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Timestamp: 2020-04-02 11:38:13+00:00

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Noticias – Foro Europeo de Derecho internacional privado
Facultades y deberes del órgano jurisdiccional de primera instancia para modificar las resoluciones de las autoridades competentes en materia de protección internacional de asilo (STJ 19 marzo 2020)
19 marzo, 2020 por Administrador
La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Primera, de 19 de marzo de 2020 (asunto C‑406/18: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal -Tompa-) dispone que el Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que únicamente confiere a los órganos jurisdiccionales la facultad de anular las resoluciones de las autoridades competentes en materia de protección internacional, pero no de modificarlas. No obstante, en caso de devolución del expediente a la autoridad administrativa competente, deberá adoptarse en el menor tiempo posible una nueva resolución que sea conforme con la apreciación contenida en la sentencia anulatoria. Además, cuando un órgano jurisdiccional nacional, tras efectuar un examen completo y ex nunc del conjunto de elementos de hecho y de Derecho pertinentes presentados por un solicitante de protección internacional, declare que ha de reconocerse al interesado tal protección internacional por el motivo invocado en apoyo de su solicitud, pero el órgano administrativo adopte posteriormente una resolución en sentido contrario, sin que a tales efectos haya hecho constar la aparición de nuevos elementos que justifiquen una nueva apreciación de la necesidad de protección internacional del solicitante, dicho órgano jurisdiccional deberá, cuando el Derecho nacional no le confiera ningún medio de hacer cumplir su sentencia, modificar la referida resolución administrativa que no resulta conforme con su sentencia dictada anteriormente y sustituirla por su propia resolución sobre la solicitud de protección internacional, dejando inaplicada, si es preciso, la normativa nacional que le prohíba proceder de esa manera.
PG, kurdo de Irak, llegó indocumentado el 22 de agosto de 2017 a una zona de tránsito de Hungría, donde presentó una solicitud de protección internacional alegando que en su país de origen su vida corría peligro. Las autoridades húngaras denegaron esta solicitud el 14 de marzo de 2018 y «declararon inaplicable al caso el principio de no devolución». Se dispuso el retorno de PG, al que se impuso una prohibición de entrada y de residencia de dos años de duración. El interesado interpuso ante el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de la Capital, Hungría) un recurso contra la negativa de concederle protección internacional. Se da la circunstancia que un órgano jurisdiccional húngaro distinto del tribunal remitente ya había anulado dos resoluciones anteriores de la Oficina, una de 25 de octubre de 2017 y otra de 18 de enero de 2018, mediante las que se había denegado en ambas ocasiones la solicitud de protección internacional de la misma persona.
El Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság plantear al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones prejudiciales.
En la primera de ellas pide, que se dilucide si el art. 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, en relación con el art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que únicamente confiere a los órganos jurisdiccionales la facultad de anular las resoluciones de las autoridades competentes en materia de protección internacional, pero no de modificarlas. En su respuesta el Tribunal de Justicia deduce, a partir de las normas procesales aplicadas en el litigio principal, que, si una resolución judicial en la que el órgano jurisdiccional ha llevado a cabo un examen completo y ex nunc de las necesidades de protección internacional de la persona afectada, en virtud del cual ha declarado que debe concederse a esa persona tal protección, se ve contradicha por la resolución posterior de la autoridad administrativa competente, dicho órgano jurisdiccional debe, cuando el Derecho nacional no le confiera ningún medio que le permita hacer respetar su sentencia, modificar esa resolución de la autoridad administrativa y sustituirla por su propia resolución, dejando inaplicada, si es preciso, la normativa nacional que se lo impida. Considera, por tanto que, el art. 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, en relación con el art. 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que únicamente confiere a los órganos jurisdiccionales la facultad de anular las resoluciones de las autoridades competentes en materia de protección internacional, pero no de modificarlas. No obstante, en caso de devolución del expediente a la autoridad administrativa competente, deberá adoptarse en el menor tiempo posible una nueva resolución que sea conforme con la apreciación contenida en la sentencia anulatoria. Además, cuando un órgano jurisdiccional nacional, tras efectuar un examen completo y ex nunc del conjunto de elementos de hecho y de Derecho pertinentes presentados por un solicitante de protección internacional, declare que, en aplicación de los criterios previstos en la Directiva 2011/95, ha de reconocerse al interesado tal protección internacional por el motivo invocado en apoyo de su solicitud, pero el órgano administrativo adopte posteriormente una resolución en sentido contrario, sin que a tales efectos haya hecho constar la aparición de nuevos elementos que justifiquen una nueva apreciación de la necesidad de protección internacional del solicitante, dicho órgano jurisdiccional deberá, cuando el Derecho nacional no le confiera ningún medio de hacer cumplir su sentencia, modificar la referida resolución administrativa que no resulta conforme con su sentencia dictada anteriormente y sustituirla por su propia resolución sobre la solicitud de protección internacional, dejando inaplicada, si es preciso, la normativa nacional que le prohíba proceder de esa manera.
El Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság pide también que se dilucide si el art. 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, en relación con el art. 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que impone al órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contra una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional un plazo de sesenta días para resolver. Y el Tribunal de Justicia declara que en el marco del recurso jurisdiccional establecido en el art. 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, se garantiza a los demandantes una serie de derechos procesales específicos en virtud del art. 12, apartado 2, de esta Directiva —derecho a un intérprete, posibilidad de ponerse en contacto, en particular, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y acceso a determinada información—, del art. 20 de dicha Directiva —posibilidad de contar con asistencia jurídica y representación legal gratuitas—, del art. 22 de la misma Directiva —relativo al acceso a un asesor jurídico— y de los artículos 24 y 25 de la citada Directiva —que regulan los derechos de las personas con necesidades especiales y de los menores no acompañados, respectivamente—. Añade el Tribunal de Justicia que el art. 46, apartado 4, de la Directiva 2013/32 obliga a los Estados miembros a establecer plazos de enjuiciamiento razonables. Estos contribuyen a la consecución del objetivo global de que las solicitudes de protección internacional se tramiten lo más rápidamente posible, fijado en el considerando 18 de la Directiva 2013/32. Así pues, la obligación del órgano jurisdiccional de no aplicar una normativa nacional que establezca un plazo de enjuiciamiento incompatible con el principio de efectividad del Derecho de la Unión no lo exime de toda obligación de celeridad, sino que únicamente le exige considerar indicativo el plazo que se le ha concedido, incumbiéndole resolver lo más rápidamente posible cuando expire ese plazo. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declara que el art. 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, en relación con el art. 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que impone al órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contra una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional un plazo de sesenta días para resolver, siempre que el órgano jurisdiccional pueda garantizar en ese plazo la efectividad de las normas materiales y de las garantías procesales que el Derecho de la Unión reconoce al solicitante. En caso contrario, ese órgano jurisdiccional deberá abstenerse de aplicar la normativa nacional que fija el plazo de enjuiciamiento y, transcurrido dicho plazo, resolver lo antes posible.
Solicitud de reagrupación familiar, presentada por el cónyuge, nacional de un tercer país, de un ciudadano de la Unión Europea que posee la nacionalidad de ese Estado miembro y que nunca ha ejercido su libertad de circulación
29 febrero, 2020 por Administrador
La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Quinta, de 27 de febrero de 2020 (asunto C‑836/18: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real) dispone que el Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro deniegue una solicitud de reagrupación familiar, presentada por el cónyuge, nacional de un tercer país, de un ciudadano de la Unión Europea que posee la nacionalidad de ese Estado miembro y que nunca ha ejercido su libertad de circulación, por la única razón de que el ciudadano de la Unión no disponga, para sí y su cónyuge, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social, sin que se haya examinado si entre ese ciudadano de la Unión y su cónyuge existe una relación de dependencia de tal naturaleza que, en caso de denegarse un derecho de residencia derivado a este último, el…
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Las solicitudes de asilo en la UE aumentan un 13% en 2019
27 febrero, 2020 por Administrador
Por primera vez desde 2015, las solicitudes aumentaron con respecto al año anterior. El aumento no se debió en gran medida a la migración irregular, sino a las solicitudes de países con acceso sin visa a Schengen. Se presentaron más de 714.000 solicitudes en la UE + en 2019, un 13% más que en 2018, cuando se registraron menos de 635.000. Esta es la primera vez desde 2015 que ha habido más solicitudes que el año anterior, y se produjo a pesar de la reducción de la migración irregular hacia la Unión Europea.
Esta información inicial fue publicada por la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) el 26 de febrero de 2020 en un resumen público.
Los tres principales países de origen de los solicitantes fueron Siria (aproximadamente 72.000), Afganistán (60.000) y Venezuela (45.000). Los afganos solicitaron asilo en un número mucho mayor que el año anterior, al igual…
21 febrero, 2020 por Administrador
Las malas condiciones en los centros de recepción abarrotados y la violencia contra los migrantes son algunas de las principales preocupaciones que la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) identifica en su último informe trimestral sobre migración. Un aumento en la llegada de solicitantes de asilo a Chipre, Grecia y España genera más demoras en el procesamiento de las solicitudes de asilo.
La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE recopila regularmente datos sobre migración desde septiembre de 2015. Este informe se centra en la situación de los derechos fundamentales de las personas que llegan a los Estados miembros y a los países candidatos de la UE particularmente afectados por los grandes movimientos migratorios. Aborda preocupaciones clave sobre derechos fundamentales entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2019.
Según el informe, trimestral de migración las condiciones en los centros de recepción siguen…
Superado el plazo para inadmitir o denegar la solicitud de asilo, debió iniciarse la tramitación del procedimiento ordinario, sin que, el recurrente pueda ser objeto de retorno, devolución o expulsión (STS 23 enero 2020)
La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección Quinta, de 23 de enero de 2020 declara que ha lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) de la Audiencia Nacional de 13 de febrero de 2019, desestimatoria de un recurso contencioso-administrativo nº 458/2018, interpuesto contra una resolución de 26 de marzo de 2018 del Subsecretario de Interior que había acordado denegar una solicitud de protección internacional — mientras el solicitante se encontraba internado en un CIE, así como la posterior desestimación de la petición de reexamen. La sentencia recurrida había estimado que: “Para que un plazo establecido por días en una norma con rango de ley se compute por horas, apartándose del tenor literal de la misma, deben concurrir unas razones muy excepcionales, que apreció el Tribunal Supremo en el caso de las solicitudes en frontera, teniendo en cuenta…
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18 febrero, 2020 por Administrador
Le Forum Européen de Droit International Privé (FEDIPr) organise une rencontre les 26 et 27 mars prochain qui se déroulera à l’Université de Alcalá de Henares, à Madrid, sur le thème suivant : «Citoyenneté, asile et immigration dans l’Union européenne : Entre consolidation et défis du Brexit».
Lors de cet événement, divers grands sujets seront abordés tels que la migration, l’asile et l’intégration des nationaux de pays tiers, le droit international privé des personnes, de la famille et des successions ainsi que les implications du Brexit.
Une page web dédiée est disponible ici.
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