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Timestamp: 2018-11-20 01:08:56+00:00

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CREDITOS SUBORDINADOS: ESTADO ACTUAL DE LA CUESTION EN CUANTO TRATAMIENTO DESDE EL ANÁLISIS DE LA LEY CONCURSAL MIGUEL ANGEL ALARCÓN CAÑUTA - PDF
CREDITOS SUBORDINADOS: ESTADO ACTUAL DE LA CUESTION EN CUANTO TRATAMIENTO DESDE EL ANÁLISIS DE LA LEY CONCURSAL MIGUEL ANGEL ALARCÓN CAÑUTA
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Ricardo Velázquez Franco
1 MIGUEL ANGEL ALARCÓN CAÑUTA CREDITOS SUBORDINADOS: ESTADO ACTUAL DE LA CUESTION EN CUANTO TRATAMIENTO DESDE EL ANÁLISIS DE LA LEY CONCURSAL PROFESOR TUTOR DR. RAFAEL GUASCH MARTORELL TRABAJO FINAL DE MÁSTER MÁSTER EN DERECHO PRIMER SEMESTRE DEL CURSO FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD DE BARCELONA 1
2 INDICE 1 INTRODUCCION 4 CAPITULO I: COMUNICACION TARDIA DE CREDITOS Y CREDITOS POR RECARGOS. 8 I. Respecto a la comunicación tardía de créditos Comunicación del concurso por medios telemáticos Nueva posibilidad de comunicación de créditos Breve referencia a la ampliación de las excepciones del art a todos los supuestos especificados en el artículo Consideración respecto a la comunicación del informe de la administración concursal. 14 II. Los recargos como créditos subordinados. 15 CAPITULO II: RESPECTO DE LOS CREDITOS DE QUE SEA TITULAR ALGUNA PERSONA ESPECIALMENTE RELACIONADA CON EL DEUDOR. 17 I. Delimitación del concepto de pareja de hecho del deudor. 17 II. Momento desde el cual se entiende que se es persona especialmente relacionada. 19 III. Respecto de las excepciones incorporadas en el art. 92.5º LC Posibilidad de ampliación del ámbito de aplicación de la subordinación a todos los socios Delimitación de la noción de grupo de sociedades Posibilidad de ampliación del ámbito de aplicación a todos los socios vinculados con sociedades del grupo de la concursada. 39 1
3 CAPITULO III: CREDITOS PERTENECIENTES A ACREEDORES DE MALA FE. 41 I. Respecto de los créditos del acreedor de mala fe en el acto impugnado en la rescisión concursal Mala fe, perjuicio para la masa activa del concurso y grado de conocimiento del acreedor Relevancia del perjuicio patrimonial en la mala fe del acreedor. 48 II. Respecto a la incorporación del art. 92.7º LC Fundamento jurídico de la norma El perjuicio al interés del concurso Posibilidad de conjugar el ámbito de aplicación de la subordinación del art. 92.7º y la resolución del contrato Subordinación de créditos derivados de la resolución del contrato e indemnizaciones. Posibilidad de subordinar créditos contra la masa Cuestiones de relevancia en torno a la relación entre el art. 92.7º y los arts. 68 y 69 LC. Momento de la obstaculización. 67 CAPITULO IV: RESPECTO DEL TRATAMIENTO DE CRÉDITOS SUBORDINADOS EN LA FASE DE CONVENIO Y LIQUIDACION. 78 I. Tratamiento en la fase de convenio Disminución de la desprotección de la situación de los acreedores subordinados? Limitación de quitas y esperas en perjuicio de acreedores titulares de créditos subordinados. Art como norma imperativa. 82 2
4 1.2. Derecho de adhesión y de presentación de propuesta de convenio de acreedores titulares de créditos subordinados Facultades en cuanto a la eficacia del convenio Posibilidad de oposición a la aprobación del convenio Posibilidad de interponer acción de incumplimiento del convenio. 96 II. Breve referencia al tratamiento en fase de liquidación. 98 CONCLUSIONES. 101 BIBLIOGRAFIA
5 INTRODUCCION Desde el momento en que fueron por primera vez regulados los créditos subordinados en la Ley 22/2003, de 29 de julio, Concursal (LC), se pudo apreciar la despreocupación por parte del legislador en relación a la posibilidad de que los acreedores titulares de tales créditos pudieran ver satisfechas sus acreencias en un proceso concursal. El legislador los subordina al último nivel de la escala de prelación de créditos, lugar en el cual, per se, difícilmente podrán cobrar algo de la masa activa del concurso. Por otro lado, la regulación específica que establece la ley para estos créditos, si bien parca, no es menos que castigadora, estableciéndose herramientas que limitan más aun las facultades de los titulares de créditos subordinados, como es el caso de de la privación del derecho de voto, y que la doctrina ha extendido incluso a la privación del derecho de adhesión. Sin que esto sea suficiente, el legislador regula en un solo conjunto los efectos que se derivan de la consideración de ser titular de un crédito subordinado, tanto en el caso de ser producto de la negligencia o hecho reprochable del acreedor, como en aquellos en que se es titular de tal crédito debido a una relación de cercanía o parentesco con el concursado (los casos de personas especialmente relacionadas con el concursado persona física o jurídica). En efecto, el legislador no distingue a la hora de regular los créditos subordinados en uno u otro caso, encontrándonos con que el excesivo automatismo de la ley a la hora de determinar los créditos que se considerarán subordinados debido a la relación de cercanía o parentesco con el concursado, muchas veces no merecen ser castigados con tales efectos. La visión que se tiene, entonces, de los créditos subordinados, es de recelo, principalmente debido a esta falta de delimitación de efectos que para unos u otros tipos de créditos subordinados se pueden establecer, atendido el fundamento de la subordinación. No obstante lo anterior, no debemos olvidar que los titulares de créditos subordinados, no por el hecho de serlo, se convierten en titulares de créditos inexistentes, siendo su acreencia desde el punto de vista jurídico plenamente vigente y exigible, y en tal sentido, una regulación uniforme de sus efectos impide que, en ciertos casos, los acreedores titulares de créditos subordinados tengan alguna opción de cobro, o bien, la posibilidad de influir en el destino del concurso. Teniendo en cuenta lo anterior, no deja de ser importante el hecho de que, desde un tiempo a esta parte, el legislador ha incorporado modificaciones en relación a la 4
