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Timestamp: 2018-07-17 01:46:39+00:00

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Marco Jurídico de Medios | Punto y Coma
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Tareas sobre leyes
febrero 15, 2013 · 12:24
Esta es una mesa de análisis de los alumnos del Colegio de Comunicación y Periodismo campus Cancún en donde plantean los aspectos mas relevantes y de aquellos rubros que se consideran de importancia para el periodista de la ley de acceso a la información publica y de derechos de autor.
Esto desde el punto de vista periodístico.
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enero 25, 2013 · 12:30
Ley federal del derecho de autor, una herramienta para periodistas
La Ley Federal del Derecho de Autor presenta a mi consideración varios aspectos relevantes y desde mi particular punto de vista tiene puntos positivos a diferencia de otras leyes que nos rigen en el país que sin duda un especialista puede desglosar de manera profunda sobre cada uno de los artículos que contiene.
Esta norma presenta una buena disposición administrativa relacionada con la autoridad, así como sus facultades y las regulaciones adjetivas relativas a procedimientos judiciales y administrativos, que al final de cuentas tiene por objeto reconocer la obra de alguien, y para nuestro ejercicio periodístico debe ser fundamental tomar en cuenta esta ley pues podemos dejar un precedente de lo que nos encanta: Escribir, analizar, investigar y publicar. Pero siempre con un reconocimiento de la obra aunque se reproduzca en varios lugares, espacios y voces.
La constitución mexicana señala en su artículo 28 que no constituyen monopolios los privilegios exclusivos y temporales que el estado otorgue a los autores y artistas para la explotación de sus obras. Su objeto siempre es la de salvaguardar y promocionar el acervo cultural de la Nación, así como la protección de los derechos de autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, editores, productores y organismos de radiodifusión.
Y claro, esta ley da protección de otros derechos de propiedad intelectual, como las reservas de derechos, el derecho a la imagen, los derechos de autor sobre los símbolos patrios y las expresiones de cultura popular y el derecho sobre las bases de datos no originales.
Es importante destacar que está ley señala que el autor es el único, original y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación, y que estos derechos se consideran unidos al autor y son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables, por lo que resulta importante hacer el registro pertinente de toda obra que se realice.
La propia Ley establece reglas especiales para el ejercicio de derechos morales en la obra audiovisual, al postular que salvo pacto en contrario entre los coautores, el director o realizador de la obra, tiene el ejercicio de los derechos morales sobre la obra audiovisual en su conjunto, sin perjuicio de los que correspondan a los demás coautores en relación con sus respectivas contribuciones, ni de los que puede ejercer el productor de conformidad con la Ley.
Asimismo, establece una presunción en el sentido de que los autores que aportan obras para su utilización en anuncios publicitarios o de propaganda, autorizan la omisión del crédito autoral durante la utilización o explotación de las mismas, sin que esto implique renuncia a los derechos morales; esta presunción admite pacto en contrario.
Algo que me llamo la atención dentro de estas reglamento es especial para los que se dedica al ramo de la producción radial y televisiva, donde les concede los derechos patrimoniales, respecto de sus fonogramas, de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, total o parcial, así como la explotación directa o indirecta de los mismos; donde brinda toda la protección y donde en ocasiones se usan algunas obras sin tener el cuidado que hasta una simple nota musical puede ser factor para reclamar por su reproducción sin autorización.
De acuerdo con la Ley, todos los organismos de radiodifusión del país tendrán, como derechos patrimoniales, las facultades de autorizar o prohibir, respecto de sus emisiones, la retransmisión, la transmisión diferida, la distribución simultanea o diferida, por cable o cualquier otro sistema, la fijación sobre una base material, la reproducción de las fijaciones, y la comunicación publica por cualquier medio y forma con fines directos de lucro.
Algo fundamental que aborda es para todos los organismos de radiodifusión, es que se les concede también el derecho de codificar sus imágenes de manera que solo sean recibidas por un grupo de personas previamente habilitadas por el propio organismo de radiodifusión, mediante la utilización de los medios técnicos necesarios al efecto. Aunque últimamente con toda el avance tecnológico es muy fácil decodificar los canales y poder retransmitirlos de forma pirata, algo que tendrá que legislarse en la materia, esto a pesar de que sanciona este fenómeno que ha crecido en los últimos años.
