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Timestamp: 2017-11-20 14:12:49+00:00

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Masacre de El Amparo: Estrategias de la Impunidad (Capítulo IV) by Programa Venezolano de Educación Acción en DDHH - issuu
BIJ·············· II
Realidad vs dignidad Notas para el balance de un caso inconcluso
En el breve balance que se presenta a continuación, se priorizan cuatro ejes del largo proceso vivido por el caso El Amparo, dado que en ellos se resumen las principales dificultades enfrentadas en la búsqueda de justicia para este caso. Dos de estos ejes están vinculados a las responsabilidades del Estado en materia de prevención a nuevas violaciones a los derechos humanos y reparación del daño causado: la política de fronteras y el proceso judicial del caso. El tercer eje de este balance guarda relación con los obstáculos que el caso El Amparo enfrentó en el Sistema Interamericano y que obedecen a deficiencias del Sistema para responder cabalmente a su misión de resguardo de los derechos humanos en los pueblos de América,
Por último, el cuarto eje está vinculado a los logros y dificultades que derivaron de la solidaridad con los familiares de las víctimas y los sobrevivientes en su lucha por alcanzar justicia. Una evaluación integr'al del proceso recorrido por el caso El Amparo, desde una perspectiva de trabajo por los derechos humanos, debe convocar a los distintos sectores sociales que participaron en la defensa. Este balance, por tanto, pretende sólo ser un aporte a esa evaluación necesaria, y se realiza con el ánimo de contribuir a la cualificación de la lucha por la justicia en El Amparo, en el contexto de una lucha más amplia por el respeto y garantía de los derechos humanos en Venezuela.
Realidad vs dignidad·
FRONTERAS: EL MILITARISMO
Es responsabilidad del Estado, comogarante de los derechos humanos, prevenir las violaciones a éstos. En este sentido, cabe hacer un balance de las condiciones presentes en la frontera suroccidental venezolana, que posibilitaron que ahí ocurriera una masacre y que ésta fuera encubierta con la complicidad de autoridades civiles y militares. En 1987 Upesuroeste realizó un diagnóstico del Municipio Páez del estado Apure, que evidenciaba un marcado deterioro de las condiciones de vida de la población (Upesuroeste, 1987). Tal como se reseñó en el primer capítulo, la acción estatal más importante implementada en la región suroccidental del país para ese año fue la creación del Cejap, con lo cual el Estado mostraba una concepción de política fronteriza que priorizaba, de manera prácticamente exclusiva, la dimensión militar-policial. La aplicación de esta medida se caracterizó, además, por la ausencia de mecanismos efectivos que impidieran una acción desviada de la legalidad por parte de los funcionarios de seguridad del Estado. En 1993 Copaf realizó un nuevo diagnóstico del municipio, mediante el cual se comprobó que las condiciones de vida de la población habían continuado deteriorándose1• En relación a los problemas de seguridad de esta región, Copaf observaba un re1
punte de los delitos de secuestro y narcotráfico (Copaf, 1993: 143 a 145). Dos años más tarde, a propósito de la muerte de ocho infantes de la Marina venezolana en el puesto fluvial de Cararabo (Edo. Apure) por parte de la guerrilla colombiana, el Ejecutivo Nacional mediante el Decretó N° 588 ordenó la activación del Teatro de Operaciones N° 1 (T.O. N° 1), con sede en Guasdualito, cuyo campo de acción abarcaría a municipios de los estados Táchira y Apure (Red de Apoyo, 1996: 178). Como medida complementaria, esta acción fue acompañada de la creación de un tribunal militar de primera instancia en Guasdualito y del mantenimiento de la suspensión de las garantías constitucionales a la libertad personal (Artículo 60.1), inviolabilidad del hogar (Artículo 62), y libertad de tránsito (Artículo 64) en la región2• Estas fueron las acciones más importante del Estado venezolano, dirigidas hacia la región suroccidental del país, durante 1995. En 1997 se crearía un nuevo Teatro de operaciones, el T.O. N° 2, con sede en La Fría, estado Táchira, y cuya acción abarca municipios fronterizos de este estado y del estado Zulia. Se repitió entonces, la aplicación de un modelo que destacaba la dimensión militar por encima de otras dimensiones de la política fronteriza. Como se verá a continuación, se repitió también, la ausencia de mecanismos efectivos de control, que impidieran una acción desviada de la legalidad por
El 45,8% de la población obtenía un ingreso inferior al salario mínimo rural (Copaf, 1993: 129), existían 0,36 médicos y 0,58 camas por cada mil habitantes (Copaf, 1993: 130), el 41% de los docentes no eran graduados y existía un im.portante déficit de infraestructura educativa (Copaf, 1993: 132 y 133), Y el déficit de viviendas era de 5535 (Copaf, 1993: 134). Estas garantías estaban suspendidas desde junio de 1994 a propósito de la crisis financiera, y fueron restituidas en todo el país el 06.07.95 salvo en 16 municipios fronterizos de los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Posteriormente, la suspensión se extendería a otros municipios.
