difícil como la que nos ocupa, arribar a un consenso amplio, a acuerdos bastante transversales a nivel de pescadores artesanales o industriales, y creo que eso obedece, obviamente, a un esfuerzo por llegar a un país de entendimiento y no de enfrentamiento.
Yo no creo en la política de las trincheras. Es fácil encontrar todo malo, todo pésimo, todo perverso. Lo difícil es entender que aquí, con la sustentabilidad de un recurso, se requiere avanzar en la lógica del empleo y de la garantía de los derechos, que en este caso son especialmente poderosos en el mundo de la pesca artesanal, la cual, claramente, es la más beneficiada por esta normativa...
Aunque haya algunas risas, sugerencias -me dan exactamente lo mismo-, lo siento de esa manera y lo voy a decir con más fuerza: especialmente para la pesca artesanal, cuyos derechos quedan mejor garantizados. Y ese fue uno de los objetivos de quienes suscribimos el acuerdo.
En relación con la discusión particular, respecto a esta nueva disposición del artículo 27, que yo comparto, y en armonía con el artículo tercero transitorio, yo por lo menos, para la historia de la ley, quiero dejar un punto claro, porque un Senador planteó una duda y dijo que si el artículo tercero fuera permanente él sí estaría a favor de esta legislación. Bueno, esa norma lo que hace es precisamente generar una política permanente, y establecer, a partir de lo que hoy día se señala en las licitaciones que contempla el artículo 27, que tienen que fijarse los puntos biológicos de referencia respecto de determinadas pesquerías. O sea, da un plazo de dos años ¿para qué? Para que el rigor científico le diga al país qué se puede hacer y qué no.
Cumplida la condición, surge la opción de generar la licitación. Y eso tiene, a su vez, un segundo elemento que a mí me parece que es armónico con relación a las pesquerías colapsadas. En ese caso, se da un período adicional -por eso se llega a dar al séptimo año- y lo que se puede licitar es el porcentaje de lo que se está sacando en ese momento, y será contra los actores que originaron esa situación.
Pero, a partir de ahí -y eso es importante entenderlo, en concordancia con el artículo 27- se establece que estas licencias tienen una vigencia de veinte años, al término de los cuales se vuelve a licitar por igual período.
Por eso, señor Presidente, por su intermedio le digo al Senador Bianchi, que planteó legítimamente esta inquietud, que esta es la línea de solución y de armonía de ambos elementos. El artículo 27 establece la forma de licitar, conforme a la naturaleza de las pesquerías, y el tercero transitorio se hace cargo de las referencias biológicas a partir de las cuales, una vez hecha la licitación, se vuelve al artículo 27 y ahí se genera la situación permanente. O sea, este tipo de licitación, en virtud del artículo tercero transitorio, cada veinte años vuelve a llevarse a cabo de acuerdo con lo que dice esta norma.
Es decir, es un artículo que puede tener el nombre de "transitorio", pero lo que hace es generar una política permanente, precisamente para el cuidado sustentable de la pesca en Chile.
Por eso, señor Presidente, soy partidario de esta disposición.
El señor ESCALONA (Presidente).- Vamos a prohibir el ingreso de público en la sesión de la tarde.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la verdad es que este tema llega a apasionar. Y se hacen afirmaciones que, si no se han estudiado, pueden generar una idea equivocada de lo que ha pasado en el mundo. La licitación o subasta se ha ocupado en distintas partes, en algunas con éxito y en otras no.
En Nueva Zelandia, en el año 2004, se estableció que toda la cuota de pesca en manos de la Corona (que es un 80 por ciento de la cuota global, ya que el 20 por ciento está reservado a los maoríes -gran tema en relación con lo que el Senador Tuma planteaba en materia de los pueblos originarios-) fuese subastada anualmente, lo que se implementó en el año 2005. Esto incluye toda nueva pesquería, tenga o no pescadores históricos.
Además de lo anterior, toda cuota que se recupera vía sanciones o todo aumento de cuota respecto de la que fue originalmente asignada también se subastan públicamente.
Coincidentemente, las razones para este tipo de cambio en el manejo que hizo Nueva Zelandia, de un sistema de cuotas individuales asignadas por historia a uno vía subastas, han sido las mismas que se ocuparon en Islandia: estimular la competencia, romper la concentración y devolver a la gente parte de las rentas que generan los recursos pesqueros. Además, en ese país enfrentan el mismo problema que en Islandia: entregaron las cuotas por historia a perpetuidad y ahora tratan de recuperarlas.
Estados Unidos fue un caso más tardío en la implementación de cuotas individuales como política global. Sin embargo, en 1972 estableció la subasta de cuotas de un tipo de almeja gigante, la cual funciona hasta hoy.
