Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-307-13.htm
Timestamp: 2020-06-04 14:49:43+00:00

Document:
C-307-13
Sentencia C-307/13
(Bogotá D.C., mayo 22 de 2013)
1. Responsabilidad social. Toda actividad realizada que conlleve a la promoción, mejoramiento de la calidad de vida, convivencia y demás valores relacionados con la actividad deportiva de las personas, que tienen derecho a practicar deporte sin discriminación de ningún tipo y dentro del espíritu deportivo, lo cual exige comprensión mutua, solidaridad, espíritu de amistad y juego limpio; por tanto, las actividades inherentes al ejercicio del entrenador (ra) deportivo (va) imponen un profundo respeto por la dignidad humana.
2. Idoneidad profesional. La formación, la experiencia, los resultados, la innovación, la práctica y la capacitación permanente, del entrenador (ra) deportivo (va) identifican su desarrollo profesional.
3. Integralidad y honorabilidad. En la labor del entrenador (ra) deportivo (va) se deben preservar la ética, los principios morales, el decoro y la disciplina que rigen la actividad deportiva, a la vez, asegurar el cumplimiento de las reglas de juego o competición y las normas deportivas generales.
4. Interdisciplinariedad. La actividad del entrenador (ra) deportivo (va) es una práctica que debe ser desarrollada, observando los fundamentos científicos y pedagógicos en los campos del saber, biológico, morfológico, fisiológico, psicológico, social, didáctico de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo.
5. Unicidad e individualidad. Comprende el entorno y las necesidades individuales para brindar una formación deportiva humanizada para asegurar un proceso de preparación deportiva que tiene en cuenta las características socioculturales, históricas y los valores de la persona, la familia y la comunidad de procedencia.
1. Diseñar, aplicar y evaluar planes individuales y colectivos de entrenamiento mediante un proceso científico, pedagógico, metodológico y sistemático, con el fin de racionalizar recursos y optimizar el proceso de preparación deportiva.
2. Diseñar y ejecutar programas que permitan realizar una adecuada búsqueda, selección y detección del talento deportivo.
3. Formar deportistas de diferentes niveles, categorías y género.
4. Administrar y dirigir planes, programas y proyectos de entrenamiento deportivo en la búsqueda de formación, especialización y consecución de altos logros.
5. Dirigir grupos y equipos de trabajo interdisciplinario orientados a procesos de entrenamiento deportivo.
6. Organizar, dirigir y controlar procesos de preparación deportiva.
7. Toda actividad profesional que se derive de las anteriores y que tenga relación con el campo de competencia del (la) entrenador (ra) deportivo (va).
1. El Director del Departamento Administrativo del Deporte la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre “Coldeportes”, o su delegado, quien lo presidirá o su delegado.
2. El Presidente del Comité Olímpico Colombiano o su delegado.
3. El Presidente del Comité Paralímpico Colombiano o su delegado.
4. Un representante de las asociaciones de profesionales de deporte o educación física.
5. Un representante de las asociaciones de facultades con programas de deporte o educación física.
6. Un representante de las asociaciones de entrenadores (ras) deportivos (vas).
7. Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, o su delegado.
1. Expedir la Tarjeta Profesional y el Registro Profesional del (la) Entrenador (ra) Deportivo (va) de acuerdo con los señalamientos establecidos en la presente ley.
2. Velar por el ejercicio ético de la profesión del (la) entrenador (ra) deportivo (va), definiendo el Código de Ética que regirá para el mismo.
3. Analizar las estrategias para el ejercicio profesional del entrenador (ra) deportivo (va) a la luz de los requerimientos y cambios permanentes del proceso de preparación deportiva en el contexto nacional e internacional.
4. Proponer las políticas y disposiciones referentes a la formación, actualización y ubicación de los profesionales en los procesos de preparación deportiva.
5. Sugerir lineamientos para la definición de estándares y criterios de calidad en la formación académica y prestación de servicios profesionales de los (las) entrenadores (ras) deportivos (as).
6. Conocer, determinar y coordinar las acciones, en los procesos disciplinarios de carácter ético y comportamental en el ejercicio de la profesión del entrenador (ra) deportivo (va).
