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BOE.es - Documento BOE-A-2004-3068
Documento BOE-A-2004-3068
«BOE» núm. 43, de 19 de febrero de 2004, páginas 7926 a 7952 (27 págs.)
BOE-A-2004-3068
https://www.boe.es/eli/es-ri/l/2003/12/19/10
En la presente Ley, por sexto año consecutivo, se aprueban una serie de normas de orden tributario y administrativo en aras a cumplir los objetivos mencionados.
En el Título I de la Ley, referente a las normas tributarias, se regulan en primer lugar diversos aspectos de algunos de los tributos cedidos de acuerdo con las competencias normativas atribuidas por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, reguladora de las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. El texto, para una mayor seguridad jurídica, unifica las medidas fiscales consolidadas y vigentes aprobadas por el Parlamento de La Rioja en años anteriores, añadiendo sobre ellas las modificaciones operadas este año, de modo que puedan encontrarse todas recogidas en un solo texto.
Las deducciones autonómicas por inversión en adquisición o rehabilitación en vivienda habitual en La Rioja, para jóvenes con domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de La Rioja, y por adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en el medio rural, fueron introducidas por vez primera por la Ley 9/1997, de 22 de diciembre, con efectos limitados para el ejercicio de 1998. La conveniencia de mantener dichas medidas en el tiempo para alcanzar los objetivos perseguidos con su implantación, así como la necesidad de adaptar su regulación a las modificaciones normativas de la legislación estatal que le sirvieron de base obligaron a reintroducirla en ejercicios sucesivos hasta su implantación con carácter permanente en la Ley 7/2000, de 19 de diciembre. La mayor seguridad jurídica que se deriva de la regulación conjunta de todas las deducciones en un solo texto han aconsejado incorporar de nuevo a la Ley las dos deducciones autonómicas.
La Ley introduce como novedad en materia de renta una deducción por las inversiones no empresariales en equipos informáticos, con la finalidad de impulsar la introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito doméstico.
El artículo 40 de la Ley 21/2001 permite a las Comunidades Autónomas establecer mejoras sobre las reducciones estatales de la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, tanto en el caso de adquisiciones mortis causa como ínter vivos. De este modo se mantiene la reducción ampliada correspondiente a adquisiciones mortis causa de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades de dimensiones reducidas, y se mantiene asimismo la ampliación de dicha reducción a las adquisiciones ínter vivos de las mismas en supuestos similares, incluida durante el pasado ejercicio.
Además del mantenimiento de dichas medidas adoptadas en ejercicios anteriores, se incluyen ahora dos trascendentales medidas.
En relación con la primera de ellas, la Comunidad Autónoma de La Rioja se conduce de manera pionera entre las Comunidades Autónomas, al margen de las denominadas Comunidades históricas, en lo que se refiere a la eliminación prácticamente total del gravamen sucesorio de padres a hijos, de abuelos a nietos, entre ascendientes y descendientes o entre cónyuges. La técnica utilizada de la deducción de la cuota es respetuosa con los principios de generalidad e igualdad en materia tributaria exigidos por el Tribunal Constitucional, pero evitando a la vez que pierda el tributo sus beneficiosas funciones de control en el ámbito de la gestión tributaria de los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio.
La segunda de las medidas adoptadas sobre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones forma parte de la ambiciosa batería de medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. La Ley establece como novedad en el ámbito autonómico una deducción completa para las donaciones de dinero realizadas de padres a hijos en efectivo o mediante aportaciones a cuentas ahorro-vivienda, lo cual permitirá adelantar en el tiempo una eventual actuación deductiva en la modalidad sucesoria del tributo sin costo fiscal.
Los cambios introducidos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en las Leyes del Parlamento de La Rioja 7/2001 y 10/2002 afectaron a los tipos impositivos y respondían, con carácter general, a la voluntad de establecer un régimen fiscal de acceso a la vivienda más equitativo, a equiparar el tipo general al establecido en la mayoría de la Comunidades Autónomas de régimen común para igualarlo con el tipo general del IVA, y también a evitar el vacío tributario creado por algunas operaciones inmobiliarias que soslayaban el Principio de Igualdad y Capacidad Económica reconocido en el artículo 31 de la Constitución, y a reforzar la protección fiscal de las transmisiones de explotaciones agrarias prioritarias siempre que como consecuencia de la venta no se viese afectada la integridad de la misma.
Las medidas introducidas en esta Ley permiten profundizar en las líneas apuntadas en anteriores reformas, reforzando además los beneficios fiscales acumulables en la adquisición de viviendas por parte de los sectores de población con mayores dificultades.
Así, se establece un tipo general en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados similar al que ya existe en las Comunidades Autónomas de nuestro entorno, pero introduciendo a la vez tipos reducidos y también superreducidos para los documentos notariales de compraventa de vivienda habitual por parte de jóvenes, minusválidos, familias numerosas y sujetos pasivos con rentas bajas, que mejora incluso la situación preexistente.
La Ley mantiene también una previsión adicional, relativa a las obligaciones formales comunes a los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Esta medida, consensuada en el seno del Consejo General del Notariado, tiene como finalidad modernizar los medios de intercambio de información con determinados profesionales, lo que sin duda redundará en una gestión más ágil de los tributos afectados y en un control más exhaustivo si cabe de las operaciones sometidas a tributación. Así, los Notarios podrán cumplimentar ágilmente sus deberes de colaboración en materia de suministro de información con trascendencia tributaria.
Este precepto finaliza con una medida incluida en el compromiso global de modernización de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que busca, mediante la incorporación constante de nuevas tecnologías, mantener su obligación de trabajo eficaz y eficiente al servicio del contribuyente riojano, persiguiendo facilitarle al máximo el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, potenciando la presentación telemática de los instrumentos públicos, a la par que se racionaliza la utilización de recursos administrativos.
La última medida en materia de tributos cedidos incorpora la actualización de los tipos de gravamen (general y sobre los diversos tipos de máquinas recreativas), incluyendo también los aplicables a los Casinos de Juego. Este apartado se completa con un precepto de alusión a los aspectos relativos al devengo de estos tributos, los plazos de ingreso y la autorización a la Consejería competente del Gobierno de La Rioja para que, mediante la utilización de normas de carácter reglamentario, apruebe los modelos de declaración, así como normas de gestión y liquidación.
La Ley actualiza el coeficiente unitario del canon de saneamiento previsto en el artículo 40 de la Ley 5/2000, de 25 de octubre, de saneamiento y depuración de aguas residuales de La Rioja. Por otra parte, se establece una adaptación del artículo 42 encaminada a evitar distorsiones en la gestión derivadas de la nueva situación creada por el incremento de cuantías del Canon de Control de Vertido de carácter estatal, según dispuso el Real Decreto 606/2003, por el que se aplican los índices necesarios para la efectiva aplicación del Canon de Control de Vertidos por los Organismos de Cuenca para el ejercicio 2003.
Las medidas fiscales se cierran introduciendo dos novedades en la regulación existente en materia de tasas sobre los servicios administrativos y sanitarios de prestación y recepción obligatoria para las industrias cárnicas, y sobre las tasas aplicables a actividades mineras. La primera medida supone la supresión de una tarifa con el fin de armonizar el tratamiento fiscal de estas empresas con el que se da en las Comunidades Autónomas de nuestro entorno. La segunda medida supone el establecimiento de una nueva deducción derivada de la normativa europea, y en concreto de la Decisión de la Comisión 2001/471, de 8 de junio, por la que se establecen normas para los controles regulares de la higiene realizados por los explotadores de establecimientos, de conformidad con la Directiva 64/433/CEE, relativa a problemas sanitarios en materia de intercambios de carne fresca, y con la Directiva 71/118/CEE, relativa a problemas sanitarios en materia de intercambios de carnes frescas de aves de corral. La medida relativa a minas corrige ciertas discordancias entre las memorias económicas de la Ley original y su versión final.
La Ley 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ha venido regulando las faltas disciplinarias y sus sanciones por simple remisión a la legislación básica del Estado.
Dos son las razones que recomiendan en la actualidad el cambio de esa regulación por una catalogación legal expresa en la propia Ley riojana de los tipos de infracción y de sanción.
En primer lugar, la tipificación de faltas disciplinarias muy graves contenida en el artículo 31 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que tiene el carácter de normativa estatal básica dictada al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución Española, no prevé algunas conductas que son claramente merecedoras de sanción disciplinaria. La sentencia 37/2002, del Tribunal Constitucional, reconoce a las Comunidades Autónomas la competencia para tipificar como faltas conductas distintas de las previstas en la legislación básica del Estado, así como sanciones.
En segundo lugar, la regulación de las infracciones graves y leves contenida en los artículos 7 y 8 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, carece del carácter de normativa básica, lo que recomienda la elaboración de un catálogo de esta clase de infracciones propio de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
De este modo, se modifica el artículo 56 de la Ley 3/1990, respetando su apartado 1, sustituyendo su actual apartado 2 por la tipificación expresa de las faltas muy graves, graves y leves, y añadiendo los apartados 3 a 5, relativos a sanciones, graduación de las mismas y desarrollo reglamentario.
