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Documento BOE-A-2015-3936
Convenio entre el Reino de España y la República Federal de Nigeria para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Abuja el 23 de junio de 2009.
«BOE» núm. 88, de 13 de abril de 2015, páginas 31409 a 31427 (19 págs.)
BOE-A-2015-3936
El Reino de España y la República Federal de Nigeria, deseando concluir un Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, han acordado lo siguiente:
i. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
ii. el Impuesto sobre Sociedades,
iii. el Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
iv. el Impuesto sobre el Patrimonio, y
v. los impuestos locales sobre la renta y sobre el patrimonio.
b) En Nigeria:
ii. el impuesto sobre la renta de sociedades,
iii. el impuesto sobre los beneficios del petróleo,
iv) el impuesto sobre las ganancias de capital,
v) el impuesto sobre la educación, y vi) otros impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
(Denominados en lo sucesivo «impuesto nigeriano»).
b) el término «Nigeria» significa la República Federal de Nigeria, incluyendo las áreas exteriores a su mar territorial que, con arreglo al Derecho internacional, la legislación de la República Federal de Nigeria relativa a la Plataforma Continental designe o pueda designar en el futuro como área en la que la República Federal de Nigeria pueda ejercer ahora o en el futuro derechos sobre el fondo marino, su subsuelo, aguas suprayacentes y sus recursos naturales;
c) las expresiones «un Estado contratante» y «el otro Estado contratante» significan España o Nigeria, según el contexto;
g) la expresión «tráfico internacional» significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave explotado por una empresa cuya sede de dirección efectiva esté situada en un Estado contratante salvo cuando el buque o aeronave se exploten exclusivamente entre puntos situados en el otro Estado contratante;
(ii) en Nigeria: el Ministro de Hacienda o su representante autorizado;
(i) una persona física que posea la ciudadanía o nacionalidad de un Estado contratante;
(ii) una persona jurídica, sociedad de personas («partnership») o asociación u otra entidad constituida conforme a la legislación vigente en un Estado contratante.
a) Las sedes de dirección,
b) las sucursales,
c) las oficinas,
d) las fábricas,
f) las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de explotación de recursos naturales.
3. La expresión «establecimiento permanente» comprende asimismo:
a) Cualquier lugar relacionado con la exploración de recursos naturales, siempre que dichas actividades se mantengan durante un período o períodos que excedan de dos meses en cualquier período de doce meses;
b) unas obras, una construcción o un proyecto de instalación o montaje o unas actividades de inspección relacionadas con ellos, pero sólo si tales obras, proyecto o actividades duran más de seis meses, o cuando dicho proyecto o actividad, de naturaleza accesoria a la venta de maquinaria o equipos, continúe durante un período que no exceda de seis meses y los importes pagaderos por tal proyecto o actividad excedan del 10 por ciento del precio de venta franco a bordo de la maquinaria o equipos;
c) la prestación de servicios por una empresa, incluidos los servicios técnicos, de gestión o de consultores, por intermedio de sus empleados o de otro personal contratado por la empresa a tales efectos, pero sólo en el caso de que las actividades de tal naturaleza continúen para el mismo proyecto, dentro de un Estado contratante, durante un período o períodos que en total excedan de seis meses dentro de un período cualquiera de doce meses;
d) un lugar fijo de negocios utilizado como almacenes detallistas a pesar de que, por otra parte, dicho lugar fijo de negocios se mantenga a los efectos de cualquiera de las actividades mencionadas en el apartado 4 de este artículo.
5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 cuando una persona, distinta de un agente independiente al que será aplicable el apartado 6, actúe en un Estado contratante por cuenta de una empresa del otro Estado contratante, se considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en el Estado contratante mencionado en primer lugar respecto de las actividades que dicha persona realice para la empresa, si dicha persona tiene y ejerce habitualmente en ese Estado poderes que la faculten para concluir contratos en nombre de la empresa, a menos que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en el apartado 4 y que, de haber sido realizadas por medio de un lugar fijo de negocios, no hubieran determinado la consideración de dicho lugar fijo de negocios como un establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese apartado.
