Source: https://nuestrashijasderegresoacasa.blogspot.com/2009/11/
Timestamp: 2019-08-19 01:35:11+00:00

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Nuestras Hijas de Regreso a Casa: 11/01/2009 - 12/01/2009
El cuerpo del estudiante quedó tendido en la entrada de la tienda de abarrotes. En el lugar se colocaron velas. Foto: Maricela Reyes / El Mexicano.
Ejecutan a estudiante y yerno de alto funcionario universitario
Ciudad Juárez, Chihuahua.-La máxima casa de estudios de esta ciudad, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se volvió a vestir de luto la tarde del sábado, cuando el joven Jesús Alfredo Portillo Santos, de 27 años de edad, resultó muerto a balazos cuando circunstancialmente se encontraba en una tienda de la colonia Kilómetro 5, hasta ahí llegaron sujetos armados persiguiendo a otros, dándoles muerte a cuatro, incluido el estudiante, yerno del portavoz de la UACJ, Servando Pineda Jaimes, así como de la activista de la organización no gubernamental "Nuestras hijas de Regreso a Casa", Marisela Ortiz.
La víctima, alumno de Diseño Gráfico de la institución educativa, estaba casualmente en la negociación de venta de abarrotes denominada El Rodeo, en esos momentos, dos tipos trataban de esconderse de sus perseguidores, entrando al local comercial, solo que fueron alcanzados por los agresores, quienes dispararon a diestra y siniestra, según declararon testigos de los hechos a la policía.
El infortunado se suma a la larga lista de estudiantes, maestros, unos cinco en total, así como mujeres desaparecidas, de ese centro educativo, que han sido víctimas de la violencia en la ciudad.
Probablemente en las siguientes horas se den a conocer posturas de parte de las autoridades educativas en torno a este lamentable suceso.
De acuerdo a los protocolos emitidos por la Subprocuraduría de Justicia en la Zona Norte, aunque se manejaron dos direcciones distintas e igual número de comunicados, los sucesos ocurrieron en la misma área.
Éstos refieren que Jesús Alfredo Portillo Santos, de 27 años de edad y otro hombre no identificado, de 35 a 40 años de edad, fueron victimados en el cruce de las calles Las Varas y Yepachic, de la colonia Kilómetro Cinco, en evento sucedido a las 13:25 horas del sábado.
Los peritos investigadores localizaron en el lugar del doble homicidio 40 casquillos percutidos, de dos calibres, 7.62 x 39, o cuerno de chivo, y .40.
Según el reporte elaborado por los ministeriales, Jesús Alfredo Portillo Santos, estaba tirado boca abajo en la negociación indicada.
Éste presentaba heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en hombro y escapular derecho.
Asimismo, en la vía pública se localizó un segundo cuerpo sin vida, el cual no fue identificado en el lugar de los hechos; presentando heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en varias partes del cuerpo.
Mientras que los otros ejecutados, y principales objetivos de los delincuentes, fueron identificados con los nombres de Miguel Ángel Domínguez Sígala, de 19 años de edad y Emmanuel Loya Domínguez, de 18 años de edad.
A ellos los encontraron los policías que acudieron al sitio, a la misma hora, en las calles Balbuena y María Enriqueta, de la colonia Infonavit Casas Grandes, unos metros delante de las otras dos víctimas, entre quienes está el estudiante universitario.
En esta ocasión, los agentes periciales localizaron 16 casquillos percutidos, de calibre 7.62 x 39, conocido también como cuernos de chivo.
Dijeron las autoridades estatales mediante el protocolo de comunicación, que "al arribar a la escena del crimen, los agentes Investigadores tuvieron a la vista el cuerpo de quien en vida respondía al nombre de Miguel Ángel Domínguez Sígala, sobre la cinta asfáltica, en una posición de decúbito ventral (boca abajo)".
Asimismo, en el interior de la tienda de abarrotes denominada "Chitos" se localizó el cadáver de quien en vida respondía al nombre de Emmanuel Loya Domínguez, en una posición de decúbito lateral derecho (de lado).
A los cuerpos de los hoy occisos, personal de Servicios Periciales les apreciaron como huellas de violencia, múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en diversas partes del cuerpo.
Después de varios minutos de permanecer expuestos a la intemperie los occisos, personal de Semefo se los llevó a sus instalaciones para la correspondiente necropsia de ley.
Familiares del infortunado estudiante universitario, entre quienes sobresalen sus suegros, voceros de instituciones como la UACJ y el organismo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, manifestaron que lo que les interesa primero que nada, es recuperar el cadáver, para posteriormente posiblemente llevar a cabo alguna acción respecto a la muerte del inocente hombre.
Nos sumamos al dolor de Marisela Ortiz, co-fundadora y co-presidenta de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, por el crimen de su yerno Jesús Alfredo Portillo Santos, de 27 años, asesinado en Ciudad Juárez por dos sicarios el pasado 28 de noviembre.
Este crimen, como el de las más de 576 niñas y mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, no debe quedar impune.
Exigimos a las autoridades correspondientes una investigacion exhaustiva del caso y la protección física y psicológica de Marisela Ortiz, su familia y demás integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Nuestro pésame y solidaridad con la familia Ortiz Rivera.
Los manifestantes, encabezados por el rector Jorge Quintana Silveyra y por los directores de diferentes institutos de la UACJ, exigieron la intervención de la Procuraduría General de la República en las investigaciones.
Según estadísticas oficiales, 67% de mujeres sufren algún tipo de violencia en México, en otras palabras, de cada tres niñas que nacen en nuestro país, dos de ellas sufrirán violencia. Las violencias de género, en todas sus expresiones, atentan contra el derecho a la libertad, a la igualdad, a la integridad, a la salud y a la vida de las mujeres.
Esta violencia contra las mujeres, en la mayoría de los casos, no es sancionada, y las víctimas por más que corran, no podrán huir ni resguardarse en un lugar seguro, porque el lugar más peligroso sigue siendo sus casas y ante la falta de acceso a las garantías y protecciones judiciales idóneas, la violencia termina en feminicidio.
Muchas mujeres deben caminar hoy en estados militarizados, bajo la mirada amenazante de soldados equipados con armas listas para disparar y allanar cualquier hogar. En ocasiones, las mujeres se llevan la peor parte: son cuestionadas de manera intimidante sobre sus hijos y sus esposos, cada vez hay más denuncias de abusos sexuales contra quienes se resguardan debajo de sus uniformes. El riesgo de denunciar es muy alto, y es real, aún así, algunas se llenan de valentía y lo hacen, pero ni siquiera esa osadía les garantiza la justicia, porque el delito que es del orden común es investigado y juzgado por ellos mismos bajo la normatividad y tribunal castrense.
El resto de los crímenes más crueles contra mujeres como los perpetrados en contra de niñas y mujeres en Juárez, Chihuahua y el país tienen impunidad garantizada. El mensaje es contundente, en México es muy fácil matar a una mujer y salir bien librado. La estadística criminal da cuenta que los índices de violencia contra las mujeres continua incrementándose.
Los logros de las mujeres por el derecho a la participación política y la ciudadanía, son una conquista de miles de mujeres a lo largo de la historia de la humanidad, sin embargo los puestos mejor pagados y desde donde se toman las decisiones siguen escribiéndose en masculino, existen barreras y techos de cristal que limitan el acceso de las mujeres a los mejores puestos políticos y económicos. .
Las mujeres tenemos una representación marginal en los puestos públicos y de toma de decisiones a pesar de que somos el 50% de la población.
La imposición del modelo económico neoliberal pisotea los derechos humanos de las mujeres, aumentando la feminización de la pobreza y negándonos el derecho al desarrollo. En México la pobreza tiene rostro y cuerpo de mujer.
El código penal juarista de 1871 preveía excepciones y atenuantes para la interrupción del embarazo. Contradictoriamente, el gobierno celebra hoy el año de la reforma liberal, anulando los avances progresistas para las mujeres. En los últimos 13 meses, 15 estados han modificado sus constituciones para eliminar excepciones y encarcelar indiscriminadamente a las mujeres que deciden interrumpir el embarazo, aún cuando tal embarazo haya sido producto de una violación. Visto de esta manera, el Estado anula los derechos adquiridos por las mujeres.
Por lo anteriormente expuesto, EXIGIMOS:
1. Asegurar el cumplimiento por parte del Estado mexicano de los compromisos adquiridos a través de los Instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos de las mujeres.
2. Erradicación de las violencias de género: institucional, laboral, económica, comunitaria, sexual, familiar, trata de personas y feminicidio, entre otras.
3. Establecer un mecanismo de reacción eficaz para atender a las mujeres en situación de violencia.
4. Buscar a las mujeres desaparecidas, esclarecer los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua y en toda la República Mexicana y erradicar los asesinatos contra mujeres.
5. Que la "Alerta de género" se convierta en un instrumento eficaz, modificando la normatlvidad para que sea viable.
6. Desmilitarizar los estados y garantizar la procuración de justicia para las víctimas en el fuero civil por los delitos perpetrados por militares e implementar en forma inmediata una política pública que garantice la seguridad sexual y la integridad física y emocional de toda la población, y en particular de las mujeres.
