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PARAR LOS DESAHUCIOS Y NO PAGAR LAS TASAS (19.12.2012) | Ignacio Trillo
PARAR LOS DESAHUCIOS Y NO PAGAR LAS TASAS (19.12.2012) Posted on diciembre 21, 2012
PARAR LOS DESAHUCIOS Y NO PAGAR LAS TASAS O PEDIR SU DEVOLUCIÓN
Gallardón: Fin a la justicia universal y gratuita
El goteo de muertes diarias como consecuencia de los desahucios, o el pago de las tasas judiciales que ha entrado en vigor el pasado lunes, contraviniendo ambos hechos principios constitucionales presentes en la Carta Magna, se pueden evitar utilizando para ello los propios instrumentos del Estado de Derecho. Acompaño los modelos a presentar en las instancias que se indican para hacerlo posible:
1.- PARAR LOS DESAHUCIOS.
La película que cada día se repite.
En pocos días, han tenido lugar dos suicidios en Málaga a sumar a los que ya han sucedido como consecuencia de los procedimientos de desahucios puestos en marcha por las entidades financieras. En Málaga capital, ha afectado a una vecina de la urbanización de Los Corazones. El segundo caso, se ha dado en el pueblo de Ardales. Se hace necesario, no voy a hablar de humanizar a la banca, independientemente que se aborden otros frentes, visto la sensibilidad existente en el mundo de la adjudicatura sobre esta dramática situación, instar a la suspensión judicial de la actuación del desahucio:
Modelo para suspender la ejecución de un desahucio
AL JUZGADO 1ª INSTANCIA Nº…….. DE …………..
Solidaridad con las víctimas de los desahucios
37.000 millones € últimas ayudas para rescatar la Banca. Para la ciudadanía no hay rescates, sólo recortes y desahucios
De hipotecas para toda una vida, a desahucios en un día
La vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en las ejecuciones hipotecarias masivas llevadas a cabo por las entidades financieras también vulnera el derecho de las personas a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE). Se trata de un derecho humano consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por España y que forma parte del ordenamiento interno español (art. 96.1 CE), y que en su art. 11.1 establece que los Estados se comprometen a tomar las medidas necesarias para realizar “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso (…) vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados
Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.”
Interrelación entre recortes y anorexia
Las referidas ejecuciones hipotecarias masivas en el actual entorno de crisis económica-financiera y con alta tasa de desempleo que imposibilita a las personas costear la financiación de sus viviendas, conllevan a la práctica de desalojos forzosos, con igual carácter masivo, incompatibles con las normas del PIDESC y su realización conculca gravemente otros derechos fundamentales como “violaciones de derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y el hogar, y el derecho a disfrutar en paz de los bienes propios”, según indica en su Observación General n° 7 el Comité de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, que constituye el intérprete autorizado del Pacto homónimo en el plano internacional y cuya interpretación debe ser tenida en cuenta ya que comprende las “condiciones de vigencia” de este instrumento. La referida Observación general expresa que “el término “desalojos forzosos” se define como “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”
Según el Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada, Raquel Rolnik (Naciones Unidas A/67/286 Asamblea General) de fecha 10 de agosto de 2012 “en España se han ejecutado más de 350.000 hipotecas desde 2007, y en 2011 tuvieron lugar aproximadamente 212 ejecuciones y 159 desalojos al día. La crisis ha afectado desproporcionadamente a los más pobres y vulnerables, que fueron los últimos en ingresar en los mercados hipotecarios y los primeros en sufrir las consecuencias de las crisis en razón de su escasa resiliencia a las conmociones económicas y su poca capacidad de pago. Algunas investigaciones recientes indican que la mayor parte (el 70%) de los impagos registrados en España guarda relación con la crisis del empleo y que el 35% de las propiedades ejecutadas pertenecen a migrantes.”.
¿Quién es el atracador en esta crisis?
La hipoteca que se ejecuta fue otorgada a una persona física para la adquisición de una vivienda por lo que goza de la condición de consumidor según establece el Art. 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante ROL 1/2007).
