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Timestamp: 2019-08-23 11:51:05+00:00

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Orden HAC/35/2016, de 25 de agosto de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en materia de formacion de oferta, en modalidad presencial, consistentes en la ejecucion de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas. | Iberley
Orden HAC/35/2016, de 25 de agosto de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en materia de formación de oferta, en modalidad presencial, consistentes en la ejecución de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas. - Boletín Oficial de Cantabria de 07-09-2016
Mediante la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, que tiene su origen en el Real Decretoley 4/2015, de 22 de marzo, el Estado ha procedido a dar nueva regulación al Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, introduciendo un nuevo marco normativo cuyas novedades afectan a múltiples aspectos de la formación profesional para el empleo.
Por su parte, el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo, indica que el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral está constituido por el conjunto de iniciativas, programas e instrumentos que tienen como finalidad impulsar y extender entre las empresas y las personas trabajadoras, ocupadas y desempleadas, una formación que contribuya al desarrollo personal y profesional de las personas trabajadoras y a su promoción en el trabajo que responda a las necesidades del mercado laboral y esté orientada a la mejora de su empleabilidad y la competitividad empresarial, conforme a los fines y principios establecidos en la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y la Formación Profesional, y en la normativa reguladora del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Asimismo establece que las iniciativas y las acciones de formación profesional para el empleo estarán dirigidas a la adquisición, mejora y actualización permanente de las competencias y cualificaciones profesionales, favoreciendo la formación a lo largo de toda la vida de la población activa, y conjugando las necesidades de las personas, las empresas, los territorios y los sectores productivos.
No obstante, y en tanto no se acometa su desarrollo reglamentario, la propia Ley 30/2015, de 9 de septiembre, ha establecido un régimen transitorio según el cual se mantendrán vigentes las iniciativas de formación profesional para el empleo previstas en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, y en su normativa de desarrollo, con las excepciones que en su disposición transitoria primera señala.
El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, contempla la formación de oferta entendida como aquella que tiene por objeto facilitar a las personas trabajadoras, ocupadas y desempleadas, una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo que satisfaga las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los trabajadores y de las trabajadoras, y que atienda a los requerimientos de competitividad de las empresas. Asimismo, se dirige a proporcionar a las personas trabajadoras una formación que les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y el acceso al empleo, promoviendo la realización de itinerarios integrados de formación para la inserción profesional.
La Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, contempla dicha formación de oferta desde el objetivo de integrar y dar un tratamiento coherente y unitario a toda la formación de oferta que se dirija al conjunto de las personas trabajadoras, que trascienda la visión estanca de, por un lado, ocupadas y, por otro, desempleadas. Dicha integración ha de favorecer que las personas trabajadoras puedan optar, asimismo, a un reconocimiento efectivo de la formación que reciban, en la línea que establece la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y los Reales Decretos que la desarrollan.
En este sentido, el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, define en su artículo 5 los módulos formativos de dichos certificados, estableciendo los datos de identificación, las especificaciones de la formación y los parámetros del contexto formativo para impartir cada módulo. En este sentido, las especificaciones de la formación se expresan, entre otras, a través de las capacidades que deben ser adquiridas en un entorno real de trabajo, y se organizan en un módulo de formación práctica que se desarrollará en un centro de trabajo. Dicha formación se realizará a través de un conjunto de actividades profesionales que permitirán completar las competencias profesionales no adquiridas en el desarrollo del resto de los módulos.
Entre las modalidades de la formación de oferta que la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, establece se encuentran las acciones formativas dirigidas prioritariamente a las personas trabajadoras desempleadas. Dicha orden no sólo cumple con el objetivo de desarrollar el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, en lo que se refiere a la formación de oferta, sino que regula las bases que han de regir la concesión de subvenciones públicas destinadas a financiar dicha formación por las diferentes Administraciones Públicas.
Por otro lado, el Real Decretoley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en su disposición final séptima, añadió un nuevo apartado 4 al artículo 22 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, según el cual los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas deberán especificar en cada convocatoria las acciones formativas que tengan carácter prioritario. Esta medida ha sido mantenida por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Para ello, en orden a establecer dichas acciones formativas se van a tener en cuenta aquellas encaminadas al cambio de modelo productivo, apostando por los sectores más innovadores, así como las establecidas en el artículo 6.2 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo: la internacionalización de la empresa, el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico de los procesos productivos.
Igualmente, al así establecerlo la disposición transitoria segunda de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, hasta tanto no se elabore el escenario plurianual ni el informe anual de necesidades formativas a que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, es necesario incluir en las programaciones de formación, acciones dirigidas a la adquisición de competencias en idiomas, ofimática y tecnologías de la información y comunicación, conocimientos financieros, jurídicos y del funcionamiento de las Administraciones públicas.
El Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación, tiene por objeto introducir las modificaciones de la regulación de los certificados de profesionalidad en relación con el nuevo contrato para la formación y el aprendizaje, la formación profesional dual, así como en relación con su oferta e implantación y aquellos aspectos que dan garantía de calidad al sistema.
En este sentido, se especifican los criterios de acceso a través del establecimiento de pruebas en relación con las competencias clave inspiradas en los ámbitos establecidos en la Recomendación n.º 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. También se regulan los requerimientos para la acreditación de centros con oferta de teleformación, así como de sus tutoresformadores, se amplía la participación en la oferta formativa a los centros de iniciativa privada y a las empresas y se establecen medidas para favorecer la gestión eficaz de esta oferta y para mejorar el seguimiento de la calidad en el desarrollo de la actividad formativa.
La Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, tras su modificación por el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, desarrolla determinados aspectos de la impartición, que permiten configurar una oferta flexible y de calidad de esta formación y una adaptación a las necesidades de las personas trabajadoras y de las empresas, en el marco de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio.
La normativa en materia de subvenciones prevé la posibilidad de implantar métodos de simplificación en el cálculo de los costes, que permitan aligerar las cargas administrativas en la gestión.
Así, el artículo 83.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, señala que: a efectos de imputación de costes indirectos a la actividad subvencionada, las bases reguladoras, previos los estudios económicos que procedan, podrán establecer la fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la misma, en cuyo caso dicha fracción de coste no requerirá una justificación adicional.
Por su parte, el artículo 68 del Reglamento (UE) n.º 1.303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1.083/2006 del Consejo, dispone que, cuando la ejecución de una operación genere costes indirectos, éstos podrán calcularse a tipo fijo de la siguiente manera: a un tipo fijo de hasta el 25 % de los costes directos subvencionables, siempre que se calcule mediante un método justo, equitativo y verificable o un método aplicado a una categoría similar de operación o beneficiario en regímenes de subvenciones financiados enteramente por el Estado miembro.
En base a lo anterior, fue realizado en mayo de 2014 un estudio económico que ha permitido determinar el tipo fijo (fracción de coste) de los costes directos subvencionables que se considera coste indirecto imputable a las acciones formativas de formación profesional para el empleo (formación de oferta) dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas, de modalidad presencial, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, y que va a permitir facilitar la gestión y verificación de los gastos justificados mediante este procedimiento.
El pasado día 7 de agosto de 2015, el Gobierno de Cantabria declaraba a Torrelavega y su ámbito de influencia 'Zona de Urgente Reindustrialización'. Esta declaración implica que se constituya en área de atención preferente, debido a la difícil situación que atraviesa, y obliga a que las políticas públicas comprometidas con su desarrollo económico y social tengan en cuenta esta situación diferenciada en su diseño e implantación. Con este fin, la Mesa Especial Besaya, creada desde la Concertación Social regional e integrada por el Gobierno de Cantabria, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas (CEOECEPYME, UGT y CCOO) y los ayuntamientos de los municipios de la zona del Besaya, ha elaborado y aprobado del 'Plan de Acción Besaya 16-18', que contempla como objetivos, dentro de su Línea 3: Promoción del Empleo:
A. Reducir el nivel de desempleo en la zona.
B. Mejorar y reciclar las capacidades profesionales de la población activa.
C. Adaptar la capacitación profesional a la actividad económica existente o emergente.
D. Fomentar acciones de identificación de las necesidades de personal de las empresas de la zona.
Y como medida concreta a desarrollar: 'Incremento de los recursos destinados a la formación profesional para el empleo'.
Esta realidad obliga a que las políticas públicas comprometidas con el desarrollo económico y social tengan en cuenta esta situación diferenciada en su diseño e implantación. Por este motivo, la programación de las acciones formativas que se financiará en cada convocatoria, incluirá una oferta específica dirigida preferentemente a personas trabajadoras de la comarca del Besaya, con el fin de garantizar la existencia de oportunidades de cualificación y recualificación profesionales en la medida necesaria para conseguir una población activa cualificada que responda a las necesidades del mercado laboral y de las oportunidades de empleo que se generen por el sector privado con el apoyo de las políticas económica, industrial y de empleo que va a desarrollar el Gobierno en la presente legislatura, en el marco de la citada declaración de 'Zona de Urgente Reindustrialización'.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, reconoce el derecho de la ciudadanía a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, regulando los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de la ciudadanía con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica.
Entre los fines de esa ley, se indica la necesidad de crear unas condiciones de confianza en el uso de los medios electrónicos, estableciendo las medidas necesarias para la preservación de la integridad y los derechos fundamentales y, en especial, los relacionados con la intimidad y la protección de datos de carácter personal.
El Esquema Nacional de Seguridad, aprobado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, tiene como meta precisamente atender a esa necesidad, para permitir a la ciudadanía y a las Administraciones Públicas el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios. Entre las medidas de tipo organizativo incluye la obligación de formalizar una Política de Seguridad de la Información para la organización, en la que se definan, entre otros aspectos, la estructura para la gestión de la seguridad de la información y la asignación de funciones y roles.
Así, el Decreto 31/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba la Política de Seguridad de la Información de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece los objetivos, principios básicos y la estructura organizativa para la gestión de la seguridad de la información en la Administración de Cantabria. En su artículo 20 regula que: 'Los responsables de ficheros que contengan datos de carácter personal deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos de carácter personal y el resto de disposiciones legales de aplicación. También deberán aplicar la Política de Seguridad establecida en este decreto y las normas de seguridad o procedimientos de seguridad que la desarrollen'; añadiendo en el artículo 27, apartado 1: 'Cuando se presten servicios a otros organismos o se ceda información a terceros:
b) Se establecerán canales de información y coordinación entre los respectivos responsables de gestión de la seguridad de la información y se establecerán procedimientos de seguridad para la reacción ante incidentes'.
En la gestión de las ayudas previstas en estas bases reguladoras es necesario utilizar datos de carácter personal y tratar datos en ficheros automatizados y no automatizados, por lo que de acuerdo a lo definido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, tendrá la condición de responsable del fichero o tratamiento el Servicio Cántabro de Empleo, y tendrán la condición de encargados del tratamiento las entidades beneficiarias.
En la elaboración de esta orden han sido consultadas las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en la Comunidad Autónoma de Cantabria, y ha emitido informe el Consejo de Formación Profesional de Cantabria.
Igualmente han emitido informe la Asesoría Jurídica de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, y la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
La disposición final tercera de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, establece que los órganos competentes de las Administraciones Públicas podrán dictar, en sus respectivos ámbitos competenciales, las disposiciones necesarias para la aplicación de la misma.
En virtud de lo expuesto, en el marco de las competencias atribuidas en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 33 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
1. Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases que regulan el procedimiento de concesión de subvenciones destinadas al desarrollo de la formación de oferta mediante la realización de acciones formativas, en modalidad presencial, dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas.
2. Las ayudas contempladas en la presente orden se extenderán a todas las acciones formativas subvencionables realizadas a partir de la fecha de concesión.
