Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43614422
Timestamp: 2020-06-01 19:40:23+00:00

Document:
Sentencia de Constitucionalidad nº 177/01 de Corte Constitucional, 14 de Febrero de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 43614422
Sentencia citada en: 304 sentencias, 20 artículos doctrinales, una disposición normativa
Sentencia C-177/01
DERECHO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS-Integración/GENOCIDIO EN DERECHO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
GENOCIDIO-Concepto amplio/GENOCIDIO-Definición/GENOCIDIO POLITICO-Penalización
GENOCIDIO-Restricción de protección por limitación a actuaciones legales
DERECHO A LA VIDA EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Protección igualitaria
VIDA-No admisión de diferenciaciones
La ciudadana M.A.R.G., haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 241, numeral 5º., de la Constitución Política, ha presentado ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 322ª del Código Penal, creado por el artículo primero de la Ley 589 de 2000 "Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones".
Dispuso, así mismo, el traslado al Señor P. General de la Nación, para efectos de obtener el concepto de su competencia, al tiempo que ordenó comunicar la iniciación del proceso al Señor Presidente de la República, a los señores Presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, al señor Ministro de Justicia y del Derecho, al señor F. General de la Nación y a los Representantes Legales de la Corporación Colectiva de Abogados y de la Comisión Colombiana de Juristas.
El F. General de la Nación comienza por delinear el marco conceptual del tema, para lo cual sintetiza los antecedentes históricos y los aspectos más salientes de la exposición de motivos del proyecto que se convirtió en la Ley 589 del 2000.
El F. General de la Nación considera que la expresión demandada tampoco viola el derecho de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, pues, en su opinión:
... atender las objeciones del gobierno, valga decir, que las Fuerzas Militares pudiesen actuar contra las guerrillas (en particular las FARC) en ejercicio de su deber constitucional de defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional (artículo 217), sin el riesgo de ser condenadas como genocidas.
El P. General de la Nación rindió en término el concepto de su competencia, en el cual solicita a la Corte Constitucional acceder a las pretensiones de la ciudadana demandante y, en consecuencia, declarar inexequible la frase acusada, habida cuenta que:
La improcedencia de la tesis del fallo inhibitorio, visto el planteamiento del problema de constitucionalidad consignado en la demanda.
El genocidio, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Esas atrocidades llevaron al jurista R.L., en 1944, a inventar el neologismo "genocidio", uniendo la palabra griega "genos" (raza) y el sufijo latino "cide" (matar).
A este respecto debe además mencionarse que este cuerpo normativo, está integrado, por una parte, por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el cual, a su turno, está conformado por el conjunto de normas internacionales de índole convencional cuyo objeto y fin es "la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los Estados contratantes" Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva O.C. 2/82 del 24 de diciembre de 1982, Serie A, No. 2, párr. 229..
En este sentido, resulta oportuno citar la Sentencia C-127 de 1993 (M.P.D.A.M.C., en la que esta Corporación se refirió en detalle a los principios y preceptos que integran el ius cogens, así como al cuerpo normativo en que se han codificado, puesto que de ellos también emana la penalización de los actos que constituyen los crímenes de lesa humanidad y, por ende, del genocidio.
El profesor E.S.R. mexicano en la Convención de Viena , define el ius cogens como:
La Corte Constitucional en sentencia sobre la exequibilidad del Protocolo I adicional de los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales99 Sentencia C-574 de la Sala Plena de la Corte Constitucional de 28 de octubre de 1.992. Magistrado Ponente C.A.B.. , estableció que los Protocolos hacen parte del Ius Cogens y que en ellos están consagradas las garantías fundamentales para la protección de las víctimas de los conflictos armados no internacionales. Estas garantías se encuentran definidas en el artículo 4º del Protocolo II , así:
Todos aquellos que no tomen parte directa o que hayan dejado de tomar parte en las hostilidades, tanto si su libertad ha sido restringida como si no, tienen derecho al respeto a su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. En todas circunstancias recibirán un trato humano, sin ninguna distinción que les perjudique...
Sin perjuicio para las líneas generales de lo que antecede, quedan prohibidos en el presente y en el futuro, en todo lugar y ocasión, los siguientes actos contra aquellos a quienes se refiere el párrafo 1:
Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se pondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello (negrillas no originales).
Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio y a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueren delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.
