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Timestamp: 2018-01-18 23:48:38+00:00

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Informacion	(2)
Viernes, 10 Abril 2015 20:31
1. LEY DE REPRESIÓN DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS
2. MERCADO RELEVANTE Y POSICIÓN DE DOMINIO
3. DE LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS
4. Prohibición absoluta.-
5. Prohibición relativa.-
6. Del Abuso de la Posición de Dominio
7. De las Prácticas Colusorias Horizontales
8. De las Prácticas Colusorias Verticales
9. DE LAS AUTORIDADES DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA
10. La Comisión.-
11. La Secretaría Técnica.-
12. El Tribunal.-
13. Del OSIPTEL.-
14. DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
15. Formas de iniciación del procedimiento.-
16. De las Medidas Cautelares
17. Del Compromiso de Cese y la Solicitud de Exoneración de Sanción
18. Exoneración de sanción.-
19. De la Instrucción
20. Período de prueba.-
21. Medios de prueba.-
22. a) Documentos;
23. b) Declaración de parte;
24. c) Testimonios;
25. d) Inspecciones;
26. e) Pericias; u,
27. f) Otras pruebas si a criterio de la Secretaría Técnica son necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados o imputados.
28. Improcedencia de medios probatorios.-
29. Actuaciones de instrucción.-
30. De la Información Pública y Confidencial
31. De la Conclusión del Procedimiento en Primera Instancia
32. El Informe Técnico.-
33. La audiencia de informe oral.-
34. Preclusión en la presentación de pruebas y alegatos finales.-
35. Resolución final.-
36. Del Procedimiento en Segunda Instancia
37. Recurso de apelación.-
38. Resolución del Tribunal.-
39. Prescripción de la Infracción
40. SANCIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS
41. El monto de las multas.-
42. Medidas Correctivas
43. Multas coercitivas
44. PRETENSIÓN DE INDEMNIZACIÓN
Prácticas anticompetitivas en contrataciones del Estado.-
LIBRE COMPETENCIA LINEAMIENTOS INDECOPI
Martes, 21 Abril 2015 02:53
RESOLUCION N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI
Lima, 5 de julio de 2001
Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial
La Comisión de Represión de la Competencia Desleal:
Que, el Artículo 9 del Decreto Legislativo N° 807 faculta a las Comisiones a aprobar pautas o lineamientos que, sin tener carácter vinculante, orienten a los agentes económicos sobre los alcances y criterios de interpretación de las normas cuya
aplicación tienen encomendadas; que, uno de los fines que se ha propuesto la Comisión es tomar las medidas que sean necesarias para contribuir a reducir las situaciones de conflicto detectadas en los ámbitos de su competencia; que, la protección de los derechos del consumidor requiere de un marco que permita establecer reglas claras para los agentes económicos que intervienen en el mercado, lo que sólo será posible si la actuación de la administración es predecible para dichos agentes; en uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto Ley N° 25868, así como por el Decreto Legislativo Nº 691, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, por el Decreto Ley Nº 26122, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, por el Decreto Supremo Nº 20-94-ITINCI, Reglamento de las Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor y por la Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
Aprobar los Lineamientos de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal sobre Competencia Desleal y Publicidad
Comercial, los mismos que forman parte integrante de la presente resolución. Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Lorena Alcázar Valdivia, Fernando Cantuarias Salaverry, José Perla Anaya y Ramón Bueno y Tizón.
1. MARCO DE LA ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO
1.1. Constitución de 1993
De conformidad con lo establecido por el artículo 58º de la Constitución Política de 1993, la iniciativa privada es libre y se ejerce en el marco de una economía social de mercado, dentro del cual el Estado debe orientar el desarrollo del país, actuando principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Por otro lado, el artículo 59º señala que el Estado garantiza la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria y agrega que el ejercicio de dichas libertades no debe ser lesivo a la moral, la salud y la seguridad públicas.
Dentro de este marco de economía social de mercado se reconoce como principio fundamental la libertad de iniciativa privada en materia económica, que es definida por los artículos 3º y 9º del Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, como el derecho de toda persona natural o jurídica a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú
y las leyes5 y a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente6.
La libertad económica empresarial fomenta la innovación y la creatividad en beneficio del consumidor, al brindarle más y mejores opciones entre las cuales puede elegir aquella que satisfaga sus intereses de manera adecuada. Además, gracias a la competencia en su conjunto, se introducen nuevas tecnologías y se contribuye al desarrollo de los mercados.