Y estipula que los derechos de los organismos de radiodifusión tendrán una vigencia de 25 años a partir de la primera emisión o transmisión original del programa.
En donde no estoy del todo de acuerdo es lo que se estipula en el artículo 147 donde se considera de utilidad pública la publicación o traducción de obras literarias o artísticas necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales, claro ejemplo es lo que sucede en Estados Unidos, donde los grandes creadores además del incentivo de su gobierno se les otorgan regalías.
Algo que debemos tener muy en cuenta es al Instituto Nacional del Derecho de Autor, a quien debemos recurrir como autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos para registrar todas las obras, incluso aquellos textos periodísticos.
Video: Derechos de autor
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enero 24, 2013 · 19:53
La ley de radio y televisión, sin poder al pueblo
El periodismo desde la aparición de los medios electrónicos dio un giro inmenso, si antes era considerado un poder que movía a ciertas masas a pesar de las dificultades para su penetración en todos los ámbitos, la llegada de la radio y la televisión revolucionaron al grado de tener que entrar en una regulación.
Primero porque el estado requería de ese espacio de comunicación masiva para difundir sus acciones y otra ante la necesidad de crear una unión de todos, claro que con el tiempo, mucho se ha tergiversado, no solo en el aspecto informativo, si no al grado de lograr el impacto adecuado para el “beneficio” colectivo.
En México la Ley federal de Radio y Televisión cuyas reformas han sido criticadas desde los organismos públicos del país, e incluso de organizaciones internacionales ha llevado a varias discusiones, que no logran al final de cuentas garantizar la regulación del servicio y mucho menos beneficiar a quienes tienen esa intención.
Por ejemplo, las modificaciones promulgadas por el presidente Vicente Fox restringen y limitan la libertad de expresión según lo que en su momento destaco un Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, llamado Amerigo Incalcaterra, ya que no otorgan de manera publica una licitación para dar certeza de un buen uso del espectro que por decreto de la constitución tenemos derecho como mexicanos.
Pues además si analizamos cada uno de sus artículos y comparamos con la normatividad internacional se limita la posibilidad de participar de todos los sectores de la sociedad y al final de cuentas solo acceden a todo esto, aquellos quienes ostentan un gran poder económico, dejado de lado a las comunidades y pueblos indígenas del país.
Dijo que para modificar las leyes no se tomó en cuenta la normatividad internacional, con lo cual “se limitaría la posibilidad de participar a amplios sectores de la sociedad mexicana, como el caso de las comunidades y pueblos indígenas”.
Algo que no se puede dejar de lado y que nos afectara o beneficiara – depende del cristal con que se mire – será aquella que establece las nuevas nuevas normas para la transmisión digital, lo que vendrá a dejar en calidad de monumento histórico aquellos receptores analógicos a pesar de que se sabe los grandes alcances que tiene este tipo de señal, pero la tecnología nos alcanza y rebasa.
Los críticos a la ley han dicho que las reformas deberían haber alentado la competencia en el mercado dominado por Televisa y TV Azteca, la segunda cadena televisiva, pues Televisa controla cuatro de las seis cadenas nacionales del país, la principal compañía de cable y el único proveedor de televisión por satélite. Asimismo, es la que tiene mayores ganancias por anuncios publicitarios. Mientras que la del Ajusco se ha incorporado en el negocio de la telefonía y el internet.
En la televisión la concentración es aún mayor. El Grupo Televisa opera 306 estaciones, 50 por ciento del total, mientras que TV Azteca cuenta con 180 estaciones, 30 por ciento del total. Si consideramos sólo las emisoras concesionadas a inversionistas privados, el 87 por ciento de las estaciones de televisión están en manos de las dos cadenas mencionadas, situación impensable en otros países de economía de mercado como los Estados Unidos de Norteamérica.
Es dentro de este esquema mercantil que los medios electrónicos nacionales se han desarrollado y alcanzado su mayor dinámica de expansión e influencia sobre la cultura nacional.
