Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/3877
Timestamp: 2020-06-05 00:47:24+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 135/1999
SENTENCIA 135/1999, de 15 de julio
ECLI:ES:TC:1999:135
En el recurso de amparo núm. 266/97, promovido por doña Teresa Pérez Marqueta, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Cañedo Vega y asistida del Letrado don Enrique Lillo Pérez, contra el Auto del Juzgado de lo Social núm. 1 de Zaragoza, de 20 de diciembre de 1996. Han comparecido el Ministerio Fiscal, el Procurador de los Tribunales y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, (I.N.S.S.) don Fernando Ruiz de Velasco y Martínez de Ercilla, asistido del Letrado don Toribio Malo Malo y la empresa Emfisin Centro, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Roberto Sastre Moyano y asistida por el Letrado don Modesto Carrión Resina. Ha sido Ponente la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 22 de enero de 1997, la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Cañedo Vega interpuso, en nombre y representación de doña Teresa Pérez Marqueta, recurso de amparo contra el Auto del Juzgado de lo Social núm. 1 de Zaragoza, de 20 de diciembre de 1996, por considerar que vulnera el art. 24.1 C.E.
a) La recurrente en amparo sufrió un accidente de trabajo en la empresa donde prestaba sus servicios (Emfisint Centro, S.A.), a raíz del cual y tras el correspondiente expediente administrativo por falta de medidas de seguridad, el Instituto Nacional de la Seguridad Social impuso a aquélla un recargo del treinta por ciento sobre las prestaciones reconocidas a la trabajadora. Esta presentó demanda judicial contra la citada Entidad Gestora y contra la empresa solicitando un incremento del recargo, en tanto la empresa dirigió su reclamación también contra el I.N.S.S., en petición de que se anulase el recargo en su totalidad.
b) La empresa presentó un escrito en el Juzgado con anterioridad a la fecha señalada, solicitando que se tuviera por ampliada su demanda contra la trabajadora Sra. Pérez Marqueta, contra la Tesorería General de la Seguridad Social (T.G.S.S.) y contra la Mutua de Accidentes de Zaragoza, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (en adelante, M.A.Z.), con la que la empresa tenía suscrita la cobertura de estos riesgos.
La Sra. Pérez Marqueta presentó escrito de subsanación manifestando que "Al venir la materia litigiosa derivada de un accidente de trabajo sufrido por la actora y al objeto de completar la figura procesal de litisconsorcio pasivo necesario, considera esta parte, deben ser llamadas a juicio todas las personas físicas o jurídicas que tengan intereses y hayan intervenido o tengan que intervenir o les afecte o pueda afectar la resolución que se dicte: M.A.Z. como entidad gestora de prestación derivada de accidente y T.G.S.S. como administrador único del patrimonio de la Seguridad Social, al objeto de que puedan defender sus intereses".
c) Mediante providencia de 13 de noviembre de 1996, el Juzgado acordó archivar las actuaciones en relación a la empresa, al no haber subsanado ésta los defectos indicados y concedió un nuevo plazo a la actora para subsanar el consistente en no haber expuesto con detalle y concreción suficientes, los hechos y razones jurídicas en los que se fundaba para concluir que pudieran existir intereses, intervención o afectación para los derechos de la T.G.S.S. y de M.A.Z..
Por providencia de 22 de noviembre de 1996, el Juzgado acordó el archivo de la demanda "(...) dada la vaguedad, aleatoriedad e intrascendencia de las razones y hechos (...) expuestos, en relación a la doctrina consolidada del Tribunal Supremo respecto a la constitución de la relación jurídico procesal, se tienen por no subsanados los defectos procesales observados (...)".
d) Contra la decisión del órgano judicial recurrió en reposición la demandante, invocando ya la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, al ordenarse el archivo de su demanda desconociendo el art. 81.1 L.P.L.. Alegó que dicho precepto exigía la subsanación del defecto, extremo que había cumplimentado, sin que el órgano judicial pudiera archivar la demanda por la sola razón de no considerar suficientemente justificados los argumentos de su ampliación, pronunciando una decisión contraria a la exigencia de no impedir injustificadamente el acceso de la parte al proceso y a la obtención de una respuesta judicial de fondo. La recurrente manifestó que sólo había pretendido llamar a juicio a quien consideraba que podía tener interés en lo que en aquél se resolviera y que, por ello, había atendido debidamente el requerimiento del órgano judicial, mientras que éste, aplicando indebidamente el art. 81.1 L.P.L., había producido el efecto contrario para el que está previsto, la garantía de que el derecho deducido en la demanda no resulte ineficaz para acceder a la tutela judicial.
