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Timestamp: 2017-09-24 04:57:46+00:00

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Legislación en materia de comunicación · 31 marzo 2014 | Q MEDIOS ITESO
Legislación en materia de comunicación · 31 marzo 2014
Los errores e incongruencias de la propuesta de leyes en telecom, texto de Clara Luz Álvarez
Las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, que empezarán a discutirse desde esta semana en el Senado de la República, han provocado diversas preocupaciones, sobre todo por el contenido de la propuesta presidencial en esta materia.
Estos son algunos puntos inconstitucionales, incongruentes o que contravienen el interés público:
Telecomunicaciones y órgano regulador
Tema Observaciones de inconstitucionalidad, incongruencia o contravención al interés públicos
Colaboración con la justicia En varios textos de este Capítulo de Colaboración con la Justicia se violan derechos humanos.
Se incluyen facultades para que las instancias de seguridad (Cisen, Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, entre otras) puedan obtener información de los concesionarios sobre la localización en tiempo real de cualquier dispositivo de comunicación (geolocalización) para sus labores de “producción de inteligencia”, sin que medie orden judicial y sin establecer supuestos para evitar violación a derechos humanos.
Se amplía la obligación de los concesionarios de conservar información sobre las comunicaciones de sus clientes (p. ej., tipo de comunicación, fecha/hora/duración de la comunicación, ubicación geográfica del dispositivo) por 24 meses, sin que exista una justificación para ello.
Las instancias de procuración de justicia (p.ej. PGR, procuradurías, MP) y las instancias de seguridad pueden solicitar la información sobre las comunicaciones, sin que se establezcan limitaciones para evitar violaciones de derechos humanos.
Las instancias de seguridad pueden solicitar en casos de amenazas a la seguridad nacional, facilidades para obtener información relacionada con cualquier comunicación o dispositivos. Aun cuando requiere orden judicial, no se establecen los detalles que debe incluir la solicitud como sí se hace en otras leyes para temas que pueden infringir derechos humanos.
En eventos y lugares críticos para la seguridad público y nacional, los concesionarios y autorizados (p. ej. comercializadoras) están obligados a bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones cuando se los soliciten las “autoridades competentes”. No define quienes son autoridades competentes, ni si debe mediar orden judicial, ni tampoco establece los límites en los cuales las autoridades deben justificar que amerita el bloqueo de señales. Esto puede ser un mecanismo para impedir que en una manifestación los periodistas, los medios de comunicación y la sociedad difundan información en contravención del derecho a la información y libertad de expresión, que las personas puedan sumarse a la manifestación en perjuicio del derecho fundamental de libertad de asociación, entre un sinfín de riesgos a los derechos humanos.
Intromisión en la autonomía del IFT por parte del Ejecutivo Federal A la Secretaría de Gobernación (Segob) le dan competencia contrariando a la Constitución:
en materia de contenidos audiovisuales lo cual es totalmente contrario a un país que aspire a ser democrático.
en materia de programación y publicidad dirigida a la infancia, siendo que la reforma constitucional ordenó que sea el IFT quien supervise todo ello.
en materia de equilibrio entre publicidad y programación, contrario a la facultad constitucional de que sea el IFT, se le dan facultades a Segob para que “monitoree”.
A la SCT se le dan facultades para:
hacer recomendaciones al programa de trabajo del IFT y, aunque dichas recomendaciones no sean vinculantes, quebrantan la autonomía constitucional.
Facultades del IFT que fueron omitidas No se le otorgan facultades para la alfabetización mediática de la población (ver más adelante sobre alfabetización mediática).
Facultades indelegables del Pleno del IFT injustificadas Resulta excesivo que ciertas facultades sean indelegables e incluso pueden generar la parálisis regulatoria, si muchos asuntos los tiene que resolver el Pleno del IFT. Algunos ejemplos.
El que se establezca que las sanciones sólo puedan ser impuestas por el Pleno del IFT, no se justifica en atención a que existen muchos incumplimientos de falta de entrega de documentación, etc., que no requieren que sea el Pleno quien lo analice y resuelva. Pueden perfectamente desempeñar esa función los titulares de las unidades del IFT y sólo reservar al Pleno del IFT aquellas que sean causal de revocación, desinversión u otras de mayor trascendencia. El efecto de que las sanciones sólo las imponga el Pleno será que las sanciones no se impongan de manera oportuna.
Las facultades en materia de competencia económica, toda vez que muchas de las facultades pueden perfectamente ser realizadas por otros servidores públicos e incluso en la etapa de investigación debe ser una autoridad distinta al Pleno.
La aprobación de tarifas puede perfectamente realizarse por el titular de la unidad respectivo.
La colaboración con el Ejecutivo Federal para la negociación de tratados, también puede realizarse por otras instancias.
Sanciones – ineficacia del sistema propuesto Las sanciones se imponen para desincentivar el incumplimiento al marco jurídico y penalizar a aquella persona que lo viole. Las sanciones deben ser impuestas de manera oportuna y ser suficientes para generar el desincentivo.
La iniciativa establece que las sanciones se pagarán hasta que causen estado administrativa y judicialmente, lo cual quebranta el principio de validez de los actos administrativos que ordena que los actos se cumplan a menos que exista suspensión porque hay una presunción de validez del acto. El que cause estado administrativa y judicialmente sería un incentivo perverso para favorecer el incumplimiento al marco jurídico, a sabiendas que cualquier multa impuesta no deberá pagarse sino hasta que en última instancia un tribunal confirme la multa lo cual puede ser en el mejor de los casos 2 años después de que inicialmente se impusiera la multa.
No hay un razonamiento en la exposición de motivos del presidente Peña Nieto del por qué las sanciones son menores para contenidos audiovisuales que por el resto de las infracciones.
Tampoco se establece un procedimiento sumario (con plazos más cortos) para el procedimiento administrativo sancionador, lo cual sería muy positivo para el sector.
Consejo Consultivo El Consejo Consultivo debe estar abierto a una convocatoria pública y no sólo a la propuesta del Presidente del IFT. De dejarlo así, se presta a crear un Consejo Consultivo que comparta la línea ideológica del Presidente, pero que se pierdan otras voces que aporten diversidad a la discusión aun cuando difieran el Presidente en turno.
El plazo de 1 año para ser consejero es limitado, debiera ser de al menos 2 años.
Las opiniones de un Consejo Consultivo si bien no son vinculantes, el IFT debe tomarlas en cuenta y exponer los razonamientos de por qué no incluye las recomendaciones. Ello es consistente con lo que sucede con los consejos consultivos de órganos reguladores como la Federal Communications Commission de EUA y Ofcom de Reino Unido, entre otros.
El Consejo Consultivo también debiera incluir las opiniones de los ciudadanos de a pie.
Trabajadores del IFT La iniciativa señala que todos serán trabajadores de confianza en el texto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y en un transitorio señala que se establecerá el servicio profesional de carrera. Lo anterior es incongruente o son de confianza o están sujetos a un servicio profesional de carrera.
Es contrario a la formación de instituciones que todos los trabajadores sean catalogados como de confianza. La mayoría de los trabajadores del IFT deben ser del servicio profesional de carrera y únicamente por excepción, deberán designarse a los menos como trabajadores de confianza.
Derechos de los usuarios Omiten incluir derechos de los usuarios que ya están reconocidos hoy en el marco jurídico mexicano, por lo cual la iniciativa es una regresión. Algunos de los derechos omitidos son:
faltan cláusulas de relativas a los contratos de adhesión como (i) que las cláusulas abusivas se tendrán por no puestas, (ii) que se interpretará en lo más favorable a quien no redactó el contrato, y (iii) las penas convencionales deben ser proporcionales y equitativas
los concesionarios están obligados al desbloqueo gratuito de equipos terminales (p. ej. celulares) cuando el equipo se haya pagado en su totalidad, cuando haya vencido el plazo forzoso o bien, cuando se haya pagado la pena convencional de un contrato con plazo forzosos.
se debe informar sobre las velocidades de acceso y salida de los servicios
se debe compensar proporcionalmente al usuario por los servicios que no se presten en la forma y términos convenidos, así como bonificar al menos el 20% del monto del periodo de afectación de la prestación del servicio
Adicionalmente, el que se vuelvan a otorgar facultades a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para defender los derechos de los usuarios, ignora la larga historia de décadas en la que los derechos de los usuarios de telecomunicaciones no fueron defendidos debidamente, además de que existe diversos derechos muy específicos de las telecomunicaciones que ameritan que en lugar de que se cree una subprocuraduría o unidad para los usuarios de telecomunicaciones, mejor que esa área se cree para el IFT.
Contención de un posible prestador de servicios de TV restringida Ni la iniciativa, ni la exposición de motivos justifican el por qué se establece un periodo de 24 meses que no viene contemplado en el texto constitucional. El resultado de ello es que la sociedad se vea privada de un posible nuevo oferente del servicio de TV restringida, en perjuicio de la competencia. Esta cláusula está dirigida a Teléfonos de México y Teléfonos del Noreste que son las empresas que tienen prohibición en su título de concesión de prestar servicio de televisión.
La Constitución impone la obligación de que los servicios se presten en competencia, por lo que limitar la entrada a un agente económico debe tener una justificación observando los principios de idoneidad y adecuación al fin que se persigue, razonabilidad y proporcionalidad. Todos estos principios y la Constitución misma es incumplida con establecer un periodo de 24 meses, sin justificación. Lo que debiera pasar es que se autorice la prestación del servicios de TV restringida a Telmex/Telnor, pero con medidas asimétricas especiales para evitar que pudiera abusar de su poder de mercado.
Accesibilidad a las telecomunicaciones y la radiodifusión por personas con discapacidad La iniciativa es pobrísima en cuanto a respetar la accesibilidad a las telecomunicaciones y radiodifusión por personas con discapacidad y omite observar lo que le dé vida práctica en este tema a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para que el Estado mexicano deje de estar en violación flagrante a esta Convención en materia de accesibilidad a las telecomunicaciones. Las leyes que prevé la iniciativa deben incluir al menos:
Subtitulaje y/o intérprete en lengua de señas (discapacidad auditiva) en todos los contenidos audiovisuales con un calendario de implementación, iniciando con los programas de noticias.
Servicio de retransmisión o relevo de comunicaciones (discapacidad auditiva)
Bandas informativas y con sonido identificador de señal de emergencia en TV (discapacidad auditiva y visual)
Sitios web con criterios de accesibilidad (p. ej. contar con mapa de sitio, proveer texto de los audios, formatos accesibles, tipo y tamaño de letra)
Equipos accesibles (p. ej. ajuste de volumen, pantallas más grandes, traducción de texto a voz, compatibles con dispositivos de ayuda)
Omiten la alfabetización mediática La alfabetización mediática es indispensable para que la sociedad pueda ejercer y gozar debidamente de diversos derechos humanos. La iniciativa es omisa en cuanto a alfabetización mediática. Ésta debe ser competencia del IFT e incluir al menos:
Capacitar para tener conocimientos para acceder a medios de comunicación (p. ej. TV, radio, internet, cine, móviles).
