Source: https://derechovenezolano.wordpress.com/tag/nulidad/
Timestamp: 2019-02-24 00:40:18+00:00

Document:
#NULIDAD « DerechoVenezolano.Com
Inicio » Posts tagged '#NULIDAD'
Tag Archives: #NULIDAD
JURISPRUDENCIA SALA CONSTITUCIONAL JULIO 2006
febrero 17, 2017 9:10 am / Deja un comentario
Sentencia: N° 1323 de fecha 03 de julio 2006.
Tema: Acción Autónoma de Amparo
Asunto: Improcedencia del recurso por abstención o carencia cuando el acto administrativo que se pretende impugnar no es un acto constitutivo de derechos.
JURISPRUDENCIA SALA CONSTITUCIONAL MAYO 2006
febrero 3, 2017 9:10 am / Deja un comentario
Sentencia: N° 934 de fecha 08 de mayo de 2006.
Asunto: Los Rectores o Rectoras Electorales, en su condición de miembros del Consejo Nacional Electoral, gozan de la prerrogativa del antejuicio de mérito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 266 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 5 numeral 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
agosto 10, 2015 9:10 am / 1 comentario en NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
La nulidad es consecuencia de un vicio en los elementos constitutivos del acto. En el derecho administrativo el particular o administrado sólo puede pedir la nulidad si está legitimado, es decir solamente en los casos en que el acto afecte sus derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos administrativos son regulares o irregulares. Los regulares son anulables, es decir que si tienen vicios, éstos son subsanables. Los irregulares son los que están gravemente viciados y su nulidad es absoluta e insanable. Por lo tanto tendremos:
Nulidad absoluta: Los actos nulos de nulidad absoluta no pueden sanearse. Los vicios que tornan nulo de nulidad absoluta un acto administrativo pueden ser de dos tipos:
Vicios generales de los actos jurídicos:
1.- Error esencial: Cuando se excluye la voluntad de la Administración (error en la persona, error en el objeto).
2.- Dolo: El dolo es toda aseción de lo que es falso o disimulación de lo que es verdadero. El dolo difiere del error en que es intencional. Para que el dolo ocasione la invalidez del acto administrativo debe ser grave y determinante de la acción del agente. Sea que el dolo fuera propio del agente o del administrado o de ambos, el acto administrativo resultará nulo de nulidad absoluta.
3.- Violencia física o moral: La violencia que se ejerce sobre el funcionario puede ser física o moral, aun cuando esta última va acompañada de actitudes que pueden hacer presumir una violencia física. En uno u otro supuesto de violencia ejercida sobre el agente, el acto resultará nulo de nulidad absoluta si, a causa de ello, la voluntad de la Administración ha quedado excluida.
4.- Simulación absoluta: Cuando ninguno de los elementos resultan veraces.
Vicios específicos de los actos administrativos:
1.- Incompetencia: Puede ser por razón de:
Territorio: Se produce si el órgano actuante excede el ámbito físico dentro del cual debe ejercer su competencia.
Materia: El órgano administrativo debe realizar las funciones que específicamente le competen, debe actuar dentro de la esfera de competencia que le corresponde. La competencia de cada órgano de la Administración Pública está señalada por la norma. Si un órgano administrativo dictara un acto con contenido judicial, o si invadiera la esfera de atribuciones pertenecientes a otro órgano de la Administración, dicho acto sería nulo de nulidad absoluta.
Tiempo: Se produce si el agente decide antes (todavía no asumió) o después (ya cesó en sus funciones) del tiempo en que su decisión hubiera sido válidamente posible.
Grado: El inferior jerárquico no puede dictar un acto que sea de la competencia del superior, ni el superior dictar, en principio, alguno que fuera de la exclusiva competencia del inferior por razones técnicas.
2.- Falta de causa: Cuando el acto se dicta prescindiendo de los hechos que le dan origen o cuando se funda en hechos inexistentes o falsos.
3.- Falta de motivación: Si el acto está fundado en elementos falsos es arbitrario y por ello nulo. También es nulo de nulidad absoluta el acto ilógicamente motivado, es decir cuando se obtiene una conclusión que no tiene nada que ver con el argumento que se utiliza. La omisión de la motivación da origen a la nulidad absoluta, ya que no sólo se trata de un vicio de forma sino también de un vicio de arbitrariedad.
4.- Vicios en el objeto: Cuando el acto tuviera un objeto que no fuera cierto, o cuando se tratara de un acto física o jurídicamente imposible.
5.- Vicio en la finalidad o desviación de poder: Cuando el acto se ha dictado con un fin distinto al previsto por el legislador. Para que ocurra la desviación de poder debe haber una autoridad administrativa con competencia, que haga uso de poder para un fin distinto del conferido por la ley. Entre los supuestos de desviación de poder pueden estar los siguientes:
Que el agente actúe con una finalidad personal;
Que los actos sean realizados con el objeto de beneficiar a terceros;
Que el fin perseguido sea de interés general pero distinto del fin preciso que la ley asigna al acto (v.g.: cuando el poder de policía se usa no para mantener el orden sino para aumentar los recursos de la comuna).
Vicios en las formas esenciales: Cuando se incurre en vicios graves respecto de los procedimientos que deben seguirse o cuando hay falta absoluta de forma exigida por la ley para la exteriorización del acto.
