Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1999-02829-de-diciembre-6-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_fba5fa09e62f0134e0430a0101510134&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-21 07:22:02+00:00

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﻿ Sentencia 1999-02829 de diciembre 6 de 2013
SENTENCIA 1999-02829 DE 06 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:REPARACIÓN DIRECTA- INMUNIDAD DIPLOMÁTICA. EXISTE UNA VIOLACIÓN AL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CUANDO SE IMPIDE A UN TRABAJADOR SOMETER A ORGANISMO DIPLOMÁTICO INFRACTOR A LAS AUTORIDADES JUDICIALES POR APLICACIÓN ERRÓNEA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES RATIFICADAS POR COLOMBIA. EN EL CASO BAJO ESTUDIO, SE DECLARÓ ADMINISTRATIVA Y EXTRACONTRACTUALMENTE RESPONSABLE AL ESTADO COLOMBIANO A TRAVÉS DE SU MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS UN CIUDADANO, POR LA IMPOSIBILIDAD DEL ACCIONANTE DE ACUDIR ANTE LA JURISDICCIÓN LABORAL EN CONTRA DE UNA EMBAJADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, DERECHOS DEL TRABAJADOR, CONTRATO DE TRABAJO, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, INMUNIDAD DIPLOMÁTICA
Sentencia 1999-02829 de diciembre 6 de 2013
Rad.: 25000-23-26-000-1999-02829-01(29183)
Demandado: Ministerio de Relaciones Exteriores y otros
Conforme lo expuesto, pasa la Sala a establecer el daño, su antijuridicidad y a determinar si el mismo le resulta imputable a la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; la Nación-Ministerio del Trabajo y Seguridad Social; la Nación-Ministerio del Interior y la Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores; porque, de ser ello así, será menester revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones.
3.2.2.1. El 31 de julio de 1992, señor José Lorenzo Castillo Silva suscribió contrato de trabajo con la Embajada de la República de Corea del Sur, para desempeñarse como portero. En dicho documento se precisó (fls. 39 y 40 cdno. 2):
b) Trabajará horas extras o en horario diferente al de las horas de oficina, si así se requiere, obedeciendo la orden del jefe de misión o de los funcionarios a cargo.
8. La embajada de la República de Corea estará en posición de despedir a su empleado en cualquier momento, pagándole una bonificación de despido, equivalente a un (1) mes de salario en caso de que la embajada haya tomado la decisión voluntariamente, sin motivo específico, pero si el despido del empleado obedece a faltas que éste haya cometido, negligencias, ausencias sin permiso o mal comportamiento que atente contra los intereses del Gobierno de la República de Corea, en este caso el empleado no recibirá la bonificación antes mencionada.
3.2.2.2. El 20 de octubre de 1998, la Embajada de la República de Corea del Sur a través del Vice-cónsul Song Jun-cheol, informó al señor José Lorenzo Castillo, que (fl. 45 cdno. 2):
“(...) debido al comportamiento negativo que se le nota en estos últimos tiempos como se lo confirma el hecho de que usted ya tiene tres (3) memorandos, causal de cancelación de contrato, se ha decidido dar por terminado, a partir de la fecha, el contrato que usted tenía con esta embajada desde el 31 de julio de 1992.
3.2.2.3. Conforme certificación expedida el 3 de noviembre de 1998 por la Embajada de la República de Corea, suscrita por el vice-cónsul, la relación laboral de que se trata se inició el 31 de julio de 1992 y culminó el 20 de octubre de 1998 (fl. 41 cdno. 2).
3.2.2.2. El 3 de noviembre de 1998, el señor Jun Cheol Song, vice-cónsul de la embajada de Corea, dejó constancia del pago realizado al señor Castillo Silva, por concepto de prestaciones laborales así (fl. 43 cdno. 2):
Cesantías: $3.192.000 =
Intereses a las cesantías (según contrato): $383.040 =
NOTA: — El pago de los intereses a las cesantías se liquidó año por año, según el contrato.
En la parte correspondiente a las firmas se lee una nota suscrita a mano sobre la rúbrica que corresponde al señor José Lorenzo Castillo que reza “Me reservo los derechos de reclamo”.