Capacitar para comprender contenidos y programas que se reciben (p. ej. saber que información es previamente seleccionada por el editor)
Capacitar para poder discriminar entre lo que es publicidad, información y programas.
Capacitar para saber navegar en internet y saber cómo funcionan los motores de búsqueda (p. ej. Google)
Capacitar para conocer los riesgos del uso de nuevas tecnologías.
Concesiones para uso de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico Sólo debe exigirse obtener autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras a aquellas personas que soliciten concesión y tengan inversión extranjera.
Red pública compartida de telecomunicaciones a cargo del Ejecutivo Federal Carece de plazo para el cumplimiento de este mandato constitucional y que está reflejado en la iniciativa. Debiera existir también obligaciones del Ejecutivo Federal para cumplir con la instalación y activación de la red pública compartida.
Preponderancia, contenidos, publicidad y otros
Preponderancia Las definiciones de preponderante deben permitir que se puedan establecer preponderantes por servicio dentro de cada sector. Es decir, que se pueda establecer en el sector de telecomunicaciones a un preponderante en telefonía fija, otro en telefonía móvil, otro en TV restringida, otro en transmisión de datos, etc. En tanto que la preponderancia en radiodifusión debe permitir que exista una preponderante en radio abierta y otro en TV abierta.
La definición de preponderante para radiodifusión omite que también ésta se pueda medir por la capacidad, es decir, por el número de MHz que tenga. Esa métrica está establecida en la Constitución y fue omitida en la iniciativa.
Las medidas para que el preponderante de radiodifusión evite abusar de su preponderancia en el sector son muy limitadas y se deben establecer medidas que efectivamente limiten ese poder, que reconozcan mayores candados para evitar que los derechos de las audiencias sean violentados, etcétera. A manera de ejemplo, las medidas deben incluir al menos que la información de sus servicios/productos de publicidad sea pública y las solicitudes que reciban se procesen a través del Sistema Electrónico de Gestión para evitar que discrimine y haga negativa de trato a posibles anunciantes de competidores del preponderante o aquellos que tengan información que difundir que pudiera estar en contra de los anunciantes del preponderante (p. ej. difundir la importancia de beber agua sola vs. anunciantes de bebidas con alto contenido calórico).
Propiedad cruzada de medios La iniciativa pretende reducir los límites a la propiedad cruzada de medios a tan solo un castigo para aquellos que impidan o limiten el acceso a información plural y además no cumplan con determinaciones del IFT. Los límites a la propiedad cruzada deben estar establecidos en ley y no sólo enviarlos como un remedio después de que ya existe un daño irreparable al derecho a la información de la sociedad.
Los límites a la propiedad cruzada de medios son un instrumento para evitar que se afecte la libertad de expresión y el derecho a la información por la concentración en un grupo corporativo de diversos medios de comunicación. (ver Álvarez, Clara Luz, Derecho de las telecomunicaciones, 3ª ed., Themis, Bogotá, 2014) Esto es, los límites a la propiedad cruzada de medios no deben ser vistos únicamente como un remedio o sanción, sino que sirven para evitar se afecte a los derechos humanos informativos.
Publicidad Los límites máximos de publicidad en radio y TV son contrarios a la experiencia comparada porque (1) son excesivos, y (2) omiten establecer que los límites son por hora y no por el tiempo total de transmisión como lo hace la iniciativa.
En TV abierta se le destina el 18% del total de la transmisión, por lo que se infringen los derechos de las audiencias al permitir que el concesionario pueda establecer horas en las que se excede es porcentaje, siempre y cuando se respete el 18% del total de la transmisión. En la Unión Europea el máximo es de 12 minutos por hora al igual que en Argentina. En Argentina los contenidos audiovisuales por suscripción (pay per view) no pueden insertar publicidad.
En radio abierta se le destina el 40%, porcentaje que de por sí es excesivo si lo comparamos con otros países democráticos. De tal suerte que se infringen los derechos de las audiencias por ser un porcentaje excesivo y por permitir que el concesionario pueda establecer horas en las que se excede es porcentaje, siempre y cuando se respete el 40% del total de la transmisión. En Argentina el máximo es de 14 minutos por hora.
La publicidad disfrazada de noticia que no sea de contenido electoral, también tiene que estar prohibida expresamente en la ley. La iniciativa no establece esta prohibición.
La iniciativa permite el derecho de comercializar espacios dentro de la programación lo cual parece un tipo de “product placement” o colocar la marca, producto o servicio dentro de la programación y remite a lo establecido en la ley y demás normatividad. Esto quebranta el derecho a la información y de las derecho de las audiencias al permitir que se comercialice espacios dentro de la programación, si así lo fuere, debe haber un letrero que de manera inequívoca señale que se trata de propaganda pagada.
Violación al derecho de las audiencias Se penaliza a las audiencias con más publicidad en el supuesto de que el concesionario incluya producción nacional independiente en más del 20%. De esta manera el concesionario puede incrementar hasta en 5% su publicidad. El fomento a la producción nacional independiente no debe ser castigando a la audiencia con más publicidad.
En otros países es una obligación incluir producción nacional independiente y evidentemente no existe un incremento a la publicidad, ni otro tipo de violaciones a los derechos de las audiencias.
Derechos de las audiencias limitados El catálogo de derechos de las audiencias es muy limitado.
Aun cuando establece la figura del defensor de las audiencias, no existe un recurso o remedio legal para el supuesto de que el defensor no atienda a la audiencia o el concesionario no atienda las recomendaciones del defensor de la audiencia. Tampoco se designa quien será la autoridad competente en caso de que el defensor o el concesionario no respeten los derechos de las audiencias.
Tiempos de Estado y tiempos fiscales La iniciativa retoma los tiempos de Estado de 30 minutos que deben destinar los concesionarios diario para difundir temas educativos, culturales y de interés social. Sin embargo, la iniciativa omite incluir los llamados tiempos fiscales que, de no incluirse expresamente en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, corren el riesgo grave de que no puedan exigírseles a los actuales concesionarios y jamás se podrán exigir a los futuros concesionarios. No sirve que la exposición de motivos diga que los tiempos son “sin perjuicio de los establecidos en otros ordenamientos o disposiciones”.
Producción nacional independiente La definición que se establezca en la ley debe señalar que si una persona vende el 75% de su programación a un solo concesionario, no podrá ser considerado como productor nacional independiente para el cómputo de la programación nacional independiente que deba tener el concesionario en sus transmisiones.
Se debe establecer que los concesionarios deberán destinar al menos el 10% de sus presupuestos en adquirir producción nacional independiente. La inclusión de producción nacional independiente no debe autorizar a incrementar el tiempo de publicidad.
Radio FM La iniciativa debe incluir en un transitorio que la radio FM para hacer un uso más eficiente del espectro y permitir nuevas voces en radio FM, reordenará el espectro para que en lugar de ocupar 800 kHz, sea sólo de 400 kHz, en un plazo que no debe exceder los 90 días naturales a partir de que se publique la reforma respectiva.
Medios públicos y Sistema Público de Radiodifusión
Medios públicos Los principios para garantizar la existencia de verdaderos medios públicos contenida en el artículo Décimo transitorio de la reforma constitucional de junio de 2013, no están reflejados en la iniciativa.
Tampoco se establece la manera en que los actuales medios gestionados por los gobiernos federal y estatales transitarán a verdaderos medios públicos.
Se debe garantizar al menos un presupuesto suficiente y garantizado por año. También sería conveniente permitir al menos un porcentaje máximo de publicidad.
Sistema Público de Radiodifusión Contrario a la Constitución y para hacer decorativa la función del Consejo Consultivo, se introduce una figura de Junta de Gobierno que sería el órgano supremo de decisión.No sólo es inadmisible e inconstitucional esa Junta de Gobierno por desvirtuar el propósito de la Constitución de tener un verdadero medio público regido por un Consejo Consultivo, sino que la Junta de Gobierno propuesta por la iniciativa tendrá más representantes del Ejecutivo Federal (1 representante de Segob, 1 representante de SEP, 1 representante de la Secretaría de Salud y el Presidente del Sistema que es propuesto por el Ejecutivo Federal), mientras que sólo 3 con del Consejo Consultivo. Uno de los representantes del Ejecutivo Federal presidirá la Junta de Gobierno que es el órgano supremo de decisión del Sistema y además tendría voto de calidad en caso de empate.
La iniciativa adscribe a este órgano que por disposición constitucional debe ser autónomo, a la Secretaría de Gobernación como coordinadora de sector. Ello es contrario a la Constitución y a un país que aspire a un democracia genuina.
Medios de uso social, comunitarios e indígenas
Medios de uso social Se establece un procedimiento para solicitar una concesión de uso social que genera incertidumbre jurídica al señalar que deberán cumplir con los requisitos para acreditar capacidad jurídica, técnica y financiera, sin señalar cuáles son esos requisitos o un umbral máximo de requisitos a pedir.
Se les equipara a los medios públicos para la obtención de concesiones, siendo que la situación de los medios de uso social es muy distinta a la de los medios públicos. Los requisitos y procedimientos para obtener una concesión de uso social debieran ser mínimos y sencillos, debiendo el IFT auxiliar a aquellos interesados en obtener una concesión de uso social para integrar debidamente su solicitud.
Para concesiones de uso social para radiodifusión se incluye un requisito adicional y contrario a cualquier lógica, que es limitar a los solicitantes a que lo presenten dentro de un plazo que se establecería en el programa anual de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias emitido por el IFT. Ese requisito debe eliminarse y permitirse que en cualquier momento y respecto a cualquier banda, pueda una persona solicitar al IFT una concesión de uso social para radiodifusión.
Se establecen requisitos de evaluación mayores para las concesiones de radiodifusión de uso social, sin que exista justificación.
No se establece una reserva de espectro radioeléctrico de al menos el 20% para concesiones de uso social para radiodifusión.
Las fuentes de ingresos deben incluir también: la venta de productos o servicios, proyectos de financiamiento y convenios de coinversión para la producción o difusión de contenidos, y publicidad hasta cierto porcentaje.
Se debe incluir la figura de la afirmativa ficta para facilitar la gestión de la obtención de concesiones de uso social.
La exposición de motivos no justifica el por qué no puede permitirse la cesión, por lo cual está discriminando a los concesionarios de uso social sin justificación.
El plazo de las concesiones para uso de frecuencias es por regla de hasta 20 años y en el caso de las de uso social, sin justificación alguna, les reduce el plazo por uno de hasta 15 años. Eso es una discriminación injustificada que viola el artículo 1 de la Constitución.