El grifo abierto para los mercaderes, sólo una gota de miseria para la atención a la ciudadanía. De la lectura del artículo 51 en relación con el 53.3 CE se concluye que la defensa de los consumidores y usuarios ha de considerarse un principio general informador del ordenamiento jurídico en un doble sentido: por una parte, obligando al legislador a adoptar las medidas normativas precisas y, por otra, atribuyendo a los órganos encargados de aplicarlas el deber de interpretar las normas en un sentido favorable a los legítimos intereses de los mismos. Y este principio se ve reforzado cuando los derechos del consumidor guardan relación directa con un bien o servicio de uso común, ordinario y generalizado, como es el caso de los préstamos con garantía hipotecaria y más cuando son otorgados con la garantía de la vivienda familiar. La defensa de los consumidores y usuarios es, en consecuencia, una de las exigencias que derivan del componente social de nuestro Estado de Derecho que, en palabras del Tribunal Constitucional en STC 123/1992, de 28 de septiembre, cuya tendencia siguen otras Sentencias del Tribunal Constitucional 98/1993 y 177/1993 “…significa una acción tuitiva del más débil o desvalido cuando surge un conflicto en el cual la prepotencia del contrario le haría ser siempre el perdedor, para conseguir así la igualdad real o efectiva de individuos y grupos, a la cual encamina el artículo 9 de la Constitución y, con ella, la justicia.”
La regulación actual del procedimiento de ejecución hipotecaria español ha sido objeto de numerosas críticas desde múltiples sectores jurídicos principalmente dada la indefensión en la que sitúa al ejecutado. Los derechos humanos significan lo mismo para las distintas poblaciones y condición como también debiera ser así para el capital financiero
El Gobierno ha actuado para salvar a la banca y a los suyos, pero no a la ciudadanía
El carácter insaciable de algunos que ya ni disimulan a costa de los demás y burlando a la justicia por su lentitud.
Y mientras ello no se permita y tenga su reflejo legal expreso, dado el perjuicio irreparable que puede causarse al ejecutado, o bien el procedimiento debe quedar suspendido o bien SSª debe de admitir de oficio la nulidad de las presentes actuaciones, retrotraerlas a la admisión de la demanda, apreciar si existen o no clausulas abusivas y darme la posibilidad de poder plantear oposición .
En este punto, es preciso recordar que el Tribunal Constitucional en su Declaración del Pleno del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre de 2004, reafirmó la primacía del Derecho comunitario sobre Derecho interno entre el que se encuentra el texto constitucional estableciendo que eiteramos el reconocimiento de esa primac a de las normas del rdenamiento comunitario, originario y derivado, sobre el interno, y su efecto directo para los ciudadanos.
Las dos varas de medir y de recortar
Cartel de Facua sobre Bankia que motivó la amenaza del PP de retirarle las subvenciones
Pues bien, es justamente la concurrencia en el presente caso de una circunstancia de urgencia excepcional […] por la que, en aplicación de previsto en el art. 56.3 LOTC, se acordó la inmediata suspensión cautelar de la providencia de 29 de noviembre de 2010, del Auto de 20 de octubre de 2010 y de la providencia de 27 de enero de 2011 del u gado de rimera nstancia n m. 7 de adrid, en procedimiento de diligencias preliminares n m. 1711-2010. En efecto, la ejecución de las referidas resoluciones judiciales […] habr a producido un perjuicio de imposible o muy dif cil reparación que hubiera convertido en in til el recurso de amparo interpuesto por . […] siendo evidente que de haberse consumado […] el recurso de amparo interpuesto por habr a perdido su finalidad, convirtiendo en ineficaz un eventual pronunciamiento de este ribunal estimatorio de la alegada vulneración del derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales (art. 18.1 y 4 CE).
El capital sin piedad contra las personas
En este orden de cosas, sobre el objeto del presente litigio está pendiente (se pone como ejemplo) la resolución de la Petición (hecho cuarto) de decisión prejudicial presentada por el Juzgado Mercantil de Barcelona (España) el 8 de agosto de 2011 — Mohamed Aziz/Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) (Asunto C-415/11) (2011/C 331/10), suspensión que deberá de mantenerse hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial, en tanto la decisión del TJUE es base lógico jurídica necesaria para la resolución del presente procedimiento, atendiendo así a la seguridad jurídica a fin de evitar posiciones contradictorias.
Al desmantelamiento del Estado de Derecho, le llaman ponerlo a salvo, Por medio del presente escrito manifiesto que me siento en grave indefensión, sin posibilidad de hacer efectivo mi derecho a la defensa por las graves deficiencias procesales, en criterio concurrente con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, organismos defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos de defensa de los derechos humanos y de la abogada general del TJUE.