— Cesantías: días trabajados x salario
= 2.240 X 513.000 = 11491200000
______________ __________ = $3.192.000
110 ? = $156.750= (sic.)
Prima: $156.750=
3.2.2.3. El 18 de febrero de 1999, el señor José Lorenzo Castillo Silva se dirigió al “Ministro de Gobierno de la República de Colombia”, para lograr su interseción ante la embajada de la República de Corea, por el reconocimiento de similares solicitudes a las realizadas en la presente acción (fl. 53-54 cdno. 2). En respuesta del 23 de febrero de 1999 el Ministerio de Justicia y del Derecho informó al señor Castillo Silva que “por razones de competencia fue remitida a la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social” (fl. 58 cdno. 2). El 23 de marzo de 1999, el Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigió comunicación al actor en que informa que “no tiene facultades para decidir sobre reclamaciones laborales de los ciudadanos colombianos ante las misiones diplomáticas acreditadas en el país. En consecuencia esta oficina solicitará mediante nota verbal a la Embajada de la República de Corea, nos informe sobre las circunstancias que rodearon la relación laboral y entregará a esa misión copia de su petición”.
3.2.2.4. El 26 de mayo de 1999, la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, rechazó in límine, por carecer de jurisdicción la demanda presentada por el señor José Lorenzo Castillo Silva contra la Embajada de la República de Corea. Para el efecto consideró (fls. 9-17 cdno. 2):
“La cuestión ha sido definida en número plural de decisiones de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En la última dictada, el 5 de junio de 1997 (expediente 10009), dijo la corporación:
(...) la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas deja por fuera de la jurisdicción del Estado receptor todos los actos o los hechos del Agente Diplomático que éste ejecute por razón de sus funciones oficiales, los cuales están sujetos a la jurisdicción del Estado acreditante; y dado que el acto por el cual se pretende llamar a juicio a la Embajada de la República de Corea no aparece incluido en algunas de las excepciones taxativamente previstas por el Derecho Internacional, se impone rechazar in limine la demanda.
“Es por todo ello que debe concluirse que la Convención sobre Relaciones Diplomáticas ratificada por Colombia mediante la Ley 6ª de 1972 se ocupó de regular situaciones de innegable estirpe laboral, por lo que es forzoso considerar que también las controversias surgidas de relaciones de trabajo, y sin que interese la nacionalidad de quien prestó el servicio, quedan sujetas a la jurisdicción del Estado acreditante en los términos del artículo XXXI de la Convención de Viena de 18 de abril de 1961, salvo que de modo expreso el Estado que acredita a su agente diplomático renuncie a dicha inmunidad, conforme lo prevé el artículo XXXII (...).
“Para finalizar, interesa anotar que no debe entenderse esta decisión en el sentido de quedarle totalmente cerradas las vías jurídicas a la demandante, sino que por mandato de la Constitución Nacional, y por no ser éste uno de los casos previstos por el Derecho Internacional en los que la Corte Suprema de Justicia puede conocer de los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados en Colombia, tiene la interesada que acudir a los mecanismos de solución de conflictos contemplados en el Derecho Internacional y en nuestro ordenamiento legal, entre los cuales se cuenta la reclamación diplomática por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores”
5. Todo sin olvidar las dificultades inherentes a la práctica de pruebas, y particularmente de la inspección judicial a la sede diplomática, y sobre todo a la ejecución de una eventual sentencia de condena, salvo la existencia de convenios bilaterales o multilaterales que agilicen y faciliten la práctica de pruebas, v. gr. La Convención Interamericana sobre Pruebas (L. 49/82).
6. Ahora, es para mí claro, por otra parte, que en principio la actividad jurisdiccional de un Estado soberano, como lo es el nuestro, debe incluir necesariamente a todas las personas o entidades que se hallen en su territorio, sin consideración a su nacionalidad. Por ello en esta perspectiva el artículo 229 de la Constitución Nacional garantiza a “toda persona” el derecho de acceder a la administración de justicia. Lo cual, por demás, no es sino una consecuencia del deber que tienen todos “los nacionales y extranjeros en Colombia” de “acatar la constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades” (artículo 4º., inciso 2º. de la Constitución Política) y una aplicación del postulado constitucional de que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. (C.N., art. 2º, inc. 2º).
