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Timestamp: 2018-10-16 19:15:37+00:00

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06. El proceso de amparo constitucional (I) - Derecho UNED
06. El proceso de amparo constitucional (I)
1.1 La resolución judicial
1.2 La invocación del derecho fundamental vulnerado
1.2.1 Concepto y fundamento
1.3 El agotamiento de la vía judicial ordinaria previa
1.3.1 Concepto y fundamento
1.3.2 Supuestos especiales
1.4 Plazo para la interposición del recurso
1.4.2 Exenciones
1.4.3 "Dies a quo"
2 La demanda de amparo
2.2.2 Formales
El art. 44 LOTC recoge los presupuestos procesales del recurso de amparo contra actos dimanantes del Poder Judicial, sin cuya concurrencia no puede el TC entrar en el examen del fondo de la pretensión de amparo, debiendo pronunciar una resolución (providencia, auto o, incluso, Sentencia) de inadmisión; tales presupuestos procesales especiales son: a) existencia de una resolución judicial causante de la lesión de un derecho fundamental; b) la invocación del derecho fundamental vulnerado; c) el agotamiento de la vía judicial ordinaria previa, y d) el plazo para la interposición del recurso de amparo.
La resolución judicial causante de la violación de un derecho fundamental constituye el objeto específico del recurso de amparo contra actos provenientes del Poder Judicial (el objeto genérico se delimita en el art. 41.2 "disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado").
Para que sea procedente el amparo judicial es necesario que la violación del derecho fundamental la cometa "de modo inmediato directo" un órgano judicial, ya que, en cualquier otro caso, nos encontraríamos ante vulneraciones de derechos fundamentales cometidos por otros poderes públicos. La exigencia de relación de causalidad entre la violación y un órgano del Poder Judicial diferencia claramente este tipo de vulneraciones de las que pudiera cometer el Poder Ejecutivo, las cuales también han de trasladarse, con carácter previo al amparo, a los órganos de lo contencioso-administrativo del Poder Judicial.
Por esta razón, la denominación de "amparos mixtos" tan sólo ha de reservarse a aquellos amparos administrativos con respecto a los cuales, además, se haya producido una segunda lesión de un derecho fundamental por parte del Tribunal de lo Contencioso-administrativo.
Esta regla general tan sólo tiene una importante excepción y es la de los amparos contra actos cometidos por los particulares, que han de ser trasladados ante el TC como vulneraciones del derecho a la tutela, pues, si así no fuera, no podría conocer de ellos el TC, ya que, en principio, el amparo tan sólo es procedente contra actos de los poderes públicos (art. 41.2). De esta manera, violaciones del principio constitucional de igualdad "en la ley" del art. 14, del derecho al honor, a la libertad de expresión, etc., precisan ser residenciadas, en primer lugar, ante los Tribunales ordinarios a través de la utilización, en su caso, de los procedimientos especiales de protección de tales derechos y, tan sólo en el supuesto de que la pretensión de amparo no sea satisfecha en la vía ordinaria, es cuando podrá reclamarse su tutela en sede constitucional como violaciones del derecho a la tutela, por no haber dictado el Tribunal ordinario una resolución fundada en la CE o razonada y razonable en términos constitucionales, si bien, tal y como se ha reiterado, si dicha inaplicación de la CE fuere absoluta, puede el particular invocar como infringido por el órgano judicial el derecho o libertad pública material en su día vulnerado por el particular, porque, como indica el trascrito art. 44.1, las lesiones a los derechos fundamentales, realizadas por los órganos del Poder Judicial, pueden ser cometidas, tanto por acción, como por omisión y un Juzgado o Tribunal que, estando obligado positivamente a aplicar la CE (arts. 9.1 y 53.1 CE), no lo hace y deja de restablecer el derecho fundamental vulnerado, incurre en violación, por omisión, del derecho fundamental (STC 55/1983).
En cualquier caso, la resolución judicial, para poder ser trasladada ante el TC mediante el recurso de amparo, precisa que sea definitiva y firme dentro del Poder Judicial: definitiva, porque la necesidad de agotamiento de la vía judicial ordinaria impide que puedan ser impugnadas en amparo meras resoluciones interlocutorias, y firme porque la misma necesidad de dicho agotamiento también opera en el sentido de excluir del recurso de amparo aquellas resoluciones sobre las cuales penda algún recurso útil dentro de la vía judicial ordinaria.
Dispone el art. 44.1.c LOTC que las violaciones de derechos fundamentales cometidas por un órgano judicial podrán ser trasladadas al TC cuando "se haya invocado formalmente en el proceso el derecho constitucional vulnerado, tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiere lugar para ello".