Medios indígenas Para la existencia de medios indígenas debiera haber una acción afirmativa, en la cual se reduzcan todos los requisitos al máximo y se fomente la existencia de dichos medios. La iniciativa actual pretende ignorar lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución y además de la situación de la población indígena que exige un trato favorable y de promoción.
Las inversiones para este año en el sector de telecomunicaciones en México podrían alcanzar los 5,200 millones de dólares, impulsadas por una mayor apertura en la competencia y la certidumbre en las inversiones, a partir de la reforma en el sector, de acuerdo con Víctor Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti).
Gutiérrez dijo a El Economista que la reforma en telecomunicaciones, publicada el año pasado, y el proyecto de legislación secundaria, que recién envió el Ejecutivo al senado, darán certidumbre al sector, lo que impulsará las inversiones “de forma inmediata”.
De acuerdo con el presidente de la Canieti, las inversiones este año estarán orientadas a nueva infraestructura, actualización tecnológica y mantenimiento tecnológico.
Mencionó que para el 2015 no hay un análisis prospectivo en las inversiones, pero de forma cualitativa éstas deberían incrementarse debido a que habrá señales claras del nuevo marco legal en México.
En el 2013, las inversiones en el sector fueron de 4,800 millones de dólares, y de 6,000 millones de dólares en el 2012.
Derivado de la reforma, el gobierno federal proyectó un monto acumulado de inversión de 700,000 millones de pesos en diversos proyectos, como el despliegue de una red troncal de telecomunicaciones, la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) y la licitación de dos cadenas de televisión abierta, para final del sexenio.
Víctor Gutiérrez dijo que la Canieti hizo una exposición de propuestas de legislación secundaria y en una revisión de cuáles de esos puntos sí estaban incluidos en la iniciativa del Ejecutivo “encontramos que sí están varios puntos; sin embargo, estamos haciendo un análisis más detallado”.
Comentó que está plasmada en la iniciativa del presidente lo que solicitaron como industria.
Entre las propuestas que hizo la Canieti de legislación fueron: facultades para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, transparencia, temas de interconexión, bucle local, administración y reordenamiento del espectro, temas de competencia, certidumbre a inversiones.
Destacó que el punto más importante es que la regulación fomente la competencia y las inversiones.
El año pasado, José Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones de la SCT, dijo que la reforma representaba un cambio estructural tan importante en el sector que generaba un punto de inflexión en el comportamiento de la inversión. “Sin reforma seguiríamos con un escenario inercial que nos hubiera mantenido la inversión en el sexenio en 400,000 millones de pesos”.
PROPUESTA DEL EJECUTIVO FAVORECE AL SECTOR: TV AZTECA
Televisión Azteca aseguró que la iniciativa de leyes secundarias del titular del Ejecutivo favorecerá el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión de México.
A través de un comunicado dijo que las leyes enviadas al Senado marcan una buena ruta, pues fomentarán la competencia justa y clara, lo cual reportará beneficios a los usuarios, además de que promoverán la inversión privada en múltiples sectores de la industria.
La televisora destacó que con la licitación de frecuencias de TV, de la que resultarán al menos dos cadenas con cobertura nacional, habrá una mayor oferta de contenidos, nuevas voces en el espectro, así como pluralidad.
Mientras que en telecomunicaciones, señaló, la competencia generará mejores servicios y tarifas para los usuarios.
“El Senado de la república, como después la Cámara de Diputados, tiene en sus manos la aprobación de leyes que fomenten la competencia en las telecomunicaciones como motor de desarrollo, inversión y creación de empleos”, advirtió.
En contraste, la Asociación Mexicana del Derecho a la información y el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, dijeron que es necesario reformular la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal, para preservar el interés público.
En un comunicado conjunto apuntaron que “ es muy importante que la iniciativa asegure el cumplimiento de los derechos de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, que constituyen el núcleo central de las modificaciones a la Carta Magna”.
En el ámbito de competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, expusieron, es necesario quitar de la propuesta las facultades de la Secretaría de Gobernación (Segob), porque “violentaría… atribuciones constitucionales del órgano regulador”. Y que tampoco debe permitirse que se vulnere su autonomía por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Detalló que para Televisa, los puntos importantes con el cumplimiento del must offer (la obligación de los operadores del servicio de televisión abierta de ofrecer sus contenidos a los operadores de paga para su retransmisión de manera gratuita) son el mercado secundario de espectro, las propuestas para aumentar los tiempos máximos de espacios publicitarios a los concesionarios de contenido nacional, los límites a la multiprogramación y la transición a la televisión digital terrestre (TDT) en 2015.
Reconoce TV Azteca iniciativa del Ejecutivo en telecomunicaciones
Ciudad de México.- Grupo Salinas del magnate, Ricardo Salinas Pliego, ve con buenos ojos la iniciativa de ley secundaria en materia de telecomunicaciones presentada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión, una vez que fomentará la competencia y la inversión en beneficio de los mexicanos.
La televisora del Ajusco da la bienvenida a las nuevas cadenas de televisión, una vez que permitirá a los nacionales contar con más y mejores servicios, mejores tarifas y mayores alternativas en materia televisiva y telefonía.
La Iniciativa de leyes secundarias del presidente, Enrique Peña Nieto, favorecerá el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión de México, una vez que marcan una buena ruta en tanto fomentarán la competencia justa y clara, lo cual reportará beneficios a los usuarios, además de que promoverán la inversión privada en múltiples sectores de la industria. Con reglas claras todos tenemos mucho que ganar: los consumidores, las empresas y el país en su conjunto, señaló un comunicado de la empresa.
En radiodifusión vendrán dos nuevas cadenas de televisión, y con ellas las audiencias tendrán mayor oferta de contenidos, habrá nuevas voces en el espectro y la pluralidad de nuestro país se verá reflejada en las pantallas. El Congreso de la Unión tiene en sus manos la aprobación de leyes que fomenten la competencia en las telecomunicaciones como motor de desarrollo, inversión y creación de empleos.
CIUDAD DE MEXICO.- La iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en México favorecerá al sector y fomentará la competencia y la inversión en beneficio de los mexicanos, destacó la TV Azteca.
De acuerdo con la televisora privada, en radiodifusión vendrán dos nuevas cadenas, y con ellas las audiencias tendrán mayor oferta de contenidos, habrá nuevas voces en el espectro y la pluralidad en el país se verá reflejada en las pantallas.
Observan TV Azteca mayores exigencias
Las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en México favorecerán al sector y fomentarán la competencia y la inversión, destacó TV Azteca.
“Las empresas deberán estar a la altura de las exigencias de los usuarios, y no al revés”, expuso en un comunicado.
Aseguró que la competencia justa y clara generará mejores servicios y tarifas para todos los mexicanos.
“Azteca siempre ha estado en favor de la competencia y hoy le da la bienvenida a una iniciativa que la incentiva y mejora; sabemos que la competencia nos obliga a ser mejores”, manifestó la televisora.
Afirmó que con las reglas claras ganarán los consumidores, las empresas y el País en su conjunto.
“Acompañaremos a los legisladores en este camino, pues creemos que todo lo que haga a México un mejor país para invertir, hacer negocios y generar empleos debe ser respaldado por todos”, añadió.
La Iniciativa de leyes secundarias del presidente, Enrique Peña Nieto, favorecerá el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión de México, una vez que marcan una buena ruta en tanto fomentarán la competencia justa y clara, lo cual reportará beneficios a los usuarios, además de que promoverán la inversión privada en múltiples sectores de la industria.
Con reglas claras todos tenemos mucho que ganar: los consumidores, las empresas y el país en su conjunto, señaló un comunicado de la empresa..
En radiodifusión vendrán dos nuevas cadenas de televisión, y con ellas las audiencias tendrán mayor oferta de contenidos, habrá nuevas voces en el espectro y la pluralidad de nuestro país se verá reflejada en las pantallas.
El Congreso de la Unión tiene en sus manos la aprobación de leyes que fomenten la competencia en las telecomunicaciones como motor de desarrollo, inversión y creación de empleos.
Todos tenemos que ganar con leyes en telecom: Grupo Salinas
La iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en México favorecerá al sector y fomentará la competencia y la inversión en beneficio de los mexicanos, aseguróGrupo Salinas.
La empresa considera que las leyes enviadas por elEjecutivo al Senado marcan una buena ruta en tanto fomentarán la competencia justa y clara, lo cual reportará beneficios a los usuarios, además de que promoverán la inversión privada en múltiples sectores de la industria.
Estima que para que México crezca, se debe competir y cumplir con la ley. “Azteca siempre ha estado en favor de la competencia y hoy le da la bienvenida a una iniciativa que la incentiva y mejora; sabemos que la competencia nos obliga a ser mejores. Es tiempo de ponernos a trabajar por México y así lo haremos”, manifestó la televisora. (Con información de Notimex)
Tv Azteca: todos ganan con ley de telcos de EPN
La iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en México favorecerá al sector y fomentará la competencia y la inversión en beneficio de los mexicanos, destacó la TV Azteca.
Iniciativa de Ley Telecom requiere cirugía mayor
Vaya que se ha calentado el ambiente en torno a la iniciativa de ley secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, presentada por el Ejecutivo Federal la semana pasada en el Senado. Nos dijeron que, incumplida la Constitución que obligaba a los legisladores a tener aprobada la ley antes del 9 de diciembre de 2013, tendríamos tiempo suficiente para el debate. Pero ahora resulta que hay prisa, quieren que se apruebe en fast track. Y eso es grave porque es una mala iniciativa. Más allá de ser un proyecto que favorece o perjudica más a una empresa que a otra, más allá de las descalificaciones, lo cierto es que es una iniciativa lejana que los legisladores deben rediseñar.
*Lejana del texto constitucional.* Le diré algunos ejemplos: la Constitución establece la no suspensión para todos los actos del IFETEL, pero la Iniciativa señala que las multas y medidas de desincorporación se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo (arts. 295 y 300). Varias disposiciones vulneran la autonomía del Instituto: el Secretario de Comunicaciones podrá solicitar al comisionado presidente que los asuntos en que tenga interés, sean sustanciados y resueltos de manera prioritaria (art. 44) -esto también vulnera la colegiación del IFETEL-; el Ejecutivo Federal podría formular las recomendaciones que considere pertinentes, no vinculantes, al programa anual de trabajo e informe trimestral del Instituto (9-XVIII); confina las atribuciones del IFETEL en materia de competencia económica a lo que señale la ley, restringiendo su margen de actuación para imponer límites a la concentración de frecuencias, al concesionamiento, a la propiedad cruzada y a ordenar la desincorporación (15-XIX). El Ejecutivo abdica de la facultad que le otorga la reforma constitucional de elaborar el programa de reorganización de espectro para radio, y le regala la incómoda atribución -que podría implicar un enfrentamiento con los radiodifusores del país- al IFETEL (décimo quinto transitorio). Retrasa el apagón analógico (décimo sexto transitorio).
