Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831058.html
Timestamp: 2019-11-22 05:25:25+00:00

Document:
as201831058
Auto Supremo Nº 58
Expediente : 111/2017
Demandante : Elvira Vargas Zabala
(Vda. de Ángel Justiniano Rivero)
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 222 a 226, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado legalmente por su Director General Ejecutivo a.i. Juan Edwin Mercado Claros, a través de sus apoderadas Olga Duran Uribe, Brenda Erika Siñani Rojas y Verónica Ardaya Miranda, contra el Auto de Vista Nº 268 de 14 de octubre de 2016, de fs. 218 a 220, pronunciado por la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; en el trámite de solicitud de renta de viudedad y recurso de reclamación seguido por Elvira Vargas Zabala en su calidad de viuda del causante Ángel Justiniano Rivero contra la entidad recurrente; el Auto de 31 de enero de 2017, cursante a fs. 234, que concedió el recurso; el Auto Supremo Nº 111-A de 24 de marzo de 2017 (fs. 244), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes del proceso; y:
Que dentro la solicitud de renta de derechohabiente como viuda de Ángel Justiniano Rivero, la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto emitió la Resolución Nº 776 de 12 de febrero de 2015, cursante de fs. 90 a 93, por la cual se dispone la desestimación dela Renta de Viudedad solicitada por Elvira Vargas Zabala; en virtud a las razones y fundamentos legales expuestos en dicha determinación.
Ante la interposición del Recurso de Reclamación por Elvira Vargas Zabala de fs. 121 a 122, el Directorio General Ejecutivo y el Jefe de Unidad Jurídica del SENASIR, mediante Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 224/15 de 31 de marzo de 2015, cursante de fs. 138 a 141, resolvió confirmar la Resolución Nº 776 de 12 de febrero de 2015, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, por encontrarse dictada conforme disposiciones legales que rigen la materia.
Ante esta determinación, Elvira Vargas Zabala interpuso recurso de apelación, que cursa de fs. 183 a 184; concedido por Auto 334/15 de 20 de mayo de 2015 (fs. 198), que fue resuelto por la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 268 de 14 de octubre de 2016, revocando la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 224/15 de 31 de marzo de 2015; como la Resolución Nº 776 de 12 de febrero de 2015, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto; deliberando en el fondo ordeno a la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, otorgar Renta de Viudedad a favor de Elvira Vargas Zabala, en su calidad de derecho habiente de Ángel Justiniano Rivero y sea a partir del mes de agosto de 2014.
En conocimiento del señalado Auto de Vista, el SENASIR a través de sus representantes, formula recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 222 a 226, señalando lo siguiente:
En la forma: Alega que, el Auto de Vista recurrido, señala resolver el recurso de apelación cursante de fs. 183 a 184, contra la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 224/15 de 31 de marzo de 2015, y revisados los actuados no se tendría ningún recurso presentado; en ese sentido, el Tribunal de alzada no cumplió, al pronunciar la Resolución de vista, con la pertinencia y congruencia prevista en los arts. 236 con relación al 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), noma en vigencia al momento de la emisión del Auto de Vista que se cuestiona; en ese entendido, el Ad quem no se hubiese enmarcado dentro del principio dispositivo que debe regir a los recursos, en razón de que, en la nota presentada por Elvira Vargas Zabala que fue considerado como un recurso de apelación, no existiría ninguna petición y se limitaría a efectuar un simple detalle de documentos, incumpliendo con el art. 236 del CPC-1975. Como respaldo a su argumentación, señala un Auto Vista emitido por el mismo Tribunal de alzada, que sostendría que la resolución en apelación debe circunscribirse a lo resuelto por el Juez de instancia y los puntos objeto de la expresión de agravios; por lo que, considera se lesiono el derecho al debido proceso inmerso en el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), al existir un análisis parcializado, otorgando más allá de lo solicitado, tomando en cuenta además que no se realizó ninguna petición, haciendo del Auto de vista recurrido un acto nulo.
En el fondo: Arguye que, el Tribunal de alzada no realiza una adecuada valoración de los documentos existentes, llegando a establecer que el asegurado (el causante) cumplía con las 180 cotizaciones; cuando en la certificación de fs. 70 se tiene que Ángel Justiniano Rivero no figura en planillas de los periodos 08/73 a 07/75; de igual forma en los periodos 11/77 a 4/79, 10/86 a 7/88, 8/94 a 9/94 y 12/96 a 4/97, sin certificar porque no figura en planillas, por lo cual no se aplicaría la “normativa extraordinaria”(sic.); además, no existiría documentación que respalde que hubiese trabajado en esos periodos, sin llegar a cumplir con el mínimo de 180 cotizaciones establecidos por Ley, en tal razón el Tribunal de alzada al emitir el Auto de vista recurrido, habría violado y transgredido los arts. 67-II de la CPE; 9 del DS 27991 de 28 de enero de 2005; 477 y 480 del “Código de Seguridad Social” (siendo lo correcto del Reglamento del Código de Seguridad Social) y el 23 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición de la Unidad de Recaudación.