3. El ámbito de aplicación territorial será la Comunidad Autónoma, por lo que la formación deberá impartirse en centros ubicados en Cantabria.
Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo a las circunstancias que concurren en los municipios de Torrelavega y su área de influencia, la programación de la formación incluirá una oferta formativa específica dirigida preferentemente a personas trabajadoras de la Comarca del Besaya, según lo establecido en el artículo 3.3.
4. El procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, respetando los principios de objetividad, igualdad, transparencia y publicidad.
Todo el procedimiento desde la presentación de la solicitud hasta la justificación económica se tramitará utilizando la aplicación informática GESFOR puesta a disposición de las Entidades de formación desde la página WEB del Gobierno de Cantabria (www.cantabria.es) o de la del Servicio Cántabro de Empleo (www.empleacantabria.com).
5. Estas subvenciones podrán estar cofinanciadas, en un 50 %, por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo FSE de Cantabria 2014-2020, siempre y cuando se ajusten a los criterios de selección de operaciones que se determinen.
Las entidades beneficiarias de estas ayudas aceptarán su inclusión en la lista de operaciones publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 115.2 y en el Anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo.
6. Las ayudas previstas en esta orden tienen la naturaleza jurídica de subvenciones y se regirán por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en cuanto constituyan legislación básica del Estado, y en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones contempladas en esta orden, siempre que no incurran en ninguna de las causas previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ni en el apartado 2 del artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria:
2. Asimismo, las entidades de formación interesadas, para ser beneficiarias, deberán acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, que se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Artículo 3. Personas destinatarias de la formación.
1. Del total de participantes en las acciones de formación las personas trabajadoras desempleadas deberán representar, al menos, el 60 % respecto del total de personas que inician la formación.
2. En las acciones formativas podrán participar:
a) Las personas trabajadoras desempleadas, con carácter prioritario, siempre que figuren inscritas como demandantes de empleo y servicios o como solicitantes de servicios, en el Servicio Cántabro de Empleo en el momento del inicio de la acción formativa o en el momento de su incorporación, si este fuere posterior a aquél.
b) Las personas trabajadoras ocupadas en empresas cuyo centro de trabajo esté situado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y que pertenezcan a los siguientes colectivos:
1.º Personas asalariadas que presten sus servicios en empresas privadas o en entidades públicas no incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos de formación en las Administraciones públicas y coticen a la Seguridad Social en concepto de formación profesional.
2.º Personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: personas trabajadoras fijas discontinuas en los períodos de no ocupación, personas trabajadoras que accedan a situación de desempleo cuando se encuentren en período formativo o personas trabajadoras acogidas a regulación de empleo en sus períodos de suspensión de empleo.
3.º Las personas trabajadoras incluidas en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar y en aquellos otros de la Seguridad Social que no coticen por formación profesional.
4.º Las personas socias trabajadoras y de trabajo de las cooperativas, sociedades laborales y otras empresas y entidades de economía social.
La participación de estos colectivos de personas ocupadas en las acciones formativas previstas en esta orden no podrá superar el 40 % respecto del total de participantes que inician la acción formativa.
A tal efecto, la consideración como personas ocupadas o desempleadas vendrá determinada por la situación laboral en que se hallen al inicio de la formación o en el momento en que se incorporen como participantes en las acciones formativas. No será objeto de minoración económica el cambio de situación laboral del participante que se produzca a partir del inicio de la acción formativa, siempre que no se supere el límite porcentual anterior.
Las personas ocupadas interesadas deberán presentar la correspondiente solicitud ante la entidad que desarrolle la actividad formativa, quién será la que facilite la misma. Dichas entidades comunicarán al Servicio Cántabro de Empleo las solicitudes recibidas.
3. En la oferta formativa específica dirigida preferentemente a personas trabajadoras de la Comarca del Besaya, participarán:
a) Con carácter prioritario, personas trabajadoras desempleadas que estén inscritas como demandantes de empleo y servicios o como solicitantes de servicios, desde el momento de la preselección hasta el momento de su incorporación como participantes, en la oficina de empleo de Torrelavega. En el supuesto de que alguna plaza pudiera quedar vacante, para completar la selección del alumnado podrán participar el resto de personas trabajadoras desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Cántabro de Empleo.
b) Las personas trabajadoras ocupadas, que cumplan los requisitos a que se refiere la letra b) del apartado 2, cuyo centro de trabajo esté ubicado en alguno de los municipios siguientes y que presenten la correspondiente solicitud:
- Alfoz de LloredoCartesCorrales de Buelna, LosMiengoPolancoReocínSan Felices de BuelnaSantillana del MarSuancesTorrelavega
4. Tendrán prioridad en el acceso a las acciones formativas los colectivos establecidos en cada convocatoria.
5. En aplicación de lo establecido en el artículo 33 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, se reserva una plaza de cada acción formativa programada conducente a la obtención de certificado de profesionalidad, a aquellas personas que tengan superados uno o varios módulos y/o unidades formativas del mismo.
6. En la selección de las personas participantes se tenderá a la paridad entre mujeres y hombres.
1. Las acciones formativas subvencionables deberán estar contenidas en el Catálogo de Especialidades Formativas previsto en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.
2. Las especialidades formativas dirigidas a la obtención de los certificados de profesionalidad tendrán la duración establecida en la normativa reguladora de los mismos.
Con el fin de favorecer su acreditación parcial acumulable, reducir los riesgos de abandonos y posibilitar a las personas trabajadoras que avancen en su itinerario formativo, cualquiera que sea la situación laboral en cada momento, se podrán programar acciones formativas que estén constituidas por los módulos de formación correspondientes a una o varias de las unidades de competencia que integran el certificado de profesionalidad, o por unidades formativas de menor duración, en los términos establecidos en la normativa reguladora de los certificados de profesionalidad.
3. Cuando la formación no esté vinculada a la obtención de los certificados de profesionalidad, cada acción o módulo formativo tendrá una duración adecuada a su finalidad, en función del colectivo destinatario, la modalidad de impartición de la formación, el número de participantes y otros criterios objetivos, sin que pueda ser inferior a seis horas lectivas.
4. No se podrán iniciar acciones formativas respecto de aquellas especialidades que se encuentren en situación de baja en el citado Catálogo de Especialidades Formativas.
5. La formación se organizará en grupos de quince participantes.
6. La formación se impartirá de forma presencial.
7. En cada convocatoria figurará la relación de las acciones formativas que tienen carácter prioritario de acuerdo a lo establecido en el apartado 4 del artículo 22 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, añadido por la disposición final séptima del Real Decretoley 3/2012, de 10 de febrero, y medida mantenida en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Igualmente entre dichas acciones figuran las establecidas en el apartado 2 del artículo 6 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.
Para el establecimiento de dichas acciones formativas se tendrán en cuenta las áreas prioritarias relativas a la internacionalización de la empresa, el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico de los procesos productivos; los sectores más innovadores, entre ellos: las energías renovables, limpias y medioambientalmente sostenibles, la logística, la biotecnología y las tecnologías de la información y la comunicación, así como aquellas ocupaciones con buenas perspectivas de empleo, como las relacionadas con la salud, la mejora de la calidad de vida y la atención a personas mayores y dependientes.
Hasta tanto no se elabore el escenario plurianual ni el informe anual de necesidades formativas a que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, al así establecerlo la disposición transitoria segunda de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, tendrán consideración también de acciones prioritarias, acciones dirigidas a la adquisición de competencias en idiomas, ofimática y tecnologías de la información y comunicación, conocimientos financieros, jurídicos y del funcionamiento de las Administraciones públicas.
Artículo 5. Módulo de formación práctica en centros de trabajo de los certificados de profesionalidad regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.
1. Los certificados de profesionalidad regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, se componen de módulos formativos, incluido el de formación práctica, asociados a las unidades de competencia que configuran las cualificaciones de referencia de dichos certificados.
2. El módulo de formación práctica en centros de trabajo de cada certificado de profesionalidad se realizará preferentemente una vez realizados el resto de los módulos formativos, aunque también podrá desarrollarse simultáneamente a la realización de aquéllos.
Se entenderá realizado el resto de los módulos formativos cuando se obtenga evaluación positiva tras superar, en términos de apto, todos los módulos formativos del certificado de profesionalidad.
En las acciones formativas de los certificados de profesionalidad en las que el módulo de formación práctica en centros de trabajo se desarrolle una vez realizados el resto de los módulos formativos, dicho módulo habrá de iniciarse en un plazo no superior a cuatro meses desde la finalización del último módulo formativo. Para determinados certificados de profesionalidad que por su naturaleza presenten dificultades para el cumplimiento del citado plazo, podrá solicitarse al Servicio Cántabro de Empleo una autorización para su ampliación. Dicha solicitud de ampliación, que no excederá los dos meses, se presentará con una antelación mínima de un mes a la finalización de los cuatro meses desde el último día de impartición del último módulo formativo, y se resolverá por el Servicio Cántabro de Empleo Si transcurrido un plazo de quince días no se hubiera notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse estimada por silencio administrativo.
En casos excepcionales, el módulo de formación práctica en centros de trabajo se podrá desarrollar simultáneamente a la realización de los módulos formativos del certificado de profesionalidad, siempre y cuando haya transcurrido al menos el 75 por ciento del total de horas lectivas de éstos, y para ello será necesario la previa autorización del Servicio Cántabro de Empleo. En la solicitud se deberá justificar motivadamente la necesidad de realizar el módulo de formación práctica en centros de trabajo simultáneamente a la realización de los módulos formativos del certificado de profesionalidad. La solicitud deberá ser presentada con una antelación mínima de un mes al inicio previsto del módulo de formación práctica y su resolución deberá ser notificada en el plazo de un mes desde su presentación El transcurso de dicho plazo legitimará a las personas interesadas para entender estimada su solicitud por silencio administrativo. En todo caso el módulo de formación práctica no podrá finalizar antes de la realización de los módulos formativos del certificado de profesionalidad.
3. La realización de este módulo se articulará a través de convenios o acuerdos entre las entidades de formación y los centros de trabajo. El convenio o acuerdo al menos deberá incluir:
a) Lugar, fechas y horario del módulo de formación práctica en centros de trabajo.
b) Número de alumnos/as.
c) Persona tutora designada por la entidad de formación, de entre el personal docente que haya impartido los módulos formativos de dicho certificado de profesionalidad, y persona tutora designada por la empresa.
d) Programa formativo, cuyo contenido será el establecido en el módulo de formación práctica del certificado de profesionalidad, y que incluirá los criterios de evaluación, observables y medibles y, al menos, la información que se indica en el Anexo VIII de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, y en el manual de seguimiento.
e) Obligación del empresario de informar al alumnado sobre los riesgos del puesto de trabajo en los que realizarán sus prácticas, debiendo constar por escrito la recepción de dicha información por los mismos. También se entregará copia de todo lo anterior al tutor de la entidad de formación.
4. El tutor o la tutora del módulo de formación práctica en centros de trabajo será la persona responsable de acordar el programa formativo con la empresa y de realizar, junto con el tutor o la tutora designada por la empresa, el seguimiento y la evaluación del alumnado, que se reflejará documentalmente. A tal fin el programa formativo incluirá criterios de evaluación, observables y medibles. La cuantía máxima de la subvención para financiar los costes de la actividad del tutor o la tutora del centro de formación será de 3 euros por alumno/a y hora práctica en centros de trabajo.
5. El alumnado que supere este módulo recibirá una certificación firmada por ambos tutores y por la persona responsable de la empresa, conforme al modelo que se recoge en el Anexo IX
de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, y en el manual de seguimiento, que será necesario aportar a efectos de la certificación de la formación por el Servicio Cántabro de Empleo, a fin de solicitar el correspondiente certificado de profesionalidad.
