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Despido Validez contratación temporal
SAP Madrid 8 de Abril 2011- 2
Recurs d'Artur Mas al Suprem per la sentència del 9-N
EDJ 1999/2917, STS Sala 1ª de 5 abril 1999
EL DERECHO EDJ 1999/2917
Tribunal Supremo Sala 1ª, S 5-4-1999, nº 287/1999, rec. 2824/1994. Pte: Martínez-Calcerrada Gómez, Luis
El TS da lugar al rec. de casación que interpone la empresa demandada, al no apreciar la existencia de la responsabilidad por culpa "in contrahendo" que fue acogida en instancia para imponerle la obligación de abonar los daños y perjuicios causados. Manifiesta la Sala que no se aprecia que la recurrente actuáse en ninguna fase del "iter" negocial, de forma contraria a los principios de la diligencia y la buena fe, base de la confianza recíproca entre los interesados, al no apreciar falta de buena fe en el hecho de que la recurrente se apartase de la negociación iniciada. En este sentido, el TS sostiene que una interpretación literal del documento aportado por la demandante, criterio que ha de prevalecer en toda interpretación, lleva a concluir que no existió un pleno acuerdo de voluntades, en tanto que en él no se habla nunca de contrato sino siempre de presupuesto, y las estipulaciones fijadas en él resultan incompatibles con la idea de contrato. En definitiva, se aprecia que no existió un verdadero contrato, por lo que no cabe imponer a la recurrente la condena por responsabilidad contractual que le fue señalada en la sentencia recurrida.
-NORMATIVA ESTUDIADA RD de 24 julio 1889. Código Civil
art.7.1, art.1902
+ÍNDICE +CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS +FICHA TÉCNICA
En la Villa de Madrid, a cinco de Abril de mil novecientos noventa y nueve. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, el recurso de Casación contra la Sentencia dictada en grado de Apelación por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de Juicio de menor cuantía, núm. 34/92, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 36 de los de dicha Capital, sobre reclamación de cantidad; cuyo recurso fue interpuesto por "Industrias B., S.A", representada por el Procurador de los Tribunales D. Julio Antonio Tinaquero Herrero; siendo parte recurrida la sociedad mercantil "C., S.A.", representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Gema Pinto Campos.
PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 36 de Barcelona, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de "C., S.A.", contra "Industrias B., S.A.", sobre reclamación de cantidad. Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia por la que se condenara a la parte demandada al pago de la cantidad reclamada, interés y costas del procedimiento. Admitida a trámite la demanda la representación procesal de la demandada contestó a la demanda, oponiendo a la misma los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando sentencia desestimando íntegramente la demanda con expresa imposición a la actora de las costas causadas. Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 30 de abril de 1993, cuya parte dispositiva es como sigue: "Fallo: Que desestimando parcialmente la demanda interpuesta por D. Jordi Bassedas Ballús, Procurador de los Tribunales y de "C., S.A.", contra "Industrias B., S.A.", representada por la Procurador de los Tribunales Dª Elena Soria de Villalonga, debo condenar y condeno a la demandada a que pague al actor 840.000 pesetas, más los intereses legales de dicha cantidad desde la fecha de la interpelación judicial, todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales". SEGUNDO.- Frente a dicha sentencia se interpuso recurso de Apelación por la representación procesal de "C., S.A.", que fue admitido, y sustanciada la alzada la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Cuarta, dictó sentencia con fecha 19 de julio de 1999, cuyo fallo es como sigue: "Que estimando parcialmente el recurso interpuesto por el Procurador Sr. Bassedas frente a la Sentencia dictada en el juicio de menor cuantía 34/92 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 36 de Barcelona, debemos REVOCAR y REVOCAMOS dicha Sentencia en el exclusivo sentido de condenar a "Industrias B., S.A.", a pagar a "C., S. L.", la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTAS VEINTICINCO MIL PESETAS (4.425.000 ptas.) manteniendo los demás pronunciamientos de la Sentencia apelada, y ello sin pronunciamiento en cuanto a las costas". TERCERO.- El Procurador de los Tribunales, D. Julio Antonio Tinaquero Herrero, en nombre y representación de "Industrias B., S.A.", formalizó recurso de Casación que funda en los siguientes motivos: Primero.- "Al amparo del art. 1692.4 de la L.E.C. EDL1881/1 , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Como norma del ordenamiento jurídico que se considera infringido ha de citarse el art. 1902 del C.c. EDL1889/1 , violado por hacer una mala
aplicación del mismo ya que para que exista obligación de indemnizar el daño causado a otro debe existir culpa o negligencia. También ha de citarse, por considerarse infringida, la jurisprudencia de este Alto Tribunal respecto a la culpa in contrahendo. Asimismo se considera infringido el art. 7.1 del C.c. EDL1889/1 , según el cual: los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe". Segundo.- "Al amparo del art. 1692 y de la L.E.C. EDL1881/1 por infracción de las normas jurisprudenciales aplicables para resolver las cuestiones objeto de este debate y, concretamente, se ha infringido la jurisprudencia reiterada y unánime que afirma que los daños y perjuicios deben probarse". Tercero.- "Al amparo del art. 1692 de la L.E.C. EDL1881/1 por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, concretamente el art. 359 de la L.E.C. EDL1881/1 , según el cual "las Sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito"..." CUARTO.- Admitido el recurso y evacuando el traslado conferido para impugnación, la Procuradora de los Tribunales, Dª Gema Pinto Campos , en nombre y representación de la sociedad mercantil "C., S.A.", impugnó el mismo. QUINTO.- No habiéndose solicitado por todas las partes personadas la celebración de Vista Pública, se señaló para VOTACION y FALLO EL DIA 18 DE MARZO DE 1999, en que ha tenido lugar. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. LUIS MARTINEZ-CALCERRADA y GOMEZ.
