Source: https://www.otrosi.net/penal/jurisprudencia/2018-591345
Timestamp: 2019-06-18 10:49:43+00:00

Document:
Sentencia Tribunal Supremo Sala 2ª 10/10/2018
Tribunal Supremo Sala 2ª, 10-10-2018 , nº 2201/2017, rec.459/2018,
ECLI: ES:TS:2018:3386
PRIMERO.-Seguido por la Audiencia Provincial de Sta. Cruz de Tenerife, Sección Sexta, el procedimiento del Tribunal del Jurado, dimanante de la causa instruida por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Sta. Cruz de Tenerife bajo el nº 19 de 2017 de Ley de Jurado, se dictó sentencia con fecha 12 de mayo de 2017 , que contiene los siguientes Hechos Probados:
SEGUNDO.-La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: FALLAMOS:
Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por las representaciones de los acusados Dña. Elena y D. Vidal , dictándose sentencia por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con fecha 24 de julio de 2017, cuya Parte Dispositiva es la siguiente:Que debemos desestimar y desestimamos los recursos de apelación interpuestos por las representaciones procesales de D. Vidal y Dña. Elena contra lasentencia de fecha 12 de mayo de 2017, dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerifeen el procedimiento de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado n° 92/2016, procedente del Juzgado de Instrucción n° 4 de Santa Cruz de Tenerife, la cual confirmamos en todos sus apartados, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en esta instancia. Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las demás partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de casación, el cual se anunciará en el plazo de cinco días ante esta Sala y se formalizará ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
TERCERO.-Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por infracción de ley e infracción de precepto constitucional, por las representaciones de los acusados Dña. Elena y D. Gerardo , que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
CUARTO.- I.-El recurso interpuesto por la representación de la acusadaDña. Elena, lo basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
II.-El recurso interpuesto por la representación del acusadoD. Vidal, lo basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN: Primero.- Por vulneración de precepto constitucional del art. 24.1 Constitución Española , derecho a la tutela judicial efectiva, como autoriza el art. 5.4 de la LOPJ , por vulneración de precepto constitucional del art. 24.2 Constitución Española , derecho a un proceso público con todas las garantías; por infracción de la exigencia contenida en el artículo 120.3 y 24.1 de la Constitución , que reconocen el derecho a la Presunción de Inocencia.
QUINTO.-Instruido el Ministerio Fiscal de los recursos interpuestos, solicitó su inadmisión y subsidiaria impugnación, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.
SEXTO.-Por Providencia de esta Sala se señala el presente recurso para deliberación y fallo para el día 9 de octubre de 2018, prolongándose los mismos hasta el día de la fecha.
PRIMERO.-Es objeto del presente recurso de casación la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 24 de Julio de 2017 al resolver el recurso de apelación frente a la dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Tenerife de fecha 12 de Mayo de 2017 por la que se condena a Vidal y Elena , como autores criminalmente responsables, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de un delito de homicidio por comisión por omisión ya descrito, a cada uno de ellos, a las penas de DIECISIETE AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN ABSOLUTA DURANTE EL MISMO TIEMPO y al pago de las costas procesales.
SEGUNDO.-1.- Por vulneración de precepto constitucional del art. 24.1 Constitución Española , derecho a la tutela judicial efectiva, como autoriza el art. 5.4 de la LOPJ , por vulneración de precepto constitucional del art. 24.2 Constitución Española , derecho a un proceso público con todas las garantías; por infracción de la exigencia contenida en el artículo 120.3 y 24.1 de la Constitución , que reconocen el derecho a la Presunción de Inocencia.
Por ello, el examen de la cuestión planteada requiere traer a colación, aun sucintamente, la reiteradadoctrina de este Tribunal sobre el derecho ala presunción de inocencia y los requisitos constitucionalmente exigiblesa la prueba para desvirtuar dicha presunción.
Derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas.
En definitiva como hemos explicitado en múltiples resoluciones de esta Sala, por todas sentencias 753/2007 de 2.10 , 672/2007 de 19.7 ,cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Tribunal de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa pero sí puede este Tribunal verificar que, efectivamente, el Tribunal «a quo» contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena,cerciorándose también de queesa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio,al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia ( STS. 1125/2001 de 12.7 ).
3º El de la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico resultante ( SSTC. 169/86 , 107/89 , 384/93 , 206/94 , 24/97 , 81/98 , 189/98 , 1/99 , 235/2002 , 300/2005 , 66/2006 ).