Anulabilidad: Son anulables los actos administrativos regulares con vicios leves, que no impiden la existencia de los elementos esenciales. Si el acto ya ha sido notificado, dicha anulabilidad debe ser solicitada en sede judicial por la Administración. Sin embargo puede ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si el interesado:
hubiere conocido el vicio,
Si la revocación, modificación o sustitución lo favorece sin perjudicar a terceros, y;
Si el derecho hubiera sido otorgado a título precario.
Un acto administrativo es anulable, y por tanto saneable, por ejemplo, cuando:
El vicio fuera del objeto, en razón de no resolverse todas las peticiones formuladas.
El vicio fuera de la causa en razón de haber realizado la Administración una errónea apreciación de los hechos que forman la causa del acto, siempre que tal errónea apreciación no impida la existencia de este elemento.
Se tratare de un vicio leve de procedimiento.
JURISPRUDENCIA SALA CONSTITUCIONAL ABRIL 2000
abril 24, 2015 9:10 am / 1 comentario en JURISPRUDENCIA SALA CONSTITUCIONAL ABRIL 2000
Sentencia: N° 194 Fecha 03 de Abril de 2000.
Tema: Control difuso de la constitucionalidad
Asunto: Inaplicación del primer aparte del artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
(…) el artículo 259 de la Constitución otorga competencia a todos los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho. Dentro de dichos órganos corresponde -según surge de la norma transcrita precedentemente- a los Juzgados Superiores con competencia en lo contencioso administrativo, el conocimiento de los actos emanados de las autoridades municipales y estadales, salvo que la acción o recurso se funden en razones de inconstitucionalidad, caso en que el Tribunal declinará la competencia en el Tribunal Supremo de Justicia.
Ahora bien, considera esta Sala constitucional que el primer aparte del artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, al impedir a los Juzgados Superiores con competencia en lo contencioso-administrativo el conocer de la nulidad de los actos administrativos (generales o particulares), cuando se aleguen vicios de inconstitucionalidad, contradice lo dispuesto en el artículo 259 de la Constitución, por cuanto éste otorga facultades a los Tribunales en lo contencioso-administrativo para anular los actos administrativos generales o individuales por contrariedad a derecho, que comprende -sin lugar a dudas- tanto la inconstitucionalidad como la ilegalidad.
Por otro lado, la norma a que se contrae dicho aparte del citado artículo 181 se aparta de la verdadera intención del legislador al regular temporalmente la jurisdicción contencioso-administrativa que era, por una parte, desconcentrar las competencias que tenía la Sala Político Administrativa, como el único tribunal contencioso administrativo, y por la otra parte, acercar más la justicia al ciudadano, sobre todo cuando existen controversias entre éstos y los entes estadales y municipales.De manera que, por tales circunstancias y en especial a que por mandato constitucional los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular actos administrativos por contrariedad al derecho, esta Sala Constitucional estima que la disposición contenida en el primer aparte del referido artículo 181 es a todas luces contraria a la Constitución, motivo por el cual, en uso de la potestad prevista en el artículo 334 de la Constitución, inaplica a los fines de determinar la competencia en el caso de autos, el primer aparte del artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia por ser inconstitucional, al enfrentar de manera incontestable la disposición establecida en el segundo aparte del artículo 259 de la Constitución, en cuanto sustrae a los tribunales contencioso administrativos distintos a la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo, la competencia que le fue otorgada por la propia Constitución para conocer de la nulidad de los actos administrativos (generales o particulares) contrarios a Derecho.
Asunto: Competencia para conocer de los recursos de nulidad interpuestos contra Reglamentos y actos de rango sublegal
(…) la Sala Constitucional, en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, conoce de los recursos de nulidad interpuestos contra los actos realizados en ejecución directa de la Constitución o que tengan forma de ley.
(…) el control legal y constitucional de la totalidad de los actos de rango sublegal (entendiendo por tales actos, normativos o no, los dictados en ejecución directa de una ley y en función administrativa), son del conocimiento de los órganos jurisdiccionales del contencioso-administrativo (…)”
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/194-44000-00-0685.HTM
Sentencia: N° 195 Fecha 03 de Abril de 2000.
Tema: Fisco Municipal
Asunto: Legalidad Tributaria. Límites a la potestad sancionatoria. Caso: Parquímetros.
De un análisis preliminar, esta Sala observa que la Ordenanza impugnada establece un tributo que origina un cobro por el estacionamiento en las vías públicas, potestad que no se encuentra prevista en la Carta Magna como un ingreso de los entes locales, por lo cual, la creación y posterior aplicación de dicha tarifa podría constituir una infracción al principio de la legalidad tributaria, previsto en el artíuclo 317 de la vigente Constitución de 1999…”
“Es necesario señalar que los Municipios tienen unos límites en su potestad sancionatoria y éstos deben ser determinados por ley, y ésta a su vez no puede contradecir ni ir más allá del sentido y el alcance que a las sanciones le confiere la Constitución, dejando a los Reglamentos la función de complementar, explicar y aplicar la ley, sin poder jamás modificarla, ampliarla, ni alterarla en su espíritu, propósito y razón. En este sentido, al ser el texto constitucional expresión de principios y derechos fundamentales, y base de la organización de los poderes públicos, al clasificar los derechos y garantías y someter su regulación a las previsiones legales, entiende tal remisión a los fines de que sean las leyes las que van a determinar el contenido de tales derechos fundamentales.”
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/195-4400-00-0731.HTM
Sentencia: N° 201 Fecha 03 de Abril de 2000.