El artículo 25 establece una serie de modificaciones en la Ley 7/1997, de 3 de octubre, de creación de la Agencia de Desarrollo Económico de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para adaptar su régimen al nuevo marco legal que fijó la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en cumplimiento del mandato y plazo que establecía la Disposición Transitoria Primera.4 de dicha Ley.
El Estatuto de Autonomía de La Rioja, en los números 5 y 19 del apartado 1 de su artículo 8, establece como competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de La Rioja «la creación y gestión de un sector público propio» y la «Agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias de acuerdo con la ordenación general de la economía». Mediante Decreto 38/2002, de 19 de julio, se aprobó la creación de la Sociedad Mercantil denominada Entidad de Control, Certificación y Servicios Agroalimentarios, S.A. (ECCYSA), así como la suscripción y desembolso de todas las acciones por parte de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
La confluencia de objetivos de la citada mercantil con los de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Económico, y por extensión, con los del Gobierno de La Rioja, unida a titularidad plena del capital social de la misma, aconsejan su reconocimiento como medio propio instrumental y servicio técnico de la Comunidad Autónoma de La Rioja, dentro del ámbito del objeto social que recogen sus estatutos. Así, el artículo 26 de la Ley contiene la declaración de ECCYSA como medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración, desarrollando las consecuencias jurídicas, económicas y administrativas de dicha declaración.
La reestructuración de las funciones de la Administración que se ha producido como consecuencia de la nueva estructura aprobada por el Decreto 5/2003, de 7 de julio, por el que se modifica el número, denominación y competencias de las consejerías de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja recomienda la asignación de determinadas funciones, que de otro modo quedarían vacantes, al Servicio Riojano de Empleo. Por tanto, y al efecto de que exista la necesaria cobertura legal, se introduce una pequeña modificación de la Ley 2/2003, de 3 de marzo, del Servicio Riojano de Empleo.
El último Título, dedicado a la acción administrativa, contiene medidas agrupadas en grandes categorías funcionales.
En materia de juego, se han introducido en la Ley 5/1999, de 13 de abril, de Juego y Apuestas de La Rioja, diversas modificaciones cuya necesidad se justifica en la necesidad de adaptar la normativa vigente a la realidad de un sector continuamente cambiante. Así, la extensión de las nuevas tecnologías al campo del ocio ha situado en una delicada situación a los salones recreativos, que se basan en la explotación de máquinas recreativas de tipo «A» sin premio en metálico, lo que recomienda una mayor flexibilidad en la duración de las autorizaciones concedidas, así como la reducción del número mínimo de máquinas requeridas por salón, que en su número actual provocaría el cierre o la imposición de sanciones en algunos negocios. La introducción del euro, la presión fiscal y el volumen de la oferta de juego presente en España han hecho resentirse el rendimiento económico de las máquinas «B» o recreativas con premio programado. Estas circunstancias aconsejan ampliar la vigencia de las autorizaciones de instalación de esta clase de máquinas para dar mayor estabilidad en su explotación y reducir la especulación en los acuerdos de instalación. Por otra parte, las sanciones en materia de juego no tenían prevista una cuantía mínima en el caso de las infracciones leves, y era conveniente una adecuación del salto entre tramos de las multas más en consonancia con el resto de normas sancionadoras de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Por ello, se han incluido también algunas modificaciones en el sentido expresado, señalando esa cuantía mínima y reajustando los tramos según la gravedad.
Se ha producido una modificación en la Ley de Vitivinicultura con la finalidad de permitir cambios en las parcelas cuando de los mismos se deriven tanto mejoras en los medios de producción, que tendrán a la vez beneficiosos efectos en el ahorro de recursos y por tanto en el medio ambiente, como una mayor capacidad vitícola de las nuevas parcelas. Se asegura el control del cumplimiento de dichos requisitos a través de la actuación previa de los servicios técnicos de la Administración.
En materia de Medio Ambiente, se han introducido modificaciones en dos normas: la Ley de Protección del Medio Ambiente de La Rioja, y la Ley de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de La Rioja. La modificación de la primera aclara el actual régimen de las licencias e informes requeridos, señalando los órganos competentes para emitirlos y adaptando el sentido del silencio administrativo a lo dispuesto en la última jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que considera contraria a los fines de la normativa medioambiental comunitaria la obtención de licencias medioambientales por inactividad de la Administración. Además, se introducen mejoras técnicas en la regulación del régimen sancionador. Las modificaciones relativas a la segunda mejoran también las garantías existentes en su régimen sancionador, haciendo más operativo el principio de proporcionalidad de las sanciones, mejorando la tipificación de las infracciones y la regulación de la prescripción, y estableciendo límites a la cuantía de las multas coercitivas, sujetándolas a una relación proporcional con la sanción principal. También, a propuesta del Ayuntamiento interesado y con informe favorable de la Junta Consultiva de la Reserva Regional de Caza, se incluye la ampliación de la Reserva Regional de Caza de La Rioja Cameros-Demanda.
La Ley introduce también un cambio puntual en la Ley de Turismo, para una mejor coordinación de su regulación con lo dispuesto en la Ley 21/1995, de 6 de julio, de Viajes Combinados. De este modo, se permite que las centrales de reservas puedan organizar y vender excursiones de un día eliminando una restricción que no aparece en el resto de la legislación sectorial aplicable, lo que permitirá mejorar la cartera de servicios de estas empresas en beneficio propio y de los usuarios.
La Ley del Menor sufre también una modificación en dos de sus artículos, ampliando la colaboración exigible a instancias públicas y privadas desde el simple deber de denuncia ya contemplado en el art. 46 de la Ley para dar lugar al inicio del procedimiento de protección, hasta extenderlo también a las fases de investigación e instrucción de dicho procedimiento, para conocer mejor las circunstancias del desamparo y determinar la fase más adecuada de protección.
Se produce un cambio en la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo, para favorecer una vez más el desarrollo de una política social de vivienda. La reforma permitirá incrementar el mínimo irrenunciable reservado a vivienda de protección pública recogido en la Ley hasta un 30% del suelo a urbanizar. De este modo, se dará cabida en la Ley a otras modalidades de protección pública de viviendas y aumentará el número de viviendas protegidas.
Debido a la creación de la Comisión Delegada del Gobierno en materia de Juventud se derogan algunos artículos de la Ley 5/2001, de 17 de octubre, de Drogodependencias, que preveían la creación de órganos con composición y competencias similares. De este modo, se pretende evitar la existencia de órganos similares cuyas actuaciones se solapen.
Se introduce una modificación en la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, que se incardina en la batería de medidas que tienen como finalidad facilitar la construcción de viviendas de protección pública.
Finalmente se modifica de forma muy concreta el Plan Regional de Carreteras en la manera prevista en la Ley de aprobación del citado Plan.
Los jóvenes con residencia habitual, a efectos fiscales, en la Comunidad Autónoma de La Rioja, cuya base imponible previa a la reducción por mínimo personal y familiar no exceda de 18.030,36 euros en tributación individual o de 30.050,61 euros en tributación conjunta, podrán deducir el 3 por 100 de las cantidades satisfechas en el ejercicio en la adquisición o rehabilitación de aquella vivienda que, radicando en la Comunidad Autónoma de La Rioja, constituya su residencia habitual.
Los contribuyentes con residencia habitual, a efectos fiscales, en la Comunidad Autónoma de La Rioja que adquieran o rehabiliten una vivienda que constituya su segunda residencia en cualquiera de los municipios que se relacionan en el Anexo, podrán deducir el 7 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio para tal fin, con el límite anual de 450,76 euros. De esta deducción sólo podrá beneficiarse una única segunda vivienda por contribuyente.
d) Deducción por inversión no empresarial en la adquisición de ordenadores personales dirigidos a la introducción del uso de las nuevas tecnologías en el entorno doméstico.
1. Se equipara a la adquisición o rehabilitación de vivienda, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del artículo anterior, el depósito de cantidades en entidades de crédito destinadas a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, siempre que se cumplan, en relación con dichas aportaciones y finalidades, los requisitos de formalización y disposición a que hace referencia la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En tal sentido, si la base de la deducción contemplada en el párrafo b) del apartado anterior estuviese constituida por tal depósito de cantidades en entidades de crédito, el contribuyente sólo podrá beneficiarse de la deducción si adquiere la vivienda que va a constituir su residencia habitual antes de finalizar el año natural en que cumpla los 35 años.
3. La base máxima anual de estas deducciones autonómicas vendrá constituida por el importe resultante de minorar la cantidad de 9.015,18 euros en aquellas cantidades que constituyan para el contribuyente base de la deducción por inversión en vivienda habitual contemplada en la normativa estatal del impuesto. A estos efectos, en la consideración de la base de la deducción estatal, no se tendrá en cuenta lo que corresponda, en su caso, por las obras e instalaciones de adecuación efectuadas por minusválidos a que se refiere el apartado 4.º del número 1, del artículo 55, de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias.
Artículo 4. Reducciones en las adquisiciones de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades.
