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Timestamp: 2018-02-18 01:00:26+00:00

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El Tribunal Tributario y Aduanero de Talca, en sentencia de 27 de noviembre de 2013, en autos RUC 12-9-0000314-4, declaró ha lugar a la acción de Nulidad de Derecho Público interpuesta por la parte, atendida la falta de fundamento las respectivas liquidaciones reclamadas. La sentencia citada, no se encuentra a la fecha de redacción de este artículo firme y ejecutoriada, toda vez que está pendiente la resolución del recurso de apelación interpuesto por la parte reclamante. Efectivamente, la sentencia de primera instancia hizo lugar a la nulidad de tres liquidaciones (de un total de cinco liquidaciones reclamadas), rechazando la nulidad de dos liquidaciones, que son aquellas contra las cuales la parte reclamante se alzó.
El Tribunal Tributario y Aduanero, fundó su resolución en lo señalado en las siguientes consideraciones:
La falta de fundamento de las respectivas liquidaciones.
Efectivamente, en sus considerandos décimo sexto, décimo séptimo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo segundo concluyó que:
a) Conforme a la Ley 19.880, en sus artículos 11, 16 y 41, los actos administrativos deben ser fundados, conteniendo la exposición de los antecedentes de hecho y de derecho que justifican la decisión adoptada y con mayor razón, si dicha decisión afecta los derechos de los contribuyentes.
b) No basta la mera enunciación de fundamentos, sino que estos deben ser suficientes, de tal forma, que la conclusión que se adopte no obedezca a meros actos arbitrarios carentes de razonabilidad.
c) La fundamentación permite al contribuyente, conocer los motivos por los cuales el organismo fiscalizador tomó la decisión que se plasma en el respectivo acto administrativo, permitiéndole tener certeza de los motivos que llevaron a la autoridad tributaria a pronunciarse de determinada manera y así en definitiva ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
El Tribunal de primera instancia, señala en el segundo párrafo del considerando décimo noveno que, “en efecto, de los datos contenidos en la carátula de las liquidaciones señaladas, se desprende que en éstas se determinaron diferencias de impuestos por concepto de Reintegro de devolución de IVA exportador, para los períodos de enero, marzo y mayo de 2012, respectivamente, los cuales no fueron contemplados en el cuerpo de las mismas (…)”
Señala además el mismo Tribunal, en el considerando vigésimo que los periodos liquidados a través de las liquidaciones 125, 126 y 127, enero, marzo y mayo de 2012, respectivamente, “no se encuentran mencionados en el cuerpo de las mismas (entiéndase: liquidaciones) y menos aún desarrollados (…)”
Termina señalando el juez a quo, en el considerando vigésimo que “prueba de lo anterior, tal como lo hace presente la parte reclamante en su escrito que rola a fojas 237, es que el propio Servicio, la (sic) hacerse cargo de la alegación planteada a este respecto por la reclamante, desarrolla una completa explicación tendiente a ilustrar, y por ende a fundamentar, el proceso de cálculo y determinación de las diferencias de impuestos liquidadas, detalle que, como se indicó, no fue incluido de modo alguno en los actos administrativos reclamados.”
Efectivamente, las tres liquidaciones que fueron sancionadas con la nulidad de derecho público (y por cierto, también las dos que son objeto de la apelación), carecen de la debida “fundamentación”, dejando al contribuyente en la indefensión, al no bastarse a sí mismas. Dichas liquidaciones, no ofrecen certeza ni garantía respecto de los montos liquidados. En efecto, las liquidaciones sancionadas con nulidad de derecho público por el Tribunal de primera instancia, no tienen siquiera el más mínimo desarrollo en el cuerpo de las liquidaciones, encontrándose apenas enunciadas en la carátula, pero sin el debido desarrollo del proceso racional y lógico, que permita tener certeza de las diferencias de impuestos determinadas en la carátula de la Liquidación.