¿Qué es lo más importante de destacar de este ejemplo? Los datos disponibles del período 1988-1995 señalan que se recaudaron, para el Estado, 30 millones de dólares, y posteriormente, entre el período 1995-2008, el monto fue de 124 millones de dólares, solo por un recurso pesquero.
Hasta ahora, no había más ejemplos como este. Sin embargo, luego de experimentar los mismos problemas que en otros países, el Estado de Maine destinó fondos para comprar permisos de pesca y poder abrirlos al mercado, implementando la subasta anual de bancos de cuota en 14 diferentes recursos pesqueros. La idea era, principalmente, permitir el acceso a la actividad pesquera y combatir la concentración que ha dañado las comunidades costeras.
Además de lo anterior, Estados Unidos ha aceptado que las cuotas individuales estimulan la concentración, por lo que el Gobierno ha comenzado a estudiar la implementación de los límites de concentración pesquera, para poner fin a la práctica que data desde el año 2006.
¿Qué intentos fallidos tenemos en el mundo?
Por cierto, uno de ellos es el expuesto por mi colega Ignacio Walker -por su intermedio, señor Presidente-: Estonia y Rusia. Son países con contextos institucionales absolutamente distintos al nuestro. En el caso ruso, existen varios magnates petroleros que fueron a la licitación y asignaciones del petróleo y hoy están en la cárcel por corrupción. Chile tiene una Fiscalía Nacional Económica y un Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ambas instituciones recientemente fortalecidas.
Entonces, decir que en ningún país del mundo se hacen licitaciones, sin estudiar un poco más en profundidad el eslogan, creo, de verdad, que nos puede llevar a cometer errores.
Finalmente, estamos llamados a defender el interés general de los chilenos y no el de unos pocos.
¿Queremos los recursos para todas las familias de nuestro país o solo para algunos?
Señor Presidente, si se consolida el modelo propuesto por el Gobierno y afianzado en este acuerdo, a partir de enero de 2013 los derechos que hoy día son precarios (tienen fecha de vigencia hasta el 31 de diciembre del año en curso) pasarán a fortalecerse y a ser propiedad de cuatro empresas que hoy dominan más del 92 por ciento del mercado.
¿Qué significa esto? Que se produce, de hecho, la expropiación a nuestros compatriotas de un recurso que hoy día está en nuestro poder -somos capaces de legislar sobre él, como lo prueba esta discusión- para entregárselo en propiedad, consolidando derechos, a cuatro grupos empresariales. Esta es una transferencia de valor neto, de todos los chilenos a unos pocos, sin un pago de por medio por la expropiación.
A partir de 2013, un grupo de empresas podrá activar en sus balances cientos de millones de dólares (más de 700 millones de dólares anuales) y tendrán una mejora patrimonial de cientos de millones de dólares en desmedro de todos los chilenos.
La Mesa le concede un minuto adicional.
La señora RINCÓN.- Y peor aún -con esto termino, señor Presidente-, estas empresas al día siguiente de recibir dichos activos pueden, de acuerdo a la norma ya aprobada en el Parlamento, venderlos a quienes quieran, de manera perpetua, recibiendo ellos la renta por esa venta.
Por eso defiendo las licitaciones, porque ellas permiten que el Estado sea el que en forma periódica reciba la renta por la venta temporal de los derechos de explotación de nuestros recursos, y no unos pocos.
Es impresentable la falta de resguardo del patrimonio de todos los chilenos en este país que hacen el Gobierno y quienes apoyan este acuerdo.
--Se aprueba el artículo 27 propuesto por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura (22 votos a favor, 8 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Allende y los señores Bianchi, Cantero, Gómez, Muñoz Aburto, Navarro, Quintana y Tuma.
La señora RINCÓN.- Sólo quiero informar que no quedó registrado mi voto.
El señor FREI (don Eduardo).- El mío tampoco.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial de la intención de voto favorable del Senador señor Frei y del pronunciamiento en contra de la Honorable señora Rincón.
Corresponde ocuparnos en el artículo tercero transitorio.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, el señor Presidente pone en discusión el artículo tercero transitorio que se intercala, a proposición de las Comisiones unidas de Pesca y de Hacienda.
Dicho precepto, por su evidente relación con el artículo 27 permanente -el cual se acaba de aprobar-, también requiere quórum calificado.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Habría acuerdo en la Sala para votarlo de inmediato?
El señor BIANCHI.- "Sí le parece", señor Presidente.
El señor WALKER (don Ignacio).- Con la misma votación.
Por lo tanto, se verá en la sesión de la tarde.

References: artículo 225
 artículo 158
 resolución 
 artículo 71
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 19
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 158
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 30
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 14
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27