2. Si en la base imponible de la adquisición mortis causa está incluido el valor de participaciones en entidades cuyo domicilio fiscal y social se encuentre en La Rioja y que no coticen en mercados organizados, para obtener la base liquidable se aplicará en la imponible una reducción del 99 por cien del mencionado valor, siempre que concurran los mismos requisitos establecidos en los apartados a), b), c) y d) del apartado 1 anterior y que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado de la persona fallecida.
En el caso de incumplirse los requisitos de permanencia regulados en las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 4 de esta Ley o en la letra c) del apartado 2 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el adquirente beneficiario de esta reducción deberá comunicar tal circunstancia a la Dirección General de Tributos de la Comunidad Autónoma de La Rioja dentro del plazo de treinta días hábiles desde la fecha en que se produzca el incumplimiento, y pagar la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada así como los correspondientes intereses de demora.
En los casos de transmisión de participaciones ínter vivos, a favor del cónyuge, descendientes o adoptados, de una empresa individual o un negocio profesional situados en La Rioja, o de participaciones en entidades cuyo domicilio fiscal y social se encuentre en La Rioja y que no coticen en mercados organizados, para obtener la base liquidable se aplicará en la imponible una reducción del 99 por 100 del valor de adquisición, siempre que concurran las condiciones previstas en el apartado 6 del artículo 20 de la Ley 29/1987 y además se mantenga el domicilio fiscal y social de la entidad en el territorio de La Rioja durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación. El adquirente no podrá realizar en el mismo plazo actos de disposición ni operaciones societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de la adquisición. La reducción prevista en este artículo será incompatible, para una misma adquisición, con la aplicación de las reducciones previstas en el apartado 6 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
a) Que depositen las cantidades recibidas en las cuentas ahorro vivienda a las que se refiere el artículo 55.1.a) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a condición de que las destinen a la adquisición de la vivienda habitual, en los términos y plazos previstos en las normativas estatal y autonómica reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En caso de que el contribuyente incumpla este requisito, deberá comunicar tal circunstancia a la Dirección General de Tributos de la Comunidad Autónoma de La Rioja dentro del plazo de treinta días hábiles desde la fecha en que se produzca el incumplimiento, y pagar el impuesto que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de la deducción practicada, así como los correspondientes intereses de demora.
Artículo 12. Tipo impositivo general en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas.
De acuerdo con lo que disponen los artículos 11.1.ª y 13 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, y con carácter general, la cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo del 7 por 100 en los siguientes casos:
d) Que la suma de las bases imponibles en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de todas las personas que vayan a habitar la vivienda, y los respectivos mínimos personales y familiares, no exceda de 30.600 euros.
2. El tipo de gravamen aplicable a las transmisiones de viviendas de protección oficial, así como a la constitución y cesión de derechos reales sobre las mismas, será del 5 por 100 siempre que constituyan o vayan a constituir la vivienda habitual del adquirente o cesionario.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y con independencia de lo previsto en la legislación civil, en las adquisiciones para la sociedad de gananciales por cónyuges casados en dicho régimen, el tipo de gravamen reducido se aplicará al 50 por 100 de la base imponible cuando sólo uno de los cónyuges sea menor de 36 años.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y con independencia de lo previsto en la legislación civil, en las adquisiciones para la sociedad de gananciales por cónyuges casados en dicho régimen, el tipo de gravamen reducido se aplicará al 50 por 100 de la base imponible cuando sólo uno de los cónyuges tenga la consideración legal de minusválido.
a) Que, estando sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, sea aplicable a la operación alguna de las exenciones contenidas en los apartados 20, 21 y 22 del artículo 20.1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y con independencia de lo previsto en la legislación civil, en las adquisiciones para la sociedad de gananciales por cónyuges casados en dicho régimen, el tipo de gravamen reducido se aplicará al 50 por 100 de la base imponible cuando sólo uno de los cónyuges cumpla el requisito previsto en esta letra.
Artículo 19. Cumplimiento de obligaciones formales en los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
1. El cumplimiento de las obligaciones formales de los Notarios, recogidas en el artículo 32.3 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, se realizará en el formato que se determine por Orden del Consejero de Hacienda y Empleo quien, además, podrá establecer las circunstancias y plazos en que dicha presentación sea obligatoria.
2. En desarrollo de los servicios de la sociedad de la información, con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, la Consejería de Hacienda y Empleo podrá facilitar la presentación telemática de las escrituras públicas, desarrollando los instrumentos jurídicos y tecnológicos necesarios en el ámbito de su competencia.
Artículo 20. Regulación de los tipos tributarios y cuotas fijas de los tributos sobre juegos de suerte, envite o azar.
Entre 0 y 1.400.000 €
Entre 1.400.001 y 2.300.000 €
Entre 2.300.001 y 4.500.000 €
Más de 4.500.000 €
b.2 Máquinas o aparatos con tres o más jugadores: 7.252 euros más el resultado de multiplicar por 14,53 el producto del número de jugadores por el precio máximo autorizado para la partida.
Cuota anual de 5.500 euros.
Artículo 21. Devengo y aplicación de los tributos sobre juegos de suerte, envite o azar.
A efectos de lo dispuesto en el apartado séptimo del artículo 3 del Real Decreto-Ley 16/1977, de 25 de febrero, y conforme con lo establecido en el artículo 42.1.e) la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, reguladora de las Medidas Fiscales y Administrativas del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, el devengo del tributo que grava los juegos de suerte, envite o azar, en caso de explotación de máquinas recreativas con premio, o de tipo «B», y de azar, o de tipo «C», será el siguiente:
1. El tributo que grava la explotación de máquinas de los tipos «B» y «C» será exigible por años naturales, devengándose el 1 de enero de cada año en cuanto a aquellas que fueron autorizadas en años anteriores. En el primer año de explotación de la máquina, el devengo coincidirá con la autorización, abonándose el importe correspondiente en su cuantía total anual, salvo que la autorización se otorgue a partir del 1 de julio de cada año, en cuyo caso, se abonará únicamente el 50 por 100 del tributo.
Artículo 22. Modificación de la Ley 5/2000, de 25 de octubre, de saneamiento y depuración de aguas residuales de La Rioja.
Primero. El coeficiente 0,22 fijado en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 40 de la Ley 5/2000, de saneamiento y depuración de aguas residuales de La Rioja, será sustituido desde el 1 de enero de 2004 por el coeficiente 0,24.
Segundo. El apartado 2 del artículo 42 de la Ley 5/2000, de 25 de octubre, de saneamiento y depuración de aguas residuales de La Rioja, queda redactado como sigue:
«Los contribuyentes usuarios no domésticos deberán declarar por este canon en los plazos que reglamentariamente se establezcan, así como al mismo tiempo determinar la cuota íntegra teniendo en cuenta la carga contaminante en los términos establecidos en el artículo 40 anterior. De la cuota tributaria resultante deducirán las cantidades, en su caso, repercutidas por el sustituto, ingresando por tanto la diferencia o, en su caso, solicitando la devolución que proceda. Igualmente, podrán deducirse las cantidades ingresadas al organismo de cuenca, por el concepto de canon de control de vertido, en el período correspondiente y con el límite máximo de la cuota íntegra de canon no doméstico que se obtiene de la aplicación de la fórmula del artículo 40.»
Artículo 23. Modificación de la Ley 6/2002, de 18 de octubre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Primero. Tasa 06.04. Tasa por servicios sanitarios.
Queda suprimida la tarifa 4.4. Industrias cárnicas y sus derivados, por emisión de parte mensual de elaboración.
Segundo. Tasa 06.05. Tasa por inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y otros productos de origen animal.
Se añaden al apartado Liquidación e ingreso los párrafos 5, 6 y 7 siguientes:
«5. Los establecimientos dedicados a sacrificios de ganado que cuenten con sistemas de autocontrol podrán aplicar al importe de las tasas generadas deducciones en concepto de coste de funcionamiento del sistema de autocontrol que tengan establecido. En este caso las deducciones aplicables por suplidos se podrán computar aplicando las siguientes cuantías máximas en euros por cada unidad sacrificada:
Deducciones por sistemas de autocontrol (por unidad sacrificada)
De porcino comercial de más de 12 kg de peso por canal
0,22 euros.
De porcino ibérico y cruzado de más de 12 kg de peso por canal
0,08 euros.
0,01 euros.
0,03 euros.
0,06 euros.
De ovino mayor con más de 18 kg de peso por canal
0,04 euros.
De caprino mayor de más de 18 kg de peso por canal
0,40 euros.
0,01 euros/8 unidades o fracción.
6. Las deducciones por costes suplidos y por sistemas de autocontrol se podrán aplicar simultáneamente siempre que se den los requisitos de contar con personal auxiliar y ayudante, y con sistemas de autocontrol.
7. Para la aplicación de estas deducciones se solicitará el previo reconocimiento por los órganos competentes de la Administración en materia sanitaria de que se dan las circunstancias expresadas en el apartado anterior. En el caso de no pronunciarse expresamente la autoridad sanitaria competente en el plazo de tres meses, contado desde la entrada de la solicitud en el registro, el interesado podrá entender estimada su solicitud, pudiendo aplicar las deducciones solicitadas en la primera autoliquidación que realice a partir de la finalización de dicho plazo.»
