Source: https://electropelba.com/clausula-suelo-tribunal-europeo/
Timestamp: 2020-07-10 09:05:05+00:00

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El Tribunal Supremo añade otro episodio al culebrón que, desde hace años, tiene en vilo los bancos y sus usuarios. A través de una providencia, los jueces del Alto Tribunal suspenden todos los recursos que tienen pendientes sobre acuerdos firmados entre bancos y clientes para modificar o eliminar la cláusula suelo de los contratos, a cambio de la renuncia a cualquier futura acción legal y a recuperar lo que estas entidades les han cobrado en exceso por efecto de esta cláusula. Según esta decisión, las causas se reanudarán solo una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se haya pronunciado sobre unas cuestiones prejudiciales, planteadas por varios juzgados de primera instancia españoles. Una resolución que se espera apenas para el próximo año. La Asociación de usuarios financieros (Asufin) cree que la resolución tomada por el Supremo provocará la suspensión de los juicios que se están tramitando en primero y segundo grado.
La cuestión viene de lejos. En diciembre de 2016, el TJUE estableció que los bancos tenían que devolver el dinero que cobraron de más por la cláusula suelo desde el inicio del contrato que la contenía, y no solo a partir del 9 de mayo de 2013, fecha en la que el Tribunal Supremo había declarado su carácter abusivo. A partir del momento en que la cuestión fue llevada al TJUE y antes de su pronunciamiento, las entidades llegaron a acuerdos con algunos clientes en los que se eliminaba la cláusula suelo, muchas veces sin reembolsar al usuario o estableciendo solo una devolución parcial. Eso sí, a menudo el banco pedía que el cliente renunciase de forma expresa a intentar la vía legal para lograr una compensación económica.
Una vez conocida la sentencia del TJUE, sin embargo, algunos usuarios decidieron denunciar los pactos ante el juez, al considerar que un acuerdo que hace referencia a una cláusula declarada nula desde su origen (y no solo desde mayo de 2013) debe declararse nulo también. El Tribunal Supremo, entonces, restó efectivamente validez a los acuerdos, pero hizo una excepción: aquellos que hubieran sido firmados por las partes ante un notario no podían considerarse abusivos, por tratarse de una novación que modificaba el contrato original y que el cliente, a través de este acto, lo ratificaba.
Foco en Luxemburgo
“Falsa sensación”
Cláusula suelo: ¿Aún puedo reclamar si renuncié a la vía judicial?
¿Cuáles han sido sus conclusiones?
Entonces, ¿puedo reclamar?
¿Qué concluyó el Abogado General?
¿Los bancos fueron transparentes?
¿Cuántos afectados hay y qué perjuicio sufrirían?
¿En qué punto del procedimiento estamos?
clausula de renuncia de acciones
Son precisamente dos de estos pactos los que han llegado al TJUE, a través de sendas cuestiones prejudiciales, una, planteada por el Juzgado de Primera instancia número 1 de Teruel y, otra, por el Juzgado de Primera instancia número 7 de Ourense. Luxemburgo tendrá que contestar a la pregunta si los acuerdos firmados con el asesoramiento de un notario son también nulos. La novedad –que la Asociación de usuarios financieros (Asufin) dio a conocer esta semana– es que el Tribunal Supremo, el 10 de septiembre, decidió congelar todos los autos que están pendientes de resolución del recurso de casación en asuntos idénticos a estos dos, a la espera de lo que establezca el TJUE.
Diez días después, y al hilo de esta providencia, la sección tercera de la Audiencia Provincial de Burgos suspendió un recurso de apelación presentado por Ibercaja por este asunto. En palabras de la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, esto demuestra que la decisión del Alto Tribunal ha sido “salomónica pero importante, ya que acabará repercutiendo en las instancias inferiores”. El foco ahora vuelve a estar en Luxemburgo, donde el 12 de diciembre está previsto que el Abogado General de la UE (el equivalente, en el TJUE, del fiscal) se pronuncie al respecto, antes de que el Tribunal, unos meses más tarde, fije su criterio de forma definitiva.
