Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/PL-2015/as20151L697.html
Timestamp: 2019-03-24 11:04:20+00:00

Document:
as20151L697
AUTO SUPREMO Nº 697/2015-RRC-L
Parte Imputada : Gregorio Huanca Condori y otros
Por memorial presentado el 22 de junio de 2010, cursante de fs. 301 a 303, Marcelino Narciso Aliaga Limachi, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 31/2010 de 26 de abril, de fs. 292 a 294 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el recurrente contra Jaime Quispe Quiñajo (declarado rebelde), Gregorio Huanca Condori, Rene Anti Huanca, Santusa Arminda Alejo Mamani, Florencio Alejo Laruta, Adrián Mamani Quispe, Cirila Quispe Mamani (declarada rebelde), Jhonny Mamani Quispe (declarado rebelde), Reyna Mamani (declarada rebelde) y Roberto Mamani (declarado rebelde), por la presunta comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).
a) Desarrollado la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 11/2008 de 15 de marzo (fs. 189 a 195 vta.), el Juez Segundo de Partido y Sentencia de El Alto de La Paz, declaró a Santusa Arminda Alejo Mamani, René Anti Huanca y Adrián Mamani Quispe, autores y culpables del delito de Despojo, tipificado por el art. 351 del CP, sancionándoles con la pena de tres años y seis meses de reclusión, más pago de daños y perjuicios y costas al Estado.
Una vez que Gregorio Huanca Condori y Florencio Alejo Laruta purgaron su rebeldía, y se llevó a cabo la audiencia de juicio oral respecto de ellos, el Juez de la causa, emitió la Sentencia 14/2008 de 11 de abril (fs. 207 a 212 vta.), declarándolos autores y culpables del delito de Despojo, condenándoles a la pena de tres años y seis meses de reclusión, más el pago de daños y perjuicios y costas al Estado.
b) Contra la Sentencia 11/2008, los imputados Adrián Mamani Quispe, Santusa Arminda Alejo Mamani y René Anti Huanca, interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 218 a 224 vta.); así como los acusados Gregorio Huanca Condori y Florencio Alejo Laruta, impugnaron la Sentencia 14/2008 (fs. 238 a 243), resueltos por Auto de Vista 31/2010 de 26 de abril (fs. 292 a 294 vta.), dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que anuló totalmente la Sentencia 14/2008, disponiendo, la reposición del juicio por el Juez de Partido y Sentencia de El Alto, por violación al principio de continuidad y falta de designación de traductor para Gregorio Huanca Condori, durante todo el juicio oral.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 330/2015-RA-L de 6 de julio, se extraen los motivos denunciados por el recurrente que fueron admitidos por este Tribunal por flexibilización, a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuáles, se circunscribirá el siguiente análisis, conforme al mandato establecido por el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
1) Alega el recurrente que el Auto de Vista 31/2001 de 26 de abril, incurrió en defecto absoluto, puesto que no obstante de haberse remitido en grado de apelación restringida las Sentencias 11/2008 de 15 de marzo, dictada contra Santusa Arminda Alejo Mamani, René Anti Huanca y Adrián Mamani Quispe; y, la 14/2008 de 11 de abril, emitida contra Gregorio Huanca Condori y Florencio Alejo Laruta; la Sala Penal Segunda resolvió solamente una sola de ellas, sin atender la impugnación contra la Sentencia 11/2008 de 15 de marzo; resultando el Auto de Vista cuestionado, incompleto, carente de fundamentación e incongruente, violentando los derechos del recurrente a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la petición y al debido proceso.
2) Agrega que el Auto de Vista impugnado, es incongruente y violenta el debido proceso, en razón de que, tanto en el inicio como en su parte resolutiva resuelve la apelación restringida interpuesta contra la Sentencia 14/2008 de 11 de abril; sin embargo, en la parte de su fundamentación, se incluyen datos y sujetos procesales que corresponden a otro juicio oral, el que concluyó con la Sentencia 11/2008 de 15 de marzo; de donde se evidencia que procedió a mezclar audiencias de dos juicios orales con sujetos procesales diferentes como si fuera uno solo, anulando el juicio por suspensión de más de diez días, y por supuesta violación al principio de continuidad; empero, no se refiere y menos fundamenta ni aclara que dichas suspensiones no se produjeron en aplicación de los arts. 335 y 336 del CPP; sino, porque los acusados fueron declarados rebeldes de acuerdo a lo prescrito por el art. 90 del mismo cuerpo legal, puesto que no se puede juzgar en juicio oral a los declarados rebeldes, debiendo el Juez suspender el actuado procesal; por lo que, la doctrina invocada en la Resolución de alzada, como son los Autos Supremos 37 de 27 de enero de 2009 y 239 de 1 de agosto de 2005, no es vinculante al tratarse de aplicación de una norma distinta.