Tercero. Tasa 07.12. Tasa por servicios en materia de calidad ambiental.
La tasa 07.12 queda redactada como sigue:
267,95 euros + 13,39 euros × PEM/6.000
siendo PEM el Presupuesto de Ejecución Material expresado en miles de euros.
2. Calificación ambiental de actividades:
68,08 euros + 13,39 euros × PEM/6.000
3. Autorización como gestor de residuos peligrosos:
32,36 euros + 15,44 euros × G/6.000
siendo G la cantidad de residuos peligrosos gestionados expresada en kilogramos.
4. Autorización como productor de residuos peligrosos:
74,37 euros + 15,27 euros × P/6.000
siendo P la cantidad de residuos peligrosos producidos expresada en kilogramos.
5. Inscripción en el Registro de pequeños productores de residuos peligrosos:
46,80 euros por inscripción realizada.
6. Inspección ambiental:
91,58 euros + 13,49 euros × n.º de empleados/30 por servicio de inspección realizado.
7. Suministro de información en materia ambiental a instancia de parte interesada:
23,11 euros por solicitud.
8. Autorización ambiental integrada:
1.081,04 euros + 76,85 euros × PEM/6.000,
Cuarto. Tasa 09.06.
Se añade al grupo de tarifas 5. Otros servicios, la siguiente tarifa 5.5:
5.5 Por emisión de tarjetas de tacógrafo digital: 30 euros.
Quinto. Tasa 09.19. Tasa por explotación minera, instalaciones, puesta en marcha, informes, actas e inspecciones.
La tasa 09.19 queda redactada en los siguientes términos:
Constituye el hecho imponible de esta tasa la aprobación de planes y proyectos mineros, la emisión de informes de inspección y la autorización de establecimientos de beneficio y otras instalaciones vinculadas a la explotación y aprovechamiento de recursos geológicos y yacimientos minerales.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas y jurídicas, así como los entes comprendidos en el art. 17.2 de esta Ley, que soliciten o reciban los servicios constitutivos del hecho imponible.
1. Aprobación de Proyectos de Explotación:
148,18 € × K + 6,37 × P
P= presupuesto de inversión prevista en el proyecto de explotación y restauración en miles de euros.
K= coeficiente de actualización anual acumulado desde el año 2002.
2. Confrontación y aprobación de Planes de Labores y sus modificaciones:
P= valor de la producción anual en miles de euros.
3. Confrontación y aprobación de Planes de desmonte, restauración, cierre y demás proyectos requeridos reglamentariamente:
148,18 € × K + 0,637 × P
P= presupuesto de la actuación en miles de euros.
4. Permisos de utilización de explosivos:
(148,18 € + 2,599 € × TE) × K
TE= Tn de explosivo.
5. Informes e inspecciones, dispuestos por exigencia normativa, relativas a recursos de las Secciones A, B, C y D, así como lo establecido en el régimen de Normas de Seguridad Minera: 140,93 €.
6. Autorización de instalaciones de Beneficio y sus modificaciones:
139,29 € × K + 6,37 × P
7. Permiso de instalaciones no extractivas en la explotación y sus modificaciones: 46,92 €.
8. Autorización de puesta en marcha de instalaciones mineras: 182,54 €.
9. Tasaciones y peritajes de instalaciones mineras:
171,53 € × K + 0,2 × V
V= valor de la peritación en euros.
10. Perforación y sondeos alumbramientos, pozos e instalaciones de extracción o análogas: 203,29 €.
11. Aforos de aguas subterráneas: 204,72 €.
12. Apertura de nuevo frente en la explotación/investigación:
P= presupuesto de actuación en miles de euros.
13. Demarcación de autorizaciones, permisos y concesiones mineras:
138,64 € × K + 6,37 × S
S= superficie comprendida en el perímetro medida en ha.
K= coeficiente anual de actualización acumulado desde el año 2002.
14. Determinación del perímetro de protección de acuífero:
138,64 € × K + 0,637 × S
K= coeficiente anual de actualización acumulado desde el año 2002.»
Sexto. Tasa 09.20. Tasa por inscripción en el registro industrial de actividades mineras.
La tasa 09.20 queda redactada en los siguientes términos:
Constituye el hecho imponible de esta tasa la inscripción en el registro de actividades industriales de los títulos mineros contemplados en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, las modificaciones y/o ampliaciones en establecimientos de beneficio, así como el cambio en la titularidad de dichos títulos e instalaciones.
1. Inscripción en el registro industrial de actividades mineras:
50,57 € × K + 0,64 × P
P= presupuesto de instalaciones y maquinaria en miles de euros.
2. Modificación y/o ampliaciones en las instalaciones mineras:
P= presupuesto de instalaciones y maquinaria en millones de euros.
3. Cambio en la titularidad de las instalaciones: 39,51 €.»
Artículo 24. Modificación de la Ley 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Primero. El apartado 2 del artículo 56 queda redactado en los siguientes términos:
«2. De conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, la tipificación de las faltas disciplinarias en la Comunidad Autónoma de La Rioja, es la siguiente:
g) Emplear o autorizar para usos particulares, medios o recursos de carácter oficial o facilitarlos a terceros, siendo de escasa entidad.»
Segundo. Se crea un nuevo artículo 56.Bis con la siguiente redacción:
«Artículo 56.Bis. Sanciones.
4. Por la comisión de faltas leves únicamente se podrá imponer la sanción de apercibimiento por escrito.»
Tercero. Se crea un nuevo artículo 56.Ter con la siguiente redacción:
«Artículo 56.Ter. Graduación de las sanciones.
e) Interés, beneficio o provecho propio o ajeno, perseguidos con la infracción.»
Cuarto. Se crea un nuevo artículo 56.Quáter con la siguiente redacción:
«Artículo 56.Quáter. Prescripción.
4. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción o desde que se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiere comenzado.»
Quinto. Se crea un nuevo artículo 56.Quinquies con la siguiente redacción:
«Artículo 56.Quinquies. Desarrollo reglamentario.
El desarrollo de lo previsto en los artículos 56 a 56.Quáter anteriores, así como el procedimiento para sancionar las faltas disciplinarias se realizará reglamentariamente.»
Artículo 25. Modificación de la Ley 7/1997, de 3 de octubre, de creación de la Agencia de Desarrollo Económico de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Primero. El artículo 1 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 1. Creación y naturaleza.
1. Se crea la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja como entidad pública empresarial, prevista y regulada en la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sin perjuicio de las peculiaridades dispuestas en esta Ley. Tiene personalidad jurídica pública diferenciada, plena capacidad de obrar, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, para el cumplimiento de sus fines, en los términos de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, y de la presente Ley.
2. La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja estará adscrita a la Consejería que tenga asignadas competencias en materia de promoción del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma de La Rioja.»
Segundo. El artículo 2 queda redactado en los siguientes términos:
1. La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja se regirá por el Derecho privado salvo en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tenga atribuidas y en los aspectos específicamente regulados en la Ley 3/2003, de 3 de marzo, en la Ley General Presupuestaria, y en la presente Ley.
2. En materia de contratación se regirá por la normativa vigente en materia de contratos de las Administraciones Públicas.»
Tercero. Las letras e) y g) del artículo 3, «Objetivos», quedan redactadas en los siguientes términos:
«e) Informar de los beneficios y ayudas que ofrezcan las Administraciones Públicas y la Unión Europea para la inversión en la Comunidad e instrumentar y gestionar incentivos a la inversión.
g) Actuar, si así es designado, como organismo intermediario a quien la Comisión de la Unión Europea pueda confiar la gestión de subvenciones globales. En todo caso, gestionará los fondos destinados a la promoción cualquiera que sea su origen.»
Cuarto. El artículo 7 queda redactado en los siguientes términos:
e) El Gerente.»
Quinto. El artículo 10 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 10. El Presidente.
2. Sus funciones se regularán reglamentariamente.»
Sexto. El artículo 11 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 11. El Vicepresidente.
3. Sus funciones se regularán reglamentariamente.»
Séptimo. El artículo 13 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 13. Personal.
2. Los funcionarios de carrera de la Comunidad Autónoma de La Rioja que presten servicios en la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, que se hará cargo de sus retribuciones, quedarán en la situación administrativa de servicio activo en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y gozarán de todos los derechos que correspondan a la condición de funcionario.
El tiempo de servicios prestados en la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja computará a efectos de trienios y promoción interna. A efectos de consolidación de grado, se tendrán en cuenta los niveles de complemento de destino de los puestos de trabajo que desempeñen en la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.
3. La determinación de las condiciones retributivas del personal de la Agencia serán aprobadas por el Consejo de Administración a través de las relaciones de puestos de trabajo, que serán objeto de actualización de acuerdo con los criterios establecidos en las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para cada ejercicio. Igualmente corresponderá al Consejo de Administración determinar las retribuciones del Gerente. Estos acuerdos del Consejo de Administración requieren para su validez informe previo, conjunto y favorable de las Consejerías competentes en materia de Función Pública y de Hacienda.»
Octavo. El apartado 3 del artículo 15, «Patrimonio de la Agencia», queda redactado en los siguientes términos:
«3. El patrimonio de la Agencia está sometido al régimen establecido en el artículo 43 de la Ley 3/2003, de 3 de marzo.
La administración y conservación del patrimonio corresponderá a los órganos que se determine reglamentariamente.»
Noveno. El apartado 1 del artículo 16 queda redactado en los siguientes términos:
«1. La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja elaborará anualmente un anteproyecto de presupuesto, que será aprobado por el Consejo de Administración, de acuerdo con la estructura y contenido previstos en los artículos 50 a 53 de la Ley General Presupuestaria y con la normativa que al efecto dicte la Consejería competente en materia presupuestaria, el cual será remitido a dicha Consejería para su integración en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.»
