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Timestamp: 2020-04-06 08:35:55+00:00

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Actualidad de Derecho Mercantil | Carlos Górriz López | Page 3
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¿Quién debe indemnizar los perjuicios derivados de un ilícito concurrencial?
Posted on 31 March 2019 by Carles Górriz López
¿Debe una sociedad indemnizar los daños y perjuicios causados por la participación de otra sociedad, que adquirió y extinguió, en un acuerdo colusorio? La respuesta es sí, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y el fundamento que ofrece en la sentencia de 14 marzo 2019 (C-724/17), Skanska es el principio del efecto útil.
El Tribunal Supremo de Finlandia planteó tres cuestiones prejudiciales que la institución judicial europea reformula con las palabras siguientes:
“… si el artículo 101 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, en una situación como la del litigio principal, en la que todas las acciones de las sociedades que participaron en una práctica colusoria prohibida por dicho artículo fueron adquiridas por otras sociedades, que disolvieron aquellas sociedades y prosiguieron sus actividades comerciales, las sociedades adquirentes pueden ser declaradas responsables del perjuicio causado por esa práctica colusoria”.
El TJUE parte de la premisa del efecto útil de los arts. 101.1 y 102 TFUE. Exige que cualquier persona perjudicada por una conducta prohibida por ellos pueda obtener la reparación del perjuicio que le han causado. Su aplicación le lleva a afirmar que la determinación de la persona obligada a reparar el daño se rige por el Derecho de la Unión (párrafo 28). En particular, resultan obligadas todas las “empresas”, en el sentido del art. 101 TFUE, que hayan participado en el acuerdo restrictivo. Id est, todas las entidades que realizan una actividad económica en el mercado. Su naturaleza y modo de financiación resulta irrelevante.
El art. 11 de la Directiva 2014/104/CE no empece esta interpretación, puesto que
“…no se refiere a las personas obligadas a reparar tal perjuicio, sino al reparto de la responsabilidad entre dichas entidades, de modo que no confiere competencias a los Estados miembros para proceder a tal determinación” (párr. 34).
Y lo mismo sucede con el argumento de que la doctrina sobre el concepto de empresa desarrollados por la Comisión y el Tribunal de Justicia tuviera como referencia las sanciones administrativas y no la responsabilidad civil. El principio del efecto útil permite hermanar estos dos ámbitos. En palabras de la institución europea:
“el concepto de «empresa», en el sentido del artículo 101 TFUE, que es un concepto autónomo del Derecho de la Unión, no puede tener un alcance diferente en el ámbito de la imposición por la Comisión de multas con arreglo al artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003 y en el de las acciones por daños y perjuicios por infracción de las normas de competencia de la Unión” (párr. 47).
La aplicación de esta doctrina al caso en cuestión determina que las sociedades que adquirieron la acciones y extinguieron las que participaron en la práctica colusoria deben indemnizar los daños y perjuicios que ocasionaron las últimas compañías.
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Acción de rescisión concursal y garantías contextuales: STS 717/2018, de 19 de diciembre
Posted on 14 February 2019 by Carles Górriz López
1. A finales del año pasado reseñaba en este blog (aquí) el libro Derecho preconcursal y concursal de sociedades mercantiles de capital, dirigido por Andrés Gutiérrez, que incluye un artículo de Juan Verdugo García y Pablo García Castro dedicado a las garantías cruzadas (“Garantías cruzadas, rescisión y compensación adecuada: un enfoque práctico y de Derecho comparado”). Pues bien, por las mismas fechas el Tribunal Supremo dictaba una resolución sobre el mismo tema que viene a confirmar la tesis de los autores referidos. Se trata de la STS 717/2018, de 19 de diciembre que versa sobre las presunciones absoluta y relativa de los apartados 2.º y 3.º del artículo 71 en relación con el grupo societario Sodecia. Varias compañías que formaban este conglomerado empresarial, así como dos de los socios de la matriz habían sido declarados en concurso. La administración concursal ejercitó la acción de rescisión ex art. 71 LC respecto de los tres negocios jurídicos. El primero era el pago de la deuda de una empresa del grupo. Alarcos solicitó un préstamo a la CAM para pagar una deuda que Urbaja tenía con la misma entidad crediticia. El segundo era la constitución de una hipoteca para garantizar la devolución del préstamo. Esta garantía real recayó sobre dos inmuebles propiedad de otra sociedad del grupo, Lesepa. Y el tercero era la fianza que prestaron dos de los principales socios de la matriz, también para garantizar la primera operación.
El Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid estimó la demanda al considerar que los actos anteriores se habían hecho a título gratuito. La Audiencia Provincial se pronunció en sentido contrario al considerar que no resultaba aplicable la presunción del artículo 71.2 de la Ley Concursal (LC) y que no se había probado el perjuicio la masa activa. El Tribunal Supremo confirma su decisión.
2. En primer lugar, la más alta instancia judicial niega que Alarcos realizara un acto de liberalidad que generara la presunción iuris et de iure del art. 71.2 LC. Se trataba del pago de la deuda de un tercero; pero tenía carácter oneroso, porque la entidad que satisfizo la obligación detentaba un 75% del capital de la sociedad beneficiada, Urbaja. Además, la operación resultó fructífera, pues mejoró la situación financiera de la deudora y, por lo tanto, benefició a su socio principal. El hecho de que ese beneficio no fuera directo sino indirecto no tenía mayor trascendencia; en ambos casos impedía la aplicación el art. 71.2 LC. En palabras de la autoridad judicial: “Alarcos tiene un interés económico-patrimonial en el resultado de la actividad empresarial de la deudora, Urbaja, representado por la reseñada participación, y ese interés muestra que el pago de la deuda de Urbaja no fue un acto de mera liberalidad, sino que su causa estaba ligada al beneficio indirecto que percibiría por el mejor resultado económico de Urbaja.”
En cuanto a las dos garantías, una real y otra personal, el Tribunal Supremo afirma que su carácter contextual excluye su naturaleza gratuita. Reitera así la doctrina que mantuvo en una de las decisiones más importantes en la materia: la STS 100/2014, de 30 de abril. Tras explicar la diferencia entre los actos de disposición a título gratuito y a título oneroso, asevera:
“La garantía a favor de tercero se constituye a título oneroso cuando el acreedor, como equivalencia de la garantía prestada, se obliga a una determinada prestación a favor del garante o del deudor principal, que si resulta incumplida permitirá al garante liberarse de su obligación de garantía. Salvo prueba en contrario, la constitución de la garantía coetánea o contextual con el nacimiento del crédito garantizado se entenderá correspectiva a la concesión de este y por tanto onerosa, pues el acreedor concede el crédito en vista de la existencia de la garantía, es decir, recibe como correspectivo conjunto de su crédito la promesa de pago del deudor y la garantía del tercero”.
Ahora bien, la más alta instancia judicial española explica, a continuación, que el carácter oneroso del acto no significa que no pueda perjudicar negativamente a la masa activa del concurso. Y tampoco que no puedan aplicarse las presunciones relativas del art. 71.3 LC.
3. Acto seguido, el Tribunal Supremo se ocupa del perjuicio para la masa activa. Niega que pueda presumirse en virtud de los ordinales 1.º y 2.º del art. 71.3; es decir, por tratarse de actos entre personas especialmente relacionadas con el concursado y por la constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes. La razón es que los garantes obtuvieron un beneficio patrimonial, no directo, pero sí indirecto, además de que no se trataba de obligaciones preexistentes sino contextuales. Así, en cuanto a la propietaria de las fincas que fueron hipotecadas, comenta que:
“La Audiencia razona correctamente en que había consistido en este caso el beneficio indirecto: garantizar la financiación indirecta de una sociedad (Urbaja) en la que tiene una participación muy significativa (del 75%), por medio de Cartera (100% participada por Lesepa), para asegurar el éxito de una empresa, que además consta acreditado que se logró. Lo que, en atención a la estructura societaria, redunda en un incremento de valor del activo de Lesepa.”
