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Timestamp: 2020-01-18 12:40:56+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-1993-12175
Documento BOE-A-1993-12175
Ley 4/1993, de 14 de abril, de servicios sociales.
«BOE» núm. 112, de 11 de mayo de 1993, páginas 13897 a 13910 (14 págs.)
BOE-A-1993-12175
https://www.boe.es/eli/es-ga/l/1993/04/14/4
La consolidación de un Estado social y democrático, tal y como lo define la Constitución, ha supuesto en la última década la implantación de nuevas alternativas en la protección y promoción social, tanto a iniciativa de los poderes públicos como de la sociedad civil, generándose un proceso de tal dinamismo que dejó obsoletas los planteamientos teóricos heredados del pasado y el marco legal en el que se proyectaban.
A ese dinamismo de la sociedad en la creación y demanda de nuevas formas de garantizar la igualdad y calidad de vida para todos, especialmente para los más desprotegidos, se une el propio de un Estado de autonomías que posibilita la búsqueda de soluciones propias en el marco de distribución competencial que definen la Constitución y los respectivos estatutos.
El sistema de servicios sociales participa de ambos dinamismos. Por una parte, a través del mismo, se hacen efectivos importantes principios que identifican al Estado como social. De otra, en el caso de Galicia, su Estatuto de autonomía, en correspondencia con la Constitución, determina que la materia de asistencia social es de exclusiva competencia de la Comunidad Autónoma.
Si bien el Parlamento de Galicia aprobó en esta materia la Ley Gallega 3/1987, de 27 de mayo, de Servicios Sociales, que fue un instrumento útil para la regulación de los mismos en este período, la evolución de la realidad que trataba de ordenar y las limitaciones del propio texto legal que ahora se deroga, especialmente en lo que se refiere a la conceptualización de los contenidos, atribución de competencias, ordenación de las entidades prestadoras y del voluntariado social y control global del sistema, han aconsejado la revisión del mismo, revisión que, dada su hondura y alcance, ha desbordado las posibilidades de una mera reforma e impuesto la necesidad de una nueva Ley.
El presente texto legal trata de regular exhaustivamente los aspectos básicos de los servicios sociales en Galicia, en cuanto sistema integrado, tal como se expone en el artículo 1., lo que resulta una nota central que informa el entero contenido de aquél, por tanto cada uno de los aspectos regulados forma parte de un todo interdependiente, coordinado y armónico, posibilitando una integración funcional de la que, en buena parte, dependerá la eficacia global del sistema.
Complementaria a esa definición sistemática, es la de servicio público, con la que se establece un régimen de responsabilidad pública para la esfera de los servicios sociales que, definitivamente, en coherencia con las notas definitorias del Estado social que la Constitución diseña, acota los servicios sociales como un derecho para todos aquellos que por su situación los precisen, tal como se establece en el artículo 2. de la presente Ley.
En función de los poderes públicos, no supone una acción pública que ahogue la creatividad e iniciativa de la sociedad, sino, muy al contrario, que la fomente, coordine, regule y colabore como una parte más integrada en el conjunto, que, considerado en su globalidad, es de responsabilidad pública. Así, de un modo explícito, se reconoce no sólo la iniciativa social carente de fin de lucro, sino también la iniciativa privada lucrativa.
Por otra parte, el principio de territorialidad se vuelve decisivo en la estructuración de los servicios sociales, principio que encuentra su concreción en una distribución competencial realmente descentralizadora.
En el título primero de la ley se establecen los contenidos que constituyen la oferta del sistema a la sociedad gallega. A tal fin se estructuran los servicios sociales en dos niveles de atención y nueve áreas de actuación, teniendo éstas un carácter de relación abierta a nuevas problemáticas sectoriales que en el futuro pudiesen requerir una atención particularizada.
En lo concerniente a los niveles de atención se ha optado por una reconceptualización necesarias para minimizar las posibles ambigüedades interpretativas y recoger al mismo tiempo los matices que la práctica de estos años ha impuesto a una teorización excesivamente rígida sobre los servicios sociales. Efectivamente, se opta por la denominación <de atención primaria>, por su expresividad y por permitir una flexibilidad en el sentido de que la nota de polivalencia y apertura a toda la comunidad en la que actúan los servicios sociales en ese nivel no obste para que, de acuerdo con la modulación contenida en el artículo 9., puedan abordarse desde ellos proyectos y actuaciones sectoriales de contenido netamente integrador.
Por otra parte, el calificativo de <comunitarios>, con el que venía denominándose a los servicios de este nivel, puede y ha de predicarse de cualquier servicio del sistema integrado, en el sentido de que la comunidad es, tanto en la atención primaria como en la especializada, el punto de partida y de llegada y el principal recurso para una acción integradora y normalizadora.