6. Estará exento de realizar este módulo, previa solicitud, el alumnado referido en el apartado 4 del artículo 5 bis del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y normas de desarrollo, en el momento de inicio del módulo de formación práctica.
Las solicitudes de exención de este módulo por su correspondencia con la práctica laboral se presentarán con una antelación mínima de un mes previo al inicio de la formación práctica, y se resolverán por el Servicio Cántabro de Empleo. Si transcurrido un plazo de quince días no se hubiera notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse estimada por silencio administrativo.
7. La entidad de formación que imparta el módulo formativo que permita completar la formación asociada a un certificado de profesionalidad, deberá facilitar al alumnado que acredite tener el resto de los módulos formativos superados del mismo o distinto certificado de profesionalidad (si en este último caso estuviese acreditado para su impartición), la realización del módulo de formación práctica. La realización de dicho módulo de formación práctica se regulará de conformidad con el Real Decreto por el que se establece dicho certificado de profesionalidad, siendo de aplicación lo establecido en el Decreto 104/2008, de 16 de octubre, en lo relativo a prácticas profesionales no laborales.
Artículo 6. Plazo de ejecución de las acciones formativas.
1. Cada convocatoria que se apruebe en relación con las bases reguladoras establecerá el plazo de ejecución.
2. En el plazo que establezca cada convocatoria, las entidades beneficiarias deberán presentar el calendario de ejecución de las acciones formativas concedidas.
En la elaboración del calendario las entidades deberán observar las siguientes reglas:
a) Las acciones formativas podrán iniciarse una vez dictada la resolución de concesión de las subvenciones.
b) Las entidades de formación deberán prever el inicio y finalización de las acciones formativas de acuerdo con lo establecido en cada convocatoria.
Una vez presentado, las entidades beneficiarias de subvención no podrán instar la modificación del calendario.
3. El Servicio Cántabro de Empleo examinará el calendario de ejecución propuesto por las entidades de formación, correspondiendo a la dirección del organismo su aprobación mediante resolución que será publicada en el Tablón de anuncios del Servicio Cántabro de Empleo (Paseo General Dávila, 87, CP 39006, Santander). A meros efectos informativos el Servicio de Formación dispondrá la publicación del calendario en el Tablón de anuncios de EmpleaCantabria, sitio Web del Servicio Cántabro de Empleo (www.empleacantabria.com).
4. Una vez aprobado el calendario de ejecución, éste podrá ser modificado por el Servicio Cántabro de Empleo en base a alguno de los siguientes criterios:
a) Una mejor distribución territorial.
b) Una mejor distribución temporal.
c) Una mejor ejecución de la programación.
d) Dar respuesta a las necesidades del mercado de trabajo.
e) Completar la selección del alumnado.
Las modificaciones que pueda acordar el Servicio Cántabro de Empleo podrán alterar los porcentajes de distribución del inicio de las acciones formativas establecidas en cada convocatoria, lo que podrá conllevar, en su caso, los reajustes presupuestarios procedentes.
5. Las entidades de formación deberán comenzar las acciones formativas, de acuerdo con el calendario de ejecución aprobado por la directora del Servicio Cántabro de Empleo, incluyendo las modificaciones posteriores, si las hubiere.
1. La cuantía máxima de la subvención a conceder por cada acción formativa se determinará mediante el producto del número de horas de la misma por el número de alumnado y por el importe del módulo establecido en el anexo II.
En las acciones formativas que se correspondan con certificados de profesionalidad que contengan el módulo de formación práctica en centros de trabajo, éste módulo se subvencionará en la misma cuantía por alumno/a y hora que la acción principal.
2. El importe de la subvención que se otorgue al amparo de esta orden en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas procedentes de otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.
1. La financiación se hará con cargo a los créditos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio que se determinen en cada convocatoria.
2. La financiación de estas subvenciones estará constituida con fondos de empleo de ámbito nacional transferidos por la Administración General del Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, así como con fondos de empleo autonómicos del Gobierno de Cantabria.
Artículo 9. Solicitudes: plazo, forma y lugar de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Cantabria».
2. La solicitud de programación a presentar por cada entidad de formación identificada por su número de censo podrá únicamente incluir especialidades formativas vigentes en el Catálogo de Especialidades Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal.
3. Las solicitudes de subvención que se presenten en el marco de cada convocatoria, irán acompañadas de la documentación requerida, y se tramitarán de forma electrónica mediante la aplicación informática que estará a disposición de las entidades solicitantes en la página WEB del Gobierno de Cantabria (www.cantabria.es) o de la del Servicio Cántabro de Empleo (www.empleacantabria.com). Para su acceso será imprescindible que el representante legal de la entidad disponga de certificado digital.
4. Las solicitudes contendrán:
6. Si la entidad solicitante no presta su consentimiento para la comprobación y constancia por el Servicio Cántabro de Empleo de los datos mencionados en el apartado anterior, presentará copia de los siguientes documentos:
7. Si la entidad solicitante es una persona jurídica, las solicitudes irán acompañadas de copia del poder suficiente y subsistente a favor de la persona física que suscribe la solicitud para actuar en nombre de la entidad solicitante.
8. Las entidades solicitantes podrán presentar, además, la siguiente documentación:
c) A los efectos de lo dispuesto en el apartado g) del artículo 10.6, la documentación que establezca cada convocatoria.
9. El Servicio Cántabro de Empleo podrá requerir en cualquier momento del procedimiento si lo considera necesario, la presentación de documentos originales, para su cotejo en aquellos documentos que se presenten mediante copia simple.
10. La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que se hubiera acompañado o incorporado a la declaración responsable, o presentado a la solicitud, determinarán la imposibilidad de continuar con la actividad de impartición de las acciones formativas, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 10. Procedimiento: ordenación e instrucción.
1. La concesión de las subvenciones correspondientes se realizará en régimen de concurrencia competitiva, atendiendo a los principios de objetividad, igualdad, transparencia y publicidad, regulándose conforme lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en cuanto constituyan legislación básica del Estado, y en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
Podrá declararse la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En ese caso se reducirán a la mitad los plazos establecidos en esta orden relativos al procedimiento de concesión, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
2. En uso de la habilitación contenida en el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, todas las notificaciones que durante el procedimiento, incluidos los requerimientos, deban realizarse, serán sustituidas por su publicación en el tablón de anuncios del Servicio Cántabro de Empleo (Paseo General Dávila, 87, CP 39006, Santander). La publicación en dicho tablón sustituirá a la notificación, surtiendo sus mismos efectos. A todos los efectos se entenderá practicada la notificación el primer día de exposición en el citado tablón, computándose los plazos a partir del día siguiente a dicha fecha.
A meros efectos informativos el Servicio de Formación dispondrá la publicación de las notificaciones en el Tablón de anuncios de EmpleaCantabria, sitio Web del Servicio Cántabro de Empleo (www.empleacantabria.com).
3. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será el Servicio de Formación, que ejercerá las siguientes funciones:
a) Verificar que las solicitudes cumplen los requisitos exigidos en la esta orden y, si advirtiese defectos u omisiones en la documentación exigida, requerir al solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles apercibiéndole que, de no hacerlo, se entenderá que desiste de su solicitud, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
b) Solicitar asesoramiento y cuantos informes estime necesarios para resolver.
4. Para la valoración de las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración fijados en esta orden, se constituirá un Comité de Valoración que estará presidido por la directora del Servicio Cántabro de Empleo o persona en quien delegue, y formarán parte del mismo como vocales dos funcionarios o funcionarias del Servicio Cántabro de Empleo, y un funcionario o una funcionaria del citado organismo, quien actuará en calidad de secretario o secretaria.
5. El Comité de Valoración, a la vista de las solicitudes presentadas, planificará las acciones formativas objeto de programación, estableciendo un número máximo de cursos de la misma especialidad a impartir por zona de influencia de cada localidad, dando prioridad a las acciones formativas que se correspondan con los certificados de profesionalidad, prestando especial atención a las necesidades formativas en cada zona de influencia.
6. Evaluadas las solicitudes, el Comité de Valoración emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. Dicha valoración se realizará teniendo en consideración los siguientes criterios:
a) Informes de evaluación de centros y cursos respecto a las especialidades a impartir. Hasta 25 puntos.
En este criterio se valorarán los PEC3 de evaluación y seguimiento de cursos programados en modalidad presencial en Cantabria, de los años establecidos en cada convocatoria, siempre que hayan finalizado, de cada una de las especialidades solicitadas por la entidad de formación, con la puntuación más beneficiosa obtenida en dichos años, de la siguiente manera:
1.º Hasta 300 puntos, 1 punto
2.º De 301 a 325 puntos, 4 puntos
3.º De 326 a 350 puntos, 7 puntos
4.º De 351 a 375 puntos, 10 puntos
5.º De 376 a 400 puntos, 13 puntos
6.º De 401 a 425 puntos, 16 puntos
7.º De 426 a 450 puntos, 19 puntos
8.º De 451 a 475 puntos, 22 puntos
9.º Más de 475 puntos, 25 puntos
b) Experiencia acreditada de la entidad de formación en la impartición de acciones de formación profesional para el empleo en modalidad presencial en Cantabria. Hasta 12 puntos.
En este criterio, la experiencia vendrá determinada por tres parámetros; por un lado la antigüedad de la entidad de formación, por otro lado el número de alumnado programado en los años establecidos en cada convocatoria, y por último, el número de horas programadas en los años establecidos en cada convocatoria, de la siguiente forma:
1.º La antigüedad, a la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Cantabria», se valorará con un máximo de 4 puntos y un mínimo de 1, dando de esta forma puntuación a las entidades de formación de reciente inscripción y/o acreditación, de la siguiente manera:
- Mayor de 25 años, 4 puntos
- Mayor de 20 años, hasta 25 años incluido, 3,5 puntos
- Mayor 15 años, hasta 20 años incluido, 3 puntos
- Mayor de 10 años, hasta 15 años incluido, 2,5 puntos
- Mayor de 5 años hasta 10 años incluido, 2 puntos
- Mayor de 2 años hasta 5 años incluido, 1,5 puntos
- Igual o inferior a 2 años, 1 punto
2.º El alumnado programado se valorará con un máximo de 4 y un mínimo de 1 punto, de la siguiente manera:
- Hasta 30 alumnos/as, 1 punto
- De 31 a 60 alumnos/as, 1,5 puntos
- De 61 a 90 alumnos/as, 2 puntos
- De 91 a 120 alumnos/as, 2,5 puntos
- De 121 a 195 alumnos/as, 3 puntos
- De 196 a 270 alumnos/as, 3,5 puntos
- Más de 270 alumnos/as, 4 puntos
3.º Las horas programadas se valorarán con un máximo de 4 y un mínimo de 1 punto, de la siguiente manera:
- Hasta 500 horas, 1 punto
- De 501 a 1.500 horas, 1,5 puntos
- De 1.501 a 2.250 horas, 2 puntos
- De 2.251 a 3.000 horas, 2,5 puntos
- De 3.001 a 4.000 horas, 3 puntos
- De 4.001 a 5.000 horas, 3,5 puntos
- Más de 5.000 horas, 4 puntos
c) Prácticas profesionales no laborales realizadas en empresas relativas a las programaciones que se indiquen en cada convocatoria en la especialidad solicitada. Hasta 15 puntos.
Se valorará en cada especialidad formativa la realización de prácticas (no contenidas en la formación de especialidades conducentes a la obtención de certificado de profesionalidad) relativas a las programaciones que se indiquen en cada convocatoria con 1 punto por alumno/a que haya realizado prácticas hasta un máximo de 15 puntos.
d) Acciones que, por su lugar de impartición y la escasez de oferta en la localidad donde se desarrolle la acción formativa, se considere necesaria su programación. 25 puntos.
e) La acreditación de la entidad de formación de estar en posesión de un sistema acreditado de calidad para la gestión de la formación. 10 puntos.