Y algo parecido sucede con las garantías personales. “…la estructura societaria muestra con claridad la incidencia patrimonial que el buen éxito de la empresa desarrollada por Urbaja tiene en los intereses económicos de estos dos fiadores, a través de la participación mayoritaria en Solventia…”
Cabe señalar que ya había seguido esa doctrina en la decisión 100/2014, de 30 de abril, aunque acabó fallando en sentido contrario. En efecto, reconoció que el beneficio que excluía el perjuicio patrimonial podía ser indirecto. Ahora bien, el mero hecho de que existiera un grupo de sociedades no implicaba que hubiera existido ese beneficio. Es más, se aplicaba la presunción relativa del art. 71.3.1 al caso, por lo que era el acreedor beneficiado con la garantía quien tenía la carga de probar que no había habido perjuicio.
“No puede aceptarse por tanto la afirmación de la recurrente de que no existe perjuicio para la masa porque el grupo societario de la concursada y, por ende, la concursada, han percibido una cuantiosa suma de dinero por los préstamos con relación a los cuales se constituyeron las hipotecas. El dinero lo ha recibido la otra sociedad. No lo ha recibido “el grupo”, que carece de personalidad como tal, ni la concursada, que se limitó a hipotecar su nave industrial para garantizar el préstamo concedido a la otra sociedad, y las sentencias de instancia consideran probado que la concursada no recibió contraprestación alguna, pues tales préstamos no sirvieron siquiera para que la prestataria saldara la deuda que mantenía con la garante, la posteriormente declarada en concurso”.
Algo parecido sucedió en la sentencia 401/2014, de 21 de julio. El Tribunal Supremo puso el acento en que no se trataba de una garantía contextual, lo que excluía su carácter oneroso, y en que se garantizaban obligaciones preexistentes, con lo que resultaba aplicable el art. 71.3.2 LC. En cambio, en la decisión 717/2018 la autoridad judicial valoró positivamente que la ayuda a Urbaja tuviera éxito. Algo parecido había sucedido ya en las SSTS 290/2015, de 2 de junio y 295/2015, de 3 de junio, en las que se consideró acreditada la existencia de un beneficio patrimonial indirecto.
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Pagaré y condición general nula: STS 696/2018, de 12 de diciembre
Posted on 6 February 2019 by Carles Górriz López
En la sentencia 696/2018, de 12 de diciembre, el Tribunal Supremo considera nulas, por abusivas, las cláusulas de tres contratos de préstamo personal que obligaban al deudor a emitir y firmar tres pagarés en blanco como garantía del cumplimiento. Ante la falta de devolución de las cantidades pendientes, el banco dio por vencidos los préstamos, rellenó los títulos y los presentó al cobro. Como el deudor no cumplió, ejercitó la acción cambiaria correspondiente. La primera instancia estimó la demanda y la Audiencia Provincial confirmó su decisión. Pero la máxima autoridad judicial española se posiciona en sentido contraria. Estima el recurso de casación al considerar que la cláusula en cuestión es una cláusula general abusiva. Justifica su afirmación citando el fragmento siguiente de la STS 466/2014, de 12 de septiembre, que también recoge la STS 645/2015, de 11 de noviembre:
“permite al profesional el acceso a un proceso privilegiado que comienza con un embargo cautelar sin necesidad de oír al demandado y sin que tenga que prestar caución ni justificar el periculum in mora, con base en un contrato que requiere una previa liquidación para determinar la cantidad adeudada en un momento concreto, sin que el acreedor deba justificar los elementos de hecho y de cálculo utilizados para fijar la cantidad reclamada y sin que la corrección de la liquidación haya sido controlada por un fedatario público. Por tanto se impide que el demandado tenga los elementos de hecho y de cálculo que le permitan enjuiciar la corrección de la cantidad que se le reclama y, en su caso, impugnarla, invirtiéndose además la carga de la prueba en el perjuicio del consumidor”
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Congreso Internacional sobre Reestructuración empresarial: gobierno corporativo y Derecho de la competencia
Posted on 31 January 2019 by Carles Górriz López
El 9 y 10 de mayo se celebrará en Madrid un congreso sobre reestructuración empresarial. Acabo de recibir la carta con la llamada a las comunicaciones que puede leerse aquí.
