Source: https://tc.vlex.es/vid/ra-p-stc-141860
Timestamp: 2019-11-21 19:20:14+00:00

Document:
STC 214/2000, 18 de Septiembre de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 141860
RA 2406/96. Promovido por don José Antonio P. A. frente al Auto de la Audiencia Provincial de Granada que ordenó su lanzamiento de una finca que había sido subastada en un proceso de ejecución hipotecaria. Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva sin indefensión: privación del inmueble adjudicado en una subasta, anulada luego en grado de apelación, sin seguir un procedimiento declarativo (STC 158/1997).
Sentencia citada en: 1502 sentencias, 13 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 2406/96, interpuesto por don José Antonio P. A., representado por el Procurador don Manuel Sánchez Puelles y González Carvajal y bajo la dirección del Letrado don Valentín Cortés Domínguez, contra Auto de 29 de abril de 1996 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Granada, dictado en el rollo de apelación civil núm. 918/95. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido parte don Luis R. V., representado por el Procurador don José Ignacio de Noriega y Arquer y bajo la dirección del Letrado don Pedro A. Montero Marín. Ha sido Ponente el Presidente don Pedro Cruz Villalón, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito registrado en este Tribunal el día 12 de junio de 1996, se interpuso el recurso de amparo que se deja mencionado en el encabezamiento y que se fundamenta en los siguientes hechos :
Doña Mercedes B. C. promovió el procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 de la Ley Hipotecaria (en adelante, LH) contra don Luis R. V., mediante demanda presentada el día 5 de junio de 1992, en virtud de escritura de hipoteca unilateral constituida por el demandado en garantía de unas letras de cambio aceptadas por él.
Admitida a trámite la demanda, el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Baza siguió el procedimiento, celebrándose la tercera subasta el día 15 de octubre de 1993, en la que se ofreció postura por la parte actora por la cantidad de dieciséis millones de pesetas, en calidad de ceder el remate a un tercero. El día 5 de noviembre de 1993 se cedió el remate a don José Antonio P. A., dictándose Auto el 8 de noviembre de 1993, por el que se aprobó el remate y se adjudicó la finca ejecutada al referido don José Antonio P. A..
Solicitada por el adjudicatario la posesión de la finca, el mismo día 8 de noviembre de 1993 se dictó providencia acordando hacerle entrega de la misma, para lo cual se señaló el día 18 de noviembre de 1993 y se ordenó notificar al ejecutado dicha providencia a fin de que procediera a su desalojo y, en caso de resistencia, tuviera lugar su lanzamiento.
El día 17 de noviembre de 1993, el ejecutado, don Luis R. V., presenta escrito solicitando la suspensión de la diligencia de lanzamiento acordada para el día 18 de noviembre de 1993. Al mismo acompañaba copia sellada del dirigido al Juzgado de Instrucción núm. 3 de Madrid, en el que instaba querella criminal por falsedad en instrumento público, estafa y apropiación indebida, contra doña Mercedes B. C. y otros.
Con fecha 25 de noviembre de 1993, el ejecutado interpone recurso de reposición contra las referidas providencias de 18 y 22 de noviembre de 1993, en el que solicita la nulidad de actuaciones y la suspensión del procedimiento hasta que recaiga resolución firme en la causa penal. Tras la oportuna sustanciación, el recurso es desestimado por Auto de 9 de diciembre de 1993.
Firme la anterior resolución, el ejecutado insta su cumplimiento, interesando la toma de posesión de la finca objeto del procedimiento, lo que se acuerda por providencia del Juzgado de 22 de mayo de 1995, en la que se ordena hacer entrega de la finca a la parte demandada, requiriéndose al adjudicatario, don José Antonio P. A., a fin de que la desaloje en el plazo de quince días, bajo apercibimiento de procederse a su lanzamiento.
Por Auto de 13 de junio de 1995, el Juzgado estima el recurso de reposición y acuerda dejar sin efecto la providencia de 22 de mayo de 1995 "situándonos en el momento de la providencia de 22 de noviembre de 1993 se acuerda dar traslado al Sr. P. A. de la solicitud de suspensión formulada por el Sr. R. V. para que frente a la misma pueda alegar lo que a su derecho convenga".