Asunto: Indebida acumulación.
…la sentencia consultada, declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta, por considerar que el actor hizo una acumulación indebida de procedimientos, al identificar dos agraviantes distintos, como lo son, por una parte, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia que homologó el convenimiento de la demanda de intimación de pago de una letra de cambio interpuesta en su contra, y los abogados representantes, tanto del demandante como de la demandada, que intervinieron en el procedimiento que dio origen a la mencionada homologación.
Ahora bien, observa esta Sala que efectivamente el actor, identifica como presuntos agraviantes, al mencionado juzgado y a los referidos abogados; no obstante se evidencia del señalado escrito que tanto las denuncias constitucionales, como las pretensiones alegadas están claramente referidas a la decisión que homologó el convenimiento…”
“Así las cosas, el Tribunal Superior ha debido estimar que la acción de amparo fue interpuesta contra la sentencia en cuestión, y no considerar que hubo una acumulación indebida de procedimientos, razón por la cual la sentencia debe ser revocada…
Asunto: La indebida acumulación no constituye una causal de inadmisiblidad de la acción de amparo.
Por lo demás, quiere dejar sentado la Sala, que la indebida acumulación de procedimientos no es una causal de inadmisiblidad de la acción de amparo, ya que los supuestos de inadmisiblidad de ésta, se encuentran previstos en el artículo 6° eiusdem, el cual no prevé la indebida acumulación de procedimientos.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/201-40400-0262.HTM
Sentencia: N° 210 Fecha 05 de Abril de 2000.
Asunto: Competencia para conocer de la nulidad contra un acto administrativo de efectos particulares conjuntamente con el acto general que le sirve de fundamento.
(…) durante la vigencia de la Constitución de 1961, correspondía a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad lo establecido en el artículo 132 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la competencia para conocer la nulidad de un acto administrativo de efectos particulares y del acto general que le sirve de fundamento, siempre y cuando fueren alegadas razones de inconstitucionalidad; todo ello en concordancia con lo previsto en los artículos 42, ordinales 1°, 2°, 3° y 4° y 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (…).
Ahora bien, a raíz de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, tales competencias atribuidas anteriormente a la Sala Plena, se encuentran actualmente asignadas a esta Sala Constitucional y a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia según lo dispuesto en los artículos 266 y 336 de la Carta Magna. Por lo cual, cuando el artículo 132 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia alude a la “Corte en Pleno”, debe entenderse que el tribunal competente será el que lo sea para conocer de la acción de inconstitucionalidad.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/210-60400-0854.HTM
Sentencia: N° 211 Fecha 05 de Abril de 2000.
Asunto: Competencia para conocer de la nulidad de leyes y demás actos del Poder Legislativo Nacional.
(…) por cuanto el acto impugnado en autos, es una ley nacional dictada por el extinto Congreso de la República, y tal como informa la división jerárquica de los actos del Poder Público, las leyes dictadas por el Poder Legislativo Nacional se dictan en ejecución directa e inmediata de la propia Constitución, y por ello, en razón del rango del acto atacado, es esta Sala Constitucional el tribunal competente para conocer y decidir de la acción propuesta en autos (…).
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/211-60400-1091.HTM
Sentencia: N° 215 Fecha 06 de Abril de 2000.
Asunto: Homologación de Transacción. Capacidad de las partes para disponer del proceso.
En primer término, debe esta Sala precisar que la homologación de una transacción es el acto por el cual el juez imparte su aprobación al contrato bilateral por el que las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan -en el caso de autos- un litigio pendiente; es decir, los efectos procesales de la transacción no se producen sino a partir de la referida homologación, por lo que sólo desde ese momento puede hacerse referencia a la fuerza de cosa juzgada que tiene entre las partes. La gravedad de ello, por tanto, obliga a la verificación de la capacidad de las partes para disponer del proceso, y, muy especialmente, de los abogados que como apoderados las representen, por parte de la autoridad jurisdiccional a la cual competa impartir tal aprobación…”
“No plantea el decisor, como se aprecia, motivación alguna de la cual se constate como efectuado, el necesario análisis tendente a la verificación que debió preceder a la homologación, particularmente por lo que respecta a la capacidad para disponer por parte del representante judicial del demandado, lo que evidencia un ejercicio arbitrario de la función jurisdiccional, violatorio del derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva..
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/215-70400-0062.HTM
Sentencia: N° 216 Fecha 06 de Abril de 2000.
Tema: Inhibición
Asunto: Lapso para que las partes formulen el allanamiento respectivo.
Todo lo anterior permite concluir a la Sala, que cuando el funcionario judicial se inhiba con fundamento en el ordinal 1° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 83 ejusdem, tal como sucedió en el caso de autos, debará dejar transcurrir el lapso de dos (2) días para que las partes formulen el allanamiento respectivo, a fin de proceder a tramitar lo necesario y desprenderse del conocimiento de la causa.
