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Timestamp: 2017-03-23 00:24:28+00:00

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Los derechos civiles de los extranjeros en Cuba. Sus garantías. Comentarios a la legislación actual
Odette Martínez Pérez(CV)odette@fd.uo.edu.cuUniversidad de Oriente Descargar en PDF
Los movimientos demográficos colocan a las personas naturales ante Estados muy diferentes al de su ciudadanía y los efectos de estos desplazamientos generan discusiones en el derecho en los ámbitos del derecho público hasta el privado. Los antecedentes de los trabajos teóricos entorno a la situación jurídica del extranjero los encontramos desde la propia Roma y con una visión más conciente desde el punto de vista jurídico en el Siglo XVII con el despegue de las Escuelas Italianas Medieval , Escuela Española , la Escuela Holandesa y la Escuela Francesa .
El primero en recoger los derechos civiles de los extranjeros en la etapa moderna fue el Código Civil Napoléonico . Luego se comenzó a desarrollar en las constituciones y los instrumentos jurídicos internacionales. Por su parte los Códigos Civiles siguen atesorando hasta nuestros días el estatuto personal, la regulación de la personalidad del individuo y de los derechos civiles, siendo porticos de la consideración de persona para cualquier individuo … los derechos contenidos o desarrollados en el estado civil resultan núcleo del estatuto personal, desarrollan el reconocimiento de la personalidad jurídica, como requisito fundamental para las libertades básicas; derechos civiles fundamentales y el reconocimiento del individuo ante la ley como sujeto de derechos y obligaciones. Se traducen en el reconocimiento de la capacidad y goce de derechos y deberes.
Aún y cuando el tema parece agotado y el problema parece estar resulto queda mucho por hacer. La situación internacional resulta compleja , asistimos hace varios años a una crisis demográfica, ecológica, económica y social en muchas regiones del planeta, que se reagudiza cada día. Otro icono a tomar en cuenta resulta la mundialización de la migración, con el auge del neoliberalismo y el desmontaje del estado bienestar, los procesos de integración, la llamada crisis del constitucionalismo y el monismo jurídico. Diferentes estados apuestan por la criminalización de la migración y recrudecimiento de los controles migratorios para todas las categorías de extranjeros y con especial énfasis en los migrantes, que adquirido nuevas razones tras los sucesos del 11 de septiembre del 2000, incluyéndose con mayor fuerza el tema migratorio en las agencias de seguridad de los estados que comienzan a transgredir estos que resultan los derechos más elementales del ser humano.
Cuba es cuestionada en la regulación, garantía y ejercicio de estos derechos en la propaganda que ataca especialmente el turismo y las inversiones, por ello vale la pena sistematizar los derechos civiles que nuestra legislación reconoce a las personas naturales extranjeras, en relación con la figura del estatuto personal.
I.I ESTATUTO PERSONAL, PERSONALIDAD JURÍDICA , DERECHOS CIVILES.
El estatuto personal protegido y reconocido por el derecho internacional funciona en norma como garantía institucional. Pero esto no es absoluto BATTIFOL[1] explica que el conjunto de materias sometidas a la ley que sigue a la persona, se citan leyes del estatuto personal[2]; las que atienden al estado y la capacidad de las personas y van con ellas a donde quieran que vayan[3]. FRANCESKAKIS[4] para no hacer depender el carácter extraterritorial de la norma de su vinculación al estatuto, prefiere en este sentido sustituir el término por ley personal y exponer que por estatuto personal puede entenderse el conjunto de instituciones que se vinculan directamente con la persona y que conforman su condición jurídica como sujeto de derecho. El estatuto personal posee como esencia el estado civil de las mismas.
MANCINI precursor de la teoría nacionalista decía que cuando un grupo de hombres se ponían a disposición de los poderes públicos estaban al arbitrio de los que fijan los poderes y las leyes. El concebía al derecho público del estado como sistema indispensable para proteger a estos de los enemigos interiores y exteriores y para garantizar a todos los habitantes el goce pacífico de sus derechos. En la sentencia del Tribunal Supremo Español de 6 de junio de 1867 se explica que … es regla general admitida en las naciones, con ligera excepción que el estatuto personal, no mediando un tratado especial debe regir todos los actos que rigen a la persona del extranjero, subordinándose a las leyes vigentes del país donde es súbdito…
El Instituto de Derecho Internacional Privado[5] en su primera sesión de Oxford declara que no se concibe un estado que independientemente de la aplicación de los principios de reciprocidad o cualquier otro del Derecho Internacional Privado, no respete su condición de persona y el carácter extraterritorial de su estatuto personal convirtiéndose en un problema de justicia internacional. La cuestión es obligar al estado a respetar aquellas obligaciones de los extranjeros con sus respectivos estados. Las cuestiones del estatuto del extranjero han traído conflictos internacionales más o menos graves las que han llegado incluso en el pasado a la intervención armada….cada país es soberano en la reglamentación de la condición del extranjero, pero no en forma tan absoluta que pueda proceder arbitrariamente abusando de su soberanía, conforme a las normas actuales del derecho de gentes[6].
La personalidad jurídica la conforman tres poderes públicos, la de respeto a su libertad, la de exigir prestaciones sociales y la de participar en el gobierno. Los derechos de libertad son los derechos del individuo que representan las condiciones básicas de la personalidad, siendo por ello impuesto del derecho internacional a los estados reconocérselos a los individuos, aunque pueden ser restringidos bajo determinadas situaciones. Destacados autores como WEISS[7] explican que la existencia clara de una obligación internacional absoluta de respeto al extranjero por el estado en que se encuentre y que el Estado interviene en estas relaciones jurídicas como supremo ente ordenador en virtud de su soberanía es más clara cada vez.
DÁVALOS[8], apunta algunas cuestiones importantes relativas a las normas que regulan el estatuto personal, como la forma en que la Comunidad Jurídica Internacional exige a los otros estados el respeto a la soberanía y los derechos atribuidos por otros, además coadyuva al respeto del derecho a la personalidad jurídica que enuncia la Declaración de Derechos Humanos, lo que recaba en la aplicación de la ley extranjera en los diferentes Estados, ya que está las dictan los Estados para su población . Estas fundamentalmente son normas que utilizan en su construcción la fórmula indirecta y los puntos de conexión que se usan en ellas son los relativos a la persona, dígase ciudadanía, nacionalidad, domicilio y residencia. Tiene importancia por su relación con los derechos adquiridos, ya que a partir de ellas los ciudadanos o domiciliados en un país adquieren determinados derechos, que forman parte de su atributo como persona, o sea, el estatuto personal y determinados derechos patrimoniales que deben ser respetados por cualquier Estado.
La personalidad es definida como la aptitud de la persona para ser titular de derechos y obligaciones[9]. El artículo 24 del Código Civil establece que la personalidad comienza con el nacimiento y termina con la muerte. En este sentido, a partir del nacimiento y hasta el momento de la muerte se le reconoce al individuo su condición de sujeto de derecho, artículo 6 de la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Así todo individuo es persona por el mero hecho de haber nacido hombre y la esencia de la personalidad jurídica resulta su Estado Civil, que va a constituirse en núcleo del Estatuto personal, expresión del reconocimiento de esa personalidad fuera d elas fronteras.
II. LOS DERECHOS HUMANOS. CRITERIOS DOCTRINALES SOBRE LOS DERECHOS CIVILES.
A partir de la existencia de este estatuto personal este se convierte en el portico de aquellos que asumen la existencia de un estándar mínimo de derecho reconocido en el tratamiento a los extranjeros por todos los Estados, lo que hoy constituye una regla impuesta por la costumbre internacional. Lo cierto es que los derechos humanos van surgiendo debido a las necesidades de protección que han presentado los individuos a lo largo del camino de la historia, Bobbio[10] sitúa en el proceso expansivo de los derechos tres características fundamentales, el incremento de bienes protegidos por la técnica del derecho, la aparición de nuevos titulares de los derechos, la aparición de nuevos derechos que responden a estatus , roles e intereses específicos y que tienen en común el fundamento de la diferencia.
Los Derechos Humanos se han denominado y definido de diversas maneras
Naturales, concepción iusnaturalista de los derechos parten de los mismos derechos, superiores a los derechos estatales, deben ser reconocidos y garantizados por este.
Expresión que se aplica al conjunto de leyes morales naturales -cuyo origen es la sola naturaleza en cuanto se refiere al ámbito de la libertad humana-, dentro del supuesto, no universalmente reconocido, de que el orden legal forma parte del orden moral. En cuanto se funda en la naturaleza, el derecho natural se refiere a valores universales e inmutables.