En esta economía social de mercado, tanto la legislación sobre la competencia desleal como la de la publicidad comercial tienen como finalidad brindar el marco legal para que los empresarios puedan realizar sus actividades dentro de los principios que rigen este modelo económico, promoviendo el desarrollo de la leal y honesta competencia. La finalidad de la legislación sobre competencia desleal no es incentivar la permanencia en el mercado de empresas ineficientes que no responden a los retos
5 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada
Artículo 3º.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción de bienes o la prestación de servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú y las leyes.
6 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada
Artículo 9º.- De conformidad con lo prescrito en los artículos 130º y 131º de la Constitución Política, toda empresa tiene derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. Queda derogada toda disposición legal que fije modalidades de producción, índices de productividad, que prohiba u obligue a la utilización de insumos o procesos tecnológicos y, en general, que intervenga en los procesos productivos de las empresas en función al tipo de actividad económica que desarrollen, su capacidad instalada, o cualquier otro factor económico similar, salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservación del medio ambiente y la salud.
que implica interactuar en un mercado competitivo y que, finalmente, pueden terminar siendo eliminadas del mercado7.
Por lo expuesto, al momento de interpretarse las normas contenidas en el Decreto Ley Nº 26122, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal 8, así como en el Decreto Legislativo Nº 691, Normas de
la Publicidad en Defensa del Consumidor, y en su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 20-
94-ITINCI9, la Comisión tendrá en cuenta los principios y criterios generales a los cuales se ha hecho referencia en los párrafos precedentes, con el fin de evitar la desnaturalización de las normas legales
1.2. Rol promotor de la Comisión
Dentro del marco general al cual se ha hecho referencia en el punto precedente, corresponde a la Comisión la función de generar los incentivos necesarios para que los agentes del mercado orienten su actuación dentro de los principios del modelo económico reconocido en la Constitución, informando, a través de diversos mecanismos, acerca de los criterios de interpretación de las normas vigentes en materia de publicidad comercial y represión de la competencia desleal, para que de esta manera los agentes del mercado adecuen su conducta a los mismos y así la economía social de mercado genere bienestar para todos.
En efecto, la Comisión emplea una serie de mecanismos de supervisión en las áreas de su competencia, entre los que destacan las cartas informativas, las cartas preventivas y las investigaciones preliminares que tienen por finalidad promover la autorregulación en las empresas haciendo de su conocimiento las reglas de juego mediante mecanismos directos de información ajustados para cada caso en concreto, a un costo mínimo para el Estado y con el máximo beneficio para los consumidores y competidores que ven resueltos los problemas de publicidad y desleal competencia de una manera rápida y eficiente. Así por ejemplo, en el año 2000, en el 97% de las acciones de supervisión (preventivas) las empresas confirmaron su conducta al marco legal vigente sin que haya sido necesario iniciar procedimientos de oficio.
En ese orden de ideas, debemos indicar que, en uso de las facultades contenidas en las normas que rigen su actuación, y como un mecanismo más dentro del rol promotor la Comisión inicia procedimientos de oficio, atendiendo principalmente, a los siguientes criterios: (i) en aquellos casos en los cuales se afectaría los intereses de un número significativo de consumidores, (ii) cuando la conducta distorsionaría gravemente el correcto funcionamiento del mercado, y, (iii) cuando el mercado por sí mismo no fuera capaz de corregir las distorsiones que impidan su normal funcionamiento.
Finalmente, debemos señalar que, con el fin de desalentar la repetición de conductas que distorsionen el correcto funcionamiento del mercado, la Comisión está facultada para imponer sanciones a los agentes del mercado que infrinjan las disposiciones contenidas en las leyes cuya supervisión le ha sido encargada, para lo cual tendrá en cuenta, entre otros criterios, la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado, la difusión del anuncio y otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la Comisión, siendo la reincidencia una circunstancia agravante de la sanción aplicable.
