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Timestamp: 2018-11-17 08:39:55+00:00

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DERIVADAS DE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS
INHABILIDAD ELECTORAL POR CELEBRACIÓN DE CONTRATOS
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, CONSEJERO PONENTE: DARÍO QUIÑONES PINILLA. EXPEDIENTE 3522 DE 2005.- RADICACIÓN 150012331000200302969-01.- BOGOTÁ, D.C., DIECISIETE (17) DE FEBRERO DE DOS MIL CINCO (2005).- 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito ...” (negrillas fuera de texto).
De manera que, en términos de esa norma, para que se configure la causal de inhabilidad derivada de la celebración de contratos se requiere la demostración de cinco supuestos, así: i) La elección, esto es, que el demandado ha sido elegido concejal; ii) El objeto, es decir la existencia del contrato en cuya celebración el elegido hubiere intervenido bien en interés propio o en el de terceros; iii) La naturaleza del contrato, pues se debe probar que este se celebró con entidades públicas de cualquier nivel; i v) La fecha de su celebración a efectos de determinar si la misma tuvo ocurrencia dentro del año anterior a la elección; y v) El lugar, pues se exige que el contrato deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.
En relación con la existencia del contrato cabe precisar que esta Sala ha entendido por intervención en la celebración de contratos aquellas gestiones o actuaciones que indiquen una participación personal y activa en los actos conducentes a la celebración del mismo y permitan develar un claro interés sobre el particular. De esta manera, la intervención en la celebración de contratos comprende un concepto amplio que no solamente involucra a terceros que participan personal y activamente en las actividades precontractuales, sino también a las partes del contrato, en donde la participación personal se entiende directa.
Ahora, respecto del cuarto de los supuestos antes mencionados, relativo a la fecha de celebración del contrato, igualmente son pertinentes algunas aclaraciones. Ocurre que la norma está referida a la fecha de la inscripción y de la celebración del contrato, toda vez que solamente se configura la inhabilidad cuando entre los dos momentos jurídicos no hubiera transcurrido un término igual o inferior a un año. Eso muestra, entonces, que si bien es cierto la nulidad del acto administrativo que declaró la elección de un concejal puede originarse por irregularidades en la elección o en la inscripción como candidato, no lo es menos que la inhabilidad objeto de estudio parte de la comparación de esas dos fechas claramente determinadas.
En efecto, aunque el encabezamiento de la norma dispone que “No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital” —aspecto general aplicable a las inhabilidades de concejales—, lo cierto es que la causal de inhabilidad objeto de estudio es clara en señalar el período inhabilitante a partir de la elección, pues dispone: “quien dentro del año anterior a la elección”. Dicho de otro modo, si un candidato se inscribe para aspirar al cargo de concejal y dentro del año anterior a la fecha en que se llevará a cabo la elección ha celebrado un contrato en las condiciones señaladas en la norma, resulta claro que se encuentra inhabilitado para ser elegido concejal.
De hecho, cuando una persona se inscribe para aspirar a un cargo de elección popular no solo tiene claridad de la fecha exacta en la que se efectuará la elección, sino también de si celebró contratos con entidades públicas de cualquier nivel que deban ejecutarse en la respectiva circunscripción electoral. Precisamente por ello, la norma objeto de estudio es diáfana en señalar que la inhabilidad debe contabilizarse dentro del año anterior a la elección. Entonces, si dentro del año anterior a la fecha de la e lección una persona ha celebrado contrato en los términos señalados en el artículo 43, numeral 3°, de la Ley 136 de 1994, con la modificación que a esa norma introdujo el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, no debe inscribirse como candidato a concejal, pues si lo hace y resulta elegido como tal incurre en inhabilidad. Pero no es la fecha de la inscripción la que resulta relevante para determinar el término inhabilitante, pues este, como ya se anotó, está dado por la fecha de la elección.
En síntesis, el período inhabilitante en la causal de celebración de contratos objeto de estudio está limitado al año anterior a la elección y no a la inscripción del candidato ni a la ejecución del contrato.
