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﻿ Sentencia 5925 de febrero 25 de 2002
SENTENCIA 5925 DE 25 DE FEBRERO DE 2002
CONTENIDO:CRÉDITO DOCUMENTARIO. PARTES INVOLUCRADAS Y OBLIGACIONES.
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:364 DE ABRIL DE 2002, PG.754
Sentencia 5925 de febrero 25 de 2002
PARTES INVOLUCRADAS Y OBLIGACIONES
Ref.: Expediente 5925
Bogotá, D.C., veinticinco de febrero de dos mil dos.
Decídese el recurso extraordinario de casación interpuesto por ambas partes, contra la sentencia de 27 de julio de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por Melchor Escrig Magdalena, Ana Enriqueta Eissner de Escrig, e Import Engines and Parts Ltda, contra el Banco de Occidente.
1. Los señores Escrig y Eissner, así como la sociedad Import Engines and Parts Ltda, demandaron al Banco de Occidente, para que, previo el trámite de un proceso ordinario de mayor cuantía, se le condenara a indemnizarles los perjuicios materiales y morales causados con ocasión del proceso ejecutivo seguido en su contra, distintos de los originados en la práctica de medidas cautelares, además de los intereses y la respectiva corrección monetaria por la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. También se pretendió que se declarara la terminación del “contrato de carta de crédito y estipulaciones adicionales”, celebrado entre la sociedad demandante y el banco demandado. Consecuentemente se impetró la respectiva indemnización de perjuicios, intereses y corrección monetaria. Por último, pero así mismo de modo principal, se solicitó la terminación del contrato “celebrado entre el Banco de Occidente y la misma sociedad demandante, de entrega para su cobro, cualquiera que sea la denominación que se le den en la sentencia, de letras de cambio a cargo de clientes de dicha sociedad y a favor de ésta...”. Como consecuencia de esta declaración se impetró la indemnización de perjuicios, pago de intereses y corrección monetaria.
2.1. En el año de 1977, el Banco de Occidente promovió proceso ejecutivo contra los demandantes, del cual conoció el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá. En él se libró orden de pago por las sumas de US$ 142.000 y US$ 63.782, de conformidad con los pagarés anexados.
2.2. Como el ejecutante confesó haber recibido el pago de la primera suma, se puso fin a la ejecución respecto de ella. En cuanto a la segunda, cuyo origen es una carta de crédito ordenada por los demandantes, el juez de primer grado encontró probada la excepción de contrato no cumplido, porque aquél, en su condición de depositario comercial de las mercancías importadas, tenía la obligación de realizar las gestiones necesarias para su nacionalización, y se acreditó que “...omitió cualquier acción que llevara a cabo o facilitara el cumplimiento del mencionado requisito”.
2.3. Tal decisión fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en fallo de 29 de febrero de 1984.
2.4. Dicho proceso fue temerario y constituyó un claro abuso del derecho de litigar, pues mediante él, el Banco de Occidente pretendió el cobro de sumas que sabía no podía exigir, porque “...respecto del primer pagaré confesó de (sic) haber sido pagado y en cuanto a la obligación en dólares no podía ni moral ni jurídicamente exigirla a sabiendas de que su incumplimiento le ocasionó a los demandados (hoy demandantes) la pérdida de la mercancía importada y de un cuantioso lucro cesante”.
2.5. Por causa del citado proceso y por haber sido reportados a la Asociación Bancaria como deudores morosos, los demandantes recibieron graves perjuicios. Para liquidarlos se promovió el incidente reglamentado por los artículos 308 y 309 del Código de Procedimiento Civil, decidido en proveído del 22 de febrero de 1988, en el cual consideró el a quo que mediante dicho trámite sólo podían liquidarse los perjuicios causados con ocasión de las medidas cautelares, pero que los reclamados por la parte ejecutada no provenían de tales medidas y la condena respectiva “...había sido por esa causa conforme al numeral 4º del artículo 510 del Código de Procedimiento Civil”.
2.6. Los perjuicios ocasionados por el establecimiento bancario demandado, emanan de: a) la retención de dineros de propiedad de la sociedad Import Engines and Parts Ltda; b) la pérdida de las mercancías importadas por la misma sociedad, a un costo de US$ 63.500; de las mercancías amparadas con el Bill of Landing 2F-9, de 9 de mayo de 1977, por valor de US$ 8.400 y las amparadas con el registro de importación 40109583, cuyo valor CIF fue de US$ 70.609.51 c) el bloqueo comercial y financiero al cual se vieron sometidos los demandantes por causa del citado proceso; d) las utilidades dejadas de percibir, debido a la ruina a la que se vio avocada la empresa ejecutada, tanto por el proceso, como por el incumplimiento contractual del banco; e) los daños patrimoniales y morales recibidos personalmente por Melchor Escrig y Ana Enriqueta Eissner de Escrig.
2.7. Como se reconoció en los fallos proferidos en el proceso ejecutivo, la sociedad Import Engines and Parts Ltda entregó al Banco de Occidente letras de cambio por valor de $ 2.648.107.66, a cargo de algunos de sus clientes, para que efectuara el cobro.
