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Timestamp: 2015-12-01 09:15:44+00:00

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REFORMA CONSTITUCIONAL AL �JUICIO DE AMPARO� �EL MEDIO AMBIENTE COMO DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL?
Eduardo Garc�a Ibarra (CV)
lic.ibarragarciae@hotmail.com	Viridiana Vanessa Arredondo Avila (CV)
Juan Antonio Herrera Izaguirre (CV)
Ren� Adrian Salinas Salinas (CV)
El presente artículo versa sobre el Juicio de Amparo y las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 6 y 10 junio del 2011, relativas a la protección de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales. Atendiendo al derecho a un medio ambiente sano plasmado en articulo 4. Constitucional, como un derecho humano fundamental, se hace énfasis en las citadas reformas, legitimando con ellas al gobernado para ocurrir ante los órganos jurisdiccionales al trámite de la acción de amparo, para que se le proteja y garantice este derecho, y con ello contribuyendo al resguardo del medio ambiente.
Palabras Clave: Juicio de Amparo, Reformas Constitucionales, Derechos Humanos, Tratados Internacionales, Interés Legítimo y Medio Ambiente.
Garc�a Ibarra, E.; Arredondo Avila, V.; Herrera Izaguirre, J.; Salinas Salinas, R.: "Reforma constitucional al "Juicio de Amparo" �el medio ambiente como derecho humano fundamental?", en Contribuciones a las Ciencias Sociales, diciembre 2011,
El Juicio de Amparo en nuestro derecho es una institución de reconocido prestigio, constituye uno de los elementos básicos del legado histórico de nuestro País, siendo una figura clave en el sistema jurídico mexicano. La finalidad del amparo es cuidar, respetar y hacer valer los lineamientos o mandamientos constitucionales en beneficio del gobernado. Fue instituido por primera vez en la Constitución de Yucatán de 1841, considerada entonces como uno de los más grandes adelantos que en materia de Constitucional se haya experimentado en el régimen jurídico mexicano. El autor principal de esta figura jurídica, fue el insigne jurisconsulto, Don Manuel Crescencio García Rejón Y Alcalá,1 considerado por algunos como el padre del amparo. A través de los años, las reformas constitucionales han sido un medio para actualizar este medio de control constitucional a las necesidades del individuo. Un ejemplo de tal adecuación son las reformas constitucionales del 6 de junio del 2011. Las citadas reformas impactan los artículos 94°, 103°, 104°, 107° de la constitución, y por consecuente la Ley de Amparo. Uno de los diversos objetivos de la citada reforma es tutelar derechos humanos establecidos en la misma constitución y en los tratados internacionales vigentes en los que México sea parte. Además asegurar la protección del agraviado, que aluda ser poseedor de un interés legítimo,2 la reforma constitucional, amplía la esfera de protección del gobernado incluyendo no solo actos sino omisiones de la autoridad como causales para interponer la acción de amparo.3
La protección a los derechos humanos es parte esencial en la reforma constitucional del 10 de junio del 2011. El objetivo de la citada reforma es reconocer estos derechos, que se definen como el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada.4 En México, la protección a los derechos humanos, ha sido sin lugar a dudas un tema controversial y al que no se le prestaba la atención merecida. Esto hasta la reciente reforma constitucional del juicio de amparo y del Titulo Primero, Capítulo I de nuestra constitución referente a la protección integral de estos derechos.5 Uno de los temas más controversiales dentro de esta reforma sin lugar a dudas será si el derecho a un medio ambiente adecuado, consagrado en el artículo 4° constitucional y Acuerdos Internacionales Ambientales y de Derechos Humanos de los que México es parte, puede ser tutelado como un derecho humano, por medio del juicio de amparo.
