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Timestamp: 2019-12-07 22:19:52+00:00

Document:
C-283 de 2002
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020019222CC-SENTENCIAC283200223/04/2002CC-SENTENCIA_C_283__2002_23/04/2002200192222002Sentencia C-283/02 CARRERA ADMINISTRATIVA DE SERVIDOR PUBLICO-Excepciones a regla general/CARRERA ADMINISTRATIVA DE SERVIDOR PUBLICO-Excepción para trabajadores oficiales EMPLEOS EN ORGANOS Y ENTIDADES DEL ESTADO-Ejercicio mediante contrato de trabajo/FORMAS DE VINCULACION LABORAL-Sujeción a condiciones dependiendo del régimen jurídico aplicable EMPLEOS EN ORGANOS Y ENTIDADES DEL ESTADO-Regulación legislativa de ejercicio SERVIDOR PUBLICO EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO-Prestación de servicios por trabajadores oficiales/SERVIDOR PUBLICO EN SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA-Prestación de servicios por trabajadores oficiales INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ausencia de cargos Sala Plena Referencia: expediente D-3729
Julio César García Ramírez, José Domingo Ramírez Gómez,Marcel de J. Díaz LaraCONSTITUCIONALIDADAlfredo Beltrán SierraDemanda de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3135 de 1968, artículo 5°, inciso segundo Decreto-ley 1222 de 1986, artículo 233, inciso segundo, artículo 304, inciso segundo Decreto-ley 1333 de 1986, artículo 292, inciso segundo.D3729Identificadores20020019223true33631Versión original20019223Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3135 de 1968, artículo 5°, inciso segundo Decreto-ley 1222 de 1986, artículo 233, inciso segundo, artículo 304, inciso segundo Decreto-ley 1333 de 1986, artículo 292, inciso segundo.
Sentencia C-283/02
CARRERA ADMINISTRATIVA DE SERVIDOR PUBLICO-Excepciones a regla general/CARRERA ADMINISTRATIVA DE SERVIDOR PUBLICO-Excepción para trabajadores oficiales
EMPLEOS EN ORGANOS Y ENTIDADES DEL ESTADO-Ejercicio mediante contrato de trabajo/FORMAS DE VINCULACION LABORAL-Sujeción a condiciones dependiendo del régimen jurídico aplicable
EMPLEOS EN ORGANOS Y ENTIDADES DEL ESTADO-Regulación legislativa de ejercicio
SERVIDOR PUBLICO EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO-Prestación de servicios por trabajadores oficiales/SERVIDOR PUBLICO EN SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA-Prestación de servicios por trabajadores oficiales
Referencia: expediente D-3729
Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3135 de 1968, artículo 5°, inciso segundo; Decreto-ley 1222 de 1986, artículo 233, inciso segundo, artículo 304, inciso segundo; Decreto-ley 1333 de 1986, artículo 292, inciso segundo.
Demandantes: Julio César García Ramírez, José Domingo Ramírez Gómez y Marcel de J. Díaz Lara
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241-4 de la Constitución Política, los ciudadanos Julio César García Ramírez, José Domingo Ramírez Gómez y Marcel de J. Díaz Lara, presentaron demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3135 de 1968, artículo 5°, inciso segundo; Decreto-ley 1222 de 1986, artículo 233, inciso segundo y 304, inciso segundo; Decreto-ley 1333 de 1986, artículo 292, inciso segundo.
Por auto de 21 de septiembre del año 2001, el magistrado sustanciador rechazó la demanda presentada en relación con el aparte del inciso segundo del artículo 5° del Decreto-ley 3135 de 1968 que dice "sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos" por existir sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional, admitió la demanda en relación con las demás normas demandadas y en consecuencia ordenó fijar en lista la norma acusada. Así mismo, dispuso dar traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera su concepto, y comunicó la iniciación del asunto al señor Presidente de la República y al señor Presidente del Congreso de la misma, con el objeto que si lo estimaban oportuno conceptuaran sobre la constitucionalidad de las normas demandadas.
El siguiente es el texto de las normas demandadas, conforme a su publicación en los Diarios Oficiales No. 32.689 de enero 20 de 1969 y 37.466 de junio 6 de 1986. Se subraya lo acusado.
"Artículo 5°. (...)Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son trabajadores Oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán que actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos".
"Artículo 233. (...)Quienes presten sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales y en las sociedades de economía mixta departamentales son trabajadores oficiales. No obstante, los estatutos de dichas empresas precisarán que actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos"
Artículo 304. (...)Quienes presten sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales y en las sociedades de economía mixta departamentales son trabajadores oficiales. No obstante, los estatutos de dichas empresas precisarán que actividades de dirección y confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos.
"DECRETA.
Artículo 292. (...)Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales y en las sociedades de economía mixta municipales con participación oficial mayoritaria son trabajadores oficiales. Sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán que actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos".