De otra parte, y en relación con el Derecho Internacional Humanitario, resulta, tener en cuenta, entre otras, las consideraciones que acerca de su ámbito y alcance, la Corporación consignó en Sentencia C-225 de 1995 (M.P.D.A.M.C., en la que analizó esta temática en detalle, al precisar, acerca de la naturaleza del derecho internacional humanitario y de su carácter imperativo tanto a nivel internacional como a nivel interno, en los siguientes términos:
6- En relación con el derecho de los conflictos armados, la doctrina tradicional solía distinguir entre el llamado derecho de la Haya o derecho de la guerra en sentido estric-to, codificado en los Convenios de la Haya de 1899 y 1907, y cuya finalidad tradicional ha sido regular la conducción de las hostilidades y los medios legítimos de combate; y, de otro lado, el Derecho de Ginebra o derecho internacional humanitario en sentido estricto, cuyo objetivo es proteger a quienes no participan directamente en las hostilidades. Esto podría hacer pensar que cuando la Constitución habla del derecho humanitario sólo está haciendo referencia al llamado Derecho de Ginebra. Pero ello no es así, ya que la doctrina considera que actualmente no se puede oponer tajan-te-mente esos dos derechos ya que, desde el punto de vista lógico, la protec-ción de la población civil -objetivo clásico del derecho internacional humanitario en sentido estricto- implica la regula-ción de los medios legíti-mos de combate -finali-dad del tradicional derecho de la guerra-, y viceversa. Además, a nivel normativo, ha operado una cierta absorción del dere-cho de la Haya por el derecho de Gine-bra, como lo demues-tra la amplia regula-ción de los medios de combate por el título III del Protoco-lo Faculta-tivo I a los Convenios de Ginebra de 1949. Finalmen-te, los dos elementos que justifica-ban la distin-ción entre estos dos dere-chos, a saber las discusiones sobre el derecho a hacer la guerra (ius ad bellum) y sobre el estatuto jurídi-co de las partes, han perdido gran parte de su significa-ción jurí-dica y su valor doctrina-rio. En efecto, el derecho de la Haya consi-deraba necesario estudiar, en especial en los con-flictos armados internos, si un actor había adquirido el derecho a hacer la guerra, pues se estimaba que la decla-ratoria de beligeran-cia constituía un requisi-to necesario para que se pudie-sen apli-ca-r las normas que regulan los conflictos bélicos. Ahora bien, la Carta de las Naciones Unidas -con pocas excepcio-nes- ha prohibido el recurso a la guerra Tanto el preámbulo como el artículo 2º excluyen el recurso a la guerra como mecanismo para zanjar las disputas internacionales. Sólo se admite la guerra defensiva en caso de agresión (artículo 51) o las medidas de fuerza dictaminadas por el Consejo de Seguridad (Capítulo VII de la Carta). y -como se verá más en detalle posteriormente- las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos suprimieron la declara-toria de beligeran-cia como requisito de aplica-bilidad de sus nor-mas. Por eso, la actual doctrina considera que ambas ramas del derecho de los conflictos armados pueden ser englobadas bajo la denomi-nación genérica de derecho internacional humanitario. Así, según el doctrinante C.S.:
"Es lógico considerar que ambas ramas del clásico 'ius in bello' constituyen aquello que continúa vigente en el derecho interna-cional, después de la prohibición del recurso al uso de la fuerza...
El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas inter-nacionales, de origen conven-cional o consuetudinario, específicamente destinado a ser aplicado en los conflictos armados internacionales o no interna-cionales, y que limita, por razones humanitarias, el derecho de las partes en con-flicto a escoger libremente los métodos y los medios utilizados en la guerra (Derecho de la Haya), o que protege a las personas y a los bienes afectados (Derecho de Ginebra).
Definido de esta manera, el derecho internacional humanitario justifica plenamente su denomi-na-ción más técnica de 'derecho internacional aplicable en situa-cio-nes de conflictos arma-dos'C.S.. D. Internacional Humanitario. S.P.: Revista dos tribunais, 1990 pp 30- 31.".
Así también lo ha entendido esta Corporación en anteriores decisionesVer sentencia C-574/92 y C-088/93, en ambas M.P C.A.B.. , en las cuales consideró que en el constitucionalismo colombiano el derecho internacional humanitario debe ser entendido de manera amplia, esto es, como el derecho de los conflictos armados, el cual comprende las dos ramas tradicionales: el derecho internacional humanitario en sentido estricto y el derecho de la guerra. En efecto, según la Corte, "en resumen, el derecho internacional humanitario contiene normas que limitan el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los medios y métodos utilizados en combate, así como disposiciones encaminadas a proteger a las víctimas y a los bienes susceptibles de verse afectados por un conflicto armado.Sentencia C-574/92. M.P C.A.B."
