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Timestamp: 2018-11-15 06:43:29+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2013-00047/2314-14 DE NOVIEMBRE 27 DE 2017
SENTENCIA 2013-00047 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:NATURALEZA DE LA SITUACIÓN MÁS FAVORABLE EN EL NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL. CONFORME AL ARTÍCULO 15 DEL DECRETO 132 DE 1995 SE ESTIPULO QUE EL PERSONAL QUE INGRESARA AL NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL SE SOMETERÍA AL RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DETERMINADO EN LAS DISPOSICIONES QUE SOBRE SALARIOS Y PRESTACIONES DICTE EL GOBIERNO NACIONALSIN EMBARGO, EL ARTÍCULO 82 DE LA MISMA NORMA DETERMINÓ QUE EL INGRESO A ESE NIVEL NO PODRÍA DISCRIMINAR, NI DESMEJORAR, EN NINGÚN ASPECTO LA SITUACIÓN DE QUIENES ESTÁN AL SERVICIO DE LA POLICÍA NACIONAL. ASÍ MISMO, LA CREACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA JERÁRQUICA, ASÍ COMO LA FIJACIÓN DE UN RÉGIMEN PROPIO SOBRE ASIGNACIONES SALARIALES, PRIMAS Y PRESTACIONES SOCIALES PARA ESTE NO COMPORTABA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, MÁXIME CUANDO PARA INGRESAR AL NIVEL EJECUTIVO DEBÍA MEDIAR SOLICITUD DEL INTERESADO, ESTO ES, SE DEJABA A DISCRECIÓN DE ESTE POSTULARSE O NO, DE MODO QUE EL POSTULANTE ERA QUIEN DEBÍA EVALUAR SI LA SITUACIÓN ERA FAVORABLE A SUS INTERESES.
TEMAS ESPECÍFICOS:NIVEL EJECUTIVO, POLICÍA NACIONAL, FINALIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, ESTIPULACIÓN DEL SALARIO, ASIGNACIÓN SALARIAL, NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL
Sentencia 2013-00047/2314-14 de noviembre 27 de 2017
Rad.: 15001 23 33 000 2013 00047 01 (2314-14)
Actor: Faustino Rodríguez Hurtado
Ahora bien, a través del artículo 35 de la Ley 62 de 1993(6), el legislador revistió de facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar las normas de carrera del personal de oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, entre otras; en ejercicio de tales facultades, se profirió el Decreto-Ley 41 de 1994(7), por el cual se creó el nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que en sus artículos 18 y 19 facultó a los suboficiales y agentes activos, respectivamente, para ingresar a la escala jerárquica del nivel ejecutivo, efecto para el cual impuso como requisito que el miembro de la institución que optara por ingresar a ella, debía realizar solicitud en tal sentido.
Así las cosas, en 1995 el legislador profirió la Ley 180(8) mediante la cual revistió, nuevamente, al Presidente de la República de facultades extraordinarias para desarrollar la carrera profesional del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y, en el parágrafo de su artículo 7º determinó que, para ese efecto, no se podía “discriminar ni desmejorar, en ningún aspecto, la situación actual de quienes estando al servicio de la Policía Nacional ingresen al nivel ejecutivo”.
En el artículo 15 del mentado decreto también se determinó que el personal que ingresara al nivel ejecutivo de la Policía Nacional “se someter[í]a al régimen salarial y prestacional determinado en las disposiciones que sobre salarios y prestaciones dicte el Gobierno Nacional”; sin embargo, el artículo 82 ibídem determinó que el ingreso a ese nivel no podría “discriminar, ni desmejorar, en ningún aspecto la situación de quienes están al servicio de la Policía Nacional”.
Más adelante, el Presidente de la República profirió el Decreto 1791 de 2000 “Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional” y en él estableció las condiciones de ingreso de los suboficiales y agentes activos al nivel ejecutivo. Al estudiar la constitucionalidad de algunos artículos del decreto en cita, la Corte Constitucional en Sentencia C-691 de 2003(9) concluyó que la creación de la nueva estructura jerárquica así como la fijación de un régimen propio sobre asignaciones salariales, primas y prestaciones sociales para este, no comportaba vulneración de los derechos adquiridos, máxime cuando para ingresar al nivel ejecutivo, debía mediar solicitud del interesado, esto es, se dejaba a discreción de este, en postularse o no, de modo que el postulante era quien debía evaluar si la situación era favorable a sus intereses.
