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Timestamp: 2013-05-25 22:28:20+00:00

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NYR. Informe n� 160. BOE de enero de 2008.
www.notariosyregistradores.com INFORME N� 160. (BOE de ENERO de 2008)
RGAUV telem�tico
Orden blanqueo
Dom. p�blico hidr�ulico
Tasas M� Justicia
Seg. Social 2008
Plan Inspecci�n 2008
Regl.Protecci�n Datos
Informe Registrador
NIF de c�nyuge
Certificado catastral =
Cl�usulas hipoteca
* Francisco M�nguez Jim�nez, inspector de finanzas en excedencia. Madrid.
PLAN ESTAD�STICO NACIONAL.- Real Decreto 1756/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2008 del Plan Estad�stico Nacional 2005-2008. En su ANEXO II, dedicado a la descripci�n de los trabajos que se van a ejecutar en las operaciones estad�sticas, se citan: 4148 �ndice de Precios de la Vivienda (IPV).
Organismos que intervienen: INE, Consejo General del Notariado (MJ).
Trabajos que se van a ejecutar en el a�o 2008: Recogida de la informaci�n. Depuraci�n de la informaci�n. Estudios para el tratamiento de los precios. Aplicaci�n de los modelos estad�sticos necesarios. C�lculo de �ndices de precios de la vivienda y tasas de variaci�n.
4149 Estad�stica de Transacciones Inmobiliarias. Organismos que intervienen: MV.
Trabajos que se van a ejecutar en el a�o 2008: Recogida de informaci�n procedente del Centro de Proceso de Datos del Consejo General del Notariado. Depuraci�n y an�lisis de los datos de base. Estimaci�n del n�mero y valor de las transacciones inmobiliarias clasificadas seg�n tipolog�a de vivienda, vivienda libre, nueva y segunda mano, y protegida, nueva y segunda mano, y residencia del comprador. Estimaci�n de los valores unitarios. An�lisis de los resultados. Publicaci�n de los resultados a nivel municipal. Resultados trimestrales referidos a los �ltimos trimestres de 2007 y los dos primeros trimestres de 2008.
4150 �ndices de Precios del Suelo.
Organismos que intervienen: MV.
Trabajos que se van a ejecutar en el a�o 2008: Recogida de informaci�n procedente del Centro de Proceso de Datos del Colegio de Registradores de la Propiedad de Espa�a. Depuraci�n y an�lisis de los datos de base. Estimaci�n del n�mero y valor de las transacciones inmobiliarias clasificadas seg�n tama�o del municipio y naturaleza del adquirente (persona f�sica y jur�dica). Estimaci�n de los precios de suelo urbano. An�lisis de los resultados. Publicaci�n de los resultados a nivel provincial y auton�mico. Resultados trimestrales referidos a los dos �ltimos trimestres de 2007 y los dos primeros trimestres de 2008.
4754 Estad�stica de Procedimiento Concursal.
Organismos que intervienen: INE, Consejo General del Poder Judicial, Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de Espa�a (MJ).
Trabajos que se van a ejecutar en el a�o 2008: Recogida mensual de informaci�n referida al periodo anterior. Depuraci�n, grabaci�n y an�lisis de la informaci�n. A�adir informaci�n adicional proveniente del DIRCE y de otras encuestas del INE a los datos recogidos. Difusi�n trimestral de resultados provisionales correspondientes al cuarto trimestre de 2007 hasta el tercer trimestre de 2008. An�lisis sobre la viabilidad de utilizar �nicamente la informaci�n proveniente del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de Espa�a.
4755 Hipotecas.
Organismos que intervienen: INE, Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de Espa�a (Servicio de Sistemas de Informaci�n) (MJ).
Trabajos que se van a ejecutar en el a�o 2008: Recogida mensual de la informaci�n referida al mes anterior. Grabaci�n, depuraci�n y an�lisis de la informaci�n. Difusi�n mensual de los resultados provisionales de constituciones, cambios y cancelaciones de hipotecas correspondientes a octubre de 2007 hasta septiembre de 2008, seg�n el "Calendario de disponibilidad de las estad�sticas coyunturales del INE, 2008". Difusi�n y publicaci�n electr�nica de los resultados definitivos de 2007 en el tercer trimestre. 4756 Transmisi�n de Derechos de la Propiedad.
Trabajos que se van a ejecutar en el a�o 2008: Recogida mensual de la informaci�n referida al mes anterior. Grabaci�n, depuraci�n y an�lisis de la informaci�n. An�lisis sobre la viabilidad de su publicaci�n.
En su ANEXO VI, dedicado a la participaci�n de los diferentes organismos en la realizaci�n de las operaciones estad�sticas se recoge:
4148 �ndice de Precios de la Vivienda (IPV)
Organismo ejecutor: Instituto Nacional de Estad�stica - Subdirecci�n General de Precios y Presupuestos Familiares Organismos participantes: Consejo General del Notariado Enumeraci�n y descripci�n de las fases de trabajo en las que intervienen y calendario de realizaci�n: El Consejo General del Notariado recoge informaci�n sobre transacciones de viviendas a trav�s de la Agencia Notarial de Certificaci�n (ANCERT). Mensualmente proporciona las bases de datos al INE para el desarrollo del modelo a utilizar. 4755 Hipotecas
Organismo ejecutor: Instituto Nacional de Estad�stica - Subdirecci�n General de Estad�sticas de los Servicios Organismos participantes: Colegios de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de Espa�a (CORPME). Enumeraci�n y descripci�n de las fases de trabajo en las que intervienen y calendario de realizaci�n: Env�o mensual centralizado al INE de los ficheros de microdatos correspondientes a los registros de la propiedad provinciales (ficheros de constituciones, cambios y cancelaciones de hipotecas y de transmisiones de derechos de la propiedad). El env�o al INE se realiza con fecha l�mite 35 d�as despu�s del final del mes de referencia. Env�o al CORPME por parte del INE de datos an�malos detectados en el proceso de depuraci�n y de los ficheros con la informaci�n depurada. Inclusi�n, en todas las publicaciones del INE sobre la estad�stica de Hipotecas, de una nota informando que los datos difundidos son el resultado de un convenio de colaboraci�n INE-CORPME. El CORPME se reserva el derecho a difundir la informaci�n procesada por el INE de la forma que estime oportuna, pudiendo hacer tambi�n difusiones propias a partir de sus microdatos. 4754 Estad�stica de Procedimiento Concursal.
Organismo ejecutor: Instituto Nacional de Estad�stica - Subdirecci�n General de Estad�sticas de los Servicios Organismos participantes: Consejo General del Poder Judicial Enumeraci�n y descripci�n de las fases de trabajo en las que intervienen y calendario de realizaci�n: La aprobaci�n de la Ley Org�nica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, y de la Ley 22/2003 Concursal ha motivado la supresi�n de la estad�stica de Suspensiones de pago y declaraciones de quiebra y de su correspondiente bolet�n estad�stico. Por ello, se modifica el anexo II del Convenio de colaboraci�n suscrito entre el INE y el CGPJ el 14 de febrero de 1995 para incluir la Estad�stica de procedimiento concursal y su correspondiente cuestionario... El Colegio de Registradores enviar�, por su parte, al INE informaci�n recogida a trav�s de su portal de �Publicidad Concursal�, al objeto de evaluar la viabilidad de que esta informaci�n se utilice para elaborar la estad�stica, en vez de la recogida a trav�s de los juzgados v�a cuestionario. Organismos participantes: Colegios de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de Espa�a (CORPME). Enumeraci�n y descripci�n de las fases de trabajo en las que intervienen y calendario de realizaci�n: Transmisi�n al INE del fichero de microdatos de deudores concursados del Colegio, con todas sus caracter�sticas. Las variables y fechas est�n a�n pendientes de ser definidas sobre la base del Convenio que se firme. 4755 Hipotecas Organismo ejecutor: Instituto Nacional de Estad�stica - Subdirecci�n General de Estad�sticas de los Servicios Organismos participantes: Colegios de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de Espa�a (CORPME). Enumeraci�n y descripci�n de las fases de trabajo en las que intervienen y calendario de realizaci�n: Env�o mensual centralizado al INE de los ficheros de microdatos correspondientes a los registros de la propiedad provinciales (ficheros de constituciones, cambios y cancelaciones de hipotecas y de transmisiones de derechos de la propiedad). El env�o al INE se realiza con fecha l�mite 35 d�as despu�s del final del mes de referencia. Env�o al CORPME por parte del INE de datos an�malos detectados en el proceso de depuraci�n y de los ficheros con la informaci�n depurada. Inclusi�n, en todas las publicaciones del INE sobre la estad�stica de Hipotecas, de una nota informando que los datos difundidos son el resultado de un convenio de colaboraci�n INE-CORPME. El CORPME se reserva el derecho a difundir la informaci�n procesada por el INE de la forma que estime oportuna, pudiendo hacer tambi�n difusiones propias a partir de sus microdatos. 4756 Transmisi�n de Derechos de la Propiedad
Organismo ejecutor: Instituto Nacional de Estad�stica - Subdirecci�n General de Estad�sticas de los Servicios Organismos participantes: Colegios de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de Espa�a (CORPME). Enumeraci�n y descripci�n de las fases de trabajo en las que intervienen y calendario de realizaci�n: Transmisi�n mensual al INE del fichero de transmisiones de derechos de la propiedad. PDF (2008/00113; 113 p�gs. - 650 KB.) RECAUDACI�N DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS. Orden EHA/3967/2007, 26 de diciembre, por la que se modifica la Orden
PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, que regula un nuevo procedimiento de recaudaci�n de los ingresos no tributarios recaudados por las Delegaciones de Econom�a y Hacienda y de los ingresos en efectivo en la Caja General de Dep�sitos y sus sucursales. Con esta modificaci�n se extiende la atribuci�n de la facultad de expedici�n del documento de ingreso 069 a todos los �rganos de la Administraci�n General del Estado que gestionen ingresos p�blicos no tributarios y cuya recaudaci�n corresponda a las Delegaciones de Econom�a y Hacienda, para que el ciudadano pueda proceder al ingreso sin necesidad de acudir a las dependencias de las Delegaciones.
Se aprueban los nuevos modelos 060, 061 y 069, que figuran en el anexo de esta Orden, con el fin de hacer referencia al pago telem�tico. Se deroga la disposici�n adicional segunda de la Orden del Ministerio de Econom�a y Hacienda, de
7 de enero de 2000, por la que se desarrolla el Real Decreto
161/ 1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Dep�sitos, por cuanto que la experiencia ha demostrado que son frecuentes los casos en los que, dentro de los plazos establecidos en aqu�lla, no se obtiene confirmaci�n sobre la falta de vigencia de las garant�as, teniendo que proceder la Caja, de acuerdo con lo establecido en la citada Disposici�n, a dar de baja las mismas en sus registros y resultando necesario, posteriormente, disponer su rehabilitaci�n al constatarse la vigencia de la garant�a o realizar el interesado actuaciones que impliquen el ejercicio de sus derechos sobre la misma sin haber expirado los plazos de prescripci�n legalmente establecidos. Por ello, se considera m�s conveniente mantener registradas las garant�as hasta obtener la correspondiente orden de cancelaci�n de las mismas o hasta, constatado, de cualquier otra forma, el derecho del interesado a su restituci�n, haberse procedido en este sentido. PDF (2008/00249; 5 p�gs. - 452 KB.) MERCADO DE VALORES. Circular 2/2007, de 19 de diciembre, de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, por la que se aprueban los modelos de notificaci�n de participaciones significativas, de los consejeros y directivos, de operaciones del emisor sobre acciones propias, y otros modelos. PDF (2008/00328; 39 p�gs. - 472 KB.) PERSONAS EN SITUACI�N DE DEPENDENCIA. Real Decreto 6/2008, de 11 de enero, sobre determinaci�n del nivel m�nimo de protecci�n garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia en el ejercicio 2008. Se indica, a continuaci�n, en euros, el m�nimo de protecci�n garantizado:
Grado III: Gran Dependencia. Nivel 2 . . . . . . 255,10
Grado III: Gran Dependencia. Nivel 1 . . . . . . 173,47
Grado II.: Dependencia Severa. Nivel 2 . . .. . 100,00
PDF (2008/00513; 2 p�gs. - 53 KB.) PERSONAS EN SITUACI�N DE DEPENDENCIA. Real Decreto 7/2008, de 11 de enero, sobre las prestaciones econ�micas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci�n de la Autonom�a Personal y Atenci�n a las personas en situaci�n de dependencia para el ejercicio 2008.
Este real decreto tiene por objeto establecer las cuant�as m�ximas de las prestaciones econ�micas por Grado y Nivel previstas en el Cap�tulo II del T�tulo I de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci�n de la Autonom�a Personal y Atenci�n a las personas en situaci�n de dependencia, para el ejercicio 2008.
PDF (2008/00514; 2 p�gs. - 53 KB.) *VIVIENDA. Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. Entre las medidas adoptadas se encuentran las siguientes:
- Se flexibilizan los requisitos para que los inquilinos puedan obtener ayudas para el pago de sus rentas, a la vez que se establecen ciertas incompatibilidades y algunas condiciones que deben reunir quienes aspiren a ocupar en arrendamiento viviendas acogidas a las ayudas del Plan. - Se aseguran mejores condiciones para los promotores de viviendas protegidas en arrendamiento. - Igualmente, mejoran las condiciones a los propietarios de viviendas libres desocupadas que las cedan en alquiler seg�n los requisitos del Plan Estatal, especialmente cuando los inquilinos vayan a ser beneficiarios con derecho a protecci�n preferente. Se establece la incompatibilidad entre esta ayuda y la correspondiente a la rehabilitaci�n aislada de viviendas para cederlas en alquiler. - Se abre la posibilidad de que viviendas libres de nueva construcci�n sean calificadas como viviendas protegidas, si re�nen los requisitos para ello
- Se mejoran las condiciones de financiaci�n de la adquisici�n de viviendas usadas (incluidas las viviendas libres de nueva construcci�n, con unas condiciones m�s flexibles)
para cederlas en r�gimen de alquiler, asimil�ndolas, as� como sus precios y rentas m�ximas, a las de la vivienda protegida de renta concertada.
- Se ampl�a el
margen de precio hasta el que esas adquisiciones pueden entrar en el marco del Plan, manteniendo, no obstante, las mismas ayudas en t�rminos absolutos. - Se incrementa el l�mite de precio m�ximo de venta para las viviendas de r�gimen especial a efectos de favorecer su viabilidad econ�mica. - Se abre la posibilidad de que el per�odo de amortizaci�n de los pr�stamos convenidos para adquisici�n de viviendas protegidas de nueva construcci�n y viviendas usadas sea superior a 25 a�os. Adquisici�n de viviendas usadas para arrendar. Trata sobre ello el nuevo art. 41 que dice:
�1. Las entidades sin �nimo de lucro, los organismos p�blicos y las sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, seg�n establece el art�culo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, podr�n adquirir, de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en dicha Ley, viviendas usadas a las que se refiere el art�culo 27 de este real decreto, sin perjuicio de que la superficie �til se extienda a 120 metros cuadrados, excepto las sujetas a reg�menes de protecci�n p�blica, para arrendarlas a inquilinos cuyos ingresos familiares no excedan de 6,5 veces el Indicador P�blico de Renta de Efectos M�ltiples, ateni�ndose a los plazos y rentas m�ximas previstos en los art�culos 33 y 34 de este real decreto para las viviendas protegidas para arrendar, de renta concertada. 2. Los adquirentes a los que se refiere el apartado 1 podr�n obtener las ayudas financieras previstas para las viviendas protegidas de nueva construcci�n, de renta b�sica, siempre que las viviendas as� adquiridas cumplan las condiciones que a continuaci�n se fijan, y conforme a la normativa propia de las Comunidades Aut�noma o de las ciudades de Ceuta y Melilla: a) Deber�n estar vinculadas al r�gimen de uso al que se refiere el apartado 1 de este art�culo durante un per�odo m�nimo de diez o de veinticinco a�os, ateni�ndose a las rentas m�ximas, condiciones y posibilidades aplicables a las viviendas protegidas para arrendar, de renta concertada. b) Para segundas y posteriores transmisiones, en los precios m�ximos de venta se aplicar�n los mismos criterios que corresponden a las viviendas protegidas para arrendar, de renta concertada, y durante el per�odo de vinculaci�n a que se refiere el p�rrafo anterior, salvo que la normativa propia de las comunidades aut�nomas o de las ciudades de Ceuta y Melilla establezca otro superior; c)Las limitaciones sobre el destino del uso de la vivienda y sobre los precios m�ximos de venta y renta habr�n de figurar expresamente en las escrituras de compraventa y en la escritura de formalizaci�n del pr�stamo hipotecario, haci�ndose constar tal circunstancia en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal.� Cesi�n y enajenaci�n de las viviendas de nueva construcci�n con destino a arrendamiento. El art. 33 se dedica a las condiciones de. Destaquemos e su nueva redacci�n:
- Las viviendas protegidas a 10 a�os, una vez transcurrido este plazo, continuar�n siendo protegidas, salvo las de renta concertada. El arrendador podr� mantenerlas en r�gimen de alquiler u ofrecerlas en venta, a compradores que cumplan las condiciones para poder acceder a las viviendas usadas. Se fija un precio m�ximo de venta por metro cuadrado de superficie �til. - Las viviendas protegidas a 25 a�os, una vez transcurridos diez a�os continuar�n siendo protegidas. El arrendador deber� mantenerlas en r�gimen de alquiler y podr� ofrecer en venta hasta un cincuenta por ciento de las mismas, con un precio m�ximo de venta, a compradores que cumplan las condiciones previstas para poder acceder a las viviendas usadas. A tales efectos, se requerir� autorizaci�n de las comunidades aut�nomas o de las ciudades de Ceuta y Melilla, as� como el cumplimiento de los procedimientos establecidos por �stas. Las restantes viviendas, una vez, transcurridos 25 a�os desde la calificaci�n definitiva, y mientras contin�en siendo protegidas, podr�n venderse al precio m�ximo establecido. - Respecto de estas viviendas, tendr�n preferencia para adquirirlas los inquilinos que hayan permanecido al menos cinco a�os en r�gimen de arrendamiento en ellas. Si el promotor o el titular de dichas viviendas las hubiera ofrecido, todas o en parte, en r�gimen de arrendamiento con opci�n de compra, los inquilinos podr�n ejercer dicha opci�n una vez transcurridos 10 a�os desde la calificaci�n o declaraci�n definitiva de la vivienda, si hubieran permanecido ininterrumpidamente en las viviendas durante cinco a�os al menos. - Los titulares de las viviendas protegidas para alquiler podr�n enajenarlas a nuevos titulares, siempre que se trate de sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, incluyendo sociedades o fondos de inversi�n inmobiliaria. Dicha enajenaci�n podr� efectuarse en cualquier momento del per�odo de vinculaci�n a dicho r�gimen de uso, sin sujeci�n a los precios legales de referencia establecidos, previa notificaci�n al �rgano competente de las comunidades aut�nomas o de las ciudades de Ceuta y Melilla. - Los arrendatarios de las viviendas acogidas a las ayudas financieras de este real decreto no podr�n ser titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o de disfrute sobre otra vivienda sujeta a protecci�n p�blica. Tampoco podr�n serlo de una vivienda libre en la misma localidad en la que se ubique la vivienda a la que se accede en alquiler, salvo que no dispongan del derecho de uso o disfrute de la misma. Hay excepciones.
Pr�stamos concedidos a promotores: Se modifica la letra b) del art. 37: El plazo de amortizaci�n de los pr�stamos ser� de diez o de veinticinco a�os, precedido de un per�odo de carencia de hasta cuatro a�os, ampliable a diez a�os como m�ximo, cuando se trate de viviendas a ese mismo plazo, o de viviendas a veinticinco. La eventual ampliaci�n del per�odo de carencia por encima de cuatro a�os requerir� el acuerdo de la entidad de cr�dito colaboradora que financie la promoci�n. La finalizaci�n del per�odo de carencia ser� independiente de la fecha de otorgamiento de la calificaci�n o declaraci�n definitiva de la actuaci�n protegida. Hay disp. Transitoria sobre el periodo de carencia.
Tipo de inter�s de los pr�stamos convenidos. Seg�n la D. Ad. 3�, sin perjuicio del mantenimiento del sistema de revisi�n, la cuant�a de dicho tipo ser� del 5,09 por ciento, cuant�a que ser� de aplicaci�n para los nuevos pr�stamos convenidos que se concedan a partir de la entrada en vigor de este real decreto y, para los ya formalizados, desde el primer vencimiento que se produzca, transcurridos dos meses de la publicaci�n de este real decreto en el BOE. Dicho nuevo tipo de inter�s ser� de aplicaci�n, asimismo, sin coste alguno para los prestatarios, a todos los pr�stamos convenidos ya concedidos por las entidades de cr�dito colaboradoras, correspondientes al citado Plan 2005-2008, salvo excepciones. El nuevo tipo de inter�s podr� ser modificado durante 2008 si la evoluci�n de la coyuntura econ�mica as� lo aconsejara.
Anejos de viviendas en zonas rurales.