En esta regulación legal de los servicios sociales, materia que corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma, se tiene en cuenta el principio de la autonomía de los entes locales que consagra la Carta Magna, atribuyendo con toda nitidez competencias propias a los entes locales para la gestión de sus intereses en este terreno. Sólo de esa manera, tal como señala la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, se hace realmente efectiva la autonomía que la Constitución garantiza.
Ese principio fundamental, no contemplado en la anterior Ley Gallega de Servicios Sociales, que sólo recogía la posibilidad de delegación, no debe implicar la disgregación y heterogeneidad en aspectos sustanciales de la prestación de los servicios sociales, para lo cual es preciso aplicar la necesaria coordinación. Esa coordinación no implica una tutela que menoscabe la autonomía municipal sino que, en palabras del Tribunal Constitucional, es una posibilidad del legislador exigida <por la unidad misma del sistema en su conjunto en el que las diferentes entidades autónomas se integran>, así como por el <principio de eficacia administrativa> (artículo 103.1, de la CE), que ha de predicarse no sólo de cada Administración pública, sino de la entera estructuración de los servicios públicos.
En el título segundo de la Ley, de acuerdo con esos principios, tras atribuir competencias propias a los entes locales, que pasan de hecho a ser la instancia principal en la gestión de los servicios en los dos niveles de atención, se establece una serie de instrumentos fundamentales de coordinación, competencia de la Xunta de Galicia: El Plan gallego de equipamientos y servicios sociales, las normativas básicas de gestión y acreditación y un sistema de registro de entidades. Asimismo, en correspondencia con lo anterior, se atribuye a la Administración autonómica el ejercicio de las potestades inspectoras y sancionadora.
En los títulos tercero y cuarto se abordan determinados aspectos que configuran el sistema regulado en la ley como un sistema abierto y permeable a la sociedad en la que actúa, integrando como parte del mismo la iniciativa privada y las entidades y organizaciones de trabajo voluntario y estableciendo un órgano de participación: El Consejo Gallego de Servicios Sociales.
La iniciativa privada, sujeta, en cualquier caso, al régimen de autorización administrativa previa, queda regulada tanto en su modalidad social como lucrativa, tal como la realidad de los servicios sociales lo demanda. En el artículo 55 se abre la posibilidad de que la Xunta de Galicia pueda subvencionar, en condiciones expresamente tasadas, en ambas modalidades, la creación, modificación, equipamiento y adaptación de sus centros, si bien la prestación de los servicios sólo se subvencionará, tal como establece el artículo 56, a las entidades prestadoras de iniciativa social.
En el capítulo segundo del título cuarto se aborda la regulación del voluntariado, aspecto éste de esencial importancia en un sistema que pretenda fundamentarse en el principio de solidaridad y sobre el que existen escasísimos precedentes legales.
El título quinto establece las bases, tanto del sistema de prestaciones y ayudas económicas, que se definen como complementarias a la oferta de servicios sociales, como de subvenciones, mediante las cuales se fomentará la participación de las entidades definidas en el título tercero en la prestación de los servicios objeto de esta Ley.
En el título sexto se aborda la definición y tipificación de las infracciones así como el establecimiento de un régimen sancionador. Se establece así la base legal sobre la que la Administración autonómica podrá llevar a efecto una eficaz y objetiva acción inspectora sobre la globalidad del sistema.
El texto recoge en su título séptimo las bases del sistema de financiación de acuerdo con la distribución competencial establecida y el principio de responsabilidad pública.
Es preciso resaltar el deber de los entes locales de consignar partidas presupuestarias específicamente dedicadas a materia de servicios sociales, dando entidad substancial a un campo de actuación administrativa hasta ahora insuficientemente considerado. En el caso de los ayuntamientos de menos capacidad económica se establece en los artículos 76 y 77 un sistema incentivador de los agrupamientos, necesarios para mejorar el rendimiento de los programas y equipamientos de servicios sociales.
Por la disposición adicional primera de la presente Ley se modifica la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la función pública de Galicia, añadiendo el supuesto de <prestación directa de servicios sociales y protección de menores> entre los de excepción a la regla general de que los puestos de trabajo de la Administración autónóma serán prestados por funcionarios, armonizándose de esa forma el artículo 25, 2, de dicha ley con el artículo 15.1, letra c), de la Ley estatal 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13, 2, del Estatuto de Galicia, y con el artículo 24, de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidente, promulgo, en nombre del Rey, la Ley de sevicios sociales.
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto la ordenación y estructura de un sistema integrado de servicios sociales como servicio público de la Comunidad Autónoma de Galicia, así como la regulación de su promoción.
Art. 2. 1. Tienen derecho a los servicios sociales, de acuerdo con lo establecido en la presente ley, todas las personas de nacionalidad española residentes habituales o accidentales en el territorio de la Comunidad Autónoma que se encuentren necesitadas de atención.
Art. 3. Son principios inspiradores del sistema de servicios sociales los siguientes:
1. Responsabilidad pública.-Los poderes públicos promoverán y garantizarán la prestación de servicios sociales mediante la aportación de medios financieros, técnicos y humanos adecuados.