En las Instituciones de Justiniano, «derecho natural es lo que la naturaleza enseñó a todos los animales» (Iust. Inst., I, 2 pr.). La Escolástica Medieval sostiene la existencia del derecho natural, que llama «ley natural» bajo el principio general de que es reflejo de la ley eterna. La Reforma protestante da origen a una noción de derecho natural no fundado en la ley eterna; así el llamado iusnaturalismo racionalista, procura su fundamentación en valores humanos considerados universales. Acaba convirtiéndose en derecho positivo en las legislaciones liberales y democráticas. Frente al derecho positivo, que sostiene iustum quia iussum [justo porque está mandado], el derecho natural sostiene la inversa: iussum quia iustum [mandado porque es justo].
Derechos públicos subjetivos[11] , las corrientes iusfilosóficas del siglo XIX, sistematizaron estos derechos en las diferentes relaciones jurídicas, esquematizando la acción del estado y de los sujetos jurídicos como titulares. Reconocidos aquí por la constituciones, lo que se convierte en una característica definitoria para los derechos. Sobre la concepción de los derechos subjetivos existen muchas opiniones, el colectivismo los despoja de su matiz individual y de su origen histórico y los individualistas y liberales los sitúan en ámbitos de poder público y privado[12], entre las concepciones se destacan Scoto, Occam, Savigny, Hohfeld, Jellinek, Ross, Kelsen[13], Marx , Larenz por sólo mencionar algunos.
Libertades públicas, son concebidas en la literatura francesa como esferas autónomas libre de intromisión estatal de los diferentes individuos y grupos, se creo para evitar la intromisión en los derechos civiles del Estado, pero coinciden en su contenido y significado con los derechos públicos subjetivos. Siendo utilizado el término de forma expresa en las Constituciones de 1793 y 1814. La primera vez que se utiliza con una formulación plural es en el texto constitucional del II Imperio Francés, de 1852, abordándose con este enfoque, desde este momento por los cientistas del derecho. Las libertades públicas tienen un ámbito más restringido que los derechos humanos, con los cuales estarían en una relación de género y especie, denominándose por algunos derechos de libertad, sobre todos al referirse a los primeros , exponen que surgieron en el desarrollo histórico de la humanidad. Las libertades públicas acreditan que el Estado reconoce a los individuos el derecho de ejercer cierto número de actividades sin coacción; a través, de la abstención.
Jellinek y su teoría de los Estados examinada en epígrafes anteriores, venía demostrando que dentro de esos derechos fundamentales, están las libertades, el ciudadano posee derechos civiles, personales y privados, derechos políticos y económicos, sociales y culturales.
Con el desarrollo de la teoría de las libertades públicas encontramos que muchas se ajustan a derechos políticos que requieren el ejercicio del ciudadano y no sólo la abstención del Estado, encontrándose limitada esta vertiente teórica al tratar de analizar los derechos económicos, sociales y culturales desde esta perspectiva.
Carl Smith[14] expone que son esferas de la libertad, los que hacen radicar en la constitución las pretensiones del hombre, garantías institucionales, mediante la regulación constitucional, puede garantizarse una especial protección a ciertas instituciones.
El concepto derechos constitucionales apareció en Francia hacia 1770, en el seno del movimiento político y cultural que condujo a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Según el Doctor Villabella en está se articuló el sistema de relaciones que median entre el individuo y el Estado, como muestra de lo que recogía la Constitución en su parte dogmática, bajo el término de fundamentales por primera vez en la Constitución alemana del 20 de Diciembre de 1848 y luego en la Constitución de Weimar (1919) quien lo emplea de forma llamativa en un título denominado “Derechos Fundamentales y Deberes fundamentales de los Alemanes”.
Para Peraza Chapeau[15], derechos fundamentales, constituyen el conjunto de preceptos éticos-jurídicos de una sociedad, que los entiende colectivamente como de protección y garantía de las libertades reconocidas a todas las personas por el simple hecho de ser personas. En cambio Pérez Royo[16] plantea que derechos son “los derechos naturales constitucionalizados democráticamente”.
Ferrajoli[17] explica que los derechos fundamentales son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados de personalidad. Son los derechos de ciudadanos o personas con capacidad de obrar, entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva de prestación o negativas de no sufrir lesiones, adscriptas a un sujeto por una norma jurídica y por su status la condición de un sujeto previsto a sí mismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y autor de los actos que son ejercicio de estos.
Los derechos fundamentales al corresponder a intereses y expectativas de todos forman el fundamento y el parámetro de la igualdad jurídica, a la que llamo dimensión sustancial del paradigmático Estado de derecho , es sustancial porque se refiere al contenido, no a la forma del derecho, condicionando la validez de las normas del Ordenamiento Jurídico. La naturaleza supranacional de los derechos fundamentales, se corrobora, a través, de las diferentes convenciones suscrita por los Estados.
Por fin Ferrajoli, distingue entre derechos fundamentales y derechos patrimoniales, despojando al derecho público de una teoría patrimonialista d elos derechos y la relación jurídica que muchas veces arrastramos, los primeros corresponden a clases de sujetos y los otros a cada uno de los titulares con exclusión de los demás.
Los derechos fundamentales son universales y los patrimoniales son singulares, en los primeros todos los titulares tienen igual forma y medida más bien resultan destinatarios, son fuente de legitimación, los segundos pertenecen a las personas de manera diversa por calidad y cantidad, los derechos fundamentales son personalísimos, indisponibles e inalienables y los patrimoniales se alinean y se disponen de ellos, están destinados a ser modificados, constituidos, por actos jurídicos ex lege, conferidos, a través, de reglas generales habituales , los primeros están predispuestos por normas, los derechos fundamentales son verticales, tipo publicista, el individuo frente al Estado y los patrimoniales horizontales son relaciones intersubjetivas, los primeros son obligaciones públicas para los poderes públicos y los segundos en la esfera privada.
Algunos son del criterio que se han condicionado los catálogos derechos a la ciudadanía, negando la universalidad con las dimensiones del fenómeno migratorio actual, la categoría ciudadanía ha venido a fundar una idea ilusoria de la democracia, desnacionalizar gradualmente los derechos fundamentales es la tarea del constitucionalismo.
El término de derechos humanos vino acotarse según el Doctor Villabella con la internacionalización de los derechos, después de la II Guerra Mundial. Derechos humanos, término vinculado a la actualidad son atributos del hombre como sujetos de las relaciones sociales, se proyecta sobre estos con carácter condicionante y cuya fuerza es reconocida por la generalidad de los hombres. Gregorio Robles expone que los derechos humanos son derechos subjetivos que el poder ha constitucionalizado poniéndolos por encima de otros. Para Pérez Luño los Derechos Humanos son el conjunto de valores éticos, culturales, sociales, económicos y jurídicos que por consenso de la comunidad de naciones, constituyen los ideales correspondientes a una etapa dada de desarrollo histórico y a ese fin se han consagrado en documentos jurídicos: “es el conjunto de facultades, instituciones y prerrogativas que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos”[18].Para Álvarez Conde son “las aspiraciones del hombre, afirmación de fines humanos, demandas del hombre, exigencias éticas del hombre en su vida social que varían en la historia.”[19]. Sin embargo, para Peces Barba los Derechos Humanos “incluyen también a aquellos supuestos en los cuales esos Derechos Humanos no están incorporados al Derecho positivo.”[20] También habla del principio de eficacia horizontal de los derechos fundamentales, nos recuerda razones poderosas que justifican sostener la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares:1) El poder político no es el único capaz de dañar a las personas. 2) la consideración exclusiva de los derechos como límites al poder estatal, es propia de un momento de predominio del positivismo estatalista en la cultura jurídica, situación que hoy ha cambiado profundamente. 3) El Derecho Privado no es ya expresión de un número reducido de normas generales y estables…4) los derechos fundamentales cumplen dos funciones centrales en el Ordenamiento. Es susceptible de atribución individual, como derechos subjetivos…, pero también otra objetiva, como parte de la norma básica material de identificación de normas. En esta segunda función son guía para la producción e interpretación de las restantes normas del Ordenamiento”. Oscar Correa[21] toma los derechos humanos como todas las aspiraciones humanas.
De la distinción entre derechos fundamentales y humanos, Javier de Lucas, expone que es una manera de restringir los derechos puesto que los derechos humanos son universales y exigibles por todos los hombres, los fundamentales poseen el elemento de la juridicidad, restringiendo a su alcance entre derechos del hombre y del ciudadano[22].