7. Terminar la ofensiva que nulifica los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los cuales deben ser reconocidos y respetados, para hacer efectivo el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y por una maternidad gozosa, digna, libremente decidida y sin riesgos. Resarcir el daño institucional ejercido contra las mujeres embarazadas por violación sexual, quienes están siendo doblemente victimizadas. Al convertirlas en criminales por ejercer su derecho legítimo de la interrupción del embarazo.
8. Garantizar la igualdad sustantiva, participativa y justa, implementando las medidas necesarias para revertir las desigualdades de género para el acceso a puestos de decisión y poder en el ámbito legislativo, ejecutivo, judicial para avanzar a un Estado verdaderamente democrático.
9. Políticas y presupuestos públicos etiquetados para programas y acciones con perspectiva de género, medibles con mecanismos de monitoreo de la sociedad civil, que atiendan a los principios de certeza, objetividad, transparencia, justicia, legalidad y rendición de cuentas desde todos los niveles de gobierno.
10. Garantizar la efectividad de las leyes que regulan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, mediante la implementación de políticas públicas eficaces para la procuración de justicia, evitando la simulación gubernamental existente.
COMO MUJERES ORGANIZADAS, NOS COMPROMETEMOS A CONTINUAR EN EL PROCESO HISTÓRICO DE LA LUCHA DE LAS MUJERES POR TODOS SUS DERECHOS Y EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD ARMÓNICA, RESPETUOSA, JUSTA Y DEMOCRÁTICA, PARA TODAS Y TODOS.
Chihuahua Chih., Noviembre de 2009.
Marisela Ortiz, presidenta de la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa ofrece hoy una charla en la que arrojará luz sobre los feminicidios que se producen en esta ciudad mexicana
La activista mexicana Marisela Ortiz, ayer en La Misericòrdia. Fotos: Lorenzo
VANESSA SÁNCHEZ. PALMA. Su voz suena fuerte, sin un resquicio para el miedo; sus ojos apenas son capaces de contener las lágrimas. Acaba de conocer que otra chica (suman más de un centenar en este 2009) acaba de aparecer muerta a pocos metros del lugar donde desapareció hacia unas semanas. La historia se repite, recuerda a la de Lilia Alejandra García Andrade, violada y golpeada durante cinco días y finalmente asesinada. Ella fue el origen de la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa y a ella, a su memoria, acude siempre que le fallan las fuerzas Marisela Ortiz, presidenta de la entidad y en su día, profesora de Lilia. "Murió sólo por el hecho de ser mujer ante la actitud pasiva de un gobierno que prefiere mirar a otro lado". Gracias a su lucha, lo que ocurre hoy en Ciudad Juárez es de conocimiento mundial. Gracias a ella también habrá justicia.
"Llevamos luchando casi diez años y no vamos a parar de hacerlo. No nos conformamos con que se dicte una sentencia condenatoria contra México. Queremos que se haga una reforma estructural, que cambien las cosas y que pare esta situación humillante para siempre", explica con firmeza la activista mexicana. Sabe a ciencia cierta que la Corte Interamericana va a fallar a favor de las familias de ocho mujeres encontradas muertas en el caso conocido como Campo Algodonero. Sería la primera decisión judicial de importancia que se produciría en este sentido. "No ha sido fácil. Ningún abogado de la zona quería arriesgarse a demandar al Estado. Los que lo intentaban, además, eran perseguidos o amenazados de muerte", recalca Emilio Ginés, letrado español, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española y colaborador estrecho de la asociación.
Ambos ofrecen esta tarde en Palma una conferencia bajo el título Los feminicidios en Ciudad Juárez, una charla enmarcada dentro de los actos programados por el Consell con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, y en la que tratarán de explicar lo que ocurre en esta ciudad centroamericana. "Es una cuestión muy cultural. El machismo en México está muy consolidado y cuenta además con numerosos cómplices". Al igual que en el narcotráfico, "la policía y los políticos también están implicados en estos casos" de feminicidio, termino acuñado por Marcela Largarde y que se entiende como "genocidio contra mujeres".
Desde 1993, y según datos no oficiales, en Ciudad Juárez se ha asesinado de manera impune a 600 mujeres, cifra que no parece vaya a menguar. "Desgraciadamente, pensamos que en cuanto se conozca la sentencia habrá una nueva oleada de crímenes", aventura Marisela Ortiz. "Necesitamos más voces que se unan a nuestra causa. Los medios de comunicación del país ignoran el caso. Ha sido gracias a la prensa española que el feminicidio está teniendo repercusión internacional. A México le hace mucho daño aparecer por estos casos en los medios de todo el mundo", añade Ginés.
No será un camino fácil. Acabar con esta lacra social costará aún mucho años y se hará necesaria la colaboración estrecha del gobierno. Un extremo que desde Nuestra Hijas de Regreso a Casa ven aún como una utopía lejana.
Abogado y activista relatarán en Palma sufrimiento de mujeres Ciudad Juárez
Palma, 22 nov (EFE).- El abogado Emilio Ginés y la activista Marisela Ortiz acudirán este viernes a Palma para ofrecer una conferencia en la que tratarán de explicar la violencia que sufren las mujeres en Ciudad Juárez (México), las cuales han de enfrentarse cada día a secuestros, torturas y asesinatos.
Esta conferencia, organizada por el departamento de Juventud e Igualdad del Consell de Mallorca, se enmarca en el conjunto de actos programados por la institución insular bajo el nombre de "Mujeres en acción", con motivo del Día internacional contra la violencia hacia la mujer y se celebrará en el Colegio de Abogados de Palma.
Ginés es un abogado español, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española y del Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, que ha colaborado durante años estrechamente con Marisela Ortiz, presidenta de la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
Bajo el título "Los feminicidios en Ciudad Juárez", ambos pretenden dar a conocer la situación de violencia que sufren las mujeres en México y, en especial, en Ciudad Juárez, donde los dos están muy involucrados en la lucha contra los secuestros, las torturas y los asesinatos de las más de 600 mujeres que, según varias fuentes, se producen de manera impune a Ciudad Juárez desde 1993.
Emilio Ginés es, según detalla el Consell, el abogado español que ha representado a las familias de ocho mujeres encontradas muertas al caso conocido como "Campo Algodonero" y que ha conseguido la condena por parte de la Corte Interamericana en favor de las familias, por la que se han pedido responsabilidades al Gobierno mexicano.
La sentencia, que se ha conocido esta misma semana, es la primera decisión judicial de importancia que se produce en el caso de los feminicidios y no admite recurso, remarca el Consell en un comunicado
Por: Cencos
La violencia en México rebasa la capacidad del Estado para garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos, en un contexto en el que la impunidad ante casos de abusos graves abona la permanencia del delito. Actualmente en México las muertes de mujeres por violencia de género reflejan una sociedad en la que prevalece un modelo patriarcal que eleva la “supremacía” del hombre sobre la mujer, y que ha generado la percepción de que el maltrato verbal, físico, psicológico, sexual, simbólico, laboral y económico sobre el género femenino, son un acto permitido o de menor importancia.
“El asesinato de mujeres es la forma más extrema del terrorismo sexista” señala Comunicación e Información de la Mujer AC en uno de sus artículos.
La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, sostiene la Convención Belém do Pará
Lucía Melgar, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México señaló en septiembre pasado que en el país 60 por ciento de las mujeres son violentadas con algún tipo de maltrato físico o psicológico.
Al día de hoy la lucha que los colectivos de mujeres y organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen, ha trascendido la geografía nacional e internacional, y mantiene el clamor de justicia por las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero han vuelto extensivo el clamor hacía todas las victimas de violencia de género.
México ratificó el 23 de marzo de 1981 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) misma que está fundamentada en la “prohibición de todas las formas de discriminación contra la mujer” y exige a las naciones firmantes el reconocimiento de derechos iguales para la mujer y el hombre.
Aún así, la ratificación de Arturo Chávez Chávez como abogado de la nación al frente de la Procuraduría General de la República “da señales claras de una falta de sensibilidad ante el tema por parte del Estado mexicano”, coinciden organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.
Con este panorama México llega al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) que se celebra cada 25 de noviembre y en el que la encargada de llevar la voz al respecto de los impunes asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez será Marisela Ortiz, maestra y presidenta de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, y quién fuera profesora de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada en febrero de 2001 en Ciudad Juárez.
En este contexto se llevó a cabo el segundo Éxodo por la vida de las mujeres, caravana que convocó la organización Mujeres de Negro y que recorrió ocho estados de la República con la finalidad de compartir experiencias de lucha y crear soluciones colectivas y concretas al fenómeno de la violencia contra la mujer.