El ejecutado, además de plantear la recusación del Juez, formula, mediante escrito de 19 de junio, recurso de nulidad de actuaciones, solicitando la nulidad de todo lo practicado con posterioridad a la providencia de 22 de mayo de 1995.
Tras diversas vicisitudes que no son del caso, la Juez de Primera Instancia núm. 1 de Baza, al haberse apartado del conocimiento del asunto el Juez que conocía del mismo en virtud de la recusación planteada contra él, dictó Auto el 6 de julio de 1995, en el que acordó no haber lugar a la admisión del recurso de nulidad planteado y dispuso el cumplimiento del Auto de la Audiencia Provincial de 15 de noviembre de 1994, por lo que, solicitada la entrega de la finca por el ejecutado, así se acordó, requiriéndose al Sr. P. A. a fin de que la desalojase bajo apercibimiento de lanzamiento.
Interpuesto por el Sr. P. A. recurso de reposición contra el último Auto citado, se dicta Auto el 4 de septiembre de 1995, por el que se desestima el recurso, señalándose para que tenga lugar el lanzamiento el día 19 de septiembre de 1995, día en que efectivamente se realiza.
Interpuesto por el ahora demandante de amparo recurso de apelación contra el Auto de 4 de septiembre de 1995, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Granada (rollo núm. 918/95) desestimó el recurso y confirmó la resolución recurrida por Auto de 29 de abril de 1996, notificado el 21 de mayo de 1996, con apoyo en el siguiente fundamento de Derecho:
La demanda de amparo considera que se han vulnerado diversos derechos fundamentales del recurrente por las razones que, en esencia, se exponen a continuación:
Violación del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) que, a juicio del recurrente, se ha producido porque el Auto que se impugna carece de una motivación suficiente, al no decir por qué no procede dejar sin efecto la decisión adoptada. Asimismo, tal resolución judicial, tras afirmar que no puede dejarse de "ignorar toda la argumentación que se hace por la parte apelante sobre su situación ante el inmueble de tenerlo pagado y sin disponer de él", concluye que la misma "puede tener amparo, con las medidas necesarias, atendidas las circunstancias, para asegurar la efectividad del auto de aprobación o resolución que interesase, acorde con lo específicamente previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, para tales o semejantes supuestos", razonamiento que resulta incomprensible, pues no dice cómo pueden tener amparo los derechos del recurrente, cuáles son esas medidas necesarias, atendidas las circunstancias, ni cuál es ese Auto de aprobación o resolución cuya efectividad se dice hay que asegurar. Asimismo, tampoco señala a qué normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil se refiere, y cuáles son esos supuestos a que está aludiendo el Auto.
Violación del derecho al proceso debido (art. 24.2 CE), invocación en la que engloba la vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a no padecer indefensión. Tales lesiones se han producido puesto que el recurrente, que adquirió la finca considerada en el procedimiento de ejecución hipotecaria, en el que no es ni parte ejecutante ni parte ejecutada, se ha visto desposeído de la misma mediante una simple providencia, dictada inaudita parte, sin que se haya seguido el correspondiente proceso declarativo.
Violación del derecho de defensa (art. 24.1 CE), puesto que la infracción de las normas procesales, que ha conllevado la inaplicación total y absoluta del procedimiento establecido, ha producido un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa del recurrente.
Por providencia de 4 de noviembre de 1996, la Sección Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite el presente recurso y tener por parte al Procurador comparecido en nombre del recurrente y, de conformidad con el art. 51 LOTC, requirió al Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Baza y a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Granada para que remitiesen testimonio de los autos del juicio hipotecario núm. 107/92 y del rollo de apelación núm. 918/95, interesando al propio tiempo el emplazamiento de cuantos fueron parte en el proceso judicial antecedente, con excepción del recurrente, para que pudieran comparecer en este proceso constitucional en el plazo de diez días.
Por providencias de 10 de enero y de 17 de febrero de 1997, se acordó tener por parte al Procurador don José Ignacio de Noriega y Arquer, en nombre y representación de don Luis R. V., y dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que, en el plazo común de veinte días, pudieran presentar las alegaciones que estimaran procedentes.
Por escrito registrado el día 13 de marzo de 1997, el recurrente se limita a reiterar y dar por reproducidas las alegaciones formuladas en su día en la demanda.