Realidad vs dignidad
parte de los funcionarios de seguridad del Estado. Como consecuencia de la constitución del T.a. N° 1, se evidenció un aumento de la represión en esta zona fronteriza (Red de Apoyo, 1996: 179). El T.a. N° 1 es la institución estatal más importante de la región y los criterios de sus funcionarios se han convertido en los criterios rectores de la vida pública, tal como lo señalan los testimonios recopilados por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz: "Cualquier decisión, desde el nombramiento de los maestros asignados a las escuelas hasta las transacciones comerciales son filtradas por las autoridades militares. 'Aquí hay que pagar vacuna también a la Guardia Nacional. Darles dinero para que te dejen pasar la madera o la gasolina. A veces te piden varias veces, de acuerdo al precio de lo que tengas que vender' (J.B., La Victoria, octubre, 1995). 'En Santa Rosa la escuela no tiene maestro fijo porque la Marina no ha dado el permiso a ninguno de los que han venido a trabajar ... '(Hugo Caro, La Victoria, octubre, 1995)." (Red de Apo-
yo, 1996: 179). En 1995 la Red de Apoyorecibió la denuncia de un caso de veinticuatro campesinos detenidos por el T.a. N°1, quienes estuvieron ocho días en establecimientos militares, en donde fueron torturados, incomunicados, amenazados de muerte, y abusados sexualmente (EN, 18.06.96). Luego de liberados, se les hizo firmar una declaración dejando constancia de que no habían sido maltratados (EN, 18.06.96). El Comité de Derechos Humanos
del Municipio Páez (Codehum) señala que: "...los cuerpos de seguridad, en su afán de combatir la inseguridad fronteriza han criminalizado el vivir en la frontera (...) pareciera que en cada ciudadano ven a un guerrillero al cual hay que reprimir." (Co-
dehum, 1996: 2). Codehum ha recibido denuncias de cerca de doscientos casos de torturas y siete muertes en un período de dos años que se inicia con la creación del T.a. N° 1 en 1995 (Codehum, 1997: 1). La suspensión de las garantías constitucionales antes mencionadas y la creación del T.a. N° 1, expresan algunas de sus consecuencias para esta región, en el hecho de que en el primer semestre de 1996, el 25% de los casos de tortura registrados a nivel nacional sucedieron en el Municipio Páez (Provea, 1996: 56). Aunada a esta situación, se observa una relación de complicidad entre' las autoridades militares y las instituciones vinculadas a la salvaguarda de los derechos de la población, como la Fiscalía General de la República y la Medicatura Forense adscrita al CTPJ. A propósito de un caso denunciado por Codehum, la Fiscal Tercero del Ministerio Público, Belkis Agrinzones, se excusó por no realizar acciones propias de su competencia, argumentando, según sus palabras: "No quiero problemas
con los militares"
(Codehum, 1996: 7). Codehum señala, además, que existen hechos de atropellos en los cuales las secuelas físicas del maltrato son evidentes y, sin embargo, éstas no son señaladas por el informe médico-forense. Este tipo de actuaciones irregulares difi-
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culta en extremo la posibilidad de lograr una investigación imparcial que conduzca a la sanción de los funcionarios responsables de violaciones a los derecho humanos (Codehum, 1996: 12). A propósito de denuncias como estas, en julio de 1996 el Jefe del Comando Unificado de las Fuerzas Armadas Nacionales (CUFAN), General (Ej) Raúl Salazar Rodríguez, develó a la prensa la concepción militar que subyace a la actuación de las institución castrense en las fronteras del país : "...si tenemos que ser juzgados algunos de nosotros por violar los derechos humanos que nos juzguen, pero mantendremos la disposición de defender el territorio nacional pase lo que pase ..." (EN, 25.07.96).
El problema de la seguridad del Estado es el de la totalidad de sus elementos integrantes, a saber: el territorio, el gobierno y la población (Montealegre, 1979: 6). La seguridad de un Estado puede ser amenazada por factores externos o por factores internos. En relación a los factores internos, el jurista chileno, Hernán Montealegre señala: "Hoy está claro para el derecho que un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos de sus nacionales es una amenaza para la seguridad de ese Estado." (Mon-
tealegre, 1979: 6). En este sentido, la concepción de política estatal en materia de fronteras que devela el Jefe del CUFAN, no solo está reñida con la legalidad3, sino
que además -según la visión de Montealegre-, atenta contra la seguridad del Estado. En la región suroccidental del país, a la insatisfacción de los derechos sociales, se le suma, por una parte, la violencia generada por la guerrilla y el narcotráfico, y por otra, la violencia ejercida por las fuerzas militares contra la población. No cabe duda de que ninguna política de resguardo del territorio frente a una amenaza externa, puede tener un éxito sostenido, sin una política de resguardo de los derechos humanos de la población. En el mismo sentido, Monseñor Mariano Parra, Obispo de San Fernando de Apure, declaró a la prensa al cumplirse el primer año de los sucesos de Cararabo que: "... de nada sirve poner a todo el ejército de Venezuela allá si no hay un desarrollo social, educativo, de salud, de vialidad, en todos, los campos, si no hay un desarrollo de las comunidades fronterizas (...) si esa comunidad no tiene lo mínimo para vivir, la consecuencia es que la guerrilla tiene el campo abierto para hacer y deshacer ..."
(UN, 26.02.96). Esta declaración asoma una concepción de política fronteriza, que difiere de la actualmente aplicada por el Estado venezolano, y se encuentra en sintonía con lo que recomendaba en 1989 la Subcomisión del Congreso que investigó los sucesos de El Amparo. La Subcomisión señaló entonces, en relación a la salvaguarda de las fronteras que:
Uno de los principales objetivos de la FFAA es "Asegurar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación" (LOFAN, 1983: Artículo 8.b).
"...pretender resolverla exclusivamente con la presencia armada y represiva, deja un vacío político, económico, social y cultural que imposibilita cumplir los objetivos que conforme al Decreto Presidencial de su creación fueron asignados al Cejap." (Informe Subcomisión, 1989: 54 y 55).
La Subcomisiónresaltaba entonces, como prioritario: "...acometer programas que resuelvan los problemas médico-asistenciales, habitacionales, educativos, cívicos, deportivos, culturales, recreacionales, de servicios públicos en general y otros que puedan garantizar, además de bienestar a la ciudadanía, la capacidad económica autónoma para cada una de esas poblaciones, con un programa similar y la proscripción de abusos en que incurren algunas autoridades y el ejercicio pleno de los derechos individuales, sociales, económicos y políticos será posible hacer en tiempos de paz como en tiempos de guerra, una eficaz defensa del patrimonio de nuestra República." (Informe
Subcomisión, 1989: 55). El "Foro por la Vida" espacio de articulación de nueve organizaciones de derechos humanos de Caracas, proponía a los representantes de los Poderes Públicos, en el contexto de una agenda por los derechos humanos realizada en 4
febrero de 1997, además de medidas semejantes a las señaladas en párrafos anteriores: "Restituir las garantías constitucionales en los estados y municipios fronterizos en atención al principio de temporalidad4, según el cual ninguna emergencia puede convertirse en un pretexto para derogar los derechos humanos o suspender los en forma indefinida ... [y] ... Asegurar que las actuaciones de las fuerzas de seguridad en las zonas fronterizas se enmarquen en el respeto a los derechos humanos, en particular a la libertad y la integridad, atendiendo a las necesidades de todos los habitantes de dichas zonas ..." (Foro por la Vida, 1997: 3 y 5).
