Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531513.html
Timestamp: 2019-03-22 18:30:37+00:00

Document:
A.S. 513-2015
Auto Supremo Nº 513
Expediente: 147/2015-A
Demandante: Josefina Choque Salinas
Demandada: Gerencia Regional del Servicio de Impuestos Nacionales
VISTOS: El recurso de casación en el fondode fs. 251 a253 vta., interpuesto por Verónica Jeannine Sandy Tapia,Gerente Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales,contra el Auto de Vista No 60/2015de 07 de abril (fs. 245 a248 vta.) pronunciado por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia Oruro, dentro del proceso Contencioso Tributario seguido por Josefina Choque Salinas contra la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN);la respuesta al recurso de fs. 257 a 259; el Auto que concedió el recurso, de fs. 260; los antecedentes del proceso; y:
Que, concluida la demanda Contencioso Tributaria, el Juez Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Oruro, pronunció la Sentencia Nº 004/2014 de 17 de marzo,cursante de fs. 175 a 183, declarando probada en parte la demanda, en consecuencia dispuso: Primero.- Declaró la validez de la factura N° 001146, emitida por MEXEL S.R.L. de 26 de agosto de 2008, por la suma de Bs. 250,00.- con su respectivo crédito fiscal a favor de la contribuyente, por lo que quedó modificada parcialmente la Resolución Determinativa, en relación a dicha factura;Segundo.- Ratificó la validez de la factura N° 872281 emitida por ELECTROPAZ S.R.L. de 2 de abril de 2008, solamente con el importe para crédito fiscal de Bs. 205.51.- a favor de la contribuyente, debiendo recalcularse el tributo omitido, intereses, multas y otros cargos en relación a la citada factura en la fase de ejecución tributaria;Tercero.- Respecto al incumplimiento de deberes formales dispuso que por error de registro en el Libro de Compras IVA se aplique la sanción prevista en el art. 1.II de Modificaciones y Adiciones de la RND 10.0030.11 de 7 de octubre de 2011, con relación a la subnumeral 4.2.1 que sanciona de 1 a 20 errores con 50 UFVs para persona natural, sanción vigente a tiempo de la emisión de la RDN Nº 18-00355-11 de 25 de octubre de 2011; y Cuarto.- sobre el incumplimiento de deberes formales por la entrega parcial de información y documentación requerida por la fiscalización del SIN, dejó sin efecto la sanción de 1.500 UFVs, prevista en el sub numeral 4.1 anexo consolidado A de la RND Nº 10.00.37.07 de 14 de diciembre, por no ser exigible otros medios de pago por compras en efectivo menores a 50.000 UFVs.
Contra esta resolución de primera instancia, el SIN Oruro, a través de su representante legal,interpuso recurso de apelación (fs. 186 a 190 vta.), que fue resuelto mediante el Auto de VistaN° 79/2014 de 5 de septiembre, anulando la Sentencia de grado y dispuso que el Juez de la causa sin espera de turno emita nueva Sentencia.
Josefina Choque Salinas,mediante memorial de fs. 219 a 222 del dossier, interpuso recurso de casación en el fondo, que fue resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia, a través del Auto Supremo Nº 67 de 27 de febrero de 2015, anulando el Auto de Vista, disponiendo que el Ad quememita nueva resolución con la pertinencia de los arts. 192 y 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC).
Cumplimiento lo dispuesto por el Auto Supremo citado precedentemente, la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, pronunció el Auto de Vista N°60/2015 de 7 de abril, cursante de fs. 245 a 248, confirmando la Sentencia.
Resolución de segunda instancia que dio lugar al recurso de casación en el fondo interpuesto por parte de Verónica Jeannine Sandy Tapia, Gerente Distrital del SIN Oruro, por memorial de fs. 251 a 253 vta., bajo los siguientes argumentos:
Previa exposición de antecedentes la recurrente resalta que, el Auto de Vista incurrió en la causal prevista por el art. 253.1), 2) y 3) del CPC.
