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Timestamp: 2019-01-18 03:02:40+00:00

Document:
STS 966/2018, 11 de Junio de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 729158185
Número de Recurso: 3765/2015
Número de Resolución: 966/2018
PROFESORES INTERINOS. CESE EN VERANO. Es nulo el cese de los funcionarios docentes interinos de centros no universitarios al final del período lectivo del curso escolar, basado sólo en la causa de que en los dos meses restantes de éste (julio y agosto) desaparece la necesidad y urgencia que motivó su nombramiento. Las funciones que son propias del puesto de trabajo para el que ha sido contratado el docente interino no son sólo las de estricto carácter lectivo, sino también otras que se realizan en el mes de julio del curso escolar. Se estima el recurso de casación.
Sentencia núm. 966/2018
Número del procedimiento: 3765/2015
Fecha de : 08/05/2018
RECURSO CASACION núm.: 3765/2015
Esta Sala ha visto el recurso de casación nº 3765/2015, interpuesto por la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR), representada por la procuradora de los tribunales doña Patricia Martín López y asistido del letrado don José Mateos Martínez, contra la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de fecha 2 de octubre de 2015, y recaída en el recurso nº 291/2012 , sobre impugnación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 24 de febrero de 2012, por el que se establecen medidas en materia de personal docente de la Administración Pública de la Región de Murcia, y concretamente las medidas 1 y 2 contenidas en el apartado 2º de dicho Acuerdo.
FALLAMOS : Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Asociación de Interinos de la Región de Murcia AIDMUR, Dª Tatiana , D. Hermenegildo , Dª Aurelia , Dª Erica , Dª Luisa , D. Nicanor , Dª Socorro , Dª Amanda , Dª Dulce , D. Jose Carlos , Dª Loreto , Dª Rosaura , D. Abilio , Dª Amparo , Dª Elisa , Dª Lorena , Dª Sabina , D. David , Dª Amelia , D. Gonzalo , Dª Esmeralda , D. Marcelino . Dª Matilde , D. Sebastián , Dª Zulima , contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 24/02/2012, publicado en el BORM nº 74 de 29/03/2012, por el que se establecen medidas en materia de personal docente de la Administración Pública de la Región de Murcia, por ser dicho acto conforme a derecho en lo aquí discutido; con expresa imposición de costas a los recurrentes
Único.- Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate al infringir la sentencia recurrida:
En relación con la desestimación de la petición principal del recurso contencioso-administrativo; el artículo 14 de la Constitución Española , la Directiva 70/1999, de 28 de junio, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de octubre de 2012, dictada en el Recurso 5303/2011 , y los artículos 62.1.a ) y 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común .
En relación con la desestimación de la petición subsidiaria del recurso contencioso-administrativo; el artículo 9.3 de la Constitución Española , las sentencias del Tribunal Constitucional 99/1987, de 11 de junio , 108/1986, de 29 de julio , y la 199/1990, de 10 de diciembre , las sentencias del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2011, dictada en el Recurso 6171/2009 y la de 21 de noviembre de 2006 dictada en el Recurso 5277/2004 , y el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común .
Subsidiariamente , reclamamos que se declare la nulidad del siguiente párrafo del meritado Acuerdo: En consecuencia con fecha 30 de junio de 2012, se extinguirán los contratos vigentes del personal docente interino, impidiéndose la aplicación retroactiva de la norma.
Susbsidiariamente a las anteriores pretensiones , solicitamos que la Sala ordene retrotraer las actuaciones al momento previo a dictarse la sentencia recurrida, para que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia dicte otra acorde con los preceptos legales y constitucionales cuya infracción ha denunciado esta parte en el presente recurso de casación, así como con la jurisprudencia que hemos aducido».
La actuación administrativa impugnada en la instancia fue el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de fecha 24 de febrero de 2012, publicado en el BORM nº 74 de 29 de marzo del mismo año, por el que se establecían medidas en materia de Personal Docente en la Administración Pública de dicha Comunidad.
