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Timestamp: 2016-10-22 02:46:59+00:00

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ORDEN de 7 de enero de 2000 por la que desarrolla el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos	ORDEN de 7 de enero de 2000 por la que desarrolla el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos Mis Leyes
ORDEN de 7 de enero de 2000 por la que desarrolla el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos Estado	:
3. Modalidades de las garantías.
4. Finalidad de la garantía.
5. Modalidades de los depósitos.
SECCIÓN II. GARANTÍA EN EFECTIVO.
10. Características de los valores.
11. Constitución.
14. Incautación de los valores.
15. Características del aval.
16. Requisitos de las entidades avalistas.
17. Constitución.
18. Incidencias.
20. Ejecución de la garantía.
SECCIÓN III. DEPÓSITOS.
27. Normativa aplicable.
28. Ingreso de los depósitos en la Caja.
29. Depósitos constituidos por particulares a favor de particulares.
30. Depósitos constituidos por las Administraciones públicas a disposición de particulares.
31. Depósitos constituidos por particulares a disposición de las Administraciones públicas.
32. Depósitos constituidos por las Administraciones públicas a disposición de si mismas o de otros organismos o entes vinculados a éstas.
33. Constitución.
34. Devolución.
Si bien la regulación del Reglamento es bastante completa, se dejan algunas cuestiones para un posterior desarrollo por Orden Ministerial. Para regular estos aspectos y algunos otros que se han considerado convenientes para el mejor funcionamiento de la Caja, se ha considerado necesario publicar la presente Orden Ministerial. Por ello, haciendo uso de la habilitación contenida en la disposición final única del Real Decreto 161/1997,de 7 de febrero, dispongo:
La Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos y Entes Públicos.
La Comunidad Europea, en aquellos supuestos que establezcan las normas dictadas por ésta o por normas de desarrollo en el ordenamiento jurídico interno.
La sustitución supondrá la constitución de una nueva garantía con arreglo a los procedimientos de constitución establecidos en el Reglamento, de la Caja y en esta Orden. Una vez constituida esta nueva garantía, se procederá a devolver la anterior con arreglo al procedimiento que corresponda, según su naturaleza. La autorización para la sustitución de una garantía será título suficiente para proceder a la devolución de la garantía sustituida. Excepcionalmente, cuando los valores representados por certificados de inmovilización expedidos por la Central de Anotaciones del Banco de España se hayan amortizado podrá, a solicitud del garante o propietario de los títulos y previa autorización escrita de la autoridad a cuya disposición está constituida la garantía, procederse a la adquisición de nuevos valores que quedaren afectos a la garantía y habrán de cumplir todos los requisitos exigidos para la constitución en el artículo 10 del Reglamento de la Caja y número 10 de esta Orden. A estos efectos la Caja se dirigirá al Banco de España comunicándole que el depósito producto de la amortización de títulos de deuda afectados a una garantía queda desbloqueado exclusivamente para adquirir, a solicitud del propietario de los fondos, unos nuevos títulos que quedaren, asimismo, afectados a la finalidad para la que la primitiva garantía fue constituida.
Depósitos constituidos por particulares a favor de otros particulares.
Depósitos constituidos por las Administraciones públicas a favor de particulares.
Depósitos constituidos por particulares a disposición de las Administraciones públicas, y
Depósitos constituidos por órganos de las Administraciones públicas a disposición de si mismas o de organismos o entes vinculados a éstas.
Los datos identificativos de la persona o entidad que constituye la garantía, incluido el número o código de identificación fiscal y, en su caso, del titular de los fondos o de la cuenta de procedencia de éstos.
El órgano administrativo, organismo autónomo o ente público a cuya disposición se constituye la garantía, así como su número de identificación fiscal.
La obligación garantizada, cuantía por la que se garantiza y período de vigencia de la garantía (hasta un año o más de un año; si no se conociere la duración en el momento de la constitución se considerará que es a plazo superior a un año).