2.8. En la sentencia de segunda instancia se reconoció que el citado banco confesó haber recaudado la suma de $ 195.960, aplicada parcialmente al pago de un pagaré a cargo de dicha sociedad por valor de $ 142.000, y sus intereses, además de $ 817.120.90 que abusivamente retuvo en un supuesto depósito en garantía.
2.9. Con el objeto de efectuar la importación de mercancías, la sociedad demandante solicitó al Banco de Occidente la apertura de la carta de crédito 200-648/1976 por valor de US $ 63.500. Para garantizar su pago, otorgó un pagaré, por igual valor, con fecha de vencimiento en blanco, el cual fue aducido por el banco como título ejecutivo, luego de llenarlo indebidamente, ya que de acuerdo a lo estipulado, “...el reembolso o pago a cargo del ordenante le sería exigible en seis (6) meses contados a partir de la fecha de nacionalización de la mercancía amparada”.
2.10. Conforme a la carta de crédito, las mercancías traían orden de retención a favor del Banco de Occidente, entidad que por tanto estaba obligaba a nacionalizarlas. En su condición de depositario de las mismas, debía gestionar su traslado a la zona franca, para su posterior nacionalización, pues los documentos necesarios para el efecto le fueron remitidos directamente por el exportador, obedeciendo las instrucciones contenidas en la carta de crédito.
2.11. Además de desentenderse de tales obligaciones, el banco agravó la situación de los demandantes al no hacerles entrega de dichos documentos para nacionalizar las mercancías, con lo cual habrían podido saldar la obligación a su favor y obtener grandes utilidades. En su lugar y a pesar de su incumplimiento, pretendió el pago de los US $ 63.500 de la carta de crédito, mediante el proceso mencionado.
2.12. La mercancía fue rematada para el pago de bodegajes, pues se dejó abandonada en el Terminal de Barranquilla. Los perjuicios derivados de su pérdida “...fueron causados por conducta temeraria y de mala fe del banco”, como se explicó y probó en el proceso ejecutivo, lo cual implicó el reconocimiento de la excepción de contrato no cumplido, hechos respecto de los cuales existe “...cosa juzgada”.
2.13. El monto de tales perjuicios se acreditó en el incidente tramitado para el efecto, en el cual se demostró además “...que la sociedad demandada había importado esas mercancías para terminar el ensamblaje de diez (10) camiones Mack que tenía prometidos en venta”, y dada la imposibilidad de nacionalizarlas, se vio obligada a comprarlas en el mercado nacional, a la sociedad Camiones Diesel de Colombia, por la suma de $ 6.900.000, como consta en la factura aportada.
2.14. De haberse verificado la nacionalización de las mercancías objeto de la frustrada importación, la sociedad Import Engines and Parts Ltda habría tenido que pagar la suma de $ 2.699.500, que equivale a los US$ 63.500 a un tasa de cambio aproximada de $ 37 por dólar, más gastos de nacionalización, por valor de $ 350.000. En consecuencia, el mayor costo de adquisición de tales repuestos, que asciende a $ 4.200.500, constituye un claro perjuicio por daño emergente.
2.15. Con el fin de pagar a la sociedad Camiones Diesel de Colombia, los repuestos adquiridos, Import Engines and Parts Ltda le traspasó el valor insoluto de los contratos de compraventa de los camiones, para que lo cobrara e hiciera entrega de los vehículos a los adquirentes.
2.16. Por causa del temerario proceso ejecutivo promovido por el Banco de Occidente, la sociedad ejecutada quedó bloqueada comercial y financieramente, pues los demandados fueron reportados como deudores morosos ante la Asociación Bancaria, “...bajo el estigma de ser incorrectos y merecedores de desconfianza y sospecha”. El ejecutante maliciosamente desatendió la directriz impartida por la Superintendencia Bancaria a las entidades que emiten dicha información, en el sentido de que debe tratarse de deudores respecto de los cuales no existan dudas sobre su condición de “comprobados e injustificadamente morosos”, pues los ejecutados nada le debían y por ende no estaban en la situación descrita. Por la “...opinión generalizada que se tuvo de ellos como supuestos deudores morosos y de dudosa ética”, todos los créditos solicitados por Melchor Escrig a título personal y como representante de la sociedad demandada, le fueron negados, circunstancia que desencadenó un agudo estado de iliquidez de la sociedad, merced al cual no pudo atender las obligaciones contraídas, perdió utilidades, sumas invertidas, valiosos bienes destinados a la venta, y se paralizó total y definitivamente.
2.17. Algunos de los perjuicios sufridos por dicha sociedad como consecuencia de la conducta judicial y extrajudicial del Banco de Occidente, debidamente comprobados en el incidente propuesto en el proceso ejecutivo, son los siguientes:
2.17.1. Por la pérdida de los bienes amparados con el Bill of Landing 2F-9 de 9 de mayo de 1977, rematados por el Fondo Rotatorio de Aduanas porque la importadora no canceló los gastos portuarios y derechos de nacionalización, debido a la iliquidez a la que se vio abocada por las medidas ejercidas por el establecimiento bancario mencionado, la suma de $ 306.852, que corresponde al valor de la importación —US $ 8.400— a la tasa de cambio de 1977 —$ 36.53—, por concepto de daño emergente, más $ 7.000.000, valor comercial de venta de dichos bienes, a título de lucro cesante.