Mientras tanto, el pasado 3 de septiembre, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Tarragona ya dio la razón a los consumidores, a través de una sentencia en la que no solo declaró nula la cláusula suelo en una hipoteca firmada en 2007, sino también la novación que el banco pactó con el usuario el 26 de agosto de 2013. El juez reconoció, según lo dictado por el Tribunal Supremo, que esta transacción –que reducía la cláusula suelo al 3%– conllevaba la renuncia del cliente a iniciar acciones contra la entidad por la reducción del límite inferior pactado. Pero indicaba también que el Alto Tribunal había establecido que es preciso comprobar que el consumidor estaba en condiciones de conocer las consecuencias económicas y jurídicas de su aceptación, para considerar válida la novación.
Ya que no se encontraron pruebas de que esto hubiese ocurrido, la Audiencia Provincial declaró nulos tanto la cláusula suelo como el pacto. Al faltar los datos económicos, señala Suárez, “se crea la falsa sensación de que el usuario obtiene una ventaja al haber reducido el límite mínimo de interés que le estaba aplicando el banco, pero no tiene en cuenta, porque no se le indica, que está aceptando pagar un importe superior al que le correspondía en caso de no aplicarse la cláusula suelo”.
Para esta abogada experta en derecho hipotecario “es necesario que el TJUE se pronuncie y unifique doctrina sobre este asunto. Nuestro despacho tiene un centenar de procedimientos parados por esta cuestión. Unos se han retirado y otras con sentencias favorables, pero llevan dos años con el tema suspendido pagando la cláusula suelo y no les han devuelto nada hasta este momento”.
En cuanto a las conclusiones del abogado general, Benedi se muestra prudente ante el desenlace que, como todos los pronunciamientos de este tipo no vinculan al TJUE en un fallo posterior. “Es posible que señale que los acuerdos de novación son nulos y que hay que volver a los criterios anteriores a dicha cuestión prejudicial”.
Desde su punto de vista, “también podríamos encontrarnos con unas conclusiones donde quedasen definidos lo que son los acuerdos de novación y cuando son aceptables desde el punto de vista de la transparencia e información que se da al consumidor”.
De todas formas cree que dichas conclusiones serán una pista importante de cómo va a resolver este asunto que afecta a tantas familias por parte del propio TJUE.
Hasta el momento, las sentencias están siendo dispares en los juzgados de primera instancia.
“Hay algunas de ellas donde el cliente ha cobrado por ese dinero que adelantó por la aplicación de las cláusulas suelo con fallo estimatorio y una semana después, tras la sentencia del Tribunal Supremo, otro asunto muy parecido, con el mismo contrato de la entidad financiera implicada, está parado en la propia Audiencia Provincial desde hace dos años”.
La expectación ante cómo va a resolver el TJUE es importante.
«Tanto el A. 77/16, 18-2, como la S. 156/16, 14-3 recogen la siguiente interpretación: ‘En este sentido el reciente auto del TJUE de 11 de junio de 2015 ha declarado respecto a la posibilidad de declarar la nulidad de las cláusulas que infrinjan la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores aunque no hayan sido aplicadas que: ‘La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el juez nacional haya constatado el carácter «abusivo» -en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la propia Directiva 93/13 – de una cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por sí sola a que el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en cuestión’.
De otra parte, la libertad contractual en la que se justifica su validez parte precisamente, no de un ámbito ilimitado contractualmente de la misma, sino, precisamente, de la validez de la cláusula que es nula y la percepción del carácter más favorable para el consumidor de la que se sustituye, cuando la misma sigue siendo la misma condición general de contratación, aparentemente negociada en el caso concreto, con una limitación al tipo de interés inferior a la que se trata de dar efectividad por el banco para paliar los efectos de la condición general de la contratación atacada de nulidad. Incluso desde la propia eficacia del negocio jurídico, la convalidación de una cláusula radicalmente nula por nulidad absoluta, no meramente anulable, no produce efecto alguno -en este sentido, pueden citarse la sentencia de la AP de Ciudad Real (Sección Primera) de 5 de marzo de 2014 y la de la Audiencia Provincial (Sección Tercera) de Burgos de fecha 12 de septiembre y 17 de octubre de 2013-. Por último, desde el punto de vista de la psicología del cliente, solo el temor en su momento a la posible eficacia de la cláusula tachada ahora de nula justifica acceder a una mera rebaja del tipo de interés impuesto; la verdadera libertad contractual se hubiera manifestado tras la liberación al consumidor por la entidad del cumplimiento de la cláusula tachada como nula, con un acuerdo ulterior, muy improbable, en el que el consumidor libremente aceptara una limitación ex novo a la bajada del tipo de interés inferior al suscrito con la cláusula dejada sin efecto»
«Artículo 86. Cláusulas abusivas por limitar los derechos básicos del consumidor y usuario.