Las pretensiones allí deducidas fueron las siguientes:
1. Suspender el apartado sexto, 'derechos retributivos', del Acuerdo para la provisión de puestos de trabajo de los cuerpos docentes no universitarios, en régimen de interinidad en centros dependientes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, publicado por Resolución de 6 de mayo de 2004 de la Consejería de Hacienda, y prorrogado en sus mismos términos por el Acuerdo de 23 de marzo de 2009.
2. La duración del nombramiento del personal docente interino se ajustará al tiempo que duren las circunstancias que dieron lugar a su nombramiento y se mantendrá mientras persistan las razones de urgencia o necesidad que lo justificaron, cesando, como máximo el 30 de junio de cada año. En consecuencia con fecha 30 de junio de 2012, se extinguirán los contratos vigentes del personal docente interino.
Aquella sentencia de 2 de octubre de 2015 , ahora recurrida en casación, desestimó tales pretensiones al entender, en definitiva, que aquel Acuerdo era conforme a derecho en los aspectos impugnados.
No compartimos esa causa de inadmisibilidad de pérdida sobrevenida de la legitimación procesal. Sencillamente, porque se opone a ella lo dispuesto en el art. 89.3 de la LJCA , que, en la versión vigente al tiempo de interponerse este recurso de casación (23 de diciembre de 2015), establecía que "el recurso de casación podrá interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento a que se contraiga la sentencia o resolución recurrida". Norma que, con igual sentido, se refleja ahora en el inciso final del art. 89.1 de la LJCA tras la modificación operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, cuya entrada en vigor se produjo, en lo que atañe a esa modificación, el 22 de julio de 2016.
La que afirma que el objeto de este recurso carece de interés casacional, porque no podría ser cobijada en la previsión del art. 93.2.e) de la LJCA , en aquella redacción anterior, dados los términos literales de la misma. Y porque no es compartida por este Tribunal, como lo demuestra el tenor del auto de admisión de 4 de julio de 2017, dictado en el recurso de casación núm. 1930/2017 , en el que hemos identificado como cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia la referida a "si el cese de los funcionarios docentes interinos de los Cuerpos Docentes no universitarios al final del período lectivo del curso escolar, basado sólo en la causa de que en los dos meses restantes de éste (julio y agosto) desaparece la necesidad y urgencia que motivó su nombramiento, comporta o no un trato desigual no justificado con respecto a los funcionarios docentes fijos o de carrera"; identificando también en dicho auto como normas jurídicas que, en principio, han de ser objeto de interpretación, "las contenidas en los artículos 14 de la Constitución y 10.3 y 10.5 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril (coincidentes con tales apartados del mismo precepto de su Texto Refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), y en la Cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el Anexo de la Directiva 1999/70/CE".
El único motivo de casación, formulado al amparo del art. 88.1.d) de la LJCA , se subdivide en dos apartados, refiriéndose el primero a aquella pretensión principal.
Respecto de ella, denuncia la infracción del art. 14 de la Constitución , de la Cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el Anexo de la Directiva 1999/70/CE, de los arts. 62.1.a ) y 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , y, también, de la sentencia de este Tribunal de fecha 22 de octubre de 2012 , dictada en el recurso de casación, en interés de la ley, núm. 5303/2011.