2. Reconocimiento y apoyo de la iniciativa social.-Se reconoce y apoya la iniciativa social, entendiéndose por tal iniciativa privada sin ánimo de lucro, que podrá colaborar en la prestación de los servicios sociales dentro del marco definido en la presente ley.
3. Reconocimiento de la iniciativa privada con ánimo de lucro.-Se reconoce la iniciativa privada con ánimo de lucro, que podrá concurrir a la prestación de los servicios sociales en las condiciones y con los requisitos que se establecen en esta ley.
4. Territorialidad.-La organización del sistema y la distribución de competencias y funciones, siempre que la naturaleza de los servicios lo permita, responderán a los principios de descentralización y desconcentración, atribuyendo o delegando el ejercicio de las competencias en los entes u órganos administrativos más cercanos a los ciudadanos, sin merma de la garantía de una igualdad de servicios y prestaciones a todos los ciudadanos de Galicia.
5. Planificación y coordinación.-La Administración autonómica realizará la planificación general de los servicios sociales coordinando su actuación con la de las administraciones locales, y la de éstas entre sí, así como con la demás Entidades prestadoras de servicios sociales, con la finalidad de atender de forma ordenada y global las necesidades, sacar rendimiento a los recursos disponibles, garantizar la calidad en la prestación de los servicios y evitar los desequilibrios territoriales.
6. Globalidad.-Los servicios sociales se prestarán de forma que se evite el tratamiento fragmentado de las problemática sociales, promoviendo, al contrario, la atención integral de las mismas.
7. Normalización e integración.-Los servicios sociales tenderán al mantenimiento de los ciudadanos en su ambiente familiar y social o, en su caso, a su inserción en la comunidad, respetando el derecho a la diferencia.
8. Participación.-Los poderes públicos promoverán la incorporación de los ciudadanos a la programación y prestación de los servicios sociales.
9. Prevención.-Los servicios sociales tenderán no sólo a remediar situaciones existentes de marginación, sino también, y primordialmente, a prever y eliminar las causas que conducen a las citadas situaciones.
10. Solidaridad.-Los poderes públicos fomentarán la solidaridad en las actuaciones de los servicios sociales, con vistas a superar las condiciones que provoquen situaciones de marginación, con especial apoyo al desarrollo del voluntariado social.
11. Universalidad.-Todas las personas que lo precisen tendrán acceso a los servicios sociales en condiciones de igualdad, con atención preferente a las personas o grupos más necesitados.
Art. 4. Los servicios sociales se configuran como un sistema integrado de protección social orientado a la prestación programada de atenciones y servicios que posibiliten la mejora de la calidad de vida y la participación de las personas o grupos, especialmente de aquellos que sufren algún tipo de carencia, marginación o desatención selectiva, así como a la prevención y eliminación de las causas que están en el origen de aquellas situaciones.
Art. 5. 1. El sistema de servicios sociales se estructura en niveles de atención y áreas de actuación.
Art. 6. 1. Los servicios sociales de atención primaria, que constituirán el nivel más cercano al usuario y a su ambiente familiar y social, desarrollan programas y prestan ayudas favorecedoras de la participación, integración y bienestar social de las personas o grupos dentro de su entorno comunitario, especialmente de aquellos que están o corren el riesgo de estar en situación de carencia o marginación.
Art. 7. Son objetivos generales de los servicios sociales de atención primaria los siguientes:
2. La información, orientación y asesoramiento a los ciudadanos sobre sus derechos sociales y los procedimientos para su ejercicio, así como, en su caso, la intermediación necesaria par que sean efectivos.
8. La prestación de cuantos servicios concretos sean precisos para el cumplimiento de la finalidad expresada en el artículo 6. de la presente ley.
Art. 8. Para el cumplimiento de los objetivos generales enumerados en el artículo anterior, los servicios sociales de atención primaria organizarán su actividad mediante el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de trabajo social que desarrollen los siguientes programas básicos de actuación:
Art. 9. 1. Para alcanzar su finalidad los servicios sociales de atención primaria, en sus equipamientos, prestaciones y proyectos de trabajo social, podrán adoptar tanto un carácter polivalente y abierto a toda la comunidad como complementariamente, un carácter sectorial y centrado en grupos con problemáticas específicas, teniendo la consideración, en ese segundo supuesto de equipamientos, prestaciones o proyectos de atención primaria en la correspondiente área de actuación.
Art. 10. 1. Los equipamientos propios de los servicios sociales de atención primaria son:
Los Centros sociales de uso polivalente.
Los Centros de día, que desarrollan programas referidos a determinadas áreas de actuación, siempre que no precisen estancia nocturna.
Los Centros ocupacionales, orientados a alcanzar la integración normalizada de los diversos grupos y sectores de la comunidad.