Se valorarán con 10 puntos las solicitudes de aquellas entidades de formación que hayan presentado la certificación de calidad en la actividad de formación.
f) La acreditación emitida por el Centro de Accesibilidad y Ayudas Técnicas del Gobierno de Cantabria (CAT Cantabria), de la accesibilidad, supresión de barreras arquitectónicas y de la comunicación del centro y su acceso. 5 puntos.
Se valorarán con 5 puntos las solicitudes de las entidades de formación que hayan presentado certificado emitido por el C.A.T. de la carencia de barreras arquitectónicas y de la accesibilidad universal del centro y su acceso.
g) Acciones formativas dirigidas, a todos o alguno de los colectivos prioritarios establecidos en cada convocatoria, que se determinarán en función de la situación sociolaboral de cada momento. Hasta 8 puntos.
7. En caso de empate entre solicitantes de una misma especialidad formativa programada, éste se resolverá a favor de la entidad que tenga una mejor puntuación de entre los criterios descritos anteriormente y en el orden establecido para los mismos.
8. No obstante lo anterior, no será necesario fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos en el caso de que el crédito consignado en cada convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 55.1 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
9. El Servicio de Formación, a la vista del expediente y del informe del Comité de Valoración, formulará la propuesta de resolución, que deberá expresar la relación de solicitantes para quienes se propone la concesión de la subvención y su cuantía, así como la relación de solicitudes que se propone denegar.
Igualmente, la propuesta de resolución podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para poder ser subvencionadas, no lo hayan sido por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en cada convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.
10. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la aprobación de la correspondiente convocatoria, cuyo extracto será objeto de publicación en el «Boletín Oficial de Cantabria», por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
1. La competencia para resolver corresponderá al Consejo de Gobierno cuando al menos una de las subvenciones exceda, individual y unitariamente considerada, la cantidad de 60.000 euros, según lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Subvenciones de Cantabria. En otro caso, la competencia corresponderá a la Dirección del Servicio Cántabro de Empleo.
Adicionalmente, la resolución de la convocatoria podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para poder ser subvencionadas, no lo hayan sido por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en cada convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguna de las empresas o personas beneficiarias, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguna de las beneficiarias se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.
Igualmente se hará constar que la subvención es objeto de financiación a través de fondos de empleo de ámbito nacional transferidos por el Servicio Público de Empleo Estatal, así como con fondos de empleo autonómicos del Gobierno de Cantabria. Estos fondos podrán ser cofinanciados por el Fondo Social Europeo en un 50 %, a través del Programa Operativo FSE de Cantabria 2014-2020, siempre y cuando se ajusten a los criterios de selección de operaciones que se determinen.
3. El plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de cuatro meses, contados a partir del día siguiente al de publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Cantabria». Si transcurrido dicho plazo no se hubiera notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada por silencio administrativo.
La notificación hará sucinta mención de las obligaciones fiscales de las entidades beneficiarias, especialmente a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
4. Si la resolución la adoptara el Consejo de Gobierno, agotará la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición, ante ese mismo órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, o bien directamente recurso contenciosoadministrativo, ante la Sala del mismo orden del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su notificación.
Si la resolución la adoptara la directora del Servicio Cántabro de Empleo, no agotará la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación.
5. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones y ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
7. De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema nacional de publicidad de subvenciones.
1. Una vez recaída la resolución de concesión, la entidad beneficiaria podrá solicitar la modificación de la misma que deberá fundamentarse en circunstancias sobrevenidas durante el plazo de ejecución de la actividad subvencionada y formalizarse con carácter inmediato a su acaecimiento, y en todo caso, antes de la finalización del citado plazo de ejecución.
A las modificaciones que afecten exclusivamente al número de participantes en las acciones formativas no les será de aplicación lo dispuesto en este artículo, siempre que no suponga minoración de la valoración técnica obtenida en la solicitud de subvención, debiendo no obstante comunicar tal circunstancia al Servicio Cántabro de Empleo en el momento en que se produzcan.
2. Las solicitudes de modificación se tramitarán por el Servicio de Formación, y previo informe del Comité de Valoración, serán resueltas por el órgano concedente de la subvención. En todo caso, la modificación sólo podrá autorizarse si no daña derechos de terceros.
3. El órgano concedente deberá dictar resolución aceptando o denegando la modificación propuesta en el plazo de un mes desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el Registro del Servicio Cántabro de Empleo. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.
4. Las solicitudes podrán retrotraer sus efectos, como máximo, al momento de la presentación de la solicitud de modificación.
1. El abono de la subvención se realizará de manera fraccionada, según lo establecido en el apartado 2.
En todo caso, los pagos estarán condicionados a que las entidades beneficiarias acrediten que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, salvo que se acredite que dichas deudas se encuentran aplazadas, fraccionadas o cuando se hubiese acordado su suspensión. No podrán realizarse los pagos de la subvención cuando la entidad sea deudora por resolución firme de procedencia de reintegro, mientras no se satisfaga o garantice la deuda de la manera prevista en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio.
2. Una vez recaída resolución de concesión de la subvención se abonará de oficio a cada entidad beneficiaria el 25 % de la cuantía de la subvención concedida, en concepto de anticipo, sin necesidad de constituir garantías a favor de la Administración.
Acreditado el inicio de la acción formativa por la entidad beneficiaria, se anticipará el pago de un 35 % adicional, sin necesidad de constituir garantías a favor de la Administración.
El 40 % restante del importe de la subvención se abonará una vez finalizada y justificada la acción formativa. A estos efectos, se estará a lo dispuesto en el artículo 84.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 14. Plazo y forma de justificación de la subvención.
1. La entidad beneficiaria deberá justificar la realización de la acción formativa subvencionada, así como los gastos generados por dicha actividad. Para ello deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como los costes subvencionables y los criterios de imputación establecidos en el anexo I de esta orden y en la Orden HAC/40/2014, de 22 de agosto de 2014, por la que se aprueba el manual de justificación de gastos de acciones formativas de formación profesional para el empleo.
2 El plazo para la justificación de la acción formativa será de tres meses tras su finalización.
3. La entidad beneficiaria deberá presentar ante el Servicio Cántabro de Empleo, conforme a las instrucciones e impresos normalizados que se faciliten:
b) La cuenta justificativa de los gastos incurridos, que se compondrá de la declaración de liquidación en el modelo CC3-E correspondiente a cada acción formativa, y para los costes directos, la relación clasificada de los gastos efectuados, las facturas acreditativas de los mismos y la documentación justificativa del pago, que se presentará en original y copia al objeto de que la misma sea compulsada y se estampillen los justificantes de gasto originales.
La declaración de liquidación en el modelo CC3-E correspondiente a cada acción formativa y las relaciones clasificadas de los gastos efectuados (anexos) se tramitarán de forma electrónica mediante la aplicación informática que estará a disposición de las entidades solicitantes en la página WEB del Gobierno de Cantabria (www.cantabria.es) o de la del Servicio Cántabro de Empleo (www.empleacantabira.com).
4. Los gastos indirectos se justifican mediante financiación a tipo fijo, determinada aplicando un porcentaje, acción por acción, respecto de los costes directos de la actividad formativa detallados en el anexo I. También se detallan en dicho anexo los tipos fijos aplicables.
Cualquier corrección financiera que se aplique sobre los gastos base del cálculo del tipo fijo, en virtud de las verificaciones y controles que puedan efectuarse, dará lugar a una minoración de los costes indirectos justificados.
La opción financiación a tipo fijo para la imputación de los gastos indirectos es obligatoria para todas las entidades beneficiarias de las acciones concedidas, durante todo el proceso de ejecución y liquidación, y no se puede cambiar este sistema de justificación.
5. Transcurrido el plazo establecido para la justificación de la subvención sin que se hubiese presentado la documentación anterior, el Servicio Cántabro de Empleo requerirá a la entidad beneficiaria para que en el plazo improrrogable de quince días aporte la misma. La falta de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo plazo, llevará consigo el inicio del procedimiento de revocación y reintegro, o de pérdida del derecho al cobro, en su caso, de la subvención.
En todo caso, si la documentación presentada fuese insuficiente para considerar correctamente justificada la subvención concedida, el Servicio Cántabro de Empleo pondrá en conocimiento de los beneficiarios las insuficiencias observadas para que en el plazo de diez días sean subsanadas.
7. Una vez presentada la documentación señalada en el apartado 3 de este artículo, el Servicio de Formación realizará la correspondiente comprobación técnicoeconómica.
Si como resultado de dicha comprobación se dedujera que el coste subvencionable ha sido inferior a la subvención concedida, o que se han incumplido total o parcialmente los requisitos establecidos en la normativa aplicable a la justificación de la subvención o los fines para los que
fue concedida la misma, se comunicará tal circunstancia al interesado junto a los resultados de la comprobación técnicoeconómica, y se iniciará el procedimiento de reintegro total o parcial de la subvención.
8. Los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a las entidades beneficiarias no incrementarán el importe de la subvención concedida en razón de la escasa cuantía de los mismos y la dificultad de su aplicación a las actividades subvencionadas y de su seguimiento y control, de conformidad con lo previsto en el artículo 18.5 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio.
Artículo 15. Desarrollo de las acciones formativas.
1. Mediante orden de la consejería competente en materia de empleo se regulará el procedimiento de selección del alumnado y por el que se desarrollen las acciones formativas. La misma aprobará el manual de gestión de las acciones formativas, que recogerá el conjunto de instrucciones que regirán el proceso de selección del alumnado y su desarrollo, así como la tramitación de la documentación requerida. Las entidades beneficiarias remitirán, en el soporte y plazo que se determine, cuanta información el Servicio Cántabro de Empleo estime precisa sobre el desarrollo de dichas acciones.
2. Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad de los niveles de cualificación profesional 2 y 3, el alumnado deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 20 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, así como en los Reales Decretos por los que se regula cada certificado de profesionalidad.
En caso de que las personas seleccionadas sean desempleadas, las entidades responsables de impartir la formación deberán comunicar de manera inmediata al Servicio Cántabro de Empleo las renuncias, no presentaciones y abandonos de las acciones formativas por parte de aquéllas, con indicación de las causas de dichas circunstancias.
Salvo autorización, no se iniciará ninguna acción formativa si no se dispone para ello del 100 % del número de alumnos/as programados/as.
3. El alumnado deberá asistir, seguir con aprovechamiento las acciones formativas en las que participen, no alterar el desarrollo de las mismas y no provocar incidentes que dificulten la impartición o la convivencia en las clases. El incumplimiento de estas obligaciones podrá suponer su exclusión. Igualmente será causa de expulsión incurrir en cinco incumplimientos horarios en un mes, sin justificación. Se entiende por incumplimiento horario tanto el retraso en la hora de entrada como el adelanto en la salida o las ausencias durante parte de las horas lectivas. Además, constituirá causa de expulsión de las acciones formativas el incurrir en más de tres faltas de asistencia no justificadas en un mismo mes.
El alumnado que esté realizando una acción formativa de certificado de profesionalidad en la que alguna unidad formativa o algún módulo de formación de dicha acción formativa ya lo tenga superado por haberlo realizado anteriormente, podrá solicitar la exención del mismo. La solicitud de exención de esta unidad formativa o de este módulo, acompañado de copia de la certificación, acreditación parcial o del certificado de profesionalidad que contenga dicha unidad formativa o módulo formativo, se presentará con una antelación mínima de quince días previos al inicio de la unidad formativa o del módulo de formación respecto del que solicita la exención, y se resolverá por el Servicio Cántabro de Empleo en el plazo de quince días. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse estimada por silencio administrativo. En tanto no se reciba la resolución de exención, el alumno o la alumna en cuestión tendrá la obligación de asistir al módulo formativo.