*Lejana a la eficiencia regulatoria.* El régimen autorizante requiere cirugía mayor: hay doble ventanilla en materia satelital, no hay elementos para fijar una fórmula cierta para prórroga de concesión en materia de espectro, existe demasiada discrecionalidad para otorgar concesiones de redes alámbricas, otra vez aletargan el mercado sujetando el otorgamiento de autorizaciones a comercializadoras (incluyendo ahora los de valor agregado) a disposiciones generales que deberá emitir el Instituto, entre otras.
*Lejana de los usuarios y las audiencias.* Este es uno de los defectos más graves de la Iniciativa, además de ser francamente inconstitucional. El artículo 6B-VI de la Constitución dispone que “la ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección”, pero la Iniciativa elude esta obligación constitucional de la siguiente manera: incluye un catálogo incompleto de derechos a los usuarios cuya defensa -otra vez- se remite a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Profeco (art. 198) que, como sabemos, ha sido insuficiente. Además, las tarifas a los usuarios se registrarían después de su entrada en vigor (art. 207) –más vale pedir perdón que permiso-. Les va peor a las audiencias, la protección de los limitados derechos que incorpora la Iniciativa quedan a merced de códigos de ética que, sin plazo determinado, emitirían los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos (art. 257).
*Lejana al fortalecimiento del derecho a la información.* Más allá de lo nocivo e inconstitucional que resulta tener una SEGOB “reloaded” (218-X. p. ej), queda atrás la esperanza del fortalecimiento del derecho a la información. No solo por que el nuevo organismo de radiodifusión pública quedaría bajo el yugo de Gobernación, con lo que tendríamos un medio gubernamental más que público, sino porque algunas modificaciones constitucionales en esta materia no aparecen o se acotan, como la relativa a la publicidad engañosa, la Constitución (art. 6 B-IV) prohíbe toda publicidad presentada como información noticiosa, pero la Iniciativa acota esta prohibición solo a la materia electoral (art. 239).
*Lejana del rigor y la técnica jurídicos. *Entiendo que no solo los abogados deben diseñar leyes, pero hay errores que dan pena, como decir que la ley “estipula plazos” o temas mucho más graves en los que forma es fondo, como la definición de concesión única que señala que es un acto administrativo por el cual se confiere el “derecho” para prestar servicios, o el artículo 67-III que llama “prestación de servicios” a la actividad de las redes privadas. Extraer de la jurisdicción federal a las redes privadas también es un error, no sé si voluntario o no. Faltan muchas definiciones como la de “ingresos” o “estación de radiodifusión”, entre otras cuestiones.
Y a todo esto ¿qué opina el IFETEL de la Iniciativa? Según las declaraciones de su presidente Gabriel Contreras, aún no pueden pronunciarse porque la están analizando, dicho de otro modo, apenas la están conociendo. Lo curioso es que dice la SCT que antes de presentarla fue ampliamente compartida con la industria y algunos académicos –ojalá nos digan quiénes- para sus comentarios; hubiese sido un buen detalle compartírsela también a los comisionados del Instituto, ¿no cree usted?
*EN LA SOBREMESA.*
En medio de este caos, NEXTEL anunció el viernes pasado que sigue invirtiendo en México y que sus usuarios ya pueden utilizar su red de cuarta generación a través del iPhone 5s y 5c. Más de 6,500 millones de dólares ha invertido desde su llegada a México de los cuales 3 mil millones corresponden al despliegue de su red de cuarta generación que utiliza el espectro de la banda 1.7 Ghz (licitación 21). Habrá que ver los precios, pero de que la red es rápida no hay duda. Enhorabuena.
No olvide que hoy a las 17 horas se presentará en la Universidad Iberoamericana el nuevo Observatorio de Sentencias de Tribunales Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Un esfuerzo de CIDAC, a cargo de Verónica Baz y Observatel. Nos acompañará también la Magistrada Rosa Elena González, el Magistrado Jean Claude Tron Petit; Jana Palacios, Presidenta de la COFECE, y Gabriel Contreras, Presidente del IFETEL. La entrada es libre.
En lo que resta del actual periodo de sesiones ordinario del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados habrá de mantener una comunicación fluida con el Senado de la República para garantizar la aprobación de las reformas a las leyes secundarias en materia de reforma político electoral, energética y de telecomunicaciones, afirmó José González Morfín.
“Puede haber la certeza de que daremos prioridad a todos los temas que deban ser revisados antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, pero abrir espacios después del 30 de abril también es una opción que no está descartada”, ofreció el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja en referencia a la posibilidad de convocar a uno o varios periodos extraordinarios de sesiones durante el receso legislativo.
Más allá de las presiones que pudieran darse en las siguientes cuatro semanas del periodo ordinario, advirtió, el Poder Legislativo tomará sus propias decisiones y determinará sus propios tiempos para aprobar las leyes pendientes.
“Nos quedan exactamente 31 días para avanzar en la agenda que tenemos por delante (…) Procuraremos mantener un canal de comunicación fluido con el Senado de la República, a fin de que construyamos, de la mejor manera, las reformas secundarias que terminen por concretar las normas constitucionales que deberán aplicarse en las siguientes décadas”.
Durante la discusión de las reformas en agenda, abundó, la Cámara de Diputados permitirá el debate abierto y los legisladores se mantendrán dispuestos a escuchar las posiciones, por distintas que sean, procurando lograr los consensos y, en su caso, construir las mayorías que permitan avanzar en la agenda legislativa y hacer que prevalezca el interés nacional.
“Las modificaciones a nuestro marco jurídico deben tener como objetivo fundamental mejorar la vida de los mexicanos y, al ser aprobadas y cumplir con los requisitos que la Constitución marca, adquirir un carácter legal del cual nadie, absolutamente nadie, se puede sustraer”.
La Cámara de Senadores, explicó el senador panista, ha comenzado a definir sus calendarios para abordar algunos temas de gran importancia como la reforma en materia de telecomunicaciones, por lo que la Cámara de Diputados estará atenta para dar seguimiento a los trabajos, en su calidad de Cámara revisora.
La agenda de las próximas cuatro semanas será trascendental para concretar las reformas constitucionales aprobadas en los últimos meses, concluyó, por lo que los legisladores realizarán un trabajo acucioso en los temas que propongan los propios legisladores y en los que envíen los senadores para su revisión o ratificación correspondiente.
Leyes secundarias en telecomunicaciones, representan retroceso, alerta PRD
El vicecoordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso, sentenció que el Gobierno Federal quiere anular los avances de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, al plantear leyes secundarias que tienen como fin, restar facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y beneficiar a los llamados “poderes fácticos”, entre otros propósitos.
Al aseverar que el Ejecutivo Federal pretende dar marcha atrás a lo plasmado en la Constitución, el legislador advirtió que sería incongruente aprobar leyes que no respeten la reforma constitucional.
Tras recordar que los cambios señalados fueron la expresión del acuerdo entre la mayoría de las fuerzas políticas, con el propósito de acotar a los “poderes fácticos” y ponerles límites legales, el diputado Alonso Raya catalogó como inaceptables los planteamientos de la Presidencia.
“Sería una total incongruencia aprobar leyes secundarias en telecomunicaciones que no se apegaran y no interpretaran correctamente la reforma constitucional”, dijo.
Indicó que al debilitar al IFT, quitándole facultades que se propone traspasar a las secretarías de Gobernación y Comunicaciones y Transportes, se busca invalidar lo establecido en los artículos 6, 7, 27 y 28 de la Constitución y los puntos transitorios de la normatividad.
El legislador del Sol Azteca enfatizó que con fundamento en la reforma constitucional, fue que el IFT tomó las decisiones sobre la retransmisión de señales de televisión abierta en sistemas de paga, proceso identificado como “must carry y most offer”, así como las determinaciones sobre los actores preponderantes.
Por ende, “las leyes secundarias deben interpretar con fidelidad y sin pretender anular en la práctica cosas que ya se aprobaron en la Constitución para efectos de que puedan ayudar a que los servicios de telefonía y telecomunicaciones sean más baratos para la población y que ésta tenga una oferta mucho más amplia con los canales que se licitan y con el canal público que se tiene que hacer funcionar”, demandó. En suma, “la del Ejecutivo es una propuesta que pretende distorsionar y en gran parte anular los contenidos que se lograron plasmar en la Constitución”, lamentó.
PRD pide no legislar secundarias “al vapor”
El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, advirtió que sus grupos legislativos en el Congreso, no permitirán que se legisle al vapor las leyes secundarias de reformas constitucionales en materia energética y telecomunicaciones, por lo que se pronunció por un periodo extraordinario de sesiones a o bien que se analicen hasta el próximo ordinario que inicia en el mes de septiembre.
Entrevistado en el marco de la reunión del grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo, que busca fortalecer la unidad e integración regional, desde la perspectiva de la izquierda, Zambrano Grijalva precisó que lo que no quieren es que al vapor se entregue la riqueza nacional, en clara referencia a las leyes secundarias en materia energética, ya que fustigó, existen funcionarios federales que han hecho declaraciones a medios de comunicación internacionales como el Financial Times, donde, aseveró, “prácticamente ponen en venta al mejor postor” los energéticos, sin que ni siquiera haya ley reglamentaria , lo que advirtió “de ninguna manera debiéramos aceptar que se legisle al vapor y que al vapor estén queriendo culminar la entrega de nuestra riqueza energética a manos privadas”.
El líder nacional perredista subrayó que si los legisladores determinan discutir las leyes reglamentarias de las reformas constitucionales en la última semana del mes de abril, entonces que mejor se analice en el periodo ordinario que inicia en septiembre o bien consideró que se abra un periodo extraordinario, para contar con el tiempo suficiente a fin de discutirlas. En este sentido, Jesús Zambrano dejó claro que su partido no se aislará de las decisiones que se tomen al respecto.
Sobre el acuerdo entre el líder moral de su partido Cuauhtémoc Cárdenas y el senador del PAN, Javier Corral, para hacer un frente en defensa de la reforma en Telecomunicaciones, el presidente del PRD lo celebró, pero descartó que se vayan a unir.
Únicamente, indicó, caminarán juntos hacia el mismo objetivo, que es la defensa de la norma Constitucional.
Por otro lado sobre la determinación de la Suprema Corte en torno a la solicitud de perredistas para realizar una consulta popular en materia energética, el líder perredista enfatizó que el máximo tribunal no rechazó el que se pueda desarrollar una consulta, lo que hizo, aseveró, “es no pronunciarse sobre el fondo del asunto y manifestarse en el sentido de que cuando llegaran los tiempos legales y procesales oportunos ellos tendrían que pronunciarse, de tal suerte que la consulta popular no está desechada”. Por ello destacó que la Suprema Corte tiene a más tardar el mes de agosto para decidir sobre el fondo del asunto.