Los Centros de acogida, de atención temporal para casos de graves carencias o conflictos convivenciales.
Cuantos otros puedan ser de utilidad para el trabajo social abierto a toda la población o a sectores de ésta, siempre que se haga en el seno de la comunidad y procurando la apertura e integración en la misma de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior.
SECCION SEGUNDA. DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCION ESPECIALIZADA
Art. 11. Se consideran servicios sociales de atención especializada los dirigidos a sectores de la población con problemáticas definidas que, por precisar de un tratamiento particular o técnicamente complejo, o de una prestación específica, no pueden resolverse desde los principios sociales de atención primaria.
Art. 12. 1. Los servicios sociales de atención especializada en el área de familia, infancia y juventud aquéllos que atienden a las necesidades sociales específicas de este sector de la población, desarrollando actuaciones y programas encaminados a la prevención y superación de las problemáticas derivadas de la desintegración familiar, así como la atención de los menores en situación de desventaja o inadaptación social.
2. Son equipamientos propios de estos servicios aquéllos que sirven de soporte para programas y tratamientos en instituciones especialmente orientados cara a la normalización, personalización e integración socio-familiar de sus beneficiarios, tales como guarderías infantiles, ludotecas, pretalleres, granjas-escuelas, residencias de menores, casas de familia, vivienda tuteladas, y aquellos otros orientados a los mismos fines.
Art. 13. 1. Son servicios sociales de atención especializada en el área de actuación de las minusvalías aquellos que procuran el tratamiento, rehabilitación e integración social de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, así como la prevención de las minusvalías.
Art. 14. 1. Son servicios sociales de atención especializada para la vejez, aquéllos orientados a la consecución del mayor nivel de bienestar posible a tercera edad, así como a alcanzar su autonomía e integración social.
Art. 15. 1. Son servicios sociales de atención especializada para la mujer aquellos que facilitan atención, acogida, información y asesoramiento a mujeres, al objeto de prever o dar respuesta a situaciones de emergencia, discriminación, maltrato o desamparo.
Art. 16. 1. Son servicios sociales de atencion especializada en el área de drogodependencia y alcoholismo aquéllos que se orientan específicamente al desarrollo de programas de prevención e inserción social de personas afectas por cualquier forma de toxicomanía.
3. Son programas propios de estos servicios los de información y prevención, ayuda y tratamiento en familia y cuantos otros se deriven de la actuación conjunta con otras administraciones pública en planes específicos.
Art. 17. 1. Son servicios sociales de atención especializada para las minorías étnicas aquéllos que procuran su bienestar y participación activa en la vida de la comunidad, respetando sus propios valores y pautas culturales.
Art. 18. 1. Son servicios sociales de atención especializada para la prevención de la delincuencia aquéllos que procuran la superación de situaciones que favorecen la aparición de conductas delictivas, así como la atención a la inserción social de los ex-internos.
2. Son equipamientos propios de estos servicios los Centros de acogida y orientación y cuantos otros de carácter especializado se determinen en la planificación de esta área de actuación.
Art. 19. Tendrán también la consideración de servicios sociales de atención especializada aquellos otros expresamente reconocidos que respondan de forma estable a situaciones carenciales de colectivos específicos, tales como marginados y transeúntes, refugiados y asilados afectados por situaciones catastróficas, emigrantes retornados y cuantos otros puedan considerarse necesarios de acuerdo con los estudios de necesidad social promovidos por la Administración autonómica.
Art. 20. Las competencias en materia de servicios sociales corresponderán a los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Comunidad Autónoma, así como, en su caso, a las demás Entidades previstas en el Estatuto de autonomía o citadas en esta ley.
Art. 21. 1. Corresponden a los Ayuntamientos, de conformidad con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las siguientes competencias:
Art. 22. Corresponden a las Diputaciones Provinciales las siguientes competencias:
2. Proporcionarles apoyo económico, técnico y jurídico a los Ayuntamientos para la implantación y funcionamiento de los servicios sociales de su competencia, especialmente a los de menos de 20.O00 habitantes y en aquellos casos en que, para la prestación de los mismos sea necesario recurrir a las asociaciones de municipios.
3. La creación y gestión de servicios sociales de atención especializada de ámbito supramunicpal o, en su caso, supracomarcal.
Art. 23. 1. La actuación de los entes locales en las áreas urbanas atenderá al criterio de proximidad, distribuyendo los servicios homogéneamente por los distintos distritos y barrios.
Art. 24. 1. Será responsabilidad de los entes locales detectar las necesidades en su ámbito territorial. A este fin confeccionarán estadísticas de las distintas áreas de actuación y pondrán sus datos a disposición de la Administración autonómica, al objeto de contribuir a la elaboración del Plan gallego de equipamientos y servicios sociales, todo ello sin perjuicio de las competencias del Instituto Gallego de Estadística, previstas en la Ley 9/1988, de 19 de julio.