PRIMERO.- La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Cuarta, de 19 de julio de 1994, estimatoria en parte del recurso de Apelación interpuesto por la actora, frente a la dictada por el Juzgado de Primera Instancia, núm. 36 de los de dicha Capital, en 30 de abril de 1993, estimatoria en parte de la demanda, y con la parte dispositiva que queda transcrita, es objeto del presente recurso de Casación, interpuesto por la demandada, en base a los Motivos que son objeto de examen por la Sala. SEGUNDO.- En el PRIMER MOTIVO, se denuncia al amparo del art. 1692.4 L.E.C. EDL1881/1 , la infracción de las normas del ordenamiento jurídico citándose el art. 1902 del C.c. EDL1889/1 , al ser violado por la Sala al condenar a la parte recurrente, a indemnizar el daño causado a otro cuando existe culpa o negligencia, al aplicar la llamada "culpa in contrahendo", Se considera igualmente infringido el art. 7.1 del C.c. EDL1889/1 , según el cual, los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe; que es reiterada y unánime la jurisprudencia, para entender que para que exista esa culpa "in contrahendo", se exige como "conditio sine qua non" para que pueda apreciarse responsabilidad, que haya existido mala fe por alguna de las partes contratantes, precisamente en la que es objeto de condena; que en el caso que nos ocupa, nunca existió mala fe por parte del hoy recurrente, y no sólo no la hubo, sino que el análisis de todo lo alegado y probado en autos nos llevaría a la conclusión de que la mala fe existió por la otra parte; y los argumentos en que basamos dicha afirmación -sigue el Motivo- son los siguientes: Que ha quedado probado, que no fue "Industrias B., S.A.", quien se puso en contacto con "C:, S.A.", sino una persona intermedia, que ha quedado también probado que "Industrias B., S.A.", decidió no contratar con "C., S.A.", "no por
las razones que fuere" como dice la Sentencia recurrida, sino que se confió en la persona que tenía la experiencia adecuada, de lo cual se deriva, "que fue "C., S.L.", quien llevó a engaño a "Industrias B., S.A." haciéndole creer que estaba capacitada para realizar el proyecto en cuestión; en consecuencia, como entendió el Juzgado de Primera Instancia, se dieron unos tratos preliminares entre las partes del todo usuales en el tráfico, pero no existió una verdadera relación contractual entre las mismas, ni existió mala fe, por parte de "Industrias B., S.A." En el SEGUNDO MOTIVO, con igual amparo procesal EDL1881/1 , se denuncia infringida la jurisprudencia reiterada y unánime que afirma que los daños y perjuicios deben probarse, que "C., S.A.", nunca probó los daños que imputaba a mi mandante, no molestándose siquiera en proponer prueba alguna al respecto; que esta representación, nunca negó, obviamente, la existencia de tratos y negociaciones preliminares con "C., S.A.", pero nunca admitió ni la realización de todas y cada una de las visitas y gestiones que tan detalladamente se enumeraron en el escrito de la demanda, ni muchísimo menos admitió la cuantía en que se valoraban los perjuicios. En el TERCER MOTIVO, se denuncia, con el mismo amparo del art. 1692 EDL1881/1 , la infracción de las normas del ordenamiento jurídico, concretamente del art. 359 L.E.C. EDL1881/1 , sobre la necesidad de la congruencia; que la incongruencia "extra petitum", denunciada, se refiere a que no puede el Juez o Tribunal alterar o modificar los términos del debate judicial, pues, en el caso que nos ocupa, en opinión de esta parte, el Juzgador de Instancia ha incurrido en incongruencia "extra petitum", al basar su fallo en la responsabilidad por culpa "in contrahendo", concepto éste que ni con este término ni con otro distinto fue alegado ni discutido en autos, por cuanto que la acción, en caso alguno, alega esa responsabilidad "in contrahendo". TERCERO.- En respuesta a los citados Motivos, se expone, que ha de descartarse el Tercero, que por razones prioritarias de dogmática jurídica debe examinarse preferentemente, ya que, aún cuando no se haya alegado en la acción la responsabilidad en que incurrió la parte demandada, del tipo de culpa "in contrahendo", que es la apreciada por el Tribunal, lo cierto y revelante es, que se trata de ejercitar una pretensión tendente a la indemnización de daños y perjuicios, derivados de las relaciones habidas entre las partes contratantes, y sin necesidad de recurrir al principio de unidad de culpa, lo cierto es que, la pretensión instada, como se dice, se basa en que, a resultas de dichas relaciones, con independencia de que tuviesen una consumación negocial o no, se irrogaron una serie de daños y perjuicios a la parte actora, que son objeto de reclamación, por lo que la circunstancia de que se acoja en parte la demanda por la Sentencia recurrida, al apreciar la Sala la existencia de una culpa "in contrahendo", no supone alterar el planteamiento del litigio, ya que, en definitiva, el concepto de culpa, que funda la objetividad de la pretensión, también está presente al apreciar ésta de carácter previo a la consumación del Contrato o Negocio que iban a efectuar las partes contratantes; en cuanto a los dos primeros Motivos, es evidente que el Segundo es consecuencia del Primero, y merecen la siguiente respuesta: Admitiendo la propia transcripción de la especie de hechos probados o "facta", que la Sala emite en su F.J. 1º, "...Que "Industrias B., S.A.", -aquí demandada- fue contratada por la "Sociedad Estatal para la Exposición Universal de Sevilla 92, S.A.", para realizar determinadas obras; que para la construcción del Pabellón de Navegación la referida empresa contactó con "Aplicaciones V." cuyo director era el Sr. Espinosa; que el 30 de marzo de 1990, se constituyó la empresa "C., S.A." -hoy actora- cuyo presidente era el propio Sr. Espinosa y que "Industrias B., S.A.", entró en contacto con "C., S.A." encomendándole variados estudios en relación con soluciones técnicas a los problemas constructivos que el referido Pabellón de la Navegación planteaba; que tras más de un año de relación y asistencia por parte de "C., S.A.", se suscribió por las dos partes en 17-7-91 el documento de "Presupuesto de Vidriería" que se acompaña como documento núm. 1 a la demanda, y en el que se expresa la conformidad por "Industrias B., S.A.", y en el que no constan plazos de entrega, forma de pago, garantías, sino únicamente que el importe asciende a 83.267.960 ptas.; que en los primeros días de septiembre de 1991, "Industrias B., S.A.", comunicó a la actora que no la subcontrataría al haberse producido un recorte presupuestario, lo que se tradujo en una carta de 9-9-91 de "C., S.A.", en la que se hacían nuevas ofertas ajustadas a la nueva situación, no siendo aceptada ninguna lo que provoca una nueva carta de 1-10-91 en la que cifrar los perjuicios de 11.775.233, dándose por satisfechos, sin embargo con una indemnización de 8.728.745 ptas..."; es claro que, de esa propia descripción, no se puede concluir sin más, en el sentido de la "ratio decidendi" que se explicita en el F.J. 3º, esto es, la