1)Afirmó que, del Auto de Vista impugnado, se establece que se tiene una idea desordenada y no se precisó los agravios con relación a la Sentencia; pues el contribuyente presentó facturas que no cumplen con los requisitos exigidos para la valoración de las mismas, las que fueron identificadas y detalladas en la Cédula V-2 del cuaderno administrativo, en ese sentido,“la factura Nº 872281 es depurada por no corresponder el NIT o C.I. crédito indebidamente apropiado y error de registro en el libro de compras del contribuyente correspondiente al mes de abril; la factura N° 1146 es depurada por crédito indebidamente apropiado correspondiente al mes de agosto con base imponible de Bs. 2.600, genera un impuesto omitido de Bs. 338, el cual contraviniéndose de esta manera el art. 8 de la Ley 843 y el art. 8 del DS 21530, art. 70 de la Ley 2492, 41.45,47 de la RND. 10-0016-07”(sic).Agregó que, con relación a la“factura 872281 con el Nº de autorización 29040042297 fue observada por la administración Tributaria porque en esta factura no corresponde el NIT y existe también un crédito indebidamente apropiado, asimismo existe un error en el libro de compras del contribuyente los cuales no cumplen con lo establecido por el art. 42 num. 4 de la RND 10.00160.10…”(sic), continúa señalando que por los informes emitidos por la Administración Tributaria, en cierta forma se aceptan estas facturas pero existe una duda la cual es reconocida por el contribuyente, “reiterando que con relación a la depuración de la factura Nº 21146 con Nº de autorización 200100476683, según reportes obtenidos del sistema SIRAT-2 de ventas reportadas por los proveedores, se ha verificado que el proveedor registró una factura por el importe de 25.00 Bs. siendo que no existe en el cuaderno administrativo algún descargo que desvirtúe este hecho, considerando que dicho gasto tendría que tener un respaldo documental al margen de la factura como indica el art. 36 y 37 del Código de Comercio”(sic).
2) Agregó que, la factura emitida por ELECTROPAZ Nº 872281 con número de autorización 29040042297 “no correspondiera al número de NIT y existiera error en el registro contraviniendo el art. 42-4) de la RND 00.0016.10 la cual se hubiera emitido a favor de una persona distinta siendo DELTA CONSULT Ltda. y que cuando fue depurada como también la factura Nº 001146 del titular MEXEL S.R.L. que se hubiera comprado que solamente fue emitida por Bs. 25 y que no existe ningún descargo, como consta en el reporte que cursa a fs. 95 por los propios fiscalizadores en el presente caso tampoco se valoró correctamente los informes tanto técnico y económico 14/2013”(sic).
3)Continúa señalando en relación a las multas tanto en el manejo de libros de Compras y Ventas IVA, estas no fueron realizadas ni registradas conforme a norma establecida, por lo que, no son procedentes y la contribuyente, como consta en obrados, jamás presentó descargos pertinentes que desvirtúen el cargo girado; señaló que, se emitieron actas de contravenciones tributarias Nros. 6977 y 6078 por incumplimiento de deberes formales; al respecto resalta que, la Administración Tributaria realizó el proceso de verificación en base a las disposiciones legales del crédito fiscal IVA de las facturas observadas y las diferencias existentes en las declaraciones juradas fueron objeto de depuración, porque estas no cumplían con los requisitos de validez en el periodo de febrero, abril y agosto de 2008, donde se determinó la deuda tributaria, estableciéndose que no se entregó la documentación en forma completa a la administración tributaria, que por ese incumplimiento se establece una contravención que asciende a una sanción de 1.500 UFVs, que fue descrito en la RD, memorial de respuesta y apelación, pero en forma extraña el A quo dejó sin efecto señalando que “no corresponde exigir otros medios de pago por compras en efectivo menores a 50.000 UFVs, y en el Auto de Vista este extremo no es pronunciado en forma concreta por el Ad quem”; continúa citando el art. 11 de la RND 10.0037.07 que indica cuales son los deberes formales por incumplimiento de estos en el art. 22.a) y cuales las contravenciones tributarias según el art. 161.5) del Código Tributario, incumplimiento de otros deberes formales art. 161.1) y 162, por lo que, de la RND Nº 10.0037.07 indica el tipo de contravención y el monto de la sanción que es diferente a la determinación de una deuda tributaria, sancionando el incumplimiento de deber formal de presentación de documentación que es sancionada de acuerdo a lo descrito en el numeral 4.1 del anexo A de la citada Resolución Normativa de Directorio. Sobre este particular, indicó que lo manifestado en el Auto de Vista, no es correcto, por lo cual ratifican inextenso el trabajo realizado por la Administración Tributaria.