Pero no podemos omitir la realidad entre la radio y televisión comercial-privada, a la pública, la cual apareció de manera muy tardía, a finales de los años sesenta. Su lenta incorporación al panorama cultural de la nación, provocó que ésta emergiera y madurara con una personalidad social poco definida, con menor experiencia audiovisual, reducido apoyo económico, bajo nivel de credibilidad en el auditorio, proyecto cultural confuso, mayores presiones burocráticas, menor cobertura geográfica de influencia, grandes contradicciones en sus líneas de dirección, etc., a pesar de que la ley federal de Radio y Televisión brinda las facilidades para su operación y financiamiento, pero ante el desconocimiento de esta, es que no permiten que pueda avanzar, siendo la única manera en donde incluso hasta universidades puede explotar el espectro radial del país.
Sobra decir que los medios públicos se encuentran muy abandonados por las políticas gubernamentales y los que han llegado a una condición más privilegiada, no han alcanzado la naturaleza de medios de Estado, de servicio público; sino que se han convertido en canales de gobierno que defienden propagandísticamente los intereses de los funcionarios en turno o de los grupos de poder a los que pertenecen, en Quintana Roo es una clara muestra de lo que sucede entre el Sistema Quintanarroense de comunicación social y Radio Cultural Ayuntamiento (Cancún Radio).
La política permisiva que ha practicado el Estado mexicano durante más de 5 décadas para que los medios electrónicos aprovechen el espacio aéreo con fines comerciales, ha descuidado la noción de servicio público y la responsabilidad social de los canales para con la población, que debieran garantizar a cambio de la explotación de un bien público nacional, limitado y que pertenece a todos los mexicanos y donde no siempre se les brinda el espacio.
Estas nociones de servicio público y de responsabilidad social de los medios electrónicos son inherentes a la institucionalidad propia de las democracias avanzadas y un aspecto esencial para la transición a la democracia y una mayor institucionalidad del Estado mexicano.
Y es aquí donde la ley tiene sus lagunas y no permite que los medios se democraticen al grado de permitir que se brinde una programación que otorgue vía libre a la expresión y a la pluralidad. Pues es conocido por todos que los medios electrónicos se han transformado en un factor fundamental de la cohesión social y son un vehículo privilegiado para la transmisión y difusión de contenidos que permitan a la población mejorar sus niveles de vida, aprovechar los servicios sociales disponibles, enriquecer sus conocimientos en materia de salud, educación y alimentación, prevenir los crecientes problemas de adicciones, embarazo temprano, violencia doméstica y social, entre otros.
La amplia penetración de los medios de comunicación electrónica los ha convertido en los canales a través de los cuales se construye opinión pública, se desarrollan y destruyen figuras políticas y culturales, se denuncia, se juzga, se protege, se informa y desinforma, se enajena, se construyen y destruyen valores, se promueven estereotipos, se convence e induce al consumo. Los ciudadanos receptores de la programación han tenido pocos medios de defensa y protección ante las formas y contenidos de las transmisiones radiofónicas y televisivas. Son audiencias pasivas, sin participación ni opinión, sin defensa ni medios de reclamo y compensación.
Sin embargo, actualmente, los límites a la responsabilidad y libertad de la información son fijados actualmente por los concesionarios, que definen qué se transmite, qué no y cuándo, en realidad con muy pocas limitaciones legales.
No obstante la Constitución Mexicana y el actual marco normativo sobre comunicación social, autoriza que el Estado concesione el uso del espacio aéreo a los medios de difusión electrónicos para que éstos lo aprovechen con fines comerciales, dentro del contenido de la actual Ley Federal de Radio y Televisión no se consideran ni la participación social, ni el ejercicio de los derechos ciudadanos de los mexicanos, que son demandas planteadas por la sociedad desde hace más de 4 décadas.
La promulgación de la actual Ley Federal de Radio y Televisión, vigente desde el 8 de enero de 1960, estableció las normas para una industria radiofónica que contaba en ese momento con 40 años de desarrollo y consolidación y a una televisión con un poco más de 10 años de exitosa carrera. Dicha Ley se convirtió en el eje sobre el que se han marcado, en los últimos 50 años, las pautas generales de la actividad de los medios de mayor impacto hoy en día, la radio y la televisión abierta. Sin embargo, la realidad que pretende normar en pleno siglo XXI es absolutamente distinta al del momento en que fue promulgada.