Derecho adquirido se trata de una noción clásica del derecho, expuesta por primera vez por Chabot de L’Allier y continuada por Merlín, en Francia, y por Herrestorf y Borst, en Alemania. Duvergier distingue los derechos adquiridos de las simples expectativas, diciendo que los primeros son los que pueden ejercerse actualmente y a los que el poder público debe protección, tanto para defenderlos de los ataques de terceros cuanto para asegurar sus consecuencias contra ellos. En cambio las expectativas no son sino gérmenes de derechos que para desarrollarse necesitan la realización de acontecimientos ulteriores. Para Duvergier la ley nueva no debe arrebatar el derecho que alguien hubiese adquirido, pero puede disponer libremente de las meras expectativas. La doctrina siguió trabajando durante todo el siglo pasado con este concepto del derecho adquirido que se oponía a los derechos en expectativa y a las meras facultades, sin agregar nada nuevo a lo expresado por Duvergier. Para Baudry-Lacantinerie los derechos adquiridos “son las facultades legales regularmente ejercidas, y expectativas o intereses las que no lo han sido todavía al momento del cambio de legislación a la que sobreviven”. La noción de derecho adquirido ha sufrido de parte de la doctrina moderna los más fuertes embates. Dejando de lado la redundancia que encierra la expresión, puesto que el derecho, si no ha sido adquirido, no es derecho, el concepto es útil para mostrar elementalmente el funcionamiento de los efectos de la ley con relación al tiempo. Se “adquiere” un derecho cuando se reúnen todos los presupuestos exigidos por la norma para su imputación a favor del sujeto en calidad de prerrogativa jurídica individualizada.
Las disquisiciones en su denominación vienen relacionadas a su construcción teórica y con ello a la evolución de los mismos que han hecho surgir, derechos de configuraciones técnicas distintas, atendiendo a las exigencias de los hombres en cada momento histórico.
El hallazgo de las plataformas doctrinales[23] capaces de sustentar la proclamación de los derechos humanos como facultades o poderes que han de serle reconocidos a todos los hombres por los respectivos ordenamientos jurídicos ha traído no menos disquisiciones doctrinales que su denominación. Realmente no existe hoy un consenso de los mismos con el desarrollo de la humanidad, en las ciencias jurídicas, no son pocos los teóricos y los tribunales constitucionales que han tratado de fundamentar los derechos y con ello hallar el modelo de aplicación perfecta para estos, se enmarcan fundamentalmente en la concepción de los derechos subjetivos y otros en la concepción de los derechos por la búsqueda de logros sociales[24].
Diversos autores han teorizado sobre la naturaleza de los derechos, para Benito de Castro[25] derechos humanos se entienden en dos sentidos. El subjetivo que hace alusión a determinados, poderes, atributos, facultades que corresponden a los sujetos de la vida social, sean individuos o grupos y el objetivo como formulaciones históricas en que tales poderes, facultades, atribuciones, han sido proclamados, reconocidos o constituidos.
Los derechos humanos tienen como rasgo fundamental su carácter progresivo e irreversible, lo que significa que obedecen a un iter evolutivo en su formación y no es un catálogo cerrado. Una vez otorgado los siguientes derechos, son irrevocables, su interdependencia no es más que la complementación entre ellos y no la jerarquización de unos y otros.
Son universales “Para todos los hombres”, entendiendo el término en el sentido de que todos ellos son poseídos por todos los hombres, lo cual quiere decir que entre las personas se da una estricta igualdad jurídica básica, referida a los derechos. Sobre la universalidad de los derechos, quisiéramos detenernos, por constituir el vértice de la razón que genera la equiparación, igualdad o diferencia entre extranjeros y ciudadanos.
Otras características que en mi opinión refuerzan la universalidad de los derechos y que han sido marcadas por la doctrina como características de estos también son .
La irrestringibilidad; cuenta con determinados requisitos como la estricta necesidad de orden público y seguridad nacional, con una proporcionalidad existente entre el límite del derecho y la causa para restringir los derechos, la publicidad, resulta otro elemento para asegurarse de que la restricción no lacere la dignidad humana, ni la seguridad jurídica.
Los derechos son imprescriptibles, es decir, no les afecta la prescripción, sin que, por tanto, se adquieran ni pierdan por el simple transcurso del tiempo. Además en la Constitucionalidad de los derechos está la razón de su no restricción. La eficacia directa o vinculante y las garantías protectoras acompañan a estos también.
Se agrega su inaliabilidad, es decir, no transferibles a otro titular, lo que sí es posible, en términos generales, en los demás derechos subjetivos y tienen un carácter transnacional, pues no importa que la persona pertenezcan a una región o país determinado para ser portadora de los mismos. En este sentido los propios Estados no deben vulnerar cualquier derecho humano alegando su poder estatal, sino que ellos mismos se imponen límites en su actuar gubernativo para la defensa mismos. De esta forma plantea el párrafo 1º de la Declaración de Viena del 25 de junio de 1993 adoptada por la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos que: “Los Estados tiene el deber, sean cuales sean sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos”. Son derechos que a decir de Raimundo Torrado[26] no dependen del reconocimiento del Estado, ni de la cultura a que pertenezca el individuo, son sencillamente inherentes a él. Son indisponibles, esta cualidad se divide en dos: Indisponibilidad activa; mediante la cual el derecho no es inalienable por el sujeto que es titular; y la indisponibilidad pasiva consistirá en que el derecho no será expropiable o limitables por otros sujetos, comenzando por el Estado.
Precisando el sentido y alcance de las dos expresiones referidas en conexión con otras, he señalado: “…Así, mientras limitar significa restringir o comprimir el ejercicio normal de un derecho, imponer obligaciones implica que el titular … se hallará en el deber de ejecutar o abstenerse de realizar una determinada conducta. En este sentido, ya no admite discusión o duda, que los derechos, aún los fundamentales, no son absolutos o ilimitados en su contenido y ejercicio, sino que su desenvolvimiento legítimo exige el respeto del ordenamiento jurídico y de los demás derechos reconocidos por el derecho objetivo, para lo cual la Carta Fundamental ha autorizado sólo al legislador, cuando se trata de los derechos fundamentales, para limitar su ejercicio … sobre la base de las causales que comprende la función social del dominio[27]….
Finalmente y para terminar de configurar adecuadamente la potestad legislativa derivada de la función social, tiene que distinguirse las limitaciones, obligaciones, regulaciones y prohibiciones de la privación, conforme a la cual es sustraído o extraído del patrimonio el derecho del que se es titular, una o varias de sus facultades o atributos esenciales o el bien sobre el cual recae. En consecuencia, lo que sucede cuando una persona renuncia al ejercicio de un derecho constitucional de contenido económico, es que está aceptando, sobre la base de la voluntad autónoma, que su derecho no se desenvuelva en toda la magnitud o extensión que naturalmente posee. Por ello, para que la renuncia sea respetuosa de la carta fundamental, tiene que sujetarse a lo que ella dispone en nexo con las limitaciones que es posible imponer al ejercicio de los derechos conforme a lo asegurado a todas las personas.
Se han periodizado en tres grandes generaciones; a modo de clasificación, en una Primera Generación se engloban los que conocemos como los derechos individuales, se les ha denominado también como “derechos negativos”, “controles verticales sobre el poder”, “libertades de autonomía”, “espacios de abstinencia para el poder”, “instituciones valladares para el Estado”, “derechos subjetivos”; se les enfoca como figuras que consagran espacios de desenvolvimiento del individuo vedados para el Estado, cuya misión es velarlos y protegerlos, surgidos con las revoluciones liberales, se incluyen : El derecho a la seguridad personal y a la protección contra las detenciones arbitrarias, la inviolabilidad de domicilio, la libertad ideológica y religiosa, el secreto a la correspondencia, la libertad de residencia y circulación, de prensa e imprenta, la protección contra registros y confiscaciones, el derecho a la vida, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen, derecho de reunión, manifestación y asociación, derecho al sufragio, a la propiedad, a la libre elección de matrimonio; estos como los más relevantes.
Dentor d elos derechos civiles se ubican los derechos de la personalidad son el conjunto de Derechos inherentes a todo ser humano, que la ley concede a la persona por ser considerada como tal, y que le son intrínsecos, estos son: el derecho a la vida, al nombre, al honor, a la intimidad, etc. son derechos que se aplican imperativamente a todas las personas sin distinción alguna. Los derechos humanos no nacen; pero encuetran un soporte material de recnocmiento en el estado civil como núcleo del estatuto personal.
I.II. ANTECEDENTES EN EL DERECHO INTERNACIONAL PARA EL RECONOCIMIENTO DEL ESTATUTO PERSONAL, LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LOS DERECHOS CIVILES.
En 1648 se marca un despegue del ius naturalismo y la modernidad en el Derecho internacional con el congreso de Westfalia[28], lo que dimensionó de manera diferente el tratamiento jurídico al hombre. Hasta que fue aprobada la regla de orden público en la Segunda Sesión de Oxford el 6 de junio de 1867. El Instituto de Derecho Internacional Privado[29] en su primera sesión declara que no se concibe un estado que independientemente de la aplicación de los principios de reciprocidad o cualquier otro del Derecho Internacional Privado, no respete la condición de persona de un extranjero y el carácter extraterritorial de su estatuto personal convirtiéndose en un problema de justicia internacional. La cuestión es obligar al estado a respetar aquellas obligaciones de los extranjeros con sus respectivos estados.
