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Timestamp: 2018-10-24 03:11:04+00:00

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Language of document : Spanish Czech Danish German Estonian Greek English French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Slovak Slovene Finnish Swedish ECLI:EU:C:2002:434
de 11 de julio de 2002 (1)
«Libre prestación de servicios - Artículo 49 CE - Directiva 73/148/CEE - Nacional de un Estado miembro establecido en ese Estado que presta servicios a personas establecidas en otros Estados miembros - Derecho de residencia en dicho Estado del cónyuge nacional de un país tercero»
En el asunto C-60/00,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Immigration Appeal Tribunal (Reino Unido), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 49 CE y de la Directiva 73/148/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1973, relativa a la supresión de las restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales de los Estados miembros en materia de establecimiento y de prestación de servicios (DO L 172, p. 14; EE 06/01, p. 132),
integrado por el Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, la Sra. N. Colneric y el Sr. S. von Bahr, Presidentes de Sala, los Sres. C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen y J.N. Cunha Rodrigues (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl;
- en nombre de la Sra. Carpenter, por el Sr. J. Walsh, Barrister, designado por la Sra. J. Wyman, Solicitor;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. G. Amodeo, en calidad de agente, asistida por el Sr. D. Wyatt, QC;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. N. Yerrell, en calidad de agente;
oídas las observaciones orales de la Sra. Carpenter, representada por el Sr. J. Walsh; del Gobierno del Reino Unido, representado por la Sra. R. Magrill, en calidad de agente, asistida por el Sr. D. Wyatt, así como de la Comisión, representada por las Sras. N. Yerrell y H. Michard, en calidad de agentes, expuestas en la vista de 29 de mayo de 2001;
oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 13 de septiembre de 2001;
Mediante resolución de 16 de diciembre de 1999, recibida en el Tribunal de Justicia el 21 de febrero de 2000, el Immigration Appeal Tribunal planteó, con arreglo al artículo 234 CE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 49 CE y de la Directiva 73/148/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1973, relativa a la supresión de las restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales de los Estados miembros en materia de establecimiento y de prestación de servicios (DO L 172, p. 14; EE 06/01, p. 132; en lo sucesivo, «Directiva»).
Dicha cuestión se suscitó en el litigio entre la Sra. Carpenter, nacional filipina, y el Secretary of State for the Home Department (en lo sucesivo, «Secretary of State») sobre el derecho de aquélla a residir en el Reino Unido.
El artículo 49 CE , párrafo primero, establece:
«En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un país de la Comunidad que no sea el del destinatario de la prestación.»
El considerando primero de la Directiva enuncia lo siguiente:
«Considerando que la libre circulación de personas prevista por el Tratado y por el Título II de los Programas generales para la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios implica la supresión de las restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales de los Estados miembros que deseen establecerse en el territorio de uno cualquiera de ellos o prestar servicios en el mismo».
El artículo 1, apartado 1, de la Directiva dispone:
«Los Estados miembros suprimirán, en las condiciones previstas por la presente Directiva, las restricciones al desplazamiento y a la estancia:
a) de los nacionales de un Estado miembro que se hayan establecido o quieran establecerse en otro Estado miembro con objeto de ejercer en él una actividad por cuenta propia o que quieran llevar a cabo en el mismo una prestación de servicios;
b) de los nacionales de los Estados miembros que deseen trasladarse a otro Estado miembro como destinatarios de una prestación de servicios;
c) del cónyuge y de los hijos menores de 21 años de dichos nacionales, sea cual fuere su nacionalidad;
d) de los ascendientes y descendientes de dichos nacionales y de su cónyuge que estén a su cargo, sea cual fuere su nacionalidad.»
El artículo 4, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva precisa:
«Para los prestadores y los destinatarios de servicios, el derecho de estancia tendrá una duración igual a la de la prestación.»
De la Immigration Act 1971 (Ley relativa a la inmigración de 1971) y de las United Kingdom Immigration Rules (House of Commons Paper 395) (normas sobre inmigración adoptadas por el Parlamento del Reino Unido en 1994; en lo sucesivo, «Immigration Rules»), se deduce que una persona que no sea ciudadano británico sólo puede, con carácter general, entrar o residir en el Reino Unido si ha obtenido un permiso para ello. Dichos permisos se denominan, respectivamente, «permiso de entrada» y «permiso de residencia».