Décimo. El artículo 18 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 18. Aprobación de gastos. Órganos de contratación y mesa de contratación.
1. La aprobación de gastos corresponderá al Presidente y al Gerente en los términos y previas las autorizaciones que, en su caso, reglamentariamente se disponga.
2. Serán órganos de contratación de la Agencia el Presidente y el Gerente en los términos que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de las autorizaciones previas a la celebración de los contratos que se establezcan.
3. La composición de la mesa de contratación se determinará en el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Entidad. Entre los vocales deberán figurar necesariamente un Letrado de los Servicios Jurídicos y un Interventor.»
Undécimo. El artículo 22 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 22. Control de eficacia.
1. El control de eficacia de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja se realizará por la Consejería que tenga asignada la competencia en materia de promoción económica.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja podrá instrumentar un control interno de auditoría para determinar el grado de cumplimiento de sus objetivos.»
Duodécimo. Como consecuencia de la nueva redacción dada al artículo 7 de la Ley en el apartado quinto de este artículo, las referencias que en la Ley 7/1997 se hacen al Consejo de Dirección se sustituyen por referencias al Consejo de Administración, y las referencias al Director Gerente se sustituyen por referencias al Gerente.
Artículo 26. ECCYSA.
1. Se declara a la Entidad de Control, Certificación y Servicios Agroalimentarios, S.A., sociedad mercantil cuyo capital es íntegramente de titularidad pública, medio instrumental y servicio técnico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de los organismos públicos que integran su sector público, a los efectos de la ejecución de los trabajos, asistencias técnicas y prestación de servicios que se les encomienden por aquéllas.
En los supuestos previstos en el párrafo anterior la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y los organismos públicos que integran su sector público, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán encomendar a dicha empresa pública la ejecución de cualquiera de las actividades reseñadas que precisen para el ejercicio de sus respectivas competencias y funciones, así como las que resulten complementarias o accesorias a las mismas, siempre en el ámbito del objeto social de la empresa pública, y sin más limitaciones que las que vengan establecidas por la normativa estatal básica en materia de contratación de las Administraciones Públicas y por la normativa comunitaria directamente aplicable.
Dichos trabajos y actividades encomendados se considerarán ejecutados por la propia Administración.
La comunicación del encargo de una actuación específica supondrá para la sociedad pública, la orden de iniciarla, viniendo obligada a su ejecución.
La encomienda de dichas actividades no podrá implicar, en ningún caso, la atribución a la Sociedad Pública de potestades, funciones o facultades sujetas a Derecho Administrativo propias de la Administración.
2. La contratación que se realice por la empresa pública con terceros a los efectos en el marco de la ejecución de los trabajos y actividades encomendados, previstos en el apartado anterior, se someterá a los mismos criterios contenidos en la legislación de contratación de las Administraciones Públicas en lo concerniente a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación.
3. El importe de los trabajos, asistencias técnicas, consultorías y demás actividades realizados por medio de la Entidad de Control, Certificación y Servicios Agroalimentarios, S.A., en los supuestos previstos en el apartado 1, se determinará atendiendo a los costes en que hubieran incurrido, aplicando a las unidades ejecutadas las correspondientes tarifas aprobadas o, si no hubiera, los precios que figuren en el presupuesto de ejecución que previamente hubiese aprobado la Administración.
4. La empresa pública Entidad de Control, Certificación y Servicios Agroalimentarios, S.A., no podrá participar en procedimientos para la adjudicación de contratos convocados por la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja o por los organismos públicos integrantes de su sector público. No obstante, cuando no concurra ningún licitador se podrá encargar a la referida empresa pública la ejecución de la actividad objeto de licitación pública.
Artículo 27. Modificación de la Ley 2/2003, de 3 de marzo, del Servicio Riojano de Empleo.
Artículo 28. Modificación de la Ley 5/1999, de 13 de abril, reguladora del Juego y Apuestas de La Rioja.
Primero. El apartado 3 del artículo 14 queda redactado en los siguientes términos:
«3. Aquellas máquinas que ofrezcan premios en metálico o en especie deberán cumplir, al menos, con los siguientes requisitos:
c) Las máquinas tipo "B" y tipo "C" llevarán incorporado, en lugar bien visible, un cartel con las siguientes inscripciones: "Prohibido su uso por menores de edad» y «el uso de esta máquina puede crear adicción al juego".
d) Obtener la autorización de explotación, que acreditará la legalidad del modelo, fabricante y operador de la misma. Su transmisión deberá ser autorizada por el órgano competente de la Administración.»
Segundo. El apartado 2 del artículo 17 queda redactado en los siguientes términos:
«2. La autorización se concederá por un período máximo de cinco años renovable, y el número de máquinas no podrá ser inferior a cinco ni la superficie destinada a sala de juego menor a 50 metros cuadrados.»
Tercero. El apartado 2 del artículo 18 queda redactado en los siguientes términos:
«2. Los establecimientos que pretendan disponer de máquinas de tipo "B" deberán obtener la correspondiente autorización de instalación, la cual habilitará la instalación de este tipo de máquinas de una única empresa operadora. Se concederán por un período máximo de cinco años renovables.»
Cuarto. Se añade al artículo 30 el apartado 3 siguiente:
«3. Cuando un mismo hecho, cometido por un mismo sujeto, pueda ser considerado como constitutivo de infracciones administrativas diferentes, sólo se impondrá la sanción correspondiente al tipo de infracción más grave y las otras infracciones se considerarán como circunstancias agravantes para establecer su graduación, excepto que existiera infracción administrativa tributaria.»
Quinto. Se añade al artículo 31 el apartado z) siguiente:
«z) El incumplimiento de las medidas cautelares adoptadas por la Administración.»
Sexto. El apartado 1 del artículo 36 queda redactado en los siguientes términos:
«1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores podrán ser sancionadas:
c) Las leves, con multa desde 100 hasta 600 euros.»
Acción administrativa en materia de agricultura
Artículo 29. Modificación de la Ley 8/2002, de 18 de octubre, de Vitivinicultura de La Rioja.
Se añade al apartado 5 del artículo 3 el siguiente párrafo:
«Excepcionalmente, podrá autorizarse al titular de los derechos a efectuar cambios en las parcelas para las que se hubiese concedido autorización de nueva plantación, en el supuesto de que dichos cambios supongan que las nuevas parcelas poseen una aptitud vitícola superior y siempre que dichos cambios signifiquen además una optimización de los medios de producción de la explotación del titular. Esta autorización excepcional requerirá la previa comprobación del cumplimiento de ambos requisitos, plasmada en un informe técnico de la Consejería competente en materia de agricultura.»
Artículo 30. Modificación de la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja.
Primero. Se suprime del apartado c) del artículo 6 el siguiente inciso: «cuando estén sujetas a intervención municipal medioambiental según la normativa básica estatal».
Segundo. Se añaden al apartado 2 del artículo 8 los siguientes párrafos:
«No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en aquellas instalaciones o actividades sometidas a licencia ambiental pero exentas de control municipal por haber sido declaradas de interés general o autonómico, será necesario informe vinculante de la Dirección General de Calidad Ambiental, que contendrá cuantas prescripciones sean necesarias para la protección del medio ambiente, especialmente cuando las instalaciones o actividades se encuentren próximas a núcleos de población agrupados.
En el caso de actividades e instalaciones ubicadas en dos o más términos municipales, la competencia para tramitar y resolver corresponderá al Ayuntamiento en los que aquéllas ocupen mayor superficie de su término municipal o tengan mayor incidencia ambiental. En caso de discrepancia entre los Ayuntamientos afectados, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma resolverá sobre a quién corresponde el ejercicio de la mencionada competencia.»
Tercero. El artículo 9 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 9. Informes municipales.
En todo procedimiento de intervención administrativa para la protección del medio ambiente que no sea competencia municipal se solicitará informe al municipio o municipios donde haya de ubicarse la instalación, incluso para los proyectos o actividades exentos de control preventivo municipal por haber sido declarados de interés general o autonómico por el Gobierno de La Rioja.»
Cuarto. El artículo 26 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 26. Procedimiento.
1. Proyecto suscrito por técnico competente, en el que se incluirá una memoria ambiental que describa la instalación o actividad, su incidencia en el medio, las técnicas de prevención y las medidas correctoras de los efectos negativos sobre el medio ambiente.
2. La documentación que sea preceptiva en los aspectos de prevención de incendios, de protección de la salud y generación de residuos y vertidos.
b) El Ayuntamiento someterá la solicitud, junto con la documentación que la acompañe, a información pública y audiencia de los interesados por un período de veinte días, salvo los documentos y datos amparados por el régimen de confidencialidad con arreglo a la normativa vigente. Asimismo, solicitará a los órganos competentes informe sobre los aspectos a que se refiere el último guión de la letra anterior, que deberán ser emitidos en el plazo de treinta días desde su solicitud.
c) La resolución del Alcalde otorgando o denegando la licencia ambiental, que deberá notificarse al solicitante y al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, pone fin al procedimiento. Dicha resolución deberá dictarse en el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud, salvo que, debido a la complejidad del asunto, el órgano ambiental prorrogue este plazo mediante resolución motivada.