INHABILIDAD ELECTORAL
CONTRATOS CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
BIENES Y SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LOS CIUDADANOS
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, CONSEJERA PONENTE: MARÍA NOHEMÍ HERNÁNDEZ PINZÓN. BOGOTÁ, D.C., NUEVE (9) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CUATRO (2004). RADICACIÓN INTERNA 3452 DE 2004, RADICACIÓN 850012331000200301200 01.- Entiende la Sala, según el planteamiento del censor, que el convenio celebrado entre el presidente de la junta de acción comunal de la vereda Fronteras y la alcaldía de Maní inhabilitaba a aquel para la elección al cargo de concejal al cual se postuló y resultó ganador.
En síntesis, las excepciones a las inhabilidades son dos: la celebración de contratos mediante los cuales la administración ofrece, en igualdad de condiciones, a todos las personas, determinados bienes o servicios, y la celebración de contratos en representación de entidades públicas, siempre y cuando que el empleado que ejerce la representación legal no sea ordenador del gasto de la misma. (…)
- Del caso concreto… a) Está demostrado en el proceso que en los comicios realizados el 26 de octubre de 2003, el señor XXX fue elegido concejal del municipio de Maní (Casanare), para el período 2004-2007, elección que fue declarada mediante el acto administrativo impugnado, y b) Se encuentra probado así mismo que durante el año anterior a la elección el demandado, en representación de la Junta de Acción Comunal de la vereda Fronteras del municipio de Maní (Casanare) celebró con la administración del mismo municipio un convenio cuyo objeto fue “la transferencia de recursos a la J.A.C. de la vereda Fronteras para el suministro mensual de víveres para el Restaurante Escolar de la vereda Fronteras del municipio de Maní, hasta por un monto de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($ 2.625.000)”, a través del cual la Junta de Acción Comunal se obligó, entre otras, suministrar mensualmente conforme al listado especificado por el Consejo Directivo del Plantel Educativo de Fronteras, los víveres para el funcionamiento del Restaurante Escolar''. Se trata, entonces, de un contrato estatal…
Si el contrato celebrado tuvo por finalidad transferir unos recursos públicos para comprar víveres destinados al funcionamiento de un restaurante escolar, evidentemente, no se trata de contrato celebrado por el hoy concejal para usar bienes y servicios que las entidades estatales ofrecen en condiciones comunes a quienes los soliciten, como se trataría de los servicios públicos domiciliarios, no; el contrato tuvo como objeto la transferencia de unos recursos del municipio a la junta de acción comunal para que ésta a su vez suministrara las provisiones necesarias para el restaurante escolar de la vereda Fronteras del municipio de Maní.
En efecto, averiguando por la naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal se tiene que de ninguna manera se avienen al carácter de entidades públicas…
…evocando a su vez otra sentencia relacionada con un asilo de ancianos. Dijo entonces la Sala y hoy lo reitera: “Vale precisar, sin embargo, como hubo de explicar la Sala en sentencia de 11 de septiembre de 1995, que el numeral 5° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 debía entenderse restrictivamente, en el sentido de que no se refiere a contratos que se celebren para usar de los bienes y servicios que las entidades estatales ofrecen en condiciones comunes a quienes los soliciten, sino solo a aquellos de los que los candidatos podrían derivar ventaja, de cualquier orden (Exp. 1361).
“Pero este, obviamente, no es el caso, pues no se trata de usar de bienes y servicios ofrecidos al público en condiciones comunes a quienes los soliciten, además de que se trata de un contrato del que habría podido obtener ventaja quien lo celebró, frente a sus contendores, en las elecciones, y no precisamente pecuniarias”.
Y es claro que la celebración del contrato pudo derivar ventajas de carácter electoral a favor del alcalde elegido, pues, sin lugar a dudas, al cumplir el objeto del mismo, en cuanto implicó el desarrollo de una actividad altruista en beneficio de personas de la tercera edad, carentes de recursos económicos, creó una imagen favorable hacia los electores qua coloca al contratista y candidato en una situación de ventaja frente a los demás candidatos. Y esa ventaja la deriva de la celebración de un contrato con recursos públicos de una entidad del Estado que debe actuar con imparcialidad en los procesos de elección popular.