Es por ello que -tal como lo apreció el Tribunal a quo- al haberse convocado al Juez suplente…(omissis)…el mismo día -28 de abril de 1998- en que se inhibió el Juez Titular del referido, se le cercenó el derecho que tenía la parte accionante de manifestar el allanamiento al impedimento manifestado por el juez inhibido, dado que no se dejó transcurrir el lapso para formalizar tal recurso estipulado en el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil, lesionándose de esta manera la garantía fundamental del derecho al debido proceso de la accionante…”
“Lo anterior conduce a señalar, que habiéndose recusado al Juez antes mencionado, mal podía éste decidir la causa que estaba sometida a su conocimiento en segunda instancia, por estar impedido legalmente para hacerlo, dado que, como se señaló, el Juez recusado, independientemente de la extemporaneidad o no de la interposición de la recusación incoada en su contra, éste debía desprenderse inmediatamente del conocimiento del asunto, y someter el análisis de la tempestividad de tal recurso, al órgano judicial competente para tramitar y decidir la incidencia como consecuencia de tal recusación…”
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/216-70400-0088.HTM
Sentencia: N° 217 Fecha 06 de Abril de 2000.
Asunto: Derecho a ser juzgado por sus jueces naturales.
…es necesario enfatizar que aunque los órganos del Poder Público tienen sus particulares y separados ámbitos de competencia, están obligados a colaborar en la consecución de los fines del Estado, que no son ni deben ser otros que los de la misma sociedad. Si este precepto, consustancial a la funcionalidad del colectivo organizado, existe y es imprescindible entre órganos de poderes distintos, su vigencia e instrumental necesidad entre entes o instituciones de un mismo poder es indisputable. Por lo demás, la condición multidimensional del individuo en su desenvolvimiento es lo que determina que el ordenamiento jurídico tiene que ser concebido, entendido y aplicado como un todo armonioso y coherente; es un sistema en cuyo ámbito existe respuesta o solución para cualquier supuesto de la vida real con relevancia jurídica. Un mismo acto o acontencimiento puede tener repercusiones, incluso de distinto tenor y sentido, en campos o esferas jurídicas diversas y en todas tiene que ser resuelto de manera armoniosa.
La calificación que haya dado a su solicitud el órgano requiriente -en este caso el tribunal penal-, no determina ni desvirtúa su verdadera naturaleza; había tomado decisiones que repercutían en un proceso también jurisdiccional, pero de distinta naturaleza, en el que están involucradas o envueltas las mismas partes. Dicho órgano no sólo tenía competencia para hacer la solicitud sino que estaba obligado a ello. Lo contrario sería abrir las puertas a decisiones incoherentes o contradictorias, hacer nugatorios derechos o intereses legítimos de los particulares o del propio Estado y optar por una justicia sólo formal e ineficiente.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/217-70400-0128.HTM
Sentencia: N° 225 Fecha 06 de Abril de 2000.
Asunto: Formalidades para practicar las notificaciones de las decisiones dictadas fuera del lapso.
De los elementos de juicio incorporados a las actas esta Sala concluye que, en verdad, el Juzgado …(omissis)… intentó notificar válidamente a las partes en litigio una decisión dictada fuera de lapso, a través de un cartel publicado en la prensa local. Dicho efecto pretendía lograrlo el referido juez aun en relación con la demandada en el juicio de origen, accionante en amparo, a pesar de que su domicilio procesal, establecido en la propia contestación de la demanda, se encontraba en lugar distinto a la sede del tribunal; circunstancia que se asevera en los autos, sin que haya sido desvirtuada en forma alguna, no varió durante el proceso. Siendo ésta la situación de hecho, sólo una es la consecuencia en derecho: la mencionada notificación no existió y no produjo efecto alguno…”
“No existe consideración ni circunstancia alguna que justifique o convalide la omisión de las formalidades esenciales de las que depende el ejercicio del derecho constitucional a la defensa, independientemente de las circunstancias de hecho en el caso concreto…
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/225-70400-0277.HTM
Sentencia: N° 230 Fecha 06 de Abril de 2000.
Tema: Acción de amparo constitucional. Competencia.
Asunto: Atribución de competencia en razón de la materia y del territorio.
Desde el punto de vista de la competencia por razón de la materia, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone que son competentes, para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenzados de violación.
De esta disposición se desprende que, para identificar la competencia por razón de la materia en las causas de amparo, es necesario poner en relación de afinidad dos términos: el derecho, cuya violación o amenaza de violación se denuncia, y la materia de conocimiento del tribunal.”
“Visto que la idea de facilitar al presunto agraviado el acceso pronto y menos oneroso al tribunal competente, asi como la de procurar que el proceso se desarrolle en el lugar del hecho lesivo y de las pruebas, forman parte de la ratio de la disposición en referencia, cabe interpretar que el lugar del hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo es el del lugar donde el presunto agraviado sufra o tema efectivamente la lesión a sus derechos o garantías constitucionales.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/230-70400-0551.HTM
Sentencia: N° 233 Fecha 06 de Abril de 2000.
Asunto: El anuncio del recurso de casación como causal de inadmisiblidad de la acción de amparo.
Según la disposición prevista en el artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no es admisible la accón de amparo cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinaras o hecho uso de los medios judiciales preexistenes.
En el caso de autos, el presunto agraviado optó por el recurso de casación y, además, manifestó su disposición de optar por el recurso de hecho…”
“En consecuencia, cabe interpretar que el presunto agraviado optó por la vía de recursos ordinarios y preexistentes, a través de los cuales cabía juzgar sobre los hechos denunciados.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/233-70400-0555.HTM
Sentencia: N° 241 Fecha 24 de Abril de 2000.
Asunto: Motivación de la sentencia.
Los artículos 365 y 442 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone expresamente la necesidad de que las sentencias sean motivadas…”
“Esta exigencia, obliga a los jueces a exponer o explicar con suficiente claridad, las razones o motivos que sirven de sustento a la decisión judicial, las cuales no pueden ser obviadas en ningún caso por el sentenciador, por cuanto constituyen para las partes garantía de que se ha decidido con sujeción a la verdad procesal.”