El precepto que impone la constitución de la garantía.
A tal efecto, los órganos de la Administración, organismos autónomos y entes públicos a cuya disposición haya de constituirse una garantía facilitarán al obligado a constituirla todos los datos que figuran en los apartados b, c y d anteriores.
8. Cancelación. 1. De acuerdo con la normativa reguladora de las obligaciones garantizadas, el órgano administrativo, organismo autónomo o ente público a cuya disposición se constituyó la garantía acordará la cancelación de ésta. A tal efecto, se dirigirán por escrito a la Caja comunicando la cancelación. La orden de cancelación será pura y simple y no sujeta a condición. La orden de cancelación se ajustará al modelo recogido en el anexo B, si bien, cuando la devolución sea por el importe total y el perceptor de la misma sea solamente uno y coincida con el titular o propietario del efectivo, la orden de cancelación podrá acordarse mediante diligencia al dorso del resguardo original de constitución destinado a la Autoridad, en la cual, se liberará al titular o propietario del efectivo, y al constituyente o garantizado, en caso de ser distintos. Cuando se trate de depósitos y el perceptor o perceptores de la devolución sean distintos de quien figure como titular o propietario del efectivo, o como constituyente o garantizado, si ambos no coincidieren, o de los que aparezcan de alguna forma en el resguardo de constitución como beneficiarios deberá acompañarse a la orden de cancelación certificación acreditativa que justifique tal extremo, expedida por la misma Autoridad que de la orden de cancelación.
2. El Director general del Tesoro y Política Financiera o el Delegado de Hacienda en las sucursales aprobará la ejecución de la incautación. Si la garantía incautada se hubiera constituido a disposición de un órgano de la Administración del Estado, la Caja procederá a la aplicación de su importe al Presupuesto de Ingresos del Estado, salvo que por disposición legal se disponga otra cosa. Si se hubiera constituido a favor de un Organismo Público se transferirá el importe incautado a la cuenta designada por dicho Organismo, en la forma prevista en el apartado 8 para la devolución del efectivo. El organismo procederá a aplicar el mencionado importe a su Presupuesto de Ingresos, salvo disposición en contra.
Que se trate de deuda pública emitida por el Estado, las Comunidades Autónomas o participaciones en los fondos de inversión que reúnan los elementos contenidos en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de instituciones de inversión colectiva, aprobado mediante Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, y los fondos de inversión de carácter financiero que inviertan exclusivamente en estos activos o en renta fija. Cuando tales fondos de inversión no tengan la condición de Fondtesoros deberán acreditar con su reglamento la composición de sus inversiones.
3. En la fecha de la inmovilización, los valores objeto de garantía deberen:
Tener un valor nominal igual o superior a la garantía exigida, y
Tener un valor de realización igual o superior al 105 % del valor de la garantía exigida.
En el caso de valores de Deuda Pública sujetos al Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, el certificado de inmovilización de los valores expedido por la Central de Anotaciones del Banco de España,
Y en el caso de participaciones de fondos de inversión, el correspondiente modelo que figura en el anexo G.
Con el fin de acreditar el cumplimiento de estos requisitos en la documentación remitida a la Caja por la Central de Anotaciones en cuenta o la gestora de los fondos de inversión deberá constar el valor de realización y certificación de que los valores esten libres de toda carga o gravamen en el momento de constituirse la garantía.
12. Incidencias. 1. Si el emisor de los valores fuese declarado en suspensión de pagos o quiebra, el obligado a prestar garantía deberá sustituir dicha garantía por otra, de la misma modalidad o de otra de las recogidas en el artículo 3 del Reglamento y esta Orden, en el plazo de un mes desde la fecha de la providencia de admisión de la solicitud de suspensión o del auto declarativo de la quiebra.
2. Desde el momento que las garantías constituidas en valores, tal y como se definen en el apartado b.1 del artículo 3 del Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos, se transformen en garantías en efectivo, por efecto de su amortización, les será de aplicación el régimen jurídico previsto en dicho Real Decreto para estas últimas.