B)El principio "in dubio pro reo", presuponiendo la previa existencia de la presunción de inocencia, se desenvuelve en el campo de la estricta valoración de las pruebas, es decir de la apreciación de la eficacia demostrativa por el Tribunal de instancia a quien compete su valoración la conciencia para formar su convicción sobre la verdad de los hechos ( art. 741 LECr ).
Lapresunción de inocenciaha sido configurada por el art. 24.2 como garantía procesal del imputado y derecho fundamental del ciudadano protegido por la vía de amparo.
Ello no ocurre con laregla in dubio pro reo, condición o exigencia "subjetiva" del convencimiento del órgano judicial en la valoración de la prueba inculpatoria existente aportada al proceso. Este principio sólo entra en juego, cuando efectivamente, practicada la prueba, ésta no ha desvirtuado la presunción de inocencia, pertenece a las facultades valorativas del juzgador de instancia, no constituye precepto constitucional y su excepcional invocación casacional sólo es admisible cuando resulta vulnerado su aspecto normativo, es decir "en la medida en la que esté acreditado que el tribunal ha condenado a pesar de la duda" ( STS 70/98 de 26.1 , 699/2000 de 12.4 ).
Aunque durante algún tiempo esta Sala ha mantenido que el principio in dubio pro reo no era un derecho alegable al considerar que no tenía engarce con ningún derecho fundamental y que en realidad se trataba de un principio interpretativo y que por lo tanto no tenía acceso a la casación. Sin embargo, en la actualidad tal posición se encuentra abandonada, hoy en día la jurisprudencia reconoce queel principio in dubio pro reo forma parte del derecho a lapresunción de inocencia y es atendible en casación. Ahora bien, solo se justifica en aquellos casos en los que el tribunal haya planteado o reconocido la existencia de dudas en la valoración de la prueba sobre los hechos y las haya resuelto en contra del acusado ( STS 999/2007, de 12-7 ; 677/2006, de 22-6 ; 836/2004, de 5-7 ; 479/2003 ; 1125/2001; de 12-7 ).
1.- El principio in dubio pro reo sí puede ser invocado parafundamentar la casacióncuando resulte vulnerado en su aspecto normativo, es decir,en la medida en la que esté acreditado que el tribunal hacondenado a pesar de la duda.
2.- Por el contrario, no cabe invocarlo para exigir al tribunal que duda, ni puede pedir a los jueces que no duden. La duda del tribunal, como tal, no es revisable en casación, dado que el principio in dubio pro reo no establece en qué supuestos los jueces tienen el deber de dudar, sino cómo se debe proceder en caso de duda ( STS 1186/95, de 1-12 ; 1037/95, de 27-12 )".
1.- Que el tribunalha dispuesto de la precisa actividad probatoriapara la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió porque se realiza con observancia de la legalidad en su obtención y se practica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo.
2.- Se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la inferencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a laconstatación de laexistencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de lo selementos del tipo penal,con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia, a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo ( STS. 209/2004 de 4.3 ).
1.- En primer lugardebe analizar el "juicio sobre la prueba", es decir, si existió prueba de cargo, entendiendo por tal aquélla que haya sido obtenida, con respeto al canon de legalidad constitucional exigible, y que además, haya sido introducida en el plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometida a los principios que rigen de contradicción, inmediación, publicidad e igualdad.
2.- En segundo lugar,se ha de verificar "el juicio sobre la suficiencia", es decir, si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia.
3.- En tercer lugar,debemos verificar "el juicio sobre la motivación ysu razonabilidad", es decir, si el Tribunal cumplió con el deber de motivación, o sea, si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia.
"El único límite a esa función revisora lo constituye la inmediaciónen la percepción de la actividad probatoria, es decir, la percepciónsensorial de la prueba practicada en el juicio oral.
1.- Lo que el testigo dice y que es oído por el tribunal
a.- El primero cuando exige quela actividad probatoria a valorar sea la practicada "en el juicio".
b.- El segundo cuandoexige una valoración racional de la prueba testifical.