2.17.2. Por la pérdida de las mercancías amparadas con el registro de importación Nº 40109583, totalmente destruidas en la zona franca de Barranquilla, debido a que la importadora no pudo nacionalizarlas por la falta de recursos derivada de las circunstancias ya mencionadas, y cuyo valor CIF fue de US $ 70.609.51, la suma de $ 2.600.000, que corresponde a los US $ 70.609.51 a la tasa de cambio de 1977 —$ 36.82—.
Aunque tales mercancías fueron llevadas a la zona franca, circunstancia que evitó su remate por las autoridades aduaneras, su recuperación sería pírrica debido al deterioro sufrido por estar a la intemperie y por acción de la salinidad ambiental de Barranquilla. Además, de acuerdo a la liquidación practicada por la firma Orama Ltda, agentes de aduana, los derechos de almacenaje y de aduana e intereses causados hasta 1984 ascendían a $ 13.398.361, suma que duplicaba el costo de tales motores para la misma época, que de haber estado en buen estado, era de $ 7.412.586.
2.17.3. Por el lucro cesante derivado de la ruina en la cual quedó la sociedad ejecutada por causa del citado proceso, tasado pericialmente en el incidente de liquidación de perjuicios con base en las pautas y criterios claramente determinados por los expertos.
2.18. Melchor Escrig Magdalena y Ana Enriqueta Eissner de Escrig, también sufrieron perjuicios morales muy graves.
2.19. El Banco de Occidente recibió de Import Engines and Parts Ltda, letras de cambio a cargo de algunos de sus clientes, por valor de $ 2.648.107.66, endosadas en procuración, “...como depósito para su cobro” y en garantía de la mencionada carta de crédito.
2.20. En el proceso ejecutivo que instauró, el citado banco confesó haber recaudado la suma de $ 195.960, de la cual imputó $ 142.000 al pago de una obligación a cargo de Import Engines and Parts Ltda, además de $ 817.120.90 que dejó en “depósito en garantía” del contrato de crédito de cuyo cumplimiento se exoneró a la ejecutada.
2.21. El Banco de Occidente no entregó los dineros recaudados, ni las letras cuyo cobro no efectuó, y por no emplear la diligencia debida en su recaudo, “...caducaron y prescribieron las obligaciones de sus deudores”.
3. Admitida la demanda y notificado el establecimiento bancario demandado, oportunamente le dio respuesta oponiéndose a lo pretendido. En cuanto a los hechos, los negó en su mayoría, admitiendo únicamente los que se relacionan con la iniciación del proceso ejecutivo, el reporte de los ejecutados como deudores morosos y la entrega de las letras de cambio por la sociedad demandante, aclarando que ésta no le proporcionó información sobre la ubicación de los deudores y sus bienes, no suministró las expensas para los gastos de cobranza y tampoco se las endosó para el cobro.
Propuso las excepciones que denominó: “Falta de causa petendi en la parte actora”, “inexistencia de las obligaciones reclamadas”, “inexistencia de temeridad en las actuaciones del Banco de Occidente”, “Inexistencia de mala fe en las actuaciones del Banco de Occidente”, “Inexistencia de los supuestos perjuicios reclamados”, “Falta de legitimación en causa de la parte demandante”, “Ilegitimidad de la persona sustantiva en el demandante”, “incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del ordenante de la carta de crédito”, “falta de relación causal entre los hechos de la demanda y los perjuicios alegados”, “caducidad”, “prescripción y compensación”.
4. De otro lado, presentó demanda de reconvención contra la sociedad Import Engines and Parts Ltda, para que se declarara que incumplió el contrato de crédito documentario celebrado el 27 de septiembre de 1976 y consecuentemente se declarara resuelto dicho pacto, se le condenara al pago de los US$ 63.500 cancelados a Melchor Escrig Equipment & Parts, por su cuenta, o su equivalente en pesos a la tasa de cambio vigente el día del pago, con intereses de plazo y de mora, además de todos los perjuicios causados con el incumplimiento.
5. Las pretensiones formuladas se fundaron en los siguientes hechos:
5.1. El 27 de julio de 1976, la sociedad Import Engines and Parts Ltda le solicitó al Banco de Occidente un crédito documentario por valor de US$ 63.500, para la compra de repuestos Mack Diesel, designando como beneficiaria del citado crédito a la sociedad Melchor Escrig Equipment & Parts, con sede en New York.
5.2. El Banco de Occidente aceptó dicha petición y el 27 de septiembre de 1976 emitió la carta de crédito 280-648-76, por el valor señalado, en la cual figuraba como consignataria Import Engines and Parts Ltda.
5.3. La única obligación contraída por el banco, en su condición de emisor de la citada carta de crédito, consistió en pagarle al beneficiario la cantidad mencionada, contra la presentación de los documentos allí especificados.
5.4. Se acordó que al utilizarse la carta de crédito, la mercancía viajaría con retención al Banco de Occidente S.A.
5.5. El 8 de octubre de 1976, Import Engines and Parts Ltda utilizó la carta de crédito por todo su valor, y el reconviniente pagó a la sociedad Melchor Escrig Equipment & Parts los US $ 63.500 dólares, por cuenta de la primera.