En aplicación de los criterios mencionados, al momento de fijar las sanciones en los procedimientos a su cargo, la Comisión ha tenido en cuenta los siguientes elementos: (i) período y frecuencia de difusión del anuncio infractor 10; (ii) medio de comunicación empleado 11; (iii) beneficios obtenidos por la
7 Es ilustrativo lo señalado por Jack Welch presidente de General Electric: “Cuando el ritmo de cambio dentro de la compañía es superado por el ritmo de cambio fuera de la compañía, el fin está cerca.” En: “El Marketing según Kotler. Cómo crear, ganar y dominar los mercados”, Paidos, Argentina, 1999, p. 259. Esta cita está contenida en la Resolución Nº 067-2000/CCD- INDECOPI, emitida en el expediente Nº 119-1999/CCD-INDECOPI, seguido por Distribuidora Dismasa S.R.L. contra Rovic S.A.C. y otros, por la cual se declaró fundada en parte la denuncia presentada, sancionando a Rovic S.A.C. con una multa de
10 UIT y que actualmente se encuentra pendiente de resolución por la Sala.
8 En adelante “la ley de competencia desleal”.
9 En adelante “la ley de publicidad” y “el reglamento”, respectivamente.
10 Ver los expedientes Nº 026-97-C.C.D. y Nº 030-97-C.C.D., seguidos por la Asociación Matemática Pitágoras contra la
Academia Pre Universitaria Trilce y la Academia César Vallejo, respectivamente; en los cuales se sancionó a las denunciadas
con multas de 2 y 6 UIT, respectivamente.
11 Por ejemplo televisión, radio, volantes, uso de las páginas amarillas, cartas, afiches, entre otros.
práctica de los actos de competencia desleal12; (iv) el tipo de producto o servicio anunciado y sus efectos nocivos o perjudiciales para la salud del consumidor 13; (v) propuestas concretas de
conciliación, eliminación o reducción voluntaria de los efectos de la conducta ilegal durante el proceso sin que medie una medida cautelar14; (vi) imposibilidad de revertir los efectos del acto ilegal, por ejemplo el anunciar servicios educativos sin valor oficial; (vii) flagrancia de la conducta ilegal, por
ejemplo en el caso de las normas prohibitivas per se, como la publicidad de cigarrillos y de medicamentos de venta con receta médica; (viii) reincidencia en el comportamiento considerado ilegal 15; (ix) magnitud del daño causado16, entre otros.
1.3. Principios de la Leal Competencia
1.3.1. Libre imitación de iniciativas empresariales
En el marco del sistema de economía social de mercado en el cual existe la libertad de iniciativa empresarial, la imitación de iniciativas empresariales 17 es la regla general y se busca reducir al mínimo las restricciones para su ejercicio 18. Así lo señala el artículo 4º de la ley de competencia desleal: “No se considerará como acto de competencia desleal la imitación de prestaciones o
iniciativas empresariales ajenas, salvo en lo que en esta Ley dispone o en lo que lesione o infrinja un derecho de exclusiva reconocido por la Ley.”
El llamado “derecho a imitar” es una manifestación de la libertad de iniciativa privada en materia económica, constituyendo un presupuesto necesario del progreso, que considera la libertad de imitación como una exigencia del interés general.
El fundamento del “derecho a imitar” radica en la libertad que tienen los agentes económicos de acceder a las creaciones que han sido puestas en el mercado y por lo cual han pasado a ser consideradas como bienes públicos, cuyo consumo por una persona no excluye su uso por otra. Tratándose de bienes públicos, la regla que rige es la de libertad de su utilización, lo que en materia
de innovación trae como consecuencia la consagración del principio de la libre imitabilidad19.
Sin embargo, el “derecho a imitar” no tiene un carácter absoluto sino que se encuentra limitado, por ejemplo, cuando existen derechos de exclusiva que respetar o cuando se impone el deber de diferenciación a los proveedores que emplean formas que son comunes en el mercado. Respecto a los alcances de esta obligación, la Comisión ha establecido que, cuando nos encontremos ante una forma de producto que no puede ser apropiada exclusivamente por un competidor, a fin de proteger a su creador, el derecho de la competencia desleal impone al imitador de las formas de productos y de sus presentaciones no protegibles como marcas, la carga de atenuar o eliminar la confundibilidad, es decir la imposición de una carga de diferenciación, la misma que se activará cuando la creación que
12 Ver Resoluciones Nº 058-1998/CCD-INDECOPI y Nº 328-1998/TDC-INDECOPI, emitidas en los expedientes acumulados Nº
030-1998/CCD y Nº 080-1998/CCD, seguidos por Rena Ware del Perú S.A. y de oficio, respectivamente, contra Zephir
International S.A., por las cuales se sancionó a la denunciada con una multa de 70 UIT.
