Source: https://es.scribd.com/document/316559755/sentencia-396-accion-de-tutela
Timestamp: 2019-04-25 05:03:37+00:00

Document:
tutela 396
Aspectos Extrapatrimoniales Del DIPr y Regulación de Las Sociedades Comerciales
Libertad de Tránsito y Fronteras. La Gran Cuestión Del Siglo XXI.
T-396/93
La persona jurídica es titular de derechos fundamentales y de la acción de
tutela de que habla el artículo 86 Superior, y por ello es jurídicamente
inaceptable que se le someta a la discriminación de no considerarla como
titular de unas garantías que el Estado Social de Derecho ha brindado, por
lógica manifestación de los fines que persigue, a toda persona, sin distinción
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL/ACCION DE NULIDAD Y
El actor cuenta con otro medio de defensa judicial, en este caso la acción de
administrativa; acción ésta, que ya fue interpuesta. Esto motiva a que no se
considere que la acción de tutela es un sustituto opcional de la jurisdicción
que, en derecho, es adecuada, porque entonces no tendría razón de ser el
que existan otros medios de defensa judiciales, ya que se les podría dar por
secundarios siempre.
Ref: Expediente T -13373
MAURO IVAN AVELLA LOZANO
Santafé de Bogotá, D.C., dieciseis (16) de septiembre de mil novecientos
noventa y tres (1993).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los
Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa - Presidente de la Sala, Jorge Arango
Mejía y Antonio Barrera Carbonell,
En el proceso de tutela radicado bajo el Número T-13373, adelantado por
MAURO IVAN AVELLA LOZANO, en contra del Instituto Nacional del
Transporte y Tránsito - INTRA.
Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del decreto 2591
de 1991, la Sala de Selección Número Tres (3) de la Corte Constitucional
integrada por los Magistrados Alejandro Martínez y Fabio Morón, mediante
auto de fecha siete (7) de junio de mil novecientos noventa y tres (1993)
escogió para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de
Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de revisión.
El ciudadano MAURO IVAN AVELLA LOZANO, actuando en su
condición de Representante Legal de Transporte Bolívar S.A., interpuso
ante la Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo de
Cundinamarca, acción de tutela contra el Instituto Nacional de Transporte y
Tránsito - INTRA, a fin de que se le ampare a la sociedad que él representa el
derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política. La tutela se interpuso como mecanismo transitorio
Hechos Manifiesta el representante legal de Transportes Bolívar S.A. en lo relacionado con los eventos de abandono de las rutas y la disminución parcial del servicio...)".. violando así el debido proceso amparado en la Constitución Política en el artículo 29 como derecho fundamental de aplicación inmediata. el artículo 22 en su literal f) señala como obligación de la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros y mixto por carretera "servir las rutas. que reposan en los antecedentes administrativos de las resoluciones citadas.. Manifiesta que. y que la prueba de la justa causa de la prestación del servicio en la ruta no autorizada se acompañó al recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No.. única no autorizada. 04082 del 2 de octubre de 1992. por la prestación del servicio en la ruta Bogotá-Onzaga. 22 literal f) y 46 del Decreto 1927 de 1991. que revocó la licencia de funcionamiento de la cual era titular Transportes Bolívar. El artículo 18 en su literal c) prevé como causal de cancelación de la licencia de funcionamiento prestar servicio en rutas o áreas de operación que no le han sido autorizadas a una empresa. según el ciudadano Avella Lozano. fueron dadas al momento de presentar los descargos. dentro de los dos meses siguientes o dentro del plazo señalado en el correspondiente acto administrativo. (..) no aceptó ni las explicaciones ni las pruebas que se le presentaron acerca de la justa causa para servir la ruta Bogotá-Onzaga (. no fueron decretadas ni tenidas en cuenta al resolverlo. 05773 del 29 de diciembre de 1992. horarios y/o áreas autorizadas". mediante Resolución 0003 del 5 de agosto de 1992. de acuerdo con . Igualmente se considera abandono de ruta o área de operación si no se entra a servirla una vez autorizada. el Instituto de Transporte y Tránsito abrió una investigación y elevó pliego de cargos a su representada por presunta violación a los artículos 18. Las explicaciones. Manifiesta que la accionada "(. Manifiesta el peticionario que únicamente el INTRA podía proceder a revocar la licencia de funcionamiento otorgada a Transportes Bolívar S. Sostiene que "(. sin que dichas explicaciones y pruebas fueran tenidas en cuenta. literal c). el artículo 46 establece que "se considera abandonada una ruta o área de operación cuando se disminuye injustificadamente el servicio autorizado en más de cincuenta por ciento (50%) .) Las pruebas aportadas con el recurso de reposición.. en caso contrario se considerará disminución parcial del servicio. que..)" Considera el actor que el INTRA omitió aplicar el trámite previsto en el Decreto 1927 de 1991.2. como se deduce de la lectura de la Resolución No..A.