7. Resolver sobre la cancelación y suspensión de la tarjeta profesional o el Registro Profesional del (la) Entrenador (ra) Deportivo (va) por faltas al Código de Ética y al correcto ejercicio profesional.
8. Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones a las disposiciones legales que reglamenten el ejercicio profesional del (la) entrenador (ra) deportivo (va).
9. Crear los Consejos Seccionales de Acreditación Profesional del (la) Entrenador (ra) Deportivo (va), si lo considera necesario.
10. Promover un sistema de formación permanente y actualización para los (las) entrenadores (ras) que actualmente se desempeñan sin formación académica, en una institución de educación superior dentro del territorio Nacional.
11. Dictar su propio reglamento y organización.
12. Crear el Escalafón de Entrenadores (ras) Deportivos (vas), determinar su reglamentación y ponerlo en operación.
13. Promover políticas de investigación científica y de innovación tecnológica afines al mejoramiento de la calidad de los procesos de preparación deportiva en todos los niveles del Sistema Nacional del Deporte.
14. Diseñar un software de seguimiento y control.
2. El trámite legislativo.
2.21. Una vez verificado por el Despacho Sustanciador que las pruebas requeridas fueron adecuadamente aportadas se continúo el trámite las objeciones presidenciales al proyecto de ley 180/11 Senado, 248/11 Cámara “por la cual se reconoce y reglamenta el ejercicio de la profesión del (la) entrenador (ra) deportivo (va) y se dictan otras disposiciones”.
3. Cargos de inconstitucionalidad: objeciones del Gobierno Nacional.
4. Insistencia del Congreso de la República.
6. Concepto de la Procuraduría General de la Nación.
2. Oportunidad y trámite de las objeciones y de la insistencia.
4. Cuestión previa: normatividad materia de objeción.
5. Primera objeción de inconstitucionalidad: exigencia de título de idoneidad a los entrenadores deportivos -violación del artículo 26 de la CP-.
“En cuanto a la exigencia de títulos de idoneidad esta Corporación señaló en la Sentencia C-191 de 2005[35] que la potestad que otorga la Constitución al legislador es la “manera de hacer pública la aptitud adquirida merced a la formación académica”[36]. Del mismo modo se dijo en la Sentencia C-377 de 1994 que los títulos de idoneidad “son indispensables para acreditar la preparación académica y científica que exija la ley tanto en relación con la profesión en sí misma, como en lo relativo a sus especialidades”.[37] En el mismo sentido se dijo en la Sentencia C- 050 de 1997[38]que la exigencia por parte del Legislador de los títulos de idoneidad profesional “responde, entre otras cosas, a la necesidad social de contar con una certificación académica sobre la idoneidad de sus titulares”[39].
En relación con las limitaciones que puede imponer el Legislador mediante la exigencia de títulos de idoneidad, esta Corporación ha dicho: “la razón de ser de los títulos profesionales no obedece al capricho del legislador, sino que responde, entre otras cosas, a la necesidad social de contar con una certificación académica de idoneidad de sus titulares” (sentencia C-050 de 1997); y lo reiteró en la sentencia C-606 de 1992, al expresar: “Es claro que el legislador esta expresamente autorizado para intervenir en el ejercicio del derecho fundamental de escoger profesión u oficio. Pero dadas las garantías de igualdad y libertad que protegen ese derecho, las limitaciones establecidas por el legislador deben estar enmarcadas en parámetros concretos, so pena de vulnerar el llamado ‘limite de los límites’, vale decir, el contenido esencial del derecho que se estudia.”[40]
6. Segunda Objeción; violación del artículo 154 de la Constitución Política.
7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta.” (subraya fuera de original)
7. Tercera Objeción; violación de los artículos 25 y 29 de la Constitución Política.
8. Razón de la decisión de inconstitucionalidad.
[1] Oficio recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 1 de noviembre de 2012.
[2] Certificación suscrita por la Secretaria General (E) de la Cámara de Representantes y Gaceta, folios 1 a 4.
[3] Folios 1 a 4.
[4] Folios 86 del cuaderno de pruebas.
[5] Folios 41 a 44.
[6] Folios 18 y ss,
[8] Certificación de la Secretaria General de la Cámara de Representantes.
[9] Folios 1 a 7.