El artículo 7, apartado 1, de la Immigration Act 1988 (Ley relativa a la inmigración de 1988) establece:
«Una persona no necesitará un permiso de entrada o de residencia en el Reino Unido [con arreglo a la Immigration Act 1971], si está legitimada para ello en virtud de un derecho exigible derivado del ordenamiento jurídico comunitario o de cualquier disposición adoptada de conformidad con el artículo 2, apartado 2, de la European Communities Act 1972 [Ley sobre las Comunidades Europeas de 1972].»
El artículo 281 de las Immigration Rules enumera los requisitos exigidos para obtener un permiso de entrada en el Reino Unido en calidad de cónyuge de una persona residente y establecida en el Reino Unido. Indica, en su párrafo primero, inciso vi), que el solicitante deberá poseer un documento válido de entrada («entry clearance») en calidad de cónyuge, expedido por el Reino Unido. No obstante, toda persona que se encuentre en el Reino Unido y que disfrute de un derecho de entrada o de residencia por otro motivo, podrá integrarse en la categoría de cónyuges si cumple los requisitos previstos en el artículo 284 de las Immigration Rules.
El artículo 284 de las Immigration Rules establece los requisitos exigidos para obtener una prórroga del derecho de residencia en el Reino Unido en calidad de cónyuge de una persona residente y establecida en el Reino Unido. Prevé, en su inciso i), que el solicitante deberá disfrutar de un permiso limitado de residencia en el Reino Unido -que comprende un permiso de entrada- y, en su inciso iv), que no podrá haber residido infringiendo las leyes sobre inmigración.
El artículo 3, apartado 5, letra a), de la Immigration Act 1971 fija las normas generales en materia de expulsión («deportation») del Reino Unido. Dispone:
«Toda persona que no sea ciudadano británico podrá ser expulsada del Reino Unido:
a) si, disponiendo sólo de un permiso limitado de entrada o residencia, no cumple un requisito al que esté sujeto dicho permiso o permanece más tiempo del autorizado [...]»
Por lo que se refiere, más específicamente, a la expulsión de los cónyuges de los nacionales británicos, el Secretary of State deberá, con arreglo al artículo 364 de las Immigration Rules, tener en cuenta las circunstancias particulares de cada caso antes de dictar o no una resolución de expulsión. No obstante, una declaración de política general (DP 3/96) define las circunstancias en las que el Secretary of State autorizará, en principio, la residencia de cónyuges que pueden ser expulsados o que se encuentran en situación de residencia ilegal. El punto 5 de dicha declaración enuncia, como norma general, que las expulsiones no deberán tener lugar, normalmente, cuando la persona afectada haya contraído un matrimonio auténtico, aún existente, con una persona establecida en el Reino Unido y cuando los cónyuges hayan vivido juntos en el Reino Unido de modo continuado desde la celebración del matrimonio durante dos años, por lo menos, antes del inicio del procedimiento de expulsión. Esta declaración añade que no es razonable esperar que la persona establecida en el Reino Unido acompañe a su cónyuge en caso de expulsión.
El 18 de septiembre de 1994, la Sra. Carpenter, de nacionalidad filipina, obtuvo un permiso de entrada como visitante («visitor») en el Reino Unido por un período de seis meses. Permaneció en el Reino Unido finalizado dicho período y no solicitó una prórroga de su permiso de estancia. El 22 de mayo de 1996 se casó con el Sr. Peter Carpenter, nacional británico.
De la resolución de remisión de deduce que el Sr. Carpenter dirige una empresa que vende espacios publicitarios en revistas médicas y científicas, y ofrece a los editores de dichas revistas diversos servicios en materia de administración y publicación. Dicha empresa está establecida en el Reino Unido, país en el que también están establecidos los editores de las revistas en las que vende espacios publicitarios. La empresa desarrolla una parte considerable de su actividad con anunciantes establecidos en otros Estados miembros de la Comunidad Europea. El Sr. Carpenter se desplaza a otros Estados miembros por motivos de trabajo.
El 15 de julio de 1996, la Sra. Carpenter solicitó al Secretary of State un permiso de residencia en el Reino Unido en calidad de cónyuge de un nacional de dicho Estado miembro. El Secretary of State denegó la solicitud mediante resolución de 21 de julio de 1997.
El Secretary of State adoptó, además, una decisión de expulsión de la Sra. Carpenter a las Filipinas. Esta decisión prevé la posibilidad de que la Sra. Carpenter abandone voluntariamente el Reino Unido. En caso contrario, el Secretary of State dictará una resolución de expulsión cuya revocación deberá obtener la Sra. Carpenter antes de poder solicitar el permiso de entrada en el Reino Unido como esposa de un nacional británico.
