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Timestamp: 2018-11-17 08:37:02+00:00

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Artículo 46. Derecho a la reparación del daño Tienen derecho a la reparación del daño:
I. La víctima:
a) El directamente afectado por el delito;
b) Las agrupaciones, en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, siempre que su objeto se vincule directamente con esos intereses; o
c) Las comunidades indígenas, en los hechos punibles que impliquen discriminación o genocidio respecto de sus miembros o generen regresión demográfica, depredación de su hábitat, contaminación ambiental, explotación económica o alienación cultural.
El Ministerio Público recabará de oficio la información necesaria para determinar oportunamente el reconocimiento a los pueblos, las comunidades indígenas y sus autoridades.
II. En caso de muerte de la víctima, los ofendidos, con el presente orden de prelación:
a) El cónyuge, concubinario o la persona que hubiere vivido de forma permanente con la víctima durante, por lo menos, dos años anteriores al hecho;
b) Los dependientes económicos;
c) Los descendientes consanguíneos o civiles;
d) Los ascendientes consanguíneos o civiles; o
e) Los parientes colaterales, consanguíneos o civiles, hasta el segundo grado.
III. Las personas morales de derecho público que hubieren realizado erogaciones con motivo del hecho ilícito.
Artículo 67. Criterios de individualización. La autoridad judicial, al dictar sentencia condenatoria, determinará la pena y medida de seguridad establecida para cada delito y las individualizará dentro de los límites señalados, en proporción a la gravedad del ilícito, al grado de culpabilidad del agente, y al bien jurídico afectado, tomando en cuenta:
I. La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarla;
II. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste fue colocado;
III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado;
IV. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; los vínculos de parentesco, amistad o relación entre el activo y el pasivo, así como su calidad y la de la víctima u ofendido;
V. Los usos, costumbres y sistema normativo interno, cuando el procesado sea miembro de un pueblo o comunidad indígena;
VI. Los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir;
VII. Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el activo en el momento de la comisión del delito;
VIII. Las condiciones particulares del género;
IX. Las circunstancias del activo y pasivo antes y durante la comisión del delito, que sean relevantes para individualizar la sanción, así como el comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido; y
X. Las demás circunstancias especiales del agente, que sean relevantes para determinar la posibilidad que tuvo de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
Artículo 68. Otras circunstancias. Además de las circunstancias señaladas en el artículo anterior, entre otras, se tomarán en consideración:
A.- Para agravar el grado de punibilidad del sentenciado, salvo cuando estén previstas en la ley como elementos o calificativas del delito de que se trate:
I. Cometer el delito con el auxilio de otras personas. Particularmente si se trata de personas menores de edad o con discapacidad.
II. Cometer el delito con motivo de una catástrofe pública o desgracia privada que hubiera sufrido la víctima.
III. Haber ocasionado el delito consecuencias sociales graves o haber puesto en peligro o afectado a un grupo o sector de la población.
IV. La utilización para la comisión del delito, por parte del sentenciado, de habilidades o conocimientos obtenidos por haber pertenecido a un cuerpo de seguridad pública o privada.
B.- Para disminuir el grado de punibilidad del sentenciado, salvo cuando hayan sido consideradas como circunstancias atenuantes del delito, entre otras, se tomarán en cuenta las siguientes:
I. Los estudios sociológicos, económicos, psicológicos y psiquiátricos que se relacionen con la conducta del imputado y el bien jurídico dañado.
II. Haber tratado espontánea e inmediatamente después de cometido el delito, de disminuir sus consecuencias, prestar auxilio a la víctima, o reparar el daño causado.
III. Presentarse espontáneamente a las autoridades para facilitar su enjuiciamiento, salvo que esta conducta revele cinismo.
IV. Haberse demostrado plenamente que se causó un resultado mayor al querido o aceptado.
V. Facilitar el enjuiciamiento, reconociendo judicialmente su autoría o participación.
VI. Proporcionar datos verídicos para la identificación o localización de otros autores o partícipes del delito, siempre que esto no haya sido ya demostrado con pruebas o datos previamente recabados.
