Source: http://soloderecho.com/viewtopic.php?f=28&t=5180
Timestamp: 2018-04-26 00:10:29+00:00

Document:
Solo Derecho • Ver Tema - Jurisprudencia de Derecho Laboral
Jurisprudencia de Derecho Laboral
121 mensajes • Página 1 de 13 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 13
por ariel armando » Mié Oct 29, 2008 8:40 pm
Abro este post a los fines de subir todos los fallos que hacen referencia al Derecho Laboral.
por ariel armando » Mié Oct 29, 2008 9:01 pm
- NULIDAD - PRUEBA DEL PAGO - RECIBO
"DIAZ JORGE MARTIN C/ FABRICA DUFF Y OTROS – ORDINARIO – DESPIDO – RECURSO DE CASACION
http://rapidshare.com/files/158840984/J ... 1.doc.html
Re: Jurisprudencia de Derecho Laboral
por ariel armando » Mié Oct 29, 2008 9:12 pm
DESPIDO - DIRIGENTE GREMIAL - INDEMNIZACIÓN AGRAVADA (ART. 52 LEY 23551) - MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA - NULIDAD.
"WISNIVETZKY ROBERTO A. C/ LIBERTADOR MOTORS S.A. – ORDINARIO –ESTATUTOS ESPECIALES– RECURSO DIRECTO”
http://rapidshare.com/files/158843654/J ... 2.doc.html
por ariel armando » Mié Oct 29, 2008 9:25 pm
Templo, lugar de culto, lugar del hombre
CNAT, Sala III. SENTENCIA Nro. 82.240 - CAUSA Nº 19.164/98. AUTOS: “BALBUENA, JULIO CÉSAR MILCÍADES C/ ASOC. CONSEJO ADMINISTRATIVO ORTODOXO Y OTROS S/ DESPIDO – JUZGADO Nº 80”
http://www.eft.com.ar/jurisp/argentina/ ... templo.htm
por ariel armando » Mié Oct 29, 2008 9:29 pm
SENTENCIA No.83478 CAUSA No. 17.974/01 “SINDICATO ARGENTINO DE DOCENTES PARTICULARES C/ PODER EJECUTIVO NACIONAL Y OTRO S/ ACCIÓN DE AMPARO” Juzgado No. 69.
http://www.eft.com.ar/jurisp/argentina/ ... ocente.htm
por Solo Derecho » Mié Abr 25, 2018 9:10 pm
Registrado: Mié Abr 25, 2018 9:10 pm
por Ellen » Sab Feb 21, 2009 5:13 pm
Hola, tengo buena jurisprudencia de temas varios en laboral, podré subirla pegandola directamente en este post??? , en lugar de poner un link, ya que no se como hacerlo...
Registrado: Lun Abr 14, 2008 11:42 pm
por ariel armando » Mar Mar 17, 2009 10:18 pm
La Justicia anuló un acuerdo de desvinculación firmado ante escribano
La Cámara del Trabajo quitó validez a un convenio que había suscripto un empleado y la empresa donde éste trabajaba. Para los especialistas la sentencia, al privar de efectos a este tipo de acuerdos extintivos, constituirá un factor más de inseguridad jurídica y conflictividad.
La Cámara del trabajo dejó sin efecto un acuerdo de desvinculación laboral que había sido firmado entre el trabajador y la empresa.
Puntos importantes. Para los jueces la figura extintiva formalmente adoptada había sido utilizada con el propósito de ocultar la verdadera razón que puso fin al contrato de trabajo.
El tribunal consideró que el acuerdo había sido una “pantalla” que encubrió un verdadero despido y donde el trabajador no tuvo posibilidad real de discutir.
Para los abogados una vez formalizado el acuerdo por alguna de las vías previstas en la LCT -autoridad administrativa laboral, escribano público-, debe ser restrictiva y excepcional su revisión.
El fallo vuelve a poner en el tapete la inseguridad jurídica ya que esta decisión constituye una excepción al criterio judicial que reconoce validez a esta forma de extinguir una relación de trabajo.
El artículo 241 de Ley de Contrato de Trabajo (LCT) consagra las condiciones bajo las cuales el empleado y el empleador podrán convenir, por mutuo consentimiento, los términos y alcances del fin de la relación laboral.
