Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25309
Timestamp: 2019-06-19 09:35:56+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 41/2017
SENTENCIA 41/2017, de 24 de abril
a) El 4 de febrero de 2016 fue presentada una demanda de determinación legal de la filiación de una menor por quien se consideraba su padre, dando lugar al procedimiento de filiación núm. 3-2016 tramitado por el Juzgado de violencia sobre la mujer núm. 1 de Tafalla. Tras la celebración de la vista y estando el asunto concluso para su resolución, el órgano judicial, mediante providencia de 27 de junio de 2016, puso de manifiesto a las partes que el apartado b) de la ley 71 de la Compilación de Derecho civil de Navarra, al no prever la posibilidad de que el progenitor pueda reclamar una filiación no matrimonial en los casos de falta de posesión de estado, podría no ser compatible con el mandato que impone el artículo 39.2 CE de hacer posible la investigación de la paternidad y vulnerar por ello el derecho a la tutela judicial en su vertiente de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE). Por esta razón, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), otorgó un plazo común e improrrogable de diez días para que se pudieran efectuar alegaciones sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con esta norma “en cuanto a la legitimación activa y la posible vulneración de los arts. 24.1 y 39.2 CE”.
4. El Pleno de este Tribunal, mediante providencia de 13 de diciembre de 2016, acordó, a propuesta de la Sección Primera, admitir a trámite la cuestión planteada; deferir a la Sala Primera su conocimiento; dar traslado de las actuaciones recibidas al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado, así como al Gobierno y al Parlamento de Navarra, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimasen convenientes; comunicar la resolución al Juzgado de violencia sobre la mujer núm. 1 de Tafalla, a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.3 LOTC, permaneciese suspendido el proceso hasta que este Tribunal resolviese definitivamente la cuestión; y publicar su incoación en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de Navarra”.
El Fiscal General del Estado afirma que se han cumplido debidamente los presupuestos procesales necesarios en cuanto al juicio de relevancia y aplicabilidad del precepto cuestionado, argumentando que la demandada “cuando comparece en proceso para contestar a la demanda, se opone alegando falta de legitimación activa del actor porque, gozando ambas partes de vecindad civil navarra, es de aplicación la norma cuestionada, que es la Ley 71 de la Compilación de Derecho Civil de Navarra, según redacción dada por Ley Foral 5/1987, en la que, tratándose de hijos extramatrimoniales, se establece que su filiación solamente puede ser reclamada por estos en los casos que en la misma se contemplan, por lo que en ningún caso los progenitores gozan de legitimación para ejercitar acciones de reclamación, esto es, para mantener ante los órganos del Poder Judicial una pretensión en la que se establezca la filiación de una persona contradiciendo otra que haya sido legalmente determinada”.
Considera el Letrado que la cuestión debe ser inadmitida, ya que el Ministerio Fiscal no ha emitido en la vía judicial su informe en los términos que exige el artículo 35.2 LOTC, el procedimiento no estaba concluso cuando fue planteada la presente cuestión y la cuestión estaba notoriamente infundada. Respecto del primer aspecto, pone de manifiesto que “desde el punto de vista de la observancia de los requisitos procesales, no se han cumplido en el Informe del Ministerio Fiscal tal como exige la STC 166/1986 (reiterada luego entre otras, en la STC 11/1999, de 1 de febrero, FJ 1), al no realizarse el juicio de conformidad de la norma a la CE”. Respecto del segundo, señala que el planteamiento fue prematuro, ya que las actuaciones del pleito no estaban conclusas, pues la solicitud de cuestionamiento se suscitó por la parte actora tras la celebración de la prueba admitida en la vista oral que se celebró el 9 de mayo, y como petición alternativa a su petición principal, que era la declaración de filiación, al haber opuesto la parte demandada la falta de legitimación activa para promover el procedimiento. Respecto del último extremo, afirma que “desde la perspectiva del art. 37.2 LOTC, la cuestión planteada está notoriamente infundada porque se plantea no sobre la Ley 71 del Fuero Nuevo, sino sobre la interpretación judicial de la Ley … sin exponer un mínimo esquema argumental en razón del cual el contenido de su fallo depende de la validez de la norma”.
10. El Procurador de los Tribunales don Marcos Juan Calleja García, en nombre y representación del demandante en el procedimiento que ha dado lugar al presente proceso constitucional, mediante escrito registrado el 3 de febrero de 2017, solicitó que se le tuviera por personado y parte, lo que fue denegado por providencia de la Sala Primera de este Tribunal de 13 de febrero de 2017, al haber transcurrido en exceso el plazo de quince días desde la publicación en el “Boletín Oficial del Estado” —20 de diciembre de 2016— de la admisión a trámite de la presente cuestión de inconstitucionalidad, sin perjuicio de poner en su conocimiento las resoluciones que recaigan en el procedimiento.