No se desconoce, pues, la actividad noble, altruista que implica la celebración de un contrato como el celebrado por el señor XX. Pero ello no descarta la inhabilidad, pues para que ésta no se hubiera configurado se requería que entre la celebración del contrato y la fecha de la inscripción de la candidatura hubiera transcurrido el término que el legislador consideró razonable a fin de evitar las influencias nocivas de la contratación en el proceso electoral y que, eventualmente, incida en las funciones del alcalde elegido.
En suma, en el subjudice, se colige que la celebración del contrato por parte del demandado representando a la junta de acción comunal tantas veces mencionada, conlleva ventajas electorales a favor del concejal elegido, pues, sin lugar a dudas, al cumplir el objeto del mismo —el suministro mensual de víveres para el restaurante escolar de una de las veredas del municipio donde resultó elegido concejal el demandado—, colocó a la junta y mayormente a su presidente, en el pináculo de la eficiencia de la gestión comunitaria y aun en la de órgano redentor de una necesidad sentida por la comunidad.
Se colocó así el candidato elegido, en una situación privilegiada frente a otros candidatos que no contaron con la misma posibilidad, la posibilidad de, a través de un contrato recibir dineros públicos para satisfacer una necesidad de la comunidad creando una imagen favorable y ventajosa hacia los electores en desmedro de los demás candidatos, ventaja derivada, nada menos que de la utilización de recursos públicos oficiales. Era deber del presidente de la referida junta de acción comunal, para no incurrir en la inhabilidad que se le atribuye, abstenerse de postular su nombre para la contienda electoral, por lo menos durante el término prohibitivo que señala la norma contrariada por su proceder.
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA CONSEJERO PONENTE: DARÍO QUIÑONES PINILLA. EXPEDIENTE 4148 DE 2007. RADICACIÓN 680012315000200400436-02, BOGOTÁ, D.C., PRIMERO (1°) DE MARZO DE DOS MIL SIETE (2007). II. Consideraciones: (…) En este caso, en ejercicio de la acción de la nulidad de carácter electoral, el señor Joaquín Alberto Neira promovió demanda para obtener la nulidad parcial del numeral sexto del Acta 002 del 10 de enero de 2004 del concejo del municipio de Barichara, en cuanto contiene el acto que declaró la elección de la señora Marleny Gómez Patiño como personera del municipio de Barichara para el periodo 2004 a 2007.
En criterio del demandante, la señora Marleny Gómez Patiño se encontraba inhabilitada para ser elegida personera del municipio de Barichara para el periodo 2004 a 2007, al tenor de lo dispuesto en el literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, por cuanto, según plantea, dentro del año anterior a la elección, celebró contrato en interés propio con la Corporación Autónoma Regional de Santander, entidad que ejerce jurisdicción en todos los municipios del departamento de Santander, entre ellos, Barichara .
Esta Sala ha entendido por intervención en la celebración de contratos aquellas gestiones o actuaciones que indiquen una participación personal y activa en los actos conducentes a la celebración del mismo y permitan develar un claro interés sobre el particular(6). De esta manera, la intervención en la celebración de contratos comprende un concepto amplio que no solamente involucra a terceros que participan personal y activamente en las actividades precontractuales, sino también a las partes del contrato, en donde la participación personal se entiende directa(7).
Una interpretación ideológica de la disposición transcrita muestra que ella pretende evitar que se otorguen ventajas y prerrogativas a los candidatos que, dentro de cierto término, hubiesen intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas, a fin de que no se fragmenten los principios de transparencia e igualdad de acceso a los cargos de elección popular.
En todo caso, es pertinente aclarar que, a pesar de que las inhabilidades constitucionales o legales para ser elegido limitan el derecho a la participación política y a ser elegido, consagrado en el artículo 40 de la Carta Política, en cuanto tienen la finalidad de proteger la imparcialidad y moralidad de la administración pública y la de evitar que se otorguen ventajas a los candidatos a elecciones populares derivadas de la actividad de aquella, lo cierto es que la constatación de esa ventaja o de su utilización no constituye requisito que deba cumplirse para entender configurada la causal de inelegibilidad, al menos la que es objeto de estudio.