Cecilia Espinosa Martínez del colectivo Mujeres de Negro e Imelda Marrufo de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, comentaron en entrevistas por separado para Cencos la experiencia colectiva que representó el Éxodo por la vida de las mujeres
Para Cecilia Espinoza Martínez la caravana que partió del Distrito Federal el 10 de noviembre y que recorrió Morelos, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luís Potosí, Zacatecas, Durango, Coahuila, hasta llegar a Chihuahua el pasado lunes, cumplió con sus objetivos inmediatos, pero la lucha no finaliza, “el encuentro con otros colectivos trajo nuevas propuestas para seguir en la exigencia de justicia para todas las mujeres y contra todos los tipos de violencia. Un punto de convergencia que nos reunió a los estados por donde circuló la caravana y a otros también, fue la labor que ha hecho el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio”, afirmó.
Imelda Marrufo, quién formó parte de la organización, tanto del foro Mujeres y feminismo como del éxodo en Ciudad Juárez, resaltó la importancia de fortalecer los procesos de lucha a nivel municipal “hay solicitud de otras compañeras de ser apoyadas en sus procesos de denuncia para que puedan ser visibles, es por eso que hicimos un llamado a las organizaciones para que quienes puedan participar de manera más cercana en los procesos de acompañamiento en los municipios propicien una mayor articulación.”
Las organizaciones de mujeres de Chihuahua que participaron solicitan un centro de atención para la justicia de las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua; de acuerdo a lo contenido en la Ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, se declare la alerta de género en Ciudad Juárez; exigir que los presupuestos para la prevención atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres sea estrictamente etiquetado para programas muy específicos y que no se diluyan en el gasto corriente de las administraciones, de tal manera que se concreticen en los programas de desarrollo comunitario para las mujeres.
“Una propuesta concreta que tenemos es la creación del Memorial de las mujeres en Ciudad Juárez, misma que ya hemos presentado ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, y que va con su agenda al respecto de generar ciudades seguras para las mujeres, para esto pensamos coordinarnos con expertos en desarrollo urbano y hacer gestiones a nivel municipal para encontrar el lugar adecuado, eso empezó a coordinarse desde ayer con la entrega de la campana, misma que se construyó con 75 kilos de metal de llaves que fueron recolectadas por organizaciones del Distrito Federal”. Apuntó la activista
La Corte IDH
“El primer Éxodo por la vida nos movió a realizar una queja internacional, ahora en el marco del segundo éxodo y del encuentro estatal de feminismo se da la noticia del próximo fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), aún cuando todavía desconocemos puntualmente en que línea resolverá la CoIDH, -aclara Cecilia Martínez - claro que nos da esperanza de justicia, de que el Estado mexicano con todo lo que se evidenció durante este recorrido, después de los testimonios de los familiares, expertas y de mujeres que han acompañando cercanamente la situación, periodistas que han recopilado los sucesos, nos dan la satisfacción de una posible sentencia favorable a los familiares, y a todas las mujeres que vivimos en esta ciudad (Juárez).”
El fallo se espera por actos de corrupción, negligencia de funcionarios federales y locales desde procuradores y gobernadores del estado de Chihuahua, hasta expresidentes de la República, mismos que incurrieron en violaciones a los estatutos de la Convención Belém do Para además de falta de medidas de protección y prevención, -ante un fenómeno que se hizo presente en el estado desde 1993 y que obedecía a un fenómeno patológico de violencia de género-, la carencia de respuesta inmediata de las autoridades cuando era reportada una mujer desaparecida, carencia de una investigación puntual y adecuada, ausencia de reparación del daño y desatención a los familiares, todas violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos.
Una muy posible sentencia condenatoria al Estado mexicano, una caravana que recorrió ocho estados de la República buscando el encuentro y el aprendizaje, un foro en el que cientos de mujeres reflexionaron acerca de sus condiciones y posibilidades con miras a revertir el papel histórico de la mujer frente a una sociedad y un Estado que les ha otorgado un papel secundario, no pueden entenderse sin la organización y la demanda constante de las madres y los familiares que sufrieron la pérdida de una mujer en manos de un feminicida, ni la constante labor de las organizaciones encargadas de defender los derechos humanos que llevaron en conjunto y que abrieron al mundo la realidad de un país en el que las mujeres sufren de manera sistemática la violencia de género.
http://mujeresdearenateatro.blogspot.com/
La Corte Interamericana alista fallo sobre mujeres asesinadas en Juárez
Esperamos que la sentencia sea condenatoria contra el Estado mexicano: abogado del caso.
México, DF. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se apresta a emitir un inédito fallo que compromete al Estado mexicano por el asesinato de tres jóvenes en 2001, un caso emblemático en la historia de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, que suman más de 400 en 10 años.
"Es el primer caso que llega a la corte, es el primer asunto que se trata sobre 'feminicidios' de Ciudad Juárez" y "estamos esperando que la sentencia sea condenatoria" contra el Estado mexicano por no haber investigado las desapariciones y los asesinatos, por omisiones y por fabricar culpables, entre otros, dijo David Peña, abogado del caso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó en 2007 al Estado mexicano ante la Corte Interamericana por los homicidios de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette González y Laura Berenice.
En los nueve años se inculpó en diferentes momentos por estos homicidios a nueve personas, que fueron declaradas no culpables.
"Tantos años fabricando culpables, desviando la investigación hace suponer que hay un interés específico o genérico del Estado para no castigar a los responsables", añadió Peña.
El 29 de octubre de 2001 Esmeralda Herrera salió de su casa para no volver, dos meses antes había cumplido 15 años y esperaba con ilusión la fiesta que su familia le preparaba, recuerda su madre, Irma Monreal, en conversación con AFP.
Su cuerpo fue localizado a la semana siguiente junto a otros siete cadáveres de mujeres que se habían extraviado en diferentes fechas. En un primer momento las autoridades le impidieron a Irma ver el cuerpo de su hija.
Al entrar a donde estaba cubierto con una sábana "me aventaron una blusa y unos calcetines rotos, jamás me dejaron verla, pese a mis súplicas", relata.
Tres años después pidió la exhumación y tras muchos trámites burocráticos y obstrucciones de la autoridad, Esmeralda fue plenamente identificada.
Se trata de una de las más de 380 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez entre 1993 y 2003, el periodo en que más jóvenes fueron víctimas de homicidios de índole sexual con alto grado de violencia, incluidas mutilaciones. Pero en esa ciudad fronteriza con Estados Unidos, las jóvenes siguen desapareciendo.
"Cuando fui a denunciar la desaparición de Esmeralda las autoridades me dijeron que se había ido con el novio, yo les dije que no tenía novio ni amigos. 'Eso dicen todos porque las conocen en su casa, pero no las conocen afuera'", recuerda Irma que le dijeron los oficiales.
Las hipótesis de lo sucedido en Ciudad Juárez son muchas, pero para Irma -que conoce a decenas de familias en su situación- se trata de gente de "mucho dinero" que utiliza a las jóvenes en "fiestas" donde "se divierten".
"Hay unos policías que les llevan a la niñas, se las llevan a estas personas, donde se reúne gente de mucho dinero, hacen sus fiestas, se divierten, y hacen lo que les da su gana con ellas y les pagan a los mismo policías para que las vuelvan a tirar ya muertas", sostiene Irma.
Conclusiones similares han sido planteadas por los periodistas Sergio González y Diana Washington, en sus libros Huesos en el desierto y Cosecha de mujeres, donde hacen amplias revelaciones sobre estos crímenes de Ciudad Juárez.
El fallo de la corte debe producirse en los próximos 10 días, y las familias esperan una condena que obligue al Estado mexicano a acabar con la impunidad y a cumplir un larga listado de peticiones que tienen como fin prevenir que sigan los asesinatos de mujeres, así como medidas y leyes para que se investiguen los muchos casos pendientes.
"Tengo mucho miedo del gobierno, de lo que pueda pasar después de que salga la sentencia y más si es a favor de nosotros, por hijos y por mí, pero aún así es algo muy importante", señala Irma Monreal.
Del dicho al hecho - Rocha
Los asesinatos de mujeres en México y Centroamérica siguen impunes
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Caravana de mujeres de Ciudad de México a Ciudad Juárez, el 23.11.2009, en protesta contra los feminicidios.
Los feminicidios en México y América Central han convertido a esa región en símbolo de violencia de género. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a México por negligencia en las investigaciones.
Cuando Esmeralda, de 15 años, no regresó a su casa el 29 de octubre de 2001 después de trabajar haciendo la limpieza en una casa de Ciudad Juárez, su madre, Irma Monreal, fue a la policía para pedir ayuda y le dijeron: “estará con el novio”. Una semana después fueron encontrados ocho cuerpos de mujeres asesinadas con claras señas de tortura sexual, entre ellos el de Esmeralda. Desde entonces no se ha detenido a ningún responsable de los crímenes ni ha habido reparación de daños. El caso “campo algodonero”, se ha convertido en símbolo de la violencia de género en la ciudad fronteriza en el estado de Chihuahua, en el norte de México, en donde desde 1993 han sido asesinadas más de 400 mujeres y niñas y más de 1.000 siguen desaparecidas.