-Tras ello, argumenta en extenso sobre aquellas infracciones, realizando afirmaciones como las siguientes: "[...] el funcionario interino no puede trabajar lo mismo que aquel de carrera y no disfrutar de unos meses de retribuciones coincidentes con el periodo vacacional estival que a éste último se le otorgan". "[...] el Acuerdo confirmado por la sentencia recurrida incide en el núcleo esencial del estatus del funcionario interino en comparación con el funcionario de carrera: el de sus retribuciones". "[...] supone una manifiesta arbitrariedad que a igual trabajo unos empleados públicos tengan 10 meses de retribuciones y otros 12". "[...] la Directiva esgrimida y, sobre todo, el recientísimo desarrollo jurisprudencia de aquella, no dejan lugar a dudas, en conexión con el art. 14 CE , de que resulta contrario al concepto más básico de igualdad dar retribuciones distintas (en este caso, retribuciones durante 10 meses frente a los 12 del funcionario de carrera) a funcionarios que realizan trabajos iguales, simplemente porque unos sean interinos y otros de carrera". "[...] frente a lo manifestado por la Sala, debemos oponer que, efectivamente, el art. 38.10 EBEP puede amparar la suspensión de los acuerdos que mejoren las condiciones básicas del personal funcionario cuando se den los requisitos en él marcados y se informe a las organizaciones sindicales de ello. Pero esto no resultará posible cuando la suspensión del acuerdo vulnere un derecho fundamental de los funcionarios, derecho para cuyo respeto era imprescindible el mantenimiento del citado acuerdo. En estos casos no es posible la suspensión ni aun siguiendo la vía del art. 38.10 EBEP , porque ningún procedimiento administrativo podrá servir para amparar la violación de un derecho fundamental". "[...] Dice la Sala que el funcionario interino deberá cesar cuando concluya la causa de su nombramiento, pero el precepto que establece esto ( art. 10.3 EBEP ) debe interpretarse de acuerdo con las exigencias del art. 14 CE , de modo que resulta plenamente acorde con su contenido prolongar el nombramiento del funcionario interino que ha prestado sus servicios durante todo un curso para no provocar su discriminación en relación con el funcionario de carrera que, trabajando lo mismo que él, va a disfrutar las retribuciones de dos meses adicionales. Así se vino haciendo desde 2004 hasta que el Acuerdo impugnado causó la situación discriminatoria ahora denunciada".
-Aquella Directiva no resulta de aplicación al caso ya que la misma va dirigida a prohibir la diferencia de trato entre el trabajo de duración determinada y el permanente "en las condiciones de trabajo" y en este caso no está en cuestión la igualdad de trato en dichas condiciones pues los funcionarios interinos tienen las mismas condiciones de trabajo que los de carrera, tanto en el desarrollo de sus funciones como en su régimen retributivo, del que forman parte todos los conceptos que tiene el de carrera, básicas y complementarias, trienios, sexenios, pagas extra y vacaciones, a cuya consecución han contribuido algunas de las sentencias que se citan, como la STS de 14 de noviembre de 2011 .
-No resulta, por tanto, afectado el artículo 14 de la CE pues no hay trato discriminatorio alguno que esté en la base de la norma que se impugna. Es ajustada a derecho la fundamentación que refleja la sentencia recurrida cuando en su FD cuarto transcribe lo razonado en otra anterior ( sentencia de 10/10/2014, dictada en el rollo de apelación nº 104/2014 contra la sentencia nº 248/2013, de 24 de mayo, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Murcia ). En concreto, es ajustada a derecho su fundamentación al afirmar lo siguiente:
[...] Por último, no se ha producido el cese de la recurrente porque se le haya discriminado en relación con los funcionarios de carrera, sino que éstos no pueden cesar en un puesto de trabajo para el que están nombrados si no concurren las causas previstas legalmente. En el caso de la apelante se la nombraba únicamente para un curso escolar, por lo que tenía que cesar en todo caso a su finalización. La única modificación que se ha producido es adelantarla a junio, suspendiendo los efectos del acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales, y de ese modo no tener que abonar las retribuciones de julio y agosto, por las señaladas razones de índole presupuestaria.
En el presente caso el acuerdo del Consejo de Gobierno que ha dado lugar al cese recurrido por la actora se adoptó para dar cumplimiento a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2012, es decir, por razones presupuestarias y de contención del gasto público [...]
Dicha Directiva termina sus Considerados afirmando en el 21 que "La aplicación del Acuerdo marco contribuye a la realización de los objetivos contemplados en el artículo 136 del Tratado" (hoy artículo 151 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , primero de su Título X, dedicado a la Política Social).
mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no discriminación;
Como parece evidente, es sobre el primero de esos objetos u objetivos sobre el que versa la cuestión que hemos de resolver en este recurso de casación. Pero antes de entrar en el examen de la Cláusula que lo regula, y aunque ello es de sobra conocido, debemos recordar en cuanto al ámbito subjetivo del Acuerdo marco que la jurisprudencia reiterada del TJUE ha interpretado el concepto "trabajador con contrato de duración determinada" -definido en el apartado 1 de la Cláusula 3- en sentido amplio, afirmando que engloba a todos los trabajadores, sin establecer diferencias en función del carácter público o privado del empleador para el que trabajan. Y que, por tanto, las disposiciones contenidas en el Acuerdo marco se aplican a los contratos y relaciones laborales de duración determinada celebrados por los órganos de la Administración y demás entidades del sector público (por todas, SSTJUE de 4 de julio de 2006, Adeneler y otros, C-212/04 , apartado 56, y de 22 de diciembre de 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 y C- 456/09 , apartado 38. Y auto de 21 de septiembre de 2016, Álvarez Santirso, C-631/15 , apartado 28).
Sobre dicha Cláusula, debemos resaltar de entrada la afirmación del TJUE según la cual: "Habida cuenta de los objetivos que persigue el Acuerdo marco, la cláusula 4 de éste debe interpretarse en el sentido de que expresa un principio de Derecho social de la Unión que no puede ser interpretado de manera restrictiva" (SSTJUE, entre otras, de 13 de septiembre de 2007, Del Cerro Alonso, C-307/05 , apartado 38; de 22 de diciembre de 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 y C-456/09 , apartado 49; y de 13 de marzo de 2014, Nierodzik, C-38/13 , apartado 24).
En relación con el concepto de "condiciones de trabajo" en el sentido de la Cláusula 4 del Acuerdo marco, el Tribunal de Justicia ha declarado que el criterio decisivo para determinar si una medida está incluida en este concepto es precisamente el del empleo, es decir, la relación laboral entre un trabajador y su empresario. O, dicho en otras palabras: Todo aspecto vinculado al "empleo" como equivalente a la relación laboral entre un trabajador y su empresario debe quedar integrado en el concepto de "condiciones de trabajo" (SSTJUE, entre otras, de 12 de diciembre de 2013, Carratù, C-361/12 , apartado 35; y de 13 de marzo de 2014, Nierodzik, C-38/13 , apartado 25).
Así se ha entendido, por ejemplo, respecto de los "trienios" (los mismos constituyen uno de los elementos retributivos que deben concederse a un trabajador con contrato de duración determinada del mismo modo que a un trabajador con contrato de duración indefinida: SSTJUE de 13 de septiembre de 2007, Del Cerro Alonso, C-307/05 , apartado 47 - personal estatutario temporal frente al personal fijo-, y de 22 de diciembre de 2010, Gavieiro Gavieiro -funcionarios interinos frente a funcionarios de carrera- e Iglesias Torres, C- 444/09 y C-456/09 , apartados 50 a 58). E igualmente respecto del componente singular del complemento específico por formación permanente, también llamado "sexenio" (auto de la Sección Segunda del TJUE de 9 de febrero de 2012, Lorenzo Martínez, C-556/11 , apartados 38, 39, 45, 52 y 54 -funcionaria interina que presta servicios como docente no universitaria frente a funcionarios de carrera-).
A este respecto, para apreciar si los trabajadores realizan un trabajo idéntico o similar, en el sentido del Acuerdo, debe comprobarse si, habida cuenta de un conjunto de factores, como la naturaleza del trabajo, los requisitos de formación y las condiciones laborales, puede considerarse que dichos trabajadores se encuentran en una situación comparable (SSTJUE de 18 de octubre de 2012, Valenza y otros, C-302/11 a C-305/11 , apartado 42, y de 14 de septiembre de 2016, De Diego Porras, C-596/14 , apartado 40. Y auto de 21 de septiembre de 2016, Álvarez Santirso, C-631/15 , apartado 43).