Art. 25. En el ámbito local se promoverá la coordinación de los servicios sociales con aquellos otros que incidan en el bienestar, tales como los sanitarios, culturales, educativos y urbanísticos de las distintas administraciones pública en
Galicia y, en su caso, con los de la iniciativa privada, evitando en lo posible la duplicidad e infrautilización del equipamiento social.
Art. 26. Corresponde a la Administración autonómica las siguientes competencias:
Art. 27. 1. Los servicios sociales se prestarán por las administraciones públicas directamente o a través de las diversas modalidades de gestión de servicios públicos regulados en la normativa vigente sobre contratación administrativa y preferentemente por la de concierto.
Art. 28. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrán establecerse legalmente, por áreas de actuación, los Centros y servicios que necesariamente habrán de ser gestionados directamente por las Administraciones públicas.
Art. 29. Los Centros de servicios sociales propios de la Administración autonómica se crearán por Decreto, y será precisa orden de la Consejería competente para el inicio de sus actividades.
Art. 30. 1. Para la creación o construcción de Centros, así como para la modificación sustancial o el cese de actividades de los mismos y de los diversos programas de servicios sociales, será necesario, en todo caso, el cumplimiento de los requisitos generales y específicos que reglamentariamente se determinen, precisando además la correspondiente autorización administrativa previa o el permiso de inicio de la actividad de la Consejería competente, según se trate, respectivamente de Centros de titularidad privada o de la Administración Local, con independencia de las demás autorizaciones que pudiesen, en cada caso, exigirse.
Art. 31. Todas las Entidades públicas o privadas prestadoras de servicios sociales, habrán de comunicar previamente a la Administración autonómica los precios que perciban por la prestación de los citados servicios. la Xunta de Galicia podrá establecer, en caso necesario y por vía reglamentaria, las limitaciones que procedan a los mismos.
Art. 32. 1. Tendrá la cosideración de Entidad prestadora de servicios sociales toda persona física o jurídica, legalmente reconocida como tal, que sea titular de Centros o desarrolle programas de servicios sociales.
Art. 33. La Administración autonómica podrá concertar plazas en los Centros dependientes de la iniciativa privada, tanto social como lucrativa, sin que en ningún caso el precio convenido pueda superar el coste medio de las mismas en los Centros públicos en el área de actuación correspondiente.
Art. 34. 1. En el ingreso, permanencia y salida de los Centros prestadores de servicios sociales se respetará la propia voluntad del usuario o de su representante legal cuando se trate de menores de edad o mayores incapacitados. En este último caso será necesaria además la pertinente autorización judicial de acuerdo con el artículo 211 del Código civil.
Art. 35. Las personas ingresadas en los Centros de servicios sociales habrán de cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interior de los mismos, previsto en el artículo 38 de la presente ley, que habrá de respetar en todo caso los derechos y libertades constitucionalmente garantizados.
Art. 36. Todo usuario de los Centros y servicios a que hace referencia esta ley disfrutará de los siguientes derechos:
1. A acceder a los mismos y recibir asistencia sin discriminación por razón de sexo, raza, religión, ideología o cualqueir otra condición o circunstancia personal o social.
Art. 37. Son obligaciones del usuario:
Art. 38. Cada Centro prestador de servicios sociales redactará y someterá la aprobación administrativa de la Consejería competente en materia de servicios sociales un Reglamento de Régimen Interior, en el que se concretarán los derechos y deberes recogidos en los artículos anteriores.
Art. 39. Los usuarios de los distintos servicios y Centros podrán constituir asociaciones, que tendrán la consideración de Entidades de iniciativa social, a fin de favorecer su participación en la programación y en el desarrollo de actividades.
Art. 40. 1. El Consejo Gallego de Servicios Sociales es el órgano superior consultivo y de participación de la Comunidad Autónoma en el campo de los servicios sociales, y está adscrito a la Consejería competente en la materia.
Art. 41. Como órgano consultivo y de participación en materia de servicios sociales se crean, en el ámbito provincial, los Consejos Provinciales de Servicios Sociales, con análoga composición y funciones a lo dispuesto en el artículo anterior en relación con el Consejo Gallego de Servicios Sociales, en lo que resulte aplicable y según lo que reglamentariamente se determine.
Art. 42. 1. En el ámbito territorial de los municipios, agrupaciones o mancomunidades habrán de crearse, como órgano de asesoramiento y participación, los Consejos Locales de Servicios Sociales, en los que participarán representantes de las Entidades locales, centrales sindicales y asociaciones empresariales, Entidades sociales y vecinales.
Art. 43. 1. A los efectos de lo dispuesto en la presente ley, se entiende por voluntariado social el conjunto de personas agrupadas en organizaciones o Entidades que desarrollen un trabajo voluntario en el campo de los servicios sociales.