Las intrigas de Javier Lozano, como empleado de Televisa (Primera Parte)
El lunes 24 de marzo, a las 19 horas, en un acto insólito, los presidentes nacionales del PAN, Cecilia Romero, y del PRD, Jesús Zambrano, leyeron un escueto comunicado para desconocer y expresar la oposición de ambos partidos a la iniciativa del Ejecutivo federal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, presentada 7 horas antes en el Senado. Argumentaron que violaba la reforma constitucional del 2013 y demandaron una ley “democrática, antimonopólica, cultural y en defensa de las audiencias y de los usuarios”.
La presentación de la iniciativa de Peña Nieto dejó muy mal sabor de boca en las dirigencias de ambos partidos. En el PRD prácticamente todos los grupos y tribus que integran las bancadas en la Cámara de Diputados y del Senado se opusieron a la iniciativa, argumentando que era una clara violación a la Constitución y que confirmaba lo que se planteó en los “borradores” de la iniciativa que circularon desde febrero de este año.
En el PAN, Santiago Creel y Juan Molinar Horcasitas se reunieron con la presidenta interina del partido, Cecilia Romero, para analizar los términos de la iniciativa en la tarde del mismo lunes 24 de marzo. El ex secretario de Gobernación foxista y el ex titular de Comunicaciones y Transportes durante el calderonismo, ambos ex integrantes del Consejo Rector del Pacto por México, coincidieron también que violaba lo acordado en la reforma constitucional de abril de 2013.
Un intercambio de llamadas y mensajes entre Creel, Molinar Horcasitas, del PAN, y Guadalupe Acosta Naranjo y Jesús Zambrano, ambos del PRD, afinaron los términos del comunicado conjunto y la necesidad de salir a medios de comunicación ese mismo día.
Mientras Romero y Zambrano leían en el Hotel Hilton de la Alameda central el rompimiento con la ley de Peña, el presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado, Javier Lozano, descalificó la posición de los dirigentes panista y perredista. Argumentó que Cecilia Romero había sido “mal informada”.
En su cuenta de Twitter, el legislador panista, promotor de la campaña de Ernesto Cordero a dirigente nacional del PAN, afirmó:
“Corrección: dirigentes que no han leído el proyecto lo descalifican”.
El 25 de marzo, Lozano en declaraciones a los medios y en su compulsiva cuenta de Twitter afirmó:
“Vaya confusión. Pretende @GustavoMadero dictar línea a los @SenadoresdelPAN sobre Reforma de #Telecomunicaciones. Ya no eres jefe nacional”.
Ningún otro legislador –ni siquiera del PRI- ha defendido en estos días con tal enjundia la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal, como el panista-corderista Javier Lozano Alarcón.
Incluso, Lozano maniobró para que el jueves 27, se suspendiera la sesión con los integrantes de las comisiones unidas del Senado –Comunicación, presidida por él; Estudios Legislativos, encabezada por la priista Graciela Ortiz, y Radio y Televisión, con Alejandra Barrales, del PRD- para que se tomara un acuerdo con Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Mesa Directiva de la cámara alta para imponer un calendario de consulta de foros, discusión y aprobación de la iniciativa en comisiones y en el pleno. La fecha límite para su aprobación será entre el 23 y 25 de abril, anunció Lozano.
Su correligionario, Javier Corral, con una posición diametralmente opuesta a la de Lozano, afirmó que esa decisión era violatoria del reglamento del Senado porque sólo los integrantes de las comisiones unidas (no los presidentes ni la Mesa Directiva) pueden tomar ese acuerdo.
Alejandra Barrales, presidenta de una de las tres comisiones, afirmó que ella no avalaba el “acuerdo” dado a conocer por Lozano y Graciela Ortiz y que este lunes 31 de marzo los integrantes de su comisión votarían.
Lozano, Operador de Televisa
La presión de Lozano por aprobar fast track un documento rechazado por los propios dirigentes del PAN y PRD ha molestado a un sector de la bancada panista. Al menos seis senadores que no están alineados ni al grupo de Gustavo Madero ni al de Ernesto Cordero han sostenido reuniones con especialistas de distintos sectores y han coincidido que el contenido de la ley tiene claros elementos de anticonstitucionalidad, está sesgada a favor de Televisa y permite el control del gobierno federal en el contenido de los medios y las redes sociales.
El activismo de Lozano no es casual. El PRI y el Partido Verde tienen 61 votos y sólo necesitan “cuatro votos o cuatro ausencias” para aprobar por mayoría simple de 65 votos la iniciativa de Peña Nieto. Lozano ha asegurado tener entre 10 y 12 votos “amarrados” de su bancada, según confiaron a Proceso distintos legisladores consultados. Incluso, ha prometido “uno o dos votos” del PRD.
Lozano fue uno de los cuatro redactores de la iniciativa del Ejecutivo federal, junto con el subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta, el consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, y el estratega jurídico de Grupo Televisa, Javier Tejado Dondé, amigo personal del panista.
Oficialmente, nadie ha reconocido que estos cuatro personajes formaron parte del war room que procesó, redactó y corrigió los borradores que llegaron a la SCT para dar el toque final a una iniciativa que ha generado posiciones polarizantes.
La presencia de Lozano entre el equipo de redactores de la ley de telecomunicaciones fue una condición impuesta por el grupo de Ernesto Cordero –quien controla la mayoría de los votos de la bancada del PAN en el Senado- durante la aprobación de la reforma constitucional en materia energética en diciembre el 2013.
Testigos de esta negociación relataron a Proceso que Cordero negoció con Humberto Castillejos, coordinador jurídico de Los Pinos, y con Luis Videgaray, el poderoso secretario de Hacienda, para que se incluyera a Lozano en este equipo.
Priista, panista, zedillista, calderonista y ahora corderista Lozano se ha caracterizado en los últimos meses por su claro apoyo a las campañas orquestadas por Grupo Televisa en contra de la sociedad entre Grupo Dish y Telmex, en contra del ex titular de la Cofetel, Mony de Swaan, y a favor de aprobar en sus términos esta iniciativa.
La cercanía de Javier Lozano con el director de Información y representante legal de Grupo Televisa, Javier Tejado Dondé, le permitió al consorcio de Emilio Azcárraga Jean tener acceso a la información privilegiada durante la elaboración de la iniciativa de telecomunicaciones y defender “los candados” a favor del monopolio televisivo, tal como lo describió Proceso en su edición No. 1944 (“Alistan la nueva ‘Ley Televisa’”).
Lozano y Tejado Dondé no ocultan sus simpatías y sus propios acuerdos. En sus respectivas cuentas en Twitter ambos se tratan como “tocayos”, coinciden en criticar a Gustavo Madero, al Pacto por México (que ya desapareció como tal), en el embate contra Mony de Swaan y en identificar a todos los críticos de Grupo Televisa como si fueran pagados o enviados por Carlos Slim.
Tejado Dondé y Lozano lograron introducir en la Auditoría Superior de la Federación a un personaje que trabajó para Grupo IUSA y para especialistas del Instituto del Derecho de Telecomunicaciones (IDET), un organismo con posiciones claramente a favor de Televisa. Ambos fueron fundadores y forman parte del IDET (ver Proceso, No. 1945).
La sincronía entre Tejado y Lozano también se evidenció cuando antes de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitiera la su declaración de “agente económico preponderante” en contra de América Móvil y Televisa, el pasado 7 de marzo, presionaron para que el organismo investigara un supuesto acuerdo secreto de compra-venta entre Carlos Slim y Joaquín Vargas, de MVS, socios en Grupo Dish. En el Senado, Lozano impulsó un punto de acuerdo para impulsar esta investigación.
Paradójicamente, Lozano Alarcón como ex presidente de Cofetel (octubre de 1998 y marzo de 1999) fue favorable a la sociedad que entonces tenían Televisa y Grupo Carso en Cablevisión, la empresa filial de Azcárraga Jean en televisión por cable. Grupo Carso llegó a tener el 49 por ciento de las acciones de esta empresa. En ese entonces, según Lozano, Carlos Slim no violaba la prohibición del título de concesión de Telmex que le impedía participar en el mercado de radiodifusión.
Lozano también fue investigado por la Auditoría Superior de la Federación por otorgarle una segunda prórroga a la empresa Unefon, cuando fue presidente de Cofetel.
“Al respecto y sin tener facultades para ello, el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) autorizó indebidamente dicha prórroga, pero condicionándola al pago de intereses. Las tasas de dichos intereses fueron sometidas por Cofetel a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia que, sin tener facultades para ello, señaló que las mismas eran adecuadas y que no encontraba objeción alguna para su aplicación”, concluyó la ASF en su informe de 2008 (ver Proceso, No. 1725).
El caso generó un agrio debate público entre Jorge Alvarez Hoth, subsecretario de Comunicaciones durante el gobierno de Vicente Fox, y Javier Lozano, entonces secretario del Trabajo con Felipe Calderón. Lozano acusó a Alvarez Hoth de haber perdido un litigio ante Unefon (ya propiedad de Ricardo Salinas Pliego) que provocó el pago de 550 millones de pesos a la empresa por “cobro indebido de intereses”, multa impuesta en 1998. Ese pago se realizó el último día de la gestión foxista. Alvarez Hoth y la ASF establecieron que ese pago fue consecuencia del otorgamiento irregular de dos prórrogas consecutivas, aprobadas por Lozano (ver Proceso, Nos. 1626, 1639 y 1642).
Como subsecretario de Comunicaciones y Transportes (1996-1997) y como presidente de Cofetel (1998-1999), Lozano también abrió paso a la competencia en telefonía móvil. Telefónica, empresa que dirigió Francisco Gil Díaz, amigo y ex jefe de Lozano en la Secretaría de Hacienda (1984-1989), fue de las compañías más beneficiadas.
¿Ifetel vs. Ejecutivo?
Hace una semana el presidente Enrique Peña Nieto envío al Senado la iniciativa que crea la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México y reformas a 11 ordenamientos jurídicos más.
Como lo adelanté, ya se venía preparando un campo minado contra la reforma en el sector telecomunicaciones, que se intensifico una vez presentado el proyecto legislativo del Ejecutivo.
Uno de los primeros cuestionamientos que llama la atención es el señalamiento de que se le está restando facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), al encontrarse en la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión atribuciones para las secretarías de Gobernación, Comunicaciones, Salud y Educación Pública.
De una revisión a todo el expediente legislativo de la reforma constitucional en telecomunicaciones —y me refiero a iniciativa, dictámenes, minuta y al propio decreto— no se encuentra rastro alguno y preciso sobre temas como concursos, tiempos oficiales, promoción de programas educativos, autorizaciones de materiales médicos que hagan pensar que el Ifetel tenga que encargarse de ello.