Es por este motivo por el que le solicito que en caso de no apreciar la suspensión por los motivos descritos precedentemente, considere ese Juzgado, de manera subsidiaria proceder de oficio al planteamiento de cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, en los mismos términos que la presentada por el Juzgado Mercantil de Barcelona (Asunto C-415/11), ante el TJUE, antes de quedar los autos conclusos para dictar la correspondiente resolución judicial, dando traslado a las partes para que alegaren lo que su derecho les conviniere cuanto a la posibilidad de plantear dicha cuestión, en base a la jurisprudencia comunitaria antes descrita toda vez que ya han sido reiterados y reconocidos por nuestros propios tribunales, la obligación de poder declarar de oficio en cualquier procedimiento la existencia de clausulas abusivas así como la necesidad de que los ciudadanos ejecutados en los procedimientos hipotecarios tengamos la posibilidad de poder plantear en los mismos la existencia de clausulas abusivas como motivo de oposición sin tener que remitirnos a un procedimiento declarativo posterior.
SOLICITO AL JUZGADO: Que tenga por presentado el escrito y por realizadas las manifestaciones contenidas en el cuerpo del mismo acordando la suspensión inmediata del mismo hasta en tanto en cuanto no se lleve a cabo la modificación en la Ley procesal que permita el planteamiento de motivos de oposición basado en la existencia de clausulas abusivas o, subsidiariamente la declaración de nulidad de actuaciones y petición de retroacción al momento procesal de admisión de la demanda, o en su caso, proceda a plantear cuestión prejudicial en los mismos términos que la presentada por el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona (Asunto C-415/11), ante el TJUE.
OTROSI DIGO SEGUNDO: Que dado que la presente petición se formula amparandose en el incumplimiento del Estado español de una normativa comunitaria que en modo alguno me puede ser imputada, que en tanto en cuando se mantengan las causas de suspensión ello no me suponga mayores perjuicios derivados de la continuidad en el devengo de los intereses moratorios.
2.- NO PAGAR O RECLAMAR LA DEVOLUCIÓN DE LAS TASAS. NORMATIVAS
Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de Supresión de las Tasas Judiciales. Con entrada en vigor 31/Diciembre 1986
Lo que nos faltaban… la tasas judiciales
La Constitución española en su artículo 1 propugna la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político como valores superiores del Ordenamiento jurídico español. Además, en el párrafo 2° del artículo 9 instituye a los poderes públicos en la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
En el ámbito de la Administración de Justicia los valores constitucionales se manifiestan en el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos, reconocido en el artículo 24 de la propia Constitución.
El que, además de la justicia se manifiesten también la libertad y la igualdad, y el que todas ellas sean, como quiere la Constitución, reales y efectivas depende de que todos los ciudadanos puedan obtener justicia cualquiera que sea su situación económica o su posición social.
La Constitución, consciente de esta realidad, previene, en el artículo 119, que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Son ya varias las actuaciones que se han llevado a cabo en esta dirección.
Así, la Ley 34/1984, de 6 de agosto, de reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil, extendía notablemente el beneficio de justicia gratuita.
Justicia, universal y gratuita
Justicia equilibrada y ciega, no dependiente y esclava del dinero
Igualmente, la Ley Orgánica 14/1983, de 28 de diciembre, de asistencia letrada al detenido y al preso y modificación de los artículos 520 y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, regulaba la gratuidad de dicha asistencia letrada al detenido o preso, lo que ha ido seguido de un importante incremento de las consignaciones presupuestarias destinadas a subvencionar dicha asistencia letrada. En fin, la Ley Orgánica 6/1985, de 3 de julio, del Poder Judicial recoge el mandato constitucional e insta a hacerlo efectivo, extendiendo el ámbito de la gratuidad al ejercicio de la acción popular.
Por otro lado, la ordenación actual de las tasas judiciales, sobre ser incompatible con algunos principios tributarios vigentes, es causante de notables distorsiones en el funcionamiento de la Administración de Justicia.
En efecto, la gestión tributaria, encomendada al Secretario judicial, se ha demostrado poco eficiente en cuanto tal, al tiempo que ha apartado a ese funcionario de las importantes funciones procesales y de gestión de la oficina judicial que esta llamado a desempeñar.
Acceso a la Justicia independientemente del dinero que se disponga
Se suprime el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados a que están sometidas las resoluciones jurisdiccionales y los laudos arbitrales; los escritos de los interesados relacionados con ellas; así como las diligencias y actuaciones que se practiquen y testimonios que se expidan.
Primera. Las comunicaciones que los Juzgados y Tribunales hayan de realizar en el ejercicio de su función jurisdiccional, así como las certificaciones y testimonios expedidos por el Registro Civil, gozarán de franquicia postal y telegráfica.