La cuantía de la garantía a incautar, y
La notificación previa al interesado de la intención de formular la solicitud de incautación, a efectos de audiencia. A estos efectos se considerará interesado tanto el constituyente como el propietario de los valores si fueran distintos, y a ambos se les concederá un plazo de diez días para que puedan presentar alegaciones, así como los documentos y justificaciones que estimen pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2. Aprobada la ejecución de la incautación por el Director general del Tesoro y Política Financiera o el Delegado de Hacienda en las sucursales la Caja requerirá el pago de la cantidad solicitada por el órgano administrativo, organismo autónomo o ente público al titular de los valores y al garantizado, en el supuesto de tratarse de personas diferentes. En el requerimiento de pago se indicara:
El lugar en que haya de efectuarse el ingreso y los medios de pago que puedan utilizarse, y
Los plazos de ingreso que serán los que establece en su artículo 20 el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.
5. El Director general del Tesoro y Política Financiera conocerá únicamente, en yía de recurso, de aquellas cuestiones relativas a las actuaciones de la Caja en el procedimiento de incautación. La Resolución que dicte no declarará si la incautación es o no procedente ni resolverá sobre las cuestiones relativas al acto administrativo de declaración del incumplimiento o acto sancionador.
GARANTÍA MEDIANTE AVAL.
El aval debe ser solidario respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los beneficios de excusión y división y pagadero a primer requerimiento de la Caja, y
El aval será de duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el órgano a cuya disposición se constituya resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y la cancelación del aval.
No encontrarse en situación de mora como consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautación de anteriores avales.
No hallarse en situación de suspensión de pagos o quiebra.
No encontrarse suspendida o revocada la autorización administrativa para el ejercicio de su actividad.
No superar el límite de importes avalados que, al objeto de evitar la concentración de garantías, establezca el Ministro de Economía y Hacienda, en función de las condiciones económicas y de solvencia de las Entidades avalistas.
1. El obligado principal o la entidad avalista presentaren el aval con arreglo al modelo establecido en el anexo E.
La notificación previa al interesado de la intención de formular la solicitud de incautación, a efectos de audiencia. A estos efectos tendrán la consideración de interesado tanto el avalista como el avalado, y a ambos se les concederá un plazo de diez días para que puedan presentar alegaciones, así como los documentos y justificaciones que estimen pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2. Aprobada la ejecución de la incautación por el Director general del Tesoro y Política Financiera o el Delegado de Hacienda en las sucursales la Caja requerirá a la entidad avalista el pago de la cantidad solicitada por el órgano administrativo, organismo autónomo o ente público que acordó la incautación. En el requerimiento de pago se indicara:
La persona o entidad obligada a prestar garantía tendrá la condición de tomador del seguro y la Administración a cuya disposición se constituye la garantía tendrá la condición de asegurado.
Que la aseguradora no podrá oponer a la Administración el impago de la prima por parte del tomador del seguro o cualquier otra excepción derivada de su relación jurídica con éste, y
Que la falta de pago de la prima no dará derecho a la aseguradora a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura de la aseguradora suspendida, ni ésta liberada de su obligación caso de que se produzca el siniestro consistente en las circunstancias en virtud de las cuales deba hacer efectiva la garantía.
La duración del contrato de seguro coincidirá con la de las obligaciones garantizadas. Si la duración de éstas superase los diez años, el obligado a prestar garantía deberá prestar nueva garantía durante el último mes del plazo indicado, salvo que se acredite debidamente la prórroga del contrato de seguro.
No encontrarse en situación de mora como consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautación de anteriores seguros de caución.
No superar el limite de importes asegurados que, al objeto de evitar la concentración de garantías, establezca el Ministro de Economía y Hacienda, en función de las condiciones económicas y de solvencia de las entidades aseguradoras.