Por ello, ahora es más necesario que antes realizar una reforma integral a la Ley Federal de Radio y Televisión, de manera que el aprovechamiento de un bien público nacional y limitado como el espectro radioeléctrico, no privilegie sólo el beneficio económico sino el beneficio social de la población. Al igual que el suelo, el agua y el subsuelo, el espacio aéreo es propiedad de la Nación, de todos los mexicanos. Las actividades de la radio y la televisión son además de servicio público, y deben por lo tanto atender a las necesidades sociales, promover el desarrollo educativo y cultural, el mejoramiento de la salud y la preservación del medio ambiente, contribuir a un mayor respeto a la pluralidad y la diversidad social, étnica y de género de los mexicanos y al desarrollo de una amplia cultura cívica y de integración nacional.
Desde este espacio considero que es urgente que el Congreso de la Unión reforme la actual Ley Federal de Radio y Televisión con un profundo sentido ciudadano, pues el Estado y el Poder Legislativo están en seria deuda histórica con la sociedad desde hace más más de medio siglo. Dicha reforma en sentido ciudadano debe otorgar certeza jurídica al ejercicio de los derechos ciudadanos como la libertad de expresión, el derecho a la información y un verdadero derecho de réplica, misma que sólo podrá garantizarse mediante la constitución de un órgano regulador, que vigile el respeto de estos derechos, realice las labores de arbitraje y asegure que tanto los medios, como el Estado cumplan con su responsabilidad ante la sociedad.
Donde se garantice el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de réplica como derechos ciudadanos básicos, donde también se pueda posibilitar una constitución de una autoridad autónoma, que otorgue seguridad y certeza jurídica a los concesionarios, posibilite la independencia efectiva del Ejecutivo y brinde a los ciudadanos confianza y transparencia en el cumplimiento adecuado de la Ley, así como que brinde la transparencia y la seguridad jurídica en el otorgamiento, la supervisión y el refrendo de las concesiones y claro que se flexibilice el otorgamiento de permisos y funcionamiento a emisoras de carácter no lucrativo, pero donde también se vigile y se normen los criterios de programación.
Considero que también se debe estimular la producción nacional independiente, a través de la creación de un Fondo Público, proteger al público televidente, en especial a los niños y adolescentes, y reducir la transmisión de programas con alto contenido de violencia y logar una regulación adecuada de los comerciales que se transmiten.
enero 18, 2013 · 15:30
Ley federal de cinematografía con sentido social
Siete son las leyes que se relacionan con el ejercicio periodístico, la comunicación, la libertad de expresión, el acceso a la información y la difusión, entre estas se encuentra una ley que en México poco ha sido reformada, pero si utilizada, sobre todo por aquellos que han encontrado en el cine su modo de expresión y no solo de entretenimiento, me refiero a la Ley de Cinematografía.
Desde que fue publicada el 29 de diciembre de 1992 y vigente actualmente con la reforma del 28 de abril de 2010, esta ley tiene el objetivo de “promover la producción, distribución, comercialización y exhibición de películas, así como su rescate y preservación, procurando siempre el estudio y atención de los asuntos relativos a la integración, fomento y desarrollo de la industria cinematográfica nacional”.
Y como se estipula en su artículo 4 “La industria cinematográfica nacional por su sentido social, es un vehículo de expresión artística y educativa, y constituye una actividad cultural primordial, sin menoscabo del aspecto comercial que le es característico”.
Sin embargo, a pesar de sus interesantes reformas y adiciones, es cierto que el cine no ha sido igual desde su época de oro, cuando el mejor medio para contagiar a las masas, antes de la televisión era el cine.
Y es que las leyes que regían a la cinematografía hasta 1949, teniendo ciertas reformas en 1952, no contribuyeron en mucho al beneficio de la industria. Esto se refleja claramente en los hechos que dieron lugar a una crisis que determinó que en nuestro país ya no exista una industria cinematográfica como tal. Para fortuna, según expertos en la industria fílmica, consideran que la iniciativa de reforma hecha en 1998 contribuye con más beneficios que la propuesta en 1992.
Sin embargo las carencias son claras, pues dejan fuera aspectos como el financiamiento, estímulos y la situación escuelas de cine quienes no permiten el enriquecimiento de la industria.
Otro punto es la mención pero sin se explicita la participación del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, mencionado en el artículo 37. Para la injerencia en la producción y en general en todos los sectores de la industria.
También destaca, el esclarecimiento de la diferencia entre la exhibición en formato de video y en formato de cine, pues es mucho más barata la primera y, aunque las tarifas sean libres, debiera regularse que no se debe cobrar en taquilla al mismo precio si la calidad en video es mucho menor al igual que los costos de copiado y proyección.