Segunda. Las actuaciones y resoluciones jurisdiccionales se extenderán en papel de oficio. Para los escritos de las partes relacionadas con ellas se utilizará papel común, cuyas características y formatos se determinaran reglamentariamente.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley no se devengarán tasas judiciales en los procesos y actuaciones iniciados con anterioridad. No obstante, se liquidarán o recaudarán las tasas ya devengadas.
Justicia con sentencias justas y gratuitas
El Decreto 1034/1959, de 18 de junio, por el que se convalida y regula la exacción de las tasas administrativas del Ministerio de Justicia, en los apartados d) y e) de su artículo 1 y en los números 4 y 5 de su artículo 4.
El Decreto 1035/1959, de 18 de junio, por el que se convalida y regula la exacción de las tasas judiciales.
Los artículos 40.1, 41.a), 42.a), 43 y 44 del Real Decreto legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Cualquier otra disposición que se oponga a la presente Ley.
PRINCIPALES MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY 10/2012, DE 20 DE NOVIEMBRE, SOBRE LAS TASAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
2. NUEVO ÁMBITO DE APLICACIÓN: EXTENSIÓN A LA JURISDICCIÓN SOCIAL
3. HECHO IMPONIBLE DE LA TASA: CORRECCIONES TÉCNICAS E INTRODUCCIÓN DE NUEVOS HECHOS IMPONIBLES. RESTRICCIÓN DE LAS EXENCIONES OBJETIVAS DE LA TASA. DEVENGO.
4. SUJETOS PASIVOS DE LA TASA. ELIMINACIÓN DE LA MAYOR PARTE DE LAS ANTERIORES EXENCIONES SUBJETIVAS DE LA TASA: LAS PERSONAS FÍSICAS Y LAS PERSONAS JURÍDICAS DE REDUCIDA DIMENSIÓN COMO SUJETOS PASIVOS.
5. LA BASE IMPONIBLE Y DETERMINACIÓN DE LA CUOTA TRIBUTARIA.
6. VINCULACIÓN DE LA TASA. COMPATIBILIDAD CON EL DEPÓSITO PARA RECURRIR
La Ley 10/2012, de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia ha introducido, además de correcciones de técnica legislativa, un gran número y relevantes modificaciones en la regulación de tasa que había sido reintroducida por el legislador en el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
La tasa judicial, Justicia para ricos
2. NUEVO ÁMBITO DE APLICACIÓN: EXTENSIÓN A LA JURISDICCIÓN SOCIAL.
El ámbito de aplicación de esta tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional que en la ley 53/2002, de 30 de diciembre estaba establecida para los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo, mediante esta nueva normativa se extiende a la jurisdicción social, en este caso únicamente para los recursos de apelación y casación.
1. El hecho imponible de la tasa lo constituye el ejercicio, a instancia de parte, de la potestad jurisdiccional en los tres órdenes jurisdiccionales fijados como ámbito de aplicación: civil, social y contencioso-administrativo.
.1. En el orden jurisdiccional civil la anterior regulación fijaba como hechos imponibles:
1.- La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución.
2.- La interposición de la demanda en toda clase de procesos de ejecución.
3.- La formulación de reconvención.
4.- La presentación inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo.
5.- La interposición de recurso de apelación.
6.- La interposición de recurso extraordinario por infracción procesal.
7.- La interposición de recurso de casación.
Luto por la Justicia universal perdida
Con la nueva norma, además de introducirse correcciones técnicas a las anteriores definiciones y aclarar los hechos imponibles fijados para algunos supuestos, se introducen otros nuevos. De este modo, la nueva ley establece los siguientes hechos imponibles:
2.- La interposición de la demanda en toda clase de procesos de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales.
5.- La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales.
6.- La interposición de recurso de apelación contra sentencias.
7.- La interposición de recurso extraordinario por infracción procesal.
8.- La interposición de recurso de casación.
9.- La oposición a la ejecución de títulos judiciales.
Gallardón, el del tasazo.
1.2. Así, por un lado, se amplía en la jurisdicción civil el hecho imponible pero, además, se restringen las exenciones objetivas de la tasa en la jurisdicción civil, de tal manera que las exenciones quedan limitadas a los siguientes supuestos de hecho:
1.- La interposición de demandas y posteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores, procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de los hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.
2.- La solicitud de concurso voluntario por el deudor.
3.- La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio de cuantía inferior a 2.000 euros, salvo si se funda en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial, Art. 517 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil.