Es un deber del Estado prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos, lo que implica una acción orientada hacia la modificación de las condiciones que hicieron posible que un derecho fuera vulnerado (Faúndez, 1996: 66)5.En las fronteras estas condiciones no solo subsisten sino que además se han potenciado, trayendo como consecuencia nuevas violaciones a los derechos humanos y atentando con esto a la seguridad del Estado. Esta situación debe ser corregida de manera inmediata, planteándose una urgente reformulación de la política de fronteras que priorice el desarrollo social y económico, y la restauración de la autoridad civil.
Artículo 27.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos: "En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social" (Convención: Artículo 27.1). Faúndez basa esta afirmación en la legislación del Sistema Interamericano y en la jurisprudencia de la Corte .
El Estado tiene el doble deber de, por una parte, modificar las condiciones presentes en el aparato de administración de justicia que han posibilitado la violación del derecho a la justicia en el caso El Amparo, y por otra, producir una sentencia definitivamente firme contra los autores materiales y juzgar y sancionar a los autores intelectuales, cómplices y encubridores. Ambas obligaciones han sido hasta ahora incumplidas y en ello tiene un peso decisivo el hecho mismo de que el caso haya sido procesado por la justicia militar. La justicia militar es la institución con mayor responsabilidad en la impunidad del caso El Amparo. En ese sentido, es necesario mencionar que la idea misma de justicia militar ha sido cuestionada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, por presentar elementos contrarios a garantías judiciales básicas: "la existencia, en muchos países, de cortes militares o especiales (...) puede generar problemas serios en lo que a una administración de justicia equitativa, imparcial e independiente se refiere. Frecuentemente la razón para establecer dichas cortes es la de permitir la aplicación de procedimientos excepcionales los cuales no cumplen con los parámetros normales de lajusticia ..." (cita-
do en Comisión, Demanda ante la Corte, 1994: 58).
En la misma dirección se ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: "La sustitución de los tribunales
ordinarios por la Justicia Militar ha significado, normalmente, tanto por la subordinación de los jueces militares al poder político como por su menor preparación técnica, un gravísimo decaimiento de las garantías de que deben gozar todos los procesados." (Informe Anual de la CIDH,
1972: 27). Algunos de los elementos estructurales de la justicia militar venezolana que hacen cuestionable la posibilidad de independencia e imparcialidad de esta institución son: a) el principio militar de la subordinación jerárquica; b) los mecanismo de elección de los funcionarios de justicia militar; c) la posibilidad de limitar el derecho a la defensa; d) el desbordamiento de la jurisdicción militar y; e) la vigilancia de la justicia militar a través de fiscales militares. Se comentan brevemente a continuación. a) El principio de la subordinación es señalado por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFAN) en los siguientes artículos: "El militar en servicio activo estará obligado a obedecer las órdenes de sus superiores ..." (LOFAN,
1983: Artículo 19); "La obediencia, la subordinación y la disciplina serán las bases fundamentales en que descansará la organización, la unidad de mando, moralidad y empleo útil de las FuerzasArmadas Nacionales." (LOFAN,
1983: Artículo 20); "Para las órdenes abusivas, quedará al subalterno después de obedecer, el recurso de queja ante el inmediato superior de aquel que dio la orden." (LOFAN, 1983: Artí-
culo 22).
La obediencia al superiorjerárquico, aún en los casos de órdenes "abusivas", es un principio que entra en conflicto con la necesaria independencia de la función judicial. Se produce en la justicia militar la posibilidad de una doble estructura de mando: por una parte la estructura de rangos (General, Coronel, Capitán, etc), y por otra, la estructura de los funcionarios militares que cumplen funciones judiciales (Magistrado de la Corte Marcial, Juez del Consejo de Guerra, etc). El caso El Amparo puede servir para ilustrar esta afirmación: un Oficial ordena una operación militar de la cual resultan ciudadanos vulnerados en sus derechos. En principio, el juicio para esclarecer la situación investiga solo a los efectivos que participaron directamente de la operación. La investigación es realizada por unjuez militar que tiene menor jerarquía que el Oficial que ordenó la operación, que a su vez ostenta una notable ascendencia sobre el primero, según fue denunciado públicamente. Aplicados los principios de subordinación jerárquica señalados en la LOFAN a esta relación, no es de extrañar que el resultado fuera un sumario viciado que ha obstaculizado, hasta ahora, la investigación sobre presuntos autores intelectuales de la masacre, que necesariamente incluiría a los oficiales de la cadena de mando del Cejap6. b) En la elección de los jueces militares se aplican mecanismos según los cuales quienes eligen son siempre el Ministro de la Defensa y los jueces de la instancia superior para cada caso, esto es, la Corte Suprema de Justicia y el Ministro escogen a los de la Corte 6
Marcial, la Corte Marcial y el Ministro escogen a los de los Consejos de Guerra, y los Consejos de Guerra y el Ministro escogen a los de los Juzgados Mi1itares de Primera Instancia. Cada juez, por tanto, le debe su cargo al ministro y a los jueces de la instancia inmediatamente superior. La escogencia de los miembros de la Corte Marcial se realiza a través de una lista cerrada de quince candidatos que presenta el Ministro de la Defensa a la CSJ, de la cual esta instancia escogelos cincoprincipales, quedando los diez restantes como suplentes por un mandato de cinco años (CJM: Artículo 33). El mismo proceso se realiza para la escogencia de los miembros de los Consejos de Guerra, solo que la instancia que realiza la elección a partir de la lista del Ministro, es la Corte Marcial, y el número de candidatos es de nueve para seleccionar tres principales y seis suplentes (CJM: Artículo 42). Igualmente, para la escogencia de los Jueces Militares de Primera Instancia Permanentes, solo varía el número: seis candidatos para seleccionar uno, y la instancia judicial que decide luego de presentada la lista elaborada por el Ministro son los Consejos de Guerra (CJM: Artículo 49). Esto significa que las instancias superiores están conformadas por funcionarios que avalaron a los funcionarios de las instancias inferiores para su elección en sus cargos. Existe, por tanto, un vínculo entre ambos grupos de funcionarios, que podría afectar la imparcialidad de procesos en donde las instancias superiores conozcan de oficio o por apelación las decisiones de las inferiores.
El CJM (Artículo 129) plantea, además, la posibilidad de que un funcionario de menor jerarquía juzgue a un superior. Este procedimiento, en una institución jerarquizada al extremo, como lo es la castrense, constituye obviamente una posibilidad de parcialidad .
