Source: http://legislacion.derecho.com/real-decreto-658-2001-por-el-que-se-aprueba-el-estatuto-general-de-la-abogacia-espanola
Timestamp: 2016-10-21 00:50:03+00:00

Document:
REAL DECRETO 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española	REAL DECRETO 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española Mis Leyes
REAL DECRETO 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española Estado	:
658/2001	Boletín Oficial	:
CAPÍTULO ÚNICO. DE LA ABOGACÍA Y SUS ORGANISMOS RECTORES (Arts. 1 y 2)
CAPÍTULO I. DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS (Arts. 3 al 5)
SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES. (Arts. 6 al 10)
SECCIÓN II. DE LA COLEGIACIÓN. (Arts. 11 al 20)
SECCIÓN III. PROHIBICIONES, INCOMPATIBILIDADES Y RESTRICCIONES ESPECIALES. (Arts. 21 al 26)
SECCIÓN IV. EJERCICIO INDIVIDUAL, COLECTIVO Y MULTIPROFESIONAL. (Arts. 27 al 29)
CAPÍTULO I. DE CARÁCTER GENERAL. (Arts. 30 al 33)
CAPÍTULO II. EN RELACIÓN CON EL COLEGIO Y CON LOS DEMÁS COLEGIADOS. (Arts. 34 y 35)
CAPÍTULO III. EN RELACIÓN CON LOS TRIBUNALES. (Arts. 36 al 41)
CAPÍTULO IV. EN RELACIÓN CON LAS PARTES. (Arts. 42 y 43)
CAPÍTULO V. EN RELACIÓN A HONORARIOS PROFESIONALES. (Art. 44)
CAPÍTULO VI. EN RELACIÓN CON LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. (Arts. 45 y 46)
CAPÍTULO I. DE LOS ÓRGANOS DE LOS COLEGIOS. (Art. 47)
CAPÍTULO II. DE LA JUNTA DE GOBIERNO. (Arts. 48 al 54)
CAPÍTULO III. DE LA JUNTA GENERAL Y LA ASAMBLEA COLEGIAL. (Arts. 55 al 61)
CAPÍTULO IV. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO COLEGIAL. (Arts. 62 al 64)
TÍTULO V. DE LOS CONSEJOS DE COLEGIOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Arts. 65 al 66)
CAPÍTULO I. ÓRGANOS Y FUNCIONES. (Arts. 67 al 69)
CAPÍTULO II. EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL. (Arts. 70 al 73)
CAPÍTULO III. LA COMISIÓN PERMANENTE. (Art. 74)
CAPÍTULO IV. EL PRESIDENTE. (Art. 75)
TÍTULO VII. EL CONGRESO NACIONAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA. (Arts. 76 y 77)
CAPÍTULO I. RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL. (Arts. 78 y 79)
SECCIÓN I. FACULTADES DISCIPLINARIAS DE LOS TRIBUNALES Y COLEGIOS. (Arts. 80 al 82)
SECCIÓN II. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES. (Arts. 83 al 93)
TÍTULO IX. DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACUERDOS SOMETIDOS A DERECHO ADMINISTRATIVO Y SU IMPUGNACIÓN. (Arts. 94 al 99)
Para alcanzar una Justicia más ágil y eficaz resulta fundamental modernizar la regulación de la profesión de abogado como colaborador necesario de la función jurisdiccional. El papel que desempeña el abogado en el ejercicio de su profesión y en defensa de su cliente contribuye activamente a mejorar e incrementar la calidad de la Justicia. El presente Estatuto define la función y características de la abogacía en su primer artículo como una profesión libre e independiente que presta un servicio a la sociedad en interés público.
Los deberes deontológicos y éticos de los abogados se ven sustancialmente reforzados en el presente Estatuto, avalando de manera significativa la plena vigencia de los principios antes mencionados. La exigencia del cumplimiento de la función de defensa con el máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional prevista en el artículo 42.1 es un claro ejemplo de rigor en la defensa de los derechos de los ciudadanos.
3. No obstante, podrán seguir utilizando la denominación de abogado, añadiendo siempre la expresión sin ejercicio, quienes cesen en el ejercicio de dicha profesión después de haber ejercido al menos veinte años.
1. 2. El abogado a quien afecte tal incompatibilidad deberá abstenerse de la defensa que en tales asuntos le haya podido ser encomendada. Dicha obligación de abstención se entiende sin perjuicio del derecho de recusación que pueda asistir al litigante contrario.
2. El abogado, en cumplimiento de sumisión, actuará con libertad e independencia, sin otras limitaciones que las impuestas por la Ley y por las normas éticas y deontológicas.