1.3. La nueva regulación de la tasa no modifica la anterior normativa sobre el momento procesal en el que se produce la tasa, es decir, el devengo, únicamente fija el momento del devengo con relación a los hechos imponibles que no estaban contemplados en la anterior normativa. Así, además de los ya establecidos, fija como devenga, según el caso:
A la justicia de Gallardón se le “escapan” los chinos, pero no el cobro del peaje de la tasa
1.- Presentación de la solicitud de declaración del concurso por el acreedor y demás legitimados.
2.- Presentación de demanda incidental en procesos concursales.
3.- Interposición de la oposición a la ejecución de títulos judiciales.
2.1. En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo la anterior regulación fijaba como hechos imponibles:
1.- La interposición de recurso contencioso-administrativo.
2.- La interposición de recursos de apelación y casación en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa.
En la nueva regulación, quedan configurados del mismo modo, con la salvedad de que el hecho imponible de esta tasa no es la mera interposición del recurso contencioso-administrativo sino, la interposición de la demanda.
2.2. Las exenciones objetivas de la tasa en la jurisdicción contencioso-administrativa se dan:
1.- La interposición de demanda y posteriores recursos cuando se tramite uno de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas.
2.- Recursos contra la Administración electoral.
3.- La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.
4.- La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando estos tengan por objeto las denegaciones por silencio administrativo negativo o la inactividad de la Administración.
Gallardón, a Rouco rogando y con el tasazo dando contra los más desfovorecidos
2.3. En la jurisdicción contencioso-administrativa no se modifica el devengo de la tasa ni se introduce ninguna modificación con relación a este concepto.
3. En el orden social, que en la anterior regulación no estaba configurada la tasa, se introducen como hechos imponibles la interposición de recursos de suplicación y de casación.
1. Uno de los cambios más relevantes de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional es la introducción como sujeto pasivo a las personas físicas, cuando antes estaban exentas. Además, también quedan sujetas las personas jurídicas que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.
La eliminación de ambas exenciones supone, en la práctica, la práctica generalización de la tasa.
2. Así, la actual regulación únicamente contempla las siguientes exenciones subjetivas de la tasa:
1.- Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.
3.- La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.
4.- Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
3. Por último, a partir de los problemas que se daban en la gestión práctica de esta tasa, la ley posibilita que sea la representación procesal o el abogado en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, el que realice el pago, en especial cuando éste no resida en España.
Todos los estamentos de la justicia en contra de Gallardón
1. En cuanto a la base imponible se continúa con el mismo mecanismo de cálculo. Por un lado, se equipara la base imponible de la tasa con la cuantía del procedimiento judicial o recurso, determinada con arreglo a las normas procesales. Por otro, cuando se está ante procedimientos de cuantía indeterminada, la base imponible se valora en 18.000 euros.
2. Determinación de la cuota tributaria.
Una de las cuestiones más controvertidas que plantea la nueva regulación de la tasa ha sido el gran incremento que se da en la cuota tributaria, especialmente en los recursos. Además, ha de tenerse en cuanta que no sólo se está ante un incremento sino que tanto las personas físicas como las personas jurídicas que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades, han pasado de estar exentas para el pago de estas tasas a ser sujetos pasivos en la mismas cuantías que una gran empresa. Por una gran parte de los operadores jurídicos se considera que las nuevas cuotas tributarias son frontalmente contraria al derecho a la tutela judicial efectiva, Art. 24.1 CE.
La cuota tributaria está compuesta, como en la anterior regulación, por una cuota fija en función de cada clase de proceso, según cada orden jurisdiccional, y otra variable, que se determina a partir de la cuantía del procedimiento.
Tampoco en el programa del PP había tasas judiciales
A continuación, en las siguientes tablas, se comparan las cuantías de las cuotas de la anterior regulación y de la nueva según el orden jurisdiccional:
1. En el orden jurisdiccional civil:
a) En primera instancia:
Verbal y cambiario. Anterior regulación: 90 €. Nueva regulación: 150 €.
Ordinario. Anterior regulación: 150 €. Nueva regulación: 300 €.
Monitorio. Anterior regulación: 50 €. Nueva regulación: 100 €.
Ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución. Anterior regulación: 150 €. Nueva regulación: 200 €.
Concursal. Anterior regulación: 150 €. Nueva regulación: 200 €.
b) En las siguientes instancias:
Recurso de apelación. Anterior regulación: 300€. Nueva regulación: 800€.
Recurso de casación y extraordinario por infracción procesal. Anterior regulación: 600 €. Nueva regulación: 1200 €.
Con las tasas, retrocedemos en la igualdad
2. En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
Abreviado. Anterior regulación: 120 €. Nueva regulación: 200€.