En definitiva, en cuanto al ámbito del control en relación a las pruebas de cargo de carácter personal que han sido valoradas por el tribunal de instancia en virtud de la inmediación de que se dispuso -y de la que carece como es obvio esta Sala casacional- se puede decir con la STS. 90/2007 de 23.1 , que aborda precisamente esta cuestión, que en el momento actual, con independencia de la introducción de la segunda instancia, es lo cierto que reiterada jurisprudencia de esta Sala y del Tribunal Constitucional han declarado la naturaleza efectiva del recurso de casación penal en el doble aspecto del reexamen de la culpabilidad y pena impuesta por el Tribunal de instancia al condenado por la flexibilización y amplitud con que se está interpretando el recurso de casación desposeído de toda rigidez formalista y por la ampliación de su ámbito a través del cauce de la vulneración de derechos constitucionales, singularmente por vulneración del derecho a la presunción de inocencia que exige un reexamen de la prueba de cargo tenida en cuenta por el Tribunal sentenciador desde el triple aspecto deverificar la existencia de prueba válida, prueba suficientey prueba debidamente razonada y motivada, todo ello en garantía de la efectividad de la interdicción de toda decisión arbitraria --art. 9-3º--, de la que esta Sala debe ser especialmente garante, lo que exige verificar la razonabilidad de la argumentación del Tribunal sentenciador a fin de que las conclusiones sean acordes a las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos.
1.-Aspecto negativo:No le corresponde formar su personal convicción a partir del examen de unas pruebas que no presenció, para a partir de ella confirmar la valoración del tribunal de instancia en la medida en que una y otra sean coincidentes.
2.-Aspecto positivo:Lo que ha de examinar es si la valoración del juzgador, es decir, la suya que es la única que exige porque esta Sala no le sustituye con ninguna otra propia, es homologable por su misma lógica y razonabilidad; o como dice la STS 16.12.2009 , si más allá del convencimiento de la acusación, puede estimarse que los medios que valoró autorizan a tener por objetivamente aceptable la veracidad de la acusación y que no existen otras alternativas a la hipótesis que justificó la condena susceptibles de calificarse también como razonables.
Para que una decisión de condena quede sin legitimidad bastará entonces con que la justificación de la duda se consigaevidenciando queexistan buenas razones que obstan aquella certeza objetiva.
1.- Es necesario que concurraprueba de cargo lícita y válida.
2.- Es preciso también queel tribunal de la instancia haya obtenido lacerteza.
c.- Pero dándose ambas condiciones además es necesario un tercer elemento: queentre el presupuesto y la convicción exista objetivamente un enlace de racionalidad y lógica cuyo control corresponde al tribunal de casación, en un examen objetivo que nada tiene que ver con la formación propia de una convicción propia sustantiva que no es posible sin la inmediación de la prueba.
Alcance del control casacional respecto a la presunció n deinocencia:
Se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, por ello, la decisión alcanzada por el tribunal sentenciador es, en sí misma, lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, aunque puedan exigir otras conclusiones, porque no se trata de comparar conclusiones sino más limitadamente si la decisión escogida por el tribunal sentenciador soporta y mantiene la condena (SSTC. 68/9, 117/2000, SSTS. 1171/2001 , 220/2004711/2005 , 866/2005 , 476/2006 , 548/2007 , 1333/2009 ).
1.- Declaración del acusado.
"Consta acreditado a través de la prueba dedeclaración-confesión del condenado que éste era consciente del estado de salud de su madre, de las llagas muy feas que tenía y de su obligación de hacerle las curas, para lo cual reconoce que la enfermera le informó cómo tenía que hacerlo dejándole el material para llevarlo a cabo.
La también condenada Elena , hija de la difunta, reconoce quedurante el último año no llevaron a su madre al médico y que tenía algunas llagaspero que aparte de esto estaba bien, porque hablaba, veía la tele y no se quejaba.
2.- Declaración testifical.
a.- Por su parte, laenfermera Africaniega haber estado en casa de la fallecida un mes antes de que esta falleciera, argumentando que la anotación que aparece en la historia clínica es un volcado de datos, siendo la última vez que fue a su casa en enero de 2014. Expone también que se desplazó al domicilio de doña Juliana el día de su fallecimiento relatando que su estado de encogimiento no era normal, que en tal estado no podía sentarse, comer o moverse a una silla, tampoco comer sola o coger la comida. En cuanto a la higiene responde que la habitación entera olía mal, que el colchón estaba sucio, al igual que la pared que estaba sucia y marrón.