6 regulación de los créditos subordinados, teniendo gran trascendencia, a nuestro juicio, los cambios normativos que introdujeron el Real Decreto Ley (RD-Ley) 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, y la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal. Tales normas modificatorias, de acuerdo a su exposición de motivos, tienen por objeto paliar los efectos de la crisis económica en el ámbito de la crisis de empresa y el proceso concursal, teniendo en general un alto grado de influencia, como se aprecia de su regulación, en lo que a materia de rescate de empresas se refiere, haciendo hincapié en las alternativas al concurso, manifestándose tal pretensión legislativa, por ejemplo, mediante la modificación de las normas en relación a la comunicación de créditos, acuerdos de refinanciación, convenio, la implantación del privilegio del dinero nuevo, también denominado fresh money, la regulación de la venta de las unidades productivas de la empresa, entre otros. Desde este punto de vista, y para lo que nos interesa, esto es, la regulación de los efectos que para el legislador tienen los créditos subordinados, una serie de modificaciones de ley, también de la mano con la pretensión del legislador en orden a permitir la continuidad de la empresa, han incorporado y/o re delimitado el campo de aplicación de preceptos de la Ley Concursal en la materia; lo cual nos obligan a indagar en un análisis para conocer qué implicancias tienen tales modificaciones en la imagen general que de los créditos subordinados se ha tenido desde el momento inicial, desde la base de la regulación que hace de ellos el legislador. Y como que las normas que regulan los créditos subordinados se relacionan transversalmente, tanto con preceptos del la propia Ley Concursal, como con otras en materia mercantil, es que para conocer los alcances de las disposiciones que hoy estructuran el régimen de los créditos subordinados será preciso indagar, en su justa medida, en tales relaciones transversales. Para ello, a lo largo de este trabajo, que se estructura en cuatro capítulos, se dan a conocer las principales modificaciones incorporadas en la Ley Concursal por las normas del RD-Ley 3/2009 y la Ley 38/2011, partiendo desde el análisis del artículo 92 LC, como base de nuestro estudio. Tal análisis nos permitirá, como objeto principal, conocer el grado de preocupación que el legislador otorga en la actualidad, tras las sucesivas modificaciones legislativas al artículo 92 y 93 LC, a los titulares de créditos subordinados, en cuanto a la participación en el proceso concursal, en el destino del mismo, así como en relación al cobro de sus acreencias. Por otro lado, gracias a la transversalidad del alcance de las normas en materia de créditos subordinados, 5
7 podremos además analizar o estudiar las implicancias actuales que la materia tiene, o que en la materia tienen, instituciones jurídicas como es el caso de la resolución, la acción rescisoria, el grupo de sociedades, el derecho de voto y adhesión. Con el análisis del artículo 92 y 93 LC, más el análisis de las relaciones transversales con otras normas o instituciones del ordenamiento jurídico, podremos establecer el estado actual de la cuestión en torno a la regulación que el legislador plantea respecto de los créditos subordinados, todo lo cual no obstará a plantear nuestra postura en los diversos temas que vayan surgiendo en torno a tal regulación, proponiendo hipótesis y argumentando en sentido favorable a nuestro punto de vista, lo cual nos parece relevante para enriquecer el debate doctrinal en uno u otro ámbito de discusión. Cabe señalar que estando al tanto de temas que tienen importancia para la materia en estudio, hemos querido no obstante hacer hincapié en este trabajo en las modificaciones introducidas por los textos legales ya señalados partiendo desde la base del análisis del artículo 92 LC. Por ello hemos dejado fuera de este trabajo, sin significar esto su falta de importancia, algunos numerales del mismo precepto legal, como el caso del número dos y cuatro, así como otras materias o discusiones doctrinarias que se relacionan, a modo de ejemplo, los préstamos participativos, el tratamiento específico del leasing y factoring en cuanto forma de financiación de una empresa teniendo en cuenta los créditos o actos de análoga finalidad que pudieren significar, la naturaleza jurídica de la acción pauliana y de la acción rescisoria concursal, la extensión del concurso a otras sociedades del grupo, las cuestiones relativas a los administradores y liquidadores de hecho de una sociedad, si es procedente la resolución de los contratos con obligaciones recíprocas cuando sólo una parte ha incumplido. De esta forma, en el primer capítulo se analizan las implicancias que tienen las modificaciones señalas de la Ley Concursal, desde la base del artículo 92.1º LC, en la comunicación tardía de créditos; teniendo gran relevancia para el estudio la incorporación del artículo 96 bis LC, que trae como consecuencia una nueva oportunidad de comunicación de créditos, que aunque de forma tardía, permitirá que los acreedores participen en el concurso, a lo menos, y salvo excepciones, titulando créditos subordinados. En el mismo capítulo se hace también una breve referencia a la subordinación de los créditos por recargos, destacándose la jurisprudencia y doctrina que llevan a incorporar en el número 3º del artículo 92 a tales acreencias. 6