ni a que se anule su inscripción en la Cámara de Comercio.. modalidad de pasajeros. y al Departamento Nacional de Cooperativas. se procederá a revocar el permiso. no sólo tenía licencia de funcionamiento "para operar como empresa de transporte público terrestre automotor por carretera. y que la decisión sea comunicada al INTRA. según Resolución No. según resolución 02101 del 20 de noviembre de 1989". ya que ordenó remitir copia de la misma a la Superintendencia de Sociedades y a la Cámara de Comercio "(.C. a la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá D. afirma el accionante que el artículo 4o. renovada la licencia de funcionamiento como empresa de transporte terrestre automotor de carga. Por último. ACTUACION PROCESAL 1. y una vez quede ejecutoriada la providencia que ampara esta sanción. afirma el actor. sino..A. el amparo de su derecho al debido proceso. Pretensiones Solicita el actor que se conceda a la Empresa Transportes Bolívar S.A.... de la Resolución 04089 del 2 de octubre de 1992 es violatorio del debido proceso. 3.) por cuando la Empresa Transportes Bolívar S.. II. y si persiste el abandono. 0213 del 06 de julio de 1990 por el término de diez (10) años (. por cuanto no ha perdido su objeto social. a la Superintendencia de Sociedades.)". en estos eventos el INTRA debe proceder a suspender parcialmente el servicio. durante el término que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo requiera para fallar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que instaurará contra las citadas resoluciones. como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio..el artículo 49 del Decreto 1927 de 1991. que el INTRA no puede someter a que se ordene la liquidación de Transportes de Bolívar S.A. De esta forma. que se ordene la suspensión de las Resoluciones 04089 del 2 de octubre de 1992 y la 05773 del 29 de diciembre de 1992. Fallo de primera instancia . mediante las cuales se canceló su licencia de funcionamiento.
ya que el accionante contaba con otro medio de defensa judicial.) se puedan derivar de los actos cuestionados se pueden reparar sin necesidad de una indemnización integral.. Fundamenta tal impugnación en los siguientes argumentos: En primer lugar. si se intenta como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. consideró al H. dejando así sin efecto la voluntad del legislador y violando la Constitución Política (. que "(.) el perjuicio por un acto administrativo se debe reparar en su integridad mediante una indemnización. cual es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa. Considera el impugnante que la acción de tutela. ya que los que "(. dice que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.. Tribunal que no se configura el perjuicio irremediable alegado por el accionante. Manifiesta el representante de Transportes Bolívar S.)". no puede prosperar ni una sola de las acciones de tutela que se interpongan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.A.)". impugnó el fallo proferido por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.. es un medio más eficaz para evitar el perjuicio que se está causando a su representada debido a la cancelación de su licencia de funcionamiento. . Al trasladar la integridad de la reparación del perjuicio a la indemnización.A. aumentando así el perjuicio para su representada. argumenta el impugnante que el Decreto 2591 de 1991 señala que la acción de tutela es procedente aún cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial. lleva demasiado tiempo en resolverse.. en su condición de Representante Legal de la sociedad Transportes Bolívar S..A. como mecanismo transitorio.. a través de la acción de nulidad y restablecimiento (.Mediante providencia del 4 de marzo de 1993 la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió denegar la acción de tutela instaurada por el señor Mauro Ivan Avella Lozano. Además. Impugnación y fallo de segunda instancia Mediante escrito presentado el día 8 de marzo de 1993 el representante legal de Transportes Bolívar S... la cual se liquida conforme a las normas legales por el tiempo que dure el perjuicio. intentándose en ella la suspensión provisional. 2..
en las cuales se consideró que "(. la Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia.. es mucho más amplio que el de "derechos humanos" y que existen algunos derechos fundamentales que pueden estar en cabeza de las personas jurídicas. .. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1.. tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional. III. y en su lugar rechazó por improcedente la acción de tutela interpuesta por el Representante Legal de Transportes Bolívar S.) la decisión tomada por la mayoría de mis colegas resultó desacertada... Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241. numeral 9o. manifestando que la acción de tutela fue consagrada para defender también los derechos fundamentales de las personas jurídicas.. Igualmente salvó su voto el Magistrado Alvaro Lecompte Luna. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de -Estado revocó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. plasmado en otras sentencias.) los derechos fundamentales son aquellos que se predican de la persona humana en cuanto tal (. mediante la cual se negó la acción de tutela de la referencia. en cuanto rechazó la acción de tutela por el simple prurito de haber sido impetrada por una persona colectiva (. manifestando que el término de "derechos fundamentales" empleado en la Constitución Política de 1991. En dicha providencia el Consejo de Estado reiteró su criterio. El Magistrado Daniel Suárez Hernández salvó su voto. Mediante providencia de fecha 30 de marzo de 1993 la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió la impugnación interpuesta contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca..)" y que "(.) no pueden ser titulares de derechos fundamentales sujetos que no sean esenciales (sic) sino de creación meramente artificial (. señala el impugnante que el debido proceso es uno de los derechos fundamentales que es tutelable para las personas naturales y jurídicas.Por último...A.. de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.)"..)".. Consideró además que "(.
