Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-536595834
Timestamp: 2019-09-21 11:44:48+00:00

Document:
Sentencia de Tutela nº 476/14 de Corte Constitucional, 9 de Julio de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 536595834
Una Persona Que Se Proclama Mujer Transgénero, Es Decir, Que Aunque Tiene Sexo Masculino Ha Construido Su Identidad Bajo Los Parámetros Del Género Femenino, Instaura La Acción De Tutela En Contra De La Subdirección De Asuntos Lgbt De La Secretaría De Integración Social De La Alcaldía Mayor De Bogotá, Por Considerar Vulnerados Sus Derechos Fundamentales, Al Negarse A Suscribir Un Contrato De Prestación De Servicios Por No Presentar Copia De La Libreta Militar. La Peticionaria Participó En La Convocatoria Efectuada Por La Entidad Para La Población Transgénero Y Cumplió Con El Perfil Requerido Para Desarrollar El Objeto Del Contrato. Se Examina Temática Relacionada Con El Derecho A La Identidad Sexual O De Género; El Derecho Al Trabajo; El Servicio Militar Obligatorio Y Su Incidencia Directa En El Ejercicio Del Derecho Fundamental Al Trabajo; El Fenómeno De La Carencia Actual De Objeto Y La Necesidad De Protección, Cuando Subsiste La Amenaza A Un Derecho Fundamental. La Sala Considera Que La Solicitud De Tutela Constituye Un Mecanismo Expedito Para La Protección Efectiva De Las Garantías Fundamentales, No Solo De La Accionante, Sino También De Toda La Población Transgénero, La Cual Requiere De Medidas Especiales De Protección Frente A La Exclusión Social Derivada De La Imposibilidad De Vincularse A Actividades Productivas Formales Y, Con El Fin De Proveer Condiciones De Vida Digna. Se Precisa, Que La Obligación Impuesta En El Artículo 36 De La Ley 48 De 1993, Es Inaplicable A Las Personas Que Han Construido Su Identidad Como Mujeres Transgénero, En Cuanto Esta Identidad No Corresponde Al Concepto De ³varón Contenida En La Disposición Referida. Se Dispone Que, En Los Procesos De Selección Y Contratación Que Se Adelanten En Las Entidades Públicas Y Particulares, No Se Podrá Exigir La Libreta Militar A Las Personas Transgeneristas. Se Amparan Los Derechos Al Trabajo, Al Libre Desarrollo De La Personalidad, A La Identidad De Género, Al Mínimo Vital Y A La Vida En Condiciones Dignas Y Se Exhorta Al Congreso De La República, Para Que Tramite Una Ley Que Regule De Forma Integral Y Sistemática Los Derechos De Las Personas Transgénero.
Sentencia citada en: 11 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa
Referencia: expediente T-4.258.528
Acción de tutela instaurada por I.A.P.R. contra la Subdirección de Asuntos LGBT de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Dirección Nacional de Reclutamiento – Ejército Nacional.
La S. Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa y los Magistrados L.E.V.S. y A.R.R., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
En el proceso de revisión del fallo proferido el veintidós (22) de noviembre de dos mil trece (2013) por el Juzgado 21 Penal del Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento, en la acción de tutela incoada por I.A.P.R. contra la Subdirección de Asuntos LGBT de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Dirección Nacional de Reclutamiento del Ejército Nacional.
I.A.P.R., mujer transgénero[1] que responde al nombre identitario de G.K.B., interpuso acción de tutela en contra de la Subdirección de Asuntos LGBT de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Dirección Nacional de Reclutamiento del Ejército Nacional, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas, por la decisión de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá de negarse a suscribir un contrato de prestación de servicios por no presentar copia de la libreta militar.
Afirma que es una mujer trangénero, es decir, que aunque es una persona de sexo masculino ha construido su identidad bajo los parámetros del género femenino, por lo cual, para efectos sociales prefiere que se le identifique como el nombre identitario[2] de G.K.B..
El trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013) el Subdirector para Asuntos LGBT de la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS-, actuando dentro de la oportunidad procesal pertinente, dio respuesta a la acción de tutela de la referencia[3], indicando que la actuación de la entidad accionada se ciñó al marco de las normas de derecho público y que en atención al Manual de Contratación para el caso de la celebración de los contratos de prestación de servicios se tiene previsto una lista de chequeo de los requisitos exigidos.
Considera que no ha existido violación de los derechos invocados por el señor I.A.P.R., con nombre identitario G.K.B.. Por lo anterior, solicita desestimar las pretensiones de la demanda incoada.