Solicita que, se confirme la Resolución Nº 776 de 12 de febrero de 2015, como también la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 224/15 de 31 de marzo de 2015; o en su caso, se anule el Auto de Vista Nº 268 de 14 de octubre de 2016.
Formulado el recurso de casación en la forma y en el fondo, se ingresa a resolver el recurso, conforme a los fundamentos siguientes:
En la forma: El recurrente considera que se lesiono el debido proceso, al no haberse enmarcado el Tribunal de alzada para la emisión del Auto de Vista recurrido, en los principios dispositivos que rigen este tipo de recursos; en razón de que no existiría un recurso de apelación para analizar, solo una nota enunciativa sin señalamiento de algún agravio menos una petición; en ese sentido es necesario precisar qué; si bien el recurso de apelación, es el más importante de los recursos ordinarios, constituyéndose en el remedio procesal por el cual se pretende que un Tribunal Superior, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, en la aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos y de la prueba; constituyéndose en una doble instancia, donde el Tribunal de Apelación debe circunscribirse a examinar la decisión impugnada, sobre la base de la Resolución de instancia que se apela y los argumentos del recurso de apelación, es importante hacer notar que en el presente caso y en la materia a tratarse, al ser un proceso mixto que se desarrolla tanto en instancia administrativa como instancia jurisdiccional, la inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo; la excusa referida, debe ser interpretada siempre a favor del interesado o administrado, pues traduce la regla jurídica in dubio pro actione, que va a asegurar más allá de las dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del procedimiento.
Al respecto la Ley Nº 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), en su art. 4 inc. L), establece: “Principio del informalismo: La inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte del administrado, que pueda ser cumplidas posteriormente, podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo”; en este cometido, se debe entender que el trámite establecido para las reclamaciones de calificación de rentas es un procedimiento mixto, habida cuenta que se inicia en sede administrativa y concluye en la vía ordinaria; por lo tanto, son aplicables tanto las normas administrativas como las ordinarias del Código de Procedimiento Civil; de este modo, el principio referido excluye de éste la exigencia de requisitos formales.
Sin embargo, se debe tener presente que la aplicación plena del principio de informalismo señalada en la norma desglosada, el art. 4 inc. L) de la LPA, es aplicable de manera pura en las impugnaciones en sede administrativa, para el caso, la apelación a la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 224/15 de 31 de marzo de 2015, si bien se plantea en sede administrativa, se eleva a un Tribunal de alzada de sede jurisdiccional, de ahí nace la denominación de procedimiento mixto, en ese sentido al llegar a conocimiento de un Tribunal Ad quem jurisdiccional, si bien se aplica el principio de informalismo, las determinaciones que asuma ese Tribunal de Apelación no pueden ser discrecionales, para ello se necesita una identificación de un agravio; claro está que, en aplicación del principio de informalismo, no se puede exigir una técnica recursiva precisa, ni que se califique en una forma jurídica correcta la petición, que debe interpretarse la intención del apelante conforme a la redacción que se efectúa en el memorial de apelación, que se puede obviar la equivocación de destinatario o la suma del recurso, siendo flexibles en estos aspectos formales para proceder materializar la intención del apelante y poder resolver su pretensión; pero, debe existir argumentos o intenciones que demuestren la disconformidad del apelante con la Resolución que impugna, debe señalarse que aspectos de la decisión asumida que decidió apelar no considera justas, así no tengan una base legal, también debe indicar en su apelación que pretende con esta impugnación; es decir, debe contener una petición, así la misma no cuente con la técnica jurídica necesaria para la procedencia de un recurso de esta índole; todas estas permisiones que se otorgan en razón de la materia y el principio de informalismo al ser un procedimiento mixto, tiene sus alcances y límites, en razón de que la decisión asumida por el Ad quem debe estar enmarcada en lo dispuesto en la Resolución que se impugna y los agravios efectuados en la apelación, en este tipo de procesos en la intención del apelante; y, este principio de informalismo no puede ser entendido en desmedro de la objetividad que debe existir en el administrador de justicia, ni suplir la intención del administrado, no puede el Tribunal de alzada en forma discrecional analizar una Resolución que se cree impugnada, sin una intención de referencia que le permita advertir qué aspectos de la Resolución cuestionada debe analizar, principio dispositivo y de congruencia que apertura la competencia del Tribunal Ad quem para conocer solo los agravios invocados.
