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Timestamp: 2019-09-20 22:58:06+00:00

Document:
Órgano Emisor : Ministerio de Cultura
Fecha de Publicación: 22-04-1996
Marginal : 69726853
La disposiciÃ³n final segunda de la Ley 27/1995, de 11 de octubre, de incorporaciÃ³n al Derecho espaÃ±ol de la Directiva 93/98/CEE, del Consejo, de 29 de octubre, relativa a la armonizaciÃ³n del plazo de protecciÃ³n del derecho de autor y de determinados derechos afines, autorizÃ³ al Gobierno para que, antes del 30 de junio de 1996, aprobara un texto que refundiese las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual, regularizando, aclarando y armonizando los textos que hubieran de ser refundidos. El alcance temporal de esta habilitaciÃ³n legislativa es el relativo a las disposiciones legales que se encontrarÃ¡n vigentes a 30 de junio de 1996.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Cultura, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 12 de abril de 1996,
ArtÃ­culo Ãºnico. Objeto de la norma.
2. Ley 20/1992, de 7 de julio, de modificaciÃ³n de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual.
3. Ley 16/1993, de 23 de diciembre, de incorporaciÃ³n al Derecho espaÃ±ol de la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo, sobre la protecciÃ³n jurÃ­dica de programas de ordenador.
4. Ley 43/1994, de 30 de diciembre, de incorporaciÃ³n al Derecho espaÃ±ol de la Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre, sobre derechos de alquiler y prÃ©stamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el Ã¡mbito de la propiedad intelectual.
5. Ley 27/1995, de 11 de octubre, de incorporaciÃ³n al Derecho espaÃ±ol de la Directiva 93/98/CEE, del Consejo, de 29 de octubre, relativa a la armonizaciÃ³n del plazo de protecciÃ³n del derecho de autor y de determinados derechos afines.
6. Ley 28/1995, de 11 de octubre, de incorporaciÃ³n al Derecho espaÃ±ol de la Directiva 93/83/CEE, del Consejo, de 27 de septiembre, sobre coordinaciÃ³n de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el Ã¡mbito de la radiodifusiÃ³n vÃ­a satÃ©lite y de la distribuciÃ³n por cable.
Este Real Decreto legislativo entrarÃ¡ en vigor el dÃ­a siguiente al de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ».
[encabezado]TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
ArtÃ­culo 1. Hecho generador.
La propiedad intelectual de una obra literaria, artÃ­stica o cientÃ­fica corresponde al autor por el solo hecho de su creaciÃ³n.
ArtÃ­culo 2. Contenido.
La propiedad intelectual estÃ¡ integrada por derechos de carÃ¡cter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposiciÃ³n y el derecho exclusivo a la explotaciÃ³n de la obra, sin mÃ¡s limitaciones que las establecidas en la Ley.
ArtÃ­culo 3. CaracterÃ­sticas.
1.Âº La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que estÃ¡ incorporada la creaciÃ³n intelectual.
2.Âº Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.
3.Âº Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en el Libro II de la presente Ley.
ArtÃ­culo 4. DivulgaciÃ³n y publicaciÃ³n.
A efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se entiende por divulgaciÃ³n de una obra toda expresiÃ³n de la misma que, con el consentimiento del autor, la haga accesible por primera vez al pÃºblico en cualquier forma; y por publicaciÃ³n, la divulgaciÃ³n que se realice mediante la puesta a disposiciÃ³n del pÃºblico de un nÃºmero de ejemplares de la obra que satisfaga razonablemente sus necesidades estimadas de acuerdo con la naturaleza y finalidad de la misma.
ArtÃ­culo 5. Autores y otros beneficiarios.
1. Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artÃ­stica o cientÃ­fica.
2. No obstante, de la protecciÃ³n que esta Ley concede al autor se podrÃ¡n beneficiar personas jurÃ­dicas en los casos expresamente previstos en ella.
ArtÃ­culo 6. PresunciÃ³n de autorÃ­a, obras anÃ³nimas o seudÃ³nimas.
1. Se presumirÃ¡ autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique.
2. Cuando la obra se divulgue en forma anÃ³nima o bajo seudÃ³nimo o signo, el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual corresponderÃ¡ a la persona natural o jurÃ­dica que la saque a la luz con el consentimiento del autor, mientras Ã©ste no revele su identidad.
ArtÃ­culo 7. Obra en colaboraciÃ³n.
1. Los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la colaboraciÃ³n de varios autores corresponden a todos ellos.
2. Para divulgar y modificar la obra se requiere el consentimiento de todos los coautores. En defecto de acuerdo, el Juez resolverÃ¡.
Una vez divulgada la obra, ningÃºn coautor puede rehusar injustificadamente su consentimiento para su explotaciÃ³n en la forma en que se divulgÃ³.
3. A reserva de lo pactado entre los coautores de la obra en colaboraciÃ³n, Ã©stos podrÃ¡n explotar separadamente sus aportaciones, salvo que causen perjuicio a la explotaciÃ³n comÃºn.
4. Los derechos de propiedad intelectual sobre una obra en colaboraciÃ³n corresponden a todos los autores en la proporciÃ³n que ellos determinen. En lo no previsto en esta Ley, se aplicarÃ¡n a estas obras las reglas establecidas en el CÃ³digo Civil para la comunidad de bienes.
ArtÃ­culo 8. Obra colectiva.
Se considera obra colectiva la creada por la iniciativa y bajo la coordinaciÃ³n de una persona natural o jurÃ­dica que la edita y divulga bajo su nombre y estÃ¡ constituida por la reuniÃ³n de aportaciones de diferentes autores cuya contribuciÃ³n personal se funde en una creaciÃ³n Ãºnica y autÃ³noma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada.
Salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva corresponderÃ¡n a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre.
ArtÃ­culo 9. Obra compuesta e independiente.
1. Se considerarÃ¡ obra compuesta la obra nueva que incorpore una obra preexistente sin la colaboraciÃ³n del autor de esta Ãºltima, sin perjuicio de los derechos que a Ã©ste correspondan y de su necesaria autorizaciÃ³n.
2. La obra que constituya creaciÃ³n autÃ³noma se considerarÃ¡ independiente, aunque se publique conjuntamente con otras.
ArtÃ­culo 10. Obras y tÃ­tulos originales.
1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artÃ­sticas o cientÃ­ficas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiÃ©ndose entre ellas:
a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cÃ¡tedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.
c) Las obras dramÃ¡ticas y dramÃ¡tico-musicales, las coreografÃ­as, las pantomimas y, en general, las obras teatrales.
d) Las obras cinematogrÃ¡ficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.
e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografÃ­a y las historietas grÃ¡ficas, tebeos o comics, asÃ­ como sus ensayos o bocetos y las demÃ¡s obras plÃ¡sticas, sean o no aplicadas.
f) Los proyectos, planos, maquetas y diseÃ±os de obras arquitectÃ³nicas y de ingenierÃ­a.
g) Los grÃ¡ficos, mapas y diseÃ±os relativos a la topografÃ­a, la geografÃ­a y, en general, a la ciencia.
h) Las obras fotogrÃ¡ficas y las expresadas por procedimiento anÃ¡logo a la fotografÃ­a.
2. El tÃ­tulo de una obra, cuando sea original, quedarÃ¡ protegido como parte de ella.
ArtÃ­culo 11. Obras derivadas.
Sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original, tambiÃ©n son objeto de propiedad intelectual:
1.Âº Las traducciones y adaptaciones.
2.Âº Las revisiones, actualizaciones y anotaciones.
3.Âº Los compendios, resÃºmenes y extractos.
4.Âº Los arreglos musicales.
5.Âº Cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artÃ­stica o cientÃ­fica.
ArtÃ­culo 12. Colecciones.
TambiÃ©n son objeto de propiedad intelectual, en los tÃ©rminos de la presente Ley, las colecciones de obras ajenas, como las antologÃ­as, y las de otros elementos o datos que por la selecciÃ³n o disposiciÃ³n de las materias constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso de los derechos de los autores de las obras originales.
ArtÃ­culo 13. Exclusiones.
No son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los Ã³rganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictÃ¡menes de los organismos pÃºblicos, asÃ­ como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores.
SECCIÃ“N 1.Âª DERECHO MORAL
ArtÃ­culo 14. Contenido y caracterÃ­sticas del derecho moral.
1.Âº Decidir si su obra ha de ser divulgada y en quÃ© forma.
2.Âº Determinar si tal divulgaciÃ³n ha de hacerse con su nombre, bajo seudÃ³nimo o signo, o anÃ³nimamente.
3.Âº Exigir el reconocimiento de su condiciÃ³n de autor de la obra.
4.Âº Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformaciÃ³n, modificaciÃ³n, alteraciÃ³n o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legÃ­timos intereses o menoscabo a su reputaciÃ³n.
5.Âº Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protecciÃ³n de bienes de interÃ©s cultural.
6.Âº Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnizaciÃ³n de daÃ±os y perjuicios a los titulares de derechos de explotaciÃ³n.
Si, posteriormente, el autor decide reemprender la explotaciÃ³n de su obra deberÃ¡ ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular de los mismos y en condiciones razonablemente similares a las originarias.
7.Âº Acceder al ejemplar Ãºnico o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgaciÃ³n o cualquier otro que le corresponda.
Este derecho no permitirÃ¡ exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a la misma se llevarÃ¡ a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al poseedor, al que se indemnizarÃ¡, en su caso, por los daÃ±os y perjuicios que se le irroguen.
ArtÃ­culo 15. Supuestos de legitimaciÃ³n Â«mortis causaÂ».
1. Al fallecimiento del autor, el ejercicio de los derechos mencionados en los apartados 3.Âº y 4.Âº del artÃ­culo anterior corresponde, sin lÃ­mite de tiempo, a la persona natural o jurÃ­dica a la que el autor se lo haya confiado expresamente por disposiciÃ³n de Ãºltima voluntad. En su defecto, el ejercicio de estos derechos corresponderÃ¡ a los herederos.
2. Las mismas personas seÃ±aladas en el nÃºmero anterior y en el mismo orden que en Ã©l se indica, podrÃ¡n ejercer el derecho previsto en el apartado 1.Âº del artÃ­culo 14, en relaciÃ³n con la obra no divulgada en vida de su autor y durante un plazo de setenta aÃ±os desde su muerte o declaraciÃ³n de fallecimiento, sin perjuicio de lo establecido en el artÃ­culo 40.
ArtÃ­culo 16. SustituciÃ³n en la legitimaciÃ³n Â«mortis causaÂ».
Siempre que no existan las personas mencionadas en el artÃ­culo anterior, o se ignore su paradero, el Estado, las Comunidades AutÃ³nomas, las Corporaciones locales y las instituciones pÃºblicas de carÃ¡cter cultural estarÃ¡n legitimados para ejercer los derechos previstos en el mismo.
SECCIÃ“N 2.Âª DERECHOS DE EXPLOTACIÃ“N
ArtÃ­culo 17. Derecho exclusivo de explotaciÃ³n y sus modalidades.
Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotaciÃ³n de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducciÃ³n, distribuciÃ³n, comunicaciÃ³n pÃºblica y transformaciÃ³n, que no podrÃ¡n ser realizadas sin su autorizaciÃ³n, salvo en los casos previstos en la presente Ley.
ArtÃ­culo 18. ReproducciÃ³n.
Se entiende por reproducciÃ³n la fijaciÃ³n de la obra en un medio que permita su comunicaciÃ³n y la obtenciÃ³n de copias de toda o parte de ella.
ArtÃ­culo 19. DistribuciÃ³n.
1. Se entiende por distribuciÃ³n la puesta a disposiciÃ³n del pÃºblico del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, prÃ©stamo o de cualquier otra forma.
2. Cuando la distribuciÃ³n se efectÃºe mediante venta, en el Ã¡mbito de la UniÃ³n Europea, este derecho se extingue con la primera y, Ãºnicamente, respecto a las ventas sucesivas que se realicen en dicho Ã¡mbito por el titular del mismo o con su consentimiento.
3. Se entiende por alquiler la puesta a disposiciÃ³n de los originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado y con un beneficio econÃ³mico o comercial directo o indirecto.
Quedan excluidas del concepto de alquiler la puesta a disposiciÃ³n con fines de exposiciÃ³n, de comunicaciÃ³n pÃºblica a partir de fonogramas o de grabaciones audiovisuales, incluso de fragmentos de unos y otras, y la que se realice para consulta in situ.
4. Se entiende por prÃ©stamo la puesta a disposiciÃ³n de los originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado sin beneficio econÃ³mico o comercial directo ni indirecto, siempre que dicho prÃ©stamo se lleve a cabo a travÃ©s de establecimientos accesibles al pÃºblico.
Se entenderÃ¡ que no existe beneficio econÃ³mico o comercial directo ni indirecto cuando el prÃ©stamo efectuado por un establecimiento accesible al pÃºblico dÃ© lugar al pago de una cantidad que no exceda de lo necesario para cubrir sus gastos de funcionamiento.
Quedan excluidas del concepto de prÃ©stamo las operaciones mencionadas en el pÃ¡rrafo segundo del anterior apartado 3 y las que se efectÃºen entre establecimientos accesibles al pÃºblico.
5. Lo dispuesto en este artÃ­culo en cuanto al alquiler y al prÃ©stamo no se aplicarÃ¡ a los edificios ni a las obras de artes aplicadas.
ArtÃ­culo 20. ComunicaciÃ³n pÃºblica.
1. Se entenderÃ¡ por comunicaciÃ³n pÃºblica todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribuciÃ³n de ejemplares a cada una de ellas.
No se considerarÃ¡ pÃºblica la comunicaciÃ³n cuando se celebre dentro de un Ã¡mbito estrictamente domÃ©stico que no estÃ© integrado o conectado a una red de difusiÃ³n de cualquier tipo.
2. Especialmente, son actos de comunicaciÃ³n pÃºblica:
a) Las representaciones escÃ©nicas, recitaciones, disertaciones y ejecuciones pÃºblicas de las obras dramÃ¡ticas, dramÃ¡tico-musicales, literarias y musicales mediante cualquier medio o procedimiento.
b) La proyecciÃ³n o exhibiciÃ³n pÃºblica de las obras cinematogrÃ¡ficas y de las demÃ¡s audiovisuales.
c) La emisiÃ³n de cualesquiera obras por radiodifusiÃ³n o por cualquier otro medio que sirva para la difusiÃ³n inalÃ¡mbrica de signos, sonidos o imÃ¡genes. El concepto de emisiÃ³n comprende la producciÃ³n de seÃ±ales portadoras de programas hacia un satÃ©lite, cuando la recepciÃ³n de las mismas por el pÃºblico no es posible sino a travÃ©s de entidad distinta de la de origen.
d) La radiodifusiÃ³n o comunicaciÃ³n al pÃºblico vÃ­a satÃ©lite de cualesquiera obras, es decir, el acto de introducir, bajo el control y la responsabilidad de la entidad radiodifusora, las seÃ±ales portadoras de programas, destinadas a la recepciÃ³n por el pÃºblico en una cadena ininterrumpida de comunicaciÃ³n que vaya al satÃ©lite y desde Ã©ste a la tierra. Los procesos tÃ©cnicos normales relativos a las seÃ±ales portadoras de programas no se consideran interrupciones de la cadena de comunicaciÃ³n.
Cuando las seÃ±ales portadoras de programas se emitan de manera codificada existirÃ¡ comunicaciÃ³n al pÃºblico vÃ­a satÃ©lite siempre que se pongan a disposiciÃ³n del pÃºblico por la entidad radiodifusora, o con su consentimiento, medios de descodificaciÃ³n.
A efectos de lo dispuesto en los dos pÃ¡rrafos anteriores, se entenderÃ¡ por satÃ©lite cualquiera que opere en bandas de frecuencia reservadas por la legislaciÃ³n de telecomunicaciones a la difusiÃ³n de seÃ±ales para la recepciÃ³n por el pÃºblico o para la comunicaciÃ³n individual no pÃºblica, siempre que, en este Ãºltimo caso, las circunstancias en las que se lleve a efecto la recepciÃ³n individual de las seÃ±ales sean comparables a las que se aplican en el primer caso.
e) La transmisiÃ³n de cualesquiera obras al pÃºblico por hilo, cable, fibra Ã³ptica u otro procedimiento anÃ¡logo, sea o no mediante abono.
f) La retransmisiÃ³n, por cualquiera de los medios citados en los apartados anteriores y por entidad distinta de la de origen, de la obra radiodifundida.
Se entiende por retransmisiÃ³n por cable la retransmisiÃ³n simultÃ¡nea, inalterada e Ã­ntegra, por medio de cable o microondas de emisiones o transmisiones iniciales, incluidas las realizadas por satÃ©lite, de programas radiodifundidos o televisados destinados a ser recibidos por el pÃºblico.
g) La emisiÃ³n o transmisiÃ³n, en lugar accesible al pÃºblico, mediante cualquier instrumento idÃ³neo, de la obra radiodifundida.
h) La exposiciÃ³n pÃºblica de obras de arte o sus reproducciones.
i) El acceso pÃºblico a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicaciÃ³n, cuando Ã©stas incorporen o constituyan obras protegidas.
3. La comunicaciÃ³n al pÃºblico vÃ­a satÃ©lite en el territorio de la UniÃ³n Europea se regirÃ¡ por las siguientes disposiciones:
a) La comunicaciÃ³n al pÃºblico vÃ­a satÃ©lite se producirÃ¡ Ãºnicamente en el Estado miembro de la UniÃ³n Europea en que, bajo el control y responsabilidad de la entidad radiodifusora, las seÃ±ales portadoras de programas se introduzcan en la cadena ininterrumpida de comunicaciÃ³n a la que se refiere el pÃ¡rrafo d) del apartado 2 de este artÃ­culo.
b) Cuando la comunicaciÃ³n al pÃºblico vÃ­a satÃ©lite se produzca en el territorio de un Estado no perteneciente a la UniÃ³n Europea donde no exista el nivel de protecciÃ³n que para dicho sistema de comunicaciÃ³n al pÃºblico establece este apartado 3, se tendrÃ¡ en cuenta lo siguiente:
1.Âº Si la seÃ±al portadora del programa se envÃ­a al satÃ©lite desde una estaciÃ³n de seÃ±al ascendente situada en un Estado miembro se considerarÃ¡ que la comunicaciÃ³n al pÃºblico vÃ­a satÃ©lite se ha producido en dicho Estado miembro. En tal caso, los derechos que se establecen relativos a la radiodifusiÃ³n vÃ­a satÃ©lite podrÃ¡n ejercitarse frente a la persona que opere la estaciÃ³n que emite la seÃ±al ascendente.
2.Âº Si no se utiliza una estaciÃ³n de seÃ±al ascendente situada en un Estado miembro pero una entidad de radiodifusiÃ³n establecida en un Estado miembro ha encargado la emisiÃ³n vÃ­a satÃ©lite, se considerarÃ¡ que dicho acto se ha producido en el Estado miembro en el que la entidad de radiodifusiÃ³n tenga su establecimiento principal. En tal caso, los derechos que se establecen relativos a la radiodifusiÃ³n vÃ­a satÃ©lite podrÃ¡n ejercitarse frente a la entidad de radiodifusiÃ³n.
c) La comunicaciÃ³n al pÃºblico vÃ­a satÃ©lite autorizada por un coproductor exigirÃ¡ autorizaciÃ³n previa de los demÃ¡s coproductores a quienes pudiera perjudicar por razones de exclusividad lingÃ¼Ã­stica o anÃ¡logas en caso de que la obra consista meramente en imÃ¡genes.
4. La retransmisiÃ³n por cable definida en el pÃ¡rrafo segundo del apartado 2.f) de este artÃ­culo, dentro del territorio de la UniÃ³n Europea, se regirÃ¡ por las siguientes disposiciones:
a) La retransmisiÃ³n en territorio espaÃ±ol de emisiones, radiodifusiones vÃ­a satÃ©lite o transmisiones iniciales de programas procedentes de otros Estados miembros de la UniÃ³n Europea se realizarÃ¡, en lo relativo a los derechos de autor, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y con arreglo a lo establecido en los acuerdos contractuales, individuales o colectivos, firmados entre los titulares de derechos y las empresas de retransmisiÃ³n por cable.
b) El derecho que asiste a los titulares de derechos de autor de autorizar la retransmisiÃ³n por cable se ejercerÃ¡, exclusivamente, a travÃ©s de una entidad de gestiÃ³n de derechos de propiedad intelectual.
c) En el caso de titulares que no hubieran encomendado la gestiÃ³n de sus derechos a una entidad de gestiÃ³n de derechos de propiedad intelectual, los mismos se harÃ¡n efectivos a travÃ©s de la entidad que gestione derechos de la misma categorÃ­a.
Cuando existiere mÃ¡s de una entidad de gestiÃ³n de los derechos de la referida categorÃ­a, sus titulares podrÃ¡n encomendar la gestiÃ³n de los mismos a cualquiera de las entidades.