“Esa pretendida superioridad masculina en relación con a las mujeres es el origen del problema y se traduce en muchas formas de discriminación; en los casos más extremos se convierten en agresión física y asesinato, que no afecta de manera exclusiva a México o América Central, pero se destaca en esa región por su magnitud y complejidad”, resume el eurodiputado español Raúl Romeva i Rueda. Por iniciativa suya, el Parlamento Europeo (PE) aprobó por mayoría una resolución que condenó los feminicidios en México y Centroamérica en el 2007 y definió el papel de la Unión Europea en la lucha contra este problema.
Inminente un fallo histórico
El día Mundial contra la Violencia de Género, este 25 de noviembre, coincide con el inminente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el procedimiento contra el Estado mexicano por su negligencia en las investigaciones de tres mujeres asesinadas en la zona conocida como “campo algodonero”, un proceso que cuando comenzó el pasado 27 de abril recibió el beneplácito de la presidencia de la Unión Europea, que lo calificó como un hito importante en la lucha contra toda forma de violencia contra la mujer, por ser la primera vez que se analizan los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
“Hay una falta de voluntad política para entender que éste es un tema de primer orden, las iniciativas en México para combatir el problema se han reducido y silenciándolo es imposible que se resuelva”, advierte Romeva, que considera una mala señal la designación de Arturo Chávez Chávez como titular de la Procuraduría General de la República (PGR). Diversas organizaciones civiles acusan al funcionario de haber bloqueado las investigaciones sobre personas desaparecidas en Ciudad Juárez y destacan que durante su gestión como subprocurador de Justicia en el estado de Chihuahua, aumentaron los feminicidios y la impunidad.
“La designación de una persona insensible al tema de la violencia contra las mujeres, denota que aquellos brotes de esperanza que surgieron hace dos años se han evaporado”, dice el eurodiputado de Los Verdes de Cataluña. Con el objetivo de hacer un balance sobre la situación de cara a la próxima cumbre de la Unión Europea y América Latina en mayo de 2010 en Madrid, Romeva convocó a la segunda Conferencia sobre Feminicidio “¡Ni una muerta más!”, a la que acudieron representantes de la Comisión de derechos de la mujer del PE, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como expertas y activistas de distintas organizaciones de Guatemala, Honduras, El Salvador y México.
La violencia de género ha aumentado
“Hay un incremento en la violencia sexual contra las mujeres y contra defensoras de los derechos humanos como resultado de la militarización que el Estado mexicano está promoviendo en distintas partes del país en la lucha contra el narcotráfico, lo que indica que el Estado simula que hace algo para recibir recursos de la UE, pero en realidad no hay la voluntad de combatir el problema de violencia de género de manera efectiva”, dice Andrea Medina Rosas, representante del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). La abogada exhorta a la Unión Europea a que revise la efectividad de las políticas que apoya con recursos.
México cuenta con un Tratado de Libre Comercio y una Asociación Estratégica con la Unión Europea, y esta previsto que el bloque destine al país 55 millones de euros durante el período 2007-2013 para fortalecer la cooperación. “Priman completamente los intereses comerciales sobre cualquier tipo de cuestión que tenga que ver con los derechos humanos”, dice por su parte Daniel Tapia, de la Organización Ecuménica para la Paz y la Equidad con sede en Múnich, que desde el 2005 busca sensibilizar a la población alemana ante la impunidad y los feminicidios en México y Centroamérica.
El caso de Honduras, país que vive una crisis política desde el golpe de Estado el pasado 28 de junio, puso en manifiesto que la ruptura del orden constitucional ha dejado a las mujeres en una situación de total vulnerabilidad. Honduras, junto con Guatemala y El Salvador, es calificado por expertos como “el triángulo de la violencia en Centroamérica”. “Hemos tenido unas 400 denuncias de violencia brutal por parte de la policía contra mujeres participantes en marchas de protesta contra el golpe de Estado. Hay siete violaciones perpetradas por varios policías y la agresión sexualizada ha recrudecido”, dice Mirta Kennedy, directora del Centro de Estudios de la Mujer Honduras CEMH. “Dos mujeres murieron a raíz de los gases lanzados por las fuerzas de seguridad en las marchas, una situación que agudiza la situación en un país que acumula unos 1.000 feminicidios y un total de 12 muertes violentas diarias”, subraya Kennedy.
La resolución del Parlamento Europeo recomendó una serie de medidas para combatir el problema, entre ellas políticas públicas de promoción de la igualdad de género, investigación forense y reforma de los sistemas de Justicia, que arrojan pocos resultados. Romeva concluye que el momento es muy delicado y es necesario llamar la atención sobre un problema que no está resuelto.
El Edomex y Ciudad Juárez lideran cifras de violencia
NAUCALPAN, Méx.— El estado de México encabeza, junto con Ciudad Juárez Chihuahua, las cifras de mujeres asesinadas en el país, con 143 que fallecieron de forma violenta en los primeros nueve meses de este año, informó la diputada federal María Elena Pérez de Tejada, durante un foro ante colonos de Satélite.
Mientras que en Ciudad Juárez, hay un registro de 115 mujeres muertas y 16 desaparecidas durante este año, en el estado de México el Ministerio Público registró 143 fallecidas de forma violenta hasta el 30 de agosto de este año.
Ecatepec y Naucalpan concentran el mayor número de asesinatos, en su mayoría por sus parejas y dentro de su hogar, dijo el diputado Gustavo Parra.
Pérez de Tejada indicó que de las fallecidas este año en territorio mexiquense, 37 eran solteras, 25 amas de casa y 25 tenían entre 21 y 30 años de edad. En la lista también hay niñas y ancianas.
La diputada federal Josefina Vázquez Mota dirigió un mensaje vía internet a cientos de mujeres en el Centro Cívico de Ciudad Satélite, donde se pronunció por erradicar la violencia de género.
La violencia se incuba en el hogar
Los legisladores señalaron que lamentablemente las mujeres mexicanas “siguen educando hombres violentos”, por lo que es importante erradicar la cultura de la violencia en los hogares.
No obstante que la mayoría de las mujeres fallecen por violencia doméstica y de género, “hay responsabilidad del gobierno del estado de México por no impulsar políticas sociales encaminadas a la igualdad de genero”, apuntó la legisladora Pérez de Tejada.
Pese a que el estado registra este índice violencia, “no hay refugios para mujeres golpeadas, ni ministerios públicos especializados en atender violencia de género”, apuntó la diputada federal.
Madres de Ciudad Juárez no cesan en su demanda de justicia
* Fundación “María Sagrario”, una esperanza en medio del desierto, señalan
* ¡Ni una muerta más! Claman en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
México DF, noviembre 25 de 2009.
Cerca de la frontera con los Estados Unidos, último reducto de México, asentada en los terrenos de Ciudad Juárez, se encuentra la colonia Granjas Lomas de Poleo. En una de sus entradas, caminos de tierra, cruces de madera pintadas de rosa rememoran a las jóvenes muertas por asesinatos en los últimos años.
En medio del polvo del desierto, cercada por la familia Zaragoza, investigada por posibles nexos con el Cartel de Juárez y propietaria de empresas gaseras, esta colonia aloja a cientos de trabajadores de la maquila.
La violencia es cotidiana en estas tierras reclamadas por los Zaragoza tras subir su valor inmobiliario. Las agresiones hacia las mujeres son constantes. Una de las víctimas fue María Sagrario González Flores, una joven de 17 años que trabajaba en la maquila y quería ser maestra. Su cadáver, con huellas de violencia extrema, fue hallado en Loma Blanca en abril de 1998.
Cuatro años después de los hechos, Paula Flores, madre de María Sagrario, decidió gestionar la construcción de un jardín de niños por el hecho de que el más cercano se encontraba a dos kilómetros de distancia. Ser miembro del comité vecinal y luego de observar muchos problemas en las familias de la comunidad, la llevaron a gestionar la instauración del Jardín de Niños “María Sagrario González Flores”.
Así surgió la Fundación María Sagrario, para promover e impulsar el desarrollo de proyectos educativos, culturales y sociales con el fin de contribuir a una vida más digna y más humana, señaló Paula Flores durante la presentación del proyecto en la Primera Reunión de Trabajo de Especialistas en la Dimensión Política, Jurídica y Cultural de la Violencia Sexual en la Frontera Ciudad Juárez, Chihuahua-El Paso, Texas.
Lo que comenzó como un jardín de niños y un espacio para ofrecer talleres de alfabetización, costura y repujado entre otras actividades, se ha convertido en un espacio comunitario de intervención educativa para fomentar una cultura de la convivencia pacífica, señalaron Paula Flores y Jorge González, titulares de la organización.
La necesidad de visualizar la violencia de género en Lomas de Poleo es fundamental, de acuerdo con la fundación, la población de la colonia está conformada en un 48 por ciento por hombres y 52 por ciento por mujeres.
Este proyecto tiene la finalidad de erradicar la violencia de la zona y convertirla en una comunidad organizada en la que sus habitantes convivan con respeto para construir una ciudadanía y una cultura libre de violencia y discriminación.
Labores como pláticas sobre cómo erradicar la violencia al interior de las familias, acercar a los niños de la comunidad a actividades artísticas, elaboración de cómics y grafittis que hablen de los problemas que acarrea la violencia, son actividades que se fomentan en el espacio.