De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, la superación de todas las unidades formativas definidas para el módulo, siempre que el participante curse de forma consecutiva al menos una unidad formativa por año, dará derecho a la certificación del módulo formativo y la acreditación de la unidad de competencia correspondiente. Por todo ello, la exención de la unidad formativa podrá autorizarse siempre que la misma se haya cursado en un plazo no superior a un año respecto al resto de las unidades formativas que integran el módulo formativo.
4. Las personas participantes en las acciones formativas deberán comunicar a la entidad de formación donde se realicen las mismas, los cambios que pudieran producirse en su situación laboral durante el desarrollo de dichas acciones formativas.
5. Cada entidad beneficiaria deberá remitir al Servicio Cántabro de Empleo las comunicaciones relativas al inicio, cualquier modificación posterior y en su caso finalización de la formación, en los plazos y forma establecidos en el manual de procedimiento.
En dichas comunicaciones se reflejará la situación laboral del alumnado, desempleado u ocupado, que acrediten al inicio de la formación.
Cuando la acción formativa sea un certificado de profesionalidad que contenga el módulo de formación práctica en centros de trabajo, la entidad de formación deberá aportar un convenio o acuerdo con los titulares de los centros de trabajo donde se realice este módulo. Dicha documentación se presentará junto con la comunicación de inicio, o una vez iniciada la acción formativa, hasta un mes antes del comienzo de dichas prácticas.
Antes del inicio del módulo de formación práctica, en el supuesto de causa de fuerza mayor, la entidad de formación podrá solicitar la modificación del centro o centros de trabajo donde se realice el módulo de formación práctica. La directora del Servicio Cántabro de Empleo resolverá sobre dicha solicitud. Si transcurrido un plazo de quince días no se hubiera notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse estimada por silencio administrativo.
Cuando durante el desarrollo de las acciones formativas, y pese a haberse intentado completar el número de participantes, éste disminuya hasta una cantidad inferior al 50 % del que fue programado, dichas acciones podrán ser suspendidas por la Dirección del Servicio Cántabro de Empleo con el fin de completar la selección del alumnado, siempre y cuando no hayan transcurrido más del 25 % de las horas lectivas, salvo cuando se trate de acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, que será como máximo en el quinto día lectivo, si no se ha superado dicho porcentaje.
Por circunstancias sobrevenidas, la Dirección del Servicio Cántabro de Empleo podrá, mediante resolución motivada, autorizar de oficio o a instancia de parte la suspensión temporal o definitiva de la acción formativa.
6. A los efectos de determinar la subvención una vez realizada la acción formativa, se considerará que cada alumno/a participante ha finalizado la misma cuando haya asistido, al menos, al 75 % de la duración de la acción formativa desde el momento de su incorporación. Para el cálculo anterior las faltas debidamente justificadas se considerarán a efectos del cómputo de asistencia.
En el supuesto de que a un participante se le hubiera concedido por resolución la exención de realización de algún módulo formativo, a excepción del módulo de formación práctica en centros de trabajo, las horas correspondientes al módulo formativo se considerarán a efectos del cómputo de asistencia.
Si se produjeran abandonos de personas participantes se podrán incorporar otras a la formación en lugar de aquéllas. Esta sustitución se admitirá siempre que se produzca antes de alcanzar el 25 % de la duración de la acción formativa, salvo cuando se trate de acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, en cuyo caso únicamente se admitirá la sustitución, siempre que no se haya superado dicho porcentaje, si se produce durante los primeros cinco días lectivos desde el inicio de la acción formativa. Si los abandonos tuviesen lugar con posterioridad a los mencionados periodos, se admitirán desviaciones por acción de hasta un 15 % del número de participantes que las hubieran iniciado.
En el supuesto de personas desempleadas, se considerará que han finalizado la acción formativa, aquéllas que tuvieran que abandonarla por haber encontrado empleo o haber obtenido una beca retribuida, siempre que el abandono en el curso tenga lugar con posterioridad al período de sustitución, y que la contratación o la concesión de la beca se hayan producido en un plazo máximo de un mes a contar desde el último día de asistencia al curso.
En el supuesto de que la acción formativa contemple la realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo, se considerará que un alumno o alumna ha finalizado el mismo, a efectos de determinar la subvención del módulo de formación práctica, cuando haya asistido, al menos, al 75 % de la duración de éste módulo. A estos efectos, las faltas debidamente justificadas se considerarán a efectos del cómputo de asistencia. Si se producen abandonos de participantes en la realización de este módulo, se admitirán desviaciones de hasta un 15 % del número de participantes que lo han iniciado. En el supuesto de personas desempleadas, se considerará que han finalizado éste módulo, aquéllas que tuvieran que abandonarlo por haber encontrado empleo o haber obtenido una beca retribuida, y que la contratación o la concesión de la beca se hayan producido en un plazo máximo de un mes a contar desde el último día de asistencia al módulo de formación práctica.
Además del alumnado que se considera que ha finalizado la formación según lo dispuesto en los apartados anteriores, se considerarán abonable el alumnado que haya sido excluido del curso por resolución administrativa.
7. La participación del alumnado en acciones formativas no podrá ser superior a ocho horas diarias.
8. La evaluación de la formación de los certificados de profesionalidad se realizará de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, así como sus normas de desarrollo.
Para que el alumnado pueda presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo, deberá justificar una asistencia de al menos el 75 % de la horas totales del mismo, desde el momento de su incorporación al mismo.
9. La acreditación de la formación se realizará mediante la entrega del correspondiente certificado o diploma, tras la finalización de la acción formativa, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, y según el procedimiento establecido por el Servicio Cántabro de Empleo.
11. Las actividades de tutoría para el refuerzo de los contenidos formativos al alumnado sólo podrán ser efectuadas por los docentes incluidos en el documento de comunicación de inicio del curso, o en sus posibles modificaciones, y respecto de los módulos que tengan autorizado impartir. En ningún caso, el número de horas de tutorías para el refuerzo formativo de un módulo podrá superar las horas programadas del mismo. Junto con la documentación de seguimiento del curso deberá aportar documento de tutorías en el que se identifique al participante tutorizado o tutorizada, duración, horario, módulo tratado y firma de participante y tutor o tutora.
12. Para poder impartir la formación correspondiente a cada uno de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad, los formadores deberán reunir los requisitos establecidos en los Reales Decretos por el que se regula cada certificado de profesionalidad, en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, así como sus normas de desarrollo.
A los efectos de lo establecido en el artículo 29.4 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, en los módulos formativos en los que se requiere acreditación mediante formaciones oficiales y experiencia profesional, se podrá considerar como equivalente la experiencia docente a la experiencia profesional en el ámbito de la unidad de competencia a la que se asocia dicha formación, siempre y cuando se disponga de acreditación mediante formaciones oficiales.
13. Cuando en el desarrollo de una acción formativa se realicen prácticas en un centro externo a la entidad de formación, deberá aportarse, con carácter previo a su inicio: el convenio de colaboración entre la entidad beneficiaria y el titular del centro donde se realicen, así como escrito de la entidad beneficiaria que indique qué docente estará al cargo de supervisar las
prácticas externas, el módulo del curso al que se imputan dichas horas prácticas y las labores desarrolladas por dicho docente durante las prácticas. La entidad de formación designará tutor o tutora de entre el personal docente que haya impartido los módulos formativos relacionados con las mismas.
El convenio o acuerdo entre las entidades de formación y los centros de trabajo al menos deberá incluir: lugar, fechas y horario del módulo de formación práctica en centros de trabajo; número de alumnado; y tutor o tutora designada por la entidad de formación, de entre los formadores que hayan impartido la formación, y tutor o tutora designada por la empresa.
14. Cuando en la ejecución de las acciones formativas se produzcan bienes, la entidad de formación no podrá obtener beneficio económico de ello, pudiendo ceder los bienes a instituciones públicas o a instituciones privadas declaradas de utilidad pública y para el cumplimiento de sus fines.
Artículo 16. Seguro de accidentes.
1. Será obligatorio suscribir un seguro de accidentes para las personas participantes en las acciones formativas. El riesgo de accidente derivado de la asistencia a las mismas o a las tutorías estará cubierto por una póliza siempre sin franquicia o, en su defecto, la carta de garantías del mismo, y tendrá al menos la siguiente cobertura:
a) Asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria para cualquier accidente ocurrido durante el horario de desarrollo de la acción formativa y las tutorías, incluyendo las salidas.
b) Visitas autorizadas y el tiempo necesario para el desplazamiento del alumnado desde su residencia habitual al lugar de impartición (el desplazamiento deberá cubrir cualquier medio de locomoción).
c) Una indemnización mínima de 30.000 euros por fallecimiento y mínima de 60.000 euros por invalidez permanente, derivadas ambas situaciones de un accidente en la acción formativa, en salidasvisita y en el desplazamiento.
2. La entidad de formación a la que corresponda realizar este seguro de accidentes estará obligada a mantenerlo durante todo el periodo lectivo en que cada participante permanezca de alta en la acción formativa.
3. El alumnado del módulo de formación práctica en centros de trabajo deberá estar asegurado con las mismas coberturas que para la acción formativa principal.
Artículo 17. Subcontratación.
1. La ejecución de las acciones subvencionadas será realizada directamente por la entidad beneficiaria, sin que pueda subcontratarla con terceros. A estos efectos, la contratación directa por parte de la entidad beneficiaria del personal docente para la impartición de la formación subvencionada sin que medien terceros, no se considerará subcontratación.
2. Las entidades beneficiarias que impartan certificados de profesionalidad que contengan el módulo de formación práctica en centros de trabajo podrán subcontratar hasta un 100 % del importe de la subvención correspondiente a este módulo; así mismo, en las acciones formativas en las que el programa exija la realización de prácticas en un centro externo a la entidad de formación, se podrá subcontratar dichas prácticas, todo ello en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
3. La entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas para la elección de las entidades subcontratadas cuando el importe de la actividad formativa objeto de la subcontratación supere la cuantía prevista en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten.
4. Cuando para la elección de las entidades subcontratadas no se haya seguido con lo establecido en el apartado anterior, con el fin de verificar los gastos reales, la entidad beneficiaria deberá exigir al subcontratista y aportar en el momento de la liquidación todos los comprobantes de gasto y pago que respalden la/s factura/s emitida/s por éste.
Artículo 18. Derechos y obligaciones del alumnado.
1. La participación del alumnado en cualquier actividad formativa de las reguladas en la presente orden será absolutamente gratuita.
2. El alumnado tendrá cubierto el riesgo de accidente que se pueda producir como consecuencia de la asistencia a los cursos o a las tutorías, así como el riesgo «in itinere», incluyendo la realización de prácticas profesionales no laborales en centros de trabajo o empresas distintas a la entidad beneficiaria.
3. Podrán tener derecho a becas o ayudas, de acuerdo con lo especificado en el Decreto 104/2008, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de subvenciones en materia de formación profesional para el empleo.
4. El alumnado tendrá a su disposición las instalaciones, equipos y materiales previstos para el desarrollo de la acción formativa durante el calendario previsto para la misma. Asimismo, se les cederá el uso del material didáctico y de consumo necesario para recibir la formación que les permita adquirir las competencias profesionales previstas.
