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Timestamp: 2019-04-22 20:08:22+00:00

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El derecho a la información de los Concejales
Según el artículo 77 de la LBRL los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o de la Junta de Gobierno, cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.
La solicitud deberá ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquel en que se hubiera presentado, entendiéndose aceptada por silencio administrativo, cuando en el anterior plazo no se dicte resolución expresa denegatoria.
La regulación legal viene complementada por los artículos 14,15 y 16 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ROF, que a continuación transcribimos:
1. Todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.
2. La petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de que el Presidente o la Comisión de Gobierno no dicten resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días, a contar desde la fecha de solicitud.
3. En todo caso, la denegación del acceso a la documentación informativa habrá de hacerse a través de resolución o acuerdo motivado.
No obstante lo dispuesto en el número 1 del artículo anterior, los servicios administrativos locales estarán obligados a facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado, en los siguientes casos:
a. Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que ostenten delegaciones o responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas.
b. Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación, a la información y documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal.
c. Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o documentación de la entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos.
1. La consulta y examen concreto de los expedientes, libros y documentación en general se regirá por las siguientes normas:
a. La consulta general de cualquier expediente o antecedentes documentales podrá realizarse, bien en el archivo general o en la dependencia donde se encuentre, bien mediante la entrega de los mismos o de copia al miembro de la Corporación interesado para que pueda examinarlos en el despacho o salas reservadas a los miembros de la Corporación. El libramiento de copias se limitará a los casos citados de acceso libre de los concejales a la información y a los casos en que ello sea expresamente autorizado por el Presidente de la Comisión de Gobierno.
b. En ningún caso los expedientes, libros o documentación podrán salir de la Casa consistorial o palacio provincial, o de las correspondientes dependencias y oficinas locales.
c. La consulta de los libros de actas y los libros de resoluciones del Presidente deberá efectuarse en el archivo o en la secretaría general.
d. El examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en el lugar en que se encuentren de manifiesto a partir de la convocatoria.
2. En el supuesto de entrega previsto en el apartado a) del número anterior, y a efectos del oportuno control administrativo, el interesado deberá firmar un acuse de recibo y tendrá la obligación de devolver el expediente o documentación en un término máximo de cuarenta y ocho horas, o antes, en función de las necesidades del trámite del expediente en cuestión.
3. Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con las informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aun se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio.
A modo de resumen y dado que la interpretación de dichos preceptos ha dado lugar a múltiples controversias, podemos establecer tres categorías de acceso a la información:
a) La información que se precise para la toma de postura respecto a un asunto sobre el que se deba decidir (votar) no precisa de autorización previa.
b) La información que se precise para el ejercicio de la función de concejal requerirá solicitud previa, pero no cabe denegación.
c) La información relativa a datos personales o que afecte a la intimidad de las personas deberá solicitarse y su denegación deberá ser motivada.
Así mismo resumiremos las principales características del derecho, su forma de acceso y las vías para su defensa:
- El acceso a la información es un derecho de cada concejal, sin que deba ser ejercida colectivamente como grupo municipal.
- Es un derecho fundamental amparado por el artículo 23 de la constitución.
- Su protección ante una denegación infundada puede hacerse por la vía penal (artículo 542 del Código Penal) o la interposición de un recurso contencioso-administrativo por el cauce especial de protección de derechos fundamentales, de tramitación mas ágil que el ordinario.
- No tiene limitación temporal, por lo que puede solicitarse el acceso a documentos que obren en el ayuntamiento sin tener en cuenta la fecha de los mismos.
- Pueden solicitarse todos los documentos que sean precisos para el ejercicio del cargo (STS de 27/06/1988).
- No hay que motivar la petición. En concreto la STS de 26 de junio de 1998 establece que a los concejales “puede convenirles no decir para que quieren la información a fin de no desvelar sus estrategias de actuación política”.