13 Ver: (i) Resoluciones Nº 014-1999/CCD-INDECOPI y Nº 156-1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el expediente Nº 077-
1998/CCD, seguido de oficio contra el señor Eduardo Burgos Revolledo, por las cuales se impuso al denunciado una multa de
13 UIT; y, (ii) Resoluciones Nº 022-1999/CCD-INDECOPI y Nº 212-1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el expediente Nº 068-
1998/CCD, seguido de oficio contra el señor Germán Salazar Tamayo, Clínica Día Láser y Clínica Saint Germain, en las que se
impuso al señor Salazar y a la Clínica de Día Láser una multa de 10 UIT.
14 Ver las resoluciones Nº 016-96-C.P.D. y Nº 029-96-TRI-SDC, emitidas en el expediente Nº 136-C.P.C.D., seguido por
Electrol S.A. contra Maruja Maquera López, Leonardo Mamani Jiscara y Gregoria Alarcón Flores, por las cuales se declaró
fundada la denuncia y se sancionó a los dos primeros denunciados con multas de 1, mientras que a la señora Alarcón se le impuso una multa de 0,1 UIT.
15 Ver expedientes acumulados Nº 062-1999/CCD y Nº 070-1999/CCD, seguidos de oficio contra Pfizer S.A.. en los cuales se declaró fundada la denuncia y se sancionó a la denunciada con una multa de 15 UIT.
16 Ver Resolución Nº 031-1999/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 025-1999/CCD, seguido de oficio contra
Telefónica del Perú S.A.A., por la cual se sancionó a la denunciada con una multa de 20 UIT.
17 Es importante señalar que la imitación de las iniciativas empresariales no es un fenómeno similar a la copia sin autorización de bienes protegidos por la legislación de propiedad industrial, la adulteración o la falsificación de los mismos, que son
actividades ilegales, muchas de las cuales incluso constituyen actos de competencia desleal, conforme lo vamos a ver más adelante.
18 Resolución Nº 060-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los expedientes acumulados Nº 032-2000/CCD y 039-2000/CCD, seguidos por S.C. Johnson & Son del Perú S.A. contra Interamerican Trade Development Company S.A., la misma que declaró
infundadas las denuncias presentadas.
se esté imitando, por sus características técnicas o estéticas, no pueda ser protegida de forma temporalmente ilimitada como marca o como otro derecho de propiedad industrial 20.
En suma, mientras que, por un lado, a través de los derechos de exclusiva, la legislación concede al creador un monopolio temporal para el aprovechamiento de su creación y la recuperación de los costos incurridos para introducirlo en el mercado, por otro lado, la disciplina de la competencia desleal sanciona la imitación que genera confusión.
Cuando se alega la infracción a derechos de exclusiva, corresponde al denunciante acreditar la existencia del mismo, ya sea que se trate de un derecho de propiedad intelectual - derechos de autor, signos distintivos o patentes de invención - o de cualquier otro derecho de exclusiva legalmente reconocido. De no ser así, las prestaciones o iniciativas empresariales similares se encontrarían dentro de los alcances del artículo 4º mencionado anteriormente, salvo que violen lo establecido por la ley de competencia desleal.
Bajo este supuesto, la Comisión declaró fundada una denuncia presentada contra tres empresas dedicadas a la edición y comercialización de figuritas con las imágenes de deportistas destacados. Al no contar con la autorización correspondiente de esas personas o de sus representantes, estas
empresas habían infringido el derecho a la imagen reconocido por el Código Civil de 1984 21.
Por el contrario, en dos casos no se acreditó la existencia de un derecho de exclusiva y, por lo tanto, constituyeron imitación legalmente permitida de iniciativas empresariales: (i) la fabricación de prendas de vestir utilizando los diseños de las líneas de Nazca, signos que por su antigüedad están en el dominio público, no protegidos por la legislación de derechos de autor; además, de que quedó
acreditado que dichos diseños eran de uso común en el mercado 22; (ii) la comercialización de una
cubierta de motocarros que tenía un diseño de uso común en el mercado y que no estaba protegido por la legislación de propiedad industrial 23.
En el segundo conjunto de casos, es decir cuando no se alegue la existencia de un derecho de exclusiva, la Comisión, a fin de determinar si una práctica comercial es lícita o no, deberá analizar si la realización de prestaciones similares por parte de terceros constituye un acto de competencia desleal en los términos establecidos por el Decreto Ley Nº 26122.