8 El segundo capítulo del presente trabajo trata de las modificaciones introducidas en relación a los créditos de las personas especialmente relacionadas con el concursado, con especial referencia a las parejas de hecho y su incorporación en la regulación legal; de forma importante, se trata la regulación de las personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica, que contempla el art º y 3º LC, las excepciones que esta norma legal introduce y su fundamento, destacándose sus implicancias en cuanto ámbito de aplicación de la subordinación, crítica del automatismo de la ley a la hora de determinar las personas especialmente relacionadas, y por otro lado, en la noción de grupo de sociedades, que a nuestro entender vale la pena detenernos en un análisis crítico-propositivo, para efectos de determinar sus alcances, actuales y posibles, en materia de subordinación de créditos. El tercer capítulo trata de la regulación de los créditos subordinados de aquellos que podríamos denominar acreedores de mala fe, al regular la subordinación de los créditos derivados de la rescisión concursal cuando el acreedor se encontraba de mala fe (artículo 92.6º LC), y la incorporación del número 7º del artículo 92, esto es, el crédito derivado de contratos con obligaciones recíprocas cuando el acreedor haya obstaculizado reiteradamente el cumplimiento del contrato. Destaca en el análisis las relaciones que se generan con instituciones del derecho como es la rescisión concursal, y la relación que el artículo 92.7º tiene con los artículo 61, 62, 68 y 69 LC, lo que permitirá efectuar una serie de apreciaciones y comentarios de relevancia para delimitar el contenido y alcance de cada norma en el plano de la subordinación crediticia. El cuarto capítulo se decanta en el estudio de los efectos que tiene la determinación de subordinados de créditos en fase de convenio y liquidación, poniendo énfasis en el análisis de tales efectos en fase de convenio, argumentándose en favor de la idea de la disminución de la desprotección legislativa que hasta un tiempo se defendía con ánimo entre la doctrina, así como la necesidad de distinguir entre los titulares de créditos subordinados dependiendo del fundamento de la subordinación. Ello en base al estudio de las limitaciones que en materia de convenio tienen los titulares de créditos subordinados, como son, la limitación de quitas y esperas y el derecho de adhesión a una propuesta de convenio; y en este mismo sentido, servirá para abundar más en nuestras consideraciones, el abordar las facultades que detentan los titulares de créditos subordinados en cuanto a la eficacia del convenio. Finalmente, se establecen las conclusiones que podremos extraer a lo largo de la lectura del presente trabajo. 7
9 CAPITULO I CREDITOS COMUNICADOS TARDIAMENTE Y DERIVADOS DE RECARGOS I. La comunicación tardía de créditos. La subordinación de los créditos que se contempla en el art. 92 LC parte con aquellos créditos que, tras la declaración de concurso, hayan sido comunicados tardíamente por los acreedores interesados en cobrar sus acreencias en el proceso concursal (art LC 1 ). Las modificaciones incorporadas en esta materia por el RD- Ley 3/2009 y Ley 38/2011 se traducen, a nuestro parecer, en importantes avances en lo que a tramitación del proceso se refiere, determinación del momento en el cual deberemos entender que un crédito ha sido comunicado tardíamente, y en relación a la regulación de una nueva posibilidad, dentro del proceso concursal, de comunicación de créditos. 1. Comunicación del concurso por medios telemáticos. De acuerdo al art. 85.1, en relación al art º, la comunicación de los créditos deberá hacerse en el plazo de un mes contado desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del auto de declaración de concurso, conforme al art. 23. Por su parte el art señala que el extracto de la declaración de concurso se publicará con la mayor urgencia y de forma gratuita en el BOE, debiendo contener, entre otros, el plazo establecido para la comunicación de los créditos. De esta forma, el auto que declare el concurso deberá especificar que los acreedores tendrán el plazo de un mes, desde la publicación en el BOE de la presente resolución, para comunicar sus créditos, para que en el extracto del BOE se contemple tal señalamiento. Tal especificación entra en incongruencia con la disposición que establece que el plazo para comunicar los créditos será de un mes a partir de la publicación en el BOE de la declaración de concurso. Sólo al tiempo de declararse el concurso se conoce la fecha límite en que venza el plazo de un mes, tiempo que de acuerdo a las normas que regulan la forma de 1 El art. 92 LC señala que «Son créditos subordinados: 1.º Los créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores, así como los que, no habiendo sido comunicados, o habiéndolo sido de forma tardía, sean incluidos en dicha lista por comunicaciones posteriores o por el juez al resolver sobre la impugnación de ésta.» 8
10 comunicación de los créditos de los acreedores en el extranjero puede verse disminuido, si tenemos en cuenta que se regirá por las mismas formalidades que la comunicación de créditos de los acreedores en el territorio nacional. De acuerdo a esto, tal como se establece en el párrafo primero del artículo 23, debiera efectuarse la publicidad del auto de declaración de concurso por medios telemáticos, informáticos o electrónicos, con lo cual la seguridad jurídica de los acreedores, no solo de los ubicados en el extranjero, sino también de los que se encuentren en España, se vería mejor resguardada. En tal sentido, si bien con la modificación de la norma, que ahora establece que la publicidad de la declaración de concurso se «realizará preferentemente» por estos medios, y no como señalaba antes, «podrá efectuarse», nos permite interpretar la norma en el sentido de que el legislador pretende que la publicación del concurso se efectué por medios telemáticos, en los que debería constar los elementos necesarios para que los acreedores se enteren de la fecha límite exacta para comunicar sus créditos; más al considerar la consecuencia que tiene la norma del artículo 92.1 para aquellos acreedores que comunican tarde sus créditos, o que en definitiva no los comunican 2. Por otro lado, la modificación del artículo 23, párrafo segundo, en el sentido de señalar que el extracto de la declaración de concurso se publicará en el BOE, eliminándose la frase «no obstante lo anterior» del inicio de la norma, que imponía la publicación en el BOE y un diario de los de mayor difusión de la provincia donde el deudor tenga el centro de sus principales intereses, nos permite corroborar nuestra interpretación en torno a la pretensión del legislador de que sea la forma telemática la que permita dar publicidad a la declaración de concurso 3. No obstante lo anterior, nos parece también acertado que el legislador haya puesto como opción la publicidad a través de la publicación en el BOE, pues si bien la notificación de la resolución que declara el concurso pudiera efectuarse por medios telemáticos, en aquellos casos en que existan muchos acreedores, y no se pueda dar noticia a alguno de ellos de la declaración de concurso, la única forma de dar certeza jurídica al concurso y demás acreedores será que exista un límite para dar noticia de las acreencias a la administración concursal. 