Y un hecho que demandan expertos es el hecho de que El Instituto Mexicano de Cinematografía debería contar con un capítulo en la ley como el de la Cineteca Nacional, pues tiene importancia dentro del medio fílmico y en la ley esto no se refleja.
Con esto es claro que el hecho de que una industria tan importante en su tiempo haya sido deteriorada y casi exterminada por intereses particulares, se debió en gran parte al descuido de las autoridades competentes quienes pretendieron en su momento culpar únicamente al fin de la segunda guerra mundial y por lo tanto al retorno de la industria Hollywoodense al mercado internacional, incluso hubo quienes mencionaron a la muerte de Pedro Infante como la causa del fin de la época de oro. En realidad, la industria decayó notablemente no sólo por eso. El saqueo indiscriminado del Banco Cinematográfico; el monopolio de los empleos dentro de la industria por parte de añejos empresarios directores, actores, etc.; el uso ya sobrado y desgastado de los mismos temas; el cambio de políticas sexenales bruscas como las de Diaz y Gustavo Díaz Ordaz en el punto de la expresión libertaria; el nepotismo de algunos presidentes como López Portillo quien hizo de su hermana Margarita una súper villana de uno de los episodios negros de la historia del cine nacional cuando se incendió la Cineteca Nacional y en la que trajo a directores extranjeros boicoteando a los nacionales y que derivo el auge del cine de ficheras.
Lo que es un hecho es que según la reforma de ley de 1998 es una muy buena iniciativa en beneficio del desarrollo de la industria. Pues fuentes consultadas expertas en la materia se ve reflejado en el aumento de las producciones nacionales que se pueden apreciar en salas comerciales, no únicamente en cineclubes, al exhibirse en cartelera 3 o 4 películas mexicanas y con duración hasta de 3 semanas.
Mientras no exista una unidad de intereses adecuada entre los tres grandes sectores de la industria, productores, exhibidores y distribuidores, las leyes no podrán ser satisfactorias del todo y más que ahora al parecer en el congreso de la unión no existen expertos en la materia que le puedan dar una manita de gato.
Este nuevo gobierno tiene la oportunidad de poner más atención en la industria cinematográfica. Con una visión donde se infundan aspectos positivos económicos y culturales y dejando de lado aquel cine donde el sexo era la principal temática dentro de la nación.
enero 18, 2013 · 12:46
La Ley de imprenta, un código que ¿infunde temor o risa?
El año de 1917 representa para los mexicanos la edificación de una estructura que nos reconoce como un país autónomo, sin un régimen impuesto, pero sobre todo que busca dar las garantías a todo aquel que nace con los colores de una bandera tricolor que representa la lucha por la libertad, la sangre derramada en busca de ideales sólidos y sobre todo la riqueza de un territorio que cuenta con un sinfín de lugares aun por descubrir y maravillarse.
Y es justo ese año que se realiza la última reforma desde su creación a la Ley de Imprenta, este código que brinda a los que nos dedicamos a la tarea de informar, investigar y difundir los hechos, la oportunidad de expresarse sin temor a ser lesionado, callado o en su caso asesinado.
Desafortunadamente hoy en día a casi un siglo de su reforma, esta ordenanza no se actualiza, ni reforma y mucho menos se acata, pues al parecer quedo suspendida en el limbo ante el miedo a legislar en la materia, pues esto podría ser la tumba política de algún legislador con aspiraciones personales y no de una comunidad, pero sobre todo ante el monopolio de aquellos “grandes” empresarios de la comunicación, que hoy a las nuevas generaciones solo imponen una imagen de la labor del periodista como aquel que con el chaleco puesto, un micrófono, una grabadora, una libreta y un lápiz, puede deshacer la vida personal de un sujeto o hasta ser “intocable” a la autoridad para alguna sanción y mas allá, ser el instrumento para difundir lo que al poder conviene o incluso convertirse en el objeto de venganza por haber destapado en el acto a un funcionario, servidor público o gobernante.
