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Timestamp: 2018-03-22 04:13:54+00:00

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16/10/2017 | CARLOS GÓMEZ LUNA
En primer término debemos señalar que la reserva de ley, funge como garante de la seguridad jurídica, la propiedad, la libertad de los particulares, la igualdad ante la ley y el juicio de razonabilidad en las leyes.
En ese contexto, el presente artículo se circunscribe en dilucidar si el contenido de la Regla 1.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio de 2017, trasgrede los principios de reserva de ley, subordinación jerárquica y seguridad jurídica en relación con el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, para ilustrar el planteamiento aquí formulado, es imperante tener presente que las Resoluciones Misceláneas Fiscales, ESTÁN SUJETAS a dichos principios, ya que al tratarse de normas de carácter general y obligatorias para los particulares y no solamente criterios de interpretación, deben de ajustarse a los principios que garantizan el respeto de los derechos fundamentales de los particulares como lo es el de primacía de ley, tema que ha quedado por demás agotado por el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al haber emitido la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente:
VII-J-SS-60
En esa virtud, ha quedado establecido que las Reglas de Resolución Miscelánea Fiscal deben respetar el principio de primacía de Ley, por lo que ahora, es prudente conocer el contenido de la Regla que estos autores sostienen que vulnera dicho principio, regla que dispone lo siguiente:
1.4. Presunción de operaciones inexistentes o simuladas y procedimiento para desvirtuar los hechos que determinaron dicha presunción.
Para los efectos del artículo 69-B, segundo párrafo del CFF, respecto de la notificación por buzón tributario, cuando las autoridades fiscales presuman la inexistencia o simulación de operaciones amparadas en comprobantes fiscales emitidos por los contribuyentes, notificarán un oficio individual mediante el cual se informará a cada contribuyente que se encuentre en dicha situación.
Independientemente de la prórroga señalada en el párrafo anterior, la autoridad fiscal podrá efectuar el requerimiento previsto en el artículo 70 del Reglamento del CFF, por lo cual, la información y documentación aportada será valorada por la autoridad fiscal dentro del plazo de cinco días contados a partir de que ésta se haya aportado, o bien de que se haya atendido el requerimiento.
Una vez realizado lo anterior, LA AUTORIDAD EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 69-B, TERCER PÁRRAFO DEL CFF, MISMA QUE SE DEBERÁ NOTIFICAR DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE TREINTA DÍAS SIGUIENTES A AQUÉL EN QUE SE HAYA APORTADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN O BIEN SE HAYA ATENDIDO EL REQUERIMIENTO. Transcurridos treinta días posteriores a dicha notificación, la autoridad publicará un listado en el DOF y en el Portal del SAT, de los contribuyentes que desvirtuaron la presunción de operaciones inexistentes o simuladas a que se refiere el primer párrafo del citado artículo.
De la regla transcrita tenemos que disponer, que para que una autoridad pueda resolver una aclaración presentada con motivo de la presunción inicial de la inexistencia de las operaciones de determinado contribuyente es de 30 días contados a partir de la conclusión del plazo de 15 días con los que contaba el contribuyente para ofrecer sus pruebas y alegatos, tal y como se grafica a continuación:
Por lo tanto, del esquema antes plasmado, se advierte claramente que el Servicio de Administración Tributaria pretende establecer una temporalidad distinta a la establecida en el Art. 69-B - CFF del Código Fiscal de la Federación para resolver la aclaración presentada por un contribúyete con la cual pretenda desvirtuar la supuesta simulación de operaciones o inexistencia de las mismas, en que la autoridad la ha ubicado.
Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que reglas generales como el Art. 1.4. - RMF2017, tienen como finalidad precisar la regulación establecida en las leyes y reglamentos expedidos por el Congreso de la Unión y el Presidente de la República, respectivamente, con el fin de lograr su eficaz aplicación, razón por la que están sujetas a principios que tutelan la seguridad jurídica de los gobernados, entre otros, los de reserva y primacía de la ley, DEBIENDO CEÑIRSE A LO PREVISTO EN EL ACTO FORMAL Y MATERIALMENTE LEGISLATIVO que habilita su emisión.
Sin embargo, a juicio de estos autores el Jefe del Servicio de Administración Tributaria se excedió de lo dispuesto en la regla 1.4., es decir, excedió los límites y plazos establecidos en el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, por lo que para poder realizar la contraposición correspondiente es menester conocer dicho precepto en su literalidad:
“Art. 69-B - CFF.- Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.
Del artículo anterior y en lo que nos ocupa en el presente caso, podemos advertir que si bien el legislador facultó a las autoridades fiscales para determinar la inexistencia de las operaciones de los contribuyentes, también estableció un procedimiento para efecto de que los afectados puedan subsanar o desvirtuar las irregularidades detectadas y así desvirtuar la presunción inicial con la cual inicia dicho proceso el cual fue colmado de “plazos razonables” para que la autoridad en el tiempo estipulado por la ley resolviera la situación jurídica de los contribuyentes.
De tal manera, que el tiempo expresamente señalado por la ley para que una autoridad pueda resolver una aclaración presentada con motivo de la presunción inicial de la inexistencia de las operaciones de determinado contribuyente es de 05 días contados a partir de la conclusión del plazo de 15 días con los que contaba el contribuyente para ofrecer sus pruebas y alegatos, tal y como lo señala el precepto jurídico anteriormente referido, ello es así porque el legislador quiso evitar que dichas instancias se queden estancadas en el tiempo y por ende que la situación jurídico-fiscal del contribuyente no sea definida en el tiempo que la autoridad considere pertinente, creando así la interdicción de la arbitrariedad.
Por lo que, si la regla Art. 1.4. - RMF2017, establece un plazo para resolverla aclaración presentada por un contribuyente para desvirtuar el supuesto que establece el primer párrafo del CFF, distinto al señalado por el Art. 69-B - CFF , del Código Fiscal de la Federación es claro que dicha regla contraviene el principio de primacía de ley, en virtud de que va más allá de lo establecido por el legislador en dicha norma fiscal, para ejemplificar lo anterior, me permito insertar el siguiente cuadro comparativo:
| SEGURIDAD JURÍDICA | ART. 69-B CFF | SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA | ILEGALIDAD
2017-10-24 16:58:49
Me parece una exelente aportación para la defensa de los contribuyentes. No cabe que duda que la Corte habrá podido declarar la constitucionalidad del 69-B pero aun la norma y el actuar de la autoridad están plegadas de ilegalidades. SALUDOS.
2017-11-10 14:40:16
Gracias Lic., por tomarse el tiempo para leer el presente artículo, es algo que tendremos el proximo año y antes que nadie hacemos un analisis de dicha reforma.
Gracias por tus comentarios Lic. Saludos.
2017-04-11 12:43:59 | MAGDIEL HERNANDEZ ROBLES
MULTAS, ILEGALIDAD, Art. 40 CFF
2017-04-01 16:08:31 | GUADALUPE VIVAR ALVAREZ
ILEGALIDAD, NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN

References: Resolución 
 artículo 69
 Resolución 
 artículo 69
 artículo 70
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 69
 artículo 69