7. Lo anterior me lleva a decir, entonces, que si el Estado Colombiano, por razón de las necesidades de adaptación a la vida jurídica internacional, se ve precisado, excepcionalmente y soslayado los principios constitucionales anotados, a declinar su jurisdicción en beneficio de un Estado extranjero, debe asumir la consecuencias que esa renuncia comporta para el habitante Colombiano que ve menguada su posibilidad de acceso a la jurisdicción nacional. Posición ésta que, por demás, ya ha sido expresada en asunto similar por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (Auto de mar. 8/93, exp. 4284).
8. Aplicando lo dicho al caso presente, es claro entonces que si los derechos que afirma el demandante José Lorenzo Castillo Silva haber adquirido por su relación laboral con la embajada de la República de Corea, representada por su embajador Seung Young Kim, no pueden debatirse ni eventualmente ser reconocidos por la jurisdicción del Trabajo de nuestro país —por lo que cumple el rechazo in límine de su demanda—, quedando en condiciones de desamparo y en pie de desigualdad con el resto de los habitantes del territorio nacional, sea lógicamente el Estado colombiano quien pueda llegar a asumir los susodichos derechos, previa demanda del interesado, y ante una eventual condena, podría repetir lo pagado ante el Estado acreditante por vía diplomática” (fls. 18 a 23 cdno. 2).
3.2.2.5. El 2 de febrero de 2001, el jefe del Departamento de Nacional de Afiliación y Registro del Seguro Social certificó (fls. 81 cdno. 2):
“(...) verificados los archivos de vinculación y pagos del Seguro Social, el señor José Lorenzo Castillo Silva, figura realizando aportes bajo el empleador Embajada de Corea, NIT 800091016, calle 94 Nº 9 - 39 Bogotá, con pagos hasta octubre - 98”.
Así mismo expidió constancia en la que señala (fls. 82 cdno. 2):
“Que el señor Castillo Silva José Lorenzo, identificado con cédula de ciudadanía 13.990.244 figura con vinculación registrada del día 17 de octubre de 1995, bajo el empleador Embajada de Corea, NIT 00800091016, con el (los) siguiente (s) beneficiario (s):
“PREGUNTADO. Diga usted al despacho si conoce al señor José Lorenzo Castillo Silva, en caso afirmativo como, cuando y donde lo conoció. CONTESTÓ. Lo conocí en el lugar de trabajo, en la embajada de Korea, que quedaba en la calle 94 Nº 9-34 en Bogotá, porque yo trabajé en esa embajada. (...) PREGUNTADO. Hasta cuando trabajó el demandante en la embajada. CONTESTÓ. Yo me enteré que lo suspendieron de su trabajo en el año 98 por ahí entre octubre y noviembre. PREGUNTADO. Que funciones hacia el demandante como trabajador de la Embajada de Korea (sic) del Sur. CONTESTÓ. Él trabajaba como vigilante las veinticuatro horas, fuera de eso le tocaba trabajar sábados, domingos, días festivos. El lavaba carros de los diplomáticos, fuera de eso le tocaba hacer reparaciones varias, (luz, acueducto, jardín) y prender una planta. PREGUNTADO. Diga al despacho las 24 horas del día que el demandante trabajaba en la Embajada, informe a qué horas salía el demandante de su trabajo. CONTESTÓ. El entraba a las siete de la mañana y salía al otro día a las siete de la mañana. PREGUNTADO. Informe qué días de la semana trabajaba el demandante en la Embajada en las funciones que usted ha descrito en el horario indicado. CONTESTÓ. Por decir él salía a las siete de la mañana y al otro día volvía a las siete de la mañana, turnado, rotados, lunes, martes, miércoles, viernes, sábados, domingos y días de fiesta. PREGUNTADO. Diga al despacho cómo fué (sic) la conducta laboral del demandante durante el tiempo que duró en la Embajada. CONTESTÓ. Cuando trabajamos juntos él era una persona muy educada, amable, atenta, y cumplía muy bien con su horario de trabajo y su trabajo. PREGUNTADO. Informe al despacho si usted le consta que al demandante le hayan llamado la atención o lo hayan sancionado en su trabajo hasta su despido. CONTESTADO. Yo personalmente no me di cuenta de nada de eso (...) PREGUNTADO. Actualmente qué conocimiento tiene usted de la situación económica del demandante después que lo despidieron de la Embajada. CONTESTÓ. Ahoritica está en una situación muy mal económicamente, por lo que el salario que él puede tener ahora no le alcanza para pagar servicios, la comida de sus hijos, pagar la cuota de su apartamento, la alimentación de sus hijos, esposa, tengo entendido que tiene tres” (fls. 85-87 cdno. 2).