La resolución que otorgue la licencia ambiental fijará un plazo para el inicio de la ejecución de las instalaciones o actividades, transcurrido el cual sin haberse iniciado por causas imputables a su promotor, aquélla perderá toda su eficacia, salvo que existieran causas debidamente justificadas en cuyo caso se podrá prorrogar el mencionado plazo.»
Quinto. El artículo 53 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 53. Tipificación de infracciones.
1. En materia de evaluación de impacto ambiental:
1.1 Se consideran infracciones muy graves las siguientes acciones u omisiones:
1.2 Se consideran infracciones graves las siguientes acciones u omisiones:
1.3 Se consideran infracciones leves las siguientes acciones u omisiones:
2.1 Se considerarán infracciones muy graves las siguientes acciones u omisiones:
2.2 Son infracciones graves las siguientes acciones u omisiones:
2.3 Constituirá infracción leve el incumplimiento de cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidos en esta Ley, cuando no sea constitutivo de infracción grave o muy grave.
3.1 Se considerarán infracciones muy graves:
3.2 Se considerarán infracciones graves:
3.3 Se considerarán infracciones leves el incumplimiento de cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidas en esta Ley o en las Ordenanzas municipales, cuando no sea constitutivo de infracción grave o muy grave.»
Sexto. El artículo 56 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 56. Sanciones.
1.1 Las infracciones muy graves tipificadas en el artículo 53.1.1 de la presente Ley podrán ser sancionadas con:
1.2 Las infracciones graves tipificadas en el artículo 53.1.2 de la presente Ley podrán ser sancionadas con:
1.3 Las infracciones leves tipificadas en el artículo 53.1.3 de la presente Ley darán lugar a la imposición de la sanción de multa de hasta 25.000 euros.
2.1 Las infracciones muy graves tipificadas en el artículo 53.2.1 de la presente Ley podrán ser sancionadas con:
2.2 Las infracciones graves tipificadas en el artículo 53.2.2 de la presente Ley podrán ser sancionadas con:
2.3 Las infracciones leves tipificadas en el artículo 53.2.3 de la presente Ley podrán ser sancionadas con:
3.1 Las infracciones muy graves tipificadas en el artículo 53.3.1 de la presente Ley podrán ser sancionadas con:
e) Pública divulgación de las sanciones impuestas una vez que hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, en su caso, jurisdiccional, con expresión de la razón social e identidad o denominación de las personas físicas o jurídicas responsables y de la índole y naturaleza de las infracciones cometidas.
3.2 Las infracciones graves tipificadas en el artículo 53.3.2 de la presente Ley podrán ser sancionadas con:
3.3 Las infracciones leves tipificadas en el artículo 53.3.3 de la presente Ley podrán ser sancionadas con:
b) Clausura temporal y parcial de las instalaciones por un período no superior a seis meses.»
Séptimo. El artículo 57 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 57. Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones administrativas previstas en esta Ley prescribirán en los siguientes plazos:
2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.»
Octavo. El artículo 58 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 58. Graduación de las sanciones y reparación e indemnización de daños y perjuicios.
1. Las sanciones se impondrán y graduarán teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes o agravantes que concurran, la intencionalidad o reincidencia, el riesgo o daño ocasionado y el beneficio obtenido.
5. La resolución sancionadora impondrá expresamente al infractor la obligación de reponer los bienes a su estado anterior a la comisión de la infracción, así como a abonar la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados, determinando el contenido de dicha obligación y el plazo para hacerla efectiva.»
Noveno. El artículo 64 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 64. Registro de Infractores.
Se crea el Registro de Infractores de normas ambientales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el cual se inscribirán las personas físicas o jurídicas sancionadas en virtud de resolución firme en vía administrativa por los órganos con potestad sancionadora en la Comunidad Autónoma de La Rioja, cuyo contenido y efectos se determinarán reglamentariamente.»
Décimo. Se deroga la Disposición Adicional Segunda.
Artículo 31. Modificación de la Ley 5/2000, de 25 de octubre, de saneamiento y depuración de aguas residuales de La Rioja.
Primero. La letra d) del artículo 25 queda redactada en los siguientes términos:
«d) La reincidencia en la comisión de una falta grave. Existirá reincidencia cuando, antes de transcurrir un año desde la firmeza administrativa de la resolución sancionadora de una falta grave, se cometa más de una infracción del mismo tipo y calificación.»
Segundo. Se añade al apartado 3 del artículo 28 la siguiente letra f):
«f) La importancia, por razón de su dimensión cuantitativa, del incumplimiento de los parámetros de calidad de los vertidos.»
Tercero. El apartado 4 del artículo 28 queda redactado en los siguientes términos:
«4. Si el obligado no procediera a reparar el daño causado en el plazo requerido, la Administración podrá recurrir a la imposición de multas coercitivas o a la ejecución subsidiaria a costa del infractor. Las multas coercitivas podrán ser impuestas con periodicidad mensual para conseguir el cumplimiento de las resoluciones adoptadas y, en su caso, serán independientes de las que puedan imponerse en concepto de sanción y compatibles con ellas. La cuantía de las multas coercitivas no podrá ser superior a un tercio de la sanción máxima establecida en el apartado 1 para la infracción que corresponda.»
Artículo 32. Ampliación de la Reserva Regional de Caza de La Rioja Cameros-Demanda.
1. Se aprueba la ampliación, en 2.617 hectáreas, de la Reserva Regional de Caza de La Rioja Cameros-Demanda, incorporando terrenos del término municipal de Brieva de Cameros.
2. A tal efecto, la descripción de linderos de la Reserva Regional de Caza de La Rioja Cameros-Demanda, queda establecida en la forma que figura en el Anexo 1.I a esta Ley. Se incluye igualmente como Anexo 2.I el plano de situación de los terrenos incorporados.
Artículo 33. Modificación de la Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja.
Se suprime del apartado 2 del artículo 18 el siguiente inciso: «ni excursiones de un día».
Acción administrativa en materia de menores
Artículo 34. Modificación de la Ley 4/1998, de 18 de marzo, del Menor.
Primero. El artículo 6 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 6. Principios rectores de la actuación administrativa.
1. La protección integral de los menores, la prevención de los riesgos y la defensa y garantía de sus derechos reconocidos por la Constitución y por los acuerdos internacionales que velan por su efectividad, constituyen una responsabilidad indeclinable de todos los agentes que intervienen en la atención a los menores y son los principios rectores de la actuación de los poderes públicos y de las relaciones del adulto con el menor.
Todas las Administraciones Públicas cooperarán en la detección de las situaciones de riesgo, desamparo, inadaptación o desajuste social, en su investigación y en la intervención acordada para con los menores afectados, para cuya atención, seguimiento y apoyo habrán de asegurar la actuación prioritaria, puntual, completa y coordinada de sus respectivos programas, recursos y servicios, tanto durante la ejecución de las medidas contempladas en esta Ley, coadyuvando a su efectividad, como tras su finalización, contribuyendo a la culminación o reforzamiento del proceso de integración familiar y social de aquéllos.
2. El Gobierno de La Rioja pondrá a disposición de las acciones que regula esta Ley los programas adscritos a los Servicios Sociales especializados por la Ley 1/2002, de 1 de marzo, de Servicios Sociales, y asumirá la coordinación general de la atención a los menores, la planificación de la misma y la evaluación de los programas.
Igualmente, los recursos de los sistemas sanitario y educativo serán puestos a disposición de los programas que se regulan en esta Ley y de los que se sigan en el futuro.»
Segundo. El artículo 47 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 47. Inicio e instrucción de procedimiento.
1. En el momento que se tenga conocimiento de que un menor pueda encontrarse en situación de desamparo, la Dirección General competente en materia de protección a la infancia iniciará procedimiento administrativo de protección. La fase de instrucción del mismo contendrá un estudio pormenorizado de la situación personal y sociofamiliar del menor, con la finalidad de conocer el posible desamparo y las formas más adecuadas de protección.
3. Todas las instituciones públicas o privadas y todos los profesionales que, por su actividad, tengan relación con el menor, vendrán obligados a colaborar con la Dirección General competente en materia de protección a la Infancia, proporcionándole toda la información que pueda ser relevante para esta fase.»
Artículo 35. Modificación de la Ley 10/1998, de 2 de julio, de ordenación del territorio y urbanismo.
El artículo 62 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 62. Vivienda de protección pública.
Los municipios con población inferior a 1.000 habitantes quedan exentos de las obligaciones establecidas en este artículo, si bien podrán incluirlas entre las determinaciones de su planeamiento.»
Acción administrativa en materia de drogodependencias
Artículo 36. Modificación de la Ley 5/2001, de 17 de octubre, de Drogodependencias y otras adicciones.
Primero. El apartado 1 del artículo 51 queda redactado en los siguientes términos:
«1. La elaboración del Plan Riojano de Drogodependencias y otras adicciones corresponde a la Consejería en que esté adscrito el Comisionado Regional para la Droga, de acuerdo con las directrices del Gobierno a través de sus órganos competentes.»
Segundo. Quedan derogados los párrafos a) «Comisión interdepartamental sobre Drogas» y c) «Comisión Técnica y de Seguimiento del Plan Riojano de Drogodependencias y otras adicciones» del artículo 54.
Tercero. Quedan derogados los artículos 55 y 57, y la Disposición Adicional Segunda.
Acción administrativa en materia de ordenación del territorio
Artículo 37. Modificación de la Ley 10/1998, de 2 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