No ocurre lo mismo con el caso de la SCT, pues en el decreto de reforma constitucional queda de manifiesto que todo lo referente a políticas públicas queda a su cargo.
Es más, hay un reconocimiento tácito por parte del Ifetel, que al expedir su estatuto orgánico, en sus considerandos señala que debido a que “resulta indispensable que el instituto cuente con unidades administrativas dotadas de competencia, a efecto de ejercer sus facultades constitucionales y legales y ejecutar los procedimientos a su cargo”.
En el articulado de dicho estatuto, al pleno no se le da ni una atribución en materias que hoy tienen Gobernación, Salud y Educación Pública. Lo único que le corresponde al Ifetel es la vigilancia de los topes máximos de publicidad, función que delegó, según su estatuto, en una dirección general.
Si el propio órgano regulador no reconoce como propias ciertas atribuciones, es porque no las tiene; ¿por qué inventar que le corresponden?; si dichas funciones ya las realizan ciertas dependencias, de ahí que el Poder Ejecutivo actuó con pleno apego a derecho y debe estar listo para la batalla que vendrá en su contra.
Telecom: la línea 12 de las leyes secundarias
El desastre de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México es un buen ejemplo del tipo de problemas que enfrenta la iniciativa de ley enviada por el Presidente en materia de telecomunicaciones. La iniciativa se apresura a incorporar paradigmas y conceptos no ensayados en otros países, sin antes reflexionar sobre su impacto en las telecomunicaciones en México. Menciono tres: neutralidad de la red, tarifas de terminación de llamadas y asimetría.
En el caso de la Línea Dorada, independientemente de quien fue el culpable o del origen técnico del problema, los rieles se desgastaron por peso y tráfico excesivos. Ese es el caso similar argumentado en el debate en torno a la neutralidad de internet: el peso excesivo de aplicaciones cuasi universales, accesadas a través de Google y similares, o de megatransmisores de contenidos como Netflix o Youtube, impone a los operadores de redes costos excesivos en ampliación y mantenimiento de sus redes. Las empresas operadoras de redes no reciben ingresos de estos gigantes ni contratan directamente con éstos, pero tienen que invertir para que el peso de esas aplicaciones no desgaste los “rieles” de las redes de internet. La neutralidad de la red es un concepto que busca proteger correctamente la libertad de expresión y el acceso al conocimiento del usuario de la banda ancha. Con todo, el debate en el Congreso debe evaluar la conveniencia de calibrarla de tal manera que, en ciertas situaciones bien delimitadas, la red no sea cien por ciento neutral y dé preferencia a ciertos contenidos: emergencias, por ejemplo. La ley también puede prever arreglos entre los operadores y los grandes transmisores, a fin de compartir responsabilidades en la ampliación y mantenimiento de la red.
Tarifas de terminación de llamadas. En telefonía, la reforma parte de una verdad: el mexicano es un mercado muy concentrado, con 67.3 % de las líneas fijas en manos de Telmex y 70% de las de celular con Telcel, pero erra lamentablemente en las causas de esa concentración. Según el estudio de la OCDE sobre telecomunicaciones en México, el problema principal son precios muy altos de estas compañías. A la observación obvia de por qué no ha habido un efecto Dish en la telefonía, es decir, por qué no ha habido una compañía que convierta en oportunidad el servicio “malo y caro” de Telmex y Telcel y ofrezca tarifas radicalmente más baratas, como lo hizo Dish con el de la televisión de paga, la respuesta del estudio de la OCDE insiste en los precios excesivamente altos que estas compañías exigen a su competencia para terminar las llamadas que llegan a sus redes. Resulta interesante que cuando se habla de un desastre educativo en México, de un mercado laboral dominado por la informalidad y por salarios miserables, no se piense que esto pueda tener alguna influencia en las telecomunicaciones.
Sin embargo, la propia OCDE reconoce en el mismo estudio que, a partir de mayo de 2011 y gracias a decisiones de los reguladores, los precios de interconexión (o terminación de llamadas, es lo mismo) en México están por debajo del promedio de la OCDE y son los quintos más bajos de entre 34 países. A pesar de esto, la iniciativa de ley presidencial ordena que las tarifas de interconexión sean de cero pesos, una idea que apenas se explora en algunos foros para implementarse, quizá, a mediano plazo.
La evidencia aportada por numerosos estudios académicos e institucionales es que una disminución importante de las tarifas de terminación de llamadas a redes móviles aumenta el número de minutos que gastan los usuarios, pero no contribuye de forma importante a la penetración de la telefonía celular. El mejor ejemplo es Estados Unidos, con una penetración de telefonía celular levemente mejor que la de México, 98 por ciento. La tarifa de terminación de llamadas en Estados Unidos es casi cero: 0.007 dólares.
Para intentar demostrar que en México las tarifas al usuario final, tanto de telefonía celular como de telefonía fija y banda ancha, son las más caras de la OCDE, esa organización calcula las tarifas mencionadas utilizando una metodología, Purchasing Power Parity o Paridad de Poder Adquisitivo, (PPP), prohibida en su propio manual para usarse en productos específicos. Dice el manual de la OCDE sobre el PPP: “No se recomienda para: mediciones precisas para establecer rankings estrictos entre países; tampoco para establecer comparaciones de precios (de productos) con niveles bajos de agregación”. El abuso de la OCDE al realizar comparaciones sesgadas mereció que su Consejo Asesor de Negocios (Business Advisory Council) formulara el siguiente reclamo en enero de este año: “La industria desea llamar la atención a la metodología de la OCDE usada comúnmente para dar a conocer referencias de precios en sus informes, ya que está bien demostrado que el uso de PPP, a nivel de productos, puede crear fuertes divergencias en mercados similares, creando falsas perspectivas e induciendo la recomendación de políticas públicas inadecuadas. Consideramos que las comparaciones de precios (gráficas y tablas) y las conclusiones en sus estudios se deben basar fundamentalmente en dólares”.
La propuesta de ley que envió el Presidente plantea que la tarifa cero de terminación de llamadas entre las redes fijas y móviles, y entre estas últimas, se aplique exclusivamente al agente preponderante en el sector telecomunicaciones, es decir, a Telmex y Telcel. Para justificar esta asimetría, la iniciativa de ley utiliza una formulación sociológica aparentemente impecable: “No se puede tratar igual a los desiguales”. Lástima que la experiencia de 15 años de tarifas asimétricas en Europa contradiga esta frase. Las tarifas asimétricas terminan por dañar al usuario de menos ingresos, debido al esquema el que llama paga, y distorsionan la competencia entre los operadores, incentivando a los operadores no preponderantes a depender de sus ingresos por interconexión y no por la mejoría de sus servicios. La asimetría en combinación con la tendencia a tener tarifas cercanas a cero en la interconexión o terminación de llamadas provoca el llamado “efecto cama de agua”, que puede ser muy divertido para ciertas actividades, pero no para el consumidor, que termina pagando más.
Los legisladores tienen el reto de calibrar las leyes secundarias de telecomunicaciones para que el mercado crezca, aumente la inversión y se beneficie al consumidor. A su alcance tienen una riqueza de evidencia empírica de la aplicación de políticas regulatorias en el mundo. Sería prudente no experimentar con 119 millones de mexicanos. Nos vemos en Twitter y le recuerdo que laboro en la Universidad Corporativa de Telmex, @ceciliasotog.
El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, ratificó que el PAN y su partido caminarán juntos para oponerse a la iniciativa de leyes secundarias en telecomunicaciones y adelantó que será una batalla compartida con personalidades de ambos partidos.
Tras el anuncio del senador del PAN, Javier Corral, donde dio a conocer que junto con el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas integrarán un frente para oponerse a la legislación propuesta por el Ejecutivo federal, Zambrano expuso que en el caso del PRD, “no es que nos sumemos a (ellos), creo que formamos parte de un esfuerzo que compartimos”.
De acuerdo con Zambrano, van a caminar juntos, “no tengan la menor duda”, señaló en entrevista tras participar, en representación del PRD, en la reunión del grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo, con vistas a celebrarse en agosto en La Paz, Bolivia.
Reconoció en Corral y Cárdenas, gente destacada que coadyuvará a defender el espíritu de la reforma de 2013, aprobada por consenso como parte de los acuerdos del Pacto por México, y en la que se estableció un “sentido democrático, antimonopólico y de defensa de las audiencias” en el uso del espectro radioléctrico. Ratificó la alianza PAN-PRD para defender esos criterios ya incluidos en la Carta Magna e “impedir que sea violada y disminuida a través de las leyes reglamentarias”.
*Inician debate*
A partir de esta semana, el Senado intensificará el trabajo en comisiones para analizar la propuesta. Se prevé que hoy las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, Radio Televisión y Cinematografía (RTC), y Estudios Legislativos, se instalen con carácter de permanente para comenzar con los trabajos.
Antes, la senadora Alejandra Barrales (PRD), presidenta de la comisión de RTC, se reunirá con legisladores para conocer la ruta de trabajo que plantearon los legisladores Javier Lozano (PAN), presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, que fijaron el 25 de abril como fecha de votación.
Corral y Cárdenas, contra las leyes en telecom que propone EPN
El senador del PAN, Javier Corral, y el líder perredista Cuauhtémoc Cárdenas definieron ir juntos contra las leyes secundarias en telecomunicaciones propuestas por el Ejecutivo, pues coincidieron en que existe una “evidente protección al actual esquema monopólico de la Televisión”. A través de su cuenta de Facebook, Corral informó que al mediodía del sábado charló con Cárdenas, sobre la necesidad de llamar a diversos actores políticos y sociales a denunciar y combatir la propuesta presidencia del presidente Enrique Peña Nieto.
Gobernación y los contenidos
Gran punto el de Gerardo Soria, presidente del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, al afirmar que una virtud de la iniciativa de ley de telecomunicaciones es que los atributos relacionados a los contenidos quedan bajo la administración del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, y no bajo la supervisión del Instituto Federal de las Telecomunicaciones.
¿Por qué gran punto? Porque, según Gerardo, la ciudadanía y las empresas tendrán varios instrumentos jurídicos en caso de que la autoridad quiera, por ejemplo, ejercer acción contra la libertad de expresión. Si eso ocurriera, la ciudanía sí tendrá el recurso del amparo y la suspensión frente al Ejecutivo. Pero por el contrario, si estas atribuciones quedaran en el IFT —como demandan algunos—, estos recursos legales no estarían a la mano del ciudadano.
Gerardo lo ve desde el estricto ámbito jurídico, y es adecuado. No obstante, hay otras dimensiones bajo las cuales resulta óptimo que las atribuciones sobre los contenidos queden bajo la tutela del Ejecutivo y no bajo la supervisión del IFT. Veamos.