“PREGUNTADO. Si le consta que el demandante trabajó en la Embajada de la República de Corea el tiempo y funciones que desarrolló. CONTESTÓ. Recuerdo de seis años y unos meses más, pero no recuerdo cuantos, la función de él era la portería, recibir correspondencia, contestar teléfono, y tener la protección de todos los diplomáticos que no fueran a entrar personas ajenas a la embajada (...) PREGUNTADO. Si tenía conocimiento de del (sic) horario y días de trabajo del demandante cuando trabajaba en la embajada. CONTESTÓ. Correctamente yo se lo horarios porque yo trabajaba con él, de seis a seis al otro día de la mañana, trabajábamos veinticuatro y descansábamos veinticuatro, cabe anotar ahí que no hubo compensatorios ni recargos nocturnos, todos los días de la semana trabajando veinticuatro y descansando veinticuatro, trabajábamos los 365 días del año y me consta porque trabajé también allá. PREGUNTADO. Informe, teniendo en cuenta que usted fue compañero de labores del demandante, como fue la conducta laboral de éste, cuando estuvo laborando como vigilante en la embajada de la República de Corea del sur. CONTESTÓ. Muy buena, sus horarios los cumplía muy bien, no le noté ningún vicio ni cosa parecida. PREGUNTADO. Tiene usted conocimiento si el demandante fue afiliado a alguna Caja de compensación familiar para y el subsidio (sic) y beneficio de los hijos que él tenía cuando fue trabajador de la embajada. CONTESTÓ. No, a ninguna parte, ni yo ni los que están (...) PREGUNTADO. Diga si el señor José Lorenzo Castillo disfrutaba de vacaciones anuales. CONTESTÓ. Si, cuando uno no las disfrutaba las pagaban en dinero. PREGUNTADO. Diga si usted supo que el señor José Lorenzo fuera afiliado al Seguro Social durante sus funciones como portero en la Embajada de Corea CONTESTÓ: Del 94 para acá, mas antes no. PREGUNTADO: Diga si usted supo que el señor José Lorenzo Castillo recibió 3 memorandos por alguna razón, en el ejercicio de las funciones de porte en la embajada CONTESTÓ: Tuve conocimiento del último, de los dos anteriores no, por el hecho que prendió una planta de gasolina en horas de la noche, no recuerdo ni día ni fecha, lo cual provocó humo y se dispararon las alarmas del edificio. En ese mismo día fue que lo despidieron a él” (fls. 99-101 cdno. 2).
“PREGUNTADO: Si le consta que el demandante trabajó en la embajada de la República de Corea del sur el tiempo y funciones que desempeñó. CONTESTÓ: Él trabajaba en la portería y funciones de atender la gente, recoger el correo, prender maquinas eléctricas (...) PREGUNTADO. Si tenía conocimiento de del (sic) horario y días de trabajo del demandante cuando trabajaba en la Embajada. CONTESTÓ. Trabajaba 24 horas, entraba a las 7 am de hoy y salía al otro día a las 7 am de 7 a 7 trabajaba todos los días domingos, festivos. PREGUNTADO. Informe, teniendo en cuenta que usted fue compañero de labores del demandante, como fue la conducta laboral de este, cuando estuvo laborando como vigilante en la embajada de la República de Corea del sur. CONTESTÓ. La conducta fue buena, no vi ningún error. PREGUNTADO. Tiene usted conocimiento si al demandante la Embajada de la República de Corea del sur, lo haya afiliado o no, a algún fondo de cesantías durante el tiempo que el demandante fue trabajador de la misma. CONTESTÓ. No nunca, allá nunca nos han afiliado a nada. No a cajas de compensación. PREGUNTADO. Tiene usted conocimiento si el demandante fue afiliado a alguna caja de compensación familiar para y el subsidio y beneficio de los hijo que el tenía cuando fue trabajador de la embajada. CONTESTÓ. Nunca tuvo subsidio de familia, ninguno hemos tenido”. (fls. 102-103 cdno. 2).