2. Tendrá la consideracion de trabajo voluntario aquella acción solidaria de carácter altruista a favor de la comunidad cuyo objeto es colaborar en la consecución de los fines expresados en el artículo 4. de la presente Ley.
4. La Adminsitración autonómica fomentará la creación de Entidades y organizaciones de voluntarios y podrá participar en la financiación de los costes de mantenimiento de las mismas.
Art. 44. Las actividades propias del voluntariado social podrán desarrollarse:
Art. 45. La Administración autonómica realizará las gestiones necesarias para que, al amparo de lo establecido en la Ley 48/1984, de 26 de diciembre, los objetores de conciencia puedan realizar el servicio social sustitutorio integrados en las Entidades de voluntariado de iniciativa social o en las organizaciones de las Entidades locales.
SECCION SEGUNDA. DE LAS ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE INICIATIVA SOCIAL
Art. 46. Las Entidades de voluntariado de inicitiva social habrán de disponer de una carta del voluntario en la que se recojan sus derechos y deberes y que habrá de incluir, como mínimo, los siguientes puntos:
SECCION TERCERA. DE LAS ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES DE GLICIA
Art. 47. Las Entidades locales podrán promover el voluntariado social mediante la creación de organizaciones de voluntarios para la concesión de los fines previstos en la presente Ley en su ámbito territorial o en otros municipios por acuerdo o asociación entre administraciones locales.
Art. 48. La relación entre los voluntarios integrados en las organizaciones municipales de voluntarios y la Administración local se regirá por la carta del voluntario establecida al efecto por la disposición adicional segunda de la presente Ley.
Art. 49. La Administración autonómica podrá establecer prestaciones y ayudas dirigidas a personas físicas y subvenciones a Entidades prestadoras de servicios sociales, sin perjuicio de las competencias que tengan atribuidas las entidades locales.
Art. 50. 1. Como complemento a los servicios sociales las administraciones públicas podrán conceder, en las condiciones que legal o reglamentariamente se establezcan, prestaciones y ayudas económicas a personas que se encuentren en estado de necesidad.
3. Las prestaciones ayudas, además de los requisitos objetivos y subjetivos que en cada caso procedan, podrán estar supeditadas a limitaciones presupuestarias cuando así se establezca en la respectiva normativa de regulación.
Art. 51. 1. Las prestaciones y ayudas periódicas estarán destinadas a personas o unidades de convivencia que se encuentren en una situación de marginación social y necesidad material de acuerdo con los baremos objetivos legal o reglamentariamente establecidos.
Art. 52. 1. Las prestaciones y ayudas no periódicas, que tendrán un carácter extraordinario y finalista, estarán orientadas a superar situaciones de necesidad.
Art. 53. La Administración autonómia establecerá líneas de subvenciones para las instituciones y entidades prestadoras de servicios sociales contempladas en la presente Ley.
Art. 54. Las convocatorias de subvenciones serán realizadas por la Consejería competente en materia de servicios sociales, teniendo en cuenta, en todo caso los principios de publicidad, objetividad y concurrencia.
Art. 55. La Administración autonómica podrá subvencionar la creación, modificación, equipamiento o adaptación a la normativa de acreditación de los centros de servicios sociales de las entidades locales, de las entidades de iniciativa social y de las entidades de iniciativa privada con ánimo de lucro, siempre que cumplan las siguientes condiciones:
Art. 56. La Administración autonómica podrá subvencionar a las entidades locales y a las entidades de iniciativa social para la prestación de los servicios sociales previstos en la presente ley, siempre que estén inscritas en el registro señalado en el artículo 32, 3 y cumplan los siguientes requisitos:
Art. 57. 1. Los tipos de subvenciones que podrán establecerse son los siguientes:
Art. 58. Las infracciones en materia de servicios sociales darán lugar a las sanciones administrativas correspondientes, que impondrán los órganos competentes de la Administración autonómica, previa instrucción del oportuno expediente y sin perjuicio de las responsabilidades civiles, laborales o de otro orden que pudiesen concurrir.
Art. 59. 1. La responsabilidad administrativa por las infracciones tipificadas en la presente ley se imputará a las personas físicas o jurídicas titulares de los distintos centros y servicios.
Art. 60. 1. Constituyen infracciones administrativas en materia de servicios sociales las acciones u omisiones de las personas responsables que sean contrarias a las obligaciones establecidas en la presente ley o a través de las disposiciones reglamentarias que la desarrollen, siempre que puedan subsumirse en alguno de los tipos establecidos en los artículos 61, 62 y 63 de la misma.
Art. 61. Son infracciones leves:
Art. 62. Son infracciones graves:
Art. 63. Son infracciones muy graves:
3. La prestación de servicios o actividades sociales tratando de ocultar o enmarcarar su verdadera naturaleza al objeto de eludir la aplicación de la legislación vigente en la materia.