Los recurrentes señalan que a tiempo de dictar el Auto de Vista 31/2010, las autoridades jurisdiccionales incurrieron en defecto absoluto que violentó derechos y garantías fundamentales de la víctima y corresponde al Tribunal de casación, anular dicho fallo.
Mediante Auto Supremo 330/2015-RA-L de 6 de julio, de fs. 311 a 314, este Tribunal admitió los motivos denunciados en el recurso de casación, por parte del querellante, para su análisis de fondo.
El Juez Segundo de Sentencia de El Alto, dictó la Sentencia 11/2008 de 15 de marzo, declaró a Santusa Arminda Alejo Mamani, René Anti Huanca y Adrián Mamani Quispe, autores y culpables del delito de Despojo, tipificado en el art. 351 del CP, sancionándoles con la pena de tres años y seis meses de reclusión, más pago de daños y perjuicios y costas al Estado; así como la Sentencia 14/2008 de 11 de abril, emitida contra Gregorio Huanca Condori y Florencio Alejo Laruta, luego que purgaron su rebeldía y se llevó a cabo la audiencia de juicio oral respecto de ellos, declarándolos autores y culpables del delito de Despojo, condenándoles con sanción de tres años y seis meses de reclusión, más el pago de daños y perjuicios y costas al Estado; de acuerdo a los siguientes fundamentos:
De la Sentencia 11/2008:
Las pruebas de cargo presentadas por Marcelino Aliaga Limachi llegan a generar suficiente convicción respecto a la certeza y certidumbre de los hechos acusados, permitiendo servir de presupuesto fáctico para establecer la responsabilidad penal de los acusados al haber precedido a invadir el inmueble de propiedad del querellante y expulsar a su poseedor Marcelino Narciso Aliaga Limachi con fuerza.
Es de importancia fáctica señalar que los testigos de cargo Hugo Lazarte Gonzáles y Sixto Huarca Ramos, reconocieron en audiencia pública de juicio oral a los acusados presentes en la misma, como autores de los hechos de violencia del 19 de noviembre de 2006, no existiendo duda razonable alguna sobre su identificación y participación.
De la Sentencia 14/2008:
Las pruebas de cargo presentadas por Marcelino Aliaga Limachi llegan a generar suficiente convicción respecto a la certeza y certidumbre de los hechos acusados, permitiendo servir de presupuesto fáctico para establecer la responsabilidad penal de los acusados Gregorio Huanca Condori y Florencio Alejo Laruta, quienes conjuntamente a los demás coacusados, procedieron a invadir el inmueble de propiedad del querellante y expulsar a su poseedor empleando la fuerza y la violencia, manteniéndose en el mismo.
Es de importancia fáctica señalar que los testigos de cargo Hugo Lazarte Gonzáles y Sixto Huarca Ramos, reconocieron en audiencia pública de juicio oral a los acusados, señalando que faltarían más personas como autores de los hechos de violencia del 19 de noviembre de 2006, no existiendo duda razonable alguna sobre su identificación y participación.
Finalmente, en cumplimiento de lo previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP, de la prueba literal y testifical de cargo, así como de la inspección ocular, llevada a cabo in situ, se tiene que la conducta de los acusados Gregorio Huanca Condori y Florencio Alejo Laruta se subsume a lo previsto por el art. 351 del CP, toda vez que los mismos conjuntamente los demás coacusados ingresaron con el empleo de la fuerza y de forma violenta en propiedad ajena, no pudiendo los mismos alegar tener mejor o igual derecho de propiedad, toda vez que el título no justifica el despojo, de donde se concluye que se hace procedente la sanción prevista por la ley sustantiva.
II.2.De los recursos de apelación restringida planteado por lo imputados.