En torno al trabajo realizado en el lugar, Paula Flores señala “(Fundación María Sagrario) integra a los vecinos del lugar como activos, autogestivos y responsables del desarrollo de la colonia. Ellos mismos deben impulsar sus propias instituciones locales. Pretendemos crear un modelo que pueda reproducirse”.
En agosto pasado, la fundación y la Universidad Autónoma Metropolitana firmaron un convenio de cooperación para dar seguimiento a este proyecto y consolidarlo. “Se busca una convivencia comunitaria, un diálogo”, mencionó Paula Flores al momento de firmar el primer convenio oficial del organismo.
Hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, los miembros de la fundación se suman al clamor de muchas otras mujeres de la entidad fronteriza y diversos lugares del país ¡Ni una más!
Entrevista con Marisela Ortíz
ENTREVISTA CON: MARISELA ORTÍZ.
CARGO: DIRECTORA FUNDADORA DE LA ORGANIZACIÓN “NUESTRAS HIJAS DE REGRESO A CASA”.
TEMA: LA CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS ANALIZA LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO MEXICANO POR LA SITUACIÓN QUE VIVEN LAS MUJERES EN LA CIUDAD NORTEÑA Y PARTICULARMENTE ANALIZA TRES CASOS DE FEMINICIDIOS.
Escucha la enrevista AQUÍ
NADiRinforma: San Polo d'Enza (RE), nell'ambito del festival di Teatro Civile "...Paura non abbiamo".
“Donne di Sabbia” è uno spettacolo/testimonianza/denuncia sul femminicidio di Ciudad Juarez creato e messo in scena con lo scopo di divulgare la terribile realtà che si verifica da 14 anni in questa zona di frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti. L'opera, del drammaturgo e regista teatrale Humberto Robles, viene redatta in lingua spagnola e presentata inizialmente in Messico, Cile e Argentina. Dal marzo 2006 lo spettacolo viene presentato anche in Italia, a Torino, diventando un modo concreto per sensibilizzare il pubblico verso un fenomeno poco conosciuto, il cui nemico peggiore è il silenzio.
Il gruppo teatrale non percepisce alcun guadagno ma offre il proprio spettacolo con la sola intenzione di diffondere al maggior numero di persone il terribile fenomeno del femminicidio. Il gruppo teatrale, insieme a "Nuestras hijas de Regreso a casa" e patrocinato da Amnesty International, si fa portavoce di una lotta contro l'impunità dei responsabili e contro l'omertà.
Visita il sito: www.indiosmundo.reggio-emilia.it
FORO: ¿Por qué crees que no se resuelve el asunto de las muertas de Juárez?
Unas 50 mujeres vestidas de negro, integrantes de una caravana que partió trece días atrás de la capital mexicana, llegó a Ciudad Juárez para exigir el esclarecimiento de las muertes de cientos de jóvenes que han sido asesinadas desde 1993. ¿Qué crees que pasa en esta región fronteriza que no logra frenar este fenómeno?
Opina en el Foro de El Universal
Universitarios piden aclarar muerte de tres maestros
CIUDAD JUÁREZ, Chih.— Después del recorrido Éxodo por la Vida de las Mujeres, que realizaron defensoras de los derechos humanos durante 13 días, organizaciones civiles convocaron a una marcha para demandar el cese de la violencia en esta frontera y el resto del país.
Vecinos, representantes de cámaras empresariales, industriales y comerciantes anunciaron la realización el próximo 6 de diciembre de una megamarcha por la paz, que espera la participación de al menos 4 mil personas sólo en Ciudad Juárez.
Directivos de escuelas de educación superior y asociaciones religiosas se sumaron al llamado como parte de las actividades para conmemorar hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
El lunes pasado, la caravana Éxodo por la Vida de las Mujeres, que aglutina a defensores de derechos humanos y familiares de mujeres asesinadas desde hace 16 años, arribó a Juárez procedente de la ciudad de México para exigir justicia por los casos que aún están sin resolver.
Otras de las demandas fue que el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, visite la entidad para ofrecer avances, pues un alto porcentaje de los delitos que aquí se cometen tienen injerencia federal.
Con la marcha del próximo 6 de diciembre, representantes de 95 organizaciones de Juárez intentar rescatar a la ciudad de la crisis de violencia en la que se encuentra sumergida. Insistieron en que la solución a la criminalidad no está en lo policiaco, sino en la educación, el trabajo o la seguridad social.
Protestan con ruido
Estudiantes, maestros y empleados administrativos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) comenzaron una serie de protestas por la ola de violencia y por la falta de resultados de las autoridades para esclarecer los asesinatos y desapariciones de universitarios.
A gritos y con el golpeteo de metales, la comunidad universitaria exigirá que se detenga y castigue a los responsables de matar a tres maestros y un estudiante, además de la desaparición de dos alumnas.
Encabezados por el rector Jorge Mario Quintana Silveyra y directores de los institutos, una vez por semana pararán actividades cada dos horas para salir a los patios y hacer ruido con cornetas y claxon de vehículos. El resto de los días laborales únicamente protestarán a las 12:00 horas.
“Esto será de manera permanente por la ola de violencia que afecta a esta frontera y por la falta de resultados de las autoridades para esclarecer los asesinatos y desapariciones de universitarios”, dijo el rector.
“Se ha exigido la presencia del procurador general de la República, Arturo Chávez, para que encabece las investigaciones, se dé con los responsables de los homicidios y se les castigue”.
Quintana Silveyra dijo que la comunidad universitaria exige el esclarecimiento y castigo a los responsables de los asesinatos de tres de sus profesores, Gerardo González Guerrero, Manuel Arroyo Galván, Alfonso Martínez Guzmán y del alumno Alejandro Irigoyen, así como de los responsables de la desaparición de las alumnas Lidia Ramos Mancha y Mónica Alanís.
Desde que inició el Operativo Conjunto Chihuahua, en 2008, se manifestó la necesidad de que el gobierno federal emprendiera programas para la reconstrucción del tejido social de la ciudad, porque no era suficiente con policías y soldados. “Pese a estas demandas no se ha obtenido una respuesta y por ello la comunidad universitaria ha emprendido una acción de protesta permanente y enérgica, pero respetando los derechos de terceros”.
Dijo que la violencia sólo se reducirá con la colaboración de todos sus ciudadanos. “Es con proyectos sociales, con el gabinete social, hemos exigido su presencia desde hace más de un año y no hemos contado con ellos”.
Llega el Éxodo por la Vida a Ciudad Juárez
* Exige frenar la violencia contra mujeres
* Alertan sobre una campaña propagandística que presenta los feminicidios como “un mito”
Activistas de diferentes organizaciones, encabezadas por Mujeres de Negro, arribaron ayer a Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de una gira por varios estados, para exigir justicia para las víctimas de feminicidios. Como parte de su protesta, volvieron a levantar las cruces de ocho mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero en 2001 Foto La Jornada
Ciudad Juárez, Chih., 23 de noviembre. Hoy al mediodía llegó a esta localidad el Éxodo por la Vida, que partió hace nueve días del Hemiciclo a Juárez, en el Distrito Federal, para exigir justicia y frenar la violencia de género, así como los asesinatos y las desapariciones de mujeres.
Antes de marchar por calles de Juárez, las más de 300 mujeres participantes volvieron a colocar las ocho cruces del campo algodonero retiradas por constructores, las cuales recordaban a las víctimas aparecidas en 2001.
Las marchistas insistieron en que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitirá en breve una resolución sobre las víctimas halladas en ese paraje, entre ellas Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.
El colectivo fue recibido por activistas de al menos 15 organizaciones, entre ellas Mujeres de Negro, fundada por Irma Madrigal Campos, dirigente y abogada que dio al éxodo el banderazo de salida en silla de ruedas (en el Distrito Federal) y falleció el pasado el fin de semana en la capital del estado.
La marcha por el centro de Ciudad Juárez culminó en la plaza del Fundador, donde las activistas exigieron justicia, una vida libre de violencia de género y que el gobierno mexicano cumpla las más de 200 recomendaciones internacionales que ha recibido por los feminicidios en la frontera.
Imelda Marrufo, de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, demandó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Mujeres que dé seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Parlamento Europeo, Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros organismos.
“Exigimos que se resuelva en favor de las madres y familiares directos, no sólo reparando el daño, sino con medidas de seguridad que garanticen su integridad ante las amenazas recibidas y las campañas propagandísticas que consideran el feminicidio un mito”, señalaron.
Los participantes también pidieron que las autoridades apliquen medidas para impedir estos crímenes, que comenzaron hace 16 años y han dejado más de 500 víctimas. Muchos casos, recordaron, han sido archivados y los asesinos siguen impunes.
“Hay que distinguir entre feminicidio y homicidio, pues gran parte de las ejecuciones perpetradas en Chihuahua son atribuibles al crimen organizado, pero también existe un aumento de la violencia de género y no todas las mujeres fueron ultimadas por bandas”, observó Marrufo.