al paso que la de la realidad obedece al influjo del realismo absoluto. . por cuanto la persona jurídica o moral es un universal. Pero ello no indica que sea una fantasía. Pero con Tomás de Aquino en el siglo XIII surgió una tesis intermedia. anteriores a los individuos y que. nombres -nomen. es decir. conocida como el realismo moderado. para diferenciarse de la fantasía.sostuvieron que los universales eran cosas reales. En la historia del pensamiento se originó un agudo debate entre nominalistas y realistas. quienes a partir del enfoque de Roscelino (siglo XII). pero sin fundarse en la realidad. es útil. existían con independencia de pensamiento. y por eso es un concepto jurídico. a raíz del famoso problema de "los universales". en cuanto ésta existe en la mente del hombre. pero que únicamente se puede expresarconceptualmente. para el caso. ni una mera especulación. Esta postura absoluta generó la posición contraria. por oposición a los individuos singulares y concretos. pero que carecen de realidad. En este orden de ideas. se observa cómo la teoría de la ficción es nominalista. existen en la mente humana. por tanto. de suerte que los universales tan sólo son abstracciones de los hombres.que les damos a unas generalidades que solamente existen en nuestras mentes. pero con fundamento en la realidad. Es evidente que la persona jurídica no es un ente idéntico a la persona humana. la de los nominalistas. La materia A. Así. La existencia de la persona moral o jurídica como un concepto jurídico que se expresa como sujeto de derechos y deberes. Los universales son los géneros y las especies.2. que en síntesis sostiene que los universales son conceptos. En otras palabras: son invenciones del entendimiento que sirven para predicar lo común. que. que retoman Duns Scoto (siglo XIII) y Guillermo de Occam (siglo XIV). Los realistas absolutos -con Escoto Eriúgena (siglo IX) y Anselmo de Canterbury (siglo XII). sostienen lo siguiente: la única realidad son los individuos singulares y concretos. el género y la especie expresan la común unidad que existe en la realidad entre varios individuos. tiene su fundamento in re.
y si éste es racional y autónomo. y todo lo substancial es un supuesto. sino del ejemplo que un ente colectivo toma de la personalidad humana (que es la causa ejemplar). no por otro. por tanto tiene adecuada disposición para que se le otorguen o reconozcan derechos y deberes. pero sui generis. El interés colectivo se ve facultado para tener movimiento autónomo con consecuencias jurídicas. Luego si el fundamento es la base sobre la cual se asienta o estriba una entidad. 2. pues. para hacer o soportar algo. La aptitud es la adecuada disposición para dar o recibir. es decir. La comunidad jurídica. de un artificio desconectado de la realidad. con base en una realidad incuestionable: si la causa y el fin de ella son personales. por cuanto es apto para que se le predique la juridicidad. puede ser considerada como sujeto de derechos y de deberes. Es un concepto jurídico. mas nunca de idéntica manera. y el fin racional que persiga su efecto formal debe ser personal. se puede comportar y expresar como sujeto de derechos y de deberes. puede actuar como unidad autónoma. La racionalidad y la autonomía hacen que la persona jurídica sea apta para el mundo de los derechos. y la persona jurídicapuede (tiene la dimensión jurídica de la facultad) y también debe (soporta el deber frente a sus miembros y frente a otras personas jurídicas o naturales). Por tener fundamento en la realidad. es decir. por tanto. por cuanto en atención a la estructura de su ser. tenemos que la humanidadincuestionable que conforma a la persona jurídica es su fundamento real. Este tipo de entidad al ser racional y autónoma es por sí (per se). personal. pues todo fin personalizado exige. para su realización. de similar manera a como se desenvuelven las personas naturales. por tanto. De alguna manera es substancial. por tres razones de necesidad y cuatro de conveniencia: 1. sin duda alguna . es persona (personare). la persona jurídica es un concepto que se funda en la realidad social de las personas singulares y concretas que la conforman. un medio proporcionado. en aras de la proporcionalidad. aunque no de identidad absoluta.Así. No se trata. La entidad moral. como ideal común objetivo. La persona jurídica es apta para la titularidad de derechos y deberes por su racionalidad y por su autonomía. de los deberes y de las relaciones jurídicas según un principio de igualdad. y el supuesto es sujeto.
y por ello requiere del concurso de sus iguales para realizar el fin. y abrirle camino. La sociabilidad del hombre tiene que ser promocionada. porque así se perfecciona no sólo la sociedad. Dar personalidad a un fin social es proteger eficazmente la sociabilidad humana. sino el mismo ser humano como ser individual y colectivo a la vez. hay definición y determinación de los actos que son específicamente del grupo como propios. y uno de los mecanismos más adecuados para ello es otorgar la personalidad jurídica a unos entes colectivos cuyo vínculo es el interés común. La personalidad jurídica permite acometer empresas que por su magnitud demandan la reunión de esfuerzos de muchas personas y de grandes capitales1 . La individualidad no riñe con la comunidad. a su plena realización. con independencia de las actuaciones de sus miembros2 . la común unidad de la razón. que genera la responsabilidad del ente colectivo de manera unitiva y distinta de los comportamientos netamente individuales de sus miembros. permitiéndoles actuar por sí mismos. A su vez. 2. que aparece como lógica consecuencia la autonomía socio-jurídica. Luego la persona jurídica es una entidad que se expresa jurídicamente como sujeto de derechos y deberes. con el fin de que puedan actuar en la sociedad en condiciones de plena seguridad y responsabilidad. Es necesario que a la racionalidad común. . también tiene. El individuo aislado no puede realizar las grandes empresas. la Sala añade otras cuatro de utilidad social: 1. 3. con los demás individuos de su especie.tiene que ser sujeto de derechos y deberes. junto a estas tres razones de necesidad. La personalidad jurídica otorga a los grupos cohesión. Es decir. en el aspecto jurídico. La personalidad jurídica de los entes colectivos confiere más eficacia para la consecución de las grandes aspiraciones humanas. de suerte que al haber delimitación jurídica. se hace tan real la identificación social. porque si bien es cierto que el hombre es único e irrepetible. se le proteja.