Contra la Sentencia 11/2008, los imputados Adrián Mamani Quispe, Santusa Arminda Alejo Mamani y René Anti Huanca, interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 218 a 224 vta.); así como los acusados Gregorio Huanca Condori y Florencio Alejo Laruta, mediante memorial, impugnaron la Sentencia 14/2008 (fs. 238 a 243), resuelto el primero por Auto de Vista 31/2010 de 26 de abril (fs. 292 a 294 vta.), dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que anuló totalmente la Sentencia 14/2008, disponiendo la reposición del juicio por Juez de Partido y Sentencia de El Alto, por violación al principio de continuidad.
Del recurso de apelación de Adrián Mamani Quispe, Santusa Arminda Alejo Mamani y Rene Anti Huanca:
1) Denuncian violación al principio procesal de continuidad, celeridad y concentración, señalando que el juicio oral no se llevó a cabo bajo dichos principios, dando lugar que los elementos de cargo propuestos no se produzcan de forma oportuna, y los elementos de prueba de cargo y descargo tampoco de manera continuada.
2) Inobservancia o errónea aplicación de la ley, puesto que la Sentencia, en la parte dispositiva declaró autores y culpables del delito de Despojo, sancionándolos con pena privativa de libertad de tres años y seis meses, para los acusados, sin tomar en cuenta la personalidad de cada uno de ellos, conculcando lo previsto por los arts. 370 inc. 1), 329, 330 y 12 del CPP; y, 6 de la CPE, así como los arts. 37 y 38 del CP.
3) Valoración defectuosa de la prueba, al no haberse comprobado con precisión su autoría o participación en los hechos.
Del recurso de apelación interpuesto por Gregorio Huanca Condori y Florencio Alejo Laruta:
a) Violación al principio procesal del debido proceso, defensa material, contradicción e igualdad, porque el juicio oral no se sustanció bajo los principios de contradicción e igualdad, puesto que Gregorio Huanca Condori, desde el primer acto del proceso fue juzgado sin que cuente con un traductor, sin tener presente que su persona sólo entiende y comprende el idioma Aymara y no así el castellano; profesional que le fue proporcionado únicamente para que preste su declaración.
b) Inobservancia o errónea aplicación de la ley, dando que no se tomó en cuenta la personalidad de cada uno de los autores, a tiempo de establecer la pena.
c) Valoración defectuosa de la prueba, puesto que no se comprobó plenamente la autoría o participación en los hechos que la parte acusada alega.
Radicada la causa ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió únicamente el fondo del recurso de apelación restringida formulado por los imputados Gregorio Huanca Condori y Florencio Alejo Laruta, emitiendo el Auto de Vista 31/2010 de 26 de abril, anulando totalmente la Sentencia 14/2008 de 11 de abril y disponiendo la reposición del juicio por otro Juez de Partido y Sentencia de la misma ciudad de El Alto, de acuerdo a los siguientes argumentos:
i) El Juez a quo al suspender en reiteradas oportunidades la audiencia de juicio, aún bajo las causales contenidas en el art. 335 del CPP, vulneró los principios e inmediación y continuidad, contenidos en los arts. 330 y 334 del citado cuerpo legal, porque provocó dispersión de la prueba y su valoración; ingresando en defecto absoluto no convalidable, previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP.
ii) Pese a que el coimputado Gregorio Huanca Condori habla el idioma Aymara, no el castellano, debió habérsele designado interprete durante el juicio; pues se lo hizo solamente para su declaración ante el Juez, así como en la audiencia de conclusiones; empero, en el acta de lectura de Sentencia, no se hizo constar que se le hubiere hecho conocer la parte dispositiva del fallo, impidiéndole que active su derecho a la defensa en iguales condiciones que los demás acusados, incurriendo en defecto procesal contenido en el art. 169 inc. 3) del CPP.
Con la finalidad de cumplir la tarea de unificar la jurisprudencia contenida en el Auto de Vista ahora impugnado; a continuación, se analizarán los agravios que fueron denunciados por el recurrente y admitidos en el Auto Supremo 330/2015-RA-L de 6 de julio, referidos a: 1) No obstante haberse planteado dos recursos de apelación restringida por parte de los imputados, el Tribunal de alzada se limitó a resolver una sola, sin atender a la otra impugnación; y 2) El Auto de Vista recurrido es incongruente, puesto que en su parte resolutiva alude resolver la apelación contra la Sentencia 14/2008 de 11 de abril; sin embargo, en su fundamentación incluye datos y sujetos procesales que corresponden al otro juicio oral que concluyó con la Sentencia 11/2008 de 15 de marzo, mezclando ambos actuados procesales; y sin tener presente que las suspensiones de audiencias se produjeron en aplicación del art. 90, es decir, porque los imputados fueron declarados rebeldes. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de alzada, corresponde dilucidar si los extremos denunciados son evidentes y si constituyen contradicciones con los precedentes invocados y/o vulneraciones de derechos fundamentales, a fin de dejar sin efecto o declarar infundado el recurso intentado.