b.- El testigo y policía nacional con carnet n° NUM003 contesta que estuvo en él y pudo apreciar elmal olor en la habitación de la víctima, la cual está tapada con una sábana de franela, tenía un esparadrapo y doble pañal, se encontraba en pésimas condiciones, que la suciedad del suelo, y que había heces por el olor y la impresión visual, diciéndole el hijo Vidal que ella había empeorado hacía algunas semanas. Que el cadáver tenía las uñas muy descuidadas, el cuerpo lleno de suciedad, una costra de suciedad en los pies y en el cuerpo. Manifiesta también este testigo que la hija, Elena le dijo que venía a ver a su madre muy frecuentemente y que la aseaba, la curaba y le daba de comer, que había estado la tarde anterior, y que había aseado a su madre recientemente cortándole el pelo y las uñas, exponiendo igualmente que el día 29 de julio pidieron asistencia en casa pero que no vinieron.
c.- El policía nacional con número NUM004 , que también estuvo en el lugar de los hechos declarando en el Plenario que cuando llegó también se encontraban allí una patrulla, la policía científica y el médico forense, y expone un testimonio muy similar al del policía anterior en cuanto alhedor, la suciedad, la impresión que le causó ver el cuerpo de la fallecida, no solo por las pronunciadas llagas sino también por la extrema delgadez del cuerpo. Igualmente manifiesta la falta de higiene del cuerpo, el cual no se había aseado recientemente con una suciedad muy pronunciada, al igual que la habitación, totalmente descuidada y sucia y con el suelo y las paredes manchadas de lo que opina que son heces.Manifiesta igualmente que las declaraciones que tomó a los familiares eran diferentes acerca de lo que la fallecida estaba comiendo.
d.- La declaración de la doctora Mariola , de la cual la fallecida era paciente, aclaró que cuando dice "visita" no es que necesariamente venga el paciente, sino que puede venir cualquier familiar, que trató a la víctima, pero que ya hacía mucho tiempoque no iba por consulta y que tampoco consta que la fallecida estuviera en el programa de asistencia domiciliaria.
3.- Prueba pericial.
a.- Los facultativos del Servicio de Criminalística números NUM005 y NUM006 afirman que en el estómago no había sedimentos de alimentos ni fragmentos sólidos, por lo quela fallecida no había ingerido alimentos sólidos en seis horas antes del fallecimiento como mínimo,así como que el líquido encontrado en el estómago no era compatible con el de un cortado, concluyendo quela fallecida estaba deshidratada, con anemia importante que podría proceder de la desnutrición, con infección grave de bacterias y que estaba consumiendo sus reservas proteínicas al no recibir alimentos.
b.- El facultativo NUM007 habla de unadesnutrición severa, y el facultativo NUM008 responde queel pulmón padecía una infección grave y además con pus en los bronquios, siendo las manifestaciones externas fiebre, tos y esputos.
Quelas llagas son dolorosas y que el fallo multiorgánico da lugar a una muerte agónica, pues hay una falta de oxigenación, los pulmones no funcionan y en un hospital se pone morfina para ayudar a una muerte digna.
c.- Los médicos forenses, doctores Moises y Balbino , contestan que el cuerpo estaba en posición fetal anquilosada y que para ese anquilosamiento de las piernas sugiere quela fallecida tenía que haber pasado muchos meses en esa posición.
Afirman que el cuerpo de la víctima se les presenta desnudo, con solo doble pañal, uno encima de otro, con unadesnutrición grave de alimento y de líquido, sin rastro de leche ni de café, falta de higiene crónica, con manchas en la piel de meses en todo el cuerpo, las manos y en los pies con suciedad de heces, suciedad en el cuello, las orejas y las nalgas, y las uñas con crecimiento de meses, concretamente la del pulgar del pie tenía 1 cm., lo que indica un año sin cortarla.
El cadáver tenía larvas de mosca de varios días de evolución, lo que indica queno se habían limpiado en días, e incluso una cucaracha. Que tanto las escaras, múltiples, llegando algunas al hueso, como la anquilosis indican que el cuerpo adoptó esa posición y no se le movió.
Que la gasa que sujetaba el esparadrapo estaba verde y con secreciones, lo cual significa quellevaba varios días puesta.