3.2.2.7.En el cuaderno número 3 figura el dictamen pericial decretado por el a quo con una liquidación que asciende a la cifra de $244.543.386.83. Según refieren los peritos, para proceder consultaron la normatividad laboral vigente y aclaran que “de presentarse alguna inconsistencia la misma, obedece a la falta de información que solicitamos y no fue suministrada (...)”, sin otra manifestación (fls. 1-22 cdno. 3). Es de anotar que el experticio no revela los soportes que permitieron a los peritos arribar al monto de la liquidación más allá de los anexos de las operaciones realizadas por cada concepto reclamado.
3.2.3.Análisis del caso.
Como lo relatan los antecedentes, la parte actora solicita declarar responsable a la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; la Nación-Ministerio del Trabajo y Seguridad Social; la Nación-Ministerio del Interior y la Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores, por considerarlos responsables de los daños causados al haberlo privado de acceder a la justicia laboral en demanda del reconocimiento de sus derechos laborales, en virtud de la inmunidad diplomática de que en Colombia goza la Embajada de la República de Corea del Sur, su empleadora durante más de seis años.
Ésta corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la inmunidad de jurisdicción y luego de analizar los artículos 31(9) y 41(10) de la Convención de Viena de 1961(11) expuso que(12):
Así mismo, se refirió a la jurisdicción para conocer de asuntos contenciosos, relacionados con obligaciones laborales contraídas en Colombia por otros Estados, a través de sus agentes diplomáticos o por éstos, a nombre propio con habitantes del país, donde luego de analizar el desarrollo que ha tenido el tema en la Corte Suprema de Justicia(14) precisó:
“(...) en la actualidad, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tratándose de reclamaciones de orden laboral, considera que, sin perjuicio de su derecho a la inmunidad de jurisdicción, cuando la relación de trabajo no tiene que ver con actuaciones que reclaman autonomía e independencia, el Estado acreditado se somete a su jurisdicción”.
“En otras palabras, la inmunidad de jurisdicción no es un beneficio personal, es decir, un privilegio concedido in tuitu personae, sino que se otorga por razones funcionales para asegurar precisamente el cumplimiento de las mismas”.
Con todo, podría argumentarse que la inmunidad de jurisdicción podría afectar gravemente en determinados casos el derecho de acceso a la justicia, pues impediría a los nacionales demandar a los miembros de las misiones diplomáticas que les hubieren podido ocasionar un daño. Sin embargo, la Corte considera que ese reparo no se encuentra justificado, no sólo porque esa inmunidad es un elemento esencial del derecho diplomático sino además por cuanto, en esos eventos, la persona puede obtener una reparación del Estado colombiano, ya que habría sido víctima de un daño antijurídico (C.P. art. 90)(18).
En el sub lite, se tiene que el actor estuvo vinculado laboralmente con la Embajada de Corea del Sur entre el 31 de julio de 1992 (fecha de suscripción del contrato fls.39 y 40 cdno. 2) y el 20 de octubre de 1998 (fecha de despido fl. 45 cdno. 2) realizando oficios varios, principalmente el cuidado del ingreso a las instalaciones de la legación diplomática. Así mismo, se logró acreditar que al finalizar la relación laboral, la empleadora realizó pagos por concepto de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones y que el ahora actor manifestó su desacuerdo, al punto que, si bien suscribió constancia de recibido se reservó el derecho a reclamar (fl. 43 cdno. 2) y así procedió en ejercicio de acción ordinaria dentro del proceso laboral como quedó explicado (fls. 9-17 cdno. 2).
Conforme lo anterior, se tiene que, el señor José Lorenzo Castillo Silva quien estuvo vinculado laboralmente a la embajada de la República de Corea del Sur debió soportar el rechazo in límine de la demanda instaurada ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, porque su empleadora no puede ser compelida a responder ante las autoridades judiciales colombianas, daño que el Estado deberá reparar en razón de que el manejo de sus relaciones internacionales le exigen aceptar las previsiones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, suscrita por Colombia mediante la Ley 6ª de 1972, los actos o los hechos del agente diplomático que este ejecute por razón de sus funciones oficiales, escapan a la jurisdicción del Estado receptor.