De esta manera, los especialistas consideran que la sentencia, al privar de efectos a este tipo de acuerdos extintivos, constituirá un factor más de inseguridad jurídica y conflictividad, ya que ante acuerdos realizados conforme a lo establecido en la ley existirá la posibilidad de cuestionamiento ante los tribunales.
La Cámara tomó esta decisión en la causa: “Clot, Javier c/ BBVA Banco Francés S.A. s/ diferencias de salarios”.
El empleado demandó a la compañía y reclamó las indemnizaciones por despido. Además, cuestionó un convenio de desvinculación que él mismo había firmado con la empresa y en donde se establecieron las condiciones del egreso acordado.
El trabajador argumentó que la empresa ya había decidido el despido y que en forma fraudulenta lo había presionado para suscribir el acuerdo, con la finalidad de pagar una menor carga indemnizatoria.
Los jueces establecieron que la figura extintiva formalmente adoptada había sido utilizada con el propósito de ocultar la verdadera razón que puso fin al contrato de trabajo.
Así dijeron que en el caso “estaba descontada la decisión del empleador de finiquitar la relación laboral, de modo que la voluntad del trabajador se sometió a dicha determinación, para lo cual se utilizó un acuerdo disolutorio oneroso aparente”.
De esta manera, el tribunal consideró que el acuerdo había sido una “pantalla” que encubrió un verdadero despido y donde el trabajador no tuvo posibilidad real de discutir los términos del convenio.
Por eso establecieron que “la conducta encubierta mediante la que el empleador compromete la voluntad del trabajador bajo una figura extintiva para eludir un despido ya decidido resulta violatoria del principio de irrenunciabilidad de los derechos”.
Así, el tribunal aceptó el reclamo del trabajador y, previa deducción de la suma de gratificación obtenida en el acuerdo, ordenó a la compañía abonar las indemnizaciones por despido.
Los camaristas dijeron que -aún cuando el acto se hubiera ajustado a las formalidades de ley al celebrarse mediante escritura pública- lo cierto es que en el mismo se ha materializado un despido y, en virtud de lo normado en los arts. 12 y 15 de la L.C.T., por ende, al no haberse satisfecho completamente los conceptos propios generados de la decisión, corresponde que se pague sin reparo la diferencia insatisfecha, pues no se ha alcanzado verdaderamente a una “justa composición de los derechos e intereses de las partes”.
Para Ignacio Capurro, socio de Funes de Rioja & Asociados, esterilizar la herramienta del mutuo acuerdo como modalidad de extinción no coflictiva del vínculo laboral es una pésima señal que limita la posibilidad del empleador de asignar recursos adicionales a modo de incentivar egresos necesarios, con el fin de evitar futuros reclamos. Además impide acotar presupuestariamente contingencias laborales”.
El especialista puntualizó que los acuerdos de desvinculación “constituyen una figura tradicional en nuestro derecho y en la gestión de los recursos humanos”.
Capurro recalcó que en ese tipo de acuerdos resulta vital preservar el derecho del trabajador y la libertad de su consentimiento, “pero una vez formalizado el acuerdo por alguna de las vías previstas en la LCT -autoridad administrativa laboral, escribano público-, debe ser restrictiva y excepcional su revisión”, enfatizó.
Fernando Cortes, de De Diego Abogados & Asociados, indicó que la norma que autoriza a celebrar acuerdos de desvinculación se encuentra plenamente vigente y está incluida dentro de las formas de extinción del contrato de trabajo prevista por la LCT.
“Por ello, señalar que un acto celebrado bajo dichas formalidades es nulo equivale a ignorar la normativa vigente en la materia y colocar a las empresas en un claro estado de indefensión”, concluyó Cortes.
En tanto, Juan Manuel Minghini, socio del Estudio Alegria - Minghini & Asociados, precisó que del fallo en cuestión no surge elemento alguno que permita inferir que existió un vicio en la voluntad del trabajador que implique declarar la nulidad del acuerdo arribado.
“Esta resolución provoca una mayor inseguridad jurídica para las empresas, quienes, aún cumpliendo con el formalismo legal, quedan pasibles de contingencias laborales”, agregó Minghini.
El abogado manifestó que ante la decisión de poner fin a la relación laboral acudiendo a este tipo de acuerdos, las compañías deberán adoptar mayores recaudos legales, como por ejemplo, formalizarlos ante el ministerio o secretaría de Trabajo obteniendo su respectiva homologación.