Abandonada en los desvanes del sistema judicial, desconocida por los editores de diarios y revistas, desatendida por casi todos, la Ley de Imprenta obedece a las discordias políticas y a la debilidad de la sociedad cuando ya se cumplen casi 100 años de su publicación y donde nadie se ha atrevido a sacar una propuesta, pues aunque se conozca por aquellos dominantes de la información, son incapaces de hacerlo porque también podría perder el tan codiciado “poder”, pero algo debe quedar claro… SIGUE VIGENTE.
Un punto que se queda a la deriva es: el derecho de réplica, que basta decir, que quien la conoce no la ejercer a plenitud o simplemente la ignora y lo plantea a su criterio, mientras quien la desconoce simplemente la menciona sin darse cuenta del gran poder que tiene, pues es el principal vinculo de la sociedad con la prensa, ya que establece que: La rectificación que haga el aludido en un periódico tiene que publicarse al día siguiente de que se ha recibido y “en el mismo lugar y con la misma clase de letra y demás particularidades” con que se hizo el texto cuya corrección se pretende. Esa disposición prácticamente nunca se cumple y de manera expresa señala que quien la incumpla puede ser castigado con prisión de hasta dos años y multa que puede llegar a mil pesos (hay que recordar que las sanciones pecuniarias, como el resto de la Ley, corresponden a parámetros de hace casi 100 años).
El segmento más relevante de esa Ley, sin embargo, se dedica a tipificar tres clases de delitos. En primer lugar, se encuentran los ataques a la vida privada, entendidos, entre otras cosas, como “Toda manifestación o expresión maliciosa hecha verbalmente o por señales, en presencia de una o más personas, o por medio de manuscrito, o de la imprenta, del dibujo, litografía, fotografía o de cualquiera otra manera que expuesta o circulando en público, o transmitida por correo, telégrafo, teléfono, radiotelegrafía o por mensaje, o de cualquier otro modo (hoy podríamos incluir el internet y las redes sociales), exponga a una persona al odio, desprecio o ridículo, o pueda causarle demérito en su reputación o en sus intereses”.
En segundo lugar, están los ataques a la moral. Esos son aquellas manifestaciones que, por los medios anteriormente descritos, “defiendan o disculpen, aconsejen o propaguen públicamente los vicios, faltas o delitos, o se haga la apología de ellos o de sus autores”. También son ataques a la moral las expresiones con las que “se ultraje u ofenda públicamente el pudor, a la decencia o a las buenas costumbres, o se excite a la prostitución o a la práctica de actos licenciosos o impúdicos”, cosa que hoy vemos hasta con fotografías en los principales diarios del estado – y no soy moralista – pero recuerdo que en la escuela me pedían leer al menos tres periódicos para practicar mi lectura y conocer el acontecer de mi ciudad, el país y el mundo, pero ahora imagínense que sucede con los niños de hoy, que no solo a través de la televisión, el cine, las revistas, el internet o el periódico, están expuestos a tantas cosas, que bien podría ganar una demanda millonaria. Aunque suene ridículo, esta ley establece que los ataques a la moral son castigados con arresto de hasta seis meses y multa que puede llegar – insisto de hace casi 100 años – a los 500 pesos
Las costumbres pueden ser buenas o no, decentes o indecorosas, según la sensatez de quien las evalúe. La Ley de Imprenta no ayuda nada cuando establece cuáles son los actos considerados como impúdicos: “todos aquellos que, en el concepto público, estén calificados de contrarios al pudor”, pero le podríamos preguntar a la iglesia, o al pastor, a la vecina o a nuestra madre.
Desde el 2000, con la llega de Vicente Fox a los pinos los medios de comunicación colocan la imagen del presidente como parte de un chiste, aunque claro, es parte de la picardía del mexicano, pero tan desactualizada esta ley que establece: si las injurias son contra el Congreso, la Suprema Corte, el Ejército o la Armada, la prisión mínima será de 3 meses y la máxima de dos años. Si el ofendido es el Presidente de la República, la pena es de hasta un año y medio pero además hay una multa de cien a mil pesos. Si se insulta a un secretario de Estado, al Procurador General o a un gobernador, el arresto es de hasta un año y la multa de 50 a 500 pesos”, se imaginan cómo estarían las cárceles hoy en día, sobre todo cuando tenemos a un presidente salido de una telenovela.
El tabulador de vituperios incluye multas de hasta 200 pesos con arresto de no más de tres meses a quien injurie a un agente o funcionario público. Es decir, sale más barato insultar al policía de la esquina que a un secretario de Estado y una afrenta al Congreso no cuesta dinero, pero la prisión puede ser hasta de dos años.