Mediante acta de notificación personal el ocho (8) de noviembre de dos mil trece (2013) se corrió traslado de la presente acción de tutela a la Dirección Nacional de Reclutamiento del Ejército Nacional, a fin de que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la acción de la referencia, sin embargo, la institución guardo silencio[4].
iiv) O. al Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación y a las entidades públicas que considere pertinentes para que expidan circulares que aclaren a las entidades de educación superior y a las entidades públicas que las mujeres transgénero son consideradas mujeres por la Ley 48 de 1993 y por tanto no pueden exigirles libreta militar.
Expone que de acuerdo con el análisis efectuado por “B. y Perspectivas de la Política Pública para la Garantía Plena de Derechos de Personas Lesbianas, Gays, B. y Transgeneristas en Bogotá – PPGDLGBT” frente al derecho al trabajo, determinó que “El 79.39% de las personas encuestadas para el estudio de la línea de base, han sufrido discriminación que afecta su ejercicio al derecho al trabajo”.
En vía de lo anterior, convocó a las organizaciones sociales que trabajan por los derechos humanos de las personas LGBTI y a la ciudadanía en general para vincular por medio de Contrato de Prestación de S.vicios a personas transgeneristas no profesionales como “Asistentes Administrativos/as en la entidad”.
En atención a dicho proceso se presentaron las hojas de vida de: C.J.P.; J.P.R.R., cuyo nombre identitario es A.M.; A.R.B., cuyo nombre identitario es R.M.; e I.A.P.R. cuyo nombre identitario es G.K.B..
Luego de revisadas las hojas de vida, realizar entrevistas y someter a las postuladas a un proceso exhaustivo de selección objetiva por medio del cual se determinó la experiencia, capacitación y formación de éstas personas, se dio visto bueno para la contratación de I.A.P.R.K.B..
Posteriormente revisada la documentación allegada y verificando la “lista de chequeo” que ordena el Memorando Int. 56948 del 27 de noviembre de 2012 de la Secretaría Distrital de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la seleccionada G.K.B. debió ser informada por medio de oficio del 07 de noviembre de 2013, que no se podría continuar el trámite de contratación ante la entidad, ya que no cumplía a cabalidad con los requisitos requeridos por cuanto le hacía falta su libreta militar de reservista.
En atención a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 48 de 1993, no fue posible la vinculación de G.K.B. a la Sub Dirección de Asuntos LGBT de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá como contratista ya que era jurídicamente imposible avanzar con la contratación por el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de ley para la contratación con entidades oficiales y en especial de la Libreta militar o tarjeta de reservista.
Finalmente, informa que la Subdirección para Asuntos LGBT de la Secretaría Distrital de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá está en capacidad de contratar a I.A.P.R. cuyo nombre identitario es G.K.B. y a las personas transgeneristas observando los procesos de selección objetivas que ordena la ley, siempre y cuando se salve el escollo contenido en la Ley 48 de 1993, que obliga a que las personas registradas con sexo masculino definan su situación militar. Cobra importancia mencionar que la posible contratación de G.K.B. no afectaría el presupuesto vigente ni el número de cupos dispuestos para estas acciones afirmativas.
Corporación Opción por el Derecho a S. y el Deber de H.
La Directora de la Corporación Opción por el Derecho a S. y el Deber a H., luego de realizar una breve exposición respecto de los hechos que generaron la presente acción de tutela, considera que más allá de la problemática que surge con la exigencia de la libreta militar o tarjeta de reservista como requisito para el acceso al mercado laboral privado o público según el ordenamiento legal colombiano, desde un análisis axiológico, hermenéutico y ontológico se puede concluir que el problema radica en el no reconocimiento de los derechos de las mujeres transgénero, lo cual impide su integración e inclusión social y limita la oportunidades para desarrollar su proyecto de vida.
Sobre el caso objeto de revisión, expone que actualmente G.K. se encuentra desempleada pues aunque la Sub Dirección para Asuntos LGBT de la Secretaría Distrital de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, tiene la posibilidad de contratarla, no pueda hacerlo debido a la rigidez de la norma que les obliga a solicitarle como requisito establecido por la Ley 48 de 1993 el elemento probatorio de que se ha definido la situación militar al ser leída como “varón” por la norma a causa de la variable de sexo inscrita en su registro civil y su documento de identidad, “M”.
Finalmente, solicita que en atención a la perspectiva garantista de los derechos de G.K.B. y de paso en reconocimiento de los derechos de las “mujeres transgénero” que se aborde con claridad conceptual la temática de género, identidad de género, identidad sexual y orientaciones sexuales que se confunden muy a menudo bajo la frase de “personas de identidad u opción sexual diversa” dejando de lado los temas relacionados con el género, la construcción de la identidad en el género deseado y la forma de expresarlo.