Los titulares a que se refiere este pÃ¡rrafo c) gozarÃ¡n de los derechos y quedarÃ¡n sujetos a las obligaciones derivadas del acuerdo celebrado entre la empresa de retransmisiÃ³n por cable y la entidad en la que se considere hayan delegado la gestiÃ³n de sus derechos, en igualdad de condiciones con los titulares de derechos que hayan encomendado la gestiÃ³n de los mismos a tal entidad. Asimismo, podrÃ¡n reclamar a la entidad de gestiÃ³n a la que se refieren los pÃ¡rrafos anteriores de este pÃ¡rrafo c), sus derechos dentro de los tres aÃ±os contados a partir de la fecha en que se retransmitiÃ³ por cable la obra protegida.
d) Cuando el titular de derechos autorice la emisiÃ³n, radiodifusiÃ³n vÃ­a satÃ©lite o transmisiÃ³n inicial en territorio espaÃ±ol de una obra protegida, se presumirÃ¡ que consiente en no ejercitar, a tÃ­tulo individual, sus derechos para, en su caso, la retransmisiÃ³n por cable de la misma, sino a ejercitarlos con arreglo a lo dispuesto en este apartado 4.
e) Lo dispuesto en los pÃ¡rrafos b), c) y d) de este apartado 4 no se aplicarÃ¡ a los derechos ejercidos por las entidades de radiodifusiÃ³n respecto de sus propias emisiones, radiodifusiones vÃ­a satÃ©lite o transmisiones, con independencia de que los referidos derechos sean suyos o les hayan sido transferidos por otros titulares de derechos de autor.
f) Cuando, por falta de acuerdo entre las partes, no se llegue a celebrar un contrato para la autorizaciÃ³n de la retransmisiÃ³n por cable, las partes podrÃ¡n acceder, por vÃ­a de mediaciÃ³n, a la ComisiÃ³n Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual.
SerÃ¡ aplicable a la mediaciÃ³n contemplada en el pÃ¡rrafo anterior lo previsto en el artÃ­culo 153 de la presente Ley y en el Real Decreto de desarrollo de dicha disposiciÃ³n.
g) Cuando alguna de las partes, en abuso de su posiciÃ³n negociadora, impida la iniciaciÃ³n o prosecuciÃ³n de buena fe de las negociaciones para la autorizaciÃ³n de la retransmisiÃ³n por cable, u obstaculice, sin justificaciÃ³n vÃ¡lida, las negociaciones o la mediaciÃ³n a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, se aplicarÃ¡ lo dispuesto en el TÃ­tulo I, capÃ­tulo I, de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
ArtÃ­culo 21. TransformaciÃ³n.
1. La transformaciÃ³n de la obra comprende su traducciÃ³n, adaptaciÃ³n y cualquier otra modificaciÃ³n en su forma de la que se derive una obra diferente.
2. Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultante de la transformaciÃ³n corresponderÃ¡n al autor de esta Ãºltima, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra preexistente.
ArtÃ­culo 22. Colecciones escogidas u obras completas.
La cesiÃ³n de los derechos de explotaciÃ³n sobre sus obras no impedirÃ¡ al autor publicarlas reunidas en colecciÃ³n escogida o completa.
ArtÃ­culo 23. Independencia de derechos.
Los derechos de explotaciÃ³n regulados en esta secciÃ³n son independientes entre sÃ­.
SECCIÃ“N 3.Âª OTROS DERECHOS
ArtÃ­culo 24. Derecho de participaciÃ³n.
1. Los autores de obras de artes plÃ¡sticas tendrÃ¡n derecho a percibir del vendedor una participaciÃ³n en el precio de toda reventa que de las mismas se realice en pÃºblica subasta, en establecimiento mercantil, o con la intervenciÃ³n de un comerciante o agente mercantil.
Se exceptÃºan de lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior las obras de artes aplicadas.
2. La mencionada participaciÃ³n de los autores serÃ¡ del 3 por 100 del precio de la reventa, y nacerÃ¡ el derecho a percibir aquÃ©lla cuando dicho precio sea igual o superior a 300.000 pesetas por obra vendida o conjunto que pueda tener carÃ¡cter unitario.
3. El derecho establecido en el apartado 1 de este artÃ­culo es irrenunciable, se transmitirÃ¡ Ãºnicamente por sucesiÃ³n Â«mortis causaÂ» y se extinguirÃ¡ transcurridos setenta aÃ±os a contar desde el 1 de enero del aÃ±o siguiente a aquel en que se produjo la muerte o la declaraciÃ³n de fallecimiento del autor.
4. Los subastadores, titulares de establecimientos mercantiles, o agentes mercantiles que hayan intervenido en la reventa deberÃ¡n notificarla a la entidad de gestiÃ³n correspondiente o, en su caso, al autor o sus derechohabientes, en el plazo de dos meses, y facilitarÃ¡n la documentaciÃ³n necesaria para la prÃ¡ctica de la correspondiente liquidaciÃ³n. Asimismo, cuando actÃºen por cuenta o encargo del vendedor, responderÃ¡n solidariamente con Ã©ste del pago del derecho, a cuyo efecto retendrÃ¡n del precio la participaciÃ³n que proceda. En todo caso, se considerarÃ¡n depositarios del importe de dicha participaciÃ³n.
5. La acciÃ³n para hacer efectivo el derecho ante los mencionados subastadores, titulares de establecimientos mercantiles, comerciantes y agentes, prescribirÃ¡ a los tres aÃ±os de la notificaciÃ³n de la reventa. Transcurrido dicho plazo sin que el importe de la participaciÃ³n del autor hubiera sido objeto de reclamaciÃ³n, se procederÃ¡ al ingreso del mismo en el Fondo de Ayuda a las Bellas Artes, que reglamentariamente se establezca y regule.
ArtÃ­culo 25. Derecho de remuneraciÃ³n por copia privada.
1. La reproducciÃ³n realizada exclusivamente para uso privado, conforme a lo autorizado en el apartado 2 del artÃ­culo 31 de esta Ley, mediante aparatos o instrumentos tÃ©cnicos no tipogrÃ¡ficos, de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, asÃ­ como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, originarÃ¡ una remuneraciÃ³n equitativa y Ãºnica por cada una de las tres modalidades de reproducciÃ³n mencionadas, en favor de las personas que se expresan en el pÃ¡rrafo b) del apartado 4 del presente artÃ­culo, dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaren de percibir por razÃ³n de la expresada reproducciÃ³n. Este derecho serÃ¡ irrenunciable para los autores y los artistas, intÃ©rpretes o ejecutantes.
2. Esa remuneraciÃ³n se determinarÃ¡ para cada modalidad en funciÃ³n de los equipos, aparatos y materiales idÃ³neos para realizar dicha reproducciÃ³n, fabricados en territorio espaÃ±ol o adquiridos fuera del mismo para su distribuciÃ³n comercial o utilizaciÃ³n dentro de dicho territorio.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los programas de ordenador.
4. En relaciÃ³n con la obligaciÃ³n legal a que se refiere el apartado 1 del presente artÃ­culo serÃ¡n:
a) Deudores: los fabricantes en EspaÃ±a, asÃ­ como los adquirentes fuera del territorio espaÃ±ol, para su distribuciÃ³n comercial o utilizaciÃ³n dentro de Ã©ste, de equipos, aparatos y materiales que permitan alguna de las modalidades de reproducciÃ³n previstas en el apartado 1 de este artÃ­culo.
Los distribuidores, mayoristas y minoristas, sucesivos adquirentes de los mencionados equipos, aparatos y materiales, responderÃ¡n del pago de la remuneraciÃ³n solidariamente con los deudores que se los hubieren suministrado, salvo que acrediten haber satisfecho efectivamente a Ã©stos la remuneraciÃ³n y sin perjuicio de lo que se dispone en los apartados 13, 14 y 19 del presente artÃ­culo.
b) Acreedores: los autores de las obras explotadas pÃºblicamente en alguna de las formas mencionadas en el apartado 1 de este artÃ­culo, juntamente en sus respectivos casos y modalidades de reproducciÃ³n, con los editores, los productores de fonogramas y videogramas y los artistas intÃ©rpretes o ejecutantes cuyas actuaciones hayan sido fijadas en dichos fonogramas y videogramas.
5. El importe de la remuneraciÃ³n que deberÃ¡ satisfacer cada deudor serÃ¡ el resultante de la aplicaciÃ³n de las siguientes cantidades:
a) Equipos o aparatos de reproducciÃ³n de libros:
1.Âº 7.500 pesetas por equipo o aparato con capacidad de copia de hasta nueve copias por minuto.
2.Âº 22.500 pesetas por equipo o aparato con capacidad de copia desde 10 hasta 29 copias por minuto.
3.Âº 30.000 pesetas por equipo o aparato con capacidad de copia desde 30 hasta 49 copias por minuto.
4.Âº 37.000 pesetas por equipo o aparato con capacidad de copia desde 50 copias por minuto en adelante.
b) Equipos o aparatos de reproducciÃ³n de fonogramas: 100 pesetas por unidad de grabaciÃ³n.
c) Equipos o aparatos de reproducciÃ³n de videogramas: 1.100 pesetas por unidad de grabaciÃ³n.
d) Materiales de reproducciÃ³n sonora: 30 pesetas por hora de grabaciÃ³n o 0,50 pesetas por minuto de grabaciÃ³n.
e) Materiales de reproducciÃ³n visual o audiovisual: 50 pesetas por hora de grabaciÃ³n o 0,833 pesetas por minuto de grabaciÃ³n.
6. Quedan exceptuados del pago de la remuneraciÃ³n:
a) Los productores de fonogramas o de videogramas y las entidades de radiodifusiÃ³n, por los equipos, aparatos o materiales destinados al uso de su actividad siempre que cuenten con la preceptiva autorizaciÃ³n para llevar a efecto la correspondiente reproducciÃ³n de obras, prestaciones artÃ­sticas, fonogramas o videogramas, segÃºn proceda, en el ejercicio de tal actividad, lo que deberÃ¡n acreditar a los deudores y, en su caso, a sus responsables solidarios, mediante certificaciÃ³n de la entidad o entidades de gestiÃ³n correspondientes, en el supuesto de adquirir los equipos, aparatos o materiales dentro del territorio espaÃ±ol.
b) Las personas naturales que adquieran fuera del territorio espaÃ±ol los referidos equipos, aparatos y materiales en rÃ©gimen de viajeros y en una cantidad tal que permita presumir razonablemente que los destinarÃ¡n al uso privado en dicho territorio.
7. El derecho de remuneraciÃ³n a que se refiere el apartado 1 del presente artÃ­culo se harÃ¡ efectivo a travÃ©s de las entidades de gestiÃ³n de los derechos de propiedad intelectual.
8. Cuando concurran varias entidades de gestiÃ³n en la administraciÃ³n de una misma modalidad de remuneraciÃ³n, Ã©stas podrÃ¡n actuar frente a los deudores en todo lo relativo a la percepciÃ³n del derecho en juicio y fuera de Ã©l, conjuntamente y bajo una sola representaciÃ³n, siendo de aplicaciÃ³n a las relaciones entre dichas entidades las normas que rigen la comunidad de bienes. Asimismo, en este caso, las entidades de gestiÃ³n podrÃ¡n asociarse y constituir, conforme a la legalidad vigente, una persona jurÃ­dica a los fines expresados.
9. Las entidades de gestiÃ³n de los acreedores comunicarÃ¡n al Ministerio de Cultura el nombre o denominaciÃ³n y el domicilio de la representaciÃ³n Ãºnica o de la asociaciÃ³n que, en su caso, hubieren constituido. En este Ãºltimo caso, presentarÃ¡n ademÃ¡s la documentaciÃ³n acreditativa de la constituciÃ³n de dicha asociaciÃ³n, con una relaciÃ³n individualizada de sus entidades miembros, en la que se indique el nombre y domicilio de las mismas.
Lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior serÃ¡ de aplicaciÃ³n a cualquier cambio en la persona de la representaciÃ³n Ãºnica o de la asociaciÃ³n constituida, en sus domicilios y en el nÃºmero y calidad de las entidades de gestiÃ³n, representadas o asociadas, asÃ­ como en el supuesto de modificaciÃ³n de los Estatutos de la asociaciÃ³n.
10. El Ministerio de Cultura ejercerÃ¡ el control de la entidad o entidades de gestiÃ³n o, en su caso, de la representaciÃ³n o asociaciÃ³n gestora de la percepciÃ³n del derecho, en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 154 de la Ley, y publicarÃ¡, en su caso, en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ» una relaciÃ³n de las entidades representantes o asociaciones gestoras con indicaciÃ³n de sus domicilios, de la respectiva modalidad de la remuneraciÃ³n en la que operen y de las entidades de gestiÃ³n representadas o asociadas. Esta publicaciÃ³n se efectuarÃ¡ siempre que se produzca una modificaciÃ³n en los datos reseÃ±ados.
A los efectos previstos en el artÃ­culo 154 de la Ley, la entidad o entidades de gestiÃ³n o, en su caso, la representaciÃ³n o asociaciÃ³n gestora que hubieren constituido estarÃ¡n obligadas a presentar al Ministerio de Cultura, los dÃ­as 30 de junio y 31 de diciembre de cada aÃ±o, relaciÃ³n pormenorizada de las declaraciones-liquidaciones asÃ­ como de los pagos efectuados a que se refiere el apartado 12 de este artÃ­culo, correspondientes al semestre natural anterior.
11. La obligaciÃ³n de pago de la remuneraciÃ³n nacerÃ¡ en los siguientes supuestos:
a) Para los fabricantes y para los adquirentes de equipos, aparatos y materiales fuera del territorio espaÃ±ol con destino a su distribuciÃ³n comercial en el mismo, en el momento en que se produzca por parte del deudor la transmisiÃ³n de la propiedad o, en su caso, la cesiÃ³n del uso o disfrute de cualquiera de aquÃ©llos.
b) Para los adquirentes de equipos, aparatos y materiales fuera del territorio espaÃ±ol con destino a su utilizaciÃ³n dentro de dicho territorio, desde el momento de su adquisiciÃ³n.
12. Los deudores mencionados en el pÃ¡rrafo a) del apartado 11 de este artÃ­culo presentarÃ¡n a la entidad o entidades de gestiÃ³n correspondientes o, en su caso, a la representaciÃ³n o asociaciÃ³n mencionadas en los apartados 7 a 10, ambos inclusive, del mismo, dentro de los treinta dÃ­as siguientes a la finalizaciÃ³n de cada trimestre natural, una declaraciÃ³n-liquidaciÃ³n en la que se indicarÃ¡n las unidades y caracterÃ­sticas tÃ©cnicas, segÃºn se especifica en el apartado 5 de este artÃ­culo, de los equipos, aparatos y materiales respecto de los cuales haya nacido la obligaciÃ³n de pago de la remuneraciÃ³n durante dicho trimestre. Con el mismo detalle, deducirÃ¡n las cantidades correspondientes a los equipos, aparatos y materiales destinados fuera del territorio espaÃ±ol y las correspondientes a los exceptuados en virtud de lo establecido en el apartado 6 de este artÃ­culo.
Los deudores aludidos en el pÃ¡rrafo b) del apartado 11 del presente artÃ­culo harÃ¡n la presentaciÃ³n de la declaraciÃ³n-liquidaciÃ³n expresada en el pÃ¡rrafo anterior dentro de los cinco dÃ­as siguientes al nacimiento de la obligaciÃ³n.
13. Los distribuidores, mayoristas y minoristas a que se refiere el segundo pÃ¡rrafo del apartado 4.a) de este artÃ­culo deberÃ¡n cumplir la obligaciÃ³n prevista en el pÃ¡rrafo primero del apartado 12 del presente artÃ­culo respecto de los equipos, aparatos y materiales adquiridos por ellos en territorio espaÃ±ol, de deudores que no les hayan repercutido y hecho constar en factura la correspondiente remuneraciÃ³n.
14. El pago de la remuneraciÃ³n se llevarÃ¡ a cabo, salvo pacto en contrario:
a) Por los deudores mencionados en el pÃ¡rrafo a) del apartado 11, dentro del mes siguiente a la fecha de finalizaciÃ³n del plazo de presentaciÃ³n de la declaraciÃ³n-liquidaciÃ³n a que se refiere el pÃ¡rrafo primero del apartado 12.
b) Por los demÃ¡s deudores y por los distribuidores, mayoristas y minoristas, en relaciÃ³n con los equipos, aparatos y materiales a que se refiere el apartado 13 de este artÃ­culo, en el momento de la presentaciÃ³n de la declaraciÃ³n-liquidaciÃ³n, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 19 del mismo.
15. Los deudores y, en su caso, los responsables solidarios se considerarÃ¡n depositarios de la remuneraciÃ³n devengada hasta el efectivo pago de la misma conforme establece el apartado 14 anterior.
16. A efectos de control de pago de la remuneraciÃ³n, los deudores mencionados en el pÃ¡rrafo a) del apartado 11 de este artÃ­culo deberÃ¡n figurar separadamente en sus facturas el importe de aquÃ©lla, del que harÃ¡n repercusiÃ³n a sus clientes y retendrÃ¡n, para su entrega conforme a lo establecido en el apartado 14.
17. Las obligaciones relativas a las facturas y a la repercusiÃ³n de la remuneraciÃ³n a los clientes, establecidas en el apartado anterior, alcanzarÃ¡n a los distribuidores, mayoristas y minoristas, responsables solidarios de los deudores. TambiÃ©n deberÃ¡n cumplir las obligaciones de retener y entregar previstas en dicho apartado, en el supuesto contemplado en el apartado 13.
18. En ningÃºn caso, los distribuidores, mayoristas y minoristas, responsables solidarios de los deudores, aceptarÃ¡n de sus respectivos proveedores el suministro de equipos, aparatos y materiales sometidos a la remuneraciÃ³n si no vienen facturados conforme a lo dispuesto en los apartados 16 y 17 del presente artÃ­culo.
19. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el importe de la remuneraciÃ³n no conste en factura, se presumirÃ¡, salvo prueba en contrario, que la remuneraciÃ³n devengada por los equipos, aparatos y materiales que comprenda, no ha sido satisfecha.
20. En el supuesto indicado en el apartado que antecede y en cualquier otro de impago de la remuneraciÃ³n, la entidad o entidades de gestiÃ³n, o, en su caso, la representaciÃ³n o asociaciÃ³n gestora, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que les asistan, podrÃ¡ solicitar del Juez, por el procedimiento establecido en el artÃ­culo 137 de esta Ley, el embargo de los correspondientes equipos, aparatos y materiales. Los bienes asÃ­ embargados quedarÃ¡n afectos al pago de la remuneraciÃ³n reclamada y de la oportuna indemnizaciÃ³n de daÃ±os y perjuicios.
21. Los deudores y sus responsables solidarios permitirÃ¡n a la entidad o entidades de gestiÃ³n, o, en su caso, a la representaciÃ³n o asociaciÃ³n gestora, el control de las operaciones sometidas a la remuneraciÃ³n y de las afectadas por las obligaciones establecidas en los apartados 12 a 20, ambos inclusive, del presente artÃ­culo. En consecuencia, facilitarÃ¡n los datos y documentaciÃ³n necesarios para comprobar el efectivo cumplimiento de dichas obligaciones y, en especial, la exactitud de las declaraciones-liquidaciones presentadas.
22. La entidad o entidades de gestiÃ³n o, en su caso, la representaciÃ³n o asociaciÃ³n gestora, y las propias entidades representadas o asociadas, deberÃ¡n respetar los principios de confidencialidad o intimidad mercantil en relaciÃ³n con cualquier informaciÃ³n que conozcan en el ejercicio de las facultades previstas en el apartado 21.
23. El Gobierno establecerÃ¡ reglamentariamente los tipos de reproducciones que no deben considerarse para uso privado a los efectos de lo dispuesto en este artÃ­culo; los equipos, aparatos y materiales exceptuados del pago de la remuneraciÃ³n, atendiendo a la peculiaridad del uso o explotaciÃ³n a que se destinen, asÃ­ como a las exigencias que puedan derivarse de la evoluciÃ³n tecnolÃ³gica y del correspondiente sector del mercado; la distribuciÃ³n de la remuneraciÃ³n en cada una de dichas modalidades entre las categorÃ­as de acreedores, a fin de que los distribuyan, a su vez, entre Ã©stos, ajustÃ¡ndose a lo dispuesto en el artÃ­culo 149 de la presente Ley.
DuraciÃ³n y lÃ­mites
ArtÃ­culo 26. DuraciÃ³n y cÃ³mputo.
Los derechos de explotaciÃ³n de la obra durarÃ¡n toda la vida del autor y setenta aÃ±os despuÃ©s de su muerte o declaraciÃ³n de fallecimiento.
ArtÃ­culo 27. DuraciÃ³n y cÃ³mputo en obras pÃ³stumas, seudÃ³nimas y anÃ³nimas.
1. Los derechos de explotaciÃ³n de las obras anÃ³nimas o seudÃ³nimas a las que se refiere el artÃ­culo 6 durarÃ¡n setenta aÃ±os desde su divulgaciÃ³n lÃ­cita.
Cuando antes de cumplirse este plazo fuera conocido el autor, bien porque el seudÃ³nimo que ha adoptado no deje dudas sobre su identidad, bien porque el mismo autor la revele, serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en el artÃ­culo precedente.
2. Los derechos de explotaciÃ³n de las obras que no hayan sido divulgadas lÃ­citamente durarÃ¡n setenta aÃ±os desde la creaciÃ³n de Ã©stas, cuando el plazo de protecciÃ³n no sea computado a partir de la muerte o declaraciÃ³n de fallecimiento del autor o autores.
ArtÃ­culo 28. DuraciÃ³n y cÃ³mputo de las obras en colaboraciÃ³n y colectivas.
1. Los derechos de explotaciÃ³n de las obras en colaboraciÃ³n definidas en el artÃ­culo 7, comprendidas las obras cinematogrÃ¡ficas y audiovisuales, durarÃ¡n toda la vida de los coautores y setenta aÃ±os desde la muerte o declaraciÃ³n de fallecimiento del Ãºltimo coautor superviviente.
2. Los derechos de explotaciÃ³n sobre las obras colectivas definidas en el artÃ­culo 8 de esta Ley durarÃ¡n setenta aÃ±os desde la divulgaciÃ³n lÃ­cita de la obra protegida. No obstante, si las personas naturales que hayan creado la obra son identificadas como autores en las versiones de la misma que se hagan accesibles al pÃºblico, se estarÃ¡ a lo dispuesto en los artÃ­culos 26 Ã³ 28.1, segÃºn proceda.
Lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior se entenderÃ¡ sin perjuicio de los derechos de los autores identificados cuyas aportaciones identificables estÃ©n contenidas en dichas obras, a las cuales se aplicarÃ¡n el artÃ­culo 26 y el apartado 1 de este artÃ­culo, segÃºn proceda.
ArtÃ­culo 29. Obras publicadas por partes.
En el caso de obras divulgadas por partes, volÃºmenes, entregas o fascÃ­culos, que no sean independientes y cuyo plazo de protecciÃ³n comience a transcurrir cuando la obra haya sido divulgada de forma lÃ­cita, dicho plazo se computarÃ¡ por separado para cada elemento.
ArtÃ­culo 30. CÃ³mputo de plazo de protecciÃ³n.
Los plazos de protecciÃ³n establecidos en esta Ley se computarÃ¡n desde el dÃ­a 1 de enero del aÃ±o siguiente al de la muerte o declaraciÃ³n de fallecimiento del autor o al de la divulgaciÃ³n lÃ­cita de la obra, segÃºn proceda.
ArtÃ­culo 31. ReproducciÃ³n sin autorizaciÃ³n.
Las obras ya divulgadas podrÃ¡n reproducirse sin autorizaciÃ³n del autor en los siguientes casos:
1.Âº Como consecuencia o para constancia en un procedimiento judicial o administrativo.
2.Âº Para uso privado del copista, sin perjuicio de lo dispuesto en los artÃ­culos 25 y 99.a) de esta Ley, y siempre que la copia no sea objeto de utilizaciÃ³n colectiva ni lucrativa.
3.Âº Para uso privado de invidentes, siempre que la reproducciÃ³n se efectÃºe mediante el sistema Braille u otro procedimiento especÃ­fico y que las copias no sean objeto de utilizaciÃ³n lucrativa.
ArtÃ­culo 32. Citas y reseÃ±as.
Es lÃ­cita la inclusiÃ³n en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, asÃ­ como la de obras aisladas de carÃ¡cter plÃ¡stico, fotogrÃ¡fico figurativo o anÃ¡logo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusiÃ³n se realice a tÃ­tulo de cita o para su anÃ¡lisis, comentario o juicio crÃ­tico. Tal utilizaciÃ³n sÃ³lo podrÃ¡ realizarse con fines docentes o de investigaciÃ³n, en la medida justificada por el fin de esa incorporaciÃ³n e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.
Las recopilaciones periÃ³dicas efectuadas en forma de reseÃ±as o revistas de prensa tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de citas.
ArtÃ­culo 33. Trabajos sobre temas de actualidad.
1. Los trabajos y artÃ­culos sobre temas de actualidad difundidos por los medios de comunicaciÃ³n social podrÃ¡n ser reproducidos, distribuidos y comunicados pÃºblicamente por cualesquiera otros de la misma clase, citando la fuente y el autor si el trabajo apareciÃ³ con firma y siempre que no se hubiese hecho constar en origen la reserva de derechos. Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir la remuneraciÃ³n acordada o, en defecto de acuerdo, la que se estime equitativa.
Cuando se trate de colaboraciones literarias serÃ¡ necesaria, en todo caso, la oportuna autorizaciÃ³n del autor.
2. Igualmente, se podrÃ¡n reproducir, distribuir y comunicar las conferencias, alocuciones, informes ante los Tribunales y otras obras del mismo carÃ¡cter que se hayan pronunciado en pÃºblico, siempre que esas utilizaciones se realicen con el exclusivo fin de informar sobre la actualidad. Esta Ãºltima condiciÃ³n no serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los discursos pronunciados en sesiones parlamentarias o de corporaciones pÃºblicas. En cualquier caso, queda reservado al autor el derecho a publicar en colecciÃ³n tales obras.
ArtÃ­culo 34. UtilizaciÃ³n de las obras con ocasiÃ³n de informaciones de actualidad.
Cualquier obra susceptible de ser vista u oÃ­da con ocasiÃ³n de informaciones sobre acontecimientos de la actualidad puede ser reproducida, distribuida y comunicada pÃºblicamente, si bien sÃ³lo en la medida que lo justifique dicha finalidad informativa.
ArtÃ­culo 35. UtilizaciÃ³n de obras situadas en vÃ­as pÃºblicas.
Las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vÃ­as pÃºblicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografÃ­as y procedimientos audiovisuales.
ArtÃ­culo 36. Cable, satÃ©lite y grabaciones tÃ©cnicas.
1. La autorizaciÃ³n para emitir una obra comprende la transmisiÃ³n por cable de la emisiÃ³n, cuanto Ã©sta se realice simultÃ¡nea e Ã­ntegramente por la entidad de origen y sin exceder la zona geogrÃ¡fica prevista en dicha autorizaciÃ³n.
2. Asimismo, la referida autorizaciÃ³n comprende su incorporaciÃ³n a un programa dirigido hacia un satÃ©lite que permita la recepciÃ³n de esta obra a travÃ©s de entidad distinta de la de origen, cuando el autor o su derechohabiente haya autorizado a esta Ãºltima entidad para comunicar la obra al pÃºblico, en cuyo caso, ademÃ¡s, la emisora de origen quedarÃ¡ exenta del pago de toda remuneraciÃ³n.
3. La cesiÃ³n del derecho de comunicaciÃ³n pÃºblica de una obra, cuando Ã©sta se realiza a travÃ©s de la radiodifusiÃ³n, facultarÃ¡ a la entidad radiodifusora para registrar la misma por sus propios medios y para sus propias emisiones inalÃ¡mbricas, al objeto de realizar, por una sola vez, la comunicaciÃ³n pÃºblica autorizada. Para nuevas difusiones de la obra asÃ­ registrada serÃ¡ necesaria la cesiÃ³n del derecho de reproducciÃ³n y de comunicaciÃ³n pÃºblica.
4. Lo dispuesto en este artÃ­culo se entiende sin perjuicio de lo previsto en el artÃ­culo 20 de la presente Ley.
ArtÃ­culo 37. Libre reproducciÃ³n y prÃ©stamo en determinadas instituciones.
1. Los titulares de los derechos de autor no podrÃ¡n oponerse a las reproducciones de las obras, cuando aquÃ©llas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos, de titularidad pÃºblica o integradas en instituciones de carÃ¡cter cultural o cientÃ­fico, y la reproducciÃ³n se realice exclusivamente para fines de investigaciÃ³n.
2. Asimismo, los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pÃºblica o que pertenezcan a entidades de interÃ©s general de carÃ¡cter cultural, cientÃ­fico o educativo sin Ã¡nimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo espaÃ±ol, no precisarÃ¡n autorizaciÃ³n de los titulares de los derechos ni les satisfarÃ¡n remuneraciÃ³n por los prÃ©stamos que realicen.
ArtÃ­culo 38. Actos oficiales y ceremonias religiosas.
La ejecuciÃ³n de obras musicales en el curso de actos oficiales del Estado, de las Administraciones pÃºblicas y ceremonias religiosas no requerirÃ¡ autorizaciÃ³n de los titulares de los derechos, siempre que el pÃºblico pueda asistir a ellas gratuitamente y los artistas que en las mismas intervengan no perciban remuneraciÃ³n especÃ­fica por su interpretaciÃ³n o ejecuciÃ³n en dichos actos.
ArtÃ­culo 39. Parodia.
No serÃ¡ considerada transformaciÃ³n que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusiÃ³n con la misma ni se infiera un daÃ±o a la obra original o a su autor.
ArtÃ­culo 40. Tutela del derecho de acceso a la cultura.
Si a la muerte o declaraciÃ³n de fallecimiento del autor, sus derechohabientes ejerciesen su derecho a la no divulgaciÃ³n de la obra, en condiciones que vulneren lo dispuesto en el artÃ­culo 44 de la ConstituciÃ³n, el Juez podrÃ¡ ordenar las medidas adecuadas a peticiÃ³n del Estado, las Comunidades AutÃ³nomas, las Corporaciones locales, las instituciones pÃºblicas de carÃ¡cter cultural o de cualquier otra persona que tenga un interÃ©s legÃ­timo.
ArtÃ­culo 41. Condiciones para la utilizaciÃ³n de las obras en dominio pÃºblico.
La extinciÃ³n de los derechos de explotaciÃ³n de las obras determinarÃ¡ su paso al dominio pÃºblico.
Las obras de dominio pÃºblico podrÃ¡n ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la autorÃ­a y la integridad de la obra, en los tÃ©rminos previstos en los apartados 3.Âº y 4.Âº del artÃ­culo 14.
TransmisiÃ³n de los derechos
ArtÃ­culo 42. TransmisiÃ³n Â«mortis causaÂ».
Los derechos de explotaciÃ³n de la obra se transmiten Â«mortis causaÂ» por cualquiera de los medios admitidos en derecho.
ArtÃ­culo 43. TransmisiÃ³n Â«inter vivosÂ».
1. Los derechos de explotaciÃ³n de la obra pueden transmitirse por actos Â«inter vivosÂ», quedando limitada la cesiÃ³n al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotaciÃ³n expresamente previstas y al tiempo y Ã¡mbito territorial que se determinen.
2. La falta de menciÃ³n del tiempo limita la transmisiÃ³n a cinco aÃ±os y la del Ã¡mbito territorial al paÃ­s en el que se realice la cesiÃ³n. Si no se expresan especÃ­ficamente y de modo concreto las modalidades de explotaciÃ³n de la obra, la cesiÃ³n quedarÃ¡ limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo.
3. SerÃ¡ nula la cesiÃ³n de derechos de explotaciÃ³n respecto del conjunto de las obras que pueda crear el autor en el futuro.
4. SerÃ¡n nulas las estipulaciones por las que el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro.
5. La transmisiÃ³n de los derechos de explotaciÃ³n no alcanza a las modalidades de utilizaciÃ³n o medios de difusiÃ³n inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesiÃ³n.
ArtÃ­culo 44. Menores de vida independiente.
Los autores menores de dieciocho aÃ±os y mayores de diecisÃ©is, que vivan de forma independiente con consentimiento de sus padres o tutores o con autorizaciÃ³n de la persona o instituciÃ³n que los tengan a su cargo, tienen plena capacidad para ceder derechos de explotaciÃ³n.
ArtÃ­culo 45. FormalizaciÃ³n escrita.
Toda cesiÃ³n deberÃ¡ formalizarse por escrito. Si, previo requerimiento fehaciente, el cesionario incumpliere esta exigencia, el autor podrÃ¡ optar por la resoluciÃ³n del contrato.
ArtÃ­culo 46. RemuneraciÃ³n proporcional y a tanto alzado.
1. La cesiÃ³n otorgada por el autor a tÃ­tulo oneroso le confiere una participaciÃ³n proporcional en los ingresos de la explotaciÃ³n, en la cuantÃ­a convenida con el cesionario.
2. PodrÃ¡ estipularse, no obstante, una remuneraciÃ³n a
a) Cuando, atendida la modalidad de la explotaciÃ³n, exista dificultad grave en la determinaciÃ³n de los ingresos o su comprobaciÃ³n sea imposible o de un coste desproporcionado con la eventual retribuciÃ³n.
b) Cuando la utilizaciÃ³n de la obra tenga carÃ¡cter accesorio respecto de la actividad o del objeto material a los que se destinen.
c) Cuando la obra, utilizada con otras, no constituya un elemento esencial de la creaciÃ³n intelectual en la que se integre.
d) En el caso de la primera o Ãºnica ediciÃ³n de las siguientes obras no divulgadas previamente:
1.Âº Diccionarios, antologÃ­as y enciclopedias.
2.Âº PrÃ³logos, anotaciones, introducciones y presentaciones.
3.Âº Obras cientÃ­ficas.
4.Âº Trabajos de ilustraciÃ³n de una obra.
5.Âº Traducciones.
6.Âº Ediciones populares a precios reducidos.
ArtÃ­culo 47. AcciÃ³n de revisiÃ³n por remuneraciÃ³n no equitativa.
Si en la cesiÃ³n a tanto alzado se produjese una manifiesta desproporciÃ³n entre la remuneraciÃ³n del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario, aquÃ©l podrÃ¡ pedir la revisiÃ³n del contrato y, en defecto de acuerdo, acudir al Juez para que fije una remuneraciÃ³n equitativa, atendidas las circunstancias del caso. Esta facultad podrÃ¡ ejercitarse dentro de los diez aÃ±os siguientes al de la cesiÃ³n.
ArtÃ­culo 48. CesiÃ³n en exclusiva.
La cesiÃ³n en exclusiva deberÃ¡ otorgarse expresamente con este carÃ¡cter y atribuirÃ¡ al cesionario, dentro del Ã¡mbito de aquÃ©lla, la facultad de explotar la obra con exclusiÃ³n de otra persona, comprendido el propio cedente, y, salvo pacto en contrario, las de otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros. Asimismo, le confiere legitimaciÃ³n, con independencia de la del titular cedente, para perseguir las violaciones que afecten a las facultades que se le hayan concedido.
Esta cesiÃ³n constituye al cesionario en la obligaciÃ³n de poner todos los medios necesarios para la efectividad de la explotaciÃ³n concedida, segÃºn la naturaleza de la obra y los usos vigentes en la actividad profesional, industrial o comercial de que se trate.
ArtÃ­culo 49. TransmisiÃ³n del derecho del cesionario en exclusiva.
El cesionario en exclusiva podrÃ¡ transmitir a otro su derecho con el consentimiento expreso del cedente.
En defecto de consentimiento, los cesionarios responderÃ¡n solidariamente frente al primer cedente de las obligaciones de la cesiÃ³n.
No serÃ¡ necesario el consentimiento cuando la transmisiÃ³n se lleve a efecto como consecuencia de la disoluciÃ³n o del cambio de titularidad de la empresa cesionaria.
ArtÃ­culo 50. CesiÃ³n no exclusiva
1. El cesionario no exclusivo quedarÃ¡ facultado para utilizar la obra de acuerdo con los tÃ©rminos de la cesiÃ³n y en concurrencia tanto con otros cesionarios como con el propio cedente. Su derecho serÃ¡ intransmisible, salvo en los supuestos previstos en el pÃ¡rrafo tercero del artÃ­culo anterior.
2. Las autorizaciones no exclusivas concedidas por las entidades de gestiÃ³n para utilizaciÃ³n de sus repertorios serÃ¡n, en todo caso, intransmisibles.
ArtÃ­culo 51. TransmisiÃ³n de los derechos del autor asalariado.
1. La transmisiÃ³n al empresario de los derechos de explotaciÃ³n de la obra creada en virtud de una relaciÃ³n laboral se regirÃ¡ por lo pactado en el contrato, debiendo Ã©ste realizarse por escrito.
2. A falta de pacto escrito, se presumirÃ¡ que los derechos de explotaciÃ³n han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relaciÃ³n laboral.
3. En ningÃºn caso podrÃ¡ el empresario utilizar la obra o disponer de ella para un sentido o fines diferentes de los que se derivan de lo establecido en los dos apartados anteriores.
4. Las demÃ¡s disposiciones de esta Ley serÃ¡n, en lo pertinente, de aplicaciÃ³n a estas transmisiones, siempre que asÃ­ se derive de la finalidad y objeto del contrato.
5. La titularidad de los derechos sobre un programa de ordenador creado por un trabajador asalariado en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones de su empresario se regirÃ¡ por lo previsto en el apartado 4 del artÃ­culo 97 de esta Ley.
ArtÃ­culo 52. TransmisiÃ³n de derechos para publicaciones periÃ³dicas.
Salvo estipulaciÃ³n en contrario, los autores de obras reproducidas en publicaciones periÃ³dicas conservan su derecho a explotarlas en cualquier forma que no perjudique la normal de la publicaciÃ³n en la que se hayan insertado.
El autor podrÃ¡ disponer libremente de su obra, si Ã©sta no se reprodujese en el plazo de un mes desde su envÃ­o o aceptaciÃ³n en las publicaciones diarias o en el de seis meses en las restantes, salvo pacto en contrario.
La remuneraciÃ³n del autor de las referidas obras podrÃ¡ consistir en un tanto alzado.
ArtÃ­culo 53. Hipoteca y embargo de los derechos de autor.
1. Los derechos de explotaciÃ³n de las obras protegidas en esta Ley podrÃ¡n ser objeto de hipoteca con arreglo a la legislaciÃ³n vigente.
2. Los derechos de explotaciÃ³n correspondientes al autor no son embargables, pero sÃ­ lo son sus frutos o productos, que se considerarÃ¡n como salarios, tanto en lo relativo al orden de prelaciÃ³n para el embargo, como a retenciones o parte inembargable.
ArtÃ­culo 54. CrÃ©ditos por la cesiÃ³n de derechos de explotaciÃ³n.
Los crÃ©ditos en dinero por la cesiÃ³n de derechos de explotaciÃ³n tienen la misma consideraciÃ³n que la de los devengados por salarios o sueldos en los procedimientos concursales de los cesionarios, con el lÃ­mite de dos anualidades.
ArtÃ­culo 55. Beneficios irrenunciables.
Salvo disposiciÃ³n de la propia Ley, los beneficios que se otorgan en el presente TÃ­tulo a los autores y a sus derechohabientes serÃ¡n irrenunciables.
ArtÃ­culo 56. TransmisiÃ³n de derechos a los propietarios de ciertos soportes materiales.
1. El adquirente de la propiedad del soporte a que se haya incorporado la obra no tendrÃ¡, por este solo tÃ­tulo, ningÃºn derecho de explotaciÃ³n sobre esta Ãºltima.
2. No obstante, el propietario del original de una obra de artes plÃ¡sticas o de una obra fotogrÃ¡fica tendrÃ¡ el derecho de exposiciÃ³n pÃºblica de la obra, aunque Ã©sta no haya sido divulgada, salvo que el autor hubiera excluido expresamente este derecho en el acto de enajenaciÃ³n del original. En todo caso, el autor podrÃ¡ oponerse al ejercicio de este derecho, mediante la aplicaciÃ³n, en su caso, de las medidas cautelares previstas en esta Ley, cuando la exposiciÃ³n se realice en condiciones que perjudiquen su honor o reputaciÃ³n profesional.
ArtÃ­culo 57. AplicaciÃ³n preferente de otras disposiciones.
La transmisiÃ³n de derechos de autor para su explotaciÃ³n a travÃ©s de las modalidades de ediciÃ³n, representaciÃ³n o ejecuciÃ³n, o de producciÃ³n de obras audiovisuales se regirÃ¡, respectivamente y en todo caso, por lo establecido en las disposiciones especÃ­ficas de este Libro I, y en lo no previsto en las mismas, por lo establecido en este capÃ­tulo.
Las cesiones de derechos para cada una de las distintas modalidades de explotaciÃ³n deberÃ¡n formalizarse en documentos independientes.
Contrato de ediciÃ³n
ArtÃ­culo 58. Concepto.
Por el contrato de ediciÃ³n el autor o sus derechohabientes ceden al editor, mediante compensaciÃ³n econÃ³mica, el derecho de reproducir su obra y el de distribuirla. El editor se obliga a realizar estas operaciones por su cuenta y riesgo en las condiciones pactadas y con sujeciÃ³n a lo dispuesto en esta Ley.
ArtÃ­culo 59. Obras futuras, encargo de una obra y colaboraciones en publicaciones periÃ³dicas.
1. Las obras futuras no son objeto del contrato de ediciÃ³n regulado en esta Ley.
2. El encargo de una obra no es objeto del contrato de ediciÃ³n, pero la remuneraciÃ³n que pudiera convenirse serÃ¡ considerada como anticipo de los derechos que al autor le correspondiesen por la ediciÃ³n, si Ã©sta se realizase.
3. Las disposiciones de este capÃ­tulo tampoco serÃ¡n de aplicaciÃ³n a las colaboraciones en publicaciones periÃ³dicas, salvo que asÃ­ lo exijan, en su caso, la naturaleza y la finalidad del contrato.
ArtÃ­culo 60. FormalizaciÃ³n y contenido mÃ­nimo.
El contrato de ediciÃ³n deberÃ¡ formalizarse por escrito y expresar en todo caso:
1.Âº Si la cesiÃ³n del autor al editor tiene carÃ¡cter de exclusiva.
2.Âº Su Ã¡mbito territorial.
3.Âº El nÃºmero mÃ¡ximo y mÃ­nimo de ejemplares que alcanzarÃ¡ la ediciÃ³n o cada una de las que se convengan.
4.Âº La forma de distribuciÃ³n de los ejemplares y los que se reserven al autor, a la crÃ­tica y a la promociÃ³n de la obra.
5.Âº La remuneraciÃ³n del autor, establecida conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 46 de esta Ley.
6.Âº El plazo para la puesta en circulaciÃ³n de los ejemplares de la Ãºnica o primera ediciÃ³n, que no podrÃ¡ exceder de dos aÃ±os contados desde que el autor entregue al editor la obra en condiciones adecuadas para realizar la reproducciÃ³n de la misma.
7.Âº El plazo en que el autor deberÃ¡ entregar el original de su obra al editor.
ArtÃ­culo 61. Supuestos de nulidad y de subsanaciÃ³n de omisiones.
1. SerÃ¡ nulo el contrato no formalizado por escrito, asÃ­ como el que no exprese los extremos exigidos en los apartados 3.Âº y 5.Âº del artÃ­culo anterior.
2. La omisiÃ³n de los extremos mencionados en los apartados 6.Âº y 7.Âº del artÃ­culo anterior darÃ¡ acciÃ³n a los contratantes para compelerse recÃ­procamente a subsanar la falta. En defecto de acuerdo, lo harÃ¡ el Juez atendiendo a las circunstancias del contrato, a los actos de las partes en su ejecuciÃ³n y a los usos.