A su vez, el Ministro de la Defensa tiene la posibilidad de presentar una lista de candidatos en donde todos sean afines a su punto de vista o posición dentro de la institución castrense, con lo cual, independientemente de la selección que realicen la CSJ, la Corte Marcial o los Consejos de Guerra, cualquier candidato que resulte escogido puede resultar conveniente a los intereses del Ministro. Aunado a esto, al Ministro de la Defensa le corresponde "La suprema inspección y vigilancia sobre la administración de Justicia Militar ..." (Regla-
mento Interno del Servicio de Justicia Militar: Artículo 5). Queda así claro el enorme poder que sobre el aparato judicial-militar es concentrado en un solo funcionario, que por lo demás, pertenece al Poder Ejecutivo, con lo cual se está violando el principio democrático de la independencia de los tres poderes. En el caso El Amparo, se concretaron algunas de las posibilidades de impunidad derivadas de estos mecanismos de escogencia. El Ministro de la Defensa, quien pertenecía a la estructura de mando del Cejap, era al mismo tiempo el máximo funcionario de la Dirección de Servicios de Justicia Militar, institución responsable de velar por el correcto desenvolvimiento de la justicia castrense. En los primeros seis meses del proceso judicial del caso, durante los cuales se mantuvo en el cargo de ministro el mismo funcionario, se cometieron irregularidades que nunca fueron procesadas por la Dirección de Justicia Militar. El resultado: la impunidad de los funcionarios de justicia
militar que, a su vez, facilitaron la impunidad de los autores de la masacre a través de actuaciones irregulares durante el proceso. c) El Artículo 54 del CJM, tal como se ha señalado anteriormente en varias ocasiones, le permite al Presidente de la República ordenar la no apertura de juicio en los casos que considere conveniente a los intereses de la Nación. Este mecanismo posibilita la violación al derecho a la justicia, además de constituir una violación de jure a la Convención en su Artículo 29.a7• Pero además, constituye una intromisión del poder ejecutivo en funciones del poder judicial, lo que es, nuevamente, contrario al principio democrático de la independencia de los poderes públicos. Tal como se ha reseñado en los capítulos precedentes, el Artículo 54 del CJM fue utilizado para encubrir los delitos del Juez Pérez Gutiérrez, quien fue el principal responsable de la elaboración viciada del sumario del caso. d) El Código de Justicia Militar permite la realización de juicios militares a ciudadanos civiles (Artículo 123.2), e igualmente la realización de juicios militares a funcionarios militares que cometan delitos comunes (Artículo 123.2). Lo primero es contrario a lo establecido en la Constitución de la República, que señala que "Nadie podrá ser juzgado sino por sus jueces naturales ... " (Constitución: Ar-
tículo 69). Lo segundo, tal como lo señala el Dr. Nikken', constituye un abuso del fuero militar, dado que supone la competencia judicial castrense aunque no esté en juego un interés
29.a de la Convención Americana de Derechos Humanos: "Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes. grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella" (Con-
vención: Artículo "'
29.a).
jurídico puramente militar (Nikken en Red de Apoyo, 1996: 153 y 154). En Venezuela, el juicio a civiles en tribunales militares, a propósito del delito de rebelión, ha sido utilizado en repetidas ocasiones como vía para la neutralización política; mientras el juicio militar a funcionarios militares que cometen delitos comunes, ha servido como vía para la impunidad de funcionarios responsables de violaciones a los derechos humanos. El caso El Amparo ha sido prueba fiel de esto último. e) En los tribunales militares, el Ministerio Fiscal es ejercido por fiscales militares (CJM: Artículo 70). Esto supone que la vigilancia del buen desenvolvimiento de la justicia militar, está fundamentalmente bajo la responsabilidad de funcionarios militares. Estos fiscales tienen comolimitación el estar sujetos, como se señaló anteriormente, al principio de la subordinación jerárquica y por ello a la posibilidad de un doble mandato; pero además de eso, atenta contra su desenvolvimiento el "espíritu de cuerpo" con sus compañeros de armas, que también puede influir en una acción débil de vigilancia. Todo esto constituye un obstáculo evi8
dente al desarrollo independiente de esta función8• La actuación parcializada de los fiscales militares que actuaron en el caso El Amparo podría tener relación con el punto aquí señalado. Estos fiscales formularon cargos más semejantes a una defensa que a una acusación contra los efectivos del Cejap, y no realizaron ningún tipo de acción orientada a investigar y sancionar a los jueces militares cuyas actuaciones fueron contrarias al derecho, ni fueron ellos mismos sancionados por sus superiores. La impunidad del caso El Amparo, no solo se explica por los elementos estructurales de la justicia militar. A éstos se suma una característica que atraviesa toda la estructura judicial: la debilidad institucional derivada de la ausencia de mecanismos efectivos que impidan la acción desviada de la legalidad por parte de los funcionarios responsables de administrar justicia. Habría que agregar también, en el intento de explicación de la impunidad de este caso, la complicidad de instituciones del poder civil que evadieron sus responsabilidades de manera recurrente (FGR y CSJ) o aval aran de manera directa la impunidad (Presi-
La Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) posibilita una acción restringida de la FGR en los procesos de la justicia militar. La FGR solo puede acceder a información sobre el estado de los juicios militares (LOMP: Artículo 1) y denunciar a los jueces militares que incurran en faltas que den lugar a sanciones disciplinarias (LOMP: Artículo 6.6). Aunque estas acciones no son realizadas de manera permanente, la FGR ha señalado que: "El desconocimiento, por parte de algunas autoridades militares de las atribuciones inherentes al Ministerio Público, entraba, en muchas ocasiones, las actuaciones de los representantes de esta institución" (Informe FGR, 1991: 263). La permanencia de los factores estructurales de la Justicia Militar que facilitan la impunidad, y la debilidad de la acción vigilante por parte de las instituciones civiles, podrían ser explicada, como hipótesis de trabajo, por el tipo de relación que en Venezuela existe entre el Poder Civil y el Poder Militar. Con el nacimiento de la democracia en 1958, se estableció un pacto de sectores sociales que se comprometían a garantizar la permanencia del régimen naciente ("Pacto de Punto Fijo"). Este pacto supuso acuerdos no explícitos, que repartían espacios de poder en la estructura social y trascendían la legalidad. Esto se hizo evidente con la insurgencia guerrillera de los años sesenta, en cuyo combate las Fuerzas Armadas demostraron su lealtad al pacto. Los métodos empleados en este combate, eran contrarios a lo establecido por el Estado de Derecho, no obstante, los responsables de esas acciones jamás fueron juzgados .
dencia de la República). Todos estos elementos han posibilitado, en distinta medida, que en la jus· ticia militar se repitan nuevos casos de impunidad y que en el caso que nos ocupa no exista una sentencia condenatoria definitivamente firme contra los autores materiales, intelectuales, cómplices y encubridores de la masacre. Es deber del Estado actuar de manera inmediata para modificar las condiciones que han permitido la impunidad, lo que supone una reforma de todo el aparato de administración de justicia, y como parte de ello, la modificación de la justicia militar para hacerla compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos, tal como lo proponen un importante número de organizaciones sociales 10.