Estas resultan la base en la regulación de conductas, la imposición de derechos, deberes y garantías, relaciones, valores que se desarrollaran, a través, de los diferentes principios del ordenamiento o instrumentos normativos. Luego se solidifica con el afianzamiento y desarrollo del Derecho Constitucional y del Derecho Internacional, recogiéndose esta en las diferentes constituciones y tratados internacionales. Se llega al summun de regulación con la Declaración de Derechos Humanos que se erige el pedestal axiológico que sustenta el tratamiento jurídico al extranjero en los ordenamientos jurídicos nacionales, en el reconocimiento de la personalidad del hombre y sus derechos primigenios, especialmente en los artículos que siguen:…”Art. 2-I: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición…Art. 2-II: Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica e internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía…” Art. 6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica…” Art. 29-I: Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad…”Art. 29-II: En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento. Toda la labor codificadora en el orden internacional se ha precisado con los Pactos Internacionales, uno dedicado a los derechos civiles y políticos y el otro a los derechos económicos, sociales y culturales[30]. Estos derechos son protegidos por el Derecho Internacional Público. La violación de estos derechos nos sitúa en el plano de la responsabilidad civil internacional extracontractual.
III. LOS DERECHOS CIVILES PARA LOS EXTRANJEROS COMENTARIOS A LA LEGISLACIÓN CUBANA ACTUAL.
Por los cambios que sufrió nuestro país a partir de los años 90, fue necesario modificar la Constitución de 1976 en el año 1992. La reforma de la constitución en 1992 estuvo condicionada a la necesidad de adoptar la norma constitucional a la realidad salvando algunas omisiones en la misma, atendiendo a la experiencia internacional y los años de aplicación[31].
En la Constitución cubana, junto a los tradicionales principios del derecho, se incluyeron en 1992 en el artículo I los valores superiores del ordenamiento jurídico, que adquieren vital importancia al hablar de derechos en la Constitución, estos son, la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana[32], estos a nuestro juicio conllevan la no discriminación, a un trato digno e igual a los seres humanos y constituyen el sustrato ético de la Constitución y el ordenamiento jurídico cubano, completando el sentido de la declaración constitucional acordada en el preámbulo…. “Declaramos…nuestra voluntad de que la ley de leyes de la República esté presidida por este profundo anhelo, al fin logrado, de José Martí:…”Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”[33]… Brevemente podemos decir, que es precisamente, el concepto de hombre en José Martí un concepto universal, el hombre visto sin color, sin nacionalidad, lo que consideramos la base ética y principio de interpretación de la política de extranjería en Cuba, todos los hombres son iguales, su condición de hombres, los hace universales, por ello merecen libertad, justicia social, bienestar y a de fomentarse la solidaridad[34].
Asimismo, los principios económicos, políticos y sociales que erigen el funcionamiento estatal, en los artículos 9 y 12[35] plantean como funciones del Estado cubano, la obligación de trabajar por aquellos bienes jurídicos que más tarde se instituyen en derechos y que a juicio de nuestro Estado resultan imprescindible para el bienestar individual. Se impone el deber del Estado a trabajar por estos derechos en post del ser humano dentro de nuestro territorio o fuera de él para ellos se usan calificativos en este artículo como, las personas, los niños, los discapacitados, el hombre, la mujer, denominaciones generales que incluyen a todos los hombres, sin distinguir que el Estado tenga estos deberes con los ciudadanos solamente, además se expone la cooperación mutua a favor de los pueblos y por ende de los ciudadanos de estos.
Todo ello es antítesis del sentido con que ha de interpretarse el capítulo dedicado a la extranjería, artículo 34, que al ser parte de este texto constitucional debe ser coherente y armónico con el resto del mismo, este capítulo se incluyódurante la reforma y tomó como referente las viejas fórmulas constitucionales del texto de 1940.
Con la inclusión de este artículo se salva una omisión de nuestro texto Constitucional de 1976 y se fijan los derechos y obligaciones de los extranjeros residentes en el territorio de la República, equiparándolos con los ciudadanos cubanos. Al aprobar la reforma de extranjería no hubo comentarios de los parlamentarios tras la explicación del Presidente de la Asamblea Nacional Ricardo Alarcón y fue aprobada por unanimidad su inclusión[36]. Este exactamente dice como sigue
En materia de derechos humanos la constitución de 1976 siguió el modelo constitucional socialista de tipo estatalista, derivado de la experiencia del constitucionalismo soviético, sin olvidar el ideario de las luchas de independencia con tradición constitucional. Además, la expresión de las nuevas bases económicas, políticas y sociales del Estado, donde el respaldo y la participación popular se hacen realidad. En el capítulo VII, se agruparon un conjunto de derechos y libertades, bajo la denominación “derechos, deberes y garantías fundamentales” y en otras partes del texto se exponen otros derechos. En nuestra Constitución aunque parezca teóricamente que se estableció una posición jerárquica entre los diferentes derechos, no resulta así, toda vez que de la lectura del artículo 137 (número correspondiente al texto reformado en 1992) viene a equiparase todos los derechos contenidos en la Carta Magna, al dotarlos a todos de la garantía legislativa allí contenida[37]. Los derechos sociales, económicos y culturales gozan de una amplia regulación e incluso llega a detallarse que condiciones debe garantizar el estado para el desarrollo de los mismos. No se regulan los derechos de la tercera generación y tampoco la llamada cláusula abierta de los derechos que indica el carácter progresivo de los mismos y la posibilidad de incorporar nuevos derechos a la preceptiva constitucional.
En otras leyes del ordenamiento jurídico también se configuran legalmente derechos, como el derecho a la inmigración y emigración en los artículos uno y dos de la Ley 1312, Ley de Migración y el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica en el Código Civil, artículos 24, 28, 29 y de los artículos del 40 al 43[38]. En torno a esto Coscuyuela[39] expone que los derechos esgrimibles frente a la acción del poder, no están solo contenidos en la constitución, también nacen de otras normas o de simples relaciones jurídicas y exponen que ahí pudieran ubicarse las normas jurídicas administrativas por las características del derecho administrativo, en su condición de tutor de intereses públicos[40], garantizador [41] y por ser un derecho en permanente[42] adaptación a la realidad que ordena.
“Los extranjero residentes en el territorio de la república se equiparan a los cubanos:
En la protección de sus personas y bienes.
En el disfrute de los derechos y cumplimientos de los deberes reconocidos en esta constitución, bajo las condiciones y con las limitaciones que la ley fija.
En la obligación de contribuir a los gastos públicos en la forma y cuantía que la ley establece;
En la sumisión a la jurisdicción y resoluciones de los tribunales de justicia y autoridades de la república:
La ley establece los casos de la forma en que los extranjeros pueden ser expulsados del territorio nacional y las autoridades para decidirlo….”
En este artículo 34, estamos ante una norma principio, donde se recogen un conjunto de postulados que sienta las pautas sobre el tratamiento al extranjero residente en relación a los derechos y deberes del individuo y en la elaboración de la norma que debe desarrollar la reserva constitucional.
La constitución es ambigua en el lenguaje respecto a los derechos, deberes y mecanismos tutelares de los extranjeros, lo que provoca una indefinición de estos, atenta contra la coherencia del texto y dificulta su sistematización. Los extranjeros residentes permanentes, en virtud del sistema de equiparación son destinatarios de los mismos derechos que los ciudadanos. No existe ningún pronunciamiento en el texto constitucional sobre otras categorías migratorias diferentes a los residentes, ni define si a los residentes permanentes o temporales, para la atribución de determinados derechos, sólo las leyes migratorias y algunos instrumentos jurídicos administrativos han regulado determinadas limitaciones a los derechos para los extranjeros o en muchos casos estas limitaciones y derechos son fruto de la labor interpretativa, pero no se ha cumplido la reserva de ley a la que se hace mención el artículo, en la práctica jurídica, se les otorga a los extranjeros aquellos derechos que han sido formulados en la constitución con sujetos impersonales, según los criterios de interpretación seguidos.
Existen juristas que comparten el criterio que la fórmula constitucional no es reiterativa en la consagración de derechos y deberes, que eran importantes las reiteraciones en el contexto y por los motivos que se incluye este texto en la constitución, reafirmar ciertos principios del tratamiento a los extranjeros, al ser nuestro país víctima en la arena internacional de una campaña mediática, otros en materia de técnica legislativa, reconocen este como un estilo de redacción en la norma[43].