La Sra. Carpenter interpuso una reclamación contra la decisión de expulsión ante el Immigration Adjudicator (Reino Unido), alegando que el Secretary of State no estaba facultado para expulsarla porque disfrutaba de un derecho de residencia en el Reino Unido derivado del Derecho comunitario. Sostuvo, en efecto, que su esposo debía desplazarse a otros Estados miembros, por motivos de trabajo, para prestar y recibir servicios, y podía hacerlo más fácilmente desde que ella se ocupaba de los hijos de aquél nacidos en una primera unión, de modo que su expulsión restringiría el derecho de su esposo a efectuar y recibir las prestaciones de servicios.
El Immigration Adjudicator reconoció que el matrimonio de la Sra. Carpenter era auténtico y que ella desempeñaba una importante labor en la educación de sus hijastros. También admitió que se la podía atribuir, indirectamente, el éxito creciente de la empresa de su esposo y que éste era un prestador de servicios en el sentido del Derecho comunitario. Según el Immigration Adjudicator, el Sr. Carpenter tiene derecho a trasladarse a otros Estados miembros para prestar servicios en ellos y a ser acompañado, con este fin, por su esposa. No obstante, no cabe considerar que ejerce la libertad de circulación en el sentido del Derecho comunitario cuando reside en el Reino Unido. El Immigration Adjudicator denegó, por tanto, la reclamación de la Sra. Carpenter mediante resolución de 10 de junio de 1998.
El Immigration Appeal Tribunal considera que la cuestión de Derecho comunitario que se suscita en el recurso interpuesto ante él por la Sra. Carpenter es si se opone al Derecho comunitario, en particular al artículo 49 CE y/o a la Directiva, que el Secretary of State deniegue el derecho de residencia a la Sra. Carpenter y decida expulsarla, cuando, por una parte, el Sr. Carpenter ejerce su derecho a la libre prestación de servicios en otros Estados miembros, y, por otra, el cuidado de los hijos y el trabajo doméstico efectuados por la Sra. Carpenter pueden ayudar y facilitar indirectamente al Sr. Carpenter el ejercicio de los derechos derivados del artículo 49 CE, al proporcionarle una asistencia económica que le permite dedicar más tiempo a su empresa.
Al estimar que la resolución del litigio así planteado requería una interpretación del Derecho comunitario, el Immigration Appeal Tribunal decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
a) un nacional de un Estado miembro, que está establecido en ese Estado miembro y presta servicios a personas de otros Estados miembros,
b) tiene un cónyuge que no es nacional de un Estado miembro,
¿puede ese cónyuge, que no es nacional de un Estado miembro, invocar
i) el artículo 49 CE y/o
ii) la Directiva 73/148/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1973, relativa a la supresión de las restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales de los Estados miembros en materia de establecimiento y de prestación de servicios,
para obtener el derecho a residir con su cónyuge en el Estado miembro de origen de éste?
¿Debe darse una respuesta diferente a la cuestión prejudicial si el cónyuge que no es nacional de un Estado miembro ayuda indirectamente al que sí lo es a realizar prestaciones de servicios en otros Estados miembros al hacerse cargo del cuidado de los hijos?»
La Sra. Carpenter admite que no disfruta de un derecho de residencia propio en ningún Estado miembro, pero alega que sus derechos se derivan de los reconocidos al Sr. Carpenter para efectuar prestaciones de servicios y desplazarse dentro de la Unión Europea. Su esposo tiene derecho a ejercer su actividad en todo el mercado interior sin que se le impongan restricciones ilegales. La expulsión de la Sra. Carpenter obligaría al Sr. Carpenter a irse a vivir con ella a Filipinas o separaría a los miembros de la familia si él permaneciese en el Reino Unido. En ambos casos, la actividad profesional del Sr. Carpenter resultaría afectada. Además, no puede afirmarse que la restricción a la libre prestación de servicios que se impondría al Sr. Carpenter si su esposa fuera expulsada tenga un carácter meramente interno, dado que él presta servicios en todo el mercado interior.
Según el Gobierno del Reino Unido, las disposiciones de la Directiva implican, por ejemplo, que un nacional británico que quiera prestar servicios en otro Estado miembro tiene derecho a residir en ese Estado durante el período de tiempo que dure la prestación y que su cónyuge tiene derecho a residir en dicho Estado durante el mismo período. No obstante, dichas disposiciones no confieren ningún derecho de residencia en el territorio del Reino Unido a los nacionales británicos, que disfrutan, en todo caso, de tal derecho con arreglo al Derecho nacional, ni tampoco a sus cónyuges. En su opinión, el Tribunal de Justicia confirmó esta interpretación en la sentencia de 7 de julio de 1992, Singh (C-370/90, Rec. p. I-4265), apartados 17 y 18.