El presupuesto procesal contenido en el art. 44.1.c se cumplimenta mediante una declaración de ciencia, a la que ha de otorgarse la necesaria constancia procesal, por la que la parte gravada, y a través de los medios de impugnación preestablecidos, pone en conocimiento del órgano jurisdiccional autor de la infracción, cuando la resolución no sea definitiva o, en cualquier otro caso, del Tribunal superior, la violación del derecho fundamental que constituya el objeto de la pretensión de amparo.
El fundamento de esta manifestación del futuro recurrente en amparo hay que encontrarlo en el principio de "subsidiariedad" (art. 53.2 CE): otorgar a los órganos del Poder Judicial y, dentro de ellos, y a ser posible, al propio Juzgado o Tribunal causante de la violación, a través de la toma de conocimiento de la infracción, la posibilidad de restablecer el derecho fundamental vulnerado (SSTC). Esta exigencia sólo puede reclamarse a quienes fueron parte en el proceso, no a los que, como es el caso de los litisconsortes, pudieron estar ausentes de él y a quienes, a los efectos de la interposición independiente de un futuro recurso de amparo, no les alcanza la "capacidad de conducción procesal" del art. 46.1.b LOTC consistente en haber "sido parte en el proceso judicial correspondiente".
El contenido de esta declaración de conocimiento ha de circunscribirse al relato de la infracción, de manera que quede individualizada la "causa petendi" de la pretensión de amparo, todo ello en orden a que, de un lado, el órgano judicial pueda conocer la violación del derecho fundamental a fin de puntualmente restablecerlo y, de otro, no pueda el recurrente sustancialmente alterarla o incorporar ante el TC nuevas lesiones que, en su día, no fueron invocadas ante los Tribunales ordinarios.
También en este acto rige la teoría de la sustanciación, según la cual a los efectos de la delimitación de la pretensión de amparo lo importante no es el "nomen iuris" o calificación jurídica, sino el relato fáctico o histórico de la vulneración del derecho fundamental. Por tal razón, poco importa un posible error en la individualización de la lesión en alguno de los preceptos constitucionales que se reputan infringidos; lo imprescindible es que el órgano judicial pueda conocer la violación del derecho fundamental, cuyo restablecimiento inmediato se pretende (SSTC).
La LOTC no exige una forma especial para efectuar la invocación, por lo que habrá de utilizarse la del acto procesal, escrito u oral, previsto por la LEC, a través del cual se posibilite por el Juzgado o Tribunal el conocimiento de la pretensión de amparo, siendo a tal efecto indiferente que la invocación se articule como manifestación principal o yuxtapuesta, mediante "otrosí" u otras alegaciones de la práctica forense.
No sucede lo propio, cuando nos encontramos ante un procedimiento oral (así, en una vista civil, laboral o en el juicio oral penal), en el que la invocación habrá de efectuarse verbalmente, si bien, eso sí, habrá el Secretario de hacer constar en el acta esta respetuosa "protesta" (SSTC) a fin de poder posteriormente acreditar en la demanda de amparo el cumplimiento de este presupuesto procesal. Por otra parte, el art. 187 LEC obliga al tribunal a grabar en vídeo las vistas y, si no se pudieran documentar de esta manera, el Secretario levantará acta.
El acto procesal a través del cual debe formalizarse la invocación ha de ser el de alegación o impugnación inmediatamente posterior a la vulneración. Art. 44.1.c LOTC "tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiere lugar para ello", expresiva acerca de la exigencia de inmediatez temporal entre la lesión y su denuncia por la parte gravada.
Pero, en cualquier caso, ha de existir un acto procesal preestablecido, a través del cual pueda el futuro recurrente en amparo levantar o dispensar esta carga procesal. Por esta razón, no es necesario efectuar la invocación a través del "recurso de aclaración" de Sentencias, ya que, mediante este remedio procesal, no se puede modificar el fallo de las Sentencias (STC 203/1989), ni, en general, es exigible este presupuesto procesal cuando la vulneración del derecho fundamental se efectúa precisamente en la última resolución recaída en la vía judicial (SSTC).
El acto preestablecido por el ordenamiento procesal ha de ser idóneo para realizar esta invocación.
Son idóneos los actos de anuncio y de interposición o formalización del recurso de casación (en cuyo caso es conveniente articular la invocación como motivo específico de "infracción de precepto constitucional" por la vía del art. 5.4 de la LOPJ), los escritos de anuncio del recurso de apelación y el escrito de interposición de este último recurso devolutivo.
Pero la invocación en la segunda instancia sólo será procedente, cuando la violación haya sucedido en una Sentencia recaída en primera instancia.