5.6. Hasta la fecha de presentación de la demanda la reconvenida no había atendido su obligación de reembolsarle el valor utilizado de la carta de crédito, más sus intereses de plazo y de mora a la tasa del 16% y 32% anual, respectivamente.
6. Oportunamente la sociedad demandada en reconvención propuso las excepciones de “prescripción”, “cosa juzgada” y “carencia de causa y cobro de lo no debido”.
7. La primera instancia concluyó con sentencia del 3 de junio de 1994, desestimatoria de las pretensiones tanto de la demanda principal, como de la de reconvención.
Por virtud del recurso de apelación propuesto por ambas partes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del 27 de julio de 1995, modificó lo resuelto por el a quo respecto de la tercera pretensión principal de la demanda inicial, y en su lugar declaró la terminación del contrato al cual se refiere, y condenó al banco demandado a restituirle a la sociedad demandante la suma de $ 817.120.91 dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria del fallo, “...y a partir de allí los intereses moratorios”. En lo demás la confirmó.
Inconformes con tal resolución, ambas partes interpusieron el recurso de casación del cual se ocupa la Corte en esta oportunidad.
3. Tratándose de la misma causal, la impugnación de la sentencia debe ser completa o panorámica, es decir, debe rebatir todos los fundamentos que la sustentan, exigencia cuya “...explicación se halla en la misma estructura de lógica argumentativa de la sentencia y en la presunción de acierto con que ésta arriba al tribunal de casación, porque si ésta se finca en una pluralidad de fundamentos, ora jurídicos, ya probatorios, que por sí e independientemente le sirvan de sustento, desvirtuar la susodicha presunción y producir el quiebre del fallo recurrido, supone como carga del impugnante que éste controvierta con éxitos todos y cada uno de tales razonamientos. De no hacerlo así, la sentencia saldría indemne del ataque, porque el principio dispositivo que antes se indicaba, le impide a la Corte abordar los puntos no cuestionados, los cuales autónomamente mantendrían su vigencia” (Cas. Civ. dic. 9/99).
4. Las precedentes directrices se mencionan a propósito del cargo examinado, pues como se observa al rompe, en su formulación se hizo tabla rasa de ellas, circunstancia que lo torna inidóneo e impide su examen de fondo, según pasa a explicarse.
4.1. Para desestimar la pretensión indemnizatoria derivada del abuso del derecho de acción, argumentó el fallador:
4.1.1. La competencia para reprimir la temeridad con que se ha obrado en un proceso, corresponde al juez que conoce de él. Excepcionalmente el agraviado puede provocar un nuevo proceso para que se juzgue dicha conducta, “...sujetándose a una exigencia implícita en el artículo 72 del Código de Procedimiento Civil”, consistente en mejorar la prueba existente en el proceso anterior, pues con la misma evidencia que obró en él, no puede obtener sentencia favorable.
4.1.2. El demandante, aparte de recurrir a las mismas pruebas incorporadas al proceso antecedente, soporta el indicio grave deducido de su inasistencia a la audiencia de conciliación.
4.1.3. Aún examinando las mismas pruebas que tuvo a su disposición el juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá, la referida pretensión está llamada a fracasar, pues la entidad demandada “...tuvo motivos legítimos para promover el frustrado proceso ejecutivo”, ya que estaba dotada de un título ejecutivo que legitimaba su pretensión frente a la demandada. No hizo uso de su derecho con desmesura ni ligereza “...sólo procedió como lo haría cualquier acreedor ante la evidencia de una obligación insoluta”. El triunfo de los demandados no les deriva, por sí solo, consecuencias adversas, pues aún hoy es discutible. No hubo temeridad al demandar el pago del pagaré cancelado en el curso del proceso, porque esta circunstancia demuestra la robustez de las razones que le asistían para promoverlo.
4.1.4. Los perjuicios que según la demandante le fueron irrogados, “...no guardan relación directa con la conducta de que se acusa a la entidad financiera”, pues la iniciación legítima de un proceso, lejos está de provocar los resultados afirmados por el demandante, menos aún cuando tales resultados pueden obedecer a múltiples causas diversas de afrontar un proceso judicial, evento en el cual compete al actor deslindarlas para descifrar el efecto de cada una de ellas en el resultado final. No hay antecedente serio sobre el adelantamiento de un proyecto económico sólido y consistente, ni sobre el desarrollo de una actividad con márgenes de rentabilidad como el señalado por los peritos. Hay abundante evidencia que demuestra que el historial financiero de la demandante no era tan diáfano como pregona, luego resulta inadmisible imputar el desmedro de su imagen comercial, al proceder del banco ejecutante.
4.1.5. No se estableció el daño causado, ni la cuantía del mismo, porque el dictamen rendido en este proceso no puede ser apreciado, porque se produjo con quebranto del derecho de contradicción de la parte demandada; sobre la parte demandante pesa el indicio resultante de su renuencia a facilitar la práctica de dicha prueba, amén de que ese trabajo ofrece severas inconsistencias intrínsecas que aniquilan su valor probatorio.