El medio ambiente en la actualidad es materia de novedad, y de preocupación mundial. Se cree que la actividad del ser humano ha causado el deterioro ambiental y fenómenos como el cambio climático. Innumerables tratadistas han sostenido concebir el derecho a un medio ambiente sano, como un derecho humano inseparable de la naturaleza del hombre, puesto que es necesario para el goce de otros derechos fundamentales como la vida y la salud. Como respuesta a tal problemática, México, y otros miembros de la comunidad internacional, han celebrado acuerdos internacionales para garantizar el derecho a un medio ambiente adecuado y aminorar el deterioro ambiental. Como ejemplo de estos esfuerzos internacionales podemos citar el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. En el continente Americano, también, son ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales.6 Es importante mencionar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de Estocolmo de 1972, 7 y la Declaración de Rio de 1992 8 fueron documentos inspiradores en lo relativo a la protección de los derechos fundamentales y la conservación ambiental. El objetivo de este trabajo es analizar la reforma constitucional sobre el juicio de amparo y los derechos humanos desde un punto de vista crítico. Determinar si en la citada reforma cabe la posibilidad de tutelar el derecho a un medio ambiente adecuado, como un derecho humano fundamental. El presente trabajo, con el fin de cumplir sus objetivos, utiliza análisis teóricos, legislativos, entrevistas y aplicación de encuestas. Se organiza de la siguiente manera: la sección 2.- versa sobre la Reforma Constitucional y el juicio de amparo; la parte 3.- trata sobre el interés jurídico e interés legítimo; la sección 4.- analiza los derechos humanos y el medio ambiente; la sección 5.- realiza un estudio de los Acuerdos Internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente; la sección 6.- hablara de la legitimación para acudir al amparo, y finalmente, el apartado 7.- proporcionara la conclusión.
2. El Juicio de Amparo y la Reforma Constitucional del 2011.
De acuerdo a numerosos tratadistas mexicanos el juicio de amparo es una institución mexicana, teniendo sus orígenes en la etapa pre-colonial, colonial y el México independiente. Se instituyó por primera vez en la Constitución de Yucatán, en la cual se proponía la inserción de varias garantías constitucionales, como la libertad religiosa y los derechos que el aprehendido debería gozar. De lo anterior surgió la necesidad de crear un medio de control constitucional, al que le denominaron como “Amparo”.9 Los principios básicos que deberían regir en ese entonces eran: ser solicitado por la parte agraviada, ejercer este recurso contra actos presuntamente violatorios de garantías, y en caso de obtener una resolución favorable solo surtía efectos en relación con el peticionario y únicamente contra los actos que reclamara. 10 La principal necesidad de la creación del amparo, fue para brindar la adecuada protección al gobernado, respecto de sus derechos fundamentales que a su favor consagra la Constitución, cuando estos resultaren vulnerados o amenazados por una ley o acto de autoridad. Don Ignacio Burgoa Orihuela, tratadista del juicio de amparo, define a esta figura jurídica, como la institución procesal que tiene por objeto proteger al gobernado contra cualquier acto de autoridad, que en detrimento de sus derechos, viole la constitución”.11 El jurista contemporáneo Manuel Bernardo Espinoza Barragán, enriquece la definición anterior y concibe a esta institución como aquella que se tramita y resuelve por los órganos del Poder Judicial Federal, y excepcionalmente por los órganos jurisdiccionales locales, a instancia del gobernado que considera que un acto de autoridad afecta su esfera jurídica por ser contrario a las garantías que en su favor consagra la constitución, después de haber agotado contra él los medios de defensa ordinarios, con el objeto de que el mismo se deje insubsistente y sin efecto en el caso especial sobre el que verse la demanda, y se le mantenga o restituya en el goce de la garantía que estima infringida. 12 La anterior definición aunque demasiado exhaustiva, enuncia de manera implícita los principios fundamentales del juicio de amparo, los cuales son necesarios para una mejor comprensión y aplicación de esta institución jurídica.13 Principio se define, como la base, origen o razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia.14 En lo concerniente a la materia de amparo estos principios son; principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, agravio personal y directo, prosecución judicial, relatividad de la sentencia de amparo, definitividad, y el principio de estricto derecho.15 Ante la ausencia de uno de estos, se declararía improcedente la demanda de amparo, por este motivo es de vital importancia se tenga un claro panorama de los mismos.