En nuestra opinión el artículo treinta y cuatro, resulta restringido en el ámbito de protección que hoy demanda el flujo de extranjeros, toda vez que sólo hace alusión a la tutela jurídica para residentes permanentes obviando otras categorías migratorias de extranjeros como turistas y transeúntes, categorías incluidas en la ley de extranjería y que hoy constituyen la mayoría de la masa de extranjeros presentes en el país. Ante el término residentes, estamos ante un vocablo ambiguo con respecto al significado y tratamiento que las leyes del ordenamiento jurídico le otorgan, existen dos tipos de residentes, temporales y permanentes, lo que podría generar cuestionamientos respecto al régimen de garantías y protección de dichas personas y problemas de obediencia al ordenamiento, como evasiones de pagos contravencionales, desobediencia a leyes del ordenamiento jurídico, constituyéndose en antinomia jerárquica. La constitución expone los residentes se equiparan a los nacionales, cuando en la Carta Fundamental no se utiliza el término nacionales, en su habitual acepción para otros ordenamientos constitucionales de llamar como tal a los ciudadanos, el término que usa la constitución cubana en el resto de sus artículos es el de ciudadanos. Además posee reiterados problemas de lenguaje, no define los deberes, derechos y garantías de los extranjeros, las incoherencias con la letra del propio texto, con la letra de leyes anteriores a la reforma, la vaguedad en algunos términos, demanda se cubra la reserva de ley en la materia de extranjería, que no ha sido cumplida y es el origen de estas antinomias.
El Código civil cubano en su artículo 11 equipara a los cubanos en los derechos civiles a los residentes permanentes. Por otra parte, sostenemos un criterio amplio del estatuto personal recogiendo dentro de él el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte. Los artículos del Código Civil cubano que contienen los tipos legales regulados por la Ley personal son: Artículo 12 sobre capacidad, Artículo 15 que regula la sucesión por causa de muerte La Disposición Especial segunda, que establecen la ley aplicable al estado civil y los derechos y deberes de las personas. La ley que va a regular todas estas instituciones referidas directamente a la persona, es lo que se denomina “Ley personal”. En el Código Civil no existe una definición expresa de Ley personal ni de los tipos legales llamados a regular. No obstante, este no es un concepto utilizado por esta disposición, este Código regula de forma individual los tipos legales que configuran el estatuto personal, con la indicación de la ley que los habrá de regular.
A partir del análisis anterior se sitematizan los siguientes derechos civiles para los extranjeros en Cuba:
Derecho a la propiedad personal[44] sobre los ingresos y ahorros procedentes del trabajo propio, sobre la vivienda que se posea con justo título de dominio y los demás bienes y objetos que sirven para la satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la persona. (Artículo 21)
Derecho a la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo personal o familiar, los que no pueden ser utilizados para la obtención de ingresos provenientes de la explotación del trabajo ajeno. La ley establece la cuantía en que son embargables los bienes de propiedad personal. (Artículo 21)
Derecho a la propiedad de las empresas mixtas, sociedades y asociaciones económicas que se constituyen conforme a la ley. (Artículo 23)
Derecho de herencia sobre la vivienda de dominio propio y demás bienes de propiedad personal. (Artículo 24)
Derecho de la persona a reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la ley, por el daño o perjuicio causado indebidamente por funcionarios o agentes del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos. (Artículo 26)
Igualdad de derechos y deberes en su variante del principio a la no discriminación. (Artículo 42)
Derecho de todo ciudadano a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley. (Artículo 64), se hace extensivo por el principio de equiparación a los residentes permanentes.
Igualdad de derechos en lo económico, político, cultural, social y familiar entre la mujer y el hombre. (Artículo 44).
Derecho a la maternidad. (Artículo 35), sobre todo a las trabajadoras residentes permanentes y becarias extranjeras.
Derecho a la formalización, reconocimiento y disolución del matrimonio, y a los derechos y obligaciones que de dichos actos se derivan. (Artículo 36)
Igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyuges, los que deben atender al mantenimiento del hogar y a la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, de modo que este resulte compatible con el desarrollo de las actividades sociales de ambos. (Artículo 36)
Igualdad de derechos de los hijos, sean habidos dentro o fuera del matrimonio. (Artículo 37)
Derecho a la determinación y el reconocimiento de la paternidad, mediante los procedimientos legales adecuados. (Artículo 37)
Libertad de palabra (Artículo No. 53).
Derecho a la libertad de conciencia y religión (Artículo 8 y 55).
Derecho a la inviolabilidad de domicilio, correspondencia y comunicaciones cablegráficas, telegráficas y telefónicas. (Artículos No. 56 y 57).
Derecho a la libertad e inviolabilidad de la persona (Artículo No.58, 59, 60, 61)
La regulación constitucional en materia de derechos, no agotó el conjunto de derechos y libertades contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, pero existen disposiciones normativas ordinarias que reconocen determinados derechos, no recogidos en el texto de la Constitución Tal es el caso de la Ley No. 59/1987, “Código Civil”; la Ley No. 1289/1975, “Código de Familia”; la Ley No. 51/1985 del Registro del Estado Civil, la Ley No. 7/1977 de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.
En el ámbito civil tienen determinadas restricciones no pueden ser designados tutores de un menor de edad (artículo.146.5 Código de Familia), ni de un incapacitado (artículo.149.4 Código de familia). Están limitados en la adopción porque el adoptante el hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos (artículo 100.2 Código de Familia). A partir de la interpretación de la constitución y otras normas y las sistematizaciones realizadas en materia de garantías por Fabio Raimundo Torrado y Danelia Cutié Mustelier[45] sistematizamos un marco de protección general para todas las categorías migratorias y dentro incluimos un marco de protección específica, para los residentes permanentes, a quién único alcanza el mecanismo de queja de la fiscalía.
Marco de protección general a todas las categorías migratorias en materia de garantías jurídicas en Cuba para los derechos civiles.
1- Abstractas. Cualificación del proceso de reforma constitucional al plantear un mecanismo agravado para el caso de los derechos y la reserva de ley para el desarrollo de los derechos, en el caso de los derechos individuales se plantea enfáticamente que será mediante acto normativo de esta categoría que se desplegaran, así se resguardan todos los derechos que protegen a destinatarios impersonales, además de la reserva presente en el artículo 34 que hace alusión a la condición jurídica del extranjero. La responsabilidad patrimonial del estado por la vulneración en la que incurran sus funcionarios y agentes, en ella se encuentra la llamada garantía de responsabilidad o principio de responsabilidad recogida en el artículo 26 de la Constitución de la República, el sujeto protegido en este caso es señalado de una manera impersonal en el mencionado artículo, consideramos el mismo se hace extensivo a los extranjeros.
2- Garantías jurisdiccionales indirectas. Los tribunales cubanos no tienen en su competencia el conocimiento de asuntos dedicados específicamente a resolver casos de violaciones de derechos humanos, salvo que estas a su vez consistan en delitos. En opinión de la Dra. Danelia Cutié, los derechos en nuestro sistema de garantías jurisdiccionales indirectas …los derechos protegidos sólo reciben una tutela parcial al no comprender al derecho en toda su dimensión constitucional, porque los tipos penales tipifican las conducta de modo que no abarcan todas aquellas que puedan lacerar al derecho, tal es el caso del derecho de propiedad, el derecho al trabajo, el derecho de queja y petición y el derecho al sufragio… también reciben tutela otros derechos que no están reconocidos constitucionalmente, como el derecho a la vida y el derecho al honor… Existen delitos que indirectamente protegen determinados derechos es el caso del, derecho a la no discriminación, artículos del 116 al 120 del Código Penal, las leyes protegen la dignidad de los reclusos e impiden que se impongan a estos o a cualquier otra persona condiciones de servidumbre, el artículo 30.11 del Código Penal, el respeto a la integridad física y mental de la persona los artículos 141, 272 al 274 y 286 del Código Penal. Al derecho a la igualdad se extiende la tutela en este Código Penal en el artículo 295. La libertad e inviolabilidad de la persona, recogida en el artículo 58, 59 de la Constitución. son tutelados en algunas reglas que guarda la Ley de Procedimiento Penaldonde se establecen los casos en que la autoridad o sus agentes deben proceder a la detención de una persona y consagra otros principios que sirven de asidero a estos derechos además están los delitos los delitos de coacción, amenaza o privación de libertad. Encuentran cierto resguardo otros derechos en los delito de violación de domicilio y registro ilegal, delito de violación o revelación del secreto de correspondencia, delito contra la libre emisión del pensamiento, delitos contra la violación de los derechos de reunión, manifestación, asociación, queja, y petición, delito contra el derecho de propiedad, delito contra la libertad de culto. En la vía penal también se encuentra el Procedimiento de Habeas Corpus, que reza en la Ley de Procedimiento Penal, ley número cinco de 1977, artículos del 467 al 478. Si en la tramitación de un asunto, los tribunales observaran a la hora de resolverlo mediante una sentencia, la existencia de alguna violación de estos derechos están en la obligación de deducir testimonio y ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, a tenor del artículo seis de la Ley de los Tribunales Populares e indirectamente existen otros procesos que no están dentro de la vía penal que tutelan derechos, aunque no es el fin de la norma restituir el derecho lacerado, sino punir y prevenir, además todos los derechos subsumidos en la Carta Magna, no encuentran protección por está vía. Los extranjeros están en pleno derecho de acudir ante las autoridades correspondientes a formular denuncias ante un delito cometido contra ellos e incluso existen unidades de la policía que se especializan en el trabajo de hechos delictivos contra extranjeros por lo que esta vía resulta extendida a ellos y una vez inmersos en los procesos tienen derecho a las mismas garantías procesales que los cubanos[46].