En declaración extrajuicio presentada el 29 de mayo de 2014 por I.A.P.R., mujer transgénero que responde al nombre identitario de G.K.B., manifestó que se identifica como mujer transgénero desde hace más de 15 años, que ejerce la peluquería como profesión y que en la actualidad trabaja con la Fundación Alianza Vida como técnica en Salud Sexual y Reproductiva para el proyecto de VIH del Fondo Mundial de la Salud. Adicionalmente, agregó que se dedica a realizar eventos como artista de la comunidad LGBT en varias discotecas a nivel nacional[5], igualmente, aportó fotos de su vida cotidiana en medio magnético, donde se puede constatar que en todas las actividades desempeñadas por la actora siempre ejerce comportamientos tanto a nivel laboral como familiar acordes al género femenino[6].
Posteriormente, el 7 de julio de 2014, la peticionaria allegó a este despacho un escrito[7] donde informa que la relación laboral referida en la declaración extrajucio antes citada llegó a su fin por cuanto al estar contratada sin el lleno de los requisitos legales que se le exigen fue desvinculada de manera unilateral por su empleador, e indica que aún persiste la oportunidad de trabajo en la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá en otra vacante para la cual cumple con el perfil requerido.
Es competente esta S. de la Corte Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de las acciones de tutela de la referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Para establecer si en efecto se produjo la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, esta S. examinará los siguientes asuntos: i) derecho a la identidad sexual o de género; ii) derecho al trabajo; iii) servicio militar obligatorio y su incidencia directa en el ejercicio del derecho fundamental al trabajo; iv) carencia actual de objeto por daño consumado y, v) por último, se resolverá el caso concreto.
El derecho a la identidad como “expresión de la autonomía individual y de la capacidad de autodeterminación, de lo que se es, de las condiciones materiales de existencia, y manifestación de la intangibilidad de la integridad física y moral[8], es un derecho en constante construcción. De allí que la doctrina constitucional ha señalado que la Corte eleva a derecho fundamental “la libertad en materia de opciones vitales y creencias individuales”, siempre que no desconozcan los derechos de los demás o el orden jurídico. Concretamente en relación con la identidad sexual, en sentencia T-477 de 1995 sostuvo que “en el derecho a la identidad la persona es un ser autónomo, con autoridad propia, orientado a fines específicos, que ejerce un claro dominio de su libertad y en consecuencia ninguna decisión tomada sin su consentimiento se torna válida. Tal autonomía, implica a la persona como dueña de su propio ser. La persona por su misma plenitud, es dueña de sí, es el sujeto autónomo y libre. En otros términos, el distintivo de ser persona y el fundamento de la dignidad de la persona es el dominio de lo que quiere ser”[9].
En el caso C.G.V.U.. Sentencia de 24 de febrero de 2011. La Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que “El derecho a la identidad puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso.”. En el mismo sentido, en el caso C. y otros Vs. El Salvador. Sentencia de 31 de agosto de 2011. P. 113, señaló que “la identidad personal está íntimamente ligada a la persona en su individualidad específica y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica y biológica, así como en la forma en que se relaciona dicho individuo con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social”
El derecho a la identidad es materialización del libre desarrollo de la personalidad, pues en estrecha relación con la autonomía, la persona se identifica o autodetermina, se autoposee, se autogobierna, es dueña de sus actos y entorno con el cual establece su plan de vida y su individualización como persona singular, elementos esenciales para la construcción de su identidad de género.[10]
Sobre éste derecho como categoría protegida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso A.R. y Niñas vs Chile, indicó:
“Teniendo en cuenta las obligaciones generales de respeto y garantía establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana, los criterios de interpretación fijados en el artículo 29 de dicha Convención, lo estipulado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las Resoluciones de la Asamblea General de la OEA, los estándares establecidos por el Tribunal Europeo y los organismos de Naciones Unidas (supra párrs. 83 a 90), la Corte Interamericana deja establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual.”[11]
En sentencia T-314 de 2011, la Corte Constitucional asumió la noción de persona transgénero como la relativa a aquella “que transita del género asignado socialmente a otro género. En ocasiones, el papel de género asignado por la sociedad no coincide con la perspectiva de la persona, de modo que a veces un sujeto de sexo masculino, se identifica psicológicamente con lo femenino. En este caso, a lo largo de su ciclo vital, estas personas rechazan el rol masculino asignado por la sociedad, asumen su identidad femenina y transitan hacia un rol social femenino”[12]. En este punto, se hace necesario presentar la aclaración que este Tribunal realizó en la misma providencia, a saber: “La Corte reconoce que en materia de definición de personas transgeneristas el debate está abierto de manera que no se propone un intento de cierre o clasificación en una categoría única. Por ello, atendiendo a los procesos de organización política y de auto reconocimiento, se enfatizará en la denominación personas trans teniendo en cuenta los debates identitarios y la multiplicidad de denominaciones empleadas para hacer alusión a la diversidad de género”.