“Por otra parte, la motivación de la sentencia, garantiza el derecho a la defensa de las partes, ya que éstas al conocer los motivos de la decisión, tendrán los elementos necesarios para poder conocer -y eventualmente atacar- las razones que utilizaron los órganos encargados de administrar justicia para desestimar sus pretensiones.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/241-25-4-00-00-0019.HTM
Sentencia: N° 244 Fecha 24 de Abril de 2000.
Tema: Actos procesales
Asunto: Medidas de prohibición de enajenar y gravar. Oposición de terceros.
…es cierta la afirmación realizada por el Juzgador de la Segunda Instancia, según la cual, los terceros ajenos al juicio no pueden oponerse a una medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, dado que dicho medio de impugnación sólo puede ser ejercido por aquellos que tienen el carácter de partes, bien sea como demandantes o como demandados.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/244-250400-00-0099.HTM
Sentencia: N° 246 Fecha 24 de Abril de 2000.
Asunto: Alcance de la aclaratoria.
…ha sido pacífica doctrina de este alto Tribunal, que esta facultad de aclaratoria del juez respecto de la decisión dictada, se circunscribe únicamente a exponer con mayor claridad algún concepto ambiguo u oscuro de la sentencia, pero que, de ninguna manera, puede éste modificarla o alterarla. Así pues, cada vez que la solicitud de aclaratoria o de ampliación lleve implícita una crítica del fallo, argumentándose que se ha debido decidir algún punto de manera distinta a como sentenció el juzgador, no podría declararse procedente dicha solicitud, toda vez que se estaría desvirtuando el verdadero sentido o naturaleza de esta figura procesal.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/246-25-4-00-00-0125.HTM
Sentencia: N° 249 Fecha 24 de Abril de 2000.
Asunto: De la oposición.
Una vez precisado que el accionante en amparo era propietario de unos bienes y que esos bienes fueron objeto de una medida de secuestro en un juicio donde no formó parte, resta por precisar, si tal como lo sostiene el fallo apelado, la acción de amparo era el único medio breve, sumario e idóneo para lograr el restablecimiento de manera inmediata de los derechos denunciados como conculcados.
Al respecto, esta Sala ha determinado que la oposición a las medidas preventivas, consagrada en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, constituye un medio judicial ordinario breve, idóneo y eficaz para lograr la revocatoria, modificación o confirmación de las mismas.
En ese contexto, al ser la oposición a la medida cautelar el medio judicial ordinario con que cuenta la parte, ésta debe acudir a esa vía, ya que lo contrario conllevaría a declarar la inadmisiblidad del amparo propuesto, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/249-25-4-00-00-0294.HTM
Sentencia: N° 265 Fecha 24 de Abril de 2000.
Tema: Recurso de Colisión
Asunto: Normas atributivas de competencia.
En primer lugar, debe señalarse que aparte de las mencionadas normas atributivas de competencia, no existen otras disposiciones relativas al procedimiento del denominado recurso de colisión, salvo la referencia expresa que del mismo hace el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que alude a la reducción de lapsos y la eliminación de las etapas de relación e informes cuando el asunto fuere de mero derecho. En el mismo sentido, puede afirmarse que tampoco existe regulación desde el punto de vista de los criterios materiales que han de seguirse cuando se planteen colisiones de normas.”
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/265-25-4-00-00-0690.HTM
Sentencia: N° 268 Fecha 24 de Abril de 2000.
Asunto: Ley para el Control de los CASINOS, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.
Esta Sala observa que los dispositivos normativos contenidos en los artículos 24 y 25 de la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, no contemplan una restricción total al ejercicio de dichas actividades, sino que simplemente consagran limitaciones al desarrollo de las mismas, antendiendo al tipo de actividad de que se trata, esto es, recreativas o de esparcimiento, basadas en juegos cuyo elemento esencial radica en el azar. De manera que, cumplidas las normas para su funcionamiento, todas las personas pueden dedicarse a tales actividades. Por lo tanto, los referidos dispositivos normativos no constituyen de modo alguno una presunción o amenaza de violación inmediata de derechos constitucionales a la libertad económica.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/268-25-4-00-00-0727.HTM
Sentencia: N° 271 Fecha 24 de Abril de 2000.
Tema: Normas procedimentales
Asunto: Control difuso de la Constitución.
Por lo tanto, esta Sala observa que si bien la decisión del juzgador de instancia resultó excesiva en cuanto al uso del medio de protección difuso de la Constitución, pues erró en la determinación del instrumento normativo con el cual el artículo 59 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo relamente entraba en contradicción, la misma resulta a fin de cuentas ajustada al principio de legalidad de la actuación de los órganos y autoridades del poder público, por lo que la desaplicación del artículo del Reglamento en cuestión se atuvo a la expresión de dicho principio…”
“No obstante estima la Sala que, merced al principio de la legalidad, bastaba al Juzgado Superior tantas veces mencionado la mera desaplicación de la norma contenida en el artículo 59 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo -visto que dicho Reglamento contiene un precepto con pretensión de generalidad en materia que no le era permitida por la Ley Orgánica del Trabajo-, estima la Sala que la desaplicación efectuada se ajusta a los postulados del principio expresado, por lo que no se evidencia en este caso violación alguna al derecho constitucional a la defensa del recurrente ni a ningún otro derecho o garantía expresa o implícitamente reconocido.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/271-25-4-00-00-0091.HTM
Sentencia: N° 290 Fecha 24 de Abril de 2000.