Según jurisprudencia constante del TJUE, el concepto de "razones objetivas" requiere que la desigualdad de trato apreciada esté justificada por la existencia de elementos precisos y concretos, que caracterizan la condición de trabajo de que se trata, en el contexto especifico en que se enmarca y con arreglo a criterios objetivos y transparentes, a fin de verificar si dicha desigualdad responde a una necesidad auténtica, si permite alcanzar el objetivo perseguido y si resulta indispensable al efecto. Tales elementos pueden tener su origen, en particular, en la especial naturaleza de las tareas para cuya realización se celebran los contratos de duración determinada y en las características inherentes a las mismas o, eventualmente, en la persecución de un objetivo legítimo de política social por parte de un Estado miembro (SSTJUE de 13 de septiembre de 2007, Del Cerro Alonso, C- 307/05 , apartados 53 y 58; de 22 de diciembre de 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 y C-456/09 , apartado 55; de 8 de septiembre de 2011, Rosado Santana, C- 177/10 , apartado 73; y de 18 de octubre de 2012, Valenza y otros, C-302/11 a C-305/11 , apartado 51).
En consecuencia, debe entenderse que el concepto de "razones objetivas", en el sentido de la Cláusula 4, apartados 1 o 4, del Acuerdo marco, no permite justificar una diferencia de trato entre trabajadores con contrato de duración determinada y trabajadores fijos por el hecho de que aquélla esté prevista por una norma nacional general y abstracta, como una ley o un convenio colectivo (SSTJUE de 13 de septiembre de 2007, Del Cerro Alonso, C-307/05 , apartado 57; de 22 de diciembre de 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 y C-456/09 , apartado 54; de 8 de septiembre de 2011, Rosado Santana, C-177/10 , apartado 72, y de 18 de octubre de 2012, Valenza y otros, C-302/11 a C-305/11 , apartado 50).
Además, el recurso a la mera naturaleza temporal de la relación de servicio del personal de la Administración Pública no es conforme a estos requisitos y, por tanto, no puede constituir una "razón objetiva", en el sentido de la Cláusula 4, apartados 1 o 4, del Acuerdo marco. En efecto, admitir que la mera naturaleza temporal de una relación de trabajo basta para justificar tal diferencia privaría de contenido a los objetivos de la Directiva 1999/70 y del Acuerdo marco y equivaldría a perpetuar el mantenimiento de una situación desfavorable para los trabajadores con contrato de duración determinada (SSTJUE de 22 de diciembre de 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 y C-456/09 , apartados 56 y 57; de 8 de septiembre de 2011, Rosado Santana, C-177/10 , apartado 74, y de 18 de octubre de 2012, Valenza y otros, C-302/11 a C-305/11 , apartado 52).
En fin, aunque las consideraciones de índole presupuestaria puedan ser el motivo de las opciones de política social de un Estado miembro e influir sobre la naturaleza o el alcance de las medidas que éste desea adoptar, no constituyen en sí mismas un objetivo perseguido por esta política y, por lo tanto, no justifican la aplicación de una normativa nacional que conduce a una diferencia de trato en detrimento de los trabajadores con contrato de duración determinada (así, por analogía, SSTJUE de 24 de octubre de 2013, Thiele Meneses, C-220/12 , apartado 43, y de 26 de noviembre de 2014, Mascolo y otros, C-22/13 , C-61/13 a C-63/13 y C-418/13 , apartado 110. Y auto de 21 de septiembre de 2016, Popescu, C-614/15 , apartado 63). Tampoco las de esa índole basadas en la necesidad de velar por una gestión rigurosa del personal (SSTJUE de 23 de octubre 2003, Schönheit y Becker, C-4/02 y C-5/02 , apartado 85, y de 22 de abril de 2010, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, C-486/08 , apartado 46).