De otra parte, el Juzgado recuerda cómo, conforme a una consolidada jurisprudencia, en el proceso laboral, no existe la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario, siendo facultad del órgano judicial ex art. 81 L.P.L. la de procurar, a través del mecanismo de la subsanación de la demanda, la correcta constitución de la relación jurídico procesal. Y siendo el derecho a la tutela judicial efectiva de carácter transitivo (sic), a juicio del Juzgador el cauce de la subsanación protege también frente a la inadecuada constitución de aquella relación por exceso, es decir, por haberse llamado al proceso a quienes nada tienen que ver con él, con la consiguiente perturbación e inquietud gratuitas. En el presente caso, la relación jurídico- procesal había quedado ya correctamente constituida en las demandas presentadas en su día, tanto por la actora como por la empresa, sin que fuera precisa una mayor extensión de la parte demandada, y fueron las propias partes demandantes las que, previa petición de suspensión del procedimiento y por propia iniciativa decidieron, gratuita y temerariamente, ampliar la dimensión personal del proceso, llamando al mismo a quienes ningún interés o derecho podían ver comprometido por las razones indicadas. Siendo así, la ilicitud de la llamada al procedimiento a quien no estaba afectado por él, habría de haber sido subsanada, de manera que al no haberlo cumplimentado, ello conlleva irremisiblemente el archivo de las actuaciones.
3. Contra este último Auto interpone la Sra. Pérez Marqueta recurso de amparo, por considerarlo lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva en su manifestación de acceso al proceso. Invoca la jurisprudencia constitucional relativa a éste, según la cual resulta lesiva del art. 24.1 C.E. la decisión judicial de impedir dicho acceso mediante criterios o motivos irrazonables o arbitrarios, o bien por una interpretación rigorista, literal y no concorde con los fines de la norma procesal, imponiendo el citado derecho una interpretación finalista y proporcional entre el defecto y el fallo y su sanción jurídica.
En el presente supuesto, el Auto impugnado vulnera, a juicio de la recurrente, el art. 24.1 C.E. en la medida en que ha utilizado el archivo de la demanda previsto en el art. 81 L.P.L. sin concurrir las condiciones establecidas en éste, cual es la no subsanación del defecto advertido por el órgano judicial. Así, es evidente que se procedió a cumplimentar en plazo el requerimiento de especificar las razones por las cuales se consideraba que la demanda había de ampliarse a la T.G.S.S. y a M.A.Z.; y si el Juzgador entendía que estas entidades no tenían que estar en el proceso, debió no haber admitido la ampliación -en cuyo caso las partes habrían actuado como correspondiera-, pero no alegar o defender de oficio la falta de legitimación de aquéllas, una cuestión que sólo corresponde debatir en el juicio a instancia de las demandadas y resolver como convenga en la Sentencia, pero no en una fase previa a la celebración de aquél. La recurrente alega que no puede admitirse una demanda, una petición de ampliación, solicitar las razones para ello y, una vez manifestadas éstas, impedir el proceso por no considerarlas adecuadas, lo cual equivale a configurar un defecto apreciable de oficio y determinante del archivo no previsto en el art. 81 L.P.L..
6. Por providencia de la Sección Segunda, de 19 de enero de 1998, se tuvo por personado al Procurador de los Tribunales Sr. Sastre Moyano en nombre y representación de la empresa Emfisint Centro, S.A., y al Sr. Ruiz de Velasco en el del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Conforme al art. 52 LOTC, se acordó dar vista de las actuaciones por un plazo común de veinte días a todas las partes personadas y al Ministerio Fiscal, para que pudieran presentar las alegaciones que conviniesen a su derecho.
7. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 6 de febrero de 1998, el Procurador de los Tribunales don Roberto Sastre Moyano presentó, en nombre y representación de Emfisint Centro, S.A. alegaciones interesando la desestimación del recurso de amparo.