“De esta manera se contará con un elemento de defensa para hacer frente a reclamos como en este caso”, dijo.
por ariel armando » Sab Abr 04, 2009 1:12 pm
PRESCRIPCIÓN LABORAL. APORTES SINDICALES DE FUENTE CONVENCIONAL (art. 100, CCT 130/75). INAPLICABILIDAD DEL ART. 256 DE LA LCT. Precisiones. PLAZO QUINQUENAL (art. 4027, CC). CUOTAS DE SOLIDARIDAD (aportes independientes de la condición de afiliados). APLICACIÓN ANALÓGICA DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA LEY 24462.
El caso: Ambas partes impugnaron la resolución de la Sala de la Cámara de Trabajo. La actora -Asociación Gremial- denunció la errónea aplicación del art. 256 de la LCT para decidir la prescripción parcial del reclamo de aportes al “Fondo Social” del art. 100 del CCT 130/75. Entiende que el régimen específico al que acudió el Tribunal es incorrecto pues rige únicamente para las acciones derivadas del contrato individual y en el caso se trata de una relación enmarcada en el ámbito del derecho colectivo del trabajo. Destaca que de ello derivó el rechazo de 14 de los 45 períodos pretendidos. Asimismo, denunció violación de los términos de la litis en el rechazo del reclamo de cuota sindical y fondo compensador mercantil argumentando que su pretensión no fue controvertida pues en el escrito inicial se afirmó que la demandada actuó como agente de retención de dichos aportes desde agosto de 1988 hasta enero de 1995, lo que no fue negado por aquélla. La exig encia de que la actora pruebe la afiliación de los trabajadores a la asociación gremial proviene del equívoco en que incurrió la Juzgadora. Dijo que si la accionada abonó pacíficamente las retenciones hasta esa fecha, reconociendo por tanto la existencia de personal afiliado, era de su interés demostrar las bajas del personal durante el período posterior, más aún cuando pesa sobre ella la obligación de informar que establece el art. 6 de la ley 24642. Finalmente cuestionó la condena a afrontar las costas correspondientes a la parte del reclamo que no prosperó. Entiende que al menos por equidad debieron imponerse por el orden causado. La demandada, por su parte, discutió el rechazo de la defensa de falta de acción insistiendo en negar la aplicación del CCT 130/75 a la relación entre la empresa de limpieza y sus dependientes. Aludió al ámbito material de aplicación y a que su actividad no estuvo representada por las partes signatarias de esa convención. En Córdoba el Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Servicios de Limpieza y Afines (S.O.E.L.S.A.C.) y la Cámara Cordobesa de Empresas de Servicios Generales firmaron un acuerdo que fue homologado por el DPT mediante la Res. N° 2016/94, lo que prueba la inaplicabilidad del CCT 130/75. La Sala Laboral del Alto Cuerpo provincial admitió parcialmente el recurso interpuesto por la actora y en consecuencia rechazó la defensa de prescripción opuesta por la accionada respecto de los créditos posteriores a febrero de 1995 hasta abril de 1996. Asimismo, declaró inadmisible la impugnación deducida por la demandada.
1. El art. 256 de la LCT no regula el caso si tanto los sujetos como el objeto del reclamo difieren de los que esa norma contempla. La justificación propuesta por el Juzgador -que el dispositivo es pertinente porque alude a créditos provenientes de “disposiciones de convenios colectivos...”- soslaya su ámbito de aplicación, cual es aquellos originados en las relaciones individuales de trabajo, nacidos de la ley, del CCT o del acuerdo entre partes.
2. Si la pretensión esgrimida nace en el campo de la negociación colectiva y se plasma en un Convenio Colectivo de Trabajo (art. 100, CCT 130/75) y define como obligados a todos los trabajadores comprendidos y como responsables de la retención y depósito a los empleadores del sector; surge prístino que el acreedor no es sino el Sindicato negociador y el deudor es el universo de trabajadores pertenecientes a la actividad de que se trata. Esta distinta definición de la relación sustancial debatida despeja la aplicación del art. 256 de la LCT.
3. Las acciones por cobro de aportes sindicales y contribuciones de fuente convencional, prescriben a los cinco años en virtud de la letra del art. 4027 del CC (obligaciones que deben pagarse en plazos de años o menos). No corresponde aplicar el art. 256 de la LCT porque no se trata de créditos emanados de la relación individual de trabajo. Esta solución es coherente con el término de prescripción establecido por la ley 24642, reguladora del procedimiento para el cobro de deudas generadas por la obligación del empleador como agente de retención, porque marca una tendencia sobre el tema, pese a que su aplicación al caso resulte temporalmente impedida dada la fecha de los reclamos (febrero/95 y abril/96) y la fecha de vigencia de la norma (junio/96).