Tema: Habeas Corpus
Asunto: De la revisión de las sentencias.
…la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 336, numeral 10, atribuye competencia a esta Sala para revisar las sentencias de amparo constitucional que dicten los tribunales de la República, en los términos establecidos por la Ley Orgánica…”
“La Sala estima que, a los fines de juzgar sobre si procede el ejercicio de su potestad de revisión en el caso de autos, es pertinente valorar, entre otros elementos, la gravedad del presunto hecho lesivo el tenor de las decisiones pronunciadas a su respecto por los tribunales de instancia.
En cuanto al presunto hecho lesivo, de los autos se desprende que la acción fue ejercida a causa de la presunta desaparición forzada del ciudadano …(omissis)… La Sala considera que, de verificarse, la desaparición forzada de un ciudadano constituiría un hecho de especial gravedad…
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/290-25-4-00-00-0648.HTM
febrero 20, 2015 9:10 am / Deja un comentario
QUÉ ES LA ECONOMÍA PROCESAL
octubre 8, 2014 9:10 am / Deja un comentario
septiembre 1, 2014 9:10 am / 1 comentario en GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Cuando se apertura un procedimiento administrativo de oficio o a instancia de parte la administración debe garantizar el cumplimiento de una serie de principios y los administrados tienen el derecho de exigirle a la administración pública que cumpla con esas garantías.
Principio derivados de la Organización Administrativa:
1º La administración Pública tiene que estar organizada de acuerdo a forma competente. Los administrados tienen el derecho de que sí el órgano o ente de la administración pública cumpla competencias definidas. Para poder saber y tener un ordenamiento de órgano competente.
Competencia: Ppio. De Legalidad.
El administrado debe tener la garantía dentro de lo que el ordenamiento jurídico establezca o señale los órganos o entes de la administración pública que deben tener atribuciones propias establecidas en la ley (ppio. de legalidad =los funcionarios públicos solo pueden actuar cuando una ley de forma expresa y previamente le establezca la competencia).
Se debe tener la garantía como administrado que el ordenamiento jurídico establezca una organización consola a los objetivos primordiales de la administración pública que es satisfacer el interés de los administrados.
Art. 26 LOAP: Toda competencia atribuida a los órganos y entes de la Administración Pública será de obligatorio cumplimiento y ejercida bajo las condiciones, limites y procedimientos establecidos; será irrenunciable, indelegable, improrrogable y no podrá ser relajada por convención alguna, salvo los casos expresamente previstos en las leyes y demás actos normativos.
La competencia una vez que el ordenamiento jurídico le atribuye un conjunto de potestades a un órgano o ente, este no puede renunciar a esa competencia tanto que puede delegar (transferir) la competencia a menos que la ley de forma expresa lo permita.
La LOAP establece la posibilidad de las delegaciones inter orgánicas y delegaciones inter subjetivas. Son mecanismos de transferencia de la competencia permitidos por la ley, sí la ley no lo permite el funcionario no puede transferir la competencia de él.
El administrado tiene el derecho de exigir el cumplimiento de esas garantías.
Colaboración Administrativa:
Regula en beneficio de los particulares. Sí se expropia se debe indemnizar.
Art. 24 LOAP: Los órganos y entes deben colaborar.
Art. 54 LOPA: Se solicitan informes técnicos al ministerio que tiene la competencia para determinar y este está obligado a colaborar- contribuir con la decisión que se lleve a cabo.
Presunción de Legitimidad.
Cuando se abre un procedimiento administrativo y empieza toda la transacción de ese procedimiento a menos que se trate de esos procedimientos que no ameriten instrucción. La mayoría amerita la transacción (traer pruebas, evacuarlas, solicitud de informes, etc.) que poco a poco va forman el expediente administrativo.
Luego de la tramitación la administración pública dicta la decisión acto administrativo el cual se presume legal y legitimo salvo prueba en contrario. Se presume
1º que le funcionario que dicto el acto es un funcionario competente salvo prueba en contrario
2º que se llevo a cabo todas las fases del procedimiento, salvo prueba en contrario (instruyo el procedimiento como lo señala la ley dentro de sus competencias).
3º consecuencia de que la decisión dictada por el funcionario esta acorde a derecho.
PRESUNCION DE LEGITIMIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO:
Estas presunciones son IURIS TANTUM: Admiten prueba en contrario. El funcionario que abre el procedimiento administrativo se presume inocente y acorde hasta que se demuestre lo contrario. Se presume que el acto administrativo fue dictado conforme a derecho y que cumple con los requisitos legales y constitucionales que lo hacen valido, salvo prueba en contrario.
Sí no se está de acuerdo con la decisión porque es ilegal se puede intentar los recursos que da la ley (administrativos o judiciales) se tiene que señalar en los alegatos y probar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto administrativo. Desvirtuando así la legitimidad del acto administrativo.
El acto administrativo se presume válido hasta que se demuestre lo contrario a través de un recurso.
Características o Consecuencias de los actos administrativos dictados; de la presunción del acto administrativo son (2):
1) Ejecutividad: el acto administrativo una vez que se dicta se puede ejecutar inmediatamente. Ejm demolición. Porque se presume que el acto que se dicto es legitimo y no tiene vicio. Sí no se suspenden los efectos del acto se presume válido por eso se deben intentar los recursos.