Ese mismo Gobierno recuerda que, en la sentencia de 27 de junio de 1996, Asscher (C-107/94, Rec. p. I-3089), el Tribunal de Justicia examinó la cuestión de si un nacional de un Estado miembro que ejerce una actividad por cuenta propia en otro Estado miembro, en el que reside, puede invocar el artículo 52 del Tratado CE (actualmente artículo 43 CE, tras su modificación) frente a su Estado miembro de origen, en cuyo territorio ejerce también una actividad por cuenta propia. En el apartado 32 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró, que, aunque las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de establecimiento no pueden aplicarse a situaciones puramente internas a un Estado miembro, no es menos cierto que el alcance del artículo 52 del Tratado no puede interpretarse de manera que excluya del ámbito de aplicación del Derecho comunitario a los propios nacionales de un Estado miembro determinado cuando éstos, por su propio comportamiento, se encuentran, respecto del Estado miembro del que son originarios, en una situación equiparable a la de cualquier otro sujeto que goza de los derechos y de las libertades que garantiza el Tratado.
Ahora bien, concluye dicho Gobierno, dado que el Sr. Carpenter no ha ejercido su derecho a la libre circulación, su cónyuge no puede invocar las sentencias Singh y Asscher, antes citadas. En consecuencia, una persona que se encuentre en la situación de la Sra. Carpenter no puede invocar ningún derecho de entrada o residencia en el Reino Unido al amparo del Derecho comunitario.
Según la Comisión, debe distinguirse claramente entre la situación de la Sra. Carpenter y la del cónyuge de un nacional de un Estado miembro que ha ejercitado su derecho a la libre circulación y ha abandonado su Estado miembro de origen para establecerse y trabajar en otro Estado miembro.
En este último caso, añade la Comisión, el cónyuge, cualquiera que sea su nacionalidad, está comprendido, sin lugar a duda, en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario y tiene derecho a establecerse con el nacional de un Estado miembro en el Estado miembro de acogida porque, en caso contrario, se podría disuadir a dicho nacional de ejercer su derecho a la libre circulación. Además, como declaró el Tribunal de Justicia en el apartado 23 de la sentencia Singh, antes citada, el cónyuge de dicho nacional de un Estado miembro debe disponer, cuando este último regrese a su país de origen, como mínimo de los mismos derechos de entrada y residencia que le reconocería el Derecho comunitario si su esposo o esposa decidiese entrar y residir en otro Estado miembro.
Por el contrario, el principio enunciado en el apartado 23 de la sentencia Singh, antes citada, no puede aplicarse a una situación, como la controvertida en el asunto principal, en la que el nacional de un Estado miembro nunca quiso establecerse con su cónyuge en otro Estado miembro, sino que se limita a prestar servicios desde su Estado de origen. La Comisión sugiere que tal caso debe considerarse más bien una situación puramente interna en el sentido de la sentencia de 27 de octubre de 1982, Morson y Jhanjan (asuntos acumulados 35/82 y 36/82, Rec. p. 3723), de modo que el derecho de la Sra. Carpenter a residir en el Reino Unido, si existe, es una cuestión comprendida exclusivamente en el ámbito de aplicación del Derecho nacional.
Con carácter previo, procede recordar que las disposiciones del Tratado relativas a la libre prestación de servicios y su normativa de desarrollo no pueden aplicarse a casos que no presentan ningún elemento de conexión con alguna de las situaciones previstas por el Derecho comunitario (véase, en este sentido, en particular, la sentencia de 21 de octubre de 1999, Jägerskiöld, C-97/98, Rec. p. I-7319, apartados 42 a 45).
Debe señalarse, a continuación, que, como se hace constar en el apartado 14 de la presente sentencia, una parte considerable de la actividad profesional del Sr. Carpenter consiste en la prestación de servicios, a cambio de retribución, a anunciantes establecidos en otros Estados miembros. Tales prestaciones están comprendidas en el concepto de prestación de servicios en el sentido del artículo 49 CE, tanto si el prestador se traslada con ese fin al Estado miembro del destinatario como si presta los servicios transfronterizos sin desplazarse del Estado miembro en el que está establecido (véase, a propósito de la práctica denominada «cold calling», la sentencia de 10 de mayo de 1995, Alpine Investments, C-384/93, Rec. p. I-1141, apartados 15 y 20 a 22).