Entonces, esta ley en vez de proteger la libertad de expresión y de opinión ¿atenta contra ella?, pues si se aplicará cómo tal, muchos diarios y revistas tendrían que dejar de circular, o suprimir expresiones a veces juguetonas, fotografías que llegan a ser gozosamente perturbadoras y hasta ciertos espacios ahora de moda en el Aviso de Ocasión. Si se defendiera la idea de orden público allí establecida, serían censurados muchos comentaristas que hacen de la malicia un estilo o un recurso y, desde luego, serían abrogadas las caricaturas políticas, entre muchas cosas de hoy, como el facebook o el twitter.
En conclusión, esta Ley de Imprenta ya no se aplica, así que no existe motivo para temer sus posibles consecuencias. Si es así, ¿entonces por qué es vigente? ¿No sería mejor derogarla y tener una ley más actual, congruente con el ejercicio de libertades y las necesidades de la sociedad de nuestros días?.
Contiene disposiciones riesgosas para el ejercicio de las libertades de información y opinión. La solución no es ignorar, ni olvidar a la Ley de Imprenta. Tampoco bastaría con derogarla, porque el trato entre los medios y la sociedad sigue requiriendo de una legislación pero no como la que tenemos ahora. El trabajo es para la sociedad y los periodistas para que exija a los “diputados y senadores” trabajen en la materia.
Video: Ley de imprenta
enero 16, 2013 · 16:01
Periodistas con derechos, obligaciones y garantías ¿en la constitución mexicana?
La constitución mexicana plasma en varios de sus artículos puntos medulares de acceso a la información, la libre manifestación de las ideas, la relación que deben guardar los funcionarios de todos los estratos de gobierno con la información de cada una de sus áreas al ser organismos públicos y también la protección a los datos personales, pero que aunque expresamente se detalla que se debe guardar en todo momento sus clausulas para su respeto y ejecución, en México no siempre es así.
En este texto hablaremos de aquellos párrafos que se marcan en la carta magna de la nación mexicana y que llevan una especial relación con los que nos dedicamos al periodismo en México, pues aunque de manera periódica participamos en la labor de informar a nuestra comunidad de los hechos que acontecen, también es cierto que la profesión va mas allá de una simple declaración y me refiero a la obligación que el estado mexicano debe tener para transparentar su actuar desde los diversos ordenes de gobierno, pero también el desconocimiento de las leyes que nos amparan para conseguir los datos que logren revelar ciertas anomalías plasmadas, hacen que en ocasiones nuestra integridad este en riesgo.
Es cierto que la ley nos protege incluso del propio medio de comunicación al que escogimos para plasmar la realidad, pero también lo es, el que nos dejamos llevar ante un desconocimiento general de lo que podemos hacer, sin caer en el abuso o incluso en el poder factico que nos otorga la sociedad al tener un grado de influencia entre los que nos leen, escuchan y ven.
Para poder entender la dimensión tenemos que remitirnos al primer artículo donde todo aquel que es mexicano tiene derechos, obligaciones y garantías para luego partir directamente al Artículo Quinto, donde a pesar de que en la actualidad se pretende exigir una cédula profesional para realizar cualquier actividad, la carta magna es clara y solo deberá ser obligatoria para la autoridad ante la que se postula o litiga en representación de una parte afectada, el cliente, la contraparte o algún tercero en juicio como parte del mismo, ya que el hecho de tener la cédula de alguna profesión no le da derechos de exigirse para un trabajo, ya que se establece una libertad de ejerce la actividad que uno deseé siendo lícita, y que en cada estado de la república se señalará que actividades requieren un título para su ejercicio profesional, aun que realmente existe un registro nacional en la SEP, en donde se encontramos todos los profesionistas titulados con cédulas y posgrados reconocidos.