4. rebasa los límites de la vivencia. Luego la voluntad de la persona jurídica no es exactamente la misma de la persona natural. en cambio. Asegura la permanencia de las empresas por términos que rebasan la duración normal de las vidas humanas3. sino todo lo contrario: comunicativa. La Honorable Corte Suprema de Justicia sentó jurisprudencia sobre la naturaleza jurídica de las personas morales. la persona jurídica se torna en la continuidad de una función realizadora y en la solidez de un fin legítimo. Hace posible destinar patrimonios independientes al logro de determinadas finalidades. Los patrimonios grupales necesitan ser protegidos. Sin continuidad. pues la razón en el caso de la especie humana no es excluyente. y cuando se le asignan a un ente personal son. B. en las cuales manifiesta la conveniencia de atribuir derecho a estos entes morales. es imposible la habitualidad social. sin que las personas naturales que aportan los bienes estén sometidas a todas las contingencias de las respectivas empresas[1]. Naturaleza de la persona jurídica Nada impide que se presente una apetencia o querer colectivo de forma racional. pues sería absurdo que una ficción fuera prevalente. y sin ésta no hay factores de identificación en la realización de funciones. de esta manera. al ser expresión de la voluntad general. los atributos racionales de los miembros de una persona jurídica (que son partes) deben guardar proporcionalidad con los atributos del todo que se conforma. y permanece en la convivencia por mayor tiempo. Es así como la personería jurídica es factor de seguridad. De esta forma.3. Pero. dado que si las partes son racionales. si no hay una configuración de personalidad jurídica. y entonces la obtención del fin se hace cada vez más inalcanzable. como ente real. Con ponencia del . y la Constitución designa como prevalente el interés general. y tan es así que la ley es racional. más estables por la unificación y coherencia en el manejo de dichos bienes. porque la identidad absoluta equivaldría a confundir la parte con el todo. El ideal común objetivo. obviamente el todo también lo será. en el sentido de proteger el patrimonio grupal de las incertidumbres que normalmente se presentan. como elemento estabilizador de orden social justo. A la sociedad en general le conviene la permanencia de ideales grupales. trasciende. por lógica.
. 'Se deben distinguir -dice Ferrara.las agregaciones humanas -existencias ya dadas. existen sólo en el derecho y por el derecho. de junio 24 de 1954. 1951).Magistrado Arturo Tapias Pilonieta.de la forma jurídica de la personalidad que la reviste. de personalidad jurídica o capacidad de derecho. Ahora bien. la persona moral queda dotada. Buenos Aires. Spota. dice el mismo autor. del 24 de agosto de 1940. reales cuanto se quiera. imprime este sello jurídico a las organizaciones sociales. la Sala de Negocios Generales manifestó: "En el lenguaje jurídico son personas los seres capaces de tener derechos y contraer obligaciones. A su vez. Depalma. por su propia esencia y por su objeto y fines. la cual es un producto puro del derecho objetivo. y éste es un efecto nuevo. 3/4. 'Faltando el reconocimiento no hay más que colectividades de individuos'. parte general. No. Ideada por el hombre para realizar obras superiores a sus fuerzas. el reconocimiento produce precisamente la personalidad. que antes no existía y que las partes por sí solas eran importantes para producir'. individualmente considerado. señaló: "La persona jurídica tiene su raíz en la propia limitación de la persona natural.. 1828. Edit.y en definitiva es el hombre aislado o reunidos con otros hombres el que surge en este interesante fenómeno jurídico que se engloba en el concepto de la persona colectiva o persona jurídica' (Tratado de derecho civil. Tomo lo. 'Siempre son intereses humanos los que están en presencia -dice el profesor Alberto T. "La simple asociación de hombres para un fin determinado es insuficiente de por sí a constituir la personalidad moral. "Es así porque en ello se busca un sujeto de derecho que ante la vida y sus exigencias llene el vacío de la debilidad individual. con ponencia del Magistrado José J. concede la forma unitario. con este instrumento cuyo poder no tiene límites. Gómez R. a través de la Sala de Casación Civil. "Las personas jurídicas. esa misma Corporación. . Vol.