7- El derecho internacional humanitario ha sido fruto esencialmente de unas prácticas consuetudi-narias, que se entienden incorporadas al llamado derecho consuetudinario de los pueblos civilizados. Por ello, la mayoría de los convenios de derecho internacional humanitario deben ser entendidos más como la simple codifi-cación de obliga-ciones existentes que como la creación de princi-pios y reglas nuevas. Así, esta Corporación, en las sentencias citadas, y en concordancia con la más autorizada doctrina y jurisprudencia internacionales, ha considerado que las normas de derecho internacional humanitario son parte integrante del ius cogens. Ahora bien, al tenor del artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, se entiende por norma ius cogens o norma imperativa de derecho internacional general "una norma acepta-da y reconoci-da por la comunidad internacional de Estados en su conjunto cono norma que no admite acuerdo en contra-rio y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter". Por ello, según este mismo artículo de la Convención de Viena, todo tratado que contradiga esos principios es nulo frente al derecho internacio-nal. Esto explica que las normas humanitarias sean obliga-torias para los Estados y las partes en conflicto, incluso si éstos no han aprobado los tratados respectivos, por cuanto la imperatividad de esta normatividad no deriva del consenti-miento de los Estados sino de su carácter consue-tudinario. Al respecto dijo esta Corporación:
El derecho internacional humanitario es, ante todo, un catálogo axiológico cuya validez absoluta y universal no depende de su consagración en el ordenamiento positivo.Sentencia C-574/92. M.P C.A.B.."
9- Tampoco puede uno de los actores armados alegar el incumplimiento del derecho humanitario por su contrincante con el fin de excusar sus propias violaciones de estas normas, ya que las limitaciones a los combatientes se imponen en beneficio de la persona humana. Por eso, este derecho tiene la particularidad de que sus reglas constituyen garantías inalienables estructuradas de manera singular: se imponen obligaciones a los actores arma-dos, en beneficio no propio sino de terceros: la población no combatiente y las víctimas de ese enfrentamiento bélico. Ello explica que la obligación humanitaria no se funde en la recipro-cidad, pues ella es exigible para cada una de las partes, sin hallarse subordinada a su cumplimiento correlativo por la otra parte, puesto que el titular de tales garantías es el tercero no combatiente, y no las partes en conflicto. Al respecto, esta Corte ya había señalado que "en estos tratados no opera el tradicional principio de la reciprocidad ni tampoco, -como lo pone de presente la Corte Internacional de Justicia en el caso del conflicto entre Estados Unidos y Nicaragua-, son susceptibles de reservaCorte Constitucional. Sentencia C-574/92. M.P C.A.B..".
Colombia cuenta con el honor de ser una de las primeras naciones independientes en haber defendido el principio de que la obligación humanitaria no se funda en la reciprocidad. En efecto, mucho antes de que en Europa se suscribieran los primeros Convenios de Ginebra o de la Haya, el Libertador S.B. firmó con el General M. un "tratado de regulación de la guerra" con el fin de "economizar la sangre cuanto sea posible". Este convenio, según el jurista francés J.B., es uno de los más importantes antecedentes del derecho de los conflictos armados a nivel mundial, puesto que no sólo contiene cláusulas pioneras sobre trato humanitario de heridos, enfermos y prisioneros sino, además, porque constituye la primera aplicación conocida de las costumbres de la guerra a lo que hoy llamaríamos una guerra de liberación nacional Ver A.V.V.. Derecho humanitario para Colombia. Bogotá: Defensoría del Pueblo, 1994, pp 48 y ss.. Pocos meses después, el 25 de abril de 1821, B. envió una proclama a sus soldados, por medio de la cual les ordenaba respetar los artículos de la regularización de la guerra. Según el Libertador, "aun cuando nuestros enemigos los quebranten, nosotros debemos cumplirlos, para que la gloria de Colombia no se mancille con sangre"(subrayas no originales) S.B.. Obras Completas. La Habana: Editorial Lex: 1947, Tomo II, p 1173..