posible responsabilidad por culpa "in contrahendo", ya que, no se explica ni se intuye, bajo ninguna hipótesis de entendimiento, que por parte de la demandada, se actuáse desoyendo la recta actuación que en cualquier fase del "iter" negocial, debe presidir la teleología "ad stipulationem", esto es, obrando bajo los principios de la diligencia y la buena fe, base de la confianza recíproca entre los interesados, porque no existe, como se dice, en esa conducta de la eventual arrendataria (en proyectada "locatio operis") posibilidad de apreciar que por su parte se haya actuado con esa falta de buena fe, esto es, que haya actuado maliciosamente, o de mala fe, o lo que es igual, que con su conducta no justificativa, se apartase, sin razón alguna, o caprichosamente, del "iter" negocial así iniciado, y ello, no sólo por cuanto que esa exigencia de la falta de buena fe, está perfectamente decantada a lo largo de la propia jurisprudencia de esta Sala, en los términos expuestos entre otras, en Sentencia que se dicta de 26 de febrero de 1994 EDJ1994/1736 , (que dice así, "...El prólogo negocial lo constituyen los efectivos y precisos tratos previos, salvaguardados por la buena fe, hasta tal punto de que, en otro caso, se puede producir situación de responsabilidad por razón de la culpa "en contrahendo". De esta manera se impone tener en cuanta el "iter contractus", desde la oferta como propuesta de negocio contractual, con todos los elementos esenciales de este y predominio de su condición de unilateralidad, supeditada a obtener respuesta positiva, hasta la necesaria aceptación por parte del que la recibe y al que se dirige, salvo las inciertas y masivas (al público en general)... ...El silencio para tener operatividad obligacional ha de ser considerado en cada supuesto particular, en atención a las circunstancias concurrentes y en todo caso en conexión a la necesidad de haberse dado entre las partes anteriores y continuadas relaciones negociales, que por sí imponen ciertos comportamientos en exigencias de la buena fe, lo que tampoco tiene incidencia en la presente contienda procesal..."); sino porque, se reitera, de la propia descripción de los hechos, en relación con su cualificación del F.J.3º, tampoco por la Sala "a quo" se imputa la existencia de esa mala fe, ya que, la afirmación de que no se firmó el contrato, por la demandada, "por las razones que fuere", no pueden entenderse con el sentido excluyente de la buena fe negocial que se precisa, en general, en todos los contactos pre-negociales, y sin que tampoco pueda ser una hipótesis carente de relevancia, la afirmación que se hace en el F.J. 3º de que los esfuerzos realizados por la actora, supusieron un provecho para la parte demandada, "al excluir un tipo de proyecto", siendo esto una posibilidad carente, pues, de relieve para determinar que eso supone una actuación de mala fe determinante de la responsabilidad "in contrahendo"; la inexistencia pues de esta responsabilidad, deriva asimismo en la estimación de este segundo Motivo, que es un efecto derivado del anterior, (y es que, hasta "ex abundantia" en otra lectura del problema, la hipotética confirmación de la Sentencia recurrida, determinaría que, incluso, aunque por parte de la Sala "a quo" se desmonta que tuviese carácter contractual el documento previo llamado de "presupuesto de precios", suscrito entre las partes, de 17 de julio de 1991, en la práctica, con esa derivación de responsabilidad por culpa "in contrahendo", la condena declarada de la parte demandada, hubiese sido semejante a la que se derivaría de haber considerado tal documento como auténtico contrato, con independencia de no incluirse la partida reclamada por lucro cesante que, por lo general, es de difícil prueba y acogida "ope sententicie"); por lo cual, procede, con la admisión de los mismos, acoger en parte el recurso de casación y confirmar en ese sentido lo razonado por el Juzgado de Primera Instancia, en su sentencia (en cuyo F.J. 3º, se dice: "...cabe concluir que no existió un pleno acuerdo de voluntades y, en consecuencia, no cabe calificar el presupuesto que aporta el demandante (documento núm. 1) como de auténtico contrato. En efecto, atendiendo al tenor literal del mismo, criterio que ha de prevalecer en toda interpretación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1281 EDL1889/1 , no se habla en ningún momento de "contrato", sino de "presupuesto", y como tal presupuesto, recoge una serie de conceptos y fija un precio para cada uno de ellos; no se establece ningún pacto relativo a la ejecución de los trabajos, ni a la forma o condiciones de pago, fijando, por último, que la validez de la oferta será de treinta días, cláusula ésta incompatible con un verdadero contrato en que la oferta se haya aceptado en firme. La existencia del "conforme" suscrito por la entidad demandada puede explicarse como una muestra de conformidad con la recepción del presupuesto o con los precios a que hace referencia, pero siempre supeditado a la posterior formalización del convenio..."); descartando esa posibilidad indemnizatoria, y dejando sin efecto la misma, confirmando en todo lo demás la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia, al actuar la Sala, en los términos previstos en el art. 1715.1-3 L.E.C. EDL1881/1 , sin que a tenor del artículo 1715.2º L.E.C. EDL1881/1 , proceda imposición de costas en ninguna de las instancias, al hacer uso el tribunal que juzga de la salvedad que preceptúan los arts. 523 EDL1881/1 , 710 EDL1881/1 , 873 EDL1881/1 y 896 de dicha Ley EDL1881/1 , aplicables en su caso, al litigio.
