Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2013_02_28/1325
Timestamp: 2020-02-25 18:34:32+00:00

Document:
Gaceta: LXII/1SPO-96
LA ASAMBLEA AUTORIZÓ INCORPORAR EL DICTAMEN A LOS ASUNTOS DE LA AGENDA DE ESTE DÍA.
ROBERTO GIL ZUARTH, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
MANUEL CAMACHO SOLÍS, PRD
LA PRESIDENCIA INFORMÓ QUE LA MESA DIRECTIVA ACORDÓ RESERVAR PARA SU VOTACIÓN POR CÉDULA LOS RESOLUTIVOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO DEL DICTAMEN, POR LO QUE SE VOTARÁN NOMINALMENTE LOS RESOLUTIVOS PRIMERO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO. ASIMISMO, INFORMÓ QUE EL RESOLUTIVO SÉPTIMO, POR SU VINCULACIÓN CON EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN POR CÉDULA SE RESOLVERÁ UNA VEZ QUE CONCLUYA ÉSTA ÚLTIMA.
FUERON APROBADOS LOS RESOLUTIVOS PRIMERO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO DEL DICTAMEN.
SE EFECTUÓ UNA SOLA VOTACIÓN PARA LAS CINCO SALAS.
REALIZADO EL ESCRUTINIO, SE DECLARARON ELECTOS LOS CIUDADANOS:
SALA DEL DISTRITO FEDERAL
JANINE MADELEINE OTÁLORA MALASSIS
MARCO ANTONO ZAVALA ARREDONDO
SE PROCEDIÓ A LA VOTACIÓN NOMINAL DEL RESOLUTIVO SÉPTIMO QUE SE REFIERE A LOS PERIODOS QUE CORRESPONDEN A LOS MAGISTRADOS ELECTOS. FUE APROBADO.
PERIODO DE 3 AÑOS
PERIODO DE 6 AÑOS
PERIODO DE 9 AÑOS
SE DIO POR CONCLUIDA LA SESIÓN.
Comunicación con la que remite quince ternas de candidatos para Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Plantea ampliar el catálogo de derechos del consumidor y de las facultades del regulador para propiciar una sana competencia y el debido desarrollo tecnológico, así como la eficiente interconexión e interoperabilidad de redes, que se traduzca en más y mejores servicios, de mayor calidad y a menor precio para los usuarios de las telecomunicaciones.
Define como servicio universal al conjunto de servicios de telecomunicaciones cuya prestación debe ofrecerse a todo usuario final con independencia de su localización geográfica, en condiciones de calidad y precio asequibles.
Incluye para el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Telecomunicaciones a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, -la actual ley solo le da atribuciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes—, y deroga las atribuciones de Cofetel de opinar respecto de las solicitudes para el otorgamiento, modificación, prórroga y cesión de concesiones y permisos en materia de telecomunicaciones, así como de su revocación; así como para registrar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones y proponer sanciones.
Faculta a Cofetel para otorgar autorizar, prorrogar, modificar, refrendar y revocar asignaciones, concesiones, autorizaciones y permisos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; fijar los compromisos de calidad de servicios; imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales; revisar, registrar y, en su caso autorizar tarifas.
Asimismo le otorga a Cofetel la atribución de emitir disposiciones de carácter general para salvaguardar los derechos e intereses de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, en particular por lo que hace a las condiciones de precio y calidad de los servicios. Respecto a la operación e interconexión de redes públicas de telecomunicaciones podrá acordar los precios o tarifas de interconexión.
Introduce un nuevo capítulo IV Bis “De la Protección de los Derechos de los Usuarios” para proponer como confidencial la información que se transmita a través de las redes y servicios de telecomunicaciones; obligar a los prestadores de servicios de telecomunicaciones a garantizar la secrecía de las comunicaciones y a presentar para su registro ante la Comisión los contratos tipo que pretendan celebrar con sus usuarios y a abstenerse de facturar servicios no contemplados en el contrato.