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Posted on 21 December 2018 by Carles Górriz López
Acabo de publicar el artículo titulado “Acción de responsabilidad por deudas y conocimiento de la insolvencia” en la obra colectiva: GUTIÉRREZ GILSANZ, Andrés: Derecho preconcursal y concursal de sociedades mercantiles de capital, La Ley Wolters Kluwer, Madrid, 2018, que recensiono aquí. En las páginas 111 a 143 analizo la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto de la buena o mala fe de los acreedores que ejercitan la acción de responsabilidad por deudas contra los administradores de la sociedad que ha incumplido sus obligaciones. La máxima institución judicial española ha cambiado de criterio con el paso del tiempo. En la primera etapa mantiene que los acreedores rebasan los límites de la buena fe cuando conocían la crisis económica de la deudora al contratar con ella. En la actualidad considera que la cognición no es suficiente; además deben concurrir circunstancias que acrediten la mala fe. Estructuro este trabajo en tres partes. En la primera expongo la evolución de la jurisprudencia y valoro la justificación del cambio. En la segunda reflexiono sobre el fundamento de la doctrina de la corte suprema. Y en la tercera examino su aplicación.
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Estoy muy contento de poder informar de la publicación del libro Derecho preconcursal y concursal de sociedades mercantiles de capital (La Ley Wolters Kluwer, Madrid, 2018, 442 páginas), porque es fruto del esfuerzo de uno de mis mejores amigos. En efecto, su director es Andrés Gutiérrez Gilsanz, profesor titular de Derecho mercantil en la Universidad Rey Juan Carlos I y universitario vocacional. También es asesor de Garrigues, lo que le permite completar su formación teórica con el conocimiento de la realidad práctica. Además de él, participan otros autores, pues estamos ante una obra colectiva. Casi todos son juristas, pero también hay un doctor en Ciencias Físicas que escribe sobre economía. Entre los primeros reina la diversidad, pues hay universitarios, abogados en ejercicio y varios en los que concurre esa doble condición. Es cierto que la mayoría somos mercantilistas, pero también hay un penalista.
El libro pone el broche final al Proyecto de Investigación DER2015-65881-R titulado Derecho preconcursal y concursal de sociedades mercantiles. Su premisa es la falta de coordinación entre los Derechos societario y concursal. Esta circunstancia genera numerosos problemas exegéticos y aplicativos de las normas existentes que dificultan conseguir la finalidad última del Derecho concursal: la satisfacción máxima de los acreedores de las empresas en crisis. En el preámbulo, el profesor Gutiérrez explica su objetivo: “…la identificación de los problemas, su sistematización y su solución mediante el estudio teórico-práctico desarrollado por expertos multidisciplinares, no sólo nacionales, fundamentalmente en el ámbito jurídico” (página 17).