6. No se considera que una empresa de un Estado contratante tiene un establecimiento permanente en el otro Estado contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado por medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad. Sin embargo, cuando la empresa y el agente estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidos por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por personas independientes, no será considerado como agente independiente en el sentido del presente apartado.
7. El hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante controle o esté controlada por una sociedad residente del otro Estado contratante, o que realice actividades económicas en ese otro Estado (ya sea por medio de establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento permanente de la otra.
1. Los beneficios de una empresa de un Estado contratante solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que sean imputables a ese establecimiento permanente. Sin embargo, cuando una empresa de un Estado contratante tenga un establecimiento permanente en el otro Estado contratante y obtenga beneficios directamente a través de almacenes detallistas distintos del establecimiento permanente, de ventas realizadas en ese otro Estado, de bienes o mercancías idénticos a los vendidos a través del establecimiento permanente, o de las mismas actividades económicas que las realizadas a través del establecimiento permanente, tales beneficios se imputarán al establecimiento permanente.
3. Para la determinación del beneficio del establecimiento permanente se permitirá la deducción de los gastos realizados para los fines de la actividad o negocio del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección y generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado contratante en que se encuentra el establecimiento permanente como en otra parte.
4. Mientras sea usual en un Estado contratante determinar los beneficios imputables a un establecimiento permanente sobre la base de un reparto de los beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, lo establecido en el apartado 2 no impedirá que ese Estado contratante determine de esta manera los beneficios imponibles. Sin embargo, el método de imputación adoptado habrá de ser tal que el resultado obtenido sea conforme a los principios contenidos en este artículo.
2. Sin embargo, si tal explotación en tráfico internacional la lleva a cabo una empresa de uno solo de los Estados contratantes, el apartado 1 no será de aplicación; en tal caso, el impuesto así exigido no excederá del uno por ciento de las ganancias obtenidas por la empresa en el otro Estado contratante.
A los efectos de este apartado, se entenderá por «ganancias» la renta total que se derive del transporte de pasajeros, correo, ganado o mercancías, cargados o embarcados en el otro Estado, menos las devoluciones y pagos de sueldos y salarios del personal de tierra con respecto a dicha explotación en tráfico internacional.
2. Cuando un Estado contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado –y someta, en consecuencia, a imposición– los beneficios sobre los cuales una empresa del otro Estado ha sido sometida a imposición en ese otro Estado, y ese otro Estado reconozca que los beneficios así incluidos son beneficios que habrían sido realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que se hubiesen convenido entre empresas independientes, ese otro Estado podrá practicar el ajuste que proceda a la cuantía del impuesto que ha gravado esos beneficios. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio y las autoridades competentes de los Estados contratantes se consultarán en caso necesario.
a) 7,5 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad (distinta de una sociedad de personas) que posea directamente al menos el 10 por ciento del capital de la sociedad que paga los dividendos;
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad económica a través de un establecimiento permanente o base fija situados allí, y la participación que genera los dividendos está vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según proceda.
6. No obstante las restantes disposiciones de este Convenio, cuando una sociedad residente de un Estado contratante tenga un establecimiento permanente en el otro Estado contratante, ese otro Estado contratante podrá someter a imposición las remesas de beneficios, o lo que se considere como tales, transferidas por el establecimiento permanente a la sociedad residente del Estado contratante mencionado en primer lugar, pero el impuesto así exigido no podrá exceder del 7,5 por ciento del importe bruto.
2. Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en el Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 7,5 por ciento del importe bruto de los intereses.
3. No obstante las disposiciones del apartado 2, los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado contratante sólo podrán someterse a imposición en este otro Estado si el perceptor de los intereses es su beneficiario efectivo y este es a su vez el gobierno del otro Estado contratante, una subdivisión política, una entidad local o una agencia u organismo de ese gobierno o entidad local, el banco central u otro banco que sea propiedad del otro Estado contratante.
5. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los intereses, una actividad económica por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado o presta servicios personales independientes por medio de una base fija situada en ese otro Estado, y el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso se aplicarán las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según proceda.