Ordinario. Anterior regulación: 210 €. Nueva regulación: 350 €.
Apelación. Anterior regulación: 300 €. Nueva regulación: 800 €.
Casación. Anterior regulación: 600 €. Nueva regulación: 1.200 €.
3. En el orden jurisdiccional social (no contemplada en la anterior regulación):
Nueva regulación. Suplicación: 500 €
Nueva regulación. Casación: 750 €
Además, a la anterior cantidad se ha de añadir la cuota variable que resulte de aplicar con arreglo a la cuantía del procedimiento las siguientes escalas:
Anterior regulación: De A: 1.000.000 €. Tipo: 0,5%. Restos cantidades: 0,25%, en este caso máximo variable: 6.000 €.
Nueva regulación: De A: 1.000.000 €. Tipo: 0,5%. Restos cantidades: 0,25%, en este caso máximo variable: 10.000 €.
6. VINCULACIÓN DE LA TASA. COMPATIBILIDAD CON EL DEPÓSITO PARA RECURRIR.
Frente al silencio que la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social guardó sobre la finalidad de la creación de esta nueva tasa, en la exposición de motivos de la Ley 10/2012, de noviembre se justifica que a través de la asunción por los ciudadanos que recurren a los tribunales de parte del coste que ello implica se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al mismo tiempo que la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial, y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita.
En este sentido, el artículo 11 de la nueva ley vincula la tasa judicial al sistema de justicia gratuita dentro del marco de las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.
El devengo de esta tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional es compatible con la exigencia del depósito para recurrir de conformidad con el apartado 12 de la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial.
En los apartados 10 y 11 también el legislador hacía una referencia, en 2009, a que los depósitos perdidos y los rendimientos de la cuenta por este concepto quedan afectados a las necesidades derivadas de la actividad del Ministerio de Justicia, destinándose también específicamente a sufragar los gastos correspondientes al derecho a la asistencia jurídica gratuita. A su vez, se establecía que el Ministerio de Justicia transferirá anualmente a cada Comunidad Autónoma con competencias asumidas en materia de Justicia para estos fines, es decir, entre otros, para sufragar los gastos del derecho a la asistencia jurídica gratuita, transferencia sobre la que guarda silencio la nueva regulación de la tasa.
Tlf: 91.788.93.80. Ext.217/218/219
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COMUNICADO ESPECIAL SOBRE LAS OPCIONES QUE EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA PROPONE RESPECTO DE LA ABUSIVA IMPOSICIÓN DE TASAS JUDICIALES
Más de 1500 abogados malagueños en mAnifestación contra las tasas judiciales
Tras la entrada en vigor el día 22 de noviembre de 2012 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y con el objeto de dotar de instrumentos al sector de la abogacía para la mejor defensa del abuso que la imposición de la tasa judicial constituye, el Consejo General de la Abogacía propone dos opciones para impugnar dichas tasas.
OPCIÓN 1ª: No pagar la tasa y plantear Cuestión de Inconstitucionalidad
Se solicita, mediante OTROSÍ, el planteamiento por Su(s) Señoría(s) de la cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012, por lo que respecta a los artículos dedicados a regular las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia.
Esta opción implica una paralización del procedimiento hasta la resolución por el Juez o Tribunal respecto del planteamiento de la cuestión ante el Tribunal Constitucional y, en su caso, la resolución procedente por parte de dicho Tribunal.
En el MODELO 1 se propone la redacción de este OTROSÍ, con la fundamentación jurídica correspondiente a la cuestión de inconstitucionalidad
OPCIÓN 2ª: Pagar la tasa e interponer Reclamación Económico Administrativa
En este supuesto, para evitar los perjuicios que la paralización de la acción judicial pudiera irrogar al justiciable, se paga la tasa exigida por la Ley y se interpone esta Reclamación dirigida al Tribunal Económico Administrativo de la circunscripción territorial correspondiente.
Como lo que se plantea, de fondo, es la inconstitucionalidad de la norma (art. 245.1 b) de la L.G.T.), el Tribunal Económico Administrativo declarará la conformidad a derecho de la liquidación de la tasa, abriéndose así la vía Contencioso-Administrativa.
No habrá sentencias sin previamente euros
En este momento, habría que presentar demanda de procedimiento abreviado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo competente contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo. Para evitar el pago en esta fase de la tasa – por demanda de procedimiento abreviado -, en el escrito de demanda habría que solicitar, mediante otrosí, el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad por el órgano judicial (MODELO 1). En este caso la paralización del proceso por la tramitación de la cuestión de inconstitucional ya no supone un perjuicio directo al justiciable, porque no se paraliza el procedimiento principal.