Establecido, entonces que al actor se le causó un daño y que éste debe ser reparado consistente en que, a diferencia de quienes prestan sus servicios personales a cualquier persona natural o jurídica en el territorio nacional, acceden a las autoridades judiciales, deberá la Sala, además de declarar la responsabilidad deprecada disponer la reparación.
Cabe recordar al respecto que de acuerdo con el numeral 2 del artículo 189 superior, corresponde al Presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado “(...) dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso” y al Ministerio de Relaciones Exteriores coordinar la política exterior y las relaciones diplomáticas del país, al tenor del artículo 208 de la Carta Política(19).
“Es de anotar que la responsabilidad estatal que invoca la señora (...) no comporta el hecho del legislador exclusivamente, toda vez que, si bien el poder legislativo intervino en el proceso de adopción de los principios y normas internacionales contenidos concretamente en el tratado que reconoció el principio de inmunidad de jurisdicción(22), sin reservas, tal y como fue analizado por la corporación en la sentencia de 8 de septiembre de 1998 atrás referida, pues en su adopción intervino también el poder ejecutivo, si se considera que a la luz del numeral 20 del artículo 120 de la Constitución entonces vigente, la negociación y suscripción es asunto confiado al Presidente de la República como jefe de Estado y su aprobación al Congreso de la República.
Lo anterior si se considera que el perjuicio reclamado comprende lo relacionado con el reconocimiento de acreencias laborales derivadas de la relación laboral, específicamente, perjuicios surgidos por la ausencia de afiliación al sistema de seguridad social durante el tiempo de la relación laboral (período comprendido entre el 31 de julio de 1992 y el 20 de octubre de 1998), incluyendo afiliación por pensión de vejez y riesgos de muerte e invalidez, cesantías, sanción por no afiliación a ningún fondo de cesantías, intereses legales de cesantías y sancionatorios por no pago oportuno de éstos, rendimientos financieros de los fondos de cesantías, liquidación y pago de dominicales, festivos, compensatorios y sábados laborados en 1996, 1997, 1998, indemnización sancionatoria e indemnización por despido sin justa causa.
Es importante precisar que la normatividad laboral establece la obligatoriedad de afiliación y cotización al sistema de seguridad social para los trabajadores(26) radicando en cabeza de los empleadores dicho deber y estableciendo consecuencias por su incumplimiento. Así el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 establece que “los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el impuesto sobre la renta y complementarios”. No obstante la misma norma prevé que dicho pago se abonará “en el fondo de reparto correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados según sea el caso (...)”.
A la misma sanción estarían expuestos los empleadores que incumplan con los deberes de afiliación al sistema de seguridad social en salud, de acuerdo con el artículo 161 de la norma en mención, aunado a que “la atención de los accidentes de trabajo riesgos y eventualidades por enfermedad general, (...) serán cubiertos en su totalidad por el patrono en caso de no haberse efectuado la inscripción del trabajador o no gire oportunamente las cotizaciones en la entidad de seguridad social correspondiente”.
En lo que tiene que ver con la reliquidación y pago de las cesantías, sanción por no afiliación a un fondo de cesantías, intereses legales de las cesantías y sanción por no pago oportuno de éstas, así como los rendimientos financieros de los fondos de cesantías, se advierte que como quedó visto en los hechos que la Sala encuentra probados, la Embajada efectuó el pago de las cesantías conforme lo establece la norma(27), no obstante no se demostró afiliación a ningún fondo de cesantías, razón por la cual hay lugar al reconocimiento de un día de salario por cada día de retardo(28). Considerando que el periodo de vinculación laboral comprende desde 1992 hasta 1998, así mismo, que el empleador debía consignar los montos respectivos en el fondo a más tardar el 15 de febrero del año siguiente(29) y que no se tiene prueba del salario devengado sino en el último año, se tendrá en cuenta el salario mínimo respectivo así: 1992: $65.190; 1993: $81.510; 1994: $98.700; 1995: $118.933.50; 1996: $142.125 y 1997: $172.005. Realizadas las operaciones respectivas(30), arroja un total de $8’141.562, la cual, actualizada corresponde a $17’969.162,31. Ahora bien, la sanción por no pago oportuno de los intereses a las cesantías corresponde al “valor adicional igual al de los intereses causados al doble de los mismos”(31). El monto reconocido por el empleador y que ajusta a las exigencias legales)(32) fue de $383.040, por lo que lo adeudado corresponde a la actualización de dicha cifra, lo que asciende a $845.403,85. Finalmente, no corresponde reconocimiento alguno por concepto de rendimientos financieros de los fondos de cesantías, pues ya se está aplicando la sanción por no afiliación al fondo respectivo, aunado a que el ordenamiento no lo contempla.