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por la representación procesal de "Industrias B., S.A.", frente a la Sentencia pronunciada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona en 19 de julio de 1994, que dejamos sin efecto, confirmando la del Juzgado de Primera Instancia núm. 36 de los de dicha Capital, en 30 de abril de 1993, sin expresa condena en costas en ninguna de las instancias ni en este recurso, debiendo cada parte satisfacer las por ellos causadas y las comunes por mitad. Y a su tiempo, comuníquese esta resolución a la citada Audiencia con devolución a la misma de los Autos y Rollo de Sala en su día remitidos. Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCION LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Jesús Marina Martínez-Pardo.- Román García Varela.- Luis Martínez-Calcerrada y Gómez.- Rubricado. PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Luis Martínez-Calcerrada y Gómez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
EDJ 1995/6194, STS Sala 1ª de 17 noviembre 1995
EL DERECHO EDJ 1995/6194
Tribunal Supremo Sala 1ª, S 17-11-1995, rec. 1527/92. Pte: Gullón Ballesteros, Antonio
Comentada en "¿La unanimidad es de presentes en la junta o lo es de todos los propietarios y es preciso esperar a la comunicación a los ausentes?. Foro abierto"
Versa el recurso sobre si puede considerarse unánime el consentimiento dado por comunidad de propietarios para la realización de obras de división en dos de uno de los pisos de la comunidad. Reunida al junta todos los asistentes votaron a favor, excepto dos que se reservaron su decisión para un plazo máximo de un mes, plazo en el que nada manifestaron. Los propietarios no asistentes fueron notificados, sin que manifestaran ninguna discrepancia en el plazo legal. El TS da lugar al recurso, acogiendo la tesis del actor recurrente de que aplicando al caso la doctrina jurisprudencial del silencio, según la cual, dada una determinada relación entre personas, cuando el modo corriente de proceder implica el deber de hablar, si el que puede y debe hablar no lo hace, se ha de reputar que consiente en aras de la buena fe. Además, manifiesta el TS cabe la aplicación analógica del art.16 LPH, siendo accesorio el dato de la asistencia o no a la junta, pues quien conociendo la propuesta y el acuerdo no manifiesta una voluntad discrepante, su silencio se conceptúa como aprobación.
-NORMATIVA ESTUDIADA Ley 49/1960 de 21 julio 1960. Propiedad Horizontal
En la Villa de Madrid, a 17 de Noviembre de 1.995. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de San Sebastián, de fecha 6 de febrero de 1992, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de San Sebastián, sobre interdicto de obra nueva; cuyo recurso ha sido interpuesto por D. José María, representado por el Procuradora Dª Pilar Rico Cadenas y asistido del Letrado D. Alvaro Sarmiento Gómez; siendo parte recurrida Dª María Jesús y D. Vicente, como Presidente de la Comunidad de Propietarios de la Casa núm. ... de la calle ... de S. Sebastián, representados por la Procuradora Dª Victoria Brualla Gómez de la Torre, con asistencia del Letrado D. José Luis Astiazaran Ausola.
PRIMERO.- Ante el Juzgado de 1ª Instancia núm. 2 de San Sebastián, fueron vistos los autos de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, instados por D. José María, contra Dª María Jesús y D. Vicente, sobre interdicto de obra nueva.
Por la parte actora se formuló demanda con arreglo a las prescripciones legales, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando se dictase sentencia "con total estimación de la demanda, declarando que las obras de segregación mencionados, eran procedentes y ajustados a derecho, autorizando a D. José María a continuar las obras hasta su completa ejecución, hasta que los dos nuevos elementos independientes, cuya existencia ya constaba registralmente, quedaran independientes, así como en condiciones de habitabilidad, condenando a los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones, así como al pago de las costas del juicio".
Admitida a trámite la demanda y emplazado el mencionado demandado, la contestó oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente y terminó suplicando "se dictase sentencia por la que se desestimara la demanda absolviéndose a los demandados de los pedimentos de la misma y rechazando las pretensiones del actor de continuar las obras nuevas, interdictadas, con la imposición al actor de las costas causadas. Exponía Reconvención, para terminar suplicando, se declarara la obligación de demoler las obras realizadas por el demandante en la vivienda de su propiedad, todo ello en el plazo legal y de no hacerlo, se procediera a realizar dicha demolición a su costa, dejando la edificación como se encontraba antes de la iniciación de las ilegales obras". Convocadas las partes a la comparecencia establecida en el artículo 691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 , esta se celebró el día señalado, con asistencia de las partes sin avenencia. Recibido el pleito a prueba se practicó las que propuestas por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las pruebas se convocó a las partes a comparecencia poniéndolas mientras tanto de manifiesto en secretaría para que hicieran un resumen de las mismas lo que verificaron en tiempo y forma, quedando los autos en poder del Sr. Juez para dictar sentencia. El Sr. Juez de 1ª Instancia núm. 2 de San Sebastián, dictó sentencia de fecha 19 de septiembre de 1991, con el siguiente FALLO: "Que desestimando como desestimo en su totalidad la demanda formulada por el Procurador Sr. Arraiza, en nombre y representación de D. José María, debo absolver y absuelvo a los demandados Dª María Jesús y D. Vicente de cuantas peticiones se formulan en relación a ellos en la citada demanda, y, por el contrario, estimando como estimo en su totalidad la demanda reconvencional formulada por la Procuradora Sra. Bengoechea, en nombre y representación de Dª María Jesús y D. Vicente, debo declarar y declaro que el demandante reconvenido D. José María viene obligado a realizar todas las obras de demolición que sean precisas en la vivienda de su propiedad, situada en el piso ... de la casa núm. ... de la calle ... de San Sebastián, a fin de que la misma quede constituida como una única vivienda, es decir, tal y como se hallaba antes del inicio de las obras de separación que tenían como finalidad ubicar dos viviendas allí donde había una, apercibiéndole de que en el supuesto de no llevar a cabo tales obras de demolición las mismas se ejecutarán a su costa, e imponiéndole asimismo el importe de la totalidad de las costas ocasionadas en el presente procedimiento". SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de 1ª Instancia por la representación de D. José María y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de San Sebastián, dictó sentencia con fecha 6 de febrero de 1992, con la siguiente parte dispositiva.- FALLAMOS: "Que desestimando el recurso de apelación formulado por D. José María contra la sentencia dictada en los autos de que este rollo dimana, confirmamos dicha resolución con expresa imposición al apelante de las costas de esta alzada".