2. Con carácter previo a resolver el fondo de la cuestión planteada, resulta preciso analizar la eventual concurrencia de las causas de inadmisión alegadas por el Letrado del Parlamento de Navarra, que ha opuesto las siguientes: en primer lugar, que no se ha dado debido cumplimiento al trámite de audiencia del artículo 35.2 LOTC, ya que el Ministerio Fiscal no ha realizado un juicio de conformidad de la norma a la Constitución en su informe emitido en la vía judicial; en segundo lugar, que el procedimiento no estaba concluso cuando fue planteada la presente cuestión, ya que la solicitud de cuestionamiento se suscitó por la parte actora tras la celebración de la prueba admitida en la vista oral como petición alternativa a su petición principal, que era la declaración de filiación, al haber opuesto la parte demandada la falta de legitimación activa para promover el procedimiento; y, finalmente, que no se ha efectuado el debido juicio de relevancia y aplicabilidad de la norma en el auto de cuestionamiento para razonar que el contenido de su fallo depende de la validez de la norma.
Pues bien, no cabe apreciar la concurrencia de ninguna de las causas de inadmisión alegadas por el Letrado del Parlamento de Navarra. En cuanto a la primera, este Tribunal ha reiterado la importancia que tiene el trámite de audiencia del artículo 35.2 LOTC y la exigencia de que el órgano judicial identifique en la providencia que da inicio a dicho trámite los preceptos cuestionados y las normas constitucionales que se estiman de posible vulneración con el fin de posibilitar que las partes y el Ministerio Fiscal “puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de esta” (art. 35.2 LOTC; así, por ejemplo, STC 95/2015, de 14 de mayo, FJ 2). Ahora bien, una vez que se ha dado estricto cumplimiento al trámite de audiencia previsto en el artículo 35.2 LOTC por el órgano judicial a las partes personadas y al Ministerio Fiscal en los términos exigidos por nuestra doctrina, lo que no ha sido controvertido en este procedimiento, la circunstancia de que, en el marco de dicho trámite, el Ministerio Fiscal se haya limitado a informar sobre el cumplimiento de los requisitos procesales para promover la presente cuestión de inconstitucionalidad y no sobre la eventual conformidad de la norma con la Constitución no puede tener el efecto pretendido por el Letrado del Parlamento de Navarra de que se alce como un obstáculo de admisibilidad que solo es predicable, en su caso, respecto de la actuación del órgano judicial, como único legitimado para la promoción de este procedimiento.
Las razones para sustentar esta declaración de inconstitucionalidad son plenamente coincidentes con las expuestas por el Pleno de este Tribunal en la STC 273/2005, de 27 de octubre, FFJJ 5 a 7, y reiteradas en la STC 52/2006, de 16 de febrero, FJ 2, en que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 133 del Código civil (CC), en la redacción dada por la Ley 11/1981, de 13 de mayo, conforme al cual, la acción de reclamación de la filiación, cuando faltara la respectiva posesión de estado, correspondía únicamente al hijo durante toda su vida. Como se resumía en la STC 52/2006, FJ 2, con remisión a la STC 273/2005, FJ 7, la privación al progenitor de la posibilidad de reclamar la filiación en el supuesto contemplado por el referido precepto “no resulta compatible con el mandato del art. 39.2 CE de hacer posible la investigación de la paternidad ni, por ello, con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso a la jurisdicción”. Sobre este particular, señaló la STC 52/2006 en el fundamento citado que, en la ponderación de los intereses en presencia, “el legislador ha ignorado por completo el eventual interés del progenitor en la declaración de la paternidad no matrimonial. En efecto, la opción del legislador cercena de raíz al progenitor no matrimonial la posibilidad de acceder a la jurisdicción cuando falte la posesión de estado, impidiéndole así instar la investigación de la paternidad; esto es, en la ponderación de los valores constitucionales involucrados realizada por el legislador se ha anulado por completo uno de ellos, sin que la eliminación del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE), guarde la necesaria proporcionalidad con la finalidad perseguida de proteger el interés del hijo y de salvaguardar la seguridad jurídica en el estado civil de las personas”.