Red Mesa de Mujeres, Pastoral Obrera, Pacto por la Cultura; Cáritas Diocesana, Centro de Estudios y Taller Laboral, Centro de Crisis Casa Amiga son algunas de las agrupaciones que participan en esta campaña, junto al Centro de Estudios Itziar Lozano, El Barzón Juárez, Kolectiva Labrys, Grupo El Camino, Kolectiva Fronteriza, Académicas de Juárez y Red de Solidaridad con México.
Mujeres de Arena es el recuerdo y la denuncia de las cientos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. También es la representación del dolor inmenso de los familiares impotentes ante la falta de ayuda de las autoridades mexicanas que en muchas ocasiones se niegan a buscar el paradero de las desaparecidas. Y por último, y por petición especial del dramaturgo, esta obra está dedicada a la memoria de Pável González, joven de 21 años, estudiante y luchador social asesinado en la Ciudad de México, en abril de 2004
Amarga justicia para las madres de Ciudad Juárez
Escepticismo ante la sentencia por 'feminicidios'
* Todavía está llena de tristeza y profundo desconcierto
* Ocho años después parece que la justicia comienza
Cuando llegué el jueves a la casa de Claudia Ivette González -desaparecida, muerta y encontrada hecha un esqueleto en un campo algodonero de Ciudad Juárez junto a otras 7 jóvenes-, su hermana Mayela, de 32 años y madre de 3 niños, salía de la casa para tomar un camión que le llevaría a su trabajo en una fábrica maquiladora. Hasta la 1 de la madrugada. Como Claudia Ivette, de 20 años, hasta un 11 de noviembre del 2001.
"Le echo mis bendiciones. Me da mucho miedo que desaparezca como Claudia Ivette pero estuvo mucho tiempo sin trabajar....",me comentó Josefina González Rodríguez, de 55 años, mamá de cuatro hijos (dos ya muertos: Claudia Ivette y Jesús, por cáncer en el mismo año que aparecieron los huesos de su pequeña), abuela de 10 y bisabuela de una niña de 3 meses.
Ocho años después parece que la justicia comienza. Al menos, por presión internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró culpable al Gobierno de México de tres feminicidios en el campo algodonero, donde aparecieron 8 cuerpos de mujeres, según uno de los abogados del caso, Emilio Ginés. La sentencia no es aún oficial y trascendió ayer jueves 19 de noviembre, al finalizar la sesión del organismo dedicada a estos crímenes de mujeres impunes.
Josefina me recibió con dos mujeres llamadas Sonia Torres e Ivonne Mendoza, de la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, que habían llegado minutos antes de mi visita para comentarle a la mamá que ellas eran "las únicas que tenían contacto directo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)" y que todavía "no había ninguna sentencia en el caso del campo algodonero, que ellas serían las primeras en saberlo. Es muy poco serio que ese abogado español (Emilio Ginés, defensor de las familias de las víctimas y miembro del Comité Europeo de Prevención de la Tortura) esté dando esas declaraciones tan irresponsables ".
Ocho años después parece que la justicia comienza. Al menos, por presión internacional.
La mamá de Claudia Ivette me miraba cómo para pedirme explicaciones a su alegría que había durado sólo unas horas. En la mañana, llamé a Josefina para comentarle si podría recibirme en su casita y entrevistarla por la resolución de la CIDH. La mamá no sabía nada. Y le expliqué lo poco que hasta entonces se sabía. "Qué alegría! Voy a bailar jarocho tapatío! ", exclamó.
Al ver su cara, todavía llena de tristeza y profundo desconcierto a pesar de esta condena histórica, pensé en la leyenda negra que nunca se cuenta de los grupos que surgen para defender, supuestamente, a las mamás de las desaparecidas y muertas en Ciudad Juárez. De las supuestas líderes del movimiento que van viajando por el mundo, a costa de donaciones internacionales, sin ser líderes de nada. Y me pregunté cuándo dejarán a las mamás vivir su alegría. Con su tristeza constante.
Y pensé en Emilio Ginés, en su pasión arrolladora por este caso, y en su asombro cuando hace poco más de un año vino por primera vez a Ciudad Juárez, a preparar toda la documentación para este caso. Fui la única periodista invitada como experta a las reuniones junto con otros especialistas en el caso y madres. Nunca escribí nada sobre ese encuentro, en donde recorrimos la ciudad con guardaespaldas. Ginés venía desde Madrid acompañado por una actriz suiza, el director del Comité de Prevención contra la Tortura y Dominique, un camárografo divertídisimo de su organización.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declara culpable al Gobierno de México de tres feminicidios en el campo algodonero
Las cruces rosas con los nombres de las 8 jóvenes desaparecidas y muertas son sólo un recuerdo en fotos de archivo de periódicos. En el campo algodonero donde Oscar Máynez investigaba la aparición de las 8 osamentas -entre ellas las de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos Monárrez –hay ahora un hotel en contrucción. Es la zona del nuevo Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, la única área de la ciudad en donde el progreso no se detiene en un paisaje de terror con más de 2,356 ejecuciones en este año, dentro de la guerra contra el narcotráfico del presidente de México Felipe Calderón.
Máynez –quien fuera jefe de periciales y medicina legal del estado de Chihuahua en Ciudad Juárez, por año y medio hasta su renuncia en enero del 2002- analiza la sentencia con la prespectiva del que trabajó en el caso y tuvo que renunciar por negarse a implantar evidencia falsa en los restos de las jóvenes, y convertir a dos inocentes en culpables. Y recibir amenazas."En México no existe el estado de derecho y sí, la sentencia del CIDH va a tener repercusiones. Quizá incluso tengan que sancionar a algunos funcionarios del pasado, como el actual Procurador de la República, Arturo Chávez Chávez", explica el experto.
Aunque la Procuradora del Estado de Chihuahua, Patricia González Rodríguez prefirió no hacer un comentario sobre la resolución hasta que sea oficial, señaló que la condena tiene un impacto negativo para el gobierno de México porque se hace un "señalamiento muy serio".
La vida continúa en Ciudad Juárez. Con su muerte sin respiro. Ahora no sólo es patrimonio de las jóvenes, pobres y bellas, sino de toda la sociedad. Es el precio de la impunidad. De la corrupción. De la falta de políticas sociales. De la pobreza en la extrema riqueza.
-¿Me deja poner este cartel en el carro?, me pregunta una joven.
(El cartel dice: "Ayúdanos a localizarla!! Edad: 18 años. Mide: 1,60 mts aprox. Ojos: café. Extraviada desde: 11/12/09)
-Es nuestra prima. Leslie Gonzales.
Vanessa y Karen Muñoz, de 30 y 21 años, se pierden entre las calles de Ciudad Juárez, buscando una respuesta. Como otras. Desde hace 16 años.
En Ciudad Juárez, México, frontera con El Paso, Tejas unas 500 mujeres han muerto -un tercio de ellas, por crímenes seriales. El resto de la lista -que comenzó a tejerse en 1993 por Esther Chávez Cano, fundadora de Casa Amiga-, es por violencia doméstica-. En estos crímenes seriales, como los del campo algodonero, el gobierno del estado de Chihuahua ha encarcelado a inocentes. Los abogados de éstos han sido asesinados. Sus muertes están impunes.
El jueves fueron asesinados dos policías ministeriales y dos de estatales, de la Cipol. Más otro hombre. Es la muerte sin respiro: en Ciudad Juárez el peligro está ahora en estar vivo.
Otros tres fueron acribillados en la colonia Melchor Ocampo, a eso de las 4 de la tarde. Por unos 30 casquillos. Charlie, uno de los testigos del hecho, me comentó que fueron dos camionetas con chicos de unos 20 años, sin cristales polarizados, los que acribillaron a los heridos. Charlie, que en el momento del tiroteo estaba limpiando un carro, tuvo suerte. Se lo dijo su padre: "No te toca cabrón".
México, condenado por los 'feminicidios' de Ciudad Juárez
La Corte Iberoamericana atribuye al Estado falta de diligencia al investigar
Cuando Irma Monreal más necesitó a su país, su país no sólo no fue capaz de ayudarla, sino que se le volvió en contra. Irma tenía una hija de 15 años llamada Esmeralda. El 29 de octubre de 2001, Esmeralda desapareció cuando regresaba a su casa en Ciudad Juárez. Su cuerpo fue encontrado junto al de otras mujeres jóvenes en un lugar conocido como campo algodonero. Las autoridades de Ciudad Juárez no tuvieron ni la humanidad de avisar del hallazgo a sus familiares. Se tuvieron que enterar por los periódicos y suplicar después que les enseñaran sus restos para intentar identificarlos.
Irma fue de las pocas madres que acudieron a denunciar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora, ocho años después, acaba de recibir respuesta. En una sentencia que Karla Micheel Salas, la abogada de las víctimas, considera "histórica", la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, acaba de condenar al Estado mexicano como responsable por la muerte de Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años; Claudia Ivette González, de 19, y Laura Berenice Ramos, de 17. La sentencia no se hará pública hasta dentro de unos días, pero Karla Micheel Salas asegura que el Estado mexicano tendrá que pagar por primera vez por su falta de diligencia al investigar las más de 400 muertes de mujeres que se vienen lamentando en Ciudad Juárez desde 1993.