4. La Ley de Asociaciones Profesionales N° 23551 determina cómo se integrarán los patrimonios de las entidades sindicales. Además de los bienes adquiridos por negocios jurídicos o legados y donaciones, establece cotizaciones de los afiliados -ordinarias o extraordinarias- y contribuciones de solidaridad a cargo del personal comprendido en el convenio. El sistema de recaudación se instaura a través de los empleadores, quienes actúan como agentes de retención de sendas cotizaciones, luego de la comunicación pertinente que efectúa el sindicato (arg. arts. 37, 38 y cc., LAS). La ley 24642 fija el plazo de prescripción para los créditos nacidos de estas obligaciones, por lo que resulta irrelevante que mencione a los afiliados, desde que el sistema de retención de la ley 23551 no hace distingos para uno u otro caso. Por ello es posible extender, por analogía, este plazo de prescripción a las acciones por cobro de cuotas de solidaridad.
T.S.J. Sala Laboral Cba., Sent. Nº 180 del 23/12/2008. Trib. de origen: Sala 6ª Laboral Cba., “A.G.E.C. c/ Sup Mac S.R.L. - Aportes - Recursos directo y casación”.
por ariel armando » Jue May 21, 2009 1:01 pm
Partes: Novero Norma Rosa c/ Consolidar AFJP S.A. s/ indemnización art. 80 LCT - ley 25345
Fecha: 13-feb-2009
La omisión del actor a presentarse a retirar el certificado de trabajo obsta la procedencia de la multa prevista en el art. 45 de la ley 25345.
1.- Debe rechazarse el agravio relacionado con la entrega de las constancias documentadas del pago de los aportes y contribuciones previsionales, pues el certificado es confeccionado en un formulario entregado por la ANSES, con diversas constancias entre las que no figuran los aportes, dato para el que tampoco presentan espacio disponible, siendo que el organismo previsional admite ese formato porque los datos sobre aportes constan en sus registros y están, en todo tiempo, a disposición de los interesados, circunstancia que determina la suficiencia, a todos los efectos, del certificado confeccionado en el formulario mencionado.
2.- Las certificaciones fueron puestas a disposición del trabajador, lo que excluye el incumplimiento. Antes bien, el interpelado declaró la intención de acatar el pedido formulado por aquél, quien no invocó, ni acreditó, haber concurrido a la sede de la empresa, lugar de cumplimiento de la obligación, a retirarlas. Es más, en la audiencia del SECLO la actora recibió tanto el certificado de trabajo como el de servicios y remuneraciones, todo lo cual sella la suerte adversa de su pretensión.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de febrero de 2009, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:
I.- La sentencia de primera instancia viene apelada por la actora. La perito contadora cuestiona la regulación de sus honorarios.-
II.- El recurso es improcedente porque: a) en lo que respecta al agravio relacionado con la entrega de las constancias documentadas del pago de los aportes y contribuciones previsionales, advierto que éste es confeccionado en un formulario entregado por la ANSES, con diversas constancias entre las que no figuran los aportes, dato para el que tampoco presentan espacio disponible. El organismo previsional admite ese formato porque los datos sobre aportes constan en sus registros y están, en todo tiempo, a disposición de los interesados, circunstancia que determina la suficiencia, a todos los efectos, del certificado confeccionado en el formulario mencionado (esta Sala, en "Mamani Lupati, Carlos v. López Menéndez, S.R.L." , sentencia definitiva 32766, del 30.09.05, con cita de la de la Sala III en "Luna, Paola Silvana v. Fidelitas S.A.", del 20.12.04.); y b) en relación a la queja destinada a que se condene a la demandada al pago de la indemnización impuesta por el artículo 45 de la Ley 25.345, el citado artículo sanciona al empleador - con una indemnización a favor del trabajador, equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o el tiempo de prestación de servicios, si éste fuera menor-, cuando, intimado fehacientemente respecto de la entrega de los certificados previstos en el artículo 80 de la L.C.T., no la cumpla. En el