4.2. La pretensión de declarar terminado el contrato de crédito documentario, la resolvió adversamente exponiendo:
4.2.1. Dicha pretensión se formula como si el contrato fuese de tracto sucesivo, cuando no lo es. El reproche al banco demandado por el incumplimiento de las obligaciones de nacionalización, retiro y entrega de las mercancías, resulta inadecuado frente a la normatividad que lo rige, y sólo se legitima a partir de lo resuelto en el proceso ejecutivo. Conforme a la reglamentación legal referida, “...la terminación es imposible por la irrevocabilidad del mismo y por la inexistencia de causa legal que la autorice”. Así en proceso anterior se haya declarado con fuerza de cosa juzgada, el incumplimiento del banco demandado de los compromisos contractuales mencionados, ello no obliga al tribunal a decretar la terminación de un contrato agotado y consumado, por haberse otorgado el crédito que constituye la esencia del mismo.
4.2.2. Así se admita el incumplimiento del demandado de tales obligaciones, la propia demanda “...y las circunstancias de este proceso”, indican que las mercancías retenidas fueron adquiridas por el demandante con dineros del banco demandado, circunstancia que descarta la causación de perjuicio alguno por tal concepto.
4.2.3. Aunque se alegó que las mercancías objeto de la frustrada importación eran necesarias para el ensamblaje de vehículos y por ello debieron adquirirse de otra fuente, no hay prueba contundente de tal hecho, dada la estrecha relación existente entre el nuevo proveedor y la demandante, además de las irregularidades observadas en sus libros de contabilidad. La experticia producida en este proceso tampoco puede ser considerada, por las razones precedentemente expresadas.
4.3. En cuanto a la reclamación por el valor de las letras de cambio entregadas al Banco de Occidente para su cobro, argumentó:
4.3.1. Sólo se acreditó el cobro de la suma de $ 817.120.91. No se demostró el recaudo del excedente, ni que deba culparse de ello al establecimiento bancario, “...en tanto el actor en su inextricable libelo no atina a mencionar la causa que funda su ruego”.
4.3.2. La parte demandada admitió haber recibido dichos títulos mediante endoso en garantía, el cual otorga al endosatario la representación del endosante.
4.3.3. Como “las reglas del mandato son aplicables a la representación”, las sumas recaudadas sólo causan intereses a partir de la terminación del mandato. No se aportó prueba de su expiración, de si se trataba de uno o varios encargos y como se vinculaba a la existencia de la deuda y de la consiguiente garantía, “...sólo con este fallo se pondrá fin al mismo a petición del actor y desde su ejecutoria habrán de pagarse los intereses a que se refiere la norma citada”.
Enjuicia este cargo la sentencia del tribunal, porque “...a causa de evidentes errores de hecho en la apreciación de la solicitud de crédito documentario y de otros documentos”, indirectamente quebrantó los artículos 2º, 822, 870, 871, 882, 1262, 1263, 1287, 1408, 1411 y 1415 del Código de Comercio; 2184 numerales 2º y 5º del Código Civil y 51 del Código de Procedimiento Civil.
Al desarrollarlo se le atribuyen al tribunal los siguientes errores:
1.1. Equivocarse al apreciar el contrato de crédito documentario y los escritos en que está consignado, “...pues olvidando los principios de autonomía e independencia que lo rigen, consagrados por el artículo 1415 del Código de Comercio, pasó por alto que los vínculos jurídicos que nacen de ese específico contrato entre el ordenante de la carta de crédito y el banco emisor, son independientes tanto de los que surgen entre el ordenante comprador y el vendedor beneficiario, como de los que se originan entre el banco ordenado y el beneficiario”, y por ende pueden resolverse separadamente.
1.2. Apreciar erradamente la demanda de reconvención, pues en ella sólo se impetró la resolución del contrato de crédito documentario celebrado entre el Banco de Occidente y la sociedad Import Engines and Parts Ltda, por el incumplimiento de ésta, sin pedirse la resolución de otras relaciones jurídicas, como las surgidas entre el comprador-ordenante de la carta de crédito, y vendedor-beneficiario, y entre éste y el banco ordenado, relaciones que no “...pueden ser afectadas por la resolución de las primeras, en virtud de la autonomía e independencia de unas con otras”.
Expresa el recurrente que, por olvido del principio de autonomía consagrado en el texto legal antes citado, el fallador “...encontró que están encadenadas y conexas unas relaciones jurídicas que son independientes, y, de otro lado, seguramente por una mala interpretación del petitum de la contrademanda (...), le hizo decir a esta pieza lo que ella, ni por asomo expresa, con lo cual, en ambas situaciones, cayó en error manifiesto de hecho”, equívocos que lo llevaron a concluir erradamente que “...la resolución impetrada compromete, además, otros vínculos jurídicos distintos”, como son los mencionados precedentemente, y a considerar que “...en este litigio, existe litisconsorcio necesario entre sus partes y el beneficiario de la carta de crédito que es el vendedor y exportador de las mercancías que compró la sociedad reconvenida”.
Sobre este último desacierto, explica que si lo demandado es la resolución del contrato de crédito documentario, por incumplimiento de las obligaciones de la parte ordenante, “...no existe razón para que tuviese que ser convocado al proceso el beneficiario, para poder decidir válidamente sobre esa relación que sólo ata al ordenante con el banco emisor, desde luego que el beneficiario no es parte” en el citado pacto.