Seg�n la D. Ad. 3�, cuando las viviendas protegidas de nueva construcci�n sean promovidas por promotores individuales para uso propio en el medio, zona o municipio rural, podr�n incluir, adem�s de garajes y trasteros, anejos para determinadas actividades econ�micas. PDF (2008/00520; 10 p�gs. - 198 KB.) ACTA NOTARIAL AYUDAS A TRANSPORTISTAS. ORDEN FOM/3539/2007, de 16 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesi�n de ayudas a transportistas aut�nomos por carretera que abandonen
Esta Orden establece las bases reguladoras de la concesi�n de ayudas a transportistas aut�nomos por carretera que abandonen la actividad. El art�culo 3 exige que se acrediten determinadas circunstancias mediante declaraci�n del interesado ante autoridad administrativa o ante Notario. Ver modelo de acta de Mariano Melendo.
ORDEN FOM/3983/2007, de 27 de diciembre regula la convocatoria de dicha ayudas para el a�o 2008. PDF (2007/20946; 3 p�gs. - 123 KB.)
SOCIEDADES AN�NIMAS COTIZADAS. Circular 4/2007, de 27 de diciembre, de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica el modelo de informe anual de gobierno corporativo de las sociedades an�nimas cotizadas. PDF (2008/00592; 24 p�gs. - 2498 KB.) ELECCIONES GENERALES. Real Decreto 33/2008, de 14 de enero, de disoluci�n del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones. Las nuevas C�maras se reunir�n, en sesiones constitutivas, el d�a 1 de abril.
PDF (2008/00641; 2 p�gs. - 65 KB.) EMBARGOS DE CUENTAS. Resoluci�n de 20 de diciembre de 2007, de la Direcci�n General de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria, por la que se modifica la cuant�a de las diligencias de embargo y determinados aspectos de la
Resoluci�n de 14 de diciembre de 2000, por la se que se establece el procedimiento para efectuar por medios telem�ticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de dep�sito para diligencias de cuant�a igual o inferior a 4.000 euros. Se eleva a 6.000 euros el importe m�ximo de las diligencias que se tramitar�n a trav�s del procedimiento para efectuar por medios telem�ticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de dep�sito.
Se establece un importe embargable m�nimo, que se fija en 3 euros, a partir del cual la Entidad de cr�dito puede eludir la traba. PDF (2008/00644; 6 p�gs. - 183 KB.) CANARIAS.- Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificaci�n del R�gimen Econ�mico y Fiscal de Canarias, en las materias referentes a los incentivos fiscales en la imposici�n indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria.
Se trata del primer desarrollo reglamentario de la
Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificaci�n del R�gimen Econ�mico y Fiscal de Canarias, cuya �ltima versi�n ha sido dada por el Real Decreto-ley 12/2006, de 29 de diciembre, en el que se prorroga hasta el a�o 2013 el r�gimen fiscal especial aplicable en dicho territorio.
Los beneficios tributarios all� recogidos tienen la consideraci�n de ayudas de Estado y, como tales, est�n sujetos a control por la Comisi�n Europea en aplicaci�n de las correspondientes normas de Derecho comunitario. Contenido: materias referentes a los incentivos fiscales en la imposici�n indirecta (ITP, OS e IGIC), la reserva para inversiones en Canarias y la
Zona Especial Canaria. Se desarrollan fundamentalmente los art�culos 25 y 27. Destaquemos:
- Determinaci�n del �mbito de aplicaci�n de las exenciones en la imposici�n indirecta. Se intenta aclarar, entre otras materias, el valor del suelo (suele haber prorrateo), concepto de establecimiento permanente, las condiciones para el arrendamiento, delimitaci�n de zonas en declive, plazo de entrada en funcionamiento, etc.
- Deducciones en la cuota �ntegra del IRPF de empresarios y profesionales tambi�n por las dotaciones. - Identificaci�n de las distintas formas de inversi�n objeto de estos beneficios y su clasificaci�n como iniciales o no.
- Normas de gesti�n de estos incentivos fiscales. Se flexibiliza el Plan de Inversi�n, aunque queda pendiente de una Orden Ministerial. - L�mites
dentro de los cuales se pueden disfrutar de las exenciones y reducciones tributarias
- Gesti�n de la
PDF (2008/00745; 15 p�gs. - 512 KB.).
TRANSPARENCIA FINANCIERA. Real Decreto 1759/2007, de 28 de diciembre, por el que se regulan los modelos y el procedimiento de remisi�n de la informaci�n que deben presentar las empresas p�blicas y determinadas empresas en virtud de lo establecido en la Ley
4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las relaciones financieras entre las Administraciones p�blicas y las empresas p�blicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas. PDF (2008/00746; 5 p�gs. - 164 KB.) CONCIERTO ECON�MICO VASCO. Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Econ�mico con la Comunidad Aut�noma del Pa�s Vasco. Es competencia de la Junta Arbitral: a) La resoluci�n de los conflictos que se planteen entre la Administraci�n del Estado y las Diputaciones Forales o entre �stas y la Administraci�n de cualquier otra Comunidad Aut�noma, en relaci�n con la aplicaci�n de los puntos de conexi�n de los tributos concertados y la determinaci�n de la proporci�n correspondiente a cada Administraci�n en los supuestos de tributaci�n conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o por el IVA.
b) La resoluci�n de los conflictos que surjan entre las Administraciones interesadas como consecuencia de la interpretaci�n y aplicaci�n del Concierto Econ�mico entre el Estado y el Pa�s Vasco a casos concretos concernientes a relaciones tributarias individuales.
c) La resoluci�n de las discrepancias que puedan producirse respecto a la domiciliaci�n de los contribuyentes. PDF (2008/00747; 6 p�gs. - 197 KB.) *DOMINIO P�BLICO HIDR�ULICO. Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio P�blico Hidr�ulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril. Objetivo. Esta reforma persigue la protecci�n de las personas y los bienes, y del medio ambiente, a trav�s de la modificaci�n de la normativa sobre inundaciones y de la introducci�n de un nuevo t�tulo relativo a la seguridad de presas, embalses y balsas.
Contenido. Afecta, entre otras materias, a la definici�n de �lveo � cauce natural, a la de ribera, a la regulaci�n de la zona de servidumbre para uso p�blico de cinco metros, a la zona de polic�a de cien metros, y a la regulaci�n de las zonas inundables.
- �lveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las m�ximas crecidas ordinarias. La determinaci�n de ese terreno se realizar� atendiendo a sus caracter�sticas geomorfol�gicas, ecol�gicas y teniendo en cuenta las informaciones hidrol�gicas, hidr�ulicas, fotogr�ficas y cartogr�ficas que existan, as� como las referencias hist�ricas disponibles. - Riberas son las fajas laterales de los cauces p�blicos situadas por encima del nivel de aguas bajas.
- M�rgenes son los terrenos que lindan con los cauces.
- Servidumbre:
- Fines: La zona de servidumbre para uso p�blico tendr� los fines siguientes: a) Protecci�n del ecosistema fluvial y del dominio p�blico hidr�ulico. b) Paso p�blico peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservaci�n y salvamento. c) Varado y amarre de embarcaciones. - Obras: Con car�cter general no se podr� realizar ning�n tipo de construcci�n en esta zona salvo que resulte conveniente o necesaria para el uso del dominio p�blico hidr�ulico o para su conservaci�n y restauraci�n. Solo podr�n autorizarse edificaciones en zona de servidumbre en casos muy justificados. - Zona de polic�a: En la zona de polic�a de 100 metros de anchura (modificables) medidos horizontalmente a partir del cauce quedan sometidos a lo dispuesto en este Reglamento, entre otros, las siguientes actividades y usos del suelo: a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. b) Las extracciones de �ridos. c) Las construcciones de todo tipo, tengan car�cter definitivo o provisional. - Zonas inundables: son las delimitadas por los niveles te�ricos que alcanzar�an las aguas en las avenidas cuyo per�odo estad�stico de retorno sea de quinientos a�os, atendiendo a estudios geomorfol�gicos, hidrol�gicos e hidr�ulicos, as� como de series de avenidas hist�ricas y documentos o evidencias hist�ricas de las mismas. La calificaci�n como zonas inundables no alterar� la calificaci�n jur�dica y la titularidad dominical que dichos terrenos tuviesen.
Titular de presa: Ser� considerado como tal la persona f�sica o jur�dica, de derecho p�blico o privado, que tenga inscrito en el Registro de Seguridad de Presas y Embalses el t�tulo para construir o explotar una presa o un embalse. En ausencia de inscripci�n o cuando, por cualquier circunstancia, la inscripci�n no estuviera actualizada y as� se acreditara, se considerar� titular a la persona f�sica o jur�dica que realice la construcci�n o lleve a cabo la explotaci�n. Nada se dice de las titularidades que obren en el Registro de la Propiedad.
Registro de Seguridad de Presas y Embalses. A �l se dedica el art. 363, previendo que la Administraci�n p�blica competente en materia de seguridad de presas y embalses crear� un Registro de Seguridad de Presas y Embalses.
- En �l se inscribir�n todas las presas y balsas de altura superior a 5 metros o de capacidad de embalse mayor de 100.000 m3, de titularidad privada o p�blica, existentes, en construcci�n o que se vayan a construir.
- El contenido m�nimo de este Registro, en el �mbito de la Administraci�n General del Estado, ser� establecido por el Ministro de Medio Ambiente mediante orden. - En dicho Registro se anotar�n, en todo caso, las resoluciones administrativas que se dicten en relaci�n con la seguridad de las presas y embalses, as� como los informes emitidos en materia de control de seguridad.
- Ha de existir un Registro Nacional de Seguridad de Presas y Embalses al que se remitir�n datos por cada una de las administraciones p�blicas competentes en materia de seguridad de presas y embalses
Obligaciones del titular. Los titulares de las presas y balsas referidas estar�n obligados a solicitar su clasificaci�n y registro. La resoluci�n de clasificaci�n deber� dictarse en el plazo m�ximo de un a�o. Transmisi�n de una presa. En el supuesto de que se transmita la titularidad de la presa, el nuevo titular se subrogar� en todas las responsabilidades y obligaciones que este t�tulo atribuye al anterior titular. El titular deber� comunicar a la administraci�n p�blica competente la transmisi�n de la presa que se propone realizar y solicitar su inscripci�n en el Registro de Seguridad de Presas y Embalses. PDF (2008/00755; 9 p�gs. - 262 KB.) BALEARES. Decreto 145/2007, de 21 de diciembre, por el que se fija el calendario de d�as inh�biles para el a�o 2008 a efectos de plazos administrativos. PDF (2008/00758; 1 p�gs. - 34 KB.) VIETNAM. Aplicaci�n provisional del Convenio de Cooperaci�n en materia de adopci�n entre el Reino de Espa�a y la Rep�blica Socialista de Vietnam, hecho en Hanoi el 5 de diciembre de 2007. PDF (2008/00898; 4 p�gs. - 137 KB.) LA RIOJA. Ley 5/2007, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut�noma de La Rioja para el a�o 2008.
PDF (2008/00905; 214 p�gs. - 2251 KB.) LA RIOJA. Ley 6/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el a�o 2008. Hay novedades en IRPF, Sucesiones y Donaciones y en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados.
. Su Exposici�n de Motivos destaca los tipos reducidos en la adquisici�n de vivienda: se mantiene el 3% para las familias numerosas que cumplan ciertos requisitos y se introduce un nuevo tipo reducido del 5% para el que no se exigen esos requisitos. Adem�s se ampl�a el plazo de dos a�os previsto para poder aplicarse el tipo del 3% hasta los cinco a�os, tanto desde la obtenci�n de la categor�a de familia numerosa como para la reinversi�n por la venta de la anterior vivienda habitual. Anotaci�n preventiva: Seg�n el art. 22, cuando se presente a liquidaci�n por Actos Jur�dicos Documentados cualquier documento al que sea de aplicaci�n el art�culo 20.Uno.22.c) de la
Ley del IVA, la oficina liquidadora solicitar� del Registro de la Propiedad correspondiente una anotaci�n preventiva que refleje que dicho inmueble estar� afecto al pago por el ITP, en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, en el caso de que el adquirente no proceda a la demolici�n y promoci�n previstas en el indicado art�culo 20.Uno.22.c) antes de efectuar una nueva transmisi�n. Seg�n el art�culo 20.Uno.22.c), la exenci�n no se extiende a las entregas de edificaciones para su inmediata rehabilitaci�n por el adquirente, siempre que se cumplan los requisitos que reglamentariamente se establezcan.
PDF (2008/00906; 23 p�gs. - 717 KB.) CASTILLA Y LE�N. Ley 9/2007, de 27 de diciembre, de medidas financieras. Hay novedades en IRPF, Sucesiones y Donaciones y en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados.
Destaca la Exposici�n de Motivos, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la introducci�n de una bonificaci�n del 99 por 100 de la cuota derivada de las adquisiciones lucrativas �inter vivos� realizadas a favor del c�nyuge, descendientes o adoptados del donante, lo que va a suponer en la pr�ctica una exoneraci�n del impuesto; adem�s se extienden estos beneficios fiscales a las uniones de hecho tal y como sucede ya en las adquisiciones �mortis causa�. Los cambios en el ITPYAJD consisten en rebajar al 0,01 por 100 el tipo impositivo que grava las adquisiciones de vivienda por j�venes en el medio rural sujetas a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas eliminando el requisito relativo a la limitaci�n de renta; rebajar los tipos impositivos reducidos que gravan la adquisici�n de viviendas por j�venes en la modalidad de actos jur�dicos documentados, fij�ndolos en el 0,01 por 100 y eliminando el l�mite de renta para poder aplicarse este beneficio fiscal, y se regulan los tipos reducidos en la adquisici�n de viviendas por menores de 36 a�os aplicables en la modalidad de actos jur�dicos documentados fij�ndolos en el 0,30 por 100 el tipo impositivo que grava las escrituras p�blicas que documenten la adquisici�n de la vivienda, el 0,01 por 100 cuando se trate de la adquisici�n de viviendas rurales elimin�ndose adem�s el requisito relativo a la limitaci�n de renta de los adquirentes, y el 0,01 por 100 el tipo impositivo que grava las escrituras que documenten los cr�ditos y pr�stamos hipotecarios obtenidos para la adquisici�n de la vivienda habitual. PDF (2008/00907; 7 p�gs. - 231 KB.) IPREM. Real Decreto-Ley 1/2008, de 18 de enero, por el que se determina el Indicador P�blico de Renta de Efectos M�ltiples (IPREM) para 2008 y se concede un cr�dito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por importe de 200.000.000 euros con destino a la acogida e integraci�n de inmigrantes, as� como al refuerzo educativo de los mismos. El
IPREM es un indicador p�blico de renta de efectos m�ltiples que se utiliza como referencia del nivel de renta que sirva para determinar la cuant�a de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios p�blicos, y pueda sustituir en esta funci�n al salario m�nimo interprofesional. Citemos algunos ejemplos de su utilizaci�n: - En la normativa
educativa, para la percepci�n de becas y el pago de tasas.
- En el �mbito procesal, para el acceso a los beneficios de la justicia gratuita o la determinaci�n de los anticipos reintegrables.
- En la normativa de la vivienda, para el acceso a las viviendas de protecci�n oficial y la revisi�n de alquileres
- En la normativa
fiscal, para la determinaci�n de los m�nimos exentos fiscales, ingresos de hijos con derecho a deducci�n, tasas, impuesto de transmisiones o determinados tributos locales, entre otros
Este Real Decreto Ley modifica, al respecto, la disposici�n adicional trig�sima quinta de la reciente
Ley de Presupuestos, fijando las siguientes cuant�as para 2008: a) El IPREM diario, 17,23 euros. b) El IPREM mensual, 516,90 euros. c) El IPREM anual, 6.202,80 euros. d) En los supuestos en que la referencia al salario m�nimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM, la cuant�a anual del IPREM ser� de 7.236,60 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario m�nimo interprofesional en c�mputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuant�a ser� de 6.202,80 euros. PDF (2008/00977; 3 p�gs. - 98 KB.) **REGISTRO DE FUNDACIONES. Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal. Normativa de fundaciones: - Los art�culos 34 y 53.1 de la Constituci�n.
- Los aspectos sustantivos y procedimentales se regulan en la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto
1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal del que ahora se modifica el art. 17.2 (actos sometidos a un r�gimen de comunicaci�n).
- El r�gimen fiscal se encuentra sustancialmente en la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, que dicta el r�gimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, desarrollada a su vez mediante el Real Decreto
1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba su Reglamento. - El Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal, cometido que cumple ese Real Decreto, derogando el Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo, que trataba sobre la materia, pero que nunca ha llegado a tener efectividad en la pr�ctica. Se siguen las l�neas maestras fijadas en los arts. 36 y 37 de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre.
Registro que se crea: Se trata del Registro de Fundaciones de competencia estatal, en el que se inscribir�n los actos relativos a las fundaciones que desarrollen su actividad en todo el territorio del Estado o principalmente en el territorio de m�s de una comunidad aut�noma, delegaciones de fundaciones extranjeras que tengan el mismo �mbito de actuaci�n y todas las fundaciones del sector p�blico estatal.
- Radicar� en Madrid y tendr� car�cter �nico para todo el territorio del Estado.
- Depender� org�nicamente del Ministerio de Justicia y estar� adscrito a la Direcci�n General de los Registros y del Notariado. - El Encargado del Registro ser� el Director General de los Registros y del Notariado. - Contra sus resoluciones se podr� interponer recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Justicia. Naturaleza: El Registro es jur�dico, bastante cercano al Registro Mercantil y presenta, seg�n la Exposici�n de Motivos, una naturaleza doble: mientras por un lado las fundaciones adquieren personalidad jur�dica desde el momento de la inscripci�n registral de la escritura p�blica de su constituci�n, por otro el registro se configura como un instrumento al servicio de la Administraci�n, y dentro de ella de los diferentes Protectorados, a los que pretende proporcionar informaci�n para el desarrollo de sus actividades y el ejercicio de sus funciones. Principios registrales:
- Titulaci�n p�blica: la inscripci�n en el Registro se practicar�, con car�cter general, en virtud de documento p�blico (escritura o testamento).
- Legalidad: el Encargado del Registro calificar� la legalidad de las formas extr�nsecas de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicite la inscripci�n, as� como la capacidad y legitimaci�n de los que los otorguen o suscriban y la validez de su contenido, por lo que resulte de ellos y de los asientos registrales. - Legitimaci�n: el contenido del Registro se presume exacto y v�lido. Los asientos del Registro est�n bajo la salvaguarda de los tribunales y producir�n sus efectos mientras no se inscriba la declaraci�n judicial o, en su caso, resoluci�n administrativa, de su inexactitud o nulidad. La inscripci�n no convalida los actos y contratos que sean nulos con arreglo a las leyes. - Fe p�blica: la declaraci�n de inexactitud o nulidad de los asientos del Registro no perjudicar� los derechos de terceros de buena fe adquiridos conforme a Derecho. - Prioridad: inscrito cualquier t�tulo en el Registro, no podr� inscribirse o anotarse ning�n otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con el. - Tracto sucesivo: 1.� Para inscribir actos o contratos relativos a un sujeto inscribible ser� precisa la previa inscripci�n del sujeto. 2.� Para inscribir actos o contratos modificativos o extintivos de otros otorgados con anterioridad ser� precisa la previa inscripci�n de estos. 3.� Para inscribir actos o contratos otorgados por apoderados o administradores ser� precisa la previa inscripci�n de �stos (obs�rvese que no es el criterio seguido por la DGRN con respecto al Registro Mercantil en relaci�n al de Propiedad). - Publicidad formal: El Registro es p�blico y corresponde al Encargado del Registro el tratamiento del contenido de los asientos registrales, de modo que se haga efectiva su publicidad directa y se garantice, al mismo tiempo, la imposibilidad de su manipulaci�n o televaciado.
Funciones del Registro. - La inscripci�n de las fundaciones y de los actos relativos a ellas. - La legalizaci�n de los libros obligatorios. - El nombramiento de auditores de cuentas. - El dep�sito y publicidad del plan de actuaci�n y de las cuentas anuales.
- La expedici�n de certificaciones sobre denominaciones, y de certificaciones y notas sobre los asientos y documentos que obren en el Registro. - La determinaci�n del protectorado de la fundaci�n. - La evacuaci�n de consultas de inter�s general que no supongan una precalificaci�n de los actos, negocios o documentos.
- Cualquier otra funci�n que le atribuya la normativa vigente.
Comunicaciones notariales. Art. 26.4. Se estar� a lo dispuesto en la legislaci�n notarial en cuanto a las comunicaciones de los Notarios que autoricen documentos relativos a actos de �ltima voluntad o manifestaciones de herencia en los que se constituya una fundaci�n �mortis causa�. 5. Las comunicaciones notariales con el Registro ser�n telem�ticas.
Plazo para la inscripci�n. Seg�n el art. 28, si no se apreciaran defectos, el Encargado del Registro practicar� la inscripci�n en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de presentaci�n del t�tulo en el Registro. El Encargado del Registro proceder� a calificar dentro del primer mes a contar desde la misma fecha. Seg�n el art�culo 29, el plazo m�ximo para notificar la resoluci�n ser� de seis meses cuando se trate de la primera inscripci�n, modificaci�n o nueva redacci�n de estatutos, fusi�n y extinci�n de la fundaci�n y de tres meses para el resto, contados ambos plazos desde la fecha de recepci�n de la solicitud en el Registro de Fundaciones de competencia estatal. Transcurridos los plazos se�alados sin notificaci�n de la resoluci�n, podr� entenderse estimada la solicitud de inscripci�n correspondiente. Nota: resultan sorprendentes tan generosos plazos (y que no sean conjuntos los de calificaci�n e inscripci�n), cuando los registros de la propiedad y mercantiles (a los que tanto se asemeja �ste) han de calificar e inscribir en quince d�as existiendo algunos plazos a�n m�s perentorios. En parte pueden estar justificados por el informe que ha de solicitarse al Protectorado.