5. Recibirán un certificado o diploma que acredite su aprovechamiento, siempre que reúnan todas las condiciones que se indican a continuación:
a) Que finalicen la acción formativa, es decir, que no la hayan abandonado por ninguna causa.
b) Que obtengan evaluación positiva tras superar, de un modo objetivo, todos los módulos del curso.
c) Que hayan asistido al menos al 75 % de las horas lectivas de la acción formativa desde el momento de su incorporación al mismo.
6. En el caso de formación vinculada a los certificados de profesionalidad regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, recibirán una acreditación parcial que acredite su aprovechamiento, siempre que reúnan todas las condiciones que se indican a continuación:
c) Que hayan asistido al menos al 75 % del módulo formativo, desde el momento de su incorporación al mismo.
1. El alumnado participante en los cursos tiene la obligación de asistir, seguir los mismos con aprovechamiento, no alterar su normal desarrollo, observar las normas de seguridad y no provocar incidentes que dificulten la impartición o la convivencia en las clases. El incumplimiento de esta obligación podrá suponer la exclusión del curso. Igualmente será causa de expulsión incurrir en cinco incumplimientos horarios en un mes, sin justificación. Se entiende por incumplimiento horario tanto el retraso en la hora de entrada, como el adelanto en la salida o las ausencias durante parte de las horas lectivas.
El hecho de tener más de tres faltas de asistencia sin justificar en un mismo mes será causa de baja en el curso. Serán consideradas causas justificadas las que se contemplan como contingencias o riesgos comunes (como enfermedad común, accidente no laboral, maternidad, etc.) y contingencias o riesgos profesionales en el sistema de la Seguridad Social (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), el cumplimiento de una obligación personal impuesta por la Administración, así como las que se establezcan en el manual de procedimiento.
En caso de producirse causa de exclusión por no seguir el curso con aprovechamiento, alterar el desarrollo de las mismas, observar las normas de seguridad o provocar incidentes que
dificulten la impartición o la convivencia en las clases, a criterio del responsable del mismo, la entidad de formación trasladará al Servicio Cántabro de Empleo escrito haciendo constar las circunstancias del caso, con propuesta de exclusión de la persona participante. La directora del Servicio Cántabro de Empleo formulará escrito a la persona interesada, poniéndole de manifiesto los hechos fundamento de la propuesta de exclusión. Ésta podrá contestar en el plazo de tres días sobre los hechos reflejados en el escrito citado. Transcurrido dicho plazo, previa propuesta del Servicio de Formación, la directora del Servicio Cántabro de Empleo resolverá lo procedente.
2. El alumnado deberá conservar y mantener en buen uso todo lo que la entidad de formación pone a su disposición: las instalaciones, el material de consumo, los equipos, las herramientas y el material didáctico.
3. Deberá, asimismo, autorizar al Servicio Cántabro de Empleo para su comprobación, o presentar en tiempo y forma la documentación exigida, para la acreditación de las condiciones para ser alumno/a, así como la correspondiente a la causa que se alegue para abandonar el curso (contrato de trabajo o certificado de beca retribuida).
4. El alumnado deberá facilitar información veraz sobre sus datos personales y sobre los aportados durante el proceso de selección. En caso contrario no se les expedirá la acreditación que corresponda.
Artículo 19. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, y en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, constituyen obligaciones de las entidades beneficiarias:
a) Aportar la información y documentación que se requiera durante la fase de instrucción del procedimiento, ejecución de la formación y justificación de la subvención, así como tener a disposición de los órganos de control competentes los documentos acreditativos de la asistencia del alumnado a las acciones formativas, y a los módulos de formación práctica en centros de trabajo, en su caso.
b) Colaborar en los procesos de selección del alumnado y en su inserción en el mercado de trabajo.
c) Garantizar la gratuidad de las acciones formativas para el alumnado en la formación subvencionada.
d) Asegurar al alumnado contra accidentes, conforme lo establecido en esta orden.
e) Realizar, dirigir, organizar y llevar a cabo el seguimiento y justificación de la realización de los cursos según lo previsto en las condiciones establecidas.
f) Identificar convenientemente, tanto en el exterior como en el interior de los locales del centro, así como en cuanta publicidad se haga de las actividades subvencionadas, que los cursos están subvencionados por el Gobierno de Cantabria con cargo a los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal, y la cofinanciación, en un cincuenta por ciento por el Fondo Social Europeo, llevando a cabo las siguientes especificaciones establecidas en el artículo 115.3 y en el apartado 2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013:
1.º En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, la entidad beneficiaria deberá reconocer el apoyo del FSE a la operación mostrando:
- El emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas en el Reglamento de ejecución (UE) n.º 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014, con arreglo al artículo 115, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, y una referencia a la Unión Europea;
- Una referencia al Fondo Social Europeo.
2.º La entidad beneficiaria informará al público del apoyo obtenido del FSE:
- Haciendo una breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, de la acción subvencionada, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión Europea.
- Colocando un cartel con las especificaciones contenidas en el manual de procedimiento, en el que mencionará la ayuda financiera de la Unión Europea, en un lugar bien visible para el público, por ejemplo, la entrada de un edificio.
3.º La entidad beneficiaria se asegurará de que las partes que intervienen en las actuaciones subvencionadas y cofinanciadas por el FSE han sido informadas de dicha financiación. En este sentido, deberán hacer constar en todas las actividades de información de las acciones formativas, publicaciones, material didáctico y acreditaciones de la realización de la formación a entregar al alumnado, el carácter público de la financiación subvencionada y la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
A efectos del cumplimiento de estas obligaciones, el Servicio Cántabro de Empleo dará las oportunas instrucciones a las entidades beneficiarias, poniendo a disposición de las mismas, preferentemente a través de medios electrónicos, la documentación y modelos que deberán de utilizar.
g) Mantener un sistema de contabilidad separado para todas las transacciones relacionadas con las operaciones objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo o, al menos, contar con una codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones, sin perjuicio de las normas de contabilidad nacional.
h) Someterse a las visitas que se realicen, al resto de actuaciones de comprobación que se efectúen y facilitar las tareas de seguimiento y evaluación a realizar por el Servicio Cántabro de Empleo, así como a las de control financiero que corresponden a la Intervención General en relación con las subvenciones y facilitar toda la información que le sea requerida por el Tribunal de Cuentas. Asimismo, las entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en la presente orden se someterán a las acciones de control que efectúen, en su caso, los órganos de la Unión Europea, en caso de cofinanciación del Fondo Social Europeo.
i) Haber realizado o, en su caso, garantizado las devoluciones de las cantidades concedidas y pagadas en convocatorias anteriores, y cuya devolución le haya sido exigida mediante reclamación previa a la vía ejecutiva o mediante resolución de procedencia de reintegro, salvo que se hubiera producido la suspensión del acto.
j) Acreditar, con carácter previo a los pagos de la subvención, que se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
k) Comunicar al Servicio Cántabro de Empleo la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
l) Sin perjuicio de las normas nacionales aplicables, conservar la documentación conforme a lo establecido en el artículo 140 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
m) Mantener las instalaciones y la estructura de medios, sobre la base de las cuales se ha producido su inscripción, y adaptarlas a los requisitos mínimos que en cada momento se exijan para cada especialidad acreditada o inscrita.
n) Solicitar autorización expresa para mantener la inscripción y/o la acreditación como entidad de formación cuando se produzca un cambio de titularidad o de forma jurídica del centro.
o) Desarrollar las acciones formativas en los espacios formativos homologados, inscritos y/o acreditados para tal fin.
p) Las demás obligaciones expresamente recogidas para el desarrollo de la acción formativa.
q) Cuando impartan un certificado de profesionalidad al amparo del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, establecer convenios o acuerdos con centros de trabajo para la realización del módulo de formación práctica, así como la ejecución del mismo, para todo el alumnado, con las exenciones establecidas en el artículo 5.
r) No incurrir en el falseamiento de los datos contenidos en la solicitud o, en los documentos y certificados presentados a los órganos competentes en la tramitación de las solicitudes y en la concesión de la subvenciones.
s) Las Entidades beneficiarias como encargadas del tratamiento se comprometen a observar el deber de secreto profesional respecto de los datos personales objeto de tratamiento, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre ellos. Asimismo, se comprometen a dar traslado al personal que intervenga en el tratamiento de tales datos, de su obligación de mantener secreto profesional respecto de los mismos y su deber de guardarlos. Estas obligaciones subsistirán aún después de finalizar las actividades objeto de subvención.
t) Cumplir con las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal y seguridad de la información, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional segunda.
Artículo 20. Actuaciones de seguimiento y control.
1. El Servicio Cántabro de Empleo llevará a cabo el seguimiento y el control de las acciones formativas subvencionadas a través de las siguientes actuaciones:
a) Actuaciones in situ. Comprenderán el seguimiento de la actividad formativa en el lugar de su impartición y durante la realización de la misma, a través de evidencias físicas y testimonios recabados mediante entrevistas a responsables de formación, alumnado y personal docente, con el fin de realizar una comprobación de la ejecución de la actividad formativa, contenidos de la misma, número real de participantes, instalaciones y medios didácticos.
b) Actuaciones ex post. Se realizarán una vez finalizada la ejecución de las acciones formativas subvencionadas a través de evidencias físicas con el fin de comprobar, entre otros, los siguientes extremos:
1.º Ejecución de la acción formativa.
2.º Número real de participantes.
3.º Entrega al alumnado del diploma o certificado de formación y, en su caso, la inclusión en el mismo del emblema del Fondo Social Europeo.
4.º Documentación justificativa de los costes de formación, su contabilización, así como de la materialización del pago con anterioridad a la justificación de la subvención, teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la normativa estatal, autonómica y, en su caso, de la Unión Europea en caso de cofinanciación del Fondo Social Europeo.
2. El Servicio Cántabro de Empleo podrá realizar otras actuaciones de seguimiento y control que consideren necesarias en el ámbito de sus competencias.
Así mismo, se realizarán actuaciones específicas de seguimiento y control a raíz de denuncias o de la existencia de indicios de fraude o irregularidades en la ejecución de la actividad formativa financiada al amparo de esta orden.
3. El Servicio Cántabro de Empleo podrá solicitar a las entidades beneficiarias que aporten cuantos datos y documentos resulten necesarios a efectos de la justificación o del seguimiento y control de las actuaciones subvencionadas y aquéllas deberán someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Servicio Cántabro de Empleo o los órganos de la Unión Europea, en razón de la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
4. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley de Cantabria 1/2003, de 18 de marzo, los hechos comprobados directamente por los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria encargados de realizar las actuaciones de seguimiento y control, y que sean consignados en sus actas o informes gozan de presunción de veracidad y tienen valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que las personas interesadas puedan aportar en defensa de sus derechos e intereses.
5. El Servicio Cántabro de Empleo dará las instrucciones oportunas en materia de seguimiento y control a las entidades beneficiarias, preferentemente mediante medios electrónicos. En particular deberán cumplimentar, por medios electrónicos y en forma estructurada, los indicadores de ejecución y de resultados establecidos en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Consejo.
6. Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la legislación vigente.
Artículo 21. Revocación y reintegro de cantidades percibidas.