[10] Ballesteros Bernier Jorge Eliécer, Correa Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz Edinson, Jiménez Gómez Gilma, Ramírez Ríos Gloria Inés, Santos Marín Guillermo Antonio, Toro Torres Dilian Francisca y Wilches Sarmiento Claudia Janneth.
[11] Folios 33 y 34.
[12] Folio 8.
[13] Folio 117.
[14] Folios 73 a 75.
[15] Folio 23 del cuaderno principal
[16] Folios 27 a 33 del cuaderno principal, publicado en la Gaceta del Congreso 418 del 11 de julio de 2012. (folios 5 a 8)
[17] Publicado en la Gaceta del Congreso 579 de 31 de agosto de 2012. (folios 11 a 16).
[18] Publicada en la Gaceta del Congreso 816 de 19 de noviembre de 2012. (folios 32 a 36).
[19] “Objeciones Proyecto de ley 248 de 2011 Cámara, 180 de 2011 Senado, por la cual se reconoce y reglamenta el ejercicio de la profesión del entrenador o entrenadora deportiva y se dictan otras disposiciones. (...) Por las anteriores consideraciones proponemos a las plenarias de Senado y Cámara a aprobar el presente informe y en consecuencia no aceptar las objeciones presentadas por el Gobierno Nacional... Por consiguiente muy comedidamente solicitamos remitir el texto completo aprobado con el respectivo expediente a la honorable Corte Constitucional para los fines establecidos en el numeral 8 del artículo 241 y al artículo 167 de la Constitución Política. (...) Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: (...) señora Secretaria sírvase abrir el registro para someter a consideraciones el informe de objeciones. Subsecretaria, doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: Si, señor Presidente se abre el registro, votando si se aprueba el informe.... se cierra el registro con el siguiente resultado Señor presidente: Por el Sí: 93, Por el No: 3. Señor Presidente han sido aprobadas las objeciones presidenciales con las mayorías absolutas como lo exige la Constitución y la Ley.” (Publicación del resultado de la votación electrónica a folio 34 a 36 de la gaceta del Congreso 816 de 19 de noviembre de 2012).
[20] Publicada en la Gaceta del Congreso 12 de 6 de febrero de 2013. (folio 45).
[21] Publicada en la Gaceta 39 del 11 de febrero de 2013.
[22] “La Presidencia somete a consideración de la plenaria el informe en el cual se declaran infundadas las Objeciones presentadas por el Ejecutivo al Proyecto de ley número 180 de 2011 Senado, 248 de 2011 Cámara y, cerrada su discusión abre la votación, e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma nominal. //La Presidencia indica a la Secretaría cerrar el registro, e informar el resultado.
TOTAL: 60 Votos
VOTACIÓN NOMINAL AL INFORME DE OBJECIONES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 180 DE 2011 SENADO, 248 DE 2011 CÁMARA. por la cual se reconoce y reglamenta el ejercicio de la profesión del (la) Entrenador (ra) Deportivo (va) y se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores. Por el Sí
Arrieta Buelvas Samuel Benjamín, Avellaneda Tarazona Luis Carlos, Avirama Avirama Marco Aníbal, Ballesteros Bernier Jorge Eliécer, Barriga Peñaranda Carlos Emiro, Benedetti Villaneda Armando, Carlosama López Germán Bernardo, Casado de López Arleth Patricia, Celis Carrillo Bernabé, Cepeda Sarabia Efraín José, Char Abdala Fuad Ricardo, Clavijo Contreras José Iván, Cuéllar Bastidas Parmenio, Delgado Ruiz Edinson, Duque García Luis Fernando, Durán Barrera Jaime Enrique, Enríquez Maya Carlos Eduardo, Ferro Solanilla Carlos Roberto, Galvis Méndez Daira de Jesús, García Burgos Nora María, García Realpe Guillermo, García Turbay Lidio Arturo, García Valencia Jesús Ignacio, Gerléin Echeverría Roberto Víctor, Gómez Román Édgar Alfonso, Guerra de la Espriella Antonio del Cristo, Guevara Jorge Eliécer, Herrera Acosta José Francisco, Hoyos Giraldo Germán Darío, Iragorri Hormaza Jorge Aurelio, Jiménez Gómez Gilma, Laserna Jaramillo Juan Mario, Lozano Ramírez Juan Francisco, Merheg Marún Juan Samy, Mora