En el proceso civil se encuentran los procedimientos de amparo en la posesión , proceso hereditario, los procesos reivindicatorio y de indemnización de naturaleza sumaria y ordinaria y el proceso administrativo, aunque con sus limitaciones para la esfera constitucional y administrativa. En la ley número siete en el artículo número dos se expone que los tribunales civiles conocerán las cuestiones que se susciten con personas naturales extranjeras, si en la litis al menos hay un cubano, poseen domicilio en Cuba o es asunto sometido por contrato o tratado a los tribunales cubanos y en los procesos subsiguientes. Domicilio reconocido tienen sólo los residentes temporales y permanentes, cuando observamos el resto de los supuestos de este artículo por esta vía pueden acudir otras categorías de extranjeros, de lo que se infiere que no existe causal de arraigo en ninguno de los procesos donde la condición de extranjero, límite la actuación en los diferentes procesos[47].
3. Los mecanismos extrajurisdiccionales o extrajurídicos. Aunque la Carta Magna en su artículo 63 ha reservado este derecho a los ciudadanos cubanos protege a los extranjeros residentes permanentes por la equiparación prescrita en el artículo 34, pero su alcance en la praxis es mayor y ha llegado a otras categorías migratorias. Así se extiende a los extranjeros la queja administrativa, la queja ante los Órganos del Poder Popular y del Partido Comunista de Cuba, también son accesibles a cualquier categoría migratoria, lo que se corrobora de algunos trabajos y entrevistas realizadas. La queja administrativa se implementa en virtud del Acuerdo 2817 de 25 de Noviembre de 1994, inciso 27 apartado segundo como función común de los Organismos de la Administración Central del Estado señalando que deben prestar atención y dar respuestas a las quejas y peticiones que dirigen los ciudadanos, pero en la práctica los diferentes Organismos de la Administración Central del Estado reciben las quejas de los extranjeros e incluso el Ministerio del Turismo las tiene implementada además como un mecanismo de protección al cliente. En el caso de los residentes permanentes su acceso es dable en virtud de la equiparación que prescribe el artículo 34.
En el caso específico del Ministerio del Interior, con independencia de la actuación de la Fiscalía Militar y teniendo presente la sensibilidad de las situaciones en que pudieran verse involucrados sus funcionarios, el Ministro del Interior ha establecido un departamento de atención a las quejas de la población, subordinado directamente a la Secretaría del Ministro, las Secciones de Inmigración y Extranjería dirigen su atención al público para trámites de extranjería y pueden recepcionar determinadas inquietudes .
Marco específico de protección para los residentes permanentes en materia de garantías jurídicas en Cuba.
Vía extrajurídica o no jurisdiccional en nuestro caso se pudiera decir que tal papel lo ha estado desempeñando el Departamento de Protección a los Derechos Ciudadanos y se ha utilizado con doble carácter en esta vía el derecho de queja y petición. Mediante la Ley Nro. 83 de 1997, en su artículo 8, inciso c), la Fiscalía recibió la encomienda expresa de atender las reclamaciones que presentaren los ciudadanos sobre presuntas violaciones de sus derechos y se le atribuyó en el artículo 24 de la propia Ley, en su inciso 2), la de disponer mediante resolución emitida por el Fiscal, que se restableciera la legalidad. Estas se tramitan a partir de la Instrucción Número 10 que norma el trabajo del Departamento de Derechos Ciudadanos. Ante la omisión de las citadas normas en el tratamiento a los extranjeros conocimos en entrevista realizada a la Fiscal Cristina Colas[48] en el Departamento de Protección a los Derechos Ciudadanos ante la equiparación que prescribe el artículo 34 y en relación al artículo 63 se atienden y tramitan las quejas de los residentes permanentes.
Es así que se recoge el estándar minímo en Cuba para los extranjeros en todas sus categorías y se otroga un marco de protección reforzada a los residentes permanentes.
1. El respeto a la ley personal de los extranjeros es la primera garantía en el marco del principio de extraterritorialidad, significa la protección a la identidad, pisbote de su personalidad jurídica.
2. El tratamiento jurídico al extranjero tiene una fuerte vocación humanista y adquiere su máxima expresión contemporánea en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que debe constituir fuente internacional permanente para todos los ordenamientos jurídicos de la condición jurídica del extranjero, pero aún la protección de estos resulta insuficiente.
3. La inclusión del estatus del extranjero dentro de este sus derechos civiles en las constituciones en su condición de fuente del Ordenamiento Jurídico, facilita que esta en el ejercicio de sus funciones y con mecanismos de protección refuerce la protección a los derechos, deberes y mecanismos tutelares de los derechos según aparezcan en ella.
4. La constitución limita su ámbito de protección y en el destinatario de la protección constitucional en materia de extranjería existe una ambigüedad sintáctica que ha trascendido a la interpretación del status jurídico del extranjero en el ordenamiento jurídico cubano, posee notables reiteraciones, que si bien para algunos puede reforzar el contenido, no las consideramos pertinentes, por las contradicciones que pudieran traer en el resto del texto, existe un mandato constitucional que no ha sido cubierto.
5. En cuanto al estatuto personal se podría comenzar a utilizar el punto de conexión residencia que evitaría los conflictos de leyes ante la multiplicidad de ciudadnías, es necesario que la Constitución recoja el estándar mínimo internacional planteado sobre los derechos civiles y distinga la protección que ofrece al residente permanente en otros aspectos, además resulta necesario que el Código Civil modifique su artículo once para configurar la protección de los derechos civiles a todas las categorías d eextranjeros como sucede en la praxis.
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OTROS DOCUMENTOS: Acta Décimo Período Ordinario de Sesiones. Tercera Legislatura. 10, 11, 12 de julio de 1992. Año 34 de la Revolución
[1] ACOSTA, Cecilio, Estudio de derecho internacional privado, Ed. Buenos Aires, 1910, p 458.
[2] Estatuto personal viene asociada a la idea de la escuela de los glosadores. En un inicio se tenía el estatuto como un número de leyes que el individuo llevaba consigo teniendo carácter extraterritorial, pero en el siglo xix se cambio la concepción, ya no era sobre ciertas leyes sino sobre la materia de las mismas, más bien sobre características per se que daban estas. Este cambio lo debemos a SAVIGNY y más tarde a MANCINI, con su principio de nacionalidades que tiene su base en concepciones antiguas y en el Tratado de Versalles .
[3] ACOSTA, Cecilio, ob cit, p. 345
[4]ACOSTA, Cecilio, ob cit, p. 448.
[5] Ginebra 1874, Annuarie I, citado en ALCORTA, A. Curso de derecho internacional privado, Ed. Buenos aires, Buenos aires, 1910. Pág. 124. El estado de la actual ciencia del derecho internacional sería igualmente exagerado colocar el principio de la independencia y la soberanía territorial de las naciones atribuyéndose un derecho absoluto a negar por completo a los extranjeros el reconocimiento de sus derechos civiles desconociendo su capacidad jurídica natural a ejercitarlos en todas partes. Esa capacidad existe independiente de toda estipulación de los tratados y toda condición de reciprocidad. La admisión y goce de esos derechos y la palicación d elas leyes extranjeras a las relaciones de derecho, que de ellos dependen no podía ser obra d euna simple cortesía y benevolencia, sino el econocimiento y respeto de esos derechos por parte de todos los estados deberan considerarse como un deber de justicia internacional. Ete deber no deja de exsitri sino cuando las leyes extranjeras son incompatibles con las instituciones políticas del territorio regida por otra soberanía y con el orden público tal como se halle reconocido. En el mismo sentido Regla I votada en la Sesión de Oxford 7 de septiembrede 1880 Vease ROLING, A Tableau géneral de l institut, 1919, p. 253.
[6] Sentencia número siete del 25 de mayo de 1926, votada en Lousiana de 1927 en DIENA,Julio, Derecho internacional público, Trad. Trías de Bes, Ed. Bosch, Barcelona, 1946, p. 66.
[7] WEISS, Andre, Manual de Derecho Internacional Privado, T.I , trad. Estanislao, S.Zeballos, Libraire Recueil Sirey, 1911, p.217.