2 Señalando estos efectos PAÑEDA USUNÁRIZ, Francisco, «Novedades introducidas por la Ley 38/2011 en la comunicación de créditos», En PRENDES CARRIL, Pedro y MUÑOZ PAREDES, Alfonso (Dirs.), Tratado judicial de la insolvencia, Tomo I, Editorial Aranzadi, Navarra, 2012, pg Ibídem, pg. 858, se pronuncia en forma favorable por «...la opción del legislador por las vías telemática para la comunicación entre la administración concursal y los acreedores...» 9
11 Otra novedad que encontramos en esta materia es que ya no se especifica en la norma del art que el plazo de un mes se contará desde la «última publicación en el BOE acordada», con lo cual decimos que sólo será una publicación la que se efectúe, que entendemos, dependerá de la celeridad con que realice las gestiones de solicitud y orden de publicación el solicitante y el tribunal respectivo; tampoco se exige, como ya se mencionaba, que la declaración de concurso sea publicada en un diario de los de mayor difusión de la provincia donde tenga su centro de interés el deudor, con lo cual, sumado al hecho de que como señalábamos, a nuestro juicio, el legislador pretende dar prevalencia a la forma telemática de publicidad de la declaración de concurso, permite que los acreedores que se encuentren en otras provincias, e incluso en el extranjero, puedan contar con mayor seguridad jurídica una vez declarado el concurso. En efecto, contando los acreedores en el extranjero con mismo plazo de un mes desde la publicación en el BOE del extracto de la declaración de concurso, pueden encontrarse en incertidumbre a la hora de determinar el plazo límite para dar noticia de sus acreencias, ya que la coordinación 4 entre las normas que determinan el plazo para comunicar los créditos para los acreedores en el extranjero o en el territorio nacional no se ha efectuado. Si bien el art señala que se efectuará esta comunicación por medios telemáticos para el caso en que conste correo electrónico en autos, puede darse el caso que la administración concursal designada demore en la remisión de esta comunicación, con lo cual será más efectivo que desde el inicio se efectúe la comunicación de la declaración de concurso a través de medios telemáticos a los acreedores respecto de los cuales conste correo electrónico, estando facultados para hacerlo. 2. Nueva posibilidad de comunicación de créditos. Gran relevancia para la determinación de un crédito como subordinado en relación a la negligencia del titular del crédito presenta la introducción en la Ley Concursal del artículo 96 bis, que incorpora una nueva posibilidad para que los acreedores puedan dar noticias a la administración concursal de sus créditos. La norma legal determina que aún con posterioridad al transcurso de los diez días desde la 4 FERRÉ FALCÓN, Juan, Los créditos subordinados, Editorial Thomson Civitas, primera edición, Navarra, 2006, pg Ya exigía el autor en su obra la coordinación de las normas que obligan la comunicación de los créditos para los acreedores extranjeros y nacionales. 10
12 presentación del informe de la administración concursal al juez, los acreedores podrán dar noticia de sus créditos, hasta la presentación de los textos definitivos 5. En este sentido, tal norma amplía el campo de acción de la comunicación de créditos que ya la sentencia del Tribunal Supremo 3384/2011 había efectuado. En tal sentencia se establecía como doctrina que dentro del plazo de impugnación de la lista de acreedores e inventario de bienes podía comunicarse créditos, en atención a que la norma del art señala que quedarán subordinados, además de los créditos comunicados tardíamente, aquellos comunicados tardíamente fuera del plazo de un mes al que se refieren los art y º, pero antes del previsto en el art que sean incluidos por comunicaciones posteriores en la lista o por el juez al resolver sobre las impugnaciones de la misma 6. Con tal sentencia no sólo se debía considerar la posibilidad de comunicar créditos al vencimiento del plazo de un mes que deriva de los art en relación al º LC, sino además dentro de los diez días contados desde la notificación a que se refiere el art LC. Ahora bien, respecto de la norma del art. 96 bis, no queda claro a lo que se refiere su tenor cuando señala «textos definitivos», más en relación al apartado 3, que permite que dentro del plazo de diez días desde la presentación de los textos definitivos se formulen oposiciones a la decisión de la administración concursal sobre las comunicaciones de crédito posteriores, a lo cual se dará trámite de incidente concursal. Podría pensarse que los textos definitivos a los que se refiere el artículo son aquellos que deberá presentar la administración concursal una vez resueltos tales incidentes, pudiendo los acreedores, incluso con posterioridad de los diez días a que se refiere el apartado 3 del art. 96 bis, dar a conocer sus acreencias. Lo anterior podría verse corroborado por la redacción del artículo 97.3 que establece que el texto definitivo de la lista de acreedores podrá modificarse, además de los supuestos previstos en la ley, entre 5 El art. 96 bis expresa «1. Concluido el plazo de impugnación y hasta la presentación de los textos definitivos, se podrán presentar comunicaciones de nuevos créditos. Estos créditos serán reconocidos conforme a reglas generales y en su clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 92.1.