El Sr. Carpenter ejercita, por tanto, el derecho a la libre prestación de servicios garantizado por el artículo 49 CE. Además, como ha declarado en repetidas ocasiones el Tribunal de Justicia, este derecho puede ser invocado por un prestador con respecto al Estado en el que esté establecido, siempre que los servicios se presten a destinatarios establecidos en otro Estado miembro (véase, en particular, la sentencia Alpine Investments, antes citada, apartado 30).
Debe destacarse igualmente que, en el ámbito del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios, la Directiva tiene como finalidad la supresión de las restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales de los Estados miembros.
Tanto del objetivo que persigue la Directiva, como del tenor de su artículo 1, apartado 1, letras a) y b), se deduce que ésta se aplica en el supuesto en el que un nacional de un Estado miembro abandona su Estado miembro de origen y se traslada a otro Estado miembro bien para establecerse en él, bien para efectuar una prestación de servicios o incluso para recibirla.
Corroboran esta interpretación, en especial, el artículo 2, apartado 1, según el cual «los Estados miembros reconocerán a las personas mencionadas en el artículo 1 el derecho de abandonar su territorio»; el artículo 3, apartado 1, con arreglo al cual «los Estados miembros admitirán en su territorio a las personas mencionadas en el artículo 1 con la simple presentación de una tarjeta de identidad o de un pasaporte válido»; el artículo 4, apartado 1, conforme al cual «cada Estado miembro reconocerá un derecho de estancia permanente a los nacionales de los otros Estados miembros que se establezcan en su territorio», y el artículo 4, apartado 2, de la Directiva, en virtud del cual «para los prestadores y los destinatarios de servicios, el derecho de estancia tendrá una duración igual a la de la prestación».
Es cierto que el artículo 1, apartado 1, letra c), de la Directiva también confiere a los cónyuges de los nacionales de los Estados miembros contemplados en las letras a) y b) de dicho artículo, cualquiera que sea su nacionalidad, el derecho a desplazarse y a residir en otro Estado miembro. Pero, en la medida en que la Directiva pretende facilitar el ejercicio por los nacionales de los Estados miembros de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios, se han reconocido derechos a los cónyuges de dichos nacionales para que puedan acompañarlos cuando estos últimos, al desplazarse o residir en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de origen, ejerzan, en las circunstancias previstas por la Directiva, los derechos derivados del Tratado.
En consecuencia, tanto de los objetivos que persigue como de su contenido se deduce que la Directiva regula las circunstancias en las que un nacional de un Estado miembro, así como las demás personas contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras c) y d), pueden abandonar el Estado miembro de origen de dicho nacional, y entrar y residir en el territorio de otro Estado miembro, con una de las finalidades enunciadas en el artículo 1, apartado 1, letras a) y b), durante el período fijado en el artículo 4, apartados 1 o 2.
Dado que la Directiva no regula el derecho de residencia de los miembros de la familia de un prestador de servicios en su Estado miembro de origen, la respuesta a la cuestión prejudicial depende, por tanto, de si, en una situación como la del asunto principal, de los principios o de otras normas del Derecho comunitario cabe deducir un derecho de residencia en favor del cónyuge.
Como se ha señalado en los apartados 29 y 30 de la presente sentencia, el Sr. Carpenter ejerce el derecho a la libre prestación de servicios previsto en el artículo 49 CE. Las prestaciones de servicios efectuadas por el Sr. Carpenter constituyen una parte considerable de su actividad económica que se desarrolla tanto en el territorio de su Estado de origen, en favor de personas establecidas en el territorio de otros Estados miembros, como en el territorio de estos últimos.
En este contexto, procede recordar que el legislador comunitario ha reconocido la importancia de proteger la vida familiar de los nacionales de los Estados miembros para eliminar los obstáculos al ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado, como se deduce, en particular, de las disposiciones de los Reglamentos y Directivas del Consejo relativos a la libre circulación de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia dentro de la Comunidad [véanse, por ejemplo, el artículo 10 del Reglamento (CEE) n. 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77); los artículos 1 y 4 de la Directiva 68/360/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, sobre suspensión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 13; EE 05/01, p. 88), y los artículos 1, apartado 1, letra c), y 4, de la Directiva 73/148].