2) Ejecutoriedad: como el acto se presume valido hasta prueba en contrario la administración pública puede ejecutar ella misma el acto, de oficio. Sí el administrado no cumple voluntariamente. Sin necesidad de que la administración acuda a un tribunal para que decida.
De Auto tutela:
La administración pública es autosuficiente para: tomar decisiones, revisar sus propias decisiones y modificarlas o anularlas y ejecutar sus propias decisiones.
Auto tutela de 1er GRADO: La Adm. pública tiene la potestad, competencia, para tomar decisiones de fondo del asunto que han sido planteados en una sede de primera instancia. Primera decisión que toma la administración pública en el ejercicio de la potestad de auto tutela declarativa, donde se declara por primera vez la decisión de fondo que resuelve el asunto.
Sí no se está de acuerdo con el acto por que contiene ilegalidad o inconstitucionalidad:
Auto tutela de 2do GRADO: se puede intentar el recurso de reconsideración/ jerárquico/ o el judicial; la administración pública puede entrar de oficio revisar ese acto administrativo. Y luego de esto ella puede decidir y modificar o anular el acto.
Cuando la administración pública por segunda vez revisa el acto dictado en el primer grado.
Auto tutela EJECUTORIA: dictado el acto administrativo puede ejecutarse inmediatamente y lo puede realizar la propia administración porque ella tiene autonomía para tomar las propias decisiones que dentro de esas puede estar la ejecución de los actos que ella dicta.
La administración pública puede ratificar la decisión inicial o puede modificarla anulando la decisión de forma definitiva.
– Vicios de Nulidad absoluta: el acto debe desaparecer, por una gran irregularidad, puede ser en los procedimientos abiertos de oficio o a instancia de partes. Aunque el acto aparentemente genere derecho a algún administrado.
– Vicios de Nulidad relativa: sí el acto de la administración pública ha generado derechos a los particulares. El acto puede ser convalidado. Puede ser corregido el error.
Art. 82 y 83 de la lopa nulidad absoluta. No se puede fundamentar un derecho en una razón de una inconstitucionalidad.
Agotamiento vía administrativa OJO:
Agotados los recursos administrativos como el de reconsideración o jerárquico se puede ir al recurso judicial. Esto es otra garantía del procedimiento administrativo.
Art 93 LOPA: queda abierta la jurisdicción contencioso administrativo después de haberse agotado los recursos administrativos esto esta parcialmente derogado por la LOTSJ. Que el administrado pueda acudir a los tribunales (a la jurisdicción contencioso administrativa), a solicitar la nulidad de un acto emanado de la administración pública. Este articulo debe interpretarse en conjunto con la LOTSJ.
Cuando se va a intentar un recurso de nulidad contra un ato administrativo en sede judicial debe irse a la LOTSJ no establece que la falta de agotamiento de la vía administrativa como causal de la inadmisibilidad de los recursos.
Art. 7 LOAP numeral 10: derecho de las personas en sus relaciones con la administración pública. Se señala que en la actualidad los administrados tienen la alternativa de o agotar la vía administrativa o ir a tribunales.
a) JURISPRUDENCIA: Sí se empieza la vía administrativa (reconsideración) puede dejarse a medio camino e ir directamente a la vía judicial.
b) JURISPRUDENCIA: Sí se va por la vía administrativa (reconsideración y jerárquico) y esperar que la administración pública decida y sí no es la decisión que se quiere es allí donde se puede ir a vía judicial.
Agotar la vía administrativa: es agotar todos los recursos que da la ley para que tenga alternativa de ir a los tribunales.
Posiciones de agotar la vía administrativa:
Deben agotarse todos y cada uno de los recursos que tiene la vía administrativa (reconsideración terminado para poder empezar el jerárquico y luego pasar el lapso de la administración para que decida y luego de decidir es que se puede intentar la vía judicial) LOPA: establece esos recursos del de Reconsideración y el Jerárquico y el excepcional que es de revisión.
En beneficio del administrado por razonamientos constitucionales sí el administrado decide intentar primero el recurso de reconsideración el administrado puede irse directamente a los tribunales.
GARANTÍAS JURÍDICAS:
Tiene que ver con el debido proceso
Derivadas de la Seguridad Jurídica:
A) Derecho a la Defensa (49 C. B. V):
Una vez que se abre un procedimiento administrativo hay que otorgarles el derecho a la defensa a los interesados.
a. a) Derecho a apertura del expediente, copias y acceso:En la práctica:
Todo administrado tiene derecho a la apertura del expediente correspondiente, el expediente: es la manifestación física de todo el procedimiento porque se evacuan pruebas, se consignas escritos, etc. Y esto es el soporte físico de la decisión de la administración pública porque ella en el momento en que abre un procedimiento dicta un auto de apertura del procedimiento y esto forma parte del expedi.
Los administrados tienen derecho de exigirle a la administración pública a través de un escrito que ordene el expediente, que lo exfolie, numere, etc. Y dentro del expediente puede haber documentos públicos o privados, pruebas testimoniales, etc, y todo es importante.
Derecho a acceder al expediente administrativo y a obtener copias de lo que este dentro del expediente administrativo: esto forma parte del derecho a la defensa.