6. Los intereses se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el deudor sea el propio Estado, una subdivisión política, una entidad local o un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en un Estado contratante un establecimiento permanente o una base fija en relación con los cuales se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y éstos se soporten por el establecimiento permanente o la base fija, dichos intereses se considerarán procedentes del Estado contratante en que estén situados el establecimiento permanente o la base fija.
2. Sin embargo, dichos cánones pueden también someterse a imposición en el Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los cánones es un residente del otro Estado contratante el impuesto así exigido no podrá exceder:
a) En el caso de sociedades, del 7,5 por ciento del importe bruto de los cánones;
b) en todos los demás casos, del 3,75 por ciento del importe bruto de los cánones.
3. El término «cánones» empleado en el presente artículo, significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y las películas o cintas o cualquier otro método de reproducción de la imagen o el sonido, o por el uso o la concesión de uso de aplicaciones informáticas («software»), patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por el uso o la concesión de uso de equipos industriales, comerciales o científicos, o por información relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 del presente artículo no se aplican si el beneficiario efectivo de los cánones, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los cánones, una actividad económica por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado o presta servicios personales independientes por medio de una base fija situada en ese otro Estado, y el derecho o bien por el que se pagan los cánones está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tales casos se aplicarán las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según proceda.
5. Los cánones se considerarán procedentes de un Estado contratante cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los cánones, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en uno de los Estados contratantes un establecimiento permanente o una base fija en relación con los cuales se haya contraído la obligación de pago de los cánones y que soporten la carga de los mismos, dichos cánones se considerarán procedentes del Estado contratante donde estén situados el establecimiento permanente o la base fija.
1. Las rentas obtenidas por una persona física que sea residente de un Estado contratante de la prestación de servicios profesionales u otras actividades de carácter independiente sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que esa persona disponga de manera habitual de una base fija en el otro Estado contratante para realizar sus actividades. Si dispone de dicha base fija, las rentas pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante, pero sólo en la medida en que sean imputables a dicha base fija.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidos por una persona física residente de un Estado contratante por razón de un empleo sólo pueden someterse a imposición en ese Estado a no ser que el empleo se realice en el otro Estado contratante. Si el empleo se realiza de esa forma, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por una persona física residente de un Estado contratante por razón de un empleo ejercido en el otro Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en el Estado mencionado en primer lugar, si:
Las participaciones u otros pagos similares que un residente de un Estado contratante obtenga como miembro de un Consejo de Administración de una sociedad residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. No obstante las disposiciones de los artículos 14 y 15, cuando las rentas derivadas de las actividades realizadas por un artista o deportista personalmente y en esa calidad se atribuyan, no al propio artista o deportista sino a otra persona, tales rentas pueden someterse a imposición en el Estado contratante en el que se realicen las actividades del artista o deportista.
3. No obstante las disposiciones de los apartados 1 y 2 del presente artículo, las rentas en él mencionadas estarán exentas de imposición en el Estado contratante en el que se realicen las actividades del artista o deportista, siempre que dichas actividades se financien con fondos públicos de ese o del otro Estado contratante, o se realicen al amparo de un acuerdo cultural o en el marco de un programa de intercambio cultural o deportivo aprobado por ambos Estados contratantes.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 19, las pensiones y remuneraciones análogas pagadas a un residente de un Estado contratante por razón de un empleo anterior sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
i. Es nacional de ese Estado; o
ii. no ha adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para prestar los servicios.
2.a) Las pensiones pagadas por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, bien directamente o con cargo a fondos constituidos, a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
1. Un profesor o catedrático que visite uno de los Estados contratantes con el fin de dedicarse a la enseñanza o a la investigación en una universidad u otra institución de enseñanza similar reconocida en ese Estado y que, inmediatamente antes de su visita haya sido residente del otro Estado contratante, estará exento de tributación en el Estado mencionado en primer lugar respecto de las remuneraciones que perciba como consecuencia de tales actividades de enseñanza o investigación, durante un período no superior a dos años desde la fecha de su llegada a ese Estado para esos fines.