La notificación previa al interesado de la intención de formular la solicitud de incautación, a efectos de audiencia. A estos efectos se entenderá por interesado tanto al constituyente como a la compañía de seguros que preste el seguro de caución, y a ambos se les concederá un plazo de diez días para que puedan presentar alegaciones, así como los documentos y justificaciones que estimen pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Los plazos de ingreso que serán los que establece en su artículo 20 el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.
2. Los depósitos constituidos ante la Caja al amparo del Reglamento quedaren sujetos a la normativa sobre bienes y valores abandonados prevista en la Ley General Presupuestaria y en disposiciones complementarias. La Caja realizará, respecto de ellos, las actuaciones que procedan conforme a dicha normativa.
Los anuncios de prescripción de depósitos cuya cuantía no exceda de 600 euros podrán publicarse en los tablones de anuncios de la Caja General de Depósitos o las sucursales de la misma encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda. Dicha cuantía podrá ser actualizada mediante Resolución de la Dirección General delTesoro y Política Financiera.
La sustitución de títulos de las acciones de sociedades, previsto en el artículo 59.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobada por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, o de la suscripción incompleta de acciones por acuerdo de aumento del capital social, previsto en el artículo 161.2 de dicha norma, o de los procesos de liquidación de sociedades, previsto en el artículo 276.2 del mismo texto.
Los procesos de liquidación de instituciones de inversión colectiva previstos en el artículo 47 del Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre.
Cualesquiera otros supuestos que por Ley o Real Decreto se establezcan.
El procedimiento de expropiación forzosa, previsto en los artículos 51.3 y 58 del Decreto de 26 de abril de 1957, que aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.
El procedimiento de enajenación de bienes embargados, previsto en el artículo 148,5.c) del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, que aprueba el Reglamento General de Recaudación.
El procedimiento de ejecuciones hipotecarias, previsto en el artículo 236.k).2 del Reglamento Hipotecario, aprobado por Decreto de 14 de febrero de 1947 (en redacción introducida por el Real Decreto 290/1992, de 27 de marzo).
Cualesquiera otros supuestos que por Ley, disposición reglamentaria, acto administrativo o resolución judicial se determinen.
La solicitud de autorización de sociedades o agencias de valores, de acuerdo con el párrafo f) del artículo 3 del Real Decreto 276/1989, de 22 de marzo, de Sociedades y Agencias de Valores.
La consignación del pago de la deuda en el procedimiento de recaudación, previsto en el artículo 47 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, que aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Podrán constituirse en la Caja de Depósitos por las Administraciones públicas a disposición de si mismas o de otros organismos o entes vinculados a éstas como consecuencia de:
La admisión de la reclamación administrativa previa al ejercicio de una acción de tercería, previsto en el artículo 173.2 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, que aprueba el Reglamento General de Recaudación.
El proceso de declaración del Estado como heredero abintestato, previsto en los artículos 12 y 18 del Decreto 2091/1971, de 13 de agosto, sobre el régimen administrativo de la herencia abintestato a favor del Estado.
ACTUACIONES DE LA CAJA.
Los datos identificativos de la persona o el órgano que lo constituye incluyendo el número de identificación fiscal.
Los datos identificativos del beneficiario, incluyendo número de identificación fiscal.
El órgano administrativo, organismo autónomo o ente público a cuya disposición se constituye el depósito hasta su entrega al beneficiario y su Número de Identificación Fiscal.
La cuantía del depósito, y periodo de vigencia del mismo (hasta un año o más de un año; si no se conociere la duración en el momento de la constitución de la garantía se considerará que es a plazo superior a un año).
El precepto, acto administrativo o resolución judicial que impone la constitución.
35. Constitución de garantías definitivas con aplicación del importe de la garantía provisional ya constituida. 1. En los supuestos del artículo 64.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, el adjudicatario del contrato se dirigirá a la Caja General de Depósitos haciendo constar que solicita aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva que como tal adjudicatario le corresponde.