Lo anterior, se traduce en una infracción a lo dispuesto en los artículos: 2 de la Ley 18.575, artículo 11 inciso 2 de la Ley 19.880, artículo 41 inciso 4 de la misma Ley 19.880, artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, Art. 19 N° 3 inciso 5 de la misma carta Fundamental y hasta la propia normativa del organismo fiscalizador, contenida en la Circular 63 del año 2000, específicamente en su N° IX y siguientes.
Además, es necesario destacar que:
a) El fundamento de una liquidación es el “cuerpo” de ella: El fundamento no es ni puede ser la “carátula”, pues ella es una planilla Excel inicial, que sólo contiene una serie de relaciones numéricas que se insertan a modo de resumen. Tampoco puede estimarse como fundamento, la denominada “cadena del IVA”, la cual es una planilla Excel anexa al final, que contiene otra serie de relaciones numéricas que no se explican ni desarrollan en parte alguna. Por lo demás, las vagas y discretas referencia no son, ni pueden constituir fundamentación.
Es en el cuerpo de las liquidaciones, donde se debe desarrollar de manera racional y lógica el “cómo” se determinan las diferencias de impuesto indicadas en la carátula. Ese desarrollo y explicación de las diferencias determinadas es vital.
b) Es necesario el desarrollo y explicación de la mecánica de cálculo: Efectivamente, la única manera de entender las “diferencias” de impuestos determinadas, es desarrollando de manera lógica y racional la mecánica de cálculo (el “cómo”). Dicha mecánica “constituye en sí misma”, parte importante del fundamento de cualquier “liquidación”, toda vez que una liquidación es por “antonomasia”: una “determinación de impuestos” efectuada por la autoridad fiscal.
No es aceptable y se atenta contra la debida fundamentación que ordena la Constitución y la Ley, al omitirse la mecánica de cálculo, el “cómo” o la explicación lógica y racional de las diferencias de impuestos determinadas, pues sólo explicando dichas diferencias, se tiene certeza, claridad y garantía mínima, de las sumas liquidadas por el Servicio de Impuestos Internos.
c) La falta de fundamento del acto, es un vicio suficiente para invocar y obtener la nulidad: Toda vez que, conforme lo disponen los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República:
“Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella,(…)”.
“Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley (…)”
La nulidad de derecho público, no sólo procede al encontrarse un vicio en la investidura regular de un integrante de un órgano del Estado o en el caso de actuar un órgano fuera de la competencia debida, sino que además, al no actuar el órgano respectivo en la forma prescrita por la ley.
El mandato del artículo 7 de la Constitución, en relación al tercer elemento necesario, para que un órgano estatal actúe válidamente, se precisa en la Ley 19.880, específicamente en sus artículos 11 inc. 2 y 41 inc. 4, pues es en ellos donde se señala, que la fundamentación es la forma prescrita por la ley, para que un órgano estatal actúe válidamente. De manera que un acto carente de fundamento, adolece de un vicio que autoriza a deducir y obtener en definitiva: la Nulidad de Derecho Público.
En efecto, dichos artículos de la ley 19.880 señalan:
Art. 11 inc. 2:
“Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”
Art. 41 inc. 4:
“Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”.
d) No existe en nuestro ordenamiento jurídico, presunción de derecho del conocimiento de los fundamentos de los actos administrativos: Efectivamente, lo que se presume conocido de derecho, conforme al tenor claro y expreso del artículo 8 de nuestro Código Civil, es la “Ley”, pero no puede ampliarse su texto para estimar además, que se presume de derecho el conocimiento de los fundamentos de los actos administrativos, con lo cual se traduce en letra muerta los artículos 6 y 7 inciso 1 y 2 de la Constitución Política de la República, los artículos 11 inciso 2 y artículo 41 inciso 4 de la Ley 19.880 y artículos 2 y 9 de la Ley 18.575.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 11
 artículo 41
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 41