ahondó demasiado para que la tarea de rectificación fuera fácil. Hay manifiesta falta de lógica en hacer descansar un estado orgánico. ¿la persona jurídica es verdaderamente persona? ¿Como es su personalidad? Se advierte que no se está preguntando si es idéntica al hombre. El quid del problema en torno a la personalidad de la entidad moral objeto de estudio. lo cual es absurdo. confundiéndolas en el mismo fenómeno de incapacidad jurídica.fuese real. La idea de la indivisión es el origen conceptual de la unidad existencial de la persona jurídica. sino por medio de personas físicas y en hallar semejanza entre la situación del impúber. habría bastado consagrar la protección sin erigir la incapacidad". de considerarlas como incapaces. Ahora bien. aparentemente podría verse como incompatible que un concepto -creado por el hombre. ¿qué es lo verdadero? La respuesta es sencilla: verdadero es aquello que se tiene como real. es que. pues es evidente que el pensamiento humano crea . por cuanto tuvo origen mental. La enseñanza romana que Savigny impuso vigorosamente. Pero nada obsta para que las elaboraciones de la mente sean verdaderas. del demente.Con respecto a la identificación entre personalidad jurídica y capacidad de derecho. en el hecho de que la persona moral no piense. la total disposición jurídica de la unidad conceptual que se desenvuelve autónomamente en el medio social con consecuencias jurídicas aplicables al sujeto primario del derecho: la persona. erróneamente. el otro extremo que riñe con la ratio iuris. sino que es. agregó la citada sentencia de la Corte Suprema de Justicia: "La capacidad de derecho de las personas morales tiene el apoyo de la doctrina contemporánea. Ya no sólo hay un derecho y una obligación in solidum. Si se trata de rodearla de una peculiar protección. o se le niega su personalidad con el pretexto de que no es un ser humano. y ello genera una evidencia jurídica que es imposible de soslayar. discierna y obre por sí misma. sino esto otro: ¿es verdaderamente persona? En primer lugar. y la de la persona moral. bajo algún aspecto. Pero cabe preguntarse. se le trata como persona idéntica a la natural -teoría de la realidad-. Pero el hecho incuestionable es que existen. esencial y permanente de incapacidad jurídica.
Tuvo el sistema ius filosófico que acudir al origen remoto de tales derechos en el ius naturale que era exclusivo para la persona humana. y por ende la atribución de la personalidad jurídica a un ente colectivo -formado por seres humanosque busca un fin racional y que por sus especiales características y necesidades requiere de autonomía jurídica. en lugar de disociarse en aras de una mal entendida individualidad. en la vigencia plena de la llamada tercera generación de derechos humanos (derechos de los pueblos y reconocimiento de la humanidad como gran persona jurídica sujeto de derecho universales). Los frutos de su ingenio son existentes. jurídicas? ¿Son titulares de derechos fundamentales las personas Tienen la titularidad para invocar la acción de tutela? La causa ejemplar de las personas jurídicas es la misma persona humana. de suerte que desembocó en los derechos colectivos de las personas. por vez primera. Estos derechos son necesarios. sino que se centraba en la dignidad de la persona y surgió el criterio de los derechos individuales del hombre. es contra evidente afirmar que sólo los individuos considerados aisladamente son titulares de los derechos fundamentales. Con el advenimiento de la segunda generación de derechos humanos -que incluye lo social como sujeto de derecho. y aquí se encuadra. no contingentes tanto para el orden social justo. que tienden a vincularse por medio del derecho. es real. pero ello no indica que se identifiquen absolutamente las dos personalidades. en todas las circunstancias en que sea razonable hacer tal asimilación -que no es lo mismo que homologación absoluta por identificación-. C. Luego vino un concepto más depurado. por tratarse del reconocimiento que el sistema legal positivo hace unos bienes que son necesarios para la dignidad de la vida humana puesta en relación social. Los derechos fundamentales son aquellos que fundan la legitimidad del orden jurídico. porque ello supone negar toda . que luego admitió la socialidad y solidaridad de éste. como expresión mancomunada de la idea social de los seres humanos. que se fundaba no tanto en la naturaleza humana. como para el despliegue jurídico adecuado de la persona.se consolida hoy. pues ya lo decía Hegel: todo lo racional es real.la realidad cultura. y todo lo real es racional. sino más bien que la operatividad de la persona jurídica se asimila a la de la persona natural. por ser una exigencia racional. la titularidad de las personas jurídicas como sujeto de derechos fundamentales.