1.3.2. Licitud del daño concurrencial
Uno de los conceptos centrales en un sistema de economía social de mercado es el de “competencia”24, que se caracteriza por la lucha o pugna existente entre las diversas empresas que concurren en el mercado, por lograr la preferencia de los consumidores (intermedios o finales ). El competidor es el agente que realiza una actividad económica en su propio beneficio o el de otro en
detrimento de la actividad del competidor.
El hecho de que un proveedor participe en el mercado ofreciendo precios, condiciones comerciales y productos (bienes y servicios) de mejor calidad y/o en mejores condiciones que aquellos suministrados por sus competidores, es beneficioso para el desarrollo de la economía, por cuanto permite que los consumidores tengan mejores opciones a elegir para satisfacer sus necesidades, lo que también sirve de estímulo a los diferentes proveedores para que mejoren las condiciones y la calidad de los productos y servicios con los cuales concurren al mercado.
En una economía social de mercado la actuación de una empresa que ofrece mejores precios, condiciones de venta más favorables o una mejor calidad, puede representar una oportunidad
21 Ver las resoluciones Nº 038-1999/CCD-INDECOPI y Nº 245-1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el expediente Nº 045-
1998/CCD, seguido por Panini y otros contra Corporación Gráfica Navarrete S.A., Distribuidora Navarrete S.A. y Editorial Navarrete S.R.L., las cuales declararon fundada la denuncia presentada y sancionaron a las denunciadas con multas de 40, 30 y 20 UIT, respectivamente.
22 Resolución Nº 040-97-C.C.D., emitida en el expediente Nº 130-96-C.C.D., seguido por Grafitex S.R.Ltda. contra Precotex
S.R.Ltda., la misma que declaró infundada la denuncia.
23 Resoluciones Nº 057-97-C.C.D. y Nº 098-1998/TDC-INDECOPI, emitidas en el expediente Nº 038-97-C.C.D., seguido por el señor Alfredo Javier Leciñana González contra Infiglass S.A., las cuales declararon infundada la denuncia presentada.
24 Entendida como la relación existente entre sujetos - personas físicas o morales - que ejercen actividades económicas en
forma independiente por medio de la comercialización de bienes o la prestación de servicios similares, con relación a una clientela también similar, de tal modo que el ejercicio de las actividades de un agente repercute en la actividad de otro.
comercial perdida para sus competidores (daño concurrencial lícito), lo cual, en principio, no constituiría un acto de competencia desleal.
A fin de determinar si un acto es o no desleal, la Comisión evaluará si la conducta de los supuestos infractores es o no contraria a la buena fe comercial y a las normas de corrección que deben regir en el mercado, o si atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas, teniendo en cuenta que la clientela, la fuerza de trabajo, los suministradores de bienes, servicios y capitales, son factores dinámicos en el mercado, y que la pérdida de los mismos ante ofertas más atractivas es un
riesgo natural y previsible 25.
La pérdida de ingresos o inclusive la salida del mercado del competidor pueden ser consecuencia de la menor eficacia y eficiencia en una economía social de mercado. Este concepto ha sido asumido por el Derecho de la Competencia, por lo que en ninguna de sus ramas es un Derecho protector de la ineficiencia, o una tutela jurídica del competidor respecto a su clientela, o sobre sus factores de
producción 26.
Dentro del marco del sistema de economía social de mercado, se entiende por “buena fe” y por “normas de corrección de las actividades económicas” a la competencia realizada por los diversos agentes que concurren en él y que se sustenta en la eficiencia y en la eficacia de las prestaciones que brindan a los consumidores; lo cual se manifiesta entre otros, en la mejor calidad de los productos y servicios que ofrecen, en poner a disposición de sus clientes bienes a precios competitivos y en brindar servicios post – venta eficientes y oportunos.
Sobre el particular, la Sala ha establecido que, “… en principio el daño causado a un competidor es lícito. Sólo en aquellos casos en que la atracción de la clientela o de los proveedores se realice mediante actuaciones incorrectas, esto es que no se basen en el esfuerzo empresarial propio, es que
dichas prácticas se consideran desleales”27
Es preciso recordar que las empresas no sólo compiten por captar las preferencias de un mayor número de consumidores, sino que también buscan acceder a los mejores trabajadores, a los mejores proveedores, así como a los canales de distribución que les permitan una eficaz y eficiente comercialización de sus productos.