La Fracción III del Art. 218 establece que corresponde a la Secretaría de Gobernación: “Ordenar la transmisión de los boletines de cualquier autoridad relacionados con la seguridad y defensa nacional, conservación del orden público o con medidas encaminadas a prever o remediar cualquier desastre natural”. ¿Cómo podríamos imaginar al IFT entrometiéndose en la difusión de boletines de esta naturaleza? Esa tarea resultaría inadecuada para el organismo, que está encargado de administrar el espectro radioeléctrico.
El Poder Ejecutivo es quien tiene facultades para garantizar la seguridad pública en el territorio nacional, y es en ese poder donde reside la información de inteligencia relativa a la conservación del orden público.
Y así como ese punto, hay más, como la administración de los tiempos públicos, la supervisión de ciertos contenidos infantiles, la vigilancia de que los contenidos respeten la vida privada, etcétera.
Quienes desean que Gobernación no tenga estas atribuciones, ponen de pretexto al fantasma del autoritarismo y la censura. No obstante, la tarea de un gobierno es justamente gobernar; y cualquier gobierno legítimamente electo tiene derecho de poner acentos en lo que quiere comunicar a la ciudadanía.
No confundamos el papel de los organismos autónomos. Existen porque técnicamente se requiere sofisticación en tal o cual ámbito de la vida nacional. Pero su existencia no debe minar las capacidades del gobierno para diseñar e instrumentar política pública de cierto sesgo, que tenga determinados atributos. Para eso se elige a los gobernantes de un partido y no de otro
La regulación propuesta por el Ejecutivo federal en lo relacionado con la defensoría de las audiencias permite que sean los mismos concesionarios los que se autorregulen, lo cual generó críticas por parte de diversos expertos.
Al no establecer a una autoridad pública que se encargue de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales por parte de los concesionarios, los derechos de los usuarios de los servicios de radiodifusión serán vulnerados, consideraron especialistas.
“Si la ley me dice que los derechos de las audiencias van a ser aquellos que estén en los códigos de ética de los concesionarios,que no son vinculatorios, es preocupante”, dijo Beatriz Solis, defensora de las audiencias en Radio Educación.
La experta señaló que hay ambigüedad en el capítulo del derecho de las audiencias:
​ “Mandar todo el tema de derechos de las audiencias a un ámbito meramente ético es insuficiente”, expuso.
El proyecto de Ley secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión que el Ejecutivo envió al Senado de la República la semana previa destina tres artículos, de 312, a dicho tema. El articulado se agrupa en el Capítulo IV titulado “De los derechos de las audiencias”.
En esta propuesta de ley se reconoce y fundamenta la figura de “defensoría de la audiencia”.
“El defensor de la audiencia se identifica como el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia, figura con la que deberán contar todos los concesionarios que presten servicio de radiodifusión y que deberá recaer en una persona de prestigio”, indica el documento.
En la Ley se establece que la actuación de la defensoría de audiencia se ajustará a los criterios de imparcialidad e independencia y hará valer los derechos de la audiencia, según los códigos de ética de cada concesionario.
El planteamiento tampoco resultó del agrado del ala izquierda en el Senado de la República.
En contraste con la propuesta enviada, la idea de esta fracción esestablecer una figura que sea independiente a los concesionarios, como una especie de ombudsman, que sea el encargado de supervisar y dar seguimiento a las quejas de los ciudadanos, de acuerdo con Hugo Otilio, asesor del senador perredista Luis Sánchez.
“Proponemos la creación de la figura del ombudsman dentro del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)”, dijo el asesor.
Los usuarios pueden presentar quejas, pero la idea es que el defensor sea autónomo y actúe con base a una reglamentación que debe cuestionar a la empresa sus decisiones, así como ordenarle que restituya programación si fuese necesario, comentó el político.
Gabriela Delgado, portavoz de la asociación A Favor de lo Mejor, consideró que la iniciativa del Ejecutivo federal contiene avances destacables, pero en México prevalece el rezago en esta materia, dado que la figura del defensor de audiencias no es característica común entre los concesionarios de radio y televisión en el país.
“Creemos que se están dando las bases para que en algunos años se participe en la toma de decisiones, pero faltaría que la propuesta fuera vinculante, porque si no quién va a vigilar que se cumpla”, añadió Delgado.
Los derechos de las audiencias derivan de dos derechos fundamentales en las sociedades democráticas; por un lado está el derecho a la libertad de expresión y por otro el derecho a la información.
“Con este binomio se juega para decir cuáles son estos derechos, porque así como en México nos suena novedoso, también en el mundo no hay una definición tal cual, sino que hay aproximaciones”, expuso Delgado.
A Favor de lo Mejor propuso establecer como facultad del IFT la elaboración de políticas y campañas que den a conocer a la audiencia sus derechos, así como los mecanismos para hacerlos valer y recomendaciones a los responsables de programación para la protección de los derechos de la audiencia.
En opinión de Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, la autoridad debe ser la voz de las audiencias, de los consumidores y de los usuarios.
“El proceso ha sido largo, se han enfrentado fuertes resistencias. Es ahora o seguirá siendo cada vez más tarde. El mayor movimiento social de los últimos años, aparte de las autodefensas, lo fue el levantamiento juvenil contra el monopolio de los medios de comunicación, especialmente el de la televisión. Lo menos que pueden hacer es responder a esta demanda social”, comentó Calvillo.
En el contexto internacional, este derecho va más allá de la protección de la audiencia respecto del servicio de radiodifusión, dado que tiene un alcance con relación a cualquier programa dirigido al público en general que tenga por objeto entretener, informar y/o educar y no está limitado a un medio de propagación en específico, sino a cualquiera que tenga acceso el público en general.
La directiva de servicios de comunicación audiovisual del Parlamento Europeo ha emitido diversas directrices sobre este tema con la idea de que los miembros de la Unión incluyan las recomendaciones en sus regulaciones locales.
Ley convergente, divergente a la Constitución
Con más de tres meses de retraso -9 de diciembre de 2013 era la fecha límite-, el Ejecutivo federal envió el paquete de leyes secundarias para la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. De entrada, la llamada “ley convergente” provocó divergencias claras.
Los dirigentes del PAN y del PRD establecieron el mismo día de su presentación al Senado -lunes 24 de marzo- su oposición a esta iniciativa por ir en contra de muchos de los postulados de la reforma constitucional promulgada el año pasado.
Las organizaciones sociales como la AMEDI o la Red por los Derechos de la Neutralidad de la Red consideraron también que pervierte lo aprobado por el Congreso constituyente y la mayoría de los especialistas autónomos del poder del duopolio televisivo advirtieron que esta iniciativa revive la pretensión expresada en la Ley Televisa de 2006 por defender sus intereses y prolongar su monopolio en el espectro, en los contenidos, en los servicios y en la publicidad dentro del sector de radiodifusión.
Tras un análisis riguroso de la iniciativa formada por más de 300 artículos, 29 transitorios y una Ley de Sistema Público de Radiodifusión en México es claro que no se trata de una ley convergente sino divergente, que no defiende los auténticos derechos de los usuarios de las redes de telecomunicaciones y minimiza el alcance de los derechos de las audiencias, que retoma el viejo control del gobierno sobre los medios para privilegiar una relación cupular con los concesionarios y favorece ampliamente a Grupo Televisa, a sus filiales y a sus asociados.
La ley es divergente a la Constitución en puntos fundamentales como los siguientes:
1.-Establece una regulación en materia de agentes económicos preponderantes contraria al texto de la Constitución. Claramente, en el artículo octavo transitorio de aquella reforma se estableció que para definir la preponderancia se debían tomar en cuenta “servicios” y “audiencias” en el sector de radiodifusión. En esta iniciativa del Ejecutivo federal se pretende regular este mercado por “sectores” y excluye los servicios y la preponderancia mayor al 50 por ciento en audiencias o suscriptores. Esto significa que se excluye a Grupo Televisa como agente económico preponderante en el área de televisión restringida, donde esta compañía tiene más del 60 por ciento de los servicios y de las audiencias.
2.-En materia de competencia económica, diluye el alcance de lo dispuesto en el artículo 28 constitucional que obliga a establecer límites a la concentración de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada, bajo la premisa de que una regulación de este tipo constituiría “un abuso de control sobre los medios de comunicación que configura una forma de censura previa indirecta”. Curiosamente, este criterio que protege la alta concentración de Grupo Televisa no se aplica en materia de regulación de contenidos. Se le otorga todo el control a la Secretaría de Gobernación, pero los redactores no consideran este hecho “una forma de censura previa indirecta”.
3.-Contrario a la configuración de un órgano constitucional autónomo fuerte, la ley secundaria del Ejecutivo federal configura un Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) débil, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y se le regresan a la Secretaría de Gobernación todas las facultades en materia de supervisión, vigilancia, monitoreo y sanciones en materia de contenidos. Incluso, se intenta que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) opine previamente sobre los proyectos regulatorios del instituto.
La tutela excesiva sobre el IFT simplemente anula la convergencia de la radiodifusión y las telecomunicaciones. En el artículo 221 tenemos un claro ejemplo de esto. En tres renglones se establece:
“El Ejecutivo federal, por conducto de la dependencia facultada para ello, dará vista al Instituto de aquellos asuntos, actos y circunstancias que ameriten su intervención para efectos legales procedentes en términos del Decreto”.
4.-El eje de la propuesta del Ejecutivo federal ignora la definición constitucional de la radiodifusión y la de telecomunicaciones como “servicios públicos”. No es casual ni es un descuido que lo hubieran hecho así. Al hacerlo, se privilegia un modelo comercial, de alta concentración y se ignoran derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de acceso a internet, los derechos de las audiencias.
En otras palabras, los ciudadanos no existimos en esta ley más que como consumidores, usuarios o sujetos a los que hay que controlar e intervenir en sus comunicaciones privadas.
Sí, la iniciativa de leyes secundarias de telecomunicaciones presentada la semana pasada por el presidente Enrique Peña Nieto viola la Constitución en algunos textos, en otros contraviene el interés público y también existen omisiones injustificables. Veamos.
Regreso al autoritarismo. Lo más grave de la iniciativa no es que se le atribuyan facultades a la Secretaría de Gobernación en materia de contenidos, sino que se pretenda que las instancias de “seguridad” léase el CISEN, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal y la Secretaría de Marina puedan pedir para labores de “producción de inteligencia” a los concesionarios de telecomunicaciones que les ubiquen en tiempo real un equipo, sin que medie orden judicial y sin mayores requisitos. ¿Qué diría la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ello?