TERCERO.- La Procuradora Dª Pilar Rico Cárdenas, en representación de D. José María, interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de San Sebastián, de fecha 6 de febrero de 1992, con apoyo en los siguientes motivos: Primero: Al amparo del art. 1692.5º LEC. EDL2000/77463 Infracción del art. 4- primer apartado del C.c. EDL1889/1 en relación con el segundo párrafo del apartado o regla 1ª del art. 16 de la Ley de Propiedad Horizontal EDL1960/55 de 21 de julio de 1960 (Ley 49/1960 EDL1960/55 ). Segundo: Al amparo del art. 1692.5º LEC EDL2000/77463 , al haber infringido la Sala de Instancia, por el concepto de violación, la Doctrina Jurisprudencial contenida en las sentencias que se citan. Tercero: Al amparo del art. 1692.5º LEC EDL2000/77463 , al haber infringido la Sala de Instancia , por el concepto de violación, la Doctrina Jurisprudencial relativa a la "legitimación ad causam" y contenida (como mas recientes) en las sentencias de 10 de diciembre de 1990, 16 de mayo de 1991 y 24 de septiembre de 1991. Cuarto: Al amparo del art. 1692.5º LEC EDL2000/77463 , al haber infringido la Sala de Instancia, por el concepto de violación, la Doctrina Jurisprudencial relativa a los "actos propios", y contenida (entre las más recientes) en las Sentencias de 22 de junio de 1987, 25 de Septiembre de 1987, 16 de octubre de 1987, 16 de febrero de 1988 y 4 de mayo de 1989. Quinto: Al amparo del art. 1692.5º LEC EDL2000/77463 , al haber infringido por la Sala de Instancia, violándolo, el artículo 14-tercer párrafo de la Ley de Propiedad Horizontal EDL1960/55 de 21 de julio de 1960. CUARTO.- Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, se señaló para la celebración de vista pública el día 31 de octubre de 1995. HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. SR. DON ANTONIO GULLON BALLESTEROS.
PRIMERO.- El presente litigio ha versado sobre si puede considerarse consentida unánimemente por la Junta de Propietarios con arreglo al art. 16, regla primera, de la Ley de Propiedad Horizontal EDL1960/55 , la realización de obras en el piso de un propietario individual, consistente en la creación de dos con sus correspondientes cuotas y demás secuelas, para cuyas obras pidió la correspondiente autorización a la Junta por implicar modificación en la estructura del inmueble y del título constitutivo de la propiedad horizontal. Reunida dicha Junta al efecto, los propietarios asistentes votaron en pro de la autorización, excepto dos de ellos, que "se reservaban la manifestación de su voto a un plazo máximo de un mes, en el que darían su contestación definitiva", cosa que no hicieron pues nada manifestaron. Los propietarios ausentes fueron notificados en cumplimiento del párrafo segundo de la regla 1ª del art. 16 de la Ley de Propiedades Horizontales, no manifestando ninguna discrepancia en el plazo del mes prevenido en la susodicha regla. Frente a la tesis mantenida por el actor, propietario del piso en el que había de efectuarse la segregación, de que al no haberse opuesto los que se reservaron su voto, existiría la unanimidad que requiere el susodicho art. 16 para llevarla a cabo, tanto la sentencia de primera instancia como la de apelación declararon que el que no diesen los propietarios presentes en la Junta la contestación a la que se comprometieron no podía interpretarse como aceptación tácita.
Contra esta interpretación se alza los dos primeros motivos del recurso, en el que el actor combate la no aplicación analógica del párrafo 2º de la regla 1ª del art. 16 LPH EDL1960/55 a la situación litigiosa y la infracción de la doctrina de esta Sala sobre el valor jurídico del silencio, según la cual, dada una determinada relación entre personas, cuando el modo corriente y usual de proceder implica el deber de hablar, si el que puede y debe hablar no lo hace, se ha de reputar que consiente en aras de la buena fe (sentencias de 24 de noviembre de 1943, 24 de enero de 1957 y 14 de junio de 1963). La interpretación de la conducta de los dos propietarios que hace el actor y ahora recurrente es compartida por esta Sala, pues es evidente que se impone la aplicación analógica que propugna a la situación litigiosa, prescindiendo de la doctrina jurisprudencial acerca del valor jurídico del silencio. En efecto, tal situación no se encuentra prevenida en el art. 16 LPH EDL1960/55 , por lo que la admisibilidad del recurso al procedimiento analógico se funda en el art. 4º del Título Preliminar del Código civil EDL1889/1 . Volviendo a la tan mentada situación, se tiene: a) Unos propietarios enterados del acuerdo que toman los demás, asistentes como ellos a la Junta. b) Una manifestación de voluntad por la que se comprometen a dar su voto en el plazo de un mes. c) Transcurso de ese plazo sin hacerlo, estado en el que incluso seguían al entablarse este pleito. Si nos atenemos ahora al presupuesto del párrafo 2º de la regla 1ª del art. 16 LPH EDL1960/55 , tenemos. d) Unos propietarios enterados del acuerdo que toman los demás, que se le notifica por no haber estado presente en la Junta; transcurso del plazo legal sin manifestar discrepancia. Así las cosas, "la identidad de razón" que exige el art. 4º.1 del Título Preliminar del Código civil EDL1889/1 es manifiesta, y nada dice contra ella el detalle accesorio de la presencia o ausencia de la Junta. Quien conociendo la petición y el acuerdo que se proyecta no manifiesta una voluntad discrepante, para el art. 16 LPH EDL1960/55 queda vinculado por el acuerdo, en otras palabras, el silencio se conceptúa como aprobación por la propia LPH EDL1960/55 . Por tanto eso se decía que no era necesario acudir a la aplicación de la doctrina jurisprudencia sobre el valor jurídico del silencio. SEGUNDO.- La estimación del motivo primero del recurso hace inútil el examen de los demás por cuanto obliga a casar y anular la sentencia recurrida, que en grado de apelación confirmó la de primera instancia, que se revoca ahora. Por las razones expuestas en el fundamento jurídico primero de esta sentencia, se estiman las peticiones de la demanda y se rechazan las de la reconvención. En cuanto a las costas de primera instancia procede su imposición a los demandados y reconvinientes, no así las de la apelación ni las de este recurso (art. 1715 LEC EDL2000/77463 ). Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Que debemos declarar HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por D. José María, contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de San Sebastián, con fecha 6 de febrero de 1992, la cual casamos y anulamos, y con revocación de la fecha 19 de septiembre de 1991, dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 2 de esa misma ciudad, debemos estimar y estimamos las peticiones de la demanda interpuesto por D. José María contra Dª María Jesús y D. Vicente, condenándoles en las costas de la primera instancia y no de la apelación, con desestimación de la reconvención formulada por estos demandados contra el actor, condenando a los demandados y reconvinientes al pago de las costas de primera instancia, no las de apelación. Sin condena en costas en este recurso y con devolución del depósito constituido. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia con devolución de los autos y rollo que remitió. ASI POR esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCION LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Eduardo Fernández-Cid de Temes.- Luis Martínez-Calcerrada y Gómez.- Antonio Gullón Ballesteros. PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. DON ANTONIO GULLON BALLESTEROS, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico. Rubricado.
EDJ 1989/11017, STS Sala 1ª de 7 diciembre 1989
EL DERECHO EDJ 1989/11017
Tribunal Supremo Sala 1ª, S 7-12-1989. Pte: Santos Briz, Jaime
El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el recurrente-arrendatario, frente al que se ejercitó acción revisoria de renta, ya que existe voluntad negligente del recurrente por su silencio, estimandose por ello la existencia de consentimiento tácito de las cláusulas estampadas al dorso, no firmadas.
-NORMATIVA ESTUDIADA D 4104/1964 de 24 diciembre 1964. TR Ley de Arrendamientos Urbanos
art.1710
En la villa de Madrid, a siete de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve. Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valladolid, como consecuencia de juicio sobre actualización de renta y reclamación de atrasos, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Salamanca, sobre actualización de renta, cuyo recurso fue interpuesto por D. Leoncio, representado por la Procuradora Dª María Lydia Leiva Cavero, y asistido del Letrado D .José Antonio Román Hernández, en el que es recurrido D. Manuel, representado por el Procurador D. Bonifacio Fraile Sánchez, y asistido del Letrado señor Iscar.
PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Salamanca fueron vistos los autos incidentales promovidos por D. Manuel, contra D. Leoncio, sobre actualización de renta y reclamación de atrasos. La parte actora formalizó demanda basándose en que el primero de octubre de 1975, las partes concertaron el arrendamiento de un local de negocio en el precio de 22.000 ptas., mensuales pagaderas por adelantado. El contrato se redactó en la Cámara de la Propiedad, solamente firmaron su anverso y olvidaron el reverso. Entre otras cosas en la cláusula séptima se acordó que la renta indicada sería revisada cada diez años, según el coste del índice de vida, en más o en menos, fijado por el Instituto Nacional de Estadística. El demandado se negó rotundamente a la actualización de la renta debiendo la cantidad de 87.903 ptas., importe de rentas y si el incremento que por cada uno de los ocho meses transcurridos desde el primero de octubre anterior era de 65.903 ptas., por el concepto de atrasos adeudaba el demandado al actor la cantidad de 527.224 ptas. Admitida a trámite la demanda el demandado se opuso a los hechos expuestos en la misma. Admitiendo que efectivamente el contrato de arrendamiento se firmó en su anverso el día 1 de octubre de 1975 pero no sucedió así en el reverso que no fue rellenado en dicha fecha quedando en blanco. El arrendador llevó el contrato con su anverso firmado y su reverso en blanco a la Cámara de la Propiedad donde con fecha 8 de junio de 1975, ocho días después se
estamparon las cláusulas que constan en el reverso y que no eran las previamente pactadas por las partes por cuyo motivo el demandado se negó a firmarlas. Es decir, no las aceptó. Por ello cuando el arrendador pretendió revisar la renta le fue pedido fotocopia del contrato para comprobar dicho extremo, ya que parecía inaudito que se pretendiera una revisión sin tenerla pactada, obrando entonces el arrendador con mala fe al remitirle, alegaba el demandado, una fotocopia sin la terminación del contrato con la disculpa de haberse doblado al entrar en la fotocopiadora, indicándose que sólo faltaban las palabras de fin de línea y las firmas de las partes. No estaba tampoco de acuerdo con el índice de vida que se decía en dichos años. Aceptaba como aumento el de 27.192 ptas., quedando la renta en la cantidad de 49.192 pesetas que al demandado le parecía más normal que lo pedido en la demanda. Por el Juzgado se dictó Sentencia en fecha 24 de septiembre de 1986, cuyo fallo es como sigue: "Fallo: Que estimando en parte la demanda interpuesta por el Procurador D. Carlos Peña de Pablo en nombre de D. Manuel, contra D. Leoncio, representado por el Procurador D. Gonzalo García Sánchez, debo declarar y declaro que la renta a satisfacer por el local litigioso en virtud de la cláusula revisoria pactada asciende a 84.678 ptas., a partir del 1 de octubre de 1985, condenando al demandado a estar y pasar por dicha declaración y a que abone al actor en concepto de atrasos de las mensualidades que van desde el 1 de octubre de 1985 al 31 de mayo de 1986 la cantidad de 501.424 ptas., sin condena en costas a ninguna de las partes". SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y sustanciada la alzada la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valladolid dictó Sentencia en fecha 24 de marzo de 1988, cuyo Fallo es como sigue: Parte dispositiva: "Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Iltmo. señor Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. 1 de Salamanca, con fecha 24 de septiembre de 1986, en los autos a que se refiere este rollo, por la presente debemos confirmar y confirmamos aludida resolución de todos sus pronunciamientos, sin hacer expresa imposición de las costas de esta alzada". TERCERO.