Publicaci�n en el BOE. Ser�n publicadas en el BOE las resoluciones de inscripci�n registral que se refieran a: a) La constituci�n de fundaciones; b) la fusi�n de fundaciones; c) las modificaciones estatutarias; d) la cancelaci�n de las fundaciones tras haber finalizado el procedimiento de liquidaci�n.
Contenido: No es un Reglamento �de m�nimos�, sino que se aspira a que sea completo, conformando un cuerpo normativo aut�nomo. Se apunta lo esencial de sus siete cap�tulos: - El Cap�tulo I, dedicado a las disposiciones generales, alude, entre otras materias, a su �mbito de aplicaci�n, objeto, naturaleza del Registro, procedimientos de inscripci�n, y principios registrales caracter�sticos de otros registros de personas. Los procedimientos de inscripci�n se ajustar�n a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el presente Reglamento.
- El Cap�tulo II es el relativo a la organizaci�n del Registro: organizaci�n administrativa, Encargado del registro, �mbito funcional y subjetivo del Registro, estructura con sistema de hoja personal; libros y asientos del Registro� - El Cap�tulo III regula la inscripci�n de las fundaciones de competencia estatal, las delegaciones de fundaciones extranjeras y las fundaciones del sector p�blico estatal; actos sujetos a inscripci�n (art. 24), t�tulos inscribibles (normalmente escritura o testamento), plazos y requisitos formales de la documentaci�n, calificaci�n registral, subsanaci�n, notificaci�n de actuaciones y publicaci�n de los actos inscritos en el �Bolet�n Oficial del Estado�. - En el Cap�tulo IV se regulan otras funciones del Registro, como la legalizaci�n de los libros obligatorios, el nombramiento de auditores de cuentas o el dep�sito y publicidad del plan de actuaci�n y de las cuentas anuales.
- El Cap�tulo V regula la Secci�n de denominaciones del Registro. - El Cap�tulo VI regula el ejercicio de la publicidad formal que corresponde a un Registro p�blico, previ�ndose la expedici�n de certificaciones, notas simples informativas o copias de los asientos y documentos depositados.
El Registro es p�blico para quienes tengan inter�s en conocer su contenido. La publicidad del Registro no alcanza a los datos referidos a los domicilios de las personas, estado civil y otros datos de car�cter personal que consten en la documentaci�n de cada fundaci�n.
- El Cap�tulo VI se dedica a la colaboraci�n de este Registro con los registros de fundaciones creados en las comunidades aut�nomas, con los Protectorados y con el Consejo Superior de Fundaciones. Dep�sito de cuentas. Se trata de ello en la Disposici�n transitoria tercera: A partir del 20 de enero de 2008, los registradores mercantiles proceder�n al traslado, en formato electr�nico, de los dep�sitos de cuentas anuales consolidadas de fundaciones de competencia estatal que obren a su cargo. Tras la puesta en funcionamiento del Registro de fundaciones de competencia estatal, el Protectorado depositar� las cuentas anuales de las fundaciones en dicho Registro, una vez examinadas y comprobada su adecuaci�n formal a la normativa vigente, sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 29.2
del Reglamento de fundaciones de competencia estatal respecto del dep�sito de las cuentas anuales consolidadas (se depositar�n en el Registro Mercantil con env�o de copia al de Fundaciones). Situaci�n transitoria: mientras no entre en funcionamiento, subsistir�n los registros de fundaciones actualmente existentes. Cargas duraderas: No podr�n inscribirse en el Registro de fundaciones de competencia estatal nuevas cargas duraderas sobre bienes para la realizaci�n de fines de inter�s general, ni modificarse la inscripci�n de las existentes. Las inscripciones de cargas duraderas actualmente vigentes se mantendr�n en un libro espec�fico del Registro de fundaciones de competencia estatal hasta que se produzca su cancelaci�n.
El Real Decreto, el 20 de enero de 2008, pero el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal, que est� inserto en �l, el 1 de octubre de 2008. De todos modos, la fecha de entrada en funcionamiento del Registro se dispondr� mediante Orden conjunta del Ministro de Econom�a y Hacienda y del Ministro de Justicia.
PDF (2008/00978; 13 p�gs. - 395 KB.) *DATOS DE CAR�CTER PERSONAL. Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Org�nica
15/1999, de 13 de diciembre, de protecci�n de datos de car�cter personal.
Normativa b�sica:
- La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la protecci�n de las personas f�sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci�n de estos datos,
- La actual Ley Org�nica
15/1999, de 13 de diciembre de Protecci�n de datos de car�cter personal que adapt� nuestro ordenamiento a lo dispuesto por la referida Directiva. Comprende por tanto el tratamiento automatizado y el no automatizado de los datos de car�cter personal.
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la informaci�n y de comercio electr�nico y la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones en cuanto que atribuyen competencias en materia sancionadora a la Agencia Espa�ola de Protecci�n de Datos.
- Este Reglamento que deroga dos anteriores, 1332/1994, de 20 de junio y 994/1999, de 11 de junio.
428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protecci�n de Datos.
- Este Reglamento comparte con la Ley Org�nica la finalidad de hacer frente a los riesgos que para los derechos de la personalidad pueden suponer el acopio y tratamiento de datos personales. - Nace con la vocaci�n de no reiterar los contenidos de la norma superior y de desarrollar, no s�lo los mandatos contenidos en la Ley Org�nica de acuerdo con los principios que emanan de la Directiva, sino tambi�n aquellos que en estos a�os de vigencia de la Ley se ha demostrado que precisan de un mayor desarrollo normativo.
- Como sucesor de los reglamentos derogados, fija criterios aplicables a los ficheros y tratamientos de datos personales no automatizados.
- Desarrolla los procedimientos para el ejercicio de la potestad sancionadora por la Agencia Espa�ola de Protecci�n de Datos, para tutelar los derechos tanto de personas f�sicas como jur�dicas.
�mbito objetivo de aplicaci�n. - Ser� de aplicaci�n a los datos de car�cter personal registrados en soporte f�sico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores p�blico y privado. - No ser� de aplicaci�n:
- A los tratamientos de datos referidos a personas jur�dicas, ni a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas f�sicas que presten sus servicios en aqu�llas (los b�sicos de agenda).
- A los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros.
- A los datos referidos a personas fallecidas, pero las personas vinculadas al fallecido podr�n solicitar la cancelaci�n de los datos. - A los ficheros realizados o mantenidos por personas f�sicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o dom�sticas (dentro de la vida privada o familiar); si se refieren a materias clasificadas, y a los de terrorismo o delitos graves. Contenido. El reglamento se estructura en nueve t�tulos: - El t�tulo I contempla el objeto y �mbito de aplicaci�n del reglamento. Se aclara qu� se entiende por ficheros y tratamientos relacionados con actividades personales o dom�sticas (que est�n excluidos de esta normativa). Se mantiene el r�gimen jur�dico propio de tratamientos y ficheros de datos personales en los casos del
art. 2.3 de la Ley. Se realizan diversas definiciones. Se fija el criterio a seguir en materia de c�mputo de plazos, homogeneizando en ello los ficheros p�blicos respecto de los privados. - El t�tulo II se refiere a los principios de la protecci�n de datos. Reviste particular importancia la regulaci�n del modo de captaci�n del consentimiento atendiendo a aspectos muy espec�ficos como el caso de los servicios de comunicaciones electr�nicas y, muy particularmente, la captaci�n de datos de los menores. Asimismo, se define el estatuto del encargado del tratamiento que completa el T�tulo VIII en materia de seguridad.
- El t�tulo III se ocupa de los derechos de las personas en este �mbito para garantizarle un poder de control sobre sus datos personales, Entre ellos est�n los derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n y oposici�n al tratamiento. - Los t�tulos IV a VII aplican criterios espec�ficos a determinados tipos de ficheros de titularidad privada de especial trascendencia como los relativos a la solvencia patrimonial y cr�dito y los utilizados en actividades de publicidad y prospecci�n comercial. Se regula tambi�n un instrumento, el c�digo tipo, llamado a jugar cada vez un papel m�s relevante como elemento dinamizador del derecho fundamental a la protecci�n de datos.
- El t�tulo VIII regula la seguridad, que repercute sobre m�ltiples aspectos organizativos, de gesti�n y a�n de inversi�n, en todas las organizaciones que traten datos personales. El reglamento trata de ser particularmente riguroso en la atribuci�n de los niveles de seguridad, en la fijaci�n de las medidas que corresponda adoptar en cada caso y en la revisi�n de las mismas cuando ello resulte necesario. Tambi�n ordena el contenido y las obligaciones vinculadas al mantenimiento del documento de seguridad. Por �ltimo, se regula un conjunto de medidas destinadas a los ficheros y tratamientos estructurados y no automatizados dirigido a sus responsables. -Finalmente en el t�tulo IX, dedicado a los procedimientos tramitados por la Agencia Espa�ola de Protecci�n de Datos, marcando las diferencias con las reglas generales contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, de aplicaci�n supletoria.
Entrada en vigor: el 19 de abril de 2008.
PDF (2008/00979; 34 p�gs. - 239 KB.) BALEARES. Ley 5/2007, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Aut�noma de las Illes Balears para el a�o 2008. PDF (2008/01027; 22 p�gs. - 552 KB.) INSTITUCIONES DE INVERSI�N COLECTIVA. Orden EHA/35/2008, de 14 de enero, por la que se desarrollan las normas relativas a la contabilidad de las instituciones de inversi�n colectiva, la determinaci�n del patrimonio, el c�mputo de los coeficientes de diversificaci�n del riesgo y determinados aspectos de las instituciones de inversi�n colectiva cuya pol�tica de inversi�n consiste en reproducir, replicar o tomar como referencia un �ndice burs�til o de renta fija, y por la que se habilita a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores para su desarrollo. Dentro de las normas espec�ficas de contabilidad incluidas en el art�culo 2, se indica que los modelos p�blicos de las cuentas anuales ser�n de uso obligatorio en las cuentas anuales y en todos aquellos documentos en que se hagan p�blicas dichas cuentas, quedando prohibida su modificaci�n, sin perjuicio de los mayores desgloses que voluntariamente quieran revelarse
PDF (2008/01091; 3 p�gs. - 95 KB.) ANDALUC�A. Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educaci�n de Andaluc�a.
PDF (2008/01184; 35 p�gs. - 248 KB.) TASAS: PAGO TELEM�TICO. Resoluci�n de 10 de enero de 2008, de la Subsecretar�a, por la que se establece la aplicaci�n del procedimiento para la presentaci�n de la autoliquidaci�n y las condiciones para el pago por v�a telem�tica de las tasas administrativas del Ministerio de Justicia. Qu� tasas: Esta Resoluci�n establece el procedimiento para la presentaci�n de la autoliquidaci�n y las condiciones para el pago por v�a telem�tica de las tasas con c�digo 006 �Tasas Administrativas del Ministerio de Justicia�, las cuales gravan los siguientes hechos imponibles por expedici�n de certificados: - Certificados por el Registro Central de Penados y Rebeldes
- Certificados del Registro General de Actos de �ltima Voluntad. - Certificados por el Registro de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento.
Pago telem�tico de esta �ltima tasa cuando el solicitante sea un notario. Se trata en los apartados d�cimo y und�cimo, haciendo referencia al supuesto contemplado en el art�culo 4.1.e) del Real Decreto
398/2007, de 23 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creaci�n del Registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento. Dice este art�culo 4.1 e):
�e) Producido el devengo de la tasa por la solicitud del certificado del Registro prevista en la disposici�n adicional s�ptima de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, el notario proceder� a efectuar el cargo correspondiente en la cuenta identificada por el solicitante y el correlativo abono para la Administraci�n, generando el justificante acreditativo de su pago, todo lo cual podr� realizarse por los procedimientos telem�ticos establecidos en el apartado a), sin perjuicio de su pago anticipado a trav�s de la instituci�n notarial correspondiente. El notario incorporar� a la escritura el traslado a soporte papel del certificado electr�nico de pago, en caso de haber sido emitido, que tendr� efectos de carta de pago.�
- El Notario interviniente comunicar� a la Organizaci�n Corporativa Notarial los datos relativos a la identificaci�n del sujeto pasivo as� como de los asegurados.
- La Organizaci�n Corporativa Notarial efectuar� el pago por cuenta del sujeto pasivo por v�a telem�tica a trav�s de �Oficina Virtual� de la Agencia Tributaria.
- Efectuado el pago, la entidad colaboradora generar� el N�mero de Referencia Completa (NRC) que ser� enviado al Terminal de la Organizaci�n Corporativa Notarial pagadora la cual comunicar� al Ministerio de Justicia el pago de la tasa correspondiente para autorizar la expedici�n del certificado. - El mensaje de confirmaci�n al Ministerio de Justicia por parte de la Organizaci�n Corporativa Notarial permitir� la generaci�n de la carta de pago por parte del notario al sujeto pasivo de la tasa. Esta carta de pago firmada por el notario servir� como justificante del pago y producir� los efectos del modelo 790. - En la carta de pago as� impresa figurar� el NRC y los datos identificativos del sujeto pasivo, asegurado y Notario interviniente. Este justificante ser� puesto a disposici�n del Sujeto Pasivo a su solicitud a trav�s del Notario interviniente. Modelo normalizado. El modelo normalizado de tasas administrativas es el modelo 790. Direcci�n de Internet. La declaraci�n, liquidaci�n y el pago de la tasa prevista en la presente Resoluci�n podr� realizarse a trav�s de la p�gina web:
www.mjusticia.es. Voluntario: El pago telem�tico tendr� car�cter voluntario y alternativo, en su caso, al procedimiento presencial. Entrada en vigor: el 1� de febrero de 2008.
PDF (2008/01334; 3 p�gs. - 104 KB.) C�DIGO T�CNICO DE LA EDIFICACI�N. Correcci�n de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C�digo T�cnico de la Edificaci�n. Ver
c�digo t�cnico.
PDF (2008/01337; 8 p�gs. - 608 KB.) VALENCIA. Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, de gesti�n administrativa y financiera, y de organizaci�n de la Generalitat. Hay novedades en IRPF, Sucesiones y Donaciones y en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados.
Donaciones. En los a�os 2006 y 2007 se establecieron diversos beneficios fiscales aplicables a las donaciones entre padres e hijos y viceversa consistentes en reducciones en la base imponible de 40.000 euros en las adquisiciones lucrativas inter vivos por hijos de 21 o m�s a�os de edad y por padres del donante, y de entre 48.000 y 96.000 euros para los hijos menores de 21 a�os, as� como en una bonificaci�n del 99 por 100, con el l�mite de 420.000 euros de bonificaci�n m�xima, aplicable a la cuota en los supuestos de donaciones entre padres e hijos y viceversa. Ahora se extiende a las adquisiciones lucrativas inter vivos efectuadas por nietos la aplicaci�n de las reducciones y de la bonificaci�n del 99 por 100 por parentesco establecidas a favor de los hijos del donante, siempre que el progenitor de aqu�llos, que era hijo del donante, hubiera fallecido con anterioridad al momento del devengo. Id�ntica extensi�n de los beneficios se lleva a acabo en las donaciones de nietos a abuelos, en las mismas circunstancias de premoriencia del pariente que lo relaciona.
Igualmente, se extiende a los nietos y abuelos, en id�nticas circunstancias, y siempre que cumplan los respectivos requisitos de discapacidad, el �mbito subjetivo de la reducci�n de 120.000 euros, aplicable a las adquisiciones inter vivos por personas con discapacidad f�sica o sensorial, con un grado de minusval�a igual o superior al 33 por 100, que sean hijos o padres del donante, as� como el de la bonificaci�n del 99 por 100 de la cuota aplicable a las adquisiciones �nter vivos por discapacitados f�sicos o sensoriales, con un grado de minusval�a igual o superior al 65 por 100 o por discapacitados ps�quicos, con un grado de minusval�a igual o superior al 33 por 100, que sean hijos o padres del donante.
Y, finalmente, por id�ntico motivo, se extiende a los nietos, en los mismos casos de premoriencia del padre, la aplicaci�n de la reducci�n por adquisici�n lucrativa inter vivos de empresa individual agr�cola. ITPYAJD. Se incrementa la cuant�a de los l�mites de renta m�xima para la aplicaci�n de los tipos reducidos de las modalidades de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y de Actos Jur�dicos Documentados establecidos en favor de las familias numerosas. PDF (2008/01338; 43 p�gs. - 284 KB.) CANARIAS. Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut�noma de Canarias para 2008. La Ley de Presupuestos canaria para 2008 recoge una bonificaci�n del 99,9% aplicable tanto a las sucesiones como a las donaciones en las que el sujeto pasivo est� encuadrado dentro de los grupos I y II (descendientes y adoptados, c�nyuges, ascendientes y adoptantes) para los hechos imponibles acaecidos a partir del 1� de enero de 2008. Para obtener la bonificaci�n en las donaciones, se precisa que sean otorgadas en documento p�blico.
Tambi�n hay novedades en el IRPF como deducciones por gastos de estudio, guarder�as o vivienda habitual.
PDF (2008/01339; 64 p�gs. - 3492 KB.) REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES. Real Decreto 64/2008, de 25 de enero, por el que se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto
772/1997, de 30 de mayo. Entre las medidas adoptadas, destaquemos:
- Motocicletas: Se exigir�, para el acceso a la conducci�n de las de mayor potencia, una experiencia previa en la conducci�n de las motocicletas de las categor�as inferiores a las que autoriza el permiso que se pretende obtener, as� como la de establecer como obligatoria la superaci�n de las pruebas de control de aptitudes y comportamientos previstas para la obtenci�n de cada clase de permiso, suprimiendo las exenciones vigentes. - Ciclomotores: Se retrasa la edad m�nima necesaria para obtener la correspondiente licencia de conducci�n a los quince a�os cumplidos y se exige, en todo caso, la superaci�n de una prueba de control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado. Asimismo, se prev� la prohibici�n de que sus titulares puedan transportar pasajeros hasta que tengan dieciocho a�os cumplidos. - Pr�rroga de permisos: Se elimina el plazo m�ximo de cuatro a�os previsto en el vigente Reglamento para poder solicitar la pr�rroga de la vigencia de los permisos y licencias de conducci�n sin necesidad de volver a superar las pruebas de control de conocimientos y de aptitudes y comportamientos correspondientes. - Examen de conducir: Se modifica el n�mero de posibles respuestas correctas a las preguntas planteadas en las pruebas de control de conocimientos para la obtenci�n de los permisos y licencias de conducci�n, que podr�n ser varias y no solo una, y se eleva, consecuentemente, el porcentaje de errores m�ximos permitidos. PDF (2008/01403; 3 p�gs. - 101 KB.) SEGURIDAD SOCIAL 2008. Orden TAS/76/2008, de 22 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotizaci�n a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garant�a Salarial y Formaci�n Profesional, contenidas en la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2008. Esta Orden desarrolla el art�culo 122 de la
Ley 51//2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2008, donde se establecen las bases y tipos de cotizaci�n a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garant�a Salarial y Formaci�n Profesional para el ejercicio 2008. A trav�s de ella se reproducen las bases y tipos de cotizaci�n reflejados en el texto legal citado, pero tambi�n se adaptan las bases de cotizaci�n establecidas con car�cter general a los supuestos de contratos a tiempo parcial.
En materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales habr� de estarse a la disposici�n final decimocuarta de la
Ley 51//2007, de 26 de diciembre.
Su entrada en vigor se retrotrae al 1� de enero de 2008. PDF (2008/01466; 14 p�gs. - 457 KB.) Correcci�n de errores.
VALENCIA. Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2008. PDF (2008/01469; 69 p�gs. - 585 KB.) PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO 2008. Resoluci�n de 22 de enero de 2008, de la Direcci�n General de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan General de Control Tributario 2008. El Plan General de Control constituye un instrumento fundamental en la planificaci�n de las actuaciones de control tributario y aduanero que la Agencia Tributaria va a realizar anualmente. El Plan detalla la cuant�a y cualidad de las actuaciones de control a desarrollar para alcanzar los objetivos fijados del ejercicio. El art�culo 116 de la Ley General Tributaria establece la obligaci�n de elaborarlo
anualmente, y le atribuye car�cter reservado, salvo en lo que afecta a las directrices generales que lo informan, las cuales son publicadas en el Bolet�n Oficial del Estado. Las directrices generales del Plan detallan las �reas de riesgo fiscal de atenci�n preferente, clasificadas, de acuerdo con la naturaleza del control a efectuar, en control intensivo, control extensivo y control en la fase recaudatoria. Se completan adem�s, con otros dos apartados, en los que se recogen las principales l�neas de actuaci�n coordinada entre los diferentes tipos de control, y las actuaciones prioritarias a desarrollar en colaboraci�n con las Administraciones tributarias auton�micas en el marco del control de los tributos cedidos. - Actuaciones de control intensivo.