III.1. Principio de congruencia.
El principio de congruencia, sobre el cual, la Sentencia Constitucional 358/2010-R de 22 de junio, indicó que implica: “…la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
En virtud a este principio, las autoridades jurisdiccionales o administrativas están obligadas a velar porque en sus resoluciones exista una estricta correspondencia entre lo peticionado, lo considerado y lo resuelto, lo que implica no solamente la concordancia entre la parte considerativa y la dispositiva, sino su materialización debe reflejarse a lo largo de todo su contenido, no olvidando citar las disposiciones legales que sirvieron de base para asumir un determinado razonamiento y su consecuente decisión respecto del proceso en litigio.
En la SC 486/2010-R de 5 de julio, afirmó que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia ‘ultra petita’ en la que se incurre si el Tribunal concede ‘extra petita’ para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; ‘citra petita’, conocido como por ‘omisión’ en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.’ (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438)”.
De lo glosado en el párrafo precedente, se puede concluir que la congruencia puede analizarse desde dos puntos de vista, el primero referido a la incongruencia ultra petita, en la que se incurrirá en los casos en los que el Juez o Tribunal resuelva y asuma decisiones con relación a aspectos que no fueron objeto de impugnación por los recurrentes, lo que en doctrina se denomina también extra petita, es decir, fuera de lo peticionado; y el segundo, relacionado con la incongruencia citra petita, en la que se incurrirá cuando la o las autoridades a cargo de la Resolución del recurso de apelación o casación, según sea el caso, omitieron decidir sobre cuestiones que fueron argumentadas por las partes a tiempo de la interposición del medio de impugnación o de la respuesta otorgada al mismo.
III.2. Incongruencia omisiva y derecho de acceso a la justicia.
Una de las finalidades del Estado boliviano, de conformidad a lo estipulado por el art. 9 inc. 4) de la Constitución Política del Estado (CPE), es garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos en la Constitución; entre los que se encuentra consagrado, en su art. 115.I, el derecho de acceso a la justicia, el cual relieva la protección oportuna y efectiva de los derechos e intereses legítimos de las personas, por parte de los jueces y tribunales de justicia, conforme el siguiente texto: "Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos". De lo señalado, se tiene que el precitado derecho tiene distintas dimensiones y por tanto, a partir de él, se materializa el ejercicio de otros derechos derivados como son, el libre acceso al proceso, la defensa, el pronunciamiento judicial sobre las pretensiones planteadas, a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas y, el uso de los recursos previstos por ley.
En ese contexto constitucional, abordando esta vez el núcleo esencial de la incongruencia y más específicamente la llamada incongruencia omisiva o fallo corto, como parte del derecho de acceso a la justicia, se concluye que se incurre en este defecto (citra petita o ex silentio) cuando una autoridad jurisdiccional omite pronunciarse sobre las denuncias planteadas, vulnerando las disposiciones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP; temática que fue desarrollada por este Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, en cuyo texto se refirió lo siguiente: "...debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda, cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita.
Lo anterior significa que el Tribunal de alzada debe dar respuesta fundamentada a todos y cada uno de los agravios denunciados por el apelante; lo contrario significaría la vulneración del art. 124 del CPP, que señala que las Sentencias y Autos interlocutores serán fundamentados; expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; así también, la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; finalmente el art. 398 del CPP textualmente refiere: ‘Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución’, se entiende con la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie el Tribunal de alzada".
Entonces, por regla general, en protección de los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia, las autoridades jurisdiccionales están constreñidas a dar respuesta motivada a todos y cada uno de los agravios denunciados por la partes; en caso de alzada, será obligatorio para el Tribunal que resuelve la apelación, circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados en la Resolución, conforme dispone el art. 398 del CPP; un razonamiento contrario implicaría vulneración del art. 124 del CPP.
Una vez desarrollado el principio de congruencia, corresponde a continuación analizar si en la especie, el Tribunal de alzada pronunció un fallo ajustado al mismo, es decir, otorgando una respuesta integral y completa que satisfaga las inquietudes de las partes que acudieron al órgano judicial.