Por escrito registrado el día 17 de marzo de 1997 y presentado en el Juzgado de guardia el día 14 de marzo de 1997, la representación de don Luis R. V. formula sus alegaciones, en las que después de relatar los hechos que determinaron la presentación de la querella contra doña Mercedes B. C. y de reproducir las declaraciones de ésta en la causa criminal, en la que, el 17 de diciembre de 1993, afirmó que no cedió nada a don José Antonio P. A. y que no tenía conocimiento de la subasta celebrada en el juicio hipotecario, considera que no se cumplen los presupuestos de tipo procesal que son necesarios para la admisión del recurso de amparo.
En primer lugar, entiende que el Auto de la Audiencia Provincial de 29 de abril de 1996, recurrido en amparo, no es firme, puesto que está supeditado a la resolución de una causa penal. Asimismo, se aduce que no ha existido la invocación formal del derecho fundamental que se alega vulnerado [ art. 44.1 c) LOTC] . Finalmente, se afirma que no se han agotado todos los recursos utilizables en la vía judicial, pues el art. 132 LH señala que todas las demás reclamaciones que se puedan formular, así el deudor como los terceros poseedores, "como los demás interesados", se ventilarán en el juicio declarativo que corresponda. Por ello, no se cumple lo normado en el art. 44.1 a) LOTC, porque el procedimiento del art. 131 LH es un procedimiento especial sumario no susceptible de recursos sino de demandas declarativas; así se lo dice la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Granada en el Auto de 29 de abril de 1996 al hoy solicitante del amparo, acorde con lo específicamente previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para tales supuestos.
Por último, tampoco existe vulneración del derecho de defensa. No hay indefensión cuando contra el Sr. P. A. no existe proceso alguno. No tiene el derecho de defensa quien no ha sido ni es ni será parte en el procedimiento del art. 131 LH y no se ha vulnerado tal derecho cuando tiene la vía del declarativo correspondiente.
Mediante escrito registrado el 24 de marzo de 1997, el Ministerio Fiscal interesa el otorgamiento del amparo. Comienza señalando que el recurso de amparo se interpone contra el Auto de la Audiencia Provincial de Granada de 29 de abril de 1996, que confirma el del Juzgado de Primera Instancia de Baza de 4 de septiembre de 1995, solicitándose en el suplico de la demanda que el otorgamiento del amparo debe provocar su anulación, lo que resulta congruente con la estructuración del recurso. El primer motivo de amparo, apoyado en el art. 24.1 CE, combate la falta de motivación del Auto recurrido, por ser ininteligible desde un punto de vista gramatical y jurídico, por lo que, si este motivo prosperara, ello obligaría al dictado de otro Auto, lo que haría ocioso ocuparse de las restantes violaciones, que podrían resultar eliminadas en la nueva resolución, que abordaría los objetos añadidos, que se contraen a la indefensión por falta de audiencia cuando se le privó de la propiedad adquirida por compraventa judicial.
Por providencia de 15 de septiembre de 2000 se señaló para la deliberación y fallo del presente recurso el día 18 del mismo mes y año.
Como resulta de los antecedentes, el demandante de amparo, don José Antonio P. A., solicita que se anule el Auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Granada de 29 de abril de 1996, dictado en el rollo de apelación núm. 918/95, que desestimó el recurso de apelación interpuesto frente al Auto del Juzgado de Primera Instancia de Baza de 4 de septiembre de 1995 que, a su vez, desestimó el recurso de reposición formalizado frente al Auto de 6 de julio de 1995, recaído en los autos núm. 107/92, seguidos por el procedimiento del art. 131 LH. Esta última resolución judicial había acordado hacer entrega de la finca objeto de tal procedimiento al ejecutado, don Luis R. V., que también ha comparecido en el presente recurso de amparo, ordenando en consecuencia que se requiriese de desalojo al Sr. P. A., que había resultado adjudicatario de tal finca en calidad de cesionario del remate.
Por su parte, don Luis R. V., ejecutado en el proceso judicial y personado en el presente recurso de amparo, tras oponer diversas causas de inadmisión del mismo, considera que no se han vulnerado ninguno de los derechos fundamentales a que alude la demanda, solicitando, en consecuencia, que se declare no haber lugar al otorgamiento del amparo, acordando su denegación. Por el contrario, el Ministerio Fiscal estima que el Auto de la Audiencia Provincial ha lesionado, por carecer de la motivación exigible, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del Sr. P. A., por lo que solicita que se otorgue el amparo por tal motivo.