Y otro para confirmar el regreso del ancién régime: en “eventos y lugares críticos” para la seguridad pública y nacional, los concesionarios están obligados a bloquear señales de telecomunicaciones cuando se los soliciten las “autoridades competentes”. No define quienes son autoridades competentes, ni si debe mediar orden judicial, ni tampoco establece los límites en los cuales las autoridades deben justificar que amerita el bloqueo de señales. Esto puede ser un mecanismo para impedir que en una manifestación los periodistas, los medios de comunicación y la sociedad difundan información en contravención del derecho a la información y la libertad de expresión; para evitar que las personas puedan sumarse a la manifestación en perjuicio del derecho fundamental de libertad de asociación, entre un sinfín de riesgos a los derechos humanos.
La farsa. Contrario a la Constitución y para hacer decorativa la función del Consejo Consultivo del Sistema Público de Radiodifusión, se introduce una figura de “Junta de Gobierno” que sería el órgano supremo de decisión en sustitución del Consejo Consultivo. No sólo es inadmisible e inconstitucional esa Junta de Gobierno por desvirtuar el propósito de la Constitución de tener un verdadero medio público regido por un Consejo Consultivo, sino que la Junta de Gobierno propuesta por la iniciativa tendrá más representantes del Ejecutivo Federal (1 representante de Segob, 1 representante de Secretaría de Educación Pública, 1 representante de la Secretaría de Salud y el Presidente del Sistema que es propuesto por el Ejecutivo Federal), mientras que sólo 3 serían del Consejo Consultivo. Uno de los representantes del Ejecutivo Federal presidiría la Junta de Gobierno que es el órgano supremo de decisión del Sistema y además tendría voto de calidad en caso de empate. La iniciativa adscribe a este órgano que por disposición constitucional debe ser autónomo, a Segob como coordinadora de sector, con lo cual se concreta la farsa y engaño a la sociedad que aspiraba a tener un verdadero medio público.
Violación de autonomía IFT. La vulneración de la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es descarada. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la facultan para hacer recomendaciones al programa de trabajo del IFT y, aunque dichas recomendaciones no sean vinculantes, quebrantan la autonomía constitucional. Pero lo peor viene con las facultades atribuidas a la Segob: (1) para supervisar contenidos audiovisuales cual si de un régimen dictatorial se tratare y no de una democracia del siglo XXI, (2) para todo lo relativo a programación y publicidad dirigida al público infantil, insultando la inteligencia de cualquiera que pueda leer español y encontrar que la Constitución le da facultades expresa al IFT para ello, y (3) para “monitorear” los tiempos máximos de publicidad en las transmisiones de TV y radio, siendo que la Constitución expresamente señala que el IFT será el competente. ¿Qué no aprendió el Ejecutivo Federal con la experiencia calderonista de pretender robar facultades a los reguladores de telecomunicaciones cambiando palabras? Revisen los redactores por favor la controversia constitucional 7/2009 o, ¿será que no les importa los precedentes judiciales resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el resto del Poder Judicial Federal?
CIUDAD DE MEXICO.- Durante la discusión y aprobación de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones deben considerarse en todo momento los retos y oportunidades de los industriales mexicanos, consideró la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
Con ello, apuntó el presidente del organismo, Francisco Funtanet Mange, la reforma constitucional podrá responder al espíritu modernizador con la cual fue diseñada, y otorgará oportunidades competitivas a los empresarios del país.
“El objetivo final de toda reforma, sin duda, debe ser el beneficio de toda la sociedad, a través de un incremento en la oferta y calidad de los servicios. Pero, al mismo tiempo, la nueva legislación debe permitir a las empresas nacionales ser competitivas”, expuso eL directivo en un comunicado.
Una de las preocupaciones de los industriales mexicanos es que se confunda el tamaño de las empresas con las prácticas de las mismas, dijo el dirigente de la Concamin.
Por su parte, el subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), José Ignacio Peralta, dijo que la legislación secundaria, presentada por el gobierno de la República la semana pasada, busca abatir los rezagos que impiden al sector generar una mayor contribución al crecimiento económico del país.
Durante la sesión mensual de la Mesa Directiva de la Concamin, a la que acudió como invitado especial, el funcionario de la SCT sostuvo que esta legislación otorga diversos beneficios, entre los cuales se encuentran un mayor número de usuarios y localidades conectadas.
Asimismo, mayores opciones y servicios convergentes, menores precios a mayor calidad, portabilidad del número telefónico, nuevas cadenas y televisión abierta digital, “roaming” nacional a menor precio y la eliminación de la larga distancia, entre otros.
Peralta Sánchez indicó que en el tema de la preponderancia, asimetría e interconexión, la legislación secundaria busca otorgar las mismas ventajas competitivas a todas las empresas, independientemente de su tamaño, y por ello la búsqueda que el equilibrio en el mercado deba partir de reglas asimétricas.
Los industriales solicitaron al funcionario de la SCT atender temas importantes para el desarrollo productivo, tales como la conectividad en el sector educativo, y una mejor telefonía en todo el territorio nacional.
Asimismo, garantizar la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como que este enfoque dirigido a la generación de una mayor conectividad e infraestructura sea aplicado en sectores como el del transporte.
Ambas partes coincidieron en que el de telecomunicaciones es uno de los sectores de mayor transversalidad a las actividades económicas y sociales del país, por lo que de su desarrollo ordenado y eficaz dependerá, en gran medida, el crecimiento económico y productivo de la nación.
Además, expresaron su respeto a los tiempos legislativos, pero a la vez confiaron que a la brevedad posible serán discutidas y aprobadas estas leyes, y de esta manera la población sienta los beneficios de la reforma constitucional presentada el año pasado.
Ifetel va contra las prácticas monopólicas en cable y web
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) inició una investigación por prácticas monopólicas en los mercados de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional que incluyen la provisión del servicio de internet, además de la provisión de contenidos que se transmiten a través de Internet y de televisión restringida, que deberá resolverse en un plazo de 60 días.
Como resultado de una denuncia impuesta por alguna empresa o persona relacionada con el sector de telecomunicaciones, el instituto investigará posibles violaciones del artículo 10 fracciones VII, IX, X, y XI de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE). Las prácticas desleales descritas en este artículo consisten en vender los servicios por debajo de su costo promedio a fin de desplazar a los competidores del mercado, además del establecimiento de distintos precios o condiciones de venta o compra para diferentes compradores o vendedores, entre otras acciones.
Los segmentos que analizará el Ifetel serán los mercados de provisión del servicio de Internet en territorio nacional y los de adquisición, distribución y comercialización de contenidos que se transmiten en territorio nacional por Internet y televisión restringida. Teléfonos de México (Telmex) es el principal proveedor de internet a nivel nacional, mientras que las cableras de Grupo Televisa mantienen el control de los contenidos a través de la televisión restringida.
En otro orden de ideas, Cablevisión promovió un amparo para combatir la multa por 8 millones de pesos que le impuso el Ifetel por coludirse con Megacable para repartirse entre ambas firmas 13 mercados en el Estado de México.
Recientemente, el Ifetel multó a Cablevisión y a Megacable con un monto total de 42 millones de pesos, 8.5 y 33.7 millones respectivamente, por violar el artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE). De esta manera ambas firmas se coludieron a través del servicio de triple play denominado “Yoo” para repartirse 13 municipios en el Estado de México y así evitaron competir entre ellas en dichas localidades.
El amparo de Cablevisión se encuentra en el Juzgado Segundo de Distrito, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. “La falta de leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones deja en incertidumbre este litigio, pues podrían restarle dientes al Ifetel para la defensa del caso”, alertó Jorge Fernando Negrete, director de la consultoría Mediatelecom Policy&Law.
Se atora Ley Beltrones
El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, le cortó las alas al Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex en su pretensión de abrir una ronda cero bis, de cara a la apertura energética, para empresas nacionales. Estamos hablando de que una vez cernida la propuesta de Petróleos Mexicanos para mantener campos maduros o prospectivos en materia de explotación de petróleo, gas natural, gas shale o lutita, se le daría pauta a las firmas mexicanas para escoger.
La explicación del funcionario fue que la posibilidad sería contraria al marco jurídico del país. Según ello, los tratados internacionales firmados por la nación impiden privilegiar a empresas mexicanas. La posibilidad, pues, de las compañías en opción de pelea sería prácticamente la de integrarse en sociedad con el propio Pemex o con firmas multinacionales. El problema es que bajo el prisma con que se está viendo el derecho de la que será empresa de Estado de pelear por lo suyo, se le reducirá a la mínima expresión.
Yunque a Concanaco
Designado por el Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo como su presidente, con Enrique Solana Sentíes la organización ultraderechista conocida como El Yunque entra de lleno al organismo. De acuerdo al libro “El Ejército de Dios”, de Álvaro Delgado, el empresario de origen poblano es líder de Guardia Nueva, uno de los membretes de la Organización Nacional del Yunque. El grupo se ha infiltrado en prácticamente la totalidad de los organismos empresariales de la entidad federativa, alcanzando a la Coparmex a nivel nacional, vía Jorge Espino Reyes.
Alsea a las nubes
La compra de la cadena de restaurantes Vips ha despertado el apetito de los inversionistas en las acciones de Alsea, la principal franquiciaría del país. Los papeles llevan varias jornadas consecutivas al alza, cotizándose en 47.70 pesos. De acuerdo a los analistas estaría próxima una resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica en la que se aprobaría la posibilidad de la fusión. La compra le redituaría a la cadena de tiendas departamentales Wal Mart un ingreso de ocho mil millones de pesos.
A denuncia de parte, en lo que representa su estreno, el Instituto Federal de Telecomunicaciones está abriendo una investigación sobre posibles prácticas monopólicas en los mercados de comercialización de servicios de internet y los de adquisición, distribución y comercialización de contenidos transmitidos por internet y televisión restringida. Estaríamos hablando, pues, de dos empresas en la mira. La gran pregunta, en el sigilo con que se planteó el asunto en el Diario Oficial, es si se trata de América Móvil y de Televisa.
A contrapelo de quienes ubican su capacidad de cobranza en un inaudito 97 por ciento, ahora resulta que el Instituto Mexicano del Seguro Social mantiene una abultada lista de morosos, a quienes pretende exhibir al estilo del Servicio de Administración Tributaria, de cara a la opinión pública. La posibilidad se abrió al modificarse el artículo 22 de la Ley del IMSS.
De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, la defensa de las firmas del ramo frente a la inseguridad, la instalación de controles cibernéticos, la contratación de policía privada, las medidas de protección en instalaciones… les cuestan el escándalo de 900 millones de dólares al año. Una parte de la cantidad se destina al pago de extorsiones a los grupos delincuenciales.
Aunque el nuevo marco legal sugiere que se aplicarán sanciones a las compañías que no cumplan las regulaciones, no se sabe cuán efectivos serán los mecanismos de aplicación de estas reglas,menciona la casa de bolsa.

References: e contrario
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 67
 artículo 28
 artículo 221
 artículo 10
 artículo 9
 resolución 
 artículo 22