El Sistema Interamericano ha desempeñado un papel importante en la promoción y defensa de los derechos humanos en los pueblos de América, en especial cuando predominaban en el continente los regímenes de facto. No obstante, a partir de la transición a la democracia en los países de la región, los órganos del Sistema (Comisión y Corte), tal como lo señala un grupo de trabajo de Cejil, parecieran haber disminuido la calidad de sus acciones. A finales de la década de los ochenta y principios de los noventa: "..el razonamiento jurídico de la mayoría de las decisiones [de la Co· misión] no fue consistente con las decisiones anteriores ni suficientemente elaborado, ni tampoco lo fueron algunas de las prácticas procesales de la Comisión. La gama de derechos examinados por la Comisión aumentó pero el número de casos resueltos decreció abruptamente en los últimos años (...) existen [además,] centenares de casos pendientes de una resolución final. Esa actitud de la Comisión se tradujo en la falta de respuesta en muchos de los casos presentados con la consecuente denegación dejusticia." (Dulitzky y otros, 1997: 1).
Sobre el tema de la reforma del Poder Judicial, y en particular sobre la justicia militar, existen múltiples diagnósticos y propuestas de organizaciones sociales. El "Foro por la Vida" propone: "...la eliminación de la Jurisdicción Militar, por ser violatoria de los tratados que sobre Derechos Humanos ha ratificado Venezuela, o en todo caso dar cumplimiento al compromiso adquirido por el Estado venezolano ante la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, en Washington D.C., ellO de febrero de 1994, de someter a un proceso de reforma el Código de Justicia Militar" (Foro por la Vida, 1997: 3). La "Alianza Social por la Justicia", espacio de articulación de organizaciones de derechos humanos, populares, sociales y empresariales, propone: transferir la responsabilidad de la justicia militar del Poder Ejecutivo al Poder Judicial; reformar el CJM adecuándolo a los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos; y reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público que limita la actuación de la FGR en la jurisdicción militar (en Red de Apoyo, 1997).
Por su parte, la Corte: "...ha elaborado una valiosa jurisprudencia en materia de medidas provisionales y reparaciones. Sin embargo (...) no se ha avocado a un consistente desarrollo sustantivo de los derechos, con el resultado de que el razonamiento jurídico de las últimas decisiones de la Corte es menos elaborado que en sus primeros años."
(Dulitzky y otros, 1997: 2). En los últimos años se ha generado un proceso de reforma del Sistema Interamericano en el que se observan dos tendencias en cuanto a las posiciones adoptadas por los Estados, siendo el eje velado del debate el fortalecimiento o debilitamiento del Sistema. La tendencia que apunta al debilitamiento encuentra en Perú a su principal representante y, en menor medida, en ella se ha apuntado Venezuelall, luego de ser país fundador y uno de los principales impulsores del Sistema. El fortalecimiento del Sistema Interamericano supone detectar sus debilidades e incidir en sus correcciones. En este sentido, se realizan aquí algunos comentarios sobre las condiciones que incidieron negativamente en la forma en que el Sistema Interamericano procesó el caso El Amparo: la vulnerabilidad ante presiones políticas y las deficiencias de profesionalización. Las debilidades en los mecanismos de elección y reelección de los miembros de la Comisión y de la Corte, así como los mecanismos y criterios de de-
cisión sobre las incompatibilidades de estos cargos con otras actividades, sumados a las debilidades de los mecanismos de selección y evaluación del personal que labora en estas instancias; constituyen obstáculos a la imparcialidad, independencia y calidad profesional de las actuaciones del Sistema. La Comisión está compuesta por siete miembros que deben ser "personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos" (Convención: Artículo 34). Estos miembros son elegidos por la Asamblea General de la OEA de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados Miembros (Convención: Artículo 36.1). Los comisionados son electos a título personal y no comorepresentantes del Estado que los propuso (Convención:Artículo 36.1) y su mandato es de cuatro años, pudiendo ser reelectos en una ocasión (Convención: Artículo 37.1). Faúndez señala lo siguiente sobre la forma en que se concretan estos mecanismos: "En la práctica, el procedimiento de selección previsto por la Convención no ha asegurado la debida independencia e imparcialidad de los integrantes de la Comisión; la forma como los Estados se involucran en la proposición de candidaturas y en negociaciones diplomáticas para obtener los votos suficientes para el éxito de las mismas -incluyendo acuerdos de apoyo recíproco para la distribución de puestos en el conjunto de la Organización e incluso en otras-le resta credibilidad
11 Esta afirmación se fundamenta en las posiciones de Venezuela en el seminario sobre "El Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos", realizado del 2 al 4 de diciembre de 1996, y organizado por el Consejo Permanente de la OEA. Venezuela, representada por Asdrúbal Aguiar, realizó propuestas orientadas a relativizar la responsabilidad única del Estado en materia de derechos humanos. En eventos posteriores, Venezuela ha propuesto disminuir las facultades de litigio de la Comisión, con lo cual la función de "defensa" que actualmente tiene esta instancia, se vería limitada .
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a la supuesta independencia de los elegidos." (Faúndez. 1996: 108).
Faúndez agrega que la falta de transparencia del proceso de selección impide que se asegure la "alta autoridad moral" y "reconocida versación en materia de derechos humanos" de la que habla la Convención en su Artículo 34 (Faúndez. 1996: 108). Se presume que los candidatos propuestos por los Estados poseen esas características, pero no existe ningún mecanismo que permita comprobarlas, por lo que el Sistema "no siempre ha producido Comisionados con un sólido compromiso con los derechos humanos" (Ba-
rra de Abogados de New York, citado por Faúndez, 1996: 108). El proceso de selección, concluye Faúndez12:
"... no asegura la designación de los mejores ni garantiza adecuadamente su independencia de los Estados que los proponen y eligen."