[8] DÁVALOS FERNÁNDEZ, Rodolfo( y otros), Derecho Internacional Privado. Parte Especial, Ed. Félix Varela, La Habana, 2007, pp. 17 y 26.
[9] Colectivo De Autores, COORD., Lic. Caridad del Carmen Valdés Díaz “derecho CIVIL PARTE GENERAL”. pág. 115.
[10] DE LUCAS, Javier, El desafío de las fronteras. Derechos humanos y xenofobia frente a una sociedad plural. Ed. Temas de hoy. s.a, Madrid, 1994.p 28.
[11] FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, Teoría del Derecho, Félix Varela, La Habana, 2002, p.102.
[12] MARTÍNEZ ROLDÁN, Luis y Fernández Suárez, Jesús, Curso de Teoría del Derecho. Ed. Ariel s.a. Barcelona, 1999 p.88.
[13] KELSEN, Hans, Teoría general del estado, Ed. Labor s.a, Buenos Aires, 1934, p.175, El derecho subjetivo es normajurídica conun contenido concreto individual.
[14] SCHMITT, Carl, Teoría de la Constitución, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1927.
[15] PERAZA CHAPEAU, José, “El enfoque constitucional cubano de los derechos humanos y su Protección”, en Seminario sobre derechos humanos (30 y 31 de mayo, 1 de junio de 1996, la Habana, cuba), Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Unión Nacional de Juristas de Cuba, Primera Edición, San José, 1997, p. 141.
[16] PÉREZ ROYO, Javier, Curso de Derecho Constitucional, 2ª edición, madrid, marcial pons, 1995,P.259.
[17] FERRAJOLI luigi, Los fundamentos de los derechos fundamnetales. Ed. Trotta. Madrid. 2001.
[18] PEREZ LUÑO, Los derechos fundamentales”, Ed. Tecnos, Madrid, 1994. p. 44
[19] CONDE ALVAREZ, El régimen político español, Ed. Tecnos, Madrid, 1994, p. 339.
[20] PECES BARBA, Gregorio, Derechos y deberes fundamentales, Ed. Centro de estudios constitucionales, Madrid, 1993, p. 323.
[21] CORREA, Oscar, Acerca de los derechos humanos apuntes para un ensayo, Ed. Coyoacan , s.a, México df, 2003.
[22] DE LUCAS Javie, Derechos humanos y pluralismo cultural. Proceso de universalización d elos derechos. Ed. Centro de estudios constitucionales, Madrid, p.35.
[23] Colectivo de Autores. Los fundamentos filosóficos de los derechos humanos. Ediciones serbal s.a, españa, 1985. ATIENZA, manuel. Introducción al derecho. Ed. Barcanova. S.a. España. 1985.
[24] Colectivo De Autores. Los fundamentos filosóficos de los derechos humanos. Ediciones serbal s.a, españa, 1985.
[25] DE CASTRO CID, Benito, El reconocimiento de los derechos humanos, Ed. Tecnos sa., Madrid, 1982.
[26] RAIMUNDO TORRADO, Fabio, Los derechos humanos en el sistema político cubano, Editorial deCiencias sociales, La Habana, Cuba, 2003, p. 53
[27] RAIMUNDO TORRADO, Fabio, Los derechos humanos en el sistema político cubano, Editorial deCiencias sociales, La Habana, Cuba, 2003, p. 53
[28] D ESTEFANO PISANI, Miguel, Breve historia del Derecho Internacional, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 2003.p.45.
[29] Ginebra 1874, Annuarie I, citado en A. ALCORTA, Curso de Derecho Internacional Privado, Ed. Buenos Aires, Buenos aires, 1910. p. 124. El estado de la actual ciencia del derecho internacional sería igualmente exagerado colocar el principio de la independencia y la soberanía territorial de las naciones atribuyéndose un derecho absoluto a negar por completo a los extranjeros el reconocimiento de sus derechos civiles desconociendo su capacidad jurídica natural a ejercitarlos en todas partes. Esa capacidad existe independiente de toda estipulación de los tratados y toda condición de reciprocidad. La admisión y goce de esos derechos y la palicación d elas leyes extranjeras a las relaciones de derecho, que de ellos dependen no podía ser obra d euna simple cortesía y benevolencia, sino el econocimiento y respeto de esos derechos por parte de todos los estados deberan considerarse como un deber de justicia internacional. Este deber no deja de existir sino cuando las leyes extranjeras son incompatibles con las instituciones políticas del territorio regida por otra soberanía y con el orden público tal como se halle reconocido. En el mismo sentido Regla I votada en la Sesión de Oxford 7 de septiembrede 1880 vid. Tableau Géneral de l Iinstitut por Roling A, 1919, p. 253.
[30] Pacto de los Derechos Políticos y Civiles en www. fd.uo.edu.cu/asignaturas/derechoconstitucional/general/materialesdeconsultas consultado el 22 de diciembre del 2010 a las 3:pm. Entro en vigor el 23 de marzo de 1976 con 67 estados signatarios y 160 estados partes y Cuba lo firmó el 28 de febrero de 2008. Por su parte el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigor el 3 de enero de 1976, con 66 estados signatarios y 157 estados partes. Cuba firmó el mismo 28 de febrero de 2008.
[31] PRIETO VALDÉS, Martha, La Reforma a la Constitución cubana de 1976 en Colectivo de Autores, Temas de Derecho Constitucional, Ed. Félix Varela, La Habana, 2004. Acta Décimo Período Ordinario de Sesiones. Tercera Legislatura. 10, 11, 12 de julio de 1992. Año 34 de la Revolución
[32] CUTIÉ MUSTELIER, Danelia, MÉNDEZ LÓPEZ, Josefina y MARINO CASTELLANO, Ángel: Los valores superiores del ordenamiento jurídico, pilar básico del texto constitucional en Revista IV Conferencia Científica sobre el Derecho. Ed.Barco de Papel. 1997. P3
[33] Constitución de la República, Editora Política, 1997, p.1.
[34] Fernández Bulté, Julio y Fernández Estrada, Julio, Algunas reflexiones sobre los derechos humanos en Cuba. Revista Cubana de Derecho, número 30, julio – diciembre del 2007.
[35]Constitución de la República, Editora Política, 1997, p. 10.
[36] Acta Décimo Período Ordinario de Sesiones. Tercera Legislatura. 10, 11, 12 de julio de 1992. Año 34 de la Revolución
[37] Este último criterio es sostenido por varios autores cubanos como los profesores josefina méndez lópez, danelia cutié, angel mariño, fernanado cañizares, martha prieto, lissette pérez y carlos villabella
[38] PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. Código civil de la República de Cuba. Ley № 59/1987 de l6 de julio. (anotado y concordado). Ediciones ONBC, Ciudad Habana, 2006.
[39] COSCULLUELA MONTANER, Luis, Manual de Derecho Administrativo, Tomo I, decimo quinta edición, civitas ediciones, España, 2004. p.27 y sgtes.
[40] Cosculluela Montaner, Luis, Manual de Derecho Administrativo, Tomo I, decimo quinta edición, civitas ediciones, España, 2004. p.27 y sgtes. Se expresa que es un derecho tutor de intereses públicos cuya satisfacción directa, consigue la Administración Pública con su actividad, con su fundamento, prerrogativas y privilegios.
[41] Idém p.27 y sgtes. La posibilidad de defenderse de las decisiones administrativas en los tribunales y ante la propia administración.
[42] Idém p.27 y sgtes. La administración pública traduce en acción jurídica las líneas marcadas en la política de gobierno.
[43] Entrevista al Tte. Crnel. Roilan de la Concepción, Jefe del departamento de Asesoría de la Dirección de Inmigración y Extranjería, Abril 28, 2010, 10.00 am.