Por ello, la Comisión ha establecido que, dentro de una economía social de mercado, es lícito que una empresa cambie de distribuidor de sus productos 28 o de proveedor29 de los insumos que utiliza
25 Ver las siguientes resoluciones: (i) Nº 015-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 071-97-C.C.D., seguido por Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. contra Panamericana Televisión S.A. y Alyava S.A., la misma que declaró infundada la denuncia; (ii) Nº 018-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 096-97-C.C.D., seguido por Panamericana Televisión S.A. contra Compañía Peruana de Radiodifusión S.A., Coper S.R.Ltda. y Top Maintenance & Food Service S.A., por la cual se declaró infundada la denuncia; (iii) Nº 036-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 028-1998/CCD, seguido por Alliance S.A. contra Astros S.A. y Empresa Radiodifusora 1160 S.A., por la cual se declaró infundada la denuncia; (iv) Nº 077-1998/CCD-INDECOPI y Nº 109-1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el expediente Nº 073-1998/CCD, seguido por Informatik S.A. contra Telefónica del Perú S.A. y Plains Tech S.A., declarando infundada la denuncia; (v) Nº 029-1999/CCD- INDECOPI y Nº 327-1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el expediente Nº 114-1998/CCD, seguido por Kinjyo Travel Service S.A. contra Perú Travel Bureau S.A., las señoras Gladys Kiyomi Kinjyo Tamashiro, Mary Yurie Kinjyo Tamashiro y María Teresa Delgado Zevallos, así como contra el señor Víctor Tamashiro, por las que se declaró infundada la denuncia; (vi) Nº 045-
1999/CCD-INDECOPI y Nº 295-1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el expediente Nº 047-1999/CCD, seguido por La Tierra
E.I.R.L. contra La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. y Pierre Chanel E.I.R.L., las mismas que declararon infundada la denuncia; y, (vii) Nº 055-1999/CCD-INDECOPI y Nº 443-1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el expediente Nº 055-1999/CCD, seguido por Empresa Maderera Sullana S.A. contra Tecno Fast Atco S.A., por las cuales se declaró infundada la denuncia.
26 A este respecto, mediante Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del expediente Nº 070-97-C.C.D., seguido por
Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., el Tribunal ha establecido que: “…una consecuencia natural que surge en un mercado en donde concurren agentes económicos en libre competencia es la pérdida de clientes o proveedores. Los agentes económicos (ofertantes) que participan en el mercado se encuentran en constante lucha por la captación de clientes, proveedores e, incluso, trabajadores. Esta lucha no sólo es lícita, sino además deseable y fortalecida en un sistema de libre competencia, pues redunda en la óptima asignación de recursos y la maximización del bienestar de los consumidores. Ello, constituye la esencia de la competencia.
(…) todo agente que interviene en el mercado es consciente de la existencia de este riesgo por la presencia de otros
competidores que en base a su propio esfuerzo empresarial ofrecen propuestas más atractivas, ya sea por ser estás (sic) de mejor calidad o más ventajosas. En ese sentido, todo agente también es consciente de que las consecuencias que ello traería, es decir, la posible pérdida de ingresos o, incluso, la posible salida del mercado, es una sanción a la menor eficiencia.” En este sentido, esta resolución confirmó el pronunciamiento de primera instancia, declarando infundada la denuncia.
28 Ver Resolución Nº 016-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 161-97-C.C.D., seguido por Ganadera Schilcayo
S.A. contra Havana Club International S.A., por la cual se declaró infundada la denuncia.
29 Ver Resoluciones Nº 045-1999/CCD-INDECOPI y Nº 295-1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el expediente Nº 047-
1999/CCD, seguido por La Tierra E.I.R.L. contra La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. y Pierre Chanel E.I.R.L., la cual declaró infundada la denuncia. Esta denuncia se sustentaba en el hecho de que La Positiva contrató a Pierre Chanel para que
para la fabricación de los mismos o que contrate trabajadores de la competencia 30, sin que dichos actos puedan considerarse, en principio, como una infracción a las normas contenidas en la ley. Sostener lo contrario, sería obligar a las empresas a mantener relaciones comerciales estáticas e ineficientes, con el consiguiente perjuicio para el normal desenvolvimiento de las actividades económicas.
Conforme a lo expuesto, no constituye un acto de competencia desleal el solo hecho de que una empresa peruana que anteriormente era representante autorizada de una empresa extranjera, compita con ésta introduciendo sus propios productos y servicios en el mercado 31.