La doctrina del TC es unánime a la hora de reputar extemporáneas y, por tanto, susceptibles de una resolución inadmisoria del recurso de amparo aquellas invocaciones de vulneraciones de derechos fundamentales que, habiéndose ocasionado en la primera instancia y sin perjuicio de haberse denunciado en el recurso de casación, no lo fueron en el de apelación (SSTC).
Art. 44.1.c LOTC "Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello", cuya observancia condiciona la admisibilidad del recurso de amparo, estriba en la necesidad de agotar la vía judicial ordinaria (art. 44.1.a) previa con anterioridad a la interposición del recurso constitucional de amparo, presupuesto procesal que es de inexcusable observancia, tal como tiene declarado el TC de manera reiterada.
El fundamento de este presupuesto procesal también reside en el principio de subsidiariedad (SSTC), ya que, para entender plenamente cumplido dicho principio, no sólo ha de ser necesario la invocación formal del derecho en la primera instancia, sino también el agotamiento de los recursos existentes contra la Sentencia desestimatoria de la pretensión de amparo. De lo contrario, quedarían excluidos de la función de restablecimiento de los derechos fundamentales los más altos Tribunales de la Nación, los cuales permanecerían desvinculados de su obligación de aplicación de la CE, produciéndose, por otra parte, una impugnación "per saltum" ante el TC de pretensiones de amparo que pueden ser fácil y prontamente satisfechas por los órganos jurisdiccionales de apelación o de casación.
Tal y como dispone el precepto, que emplea el concepto de "recursos utilizables", el cumplimiento de este presupuesto procesal no implica la interposición de todos los medios de impugnación imaginables, sino solo de aquellos razonablemente útiles (SSTC) para restablecer la pretensión de amparo por los Tribunales ordinarios. Los recursos exigibles han de ser, pues, los que se manifiestan en las leyes procesales.
En segundo lugar, tampoco puede el órgano judicial inducir a error al recurrente en el cumplimiento de su obligación de ilustración de los recursos contra la Sentencia. Si se le informa de la necesidad de interponer recursos improcedentes y el particular los utiliza, ha de entenderse agotada la vía judicial aun cuando se le inadmitiera el recurso indebidamente interpuesto (SSTC). Pero, fuera del anterior supuesto, el recurrente tiene la carga de cumplir con todos los presupuestos y requisitos procesales que condicionan la admisión de los recursos, por lo que, si incumpliera alguno de ellos y el Tribunal lo inadmitiera como consecuencia de dicha falta de diligencia, no puede entenderse debidamente agotada la vía judicial ordinaria (SSTC).
Lo cierto es que no siempre resulta pacífico determinar qué recurso es "útil" a los efectos de lo determinado en el art. 44.1.a LOTC, por lo que se hace necesario descender al supuesto concreto e ir dilucidando, caso por caso, cuáles sean los medios de impugnación de imprescindible utilización con carácter previo al amparo. La jurisprudencia del TC nos ofrece las siguientes pautas interpretativas:
Procesos declarativos ordinarios respecto a Sentencias recaídas en procesos sumarios. Si la vía judicial ordinaria elegida y agotada por las partes es la existente contra una Sentencia recaída en un proceso sumario, la falta de producción de los efectos materiales de la cosa juzgada no ha de obligar a las partes a utilizar el proceso declarativo correspondiente y volver a agotar la vía judicial ordinaria mediante el ejercicio de los medios de impugnación contra la Sentencia que pudiera recaer en el proceso ordinario. Lo mismo cabe afirmar en los supuestos de falta de homologación judicial de las Sentencias de nulidad matrimonial pronunciadas por los Tribunales Eclesiásticos al amparo de lo dispuesto en la Ley de Divorcio y de los Acuerdos con la Santa Sede, con respecto a las cuales tampoco hay que acudir al proceso declarativo correspondiente (SSTC).
Pero, si se hubiera utilizado un procedimiento, especial o sumario, manifiestamente improcedente y prosperara la excepción de "procedimiento inadecuado", debe el recurrente utilizar el procedimiento adecuado y agotar de nuevo la vía judicial ordinaria (STC 8 abril 1987).
Resoluciones de jurisdicción voluntaria. Si se tratara de resoluciones de la denominada jurisdicción voluntaria que, como es el caso, por ejemplo, de los "autos declarativos de adopción", pudieran producir la vulneración de un derecho fundamental, ha de intentarse, al menos a través del amparo civil ordinario, su reparación en la vía judicial común antes de interpone el recurso de amparo (STC 71/1990).
