Source: http://www.apymes.es/a35ley1derechoscontribuyentes.htm
Timestamp: 2018-01-17 08:35:29+00:00

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Ley 1 derechos y garantias del contribuyente
Ahora bien, los derechos y garantías que esta Ley explícita no son sino la contrapartida de las obligaciones que sobre los contribuyentes pesan derivadas de la obligación general de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con los principios contenidos en la Constitución. La presente Ley, que recoge en un solo cuerpo normativo los principales derechos y garantías de los contribuyentes, no hace referencia alguna, sin embargo, a las obligaciones tributarias, ya que éstas aparecen debidamente reguladas en los correspondientes textos legales y reglamentarios. La regulación en un texto legal único dotará a los derechos y garantías en él recogidos de mayor fuerza y eficacia y permitirá la generalización de su aplicación al conjunto de las Administraciones tributarias, sin perjuicio de su posible integración en un momento ulterior en la Ley General Tributaria, en cuanto que constituye el eje vertebrador del ordenamiento tributario.
La presente Ley introduce, en algunos preceptos, modificaciones esenciales en el ordenamiento jurídico vigente y, en otros, reproduce los principios básicos que deben presidir la actuación de la Administración Tributaria en los diferentes procedimientos. Por ello, junto a la importante reforma que esta Ley representa, debe destacarse, asimismo, su carácter programático, en cuanto que constituye una declaración de principios de aplicación general en el conjunto del sistema tributario, con el fin de mejorar sustancialmente la posición jurídica del contribuyente en aras a lograr el anhelado equilibrio en las relaciones de la Administración con los administrados y de reforzar la seguridad jurídica en el marco tributario.
A este propósito responde, asimismo, la creación del Consejo para la Defensa del Contribuyente, llevado a cabo por el Real Decreto 2458/1996, de 2 de diciembre, y que contribuirá ,eficazmente, a la aplicación de la presente Ley.
Las modificaciones que la Ley incorpora van dirigidas por una parte, a reforzar los derechos del contribuyente y su participación en los procedimientos tributarios y, por otra, y con esta misma finalidad, a reforzar las obligaciones de la Administración Tributaria, tanto en pos de conseguir una mayor celeridad en sus resoluciones como de completar las garantías existentes en los diferentes procedimientos.
La mejora de las condiciones de las devoluciones tributarias, mediante el abono del interés de demora tributario, transcurrido el plazo establecido para practicar liquidación provisional, sin necesidad de denunciar la mora.
La reducción, y con carácter general de los plazos de prescripción del derecho de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, de la acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y de la acción para imponer sanciones tributarias.
La configuración de la vía económico-administrativa en una sola instancia, con el fin de acelerar los plazos de resolución de las correspondientes reclamaciones. Ello no impide, sin embargo que, si el contribuyente lo considera oportuno, pueda recurrir, en ciertos casos, en primera instancia, ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional o Local que corresponda y en alzada, ante el Tribunal Económico-Administrativo Central.
Al mismo tiempo, se incide en las tareas de la Administración Tributaria de información y asistencia al contribuyente, con especial mención, por razones de seguridad jurídica de la posibilidad de concertar acuerdos previos con la Administración Tributaria y formular consultas cuya contestación tendrá efecto vinculante para ésta.
De acuerdo con lo anterior la presente Ley se estructura en ocho capítulos en los que se ordenan desde la perspectiva del contribuyente, sus derechos y garantías más relevantes, una disposición adicional, una disposición transitoria, una derogatoria y seis disposiciones finales.
Los derechos de los contribuyentes de carácter general en los procedimientos tributarios se regulan en el capítulo IV, mientras que los capítulos V,VI y VII especifican los derechos y garantías propios de los procedimientos de inspección, recaudación y de imposición de sanciones.
En el capítulo VIII se recoge el derecho de los contribuyentes a presentar recursos y reclamaciones y se configura, con carácter general, la vía económico- administrativa en una sola instancia..
En la disposición transitoria se establece el régimen aplicable, tras la entrada en vigor de la norma, a los procedimientos tributarios ya iniciados.
Finalmente, en las disposiciones derogatorias y finales se adecua la normativa tributaria a lo dispuesto en la presente Ley, con la derogación de determinados preceptos de la Ley General Tributaria. Se declara expresamente la vigencia de otros preceptos de dicha Ley y se dan nueva redacción a los preceptos que deben ser modificados como consecuencia de la aprobación de la presente Ley.
1. La presente Ley regula los derechos y garantías básicas de los contribuyentes en sus relaciones con las Administraciones tributarias, y será aplicable a todas ellas.