1. Procederá la revocación y el reintegro total de las cantidades percibidas y la exigencia de intereses de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o bien la declaración de la pérdida del derecho al cobro de la misma, si éste no se hubiere efectuado, en los siguientes casos:
a) Por las causas previstas en el artículo 38 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio.
b) Cuando no se ejecute la acción formativa de acuerdo al calendario de ejecución aprobado por la directora del Servicio Cántabro Empleo.
c) Incumplimiento total de las obligaciones de información y publicidad establecidas en el artículo 115.3 y en el apartado 2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, en caso de cofinanciación del Fondo Social Europeo, así como de la colaboración del Servicio Cántabro de Empleo.
d) Cuando la entidad beneficiaria presente resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y seguimiento, o a las de control financiero previstas en la Ley de Subvenciones de Cantabria y en la Ley General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
2. Procederá la revocación y el reintegro parcial de las cantidades percibidas y la exigencia de intereses de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o bien la declaración de la pérdida del derecho al cobro de la misma, si éste no se hubiere efectuado, además de por las causas previstas en el artículo 38 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, en los siguiente supuestos:
a) Cuando la subvención determinada en función de lo establecido en el artículo 15.6 sea inferior a la subvención concedida.
b) Cuando no se haya ejecutado el módulo de formación práctica para alguna de las personas participantes.
No obstante lo anterior, no se entenderá causa de revocación y reintegro en los casos en los que la entidad de formación hubiera suscrito por escrito convenio o acuerdo con algún centro de trabajo para realizar el módulo de formación práctica y la empresa en cuyo centro de trabajo inicialmente se hubiera acordado la realización del citado módulo formativo decidiera de forma unilateral la no realización del mismo, y se justifique documentalmente este extremo.
Serán aplicables las exenciones establecidas en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.
c) Cuando no se facilite la realización del módulo de formación práctica por parte de la entidad de formación que imparta el módulo formativo que permita completar la formación asociada al certificado de profesionalidad impartido u otro certificado en el que esté acreditada la entidad de formación, a aquel alumnado que acredite tener el resto de los módulos formativos superados.
No obstante lo anterior, no se entenderá causa de revocación y reintegro en los casos en los que el centro de formación hubiera suscrito por escrito convenio o acuerdo con algún centro de trabajo para realizar el módulo de formación práctica y la empresa en cuyo centro de trabajo inicialmente se hubiera acordado la realización del citado módulo formativo, decidiera de forma unilateral la no realización del mismo, y se justifique documentalmente este extremo.
3. La graduación de los posibles incumplimientos a los que se hace referencia en el apartado anterior se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Supuestos de incumplimiento que darán lugar a la revocación y reintegro del 100 % de la subvención concedida:
1.º El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención o de la obligación de justificación de la misma.
2.º Si la realización de la actividad subvencionada no alcanza el 35 % de sus objetivos, medidos éstos con el indicador de número de horas de formación multiplicado por el número de alumnos/as formados/as.
3.º Cuando no se ejecute la acción formativa de acuerdo al calendario de ejecución aprobado por la directora del Servicio Cántabro Empleo.
4.º Cuando se incumplan totalmente las obligaciones de información y publicidad establecidas en el artículo 115.3 y en el apartado 2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por parte de las entidades beneficiarias en cuanta publicidad se haga de las actividades subvencionadas en el caso de cofinanciación del Fondo Social Europeo, y de la colaboración del Servicio Cántabro de Empleo.
5.º Cuando por parte de la entidad beneficiaria se presente resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y seguimiento, o a las de control financiero previstas en la Ley de Subvenciones de Cantabria y en la Ley General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
b) Supuestos de incumplimiento que darán lugar a la revocación y reintegro parcial de la subvención concedida:
1.º El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la subvención o de la obligación de justificación de la misma dará lugar a la revocación y reintegro parcial de la subvención concedida. Cuando la ejecución del indicador mencionado en el párrafo anterior esté comprendido entre el 35% y el 100%, la subvención concedida se minorará en el porcentaje que haya dejado de cumplirse, siempre que los gastos hayan sido debidamente justificados.
2.º Cuando la subvención determinada en función de lo establecido en el artículo 15.6, sea inferior a la subvención concedida, ésta se minorará por la diferencia resultante.
3.º Cuando no se haya ejecutado el módulo de formación práctica para alguna de las personas participantes, la subvención se minorará en la cuantía que resulte de multiplicar el número de horas de la acción formativa, incluida la formación práctica, por el número de participantes que no hayan realizado éste módulo, y por el importe del módulo económico.
No obstante lo anterior, no se entenderá causa de revocación y reintegro en los casos en los que la entidad de formación hubiera suscrito por escrito convenio o acuerdo con algún centro de trabajo para realizar el módulo de formación práctica y la empresa en cuyo centro de trabajo inicialmente se hubiera acordado la realización del citado módulo formativo, decidiera de forma unilateral la no realización del mismo, y se justifique documentalmente este extremo.
4.º Cuando no se facilite la realización del módulo de formación práctica por parte de la entidad de formación que imparta el módulo formativo que permita completar la formación asociada al certificado de profesionalidad impartido a aquel alumnado que acredite tener el resto de los módulos formativos superados, la subvención se minorará en la cuantía que resulte de multiplicar el número de horas de la acción formativa, por el número de alumnos a los que no se haya facilitado la realización de éste módulo, y por el importe del módulo económico.
En lo no previsto en el régimen de infracciones y sanciones establecido en el párrafo anterior, se estará al contenido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Título IV de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
1. A los efectos establecidos en esta Orden:
a) La expresión 'entidades de formación' comprende tanto a 'centros de formación' como a 'centros colaboradores', expresiones estas utilizadas hasta la entrada en vigor del Real Decretoley 4/2015, de 22 de marzo.
b) Las referencias realizadas a 'participantes' se entienden hechas a los alumnos y las alumnas o alumnado de las acciones formativas.
c) 'Catálogo de Especialidades Formativas' es la nueva denominación dada por el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, al anterior 'Fichero de especialidades formativas', previsto en el artículo 20.3 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo.
2. A los efectos establecidos en esta orden, en tanto no se proceda a la adaptación del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo a lo dispuesto en el Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, se entenderá:
a) Por demandantes de empleo y servicios: a las personas demandantes de empleo.
b) Por solicitantes de servicios: a las personas demandantes de servicios previos al empleo.
1. De acuerdo a lo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, tendrá la condición de responsable del fichero o tratamiento el Servicio Cántabro de Empleo, respecto de los datos de carácter personal necesarios para la correcta gestión de las ayudas previstas en las convocatorias publicadas al amparo de estas bases reguladoras, y tendrán la condición de encargados del tratamiento de estos mismos datos, las entidades solicitantes y las que resulten beneficiarias en las mismas.
Las entidades solicitantes quedan informadas de que los datos de representantes o personas de contacto en las mismas, incorporados a la gestión de las convocatorias derivadas de estas bases reguladoras o facilitados entre ellas con motivo de su ejecución, serán incluidos en sendos ficheros, titularidad del Servicio Cántabro de Empleo y de cada entidad beneficiaria, cuya finalidad es la gestión de la convocatoria y, en su caso, de la subvención concedida. Cada parte reconocerá a los titulares de tales datos la posibilidad de ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
2. De acuerdo con lo expresado en el artículo 12 de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, no será considerado comunicación de datos el acceso por parte de las entidades beneficiarias a los datos de carácter personal de personas
usuarias del Servicio Cántabro de Empleo, ya que dicho acceso, el correspondiente tratamiento y la presentación al Servicio Cántabro de Empleo de los datos relativos a la ejecución de este programa son necesarios para su correcto desarrollo.
3. Las entidades beneficiarias, como encargadas del tratamiento, reconocerán expresamente que los datos a los que tengan acceso son de exclusiva propiedad del Servicio Cántabro de Empleo, por lo que no podrán aplicarlos o utilizarlos con fines distintos a los previstos en las bases reguladoras; además, deberán tratar los datos de carácter personal conforme a las instrucciones que reciban del Servicio Cántabro de Empleo.
4. Las entidades beneficiarias, como encargadas del tratamiento, no comunicarán los datos de carácter personal a los que tengan acceso en virtud de su participación en las convocatorias derivadas de estas bases reguladoras, ni siquiera para su conservación, a otras personas, a excepción de los organismos públicos o entidades privadas a las que deba dirigirse en estricto cumplimiento de la ley o de las funciones encomendadas por el Servicio Cántabro de Empleo. En el caso de que accedieran fortuitamente a información del Servicio Cántabro de Empleo que no esté relacionada con el objeto de las convocatorias publicadas al amparo de estas bases reguladoras, tendrá obligación de guardar estricta confidencialidad sobre la misma e informar al Servicio Cántabro de Empleo sobre el hecho acontecido.
5. Cuando las personas interesadas solicitasen, ante una entidad beneficiaria, el ejercicio de su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición, ésta deberá dar traslado de la solicitud al Servicio Cántabro de Empleo para que resuelva.
6. Las obligaciones en materia de confidencialidad y seguridad de la información de las entidades beneficiarias como encargadas del tratamiento de los datos y ficheros de carácter personal son las siguientes:
a) En aquellas tareas en las que necesiten acceder a información de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, independientemente de donde esté alojada, deberán respetar la legislación vigente en materia de confidencialidad y seguridad de la información y de los sistemas de información, y, en particular:
- El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
- El Decreto 31/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba la Política de Seguridad de la Información de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
- Otras disposiciones que las desarrollen o sean de aplicación en materia de seguridad o confidencialidad.
b) Guardar secreto profesional, no revelando ni empleando en uso propio o de terceros, ni para un fin distinto al estipulado en estas bases reguladoras, la información que conozcan durante la ejecución de las acciones subvencionadas. Esta obligación subsistirá aún después de finalizar las acciones objeto de subvención.
c) No revelar ni compartir con terceras personas credenciales de acceso que le pudieran ser asignadas durante la ejecución de las acciones subvencionadas.
d) Respetar la legislación vigente en materia de seguridad de la información, así como el cumplimiento de la Política de Seguridad de la Información de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y las normas de seguridad o procedimientos de seguridad que la desarrollen y que afecten a las tareas relacionadas con el cumplimiento de lo establecido en estas bases reguladoras.
e) Respetar las cláusulas específicas sobre seguridad de la información y/o confidencialidad de las presentes bases reguladoras.
f) Informar de forma fehaciente al personal adscrito a la entidad encargada del tratamiento sobre estos compromisos.
g) Todo informe, dato o documento calificado de confidencial, que el Servicio Cántabro de Empleo deba transmitir a la entidad beneficiaria con motivo de la prestación del servicio, incluida la información relacionada con técnicas o metodologías propias, sólo podrá ser utilizada
por ésta para el fin indicado, respondiendo, en consecuencia, de los daños y perjuicios que del incumplimiento de esta cuestión puedan derivarse para el Servicio Cántabro de Empleo.
h) La entidad beneficiaria no podrá utilizar para sí dato alguno, ni publicarlo total o parcialmente, ni proporcionarlo a terceros de alguna otra manera, ni utilizar para otro fin distinto al estipulado en esta orden, sin autorización expresa del Servicio Cántabro de Empleo. En todo caso, la entidad beneficiaria será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación.
i) Una vez finalizada la actividad, la entidad beneficiaria deberá devolver al Servicio Cántabro de Empleo cualquier información calificada de confidencial a la que haya tenido acceso durante la ejecución de las acciones subvencionadas y que resida en sistemas o soportes bajo su control, y deberá devolver o destruir cualquier soporte o documento que la pueda contener, salvo que exista una previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso deberá estar debidamente bloqueada.
7. Las obligaciones de las entidades beneficiarias como encargadas del tratamiento de los datos y ficheros de carácter personal en materia de seguridad en el acceso a los sistemas de información del Servicio Cántabro de Empleo son las siguientes:
a) Deberán informar de forma fehaciente a su personal adscrito que vaya a acceder a los sistemas de información del Servicio Cántabro de Empleo sobre las cláusulas de confidencialidad y seguridad previstas en la presente orden, sobre la Política de Seguridad de la Información de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como de las normas de seguridad de la información o procedimientos de seguridad de la información que les afecten.
b) Deberán aceptar la realización de auditorías sobre seguridad de la información por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
c) Deberán informar al Servicio Cántabro de Empleo de aquellos incidentes de seguridad o debilidades potenciales, que detecten durante la prestación del mismo.
d) Por norma general, la asignación de credenciales será individualizada, con un uso estrictamente personal e intransferible.