- El derecho ampara por igual a todos los concejales, tanto los que están en el gobierno como en la oposición.
Es importante aclarar que el derecho de acceder a la información es diferente al de obtener copia de los documentos examinados. La STS de 13 de febrero de 1998 establece que el derecho a copias debe limitarse a la obtención de documentos concretos y, en cualquier caso, requiere autorización.
Recogemos a continuación una serie de Sentencias del Tribunal Constitucional, Supremo, y Superiores de Justicia que pueden avalar los derechos de los concejales a la información en caso de controversia:
1.- STS 18-12-1990 (Arz. 10407). Competencia del Alcalde para prohibir la grabación, por concejales, de las sesiones del Pleno. Legalidad de tal medida.
"Con respecto al derecho a la publicidad de las sesiones municipales, es cierto que el art. 88.1 ROFCL dispone que las sesiones del Pleno serán públicas, agregando en el núm. 2 que para ampliar la difusión auditiva o visual del desarrollo de las sesiones podrán instalarse sistemas megafónicos o circuitos cerrados de televisión, siendo deducible de ello que ese derecho a la publicidad está concebido única y exclusivamente en beneficio del público asistente a las sesiones y no de los miembros de la Corporación, porque, precisamente por serlo, tienen la obligación de asistir a las sesiones cuyo objeto les ha de ser conocido de antemano, siendo así que en el caso –impugnación de decreto del alcalde por el que se prohibía la utilización de aparatos grabadores particulares en las sesiones plenarias de la Corporación– ningún concejal tenía facultad ni necesidad alguna de asistir a las sesiones con una grabadora, aunque se ampare para ello en el art. 88.2 ROFCL, debiendo entenderse que al dictar tal decreto el alcalde estaba reconociendo implícitamente que la facultad de utilizarlo era privativa de los profesionales de la información, porque es a estos a quienes no se les puede privar en el ejercicio de sus funciones de lo que es normalmente su elemento de trabajo".
2.- STS 24-XI-1993 ( Arz. 9040 ). Nulidad del acuerdo del Pleno por no haber estado a disposición de los concejales la documentación de los asuntos a tratar en la sesión, a partir de la convocatoria de ésta, aún cuando el acuerdo hubiese sido el mismo de haberse cumplido la normativa.
"El art. 47.1 c) LPA establece la nulidad de pleno derecho de los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. El art. 46.2 b) LRL –esencial para el pleno de las Corporaciones y que conecta con el art. 23.1 CE (Cfr. TS SS 5 Ene. y 11 Nov. 1988 y 19 Jul. 1989)– dispone que la documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día que deba servir de base al debate y en su caso votación, deberá figurar a disposición de los concejales o diputados desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la Corporación, con la posibilidad –que precisa el art. 84 ROFCL– de que cualquier miembro de la Corporación la examine e incluso obtenga copias de documentos concretos; por tanto, el acuerdo del pleno extraordinario por el que se rechazó una propuesta para abrir una investigación y pedir responsabilidades sobre las obras de traída de aguas y desagües es nulo de pleno derecho a la luz de las normas antedichas, al resultar del expediente que, producida la convocatoria del pleno extraordinario el 3 May. 1988, la documentación referida al punto del orden del día que se enjuicia no estuvo a disposición de los concejales hasta el 24 de junio siguiente, protestándose aun en el acta –sin oposición eficaz de contrario– sobre la manifiesta insuficiencia de la documentación existente para conocer las causas de lo que se aducían como graves defectos e irregularidades de la obra realizada, así como coste, facturas o nombre de su director".
3.- STS 5-II-1995 ( Arz. 1671 ). No procede declarar la nulidad de los acuerdos adoptados en un Pleno extraordinario y urgente con base en la falta de entrega a los concejales de fotocopia de "todos" los expedientes.