- Por la Procuradora Dª María Lydia Leiva Cavero, en representación de D. Leoncio, se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos: Motivo primero: Error de hecho en la apreciación de la prueba del art. 1.692, núm. 4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 que basamos en el contrato de arrendamiento de fechas 1 y 8 de octubre de 1975 acompañado con el escrito de demanda con el número uno de los documentos. Motivo segundo: Infracción de las normas del Ordenamiento jurídico del art. 1.692, núm. 5.º por aplicación indebida de los arts. 1.255 del Código Civil EDL1889/1 y 98 y 199 de la Ley de Arrendamientos Urbanos EDL1994/18384 y su jurisprudencia. Motivo tercero: Infracción de las normas del Ordenamiento jurídico del art. 1.962, núm. 5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 por no aplicación de los arts. 1.214, 1.225, 1.226 y concordantes del Código Civil EDL1889/1 y Jurisprudencia que los interpreta. Motivo cuarto: Infracción de las normas del Ordenamiento jurídico del art. 1692, núm. 5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por inaplicación de lo dispuesto en los Reales Decretos-Leyes 15/1980 de 12 de diciembre EDL1980/3292 , 21/1979 de 29 de diciembre, 49/1978 de 26 de diciembre y 13/1975 de 16 de noviembre, así como la Ley 46/1980 de 1 de octubre EDL1980/4164 . Motivo quinto: Infracción de normas de la jurisprudencia del núm. 5.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 . CUARTO.- Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción se señaló para la vista el día 30 de noviembre en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. señor D. Jaime Santos Briz.
PRIMERO.- Debe examinarse en este recurso de casación en primer lugar la cuestión de hecho que plantea precisamente el motivo 1º formulado al amparo del núm. 4.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 y que alega error de hecho en la apreciación de la prueba basado en el contrato de arrendamiento de fechas 1 y 8 de octubre de 1975 acompañado con el escrito de demanda con el núm. 1 de documentos. Desde la perspectiva fáctica, tal motivo aduce como documento del cual debería derivar el error acusado el expresado contrato, que ha sido estudiado e interpretado por la Sala de apelación, y ante tal circunstancia, como ha declarado muy reiteradamente esta Sala, no puede ser tenido en cuenta para poner de relieve error alguno; ya que volver a examinar desde el punto de vista de hecho tal documento implicaría una nueva apreciación de la prueba por este Tribunal lo que no sería en función del recuso extraordinario presente sino de una tercera instancia que no es admisible en la regulación legal vigente. En otro aspecto, la interpretación que la parte recurrente hace del mencionado documento está contradicha en el mismo, toda vez que aquella interpretación (también impropia del núm. 4.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 , invocado en el motivo) se opone, o, al menos, pone en duda los asertos del recurso en su frase, anterior a las firmas de los otorgantes, expresiva de que además de plazo del contrato y renta del mismo el contrato se pacta "con las demás condiciones que se estamparán al dorso". Todo lo que es suficiente para la desestimación de este primer motivo. SEGUNDO.- Desestimado el único motivo relativo a la cuestión de hecho, esta Sala ha de partir de los admitidos como probados por la sentencia recurrida, consistentes en esencia en que el contrato de arrendamiento urbano extendido en documento impreso oficial, obrante en autos, se concertó el día 1 de octubre de 1975 y fue autorizado por las firmas de ambas partes; en cambio, no aparecen suscritas las cláusulas que constan al reverso del mismo documento. La interpretación de estos hechos, propiamente hermenéuticos del contrato, por la Sala de instancia, que no ha sido impugnada en el recurso por el cauce debido con alegación de alguno o algunos de los arts. 1.281 y siguientes del Código Civil EDL1889/1 , expresa claramente que ambas partes estaban conformes con el contenido de las cláusulas redactadas en él y así debe entenderse sujeto el presente contrato en la revisión convenida" y ello como consecuencia de que en el anverso del documento se aceptan las cláusulas que se estamparán o redactarán al dorso, según la frase transcrita en el anterior apartado de esta resolución. La Sala a quo considera también hecho probado el contenido de la certificación de la Delegación Provincial en Salamanca del Instituto Nacional de Estadística, de 12 de diciembre de 1985, y toma como base del fallo los datos que derivan de aquélla, para llegar a la misma conclusión que el Juez de Primera Instancia, rechazando el sistema de cálculo del actual recurrente, que se basa en la suma de los porcentajes de aumento acaecidos cada año. TERCERO.- Frente a la anteriormente resumida resultancia fáctica, el motivo 2.º, como los restantes, apoyado en el núm. 5.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 , alega la "aplicación indebida de los arts. 1.225 del Código Civil EDL1889/1 y 98 y 100 de la Ley de Arrendamientos Urbanos EDL1994/18384 y su jurisprudencia". Sostiene el motivo que no es acertada la interpretación dada por la sentencia impugnada a la frase "con las demás condiciones que se estamparán al dorso", que fueron redactadas -se dice en fecha posterior en contra de una llamada unidad de acto, y sin que fueran firmadas por las partes en aquella supuesta fecha de 8 de octubre de 1975. El motivo decae por las siguientes consideraciones:
Primero.- Es innegable que el recurrente firmó el contrato con las condiciones señaladas en él y las que "se estamparán" al dorso. Segundo.- El firmante, actual recurrente, no se preocupó en el plazo de diez arios de informarse del contenido de aquellas condiciones al dorso que había aceptado a través de una declaración de voluntad negligente, para en su caso haberse opuesto a ellas en la debida forma sin dar lugar a cumplir el contrato sin reserva ni protesta durante diez años. Tercero.- Hubo, por tanto, una aceptación tácita de aquellas condiciones, consciente y libre, lo que ineludiblemente dio lugar a la existencia del contrato que ahora no puede dejar de cumplir, salvo dejar a su arbitrio tal cumplimiento, y en cierto modo actuar contra sus propios actos; cuando se manifestó una voluntad generadora del negocio jurídico, no explícita ni directa, pero sí reveladora por actos inequívocos durante largo tiempo, sin que quepa atribuirles otro significado que la eficacia "ab initio" del contrato. Hubo, en definitiva, por parte del recurrente, un silencio cualificado, que unido a hechos positivos precedentes dan lugar a tener por hecha la manifestación de una determinada voluntad. Cuarto.- La doctrina científica entiende por declaraciones de voluntad negligentes, como la contemplada en el recurrente, aquellas en que el Ordenamiento jurídico, en ciertos casos, equipara a una declaración de voluntad una conducta por la que se despierta descuidada o negligentemente la apariencia de una declaración de voluntad que consta de forma indubitada. Por consiguiente, según entiende la Sala, no se dieron las infracciones legales que el motivo refiere. CUARTO.- El tercero de los motivos acusa la infracción por no aplicación de los arts. 1.214, 1.225, 1.226 "y concordantes" del Código Civil EDL1889/1 y jurisprudencia que los interpreta. En este motivo, nuevamente por conducto inadecuado, intenta el recurso impugnar la interpretación dada al contrato litigioso por la sentencia impugnada, interpretación que admite este Tribunal, y que no implica infracción de las normas que invoca, ni de la jurisprudencia relativa a documentos privados y eficacia de lo convenido en ellos; en cuanto el recurrente aceptó y firmó de antemano las cláusulas figuradas al dorso sin cuidarse de examinarlas a raíz de su redacción, sino adoptando una actitud pasiva que ha durado diez años, y que evidencia su consentimiento, concerniente a la firma indubitada del anverso del documento, en la que expresamente acepta las cláusulas consignadas al dorso, de las que no se informó debidamente y en tiempo oportuno por causa exclusivamente dependiente de. su voluntad. De ahí que no haya infracción alguna de los preceptos legales que se invocan en el motivo, y que éste haya de seguir la misma suerte desestimatoria de los anteriormente examinados. QUINTO.- El motivo 4.º alega la inaplicación de lo dispuesto en los "Reales Decretos Legislativos 15/1980, de 12 de diciembre, 21/1979, de 29 de diciembre, 49/1978, de 26 de diciembre y 13/1975, de 16 de noviembre", y se formula con carácter subsidiario de los anteriores. El motivo decae igualmente: Primero.- En primer lugar porque plantea una cuestión nueva en la litis que no aparece suscitada y menos debatida en las instancias, y no es admisible que sea discutida por primera vez en este recurso extraordinario, como se deduce de la regla 2.º del art. 1.710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 ; Segundo.- Prescindiendo de ese importante óbice procesal, los Reales Decretos Leyes, que algunos con error en la fecha se citan, son de efectos transitorios, como se deduce de su texto literal reducido a un lapso de tiempo determinado en cada caso, dentro de los que no se halla la vigencia de la cláusula de revisión discutida, que adquirió su eficacia propia a los diez años de convenido el contrato, y de cuya validez no cabe dudar, dada la autonomía de las partes para concertarla, que se deduce del art. 98 de la Ley de Arrendamientos Urbanos EDL1994/18384 y, en general, del 1.255 del Código Civil EDL1889/1 . Por tanto, las limitaciones que establece la normativa que aduce el recurso no afecta, por aquella transitoriedad, al contrato debatido, y su aplicación no era procedente.
SEXTO.- Por último, el motivo 5.º con base en la doctrina jurisprudencial que menciona sostiene que la renta debe fijarse "por la suma de los índices anuales con las limitaciones señaladas en el motivo anterior", sin que se obtenga la revisión año por año cumulativamente. El motivo no impugna la apreciación de la prueba que al respecto hace la sentencia recurrida, sino únicamente la conclusión a que llega; pero esta conclusión es la que se deduce de las declaraciones de las sentencias de esta Sala de 9 de marzo de 1988 y de 10 de febrero de 1989, recogiendo criterios de sentencias anteriores, en el sentido de que la actualización, en función del equilibrio de las prestaciones y contraprestaciones, ha de operar sobre la renta revisada del período anterior, para ser coherente; y que la renta que ha de servir de base para aplicar en este caso los incrementos en las revisiones convencionales no es, en modo alguno, la contractual inicial -salvo pacto expreso en este sentido- sino la acumulada exigible, en este supuesto según las certificaciones del Instituto Nacional de Estadística que se tuvieran en cuenta en ambas instancias, siendo interpretadas correctamente, por lo que el motivo examinado ha de ser también desestimado y con él la totalidad del recurso. SEPTIMO.- La desestimación del recurso lleva consigo por imperativo legal (art. 1.715 párrafo último, de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 ) la imposición de las costas al recurrente y la pérdida del depósito constituido para recurrir, al que se dará el destino legal. Por lo expuesto, en nombre del Rey, y por la autoridad conferida por el pueblo español,
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación, interpuesto por la representación de D. Leoncio, contra la Sentencia de fecha 24 de marzo de 1988, que dictó la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valladolid; condenando a dicha parte recurrente al pago de las costas de este recurso y a la pérdida del depósito constituido al que se dará el destino legal; y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos. ASI por esta nuestra Sentencia, que se publicará en la COLECCION LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. José Luis Albácar López.- Eduardo Fernández-Cid de Temes.Pedro González Poveda.- Luis Martínez-Calcerrada y Gómez.- Jaime Santos Briz. Rubricados. Publicación: Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. señor Magistrado D. Jaime Santos Briz, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública, la Sala Primera del Tribunal Supremo en el día de hoy, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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References: artículo 1715
 resolución 
 artículo 691
 resolución 
 artículo 14
 resolución 
 resolución