Procede, ante todo, pronunciarse respecto de las causas de inadmisión del recurso de amparo que sostiene el Sr. R. V., personado en este recurso de amparo.
No puede, sin embargo, acogerse la causa de inadmisión invocada. El Sr. P. A., en su escrito de 13 de julio de 1995, por el que interponía recurso de reposición frente al Auto del Juzgado de Primera Instancia de 6 de julio, da por reproducidas las alegaciones formuladas en escritos anteriores de 25 de mayo y 27 de junio "en especial en cuanto en ellos se denuncia la indefensión que se produce a mi representado, conculcando el art. 24 CE, al ordenársele entregar lo que es de su propiedad"; en particular, en el citado escrito de 25 de mayo, el demandante de amparo se refería expresamente al art. 24.1 CE, considerando que se le estaba causando indefensión, y al art. 24.2 CE, en lo relativo al derecho a un proceso con todas las garantías, aludiendo, además, a que se le estaba privando de un inmueble de su propiedad sin seguirse un procedimiento adecuado al efecto. Asimismo, en su escrito de 7 de septiembre de 1995, por el que interponía recurso de apelación frente al Auto del Juzgado de Primera Instancia de 4 de septiembre, desestimatorio del recurso de reposición intentado frente al de 6 de julio, el Sr. P. A. reproduce esencialmente aquellas alegaciones, con cita expresa del art. 24.1 CE, refiriéndose a la indefensión sufrida y, con base en nuestra jurisprudencia, a la necesidad de que para ser privado del inmueble haya de seguirse un procedimiento contradictorio, con igualdad de armas entre las partes y con todas las garantías procesales establecidas en las leyes.
La segunda causa de inadmisión alegada es la prevista en el art. 44.1 a) LOTC, es decir, la falta de agotamiento de todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial. Básicamente se funda en que, de acuerdo con el art. 132 LH, el recurrente en amparo puede acudir al juicio declarativo que corresponda para remediar las lesiones que dice sufridas. Pero también, aunque con cierta confusión, señala que el Auto de la Audiencia Provincial recurrido en amparo no es firme, en cuanto que, hallándose suspendido el procedimiento del art. 131 LH como consecuencia de la existencia de una causa criminal, será cuando termine ésta cuando se levantará la suspensión, acordándose entonces lo procedente.
Las circunstancias del presente caso conducen a rechazar también este motivo de inadmisión. Por lo que se refiere, en primer lugar, a la falta de motivación del Auto de la Audiencia Provincial recurrido en amparo, si tal imputación resultara cierta, se habría producido una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24.1 CE, que no podría ser reparada, otorgando plena protección al recurrente en amparo frente a la misma, en el juicio declarativo del art. 132 LH. En tal proceso podría dictarse una resolución que dejara sin efecto práctico lo declarado en el Auto de la Audiencia Provincial, pero ello, por sí solo, no serviría para reparar plenamente la lesión del considerado derecho fundamental, que sólo puede obtenerse, como pretende por lo demás el recurrente, mediante la anulación del Auto. Las características del juicio declarativo al que se refiere el art. 132 LH, en relación con el procedimiento del art. 131 de la misma Ley, pueden impedir, en el supuesto que nos ocupa, tal anulación del Auto. Ciertamente, el art. 132 LH se refiere expresamente a que en el juicio declarativo que corresponda se podrán ventilar las reclamaciones que versen sobre la nulidad de actuaciones, pero ello sólo resulta de aplicación, al menos de forma indubitada (lo que resulta relevante a efectos de apreciar la concurrencia de la presente causa de inadmisión, de acuerdo con nuestra reiterada doctrina ¿por todas, STC 82/2000, de 27 de marzo, FJ 2¿), respecto de aquellas reclamaciones que no pueden formularse en el procedimiento del art. 131 LH, con el fin de evitar, de acuerdo con su naturaleza, la suspensión o entorpecimiento del mismo (así parece confirmarlo, además, el párrafo inicial del art. 132 LH): no es este el caso del recurrente en amparo, que precisamente está interesado en evitar tal suspensión y que busca simplemente que se le reintegre en la posesión del bien del que resultó inicialmente adjudicatario.