º salvo que el acreedor justifique no haber tenido noticia antes de su existencia, en cuyo caso se clasificarán según su naturaleza.» 6 STS, Sala de lo Civil, sección 1, Nº de sentencia 3384/2011, de 13 de mayo de 2011, en FJ Nº 3, párrafo séptimo, señala que «Sin embargo, es evidente que la regla primera del artículo 92, además de referirse a los créditos "comunicados tardíamente [...] incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores", se refiere a los que, "no habiendo sido comunicados oportunamente", puede incorporar a dicha lista "el Juez al resolver sobre la impugnación" de la misma. Con lo que abre al intérprete una segunda posibilidad: la de entender que los créditos pueden ser incluidos en la lista por el Juez al decidir sobre su impugnación, aunque no hubieran sido comunicados antes y, claro está, no resultaren de los libros o documentos del deudor ni constaren en el concurso de otro modo.». Doctrina jurisprudencial también disponible en Anuario de Derecho Concursal, Editorial Aranzadi, enero-abril, Nº 25, 2012, pg
13 otros, cuando se resuelva la impugnación de las modificaciones del artículo 96 bis, a la que hacemos referencia. Sin embargo, de acuerdo a la redacción de la parte final del apartado 3 del art. 96, que expresa que tales incidentes no paralizarán la fase de convenio o liquidación, la certeza jurídica, y recordándose que si bien a nuestro juicio estas posibilidades que el legislador establece son en beneficio de los acreedores para que puedan, aunque sea mediante un crédito subordinado, tener un lugar en el concurso, no es menos cierto que estamos hablando de acreedores que han sido negligentes a la hora de cuidar sus intereses y comunicar de forma oportuna la titularidad de su crédito frente al deudor; con lo cual debemos interpretar restrictivamente la frase en comento, en el sentido de considerar que sólo podrán los acreedores dar noticia de sus créditos hasta el vencimiento del plazo determinado al que hace referencia el apartado 1 del art ; lo contrario, a la luz de la redacción del artículo, sería dejar abierta la posibilidad para que en cualquier momento, incluso en fase de convenio o liquidación apareciera un acreedor reclamando un lugar en el concurso. Ahora bien, de acuerdo a lo anterior, y lo establecido en el art LC, debemos entender que cuando la ley habla de «textos definitivos», se refiere a aquella lista que presente la administración concursal una vez hayan quedado resueltas las sentencias que resuelvan las impugnaciones realizadas, y que de acuerdo a la norma deberá efectuar dentro del plazo de cinco días contados desde la notificación de la última sentencia resolutoria de las impugnaciones. De esta forma, decimos entonces que la nueva opción de comunicación de créditos que otorga el art. 96 bis, puede efectuarse hasta el quinto día siguiente a aquel en que se haya notificado la última sentencia que resuelve un incidente de impugnación de la lista de acreedores 8. Respecto a esto, importante para la seguridad jurídica que se pretende en cuanto al plazo máximo para la comunicación de créditos, es que la norma del art habla de la notificación de la «última sentencia resolutoria» de las impugnaciones, no 7 DIEZ MORENO, Alberto, «Problemas en torno a la comunicación de créditos: el tratamiento de los créditos comunicados tardíamente», Los problemas de la Ley Concursal. I Congreso español de derecho de la insolvencia (Gijón, 16 a 18 de abril de 2009), BELTRÁN, Emilio y PRENDES, Pedro (Dirs.), Editorial Thomson Reuters, Navarra, 2009, pg. 230, señala que «una vez expirado el plazo de impugnación previsto en el artículo 96.1 LC no cabrá plantear pretensiones de modificación de la lista de acreedores (art LC) [...] Tampoco tendrán acogida posteriores demandas incidentales pretendiendo el reconocimiento de créditos en el concurso. En suma, la impugnación de la lista de acreedores constituye la última ocasión que, con carácter general, se ofrece a los acreedores para hacer presentes sus créditos en el concurso.» 8 PAÑEDA USUNÁRIZ, Francisco, «Novedades introducidas...», pg. 870, expresa que «Creemos que hubiera sido más preciso referir el diez a quo a la fecha de emisión del informe inicial, incluyendo en este precepto todas aquellas insinuaciones posteriores a su presentación, sin excluir las que se pudieran presentar durante el plazo de diez días previstos para la impugnación de la lista de acreedores.» 12
14 señalando que el plazo de los cinco días se contará desde la notificación de la última sentencia firme que resuelva un incidente de impugnación, pues de haberlo señalado así, habría generado el problema de estimar, en aplicación del art LC 9, que pudiere comunicarse créditos incluso con posterioridad a la resolución de apertura de la fase de convenio, ya que los incidentes generados durante la fase común, como es el caso de la impugnación de la lista de acreedores, si bien no son apelables en forma inmediata, sí pueden serlo en la apelación más próxima, la cual viene siendo aquella que corresponda a la resolución de apertura de la fase de convenio; apelación respecto de la cual, la sentencia que la estime o no, producirá la firmeza 10 de la resolución que resuelve el incidente, de haberse formulado protesta dentro de los cinco días posteriores a la sentencia resolutoria de impugnación. Con ello, y como ya lo hemos afirmado en aras de la seguridad jurídica, debe interpretarse en sentido literal tal precepto, esto es, entender que los textos definitivos deberán ser presentados, como máximo, hasta el quinto día posterior a la notificación de la última sentencia resolutoria del incidente de impugnación, sin atenderse a la firmeza o no de la misma. Cabe señalar finalmente que, si bien en la mayoría de los casos esta nueva posibilidad de comunicar créditos importará que los mismos sean considerados subordinados, toda vez que su reconocimiento se someterá a «las reglas generales», no es menos cierto que la norma del art. 96 bis establece que «en su clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 92.1.