El volumen está estructurado en tres partes. La primera tiene un carácter introductorio y iuscomparado. Se compone de tres artículos. El primero es de Fernando Chávarri Dicenta. Tiene por objeto las decisiones estratégicas de los administradores ante la crisis empresarial. Tras exponer el concepto y las probables causas de las crisis empresariales, explica la posibilidad de preverlas y evitarlas, los síntomas de desestabilización empresarial, los medios para sobrevivirla y los derechos y responsabilidades de los administradores. Le siguen dos aportaciones de autores italianos. Luigi Filippo Paolucci, catedrático de Derecho mercantil en la Universidad de Bolonia, analiza la responsabilidad de los consejeros no ejecutivos en caso de que incumplan el deber de informarse adecuadamente sobre la marcha de la empresa (art. 2381, párrafo 6 del Código civil italiano). Francesco Gennari, profesor asociado confirmado en la misma universidad, defiende la necesidad de adecuar la estructura organizativa de las empresas para prevenir y superar las crisis societarias. Fundamenta su tesis en el artículo 2381 del Código civil italiano, que obliga al órgano de administración a adecuar la estructura organizativa administrativa y contable de la sociedad a la naturaleza y tamaño de la empresa. A pesar de que esta norma data de 2003, su aplicación práctica sigue generando problemas ya que no existe un modelo predeterminado que sirva de punto de referencia. Sin embargo, la experiencia del sector bancario y de las sociedades cotizadas puede constituir una buena ayuda para encontrarlo.
La segunda parte está dedicada al Derecho preconcursal de sociedades mercantiles y también contiene tres trabajos. El primero es mío y tiene por objeto la exigencia de buena fe en el ejercicio de la acción de responsabilidad por deudas contra los administradores de sociedades en crisis económica. Analizo la doctrina jurisprudencial sobre si el conocimiento de la insolvencia por parte del acreedor demandante comporta el fracaso de la acción. Critico el cambio que se produjo en 2011 debido a su falta de justificación. La autora del segundo artículo es Lourdes Garnacho Cabanillas. Compara los schemes of arrangement británicos y los acuerdos de refinanciación del Derecho español para valorar si es posible mejorar la normativa del último. Esta profesora de la Universidad Rey Juan Carlos no saca conclusiones tajantes, sino que pide cautela ante cualquier futura reforma de la institución. Cierra esta sección la contribución de Francisco Javier Arias Varona: “Venta de unidades productivas y acuerdos de refinanciación e intervención de los socios”. Estudia el régimen de la venta de unidades productivas para valorar si la distribución de competencias en las sociedades capital sufre alguna alteración cuando la compañía entra en crisis. Su contribución refleja el espíritu de la obra y del proyecto de investigación, pues analiza comparativamente la legislación societaria y la preconcursal.
La tercera parte contiene ocho artículos de temática más concursal. Empieza con un trabajo del profesor Andrés Gutiérrez Gilsanz en el que analiza qué sucede con el interés de los socios cuando la compañía es declarada en concurso. El problema que se plantea en esta situación es que la administración concursal debe procurar la máxima satisfacción de los acreedores. Sin embargo, continúa subsistente el interés de los socios y los órganos societarios deben defenderlo. El siguiente artículo engarza con el anterior, pues su autor, Javier Megías López, examina cómo afecta la convergencia de las administraciones societaria y concursal a la distribución de funciones y responsabilidades. Investiga determinados aspectos de las acciones social e individual de responsabilidad mientras la sociedad está en concurso, así como la responsabilidad civil de la administración concursal por daños a la sociedad. La separación y exclusión de socios de compañías en concurso constituye el objeto de la contribución de la profesora Juana Pulgar Ezquerra; en particular, la calificación concursal del derecho al reembolso del valor de sus participaciones o acciones. Esencialmente su estudio gira alrededor de dos temas concatenados: la determinación del momento en que el socio pierde su condición y la calificación concursal de su crédito, donde realiza reflexiones de lege lata y de lege ferenda.