Tampoco puede acogerse la reseñada causa de inadmisión, y en relación con el mismo motivo de la falta de planteamiento del juicio declarativo que corresponda, respecto de la denunciada vulneración de derechos fundamentales consecuencia de la privación del uso y disfrute del inmueble del que el Sr. P. A. resultó adjudicatario sin seguir el procedimiento adecuado para ello. Los mismos términos en que se plantea tal supuesta vulneración de derechos fundamentales demuestran la inconsecuencia que supondría inadmitir el presente recurso de amparo por tal motivo. En efecto, el demandante de amparo considera que la privación del uso y disfrute del bien debía haberse producido, precisamente, a través del juicio declarativo que corresponda y no en el seno del procedimiento del art. 131 LH, siendo esta última situación la que ha provocado, a su entender, la lesión de los derechos fundamentales que invoca. Por ello, y con independencia de la solución a la que lleguemos al examinar si ha existido o no tal vulneración de derechos fundamentales por tal motivo, es evidente que de ningún modo podría ser reparada, en su caso, por la circunstancia de que fuera reintegrado en tal uso y disfrute como consecuencia de la resolución que se adoptara, en definitiva, en el juicio declarativo, en el que, por las mismas razones antes expuestas, no podrían ser anuladas, al menos de forma indubitada, las resoluciones judiciales que, en el procedimiento del art. 131 LH, acordaron tal privación.
Procede, pues, entrar ya en el examen de las supuestas vulneraciones de derechos fundamentales denunciadas en la demanda de amparo, comenzando por la relativa a la lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24.1 CE, como consecuencia de la falta de motivación del Auto de la Audiencia Provincial de Granada de 29 de abril de 1996.
La aplicación de las consideraciones que acabamos de exponer al supuesto que nos ocupa conduce a denegar el amparo por tal motivo. Para llegar a tal conclusión es preciso comenzar por señalar que los Autos del Juzgado de Primera Instancia de Baza de 6 de julio y de 4 de septiembre de 1995 (desestimatorio éste del recurso de reposición interpuesto frente al anterior y que, a su vez, fue objeto del recurso de apelación resuelto por el Auto de la Audiencia Provincial ahora recurrido en amparo) acordaron la entrega del inmueble en cuestión al Sr. R. V. y el requerimiento de desalojo del Sr. P. A., fundando tales decisiones en la necesidad de dar cumplimiento al Auto de la Audiencia Provincial de 15 de noviembre de 1994, que acordaba la suspensión de los autos en el estado que mantenían al tiempo de dictarse la providencia de 22 de noviembre de 1993 (que había denegado la solicitud de suspensión del procedimiento formulada por el Sr. R. V.), que se dejaba sin efecto, declarándose la nulidad de las actuaciones practicadas con posterioridad al momento de dictarse dicha providencia, "adoptándose por el Juzgado lo pertinente con dicha declaración, cuando fuere interesado". Frente al Auto de 4 de septiembre interpuso el demandante de amparo recurso de apelación, mediante escrito de 7 del mismo mes. Su examen permite comprobar que no se discute propiamente la coherencia entre lo acordado en el Auto de 15 de noviembre de 1994 y las resoluciones del Juzgado a las que se refiere la apelación; la argumentación del recurso de apelación descansa sobre la indefensión que causaría la privación de la posesión del inmueble en virtud de lo establecido en aquel Auto de 1994, cuando éste había sido dictado sin haber sido oído y, en consecuencia, sin haber tenido posibilidades de defensa, exponiendo las razones que, a su juicio, determinaban la necesidad de tal audiencia y defensa, en concreto, que había resultado adjudicatario del inmueble y había abonado las cantidades exigidas para su adquisición.