º salvo que el acreedor justifique no haber tenido noticia antes de su existencia, en cuyo caso se clasificarán según su naturaleza», estableciéndose excepciones a la subordinación El art LC establece en lo pertinente que contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días. A estos efectos, se considerará apelación más próxima la que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de convenio. 10 En tal sentido se pronuncia SENÉS, Carmen, «La impugnación mediata», En: ROJO, Angel et. al., Comentarios a la Ley Concursal, BELÉN CAMPUZANO, Ana (Coord.), Tomo II,, Editorial Thomson Civitas, Madrid, 2004, pg. 2846, al señalar que «La impugnación mediata de las sentencias concursales está subordinada a la presentación de previa protesta, cuya razón de ser es la propia del escrito de preparación del recurso de apelación: evitar la firmeza del pronunciamiento que se pretenda impugnar (art LEC).». Por su parte y en el mismo sentido, SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel, «Protesta preparatoria de un ulterior recurso de apelación», En: SAGRERA TIZÓN, J. M.; SALA REIXACHS, A; FERRER BARRIENDOS, A (Coord.), Comentarios a la Ley Concursal, Tomo II, Editorial Bosch, Barcelona, 2004, pg PAÑEDA USUNÁRIZ, Francisco, «Novedades introducidas...», pg.870, señala que esta frase de la norma «...nos traslada a las excepciones de subordinación recogidas en el art. 92.1º, esto es, que el crédito comunicado en este período pueda incluirse en alguno de los supuestos del citado artículo.» 13
15 3. Breve referencia al fundamento de ampliación de las excepciones del art. 92.1º a todos los supuestos especificados en el artículo En cuanto a las excepciones que se contemplan en la norma del artículo 92.1º se han ampliado a todos los supuestos especificados en el artículo 86.2, con lo cual el legislador ha superado el problema de determinar cuáles serán los créditos que, a pesar de no haberse comunicado, o haberse comunicado tardíamente, no serán considerados como subordinados. Lo anterior se reafirma si ahora vemos claramente que la segunda parte del párrafo del art. 92.1º establece expresamente que no quedarán subordinados por esta causa, siendo clasificados según corresponda, los créditos que allí se mencionan. Con esto, siguiendo a algún autor, se reafirma además la finalidad de la redacción de la norma, esto es, dar protección a crédito que no constando en el proceso mismo de concurso, tienen una determinada veracidad Consideración respecto a la comunicación del informe de la administración concursal. Un cambio de importancia presenta la nueva redacción del artículo 95.2, en relación a la impugnación de la lista de acreedores a la que se refiere el artículo 96. En la anterior redacción no se dejaba clara la forma en que se comunicaría a los acreedores la presentación al juez del informe de la administración concursal que contempla la lista de acreedores. Con la nueva redacción se establece, no ya que se comunicará, sino que se «notificará» en el domicilio que conste para notificaciones de aquellos que se hayan personado en el proceso, haciendo más seguro para los acreedores contar con la información relativa a la calificación de su crédito a efectos de impugnación del informe. Importa también en este punto una mejoría en la situación de los acreedores el hecho de que el artículo 95.1 especifique que la administración concursal deberá dirigir comunicación a todos los acreedores que consten con dirección electrónica en el proceso respecto del proyecto de inventario y lista de acreedores, con una antelación mínima de diez días previos a la presentación del informe al juez, lo cual permite que los acreedores se enteren con tiempo prudente de la suerte que correrán sus créditos para efectos de futuras impugnaciones, y puedan estimar de forma aproximada la fecha límite hasta la cual podrán efectuar la impugnación, si lo estiman necesario. 12 FERRÉ FALCÓN, Juan, Los créditos subordinados, pg
16 No podemos criticar que, de acuerdo a la redacción de la norma en comento, sólo les sea comunicado el proyecto de inventario y lista de acreedores a aquellos acreedores que tengan determinado un correo electrónico en el proceso, toda vez que si se pretende por parte del legislador dar preeminencia a las comunicaciones y notificaciones telemáticas, informáticas o por medios electrónicos, será de sumo eficiente, sea por cuestión de cómputo de plazos o certeza jurídica a los acreedores, que todos aporten un medio de notificación electrónica, lo cual si bien no es exigido específicamente por la ley, se deduce de las normas señaladas, así como del deber de diligencia que cada acreedor debe tener respecto a sus intereses, y que precisamente se encuentra en la base de la subordinación del art de la Ley Concursal. II. Los recargos como créditos subordinados. El hecho que en la norma del art. 92.3º 13 se mencione en la actualidad a los recargos, que de acuerdo a la redacción legal, debemos entender a todo tipo, tanto de la legislación tributaria como de seguridad social, importa la decisión del legislador por contemplarlos de forma definitiva en la LC como un crédito subordinado. En efecto, con esta incorporación queda zanjada la cuestión en torno a si los recargos debían o no contemplarse en la norma. Si hasta hace un tiempo una parte de la doctrina consideraba que los mismos deberían excluirse del ámbito de subordinación del artículo en comento, aludiendo a su compatibilidad con los intereses de demora que les conferiría una esencia diferente a la de los intereses, ahora es evidente que los recargos participan de la subordinación. Lo anterior nos lleva a preguntarnos por qué la decisión legislativa de incorporarlos en este numeral 3º del art. 92, y no, como pudiere haber sido, en el numeral 4º. El Tribunal Constitucional ha determinado la naturaleza jurídica de los recargos establecidos en la legislación tributaria como sancionadores 14. De acuerdo a esto, pareciera ser que el legislador debiera haber consagrado a los recargos en el 13 El art expresa que «Son créditos subordinados: 3.º Los créditos por recargos e intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva garantía.» 14 Así, en la Sentencia del Tribunal Constitucional N 291/2000, de 3º de noviembre, en FJ 10 se expresa: «Pues bien, aunque el recargo del 100 por 100previsto en el párrafo segundo del art L.G.T. posee características específicas distintas de las correspondientes a los recargos del 10 y del 50 por 100 ya que se refiere a supuestos en los que no se ha ingresado el importe de la deuda tributaria y en la Ley no se especifica si del recargo se excluyen los intereses de demora y las sanciones, no cabe duda de que lo declarado respecto del carácter sancionador de estos últimos es aplicable, salvadas esas diferencias, al recargo aquí enjuiciado». 15