Art. 64. Calificadas las infracciones como leves, graves o muy graves, las sanciones se impondrán en los grados mínimo, medio o máximo, atendiendo a riesgo generado o al daño o perjuicio causado, a la intencionalidad y al beneficio obtenido.
Art. 65. 1. Las infracciones se sancionarán de la forma siguiente:
Máxima: De 750.001 hasta 1.000.000 de pesetas.
2. En cualquier caso las sanciones graves y muy graves podrán conllevar como accesorias las siguientes:
Art. 66. Las infracciones cometidas y las sanciones impuestas por las mismas prescribirán al cabo de uno, tres o cinco años desde la fecha de su comisión o de su imposición respectivamente, según se hubiesen calificado como leves, graves o muy graves.
Art. 67. 1. La imposición de las sanciones reguladas en la presente ley se ajustará a lo dispuesto en el procedimiento sancionador regulado por la ley de procedimiento administrativo.
Art. 68. 1. La imposición de sanciones por comisión de faltas leves corresponderá a los delegados provinciales de la Consejería competente en la materia.
4. No obstante lo dispuesto en los puntos anteriores, cuando las sanciones conlleven el cierre temporal o definitivo del establecimiento, así como la inhabilita
ción para el desarrollo de funciones y actividades similares o para el ejercicio de cargos de carácter análogo, será competente el Consejo de la Xunta de Galicia.
Art. 69. Contra las resoluciones recaídas en los procedimientos sancionadores podrán interponerse los recursos administrativos y jurisdiccionales que legalmente procedan.
Art. 70. La Administración autonómica ejercerá sus facultades inspectoras sobre las entidades, centros y servicios contemplados en la presente ley a través de la Consejería competente en materia de servicios sociales, asignándose las correspondientes funciones a unidades administrativas que se crearán al efecto.
Art. 71. 1. Los titulares de las entidades, centros y servicios estarán obligados a permitir a la inspección el acceso a las instalaciones, facilitar la información, documentos, libros y demás datos que les sean requeridos, así como a prestar toda la colaboración precisa para la comprobación del cumplimiento de la normativa vigente.
Art. 72. Cuando en el transcurso de la actuación inspectora se aprecie la existencia de una situación de riesgo inminente o perjuicio grave para los usuarios podrá proponerse al órgano competente la adopción de las medidas cautelares oportunas durante el tiempo que persista el riesgo que las ha justificado.
Art. 73. Todas las entidades, centros y servicios serán inspeccionados periódicamente y siempre que se produzca una denuncia.
Art. 74. 1. La Comunidad Autónoma incluirá anualmente en la redacción de sus presupuestos las cantidades necesarias para hacer frente a los gastos derivados del ejercicio de las competencias que el artículo 26 de la presente ley atribuye a la Administración autonómica.
Art. 75. Las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes habrán de consignar en sus presupuestos partidas específicas, en cuantía suficiente para la creación, mantenimiento y desarrollo de los equipamientos, programas y servicios que les corresponden, de conformidad con lo establecido en la presente ley.
Art. 76. 1. Los Ayuntamientos de 20.000 habitantes o menos que opten por asociarse para la creación, mantenimiento y desarrollo de los equipamientos, programas y servicios habrán de consignar como mínimo un 4 por 100 de sus presupuestos para dicha finalidad.
Art. 77. Los Ayuntamientos de 20.000 habitantes o menos que opten por la creación, mantenimiento y desarrollo por sí mismos de los equipamientos, programas y servicios habrán de consignar como mínimo un 6 por 100 de los presupuestos para dicha finalidad.
Art. 78. La Comunidad Autónoma podrá participar en la financiación del mantenimiento y de la promoción de actividades básicas o innovadoras propias de las corporaciones locales, gozando de preferencia aquéllas que dediquen unos porcentajes superiores a los establecidos en los artículos 76 y 77 de la presente ley.
Art. 79. 1. Sin perjuicio de su tendencia a la gratuidad los usuarios de los servicios sociales participarán, en la medida de sus posibilidades económicas, en la financiación de las mismas de conformidad con los principios de solidaridad y redistribución. Reglamentariamente se establecerán los baremos objetivos para su efectividad, debiendo garantizar, en todo caso, la reserva a favor del usuario de las cantidades necesarias para atender a sus gastos personales.
Primera.-Se añade un nuevo apartado al artículo 25, 2, de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la Función Pública de Galicia, en la redacción dada al mismo por la Ley 4/1991, de 8 de marzo, quedando redactada de la siguiente forma:
<f) Los de prestación directa de servicios sociales y protección de menores.>
Segunda.-Carta del voluntario: Toda persona tendrá derecho a desarrollar un trabajo voluntario, acorde con sus aptitudes y capacidades, en el seno de las organizaciones locales de voluntarios, de conformidad con los siguientes principios, derechos y deberes:
Tercera.-Anualmente, a través de la ley de presupuestos, podrá actualizarse la cuantía de las multas señaladas en el artículo 65 de la presente ley.