[44] Constitución de la República de Cuba, Ediciones Pontón Caribe s.a, 2005… Artículo 21 Se garantiza la propiedad personal sobre los ingresos y ahorros procedentes del trabajo propio, sobre la vivienda que se posea con justo título de dominio y los demás bienes y objetos que sirven para la satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la persona. Asimismo se garantiza la propiedad sobre medios e instrumentos de trabajo personal o familiar, los que no pueden ser utilizados para la obtención de ingresos provenientes de la explotación del trabajo ajeno, esto viene muy vinculado a la autorización del ejercicio al trabajo por cuenta propia y los términos en que esta se configura en el ordenamiento jurídico cubano, el que es autorizado también a los residentes permanentes a través de la resolución conjunta número 1 de 1996 entre los Ministerios de Finanzas y Precios y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que contiene el Reglamento sobre el ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia en su artículo 5. Álvarez Tabío, Femando, Comentarios a la Constitución socialista, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1981, p 108-112, La ley establece la cuantía en que son embargables los bienes de propiedad personal… En este caso la propiedad personal fue utilizada por la teoría socialista del derecho con la pretensión de distinguirla de la propiedad privada, considerando que los bienes que la integran no son resultado de la explotación del trabajo ajeno, ni permiten la obtención de ganancias lucrativas, comprende esencialmente objetos de uso y consumo personal. Para ver otros detalles sobre las limitaciones a la propiedad en Cuba ver de Cutié Mustelier Danelia y Méndez López Josefina, La propiedad en Cuba. Una visión desde la Constitución en Panorama de la Ciencia del Derecho en Cuba. Coord. Andry Mantilla Correa, Leonard Muntaner Editor, Palma de Mallorca, 2009, p.45 Artículo 23 El Estado reconoce la propiedad de las empresas mixtas, sociedades y asociaciones económicas que se constituyen conforme a la ley. El uso, disfrute y disposición de los bienes pertenecientes al patrimonio de las entidades anteriores se rigen por lo establecido en la ley y los tratados, así como por los estatutos y reglamentos propios por los que se gobiernan De todos modos entendemos que hubiera sido menester la reforma tuviera una alcance mayor pues alguna de las formas de propiedad reguladas en el sector mercantil no poseen expresión en este artículo de la Constitución, ni en ningún otro. En tal sentido ver Rodríguez Saif, María Julia, Repercusión de la reforma constitucional en el derecho de propiedad y otros derechos sobre bienes en Panorama de la Ciencia del Derecho en Cuba. Coord. Andry Mantilla Correa, Leonard Muntaner Editor, Palma de Mallorca, 2009. … Pérez Gallardo, Leonardo B, Código civil de la República de Cuba. Ley № 59/1987 de l6 de julio. (Anotado y concordado), Ediciones ONBC, Ciudad Habana, 2006 p. 62. Artículo 134.1. La expropiación de bienes sólo pue­de efectuarse por razones de utilidad pública o interés so­cial y con la debida indemnización. 2. Para fijar la forma y la cuantía de la indemnización, se tiene en cuenta, además del valor de los bienes, los in­tereses y las necesidades económicas y sociales del ex­propiado. Ver además, las concordancias del citado autor…Constitución: artículo 25.Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral: artículos 425 al 436.Decreto-Ley № 227/2002 de 8 de enero, “Del patrimonio estatal”, en Gaceta Oficial de la República de Cuba, Ordinaria, № 2, de 10 de enero del 2002: artículo 3.1 inciso d). Pérez Gallardo, Leonardo B, Código civil de la República de Cuba. Ley № 59/1987 de l6 de julio. (Anotado y concordado), Ediciones ONBC, Ciudad Habana, 2006, p. 105. Artículo 156. La propiedad personal comprende los bienes destinados a satisfacer las necesidades materiales y espirituales de su titular. ARTÍCULO 157. Pueden ser de propiedad personal: a) Los ingresos y ahorros provenientes del trabajo propio; b) la vivienda, casa de descanso, solares yermos y demás bienes adquiridos por cualquier título legal; concordancia citada por el autor, Ley General de la Vivienda: artículos 2, 6 inciso g), 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 32 y 37.c) los medios e instrumentos de trabajo personal o familiar… Artículo 158. Los bienes de propiedad personal que constituyen medios o instrumentos de trabajo personal o familiar no pueden ser utilizados para la obtención de ingresos provenientes de la explotación del trabajo ajeno… Artículo 159. La ley establece la cuantía en que son embargables los bienes de propiedad personal. Revisar las concordancias realizadas por el autor…Código Civil: artículo 272. Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral: artículo 463. En el caso de la competencia internacional.
[45] CUTIÉ MUSTELIER, Danelia, El Sistema de garantías de los derechos humanos en Cuba, Tesis presentada en opción del título deDoctora en Ciencias Jurídicas, Santiago de Cuba, 1999.
[46] Ley No. 62 “Código Penal”, 1987, entró en vigor el 30 de abril de 1988. Decreto-Ley 140, Modificaciones al Código Penal, Gaceta Oficial, Extraordinaria, No. 4, 13 de agosto de 1993. Decreto-Ley 150, Modificaciones al Código Penal, Gaceta Oficial, Extraordinaria, No. 6 de 10 de junio de 1994. Decreto-Ley 175, Modificaciones al Código Penal, Gaceta Oficial, Extraordinaria, No. 6, 26 de junio de 1997. Ley 87, Modificaciones al Código Penal, Gaceta Oficial, No. 1 de 15 de marzo de 1999. Delitos contra la libertad personal (artículos del 279 al 282). Se sanciona con privación de libertad a la persona que priva a otro de su libertad personal. La sanción se agrava si concurren circunstancias tales como el propósito de venganza o si es cometida contra un funcionario público o contra un menor, Delitos de amenazas (artículos 284 y 285), Delito de Coacción (artículo 286). El que intente obtener una declaración mediante violencia sobre otro o lo amenace para compelerlo a que en el instante haga lo que no quiera, sea justo o injusto, o tolere que otra persona lo haga, es sancionado con privación de libertad de seis meses a dos años (Artículos 289 y 290). (Artículo 291). (Artículo 292). (Artículo 293). (Artículo 279-282, Artículo 284-286). (Artículo 287-288). (Artículo 289 y 290). (Artículo 291). (Artículo 292). (Artículo 293). (Artículo 294). La Ley de Procedimiento Penal en su artículo 109 exige a la Fiscalía velar por el respeto a la dignidad del acusado y que en ningún caso se le someta a restricciones ilegales de sus derechos, haciéndola responsable de velar por el cumplimiento estricto de la Ley durante la fase investigativa., cuestión que pone a la fiscalía en dos posiciones contrarias. Continúa en su artículo 245… la Policía no puede mantener a una persona detenida por más de 24 horas sin darle cuenta al instructor y éste, dentro de las 72 horas siguientes, tiene que ponerla en libertad o a disposición del Fiscal…La Ley de Tribunales Populares parte de la concepción del funcionamiento colegiado de los tribunales, eliminándose lo pernicioso que significa el tribunal unipersonal. Se establece que en la elección de los jueces no puede haber distingos o exclusión por razones políticas de afiliación. Esa sagrada función sólo puede ser cumplida por ciudadanos de probados valores éticos, morales, con la aptitud y la capacidad necesaria. En su artículo 305, esa propia Ley garantiza la oralidad del juicio y la publicidad de los debates. En el procedimiento penal cubano, según el artículo 346 de la Ley que lo regula, no está permitida la realización de juicios con acusados ausentes; de manera que su inasistencia da lugar a la suspensión del mismo, pues constituye un derecho para el acusado tomar parte en el proceso donde resulte enjuiciado. Al acusado también le asiste el derecho de recusar a algunos de los miembros del tribunal que lo juzgará, de existir algunas de las causas previstas por la ley procesal en su artículo 23. La Constitución establece el derecho de todo acusado a la defensa, en su artículo 59. La ley reconoce los bufetes colectivos como una organización autónoma de interés social y regula el derecho de todo acusado para designar abogado y de no hacerlo, se le nombrará defensor de oficio. En virtud de la legislación procesal cubana, todas las sentencias dictadas por los tribunales son recurribles ante el tribunal superior. En el caso de la pena de muerte, existe un procedimiento especial de apelaciones con garantías adicionales. La legislación penal cubana reconoce también el procedimiento de revisión de las sentencias penales. Existen diversas causales que determinan la revisión de una sentencia. Este procedimiento puede iniciarse de oficio por el Ministerio de Justicia, el Presidente del Tribunal Supremo o el Fiscal General, cuando adviertan mediante la inspección judicial o en algún momento del proceso, la concurrencia de las causales de revisión. El artículo 467 de dicha Ley establece que toda persona que se encuentre privada de la libertad, fuera de los casos o sin las formalidades y garantías que prevén la Constitución y las leyes, debe ser puesta en libertad, a petición suya o de cualquier persona, mediante un proceso sumarísimo de Habeas Corpus. Igualmente se establece que en contra del auto que declare con lugar el Habeas Corpus, no cabe recurso alguno. Si este auto lo denegare, procederá recurso ante la sala respectiva del Tribunal Supremo Popular.
[47] Artículos 393, 401, y 654 de la Ley número 7 de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1979, p.45
[48] Entrevista a Cristina Colas, Jefa del Departamento de Protección de Derechos Ciudadanos, Fiscalía Provincial, Santiago de Cuba, , 7 de junio del 2010, 01.00 p.m.
Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato: Martínez Pérez, Odette: "Los derechos civiles de los extranjeros en Cuba. Sus garantías. Comentarios a la legislación actual" en Revista Caribeña de Ciencias Sociales, abril 2014, en http://caribeña.eumed.net/derechos-civiles-extranjeros/	Revista Caribeña de Ciencias Sociales es una revista académica, editada y mantenida por el Grupo eumed•net de la Universidad de Málaga.

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