Jaramillo Manuel Guillermo, Morales Diz Martín Emilio, Moreno Piraquive Alexandra, Mota Y Morad Karime, Náme Cardozo José David, Ospina Gómez Mauricio Ernesto, Quintero Marín Carlos Arturo, Rendón Roldán Liliana María, Restrepo Escobar Juan Carlos, Rodríguez Sarmiento Milton Arlex, Romero Galeano Camilo Ernesto, Sánchez Montes de Oca Astrid, Sánchez Ortega Camilo Armando, Sudarsky Rosenbaum John, Tamayo Tamayo Fernando Eustacio, Vega Quiroz Doris Clemencia, Villegas Villegas Germán, Virgüez Piraquive Manuel Antonio, Wilches Sarmiento Claudia Jeanneth, Zuluaga Aristizábal Jaime Alonso.24. X. 2012
Honorables Senadores por el No:
Ashton Giraldo Álvaro Antonio, Galvis Aguilar Honorio, Soto Jaramillo Carlos Enrique, Vélez Uribe Juan Carlos, Villalba Mosquera Rodrigo.24. X. 2012
En consecuencia, ha sido aprobado el Informe de Objeciones al Proyecto de ley número 180 de 2011 Senado, 248 de 2011 Cámara.
[23] Publicada en la Gaceta del Congreso 898 de diciembre 7 de 2012. (folio 42).
[24] Oficio de fecha 1 de noviembre de 2012.
[25] Integrada por los Senadores Antonio José Correa Jiménez, Edinson Delgado Ruiz y Carlos Fernando Motoa Solarte y el Representante a la Cámara Carlos Alberto Zuluaga Díaz.
[26] Publicado en la Gaceta del Congreso 579 de agosto 31 de 2012. folios 11 a 16.
[27] “Manifiesta el Gobierno Nacional, que en el parágrafo 3 del artículo 10 de la iniciativa legislativa, específicamente en la expresión “no se puede tener investigaciones” viola el precepto constitucional, que se encuentra contenido en el artículo 29 de la Carta Política. //Sobre este particular acogemos parcialmente la objeción presentada por el Gobierno Nacional sobre la expresión “no se puede tener investigaciones” ya que consideramos que sí es violatoria de la presunción de inocencia contenida en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, y en consecuencia concordamos con el Gobierno Nacional parcial mente en el entendido que únicamente esta expresión deba desaparecer de esta iniciativa legislativa.”(...) En consecuencia, por la motivación aquí esbozada y argumentada con jurisprudencia de la Corte Constitucional, las objeciones presidenciales formuladas al proyecto de la referencia son inaceptables, solo consideramos fundada la objeción de que trata el artículo 29 de la Constitución Política en la expresión “no se puede tener investigaciones”. //Proposición // Por las anteriores consideraciones, proponemos a las Plenarias de Senado y Cámara aprobar el presente informe, y en consecuencia no aceptar las objeciones presentadas por el Gobierno Nacional al Proyecto de ley número 180 de 2011 Senado, 248 de 2011 Cámara, por la cual se reconoce y reglamenta el ejercicio de la profesión de entrenador (ra) deportivo (va) y se dictan otras disposiciones. Por consiguiente, muy comedidamente solicitamos remitir el texto completo aprobado, con el respectivo expediente, a la honorable Corte Constitucional, para los fines establecidos en el numeral 8 del artículo 241 y el artículo 167 de la Constitución Política.”
[28] Ver entre otras Sentencias C-268 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-380 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-292 de 1996 M.P. Julio César Ortiz Gutiérrez, C-510 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, y C- 028 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-063 de 2002 y C-068 de 2004 M.P. Jaime Araujo Rentaría, C-433 de 2004 M.P. Jaime Córdoba Treviño, C-856 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Treviño, C-1040 de 2007 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-315 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Treviño
[29] Se observa en el expediente, mediante comunicación dirigida al Presidente de la Cámara de Representantes en la que constan las objeciones descritas. Ver Folios 27 a 33.
[30] Gaceta del Congreso No 418 del 11 de julio de 2012.