A título de ejemplo. como de su aspecto en sociedades autónomas. art. en el sentido de que el hombre se realiza como persona también en forma colectiva. es cierto. en una enumeración no taxativa. y para ello necesita de la protección jurídica tanto desde su dimensión universal. Igualmente. en el sentido de poder obrar sin coacción injustificada con conciencia colectiva de las finalidades.una evolución jurídica trascendente. a su acto y modo de ser. Igualmente. se ha manifestado que estos entes colectivos tienen la titularidad para invocar la acción de tutela. La persona jurídica no es titular de los derechos inherentes a la persona humana. los cuales se presentan en ella no de idéntica forma a como se presentan en la persona natural. a ella. pero sí al respeto a su existencia jurídica (Crf. por lo menos. por razonabilidad.P. pero sí de derechos fundamentales asimilados. se encuentra que por derivación lógica. Para esto es indispensable que la persona natural que actúe en representación de una persona jurídica debe acreditar la personería correspondiente y su representación. abarca a cada una de las partes. ya que son titulares de derechos fundamentales en virtud de la protección de las personas naturales asociadas (vía indirecta ) y de la necesaria protección de la entidad moral en sí. se tienen los siguientes . su existencia como sujeto de derecho (Sentencia T-411 junio 17 de 1992). Esta Corte ha dejado en claro que el artículo 86 de la Constitución Política acoge a las personas jurídicas como titulares de la acción de tutela. según se explicó.). No tiene el derecho a la vida. al ser un juicio universal. vía directa. la persona jurídica tiene derecho a ser reconocida en su personalidad.El derecho a la libertad. (Sentencia T-430 julio 24 de 1992). es titular de derechos constitucionales fundamentales. Es decir. Esta Corporación en reiterada jurisprudencia ha sentado el principio de que la persona jurídica es titular de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. es decir. . por ejemplo. cuando el artículo 14 del Estatuto Superior consagra que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. en los casos en que es necesario proteger su titularidad. ya que su enunciado es genérico y es obvio que lo que se afirma del género comprende a la especie. 14 C. y así.
del buen nombre que ha adquirido un ente colectivo. hacen que se presenten entes colectivos como un todo ante la sociedad en general.El derecho al buen nombre. Las personas naturales que conforman la persona jurídica se verían afectadas si el todo que las vincula no es titular del buen nombre como derecho.El derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuadra también en la persona jurídica. por parte del Estado y de la sociedad civil. se hace imposible la relación de justicia. V. en las cuales o por medio de las cuales manifiesta la expresión de su personalidad. Sin la existencia del derecho a la igualdad.El derecho a la igualdad en derecho y a tener condiciones de proporcionalidad en las relaciones con otros sujetos de derecho. . en virtud de la unidad de fines y de los vínculos estrechos de fraternidad. porque ello necesariamente refleja el trabajo de las personas humanas en desarrollar la perfección de un ideal común objetivo. Toda persona necesita de la propiedad para ejercer su capacidad esencial de apropiación..La libertad de expresión: Igualmente hay dos ocasiones en que la persona jurídica puede expresar libremente sus opiniones y pensamiento (así sea fruto del consenso interno). Hay un interés social que legitima la acción de reconocimiento. . y.La libertad de cultos es el claro ejemplo que la jurisprudencia colombiana ha reconocido a la expresión colectiva y personalizada de una profesión religiosa. La personalidad jurídica de la Iglesia Católica y de varias personas jurídicas que tienen un contenido netamente religioso. con el fin de proyectar nos sólo su imagen. en el sentido de garantizar su funcionamiento. en la no obstaculización de la actividad de ese ente colectivo en aras de realizar el fin racional legítimo que se propone. sino su mismo ser en la convivencia social. y que puedan expresar su profesión religiosa en comunidad personalizada. propio de todo sujeto de derecho. porque es un elemento de trascendencia social. . se colige que necesita del derecho a la igualdad. ya que es una característica esencial de la persona el ser dueña de sí.El derecho a la propiedad. Verbi gratia: una fundación que busque la promoción . y como la persona jurídica debe existir en la realización de un orden social justo.gr. . en dicha autoposesión tiene la capacidad de apropiación de cosas exteriores. que busca el reconocimiento y la aceptación social. .
. La persona jurídica es titular de derechos fundamentales y de la acción de tutela de que habla el artículo 86 Superior. perfectamente. su fin racional. Por este motivo la Sala considera pertinente dejar sentado que es de recibo una acción de tutela por parte de las personas jurídicas. es un contra sentido que en última instancia. publicar sus conceptos e hipótesis. que requiere del concurso personificado y autónomo de sus iguales. y el derecho a la apelación. . por cuanto la persona jurídica necesita de las garantías de aplicación que exite el orden social justo. puede. En conclusión. y por ello es jurídicamente inaceptable que se le someta a la discriminación de no considerarla como titular de unas garantías que el Estado Social de Derecho ha brindado. por lógica manifestación de los fines que persigue. y así se concreten en ella las garantías fundamentales con que cuenta toda persona. en cuanto es manifestación de la sociabilidad del ser humano y fundamento de la existencia de las personas jurídicas. protegidos. a toda persona.Igualmente. el derecho de petición. .El derecho a la honra de la persona jurídica puede existir como el reconocimiento a los actos virtuosos de sus miembros en el obrar colectivo y solidario. . la libertad de enseñanza.El derecho al debido proceso: el derecho al debido proceso. por el contrario. sin distinción alguna. va contra el mismo individuo de la especie humana. Negar la titularidad de la persona jurídica de derechos fundamentales en aras de exaltar la individualidad humana.El derecho a la libre asociación. con plena libertad. desprotegido. Se trata de la dimensión solidaria de la personalidad. sino. De ahí que no entiende esta Corte cómo el Honorable Consejo de Estado declara que es improcedente la acción de tutela incoada por personas . siempre y cuando acuda a la protección de sus derechos fundamentales. de suerte que sus derechos no se vean amenazados en la eventualidad de un proceso.de la investigación científica. que ve relativizado y más aún.