2. Desacertar al “...equiparar la irrevocabilidad de la carta de crédito por haber sido utilizada por su beneficiario, con la irresolubilidad del contrato por causa de esta utilización”, viendo así una causa de extinción de la acción resolutoria no prevista por la ley, “...y que es abiertamente contraria a su naturaleza”.
Con el fin de explicar tal imputación, expresa la censura que por menospreciar el principio de la autonomía ya mencionado, el sentenciador “...pasa por alto que el derecho concedido al banco emisor por el artículo 1411 del Código de Comercio para revocar el crédito en cualquier tiempo, se extingue cuando el crédito es utilizado totalmente por el beneficiario”, circunstancia que lo torna irrevocable para éste, y es la única consecuencia asignada por dicho precepto a la utilización total del crédito.
Anota que “...al pasar por alto que las relaciones jurídicas entre el banco y el ordenante son independientes de las que atan a aquél con el beneficiario, erradamente concluye que la apuntada irrevocabilidad impide que se demande, frente al ordenante, la resolución del contrato de crédito documentario, confundiendo de ese modo los efectos de la resolución y extendiéndolos a otras relaciones que son autónomas e independientes y que, por tanto, no pueden ser afectadas por esa resolución”.
3. Desarticular la naturaleza de la acción resolutoria para asimilarla a la ejecutiva, malinterpretando la demanda de mutua petición, dado que en ella se formulan pretensiones declarativas, constitutivas y de condena, más no ejecutivas.
Ampliando el alcance de tal crítica, precisa que en la contrademanda se pidió declarar resuelto el contrato de crédito documentario, como consecuencia del incumplimiento del ordenante, y condenarlo a reembolsar los US$ 63.500 pagados al beneficiario, acotando que “...ni siquiera la última pretensión es ejecutiva sino sólo de condena, pues mediante ella se reclama que la jurisdicción le imponga al demandado la obligación de hacer voluntariamente ese pago, pero no se pide que si no paga, coercitivamente se le obligue a cancelar la obligación aún decretando, con tal fin, el remate de bienes de deudor”.
Dice que para restituir al ordenante y al banco emisor a la situación anterior, como secuela de la resolución, “...aquél debe reembolsar a éste el pago que por su cuenta hizo al beneficiario”. Agrega que así no se está cumpliendo el contrato de crédito, “...sino descaminando lo caminado, con condena adicional al pago de perjuicios”, extraña a la simple ejecución o cumplimiento del contrato.
Añade que, “...confundiendo las causas del reembolso de lo pagado al beneficiario, equiparó el reembolso que se hace voluntariamente en cumplimiento del contrato, con el reembolso que, por causa de la resolución de éste, dispone hacerse mediante una declaración judicial”.
4. Argumentar que la suma girada al exterior por el banco demandado, se le abonó mediante el pre-giro de un pagaré, pues si el aludido título no se descargó finalmente, “...cae en un palmario error de hecho en la apreciación del citado pagaré y de los documentos que acreditan que éste no fue descargado”, consistente en deducir el pago de la obligación de reembolso, siendo que no existió tal pago porque por disposición expresa del artículo 882 del Código de Comercio, para que la entrega de un pagaré por una obligación anterior valga como pago de ésta, es indispensable que el pagaré sea descargado”, y como el pagaré otorgado no se descargó, “...no se dio el pago que erradamente advierte el ad quem”.
5. No apreciar el indicio grave que pesa contra los demandantes por omitir pronunciarse, en su respuesta a la contrademanda, sobre los hechos fundamentales y las pretensiones formuladas en ella, “...esquivando así lo que, bajo la sanción antes señalada, manda cumplir el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil”.
Para rematar la acusación, manifiesta que de no haber caído en los errores denunciados, el tribunal no habría dejado de aplicar los textos legales que relaciona el cargo, en los cuales se confiere al banco emisor el derecho de pedir la resolución del contrato de crédito documentario, con indemnización de perjuicios, por el incumplimiento del ordenante de su obligación de reembolso.
Basado en tales razonamientos solicita casar el fallo del tribunal, y en su lugar, revocar la sentencia de primera instancia, en cuanto desestimó las pretensiones de la demanda de reconvención, para proceder a resolverlo favorablemente.
1. Como lo declara el artículo 1408 del Código de Comercio, el contrato de crédito documentario es un acuerdo por virtud del cual un establecimiento bancario conocido como banco emisor u ordenado, por solicitud de un cliente, a quien se denomina ordenante del crédito, y de acuerdo con las instrucciones impartidas por éste, se obliga directamente o por conducto de un banco corresponsal, a pagar a un tercero —beneficiario—, hasta cierta cantidad de dinero, o a pagar, aceptar o negociar letras de cambio emitidas por éste, contra la presentación de los documentos estipulados y de obligaciones adquiridas por razón del negocio originario.