El juicio de amparo, gracias a reformas constitucionales, se ha modernizado y a continuado vigente en el derecho mexicano, un ejemplo de esta actualización son las reformas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 6 de junio de 2011 las cuales entraran en vigor en el mes octubre del presente año. Las citadas reformas adicionan, y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de nuestra Constitución, y tienen por objeto ampliar la protección de la esfera jurídica del gobernado, incluyendo entre muchas otras cosas la defensa de los derechos humanos, establecidos en la constitución y aquellos reconocidos en acuerdos internacionales de los que México sea parte. Adicionalmente estas reformas legitiman el ejercicio de la acción de amparo, no solo para quienes sufran un detrimento en su esfera jurídica, acreditando tener un interés jurídico, sino al acreditar ser integró poseedor de un interés legitimo, igualmente la reforma incluye el amparo por omisión de la autoridad, y dicho sea de paso se innova el principio de relatividad de la sentencia de amparo, o también conocido como formula Otero.
2.1 El Juicio de Amparo
Existen dos tipos de juicio de amparo, el amparo directo e indirecto. Se le da el nombre de amparo directo por la forma en que llega de manera inmediata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a los Tribunales Colegiados de Circuito. Por regla general se va a realizar en una instancia por esta razón se le conoce también como uni-instancial, situación diferente ocurre en el amparo indirecto, en donde el acceso a la corte o a los tribunales colegiados de circuito se produce a través de la interposición del recurso de revisión, por lo que también se le conoce como bi-instancial16. La naturaleza del juicio de amparo sigue siendo objeto de controversia entre tratadistas respecto a si es un verdadero proceso, es decir, un juicio, o si es solamente un recurso extraordinario. El juicio de amparo indirecto, por sus atributos, constituye un verdadero juicio con todas sus etapas procesales, y además el recurso de apelación se tramita ante un órgano jurisdiccional superior al primero. El juicio de amparo indirecto, se inicia con una acción que da pauta a la formación de un expediente autónomo y en que se dictan resoluciones que no dependen de otra instancia procesal. El amparo directo, por otro lado, se considera un recurso extraordinario, pues por medio de él se busca anular un acto que atenta contra las garantías constitucionales previstas en la Constitución. El juicio de amparo es verdadero juicio, que por su naturaleza es un medio de impugnación, pero diferente a los recursos. Los medios de impugnación son el género; los recursos ordinarios son la especie, como lo son también los incidentes de nulidad, el juicio de nulidad de juicio concluido (un juicio que sirve para impugnar otro juicio).17 El hecho de que el juicio de amparo sea un medio de impugnación, no afecta la naturaleza procesal del mismo toda vez que existen varios tipos de juicios que son estrictamente medios de impugnación. Como ejemplo de estos tenemos, el juicio de nulidad en materia fiscal o administrativa que tiene como finalidad impugnar la resolución de la autoridad y no por ello deja de ser un juicio.18 Como se sostiene en lo anteriormente expuesto, el amparo constituye un verdadero juicio con todas sus etapas procesales, razón por la cual debe ser concebido como tal, no solo como un mero recurso extraordinario.
Anteriormente habíamos comentado respecto a la definición dada por Espinoza Barragán, dijimos que se incluían de manera superficial los principios fundamentales del juicio de amparo así como la importancia que estos tienen en el mismo, la siguiente sección hace un breve análisis de los mismos.
2.1.1 Principio de instancia de parte agraviada
Este principio rector de juicio de amparo, fue expresado de manera frívola por Manuel Crescencio Rejón. Como todo proceso, el juicio de amparo no puede iniciarse de manera oficiosa, es decir, que el propio órgano jurisdiccional lo ordene. Debe ser precisamente quien resiente la afectación en su esfera jurídica quien tenga la capacidad para interponer la demanda de amparo. En este aspecto el Artículo 107 constitucional "reformado" establece; Las controversias de que habla el Artículo 103 de esta constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