2. Este artículo sólo será aplicable a las rentas procedentes de la investigación si dicha investigación se realiza en interés público y no principalmente para el beneficio de otra persona o personas, o para obtener beneficios empresariales.
La doble imposición se eliminará bien de conformidad con las disposiciones de la legislación interna de los Estados contratantes o conforme a las siguientes disposiciones, sujetas a la legislación interna de los Estados contratantes:
a) Cuando un residente de un Estado contratante obtenga rentas o posea elementos patrimoniales que, con arreglo a las disposiciones de este Convenio, puedan someterse a imposición en el otro Estado contratante, el Estado mencionado en primer lugar permitirá:
i. la deducción del impuesto sobre la renta de ese residente por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en el otro Estado contratante;
ii. la deducción del impuesto sobre el patrimonio de ese residente por un importe igual al impuesto sobre el patrimonio pagado en el otro Estado contratante sobre esos elementos patrimoniales;
iii. la deducción del impuesto sobre sociedades efectivamente pagado por la sociedad que reparte los dividendos, correspondiente a los beneficios con cargo a los cuales dichos dividendos se pagan, se concederá de acuerdo con la legislación interna de los Estados contratantes.
Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta o del impuesto sobre el patrimonio, calculados antes de la deducción, correspondiente a la renta o a los elementos patrimoniales que puedan someterse a imposición en el otro Estado contratante.
b) Cuando con arreglo a cualquier disposición del presente Convenio las rentas obtenidas por un residente de un Estado contratante, o el patrimonio que posea, estén exentos de impuestos en ese Estado Contratante, ese Estado podrá, no obstante, tomar en consideración las rentas o el patrimonio exentos para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas o del patrimonio de ese residente.
Artículo 25 No discriminación.
Artículo 28. Asistencia en la recaudación.
3. Cuando un crédito tributario de un Estado contratante sea exigible en virtud del Derecho de ese Estado y el deudor sea una persona que conforme al Derecho de ese Estado no pueda impedir en ese momento la recaudación, a petición de las autoridades competentes de dicho Estado, las autoridades competentes del otro Estado contratante aceptarán dicho crédito tributario a los efectos de su recaudación. Dicho otro Estado cobrará el crédito tributario de acuerdo con lo dispuesto en su legislación relativa a la aplicación y recaudación de sus propios impuestos como si se tratara de un crédito tributario propio.
5. No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4, un crédito tributario aceptado por un Estado contratante a los efectos de dichos apartados, no estará sujeto en ese Estado a la prescripción aplicable a los créditos tributarios conforme a su Derecho interno por razón de su naturaleza. Asimismo, un crédito tributario aceptado por un Estado contratante a los efectos de los apartados 3 o 4 no disfrutará en ese Estado de las prelaciones aplicables a los créditos tributarios en virtud del Derecho del otro Estado contratante.
b) en el caso de una solicitud presentada en virtud del apartado 4, un crédito con respecto al cual, conforme al Derecho interno del Estado mencionado en primer lugar, pudieran adoptarse medidas cautelares para asegurar su recaudación, las autoridades competentes del Estado mencionado en primer lugar notificarán sin dilación a las autoridades competentes del otro Estado ese hecho y, según decida ese otro Estado, el Estado mencionado en primer lugar suspenderá o retirará su solicitud.
Artículo 29. Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares.
Artículo 30. Entrada en vigor.
i. En relación con los impuestos de devengo periódico, respecto de los impuestos sobre la renta correspondientes al año fiscal que comience en la fecha de entrada en vigor del Convenio o con posterioridad a la misma;
ii. en los restantes casos, en la fecha en la que el Convenio entre en vigor.
i. en relación con los impuestos de devengo periódico, respecto de los impuestos sobre la renta correspondientes al año fiscal que comience el primer día de enero del año civil siguiente a aquel en el que se notifique la denuncia, o con posterioridad a esa fecha;
ii. en los restantes casos, el primer día de enero del año civil siguiente a aquel en el que se notifique la denuncia.