Ya entrando en materia, el artículo sexto deja muy claro que la manifestación de las ideas no tendrá una repercusión judicial o administrativa, a no ser que viole la moral, los derechos de terceros o que provoque algún delito, por lo que este debe ser un punto que todos los dedicados a esta noble profesión deben tener en cuenta, para exigir que se respete, se cumpla y en su caso se sancione, sin caer en los excesos, pues todo tiene una norma, recordemos que desde la asunción en el año 2000 de Vicente Fox como presidente de la república se manifiesta una apertura a la “critica” en los medios de comunicación, pero parece que fue tomado también para denostar, descalificar e incluso insultar a un detractor, por lo que la regulación en la materia debe quedar clara, pues desde la publicación de Ley de Imprenta en 1917 no se actualiza, ni reforma y mucho menos se acata, pues al parecer quedo suspendida en el limbo ante el miedo a legislar en la materia, pues esto podría ser la tumba política de algún legislador con aspiraciones personales y no de una comunidad.
Y me remito a dicha ley porque dentro de este artículo en mención deja en claro un punto: el derecho de réplica, que basta decir, que quien la conoce no la ejercer a plenitud o simplemente la ignora y lo plantea a su criterio, mientras quien la desconoce simplemente la menciona sin darse cuenta del gran poder que tiene, pues es el principal vinculo de la sociedad con la prensa, ya que establecer que: La rectificación que haga el aludido en un periódico tiene que publicarse al día siguiente de que se ha recibido y “en el mismo lugar y con la misma clase de letra y demás particularidades” con que se hizo el texto cuya corrección se pretende. Esa disposición prácticamente nunca se cumple y de manera expresa señala que quien la incumpla puede ser castigado con prisión de hasta dos años y multa que puede llegar a mil pesos (hay que recordar que las sanciones pecuniarias, como el resto de la Ley, corresponden a parámetros de hace más de ochenta años).
Tras este artículo otro de ellos base es el siete, el cual señala textualmente “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito”, a pesar de que no ha sido adecuada a la actualidad que vive el país, es de reconocer que muchos se pasan este artículo “por el arco del triunfo” pues basta ver el número de periodistas despedidos de sus medios por no mantener la “línea” del medio que ahora la mayoría responde a los poderes de las entidades por el lado económico y no para el verdadero fin, además de los asesinatos y el encarcelamiento de quienes con su pluma han denunciado a las cúpulas del poder, por ser “incómodos” al sistema a pesar de que la constitución en su artículo 8 los obliga a respetar este ejercicio de información.
Otro con mucha relación al ejercicio periodístico, el artículo 16 constitucional establece que el ciudadano tiene derecho a manifestar su oposición con los supuestos de excepción para el tratamiento de sus datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros, lo cual es adecuado, pero que ahora, parece que poco lo toman en cuenta, pues es constante en medios informativos especializados en nota roja, la publicación imágenes donde se atenta contra una persona al adjetivar incluso hasta su fisonomía, aunque también podemos apreciar una violación sin sanción de aquellos gobiernos o entes disfrazadas de cuerpos de seguridad para intervenir teléfonos o incluso conversaciones privadas, sin que hasta el momento se haya sancionado a los que realizan estas prácticas a pesar de que por la vía constitucional está expuesto.
Aunque con poca relación periodística, pero si con enfoque a los que pretenden ser los dueños o empresarios de un medio de comunicación, la constitución siempre se ha pronunciado en su artículo 28, contra de los monopolios y es claro ver que de manera hegemónica solo un par de medios tienen las concesiones privadas para explotar el espectro y no conforme con eso, han incursionado en las telecomunicaciones.
Y aunque no parezca, las jornadas de un periodista son excesivas pero también adictivas, por eso que se puede ver a integrantes de esta profesión superar las horas y condiciones de trabajo esto a pesar de que el propio mandamiento de la nación en su artículo 123 deja claro que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y donde son 8 horas las estipuladas, pero además en la mayoría de los casos son salarios mínimos y en pocas ocasiones se les impide agruparse en sindicatos, tener un seguro médico o incluso acceder a créditos de vivienda por no estar dados de alta en una nomina al cobrar solo por honorarios.
Por lo que en conclusión, aunque en ocasiones las herramientas para dignificar esta labor están estipuladas, el desconocimiento de ellas permite que muchos involucrados, omitan los derechos, obligaciones y sobre todo las garantías de un profesional de la comunicación, incluyendo el mismo periodista.
Video: Reportero, la vida de los periodistas mexicanos asesinados por cárteles
Video: Marchan periodistas mexicanos contra inseguridad

References: artículo 28
 artículo 147
 artículo 4
 artículo 37
e contrario
 artículo 8
 artículo 16
 artículo 28
 artículo 123