1.3.3. Perfil del Consumidor
El papel del consumidor es esencial para el desarrollo de una economía social de mercado. En efecto, tal como hemos señalado anteriormente, la competencia no es otra cosa que la pugna entre competidores por captar la preferencia del mayor número de consumidores; razón por la cual, la decisión libre del consumidor va a ser determinante en el resultado final de esta lucha. No es posible imaginar un sistema económico de este tipo sin entender que su figura central es el consumidor. El mercado existe por y para los consumidores. Nada se justifica en términos de su funcionamiento sin comprender su rol.
Esta función que cumple el consumidor dentro del mercado, por un lado exige al Estado que, mediante un rol promotor, genere las condiciones para que los competidores brinden al consumidor información veraz acerca de los productos y servicios que ofrecen en el mercado. Por otro lado, los consumidores, conscientes del papel que cumplen en la economía y de la trascendencia del mismo para el correcto funcionamiento del sistema competitivo, deben tener un comportamiento activo, requiriendo de los proveedores más y mejor información, a fin de que éstos mejoren la calidad de sus productos y servicios y, en consecuencia, contribuyan al desarrollo de los mercados y a la consolidación del sistema competitivo.
La obligación de brindar información veraz se sustenta en el hecho de que ésta repercute en una mayor transparencia en el mercado, lo que a su vez facilita al consumidor la adopción de decisiones de consumo adecuadas a sus intereses, generando de este modo una mayor competencia entre los agentes económicos.
A partir de estas consideraciones, en diversos precedentes administrativos se ha establecido que el ámbito de protección de las normas que reprimen los actos de competencia desleal y de las que regulan la publicidad comercial, está circunscrito a los consumidores que se desenvuelven en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar decisiones prudentes. Se considera consumidores razonables a los que antes de tomar decisiones de consumo, adoptan precauciones comúnmente razonables y se informan adecuadamente acerca de los bienes o servicios que les ofrecen los
proveedores 32.
El consumidor razonable actúa en el mercado con la diligencia ordinaria con que se desenvuelve en la vida diaria, juzgando la información a la cual tiene acceso33, principalmente a partir de su experiencia, atendiendo al significado usual de las palabras, frases y oraciones, prefiriendo, de varias
interpretaciones posibles, aquella que surge naturalmente a sus ojos 34.
se encargara de la fabricación de artículos promocionales luego de haber evaluado la propuesta presentada por esta empresa en relación con la remitida por la denunciante.
30 Para mayores alcances sobre el particular, ver las resoluciones a las cuales hacemos referencia en el punto 2.3.10, referido
a los actos de competencia desleal en la modalidad de inducción a la infracción contractual.
31 Para mayor información, ver la resolución a la cual hemos hecho referencia en la nota 18 precedente, así como la Resolución Nº 073-2000/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 089-2000/CCD, seguido por Clorox del Perú S.A. contra Intradevco Industrial S.A., la misma que declaró infundada la denuncia.
32 Resolución Nº 094-95-C.P.C.D., emitida en el expediente Nº 117-95-C.P.C.D., seguido por Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes resulten responsables. Esta resolución declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la asociación denunciante contra la resolución que declaró improcedente la denuncia presentada; y a la vez fue confirmada por la Sala mediante Resolución Nº 036-96-TRI-SDC.
33 Las principales fuentes de información a las que tiene acceso el consumidor son las siguientes: (i) el lugar de adquisición del producto, (ii) la publicidad, (iii) la información contenida en el rotulado del producto, ( iv) las marcas del mismo, (v) los precios de venta, (vi) las experiencias de terceros, entre otras.
34 Resoluciones Nº 063-97-C.C.D. y Nº 115-1998/TDC-INDECOPI, emitidas en los expedientes acumulados Nº 051-97-C.C.D.,
seguido por Fábrica de Accesorios Electrónicos S.A. contra Electrónica Audiotek S.A. y 060-97-C.C.D., seguido de oficio contra
Dicoel, por las cuales se declaró fundada las denuncias presentadas y se sancionó a las denunciadas con multas de 10 y 5
Finalmente, debemos señalar que, en el caso de las normas referidas a la publicidad de medicamentos y recursos terapéuticos naturales cuya condición de venta es sin receta médica, este perfil de consumidor razonable se aplica al consumidor final, que es el que se informa debidamente por diversos medios - entre ellos la publicidad - antes de adquirir un producto de esta naturaleza. Por otro lado, en el caso de los medicamentos y recursos terapéuticos naturales cuya condición de venta es con receta médica, se considera como consumidor al profesional de la salud, que es un consumidor informado, y que receta o prescribe dichos productos previo un análisis de la relación
beneficio – riesgo para el caso de cada paciente35.