Nulidad de actuaciones. La redacción dada al art. 240, apartados 3 y 4, de la LOPJ ha reintroducido en nuestro ordenamiento el denominado "incidente de nulidad de actuaciones" contra resoluciones firmes, que es, en realidad, un nuevo procedimiento preferente y sumario de impugnación de actos procesales judiciales nulos de pleno Derecho por vulneración del art. 24.1 CE, cuando el proceso en el que se ha producido ese acto viciado ha finalizado con resolución firme. Este "incidente" es previo al amparo constitucional.
El art. 240 LOPJ es, pues, un presupuesto procesal del recurso de amparo constitucional cuando el derecho fundamental invocado sea la indefensión en la que se encuentra la parte como consecuencia de la nulidad radical de la resolución firme, es decir, cuando sea útil para remediar el derecho fundamental vulnerado, lo cual tan sólo sucede por indefensión material por ausencia o defectuoso emplazamiento o por incongruencia omisiva (art. 240.3 LOPJ).
"Recursos" de aclaración de Sentencias. El indebidamente denominado "recurso" de aclaración de Sentencias no se manifiesta idóneo para agotar la vía judicial previa y ello, porque debido a la circunstancia de que a través de este remedio no se puede modificar la parte dispositiva de la Sentencia, sino sólo aclarar algún dato oscuro o error intranscendente y sin repercusión en el fallo, no se puede, a través de él, restablecer el derecho fundamental supuestamente vulnerado, por lo que la tesis contraria contravendría la "ratio" del art. 44.1.a que sólo obliga a interponer los "recursos útiles" (SSTC).
Es más, si el recurrente utiliza la aclaración abusivamente con el único objeto de prolongar indebidamente en el tiempo la firmeza de la sentencia (vid. el art. 448.2 LEC), puede exponerse a una resolución inadmisoria por haber ejercitado el amparo fuera del preclusivo plazo de caducidad, exigido por el art. 44.2 LOTC.
Medios de impugnación no devolutivos. Con respecto a los "remedios" o medios de impugnación no devolutivos se hace obligado distinguir el régimen del recurso de reposición, del de súplica.
La reposición y la reforma
Aunque tales remedios, al ser sólo procedentes contra las resoluciones interlocutorias (las cuales, quedan excluidas del recurso de amparo) y no contra las Sentencias, es difícil que puedan integrar el presupuesto que nos ocupa; es factible, sin embargo, que, bien por tratarse de una resolución que ponga fin al procedimiento, bien por vulnerar dicha resolución autónomamente un derecho fundamental, pueda plantearse la necesidad o no de su interposición (STC). La regla general, a este respecto, es que, debido a que su interposición constituye un presupuesto que condiciona la admisibilidad de la apelación, su ejercicio ha de ser obligatorio a fin de tener por agotada la vía judicial ordinaria (SSTC).
Con respecto al recurso de súplica la jurisprudencia no se ha mantenido siempre la misma. En un principio, el TC se inclinó por exonerar de su interposición, pero, en la actualidad, mantiene una doctrina similar a la queja, no hay que interponerlo cuando no es procedente (lo que acontece con las resoluciones firmes), ni cuando el órgano judicial no informa de su procedencia (SSTC), pero, sí que hay que ejercitarla cuando el órgano jurisdiccional cumple con dicho deber de información (AATC).
Medios de impugnación devolutivos (apelación, casación y queja). La regla general, sentada por la doctrina del TC, estriba en la necesidad de interponer la totalidad de los recursos o medios de impugnación de carácter devolutivo. De este modo, el futuro recurrente en amparo tiene la carga de interponer, tanto los recursos ordinarios, como los extraordinarios. De entre los primeros, es obligado interponer el recurso de apelación o el de suplicación laboral (SSTC).
Distinto tratamiento tiene el recurso de queja, con respecto al cual, si bien la jurisprudencia del TC en un principio se manifestó excesivamente rigurosa en el sentido de exigir su interposición; hoy no hay que interponerlo cuando no proceda legalmente (STC), lo que ocurre con respecto a las Sentencias dictadas en última instancia que ocasionen la lesión del derecho fundamental, ni cuando su procedencia sea dudosa o cuando la resolución impugnable en amparo no ilustre acerca de la posibilidad de recurriría en queja.
En cuanto al recurso extraordinario de casación es obligado interponerlo por la totalidad de los motivos que fueran procedentes, incluido el recurso de casación "para la unificación de la doctrina", pero sólo cuando dicho recurso sea "útil", es decir, "en aquellos supuestos en los que, por existir doctrina jurisprudencial contradictoria, a la Sala del TS deba darse la posibilidad de reparar la lesión del derecho fundamental que se entiende vulnerado, salvando así la subsidiariedad del amparo (SSTC). En cambio, no es necesario provocar la interposición del recurso de casación "en interés de Ley", ya que los particulares carecen de legitimación activa para su interposición (STC).