3. Las referencias que en esta Ley se realizan a los contribuyentes se entenderán, asimismo, aplicables a los restantes sujetos pasivos, retenedores, obligados a ingresar a cuenta, responsables sucesores en la deuda tributaria, representantes legales o voluntarios y obligados a suministrar información o a prestar colaboración a la Administración Tributaria.
Artículo 2. Principios Generales en particular
1. La ordenación de los tributos ha de basarse en la capacidad económica de las personas llamadas a satisfacerlos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad y equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.
2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de generalidad, proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales asimismo asegurará el respeto de los derechos y garantías del contribuyente establecidos en la presente Ley.
Artículo 3. Derechos generales de los contribuyentes
Constituye derechos generales de los contribuyentes los siguientes:
e) Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personas al servicio de la Administración Tributaria, bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos de gestión tributaria en los que tenga la condición de interesado.
h) Derecho en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria que sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las Leyes.
k) Derecho a formular alegaciones y aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
Artículo 4. Normativa tributaria
3. Las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias así como el de los recargos tendrá efectos retroactivos cuando su aplicación resulte más favorable para el afectado.
Artículo 5. Información y asistencia
Artículo 6. Publicaciones
1.El Ministerio de Economía y Hacienda acordará y ordenará la publicación en el primer trimestre de cada ejercicio de los textos actualizados de las leyes y reales decretos en materia tributaria en los que se hayan producido variaciones respecto de los textos vigentes en el ejercicio precedente. Asimismo, ordenará la publicación en igual plazo y forma de una relación de todas las disposiciones tributarias que se hayan aprobado en dicho ejercicio.
4. La Administración Tributaria y los Tribunales Económico-Administrativo deberán suministrar, a petición de los interesados, el texto íntegro de consultas o resoluciones concretas con supresión en ellas de toda referencia a los datos que permitan la identificación de las personas a las que se refiere.
La Administración Tributaria informará a los contribuyentes de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria a través de los servicios de información de las oficinas abiertas al público, facilitara la consulta a las bases informatizadas donde se contienen dichos criterios y remitirá comunicaciones destinadas a informar sobre la tributación de determinados sectores, actividades o fuentes de renta.
Artículo 8. Consultas tributarias
2. Dicha contestación tendrá carácter vinculante para la Administración Tributaria, en la forma y en los supuestos previstos en la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y en las leyes propias de cada tributo. En este supuesto el plazo máximo para contestar por escrito las consultas será de seis meses.
Artículo 9. Acuerdos previos de valoración
1. Los contribuyentes podrán solicitar a la Administración tributaria, cuando las Leyes o Reglamentos propios de cada tributo así lo prevean, que determine con carácter previo y vinculante la valoración, a efectos fiscales, de rentas, productos, bienes, gastos y demás elementos del hecho imponible.
2. La solicitud deberá presentarse por escrito antes de la realización del hecho imponible o, en su caso, en los plazos que establezca la normativa de cada tributo, y tendrá que acompañarse de una propuesta de valoración formulada por el contribuyente.
5. Salvo en el supuesto de que se modifique la legislación, o que varíen
significativamente las circunstancias económicas que fundamentaron su valoración, la Administración Tributaria está obligada a aplicar al contribuyente los valores expresados en el acuerdo.
6. El acuerdo tendrá un plazo máximo de vigencia de tres años, salvo que en la normativa que lo establezca se prevea uno distinto.
Artículo 10. Devolución de ingresos indebidos
Los contribuyentes y sus herederos o causahabientes tendrán derecho a la devolución de los ingresos que indebidamente hubieran realizado en el Tesoro con ocasión del pago de las deudas tributarias, aplicándose a los mismos el interés de demora regulado en el artículo 58.2.c) de la Ley (230/1963, de 28 de diciembre,) General Tributaria.
Artículo 11. Devoluciones de oficio
La Administración Tributaria devolverá de oficio las cantidades que procedan de acuerdo con lo previsto en la normativa específica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido. Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de seis meses, sin que se haya, el contribuyente tendrá derecho al abono del interés de demora regulado en el artículo 58.2.c) de la Ley General Tributaria, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto.
Artículo 12. Reembolso de los costes de garantía
1.La Administración Tributaria reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de una deuda tributaria, en cuanto ésta sea declarada improcedente por sentencia o resolución administrativa y dicha declaración adquiera firmeza.
