Source: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/305118/norma.htm
Timestamp: 2019-05-25 10:11:33+00:00

Document:
El Expediente AAD Nº 22/2017 caratulado “CSJN s/ Comunica Res. en autos ‘Schiffrin Leopoldo H. c/ P.E.N. s/ Acción Meramente Decl.’”, y
5°) Que, a fojas 73 obra requerimiento de Presidencia a los magistrados informados por la Dirección de Recursos Humanos a los fines de que pongan en conocimiento del Cuerpo si han promovido acción judicial y en su caso acompañen copias de la sentencia e informen el estado de las actuaciones.
13°) Que, a fs. 132/4 obra nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la cual se hace saber que el Poder Ejecutivo Nacional solicitará acuerdo para los jueces Bustos Fierro, Hendler (postulación que posteriormente se modifica), Zannoni, Pose y Mizrahi.
17°) Que a fs. 180/181, obra nómina actualizada de jueces con 75 años o más (27) y entre 72 y 74 años (33), requerida por el Presidente de la Comisión de Reglamentación, Dr. Candis.
19°) Que a fs. 192/194 obra resolución ministerial proveniente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación N° 521-E-2017, en virtud de la cual se aprueba el Reglamento para el trámite de nuevos nombramientos de jueces y magistrados del Ministerio Público.
ARTÍCULO 2°.- Requisitos. A los fines del Artículo 1° deberán acompañar:
ARTÍCULO 3° - El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS publicará en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, y en DOS (2) diarios de circulación nacional, durante UN (1) día la solicitud referida en el artículo 1°. Cuando el cargo involucrado tuviere asiento en una Provincia, la citada publicación deberá efectuarse también en UN (1) diario de circulación en la jurisdicción correspondiente. Desde el día de publicación en el BOLETIN OFICIAL y por el término de QUINCE (15) días hábiles, la sociedad civil, los colegios profesionales, asociaciones que nuclean a sectores vinculados con el quehacer judicial, de los derechos humanos y otras organizaciones que por su naturaleza y accionar tengan interés en el tema podrán hacer llegar al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, por escrito y de modo fundado y documentado, las observaciones, objeciones, posturas y demás circunstancias que consideren de interés expresar con relación al Magistrado solicitante, ello junto con una declaración jurada de su propia objetividad respecto de los profesionales en cuestión.
ARTÍCULO 6°.- En el caso que el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN no prestare el acuerdo necesario en forma expresa, o no lo hiciera a la fecha que el Magistrado en cuestión alcanzare los SETENTA Y CINCO (75) años de edad, el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS notificará al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, a la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN, o a la DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN -según el caso- a fin de que se sustancie el concurso tendiente a cubrir la vacante”.
Como se puede observar del texto transcripto, existen diversas referencias a la actuación del Consejo de la Magistratura de la Nación, y son aquellos aspectos que deben reglamentarse o por lo menos sentar el criterio más adecuado y razonable en relación a cada una de las disposiciones destacadas.
25°) Que a fs. 226/228, obra agregada copia de la ley 24.018, referida al régimen de Jubilaciones y Pensiones de los magistrados y magistradas que accedan a los beneficios previsionales.
26°) Que a fs. 229/233 obra Proyecto de Resolución de la Presidencia de la Comisión de Reglamentación, que en su parte resolutiva dispone:
30°) Que a fs. 253 obra nueva remisión del Expte. AAD N° 22/2017 a la Comisión de Reglamentación en virtud de los elementos incorporados a las actuaciones luego del proyecto de resolución presentado.
35°) Que, el inciso 4° del artículo 99 segundo párrafo señala que el Presidente “nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado….”.
El párrafo siguiente -que nos ocupa-, expresa “Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años”.
Así en el considerando número 19, penúltimo párrafo, al referirse a la ley de convocatoria a la Convención Constituyente, se sostiene que se habilitó “la actualización de las atribuciones del Congreso y del Poder Ejecutivo Nacional previstas en los artículos 67 y 86, respectivamente, de la Constitución Nacional, entre las que se encontraba la referida a la intervención del Poder Ejecutivo en el proceso de designación de los jueces federales (artículo 86 inciso 5°)”; por lo que esta referencia es acorde al acto jurídico constitucional de designación de los jueces federales; exclusivo y excluyente del Presidente; y que en el supuesto de hecho que nos ocupa se lo ha identificado como “Un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo….”, lo que refleja que es el Poder Ejecutivo el que debe efectuarlo sin necesidad de la elevación de las ternas por parte del Consejo de la Magistratura, (supuesto de primera designación).