Medios de rescisión de la cosa juzgada. Incluimos en este epígrafe aquellos recursos, con respecto a los cuales cabe dudar de su naturaleza impugnatoria: nos estamos refiriendo a los denominados "recursos" de revisión y de audiencia al rebelde.
La jurisprudencia del TC ha declarado que su exigencia ha de quedar circunscrita a la concurrencia de un expreso motivo de revisión que pueda servir para restablecer, en la vía ordinaria, el derecho fundamental vulnerado (STC), debiéndose, en cualquier otro caso, estimar a este medio extraordinario de rescisión [anulación] de la cosa juzgada como innecesario para agotar la vía judicial previa (SSTC).
Una doctrina similar cabe sostener con respecto al recurso de audiencia al rebelde, si bien cabe apreciar aquí una cierta evolución jurisprudencial. Así, aun cuando la doctrina mayoritaria inicial se ha manifestado contraria a la exigencia de este medio destinado a obtener la "purga de la rebeldía" (SSTC), en la actualidad, se ha inclinado por su necesidad a los efectos del agotamiento de la vía previa, siempre y cuando el recurrente se encuentre dentro de los supuestos que posibiliten el éxito de esta acción rescisoria (SSTC 8/1993 y, por todas, la 218/2000).
De conformidad con lo establecido en el art. 44.2 LOTC "el plazo para interponer el recurso de amparo será de 20 días a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial".
El primer problema que plantea la exégesis [interpretación, glosa, análisis] de la citada norma consiste en determinar cuál sea la naturaleza, si material o procesal, de dicho plazo.
La jurisprudencia entiende que es un plazo procesal, mientras que para la doctrina mayoritaria se trata de un plazo material de caducidad, no susceptible de prórroga, suspensión o de posibilidad de reapertura artificial.
Así, en un primer momento se mantuvo que había reefectuarse únicamente el cómputo de los "días hábiles", debiéndose descontar siempre los inhábiles (SSTC); pero, posteriormente, como consecuencia de la promulgación del Acuerdo del Pleno del TC de 1982, aplicado en numerosas resoluciones inadmisorias el TC pudo declarar hábil los períodos de vacaciones y, dentro de ellos, el mes de agosto, para iniciar los procesos constitucionales, recurso de amparo incluido, con lo que la naturaleza de dicho plazo se aproximaba al instituto material de la caducidad. Sin embargo, dicho Acuerdo fue objeto de diversas modificaciones (en 1999 y en 2000) que, acertadamente, han abogado por la tesis contraria [plazo procesal], esto es, considerar inhábil el mes de agosto respecto del cómputo del plazo de los 20 días para la interposición del recurso de amparo (ATC 204/1999, resolución que, además recuerdan, que el calendario que sigue el TC para el estudio de los días inhábiles es el del municipio de Madrid, ciudad donde tiene aquél su sede).
Naturalmente la exigencia de dicho plazo sólo puede reclamarse a quienes hayan sido parte previamente en el proceso judicial y no a quienes no lo han sido.
Si se tratara de litigantes que aspiran a la asistencia jurídica gratuita, también han de remitir un escrito (distinto a la demanda de amparo) al TC poniendo de manifiesto esta circunstancia y su voluntad de interponer la demanda de amparo, en el plazo de 20 días. Sin embargo, la STC 53/2003 ha matizado el rigor del plazo en supuestos en los que "el demandante reside en una localidad lejana a la en que tiene su sede este Tribunal, y además no cuenta con asistencia letrada y representación procesal... en tales casos el día final del cómputo del plazo (dies ad quem) puede ser el de remisión por correo y no el de recepción en el registro del TC".
"Dies a quo"
El día inicial ha de iniciarse a partir de la "notificación de la resolución judicial". Como puede observarse, rigen aquí las normas propias de la cosa juzgada formal, según la cual los efectos materiales de la Sentencia sólo se despliegan tras su firmeza o, lo que es lo mismo, una vez consentido el plazo para la interposición de los recursos tras la publicación de la Sentencia.
Pero, por "notificación" no cabe entender aquí exclusivamente el oportuno acto de comunicación a la parte, sino, en general, hay también que comprender cualquier medio a través del cual pueda obtener el recurrente conocimiento efectivo del contenido de la resolución que pretende recurrir en amparo. Como afirma el TC, el cómputo ha de efectuarse tomando como "dies a quo" el siguiente a aquél en el que el demandante ha tomado conocimiento de la Sentencia (en este sentido, SSTC sostienen que el conocimiento ha de ser "suficiente y fehaciente, procesal o extraprocesalmente, de la existencia de la resolución frente a la cual se pretende el amparo. Por ello, no puede considerarse que la publicación del fallo de la Sentencia en un Boletín Oficial sea relevante a estos efectos").