En ese orden, se tiene que el proceso penal que dio origen al presente recurso, se inició contra Jaime Quispe Quiñajo (declarado rebelde), Gregorio Huanca Condori, Rene Anti Huanca, Santusa Arminda Alejo Mamani, Florencio Alejo Laruta, Adrián Mamani Quispe, Cirila Quispe Mamani (declarada rebelde), Jhonny Mamani Quispe (declarado rebelde), Reyna Mamani (declarada rebelde) y Roberto Mamani (declarado rebelde), por la presunta comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).
Ahora bien, de los precitados acusados: Jaime Quispe Quiñajo, Cirila Quispe Mamani, Jhonny Mamani Quispe, Reyna Mamani y Roberto Mamani, fueron declarados rebeldes.
Contra Rene Anti Huanca, Santusa Arminda Alejo Mamani, Adrián Mamani Quispe, se desarrolló la audiencia de juicio oral, suspendida en reiteradas oportunidades de acuerdo al detalle proporcionado en el Auto de Vista, ahora impugnado, por los motivos indicados en cada acta; concluyendo finalmente con la emisión de la Sentencia 11/2008 de 15 de marzo, por la que se declaró a los precitados imputados autores y culpables del delito de Despojo, tipificado en el art. 351 del CP, sancionándoles con la pena privativa de libertad de tres años y seis meses, más pago de daños y perjuicios y costas al Estado.
Finalmente se tiene que Gregorio Huanca Condori y Florencio Alejo Laruta, purgaron su rebeldía, por lo tanto, con posterioridad se llevó a cabo una nueva audiencia de juicio oral respecto de ellos, en la cual, el Juez de la causa, emitió la Sentencia 14/2008 de 11 de abril, por la que se los declaró autores y culpables del delito de Despojo y se lo condenó a la pena de privación de libertad de tres años y seis meses, más el pago de daños y perjuicios y costas al Estado.
De lo relacionado, se desprende que hasta este momento procesal, es posible determinar que se emitieron dos Sentencias condenatorias, la primera 11/2008 de 15 de marzo dictada contra Santusa Arminda Alejo Mamani, René Anti Huanca y Adrián Mamani Quispe; y la segunda 14/2008 de 11 de abril contra Gregorio Huanca Condori y Florencio Alejo Laruta. Las cuales a su turno, fueron objeto de recursos de apelación restringida, por parte de los afectados; lógicamente aquellos sujetos procesales que fueron condenados por cada uno de los fallos, impugnaron el mismo; es decir, mediante memorial presentado el 16 de junio de 2008, Santusa Arminda Alejo Mamani, René Anti Huanca y Adrián Mamani Quispe impugnaron la Sentencia 11/2008 de 15 de marzo, bajo los siguientes argumentos, esgrimidos de manera general, al no ser motivo de denuncia del presente recurso:
1. Denuncian violación al principio procesal de continuidad, celeridad y concentración, señalando que el juicio oral no se llevó a cabo bajo dichos principios, dando lugar que los elementos de cargo propuestos no se produzcan de forma oportuna, y los elementos de prueba de cargo y descargo tampoco de manera continuada, otorgando un detalle de las suspensiones denunciadas.
2. Inobservancia o errónea aplicación de la ley, puesto que la Sentencia, en la parte dispositiva declaró autores y culpables del delito de Despojo, sancionándolos con pena privativa de libertad de tres años y seis meses, para los acusados, sin tomar en cuenta la personalidad de cada uno de ellos, conculcando lo previsto por los arts. 370 inc. 1), 329, 330 y 12 del CPP; y, 6 de la CPE, así como los arts. 37 y 38 del CP.
3. Valoración defectuosa de la prueba, al no haberse comprobado con precisión su autoría o participación en los hechos.
Por su parte, Gregorio Huanca Condori y Florencio Alejo Laruta, por memorial presentado el 17 de octubre de 2008, impugnaron la Sentencia 14/2008 de 11 de abril, dictada en su contra, bajo las siguientes argumentaciones:
1. Violación al principio procesal del debido proceso, defensa material, contradicción e igualdad, porque el juicio oral no se sustanció bajo los principios de contradicción e igualdad, puesto que Gregorio Huanca Condori, desde el primer acto del proceso fue juzgado sin que cuente con un traductor, sin tener presente que su persona sólo entiende y comprende el idioma aymara y no así el castellano; profesional que le fue proporcionado únicamente para que preste su declaración.