El control intensivo comprende las actuaciones que se dirigen al descubrimiento, regularizaci�n y represi�n de las formas m�s graves y complejas de fraude, as� como a la comprobaci�n en profundidad del correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias por un contribuyente. Destaquemos:
- Lucha contra las tramas de fraude en el �mbito del IVA que grava las operaciones intracomunitarias.
- Control del sector inmobiliario. Estas actuaciones de control inmobiliario seguir�n suponiendo en el a�o 2008 el porcentaje m�s significativo de actuaciones de la Inspecci�n de los Tributos. Se centrar�n sobre todo en:
- control de la actividad de promoci�n inmobiliaria basado en el an�lisis econ�mico de la misma con el fin de detectar los supuestos que resultan anormales por presentar una reducida rentabilidad en a�os; - control de las transmisiones patrimoniales de inmuebles, especialmente de viviendas, para lo cual se emplear�n t�cnicas inform�ticas de c�lculo de los precios de venta para verificar que se adaptan al concepto de precio de mercado que se fija en el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades; - control de las sociedades que, dedic�ndose a la actividad de promoci�n inmobiliaria, han declarado improcedentemente como sociedades patrimoniales al objeto de aprovechar la menor tributaci�n de las plusval�as de estas entidades, no reuniendo los requisitos para ello; - actuaciones especiales de control en materia de subcontrataci�n,
- y operaciones inmobiliarias de adquisici�n, tenencia y transmisi�n de inmuebles por no residentes.
- se seguir� con la captaci�n de informaci�n masiva y normalizada
- Investigaci�n de operaciones de ingenier�a fiscal y de interposici�n de sociedades sin nivel relevante de actividad econ�mica.
- Se consolidar� la implantaci�n de unidades especializadas dedicadas en exclusiva a la identificaci�n e investigaci�n de las formas m�s graves y complejas de fraude
- Operaciones econ�micas en las que se hubiera producido la utilizaci�n de billetes de alta denominaci�n. - Detecci�n y regularizaci�n de emisores y receptores de facturas falsas. - Control de la procedencia de los beneficios fiscales aplicados por los contribuyentes, especialmente en lo referente a la deducci�n por reinversi�n de beneficios extraordinarios. - Detecci�n de
actividades econ�micas no declaradas, atendiendo sobre todo al uso de tarjetas de cr�dito o de cuentas bancarias. - Fraude en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, dedicando especial atenci�n a la fiscalidad inmobiliaria del no residente, contribuyentes deslocalizados y la aplicaci�n de las normas antiabuso de la legislaci�n espa�ola. Operaciones vinculadas internacionales y transacciones con para�sos fiscales.
- Entidades que tributan en el r�gimen de consolidaci�n fiscal del Impuesto sobre Sociedades.
- En comercio exterior, ayudas comunitarias a la exportaci�n de productos agr�colas. - Comprobaciones sobre las solicitudes de la figura de Operador Econ�mico Autorizado. - Actuaciones de control extensivo. El control extensivo o masivo persigue someter a control todas las declaraciones que presentan los contribuyentes, explotando la informaci�n disponible mediante procesos automatizados, con la finalidad de detectar y corregir los incumplimientos tributarios menos graves y complejos, o las declaraciones de mayor riesgo fiscal. De igual modo, se extiende a la obligaci�n de presentar declaraciones y autoliquidaciones y a las tareas de formaci�n y mantenimiento del censo. El control extensivo se realiza fundamentalmente por los �rganos del �rea de Gesti�n Tributaria de las Delegaciones Especiales. Las principales l�neas de actuaci�n para 2008 son las siguientes: - En el �rea del
control censal, se incorporar�n las novedades introducidas por el
Reglamento de gesti�n.
- Se mantendr� el an�lisis mediante herramientas inform�ticas de la procedencia de devoluciones, especialmente en el IVA solicitadas por contribuyentes inmersos en tramas de fraude. - Se controlar� el cumplimiento correcto del sistema de retenciones para comprobar el efectivo ingreso de las cantidades retenidas, la coherencia entre las retenciones ingresadas y la informaci�n aportada por los retenedores, y las discrepancias entre lo declarado por los contribuyentes que soportan retenciones y lo declarado e ingresado por los retenedores. Adem�s, se verificar� la correcta utilizaci�n de las claves que identifican los conceptos por los que se practica retenci�n y los tipos aplicables en funci�n del rendimiento de que se trate. - La incorporaci�n del n�mero de referencia catastral a los contratos de suministros se explotar� sistem�ticamente para la detecci�n de actividades ocultas y de econom�a sumergida. - Se controlar�n los incumplimientos de la obligaci�n de presentar las declaraciones anuales explotando sistem�ticamente la informaci�n de terceros y se dedicar� especial atenci�n a las declaraciones a devolver. Se mantendr� un control especial sobre las fuentes de renta no sometidas a retenci�n o ingreso a cuenta en el IRPF, en particular cuando se trate de rendimientos de capital inmobiliario y de actividades econ�micas, y sobre determinadas exenciones y deducciones, como la de vivienda. - Actuaciones de gesti�n recaudatoria. En este �mbito se incluir�n todas las actuaciones dirigidas a lograr el cobro efectivo de las deudas de derecho p�blico pendientes de pago.
- Actuaciones de coordinaci�n. El Plan de Control contempla en las normas de integraci�n de los planes parciales de control tributario, una serie de medidas y procedimientos de coordinaci�n de las actuaciones que se realizan por �rganos de distintas �reas, en ejecuci�n de los planes parciales de control.
- Planificaci�n coordinada en materia de tributos cedidos. La planificaci�n coordinada de las actuaciones desarrolladas por las Administraciones auton�micas y la estatal, har� especial hincapi� en:
- Dentro del Impuesto sobre el Patrimonio, en la colaboraci�n en los procedimientos de selecci�n, centrados fundamentalmente en el cruce de la informaci�n sobre la titularidad de bienes y derechos y la identificaci�n de contribuyentes no declarantes de dicho impuesto que est�n obligados a hacerlo.
- Realizaci�n de inspecciones coordinadas en relaci�n con operaciones inmobiliarias significativas, seleccion�ndolas entre las susceptibles de tributar por IVA o, alternativamente, por ITP, as� como con el intercambio de informaci�n y la colaboraci�n en materia de valoraci�n de inmuebles. - Inspecciones coordinadas en relaci�n con las operaciones societarias m�s significativas declaradas exentas del concepto �Operaciones Societarias� del ITYAJD por haberse acogido al r�gimen fiscal especial del cap�tulo VIII del T�tulo VII del
Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades.
- Coordinaci�n de actuaciones de comprobaci�n de valor en relaci�n con las operaciones inmobiliarias.
- Control de los
domicilios declarados y sus modificaciones. PDF (2008/01543; 9 p�gs. - 167 KB.) OFERTA DE EMPLEO P�BLICO. Real Decreto 66/2008, de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta de empleo p�blico para el a�o 2008. Los distintos Ministerios y Organismos que oferten plazas incluir�n en su p�gina web una direcci�n dedicada a procesos selectivos. Los que no dispongan de registro electr�nico para la tramitaci�n de las inscripciones de los candidatos en las pruebas selectivas, podr�n encomendar su gesti�n al Ministerio de Administraciones P�blicas, para que se realice a trav�s del registro ubicado en la p�gina web
El Anexo I recoge las plazas de nuevo ingreso. No se alude ni a notarios ni a registradores.
El Anexo II, las de promoci�n interna.
En su Anexo III se publican los temarios m�nimos comunes que regir�n las convocatorias derivadas de la oferta de empleo p�blico.
PDF (2008/01546; 16 p�gs. - 124 KB.) Correcci�n de errores. *REGISTRO DE ACTOS DE �LTIMA VOLUNTAD. Instrucci�n de 22 de enero de 2008, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, sobre solicitud y expedici�n telem�tica de certificaciones del Registro de Actos de �ltima Voluntad. Esta Instrucci�n se dicta siguiendo la voluntad de los poderes p�blicos de incorporar las tecnolog�as de la sociedad de la informaci�n al ejercicio de la fe p�blica notarial y a la publicidad de los distintos registros dependientes de ellos, con el objeto de agilizar su trabajo y facilitar los tr�mites que ante ellos deben realizarse.
Se sigue as� la l�nea de disposiciones como las siguientes - La Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en la que se regula la incorporaci�n de t�cnicas electr�nicas, inform�ticas y telem�ticas a la seguridad jur�dica preventiva, - el Real Decreto
209/2003, de 21 de febrero, que regula los registros y las notificaciones telem�ticas, as� como la utilizaci�n de medios telem�ticos, - la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de normas reguladoras de firma electr�nica,
11/2007, de 22 de junio, de acceso electr�nico de los ciudadanos a los servicios p�blicos, - el Real Decreto
398/2007, de 23 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, reguladora del Registro de contratos de seguro con cobertura de fallecimiento, en el que se regula el procedimiento por el que los Notarios han de obtener por v�a telem�tica los certificados que emite el Registro de contratos de seguro.
El Registro de Actos de �ltima Voluntad, regulado en el Anexo II del
Reglamento Notarial, en sus relaciones con los fedatarios p�blicos, se incorpora a esas nuevas tecnolog�as que tiene vocaci�n de generalizarse a todos los registros administrativos. Apartados de la Instrucci�n:
Primero. Obtenci�n de la certificaci�n. Se trata de las certificaciones previstas en el art�culo 5 del Anexo II del Reglamento Notarial. El procedimiento ser� el siguiente: i. Se iniciar� mediante solicitud del Notario correspondiente, a trav�s del Sistema de Informaci�n Corporativo del Consejo General del Notariado. ii. El Notario no cursar� ninguna solicitud si previamente no se le ha aportado y exhibido por el interesado el preceptivo certificado de defunci�n. El Notario dar� fe de que los datos remitidos telem�ticamente por �l para la solicitud son fiel reflejo del certificado de defunci�n ante �l exhibido. iii. Los datos que figurar�n en la solicitud presentada por el Notario ser�n, adem�s de los consignados en el certificado de defunci�n, los exigidos en el modelo de ingreso 790 y que se detallan en el Anexo T�cnico. iv. El Notario deber� identificarse utilizando el certificado electr�nico reconocido suyo o bien mediante el certificado electr�nico del empleado de la Notar�a.
v. La certificaci�n del Registro se expedir� mediante la utilizaci�n de medios electr�nicos, inform�ticos y telem�ticos y en ella la firma manuscrita del titular del Registro o funcionario encargado que corresponda ser� sustituida por la firma electr�nica del mismo. Se remitir� telem�ticamente al Notario solicitante. vi. Obtenida la certificaci�n del Registro, el Notario proceder�, bajo su fe p�blica, a su traslado a soporte papel para incorporarlo al correspondiente instrumento p�blico. Si no se llega a otorgar el instrumento p�blico, el Notario entregar� a los interesados el soporte papel en que se haya trasladado, bajo su fe p�blica, la certificaci�n electr�nica del Registro. vii. El proceso telem�tico contemplar� un circuito de subsanaci�n, anulaci�n y reclamaci�n de los tr�mites. Segundo. Abono de la tasa por expedici�n del certificado. Esta tasa est� regulada en el Decreto
1034/1959, de 18 de junio, por el que se convalida y regula la exacci�n de las tasas administrativas del Ministerio de Justicia y la
Instrucci�n de 22 de enero de 2008, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, sobre solicitud y expedici�n telem�tica de certificaciones del Registro de Actos de �ltima Voluntad.
- Han de cumplimentarse en la aplicaci�n de la Organizaci�n Corporativa Notarial los datos del interesado necesarios para la identificaci�n y expedici�n del certificado por parte del Ministerio de Justicia as� como los datos necesarios para la liquidaci�n de la tasa, - Tras ello, la Organizaci�n Corporativa Notarial efectuar� el pago por cuenta del sujeto pasivo por v�a telem�tica a partir de los datos y antecedentes que ponga a su disposici�n el Notario interviniente, que ser�n los relativos a la identificaci�n del sujeto pasivo as� como de los dem�s necesarios. - La Organizaci�n Corporativa Notarial tendr� la consideraci�n de presentadora del tributo y se presumir� que ostenta la representaci�n del sujeto pasivo. Tercero. Especificaciones t�cnicas. Se incluyen como anexo. Ver R. 17 de julio de 2009 y trabajo de
Vicente Martorell.
PDF (2008/01626; 9 p�gs. - 210 KB.) *BLANQUEO DE CAPITALES. Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el �mbito de la prevenci�n del blanqueo de capitales.
(Resumen realizado por
Carmelo Llopis Benlloch, nuevo Notario).
Entrada en vigor: 6 meses desde publicaci�n BOE (31 de enero de 2008)
(�) Los notarios quedar�n sometidos a lo dispuesto en la presente Orden cuando participen en las actividades se�aladas en el art�culo 2.2.d) del
RD de 9 de junio de 1995 (Reglamento de la
Ley de 28 de diciembre de 1993), y, en particular, cuando participen, autorizando o interviniendo en cualquier otra forma, actos o negocios jur�dicos dentro de los siguientes �mbitos:
a) Constituci�n, transmisi�n o extinci�n de toda clase de derechos reales sobre bienes inmuebles o entidades comerciales;
b) Creaci�n de sociedades, asociaciones, fundaciones, entidades comerciales u otros tipos de estructuras an�logas; Actos o negocios jur�dicos relativos al funcionamiento o a la gesti�n de sociedades, asociaciones, fundaciones, entidades comerciales u otros tipos de estructuras an�logas.
1. DEBER DE IDENTIFICACI�N DE CLIENTES.
Art�culo 2. Personas f�sicas (y de los representantes de personas f�sicas y jur�dicas)
1. Documentos que se�ala el art�culo 3.2 del RD de 9 de junio de 1995 (Documento Nacional de Identidad, permiso de residencia expedido por el Ministerio de Interior, pasaporte o documento de identificaci�n v�lido en el pa�s de procedencia que incorpore fotograf�a de su titular), sin perjuicio de la obligaci�n de los comparecientes de acreditar el n�mero de identificaci�n fiscal (NIF). Tambi�n debe indicarse la profesi�n o actividad empresarial del otorgante.
2. En el caso de otorgantes habituales podr� efectuarse la identificaci�n de la persona f�sica dando fe el Notario de que conoce personalmente al otorgante, lo cual no exime al Notario de su obligaci�n de solicitar, al menos la primera vez que una persona comparezca en la notar�a, cualquiera de los documentos vistos, ni tampoco de la obligaci�n de conservar copia de los mismos.
3. Cuando existan indicios o sospecha de que los otorgantes no act�an por cuenta propia, los notarios har�n constar este extremo en la comunicaci�n que remitan, en su caso, al �rgano Centralizado de Prevenci�n (OCP).
Art�culo 3. Personas jur�dicas.
1. Documento fehaciente acreditativo de su denominaci�n, forma jur�dica, domicilio y objeto social (ser� suficiente que se le hayan acreditado, y as� conste, al Notario autorizante del documento cuya copia aut�ntica se exhiba), sin perjuicio de la obligaci�n de comunicar el n�mero de identificaci�n fiscal (NIF).
2. El Notario insertar� en el instrumento p�blico la manifestaci�n del otorgante consistente en que los datos de identificaci�n de la persona jur�dica y, especialmente, el objeto social y domicilio, no han variado respecto de los consignados en el documento fehaciente presentado y sin perjuicio de las comprobaciones que el Notario estime necesario realizar. 3. Igualmente, el Notario solicitar� informaci�n acerca de la estructura accionarial o de control de la persona jur�dica cuando aprecie varios indicadores de riesgo, conforme a las orientaciones del OCP y, en todo caso, cuando la persona jur�dica haya sido constituida en alg�n pa�s de los incluidos en el Real Decreto 1080/1991, de 5 julio, que determina los pa�ses o territorios (para�sos fiscales) (�) En este caso, el Notario har� constar en el instrumento p�blico la manifestaci�n del otorgante acerca del nombre o raz�n social de cada titular de una participaci�n superior al 25% en el capital de la persona jur�dica, as� como su N�mero de Identificaci�n Fiscal o N�mero Personal de Identificaci�n para Extranjeros (NIF/NIE) y domicilio. 2. DEBER DE CONSERVACI�N DE DOCUMENTOS (Art�culo 4)
1. Plazo de 6 a�os, a contar desde la �ltima vez que el otorgante particip� en un acto o negocio jur�dico en la notar�a.
2. Copia del documento o documentos empleados en la identificaci�n (tanto de personas f�sicas como jur�dicas) y los documentos utilizados para la comprobaci�n de la veracidad de la informaci�n sobre la profesi�n o actividad empresarial del otorgante.
a. Respecto de personas f�sicas (act�en por s� mismas o en representaci�n de otras personas f�sicas o jur�dicas) se conservar�n las copias de los documentos citados en los dos p�rrafos anteriores en archivos distintos del protocolo notarial.
b. Respecto de personas jur�dicas, la conservaci�n de los documentos empleados en la identificaci�n se realizar� mediante el archivo de copia de dichos documentos o mediante el archivo de la referencia notarial del documento autorizado en el que consta la identificaci�n en cualquiera de las formas establecidas en la legislaci�n notarial.
3. La conservaci�n de los restantes documentos que acrediten adecuadamente la realizaci�n de las operaciones ser� realizada a trav�s del protocolo notarial.
3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y EVALUACI�N
Art�culo 5. Comunicaci�n de operaciones relativas a movimiento de medios de pago. Los notarios deber�n solicitar que les sea exhibida, para su incorporaci�n al protocolo, la declaraci�n de movimiento de medios de pago materializada en el modelo de declaraci�n S-1 cuando el pago de la operaci�n que autorizan se realice, o se haya realizado con anterioridad, en moneda met�lica, billetes de banco o cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o en cualquier otra moneda o cualquier medio f�sico, incluidos los electr�nicos, concebido para ser utilizado como medio de pago, por importe igual o superior a 100.000 euros, conforme a lo establecido en la OM de 3 de mayo de 2006. Los notarios estar�n obligados a comunicar al Servicio Ejecutivo las operaciones en que no les sea exhibida la declaraci�n de movimiento de medios de pago materializada en el formulario S-1.
Art�culo 6. Colaboraci�n con el Servicio Ejecutivo: La comunicaci�n de operaciones al Servicio Ejecutivo de conformidad con lo establecido en la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, y en su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio (�)
Art�culo 7. Procedimientos de control interno y de comunicaci�n (�)
Art�culo 8. Deber de confidencialidad: El Notario no revelar� ni al otorgante ni a terceros que se han transmitido informaciones al Servicio Ejecutivo o que se examinan operaciones en el marco de la normativa de prevenci�n del blanqueo de capitales, as� como la raz�n por la que se recaban datos o se incluyen, en su caso, en el instrumento p�blico.
Art�culo 9. Evaluaci�n de cumplimiento de las obligaciones por parte de los notarios: Los procedimientos y �rganos de control interno y de comunicaci�n (�) ser�n objeto de examen por parte de un experto externo al menos cada tres a�os. Los resultados del examen ser�n consignados en un informe escrito de car�cter reservado (�). Anualmente se evaluar� internamente (CGN) por escrito la efectividad operativa de los procedimientos y �rganos de control interno y de comunicaci�n. (�)
Art�culo 10. Ficheros automatizados de datos: Se crea en las notar�as y en CGN el fichero automatizado de datos de car�cter personal que se incluye y describe en el Anexo I y II de esta Orden.
Disposici�n adicional primera. En aplicaci�n de las Resoluciones de organismos internacionales y de los Reglamentos de la Uni�n Europea por los que se imponen sanciones u otras medidas restrictivas espec�ficas dirigidas contra determinadas personas y entidades, los notarios deber�n comprobar la eventual coincidencia de las identidades de los otorgantes con las de los destinatarios de aqu�llas que figuran incluidos en listas p�blicas oficiales, informando de forma inmediata a trav�s del OCP de las operaciones en las que se produce dicha coincidencia a la autoridad competente que se indica en cada instrumento correspondiente. Carmelo Llopis Benlloch.
resumen de Jos� Luis Fern�ndez Lozano.
PDF (2008/01627; 4 p�gs. - 103 KB.) CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. Concepto. El certificado de profesionalidad es el instrumento de acreditaci�n oficial de las cualificaciones profesionales del Cat�logo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el �mbito de la Administraci�n laboral, que acredita la capacitaci�n para el desarrollo de una actividad laboral con significaci�n para el empleo y asegura la formaci�n necesaria para su adquisici�n. Valor. Los certificados de profesionalidad tendr�n car�cter oficial y validez en todo el territorio nacional, sin que ello constituya regulaci�n del ejercicio profesional, y ser�n expedidos por el Servicio P�blico de Empleo Estatal y los �rganos competentes de las Comunidades Aut�nomas. Cat�logo. Cada certificado de profesionalidad acreditar� una cualificaci�n profesional del Cat�logo Nacional de Cualificaciones Profesionales ordenado en 26 Familias profesionales y regulado por el
Real Decreto 1128/2003, de 5 septiembre.
PDF (2008/01628; 17 p�gs. - 561 KB.) EXTREMADURA. Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut�noma de Extremadura para 2008.