4) Conforme disponen los arts. 76 y 81 de la Ley N° 2492 corresponde al contribuyente presentar todas las pruebas para demostrar lo contrario de las aseveraciones de la Administración Tributaria la que pronunció la Resolución Determinativa para que surta todos los efectos legales, no admitiendo nulidad ya que “el argumento de la parte contraria indicaría que la administración tributaria tendría errores en el procedimiento y que carecería de fundamento, fáctico y legal, más aún cuando no se verifica vulneración del derecho a la defensa del contribuyente que conlleve la nulidad del procedimiento”(sic), señaló que, un acto es anulable únicamente cuando el vicio ocasiona indefensión en el contribuyente. Arguyóque, los actos de la Administración Tributaria fueron desarrollados observando los principios de legalidad y presunción de legitimidad, imparcialidad, verdad material, publicidad y buena fe, previstos por el art. 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo y respetando los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado; pide que, se tenga en cuenta el art. 65 del Código Tributario (CT), concordante con el “inc.g) de la Ley 2342 del Procedimiento Administrativo”(sic) por cuanto se presume que los actos de la Administración Tributaria son legítimos y ejecutivos por estar sometidos a la ley, por lo que se encuentra fundamentada la Resolución Determinativa.
Concluyó solicitando a este Tribunal Supremo de Justicia,case el Auto de Vista “determinando la revocatoria total del presente Auto de Vista Nº 60/2015 de 07 de abril y consecuentemente revoque la Sentencia Nº 004/2014…”(sic) y por ende declarar firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-00355-11 de 25 de octubre.
II.1.1Sobre el principio de impugnación y los requisitos de procedencia del recurso de casación
Respecto a los requisitos de procedencia del recurso de casación en materia contencioso tributario, corresponde remitirnos al Código de Procedimiento Civil, que según las normas remisivas establecidas en el art. 74.2 de la Ley N°2492 y arts. 214 y 297 de la Ley N°1340 son aplicables.
Con esos antecedentes, es necesario hacer referencia a lo dispuesto por el art. 253 delCPC, que precisa que, procede el recurso de casación en el fondo: 1) Cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley; 2) Cuando contuviere disposiciones contradictorias, y 3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubieren incurrido en error de derecho o error de hecho. Estos numerales en forma expresa puntualizan los tres motivos por los que procede el recurso de casación denominado en el fondo, que tienen como objetivo verificar la existencia de errores de derecho, en las que hubieran incurrido los Tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, por ello el recurrente está obligado a exponer los fundamentos fácticos y jurídicos en forma precisa con respecto a cada uno de los motivos invocados, obligación que no puede ser soslayado con la simple referencia de antecedentes o cita de normas legales.
Sobre la naturaleza del recurso de casación y los requisitos que deben ser cumplidos en su interposición, esta Sala Social Administrativa a través del Auto Supremo Nº 304 de 22 de agosto de 2012, asumió el siguiente entendimiento: “se equipara a una nueva demanda de puro derecho, misma que debe contener los requisitos enumerados en el art. 258 del CPC, debiendo el recurrente fundamentar por separado de manera precisa y concreta, las causas que motivan la casación ya sea en la forma, en el fondo o en ambos. Así también, por cuanto define la doctrina y jurisprudencia, el recurso de casación en el fondo, debe fundarse en errores in judicando en que hubieran incurrido los tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, demostrando la violación de leyes sustantivas en la decisión de la causa, debiendo estar debidamente identificadas y justificadas las causales señaladas en el art. 253 del CPC, mientras que el recurso de casación en la forma, se funda en errores in procedendo, referidos a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, enumeradas igualmente para cada caso en concreto en el art. 254 de la citada norma…”.