Estar al corriente en el pago de sus cuotas, ordinarias o extraordinarias, y levantar las demás cargas colegiales, cualquiera que sea su naturaleza, en la forma y plazos al efecto establecidos. A tales efectos se consideran cargas corporativas todas las impuestas por el Colegio, el Consejo de Colegios de la Comunidad Autónoma, en su caso, o el Consejo General de la Abogacía, así como las correspondientes a la Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a prima fija,
EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA.
Emitir los informes que le sean solicitados por la Administración, Colegios de Abogados y corporaciones oficiales respecto a asuntos relacionados con sus fines o que acuerde formular de propia iniciativa; proponer las reformas legislativas que estime oportunas e intervenir en todas las cuestiones que afecten a la Abogacía española,
Realizar arbitrajes,
Establecer la necesaria coordinación entre los Consejos de Colegios de Abogados de las diferentes Comunidades Autónomas, así como entre los distintos Colegios, y dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre los mismos, con respecto a su respectiva autonomía,
Adoptar las medidas que estime convenientes para completar o constituir las Juntas de Gobierno de los Colegios, mediante Juntas o designaciones provisionales,
Adoptar las medidas necesarias para que los Colegios cumplan las resoluciones del propio Consejo General, dictadas en materia de su competencia,
Organizar con carácter nacional instituciones y servicios de asistencia y previsión para los Abogados y colaborar con la Administración para la aplicación en los mismos, del sistema de Seguridad Social más adecuado,
Defender los derechos de los Colegios de Abogados, así como los de sus colegiados cuando sea requerido por el Colegio respectivo o venga determinado por las Leyes, y proteger la lícita libertad de actuación de los abogados, pudiendo para ello promover las acciones y recursos que procedan ante las autoridades y jurisdicciones competentes, incluso ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, los Tribunales Europeos e Internacionales, sin perjuicio de la legitimación que corresponda a cada uno de los distintos Colegios de Abogados y a los abogados personalmente,
Impedir por todos los medios legales el intrusismo y la clandestinidad en el ejercicio profesional, para cuya persecución, denuncia y, en su caso, sanción, queda el Consejo General amplia y especialmente legitimado, sin perjuicio de la iniciativa y competencia de cada Colegio,
Impedir y perseguir la competencia ilegal o desleal y velar por la plena efectividad de las disposiciones que regulan las incompatibilidades en el ejercicio de la abogacía,
Coordinar, con carácter nacional, las cuotas exigibles por los diversos Colegios, pudiendo fijar límites máximos al respecto,
Aprobar el presupuesto y la cuenta de liquidación del mismo, así como la aportación equitativa de los Colegios y su régimen,
En general, en materia económica y sin exclusión alguna, realizar, respecto al patrimonio propio del Consejo, toda clase de actos de disposición y de gravamen,
En general, en materia de actuaciones jurídicas, ejercer cuantas acciones le correspondan ante toda clase de Administraciones, Organismos y Tribunales nacionales o internacionales,
Con las cuotas que para este fin se fijen en los presupuestos, que serán abonadas por todos los Colegios de Abogados en función del número de colegiados de cada uno, así como las que se establezcan para su pago individual por los nuevos incorporados.
Con los demás recursos que, con motivo de sus actividades, pueda obtener el Consejo General.
Con las subvenciones oficiales, donativos y legados que el Organismo pueda recibir.
Con cualquier otro repartimiento extraordinario de aportaciones que el Pleno del propio Consejo General acuerde, cuando concurran circunstancias excepcionales.
Todos los Decanos de los Colegios de Abogados de España.
Administrar bienes,
Pagar y cobrar cantidades,
Otorgar transacciones, compromisos y renuncias,
Comprar, vender, retraer y permutar, pura o condicionalmente, con precio confesado, aplazado o pagado al contado, toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales,
Disolver comunidades de bienes y condominios, declarar obras nuevas, mejoras y excesos de cabida,
Constituir, aceptar, dividir, enajenar, gravar, redimir y extinguir usufructos, servidumbres, opciones y arrendamientos inscribibles y demás derechos reales y personales,