10- En el caso colombiano, estas normas humanitarias tienen además especial imperatividad, por cuanto el artículo 214 numeral 2º de la Constitución dispone que "en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario". Esto significa que, como ya lo señaló esta Corporación, en Colombia no sólo el derecho internacional humanitario es válido en todo tiempo sino que, además, opera una incorporación automática del mismo "al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo demás, es lo congruente con el carácter imperativo que, según ya fue explicado, caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este cuerpo normativo integre el ius cogens. Sentencia C-574/92. M.P C.A.B.." Por consiguiente, tanto los integrantes de los grupos armados irregulares como todos los funcionarios del Estado, y en especial todos los miembros de la Fuerza Pública quienes son destinatarios naturales de las normas humanitarias, están obligados a respetar, en todo tiempo y en todo lugar, las reglas del derecho internacional humanitario, por cuanto no sólo éstas son normas imperativas de derecho internacional (ius cogens) sino, además, porque ellas son reglas obligatorias per se en el ordenamiento jurídico y deben ser acatadas por todos los habitantes del territorio colombiano. Y no podía ser de otra manera, pues las normas de derecho internacional humanitario preservan aquel núcleo intangible y evidente de los derechos humanos que no puede ser en manera alguna desconocido, ni siquiera en las peores situaciones de conflicto armado. Ellos encarnan aquellas "consideraciones elementales de humanidad", a las cuales se refirió la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia de 1949 sobre el estrecho de Corfú. No se puede entonces excusar, ni ante la comunidad internacional, ni ante el ordenamiento jurídico colombiano, la comisión de conductas que vulneran claramente la conciencia misma de la humanidad, como los homicidios arbitrarios, las torturas, los tratos crueles, las tomas de rehenes, las desapariciones forzadas, los juicios sin garantías o la imposición de penas ex-post facto.
Para ello conviene tener en cuenta que estos convenios hacen parte, en sentido genérico, del corpus normativo de los derechos humanos, puesto que, tanto los tratados de derechos humanos en sentido estricto como los convenios de derecho humanitario son normas de ius cogens que buscan, ante todo, proteger la dignidad de la persona humana. Son pues normatividades complementarias que, bajo la idea común de la protección de principios de humanidad, hacen parte de un mismo género: el régimen internacional de protección de los derechos de la persona humana. La diferencia es entonces de aplicabilidad, puesto que los unos están diseñados, en lo esencial, para situaciones de paz, mientras que los otros operan en situaciones de conflicto armado, pero ambos cuerpos normativos están concebidos para proteger los derechos humanos. Así, esta Corporación ya había señalado que "el derecho internacional humanitario constituye la aplicación esencial, mínima e inderogable de los principios consagrados en los textos jurídicos sobre derechos humanos en las situaciones extremas de los conflictos armados. Sentencia C-574/92. M.P C.A.B.."
Ahora bien, el artículo 93 de la Carta establece la prevalencia en el orden interno de ciertos contenidos de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. Esta Corte ha precisado que para que opere la prevalencia tales tratados en el orden interno, "es necesario que se den los dos supuestos a la vez, de una parte, el reconocimiento de un derecho humano, y de la otra que sea de aquellos cuya limitación se prohiba durante los estados de excepción" Sentencia C-295/93 M.P.C.G.D.. En tales circunstancias es claro que los tratados de derecho internacional humanitario, como los Convenios de Ginebra de 1949 o el Protocolo I, o este Protocolo II bajo revisión, cumplen tales presupuestos, puesto que ellos reconocen derechos humanos que no pueden ser limitados ni durante los conflictos armados, ni durante los estados de excepción. Además, como lo señaló esta Corporación en la revisión del Protocolo I, y como se verá posteriormente en esta sentencia, existe una perfecta coincidencia entre los valores protegidos por la Constitución colombiana y los convenios de derecho internacional humanitario, puesto que todos ellos reposan en el respeto de la dignidad de la persona humana. En efecto, esta Corte ya había señalado que "las disposiciones del derecho internacional humanitario que tratan sobre el manejo de las personas y las cosas vinculadas a la guerra, como las que señalan la forma de conducir las acciones bélicas, se han establecido con el fin de proteger la dignidad de la persona humana y para eliminar la barbarie en los conflictos armados" Sentencia C-179/94. MP C.G.D...
La Corte considera que la noción de "bloque de constitucionalidad", proveniente del derecho francés pero que ha hecho carrera en el derecho constitucional comparado Sobre esta noción, ver L.F. "El bloque de constitucionalidad" en Revista del Centro de Estudios Constitucionales., No 5 pp 46 y ss. Igualmente J.P.F.. El Consejo Constitucional Francés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1990, pp 115 y ss., permite armonizar los principios y mandatos aparentemente en contradicción de los artículos 4º y 93 de nuestra Carta.