Ciertamente, para entender configurada la inhabilidad que se analiza basta que hubiera existido para el entonces candidato la posibilidad de aprovechar esa ventaja y ello se demuestra al verificarse en el caso concreto el supuesto de hecho del cual se deriva tal ventaja y que, por esa razón, fue señalado en la ley como causal de inhabilidad. Y, en similar sentido, la trascendencia del provecho generado tampoco es aspecto que deba evaluar el juez en el caso concreto, pues es evidente que al legislador le cor responde el análisis de la gravedad de la conducta que objetivamente reprocha a través de la norma prohibitiva.
Ahora bien, la simple lectura de la norma transcrita muestra que para que se configure la causal de inhabilidad por intervención en la celebración de contratos es necesario demostrar los siguientes supuestos: i) la elección, esto es, que el demandado ha sido elegido personero; ii) el objeto, es decir, que existe un contrato en cuya celebración el elegido hubiere intervenido, ya sea en interés propio o en interés de terceros; iii) la naturaleza del contrato, puesto que se debe probar que este se celebró con entidades públicas o con entidades u organismos del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo; iv) el tiempo en que fue celebrado, es decir, que el contrato se haya celebrado dentro del año anterior a la elección; y v) el lugar, pues se exige que el contrato deba ejecutarse o cumplirse en el mismo municipio donde resultó electo el demandado.
5. Lugar de ejecución o cumplimiento del contrato
En criterio del apoderado de la demandada, para entender configurada la inhabilidad alegada no es suficiente demostrar que el contrato celebrado con la entidad pública se hubiera podido ejecutar o cumplir en el respectivo municipio. A su juicio, es necesario probar que, efectivamente, en ese preciso lugar se ejecutó o cumplió el contrato.
Lo anterior, por cuanto, según plantea ese apoderado, si bien es cierto que una de las cláusulas del contrato en cuestión previó la posibilidad de que las obligaciones fueran cumplidas en todos los municipios donde ejerce jurisdicción la Corporación Autónoma Regional de Santander, ocurre que la demandada cumplió sus deberes en el municipio de San Gil, exclusivamente.
Al respecto, sea lo primero recordar que, de acuerdo con su tenor literal, la inhabilidad alegada exige que el contrato en cuestión “deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”, lo que, a primera vista, supone que el contrato que configura la inhabilidad es aquel celebrado para ser ejecutado en el municipio correspondiente, con independencia del lugar en que, efectivamente, se ejecute o cumpla la prestación debida.
Bajo ese entendido, es evidente que la mencionada exigencia no resulta problemática en aquellos eventos en que el lugar pactado como de ejecución del contrato coincide con aquel en que efectivamente tiene lugar el cumplimiento de las obligaciones contractuales; hipótesis que, como es obvio, corresponde a la situación en que normalmente se debe desarrollar cualquier relación contractual.
Precisamente, esa coincidencia justifica que, en la mayoría de los casos, el presupuesto territorial de la inhabilidad por intervención en la celebración de contratos se tenga por demostrado al encontrarse probado que el contrato en cuestión se ejecutó o cumplió en la respectiva circunscripción electoral.
En efecto, dada la posibilidad de presumir la coincidencia anotada, esto es, presumir que el lugar en donde se cumplieron las obligaciones contractuales es el mismo que se pactó para ese fin, es igualmente posible aceptar que, en la mayoría de los casos, la prueba del lugar en donde efectivamente se ejecutó el contrato sirva para tener por demostrado el lugar convenido para ello.
No obstante, no en todos los casos es de recibo tal presunción, sino únicamente en aquellos en que no se discute la coincidencia de lugares anotada. De manera que, a falta de discusión en ese sentido, será posible presumir que el lugar donde se cumplieron las prestaciones corresponde al lugar convenido para ello y, por tanto, en aplicación de esa presunción la demostración del lugar de efectiva ejecución del contrato implicará siempre la comprobación del lugar pactado para ello.
Contrario sensu, cuando en el debate se alega que el lugar en donde efectivamente se cumplieron las obligaciones contractuales no corresponde al pactado para ese fin, no surge la anotada presunción de coincidencia y, por tanto, no será válido sostener que la prueba de un lugar implique la prueba del otro.