En síntesis, la dignidad humana y el derecho al libre desarrollo de la personalidad dan contenido y alcance a la autodeterminación de la identidad de género como parte esencial e indisoluble a la personalidad, por lo cual la persona no puede ser perseguida señalada o discriminada en razón a su identidad de género[13].
De forma reiterada esta Corporación ha sostenido que el derecho al trabajo es un derecho fundamental y la misma Constitución Política lo consagra como un principio rector del Estado Social de Derecho[14]. Su carácter fundamental denota un reconocimiento como atributo inalienable de la personalidad jurídica y un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve logran su perfeccionamiento a través de su ejercicio, con lo cual el individuo se auto proporciona una existencia en condiciones dignas.
Los referidos principios surgen como una manifestación del Constituyente de garantizar un orden político, económico y social justo en el cual, a través del derecho al trabajo el Estado garantice el libre desempeño de la actividad personal en condiciones dignas y justas[15].
El texto constitucional colombiano da fe de la enorme importancia que adquiere el derecho al trabajo en este panorama, no sólo como medio de participación activa en la economía, sino adicionalmente como herramienta para la realización del ser humano como Ciudadano, esto es, como integrante vivo de la asociación que aporta de manera efectiva elementos para la consecución de los fines de la sociedad. En tal sentido, el preámbulo de la Carta reseña como propósito esencial del acta fundacional vertida en la Constitución Nacional el aseguramiento de “la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz”.[16]
S.vicio militar obligatorio y su incidencia directa en el ejercicio del derecho fundamental al trabajo.
El S.vicio Militar Obligatorio tiene como objetivo apoyar a las autoridades democráticas, mantener la independencia y la integridad nacional, defender el territorio y la soberanía nacional, colaborar en la defensa de la convivencia pacífica, el mantenimiento de la paz y “la efectiva vigencia de las instituciones“[17], en atención al principio de solidaridad social consagrado en el artículo 95 de la Constitución.
El deber de prestar el S.vicio Militar Obligatorio está fundado en el reconocimiento que hace la Constitución de 1991 de los derechos y obligaciones de sus ciudadanos, quienes así como pueden exigir la protección de sus garantías constitucionales por parte del Estado, tienen igualmente compromisos con la sociedad, entre las cuales se encuentra el preceptuado en el artículo 216 de la Constitución de 1991[18].
La Ley 48 de 1993[19], señala que todos los nacionales varones tienen la obligación de definir su situación militar, cuando el joven adquiere su título de bachiller o en su defecto, cuando ha cumplido los 18 años. En el artículo 10 P. único, establece que:
“ARTICULO 14. Inscripción. Todo varón colombiano tiene la obligación de inscribirse para definir su situación militar dentro del lapso del año anterior en que cumpla la mayoría de edad, requisito sin el cual no podrá formular solicitudes de exención o aplazamiento. Cuando se llegue a la mayoría de edad sin haberse dado cumplimiento a esta obligación, la autoridad podrá compelerlo sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que se establecen en la presente Ley[20].
ARTICULO 21. Clasificación. S.án clasificados quienes por razón de una causal de exención, inhabilidad o falta de cupo, hayan sido eximidos de la prestación del servicio militar bajo banderas”.
El cumplimiento de las referidas etapas - inscripción, primer examen, segundo examen, sorteo, concentración e incorporación y clasificación -, así como lo dispuesto por el Decreto 2048 de 1993[21], es presupuesto necesario para la expedición de la tarjeta o libreta militar.
De conformidad con lo establecido en el literal “g” del artículo 41 de la Ley 48 de 1993 “los que habiendo sido citados a concentración no se presenten en la fecha, hora y lugar indicados por las autoridades de Reclutamiento, son declarados remisos. Los remisos podrán ser compelidos por la Fuerza Pública, en orden al cumplimiento de sus obligaciones militares, previa orden impartida por las autoridades del S.vicio de Reclutamiento."
El documento con el que se comprueba haber definido la situación militar es la tarjeta de reservista o libreta militar, de acuerdo al artículo 30 ibídem[22].