Aumenta las infracciones y sanciones a quienes infrinjan las disposiciones con multas 50 a 500 mil salarios mínimos, actualmente las sanciones son de 10 mil a 100 mil salarios mínimos, así como a quienes impidan a concesionarios o permisionarios la comercialización de los servicios y capacidad que hayan adquirido u obstaculicen la portabilidad de números telefónicos.
Asimismo sanciona de 20 a 200 mil salarios mínimos a quien facture servicios no contemplados en el contrato, sin el expreso consentimiento del usuario e incumpla con los niveles de calidad y características operativas establecidos.
Propone adicionar el Título Quinto, con un Capítulo Único, con los artículos 136 a 144 de la Ley Orgánica del Congreso, para establecer reglas comunes a la cámaras respecto de la iniciativa ciudadana.
Señala que las cámaras del Congreso de la Unión establecerán los procedimientos aplicables para dar trámite a las iniciativas ciudadanas. Considera a la iniciativa ciudadana como aquella que cuenta con el aval de un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores. Para avalar una iniciativa los ciudadanos deberán estampar su firma, nombre y número de credencial de elector.
El IFE informará de manera oficial dentro de los primeros quince días del primer mes del año cuál es el número equivalente al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, para que las cámaras del Congreso tomen como referencia dicho número para admitir a trámite las iniciativas ciudadanas.
Las cámaras del Congreso tendrán la obligación de difundir mediante todos los canales informativos que tengan a su disposición tanto el procedimiento para presentar una iniciativa ciudadana como el número de firmas necesario para que pueda ser presentada una iniciativa ciudadana.
Propone que el plazo para dictaminar la iniciativa ciudadana sea de 30 días hábiles a partir de su presentación, prorrogables de conformidad con la normatividad de cada una de las cámaras.
Señala que la Mesa Directiva de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión establecerán y harán públicos los recursos de apoyo técnico que pondrán a disposición de la ciudadanía para la elaboración de iniciativas ciudadanas, con el fin de que éstas cuenten con los elementos técnicos y formales al momento de ser presentadas.
Atendiendo la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al declarar inválido el primer párrafo del artículo Cuarto Transitorio de la Ley General de Turismo, que en consecuencia invalidó los artículos 48 y 54 de la Ley, en lo que corresponde a la parte normativa que indica “la Secretaría”, se propone modificar los citados artículos invalidados para generar certeza al texto normativo y evitar irregularidades de coordinación de oraciones derivadas de la supresión de partes en los contenidos normativos. En el caso del artículo 48, primer párrafo, la iniciativa propone se establezca que en el Reglamento de la Ley General de Turismo se determinará la información que los prestadores de servicios turísticos deberán proporcionar a las autoridades competentes para su inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Turismo. Respecto del artículo 54 de la Ley General de Turismo, la reforma que se propone consiste en establecer que los prestadores de servicios turísticos deberán cumplir con los elementos y requisitos que determine el Reglamento de la Ley, las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones generales administrativas que emita la Secretaría.
La reforma al primer párrafo del artículo Cuarto Transitorio de la Ley General de Turismo, tiene como finalidad establecer con toda precisión y claridad que corresponde al titular del Ejecutivo Federal expedir el Reglamento de la Ley, para hacer consecuente esta disposición normativa transitoria con la facultad y obligación del presidente de la República de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión.
Finalmente, la reforma al octavo transitorio, propone que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá informar semestralmente a ambas Cámaras del Congreso de la Unión sobre los avances de tales acciones, así como de las modificaciones a la estructura administrativa de la Secretaría.
Propone adicionar un segundo párrafo al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para establecer como una obligación de los concesionarios de estaciones de radio y canales de televisión, el destinar de los llamados “tiempos oficiales” un porcentaje para que dependencias federales y estatales competentes realicen campañas en contra de la obesidad y el sobrepeso y se informe a la ciudadanía respecto a la alimentación sana y nutritiva.
Propone crear el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” para reconocer y premiar a las mujeres que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política y económica a favor de la promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos humanos de la mujer y la igualdad de género.