ArtÃ­culo 62. EdiciÃ³n en forma de libro.
1. Cuando se trate de la ediciÃ³n de una obra en forma de libro, el contrato deberÃ¡ expresar, ademÃ¡s, los siguientes extremos:
c) La modalidad o modalidades de ediciÃ³n y, en su caso, la colecciÃ³n de la que formarÃ¡n parte.
2. La falta de expresiÃ³n de la lengua o lenguas en que haya de publicarse la obra sÃ³lo darÃ¡ derecho al editor a publicarla en el idioma original de la misma.
3. Cuando el contrato establezca la ediciÃ³n de una obra en varias lenguas espaÃ±olas oficiales, la publicaciÃ³n en una de ellas no exime al editor de la obligaciÃ³n de su publicaciÃ³n en las demÃ¡s.
Si transcurridos cinco aÃ±os desde que el autor entregue la obra, el editor no la hubiese publicado en todas las lenguas previstas en el contrato, el autor podrÃ¡ resolverlo respecto de las lenguas en las que no se haya publicado.
4. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicarÃ¡ tambiÃ©n para las traducciones de las obras extranjeras en EspaÃ±a.
ArtÃ­culo 63. Excepciones al artÃ­culo 60.6.Âº
La limitaciÃ³n del plazo prevista en el apartado 6.Âº del artÃ­culo 60 no serÃ¡ de aplicaciÃ³n a las ediciones de los siguientes tipos de obras:
1.Âº AntologÃ­as de obras ajenas, diccionarios, enciclopedias y colecciones anÃ¡logas.
2.Âº PrÃ³logos, epÃ­logos, presentaciones, introducciones, anotaciones, comentarios e ilustraciones de obras ajenas.
ArtÃ­culo 64. Obligaciones del editor.
1.Âº Reproducir la obra en la forma convenida, sin introducir ninguna modificaciÃ³n que el autor no haya consentido y haciendo constar en los ejemplares el nombre, firma o signo que lo identifique.
2.Âº Someter las pruebas de la tirada al autor, salvo pacto en contrario.
3.Âº Proceder a la distribuciÃ³n de la obra en el plazo y condiciones estipulados.
4.Âº Asegurar a la obra una explotaciÃ³n continua y una difusiÃ³n comercial conforme a los usos habituales en el sector profesional de la ediciÃ³n.
5.Âº Satisfacer al autor la remuneraciÃ³n estipulada y, cuando Ã©sta sea proporcional, al menos una vez cada aÃ±o, la oportuna liquidaciÃ³n, de cuyo contenido le rendirÃ¡ cuentas. DeberÃ¡, asimismo, poner anualmente a disposiciÃ³n de autor un certificado en el que se determinen los datos relativos a la fabricaciÃ³n, distribuciÃ³n y existencias de ejemplares. A estos efectos, si el autor lo solicita, el editor le presentarÃ¡ los correspondientes justificantes.
6.Âº Restituir al autor el original de la obra, objeto de la ediciÃ³n, una vez finalizadas las operaciones de impresiÃ³n y tirada de la misma.
ArtÃ­culo 65. Obligaciones del autor.
1.Âº Entregar al editor en debida forma para su reproducciÃ³n y dentro del plazo convenido la obra objeto de la ediciÃ³n.
2.Âº Responder ante el editor de la autorÃ­a y originalidad de la obra y del ejercicio pacÃ­fico de los derechos que le hubiese cedido.
3.Âº Corregir las pruebas de la tirada, salvo pacto en contrario.
ArtÃ­culo 66. Modificaciones en el contenido de la obra.
El autor, durante el perÃ­odo de correcciÃ³n de pruebas, podrÃ¡ introducir en la obra las modificaciones que estime imprescindibles, siempre que no alteren su carÃ¡cter o finalidad, ni se eleve sustancialmente el coste de la ediciÃ³n. En cualquier caso, el contrato de ediciÃ³n podrÃ¡ prever un porcentaje mÃ¡ximo de correcciones sobre la totalidad de la obra.
ArtÃ­culo 67. Derechos de autor en caso de venta en saldo y destrucciÃ³n de la ediciÃ³n.
1. El editor no podrÃ¡, sin consentimiento del autor, vender como saldo la ediciÃ³n antes de dos aÃ±os de la inicial puesta en circulaciÃ³n de los ejemplares.
2. Transcurrido dicho plazo, si el editor decide vender como saldo los que le resten, lo notificarÃ¡ fehacientemente al autor, quien podrÃ¡ optar por adquirirlos ejerciendo tanteo sobre el precio de saldo o, en el caso de remuneraciÃ³n proporcional, percibir el 10 por 100 del facturado por el editor. La opciÃ³n deberÃ¡ ejercerla dentro de los treinta dÃ­as siguientes al recibo de la notificaciÃ³n.
3. Si, tras el mismo plazo, el editor decide destruir el resto de los ejemplares de una ediciÃ³n, deberÃ¡ asimismo notificarlo al autor, quien podrÃ¡ exigir que se le entreguen gratuitamente todos o parte de los ejemplares, dentro del plazo de treinta dÃ­as desde la notificaciÃ³n. El autor no podrÃ¡ destinar dichos ejemplares a usos comerciales.
ArtÃ­culo 68. ResoluciÃ³n.
1. Sin perjuicio de las indemnizaciones a que tenga derecho, el autor podrÃ¡ resolver el contrato de ediciÃ³n en los casos siguientes:
a) Si el editor no realiza la ediciÃ³n de la obra en el plazo y condiciones convenidos.
b) Si el editor incumple alguna de las obligaciones mencionadas en los apartados 2.Âº, 4.Âº y 5.Âº del artÃ­culo 64, no obstante el requerimiento expreso del autor exigiÃ©ndole su cumplimiento.
c) Si el editor procede a la venta como saldo o a la destrucciÃ³n de los ejemplares que le resten de la ediciÃ³n, sin cumplir los requisitos establecidos en el artÃ­culo 67 de esta Ley.
e) Cuando, previstas varias ediciones y agotada la Ãºltima realizada, el editor no efectÃºe la siguiente ediciÃ³n en el plazo de un aÃ±o desde que fuese requerido para ello por el autor. Una ediciÃ³n se considerarÃ¡ agotada a los efectos de este artÃ­culo cuando el nÃºmero de ejemplares sin vender sea inferior al 5 por 100 del total de la ediciÃ³n y, en todo caso, inferior a 100.
f) En los supuestos de liquidaciÃ³n o cambio de titularidad de la empresa editorial, siempre que no se haya iniciado la reproducciÃ³n de la obra, con devoluciÃ³n, en su caso, de las cantidades percibidas como anticipo.
2. Cuando por cese de la actividad del editor o a consecuencia de un procedimiento concursal se suspenda la explotaciÃ³n de la obra, la autoridad judicial, a instancia del autor, podrÃ¡ fijar un plazo para que se reanude aquÃ©lla, quedando resuelto el contrato de ediciÃ³n si asÃ­ no se hiciere.
ArtÃ­culo 69. Causas de extinciÃ³n.
El contrato de ediciÃ³n se extingue, ademÃ¡s de por las causas generales de extinciÃ³n de los contratos, por las siguientes:
1.Âª Por la terminaciÃ³n del plazo pactado.
2.Âª Por la venta de la totalidad de los ejemplares, si Ã©sta hubiera sido el destino de la ediciÃ³n.
3.Âª Por el transcurso de diez aÃ±os desde la cesiÃ³n si la remuneraciÃ³n se hubiera pactado exclusivamente a tanto alzado de acuerdo con lo establecido en el artÃ­culo 46, apartado 2.d), de esta Ley.
4.Âª En todo caso, a los quince aÃ±os de haber puesto el autor al editor en condiciones de realizar la reproducciÃ³n de la obra.
ArtÃ­culo 70. Efectos de la extinciÃ³n.
Extinguido el contrato, y salvo estipulaciÃ³n en contrario, el editor, dentro de los tres aÃ±os siguientes y cualquiera que sea la forma de distribuciÃ³n convenida, podrÃ¡ enajenar los ejemplares que, en su caso, posea. El autor podrÃ¡ adquirirlos por el 60 por 100 de su precio de venta al pÃºblico o por el que se determine pericialmente, u optar por ejercer tanteo sobre el precio de venta.
Dicha enajenaciÃ³n quedarÃ¡ sujeta a las condiciones establecidas en el contrato extinguido.
ArtÃ­culo 71. Contrato de ediciÃ³n musical.
El contrato de ediciÃ³n de obras musicales o dramÃ¡tico-musicales por el que se conceden ademÃ¡s al editor derechos de comunicaciÃ³n pÃºblica, se regirÃ¡ por lo dispuesto en este capÃ­tulo, sin perjuicio de las siguientes normas:
1.Âª SerÃ¡ vÃ¡lido el contrato aunque no se exprese el nÃºmero de ejemplares. No obstante, el editor deberÃ¡ confeccionar y distribuir ejemplares de la obra en cantidad suficiente para atender las necesidades normales de la explotaciÃ³n concedida, de acuerdo con el uso habitual en el sector profesional de la ediciÃ³n musical.
2.Âª Para las obras sinfÃ³nicas y dramÃ¡tico-musicales el lÃ­mite de tiempo previsto en el apartado 6.Âº del artÃ­culo 60 serÃ¡ de cinco aÃ±os.
3.Âª No serÃ¡ de aplicaciÃ³n a este contrato lo dispuesto en el apartado 1.c) del artÃ­culo 68, y en las clÃ¡usulas 2.Âª, 3.Âª y 4.Âª del artÃ­culo 69.
ArtÃ­culo 72. Control de tirada.
El nÃºmero de ejemplares de cada ediciÃ³n estarÃ¡ sujeto a control de tirada a travÃ©s del procedimiento que reglamentariamente se establezca, oÃ­dos los sectores profesionales afectados.
El incumplimiento por el editor de los requisitos que a tal efecto se dispongan, facultarÃ¡ al autor o a sus causahabientes para resolver el contrato, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir el editor.
ArtÃ­culo 73. Condiciones generales del contrato.
Los autores y editores, a travÃ©s de las entidades de gestiÃ³n de sus correspondientes derechos de propiedad intelectual o, en su defecto, a travÃ©s de las asociaciones representativas de unos y otros, podrÃ¡n acordar condiciones generales para el contrato de ediciÃ³n dentro del respeto a la ley.
Contrato de representaciÃ³n teatral y ejecuciÃ³n musical
ArtÃ­culo 74. Concepto.
Por el contrato regulado en este capÃ­tulo, el autor o sus derechohabientes ceden a una persona natural o jurÃ­dica el derecho de representar o ejecutar pÃºblicamente una obra literaria, dramÃ¡tica, musical, dramÃ¡tico-musical, pantomÃ­mica o coreogrÃ¡fica, mediante compensaciÃ³n econÃ³mica. El cesionario se obliga a llevar a cabo la comunicaciÃ³n pÃºblica de la obra en las condiciones convenidas y con sujeciÃ³n a lo dispuesto en esta Ley.
ArtÃ­culo 75. Modalidades y duraciÃ³n mÃ¡xima del contrato.
1. Las partes podrÃ¡n contratar la cesiÃ³n por plazo cierto o por nÃºmero determinado de comunicaciones al pÃºblico.
En todo caso, la duraciÃ³n de la cesiÃ³n en exclusiva no podrÃ¡ exceder de cinco aÃ±os.
2. En el contrato deberÃ¡ estipularse el plazo dentro del cual debe llevarse a efecto la comunicaciÃ³n Ãºnica o primera de la obra. Dicho plazo no podrÃ¡ ser superior a dos aÃ±os desde la fecha del contrato o, en su caso, desde que el autor puso al empresario en condiciones de realizar la comunicaciÃ³n.
Si el plazo no fuese fijado, se entenderÃ¡ otorgado por un aÃ±o. En el caso de que tuviera por objeto la representaciÃ³n escÃ©nica de la obra, el referido plazo serÃ¡ el de duraciÃ³n de la temporada correspondiente al momento de la conclusiÃ³n del contrato.
ArtÃ­culo 76. InterpretaciÃ³n restrictiva del contrato.
Si en el contrato no se hubieran determinado las modalidades autorizadas, Ã©stas quedarÃ¡n limitadas a las de recitaciÃ³n y representaciÃ³n en teatros, salas o recintos cuya entrada requiera el pago de una cantidad de dinero.
ArtÃ­culo 77. Obligaciones del autor.
1.Âº Entregar al empresario el texto de la obra con la partitura, en su caso, completamente instrumentada, cuando no se hubiese publicado en forma impresa.
2.Âº Responder ante el cesionario de la autorÃ­a y originalidad de la obra y del ejercicio pacÃ­fico de los derechos que le hubiese cedido.
ArtÃ­culo 78. Obligaciones del cesionario.
El cesionario estÃ¡ obligado:
1.Âº A llevar a cabo la comunicaciÃ³n pÃºblica de la obra en el plazo convenido o determinado conforme al apartado 2 del artÃ­culo 75.
2.Âº A efectuar esa comunicaciÃ³n sin hacer en la obra variaciones, adiciones, cortes o supresiones no consentidas por el autor y en condiciones tÃ©cnicas que no perjudiquen el derecho moral de Ã©ste.
3.Âº A garantizar al autor o a sus representantes la inspecciÃ³n de la representaciÃ³n pÃºblica de la obra y la asistencia a la misma gratuitamente.
4.Âº A satisfacer puntualmente al autor la remuneraciÃ³n convenida, que se determinarÃ¡ conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 46 de esta Ley.
5.Âº A presentar al autor o a sus representantes el programa exacto de los actos de comunicaciÃ³n, y cuando la remuneraciÃ³n fuese proporcional, una declaraciÃ³n de los ingresos. Asimismo, el cesionario deberÃ¡ facilitarles la comprobaciÃ³n de dichos programas y declaraciones.
ArtÃ­culo 79. GarantÃ­a del cobro de la remuneraciÃ³n.
Los empresarios de espectÃ¡culos pÃºblicos se considerarÃ¡n depositarios de la remuneraciÃ³n correspondiente a los autores por la comunicaciÃ³n de sus obras cuando aquÃ©lla consista en una participaciÃ³n proporcional en los ingresos. Dicha remuneraciÃ³n deberÃ¡n tenerla semanalmente a disposiciÃ³n de los autores o de sus representantes.
ArtÃ­culo 80. EjecuciÃ³n del contrato.
Salvo que las partes hubieran convenido otra cosa, se sujetarÃ¡n en la ejecuciÃ³n del contrato a las siguientes reglas:
1.Âª CorrerÃ¡ a cargo del cesionario la obtenciÃ³n de las copias necesarias para la comunicaciÃ³n pÃºblica de la obra. Estas deberÃ¡n ser visadas por el autor.
2.Âª El autor y el cesionario elegirÃ¡n de mutuo acuerdo los intÃ©rpretes principales y, tratÃ¡ndose de orquestas, coros, grupos de bailes y conjuntos artÃ­sticos anÃ¡logos, el director.
3.Âª El autor y el cesionario convendrÃ¡n la redacciÃ³n de la publicidad de los actos de comunicaciÃ³n.
ArtÃ­culo 81. Causas de resoluciÃ³n.
El contrato podrÃ¡ ser resuelto por voluntad del autor en los siguientes casos:
1.Âº Si el empresario que hubiese adquirido derechos exclusivos, una vez iniciadas las representaciones pÃºblicas de la obra, las interrumpiere durante un aÃ±o.
2.Âº Si el empresario incumpliere la obligaciÃ³n mencionada en el apartado 1.Âº del artÃ­culo 78.
3.Âº Si el empresario incumpliere cualquiera de las obligaciones citadas en los apartados 2.Âº, 3.Âº, 4.Âº y 5.Âº del mismo artÃ­culo 78, despuÃ©s de haber sido requerido por el autor para su cumplimiento.
ArtÃ­culo 82. Causas de extinciÃ³n.
El contrato de representaciÃ³n se extingue, ademÃ¡s de por las causas generales de extinciÃ³n de los contratos, cuando, tratÃ¡ndose de una obra de estreno y siendo su representaciÃ³n escÃ©nica la Ãºnica modalidad de comunicaciÃ³n contemplada en el contrato, aquÃ©lla hubiese sido rechazada claramente por el pÃºblico y asÃ­ se hubiese expresado en el contrato.
ArtÃ­culo 83. EjecuciÃ³n pÃºblica de composiciones musicales.
El contrato de representaciÃ³n que tenga por objeto la ejecuciÃ³n pÃºblica de una composiciÃ³n musical se regirÃ¡ por las disposiciones de este capÃ­tulo, siempre que lo permita la naturaleza de la obra y la modalidad de la comunicaciÃ³n autorizada.
ArtÃ­culo 84. Disposiciones especiales para la cesiÃ³n de derecho de comunicaciÃ³n pÃºblica mediante radiodifusiÃ³n.
1. La cesiÃ³n del derecho de comunicaciÃ³n pÃºblica de las obras a las que se refiere este capÃ­tulo, a travÃ©s de la radiodifusiÃ³n, se regirÃ¡ por las disposiciones del mismo, con excepciÃ³n de lo dispuesto en el apartado 1.Âºdel artÃ­culo 81.
2. Salvo pacto en contrario, se entenderÃ¡ que dicha cesiÃ³n queda limitada a la emisiÃ³n de la obra por una sola vez, realizada por medios inalÃ¡mbricos y centros emisores de la entidad de radiodifusiÃ³n autorizada, dentro del Ã¡mbito territorial determinado en el contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el artÃ­culo 20 y en los apartados 1 y 2 del artÃ­culo 36 de esta Ley.
ArtÃ­culo 85. AplicaciÃ³n de las disposiciones anteriores a las simples autorizaciones.
Las autorizaciones que el autor conceda a un empresario para que pueda proceder a una comunicaciÃ³n pÃºblica de su obra, sin obligarse a efectuarla, se regirÃ¡n por las disposiciones de este capÃ­tulo en lo que les fuese aplicable.
Obras cinematogrÃ¡ficas y demÃ¡s obras audiovisuales
ArtÃ­culo 86. Concepto.
1. Las disposiciones contenidas en el presente TÃ­tulo serÃ¡n de aplicaciÃ³n a las obras cinematogrÃ¡ficas y demÃ¡s obras audiovisuales, entendiendo por tales las creaciones expresadas mediante una serie de imÃ¡genes asociadas, con o sin sonorizaciÃ³n incorporada, que estÃ©n destinadas esencialmente a ser mostradas a travÃ©s de aparatos de proyecciÃ³n o por cualquier otro medio de comunicaciÃ³n pÃºblica de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras.
2. Todas las obras enunciadas en el presente artÃ­culo se denominarÃ¡n en lo sucesivo obras audiovisuales.
ArtÃ­culo 87. Autores
Son autores de la obra audiovisual en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 7 de esta Ley:
2. Los autores del argumento, la adaptaciÃ³n y los del guiÃ³n o los diÃ¡logos.
ArtÃ­culo 88. PresunciÃ³n de cesiÃ³n en exclusiva y lÃ­mites.
1. Sin perjuicio de los derechos que corresponden a los autores, por el contrato de producciÃ³n de la obra audiovisual se presumirÃ¡n cedidos en exclusiva al productor, con las limitaciones establecidas en este TÃ­tulo, los derechos de reproducciÃ³n, distribuciÃ³n y comunicaciÃ³n pÃºblica, asÃ­ como los de doblaje o subtitulado de la obra.
No obstante, en las obras cinematogrÃ¡ficas serÃ¡ siempre necesaria la autorizaciÃ³n expresa de los autores para su explotaciÃ³n, mediante la puesta a disposiciÃ³n del pÃºblico de copias en cualquier sistema o formato, para su utilizaciÃ³n en el Ã¡mbito domÃ©stico, o mediante su comunicaciÃ³n pÃºblica a travÃ©s de la radiodifusiÃ³n.
2. Salvo estipulaciÃ³n en contrario, los autores podrÃ¡n disponer de su aportaciÃ³n en forma aislada, siempre que no se perjudique la normal explotaciÃ³n de la obra audiovisual.
ArtÃ­culo 89. PresunciÃ³n de cesiÃ³n en caso de transformaciÃ³n de obra preexistente.
1. Mediante el contrato de transformaciÃ³n de una obra preexistente que no estÃ© en el dominio pÃºblico, se presumirÃ¡ que el autor de la misma cede al productor de la obra audiovisual los derechos de explotaciÃ³n sobre ella en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 88.
2. Salvo pacto en contrario, el autor de la obra preexistente conservarÃ¡ sus derechos a explotarla en forma de ediciÃ³n grÃ¡fica y de representaciÃ³n escÃ©nica y, en todo caso, podrÃ¡ disponer de ella para otra obra audiovisual a los quince aÃ±os de haber puesto su aportaciÃ³n a disposiciÃ³n del productor.
ArtÃ­culo 90. RemuneraciÃ³n de los autores.
1. La remuneraciÃ³n de los autores de la obra audiovisual por la cesiÃ³n de los derechos mencionados en el artÃ­culo 88 y, en su caso, la correspondiente a los autores de las obras preexistentes, hayan sido transformadas o no, deberÃ¡n determinarse para cada una de las modalidades de explotaciÃ³n concedidas.
2. Cuando los autores a los que se refiere el apartado anterior suscriban con un productor de grabaciones audiovisuales contratos relativos a la producciÃ³n de las mismas, se presumirÃ¡ que, salvo pacto en contrario en el contrato y a salvo del derecho irrenunciable a una remuneraciÃ³n equitativa a que se refiere el pÃ¡rrafo siguiente, han transferido su derecho de alquiler.
El autor que haya transferido o cedido a un productor de fonogramas o de grabaciones audiovisuales su derecho de alquiler respecto de un fonograma o un original o una copia de una grabaciÃ³n audiovisual, conservarÃ¡ el derecho irrenunciable a obtener una remuneraciÃ³n equitativa por el alquiler de los mismos. Tales remuneraciones serÃ¡n exigibles de quienes lleven a efecto las operaciones de alquiler al pÃºblico de los fonogramas o grabaciones audiovisuales en su condiciÃ³n de derechohabientes de los titulares del correspondiente derecho de autorizar dicho alquiler y se harÃ¡n efectivas a partir del 1 de enero de 1997.
3. En todo caso, y con independencia de lo pactado en el contrato, cuando la obra audiovisual sea proyectada en lugares pÃºblicos mediante el pago de un precio de entrada, los autores mencionados en el apartado 1 de este artÃ­culo tendrÃ¡n derecho a percibir de quienes exhiban pÃºblicamente dicha obra un porcentaje de los ingresos procedentes de dicha exhibiciÃ³n pÃºblica. Las cantidades pagadas por este concepto podrÃ¡n deducirlas los exhibidores de las que deban abonar a los cedentes de la obra audiovisual.
En el caso de exportaciÃ³n de la obra audiovisual, los autores podrÃ¡n ceder el derecho mencionado por una cantidad alzada, cuando en el paÃ­s de destino les sea imposible o gravemente dificultoso el ejercicio efectivo del derecho.
Los empresarios de salas pÃºblicas o de locales de exhibiciÃ³n deberÃ¡n poner periÃ³dicamente a disposiciÃ³n de los autores las cantidades recaudadas en concepto de dicha remuneraciÃ³n. A estos efectos, el Gobierno podrÃ¡ establecer reglamentariamente los oportunos procedimientos de control.
4. La proyecciÃ³n, exhibiciÃ³n o transmisiÃ³n, debidamente autorizadas, de una obra audiovisual por cualquier procedimiento, sin exigir pago de un precio de entrada, darÃ¡ derecho a los autores a percibir la remuneraciÃ³n que proceda, de acuerdo con las tarifas generales establecidas por la entidad de gestiÃ³n correspondiente.
5. Con el objeto de facilitar al autor el ejercicio de los derechos que le correspondan por la explotaciÃ³n de la obra audiovisual, el productor, al menos una vez al aÃ±o, deberÃ¡ facilitar a instancia del autor la documentaciÃ³n necesaria.
6. Los derechos establecidos en los apartados 3 y 4 de este artÃ­culo serÃ¡n irrenunciables e intransmisibles por actos Â«inter vivosÂ» y no serÃ¡n de aplicaciÃ³n a los autores de obras audiovisuales de carÃ¡cter publicitario.
7. Los derechos contemplados en los apartados 2, 3 y 4 del presente artÃ­culo se harÃ¡n efectivos a travÃ©s de las entidades de gestiÃ³n de los derechos de propiedad intelectual.
ArtÃ­culo 91. AportaciÃ³n insuficiente de un autor.
Cuando la aportaciÃ³n de un autor no se completase por negativa injustificada del mismo o por causa de fuerza mayor, el productor podrÃ¡ utilizar la parte ya realizada, respetando los derechos de aquÃ©l sobre la misma, sin perjuicio, en su caso, de la indemnizaciÃ³n que proceda.
ArtÃ­culo 92. VersiÃ³n definitiva y sus modificaciones.
1. Se considerarÃ¡ terminada la obra audiovisual cuando haya sido establecida la versiÃ³n definitiva, de acuerdo con lo pactado en el contrato entre el director-realizador y el productor.
2. Cualquier modificaciÃ³n de la versiÃ³n definitiva de la obra audiovisual mediante aÃ±adido, supresiÃ³n o cambio de cualquier elemento de la misma, necesitarÃ¡ la autorizaciÃ³n previa de quienes hayan acordado dicha versiÃ³n definitiva.
No obstante, en los contratos de producciÃ³n de obras audiovisuales destinadas esencialmente a la comunicaciÃ³n pÃºblica a travÃ©s de la radiodifusiÃ³n, se presumirÃ¡ concedida por los autores, salvo estipulaciÃ³n en contrario, la autorizaciÃ³n para realizar en la forma de emisiÃ³n de la obra las modificaciones estrictamente exigidas por el modo de programaciÃ³n del medio, sin perjuicio en todo caso del derecho reconocido en el apartado 4.Âºdel artÃ­culo 14.
ArtÃ­culo 93. Derecho moral y destrucciÃ³n de soporte original.
1. El derecho moral de los autores sÃ³lo podrÃ¡ ser ejercido sobre la versiÃ³n definitiva de la obra audiovisual.
2. Queda prohibida la destrucciÃ³n del soporte original de la obra audiovisual en su versiÃ³n definitiva.
ArtÃ­culo 94. Obras radiofÃ³nicas.
Las disposiciones contenidas en el presente TÃ­tulo serÃ¡n de aplicaciÃ³n, en lo pertinente, a las obras radiofÃ³nicas.
ArtÃ­culo 95. RÃ©gimen jurÃ­dico.
El derecho de autor sobre los programas de ordenador se regirÃ¡ por los preceptos del presente TÃ­tulo y, en lo que no estÃ© especÃ­ficamente previsto en el mismo, por las disposiciones que resulten aplicables de la presente Ley.
ArtÃ­culo 96. Objeto de la protecciÃ³n.
1. A los efectos de la presente Ley se entenderÃ¡ por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informÃ¡tico para realizar una funciÃ³n o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresiÃ³n y fijaciÃ³n.
A los mismos efectos, la expresiÃ³n programas de ordenador comprenderÃ¡ tambiÃ©n su documentaciÃ³n preparatoria. La documentaciÃ³n tÃ©cnica y los manuales de uso de un programa gozarÃ¡n de la misma protecciÃ³n que este TÃ­tulo dispensa a los programas de ordenador.
2. El programa de ordenador serÃ¡ protegido Ãºnicamente si fuese original, en el sentido de ser una creaciÃ³n intelectual propia de su autor.
3. La protecciÃ³n prevista en la presente Ley se aplicarÃ¡ a cualquier forma de expresiÃ³n de un programa de ordenador. Asimismo, esta protecciÃ³n se extiende a cualesquiera versiones sucesivas del programa asÃ­ como a los programas derivados, salvo aquellas creadas con el fin de ocasionar efectos nocivos a un sistema informÃ¡tico.
Cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o un modelo de utilidad gozarÃ¡n, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la protecciÃ³n que pudiera corresponderles por aplicaciÃ³n del rÃ©gimen jurÃ­dico de la propiedad industrial.
4. No estarÃ¡n protegidos mediante los derechos de autor con arreglo a la presente Ley las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces.
ArtÃ­culo 97. Titularidad de los derechos.
1. SerÃ¡ considerado autor del programa de ordenador la persona o grupo de personas naturales que lo hayan creado, o la persona jurÃ­dica que sea contemplada como titular de los derechos de autor en los casos expresamente previstos por esta Ley.
2. Cuando se trate de una obra colectiva tendrÃ¡ la consideraciÃ³n de autor, salvo pacto en contrario, la persona natural o jurÃ­dica que la edite y divulgue bajo su nombre.
3. Los derechos de autor sobre un programa de ordenador que sea resultado unitario de la colaboraciÃ³n entre varios autores serÃ¡n propiedad comÃºn y corresponderÃ¡n a todos Ã©stos en la proporciÃ³n que determinen.
4. Cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotaciÃ³n correspondientes al programa de ordenador asÃ­ creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderÃ¡n, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario.
5. La protecciÃ³n se concederÃ¡ a todas las personas naturales y jurÃ­dicas que cumplan los requisitos establecidos en esta Ley para la protecciÃ³n de los derechos de autor.
ArtÃ­culo 98. DuraciÃ³n de la protecciÃ³n.
1. Cuando el autor sea una persona natural la duraciÃ³n de los derechos de explotaciÃ³n de un programa de ordenador serÃ¡, segÃºn los distintos supuestos que pueden plantearse, la prevista en el capÃ­tulo I del TÃ­tulo III de este Libro.
2. Cuando el autor sea una persona jurÃ­dica la duraciÃ³n de los derechos a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior serÃ¡ de setenta aÃ±os, computados desde el dÃ­a 1 de enero del aÃ±o siguiente al de la divulgaciÃ³n lÃ­cita del programa o al de su creaciÃ³n si no se hubiera divulgado.
ArtÃ­culo 99. Contenido de los derechos de explotaciÃ³n.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artÃ­culo 100 de esta Ley los derechos exclusivos de la explotaciÃ³n de un programa de ordenador por parte de quien sea su titular con arreglo al artÃ­culo 97, incluirÃ¡n el derecho de realizar o de autorizar:
a) La reproducciÃ³n total o parcial, incluso para uso personal, de un programa de ordenador, por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria. Cuando la carga, presentaciÃ³n, ejecuciÃ³n, transmisiÃ³n o almacenamiento de un programa necesiten tal reproducciÃ³n deberÃ¡ disponerse de autorizaciÃ³n para ello, que otorgarÃ¡ el titular del derecho.
b) La traducciÃ³n, adaptaciÃ³n, arreglo o cualquier otra transformaciÃ³n de un programa de ordenador y la reproducciÃ³n de los resultados de tales actos, sin perjuicio de los derechos de la persona que transforme el programa de ordenador.
c) Cualquier forma de distribuciÃ³n pÃºblica incluido el alquiler del programa de ordenador original o de sus copias.
A tales efectos, cuando se produzca cesiÃ³n del derecho de uso de un programa de ordenador, se entenderÃ¡, salvo prueba en contrario, que dicha cesiÃ³n tiene carÃ¡cter no exclusivo e intransferible, presumiÃ©ndose, asimismo, que lo es para satisfacer Ãºnicamente las necesidades del usuario. La primera venta en la UniÃ³n Europea de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotarÃ¡ el derecho de distribuciÃ³n de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo.
ArtÃ­culo 100. LÃ­mites a los derechos de explotaciÃ³n.
1. No necesitarÃ¡n autorizaciÃ³n del titular, salvo disposiciÃ³n contractual en contrario, la reproducciÃ³n o transformaciÃ³n de un programa de ordenador incluida la correcciÃ³n de errores, cuando dichos actos sean necesarios para la utilizaciÃ³n del mismo por parte del usuario legÃ­timo, con arreglo a su finalidad propuesta.
2. La realizaciÃ³n de una copia de seguridad por parte de quien tiene derecho a utilizar el programa no podrÃ¡ impedirse por contrato en cuanto resulte necesaria para dicha utilizaciÃ³n.
3. El usuario legÃ­timo de la copia de un programa estarÃ¡ facultado para observar, estudiar o verificar su funcionamiento, sin autorizaciÃ³n previa del titular, con el fin de determinar las ideas y principios implÃ­citos en cualquier elemento del programa, siempre que lo haga durante cualquiera de las operaciones de carga, visualizaciÃ³n, ejecuciÃ³n, transmisiÃ³n o almacenamiento del programa que tiene derecho a hacer.
4. El autor, salvo pacto en contrario, no podrÃ¡ oponerse a que el cesionario titular de derechos de explotaciÃ³n realice o autorice la realizaciÃ³n de versiones sucesivas de su programa ni de programas derivados del mismo.
5. No serÃ¡ necesaria la autorizaciÃ³n del titular del derecho cuando la reproducciÃ³n del cÃ³digo y la traducciÃ³n de su forma en el sentido de los pÃ¡rrafos a) y b) del artÃ­culo 99 de la presente Ley, sea indispensable para obtener la informaciÃ³n necesaria para la interoperabilidad de un programa creado de forma independiente con otros programas, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que tales actos sean realizados por el usuario legÃ­timo o por cualquier otra persona facultada para utilizar una copia del programa, o, en su nombre, por parte de una persona debidamente autorizada.
b) Que la informaciÃ³n necesaria para conseguir la interoperabilidad no haya sido puesta previamente y de manera fÃ¡cil y rÃ¡pida, a disposiciÃ³n de las personas a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior.
6. La excepciÃ³n contemplada en el apartado 5 de este artÃ­culo serÃ¡ aplicable siempre que la informaciÃ³n asÃ­ obtenida:
a) Se utilice Ãºnicamente para conseguir la interoperabilidad del programa creado de forma independiente.
b) SÃ³lo se comunique a terceros cuando sea necesario para la interoperabilidad del programa creado de forma independiente.
c) No se utilice para el desarrollo, producciÃ³n o comercializaciÃ³n de un programa sustancialmente similar en su expresiÃ³n, o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor.
7. Las disposiciones contenidas en los apartados 5 y 6 del presente artÃ­culo no podrÃ¡n interpretarse de manera que permitan que su aplicaciÃ³n perjudique de forma injustificada los legÃ­timos intereses del titular de los derechos o sea contraria a una explotaciÃ³n normal del programa informÃ¡tico.
ArtÃ­culo 101. ProtecciÃ³n registral.
Los derechos sobre los programas de ordenador, asÃ­ como sobre sus sucesivas versiones y los programas derivados, podrÃ¡n ser objeto de inscripciÃ³n en el Registro de la Propiedad Intelectual.
Reglamentariamente se determinarÃ¡n aquellos elementos de los programas registrados que serÃ¡n susceptibles de consulta pÃºblica.
ArtÃ­culo 102. InfracciÃ³n de los derechos.
A efectos del presente TÃ­tulo y sin perjuicio de lo establecido en el artÃ­culo 100 tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de infractores de los derechos de autor quienes, sin autorizaciÃ³n del titular de los mismos, realicen los actos previstos en el artÃ­culo 99 y en particular:
a) Quienes pongan en circulaciÃ³n una o mÃ¡s copias de un programa de ordenador conociendo o pudiendo presumir su naturaleza ilegÃ­tima.
b) Quienes tengan con fines comerciales una o mÃ¡s copias de un programa de ordenador, conociendo o pudiendo presumir su naturaleza ilegÃ­tima.
c) Quienes pongan en circulaciÃ³n o tengan con fines comerciales cualquier instrumento cuyo Ãºnico uso sea facilitar la supresiÃ³n o neutralizaciÃ³n no autorizadas de cualquier dispositivo tÃ©cnico utilizado para proteger un programa de ordenador.
ArtÃ­culo 103. Medidas de protecciÃ³n.
El titular de los derechos reconocidos en el presente TÃ­tulo podrÃ¡ instar las acciones y procedimientos que, con carÃ¡cter general, se disponen en el TÃ­tulo I, Libro III de la presente Ley y, en concreto, las medidas contenidas en el artÃ­culo 137.3.Âª, pÃ¡rrafo segundo y en el artÃ­culo 136.3 en relaciÃ³n con el 134.2 de la presente Ley.
ArtÃ­culo 104. Salvaguardia de aplicaciÃ³n de otras disposiciones legales.
Lo dispuesto en el presente TÃ­tulo se entenderÃ¡ sin perjuicio de cualesquiera otras disposiciones legales tales como las relativas a los derechos de patente, marcas, competencia desleal, secretos comerciales, protecciÃ³n de productos semiconductores o derecho de obligaciones.
Derechos de los artistas intÃ©rpretes o ejecutantes
ArtÃ­culo 105. DefiniciÃ³n de artistas intÃ©rpretes o ejecutantes.
Se entiende por artista intÃ©rprete o ejecutante a la persona que represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en cualquier forma una obra. El director de escena y el director de orquesta tendrÃ¡n los derechos reconocidos a los artistas en este TÃ­tulo.
ArtÃ­culo 106. FijaciÃ³n.
1. Corresponde al artista intÃ©rprete o ejecutante el derecho exclusivo de autorizar la fijaciÃ³n de sus actuaciones.
2. Dicha autorizaciÃ³n deberÃ¡ otorgarse por escrito.
ArtÃ­culo 107. ReproducciÃ³n.
1. Corresponde al artista intÃ©rprete o ejecutante el derecho exclusivo de autorizar la reproducciÃ³n directa o indirecta de las fijaciones de sus actuaciones.
3. Este derecho podrÃ¡ transferirse, cederse o ser objeto de la concesiÃ³n de licencias contractuales.
ArtÃ­culo 108. ComunicaciÃ³n pÃºblica.
1. Corresponde al artista intÃ©rprete o ejecutante el derecho exclusivo de autorizar la comunicaciÃ³n pÃºblica de sus actuaciones, salvo cuando dicha actuaciÃ³n constituya en sÃ­ una actuaciÃ³n transmitida por radiodifusiÃ³n o se realice a partir de una fijaciÃ³n previamente autorizada.
Dicha autorizaciÃ³n deberÃ¡ otorgarse por escrito.
Cuando la comunicaciÃ³n al pÃºblico se realice vÃ­a satÃ©lite o por cable y en los tÃ©rminos previstos respectivamente en los apartados 3 y 4 del artÃ­culo 20 y concordantes de esta Ley, serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en tales preceptos.
2. Los usuarios de un fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducciÃ³n de dicho fonograma que se utilice para cualquier forma de comunicaciÃ³n pÃºblica, tienen obligaciÃ³n de pagar una remuneraciÃ³n equitativa y Ãºnica a los artistas intÃ©rpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, entre los cuales se efectuarÃ¡ el reparto de la misma. A falta de acuerdo entre ellos sobre dicho reparto, Ã©ste se realizarÃ¡ por partes iguales.
3. Los usuarios de las grabaciones audiovisuales que se utilicen para los actos de comunicaciÃ³n pÃºblica previstos en los pÃ¡rrafos f) y g) del apartado 2 del artÃ­culo 20 de esta Ley tienen obligaciÃ³n de pagar una remuneraciÃ³n equitativa y Ãºnica a los artistas intÃ©rpretes o ejecutantes y a los productores de grabaciones audiovisuales, entre los cuales se efectuarÃ¡ el reparto de la misma. A falta de acuerdo entre ellos sobre dicho reparto, Ã©ste se realizarÃ¡ por partes iguales.
Los usuarios de grabaciones audiovisuales que se utilicen para cualquier acto de comunicaciÃ³n al pÃºblico, distinto de los seÃ±alados en el pÃ¡rrafo anterior, tienen, asimismo, la obligaciÃ³n de pagar una remuneraciÃ³n equitativa y Ãºnica a los artistas intÃ©rpretes o ejecutantes.
4. El derecho a las remuneraciones equitativas y Ãºnicas a que se refieren los apartados 2 y 3 del presente artÃ­culo se harÃ¡ efectivo a travÃ©s de las entidades de gestiÃ³n de los derechos de propiedad intelectual. La efectividad de los derechos a travÃ©s de las respectivas entidades de gestiÃ³n comprenderÃ¡ la negociaciÃ³n con los usuarios, la determinaciÃ³n, recaudaciÃ³n y distribuciÃ³n de la remuneraciÃ³n correspondiente, asÃ­ como cualquier otra actuaciÃ³n necesaria para asegurar la efectividad de aquÃ©llos.
ArtÃ­culo 109. DistribuciÃ³n.
1. El artista intÃ©rprete o ejecutante tiene, respecto de la fijaciÃ³n de sus actuaciones, el derecho exclusivo de autorizar su distribuciÃ³n, segÃºn la definiciÃ³n establecida por el artÃ­culo 19.1 de esta Ley. Este derecho podrÃ¡ transferirse, cederse o ser objeto de concesiÃ³n de licencias contractuales.
2. Cuando la distribuciÃ³n se efectÃºe mediante venta, en el Ã¡mbito de la UniÃ³n Europea, este derecho se extingue con la primera y, Ãºnicamente, respecto de las ventas sucesivas que se realicen en dicho Ã¡mbito por el titular del mismo o con su consentimiento.
3. A los efectos de este TÃ­tulo, se entiende por alquiler de fijaciones de las actuaciones la puesta a disposiciÃ³n de las mismas para su uso por tiempo limitado y con un beneficio econÃ³mico o comercial directo o indirecto.
Quedan excluidas del concepto de alquiler la puesta a disposiciÃ³n con fines de exposiciÃ³n, de comunicaciÃ³n pÃºblica a partir de fonogramas o de grabaciones audiovisuales, incluso de fragmentos de unos y otras, y la que se realice para consulta Â«in situÂ»:
1.Âº Cuando el artista intÃ©rprete o ejecutante celebre individual o colectivamente con un productor de grabaciones audiovisuales contratos relativos a la producciÃ³n de las mismas, se presumirÃ¡ que, salvo pacto en contrario en el contrato y a salvo del derecho irrenunciable a la remuneraciÃ³n equitativa a que se refiere el apartado siguiente, ha transferido sus derechos de alquiler.
2.Âº El artista intÃ©rprete o ejecutante que haya transferido o cedido a un productor de fonogramas o de grabaciones audiovisuales su derecho de alquiler respecto de un fonograma, o un original, o una copia de una grabaciÃ³n audiovisual, conservarÃ¡ el derecho irrenunciable a obtener una remuneraciÃ³n equitativa por el alquiler de los mismos. Tales remuneraciones serÃ¡n exigibles de quienes lleven a efecto las operaciones de alquiler al pÃºblico de los fonogramas o grabaciones audiovisuales en su condiciÃ³n de derechohabientes de los titulares de los correspondientes derechos de autorizar dicho alquiler y se harÃ¡n efectivas a partir del 1 de enero de 1997.
El derecho contemplado en el pÃ¡rrafo anterior se harÃ¡ efectivo a travÃ©s de las entidades de gestiÃ³n de los derechos de propiedad intelectual.
4. A los efectos de este TÃ­tulo, se entiende por prÃ©stamo de las fijaciones de las actuaciones la puesta a disposiciÃ³n de las mismas para su uso por tiempo limitado sin beneficio econÃ³mico o comercial directo o indirecto, siempre que dicho prÃ©stamo se lleve a cabo a travÃ©s de establecimientos accesibles al pÃºblico.
ArtÃ­culo 110. Contrato de trabajo y de arrendamiento de servicios.
Si la interpretaciÃ³n o ejecuciÃ³n se realiza en cumplimiento de un contrato de trabajo o de arrendamiento de servicios, se entenderÃ¡, salvo estipulaciÃ³n en contrario, que el empresario o el arrendatario adquieren sobre aquÃ©llas los derechos exclusivos de autorizar la reproducciÃ³n y comunicaciÃ³n pÃºblica previstos en este TÃ­tulo y que se deduzcan de la naturaleza y objeto del contrato.
Lo establecido en el pÃ¡rrafo anterior no serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los derechos de remuneraciÃ³n reconocidos en los apartados 2 y 3 del artÃ­culo 108 de esta Ley.
ArtÃ­culo 111. Representante de colectivo.
Los artistas intÃ©rpretes o ejecutantes que participen colectivamente en una misma actuaciÃ³n, tales como los componentes de un grupo musical, coro, orquesta, ballet o compaÃ±Ã­a de teatro, deberÃ¡n designar de entre ellos un representante para el otorgamiento de las autorizaciones mencionadas en este TÃ­tulo. Para tal designaciÃ³n, que deberÃ¡ formalizarse por escrito, valdrÃ¡ el acuerdo mayoritario de los intÃ©rpretes. Esta obligaciÃ³n no alcanza a los solistas ni a los directores de orquesta o de escena.
ArtÃ­culo 112. DuraciÃ³n de los derechos de explotaciÃ³n.
Los derechos de explotaciÃ³n reconocidos a los artistas intÃ©rpretes o ejecutantes tendrÃ¡n una duraciÃ³n de cincuenta aÃ±os, computados desde el dÃ­a 1 de enero del aÃ±o siguiente al de la interpretaciÃ³n o ejecuciÃ³n.
No obstante, si, dentro de dicho perÃ­odo, se divulga lÃ­citamente una grabaciÃ³n de la interpretaciÃ³n o ejecuciÃ³n, los mencionados derechos expirarÃ¡n a los cincuenta aÃ±os desde la divulgaciÃ³n de dicha grabaciÃ³n, computados desde el dÃ­a 1 de enero del aÃ±o siguiente a la fecha en que Ã©sta se produzca.
ArtÃ­culo 113. Otros derechos.
El artista intÃ©rprete o ejecutante goza del derecho al reconocimiento de su nombre sobre sus interpretaciones o
ejecuciones y a oponerse, durante su vida, a toda deformaciÃ³n, mutilaciÃ³n o cualquier otro atentado sobre su actuaciÃ³n que lesione su prestigio o reputaciÃ³n. A su fallecimiento y durante el plazo de los veinte aÃ±os siguientes, el ejercicio de estos derechos corresponderÃ¡ a los herederos.
SerÃ¡ necesaria la autorizaciÃ³n expresa del artista para el doblaje de su actuaciÃ³n en su propia lengua.
ArtÃ­culo 114. Definiciones.
1. Se entiende por fonograma toda fijaciÃ³n exclusivamente sonora de la ejecuciÃ³n de una obra o de otros sonidos.
2. Es productor de un fonograma la persona natural o jurÃ­dica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez la mencionada fijaciÃ³n. Si dicha operaciÃ³n se efectÃºa en el seno de una empresa, el titular de Ã©sta serÃ¡ considerado productor del fonograma.
ArtÃ­culo 115. ReproducciÃ³n.
Corresponde al productor de fonogramas el derecho exclusivo de autorizar la reproducciÃ³n, directa o indirecta, de los mismos.
Este derecho podrÃ¡ transferirse, cederse o ser objeto de concesiÃ³n de licencias contractuales.
ArtÃ­culo 116. ComunicaciÃ³n pÃºblica.
1. Cuando la comunicaciÃ³n al pÃºblico se realice vÃ­a satÃ©lite o por cable y en los tÃ©rminos previstos respectivamente en los apartados 3 y 4 del artÃ­culo 20 de esta Ley, serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en tales preceptos.
2. Los usuarios de un fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducciÃ³n de dicho fonograma que se utilice para cualquier forma de comunicaciÃ³n pÃºblica, tienen obligaciÃ³n de pagar una remuneraciÃ³n equitativa y Ãºnica a los productores de fonogramas y a los artistas intÃ©rpretes o ejecutantes, entre los cuales se efectuarÃ¡ el reparto de la misma. A falta de acuerdo entre ellos sobre dicho reparto, Ã©ste se realizarÃ¡ por partes iguales.
3. El derecho a la remuneraciÃ³n equitativa y Ãºnica a que se refiere el apartado anterior se harÃ¡ efectivo a travÃ©s de las entidades de gestiÃ³n de los derechos de propiedad intelectual. La efectividad de este derecho a travÃ©s de las respectivas entidades de gestiÃ³n comprenderÃ¡ la negociaciÃ³n con los usuarios, la determinaciÃ³n, recaudaciÃ³n y distribuciÃ³n de la remuneraciÃ³n correspondiente, asÃ­ como cualquier otra actuaciÃ³n necesaria para asegurar la efectividad de aquÃ©l.
ArtÃ­culo 117. DistribuciÃ³n.
1. Corresponde al productor de fonogramas el derecho exclusivo de autorizar la distribuciÃ³n, segÃºn la definiciÃ³n establecida en el artÃ­culo 19.1 de esta Ley, de los fonogramas y la de sus copias. Este derecho podrÃ¡ transferirse, cederse o ser objeto de la concesiÃ³n de licencias contractuales.
3. Se considera comprendida en el derecho de distribuciÃ³n la facultad de autorizar la importaciÃ³n y exportaciÃ³n de copias del fonograma con fines de comercializaciÃ³n.
4. A los efectos de este TÃ­tulo, se entiende por alquiler de fonogramas la puesta a disposiciÃ³n de los mismos para su uso por tiempo limitado y con un beneficio econÃ³mico o comercial directo o indirecto.
Quedan excluidas del concepto de alquiler la puesta a disposiciÃ³n con fines de exposiciÃ³n, de comunicaciÃ³n pÃºblica a partir de fonogramas o de fragmentos de Ã©stos, y la que se realice para consulta Â«in situÂ».
5. A los efectos de este TÃ­tulo se entiende por prÃ©stamo de fonogramas la puesta a disposiciÃ³n para su uso, por tiempo limitado, sin beneficio econÃ³mico o comercial, directo ni indirecto, siempre que dicho prÃ©stamo se lleve a cabo a travÃ©s de establecimientos accesibles al pÃºblico.
Se entenderÃ¡ que no existe beneficio econÃ³mico o comercial, directo ni indirecto, cuando el prÃ©stamo efectuado por un establecimiento accesible al pÃºblico dÃ© lugar al pago de una cantidad que no exceda de lo necesario para cubrir sus gastos de funcionamiento.
Quedan excluidas del concepto de prÃ©stamo las operaciones mencionadas en el pÃ¡rrafo segundo del anterior apartado 4 y las que se efectÃºen entre establecimientos accesibles al pÃºblico.
ArtÃ­culo 118. LegitimaciÃ³n activa.
En los casos de infracciÃ³n de los derechos reconocidos en los artÃ­culos 115 y 117 corresponderÃ¡ el ejercicio de las acciones procedentes tanto al productor fonogrÃ¡fico como al cesionario de los mismos.
ArtÃ­culo 119. DuraciÃ³n de los derechos de explotaciÃ³n.
La duraciÃ³n de los derechos de explotaciÃ³n reconocidos a los productores de fonogramas serÃ¡ de cincuenta aÃ±os, computados desde el dÃ­a 1 de enero del aÃ±o siguiente al de su grabaciÃ³n.
No obstante, si, dentro de dicho perÃ­odo, el fonograma se divulga lÃ­citamente, los citados derechos expirarÃ¡n a los cincuenta aÃ±os desde la divulgaciÃ³n, computados desde el dÃ­a 1 de enero del aÃ±o siguiente a la fecha en que Ã©sta se produzca.
ArtÃ­culo 120. Definiciones.
1. Se entiende por grabaciones audiovisuales las fijaciones de un plano o secuencia de imÃ¡genes, con o sin sonido, sean o no creaciones susceptibles de ser calificadas como obras audiovisuales en el sentido del artÃ­culo 86 de esta Ley.
2. Se entiende por productor de una grabaciÃ³n audiovisual, la persona natural o jurÃ­dica que tenga la iniciativa y asuma la responsabilidad de dicha grabaciÃ³n audiovisual.
ArtÃ­culo 121. ReproducciÃ³n.
Corresponde al productor de la primera fijaciÃ³n de una grabaciÃ³n audiovisual el derecho exclusivo de autorizar la reproducciÃ³n, directa o indirecta, del original y de las copias de la misma.
ArtÃ­culo 122. ComunicaciÃ³n pÃºblica.
1. Corresponde al productor de grabaciones audiovisuales el derecho de autorizar la comunicaciÃ³n pÃºblica de Ã©stas.
Cuando la comunicaciÃ³n al pÃºblico se realice por cable y en los tÃ©rminos previstos en el apartado 4 del artÃ­culo 20 de esta Ley, serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en dicho precepto.
2. Los usuarios de las grabaciones audiovisuales que se utilicen para los actos de comunicaciÃ³n pÃºblica previstos en los pÃ¡rrafos f) y g) del apartado 2 del artÃ­culo 20 de esta Ley tienen obligaciÃ³n de pagar una remuneraciÃ³n equitativa y Ãºnica a los productores de grabaciones audiovisuales y a los artistas intÃ©rpretes o ejecutantes, entre los cuales se efectuarÃ¡ el reparto de la misma. A falta de acuerdo entre ellos sobre dicho reparto, Ã©ste se realizarÃ¡ por partes iguales.
ArtÃ­culo 123. DistribuciÃ³n.
1. Corresponde al productor de la primera fijaciÃ³n de una grabaciÃ³n audiovisual el derecho exclusivo de autorizar la distribuciÃ³n, segÃºn la definiciÃ³n establecida en el artÃ­culo 19.1 de esta Ley, del original y de las copias de la misma. Este derecho podrÃ¡ transferirse, cederse o ser objeto de concesiÃ³n de licencias contractuales.
3. A los efectos de este TÃ­tulo, se entiende por alquiler de grabaciones audiovisuales la puesta a disposiciÃ³n para su uso por tiempo limitado y con un beneficio econÃ³mico o comercial directo o indirecto.
Quedan excluidas del concepto de alquiler la puesta a disposiciÃ³n con fines de exposiciÃ³n, la comunicaciÃ³n pÃºblica a partir de la primera fijaciÃ³n de una grabaciÃ³n audiovisual y sus copias, incluso de fragmentos de una y otras, y la que se realice para consulta Â«in situÂ».
4. A los efectos de este TÃ­tulo, se entiende por prÃ©stamo de las grabaciones audiovisuales la puesta a disposiciÃ³n para su uso por tiempo limitado sin beneficio econÃ³mico o comercial, directo ni indirecto, siempre que dicho prÃ©stamo se lleve a cabo a travÃ©s de establecimientos accesibles al pÃºblico.
ArtÃ­culo 124. Otros derechos de explotaciÃ³n.
Le corresponden, asimismo, al productor los derechos de explotaciÃ³n de las fotografÃ­as que fueren realizadas en el proceso de producciÃ³n de la grabaciÃ³n audiovisual.
ArtÃ­culo 125. DuraciÃ³n de los derechos de explotaciÃ³n.
La duraciÃ³n de los derechos de explotaciÃ³n reconocidos a los productores de la primera fijaciÃ³n de una grabaciÃ³n audiovisual serÃ¡ de cincuenta aÃ±os, computados desde el dÃ­a 1 de enero del aÃ±o siguiente al de su realizaciÃ³n.
No obstante, si, dentro de dicho perÃ­odo, la grabaciÃ³n se divulga lÃ­citamente, los citados derechos expirarÃ¡n a los cincuenta aÃ±os desde la divulgaciÃ³n, computados desde el dÃ­a 1 de enero del aÃ±o siguiente a la fecha en que Ã©sta se produzca.
Derechos de las entidades de radiodifusiÃ³n
ArtÃ­culo 126. Derechos exclusivos.
1. Las entidades de radiodifusiÃ³n gozan del derecho exclusivo de autorizar:
a) La fijaciÃ³n de sus emisiones o transmisiones en cualquier soporte sonoro o visual. A los efectos de este apartado, se entiende incluida la fijaciÃ³n de alguna imagen aislada difundida en la emisiÃ³n o transmisiÃ³n.
No gozarÃ¡n de este derecho las empresas de distribuciÃ³n por cable cuando retransmitan emisiones o transmisiones de entidades de radiodifusiÃ³n.
b) La reproducciÃ³n de las fijaciones de sus emisiones o transmisiones.
c) La retransmisiÃ³n por cualquier procedimiento tÃ©cnico de sus emisiones o transmisiones.
d) La comunicaciÃ³n pÃºblica de sus emisiones o transmisiones de radiodifusiÃ³n, cuando tal comunicaciÃ³n se efectÃºe en lugares a los que el pÃºblico pueda acceder mediante el pago de una cantidad en concepto de derecho de admisiÃ³n o de entrada.
Cuando la comunicaciÃ³n al pÃºblico se realice vÃ­a satÃ©lite o por cable y en los tÃ©rminos previstos en los apartados 3 y 4 del artÃ­culo 20 de esta Ley, serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en tales preceptos.
e) La distribuciÃ³n de las fijaciones de sus emisiones o transmisiones.
Cuando la distribuciÃ³n se efectÃºe mediante venta, en el Ã¡mbito de la UniÃ³n Europea, este derecho se extingue con la primera y, Ãºnicamente, respecto de las ventas sucesivas que se produzcan en dicho Ã¡mbito por el titular del mismo o con su consentimiento.
2. Los conceptos de emisiÃ³n y transmisiÃ³n incluyen, respectivamente, las operaciones mencionadas en los pÃ¡rrafos c) y e) del apartado 2 del artÃ­culo 20 de la presente Ley, y el de retransmisiÃ³n, la difusiÃ³n al pÃºblico por una entidad que emita o difunda emisiones de otra, recibidas a travÃ©s de uno cualquiera de los mencionados satÃ©lites.
ArtÃ­culo 127. DuraciÃ³n de los derechos de explotaciÃ³n.
Los derechos de explotaciÃ³n reconocidos a las entidades de radiodifusiÃ³n durarÃ¡n cincuenta aÃ±os, computados desde el dÃ­a 1 de enero del aÃ±o siguiente al de la realizaciÃ³n por vez primera de una emisiÃ³n o transmisiÃ³n.
La protecciÃ³n de las meras fotografÃ­as
ArtÃ­culo 128. De las meras fotografÃ­as.
Quien realice una fotografÃ­a u otra reproducciÃ³n obtenida por procedimiento anÃ¡logo a aquÃ©lla, cuando ni una ni otra tengan el carÃ¡cter de obras protegidas en el Libro I, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducciÃ³n, distribuciÃ³n y comunicaciÃ³n pÃºblica, en los mismos tÃ©rminos reconocidos en la presente Ley a los autores de obras fotogrÃ¡ficas.
Este derecho tendrÃ¡ una duraciÃ³n de veinticinco aÃ±os computados desde el dÃ­a 1 de enero del aÃ±o siguiente a la fecha de realizaciÃ³n de la fotografÃ­a o reproducciÃ³n.
La protecciÃ³n de determinadas producciones editoriales
ArtÃ­culo 129. Obras inÃ©ditas en dominio pÃºblico y obras no protegidas.
1. Toda persona que divulgue lÃ­citamente una obra inÃ©dita que estÃ© en dominio pÃºblico tendrÃ¡ sobre ella los mismos derechos de explotaciÃ³n que hubieran correspondido a su autor.
2. Del mismo modo, los editores de obras no protegidas por las disposiciones del Libro I de la presente Ley, gozarÃ¡n del derecho exclusivo de autorizar la reproducciÃ³n, distribuciÃ³n y comunicaciÃ³n pÃºblica de dichas ediciones siempre que puedan ser individualizadas por su composiciÃ³n tipogrÃ¡fica, presentaciÃ³n y demÃ¡s caracterÃ­sticas editoriales.
ArtÃ­culo 130. DuraciÃ³n de los derechos.
1. Los derechos reconocidos en el apartado 1 del artÃ­culo anterior durarÃ¡n veinticinco aÃ±os, computados desde el dÃ­a 1 de enero del aÃ±o siguiente al de la divulgaciÃ³n lÃ­cita de la obra.
2. Los derechos reconocidos en el apartado 2 del artÃ­culo anterior durarÃ¡n veinticinco aÃ±os, computados desde el dÃ­a 1 de enero del aÃ±o siguiente al de la publicaciÃ³n.
ArtÃ­culo 131. ClÃ¡usula de salvaguardia de los derechos de autor.
Los derechos reconocidos en este Libro II se entenderÃ¡n sin perjuicio de los que correspondan a los autores.
ArtÃ­culo 132. AplicaciÃ³n subsidiaria de disposiciones del Libro I.
Las disposiciones contenidas en la secciÃ³n 2.Âª del capÃ­tulo III, TÃ­tulo II y en el capÃ­tulo II del TÃ­tulo III, ambos del Libro I de la presente Ley, se aplicarÃ¡n, con carÃ¡cter subsidiario y en lo pertinente, a los derechos regulados en el presente Libro.
De la protecciÃ³n de los derechos reconocidos en esta Ley
ArtÃ­culo 133. Acciones y medidas cautelares urgentes.
El titular de los derechos reconocidos en esta Ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrÃ¡ instar el cese de la actividad ilÃ­cita del infractor y exigir la indemnizaciÃ³n de los daÃ±os materiales y morales causados, en los tÃ©rminos previstos en los artÃ­culos 134 y 135.
Asimismo, podrÃ¡ solicitar con carÃ¡cter previo la adopciÃ³n de las medidas cautelares de protecciÃ³n urgente reguladas en el artÃ­culo 136.
ArtÃ­culo 134. Cese de la actividad ilÃ­cita.
1. El cese de la actividad ilÃ­cita podrÃ¡ comprender:
a) La suspensiÃ³n de la explotaciÃ³n infractora.
b) La prohibiciÃ³n al infractor de reanudarla.
c) La retirada del comercio de los ejemplares ilÃ­citos y su destrucciÃ³n.
d) La inutilizaciÃ³n y, en caso necesario, destrucciÃ³n de los moldes, planchas, matrices, negativos y demÃ¡s elementos destinados exclusivamente a la reproducciÃ³n de ejemplares ilÃ­citos y de los instrumentos cuyo Ãºnico uso sea facilitar la supresiÃ³n o neutralizaciÃ³n, no autorizadas, de cualquier dispositivo tÃ©cnico utilizado para proteger un programa de ordenador.
e) La remociÃ³n o el precinto de los aparatos utilizados en la comunicaciÃ³n pÃºblica no autorizada.
2. El infractor podrÃ¡ solicitar que la destrucciÃ³n o inutilizaciÃ³n de los mencionados ejemplares y material, cuando Ã©stos sean susceptibles de otras utilizaciones, se efectÃºe en la medida necesaria para impedir la explotaciÃ³n ilÃ­cita.
3. El titular del derecho infringido podrÃ¡ pedir la entrega de los referidos ejemplares y material a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnizaciÃ³n de daÃ±os y perjuicios.
4. Lo dispuesto en este artÃ­culo no se aplicarÃ¡ a los ejemplares adquiridos de buena fe para uso personal.
ArtÃ­culo 135. IndemnizaciÃ³n.
El perjudicado podrÃ¡ optar, como indemnizaciÃ³n, entre el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilizaciÃ³n ilÃ­cita, o la remuneraciÃ³n que hubiera percibido de haber autorizado la explotaciÃ³n.
En caso de daÃ±o moral procederÃ¡ su indemnizaciÃ³n, aun no probada la existencia de perjuicio econÃ³mico. Para su valoraciÃ³n se atenderÃ¡ a las circunstancias de la infracciÃ³n, gravedad de la lesiÃ³n y grado de difusiÃ³n ilÃ­cita de la obra.
La acciÃ³n para reclamar los daÃ±os y perjuicios a que se refiere este artÃ­culo prescribirÃ¡ a los cinco aÃ±os desde que el legitimado pudo ejercitarla.
ArtÃ­culo 136. Medidas cautelares.
En caso de infracciÃ³n o cuando exista temor racional y fundado de que Ã©sta va a producirse de modo inminente, la autoridad judicial podrÃ¡ decretar, a instancia de los titulares de los derechos reconocidos en esta Ley, las medidas cautelares que, segÃºn las circunstancias, fuesen necesarias para la protecciÃ³n urgente de tales derechos, y en especial:
1. La intervenciÃ³n y el depÃ³sito de los ingresos obtenidos por la actividad ilÃ­cita de que se trate o, en su caso, la consignaciÃ³n o depÃ³sito de las cantidades debidas en concepto de remuneraciÃ³n.
2. La suspensiÃ³n de la actividad de reproducciÃ³n, distribuciÃ³n y comunicaciÃ³n pÃºblica, segÃºn proceda.
3. El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado exclusivamente para la reproducciÃ³n o comunicaciÃ³n pÃºblica. En el caso de los programas de ordenador, se podrÃ¡ acordar el secuestro de los instrumentos referidos en el artÃ­culo 102 pÃ¡rrafo c).
4. El embargo de los equipos, aparatos y materiales a que se refiere el apartado 20 del artÃ­culo 25 de esta Ley.
ArtÃ­culo 137. Procedimiento.
Las medidas cautelares de protecciÃ³n urgente previstas en el artÃ­culo anterior serÃ¡n de tramitaciÃ³n preferente y se adoptarÃ¡n con arreglo a lo establecido en las siguientes normas:
1.Âª SerÃ¡n competentes los Jueces de Primera Instancia en cuya jurisdicciÃ³n tenga efecto la infracciÃ³n o existan indicios racionales de que Ã©sta va a producirse o en la que se hayan descubierto los ejemplares que se consideren ilÃ­citos, a elecciÃ³n del solicitante de las medidas. No obstante, una vez presentada la demanda principal, serÃ¡ Ãºnico Juez competente para cuanto se relacione con la medida adoptada, el que conozca de aquÃ©lla.
Asimismo, cuando la medida se solicite al tiempo de interponer la demanda en el juicio declarativo correspondiente o durante la sustanciaciÃ³n de Ã©ste, serÃ¡ competente para su resoluciÃ³n, respectivamente, el Juez o Tribunal al que corresponda conocer de dicha demanda o el que ya estuviere conociendo del pleito.
2.Âª La medida se solicitarÃ¡ por escrito firmado por el interesado o su representante legal o voluntario, no siendo necesaria la intervenciÃ³n de procurador ni la asistencia de letrado, excepto en los casos previstos en el pÃ¡rrafo segundo de la norma 1.Âª.
3.Âª Dentro de los diez dÃ­as siguientes al de la presentaciÃ³n del escrito, del que se darÃ¡ traslado a las partes, el Juez oirÃ¡ a las que concurran a la comparecencia y resolverÃ¡, en todo caso, mediante auto al dÃ­a siguiente de la finalizaciÃ³n del plazo anterior. El auto serÃ¡ apelable en un solo efecto.
No obstante lo anterior, en el caso de protecciÃ³n de los programas de ordenador y antes de dar traslado del escrito a las partes, el Juez podrÃ¡ requerir los informes u ordenar las investigaciones que estime oportunas.
4.Âª Cualquiera de las partes podrÃ¡ solicitar la prÃ¡ctica de la prueba de reconocimiento judicial, y si Ã©sta fuera admitida, se llevarÃ¡ a efecto de inmediato.
5.Âª Antes de la resoluciÃ³n o en la misma, el Juez, si lo estima necesario, podrÃ¡ exigir al solicitante fianza bastante, excluida la personal, para responder de los perjuicios y costas que se puedan ocasionar.
6.Âª Si las medidas se hubieran solicitado antes de entablarse la demanda, Ã©sta habrÃ¡ de interponerse dentro de los ocho dÃ­as siguientes a la concesiÃ³n de aquÃ©llas. En todo caso, el solicitante podrÃ¡ reiterar la peticiÃ³n de medidas cautelares, siempre que aparezcan hechos nuevos relativos a la infracciÃ³n u obtuviere pruebas de las que hubiese carecido anteriormente.
ArtÃ­culo 138. Causas criminales.
Las medidas cautelares previstas en el artÃ­culo 136 podrÃ¡n ser acordadas en las causas criminales que se sigan por infracciÃ³n de los derechos reconocidos en esta Ley.
En su tramitaciÃ³n se observarÃ¡n las reglas del artÃ­culo 137, en lo que fuera pertinente.
Las mencionadas medidas no impedirÃ¡n la adopciÃ³n de cualesquiera otras establecidas en la legislaciÃ³n procesal penal.
ArtÃ­culo 139. OrganizaciÃ³n y funcionamiento.
1. El Registro General de la Propiedad Intelectual tendrÃ¡ carÃ¡cter Ãºnico en todo el territorio nacional. Reglamentariamente se regularÃ¡ su ordenaciÃ³n, que incluirÃ¡, en todo caso, la organizaciÃ³n y funciones del Registro Central dependiente del Ministerio de Cultura y las normas comunes sobre procedimiento de inscripciÃ³n y medidas de coordinaciÃ³n e informaciÃ³n entre todas las Administraciones pÃºblicas competentes.
2. Las Comunidades AutÃ³nomas determinarÃ¡n la estructura y funcionamiento del Registro en sus respectivos territorios, y asumirÃ¡n su llevanza, cumpliendo en todo caso las normas comunes a que se refiere el apartado anterior.
ArtÃ­culo 140. RÃ©gimen de las inscripciones.
1. PodrÃ¡n ser objeto de inscripciÃ³n en el Registro los derechos de propiedad intelectual relativos a las obras y demÃ¡s producciones protegidas por la presente Ley.
2. El Registrador calificarÃ¡ las solicitudes presentadas y la legalidad de los actos y contratos relativos a los derechos inscribibles, pudiendo denegar o suspender la prÃ¡ctica de los asientos correspondientes. Contra el acuerdo del Registrador podrÃ¡n ejercitarse directamente ante la jurisdicciÃ³n civil las acciones correspondientes.
3. Se presumirÃ¡, salvo prueba en contrario, que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo.
4. El Registro serÃ¡ pÃºblico, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecerse al amparo de lo previsto en el artÃ­culo 101 de esta Ley.
SÃ­mbolos o indicaciones de la reserva de derechos
ArtÃ­culo 141. SÃ­mbolos o indicaciones.
El titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotaciÃ³n sobre una obra o producciÃ³n protegidas por esta Ley podrÃ¡ anteponer a su nombre el sÃ­mbolo Â© con precisiÃ³n del lugar y aÃ±o de la divulgaciÃ³n de aquÃ©llas.
Asimismo, en las copias de los fonogramas o en sus envolturas se podrÃ¡ anteponer al nombre del productor o de su cesionario, el sÃ­mbolo (p), indicando el aÃ±o de la publicaciÃ³n.
Los sÃ­mbolos y referencias mencionados deberÃ¡n hacerse constar en modo y colocaciÃ³n tales que muestren claramente que los derechos de explotaciÃ³n estÃ¡n reservados.
Las entidades de gestiÃ³n de los derechos reconocidos en la Ley
ArtÃ­culo 142. Requisitos.
Las entidades legalmente constituidas que pretendan dedicarse, en nombre propio o ajeno, a la gestiÃ³n de derechos de explotaciÃ³n u otros de carÃ¡cter patrimonial, por cuenta y en interÃ©s de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual, deberÃ¡n obtener la oportuna autorizaciÃ³n del Ministerio de Cultura, que habrÃ¡ de publicarse en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ».
Estas entidades no podrÃ¡n tener Ã¡nimo de lucro y, en virtud de la autorizaciÃ³n, podrÃ¡n ejercer los derechos de propiedad intelectual confiados a su gestiÃ³n y tendrÃ¡n los derechos y obligaciones que en este TÃ­tulo se establecen.
ArtÃ­culo 143. Condiciones de la autorizaciÃ³n.
1. La autorizaciÃ³n prevista en el artÃ­culo anterior sÃ³lo se concederÃ¡ si concurren las siguientes condiciones:
a) Que los estatutos de la entidad solicitante cumplan los requisitos establecidos en este TÃ­tulo.
b) Que de los datos aportados y de la informaciÃ³n practicada se desprenda que la entidad solicitante reÃºne las condiciones necesarias para asegurar la eficaz administraciÃ³n de los derechos, cuya gestiÃ³n le va a ser encomendada, en todo el territorio nacional.
c) Que la autorizaciÃ³n favorezca los intereses generales de la protecciÃ³n de la propiedad intelectual en EspaÃ±a.
2. Para valorar la concurrencia de las condiciones establecidas en los pÃ¡rrafos b) y c) del apartado anterior, se tendrÃ¡n, particularmente, en cuenta el nÃºmero de titulares de derechos que se hayan comprometido a confiarle la gestiÃ³n de los mismos, en caso de que sea autorizada, el volumen de usuarios potenciales, la idoneidad de sus estatutos y sus medios para el cumplimiento de sus fines, la posible efectividad de su gestiÃ³n en el extranjero y, en su caso, el informe de las entidades de gestiÃ³n ya autorizadas.
ArtÃ­culo 144. RevocaciÃ³n de la autorizaciÃ³n.
La autorizaciÃ³n podrÃ¡ ser revocada por el Ministerio de Cultura si sobreviniera o se pusiera de manifiesto algÃºn hecho que pudiera haber originado la denegaciÃ³n de la autorizaciÃ³n, o si la entidad de gestiÃ³n incumpliera gravemente las obligaciones establecidas en este TÃ­tulo. En los tres supuestos deberÃ¡ mediar un previo apercibimiento del Ministerio de Cultura, que fijarÃ¡ un plazo no inferior a tres meses para la subsanaciÃ³n o correcciÃ³n de los hechos seÃ±alados.
La revocaciÃ³n producirÃ¡ sus efectos a los tres meses de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ».
ArtÃ­culo 145. LegitimaciÃ³n.
Las entidades de gestiÃ³n, una vez autorizadas, estarÃ¡n legitimadas, en los tÃ©rminos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestiÃ³n y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales.
A los efectos establecidos en el artÃ­culo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la entidad de gestiÃ³n estarÃ¡ obligada a aportar al proceso copia de sus estatutos, asÃ­ como certificaciÃ³n acreditativa de su autorizaciÃ³n administrativa. El demandado podrÃ¡ oponer exclusivamente, acreditÃ¡ndolo debidamente, la falta de representaciÃ³n de la actora, la autorizaciÃ³n del titular del derecho exclusivo, o el pago de la remuneraciÃ³n correspondiente.
ArtÃ­culo 146. Estatutos.
Sin perjuicio de lo que dispongan otras normas que les sean de aplicaciÃ³n, en los estatutos de las entidades de gestiÃ³n se harÃ¡ constar:
1. La denominaciÃ³n, que no podrÃ¡ ser idÃ©ntica a la de otras entidades, ni tan semejante que pueda inducir a confusiones.
2. El objeto o fines, con especificaciÃ³n de los derechos administrados, no pudiendo dedicar su actividad fuera del Ã¡mbito de la protecciÃ³n de los derechos de propiedad intelectual.
3. Las clases de titulares de derechos comprendidos en la gestiÃ³n y, en su caso, las distintas categorÃ­as de aquÃ©llos a efectos de su participaciÃ³n en la administraciÃ³n de la entidad.
4. Las condiciones para la adquisiciÃ³n y pÃ©rdida de la cualidad de socio. En todo caso, los socios deberÃ¡n ser titulares de derechos de los que haya de gestionar la entidad, y el nÃºmero de ellos no podrÃ¡ ser inferior a diez.
5. Los derechos de los socios y, en particular, el rÃ©gimen de voto, que podrÃ¡ establecerse teniendo en cuenta criterios de ponderaciÃ³n que limiten razonablemente el voto plural. En materia relativa a sanciones de exclusiÃ³n de socios, el rÃ©gimen de voto serÃ¡ igualitario.
6. Los deberes de los socios y su rÃ©gimen disciplinario.
7. Los Ã³rganos de gobierno y representaciÃ³n de la entidad y su respectiva competencia, asÃ­ como las normas relativas a la convocatoria, constituciÃ³n y funcionamiento de los de carÃ¡cter colegiado, con prohibiciÃ³n expresa de adoptar acuerdos respecto de los asuntos que no figuren en el orden del dÃ­a.
8. El procedimiento de elecciÃ³n de los socios administradores.
9. El patrimonio inicial y los recursos econÃ³micos previstos.
10. Las reglas a que han de someterse los sistemas de reparto de la recaudaciÃ³n.
11. El rÃ©gimen de control de la gestiÃ³n econÃ³mica y financiera de la entidad.
12. El destino del patrimonio o activo neto resultante en los supuestos de liquidaciÃ³n de la entidad que, en ningÃºn caso, podrÃ¡ ser objeto de reparto entre los socios.
ArtÃ­culo 147. Obligaciones de administrar los derechos de propiedad intelectual conferidos.
Las entidades de gestiÃ³n estÃ¡n obligadas a aceptar la administraciÃ³n de los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que les sean encomendados de acuerdo con su objeto o fines. Dicho encargo lo desempeÃ±arÃ¡n con sujeciÃ³n a sus estatutos y demÃ¡s normas aplicables al efecto.
ArtÃ­culo 148. Contrato de gestiÃ³n.
1. La gestiÃ³n de los derechos serÃ¡ encomendada por sus titulares a la entidad mediante contrato cuya duraciÃ³n no podrÃ¡ ser superior a cinco aÃ±os, indefinidamente renovables, ni podrÃ¡ imponer como obligatoria la gestiÃ³n de todas las modalidades de explotaciÃ³n ni la de la totalidad de la obra o producciÃ³n futura.
2. Las entidades deberÃ¡n establecer en sus estatutos las adecuadas disposiciones para asegurar una gestiÃ³n libre de influencias de los usuarios de su repertorio y para evitar una injusta utilizaciÃ³n preferencial de sus obras.
ArtÃ­culo 149. Reparto de derechos.
1. El reparto de los derechos recaudados se efectuarÃ¡ equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, con arreglo a un sistema predeterminado en los estatutos y que excluya la arbitrariedad.
2. Las entidades de gestiÃ³n deberÃ¡n reservar a los titulares una participaciÃ³n en los derechos recaudados proporcional a la utilizaciÃ³n de sus obras.
ArtÃ­culo 150. FunciÃ³n social.
1. Las entidades de gestiÃ³n deberÃ¡n, directamente o por medio de otras entidades, promover actividades o servicios de carÃ¡cter asistencial en beneficio de sus socios, asÃ­ como atender actividades de formaciÃ³n y promociÃ³n de autores y artistas intÃ©rpretes o ejecutantes.
2. Las entidades de gestiÃ³n deberÃ¡n dedicar a las actividades y servicios a que se refiere el apartado anterior, por partes iguales, el porcentaje de la remuneraciÃ³n compensatoria prevista en el artÃ­culo 25 de esta Ley, que reglamentariamente se determine.
ArtÃ­culo 151. DocumentaciÃ³n contable.
Dentro de los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio, la entidad confeccionarÃ¡ el correspondiente balance y una memoria de las actividades realizadas durante la anualidad anterior.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa aplicable, el balance y la documentaciÃ³n contable serÃ¡n sometidos a verificaciÃ³n por expertos o sociedades de expertos, legalmente competentes, nombrados en la Asamblea general de la entidad celebrada el aÃ±o anterior o en el de su constituciÃ³n. Los estatutos establecerÃ¡n las normas con arreglo a las cuales habrÃ¡ de ser designado otro auditor, por la minorÃ­a.
El balance, con nota de haber obtenido o no el informe favorable del auditor, se pondrÃ¡ a disposiciÃ³n de los socios en el domicilio legal y delegaciones territoriales de la entidad, con una antelaciÃ³n mÃ­nima de quince dÃ­as al de la celebraciÃ³n de la Asamblea general en la que haya de ser aprobado.
ArtÃ­culo 152. Otras obligaciones.
1. Las entidades de gestiÃ³n estÃ¡n obligadas:
a) A contratar con quien lo solicite, salvo motivo justificado, la concesiÃ³n de autorizaciones no exclusivas de los derechos gestionados, en condiciones razonables y bajo remuneraciÃ³n.
b) A establecer tarifas generales que determinen la remuneraciÃ³n exigida por la utilizaciÃ³n de su repertorio, que deberÃ¡n prever reducciones para las entidades culturales que carezcan de finalidad lucrativa.
c) A celebrar contratos generales con asociaciones de usuarios de su repertorio, siempre que aquÃ©llas lo soliciten y sean representativas del sector correspondiente.
2. En tanto las partes no lleguen a un acuerdo, la autorizaciÃ³n correspondiente se entenderÃ¡ concedida si el solicitante hace efectiva bajo reserva o consigna judicialmente la cantidad exigida por la entidad de gestiÃ³n de acuerdo con las tarifas generales.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no serÃ¡ de aplicaciÃ³n a la gestiÃ³n de derechos relativos a las obras literarias, dramÃ¡ticas, dramÃ¡tico-musicales, coreogrÃ¡ficas o de pantomima, ni respecto de la utilizaciÃ³n singular de una o varias obras de cualquier clase que requiera la autorizaciÃ³n individualizada de su titular.
4. Asimismo, las entidades de gestiÃ³n estÃ¡n obligadas a hacer efectivos los derechos a una remuneraciÃ³n equitativa correspondientes a los distintos supuestos previstos en esta Ley y a ejercitar el derecho de autorizar la distribuciÃ³n por cable.
ArtÃ­culo 153. ComisiÃ³n Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual.
Se crea en el Ministerio de Cultura, para el ejercicio de las funciones de mediaciÃ³n y arbitraje que le atribuye la presente Ley y con el carÃ¡cter de Ã³rgano colegiado de Ã¡mbito nacional, la ComisiÃ³n Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual.
1. La ComisiÃ³n actuarÃ¡ en su funciÃ³n de mediaciÃ³n:
a) Colaborando en las negociaciones, previo sometimiento de las partes, para el caso de que no llegue a celebrarse un contrato, para la autorizaciÃ³n de la distribuciÃ³n por cable de una emisiÃ³n de radiodifusiÃ³n, por falta de acuerdo entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual y las empresas de distribuciÃ³n por cable.
Se considerarÃ¡ que todas las partes aceptan la propuesta a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, si ninguna de ellas expresa su oposiciÃ³n en un plazo de tres meses. En este supuesto, la resoluciÃ³n de la ComisiÃ³n surtirÃ¡ los efectos previstos en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, y serÃ¡ revisable ante el orden jurisdiccional civil.
La propuesta y cualquier oposiciÃ³n a la misma se notificarÃ¡ a las partes, de conformidad con lo dispuesto en los artÃ­culos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn.
El procedimiento mediador, asÃ­ como la composiciÃ³n de la ComisiÃ³n a efectos de mediaciÃ³n, se determinarÃ¡n reglamentariamente, teniendo derecho, en todo caso, a formar parte de la misma, en cada asunto en que intervengan, dos representantes de las entidades de gestiÃ³n de los derechos de propiedad intelectual objeto de negociaciÃ³n y otros dos de las empresas de distribuciÃ³n por cable.
2. La ComisiÃ³n actuarÃ¡ en su funciÃ³n de arbitraje:
a) Dando soluciÃ³n, previo sometimiento de las partes, a los conflictos que, en aplicaciÃ³n de lo dispuesto en el apartado 1 del artÃ­culo anterior, puedan producirse entre las entidades de gestiÃ³n y las asociaciones de usuarios de su repertorio o entre aquÃ©llas y las entidades de radiodifusiÃ³n. El sometimiento de las partes a la ComisiÃ³n serÃ¡ voluntario y deberÃ¡ constar expresamente por escrito.
b) Fijando una cantidad sustitutoria de las tarifas generales, a los efectos seÃ±alados en el apartado 2 del artÃ­culo anterior, a solicitud de una asociaciÃ³n de usuarios o de una entidad de radiodifusiÃ³n, siempre que Ã©stas se sometan, por su parte, a la competencia de la ComisiÃ³n con el objeto previsto en el pÃ¡rrafo a) de este apartado.
3. Reglamentariamente se determinarÃ¡n, para el ejercicio de su funciÃ³n de arbitraje, el procedimiento y composiciÃ³n de la ComisiÃ³n, teniendo derecho, en todo caso, a formar parte de la misma, en cada asunto en que intervengan, dos representantes de las entidades de gestiÃ³n y otros dos de la asociaciÃ³n de usuarios o de la entidad de radiodifusiÃ³n.
La decisiÃ³n de la ComisiÃ³n tendrÃ¡ carÃ¡cter vinculante y ejecutivo para las partes.
Lo determinado en este artÃ­culo se entenderÃ¡ sin perjuicio de las acciones que puedan ejercitarse ante la jurisdicciÃ³n competente. No obstante, el planteamiento de la controversia sometida a decisiÃ³n arbitral ante la ComisiÃ³n impedirÃ¡ a los Jueces y Tribunales conocer de la misma, hasta tanto haya sido dictada la resoluciÃ³n y siempre que la parte interesada lo invoque mediante excepciÃ³n.
ArtÃ­culo 154. Facultades del Ministerio de Cultura.
1. Corresponde al Ministerio de Cultura, ademÃ¡s de la facultad de otorgar o revocar la autorizaciÃ³n regulada en los artÃ­culos 143 y 144, la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en esta Ley.
A estos efectos, el Ministerio de Cultura podrÃ¡ exigir de estas entidades cualquier tipo de informaciÃ³n, ordenar inspecciones y auditorÃ­as y designar un representante que asista con voz pero sin voto a sus Asambleas generales, Consejos de AdministraciÃ³n u Ã³rganos anÃ¡logos.
2. Las modificaciones de los estatutos de las entidades de gestiÃ³n, sin perjuicio de lo dispuesto por otras normas de aplicaciÃ³n, una vez aprobadas por su respectiva Asamblea general, deberÃ¡n someterse a la aprobaciÃ³n del Ministerio de Cultura, que se entenderÃ¡ concedida, si no se notifica resoluciÃ³n en contrario, en el plazo de tres meses desde su presentaciÃ³n.
3. Las entidades de gestiÃ³n estÃ¡n obligadas a notificar al Ministerio de Cultura los nombramientos y ceses de sus administradores y apoderados, las tarifas generales y sus modificaciones, los contratos generales celebrados con asociaciones de usuarios y los concertados con organizaciones extranjeras de su misma clase, asÃ­ como los documentos mencionados en el artÃ­culo 151 de esta Ley.
Del Ã¡mbito de aplicaciÃ³n de la Ley
ArtÃ­culo 155. Autores.
1. Se protegerÃ¡n, con arreglo a esta Ley, los derechos de propiedad intelectual de los autores espaÃ±oles, asÃ­ como de los autores nacionales de otros Estados miembros de la UniÃ³n Europea.
GozarÃ¡n, asimismo, de estos derechos:
a) Los nacionales de terceros paÃ­ses con residencia habitual en EspaÃ±a.
b) Los nacionales de terceros paÃ­ses que no tengan su residencia habitual en EspaÃ±a, respecto de sus obras publicadas por primera vez en territorio espaÃ±ol o dentro de los treinta dÃ­as siguientes a que lo hayan sido en otro paÃ­s. No obstante, el Gobierno podrÃ¡ restringir el alcance de este principio en el caso de extranjeros que sean nacionales de Estados que no protejan suficientemente las obras de autores espaÃ±oles en supuestos anÃ¡logos.
2. Todos los autores de obras audiovisuales, cualquiera que sea su nacionalidad, tienen derecho a percibir una remuneraciÃ³n proporcional por la proyecciÃ³n de sus obras en los tÃ©rminos del artÃ­culo 90, apartados 3 y 4. No obstante, cuando se trate de nacionales de Estados que no garanticen un derecho equivalente a los autores espaÃ±oles, el Gobierno podrÃ¡ determinar que las cantidades satisfechas por los exhibidores a las entidades de gestiÃ³n por este concepto sean destinadas a los fines de interÃ©s cultural que se establezcan reglamentariamente.
3. En todo caso, los nacionales de terceros paÃ­ses gozarÃ¡n de la protecciÃ³n que les corresponda en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que EspaÃ±a sea parte y, en su defecto, estarÃ¡n equiparados a los autores espaÃ±oles cuando Ã©stos, a su vez, lo estÃ©n a los nacionales en el paÃ­s respectivo.
4. Para las obras cuyo paÃ­s de origen sea con arreglo al Convenio de Berna un paÃ­s tercero y cuyo autor no sea nacional de un Estado miembro de la UniÃ³n Europea, el plazo de protecciÃ³n serÃ¡ el mismo que el otorgado en el paÃ­s de origen de la obra sin que en ningÃºn caso pueda exceder del previsto en esta Ley para las obras de los autores.
ArtÃ­culo 156. Artistas intÃ©rpretes o ejecutantes.
1. Se protegerÃ¡n los derechos reconocidos en esta Ley a los artistas intÃ©rpretes o ejecutantes espaÃ±oles cualquiera que sea el lugar de su interpretaciÃ³n o ejecuciÃ³n, asÃ­ como los correspondientes a los artistas intÃ©rpretes o ejecutantes nacionales de otros Estados miembros de la UniÃ³n Europea.
2. Los artistas intÃ©rpretes o ejecutantes nacionales de terceros paÃ­ses gozarÃ¡n de los mismos derechos reconocidos en esta Ley en cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando tengan su residencia habitual en EspaÃ±a.
b) Cuando la interpretaciÃ³n o ejecuciÃ³n se efectÃºe en territorio espaÃ±ol.
c) Cuando la interpretaciÃ³n o ejecuciÃ³n sea grabada en un fonograma o en un soporte audiovisual protegidos conforme a lo dispuesto en esta Ley.
d) Cuando la interpretaciÃ³n o ejecuciÃ³n, aunque no haya sido grabada, se incorpore a una emisiÃ³n de radiodifusiÃ³n protegida conforme a lo dispuesto en esta Ley.
3. En todo caso, los artistas intÃ©rpretes o ejecutantes nacionales de terceros paÃ­ses gozarÃ¡n de la protecciÃ³n que corresponda en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que EspaÃ±a sea parte y, en su defecto, estarÃ¡n equiparados a los artistas intÃ©rpretes o ejecutantes espaÃ±oles cuando Ã©stos, a su vez, lo estÃ©n a los nacionales en el paÃ­s respectivo.
4. Los plazos de protecciÃ³n previstos en el artÃ­culo 112 de esta Ley serÃ¡n igualmente aplicables a los mencionados titulares que no sean nacionales de la UniÃ³n Europea siempre que tengan garantizada su protecciÃ³n en EspaÃ±a mediante algÃºn Convenio internacional. No obstante, sin perjuicio de las obligaciones internacionales que correspondan, el plazo de protecciÃ³n expirarÃ¡ en la fecha prevista en el paÃ­s del que sea nacional el titular sin que, en ningÃºn caso, la duraciÃ³n pueda exceder de la establecida en el artÃ­culo anteriormente mencionado.
ArtÃ­culo 157. Productores, realizadores de meras fotografÃ­as y editores.
1. Los productores de fonogramas y los de obras o grabaciones audiovisuales, los realizadores de meras fotografÃ­as y los editores de las obras mencionadas en el artÃ­culo 129 serÃ¡n protegidos con arreglo a esta Ley en los siguientes casos:
a) Cuando sean ciudadanos espaÃ±oles o empresas domiciliadas en EspaÃ±a, asÃ­ como cuando sean ciudadanos de otro Estado miembro de la UniÃ³n Europea o empresas domiciliadas en otro Estado miembro de la UniÃ³n Europea.
b) Cuando sean nacionales de terceros paÃ­ses y publiquen en EspaÃ±a por primera vez o, dentro de los treinta dÃ­as siguientes a que lo hayan sido en otro paÃ­s, las obras mencionadas. No obstante, el Gobierno podrÃ¡ restringir el alcance de este principio, en el caso de nacionales de Estados que no protejan suficientemente las obras o publicaciones de espaÃ±oles en supuestos anÃ¡logos.
2. En todo caso, los titulares a que se refiere el pÃ¡rrafo b) del apartado anterior gozarÃ¡n de la protecciÃ³n que les corresponde en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que EspaÃ±a sea parte y, en su defecto, estarÃ¡n equiparados a los productores de fonogramas y a los de obras o grabaciones audiovisuales, a los realizadores de meras fotografÃ­as y a los editores de las obras mencionadas en el artÃ­culo 129, cuando Ã©stos, a su vez, lo estÃ©n a los nacionales en el paÃ­s respectivo.
3. Los plazos de protecciÃ³n previstos en los artÃ­culos 119 y 125 de esta Ley serÃ¡n igualmente aplicables a los mencionados titulares que no sean nacionales de la UniÃ³n Europea siempre que tengan garantizada su protecciÃ³n en EspaÃ±a mediante algÃºn Convenio internacional. No obstante, sin perjuicio de las obligaciones internacionales que correspondan, el plazo de protecciÃ³n expirarÃ¡ en la fecha prevista en el paÃ­s del que sea nacional el titular sin que, en ningÃºn caso, la duraciÃ³n pueda exceder de la establecida en los artÃ­culos anteriormente mencionados.
ArtÃ­culo 158. Entidades de radiodifusiÃ³n.
1. Las entidades de radiodifusiÃ³n domiciliadas en EspaÃ±a, o en otro Estado miembro de la UniÃ³n Europea, disfrutarÃ¡n respecto de sus emisiones y transmisiones de la protecciÃ³n establecida en esta Ley.
2. En todo caso, las entidades de radiodifusiÃ³n domiciliadas en terceros paÃ­ses gozarÃ¡n de la protecciÃ³n que les corresponda en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que EspaÃ±a sea parte.
3. Los plazos de protecciÃ³n previstos en el artÃ­culo 127 de esta Ley serÃ¡n igualmente aplicables a los mencionados titulares que no sean nacionales de la UniÃ³n Europea siempre que tengan garantizada su protecciÃ³n en EspaÃ±a mediante algÃºn Convenio internacional. No obstante, sin perjuicio de las obligaciones internacionales que correspondan, el plazo de protecciÃ³n expirarÃ¡ en la fecha prevista en el paÃ­s del que sea nacional el titular sin que, en ningÃºn caso, la duraciÃ³n pueda exceder de la establecida en el artÃ­culo anteriormente mencionado.
DisposiciÃ³n adicional primera. DepÃ³sito legal.
El depÃ³sito legal de las obras de creaciÃ³n tradicionalmente reconocido en EspaÃ±a se regirÃ¡ por las normas reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro por el Gobierno, sin perjuicio de las facultades que, en su caso, correspondan a las Comunidades AutÃ³nomas.
DisposiciÃ³n adicional segunda. RevisiÃ³n del porcentaje y cuantÃ­a del artÃ­culo 24.2.
La revisiÃ³n del porcentaje y de la cuantÃ­a a que se refiere el artÃ­culo 24.2 de esta Ley, se realizarÃ¡ en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
DisposiciÃ³n adicional tercera. RevisiÃ³n de las cantidades del artÃ­culo 25.5.
Se faculta a los Ministros de Cultura, de Industria y EnergÃ­a y de Comercio y Turismo para adecuar, cada dos aÃ±os, las cantidades establecidas en el artÃ­culo 25.5 de esta Ley a la realidad del mercado, a la evoluciÃ³n tecnolÃ³gica y al Ã­ndice oficial de precios al consumo.
DisposiciÃ³n adicional cuarta. Periodicidad de la remuneraciÃ³n del artÃ­culo 90.3 y deslegalizaciÃ³n.
La puesta a disposiciÃ³n de los autores de las cantidades recaudadas en concepto de remuneraciÃ³n proporcional a los ingresos, que se establece en el artÃ­culo 90.3, se efectuarÃ¡ semanalmente.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Cultura, podrÃ¡ modificar dicho plazo.
DisposiciÃ³n transitoria primera. Derechos adquiridos.
Las modificaciones introducidas por esta Ley, que perjudiquen derechos adquiridos segÃºn la legislaciÃ³n anterior, no tendrÃ¡n efecto retroactivo, salvo lo que se establece en las disposiciones siguientes.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. Derechos de personas jurÃ­dicas protegidos por la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual.
Las personas jurÃ­dicas que en virtud de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual hayan adquirido a tÃ­tulo originario la propiedad intelectual de una obra, ejercerÃ¡n los derechos de explotaciÃ³n por el plazo de ochenta aÃ±os desde su publicaciÃ³n.
DisposiciÃ³n transitoria tercera. Actos y contratos celebrados segÃºn la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual.
Los actos y contratos celebrados bajo el rÃ©gimen de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual surtirÃ¡n todos sus efectos de conformidad con la misma, pero serÃ¡n nulas las clÃ¡usulas de aquÃ©llos por las que se acuerde la cesiÃ³n de derechos de explotaciÃ³n respecto del conjunto de las obras que el autor pudiere crear en el futuro, asÃ­ como por las que el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro.
DisposiciÃ³n transitoria cuarta. Autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987.
Los derechos de explotaciÃ³n de las obras creadas por autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987 tendrÃ¡n la duraciÃ³n prevista en la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual.
DisposiciÃ³n transitoria quinta. AplicaciÃ³n de los artÃ­culos 38 y 39 de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual.
Sin perjuicio de lo previsto en la disposiciÃ³n anterior a los autores cuyas obras estuvieren en dominio pÃºblico, provisional o definitivamente, de acuerdo con lo dispuesto en los artÃ­culos 38 y 39 de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual les serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio de los derechos adquiridos por otras personas al amparo de la legislaciÃ³n anterior.
DisposiciÃ³n transitoria sexta. Aplicabilidad de los artÃ­culos 14 a 16 para autores de obras anteriores a la Ley de 11 de noviembre de 1987, de Propiedad Intelectual.
Lo dispuesto en los artÃ­culos 14 a 16 de esta Ley serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los autores de las obras creadas antes de la entrada en vigor de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual.
DisposiciÃ³n transitoria sÃ©ptima. Reglamento de 3 de septiembre de 1880 para la ejecuciÃ³n de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual.
El Reglamento de 3 de septiembre de 1880 para la ejecuciÃ³n de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual y demÃ¡s normas reglamentarias en materia de propiedad intelectual continuarÃ¡ en vigor, siempre que no se oponga a lo establecido en la presente Ley.
DisposiciÃ³n transitoria octava. RegulaciÃ³n de situaciones especiales en cuanto a programas de ordenador.
Las disposiciones de la presente Ley serÃ¡n aplicables a los programas de ordenador creados con anterioridad al 25 de diciembre de 1993, sin perjuicio de los actos ya realizados y de los derechos ya adquiridos antes de tal fecha.
DisposiciÃ³n transitoria novena. AplicaciÃ³n de la remuneraciÃ³n equitativa por alquiler a los contratos celebrados antes del 1 de julio de 1994.
Respecto de los contratos celebrados antes del 1 de julio de 1994, el derecho a una remuneraciÃ³n equitativa por alquiler, sÃ³lo se aplicarÃ¡ si los autores o los artistas intÃ©rpretes o ejecutantes o los representantes de los mismos han cursado una solicitud a tal fin, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, con anterioridad al 1 de enero de 1997.
DisposiciÃ³n transitoria dÃ©cima. Derechos adquiridos en relaciÃ³n con determinados derechos de explotaciÃ³n.
Lo dispuesto en la presente Ley acerca de los derechos de distribuciÃ³n, fijaciÃ³n, reproducciÃ³n y comunicaciÃ³n al pÃºblico se entenderÃ¡ sin perjuicio de los actos de explotaciÃ³n realizados y contratos celebrados antes del 1 de enero de 1995, asÃ­ como sin perjuicio de lo establecido en el pÃ¡rrafo c) del artÃ­culo 99.
DisposiciÃ³n transitoria undÃ©cima. RegulaciÃ³n de situaciones especiales en relaciÃ³n con la aplicaciÃ³n temporal de las disposiciones relativas a la comunicaciÃ³n al pÃºblico vÃ­a satÃ©lite.
1. En los contratos de coproducciÃ³n internacional celebrados antes del 1 de enero de 1995 entre un coproductor de un Estado miembro y uno o varios coproductores de otros Estados miembros o de paÃ­ses terceros, el coproductor, o su cesionario, que desee otorgar autorizaciÃ³n de comunicaciÃ³n al pÃºblico vÃ­a satÃ©lite deberÃ¡ obtener el consentimiento previo del titular del derecho de exclusividad, con independencia de que este Ãºltimo sea un coproductor o un cesionario, si se dan conjuntamente las siguientes circunstancias:
a) Que el contrato establezca expresamente un sistema de divisiÃ³n de los derechos de explotaciÃ³n entre los coproductores por zonas geogrÃ¡ficas para todos los medios de difusiÃ³n al pÃºblico sin establecer distinciÃ³n entre el
rÃ©gimen aplicable a la comunicaciÃ³n vÃ­a satÃ©lite y a los demÃ¡s medios de comunicaciÃ³n.
b) Que la comunicaciÃ³n al pÃºblico vÃ­a satÃ©lite de la coproducciÃ³n implique un perjuicio para la exclusividad, en particular para la exclusividad lingÃ¼Ã­stica, de uno de los coproductores o de sus cesionarios en un territorio determinado.
2. La aplicaciÃ³n de lo previsto en los artÃ­culos 106 a 108, 115 y 116, 122, y 126 de esta Ley se entenderÃ¡ sin perjuicio de los pactos de explotaciÃ³n realizados y contratos celebrados antes del 14 de octubre de 1995.
3. Las disposiciones relativas a la comunicaciÃ³n al pÃºblico vÃ­a satÃ©lite serÃ¡n de aplicaciÃ³n a todos los fonogramas, actuaciones, emisiones y primeras fijaciones de grabaciones audiovisuales que el 1 de julio de 1994 estuviesen aÃºn protegidas por la legislaciÃ³n de los Estados miembros sobre derechos de propiedad intelectual o que en dicha fecha cumplan los criterios necesarios para la protecciÃ³n en virtud de las referidas disposiciones.
DisposiciÃ³n transitoria duodÃ©cima. AplicaciÃ³n temporal de las disposiciones relativas a radiodifusiÃ³n vÃ­a satÃ©lite.
1. Los derechos a que se refieren los artÃ­culos 106 a 108, 115 y 116, 122, y 126 de esta Ley se regirÃ¡n, en lo que resulte aplicable, por la disposiciÃ³n transitoria dÃ©cima y por la disposiciÃ³n transitoria novena.
2. A los contratos de explotaciÃ³n vigentes el 1 de enero de 1995 les serÃ¡ plenamente aplicable lo establecido en esta Ley en relaciÃ³n con el derecho de comunicaciÃ³n al pÃºblico vÃ­a satÃ©lite a partir del 1 de enero del 2000.
3. Las disposiciones a las que se refiere el apartado 3 de la disposiciÃ³n transitoria undÃ©cima no serÃ¡n de aplicaciÃ³n a los contratos vigentes el 14 de octubre de 1995 cuya extinciÃ³n vaya a producirse antes del 1 de enero del aÃ±o 2000. En dicha fecha las partes podrÃ¡n renegociar las condiciones del contrato con arreglo a lo dispuesto en tales disposiciones.
DisposiciÃ³n transitoria decimotercera. RegulaciÃ³n de situaciones especiales en cuanto al plazo de protecciÃ³n.
1. La presente Ley no afectarÃ¡ a ningÃºn acto de explotaciÃ³n realizado antes del 1 de julio de 1995. Los derechos de propiedad intelectual que se establezcan en aplicaciÃ³n de esta Ley no generarÃ¡n pagos por parte de quienes hubiesen emprendido de buena fe la explotaciÃ³n de las obras y prestaciones correspondientes en el momento en que dichas obras eran de dominio pÃºblico.
2. Los plazos de protecciÃ³n contemplados en esta Ley se aplicarÃ¡n a todas las obras y prestaciones que estÃ©n protegidas en EspaÃ±a o al menos en un Estado miembro de la UniÃ³n Europea el 1 de julio de 1995 en virtud de las correspondientes disposiciones nacionales en materia de derechos de propiedad intelectual, o que cumplan los criterios para acogerse a la protecciÃ³n de conformidad con las disposiciones que regulan en esta Ley el derecho de distribuciÃ³n, en cuanto se refiere a obras y prestaciones, asÃ­ como los derechos de fijaciÃ³n, reproducciÃ³n y comunicaciÃ³n al pÃºblico, en cuanto se refieren a prestaciones.
DisposiciÃ³n transitoria decimocuarta. AplicaciÃ³n de las transitorias del CÃ³digo Civil.
En lo no previsto en las presentes disposiciones serÃ¡n de aplicaciÃ³n las transitorias del CÃ³digo Civil.
a) Real Decreto de 3 de septiembre de 1880, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecuciÃ³n de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual: capÃ­tulos V y VI del TÃ­tulo I.
b) Real Decreto 1434/1992, de 27 de noviembre, de desarrollo de los artÃ­culos 24, 25 y 140 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual: artÃ­culos 9.1, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 y 37.1, asÃ­ como los capÃ­tulos II y III del TÃ­tulo II.
b) Real Decreto de 3 de septiembre de 1880, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecuciÃ³n de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual: capÃ­tulos I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X y disposiciÃ³n transitoria del TÃ­tulo I; capÃ­tulos I, II y III del TÃ­tulo II.
c) Decreto 3837/1970, de 31 de diciembre, por el que se regula la hipoteca mobiliaria de pelÃ­culas cinematogrÃ¡ficas.
d) Decreto 2984/1972, de 2 de noviembre, por el que se establece la obligaciÃ³n de consignar en toda clase de libros y folletos el nÃºmero ISBN.
e) Real Decreto 2332/1983, de 1 de septiembre, por el que se regula la venta, distribuciÃ³n y la exhibiciÃ³n pÃºblica de material audiovisual.
f) Real Decreto 448/1988, de 22 de abril, por el que se regula la difusiÃ³n de pelÃ­culas cinematogrÃ¡ficas y otras obras audiovisuales recogidas en soporte videogrÃ¡fico.
g) Real Decreto 479/1989, de 5 de mayo, por el que se regula la composiciÃ³n y el procedimiento de actuaciÃ³n de la ComisiÃ³n Arbitral de la Propiedad Intelectual, en lo no modificado por el Real Decreto 1248/1995, de 14 de julio.
h) Real Decreto 484/1990, de 30 de marzo, sobre precio de venta al pÃºblico de libros.
i) Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, en lo declarado vigente en el apartado 3 de la disposiciÃ³n transitoria Ãºnica del Real Decreto 733/1993, de 14 de mayo.
j) Real Decreto 1434/1992, de 27 de noviembre, de desarrollo de los artÃ­culos 24, 25 y 140 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, en la versiÃ³n dada a los mismos por la Ley 20/1992, de 7 de julio, en lo no modificado por el Real Decreto 325/1994, de 25 de febrero, y en lo no derogado por la presente disposiciÃ³n derogatoria.
l) Real Decreto 325/1994, de 25 de febrero, por el que se modifica el artÃ­culo 15.2 del Real Decreto 1434/1992, de 27 de noviembre, de desarrollo de los artÃ­culos 24, 25 y 140 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, en la versiÃ³n dada a los mismos por la Ley 20/1992, de 7 de julio.
m) Real Decreto 1694/1994, de 22 de julio, de adecuaciÃ³n a la Ley 30/1992, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn, del Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual.
n) Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn, las normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modificaciÃ³n y extinciÃ³n de autorizaciones.
Ã±) Real Decreto 1248/1995, de 14 de julio, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 479/1989, de 5 de mayo, regulador de la composiciÃ³n y el procedimiento de actuaciÃ³n de la ComisiÃ³n Arbitral de la Propiedad Intelectual.
o) Real Decreto 1802/1995, de 3 de noviembre, por el que se establece el sistema para la determinaciÃ³n de la remuneraciÃ³n compensatoria por copia privada en las ciudades de Ceuta y Melilla.
p) Orden de 23 de junio de 1966 por la que se establecen las normas bÃ¡sicas a las que deben ajustarse los contratos publicitarios del medio cine.
q) Orden de 30 de octubre de 1971 por la que se aprueba el Reglamento del Instituto BibliogrÃ¡fico HispÃ¡nico.
r) Orden de 25 de marzo de 1987 por la que se regula la Agencia EspaÃ±ola del ISBN.
s) Orden de 3 de abril de 1991, de desarrollo de lo dispuesto en el Real Decreto 2332/1983, de 1 de septiembre, por el que se regula la venta, distribuciÃ³n y la exhibiciÃ³n pÃºblica de material audiovisual.
DisposiciÃ³n final Ãºnica. Desarrollo reglamentario.

References: Real Decreto 
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