Quelas heridas del cadáver estaban casi todas abiertas y sucias y que esas heridas duelen mucho porque son abiertas. Igualmente afirman que la fallecida muy difícilmente pudo hablar el día anterior, aunque podía haber gemido, concluyendo que hubo un cuadro muy largo de agonía y dolor por la falta de respiración y por las llagas abiertas, a lo que se suma la fiebre y demás patologías.
Respecto al ingreso de enero de 2014, también por ulceras e infección, fueron curadas y se ordenó el seguimiento y curas, ignorando si siguieron el tratamiento y el seguimiento y queno ve en el historial otra actividad hasta diciembre de 2014en quefueron a pedir pañales. Aclaran quelas personasdel entorno debieron darse cuenta de la gravedad porque no es normal ydebían de haber pedido ayuda si no podían hacerlo ellos.
1.- Apreciarcontradicciones en las declaraciones de ambos acusadoscon respecto a los cuidados y la limpieza de la fallecida.
2.- Lainspección ocular que pone de manifiesto el alto grado de abandono en que se encontraba la fallecida.
3.- La unión de todas las pruebas periciales forenses, biológicas y toxicológicas, vista oral, y documentales demuestran que la fallecida ha muerto por las infecciones generalizadas y un fallo multiorgánico originado por una prolongada desatención que Juliana , al ser una persona dependiente tal como se recoge en el Salud, necesitaba de cuidados y asistencia para realizar las actividades diarias, como asearse y comer, por lo tanto, dependía de sus hijos que actuaran como cuidadores y quienes desatendieron esas necesidades elementales, dejando de alimentarla, asearla, limpiarle la habitación además de no suministrarle los medicamentos necesarios para paliar sus enfermedades, dando como resultado "previsible y evitable" la muerte.
Tras analizar las pruebas periciales biológicas, químicas, histopatológicas y forenses además de las pruebas testificales de los policías que acudieron a la vista oral,el Jurado concluye que, si se hubiera tratado adecuadamente a la fallecida, con un mínimo de interés, el resultado hubiera sido diferente. No obstante, la situación degeneró en la muerte de Juliana que fue calificada por el médico forense D. Moises como una "muerte agónica, dolorosa y sufrida".
Además, dado que por su estado la fallecida no podía realizar el desplazamiento por sí sola al centro médico para que le atendieran debidamente eran sus hijos, como garantes, los que, pudiendo hacerlo, no atendieron sus obligaciones ante su madre.Obligación, ésta, que en principio es civilística delart. 142y143 CC, por cuanto los hijos deben prestar la debida atención a sus padres ante la edad adulta de éstos cuando no tienen medios ni posibilidades de cuidarse por sí solos, y esta desatención absoluta dejándoles a su suerte configura un marco penal por la ilicitud por omisión de la necesidad de suministrarle atención en la medida en la que deben llevarles a centros médicos cuando sea patente esta necesidad.Ello se comprueba en el estado deteriorado que tenía la fallecida por la absoluta desatención de sus propios hijos.
Debe dejarse claro, pues, la obligación de los hijos de atender a sus padres, como obligación, no solo natural, sino como obligación civil, que desemboca en el ámbito penal, cuando ante la posición de garantes de los hijos respecto de sus padres, aquéllos les desatienden con resultados semejantes a los que aquí constan, falleciendo la víctima ante la absoluta desidia y desatención de los hijos, que, ante la evidencia de la necesidad de atención, no solo personal, sino, también, médica le dejan morir de forma cruel, como consta en el relato de hechos probados, al relatar que:
La omisión, como ilícito penal, concurre con claridad en los casos de graves incumplimientos de las obligaciones de atención y cuidado que desembocan en un resultado lesivo o mortal, como en este caso, ya que concurre un nexo de unión o de causalidad entre la omisión grave y el resultado producido. Recordemos que el art. 142 CC señala que:Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica,y el art. 143 CC añade, como complemento, queEstán obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la extensión que señala el artículo precedente:1.ºLos cónyuges.2.ºLos ascendientes y descendientes.Se atiende, así, a una obligación de carácter civil, en principio, pero que puede y debe tener efectos en el orden penal si, como consecuencia de ese incumplimiento grave, se produce una situación en nexo causal con el incumplimiento de la obligación de garantes que existe en derivación de esa inicial obligación civil. De esta manera,el resultado mortal irrumpe en el nexo causal relacionado directamente con un omitir que lleva como consecuencia a la muerte de la persona que tiene el derecho a recibir la atención médica y el cuidado por el obligado a prestarlo, que en este caso no son otros que sus propios hijos. Distinto sería que aun ante el incumplimiento propio de la obligación se busquen, al menos, los medios para que esta obligación de cumpla por tercero, pero si esta tampoco se busca se produce una situación omisiva grave de la que deriva no solo una responsabilidad por el mero acto del abandono, sino, también, por el resultado final que es el desencadenante de la omisión previa del cumplimiento de la obligación de cuidado y atención.