La carencia actual de objeto se fundamenta en que la finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección del derecho fundamental amenazado o vulnerado de quien invoca el amparo, por manera que cuándo la situación de violación o amenaza a cesado o el daño que se pretendía evitar se ha consumado, pierde sentido cualquier orden que la Corte pueda proferir para amparar los derechos de la persona a favor de la cual se interpone la acción de tutela pues por sustracción de materia resultaría inútil.[23] La Corte ha señalado al respecto:
No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción”.[24]
(i) La carencia actual de objeto por hecho superado se configura cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el que se profiere el fallo se satisface la pretensión contenida en la demanda de amparo, en cuanto cesa la violación o la situación de peligro de vulneración de los derechos fundamentales invocados. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna.[25]
Sin embargo, cuando el hecho superado se configura cuando la acción se encuentra ante los jueces de instancia en la motivación del fallo pueden incluir un análisis sobre la violación alegada por el accionante conforme al artículo 24 del Decreto 2591 de 1991,[26] cuando se considere que la decisión debe llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, para reprobar su ocurrencia y advertir sobre su no repetición, so pena de las sanciones pertinentes. En tales casos la providencia judicial debe incorporar la demostración de la reparación o la cesación de la situación de amenaza de violación del derecho antes del momento del fallo.
(ii) La carencia actual de objeto por daño consumado se presenta cuando “no se reparó la vulneración del derecho, sino por el contrario, a raíz de su falta de garantía se ha ocasionado el daño que se buscaba evitar con la orden del juez de tutela”,[27] de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro y lo único que procede es el resarcimiento del daño originado en la vulneración del derecho fundamental[28].
(iii) También existe carencia actual de objeto cuando se presenta cualquier otra situación que haga inocua la orden de satisfacer la pretensión de la tutela. En efecto, es posible que la carencia actual de objeto no se derive de la presencia de un daño consumado o de un hecho superado sino de otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto, como cuando las circunstancias existentes al momento de interponer la tutela se modificaron e hicieron que la parte accionante perdiera el interés en la satisfacción de la pretensión solicitada o ésta fuera imposible de llevar a cabo.[29]
En los anteriores eventos, la carencia actual de objeto no es óbice para que la Corte analice si existió una vulneración y como autoridad suprema de la jurisdicción constitucional determine el alcance y deber de protección de los derechos fundamentales invocados, con el fin de prevenir futuras violaciones. En consideración a lo anterior, esta S. de Revisión entrará a determinar resolver si la Subdirección de Asuntos LGBT de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá vulneró los derechos fundamentales invocados por G.K.B. porque a pesar de tener conocimiento de su condición de mujer transgénero, se negó a vincularla mediante contrato de prestación de servicios por no contar con libreta militar.
En el presente asunto, I.A.P.R., quien responde al nombre identitario de G.K.B. promovió acción de tutela contra la Subdirección de Asuntos LGBT de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Dirección Nacional de Reclutamiento del Ejército Nacional, por estimar transgredidos sus derechos fundamentales al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas, dado que, pese a haber participado en una convocatoria efectuada por la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá para la población transgénero y cumplido con el perfil requerido para desarrollar el objeto del contrato, le fue negada la vinculación mediante contrato de prestación de servicios como asistente administrativa por no contar con la libreta militar, documento que, dada su identidad de género, considera no le es exigible.
El problema jurídico puesto a consideración de la S. involucra un asunto de relevancia constitucional en cuanto se refiere al derecho al trabajo de la accionante y su posibilidad de mejoramiento de su calidad de vida como miembro de un grupo poblacional segregado socialmente.
La negativa de vinculación laboral la Subdirección de Asuntos LGBT de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá se expresó mediante un acto administrativo sobre el cual, en principio, podría considerarse que existe otro medio de defensa judicial, el cual es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho[30]; sin embargo, luego de analizar las causales de procedibilidad de la referida acción contempladas en el inciso 2 del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011[31], se advierte que el hecho por el cual se solicita el amparo no se subsume dentro de ninguna de ellas, de modo que en realidad no hay otro medio de defensa del derecho, lo que hace procedente la acción de tutela.
Por no contar con otro medio de defensa, encuentra la S. que se cumplen con los requisitos para que proceda la tutela, pues ésta se constituye en un mecanismo expedito para la protección efectiva de las garantías fundamentales, no solo de la accionante sino también de toda la población transgénero, la cual, al ser víctima de la exclusión social a través de la imposibilidad de ejercer su derecho al trabajo, limita su existencia digna y demás derechos fundamentales.