(Faúndez, 1996: 109). La reelección de los miembros de la Comisión posibilita, además, que la actuación de éstos se vea influida de manera negativa por el interés de mantenerse en el cargo, dado que son los mismos Estados que pueden estar sujetos a la vigilancia de la Comisión, quienes deciden o no la reelección. Por otra parte, el Reglamento de la Comisión señala que el cargo de comisionado es incompatible con cual-
quier actividad que pudiera afectar su independencia e imparcialidad (Reglamento Comisión: Artículo 4), pero no precisa qué tipo de actividades pueden afectar estos principios. Como complicación adicional para decidir la incompatibilidad, el Estatuto de la Comisión plantea que es necesario el voto afirmativo de por lo menos cinco de los miembros de la Comisión para tomar una decisión en el sentido planteado, y que además se deberá elevar esta decisión a la Asamblea General de la OEApara que tome la decisión final por mayoría de dos tercios de los Estados Miembros (Estatuto Comisión: Artículo 8 ordinales 2 y 3). Si se toma en cuenta que la Comisión está conformada por siete miembros, de los cuales uno está inhabilitado por ser una decisión que le concierne de manera directa, resulta necesaria la casi unanimidad de la decisión, lo que es altamente improbable. Pero aun cuando esto se sucediera, todavía resultaría difíCilque la Asamblea de la OEA se pronunciara en contra de algún comisionado, "... considerando que éste es el mismo órgano que lo ha elegido como miembro de la Comisión, y teniendo en cuenta la mayoría calificada que se requiere para ello ... "
(Faúndez, 1996: 111). El proceso de seleccióny reelección, y el régimen de incompatibilidades de los magistrados de la Corte13 es simi-
12 Tom Farer, quien fue miembro de la Comisión desde 1976 hasta 1983, y presidente de esta instancia en 1980, señala sobre este tema: "por muchos años pareció haber un acuerdo de caballeros entre los Estados miembros de la OEA para no prestar atención a las atrocidades de cada uno. En la medida en que los miembros de la Comisión asuman sus obligaciones, y en la medida en que se preserve el grado de autonomía de que dispone la Comisión, se obstruirá cualquier retorno gradual. sutil o vocinglero, a los días en que prevalecía una conspiración de silencio" (Farer, citado de Faúndez, 1996: 109). 13 Estos mecanismos están definidos en los artículos 52 a 60 de la Convención y en los artículos 4 al 9, y 18 del Estatuto de la Corte.
lar al de los comisionados, lo cual plantea las mismas posibilidades de parcialidad, dependencia y deficiencias en los niveles de especialización en materia de derechos humanos. Los mecanismos para la selección de los empleados de los órganos del Sistema están aún menos desarrollados que aquellos que se aplican para seleccionar a los magistrados y comisionados. El Secretario Ejecutivo de la Comisión, quien debe ser "persona de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos", es designado por el Secretario General de la OEA en consulta con la Comisión (Estatuto Comisión, Artículo 21.3), mientras el Secretario de la Corte es nombrado directamente por los magistrados de esa instancia (Estatuto Corte: Artículo 14.2). No existe en el proceso de selección, mecanismos que garanticen que la competencia, imparcialidad e independencia de estos funcionarios. En el caso El Amparo se hicieron presentes algunas de las consecuencias de la vulnerabilidad del Sistema. En relación a la Comisión, vale recordar el retardo injustificado del caso y el contexto político en que ésta decidióactuar, así como los "comentarios de pasillo" del entonces comisionado venezolano quien simultáneamente era parlamentario. En relación a la Corte, resulta elocuente la debilidad jurídica de sus actuaciones, ya que no motivó su primera sentencia y señaló luego que el Artículo 54 del CJM no había sido utilizado en el proceso judicial interno. El Sistema Interamericano ha constituido, en ocasiones, la última posibilidad de acceso a la justicia para víctimas de violaciones a los derechos humanos de los países latinoamericanos,
cuyos sistemas judiciales padecen múltiples vicios que promueven la impunidad. La cualificación del Sistema repercutiría, por una parte, en la ampliación de las posibilidades de acceso a la justicia a través de sus órganos, y por otra, en el apoyo a la promoción efectiva de reformas a los sistemas nacionales de administración de justicia, en función de los principios interamericanos de los derechos humanos. Del éxito de la presión que se realice a lo interno de cada país y de la presión articulada hacia los órganos decisores de la OEA, depende que las reformas del Sistema lo debiliten o fortalezcan.
SOLIDARIDAD: VITALIDAD
En el Capítulo 2 de este libro se definieron los mecanismos de solidaridad, como todas aquellas acciones desarrolladas por distintos sectores sociales en apoyo a los dos sobrevivientes y familiares de las víctimas en su lucha por alcanzar justicia. Los logros del conjunto de estos mecanismos han hecho de este caso, un símbolo de la lucha por los derechos humanos en Venezuela. La solidaridad se expresó inmediatamente después de develada la masacre y se sostuvo, de manera intensiva, durante los dos meses siguientes. La amplia y diversa movilización social que condenaba los hechos y exigía justicia, permitió, por una parte, que el discurso oficial fuera desenmascarado, y por otra, que se encontraran y articularan distintos sectores sociales para diseñar estrategias de seguimiento y defensa del caso, lo que se ha mantenido a lo largo de estos nueve años. La continuidad de la vigilancia social sobre el desarrollo del caso ha permitido que éste trascienda al olvido y se mantenga en espera activa de justiCIa.
