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Timestamp: 2019-02-23 07:56:27+00:00

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Conferencia dictada por Víctor Garrido de Palma, Notario de Madrid
La Ley 41/2003 y el sistema protector del Código Civil
La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, además de regular el patrimonio especialmente protegido y el contrato de alimentos, permite que el testador pueda gravar con una sustitución fideicomisaria la legítima estricta si es para beneficiar a un hijo o descendiente judicialmente incapacitado; reforma el artículo 831 del Código Civil con objeto de una nueva figura de protección indirecta de los discapaces. Y regula la autotutela: “la posibilidad de una persona capaz de obrar de adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsión de su propia futura incapacitación, la cual puede ser especialmente importante en el caso de enfermedades degenerativas” (cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor, precisa el artículo 223 reformado). Complemento de esta es la reforma del artículo 1732 del Código Civil, con objeto de establecer que: “la incapacitación judicial del mandante sobrevenida al otorgamiento del mandato, no sea causa de extinción de éste cuando el mandante haya dispuesto su continuación a pesar de la incapacitación, y ello sin perjuicio de que dicha extinción pueda ser acordada por el juez al constituirse el organismo tutelar o posteriormente a instancia del tutor” (“o el mandato se hubiera dado -completa el artículo 1732- para el caso de incapacidad del mandante apreciada conforme a lo dispuesto por éste”).
"El Notario es “el amigo de las familias” y dentro de ellas de los miembros más necesitados de protección. La institución brinda múltiples ocasiones que trato en la presente conferencia, los poderes preventivos para demostrarlo"
El objeto del mandato de protección: ante el Código Civil, si leemos el artículo 1709: <<se obliga el mandatario a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra>>, podría pensarse que en el mandato de protección cabe prever lo que abarque y signifique, en todos los órdenes y ámbitos, la protección futura del mandante (incluso post mortem, respecto al cadáver y órganos del cuerpo llegado su fallecimiento).
"La deficiente regulación legal constituye sin duda un reto para el Notariado: brinda una actuación de servicio público que hemos de atender con el sentido de responsabilidad inherente a nuestra función"
A juicio del conferenciante la aplicación del reformado artículo 223 es clara: <<podrá en documento público notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor>>. Profundizando en esta afirmación, puede afirmarse
La dicción empleada por el artículo 223 incluye los poderes de protección, por su redacción general y abierta. Y es que su expresión omnicomprensiva abarca todo instrumento protector: el mandato, el documento de instrucciones previas y la autotutela.
Si en la doctrina hay acuerdo al poner de manifiesto las ventajas de la escritura pública y el 223 existe, el ponente no entiende por qué hay que seguir insistiendo en el sistema de libertad de forma de la regulación legal del mandato.
Tercero.- Como ya se ha expuesto: .... “o en un documento diferente al poder, si se quiere que éste funcione con una mayor agilidad práctica y sin provocar problemas de interpretación”. A juicio del conferenciante en el mandato representativo de protección el entramado contractual no debe subyacer: recójase en la escritura y repósense las facultades del mandatario.
Si al tratar de la forma se ha partido del artículo 223, párrafo segundo, en tema de publicidad hay que considerar ante todo el párrafo tercero: <<los documentos públicos a los que se refiere el presente artículo se comunicarán de oficio por el notario autorizante al Registro Civil, para su indicación en la inscripción de nacimiento del interesado >>.
"La concreción del contenido del mandato por mor del artículo 1732 del Código Civil, en sede del contrato de mandato, ha de partir de la premisa de que la gestión del mandatario ha de ceñirse al ámbito patrimonial o económico pero a la vez es susceptible de abarcar actuaciones patrimoniales que no consistan en negocios sensu stricto"
El segundo inciso del párrafo regulador de la no-extinción del mandato en el artículo 1732 así lo establece: “...el mandato se hubiera dado para el caso de incapacidad del mandante apreciada conforme a lo dispuesto por éste”. Estamos ante el “poder ad cautelam” o de ultra-actividad, alternativa a la incapacitación judicial e instrumento de protección a destacar en las fases iniciales de enfermedades degenerativas como el Alzheimer y otras demencias.
"El mandato puesto al servicio de la protección de los incapaces y celebrado preventivamente por ellos ha sido considerado desde hace tiempo como una necesidad ante la realidad social"
Poder preventivo a favor de un tercero y nombramiento de tutor al cónyuge de incapacitado. Son frecuentes los poderes preventivos a un hijo-hijos, así como los conferidos a quien por sus condiciones profesionales, experiencia y competencia empresarial... se considera especialmente cualificado para gestionar la actividad profesional o empresarial del que luego es declarado incapacitado. Lo que acaece es que si es éste el caso real su complejidad es innegable: nos encontramos ante la aplicación del 1387 respecto al cónyuge tutor del incapacitado y a un apoderado preventivo designado y con competencias concretas e incluso con la posible previsión de que en lo que afecte a éstas el 1387 no sea de aplicación. ¿Cuál puede ser la respuesta adecuada?.

References: artículo 831
 artículo 223
 artículo 1732
 artículo 1732
 artículo 1709
 artículo 223
 artículo 223
 artículo 223
 artículo 1732
 artículo 1732