Ahora bien, esta decisión que asume el Tribunal de alzada ante un recurso de apelación, el Auto de vista, debe cumplir con el principio de congruencia; es decir, que debe ceñirse a lo pedido por las partes en el proceso y que, salvo expresa autorización de la ley, no puede contener más de lo pedido (ultra petita), ni debe dejar sin analizar y sin resolver ninguna pretensión sostenida por las partes (citra petita); de los antecedentes del expediente se establece que, Elvira Varga Zabala derecho habiente de Ángel Justiniano Rivero, después de haber sido notificada con la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 224/15 de 31 de marzo de 2015, presentó ante el SENASIR, una “carta” que cursa de fs. 183 a 184, dirigida a Olga Durán Uribe Administradora Regional Santa Cruz a.i. del SENASIR, que tiene como referencia “recurso de reclamación”; en la que indica que presenta un recurso de reclamación en su condición de viuda de su extinto esposo, para ello adjunta en original la Resolución Nº 776 de 12 de febrero de 2015, como la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 224/15 de 31 de marzo de 2015, y detalla la documentación que presenta. Ante esta petición el SENASIR, considerando a este documento como un recurso de apelación contra la Resolución de la Comisión de Reclamación, pronunció el Auto Nº 334/15 de 20 de mayo de 2015 (fs. 198), mediante el cual erróneamente concedió este “recurso de apelación”, que formalmente no fue interpuesto, ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, instancia que dictó el Auto de Vista hoy impugnado.
Ahora bien, del extracto que precede, está claro que en base al principio de informalismo tantas veces referido, puede asumirse que: la carta presentada sea un recurso; la apelante haya equivocado la suma y no se trate de un recurso de reclamación, como indica, sino un recurso de apelación; empero, esta “apelación” no contiene ninguna petición, así estuviese correctamente formulada, no menciona su intención, tampoco contiene una sola referencia, sobre qué aspecto o de qué forma la Resolución que impugna le afecto, sino solo limita a indicar los documentos que adjunta; es decir, no hay materia a tratar por parte del Tribunal de alzada, que en forma discrecional, analizaron la Resolución de la Comisión de Reclamación Auto Nº 334/15, determinando vulneraciones y defectos que no fueron acusados; como podrá advertirse, el citado “memorial” no constituye un recurso de apelación, así se aplique el principio de informalismo, y el Ad quem al haber pronunciado Auto de Vista resolviendo un recurso inexistente vulneró lo dispuesto por el art. 265 del CPC-2013.
Además de llegar a esta conclusión que se emitió el Auto de vista sin observar los principios de pertinencia y congruencia, optó por revocar la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 224/15, y ordenar al SENASIR proceda a otorgar la de la Renta de Viudedad, determinando la fecha desde la cual debe efectivizarse esta cancelación; estos antecedentes demuestran que el Tribunal de alzada, erróneamente asumió atribuciones, al no tener la facultad de calificación y otorgación de prestaciones.
En conclusión, se advierte que el Tribunal de alzada al pronunciar el Auto de Vista, no cumplió con la previsión contenida en el art. 265 del CPC-2013, norma procesal que es de orden público y cumplimiento obligatorio conforme instituye el art. 5 de la norma procesal citada, impidiendo que la competencia de este Tribunal se abra, eximiendo analizar los demás agravios del recurso de casación, que implican la consideración de aspectos de fondo, pues en función de lo expuesto, este Tribunal asume un criterio anulatorio; correspondiendo aplicar las disposiciones contenidas en el art. 220 parágrafo III num 1 inc. c), aplicable por mandato de los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997; y el art. 17-II de la Ley de Organización Judicial.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, encontrándose fundado el motivo traído en casación en la forma, ANULA el Auto de Vista Nº 268 de 14 de octubre de 2016, de fs. 218 a 220, pronunciado por la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; disponiendo que el Tribunal Ad quem sin espera de turno y previo sorteo, bajo responsabilidad administrativa, pronuncie nuevo Auto de Vista, tomando en cuenta los fundamentos de la presente resolución. Sin multa por ser excusable.
En cumplimiento a lo previsto en el art. 17-IV de la Ley del Órgano Judicial, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme a la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (Garantías para la independencia de las y los operaciones de justicia, hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

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