Como consecuencia del principio de autonomía consagrado en el artículo 1415 ibídem, conforme al cual “... la carta de crédito es independiente del contrato en relación con el cual haya de aplicarse el crédito abierto...”, a pesar de constituir el crédito documentario el mecanismo al cual se acude para extinguir la obligación emergente de la relación fundamental, no está ligado con ésta, frente a la cual es independiente y autónomo, como también lo es la obligación que asume el banco respecto del beneficiario, de pagar hasta cierta cantidad de dinero, pagar, aceptar o negociar letras de cambio, según lo acordado con el ordenante, de suerte que, cada una de las relaciones que se suscitan en torno a dicha operación está desligada de las demás, vincula exclusivamente a sus partícipes, es inoponible a las restantes y no se ve afectada por el desarrollo, incidencias y circunstancias atinentes a las otras.
Según explica Rodríguez Azuero, “...las relaciones entre comprador y vendedor generan unas consecuencias que no son oponibles a las relaciones entre banco pagador y beneficiario. A su turno las relaciones entre ordenante y banco emisor son independientes y este último no podría relevarse de pagar al beneficiario, por la presencia de hechos o circunstancias vinculados con el contrato de compraventa celebrado entre ordenante y beneficiario. Podemos, pues, afirmar que cada relación entre las partes las vincula en forma exclusiva y que los demás son terceros respecto a ella, de manera que no se afectan directamente por las resultas de la misma” (contratos bancarios, 3ª ed., pág. 423).
2. Por virtud del contrato de crédito documentario, el banco emisor se obliga a realizar la apertura de crédito conforme a las instrucciones recibidas del ordenante y a disponer lo necesario para notificar al beneficiario la existencia del crédito a su favor y a las condiciones del mismo. También se compromete a recibir los documentos presentados por éste, a examinarlos y constatar su conformidad con los términos y condiciones establecidos en la carta de crédito, para aceptarlos, si se avienen a sus estipulaciones y se presentaron dentro del término de vigencia del crédito y a pagarle al beneficiario la suma de dinero correspondiente al valor del crédito, o a pagar, aceptar o negociar las letras de cambio, según lo pactado con el ordenante, o rechazarlos, en el evento contrario, así como en el caso de presentarse extemporáneamente.
El ordenante, por su parte, debe pagar al banco emisor la comisión por la apertura de crédito, reembolsarle los valores pagados, si previamente no recibió provisión de fondos para el efecto, y de otorgarse crédito en su favor por parte del banco emisor, para el pago de tales valores, constituir las garantías exigidas por éste.
Si el beneficiario decide utilizar el crédito, debe presentar al banco los documentos exigidos, dentro del plazo de su vigencia, es decir, dentro del cual puede ser utilizado. Cumplidos tales requisitos, tiene el derecho de exigirle bien el pago de la cantidad determinada, o el pago, aceptación o negociación de letras de cambio, según el caso.
3. El crédito documentado puede ser revocable o irrevocable, dependiendo de la firmeza del compromiso contraído por el banco frente al beneficiario. Si está facultado para cancelar el crédito mientras no haya sido utilizado por el beneficiario, o sólo lo haya sido parcialmente, es revocable —C. Co., art. 1411—. Si por el contrario, su compromiso frente al beneficiario es definitivo, será irrevocable. A falta de estipulación en contrario, se considera revocable —art. 1410 ibídem—.
Tratándose de crédito irrevocable y dada la autonomía que existe entre la relación adquirida por el banco emisor frente al beneficiario, y las que vinculan al ordenante del crédito con el beneficiario y a aquél con el banco emisor, las divergencias que puedan suscitarse al rededor de éstas, o las causas que puedan dar lugar a la extinción de su eficacia, en manera alguna inciden en el compromiso asumido por el banco, quien no podría válidamente sustraerse a su cumplimiento, amparándose en circunstancias de la naturaleza indicada.
4. Descendiendo al campo de los errores denunciados, de entrada se observa que, tal y como lo pregona el impugnador, cuando el tribunal desestimó la pretensión resolutoria del contrato de crédito documentado celebrado entre la sociedad Import Engines and Parts Ltda, como ordenante y el Banco de Occidente, como banco emisor u ordenado, argumentando que “...el contrato de crédito documentario por su estructura jurídica no es resoluble del modo que ha sido pedido”, porque si su ejecución “...compromete a otros agentes que prestaron su concurso en el desarrollo de las obligaciones nacidas de aquél no es posible deshacer los vínculos así creados. Por la particular naturaleza del contrato no se podría deshacer mediante resolución el negocio de importación celebrado entre el demandante y el exportador del extranjero. Tampoco sería resoluble el acto por virtud del cual el banco demandado, mediante su banco corresponsal, por orden y cuenta del demandante pagó las mercaderías adquiridas por éste. En uno y otro caso la resolución afectaría a terceros que no están en el proceso y por tal razón sería imposible su decreto”, ciertamente se equivocó al apreciar el citado pacto y los escritos en los cuales se contiene, pues menospreciando el principio de autonomía que lo rige, por virtud del cual está totalmente desligado del contrato de compraventa que le antecedió, así como de la relación surgida entre el Banco del Occidente, en su calidad de banco ordenado, y la sociedad Melchor Escrig Equipment and Parts, como beneficiaria de la carta de crédito, dedujo que tales relaciones eran conexas e interdependientes, en forma tal que los efectos de la resolución de la primera, se hacían extensivos a las dos últimas, cuando por efecto del citado principio y de acuerdo a lo expresado ab initio, las circunstancias atinentes a cada relación no trascienden a las demás, dada la desconexión e independencia que existe entre unas y otras, y por contera, la disolución de aquella ninguna repercusión tiene en las restantes.