Por lo anterior, se pretende que el Senado de la República celebre sesión solemne en el mes de marzo de cada año, para hacer entrega dicho Reconocimiento. A la sesión solemne se invitará a las y los titulares del Poder ejecutivo Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados, titulares de los Organismos Públicos y Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a la promoción, defensa e investigación de los derechos humanos de las mujeres, así como de las Universidades e Instituciones Educativas del país.
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar los mecanismos y medidas necesarias para constituir el Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria.
De la Comisión de Fomento Económico, el que contiene punto de acuerdo por el que se desecha la proposición que exhortaba al titular del Ejecutivo Federal a implementar los mecanismos y medidas necesarias para constituir el Instituto Nacional de la Economía Social.
Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Procurador General de la República a disponer lo necesario para que se revise el procedimiento que se sigue a diversos periodistas, a efecto de ponderar si además de las imputaciones que les hacen miembros de la delincuencia existen pruebas contundentes que demuestren su participación en los hechos de que se les acusa.
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, implemente un programa eficaz y eficiente a fin de minimizar la deserción escolar a nivel media superior derivada de la pobreza.
Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar programas orientados a reducir la deserción escolar derivada de la pobreza.
Que exhorta a la Secretaría de Salud a emprender una cruzada para promover la lactancia materna.
LA ASAMBLEA AUTORIZÓ INCORPORAR EL ASUNTO A LA AGENDA DEL DÍA.
LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, PRD.
LA PRESIDENCIA INFORMÓ QUE SE CONVOCARÁ A LA SENADORA SUPLENTE PARA SU TOMA DE PROTESTA.
SE REMITIRÁ A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA.
SE REMITIÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
El proyecto de decreto pretende que a las parteras tradicionales y técnicos de la salud, se les capacite para prestar una mejor atención materno-infantil; en este sentido, señala que las autoridades responsables de planificar la capacitación y actualización permanente del personal de salud, estarán obligadas a un seguimiento estrecho e ineludible de este ejercicio, donde dicha capacitación y actualización asegure una atención materna de calidad.
La Colegisladora considera viable la propuesta, sin embargo, señala que respecto de la reforma a la fracción I del artículo 61, se traslade a un segundo párrafo de dicha fracción, en virtud de que el pasado 9 de febrero se aprobó un reforma a esta fracción.
En el artículo 79 propone modificar “técnicos en partería” por sólo “partería”. Asimismo, pretende adicionar un párrafo a este artículo para establecer que para el caso de la partera tradicional deberá observarse únicamente lo dispuesto en la presente Ley, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica y demás disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud.
Reforma las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud para incluir en la clasificación de substancias psicotrópicas la mefedrona, la piperazina TFMPP, el canabinoide sintético K2 y el midazolam, con el objeto de permitir que las autoridades sanitarias apliquen las medidas de control y vigilancia respecto de su uso terapéutico o, en su caso, procedan contra el uso indebido de cada una de ellas.
Reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de disposición de órganos, tejidos y células progenitoras o troncales, y faculta a las entidades federativas en el control sanitario de la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales.
Establece un nuevo modelo de establecimientos que fomenta la coordinación entre los diversos servicios de sangre del país: banco de sangre, centro de procesamiento de sangre, centro de colecta, centro de distribución de sangre y componentes sanguíneos, servicios de transfusión hospitalaria y centro de calificación biológica; así como centro de colecta de células progenitoras o troncales, banco de células progenitoras o troncales, y centro de medicina regenerativa.
Define sangre como la agrupación de células especializadas que realizan una o más funciones y transfusión como el procedimiento consistente en la aplicación de sangre o de componentes sanguíneos a un ser humano, sin la finalidad de que injerten en el organismo receptor.
Precisa que la población joven es aquella cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años.
Pretende insertar como objeto del Instituto Mexicano de la Juventud, el perseguir el respeto de los derechos fundamentales de los jóvenes, con el fin de garantizar su desarrollo pleno e integral, a través de una política nacional que permita incorporar a la población joven al desarrollo del país.
Atribuye al Instituto Mexicano de la Juventud evaluar periódica y sistemáticamente la ejecución del Programa Nacional de Juventud.