En este orden, existe un daño consumado, en el entendido de que la actora en ese momento perdió la oportunidad de contratar con la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá por no presentar su libreta militar, sin embargo, la barrera de acceso para G.K. como mujer transgénero al mercado laboral persiste y con ello la exclusión de toda posibilidad de mejoramiento de su calidad de vida, situación que impone a la S. de Revisión abordar el análisis de los hechos planteados por la accionante para determinar si procede o no el amparo reclamado en relación con futuras oportunidades de vinculación laboral.
Pasa la S. a examinar si en el presente caso la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá con su actuar vulneró los derechos fundamentales al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad de género, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de A.P.R., mujer transgénero que responde al nombre identitario de G.K.B. por negarse a contratarla aduciendo no acreditar un documento exigible a los varones.
Indica la peticionaria que aunque en la cédula de ciudadanía de la peticionaria figura con el nombre de I.A.P.R., con sexo perteneciente al género masculino, se identifica como una mujer por lo que aunque aparece en la cédula como una persona de sexo masculino ha construido su identidad bajo los parámetros del género femenino y así se ha desarrollado e interactuado en su entorno, con lo que evidencia ser una mujer transgénero desde el punto de vista ontológico de su identidad.
Para la S., las autoridades públicas y los particulares deben abstenerse de imponer criterios o cánones específicos, propugnando por proteger los derechos al pluralismo, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad e identidad.
Si una persona se reconoce como mujer transgénero, y construye su identidad en la vida pública y social como mujer transgénero, exigirle un requisito propio del género con el cual no se identifica como es la libreta militar, desconoce su derecho a desarrollar su identidad de género, es decir, a autodeterminarse.
Para la sala resulta censurable que la entidad accionada, cuya función es poner en marcha los procesos y garantías con el fin de lograr inclusión social y el fortalecimiento de vínculos de respeto y reconocimiento hacia personas de los sectores LGBT e identificar y caracterizar a las personas de Lesbianas, Gays, B., y Transgeneristas, canalizando sus solicitudes y necesidades y facilitando el acceso a los servicio sociales para la garantía plena de sus derechos[32], en desarrollo de las cuales abre una convocatoria específicamente para vincular contractualmente a personas transgénero, desconociendo abiertamente los derechos de la accionante y negándole su identidad se niegue a celebrar el contrato por el incumplimiento de una exigencia sólo aplicable a personas del género masculino.
Bajo los anteriores parámetros la S. considera que la solicitud de la tutela constituye un mecanismo expedito para la protección efectiva de las garantías fundamentales, no solo de la accionante sino también sobre toda la población transgénero, la cual requiere medidas especiales de protección frente a la exclusión social derivada de la imposibilidad de vincularse a actividades productivas formales y con el fin de proveer condiciones de vida digna. En este sentido, la acción de tutela se erige como un mecanismo idóneo y eficaz para garantizar los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y a la vida en condiciones dignas, con el fin de lograr la inclusión social y el fortalecimiento de vínculos de respecto, tolerancia y reconocimiento de las personas de los sectores LGBT, en atención al deber que le asiste al Estado como garante de los derechos humanos.
Por lo anterior, encuentra esta S. de revisión necesario precisar que la obligación impuesta en el artículo 36 de la Ley 48 de 1993, es inaplicable a las personas que han construido su identidad como mujeres transgénero, en cuanto su identidad no corresponde al concepto de “varón” contenido en la disposición referida, con lo cual, en los procesos de selección y contratación que se adelanten en las entidades públicas y particulares no se podrá exigir la libreta militar a las personas transgeneristas. La anterior decisión encuentra sustento en las especialísimas condiciones de las personas perteneciente a este grupo social. La libertad que se reconoce en un Estado Social de Derecho para que una persona construya su identidad de género de manera autónoma implica poder adoptar los propios proyectos de vida sin coacciones ajenas, siempre que no se atente contra derechos de terceras personas o el orden jurídico. Por esta razón “ni el Estado ni la sociedad se encuentran habilitados para obstruir el libre proceso de formación de una específica identidad sexual, pues ello conduciría a aceptar como válido el extrañamiento y la negación de las personas respecto de ellas mismas por razones asociadas a una política estatal contingente[33]”
La Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá en escrito enviado a esta Corporación informó que se encuentra en la capacidad de contratar a la accionante, resaltando que no se afectaría el presupuesto vigente ni el número de cupos disponibles para estas acciones afirmativas[34], por ello, en aras de otorgar una protección real a los derechos fundamentales de la peticionaria se ordenará a la Subdirección para Asuntos LGBT de la Secretaría Distrital de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá inaplicar el artículo 36 de la Ley 48 de 1993 y vincular laboralmente a I.A.P.R., identificado con cédula de ciudadanía número 80.257.667, mujer transgénero que responde al nombre identitario de G.K.B. al cargo de asistente administrativa o uno similar de acuerdo al perfil de la accionante. Lo anterior, sujeto al cumplimiento de los demás requisitos para la celebración del contrato por parte de la accionante acordes a la Constitución y a la ley. Asimismo se ordenará a la entidad accionada que en los procesos de selección y contratación en los que participen personas transgénero inaplique el artículo 36 de la Ley 48 de 1993, es decir, no se les podrá exigir la libreta militar como requisito para su vinculación mediante nombramiento o contrato de prestación de servicios.