Siguiendo dicho lineamiento, mediante el Auto Supremo Nº 23 de 18 de febrero de 2013 se precisó que,“El recurso de casación se equipara a una nueva demanda de puro derecho que debe contener los requisitos enumerados en el art. 258 del CPC, debiendo fundamentarse por separado de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación ya sea en la forma, en el fondo o en ambos, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino demostrar conforme señala la ley, en qué consiste la infracción que se acusa y es reclamada. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el recurso de casación en el fondo tiene por objetivo modificar el contenido de un auto definitivo, sentencia o auto de vista, basado en que los jueces o tribunales de instancia a tiempo de emitir las referidas resoluciones hubiesen incurrido en "errores in judicando", aspectos que imperativamente deberán ser exteriorizados a través de los tres presupuestos contenidos en el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, vale decir cuando se acredite: ‘que la resolución objeto del recurso hubiera sido emitida en virtud a una errónea interpretación o aplicación indebida de una ley’ o ‘cuando la referida resolución contuviere disposiciones contradictorias’, y finalmente cuando se demuestre ‘que en la valoración de las pruebas se hubiere cometido error de derecho o de hecho, aclarando que este último debe ser evidenciado por otros documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador’…”.
Teniendo presente los fundamentos jurídicos expuestos en el acápite que precede, se advierte que el recurso de casación en el fondoformulado por la Gerente Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales Oruro, no cumple con los requisitos establecidos por el art. 258.2) del CPC; pues analizados los argumentos descritos en el memorial del recurso, se desprende que la recurrente desconociendo la finalidad que persigue el recurso de casación, se limitó a señalar que interpone recurso de casación en el fondo, sin precisar en cuál de los tres errores “in judicando” previstos por el art. 253 del CPC incurrió el Tribunal de Alzada, pues de la lectura del citado recurso, no es posible visualizar un motivo claro y concreto por el que se precise, en qué consiste la infracción o vulneración en la que hubiera incurrido el Tribunal de Alzada al pronunciar el Auto de Vista confutado.
La recurrente en el acápite “RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO” limita su labor recursiva a resaltar que interpone el recurso de casación amparada en lo previsto por el art. 253.1), 2) y 3) del CPC, para ello conforme consta en el acápite II.1 de esta resolución, señala únicamente que: el Auto de Vista no expresó las causas o puntos en forma precisa delos agravios con relación a la Sentencia; que el contribuyente presentó facturas que no cumplen con los requisitos exigidos para la valoración de las mismas como se detalló en la Cédula V.2;refiere los motivos por los que se depuró las facturas y porqué se impuso la multa respecto al manejo de los Libros de Compras y Ventas IVA;y se ratificó inextenso en el Trabajo realizado por la Administración Tributaria, para luego citar como normas infringidas los arts. 8 de la Ley N° 843; 8 del DS °21530; 22, 70, 76, 81, arts. 160.5, 161.1) y 162 de la Ley N°2492, 41, 45, 47 de la RND 10-0016-07, y art. 11 de la RND y la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso consagrado por los arts. 115.II y 117.I de la CPE.
De lo referido se advierte que, la recurrente desconoce las características y naturaleza del recurso de casación, que al constituirse en una nueva demanda de puro derecho, exige que en su interposición se cumpla con los requisitos enumerados por el art. 258 del CPC, fundamentando de manera precisa y concreta las causas que dieron lugar a la interposición del recurso, no pudiendo conformarse con la simple alusión de normas legales o la relación de hechos, sino demostrar en términos razonados y razonables, en qué consiste la infracción o vulneración en la que hubiera incurrido el Ad quem al pronunciar el Auto de Vista; la recurrente simplificó su pretensión alreferirse a la labor que desarrollaron en sede administrativa y a citar varias normas legales presuntamente vulneradas, pero omitió identificar con claridad y precisión el presunto error o vulneración que contuviera el Auto de Vista, omisión que impide a este Tribunal Supremo de Justicia aperturar su competencia.
El defecto advertido no puede ser suplido de oficio por este Tribunal Supremo de Justicia que se ve imposibilitado de abrir su competencia para la resolución del recurso planteado, por lo que corresponde aplicar lo advertido por los arts. 271.1 y 272.2) del CPC.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo interpuesto por Verónica Jeannine Sandy Tapia, Gerente Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales Oruro.

References: Resolución 
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 artículo 253
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