caso, las certificaciones fueron puestas a disposición del trabajador (fs.37/ 41), lo que excluye el incumplimiento. Antes bien, el interpelado declaró la intención de acatar el pedido formulado por aquél, quien no invocó, ni acreditó, haber concurrido a la sede de la empresa, lugar de cumplimiento de la obligación, a retirarlas. Debió -y no lo hizo- haber concurrido a retirar los certificados de trabajo ofrecidos. Su mora purgó la presunta omisión del empleador. Es más, en la audiencia del SECLO del 24.07.07 la actora recibió tanto el certificado de trabajo como el de servicios y remuneraciones, todo lo cual sella la suerte adversa de su pretensión.-
III.- La distribucuón de las costas es razonable, porque el artículo 71 del C.P.C.C.N., aplicable al caso, no remite a comparaciones aritméticas, sino a evaluaciones conceptuales de la entidad de los respectivos vencimientos. También lo son los honorarios regulados a la perito contadora que se ajustan a las pautas arancelarias (artículo 3° D.L. 16638/57).-
IV.- Por lo expuesto y argumentos propios de la sentencia apelada, propongo se la confirme en todo lo que fue materia de agravios; se impongan las costas de alzada al apelante; y se regulen los honorarios los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el . . . .% de los que, respectivamente, les fueron regulados en origen (artículos 68 C.P.C.C.N.; 14 de la ley 21.839) .-
Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.
LA DOCTORA GABRIELA A. VAZQUEZ no vota. (artículo 125 del ordenamiento procesal aprobado por la Ley 18345).-
1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravios;
2) Imponer a la parte actora las costas de alzada;
3) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el . . . % de los que, respectivamente, les fueron regulados en la instancia anterior; Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.
JUAN CARLOS E. MORANDO . JUEZ DE CAMARA.
LUIS ALBERTO CATARDO. JUEZ DE CAMARA.
ALICIA E. MESERI. SECRETARIA.
por ariel armando » Jue May 21, 2009 1:04 pm
Partes: Occhi Liliana Andrea c/ Swiss Medical S.A. s/ despido
Fecha: 5-feb-2009
Improcedencia de la multa prevista en el art. 2 de la ley 25323 para quien no abonó oportunamente la doble indemnización.
1.-Corresponde confirmar el incremento indemnizatorio del art. 4 de la ley 25972, pues recién perdió vigencia con la publicación del dto. del PEN 1224/07 y el despido se produjo antes de esa fecha.
2.-La sanción del art. 2 de la ley 25323 no debe prosperar, pues existen debates sobre el tópico examinado en el apartado IV y la doctrina autoral y jurisprudencial no se ha mostrado unánime en torno de la fecha de cese del adicional indemnizatorio de la ley de emergencia 25561 , y la demandada abonó las partidas derivadas del despido directo.
3.-Debe aceptarse la impugnación a la distribución de costas, fijadas en origen en un 30% a cargo de la demandada y en un 70% a cargo de la actora, ya que lo resuelto tiene demasiado apego a un criterio matemático, y como la demanda ha progresado parcialmente y en la alzada no ha resultado exitoso ninguno de los recursos, deben imponerse, atendiendo a un criterio que enfatiza en lo jurídico, para ambas instancias en el orden causado.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de febrero de 2009, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:
LA DOCTORA GABRIELA A. VAZQUEZ DIJO:
I.- El señor juez "a quo", a fs.236/238, admitió parcialmente la demanda orientada al cobro del incremento indemnizatorio por despido y otros créditos de naturaleza laboral.
II.- Contra tal decisión se alzan ambas partes (fs. 240/242, 257/261 y 246/249).
III.- La demandada apela la condena: a) al pago del incremento indemnizatorio de la ley de emergencia; b) al pago de la multa del artículo 80 de la ley 20.744 según texto de la ley 25.345 y c) por altos los honorarios regulados a la representación letrada de la actora y a la perito contadora.
La actora se queja: a) de lo fijado en concepto de incremento - artículo 16 de ley 25.561 -; b) por el rechazo de la partida del artículo 2º de la ley 25.323 y c) por la distribución de costas y los honorarios regulados.