Constituir hipotecas,
Tomar parte en concursos y subastas, hacer propuestas y aceptar adjudicaciones,
Aceptar con beneficio de inventario y repudiar herencias y hacer, aprobar o impugnar particiones de herencias y entregar y recibir legados,
Contratar, modificar, rescindir y liquidar seguros de toda clase,
Comprar, vender, canjear y pignorar valores y cobrar sus intereses, dividendos y amortizaciones, concertar pólizas de crédito ya sea con garantía personal o con pignoración de valores, con bancos y establecimientos de crédito, incluso el Banco de España y sus sucursales, firmando los oportunos documentos,
Instar actas notariales de todas clases; hacer, aceptar y contestar notificaciones y requerimientos notariales,
Comparecer ante Organismos del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, Jueces, Tribunales, Fiscalías, Delegaciones, Comités, Juntas, Jurados y Comisiones y en ellos instar, seguir y terminar como actor, demandado o en cualquier otro concepto toda clase de expedientes, juicios y procedimientos civiles, administrativos, gubernativos, laborales, de todos los grados, jurisdicciones e instancias, elevando peticiones y ejerciendo acciones y excepciones en cualesquiera procedimientos, trámites y recursos, incluso de casación o ante el Tribunal Constitucional o los Tribunales Europeos e Internacionales, prestar cuando se requiera la ratificación personal, otorgar poderes con las facultades que detalle y revocar poderes y sustituciones,
Interponer toda clase de recursos, ante la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales,
Delegar todas o algunas de las facultades expuestas en el Presidente o en uno o varios Consejeros en forma conjunta o separada y otorgarles los poderes consiguientes,
1. El Pleno del Consejo General se reunirá, al menos, una vez al trimestre, por convocatoria del Presidente, de propia iniciativa o a petición de un 20 % de sus miembros.
Las competencias del Pleno cuando razones de urgencia aconsejen su ejercicio inmediato.
EL CONGRESO NACIONAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA.
DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACUERDOS SOMETIDOS A DERECHO ADMINISTRATIVO Y SU IMPUGNACIÓN.
Los actos emanados de las Juntas Generales, y de las Juntas de Gobierno de los Colegios, del Consejo General y de los Consejos de Colegios de Comunidades Autónomas, en cuanto están sujetos al Derecho Administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, serán directamente recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Artículo 63 (apdo. 1.f):
Declarado nulo en cuanto establece que estos derechos constituyen recursos ordinarios de los Colegios de Abogados por Sentencia de 3 de marzo de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el artículo 63.1.f del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio. (B.O.E. nº 117, de 16 de mayo de 2003).
Anulado por Sentencia de 3 de julio de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el artículo 24.1 del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio. (B.O.E. nº 245, de 13 de octubre de 2003).
RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Filab, Gabinete Jurídico Económico de Empresa, S.L.P., contra la negativa de la registradora mercantil nº 7 de Barcelona, a inscribir una escritura de adaptación a la Ley de sociedades profesionalesORDEN de 18 de mayo de 2009, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio de Abogados de Almería y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. Acuerdo de la Junta de Gobierno delIlustre Colegio de Abogados de Albacete, de fecha 24 de septiembre de 2009, por el que se aprueba la creación del fichero de titularidad pública de nombre «Sociedades Profesionales»RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid, contra la negativa del registrador mercantil XI de Madrid a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada	Cerrar PDF
REAL DECRETO 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española	Trámites

References: REAL DECRETO 

REAL DECRETO 
 artículo 42
e contrario

Artículo 63
 artículo 63
 Real Decreto 
 artículo 24
 Real Decreto 

RESOLUCIÓN 

REAL DECRETO