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Timestamp: 2018-09-24 21:09:51+00:00

Document:
2015-08-13 | normativa
Por Luis Rubio Hernández, ex-presidente y vocal de AEPA
Todos los centros de trabajo (industriales, comerciales, etc, e incluso las comunidades de propietarios que tienen personal por cuenta ajena trabajando en sus zonas comunes, como conserjes, jardineros, etc) deben cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos, Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
En la citada ley y los decretos que la desarrollan, es obligatorio por un lado el cumplimiento de las normativas de seguridad que afectan a los diferentes equipos que se instalen en el centro de trabajo, normativas todas ellas encaminadas a la eliminación de los riesgos para evitar daños a las personas , y por otro, el cumplimiento de las medidas mínimas de seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos para evitar riesgos de accidentes a los trabajadores.
Es por todos conocido y asumido que dicha ley afecta a las empresas, pero no lo es tanto en el caso de las comunidades de propietarios, pues bien, desde el punto de vista de la prevención, las comunidades de propietarios pueden adoptar la figura de empresario respecto de sus trabajadores por cuenta ajena, como porteros, conserjes, personal de limpieza, jardineros, etc., y en este sentido tendrán entre otras la obligación de realizar la evaluación de riesgos del centro de trabajo, entendiendo como tal cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deben permanecer o a la que deben acceder por razón de su trabajo, y de sus equipos o instalaciones, entre las que se encuentran las puertas automáticas. Además la comunidad de propietarios actúa como empresario titular al tener la capacidad de gestionar el centro de trabajo.
Por otro lado, cuando una comunidad de propietarios efectúa obras para la reparación, mantenimiento o mejora de sus elementos comunes, se convierte en promotora, y si contrata directamente a trabajadores autónomos para la realización de estos trabajos, tendrá la consideración de contratista y en este caso deberá efectuar la evaluación de riesgos de los trabajos a realizar.
Asimismo, el Real Decreto 39/1997. Reglamento de los servicios de prevención que desarrolla la ley 31/1995, establece en su capítulo II (Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva), y más concretamente en su artículo 5 (Procedimiento):
"A partir de la información obtenida sobre la organización, características y complejidad del trabajo existente en la empresa, se procederá a la determinación de los elementos peligrosos y a la identificación de los trabajadores expuestos a los mismos, valorando a continuación el riesgo existente en función de criterios objetivos de valoración, según los conocimientos técnicos existentes, o consensuados con los trabajadores, de manera que se pueda llegar a una conclusión sobre la necesidad de evitar o de controlar y reducir el riesgo (… ) en cualquier caso, si existiera normativa específica de aplicación, el procedimiento de evaluación deberá ajustarse a las condiciones concretas establecidas en la misma…"
A la vista del párrafo anterior, queda claro que cualquier puerta instalada en un centro de trabajo en la que se aprecian riesgos evidentes, independientemente de la fecha de instalación, deben ser eliminados o cuando menos minimizados apoyándonos para ello en la normativa específica existente en el momento actual y donde dichos peligros están identificados y propuestas las medidas preventivas.
En este sentido, el Real Decreto 486/1997 por el que se establecen las medidas mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo; y, en concreto en su anexo 1 apartado 6, se establecen unos requisitos mínimos de seguridad a cumplir por las puertas y portones como:
- Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista.
- Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones que no sean de material de seguridad deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores.
- Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los carriles y caer.
- Las puertas y portones que se abran hacia arriba estarán dotados de un sistema de seguridad que impida su caída.
- Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo para los trabajadores. Tendrán dispositivos de parada de emergencia de fácil identificación y acceso, y podrán abrirse de forma manual, salvo si se abren automáticamente en caso de avería del sistema de emergencia.
- Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos deberán poder ser utilizados por los peatones sin riesgos para su seguridad, o bien deberán disponer en su proximidad inmediata de puertas destinadas a tal fin, expeditas y claramente señalizadas.
Además de esto y de la norma propia para el marcado ce de las puertas como la EN 13241-1, (Ver Guía AEPA Marcado CE), la norma UNE 85635 sobre requisitos específicos de instalación, uso, mantenimiento y modificación, y en concreto el Informe del Ministerio de Industria de Septiembre 2013 denominado “Marcado CE de puertas industriales, comerciales, de garaje y portones…” son documentos de trabajo necesarios para los prevencionistas a la hora de evaluar los riesgos de estas instalaciones.
Por otro lado, las responsabilidades que se pueden derivar por el incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales son:
1º/ ADMINISTRATIVA (Ver artículos 42,45, 53 y 54 de la Ley 31/1995 sobre prevención de riesgos laborales y artículos 1, 11, 12, 13, 41, 42 y 48 del Real Decreto Legislativo 5/2000 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Las responsabilidades administrativas se pueden saldar con multas cuyos importes varían en función de que sean consideradas Leves, Graves o Muy Graves.
2º/ CIVIL, se fundamenta en el axioma básico del que parte la jurisprudencia del Tribunal Supremo.: “el que causa daño a otro está obligado a repararlo”, y este a su vez en la culpa o negligencia del sujeto al que se impute la responsabilidad, (falta de diligencia por el sujeto en el cumplimiento de sus obligaciones, sean de la clase que fueren).
Se castiga con una indemnización por daños y perjuicios en el caso de las personas jurídicas (empresas), la responsabilidad se ejercita sobre el patrimonio de la empresa.
3º/ PENAL, se fundamenta en la imprudencia, que es un concepto parecido a la culpa o negligencia que utiliza la legislación civil, pero que se caracteriza por un “plus” en la falta de diligencia del causante del daño, y tiene dos modalidades:
- Imprudencia leve, que es constitutiva de falta y se castiga con una multa
- Imprudencia grave o temeraria que es constitutiva de delito (se caracteriza por la absoluta dejación en el cumplimiento de la normativa de seguridad aplicable). En caso de muerte se castiga con pena de prisión de uno a cuatro años
Art.318 C.P. Cuando los hechos se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieren adoptado medidas para ello.
Art. 116.1 C.P. Toda persona responsable criminalmente de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho derivasen daños y perjuicios.
4º/ RECARGO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (ver artículo 42.3 de la Ley 31/1995 sobre prevención de riesgos laborales y artículo 42.5 del Real Decreto Legislativo 5/2000 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Como ejemplo de este último supuesto, cabe citar la Sentencia nº 1939/2011 del TSJC de fecha 16/03/2011, según la cual “la empresa acreditó el cumplimiento de las obligaciones documentales del artículo 23 de la ley de prevención de riesgos laborales, si bien en la evaluación de riesgos del centro de trabajo no se contemplaba de forma específica el riesgo de caída de la puerta materializado en el accidente. En relación con las circunstancias que rodean al accidente, y que han sido descritas, se aprecia como deficiencia de seguridad la carencia del sistema de seguridad (después instalado) que impidiera la caída de la puerta”.
AEPA, GUÍA para el MARCADO CE de puertas en conformidad con la Norma UNE-EN 13241-1:2004+A1:2011

References: Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 42
 artículo 42
 Real Decreto 
 artículo 23