El Auto de la Audiencia Provincial de Granada de 29 de abril de 1996, objeto del presente recurso de amparo y que resolvió el recurso de apelación (cuyo fundamento de Derecho 1 hemos reproducido en los antecedentes), sin que pueda afirmarse que constituya un modelo de claridad y precisión jurídicas, cumple las exigencias constitucionales de motivación derivadas del artículo 24.1 CE, incluso considerando que la circunstancia de que en el recurso de apelación se hiciera valer la vulneración de un derecho fundamental obligaba a ofrecer una motivación reforzada en relación con la existencia o no de tal lesión. En efecto, en cuanto a la coherencia entre el Auto de 15 de noviembre de 1994 y los Autos del Juzgado a los que se refería la apelación, debe tenerse en cuenta, ante todo, que este aspecto no había sido objeto, como vimos, del recurso de apelación interpuesto por el Sr. P. A., por lo que el razonamiento que se contiene se realiza a mayor abundamiento, sin que, por ello, pueda suponer, respecto del recurrente, una vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, porque no existía, respecto de él, un deber de motivar la resolución judicial en tal aspecto. No obstante, cabe señalar que, a partir de lo que en el Auto se contiene es posible deducir que considera que la apuntada coherencia existe, por cuanto el Auto de 1994 decía literalmente "adoptándose por el Juzgado lo pertinente con dicha declaración cuando fuere interesado" (expresión ésta que aparece también entrecomillada, para destacar su relevancia, en el propio Auto recurrido en amparo), siendo posible, por ello, que el Juzgado adoptara distintas decisiones sobre la base de lo acordado en el Auto de 1994 ("no como única acepción"), habiendo optado por acordar el lanzamiento del Sr. P. A., decisión que se estima correcta, en cuanto coherente con el citado Auto de 1994 (y a ello aluden las expresiones "y que en cuanto es exponente de lo acordado por esta Sala en el auto de quince de noviembre de 1994" y "pero tampoco descartable ahora").
Todas estas consideraciones conducen a entender que no ha existido vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de deber de motivación de las resoluciones judiciales, debiendo tenerse en cuenta que es perfectamente posible la apreciación conjunta de todas ellas, de acuerdo con nuestra doctrina, ya expuesta, de que la existencia de motivación ha de apreciarse según las circunstancias concurrentes en cada caso, examinando el conjunto de la resolución judicial impugnada por tal motivo. Como se desprende de lo que dice la STC 54/2000, de 28 de febrero (FJ 3 in fine), lo esencial es que del texto de la resolución judicial puedan inferirse las razones próximas o remotas que justifican su fallo, concepción sistemática que, en el caso que nos ocupa, determina que hayan quedado explicadas suficientemente, incluso desde la perspectiva reforzada expresada, las razones que condujeron al órgano judicial a desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. P. A.. Y todo ello, por supuesto, con independencia de la mayor o menor corrección jurídica del razonamiento, cuestión ajena a nuestro enjuiciamiento. Como hemos dicho en la STC 214/1999, de 29 de noviembre (FJ 3), el recurso de amparo no es un cauce idóneo para corregir posibles errores en la selección, interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico al caso, a salvo los supuestos (entre los que es claro que no se encuentra, como hemos visto, el que estamos examinando) en que el razonamiento que funda la resolución judicial incurra en tal grado de arbitrariedad, irrazonabilidad o error que, por su evidencia y contenido, sean tan manifiestos y graves que para cualquier observador resulte patente que la resolución, de hecho, carece de toda motivación o razonamiento.
Por último, debemos pronunciarnos sobre la alegada vulneración de los derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) y a la tutela judicial efectiva y a no padecer indefensión (art. 24.1 CE), que el recurrente considera producida como consecuencia de que ha sido privado del uso y disfrute del inmueble del que resultó adjudicatario a través de un procedimiento inadecuado, ya que, a su juicio, tal privación sólo puede tener lugar en el seno de un juicio declarativo.
En el presente supuesto, los órganos judiciales, en ejercicio de las facultades que les son propias, entendieron que las circunstancias que habían concurrido en la tramitación del procedimiento del art. 131 LH que nos ocupa determinaban que resultaba procedente acordar lo preciso para hacer entrega del inmueble al Sr. R. V.. Decisión que, a la vista de tales circunstancias, resultaba razonable y fundada en Derecho y que se adoptó, según vimos, con cumplimiento de las exigencias constitucionales de motivación, lo que excluye cualquier lesión de los derechos fundamentales a que se refiere el recurrente en su demanda de amparo.
SAP Madrid 275/2007, 31 de Mayo de 2007
STSJ Asturias 1099/2006, 14 de Junio de 2006
SAP Madrid 216/2008, 21 de Abril de 2008

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
in fine
 resolución 
 resolución