Así las cosas, es necesario precisar el alcance del presupuesto territorial de la causal de inhabilidad que se analiza, en aquellos eventos en que no sea posible presumir que el lugar en donde efectivamente se cumplieron las obligaciones contractuales corresponde al pactado para ese fin.
Tal precisión se considera pertinente para la resolución de este caso, como quiera que, según se precisó al comienzo de estas consideraciones, la defensa argumenta que la ejecución del contrato con fundamento en el cual se alega la inhabilidad tuvo lugar en un único municipio de los muchos que se pactaron como lugares para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Al respecto, conviene destacar que el estudio requerido no es asunto nuevo en la jurisprudencia de esta sección. De hecho, en las escasas ocasiones en que se ha presentado el dilema anotado, esto es, la falta de coincidencia entre el lugar en donde efectivamente se cumplieron las obligaciones contractuales y el lugar pactado para ello, esta sección ha considerado que el contrato que configura la inhabilidad es aquel celebrado para ser ejecutado en el municipio correspondiente a la elección, con independencia del lugar en que, efectivamente, se ejecute o cumpla la prestación debida.
Así surge de los siguientes precedentes jurisprudenciales:
a) Sentencia del 24 de junio de 1999, Expediente 2227
Mediante la citada providencia, esta sección confirmó la decisión de nulidad del acto de declaratoria de elección de un personero, luego de encontrar demostrado que, dentro del año anterior a su elección como tal, suscribió con una determinada entidad pública un contrato que debía ejecutarse, entre otros, en el municipio para el cual fue posteriormente elegido. Y se llegó a tal conclusión, a pesar de haberse probado por la defensa que, con posterioridad a la suscripción del contrato, el municipio donde resu ltó elegido el demandado fue expresamente excluido de los lugares de ejecución del contrato.
Consideró esta sección que el presupuesto territorial de la inhabilidad prevista en el literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 “requiere que el contrato se celebre para ser ejecutado en el municipio donde resulte el elegido el demandado” (resalta la Sala), sin que sea relevante, por tanto, la diferencia que surja respecto del lugar en donde efectivamente tuvo lugar la ejecución o el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
En efecto, en esa oportunidad se precisó que “La inhabilidad alegada se configura, de acuerdo al texto legal y a la doctrina acogida por esta sección, en el momento de la celebración del contrato, que en este caso es el 16 de mayo de 1997, el cual debía ejecutarse en el municipio de Caparrapí entre otros, y como la elección se realizó el 9 de enero de 1998, es decir, durante el año anterior, es claro que el acto impugnado está viciado de nulidad, por configurarse la prevista en el artículo 174-g de la Ley 1 36 de 1994. El hecho de que con posterioridad al inicio de la ejecución del contrato se haya cambiado parcialmente el objeto contractual, resulta inocuo para los efectos de la inhabilidad analizada”.
b) Sentencia del 3 de mayo de 2002, Expediente 2848
En armonía con la tesis expuesta, en este posterior pronunciamiento la sección precisó que, para entender satisfecho el presupuesto territorial de la causal de inhabilidad prevista en el literal g) del artículo 174 de la Ley 146 de 1994, es suficiente demostrar que el contrato celebrado es de aquellos que “debían cumplirse o ejecutarse en el respectivo municipio”, sin que importe el hecho de que, en realidad, las obligaciones contractuales nunca se cumplieron o ejecutaron en el lugar de la elección.
En esa ocasión, luego de señalar que el demandado había alegado en su defensa que determinadas obligaciones contractuales no se ejecutaron en el municipio para el cual fue elegido personero, esta sección respondió que “otras prestaciones (...) debían cumplirse o ejecutarse en el respectivo municipio, lo cual, según el literal g del artículo 174 de la Ley 146 de 1994, es bastante para que la elegida se encontrara inhabilitada, aun cuando, de hecho, nunca, por cualquier causa, las hubiera cumplido. Basta, se repite, como resulta patente, que debieran cumplirse o ejecutarse en el respectivo municipio” (resalta la Sala).
c) Sentencia del 12 de junio de 2003, Expediente 3099
En este fallo la Sección concluyó en la nulidad de la elección de un alcalde, luego de encontrar probada la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 (modif. por L. 617/2000, art. 37), cuyos términos, en lo pertinente al presupuesto territorial que se analiza, son los mismos de la causal de inhabilidad de personero invocada en este caso.