En el caso que nos ocupa, la regulación del apartado b) de la ley 71 de la Compilación de Derecho civil foral de Navarra es aún más rígida que la que se contenía en el artículo 133 CC, pues éste sólo restringía la legitimación para reclamar la filiación no matrimonial al hijo cuando no existiera posesión de estado, mientras que en el supuesto de la norma foral, sólo se reconoce legitimación para reclamar la declaración de la filiación no matrimonial al hijo (y, en determinados supuestos, a sus descendientes), en los casos específicamente contemplados por la propia norma, incluido el supuesto de existencia de posesión de estado (párrafo 2). Es decir, que a diferencia de lo que sucedía en el Código civil, ni siquiera en el caso de existir posesión de estado podrán los progenitores reclamar la declaración de la filiación no matrimonial, otorgándose una absoluta prevalencia al hijo en detrimento de aquéllos, sin que, como ya se dijo en la STC 273/2005, FJ 7, el sacrificio que se les impone resulte constitucionalmente justificado puesto que, aparte de que podría haber sido sustituido por la imposición de determinadas limitaciones, el sistema articulado por la propia Compilación impide el planteamiento y la obligada sustanciación de acciones que resulten absolutamente infundadas, desde el momento en que, al establecer las disposiciones generales en la materia, la ley 70 de la Compilación prevé expresamente, en términos similares al art. 767.1 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), que el juez “no admitirá la demanda si con ella no se presenta un principio de prueba de los hechos en que se funde”.
La conclusión alcanzada no resulta alterada por la invocación de la STC 236/2000, de 16 de octubre, FJ 5, que efectúa el Letrado del Parlamento de Navarra. El objeto de análisis en dicha resolución quedó limitada a la queja referida a la posible vulneración del derecho a la igualdad (art. 14 CE), que se fundamentaba en el diferente tratamiento dispensado por razón de vecindad civil, atendido el contenido más restrictivo de la ley 71 de la Compilación en relación con el Derecho civil común respecto de la reclamación de la filiación no matrimonial, siendo la aplicación preferente de aquélla, según entendió este Tribunal, consecuencia de una previsión del legislador estatal, en ejercicio de la competencia ex art. 149.1.8 CE, que remitía a la “ley personal del hijo”. La Sentencia no consideró válido el término de comparación que allí utilizaba la parte recurrente entre Derecho civil común y Derecho foral, sobre el que basaba su queja de discriminación, pues no cabía aceptar la comparación que se utilizaba con la jurisprudencia civil del Tribunal Supremo, “y, sobre todo, porque, en definitiva, no estamos ante supuestos sustancialmente idénticos, sino, como se ha dicho, ante realidades históricas y legislativas plurales y diferenciadas que han encontrado apoyo, en todo caso, en la vigente Constitución” (FJ 5). En cualquier caso, y a los efectos que aquí interesan, lo relevante es que no existió ningún pronunciamiento sobre la eventual vulneración de los artículos 24.1 y 39.2 CE, que pudiera producirse con la restricción de la legitimación activa para promover la declaración de la filiación no matrimonial, extremo que, en cambio, sí fue resuelto en relación con la regulación del derecho civil común en las citadas SSTC 273/2005 y 52/2006, en el sentido ya expuesto.
4. Finalmente, se ha de concretar el alcance del pronunciamiento de inconstitucionalidad de la ley 71 b) de la Compilación de Derecho civil foral de Navarra. Al igual que ocurría en cuanto al artículo 133 CC en el supuesto resuelto por las SSTC 273/2005, FJ 9, y 52/2006, FJ 3, la declaración de inconstitucionalidad del precepto no ha de ir acompañada de la correlativa declaración de nulidad del mismo. Su inconstitucionalidad deriva de su carácter excluyente, pues, en cuanto su tenor sólo se refiere al hijo y a sus herederos, implica la exclusión de los progenitores, que se verán privados de la posibilidad de reclamar una filiación no matrimonial. De esta forma, un pronunciamiento de nulidad no sólo no repararía la inconstitucionalidad apreciada, sino que produciría el indeseable efecto de privar de una acción que no merece tacha de inconstitucionalidad alguna a quienes la ostentan de manera acorde con la Constitución, sin que exista una razón justificada para ello. Como dijimos en la STC 273/2005, FJ 9, “la declaración de nulidad de este precepto, consecuente a la declaración de inconstitucionalidad, generaría un vacío normativo, sin duda no deseable”. Por tanto, al tratarse de una omisión del legislador contraria a la Constitución que no puede ser subsanada mediante la anulación del precepto, la apreciación de la inconstitucionalidad por insuficiencia normativa del mismo exige que sea el legislador, dentro de la libertad de configuración de que goza, derivada de su posición constitucional y, en última instancia, de su específica legitimidad democrática, el que regule con carácter general la legitimación de los progenitores para reclamar la filiación no matrimonial, con inclusión, en su caso, de los requisitos que se estimen pertinentes para impedir la utilización abusiva de dicha vía de determinación de la filiación, siempre dentro de límites que resulten respetuosos con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). En todo caso, corresponde al legislador, en el plazo de un año, dar respuesta normativa a la situación planteada.
