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Timestamp: 2017-05-30 09:19:07+00:00

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Normas para la contabilización del impuesto sobre beneficios | UHY Fay & Co
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Normas para la contabilización del impuesto sobre beneficios
El pasado 16 de febrero se publicó en el BOE la Resolución de 9 de febrero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan las Normas de Registro, Valoración y Elaboración de la Cuentas Anuales para la Contabilización del Impuesto sobre Beneficios.
La Resolución era desde todo punto de vista necesaria habida cuenta de las numerosas consultas relativas a la contabilización del Impuesto sobre Beneficios y la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades. Hace también hincapié al denominado enfoque de balance, por contraposición al enfoque de la cuenta de pérdidas y ganancias del Plan General Contable de 1990 (en adelante PGC 90) ya recogido en la Norma de Valoración 13ª del PGC de 2007.
Respecto al reconocimiento, por aplicación del principio de prudencia, solo se reconocerán activos por impuesto diferido en la medida en que resulte probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. En la Resolución se especifica un caso especial para el que se presume, en todo caso, que los activos por impuesto diferidos serán recuperados; en concreto, cuando la legislación fiscal contemple la posibilidad de conversión futura de activos por impuesto diferido en un crédito exigible frente a la Administración tributaria.
Esto solamente sucederá en aquellos casos en los que se contemple por la legislación tributaria. La obtención de un resultado de explotación negativo en un ejercicio, no impide el reconocimiento de un activo por impuesto diferido. No obstante, cuando la empresa muestre un historial de pérdidas continuas, se presumirá, salvo prueba en contrario, que no es probable la obtención de ganancias que permitan compensar las citadas bases. Habrá que precisar en su momento qué debe entenderse por un historial de pérdidas continuas ¿dos, tres o más ejercicios?
b. La base fiscal del activo o pasivo.
Reserva de nivelación y reserva de capitalización.
La reserva de capitalización se tratará como un menor impuesto corriente (diferencia permanente). Además, en los casos de insuficiencia de base imponible, las cantidades pendientes originarían el nacimiento de una diferencia temporaria deducible con un régimen contable similar a las que traen causa de las deducciones pendientes de aplicar por insuficiencia de cuota. Por último, en el supuesto de que se produjese el incumplimiento de los requisitos la empresa debería contabilizar el correspondiente pasivo por impuesto corriente.
Respecto a la reserva de nivelación de bases imponibles, desde un punto de vista estrictamente contable, al minorarse la base imponible podría identificarse una diferencia temporaria imponible asociada a un pasivo sin valor en libros pero con base fiscal, que traería consigo el reconocimiento de un pasivo por impuesto diferido cuya reversión se produciría en cualquiera de los dos escenarios regulados por la ley fiscal (generación de bases imponibles negativas o transcurso del plazo de cinco años sin incurrir en pérdidas fiscales). Habida cuenta de que la reducción solo cabe en caso de bases imponibles positivas, y que transcurrido el plazo de 5 años sin obtener ganancias habrá que sumar a la base imponible los importes previamente deducidos, los impuestos diferidos se calcularán de conformidad con el tipo general de gravamen del 25%, a pesar de que el incentivo fiscal origine una tributación efectiva del 22,5% en los ejercicios en que pueda practicarse la reducción.
Limitación amortización deducible 70%
Con respecto al límite de deducción del 70 por ciento en la base imponible de la amortización contable del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias durante los periodos impositivos iniciados en los años 2013 y 2014, la amortización que no resultase fiscalmente deducible se deduciría de forma lineal en los diez años siguientes u opcionalmente en la vida útil del elemento patrimonial, a partir del primer periodo impositivo que se iniciase dentro del 2015.
Esta deducibilidad diferida habrá dado lugar al reconocimiento de los correspondientes activos por impuesto diferido, valorados inicialmente mediante al tipo de gravamen general del 30 por ciento. Ahora bien, con la aprobación de un tipo de gravamen general del 25 por ciento (Ley 27/2014, de 27 de noviembre), se produciría una reducción del importe de los activos por impuesto diferido y en definitiva una menor deducibilidad final de esos gastos.
Sin embargo, considera el ICAC que de conformidad con la disposición transitoria trigésima séptima de la Ley 27/2014, se otorga una deducción en la cuota con la finalidad de preservar la neutralidad de la reforma fiscal en lo que concierne a la deducibilidad de esos gastos. Esto es, con este régimen transitorio parece garantizarse la reversión de la diferencia temporaria con un tipo de gravamen nominal del 30 por ciento en la medida que con la ventaja fiscal aprobada se compensa la menor deducibilidad del gasto. Del mismo modo habrá de proceder respecto de aquellos contribuyentes que se hubieran acogido a la actualización de balances regulada en el artículo 9 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.
Periodificación de diferencias permanentes y otras ventajas fiscales.
Los artículos 9, 10 y 11 de la Resolución aclaran el tratamiento contable aplicable respecto de los regímenes especiales basados en la imputación de rentas tanto para la entidad acogida a dicho régimen (UTEs, AIEs españolas y europeas) como para los socios o partícipes, y el tratamiento aplicable al régimen de consolidación fiscal.
Provisiones y contingencias derivadas del Impuesto sobre el beneficios.
Las obligaciones presentes de naturaleza fiscal, se deriven o no de un acta de inspección, deberán ocasionar en el ejercicio en que surjan el reconocimiento de una provisión por el importe estimado de la deuda tributaria. La provisión, siempre y cuando tenga importes determinados, se registrará con cargo a los conceptos de gasto correspondientes a los distintos componentes que la integran. No cabe justificar la ausencia de registro de una obligación por la eventualidad de que se produzca o no una comprobación administrativa, ni tampoco calificar la obligación como remota cuando surja una discrepancia como consecuencia de la citada comprobación o inspección, o a raíz de los criterios mantenidos por las Administraciones Públicas o por los Tribunales de Justicia sobre hechos de similar naturaleza a los que se refiere la obligación.
La Resolución es de aplicación obligatoria para los ejercicios que se inicien a partir de 1 de enero de 2015.

References: Resolución 
 Resolución 
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 artículo 9
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