no necesariamente significa que no se haya tenido en cuenta. 3. acción ésta. y por tanto. advierte la Sala que el hecho de que el material probatorio allegado por el actor no esté mencionado en las resoluciones del INTRA. cuando ya hay claridad jurisprudencial al respecto. que no se configura para la persona jurídica accionante el perjuicio irremediable. además. Igualmente. en casos como el que ocupa la atención de la Sala. a la . Hay que depositar la confianza en el aparato jurisdiccional y no descartarlo a priori. en este caso. El caso en concreto La Sala encuentra que el actor cuenta con otro medio de defensa judicial. porque entonces no tendría razón de ser el que existan otros medios de defensa judiciales. inclusive con la obtención de la suspensión". puesto que los daños que hipotéticamente se puedan ocasionar de los actos acusados se pueden reparar en caso de prosperar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. por no configurarse el perjuicio irremediable: "No se configura perjuicio irremediable. de la acción de tutela como mecanismo transitorio. pues. ya que en el caso de prosperar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. hay que desvirtuar la presunción de buena fe que ampara. en este caso la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa. según consta en el expediente. ya que no hay ningún argumento legítimo que lo amerite.jurídicas. ya que se les podría dar por secundarios siempre. de agosto de 1992. Encuentra la Sala. es adecuada. Inclusive se podría solicitar la suspensión provisional de las resoluciones 04089 del 2 de octubre de 1992 y 05773 del 29 de diciembre del mismo año. no puede derogar la jurisdicción contencioso administrativa en este evento. y así la situación de la entidad representada por el actor volvería al estado anterior. Esta Corte en sentencia T-496 de 1o. sentó jurisprudencia sobre la no procedencia. que ya está interpuesta por el actor. en derecho. con base en todo una evolución doctrinaria[2]. la situación volvería al estado anterior. Esto motiva a que no se considere que la acción de tutela es un sustituto opcional de la jurisdicción que. La acción de tutela.
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.). mas no se demostró plenamente ello. la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional.A. en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Tribunal Administrativo de Cundinamarca. por parte del actor. caso en el cual está vigente la presunción no desvirtuada. RESUELVE : PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Consejo de Estado de 30 de marzo de 1993.autoridad respectiva (Art.INTRA. 83 C. lo cual no se hizo. DECISION En mérito de lo expuesto. TERCERO: ORDENAR que por Secretaría General de esta Corporación SE COMUNIQUE esta providencia al H. ya que tan sólo se lanzó la afirmación de que determinadas pruebas no fueron tenidas en cuenta. por las razones expuestas en esta providencia. contra el INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO . Cópiese.. notifíquese. VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado .P. SEGUNDO: DENEGAR la acción de tutela interpuesta por el representante legal de la Sociedad TRANSPORTES BOLIVAR S.
.JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General.
Auto No. 033/95 SENTENCIA DE TUTELA-Improcedencia de nulidad De ninguna manera es admisible que una persona descontenta por el sentido del fallo que la afecta pretenda inferir una nulidad de las mismas circunstancias desfavorables en que ella queda por haberle sido negadas sus pretensiones. cuando se acude a la nulidad de manera desesperada. Toda sentencia desfavorable disgusta y molesta a quien no fue beneficiado por la decisión que contiene. de esta manera. obtener la tutela que resultó negada en aquella oportunidad. Magistrado Sustanciador: Dr.: Solicitud de nulidad de la Sentencia T-396 del 16 de septiembre de 1993. JOSE GREGORIO GALINDO HERNANDEZ Auto aprobado según consta en el acta número 24 de la Sala Plena. -Sala PlenaRef. . I. En tales eventos. para. dirigido al Presidente de la Corte Constitucional. proferida por la Sala Novena de Revisión. ANTECEDENTES Mediante escrito presentado el seis (6) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995). celebrada el veintidós (22) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995). el ciudadano MAURO IVAN AVELLA LOZANO solicitó la nulidad del numeral segundo de la Sentencia T-396 de 1993. se desfigura su sentido y se quebranta la seguridad jurídica. pero de esa molestia y disgusto no puede deducirse irresponsablemente una vulneración del debido proceso pro el solo hecho de que se trata de una providencia definitiva contra la cual no procede ningún recurso.