Propone elevar a rango constitucional la inclusión, el reconocimiento y la protección plena de los derechos de las personas adultas mayores, para ello con la adición de un último párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que el Estado establecerá las condiciones necesarias para la satisfacción de las necesidades de alimentación, salud, educación, esparcimiento, deporte, cultura y trabajo de los adultos mayores, teniendo como objetivo el desarrollo integral de los hombres y mujeres, integrándolos al desarrollo social, económico y político del País.
Propone reformar el artículo 311 del Código Civil Federal, con el propósito de aclarar desde la ley general la base de deducción de las pensiones alimenticias. De este modo la iniciativa establece que para realizar la retención se tomará como base la totalidad de las percepciones del deudor alimentario, disminuyendo deducciones de carácter legal.
En caso de que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción, el incremento en los alimentos se ajustara al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente.
Adiciona la fracción VI a la Ley General de Salud para proteger al producto y evitar que se infecte de VIH/SIDA y de sífilis congénita durante el embarazo, parto, postparto y puerperio.
Para ello, propone la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH/SIDA y de la sífilis congénita, a través del ofrecimiento de pruebas rápidas de detección y, en su caso, atención y tratamiento de las mujeres embarazadas infectadas de VIH/SIDA o sífilis.
Propone adicionar una fracción k) al artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ubicado en el Titulo Segundo, denominado “de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en su Capítulo octavo referido al derecho a la salud, para establecer que las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinados a fin de promover la salud mental, así como la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de los trastornos mentales y del comportamiento en niñas, niños y adolescentes.
Propone incluir en la Ley General de Salud, la facultad a la Secretaria de Salud para regular y controlar la aplicación de técnicas de reproducción asistida acreditada científicamente.
Pretende insertar las definiciones de “fertilización” y de “Técnicas de reproducción humana médicamente asistida”, entendiendo, a la primera, como la conjugación de las células germinales femenina con la masculina con la consiguiente fusión del material genético, mediante el auxilio de técnicas de reproducción humana médicamente asistida; y la segunda, a aquellas técnicas biomédicas, que facilitan o sustituyen, los procesos biológicos naturales que se desarrollan durante la procreación humana, o la implantación del embrión en el útero a través de la manipulación directa en el laboratorio, entre las que se encuentran la inseminación artificial, la fecundación in vitro con transferencia de embriones y la transferencia intratubárica de células germinales, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides y todas aquellas que impliquen la creación de un embrión y que se determinen como tales por la Secretaría de Salud mediante disposiciones de carácter general.
Señala que las técnicas de reproducción humana médicamente asistida sólo podrán llevarse a cabo en los establecimientos autorizados para su aplicación, siempre que existan posibilidades razonables de éxito y que su aplicación no suponga riesgo para la salud física o mental de la mujer o la posible descendencia.
Establece que para tener acceso a las técnicas de reproducción humana médicamente asistida deberán cumplirse con ciertos requisitos; y que previo al inicio de la aplicación de alguna de las técnicas de reproducción humana médicamente asistida, el médico tratante deberá: recomendar la adopción como alternativa; agotar toda posibilidad de tratamiento que pueda permitir la concepción de forma natural; tomar en cuenta las circunstancias particulares en cada uno de los cónyuges o concubinos, tales como su edad, su historial clínico y las posibles causas de esterilidad o infertilidad; elaborar un diagnóstico preimplantacional; elaborar un diagnóstico genotípico, y recabar la constancia escrita mediante la cual los solicitantes otorguen su consentimiento informado en los términos de la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Un acuerdo, por el que se designa a los integrantes de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación.
Una comunicación, por la que se designa al Sen. Miguel Romo Medina como integrante de la Junta de Coordinación Política, en sustitución del Sen. Arturo Zamora Jiménez.
Actas de las Reunión de Trabajo de la Comisión, celebradas durante el Primer Periodo Ordinario durante el 2012.
Acta de la Reunión de Trabajo de la Comisión, celebrada el pasado 11 de diciembre de 2012.

References: resolución 
 artículo 48
 artículo 54
 artículo 59
 artículo 61
 artículo 79
 artículo 245
 artículo 4
 artículo 311
 artículo 28