Irma Monreal, de camino a su trabajo en El Paso, la ciudad estadounidense fronteriza con Ciudad Juárez, repite lo que ya declaró ante los jueces internacionales: "Cuando fui a la policía y a las autoridades pidiendo ayuda, ellos me respondieron: 'Señora, vaya y búsquelo usted y pregunte a ver qué le dicen, y según lo que usted investigue, pues viene y nos lo dice".
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró culpable al gobierno mexicano de violar garantías de dos mujeres asesinadas en Ciudad Juárez en 2001, y de sus familiares, por no investigar de la forma pertinente y castigar a los culpables del crimen.
Desde 1993 se han documentado al menos 263 feminicidios y 4 mil 587 desapariciones de mujeres en dicha ciudad.
México, DF. Los familiares de tres jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua fronterizo con Estados Unidos, tuvieron que esperar ocho años por justicia. Y lo lograron en el sistema multilateral.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encontró culpable al Estado mexicano de violar las garantías de Claudia González, Esmeralda Herrera y Berenice Ramos, cuyos cuerpos aparecieron junto a otros cinco en noviembre de 2001, y de sus parientes.
"El mensaje de la sentencia es claro: se declara responsable al Estado, es y ha sido responsable del feminicidio en Ciudad Juárez", declaró David Peña, abogado que presentó el caso a la Comisión Interamericana junto con sus colegas Karla Salas y el español Emilio Ginés.
Los jueces de la Corte deliberaron el martes y el miércoles sobre los expedientes, cuya sentencia es inapelable y será de dominio público en cuanto se notifique a las partes involucradas, y que han sido conocidos como los "del campo algodonero", por el baldío donde fueron hallados los cuerpos.
Los acusadores solicitaron al tribunal, con sede en San José de Costa Rica, una nueva investigación de los casos, el castigo a los funcionarios que incurrieron en irregularidades, la reparación de las injusticias padecidas y la adopción de medidas para evitar más crímenes.
En marzo de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también adscrita a la OEA, recibió tres peticiones individuales separadas que acusaban al Estado mexicano de violar los derechos humanos de González, Ramos y Herrera.
La Comisión, asentada en Washington, decidió aceptar esas solicitudes para su análisis y determinar si procedía elevar los casos a la Corte, lo cual ocurrió finalmente en noviembre de 2007. En su demanda, la Comisión alegó, entre otros aspectos, que el Estado mexicano habría fallado por la falta de medidas de protección a las víctimas, de prevención de los crímenes, de debida diligencia en la investigación de los asesinatos y la denegación de justicia y de reparación adecuada a favor de sus familiares.
El juicio contra el gobierno de México comenzó el 27 de abril en la filial de Corte en Santiago de Chile. Las no gubernamentales Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer respaldaron legalmente a las víctimas.
En el campo algodonero, situado frente a una maquiladora (industria libre de impuestos para el mercado externo) en una zona a las afueras de Ciudad Juárez, fueron descubiertos ocho cuerpos, pero cinco no fueron identificados a tiempo de presentar la acusación. La Comisión decidió entonces excluir esos asesinatos de la demanda.
"Estábamos esperando que la sentencia fuera fuerte, porque hemos estado viviendo la simulación por mucho tiempo, el hecho de hacernos creer que el gobierno está haciendo algo para que el feminicidio termine", dijo a IPS Irma Casas, directora operativa de la no gubernamental Casa Amiga, fundada por la activista Esther Chávez, quien ha luchado por resolver los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
Conocidos como "las muertas de Juárez", se trata de más de 300 mujeres ultimadas entre 1993 y 2003, casos en su mayoría todavía impunes, según la organización humanitaria Amnistía Internacional.
En 2003, la oficial pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana difundió un informe especial sobre esos asesinatos y expuso los casos de 263 asesinadas y 4 mil 587 desaparecidas desde 1993. Acusó a autoridades estatales y municipales de graves omisiones en la investigación de esos expedientes.
"El Estado también es responsable de la reparación de las víctimas y de garantizar que estos hechos no se repetirán", enfatizó Peña, quien con Salas pertenecen a la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
Pero más de 15 años después de que la violencia de género se hiciera mundialmente notoria, esa oleada criminal no se ha detenido en Ciudad Juárez, escenario de cruentos enfrentamientos entre bandas del crimen organizado que se disputan el paso de drogas ilegales hacia el suculento mercado de Estados Unidos.
A lo largo de este año, más de 110 mujeres han sido asesinadas en esa urbe, según recuentos de las organizaciones humanitarias. "Es reflejo de la violencia estructural. La violencia se ha vuelto más cruda y se ha extendido a más espacios, porque la impunidad reina. Esperamos que la resolución de la Corte sea una exigencia para que el Estado responda", apuntó Casas.
En su período de sesiones privadas que empezaron el lunes y que concluirán el 28 de este mes, la Corte analiza también resoluciones sobre casos provenientes de Venezuela, Guatemala, Brasil y Perú.
La condena de la Corte coincide con una serie de actividades en México y el extranjero sobre el feminicidio en esta nación norteamericana.
A partir de este viernes y hasta el próximo domingo, activistas, académicas y representantes de organizaciones no gubernamentales se darán cita en la ciudad fronteriza en un encuentro estatal feminista, cuya agenda incluye el análisis del feminicidio. De hecho, en el campo algodonero está programada una actividad.
A Ciudad Juárez llegará el llamado Éxodo por la Vida de las Mujeres, una marcha de un centenar de personas que partió el 10 de este mes de la capital mexicana y culminará el día 23. Y en la sede del Parlamento Europeo (PE), en la ciudad belga de Bruselas, se puso en marcha este jueves la Segunda Conferencia sobre Feminicidio bajo el lema "¡Ni una muerta más!" y a la cual asisten integrantes de la Comisión de Derechos de la Mujer del PE y delegados de organizaciones mexicanas, de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Además, sucede antes de que el canal estadunidense Discovery Channel estrene el día 29 el documental "Ciudad Juárez: el silencio continúa", sobre el desarrollo del feminicidio desde 1993 hasta la fecha. El Estado mexicano afronta también otras dos demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entre esos casos figuran el del dirigente comunitario Rosendo Radilla Pacheco, detenido en 1974 por soldados en el sudoccidental estado de Guerrero y desaparecido desde entonces, y la violación de dos mujeres indígenas a manos de uniformados en ese mismo territorio en 2002. "Luego entraremos a una fase complicada de supervisar la ejecución de la sentencia", anticipó Peña.
MÉXICO – El gobierno mexicano fue declarado culpable de las muertes de ocho mujeres, ocurridas en noviembre de 2001 en la violenta y fronteriza Ciudad Juárez.
Por sus faltas
La Corte Iberoamericana de Derechos Humanos falló a favor de las víctimas del caso conocido como del Campo Algodonero, según reportó la versión digital de El Mundo.
La reclamación, presentada en Chile, culpa al Estado mexicano de “feminicidio”, por “la falta de una investigación adecuada”, citó el medio. La decisión judicial acepta tal aseveración.
Emilio Ginés y Karla Micheel Salas fueron los abogados que se encargaron del juicio, quienes decidieron acusar al Estado por la “falta de prevención y de atención a lo que viene sucediendo desde hace demasiado tiempo”, refiriéndose a los feminicidios de mujeres en la entidad que desde 1993 han dejado unas 380 víctimas, según cifras oficiales.
Sobre la decisión judicial, que se dio el 27 de abril en Santiago de Chile, no cabe recurso.Apenas este viernes, dos mujeres fueron asesinadas en la entidad, tras ser violadas.
"Fueron tres hombres los que cometieron el doble crimen luego de atacarlas sexualmente y huir en un vehículo", dijo la subprocuraduría estatal en un reporte.
Según las primeras investigaciones, las mujeres fueron asesinadas en una casa que "era utilizada por jóvenes de 20 a 25 años para organizar fiestas", de acuerdo al informe. Las víctimas tenían entre 18 y 20 años.
Violencia y muerte"Fueron golpeadas, lesionadas y ejecutadas al interior de la casa y luego, sus cuerpos arrastrados fuera hasta un terreno baldío", añadió el reporte.
Los homicidios de estas mujeres se dan en medio de una cruenta guerra entre los cárteles de la droga que ha dejado en 2009 más de 2,000 muertos en esta ciudad de la frontera pese a la presencia de 8,500 militares.
Desde 1993 y durante alrededor de una década, fueron asesinadas en Ciudad Juárez unas 380 mujeres en crímenes de índole sexual y con un alto grado de violencia, incluidas mutilaciones, según las autoridades.
La primera víctima encontrada fue la niña Alma Chavira Farel, en enero de 1993 y las edades de las víctimas oscilan entre los 10 y 35 años, según rescata Wikipedia.
'Blanco de los asesinos'
El medio asegura que datos de algunos informes refieren unos 1060 casos en 14 años. Existe una polémica por las cifras de víctimas que se dan a conocer de manera oficial y las que revelan algunas organizaciones o los mismos familiares.