Allí se sostuvo que el hecho de que el demandado no haya ejecutado el contrato en el municipio para el cual resultó posteriormente elegido, sino en otros, no constituye una circunstancia con la entidad suficiente para desvirtuar el presupuesto territorial de la causal de inhabilidad alegada en ese caso.
Esta sección dijo en esa oportunidad que “la declaración rendida por el señor (...) que sirvió al tribunal para concluir que el señor (...) no tuvo ingerencia en el desarrollo del censo en la circunscripción municipal de Morales, no tiene la entidad para desvirtuar el hecho comprobado de que el contrato por él celebrado tenía por objeto la coordinación del primer censo económico en la zona de desarrollo económico del Magdalena Medio Bolivarense, que incluye el citado municipio, como se desprende del texto m ismo del citado contrato”.
d) Sentencia del 6 de julio de 2004, Expediente 3403
Mediante la citada sentencia esta sección tuvo oportunidad de precisar el presupuesto territorial de la causal de inhabilidad de alcalde prevista en el numeral 3° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 (modif. por L. 617/2000, art. 37), cuyos términos son los mismos de la causal de inhabilidad de personero invocada en este caso.
Señaló, así que, tal presupuesto exige que “ese contrato se haya ejecutado, se ejecute o deba ejecutarse o cumplirse en el municipio para el cual sea elegido o designado alcalde”.
e) Sentencia del 18 de febrero de 2005, Expediente 3412
En época más reciente, al resolver una controversia similar, esta sección reiteró la naturaleza limitada del alcance del presupuesto territorial que se analiza, pues el análisis probatorio allí efectuado no se encaminó a la verificación del lugar en el cual, efectivamente, se ejecutó el contrato, sino del lugar pactado para tal ejecución.
En tal ocasión dijo la Sala que “la apelante impugna la providencia alegando que no es evidente que el contrato celebrado con (...) debía ejecutarse en el Municipio de Riohacha, pero ello se deduce sin dubitaciones de la simple lectura de la cláusula segunda del contrato en que se señalan las obligaciones de la contratista (...) siendo la sede de la entidad contratante la ciudad de Riohacha, es evidente que la asesoría en asuntos jurídicos a que se comprometió la contratista necesariamente se realizaría en su sede. Se advierte sin embargo que lo anterior no excluye que el ámbito de ejecución del contrato hubiera tenido una cobertura más allá del municipio de Riohacha, si bien esa circunstancia no incide en los elementos que constituyen la inhabilidad que el tribunal encontró probada”.
Esa orientación en el análisis probatorio (lugar pactado para la ejecución del contrato) se reiteró en las siguientes providencias:
En la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2005, en el Expediente 3518, así:
“Con fundamento en los documentos aludidos, se halla demostrado que la elegida celebró contrato de prestación de servicios con el Municipio de Turbaco, el cual debía ejecutarse en dicha localidad, tal como quedó pactado en la cláusula décimo segunda de dicho contrato”.
Y, en la sentencia del 17 de noviembre de 2005, Expediente 3713:
“d) El sitio de ejecución del contrato en referencia, comprende entre otros, el mismo municipio para el cual fue elegido Concejal el demandado, tal como expresamente allí se consignó, pues se determinó con claridad que el suministro de personal temporal, que constituía el objeto del contrato, lo era para los Oficinas de Tunja, Duitama y Sogamoso.
La anterior conclusión, encuentra también pleno respaldo probatorio en el memorando N° 62020-279, que contiene la solicitud para que se celebre el contrato antes aludido, y en el que se consignó que la empresa contratante requiere de personal para la oficina de Duitama; precisándose lo siguiente:”Tres revisores, un digitador, un supervisor y un vehículo”, al igual que fija el valor del contrato por el servicio prestado, elementos estos que coinciden con la orden de servicios N° 00180, y que permiten colegir sin dubitación alguna, que dicho contrato se debía ejecutar, entre otras localidades, en el municipio de Duitama”.