viene sufriendo la empresa TRANSPORTES BOLIVAR S. el peticionario recuerda que la Corte Constitucional. para solicitar la tutela como mecanismo transitorio. por ser NULA. Luego de hacer un recuento del procedimiento de tutela iniciado por el representante legal de TRANSPORTES BOLIVAR S. el peticionario transcribe el texto del artículo 8º del Decreto 2591 de 1991. decidido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en segunda por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. menciona la forma en que él acudió. estima que tiene derecho a solicitar ".. El ciudadano AVELLANO LOZANO considera que la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional. resolvió: "SEGUNDO: DENEGAR la acción de tutela interpuesta por el representante legal de la sociedad TRANSPORTES BOLIVAR S. no evaluó debidamente el perjuicio irremediable que. Dice el peticionario que su caso es similar al referido y. el peticionario menciona la nulidad de la Sentencia T-120 del 29 de marzo de 1993... Para demostrar que la empresa transportadora viene siendo afectada por esta clase de perjuicio. declarada por la Corte Constitucional el veintiséis (26) de julio del mismo año. referidas al tema de "LA TUTELA". contra el INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO INTRA-". según el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991...A. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Contra las sentencias de la Corte Constitucional. por la violación del derecho al debido proceso. Con el objeto de demostrar que la Sala Novena de Revisión no apreció en debida forma la naturaleza del perjuicio sufrido por TRANSPORTES BOLIVAR S. como también algunas partes de dos obras escritas por autores nacionales.Como fundamento de su solicitud. II..A. no procede recurso alguno.A.".A.que se revoque la sentencia de fecha 16 de septiembre de 1993. al proferir la Sentencia T-396. en calidad de representante legal. según él. por ello. mediante la sentencia cuya nulidad parcial demanda. .
la cual únicamente tiene lugar antes de proferido el fallo. según las normas pertinentes. la evaluación del caso concreto por la Sala Plena de la Corte y la decisión de ésta por mayoría de votos. de manera indudable y cierta. Dispone el precepto legal que sólo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrám servir de base para que la Sala Plena de la Corte anule el proceso. la nulidad de los procesos que se adelantan ante la Corte. que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran. en cuanto a la decisión adoptada. Se requiere. es decir. con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. además. La misma norma ha previsto. Como puede verse. tal como acontece en este caso. con carácter excepcional. Se trata de situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales. que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales. debe tener unas repercusiones sustanciales. Así las cosas. . Ella tiene que ser significativa y trascendental.Este principio se aplica tanto a los fallos que la Corte profiere en ejercicio del control de constitucionalidad como a aquéllos que dicta a propósito de la revisión eventual de las sentencias proferidas por los jueces de la República al resolver sobre acciones de tutela (artículos 86 y 241 de la Constitución Política). de ninguna manera es admisible que una persona descontenta por el sentido del fallo que la afecta pretenda inferir una nulidad de las mismas circunstancias desfavorables en que ella queda por haberle sido negadas sus pretensiones. En tales eventos. para que la petición de nulidad pueda prosperar. cuando se acude a la nulidad de manera desesperada. se trata de nulidades circunscritas de manera expresa a las violaciones ostensibles y probadas del artículo 29 de la Constitución Política. Toda sentencia desfavorable disgusta y molesta a quien no fue beneficiado por la decisión que contiene. han sido quebrantadas. se desfigura su sentido y se quebranta la seguridad jurídica. que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991. pero de esa molestia y disgusto no puede deducirse irresponsablemente una vulneración del debido proceso por el solo hecho de que se trata de una providencia definitiva contra la cual no procede ningún recurso.
la situación jurídica es diferente toda vez que el peticionario pretende obtener. A este respecto cabe señalar que las razones jurídicas que llevaron a la Corporación a tomar tal determinación. DECISION En mérito de lo expuesto. comuníquese. la Sala Plena de la Corte Constituconal. Realmente. En el asunto ahora sometido a consideración de la Corte. entre los fundamentos de la petición. pues en aquélla oportunidad se estableció que "la sentencia del 29 de marzo de 1993. la modificación de la parte resolutiva de una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Presidente JORGE ARANGO MEJIA CARBONELL ANTONIO BARRERA . ha sido utilizada esta fórmula por el solicitante con el inocultable propósito de ejercer un recurso contra la sentencia que no lo favoreció..RECHAZAR por improcedente la solicitud de nulidad de una sentencia de la Corte. el auto del 26 de julio de 1993. en relación con la competencia del Superintendente de Sociedades para resolver las objeciones a los crédito presentados en los concordatos preventivos obligatorios. cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. desconoció la cosa juzgada constitucional. presentada por el ciudadano MAURO IVAN AVELLA LOZANO. lo cual es del todo improcedente a la luz del artículo 49 del Decreto 2067 de 1991. sin esbozar argumento alguno que conduzca siquiera a la posible existencia de una nulidad.En el asunto sometido a consideración de la Sala Plena es mencionado. contenida en la Sentencia C-592 del 7 de diciembre de 1992". mediante elcual se resolvió declarar nula la Sentencia T-120 de 1993. RESUELVE: Primero. mediante una nulidad parcial. son sustancialmente distintas a las planteadas por el ciudadano MAURO IVAN VALLEJO LOZANO. Notifíquese.
Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ DIAZ Magistrado Magistrado CARLOS GAVIRIA Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Magistrado FABIO MORON DIAZ MESA Magistrado VLADIMIRO NARANJO Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General .
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 Resolución 
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 resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 49
sui generis
 artículo 86
 artículo 14
 artículo 86
 artículo 36
 artículo 8
 artículo 49
 artículo 29
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