Adicionalmente, la experiencia de lucha por la justicia en El Amparo ha significado la cualificación de las organizaciones que en ella han participado. La experiencia de trabajo colectivo y articulado ha permitido sumar esfuerzos en la defensa de nuevos casos de violaciones a los derechos humanos e identificar mecanismos de impunidad que operan en el sistema judicial venezolano. Estos logros, que resumen la tras-
cendencia del caso El Amparo, fueron posibles por la manera contundente, abundante y sostenida en que se ha expresado la solidaridad. Los riesgos del personalismo
Un rasgo característico de la solidaridad que se activó en este casol4, fue su expresión a través de un proceso paralelo de defensa en el que, por una parte, participó el diputado Walter Márquez con grupos de colaboradores que variaron en el tiempo, y por otra, las organizaciones articuladas en el Comité Contra el Olvido y la Impunidad en El Amparo. Esta división es explicada por Soraya El Achkar, representante de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (Entrevista, 27.09.97), Fabián Chacón, abogado de los familiares (Entrevista, 13.06.97), y Ligia Bolívar, representante de Provea (Entrevista, 19.03.97), como producto de las dificultades para coordinar el trabajo de defensa con Márquez, quien desde el inicio del caso rompió acuerdos logrados colectivamente y tomó decisiones inconsultas. No cabe duda de que Márquez ha jugado un papel importante en la defensa del caso; la protección que le brindó a los sobrevivientes y sus permanentes denuncias sobre la masacre y sobre las irregularidades del procesojudicial, contribuyeron de manera decisiva a que se conociera lo que había sucedido en La Colorada y a que el caso se mantuviera en el debate público. No obstante, su estilo personalista de trabajo imposibilitó que se produjera una única, sólida y articulada defensa, y esto aca-
14 Se hace referencia aquí solo a la solidaridad que se ha mantenido a lo largo del proceso y no a la solidaridad inicial, que movilizó a una cantidad mucho mayor de sectores sociales.
rreó dificultades en el proceso. Esta particularidad del caso El Amparo, permite ejemplificar los riesgos del personalismo en la defensa de los derechos humanos, a partir de tres dimensiones fundamentales, que se comentan a continuación: a) el aprendizaje de los afectados, b) el seguimiento del caso, y c) la representatividad del defensor. a) Las organizaciones de derechos humanos que participaron en este caso, asumen como principio de trabajo el que la estrategia de defensa debe ir acompañada de una estrategia pedagógica hacia las víctimas o sus familiares. Esto persigue como objetivo que quien ha sido afectado directa o indirectamente en sus derechos, viva un proceso que le permita, por una parte, comprender las condiciones que posibilitaron la vulneración, y por otra, acceder a conocimientos y mecanismos de defensa de los derechos humanos que le sirvan en situaciones posteriores. Esta estrategia de aprendizaje supone un componente fundamental de participación y protagonismo de las víctimas y/o sus familiares en el proceso de defensa. En ese sentido, la Comisión de Justicia y Paz de Secorve y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, realizaron un importante trabajo de acompañamiento a los familiares. En el primer momento del caso, el acompañamiento estuvo relacionado con el consuelo ante el dolor producido por la pérdida de seres queridos, y en un momento posterior, estuvo orientado a facilitar la superación del sentimiento de frustración que el dolor produce, a través de la acción en aras de conseguir justicia en el caso. A lo largo de los nueve años transcurridos
desde la masacre, estas dos organizaciones han mantenido un contacto permanente con los familiares y sobrevivientes, brindándoles apoyo, asesoría y estímulo permanente en su lucha por obtener justicia y por lograr que el Estado repare el daño causado.
Por su parte, el tipo de relación que Márquez estableció con los sobrevivientes y familiares, estuvo signada por su condición de diputado ante el Congreso de la República, que le facilitó el acceso a distintas instancias del aparato estatal y a los medios de difusión masiva. Este tipo de relación protector-protegidos, convirtió a Márquez en el protagonista de la defensa y acarreó una participación limitada de los familiares y sobrevivientes en el proceso. Independientemente de la efectividad de las acciones de Márquez, en términos de la presencia del caso en la opinión pública, este tipo de relación no facilita el aprendizaje de conocimientos y herramientas de derechos humanos por parte de los afectados, pues no son ellos los protagonistas del proceso. El aprendizaje que este tipo de relación genera es el de la dependencia a una figura de poder como única vía para la defensa de los derechos humanos. En todo caso, el modo de relación que Márquez estableció con los familiares y sobrevivientes, no determinó de manera absoluta su aprendizaje. A lo largo de estos nueve años, los familiares y sobrevivientes han mantenido relación con diversidad de sectores sociales. Las múltiples reuniones con los poderes públicos en donde se les ofreció una justicia que no se ha concretado; los espacios formativo s con los
grupos de iglesia y de derechos humanos; más la experiencia de brindar declaraciones a los medios de difusión masiva que les obligó a expresar posiciones firmes, posibilitaron que los familiares y sobrevivientes lograran un nivel importante de comprensión de las circunstancias que generaron la masacre y su actual impunidad. Esta comprensión se ha expresado en su movilización permanente por la búsqueda de la justicia en el caso. b) En un ambiente judicial, por lo general adverso a la consecusión de justicia, la ausencia de seguimiento sostenido puede significar un retraso importante o la pérdida definitiva de un caso. Es obvio que, en un caso de la envergadura de el de El Amparo, el trabajo que supone realizar un seguimiento continuo sobrepasa las capacidades de una sola persona. Las debilidades del seguimiento que Márquez le brindó al caso, se expresan, por una parte, en los errores jurídicos cometidos en el inicio del plenario!5 por los abogados que trabajaron con él. Estos abogados aportaron sus pruebas de manera extemporánea, por lo que fueron declaradas inválidas por el CGP. Posteriormente, presentaron su renuncia al caso, dejando a los sobrevivientes sin representación legal en el juicio y el proceso acusatorio en manos del fiscal militar. Estos errores permitieron, entre otras cosas, que la defensa del Cejap solicitara al CGP que los sobrevivientes fueran separados del proceso judicial dado que habían incumplido con sus responsabilidades como acusadores!6.