Tras admitir que la propia empresa consideró, como la recurrente, que había de ampliarse la demanda a la Mutua aseguradora y a la T.G.S.S., sin embargo posteriormente cambió de criterio y por esa razón no siguió combatiendo el archivo de su propia reclamación. No obstante, entiende que el amparo solicitado por la trabajadora carece de fundamento, puesto que se basa en una diferente interpretación del alcance del art. 81 L.P.L., que, en la tesis defendida por aquélla, supone vaciarlo completamente de contenido, puesto que cualquier aparente cumplimiento del requerimiento de subsanación habría de identificarse necesariamente con ésta, aun cuando las razones alegadas no hubieran profundizado en el defecto observado. La empresa alega que la recurrente no puede ampararse en la circunstancia de que, con anterioridad, el mismo Juzgado había entendido ampliada la demanda respecto a la T.G.S.S., puesto que tal pronunciamiento había tenido su origen en la discusión anterior sobre si cabía entender correctamente formulada la reclamación administrativa previa, pero no en si la ampliación se encontraba o no justificada. Por lo demás, entiende correcta la postura asumida por el Juzgado respecto al derecho a la tutela judicial efectiva de quienes, siendo ajenos al procedimiento, no han de ver perturbada aquélla por el ejercicio de acciones temerarias, de modo que, no justificada la petición de su presencia, necesariamente ha de entenderse no subsanado el defecto que determina el archivo de las actuaciones.
1. La cuestión que la recurrente en amparo somete a la valoración de este Tribunal consiste en determinar si se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.) al haber archivado el órgano judicial su demanda sobre petición de incremento del recargo de prestaciones por accidente de trabajo derivado de falta de medidas de seguridad por parte de la empresa. El archivo de las actuaciones fue acordado por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Zaragoza, en su Auto de 20 de diciembre de 1996, como consecuencia de no haber subsanado la recurrente, a juicio de aquél, el defecto consistente en no explicitar suficientemente las razones por las cuales la demanda, inicialmente dirigida contra la empresa y contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.), fue ampliada contra la Tesorería General de la Seguridad Social (T.G.S.S.) y contra la Mutua de Accidentes de Zaragoza, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social ( M.A.Z.).
Tal como se ha relatado en los antecedentes, la demanda presentada por la actora fue acumulada a la que, a su vez, interpuso la empresa contra el I.N.S.S., acordando ambas partes el día fijado para la celebración del juicio verbal solicitar del Juzgado la suspensión de aquél, tras la cual procedieron a enviar los correspondientes escritos de ampliación de las demandas. Archivada finalmente la de la empresa, el órgano judicial concedió plazo de subsanación a la actora para determinar las razones de dirigir la pretensión contra T.G.S.S. y M.A.Z., requerimiento que fue cumplimentado en plazo por aquélla en el sentido de llamar a juicio a dichas Entidades por el interés o afectación que se les pudiera derivar del procedimiento en tanto administradora del patrimonio de la Seguridad Social, la primera, y aseguradora de los riesgos profesionales de la empresa, la segunda, así como en razón de lo previsto en el art. 141.1 de la Ley de Procedimiento Laboral (en adelante, L.P.L.), que exige consignar el nombre de la entidad gestora o de la Mutua en las demandas sobre accidentes de trabajo, sin restringir a qué pretensiones sobre esta materia se refiere, todo ello con independencia de la responsabilidad que pudiera derivarse para ellas en relación al recargo, que no constituía objeto de petición. El archivo de la demanda acordado por el Juzgado por considerar insuficientemente concretadas las razones de la ampliación fue recurrido en reposición, siendo desestimada éste por la resolución que ahora se impugna en amparo.
Esta doctrina constitucional sirve de fundamento al trámite de subsanación, que en el proceso laboral se establece en el vigente art. 81.1 L.P.L., respecto del cual ya ha declarado repetidamente este Tribunal que constituye la garantía de que "(...) los importantes derechos de fondo deducidos en una demanda laboral no resulten ineficaces por el juego riguroso y formalista de la falta o defecto de los requisitos formales que pudiera imputársele a aquélla, y si bien es claro que una demanda que olvide los requisitos esenciales no puede ser admitida a trámite, pues viciaría el propio debate de la litis, que ha de quedar delimitada en su aspecto nuclear, también lo es que una interpretación (del art. 72) ha de pasar por unos moldes espiritualistas y antiformalistas ínsitos en la propia legislación y exigidos por el mandato constitucional (...)" (STC 118/1987, posteriormente reiterada, entre otras, en SSTC 11/1988, 25/1991, 70/1992, 120/1993, 335/1994, 112/1997, 8/1998, 130/1998, 207/1998, 16/1999). El criterio que informa tanto la finalidad y observancia del trámite de subsanación, como la apreciación de los defectos que, en último término, pueden determinar el archivo de las actuaciones sin pronunciamiento sobre el fondo (SSTC 118/1987, 207/1998, por todas), exige la verificación por parte de este Tribunal de que la causa esgrimida por el órgano judicial sea real e indubitadamente determinante de aquel archivo, evitando que una decisión rigurosa y desproporcionada sacrifique el derecho de acceso al proceso de modo reprochable en términos constitucionales.