2. El asunto sometido a examen
2.1. Para los ciudadanos demandantes las disposiciones acusadas, al establecer que los servidores públicos vinculados a las empresas industriales y comerciales del Estado o a las sociedades de economía mixta, ya sea del nivel nacional (Decreto-ley 3135/68), departamental (Decreto-ley 1222/86), o municipal (Decreto-ley 1333/86), sean trabajadores oficiales, viola claramente la Constitución Política pues, la voluntad del Constituyente de 1991 fue que solamente el mérito fuera el elemento tenido en cuenta al momento de proveer cargos en la Rama Ejecutiva del Poder Público.
2.2. Considera la Corte que no le asiste razón a los ciudadanos demandantes en relación con los cargos formulados respecto de los decretos-leyes anteriormente citados. El artículo 123 superior dispone que son "servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento...".
Como se observa, es la propia Constitución la que consagró unas excepciones a la regla general de la carrera administrativa de los servidores públicos, que para el caso que nos ocupa es la de los trabajadores oficiales, excepción ésta que por lo demás, ha sido objeto de varios pronunciamientos de la Corte Constitucional, que se comparten plenamente y ahora se reiteran.
"[a]hora bien, la doctrina nacional y la jurisprudencia de las altas corporaciones de justicia, siguiendo las conocidas pautas del derecho administrativo, ha dicho que los actos de gestión y de atención de servicios públicos por entidades descentralizadas por servicios, que asumen la forma de empresas industriales y comerciales deben ser atendidos por personal vinculado por otra modalidad que se corresponda con la figura empresarial y económica de la gestión, y por ello es preciso vincular a los servidores públicos por contrato de trabajo y establecer un régimen jurídico específico de garantías prestacionales mínimas, que puede ser objeto de negociación y arreglo entre la entidad y el personal.Este es el sentido preciso que se desprende de las restantes partes no acusadas del artículo 5 del decreto 3135 de 1968.
por lo anterior y de conformidad con las competencias que aparecen en la Carta, corresponde a la ley la regulación de los servicios públicos, fijar las distintas categorías de los empleos y establecer con detalle las funciones de los empleos públicos que deben aparecer en cada caso en la respectiva planta; en este sentido también es claro que según la Constitución de 1991,los trabajadores oficiales no pueden ser incorporados, en dicha situación en carrera alguna..." (negrillas fuera de texto).
Esta doctrina constitucional fue reiterada por la Corte Constitucional en la sentencia C-579 de 1996, Magistrado Ponente, Hernando Herrera Vergara, en la cual además se señaló que "[n]o hay duda, pues, de que al asumir el organismo oficial la forma de empresa industrial y comercial del Estado, los actos y funciones inherentes a la atención de los servicios públicos del mismo, deben ser realizados, por regla general, por trabajadores vinculados por contrato de trabajo, con las prerrogativas laborales elevadas a canon constitucional en la Carta Fundamental de 1991, que garantizan el derecho de negociación colectiva, con las excepciones que señale la ley".[1]
Así las cosas, no se presenta a juicio de la Corte, la aludida vulneración del artículo 125 de la Carta, pues es precisamente esa disposición la que establece como una excepción a la regla general de carrera administrativa, que los empleos en los órganos y entidades del Estado puedan ser ejercidos por personas vinculadas mediante contrato de trabajo, sin que se pueda predicar que dicha forma de vinculación viola el artículo 13 superior, como quiera que cada una de las formas de vinculación, ya sea por concurso de méritos, bien por contrato de trabajo, se encuentra sujeta a sus propias modalidades y condiciones, dependiendo del régimen jurídico aplicable de conformidad con lo que al efecto establezca la ley, en cumplimiento del mandato contenido en el inciso tercero del artículo 123 y 150-23 de la Constitución, según el cual corresponde al legislador la facultad de expedir leyes que regulen el ejercicio de las funciones públicas, y determinar como se ejercen los empleos en los órganos y entidades del Estado.
Adicionalmente, obsérvese que el inciso segundo del artículo 210 de la Carta, dispone que la ley establecerá el régimen de las entidades descentralizadas, lo que significa que en las normas contenidas en los decretos-leyes aludidos, puede el legislador establecer que "son trabajadores oficiales" las personas que presten sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional, departamental y municipal, en las sociedades de economía mixta departamentales, y en las de la misma naturaleza municipales con participación oficial mayoritaria, como quiera que ese es un asunto propio del régimen de tales entidades.
Considera entonces la Corte, que las expresiones de los artículos 5°, inciso segundo, del Decreto-ley 3135 de 1968; 233, inciso segundo y 304, inciso segundo del Decreto-ley 1222 de 1986 y 292, inciso segundo, del Decreto-ley 1333 de 1986, en cuanto hace relación a que las personas que presten sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado y en las sociedades de economía mixta, bien sea del orden nacional, departamental o municipal, son trabajadores oficiales, serán declaradas exequibles por no contrariar normas de la Constitución Política.
2.3.1. En el auto admisorio de la demanda que ahora ocupa la atención de la Corte, se rechazó la demanda en relación con la expresión "sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos", contenida en la segunda parte del inciso segundo del artículo 5° del Decreto-ley 3135 de 1968, por haber operado el fenómeno jurídico de la cosa juzgada constitucional, por cuanto dicha expresión fue declarada exequible en sentencia C-484 de 1995.