Por otra parte, a nivel del proceso ante el Sistema Interamericano, Márquez incumplió con sus responsabilidades como peticionario, al no facilitar documentos requeridos por la Comisión!7.A mediados de 1993 cuando la Comisión preparaba su informe sobre el caso, esta instancia solicitó a Márquez recaudo s sobre el proceso judicial interno, que nunca fueron enviados por el diputado; y algo similar ocurrió cuando la Comisión preparaba la demanda ante la Corte contra el Estado venezolano en enero de 1994. En ambas ocasiones, los peticionarios vinculados al "Comité Contra el Olvido..." cubrieron las necesidades de información de la Comisión. La suma de distintos sectores sociales a la defensa del caso, ha permitido que las deficiencias de seguimiento por parte de Márquez no hayan redundado en la pérdida del caso. c)La delegación de la defensa de un caso en una sola persona, sin control y supervisión de los afectados, supone el riesgo de que la persona en la que se delega, modifique su actitud con respecto a la defensa y deje de representar los intereses de los afectados. En este sentido, cobra pertinencia la constitución de un equipo de defensa con la participación de las personas afectadas en sus derechos. Márquez evidenció un cambio de actitud con respecto a su rol de defensor de los sobrevivientes y familiares, que coincide con su reelección como di· putada por un partido que formó parte de la coalición del nuevo gobierno del Presidente Caldera. Este cambio no significó que negara su apreciación
15 Este proceso se reseña con detalle en el Capítulo 2 de este libro. 16 Artículo 180 del Código de Justicia Militar: "El acusador es parte integrante del juicio y debe concurrir a todos sus actos" (CJM: Artículo 180). 17 Este proceso se reseña con detalle en el Capítulo 3 de este libro.
inicial sobre los hechos ocurridos en La Colorada, pero sí que en algún momento del caso sus posiciones tuvieran más afinidad con las de las autoridades venezolanas que con las del resto de los representantes de los familiares y sobrevivientes. Durante la primera reunión entre la Comisión y los representantes gubernamentales, que tuvo lugar el 08.03.95 en Washington, con el objetivo de buscar un acuerdo entre las partes en materia de reparaciones e in· demnizaciones, Márquez realizó acciones que dan cuenta de su cambio de actitud. En primer lugar se presentó a la reunión sin avisar a los comisionados y a los asistentes, en segundo lugar sostuvo contacto previo con el representante gubernamental (Aguiar) quien sí sabía que Márquez iría a la reunión y lo estaba esperando (Entrevista a Juan Navarrete, 07.05.97)18,y en tercer lugar, presentó un poder de algunos de los familiares y de los sobrevivientes, que revocaba el poder otorgado a los asistentes Nikken, Vivanco, Méndez y Bolívar. Este poder fue firmado por los familiares y sobre· vivientes sin que Márquez les aclarara que con ello sacarían del proceso al resto de sus representantes ante el Sistema Interamericano, según le fue explicado a Ligia Bolívar en reunión posterior (Entrevista a Ligia Bolívar, 19.03.97). En todo caso la exclusión no se concretó, dado que Márquez no consiguió la firma de todos los familiares. Adicionalmente, Márquez se pronunció, en septiembre de 1996, sobre la forma en que se deberían cancelar las indemnizaciones, asumiendo la misma posición que Asdrúbal Aguiar, Ministro
de la Secretaría de la Presidencia, quien sugería que se creara un fideicomiso para que el dinero no fuera "dilapidado".Esta posibilidad fue rechazada por los beneficiarios de las indemnizaciones y por el resto del equipo de asistentes de la Comisión Interamericana. Nuevamente, el hecho de que la defensa de este caso haya involucrado a una diversidad de sectores, impidió que el cambio de actitud de Márquez repercutiera de manera decisiva en el caso. La vigilancia y presión social para que las instituciones estatales actúen conformeal derecho y a la justicia, constituyen, en tanto se mantengan las dramáticas deficiencias del sistema judicial venezolano, la única posibilidad de lograr una aproximación a la justicia en casos concretos, que a la vez permita avanzar en el proceso de búsqueda de una justa legalidad, una aplicación imparcial de la ley, y un procedimiento efectivo. En este sentido, la permanencia y reoxigenación de la solidaridad vinculada al caso El Amparo, se impone como vía para el logro de los objetivos de justicia aún pendientes.
18 Los detalles de este incidente son relatados por el abogado Juan Navarrete, representante de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, en el Capítulo 3.
LA REALIZACiÓN UN CAPíTULO
La realización de la justicia en el caso El Amparo es parte de un proceso más amplio de lucha por los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Aunque ha habido logros importantes en este caso, la justicia aún no se ha concretado. La justicia en el caso El Amparo supondría que el Estado produjera una condena definitivamente firme contra los autores materiales de la masacre, quienes a inicios de octubre de 1997, nueve años después de los sucesos, se encuentran en libertad'". La justicia en el caso El Amparo supondría que el Estado investigara y sancionara a los autores intelectuales, cómplices y encubridores de la masacre. A nueve años de los sucesos no se ha realizado ninguna gestión estatal para iniciar las investigaciones contra estas personas. La justicia en el caso El Amparo supondría que el Estado reconociera públicamente su responsabilidad en los
hechos, como mecanismo orientado a dignificar la memoria de las víctimas y como parte de un compromiso público de no repetición de hechos como los sucedidos. Contrario a esto, a nueve años de ocurrida la masacre, altos funcionarios militares declaran de manera recurrente a la prensa dando a en· tender que lo ocurrido en El Amparo fue un enfrentamiento. La justicia en el caso El Amparo supondría que el Estado modificara las condicionesque hicieron posible que ahí se concretara la violación al derecho a la vida. A nueve años de los sucesos de La Colorada, estas condiciones lejos de eliminarse, tienden a reafirmarse. La justicia en el caso El Amparo supondría que el Estado modificara las condiciones que hicieron posible la violación de garantías judiciales para un debido proceso. A nueve años de iniciado el juicio, estas condiciones no han sido alteradas. Hasta tanto no sean logrados estos objetivos, el caso El Amparo no estará concluido. La realización de la justicia es una historia aún por escribir .•
19 Algunos de estos funcionarios se encuentran en prisión, pero no por el caso El Amparo, cuya última sentencia fue absolutoria, sino por haber participado en las presuntas masacres anteriores ocurridas en la zona fronteriza durante 1988.
Masacre de El Amparo: Estrategias de la Impunidad (Capítulo IV)
Capítulo IV del libro El Amparo: Estrategias de Impunidad, e...

References: Artículo 8

Artículo 27
 Artículo 27
 Artículo 19
 Artículo 20
 Artículo 33
 Artículo 42
 Artículo 49
 Artículo 5
 Artículo 54
 Artículo 29
 Artículo 54
 Artículo 70
 Artículo 1
 Artículo 6
 resolución 
 Artículo 34
 Artículo 36
 Artículo 37
 Artículo 34
 Artículo 4
 Artículo 8
 Artículo 21
 Artículo 14
 Artículo 54
 Artículo 180
 Artículo 180