Pues bien, consta que la separación de los esposos Carpenter causaría un daño a su vida familiar y, por tanto, a las condiciones de ejercicio de una libertad fundamental por el Sr. Carpenter. En efecto, esta libertad no puede producir un efecto pleno si los obstáculos que se ponen, en su país de origen, a la entrada y residencia de su cónyuge impiden al Sr. Carpenter su ejercicio (véase, en este sentido, la sentencia Singh, antes citada, apartado 23).
A este respecto, procede destacar que un Estado miembro sólo puede invocar motivos de interés general para justificar una medida nacional que puede obstaculizar el ejercicio de la libre prestación de servicios cuando dicha medida es conforme con los derechos fundamentales cuya observancia garantiza el Tribunal de Justicia (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de junio de 1991, ERT, C-260/89, Rec. p. I-2925, apartado 43, y de 26 de junio de 1997, Familiapress, C-368/95, Rec. p. I-3689, apartado 24).
La decisión de expulsión de la Sra. Carpenter constituye una injerencia en el ejercicio por el Sr. Carpenter de su derecho al respeto de su vida familiar, en el sentido del artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «Convenio»), que forma parte de los derechos fundamentales que, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, reafirmada, además, en el preámbulo del Acta Única Europea y en el artículo 6 UE, apartado 2, están protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario.
Aunque el Convenio no garantiza como tal ningún derecho en favor de un extranjero a entrar o residir en el territorio de un país determinado, excluir a una persona de un país en el que viven sus parientes próximos puede constituir una injerencia en el derecho al respeto de la vida familiar protegido por el artículo 8, apartado 1, del Convenio. Tal injerencia infringe el Convenio si no cumple los requisitos del apartado 2 del mismo artículo, a saber, que esté «prevista por la ley» y motivada por una o más finalidades legítimas con arreglo a dicho apartado, y que, «en una sociedad democrática» sea necesaria, es decir, que esté justificada por una necesidad social imperiosa y sea, en especial, proporcionada a la finalidad legítima perseguida (véase, en particular, TEDH, sentencia Boultif c. Suiza de 2 de agosto de 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-IX, § 39, 41 y 46).
Una decisión de expulsión de la Sra. Carpenter adoptada en circunstancias como las del litigio principal no respeta un justo equilibrio entre los intereses en conflicto, a saber, por una parte, el derecho del Sr. Carpenter al respeto de su vida familiar y, por otra, la defensa del orden público y la seguridad pública.
Si bien, en el asunto principal, la esposa del Sr. Carpenter infringió las leyes del Reino Unido sobre inmigración al no abandonar el territorio nacional tras la expiración de su permiso de residencia en calidad de visitante, su conducta, desde su llegada al Reino Unido en septiembre de 1994, no ha sido objeto de ningún otro reproche que pueda hacer temer que constituya un peligro para el orden público y la seguridad pública en el futuro. Además, consta que el matrimonio de los esposos Carpenter, celebrado en el Reino Unido en 1996, es un matrimonio auténtico y que la Sra. Carpenter tiene allí una vida familiar efectiva, ocupándose, en particular, de los hijos de su cónyuge nacidos en una primera unión.
Ante esta situación, la decisión de expulsión de la Sra. Carpenter constituye una injerencia no proporcionada a la finalidad perseguida.
Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 49 CE, a la luz del derecho fundamental al respeto de la vida familiar, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, en una situación como la del asunto principal, el Estado miembro de origen de un prestador de servicios establecido en ese mismo Estado, que presta servicios a destinatarios establecidos en otros Estados miembros, deniegue la residencia en su territorio al cónyuge, nacional de un país tercero, de dicho prestador.
Los gastos efectuados por el Gobierno del Reino Unido y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Immigration Appeal Tribunal mediante resolución de 16 de diciembre de 1999, declara:
El artículo 49 CE, a la luz del derecho fundamental al respeto de la vida familiar, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, en una situación como la del asunto principal, el Estado miembro de origen de un prestador de servicios establecido en ese mismo Estado, que presta servicios a destinatarios establecidos en otros Estados miembros, deniegue la residencia en su territorio al cónyuge, nacional de un país tercero, de dicho prestador.
Rodríguez IglesiasColneric
GulmannEdward
WatheletSchintgen
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de julio de 2002.
1: Lengua de procedimiento: inglés.

References: Artículo 49
 artículo 234
 artículo 49
 resolución 
 artículo 234
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 281
 artículo 284
 artículo 284
 artículo 3
 artículo 364
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 49
 artículo 49
 resolución 
 artículo 49
 artículo 52
 artículo 43
 artículo 52
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 49
 artículo 10
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 49
 resolución 
 artículo 49