La misma expresión se encuentra contenida en el inciso segundo de los artículos 233 y 304 del Decreto-ley 1222 de 1986 y en el artículo 292, inciso segundo del Decreto-ley 1333 de 1986. No obstante, en aras de garantizar el derecho de los ciudadanos contenido en el artículo 241-4 superior, la demanda contra esas disposiciones fue admitida en su totalidad, pues, si bien es cierto obedecen al mismo contenido normativo del inciso segundo del artículo 5° del Decreto-ley 3135 de 1968, esas normas se refieren a empresas industriales y comerciales del Estado y a sociedades de economía mixta del orden departamental y municipal, para cuyo estudio frente a la Constitución se pueden exponer razones diversas de las que sirvieron de fundamento a la Corte para declarar exequible la misma expresión pero en relación con empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional.
Sin embargo, los demandantes nada exponen en la demanda sobre la expresión "[n]o obstante los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos", contenida en el inciso segundo de los artículos 233 y 304 del Decreto-ley 1222 de 1986; ni sobre la expresión "[s]in embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos", contenida en el inciso segundo del artículo 292 del Decreto-ley 1333 de 1986. No se exponen cargos contra esas expresiones, no se hace la más mínima referencia a ellas, lo que sustrae a la Corte Constitucional de la competencia de pronunciarse de fondo, pues, como se sabe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto-ley 2067 de 1991, la formulación de un cargo de constitucionalidad es un requisito sustancial para que pueda la Corte adentrarse en el análisis de constitucionalidad de una norma. Así, la ausencia de un cargo concreto hace inepta la demanda y conlleva a que la decisión sea inhibitoria.
Primero : Declarar EXEQUIBLES las expresiones "Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales" , contenida en el inciso segundo del artículo 5° del Decreto-ley 3135 de 1968; "Quienes presten sus servicios en las empresas industriales y comerciales y en las sociedades de economía mixta departamentales son trabajadores oficiales", contenida en el inciso segundo de los artículos 233 y 304 del Decreto-ley 1222 de 1986; "Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales y en las sociedades de economía mixta municipales con participación estatal mayoritaria son trabajadores oficiales", contenida en el inciso segundo del artículo 292 del Decreto-ley 1333 de 1986.
Exequible la expresión ... ("Quienes presten sus servicios en las empresas industriales y comerciales y en las sociedades de economía mixta departamentales son trabajadores oficiales" contenida en el inciso 2. ) Artículo 233 DECRETO_1222_1986_18/04/1986
Exequible la expresión ... ("Quienes presten sus servicios en las empresas industriales y comerciales y en las sociedades de economía mixta departamentales son trabajadores oficiales" contenida en el inciso 2. ) Artículo 304 DECRETO_1222_1986_18/04/1986
Exequible la expresión ... ("Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales y en las sociedades de economía mixta municipales con participación estatal mayoritaria son trabajadores oficiales" , contenida en el inciso 2. ) Artículo 292 DECRETO_1333_1986_25/04/1986
Exequible la expresión ... ("Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales" , contenida en el inciso 2. ) Artículo 5 DECRETO_3135_1968_26/12/1968
Segundo : DECLARASE INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de las expresiones "No obstante, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos", contenida en el inciso segundo de los artículos 233 y 304 del Decreto-ley 1222 de 1986; y, "Sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos", contenida en el inciso segundo del artículo 292 del Decreto-ley 1333 de 1986, por ineptitud sustancial de la demanda.
Inhibida para pronunciarse de fondo ("No obstante, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos" , contenida en el inciso 2. ) Artículo 233 DECRETO_1222_1986_18/04/1986
Inhibida para pronunciarse de fondo ("No obstante, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos" , contenida en el inciso 2. ) Artículo 304 DECRETO_1222_1986_18/04/1986
Inhibida para pronunciarse de fondo ("Sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos" , contenida en el inciso segundo ) Artículo 292 DECRETO_1333_1986_25/04/1986
Que el H. Magistrado doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, no firma la presente sentencia por cuanto se encuentra en permiso, el cual fue debidamente autorizado por la Sala Plena.
[1]Cfr. C-003/98. MP Vladimiro Naranjo Mesa

References: artículo 5
 artículo 233
 artículo 304
 artículo 292
 artículo 5
 artículo 233
 artículo 304
 artículo 292
 artículo 5
 artículo 233
 artículo 304
 artículo 292
 artículo 241
 artículo 5
 artículo 233
 artículo 292
 artículo 5

Artículo 304

Artículo 292
 artículo 123
 artículo 5
 artículo 125
 artículo 13
 artículo 123
 artículo 210
 artículo 5
 artículo 292
 artículo 241
 artículo 5
 artículo 292
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 292
 Artículo 233
 Artículo 304
 Artículo 292
 Artículo 5
 artículo 292
 Artículo 233
 Artículo 304
 Artículo 292