PDF (2008/01634; 16 p�gs. - 128 KB.) SECCI�N 2�:
CONCURSO NOTARIAL. Resoluci�n de 10 de enero de 2008, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, por la que se resuelve el concurso para la provisi�n de notar�as vacantes convocado por Resoluci�n de 8 de noviembre de 2007, y se dispone su publicaci�n y comunicaci�n a las Comunidades Aut�nomas para que se proceda a los nombramientos. PDF (2008/00759; 6 p�gs. - 219 KB.) CONCURSO REGISTROS. Resoluci�n de 8 de enero de 2008, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, por la que se resuelve el concurso ordinario n.� 273, para la provisi�n de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles vacantes, convocado por Resoluci�n de 7 de noviembre de 2007, y dispone su comunicaci�n a las Comunidades Aut�nomas para que se proceda a los nombramientos. PDF (2008/00910; 6 p�gs. - 211 KB.) DOGC. Correcci�n de
erratas: �MADRID N.� 1.�, debe decir: �MADRID N.� 47.
OPOSICIONES ENTRE NOTARIOS. Resoluci�n de 23 de enero de 2008, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, por la que se se�ala nuevo d�a para la pr�ctica del primer ejercicio de la oposici�n entre Notarios convocada por Resoluci�n de 12 de julio de 2007. PDF (2008/01647; 1 p�gs. - 33 KB.) JUBILACIONES.
El Notario de Torrevieja don Luis Mar�a Mart�nez Pertusa. El Notario de Lleida, don Francisco Comellas Mart�nez. EXCEDENCIAS.
La Resoluci�n de 11 de diciembre de 2007, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado declara en situaci�n de excedencia voluntaria al notario de Madrid-Valdezarza don Florentino Javier Aleas Serrano. PDF (2008/00126; 1 p�gs. - 41 KB.) SENTENCIAS SOBRE RESOLUCIONES:
Se incluyen los res�menes publicados en su d�a.
1/2008. INFORME DEL REGISTRADOR. Resoluci�n de 10 de diciembre de 2007, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, por la que se publica la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.� 2, de Ja�n, por la que sin anular ni revocar la parte dispositiva de la Resoluci�n de 7 de enero de 2005, declara no ajustada a derecho la doctrina que contienen determinados fundamentos de derecho de la misma. La Resoluci�n de 10 de diciembre de 2007 se refiere a la sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia n.� 2 de Ja�n, a instancia de don Diego Palacios Criado, frente a la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, sentencia de fecha 24 de mayo de 2007, que ha quedado firme por Providencia del citado Juzgado, de fecha 10 de julio de 2007, que contiene el siguiente FALLO:
�Que estimando parcialmente la demanda por formulada por don Diego Palacios Criado, Registrador de la Propiedad de Cazorla, y sin anular o revocar mediante esta sentencia la parte dispositiva de la recurrida Resoluci�n de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado de 7 de enero de 2005, declaro que (siendo indiscutible que en la tramitaci�n del recurso gubernativo el registrador en su informe no puede incluir nuevos defectos o causas de denegaci�n o suspensi�n de la inscripci�n que no hubiera expresado en su nota de calificaci�n) no es ajustada a derecho la doctrina que contiene la mencionada Resoluci�n de fecha 7 de enero de 2005 seg�n la cual:
��el contenido del informe del Registrador debe reducirse a cuestiones de mero tr�mite, pues �sta es la �nica finalidad del mismo.�
��el informe del Registrador al que se refiere el art. 327, p�rrafo s�ptimo, de la Ley Hipotecaria no es el cauce procedimental id�neo para ampliar en defensa de su calificaci�n los argumentos ya expuestos en dicha calificaci�n, ni puede exponer sentencias y resoluciones de esta Direcci�n General que no han sido citados en dicha calificaci�n, y no pueden tenerse en cuenta ninguna de tales alegaciones del Registrador contenidas en su informe,�
��el momento procedimental �nico e id�neo en que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de los argumentos jur�dicos que motivan su decisi�n es el de la calificaci�n, sin que al emitir el referido informe deba motivar con fundamentos de derecho su decisi�n de mantener la suspensi�n o denegaci�n de la inscripci�n,�
Sino que en contra de esta Doctrina no ajustada a Derecho, en cuyos particulares de la fundamentaci�n jur�dica anula la resoluci�n recurrida, declaro aplicable la doctrina de que
aunque la nota de calificaci�n ha de expresar la motivaci�n jur�dica esencial de la calificaci�n, el informe en la tramitaci�n del recurso gubernativo ha de ser la v�a por la que el registrador defienda su nota y por tanto, adem�s de contener informaci�n de mero tr�mite, e incluso manifestaciones de car�cter jur�dico relativas a requisitos formales (personales o de tiempo) del propio recurso gubernativo formulado, el informe puede incluir una ampliaci�n de los argumentos que el registrador ya emple� en su nota de calificaci�n, y que cuando la Direcci�n General dicte resoluci�n ha de razonar la postura que adopte respecto a todos y cada uno de esos contenidos del informe, no pudiendo ignorarlos de plano, si bien el informe no podr� contener, ni la Direcci�n General habr�a de tenerla en cuenta, motivaci�n consistente en argumentos nuevos o sorpresivos cuya esencia no hubiera sido ya expresada en la nota de calificaci�n�.
COMENTARIO JDR: (el distinto tipo y color de letra se han introducido a efectos did�cticos).
La doctrina de la DGRN en torno al contenido del informe del registrador en el recurso contra su calificaci�n ya hab�a sido censurada por diversos �rganos judiciales, hasta el punto de llegar a anular �ntegramente la propia resoluci�n recurrida por no haber tenido en cuenta el contenido del informe, y causar indefensi�n.
Se suele decir que las
resoluciones de la DGRN en el recurso gubernativo tienen un doble efecto jur�dico: a.- Pronunciarse sobre un concreto procedimiento registral (la petici�n de inscripci�n de un determinado documento). (Esto es indudable)
b.- Establecer una doctrina o criterios jur�dicos supuestamente vinculantes para �todos los registradores�. (Este aspecto es discutible y discutido en la doctrina y jurisprudencia, por contravenir principios jur�dicos y normas superiores).
En esta nueva sentencia, no se anula ni revoca el primer efecto, sino el segundo. No se anula la parte dispositiva de la resoluci�n, sino la doctrina que contiene al respecto. Pero la sentencia no se limita a anular tal doctrina por contraria a derecho, sino que adem�s declara cu�l ha de ser la doctrina o criterio aplicable al respecto. Y proclama tal doctrina dentro del fallo de la sentencia, y no s�lo en sus fundamentos jur�dicos. Sabemos que la DGRN sostiene que el efecto vinculante de sus propias resoluciones no termina cuando son anuladas por los tribunales, sino cuando se publica tal anulaci�n. Y de hecho tarda en publicar en el BOE las sentencias anulatorias. (En el presente caso ha dejado pasar cinco meses desde la firmeza de la sentencia). Cuando finalmente lo hace, s�lo publica el fallo y no los fundamentos jur�dicos, a diferencia de lo que hace con sus propias resoluciones, que s� publica �ntegras. Con tales medidas, consigue de hecho potenciar y prolongar el efecto de sus propias resoluciones y retrasar y minimizar el efecto legalmente atribuido a las sentencias que las anulan. Pero en el presente caso, el fallo recoge toda la esencia de la doctrina administrativa que anula por ser contraria a derecho, y expresa la nueva doctrina judicial que declara aplicable, y por eso su contenido ha llegado al BOE y puede ser ampliamente conocido.
Esta doctrina judicial no tiene como destinatarios a los �rganos judiciales (pues no cabe que un juzgado pretenda vincular a otros), sino al �rgano administrativo demandado y cuya doctrina se anula, que es la DGRN, que, a partir de ahora, queda vinculada por esta sentencia firme a aplicar tal doctrina judicial. Es evidente que toda sentencia obliga a las partes en el proceso. Y si el objeto del proceso y contenido del fallo se refiere, no tanto a un acto administrativo pasado y concreto, sino a anular una doctrina administrativa de un �rgano y fijar un criterio general o doctrina judicial aplicable en actos administrativos futuros,
la administraci�n demandada est� legalmente obligada a cumplir la sentencia aplicando como suya la doctrina que le fijan los Tribunales de Justicia.
Una �ltima consideraci�n: La sentencia demuestra que los dos efectos jur�dicos de las resoluciones de la DGRN (la resoluci�n de un caso concreto y el establecimiento de una doctrina administrativa general) pueden ser ambos objeto del proceso civil, y ser tratados y resueltos con independencia. Es principio general que todo destinatario de un acto con efectos jur�dicos que le afecten debe tener legitimaci�n procesal para impugnarlo ante los tribunales, salvo que una ley disponga claramente lo contrario. Y que el principio constitucional que proh�be la indefensi�n obliga a interpretar las normas sobre legitimaci�n procesal en el sentido m�s favorable a admitirla, que a rechazarla.
Con estas dos premisas, la conclusi�n m�s razonable es que �todos los registradores� (y no s�lo el autor de la nota de calificaci�n), en tanto que potencialmente afectados por el supuesto car�cter vinculante de las resoluciones de la DGRN, (su responsabilidad disciplinaria sin duda puede verse afectada), tendr�n legitimaci�n procesal para recurrir al �rgano competente de la jurisdicci�n civil demandando la anulaci�n de la doctrina administrativa que fije la DGRN y pudiera ser contraria a derecho. En cualquier caso, ni la opini�n de este jurista de a pi�, ni la de otro jurista u �rgano administrativo que sostenga lo contrario, tienen valor procesal alguno. Ser� cada �rgano judicial en cada proceso el que habr� de fijar su criterio al respecto, aplicando los preceptos legales en materia de legitimaci�n procesal y los criterios de interpretaci�n fijados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. (JDR)
PDF (2008/00042; 1 p�gs. - 43 KB.) Resumen anterior: 35. AUTO HOMOLOGANDO ACUERDO TRANSACCIONAL; ART. 3 LH.
R. 7 de enero
de 2005, DGRN.
BOE del 18 de febrero de 2005.
Se presenta Auto reca�do en un procedimiento de divisi�n de la cosa com�n, por el que se declar� haberse realizado, en presencia judicial y ratificado por las partes, acuerdo transaccional de adjudicaci�n de las respectivas fincas resultantes de la divisi�n.
El Registrador rechaza la inscripci�n por no constar en escritura p�blica la operaci�n de divisi�n solicitada y porque no prestan el consentimiento todos los titulares afectados.
La Direcci�n General entiende que, conforme a los Art. 19 y 415 de la LEC, las partes pueden transigir sobre el objeto del litigio, y este acuerdo, una vez homologado por el Juez, tiene todos los efectos atribuidos por la ley a la transacci�n judicial y podr� llevarse a efecto por los tr�mites previstos para la ejecuci�n de sentencias; por ello, tal transacci�n cumple la exigencia del Art. 3 LH,
toda vez que el acto inscribible est� en un documento aut�ntico expedido por la autoridad judicial, cual es el testimonio del auto de homologaci�n del acuerdo transaccional. Respecto al otro defecto, no constar el consentimiento de todos los titulares, tampoco es admisible, toda vez que del documento calificado resulta el consentimiento de quienes han llegado al acuerdo transaccional. El Registrador, en el informe, a�adi� otros defectos relativos a la licencia de segregaci�n y certificaci�n catastral, pero la Direcci�n General, recordando reiterada doctrina del Centro Directivo, se�ala que el informe no es el cauce procedimental id�neo para incluir nuevos defectos o argumentos ni para ampliar los ya expuestos en defensa de su calificaci�n. (MN)
2/2008. AMPLIACI�N DE OBRA NUEVA POR RECTIFICACI�N. Resoluci�n de 10 de diciembre de 2007, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, por la que se publica la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.� 4, de Alicante, por la que se revoca parcialmente la Resoluci�n de 31 de marzo de 2005. PDF (2008/00081; 1 p�gs. - 34 KB.) Resumen anterior:
155. AMPLIACI�N DE OBRA NUEVA POR RECTIFICACI�N. TRASTEROS EN ELEMENTO COM�N COMO ANEJOS DE USO EXCLUSIVO. CU�NDO SE PRECISA CONSENTIMIENTO INDIVIDUAL DE LOS TITULARES REGISTRALES. OPOSICI�N POSTERIOR DE PROPIETARIOS AL ACUERDO. R. 31 de marzo de 2005, DGRN. BOE del 20 de mayo de 2005.
Anulada parcialmente por la Sentencia FIRME de 22-5-2006 del Juzgado de Primera Instancia n� 4 de Alicante (a�n no publicada en el BOE), en cuanto a la descripci�n o identificaci�n de los anejos, ya que, atendiendo a la propia doctrina de la DG (Res 23-11-1995) no aparecen debidamente descritos o identificados en el sentido exigido por la legislaci�n hipotecaria y la DG. Confirma la resoluci�n en cuanto a los defectos 3 y 4.
Se pretende la inscripci�n de una escritura que contiene un acuerdo de la Junta General de Copropietarios de un edificio en propiedad horizontal en el que:
1�.- Se rectifica la descripci�n de la obra nueva del edificio, apareciendo una planta m�s bajo cubierta, en parte destinada a un espacio cubierto de trasteros y en parte a terrazas. Todo ello en base al certificado del t�cnico que asevera que se ajusta al proyecto y a la licencia. Previamente constaba otro certificado que sirvi� de base a la inscripci�n del edificio en construcci�n diciendo que se ajustaba tambi�n a la licencia, pero sin mencionar esa planta bajo cubierta. Se alega que en su d�a, por error, se omiti� consignar ese espacio, pero que no ha habido ampliaci�n de obra y que estamos ante una mera rectificaci�n de un error.
El registrador no considera suficiente el certificado del t�cnico pues entra en contradicci�n con otro anterior y con la licencia inicial que no hablaban nunca de esa planta bajo cubierta.
La DGRN resuelve que, efectivamente, hay contradicci�n entre ambos certificados, y que se requiere nueva licencia, pues considera que se trata de una nueva planta.
2�.- Se adopta el acuerdo en Junta, por unanimidad, de atribuir el uso exclusivo de los trasteros �elemento com�n- de esa planta bajo cubierta, a las seis diferentes viviendas de la �ltima planta del edificio. Los propietarios de estas viviendas prestan individualmente su consentimiento.
El registrador considera que el uso exclusivo s�lo puede recaer en elementos privativos si va ligado a una cuota privativa indivisa sobre el espacio destinado a trasteros, pero no puede recaer sobre un elemento com�n.
La DGRN admite la posibilidad de que el uso exclusivo recaiga sobre un elemento com�n, y que se atribuya como anejo a un elemento privativo, pues ello supone en definitiva una vinculaci�n ob rem, aunque para ello esas zonas tienen que estar individualizadas suficientemente.
3�.- La escritura la otorga el Presidente de la Comunidad y no todos y cada uno de los propietarios. El registrador exige el consentimiento individualizado de todos los titulares registrales.
La DGRN diferencia entre actos Colectivos, adoptados en Junta, para los que no se requiere la acreditaci�n del consentimiento individualizado, bastando el certificado y la actuaci�n del Presidente, y aquellos que afectan al contenido esencial del derecho de propiedad de cada uno de los propietarios, para los que s� se exige el consentimiento individualizado.
En el caso concreto considera que esa vinculaci�n ob rem como anejos de determinadas zonas comunes es un acto colectivo, y por tanto rechaza que deban prestar su consentimiento fehaciente todos y cada uno de los propietarios.
4.- Hay varios propietarios que, notificados por el Registro, se oponen a los acuerdos y solicitan del registrador la no inscripci�n.
El Registrador considera que el mero certificado de los acuerdos extendido por el Secretario que ha sido nombrado en dicha Junta de la que se certifica no puede suplir la voluntad individualizada de todos los propietarios, m�xime si algunos han mostrado ya su oposici�n.
La DGRN considera que los acuerdos de la Comunidad son ejecutivos desde que se asientan en el Libro de Actas, y habr� de presumirse la validez del certificado de dichos acuerdos. La notificaci�n que se hace a los propietarios, v�a el art�culo 327 de la Ley Hipotecaria s�lo es a efectos de que ejerciten los recursos oportunos pero no es defecto o causa que impida la inscripci�n. Nota: Causa extra�eza la referencia que hace la DGRN al art 327 LH porque la recepci�n del burofax es anterior a la nota de calificaci�n, mientras que la notificaci�n del art. 327 LH se refiere a la comunicaci�n por parte del registrador de que se ha producido un recurso gubernativo contra su calificaci�n. (AFS)
1. INMATRICULACION: DESCRIPCION DE LA FINCA, CERTIFICACION CATASTRAL. Resoluci�n de 22 de noviembre de 2007, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por do�a Elena Escudero Sanz, contra la negativa de la registradora de la propiedad n.� 1, de Guadalajara, a la inmatriculaci�n de una finca. Se confirma la calificaci�n de la Registradora, en el sentido de que no puede inmatricularse una finca que se describe de tres formas distintas: en dos escrituras y en la certificaci�n catastral, ya que se producir�a una enorme confusi�n en el Registro en contra del principio de especialidad. Ha de acompa�arse la certificaci�n catastral en t�rminos coincidentes con la descripci�n que se pretende inscribir. (MN)
PDF (2008/00460; 1 p�gs. - 43 KB.) 2. ANOTACI�N DE DEMANDA: ES NECESARIO DEMANDAR AL ACREEDOR HIPOTECARIO SI AFECTA A SU DERECHO. Resoluci�n de 27 de noviembre de 2007, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Promociones Aresmasa S. L., contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad de Roquetas de Mar, n.� 1-II, por la que se suspende un mandamiento ordenando tomar anotaci�n preventiva de demanda.
El Registrador suspende la pr�ctica de una anotaci�n de demanda decretada en ejercicio de una acci�n declarativa de propiedad de una finca y de cancelaci�n parcial de la descripci�n de otra, posteriormente dividida horizontalmente, porque el acreedor hipotecario en alguno de los elementos resultantes de la divisi�n no ha sido parte en el procedimiento. La Direcci�n confirma la calificaci�n bas�ndose en el principio de tracto sucesivo, -manifestaci�n registral del principio de tutela judicial efectiva-, ya que debe rechazarse toda anotaci�n preventiva de demanda que no se haya entablado contra el titular registral de los derechos que van a verse afectados por la sentencia que en su d�a se dicte. En este caso, el propietario ha sido demandado, pero la demanda adem�s pretende que se decrete la nulidad y cancelaci�n parcial de cuantos asientos contradigan o se opongan a la misma y la rectificaci�n de la descripci�n de la finca matriz y de los que traigan tracto de �sta, debiendo proceder a su cancelaci�n una vez firme la sentencia para que sus linderos se ajusten a los reales de la descripci�n primera de dicha finca. Y esta pretensi�n de cancelaci�n parcial de la inscripci�n s� afecta plenamente al acreedor hipotecario, pues de prosperar la demanda, se tendr�a que rectificar la descripci�n de la finca e incluso la hipoteca pasar�a a recaer sobre una finca distinta en la realidad f�sica de la que proclama el Registro. (MN)
PDF (2008/00461; 3 p�gs. - 114 KB.) *3. NIF DE CONYUGE NO TITULAR EN DISPOSICI�N VIVIENDA HABITUAL E INSCRIPCI�N. Resoluci�n de 7 de diciembre de 2007, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valencia, don Rafael G�mez-Ferrer Sapi�a, contra la negativa del registrador de la propiedad n.� 6, de dicha capital, a inscribir una escritura de compraventa.
Se plantea en la inscripci�n de una escritura de compraventa la necesidad o no de constancia del NIF del c�nyuge no titular de una vivienda familiar que comparece a efectos de prestar su asentimiento a la venta al c�nyuge titular. El registrador lo exige, pues la ley se refiere �literalmente- a todos los comparecientes.
La DGRN concluye que NO es necesario del NIF, puesto que el asentimiento del c�nyuge no titular en un negocio jur�dico ajeno no tiene trascendencia tributaria, y por tanto carece de justificaci�n exigirle el NIF. En resumen, declara inscribible dicha escritura. (AFS)
PDF (2008/00462; 3 p�gs. - 104 KB.) 4. JUICIO NOTARIAL DE SUFICIENCIA Y CALIFICACION REGISTRAL. Resoluci�n de 27 de diciembre de 2007, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valladolid, don Eduardo Jim�nez Garc�a, contra la negativa del registrador de la propiedad de dicha capital n.� 6, a inscribir una escritura de pr�stamo con garant�a hipotecaria. La novedad de este recurso estriba en que el registrador a�ade como argumento en su favor el art�culo 143.4 in fine del nuevo
Reglamento Notarial.
La DGRN revoca la calificaci�n, y a�ade que dicho art�culo 143.4 no ha a�adido nuevas competencias o funciones calificadoras al Registrador, como no pod�a ser de otra forma, al ser una norma reglamentaria. (AFS)
PDF (2008/00565; 5 p�gs. - 146 KB.) 5. REQUISITOS SUSTANTIVOS DE LA CALIFICACION y DE SU. NOTIFICACION. NIE DE EXTRANJEROS Y TARJETA DE RESIDENCIA.
Resoluci�n de 1 de diciembre de 2007, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Notario de Madrid, don Jos� Luis Mart�nez-Gil Vich, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Valdemoro, a inscribir una escritura de compraventa.
La calificaci�n registral no puede notificarse al Notario por fax o por v�a telem�tica -si no consta la aceptaci�n de este medio por el notario- pues por estos medios se desconocer� la fecha de recepci�n. Si la notificaci�n ha sido defectuosa el recurso no ser� nunca extempor�neo al no haberse iniciado el c�mputo del plazo por no haber d�a inicial (dies a quo), aunque ello no es obst�culo para que se pueda tramitar el recurso, pues al haberse dado por enterado el notario del contenido de la calificaci�n queda subsanado el defecto.