Respecto de la Dirección Nacional de Reclutamiento del Ejército Nacional no hay lugar a considerar que ésta vulneró los derechos fundamentales de por I.A.P.R., quien responde al nombre identitario de G.K.B., por cuanto dentro de la actuación no se demostró que la accionante hubiera formulado petición o adelantado gestión alguna ante la mencionada entidad, así como tampoco que ésta hubiera realizado alguna actuación en todo el proceso de contratación en el cual participó la tutelante.
De otra parte, encuentra importante esta S., más allá de la solución al problema jurídico suscitado entre las partes, exhortar al Congreso de la República a fin de que tramite una ley que regule de forma integral, y sistemática los derechos de las personas transgénero.
En consecuencia, la S. revocará el fallo proferido el veintidós (22) de noviembre de dos mil trece (2013), proferido por el Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá con función de conocimiento y en su lugar, tutelará los derechos fundamentales de I.A.P.R. al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas.
Primero.- REVOCAR el fallo de única instancia del Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá con función de conocimiento, proferido el veintidós (22) de noviembre de dos mil trece (2013), que negó el amparo solicitado por I.A.P.R., identificado con cédula de ciudadanía número 80.257.667, mujer transgénero que responde al nombre identitario de G.K.B., dentro de su proceso de tutela contra la Subdirección de Asuntos LGBT de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Dirección Nacional de Reclutamiento del Ejército Nacional, y en su lugar, AMPARAR sus derechos fundamentales al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad de género, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas.
Segundo: ORDENAR a la Subdirección de Asuntos LGBT de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que dentro del término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del presente fallo, inaplique el artículo 36 de la Ley 48 de 1993 y proceda a contratar a I.A.P.R. identificado con cédula de ciudadanía número 80.257.667, mujer transgénero que responde al nombre identitario de G.K.B., en el cargo de asistente administrativa o uno similar. Lo anterior, sujeto al cumplimiento de los demás requisitos para la celebración del contrato por parte de la accionante acordes a la Constitución y a la ley.
Tercero: ORDENAR a la Subdirección de Asuntos LGBT de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que en los futuros procesos de selección y contratación en los que participen personas transgeneristas inaplique el artículo 36 de la Ley 48 de 1993, es decir, no se les podrá exigir la libreta militar como requisito para su vinculación mediante nombramiento o contrato de prestación de servicios.
Cuarto.- EXHORTAR al Congreso de la República a fin de que tramite una ley que regule de forma integral y sistemática los derechos de las personas transgénero.
[1] El hecho que la accionante se reconozca como mujer transgénero, lleva a que la Corte la identifique bajo el género femenino, a fin de hacer compatible su tratamiento en sede judicial con su identidad.
[2] Hace referencia al nombre sentido, autopercibido o identitario; es decir, aquel que han adoptado libremente en pleno ejercicio de los Derechos Humanos cuando inicia su proceso de hombre a mujer trans.
[3] F. 18 del cuaderno principal.
[4] F. 17 del cuaderno principal.
[5] F. 13 del cuaderno constitucional.
[6] F. 11 del cuaderno constitucional.
[7] F. 60 del cuaderno constitucional.
[8] Sentencia T-881 de 2002 y sentencia C- 075 de 2007, entre otras.
[9] En esta providencia, la Corte estudió el caso de un menor de edad que, cuando tenía 6 meses fue emasculado por el perro que cuidaba la casa donde habitaba. Por ello, sus padres autorizaron que los médicos tratantes los sometieran a una operación de readecuación de sexo femenino en 1987 y en el mismo año, hincaron proceso de jurisdicción voluntaria con el fin de modificar el nombre y sexo de su hijo por aquellos acorde a su nueva identidad. El niño, que no se adaptó a la identidad sexual femenina que le fue otorgada, solicitó la protección de sus derechos a la identidad personal y a la dignidad humana, solicitando la suspensión del tratamiento para su readecuación total femenina y que se reinvierta a un completo acoplamiento de su definición psicológica y física masculina con la que se siente plenamente identificado.