Cuarta.-Por la ley anual de presupuestos de la Comunidad Autónoma podrán variarse los porcentajes obligatorios de financiación establecidos en los artículos 76 y 77 de la presente ley.
Quinta.-La Xunta de Galicia, a la mayor brevedad posible, deberá aprobar el plan gallego de equipamientos y servicios sociales señalado en el artículo 26 de la presente ley y dictar la demás normativa de desarrollo de la misma.
Sexta.-Los Ayuntamientos, en su planificación urbanística, habrán de reservar los espacios precisos para los equipamientos propios para la prestación de servicios sociales.
Séptima.-No obstante lo establecido en el artículo 21, la Administración autonómica se reserva los siguientes equipamientos:
3. El centro de atención especializada a minusválidos <Santiago Apóstol>.
Octava.-Las asociaciones de Ayuntamientos que se constituyan para la creación, mantenimiento y desarrollo de equipamientos, programas y servicios, de acuerdo con el Plan gallego de equipamientos y servicios sociales, habrán de acomodarse a la demarcación territorial que pueda establecer la Xunta de Galicia.
Novena.-Lo dispuesto en la presente ley se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la Ley 3/1991, de 14 de enero, de creación del Servicio Gallego de Promoción de la Igualdad del Hombre y la Mujer, y en la Ley gallega 9/1991, de 2 de octubre, de medidas básicas para la inserción social.
Décima.-Las cantidades aportadas por las entidades locales a la financiación del plan concertado serán computadas a efectos del porcentaje obligatorio mínimo establecido en los artículos 76 y 77 de la presente ley.
Undécima.-La prestación de los servicios regulados en la presente ley se realizará de conformidad con los acuerdos y convenios internacionales que afecten a dicha materia.
Primera.-1. De conformidad con las competencias atribuidas a las entidades locales en la presente ley se arbitrará reglamentariamente el procedimiento para la transferencia de los equipamientos, personal, medios materiales y dotación presupuestaria correspondientes a las mismas.
Segunda.-En tanto no se constituya el Consejo Gallego de Servicios Sociales, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, se desarrollarán las funciones atribuidas en el artículo 40, de conformidad con la composición establecida en el Decreto 31/1989, de 3 de febrero.
Tercera.-En las normas de desarrollo de la presente ley referentes a la acreditación de centros y servicios se establecerán los plazos máximos de adaptación a las mismas de los respectivos equipamientos.
Cuarta.-En tanto no se aprueba el plan gallego de equipamientos y servicios sociales, las entidades locales y demás entidades prestadoras de servicios sociales financiadas con fondos públicos habrán de someterse a las directrices de planificación emanadas de la Consejería competente en la materia para cada área de actuación.
Los artículos 2. y 3. del Decreto 258/1990, de 27 de abril, por el que se establece el régimen general de las ayudas y subvenciones que serán concedidas por la Consejería deTrabajo y Servicios Sociales en materia de servicios sociales.
Primera.-Se autoriza a la Xunta de Galicia a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y el desarrollo de esta ley.
Segunda.-La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el <Diario Oficial de Galicia>.
Santiago de Compostela, 14 de abril de 1993.
(Publicada en el <Diario Oficial de la Comunidad Autónoma de Galicia> número 76, de 23 de abril de 1993
Fecha de disposición: 14/04/1993
Fecha de entrada en vigor: 24/04/1993
Publicada en el DOG núm. 76, de 23 de abril de 1993.
Fecha de derogación: 18/03/2009
por Ley 13/2008, de 3 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-807).
la disposición adicional 1, por Decreto Legislativo 1/2008, de 13 de marzo (Ref. BOE-A-2008-11791).
SE MODIFICA el art. 65.1, por Ley 9/2003, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2004-1674).
SE DICTA EN RELACION, sobre el voluntariado: Ley 3/2000, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-1379).
Decreto 264/1988, de 7 de julio.
Orden de 24 de noviembre de 1988.
Decreto 31/1989, de 3 de febrero.
Decreto 131/1989, de 29 de junio.
arts. 2 y 3 del Decreto 258/1990, de 27 de abril.
Ley 3/1987, de 27 de mayo (Ref. BOE-A-1987-16955).
AÑADE un apartado al art. 25.2 de la Ley 4/1988, de 26 de mayo (Ref. BOE-A-1988-18280).
Ley 4/1991, de 8 de marzo (Ref. BOE-A-1991-10358).
Ley 3/1991, de 14 de enero (Ref. BOE-A-1991-5085).
Ley 9/1988, de 19 de julio (Ref. BOE-A-1988-22860).

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 55
 artículo 56
 artículo 25
 artículo 15
 artículo 13
 artículo 24

Artículo 1
 artículo 6
 artículo 211
 artículo 38
 artículo 4
 artículo 32
 artículo 26
 artículo 25
 artículo 65
 artículo 26
 artículo 21
 artículo 40