Cuando se trate de una garantía provisional en valores, recibida la solicitud que se menciona en los dos párrafos precedentes, los servicios de gestión de la Caja General de Depósitos procederán a aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva, mediante la expedición del documento recogido en el anexo H. La diferencia entre el total a garantizar y la cantidad aplicada con cargo a la garantía provisional se constituirá con arreglo a las normas que regulan la constitución de garantías en la Caja General de Depósitos.
Que la garantía definitiva vaya a constituirse en la misma oficina de la Caja General de Depósitos en la que se constituyó la provisional.
En caso de garantía en valores, que los valores consignados cumplan, también en el momento de su aplicación a la definitiva, todos los requisitos previstos en el artículo 10 del Reglamento de la Caja General de Depósitos y de la Orden de 7 de enero de 2000.
Aun cuando la garantía provisional se haya constituido en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales no se admitirá la aplicación de su importe a la definitiva cuando el órgano contratante pertenezca a la Administración Autonómica o Local u organismos autónomos o entes públicos vinculados a las mismas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. En el supuesto de amortización de valores que hayan sido objeto de una garantía constituida en la Caja General de Depósitos, el efectivo correspondiente a los citados valores se abonará en la cuenta del Tesoro Público en el Banco de España, quedando sujeto al régimen de las garantías consignadas en efectivo. A tal efecto, con carácter previo a dicho abono, la Caja General de Depósitos verificará que la garantía aportada mediante valores no ha sido cancelada.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Habilitación. Se habilita a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y a la Intervención General de la Administración del Estado a dictar, en el ámbito de sus competencias, las resoluciones complementarias que requiera la aplicación de esta Orden.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Apartados 7 (punto 2), 8, 9 (punto 2), 13 (punto 1), 19 (punto 2), 21 (punto 2.c). 25 (punto 1):
Redacción según Orden ECO/2120/2002, de 2 de agosto, que modifica la de 7 de enero de 2000, que desarrolla el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos. Apartado 35:
Añadido por Orden ECO/2120/2002, de 2 de agosto, que modifica la de 7 de enero de 2000, que desarrolla el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos. Apartados 10 (punto 1.b), 12 y 27; Disposición final cuarta (anterior disposición final tercera):
Redacción según Orden EHA/4260/2004, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 19 de mayo de 1987, que desarrolla el Real Decreto 505/ 1987, de 3 de abril, por el que se dispone la creación de un sistema de anotaciones en cuenta y la Orden de 7 de enero de 2000, que desarrolla el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
Disposiciones adicional tercera y final tercera:
Añadida por Orden EHA/4260/2004, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 19 de mayo de 1987, que desarrolla el Real Decreto 505/ 1987, de 3 de abril, por el que se dispone la creación de un sistema de anotaciones en cuenta y la Orden de 7 de enero de 2000, que desarrolla el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
Derogada por Orden EHA/3967/2007, 26 de diciembre, por la que se modifica la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, que regula un nuevo procedimiento de recaudación de los ingresos no tributarios recaudados por las Delegaciones de Economía y Hacienda y de los ingresos en efectivo en la Caja General de Depósitos y sus sucursales. Anexos omitidos. Pueden consultarse en el Boletín Oficial del Estado número 26, de 31 de enero de 2000, fecha de la publicación de la Corrección de errores de la Orden que desarrolla el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
Véanse sus modificaciones por Orden ECO/2120/2002, de 2 de agosto, que modifica la de 7 de enero de 2000, que desarrolla el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos en Boletín Oficial del Estado número 204, de 26 de agosto de 2002.
ORDEN de 7 de enero de 2000 por la que desarrolla el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos	Trámites

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 10
 artículo 49
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 84
 artículo 20
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 84
 artículo 84
 artículo 20
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 59
 Real Decreto 
 artículo 161
 artículo 276
 artículo 47
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 148
 Real Decreto 
 artículo 236
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 47
 Real Decreto 
 artículo 173
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 64
 Real Decreto 
 artículo 10
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto