Source: https://es.scribd.com/doc/65583379/Elementos-Para-La-Construccion-de-Una-Politica-de-Estado-Para-La-Seguridad-y-La-Justicia-en-Democracia
Timestamp: 2016-02-07 10:52:49+00:00

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Elementos Para La Construccion de Una Politica de Estado Para La Seguridad y La Justicia en Democracia
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HACIA UNA POLÍTICA DE ESTADO EN LOS ALBORES DEL TERCER MILENIO
Agosto • 2011
Universidad Nacional Autónoma de México • Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional
CONTENIDO Página Introducción. 1. Debemos revisar nuestra manera de enfrentar la inseguridad y de hacer justicia. 1.1. ¿Cómo se enfrenta el problema en la actualidad? 1.2. ¿Qué datos tenemos para describir el tamaño del reto de la seguridad y la justicia? La meta: una política integral en materia de seguridad. ¿Quiénes deben ser los actores del cambio? 3.1. Corresponsabilidad de todos los actores sociales. 3.2. Responsabilidad de instituciones democráticas fuertes y transparentes. 4. Las acciones del cambio. 4.1. Un proceso de diagnóstico amplio y participativo. 4.2. Reforma fiscal que garantice el flujo de recursos para un programa nacional amplio. 4.3 Desarrollo de la política criminal. 4.4. Prevención y recuperación del espacio público. 4.4.1. Los principios de la política de prevención. 4.4.2. Control de adicciones. 4.4.3. Política local en materia de seguridad. 4.4.4. Una política para la juventud. 4.4.5. Difusión y aplicación de los mecanismos alternativos de resolución pacífica de conflictos. 4.5. Reforma policial. 4.5.1. El modelo policial. 4.5.2. Modelo de uso de la fuerza. 4.6. Reforma de la justicia penal. 4.6.1. Nueva justicia penal. 4.6.2. Racionalización del sistema penal. 4.6.3. Crimen organizado y lavado de dinero. 4.7. Sistemas de inteligencia. 4.8. Sistema de reinserción social. 4.9. La política de seguridad en las fronteras. 5. Manos a la obra.
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México vive graves problemas de inseguridad, violencia y criminalidad que impactan en los más diversos aspectos de la vida nacional. La sociedad y los gobiernos de los tres niveles se encuentran legítimamente preocupados y ocupados en superar esta etapa, y alcanzar la seguridad y la justicia en democracia. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una institución, como su denominación la define, de todo el país, de la Nación. El artículo 1º de su Ley Orgánica señala, entre sus fines, la organización y realización de investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y el artículo 3º de su Estatuto General precisa que “El propósito esencial de la Universidad, será estar íntegramente al servicio del país y de la humanidad, de acuerdo con un sentido ético y de servicio social…” La UNAM tiene siempre presente dichos preceptos, que le imponen obligaciones jurídicas, pero que también son de carácter ético, y cumple con convicción y entrega al país que la sostiene, al cual se debe y constituye la razón de su existir. La UNAM procura estar cada día más cerca de la Nación y ayudar a la solución de sus problemas como señalan los artículos citados. Por tal razón, con la colaboración del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, desde la Universidad se decidió convocar a un foro de discusión sobre Seguridad y Justicia en Democracia, que se celebró del 6 al 10 de junio del presente año, en el cual se dio la participación de 88 especialistas en dieciocho mesas redondas, en las que se discutieron ampliamente los temas. Los participantes fueron expertos nacionales e internacionales. La relatoría de esa Conferencia Internacional sintetizó las principales líneas del debate, pero, como es natural, sólo fue la exposición de un panorama general de los problemas aludidos y de las propuestas realizadas. Tal y como estaba previsto desde el comienzo de la organización de dicha Conferencia Internacional, la Rectoría de la Universidad designó una Comisión de cinco universitarios y un secretario de la misma para que revisaran y evaluaran todo el material de la Conferencia, y que con esos materiales, así como con los que considerara oportuno allegarse, redactaran la propuesta, desde la Universidad Nacional, para una política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia, misma que decidimos discutir y enriquecer con las observaciones de otros especialistas. A todos ellos se manifiesta el agradecimiento institucional. Esta Propuesta al Estado Mexicano se nutre del espíritu y letra de la legislación citada, de un ánimo de colaboración con la sociedad y el Estado, con un deseo solidario de contribuir a encontrar soluciones a nuestros problemas actuales de seguridad y justicia en democracia. En la Propuesta y sus recomendaciones existe un ánimo propositivo. Es momento de unir voluntades y esfuerzos, no de dividirnos.
hasta la más modesta ventanilla. la Universidad Nacional Autónoma de México. Para muchos. La propuesta reconoce la realidad no para claudicar sino. desde las más altas responsabilidades públicas y liderazgos privados.
La violencia ha tomado en numerosas regiones del país dimensiones y formas nunca antes vistas. se han multiplicado la preocupación y los cuestionamientos respecto a la manera como nuestros gobiernos —federal. lo que causa un grave daño a las personas. al contrario. Para ellas y ellos. La problemática relativa a la estrategia actual es evidente. Derivado de lo anterior. la violencia y la inseguridad. comienza con una creciente disponibilidad de recursos para las fuerzas de seguridad y el aparato de justicia. No hay duda de que todos los días mujeres y hombres en el servicio público hacen su mejor esfuerzo con lo que tienen a la mano —incluso sin la protección requerida—. 1. Incluso el presidente de la República ha solicitado propuestas sobre los cambios requeridos. presentan problemas que se podrían explicar de la siguiente manera:
. expresiones sociales y propuestas elaboradas desde todos los sectores evidencian la necesidad de construir una política de Estado encaminada a transformar el paradigma dominante en la seguridad y la justicia. principalmente en el terreno municipal. para confirmar la firme ambición de transformarla. estatales y municipales— enfrentan el problema. llegando incluso a debilitar el proyecto de desarrollo nacional. nuestro reconocimiento y agradecimiento. la seguridad y la justicia están cercadas por fronteras infranqueables derivadas del modo histórico de hacer las cosas o de las limitaciones de todo tipo. las familias y las comunidades. esfuerzos que se ven superados por la realidad y que no se articulan y formulan de manera coordinada y con contenidos pertinentes. afirmamos que el cambio es posible: ese modo y esas fronteras son parte esencial de nuestras instituciones. Desde una perspectiva nacional. El reajuste necesario y urgente de normas. El impacto de la corrupción en las instituciones y la participación de la sociedad en ella nos obliga a reconocer lo siguiente: esta propuesta de política de Estado será estéril si no se toman decisiones y realizan acciones contundentes. Numerosos foros. estimamos que las políticas públicas actuales en materia de seguridad. políticas públicas e instituciones tendrá en dichos servidores a sus más directos beneficiarios. En este contexto. lo que causa un daño irremediable contra las personas. para reducir las prácticas de corrupción e impunidad. Ante ello.1 ¿Cómo se enfrenta el problema en la actualidad? En nuestro país. El diagnóstico y las estrategias para contener y acabar estos fenómenos han sido insuficientes. poniendo su vida en juego. Debe comenzarse por las malas prácticas insertas en los circuitos de alta jerarquía y hacia abajo.1
Debemos revisar nuestra manera de enfrentar la inseguridad y de hacer justicia. La información disponible muestra un acelerado crecimiento de la violencia. Entre sus más dolorosas y dramáticas manifestaciones figuran la multiplicación y diversificación de la delincuencia. Con este fondo. con la colaboración del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. presenta esta Propuesta al Estado Mexicano. en las comunidades y en las ciudades atraviesa por una crisis. la convivencia en las familias. así como diversas propuestas de reformas legales y adecuaciones a las estructuras administrativas de las instituciones vinculadas con esta problemática.
d. el quehacer institucional guarda una relación lejana con los mandatos constitucionales que soportan las funciones de seguridad y justicia. De igual forma. a la “seguridad nacional” y a la “seguridad pública”. con la seguridad y la justicia. así como respecto de otros sectores públicos con los que debiera construir puentes de colaboración. la misma confusión aporta un margen máximo de intervención en favor del Estado (la seguridad nacional) mientras estrangula el control que pudieran ejercer la población y los ciudadanos sobre las funciones oficiales en beneficio de las instituciones (la seguridad humana y la seguridad ciudadana). asignándoles a cada una de ellas un ámbito y responsables claramente definidos. Esta debilidad se manifiesta en la confusión general de conceptos como “seguridad nacional”. Lo dicho incide en todo el conjunto de instituciones responsables de hacer cumplir la ley y de administrar justicia. Dada la inercia en esta confusión. migrantes.
. De ahí que las acciones de los aparatos de seguridad y de justicia muchas veces producen más
b. Existe en México y en el extranjero una amplia producción académica y profesional que ofrece un marco de análisis del que. Las normas. diseños institucionales. estrategias y acciones tan sólo recurren a referentes normativos que no reflejan un conocimiento de la literatura especializada. e incluso se ignora que el texto constitucional hace referencia expresa a la “seguridad interior”.
c. jóvenes. La separación comienza por una idea de la seguridad lejana a su condición de garantía para la vigencia de todos los derechos humanos. “seguridad ciudadana” y “seguridad humana”. personas con discapacidad e incluso contra los propios elementos o funcionarios de instituciones policiales y militares de los más bajos rangos. La idea dominante pone a las instituciones en el centro de las políticas de seguridad. mientras que la justicia lo hace en la forma de castigo. programas. mediano y largo plazo. en general. Los aparatos de seguridad y justicia reproducen patrones de discriminación que dan lugar a las más graves violaciones a los derechos humanos en contra de niños y niñas. “seguridad pública”. Las instituciones encargadas de la investigación del delito y de la procuración de justicia suelen dejar de lado la coordinación y cooperación entre instituciones que buscan garantizar seguridad pública a la sociedad. en estrategias integrales para revertir la exclusión. diseños y prácticas están ajenos al marco especializado de atención a poblaciones de mayor riesgo o vulnerabilidad.a. Se ha hecho común la victimización de estos grupos.
e. mientras el ciudadano queda al margen. con frecuencia se guían por objetivos a corto plazo con fines en algunos casos de carácter político o electoral. En general. por el contrario. “seguridad interior”. El quehacer convencional de la seguridad y la justicia las fragmenta entre sí. están ausentes los modelos que debieran insertarse. Las políticas en materia de seguridad pública y justicia se encuentran desvinculadas de los fines comunes que se buscan. indígenas. Los objetivos del Estado para garantizar la seguridad pública y la justicia no se encuentran en un marco de acciones nacionales de corto. Las prácticas institucionales no se adecuan al marco constitucional de la seguridad y los derechos humanos. como si se tratara de una bolsa donde caben y deben ser contenidos todos los riesgos y amenazas. Los documentos oficiales donde se exponen los motivos de las normas. En la práctica. se tiende a sobrecargar el concepto seguridad nacional. está desvinculada la política de gobierno.
El soporte teórico y conceptual es insuficiente. La seguridad opera como política policial o militar. Los sectores relevantes para la seguridad y la justicia están fragmentados. generando con ello mayor distanciamiento entre instituciones. mujeres. gente en pobreza extrema. Quizá es por eso que los índices de confianza institucional se mantienen mayoritariamente en valores negativos.
los foros son capturados como recursos para la confrontación política. mediano y largo plazos. a cargo de la Auditoría Superior de la Federación. sino que tenga como premisa básica la prevención y contemple la atención y solución real de la problemática que presenta la materia en el corto. sumadas a la ausencia de una visión integral y coordinada al corto. que no sólo sea de carácter reactivo y con una visión de corto plazo. En el Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2009. catalizar los aprendizajes. La confrontación entre partidos termina por reducir las posibilidades de la acción social colectiva.problemas.
i. La formulación de políticas e instrumentos no funciona como punto de encuentro. Las relaciones civiles y militares enfrentan condiciones extraordinarias. es por sí mismo una inversión en la prevención. este foro se ha convertido también en arena para la disputa por el presupuesto. que ya es urgente. En lugar de promover una competencia productiva. La seguridad y la justicia en México han privilegiado el incremento legislativo de tipos legales y penas sobre la prevención. lo que a su vez fragmenta a la sociedad. salud y empleo. La irrefrenable expansión en el uso de la prisión y sus impactos para la profesionalización del crimen son ejemplo contundente de esta fragmentación. y mucho menos una tierra fértil de gestación y consolidación de liderazgos capaces de promover el progreso que se requiere en materia de seguridad y justicia. f. la violencia y la delincuencia. lo cual resulta particularmente grave pues no sólo no se ha abatido la impunidad sino que se ha desatendido prácticamente por completo el establecimiento de una política preventiva. Es necesario que las acciones y decisiones que se emprendan estén encuadradas dentro de una política pública general.
g. Las políticas públicas de seguridad y justicia y sus instrumentos de aplicación están frecuentemente influenciadas por intereses de partido. El hecho opera exactamente en sentido opuesto a la tendencia internacional dominante para atender contextos de alto riesgo. entre otros. formulada bajo principios de racionalidad e integralidad. El presupuesto público destinado al castigo y a la prevención está proporcionalmente desequilibrado en beneficio del primero. Aunque en el discurso se habla cada vez más de la prevención. Acciones y decisiones coyunturales y reactivas. canalizar las propuestas y consolidar los consensos. Esta centralidad de la fuerza militar parte del menosprecio del potencial de la prevención como estrategia eficaz para construir comunidades seguras. partidistas o electorales. El Sistema Nacional de Seguridad Pública es el andamio institucional que debía organizar a todas las partes de la República en esfuerzos colectivos. Subordinación a cuestiones políticas personales. mediano y largo plazos.
h. homogéneos y coherentes. Cada vez con mayor frecuencia se emplea a las fuerzas armadas —antes que a las policías— en los casos que el Estado percibe como extremos. Lejos de encauzar las diferencias. La organización política del país en la forma de república federal ha resultado ser mucho más un espacio de confrontación política y disputa por recursos públicos. en tanto no se alinean con la atención a las causas profundas de la inseguridad. Parece ignorarse que el gasto en educación. donde se explota la sensibilidad del público para crear auditorios a favor de unos y en contra de otros. Impera en estos sectores una profunda desconfianza mutua que sólo obstaculiza la sinergia y la comunicación.
. La prevención se ha desatendido. Ello denota desconocimiento de los métodos necesarios para en efecto lograr que desde esos sectores se abone a la construcción de comunidades seguras. en los hechos ésta se ve limitada por una estrategia que pone las intervenciones policial y militar en el centro de las políticas. consenso y soporte de decisiones de Estado.
sin que se sigan procesos formales de diseño. El empleo de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública y procuración de justicia. se construyen en ambientes institucionales que las propician o las toleran. que es inmenso. incluso como actor propiciatorio.los dictámenes en torno al Sistema han sido sumamente negativos. El problema empieza desde sistemas de gestión de recursos y de procesos formalistas. diagnóstico. propio de políticas públicas modernas y democráticas. Esta actuación. Sin menoscabar el poder corruptor específico del crimen organizado. en innumerables ocasiones contando con la participación de la ciudadanía. Desde esta dinámica se ignora la información empírica levantada con instrumentos técnicos y se sobrevalora la información disponible a través de la experiencia anecdótica. sobrecargados y lentos que incentivan los desvíos. La metodología de las políticas públicas está marginada. los gobiernos federal. j. Si una institución no tolera la corrupción e impunidad.
. está directamente asociado a la neutralización de los liderazgos civiles capaces de encabezar y consolidar exitosas políticas públicas de seguridad. implantación y evaluación. l. desde al menos hace dos décadas. Por ello. pues faltan los referentes públicos que expliquen por qué se hacen las cosas de una manera y no de otra. Con pocas excepciones. donde se apliquen las consecuencias que correspondan. El problema empieza en que no tenemos certeza acerca de cómo las autoridades validan su propio quehacer. errática a su vez. En general. sumado a controles débiles o ausentes para sancionarlos. por ende. Es un problema representado por conductas personales. la corrupción e impunidad no se explican y mucho menos se resuelven reduciéndolas a un problema a nivel individual. Relegados a segundo plano la seguridad y el acceso a la justicia. Se han instalado en los aparatos de seguridad y justicia culturas institucionales que reproducen patrones extendidos de corrupción. Aunque las oportunidades para la corrupción e impunidad son aprovechadas por individuos. a veces en un ciclo de reformas y contrarreformas. En México se produce. Es un problema que está en el diseño mismo de las instituciones y que no ha sido atendido con la voluntad y los instrumentos adecuados. Se ensaya una y otra vez. la toma de decisiones está mucho más cercana a la intuición que a una metodología de políticas públicas convencionalmente aceptada. sin duda. pero descansa sobre la mala calidad de los sistemas de control de la gestión de procesos y recursos. La capacitación de vanguardia casi no existe. ambas ajenas al mandato que le es natural. Tenemos en cambio muchos casos donde la resistencia a la corrupción e impunidad por parte de una persona o de un grupo hace a aquella o a éste disfuncionales dentro de la institución. La corrupción e impunidad son severas. lo cierto es que la propia corrupción e impunidad se han instalado como incentivo del quehacer cotidiano. La política de seguridad y justicia en México se compone tradicionalmente de una constelación infinita de decisiones aisladas cuyo impacto no puede ser evaluado de un modo técnico y objetivo. las estructuras institucionales continúan sin propiciar ni permitir la instalación de programas serios y duraderos para la capacitación a los
k. estatales y municipales mantienen confrontaciones interminables que acaban por neutralizar el liderazgo de cualquiera de ellos. será sancionado. quien incurra en ella será disfuncional y. conocimiento especializado en reformas democráticas en seguridad y justicia. colapsa la posibilidad de consolidar sistemas de rendición de cuentas para aprender del acierto y del error.
Al día de hoy. En particular. Una política renovada de seguridad y justicia no puede omitir el hecho de que la violencia se asume como código de relación y tiñe con roles de género las relaciones sociales: se contratan guardias personales. el conocimiento parece ser garantía frecuente de crecimiento sólo cuando reproduce prácticas y patrones convencionales. buena parte de los gobiernos ha optado por decidir y actuar sin la validación de la legitimidad ciudadana. lo cual ha originado. Esto es. La desconfianza recíproca produce más desconfianza y el Estado no ha sabido cortar ese círculo vicioso. las poblaciones pobres lanzan organizaciones armadas en los pueblos. en buena medida por no haberse generado las fuentes idóneas de información. las autoridades responsables de investigar tales delitos no hacen un mayor esfuerzo para determinar quiénes fueron los responsables y perseguir tales conductas. Un cúmulo incalculable de sucesos cotidianos revela la insatisfacción del gobernado en su contacto con las instituciones de seguridad y justicia.operadores de toda área y jerarquía. señalando a un enemigo interior. propicia la radicalización de las posturas y la superficialidad en el análisis de la respuesta adecuada del Estado. Estas expresiones de la violencia se ilustran en el abuso del alcohol y las drogas. dentro y fuera de México. A su vez. por ejemplo. No es así cuando se trata de conocimiento renovador. mismas que se encuentran en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad.
1. Avanza la violencia. La legitimidad se reduce.
n. es alarmante el aumento de violencia en contra de las mujeres. se forman grupos paramilitares para la defensa y ataque. así como en la agresividad entre varones jóvenes. cuando personas vinculadas a actividades delictivas llegan a ser víctimas de las mismas. m. violaciones y otros atentados contra su integridad física y psicológica. La debilidad en las aproximaciones —técnicas y metodológicas— a las políticas de seguridad y justicia ha limitado las definiciones claras de los problemas. Lo anterior con vistas a crear incentivos para el desarrollo profesional en el marco de servicios de carrera que aseguren la promoción por mérito. producto del contacto con las escuelas y experiencias de vanguardia. Lo anterior ha ocasionado que. los jóvenes en situación de marginación están sujetos a un mayor riesgo potencial de criminalizarse y de penetrar en las relaciones sociales. La incapacidad generalizada de las políticas de seguridad y justicia para servir a la sociedad ha terminado por extender la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. El discurso dominante define genéricamente una frontera entre “buenos” y “malos”. y ven afectada su integridad física. En comparación con otros países. Esta lógica de confrontación. que en el desarrollo de sus actividades cotidianas convivan con el miedo que genera la posibilidad de ser victimas de asaltos. También es necesario destacar que los esfuerzos independientes por construir información enfrentan aún limitaciones importantes. Peor aún. su esfera patrimonial o su propia vida. porque se les persigue y acosa. Domina una retórica de confrontación. la fuerza de tal definición depende de la calidad de la información en que se basa. México está todavía lejos de contar con una plataforma de información empírica suficiente.
. De ahí surgen valores y actitudes entre los funcionarios y los ciudadanos que reducen la interacción positiva.2 ¿Qué datos tenemos para describir el tamaño del reto de la seguridad y la justicia? La solución de un problema comienza por su adecuada definición. al pronunciado incremento en el gasto público en el sector no le ha correspondido una inversión decidida en información. La lucha “se va ganando porque mueren más del otro bando”.
que se han triplicado en ese lapso. En 2011. a 24 en 2010. con respecto al estándar de 2. sólo se denuncian uno de cada cinco delitos y del total de averiguaciones previas iniciadas solamente se consignan el 5%. para 2010. entre los mismos destaca justamente la diferencia de interpretaciones respecto de su dimensión. Esta violencia pasó de concentrarse en 17 municipios en 2008. 3. De acuerdo con la estadística oficial (Sistema Nacional de Seguridad Pública). La tasa nacional promedio de victimización nacional se sitúa en alrededor del 11. Además. de los medios de comunicación.000 habitantes. pero las más recientes encuestas elevan la cifra a 80%.
4. en los últimos tres años ha crecido desmesuradamente llegando a cifras superiores a las de 1997. así como las extorsiones. precisamente a partir de la diversidad de fuentes: 1. de la sociedad civil y de las autoridades.
8. de manera que 20 entidades reportan déficit y 12 superávit. Las organizaciones delictivas del narcotráfico están diversificando sus operaciones. hay más información disponible con respecto a la inseguridad. secuestro. es posible hacer una caracterización relevante de muchos de los problemas identificados. Entre 1997 y 2010.Sin embargo.
10. también se debe reconocer que hoy en día y gracias al trabajo de la academia. Menos del 5% de los delitos denunciados son objeto de un proceso penal. 200 municipios cumplen esa condición. 6 de cada 10 mexicanos creen que la delincuencia organizada está ganando la lucha al gobierno. el porcentaje de personas que percibió aumento de la inseguridad osciló entre el 40 y el 60% aproximadamente. 11.5%. mientras los del fuero común pasaron de 4 mil a 4.
7. la delincuencia y la violencia. se reporta un proceso de crecimiento y dispersión de la violencia asociada a la delincuencia organizada con incrementos de homicidios equivalentes hasta al 170% en solo dos años (2009 y 2010) en algunos municipios.
9.8 policías por cada mil habitantes. policiales y militares mantienen un crecimiento pronunciado tanto en las quejas por violaciones a derechos humanos como en las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el 2007 sólo 53 municipios tenían al menos una ejecución mensual en promedio. robo a bancos y robo de vehículos con violencia. la tasa de homicidios dolosos que estaba presentando un decremento sostenido entre 1997 y 2007. incursionando en extorsión. el promedio diario de delitos federales denunciados pasó de 200 a más de 350.500. Durante la última década. Con base en la combinación de esas fuentes. Las autoridades federales. Los homicidios dolosos que se presumen vinculados al crimen organizado crecieron de menos de 3 mil en 2007 a más de 15 mil en 2010. lapso en que disminuyó de 19 a 10 por cada 100. Para empezar. En estos tres años también han aumentado exageradamente los robos a banco y los secuestros. cuatro delitos con crecimiento pronunciado de 2004 a 2010.
2. La distribución policial es altamente irregular en el país.
se ha estimado que el 10% del sistema financiero mexicano opera con dinero proveniente del narcotráfico.6% requiere ayuda especializada. cuatro de cada diez no han sido condenados. 48 tienen sobrepoblación que.2% las consume sin signos de dependencia. del total de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. los recursos disponibles para la seguridad pública de conformidad con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. encuestas independientes ubican por debajo del 15% el nivel aceptable de confianza hacia la policía. 15.8% de la población de 12 a 65 años de edad en 2008. el consumo de drogas pasó del 3. generan utilidades ilícitas hacia México de entre 17 y 38 mil millones de dólares. En México. Es decir. 5. equivale a más del doble. han estimado que los movimientos de tráfico de drogas de las organizaciones que operan en los Estados Unidos.
El consenso es abrumador: México precisa de un cambio de paradigma en las políticas públicas de seguridad y justicia con auténtico fundamento democrático. En términos absolutos. Además. Empero. no necesariamente se destinan más recursos donde hay más violencia. 14. 17. y sólo el 0. En México. La propuesta hacia el cambio se apoya en los siguientes criterios rectores:
.12. crecieron entre 1998 y 2011 el equivalente a casi un 350 por ciento. por ejemplo en el caso del Distrito Federal. no permiten establecer una relación coherente entre las diversas variables. sólo el 14% está expuesto a ellas. los motines y las fugas de reos son hechos cotidianos. Del total de la población penitenciaria. un alto número de personas participan en el crimen organizado. Información oficial destaca que el porcentaje de los miembros de las policías estatales capacitados se mueve entre un rango máximo de 40% y mínimo igual a 0. Entre 2006 y 2008. Algunos funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos. la ponderación precisa del problema comienza por entender que el 81% de la población no consume drogas. Cálculos recientes con respecto al presupuesto asignado a las secretarias de seguridad pública y las procuradurías generales de justicia. 18. Las encuestas nacionales de adicciones muestran importantes incrementos en el consumo de marihuana y cocaína. De 429 centros de privación de la libertad. 2 La meta: una política integral en materia de seguridad. 16. Mientras la mayor parte de los estados y los municipios reportan grave rezago en la certificación policial.33% en 1998 al 6. Los homicidios en prisión. Las encuestas del Banco de México validan la percepción de que uno de los principales frenos a la economía es la inseguridad. comparado con la población y la violencia en cada entidad federativa. 19. 13. moviendo capitales que se han llegado a estimar hasta en 29 mil millones de dólares al año. la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitió denuncias que se suponen por presunto lavado de dinero equivalentes al 8% del dinero sucio en circulación en el país. En el 2010 se reportó un subejercicio equivalente a más del 20% por parte de los Estados.
sujeta a controles que aseguren la preeminencia del régimen constitucional de los derechos humanos. la mejor prevención es la que fortalece la cohesión social y. alineándolas al fin último de contribuir a garantizar las condiciones para el pleno desarrollo humano. los estados y el gobierno federal deben terminar con el funcionamiento de sus gabinetes como sectores en constante competencia política. La autoridad civil debe asumir su responsabilidad de cumplir con los fines de la seguridad y la justicia. La transversalidad permite que todas las esferas y áreas involucradas se apropien de enfoques y criterios similares. Primacía de la prevención sobre el control. La seguridad y la justicia deben abandonar el enfoque sectorial y ser articuladas en el marco de modelos integrales de política pública que sumen y equilibren las capacidades del Estado. y entre éstas y los diversos poderes del Estado. sino además genera resultados contraproducentes. Debe priorizarse el desarrollo de estrategias modernas de prevención que promuevan conductas tendientes a la reducción de riesgos. Toda medida previa que reduce los riesgos de un evento que contraviene los fines de la seguridad y la justicia es más útil. entendido en sentido amplio. La fragmentación engendra contradicciones que no sólo abonan a la ineficacia y la ineficiencia.10 -
. y el responsable cumplimiento de las obligaciones. El respeto por la vida humana debe ser un valor prioritario en la política de seguridad y justicia. en esa medida. La transversalidad identifica a las partes más
. Orientación hacia la seguridad humana. Cualquier acción del Estado que tienda a vulnerarlos es. contraria a los fines de la seguridad y la justicia en democracia. La integralidad de las políticas une a distintos actores e instituciones en ruta hacia objetivos comunes. Fortalecimiento del liderazgo civil. Desde esta perspectiva de interacción entre varios derechos resulta conveniente el uso del concepto de seguridad ciudadana. los instrumentos de implantación de esta política deben respetar de manera escrupulosa los principios y las normas internacionales y nacionales de uso de la fuerza y las armas. en tanto ellas son parte de las prerrogativas fundamentales de ser humano. Los municipios. el uso máximo de ellas. basado a su vez en el pleno ejercicio de los derechos y las libertades. en sí misma. Las políticas de seguridad y justicia deben ser contextualizadas en las coordenadas de la seguridad humana. el cual permite recolocar precisamente al ciudadano. Cualquier acción del Estado que invierta esta fórmula es en sí misma contraria a los fines de la seguridad y la justicia en democracia. al tiempo de invertir el máximo posible en el desarrollo de sus capacidades técnicas. Integralidad de la política. en el centro de todas las acciones por la seguridad y la justicia. A su vez. en todo caso. revierte la exclusión. La intervención militar debe ser excepcional y restringida al máximo posible y. Transversalidad. eficaz y eficiente que aquélla que busca controlar los daños consumados. La seguridad y la justicia en democracia deben funcionar bajo el control de la autoridad civil. todos los cuales ordenan la regularización de su empleo mínimo y. misma que debe garantizar un soporte amplio de legitimidad política. El más importante instrumento de racionalidad y control sobre las políticas de seguridad y justicia y sus instrumentos de implantación son los derechos humanos. sólo como excepción. El nuevo equilibrio debe al menos buscar que sea equiparable el gasto público dedicado a la prevención que el destinado al control.a)
Primacía del régimen constitucional de los derechos humanos. Para este fin. Racionalización del uso de la fuerza. y experimentar un diseño que garantice la interacción colaborativa y coordinada de cada secretaría.
en sí misma. Las decisiones deben aprovechar la experiencia en el terreno. encauzados principalmente mediante la prevención. debe explotarse al máximo la vinculación entre la toma de decisiones y el conocimiento científico y técnico. En todo caso. Desde la acción pública más simple hasta la decisión de mayor peso y trascendencia. A mayor distancia entre la toma de decisiones de las instituciones responsables y el terreno donde están las dificultades. La mejor seguridad y justicia es la más cercana a los problemas de la gente y sus comunidades. de lo contrario seguirán en buena medida desacreditadas y apartadas del Estado de derecho. h) Coordinación y subsidiariedad.allá de las fronteras institucionales. Es necesario entonces reforzar el Municipio y no eliminar sus capacidades. que centralicen la calidad de la información. Compromiso responsable de los partidos políticos. eviten el crecimiento de los delitos. Máxima rendición de cuentas y transparencia. Metodología para la definición de políticas públicas. condición sine qua non de toda la propuesta. sino entender lo que puede aportar en materia de seguridad pública y justicia administrativa. no a posiciones extremas y reduccionistas. la operación de las instituciones en cumplimiento de los mandatos y límites legales. se debe responder a las siguientes preguntas: ¿cuál es la opción regulatoria. La rendición de cuentas debe introducirse en la forma de un principio operativo que asegure las consecuencias del buen
. Los municipios son el espacio clave y el primer frente de solución. Todos los actores políticos e institucionales deben hacerse responsables de sumar sus proyectos de partido a la construcción de una auténtica política pública de seguridad y justicia. Pero nada será suficiente si no existe compromiso y voluntad por parte de todos los actores. el diagnóstico y la evaluación. mediante criterios técnicos y modernos de eficiencia. Esto supone la máxima cooperación y coordinación nacional de forma que los límites territoriales y jurisdiccionales sean una oportunidad y no un obstáculo. Las políticas de seguridad y justicia y sus instrumentos de implantación no pueden operar bajo criterios dominados por la mera intuición o siguiendo usos y costumbres. Desarrollo de un enfoque funcional. Es imperativo soportar tales criterios en la metodología de las políticas públicas. El principio de funcionalidad debe ser traducido en opciones programáticas que vinculen los fines de la seguridad y la justicia y las acciones para lograrlos. menor es la eficacia y eficiencia de aquéllas.11 -
. contextualizada en marcos de referencia especializados. Ésta es. Las políticas de seguridad y justicia deben prevalecer frente a intereses partidistas. La política de seguridad y justicia debe trascender las fronteras institucionales para emprender su labor hacia fines comunes. La reconstrucción del tejido social sólo es posible ahí donde el mismo se ha desgarrado. institucional y operativa que se acerca más a la meta? y ¿cuál la que más se aleja? La justificación o invalidación de las opciones debe girar en torno a su funcionalidad. Es necesario mejorar los mecanismos formales que así lo garanticen. Además. de manera que ese espacio funcione como cinturón de contención de conflictos que. El terreno idóneo para entender y resolver los problemas de la seguridad y la justicia es el local. Los estados y la federación deben desplegar un apoyo decidido hacia la construcción de las mayores capacidades municipales posibles. todas deben ser justificadas sin excepción y sujetas a la mayor transparencia posible. La mejor opción es el balance de los distintos recursos del conocimiento. mediante una gestión de calidad. Las políticas de seguridad y justicia deben eludir las posiciones extremas del debate público para favorecer un enfoque funcional que permita asegurar.
cohesión social. así como el aprendizaje institucional. y de igualdad de oportunidades. Atender. Atención prioritaria a quienes enfrentan mayor riesgo y vulnerabilidad. 3) desarrollar el Programa Integral para Prevenir. La política de seguridad y justicia en materia de género debe incluir: 1) decisiones presupuestarias para instrumentar actuaciones a favor de la prevención.
. A su vez. Las acciones que se emprendan para lograr una política integral en materia de seguridad pública requieren de mecanismos que permitan su evaluación constante y responsable para identificar oportunamente las prácticas positivas y negativas para que con ello se realicen los cambios necesarios que garanticen la implementación segura y efectiva de la política integral en materia de seguridad pública. de conciliación de la vida familiar y laboral. libre desarrollo de la personalidad. atención. Este pacto es condición para cualquier reforma profunda en el sector. El contexto actual de la violencia en el país recrudece la situación de las mujeres víctimas de violencia por dos razones: en primer lugar. así como de los funcionarios que también están en el mayor riesgo. gestionar y establecer modelos de prevención.y el mal desempeño. así como centralidad de la política de género. derechos sexuales y reproductivos. El mejor modelo es la vía doble de fortalecimiento de instrumentos de rendición de cuentas: interno y externo a las instituciones. por lo que ningún actor social debe quedarse al margen.1 Corresponsabilidad de todos los actores sociales. desarrollo humano y ciudades seguras. en segundo término. tal como es el caso de los policías y los soldados. 3 ¿Quiénes deben ser los actores del cambio?
3. la proliferación de armas – principal factor de contagio de la epidemia de la violencia armada– multiplica las oportunidades para usarlas en conflictos familiares o de pareja. sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. atención. m) Evaluación constante y responsable. 4) fortalecer el papel de coordinación del Sistema Nacional para Prevenir. además de que la extensión de la violencia como código de fuerza y control social exacerba su uso en las relaciones familiares. integridad familiar. Es prioritaria la celebración de un pacto político y social de base amplia que permita reorientar a nuestras instituciones de seguridad y justicia para hacer frente a la crisis de violencia que enfrenta el país. las propias instituciones deben buscar la máxima transparencia para fortalecer la rendición de cuentas y sembrar confianza y legitimidad social. La seguridad y la justicia deben aliviar la discriminación y llevar al centro de la agenda el bienestar de los grupos que se encuentran en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad. integrando en todos los sectores enfoques de derechos humanos de las mujeres. sanción y erradicación de la violencia de género. Atender. Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia) . 2) fortalecer la coordinación entre gobierno y sociedad civil para desarrollar. Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y 5) armonizar la legislación civil y penal. donde las mujeres resultan más vulnerables. prestando atención a la regulación de los tipos penales en materia de libertad psicosexual. se incrementa el riesgo de que niñas y jóvenes sean víctimas de violencia sexual. vida e integridad corporal.12 -
. eliminando cláusulas discriminatorias. De ahí que la sociedad debe tender hacia mecanismos participativos que fortalezcan su impulso a la justificación pública del quehacer institucional.
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. orientar o predeterminar las decisiones judiciales. Como antes se expresó.13 -
. el Sistema Nacional para Prevenir. La politización de la seguridad y de la justicia es el riesgo mayor que enfrentamos en esta crisis. los poderes judiciales en el ámbito de sus atribuciones. deben asumir su responsabilidad social y
. pero anclada en la vida local de las comunidades y diseñada a partir de la diversidad de la vida a lo largo del territorio. en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y bajo su exclusiva responsabilidad. en particular. sin perjuicio de que los juzgadores rindan cuentas y asuman la responsabilidad que les corresponda. Cada líder del poder público tiene una responsabilidad especial: el Congreso de la Unión y los de las entidades. Los jueces deben conducir los procesos y resolver las controversias con estricto apego a la ley. En este desempeño es absolutamente indispensable que actúen con plena independencia de cualesquiera instancias del poder público y de sectores sociales o de particulares. los organismos autónomos de derechos humanos. quienes gobiernan los municipios más poblados o más violentos del país— tienen una responsabilidad histórica en este proceso y al asumirla deben ser apoyados de manera decidida por los gobiernos estatales y federal. inclusive frente a problemas de extrema gravedad y visibilidad. Todos los presidentes municipales —y. la academia y la sociedad civil deben encontrar la manera de dirigir el impulso de nuestras comunidades para avanzar hacia la plena capacidad de los ciudadanos para convertirnos en agentes de cambio. escuchen. los actores institucionales. Todos los actores sociales compartimos la responsabilidad de aplicar nuestro trabajo y liderazgo para sostener un esfuerzo de largo aliento. El esfuerzo por colocar a la persona en el centro de la política de seguridad y justicia no puede ser sólo de las instituciones gubernamentales. motivando y fundando sólidamente sus determinaciones. destacar los problemas existentes y exigir las soluciones respectivas en materia de seguridad y justicia. En este contexto. la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. No siempre surge y persiste la exigencia de solución. el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. la adopción de nuevas normas corre a cargo del Poder Legislativo. Los medios de comunicación. en cada ámbito de gobierno. en particular las de nivel superior. sectoriales y partidistas deben subordinar sus decisiones a favor del interés nacional para que la diversidad política sea un factor de cambio y no de estancamiento. Es preocupante que se pretenda interferir.La responsabilidad de garantizar la seguridad es jurídica y políticamente el deber del Estado mexicano en su conjunto. las instituciones de educación. de transparencia –y manejo de archivos—. el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se corre el riesgo de observar éstos con resignación o indiferencia. La sociedad debe hacer escuchar sus opiniones. La política a seguir debe estructurarse con un horizonte nacional. analicen y debatan los planteamientos de la sociedad acerca de la seguridad y la justicia. Atender. conforme a la ley. Una vez desarrollado el proceso de amplia consulta y analizadas las diversas opiniones. Es indispensable que los legisladores recaben. y otros órganos de coordinación. en su caso. como elementos de primera importancia para la preparación de iniciativas y dictámenes y la correspondiente deliberación. Los líderes económicos del país también juegan un papel fundamental para sostener el impulso hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho. como ha ocurrido en ocasiones. el Consejo Nacional contra las Adicciones. en perjuicio de la oportuna y adecuada solución a cargo de las autoridades.
la rendición de cuentas mediante el acceso a la información se considera un ámbito excepcional en el caso de la seguridad pública. pocas medidas tendrían un impacto tan adverso a la generación de la confianza ciudadana como el debilitamiento de los órganos garantes del derecho de acceso a la información y la sujeción de éste a supervisiones o controles inaceptables. se observa un declive en la voluntad política para fortalecer estas herramientas. propios de una sociedad democrática. y. Es importante que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se valga de lineamientos para la adopción de parámetros en la recolección. y la gestión de información a través de áreas de comunicación. el cumplimiento de las instituciones de seguridad y justicia con los deberes de transparentar el ejercicio de sus funciones es relativamente escaso. transparencia y centros de control. desarrollo de contenidos educativos y mecanismos participativos coherentes con el perfil de la nueva política de Estado en seguridad y justicia a la que se aspira. veraces y oportunos de forma sistemática y periódica. sobre todo. aún no se cuenta con los mecanismos de gestión de información —en las instituciones de seguridad y justicia— que permitan a la ciudadanía acceder a datos puntuales. Como consecuencia de estos dos factores. en particular en aspectos cualitativos de la gestión institucional. los registros administrativos en materia de actos de autoridad especialmente sensibles a los derechos. la política nacional debe articular los esfuerzos disponibles de la cooperación internacional para capitalizarla de la mejor manera posible. así como de víctimas y testigos. segundo. como detenciones o uso de la fuerza. Es fundamental que el Sistema Nacional de Seguridad Pública ejerza sus funciones para aprobar lineamientos sobre información pública de oficio e incorpore los ejes del proceso de rendición de cuentas institucional.
. acopio. de ejercerse en toda su amplitud la transparencia y el acceso a la información. generando esquemas de vinculación con la sociedad y el estado para la investigación. una herramienta de generación de confianza y construcción de relaciones y sinergias productivas con la comunidad.
. el diseño y la eficacia de mecanismos de capacitación. incluyendo —pero no limitándose a— el ingreso. El momento excepcional de violencia que atraviesa el país debe ser tomado en cuenta no para claudicar en la consolidación de nuestras instituciones sino para fortalecerlas a través de los mecanismos idóneos de gestión y toma de decisiones. Finalmente. A pesar de un impulso decidido para generar y fortalecer mecanismos de acceso a la información y transparencia en el pasado. por la sola materia de la función ejercida. manejo y disposición de datos personales de ex funcionarios. 3.2 Responsabilidad de instituciones democráticas fuertes y transparentes. Ello obedece a dos causas principales: primero.14 -
2. La transparencia es un componente indispensable de desarrollo institucional pero. detenidos y procesados. Cualquier estrategia de reforma de los sectores de seguridad y justicia debe hacerse cargo de las condiciones actuales en las que se conducen los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. El impulso de la transparencia y la rendición de cuentas es el primer y más importante factor de transversalidad a consolidar entre los diversos sectores implicados en la política de seguridad y justicia. En este contexto. pretextando que. se debilita la eficacia de las instituciones. ascenso y separación de personal en las instituciones.contribuir en el ámbito de las atribuciones que les son propias a la solución de los problemas en materia de seguridad y justicia. Las acciones concretas que se pueden emprender en estos dos campos son las siguientes: 1.
5. debe impulsar una visión integral y fortalecer los diversos componentes del sistema en su conjunto. sino propiciar la continua evaluación del resultado de las decisiones. La crisis en estos asuntos es una oportunidad para transformar el ejercicio del poder público y fortalecer nuestras instituciones. Este mecanismo debe conducir a la elaboración de un perfil de flujo de casos en todas las instituciones. a efecto de que únicamente puedan ser invocadas para salvaguardar el debido desarrollo de los procedimientos que se encuentren en marcha. deben establecerse registros interinstitucionales que permitan dar seguimiento a un mismo patrón de hechos. así como el titular de la Procuraduría General de la República. educación pública. en este contexto de reconfiguración del sector. cuya participación es clave en este proceso. los de seguridad pública. Ninguna herramienta es tan poderosa en este proceso como la creación de información oportuna y precisa sobre los trabajos en los diversos subsistemas de la seguridad y la justicia penal. Las acciones del cambio. la intimidad de las personas y sus datos personales. salud y desarrollo social. sólo así podría establecerse un adecuado enlace entre los diversos secretarios de Estado. Los sistemas de información a los que debemos aspirar permitirán no sólo generar un diagnóstico necesario. la impunidad y la violencia. en vista de las fragmentadas fuentes de información oficial que permiten observar el comportamiento de los sistemas de seguridad y de justicia. a través de la policía y la justicia penal. En particular. transparente y participativo.1 Un proceso de diagnóstico amplio y participativo.
Los mecanismos de incentivos financieros (el Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal o el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal) para las áreas de seguridad y justicia deben integrar un componente de desarrollo en las áreas de transparencia. Es preciso analizar las cláusulas de reserva por mandato de ley.3.
4. Este mecanismo puede incentivar la creación de indicadores estratégicos. como son. Conducir la transición para que la seguridad y la justicia adquieran un perfil auténticamente democrático debe someterse a la más alta responsabilidad política. Del mismo
4. acceso a la información y operación de registros administrativos. priorizar de acuerdo con la política criminal adoptada y rendir cuentas al público sobre estos procesos. El reto no es menor en el actual contexto institucional. Todas las instituciones de seguridad y justicia deben fijar prioridades y metas de desempeño y orientar los recursos institucionales al cumplimiento de ellas. entre otros. con lo que permitirá anticipar las cargas de trabajo esperadas. El primer componente de una política de Estado en esta materia debe ser contar con un diagnóstico amplio.15 -
. La producción de información. La política de Estado en materia de seguridad y justicia enfrenta retos enormes de diseño y de combate a la corrupción. No se obtendrán resultados positivos si se atiende solamente uno de los componentes de esta compleja red de instituciones. sin que puedan utilizarse para impedir que se proporcione información sobre las cifras relacionadas con la seguridad pública y la procuración y administración de justicia.
contra la corrupción y la impunidad. planteadas anualmente. tanto federales como locales. Además. cuyos lineamientos en materia de presupuesto por resultados aún no se han logrado establecer. pasando de 66. Para ello se proponen los siguientes criterios directamente aplicables que tienden a la implantación del marco normativo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. el gasto público en los sectores de seguridad y procuración en el ámbito federal casi se habría duplicado desde 2007.825 millones de pesos en 2011. debe existir un diálogo adecuado con los poderes federales y organismos autónomos. Ningún proceso de reforma en las áreas de seguridad y justicia puede conducirse adecuadamente sin una política financiera sostenible. 4. Éstos pueden constituirse en foros propicios para impulsar los consensos y acuerdos de acción necesarios en las áreas de mayor relevancia. Uno de los obstáculos más importantes para cerrar el ciclo de la rendición de cuentas y la responsabilidad hacendaria pasa por la impostergable reforma que dote de verdadera autonomía a la Auditoría Superior de la Federación. estén sujetas a evaluaciones adecuadas de resultados —sin generar incentivos cuantitativos perversos— y que conduzcan a los grandes objetivos de la política pública en esta área. Debe emplearse el foro del Consejo Nacional de Seguridad Pública como un mecanismo para el ejercicio de las facultades concurrentes respecto de la función de seguridad con los jefes del poder ejecutivo de las entidades federativas y del Distrito Federal. Este ejemplo puede servir para ilustrar la común tentación de enfocar el desarrollo institucional solamente en una de las áreas relevantes para el combate de la corrupción y la reducción de la violencia. con miras a permitir un uso adecuado de recursos y proyectos. Fortalecer sus facultades constituirá un elemento útil en la lucha contra la irresponsabilidad de los servidores públicos y la de todo aquel que reciba recursos públicos para su manejo. Este componente de mutuo aprendizaje es central en el desarrollo de las capacidades técnicas más urgentes. Es necesario que los órganos fiscalizadores. Las instituciones se fortalecen promoviendo la creación de comunidades profesionales donde los servidores públicos puedan intercambiar experiencias e identificar buenas prácticas para la solución de problemas comunes. como parte del ciclo de las políticas públicas. Para ello es necesario mejorar la capacidad de gestión en las instituciones. lo mismo es de sugerirse respecto de los gobiernos locales. En sus esferas de competencia local. que han comenzado a jugar un rol activo en estos temas.
.2 Reforma fiscal que garantice el flujo de recursos para un programa nacional amplio. y aquellos que correspondan a una política de prevención. no dependan de ninguno de los tres poderes públicos pero que sean responsables de sus actos. por una desproporcionada sustitución de los operadores. sería incompatible con la participación de 100 pesos per cápita en el sistema de procuración de justicia. en el caso de las instituciones de seguridad. responsable y de largo aliento. El acelerado crecimiento presupuestal para las áreas de la policía y el poder judicial.modo. que incluye además a la policía de investigación. así como la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y sus comisiones. Existen ya diversas instancias que permiten enfrentar el problema de la coordinación. es fundamental que las instituciones adopten un programa de acción donde las metas sean realizables de acuerdo con sus capacidades institucionales. Este diálogo se ha visto coartado. Es importante que exista una adecuada distribución presupuestal entre los recursos que se destinan a los aspectos relacionados al castigo a las actividades ilícitas.031 a 115. que implica un estimado de cerca de 300 pesos per cápita. Conforme a algunas fuentes.
impulsar la resolución del conflicto social que
. Resulta indispensable que la justicia penal se coloque en su justa dimensión respecto de la política social. una metodología técnica para fijar los criterios de evaluación de desempeño. empleando los insumos de la sociedad civil —por ejemplo. eficiencia. deben mantener siempre los mismos parámetros: ser mensurables. El factor disuasivo de la justicia penal no radica nunca en las sanciones que se escriben en el texto legislativo. en particular a través del ejercicio de fondos federales —que ya existen— dedicados a la materia de seguridad.Como otro paso dentro del gran esquema de la rendición de cuentas. de forma muy concreta. En el mismo sentido. el acceso a la información y el control de riesgos como componentes indispensables del proceso de planeación estratégica. El populismo penal en toda América Latina ha fracasado. 4. de estipular los objetivos estratégicos a los que se dirige la política de seguridad — resultado de un diagnóstico amplio y participativo que sirva como línea de base para la fijación de dichas metas—. eficacia. pero vinculándose con la ejecución de los resultados definidos. Del mismo modo en que las metas deben fijarse a través del diagnóstico participativo. economía y calidad. la ejecución del presupuesto por resultados implica la transparencia. Es inaceptable que se recarguen en la justicia penal expectativas que corresponden más bien a la justicia social. su consecución debe también ser el objeto de una medición participativa y transparente. debe insistirse en que si existiera un combate frontal a la corrupción pública y privada el Estado mexicano contaría con mayores recursos para inversiones sociales urgentes en el país. la responsabilidad hacendaria requiere que las metas e indicadores dispuestos por las instituciones se vinculen directamente con los mecanismos de responsabilidad. el ejercicio de las funciones de auditoría en el Consejo Nacional de Seguridad Pública resulta necesario. El papel de la justicia penal en nuestra sociedad debe adoptar una perspectiva multifactorial del crimen. Una política que enfatice las largas sentencias de prisión nunca ha tenido más efecto que saturar el sistema penitenciario a costos hacendarios y humanos injustificables.3 Desarrollo de la política criminal. que aludan no sólo a las metas inmediatas de la gestión diaria en las instituciones. La responsabilidad hacendaria debe transmitirse también a las entidades federativas. sino en especial la responsabilidad política de los titulares de las áreas involucradas. aplicables a la responsabilidad hacendaria también. En este proceso de planeación las dependencias deberán ser responsables no sólo de la determinación de metas administrativas sino. no solamente individual de los funcionarios. La disuasión de la justicia penal yace en su eficacia y en la ejecución de las penas. Los indicadores empleados en la gran estrategia de la reforma de la seguridad y la justicia. sino a las grandes metas que nuestro país demanda en los ámbitos de la seguridad y de la justicia. los que se generen a través de los observatorios ciudadanos en la materia—. claros y objetivos.17 -
. con intervención de las instancias oficiales competentes. Para ello. Es indispensable establecer. de modo que las diversas instituciones del Estado se alineen para avanzar con el fin común de reducir las condiciones que propician la delincuencia. de nueva cuenta. El sistema de seguridad y de justicia debe atacar los factores de la violencia y la criminalidad. Del mismo modo. Esperar que el sistema de justicia penal resuelva por sí solo la problemática compleja del delito es ilusorio.
existen mecanismos disponibles para subvertir la acción jurídica mediante la corrupción por dinero o por poder. la justicia penal debe enfrentar el reto de abatir las vías informales que obstaculizan su operación. la reparación del daño y el control democrático de las policías y miembros de las fuerzas armadas son medidas. y garantizar la efectiva sanción de los responsables de delitos. En el contexto inmediato.
2. El Estado debe orientar su política a obstaculizar la participación en las redes criminales mediante una fuerte estrategia de prevención. impostergables. salvo en algunos puntos muy escuetos. Cualquier proceso de transformación de la justicia penal debe ir encaminado a la generación de confianza en las instituciones y a promover un proceso de cohesión social. además de emprender una profunda revisión de nuestras instituciones.18 -
. a la preservación de la libertad y la integridad de las personas y a la defensa de sus derechos patrimoniales. La política criminal debe enfocarse a la prevención del delito. Ninguna política integral puede desentenderse del cumplimiento cabal de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. a reducir el número de muertes y de lesionados. debe abrir la discusión sobre la racionalidad de las sanciones que imponen las leyes penales en la actualidad.
5. La agenda de seguridad y de justicia debe asumir la responsabilidad de administrar su carga de trabajo y determinar prioridades. estas sentencias no han sido cumplidas. debe pronunciarse explícitamente sobre el tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley. para que su función recupere sentido en una sociedad democrática. Es bien sabido que además de la ausencia de controles que se rigen en el momento de violar la ley.
4. al abatimiento de la impunidad. debe aspirar a limpiar la legislación penal de conductas cuya gravedad hace cuestionable el empleo de la ultima ratio (razón última) de la acción estatal. objetivo intrínsecamente vinculado al montaje de robustos sistemas de rendición de cuentas. El sistema de justicia debe aspirar a su eficacia también en estos casos. se sugieren los siguientes pasos: 1. Hasta el momento. Debe fijarse como meta el fortalecimiento del sistema de justicia penal y de policía. Éstos deben ser el objetivo de una estrategia nacional.
3. la protección de víctimas. La política criminal nacional debe poner sobre la mesa la relación funcional entre las entidades federativas y la federación en el control del crimen. Además de su necesaria reconfiguración para adoptar parámetros de proporcionalidad y razonabilidad. en particular de investigación. La investigación de los delitos. simple y llanamente. Es necesario detener la lógica de lealtad al superior jerárquico por encima de la lealtad a la ley y al sistema de justicia.frecuentemente antecede a la violación de la ley penal. de modo que las sanciones mínimas y máximas se racionalicen a lo largo del territorio para este estrato social.
con mayores índices de violencia. En dichos contextos se pretende que la prevención contribuya a modificar la estructura de comportamientos de la sociedad.19 -
. La atención a las adicciones debe de estar centrada en la prevención y el diagnóstico temprano. Es necesario llevar a cabo un gran debate con los diversos sectores sobre el enfoque prohibicionista al consumo de drogas.
4. en este campo como en otros pertinentes a la política de seguridad y justicia. no un delincuente. considera que la dependencia es una enfermedad y por lo tanto la cárcel no es la respuesta y define sus acciones en función del beneficio para la comunidad y su seguridad sopesando las consecuencias no intencionadas que incluyen a la violencia que pueden generar. la convivencia y la cohesión social.4
Prevención y recuperación del espacio público.4. urbanos y jurídicos— que propician o agravan la violencia y la actividad delictiva. y que de manera más amplia busca la protección de las libertades básicas contra los riesgos graves y previsibles que las amenazan. El enfoque de la prevención social de la violencia y la delincuencia que busca promover la generación de una cultura de la prevención para incidir sobre los contextos de riesgo –sociales. El control de las adicciones debe enfocarse como un problema de salud pública y seguridad social que reconoce diferencias entre las drogas y sus riesgos. Es necesario emprender el camino de la seguridad. en lo particular. debe procurarse aumentar la seguridad humana y ciudadana de las personas. con apego absoluto al Estado constitucional democrático de derecho. se incorpora el control de adicciones con un enfoque policial preponderante. económicos.1 Los principios de la política de prevención. así como los valores culturales. Es decir. Sin embargo. debe estar presente como un instrumento indispensable de la lucha contra la delincuencia. la prevención de recaídas y la reincorporación social incluyendo el control de la disponibilidad de las sustancias
.4. demográficos. especialmente la delincuencia organizada.2 Control de adicciones.
4. Esto es. incautaciones o destrucción de cultivos y drogas como fin último. El enfoque del desarrollo humano. La mayor parte de la evidencia disponible relaciona la intervención policial convencional punitiva contra las drogas. habitables. seguros y libres de violencia. donde en especial se promueve un ejercicio proactivo de la ciudadanía en la generación de entornos equitativos.4. que busque darle el debido peso y colocar en su justa dimensión cada uno de los enfoques que deberían de componerla: • El empleo de la fuerza pública. el tratamiento oportuno. en tanto que coloca en el centro de su atención a toda víctima real o potencial de cualquier acto delictivo. su foco de atención es la persona y no la sustancia y busca evaluar la política por el beneficio que representa para el individuo y la comunidad y no sobre indicadores de detenciones. El adicto es un enfermo. reiterando la urgencia del establecimiento de una política integral y progresista de la prevención.
dirigida a los grupos más vulnerables y en quienes la brecha entre sus necesidades de atención y la prevención y tratamiento son más amplios y contemplar un componente de desarrollo social. consolidar un sistema nacional de tratamiento.
7. Las medidas que debe adoptar la política de prevención de adicciones son: 1.
. y reconocer el lugar que tiene el hábitat en una estrategia de prevención de adicciones. De manera crucial. el abuso de las sustancias y el control de las adicciones no están dotados del seguimiento ni de la evaluación de la eficacia y eficiencia institucional. por tanto.20 -
2. Prevenir no es sólo advertir e informar. La intervención debe ser también selectiva. Debe reforzarse la lucha contra el estigma que lleve a que la población comprenda que las adicciones son una enfermedad y no un problema de conducta. como el Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC) y las organizaciones de la sociedad civil y de filantropía.
. Es fundamental que el problema de las adicciones se atienda a través de un cuerpo central que coordine acciones de salud. sino intervenir para facilitar un nuevo aprendizaje. por lo que hay mucho camino por recorrer. Adoptar un foco amplio que incluya desde la prevención universal hasta la reincorporación del adicto a la sociedad. atender a las personas enfermas que están en prisión y apoyar a los grupos de ayuda mutua a cumplir con la normatividad vigente asegurando el respeto a los derechos humanos. Basarse en la evidencia científica y. Debe favorecerse la enseñanza y el desarrollo de modelos para ayudar a los consumidores a reconocer la necesidad de dejar de consumir. Tampoco está presente en el foro público la comprensión del fenómeno del empleo de drogas como el resultado de un conjunto de riesgos acumulados. y finalmente para habilitar a los terceros que forman parte del entorno del adicto. y de modo similar al de otras áreas de la política pública. a reconocerse adictos y solicitar tratamiento. apoyar la investigación en este campo que permita adaptar los modelos a las condiciones cambiantes y proponer nuevas medidas más eficaces y eficientes.
6.La estrategia actual dirige más esfuerzos y presupuesto al control de la oferta que a la reducción de la demanda. La política de control de adicciones debe buscar establecer las sinergias entre los cuerpos existentes. incorporar acciones de reducción de daños. Fortalecer al CONADIC y a los Consejos Estatales Contra las Adiciones para que cumplan de la manera más adecuada con las funciones para las cuales fueron creados. o bien.
5. La nueva política debe redefinir la prevención en un sentido amplio. procuración de justicia y desarrollo social y con la capacidad de irradiar la política a las instancias de salud pública del país a fin de lograr que las instituciones de salud incorporen la atención de las adicciones y su coexistencia con otros padecimientos psiquiátricos (comorbilidad). Consolidar un sistema nacional de tratamiento y asegurar el acceso universal a los servicios. El paradigma debe cambiar para incluir la prevención de la violencia urbana y del crimen. en lugar de limitarse a tratar las más de 60 enfermedades que resultan del abuso de sustancias. así como resistir y tener la capacidad de enfrentar una situación adversa.
en su política de prevención de la violencia. jóvenes y niños. en su Capítulo II. A efecto de atacar el problema de la violencia contra de la mujeres se puede considerar que son tres las prioridades: a) impulsar con decisión el proceso de armonización legislativa con los principios de los derechos humanos para tipificar adecuadamente todas las formas de violencia contra las mujeres b) garantizar un acceso de jure y de facto a recursos judiciales idóneos y efectivos para las mujeres. jóvenes y niñas. Al mismo tiempo. para atender las demandas en los sectores de mujeres. Un componente fundamental de la nueva política de seguridad y justicia es el altísimo perfil que debe tomar la planeación de políticas públicas en el ámbito municipal. así como la decisión de lanzar un modelo policial centrado en la seguridad ciudadana. la planificación. como la Plataforma México. mediante la educación en valores y normas cívicas. Al planificar y diseñar espacios públicos seguros para estos grupos en las comunidades y ciudades. tal como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. con diversas características que promuevan la seguridad y la certidumbre de mujeres. debe buscar la recuperación del espacio público en sectores estratégicos. donde mujeres y hombres tengan igualdad de oportunidades para que ambos se sientan seguros. y atravesar las barreras de los ámbitos de gobierno para enlazarse con las políticas local y nacional. Ningún ámbito de gobierno tiene tanta capacidad de interacción con la vida comunitaria como el municipal. como se plantea en la sección ‘El modelo policial’. que debe quedar plasmada en el Programa Integral para Prevenir.3 Política local en materia de seguridad. así como a través del contacto con sectores sociales. posibles lugares de escondite. Resulta importante impulsar la planificación y el diseño de ciudades y comunidades. mobiliario urbano. paisaje. El municipio debe contar con una unidad de análisis delictivo que desempeñe una misión preventiva para desarticular acciones antisociales. tránsito vehicular. en coordinación con las autoridades estatales y locales. es importante hacer uso de los recursos y las herramientas existentes. El programa debe incluir. visibilidad. El componente inmediato de un programa de seguridad ciudadana en el municipio debe partir de un programa integral de prevención de las violencias. y c) la aprobación e implantación de la política de acceso a una vida libre de violencia y los modelos que la acompañan. El programa se debe basar en la identificación de los factores y de las conductas de riesgo locales. están contribuyendo de manera decidida a la configuración de espacios públicos. Para ello. diseño e implantación de medidas específicas en las ciudades y comunidades.4. Los componentes de la acción que se presentan aquí suponen la existencia de un acuerdo político y comunitario para seguir el modelo de decisiones de las políticas públicas. Atender. y acceso al transporte público. así como la revisión de las que ya existen en sus espacios públicos. proximidad con otros espacios públicos y con servicios de emergencia. Finalmente. Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. tránsito peatonal. además. El diseño del programa integral debe reunir información de diversos sectores en los gobiernos locales y nacional.21 -
. y fortalecer la capacidad técnica de una unidad de
. su estrategia tiene que ser intersectorial e interinstitucional. señalización. diseñadores y arquitectos prestan especial atención a la iluminación. los planificadores. acciones para la formación de una cultura ciudadana y de la legalidad.4. siempre con la participación ciudadana. Los gobiernos nacionales y locales al priorizar.
es imperativo enfatizar las condiciones de riesgo que muchos jóvenes padecen cuando no tienen la oportunidad de un empleo ni de educación. No se puede permitir que por falta de oportunidades lícitas su destino sea la drogadicción y el crimen u otras opciones que no beneficien a su comunidad. Dado el ya explicado vínculo de la seguridad con el desarrollo humano. La situación económica de sus padres les impide tener una nutrición adecuada.
. sistemas de supervisión interna y externa. con frecuencia y entre otros aspectos. La participación de los jóvenes en la elaboración de programas impulsa su permanencia.4. El Estado tiene una gran responsabilidad hacia los jóvenes.4 Una política para la juventud. deben implantarse mecanismos de evaluación. la política local de seguridad debe favorecer un sistema de rendición de cuentas y transparencia para monitorear las estrategias y acciones. la CONAGO asumió un compromiso muy importante de iniciar una campaña nacional de inserción masiva de los jóvenes en espacios educativos y laborales. muchos jóvenes padecen diversos aspectos de la violencia. y de manera más amplia con el de seguridad humana. seguimiento y fortalecimiento de los procesos de aprendizaje y mejora institucional. Este mecanismo debe construirse a partir de la solidez de procesos disciplinarios. los mismos seguirán en peligro de desarrollar actividades que no contribuyan a su desarrollo y al de sus comunidades. ya que sino se les ofrecen oportunidades de realización personal a los jóvenes. con políticas de transparencia y comunicación adecuadas. La atención a la juventud es prioritaria. en la Convención Nacional de Seguridad Pública realizada en la Ciudad de Chihuahua. Para acercarse a las comunidades juveniles es importante impulsar mecanismos mediante los educadores populares no formales en el barrio. manuales operativos. desempleo o subempleos que no les ofrecen ninguna perspectiva para el presente ni para el futuro. una elevada deserción escolar. parlamentos de jóvenes para que discutan y hagan conocer sus perspectivas. procesos de ingreso. entre ellos discriminación. Es muy importante que este proceso se desarrolle de cara a y con la participación de la comunidad. Es necesario dar seguimiento a las acciones que lo instrumenten con indicadores medibles. Es evidente que esta es una tarea de largo plazo que se debe iniciar en los municipios más grandes o conflictivos. No sólo la oportunidad del impulso por el llamado bono demográfico mexicano está en juego.análisis que recopile y analice información y proporcione recomendaciones operativas a la autoridad municipal. a su familia y al país. lo cual trae consigo. evaluar su eficacia y la conducta de los miembros de la corporación. sino que son ellos quienes están en peligro. así como otorgar atención psicosocial a los docentes y a los padres para que puedan fungir como apoyo en la inserción de la juventud en la comunidad. Los programas sociales enfocados en la juventud deben formularse teniendo especial cuidado en la participación de los destinatarios en su diseño. En la actualidad. permanencia y ascenso del personal.22 -
. como es el riesgo de caer en problemas de drogadicción o de ser reclutados por organizaciones criminales. Todos debemos ser conscientes de que los jóvenes no representan peligro alguno. darles seguimiento. En julio pasado. 4. En sentido semejante a la política de Estado. Igualmente. que son parte del presente y el futuro del país.
Atención a los conflictos interpersonales y comunitarios. En muchos casos. incluso en materia penal. Tal panorama incrementa la sensación de inseguridad. las experiencias reunidas hasta la fecha y las condiciones reales del medio en el que operan. En particular. La condición de violencia generalizada que enfrentamos llama a promover el empleo de estos mecanismos. vecinos y comunidades. especialmente en el ámbito penal. Dado el lugar primordial que ocupan en la gestación de la percepción de la violencia estos dos aspectos. en todos los aspectos de la vida social. Deben examinarse con objetividad los mecanismos de justicia alternativa que tienen la función de canalizar y resolver el conflicto antes de que escale a incidentes graves de violencia. donde las leyes deberán señalar los casos y condiciones del control judicial. deben examinarse con objetividad y rigor la operación y diseño de dichas soluciones alternas a la justicia penal. es necesario desarrollar.4. se prevé la existencia de mecanismos alternos de solución de controversias. es indispensable considerar las implicaciones que el sistema de soluciones alternas tiene sobre el ordenamiento penal sustantivo. Asimismo. Las personas se enfrentan muy a menudo con conductas que afectan la convivencia y que la justicia no admite como de suficiente relevancia para poner en marcha el aparato judicial. hechos que afectan a los individuos y que no son atendidos de manera adecuada. estos mecanismos deben desarrollar la operación de la justicia restaurativa para que
. se debe disponer de estructuras administrativas para atender a las personas en el nivel municipal. es esencial que se impulsen las siguientes acciones: Atención prioritaria a la violencia intrafamiliar y al maltrato infantil. Además. por propia mano.5 Difusión y aplicación de los mecanismos alternativos de resolución pacífica de conflictos. Para atender los problemas entre particulares. familias. tomando en cuenta las razones en que las sustentan. son resueltos de manera violenta. se puedan resolver de manera pacífica.23 -
. lo que obliga a revisar muchos tipos penales incluidos en los códigos de la materia y la calificación de los delitos (graves o no graves) y las penas aplicables. Estos hechos incrementan la criminalidad y propician la repetición de la conducta delictiva. es necesario promover los mecanismos alternativos de resolución pacífica de conflictos y abrir espacios de convivencia y conciliación. por ser el nivel más cercano a las familias. Gran parte de la problemática de seguridad ciudadana que se presenta en los municipios tiene sus orígenes en conflictos personales —problemas entre vecinos. comunidades— que no fueron atendidos a tiempo. El aumento en la intensidad de la violencia es palpable. Debe considerarse que dichas soluciones constituyen uno de los pilares de la nueva justicia penal y que ésta debe servir precisamente a los objetivos de la justicia. como un ejercicio cívico de construcción de comunidad. Como parte de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de 2008. que.4. Con el fin de evitar que desencadenen en actos violentos y para que. Las soluciones alternativas del conflicto que subyace en una disputa penal deben ser herramientas disponibles para sanar y reconstruir el tejido social. Este componente es prioritario en una política de seguridad ciudadana. La solución pacífica de conflictos en sus diversas modalidades tiene un adelanto importante en nuestro país. en cambio. no solamente a los de la economía procesal y la gestión pública. sin embargo. en la cual deberán incorporarse garantías a la víctima del delito para que no sea objeto de una victimización secundaria del sistema de justicia al ponerla frente a su agresor sin la debida consideración de las circunstancias del delito.
El modelo policial debería: 1. Es indispensable que se amplíe el acceso y la operación coordinada de las alternativas que existen ya para la justicia administrativa y la justicia familiar o civil. la policía sigue a la política de seguridad. favoreciendo la conciliación de víctimas con acusados. bajo un liderazgo democrático. Conviene analizar cómo se ha tratado de hacer frente a los desequilibrios o desbalances policiales desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública y a su incapacidad para garantizar el necesario proceso de homologación o estandarización que impone un sistema policial descentralizado como el mexicano.5. Asumir la perspectiva de los derechos humanos. ejercicio de la ciudadanía y de la participación social. que es el punto a partir del cual se deben enfocar los esfuerzos de reconstrucción policial para trascender posteriormente a las esferas estatal y federal. su composición y características. El objetivo de la reforma debe ser la consolidación institucional. La reforma policial debe apuntar a la configuración de una policía más civil. Adscribirse al modelo de seguridad ciudadana como política derivada de la seguridad humana. Adherirse a un modelo de prevención social de las violencias y de la delincuencia. De la construcción de comunidades seguras y policías modernas y profesionales en los municipios se sigue el establecimiento de Estados seguros. y ésta a la política social. logros y debilidades. Ello supone que se incluya en la definición de objetivos y estándares de actuación así como en el desarrollo de instrumentos normativos y deontológicos. democrática y eficiente. respeto a los derechos humanos. en operación conjunta con la justicia penal ordinaria. y de un país seguro.5 Reforma policial. solución pacífica de conflictos interpersonales y sociales. según lo señalen las leyes. El nuevo modelo policial debe redefinir una relación hacia un trabajo conjunto. con un amplio reconocimiento ciudadano. así como sus avances. La base original para construir esas políticas públicas es el municipio. Es necesario contar con diagnósticos firmes que reconozcan la diversidad de cuerpos policiales municipales preventivos.
.se cumpla a cabalidad el propósito de reconstrucción del tejido social. Nunca es al revés. Esto es. Esto plantea un cambio estructural en la relación del Estado con la sociedad (protección de las personas.
. Debe incorporarse todo el proceso de reforma como eje transversal de la actividad policial. dejando a un lado las prácticas de utilización política de las instituciones policiales. La reforma policial parte de la responsabilidad política de construir políticas públicas democráticas de seguridad. fortalecimiento de las instituciones y obtención de impactos durables en el mediano y largo plazo).24 -
2. Eso supone la inclusión de un concepto amplio del nuevo papel del ciudadano no sólo como receptor de las políticas de seguridad y policía. sino fundamentalmente como actor.1 El modelo policial. y no tanto con una mera política de disuasión de los delitos. 4.
4. que sea coherente con los objetivos de la cohesión social y de la calidad de vida de las comunidades y las ciudades. de modo que se produzcan acciones conjuntas adecuadas para la contención del conflicto social en las comunidades.
incorpore a todos sus miembros para que aquellos que no logren adaptarse puedan desistir de manera adecuada y conforme a derecho. riesgosa y de enorme importancia social. Ésta debe ser una forma de aproximación en cada contacto con el ciudadano en la calle. a su vez. La tarea de los policías es delicada. la promoción de la cohesión social. Desmilitarizar a la policía. y un recurso de consolidación y transparencia institucional. por tanto. Debe. así como con la vocación de servicio. La policía es una institución civil y debe refundarse poniendo como principal valor su esencia civilista y su capacidad para la resolución de conflictos de la ciudadanía. • Es importante el establecimiento de una política de reclutamiento.25 -
. Sería fundamental que en la reforma policial se contemplara la creación de la figura del auditor civil independiente como un mecanismo institucionalizado de control externo. selección.
5. que incluya innovaciones técnicas policiales y métodos pedagógicos avanzados que permitan. la vinculación con las exigencias reales de los ciudadanos y que garantice la calidad y la eficiencia de los servicios ofrecidos por la policía y que. formación y promoción con una visión desde múltiples disciplinas. en consecuencia. la cultura de la legalidad y la cultura de paz. Para ello se requiere un nuevo diseño de los mecanismos internos de control y evaluación. valores y normas sobre su rol constitucional. Es necesaria una policía evaluada y controlada desde el exterior. Hay que reconsiderar la importancia que reviste la adecuada integración de las instituciones de policía conforme a un nuevo modelo en esta materia.
Es necesario redefinir claramente la integración de principios. Los salarios y las condiciones laborales deben corresponder a la relevancia de la tarea. debe desvincularse de la institución militar y acercarse a la sociedad civil. revalorarse a profundidad y modernizarse el modelo de comunicación social. La reinserción social de la policía llama a un uso intensivo y creativo de la comunicación. si éste no tiene las herramientas adecuadas para hacerlas efectivas. la ley. No es suficiente definir nuevos roles del ciudadano en la políticas públicas de seguridad.
Fortalecer la política de transparencia y rendición de cuentas policial. Es necesario el desarrollo de la coordinación institucional de seguridad y policía que permita la creación de espacios de análisis estratégicos para la reformulación de los problemas comunitarios. de la misma manera que lograr precisión. Así se impulsa la creación de mecanismos democráticos y eficientes de rendición de cuentas y control como fórmula para lograr una mayor legitimidad y reconocimiento ciudadano. Se requiere generar un sistema de indicadores del desempeño y la efectividad policial que permita evaluar el cumplimiento de metas institucionales. Es prioritario mejorar las condiciones laborales y los derechos de los policías. además. vinculado con la defensa de los derechos humanos. eficiencia y profesionalismo en su tratamiento.
. el orden y la seguridad.4.
5. debe contarse con procedimientos sistemáticos que incluyan identificación del suceso. más allá de los métodos de control de confianza. En relación con este punto. por lo cual ya no se incluye una recomendación al respecto.
Para fortalecer los procesos de implantación adecuados.
2. reconocemos la importancia de la resolución garantista pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual se ajusta el fuero militar a los términos del artículo 13 constitucional y a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. asignando responsabilidades específicas para la operación de este flujo de información. se proponen las siguientes acciones: 1. en cuanto a los límites del uso de la fuerza. se encuentran ausentes como metas de la política pública. Este empleo desproporcionado de las capacidades de uso extremo de la fuerza del Estado es un síntoma de un problema sistémico. el control y la eficacia. protección de los derechos.
. debidamente instrumentado. disponibilidad de asistencia médica y preparación del informe sobre los incidentes. al igual que la reducción de la altísima fluctuación en las filas de los cuerpos de seguridad. bases para determinar los valores y principios que deben guiar a los cuerpos de seguridad. principalmente en función de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad desde hace 15 años —y en su amplio despliegue desde 2007—. selección de medios adecuados.26 -
. determinación de la gradualidad. calidad y responsabilidad. Aunque existen conceptos generales en el marco jurídico mexicano. Deben existir procedimientos claros para el flujo de armas y para la preparación y presentación de reportes de incidentes.4. La ausencia de un modelo policial implica la inexistencia de un concepto y de una filosofía. La retención del personal como una meta de la política. Dicha sentencia modificará el sistema de justicia en el país en aspectos que consideramos pueden mejorar la protección eficaz de los derechos humanos en México: el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad por parte de todos los jueces locales del país. Una política adecuada en la materia se debe caracterizar por los principios de oportunidad. aviso. excepcionalidad. de conformidad con sus atribuciones y atendiendo a los términos que al efecto ha recomendado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La política actual en relación con el uso de la fuerza se caracteriza por ser la primera herramienta de respuesta —y no la última— del sistema de seguridad mexicano.2 Modelo de uso de la fuerza. carácter extraordinario del uso deliberado de la fuerza letal y enfoque sobre la calidad de la implantación del marco jurídico que depende de los recursos humanos disponibles.
3. La estructura institucional debe permitir la implantación de estos parámetros. Es necesario que un marco institucional adecuado garantice la legitimidad. la transparencia. Debe existir un marco de principios de actuación que imponga límites al uso legítimo de la fuerza en los términos de legalidad. hay muy pocos elementos normativos que auxilien en la determinación de los límites del uso de la fuerza en las tareas de seguridad. En este sentido.
Para definir este marco se requiere un diálogo de alto nivel. En el conjunto figuran observaciones positivas y cuestionamientos severos. así como situaciones concretas donde se pueda discutir u observar el equilibrio entre la necesidad y la proporcionalidad. La reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal iniciada en 2008. por ejemplo. en el caso de las instituciones jerárquicamente organizadas. La gran transformación señalada en el texto constitucional requiere instituciones suficientemente fuertes y desarrolladas como para administrar el cambio. Debe existir el compromiso institucional para desarrollar capacidades pedagógicas entre todo el personal. 4. los segundos subrayan retrocesos en garantías penales y problemas en la concepción y aplicación del sistema procesal. multidisciplinario. el empleo de métodos para dejar registro de estas decisiones. se racionalice el empleo de los mecanismos de la justicia penal para resolver conflictos. ayudando a la traducción de normas.6. ha suscitado muy diversos comentarios. que se concrete en un documento normativo. y la asignación de responsabilidades en los diversos niveles de la cadena de mando. Nuestras leyes penales deben pasar por una profunda revisión para despenalizar conductas inocuas y revisar las sanciones penales al justo grado del daño causado a la sociedad en cada caso. es preciso revisar esta materia en forma integral. La revisión debe tomar en cuenta tanto la eficacia verdadera de las soluciones procesales planteadas —a la luz de las circunstancias y las experiencias reunidas hasta ahora— como la inclusión de figuras regresivas. para establecer sus aciertos y sus deficiencias. que en buena medida se motiva en dicha necesidad.
. objetiva y documentada. Aquéllos destacan avances a propósito del enjuiciamiento acusatorio. incompatibles con el marco democrático. Sin perjuicio de que prosiga. adoptado claramente por la propia Constitución a través de las reformas de 2011. se debe integrar de manera formal y explícita en la currícula de capacitación así como favorecer el análisis técnico de las diferentes alternativas. La gestión profesional será prácticamente una herramienta nueva para estas instituciones. el establecimiento de mecanismos para guardar el equilibrio entre la toma de decisiones de proporcionalidad y necesidad. La gestión de un proyecto de estas dimensiones reclama en primer lugar que los mecanismos de control en las instancias de procuración de justicia e investigación de los delitos y en el poder judicial puedan arrojar información constante sobre el desempeño de los funcionarios para así identificar mejores prácticas y disciplinar el comportamiento. como sociedad.27 -
. Es necesario que.Deben explorarse mecanismos de normatividad administrativa para establecer casos en los que se puede recurrir a la fuerza. La operación de este marco para el uso de la fuerza supone la definición del principio de proporcionalidad. cuán poco saben los superiores jerárquicos lo que hacen sus subordinados en el campo. medidas y mecanismos concretos. teniendo en mente siempre el objetivo de la readaptación social. La necesidad de una reforma profunda del sistema de justicia penal mexicano ha sido ampliamente discutida. por lo pronto. la instrumentación de la reforma según lo previsto en las nuevas normas constitucionales. e incluso incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos.1 Nueva justicia penal.6 Reforma de la justicia penal.
4. No debe sorprendernos. el modo para emplearla —mediante casos que ejemplifiquen una respuesta proporcional—.
La incorporación de parámetros técnicos de decisión en esta área es fundamental. difundir buenas prácticas e identificar y resolver problemas de manera conjunta. La autonomía constitucional del Ministerio Público debe garantizarse en la ley y en los hechos. de la operación de la justicia penal en estas áreas. Urge la autonomía constitucional de todos los ministerios públicos del país. La capacitación. debe estar ligada a la dignificación del trabajo y al fortalecimiento del servicio civil de carrera.Enfatizar el componente de gestión en la procuración y administración de justicia garantizará además la implantación de una política criminal transparente y explícita que coloque en el centro la protección de los derechos de las víctimas y de los inculpados. así como en la implantación de sistemas de evaluación por resultados. Es imposible avanzar en el mejoramiento de la justicia penal sin un compromiso claro y respaldado con el presupuesto necesario para profesionalizar a los cuerpos de investigación del delito y a los agentes del Ministerio Público. el fortalecimiento institucional debe comenzar por mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios de quienes se espera la ejecución de una de las funciones más delicadas de la política de seguridad del país. No debe sorprendernos la poca familiaridad que los funcionarios tienen respecto de los criterios compartidos por sus colegas. Esta transición es una oportunidad para fomentar la colaboración interinstitucional. Es indispensable que la tarea de los agentes ministeriales sea efectivamente supervisada y que la persecución de los delitos sea eficaz y ágil. Las procuradurías de justicia deben transformarse en verdaderos órganos constitucionales autónomos. por la sociedad civil.28 -
. la inseguridad pública. Se debe favorecer la formación de comunidades profesionales en las labores de investigación. cuya actuación esté sustentada en el adecuado nombramiento de los procuradores. Se recomienda desarrollar sistemas de
. relativo a la reinstalación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. a su vez. sino con destrezas indispensables. contando con autonomía presupuestal y técnica. la creación de consejos del ministerio público y los de la policía de investigación y la existencia de una verdadera carrera ministerial. sea en la procuración o en la administración de justicia. en aquellos casos en que cuenten con sentencia favorable. para impulsar la aplicación de criterios uniformes. Además. Es indispensable avanzar en el fortalecimiento de un servicio civil de carrera. Por ello debe abrirse también una amplia discusión sobre el segundo párrafo de la fracción XIII del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. La profesionalización de estos cuerpos es además incompatible con cualquier forma de manipulación o interferencia política de los poderes del Estado. Esta medida contribuiría a la lucha en contra de la corrupción. no solamente con conocimientos. No menos importante resulta la operación de mecanismos de control externo sobre las instituciones que combaten el crimen organizado y el lavado de dinero. focalizada. La ejecución de mandatos políticos a través de estos cuerpos sólo transmite a los funcionarios el mensaje de que su permanencia en las instituciones depende de su lealtad al poder y no de su capacidad profesional. procuración y administración de justicia. Es importante fortalecer el monitoreo. en particular para los que tienen menos recurso para defenderse. la impunidad. con mecanismos de evaluación de pertinencia y eficacia. el ejercicio de la acción penal por razones políticas o “de Estado” y prevendría injusticias. El enfoque de la profesionalización debe evolucionar para incorporar herramientas de capacitación permanente. fundamental para encontrar soluciones a problemas comunes.
De 2006 a 2010 se dictaron sólo 53 sentencias. En este amplio marco de medidas necesarias en la justicia penal es importante que con toda la amplitud de adaptación que permita dicho marco constitucional. donde el imputado no es capaz de demostrar el origen lícito de los bienes. 4. y que por otra parte permitirían la utilización de mecanismos de solución de conflictos.información interinstitucional que favorezcan la transparencia de las instituciones para fomentar la autonomía del ejercicio de las funciones de la justicia penal. comenzando por las instancias del Ejecutivo Federal. pero al respecto se debe avanzar mucho más.6. Pero no es suficiente: deben involucrarse los sectores social y privado. expertos del gobierno federal han llegado a estimar la misma entre 19 mil y 29 mil millones de dólares anuales. No debe soslayarse tampoco el reto que enfrenta la justicia destinada a adolescentes en conflicto con la ley penal. La coordinación de los poderes públicos en los tres niveles de gobierno es indispensable. en grandes constructoras e inmobiliarias. Es necesario además diseñar mecanismos óptimos de resolución alterna de conflictos que favorezcan la operación de la justicia. En esta materia hay evidentes y profundas deficiencias.29 -
. Actualmente los códigos penales de las entidades federativas y la Federación prevén un sinnúmero de delitos y un aumento desproporcional de las sanciones privativas de libertad que ha ocasionado un abuso de la justicia penal. se preserven los derechos de víctimas. Pero también se requiere crear instituciones de defensa pública que puedan competir en igualdad de condiciones con la parte acusadora y ejercer el contrapeso necesario –como ocurre ya en el ámbito federal. El estado actual de las instituciones permite corroborar que una cantidad importante de los procesos por lavado de dinero se relacionan con aseguramientos en flagrancia en aeropuertos y fronteras. Existen avances en áreas sustantivas para la implantación de los convenios de Mérida y Palermo. éste es pequeño en comparación con la gravedad del fenómeno. Pero hasta ahora los resultados son magros. Los retos institucionales más profundos sin duda están en la investigación del delito y la procuración de justicia. El Congreso debe informar del avance que se tiene en la materia y llamar al cumplimiento de los plazos constitucionales para la aprobación de la legislación necesaria.2 Racionalización del sistema penal. debe atenderse con urgencia el marco legislativo que incorpore total y correctamente estas convenciones. relativos al combate a la corrupción y a la delincuencia organizada. 4. En primera instancia. notarios y empresas.6. A pesar de que no existe una cifra indiscutible del probable lavado de dinero. Aunque se ha hecho un esfuerzo considerable por mejorar las herramientas contra el lavado de dinero. testigos e imputados también en estos procesos. respectivamente.
.3 Crimen organizado y lavado de dinero. En el ataque frontal al “lavado de dinero” se encuentra uno de los instrumentos más importantes en la lucha contra la delincuencia organizada. Por eso es necesaria la racionalización del sistema que tenga por objeto despenalizar conductas que no tendrían un efecto negativo en la política criminal del Estado. sin reducir la aplicación de la ley a una mera cuestión consensual o de negociación entre las partes. Las huellas del lavado quedan en bancos y aseguradoras.
entre otros. 3) poco desarrollo y tecnificación de las fuentes de inteligencia humana. el tráfico de armas. aseguramiento y extinción de dominio de activos ligados al lavado de dinero –cuya regulación debiera ser cuidadosamente revisada. Es importante acelerar la producción de datos patrimoniales en el contexto de la información proporcionada por los reguladores del sistema financiero. pues resulta poco satisfactoria en relación con la práctica internacional aceptada—. la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.30 -
. o abusos de funciones. Existe además poco interés manifiesto por perseguir la corrupción de alto nivel. Deben intensificarse las relaciones interinstitucionales en la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. Es necesario que exista un registro mercantil detallado con datos completos de accionistas. la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Es necesario que México retome esta bandera. el ejercicio de esta función debe pasar por el desarrollo de estándares contables y de auditoría. en sinergia con los servicios de aduanas. México fue uno de los países más activos en proponer mecanismos de colaboración entre los países para afrontar esta lucha. como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los servicios que reúnan inteligencia financiera deben montarse en un sistema adecuado de coordinación interinstitucional con la policía y los fiscales. La lucha contra el crimen organizado necesita de la colaboración regional e internacional. así como la discusión de asuntos tan delicados como el intercambio de información. y otros.La situación presenta estos rezagos: 1) baja o nula persecución penal vinculada con la corrupción pasiva y activa de personas físicas y morales. en todas las policías federales y las fuerzas armadas. el lavado de dinero y la posibilidad de la legalización de algunas drogas. Además. En su vertiente técnica. Deben incluirse también los fideicomisos y las entidades sin fines de lucro para que apliquen estándares con el debido cuidado y proporcionen información que les sea requerida durante investigaciones patrimoniales. el Instituto Nacional de Migración. compatibles con las mejores prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. la Secretaría de Seguridad Pública Federal. decomiso. como conflicto de intereses.
. de fondos públicos. según se afirma. de manera que se puedan aprovechar los reportes de operación inusual o sospechosa del sistema financiero. el Servicio de Administración Tributaria. la Secretaría de la Función Pública. se deben desarrollar algunas técnicas de investigación preventiva y detección de transferencias de recursos financieros ilícitos. la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Es muy bajo aún el nivel de abandono. en la Procuraduría General de la República. y en unión con otros países vuelva a proponer foros internacionales para la discusión y acuerdos de colaboración sobre los puntos anteriores. 2) baja o nula detección del financiamiento de partidos y procesos preelectorales con dinero de origen ilícito. y 4) supervisión inadecuada de transacciones en el medio empresarial y de actividades económicas comunes. en particular las personas físicas que controlan y que se benefician de cualquier persona jurídica. y otros. la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República—ya en curso. Es necesario integrar unidades de inteligencia financiera y de investigación patrimonial en las diversas entidades del país.
la Procuraduría General de la República a través del Centro Nacional de Planeación. Es necesario formar profesionales civiles de defensa. el Instituto Nacional de Migración. sin concesiones ni desvíos. Es necesario fortalecer las relaciones entre instituciones y autoridades civiles y militares mediante la participación de civiles en academias militares y organismos de diálogo y colaboración.
2. procedimientos e instituciones con que ya cuenta la República. Además. por ejemplo. Asimismo. y capaces de fungir como puentes de comunicación entre los mandos militares y civiles. conocedores del presupuesto y de la planeación de la política militar. bajo la reforma de 2011.
La labor de inteligencia en México la llevan a cabo diversas instituciones del Estado. Es necesario que se atienda la naturaleza trasnacional de las amenazas a la seguridad nacional. sujetas a diversas interpretaciones. Una política adecuada en materia de inteligencia y contrainteligencia debe caracterizarse por los siguientes atributos: 1. es necesario evitar cualesquiera medidas que impliquen restricciones o suspensiones en el ejercicio de derechos y garantías de manera distinta de la prevista en el artículo 29 constitucional. incorporando al esquema de inteligencia a la Secretaría de Relaciones Exteriores. es preciso demostrar rigurosamente cuáles son las necesidades y las implicaciones de cualquier cambio que se proponga en esta materia y por qué no es posible alcanzar los objetivos perseguidos en materia de prevención y sanción del delito con las normas.
Es indispensable que cualquier reforma legislativa en materia de seguridad pública o de seguridad nacional tome en cuenta la necesidad de preservar íntegramente.
4. notablemente. o emprendiendo un proceso amplio y participativo para reformar el estatuto del personal de seguridad e inteligencia. la Secretaría de Gobernación a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Para ello. Se precisa de un sistema de inteligencia estratégica coordinado por el jefe de Estado. entre los segmentos militar y civil. el marco democrático en el que debe operar el sistema de seguridad y justicia penal. En primer término.31 -
. Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI).la práctica de descripciones vagas y genéricas. incrementando las reglas sobre su transparencia. que sea ampliando la profesionalización del personal de apoyo de los legisladores que participen en el Consejo de Seguridad Nacional. es también indispensable promover la transparencia en el aparato de seguridad del gobierno. es preciso excluir --con normas precisas.
3. la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. y los gobiernos estatales. cuyo instrumento puede ser el CISEN. Esta circunstancia revela la urgente necesidad de producir datos veraces y oportunos para la toma de decisiones. Es importante fortalecer el papel del Congreso de la Unión como mecanismo de control democrático de las tareas de seguridad.7
Sistemas de inteligencia. más allá de declaraciones reiteradas en exposiciones de motivos o en preceptos-. la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. como la Secretaría de la Defensa Nacional. la Secretaría de Marina. La inteligencia se ha conducido de tal forma en las instancias que la transparencia y el acceso a la información pública reportan la inexistencia de datos que permitan medir la situación actual en relación con el combate al narcotráfico.
5. Entre diversas instituciones existe desconfianza.
capacitado y supervisado.32 -
. imparcial e integral del sistema carcelario mexicano con una metodología única. Debe diseñarse un sistema penitenciario regulado por normas mínimas. En las prisiones proliferan la corrupción y la violencia.
A pesar del cambio de nombre. Cuatro de cada diez personas privadas de su libertad en México no han sido sentenciadas por delito alguno. procedimientos y protocolos de operación. Urge la adopción de medidas enérgicas y sostenidas que corrijan esta situación. La estructura de supervisión no ha logrado su objetivo. más allá de criminalizar la pobreza y contribuir a la desigualdad. es necesario resolver las causas directas e indirectas de ingreso a las prisiones sin segregar el sistema penitenciario de la sociedad. A este respecto. Es improcedente la inclusión en la normativa sobre seguridad pública o seguridad nacional de causas excluyentes de responsabilidad penal. Persiste el autogobierno. No lo ignoran la sociedad. De acuerdo con los estándares internacionales aplicables por virtud del artículo 1º constitucional reformado. incentiva la sobrepoblación carcelaria y. La pena privativa de libertad como política no ha resuelto esos problemas. Como insumo necesario para emprender estas tareas. conductas que no deberían catalogarse como delito. de conformidad con estándares internacionales. al regular severamente delitos de poca monta o. bien. se requiere la elaboración de un diagnóstico objetivo. Hay sobrepoblación. A menudo no existen los medios señalados por la Constitución para proveer a la reinserción social del sentenciado. En este momento de transición a un nuevo sistema reformado. existe evidencia de que en países donde se utilizan sistemáticamente alternativas a la prisión las tasas de criminalidad no han aumentado. sino que sólo enfrentan un juicio –sin que esta medida haya tenido efecto alguno. el incremento de la población carcelaria de ninguna manera ha reducido las tasas de criminalidad. que ya están previstas en el código de la materia y que deben ajustarse a lo dispuesto en éste. de las víctimas y los testigos. el panorama prevaleciente es desolador. es importante atender las deficiencias de los dos regímenes en operación. los problemas de salud pública y las violaciones a derechos humanos en general. el ahora llamado Sistema de Reinserción Social no ha enfrentado adecuadamente ni resuelto los problemas de los centros de reclusión. La preocupación constante por la seguridad y la impunidad llevan a decisiones sobre el sistema penitenciario que nada tienen que ver con la evidencia empírica. enfrentar un juicio en prisión debe ser la excepción y no la regla. que padece las consecuencias. que tienen la obligación de ajustar a la ley el manejo de los reclusorios. La cárcel debe utilizarse únicamente como último recurso y sólo con fines de protección a la sociedad.También es preciso evitar la extensión de atribuciones de autoridades que pudiera afectar su marco de competencia constitucional o alterar inadecuadamente las facultades – y consecuentes deberes – que les asigna la legislación vigente. 4. Generalmente se carece de personal debidamente seleccionado. La prisión no es la medida adecuada para la solución del conflicto social generado por delitos no violentos. y las autoridades. Para empezar.8 Sistema de reinserción social. readaptación y reinserción. en consecuencia. Los denominados centros de readaptación social son disfuncionales en relación con el objetivo que le asignan la Constitución y la ley. En suma. El sistema de justicia penal tradicional. como consecuencia de su mero diseño. y sólo debe hacerse para asegurar la presencia del imputado en juicio y para garantizar la integridad del proceso.
Debe fortalecerse la capacidad de las comisiones de derechos humanos para supervisar las prisiones. cada vez con más intensidad. por la indebida confusión entre inseguridad pública y la migración irregular. han sido motivo de reacciones internacionales muy puntuales para demandar la atención directa de la crisis humanitaria que enfrentamos en este rubro. Sólo por citar un ejemplo. El Estado está obligado a introducir y promover medidas procesales y sancionadoras alternativas a la prisión. La Comisión de Gobernación del Senado de la República tiene ya un proyecto de iniciativa. secuestro. Las Leyes Reglamentarias de los artículos 18 y 21 constitucionales deben regular en sus respectivas materias las funciones de los jueces de ejecución y la ejecución de sentencias penales en entidades diferentes de aquellas en que fueron emitidas. 4. La política de seguridad en la frontera sur se ha caracterizado. Estados Unidos y Centroamérica. La reclusión para jóvenes sólo debe ser un recurso extremo del Estado. al afectar de manera más grave a jóvenes y mujeres pobres. La creación de observatorios especializados en el sistema penitenciario debe ser promovida. nunca el primero. situación socioeconómica y edad.El sistema penitenciario promueve la discriminación de género. el sistema de readaptación y reinserción social debe seguir las pautas del debido proceso y justicia penitenciaria introducidas por las reformas al sistema de justicia penal y de derechos humanos. Para modificar la política actual. la cárcel incrementa los índices de vulnerabilidad. Las instituciones responsables del control migratorio se apoyan ahora en las instancias de seguridad pública y las
Es indispensable conocer cómo operan las estructuras financieras del crimen organizado en México. La reforma constitucional en materia de seguridad y justicia tiene un importante componente penitenciario. Se han identificado cerca de 20 mil secuestros contra migrantes en dos semestres. En particular. Tamaulipas.33 -
. En este sentido. el límite para que el nuevo sistema penitenciario —con los jueces de ejecución y reglas de debido proceso— entre en operación es de tres años. A diferencia del plazo de ocho años para la adopción del sistema acusatorio en los juicios penales. cantidad que contrasta con las dos sentencias condenatorias dictadas por estos delitos. El Estado está obligado a tener el control absoluto de las prisiones. respectivamente. el cual se cumplió el 19 de junio pasado. extorsión de migrantes o el tráfico de armas. La sociedad civil necesita involucrarse más con los problemas del sistema penitenciario a través de observatorios ciudadanos. la supervisión externa es fundamental. la masacre de 72 migrantes centroamericanos en 2010 y el posterior hallazgo de 193 cuerpos en fosas clandestinas en el municipio de San Fernando.9 La política de seguridad en las fronteras. tanto en la frontera norte como en nuestra frontera sur. Los jueces de ejecución de sanciones deben constituirse como la autoridad vigilante de las condiciones de vida y garantes de la integridad de las personas privadas de la libertad. En el problema del crimen organizado no puede dejarse a un lado su dimensión transnacional en situaciones tan graves como trata. las prisiones de alta seguridad deben estar sujetas a rendición de cuentas y evaluación. Como en los demás casos. el Congreso debe verificar el estado del cumplimiento del mandato constitucional en la federación y las entidades federativas. Ante el vencimiento del plazo.
La impunidad frente a delitos cometidos contra numerosos migrantes debe cesar. En varios aspectos prevalece la falta de entendimiento entre ambos países. pero aún permanece el riesgo de que la agenda de seguridad acapare completamente la conducción de la política en la frontera sur. Como primer punto de acción en la agenda es importante que la colaboración internacional se dé en un marco de mutuo entendimiento sobre las expectativas y necesidades de seguridad de cada una de las partes. Existen avances recientes en la nueva Ley de Migración. que México ha promovido de forma activa. no sólo por sus efectos sino por la capacidad de Estados Unidos para coadyuvar en la estrategia. no se han adoptado las medidas indispensables para frenar este tráfico. el control del tráfico de armas por la frontera norte es prioritario. Sin embargo. la criminalización de la pobreza no ha traído más seguridad. en menor grado. Se reporta una actitud crítica en los foros bilaterales donde
. tránsito y destino. la comunicación política de ambos países ha dificultado comprender el grado de la amenaza que las organizaciones criminales representan para ambos Estados. Estos mecanismos tienen un efecto muy difícil de medir sobre el flujo migratorio.34 -
. el primer punto de acción en la agenda de la frontera sur es ofrecer una comprensión del fenómeno migratorio como un hecho complejo que plantea múltiples retos para los países de origen. sino para nuestras autoridades frente a todos los extranjeros. Es innegable que los controles de las fronteras norte y sur siempre pueden fortalecerse para garantizar cada vez con mayor eficacia que el ingreso y salida de personas y bienes del territorio mexicano se hagan con apego a la ley. El flujo de armas de los Estados Unidos hacia México es notorio. Dicho esto. públicamente conocidos y difundidos. La política de seguridad en la frontera sur debe ser la colaboración efectiva entre las naciones colindantes con México para: (i) facilitar la expedición de una visa de tránsito para migrantes que cruzan hacia la frontera norte. Un segundo punto en la agenda de política en la frontera norte es la posición de las fuerzas armadas en tareas de seguridad. La política de seguridad en la frontera sur debe reflejar el valor de proteger la vida y la dignidad de las personas que transitan por el territorio nacional. Todas las personas deben ser sujetas de derechos en tanto se encuentran en el territorio nacional y merecen el amparo y la protección de la ley. La calificación del fenómeno de violencia en México como el efecto de grupos delincuenciales de alto impacto o como insurgencia terrorista son radicalmente distintos. en el combate al tráfico de drogas y de armas. con frecuencia. muchas de ellas ampliamente comprobadas. En la frontera norte persisten las denuncias. y esta problemática es objeto de disputas partidistas tanto en México como en Estados Unidos. y (iii) estrechar la cooperación en los mecanismos ya existentes en materia de inteligencia. es vinculante no sólo para la protección de nuestros nacionales en el exterior. escandalosas. que no han sido investigados y sancionados. Como en otros ángulos de la política de seguridad. sus manifestaciones. pero claramente no están teniendo resultado sobre la protección de la integridad física de las personas. Hay hechos de violencia en ambos lados de la frontera.fuerzas armadas para ejecutar controles migratorios a lo largo de todo el territorio. además de un factor de seguridad. constituye un dato de primera importancia en la comisión de delitos en nuestro país. bajo el argumento de proteger a los migrantes que atraviesan el país. las reclamaciones por parte de autoridades mexicanas han sido. débiles e infructuosas. En este rubro. (ii) fortalecer los mecanismos de protección hacia las personas que migran por México rumbo a Estados Unidos. de muy graves abusos y desaciertos en materia de prevención y persecución de los delitos. La estrategia de seguridad estadounidense está centrada en la disuasión de la amenaza terrorista y. El régimen interamericano para la protección de la migración.
de género. que favorezca la enseñanza y el desarrollo de modelos para ayudar a los consumidores de sustancias adictivas a reconocer la conveniencia de abandonar el consumo o bien a reconocerse como adictos y solicitar tratamiento. comenzando por los jóvenes: 1) generar una instancia que concentre y articule en forma coordinada los esfuerzos que se realizan para la prevención y el tratamiento de adicciones y. Concentrar lo anterior en un buen diagnóstico.
2. oportuna y transparente. La transición institucional para implantar un nuevo paradigma debe hacerse con una ruta visible. desde la Universidad Nacional Autónoma de México se recomienda la puesta en práctica de acciones inmediatas a efecto de: 1. Los sectores académico y de la sociedad civil organizada tienen un papel importante al velar y coadyuvar en la ejecución de estos componentes de evaluación en los programas de cooperación internacional. que defina la ruta y establezca los mecanismos de evaluación periódica. participativo e incluyente que defina el problema que se enfrenta.
3. 5 Manos a la obra. centrándolas en la prevención del delito. de proximidad y local.
Con base en lo expuesto y fundado. Conducir la agenda de prevención al centro de la política de seguridad. la agenda bilateral se beneficiará de un impulso decidido a los mecanismos de evaluación de programas —por ejemplo.1 y 4.4. seguridad ciudadana y cohesión social. cumpliéndose como primera condición la producción de información veraz. que incluya en el mismo a los terceros que forman parte de su entorno.4. la reducción del número de muertes y de lesionados. Al mismo tiempo. Diseñar un programa de política social. desarrollo de contenidos educativos y mecanismos participativos coherentes con el perfil de la nueva política de Estado en seguridad y justicia a la que se aspira. Las distancias entre los estilos y los objetivos de la evaluación de los programas de cooperación de México y Estados Unidos deben estrecharse e impulsarse desde el diseño mismo de cada programa. el abatimiento de la impunidad. 2) organizar los diversos enfoques de desarrollo humano y social. Generar los consensos políticos y sociales necesarios para dar un giro inmediato en las estrategias de seguridad.
4.será importante ofrecer claridad sobre los límites en el tiempo y el alcance de las funciones de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Lo anterior podría concretarse convocando a las instituciones de educación superior y a sus organizaciones a emprender acciones que generen mayores y mejores esquemas de vinculación con la sociedad y el estado para la investigación. transparente.
.2. Celebrar un pacto político y social de base amplia que permita reorientar a nuestras instituciones de seguridad y justicia para hacer frente a la crisis de violencia que enfrenta el país. para que tengan una fuerte implicación comunitaria.
. Para fortalecer la política de prevención de adicciones se sugieren las medidas señaladas en los apartados 4. en el Cuarto Pilar de la Iniciativa Mérida sobre la “Construcción de comunidades fuertes y resistentes”. la preservación de la integridad de las personas y a la defensa de sus derechos humanos.
real y verificable la capacitación de sus trabajadores y su vinculación con programas de productividad que generen beneficios mutuos a las partes involucradas en la relación laboral. mediante la integración de ciudadanos al Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Auditoría Civil de las Policías. plenamente responsables de sus actos.
7. Para tal efecto. 14.
8. Generar políticas integrales que fomenten la estabilidad en el empleo y la capacitación real y efectiva de los trabajadores. generando una legislación específica. Establecer una Defensoría de la Juventud.36 -
. 13. en verdaderos órganos constitucionales autónomos. 11. que no dependan de ninguno de los tres poderes públicos. en coordinación con una red institucional que desde todas las dependencias de gobierno. pero en condiciones que permitan su operación efectiva. asesore y defienda en los ámbitos familiar. Generar un Subsistema Nacional de Distribución y Comercialización Juvenil que propicie el desarrollo de una cultura emprendedora entre los jóvenes. así como proporcionarles insumos que los preparen para su vida laboral. sin gran aparato administrativo. Ejecutar un programa nacional de fortalecimiento institucional que haga operativos los mecanismos de rendición de cuentas. se deberían fortalecer los programas de becas para la enseñanza media superior y superior. mediante el establecimiento y operación de empresas juveniles y sociales. como la Auditoría Superior de la Federación y sus análogos en las entidades federativas y en el Distrito Federal. Generar programas específicos para propiciar la permanencia o reinserción de los jóvenes en el sistema educativo.
. penal. Diseñar un plan para el regreso de las fuerzas armadas a las funciones que le son naturales tan pronto como sea posible. laboral y administrativo a los jóvenes que tengan problemas en los mismos. que sume los controles internos y externos y las estructuras innovadoras de auditoría ciudadana —por ejemplo. al contemplar acciones tales como el establecimiento de estímulos fiscales a aquellas empresas que contraten jóvenes y que procuren en forma objetiva. la impunidad y mejorar la rendición de cuentas. articule sus programas así como que oriente. Rediseñar las políticas de empleo para enfatizar la importancia del nexo escuela-trabajo y de la formación y actualización profesional que propicien la efectiva inserción laboral de los jóvenes sin precarizar sus condiciones de trabajo y vida. 12. Para este propósito es necesaria la participación efectiva y el compromiso no sólo de las instancias de gobierno sino también de los sectores empresariales y de las organizaciones de trabajadores. Transformar a los órganos fiscalizadores. Establecer un registro nacional de víctimas y fortalecer los mecanismos de reparación del daño para sus familiares.
Establecer programas formulados con un enfoque multidimensional que reconozca la heterogeneidad de los jóvenes. fungiendo como instancias de contacto para la atención de sus inquietudes y para brindarles orientación cuando así lo requieran. 15. que contemplen espacios y foros para su expresión y que los vinculen con el desarrollo de su comunidad. escolar. que actuaría en cada caso concreto de abandono de estudios para lograr la reinserción del alumno y la eficiencia terminal. civil. con la finalidad de fortalecer la lucha contra la corrupción.6. así como generar un programa de seguimiento estudiantil.
readaptación y reinserción. las medidas conducentes a reestablecer el orden y el imperio de la ley en todos los reclusorios para adultos y menores de edad. Emprender una evaluación del Consejo de la Judicatura Federal y de los consejos locales de la Judicatura. propiciando su acercamiento con los ciudadanos en particular y con la comunidad en lo general. En el apartado 4. que comprenda con mayor claridad su estructura. el sistema legal mexicano.37 -
. indicadores del desempeño y mecanismos de rendición de cuentas eficaces y eficientes. 24.6. imparcial e integral del sistema carcelario mexicano con una metodología única de conformidad con estándares internacionales. Contemplar la prisión preventiva sólo para los delitos graves y revisar a fondo las disposiciones y prácticas en materia de medidas cautelares en el procedimiento penal – entre ellas. que de manera autónoma. 20. Dejar de ver a la prisión como la medida más adecuada para la solución del conflicto social generado por los delitos violentos. a cargo de una instancia externa e independiente. en lo general. Llevar a los hechos la readaptación y la reinserción sociales. 19. con la participación de académicos y profesionistas especializados. Hacer realidad la carrera civil en ambas profesiones. en forma inmediata. evaluación. 18. 23. Realizar un diagnóstico objetivo. objetiva. formación y promoción desde un enfoque multidisciplinario. Es preciso adoptar. Llevar a su máxima intensidad la persecución del delito de lavado de dinero en sinergia con los cuerpos de inteligencia civil. el llamado “arraigo” – a la luz de las garantías que otorga. Insertar a las instituciones de inteligencia en una legislación que establezca los fines de los servicios que proporcionan las diversas instancias. imparcial y completa aborde el impacto que ha tenido el desempeño de dichos consejos desde su creación. además de contar con condiciones laborales adecuadas y sistemas de supervisión. 17.16. 22. pero no exclusivamente.8. Medir en forma objetiva y publicar la efectividad de las acciones del Estado orientadas a erradicar las actividades de lavado de dinero. 21. Como consecuencia de esta evaluación. así como a lo dispuesto por el régimen internacional en materia de derechos humanos. los mecanismos formales para su coordinación y las herramientas claras de su responsabilidad política y jurídica. así como su operación desde el enfoque local hasta el regional y el nacional. cada Consejo debe comprometerse a implantar los planes de fortalecimiento pertinentes para cumplir su labor con eficacia. La persecución de este delito merece al menos la misma atención presupuestal y de centralidad en la política pública que la referente a los cuerpos de policía. Generar en las instituciones de policía y procuración de justicia políticas de reclutamiento. dimensionándola como un último recurso únicamente para los delitos violentos y sólo con fines de protección social. se especifican estas medidas. Al respecto se hacen señalamientos precisos en el apartado 4. fomentar la independencia y la profesionalización de los funcionarios del poder judicial. La lucha contra el lavado de dinero debe priorizarse y fortalecerse con infraestructura y capacidad humana.3.
. Favorecer la reinserción social de la figura del policía. como mecanismo para combatir la corrupción.
30. sino también la que se origina en la comunidad y la que ejerce el Estado.38 -
. así como emprender en forma directa las siguientes: 31. No sólo se sugieren y recomiendan acciones inmediatas a cargo de instancias ajenas a la Universidad Nacional Autónoma de México. Transformar los ministerios públicos en verdaderos órganos constitucionales autónomos. según los ámbitos donde se da: no sólo la que se produce en el espacio doméstico. se sugiere implantar en la Universidad Nacional Autónoma de México programas similares de carácter interactivo en su Museo de las Constituciones. Proponer un mecanismo de colaboración entre la ANUIES y las secretarías de Educación Pública federal y estatales. medio y superior. las drogas. sustentados en el adecuado nombramiento de los procuradores. el lavado de dinero y la trata de personas.
. Convertir a los institutos de acceso a la información pública en órganos constitucionales autónomos con facultades legales suficientes para que cumplan sus fines. 27. como la administrativa. eficaces y ágiles. 32. la impunidad y alejar a esta importante función de cualquier consideración política.25. coherentes con el perfil de la nueva política de Estado en seguridad y justicia. Poner en marcha en la Universidad Nacional Autónoma de México un programa piloto especializado en áreas de seguridad y justicia. así como sobre el problema del narcotráfico. la creación de los Consejos del ministerio público y de la policía de investigación. Cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La variedad y la gravedad de las manifestaciones y expresiones de la violencia contra las mujeres exige respuestas integrales. también se propone en el contexto de esta Casa de Estudios el compromiso de apoyar. Despenalizar aquellas conductas que no atentan en forma importante contra la sociedad y trasladar la atención de las mismas a otras esferas. Proponer la convocatoria a una Cumbre Internacional para valorar el problema de los migrantes y lo que alrededor del fenómeno se desarrolla. con gobiernos y comunidades involucrados en políticas y programas inspirados en los principios de la nueva política de Estado. Promover la creación de un mecanismo formal en el seno de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). En el texto de la Propuesta. tal y como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. la existencia de una verdadera carrera ministerial. para diseñar un sistema nacional de vinculación para la investigación y el desarrollo en materia de seguridad y justicia. Además. 34. 28. 29. para promover contenidos educativos y mecanismos participativos de los estudiantes de los niveles básico. la concreción de las acciones antes sugeridas. la autonomía presupuestal y la autonomía técnica de los fiscales. dentro de los alcances que son propios de la misma. que incluya las áreas de seguridad y justicia. Crear en la Universidad Nacional Autónoma de México el Programa Universitario de los Derechos Humanos. 33. 26. se sugieren acciones específicas al respecto. para combatir la corrupción. a lo cual México está obligado al haber reconocido su competencia contenciosa.
así como la experiencia de distintas latitudes para obtener una visión de política plausible e integral. la solidaridad. un programa sobre el conocimiento de las Constituciones Mexicanas.39 -
. el comportamiento cívico. en especial la actual. el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. Impulsar en la Universidad Nacional Autónoma de México la discusión sobre la política referente a drogas en México a través de un foro amplio que permita evaluar los costos y las consecuencias de diversas políticas sobre la regulación del consumo de drogas.
. que se inaugura en las próximas 48 horas. el patriotismo. pero con énfasis especial para niños y jóvenes. 36. Crear en el Museo de las Constituciones. basado en el fortalecimiento de valores éticos laicos como la tolerancia. dirigido a toda la población.35. Esta discusión debe incluir las posiciones de sectores diversos.

References: resolución 
 artículo 1
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 Artículo 123
 resolución 
in fine
 artículo 29
 artículo 1