El artículo 168 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 168.
Los bienes y fondos integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo se destinarán a las siguientes finalidades:
1. Construcción, rehabilitación o mejora de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o de integración social, en el marco de las políticas o programas establecidos por las Administraciones Públicas.
2. Conservación o mejora del Medio Ambiente, protección del Patrimonio Histórico Artístico y renovación del Patrimonio Urbano.
3. Actuaciones públicas para la urbanización y ejecución, en su caso, de sistemas generales, dotación, servicios y equipamientos públicos locales o generales.
4. Conservación, gestión y ampliación del propio patrimonio municipal de suelo.
5. Creación de suelo para el ejercicio de actividades empresariales compatibles con el desarrollo sostenible.
6. A la propia planificación y gestión urbanística incluido el pago en especie mediante permutas o compensaciones de los terrenos destinados a actuaciones contempladas en el presente artículo.
7. La participación en entidades de gestión urbanística cuyo objeto social responda a sus fines.
8. La ejecución de actuaciones públicas o el fomento de actuaciones privadas, previstas en el planeamiento para la mejora, conservación y rehabilitación de zonas degradadas o de edificaciones en la ciudad consolidada.
9. Otros fines y usos de interés social, de acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente.»
Artículo 38. Modificación del Plan Regional de Carreteras.
De conformidad con el artículo 10 de la Ley 8/2000, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el Plan Regional de Carreteras se procede, por razones de coyuntura presupuestaria, a modificar los anexos primero y segundo a los que se refiere el artículo 4 del mencionado texto legislativo, los cuales quedarán establecidos en la forma que figura en los Anexos 3.º y 4.º de esta Ley.
Acción administrativa en materia de administración local
Artículo 39. Modificación de la Ley 1/1997, de 31 de marzo, de saneamiento de las Haciendas Locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Se crea el artículo 9 con la siguiente redacción:
Una vez transcurrido el plazo de cuatro años a que se refiere el apartado i) del artículo 5.2 de esta Ley, y acreditado el cumplimiento de las medidas comprometidas en el mismo, podrá autorizarse la ampliación del plazo máximo de amortización a que se refiere el apartado segundo del artículo 4.
La autorización de ampliación deberá ser resuelta por el titular de la Consejería competente en materia de Política Local, con indicación del plazo máximo a que se extenderá la ampliación y que en ningún caso podrá ser superior a diez anualidades.
La autorización no implicará en ningún caso incremento de la cuantía de la subvención inicialmente concedida, quedando la misma limitada al tiempo inicialmente previsto para la amortización del préstamo, sin que sean objeto de subsidiación los intereses correspondientes a las anualidades objeto de ampliación.»
Artículo 40. Centros sociosanitarios.
1. En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se calificarán como centros sociosanitarios aquellos orientados preferentemente a la prestación de cuidados de enfermos crónicos y de personas mayores enfermas u otras personas independientemente de su edad que, una vez superada la fase aguda, precisen de la atención simultánea y sinérgica de servicios sanitarios y sociales. Entre ellos se incluirán los que, siendo de media y larga estancia, presten, de forma integrada y conjuntamente, atención especializada sanitaria y social.
2. En el ámbito sanitario, los centros sociosanitarios prestarán atención en los niveles que se determine, y en cualquier caso comprenderá:
Los servicios sanitarios que presten estos centros se inscribirán en el registro correspondiente de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
3. Los centros sociosanitarios precisarán de las siguientes autorizaciones:
a) De instalación, para aquellos que sean de nueva creación que conlleve la realización de obra nueva o alteraciones sustanciales en su estructura o instalaciones.
b) De funcionamiento, que facultará a los centros para realizar su actividad. Esta autorización se exigirá para cada uno de los servicios que constituyan su oferta asistencial.
c) De modificación, cuando los centros realicen cambios en su estructura, en su titularidad o en su oferta asistencial.
d) De cierre, cuando los centros vayan a finalizar su actividad de modo definitivo.
El Gobierno, mediante Decreto, determinará el procedimiento y el órgano competente para otorgar las licencias anteriormente citadas.
4. A propuesta de la Consejería competente en materia de salud, y previo informe de la competente en materia de servicios sociales, el Gobierno, con relación a los centros sociosanitarios de titularidad pública, determinará mediante Decreto:
a) La distribución geográfica de estos centros. Para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos y la máxima coordinación de los servicios sanitarios y sociales, los centros sociosanitarios deberán estar, siempre que sea posible, próximos o anexos a centros sanitarios o residenciales de personas mayores, ya estén éstos en funcionamiento o en fase de construcción.
b) El número de plazas de que dispondrán, determinando la capacidad óptima y la capacidad máxima.
c) Los servicios y prestaciones que ofertarán, incluyendo en cualquier caso los mencionados en el número dos de este artículo.
d) Las prestaciones ofertadas por el centro que se incluyen como propias del Sistema Público de Salud de La Rioja, y las que se incluyen como propias de los Servicios Sociales, a los efectos de poder determinar la participación de los receptores de las mismas en su financiación mediante el sistema de precios públicos o tasas.
e) Igualmente determinará el órgano de contratación para aquéllos supuestos en los que el objeto del contrato pueda incidir en la competencia de más de una Consejería, y los créditos del estado de gastos de cada presupuesto destinados a financiar el contrato.
5. Los centros sociosanitarios de titularidad pública quedan adscritos a la Consejería competente en materia de salud.
Artículo 41. Modificación de la Ley 8/1998, de 16 de junio, de Ordenación Farmacéutica de La Rioja.
Primero. El apartado 3 del artículo 3, queda redactado como sigue:
«3.3 Podrán autorizarse depósitos de medicamentos en los centros socioasistenciales y sociales de la tercera edad, y en los centros penitenciarios, con arreglo a la normativa general sobre prestación farmacéutica y a lo que reglamentariamente se determine.»
Segundo. El Título del artículo 16 y los apartados 1 y 2 quedan redactados como sigue:
«Artículo 16. Del suministro, dispensación y circulación interna de medicamentos en los Servicios y Depósitos farmacéuticos de hospitales, hospitales psiquiátricos, centros penitenciarios, centros socioasistenciales y residenciales de la tercera edad de carácter social.
Se trate de medicación que por sus especiales características requiera especial vigilancia y control o bien no se encuentre disponible en Oficinas de Farmacia.
Se establezca la asistencia domiciliaria a algún paciente, siempre que esta atención se lleve a cabo por personal adscrito al propio hospital.
Se decida que un Servicio de Farmacia Hospitalario surta a los depósitos y botiquines de Atención primaria y de los centros socioasistenciales y residenciales de carácter social de la tercera edad.
Los depósitos de medicamentos de los hospitales y centros recogidos en el título del presente artículo podrán estar vinculados a un Servicio de Farmacia Hospitalario.»
1. Los artículos 1 a 13 de la Ley 10/2002, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2003.
2. La tarifa 4.4 de la Tasa 06.04. Tasa por servicios sanitarios, de la Ley 6/2002, de 18 de octubre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de conformidad con el párrafo primero del artículo 23 de la presente Ley.
3. El inciso «ni excursiones de un día» del apartado 2 del artículo 18 de la Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja, de conformidad con el artículo 33 de la presente Ley.
4. Los párrafos a) «Comisión interdepartamental sobre Drogas», y c) «Comisión Técnica y de Seguimiento del Plan Riojano de Drogodependencias y otras adicciones» del artículo 54, los artículos 55 y 57, y la disposición adicional segunda de la Ley 5/2001, de 17 de octubre, de Drogodependencias y otras adicciones, de conformidad con los apartados segundo y tercero del artículo 36 de la presente Ley.
La presente Ley se publicará de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Estatuto de Autonomía, en el «Boletín Oficial de La Rioja» y en el «Boletín Oficial del Estado», y entrará en vigor el 1 de enero de 2004.
Logroño, 19 de diciembre.
(Publicada en el «Boletín Oficial de La Rioja» número 160, de 30 de diciembre de 2003)
[Anexos omitidos. Consúltese el documento PDF original.]
Fecha de disposición: 19/12/2003
Publicada en el BOR núm. 160, de 30 de diciembre de 2003.
el art. 19, por Ley 10/2017, de 27 de octubre (Ref. BOE-A-2017-13750).
los arts. 1 a 18, por Ley 9/2004, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2005-537).
arts. 1 a 13 de la Ley 10/2002, de 17 de diciembre , (Ref. BOE-A-2003-95).
Tasa indicada y MODIFICA las tasas indicadas de la Ley 6/2002, de 18 de octubre , (Ref. BOE-A-2002-21674).
Disposición adicional 2 y MODIFICA los arts. 6, 8, 9, 26, 53, 56, 57, 58 y 64 de la Ley 5/2002, de 8 de octubre (Ref. BOE-A-2002-20381).
arts. 54.a) y c), 55, 57 y la disposición adicional 2 y MODIFICA el art. 51.1 de la Ley 5/2001, de 17 de octubre (Ref. BOE-A-2001-20624).
Inciso indicado del art. 18.2 de la Ley 2/2001, de 31 de mayo , (Ref. BOE-A-2001-11814).
art. 4.1 de la Ley 2/2003, de 3 de marzo , (Ref. BOE-A-2003-6051).
art. 3 de la Ley 8/2002, de 18 de octubre , (Ref. BOE-A-2002-21676).
Anexos 1 y 2 de la Ley 8/2000, de 28 de diciembre , (Ref. BOE-A-2001-1620).
arts. 25.d), 28, 40 y 42.2 de la Ley 5/2000, de 25 de octubre , (Ref. BOE-A-2000-20554).
arts. 14, 17, 18, 30 y 31 de la Ley 5/1999, de 13 de abril , (Ref. BOE-A-1999-9307).
arts. 62 y 168 de la Ley 10/1998, de 2 de julio (Ref. BOE-A-1998-16401).
arts. 6 y 47 de la Ley 4/1998, de 18 de marzo , (Ref. BOE-A-1998-7798).
arts. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18 y 22 de la Ley 7/1997, de 3 de octubre , (Ref. BOE-A-1997-22317).
art. 56.2 y AÑADE los arts. 56 bis, 56 ter, 56 quater y 56 quinquies a la Ley 3/1990, de 29 de junio , (Ref. BOE-A-1990-18911).
AÑADE el art. 9 a la Ley 1/1997, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-1997-7803).