Bajo esta posición, los hijos tienen esta obligación que no solo es natural, sino jurídica cuando los padres no pueden cuidarse por sí solos. Se trata de una obligación de derecho natural en esencia, pese a su plasmación posterior en normativa civilística en cuanto regulalos alimentos entre parientes.
Los acusados tenían la conciencia de poder percibir las consecuencias de su conducta omisiva, y pese a ello asumieron las consecuencias que de ello se derivaban, ya que no podrían dejar de prever el resultado fatal que finalmente se produjo, el cual puede ser previsto por cualquier persona sin un gran esfuerzo de conocimiento o comprensión. La desidia y dejadez fue notoria ante una grave situación omisiva, cual es la de atender a su madre enferma y dejar de hacerlo, pese a poder evitarlo. No se trata de un mero acto de abandono como delito de riesgo, es decir, por el mero acto del abandono, sino de un omitir doloso y consciente a sabiendas, porque era fácilmente predecible, que ese omitir llevaría consigo la muerte de su madre. Además, en el ámbito penológico se tiene en cuenta por el Tribunal, aunque no es objeto de recurso, la gravedad del omitir y el sufrimiento que tuvo que padecer la madre, al morir lentamente y, posiblemente, de forma agónica, como se constata con las pruebas testificales y pericial que se han practicado. La gravedad de los hechos que queda resuelta en el ámbito penológico tiene su base en la agonía que tuvo que padecer la madre, motivada por el no hacer de sus hijos, y el sufrimiento mayor que el que puede desprenderse de un acto homicida puntual de corta duración en el padecer de la víctima, lo que convierte el hecho en más reprochable aún, y que tiene su efecto en el ámbito de la pena, ya que, incluso, el Magistrado- Presidente destacó en la sentencia que "según declararon los médicos forenses,la muerte fue lenta y dolorosa".
TERCERO.-2.- Por Infracción de Ley al amparo del artículo 849.1 ° y 2° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por indebida aplicación del artículo 138 en relación con el artículo 140.1 del Código Penal e indebida inaplicación del Art. 229 C.P . en concurso ideal con el Art. 142 C.P . con concurrencia del Art. 23 del Código Penal de la circunstancia mixta de parentesco.
No se trata de una mera imprudencia que dé como resultado una muerte, sino de unaauténtica acción dolosa de ambos hijos respecto de su propia madre, lo que convierte el acto en sí mismo considerado, como de mayor gravedad, dada la directa relación parental que une, o debe unir a los hijos con sus padres, y la obligación de garantes que los hijos tienen para con sus padres, cuando llegada la mayor edad de éstos deben atenderles y cuidarles debidamente.
1.-Comisión por omisión:Señala, asimismo, la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de fecha 27 Jun. 1997, Rec. 3248/1996 , que:
"Laestructura del delito de comisión por omisiónque ha venido precisando la doctrina de esta Sala (cfr., entre otras muchas, S 19 Ene. 1994) no se ve desautorizada por el art. 11 CP vigente.
a) que la no evitación del resultado que implica la omisión sea equivalente a su causación;
b) que el resultado que no se ha evitado sea típico y
c) que se haya infringido un especial deber jurídico que le era exigible para la evitación del resultado por su posición de garante.
«a) cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar» y
«b) cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente».
2.-Exigencias en la aplicación delart. 11 CP:También, en la Sentencia de esta Sala 363/2007, de 28 de marzo se declara que:
"Loselementos fácticos que permiten la aplicación delartículo 11 del Código Penalson los siguientes:
b) Que se haya omitido una acción que se encuentre en relación de causalidad hipotética con la evitación de dicho resultado, lo que se expresa en el art. 11 C.P . exigiendo que la evitación del resultado equivalga a su causación.
c) Que el omitente esté calificado para ser autor del tipo activo que se trate.
e) Que la omisión suponga la infracción de un deber jurídico de actuar, bien como consecuencia de una específica obligación legal o contractual, bien porque el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente".