8. Obligaciones de las entidades beneficiarias como encargadas del tratamiento para la protección de datos de carácter personal a ejercer por el 'encargado del tratamiento':
a) Tratar los datos de carácter personal conforme a las instrucciones que reciba del responsable del fichero o tratamiento.
b) No aplicar ni utilizar los datos de carácter personal con fines distintos a los previstos en la presente Orden.
c) No comunicar los datos de carácter personal a los que tengan acceso en virtud de su participación en las convocatorias publicadas al amparo de estas bases reguladoras, ni siquiera para su conservación, a otras personas, a excepción de los organismos públicos o entidades privadas a las que deba dirigirse en estricto cumplimiento de la ley o de las funciones encomendadas por el Servicio Cántabro de Empleo.
d) Queda prohibido incorporar los datos de tratamiento a sistemas o soportes distintos a los del Servicio Cántabro de Empleo.
e) El encargado del tratamiento estará obligado a cumplir las medidas previstas en el Documento de Seguridad del fichero o ficheros con datos de carácter personal a los que tenga acceso.
f) Si el nivel de algunos de los ficheros con datos de carácter personal a los que tenga acceso es medio o alto, el Servicio Cántabro de Empleo podrá solicitar copia de informe de la auditoría que tendrá que realizar el encargado del tratamiento, mínimo cada dos años.
g) El encargado del tratamiento deberá contemplar en su propio Documento de Seguridad, el fichero o ficheros con datos de carácter personal del Servicio Cántabro de Empleo a los que accede, el tratamiento efectuado y las medidas que debe implantar para el tratamiento de ese fichero o ficheros.
9. Obligaciones de las entidades beneficiarias como encargadas del tratamiento en materia de subcontrataciones y/o accesos de terceros:
a) En el caso de producirse subcontratación, de acuerdo a lo previsto en estas bases reguladoras, y de que un tercero trate datos personales por cuenta de la entidad beneficiaria, ejerciendo así de encargado del tratamiento, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
1º) Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la entidad beneficiaria y el tercero subcontratado.
2º) Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las instrucciones del Servicio Cántabro de Empleo.
3º) Que la entidad beneficiaria y el tercero formalicen el contrato en los términos previstos en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
b) En estos casos el tercero conservará debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el Servicio Cántabro de Empleo y con la entidad beneficiaria.
10. Devolución o destrucción de los datos:
a) Una vez cumplida la actividad, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento o al encargado que éste hubiese designado, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso deberá procederse a la devolución de los mismos garantizando el responsable del fichero dicha conservación.
b) El encargado del tratamiento conservará, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el Servicio Cántabro de Empleo.
11. Medidas de seguridad de la información de los datos de carácter personal:
a) El encargado del tratamiento está obligado a adoptar e implantar las medidas de seguridad de la información de índole técnica y organizativa necesarias, y referidas a la seguridad de la información y a la seguridad de los sistemas de información, que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana, del medio físico o natural.
b) El encargado del tratamiento se compromete a garantizar, en función del tipo de datos a los que tenga acceso, las medidas de seguridad de la información de nivel medio establecidas en la normativa vigente. En concreto, mantendrá un 'registro de las incidencias' que puedan afectar a la seguridad de los datos de carácter personal, acorde a lo establecido en el artículo 90 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. La entidad beneficiaria comunicará al Servicio Cántabro de Empleo un resumen de las incidencias acaecidas, con la periodicidad que se establezca.
12. Responsabilidades del encargado del tratamiento:
a) El encargado del tratamiento responderá de las sanciones y de los daños y perjuicios causados por su incumplimiento de las obligaciones que la normativa en materia de protección de datos establece.
b) En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las presentes bases reguladoras, será considerado responsable del fichero o tratamiento, respondiendo a su vez de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
c) Ninguna parte asumirá responsabilidad alguna por cualquier incumplimiento por la otra parte de la normativa en materia de protección de datos.
13. Secreto profesional:
El encargado del tratamiento se compromete a observar el deber de secreto profesional respecto de los datos personales objeto de tratamiento, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre ellos. Asimismo, se compromete a dar traslado al personal que intervenga en el tratamiento de tales datos, de su obligación de mantener secreto profesional respecto de los mismos y su deber de guardarlos. Estas obligaciones subsistirán aún después de finalizar las acciones objeto de subvención.
Procedimiento de selección de los alumnos
Lo previsto en el apartado 1 del artículo 15, no será de aplicación hasta no entre en vigor la citada orden. Mientras tanto, serán de obligatoria aplicación las instrucciones facilitadas por el Servicio Cántabro de Empleo.
En todo lo no previsto en la presente Orden se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, así como en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, y en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, que desarrolla el Real Decreto anterior, en estos dos últimos casos con el alcance previsto en la disposición transitoria primera de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.
Delegación de la competencia para la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia
De conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se delega en la directora del Servicio Cántabro de Empleo la competencia para acordar la aplicación al procedimiento, iniciado por la presente Orden, de la tramitación de urgencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
La resolución que pueda adoptarse indicará expresamente que se dicta en virtud de esta delegación, considerándose dictada por el consejero de Economía, Hacienda y Empleo. Asimismo, será publicada en el «Boletín Oficial de Cantabria».
Entrada en vigor de la aplicación GESFOR
Lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 1 no será de aplicación hasta la entrada en vigor de la orden por la que se establece la obligatoriedad de uso de la citada aplicación.
Esta Orden surtirá efectos el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Cantabria».
a) Las retribuciones de las personas formadoras internas y externas, pudiéndose incluir salarios, seguros sociales, dietas y gastos de locomoción y, en general, todos los costes imputables a las personas formadoras en el ejercicio de las actividades de preparación, impartición, tutoría y evaluación a los participantes de las acciones formativas.
El PRECIO/HORA en concepto de retribuciones de los formadores deberá ser similar para todos los formadores, entendiéndose que se cumple esta condición cuando entre el PRECIO/ HORA menor y el PRECIO/HORA mayor no haya una diferencia superior al 20 por ciento.
Para comprobar el desvío en las retribuciones de los formadores, se tendrán en cuenta todas las modalidades de contratación (tanto laborales como mercantiles). Ahora bien, en el caso de contratos de naturaleza laboral, para determinar si el PRECIO/HORA de los docentes es similar se tendrá en cuenta la cuota patronal a la Seguridad Social.
Una vez efectuada la justificación final, en el caso de que exista una diferencia entre el PRECIO/HORA menor y el PRECIO/HORA mayor superior al 20 por ciento, el exceso no será considerado subvencionable.
b) Los gastos de amortización de equipos didácticos, calculados con criterios de amortización aceptados en las normas de contabilidad, así como el alquiler o arrendamiento financiero de los mismos, excluidos sus intereses, soportados en la ejecución de las acciones formativas.
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y se imputarán por el número de participantes en el caso de uso individual de los equipos; en otro caso, se imputarán por horas de utilización.
c) Gastos de medios didácticos y/o adquisición de materiales didácticos, así como los gastos en bienes consumibles utilizados en la realización de las acciones formativas, incluyendo el material de protección y seguridad.
En el caso de gastos de arrendamiento de las aulas, talleres y demás superficies utilizadas en el desarrollo de la formación, solo se admitirán aquéllos que estén respaldados por facturas emitidas sobre la base del contrato que se aportó por la entidad beneficiaria y se consideró para acordar la homologación/acreditación/inscripción en la correspondiente especialidad formativa.
Si se produce una novación contractual (extintiva o modificativa), por alteración de los elementos originales del contrato aportado, sin perjuicio de lo establecido en la legislación sobre arrendamientos urbanos, deberá cumplir los siguientes requisitos:
1.º El contrato se celebrará por escrito.
2.º El contrato deberá ser presentado ante el Servicio Cántabro de Empleo con carácter previo al inicio de la acción formativa. En el caso de que la entidad beneficiaria tenga concedidas subvenciones para varias acciones formativas, bastará la presentación del contrato con carácter previo al inicio de la primera de ellas.
3.º El arrendador deberá poner a plena y exclusiva disposición de la entidad beneficiaria las citadas instalaciones.
4.º La duración del contrato en cuestión deberá ser por tiempo indefinido, o siendo temporal, por periodo no inferior a un año prorrogable, expresa o tácitamente, por periodos no inferiores al año.
Lo anterior será también de aplicación a las entidades de formación inscritas sobre la base de una declaración responsable.
f) Los gastos de publicidad para la organización y difusión de las acciones formativas.
En todo caso, los costes directos subvencionables deben responder a costes reales, efectivamente realizados, pagados y justificados mediante facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente.
b) Los gastos financieros directamente relacionados con la actividad subvencionada y que resulten indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma. No serán subvencionables los intereses deudores de las cuentas bancarias ni los gastos derivados de transferencias bancarias.
c) Otros costes: luz, agua, calefacción, mensajería, correo, limpieza, vigilancia y otros costes no especificados anteriormente y asociados a la ejecución de la actividad formativa.
De acuerdo con el Estudio Económico de fecha 12 de mayo de 2014, en aplicación de lo establecido en el artículo 83.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en el artículo 68 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, para la subvencionalidad de los gastos indirectos imputables a la acción formativa se aplicará en todo caso la opción del tipo fijo (fracción de coste) de los costes directos subvencionables, por lo que serán únicamente subvencionables en concepto de costes indirectos un máximo del 23% de la suma de los costes directos justificados documentalmente que resulten admisibles.
En consecuencia, no es necesaria justificación documental alguna que acredite el coste real en que se hubiera incurrido en concepto de costes indirectos.
Por otro lado, en aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria primera, apartado 1, letra e), de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, la suma de los costes asociados no podrá superar el 10% de los costes de la actividad formativa, entendidos estos últimos como subvención aprobada.
El importe de los costes asociados que se tendrá en cuenta para determinar el coste subvencionable, será el importe de menor cuantía que resulte de aplicar los porcentajes anteriores.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 22
 Real Decreto 
 artículo 6
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 83
 Real Decreto 
 artículo 68
 Real Decreto 
 artículo 20
 artículo 27
 artículo 3
 artículo 33
 artículo 3
 artículo 115
 Real Decreto 
 artículo 13
 artículo 12

Artículo 3
 artículo 33
 artículo 20
 artículo 22
 Real Decreto 
 artículo 6

Artículo 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 5
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 

Artículo 6
 resolución 
 resolución 

Artículo 9
 artículo 10
 artículo 71

Artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 50
 artículo 59
 resolución 
 artículo 42
 artículo 55
 resolución 
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 12
 resolución 
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 84

Artículo 14
 artículo 31
 artículo 18

Artículo 15
 artículo 20
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 14
 Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 13
 Real Decreto 
 artículo 29

Artículo 16

Artículo 17
 artículo 30
 artículo 31

Artículo 18
 Real Decreto 

Artículo 19
 Real Decreto 
 artículo 115
 artículo 115
 resolución 
 artículo 140
 Real Decreto 
 artículo 5

Artículo 20

Artículo 21
 artículo 38
 artículo 115
 artículo 38
 artículo 15
 Real Decreto 
 artículo 115
 artículo 15
 artículo 20
 artículo 20
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 12
 Real Decreto 
 artículo 12
 artículo 90
 Real Decreto 
 artículo 15
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 44
 artículo 50
 resolución 
 artículo 1
 artículo 83
 Real Decreto 
 artículo 68