El medio ordinario de puesta en conocimiento habrá de ser la diligencia de notificación a la representación procesal del recurrente, por lo que el "dies a quo" comenzará normalmente a correr a partir de dicha notificación. Pero, aun cuando se omitiera esta notificación en forma, no por ello permanece en suspenso el plazo de caducidad, sino que empieza a correr desde el día que, por el medio que fuese, el recurrente es informado del contenido de la Sentencia, siendo, en cualquier caso, válida la notificación efectuada a su Abogado (SSTC).
El recurrente no debe dilatar artificiosamente el inicio del cómputo de dicho plazo mediante la presentación, contra la última Sentencia recaída en la vía ordinaria, de recursos manifiestamente improcedentes, como el de súplica o el de aclaración de Sentencias. Pues, en tales supuestos, debe, "ad cautelam", el recurrente interponer el recurso de amparo dentro de los 20 días posteriores a la notificación de la Sentencia, sin perjuicio de que el órgano judicial pueda, con posterioridad a dicho plazo, contestar a tal recurso; lo que no debiera hacer el recurrente es dejar transcurrir dicho plazo en espera a la contestación del Tribunal, porque el TC puede inadmitirle su amparo por extemporaneidad.
D) "Dies ad quem" Nos resta por examinar el problema relativo al momento en el cual se entiende que ha vencido (precluido) el plazo [20 días] para la interposición del amparo. Este Alto Tribunal ha sostenido en este sentido (por todos, el ATC 138/2001, en la que la demanda de amparo del recurrente llega un día después de vencido el fatídico plazo), que el dies ad quem del mismo se cumple cuando el recurso de amparo se presenta en el "Registro General del TC. Ello no obstante, se admite que la presentación tenga lugar en el Juzgado de Guardia de Madrid, cuando se trate del último día del plazo (STC 281/2000)", por encontrarse cerrado el mencionado Registro General. Por consiguiente, el Juzgado de Guardia de Madrid es "la única oficina pública habilitada fuera del Registro de este Tribunal para la presentación de escritos con destino al mismo" (STC, AATC).
Mediante la demanda, no sólo se interpone el recurso de amparo, sino que también se delimita en ella definitivamente el objeto procesal, erigiéndose en el más importante acto de alegación en el proceso de amparo.
El acto de iniciación del recurso de amparo, en cuanto tal, tiene como primordial función interrumpir el plazo de caducidad del art. 44.2 LOTC, impidiendo, de un lado, la firmeza de la resolución recurrida y provocando, de otro, la "perpetuatio jurisdictionis" del TC con la correlativa pérdida de jurisdicción del Tribunal ordinario. En lo sucesivo, pues, y si es admitida, será el TC el encargado de suspender o no los efectos de la resolución lesiva, adoptar cualesquiera otras medidas cautelares y resolver todo tipo de incidentes hasta pronunciar la Sentencia que habrá de resolver sobre la pretensión de amparo.
Dicha regla tan sólo tiene una excepción y es la de que el litigante acuda al TC en solicitud de nombramiento de Abogado y Procurador de oficio. En tal caso, y de conformidad con lo previsto en la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, aparecen distanciados procedimentalmente el acto de iniciación del proceso, del de interposición de la pretensión: dicho escrito de solicitud de justicia gratuita tiene la virtud de interrumpir el plazo de caducidad del art. 44.2 y de iniciar el proceso de amparo, pero la interposición de la pretensión la efectuará el Abogado designado de oficio, a quien el TC le concederá un nuevo plazo de 20 días para la formalización de la demanda (Acuerdo de 1996, del Pleno del TC).
Es el acto procesal a través del cual se interpone la pretensión (SSTC), se fija en ella definitivamente el objeto del amparo y se determinan los límites del deber de congruencia del TC.
Demanda de amparo es el acto de alegación de la parte recurrente por el que se inicia el proceso de amparo y se deduce la pretensión de amparo o, lo que es lo mismo, se solicita del TC la nulidad de una resolución (judicial o administrativa) por haber violado un derecho fundamental, cuyo reconocimiento y restablecimiento también se insta.
Los requisitos de la demanda pueden ser materiales y formales:
Los requisitos materiales de la demanda son los propios de la pretensión de amparo y vienen determinados por el "petitum" y su "causa petendi" [El fundamento o "causa petendi" de una pretensión son los hechos alegados para justificar el objeto de la petición -TS].