Finalmente, en lo que respecta a la indemnización por despido sin justa causa se precisa que en efecto la motivación para la terminación de la relación laboral dada por el empleador no se ajusta a ninguna de las causales contempladas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, para considerar una terminación del contrato por justa causa(35), por lo que sería una pretensión que estaría llamada a prosperar. Para su reconocimiento se tendrá en cuenta que antes de la entrada en vigencia de la Ley 789 de 2002(36), la indemnización por falta de pago correspondía a 45 días de salario por el primer año laborado y 20 días por cada año subsiguiente al primero y proporcionalmente(37), lo que arroja la suma de $2’127.924, suma que actualizada corresponde a $4’696.520,36.
2. CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores a pagar al señor José Lorenzo Castillo Silva:
a) La suma equivalente a treinta(30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta sentencia por concepto de daño moral.
b.La suma de veintiún millones quinientos once mil ochenta y seis pesos con cincuenta y dos centavos m/cte ($21.511.086,52), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.
(8) El 26 de noviembre de 1999, fecha en que se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa fuera conocido en segunda instancia por esta corporación era de $18.850.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597 de 1988— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada en la suma de $319’948.398, por concepto de daño emergente.
a) de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor, a menos que el agente diplomático los posea por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión; b) de una acción sucesoria en la que el agente diplomático figure, a título privado y no en nombre del Estado acreditante, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario; c) de una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el agente diplomático en el Estado receptor, fuera de sus funciones oficiales.
(12) Consejo de Estado. Sentencia del 28 de septiembre de 2012, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Expediente 24630.
(14) Corte Suprema de Justicia. Auto del 13 de diciembre de 2007, M.P. Camilo Tarquino Gallego, exp. 32096. La Sala de Casación Laboral señaló que los Estados extranjeros o sus representantes diplomáticos, amparados en la inmunidad de jurisdicción, no pueden sustraerse al reconocimiento y pago de las acreencias laborales a que tengan derecho los trabajadores y si lo hacían deben sujetarse a la decisión de los jueces de la República. Así mismo precisó que: “En el precedente orden de ideas descrito, surge palmario que, al tener el trabajo la entidad de derecho humano, mediante el cual se dignifica a la persona y se contribuye al desarrollo de la sociedad, deba ser objeto de protección, indistintamente, por todas las naciones. Dentro de este contexto, no resulta ahora apropiado desconocer derechos y prerrogativas de los trabajadores, con grave menoscabo en su condición humana, con afectación a la credibilidad que la sociedad debe tener en la justicia que, en últimas, es la encargada de dirimir las controversias, sin distinción alguna, como lo pregona al unísono la comunidad internacional.
Esta realidad es tan elocuente que, en lo que concierne a nuestro país, el propio ejecutivo, al advertir la desigualdad en el trato dado por la jurisprudencia nacional, hasta hoy vigente, a los trabajadores que prestan sus servicios a misiones diplomáticas, ha mostrado su inquietud. Producto de ello, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, en marzo de 2004, elaboró una Nota Verbal, dirigida a todas las embajadas, consulados y organismos internacionales acreditados en Colombia, en la cual les informó sobre la obligación de cumplir las normas laborales internas.”.
(18) Corte Constitucional. Sentencia C-315 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(21) Proceso IJ 002, M.P. Daniel Suárez Hernández.
Bahrein formula la siguiente reserva: “I. Con respecto al párrafo 3 del artículo 27 relativo a la “Valija diplomática”, el gobierno del Estado de Bahrein reserva su derecho a abrir la valija diplomática cuando existan serios motivos para presumir que aquélla contiene artículos cuya importación o exportación está prohibida por el Derecho.