La calificaci�n puede ser escueta, pero ha de estar suficientemente motivada y para ello no basta la mera cita de un precepto legal, sino que ha de expresarse las razones por las que se considera dicho precepto de aplicaci�n al caso concreto, ya que solo de este modo, conociendo estas razones, se puede combatir adecuadamente la calificaci�n negativa.
El n�mero de la tarjeta de residencia para extranjeros es el NIE y por tanto el NIF. Basta por tanto expresar en la escritura el n�mero de la tarjeta de residencia para entender expresado el NIF.
Ver comentario m�s amplio de Jorge L�pez para un caso similar en la Resoluci�n siguiente, n�mero 6. (AFS)
PDF (2008/00683; 3 p�gs. - 138 KB.) *6. EL NUMERO DE LA TARJETA DE RESIDENCIA ES EL NUMERO PERSONAL DE IDENTIFICACION DE EXTRANJERO Y POR TANTO EL NIE. Resoluci�n de 3 de diciembre de 2007, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la Notaria de Benalm�dena do�a Mar�a Nieves Garc�a Inda, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de M�laga n.� 10, a inscribir una escritura de compraventa.
HECHOS: Se presenta en el Registro una escritura de compraventa, en la que aparece como compradora una ciudadana brit�nica, respecto de la que la Notario indica que �tiene tarjeta de residencia, cuyo n�mero se rese�a (integrado por la letra X seguida de siete d�gitos y la letra final Z), y que est� vigente�.
REGISTRADOR: Suspende la inscripci�n, porque en el t�tulo objeto de calificaci�n no se ha consignado el n�mero de identificaci�n de extranjero (NIE) respecto de la compradora. Defecto subsanable.
NOTARIO: Alega que de igual forma que cuando comparece un espa�ol no se indica su n�mero de identificaci�n y su NIE, sino que basta indicar el primero, con la letra correspondiente, en las tarjetas de residencia de extranjeros, aparecen dos n�meros, uno el n�mero de la tarjeta que comienza por E y otra su n�mero de identificaci�n fiscal NIE que comienza por X, y que es el que se ha trascrito. Y la forma de acreditar su NIE un no nacional, y portador de tarjeta de residencia, es mediante dicha tarjeta.
DIRECCION GENERAL: La DG estima el recurso del Notario, en base a que, conforme al art 2.c del Real Dto 338/1990 de 9 de marzo �vigente en el momento de la calificaci�n- para las personas f�sicas que carezcan de nacionalidad espa�ola, el N�mero de Identificaci�n Fiscal, ser� el n�mero personal de identificaci�n de extranjero que se les asigne o se les facilite, de acuerdo con la legislaci�n sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a (el mismo criterio siguen los arts 18.2 y 20.1 del
Real Dto 1065/2007 de 27 de julio, de Gesti�n Tributaria, que ha entrado en vigor el 1 enero 2008). Y seg�n el art 4.2 de la Ley Org�nica
4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social, todos los extranjeros a los que se haya expedido una autorizaci�n para permanecer en Espa�a por un periodo superior a seis meses, obtendr�n la tarjeta de identidad de extranjero. De esta normativa espec�fica resulta con meridiana claridad que el n�mero de la tarjeta de residencia rese�ado en la escritura es el n�mero personal de identificaci�n de extranjero, y por tanto es el n�mero de identificaci�n fiscal.
COMENTARIO: En el fondo el problema no deber�a, a mi juicio, haber llegado a la DG, ya que es evidente para notario y registrador, que los dos est�n hablando del mismo tema, y que el n�mero de toda tarjeta de residencia comienza por E, y que todo NIE comienza por X, y adem�s que si se tiene la tarjeta de residencia vigente, tiene el NIE incorporado. Por tanto la cuesti�n es puramente terminol�gica. La DG sale del paso como puede, ya que es evidente que lo constatado en la escritura es el NIE, y que el mismo est� incorporado a la tarjeta de residencia.
Hoy d�a con el nuevo certificado de Ciudadano Comunitario que expide el Ministerio de Interior (una hoja verde con el NIE) ha desaparecido para muchos de estos ciudadanos comunitarios la tarjeta de residencia, con lo cual deben acreditar su personalidad adem�s con su carta de identidad nacional o el pasaporte. Sin perjuicio de ello, ahora con el nuevo modelo 030, se podr� parece, a partir de 1 abril 2008, acreditar un n�mero fiscal que dar� para no residentes, que no tengan actividad comercial o profesional en Espa�a, el Ministerio de Hacienda.
Sigue pendiente un tema que nadie creo tiene claro, el de la �residencia fiscal�. �Es bastante para no efectuar la retenci�n del 3% la simple exhibici�n de la tarjeta de residencia o el certificado de Registro como comunitario, o se precisa acreditar, la residencia fiscal, con un certificado de Hacienda? (JLN) Ver nota de Ignacio Gonz�lez �lvarez.
PDF (2008/00684; 2 p�gs. - 89 KB.) 7. EL NUMERO DE LA TARJETA DE RESIDENCIA ES EL NUMERO PERSONAL DE IDENTIFICACION DE EXTRANJERO Y POR TANTO EL NIE. Resoluci�n de 3 de diciembre de 2007, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la Notaria de Benalm�dena do�a Mar�a Nieves Garc�a Inda, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de M�laga n.� 10, a inscribir una escritura de cambio de uso de un inmueble. Id�ntica a la anterior N�mero 6. (JLN)
PDF (2008/00685; 3 p�gs. - 123 KB.) **8. INMATRICULACI�N: DESCRIPCI�N CATASTRAL NO TOTALMENTE COINCIDENTE. MUNICIPIOS CON MONTES DEMANIALES. 8. Resoluci�n de 4 de diciembre de 2007, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por do�a Julia Lloredo �lvarez, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Torrelavega n.� 2, a inscribir una escritura de adjudicaci�n parcial de herencia. Vinculante en parte.
Hechos: se solicita la inmatriculaci�n de determinadas fincas r�sticas destinadas a prado y erial, prado y labrado y prado, present�ndose para ello una escritura de adjudicaci�n de herencia.
- Primero: No acompa�arse certificaciones catastrales descriptivas y gr�ficas de las fincas en t�rminos totalmente coincidentes con sus descripciones en el t�tulo, pues s�lo se acompa�an fotocopias y no coinciden las descripciones con las del t�tulo. - Segundo: como las fincas est�n situadas en un t�rmino municipal en el que existen inscritos montes demaniales y catalogados de utilidad p�blica, su inmatriculaci�n requiere previo informe favorable de los titulares de dichos montes (Juntas Vecinales), as� como el del �rgano forestal de la Comunidad Aut�noma de Cantabria (art�culo 22-1 de la Ley de Montes
43/2003, de 21 de noviembre). DGRN: Confirma el primer defecto, pues considera que, desde la Ley 13/1996, no cabe inmatriculaci�n de finca alguna en el Registro si no se aporta, junto al t�tulo inmatriculador, certificaci�n catastral descriptiva y gr�fica de la finca, en t�rminos totalmente coincidentes con la descripci�n de �sta en dicho t�tulo, estando en consonancia el art�culo 298.1 del
Reglamento Hipotecario. Estima que se ha de exigir una total coincidencia entre la descripci�n del t�tulo y la de la certificaci�n catastral y que �no cabe interpretar que se da esa coincidencia cuando, trat�ndose de diferencias de superficie, �sta no exceda del 10%, ya que los art�culos 41 a 49 de la
ley del catastro inmobiliario, se refieren a un supuesto distinto que es la constataci�n registral de la referencia catastral, y no a la inmatriculaci�n de la finca, por lo que no cabe su aplicaci�n por analog�a�. Revoca el segundo defecto pues el art�culo 22 de la
Ley de Montes exige un requisito adicional, la colindancia con monte demanial, no alegada en la nota de calificaci�n.
1�. Es de gran importancia pr�ctica esta Resoluci�n, pues restringe enormemente las inmatriculaciones al estar muy extendida la pr�ctica de aplicar la regla del 10% a un gran n�mero de casos.
Esta pr�ctica se funda en la
INSTRUCCI�N de 26 de marzo de 1999, de la propia DGRN (a la que no se hace referencia en los vistos), sobre certificaciones catastrales descriptivas y gr�ficas a los efectos de constancia documental y registral de la referencia catastral y, en concreto, sobre todo, en el siguiente p�rrafo:
�Es conveniente por tanto aclarar que la certificaci�n descriptiva y gr�fica a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, sobre constancia documental y registral de la referencia catastral e inmatriculaci�n de fincas es la suministrada en los formatos disponibles en la Direcci�n General del Catastro, aunque no figuren los nombres de los propietarios colindantes, siempre que no existan dudas de que se corresponden con la identidad de la finca, a saber: Que los datos de situaci�n, denominaci�n y superficie, coincidan con los del t�tulo y, en su caso, con los del Registro de la Propiedad; entendiendo que coincide la superficie, aunque las diferencias no sean superiores al 10 por 100 siempre que adem�s no existan dudas de la identidad de la finca derivadas de otros datos descriptivos. �
Cuando dicha Instrucci�n se redact�, ya estaba vigente la exigencia del Legislador de que en lo sucesivo no se inmatricular� ninguna finca en el Registro si no se aporta junto al t�tulo inmatriculador certificaci�n descriptiva y gr�fica de la finca, en t�rminos totalmente coincidentes con la descripci�n de �sta en dicho t�tulo, derivada del art�culo 53.7 de la
Ley 13/1996 y, como corolario, del art. 298.1
del Reglamento Hipotecario, seg�n la redacci�n dada en 1998. Entonces, el Centro Directivo realiz� una interpretaci�n �generosa� de la norma, tal vez para no entorpecer en demas�a el tr�fico jur�dico, aunque se le pudiese achacar que en parte desvirtuaba la estricta exigencia del legislador. Ahora, parece abogar la DGRN por un criterio (con alg�n antecedente parcial en R. 5 de octubre de 2004 v.g.) que, aunque m�s respetuoso con la letra de la norma (�dura lex, sed lex�), producir� importantes problemas en la pr�ctica, teni�ndose que adaptar necesariamente la descripci�n de los t�tulos a lo dictado por el Catastro, coincida o no con la realidad, ante las dificultades pr�cticas que suele suscitar el solicitar su rectificaci�n previa, no s�lo en superficie, sino tambi�n en linderos. Respecto de los linderos, la Instrucci�n dice: �Los Notarios y Registradores de la Propiedad considerar�n suficiente a los efectos de la constancia documental y registral de la referencia catastral aquellas certificaciones descriptivas y gr�ficas expedidas en los formatos disponibles en la Direcci�n General del Catastro, aunque no figuren los nombres de los propietarios colindantes, siempre que no existan dudas de que la referencia catastral se corresponde
con la identidad de la finca, siguiendo los criterios previamente se�alados.� El recurrente argumentaba que los linderos s� que coincid�an con los del Catastro. La DG exige coincidencia total entre la descripci�n del t�tulo y la de la certificaci�n catastral, sin referencia expresa a los linderos. Normalmente, se entiende que los linderos son elementos esenciales de la descripci�n. �De ah� cabr�a deducir que el Centro Directivo exige tambi�n coincidencia en los linderos? Parece una interpretaci�n l�gica, pero se dar�a de bruces con su propia Instrucci�n y con la pr�ctica cotidiana.
Al existir este cambio de criterio, creo que ser�a conveniente que se derogara o rectificara expresamente la Instrucci�n rese�ada y que se encuentra publicada en el
BOE (salvo que ya se haya hecho y yo no me haya enterado, no apareciendo tampoco referencia de ello en el propio
2�. Respecto a la inmatriculaci�n de montes, en mi opini�n, no es precisa la colindancia, para pedir el informe si en el t�rmino municipal hay montes demaniales. S� que lo ser�a, si se tratara de otro tipo de fincas (lo que parece ser el caso, pues no se encuentra la palabra monte en ninguna descripci�n). (JFME)
PDF (2008/00686; 2 p�gs. - 90 KB.) *9. RENUNCIA A LA HERENCIA. SUCESION INTESTADA Y VOLUNTAD DEL TESTADOR. Resoluci�n de 5 de diciembre de 2007, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por do�a Felipa Gonz�lez Gallego, contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad de Torrent n.� 1, por la que se deniega la inscripci�n de una manifestaci�n de herencia y una relaci�n privada de bienes complementaria de la anterior.
Los 2 hijos y herederos renuncian pura y simplemente a la herencia, por lo que, en una instancia privada, la esposa, consider�ndose heredera por esta renuncia y por lo dispuesto en el testamento, se adjudica el pleno dominio de la herencia y solicita la inscripci�n.
Opone como defecto y alega el registrador que al renunciar los hijos y herederos a la herencia y no operar la sustituci�n a favor de los descendientes (sustitutos solo en caso de premoriencia e incapacidad) ha de abrirse la sucesi�n intestada, en la que el heredero ser�a el padre del causante y no la viuda.
Resuelve la DGRN, siguiendo jurisprudencia del T.S., que hay que atender primero a la voluntad del causante, que es la ley de la sucesi�n, y a las circunstancias del caso concreto. Interpretando el testamento presente, llega a la conclusi�n de que, en defecto de los hijos primeramente llamados, quer�a el testador que la heredera fuera la esposa, salvo en el caso de premoriencia o incapacidad de los hijos en que deb�a pasar a sus descendientes. Por tanto, despu�s de la renuncia de los hijos no ha de abrirse la sucesi�n intestada ya que la esposa es la heredera, si se interpreta as� el testamento.
En cuanto a la posible colisi�n de los derechos de la esposa heredera universal y otros legitimarios, hay que diferenciar: .- respecto de los descendientes (nietos) no hay tal, pues el derecho a la leg�tima solo se tiene �viviendo el ascendiente- por derecho de representaci�n en caso de desheredaci�n o incapacidad del ascendiente (hijo), no en el de renuncia de �ste. .- respecto del padre del causante, tiene derecho a la leg�tima, ya que no tienen derecho a ella los hijos, por la renuncia, ni los descendientes de los hijos, por lo dicho en el p�rrafo anterior; sin embargo, al no haber sido planteado como defecto en la nota no puede entrar a valorarlo la DGRN. COMENTARIO: Pol�mica resoluci�n, con correcci�n de errores incluida. En mi opini�n hay que diferenciar varios aspectos:
.- Es discutible la opini�n de la DGRN de dar al c�nyuge la condici�n de heredero por la interpretaci�n del testamento, pero no me parece carente de fundamentaci�n o para descartar de plano esa interpretaci�n, como algunos opinan. Es verdad que el testador quiere que pase al c�nyuge la herencia en defecto de descendencia y que hay descendientes (argumento literal, de peso), que le excluir�an.
Sin embargo, tambi�n es verdad que la descendencia, considerada en conjunto (hijos y nietos), ha tenido la oportunidad de aceptar voluntariamente la herencia y la ha rechazado. Apoyar�a esta tesis el que la cl�usula de sustituci�n del heredero dispuesta en el testamento no fue la vulgar, sino solo para los casos de premoriencia o incapacidad (involuntarios ambos); es decir, el testador no quer�a que en caso de renuncia de los hijos pasara a los nietos la herencia, sino al c�nyuge, ni en la sucesi�n testada, ni, por iguales motivos, en la sucesi�n intestada. No parece tampoco tener mucho sentido que, habiendo varios herederos sustitutos designados en el testamento, previsi�n por naturaleza hecha para excluir la sucesi�n intestada, se abra precisamente la sucesi�n intestada. Parece que tambi�n pes� en el �nimo de la DGRN la idea equivocada de que los nietos no pod�an recibir nada en la sucesi�n intestada, y que luego ha rectificado, v�a correcci�n de errores, por lo que entendi� que la disyuntiva era o ascendiente heredero por v�a intestada (como tambi�n dec�a el registrador) o c�nyuge heredero por v�a testada, inclin�ndose por esta �ltima
En definitiva, la DGRN interpreta la falta de descendencia no como falta absoluta de descendientes, sino como falta relativa de descendencia: es decir, falta la descendencia tambi�n cuando pudiendo no ha querido aceptar la herencia en el primer grado, de forma paralela a lo que ocurre con los derechos legitimarios que en caso de renuncia no pasan al siguiente grado.
A pesar de todo lo dicho no creo que el registrador (ni el notario, en su caso) tenga competencia para hacer interpretaciones en casos dudosos como el presente e interpretar hasta ese grado el testamento tomando partido y me parece que tampoco la DGRN puede hacerlo, aunque quiera hacer justicia en el caso concreto. Quiz� ser�a m�s prudente haber exigido el consentimiento de los otros posibles herederos perjudicados (los nietos), m�xime al tratarse de una instancia privada unilateral sin intervenci�n de notario.
.- Si se le da la condici�n de heredero al c�nyuge es l�gico que no se abra la sucesi�n intestada.
.- Si no se le da la condici�n de heredero al c�nyuge se debe de abrir la sucesi�n intestada, pero habr�a que llamar a los nietos primero, al haber renunciado todos los hijos, y no al padre del causante, como quer�a el registrador, pienso que equivocadamente, pues los nietos se anteponen al abuelo en la sucesi�n intestada.
.- En cuanto a las leg�timas la cuesti�n es debatible por no estar expresamente regulada, pero en mi opini�n y atendiendo a la naturaleza de dichos derechos: si renuncian los primeros llamados (hijos), que son los �nicos que tienen derecho propiamente a leg�tima, no pasa ese derecho a los del siguiente grado (nietos y luego padres), pues o bien acrece a los del mismo grado si renuncian alguno de ellos o agotado �ste por renuncia de todos se extingue el derecho de leg�tima. Si el testador cumple con el primer grado de legitimarios llamados cumple ya con todos los legitimarios considerados en conjunto, salvo premoriencia o incapacidad del primero (casos ambos en que no hay voluntad del legitimario de no recibir la leg�tima). En definitiva, en mi opini�n la DGRN se equivoca en este punto, puesto que el padre del causante no tiene derecho a leg�tima, ni tampoco los nietos al haber renunciado los hijos del causante.
RENUNCIA DE TODOS LOS HEREDEROS, DERECHO DE REPRESENTACION Y SUCESI�N INTESTADA.
Finalmente la DGRN, v�a correcci�n de errores suprime este p�rrafo "Tampoco la protecci�n de los eventuales descendientes de los hijos llamados a la herencia justifica la apertura de la sucesi�n abintestato, pues debe tenerse en cuenta que no existe derecho de representaci�n de una persona viva sino en los casos de desheredaci�n o incapacidad (cfr. art�culo 929 C.C.) y por tanto no en los de renuncia, por lo que la apertura de la sucesi�n abintestato en nada favorecer�a a los descendientes de los herederos repudiantes."
Es decir, la DGRN entend�a inicialmente que en la sucesi�n intestada estaban excluidos los nietos por estar vivo el hijo y haber repudiado la herencia, por lo que los nietos no pod�an representar a los hijos en la sucesi�n intestada. Ahora se da cuenta del error, ya que aunque lo que dice el art�culo 929 es cierto (en definitiva no se puede representar a una persona viva) ,y tambi�n que el heredero que repudia la herencia en la sucesi�n testada la renuncia tambi�n en la sucesi�n intestada (art�culo 1009), olvida que han renunciado TODOS LOS DEL MISMO GRADO, y por aplicaci�n del art�culo 923 heredar�n los nietos " Repudiando la herencia el pariente m�s pr�ximo, si es solo, o, si fueren varios, todos los parientes m�s pr�ximos llamados por la ley, heredar�n los del grado siguiente por su propio derecho y sin que puedan representar al repudiante". Es decir, que al haber renunciado todos los hijos (2) a la herencia corresponder�a el derecho a los del siguiente grado, los nietos, pero por su propio derecho, no por representaci�n. En definitiva los nietos SI estar�an favorecidos si se abriera la sucesi�n intestada, pues ser�an los llamados por derecho propio.
Quiz� este error fue un argumento a�adido para sostener la DGRN la interpretaci�n de que en la disyuntiva c�nyuge viudo -posible heredero por sustituci�n- y padre del causante -posible heredero en la intestada- (de seguirse la tesis del registrador y de la DGRN inicial) se inclina por el primero: es decir, si no pod�an heredar los hijos por renuncia, y tampoco los nietos por no haber derecho de sustituci�n en la sucesi�n testada, y por no haber derecho de representaci�n en la intestada en caso de renuncia, se inclinaba porque deb�a heredar el c�nyuge viudo como sustituto querido por el testador, y no el padre del causante como heredero abintestato. (AFS).
PDF (2008/00687; 2 p�gs. - 89 KB.) *10. NO EXISTE RETRACTO ARRENDATICIO URBANO EN LA DACI�N EN PAGO DE DEUDA. Resoluci�n de 10 de diciembre de 2007, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Notario de Sevilla don Antonio Ojeda Escobar, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Sevilla n.� 8 a inscribir la adquisici�n de determinados mediante adjudicaci�n en pago de deuda.
Vinculante. El Registrador de la Propiedad suspende la inscripci�n de la transmisi�n de inmuebles urbanos arrendados porque, a su juicio, habida cuenta del negocio traslativo formalizado -una daci�n en pago de deuda-, cabe la posibilidad de que el arrendatario ejercite el derecho de adquisici�n preferente conforme a los art�culos 1.521 del
C�digo Civil y 25 de la
Ley de Arrendamientos Urbanos, por lo que considera necesaria la justificaci�n de que dicha transmisi�n ha sido notificada fehacientemente al arrendatario.