La petición. La petición o "petitum" hay que reflejarla en la parte dispositiva (también conocida como el "suplico" o, con más propiedad, "solicito") de la demanda, en el que hay que reflejar todas y cada una de las declaraciones de voluntad en las que se concreta la pretensión de amparo. El fallo de la Sentencia habrá de guardar una estricta correlación con las peticiones vertidas en el "solicito" de la demanda.
La petición ha de estar dirigida a "preservar o restablecer" un derecho fundamental vulnerado, de lo que se infiere que las pretensiones de amparo nunca pueden ser "declarativas puras", ya que el TC no está para declarar la existencia de derechos constitucionales que no se hayan vulnerados, sino para obtener su efectivo restablecimiento.
No obstante, existe un supuesto en el que la pretensión de amparo es meramente declarativa: la del derecho a "un proceso sin dilaciones indebidas" del art. 24.2 CE, con respecto la doctrina del TC ocasiona que la Sentencia de amparo se limite a declarar la violación del derecho con reserva de la acción al recurrente para que acuda al procedimiento administrativo por "funcionamiento anormal de la Justicia" a fin de obtener la reparación de la violación de su derecho (SSTC). Doctrina que estimamos censurable, pues los recurrentes pueden perder su paciencia e irse directamente al TEDH ante las no poco improbables "dilaciones indebidas" que también pueden cometerse a través de aquella vía resarcitoria.
La pretensión de amparo es siempre de condena, de los que resulta que hay que solicitar en cualquier caso la nulidad de la decisión, acto o resolución que haya infringido el derecho fundamental, pudiéndose eventualmente pedir el reconocimiento y las medidas apropiadas de restablecimiento del derecho vulnerado.
La fundamentación o "causa petendi" de la pretensión de amparo ha de consistir en la descripción de los hechos determinantes de la infracción del derecho con expresión de las normas constitucionales vulneradas y la doctrina del TC aplicable al caso, de lo que se infiere que la fundamentación ha de ser "fáctica" y "jurídica" o, lo que es lo mismo, que en la demanda han de estar perfectamente separados las alegaciones de hecho de los fundamentos de Derecho.
También en la pretensión de amparo rige la doctrina de la sustanciación de la demanda, según la cual, a los efectos de determinar la pretensión y precisar cualquier alteración sustancial de ella, lo decisivo son los hechos que la fundamentan y no la correspondiente individualización a tales hechos de las normas de la CE tuteladoras de los derechos fundamentales. Para el TC no basta con exponer la cita de los preceptos de la CE que se estiman vulnerados, sino sobre todo, es necesario exponer la fundamentación fáctica porque "iura novit Curia" y las omisiones e incluso errores de las partes en la individualización normativa no le impiden al TC entrar a conocer de los hechos, si, naturalmente, se han aportado al proceso a través del escrito de demanda.
En el amparo judicial, tales hechos necesariamente han de consistir en la violación por una resolución judicial de un derecho fundamental determinado con independencia de las distintas o varias calificaciones jurídicas que pudieran merecer dicha violación (así, si la Sentencia de instancia ha otorgado cosa distinta a lo solicitado por las partes, poco importa que esa infracción de la congruencia haya sido calificada como infracción del derecho a la tutela, de defensa o a un proceso con todas las garantías, lo importante es la existencia en la Sentencia de una omisión con respecto a la pretensión causante de indefensión).
La prohibición de la transformación de la demanda. Determinada la "causa petendi" de la pretensión como el o los hechos ocasionantes, a través de una resolución judicial, de la violación de un derecho fundamental, la incorporación al proceso de amparo de un nuevo hecho constitutivo de la misma u otra infracción producirá una ampliación indebida de la demanda por transformación de sus elementos esenciales, con producción de indefensión a las demás partes en el amparo, lo que ha de provocar la prohibición por parte del TC de extender su conocimiento a estos nuevos hechos (SSTC).
Para que exista una transformación de la demanda se hace preciso que concurran estas dos circunstancias: a) que la ampliación de la "causa petendi" se efectúe en un acto de alegación distinto a la demanda; y, b) que esa transformación sea fáctica o, lo que es lo mismo, sea constitutiva de una nueva lesión y no de una simple mutación en la calificación jurídica o nomen iuris.
No debe olvidarse que, si bien la demanda es el principal acto de postulación y de alegación de la parte recurrente, no es el único; con posterioridad a ella existen otros, como lo son las alegaciones en el trámite de inadmisión del art. 50.3 o las "conclusiones" o alegaciones del art. 52, con respecto a los cuales tiene declarado el TC que es posible en ellos efectuar razonamientos jurídicos e incluso corregir imprecisiones que se hayan podido cometer en la demanda, pero en modo alguno es dado al recurrente ampliar su demanda, porque, en tal supuesto, provocaría indefensión a las demás partes recurridas (SSTC).