El señor Faustino Rodríguez Hurtado ingresó al servicio de la Policía Nacional en calidad de agente alumno, el 21 de abril de 1985; posteriormente, fue vinculado como agente desde el 1º de noviembre de 1985 y fue homologado al nivel ejecutivo a partir del 1º de septiembre de 1994.
Su retiro del servicio se produjo el 26 de enero de 2010, en virtud de la Resolución 3224 del 15 de octubre de 2009(10).
Mediante petición radicada el 14 de septiembre de 2012(11) el demandante, solicitó el reconocimiento y pago de las primas, subsidios, bonificaciones y auxilio de cesantías que la Policía Nacional dejó de cancelar y que tienen sustento en lo dispuesto en el Decreto 1213 de 1990, con los intereses e indexaciones de ley.
La Policía Nacional, a través de la jefe del grupo de novedades de nómina resolvió tal solicitud por Oficio S-2012-264606/GRUNO ADSAL-22 del 1º de octubre de 2012, mediante el cual despachó desfavorables las pretensiones del actor, aduciendo que la administración ha dado estricto cumplimiento a las normas relativas a los salarios y prestaciones sociales de los miembros del nivel ejecutivo de la institución.
ART. 44.—Auxilio de transporte. Los agentes de la Policía Nacional tendrán derecho a un auxilio de transporte en la cuantía que en todo tiempo determine el Gobierno. […]
a) Casados el treinta por ciento (30%), más los porcentajes a que se tenga derecho conforme al literal c) de este artículo.
Las subsecciones A y B de la Sección Segunda de esta Corporación ya han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre controversias similares y han concluido, en reiteradas providencias(12), que el régimen salarial y prestacional de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, analizado en su integridad, resulta más favorable que el que cobijaba a los suboficiales y agentes de la institución, en particular, porque la asignación salarial les resultó favorable, por ende, no se puede entender que hubo vulneración a los derechos adquiridos o detrimento salarial, como el que alega el demandante. Así se discurrió en una de tantas sentencias:
Tampoco se evidencia una discriminación del actor, toda vez que la aplicación del Decreto 1091 de 1995 deviene de su situación legal y reglamentaria de servicio público con vinculación en el nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Por último, como se dejó expuesto en el marco normativo y jurisprudencial, la Sala(13) ya se había pronunciado sobre el presunto desmejoramiento de la situación salarial y prestacional del personal activo que ingresó al nivel ejecutivo. En aquella oportunidad, sostuvo la Sala:
“El citado desmejoramiento, no obstante, no puede mirarse aisladamente o, dicho de otra forma, factor por factor, pues ello permitiría la posibilidad de crear, sin competencia para el efecto, un tercer régimen, compuesto por aquellos elementos más favorables de cada uno de los regímenes en estudio [en este caso, el de agentes —Decreto 1213 de 1990, por un lado; y, el del nivel ejecutivo— Decreto 1091 de 1995, por el otro]. Por el contrario, y en virtud del principio de inescindibilidad [ampliamente delineado por la jurisprudencia laboral contenciosa], la favorabilidad del nivel ejecutivo al que se acogió libremente el interesado debe observarse en su integridad, pues es posible que en la nueva normativa aplicable [la contenida en el Decreto 1091 de 1995] existan ventajas no estipuladas mientras ostentó la condición de agente y que, a su turno, se hayan eliminado otras, pese a lo cual, en su conjunto, su condición de integrante de nivel ejecutivo le haya permitido, incluso, mejorar sus condiciones salariales y prestacionales”(14).
Ahora bien, en materia del ajuste de la asignación de retiro, es importante señalar que no se observa que el demandante hubiera formulado reclamación ante la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional, que es la encargada del reconocimiento de tal prestación; en todo caso, se debe señalar que el Decreto 1213 de 1990 establece las bases de liquidación y fija las diferentes partidas computables que se deben tener en cuenta para liquidar esa prestación respecto del cuerpo de agentes de esa institución; mientras que las partidas computables para liquidar las asignaciones de retiro de los miembros del nivel ejecutivo están determinadas en el artículo 23, numeral 23.2 del Decreto 4433 de 2004.