"Resulta no obstante que la sentencia recurrida en modo alguno ha desconocido el derecho de los recurrentes a obtener la información y documentación también desde esta perspectiva, ya que valora tal petición de acuerdo con las circunstancias del caso –y dada la premura de la convocatoria del pleno extraordinario y urgente impugnado y los acuerdos a que el mismo se refería– concluye que los solicitantes también tenían derecho a obtener en el caso concreto fotocopia de los expedientes en la forma solicitada, considerando por ello irregular que no se hubiera proporcionado tal documentación, aunque advierte –con la debida ponderación– que la interpretación correcta del precepto debe atender a que se eviten conductas abusivas en la solicitud de copias que puedan paralizar la actividad municipal. Por ello la norma se refiere, como principio general, a documentos concretos y salvo en circunstancias muy concretas, excluye copias de todo el expediente.
Pese a todo, partiendo de las premisas establecidas no es obligado llegar –como pretenden los recurrentes– a la nulidad que se solicita. Aunque el pluralismo político ( art. 1.1 CE ) y el art. 23.1 de la norma fundamental iluminen, como queda dicho, toda interpretación del citado art. 84 del ROF, es ajustada a derecho la aplicación del mismo efectuada por la Sala "a quo" ya que con arreglo a cánones de proporcionalidad y de acuerdo con la doctrina general del art. 48.2 de la LPA, una irregularidad como la apreciada no ostenta siempre relevancia suficiente para determinar la anulación de los acuerdos por ella afectados".
4.- STS 18-X-95 ( Arz. 7366 ). Derecho a información de cada concejal individualmente.
"El derecho a la información que el art. 77 L 7/1985 de 2 Abr. (bases del Régimen Local) prevé es un derecho individual que a cada concejal corresponde y por tanto cada uno tiene derecho a que se le resuelva su petición y también a que se le reconozca el derecho a impugnarla, sin olvidar que el ejercicio del derecho a la fiscalización de las actuaciones municipales y al control y análisis de antecedentes para actuaciones futuras, que a todos los concejales les reconoce la Ley, puede obviamente posibilitar el que en un momento determinado no resulten precisos determinados antecedentes o información y que, en otro posterior, sí que resulten necesarios".
5.- STS 26-II-1996 ( La Ley 3502 ). Denegación de información municipal a concejal.
"En el caso contemplado, si el concejal solicitante, portavoz de un Grupo político y sin área de gobierno en el Ayuntamiento, había pedido se le pusiera de manifiesto un solo expediente –lo que ahuyenta toda sospecha de ser una petición abusiva o perturbadora para el funcionamiento normal de la Corporación– referdo a denuncias formuladas por vecinos sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de un tercero, el Decreto del Alcalde denegándole la petición comporta, sin lugar a dudas, vulneración del derecho consagrado en el art. 23.2 CE, sin que pueda ampararse la denegación en ser un concejal sin área de gobierno, porque el art. 77 L 7/1985 de 2 Abr. (bases del Régimen Local) hace extensivo el derecho de información a todos los miembros de las Corporaciones Locales, quienes, tengan o no área de gobierno, pueden precisar la información, tanto para sus intervenciones en sesiones ordinarias como en el Pleno (art. 22 L 7/1985). Tampoco puede ampararse la denegación en que el concejal no había acreditado en qué medida le era preciso el expediente para el desarrollo de su función, pues ni había sido requerido para ello antes de la denegación, e incluso, habiéndoloo sido, un requerimiento en tal sentido podría haber afectado a la integridad del derecho fundamental. Bastaba con indicar en la solicitud, que se necesitaba el expediente para el ejercicio de la función, como así lo hizo constar el concejal solicitante en la suya".
Señalar por ultimo que el derecho a la información no se reduce al acceso a los documentos, si no que se complementa con el derecho a realizar iniciativas y presentar preguntas según lo dispuesto en el artículo 97 del ROF:
“Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.
Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la siguiente”.

References: artículo 77
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 23
e contrario
 artículo 97