3.-La posición de garante:En la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo 64/2012 de 27 Ene. 2012, Rec. 598/2011 se trató de un tema en el que la posición de garante era de la madre respecto de la hija, y se hizo constar que:
En otros términos tanto realiza la conducta típica, en este caso matar, quien realiza activamente una conducta dirigida a la producción del resultado como quien estando obligado a defender un bien jurídico, vida de un hijo menor, en este caso de 1 año de edad, frente a agresiones que le ponen seriamente en peligro, se desentiende completamente de su protección y deja actuar al agresor, omisión de la actuación debida.Esa omisión es equivalente a la acción en la medida en que el incumplimiento de su deber de actuar en protección de la hija menor, ante la situación de peligro de muerte, supone la realización de tipo del homicidio calificado que se declara probado pues la omisión, repetimos en las circunstancias del hecho, por quien tiene un deber especial de actuar en defensa del bien jurídico en grave peligro, nacido de los deberes legales de asistencia y protección y de la propia naturalezade la relación entre padres e hijos menores".
Incidimos en este caso en quela posición de garante a lo largo de la vida en el círculo familiar empiezan a tenerla los progenitores frente a sus hijos menores, pero, también, mucho más tarde, los hijos respecto a los padres cuando éstos, por su avanzada edad, y su falta de autonomía y absoluta dependencia, están necesitados de una ayuda por su entorno familiar, que son sus hijos.
4.- Inaplicación del dominio del hecho de quien ocupa la posición de garante:También señalamos en la sentencia de esta Sala 358/2010 de 4 Mar. 2010, Rec. 11215/2009 que:
5.- El dolo eventual en la conducta omisiva:También, en la sentencia de esta Sala 41/2018 de 25 Ene. 2018, Rec. 10487/2017 recordamos que:
E insistimos en que aunque suele ser más habitual la condena en casos de padres que desatienden su obligación de garantes respecto de sus hijos, no por ello debe descartarse el acto ilícito penal en el caso de que sea al revés, por lo que, incidimos, en que exactamenteigual que los padres son garantes de sus hijos menores, los hijos mayores deben ser garantes de cuidado y atención médica de sus padres mayores y con necesidad de atención médica, cuyo incumplimiento no lleva como consecuencia el de una obligación moral, sino un ilícito penal por el que acertadamente han sido condenados.
Además, la sentencia del TSJ descarta este motivo al señalar que: "La conducta de la omisión produce un resultado de muerte, que es lo que incardinan dichos hechos en el art. 138 del Código Penal y no en el pretendido 229 del mismo cuerpo legal . A tal fin, cabe señalar que la sentencia del Tribunal del Jurado, afirma la concurrencia del elemento subjetivo y objetivo que requiere eldelito de homicidio delart. 138 C.P., indicando que el dolo homicida incluye tanto el dolo directo como el eventual, que, como todo factor anímico, debe inferirse del comportamiento externo acreditado. Las diferencias entre el dolo eventual y la culpa consciente, fronteriza con aquél, según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, presenta al primero de ellos, dolo eventual, "cuando el autor somete a la víctima a situaciones peligrosas que no tiene la seguridad de controlar, aunque no persiga el resultado típico ...
El Tribunal del Jurado llega al hecho consecuencia explicitando que la desatención llevada a cabo por los hijos de la víctima, desatención en cuanto a alimentación, bebida, mínima higiene personal, desatención en la curación de las úlceras y llagas que como consecuencia del encamamiento padecía la fallecida, es un descuido de tal magnitud del que sólo puede concluirse, de forma razonable y lógica que los condenados, aun en el supuesto de que no tuvieran la intención directa de provocar con sus actos de omisión la muerte de la víctima, sí quecomprendían que con tal actuación podían causar la muerte de Juliana , y, pese a ello, aceptaron tal resultado como posible, persistiendo en su falta de atención y de cuidado,infiriendo de todo ello que pudiera producirse un "resultado previsible y evitable" de fallecimiento de la víctima, por lo que queda plenamente acreditado todos y cada uno de los elementos del delito de homicidio del art. 138 del Código Penal ".
Se descarta el delito de abandono delart. 229 CP.
1.- Consta de un tipo básico, que se describe en el artículo 229.1.