Tal apreciación no se ha puesto en tela de juicio en momento alguno en el debate trabado en el proceso. En concreto, no se ha negado, sino que más bien se ha dado por cierto en los argumentos de la Administración demandada antes expuestos, que tales interinos realizan un trabajo idéntico o similar a los funcionarios de carrera; ni se ha llamado la atención acerca de que en el desenvolvimiento del mismo acaezca alguna circunstancia singular, distinta de la referida a la mera temporalidad, que hable en contra de esa identidad a similitud. Amén de ello, la misma previsión del art. 10.1 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP ), tanto en su versión del año 2007, aplicable por razones temporales al caso que aquí enjuiciamos, como en la del Texto Refundido del año 2015, habla decididamente a favor del aspecto que ahora analizamos -el del trabajo idéntico o similar-, pues dispone que los funcionarios interinos son nombrados para el desempeño de funciones propias de los funcionarios de carrera. Y
Tampoco se ha negado que los requisitos de formación de esos funcionarios interinos sean, no idénticos, pero sí asimilables a los de los funcionarios de carrera con los que efectuamos la comparación. Amén de que resultaría inimaginable que la Administración educativa nombrara al principio del curso escolar y con el designio de que el nombrado desempeñara las funciones propias de un profesor docente durante todo él, a persona alguna que, aunque no haya superado el proceso selectivo que debe rebasar el funcionario docente de carrera, no reúna, prima facie, las competencias y capacidades necesarias para tan importantes funciones, basta para dar por cierta esa asimilación de los requisitos de formación la toma en consideración de las siguientes normas:
-El tenor del art. 10.2 del EBEP , en las dos versiones antes dichas, pues dispone que la selección de los funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
-Y ya con singular referencia a la normativa de la Comunidad Autónoma cuyo Consejo de Gobierno dictó el Acuerdo impugnado, el tenor del art. 7.2 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia , aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, pues dispone en su apartado primero que el nombramiento de personal interino deberá recaer en personas que reúnan, en todo caso, los requisitos generales de titulación y las demás condiciones exigidas para participar en las pruebas de acceso a los correspondientes Grupos, Cuerpos y Escalas, como funcionarios de carrera.
Tal vulneración es merecedora de la sanción de nulidad de pleno derecho. Tanto por la naturaleza de disposición administrativa que es propia de aquel Acuerdo ( art. 62.2 de la Ley 30/1992 , entonces vigente). Como, si lo anterior se pusiera en cuestión, por lesionar los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional [ art. 62.1.a) de la misma ley ].
En un caso así, en que ante tal órgano jurisdiccional se suscita una cuestión de Derecho de la Unión, la regla general impuesta por la jurisprudencia del TJUE es que aquél ha de dar cumplimiento a su obligación de someter dicha cuestión al Tribunal de Justicia. Sin embargo, por excepción, puede dejar de hacerlo cuando la disposición del Derecho de la Unión de que se trata fue ya objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia, o cuando la correcta aplicación del Derecho de la Unión se impone con tal evidencia que no deja lugar a duda razonable alguna. Para ello, el TJUE declara también que la concurrencia de tales excepciones debe apreciarse en función de las características propias del Derecho de la Unión, de las dificultades particulares que presenta su interpretación y del riesgo de divergencias de jurisprudencia dentro de la Unión (SSTJUE, entre otras muchas, de 6 de octubre de 1982, Srl CILFIT y otros y Lanificio di Gavardo SpA contra Ministero della sanità, C-283/81 , apartado 21; y de 9 de septiembre de 2015, Inspecteur van Rijksbelastingdienst y Staatssecretaris van Financiën, C-72/14 y C-197/14 , apartados 55, 58 y 59).
En estos dos últimos apartados de la segunda de las sentencias citadas se dice también que la jurisprudencia derivada de la sentencia CILFIT y otros atribuye exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional la misión de apreciar si la correcta aplicación del Derecho de la Unión es tan evidente que no deja lugar a ninguna duda razonable y, consecuentemente, la de decidir no plantear al Tribunal de Justicia una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión que se ha suscitado ante él (STJUE Intermodal Transports, C-495/03 , apartado 37 y jurisprudencia citada). Y que, en consecuencia, corresponde únicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno apreciar, bajo su responsabilidad y de manera independiente, si se hallan en presencia de un acto claro.
De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del art. 139 de la LJCA , en la versión que resulta aplicable por razón de la fecha de la sentencia recurrida (2 de octubre de 2015 ), no procede imponer las costas causadas en la instancia ni en este recurso de casación. Lo primero, único que necesita ser explicado, porque la postura en el proceso de la Administración demandada tenía tras ella el lógico respaldo de las decenas de sentencia a las que ha aludido.

References: artículo 88
 artículo 14
 artículo 9
 artículo 62
 Resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 14
 artículo 136
 artículo 151