Por esta razón, resulta aconsejable concentrar todas las alegaciones en la demanda, aun a costa de ser reiterativos en el escrito de conclusiones: en primer lugar, porque, de dicha exhaustividad depende la admisión del amparo y, en segundo, porque, de fraccionar y aplazar la entrada de los hechos al proceso, se produce una ampliación de la demanda, por lo que el TC habrá de ignorar tales nuevos hechos.
No existe, por tanto, dicha transformación si el recurrente omite, en la demanda, toda cita de preceptos infringidos y posteriormente los incorpora en algún otro trámite de alegación o cuando se equivoca en la individualización normativa, en cuyo caso puede el Tribunal utilizar la tesis del art. 84 LOTC (SSTC) o sencillamente aplicar otra calificación jurídica, en virtud del principio "iura novit curia".
Con independencia de los presupuestos procesales, referido con anterioridad, también puede provocar un rechazo "in limine litis" [en el comienzo de un pleito] de la demanda, el incumplimiento de los requisitos formales: "defecto en el modo de proponer la demanda", en la aportación de documentos de inexcusable observancia; además, añadir la competencia funcional (no incluido en el art. 49 LOTC).
Defecto legal en el modo de proponer la demanda. Art. 49.1 en la demanda "se expondrá con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, se citarán los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con precisión el amparo que se solicita".
De todos los enunciados requisitos formales, el único que puede provocar la inadmisión de plano mediante providencia, sin posibilidad de subsanación es la "exposición de los hechos que la fundamenten". En efecto, de conformidad con la doctrina del TC el actor en amparo tiene la carga de fundamentar debidamente su demanda, debiendo determinar en ella las vulneraciones de los derechos fundamentales cometidas por los poderes públicos. Así, pues, debe el demandante reflejar en su escrito de demanda el o los hechos determinantes de la lesión de un derecho fundamental, porque, en cualquier otro caso, se arriesga a una providencia de inadmisión por falta de contenido constitucional de la demanda.
Los demás requisitos formales de la demanda son de naturaleza sanable, si la exposición de los hechos que la fundamentan evidencia dicho contenido constitucional.
TC que, aunque los hechos y los fundamentos de Derecho aparezcan unidos en un "totum revolutum", no puede el TC, por esa sola causa, repeler la demanda. Lo mismo cabe decir, cuando se infringiera el laudable mandato normativo de claridad y precisión en los fundamentos de derecho (por "iura novit Curia"), en el "petitum", e incluso en la "causa petendi", si del relato fáctico puede determinarse la pretensión.
En todos estos supuestos no pueden, por esa sola causa, provocar el rechazo "a limine" de la demanda. Si el amparo tiene contenido constitucional, debido a la posición preferente y vinculante de las normas tuteladoras de los derechos fundamentales, será necesario que el Tribunal acuda al trámite de subsanación del art. 85.2: habrá el Tribunal de "notificar al recurrente los motivos de inadmisión que hubiere, con objeto de que, dentro del plazo de 10 días, pueda subsanar los defectos advertidos".
Aportación de documentos. El apartado 2 y 3 del art. 49 disponen que, a la demanda, hay que acompañar el documento justificativo de la representación procesal (la "escritura de poder"), copia de la resolución impugnada y tantas copias de la demanda y documentos cuantas partes pudieran comparecer ante el Tribunal, siendo siempre necesaria una para el MF, debido a su intervención en el amparo, siempre obligatoria, como consecuencia de la especial función de "Amicus Curiae" que asume en los procesos constitucionales. Pero, lo cierto es que su incumplimiento no puede ocasionar, por sí solo, el rechazo del recurso de amparo, si la demanda tuviere contenido constitucional. El Tribunal habrá de acudir al referido trámite de subsanación de los arts. 50.5 y 85.2 LOTC.
Competencia funcional: presentación de la demanda en el Juzgado de Guardia. Siendo el TC un órgano único, con jurisdicción en toda España y competente para el conocimiento de las demandas de amparo (arts. 2.1.b y 48 LOTC), ningún problema puede plantearse en las tradicionales manifestaciones de la competencia (objetiva, territorial o funcional).
Por consiguiente, las demandas de amparo han de presentarse por el Procurador ante el Registro del TC con sede en Madrid (calle, Domenico Scarlatti, 6). Pero, debido a la circunstancia de que el Registro de este órgano permanece cerrado durante los días inhábiles se plantea el problema, consistente en determinar si la demanda que, por razones de urgencia no pueda plantearse ante el referido Registro del TC (así su presentación el último día del plazo de 20, recayendo dicho día en uno inhábil), puede deducirse ante el Juzgado de Guardia de Madrid a fin de que este órgano lo remita al TC.

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