IV.- El cuestionamiento de la demandada al progreso de la partida imputada al artículo 4 º de la ley 25.972 es improcedente.Ha dicho esta Sala que el incremento indemnizatorio del artículo 4 º de la ley 25.972 recién perdió vigencia el 11 de septiembre de 2007, con la publicación del decreto del PEN 1224/07 y el despido se produjo antes de esa fecha (abril de 2007). A más de ser necesaria una fecha cierta por razones de seguridad jurídica, con mayor rigor en una disciplina de naturaleza transaccional, la interpretación armónica de la ley 25.972 permite aceptar que era preciso un acto expreso del poder público que declarase extinguida la condición establecida por su artículo 4 º: "hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo...resulte inferior al diez por ciento (10%)". En efecto, esta tesis encuentra respaldo en lo dispuesto por el artículo 2º de la ley 25.972, que faculta al Poder Ejecutivo para declarar la cesación, total o parcial, del estado de emergencia pública o a alguna o todas las materias consensuadas.
V.- Tampoco asiste razón a la demandada cuando cuestiona la multa aplicada con fundamento en el artículo 80 LCT. Efectivamente, el apelante afirma que efectuó los aportes y contribuciones previsionales y de obra social y que ello surge de la pericia contable pero no rebate sino de manera dogmática e insuficiente, a la luz de lo reglado por el artículo 116 de la ley 18.345, lo que afirma el juez "a quo", en cuanto a que no entregó a la trabajadora constancia de esos aportes, los que no constan en el formulario PS 6.2 de ANSES y que nada garantiza que la información que brinda ese organismo sea veraz, o la posibilidad que se pierda o sea cuestionada administrativamente. La queja es inadmisible por desierta.
VI.- La actora se equivoca cuando impugna la suficiencia de lo determinado en concepto de incremento indemnizatorio.El artículo 4 º de la ley 25.972 es claro en el sentido que la alícuota se aplica exclusivamente "por sobre la indemnización que les corresponda conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N ° 20.744 (to. 1976) y sus modificatorias". No hay incremento de partidas distintas a la de la indemnización por antigüedad.
VII.- La crítica de la demandante relativa a la sanción del artículo 2 º de la ley 25.323 no debe prosperar. Como bien se acepta en la memoria recursiva existen debates sobre el tópico examinado en el apartado IV y la doctrina autoral y jurisprudencial no se ha mostrado unánime en torno de la fecha de cese del adicional indemnizatorio de la ley de emergencia 25.561. Por lo tanto, lo resuelto en grado debe quedar al abrigo de revisión porque la demandada abonó las partidas derivadas del despido directo.
VIII.- Estimo que debe aceptarse la impugnación a la distribución de costas, fijadas en origen en un 30% a cargo de la demandada y en un 70% a cargo de la actora. Lo resuelto tiene demasiado apego a un criterio matemático y como la demanda ha progresado parcialmente y en la alzada no ha resultado exitoso ninguno de los recursos, propongo, atendiendo a un criterio que enfatiza en lo jurídico, que se las imponga para ambas instancias en el orden causado, en virtud de los vencimientos mutuos y que se regulen los honorarios de la representación letrada de la actora, demandada y perito contadora, en el . . . .%, . . . % y . . . % respectivamente (artículos 68 segundo párrafo y 71 CPCCN, artículos 6º, 7º , 14 y concordantes de la ley 21.839 y decreto ley 16.638/57 ), lo que da cuenta de los recursos referentes a ese tema.
IX.- Por lo expuesto, propongo en este voto que:(a) se confirme la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravio, con excepción de las costas, que se impongan en el orden causado y (b) se regulen los honorarios de la representación letrada de la actora, demandado y perito contadora en el . . . %, . . . % y . . . % respectivamente, del monto de condena, incluidos capital e intereses.
EL DOCTOR LUIS A. CATARDO no vota (art. 125 Ley 18345).-
1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y fue materia de agravio, y dejar sin efecto los pronunciamientos sobre costas y honorarios en ambas instancias;
2) Imponer las costas del proceso por el orden causado;
3) Regular los honorarios de la representación letrada de la actora y demandada -por la total actuación en la causa- y perito contadora en el . . . %, . . . % y . . . % respectivamente, del monto de condena, incluidos capital e intereses.
GABRIELA A. VAZQUEZ. JUEZ DE CAMARA.
JUAN CARLOS E. MORANDO. JUEZ DE CAMARA.

References: artículo 241
 resolución 
 resolución 
 artículo 45
 artículo 80
 artículo 71
 artículo 80
 artículo 16
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 80
 artículo 116
 artículo 4
 artículo 245
 artículo 2