Hecho en doble ejemplar en Abuja el 23 de junio de 2009, en las lenguas española e inglesa, siendo ambos textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación ésta se resolverá conforme al texto en lengua inglesa.
Por el Reino de España, Por la República Federal de Nigeria,
Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, Dr. Mansur Muhtar,
Ministro de Asuntos Exteriores Ministro de Finanzas y de Cooperación
En el momento de proceder a la firma del Convenio entre el Reino de España y la República Federal de Nigeria para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, los signatarios han convenido las siguientes disposiciones que forman parte integrante del Convenio:
1. Los Estados contratantes declaran que sus normas y procedimientos de Derecho interno respecto a los abusos de la norma (comprendidos los convenios fiscales) son aplicables para combatir tales abusos. En el caso de España, el abuso de la norma incluye las situaciones previstas en el artículo 15 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) o cualquier otra disposición de naturaleza similar recogida en cualquier norma tributaria en vigor o que se establezca en el futuro.
2. Se entenderá que los beneficios del Convenio no se otorgarán a una persona que no sea la beneficiaria efectiva de las rentas procedentes del otro Estado contratante o de los elementos de patrimonio situados en el otro Estado contratante.
3. El Convenio no impedirá a los Estados contratantes la aplicación de sus normas internas relativas a la transparencia fiscal internacional «Controlled Foreign Companies».
4. Lo dispuesto en el Convenio no será de aplicación cuando el derecho que genere la renta o el patrimonio se constituya o asigne con el fin principal de conseguir los beneficios del Convenio y no por verdaderas razones empresariales.
Cuando un residente de Nigeria posea patrimonio en España, se aplicarán las disposiciones del Convenio relativas a los impuestos sobre el patrimonio únicamente en la medida en que ese residente esté sujeto a imposición en Nigeria por ese patrimonio.
III. Con referencia a los artículos 10, 11 y 12
Queda acordado que si en virtud cualquier acuerdo o convenio entre Nigeria y un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) Nigeria declarara exentos de tributación los dividendos, intereses o cánones (ya sea en términos generales o respecto a categorías concretas de dividendos, intereses y cánones) de fuente nigeriana, o limitara el impuesto aplicado en Nigeria sobre dichos dividendos, intereses o cánones (ya sea en términos generales o respecto a categorías concretas de dividendos, intereses y cánones) a tipos inferiores a los establecidos en el apartado 2 del artículo 10, el apartado 2 del artículo 11, o el apartado 2 del artículo 12 del presente Convenio, tal exención o tipo inferior se aplicará automáticamente a los dividendos, intereses o cánones de fuente nigeriana cuyo beneficiario efectivo sea un residente de España, en las mismas condiciones que si dicha exención o tipo inferior constara expresamente en los apartados mencionados.
IV. Limitación de beneficios
Cuando en virtud de las disposiciones de los artículos 6 a 23, se limitaran las potestades tributarias de cualquiera de los Estados contratantes en relación con las rentas, y conforme al Derecho interno del otro Estado contratante pudiera considerarse dicha renta como de fuente extranjera, o pagada en el extranjero y, por tanto, exenta de tributación, el otro Estado contratante podrá someter a imposición tales rentas como si el Convenio no existiera.
En caso de que la renta se remesara a Nigeria (siendo este el Estado de residencia del perceptor) en el plazo de cuatro años desde la fecha de su pago, previa petición por el contribuyente podrán aplicarse los mecanismos para evitar la doble imposición previstos en el Convenio.
En caso de que la renta se remesara a España (siendo este el Estado de residencia del perceptor) en el plazo de seis años desde la fecha de su pago, previa petición por el contribuyente podrán aplicarse los mecanismos para evitar la doble imposición previstos en el Convenio.
El presente Convenio entrará en vigor el 5 de junio de 2015, transcurrido un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la última notificación, por conducto diplomático, de cumplimiento de procedimientos internos exigidos, según se establece en su artículo 30.2.
Entrada en vigor: 5 de junio de 2015.

References: artículo 7
 artículo 14
 artículo 7
 artículo 14
 artículo 7
 artículo 14
 artículo 19

Artículo 25

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30
 artículo 15
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 30