En base a lo interior tenemos que el juicio de amparo, únicamente lo puede iniciar aquel que estime le ha ocurrido un acto de autoridad cuyo le ha violado alguna garantía o "derecho" establecido a su favor en la constitución. Por lo tanto, si se habla de principio de instancia de parte, debemos tener en claro que el único que puede iniciarlo será el quejoso, nunca otra persona extraña a este, como tercero perjudicado o la misma autoridad responsable. El juicio nunca puede operar oficiosamente y para su nacimiento es necesario el ejercicio de la actuación constitucional del gobernado mediante la cual ataque el acto de autoridad que considere lesivo a sus derechos.19
2.1.2 Principio de Agravio Personal y Directo
Como dijimos con anterioridad el proceso para el juicio de amparo solo puede iniciarse por instancia de parte, o sea por el quejoso, cuando este resienta agravio personal y directo en su esfera jurídica. La afectación o menoscabo de una garantía reconocida por una norma, con la necesidad que dicha afectación sea real y no solamente subjetiva; no es que el quejoso “crea” o “sienta” que se le está afectando, sino que el agravio debe existir en la realidad, y es de aquí donde parte el juicio de amparo, la afectación que reciba el individuo, va íntimamente ligada al interés jurídico, que debe acreditar el quejoso para que en su caso, se le sea concebida la protección solicitada. Por agravio debe entenderse la producción de una ofensa en los derechos del gobernado, o sea la afectación de los intereses jurídicos de las personas físicas o morales. Asimismo, por personal se debe entender que el agravio recae en la propia esfera del gobernado, individualmente, sin que este pueda ser de carácter genérico, abstracto o indeterminado. En cambio, "directo" se refiere a lo inminente de su actualización, cuando el agravio se da en el pasado o en el presente, en forma actual e inmediata o en el futuro, pero de realización cierta, no en el eventual, es decir, en el futuro aleatorio, probable, y de realización incierta.20
2.1.3 Principio de Prosecución Judicial
En la parte enunciativa del Artículo 107 constitucional, por principio de prosecución judicial, consiste el que se tramita por medio de procedimientos y formas de orden jurídico, lo cual implica que el juicio de amparo se revela en cuanto a su substanciación, en un verdadero proceso judicial en el cual se observan las formas jurídicas procesales, esto es demanda, contestación, audiencia de pruebas, alegatos y sentencia.21 De esta forma el juicio de amparo debe ser un proceso judicial verdadero y real, con todas las formas jurídicas del procedimiento jurisdiccional, siendo la Ley de Amparo quien regula los procedimientos y formas del orden jurídico.
El amparo ha ido evolucionando progresivamente, puede promoverse, según el caso, ante la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito y los jueces de distrito. 2.1.4 Principio de Definitividad Este principio resalta la naturaleza del juicio de amparo como medio extraordinario de impugnación, hace alusión a lo definitivo que debe ser el acto de autoridad para poder ser reclamado por la vía de amparo. Cuando el gobernado requiere resolver alguna controversia legal acude ante un órgano jurisdiccional para resolverla, en ese momento el gobernado se sujeta a cumplir con obligaciones procesales, así como se le dotan derechos, entre estos la posibilidad de recurrir la determinación judicial, es decir, si el gobernado cree que el juez no resolvió conforme a derecho pide sea revisada esta determinación, hecha la revisión puede modificarse, nulificarse, revocarse; lo anterior es a grandes rasgos un procedimiento ordinario que inicia cuando el juez conoce la controversia y fenece con alguna decisión inalterable es decir que ya no puede modificarse.22 Debido a que el juicio se amparo se encuentra bajo la premisa de que el amparo es un juicio extraordinario, su tramitación difiere de los juicios ordinarios por que tiene principios propios, otro de ellos es el de definitividad. Para entender el principio fundamental de la definitividad es necesario definir la palabra definitivo: proviene del Latín definitīvus, adj. que decide resuelve o concluye.23 En ese orden de ideas podemos hablar que la definitividad se da cuando existe una decisión precisa, es decir inalterable. En el artículo 107 "reformado" fracción III de nuestra constitución, prevé la precedencia del amparo:
Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.24
Existen algunos casos en los que se determina la posibilidad de ocurrir al amparo aún cuando no se hayan agotado los medios ordinarios de defensa, es decir a pesar de que el acto reclamado no tenga la calidad de definitivo, a estas se les denomina como excepciones las cuales pueden ser Legales es decir se encuentran establecidas en la propia Ley de Amparo, Jurisprudenciales las acogidas por la Jurisprudencia o constitucionales las establecidas propiamente por la Constitución.