Parcial por el (———– 59 LOPA ——————- 21. 8 LOTSJ
143 CRBV 40 LOPA
155 y Siguiente LOAP
Art. 59 LOPA: Los interesados y sus representantes tienen el derecho de acceder al expediente y a solicitar copias.
Art. 143 CBV: Los ciudadanos tienen el derecho al acceso de los archivos y registros administrativos sin perjuicio de los límites salvó otras excepciones.
Ambos artículos hacen referencia a los asuntos confidenciales, cualquier documento calificado como confidencial por la administración pública no tienen acceso. Pero revisados por la autoridad administrativa competente y deben dictar un acto por el cual se señala que es confidencia y por eso no se puede acceder. Los expedientes son públicos salvo que se declaren confidenciales.
La diferencia está en que en la LOPA habla de interesados: (aquellos que tienen interés personal, legitimo y directo) y la CBV habla de ciudadanos (todos) y ese artículo de la constitución deroga parcialmente al de la LOPA.
Interés personal: alude a que el acto haga valer en su nombre o en el de un sujeto de la comunidad en las cuales representa su pretensión. Según la LOPA solo puede acceder al expediente solo aquellas personas que se vean afectadas directamente por el procedimiento o por el acto administrativo al cual le quieran sacar copia.
Para intentar un recurso en sede administrativa o para iniciar un procedimiento tiene que haber el elemento en interés PERSONAL / LEGITIMO Y DIRECTO. Sí se trata de sacar copia puede hacerlo cualquier ciudadano a menos que se trate de un documento confidencial.
Art. 170 LOAP: Derecho de acceso a los archivos y registros conlleva a obtener copias simples o certificadas de los mismos. Las certificadas pueden ser limitadas por la administración.
Art. 4 LOPA: El expediente debe estar organizado por fechas, sellos y enviado a la oficina correspondiente que está conociendo del caso para que sea archivado.
Art. 25 LOPA: Cuando se va a la administración pública el administrado puede hacerse solo o a través de su representante o apoderado sí lo tiene, el cual no puede ser rechazado por la administración pública porque forma parte del derecho a la defensa o a la asistencia de un abogado.
a. b) Derecho a ser oído (32, 48 LOPA)
Art. 32: No significa a que todos tienen derecho a que le den la razón. Sino que significa que tiene el derecho a que la administración pública escuche consignando el documento en el expediente administrativo.
Art. 48: En el procedimiento administrativo ordinario (a instancia de partes o de oficio) tienen que pasar 10 días de garantía mínima para que las partes presentes sus alegatos y pruebas.
a. c) Audiencia Interesado (68 LOPA)
En leyes especiales también puede aparecer audiencia del interesado.
En la LOPA se señala que a los interesados hay que consultarlos cuando se trata de la conversión del procedimiento administrativo sumario al procedimiento administrativo ordinario. “Previa audiencia a los interesados”
a. d) Decisión Motivada (importantísimo) (2 LOPA, 9 LOPA, 18.5 LOPA)
Tiene que ver con el derecho a la defensa. Cuando la administración pública toma una decisión tiene que estar motivada, explicando las razones de esa decisión sea positiva o negativa. Todo acto administrativo debe ser motivado los que son definitivos, los que no son motivados son aquellos de mero trámites.
Art. 2 LOPA: la administración pública esta en la obligación de decidir y sí decide no decidir tiene que explicar porque. Siempre tiene que decidir.
Art. 9 LOPA: La motivación. Los actos de trámite no, el auto por el cual se decide admitir o inadmitir pruebas eso sí tiene que estar motivado porque sí se inadmite una prueba se está limitando el derecho a defenderse a probar.
Pruebas impertinentes y Pruebas incongruentes: (no guardan relación con el caso).
Art. 18 # 5 LOPA: todo acto administrativo debe contener el fundamento de la decisión. Tanto de los hechos como del derecho.
– Sí el acto no está motivado está viciado de nulidad.
B) SUBSANABILIDAD: (5 LOPA)
El despacho subsanador del que se hablo en otras clases. Cuando se consigna un escrito o una solicitud ante la administración pública ella debe revisar sí se consignaron todos los requisitos establecidos en la ley si no la administración está en el deber de devolver lo solicitado indicando lo que falto con la finalidad de que el administrado subsane lo que falta. Y esto es una garantía para el administrado ya que no tiene sentido que se haga un trámite y lo nieguen al final porque falto un documento.
C) ESTABILIDAD ACTO ADMINISTRATIVO
Los actos administrativos a menos que estén terriblemente viciado de nulidad absoluta, deben mantenerse no deben anularse en el caso de los vicios de nulidad relativa aquellos que hayan generado derecho a los particulares. Mantener el acto administrativo y solo anular los que tengan un vicio ilegal o inconstitucional (gravísimos) art. 19 LOPA.
– Brinda seguridad jurídica al administrado porque ese cato va a estar allí y va a surtir todos sus efectos.
D) PRESCRIPCIÓN (70, 78 al 80 LOPA)
Prescripción: Es el nacimiento (p. adquisitiva-usucapión) o la extinción (p. extintiva) de un derecho por el transcurso del tiempo.
Semana que viene…. Como se establece la prescripción y compararla con la prescripción de la ley del estatuto de la función pública y la diferencia.

References: artículo 181
 artículo 259
 artículo 181
 artículo 259
 artículo 181
 artículo 181
 artículo 334
 artículo 181
 artículo 259
 artículo 6
 artículo 132
 artículo 132
 artículo 82
 artículo 83
 artículo 86
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 135
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 336