Esta vía implica no paraliza el pleito principal pero la duración estimada de la tramitación económico administrativa es aproximadamente de entre dos y tres años antes de poder plantear la cuestión de inconstitucionalidad en el orden jurisdiccional contencioso administrativo.
En el MODELO 2 se propone la redacción de la Reclamación Económico-Administrativa.
MODELOS PARA NO PAGAR LAS TASAS JUDICIALES O PEDIR SU DEVOLUCIÓN
OPCIÓN 1ª: Modelo 1 para NO PAGAR la tasa y plantear Cuestión de Inconstitucionalidad
Es justicia que pido en ……………. a ………………………
OPCIÓN 2ª: Modelo 2 PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN pagando la tasa a la vez que interponeniendo Reclamación Económico Administrativa
Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Injusticia
A LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA ANTE EL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
Que con fecha de ……………………….. he presentado modelo de autoliquidación y abonado la tasa exigida por la Ley 10/2012 por la interposición de …. (señalar hecho imponible) y, considerando dicha tasa contraria a derecho, por medio del presente escrito promuevo Reclamación Económica Administrativa, en solicitud de anulación y devolución de su importe.
Con carácter previo hago constar expresamente que no he impugnado mediante Recurso de Reposición la Autoliquidación objeto de la presente reclamación.
Baso la presente Reclamación en los siguientes
Al interponer (exponer el hecho imponible, con una breve descripción de la acción que se ha interpuesto, gravada por la nueva Ley), la Ley 10/2012 determina la exigibilidad de la cantidad fija de …. €, más la cantidad variable de ….. €.
La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional que se me ha aplicado es, por lo tanto, de …. €.
ÚNICO: Inconstitucionalidad de la norma
El Tribunal Constitucional en la STC 20/2012, cuando afirmaba en el contexto de la norma entonces vigente sobre tasas que “no vulnera la Constitución que una norma de rango legal someta a entidades mercantiles, con un elevado volumen de facturación, al pago de unas tasas que sirven para financiar los costes generados por la actividad jurisdiccional”.
Sin embargo, el alto Tribunal añade en el FJ 10 que:
Resulta claro, sencillo de entender, que las previsiones del art. 7 de la Ley 10/2012 “impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables”, en términos del propio Tribunal Constitucional. La exagerada cuantía del tributo y, más específicamente, su desproporción con respecto a la cuantía litigiosa en numerosos casos hace que la tasa no resulte desincentivadora, sino impeditiva del acceso a la Jurisdicción.
La Ley 10/2012 supone para un número indeterminado, pero enormemente elevado, de supuestos que la cuantía de las tasas establecidas es tan elevada que impide en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculiza en numerosos casos en términos irrazonables, en términos del propio Tribunal Constitucional, por lo que entendemos que resulta inconstitucional, especialmente en lo regulado por sus artículos 4 y 7 que, a nuestro entender vulneran los artículos 14 y 24 de nuestra Carta Magna.
Y así ha ocurrido en el presente caso, en el que se me ha exigido una tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional por importe de ………. €, por interponer …………………….. (breve exposición del caso). Todo ello demuestra, en los términos de la citada STC 20/2012, que se me ha obstaculizado de manera irrazonable y desproporcionada el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española.
AL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO suplico que tenga por presentado este escrito y en su virtud, tenga por promovida Reclamación Económico Administrativa contra la Autoliquidación de la Tasa Judicial referida (especificar en cada caso exactamente la Autoliquidación, con nº de referencia…), para que tras los trámites oportunos, dicte en su día Resolución por la que se declare su anulación, por inconstitucionalidad de la norma que lo avala y, consecuentemente, la devolución del importe de …. € que han sido abonados, con lo demás que proceda en derecho.
Es justicia que pido en …………….. a ……………………………
FUENTE: Colegio de Abogados de Madrid.
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INDIGNIDAD EN LA ASAMBLEA DE MADRID (28.12.2012) →
4 Responses “PARAR LOS DESAHUCIOS Y NO PAGAR LAS TASAS (19.12.2012)” → J. Garcia
Excelente trabajo, es verdaderamente bueno y totalmente util, para que la ciudadanía tome cartas en el asunto y promueva su proteccion.
Le agradecemos su aportacion en ayudar y proteger a las familias.