7. La imposición de cualquier otra renuncia o limitación de los derechos del consumidor y usuario».
«q) suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor, en particular obligándole a dirigirse exclusivamente a una jurisdicción de arbitraje no cubierta por las disposiciones jurídicas, limitándole indebidamente los medios de prueba a su disposición o imponiéndole una carga de la prueba que, conforme a la legislación aplicable, debería corresponder a otra parte contratante».
Además de lo anterior, el artículo 1255 del Código Civil, será un artículo recurrente por parte de la defensa de las entidades bancarias con el fin de justificar la la validez de la renuncia a reclamar,este artículo establece al tenor literal siguiente:
Ya hemos visto que la nulidad y la eliminación de todos los efectos de las cláusulas abusivas es cuestión de orden público, por lo que parece claro que la libertad de contratar no puede amparar un pacto que trata de mantener la validez, al menos parcial, de una cláusula contraria al orden público.
«En el caso concreto, la resolución de la instancia estimó que la sustitución o novación de la cláusula tachada de nula, al no rebasar el control de transparencia exigido por la norma y su interpretación jurisprudencial, era un acto dispositivo válido de la parte actora al amparo del art. 1.255 del CC y, por tanto, equivalía a una renuncia a la invocación de la nulidad sobre la cláusula resultante.
‘La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el juez nacional haya constatado el carácter «abusivo» -en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la propia Directiva 93/13 – de una cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por sí sola a que el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en cuestión’.
Sobre esta declaración también ha de concluirse la imposibilidad de convalidar la cláusula nula mediante su sustitución por otra que sea más favorable a los intereses del consumidor incluso aunque contenga la renuncia a la acción de nulidad que pudiera corresponderle. En primer lugar, por la vigencia del principio lo que es nulo -añadimos radicalmente nulo- ningún efecto produce – quod nullum est nullum producit effectum-. De ahí que las novaciones de tal cláusula deben ser consideradas un intento de moderarlas por vía contractual. De otra parte, la libertad contractual en la que se justifica su validez parte precisamente, no de un ámbito ilimitado contractualmente de la misma, sino, precisamente, de la validez de la cláusula que es nula y la percepción del carácter más favorable para el consumidor de la que se sustituye, cuando la misma sigue siendo la misma condición general de contratación, aparentemente negociada en el caso concreto, con una limitación al tipo de interés inferior a la que se trata de dar efectividad por el banco para paliar los efectos de la condición general de la contratación atacada de nulidad. Incluso desde la propia eficacia del negocio jurídico, la convalidación de una cláusula radicalmente nula por nulidad absoluta, no meramente anulable, no produce efecto alguno -en este sentido, pueden citarse la sentencia de la AP de Ciudad Real (Sección Primera) de 5 de marzo de 2014 y la de la Audiencia Provincial (Sección Tercera) de Burgos de fecha 12 de septiembre y 17 de octubre de 2013-. Por último, desde el punto de vista de la psicología del cliente, solo el temor en su momento a la posible eficacia de la cláusula tachada ahora de nula justifica acceder a una mera rebaja del tipo de interés impuesto; la verdadera libertad contractual se hubiera manifestado tras la liberación al consumidor por la entidad del cumplimiento de la cláusula tachada como nula, con un acuerdo ulterior, muy improbable, en el que el consumidor libremente aceptara una limitación ex novoa la bajada del tipo de interés inferior al suscrito con la cláusula dejada sin efecto.
En definitiva, no puede ser admitida la renuncia a la aplicación de la cláusula tachada de nula o la novación de la misma por otra más favorable al consumidor como causa de enervación de la apariencia de buen derecho’.
Tal doctrina ha de ser reiterada en este acto y aplicada al caso enjuiciado referente a la novación producida en 2013.»