Bélgica formula la siguiente objeción: “El gobierno del Reino de Bélgica objeta la reserva formulada por Bahrein al artículo 27, par. 3, y las formuladas por Egipto, Camboya y Marruecos al artículo 37, par. 3. Sin embargo el gobierno considera que la Convención permanece en vigor entre él y los mencionados Estados, respectivamente, excepto en cuanto a las previsiones respectivas sobre las cuales versan las citadas reservas”.
(23) Consejo de Estado, sentencia del 28 de septiembre de 2012, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
(24) Corte Constitucional, Sentencia C-37 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Meza.
(25) Del mismo se corrió traslado por el término de tres días conforme folio 238 cdno. 1º, que corrieron a partir del 15 de mayo de 2002.
(26) El artículo 15 de la Ley 100 de 1992 establece: “serán afiliados al sistema general de pensiones: 1º en forma obligatoria: todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo (...) y el artículo 17 de la misma normatividad señala: “Durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados y empleadores (...)”. A su vez el artículo 161 platea: “Como integrantes del sistema general de seguridad social en salud, los empleadores, cualquiera que sea la entidad o institución en nombre de la cual vinculen a los trabajadores deberán: 1. Inscribir en alguna Entidad Promotora de Salud a todas las personas que tengan alguna vinculación laboral, sea esta verbal o escrita, temporal o permanente (...)”.
(27) En efecto el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo establece: “todo patrono está obligado a pagar a sus trabajadores (...) un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año”. Y el artículo 253 del mismo código señala “para liquidar el auxilio de cesantía se toma como base el último salario mensual devengado por el trabajador (...)”.
(28) Así lo establece el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 “El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo”.
(29) Ley 50 de 1990. Artículo 99 # 3. “El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija”. Dicha prestación no estaría prescrita si se tiene en cuenta que la misma se cuenta sólo a partir de la terminación del contrato laboral. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. 24 de Agosto de 2010 Rad. 34393, M.P. Luis Jair Osorio López. Así mismo la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencia del 11 de julio de 2000, radicado 13467, expuso: “la falta de consignación de una anualidad, origina la mora hasta el momento en que ocurra la satisfacción de esa parte de la prestación, aun cuando las anualidades posteriores sean debidamente depositadas en el fondo. Si se incumple la consignación de varias anualidades, la indemnización se causa desde la insatisfacción de la primera consignación con la base salarial que debió tomarse para calcular la cesantía dejada de consignar, pero cuando el patrono incumpla por segunda vez con la obligación de hacer el depósito de la respectiva anualidad, el monto de la sanción seguirá causándose con base en el salario vigente en el año en que se causó la cesantía dejada de depositar, y así sucesivamente, hasta cuando se consigne la anualidad o anualidades adeudadas o se le cancele el auxilio de cesantía directamente al trabajador en razón de la terminación del contrato de trabajo”.
(32) De acuerdo con el numeral 2 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 “El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción (...)”.
(34) Sentencia del 22 de enero de 2013 la corporación, retomando pronunciamientos del 8 de julio de 2003, Rad. 20586 y del 23 de septiembre de 2008, Rad. 33615 expuso que “no es de aplicación automática ni inexorable, puesto que el juzgador, ante de fulminar la condena solicitada debe indagar si la conducta desplegada por el empleador para omitir o retardar el reconocimiento de las acreencias laborales estuvo revestida de buena fe patronal (...)”.
(35) En efecto la carta de despido señala “debido al comportamiento negativo que se le nota en estos últimos tiempos como se lo confirma el hecho de que usted ya tiene tres (3) memorandos, causal de cancelación de contrato, se ha decidido dar por terminado, (...)”, razón que no corresponde a ninguna de las causales expuestas en la normatividad laboral para considerar el despido por justa causa.

References: artículo 229
 artículo 189
 artículo 208
 artículo 120
 artículo 23
 artículo 161
 artículo 62
 artículo 7
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 37
 artículo 15
 artículo 17
 artículo 161
 artículo 249
 artículo 253
 artículo 99
 Artículo 99
 artículo 99