VII. Haber reparado espontáneamente el daño hasta antes de la sentencia, o haber intentado repararlo en su totalidad.
VIII. Ser mayor de setenta años.
IX. Ser miembro de una comunidad indígena.
X. Someterse el sujeto activo, de manera voluntaria, a un tratamiento integral especializado, en los casos de violencia familiar, siempre que el mismo se realice en instituciones públicas debidamente acreditadas para tal fin
Artículo 7. Defensa técnica.
No será exigible la presencia del defensor en todos los actos de la investigación desformalizada, excepto en los supuestos de los artículos 262 y 298 de este ordenamiento. Sin embargo, en todo momento tendrá acceso a los antecedentes de la investigación.
Para tales efectos, podrá elegir a un defensor particular debidamente autorizado; de no hacerlo, se le asignará un defensor público.
El derecho a la defensa técnica es irrenunciable y su violación producirá la nulidad absoluta de las actuaciones que se realicen a partir de ese momento.
Integra el derecho a la defensa, el derecho del imputado a comunicarse libre y privadamente con su defensor y a disponer del tiempo y de los medios razonables para preparar su defensa, de acuerdo a la naturaleza de las pruebas que se pretendan aportar. Las comunicaciones entre el imputado y su defensor son inviolables, y no podrá alegarse, para restringir este derecho, la seguridad de los centros penitenciarios, el orden público o cualquier otro motivo.
Los derechos y facultades del imputado podrán ser ejercidos directamente por el defensor, salvo aquellos de carácter personal, o cuando exista una limitación a la representación legal o prohibición en la ley.
Se procurará que los miembros de pueblos o comunidades indígenas, a quienes se impute la comisión de un delito, cuenten, además, con un defensor que posea conocimiento de su lengua y cultura.
Artículo 24. Idioma. Los actos procesales deberán realizarse en castellano. Cuando una persona no comprenda o no se exprese con facilidad en castellano, se le brindará la ayuda necesaria para que el acto se pueda desarrollar en este idioma.
Deberá proveerse traductor o intérprete, según corresponda, a las personas que no comprendan el castellano, a quienes se les permitirá hacer uso de su propio idioma, así como a quienes tengan algún impedimento para darse a entender.
Si se trata de un mudo, se le harán oralmente las preguntas y las responderá por escrito. Si fuere un sordomudo, las preguntas y respuestas serán escritas. Si dichas personas no supieren leer o escribir, se nombrará intérprete a un maestro de sordomudos o, a falta de él, a alguien que sepa comunicarse con el interrogado.
En el caso de los miembros de grupos indígenas se les nombrará intérprete, aun cuando hablen el castellano, si así lo solicitan.
Los documentos y las grabaciones en un idioma distinto del castellano deberán ser traducidos.
Artículo 119. Víctima. Se considerará víctima:
I. Al directamente afectado por el delito;
II. A las agrupaciones, en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, siempre que su objeto se vincule directamente con esos intereses; y
III. A las comunidades indígenas, en los hechos punibles que impliquen discriminación o genocidio respecto de sus miembros o generen regresión demográfica, depredación de su hábitat, contaminación ambiental, explotación económica o alienación cultural.
CAPÍTULO IV PUEBLOS O COMUNIDADES INDÍGENAS
Artículo 398. Comunidades indígenas. Tratándose de delitos cometidos por miembros de comunidades o pueblos indígenas, en perjuicio de bienes jurídicos de éstos o de alguno de sus miembros, podrán ser juzgados conforme a sus usos y costumbres por sus autoridades tradicionales, siempre que en ello estuviesen de acuerdo tanto el imputado como la víctima u ofendido. En esta hipótesis, se declarará la extinción de la acción penal, a solicitud de cualquiera de los interesados ante Juez competente.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los delitos de: homicidio doloso; secuestro; violación; violencia familiar; contra la correcta formación del menor y protección integral de incapacitados; y los delitos de asociación delictuosa.
MINUTA ENERO: MESA DERECHOS AMBIENTALES
MINUTA ENERO: MESA EDUCACIÓN
MINUTA ENERO: OBSERVATORIO DE DERECHOS INDÍGENAS
MINUTA PIAI GENERAL ENERO 2018
MINUTA MESA DE DERECHOS AMBIENTALES 03 DE AGOSTO DE 2016
Carlos Alejandro Ordóñez Villegas en Educación
Carlos Alejandro Ordóñez Villegas en MINUTA PIAI GENERAL ENERO 2018
Maria diaz en Educación
Alianza Milpa en MINUTA PIAI GENERAL ENERO 2018
Reunión PIAI General – PIAI en Minuta Mesa de Derechos Ambientales del 24 de febrero de 2016
E-mail:coordinacion@piai-chih.org
Website:http://www.piai-chih.org

References: Artículo 67

Artículo 68

Artículo 7

Artículo 24

Artículo 119

Artículo 398