Tras meses de espera, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Henrik Saugmandsgaard, ha emitido sus conclusiones sobre la posible abusividad de los pactos entre hipotecados y bancos para reducir o eliminar las cláusulas suelo a cambio de renunciar a la vía judicial y a recuperar lo cobrado en exceso.
El letrado se ha pronunciado a raíz de una consulta formulada por el Juzgado de Primera Instancia de Teruel por un litigio entre una consumidora e Ibercaja por la declaración de nulidad de una cláusula abusiva contenida en un contrato de subrogación de préstamo hipotecario.
Saugmandsgaard considera que estos acuerdos no son contrarios a la legislación europea siempre que el consumidor haya dado su “consentimiento libre e informado&rdquor;. Es decir, el hipotecado debe demostrar si su entidad le informó debidamente sobre las “consecuencias económicas y jurídicas&rdquor; de renunciar a interponer acciones judiciales.
Del mismo modo, el abogado sostiene que estos acuerdos deben “cumplir el imperativo de transparencia&rdquor;, por lo que para ser válidos las entidades deberán demostrar que informaron a sus clientes a cuánto dinero estaban renunciando al firmar el acuerdo.
Las conclusiones del letrado no son vinculantes, pero sí coinciden en un 80% de los casos con las de la Corte con sede en Luxemburgo, por lo que aún hay opciones para recuperar las cantidades correspondientes.
Según Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, dichas recomendaciones “siguen dejando abierta la litigiosidad al tener que demostrar, caso por caso que se trató realmente de un acuerdo negociado y no de un abuso de posición por parte del banco, por lo que los bancos tendrán que demostrar que no impusieron a sus clientes las cláusulas de los acuerdos novatorios&rdquor;.
Antes de iniciar cualquier tipo de reclamación o de renunciar finalmente a la devolución de la cláusula, debemos esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita la sentencia final, que se espera durante los próximos meses.
En mayo de 2013 el Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que declaraba la nulidad de las cláusulas suelo, pero no obligaba a devolver las cantidades abonadas de más. Sin embargo, en diciembre de 2016, el TJUE corrigió la doctrina del Supremo obligando a los bancos a devolver el dinero cobrado en exceso.
Según cifras de ASUFIN, esta cláusula abusiva afecta a medio millón de consumidores que todavía no han reclamado y que han perdido de media 20.000 euros.
Las cláusulas abusivas de las hipotecas siguen dando de qué hablar y provocando incertidumbre en el sector financiero.
La última noticia que se ha conocido en este sentido es la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de aplazar casi dos meses la lectura de las conclusiones de su abogado general sobre la novación de las cláusulas suelo; es decir, por las cláusulas abusivas que se mantienen en las hipotecas tras un cambio en las condiciones del préstamo.
Y es que, a pesar de que el fallo estaba previsto para esta semana, el tribunal de Luxemburgo no se pronunciará al respecto hasta el 30 de enero, mientras que la sentencia definitiva se retrasará hasta mayo o junio.
Este aplazamiento se produce a la espera de que se conozca el fallo definitivo sobre el índice IRPH de las hipotecas y aumenta la presión sobre el sector financiero, que se juega miles de millones de euros en este procedimiento.
En lo que respecta a las novaciones, el TJUE podría declarar nulas las hipotecas que los bancos renegociaron con los clientes, después de que un juzgado de Teruel elevara la cuestión al juzgado comunitario en octubre del año pasado.
Si el fallo es favorable a los clientes, la banca tendría que hacer frente a un impacto de miles de millones de euros, aunque está por ver si el fallo afecta a todas las novaciones hipotecarias o solo a aquellas en las que se mantuvieron las cláusulas abusivas a cambio de rebajar el tipo de interés y del compromiso por parte del hipotecado de no emprender acciones legales contra la entidad en cuestión. Entre los bancos más afectados estarían Banco Santander y Banco Sabadell.
Para la presidenta de la Asociación de Asuntos Financieros (ASUFIN), Patricia Suárez, la decisión del TS muestra que «tiene miedo», a pesar de los «excelentes juristas» que se posicionaron en favor de los consumidores afectados. Para Suárez, esto le lleva a hacer «política económica» en lugar de «normas ajustadas al derecho» y, añade, lo que ha hecho el Supremo es «legislar» aunque no tenga una influencia beneficiosa para la seguridad jurídica.