La DGRN estima lo contrario y revoca la calificaci�n, con los siguientes argumentos: a. la daci�n en pago es una forma especial de pago por el que el deudor o un tercero, con el consentimiento del acreedor, realiza con finalidad solutoria una prestaci�n distinta de la debida (�aliud pro alio�). Y, aunque puedan aplicarse por analog�a algunas de las normas de la compraventa, no por ello pueden ser identificados a todos los efectos ambos negocios jur�dicos.
b. Las normas que regulan el derecho de adquisici�n preferente del arrendatario en materia de arrendamientos urbanos han de ser objeto de interpretaci�n estricta en cuanto limitan las facultades dispositivas inherentes al dominio de los bienes arrendados. El art�culo 25.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece el derecho de adquisici�n preferente �nicamente para el caso de venta de la vivienda arrendada, por lo que, al no extenderlo el legislador a supuestos distintos al de la venta (como, por el contrario, hace el art�culo 22 de la
Ley de Arrendamientos R�sticos), no cabe aplicar dicha limitaci�n legal del dominio.
c. Cuesti�n distinta es que, no obstante la literalidad de la norma del art�culo 25.1 de la Ley, deba reconocerse al arrendatario el derecho de adquisici�n preferente en casos en que la adjudicaci�n en pago constituya un negocio simulado o se trate de un negocio indirecto con prop�sito de aparentar externamente un realidad jur�dica distinta a la venta realmente perseguida por la partes. Pero la apreciaci�n de tales circunstancias excede del �mbito de competencias del Registrador en el reducido marco del procedimiento registral. (JDR)
Resoluci�n de 10 de diciembre de 2007, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Notario de Sevilla don Antonio Ojeda Escobar, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Sevilla n.� 8 a inscribir la adquisici�n de determinados mediante adjudicaci�n en pago de deuda. (JDR) PDF (2008/00688; 3 p�gs. - 116 KB.) 11. PREMORIENCIA DEL HEREDERO NOMBRADO CON SUSTITUCI�N VULGAR A FAVOR DE SUS DESCENDIENTES. FALTA ACREDITAR LA INEXISTENCIA DE DESCENDIENTES. Resoluci�n de 13 de diciembre de 2007, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Higinio Pi Guirado, Notario de V�car, contra la negativa de la titular del Registro de la Propiedad n�mero 2 de Roquetas a inscribir una escritura de aceptaci�n y adjudicaci�n de herencia.
En la escritura de herencia, se dice que uno de ellos premuri� sin descendencia, y se aplica el derecho de acrecer a los otros dos coherederos.
La Registradora se�ala que falta acreditar fehacientemente la inexistencia de descendientes del hijo premuerto a los causantes, mediante testamento, declaraci�n de herederos abintestato o acta de notoriedad a que se refiere el art�culo 82 del
Reglamento Hipotecario; o, en caso de que s� existan tales descendientes, falta de intervenci�n de los mismos en la partici�n, conforme al principio de unanimidad de la partici�n.
La DGRN confirma su calificaci�n y desestima el recurso diciendo que �Una cosa es que los instituidos nominativamente como herederos en un testamento no tengan que acreditar, para adquirir los derechos inherentes a esa cualidad, que el testador no dej� a su fallecimiento otros herederos, y otra, bien distinta, que en una sustituci�n vulgar para el caso de premoriencia del instituido, si acaece �ste, haya que probar la raz�n por la que el llamamiento a los sustitutos no tiene efectividad�.
Y que �en una sustituci�n vulgar para el caso de premoriencia del instituido, los sustitutos aparecen condicionalmente instituidos de suerte que, acreditado el cumplimiento de la condici�n que determina su llamamiento, la muerte del instituido, habr� que probar la raz�n por la que el mismo no tiene efectividad�, Y cita el art�culo 82, p�rrafo tercero, del Reglamento Hipotecario �cuando exige -m�s bien permite- acta de notoriedad para la determinaci�n del extremo debatido�, pero a�ade que aunque el acta de notoriedad es, sin duda, un medio especialmente adecuado para acreditar en estos casos los extremos indicados, �no es el �nico susceptible de utilizaci�n�. (JDR)
PDF (2008/00689; 4 p�gs. - 150 KB.)
*12. HIPOTECA: ANALISIS DE DIVERSAS CLAUSULAS. Resoluci�n de 21 de diciembre de 2007, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Marbella don Antonio Ruiz-Clavijo Laencina, contra la negativa de la registradora de la propiedad n.� 4, de Marbella, a inscribir una escritura de pr�stamo hipotecario.
Resoluci�n en la que se analizan diversas cl�usulas de hipoteca:
1.- la cl�usula financiera 2.� de la escritura establece que:
el importe del pr�stamo se reembolsar�: a) cuando se formalice la venta de la finca o b) cuando la entidad prestamista presente un requerimiento de pago por la deuda pendiente, a�adiendo que �mientras el prestatario no haya incumplido la presente escritura� la entidad prestamista s�lo podr� requerir el pago en una serie de casos: a) seis meses desde la muerte del �ltimo residente nombrado o b) que el �ltimo residente nombrado haya dejado de residir en la finca, especificando que se entiende por dejar de residir (mantenerse ausente seis meses, se tenga o no intenci�n de regresar). La Registradora se opone a su inscripci�n porque hay indeterminaci�n en el plazo de duraci�n del pr�stamo y en la fecha de vencimiento, lo que impedir�a la cancelaci�n por caducidad de la hipoteca prevista en el art. 82 LH -los plazos se contar�an desde que la obligaci�n garantizada debi� ser satisfecha en su totalidad seg�n el Registro-. Adem�s, entiende que la posibilidad de exigir el reembolso por incumplimiento de cualquier obligaci�n es inadmisible, por su generalidad y por envolver pactos obligacionales que no pueden trascender a terceros. Sin embargo la Direcci�n, bas�ndose el principio de libertad de pacto del art. 1255 CC, en que el principio de determinaci�n registral debe predicarse s�lo respecto del derecho real de hipoteca, que debe quedar perfectamente determinado en su alcance y extensi�n, pero siendo irrelevantes los aspectos del pr�stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant�a, y en la que cl�usula guarda similitud en su formulaci�n con los requisitos exigidos actualmente para la hipoteca inversa (apartados 1 y 11 de la Disp. Ad.1� de la Ley 41/ 2007 de 7 de diciembre), considera suficientemente determinada la duraci�n del pr�stamo: su amortizaci�n no se realizar� gradualmente, sino en una sola vez a su vencimiento, bien coincidiendo con la venta de la casa o por el requerimiento que realice la parte acreedora, bien por incumplir los deudores el contenido de la escritura o bien a los seis meses desde la muerte del �ltimo residente nombrado o que el �ltimo residente nombrado haya dejado de residir en la finca. Se trata de una obligaci�n contra�da de presente, cuyo vencimiento depende de unos hechos futuros, unos ciertos en su acaecimiento, aunque inciertos en el cuando (la muerte del �ltimo prestatario) y otros inciertos tambi�n en su existencia como son la venta de la casa, el incumplimiento del contenido de la escritura o la falta de residencia por el �ltimo prestatario, circunstancias estas dos �ltimas que, para la plena efectividad de la hipoteca, requerir�n en el momento de su eventual ejecuci�n, la prueba extrarregistral de la concurrencia de la causa que hace exigible la devoluci�n de la cantidad prestada, pero que no impide la inscripci�n de la obligaci�n tal y como est� configurada. 2.- La cl�usula 2� fija un orden para la imputaci�n de pagos: a) intereses devengados, pero a�n no cargados en la cuenta de pr�stamo; b) a comisiones y gastos a pagar, pero a�n no cargados en la cuenta de pr�stamo: c) al importe debido por: intereses, comisiones y gastos devengados. Se considera por la Registradora no admisible la imputaci�n de pagos correspondientes a cantidades no cargadas y en consecuencia no l�quidas ni exigibles y cuya determinaci�n y orden, considera una prerrogativa de la parte deudora de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 1172 del C�digo Civil. La Direcci�n tambi�n revoca el defecto: la cl�usula pactada hay que ponerla en relaci�n con el tipo de negocio: es un pr�stamo en el que los intereses se calculan y devengan diariamente sobre la deuda pendiente, carg�ndose mensualmente en la cuenta y se pacta que los pagos adelantados se aplicar�n en primer lugar a los intereses devengados pero a�n no cargados, a comisiones y gastos a pagar, y finalmente al importe debido por intereses, comisiones y gastos devengados y cargados m�s el principal. Entiende que la cl�usula de imputaci�n debe considerarse v�lida tambi�n por conformidad con el principio de libertad de pacto, sin que se oponga a ello el art. 1172 C.c., que se refiere a un supuesto distinto. 3.- El siguiente pacto que se rechaza por la Registradora es un tipo de inter�s distinto del remuneratorio que se devenga cuando la deuda total haya quedado vencido para reembolso y no se haga el pago de conformidad con los t�rminos de la presente escritura, o si ocurre cualquier otra de las causas de incumplimiento. Le da la raz�n la Direcci�n en el sentido de que en la cl�usula de constituci�n de hipoteca, no se discriminan los intereses remuneratorios de los moratorios, distinci�n necesaria de acuerdo con el principio de especialidad; pero tambi�n entiende que no es defecto porque en la cl�usula de constituci�n de hipoteca en realidad no se garantizan.
4.- Se pacta un tipo de inter�s remuneratorio alternativo -m�s ventajoso para la parte deudora- que se condiciona a que se cumplan las Obligaciones del Prestatario. Manifestaciones y Garant�as del Prestatario de la cl�usula 14, la Registradora entiende que va en contra del Art. 1256 CC por queda �el cumplimiento del contrato al arbitrio de uno de los contratantes� lo que no se comparte por la Direcci�n ya que el tipo es m�s beneficioso y las condiciones para su aplicaci�n est�n objetivadas. Sin embargo si confirma el defecto de que la posibilidad de que la entidad acreedora pueda modificar libremente los intervalos a los que se cargan los intereses es contraria al art. 1256 CC.
5.- La Direcci�n rechaza el pacto de capitalizaci�n de intereses comisiones y gastos, por ir en contra del principio registral de especialidad y el necesario respeto de la limitaci�n legal de la responsabilidad hipotecaria del art. 114 LH (aunque reconoce que tiene una excepci�n en la llamada �hipoteca inversa�, semejante a la que ahora se pretende inscribir, pero que todav�a no ten�a regulaci�n en el momento de la calificaci�n.) Concluye que carece de trascendencia real por lo cual no debe acceder al Registro, - sin que se prejuzgue sobre si en el plano obligacional, es l�cito el pacto de anatocismo.
6.- Tambi�n se rechaza la consideraci�n de la Registradora de que el inter�s pactado es usurario ya que no corresponde al Registrador, en el reducido marco en que se desenvuelve el procedimiento registral, determinar si un determinado tipo de inter�s como el que se pacta en la estipulaci�n ahora cuestionada es usurario o no, circunstancia que corresponder�a exclusivamente a los Tribunales de Justicia.
7.- Se pacta que teni�ndose que rembolsar el pr�stamo como consecuencia de la venta de la finca, si en ese momento el importe de lo adeudado supera el valor de la finca el deudor puede ver limitada su responsabilidad a la cantidad neta obtenida de la venta. La Registradora considera que ese pacto es contrario al principio de especialidad y contradice el art. 1256 C.c, tambi�n se rechaza el defecto ya que la cl�usula es en beneficio del deudor y est� condicionada en su aplicaci�n, a unas causas concretas y objetivas.
8.- Si se considera defecto que a lo largo de la escritura no se haya determinado, trat�ndose de un inter�s variable, un tipo m�ximo, que por un lado sirva para delimitar el alcance del derecho real constituido y por otro, permita a los efectos del art. 114 LH, poder calcular si la cantidad alzada establecida como responsabilidad por intereses respeta el l�mite de los cinco a�os al tipo m�ximo establecido. Sin embargo entiende que el defecto est� mal formulado por la Registradora.
9.- La Direcci�n s� considera aceptable el pacto de que si en el futuro hubiera subido sustancialmente el valor de mercado de la finca, el prestatario est� obligado, a petici�n de la entidad acreedora, a modificar el valor de tasaci�n, para adaptarlo al valor actualizado y de no hacerlo en cinco d�as, la entidad acreedora se considera apoderada irrevocablemente para hacerlo aunque incurra en autocontrataci�n. Entiende que las especiales caracter�sticas del pr�stamo hacen aconsejable la previsi�n de un procedimiento para adaptar el tipo de la subasta lo cual beneficia no s�lo al acreedor sin tambi�n al due�o de la finca; posibilidad que adem�s est� prevista en la legislaci�n del mercado hipotecario.
10 y 12.- Respecto a la inscripci�n de �las obligaciones del prestatario� y el pacto �por el que el prestatario apodera a la entidad acreedora para que pueda otorgar por s� misma escrituras de aclaraci�n o correcci�n del contenido de la escritura�, la Direcci�n, pese a que reconoce que carecen de trascendencia real y que por tanto
excede su calificaci�n de la funci�n del Registrador, y que en el momento de la nota de calificaci�n todav�a no se hab�a publicado la reforma del art. 12 LH por la Ley 41/2007, entiende que deben transcribirse limit�ndose el Registrador a hacerlas constar en el asiento, esto es a transcribir sin m�s las mismas, siempre que las de trascendencia jur�dico real inmobiliaria hubieran sido calificadas favorablemente. Y a�ade, sin que tenga mucho que ver con el recurso, que la citada Ley 41/2007 respecto de determinadas hipotecas �las denominadas de m�ximo- la voluntad flexibilizadora de la Ley, cuando las mismas se han constituido a favor de las entidades a que se refiere la Ley 2/1981, de 25 de marzo, ha sido a�n mayor, pues respecto de �stas dicha norma delimita a�n m�s la calificaci�n registral en cuanto a las obligaciones que garantiza, pues bastar� que la escritura p�blica incluya �su denominaci�n y, si fuera preciso, la descripci�n general de los actos jur�dicos b�sicos de los que deriven o puedan derivar en el futuro las obligaciones garantizada.
11.- Tampoco comparte el criterio de la Registradora de controlar las exigencias del art. 153 LH, porque entiende que es una hipoteca ordinaria o de tr�fico y no de m�ximo, el hecho de que el pr�stamo no deba reembolsarse, hasta el vencimiento final no significa que nos encontremos ante una cuenta corriente de cr�dito y de que la hipoteca lo sea de m�ximo, sino que es un pr�stamo de caracter�sticas especiales. 13.- Y por �ltimo se considera que tampoco entra dentro de la funci�n del Registrador analizar si la operaci�n es contraria a lo dispuesto en la legislaci�n de Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el Registrador no puede, sin previa declaraci�n judicial de nulidad, denegar cl�usulas abusivas seg�n la legislaci�n de consumidores y usuarios. (MN) PDF (2008/00690; 6 p�gs. - 190 KB.) 14. HIPOTECA: ANALISIS DE DIVERSAS CLAUSULAS. Resoluci�n de 21 de diciembre de 2007, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Seniors Money (Spain) Finance Limited, contra la negativa de la registradora de la propiedad n.� 4 de Marbella a inscribir una escritura de pr�stamo hipotecario. Id�ntica a la n� 12. (MN)
PDF (2008/00692; 7 p�gs. - 230 KB.) 15. CORRECCI�N DE ERRORES. Resoluci�n de 17 de enero de 2008, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, por la que se corrigen errores de la de 5 de diciembre de 2007, por la que se deniega la inscripci�n de una escritura de manifestaci�n de herencia y una relaci�n privada de bienes complementaria de la anterior. Ver comentario conjunto en el apartado 9 (R. de 5 de diciembre de 2007). (AFS)
PDF (2008/01152; 1 p�gs. - 47 KB.) 16. SUBROGACION DE ACREEDOR HIPOTECARIO Y DERECHO DE ENERVACION. Resoluci�n de 11 de diciembre de 2007, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Caja Espa�a de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra la negativa del registrador de la propiedad n.� 8 de Sevilla, a inscribir una escritura de subrogaci�n en un pr�stamo con garant�a hipotecaria.
Se formaliza notarialmente una subrogaci�n de acreedor hipotecario con una posterior escritura aclaratoria, todo ello con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 41/2007. Consta en el documento notarial (v�a contestaci�n) la discrepancia de la entidad acreedora n� 1 con la subrogaci�n de la entidad acreedora n� 2, que considera ilegal.
Dejando de lado algunas discrepancias sobre cuestiones formales, la controversia principal radica en que la entidad acreedora n�mero 1 considera que se ha producido la enervaci�n del derecho a subrogaci�n -y por tanto �sta no tendr�a que haberse formalizado notarialmente- porque en tiempo oportuno manifest� fehacientemente su voluntad de igualar la oferta de la entidad acreedora 2� y la aplic� efectivamente en la mensualidad siguiente. Alega en su favor una sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Noviembre de 2003. Esta tesis es acogida por el Registrador en su nota de defectos.
La entidad acreedora 2� considera que no ha habido tal enervaci�n pues para que se produzca no basta la mera manifestaci�n, ya que seg�n la redacci�n de la ley 2/94 vigente en ese momento para que tal enervaci�n se produzca se necesita la formalizaci�n de la novaci�n en el plazo legal con el deudor, que no se ha producido; a�ade adem�s que la opini�n de dicho tribunal en la citada sentencia no crea jurisprudencia al ser solo una sentencia.
Resuelve la DGRN que dicha discrepancia tiene que resolverse en los tribunales y que ello escapa a la calificaci�n del registrador, por lo que revoca la nota y ordena la inscripci�n.
COMENTARIO.- El problema tratado en esta Resoluci�n no va a plantearse despu�s de la reforma de la ley 41/2007, pues ahora la comunicaci�n a la entidad acreedora 1� de la oferta tiene que hacerse por la entidad acreedora 2� en acta notarial y la enervaci�n se producir� por la mera manifestaci�n de la entidad acreedora 1� que, eso s�, tiene que contestar en la propia acta notarial en los 15 d�as siguientes. Imprescindible por tanto tener a la vista dicha acta antes de autorizar una subrogaci�n. No obstante, puede seguir habiendo problemas de incertidumbre cuando la entidad acreedora no haya emitido certificaci�n de saldo en los 7 d�as posteriores a tal notificaci�n, pues en tal caso no podr� ya enervar. La acreditaci�n de ese hecho (emisi�n de certificado de saldo) seguir� dependiendo de la manifestaci�n realizada solo por la entidad acreedora 2� y generando potencialmente incertidumbre.(AFS)
PDF (2008/01303; 3 p�gs. - 133 KB.) 17. REQUISITOS DE LAS TRANSMISI�N DE VPO: NO SE APLICA A LAS SUBASTAS. Resoluci�n de 12 de diciembre de 2007, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado en el recurso interpuesto por la �Caja Rural del Jal�n, S.C.C.�, contra la negativa de la registradora de la propiedad de La Almunia de Do�a Godina, a inscribir el testimonio de un auto de adjudicaci�n.
Se suspende la inscripci�n de un Auto de adjudicaci�n por el que se aprueba el remate de una finca previamente embargada y calificada como VPO de promoci�n p�blica adjudic�ndola a una entidad de cr�dito, ya que, como ha de acreditarse el cumplimiento de los requisitos para acceder a viviendas de promoci�n p�blica entiende que es precisa la autorizaci�n y visado por parte del Servicio Provincial de Urbanismo de Zaragoza.
La Direcci�n, despu�s de concluir sobre su propia competencia para resolver el recuso ya que la correspondiente a los �rganos jurisdiccionales de la Comunidad Aragonesa est� ce�ida a los que est�n basados en el derecho foral aragon�s, expresi�n que est� limitada al campo del Derecho Privado y, por lo que se refiere al fondo del asunto estima el recurso en base a los argumentos siguientes: la legislaci�n aragonesa sobre VPO en cuanto alude a los contratos de transmisi�n de dominio est� siempre refiri�ndose al supuesto de transmisi�n voluntaria y no forzosa y, adem�s, es indudable que la subasta pertenece al campo del derecho procesal y no privado, es un acto procesal de ejecuci�n que no tiene encaje alguno en la normativa auton�mica, pues lo contrario conllevar�a la supresi�n del car�cter p�blico de las subastas �solo podr�an concurrir las personas que acreditaran los requisitos establecidos- y lo mismo ocurre con la inclusi�n de determinadas cl�usulas de inserci�n obligatoria, lo que est� fuera de lugar a la vista de la naturaleza de la subasta judicial. Por todo ello se revoca la nota, pero sin que ello tenga efecto alguno en orden a la aplicaci�n al rematante de cuantas obligaciones vengan determinadas por la legislaci�n especial aplicable-cuesti�n que queda al margen de este recurso. (MN)
PDF (2008/01372; 3 p�gs. - 132 KB.) 19. INMATRICULACION Y TITULO PREVIO. DESCRIPCION DE LA FINCA. . Resoluci�n de 4 de enero de 2008, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Francisco Javier Manso Alonso, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad n.� 2, de Segovia, a inscribir una escritura de compraventa. Se trata de la inmatriculaci�n de una finca, que se describe de forma diferente en los dos t�tulos que se presentan, por lo que el registrador duda de que se trate de la misma finca.