3. Para valorar, desde esta perspectiva, la resolución que se impugna en amparo ha de partirse, como ya se expuso en los antecedentes, del hecho de que tanto la demanda de la recurrente contra el I.N.S.S. y contra la empresa, como la de la empresa contra dicha Entidad Gestora (posteriormente archivada), fueron admitidas a trámite por providencia de 2 de septiembre de 1996 y que, como más tarde ha declarado el Juzgado en su Auto de 20 de diciembre, la relación jurídico procesal articulada en las demandas acumuladas se encontraba correctamente constituida, sin que en ninguna de las resoluciones judiciales recaídas entre las dos mencionadas se haya cuestionado en forma alguna tal apreciación, por lo que, en el momento del archivo, ni la formulación de la pretensión, ni la determinación de la parte demandada, se encontraban en entredicho ni adolecían de defecto alguno. Quiere ello decir que, de no haber sido por las circustancias acaecidas con posterioridad, la tramitación de la demanda hubiera proseguido en principio con normalidad y el derecho de acceso al proceso no se hubiera visto perturbado.
Como se recordó anteriormente, la subsanación de una demanda laboral tiene por objeto garantizar que la pretensión no quede sin respuesta por razones o defectos formales, impidiendo que éstos se proyecten rigurosamente sobre aquélla cuando el objeto del debate se encuentra adecuadamente delimitado. En este sentido, es absolutamente relevante el hecho de que la demanda presentada por la recurrente contra el I.N.S.S. cumplía todos y cada uno de los requisitos legales, que la pretensión se encontraba perfectamente identificada y que igualmente lo estaban las partes frente a las que aquélla se dirigía, circustancia jamás cuestionada por el órgano judicial, que ya en su momento la admitió a trámite sin requerir subsanación alguna. Siendo así, es obvio que el trámite posteriormente abierto a propósito de la ampliación solicitada en nada afectaba a los términos en los que inicialmente se planteó la demanda, sino que, todo lo más, añadía un elemento nuevo sobre el que debía pronunciarse el Juzgado, cuyo contenido y naturaleza no incidían sobre una pretensión previamente admitida, lo que le impedía cuestionar, al hilo de la ampliación, los requisitos de admisibilidad de la demanda, que ya se había empezado a tramitar, puesto que todo lo sucedido tuvo lugar posteriormente a la fecha fijada para la celebración del juicio.
Estimar el recurso de amparo presentado por doña Teresa Pérez Marqueta y, en consecuencia:
1º. Declarar que el Auto del Juzgado de lo Social núm. 1 de Zaragoza, de 20 de diciembre de 1996, confirmatorio de resolución anterior sobre archivo de demanda, ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 C.E.
2º. Restablecer a la recurrente en su derecho, anulando el mencionado Auto y ordenando retrotraer las actuaciones al momento procesal oportuno anterior al archivo de la demanda, con el fin de que el Juzgado dicte la resolución judicial que proceda en Derecho respecto de la continuación del proceso.
Type and record number Recurso de amparo 266-1997
Contra Auto del Juzgado de lo Social núm. 1 de Zaragoza que desestimó recurso de reposición contra providencia de 22 de noviembre de 1996 que ordenó el archivo de demanda sobre accidente de trabajo.
La decisión judicial de no considerar correcto dirigir la demanda contra la Tesorería General de la Seguridad Social y la Mutua aseguradora no guarda correspondencia ni proporción con el efecto de dejar sin resolver la pretensión inicialmente dirigida contra la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social que había fijado el recargo de las prestaciones por accidente de trabajo [F. J. 3].
El cauce de la subsanación para justificar las razones de la ampliación de la demanda sirvió de hecho para archivar la totalidad de las actuaciones, lo que claramente revela una desproporción entre la cuestión que había de ventilarse en dicho trámite y la consecuencia que verdaderamente se ha seguido para la recurrente [F. J. 4].
Se reitera la doctrina sobre el derecho de acceso al proceso, en particular en el trámite de subsanación de la demanda en el proceso laboral [F. J. 2].
Artículo 141.1, f. 1
Recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridadRecargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad, f. 3
Archivo de demanda laboralArchivo de demanda laboral, f. 4
Pluralidad de demandadosPluralidad de demandados, ff. 3, 4
Proceso laboralProceso laboral, ff. 2, 3, 4

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 141