El Tribunal Supremo ha suspendido, hasta que se pronuncie el TJUE, tramitar los recursos sobre acuerdos o novaciones que algunos hipotecados firmaron con sus bancos para reducir o eliminar cláusulas suelo a cambio de renunciar a la vía judicial y a recuperar lo cobrado en exceso.
En opinión de la presidenta de Asufín, Patricia Suárez, con esta decisión el Supremo, que cuenta con «excelentes juristas» que han defendido en muchas ocasiones al consumidor, demuestra que «tiene miedo», lo que le lleva a hacer «política económica y no normas ajustadas a derecho».
En otras ocasiones, añade, lo que ha hecho es «legislar, lo que no está del todo mal», aunque ello no repercuta en beneficio de la seguridad jurídica.
El Abogado General de la Unión Europea firmó este jueves un nuevo capítulo del culebrón de la cláusula suelo, una condición que algunos bancos impusieron en los préstamos hipotecarios para que el tipo de interés variable no cayera nunca por debajo de un cierto límite, y que la justicia declaró abusiva en ciertos supuestos. En las conclusiones que remitió ayer al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el Abogado General, Henrik Saugmandsgaard, afirmó que no son abusivas las novaciones en las que las entidades se comprometían a quitar o modificar esta cláusula a cambio de la renuncia a acciones judiciales para la restitución del dinero pagado de más por el usuario, siempre y cuando en su negociación se hubiese respetado el principio de transparencia. Pese a ello, y a la espera de la sentencia del TJUE, que se prevé para dentro de unos meses, las asociaciones de usuarios y las empresas de reclamación están convencidas de que la vía de la judicialización de estos casos queda abierta, aunque se haya estrechado.
“La directiva 93/13 no prohíbe, por principio, que un profesional y un consumidor celebren un contrato que contenga una cláusula de renuncia del consumidor a invocar el carácter abusivo de una cláusula preexistente”, escribe Saugmandsgaard en su informe, cuyas conclusiones no son vinculantes, aunque suelen ser recogidas por las sentencias de los jueces del TJUE en la aplastante mayoría de los casos. Sin embargo, les sugiere establecer que, para que estos pactos se consideren válidos, el consentimiento del usuario debe haber sido libre e informado.
El consumidor debe haber tenido la posibilidad real de influir sobre su contenido, por lo que, para decidir si la novación es abusiva, el juez deberá preguntarse qué alcance tuvo el diálogo mantenido entre las partes con respecto a la renuncia de acciones judiciales y de la devolución del dinero pagado de más. Si esta cláusula hubiese sido redactada de antemano, el banco deberá probar que fue objeto de una negociación real. Por el contrario, la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, asegura tener constancia de que “las cláusulas eran idénticas para todos los clientes, por tanto, no fueron negociadas sino impuestas por la entidad”.
En cualquier caso, según la interpretación de la Directiva 13/93 ofrecida por el Abogado General, la renuncia debe cumplir con el imperativo de transparencia, es decir, el consumidor medio debe poder entender las consecuencias jurídicas y económicas que supone y que es libre de no firmarla y emprender todas las acciones legales que estime oportunas. Sobre ello insiste Suárez: “Los bancos tendrán que demostrar que no impusieron a sus clientes las cláusulas de los acuerdos novatorios y que les informaron de cuánto dinero estaban dejando de reclamar al firmarlos”, destaca.
En opinión de Almudena Velázquez, experta en derecho bancario de la plataforma de reclamaciones Reclamador, no será una tarea sencilla para las entidades ya que, según su experiencia, la firma de estos acuerdos normalmente vino precedida por una reclamación del cliente y la puesta sobre la mesa, sin mayor información, del documento. “Como es lógico, cualquier persona pone su rúbrica en un acuerdo en el que lo único que ve es que le quitan la cláusula o se la rebajan, más aún en la época de crisis económica que hemos padecido”, apostilla esta letrada.
Saber cuántos de los 3,5 millones de hipotecados con cláusula suelo firmaron una novación de este tipo es complicado. Si Velázquez cree que se trata de unos 400.000, Suárez calcula que todavía hay medio millón de consumidores afectados por cláusula suelo que no han reclamado y aproximadamente un 20% de ellos llegaron a pactos con las entidades, es decir, unos 100.000.