References: artículo 40
 artículo 31
 artículo 40
 artículo 42
 Real Decreto 
 artículo 31
 artículo 149
 Real Decreto 
 artículo 56
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 26
 artículo 55

Artículo 4
 artículo 4
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 55

Artículo 12
 Real Decreto 
 artículo 20

Artículo 19
 artículo 32
 artículo 52
 Real Decreto 

Artículo 20

Artículo 21
 artículo 3
 artículo 42

Artículo 22
 artículo 40
 artículo 42
 artículo 40
 artículo 40

Artículo 23

Artículo 24
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 56
 resolución 
 artículo 56

Artículo 25
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 11
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 artículo 15
 artículo 43
 artículo 16
 artículo 18
 artículo 22
 artículo 7

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28
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 artículo 30
 artículo 31
 artículo 36

Artículo 29
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Artículo 30
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 26
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 53
 artículo 56
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
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 resolución 
 artículo 58
 resolución 
 artículo 64
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Artículo 31
 artículo 25
 resolución 
 artículo 28
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Artículo 33
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Artículo 34
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Artículo 35
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Artículo 36
 artículo 51
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Artículo 37
 artículo 168

Artículo 38
 artículo 10
 artículo 4

Artículo 39
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 4

Artículo 40

Artículo 41
 artículo 3
 artículo 16
 artículo 23
 artículo 18
 artículo 33
 artículo 54
 artículo 36
 artículo 21