[10] En el mismo sentido, un grupo de especialistas internacionales en un documento titulado Principios de Yogyakarta “Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género”. Define la identidad de género como: “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales” Marzo de 2007.
[11] Corte IDH. Caso A.R. y Niñas Vs. Chile. Fondo, R. y C.. Sentencia del 24 de febrero de 2012. S.ie C No. 239, P. 91
[12] CANTOR, E.W.. “Los rostros de la homofobia en Bogotá. Des-cifrando la situación de Derechos Humanos de homosexuales, lesbianas y transgeneristas”. Editorial Universidad Pedagógica Nacional y Corporación Promover Ciudadanía. Bogotá, 2007. P.. 24.
[13] Cfr. Sentencia T-909 de 2014.
[14] sentencia C-177 de 2005.
[15] Ver entre otras las sentencias T-03 de 1992, T-225 de 1992, T-483 de 1993, T-402 de 1994, T-799 de 1998 y T-1041 de 2000
[16] Cfr. Sentencia T-448 de 2008 M.P.H.A.S.P..
[17] Sentencia T-351 de 1996.
[18] Sentencia T-762 de 1998.
[19] "Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización"
[20] El texto subrayado Fue declarado EXEQUIBLE de manera condicionada en los términos fijados en el punto 7 de las consideraciones de la parte motiva, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-879 de 2011.
[21] Por el cual se reglamenta la Ley 48 de 1993 sobre el servicio de Reclutamiento y Movilización.
[22] “ARTICULO 30. Tarjeta de reservista. Tarjeta de reservista es el documento con el que se comprueba haber definido la situación militar. Este documento será expedido con carácter permanente por las Direcciones de Reclutamiento y Control Reservas de las respectivas Fuerzas para las tarjetas de reservista de primera clase. La Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército expedirá todas las tarjetas de reservista de segunda clase, así como las tarjetas de reservista de primera clase para los miembros de la Policía Nacional.
PARAGRAFO 2° Las tarjetas expedidas con anterioridad a la presente Ley conservarán su número inicial hasta que sea solicitado; el duplicado, al que se le asignará el número correspondiente al documento de identidad”.
[23] Ver sentencia T-972 de 2000.
[24] Cfr. Sentencia T-308 de 2003.
[25] Sentencia T-170 de 2009.
[26] “ARTICULO 24. PREVENCION A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este Decreto, todo son perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión.”
[27] En cuanto a las diferencias entre la configuración de la declaración de carencia actual de objeto por hecho superado y hecho consumado, pueden confrontarse las sentencias T-758 de 2005, T-272 de 2006, T-573 de 2006, T-060 de 2007, T-429 de 2007, T-449 de 2008, T-792 de 2008, T-699 de 2008, T-1004 de 2008, T-612 de 2009, T-124 de 2009, T-170 de 2009, T-533 de 2009, T-634 de 2009, entre otras.
[28] Sentencia T-083 de 2010.
[29] Sentencia T-585 de 2010.
[30] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
[31] “Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió”. (subrayado fuera del texto original).
[32] Decreto Distrital 607 de 2007, artículo 20B literales b) y g).
[33] Sentencia C-098 de 1996
[34] En escrito allegado a la Secretaría General de esta Corporación el 9 de julio de 2014, la Subdirección para Asuntos LGBT de la Secretaría Distrital de Integración Social manifestó a este Despacho que “esta (sic) en la capacidad de contratar a I.A.P.R. cuyo nombre identitatio es G.K.B. y a las personas Transgeneritas observando los procesos de selección objetiva que ordena la ley, siempre y cuando se salve el escollo contenido en la Ley 48 de 1993, por medio del cual se obliga a que las personas registradas con sexo masculino a definir su situación militar. Cobra importancia mencionar que la posible contratación de G.K.B. no afectaría el presupuesto vigente ni el número de cupos dispuestos para estas acciones afirmativas”. F. 109 del cuaderno constitucional.
Tutela de Corte Suprema de Justicia - nº 25000221300020130021401 de 26 de Agosto de 2013
Tutela de Corte Suprema de Justicia - nº 11001020300020130191600 de 29 de Agosto de 2013

References: Artículo 36
 artículo 36
 artículo 1
 artículo 29
 artículo 95
 artículo 216
 artículo 10
 artículo 41
 artículo 30
 artículo 24
 artículo 137
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 Artículo 138
 artículo 20