2.- Dos tipos agravados: uno en el artículo 229.2 por la cualidad del sujeto activo, y otro el ahora analizado del art. 229.3 CP , porque el abandono se realiza en unas condiciones en que se ponen en peligro concreto otros bienes jurídicos del menor o persona necesitada de especial protección, y
3.- Un tipo privilegiado por la corta duración del abandono, que se contempla en el artículo 230 y que rebaja la pena de los artículos anteriores.
Además, recordemos que la inexigencia de la constatación de un resultado en el tipo penal del art. 229.3 CP viene reflejado en que se añade in fine en el precepto«sin perjuicio de castigar el hecho como corresponda siconstituyera otro delito más grave», por lo que queda claro queel tipo penal delart. 229.3 CPes un delito de constatación del peligro concreto para la vida, salud o integridad de las personas. Y debe añadirse que el fundamento de esta agravación es, precisamente, la tutela de tales bienes jurídicos antes reseñados.
1.- En el dolo eventual, el autor se representa como probable la producción del resultado dañoso protegido por la norma penal, pero continúa adelante sin importarle o no la causación del mismo, aceptando de todos modos tal resultado representado en la mente del autor.
2.- En la culpa consciente, en cambio, no se quiere causar la lesión aunque también se advierte su posibilidad y, pese a ello, se actúa.
Incluso, esta gravedad lleva al Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado a llevar a cabo la individualización judicial de la pena para fijar la de 17 años de prisión en atención a la cruda y grave realidad a que desemboca el "omitir" de los condenados en su obligación de ayuda a su madre, dejándole literal y dolosamente morir, ya que se recoge en el FD 4º de la sentencia "el estado en el que se encontraba la fallecida, con un deterioro físico tan ostensible queresultaba sobrecogedor",destacando que su situación fue provocada por la dejadez incomprensible de sus propios hijos, lo que lleva al Magistrado- Presidente a individualizar la pena atendidas las circunstancias del caso por su gravedad.
CUARTO.-1.- Vulneración de precepto constitucional del artículo 24.1 de la C.E ., derecho a la tutela judicial efectiva, como autoriza el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por vulneración de precepto constitucional del artículo 24.2 de la C.E ., derecho a un proceso público con todas las garantías; por infracción de la exigencia contenida en el artículo 120.3 y 24.1 C.E .
"Ambos acusados, a pesar deser conscientes de la situación de su madre y teniendo capacidad para cuidarla y ocuparse de ella, sin embargodesatendieron totalmente sus necesidades más elementales; dejando de alimentarlamínimamente, asearla, limpiar su entorno, cambiar su posición en la cama y curarle las heridas, lo quedesembocó, como resultado previsibley evitable, en el fallecimientode doña Juliana , hecho que se produjo el 26 de Agosto de 2015 entre las 18 y 20 horas, dándose, por parte de los familiares aviso a las 10 horas del día 27 de Agosto.
QUINTO.-2.- Por infracción de ley al amparo de lo prevenido en el número 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por indebida aplicación del artículo 138 en relación con el artículo 140.1 del Código Penal e indebida inaplicación del artículo 229 en concurso ideal con el artículo 142 del Código Penal con la concurrencia de la circunstancia mixta de parentesco del artículo 23 del Código Penal . Conculcación derecho a la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales del artículo 24.1 C.E .
SEXTO.- Desestimándose el recurso, las costas se imponen a los recurrentes ( art. 901 LECrim ).
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decididoDECLARAR NO HABER LUGARa los recursos de casación interpuestos por las representaciones de los acusados Dña. Elena y D. Vidal , contra sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 24 de julio de 2017, en el que se desestimaron los recursos de apelación interpuestos por las representaciones de indicados acusados contra sentencia de fecha 12 de mayo de 2017 de la Magistrada-Presidenta del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Sta. Cruz de Tenerife, Sección Sexta. Condenamos a dichos recurrentes al pago de las costas procesales ocasionadas en sus respectivos recursos. Comuníquese esta resolución al mencionado Tribunal Superior de Justicia, a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 120
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in dubio
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in dubio
in dubio
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 artículo 849
 artículo 138
 artículo 140
 artículo 229
 artículo 229
 artículo 230
in fine
 artículo 24
 artículo 5
 artículo 24
 artículo 120
 artículo 849
 artículo 138
 artículo 140
 artículo 229
 artículo 142
 artículo 23
 artículo 24
 resolución