La cuesti�n es que en el t�tulo previo se describe la finca con unas caracter�sticas, y en el t�tulo siguiente se describe la finca nuevamente pero variando la superficie, linderos y paraje, aunque la descripci�n del �ltimo t�tulo se ajusta al Catastro y se justifica adem�s la identidad de la finca de ambas escrituras con un certificado municipal.
La DGRN confirma el defecto, pues considera que hay dudas de la identidad de la finca en ambos t�tulos, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto. Para inmatricular indica que habr� que acudir al Acta de Notoriedad complementaria o a la rectificaci�n del t�tulo previo por sus otorgantes. (AFS). PDF (2008/01484; 2 p�gs. - 89 KB.) 20. CANCELACI�N DE ASIENTOS POSTERIORES AL ANULADO JUDICIALMENTE. Resoluci�n de 5 de enero de 2008, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don V�ctor Mart�nez Viana, contra la negativa del Registrador de la Propiedad n.� 29, de Madrid, a practicar determinadas cancelaciones.
Hechos: Figura anotada en el registro una demanda solicitando la nulidad por simulaci�n de una compraventa. Estimada la demanda, se presenta en el Registro testimonio de la Sentencia, as� como mandamiento cancelatorio que solo ordena cancelar la inscripci�n impugnada, En cuanto a las posteriores, se dice: �Habi�ndose solicitado la cancelaci�n de las inscripciones practicadas con posterioridad a la anotaci�n el Juzgado declara no haber lugar por no ser un pronunciamiento de la Sentencia�.
El Registrador suspende la cancelaci�n de las inscripciones posteriores a la del t�tulo declarado nulo, por el que se inscribe, por no ordenarse tal cancelaci�n.
En cambio, la DGRN aplica el criterio contrario y revoca la calificaci�n registral diciendo que �el asunto no se habr�a planteado si la demanda hubiera solicitado la cancelaci�n no s�lo de la transmisi�n que se impugnaba, sino la de los asientos que se practicaran con posterioridad. Pero, si se tiene en cuenta que tales asientos y los actos dispositivos que los mismos recogen, fueron realizados con fecha posterior a la anotaci�n, no existiendo tales actos dispositivos, por tanto, en la fecha en que se practic� la repetida anotaci�n, es un excesivo formalismo exigir que se tenga en cuenta tal hipot�tica posibilidad en al momento de redactar la demanda. Y desde luego produce notoria indefensi�n cancelar la anotaci�n de demanda y mantener vigente un acto dispositivo posterior del titular cuya inscripci�n se declar� nula�. (JDR)
PDF (2008/01485; 1 p�gs. - 47 KB.) 21. ACTA DE OCUPACI�N EN EXPROPIACI�N FORZOSA NO SEGUIDA CONTRA EL TITULAR REGISTRAL. Resoluci�n de 8 de enero de 2008, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don �ngel Ram�n Mart�nez del Valle, contra la negativa del registrador de la propiedad de Antequera, a la inscripci�n de un acta de ocupaci�n de una expropiaci�n forzosa. Se presenta en el Registro el Acta de Ocupaci�n y Consignaci�n en una expropiaci�n forzosa, a los efectos de inscripci�n de la misma. El Registrador deniega la inscripci�n de una finca en cuanto a una parte indivisa por no haberse entendido el procedimiento con los titulares registrales y, en cuanto a otra parte indivisa de la misma, por no haberse consignado cantidad alguna a favor del usufructuario.
La DGRN se�ala que �debiendo limitarse el recurso, en cuanto a lo que al presente interesa, a las pretensiones del recurrente, hay que decir que, en cuanto a la primera, consistente en que se anule el asiento en el que se recogi� la herencia de la expropiada, tal pretensi�n est� fuera de la competencia de esta Direcci�n General pues los asientos del Registro est�n bajo la salvaguardia de los Tribunales, por lo que s�lo ellos pueden declarar la nulidad y consiguiente cancelaci�n de una inscripci�n. Y en cuanto a la petici�n subsidiaria consistente en que se declaren los defectos como subsanables, ha de ser igualmente rechazada, pues, no habi�ndose removido el primer defecto, y calific�ndose el mismo de insubsanable, dicha cualidad impregna la totalidad de la calificaci�n.� (JDR)
PDF (2008/01523; 2 p�gs. - 98 KB.) 22. HIPOTECA: ANALISIS DE DIVERSAS CLAUSULAS. Resoluci�n de 14 de enero de 2008, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Javier Ortega de la Pe�a y por el notario de Marbella don Antonio Ruiz-Clavijo Laencina, contra la negativa del registrador de la propiedad n.� 3, de Marbella, a inscribir una escritura de cancelaci�n de hipoteca, formalizaci�n de pr�stamo y constituci�n de hipoteca.
Id�ntica a las resoluciones 12 y 14 de 21 de diciembre, salvo en que se analiza un pacto m�s: el Registrador entiende que no se indica con claridad un domicilio a efecto de notificaciones, ya que en la cl�usula 15 se se�ala �la finca hipotecada� lo cual impide la realizaci�n del requerimiento de pago ya que dado que, normalmente, va a vencer, seis meses despu�s del fallecimiento de la persona que ha de ser requerida de pago y notificada de la ejecuci�n o despu�s de abandonar su domicilio. La Direcci�n
tambi�n rechaza el argumento, ya que es una circunstancia que puede darse en cualquier pr�stamo; y adem�s, como ya se�alara en otras resoluciones, la omisi�n del domicilio es un defecto que producir� el efecto de que no puedan utilizarse los procedimientos judicial o extrajudicial, pero no puede motivar la ineficacia de la hipoteca, ni ser obst�culo para su inscripci�n. (MN)
PDF (2008/01524; 9 p�gs. - 379 KB.) 23. RECURSO EXTEMPOR�NEO. Resoluci�n de 10 de enero de 2008, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Serra, contra la nota de calificaci�n de la registradora de la Propiedad de Massamagrell (Valencia), por la que se suspende la inscripci�n de una escritura de compraventa. Hechos: la nota de calificaci�n de defectos es de fecha 31 de Agosto de 2007. El interesado recibi� la notificaci�n el 3 de Septiembre de 2007. El escrito de interposici�n del recurso se presenta en la Direcci�n General el d�a 8 de Octubre de 2007.
La DGRN declara extempor�neo el recurso por lo que lo inadmite ya que el art�culo 326 de la
Ley Hipotecaria fija el plazo de un mes computado desde la fecha de la notificaci�n de la calificaci�n, por lo que ha ganado �sta firmeza. Ello no obsta para que pueda ser presentado otra vez el t�tulo y obtener nueva calificaci�n. (JFME)
PDF (2008/01586; 1 p�gs. - 41 KB.) RESOLUCIONES MERCANTIL:
**13. SOCIEDAD PROFESIONAL. DELIMITACION DE SU OBJETO SOCIAL. Resoluci�n de 21 de diciembre de 2007, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Carlet don Carlos Lorente Garc�s, contra la negativa parcial del registrador mercantil de Valencia n.� 3, a inscribir la escritura de constituci�n de �Incor World, Sociedad Limitada�.
Hechos: El problema que plantea esta resoluci�n consiste en dilucidar si es posible que una sociedad limitada normal tenga como objeto el propio de profesionales sometidos a colegiaci�n obligatoria y sin que en la formulaci�n de dicho objeto se haya expresado que la sociedad se constituye simplemente como mediadora.
Efectivamente, se presenta en el Registro Mercantil una escritura de constituci�n de una sociedad limitada la cual, entre otras actividades, contiene en su objeto las siguientes: �las de gesti�n administrativa, de asesoramiento contable, fiscal, laboral y jur�dico�. Se a�ade, en el correspondiente art�culo estatutario, la cl�usula de exclusi�n de actividades que exijan requisitos especiales y la tambi�n cl�usula de estilo de que si para el ejercicio de alguna de las actividades se exige t�tulo profesional, deber�n realizarse por medio de persona que ostente la titulaci�n requerida. El Registrador, aplicando el principio de inscripci�n parcial, despacha el documento expresando en su nota de calificaci�n que se inscribe la sociedad con la salvedad de las actividades contenidas en el art. 2 de los estatutos a que antes se ha hecho referencia pues se trata de actividades a desarrollar por profesionales con colegiaci�n obligatoria que entran de lleno en el �mbito competencial de la Ley 2/2007 de sociedades profesionales.
El Notario autorizante recurre alegando en esencia de que lo que se trata es de una sociedad de medios y que aplicando las reglas interpretativas del CC(Art. 1281 y ss), la interpretaci�n de la cl�usula debatida, que reconoce que puede tener varios sentidos, debe entenderse en el m�s adecuado para que produzca efectos y por tanto en el sentido antes apuntado de que la actividad profesional reflejada en su objeto no se desarrollar� de forma directa, sino simplemente como mediadora pues as�, adem�s, se reconoce en la propia E. de M. de la Ley.
Doctrina: La DGRN revoca la nota de calificaci�n permitiendo la inscripci�n del objeto tal y como se reflejaba en los estatutos de la sociedad. La DG parte de la base, totalmente cierta, de que la Ley 2/2007, rige s�lo para la aut�ntica sociedad profesional pero no para la llamada doctrinalmente sociedad de profesionales o entre profesionales. Sobre esta base se pregunta si la formulaci�n del objeto debatido lo hace entrar en el �mbito de las sociedades profesionales o en el �mbito de una sociedad de intermediaci�n. Aplicando las reglas interpretativas de los art�culos 1281, 1284 y 1285 del CC concluye que de lo que se trata es de una sociedad de intermediaci�n. A mayor abundamiento a�ade la DG dos consideraciones: Una, la relativa a la utilizaci�n de la cl�usula de estilo sobre la realizaci�n del objeto a trav�s de profesionales y la de exclusi�n general de actividades cuyos requisitos no queden cumplidos por la sociedad. Y la otra, la relativa a que el Notario, dentro de sus funciones de control de la legalidad y de adecuaci�n de la voluntad de los otorgantes a lo dispuesto en la Ley, hace que resulte claro que no se haya querido constituir una verdadera sociedad profesional y que por tanto �carezca de fundamento la objeci�n expresada por el Registrador en su calificaci�n habida cuenta de la inexistencia de prohibici�n normativa alguna que impida fijar el objeto social de dicha entidad en los t�rminos ahora analizados�.
Comentario: De forma muy breve, pues la resoluci�n es de gran importancia y por tanto escapa a la urgencia de este comentario, s�lo reflejaremos estas tres observaciones:
1�. Cuando tras la publicaci�n y entrada en vigor de la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales parec�a que hab�a quedado claro el objeto profesional de las sociedades, surge esta resoluci�n de la DG que deja las cosas pr�cticamente como estaban antes de la promulgaci�n de la citada Ley. Antes de la Ley citada, en Espa�a, no pod�a existir la verdadera sociedad profesional pues carec�a de propia regulaci�n legal. Por tanto, todas las sociedades que con objeto profesional se constituyeran eran, como dice la Exposici�n de Motivos de la Ley, de medios, de comunicaci�n de ganancias o intermediadoras. Tambi�n as� hab�a sido interpretado por la DGRN se dijera o no expresamente en los estatutos. Surge la Ley 2/2007 y en su art. 1 y de forma imperativa dice terminantemente que las sociedades que tenga por objeto el ejercicio en com�n de una actividad profesional deber�n constituirse
como sociedades profesionales en los t�rminos de esta Ley. Por tanto parece que el objeto es para la Ley lo determinante para que una sociedad sea o no profesional. As� lo reconoce la propia DG cuando en su fundamento de derecho tercero expresa que �hubiera sido deseable una mayor claridad y precisi�n� en la redacci�n del objeto de la sociedad. Pero en lugar de sacar de ello la consecuencia, dada la claridad y precisi�n que deben presidir los pronunciamientos registrales, de confirmar la nota de calificaci�n, sobre todo teniendo en cuenta las graves implicaciones colegiales y de otra �ndole que conlleva esa falta de precisi�n, en base a argumentos interpretativos saca la conclusi�n de la posibilidad de un objeto profesional en una sociedad distinta de las profesionales y sin la prevenci�n, como aviso a terceros que entren en relaci�n con la sociedad, de que se trata de una simple mediadora que no le podr� facturar directamente la actividad que haya realizado el profesional de que se trate. Esto �ltimo parece fundamental pues en el momento de la indagaci�n de la voluntad negocial por el notario y en el momento de la calificaci�n por el registrador es imposible saber c�mo la sociedad, en lo relativo a los servicios profesionales incluidos en su objeto, va a desarrollar su labor. Es decir, si va a facturar directamente esos servicios al cliente, en cuyo caso estamos ante una verdadera sociedad profesional, adopte o no esta forma, o ser� el profesional que realiza la actividad el que facturar� al cliente y despu�s la sociedad le detraer� de esa factura un tanto por ciento por los servicios prestados a ese profesional. Es algo de futuro que l�gicamente escapa a la apreciaci�n notarial y registral, pero que entra en las funciones de ambos cuerpos el prevenir y aclarar.
2. Por ello ser�a deseable que, en aras de las seguridad jur�dica preventiva que tanto notarios como registradores estamos llamados servir, las actividades profesionales constitutivas del objeto de las sociedades se expresen con la mayor claridad posible en evitaci�n de confusiones y por tanto, si la sociedad es mediadora que se diga as� claramente en el objeto de la sociedad, consiguiendo de esta forma la mayor precisi�n posible para que la persona que entre en contacto con esa sociedad sepa a qu� atenerse y no surjan problemas con posterioridad, no s�lo con los usuarios de sus servicios, sino tambi�n con los propios Colegios profesionales y los mismos profesionales a sueldo o empleados de la sociedad. 3�. No obstante y tras esta resoluci�n, por su car�cter vinculante, a partir de ahora ser�n inscribibles en el Registro Mercantil, los objetos profesionales en sociedades no profesionales, sin necesidad de expresar que se trata de una mediadora, y sin que quede muy claro en la resoluci�n, si es o no necesaria la cl�usula de exclusi�n general de actividades sujetas a leyes especiales y la relativa a su realizaci�n, que no es especialidad, por parte de profesionales titulados. En nuestra opini�n creemos que dado los fundamentos de derecho de la resoluci�n ni siquiera esas cl�usulas ser�n necesarias para la inscripci�n. Antes de terminar expresar, como ya hemos sostenido en otras ocasiones, que la inscripci�n parcial del art. 63 del RRM no es, �estrictu sensu�, aplicable al objeto social pues el objeto no es cl�usula potestativa de los estatutos, ni su omisi�n en los mismos queda suplida por las disposiciones legales (Cfr. Art. 63 RRM) y que al final la DG vuelve a recordar una vez m�s la necesidad del cumplimiento, en los RRMM con varios titulares, de lo dispuesto en el art. 18.8 del C. Com, lo que no se expres� en la nota, sin duda, por olvido u omisi�n del calificante. (JAGV)
PDF (2008/00691; 3 p�gs. - 124 KB.) *18. DEPOSITO DE CUENTAS. AUNQUE HAYA INSCRITO UN AUDITOR VOLUNTARIO, NO HAY QUE DEPOSITAR INFORME DE AUDITOR�A, NI DE GESTI�N. PLAZO PARA CALIFICAR Y NOTIFICACI�N DE LA CALIFICACI�N. Resoluci�n de 14 de diciembre de 2007, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, sobre dep�sito de las cuentas anuales de �Uribe S�nchez, S.L.�. BOE de 25 de Enero de 2008.
Hechos: Se suspende el dep�sito de cuentas de una sociedad por no acompa�arse el informe del auditor inscrito de la sociedad, ni el informe de gesti�n. Se recurre alegando que la sociedad puede formular balance abreviado y que el auditor inscrito lo fue con car�cter voluntario. Como cuestiones marginales el recurrente plantea las dos siguientes: 1. Que la calificaci�n lo fue fuera de plazo y 2. Que la notificaci�n de la calificaci�n tambi�n lo fue despu�s de los 10 d�as se�alados en la LPA.
Doctrina: La DG revoca la nota de calificaci�n estableciendo que, si se puede formular balance abreviado, ni es necesario el informe de gesti�n, pues la LSA debe primar sobre el RRM (Vid. Art. 366.1.4�), ni tampoco es necesario el informe de auditor�a, aunque exista inscrito un auditor de la sociedad con car�cter voluntario.
dos cuestiones planteadas, la primera la resuelve diciendo que �no est�n obligados los RRMM a efectuar la notificaci�n en el domicilio de los interesados, debiendo ser estos los que deben estar al tanto de las determinaciones del RM� y en cuanto a la segunda que computando los d�as h�biles del mes de Agosto, en el cual se realiz� la calificaci�n y su notificaci�n y dado que son inh�biles los s�bados, dicha notificaci�n lo fue en el plazo establecido.
Comentario: En cuanto a al fondo del asunto la resoluci�n es clara: Si se certifica que se pueden formular las cuentas en forma abreviada no es necesario ni el informe de gesti�n, ni el informe de auditor�a aunque exista un auditor inscrito. No obstante en resoluci�n de
16 de mayo de 2007, la DG, sostuvo lo contrario no admitiendo el dep�sito de cuentas de una sociedad que se encontraba en la misma situaci�n que la de esta resoluci�n. Nos parece m�s acertada, como ya expusimos en los comentarios a la resoluci�n de mayo, la doctrina que ahora se sustenta por la DGRN. A estos efectos, entendemos, que la soluci�n debe ser id�ntica, conste o no conste en la inscripci�n del auditor el car�cter voluntario o no de su nombramiento. Lo esencial es la certificaci�n del administrador la cual queda cubierta por su personal responsabilidad. Y ello aunque de las propias cuentas resulte que la sociedad est� obligada a la auditor�a, pese a que la DG sostuvo lo contrario en resoluci�n de
16 de Enero de 2006, pues dado el car�cter masivo del dep�sito de cuentas anuales y de los puntos que seg�n el art.368.1 est�n sujetos a calificaci�n del registrador, este no puede extender el examen de las cuentas m�s all� de lo estrictamente necesario y reglamentariamente exigido para su dep�sito. En cuanto a las otras dos afirmaciones de la DG, la primera es interesant�sima pues da a entender que la especialidad del procedimiento registral, en materia de dep�sito de cuentas, se extiende tambi�n a las notificaciones de las calificaciones negativas y dado el plazo expandido de cinco meses que tiene su asiento de presentaci�n, en ese plazo o a partir del mismo, el interesado deber� personarse en el Registro para recoger el certificado acreditativo de que se ha efectuado el dep�sito o bien la calificaci�n negativa del mismo. Y que por tanto, si el registrador le notifica la calificaci�n negativa es un plus a lo que no est� obligado, aunque obviamente podr� hacerlo, dentro del plazo de cinco meses, en el momento que estime oportuno o bien no notificar nada esperando la personaci�n del interesado en la oficina registral. Ahora bien, si en el momento de la personaci�n del interesado en el Registro, a�n no se ha despachado y calificado el dep�sito, entendemos que el registrador s� tiene obligaci�n, en este caso, si as� se le solicita, de, o bien efectuar el dep�sito en el plazo de 15 d�as- ha existido un requerimiento expreso- o bien calificarlo y notificarle la calificaci�n en plazo. Creemos que esta postura es la que cohonesta de forma m�s adecuada todos los intereses en juego: Los de las sociedades y los de la oficina registral ante el car�cter masivo que tiene la presentaci�n de los dep�sitos de cuentas de las sociedades.
La segunda afirmaci�n no supone nada nuevo pues aparte de estar dentro del plazo de 10 d�as computados los d�as inh�biles del mes de agosto, a la vista de su afirmaci�n previa ni siquiera hubiera sido necesario dicha notificaci�n. (JAGV)
PDF (2008/01373; 1 p�gs. - 48 KB.) CASOS PR�CTICOS DEL SEMINARIO DE BILBAO:
Junto a este informe se publica la rese�a del Seminario celebrado el 18 de diciembre de 2007. Se recoge a continuaci�n un caso, estando el resto en
Hipoteca recargable.
Respecto de las subrogaciones modificativas y la hipoteca recargable se se�al� que la ampliaci�n de capital sin p�rdida de rango s�lo podr� aplicarse a las hipotecas constituidas a partir de la vigencia de la reforma sin que, empero, sea preciso pacto expreso que prevea la eventual ampliaci�n.
Por medio de esta hipoteca, se equipara al pr�stamo, en cuanto a la garant�a, al contrato de apertura de cr�dito, en el que la sujeci�n del prestatario nace reforzada sin que, paralelamente, la acreedora deba de conceder cr�dito de presente.
Por el contrario, la concesi�n de cr�dito es una facultad libre de la entidad de cr�dito, a la que por este medio la Ley dota de un poder que de otro modo le estar�a vetado por el art. 1256 CC.
Se recuerda que la figura goza de importantes beneficios arancelarios, tal vez, para que la amargura para el consumidor de quedar tan firmemente sujeto a su entidad de cr�dito le sea menos gravosa. Tambi�n se recuerda que el asiento a practicar en caso de novaci�n modificativa por ampliaci�n de capital o plazo, pese a sus importantes efectos, es el de nota marginal.
La Orotava, Archidona, Bilbao, Madrid, Los Realejos, Lugo, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Granada, Lucena, Vitigudino y Arucas, a 8 de febrero de 2008.
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