[31] Acta N° 23 del 23 de octubre de 2012, Publicada en la Gaceta del Congreso N° 898 de 7-12-2012.
[32] Acta N° 24 del 24 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso N° 39 del 11-2-2012.
[33] Acta N° 151 del 5 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta N° 12 de 6 de febrero de 2012.
[34] Acta No 152 de la misma fecha, publicada en la Gaceta N° 816 de 19 de noviembre de 2012.
[35] Se demandaba los artículos 5°, 18 y 20 de la Ley 842 de 2003.
[36] En la sentencia C-377 de 1994, la Corte resolvió declarar exequibles tres apartes de la Ley 14 de 1962, “Por la cual se dictan normas relativas al ejercicio de la Medicina y Cirugía” —el literal (a) y los parágrafos 1 y 2 del artículo 2°—. Lo que se debatió en esta sentencia fue lo siguiente: “Sostiene el demandante, trayendo en apoyo de su tesis diversos artículos de la Constitución, que las normas demandadas no pueden prohibir el ejercicio de la medicina a los empíricos, porque al hacerlo violan derechos constitucionales fundamentales del que ejerce la profesión médica sin estar legalmente autorizado, lo mismo que quien decide ser paciente suyo”.
[37] Sentencia T-408 de 1992. En este caso la Corte estudió una acción de tutela presentada contra el Instituto Metropolitano de Salud de Medellín (División de Atención al Medio Ambiente, Sección Control de Medicamentos) por una persona a la que se “(…) le prohibió ‘practicar’ cualquier acto reservado al ejercicio de las profesiones de la salud (medicina, farmacia y otras), así como ‘la práctica de cualquier otro acto que por medio de cualquier terapéutica se dedique a tratar enfer­me­dades’, conminándolo con una sanción de multa”, decisión con la cual, a juicio del accionantes se le violaban “sus derechos al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la libre escogencia de profesión, a la investi­gación, y a la igualdad real y efectiva”.
[38] La Corte resolvió en esta Sentencia declarar inexequibles el artículo 64 del Decreto 2150 de 1995 y el artículo 2° de la Ley 72 de 1993, por considerar que se viola el principio de igualdad cuando una norma, “(…) sin una clara jus­ti­ficación, permite que personas con preparación inferior a la impartida en las universidades colombianas, puedan, por el simple hecho de exhibir un título expedido por un centro educativo extranjero, ejercer su profe­sión en nuestro país, en igualdad de condiciones con los profesionales formados en Colombia.”
[39] Se dijo en aquella ocasión que, “La disposición faculta al legislador para exigir títulos de idoneidad, sugiriendo, por el uso del verbo ‘podrá’, que tal potestad es una mera posibilidad y no una obligación. Sin embargo, a juicio de la Corte, la exigencia a los profesionales de sus respectivos títulos académicos de idoneidad, no es una simple facultad sino una verdadera obligación. Porque, dejando de lado la exégesis aislada de la norma, la interpretación sistemática de la Constitución así lo indica. No se concibe cómo la ausencia de la obligación mínima de acreditar la idoneidad profesional con títulos académicos, contribuya a proteger los derechos de la comunidad, si resulta que los usuarios de los servicios, por no ser expertos, están, en la mayoría de los casos, en absoluta imposibilidad de juzgar sobre la real capacidad de los profesionales que los atienden. La razón de ser de los títulos profesionales no obedece al capricho del legislador, sino que responde, entre otras cosas, a la necesidad social de contar con una certificación académica sobre la idoneidad de sus titulares, aun para las profesiones distintas del derecho y las ciencias de la salud”.
[40] Sentencia C- 606 de 1992.
[41] Sentencia C-964 de 1999.
[42] Sentencia C- 296 de 2012.
[43] Sentencia C- 470 de 2006.
[44] Sentencia C- 470 de 2006.
[45] Sentencia C- 964 de 1999.
[46] Gaceta del Congreso 273 del 17 de mayo de 2011.
[47] Sentencia C- 121 de 2012.
[48] Sentencia T- 611 de 2001.

References: artículo 26
 artículo 154
 artículo 241
 artículo 167
 artículo 10
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 241
 artículo 167
 artículo 2
 artículo 64
 artículo 2