2. Inobservancia o errónea aplicación de la ley, dando que no se tomó en cuenta la personalidad de cada uno de los autores, a tiempo de establecer la pena.
3. Valoración defectuosa de la prueba, puesto que no se comprobó plenamente la autoría o participación en los hechos que la parte acusada alega.
Entonces, de lo relacionado se concluye que ambos recursos de apelación restringida debieron ser resueltos por el Tribunal de alzada, el cual estaba obligado a circunscribir su fallo a los puntos apelados, de ambas impugnaciones, de manera clara y puntual; consignando en su primera parte, la existencia de dos apelaciones restringidas pendientes de Resolución planteadas por diferentes sujetos procesales, todos imputados; identificando de manera precisa las resoluciones objeto de impugnación, así como los puntos reclamados en cada caso; para a continuación pasar a realizar el análisis correspondiente que derive en una determinación individualizada de cada Sentencia de mérito apelada.
Pues en el caso que se analiza se denota que el Auto de Vista ahora recurrido, en la parte referente a los antecedentes, hizo mención únicamente a una de las apelaciones restringidas, como es la presentada por Gregorio Huanca Condori y Florencio Alejo Laruta, omitiendo completamente la existencia de la otra planteada por Santusa Arminda Alejo Mamani, René Anti Huanca y Adrían Mamani Quispe; omitiendo inclusive hacer mención a los puntos apelados de aquella que supuestamente pasó a resolver.
A más de lo señalado, en franca vulneración al principio de congruencia, a continuación, de manera misteriosa pasó a resolver un punto impugnado de la apelación restringida no consignada en el encabezamiento, realizando un análisis sobre la denuncia relativa a la vulneración al principio procesal de continuidad, celeridad y concentración; detallando las fechas de audiencias suspendidas y celebradas y los motivos de sus suspensiones; siempre con relación al procedimiento desarrollado contra Santusa Arminda Alejo Mamani, René Anti Huanca y Adrían Mamani Quispe, y que dio lugar a la emisión de la Sentencia 11/2008 de 15 de marzo, arribando a la conclusión que se rompieron los principios de inmediación y continuidad.
Con relación a los demás puntos impugnados en la apelación restringida interpuesta por los precitados, no realizó el mínimos análisis ni mención; no obstante de manera extraña y confusa; a continuación, pasa a resolver uno de los agravios denunciados en el segundo recurso de apelación restringida interpuesto por Gregorio Huanca Condori y Florencio Alejo Laruta contra la Sentencia 14/2008 de 11 de abril, sobre la falta de designación de intérprete durante todo el juicio oral; arribando a la conclusión que se conculcaron los derechos fundamentales de Gregorio Huanca Condori, quien tiene como lengua materna, el Aymara.
Finalmente, de manera por demás incongruente, en la parte resolutiva del fallo de alzada, los Vocales sólo se refirieron a la Sentencia 14/2008, anulando la misma y disponiendo la reposición del juicio oral; sin hacer mención siquiera a la Sentencia 11/2008 de 15 de marzo, pese a que en el desarrollo de la Resolución de alzada, determinaron la vulneración del principio de continuidad del juicio oral que concluyó con esta Sentencia.
De lo referido, se puede advertir que el Tribunal de alzada pasó a resolver un agravio de cada una de las apelaciones restringidas, planteadas contra distintas Sentencias de mérito, como si se tratara de una sola determinación, emitiendo una determinación confusa y además de incompleta, porque tampoco se otorgó respuesta a todos los aspectos impugnados en ambas apelaciones, resultando el Auto de Vista cuestionado, incompleto, carente de fundamentación e incongruente, violentando los derechos del recurrente a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la petición y al debido proceso. Por lo que corresponde, declarar ambos motivos denunciados con mérito, correspondiendo al Tribunal de alzada pronunciar un nuevo fallo, resguardando el principio de congruencia y de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales de las partes procesales.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 31/2010 de 26 de abril, de fs. 292 a 294 vta., y determina que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin espera de turno y previa notificación a las partes, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal explicada en los fundamentos precedentes. Para fines del art. 420 del CPP, remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus presidentes hagan conocer la presente Resolución, a los tribunales y jueces en materia penal de su jurisdicción.

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