39°) Que, en igual sentido el último párrafo del considerando 19°, señala que la Convención incorporó en el artículo 99 inciso 4°, un tercer párrafo que requiere “la renovación del nombramiento para los jueces que alcancen la edad de 75 años, estableciendo la necesidad de una designación periódica quinquenal para los magistrados que se encontraren en dicha situación”.
En este sentido, el considerando 27 inciso e), resulta claro y preciso, al establecer que la referencia constitucional lo es respecto de “…la necesaria intervención de los Poderes Ejecutivo y Legislativo –cuando los jueces federales alcanzan la edad de 75 años- aparece razonablemente como una de las modalidades posibles reservadas al Constituyente para hacer efectiva esa competencia reconocida”.
40°) Que, una de las cuestiones que se ha planteado es respecto de los efectos del fallo; si éstos son “erga omnes” o sólo proyectan su incidencia al caso particular resuelto. En este sentido es claro que la sentencia, en sí misma, sólo es ejecutable respecto de las partes directamente involucradas en el proceso; sin perjuicio de que como surge de las copias de resoluciones acompañadas en el expediente en tratamiento, el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya sido adoptado por los tribunales inferiores; incluso en aquellos casos donde la primera instancia había concedido una medida cautelar que luego fuera revocada en virtud de dicha regla de interpretación (precedente “Hendler”) y la publicación efectuada en el Boletín Oficial, obra, en materia de publicidad, como pauta interpretativa genérica.
43°) Que queda claro según la interpretación que hemos propiciado en párrafos anteriores que es el Poder Ejecutivo el que debe realizar “un nuevo nombramiento” y concordantemente con ello, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ha establecido un “Reglamento” a los fines de señalar el procedimiento a seguir, donde indica la necesaria actividad del Consejo de la Magistratura de la Nación a los fines de: a) brindar informe sobre sanciones disciplinarias y de pedidos de jury de enjuiciamiento; b) sustanciar los concursos en aquellos casos que el Poder Ejecutivo Nacional no solicite el nuevo acuerdo o que el Senado en su caso no lo otorgue.
46°) Que, por ello, el Consejo, habiendo tomado conocimiento de la sentencia de la Corte y de la exhortación recibida, puso en conocimiento de cada uno de los jueces que se encontraban en tal situación, a los fines de que manifiesten su situación personal y si poseían sentencias definitivas o cautelares, o si habían solicitado su nueva designación o el propio Poder Ejecutivo Nacional lo había hecho, lo que motivó sendas respuestas a las que se ha hecho referencia en párrafos anteriores y que ha permitido determinar el universo subjetivo al que nos estamos refiriendo. Ello, lógicamente, sin perjuicio de las variaciones que puedan darse a partir del paso del tiempo (revocaciones de medidas cautelares, sentencias de primera instancia, por caso)
En estos casos las sentencias judiciales sólo pueden ser dejadas sin efecto por otra resolución judicial emitida por el órgano jurisdiccional competente, a cuyos fines deberán ser instadas por quien sea el legitimado pasivo o activo según los casos y la naturaleza de la vía procesal que se utilice (Estado Nacional; o cualquier sujeto de derecho que se entienda titular de la acción en ese sentido) las acciones o recursos que correspondan a la etapa procesal respectiva.
50°) De esta manera se advierte que los magistrados y magistradas ante el fallo de la Corte han quedado enmarcados en la siguiente secuencia fáctica: a) aquellos que hayan arribado a los 75 años cesarían en su función judicial, en virtud de la interpretación que la Corte ha realizado de esta regla constitucional y por ende el Juzgado quedaría vacante, y se debería nombrar subrogante y comenzar el proceso de selección; b) lo expresado nos lleva a advertir que diversos magistrados y magistradas ante la postura adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación con la validez de la cláusula constitucional han presentado su renuncia; c) otros magistrados y magistradas han invocado la existencia de decisiones judiciales, sean estas cautelares o definitivas a su favor, lo que hace a la consolidación en su cargo mientras sigan los efectos de esta resolución judicial que el Consejo debe acatar; d) los magistrados y magistradas que han solicitado al Poder Ejecutivo Nacional o el propio Poder Ejecutivo ha manifestado su voluntad de solicitar nuevo nombramiento y se ha dado inicio al procedimiento respectivo; e) por último, debe considerarse a aquellos magistrados y magistradas respecto de los cuales el Poder Ejecutivo ha manifestado que no va a instar la nueva designación; y aquellos que no han promovido acción judicial alguna o la misma ha resultado desfavorable.
53º) Que en la reunión plenaria del día de la fecha se sometió a consideración el Dictamen Nº 11/2017 de la Comisión de Reglamentación, como así también las diversas propuestas efectuadas por los señores consejeros y que fueran ampliamente analizadas en las sucesivas reuniones de la Comisión Auxiliar de Coordinación de Labor y del Plenario de este Consejo de la Magistratura.

References: resolución 

ARTÍCULO 2
 Artículo 1

ARTÍCULO 3
 artículo 1

ARTÍCULO 6
 Resolución 
 resolución 
 artículo 99
 artículo 99
 resolución 
 resolución