Cuando la deuda tributaria se declara parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará a la parte correspondiente del coste de las referidas garantías. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de reembolso y la forma de determinar el coste de las garantías distintas del aval.
Artículo 13. Obligación de resolver
1. La Administración Tributaria está obligada a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de gestión tributaria iniciados de oficio o a instancia de parte excepto en los procedimientos relativos al ejercicio de derechos que sólo deban ser objeto de comunicación y cuando se produzca la caducidad, la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, la renuncia o el desestimiento de los interesados.
2. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que resuelvan recursos y reclamaciones, los que denieguen la suspensión de la ejecución de actos de gestión tributaria, así como cuantos otros se establezcan en la normativa vigente, serán motivados, con referencia a los hechos y fundamentos de derecho.
Artículo 14. Estado de tramitación de los procedimientos
El contribuyente que sea parte en un procedimiento de gestión tributaria podrá conocer, en cualquier momento de su desarrollo, el estado de la tramitación del procedimiento. Asimismo, podrá obtener, a su costa, copia de los documentos que figuren en el expediente y que hayan de ser tenidos en cuenta por el órgano competente a la hora de dictar la resolución, salvo que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga una Ley.
Dicha Administración podrá, en todo caso, requerir al interesado la ratificación de aquéllos datos específicos propios o de terceros, previamente aportados, contenidos en dichos documentos.
Artículo 18. Carácter reservado de la información obtenida por la Administración tributaria y acceso a los archivos y registros administrativos.
Artículo 19. Trato respetuoso
Los contribuyentes tiene derecho, en sus relaciones con la Administración tributaria, a ser tratados con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de aquélla.
Las actuaciones de la Administración tributaria que requieran la intervención de los contribuyentes deberán llevarse a cabo de la forma que resulte menos gravosa para éstos , siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Artículo 21. Alegaciones
Artículo 22. Audiencia al interesado
Artículo 25. Valoración de bienes
1. Cada Administración tributaria informará, a solicitud del interesado y a los efectos de los tributos cuya gestión le corresponda, sobre el valor de los bienes inmuebles que, situados en el territorio de su competencia, vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.
Artículo 26. Planes de inspección
Artículo 27. Información al inicio de las actuaciones de comprobación e investigación
Artículo 28. Alcance de las actuaciones de comprobación e investigación
2. El contribuyente tendrá que efectuar la solicitud en un plazo de quince días desde que se produzca la notificación del inicio de las actuaciones inspectoras de carácter
Artículo 29. Plazo
1. Las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos deberán concluir en el plazo máximo de doce meses a contar desde la fecha de notificación al contribuyente del inicio de las mismas. No obstante, podrá aplicarse dicho plazo, con el alcance y requisitos que reglamentariamente se determine, por otros doce meses, cuando en las actuaciones concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Artículo 30. Suspensión del ingreso
1.El contribuyente tiene derecho, con ocasión de la interposición del correspondiente recurso o reclamación administrativa, a que se suspenda el ingreso de la deuda tributaria, siempre que aporte las garantías exigidas por la normativa vigente, a menos que, de acuerdo con la misma, proceda la suspensión sin garantía.
Artículo 31. Procedimiento de apremio
Artículo 32. Derivación formal y alcance de la responsabilidad
Artículo 33. Presunción de buena fe
2.Corresponde a la Administración tributaria la prueba de que concurren las circunstancias que determinan la culpabilidad del infractor en la comisión de infracciones tributarias.
Artículo 34. Procedimiento separado
1. La imposición de sanciones tributarias se realizará mediante un expediente distinto o independiente del instruido para la comprobación e investigación de la situación tributaria del sujeto infractor, en el que se dará en todo caso, audiencia al interesado.
Artículo 35. Suspensión de la ejecución de las sanciones
La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida sin necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma del recurso o reclamación administrativa que contra aquéllas proceda y sin que pueda ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa.
Artículo 36. Derecho a recurrir
Los contribuyentes tienen derecho, en los términos legalmente previstos, a interponer en vía administrativa, los recursos y reclamaciones que procedan contra los actos dictados por la Administración tributaria, así como a que, en la notificación de dichos actos se indique el recurso procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse.
Artículo 37. Reclamaciones económico-administrativas
Referencias a la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria
Las referencias contenidas en la Ley 30/1983, de 28 de diciembre reguladora de la Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, en la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y de Medidas Fiscales Complementarias, y en la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, relativas a la aplicación de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, se entenderán realizadas también a la presente Ley.
Única. Procedimientos tributarios
3. Conservan su vigencia los artículos 16,37,77,96,107,113,123,124 y 127 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y el artículo 16 de la Ley 43/1995 de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Primera. Modificación de determinados artículos de la Ley 230/1963 de 28 de diciembre, General Tributaria
1. El artículo 3,el artículo 64 y el apartado 1 del artículo 155 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, quedarán redactados como sigue:
"La ordenación de los tributos ha de basarse en la capacidad económica de las personas llamadas a satisfacerlos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad".
" Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:
Artículo 155, apartado 1
"1. Los contribuyentes y sus herederos o causahabientes tendrán derecho a la devolución de los ingresos que indebidamente hubieran realizado en el Tesoro con ocasión del pago de las deudas tributarias, aplicándose el interés de demora regulado en el artículo 58.2.c)".
Artículo 81, apartados 3,4 y 5.
"3. La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida sin necesidad de aportar garantía por la presentación en tiempo y forma del recurso o reclamación administrativos que contra aquéllas proceda y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa.
5. Los órganos competentes de las Haciendas territoriales para la imposición de las sanciones serán los que ejerzan funciones análogas a las mencionadas."
Segunda. Procedimiento económico-administrativo
Los artículos del Real Decreto Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre, por el que se articula la Ley 39/1980, de 5 de julio, de Bases de Procedimiento Económico-administrativo, que a continuación se relacionan quedarán modificados, como sigue:
"El Tribunal Económico-Administrativo Central conocerá:
a) En única instancia, de las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los órganos centrales del
Ministerio de Economía y Hacienda u otros Departamentos, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, así como contra los actos dictados por los órganos superiores de la Administración de las Comunidades Autónomas.
d) De los recursos extraordinarios de revisión y de los de alzada que se interpongan para unificación de criterio".
Dos. Artículo 6, apartado 1
" Los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales conocerán:
a) En única instancia, de las reclamaciones que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los órganos periféricos de la Administración General del Estado, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de las entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado y por los órganos de la Administración de las Comunidades Autónomas no comprendidos en la letra a) del artículo anterior, cuando la cuantía de la reclamación sea igual o inferior al valor que se fije reglamentariamente.
b) En primera instancia, de las reclamaciones que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los órganos mencionados en el párrafo anterior, cuando la cuantía de la reclamación sea superior al valor que se fije reglamentariamente."
Con efectos para las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las cuantías a que se refieren las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 10 del Real Decreto 391/1996 de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos en las Reclamaciones Económico-Administrativas, quedan fijadas en 25.000.000 y 300.000.000 respectivamente.
Cuarta. Cuenta corriente tributaria
En un plazo de 3 meses desde la aprobación de la presente Ley, el Gobierno, mediante Real Decreto regulará un sistema de cuenta corriente tributaria, con objeto de conseguir una mayor eficacia en la compensación de deudas y créditos tributarios.
2. Las sanciones impuestas por infracciones administrativas de contrabando prescriben a los cuatro años a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción."
1. La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
2. Lo dispuesto en el artículo 24 de la presente Ley, la nueva redacción dada al artículo 64 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y la nueva redacción dada al artículo 15 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando entrarán en vigor el día 1 de enero de 1999.

References: Real Decreto 
 resolución 

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Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 artículo 58

Artículo 11
 artículo 58

Artículo 12
 resolución 

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 25

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Artículo 28

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Artículo 31

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Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37
 artículo 16
 artículo 3
 artículo 64
 artículo 155

Artículo 155
 artículo 58

Artículo 81
 Real Decreto 
 Artículo 6
 artículo 10
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 24
 artículo 64
 artículo 15