En tales circunstancias, la Corte Constitucional coincide con la Vista F. en que el único sentido razonable que se puede conferir a la noción de prevalencia de los tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario (CP arts 93 y 214 numeral 2º) es que éstos forman con el resto del texto constitucional un "bloque de constitucionalidad" , cuyo respeto se impone a la ley. En efecto, de esa manera se armoniza plenamente el principio de supremacía de la Constitución, como norma de normas (CP art. 4º), con la prevalencia de los tratados ratificados por Colombia, que reconocen los derechos humanos y prohiben su limitación en los estados de excepción (CP art. 93).
Las Partes Contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus Constituciones respectivas, las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención, y especialmente a establecer sanciones penales eficaces, para castigar a las personas culpables de genocidio o de cualquier otro de los actos enumerados en el artículo III.
El genocidio en la legislación penal colombiana
Así se plasmó en las exposiciones de motivos Actuaron como Ponentes los Representantes A.N.W., M.I.R. y L.F.V. y el Senador L.F.V.. Cfr. Gacetas del Congreso Nos. 126, 185, 253, 277 y 369 de 1998, y 605 de 1999- Senado, Nos. 37, 181, 184, 405, 450, 511 y 594 de 1999- Cámara de Representantes. Igualmente, las Gacetas del Congreso Nos. 65, 66, 70, 76, 96, 114, 282 y 308 del 2000. del proyecto que culminó con la expedición de la Ley 589 del 2000, a que pertenece la regulación normativa contenida en el artículo 322ª, cuya restricción a los grupos que actúen dentro del margen de la ley, constituye materia de cuestionamiento en estrado de constitucionalidad.
El artículo 322 de la Ley 589 del 2000 y la tipificación del delito de genocidio frente al carácter de la protección a los derechos a la vida y a la integridad, en condiciones de igualdad.
De ahí que esta Corte se aparte del concepto del gobierno y del señor F. General de la Nación pues, aunque tiene claro que la penalización del genocidio político no es, en sí misma, suficiente para que cesen esas prácticas atroces, sí constituye un mensaje inequívoco que categóricamente afirma su incondicional proscripción, por ser, desde todo punto de vista injustificable frente al orden jurídico en una sociedad civilizada, todo lo cual pone de presente que hay una sustancial diferencia de fondo entre condenar el homicidio por la muerte de un miembro de un grupo político e imputar responsabilidades específicas por la conducta de genocidio en sí misma considerada.
Valga, a este respecto, citar, entre otras, la Sentencia C-239 de 1997 (M.P.D.C.G.D.) en la que, a propósito de la vida como valor constitucional, esta Corporación, recalcó:
Al apartarse la Corte del concepto del señor F. General de la Nación, juzga necesario reiterar que la cláusula general de competencia en favor del Congreso y la libertad de configuración legislativa que de la misma emana, no pueden aducirse como razón constitucionalmente válida para justificar la desprotección o el desconocimiento de valores superiores que, como la vida y la integridad personal gozan del mayor grado de protección, por lo que su garantía no admite restricciones ni diferenciaciones de trato, ya que ello desnaturaliza la esencia misma del mandato constitucional.
Por ello, coincide la Corte con el señor P. General de la Nación y con los representantes tanto de la Corporación Colectivo de Abogados como de la Comisión Colombiana de Juristas, en considerar que la garantía de la dignidad humana y de los derechos a la vida y a la integridad personal no admite diferenciaciones de trato en función a la legalidad de la actividad desplegada por los sujetos destinatarios de la protección, pues ello comporta ostensible transgresión a valores superiores constitucionalmente proclamados en el Preámbulo como la dignidad humana, la vida, la integridad, la convivencia, la justicia y la igualdad, consagrados además positivamente con el carácter de derechos inalienables e inviolables en los artículos 1º., 2º., 11, 12 y 13 de la Carta Política, y a los que, conforme se proclama en el artículo 5º. Ib., "el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona" lo que, en otros términos, significa que no admiten restricciones ni limitaciones, de donde resulta que la incriminación selectiva del genocidio, respecto tan sólo de los miembros de un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político que actúe dentro del marco de la Ley, que consagra la frase cuestionada es, a todas luces contraria a la Carta Política y, de consiguiente, inexequible.
Sentencia nº 08001-23-31-000-2006-01522-01 de Consejo de Estado - Sección Cuarta, de 14 de Octubre de 2010

References: artículo 241
 artículo 322
 artículo 13
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 53
 artículo 214
 artículo 93
 artículo 322
 artículo 322
 artículo 5