Ademas de estas acciones de las que tomamos nota y que reiteramos nuestro agradecimiento, abusando de sus deseos de velar por los ciudadanos, nos gustaria solicitarle el siguiente paso seria la reclamacion al tribunal de derechos humanos Europeo, ya que el PP que Gobierna con su politica esta induciendo al suicidio a los Ciudadanos.
Creemos que seria importante que La Union Europea se le responsabilice de lo que esta sucediendo en España.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Ali. Soy madre de dos menores con discapacidad mental leve. Tengo 38 años, y soy desempleada desde hace tres, por lo tanto los únicos ingresos que recibo es una renta mínima de 423 euros mensuales ya que mi ex marido tampoco cumple con la pensión alimenticia de sus hijos. Esta es mi situación podíamos definirla, como un tanto critica.
La semana pasada, jueves día 31 de enero, recibí una orden del juzgado, con el procedimiento de desahucio para el próximo día 01/03/2013, a las 10:00 horas. Pues como no, hoy presenté en el juzgado el documento que como borradorfigura en esta página para parar los desahucios. Modifique y adjunté mis datos, ya que este es un modelo estándar. Mi sorpresa fue el mal trato que recibí desde que llegué a los juzgados, no me recibió el secretario judicial, tal y como decía la orden que me dirigiera a él.
Me mal atendió un auxiliar de administración que estaba archivando, no quería entregarme el documento, me puso cincuenta mil pegas, después me pidió una serie de documentos, como certificado de empadronamiento, carnet de familia mono parental, vamos que no venían al caso, y yo no estoy muy puesta en temas jurídico, pero como si dudara de que tenía hijos a cargo o, qué sé yo. No lo entendí, hizo hincapié en solicitarme esos documentos, si estaba yo allí presente, con una orden que ellos me han enviado a mí, bueno, me preguntó la administrativa por qué quería parar el desahucio, yo le dije por la situación de vulnerable en la que me encuentro mis hijos y yo y por mis derechos como dice la imposición de desahucio. Me dijo que eso no era suficiente, la muy…le dije si no te lo has leído, ¿cómo sabes si es suficiente o no? Hay unos derechos que me avalan y lo quiero hacer llegar para que se lo des al secretario judicial y él decida, pues. Me tuvo desde las once hasta las dos esperando, se puso hacer fotocopias de los documentos que por suerte llevaba en la carpeta, como el libro de familia y demás, y muy a su pesar me los acabo timbrando, como si yo le debiera la hipoteca a ella.
Yo me pregunto, si eso es normal, o solo pasa en pueblos rurales. Me sienta, muy mal, porque, no me trató la funcionaria de modo simpático, al revés fue, una… con la situación grave que mi familia está pasando, es indignante, y me dan ganas de hacer una locura, pero en contra del sistema, de este sistema de mierda, perdón, y referente a la orden de parar el desahucio, me dijo que ya me dirán algo. No sé, creo que abandonaré mi casa antes de la fecha y le pegaré una patada, para ocupar una, y seguro tendré más derechos que en la mía propia, según la asistenta social, que tampoco hace de mucho, porque en España nadie sabe nada, solo robarnos en nuestras narices.
Bien, ahí dejo mi alegato, y pido disculpas porque a veces pierdo los nervios, pero seguiré luchando hasta que salga de esta maldita situación.
Por favor, Ali, si desea que le pueda echar una mano, vuelva a escribirme y darme datos para que me pueda poner en contacto con usted. No se harán público. Gracias. Un saludo.
Gracias, de corazón, lo unico que me conforta es , saber que aún hay gente, a disposición, para iniciar gestos solidarios, como, el de su parte,mil gracias, y le envio mís datos, por si el caso, procede, referente al mismo, lo mantendre, informado, si la cosa va a más ,o, se me es, comunicádo,por su SSª, algún, acto ,del borrador, que le tome prestado., si, es así, convoraré ,una rueda, de prensa ,con diferentes medios de actualidad, y asociaciones activistas, como; Afes, PAH, Anonymuos España, Salvados, sociedad Democratica de España, y algunas otras como, soy afiliada como EUIVC,por ahora solo me queda esperar, y seguir ayudando, a gente, que esta , en mi misma situación, y desconocen, sus derechos, gente mayor, y, otra que ya ,se rindieron, ante la situación, también, me presenciaré en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o, donde sea necesario, para defender el derecho a una vivienda , digna, para, mi familia y, la gente, en mi, misma situación, nuevamente, mil gracías, un saludo.

References: Real Decreto 
 artículo 51
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 24
 artículo 119
 artículo 1
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 35
 artículo 11
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 Resolución