2.1.5 Principio de Estricto Derecho
El principio de estricto derecho estriba en que el juzgador debe concretarse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los argumentos externados en los conceptos de violación, y si se trata de resolver un recurso interpuesto en contra de la resolución pronunciada por el Juez de Distrito, en que el revisor se limite a apreciar tal resolución tomando en cuenta, exclusivamente, lo refutado en los agravios. Cuando el gobernado acude al amparo para plantear actos de autoridad violatorios de garantías constitucionales tendrá que plantear en su demanda conceptos de violación, así como agravios del acto reclamado, por otra parte el juzgador examinara si es o no violatorio de garantías el acto, sin embargo esta revisión no es general, pues se encuentra obligado legalmente a concentrarse y resolver de acuerdo con lo que planteo el quejoso, caso por el cual, si en su demanda de amparo el quejoso no plantea el concepto de violación correctamente o alegó distinta violación, aunque el acto reclamado sea inconstitucional a los ojos del Juez, está impedido para declararlo por el principio de estricto derecho y deberá de negar la protección de la justicia federal.25
Este principio cuenta con su excepción prevista en el articulo 107 fracción II, llamada suplencia en la deficiencia de la queja, consistente en que el juzgador no deberá ceñirse a las alegaciones expuestas por el agraviado al plantear su demanda o interponer los medios de defensa respectivos, es decir, el órgano jurisdiccional de amparo debe hacer valer oficiosamente cualquier aspecto de inconstitucionalidad de la ley, acto o resolución que se reclama, a efecto de otorgar al quejoso la protección de la justicia federal.26
Por lo tanto podemos definirla como la obligación constitucional y legal que tiene el juzgador de amparo de corregir los errores, deficiencias u omisiones en que incurre el quejoso al elaborar los conceptos de violación de su demanda, o bien al formular los agravios relativos a los recursos por el interpuestos, en las hipótesis y en los términos previstos en la Ley de Amparo.27
2.1.6 Principio de Relatividad en la Sentencia de Amparo
Este principio también es llamado “formula Otero” pues fue el ilustre jurista Mariano Otero quien lo expuso tal. En la nueva reforma al juicio de amparo este principio ha sido sustancialmente modificado. Anterior a la reforma, la sentencia que se dictara en un juicio de amparo no tenia efectos generales o erga omnes (general o “para todo el mundo”), por lo que solo protegía o beneficiaba a quien o quienes solicitaban el amparo; con la inclusión del efecto “erga omnes”, las leyes o normas generales declaradas inconstitucionales en sentencia de amparo, revestirán el mismo efecto de resolución para todo gobernado que se encontrare en la igual hipótesis normativa, aunque este no hubiese solicitado la protección de la justicia federal. Con esta reforma la protección será general beneficiando a toda la sociedad, pues antes los efectos de la sentencia eran personales pues sólo beneficiaba a quien interpusiera el amparo. Por lo que al abrir la puerta a la declaratoria de sentencia con efecto erga omnes, se considera un avance significativo y de gran trascendencia en nuestro régimen jurídico, que se venía proponiendo desde años atrás por eminentes juristas, como el propio Don Ignacio Burgoa.28
Como hemos visto a lo largo de esta sección, tenemos que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, ejercitado por órganos jurisdiccionales, en vía de acción, encaminado a proteger al quejoso o agraviado en lo particular, en los casos que se refiere el artículo 103 constitucional. En razón esto, cuando una autoridad admistrativa o judicial viola garantías o derechos fundamentales establecidos a nuestro favor, estamos en la posibilidad de ocurrir ante los Tribunales Federales a solicitar la protección y la restitucion de la garantía que estima infringida. 2.2 La Nueva Reforma Constitucional al Juicio de Amparo
El pasado 13 de diciembre de 2010 se aprobó en el Congreso de la Unión, reformas constitucionales a los artículos 94, 103, 104, 107 y 112 con la finalidad de modificar substancialmente el juicio de amparo y como consecuencia la Ley de Amparo. Entre los aspectos fundamentales de dicha propuesta se encontraban; la tutela y protección de los “derechos humanos contenidos en tratados internacionales”, la admisión del juicio del amparo en tanto se demuestre la existencia de un “interés legítimo”, el reconocimiento legal de amparo por “omisión de la autoridad”, entre otras, como la institucionalización de la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual implica la eliminación del principio de relatividad como la consecuente Cláusula Otero.
Los objetivos centrales del contenido de la iniciativa de reforma, era llevar a cabo precisamente, una reforma integral al instrumento de control constitucional más importante que se tiene en el ordenamiento jurídico mexicano, y el principal medio de protección de los derechos fundamentales y garantías, que es el juicio de

References: artículo 4
 resolución 
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 Artículo 107
 Artículo 103
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