Otro íntimo amigo es el autor del siguiente artículo. Carlos Salinas Adelantado, profesor titular de Derecho mercantil en la Universidad de Valencia y socio de MA Abogados, analiza la posibilidad de rescindir una escisión societaria cuando ha sido utilizada con fines torticeros. Dado que la Ley de Modificaciones Estructurales es harto restrictiva, examina las alternativas que existen a la acción de rescisión concursal. Tres abogados de Garrigues firman las dos contribuciones siguientes. Juan Verdugo García y Pablo García Castro ponen su atención en las garantías cruzadas. Diseccionan la posibilidad de rescindirlas cuando la sociedad garante entra en concurso. Cabe destacar la deferencia que dispensan a la jurisprudencia española y al Derecho comparado. Andrés Ignacio Martín López indaga sobre la posibilidad de reactivar una sociedad tras la apertura de la fase de liquidación concursal si se satisfacen todos los créditos concursales y desaparece la situación de insolvencia. Presta una atención especial a la disolución de pleno derecho. A pesar de la letra del art. 370.1 LSC, defiende que debe mantenerse la reactivación, aportando argumentos en apoyo de su tesis.
La penúltima contribución tiene por objeto el informe de calificación de la administración concursal. Fernando Sacristán Bergia, profesor titular de Derecho mercantil y abogado, expone la jurisprudencia sobre determinados aspectos del citado informe; por ejemplo, el cómputo del plazo para su presentación, su necesidad, los aspectos formales, el contenido o la necesidad de justificación. Cierra el libro un artículo de corte penal. Christian Mesía Martínez analiza el delito de insolvencia punible. Tras exponer el concepto correspondiente y la evolución de la normativa, disecciona los tipos penales que conforman las insolvencias punibles. Se detiene en la STS 723/2012, de 2 de octubre y en la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016 relativa a la imputación penal a la persona jurídica. También incluye un anexo con un test sobre compliance penal destinado a eximir de responsabilidad penal a la empresa.
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¿“Bodega” como marca para productos vitivinícolas? STJUE 6.12.2018
Posted on 17 December 2018 by Carles Górriz López
No se puede registrar como marca para productos vinícolas un signo distintivo que se refiere a las instalaciones en las que se elabora y almacena el vino. Así se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 6 de diciembre de 2018 (C-629/17), J. Portugal Ramos Vinhos, S.A. y Adega Cooperativa de Borba, C.R.L. El fundamento es el art. 3.1.c) de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Este precepto permite denegar la solicitud o anular el registro de
“…las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los mismos”.
La institución judicial europea ha afirmado que los elementos referidos en este precepto no constituyen una lista exhaustiva y que todos ellos deben ser considerados como características de los productos o servicios que quieren ser identificados con el signo cuyo registro o validez se valora. De ahí que la misma consecuencia deba predicarse de los signos que aluden a las instalaciones en las que se elabora o almacena el vino, que era el producto objeto del caso analizado.
En efecto, El Tribunal de Justicia responde a una cuestión prejudicial sobre el registro del término “adegaborba.pt”. Estaba formado por dos elementos. El primero, “adega”, identifica en portugués el lugar donde se guarda y cría el vino (i.e. “bodega”). “Borba” es un pueblo portugués de la región de Alentejo, pero también una denominación geográfica de productos vitivinícolas. Además, el primer elemento aparecía en la denominación social de la compañía que quería registrarlo. Otra empresa portuguesa pidió la anulación de su registro como marca. Su demanda fue desestimada en primera y segunda instancia. El Supremo Tribunal de Justiça de Portugal planteó la cuestión prejudicial y, en base a las razones comentadas, la autoridad judicial europea responde:
“El artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que debe denegarse el registro de una marca constituida por un signo denominativo, como el controvertido en el litigio principal, que designa productos vinícolas e incluye una denominación geográfica, cuando dicho signo contenga un término que, por una parte, se utiliza corrientemente para designar las instalaciones o locales en los que se elaboran tales productos y, por otra, es también uno de los elementos denominativos que componen la denominación social de la persona jurídica que pretende obtener el registro de dicha marca.”
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References: artículo 101
 artículo 101
 artículo 23
 resolución 
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 2381
de lege lata
de lege ferenda
 artículo 3