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 5077-2016
Planteada por el Juzgado de violencia sobre la mujer núm. 1 de Tafalla respecto de la ley 71 de la compilación de Derecho civil foral de Navarra, aprobada por Ley 1/1973, de 1 de marzo, en la redacción dada por la Ley Foral 5/1987, de 1 de abril.
Se enjuicia la constitucionalidad de la ley 71 del Fuero Nuevo de Navarra en relación con el artículo que establece que solo los hijos no matrimoniales, en una serie de supuestos tasados, podrán ejercitar la acción conducente a la declaración de paternidad o maternidad en los casos de filiación no matrimonial.
Se estima la cuestión de inconstitucionalidad. En aplicación de la doctrina sentada en la STC 273/2005, de 27 de octubre, la Sentencia declara que el impedimento de que el progenitor reclame la filiación es incompatible con el mandato constitucional de hacer posible la investigación de la paternidad y con el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción. Además, se afirma que el sacrificio impuesto por la norma no encuentra justificación constitucional porque, además de las limitaciones a los progenitores, el sistema previsto impide el planteamiento y la sustanciación de acciones cuando no se presente un principio de prueba de los hechos en que se funde.
Finalmente, la Sentencia explica que la declaración de inconstitucionalidad no conlleva, en este caso, la declaración de nulidad del precepto. Se afirma que la inconstitucionalidad deriva de una omisión del legislador que no puede subsanarse mediante la anulación del precepto. Por ello, se insta al legislador a reparar la omisión en el plazo de un año.
La privación al progenitor de la posibilidad de reclamar la filiación en el supuesto contemplado por el referido precepto no resulta compatible con el mandato del art. 39.2 CE de hacer posible la investigación de la paternidad ni, por ello, con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso a la jurisdicción (STC 273/2005) [FJ 3].
La declaración de inconstitucionalidad del precepto foral impugnado no ha de ir acompañada de la correlativa declaración de nulidad del mismo. Su inconstitucionalidad deriva de su carácter excluyente, pues sólo se refiere al hijo y a sus herederos, implica la exclusión de los progenitores, que se verán privados de la posibilidad de reclamar una filiación no matrimonial; y un pronunciamiento de nulidad no sólo no repararía la inconstitucionalidad apreciada, sino que produciría el efecto de privar de una acción que no merece tacha de inconstitucionalidad alguna a quienes la ostentan de manera acorde con la Constitución, sin una razón justificada para ello (STC 273/2005) [FJ 4].
Al tratarse de una omisión del legislador contraria a la Constitución que no puede ser subsanada mediante la anulación del precepto, la apreciación de la inconstitucionalidad por insuficiencia normativa del mismo exige que sea el legislador, dentro de la libertad de configuración de que goza, derivada de su posición constitucional y de su específica legitimidad democrática, el que regule con carácter general la legitimación de los progenitores para reclamar la filiación no matrimonial, con inclusión, en su caso, de los requisitos que se estimen pertinentes para impedir la utilización abusiva de dicha vía de determinación de la filiación [FJ 4].
Ley 71 b) (redactado por la Ley Foral 5/1987, de 1 de abril) (declara inconstitucional)
Ley Foral 5/1987, de 1 de abril. Modifica la compilación de Derecho Civil Foral o Fuero Nuevo de Navarra
Ley 71 b) (declara inconstitucional)
Artículo 133 (redactado por la Ley 11/1981, de 13 de mayo), f. 3
Ley 70, f. 3
Ley 71, f. 3
Ley 71 b) (redactado por la Ley Foral 5/1987, de 1 de abril), ff. 1, 3, 4
Ley 71 b), f. 1
Artículo 767.1, f. 3
Alcance del fallo en cuestión de inconstitucionalidadAlcance del fallo en cuestión de inconstitucionalidad, f. 4
Inconstitucionalidad por omisiónInconstitucionalidad por omisión, f. 4
Hijos extramatrimonialesHijos extramatrimoniales, f. 3
Interés del progenitorInterés del progenitor, f. 3
Investigación de la paternidadInvestigación de la paternidad, f. 3
Reclamación de filiación extramatrimonialReclamación de filiación extramatrimonial, f. 3

References: artículo 39
 artículo 35
 resolución 
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 133
 artículo 133
 resolución 
 artículo 133

Artículo 133

Artículo 767