Así las cosas, para efectos de entender configurado el presupuesto territorial de la causal de inhabilidad prevista en el literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, en aquellos eventos en que no sea posible presumir que el lugar en donde efectivamente se ejecutó el contrato corresponde al previsto para ello, será suficiente comprobar que el lugar convenido por las partes para la ejecución de las obligaciones contractuales es el municipio para el cual se hizo la elección.
En otras palabras, en aquellos casos en que no pueda asegurarse que el lugar previsto para la ejecución del contrato y aquel en donde efectivamente tuvo lugar esa ejecución son uno solo, será suficiente, para concluir en la demostración del presupuesto territorial que se analiza (contrato que “deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”), probar que el contrato se pactó con la finalidad de ser ejecutado en el municipio para el cual fue elegido el demandado, sin que importe el hecho de que la rea lidad demuestre que las obligaciones contractuales se cumplieron en lugar distinto o que, simplemente, no se cumplieron.
Con todo, se aclara que la tesis que en esta providencia se reitera no pretende, en modo alguno, desconocer la validez de la orientación con que suele hacerse la verificación del presupuesto territorial de la causal de inhabilidad por celebración de contratos.
En efecto, en la mayoría de los casos resueltos por la jurisprudencia de esta sección en que se alega la inhabilidad por celebración de contratos es frecuente encontrar que el presupuesto territorial de la misma se tiene por demostrado al encontrarse probado que el contrato en cuestión, efectivamente, se ejecutó o cumplió en la respectiva circunscripción electoral. Sin duda, ese criterio es y sigue siendo válido para la gran mayoría de casos, pues es de excepcional ocurrencia el dilema analizado, esto es, l a falta de coincidencia entre el lugar en donde se ejecutó el contrato y el lugar convenido para ello.
(…) Ahora bien, no hay duda de que las pruebas oportunamente aportadas al proceso dan cuenta de que el Contrato de prestación de servicios 00136-03 se celebró para ser ejecutado, entre otros, en el municipio de Barichara, esto es, se celebró para ser ejecutado, entre otros, en el municipio donde resultó elegida la demandada.
Y, como quiera que tal exigencia se entiende con independencia del lugar en que, efectivamente, se ejecutó o cumplió la prestación debida, no es del caso detenerse en la verificación del planteamiento de la defensa, según el cual, a pesar de la mencionada cláusula contractual, la demandada no prestó el servicio contratado en el municipio para el cual fue elegida.
En todo caso, no puede dejarse de lado que, en atención a los términos con que fue redactado el objeto del contrato en cuestión, los servicios cuya prestación estaba a cargo de la demandada, es decir, “sustanciar los expedientes que por vinculación a las normas sobre protección de los recursos naturales renovables y para la renovación o prórroga de los permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento forestal, le corresponde conocer a la Oficina de Control” y “proyectar los respectivos actos administrativos q ue se expidan dentro de los citados trámites”, son actividades que, aunque pudieran cumplirse, exclusivamente, en la sede principal de la entidad pública contratante, están llamadas a producir efectos en toda el área de jurisdicción de esa entidad, pues ninguna restricción en ese sentido se pactó en el contrato, v. gr., que la contratista solo se obligara a la sustanciación de los expedientes correspondientes a situaciones del municipio de San Gil.
Lo anterior es suficiente para encontrar probado el presupuesto territorial de la causal de inhabilidad prevista en el literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, en cuanto exige que el contrato en cuestión “deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”.
En esta forma, establecido que, dentro del año anterior a su elección, la señora Marleny Gómez Patiño celebró con una entidad pública un contrato que debía ser ejecutado o cumplido en el municipio para el cual fue elegida, para la Sala es claro que se encuentran demostrados todos los supuestos de hecho necesarios para que se configure respecto de ella la causal de inhabilidad de que trata el literal g) del 174 de la Ley 136 de 1994.

References: artículo 43
 artículo 40
 artículo 95
 artículo 174
 artículo 40
 resolución 
 artículo 174
 artículo 174
 artículo 174
 artículo 174
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 174
 artículo 174