Por la misma causa, es decir, por ignorar la desconexión que existe entre las precitadas relaciones, y por no tener en cuenta que la pretensión resolutoria deducida en la contrademanda se vinculó exclusivamente al contrato de crédito documentado celebrado entre el banco reconviniente y la sociedad reconvenida, desacertó cuando concluyó que la resolución de éste comprometía los otros vínculos jurídicos subsistentes a su alrededor y que por tanto no era posible resolver sobre dicha pretensión, por no haber concurrido al proceso todas las personas involucradas en ellos, pues se itera, el contrato de compraventa ajustado entre Import Engines and Parts Ltda y Melchor Escrig Equipment and Parts, y la relación surgida entre esta sociedad como beneficiaria de la carta de crédito y el Banco del Occidente, en su calidad de banco ordenado, son autónomas e independientes del único vínculo que se pidió deshacer en dicho libelo, razón por la cual no era necesaria la comparecencia de las personas comprometidas en ellas para poder decidir válidamente sobre la resolución de aquélla, por no ostentar la calidad de partes en dicha relación y no derivar, por consecuencia, ningún efecto de tal pronunciamiento.
También se equivocó, por ver como conexas relaciones de derecho que no lo son, cuando invocó la irrevocabilidad de la carta de crédito, por haber sido utilizada por su beneficiario, como causa de irresolubilidad del contrato de crédito documentado, habida cuenta que la extinción del derecho otorgado al banco ordenado para revocar el crédito, por haber sido utilizado por el beneficiario, en nada se altera por la resolución del contrato de crédito documentario celebrado entre el mismo banco y el ordenante del crédito, porque, se insiste, tratándose de relaciones autónomas, la resolución de éste ninguna incidencia tiene en el compromiso del banco emisor frente al beneficiario, por estar desligados el uno del otro, luego la firmeza de tal compromiso no es circunstancia que inhiba la resolución de aquél.
Ahora bien, aunque las equivocaciones del fallador en el punto no se remiten a duda, su sola contundencia no basta para configurar el error probatorio denunciado, pues para tal propósito es menester además, que su influencia en la resolución combatida haya sido decisiva, a tal punto, que de no haber existido, el conflicto se hubiese dirimido en términos distintos, repercusión que como se verá no tienen tales desaciertos, pues así no se hubieren suscitado, la decisión seguiría siendo la misma.
En efecto, como lo advirtió el ad quem, en el proceso ejecutivo tramitado en el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá, en el cual fungió como demandante el Banco de Occidente y como demandados la sociedad Import Engines and Parts Ltda y Melchor Escrig Magdalena y Enriqueta Eissner de Escrig Magdalena, se reconoció la excepción de contrato no cumplido propuesta por la sociedad demandada (fls. 95 a 99, c. 3 copias y 27 a 36, c. 4 copias), es decir, se declaró que fue el Banco de Occidente quien se desentendió de los compromisos emergentes del contrato de crédito documentario celebrado con la excepcionante, sociedad Import Engines and Parts Ltda.
Así las cosas, como de acuerdo a lo prescrito por el artículo 512 del Código de Procedimiento Civil, dicha resolución hace tránsito a cosa juzgada, la fuerza vinculante de la misma impide todo nuevo escrutinio sobre la misma situación, por haber alcanzado un carácter inmutable, circunstancia que ineludiblemente redundaría en el fracaso de la acción resolutoria intentada por el establecimiento bancario mencionado, pues en su condición de contratante incumplido, declarada por la jurisdicción, carece de legitimación para formular dicha reclamación, de suerte que, como se anticipó, así el fallador hubiese admitido la procedencia de la acción resolutoria respecto del contrato de crédito documentario, con independencia de las otras relaciones que surgen a su alrededor, y pese a la irrevocabilidad de la carta de crédito, por haber sido utilizada, se llegaría a idéntica solución, pues la pretensión resolutoria, por la circunstancia indicada, en todo caso estaría llamada a fracasar.
Por tal razón, resulta innecesario examinar los reparos formulados por el recurrente frente a lo considerado por el tribunal en torno al cumplimiento de la obligación de reembolso a cargo de la sociedad ordenante del crédito, y sobre las restituciones que cabría hacer como consecuencia de la resolución contractual, pues la improcedencia de ésta, por la falta del presupuesto anotado, torna inútil toda discusión sobre el particular.
5. En armonía con lo expuesto, el cargo no se abre paso.
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, el 27 de julio de 1995, en el proceso ordinario promovido por Melchor Escrig e Import Engines and Parts Ltda contra el Banco de Occidente.
Sin costas, por no haber prosperado ninguno de los recursos propuestos.

References: artículo 510
 artículo 72
 artículo 1415
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1411
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 882
 artículo 95
 resolución 
 artículo 1408
 artículo 1415
 resolución 
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 artículo 512
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