Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831159.html
Timestamp: 2019-11-20 20:24:40+00:00

Document:
as201831159
Auto Supremo Nº 159
Expediente: 310/2017-ADM
Demandante: Zenobio Orellana
Materia: Recurso de Reclamación
VISTOS: El Recurso de Casación en el fondo de fs. 161 a 163, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR, representado por su Director General Ejecutivo, Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista N° 005/2016 de 15 de octubre, pronunciado por la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Auto concesión de fs. 170; Auto Supremo de admisibilidad N° 179-A de 21 de julio, los antecedentes del proceso.
Resolución Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto.
La Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, mediante Auto Nº 00002629 de fecha 10 de junio de 2015, desestimó la solicitud de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual, presentado por el asegurado Zenobio Orellana, por no evidenciar aportes al seguro a largo plazo, que de acuerdo al informe con Nº de control 1690 de 20 de mayo de 2015, no procede la Certificación de los periodos 03/94 a 04/97, debido a que revisada la documentación cursante en el área de Certificación y Archivo Central, se pudo evidenciar que solo figura el Sr. ORELLANA LUIZAGA ZENOBIO y no así de ZENOBIO ORELLANA.
Ante el recurso de reclamación por parte del asegurado (fs. 121), la Comisión de reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 629/15 de 13 de agosto (fs. 134-137), resolvió confirmar la Resolución Nº 00002629 de 10 de junio de 2015, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, por encontrarse conforme a datos del expediente y normas vigentes que regulan la materia.
En recurso de apelación deducido por Zenobio Orellana (fs. 143), la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 05/2016 de 15 de octubre, revocó la Resolución Nº 629/2015 de 13 de agosto, disponiendo que el SENASIR dicte nueva resolución, incluyendo en el cálculo de Compensación de Cotizaciones del asegurado, los periodos marzo/1994 a abril/1996.
Claudia Maldonado Encinas, en representación legal de Juan Edwin Mercado Claros Director General Ejecutivo del SENASIR, afirma que el Auto de Vista, vulneró el art. 9 del D.S. Nº 27991, de fecha 28 de enero de 2005, debido a que el SENASIR tiene la facultad de revisar de oficio las calificaciones de rentas y pagos globales.
Después de realizar un resumen de los antecedentes fácticos del recurso, señala como disposiciones legales infringidas, el art. 24 de la Ley Nº 065 de Pensiones, art. 1 de su reglamento, arts. 594 y 595 del reglamento al Código de Seguridad Social, art. 3 de la Resolución Administrativa Nº 098/13 de 8 de mayo de 2013, Resolución Administrativa 299.13 de 31 de julio de 2013. Cap. II-num.5. y arts. 1286, 1296 y 1523 del Código Civil.
Solicita que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista Nº 005/2016 de 15 de octubre y confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 629/15 de 13 de agosto de 2015 emitida por el SENASIR, sea previa las formalidades de rigor.
A fin de dilucidar la presente problemática es menester señalar que la renta de vejez se encuentran inserto como derecho a la seguridad social en el art. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que establece: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otros en casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad…” .
También el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), indica que: “Cada uno de los Estados parte del Pacto, se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos", y en el art. 9 del mismo Pacto, establece que: “Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.
Dentro de ese marco, analizando el caso en cuestión, el Tribunal de Alzada a través del fallo recurrido, al revocar la Comisión de Reclamación Nº 629/15 de 13 de agosto de 2015, emitida por la Comisión de reclamación del SENASIR, compulsó adecuadamente los antecedentes del proceso, debiendo incluirse en el cálculo de Compensación de Cotizaciones del asegurado, los periodos marzo/1994 a abril/1996.
En el caso concreto, es posible advertir tras examinar los antecedentes procesales, que si bien existe una contradicción en los datos del asegurado respecto al registro de un segundo apellido, dicha inconsistencia, bien pudo haber sido corregida por la Caja de Salud de Caminos, al ser la responsable directa de la filiación y administración de los aportes laborales y patronales y que de la revisión de su número de afiliado 49-1130-OLZ, cuyos guarismos son coincidentes a los datos de Orellana Luizaga Zenobio; empero, a pesar de la errónea adición del apellido Luizaga por parte de la empresa, no se adicionaron guarismos distintivos al final del número del afiliado, lo que nos da cuenta de que en aquel entonces no existían otros beneficiarios con datos similares y que como consecuencia de ello, se advierte que los periodos omitidos le corresponden al beneficiario Zenobio Orellana; más aún si el empleador, empresa Andrade Gutiérrez S.A. era subsidiaria de una empresa brasileña que en la actualidad estaría dada de baja; motivo por el cual, el asegurado no pudo realizar el trámite de aclaración de registro, no siendo este factor imputable al beneficiario.
En conclusión, el Tribunal Supremo de Justicia no advierte que el Auto de Vista impugnado contenga violación, aplicación indebida, o errónea interpretación de la ley, por el contrario concluye que las razones de decisión del citado fallo, objeto del recurso, responden al espíritu proteccionista con que el legislador boliviano instituyó el régimen del Seguro Social, en aras del cuidado y protección del capital humano del Estado, por ello, corresponde resolver la acción intentada en la forma prevista por los arts. 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma permisiva contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Adm., Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184. 1 de la CPE y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo a fs. 219 a 221, interpuesto por Claudia Maldonado Encinas, en representación de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR.

References: Resolución 
 Resolución 
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