“Si consideramos que una hipoteca media se firma por 200.000 euros, el perjuicio económico medio de no reclamar la cláusula con efectos retroactivos desde el inicio de la contratación es de 20.000 euros”, subraya Suárez. Según cálculos de Reclamador, de media, los hipotecados con cláusula suelo reclaman al banco 7.700 euros. “Esto, en vía judicial, donde además de lo pagado de más por esta cláusula abusiva, los hipotecados reciben los intereses legales que se generan”, explica Velázquez. “Si en los acuerdos no se pactó la supresión de la cláusula suelo, sino una rebaja –por ejemplo, del 4,25% al 2,25%–, siguen pagando de más”, agrega.
“Ahora mismo todos los procedimientos ante los tribunales españoles están paralizados, a la espera de la sentencia del TJUE, y no recomendamos presentar la demanda en los juzgados hasta que no haya sentencia”, dice Suárez. “No obstante, se puede avanzar en la reclamación extrajudicial al banco, que es un paso más que recomendable antes de ir a tribunales”, añade.
En opinión de Velázquez, el consumidor debe ser cauto y esperar la sentencia del TJUE, puesto que las conclusiones del Abogado General restringen la información que debe darse al consumidor para considerar que se ha cumplido con el deber de transparencia, al no estimar necesario que se le informe de cómo quedarán las cuotas tras la firma del acuerdo.
“Mientras, las personas que firmaron estas novaciones pueden ir recopilando todos los documentos que sirvan para reclamar contra el Banco, pues tiene dos meses para contestar, ahorrando así tiempo en la posterior acción judicial, si la entidad no atiende dicha reclamación y el TJUE dicta una sentencia que abunda en la necesidad de información previa como requisito inexcusable para que estos acuerdos sean válidos”, aconseja Velázquez.
Una vez que el TJUE haya zanjado la cuestión y si la sentencia fuera en la misma línea de las conclusiones del Abogado General, Suárez sugiere “reclamar, puesto que serán los bancos los que tengan que demostrar que no impusieron las cláusulas y que informaron con transparencia de las consecuencias económicas del acuerdo”.
Después de que, el 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo estableciera que la cláusula suelo es abusiva en caso de falta de transparencia y claridad, algunos bancos hicieron firmar una novación a los clientes que la tenían en su hipoteca. Se les propuso rebajarla o pasar a un tipo de interés fijo, pero a cambio de que renunciasen a cualquier acción judicial para recuperar lo que habían pagado de más por la aplicación de la cláusula suelo.
El 12 de abril de 2018, el Tribunal Supremo sentenció que estos acuerdos son válidos si han sido elevados a escritura pública ante un notario. No obstante, en un juzgado de Albacete y, más tarde, en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Teruel, los clientes que habían recurrido contra estas novaciones alegaron que el pronunciamiento del Supremo no era conforme ni con su propia doctrina anterior ni con la Directiva europea 13/93, e interpusieron una cuestión prejudicial ante el TJUE.
El juicio que se originó en Albacete se archivó, por lo que, ante el TJUE, queda en pie el de Teruel contra Ibercaja. El primer paso ante el tribunal europeo ha sido la emisión de un informe prescriptivo, aunque no vinculante, por parte de la Comisión Europea. Estas conclusiones iban en el mismo sentido del voto particular emitido por el juez Orduña en la elaboración de la sentencia del Supremo sobre la validez de las novaciones elevadas a escritura pública, según relata Velázquez, quien resume: “En ellas, hay una cuestión económica que no se explica correctamente, es decir, que no se tendrá derecho a la devolución de lo pagado de más con la cláusula suelo, y una cuestión de transparencia, ya que no consta de forma correcta la renuncia a acciones legales y lo que ello supone”.
Las conclusiones del Abogado General de la UE emitidas ayer, sin embargo, coinciden solo en parte con el aviso de la Comisión Europea. Tras este trámite, todas las fuentes consultadas creen que la sentencia del TJUE puede tardar todavía unos seis meses o algo menos. En la aplastante mayoría de los casos, los jueces recogen en sus sentencias las motivaciones ofrecidas por el Abogado General en su informe.
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