17 número 4º del artículo 92, junto a las multas y demás sanciones pecuniarias. No obstante, el haber sido incorporación junto a los intereses en el número 3º del art 92 puede ayudarnos a resolver esta interrogante. Se ha señalado para incorporar como crédito subordinado a los intereses la necesidad de fijar de forma cierta el patrimonio social, en circunstancias que los intereses, al continuarse devengando, repercutirían en una indeterminación del pasivo concursal con la consecuente incertidumbre para los acreedores en general, toda vez que, respecto de la mayoría de los créditos, los intereses continuarían devengándose 15. Del mismo modo se ha argumentado que por cuestiones de política legislativa, para limitar el monto de la deuda, se ha optado por subordinar los intereses, al ser considerados como accesorios de la deuda principal 16. A esto debemos agregar que actualmente algún autor, considerando los recargos en el ámbito del derecho tributario, diferenciando entre los recargos por pago voluntario en periodo ejecutivo y recargo del procedimiento de apremio, establece la naturaleza jurídica de cada uno como una prestación accesoria en caso del recargo de apremio, y de carácter indemnizatorio en caso del recargo por pago voluntario en periodo ejecutivo 17. Lo anterior nos corrobora que en caso de recargos, la necesidad de subordinarlos obedece a los objetivos de determinación efectiva del pasivo del concurso en beneficio de la certeza jurídica de los acreedores; sin embargo, la consideración de que los recargos tengan una naturaleza jurídica distinta a la sancionatoria permite ubicarlos dentro de este numeral 3º del artículo 92 de la Ley Concursal, pues además, al igual que en el caso de los intereses, son obligaciones accesorias a la deuda principal. 15 En tal sentido FERRÉ FALCÓN, Juan, Los créditos subordinados, pg En tal sentido, VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo, «Créditos por intereses», En: ZABALO ESCUDERO, M. E. et. al., Comentarios a la ley concursal, CORDÓN MORENO, F. (Dir.), Edit. Thomson Aranzadi, Navarra, 2004, pg CARRASCO PARRILLA, Pedro, Consecuencias del retraso en el pago de deudas tributarias, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2000, pg. 212: «...y así predicar del recargo de apremio la naturaleza de una prestación accesoria...», y pg
18 CAPITULO II RESPECTO DE LOS CREDITOS DE QUE SEA TITULAR ALGUNA PERSONA ESPECIALMENTE RELACIONADA CON EL DEUDOR Una de las más importantes modificaciones que se introducen en la Ley Concursal tiene que ver con el tratamiento de las personas especialmente relacionadas reguladas en el art. 92.5º 18 en relación al art y 2 LC, principalmente de aquellas personas relacionadas con el deudor persona jurídica. Del análisis de los preceptos legales podemos apreciar importantes cambios en el tenor de la ley, que a la vez nos permites efectuar comentarios de relevancia para la consideración de subordinados de créditos titulados por determinadas personas. I. Delimitación del concepto de pareja de hecho del deudor. Importante para la determinación de un crédito como subordinado es la delimitación de aquellas personas que hayan sido parejas de hecho del deudor. La norma del art º LC, anterior a la reforma del año 2011, no regulaba a las parejas de hecho como personas especialmente relacionada con el deudor persona natural, lo cual no dejaba fuera de debate la posibilidad de que los créditos que estas titulasen respecto del deudor, fueran considerados como subordinados. Con la actual redacción se zanja por el legislador la discusión en torno al criterio, que desde el derecho mercantil, es el que se tomará en cuenta para determinar a la pareja de hecho cuyo crédito será subordinado. De esta forma, tomando en consideración un criterio objetivo, establece que se considerará como especialmente relacionado con el deudor persona natural a la pareja de hecho inscrita, norma que deberá conciliarse con aquellas que en las respectivas Comunidades Autónomas existen para la inscripción en el Registro de parejas de hecho respectivo. Esto permite que el procedimiento concursal no se dilate con incidentes que apunten a la determinación de un acreedor como pareja de hecho del concursado, toda vez que sólo será necesario demostrar la inscripción de la pareja de hecho en el registro para la consideración respectiva de la administración concursal. 18 El precepto legal señala que «Son créditos subordinados: 5.º Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el artículo 91.1.º cuando el deudor sea persona natural y los créditos diferentes de los préstamos o actos con análoga finalidad de los que sean titulares los socios a los que se refiere el artículo º y 3.º que reúnan las condiciones de participación en el capital que allí se indican.» 17