Lo anterior quiere decir que las partidas señaladas en cada una de las normas antes citadas deben ser aplicadas a los miembros de cada uno de los regímenes establecidos en ellas, el de suboficiales y el de los miembros del nivel ejecutivo, los cuales tienen bases salariales diferentes, primas, subsidios, bonificaciones y otros emolumentos propios de cada uno de ellos, y no puede, como lo pretende el demandante, acudirse a las partidas de un régimen (el de agentes) para liquidar la prestación de retiro de quien pertenece a otro (el del nivel ejecutivo), pues ello, igualmente, iría en contra del principio de inescindibilidad normativa, según se explicó previamente.
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016(15), respecto de la condena en costas en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea a parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Con fundamento en las anteriores reglas, el a quo condenó en costas de la parte vencida en el proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 numeral 1º(16) del Código General del Proceso, sin que para ello se exigiera verificar si su actuar estuvo o no desprovisto de mala fe, por lo que no hay lugar a revocar la decisión en tal sentido, pues el fundamento de la decisión es legal.
Igualmente, conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 365 del Código General del Proceso(17), se condenará a la parte demandante al pago de las costas de segunda instancia, por haberse confirmado íntegramente la sentencia del inferior y teniendo en cuenta la gestión que realizó la entidad demandada en segunda instancia(18).
1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de febrero de 2014 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el proceso promovido por Faustino Rodríguez Hurtado contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, que denegó las pretensiones de la demanda de conformidad con lo manifestado en las consideraciones de esta providencia.
2. CONDENAR en costas al demandante, las cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
3. Reconocer al abogado Carlos Ariel Lozano Ariza como apoderado judicial de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, en la forma y términos del poder visible en folio 648.
(6) Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República.
(7) Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.
(8) Por la cual se modifican y expiden algunas disposiciones sobre la Policía Nacional y del Estatuto para la seguridad social y bienestar de la Policía Nacional y se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República para desarrollar la carrera policial denominada “nivel ejecutivo”, modificar normas sobre estructura orgánica, funciones específicas, disciplina y ética y evaluación y clasificación y normas de la carrera profesional de oficinas, suboficiales y agentes.
(9) “Por lo demás, el Decreto 1791 de 2000 establece que para el ingreso al nivel ejecutivo de la Policía Nacional debe mediar la solicitud del interesado, lo cual deja en manos del aspirante la decisión de postular o no su nombre para el cambio jerárquico dentro de la institución. Pero si por alguna razón el aspirante no es favorecido con el ingreso, permanecerá en el nivel en el que se encontraba y conservará el régimen salarial y prestacional previsto para esa categoría. Tal circunstancia implica entonces el respeto de sus derechos, honores y pensiones y lo deja en libertad de quedarse, si lo considera más favorable de acuerdo con sus intereses, en el nivel en el que se encuentre”.
(10) Folios 42 a 47.
(11) Folios 27 a 29.
(12) Ver, entre otras, las siguientes: Subsección B, sentencia de 29 de febrero de 2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, rad. 25000-23-25-000-2011-00696-01(0590-2015); Subsección A, sentencia de 3 de marzo de 2016, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero; rad. 25000-23-42-000-2013-00067-01(3546-13); Subsección A, sentencia de 19 de mayo de 2016, M.P. Gabriel Valbuena Hernández, rad. 25000-23-25-000-2012-00108-01(3396-14); Subsección A, sentencia de 17 de noviembre de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 25000-23-42-000-2013-05603-01(2296-14).
(13) Esta cita hace parte del texto trascrito: Sentencia de 31 de enero de 2013, Nº interno 0768-12.
(14) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 9 de febrero de 2015, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, rad. 17001-23-33-000-2012-00152-01(2987-13).
(15) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, rad. 13001-23-33-000- 2013-00022-01 (1291-2014), Actor: José Francisco Guerrero Bardi, C.P. William Hernández Gómez.
(16) “Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso…”.
(17) En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
(18) Presentar alegatos de conclusión.

References: ARTÍCULO 15
 ARTÍCULO 82
 artículo 35
 artículo 7
 artículo 15
 artículo 82
 Resolución 
 artículo 23
 artículo 365
 artículo 365