Amnistía Internacional se ha interesado también por las misteriosas muertes de mujeres en la entidad, proyectando así los misteriosos crímenes en medios de comunicación internacionales.
Una frase retomada por varias páginas de Internet de organizaciones civiles mexicanas, retrata la cruda realidad que se vive en la entidad: “ser mujer, joven, bonita y pobre es convertirse en blanco de los asesinos de Chihuahua” dijo Norma Ledesma, portavoz de la organización “Justicia para nuestras hijas”, cuya hija, de 16 años, fue asesinada el año pasado.
En la entidad operan fábricas maquiladoras, donde las mujeres suelen pedir trabajo puesto que buena parte de los hombres de la ciudad decide cruzar la frontera en busca de una mejor calidad de vida. Entonces, las féminas –que en muchas ocasiones son víctimas del desamparo- han sido blanco fácil de delitos sexuales que terminan en la muerte.
La violencia forma parte habitual del paisaje de Ciudad Juárez
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este jueves al Estado mexicano por la muerte de ocho mujeres en Ciudad Juárez (estado de Chihuahua) que fueron víctimas del caso conocido como del Campo Algodonero.
Esta decisión histórica no puede ser recurrida y determina que el Estado mexicano es responsable de los hechos ocurridos por no haber realizado las investigaciones adecuadas sobre estos asesinatos cometidos en noviembre de 2001.
Esta sería la primera sentencia condenatoria que se emite contra los asesinatos que se han cometido desde 1993 en Ciudad Juárez, donde hasta la fecha han muerto unas 480 mujeres en hechos violentos que no han sido debidamente investigados.
El juicio contra el Estado de México comenzó el pasado 27 de abril en la sede del Tribunal en Santiago, Chile, ante la presunta impunidad, falta de investigación y de actuación frente a los asesinatos de mujeres que se llevan cometiendo en Ciudad Juárez.
En total fueron ocho los cadáveres encontrados en el Campo Algodonero, una zona de trabajo situada a las afueras de Ciudad Juárez, pero cinco de los cuerpos no fueron identificados a tiempo de presentar la acusación.
Eduardo Ginés, miembro del Comité Europeo de Prevención de la Tortura y abogado defensor que comunicó la sentencia, asesoró a los abogados mexicanos Karla Micheel Salas y David Peña que se encargaron de la acusación en este proceso que sólo se centró en los casos de tres mujeres asesinadas en el Campo Algodonero.
Días antes de iniciar el juicio, el letrado español dijo que todos los asesinatos ocurridos en Ciudad Juárez "responden a una situación social que se llama feminicidio" debido a ciertas "características especiales" y son que los responsables "van a por mujeres jóvenes, trabajadoras, con una débil posición económica" cuyas familias no tienen capacidad de hacer justicia.
La acusación había pedido una reparación total de las familias de las víctimas, pero no sólo económica, sino con la detención de los culpables. Para ello, reclama que la Procuraduría federal de México sea la que se encargue de estos casos, y no las procuradurías estatales, que pueden estar más influidas por el crimen organizado.
También instó al Estado mexicano a que investigue las denuncias existentes de las familias de las víctimas, que sufren amenazas, hostigamiento y persecución, y que proceda a la dignificación de la memoria de todas las mujeres asesinadas.
Falta voluntad para combatirlo, no así para silenciarlo
México, 17 nov 09 (CIMAC).- México bajó la guardia en el tema del feminicidio, la poca voluntad que había para visibilizarlo se convirtió en voluntad para silenciarlo, se agotaron los recursos para hacerle frente y las instituciones encargadas de su seguimiento desaparecieron, lo que se tradujo en una pérdida de fuerza y falta de voluntad por parte del Estado mexicano.
Así resume el eurodiputado español Raül Romeva i Rueda los últimos dos años de “acciones” en México para hacerle frente al tema, tras la resolución emitida en octubre de 2007 por el Parlamento Europeo (PE), impulsada por él, para condenar el feminicidio en Centroamérica y México.
Cabe recordar que desde 2005, Romeva i Rueda llamó la atención sobre el tema del feminicidio ante el PE, pero hasta 2007 lo posicionó en esta instancia.
El Informe es producto de una misión de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y de una audiencia sobre Feminicidio en México y América Central, en abril de 2006 en el PE, organizada por la Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Género en el PE, de la que Romeva es vicepresidente y en la que participaron funcionarias y ONG mexicanas y guatemaltecas.
En entrevista telefónica desde Bruselas, Bélgica, a dos días de que inicie la segunda conferencia sobre Feminicidio ¡Ni una muerta más! y una reunión estratégica del PE donde activistas que trabajan el tema en la región harán un abalance de lo realizado en estos dos últimos años, Romeva, dijo estar preocupado por lo que sucede en México.
Un motivo de preocupación, advirtió, es que justo en este momento en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) podría condenar al Estado mexicano por el feminicidio del campo algodonero, donde el 6 y 7 de noviembre de 2001 fueron encontrados 8 cuerpos de mujeres sin vida, de los cuales 3 llegaron a esta instancia internacional, el Estado mexicano demostrará su poca voluntad para hacerle frente a los asesinatos y violencia de género contra las mujeres.
“En este momento era más que necesario demostrar más que nunca la voluntad, pero tal pareciera que hay una voluntad de silenciar el problema y de demostrar poco interés por resolverlo”, enfatizó.
Ello aunado a la ratificación por el Senado de la República el pasado 24 de septiembre, de Arturo Chávez Chávez como procurador General de la República pese al descontento de organizaciones civiles, principalmente de Ciudad Juárez y Chihuahua, ante la trayectoria del funcionario durante su paso por la subprocuraduría de justicia de Chihuahua, época, en que argumentaron, aumentó el feminicidio y la impunidad.
Para Romeva, “los mensajes políticos” son importantes y este nombramiento dejó en claro la “insensibilidad” política respecto al tema.
Para el diputado de los Verdes, ha habido una especie de “desactivación” de las iniciativas para combatir la violencia de género contra las mujeres mexicanas.
“Yo había percibido al menos que había mucha voluntad por parte de las autoridades para resolver el tema, pero de esas recomendaciones poco queda y tengo la preocupación de que ha habido una desactivación de esas iniciativas”.
Cabe recordar que la resolución emitida por el PE en octubre de 2007 recomendó una serie de acciones al Estado mexicano para combatir el problema y de acuerdo con lo dicho por el diputado, las instituciones mexicanas le informaron de las “acciones” que habían emprendido, de ahí que refiera que poco se ha hecho.
“¿Qué ha cambiado para que ahora ya no tengan este interés?” cuestionó, al tiempo que insistió en que mientras siga habiendo una sola mujer desaparecida o asesinada, no se puede decir que no hay feminicidio.
Negarlo, dijo, es volver al problema de base, no hay capacidad para resolverlo y la resolución del PE tuvo como encomienda justo ese fin, visibilizar el tema, colocarlo en los medios de comunicación y en la agenda política.
DOS AÑOS DE BALANCE
Es por ello que el próximo 19 de noviembre, en la sede del PE, activistas con trabajo en el tema de Guatemala, Honduras, El Salvador y México, se reunirán con integrantes de la Comisión de derechos de la mujer del PE, de Amnistía Internacional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia donde actualmente se encuentran dos casos más de feminicidio, el de Lilia Alejandra Andrade y el de Silvia Elena Rivera, presentados ante ésta en 2002.
Abogados esperan la condena del CIDH contra México por los feminicidios
MÉXICO — Los abogados que demandaron al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los feminicidios de Ciudad Juárez (norte) esperan una primera condena por el asesinato de tres mujeres en 2001, según dijo uno de ellos a la AFP el viernes.
"Creemos que la sentencia va a ser condenatoria por las condiciones del caso (...) va a sentar un precedente no sólo a nivel de México sino a nivel de todo el continente", indicó a la AFP David Peña, uno de los abogados que llevó el caso, cuyo fallo estima podría ser emitido antes de diciembre.
Desde 1993 y durante alrededor de una década, fueron asesinadas en Ciudad Juárez unas 380 mujeres en crímenes de índole sexual y con un alto grado de violencia, incluidas mutilaciones, según cifras oficiales. En noviembre de 2001, fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez los cuerpos de ocho jóvenes, desaparecidas meses antes, con señales de tortura sexual.
Hace dos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó al Estado mexicano por los asesinatos de tres de ellas: Esmeralda Herrera, Claudia Ivette González y Laura Berenice, ya que los cadáveres de las otras cinco no pudieron ser identificados.
La demanda señala falta de medidas de prevención del Estado y la no investigación debida del caso, que ha impedido castigar a sus autores.
Peña dijo que la sentencia debe llevar a implementar medidas que cambien la situación en Ciudad Juárez donde, sostuvo, se mantienen "patrones que permiten que las mujeres sean asesinadas".
La inminencia del fallo llevó al gobierno mexicano a emitir un comunicado el viernes, en el que asegura que desde 2005 se reiniciaron las investigaciones de estos casos "con estándares internacionales de seriedad, imparcialidad y exhaustividad".
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