1.3.4. Libertad de expresión comercial
La Constitución Política del Perú, en el inciso 4º del artículo 2º 36, así como en el artículo 59º37, reconoce tanto la libertad de expresión como la libertad de empresa. Bajo el ámbito de ambas libertades, resulta protegida la libertad comercial, dentro de la cual se enmarca la publicidad. En efecto, la publicidad es la manera en que los proveedores dan a conocer u ofrecen sus productos y servicios en el mercado, enviando mensajes dirigidos a captar consumidores para ellos. Quienes concurren al mercado tienen el derecho de expresar libremente sus ideas a través de la publicidad, dentro de los límites establecidos por la legislación sobre publicidad comercial.
A través de la libertad de expresión comercial se fomenta mayor competencia, pues con ella se garantiza que los agentes del mercado hagan uso de la creatividad para difundir sus mensajes en la forma que consideren más adecuada a sus intereses, generando de esta manera un mayor flujo de información y más opciones para que el consumidor pueda satisfacer sus necesidades. Debido a este superior nivel de información, los consumidores van a poder exigir una mayor cantidad de información relevante a los proveedores, lo cual a su vez va a motivar a éstos a mejorar la calidad de los productos y servicios que ofrecen, contribuyendo de este modo al desarrollo de los mercados.
Las normas que regulan la publicidad comercial están inspiradas y se aplican en un sistema de libre mercado, el que por definición implica la libertad de circulación de ideas y de creaciones 38. Por tanto, al momento de supervisar la publicidad, la Comisión tendrá en cuenta el derecho a la libertad de
expresión comercial y a su manifestación en el uso de la creatividad, teniendo presente las tres funciones de la publicidad: informar, persuadir y servir como mecanismo de competencia.
De conformidad con lo expuesto, los anunciantes tienen el derecho a difundir sus mensajes publicitarios de la manera que consideren más adecuada a sus intereses (libertad de expresión comercial), dentro de los límites contenidos en el Decreto Legislativo Nº 691 y en sus normas reglamentarias y complementarias, como son los principios de veracidad, legalidad y no denigración; así como en las normas que regulan la publicidad comercial en determinados sectores de la actividad económica, como por ejemplo las disposiciones sobre publicidad de cigarrillos, de establecimientos de hospedaje, de fondos mutuos de inversión, de servicios de llamadas de contenido erótico, de administradoras privadas de fondos de pensiones y de medicamentos y recursos terapéuticos naturales. El ejercicio del derecho de libertad de expresión comercial ha de enmarcarse dentro del cumplimiento de las normas citadas.
UIT, respectivamente. En este caso, las denunciadas importaban artículos eléctricos (cables y antenas para televisor) procedentes de China, pese a lo cual los comercializaban utilizando expresiones que daban a entender a un consumidor que actúa con diligencia ordinaria, que los referidos productos eran de origen japonés; por esta razón, la Comisión declaró fundadas las referidas denuncias. Asimismo, debemos señalar que este criterio ha sido recogido en las resoluciones a las cuales se hace referencia a lo largo del presente documento.
35 Respecto a este tema, en el expediente Nº 134-96-C.C.D., seguido por Bristol - Myers Squibb Perú S.A. contra Tecnofarma
S.A., la Sala de Defensa de la Competencia ha señalado expresamente que dadas las características de este consumidor
profesional, la probabilidad de engaño es menor en comparación con los consumidores de la publicidad de productos de venta sin receta médica.
36Constitución Política del Perú, Artículo 2, inciso 4.- Toda persona tiene derecho: (…)
4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley. (…).
37Constitución Política del Perú, Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la
libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad, en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.
38Así lo señaló la Sala en la Resolución Nº 220-1998/TDC-INDECOPI del 19 de agosto de 1998, emitida en el procedimiento
iniciado por DEMUS contra Euromotors S.A. por presuntas infracciones al artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 691, la que declaró infundada la denuncia.

References: Resolución 
 Resolución 
 Artículo 9
 artículo 23
 artículo 58
 artículo 59

Artículo 3

Artículo 9
 Resolución 
 resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 59
 Artículo 2
 Artículo 59
 Resolución 
 artículo 3