19 En aquellos casos en que no exista inscripción como pareja de hecho, la norma establece que se considerarán como personas especialmente relacionados con el deudor persona natural a quienes hayan convivido con análoga relación de afectividad con él. En tal sentido, de acuerdo al tenor literal de la norma deberá acreditarse esta relación de afectividad entre los convivientes 19, encontrándonos con el problema de determinar ahora qué nivel de afectividad deberá ser considerado como adecuado para estimar al conviviente como persona especialmente relacionada, si la de una relación de pareja de hecho o la de una relación matrimonial. Por una parte se ha determinado que resulta irrelevante la existencia de una relación de afectividad para la existencia de una unión de hecho 20, con lo cual debiera entonces considerarse que el nivel de afectividad debe ser aquel equiparable al del matrimonio; sin embargo, diversas legislaciones autonómicas determinan como requisito acreditar, a la hora de inscribirse como parejas de hecho, un cierto nivel de afectividad, con lo cual la problemática por determinar tal carácter subjetivo de una relación de vida mutua sigue estando presente en la norma. Ante tal situación, ya habiéndose incorporado la mención de la pareja de hecho inscrita como persona especialmente relacionada con el deudor persona natural, hubiera eliminado el legislador la frase relativa a las personas que convivan con análoga relación de afectividad, pues la locución parejas de hecho ya contempla a nuestro juicio el caso de convivencias afectivas, otorgándole la norma además el nivel de objetividad requerido para su determinación, esto es, que sean inscritas, existiendo diversas normas autonómicas que ya para la inscripción de la pareja de hecho exige acreditar una relación de afectividad entre los solicitantes. Por otro lado, la misma norma en su parte final dispone de una situación en que se contemplen todas aquellas posibles situaciones de relaciones de convivencia afectiva, al determinar la norma que todo aquel que haya convivido con el deudor persona natural, en un plazo de dos años inmediatamente anterior a la fecha de declaración de concurso se considerará persona especialmente relacionada. De forma tal que se hace problemática e innecesaria la cuestionada parte de la norma por contener un requisito de prueba complejo como es la acreditación de la afectividad, así como por estar contemplado en los otros supuestos del mismo artículo. 19 En tal sentido se manifiesta FERRÉ FALCÓN, Juan, Los créditos subordinados, pg Ibídem., pg
20 II. Momento desde el cual se entenderá que se es persona especialmente relacionada. El artículo º LC modificado por el RD-Ley 3/2009 señala, a diferencia de lo que hacía la norma anterior, el momento desde el cual se considerarán especialmente relacionados a los socios con participaciones significativas, especificándose que serán considerados como tal, si detentan el 5% de participaciones en una sociedad que cotice en mercado secundario oficia, o 10% en caso contrario, en el momento en que asuman el crédito. La tenor actual de la norma viene a completar un vacío que la doctrina había determinado en la redacción anterior, haciendo eco de la postura mayoritaria que entiende que es en tal momento, al asumirse el crédito, en el cual el socio que concede crédito al deudor puede conocer el estado económico del mismo, teniendo un acceso privilegiado en la información del deudor, pudiendo influir además en sus decisiones 21. Sin embargo, llama la atención que la norma no extienda esta aclaración al supuesto que se contempla en la primera parte del art , esto es, los socios que de acuerdo a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales, como hubiera sido adecuado. En efecto, puede producirse el caso que un actual socio de una sociedad colectiva, comanditaria simple o por acciones 22, que al momento de conceder el crédito a la sociedad no hubiere tenido el carácter de socio, en supuesto de concurso de la sociedad, su crédito sea considerado subordinado 23. Por otro lado, no parece razonable, de acuerdo al espíritu de la legislación, que la aclaración del momento en el cual se considere persona especialmente relacionada al socio sea sólo aplicable a los socios con participaciones significativas, pues si la fundamentación de la norma fuera la posibilidad de que algunas personas tienen de acceder a la información del deudor, o influenciarlo, y con ello verse favorecidas en relación a otros acreedores ante un eventual proceso concursal, en el supuesto planteado, al igual que en el caso de los 21 FERRÉ FALCÓN, Juan, Los créditos subordinados, pg Se señala que hay amplio consenso en que la norma se refiere a las sociedades mercantiles reguladas en el Código de Comercio, siendo las mencionadas. 23 MAIRATA LAURÍA, Jaime y ROLDÁN SANTÍAS, Francisco, «Subordinación y grupo de empresas: cuestiones interpretativas», Revista de derecho concursal y paraconcursal, Editorial La Ley, Nº 16, 2012, Madrid, pg. 231, señala para el caso de la sociedad que forma parte con el grupo de la sociedad concursada, que la redacción anterior del art LC no dejaba claro si se subordinaba el crédito de aquella cuando al momento de adquirirlo no pertenecía al grupo. Además, para la redacción actual del artículo en comento expresa que no queda claro cuáles no deben considerarse subordinados, al decir que «Subsiste, pues, la duda y el riesgo de trato discriminatorio hacia el deudor persona jurídica en determinados supuestos, con la consiguiente inseguridad jurídica y el riesgo de lesión del principio par conditio creditorum.» 19

References: resolución 
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 Real Decreto 
 artículo 92
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 artículo 92
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 resolución 
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 artículo 96
 artículo 92
 artículo 92
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 artículo 61
 artículo 23
 artículo 92
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 resolución 
 artículo 96
 artículo 97
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 96
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 resolución 
 resolución 
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 artículo 92
 resolución 
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 artículo 95
 artículo 96
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 artículo 92
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